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Timestamp: 2020-07-04 16:24:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo\n148', 'artículo 44', 'Artículo 1', 'Artículo 69', 'Artículo 246', 'artículo 305', 'artículo 330', 'artículo 317', 'artículo 305', 'artículo 305', 'in dubio', 'artículo 1', 'artículo 449', 'artículo 401', 'artículo 437', 'artículo 1', 'artículo 305', 'artículo 305', 'Artículo 1']

Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Marzo de 2019. - Jurisprudencia - VLEX 812894901
Rec.: C.R.P. y compartes.
Sentencia No. 74
Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,
el 09 de septiembre de 2016, incoado por:
1) C.R.P.P., dominicano, mayor de edad, casado,
abogado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 037-0028068-2,
domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, República
2) Aquaplástica, S.A., tercero civilmente demandado;
3) Al doctor J.A.C. y al licenciado J.A.L.H., actuando
en representación del imputado y civilmente demandado, C.R.R.: C.R.P. y compartes.
4) A los doctores Z.P.B.S. actuando en su condición de
querellante, y M.C. de la Cruz;
1. El memorial de casación, depositado el 07 de octubre de 2016, en la
secretaría de la Corte a qua, mediante el cual los recurrentes: Claudio Rafael
Peña Pimentel, imputado y civilmente demandado; y Aquaplástica, S.A.,
tercero civilmente demandado, interponen su recurso de casación a través
de sus abogados, doctor J.A.C. y el licenciado Jorge A. López
2. El escrito de defensa, depositado el 22 de noviembre de 2016, en la
secretaría de la Corte a qua, suscrito por los doctores Zacarías P.B.
Santana, actuando en su condición de querellante, y M.C. de la
3. La Resolución No. 1302-2017 de Las S.R. de la Suprema Corte de
Justicia, del 30 de marzo de 2017, que declaran admisible el recurso de
casación interpuesto por: C.R.P.P., imputado y
civilmente demandado; y Aquaplástica, S.A., tercero civilmente
demandado; y fijó audiencia para el día 17 de mayo de 2017, la cual fue
4. La Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte
Las S.R. de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un Rec.: C.R.P. y compartes.
17 de mayo de 2017; estando presentes los Jueces de esta Suprema Corte de
Justicia: M.G.B., en funciones de P.; Edgar Hernández
Mejía, S.I.H.M., J.A.C.A., Alejandro A.
Moscoso Segarra, E.E.A.C., F.A.J.M.,
J.H.R.C. y R.C.P.Á., y llamados por auto para
completar el quórum los Magistrados B.R.F.G., Juez
P. de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la corte de
Apelación del Distrito Nacional; A.A.B.F., Juez de la
Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito
Nacional; y C.E.M.A., Jueza de la Primera Sala de la Cámara
Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y vistos los Artículos 24, 393,
Considerando: que en fecha 24 de agosto 2017, el Magistrado Mariano
Germán Mejía, P. de la Suprema Corte de Justicia, dictó auto por medio
del cual se llama a sí mismo, y a los magistrados M.A.R.O., Fran e.
Soto Sánchez, P.J.O., F.A.O.P. y Moisés Ferrer
Landrón, para integrar Las S.R. en la deliberación y fallo del recurso de
casación de que se trata, de conformidad con la Ley No. 684 de 1934; Rec.: C.R.P. y compartes.
a que ella refiere resultan como hechos constantes que:
1. En fecha 20 de junio de 2008, la Cámara Penal (Unipersonal) del Juzgado
de Primera Instancia de S.P. de Macorís, fue apoderada de una querella con
constitución en actor civil en contra de los señores C.R.P.P.,
A.P., E.R. de la Cruz y la razón social Aquaplástica, S.
A., por violación a la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad, acción intentada por
el señor Z.P.B.S.;
2. La Cámara Penal (Unipersonal) del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de S.P. de Macorís para el conocimiento caso, el cual, dictó
en fecha 19 de agosto de 2010, la sentencia cuyo dispositivo es el siguiente:
“PRIMERO: Se rechaza en todas sus partes, las conclusiones tanto incidentales como al fondo hecha por la barra de la defensa del imputado C.R.P.P., por improcedentes y carente de base legal; SEGUNDO: Se declara culpable al señor C.R.P.P., de generales que constan en el expediente, de violar las disposiciones del artículo 1 de la Ley 2869 sobre Violación de Propiedad, en perjuicio de Z.P.B.S., en consecuencia se condena a C.R.P.P., a 3 meses de prisión y al pago de una multa de Quinientos Pesos (RD$500.00); TERCERO: Se condena a C.R.P.P., al pago de las costas penales; CUARTO: Se ordena el desalojo inmediato del señor C.R.P.P. y/o cualquier persona que esté ocupando el solar núm. 8 de la parcela núm. 7 del Distrito Catastral núm. 1, localizado en la sección Cumayasa, municipio R.S. de esta ciudad de S.P. de Macorís, propiedad del querellante Z.P.B.S.; QUINTO: Se declara regular y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil interpuesta por Z.P.B.S., en contra de C.R.P.P. y la compañía Aquasplástica, S.A., por haber sido hecha de acuerdo a la normativa procesal; SEXTO: Se condena al señor C.R.P.P. y a la compañía Aquasplástica, S.R.: C.R.P. y compartes.
(RD$800,000.00), a favor y provecho del señor Z.P.B., como justa reparación de los daños y perjuicios materiales y morales que le han causado; SÉPTIMO: Se condena al señor C.R.P.P. y compañía Aquasplástica, S.A., al pago de las costas civiles del proceso, a favor y provecho del Dr. M.C. de la Cruz, abogado quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; OCTAVO: Se declara la presente sentencia, ejecutoria no obstante cualquier recurso que contra la misma pueda intervenir (Sic)”;
3. No conforme con la misma, fue interpuesto recurso de apelación por el
imputado y civilmente demandado, C.R.P.P., ante la Cámara
Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de S.P. de
Macorís, la cual pronunció, el 24 de junio de 2011, la sentencia cuya parte
dispositiva expresa:
“ PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha 6 de septiembre de 2010, por el Dr. J.A.C. y la Licda. M.E.V., actuando a nombre y representación del imputado C.R.P.P. y de la razón social Aquasplástica, S.A., contra la sentencia núm. 68-2010, de fecha 19 de agosto de 2010, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de S.P. de Macorís, cuyo dispositivo se copia en un lugar anterior de la presente sentencia; SEGUNDO : Confirma en todas sus partes la sentencia objeto del recurso de que se trata; TERCERO : Condena a la parte recurrente al pago de las costas causadas por la interposición de su recurso, ordenando la distracción de las civiles a favor y provecho del abogado que representa a la parte recurrida, D.M.C. de la Cruz, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte. La presente sentencia es susceptible del recurso de casación en un plazo de diez
(10) días, a partir de su lectura íntegra y notificación a las partes en el proceso, según lo disponen los artículos 418 y 427 del Código Procesal Penal (Sic)”;
4. No conforme con la misma, fue interpuesto recurso de casación por el Rec.: C.R.P. y compartes.
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual, mediante sentencia del 11
de abril de 2012, casó la decisión ordenando el envío por ante la Sala de la Cámara
Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, por
entender que en el caso, era preciso determinar la propiedad del inmueble alegada
5. Apoderada del envío la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación
del Departamento Judicial de Santo Domingo, dictó su sentencia, en fecha 27 de
diciembre de 2012; siendo su parte dispositiva:
“ PRIMERO: Declara la extinción de la acción penal, del presente proceso, cuya sentencia recurrida dice:
‘Primero: Se rechaza en todas sus partes, las conclusiones tanto incidentales como al fondo hecha por la barra de la defensa del imputado C.R.P.P. por improcedentes y carente de base legal; Segundo: Se declara culpable al señor C.R.P.P., de generales que constan en el expediente, de violar las disposiciones del artículo 1 de la Ley núm. 5869 sobre Violación de Propiedad, en perjuicio de Z.P.B.S., en consecuencia, se condena a C.R.P.P. a (3) meses de prisión y al pago de una multa de RD$500.00 (Quinientos Pesos); Tercero: Se condena al señor C.R.P.P. al pago de las costas penales; Cuarto: Se ordena el desalojo inmediato del señor C.R.P.P. y/o cualquier persona que este ocupando el solar núm. 8 de la Parcela núm. 7 del Distrito Catastral núm. 1, localizado en la sección Cumayasa, municipio R.S. de esta ciudad de S.P. de Macorís, propiedad del querellante Z.P.B.S.; Quinto: Se declara regular y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil interpuesta por Z.P.B.S., en contra de C.R.P.P. y la compañía Aquaplástica, S.A., por haber sido hecha de acuerdo a la normativa procesal; Sexto: Se condena al Rec.: C.R.P. y compartes.
(RD$800,000.00), a favor y provecho del señor Z.P.B., como justa reparación de los daños y perjuicios materiales y morales que le han causado; S.: Se condena al señor C.R.P.P. y compañía Aquaplástica, S.A., al pago de las costas civiles del proceso, a favor y provecho del Dr. M.C. de la Cruz, abogado quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; Octavo: Se declara la presente sentencia, ejecutoria no obstante cualquier recurso que contra la misma se interponga’;
SEGUNDO : Ordena el archivo definitivo del mismo; TERCERO : Ordena el levantamiento de cualquier medida cautelar que haya sido impuesta contra el imputado; CUARTO : Compensa, las costas del proceso (Sic)”;
6.No conforme con la misma, fue interpuesto recurso de casación por
Z.P.B.S., querellante, ante la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia, la cual, en fecha 12 de agosto de 2013, casó la decisión ordenando
el envío por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional, en razón de que esta Segunda Sala emitió en fecha 11 de abril de
2012, la Sentencia No. 88, casando con envío y ordenando el sobreseimiento del
conocimiento de la querella por violación a la ley de propiedad de que se trata,
hasta tanto se determinara la propiedad del inmueble alegada por ambas partes,
situación de la cual no existe constancia que haya cesado;
7. Continúa señalando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que,
sobre la decisión tomada por la Corte, debemos acotar que ciertamente el artículo
148 del Código Procesal Penal consagra que la duración máxima de todo proceso
es de tres (3) años, contados a partir del inicio de la investigación, es preciso
entender que a lo que obliga esa disposición legal es a concluir mediante una Rec.: C.R.P. y compartes.
penal, a más tardar el día en que se cumpla el tercer aniversario de su inicio; lo
cual es aplicable a los tribunales ordinarios que conocen el fondo de los hechos
punibles; sin embargo, el tiempo de la tramitación, conocimiento y decisión de
cualquier proceso como consecuencia de una casación con envío ordenada por la
Suprema Corte de Justicia, no deberá computarse a los fines de la extinción de la
acción penal prevista en el numeral 11 del artículo 44 del referido código; aceptar
la tesis contraria sería desconocer la facultad que la Constitución de la República le
otorga a la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de poder anular sentencias y
ordenar la celebración de nuevos juicios en materia penal, toda vez que no sería
ejecutable ese encargo si se extinguiera la acción penal antes de que el tribunal de
envío pudiera conocer el asunto del que fue apoderado;
8. Apoderada como tribunal de envío la Segunda Sala de la Cámara Penal
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictó en fecha 09 de septiembre
de 2016, la sentencia cuyo dispositivo señala:
“PRIMERO: Declara bueno y válido el recurso de apelación interpuesto en fecha seis (06) del mes de septiembre del año dos mil diez (2010), por el señor C.R.P.P., (imputado), y la entidad comercial AQUAPLASTICA, S.A, (tercero civilmente demandada), debidamente representado por sus abogados el DR. J.A. COLUMNA y LICDA. M.E., en contra de la Sentencia Núm. 68-2010, de fecha diecinueve (19) del mes de agosto del año dos mil diez (2010), dictada por la Cámara Penal (Unipersonal) del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de S.P. de Macorís, por haber sido hecho en tiempo hábil y conforme a la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo del indicado recurso de apelación, la Corte lo acoge parcialmente, en consecuencia modifica el ordinal octavo, para que en lo adelante se lea: “OCTAVO: Se declara la presente sentencia ejecutoria provisionalmente, no obstante cualquier recurso, Rec.: C.R.P. y compartes.
haberse constatado la presencia de los vicios denunciados por la recurrente y al entender esta alzada, que la sentencia recurrida está debidamente fundamentada y contiene una correcta apreciación de los hechos y valoración de las pruebas, las que fueron legítimas y válidamente incorporadas al juicio; CUARTO: CONDENA al recurrente, el imputado C.R.P.P., y el tercero civilmente demandado AQUAPLASTICA, S.A, al pago de las costas, generadas en grado de apelación (Sic)”;
9. Recurrida ahora en casación la referida sentencia por: Claudio Rafael
Peña Pimentel imputado y civilmente demandado; y Aquaplástica, S.A., tercero
civilmente demandado; Las S.R. de la Suprema Corte de Justicia emitió,
en fecha 30 de marzo de 2017, la Resolución No. 1302-2017, mediante la cual
declaró admisible dicho recurso, y al mismo tiempo se fijó la audiencia sobre el
fondo del recurso para el día, 17 de mayo de 2017; fecha esta última en que se
celebró dicha audiencia; reservando esta Suprema Corte de Justicia el fallo a que
Considerando: que los recurrentes, C.R.P.P. imputado
y civilmente demandado; y Aquaplástica, S.A., tercero civilmente demandado;
alegan en su escrito contentivo del recurso de casación, depositado por ante la
“Primer Medio: Contradicción de la sentencia impugnada con un fallo anterior de la Suprema Corte de Justicia; Segundo Medio: Violación al Artículo 1 de la Ley No. 5869, sobre Violación de Propiedad y Contradicción con un precedente previo de esta Suprema corte de Justicia; Tercer Medio: Violación a los Artículos 18, 166, 167 y 330 del Código Procesal Penal; violación al Artículo 69 de la Constitución; Cuarto Medio: Violación al principio constitucional de seguridad jurídica; Quinto Medio: Violación a al Artículo 246 del Código Procesal Penal y los Artículos 130 y 131 del Código de Rec.: C.R.P. y compartes.
1) O. del sobreseimiento cuando se presenta una excepción de
una cuestión prejudicial de determinar cuál es el verdadero propietario del
2) La jurisdicción penal apoderada de una violación a la propiedad privada,
en caso de que exista una litis sobre derechos registrados sobre el mismo
inmueble, tiene la obligación de sobreseer el conocimiento de lo penal hasta tanto
la litis sobre derechos registrados haya sido juzgada, con una sentencia que
adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada;
3) Ausencia del elemento material y moral de la infracción de violación a la
propiedad privada. Desnaturalización de los hechos;
4) Violación al derecho de defensa, contradicción y preclusión procesal, al
admitir pruebas nuevas en violación al debido proceso de Ley;
5) Violación al principio de seguridad jurídica;
6) Errónea aplicación de la Ley al momento de condena en costas, cuando la
Corte a qua acogió parcialmente el recurso de apelación;
“1. (…)Que del análisis de la sentencia recurrida y de las actuaciones remitidas a esta Corte se evidencia que la juzgadora de primer grado para dictar sentencia absolutoria estableció entre otras cosas lo siguiente: Que según la acusación presentada por el querellante y actor civil, en fecha cuatro (4) del mes junio del 2008, cuando el señor C.R.P.P., se introdujo abruptamente de manera ilegal al “Solar #8 de la Parcela 7 de la Sección Cumayasa, perteneciente al Municipio de R.S. de la ciudad de San Rec.: C.R.P. y compartes.
del frente e introdujeron un furgón que arrasó con todas las plantaciones sembradas en el referido solar, utilizando un camión de la compañía AGUAPLASTICA, S.A., identificada con el R.N.C. No. 1-01-71920-6, placa No.L222775, con dirección declarada en la calle I.A.N.7., Zona Industrial de H., Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, según certificado emitido por la Dirección General de Impuestos Internos de fecha 13-6-2008, que hace la Razón Social AGUAPLASTICA, S.A., tercera civilmente responsable por participar en la violación de la propiedad previamente mencionada.- Que por su parte el querellante Z.P.B.S. establece en síntesis en sus declaraciones “que se encontraba en Higuey cuando sucedió y que el empleado que tenía en el lugar le llamo por teléfono y le comunico que el señor C.R.P.P. se presentó al solar diciendo que era de su propiedad y que conversó con el señor C.R.P.P. vía telefónica en donde le advirtió que había adquirido dicho solar con el Consejo Estatal del Azúcar, pero que el señor C.R.P.P. de todas maneras penetró a la propiedad diciéndole que eso era de su propiedad que no podía hacer eso.- Que el testimonio de N.A.P.M. fue objetado por la parte imputada, en virtud de que no fue propuesto en el escrito de acusación ni el momento de las pruebas; pero que en virtud del derecho de las partes a solicitar que se incorporen aquellas pruebas que no se acreditaron en la presentación de las mismas, las cuáles están previstas en el artículo 305 del Código Procesal Penal y en virtud de la libertad probatoria, este tribunal acoge dicho testimonio presentado en virtud del artículo 330 del Código Procesal Penal.- Que el testimonio de N.A.P.M. establece en síntesis: “que aproximadamente a las dos de la tarde que estaba en casa de un señor llamado B., a dos casas de B., vio que estaban tumbando una verja y que habían aproximadamente cinco personas tumbando una verja y que alguien dijo porque estaban tumbando eso y le respondieron que le había mandado un señor”.- Que la parte querellante depositó documentaciones que lo acreditan como propietario del referido solar, entre ellas, Plano Catastral confeccionado por el Agrimensor Luis E. Rec.: C.R.P. y compartes.
P.B.S., plano que fue registrado en la Dirección de Registro Civil de la Romana en fecha 19-07-2004; la Carta de aprobación de venta del Solar 8, Parcela 7 del D.C.1, de la sección de Cumayasa, Municipio de R.S., Provincia de S.P. de Macorís, por parte del Consejo Estatal del Azúcar, de fecha 7 de febrero del 2002; Carta de puesta en posición formal de una porción de terreno con una extensión superficial de Mil Quinientos Veintidós Punto Catorce (1, 522.14) metros cuadrados, ubicado dentro del ámbito de la Parcela 7; Original del contrato de Compra-Venta de terrenos entre el Consejo Estatal del Azúcar y el señor Z.P.B.S. de fecha 9 de agosto del 2004, entre otros.- Que fue escuchada y ponderada la prueba testimonial presentada por el querellante, consistente en el testimonio del señor N.A.P.M. por lo que se desprende de que el señor Z.P.B.S. poseía un solar envuelto en litis, se establece que fue testigo de la invasión de propiedad de su solar, y en cuanto a las declaraciones del agrimensor J.A.d.V.M., se establece que fue contratado por el señor C.R.P.P., para hacer los deslindes correspondientes pero que su trabajo fue suspendido en virtud de una decisión emanada de lo tribunal de jurisdicción Inmobiliaria.- Que en la especie se han configurado los elementos constitutivos del ilícito penal de la violación de propiedad, toda vez que como se ha dicho, el imputado ocupó el inmueble objeto de la presente querella, sin permiso o autorización de su propietario el querellante Z.P.B.S..- Que aun cuando el señor C.R.P.P. alega que es el propietario del solar de referencia, resulta que el querellante Z.P.B.S., ocupa el mismo desde el día 9 de agosto del año dos mil cuatro (2004), mediante el contrato de venta realizado con el Consejo Estatal del Azúcar;
2. Que el primer vicio sostenido por el recurrente es Violación a los principios de inmediatez y continuidad, violación a los artículos 315 y 317 del Código Procesal Penal, donde se argumenta que en la audiencia celebrada en fecha 16 de abril del año 2010, luego de leída la acusación y presentado las pruebas de la misma se aplazó el Rec.: C.R.P. y compartes.
principio, no observó el termino de los diez (10) días a que se refiere el artículo 317 del Código Procesal Penal. Contrario a lo planteado, del estudio de las actas de audiencia de fechas 16 de abril de 2010, 24 de mayo de 2010, 26 de julio 2010, 13 de julio 2010, que conforman la glosa procesal, se comprueba que aunque el juicio empezó a celebrarse el 16 de abril del 2010, en esa ocasión el mismo fue pospuesto para decidir un recurso de oposición y en las audiencias venideras se suspendió por varias razones. Y según la propia sentencia, en sus páginas 7 y 14, el juicio se reinicia por completo en fecha 13 de agosto de 2010, se recesa por lo avanzado de la hora y se continúa el 19 de agosto 2010, fecha en la cual se concluye el proceso y se emite la decisión. Por lo tanto no lleva razón la parte recurrente en dicho planteamiento;
3. Con relación al segundo motivo de impugnación, consiste en la supuesta Violación de los artículos 143, 305, 359, 294, 330, 25, 26, 27, 408, 166, 167 y 330 del Código Procesal Penal. Se argumenta que mediante una reposición de los plazos en virtud de los artículos 147 y 305 del Código Procesal Penal concedida a la defensa hoy recurrente, la parte acusadora presenta un escrito de réplica a los incidentes planteados por la defensa y ofreció veintiséis (26) documentos y un testigo, además el tribunal a-quo no falló los incidentes planteados por la defensa dentro del plazo de cinco (05) días que establece el artículo 305, sino que por el contrario, suspendió la audiencia fijada para el 7 de diciembre para fallar los referidos incidentes y en fecha 15 de diciembre del año 2009, es decir, treinta y nueve (39) días después dicta el Auto de Resolución de Incidentes No. 17-2009, por el cual difiere los incidentes para ser decididos conjuntamente con el fondo, pero sí admitió las pruebas ofrecidas fuera de plazo y sin establecer las pretensiones probatorias, violenta el derecho de defensa, la parte acusador presentó al debate una serie de documentos que introdujo como “pruebas nuevas”, sin embargo, dichas pruebas no cumplían con los requisitos establecidos. Que si bien el artículo 305 del Código Procesal Penal establece un plazo para la decisión de los incidentes, la superación del plazo no conlleva la nulidad de las actuaciones, más aun cuando, como en la especie, el fallo de dichos incidentes fue Rec.: C.R.P. y compartes.
de la parte acusadora, el tribunal de primer grado hizo uso de una facultad que acuerda la normativa procesal penal y lo justifica en su decisión en la página 18, en base a la libertad probatoria, además de lo cual no se generaba ninguna violación al derecho de defensa, al tener conocimiento de dichas pruebas la parte imputada desde el momento en que se ofertaron en ocasión de la reposición de plazos;
4. Que en lo atinente a la supuesta Violación al principio de oralidad y contradicción y de los artículos 311, 312 y 329 del Código Procesal Penal, fundamentada en que supuestamente las pruebas no fueron leídas ni exhibidas ni incorporadas. Que de las propias conclusiones vertidas por las partes en audiencia, quienes debatieron y cuestionaron oportunamente la presentación de dichos medios, se desprende que dichas pruebas fueron controvertidas entre las partes, lo que elimina cualquier vulneración a los principios de oralidad y contradicción;
5. Que con respecto a la alegada Falta de motivación, arguyendo que el tribunal A-quo no establece el fundamento de su decisión, no fija la participación del imputado y del tercer civilmente demandado, ni las pruebas que le sirven para formar su convicción. Indica que tampoco se motivó el rechazo de los incidentes planteados que fueron acumulados con el fondo. Del análisis de la sentencia impugnada se aprecia como la juez expone de una forma razonada los argumentos que la llevan a decidir, exponiendo con claridad las pruebas que toma en cuenta, el valor que les atribuye, los hechos que se desprenden de las mismas y la subsunción de tales hechos en el tipo penal atribuido, dejando constancia de la participación del imputado como autor en su condición de autor por ser quien discute la propiedad y con la identificación que hace el agrimensor, así como con relación a la persona civilmente demandada, al haberse utilizado un vehículo de su propiedad en la entrada al terreno. En tal sentido, consta en la decisión atacada que la parte querellante depositó documentaciones que lo acreditan como propietario del referido solar, entre ellas, Plano Catastral confeccionado por el A.L.E.G.G., CODIA, de fecha 27-06-2010, que determina la ubicación y el metraje exacto del Solar propiedad del señor Z.P.B.S., Rec.: C.R.P. y compartes.
Solar 8, Parcela 7 del D.C.1, de la sección de Cumayasa, Municipio de R.S., Provincia de S.P. de Macorís, por parte del Consejo Estatal del Azúcar, de fecha 7 de febrero del 2002; Carta de puesta en posición formal de una porción de terreno con una extensión superficial de Mil Quinientos Veintidós Punto Catorce (1,522.14) metros cuadrados, ubicado dentro del ámbito de la Parcela 7; Original del contrato de Compra-Venta de terrenos entre el Consejo Estatal del Azúcar y el señor Z.P.B.S. de fecha 9 de agosto del 2004, entre otros.- Que fue escuchada y ponderada la prueba testimonial presentada por el querellante, consistente en el testimonio del señor N.A.P.M. por lo que se desprende de que el señor Z.P.B.S. poseía un solar envuelto en litis, se establece que fue testigo de la invasión de propiedad de su solar, y en cuanto a las declaraciones del agrimensor J.A.d.V.M., se establece que fue contratado por el señor C.R.P.P., para hacer los deslindes correspondientes pero que su trabajo fue suspendido en virtud de una decisión emanada de lo tribunal de jurisdicción Inmobiliaria.- Que fueron valorados los elementos de prueba aportados por C.R.P.P. para tratar de demostrar que es el verdadero propietario del inmueble. Que en la especie se han configurado los elementos constitutivos del ilícito penal de la violación de propiedad, toda vez que como se ha dicho, el imputado ocupó el inmueble objeto de la presente querella, sin permiso o autorización de su propietario el querellante Z.P.B.S..- Que aun cuando el señor C.R.P.P. alega que es el propietario del solar de referencia, resulta que el querellante Z.P.B.S., ocupa el mismo desde el día 9 de agosto del año dos mil cuatro (2004), mediante el contrato de venta realizado con el Consejo Estatal del Azúcar;
5. En cuanto a que no fue motivado el rechazo de los incidentes, puede advertirse de los planteamientos que fundamentaban dichos incidentes, de acuerdo con el escrito de incidentes de fecha 6 de diciembre de 2009 y con las Resoluciones No. 17-2009 del 15/12/2009 y No. 07-2010 del 28 de abril de 2010, además de los incidentes planteados en la audiencia, los primeros Rec.: C.R.P. y compartes.
constitutivos de la infracción, y los últimos relativos a los elementos de prueba. Todos estos planteamientos fueron cuestiones respondidas en la decisión, como se ha hecho constar anteriormente, al establecerse en la misma las razones por las cuales se admitieron dichas pruebas, se valoraron y se determinó la responsabilidad penal del imputado por haberse configurado los elementos constitutivos del delito;
7. Que en lo que respecta a la supuesta Desnaturalización de los hechos, ilogicidad manifiesta y contradicción de motivos: sustentada en que atribuye a la declaración del testigo, señor N.A.P.P., un alcance y sentido diferente del que tiene, concluyendo en la culpabilidad del señor C.P. y de que participó en los supuestos hechos alegados por el acusador y que se presentó al inmueble armado con escopeta y pistola, lo cual es completamente falso. Con respecto a este punto, como se ha indicado, lo sentencia impugnada establece con claridad el contenido de dicha declaración y lo evalúa en su justa medida, en concatenación con los demás elementos de prueba aportados, limitándose a señalar que presenció como tumbaban la verja y penetraban a la propiedad, sin hacer ninguna identificación del imputado, la cual se deduce de los demás elementos de prueba valorados, en el entendido de que C.R.P.P. es quien envía a esas personas y ocupa la propiedad alegando ser legítimo propietario. También se argumenta una supuesta contradicción con base en lo establecido en el considerando ubicado en la página 25, donde se indica “que este tribunal no ha podido establecer que el señor C.R.P.P., ha incurrido en falta delictual en el presente caso y AQUAPLASTICA S.A., por haberse demostrado la participación de dicha empresa como lo es el uso de sus equipos, como lo fue el camión placa #L222775, según consta en la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, vehículo este con que se introdujeron a la propiedad, por lo que ante esas consideraciones debe ser condenada solidariamente al pago de las indemnizaciones”. Lo cual revela ser un simple error material de escritura en donde no iba la palabra “no”, dado que es lo coherente con toda la motivación anterior y el fallo de la sentencia impugnada, antes descrito. Finalmente, que Rec.: C.R.P. y compartes.
y a la vez se le condena por entrar a su propiedad, puesto que como se indica en la sentencia el querellante también tenía un derecho sobre el inmueble que ocupaba, debidamente enumerado, deslindado y cercado, por lo que el imputado no podía introducirse sin autorización de dicho ocupante o de la autoridad competente;
8. Que los motivos de impugnación referentes a la Violación al principio de presunción de inocencia y al principio in dubio pro reo, se formulan en el sentido que al afirmar el tribunal aquo que la defensa no aportó originales de sus pruebas sino fotocopias, a las cuales les restó valor probatorio y en el sentido de que la magistrada juez del tribunal A-quo no tiene la certeza sobre quién es el verdadero propietario del inmueble en cuestión, pues el derecho de propiedad del referido inmueble está siendo ventilado en la jurisdicción inmobiliaria. En cuanto a lo primero, contrario a lo alegado, no se convierte dicho razonamiento una inversión de la carga probatoria, se trata más bien de un ejercicio de pura valoración probatoria de los medios que fueron aportados por las partes. En cuanto a lo segundo, esta alzada considera que en ocasión del conocimiento del presente recurso este mismo tribunal ha tomados sendas decisiones de fechas 12 de julio de 2016 y 2 de agosto de 2016 rechazando pedimentos de sobreseimiento y de suspensión por esa causa, dado que reposa en la glosa procesal sentencia definitiva dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, No. 201500067 del 22 de mayo 2015, en donde estableceel derecho de propiedad del señor Z.P.B.S. sobre el inmueble consistente “una porción de terreno con una extensión superficial de un mil quinientos veintidós punto catorce (1522.14) metros cuadrados, ubicada en el ámbito d la parcela No. 7 (parte), Distrito Catastral #1, solar No. 8, sección y lugar Cumayasa, municipio R.S., provincia S.P. de Macoris”. No subsistiendo en consecuencia ninguna incertidumbre en torno a su derecho de propiedad sobre el indicado inmueble;
9. Que en torno a la Violación de los artículos 401, 438 y 449 del Código Procesal Penal, por vulnerar el efecto suspensivo de los recursos y la imposibilidad de disponer la ejecución provisional en la Rec.: C.R.P. y compartes.
recurrente, al tenor de lo preceptuado en estos artículo, es evidente que en el aspecto penal la disposición del párrafo del artículo 1 de la Ley No. 5869, no es aplicable más que en el aspecto del desalojo y confiscación de la mejora. Máxime cuando el propio Código Procesal Penal establece en el artículo 449 del Código Procesal Penal y en razón del efecto suspensivo del recurso que dispone el artículo 401 del Código Procesal Penal;
10. Violación al artículo 437 del Código Penal Dominicano y al artículo 1ro de la Ley No. 5869 sobre Violación de Propiedad; “Ya que la sentencia hoy recurrida, transgrede los artículos 437 del Código Penal y 1ro de la Ley 5869 sobre Violación de Propiedad, toda vez que el tipo penal no se configura, se deduce que es imposible sancionar por violación de propiedad al sueño del inmueble pues uno de los elementos constitutivos de las dos infracciones que se le imputan al señor C.R.P.P., es que la intromisión o destrucción se realice sin la autorización del dueño, arrendatario o usufructuario, y en el caso de la especie, el hoy imputado es el legítimo propietario”. Tal y como hemos expuesto en otra parte de la presente decisión, carece de asidero dicho argumento en el sentido de que como estableció el tribunal de primer grado, no podía el imputado introducirse en el inmueble sin autorización del ocupante o de autoridad competente;
11.Que al momento de estatuir sobre el fondo del recurso, esta sala de la Corte pudo comprobar, del examen de la sentencia recurrida, que la misma contiene motivos lógicos y suficientes que justifican su parte dispositiva estableciendo por medios de la justa valoración de las pruebas que le fueron aportadas de manera lícita, elementos que justifican la responsabilidad penal del señor C.R.P.P., en virtud de lo que dispone la Ley No. 5869 sobre violación de propiedad Privada, en perjuicio de la señora Z.P.B.S., querellante; que todos los alegatos esgrimidos en el recurso sobre irregularidades de los actos procesales llevados a cabo para configurar la infracción le fueron correctamente respondidos por el juzgador de primer grado, tal como Rec.: C.R.P. y compartes.
administrados durante la instrucción de la causa, sin desnaturalizarlos, realizando las aplicaciones legales pertinentes a la esencia de los hechos acaecidos, dándoles el alcance que éstos tienen, celebró un juicio oral, público y contradictorio, donde las partes tuvieron la oportunidad de debatir sus alegatos, conforme a lo dispuesto en la Constitución, las leyes de la República y los Tratados Internacionales de los cuales somos signatarios, contestando el juez aquo los pedimentos de la defensa y quedando evidenciado en el contenido de la sentencia que la responsabilidad penal y civil del recurrente han quedado comprometidas más allá de toda duda razonable;
12. Que, tal como queda plasmado en lo transcrito precedentemente, no existe la alegada desnaturalización de los hechos ni la falta de valoración de pruebas en la sentencia impugnada, pues el juzgador hizo una evaluación armónica y en conjunto de las pruebas aportadas, llegando a la conclusión de la culpabilidad del imputado por violación a los tipos penales contenidos en la Ley No. 5797 de fecha 12 de enero del 1962 y la Ley 5869 del 24 de abril del 1962 sobre Violación de Propiedad, tal como lo refleja la sentencia recurrida, aspecto que comparte esta Sala de la Corte, por lo que los medios deben ser rechazados (Sic)”;
Considerando: que la Corte a qua señala en su decisión que el tribunal de
primer grado para dictar sentencia absolutoria estableció que:
1) Según la acusación presentada por el querellante y actor civil, en fecha
cuatro (4) del mes junio del 2008, cuando el señor CLAUDIO RAFAEL
PEÑA PIMENTEL, se introdujo abruptamente de manera ilegal al “Solar
8 de la Parcela 7 de la Sección Cumayasa, perteneciente al Municipio de
R.S. de la ciudad de S.P. de Macorís, armado de
escopeta y pistolas, rompieron la pared del frente e introdujeron un
furgón que arrasó con todas las plantaciones sembradas en el referido Rec.: C.R.P. y compartes.
identificada con el R.N.C. No. 1-01-71920-6, placa No.L222775, con
dirección declarada en la calle I.A.N.7., Zona Industrial de
H., Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, según
certificado emitido por la Dirección General de Impuestos Internos de
fecha 13-6-2008, que hace la Razón Social AGUAPLASTICA, S.A., tercera
civilmente responsable por participar en la violación de la propiedad
previamente mencionada.-
2) Por su parte el querellante Z.P.B.S.
establece en síntesis en sus declaraciones “que se encontraba en Higüey
cuando sucedió y que el empleado que tenía en el lugar le llamo por
teléfono y le comunicó que el señor CLAUDIO RAFAEL PEÑA
PIMENTEL se presentó al solar diciendo que era de su propiedad y que
conversó con el señor C.R.P.P., vía
telefónica, y le advirtió que había adquirido dicho solar con el Consejo
Estatal del Azúcar, pero que el señor CLAUDIO RAFAEL PEÑA
PIMENTEL de todas maneras penetró a la propiedad diciéndole que eso
era de su propiedad que no podía hacer eso.-
3) El testimonio de N.A.P.M. fue objetado
por la parte imputada, en virtud de que no fue propuesto en el escrito de
acusación ni el momento de las pruebas; pero que en virtud del derecho
de las partes a solicitar que se incorporen aquellas pruebas que no se
acreditaron en la presentación de las mismas, las cuales están previstas en
el artículo 305 del Código Procesal Penal y en virtud de la libertad
probatoria, este tribunal acoge dicho testimonio presentado en virtud del Rec.: C.R.P. y compartes.
4) El testimonio de N.A.P.M. establece en
síntesis: “que aproximadamente a las dos de la tarde que estaba en casa de
un señor llamado B., a dos casas de B., vio que estaban tumbando
una verja y que habían aproximadamente cinco personas tumbando una
verja y que alguien dijo porque estaban tumbando eso y le respondieron
que le había mandado un señor”.-
5) La parte querellante depositó documentaciones que lo acreditan como
propietario del referido solar, entre ellas, Plano Catastral confeccionado
por el A.L.E.G.G., CODIA, de fecha 27-06-2010,
que determina la ubicación y el metraje exacto del Solar propiedad del
señor Z.P.B.S., plano que fue registrado en la
Dirección de Registro Civil de la Romana en fecha 19-07-2004; la Carta de
aprobación de venta del Solar 8, Parcela 7 del D.C.1, de la sección de
Cumayasa, Municipio de R.S., Provincia de S.P. de
Macorís, por parte del Consejo Estatal del Azúcar, de fecha 7 de febrero
del 2002; Carta de puesta en posesión formal de una porción de terreno
con una extensión superficial de Mil Quinientos Veintidós Punto Catorce
(1, 522.14) metros cuadrados, ubicado dentro del ámbito de la Parcela 7;
Original del contrato de Compra-Venta de terrenos entre el Consejo
Estatal del Azúcar y el señor Z.P.B.S. de fecha 9 de
agosto del 2004, entre otros.-
6) Fue escuchada y ponderada la prueba testimonial presentada por el
querellante, consistente en el testimonio del señor Néstor Antonio Pascual
Morillo por lo que se desprende de que el señor Z.P.B.R.: C.R.P. y compartes.
invasión de propiedad de su solar, y en cuanto a las declaraciones del
agrimensor J.A.d.V.M., se establece que fue
contratado por el señor C.R.P.P., para hacer los
deslindes correspondientes pero que su trabajo fue suspendido en virtud
de una decisión emanada de lo tribunal de jurisdicción Inmobiliaria.-
7) En el caso se han configurado los elementos constitutivos del ilícito penal
de la violación de propiedad, ya que: a) el imputado ocupó el inmueble
objeto de la presente querella, sin permiso o autorización de su propietario
el querellante Z.P.B.S.; b) aunque el
señor C.R.P.P. alega que es el propietario del solar
de referencia, resulta que el querellante Z.P.B.S., lo
ocupa el mismo desde el día 9 de agosto del año dos mil cuatro (2004),
mediante el contrato de venta realizado con el Consejo Estatal del Azúcar.-
Considerando: que con relación a la presentación de pruebas nuevas en
violación al derecho de defensa, señala la Corte a qua que, si bien el artículo 305
del Código Procesal Penal establece un plazo para la decisión de los incidentes, la
superación del plazo no conlleva la nulidad de las actuaciones, más aun cuando,
como en la especie, el fallo de dichos incidentes fue diferido para el fondo, no
generando ningún agravio irreparable para la parte;
Considerando: que, con relación a la admisión de pruebas nuevas de la
parte acusadora, el tribunal de primer grado hizo uso de una facultad que
acuerda la normativa procesal penal y lo justifica en su decisión en la página 18,
en base a la libertad probatoria; amén de que no se generaba ninguna violación al Rec.: C.R.P. y compartes.
desde el momento en que se ofertaron en ocasión de la reposición de
Considerando: que con relación al alegato de violación al principio de
oralidad y contradicción, señala la Corte a qua que de las propias conclusiones
vertidas por las partes en audiencia, quienes debatieron y cuestionaron
oportunamente la presentación de dichos medios, se desprende que dichas
pruebas fueron controvertidas entre las partes, lo que elimina cualquier
vulneración a los principios de oralidad y contradicción.
Considerando: que con relación al alegato de falta de motivación, del
análisis de la sentencia impugnada se aprecia como la jurisdicción expone de una
forma razonada los argumentos que la llevan a decidir, exponiendo con claridad
las pruebas que toma en cuenta, el valor que les atribuye, los hechos que se
desprenden de las mismas y la subsunción de tales hechos en el tipo penal
atribuido, dejando constancia de la participación del imputado como autor de la
violación de la propiedad discutida, la cual fue objeto de identificación por el
agrimensor que levantó los planos correspondientes; así como la participación de
la persona civilmente demandada, al haberse utilizado un vehículo de su
propiedad en la entrada al terreno;
Considerando: que, en tal sentido, consta en la decisión atacada que la
parte querellante depositó: 1. Documentos que lo acreditan como propietario del
referido solar, entre ellos, Plano Catastral confeccionado por el Agrimensor Luis
E. González Gómez, CODIA, de fecha 27-06-2010, que determina la ubicación y el
metraje exacto del Solar propiedad del señor Z.P.B.S.,
plano que fue registrado en la Dirección de Registro Civil de la Romana en fecha Rec.: C.R.P. y compartes.
la sección de Cumayasa, Municipio de R.S., Provincia de S.P.
de Macorís, por parte del Consejo Estatal del Azúcar, de fecha 7 de febrero del
2002; 3. Carta de puesta en posesión formal de una porción de terreno con una
extensión superficial de Mil Quinientos Veintidós Punto Catorce (1,522.14)
metros cuadrados, ubicado dentro del ámbito de la Parcela 7; 4. Original del
contrato de Compra-Venta de terrenos entre el Consejo Estatal del Azúcar y el
señor Z.P.B.S. de fecha 9 de agosto del 2004, entre otros;
Considerando: que fue escuchada y ponderada la prueba testimonial
presentada por el querellante, consistente en el testimonio del señor Néstor
Antonio Pascual Morillo, del cual se desprende que el señor Zacarías Porfirio
B. Santana poseía el solar envuelto en litis, que fue testigo de la invasión de
propiedad del mismo, y en cuanto a las declaraciones del agrimensor Juan
Antonio del Villar Medina, de las mismas se establece que fue contratado por el
señor C.R.P.P., para hacer los deslindes correspondientes,
pero que su trabajo fue suspendido en virtud de una decisión emanada de lo
tribunal de jurisdicción inmobiliaria;
Considerando: que fueron valorados los elementos de prueba aportados
por C.R.P.P. para tratar de demostrar que es el verdadero
propietario del inmueble, y que los mismos fueron rechazados en base a las
pruebas aportadas por la contraparte;
Considerando: que, según lo establecido por la Corte a qua, en el caso se
han configurado los elementos constitutivos del ilícito penal de la violación de
propiedad, ya que, como se ha dicho, el imputado ocupó el inmueble objeto de la Rec.: C.R.P. y compartes.
Considerando: que continúa señalando la Corte que, aún cuando el señor
C.R.P.P. alega que es el propietario del solar de referencia,
resulta que el querellante Z.P.B.S. ocupa el mismo desde
el día 9 de agosto del año dos mil cuatro (2004), mediante el contrato de venta
realizado con el Consejo Estatal del Azúcar y debidamente delimitado con los
planos correspondientes;
Considerando: que con relación a la desnaturalización de los hechos, la
Corte a qua precisa en su decisión el contenido de las pruebas con relación a cada
uno y los evalúa en su justa medida; tomando en consideración los demás
elementos de prueba aportados; en particular se evalúa la prueba según la cual el
testigo presenció cómo derribaban la verja y penetraron a la propiedad, por
orden de C.R.P. alegando ser legítimo propietario;
Considerando: que, también se argumenta una supuesta contradicción en
base en el considerando de la página 25, donde se indica “que este tribunal no ha
podido establecer que el señor C.R.P.P. ha
incurrido en falta delictual en el presente caso y AQUAPLASTICA S.A., por
haberse demostrado la participación de dicha empresa como lo es el uso de sus
equipos, como lo fue el camión placa #L222775, según consta en la certificación
de la Dirección General de Impuestos Internos, vehículo con que se introdujeron
a la propiedad, por lo que ante esas consideraciones debe ser condenada
solidariamente al pago de las indemnizaciones”;
Considerando: que señala la Corte a qua que lo anterior, indica ser un Rec.: C.R.P. y compartes.
lo coherente con toda la motivación anterior y el fallo de la sentencia impugnada,
Considerando: que la Corte establece que, en ocasión del conocimiento del
recurso, este tribunal ha tomado sendas decisiones de fecha 12 de julio de 2016 y
2 de agosto de 2016 respectivamente, rechazando pedimentos de sobreseimiento
y de suspensión, ya que, reposa en la glosa procesal la sentencia definitiva
dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, No.
201500067 del 22 de mayo 2015, en donde se establece el derecho de propiedad
del señor Z.P.B.S. sobre el inmueble
consistente en: “una porción de terreno con una extensión superficial de un mil
quinientos veintidós punto catorce (1522.14) metros cuadrados, ubicada en el ámbito d la
parcela No. 7 (parte), Distrito Catastral #1, solar No. 8, sección y lugar Cumayasa,
municipio R.S., provincia S.P. de Macoris”; no subsistiendo en
consecuencia ninguna incertidumbre con relación a su derecho de propiedad
sobre el indicado inmueble;
Considerando: que respecto a la alegada violación de los Artículos 401,
438 y 449 del Código Procesal Penal, por vulnerar el efecto suspensivo de los
recursos y la imposibilidad de disponer la ejecución provisional en la sentencias
en materia penal, salvo las disposiciones que prevé el mismo Código Procesal
Penal; la Corte a qua considera que lleva razón el recurrente, al tenor de lo
preceptuado en estos Artículos; ya que, es evidente que en el aspecto penal
dichas disposiciones son aplicables a la disposición del párrafo del Artículo 1 de
la Ley No. 5869, salvo en el aspecto del desalojo y confiscación de la mejora; pero Rec.: C.R.P. y compartes.
disposiciones hayan sido violadas en su aplicación;
Considerando: que en la sentencia recurrida, la Corte a qua indica que ha
podido comprobar que la misma contiene motivos lógicos y suficientes que
justifican su parte dispositiva; estableciendo, a través de la justa valoración de las
pruebas que le fueron aportadas de manera lícita, elementos que justifican la
responsabilidad penal del señor C.R.P.P., con la
transgresión de lo que dispone la Ley No. 5869, sobre Violación de propiedad
Privada, en perjuicio del señor Z.P.B.S., querellante;
Considerando: que todos los medios alegados en el recurso con relación a
irregularidades en los actos procesales llevados a cabo para comprobar la
comisión de la infracción, le fueron correctamente respondidos por el juzgador
de primer grado, tal como consta en las motivaciones de la sentencia recurrida,
una vez que éste valoró los elementos de pruebas regularmente administrados
durante la instrucción de la causa y sin desnaturalización; realizando las
aplicaciones legales pertinentes a la esencia de los hechos, dándoles el alcance
que éstos tienen, y en base a un juicio oral, público y contradictorio, en el cual las
partes tuvieron la oportunidad de debatir sus alegatos, conforme a lo dispuesto
en la Constitución, las leyes de la República y los Tratados Internacionales de los
cuales somos signatarios; contestando el juez a quo los pedimentos de la defensa
y quedando evidenciado en el contenido de la sentencia que la responsabilidad
penal y civil del recurrente han quedado comprometidas más allá de toda duda
Considerando: que el juzgador hizo una evaluación armónica y en Rec.: C.R.P. y compartes.
del imputado por violación a los tipos penales contenidos en la Ley No. 5797, de
fecha 12 de enero del 1962; y la Ley 5869, del 24 de abril del 1962, sobre Violación
de Propiedad, tal como lo refleja la sentencia recurrida;
Considerando: que examinada en su conjunto la decisión recurrida, estas
S.R. advierten que el fallo está debidamente motivado, tanto en hecho
como en derecho; por lo que, carecen de fundamento las violaciones invocadas
por los recurrentes y, por lo que procede rechazar el recurso de casación de que se
Admiten como interviniente a Z.P.B.S., actuando en su calidad de querellante, en el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 09 de septiembre de 2016;
Rechazan, en cuanto al fondo, el recurso de casación interpuesto por: C.R.P.P., imputado y civilmente demandado; y Aquaplástica, S.A., tercero civilmente demandado; contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 09 de septiembre de 2016;
Así ha sido juzgado por Las S.R. de la Suprema Corte de Justicia, Rec.: C.R.P. y compartes.
República, en fecha veinticuatro (24) de agosto de 2017; y leída en la audiencia pública celebrada en la fecha que se indica al inicio de esta decisión.
(Firmados) M.G.M..- M.C.G.B..- F.A.J.M..- M.A.R.O..- B.R.F..- J.A.C.A..- F.E.S.S..- P.J.O..- A.M.S..- J.H.R.C..- M.F.L..- F.A.O.P..-