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Timestamp: 2020-04-05 15:30:07
Document Index: 127175705

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 3', 'Artículo 102', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 95', 'artículo 13', 'artículo 241', 'artículo 44', 'artículo 154', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 241', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 47', 'artículo 54', 'artículo 68', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 2', 'artículo 93', 'artículo 241']

Sentencia de Constitucionalidad nº 401/03 de Corte Constitucional, 20 de Mayo de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 43619899
CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-P.icipación de organizaciones especializadas y personas con discapacidad para dar aplicación a la Convención se ajusta a la Constitución
Revisión constitucional de la Ley 762 de 2002 ''por medio de la cual se aprueba la ''CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD'' suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve''.
El Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, allegó a esta Corporación, el día 5 de agosto de 2002, fotocopia auténtica de la Ley 762 del 31 de julio del año 2002 ''POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA ''CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD'', suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve''.
Mediante auto del 23 de agosto de 2002, con el objeto de ejercer el control de constitucionalidad que el numeral décimo del artículo 241 de la Constitución Política ordena, se asumió el examen de la aludida Convención y de la Ley 762 de 2002 que la aprueba. En la misma providencia, se decretaron las pruebas pertinentes, se fijó en lista la norma objeto de examen, para asegurar la participación ciudadana, y se corrió el traslado al P. General de la Nación, para que rindiera el concepto de rigor. Así mismo, se comunicó la iniciación del presente proceso al P. de la República, al P. del Congreso y a los Ministros de Relaciones Exteriores, de Salud y de Trabajo y Seguridad Social para que conceptuaran sobre la constitucionalidad del instrumento y de su ley aprobatoria, de estimarlo oportuno.
''LEY 762 DE 2002
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA ''CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD'', suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Visto el texto de la ''CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD'', suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999), que a la letra dice:
CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 3, inciso j) establece como principio que ''la justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera'';
TENIENDO PRESENTE el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 159); la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (AG.26/2856, del 20 de diciembre de 1971); la Declaración de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas (Resolución número 3447 del 9 de diciembre de 1975); el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 37/52, del 3 de diciembre de 1982); el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ''Protocolo de San Salvador'' (1988); los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (AG46/119, del 17 de diciembre de 1991); la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud; la Resolución sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el Continente Americano (AG/RES. 1249 (XXIII-O/93)); las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (AG.48/96, del 20 de diciembre de 1993); la Declaración de Managua, de diciembre de 1993,- la Declaración de Viena y Programa de Acción aprobados por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (157/93); la Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el Continente Americano (AG/RES. 1356 (XXV-O95)); y el Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano (Resolución AG/RES. 1369 (XXVI-O/96)); y
Discapacidad. El término ''discapacidad'' significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
El término ''discriminación contra las personas con discapacidad'' significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales;
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados P.e se comprometen a:
Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad, y
Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:
La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma e l respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.
Colaborar de manera efectiva en:
La investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de las discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las personas con discapacidad, y
Los Estados P.e promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas legislaciones nacionales, la participación- de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o -si no existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente Convención.
Los Estados P.e crearán canales de comunicación eficaces que permitan difundir entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con discapacidad los avances normativos y Jurídicos que se logren para la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad.
Para dar seguímiento a los compromisos adquiridos en la presente Convención se establecerá un Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, integrado por un representante designado por cada Estado P.e.
Los Estados P.e se comprometen en la primera reunión a presentar un informe al S. General de la Organización para que lo transmita al Comité para ser analizado y estudiado. En lo sucesivo, los informes se presentarán cada cuatro años.
El S. General brindará al Comité el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
La presente Convención estará abierta a todos los Estados miembros para su firma, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999 y, a partir de esa fecha, permanecerá abierta a la firma de todos los Estados en la sede de la Organización de los Estados Americanos hasta su entrada en vigor.
La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación de un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.
Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de que se haya depositado el Sexto instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
Cualquier Estado parte podrá formular propuestas de enmienda a esta Convención. Dichas propuestas serán presentadas a la Secretaría General de la OEA para su distribución a los Estados parte.
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto, para su registro y publicación, a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiesen.
Certifico que el documento adjunto, es copia fiel y exacta de los textos auténticos en español, inglés, portugués y francés de la -Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 7 de junio de 1999, en el vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General, y que los textos firmados de dichos originales se encuentran depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Se expide la presente certificación a solicitud de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos.
de marzo de 2000
L.F.J.,
ARTICULO PRIMERO: Apruébase la ''CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD'', suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la ''CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD'', suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999), que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
L.F.B.G..
G.F.D.S..''
Se ofició al Ministro de Relaciones Exteriores, para que remitiera a esta Corte los antecedentes de la Convención sujeta a examen, como también para que expusiera las razones que justifican la constitucionalidad de la misma. Así mismo, se ofició a los S.s Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y a los S.s de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes de dichas Corporaciones, a fin de que enviaran copia de las Gacetas del Congreso en las que se publicaron el proyecto que culminó con la expedición de la Ley 762 del 31 de julio de 2002 y las ponencias e informes de ponencia para los respectivos debates constitucionales; además, para que certificaran sobre el desarrollo de los debates que se llevaron a cabo para la discusión y aprobación del referido proyecto, especificando la fecha en la cual fue aprobado, el quórum y la votación finalmente obtenida.
Respecto de la concordancia de la Convención con las normas constitucionales, manifiesta que el trámite que se siguió para su aprobación y el de su Ley aprobatoria recorrió los requisitos establecidos en la Constitución para el efecto -artículos 189.2 y 150.16-. Y respecto del contenido del Instrumento advierte que desarrolla varios principios constitucionales tendientes a lograr el respeto por los derechos humanos y sobre todo de la dignidad humana, con miras a lograr la erradicación de la discriminación en contra de los discapacitados.
Así las cosas, señala que el P. de la República, en cumplimiento de su función de dirección de las relaciones internacionales, ratificó la Convención para permitir el desarrollo integral de las personas con discapacidad y la convivencia en una sociedad en constante evolución abocada a cambiar su percepción respecto de los discapacitados.
La Convención también permite desarrollar los artículos 43, 54 y 68 de la Constitución que prohiben la discriminación en contra de las personas discapacitadas y establecen la obligación del Estado de garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud y de erradicar el analfabetismo y educar a las personas con limitaciones físicas o mentales. Así mismo corresponde a los deberes de los ciudadanos de respetar los derechos ajenos, obrar conforme al principio de solidaridad social y defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica -artículo 95 C.P.-.
Finalmente, señala que la Convención está en concordancia con las normas constitucionales que regulan las relaciones internacionales del Estado, pues constituye un mecanismo para lograr la integración con las demás naciones, sobre bases de igualdad, equidad y reciprocidad, además de respetar la soberanía nacional, el respeto por la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia -artículos 9º y 227 C.P.-.
Igualmente, dentro del desarrollo del Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, el Ministerio ha ejercido un liderazgo dentro del grupo de enlace intersectorial conformado para darle cumplimiento, produciendo como resultado la formulación del documento llamado ''Lineamientos de Política de Prevención de la Discapacidad'' en el que mediante un enfoque de salud pública se definen los factores tanto protectores como de riesgo del evento de discapacidad y se impulsa el trabajo en los territorios de la metodología de Mapas de Riesgos, que permite definir el perfil tanto epidemiológico como social de la situación de discapacidad en los diferentes municipios y departamentos del país y conducir a la toma de decisiones tanto para prevenir la discapacidad como para mejorar y fortalecer los servicios de atención y rehabilitación integral para las personas con discapacidad. Así mismo, destaca la participación del Ministerio en la formulación del documento ''Lineamientos de Política de Rehabilitación Integral'', en el que se define el marco conceptual tanto de la discapacidad como de la rehabilitación e integración familiar, social, educativa y laboral, se plantean competencias y responsabilidades institucionales y sectoriales frente al proceso de rehabilitación integral y se definen estrategias para su implementación.
Finalmente manifiesta que, a través de la Dirección General para el Desarrollo de la Prestación de Servicios de Salud, el Ministerio adelanta un programa a nivel nacional con recursos del Presupuesto General de la Nación del proyecto inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional ''Implementación de proyectos para población en condiciones especiales: Salud mental, discapacidad y desplazados'', recursos invertidos en procesos de rehabilitación para población con discapacidad, ejecutados a través de proyectos departamentales o municipales, dentro del sector de población menos favorecido, de los estratos 1 y 2.
D.R.G.C., Y.M.C.P., I.J.G.A., J.L.Y.A., E.J.E.J. y P.A.R.N., mediante escritos separados, intervienen en el presente proceso con el objeto de defender la constitucionalidad del Instrumento que se revisa exponiendo idénticas razones para el efecto.
En forma sucinta manifiestan que la Convención constituye un mecanismo adecuado para lograr la igualdad de las personas con discapacidad y garantizar el goce de sus derechos fundamentales, lo cual resulta acorde con las disposiciones constitucionales que así lo disponen -artículos 2º, 11, 13, 43, 54 y 68-.
El P. General de la Nación, mediante concepto No. 3105, recibido en la Secretaría de la Corte el 11 de diciembre del año 2002, solicita a esta Corporación declarar la constitucionalidad de la Convención en estudio y de su Ley aprobatoria.
De otro lado, manifiesta que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, a cuyo cargo está la obligación de garantizar la efectividad de los principios y deberes consagrados en la Constitución y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación -artículos 1º y 2º C.P.-. En ese orden de ideas, pone de presente que el artículo 13 ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, especialmente aquellos de personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en situación de debilidad manifiesta.
Así mismo, recuerda las obligaciones a cargo del Estado de adoptar políticas orientadas a garantizar a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos una atención especial, garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud, educar a las personas con limitaciones físicas o mentales -artículos 47, 54 y 68 C.P.-, obligaciones que permiten afirmar que la Constitución se orienta a imponer al Estado y a la sociedad en general un deber positivo de trato especial a favor de las personas que sufren discapacidad. Cita la Sentencia T-378/97.
Igualmente el señor P. considera que el Instrumento constituye un aporte al logro de los objetivos propuestos en la Constitución, anteriormente mencionados y otros valores como la vida, la dignidad humana, la libertad, y los derechos al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la educación, a la locomoción y a la información.
Por último, señala que el contenido de la Convención es respetuoso de la legislación interna de los Estados P.e, pues únicamente señala los criterios que éstos deben observar a fin de que el objetivo de dicho instrumento sea materializado.
En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política y del artículo 44 del Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse, en forma definitiva, sobre la exequibilidad de la ''CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, suscrita en ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999)'', y de su ley aprobatoria.
Examen formal de la ''CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, suscrita en ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999)'' y de su ley aprobatoria
Así mismo, ha señalado que la verificación de los aspectos formales comprende la de la representación del Estado colombiano para la suscripción del respectivo instrumento, la aprobación ejecutiva y el trámite legislativo de la ley aprobatoria a cargo del Congreso de la República, sobre el que es pertinente señalar que corresponde al trámite de una ley ordinaria, como quiera que la Constitución no previó para el efecto uno especial, salvo la necesidad de que el mismo sea iniciado en el Senado de la República -artículo 154 inc. final C.P.-.
De conformidad con la certificación suscrita por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores Folio 116 del expediente. , la Convención sujeta a examen fue suscrita por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, doctor G.F. de S., quien para el efecto no requería la presentación de plenos poderes, de conformidad con lo estipulado en el artículo 7.2 de la Convención de Viena Artículo 7 Plenos poderes (...)
En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se considera que representan a su Estado:
Los jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. , sobre el derecho de los tratados. Por su parte, el Jefe del Estado impartió al Instrumento la correspondiente aprobación ejecutiva, el 29 de mayo de 2001 y ordenó someterlo a la consideración del Congreso de la República Folio 13 del expediente. .
2.2.2. El informe de ponencia para el primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente, presentado por el Senador designado para el efecto, J.C.C., fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 419 del 24 de agosto de 2001, páginas 18 a 19. -folios 73 a 74 del expediente-.
2.2.3. La anterior ponencia fue discutida y aprobada por unanimidad, el 24 de octubre de 2001, con un quorum deliberatorio y decisorio de 10 de los 13 senadores integrantes de la Comisión Segunda Constitucional Permanente, según consta en el Acta No. 3 de la mencionada fecha, cuya copia fue aportada al expediente por el S. de dicha célula legislativa, mediante oficio del 6 de septiembre de 2002.-folios 122 y ss del expediente-.
2.2.4. El mismo S.C.C. fue designado para rendir el informe de ponencia del proyecto de ley en segundo debate ante la Plenaria del Senado de la República, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 555 del 30 de octubre de 2001, páginas 11 y 12. -folios 161 y 162 del expediente-.
2.2.5. La anterior ponencia fue discutida y aprobada por la plenaria del Senado el día 29 de noviembre de 2001, por la totalidad de los 79 senadores que asistieron a dicha sesión, de los 102 que componen dicha Cámara, según consta en el Acta 21 de la mencionada fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 639 del 11 de diciembre de 2001, página 23. -folio 275 del expediente-.
2.2.6. El proyecto de ley se remitió a la Cámara de Representantes y se radicó bajo el número 190 de 2001. Dicho proyecto fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, en donde se designó como ponente al R.N.J.C.J., quien rindió el informe de ponencia respectivo para primer debate en dicha célula legislativa, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso 87 del 9 de abril de 2002, páginas 10.-folio 53 del expediente-.
2.2.7. En la mencionada Comisión, la ponencia fue discutida y aprobada por la totalidad de los 12 miembros asistentes a la sesión del 15 de mayo de 2002, según lo certificó el S. General de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, en el oficio CSCP3.2/043/02, del 2 de septiembre de 2002. -folio 27 del expediente-.
2.2.8. La ponencia para segundo debate ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, presentada por el R.C.J., fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 204 del 4 de junio de 2002, página 11. -folio 42 del expediente-.
2.2.9. La anterior ponencia fue discutida y aprobada por la mayoría de los presentes, 147 Representantes, en la sesión de la Plenaria de la Cámara de Representantes, del 18 de junio de 2002, según consta en el Acta No. 205, publicada en la Gaceta del Congreso No. 282 del 18 de julio de 2002. -folio 228 del expediente-.
2.2.10. La ley así aprobada, fue sancionada por el P. de la República, doctor A.P.A., con el número 762, el 31 de julio de 2002, y se remitió por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a esta Corporación, que la recibió en su Secretaría, dentro de los 6 días siguientes, el 5 de agosto de 2002, es decir, dentro del término previsto para el efecto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.
Ahora bien, en el artículo 1º se definieron los términos ''discapacidad'' y ''discriminación contra las personas con discapacidad'', para los efectos de la Convención. Así, se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
Y por ''discriminación contra las personas con discapacidad'', toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. De dicha definición, se excluye la preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en si misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia.
El artículo 6º establece la creación del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, integrado por un representante designado por cada Estado P.e, con el objeto de dar seguimiento a los compromisos antes mencionados. En la misma norma se prevé la reunión periódica del Comité, la presentación de informes de cada Estado parte y la forma de su funcionamiento.
2 Los antecedentes de la Convención sub examine
''(D)entro de dichos instrumentos cabe resaltar las ''Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad'' -85ª sesión plenaria, de la Asamblea de las Naciones Unidas reunida el 20 de diciembre de 1993-, cuyo componente fue tomado de las experiencias que dejó el ''Decenio de la Naciones Unidas para los Impedidos'' -1983-1992- La Asamblea General (..) 1. Aprueba las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. (..) 5. Insta a los Estados Miembros a que presten apoyo financiero y de otra índole a la Aplicación de las Normas Uniformes. 14 (..) Llevan implícito el firme compromiso moral y político de los Estados de adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades. (..) 24. Por logro de igualdad de oportunidades se entiende el proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las actividades, la información, y la documentación se ponen a disposición de todos, especialmente de las personas con discapacidad. Entre los requisitos para la igualdad de participación se desarrollan aspectos relativos a la toma de conciencia, atención médica, rehabilitación, servicios de apoyo, posibilidades de acceso, educación, empleo, seguridad social, integridad personal, cultura, actividades recreativas y deportivas, y religión. Cabe destacar que como medidas ejecutoras se regula la información e investigación, la planificación, la adopción de una legislación acorde, el diseño de políticas económicas, la coordinación, capacitación, cooperación y supervisión. Resolución 48/96, 20 de diciembre de 1993.. También cabe citar, entre otras Resoluciones 31/123 de 1976, 32/133 de 1977, 33/170 de 1978, 34/154 de 1979, 35/133 de 1980, 36/77 de 1981, Convención sobre los Derechos del Niño (20 de noviembre de 1989), Declaración de Viena y el Programa de Acción aprobados por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (157/93); resoluciones AG 1356 (XXV-0/95) y AG 1369 (XXVI-0/96), Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (13 de septiembre de 1994, C.V., Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (6 a 12 de marzo de 1995, P.. I, C.. III), Declaración y Plataforma de Acción de Beijing aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (4 a 15 de septiembre de 1995 C.. 1, Res. 1, anexos I y II), Resolución 48/97. , las declaraciones sobre el Progreso y Desarrollo en lo social ''La Asamblea General, (..). Estimando que la tarea primordial de todos los Estados y organizaciones internacionales es eliminar de la vida de la sociedad todos los males y obstáculos que entorpecen el progreso social, en particular males como la desigualdad (..). P.e I Principios, A. 5º, literal d) La garantía de los sectores menos favorecidos o marginales de la población de iguales oportunidades para su avance social y económico a fin de lograr una sociedad efectivamente integrada. P.e III, Medios y Métodos, artículo 18 literal a) La adopción de medidas pertinentes, legislativos administrativas o de otra índole, que garanticen a todos no solo los derechos políticos y civiles, sino también la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales, sin discriminación alguna (..), Artículo 19 literal d) La institución de medidas apropiadas para la rehabilitación de personas mental o físicamente impedidas, especialmente los niños y los jóvenes, a permitirles en la mayor medida posibles ser miembros útiles a la sociedad -entre éstas medidas deben figurar la provisión de tratamiento y prótesis y otros aparatos técnicos, los servicios de educación, orientación profesional y social, formación y colocación selectiva y la demás ayuda necesaria- y la creación de condiciones sociales en las que los impedidos sean objeto de discriminación debida a sus incapacidades.''. Asamblea General, 11 de diciembre de 1969, resolución 2542, XXIV- , sobre los Derechos del Retrasado MentalIbídem, ''(..) Subrayando que en la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social se ha proclamado la necesidad de proteger los derechos de los física y mentalmente desfavorecidos y de asegurar su bienestar y rehabilitación (..) 3. El retrasado mental tiene derecho a la seguridad económica y a un nivel de vida decoroso. Tiene derecho en la medida de sus posibilidades, a desempeñar un empleo productivo o alguna otra ocupación útil (..)'' -20 de diciembre de 1971, Resolución 2856/XXVI. y de los Impedidos Ibídem, ''Teniendo presente la necesidad de prevenir la incapacidad física y mental y de ayudar a los impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así como de fomentar en la medida de lo posible su incorporación a la vida social normal, (..) Proclama la presente Declaración de los Derechos de los Impedidos y pide que se adopten medidas en los planos nacional e internacional (..) 1. El término ''impedido'' designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia congénita o no. De sus facultades físicas o mentales. 5. El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía posible. 8. El impedido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades particulares en todas las etapas de la planificación económica y social. 9.El impedido tiene derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar que lo substituya y a participar en todas las actividades sociales, creadoras y recreativas. (..) 10. El impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante. (..) -9 de diciembre de 1975, Resolución 3447/XXX-., al igual que la que adopta el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad Ibídem (..) Profundamente preocupada por el hecho de que según se calcula, no menos de quinientos millones de personas sufren de una u otra forma de incapacidad y, de esa cantidad, cuatrocientos millones corresponden a países en desarrollo (..) Aprueba el programa de Acción Mundial para los Impedidos ( fue el resultado del Año Internacional de los Impedidos -1981- incluye acciones de los gobiernos, del sistema de las Naciones Unidas, de las organizaciones no gubernamentales, normas y principios internacionales, datos y estadísticas, accesibilidad en la Sede de las Naciones Unidas y Fondo de Contribuciones Voluntarias). Resolución 3752, 3 de diciembre de 1982, implementado por la Resolución 38/28 del 22 de noviembre de 1983. como también la resolución sobre los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental''Los presentes principios se aplicarán sin discriminación alguna (..). 3. Toda persona que padezca de una enfermedad mental tendrá derecho a vivir y a trabajar, en la medida de lo posible, en comunidad.(..) 7. 1. Todo paciente tendrá derecho a ser tratado y atendido, en la medida de lo posible, en la comunidad en la que vive.(..) 9.4. El tratamiento de cada paciente estará destinado a preservar y estimular su independencia personal (..). Resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991..'' Ver Sentencia C-410/01 M.P.Á.T.G..
A nivel regional los Estados han hecho así mismo diferentes declaraciones y adquirido compromisos específicos con el fin de erradicar la marginalidad de las personas afectadas con limitación. Al respecto cabe mencionar entre otros, como también se destacó en la sentencia que acaba de citarse, el ''Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales ''Protocolo de San Salvador''; la Conferencia Intergubernamental Iberoamericana, reunida en Cartagena entre el 27 y el 30 de octubre de 1992, recomendó a los países del área adoptar medidas y elaborar programas dirigidos a la prevención, rehabilitación y atención social de las personas afectadas con discapacidad; la Resolución sobre Situación de las personas con discapacidad en el continente americano; el ''Compromiso de Panamá con la Personas con Discapacidad en el Continente Americano''. Y En fin, la ''Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad'' suscrita en Guatemala el 7 de junio de 1999, que es la que se examina en el presente proceso.
Ello implica, ha resaltado la Corte, un cambio tanto en la concepción acerca del discapacitado como en el entendimiento sobre los deberes de la sociedad para con él Ver en este sentido entre otras las sentencias T-207/99 M.P.E.C.M., C-531/00 Y C-410/01 M.P.Á.T.G., y C-128/02 M.P.E.M.L...
Dichos textos buscan variar la percepción acerca de los discapacitados, de tal manera que, en vez de hacer énfasis en las limitaciones que los aquejan, se identifiquen las aptitudes y destrezas que pueden desarrollar, así como cuál puede ser su aporte a la sociedad, para que asuman las responsabilidades que les corresponda dentro de la misma. Ello indica asimismo, que la sociedad tiene deberes para con los discapacitados lo que entraña que el entorno social debe tomar en cuenta las necesidades de los mismos, al contrario de lo que ocurría en el pasado, cuando los discapacitados tenían que ajustarse a las condiciones que les imponía el ambiente social, si querían sobrevivir en el mismo Ver Sentencia T-207/99 M.P.E.C.M...
Como lo ha señalado reiteradamente la Corporación el Constituyente no fue ajeno a la situación de marginalidad y discriminación a la que históricamente han sido expuestas las personas disminuidas física, sensorial o psíquicamente. Distintos artículos de la Constitución de 1991 están dirigidos en este sentido a proteger su derecho a ser parte de la sociedad y a recibir un trato que les permita integrarse a ella, de manera que puedan ejercer sus derechos y asumir obligaciones y responsabilidades Ver sentencia T-378/97 M.P.E.C.M...
Así, el artículo 47 establece que ''[e]l Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.'' Luego, el artículo 54, referido a la capacitación laboral, consagra expresamente el deber del Estado de ''...garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud'', y el artículo 68, acerca de la libertad de enseñanza, precisa en su último inciso que ''[l]a erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.''
''El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.''
Es decir que la Carta autoriza expresamente al Estado para tomar medidas en favor de ''...aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta...'', precepto del que se deriva la posibilidad de tratar en forma privilegiada a estas personas, a través de medidas de diferenciación positiva Sobre este concepto ver entre otras las sentencias T-067/94 M:P: J.G.H.G. y C-371/00 M.P.C.G.D...
''El Constituyente no fue ajeno a la situación de marginalidad y discriminación a la que históricamente han sido expuestas las personas disminuidas física, sensorial o psíquicamente. Es así como la Carta Política consagra derechos fundamentales y derechos prestacionales en favor de los discapacitados. La igualdad de oportunidades y el trato más favorable (CP art. 13), son derechos fundamentales, de aplicación inmediata (CP art. 85), reconocidos a los grupos discriminados o marginados y a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. De otra parte, los discapacitados gozan de un derecho constitucional, de carácter programático (CP art. 47), que se deduce de la obligación estatal de adoptar una política de previsión, rehabilitación e integración social.
Los derechos específicos de protección especial para grupos o personas, a diferencia del derecho a la igualdad de oportunidades, autorizan una "diferenciación positiva justificada" en favor de sus titulares. Esta supone el trato más favorable para grupos discriminados o marginados y para personas en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13).'' Sentencia T-288/95 M.P.E.C.M..
La Corte ha precisado que no todos los derechos y garantías de las personas con limitaciones, que la Constitución consagra, se aplican inmediatamente, pues algunas garantías como las políticas de previsión, rehabilitación e integración social tienen un carácter programático que si bien no se aplican de manera inminente deben ser desarrolladas por las autoridades Ver Sentencia T-620 /99 M.P.A.M.C... La Corte ha advertido igualmente que el trato especial a que tienen derecho los discapacitados no significa despojarlos de sus deberes ni exonerarlos de manera anticipada por sus faltas. En la misma medida en que el Estado y la sociedad les brindan a los discapacitados posibilidades de integrarse a la vida social, los discapacitados adquieren distintos deberes para con las organizaciones política y social, que les podrán ser exigidos como a cualquier otro ciudadano Ver Sentencia T-207/99 M.P.E.C.M...
Debe destacarse de otra parte que en desarrollo de los postulados constitucionales aludidos el Congreso dictó la Ley 361 de 1997, ''por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitaciones y se dictan otras disposiciones''. En ella se señalan distintas medidas para favorecer el acceso de los discapacitados a la educación, el empleo, el bienestar social, la infraestructura física y los bienes de uso público, así como disposiciones tendentes a impulsar programas de prevención, educación y rehabilitación de las discapacidades.
Cabe precisar que dicha norma, como también lo ha precisado la jurisprudencia Ver la Sentencia C-410/01 M.P.Á.T.G., no es la única que dentro del ordenamiento jurídico colombiano se ha ocupado del tema de la discapacidad. Éste encuentra desarrollos específicos en los Códigos Civil, del Menor y penal, así como en diversas disposiciones en materia laboral, de seguridad social y educación, entre otras materiasAsí por ejemplo, ''El Decreto 2358 de 1981 creó el Sistema Nacional de Rehabilitación. Mediante la Resolución número 14861 del 4 de octubre de 1985 el Ministerio de Salud dictó normas para la protección, seguridad, salud y bienestar ambiental de las personas en general y en especial de las que adolecen de alguna limitación. La Ley 12 de 1987 dispuso la supresión de algunas barreras arquitectónicas. El Decreto 2177 de 1989 regula lo concerniente a la readaptación profesional y empleo de personas inválidas. La Ley 115 de 1994 reglamenta los derechos de los discapacitados a acceder a la educación. Mediante el Decreto 730 de 1995 se creó el Comité Consultivo Nacional de Discapacitados. Mediante la Ley 324 de 1996, se regulan los derechos de la población sorda. Mediante el Decreto 2082 de 1996 se reglamenta la atención educativa de personas con limitaciones, o con capacidades o talentos excepcionales. Mediante el Decreto 2226 del 5 de diciembre de 1996 se asigna al Ministerio de Salud la dirección, orientación, vigilancia y ejecución de los planes y programas, que en el campo de la salud, se relacionen con la tercera edad, indigentes, minusválidos y discapacitados. La ley 82 de 1988 aprobó el Convenio 159 de la OIT. El Decreto 2177 de 1989 desarrolla la Ley 82 de 1988.'' Sentencia C-410/01 M.P.Á.T.G...
En diferentes sentencias de constitucionalidad Ver por ejemplo las sentencias C-176 de 1993, M.P.C.G.D., C-531/2000 y C-410/01M.P.A.T.G., C-559/01 M.P.J.A.R., C-128/02 M.P.E.M.L.. y de tutela Ver, por ejemplo, las sentencias T-492 M.P.C.A.B., T-427 de 1992, M.P.E.C.M.; T-441 de 1993, M.P.J.G.H.G.; T-290 de 1994, M.P.V.N.M.; T-067 de 1994, M.P.J.G.H.G.; T-288 de 1995, M.P.E.C.M.; T-224 de 1996, M.P.V.N.M.; T-378 de 1997 y T-207/99 M.P.E.C.M.. esta Corporación ha tenido ocasión de examinar el problema del respeto del derecho a la igualdad en relación con las personas con algún tipo de discapacidad.
Al respecto la Corte ha precisado que por lo menos dos tipos de situaciones pueden constituir un acto discriminatorio contrario al derecho a la igualdad de los discapacitados. Por un lado, la conducta, actitud o trato, consciente o inconsciente, dirigido a anular o restringir sus derechos, libertades y oportunidades, sin justificación objetiva y razonable. Por otro, el acto discriminatorio consistente en una omisión injustificada en el trato especial a que tienen derecho los discapacitados, la cual trae como efecto directo su exclusión de un beneficio, ventaja u oportunidad. Ver las Sentencia T-288/95 y T-378/97 MP. E.C.M..
Así, por ejemplo, tomando en cuenta que la educación especial podría promover formas de discriminación Sobre algunos riesgos de la educación especial, puede consultarse los conceptos técnicos que analiza la sentencia T-429 de 1992 M.P.C.A.B., como quiera que podría conducir al aislamiento de los discapacitados, o podría orientar a la negación del derecho, por la insuficiencia de colegios y de escuelas especializadas en el país, después de ponderar situaciones concretas en las que se discutía la necesidad de una educación especial para los menores, varias sentencias Pueden verse las sentencias T-429 de 1992, T-036 de 1993, T-298 de 1994, T-329 de 1997 y T-513 de 1999. identificaron criterios precisos tendientes a que la educación especializada, no pueda considerarse un motivo de discriminación sino que por el contrario constituya en un mecanismo eficaz e idóneo para promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Dijo la Corte :
'' a) la acción de tutela es un mecanismo judicial idóneo para la protección del derecho a la educación de los menores discapacitados. b) la educación especial se concibe como un recurso extremo, esto es, se ordenará a través de la acción de tutela sólo cuando valoraciones médicas, psicológicas y familiares la consideren como la mejor opción para hacer efectivo el derecho a la educación del menor. c) Si está probada la necesidad de una educación especial, esta no puede ser la excusa para negar el acceso al servicio público educativo. d) En caso de que existan centros educativos especializados y que el menor requiera ese tipo de instrucción, esta no sólo se preferirá sino que se ordenará. e) Ante la imposibilidad de brindar una educación especializada, se ordenará la prestación del servicio público convencional, hasta tanto la familia, la sociedad y el Estado puedan brindar una mejor opción educativa al menor discapacitado.'' Sentencia T-620/99 M.P.A.M.C.
En el mismo orden de ideas la Corte declaró la inexequibilidad del reconocimiento de la ''lengua manual colombiana, como idioma propio de la comunidad sorda del país'' contenido en el artículo 2 de la Ley 324 de 1996 , por cuanto ella implicaba el establecimiento de una discriminación en relación con aquellos personas que padeciendo la misma discapacidad ha optado por la oralidad para su rehabilitación. Al respecto la Corporación señaló lo siguiente:
''20- La Corte considera que el reconocimiento de la lengua de señas como idioma de la comunidad sorda y el apoyo estatal a la formación en esta metodología persigue propósitos constitucionales relevantes pues pretende favorecer la plena integración social, educativa y laboral de los sordos. Sin embargo, la interpretación de las disposiciones acusadas, según la cual esas normas privilegian el idioma de señas, y por ende excluyen, o reducen injustificadamente, el apoyo a la oralidad para la rehabilitación de sordos, no representa un medio adecuado y proporcionado para alcanzar esa finalidad constitucional, por las razones que a continuación la Corte explica.
23- Finalmente, y directamente ligado a lo anterior, la limitación a los padres a que sus hijos accedan a una educación en una lengua en donde puedan expresarse más adecuadamente es una forma de discriminación, que ha sido reconocida expresamente por la Carta y por la jurisprudencia internacional de derechos humanos. Así, el artículo 13 superior expresamente establece que en principio la lengua no puede ser un factor para restringir o limitar el goce de los derechos, o establecer tratos distintos, por lo cual, una regulación que diferencie a las personas por su lengua es potencialmente discriminatoria. Por su parte, y en uno de sus casos más conocidos e importantes, la Corte Europea de Derechos Humanos concluyó que el Estado belga había violado el derecho a la igualdad al impedir, sin ninguna justificación objetiva y proporcionada, a ciertos niños francófonos de los suburbios de Bruselas acceder a una educación en lengua francesaVer la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos del 23 de julio de 1968, en el llamado ''caso relativo a ciertos aspectos del régimen lingüístico de la educación en Bélgica''.
24- Por todo lo anterior, la Corte concluye que la interpretación de las disposiciones acusadas, según la cual éstas implican un apoyo privilegiado y casi exclusivo al idioma de señas es inconstitucional, y deberá ser retirada del ordenamiento''
''Como puede argumentarse que la disposición acusada, en su texto solo se refiere a los incapacitados que conduzcan el vehículo que los transporta, es necesario aclarar que el correcto entendimiento de la norma en el conjunto de las disposiciones de la ley 361 de 1997 y en especial de las que conforman el Titulo IV de la misma, en armonía con las convenciones y tratado suscrito por el Estado Colombiano de los cuales se ha dado cuenta, y de los principios y reglas constitucionales, implica comprender dentro del tratamiento especial autorizado por el artículo 60, en estudio, también la situación de quienes por adolecer de una incapacidad más severa no pueden conducir el vehículo que los transporta y han de acudir a otros para tal efecto.
Así las cosas, se declarará exequible el aparte ''conducidos por una persona con limitación'' bajo el entendimiento de que el artículo 60 de la Ley 361 de 1997 que lo contiene se refiere a los vehículos que transportan a cualquiera de las personas destinatarias de dicha ley'' Sentencia C- 410/01 M.P.Á.T.G.
El objetivo general de la Convención tendiente a prevenir y eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad, en todas sus formas y manifestaciones, y propiciar su plena integración a la sociedad se corresponde cabalmente con el deber del Estado colombiano de protección especial de estas personas, que incluye la adopción de medidas encaminadas a procurar que su condición de igualdad sea real y efectiva y, de ese modo, garantizar el goce de sus derechos y libertades y la primacía de un orden jurídico, económico y social justo -Preámbulo, artículos 1º y 2º C.P.-.
De la misma manera cabe resaltar el aparte final del literal b) del mismo artículo 2 de acuerdo con el que en los casos en que la legislación interna de un Estado parte en la Convención prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para el bienestar del discapacitado, ésta no constituirá discriminación. Declaratoria que en el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra establecida en el Código civil precisamente con dichos objetivos arts 545 y ss del Código Civil.
El artículo séptimo de la Convención establece una cláusula de interpretación que impide que se restrinja o permita que los Estados parte limiten el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos por el derecho internacional consuetudinario o los instrumentos internacionales por los cuales un Estado parte está obligado, lo que resulta acorde con la prevalencia de los tratados internacionales que sobre derechos humanos han sido ratificados por el Estado colombiano -artículo 93 C.P.-.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la ''CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999)''.
Tercero.- Ordenar la comunicación de la presente sentencia al P. de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores, para los fines contemplados en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política.