Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-4308-y-4280-de-enero-29-de-1993?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414432f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-11 05:05:28
Document Index: 328328864

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 476', 'artículo 189', 'artículo 1', 'artículo 476', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 468', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 25', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 25', 'artículo 19', 'artículo 25', 'artículo 476', 'artículo 150']

﻿ SENTENCIA 4308 Y 4280 DE ENERO 29 DE 1993
SENTENCIA 4308 Y 4280 DE 29 DE ENERO DE 1993
CONTENIDO:IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. SE ANULA LA APLICACIÓN ANTICIPADA DE LA REFORMA
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, REFORMA ESTATUTARIA, LEY DE REFORMA TRIBUTARIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:257 DE MAYO DE 1993, PÁG.445
Sentencias 4308 y 4280 de enero 29 de 1993
SE ANULA LA APLICACIÓN ANTICIPADA DE LA REFORMA
EXTRACTOS: «Mediante la Ley 6ª de 1992, expedida por el Congreso de la República el 30 de junio del mismo año, se introdujeron reformas al sistema impositivo colombiano y entre ellas el régimen del impuesto sobre las ventas entonces vigente.
Fue así como el capítulo III de la mencionada ley en su artículo 19, modificó el estatuto tributario y unificó la tarifa del impuesto sobre las ventas para bienes y servicios, y estableció la sujeción al gravamen de todos los servicios, con excepción de los expresamente excluidos por el artículo 476.
Es especialmente importante en este artículo su parágrafo 5º, cuando al señalar la fecha de aplicación de la norma, expresamente dice: “El presente artículo rige a partir del 1º de enero de 1993”.
El 2 de julio de 1992, el Presidente de la República expidió el Decreto 1107 por el cual se reglamentó parcialmente la Ley 6ª de 1992, y en el que expresamente invoca “el uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial por las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política y de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del título I de la Ley 6ª de 1992 y en el libro III, del estatuto tributario”.
El decreto, con los fines mencionados estableció en su artículo 1º:
“Responsables del Impuesto sobre las Ventas en los servicios. De conformidad con la Ley 6ª de 1992, a partir del 1º de julio de 1992, sin perjuicio de la responsabilidad por los bienes gravados son responsables del impuesto sobre las ventas, independientemente de su calidad o naturaleza jurídica, quienes presten los servicios diferentes a los exceptuados en el artículo 476 del estatuto tributario...” (Subraya la Sala).
Es decir, que a partir de esta fecha y en contravención con la norma superior, anticipó la aplicación de la Ley 6ª de 1992, a partir del 1º de julio del mismo año para aquellos servicios gravados por la nueva ley, haciendo responsables del tributo a quienes los presten desde esta fecha, cuando expresamente el artículo 1º parágrafo 5º, de la ley había señalado su aplicación a partir del 1º de enero de 1993, con relación a todos los aspectos regulados por el artículo 19.
De la confrontación de las disposiciones en estudio surge la violación por parte del artículo 1º inciso 1º del Decreto 1107 de 1992, de la norma superior que dijo reglamentar, tal como lo precisó la Sala en el auto del 4 de septiembre de 1992 (exp. 4308), razón por la cual debe retirarse del ordenamiento jurídico.
Así mismo observa la Sala que el artículo 3º inciso 1º, también demandado, que dispone:
“Tarifa del Impuesto sobre las Ventas en los servicios. A partir del 1º de julio de 1992 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 6ª de 1992, en concordancia con el artículo 468 del estatuto tributario, la tarifa del impuesto sobre las ventas para los servicios será del doce por ciento (12%)” (subraya la Sala),
anticipa la aplicación de la ley dentro de un lapso no establecido por el legislador, que expresamente previó en el parágrafo 5º del artículo 19, que todos los asuntos comprendidos en tal ordenamiento: tarifa general, tarifas diferenciales, servicios gravados, impuestos descontables, IVA social, transferencias a municipios, sólo regirían a partir del 1º de enero de 1993, y no antes.
No es admisible pretender que éste, el inciso 1º del artículo 3º, no contraviene el artículo 19 de la ley por estar reglamentando al artículo 25, porque este último artículo comprende tanto los servicios gravados por la nueva ley como los que ya lo estaban, sin que pueda el reglamento con relación a los nuevos hechos generadores del impuesto y nuevos responsables, anticipar la aplicación de la ley en el tiempo, ni incrementar la tarifa de aquellos que tenían una inferior y que sólo en virtud del artículo 19 de la Ley 6ª de 1992 quedó unificada.
No son tampoco de recibo para la Sala, los argumentos que la parte demandada expone en sus alegaciones y parten del supuesto no demostrado, de que como el Decreto 1107 de 1992 no es reglamentario del artículo 19 de la Ley 6ª de 1992 no podía, en su condición de estatuto legal de categoría inferior, infligirle agravio al referido artículo de la ley. En efecto, en el control de legalidad para que proceda la declaratoria de nulidad de una norma de inferior categoría contenida en un acto administrativo de carácter reglamentario, como el que ahora se juzga, basta que se demuestre que la disposición de inferior categoría agravia a otra de un estatuto superior, sin importar que esta última sea la que fue objeto de reglamentación. Ello como una consecuencia de la unidad del orden jurídico y de la jerarquización normativa que lo caracteriza, que impone la sujeción total y completa del ordenamiento inferior al de superior nivel invocado en la demanda. La violación que genera la nulidad invocada puede, entonces, deducirse por la comparación entre la norma inferior acusada y otra superior perteneciente o no a la misma materia que es objeto de desarrollo o de ejecución por el acto administrativo. En el caso examinado la Sala, en desarrollo de esta consideración, estima que una norma inferior, la del decreto reglamentario, contraría lo dispuesto por una norma superior, la contenida en el parágrafo 5º del artículo 19 de la Ley 6ª de 1992, sin atender a otras consideraciones que no se requieren distintas a las de precisar la naturaleza jurídica de los dos actos confrontados y su posición jerárquica respectiva dentro del ordenamiento jurídico para establecer la subordinación de la una con respecto a la otra. No es necesario, como insiste en señalarlo la señora apoderada del Ministerio de Hacienda, determinar qué artículos de la Ley 6ª de 1992, específicamente quiso reglamentar el decreto acusado, ya que para decretar la nulidad de la norma acusada es suficiente que ella viole la que, contenida en un estatuto superior, se invoca como vulnerada.
Tampoco es de recibo para la Sala el argumento de la demandada acerca de que la reglamentación está referida al artículo 25 de la Ley 6ª de 1992 y no al artículo 19 de la misma, que se predice violado en la demanda, habida cuenta de que entre las cosas que regula este último está la materia de “tarifas” del impuesto a las ventas para los servicios, tema del cual se ocupan igualmente los apartes del decreto acusado. Así mismo, es de destacar que el artículo 25 de la Ley 6ª, al ser incorporado en el artículo 476 del estatuto tributario, queda limitado en su contenido a la consagración de los servicios que se exceptúan del impuesto, siendo de destacar que en la redacción modificada, tal disposición tenía por finalidad señalar los servicios que eran objeto del gravamen y sus tarifas.
De otra parte, estima la Sala que en el expediente existen abundantes elementos probatorios, tales como los proyectos del Gobierno, las ponencias e informes de las comisiones y los debates de las plenarias de las cámaras (algunos en cinta magnetofónica), mediante los cuales con toda seguridad se puede deducir la intención del legislador sobre este particular, que indudablemente fue la de que los diversos aspectos nuevos o modificatorios atinentes al IVA sobre los servicios rigieran a partir del 1º de enero de 1993.
No cabe duda entonces que el Presidente de la República al disponer en el reglamento, en los apartes de los artículos acusados 1º inciso 1º, y 3º inciso 1º, cosa distinta a la señalada por el legislador, no sólo transgredió la norma superior que pretendió reglamentar, sino que se arrogó atribuciones que de acuerdo con el ordenamiento positivo colombiano sólo corresponden al legislador (Constitución Nacional artículo 150), y por lo tanto deben ser anulados en lo pertinente, con miras al restablecimiento del orden jurídico y al perfecto equilibrio en el ejercicio de sus atribuciones por las ramas del poder público.
1. Decláranse nulas las expresiones “a partir del 1º de julio de 1992” contenidas en los artículos 1º y 3º del Decreto Reglamentario 1107 de 1992».
(Sentencia de enero 29 de 1993. Expedientes acumulados 4308 y 4280. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).