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Timestamp: 2017-07-26 18:44:36
Document Index: 100768877

Matched Legal Cases: ['artículo 1692', 'artículo 39', 'artículo 24', 'artículo 14', 'artículo 39', 'artículo 862']

Acción de filiación: Efectos de la negativa a someterse a la prueba biológica. | Jurisprudencia Derecho de Familia
Acción de filiación: Efectos de la negativa a someterse a la prueba biológica.
14 mayo, 2013 por cristobalpinto
STS, Civil sección 1 del 27 de Febrero del 2007 ( ROJ: STS 2247/2007) Recurso: 2965/1996 | Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS
Esta Sala dictó sentencia de 27 de diciembre de 2001 estimando el recurso declarando la paternidad del demandado. Interpuesto recurso de amparo por éste el Tribunal Constitucional dictó sentencia el 24 de abril de 2006, estimando el recurso por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por tanto, debe dictarse nueva resolución.Y esta es precisamente la nueva sentencia dictada. El Tribunal Constitucional acepta la doctrina de esta Sala según la cual la negativa a la práctica de la prueba biológica de paternidad no puede interpretarse como una ficta confessio del afectado sino que tiene la condición de un indicio probatorio que ha de ser ponderado por el órgano judicial en relación con la base probatoria. En el presente caso, la negativa a la práctica de la prueba biológica no está acompañada de ninguna razón significativa que la justifique, por tanto, los demás indicios concurrentes no es exigible que generen una virtualidad probatoria plena por sí mismos basta que tengan una eficacia coadyuvante en términos de normalidad o razonabilidad desde el punto de vista del orden acostumbrado de las cosas, acreditado por la experiencia, para corroborar el indicio especialmente significativo derivado de la negativa a la práctica de la prueba pericial biológica.
PRIMERO. – Antecedentes.
La sentencia recurrida desestimó la demanda formulada Dª Marta en nombre y representación de su hijo menor de edad D. Carlos Antonio , en la que ejercitaba la acción de reclamación de la filiación extramatrimonial frente a D. Eusebio .
«Por infracción de Ley y de doctrina legal al amparo del número 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia por interpretación errónea de los artículos 112, 113, 127, 128, 129, 135, 1249 y siguientes del Código Civil y del artículo 39.2 de la Constitución Española , en relación con la doctrina jurisprudencial, también violada por inaplicación, que establece que si el demandado se niega a someterse a la prueba biológica es un indicio de indudable valor que, puesto en relación con las demás pruebas lleva a estimar probada la paternidad».
La cuestión planteada se centra fundamentalmente en torno a las consecuencias jurídicas que, a raíz del ejercicio de una acción de filiación, deben extraerse de la negativa del demandado a prestarse a la prueba biológica de la paternidad.
La existencia de una sentencia constitucional que anula la sentencia de esta Sala en la que se resolvió inicialmente el recurso de casación planteado obliga a tenerla en cuenta como paso obligado para establecer el contexto en el que debe dictarse la presente resolución.
SEGUNDO. – La sentencia del Tribunal Constitucional.
Las razones por las que el Tribunal Constitucional anula nuestra sentencia pueden extractarse así:
Las argumentaciones de la sentencia de esta Sala en relación con la valoración de «las pruebas aportadas a los autos, singularmente la prueba testifical practicada», que se argumenta que «permiten afirmar la verosimilitud de la existencia de relaciones sexuales entre los litigantes en tiempo hábil para la concepción, no existiendo prueba alguna aportada por el demandado en sentido contrario», lo que, unido a la negativa del demandado al sometimiento a las pruebas biológicas «lleva a la Sala a afirmar la paternidad del demandado respecto al hijo de la actora», conducen al Tribunal Constitucional a las siguientes conclusiones:
a) constituyen un razonamiento mediante el cual «la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo descalificaba la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de Madrid en la Sentencia dictada en apelación, desestimatoria del recurso interpuesto por quien formuló la demanda reclamando la paternidad. En dicha resolución se analizó detalladamente la prueba practicada, con especial incidencia sobre la prueba testifical realizada para apoyar la pretensión de la entonces demandante […]. Y a partir de estos testimonios y de la inexistencia de documento alguno en el que, a pesar de la dilatada relación que se diseñaba en la demanda, el Sr. Eusebio reconociera, incluso de forma indiciaria, la paternidad que se le reclama o las relaciones de intimidad sexual con la actora (que la Sala considera que no se pueden presumir sin más por el mero contacto laboral o hasta inclusive de amistad), llegó la Audiencia Provincial de Madrid a la conclusión de que no existían indicios de cierta consistencia que, unidos a la negativa a someterse a la prueba biológica, pudieran conducir a la presunción de paternidad. La Sentencia impugnada se produce en unos términos que impiden concluir que ha valorado críticamente el resultado probatorio alcanzado por la Audiencia Provincial de Madrid -coincidente en lo sustancial con la del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Majadahonda-»;
b) la sentencia tampoco «justifica la concurrencia de las razones que, según la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, permitirían alterar la soberanía con la que cuenta el Tribunal de apelación para estimar la prueba, esto es, que dicha estimación «resulte ilógica, opuesta a las máximas de experiencia o a las reglas de la sana crítica» (Sentencias de 18 de abril de 1992, 15 de noviembre de 1997, 10 de marzo de 1998, 16 de abril de 1998, 8 de febrero de 1999, y 2 de septiembre de 1999 , entre otras)»; no obstante lo cual «por el hecho de que la Sentencia impugnada entre en la valoración de la prueba realizada en las resoluciones previas, a partir del único motivo de casación, apoyado en la causa del art. 1692.4 LEC [Ley de Enjuiciamiento Civil ] entonces vigente, no se puede considerar su decisión arbitraria, porque tal motivo permitía, efectivamente, esa posibilidad y porque, en suma, no se aprecia que la decisión impugnada suponga de manera indubitada una ruptura única y ocasional de una línea doctrinal previa sin justificación alguna»;
c) «[…] su escueta argumentación no permite conocer la razón que ha llevado al Tribunal Supremo a alcanzar un corolario tan opuesto al de la Audiencia Provincial de Madrid en relación con la valoración de la prueba -especialmente de la testifical- a los efectos de considerar existentes o no los indicios de relaciones íntimas entre los litigantes»; y
d) «[…] no se puede sino concluir que la respuesta que ofrece el órgano judicial no cuenta con una motivación suficiente desde la perspectiva de la exigencia constitucional contenida en los arts. 24.1 y 120.3 CE [Constitución Española], en tanto que no exterioriza los aspectos más esenciales del razonamiento que han llevado a la adopción de la decisión, ni permite al justiciable conocer las bases sobre las que se asienta el proceso lógico que condujo al Tribunal a concluir afirmando la verosimilitud de la existencia de relaciones sexuales al tiempo de la concepción, o deducir cuál ha sido la ratio decidendi para resolver en los términos antes expuestos la cuestión que se planteaba en el recurso de casación.»
No es menester indicar que, a diferencia de lo que parece suponer, sin fundamento alguno, la parte demandante, la sentencia del Tribunal Constitucional no presupone un criterio de resolución sobre el fondo del asunto, sino que nos obliga a dictar una nueva sentencia respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva, y acompañada, por consiguiente, de una adecuada motivación. Dado que la motivación constituye el nervio lógico y argumental de la decisión judicial y, por ende, debe formularse como expresión y justificación de las conclusiones obtenidas después del examen con arreglo al Derecho de las pretensiones de las partes, se hace necesario, prescindiendo del contenido de la anterior sentencia dictada, estudiar de nuevo la pretensión impugnatoria formulada con el fin de darle adecuada solución.
TERCERO. – El valor de la negativa a la prueba biológica de la paternidad.
En la materia objeto de examen, la doctrina constitucional y la jurisprudencia civil no avalan la posibilidad de que se haga la declaración de paternidad con base única y exclusivamente en la negativa del afectado a someterse a la prueba biológica de paternidad. El Tribunal Constitucional (v. gr., STC de 14 de febrero de 2005 ) acepta la doctrina de esta Sala con arreglo a la cual la negativa a la práctica de la prueba biológica de paternidad no puede interpretarse como una ficta confessio [confesión presunta] del afectado, sino que tiene la condición de un indicio probatorio que ha de ser ponderado por el órgano judicial en relación con la base probatoria indiciaria existente en el procedimiento. Según estas doctrina, en efecto, dicha negativa no es base para integrar una ficta confessio, aunque representa o puede representar un indicio «valioso» o «muy cualificado» que, puesto en relación o conjugado con las demás pruebas practicadas en el proceso, permite declarar la paternidad pretendida, pese a que éstas en sí mismas y por sí solas no fueran suficientes para estimar probada una paternidad que por sí es de imposible prueba absoluta.
De este modo, la vinculación del afectado a la práctica de la prueba biológica no constituye propiamente un deber, sino, como varias veces hemos dicho (entre las más recientes, SSTS de 7 de diciembre de 2005 y 2 de febrero de 2006 ), una carga procesal, puesto que su incumplimiento no puede dar lugar a imponer su realización mediante medios coactivos, sino que únicamente determina que, en caso de ser injustificada la negativa, recaigan sobre la persona renuente las consecuencias de la falta de prueba, siempre que concurran los requisitos determinados por la doctrina constitucional y la jurisprudencia civil (la existencia de indicios suficientes para, conjuntamente con la consideración de dicha negativa como indicio muy cualificado, considerar determinada presuntivamente la paternidad reclamada).
CUARTO. – El valor de los indicios coadyuvantes.
La virtualidad que debe otorgarse a los indicios que puedan confluir con la negativa a la práctica de la prueba biológica, depende del grado de relevancia indiciaria que deba atribuirse a ésta.
En la doctrina del Tribunal Constitucional se registran diversas apelaciones a la jurisprudencia más moderna y ya reiterada de esta Sala en relación con los requisitos para la valoración de la negativa, las cuales demuestran que nuestra línea jurisprudencial ocupa un espacio situado dentro de los límites que conforman el marco constitucional cuando declara que la negativa a la prueba biológica no constituye un elemento probatorio equiparable a los demás en cuanto a su grado de eficacia presuntiva, sino que desempeña un papel especialmente relevante, como se deduce de la afirmación reiterada en nuestras sentencias, especialmente en las más recientes, en el sentido de que dicha negativa constituye un indicio «valioso» o «muy cualificado», sintagma este último que se invoca y reproduce literalmente en algunas de las sentencias del Tribunal Constitucional que se refieren a esta materia, perfilando así el marco constitucional dentro de cuyos límites ha de manifestarse con sentido propio nuestro poder de juzgar y nuestra función de fijar la orientación jurisprudencial que debe presidir la aplicación de la ley por los tribunales civiles.
Nuestra construcción jurisprudencial se funda en un conjunto de valoraciones formadas a lo largo de un proceso de consolidación, relacionadas con la ponderación de la finalidad de la norma y de los intereses que integran la realidad social -que la ley nos ordena atender cuando nos apodera para fijar su interpretación- y centradas, primordialmente, en el punto de vista de la protección que para el menor supone la seguridad jurídica y objetiva en la determinación de la paternidad, en estrecha correspondencia con la naturaleza de la prueba biológica, la facilidad para su realización, su acreditada solvencia científica y su eficacia instrumental, y en armonía con la relevancia constitucional de los principios de protección integral de los hijos y de seguridad jurídica aplicada al estado civil de las personas.
Sin necesidad de remontarnos a la larga serie de sentencias de esta Sala en donde se va dibujando con valor jurisprudencial, en torno a los valores y principios reseñados, esta nota de especial valor o calidad indiciaria que se atribuye a la negativa injustificada a la prueba biológica de paternidad, basta citar la de 27 de octubre de 2005 (cuya doctrina se corrobora en otras contemporáneas, como las SSTS de 17 de noviembre de 2005, 22 de noviembre de 2005 y 2 de febrero de 2006 ), en la que, tras fijar que «la doctrina jurisprudencial en materia de declaración de paternidad-filiación, -actualmente sintetizada en el apartado 4 del art. 767 Ley de Enjuiciamiento Civil -, estima que la negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad permitirá al Tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad y la prueba de ésta no se haya obtenido por otros medios», reitera nuevamente que «la negativa a la prueba biológica no constituye una “ficta confessio”, como reitera la doctrina de esta Sala y recoge actualmente el art. 767.4 LEC , pero igualmente reitera la jurisprudencia la cualidad de indicio valioso o muy cualificado, que, unido a otros indicios reveladores de la existencia de relaciones íntimas entre los padres al tiempo de la concepción o que permitan, en el orden natural y social de las cosas, formar una convicción razonable, constituye base sólida para declarar la realidad de la paternidad-filiación» y añade la existencia de un elemento relevante, el interés del menor revelado por las circunstancias, que permite concluir que, «dado el conjunto de indicios valorados» (que, en el caso contemplado en la mencionada sentencia, son circunstanciales), con la práctica de la prueba biológica «se habría conseguido una certeza, que en su propio estricto contenido a nadie puede causar perjuicio.»
QUINTO. – La facultad de calificar los hechos en este grado jurisdiccional.
Como declara la STS de 7 de diciembre de 2005 , para resolver la cuestión planteada es necesario advertir, por otra parte, que, al hallarse en juego los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE ), intimidad (art. 18 CE ) e igualdad (artículo 14 CE ), en relación con la protección de los derechos del menor (artículo 39.2 CE ), esta Sala no puede partir, como parece sugerir el informe del Ministerio Fiscal ante este Tribunal, separándose del criterio del mismo órgano ante el Tribunal Constitucional, de una incondicional aceptación de las conclusiones probatorias obtenidas por las sentencias de instancia, sino que debe realizar, asumiendo una tarea de calificación jurídica, una valoración de los hechos en todos aquellos extremos relevantes para apreciar la posible infracción de los derechos fundamentales alegados, sin limitarse a considerar, como ocurre cuando el recurso de casación se desenvuelve en el plano de la legalidad ordinaria, si las conclusiones de facto [sobre los hechos] obtenidas por el tribunal de instancia, además de no infringir las normas que integran el régimen de la prueba, simplemente soportan la aplicación de un test de razonabilidad.
En efecto, la protección de los derechos fundamentales, cuando su delimitación gravita sobre una cuestión esencialmente fáctica, exige que el tribunal competente para prestar la protección prevista por la norma fundamental proceda a la calificación de los hechos en la medida indispensable para valorar en todas sus dimensiones la posible infracción cometida, pues otra cosa equivaldría a desconocer el alcance jurídico-constitucional del derecho fundamental por cuya vulneración se reclama. No puede olvidarse que los tribunales ordinarios desempeñan una función de protección de los derechos fundamentales con sujeción, en materia de garantías constitucionales, a la interpretación que realice el Tribunal Constitucional de los preceptos de la norma fundamental. En esta función, al menos en tanto se mantenga la falta de un desarrollo satisfactorio del proceso sumario de protección de los derechos fundamentales ante la jurisdicción ordinaria, desempeña un papel capital el recurso de casación, como se infiere de la previsión contenida en el título preliminar de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de que la invocación de normas constitucionales abre por sí misma camino al expresado recurso.
En el caso examinado, la necesidad de examinar la prueba se apoya en dos argumentos auxiliares: a) el hecho de que así lo hizo la sentencia anulada, respecto de la que el Tribunal Constitucional reconoció que no era arbitraria «por el hecho de que […] entre en la valoración de la prueba realizada en las resoluciones previas, a partir del único motivo de casación, apoyado en la causa del art. 1692.4 LEC entonces vigente»; y b) la valoración probatoria del Juzgado y de la Sala de apelación está influida por una distribución del peso relativo de los distintos indicios probatorios que se separa de la doctrina jurisprudencial en esta materia, pues, mientras en ella se declara, como se ha visto, que la negativa a la prueba biológica, aunque no es base para integrar una ficta confessio, representa un indicio «valioso» o «muy cualificado» que, ponderado con otros indicios obrantes en el proceso, permite declarar la paternidad pretendida, aunque éstos por sí solos no sean suficientes para estimar probada una paternidad que por sí es de imposible prueba absoluta, de tal suerte que éstos pueden tener menor fuerza, por el contrario el Juzgado parte de la exigencia de que la negativa esté «acompañada de forma incontrovertible de otras pruebas absolutamente definidas» y la Audiencia dice expresamente compartir los razonamientos del Juzgado, y por su parte afirma que no son suficientes, junto a la negativa, «principios de prueba […] que no evidencian […] con el carácter de indicios de cierta consistencia, las relaciones íntimas entre los litigantes».
Frente a estas consideraciones, es menester poner de manifiesto que la prueba de la paternidad responde al hecho biológico de su existencia y no es necesario, en consecuencia -sin perjuicio del valor probatorio que puedan tener presuntivamente respecto de la paternidad-, que vaya acompañado de factores sociológicos o psicológicos relacionados (para emplear expresiones utilizadas por la sentencia del Juzgado, cuyos razonamientos son compartidos por la Audiencia) con la posesión de estado, la relación epistolar, las relaciones extramatrimoniales, íntimas o de afecto entre los padres más allá de la relación sexual necesaria para la concepción, habida cuenta de que el interés jurídico protegido mediante el ejercicio de este tipo de acciones es el interés del menor, en cuya protección las mismas se articulan de acuerdo con el principio de protección constitucional anteriormente recogido.
El carácter de indicio valioso o muy cualificado que tiene la negativa a la práctica de la prueba biológica de la paternidad, salvo que existan causas justificadas para rechazarla, comporta que el resto de los indicios no tengan que ser determinantes por sí mismos, por lo que no es exigible que se trate de pruebas definidas de manera incontrovertible o que evidencien la relación sexual determinante de la concepción, sino que basta con que constituyan indicios dignos de consideración para ser considerados como un refuerzo suficiente del indicio valioso o muy cualificado en que la negativa a la práctica de la prueba consiste.
SEXTO. – La valoración de la prueba efectuada en ambas instancias.
La salvedad que acaba de hacerse reviste especial importancia, pues no cabe la menor duda de que la conclusión probatoria ofrecida por la sentencia de instancia y por la sentencia dictada por el Juzgado, que la sentencia de apelación confirma, es la de que la pretensión de la demanda no puede apoyarse en más prueba que la muy cualificada, pero insuficiente por sí misma, consistente en la negativa del afectado a someterse la prueba biológica y la sentencia del Tribunal Constitucional reprocha a la sentencia de esta Sala anulada el haber motivado insuficientemente no sólo las razones en virtud de las cuales se obtuvo la conclusión favorable al reconocimiento de la paternidad, sino también no haber expuesto las razones por las cuales dicha conclusión valorativa se separaba diametralmente de la obtenida por el Juzgado de la Audiencia.
1) La sentencia dictada en primera instancia, y al cabo confirmada por la de la Audiencia Provincial recurrida, comienza, en el punto que especialmente interesa, exponiendo la conclusión de que «no se acredita la existencia de relaciones sentimentales entre ambos ni convivencia con la madre en la época de la concepción, posesión de estado o circunstancias análogas de las que se pueda inferir la filiación no matrimonial tal y como dispone el art. 135 CC [Código civil ]». En cuanto a la negativa del demandado a la prueba pericial biológica la sentencia estima, en esencia, para su eficacia probatoria debe «estar acompañada de forma incontrovertible de otras pruebas absolutamente definidas […] cierta posesión de estado, relación epistolar que acredite ciertos sentimientos de relación afectiva, información testifical y de documentos gráficos, directos, personales y no ambiguos que permitan constatar las relaciones extramatrimoniales existentes en su día entre los litigantes», pero observa que estas pruebas no concurren, pues «sólo dos testigos han afirmado la paternidad del demandado e incluso uno de ellos reconoce en la repregunta formulada que no le constan fehacientemente tales relaciones entre los litigantes».
2) La sentencia dictada en apelación, también en torno específicamente a la cuestión planteada, comienza afirmando que la demandante «no aporta junto con el escrito rector del procedimiento otras pruebas documentales que las concernientes a la inscripción registral del hijo cuya paternidad reclama, o fotos individuales del mismo o del demandado, y otros que, cual las declaraciones juradas de 7 personas, pueden ser suficientes en orden a la admisión a trámite de la demanda, en cuanto meros principios de prueba, pero no evidencian, en orden a la resolución final de la cuestión de fondo suscitada, con el carácter de indicios de cierta consistencia, las relaciones íntimas entre los litigantes». Subraya como hechos significativos el de «no atreverse ninguno de los firmantes de tales declaraciones a aseverar, ni siquiera por referencia, tal intimidad sexual» y observa que «sólo dos de ellos acuden a declarar como testigos», uno de los cuales, aun cuando afirma, a la pregunta sobre la existencia de relaciones sentimentales, que “se imagina que debería ser así”» acaba «por reconocer que no le consta fehacientemente dichas relaciones»; y la otra testigo «se limita a referir determinadas actitudes cariñosas de los litigantes, sin que del tenor de su declaración pueda inferirse, pues ni siquiera se le pregunta, que ello fuera una mera exteriorización episódica de otros afectos susceptibles de determinar la concepción que se imputa al demandado [quiere decir “de afectos distintos de los susceptibles de determinar la concepción que se imputa al demandado”]». Añade que, a pesar de «la dilatada relación» entre los litigantes, no se aporta «un sólo documento en el que el Sr. Eusebio reconozca, aún de forma indiciaria, la paternidad que se le reclama, lo que se hace extensivo a las relaciones de intimidad sexual» y explica finalmente que si la Sala admitió la pericial biológica «ello no fue sobre la base de la apreciación de los citados indicios de suficiente entidad, sino por la mera aplicación formal, difícilmente eludible, del artículo 862-2° LEC , al haber sido ya admitido tal medio de prueba en la instancia» y que comparte «los correctos razonamientos jurídicos de la sentencia de instancia, a excepción de la afirmación que se atribuye a los testigos respecto de la paternidad del demandado, al no corresponder con el tenor de su declaración».
SÉPTIMO. – Examen de la existencia de indicios sobre la paternidad reclamada en el proceso.
La autonomía que este Tribunal ha de recabar frente a los tribunales de instancia, en sus funciones casacionales de protección de los derechos fundamentales, atendida la índole y el contenido del motivo formulado, exige, según los principios que hemos expuesto, que procedamos por propia autoridad al examen de los elementos probatorios obrantes en los autos, con el fin de determinar, respetando los hechos objetivamente admitidos por el tribunal de instancia, si a partir de ellos existen indicios suficientes de la paternidad alegada que permitan, en conjunción con los efectos de la negativa a someterse a la prueba biológica -respetando su carácter de indicio muy cualificado- llegar presuntivamente a la conclusión de la existencia de la relación de paternidad reclamada.
1) Partiendo de esta concepción, un examen de la prueba permite advertir, en primer término, que el demandado no formuló propiamente razones para negarse a la práctica de la prueba biológica, la cual fue convocada por dos ocasiones durante el proceso de primera instancia y una en la segunda instancia ante el Instituto Nacional de Toxicología sin que compareciera, sino que se limitó a recurrir la resolución sobre la práctica de la prueba alegando sustancialmente que no existían pruebas sobre la paternidad.
Junto con indicios demostrativos de la mera posibilidad de un contacto o relación entre la demandante y el demandado, por lo demás no impugnados por la parte demandada (circunstancias laborales de la demandante, comunicaciones telegráficas dirigidas por la primera al segundo a raíz de nacimiento del hijo, demanda de despido improcedente contra la empresa de la que es titular el demandado, presentación de una fotografía de éste, tarjetas de visita firmadas por el demandado de autorización para la visita a minicines) existen otros indicios más significativos, en cuanto de los mismos se desprende la verosimilitud de la existencia de una relación de tipo sexual entre la demandante y el demandado:
2) Con la demanda se acompañan siete escritos firmados por distintas personas que dicen conocer la demandante y al demandado, algunos de ellos por razones laborales, los cuales afirman haberlos visto abrazados o cogidos de la mano y saber que desde hace tiempo mantienen relaciones sentimentales o que se recibían dándose un beso y mantenían actitudes cariñosas o que el demandado recogía frecuentemente a la demandante o que lo llamaba familiarmente « Bola ».
Ciertamente, estos escritos son por sí insuficientes, pero no puede desconocerse su valor, habida cuenta de que la parte demandada no niega su autenticidad, sino que prácticamente se limita a manifestar que han sido redactados por otra persona y puestos a la firma de quienes los suscriben, pero de esta realidad, de la que constituye un indicio la mecanografía homogénea de todos, no cabe deducir que sea falso lo afirmado en ellos, puesto que cabe presumir que quienes los han suscrito deben ser conscientes de la gravedad e importancia de las manifestaciones que en ellos hacen constar, con mayor trascendencia si resulta cierta la afirmación de alguno de ellos, no negada por el demandado, sobre la existencia de una relación laboral con locales o empresas vinculadas al demandado.
El hecho de que no todos los firmantes de estas declaraciones hayan comparecido para testificar resta, ciertamente, valor indiciario a la declaración de quienes no han comparecido, pero no impide que puedan ser tenidas en cuenta, pues cabe suponer que las circunstancias que se hacen constar de conocimiento o relación laboral con el demandado pueden suponer dificultades para comprometerse en una declaración de la naturaleza expresada. Por otra parte, quienes, de entre ellos, han comparecido a declarar como testigos, han ratificado las declaraciones contenidas en los documentos que aparecían respectivamente firmados por ellos.
3) Uno de los firmantes de la declaración comparece como testigo y afirma que por el modo de recibirse la demandante y el demandado, por sus actitudes, etc., su relación tenía toda la apariencia de ser algo más que una relación puramente profesional. Esta declaración constituye un indicio muy valioso de la existencia de una relación íntima entre la demandante y el demandado y no resulta desvirtuada, como la parte demandante pretende, por el hecho de que el propio testigo responda a continuación a la pregunta de si le consta que mantenían relaciones sentimentales, diciendo que se imagina que debería ser así, puesto que esta afirmación, en el contexto en que se formula, aparece como una expresión de prudencia ligada al reconocimiento de una realidad que pertenece al ámbito íntimo de los litigantes. Tampoco resulta desvirtuada esta declaración por el hecho de que, contestando a una repregunta, afirme que no le consta fehacientemente que los litigantes mantenían relaciones sentimentales, pues resulta también evidente que la más elemental prudencia impide, en circunstancias sociales y personales similares a las que se reflejan en los autos, afirmar de manera fehaciente, es decir, asegurando solemnemente que es cierta, la existencia de una relación sentimental entre dos personas no aceptada por una de ellas. La declaración testifical coincide sustancialmente con el contenido de la declaración firmada y acompañada a la demanda.
4) Otra testigo responde afirmativamente a las preguntas de que los litigantes salían con frecuencia del local abrazados y observando una actitud cariñosa, que la demandante se dirigía familiarmente al demandado llamándole « Bola » y que con frecuencia se recibían cariñosamente dándose un beso.
Esta declaración resulta suficientemente demostrativa de una actitud entre los litigantes difícilmente explicable sin la existencia de una relación íntima. No resulta desvirtuada por el hecho de que en una de las repreguntas la testigo reconozca que el otro hijo de la recurrente trabajaba en el local en el cual era recogida por el demandado, sin admitir, como se le solicitaba, que cuando acudía al local era para recogerlo. Tampoco es aceptable la valoración de la sentencia de apelación en el sentido de que el hecho de que la testigo no afirme que estas actitudes cariñosas que registra no podían ser esporádicas y no significativas de una relación sentimental desvirtúa su declaración; puesto que la parte demandada, quien podía repreguntar sobre este extremo, y de hecho lo hizo respecto del otro testigo, no formuló ante esta testigo esta concreta repregunta, sino otras que no aludían directamente a esta cuestión. La declaración testifical coincide también con el contenido de la declaración escrita presentada con la demanda, salvo en el particular de haber terminado la relación laboral en el local propiedad del demandado, explicable por el transcurso del tiempo.
5) Estos elementos probatorios no resultan desvirtuados como consecuencia de la prueba practicada testifical practicada a instancia de la parte demandada, puesto que en la misma no se contiene ninguna afirmación que de manera directa desvirtúe lo que resulta de las anteriores declaraciones, habida cuenta además de la relación laboral existente entre los testigos y el demandado. El hecho de que la demandada promocionase las viviendas en un piso piloto parece evidente que no es obstáculo para que pudiera ser recogida por el demandado en otros locales o dependencias vinculados con la empresa.
OCTAVO. – Conclusión.
La conclusión a que debe llegarse es la de que, ofreciendo una especial relevancia como indicio la negativa a la práctica de la prueba biológica, al menos cuando, como ocurre en el presente caso, esta negativa no ha sido acompañada de ninguna razón significativa que la justifique, los demás indicios concurrentes no es exigible que generen una virtualidad probatoria plena por sí mismos, ni siquiera que sean aptos para jugar un papel preponderante en la construcción de la presunción, sino que basta que tengan una eficacia coadyuvante en términos de normalidad o razonabilidad desde el punto de vista del orden acostumbrado de las cosas, acreditado por la experiencia, para corroborar el indicio especialmente significativo derivado de la negativa a la práctica de la prueba pericial biológica.
La existencia de indicios de este carácter, según la orientación que se ha consolidado en nuestra jurisprudencia, priva de justificación a la negativa, y colma su eficacia indiciaria. Desde esta perspectiva, la plataforma fáctica integrada por los indicios antes reseñados, que demuestran la observación por diferentes personas que los conocen de actitudes de familiaridad, compañía y expresión de una relación de cariño durante un periodo de tiempo significativo entre los litigantes, anterior y coincidente con el de la concepción, que permiten reconocer la verosimilitud, en términos de razonabilidad, de la existencia de relaciones sexuales entre los litigantes, integra un conjunto de hechos desde luego insuficientes para fundar por sí mismos la determinación de la paternidad en virtud de una presunción hominis [de hombre, es decir, no legal], pero a los que es fuerza reconocer un valor coadyuvante de relevancia suficiente para colmar una presunción de paternidad apoyada solidariamente en la negativa injustificada del afectado a someterse a la prueba biológica como indicio especialmente cualificado -en el concierto jurídico de los derechos afectados-, pero necesitado para su plena virtualidad -en el sistema constitucional de derechos fundamentales, interpretado por el Tribunal Constitucional- del apoyo de otros indicios, como los que, extraídos de la prueba practicada en el proceso con todas las garantías, hemos ponderado racionalmente según las reglas del criterio humano.
NOVENO. – Estimación del recurso y costas.
La estimación del recurso de casación comporta, de acuerdo con el art. 1715 LEC 1881 , la procedencia de casar la sentencia recurrida, estimar la demanda presentada e imponer a la parte demandada las cosas de la primera instancia (en virtud del principio del vencimiento), siendo las demás de cargo de las respectivas partes.
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