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Timestamp: 2019-11-23 01:07:23
Document Index: 279487563

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Explicación de la nueva Ley de Medios | YouBioit.com
Enviado por dream en Enero 15, 2013 - 23:58. Actualizado en Mayo 14, 2017 - 18:39
Categoría: Telecomunicaciones | TV
Subcategoría: Derechos sociales en Argentina | Historia de la Radio en Argentina | Historia de la Televisión Argentina | Historia de los Medios de Comunicación en Argentina | Ley de Medios Argentina
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La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 que se suele denominar comúnmente "Ley de Medios" es la que sustituyó a la vieja Ley de Radiodifusión 22.285, ya descrita detalladamente en secciones anteriores.
La vieja ley era tan obsoleta que no tenía en cuenta las nuevas tecnologías vigentes (por ejemplo la radios FM eran tomadas como "servicios subsidiarios" o secundarios de las radios AM).
En la vieja ley se indicaba que el organismo de aplicación de sus normas era el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), diseñado siguiendo los patrones de la Doctrina de Seguridad Nacional, una herramienta de política exterior promovida por Estados Unidos en tiempos de la Guerra Fría, para que las fuerzas armadas de países latinoamericanos se dedicaran a combatir internamente todo tipo de ideologías y movimientos que pudieran favorecer el desarrollo del comunismo en la región, legitimando los diversos golpes militares ocurridos y la violación de los derechos humanos con el pretexto de mantener el orden interno. Por lo tanto, dada la tarea de adoctrinamiento sistemático y censura, durante la última dictadura militar, del COMFER, el cual estaba compuesto por un directorio integrado por siete miembros, cada uno representando al Ejército Argentino, la Armada Argentina, la Fuerza Aérea Argentina, la Secretaría de Información Pública, la Secretaría de Estado de Comunicaciones, la Asociación de Licenciatarios de Radio y la Asociación de Licenciatarios de Televisión -además asesorados por representantes de todos los ministerios del Gobierno Nacional y de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)-, con la vuelta del orden institucional democrático en 1983 y durante casi 27 años tuvo que permanecer "intervenido" por delegados del Poder Ejecutivo, nombrados por los Presidentes de turno, cuyo puesto se denominaba Interventor del COMFER.
El solo hecho de tener un interventor en el COMFER, máxima autoridad de aplicación de los artículos de la Ley de Radiodifusión, para impedir la práctica de varias de las normas de censura anticonstitucionales que se indicaban en su texto, la transformaba desde un principio en políticamente obsoleta, ya que se trataba de un primer parche a una ley antidemocrática, que debía haber sido suplantada por otra con la vuelta de la institucionalidad democrática.
Por otro lado las numerosas modificaciones que se le hicieron a lo largo de los años '90 y primera mitad de la década inicial del nuevo siglo, le fueron quitando los impedimentos legales de gestación de monopolios mediáticos y la transformaron paulatinamente en una ley plenamente mercadocéntrica dando total soltura a ciertos intereses empresariales de concentración de medios de manera oligopólica, y no beneficiaba en nada a los intereses sociales.
El producto obtenido era una ley de la dictadura, con un organismo de control intervenido durante casi 27 años, con innumerables parches que la transformaron en una herramienta más del modelo neoliberal imperante en los años '90, que no permitía el ingreso de organizaciones sin fines de lucro (ya descrito en las secciones anteriores) a la obtención de licencias de radio y televisión, y que no tenía para nada en cuenta a las nuevas tecnologías vigentes.
La nueva Ley de medios detallada de manera simple
Con la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el COMFER desapareció y el máximo organismo de aplicación de sus normas pasó a ser la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
Primero se resumirán sintéticamente los principios generales de la ley y qué cambios traerán al mundo de los medios de comunicación.
Ante todo, con la nueva ley, los medios de comunicación se consideran "servicios de interés público"; o sea que en cualquiera de sus soportes técnicos (radio, televisión abierta, cable, digital) es una actividad social de interés público, esencial para el desarrollo sociocultural de todos los habitantes de la nación mediante la cual se garantiza el derecho humano inalienable de poder difundir, expresar, investigar y obtener ideas, informaciones de todo tipo sin ningún tipo de censura, ya sea por parte del Estado o de intereses privados.
El COMFER; dirigido por directores de cada fuerza militar, otro de la SIDE y otro de las empresas de medios; e intervenido por un delegado seleccionado por el Presidente de la Nación; es sustituido por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), máximo organismo empleador de las normas de la Ley de Medios, descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional; integrado por miembros del gobierno y de la oposición.
Las funciones del AFSCA incluyen: Aplicar, interpretar y hacer cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sus normas. Participar en la negociación de tratados internacionales de radiodifusión o telecomunicaciones. Promover la participación de los servicios de comunicación audiovisual en el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley por los prestadores de los servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión. Dar sanciones debidas por incumplimiento de la ley. Promover la competencia y la inversión en el sector. Prevenir y desalentar las prácticas monopólicas y los procedimientos predatorios de tendencia dominante.
La dirección de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual será ejercida por un directorio de siete miembros nombrados por el Poder Ejecutivo nacional e integrado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo nacional, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por la misma a propuesta de los bloques parlamentarios, siendo uno de la mayoría o primer minoría, y los otros dos de la segunda y tercer minoría parlamentarias; dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales. El presidente y los directores no podrán tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita. Los directores deben ser personas de vinculados profesionalmente con la comunicación social y poseer una trayectoria democrática y pluralista, abierta al debate y al intercambio de ideas diferentes. El presidente y los directores durarán en sus cargos cuatro años y podrán ser elegidos nuevamente por otro período. La conformación del directorio se efectuará dentro de los dos años anteriores al término del mandato del Presidente de la Nación, debiendo existir dos años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo nacional.
Además de la AFSCA, hay otros organismos complementarios que sirven para hacer ejercer las normas de la Ley de Medios:
Consejo Federal de Comunicación Audiovisual: cuyas funciones incluyen secundar en el diseño de la política pública de radiodifusión entre otras.
Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia: integrado por personas y organizaciones sociales con destacada trayectoria en el tema y por delegados de niños, niñas y adolescentes. Sus tareas incluyen elaboración de propuestas dirigidas a incrementar la calidad de la programación dirigida a los niños, niñas y adolescentes; establecer diagnósticos de contenidos sugeridos o prioritarios y señalar los contenidos inconvenientes o dañinos para los niños, niñas y adolescentes, con la garantía de estudios teóricos y empíricos; propiciar las investigaciones y estudios sobre audiovisual e infancia y de programas de capacitación en la especialidad; promover los concursos, premios y festivales de cine, video y televisión para niños, niñas y adolescentes y los cursos, seminarios y actividades que aborden el vínculo entre audiovisual e infancia que se efectúen en el país, así como los intercambios con otros festivales, eventos y centros de investigación internacionales; promover la producción de contenidos para niños, niñas y adolescentes con discapacidad; monitorear el cumplimiento de la normativa vigente sobre el trabajo de los niños, niñas y adolescentes en la televisión.
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual: cuyas tareas incluyen tomar y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión y demás servicios de comunicación audivisual, teniendo legitimación judicial y extrajudicial para actuar de oficio, por sí y/o en delegación de terceros, ante toda clase de autoridad administrativa o judicial. Llevar un seguimiento de las denuncias presentadas e informar a las autoridades competentes, a los interesados, a la prensa y al público en general sobre sus desenlaces. Promover sugerencias públicas a las autoridades con competencia en materia de radiodifusión las cuales serán de tratamiento obligatorio. Proteger los intereses del público.
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual: integrado por ocho senadores y ocho diputados nacionales. Proponer al Poder Ejecutivo nacional, los candidatos para la designación de tres miembros del directorio de la AFSCA, y de tres miembros del directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y del titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual por resolución conjunta de ambas Cámaras. Velar por el cumplimiento de las disposiciones referidas a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. Evaluar el desempeño de los miembros del directorio de la AFSCA.
Con la nueva ley se garantiza en todas las bandas de radiodifusión sonora (radios AM/FM) y de televisión terrestre (TV por aire), en cada una de las zonas de cobertura del país, un tercio del espectro de frecuencias de radio y televisión para entidades sin fines de lucro (por ejemplo cooperativas u ONGs); otro tercio para canales de TV o radios estatales como Canal 7, o Radio Nacional; y otro tercio para entidades comerciales privadas como lo son Telefé o Canal 13. Así todos los sectores de la sociedad tienen permitido participar en los medios de comunicación y se evita la acumulación de licencias en pocas manos, como sucedía antes de la promulgación de la nueva Ley de Medios; cuando los grandes grupos mediáticos ocupaban la mayor parte del espectro, sin dejar frecuencias disponibles para organizaciones sin fines de lucro. La nueva ley es más equitativa y distribuye en porciones iguales la cantidad de licencias disponibles para cada sector de la sociedad; ya fuere empresarial, sin fines de lucro, o público. Para entender más qué son las frecuencias radioeléctricas les sugiero leer los siguientes artículos: Frecuencias del Espectro Electromagnético, Frecuencias de ondas de Radio, Qué es la lluvia en la TV, y Qué es la Televisión Digital Terrestre.
La nueva ley protege la industria televisiva, radial, cinematográfica y musical nacional. Ahora hay una cuota mínima requerida de contenidos de producción nacional que deberán transmitir las emisoras de radio y televisión. En el caso de las radios privadas deben transmitir como mínimo un 70% de programas de producción nacional, mientras que los canales de televisión tienen que transmitir un mínimo de 60% de programación de producción nacional, entre los que se incluyen programas, películas, series, noticieros, etc.
También se incentiva la producción local de contenido radial y televisivo, para impulsar el trabajo de profesionales de distintas zonas del país y difundir las necesidades y temáticas de cada zona:
En el caso de las radios privadas comerciales y las radios sin fines de lucro, el 50% de lo transmitido debe ser de producción propia, en lo que se deben incluir noticieros o informativos locales producidos en las zonas donde se transmite.
Las radios públicas (provinciales, municipales) deben transmitir como mínimo un 60% de producción local y propia que también incluyan noticieros o informativos producidos en las zonas donde se transmite.
Los canales de televisión deben emitir un mínimo del 30% de producción propia (programas, telefilmes, series, noticieros, entre otros contenidos; creados por sus productoras), entre cuyo contenido tienen que incluirse noticieros o informativos producidos en las zonas donde se transmite.
En las localidades de más de un millón y medio de habitantes (como Buenos Aires, Córdoba y dentro de un tiempo Rosario), los canales de televisión deben transmitir un mínimo del 30% de producción local independiente (programas, telefilmes, series, noticieros, entre otros contenidos; creados por productoras independientes en las zonas donde se transmite); los canales televisivos de localidades de entre seiscientos mil habitantes y un millón y medio de habitantes (como Mendoza, San Miguel de Tucumán y Mar del Plata) deben transmitir como mínimo un 15% de producción local independiente; las demás ciudades y pueblos de menor población deben transmitir un mínimo de 10% de producción local independiente.
También para proteger a la industria cinematográfica nacional, cada canal de televisión abierta debe transmitir por año, en estreno televisivo, ocho películas de largometraje nacionales, producidos mayoritariamente por productoras independientes nacionales.
Como medida de protección de la industria musical nacional y del trabajo de los artistas locales, se indica que como mínimo el 30% de la música transmitida por cada estación de radio, por cada media jornada de transmisión, debe ser de origen nacional (de autores o intérpretes nacionales), indistintamente de su estilo. O sea si una emisora radial transmite las 24 horas del día, el 30% de la música transmitida por cada radio en un período de 12 horas de transmisión debe ser nacional, teniendo que ser proporcionalmente repartida a lo largo de la programación. Por otro lado debe garantizarse que el 50% de la música transmitida sea de producción independiente, o sea donde los autores y/o intérpretes tengan los derechos de comercialización.
Las radios netamente temáticas, como por ejemplo las de música clásica o de jazz, pueden eximirse por parte de la AFSCA de la obligación de transmitir un mínimo de producción nacional.
Para impedir la concentración oligopólica de medios -o sea en pocas manos-, la nueva ley marca un máximo número de licencias que un titular puede poseer por tipo de medio:
Un titular (empresa privada comercial u organización sin fines de lucro) puede tener hasta 10 emisoras de radiodifusión audiovisual (radios AM/FM y canales de televisión abierta por aire) en todo el país. Antes, con la vieja Ley de Radiodifusión, se podían tener hasta 24 licencias. Por lo que si una empresa hoy tiene más de esa cantidad de canales o radios, debe venderlos.
Un titular puede tener en total hasta 24 proveedoras de servicios de televisión por cable en diversas localidades, con un máximo de una por localidad. Con la vieja ley no habían límites en el número de licencias que una empresa podía tener en total, por lo que pocos grupos económicos terminaron dominando el mercado de televisión por cable.
Otro detalle muy importante es que en una localidad determinada un titular que tiene un canal de televisión abierta por aire no puede tener una distribuidora de televisión por cable, o si tiene una empresa de cable no puede tener en la misma localidad un canal de televisión abierta por aire. Por lo tanto, quedan instaurados dos sectores, el técnico de la distribución por cable y el de los canales de aire en sí, pero no se puede participar de ambos, para evitar situaciones en las que el cableoperador da prioridad a los canales de su propia productora, dejando de lado o fuera del esquema de participación a otros canales, como ya ha ocurrido en situaciones en las que cableoperadores no distribuían señales de empresas rivales.
En una misma localidad determinada, un titular de licencias de radiodifusión audiovisual puede como máximo poseer una radio AM, una radio FM -o hasta dos si en dicha población existen otras ocho radios FM-, un canal de televisión abierta por aire (siempre que no fuera titular de una empresa cableoperadora en la misma localidad) o una empresa de distribución de televisión por cable (siempre que no fuera titular de un canal de TV abierta por aire). En ninguna situación se le permite a un titular poseer más de tres licencias en una misma localidad. Por ejemplo se pueden tener hasta: una radio AM, otra FM y un canal de TV abierta; o una radio AM y dos FM; o una radio AM, otra FM y una empresa de servicios de TV por cable.
Los titulares de canales de TV abierta por aire pueden tener solamente un canal de TV por cable (canales de ese tipo son Crónica TV, TN, C5N, Torneos y Competencias, A24, Metro, Canal Rural, etc). Por otro lado, los dueños de cableoperadoras solamente pueden tener hasta un canal o señal de TV por cable para evitar la generación de diagramas oligopólicos, como por ejemplo los de un cableoperador que no permite la distribución de las señales de sus rivales, llenando la grilla únicamente con las de su productora.
Solamente se puede poseer una licencia de servicios de televisión satelital. Además, si un titular brinda servicios de TV satelital no se le permite poseer ningún otro tipo de licencia de servicios de comunicación audiovisual, o sea que no puede poseer ni canales de TV abierta por aire, ni radios, ni cableoperadoras. Un ejemplo vendría a ser la empresa Direct TV, la cual no puede tener ningún otro tipo de servicios de radiodifusión audiovisual.
También para impedir la acaparación del mercado y la consecuente generación de esquemas oligopólicos, un titular con múltiples licencias -a nivel nacional y para todos los servicios de radiodifusión audiovisual- no tiene permitido prestar servicios a más del 35% del total de los habitantes de la nación o de los abonados a los servicios ya mencionados a nivel nacional. Hacia enero de 2013 (momento en que el artículo se escribió) todavía habían grupos mediáticos que superaban dicha proporción por mucho.
Las licencias que se otorgan tienen un plazo de duración de diez años, más un período de prórroga que se da por única vez, por otros diez años; previa ejecución de una audiencia pública efectuada en la localidad donde se presta el servicio, delante de los habitantes o ciudadanos de la misma. No podrán obtener prórroga de la licencia quienes hayan sido sancionados varias veces por incumplimiento de las normas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una vez terminado el plazo de los diez años de prórroga, los ex licenciatarios podrán presentarse a concurso de entrega de la licencia en igualdad de condiciones que otros concursantes. Antes, las licencias se otorgaban por un período de quince años, más otros diez años de prórroga sin audiencia pública.
La nueva ley da entidad a los canales o señales de cable (como Crónica TV, TN, C5N, Torneos y Competencias, A24, Metro, Canal Rural, etc). Antes para la ley "no tenían identidad", solamente se identificaban los operadores de cable en las normas de la Ley de Radiodifusión (como por ejemplo Cablevisión o Supercanal); por lo que no era posible legislar dichos canales y no se podían establecer límites en la cantidad de ellos que un licenciatario podía tener, dándose situaciones de sobreocupación de la grilla en servicios de cableoperadores que instalaban sus propias señales múltiples en las mejores posiciones contiguas, moviendo a las señales de sus competidores a posiciones menos preferenciales o hasta no incluyéndolas entre sus servicios brindados.
Para obtener el derecho de las licencias de medios de comunicación, se deben satisfacer algunas condiciones legales:
Los titulares deben ser mayores de edad, argentinos nativos o por opción, o naturalizados habiendo habitado mínimamente cinco años en el país.
No haber sido funcionario de gobiernos de facto, ni haber estado involucrado en crímenes de lesa humanidad.
Los titulares deben poder demostrar el origen de los fondos utilizados en la inversión a realizar para el medio de comunicación de la licencia otorgada.
No estar incapacitado o inhabilitado, civil o penalmente, para contratar o ejercer el negocio, ni haber sido condenado por delito doloso, de acción pública o instancia privada.
No ser deudor de obligaciones fiscales de ningún tipo, previsionales, sindicales, de seguridad social o de las entidades gestoras de derechos.
No ser magistrado judicial, legislador, funcionario público ni militar o personal de seguridad en actividad. Esta condición no será exigible cuando se trate de meros integrantes de una organización sin fines de lucro.
No ser director o administrador de una empresa de servicios públicos (por ejemplo empresas de servicios de telefonía fija, o de distribución de energía eléctrica), ni accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones que conforman la voluntad social de una empresa prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal. Por lo tanto las empresas de servicios de telefonía -entre otros tipos de servicios públicos-, o sus accionistas o socios con más de un 10% de participación en las mismas, no pueden obtener licencias de medios de comunicación audiovisual de ningún tipo; a menos que se tratare de una entidad sin fines de lucro.
En el caso de tratarse de una organización de servicios públicos sin fines de lucro (como una cooperativa distribuidora de electricidad), sí puede obtener la licencia de un medio de comunicación pero debe ser manejado de manera separada de la unidad de negocio del servicio público; o sea que sus balances, cuentas, impuestos, ingresos y egresos deben ir por separado. Llevar una contabilidad separada y facturar por separado las prestaciones correspondientes al servicio licenciado. No se pueden utilizar los fondos provenientes de subsidios del servicio público en el medio de comunicación. También deberán facilitar, cuando sea solicitado y necesario, a los competidores el uso de su propia infraestructura de soporte como postes y mástiles.
Los cableoperadores deben ordenar su grilla de programación de forma tal que todas las señales correspondientes al mismo género se encuentren ubicadas en forma correlativa y ordenar su presentación en la grilla conforme a lo indicado en la ley, dando prioridad a las señales locales, regionales y nacionales. De esa manera se evitan situaciones en las que los cableoperadores ordenan las señales de TV según sus intereses, moviendo a las señales de empresas rivales a posiciones menos ventajosas.
Los medios de comunicación deben tener un capital social de origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero hasta un máximo del 30% del porcentaje de acciones de la empresa y que otorgue derecho a voto por el mismo porcentaje, siempre que dicha proporción no signifique poseer directa o indirectamente el control de la voluntad societaria. De esa manera, ningún medio de comunicación (radio, canal de televisión, cableoperadora, señal de TV por cable, operadora de TV satelital) puede estar manejado por extranjeros. Dichas limitaciones a la propiedad extranjera han sido diseñadas para promover la producción cultural nacional y las opiniones, ya que el dominio local sobre un bien nacional tan importante se juzga necesario.
Las licencias de servicios de comunicación audiovisual son intransferibles (excepto si es para adecuarse a las normas de la ley), por lo que si un titular adquiere una licencia no puede venderla. Excepcionalmente se autoriza la transferencia de acciones o partes de las licencias después de cinco años de transcurrido el plazo de la licencia y cuando tal operación fuera necesaria para garantizar la continuidad del servicio brindado, pero siempre que los titulares originales mantuvieran más del 50% del capital y voluntad social. La misma deberá se sujeta a la previa comprobación por la autoridad de aplicación de las normas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cual deberá expedirse con la autorización o la negativa de la transferencia solicitada.
Las licencias son inembargables, por lo que cualquiera fuese la naturaleza de la licencia y/o la autorización, las mismas son inembargables.
Las licencias no pueden ser cedidas, alquiladas, delegadas, prestadas ni otorgadas en forma total o parcial a terceros, ya que la explotación de los servicios de comunicación audiovisual debe ser efectuada por sus titulares.
Los licenciatarios no pueden tener contratos de exclusividad con empresas de publicidad ni con productoras de ningún tipo.
La autoridad de aplicación de las normas de la nueva Ley de Medios, deberá hacer un informe cada dos años para el Poder Ejecutivo Nacional y para la Comisión Bicameral, estudiando la adecuación de los distintos licenciatarios a las normas de la ley sobre multiplicidad de licencias o simultaneidad de las mismas en una misma localidad con el objeto de optimizar el uso del espectro radioeléctrico e impedir situaciones de sobreexplotación de licencias.
Los operadores de servicios de televisión por cable deben disponer de un abono social, atendiendo a las situaciones en que en un sitio la TV por cable es el único medio disponible para poder mirar televisión. Se busca que todos los habitantes tengan la posibilidad de ingresar a los servicios de radio y televisión. La implementación del precio del abono social, previa audiencia pública, quedará en manos de la Autoridad de aplicación de las normas de la Ley de Medios.
Se debe garantizar la accesibilidad a personas con discapacidades sensoriales y adultos mayores. Por lo tanto, las emisiones de televisión abierta, la señal local de producción propia de TV por cable y los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional, deben incorporar medios de notificación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción.
Se establecen diversas normas para la publicidad con el objetivo de proteger al público contra un exceso de interrupciones publicitarias y promover un modelo de radio y televisión de calidad:
La AFSCA tendrá un directorio público de agencias de publicidad y productoras publicitarias, cuya inscripción es obligatoria para la comercialización de espacios en los servicios de radiodifusión.
Los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual tienen la obligación de ceder espacios en su programación a los partidos políticos durante las campañas electorales según lo indicado en la ley electoral.
Los cableoperadores no pueden meter publicidad de ningún tipo en la señal de canales que no les pertenecen, solamente pueden insertar publicidad en señales propias; por ejemplo Cablevisión en TN.
Las publicidades deben ser de producción nacional cuando fueran transmitidos por radio, televisión abierta por aire o señales de cable nacionales (como Crónica TV, TN, C5N, Torneos y Competencias, A24, Metro, Canal Rural).
Por radio se pueden transmitir hasta un máximo de catorce minutos de publicidad por hora de emisión.
En la televisión abierta por aire se puede transmitir hasta un máximo de doce minutos de publicidad por hora de emisión.
El tiempo máximo autorizado no incluye la promoción de programación propia (por ejemplo publicidades de programas del canal de TV).
Las publicidades se emitirán con el mismo volumen de audio y deben estar separados del resto de la programación por una placa que indique principio de tanda publicitaria y otra de final. La placa debe incluir el signo identificatorio del canal o señal, a fin de distinguirla del resto de la programación, djando bien marcado que se trata de una tanda publicitaria.
La publicidad destinada a niñas y niños no debe incitar a la compra de productos explotando su inexperiencia y credulidad.
Sólo se puede insertar publicidad en las señales que componen el abono básico de los servicios de TV por cable; por lo que en suscripciones "premium" o de canales codificados no puede haber publicidad.
No se puede emitir publicidad subliminal entendida por tal la que posee aptitud para producir estímulos inconscientes presentados debajo del umbral sensorial absoluto.
Los avisos publicitarios no pueden incluir mensajes de discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, ideológicos, socio-económicos o nacionalidad, entre otros; no menoscabarán la dignidad humana, no ofenderán convicciones morales o religiosas, no inducirán a comportamientos perjudiciales para el ambiente o la salud física y moral de los niños, niñas y jóvenes.
Los programas de publicidad de productos e infomerciales no pueden ser contabilizados como de programación en la proporción mínima de producción propia obligatoria ya explicada.
Queda establecido un tiempo mínimo de transmisión diario para las radios y televisoras según el tamaño de las localidades donde prestan servicios.
En localidades de más de seiscientos mil habitantes, las radios deben transmitir como mínimo dieciseis horas por día, mientras que las televisoras un mínimo de catorce horas por día.
En localidades de entre cien mil y seiscientos mil habitantes, las radios deben transmitir como mínimo catorce horas por día, mientras que las televisoras un mínimo de diez horas por día.
En localidades de entre treinta mil y cien mil habitantes, las radios deben transmitir como mínimo doce horas por día, mientras que las televisoras un mínimo de ocho horas por día.
En localidades de entre tres mil y treinta mil habitantes, las radios deben transmitir como mínimo doce horas por día, mientras que las televisoras un mínimo de seis horas por día.
En localidades de menos de tres mil habitantes, las radios deben transmitir como mínimo diez horas por día, mientras que las televisoras un mínimo de seis horas por día.
Protección de la niñez: En todos los casos la programación, sus promociones en tanda, y las publicidades deben ser aptos para todo público entre las seis y veintidós horas. Desde las veintidós y hasta las seis horas se pueden transmitir programas aptos para mayores. En el principio de los programas que no fueren aptos para todo público, se debe indicar la calificación que el mismo merece. Durante los primeros treinta segundos de cada bloque se debe exhibir el símbolo que determine la identificación visual de la calificación que le corresponda. No será permitida la participación de menores de doce años en programas que se emitan entre las veintidós y las ocho horas, salvo que hayan sido grabados fuera de ese horario, circunstancia que se deberá mencionar en su emisión.
A cada estado provincial y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le otorga una frecuencia de radio AM, una frecuencia de radio FM, una frecuencia de televisión abierta. A cada municipalidad se le otorga una frecuencia FM.
En cada localidad donde esté la sede central de una universidad nacional se le otorga a la institución una frecuencia de TV abierta y una frecuencia de radio.
Se garantiza el derecho al acceso universal a través de los servicios de comunicación audiovisual, como radio y televisión, a los contenidos de interés destacado y de eventos deportivos, como partidos futbolísticos, entre otros deportes. El Poder Ejecutivo nacional adoptará las medidas legales para que el ejercicio de los derechos exclusivos para la transmisión televisiva de determinados eventos de interés general de cualquier naturaleza, como los deportivos, no perjudique el derecho de los ciudadanos a seguir dichos eventos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional. Debe tratarse de eventos de importancia nacional o de un evento internacional destacable con participación numerosa de argentinos.
A diferencia de la vieja ley, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene en cuenta el potencial impacto que provocaría la incorporación de nuevas tecnología y servicios que no se encontraban operativas en el momento de promulgarse dicha ley. También se destacan las nuevas tecnologías de televisión digital y las distintas medidas a tomar por parte de la AFSCA para el desarrollo y propagación de las mismas a toda la población. Para mayor información se sugiere leer: Qué es la televisión digital terrestre.
La ley incluye una serie de sanciones a los licenciatarios, por el incumplimiento de las normas de la Ley de Medios. Las mismas van de sanciones por infracciones leves, como llamados de atención, apercibimiento (amonestación), multa del 0,1% a 10% de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior; hasta sanciones por infracciones graves que incluyen suspensión de publicidad y/o caducidad de licencia.
Se les puede otorgar exenciones o deducciones impositivas a los titulares de licencias de medios, en determinadas situaciones:
Para los titulares de licencias de servicios de televisión localizadas fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires que produzcan de forma directa o adquieran en la localidad donde transmiten obras de ficción o artes audiovisuales, de cualquier género, formato o duración; se les deducirá hasta el 30% de los impuestos instituidos por la Ley de Medios durante el período fiscal correspondiente al tiempo de emisión en estreno de la obra en el servicio operado por el titular.
Para los titulares de licencias de radiodifusión (radio y televisión) localizados en zonas declaradas de desastre provincial o municipal, siempre que la medida fuere necesaria para la continuidad del servicio. En circunstancias excepcionales por justificada razón económica o social, se les podrá deducir hasta un 50% del monto total de los impuestos de la Ley de Medios, por períodos determinados no mayores a doce meses.
También pueden obtener deducciones impositivas indicadas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los titulares de licencias de medios ubicados en localidades de menos de tres mil habitantes, como también los medios estatales, provinciales, municipales, de universidades nacionales, de institutos universitarios.
También se les otorga una deducción impositiva del 20% a los titulares de una sola licencia, que presten servicios de radiodifusión en localidades de menos de trescientos mil habitantes y con más de diez empleados. Por otro lado, a los cableoperadores con una sola licencia, que presten servicios en localidades de menos de veinticinco mil habitantes y con más de diez empleados se les deducirá un 10%.
Se crea Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, una empresa del estado que manejará todos los medios públicos (radios y televisoras estatales). Dicha sociedad tiene un Directorio integrado por siete miembros nombrados por el Gobierno y la oposición, garantizando de esa manera el pluralismo y que los canales del estado no sean instrumentos de los gobiernos de turno. Los miembros del Directorio de la empresa estatal deben ser personas vinculadas a labores de comunicación y poseer una trayectoria democrática destacable.
El Directorio debe integrase por: Un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo nacional; tres directores a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, seleccionados por propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, perteneciendo uno a la primera minoría y los otros dos a la segunda y tercera minoría parlamentaria; y dos directores por propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser académico de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales.
Cosas que se dicen sobre la Ley de Medios
Muchos de los que se oponen a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, suelen objetarla utilizando hipótesis y discursos que no se encuentran sustentadas por el texto de la Ley de Medios.
Los que se oponen a la Ley de Medios dicen:
Que el gobierno evaluará las licencias de los canales cada dos años, peligrando sus negocios: Las licencias tienen un plazo de duración de diez años, más un período de prórroga que se da por única vez, por otros diez años; previa ejecución de una audiencia pública efectuada en la localidad donde se presta el servicio, delante de los habitantes o ciudadanos de la misma. Por otro lado, las licencias no son otorgadas por el gobierno sino por la AFSCA, integrada por miembros del gobierno y la oposición, supervisada por un consejo de delegados del gobierno, del congreso, de universidades, y otras organizaciones. Lo único que se supervisa cada dos años es la situación técnica, para ver si desarrollos en la tecnología obligan a modificar los límites en el número de licencias.
Se sustituye un monopolio por otro: En ningún artículo de la ley se da lugar a semejante teoría. La misma ley incorpora métodos para bloquear la instauración de grupos monopólicos, indistintamente de quiénes son sus titulares o sus ideologías, promueve la participación de todos los sectores de la sociedad y la descentralización del esquema mediático. Se incorporan límites en el número de licencias de medios que una misma empresa puede tener en determinada localidad, y un máximo de cobertura mediática del 35% de los habitantes de la nación, impidiendo de esa manera la dominación del mercado por parte de unos pocos. También los titulares de licencias deben elegir entre distintos sectores del negocio (cable o radiodifusión); y las telefónicas no pueden participar.
No permitir que una misma empresa tenga un canal de aire y un cable a la vez es una disposición arbitraria para perjudicar a Clarín: La ley prevé que el inmenso negocio del triple-play (empresas que proveen servicios de Internet, telefonía y televisión), se encuentre separado del de los medios de comunicación de radio y TV para impedir situaciones de falta de neutralidad en las que los proveedores de esos servicios seleccionan qué señales incluir en su grilla, permitiendo solamente las que tienen un discurso beneficioso para sus intereses empresariales y silenciando a las que no se vinculan. Por lo tanto las empresas proveedoras de servicios de cable o telecomunicaciones no pueden ser radiodifusoras y viceversa, siendo válido para todos y no sólo para un grupo.
Que las organizaciones sin fines de lucro y sindicatos tengan canales de TV y radios es para que esas instituciones pongan medios pro gobierno: La ley no tiene límites sobre qué tipo de instituciones pueden ingresar a una licencia, ya fueren opositoras, oficialistas, sindicatos, la Iglesia, instituciones educativas, universidades, organizaciones sin fines de lucro, y otras.
La Ley de Medios le da mucho poder al Gobierno: Con la vieja Ley de Radiodifusión, el COMFER era dirigido por una sola persona, designada en un 100% por el poder ejecutivo como "interventor" de dicho organismo. El COMFER fue sustituido por el AFSCA, integrado por miembros del poder ejecutivo, diputados del oficialismo y la oposición (las mayores minorías) del Congreso, y controlada por una comisión bicameral de delegados de las provincias y universidades.
La ley de Medios es un invento a las apuradas del Kirchnerismo: Como ya se explicó en varias partes del artículo, la Ley de Medios es un proceso que se inició desde la propuesta de distintas ONGs y cooperativas que se juntaron para dar vida a la Coalición para una radiodifusión democrática, la cual presentó un proyecto en 2004 con las pautas que deberían incluirse en una futura ley. Años después, el gobierno presentó el proyecto inicial y a lo largo se hicieron sugerencias y comentarios, para luego crear un segundo proyecto de ley que es el que se envió al Congreso. Por otro lado, la promulgación de una nueva Ley de Medios, fue una promesa de campaña de Cristina Kirchner para las ONGs y pueblo en general.
La Ley de Medios es sólo para destruir a Clarín: En ninguna parte de la ley se menciona a Clarín. Lo que sí hace es bloquear a los monopolios y oligopolios; por lo que si Clarín -entre otros grupos mediáticos- se encuentra perjudicado por la nueva ley, es por su posición oligopólica. Probablemente lo que hace parecer que fuera de esa manera, es que la ley surge en un momento en que ocurre un conflicto entre dicho grupo y el gobierno, pero en leyes las situaciones pasan y los textos quedan. El texto de la Ley de Medios es lo único a tener en cuenta para poder juzgarla. Si una ley no perjudicara a los grupos mediáticos monopólicos no sería una buena ley, ya que los perjudicados serían los ciudadanos.
El gobierno fuerza a vender a las empresas a precios viles, designando a los nuevos compradores, amigos suyos, para crear un monopolio mediático pro kirchnerismo: El gobierno no elige a quiénes les venderán los medios que se separan de un grupo que supera los números máximos permitidos por la ley. Es decisión de los mismos titulares de licencias a quiénes se las transferirán. Tampoco puede controlar la entrega de nuevas licencias a titulares, ya que son por concurso público, cuyos jueces son elegidos el Consejo Federal.
Con la nueva Ley de Medios, Canal 7 sigue siendo el canal del gobierno de turno: La nueva ley indica que el gobierno deja de dirigir a Canal 7, como también a todos los medios públicos (radios y televisoras estatales); los cuales pasarán a ser dirigidos por Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado; una empresa estatal con mucha mayor independencia del Gobierno, que tiene un Directorio integrado por siete miembros nombrados por el Gobierno y la oposición. Lamentablemente la oposición se demoró varios años (hasta finales de 2012) en participar de la dirección compartida de los organismos y empresas públicas creadas tras la promulgación de la Ley de Medios. Si hasta el momento, el Canal 7 mantuvo una imagen parcial fue por su falta de participación.
TN va a desaparecer o solamente podrá verse en Buenos Aires: Eso no es así, la ley no indica que los canales o señales deban desaparecer; simplemente pasarán a pertenecer a otros titulares en situaciones que una empresa tuviese más medios de los que permite la ley. Lo que les conviene hacer a los grupos que posean más señales de las permitidas es venderlas, no hacerlas desaparecer. Los periodistas del Grupo Clarín, dicen que sería inviable mantener TN sin la sinergia que tiene con Canal 13; algo que no tiene sentido, ya que se trata de una señal con programación propia y además es la de mayor teleaudiencia del cable. Por otro lado, para garantizar los puestos de trabajo y que no desaparezcan canales, la ley prohibe el desmantelamiento sin que antes se intente conseguir un comprador que prometa mantener a los mismos empleados y la estructura general del canal. También es bueno notar, que según la ley, el Grupo Clarín tiene dos opciones:
Mantener Canal 13, TN y otras señales (como Volver, Metro, Torneos y Competencias, Canal Rural, Magazine) y convertirse en una empresa de medios, vendiendo sus cableoperadoras.
Mantener sus cableoperadoras (como Cablevisión/Multicanal) y TN como su señal de producción propia (o cualquiera de las otras, pero siempre como máximo podrá tener una señal de cable); y vender Canal 13. Si esa fuera la opción elegida, TN podrá ser visto a través de sus cableoperadoras además de poder transmitirse a través de otras cableoperadoras. No obstante, lo que la ley, es que ningún medio puede ocupar más del 35% del público del país.
Solamente se podrá escuchar música nacional: La Ley de Medios indica un mínimo de producción nacional del 30%; ya que hay un gran potencial de producción de cultura en el país; y lo que hace la ley es promover la industria musical nacional. Pero en los casos de radios temáticas, como de música clásica, jazz, entre otras, en la ley se indica que pueden pedir ser exceptuadas de dicha obligación.
La ley no contempla otras tecnologías como Internet: De hecho, que no se encuentre legislada Internet es un elemento positivo, ya que uno de los principales conceptos de dicha tecnología y sus medios es la posibilidad de participación de todo el mundo independientemente de sus medios físicos y económicos; legislar Internet con límites, cuotas y otras herramientas legales sería un impedimento para la libertad de expresión.
Quiénes no cumplen con la Ley de Medios
Hacia enero de 2013 aún muchos medios e incluso sectores públicos no cumplían de pleno con la nueva Ley de Medios:
GRUPO CLARÍN:
La ley establece que los cableoperadores deben ordenar su grilla de programación de forma tal que todas las señales correspondientes al mismo género se encuentren ubicadas en forma correlativa y ordenar su presentación en la grilla conforme la reglamentación que a tal efecto se dicte, dando prioridad a las señales locales, regionales y nacionales. Hacia enero de 2013 Clarín es el único cableoperador que no cumple con lo dispuesto por la AFSCA, organismo que indica un nuevo orden en la grilla de canales de la televisión paga y la incorporación del canal CN23. Por otro lado, en la oferta general de Cablevisión/Multicanal no se incluye el canal público y gratuito Pakapaka (de temática infantil), y solamente fue incluido en su plan "premium"; mientras que en la Televisión Digital Abierta -que es un servicio público- dicho canal se transmite sin cargo. Cablevisión/Multicanal hacia la fecha de publicación del artículo, en lugar de tener ordenada la grilla de canales por rubro, lo hacía privilegiando sus propias señales. Por ejemplo, en Buenos Aires la ley establece el siguiente orden:
Canales de noticias: TN - A24 - C5N - Crónica TV - 26 TV - CN 23 - Canales de Aire: Telefe - TV Pública (Canal 7) - Canal 13 - América TV - Canal 9 - Canales de Deportes (y Encuentro): Canal Encuentro - Fox Sports - TyC Sports - ESPN - ESPN+ - Fox Sports+ - Canales Infantiles: Paka Paka - Disney Junior - Cartoon Network - Disney Channel - Nick - Boomerang - Disney XD - Discovery Kids
Hacia enero de 2013 la grilla de Cablevisión/Multicanal tenía el siguiente orden:
A24 - 26 TV - Crónica TV - C5N - Encuentro - CNN - Canal 9 - América TV - Telefe - TN - Canal 13 - Metro - Magazine - TV Pública (Canal 7) - ESPN+ - TyC Sports - Fox Sports - ESPN - El Garage - Disney Channel - Nick - Cartoon Network - Disney XD - Discovery Kids - Boomerang - Disney Junior
Se puede ver que TN (perteneciente al Grupo Clarín) se encuentra en la posición más privilegiada entre los dos canales de aire de mayor rating, por lo que notando -según estadísticas- que la mayoría de los televidentes hacen zapping utilizando las flechas del control de la TV, pasando de un canal a otro en orden de posiciones; por lo que la señal de noticias de Clarín es un paso obligado cuando se transita entre los canales de aire. Luego introduce otras dos señales propias antes de la TV Pública (Metro y Magazine). Y como ya se mencionó, la señal de televisión infantil nacional Paka Paka (público y gratuito), en la oferta general de Cablevisión/Multicanal no se incluye, ya que solamente lo hace en sus servicios "premium".
También incumple otras normas de la ley que establecen un número máximo de señales que un licenciatario puede tener en su titularidad, y las normas que obligan a desinvertir (vender los medios de más para satisfacer los máximos permitidos por ley).
El Grupo Clarín es el único que no presentó un plan de adecuación hasta el momento de publicarse el presente artículo. De hecho desde el momento de promulgarse la nueva Ley de Medios, dicho grupo presentó una demanda judicial por supuesta inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161; uno sobre la multiplicidad de licencias y el otro sobre el plazo que tienen los medios para desinvertir; debiendo seguir las disposiciones de la ley en un plazo no mayor a un año desde que se establezcan los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento -en cada caso- correspondiesen. Tras las demandas, el juez federal Edmundo Carbone dictó una medida cautelar, sustentando su decisión en la "posibilidad de que la ley produzca un daño irreparable".
La medida cautelar fue apelada por el Gobierno, pero en mayo de 2010 la Cámara Civil y Comercial Federal la mantuvo para los artículos 45 y 161 (el otro por el que Clarín presentó una demanda es el 41, pero la cámara quitó la suspensión del mismo, volviendo a estar vigente). El Gobierno apeló nuevamente y en octubre de 2010 la Corte Suprema de Justicia decidió mantener la medida cautelar; aunque exigiendo la definición de un plazo máximo de vigencia de la misma. El 12 de mayo de 2011, la Cámara Civil y Comercial Federal, determinó que dicho plazo debería finalizar en un período de 36 meses contados a partir del momento en que el Estado fue notificado de la demanda (noviembre de 2010), por lo que el plazo definido finalizaría en noviembre del 2013.
Sin embargo, el 22 de mayo de 2012 la Corte Suprema de Justicia determinó por unanimidad que el plazo de 36 meses vencería el 7 de diciembre de 2012, ya que definía que el inicio de dicho período debía ser el momento en que Clarín obtuvo la cautelar. La Corte también dejó claro que este tipo de medidas es precario y que no pueden sustituir la solución de fondo, por lo que dispusieron que el 7 de diciembre vencerían todas las cautelares, habilitando al Estado a exigir el cumplimineto del artículo 161. La estrategia dilatoria de Clarín, especulaba con que la cautelar se extendiera, marcando la necesidad de una medida de fondo que impugne la 161 por inconstitucional; por lo que Clarín pretendía que la batalla judicial dure lo más posible.
Por último, el tribunal destacó que “lo decidido en cuanto al plazo de vigencia de la medida cautelar podrá ser modificado en caso de que se verifiquen conductas procesales orientadas a obstaculizar el normal avance del pleito, o sea, que pongan obstáculos para que el juez se pronuncie sobre la cuestión de fondo: (si el artículo 161 sobre "la necesidad de desinvertir en caso de multiplicidad de licencias" es constitucional o no). También dejó dicho que las cautelares no pueden sustituir la solución de fondo, ya que "es deber de la partes y del juez solucionar el conflicto de modo definitivo en un tiempo razonable y no buscar soluciones provisorias que se transformen en definitivas". Por lo tanto, a partir del 7 de diciembre de 2012 vencía la suspensión del artículo 161 y debería haber entrado en vigencia.
El 20 de noviembre de 2012 el Grupo Clarín solicitó a la Corte Suprema, extender nuevamente la cautelar, pero el 27 de noviembre del mismo año, dicho tribunal declaró inadmisible tomar esa decisión, ya que el planteo que se encontraba en trámite es de la jurisdicción de la Cámara Civil y Comercial, donde se encuentra la demanda; también solicitó al juez encargado, el inmediato dictado de la sentencia definitiva que determine la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley de Medios.
Pese a la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia, el 6 de diciembre de 2012, un día antes de la fecha de fin del plazo, los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal, Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, extendieron la medida cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín dejando suspendido el artículo 161 de la Ley de Medios "hasta que sea dictada una sentencia definitiva en la causa".
El fallo del camarista Francisco de las Carreras, fue bastante polémico dado que se le encontraron ciertas "vinculaciones" con intereses del Grupo Clarín, empresa que forma parte de la entidad de medios de comunicación llamada CERTAL, organizadora de un congreso de comunicación audiovisual en Miami en mayo del mismo año, a donde fue invitado con todos los gastos pagos. En el Consejo Directivo de la mencionada organización se encuentra como Director titular, el directivo del Grupo Clarín, Hernán Verdaguer. El mismo De las Carreras admitió que “fue convocado en su condición de Juez” y que tanto su pasaje y estadía en Miami, como el de su esposa, fueron pagados CERTAL.El evento al que asistió fue auspiciado y financiado por el Grupo Clarín, a través de Cablevisión.
El evento también fue auspiciado institucionalmente por la empresa CAPSA, cuyo principal directivo, Pablo Casey es el sobrino de Héctor Magnetto. Entre los presentadores del evento estaba Carlos Moltini, Gerente General de Cablevisión. Por su parte, De las Carreras, dos semanas antes del 7 de diciembre, se había declarado competente para dictaminar sobre una nueva medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín para extender la suspensión de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más allá de dicha fecha.Pero cuando trascendió públicamente que había viajado a Miami, y que se había hospedado en un hotel de lujo con todos los gastos pagados por CERTAL y Clarín, la Jefatura de Gabinete de Ministros denegó su decisión, por haber obtenido dádivas de una de las partes interesadas.
El 11 de diciembre de 2012, el titular de la Fiscalía Civil y Comercial Federal número 5, Fernando Uriarte, solicitó al juez de primera instancia que debe decidir la situación, Horacio Alfonso, que declare la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios, suspendidos por la medida cautelar, ya que "no conculca los derechos constitucionales de propiedad y de comercio". Finalmente, el juez de primera instancia, Alfonso, declaró la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios y ordenó terminar la cautelar, desestimando la argumentación del Grupo Clarín.
Hacia enero de 2013:
El Grupo Clarín aún posee más licencias de las que permite la nueva Ley de Medios; abarcando mucho más del 35% de la población del país a través de sus canales de TV, señales de cable y cableoperadoras. Según la ley, la multiplicidad de licencias -a nivel nacional y para todos los servicios- en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a mas del 35% del total nacional de habitantes o de abonados a TV por suscripción.
La nueva Ley de Medios pemite un máximo de 24 licencias de proveedoras de televisión por cable por titular y el Grupo Clarín posee cientos de cableoperadoras.
La ley establece que un titular no puede tener una operadora de cable y un canal de televisión por aire y viceversa en la misma zona o localidad; y el Grupo Clarín no cumple con dicha norma: en la Ciudad de Buenos Aires donde opera con Cablevisión/Multicanal y transmite con por aire con Canal 13; lo mismo ocurre entre dichas operadoras de cable y el canal 12 de Córdoba, canal 10 en Mar del Plata y canal 7 en Bahía Blanca.
La ley establece que un mismo titular de servicios de televisión por suscripción no puede contar con más de una señal o canal de cable. Clarín tienen varios: TN, Metro, Volver, Magazine, Canal Rural, Quiero y el 50% de TyC.
La ley permite un máximo de diez licencias de radio o TV que un titular puede poseer en todo el país. El Grupo Clarín tiene más de diez licencias de radio entre las que se incluyen Radio Mitre y FM 100 en Buenos Aires; Radio Mitre de Tucumán; AM Mitre, FM Mitre, FM Mía y FM 100 en Córdoba; Radio Mitre de Mendoza; y otras radios en San Bernardo, Mar del Plata, Bahía Blanca y Bariloche. Además posee varios canales de TV abierta como Canal 13 de Buenos Aires, el 12 de Córdoba, el 10 de Mar del Plata, el 9 de Mendoza, el 6 de Bariloche, el 7 de Bahía Blanca. Superando por mucho, entre radios y televisoras, las diez licencias que le permite tener la nueva Ley de Medios a un titular.
Los escenarios posibles de desinvesión para Clarín son:
Por un lado quedarse con sus productivos negocios de televisión por cable, los cuales le dejan al Grupo Clarín, más de la mitad de las ganancias, podrá mantener una de sus señales de cable -por lógica de mayores ingresos ingresos y teleaudiencia sería TN-, y como posee aproximadamente 200 cableoperadoras en todo el país, deberá vender la mayoría de ellas y quedarse con 24, que es el mayor número de licencias de TV paga que la Ley de Medios le permite tener a un titular. Otra cosa a tener en cuenta es que no puede superar el 35% del mercado total de abonados.
Podría adecuarse desprendiéndose del negocio del cable en Capital Federal, y otro tanto en ciertas provincias; en esa situación podría quedarse con Canal 13 de Buenos Aires, ya que no infringiría el inciso de la ley que impide en una misma localidad la coexistencia de un servicio de TV paga (como Cablevisión) y un canal de TV abierta por aire perteneciente a un mismo titular. El problema sería que se vería en dificultades para llegar al 35% del mercado en las provincias con sólo 24 licencias de cable. Cablevisión opera en mercados importantes como Rosario, Mar del Plata y Córdoba. Sobre aquel tema, Clarín plantea que otros operadores, como Telecentro, tienen licencias "extendidas" que bajo un mismo permiso operan en más de una localidad. la AFSCA contestó que Cablevisión también las tiene, sin mayores detalles. Por lo tanto la dilucidación de este asunto será clave para que el Grupo pueda sumar abonados entre 24 licencias en el interior y no quedar por lejos detrás del 35% del mercado total que le permite llegar a cubrir la Ley de Medios a un mismo licenciatario.
En la hipótesis de quedarse con las operadoras de cable de las principales ciudades (excepto Buenos Aires), una de las principales plazas de Cablevisión es Córdoba, por lo que debería desprenderse de Canal 12 en dicha ciudad. En la propuesta del socio de Cablevisión, Fintech, entregada a la AFSCA, solicitó que para el límite del 35% sea computado el mercado completo de TV paga, inclusive el servicio satelital de televisión, por ejemplo Direct TV, con lo que la cantidad de abonados en riesgo sería sustancialmente menor. Sin embargo es necesario notar que ese criterio planteado por el socio del Grupo Clarín en Cablevisión, contradice el texto de la ley. En síntesis un escenario probable sería que Clarín siga siendo un participante importante en el negocio de la televisión por cable, con 24 licencias en las provincias y menos del 35% del mercado; y también que pueda mantener la licencia de Canal 13, Radio Mitre, FM 100, las emisoras de radio en algunas ciudades, y TN como señal propia de televisión por suscripción (TN es el canal de cable de mayor teleaudiencia).
Otra hipótesis es que se quede con las operaciones de cable en Buenos Aires, llegando a 35% del mercado de abonados del país, para lo cual debería vender Canal 13, pero podría mantener Canal 12 de Córdoba y otros del interior.
Hay que dejar claro que no se encuentran en discusión las otras empresas del Grupo fuera del mercado de la radio, TV abierta y cable; como los diarios Clarín, La Voz del Interior, Los Andes, Muy y La Razón; semanarios como Ñ, Elle, Pymes, Genios y Arquitectura; la proveedora de Internet Fibertel. También puede seguir operando empresas en las que participa como la Agencia Diarios y Noticias, Papel Prensa, Expoagro, Carburando, Pol-ka e Ideas del Sur. Tampoco se verían afectados sus sitios Web, imprentas, editora de libros y productoras de espectáculos.
Por su parte, otros grupos multimediáticos, a pesar de haber presentado planes de adecuación, y de no haber entrado en un proceso judicial de cuestionamiento a la Ley de Medios, como lo hizo Clarín, gracias a dicha disputa se han visto beneficiados por las cautelares porque vienen frenando su aplicación; en cuanto a la obligación de vender, ceder o transferir licencias o frecuencias de radios, canales de TV, señales de cable, o cableoperadoras. El conflicto judicial entre Clarín y el gobierno, también les ahorra millones de pesos en abogados a las otras empresas de medios.
Pero el marco jurídico señala que la inconstitucionalidad de una ley es válida solamente para quien la cuestiona en Tribunales y logra un fallo favorable. Sin embargo, es probable que a Telefe; al Grupo UNO; y otros empresarios locales de medios de comunicación, también los alcance la prolongación del juicio que derivará en una decisión final de la Corte Suprema. En varias de las empresas tocadas por la situación admitieron que sería justo y lógico que la AFSCA congele los planes de adecuación voluntaria. "Entregamos la propuesta en tiempo y forma, pero la justificación utilizada para aplicar la ley a todos también se puede utilizar ahora al contrario", sostuvieron. "Es posible que la AFSCA no aplique los plazos voluntarios, porque sería injusto que todos tengamos que vender o transferir licencias y Clarín no", cuestionaron en otro grupo con fuerte presencia en el interior. Muchos empresarios coinciden en que no deberían haber plazos. "Tiene que haber igualdad de condiciones, mas allá de que haya sido uno sólo que haya eligido el camino judicial", agregaron en otro grupo. De todos modos, el techo judicial no puede proteger a los demás grupos durante todo el período del juicio hasta llegar a la Corte Suprema. Las apelaciones podrían extender el debate por lo menos por dos años más.
La estrategia que utiliza el Grupo Clarín, es la de dilatar lo más posible la causa, para evitar que se cumpla la ley que lo obliga a desinvertir. Sin embargo, tarde o temprano, cuando se expida la Corte, se harán las transferencias de oficio, dado que los períodos de adecuación han vencido; y la empresa no ha presentado ningún plan de desinversión como lo han hechos las demás empresas de medios. A largo plazo, podría perjudicarlo, ya que podría ser sancionado severamente por incumplimiento de la normativa con la caducidad de licencias o incluso la inhabilitación. Objetivamente, lo más conveniente para la empresa, a nivel financiero, sería presentar un plan de adecuación del mismo tinte que el del Grupo UNO que se describirá a continuación.
También, existen otros grupos de medios que han crecido desmedidamente gracias a los decretos modificatorios de la vieja Ley de Radiodifusión. Si a eso se le suma que algunas ventas jamás fueron notificadas a Comfer (hoy AFSCA), hoy se asiste a un esquema mediático que incluye, entre otros, a los siguientes jugadores:
Se trata del mayor grupo multimediático después de Clarín. Propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano, es la empresa titular del segundo mayor operador de televisión por cable, Supercanal, prestadora de servicios en muchas localidades, radios, y canales de TV.
El Grupo UNO excede las diez licencias de radiodifusión permitidas por la nueva Ley de Medios; ya que supera por mucho esa cantidad entre canales de radio y televisión abierta.
En una misma localidad, un titular puede tener hasta dos licencias de radios FM (solamente en ciudades donde existen más de ocho radios FM). En Rosario el Grupo UNO posee tres FM
En una misma localidad no se pueden tener simultáneamente una cableoperadora y un canal de televisión abierta. UNO posee licencias de TV abierta y por suscripción en las ciudades de San Juan, Mendoza y San Rafael.
Según la AFSCA, el Grupo UNO supera el 35% permitido de la población, tanto en radios como en televisión.
El Grupo UNO supera las 24 licencias de operadoras de cable que permite la Ley de Medios.
Los cableoperadores solamente pueden tener una señal de generación propia, según la normativa. El Grupo UNO es dueño de tres: América 24, América Interior y Brava TV.
El plan de adecuación de Grupo UNO, propone distribuir entre sus socios y familia las licencias en conflicto con la Ley de Medios, disolviendo el presente grupo.
Desea efectuar transferencias y ventas de licencias. Como primera medida, la cableoperadora Supercanal se quedaría con menos de 24 licencias de cable y Manzano tendría el 7,5% de las acciones y el resto se distribuirá entre los acreedores del concurso de acreedores y otros socios minoritarios. Alfredo Vila Santander, hermano del actual presidente de Supercanal, Daniel Vila, conformaría una sociedad independiente a la cableoperadora para operar otras tantas de sus licencias de cable y como también de radio en el interior del país. Por su parte, Daniel Vila asumiría una sociedad que explota dos canales de televisión (el Canal ocho de San Juan y el Canal siete de Mendoza) y una radio en la zona de cuyo. También armaría otra sociedad con Manzano para operar distintas licencias: entre las que se encuentran América TV (junto a su socio en ese canal Francisco de Narváez) y Radio La Red. Se propone que la hija de Daniel Vila quede como titular de una licencia de una radio FM en Cuyo. La propuesta del Grupo Uno también incluye transferir una licencia satelital, algunas de cable y radio a personas que en el pasado fueron socios de ese mismo grupo y en poner a la venta otras licencias de cable, sus dos canales de televisión abierta en Junín y San Rafael, radios y las señales de TV por cable, entre las que se encuentran el canal de noticias América 24.
Sin embargo, Daniel Vila, a finales de enero de 2013 declaró que: "si bien el plan de cumplir con la ley sigue, y que la propuesta tiene un trámite administrativo y el trámite administrativo sigue vigente, lo cual no quiere decir que terminado pasemos a la implementación del plan, porque hasta que el Grupo Clarín presente el plan de adecuación y se adecue, nadie va a cumplir con el plan que se presentó". También dijo que "nada de lo propuesto va a ocurrir hasta que no haya esta igualdad ante la ley", sugiriendo el cumplimiento de la ley por parte del Grupo Clarín.
La Ley de Medios no permite que un titular de licencias de medios audiovisuales posea también más del 10% del capital accionario de una empresa de servicios públicos. Daniel Vila y José Luis Manzano, son dueños del 5% de Edemsa, la empresa distribuidora de energía de Mendoza y del 8% de Metrogas, por lo que no infringen las normas de la Ley.
TELEFE / TELEFÓNICA:
El caso de Telefé es bastante particular, ya que no cumple con determinadas normas de la nueva Ley de Medios pero igualmente no son obligados a satisfacerlas por los organismos estatales.
El Artículo 25 inciso d de la Ley de Medios, señala que una empresa que presta servicios públicos (como telefonía fija o energía eléctrica entre otras) no puede ser titular de más del 10% del capital accionario de una firma que tenga licencias de medios de comunicación. Por otro lado, el Artículo 31 inciso b de la ley indica que empresa controlada y controlante deben ser consideradas una misma compañía y manifiesta que eso debe ocurrir en los términos del Artículo 33 de la ley 19.550 de sociedades comerciales, que establece que una empresa dirige la otra cuando tiene la capacidad de decisión en esa firma de manera directa o indirecta. En Telefé sucede exactamente eso, violando el artículo 25, ya que se trataría de una empresa licenciataria que también es prestadora de servisios públicos.
El Artículo 25 inciso c de la ley de medios sostiene que los licenciatarios de medios no podrán ser filiales ni subsidiarias de empresas extranjeras. Y el Artículo 29 dice que en ese caso se aplicarán los párrafos primero y segundo del Artículo 2 de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes Culturales. Pero la disposición que permitiría a Telefónica conservar Telefe se encuentra en el tercer párrafo, que afirma: "No se encuentran alcanzados por las disposiciones de la presente norma: a) Los medios de comunicación que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley sean de titularidad o control de personas físicas o jurídicas extrajeras. b) Los contratos de cesión de acciones, cuotas o de transferencia de la titularidad de la licencia celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, y que aún no hayan sido aprobados por los organismos competentes". En un comunicado oficial, Telefe y Telefónica manifestaron que están "plenamente facultados para prestar servicios de comunicación audiovisual según lo establecido en el Artículo 1 y 2, incisos a y b, de la ley 25750". Sin embargo, precisamente esos incisos detallados en el tercer párrafo del artículo, han sido omitidos por la Ley de Medios, por lo que legalmente Telefe quedaría desprotegido por dicha ley.
Por último, debe adecuarse al porcentaje de la población que cubre sus servicios, ya que superan por mucho al 35% establecido por la ley.
DirecTv brinda servicios de televisión por satélite y además es accionista en Torneos y Competencias, productora de las señales TyC Sports y TyC Max. La nueva Ley de Medios señala que los titulares de licencias de servicios por televisión satelital por suscripción no pueden tener ningún otro servicio de comunicación audiovisual. Por lo tanto, la empresa no puede poseer acciones en las señales de TV por cable TyC Sports y TyC Max.
TELECENTRO / ALBERTO PIERRI:
Telecentro es la empresa de Alberto Pierri, ex Diputado Nacional por el Justicialismo y Presidente de la Cámara de Diputados entre 1989 y 1999.
Se trata de la única operadora de triple play en el área metropolitana (TV por cable, telefonía y banda ancha). Presta servicio de TV por cable a más de 30 localidades con una sola licencia; violando las normas de la Ley de Medios, la cual señala que cada licencia sirve para una localidad; y que no se pueden superar las 24 licencias por titular. También tiene superpuestos en las mismas localidades cableoperadoras (Telecentro) y canales de TV abierta por aire (Canal 26 y Telemax), y un titular no puede prestar dichos servicios simultáneamente en una misma localidad.
Por otra parte, Telecentro también presta un servicio público, ya que su triple play incluye telefonía fija, lo cual obligaría a la empresa a desinvertir.
En 2012, Daniel Hadad vendió al Grupo Indalo cinco radios (Radio 10 y las FM Pop, Mega, TKM y Vale) y también las señales de cable C5N y Stars TV, sin previo permiso de los organismo nacionales.
Sin embargo según la Ley de Medios, "las licencias son intransferibles" con dos excepciones: que fuera necesaria para la continuidad del servicio o que la transferencia se haga para estar entonado con la ley (por multiplicidad de licencias); y en la situación en cuestión no se cumplen ninguna de esa condiciones, dado que dichos medios no estaban en riesgo y el comprador quedó en igual situación de exceso de licencias que el vendedor. Tampoco se obtuvo el permiso previo de la AFSCA ni de ningún otro organismo estatal facultado para efectuarse la transferencia mencionada; por lo que la ley prevé una sanción ejemplar, que puede llegar a la caducidad de las licencias. El texto de la Ley de Medios señala que: "Las transferencias sin la correspondiente y previa aprobación será sancionada con la caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada y será nula de nulidad absoluta". Sin embargo el presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella, ha declarado que el caso se encuentra "en estudio". Por más que se solicite el permiso y sea entregado, la transferencia ya fue efectuada previamente al mismo; por lo que la ley ya ha sido infringida y según la misma debería haber una sanción que no hace distinciones de ningún tipo entre los que la hayan violado.
Indalo tras la compra de radios, heredó la violación a la norma sobre multiplicidad de licencias en una misma localidad. FM Pop, Mega, TKM y Vale, son todas emisoras FM de Buenos Aires y no se pueden tener más de dos.
Entre las señales que fueron vendidas a Indalo, están C5N y Stars TV, las cuales son transmitidas en una misma localidad simultáneamente, lo cual es vedado por la ley.
La ley prohibe ser titular o accionista por más del 10% de las acciones de una empresa de medios a prestadores por licencia, concesión o permiso de un servicio público.
Telearte SA, la sociedad titular de la licencia de Canal 9, pertenece a un grupo extranjero, aunque ellos mismos sostienen que "ningún extranjero controla más del 30% del capital accionario", una afirmación algo extraña si se observa la página web de Albavisión, el grupo de medios del mexicano Remigio Ángel González González, donde Canal 9 de Buenos Aires aparece como integrante de "la única red operadora de televisión y radio en Latinoamérica".
Según informa la empresa, el canal es controlado por Prime Argentina SA, pero no se señala la integración societaria de esa firma. El presidente del directorio es el abogado Carlos Eduardo Lorefice Lynch, y el vicepresidente, el propio González-González, que en los documentos figura con su pasaporte mexicano. Entre los directivos también aparece otro abogado, Santiago Horacio Lynch. Canal 9 tiene en su pantalla numerosos programas de producción estatal: PakaPaka (que le permite cubrir la cuota de programación infantil exigida por la ley de medios), Fútbol para Todos, y Ficciones para Todos. Se desconoce si la emisora paga por esos contenidos, cuyos costos están a cargo de los contribuyentes. Además, en sus programas de noticias trabajan periodistas de Canal 7 la TV Pública, como Fernando Alonso, conductor de la edición nocturna de Telenueve.
González-González, con Carlos Lorefice Lynch como principal ejecutivo, también es dueño de FM Aspen y FM Arpeggio, y de otros tres canales de TV digital abierta en Buenos Aires: Suri TV (cuya programación es un compacto de los canales que el mexicano tiene en América latina, no cumpliendo con la cuota mínima de programación de producción nacional), Arpeggio TV (música clásica) y VideoÉxitos (clips musicales), los tres son transmitidos por la plataforma estatal de televisión digital a todo el país. Nunca participaron de concurso alguno ni tienen licencia, superan el tope de mercado del 35% establecido por la ley de medios, y están en el aire por una invitación del Poder Ejecutivo.
GRUPO MONETA / MATÍAS GARFUNKEL
Los empresarios Raúl Pedro Moneta y Matías Garfunkel, fueron los protagonistas de la primera violación a la nueva Ley de Medios en enero de 2010 cuando dichos empresarios compraron más de una decena de emisoras radiales del Grupo CIE, entre las que se incluyen FM Rock & Pop 95.3, FM Metro 95.1, Blue 100.7, Splendid AM 990, Radio AM 950, San Isidro Labrador 95.5, Villa La Angostura 106.5, Ostende 107.5, Metro Mar del Plata 95.3, Rock & Pop Mar del Plata 98.3 y otras emisoras en el interior.
Pero la relación entre ellos terminó mal cuando fueron denunciados ante la Justicia por supuestos “avales truchos” que habrían presentado para llevar adelante una operación.
El grupo estaría incumpliendo con la norma que señala la Ley de Medios ya que, en primer lugar, posee tres licencias AM cuando la ley permite tan solo una, y en segundo lugar, porque posee tres licencias FM cuando se permiten hasta dos radios de este tipo (solamente si en la misma localidad hay más de ocho FM funcionando).
Moneta y Garfunkel se distanciaron y la pelea llegó a los tribunales, donde el último obtuvo una medida cautelar que impide al AFSCA tomar ninguna decisión sobre las emisoras hasta tanto se solucione ese litigio. En otra causa en la que Moneta es investigado por presunta extorsión, el empresario sufrió la inhibición general sobre sus bienes, lo que terminaría beneficiándolo porque congelaría la propiedad que detenta sobre las emisoras compradas a CIE.
Perteneciente al grupo Radiodifusora del Centro S.A, transmite desde la Ciudad de Córdoba a todo el país a través de una cadena de más de veinte emisoras de radio, cuando el mayor número de licencias de radiodifusión permitidas a nivel nacional es de diez. Entre sus radios se encuentran FM 99.1 Buenos Aires, Rafaela FM 98.3, Santiago del Estero FM 100.5, San Miguel de Tucumán 107.5, Armstrong Santa Fe FM 91.3, Venado Tuerto FM 88.9, Ciudad de Córdoba FM 106.9 FM, La Rioja FM 89.1, 90.7 FM Cadena 3 Río Cuarto, 102.5 FM Cadena 3 San Luis, 88.5 FM Cadena 3 San Juan, 105.1 FM Cadena 3 Mendoza, San Rafael FM 92.5, 100.1 FM Cadena 3 Neuquén, San Carlos de Bariloche FM 99.5, Río Gallegos FM 103.1, Ushuaia FM 106.1.
ICK - SANTIAGO DEL ESTERO
En Santiago del Estero, Néstor Ick, Juan Biagioli y Gustavo Ick poseen en sociedad la empresa de televisión por cable Tele Imagen Codificada S.A. y CASTV Canal 7 de televisión abierta en Santiago del Estero. La Ley de Medios señala que no se pueden tener canales de televisión abierta y cableoperadoras en una misma ciudad. Por otro lado, Néstor Ick tiene participación en una empresa prestadora de servicio público; y la ley indica que no se puede ser director, o accionista que posea más del 10% de una empresa prestadora de servicios públicos.
PAMPA DIFUSORA S.R.L
Posee un servicio de radio AM/FM LU37 980 Khz en General Pico, La Pampa. Entre sus socios uno se desempeñó como funcionario de un gobierno de facto. También hay una funcionara pública en ejercicio.