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Timestamp: 2018-07-19 02:19:27
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Nota Tributaria - Sentencia C-393 de 2016. Expediente D-11057. Comunicado de Prensa. - Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE - Prohibición de la Compensación con otras Obligaciones Tributarias - Principios Constitucionales Tributarios - Violación de los Principios de Justicia y Equidad Tributarias - Límites a la Potestad Tributaria del Legislador. Con Salvamentos y Aclaraciones de Voto. FALLO: Declarar INEXEQUIBLE el aparte demandado del artículo 20 de la Ley 1739 de 2015, el cual disponía: “Del mismo modo, los saldos a favor que se liquiden en las declaraciones del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, y su sobretasa, no podrán compensarse con deudas por concepto de otros impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones”. - Corte Constitucional. - M.P. Alberto Rojas Ríos. - - NORMA DEMANDADA: Artículo 20 Ley 1739 de 2015. (Parcial). - En el presente proceso, la Corte debía determinar si el artículo 20 de la Ley 1739 de 2014, en lo demandado, al prohibir la compensación de saldos a favor del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, con obligaciones tributaras causadas por concepto de otros impuestos, quebranta el principio de equidad tributaria consagrado en los artículos 95.9 y 363 de la Constitución Política. // El análisis de la Corte comenzó por reiterar que la potestad tributaria del legislador no es un facultad impositiva irrestricta o sin límites que, de manera inconsulta con los derechos del contribuyente, pueda imponerle restricciones injustificadas que dificulten el cumplimiento de sus obligaciones. Para el caso bajo estudio, constituía un marco de comparación que en otros impuestos nacionales los saldos a favor del contribuyente sí son objeto de compensación con otras obligaciones tributarios. Con fundamento en el test aplicado, encontró que la medida cuestionada era constitucionalmente desproporcionada en relación con el principio de equidad tributaria. // En efecto, el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012 creó a partir del 1º de enero de 2013, el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, como aporte que grava la percepción de ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. Su objetivo principal es sustituir los aportes al SENA, al ICBF y a la salid, exonerando del pago de estos a los aportantes, sujetos pasivos del impuesto, siempre y cuando tengan trabajadores que devenguen menos de diez salarios mínimos mensuales vigentes. Si bien se trata de un tributo basado en el impuesto a la renta, solo son sujetos pasivos del mismo las personas jurídicas que obtengan ingresos susceptibles de aumentar su patrimonio. La Corte en sentencia C-291/15 se pronunció en relación con la base gravable del CREE, al declarar la exequibilidad condicionada del artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, en el sentido de entender que las pérdidas fiscales en que incurran los contribuyentes del impuesto a la renta para la equidad CREE, podrán compensarse con ese impuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 147 del Estatuto Tributario, decisión que constituye un precedente aplicable por versar sobre un elemento de la compensación del mismo tributo, como forma de extinguir una obligación fiscal al saldar la deuda con otro crédito tributario a su favor, a través del cruce de cuentas. En principio, son objeto de compensación todas las obligaciones tributarias con los saldos a favor del contribuyente, ya sea con otro impuesto o siendo el mismo, se puede compensar con el de la vigencia fiscal posterior. // Al someter la medida de prohibición de compensar saldos a favor con otros tributos, al test intermedio de razonabilidad, la Corte encontró que: (i) la finalidad de esta prohibición es asegurar la financiación de programas sociales en materia de educación y mejorar la calidad de atención a la primera infancia, a través de la destinación específica (art. 359 C. Po.), lo cual a todas luces reviste relevancia constitucional; (ii) el medio es adecuado para alcanzar este fin, toda vez que la prohibición de compensación tributaria logra evitar cruce de cuentas entre recursos situados en distintos rubros presupuestales; (iii) en el ámbito tributario no existe otra figura que con la misma eficacia logre este objetivo, por lo que la medida es necesaria; sin embargo, (iv) la medida bajo examen resulta desproporcionada frente al parámetro de equidad tributaria (art. 95.9 y 363 C.Po.), ya que la destinación específica como sustento de la no compensación, es inadmisible desde una perspectiva, al crear una ventaja injustificada para la administración que limita al contribuyente que cuenta con un saldo a su favor y tiene el derecho a que la administración tributaria le permita con ello, cubrir obligaciones de esta naturaleza. // Precisó que cuando existe un saldo a favor del contribuyente, en la práctica este valor no ingresa a las cuentas del erario público porque está registrado como un pasivo de la administración que pertenece al sujeto contribuyente y en esta medida, tales saldos a favor nunca se vuelven de destinación específica. Esto hace que la prohibición de compensación sea desproporcionada, puesto que siendo posible que el contribuyente solicite la devolución del saldo a su favor, mientras esto ocurre, mantiene una deuda con la autoridad tributaria (aun cuando pueda encontrarse en una situación de iliquidez), la cual no solamente retiene de manera injustificada ese capital, sino que además se queda con los rendimientos que el saldo a favor produce. Para la Corte, este procedimiento implica la retención injustificada de un saldo que obstaculiza la posibilidad del deudor tributario de disponer del monto que constituye saldo a su favor y de contera, su rendimiento financiero, que genera un enriquecimiento sin causa para la administración. Por consiguiente, procedió a declarar la inexequibilidad del aparte demandado, contenido el artículo 20 de la Ley 1739 de 2015.
Sentencia C-393 de 2016. Expediente D-11057. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE - Prohibición de la Compensación con otras Obligaciones Tributarias - Principios Constitucionales Tributarios - Violación de los Principios de Justicia y Equidad Tributarias - Límites a la Potestad Tributaria del Legislador. Con Salvamentos y Aclaraciones de Voto. FALLO: Declarar INEXEQUIBLE el aparte demandado del artículo 20 de la Ley 1739 de 2015, el cual disponía: “Del mismo modo, los saldos a favor que se liquiden en las declaraciones del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, y su sobretasa, no podrán compensarse con deudas por concepto de otros impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones”. M.P. Alberto Rojas Ríos. NORMA DEMANDADA: Artículo 20 Ley 1739 de 2015. (Parcial). En el presente proceso, la Corte debía determinar si el artículo 20 de la Ley 1739 de 2014, en lo demandado, al prohibir la compensación de saldos a favor del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, con obligaciones tributaras causadas por concepto de otros impuestos, quebranta el principio de equidad tributaria consagrado en los artículos 95.9 y 363 de la Constitución Política. // El análisis de la Corte comenzó por reiterar que la potestad tributaria del legislador no es un facultad impositiva irrestricta o sin límites que, de manera inconsulta con los derechos del contribuyente, pueda imponerle restricciones injustificadas que dificulten el cumplimiento de sus obligaciones. Para el caso bajo estudio, constituía un marco de comparación que en otros impuestos nacionales los saldos a favor del contribuyente sí son objeto de compensación con otras obligaciones tributarios. Con fundamento en el test aplicado, encontró que la medida cuestionada era constitucionalmente desproporcionada en relación con el principio de equidad tributaria. // En efecto, el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012 creó a partir del 1º de enero de 2013, el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, como aporte que grava la percepción de ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. Su objetivo principal es sustituir los aportes al SENA, al ICBF y a la salid, exonerando del pago de estos a los aportantes, sujetos pasivos del impuesto, siempre y cuando tengan trabajadores que devenguen menos de diez salarios mínimos mensuales vigentes. Si bien se trata de un tributo basado en el impuesto a la renta, solo son sujetos pasivos del mismo las personas jurídicas que obtengan ingresos susceptibles de aumentar su patrimonio. La Corte en sentencia C-291/15 se pronunció en relación con la base gravable del CREE, al declarar la exequibilidad condicionada del artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, en el sentido de entender que las pérdidas fiscales en que incurran los contribuyentes del impuesto a la renta para la equidad CREE, podrán compensarse con ese impuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 147 del Estatuto Tributario, decisión que constituye un precedente aplicable por versar sobre un elemento de la compensación del mismo tributo, como forma de extinguir una obligación fiscal al saldar la deuda con otro crédito tributario a su favor, a través del cruce de cuentas. En principio, son objeto de compensación todas las obligaciones tributarias con los saldos a favor del contribuyente, ya sea con otro impuesto o siendo el mismo, se puede compensar con el de la vigencia fiscal posterior. // Al someter la medida de prohibición de compensar saldos a favor con otros tributos, al test intermedio de razonabilidad, la Corte encontró que: (i) la finalidad de esta prohibición es asegurar la financiación de programas sociales en materia de educación y mejorar la calidad de atención a la primera infancia, a través de la destinación específica (art. 359 C. Po.), lo cual a todas luces reviste relevancia constitucional; (ii) el medio es adecuado para alcanzar este fin, toda vez que la prohibición de compensación tributaria logra evitar cruce de cuentas entre recursos situados en distintos rubros presupuestales; (iii) en el ámbito tributario no existe otra figura que con la misma eficacia logre este objetivo, por lo que la medida es necesaria; sin embargo, (iv) la medida bajo examen resulta desproporcionada frente al parámetro de equidad tributaria (art. 95.9 y 363 C.Po.), ya que la destinación específica como sustento de la no compensación, es inadmisible desde una perspectiva, al crear una ventaja injustificada para la administración que limita al contribuyente que cuenta con un saldo a su favor y tiene el derecho a que la administración tributaria le permita con ello, cubrir obligaciones de esta naturaleza. // Precisó que cuando existe un saldo a favor del contribuyente, en la práctica este valor no ingresa a las cuentas del erario público porque está registrado como un pasivo de la administración que pertenece al sujeto contribuyente y en esta medida, tales saldos a favor nunca se vuelven de destinación específica. Esto hace que la prohibición de compensación sea desproporcionada, puesto que siendo posible que el contribuyente solicite la devolución del saldo a su favor, mientras esto ocurre, mantiene una deuda con la autoridad tributaria (aun cuando pueda encontrarse en una situación de iliquidez), la cual no solamente retiene de manera injustificada ese capital, sino que además se queda con los rendimientos que el saldo a favor produce. Para la Corte, este procedimiento implica la retención injustificada de un saldo que obstaculiza la posibilidad del deudor tributario de disponer del monto que constituye saldo a su favor y de contera, su rendimiento financiero, que genera un enriquecimiento sin causa para la administración. Por consiguiente, procedió a declarar la inexequibilidad del aparte demandado, contenido el artículo 20 de la Ley 1739 de 2015.
Sentencia C-402 de 2016. Expediente 11197. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Impuesto de Industria y Comercio - Base Gravable - Promedio Mensual de Ingresos Brutos - Agencias de Publicidad, Administradoras y Corredoras de Bienes Inmuebles y Corredores de Seguros - Distribuidores de Derivados del Petróleo - Impuesto sobre la Renta - Ingresos Brutos - Compraventa de Medios de Pago de Servicios de Telecomunicaciones, bajo la modalidad de Prepago - Demanda de Inconstitucionalidad - Requisitos - Fallo Inhibitorio por Inepta Demanda - Principios Constitucionales Tributarios - Igualdad Tributaria - Equidad Tributaria- FALLO: INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la constitucionalidad del artículo 157 (parcial) de la Ley 1607 de 2012 y de los parágrafos 2º y 3º del artículo 33 de la Ley 14 de 1983, por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. NORMAS DEMANDADAS: Artículo 157 Ley 1607 de 2012, que adicionó al Estatuto Tributario el Artículo 102-4 E.T.; Parágrafos 1o, 2o y 3o Artículo 33 Ley 14 de 1983. Los demandantes consideran que la configuración legal del impuesto de industria y comercio adolece de un problema estructural, en la medida en que la base gravable del mismo se encuentra conformada, no por las utilidades, sino por los ingresos brutos del contribuyente generados por la realización de la actividad económica objeto del gravamen. De este modo, el tributo se establece a partir de criterios distintos al de la capacidad económica de las personas, lo cual es regresivo y desconoce los principios de igualdad y equidad tributaria. // Tres excepciones se establecen para ciertas actividades de intermediación, así: (i) para las agencias de publicidad, corredoras de bienes inmuebles y corredores de seguros, la tarifa del impuesto se aplica únicamente para el “valor de los honorarios, comisiones y demás ingresos propios percibidos para sí”; (ii) la base gravable para los distribuidores de derivados del petróleo se calcula sobre el “margen bruto fijado por el gobierno para la comercialización de los combustibles”; y (iii) para la compraventa de medios de pago de los servicios de telecomunicaciones bajo la modalidad de prepago, la base gravable equivale a la “diferencia entre el precio de venta de los medios y su costo de adquisición”. Para los demandantes, en la medida en que la intermediación comercial es asimilable y equiparable a las actividades económicas previstas en la reglas exceptivas, el juez constitucional debe extender el alcance de tales preceptos, determinando que las bases gravables diferenciales allí contenidas son aplicables a todas las actividades de intermediación comercial que operan bajo contratos de distribución, concesión o compra para la reventa. // La Corte encontró que la controversia así planteada no era susceptible de un pronunciamiento de fondo, en razón de deficiencias insalvables. En primer lugar, porque los argumentos de la demanda son inconsistentes con la pretensión de los accionantes, por la vía de asimilar las hipótesis fácticas comprendidas y excluidas en tales preceptos. En efecto, la inconstitucionalidad alegada se predica, no de la regla general que establece como base gravable del impuesto de industria y comercio “el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior” (inciso primero del art. 33 de la Ley 14 de 1983), sino de las reglas que fijan unas bases gravables diferenciales, previstas en los parágrafos 2 y 3 del mismo artículo 33 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 157 de la Ley 1607 de 2012. Es decir, la deficiencia de la legislación se predica no del contenido positivo de los preceptos legales acusados, sino de su contenido negativo, por no comprender supuestos de hecho que desde el punto de vista constitucional deberían quedar comprendidos dentro de tales reglas. Siendo así, los cargos debían encaminarse a demostrar que los supuestos de hecho previstos en las tres reglas especiales son asimilables a las hipótesis excluidas, de manera que su exclusión envuelve la vulneración del principio de igualdad y consecuencialmente, de los principios de equidad y justicia en materia tributaria. Sin embargo, la demanda no ofrecía elementos de juicio en este sentido. Tan solo de manera marginal los demandantes sugirieron que el elemento común que comparten las actividades económicas previstas en las normas demandadas y las actividades de intermediación comercial, es que el margen de utilidad es particularmente bajo en relación con los ingresos brutos del contribuyente, en comparación con las demás actividades que son objeto del impuesto. Además de no aportar elementos de juicio que lleven a esa conclusión, la Corte observó que la evidencia parece mostrar, por el contrario, que el margen de utilidad en las actividades de intermediación comercial es variable dependiendo del sector económico en el que se despliegue y que este mismo fenómeno también se puede presentar en otras actividades productivas. // En segundo lugar, la Corporación observó que aunque las premisas fácticas anteriores se encontraren acreditadas dentro del proceso, las acusaciones de la demanda también se amparan en una comprensión inadecuada de la legislación tributaria. Una lectura de las normas legales que establecen los criterios para determinar la base gravable del impuesto de industria y comercio para diversas actividades de intermediación (financiera, servicios de aseso, cafetería, vigilancia, agencias de publicidad, administradoras y corredoras de inmuebles y de seguros, distribuidores de derivados de petróleo), permite concluir que en general se gravan los ingresos brutos o el margen bruto de comercialización y no solo las utilidades como lo sostienen los demandantes, por lo que la acusación parte de una premisa que no es cierta. De otro lado, como lo advirtieron los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda, la comunidad jurídica ha entendido que en general para todas las actividades de intermediación y no solo en la hipótesis prevista en el parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 14 de 1983, el impuesto de industria y comercio grava únicamente los valores percibidos por el contribuyente para sí mismo y no aquellos otros sobre los cuales hay un tercero que mantiene un interés jurídico y económico. // La Corte observó que si el argumento de trasfondo de los accionantes es que el impuesto de industria y comercio resulta excesivamente oneroso e incluso confiscatorio para quienes desarrollan actividades de intermediación comercial, en tanto la base gravable del mismo son los ingresos brutos y no las utilidades de los contribuyentes, los cargos de la demanda debían partir de una revisión integral de la legislación, teniendo en cuenta los demás elementos que configuran el impuesto, como las distintas tarifas que oscilan entre 2 y el 7 por mil para actividades industriales y del 2 al 10 por mil para actividades comerciales y de servicios. Por lo demás, la confrontación que los accionantes pretendían establecer entre el impuesto de industria y comercio y el impuesto a la renta era inconducente, puesto que la configuración de cada uno de estos tributos responde a criterios estructurales sustancialmente distintos, en cuanto a los sujetos activos y pasivos, el hecho generador, la base gravable y las tarifas. De este modo, no resulta pertinente aplicar las categorías conceptuales de uno de estos gravámenes al otro, cuando cada uno obedece a racionalidades distintas. // Por último, la Corte estableció que la pretensión de los demandantes para que por vía judicial se determine que las actividades de intermediación comercial se rijan no por la regla general prevista en el inciso primero del artículo 33 de la ley 14 de 1983, sino en las reglas especiales contenidas en los parágrafos 2 y 3 del mismo artículo y en el artículo 157 de la Ley 1607 de 2012, era irrealizable, toda vez que fueron concebidas para sectores económicos específicos con ciertas particularidades, por lo que su aplicación generalizada e indiscriminada no tiene cabida. Por lo expuesto, una pretensión de esta naturaleza no podía ser analizada en el contexto de control abstracto de constitucionalidad.
Sentencia C-403 de 2016. Expediente D-11204. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Sanciones - Multa, Decomiso de Mercancías y Cierre Temporal de Establecimiento de Comercio - Efectos del Incumplimiento del Pago del Impuesto al Consumo - Procedimiento para Mercancías cuya Cuantía sea Igual o Inferior a 456 UVT - Diligencia y Acta de Aprehensión, Reconocimiento, Avalúo y Decomiso Directo de Bienes - Debido Proceso - Derecho de Defensa y Contradicción. Con Salvamento de Voto del Magistrado Alberto Rojas Ríos y Aclaración de Voto del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. FALLO: Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el inciso tercero del artículo 23 de la Ley 1762 de 2015 “por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. NORMA DEMANDADA: Inciso 3o Artículo 23 Ley 1762 de 2015. Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. En el caso concreto, la Corte consideró que se debía realizar una interpretación sistemática que permitiera una comprensión integral del apartado de la norma demandada, para lo cual además del recurso de reconsideración a que tiene derecho el contribuyente, se tuvieron en cuenta las remisiones que hacen el artículo 23, al Estatuto Tributario y el artículo 25 al Estatuto Aduanero, en los cuales se establece el procedimiento para la imposición de sanciones de multa y cierre de establecimiento comercial, en el presente caso, por no acreditar el pago del impuesto al consumo. De esta forma, concluyó que se garantizan de manera adecuada los derechos de defensa, aporte y contradicción de pruebas, notificación e impugnación de la decisión al investigado. Puso de presente, que dejar sin un procedimiento administrativo sancionador el cierre temporal o la multa de establecimientos de comercio donde se encuentren mercancías sujetas al pago del impuesto al consumo establecido en la Ley 223 de 1995, menores o iguales a 456 UVT, podría dar lugar a que se utilizara la práctica de segmentar o fraccionar el contrabando en cantidades equivalentes o menores a 446 UVT, para evitar la imposición de dichas sanciones. Más aun, aunque no se contara con un procedimiento sancionador específico con las citadas remisiones, el debido proceso estaría garantizado con las normas generales del procedimiento administrativo sancionador contenidas en la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo (CPACA), para evitar sanciones arbitrarias que puedan vulnerar o poner en riesgo el debido proceso de los administrados. Por consiguiente, la Corte procedió a declarar la exequibilidad del inciso tercero del artículo 23 de la Ley 1762 de 2015, por los cargos analizados.
Sentencia C-422 de 2016. Expediente D-11129. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE - Base Gravable - Rentas Exentas - Reservas Matemáticas y sus Rendimientos - Patrimonio Propio de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones - Cuentas de Ahorro Individual - Afiliados al RAIS - Recursos Parafiscales - Potestad del Congreso de la República - Omisión Legislativa Relativa. Con Salvamento de Voto de la Magistrada María Victoria Calle Correa. FALLO: Declarar EXEQUIBLE, por el cargo examinado, la expresión “4º del Decreto número 841 de 1998”, contenida en el artículo 11 de la Ley 1739 de 2014, que modificó el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. NORMA DEMANDADA: Artículo 11 Ley 1739 de 2014 (qué modificó el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012) (parcial). El problema jurídico que le correspondió resolver a la Corte Constitucional en esta oportunidad, radicó en determinar, si en la definición de la base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad, CREE, el Congreso incurrió en una omisión legislativa relativa, al permitir deducir del cálculo de dicha base las reservas matemáticas de los seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes, así como sus rendimientos, pero sin tener en cuenta la reserva de estabilización y sus rendimientos, a pesar de que la demandante aduce que tienen una naturaleza similar y estar afectadas a garantizar el pago de las pensiones de los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, RAIS. // Después de referirse a la actividad aseguradora en Colombia, el sistema pensional de la Ley 100 de 1993 y en particular, a las reservas técnicas en el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, a la política tributaria y sus límites, a la naturaleza jurídica del impuesto sobre la renta para la equidad CREE y la exención de la reserva matemática en materia pensional, así como al control de constitucionalidad de las omisiones legislativas relativas en materia tributaria, la Corte concluyó que la expresión normativa acusada del artículo 11 de la Ley 1739 de 2014, no adolece de una omisión legislativa relativa por desconocimiento de los derechos de igualdad y seguridad social. Además del amplio margen de configuración que le asiste al legislador en materia tributaria, cuyas exenciones son de aplicación restrictiva, el tribunal constitucional pudo determinar que aunque las reservas de estabilización y sus rendimientos comparten con las reservas matemáticas y sus rendimientos cierta relación al comprender el pago de pensiones, no son en estricto sentido equiparables dada su naturaleza, conformación y finalidad, al provenir las primeras del patrimonio exclusivo de la sociedad AFP, mientras que las otras del ahorro pensional que como recursos de la seguridad social tienen carácter parafiscal y destinación específica. Si bien el CREE es análogo al impuesto sobre la renta y complementarios, en definitiva son gravámenes diferentes como lo determinó el propio legislador a partir del ámbito conceptual y de los elementos que los componen como son el sujeto, la base gravable, la tarifa y la destinación específica, por lo que las exenciones establecidas para uno no necesariamente deben extenderse al otro. // La Corte recordó que el artículo 48 de la Constitución señala que no podrán destinarse ni utilizarse los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. Por su parte, el artículo 135 de la Ley 100 de 1993 establece que los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, entre otros, gozan de exención de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de cualquier origen, del orden nacional, lo cual obedece al carácter parafiscal de tales recursos que no pueden ser destinados a un objeto diferente, que incluye la prohibición para el Estado de imponer tributos sobre ellos. Además, precisó que el vocablo técnico es “exclusión” y no “exención” porque este presupone la existencia de un sujeto u objeto susceptible de gravamen del cual se le exonera. // De manera específica, el régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS es uno de los regímenes dispuesto por el legislador, basado en el ahorro de las cotizaciones a título individual y sus rendimientos financieros, así como en la solidaridad, primas de seguros y costos de administración. Los afiliados tiene derecho al reconocimiento y pago de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, las cuales a su vez pueden adoptar la modalidad de renta vitalicia (contratada con la aseguradora), retiro programado (se obtiene de la sociedad de la sociedad AFP) y retiro programado con renta vitalicia diferida. En este régimen, las cotizaciones obligatorias o voluntarias se abonan a la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado a prorrata del Fondo de Pensión que escoja o sea asignado. Estas cotizaciones que tienen naturaleza parafiscal solo pueden destinarse a los fines autorizados por la ley y una parte se destina a la cancelación de la prima de seguro de invalidez y sobrevivientes, contratado para garantizar el pago de la pensión a su favor o de sus sobrevivientes en aquellos casos en que la pérdida de capacidad laboral o la muerte impidan acumular en su cuenta de ahorro individual, el capital necesario para financiar su pensión. La aseguradora que tenga a su cargo la póliza por estos conceptos, cuya prima se paga con una porción de la cotización del afiliado al RAIS, tiene el deber de constituir una reserva matemática que garantice la cobertura de la suma adicional necesaria para completar el capital suficiente y así financiar el monto de la pensión. El conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados denominado Fondo de Pensiones, que es independiente del patrimonio de la sociedad AFP. De otro lado, las sociedades AFP deben garantizar una rentabilidad mínima de cada uno de los Fondos de Pensiones que administra. De no alcanzarse ésta, tales sociedades deben responder con sus propios recursos afectando inicialmente la reserva de estabilización de rendimientos. Además, si esta no es suficiente para cubrir el defecto observado, las sociedades administradoras deben afectar la parte restante de su patrimonio. De esta forma, se busca proteger al afiliado de un riesgo en el manejo financiero de los recursos confiados a las AFP. // En consecuencia, las reservas matemáticas y sus rendimientos constituyen recursos de la seguridad social al fundamentarse en los aportes parafiscales (cotizaciones trabajadores- empleadores) que son de destinación específica (garantía de las prestaciones). Las pensiones de invalidez y sobrevivientes son garantizadas mediante la contratación de seguros con parte de las cotizaciones. Así, en ellas están presentes los rasgos de la contribución parafiscal como son la obligatoriedad, la singularidad y la destinación sectorial. De otra parte, las reservas de estabilización y sus rendimientos se establecieron para garantizar una rentabilidad mínima como resultado de la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones. Su fuente de recursos es el patrimonio propio de las sociedades AFP, que en situaciones extremas pueden provenir de una orden de capitalización dispuesta por la Superintendencia Financiera, para sí recomponer su patrimonio en orden a dar cumplimiento a las normas sobre margen de solvencia y de capital mínimo. Por ello, de ningún modo es válido afirmar que ante la ocurrencia de un riesgo financiero que obligue a las sociedades AFP a cubrir el defecto de rentabilidad mínima, se conviertan por sí mismas en recursos parafiscales y de destinación específica. // Por lo expuesto, el Congreso no incurrió en una omisión legislativa relativa, al no incluir las reservas de estabilización y sus rendimientos como renta exenta que de debiera deducir para establecerla base gravable del impuesto CREE, que no resulta fundamental ni forzosa para que sea compatible con la Constitución. 4. Salvamento y aclaración de voto La magistrada María Victoria Calle Correa manifestó su salvamento de voto, por cuanto en su criterio, el cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa formulado contra una expresión normativa del artículo 11 de la Ley 1739 de 2014, adolecía de claridad y certeza. Señaló que la demanda parte de un supuesto incorrecto, cual es el de que la reserva de estabilización y sus rendimientos son un recurso amparado por las mismas garantías de los recursos de la seguridad social, asimilando dos figuras que son diferentes y con base en ello, estableciendo proposiciones inexistentes que no corresponden con la naturaleza que la ley le ha dado a dichos recursos. Advirtió que los recursos del sistema de seguridad social que se encuentran exentos de manera expresa de cualquier gravamen están previstos en el artículo 135 de la Ley 100 de 1993, entre los cuales no están comprendidos la reserva de estabilización y sus rendimientos. // Observó que la demanda descansa en un fundamento errado al asimilar per se las reservas de estabilización y sus rendimientos con las reservas matemáticas y sus rendimientos, sin tener en cuenta la distinta naturaleza de esos recursos y por tanto, no serles aplicable las mismas consecuencias tributarias que tienen recursos de naturaleza parafiscal. Por consiguiente, no se cumplía con uno de los presupuestos esenciales para que la Corte pudiera abordar de fondo el cargo por omisión legislativa relativa, de modo que a su juicio, la decisión ha debido ser de inhibición. // Por su parte, el magistrado Alejandro Linares Cantillo, aunque comparte la declaración de exequibilidad del aparte demandado del artículo 11 de la Ley 1739 de 2014, presentará una aclaración de fondo en relación con algunos de los fundamentos de esta sentencia.
Sentencia C-439 de 2016. Expediente D-11213. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Estatuto General de la Contratación Pública - Naturaleza Jurídica de la Ley 1150 de 2007 - Ley Ordinaria - Derogatorias - Potestad del Congreso de la República - Facultad Derogatoria de Normas. Con Aclaración de Voto de la Magistrada María Victoria Calle Correa. FALLO: Declarar INEXEQUIBLE la expresión “Las normas del Estatuto General de Contratación Pública preferirán a cualquiera otra sobre la materia, con excepción de aquellas de naturaleza estatutaria u orgánica. En consecuencia, la derogatoria de las normas del Estatuto General de Contratación Pública sólo podrán hacerse de manera expresa, mediante su precisa identificación”, contenida en el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, por los cargos analizados en la presente causa. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. NORMA DEMANDADA: Artículo 32 Ley 1150 de 2007. (parcial. Estatuto General de la Contratación Pública. En el presente caso, le correspondió a la Corte establecer si el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, en cuanto reconoce un carácter preferente a las normas del Estatuto General de Contratación Pública sobre las demás, con excepción de las disposiciones estatutarias y orgánicas y dispone que su derogatoria sólo podrá hacerse de manera expresa previa su identificación, vulnera los principios constitucionales de soberanía popular y participación y contraviene las facultades atribuidas por el constituyente al legislador en el numeral 1º del artículo 150 de la Carta Política. // El análisis de la Corte partió del reconocimiento del amplio margen de configuración conferido al legislador en virtud de la cláusula general de competencia para “hacer las leyes”, que va más allá de las funciones específicas enunciadas en el artículo 150 de la Constitución Política y que comprende también, las facultades para interpretar, reformar y derogar las leyes. Al mismo tiempo, recordó que esta atribución no es absoluta, pues debe desarrollarse de conformidad con las limitaciones y requisitos que la propia Constitución señala o que se derivan directamente de su texto, fundamentalmente, (i) de la asignación a otra rama del poder público u órgano independiente la regulación de una materia determinada (art. 121 C.Po.); (ii) de las cláusulas contenidas en la propia Carta Política que imponen barreras a la libertad de configuración normativa del Congreso sobre determinados temas (art. 136 C.Po.); y (iii) de la obligación también derivada del ordenamiento superior de respetar, en el contexto de la regulación legislativa de una determinada materia, las normas constitucionales y los derechos y principios consagrados directamente en la Carta. En armonía con ello, la jurisprudencia también ha señalado que la atribución del Congreso (iv) debe ajustarse al trámite fijado por la Constitución para la expedición de las leyes (art. 157 y ss.) y (v) observar igualmente las materias que deben ser desarrolladas por cada tipo y categoría de ley (art. 150 y ss.). // En cuanto a la facultad derogatoria, la Corporación reafirmó que se trata de una atribución constitucional mediante la cual se le permite al órgano legislativo retirar del ordenamiento jurídico disposiciones legales, en forma total o parcial, amparado en razones políticas, económicas, sociales o de cualquier naturaleza, sean estas de necesidad o conveniencia. La finalidad de la derogación es “dejar sin efecto el deber ser de otra norma, expulsándola del ordenamiento”, lo cual, a su vez, “implica la cesación de su eficacia y se produce cuando mediante otra ley posterior de igual o mayor jerarquía se priva de su fuerza vinculante, reemplazándola o no por un nuevo precepto”. En este sentido, la derogatoria configura la manifestación negativa de la facultad legislativa, puesto que en la medida en que el Congreso está habilitado para expedir normas, también lo está para suprimirlas disponiendo su retiro del ordenamiento jurídico, conforme al principio de dogmática jurídica según el cual, en derecho las cosas se deshacen como se hacen. De este modo, la derogatoria lleva consigo el cese de la vigencia de una ley por efecto de otra posterior que se expide por el Congreso en ejercicio de la libertad de configuración normativa y que no responde a un criterio de validez. Al mismo tiempo, reiteró que la derogación de una norma no afecta tampoco ipso iure la eficacia de la disposición excluida del ordenamiento, pues en general, en virtud del principio de irretroactividad de la ley, las situaciones surgidas bajo su vigencia continúan rigiéndose por ella, por lo cual el precepto legal derogado puede mantener su eficacia, que poco a poco se va extinguiendo. A partir de su alcance, la jurisprudencia constitucional también ha señalado que la derogación de la ley no es una facultad menor o intranscendente del Congreso, sino que, por el contrario, se trata de una atribución que resulta consustancial a su existencia misma, toda vez que constituye una expresión del principio democrático y de la soberanía popular, pilares fundamentales del Estado Social de Derecho, en virtud de los cuales se habilita a las mayorías para modificar y contradecir regulaciones legales precedentes, con el fin de adaptarlas a las nuevas realidades sociales, con base en el juicio político de conveniencia que estas nuevas mayorías lleven a cabo. Lo anterior, en el entendido que en el ámbito legislativo “la última voluntad de los representantes, manifestada por los procedimientos señalados en la Carta, prevalece sobre las voluntades democráticas encarnadas en las leyes previas”. // De acuerdo con las reglas generales de interpretación de las leyes previstas en la Ley 153 de 1887, la Corte recordó que la derogación puede producirse a través de tres modalidades: expresa, cuando la nueva ley dice explícitamente que deroga la anterior, de manera que no requiere ninguna interpretación; tácita, cuando la nueva ley regula un determinado hecho o fenómeno de manera diferente a ley anterior, sin señalar expresamente cuáles disposiciones quedan sin efectos, lo que implica que solo pierden vigencia aquellas que sean incompatibles con la nueva regulación. En este evento, es necesaria la interpretación de ambas leyes para establecer cuál rige la materia o si la derogación es total o parcial; orgánica, la cual no requiere de manera necesaria que haya incompatibilidad entre la nueva ley y la ley o leyes anteriores, ya que puede tener características tanto de la derogación expresa como de la tácita, por cuanto el legislador puede expresamente señalar que una regulación queda sin efecto o que le corresponde al intérprete deducirla, después de un análisis sistemático de la nueva normativa. Asociado al ejercicio de la facultad derogatoria, surgen tensiones y conflictos interpretativos, los cuales se resuelven con el criterio jerárquico, según la cual la norma superior prima o prevalece sobre la inferior (lex superior derogat inferiori); el criterio cronológico, que reconoce la prevalencia de la norma posterior sobre la anterior, esto es, que en caso de incompatibilidad entre dos normas de igual jerarquía expedidas en momentos distintos, debe preferirse la posterior en el tiempo (lex posterior derogat priori); y el criterio de especialidad, según el cual, la norma especial prima sobre la general (lex specials derogat generali). // La norma acusada, esto es, el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, que introdujo “medidas para la eficiencia y transparencia de la Ley 80 de 1993”, le reconoce un carácter preferente a las normas del Estatuto General de Contratación Pública sobre cualquier otra que regule la materia, con excepción de las disposiciones estatutarias y orgánicas, al tiempo que establece que su derogatoria sólo podrá hacerse de manera expresa, previa su precisa identificación. Lo primero que advirtió la Corte es que la denominación de “estatuto general” empleada en el inciso final del artículo 150 de la Constitución para referirse a las normas de contratación estatal, no alude a determinada tipología legislativa, ya sea leyes estatutarias o las leyes marco, puesto que el constituyente no concibió un estatuto único que regule toda la actividad contractual del Estado conforme a unos principios universales y por tanto, no lo incluyó en el catálogo de los artículos 150, numeral 19 o 152 de la Carta Política. Por ello, no se puede asimilar la expresión estatuto y leyes estatutarias, que alude a un concepto genérico predicable del conjunto normativo referente a una materia cualquiera, integrado por normas constitucionales, legales o de otro nivel, agrupadas o dispersas, mientras que las leyes estatutarias se caracterizan por estar destinadas por expresa de la Constitución, a regular determinadas materias cuya enunciación es taxativa. De esta forma, el tribunal constitucional recalcó que la competencia asignada al legislador, para “expedir el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional”, ha de llevarse a cabo, en principio, conforme al procedimiento previsto en la Constitución para las leyes ordinarias, por no tener un rango normativo especial ni pertenecer a una determinada tipología legal, como tampoco el legislador está obligado a dictar un estatuto contractual que desarrolle la materia en forma integral y casuística, puesto que por el contrario, tiene un campo de acción de la administración que no puede desconocerse, con contenidos normativos expuestos a circunstancias cambiantes, que demandan una regulación ágil y expedita que permita lograr la debida ejecución de la ley. // En ese marco, para la Corte, la medida que le reconoce un carácter preferente a las normas ordinarias del Estatuto General de Contratación Pública sobre las demás de la misma categoría que regulen la materia, excede los límites que determinan el margen de configuración normativa del legislador, en la medida que, por su intermedio, se establece una regla de jerarquía del referido estatuto sobre las demás leyes ordinarias que no surge del sistema de fuentes del derecho concebido por la Constitución Política. Así mismo, la consecuencia que complementa la aludida regla, en el sentido que la derogatoria de las normas del Estatuto General de Contratación solo podrá hacerse de manera expresa mediante su precisa identificación, constituye una vulneración del principio democrático y una restricción a la libertad de configuración del legislador para determinar la oportunidad y la conveniencia de derogar o no una disposición legal y la forma de hacerlo, de manera expresa o no; restricción que no está contemplada en el artículo 150.1 de la Carta Política y que implica, concretamente, limitar la actuación futura del legislador en el ámbito de su competencia normativa. Por consiguiente, la Corte procedió a declarar inexequible el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
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