Source: http://alianzademocratacristiana.com/planes-desarrollo-mediano-largo-plazo/
Timestamp: 2018-09-20 14:44:24
Document Index: 1600901

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10']

LEY DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
PROYECTO DE LEY DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Posted on 10 Marzo, 2016 30 Marzo, 2016 by Alianza Demócrata Cristiana
Expediente N.° 19.213
Dice una frase de Winston Churchill: “Los políticos piensan en las próximas elecciones, los estadistas en las próximas generaciones.” Proponemos al Congreso de la República una iniciativa que pretende sentar las bases de un esfuerzo articulado para construir una visión de país hacia el mediano y largo plazo, que nos conduzca hacia el desarrollo con cohesión social.
La democracia costarricense ha cambiado, las aspiraciones e inquietudes populares se han ampliado, y viven hoy en constante demanda de más y mejores servicios por parte del Estado, ello nos obliga a todos, a replantear la manera en que ha venido operando la gestión pública costarricense. Necesitamos construir una visión compartida de futuro, hoy más que nunca se hace imperativo reconstruir el pacto social que ha hecho grande a nuestra patria en el concierto de las naciones.
En un país como el nuestro, en donde los recursos fiscales son limitados, existe el deber y la obligación de optimizar su uso y sacarles el máximo provecho. Ello, por obvio que parezca, no es sencillo, exige del Estado una política previsora, articulada y con procedimientos razonables que orienten su acción, eso, en la Administración Pública costarricense no se da fácilmente. Y es que, muy a nuestro pesar, la administración costarricense se encuentra afectada por tres graves problemas que obstaculizan seriamente su funcionamiento, y que inevitablemente deben ser abordados al hablar de construcción del desarrollo nacional: el cortoplacismo, la atomización y la carencia de reglas que vinculen y ordenen procedimientos.
Nuestro país ha carecido por décadas de planes de mediano y largo plazo que definan políticas de Estado, nortes orientadores que inspiren el desarrollo, tanto es así que el instrumento de planificación de mayor lapso, es el Plan Nacional de Desarrollo, cuya vigencia no se extiende más allá de tres o cuatro años, plazo insuficiente para trazar lineamientos visionarios.
Este cortoplacismo se combina con la atomización a la que el legislador ha sometido al Estado, más de 330 instituciones, órganos de desconcentración mínima, de desconcentración máxima, entidades autónomas, semiautónomas, empresas públicas, todo ello aderezado de normas y resoluciones judiciales que limitan la articulación de políticas, y las potestades de dirección intersubjetiva.
El tercer aspecto que complica la labor de nuestras administraciones públicas, es la ausencia de reglas racionales que ordenen la toma de decisiones en tiempo oportuno. Existen procedimientos esenciales que no están regulados o cuya definición está a cargo de normas muy débiles, como decretos o reglamentos, ello limita su rango de aplicación, arriesga su continuidad y deja un peligroso espacio a la discrecionalidad, en asuntos que no deben ser discrecionales. El país requiere “blindar” ciertos procedimientos, dotarlos de un rango legal que haga vinculante y duradero su acatamiento, asegurar que la Administración opere con base en criterios de transparencia, eficacia y oportunidad.
El proyecto que planteamos se dirige a ese objetivo: ampliar la democracia, abrir nuevos espacios para que los sectores sociales, productivos, académicos, comunales y todos aquellos ciudadanos que quieran aportar al crecimiento y desarrollo nacional lo puedan hacer, no solo desde el espacio de la crítica, la cual nunca hemos desdeñado, sino también desde el ámbito de la propuesta, esta es una invitación para que todos ayudemos a construir el país que queremos.
Se plantean en esta iniciativa los mecanismos de elaboración, tramitación y aprobación de los planes de mediano y largo plazo del Estado costarricense, a saber: el Plan Estratégico Nacional, los planes sectoriales y los planes regionales. Buscamos con ello consolidar una cultura de planificación de largo plazo en el país, requisito que consideramos indispensable para alcanzar el desarrollo. Proponemos llevar estos conceptos y herramientas a rango legal, a efecto de blindarlo de modificaciones coyunturales, y de garantizar que en la tramitación de estos planes se procure la más amplia participación ciudadana, elemento que contribuirá a su legitimación y enriquecimiento.
Dicho lo anterior, requerimos de los legisladores un abordaje responsable y serio, que permita al país una oportuna aprobación del texto que a continuación sometemos a su conocimiento.
ARTÍCULO 1.- La presente ley regula los mecanismos de elaboración, tramitación, aprobación e implementación de los instrumentos de planificación de largo plazo del Estado costarricense.
ARTÍCULO 2.- Se consideran instrumentos de planificación de largo plazo los que se detallan a continuación: a) El Plan Estratégico Nacional; b) Los planes sectoriales; y c) Los planes regionales de desarrollo.
ARTÍCULO 3.- Los instrumentos de planificación de largo plazo serán elaborados bajo la coordinación técnica del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), quien presidirá cada una de las comisiones de expertos que se crean en esta ley, garantizando una amplia participación, así como altos estándares de calidad. Las entidades del Estado colaborarán con Mideplán, así como con los miembros de las comisiones de expertos que aquí se crean, a efecto de brindar información exacta, oportuna y veraz para el correcto cumplimiento de sus objetivos.
ARTÍCULO 4.- El Plan Estratégico Nacional tendrá una vigencia no menor de veinte años, pudiendo actualizarse cada cinco años. En su confección se atenderán los siguientes requerimientos básicos:
a) El documento base será elaborado en un lapso de tres meses, por una comisión de expertos integrada por siete miembros designados por el Poder Ejecutivo, a partir de ternas que remitirán cada uno de los siguientes sectores u organismos: – el Ministerio de Planificación, quien la presidirá, – el Consejo Nacional de Rectores, – la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada, – las organizaciones sindicales, – el proyecto Estado de La Nación, – los colegios profesionales, y – las universidades estatales.
b) Una vez disponible el documento base de discusión, se pondrá a disposición de la ciudadanía en general, publicándolo en el diario oficial La Gaceta, y en otras instancias al alcance de la población, a efecto de que, por espacio de un mes, los ciudadanos, así como cualquier organismo público o privado nacional, tenga opción de plantear propuestas concretas de modificación o adición, dirigiendo las mismas a una dirección física o digital previamente establecida.
c) Finalizado el plazo para recepción de propuestas ciudadanas, la comisión de expertos contará con un mes adicional para considerarlas, brindando un informe final ante el Poder Ejecutivo.
d) El Poder Ejecutivo remitirá la propuesta del Plan Estratégico Nacional a la Asamblea Legislativa, quien tendrá un plazo no mayor a un mes desde su recepción para aprobarlo o improbarlo, sin posibilidad de introducir modificaciones.
e) En caso de que la propuesta sea improbada, la Asamblea deberá remitirla al Poder Ejecutivo precisando las razones de discrepancia, a efecto de que la comisión de expertos realice un nuevo planteamiento, dentro de un plazo de un mes. El procedimiento se repetirá hasta tanto la propuesta en discusión obtenga apoyo de una mayoría del Congreso.
ARTÍCULO 5.- Los planes sectoriales son instrumentos de dirección y planificación sectorial para períodos no menores de doce años, en los que se precisan los objetivos, metas y responsabilidades de los sectores de acción gubernamental en congruencia con el Plan Estratégico Nacional. Existirá un plan para cada uno de los siguientes ámbitos:
a) Educación, cultura, ciencia, tecnología y deporte.
b) Salud, ambiente y seguridad.
c) Infraestructura, transporte, vivienda y urbanismo.
d) Planificación, gobernabilidad, hacienda y relaciones exteriores.
e) Producción, comercio, empleo y economía.
f) Asistencia social, niñez, juventud, mujer, tercera edad y familia.
ARTÍCULO 6.- Cada uno de los planes sectoriales será confeccionado a partir de un documento base, elaborado por una comisión de expertos de nueve miembros del sector respectivo, nombrada por el Poder Ejecutivo con base en ternas que remitirán: – las facultades universitarias vinculadas al sector respectivo, – los colegios profesionales vinculados al sector respectivo, – la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada, – las organizaciones sindicales, – el proyecto Estado de La Nación, – el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, – los ministerios y órganos descentralizados vinculados al sector respectivo, de los que se seleccionarán dos representantes; y – las asociaciones privadas de usuarios o consumidores.
Elaborado el documento base de cada plan sectorial, el Poder Ejecutivo lo someterá a consulta pública por un mes, garantizando amplia divulgación y derecho de propuesta por parte de todos los actores o ciudadanos interesados, después de lo cual será redactado el producto final para su respectiva publicación.
ARTÍCULO 7.- Los planes regionales de desarrollo son instrumentos de dirección y planificación regional para períodos no menores de doce años, en los que se precisan (los objetivos, metas y lineamientos) las políticas, programas y proyectos estratégicos que orientarán el desarrollo de cada región del país, en congruencia con el Plan Estratégico Nacional y los planes sectoriales. Existirá un plan para cada una de las siguientes regiones:
b) Región Huetar Caribe.
c) Región Brunca.
d) Región Chorotega.
e) Región Huetar Norte.
ARTÍCULO 8.- Cada uno de los planes regionales será confeccionado a partir de un documento base, elaborado por una comisión de expertos de nueve miembros, nombrada por el Poder Ejecutivo con base a ternas que remitirán: – los consejos municipales de la región, – las organizaciones comunales, productivas y sociales de la región, – el Consejo Nacional de Rectores, – la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada, – las organizaciones sindicales, – el proyecto Estado de La Nación, – el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, – los jerarcas o direcciones regionales de las entidades públicas establecidas en la región respectiva, de donde se escogerán dos representantes.
Elaborado el documento base de cada plan regional, el Poder Ejecutivo lo someterá a consulta pública por un mes, garantizando amplia divulgación y derecho de propuesta por parte de todos los actores o ciudadanos interesados, después de lo cual será redactado el producto final que será enviado al Poder Ejecutivo para su respectiva publicación.
ARTÍCULO 9.- En la elaboración y aprobación de todos los planes antes mencionados se considerarán, además de los instrumentos esenciales de planificación prospectiva y de todos aquellos que contribuyan a una acción estatal eficiente, aspectos tales como: justificación de pertinencia, viabilidad fiscal, resultados esperados, mecanismos de articulación, medios de seguimiento y evaluación de impactos.
ARTÍCULO 10.- Los planes aquí regulados podrán ser sometidos a revisión quinquenal, si es que existe una solicitud debidamente motivada por parte del Poder Ejecutivo o, en defecto de ello, por acuerdo legislativo que así lo requiera.
El procedimiento para tramitar la revisión será el mismo que se dispone en esta ley para su aprobación inicial.
La revisión también será procedente en casos de calamidad pública o emergencia nacional debidamente declarada, en dicha circunstancia, los plazos originalmente previstos para la tramitación de los planes y sus modificaciones, serán reducidos conforme a la programación que establezca el Poder Ejecutivo.
Estatus: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.
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