Source: https://es.scribd.com/document/72020673/35006915
Timestamp: 2020-06-03 04:14:03
Document Index: 367729081

Matched Legal Cases: ['artículo 74', 'artículo\n397', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 400', 'artículo 401', 'artículo 5', 'artículo 399']

35006915 | Sustentabilidad | Ecuador
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Texto de la nueva Constitución aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente que será votada en el referéndum del 28 de septiembre próximo
Constitución-de-la-República (1)
Siete Preguntas Incluiría La
Ordenanza Para La Implementacion Del Plan
Capitulo-IV-Aspectos-Administrativos.docx
ANÁLISIS AMBIENTAL PAÍS
EC-N1028
Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Duval Llaguno (RND/CEC), Steven Stone (CID/CHO), Javier Cuervo (INE/ENE) y Lisa Restrepo (INE/RND), quien apoyó en la edición final. El documento contó con los comentarios de Ricardo Quiroga (INE/RND), Raúl Tuazón (INE/INE), Michele Lemay (INE/RND) y Sergio Ardila (INE/RND).
LA GESTIÓN AMBIENTAL EN ECUADOR
CARACTERIZACIÓN DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
ANÁLISIS ECONÓMICO-AMBIENTAL SECTORIAL
CONTEXTO Y SECTORES ANALIZADOS
SECTOR PETRÓLEO Y MINAS
MODELO ECUATORIANO DE EQUILIBRIO GENERAL APLICADO PARA AMBIENTE
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, BENEFICIOS E IMPACTOS EN LOS SECTORES
ECONÓMICOS ANALIZADOS
A. ÁMBITO POLÍTICO, INSTITUCIONAL Y LEGAL
B. ÁMBITO ECONÓMICO PRODUCTIVO Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
C. ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura
Plan de Acción de Energía Sostenible para Ecuador
Plan de Desarrollo del Turismo Sostenible del Ecuador
PRODEMINCA
Proyecto Desarrollo Minero y Control Ambiental
Sistema de Oleoductos Trans-Ecuatoriano
Ecuador es y continuará siendo en el corto y el largo plazo una economía dependiente del uso de sus recursos naturales. Los sectores extractivos de recursos naturales (industria petrolera, agricultura, pesca, acuacultura y forestal, entre los más importantes) representan más de un 40% del Producto Bruto Interno y generan más del 80% de las exportaciones del país. No obstante su importante contribución a la economía nacional, las condiciones de producción y desarrollo en dichos sectores no es consistente con la sostenibilidad de los recursos en el largo plazo y afectan de manera directa a la calidad del patrimonio natural del país. Esta dicotomía del desarrollo económico plantea a Ecuador un dilema que se manifiesta en las siguientes preguntas: ¿cómo lograr un crecimiento económico sin atentar contra su capital natural?, ¿cómo lograr un real desarrollo sustentable en el cual se armonizan el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental?, ¿cómo construir un desarrollo socio-económico basado en el uso sostenible de su capital natural?
El presente estudio tiene como propósito determinar los principales factores y tendencias que impactan de forma crítica la sostenibilidad ambiental de la economía del país y constituye un aporte al trabajo sectorial y estratégico que alimenta el proceso de preparación de la estrategia de país que prepara el Banco. La metodología de trabajo
implicó el levantamiento de información secundaria de diversas fuentes, su confrontación y posterior análisis. Además, se realizaron una serie de entrevistas a diferentes instituciones y actores relacionados a la gestión ambiental, la sociedad civil y los sectores productivos en
el país, y se procedió a la revisión de los distintos instrumentos legales e institucionales que
posee el Ecuador para la gestión ambiental. En cuanto a la formulación del modelo de equilibrio general aplicado al ambiente, éste ha requerido la construcción de una matriz de
contabilidad social donde se pone énfasis en el uso de recursos como suelo y energía. Como resultado de este análisis, que se presenta en detalle en el documento, han surgido conclusiones y recomendaciones claves que se destacan a continuación.
Como primera conclusión, en el ámbito político, institucional y legal de la gestión ambiental, se aprecia el débil posicionamiento que tiene la problemática ambiental en la agenda política del Estado. Con base a esta situación y, más allá de los notables avances registrados en la legislación ambiental en la última década, se desprenden las siguientes
limitantes que merman severamente las capacidades y el desempeño de la institucionalidad para la gestión ambiental: (i) la precaria asignación de recursos económicos para financiar
gestión pública ambiental; (ii) el ejercicio desarticulado de las competencias ambientales
la falta de un sistema efectivo de control y seguimiento de las actividades que generan
riesgo o daño ambiental; y, (iii) una escasa internalización a nivel de entidades públicas y privadas, de las políticas, estrategias, normas e instrumentos de la gestión ambiental.
Como segundo punto, de los resultados del Modelo Ecuatoriano de Equilibrio General Aplicado a Ambiente (MEEGA), se aprecia que el sector petrolero, a pesar de su
importante contribución a la economía del país, genera un bajo valor agregado (evidenciado por su limitado potencial de generación de empleo –menos del 2% de la demanda de mano de obra nacional) y produce importantes pasivos ambientales, pudiendo representar más del 2% del PIB en un escenario agresivo de expansión de los sectores extractivos. El análisis destaca también que para poder lograr una diversificación de la estructura económica del país se requiere un proceso paulatino de cambios a largo plazo, lapso en el cual deberán permanecer las actividades extractivas que sostienen la economía actual. En este contexto, es imprescindible acompañar estratégicamente estos procesos promoviendo inversiones en innovaciones tecnológicas que permitan hacer un uso eficiente de los recursos naturales y reduzcan al mínimo los impactos ambientales y sociales.
Finalmente, se constata en el presente estudio la existencia de pasivos ambientales generados por la actividad económica en sectores extractivos que afectan significativamente el bienestar de la población, especialmente a nivel de comunidades locales que habitan en los lugares donde se extraen los recursos. Se ha confirmado también que estos pasivos son desconocidos, o son simplemente ignorados debido a la falta de información, lo cual demanda acciones para internalizar estos costo sociales y contribuir a que estos procesos respeten los derechos de las comunidades y promuevan su mejor calidad de vida.
Ámbito político, institucional y legal. El estudio identifica tres principales recomendaciones en este ámbito: (i) incrementar la inversión en la gestión pública ambiental consistente con los beneficios derivados de la conservación y manejo del patrimonio natural; (ii) implementar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambienta (SNDGA); y (iii) aplicar efectivamente y hacer cumplir las políticas, normas e instrumentos de la gestión ambiental existentes. Para esto, es necesario fortalecer las herramientas y medios que integren a los actores institucionales y sociales en el cumplimiento oportuno de las responsabilidades y metas de la gestión ambiental. En este sentido, el apoyo del Banco en el corto plazo podría concretarse en operaciones de préstamo ó de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de la gestión ambiental, apoyando al Estado Ecuatoriano en la implementación en los principios previstos en la nueva Constitución (2008), y en seguimiento a los esfuerzos realizados anteriormente con financiamiento del BID (ATN/SF-6798-EC y ATN/SF-8182-EC). El próximo apoyo del Banco en este ámbito está en preparación a través del proyecto de “Mejoramiento de la gestión ambiental hidrocarburífera” (EC-T1097).
Ámbito económico productivo y de desarrollo tecnológico. Las recomendaciones que se desprenden del estudio se enfocan a enfrentar tres desafíos: (i) promover una estructura productiva diversificada hacia procesos con alto valor agregado, orientando e impulsando la investigación para generar valor agregado en los productos provenientes de la biodiversidad, con estrategias tales como: aumento de inversiones en investigación y desarrollo y apoyo a la producción nacional; (ii) incluir la conservación de la biodiversidad como parte integral de estrategias de desarrollo, contemplando el fortalecimiento de las áreas protegidas para potenciar el desarrollo del sector turístico, con énfasis en las
iniciativas locales para promover una mejor distribución de beneficios; (iii) promover la adopción de tecnologías limpias en sectores productivos y sectores económicos estratégicos con alto impacto en los recursos naturales. Se recomienda especialmente la inclusión del mejoramiento de control ambiental en la infraestructura del sector petrolero, incluyendo estrategias de apoyo ambiental en las inversiones en infraestructura estatal petrolera y mecanismos de control para actividades generadoras de pasivos ambientales. En este ámbito, el apoyo del Banco al Estado Ecuatoriano, podría ser un programa de políticas (PBL) que impulse la diversificación de los sectores económicos del Ecuador, a la vez que se promueva la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.
Ámbito de la participación social y gestión de la información. El estudio enfatiza también la necesidad de implementar acciones para abordar dos desafíos fundamentales:
(i) información ambiental accesible para la toma de decisiones y participación ciudadana, para lo cual se debe mejorar la información sobre la afectación del patrimonio natural del país debido a la actividad económica, a través de la inclusión en las cuentas nacionales el uso de los recursos naturales (agua, suelo y aire), y la construcción de un inventario de la biodiversidad existente y su valorización; y (ii) manejo de conflictos socio ambientales, que requieren la aplicación de reglas claras para la participación ciudadana y la construcción de una cultura de participación ciudadana en la gestión ambiental. En este ámbito, el Banco puede apoyar al Ecuador, con dos programas, uno referido al fortalecimiento del sistema de información ambiental y la formulación de las cuentas satélites ambientales nacionales, y segundo a través de apoyo al manejo de conflictos socio-ambientales (en seguimiento al esfuerzo realizado a través de la ATN/SF-9570-RG).
Ecuador es una economía dependiente del uso de los recursos naturales y, en las últimas décadas, el país ha profundizado su dependencia de un solo recurso natural no renovable, el petróleo. Así, los productos agrícolas de exportación, cacao, café y, en particular, banano fueron gradualmente substituidos por el petróleo al principio de los años 70. Desde entonces, el sector petrolero, con una contribución al Producto Interno Bruto (PIB) total del 20% y a los ingresos fiscales del 25%, continúa siendo el motor de crecimiento económico y la fuente de sus fluctuaciones 1 . Pero, el sector petrolero, también representa la mayor fuente de contaminación y depredación de otros recursos naturales (fundamentalmente biodiversidad), estimándose que en términos de externalidades negativas ambientales contribuye con al menos un 2% anual de deterioro del PIB. Entonces, el dilema para Ecuador es ¿cómo lograr un crecimiento económico sin destruir su capital natural?, ¿cómo lograr un real desarrollo sustentable en el cual se armonizan el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental?, ¿cómo construir un desarrollo socio-económico basado en el uso sostenible de su capital natural?
Con estos antecedentes, en el 2006 y 2007 2 , se realizaron los estudios para el “Análisis Ambiental del Ecuador”, con el apoyo de las firmas consultoras Mentefactura, Ecolex y SCL Econometrics. El propósito de este análisis fue tratar de incluir la variable ambiental en el desarrollo socio-económico del país. Con estos estudios, se identificaron los principales factores y tendencias que se considera impactan de forma crítica la sostenibilidad ambiental de la economía del país. A partir de los factores y tendencias identificados, se trazaron tres lineamientos de los estudios: (i) análisis del uso de los recursos naturales y ambientales por la economía ecuatoriana, y la distribución de los beneficios y pasivos ambientales generados; (ii) análisis de la institucionalidad ambiental vigente en el país y su funcionamiento, con énfasis en sectores económicos seleccionados; y (iii) formulación de un modelo de equilibrio general para Ecuador aplicado al ambiente, construido sobre la base del modelo de equilibrio general desarrollado por el Banco Central del Ecuador (2005). En estos estudios, se abordó la problemática de la gestión ambiental observando el desempeño de distintos sectores de la economía, los cuales fueron identificados por su nivel de relevancia, y grado de dependencia de los recursos naturales. De esta forma, se determinaron los siguientes sectores: petróleo y minas, transporte, agrícola, pesca y camarón, forestal y turismo. Se incluyó también el análisis de los impactos ocasionados por el sector industrial.
El objetivo general es analizar los retos de la gestión ambiental y del uso de los recursos naturales del Ecuador. En particular, el estudio persigue los siguientes objetivos:
(i) efectuar un análisis socio-económico del uso de recursos naturales y bienes ambientales en el país, indicando oportunidades para optimizar los beneficios netos de
1 Estrategia del Banco con Ecuador 2008- 2011 (GN2490). Párrafo 1.3.
2 Con fondos de la ATN/SF-9030-EC,
este patrimonio, para maximizar el bienestar de la población presente y futura de Ecuador; (ii) contar con un mapa del marco institucional que opera en Ecuador, especialmente del referido a los temas de uso de capital natural como factor de producción en la economía; (iii) identificar lineamientos estratégicos de gestión ambiental en sectores claves de la economía; y (iv) contribuir al diálogo estratégico y de programación del BID con el Estado ecuatoriano.
La metodología de trabajo implicó el levantamiento de información secundaria de diversas fuentes, su confrontación y posterior análisis. Además, se realizaron una serie de entrevistas a diferentes instituciones y actores relacionados a la gestión ambiental y los sectores productivos en el país, y se procedió a la revisión de los distintos instrumentos legales e institucionales que posee el Ecuador para la gestión ambiental. En cuanto a la formulación del modelo de equilibrio general aplicado al ambiente, éste ha requerido la construcción de una matriz de contabilidad social donde se pone énfasis en el uso de recursos como suelo y energía 3
A partir del trabajo realizado, es pertinente mencionar las limitaciones encontradas en la
recopilación y procesamiento de la información relativa al uso de los recursos naturales y a los impactos ambientales que éste genera. Al respecto, se identificaron problemas en cuanto a dispersión de la información, su falta de periodicidad, incoherencia entre fuentes, información puntual y aislada -que no permite hacer inferencias a nivel nacional-, acceso restringido a cifras y datos, e información preliminar y no oficial con varios años de retraso, entre otros. Por lo tanto, la información expuesta en este estudio ha significado un gran esfuerzo de recopilación y sistematización de la mejor información secundaria disponible; y de la cual ha sido posible hacer un análisis exhaustivo.
A continuación, en las siguientes secciones, se exponen los principales resultados del
análisis. Estas secciones construyen un proceso que parte de una descripción del contexto general del País, su institucionalidad ambiental, el uso del patrimonio natural en los sectores económicos, y sus interrelaciones vistas a partir de la aplicación del modelo de equilibrio general. Esta información que permite realizar reflexiones sobre el perfil del modelo económico del Ecuador y sus relaciones con la sostenibilidad ambiental del mismo.
3 En el modelo de equilibrio general aplicado al ambiente, se supone que las emisiones al ambiente son proporcionales al tipo de combustible utilizado. De esta forma, las estimaciones de las emisiones son identificadas para las diferentes clases de actividades definidas en el modelo. Los niveles de los distintos gases son calculados directamente por los cambios en las actividades en períodos secuenciales del sector energía y no energía, usando factores de elasticidad, como las detalladas por Liu et al. (1996). Con ello, los niveles de emisiones por tipo de combustible usado, pueden
calcularse para cada actividad como:
En este caso, e representa a un sector energético, mientras que Xa es la función de producción del sector que usa un tipo de energía determinado. Z es el coeficiente que transforma el precio de la energía empleada en US$, en unidades energéticas (por ejemplo, BTU). Por otra parte, χ e es el coeficiente de conversión de unidades caloríficas en emisiones de gases. Fuente: SCL Econometrics.
III. CONTEXTO GENERAL DEL PAÍS
Ecuador es un país ubicado en el noroeste de Sudamérica, con una extensión de 256.370 km 2 . Su población supera los doce millones y quinientos mil habitantes, siendo más de la mitad de ésta urbana, concentrándose principalmente en Guayaquil, Quito, y en otras ciudades intermedias como Cuenca y Santo Domingo de los Colorados.
El país se encuentra claramente diferenciado en cuatro regiones geográficas: la Amazonía Ecuatoriana, la Sierra, la Costa del Pacífico, y el Archipiélago de Galápagos. Además, distribuido en el 18,7% de su territorio el país cuenta con un sistema de 37 áreas protegidas ricas en diversidad biológica. Se aprecia que a pesar de la pequeña extensión geográfica del país, éste cuenta con una gran diversidad cultural, así como variedad de climas, ecosistemas y especies, motivos que destacan al Ecuador como uno de los principales países megabiodiversos del planeta.
B. Contexto Macroeconómico
Después de la crisis de 1998-99 cuando se registró un crecimiento negativo de 6.3%, la economía ecuatoriana ha experimentado una recuperación de la actividad productiva influenciada por la dinámica petrolera. La tasa de crecimiento anual promedio durante el periodo 2000-2007 fue del 4,5% 4 . Lo anterior, se aprecia al observar el Gráfico 1, que muestra un sostenido crecimiento del PIB, así como la recuperación y avance del PIB per capita, llegando a alcanzar niveles superiores a los registrados antes de la crisis bancaria de 1999. Al respecto, en 1998 el ingreso per cápita fue de 1.345 USD, mientras que en el en el 2007 alcanzó 3.200 USD.
Gráfico 1: Evolución del Producto Interno Bruto y de la población
Sin embargo, en el 2007, pesar de las favorables condiciones externas, la economía ecuatoriana empezó a registrar una tendencia hacia la desaceleración, con un
4 Estrategia del Banco con Ecuador 2008-2011 (GN-2490). Párrafo 1.4.
crecimiento estimado en 1.8% por el FMI. El desempeño del sector petrolero explica esta desaceleración. A pesar de la bonanza de precios en el mercado internacional, el PIB petrolero registró una contracción del 9.8%, en contraste con el 4.4% del sector no petrolero impulsado por el desempeño de los servicios, transporte, comercio y construcción.
Las previsiones de las autoridades de un mayor crecimiento en 2008 se basan en la recuperación del sector petrolero gracias al plan de inversión pública previsto, la permanencia de condiciones externas favorables y mayores niveles de inversión privada, que se ve estancada por el ambiente de incertidumbre propia a todos los proceso de reforma institucional.
Entre 1999 y 2006 se registró una disminución en la desigualdad de 0.563 a 0.515 (coeficiente de Gini). Esta situación combinada con tasas de crecimiento sostenidas, contribuyó a reducir la pobreza total de 53% a 38% y la extrema de 20% a 12.9% en el mismo periodo, alcanzando niveles similares a los observados antes la crisis (39% y 13.6% en 1995). A finales de 2007, el 6% de la Población Económicamente Activa (PEA) se encontraba desempleada y 40% subempleada. Adicionalmente, existen disparidades en el acceso al mercado laboral y/o en las remuneraciones para las mujeres, los afro-ecuatorianos y los grupos indígenas 5 .
Sin embargo, el crecimiento económico no necesariamente se ha visto reflejado en el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población. Así, la desigualdad existente en la distribución de los ingresos (Gráfico 2) ha empeorado desde 1999, cuando el quintil más pobre de la población concentraba el 2,5% de los ingresos reduciéndose esta participación al 1,73% en el 2004.
De cierta forma, la desigualdad en la distribución del ingreso refleja la limitada generación de empleo en la extracción de los recursos naturales del país, que han sido tradicionalmente desde los años 70 el motor de la economía. La industria petrolera, por ejemplo, a pesar de generar un cuarto del PIB del país, genera apenas 2% de la demanda de mano de obra. Actividades verticales con poco valor agregado en el país, poco harán para remediar las desigualdades en la distribución del ingreso nacional.
5 Estrategia del Banco con Ecuador 2008-2011 (GN-2490). Párrafo 1.9.
Gráfico 2: Evolución del porcentaje del Ingreso Nacional en segmentos extremos (quintil más rico y más pobre)
Según Schuldt (2005), citado por Acosta (2006), la historia demuestra que la “abundancia” de recursos naturales distorsiona la estructura y la asignación de los recursos económicos del país, redistribuye regresivamente el ingreso nacional y concentra la riqueza en pocas manos, al tiempo que deteriora la gobernabilidad democrática y el medio ambiente. Esto podría explicar las recurrentes crisis de gobernabilidad de Ecuador.
Así, la inestabilidad política caracterizó el contexto político de Ecuador durante la década 1996-2006. Los cambios de gobierno, constantes reemplazos de funcionarios públicos y falta de consensos sobre las reformas representaron una importante limitación para el diseño e implementación de una estrategia de desarrollo económico y social de mediano y largo plazo 6 .
Sin embargo, en la actualidad, el país parece enrumbarse a una etapa de estabilidad política, en el marco de la nueva Constitución 7 .
6 Estrategia del Banco con Ecuador 2008-2011 (GN-2490). Párrafo 1.2. 5 de septiembre del 2008.
7 El 28 de septiembre del 2008 se realizó el referéndum mediante el cual se aprobó la 20ma.Constitución de la República del Ecuador, y su texto se publicó en el Registro Oficial del 20 de octubre del 2008.
IV. LA GESTIÓN AMBIENTAL EN ECUADOR
A. Aproximación General
La “Actualización del Diagnóstico de la Situación Ambiental en el Ecuador” (Fundación Natura, 1987), daba cuenta de una institucionalidad limitada, caracterizada por una dispersión en sus políticas y normas, así como con competencias ambientales superpuestas. Desde entonces, si bien hay circunstancias que se mantienen hasta la actualidad, hay otras que han cambiado.
La institucionalidad de la gestión pública ambiental en Ecuador, más allá de algunos antecedentes puntuales 8 , se desarrolla propiamente a inicios de la década de los noventa, con la creación de la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República (CAAM, 1993) y más tarde con el establecimiento del Ministerio de Ambiente (1996). Ambas instancias surgen, fundamentalmente, a efecto de la necesidad de adecuar las capacidades del Estado con los compromisos que habían sido asumidos en la Cumbre de la Tierra (1992).
En forma paralela, se destaca el surgimiento progresivo de unidades, departamentos, direcciones o comisiones de medio ambiente, al interior de ministerios y otros organismos dependientes del Gobierno Central, así como en los gobiernos seccionales autónomos. El rol que empiezan a jugar estas instituciones se acrecienta con el impulso de procesos nacionales de reforma del Estado como la descentralización, desconcentración, delegación, y concesión de servicios públicos. Un indicador de este posicionamiento de los gobiernos seccionales, ha sido el sostenido crecimiento de su inversión presupuestaria en materia ambiental, la cual pasó de 2,89 millones de dólares en 1990, a 37,4 millones de dólares en el 2002 (Gutiérrez y Jiménez, 2005).
Por su parte, en el último quinquenio del siglo XX, la institucionalidad no gubernamental juega un papel gravitante en la construcción de políticas y normas ambientales. No obstante, a inicios del nuevo milenio se aprecia un debilitamiento de las ONG´s ambientalistas, mientras se incrementa la presencia y presión de organizaciones locales y comunitarias de segundo y tercer grado, en temas ligados al manejo de recursos naturales, biodiversidad y conocimientos tradicionales. La cooperación proveniente de organismos internacionales como embajadas, entidades financieras, agencias de gobierno y organizaciones no gubernamentales, registra un descenso en su aporte a los temas ambientales 9 . Esto se debe a la reorientación de buena parte de sus
8 Mediante la Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (1976) se establecía como autoridad nacional de control al Ministerio de Salud Pública y al ex-Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), así como al Comité Interinstitucional para la Protección Ambiental como instancia de coordinación política; mientras que la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (1981) responsabiliza su aplicación al Ministerio de Agricultura y Ganadería , que más tarde actuaría a través del ex-Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN, 1992).
9 En el año 2004, la cooperación internacional apenas llegó a USD 550,6 millones, el nivel más bajo en los últimos años. De ese monto, 34% provino de organizaciones no gubernamentales, 30% de cooperación bilateral, y 17% de cooperación multilateral (INECI, 2005).
fondos hacia países considerados extremamente pobres, a cambios en las prioridades temáticas y sectoriales, así como por la inestabilidad política que ha vivido el país en la última década (INECI, 2005).
B. Caracterización del Marco Legal e Institucional
a. Marco Legal de la Gestión Ambiental
Los últimos diez años (1998-2008) han sido el periodo de mayor avance en la promulgación de normas jurídicas para la gestión ambiental, como se puede apreciar en la Tabla 1. En este sentido, la característica que daba cuenta de una escasa y a veces nula existencia de disposiciones normativas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano para abordar los problemas del ambiente, ha cambiado sustancialmente. Hoy en día existe una importante cantidad de normas, especialmente a nivel de reglamentos y de ordenanzas seccionales, que si bien no cubren todos los ámbitos ni temas de la gestión ambiental, su principal problema es una aplicación relativamente baja. Esto último resulta difícil medir con exactitud, debido a la ausencia de mecanismos oficiales de seguimiento y evaluación de sus disposiciones.
Tabla 1: Principales Leyes y Reglamentos en Materia Ambiental
Constitución Política de la República R.O. Nº 001 de 11.08.98 (En la actualidad ya fue aprobada la nueva Constitución, en referéndum el 28 de septiembre del 2008)
Ley Forestal y
Salud D.S. Nº 188 de
D.S. Nº 369 R.O. 69, de 30.05.72
Áreas Naturales y Vida
Silvestre Codificada Suplemento del R.O. No.
Ley s/n R.O. Nº 657 de 20.03.95
Codificación Ley s/n R.O. Nº 55, de
418 de 10.09.04
Ley de Hidrocarburos D.S.
D.S Nº 374 de
2967, Cod. R.O. Nº 711, de 15.11.78
Reglamento Sustitutivo del
Ley de Gestión Ambiental Ley 99-37 R.O. Nº 245 de 30.07.99
Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. R.O. Nº 26, de 13.10.06
Galápagos R.O. 278, de 18.03.98
de Régimen Municipal R.O. Nº 331 de 15.10.71
Reglamento de Consulta y
Libro VI «De
Participación para la Realización de Actividades Hidrocarburíferas. D.E. Nº 3401, de 2.12.02. R.O. 728, de 19.12.02
Código Civil R.O Nº 104 20.11.70
la Calidad Ambiental», TULAS R.O. Nº 02 de
Ecuador Ley Nº 3, R.O. Nº 35, de 27.09.96
Código Penal Ley 99-49 R.O. Nº 02, 25.01.00
Libros, III, IV y
R.O. Nº 695, de 31.05.91
TULAS R.O. Nº 02, de
Actividades Mineras en el Ecuador R.O. Nº 151, de 12.09.97
Ley de Pesca y Desarrollo
Pesquero Ley 178, R.O. 497, de
Código de Policía Marítima R.O. Nº 1202, de 20.08.60
Ley Forestal y de
Vida Silvestre R.O. Nº 64, de 24.08.81
Libros III y V, TULAS R.O. Nº 02, de 31.03.03
Para el caso de la calidad ambiental, se aprecian esfuerzos normativos como los contenidos en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria,
donde destacan los reglamentos del Sistema Único de Manejo Ambiental –que precisa los requisitos del proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental– y el de Prevención y Control de la Contaminación con sus normas técnicas para los recursos agua, aire, suelo, así como para el ruido, desechos sólidos y productos químicos peligrosos. De igual modo se destaca la responsabilidad que sobre el control de la contaminación ambiental expresamente otorga la Ley Orgánica Régimen Municipal a las municipalidades. Sin duda la aplicación de esta normativa es un gran reto, habida cuenta que la inversión en los temas de calidad ambiental ha sido escasa por parte del Gobierno Central, siendo más significativa en el caso de los Gobiernos Seccionales, donde el promedio de los últimos años ha bordeado los 17,61 millones de dólares, que se concentran casi en forma exclusiva en el manejo de desechos líquidos y residuos sólidos (Gutiérrez y Noboa,
Por su parte, en lo atinente a recursos naturales, son notables las reformas que se han producido en la mayor parte de cuerpos legales para los temas de hidrocarburos, minas, pesca, agricultura y turismo, principalmente. En el caso de los dos primeros, se han desarrollado expresas disposiciones reglamentarias para puntualizar los requisitos ambientales de sus actividades. De igual modo, la mayoría de las instituciones públicas competentes para dichos recursos, han creado dependencias ambientales aunque la inversión que por este concepto han realizado no ha sido significativa, exceptuando los casos del sector agropecuario y energético los cuales han representado el 96% del total del gasto ambiental del Gobierno Central, priorizándolo en infraestructura de recuperación de suelos erosionados y financiamiento de corporaciones de desarrollo regional; así como para reparaciones de infraestructura petrolera y remediaciones de crudo derramado (Gutiérrez y Noboa, 2005)
En lo relativo al manejo forestal y de biodiversidad, es evidente que las disposiciones de
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, son anacrónicas
insuficientes. Los avances que se han tratado de realizar a nivel reglamentario
mediante el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, han sido respuestas parciales y limitadas por las deficiencias de la ley. Quedan a la espera de una adecuada regulación aspectos como el del acceso a recursos genéticos, bioseguridad, servicios ecológicos, manejo de ecosistemas frágiles y, principalmente, los temas alusivos a un sistema descentralizado de control forestal y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En este campo, se aprecia el mayor porcentaje de la inversión ambiental del Gobierno Central, que entre 1995 y el 2003 ha tenido un promedio de 2,28 millones de dólares, principalmente orientados a cubrir gasto corriente para la conservación de áreas naturales protegidas. En este contexto, la Ley Orgánica del Régimen especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Galápagos (1998), representa un esfuerzo notable por priorizar y aplicar un efectivo marco para la conservación de la biodiversidad, que a pesar de los problemas que ha atravesado por conflictos de uso con
la población residente, y con los sectores turístico y pesquero, se mantiene aún como un
régimen válido y aplicable, al tiempo de ser un referente para el manejo de otras áreas a
La Nueva Constitución (2008) Los avances legales en Derecho Ambiental logrados en Ecuador durante la última década, se ven aún más fortalecidos en el marco de la nueva Constitución (2008), que se constituye en la norma suprema del Estado ecuatoriano.
Un avance realmente novedoso que incluye nuevo texto constitucional, son los derechos de la naturaleza, incluidos en título II, capítulo séptimo, artículos 71 al 74. El artículo 74 señala que “La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respeten integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.” Sin embargo, la pregunta obvia es quien va a ser el titular de esos derechos (la propia naturaleza?) y si existiría la contraprestación obvia de los derechos (las obligaciones?). Este será un tema que requerirá en el futuro inmediato, todo un desarrollo conceptual y sobre todo de aplicación jurídica. Además, la misma Constitución se refiere a la naturaleza como recurso. En consecuencia, la naturaleza es el mismo texto constitucional, tendría un doble tratamiento: como sujeto de derechos y como insumo de producción (recursos naturales).
Otro aspecto relevante que incluye la nueva Constitución es el que consta en el artículo
397, especialmente en primer numeral, que dice que “
Permitir que cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer
las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza
o el año ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la existencia del daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.” Este texto incluye dos cambios notorios con la práctica jurídica anterior, el primero es que el demandante no requiere demostrar que está siendo afectado por el daño ambiental actual
o potencial, y segundo que la carga de la prueba recae sobre el demandado.
Estado se compromete a: 1.
El reto será como, en la práctica, se armonizan las necesidades de uso de los recursos naturales y su industrialización, con el de la conservación y sostenibilidad. El equilibrio que se tratará lograr será complejo, por cuanto todos tendrán la capacidad demandar y habrá un temor de los empresarios a quienes se demande, porque serán ellos los que deberán demostrar que son inocentes. Obviamente, esto va en línea de los derechos de tercera generación (“difusos”, por cuanto no requieren la demostración de la titularidad del derecho, porque todos somos afectados para la contaminación) y del principio precautelatorio, universalmente aceptado.
Otros temas que se incluyen en la nueva Constitución son el referente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), con subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado (artículo 405); la prohibición de extracción de recursos no renovables en el SNAP, excepto por pedido del Presidente con declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional (artículo 406); el declarar como
interés público la conservación de la biodiversidad, y el Estado ejercerá soberanía sobre la misma (artículo 400); y declarar al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas (artículo 401), entre los puntos más relevantes. Todas estas medidas evidentemente son restrictivas, pero será especialmente sensible para el Estado en general, y para el Gobierno en particular, el momento de aplicarlas y armonizarlas con las normas e intereses de crecimiento económico (con el uso de los recursos naturales renovables y no renovables).
Finalmente, la nueva Constitución requerirá de un nuevo marco legal, por lo cual se prevé que se promulgarán nuevas leyes de ambiente, de biodiversidad y forestal, entre otras.
Ambiental (SNDGA)
El principal reto de la institucionalidad ambiental a finales del siglo XX, fue superar las limitaciones de una gestión estatal diseñada para funcionar en forma centralizada, con intervenciones sectoriales y bajo una administración política escicionada en varios niveles territoriales (provincial, cantonal y parroquial). Gestión estatal que además se caracterizaba por una débil planificación y una concentración en el tratamiento de problemáticas coyunturales. Dichas características son incompatibles con la necesidad de entender y enfrentar problemas ambientales que afectan a diferentes actividades o sectores por igual, que trascienden a la división política – administrativa tradicional y generan impactos constantes, sinérgicos y acumulativos.
La respuesta a este desafío, la dio la Ley de Gestión Ambiental (1999) con el establecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, entendido como “(artículo 5)…un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales.”. Se integró al Sistema a todas las instituciones estatales con competencia ambiental. Para asegurar la coherencia en las políticas ambientales de estas entidades, la misma ley estableció el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, como una instancia asesora del Presidente de la República, en donde participan representantes de los sectores público, privado y la sociedad civil.
La rectoría del Sistema se confió al Ministerio del Ambiente, mientras que para solventar los potenciales conflictos en el ejercicio de las competencias ambientales, se creó la Comisión Nacional de Coordinación.
Tabla 2: Autoridades y Mecanismos del SNDGA
Instituciones del SNDGA
Aprueba el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE) y políticas ambientales generales.
• Asesora al Presidente en el PAE y políticas.
• Define directrices del SNDGA.
Ministerio del ramo (Ambiente)
• Coordina, regula, rige SNDGA.
• Coordina Plan Nacional de Ordenamiento Territorial.
• Coordina Cuentas Patrimoniales Ambientales.
• Administra Sistema Nacional de Información Ambiental.
• Expide o propone normas –según el caso– jurídicas y
Coordina introducción de políticas ambientales en planes de estudio.
• Realiza auditoria ambiental.
• Otorga licencias ambientales.
Dirigir el SNDGA y dar seguimiento al proceso de descentralización de competencias ambientales
• Ejecutan políticas y normas ambientales.
• Vigila cumplimiento del SUMA en contratos públicos.
Co-coordina elaboración de cuentas patrimoniales ambientales.
Secretaría General de Planificación de la Presidencia de la República
• Co-coordina Plan Nacional de Ordenamiento Territorial.
• Integra el PAE a los planes nacionales de desarrollo.
Co-coordina inclusión de políticas ambientales en planes de estudio.
Dirime conflicto de competencias en materia ambiental, cuando se halla involucrado el Ministerio del ramo.
Conocen y juzgan infracciones de carácter ambiental.
Fuente: Ley de Gestión Ambiental (Ley No. 37. RO No. 245 del 30 de julio de 1999).
Este esquema institucional, en su mayoría, no se ha implementado. Evidencia esta situación hechos como el bajo presupuesto asignado al sector que limita su capacidad de dirigir e incidir en política ambiental, el escaso funcionamiento que en la práctica ha tenido el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, o la ausencia de un registro y mecanismos de seguimiento y control de las instituciones que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; destaca además la inaplicación de una herramienta clave de acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental, como es el Plan Ambiental Ecuatoriano. Pero, se advierte como el indicador más palpable de esta situación, la falta de conocimiento de la existencia del Sistema, por parte de las distintas autoridades y funcionarios a nivel sectorial y seccional.
La nueva Constitución Política de la República del Ecuador (2008), recientemente aprobada en referéndum, ratifica la vigencia del SNDGA. Así, en el Título VII “Régimen del buen vivir”, Capítulo II “Biodiversidad y recursos naturales”, Sección primera “Naturaleza y ambiente”, artículo 399, se señala que “El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.”
Actualmente, la gestión gubernamental en general, y la gestión ambiental en particular, se encuentran en un proceso de cambio integral 10 . Dentro de ese proceso, se prevé el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente, como autoridad ambiental nacional, líder del SNDGA. Con esta reforma institucional, se buscará evitar la duplicación y dispersión de competencias y funciones ambientales.
Asignación Fiscal a la Gestión Ambiental
Llama la atención el porcentaje del gasto fiscal asignado a ambiente 11 , ya que en el año 2003 representó tan solo el 0,39% del presupuesto, con una tendencia decreciente, registrándose su participación en el 2005 en el 0,30% - aproximadamente USD 22 millones (Coello y Encalada, 2006) 12 . A continuación se presenta un gráfico que muestra la evolución del total del presupuesto del Gobierno Central, el gasto en Ambiente, y el gasto del Ministerio del Ambiente.
Gráfico 3: Presupuesto del Gobierno Central, el gasto en Ambiente y el gasto del Ministerio del Ambiente
Fuente: Coello y Encalada (2006)
Con relación al gasto de la institucionalidad ambiental, el Gráfico 4 refleja que la mayor parte del gasto corriente, o permanente, que realiza el Ministerio del Ambiente no se financia con cargo al Presupuesto General sino que es resultado de sus ingresos de autogestión. Al respecto, en Suárez (2007) se destaca que estos ingresos se han constituido en la principal fuente de financiamiento de esta institución -casi el 60% en el 2003 y cerca del 80% en el 2005- destacándose entre sus rubros los permisos, patentes y
10 En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 (PND), objetivo 12 “Reformar el Estado para el bienestar colectivo”, política 12.1 “Estructurar un nuevo modelo de gestión estatal, que promueva el desarrollo territorial y profundice el proceso de descentralización y desconcentración”, estrategia 1 “Establecimiento de un modelo de gestión estatal desconcentrado y descentralizado, que comprenda una clara definición de funciones, competencias y atribuciones por niveles de gobierno, con la asignación correspondiente de recursos para su funcionamiento.”
11 Presupuesto General del Estado (Código 04) destinado al Ministerio del Ambiente, Instituto Nacional Galápagos y Programa de Manejo de Recursos Costeros.
12 Estos gastos excluyen todas las inversiones relacionadas a agua saneamiento.
licencias, derivados de la tasa de pie de monte -tasa que el MAE recauda por la explotación forestal- y las licencias emitidas -en especial, las relacionadas a evaluaciones de impacto ambiental-. En cuanto al uso de esos recursos, el mismo autor señala que el ítem más importante dentro de la composición del gasto corriente es el gasto en personal, que en el 2003 alcanzó el 70% del total del gasto corriente 13 .
Adicionalmente, Suárez (2007) indica que el gasto en inversión del MAE, en lo que va de esta década, ha representado la mayor parte de su presupuesto, alcanzando en el 2003 cerca del 75% de éste. Hasta el 2004, la principal causa de esta situación son las donaciones internacionales recibidas por el MAE, y de ahí en adelante al CEREPS 14 , que se constituye en la principal fuente de inversiones. A continuación se presenta un gráfico que muestra el desglose de las fuentes de financiamiento del presupuesto del Ministerio del Ambiente del Ecuador.
Gráfico 4: Estructura de Financiamiento del Ministerio del Ambiente (2005)
Finalmente, al intentar comparar el gasto ambiental en Ecuador con otros países, los datos disponibles son escasos, y la información disponible por la OECD 15 , muestran presupuestos asignados a ambiente tan disímiles como México con USD 25 millones en el 2000, y España en ese mismo año con USD 205.3 millones 16
13 Le siguen en importancia los rubros de bienes y servicios de consumo, cerca del 22% en el 2003, y las transferencias corrientes, menos del 5% para ese mismo año, que son transferencias hacia otras instituciones del sector público.
14 Cuenta de Reactivación Productiva y Social, del Desarrollo Científico - Tecnológico y de la Estabilización Fiscal. Los recursos de esta cuenta provienen de la actividad petrolera, y son autónomos e independientes de la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, es decir, sus fondos solo pueden ser destinados a aquellos gastos que establece la Ley Orgánica De Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal. Entre otros fines, los del CEREPS incluyen un 5% para reparación ambiental y social por efecto de los impactos generados por las actividades hidrocarburíferas o mineras desarrolladas por el Estado, que hayan generado pasivos ambientales.
15 http://www.oecd.org/dataoecd/25/51/39250925.pdf
16 Estdos datos son calculados en USD de precios del 2000. Para el caso de España, el presupuesto subió a USD 253.7 millones en el 2005, y para el caso de México no existen datos disponibles después del 2000.
c. Políticas y Estrategias
Entendidas como políticas públicas y, por ende, como los grandes lineamientos que orientan de manera obligatoria el desarrollo de la gestión ambiental en el país, las políticas y estrategias ambientales lucen dispersas en instrumentos normativos y en documentos que, en unos casos, no han llegado a oficializarse, o que, en otros, no se han difundido adecuadamente ni se han aplicado a cabalidad.
Se destacan las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador 17 (1994), las cuales precisan los grandes lineamientos de la gestión ambiental. Sin embargo, desde su aparecimiento, no se ha monitoreado ni ha evaluado su grado de aplicación. Sus contenidos no fueron adecuadamente difundidos y esa es una de las principales causas para que no haya permeado al interior de la propia institucionalidad ambiental, ni en el gran conglomerado social.
Luego, es necesario citar a la Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Ecuador (1999), la Estrategia para el Desarrollo Forestal Sustentable del Ecuador (2000), y la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad (2001). Estas representan importantes esfuerzos de los sectores público y privado, liderados por el Ministerio del Ambiente, que han buscado dotar a la gestión ambiental de metas, objetivos y lineamientos estratégicos. No obstante, tan solo la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad ha sido recientemente oficializada como una política pública de carácter vinculante 18 . Más allá de sus mentores y de los procesos participativos que tuvieron como antecedentes, en términos generales existe un escaso conocimiento de los contenidos y aplicación real de estas herramientas de política, así como la necesidad de fortalecer la coherencia entre los instrumentos y su integración formal a la institucionalidad vigente.
Finalmente, buena parte de las políticas ambientales están inmersas en planes nacionales, sectoriales o seccionales. El más importante, por el valor estratégico que le otorga la Ley de Gestión Ambiental, es el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE), cuya primera versión fue elaborada por la CAAM entre 1994 y 1996, estos es, antes de que se expida la Ley. Sin embargo, el plan no fue aprobado como un instrumento vinculante, tampoco se le ha dado seguimiento ni se lo ha actualizado. De igual modo, la estrategia y Plan de Ordenamiento Territorial, que acorde a la misma ley, debía ser coordinada por el Ministerio del Ambiente y la oficina de planificación de la Presidencia de la República, ha sido un gran ausente en la gestión ambiental. En los actuales momentos se busca actualizar y aprobar con efecto vinculante el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el cual se espera clarificar las acciones públicas y privadas orientadas a la gestión y administración de dichos espacios naturales.
Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 (PND), plantea doce objetivos, siendo el cuarto el “Promover un medio ambiente sano y sustentable y garantizar el acceso seguro al agua, aire y suelo”. Para el cumplimiento de este objetivo, se plantean
17 Decretos Ejecutivos Nos.1802 y 1589, del 01.06.94 y 07.07.06, respectivamente.
18 Decreto Ejecutivo No. 2232, publicado en el Registro Oficial No.11, del 30 de enero del 2007.
diez políticas, y treintidos estrategias. Específicamente, la política 4.8 del PND, señala que se debe “Articular la dimensión ambiental con políticas sociales y económicas que permitan una transversalización de la política ambiental en todos los ámbitos productivos, económicos y sociales del país”. Para la implementación de esta política, se plantean cinco estrategias, especialmente es clave la estrategia 4, la “Incorporación de la dimensión ambiental en el diseño de las políticas públicas.”
V. ANÁLISIS ECONÓMICO-AMBIENTAL SECTORIAL 19
En esta sección se analiza el uso de recursos naturales por sectores económicos, subrayando los beneficios que surgen del proceso, su distribución, y los impactos generados en términos ambientales y sociales. Este análisis permite perfilar las características de la economía del país, ventajas comparativas, competitividad y sostenibilidad en términos ambientales.
A. Contexto y sectores analizados
La amplia y variada dotación de recursos naturales que posee el Ecuador, desde yacimientos mineros y petroleros hasta atractivos naturales reconocidos internacionalmente, caracteriza y da forma a su estructura económica. Un indicativo de este hecho, puede ser observado en las exportaciones totales del país, las cuales representan un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto (PIB) -alrededor del 25% del PIB en la última década y en ocasiones hasta niveles superiores al 30%- y en su composición: las exportaciones se concentran en gran parte en el rubro petróleo. Así, la contribución del petróleo al total de exportaciones en los últimos años ha sido superior al 40%, alcanzando para el año 2004 el 54%, gracias a la subida de los precios del crudo en los mercados internacionales. Si a la contribución del petróleo en las exportaciones totales, agregamos otras exportaciones –productos: agrícolas (banano, cacao, café y flores), del mar (pescado, camarón y conservas) y forestales (madera tratada y corcho)– las cuales están relacionas al uso y extracción de recursos naturales, observamos que, por ejemplo, para el año 2004 el 85% de las exportaciones dependieron de alguna forma del uso directo de recursos naturales 20 .
Si analizamos la contribución al PIB de los rubros de exportación intensivos en el uso de recursos naturales, podemos observar que su contribución agregada promedio en el periodo 1993 - 2004 fue del 42%, y en el 2004 esta contribución se incrementó al 43%.
19 El análisis utiliza la información provista para el 2004 en calidad de provisional. La información de cuentas nacionales para el 2005 se dispone solo del PIB consolidado y no de forma desagregada como se requiere para el análisis.
20 A parte del rubro petróleo, se ha considerado aquí rubros como la exportación de productos del mar, productos de agro exportación como banano, cacao, café y flores; y productos de la madera.
Gráfico 5: Evolución Exportaciones del Ecuador.
Exportaciones Petróleo y derivados / Exportaciones Totales Exportaciones Tradicionales / Exportaciones Totales
Exportaciones No Tradicionales / Exportaciones Totales
Fuente: Albuja (2006).
Gráfico 6: Composición de las Exportaciones 2004.
Petróleo crudo, gas natural y refinados
Productos de madera tratada, corcho y otros materiales
Banano, café, cacao, Flores
Productos del mar (camarón, pescado y conservas)
Fuente: Banco Central del Ecuador (datos provisionales del 2004).
Los sectores considerados para el análisis sectorial son: petróleo y minas, agrícola (banano, café, cacao y flores, cultivos de cereales, otros cultivos y cría de animales), pesca y camarón (camarón, pesca y elaborados), forestal (elaborados de la madera y papel), y su transporte (transporte y almacenamiento). Su elección se sustenta en el uso intensivo que realizan de los recursos naturales para sostener el desarrollo de estas actividades productivas, pudiendo comprometer la sostenibilidad biológica y ambiental del Ecuador. Se incluye turismo (hotelería y restaurantes) por ser un actividad no extractiva que se basa en la calidad y dotación del patrimonio natural. Finalmente, se incluye también el análisis de los impactos ocasionados por el sector urbano e industrial.
En términos del aporte sectorial al PIB, en el Gráfico 7 vemos que destaca la contribución del sector petróleo y minas que alcanza a casi un cuarto del PIB total; siguiéndole en importancia los sectores agrícola y transporte 21 . Luego, se ubican los sectores industria, pesca y camarón, forestal y turismo, siendo los últimos tres altamente intensivos en el aprovechamiento del recurso suelo.
21 Se debe indicar que este sector considera todos los tipos de transporte existentes en el país, tanto para pasajeros como para carga, y el rubro de almacenamiento.
Gráfico 7: Participación de los sectores productivos en el PIB, Año 2004.
Fuente: Información del Banco Central del Ecuador.
El sector industria -procesamiento de alimentos, plásticos, productos químicos, metalurgia, cuero, entre otros- merece una mención especial, ya que su contribución alcanza un 7,6% del PIB, y aunque no hace un uso extractivo de los recursos naturales, los impactos y pasivos generado de esta actividad (desechos líquidos, sólidos y gaseosos) son fuertes y repartidos en general en los centros poblados,
B. Sector Petróleo y Minas
La contribución del sector a la economía ha sido creciente, alcanzando en el 2004 el 24% del PIB. Al respecto, se debe indicar que la producción petrolera, entre 1993 y 2004, crece en un 53%, al pasar de 125,44 millones de barriles en 1993 a 192,32 en 2004 22 . Este sector es de especial importancia, ya que contribuye de forma significativa al presupuesto General del Estado, el cual se ha beneficiado gracias al incremento de precios del crudo en el mercado internacional, más que por aumentos de producción de la empresa estatal. Se destaca que a pesar de la gran contribución a la economía del sector, este genera apenas el 2% del trabajo en la misma (2004), demostrando su baja intensidad en el uso de mano de obra. Por otro lado, la superficie que ocupa este sector económico, es extensiva y representa el 20% de la superficie el país, al considerar las áreas correspondientes a explotación petrolera y a concesiones mineras 23 , y por lo tanto
22 Sin embargo, en ese lapso, la producción de Petroecuador disminuyó en -38,97%, de 117,9 millones de barriles en 1993 a 71,95 millones en 2004. Mientras, la producción de las compañías privadas se incrementó en 1495%, de 7,5 millones de barriles en 1996 a 120,4 millones de barriles (Información obtenida del Sitio Web del Banco Central del Ecuador, Producción Nacional de Petróleo y sus derivados).
23 Del total de concesiones mineras existentes en el 2003, un 16,8% se encontraba en explotación (Vásquez y Saltos, 2004). Sin embargo, en el 2008, todas las concesiones mineras fueron revertidas al Estado, por un mandato de la Asamblea Constituyente, y actualmente (octubre del 2008) el Gobierno ha preparado una nueva Ley Minera.
implica riesgos importantes en términos de la posible generación de pasivos ambientales con repercusiones y costos sociales fuertes.
La explotación del petróleo, está dividida en 33 bloques, de los cuales 7 se localizan en el Litoral y los restantes en la Amazonía. Catorce bloques son operados por empresas privadas 24 , en tanto que los restantes por Petroecuador. Como se mencionó anteriormente, el sector percibe una evolución en cuanto a la aplicación de los estándares ambientales después de la promulgación del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburìferas. Desde 1967 hasta el 2001 se registran 852 pozos en la Región Amazónica. Las provincias orientales con mayor número de pozos son Sucumbíos y Orellana; mientras que los cantones que mantienen el mayor número de pozos son Orellana, Lago Agrio, Joya de los Sachas y Shushufindi. De un total de 34 parroquias amazónicas que cuentan con pozos petroleros, sobresalen Pacayacu, Dayuma, la Joya de los Sachas y Shushufindi, de las cuales mencionaremos las condiciones sociales reinantes en estas localidades más adelante. Además, se debe destacar que en el Ecuador operan 4 refinerías: Esmeraldas (la más grande), Shushufindi, Amazonas y La Libertad.
El crudo, es transportado a través de dos oleoductos de 500 Km. de longitud cada uno, desde Lago Agrio hasta Balao. El SOTE, es operado por Petroecuador mientras que el OCP por las compañías petroleras privadas. En su recorrido, las dos tuberías atraviesan tres de las cuatro regiones que posee el Ecuador.
Los mayores impactos de la industria se producen por la existencia de derrames del producto. Para el período 1994-2001, sobre la base del análisis realizado, se puede inferir que quedaron en el ambiente 7.148 barriles (24%) de crudo derramado no recuperado, lo que habría ocasionando una serie de impactos al suelo y agua, y afectaciones a la salud publica. En lo que respecta al transporte de crudo desde la Amazonía hasta Balao, se cuenta con información dispersa sobre el reporte de derrames; activistas estiman que hasta julio del 2001 se habrían producido alrededor de 47 roturas, con un total de 500.000 barriles derramados, desconociéndose la cantidad recuperada (Acción Ecológica, 2002). Por otro lado, Gaffney, Cline & Associates INC (2004) indican que entre 1998 y el 2002 se produjeron doce roturas en el SOTE, sin que haya un registro de los volúmenes derramados y recuperados.
Es necesario diferenciar el desempeño ambiental de las empresas privadas con Petroecuador, siendo este último quien acusa la mayor incidencia de derrames y externalidades ambientales correspondientes a su operación. En este sentido, el problema de la empresa estatal se agrava por la falta de recursos para mantener y renovar la infraestructura existente, así como para actualizar la tecnología necesaria para mejorar su desempeño ambiental.
24 Dentro de las empresas privadas se pueden señalar que en el 2004 las que operaban en el Ecuador eran: AECE, AGIP, BURLINGTON, CANADA GRANDE, CGC, CNPC, EDC, CITY, ESPOL PACIFPETROL, OCCIDENTAL, PERENCO, PETROBRAS, REPSOL YPF y TRIPETROL. Desde el 2006 hasta el 2008, varios de los bloques petroleros que operaban las empresas privadas han sido revertidos al Estado (siendo el caso más notable el de Occidental), y actualmente (octubre del 2008) todos los contratos petroleros están siendo renegociados por disposición del Gobierno ecuatoriano.
En torno a este tema, es importante de precisar que no existen valoraciones económicas precisas de los impactos de la actividad petrolera en el país, en especial, de los derrames. Sin embargo, Fander Falconí (2002) estima los impactos de la actividad de Texaco, los cuales estarían en el orden de 630 millones de dólares en el período 1970–1990, por costos de limpieza y remediación, y reporta como externalidades por deforestación y otros factores, 924 millones de dólares para el mismo período. Estas estimaciones deben ser consideradas un límite inferior del costo real de los impactos de la actividad, ya que no contabilizan las pérdidas de bienestar de las poblaciones afectadas. En relación a estas estimaciones, el sector petrolero privado propone considerar con especial atención
la variable tecnológica, mencionan que los avances alcanzados en las últimas décadas
disminuyen sensiblemente las externalidades ambientales del sector en su conjunto, por
lo que los impactos de la operación petrolera de los años setenta no serían comparables
con la realidad actual del sector cuando se aplica esta nueva tecnología.
A pesar de los ingresos que genera la actividad petrolera para la economía ecuatoriana,
en su mayoría no traspasa estos beneficios a los territorios donde se realizan los procesos extractivos. Esto queda explícito al observar el índice de necesidades insatisfechas del SIISE para el 2001, de las provincias de Sucumbíos y Orellana -y sus correspondientes cantones –las cuales constituyen las fuentes principales de crudo pero que tienen a más del 80% de su población bajo el nivel de pobreza. Si el análisis se lo hace a nivel de parroquias donde se ubican los pozos petroleros, los niveles de pobreza alcanzan más del 93%, frente a una media nacional del 61% 25 .
A parte de los problemas mencionados, la actividad petrolera registra impactos sociales
y culturales de consideración, entre ellos los conflictos con los pueblos Quichua, Cofán, Secoya, Siona y Huaorani, así como los pueblos no contactados Tagaeri-Taromenani; y de manera directa o indirecta, la actividad petrolera provocó la extinción de los Tetetes. Resulta indicativo de estos impactos, el reportado por Falconí (2002), quien señala que solo la operación de Texaco había afectado a 600 mil personas, causando principalmente problemas relacionados a la salud, como enfermedades a la piel y afectaciones a mujeres embarazadas 26 . La respuesta de las poblaciones en contra de la actividad, ha desembocado en dos juicios, uno contra la empresa Texaco por los daños ocasionados en la región norte de la Amazonía; y el otro del pueblo de Sarayaku en contra del Estado ecuatoriano acusándolo de violación a los derechos humanos.
25 Las provincias, cantones y parroquias orientales con mayor número de pozos (de mayor a menor número), y el porcentaje de índice de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (SIISE V 3.5), entre paréntesis, son las provincias de Sucumbíos (81,7%) y Orellana (82,6%); y los cantones de Orellana (76,5%), Lago Agrio (84%), Joya de los Sachas (88%) y Shushufindi (78%). Mientras que de un total de 34 parroquias amazónicas que cuentan con pozos petroleros, sobresalen Pacayacu (93%), Dayuma (93,8%), la Joya de los Sachas (80%) y Shushufindi (72,8%).
26 En este estudio el autor señala que existe un vacío de información sobre los efectos a la salud producidos por la actividad petrolera. Los directivos de los principales centros hospitalarios públicos en Lago Agrio (…), así como el dispensario médico de PETROECUADOR no han realizado estudios en este campo, ni tienen estadísticas de las personas que han sufrido daños por impactos de la actividad petrolera (…). Aunque señala que en las zonas donde hay mayor contaminación por petróleo, el índice de abortos en las mujeres y en los animales es mucho más alto. También señala que poblaciones cercanas a la actividad petrolera se registran entre sus pobladores problemas como erupciones en la piel, dermatitis, lesiones crónicas papuvesiculares y cicatrices hipo pigmentadas.
En relación a la minería, su desarrollo actual incluye las fases de prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y comercialización de minerales metálicos y no-metálicos. Según las cifras oficiales, más del 80% del área concedida 27 para esta actividad tiene fines de exploración, generalmente a cargo de empresas internacionales; mientras que la explotación queda a cargo de múltiples unidades que, por sus niveles de producción e inversión, son realizados minería de pequeña escala 28 . Hasta el 2001, se registró la solicitud de 1095 concesiones mineras (1,47 millones de Ha.), en tanto que solo fueron otorgadas e inscritas 663 concesiones (0,44 millones de Ha.).
En cuanto a los impactos de la minería, el Proyecto Desarrollo Minero y Control Ambiental, PRODEMINCA financiado por el Banco Mundial, destaca la existencia de contaminación de varios ríos de sudoeste del Ecuador, en la zona de mayor concentración minera de oro (Fundación Ambiente y Sociedad, 2000). Las cantidades de sólidos en suspensión en estos ríos son visibles y afectan a grandes tramos de las áreas mineras, excediendo sus concentraciones los mil miligramos por litro, identificándose además que éstos transportan mercurio, y poseen altas concentraciones de cianuro (4.109 Ug/l) 29 . Además, diversos informes hablan de procesos significativos de deforestación, pero el área de vegetación primaria afectada no ha sido cuantificada. En 1992, por ejemplo, se estimaba que el 70% del área de Zaruma-Portovelo estaba afectada.
La cuantificación en términos económicos, de los impactos generados por el sector es difícil, dado que la información disponible es muy limitada y no da cuenta de todo el ciclo de vida de la operación. Sin embargo, de forma puntual Hruschka y Priester (1998), estiman los potenciales pasivos ambientales generados por pequeñas y medianas operaciones en la zona aurífera de Zaruma-Portovelo, encontrando que éstos ascienden a 37 mill. USD frente a 62 mill. USD de aporte potencial bruto a la economía nacional 30 . Un aspecto interesante de este estudio es que los pasivos ambientales generados por una pequeña operación informal, contabilizados por tonelada producida, son superiores a los pasivos generados por una operación pequeña formal (50 USD/TM frente a 29 USD/TM).
La participación de este sector dentro del PIB fue del 7,7% en el 2004. En relación al parque automotriz en el año 2004, el 58% se destina a transporte de pasajeros y el restante 42% a carga, existiendo 0,05 vehículos por habitante.
27 En el 2008, todas las concesiones mineras fueron revertidas al Estado, por un mandato de la Asamblea Constituyente, y actualmente (octubre del 2008) el Gobierno ha preparado una nueva Ley Minera. 28 La pequeña minería en Ecuador esta formada por sectores de subsistencia, artesanales y de pequeña escala (concesiones máximas de 150 ha.). Solo estos últimos están constituidos legalmente y aplican medidas básicas de prevención y control de la contaminación (Sandoval et. al., 2002).
29 El estándar establecido por la agencia estadounidense de protección ambiental (USEPA) es 5,2 Ug/l.
30 Estas cifras se estiman en base a una producción estimada de 300 mil TM anuales de producción. Los pasivos ambientales fueron estimados en base al costo de oportunidad de actividades alternativas (pesca y cultivos agrícolas) en el área de explotación y considerando tiempos de remediación y recuperación. Estas estimaciones deben ser consideradas el límite inferior de los impactos, porque no consideran perdidas de bienestar.
En cuanto a impactos del sector, el principal se relaciona a las emisiones contaminantes que libera hacia la atmósfera, las cuales han llegado a niveles que producen la pérdida del bienestar de la población, como es el caso de ciudades como Quito, Ambato y Cuenca. En el caso de la ciudad de Quito, CORPAIRE, ha estimado que medidas que promuevan disminuciones del 60% de las emisiones de los buses a diesel podrían generar ganancias, o evitar perdidas en bienestar para la ciudad en alrededor de 145 millones de dólares del 2005, en un período de 10 años de aplicación de estas medidas (ECOGESTION, 2005). Una evaluación de las emisiones contaminantes del parque automotor, la cual se construye en función del consumo de combustibles y el tipo de vehículos que lo componen, determina que las principales cargas contaminantes son:
PTS (Partículas Totales Suspendidas), SO 2 (Dióxido de Azufre), NO x (Óxidos de Nitrógeno), HC (Hidrocarburos volátiles), y CO (Monóxido de carbono), de donde se establece que el parque automotor a gasolina aporta con el 66% de la carga contaminante, en tanto que el parque automotor a diesel contribuye con el 34% (MAE,
El sector se caracteriza por grandes extensiones de cultivos para agro exportación como:
banano, café y cacao, y de flores, los cuales a pesar de emplear solo el 11% de la superficie total utilizada por el sector 31 , generan el 52% del PIB de este sector, indicando su alto valor económico. En cuanto a generación de empleo, todo el sector 32 contribuye con el 8% del empleo nacional, siendo superado tan solo por el sector comercio al por mayor y menor (26%).
En cuanto al uso del territorio, en el año 2001 se registró una superficie natural del 56%, correspondiente a vegetación remanente de todos los ecosistemas. Aproximadamente un 39% de la superficie la ocuparon los pastos plantados, cultivos de ciclo corto, arboricultura, cultivos de arroz, camaronera y otros cultivos; y el restante 5% fue registrada como áreas erosionadas, concentrándose principalmente en la Sierra. Los ecosistemas que más han sido transformados y han sido utilizados para la agricultura son el bosque húmedo de la Costa (75% del total convertido), el bosque húmedo montano occidental (70%), el bosque seco occidental (70%), y la vegetación interandina húmeda (52%) y seca (39 %) (MAE y EcoCiencia, 2005).
El uso del suelo para agricultura refleja una estructura de tenencia de la tierra basada en la herencia colonial, con extensiones grandes otorgadas a pocas familias, reflejado en un coeficiente de Gini de 0,7696, uno de los mas desiguales distribuciones de tierra en América del Sur. Esta estructura que se ha modificado paulatinamente desde la década de los cincuenta, con base a una reforma agraria que pretendía eliminar las relaciones precarias en el campo, pero con cuestionamientos técnicos, sociales -sobre todo de
31 Se considera que la superficie agrícola del país asciende a 6.073.980 has. – alcanzando un 23,69% de la superficie total -. Para esta estimación, se tomo en cuenta como superficie forestal las siguientes: áreas erosionadas o en proceso de erosión; los cultivos de arroz, banano, café, caña de azúcar, frutales, maíz, y palma africana; pastos plantados; y cultivos bajo invernadero, de ciclo corto, e indiferenciados (Proyecto PROMSA - CDC y Ecociencia, 2001).
32 Es conveniente destacar que el sector florícola concentra el 14,22% del empleo sectorial.
equidad- y ambientales; y que ha favorecido la explotación indiscriminada de los recursos naturales y la producción exportable.
En cuanto al uso y manejo de la agro biodiversidad, solamente el 14% (399 especies) de los cultivados se encuentran en bancos de germoplasma, existiendo por lo menos un 86% de especies no representadas. Además se indica que son pocas las instituciones que están trabajando en la conservación y uso de recursos fitogenéticos (14 instituciones) y zoogenéticos (9 instituciones), y que la mayoría de sus iniciativas son de carácter aislado (DENAREF, 2004). Dado que el Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta, se necesita movilizar recursos en investigación y desarrollo para el aprovechamiento de esta clara ventaja comparativa.
Recurso agua: acceso, uso y distribución. Los aportes totales de la red hidrográfica nacional, con un error del 30% probable, son de 110 billones de m 3 por año en la vertiente del Océano Pacífico y de 290 billones de m 3 por año en la vertiente amazónica. Existe una gran heterogeneidad de la distribución espacial de los caudales en las diferentes regiones geográficas del Ecuador, dado por las diversas condiciones físico-climáticas imperantes en el territorio nacional. El potencial de recursos subterráneos utilizables en la vertiente del Pacífico se ha estimado en 10,4 km3/año. En la vertiente amazónica no existen estudios que permitan estimar los recursos subterráneos. La explotación de aguas subterráneas tiene fines de consumo doméstico e industrial. La alta disponibilidad de recursos hídricos de superficie ha restringido, a pesar de su gran riqueza, la utilización de las aguas subterráneas para riego, especialmente en la cuenca del Guayas. Excepto en las Hoyas de Quito y Latacunga, el grado actual de aprovechamiento de los acuíferos para riego es muy limitado. Son pocos los sistemas de riego que utilizan aguas subterráneas en la sierra, en parte debido a los costes de alumbramiento y operación y mantenimiento. De hecho, buena parte de los pozos en operación han sido abandonados, especialmente aquellos pertenecientes a los distritos de riego públicos al quedar en manos de sus beneficiarios. Sin embargo, cuando el agua ha sido utilizada para cultivos de alta rentabilidad, como en el caso de las flores, su uso se ha mantenido. En la costa es más generalizado el uso de mantos freáticos favorecido por la escasa profundidad, el gran volumen de extracción y la alta rentabilidad de los cultivos, especialmente el banano (FAO-Forestry, 2000). El área regable neta del Ecuador es de aproximadamente 3’136.000 Has., el 93.3% de las cuales están sobre las cuencas de la vertiente del Pacífico y la diferencia sobre la vertiente Amazónica. La cuenca más importante en extensión es la del río Guayas, que representa el 40,4% de la superficie regable del país, seguida de la del río Esmeraldas con el 12,6%. Del total del área regable, apenas 560.000 Has. están bajo riego, lo que representa el 30% de la superficie cultivada del país. Sin embargo, la agricultura bajo riego tiene una significación mucho mayor que la de secano, aportando aproximadamente con el 75% del valor de la producción agrícola nacional. La mayor parte del consumo de agua del Ecuador se destina al riego, estimándose su uso en un 80% del consumo total. Sin embargo, las pérdidas en la captación, conducciones primarias, secundarias y terciarias y en el ámbito de parcela, hacen que las eficiencias varíen entre el 15% y 25%. Pese a que es poco lo que se conoce sobre el riego privado, estos sistemas cubrirían aproximadamente 460.000 Has. (83%), correspondiendo la diferencia, esto es 108.000 Has., a cultivos regados con sistemas públicos (Galárraga,
En relación a la distribución del agua, la inequidad en el acceso a este recurso (Gini: 0,7829; cercano a uno indica mayor concentración) no es atribuible a la disponibilidad de agua que existe en el país. En efecto, se calcula que cada persona dispone de 40.000 m 3 de agua al año, lo que representa 2,5 veces más que el promedio mundial. El agua para riego es de 21.000 m 3 por hectárea, el más alto rubro de América del Sur
Fuente: Galárraga-Sánchez, R. 2000. Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en el Ecuador. EPN.
El sector coincide en que la consideración de temas ambientales ha comenzado a permear paulatinamente en sus agendas, especialmente para quienes están expuestos a colocar sus productos en mercados internacionales. La vinculación entre gestión ambiental, responsabilidad social y competitividad es ahora más clara para los
E. Sector Pesca 33
La actividad pesquera en el Ecuador tiene un valor socio-económico altamente significativo, en vista de que genera aproximadamente 120,000 plazas de trabajo directo y más de US$540 millones al año en exportaciones. La participación en la estructura porcentual del PIB se mantuvo cerca del 1.5% para los años 2005-2007.
La actividad pesquera en Ecuador se divide en dos ejes principales: (i) la pesca industrial; y (ii) la pesca artesanal, esta última caracterizada por la operación manual de las artes de pesca. Se diferencian tres sub-sectores en la pesca artesanal: (i) pesca de recolección que incluye a los mariscadores del área intermareal que son recolectores de conchas, cangrejos, almejas, ostras, mejillones, camarones, jaibas, etc; (ii) pesca artesanal costera en la cual se emplean embarcaciones y artes de pesca para la captura de peces demersales y pelágicos; y (iii) pesca artesanal oceánica que opera en mar abierto, utilizando los denominados barcos nodrizas para almacenar las capturas durante el periodo de la campaña de pesca.
La pesca artesanal en sus tres formas se realiza a lo largo de la línea costera continental en un total de 138 puertos pesqueros (‘caletas’), en los cuales se comercializa el producto. Según datos disponibles, se estima que existen actualmente de 56 mil a 60 mil pescadores artesanales que operan desde estas caletas. Además, el sector genera plazas de trabajo indirecto tal como abastecedores, reparación y mantenimiento de embarcaciones, provisión de suministros, comerciantes informales, y restaurantes.
Alrededor de 300 especies marinas forman las capturas principales de la pesca artesanal. El Instituto Nacional de Pesca estima que los desembarques totales estimados han oscilado entre 8,200 y 16,800 TM/año en el periodo 2001-2007. La flota artesanal del continente (16,000 embarcaciones) se considera sobredimensionada respecto a la disponibilidad de los recursos sobre los cuales opera, a juzgar por la disminución de los desembarques de más de 50% en las últimas dos décadas, el aumento de conflictos en las operaciones de las diferentes flotas y la reducción en las poblaciones de especies comerciales.
El sector de la pesca artesanal ecuatoriano se caracteriza por: (i) una problemática compleja de marginalización y pobreza de las comunidades pesqueras artesanales; (ii) falta de capacidad de las organizaciones gremiales; (iii) deficiencias en la infraestructura productiva (sitios de desembarque, centros de acopio, etc.) que afectan la calidad del producto y la comercialización; (iv) limitaciones de acceso a los mercados; (v) falta de datos sobre el estado de los recursos y la actividad pesquera artesanal; (vi) el libre acceso que contribuye al sobre-dimensionamiento de la flota y el esfuerzo pesquero en relación con la disponibilidad de los recursos en explotación; (vii) conflictos con otros sub-sectores generados por el ejercicio de la pesca en lugares de uso común; y (viii) la falta de efectividad de las medidas actuales de gestión.
33 Fuente: Perfil del Proyecto PROPESCAR (EC-L1059)
Para atender esta problemática, el Gobierno del Ecuador (GOEC) ha desarrollado un Plan Nacional de Desarrollo del Sub-sector Pesquero 2007-2011, cuyo objetivo es consolidar e incrementar la competitividad del sector a través de su vocación exportadora, mediante esquemas de colaboración y cooperación en la adopción de normas legales adecuadas, infraestructura física, estándares y normas de gestión de calidad y inteligencia de mercados. El Plan contiene cuatro líneas estratégicas, incluyendo el ordenamiento del sector, el mejoramiento del sistema de control, la investigación y el mejoramiento de los indicadores socioeconómicos. La implementación efectiva del Plan requiere inversiones para fortalecer los factores de producción clave del sector artesanal, incluyendo la infraestructura productiva, y para manejar, conservar y aprovechar los recursos pesqueros que se encuentran en los ecosistemas marinos y costeros con la finalidad de lograr que la actividad económica se mantenga a largo plazo.
F. Sector Forestal
El sector en el año 2004 contribuyó con 3% del PIB, con aproximadamente el 64% de la madera extraída del bosque nativo por el sector. A pesar de que la productividad por hectárea de las plantaciones forestales es superior a la del bosque nativo, su área (de 167,000 Ha) representa menos de 1% de la superficie nacional en 2003, comparado con el bosque nativo con 13%. Esto se debe a una serie de factores tales como la falta de control forestal, tenencia insegura y procedimientos burocráticos que han incidido en crear un pésimo clima de negocios para la inversión forestal.
En relación a la superficie de los bosques nativos, existen múltiples y contradictoras fuentes de referencia, con cifras que van desde 9,5 hasta casi 15 millones de Has. Los últimos datos reportados (citado en MAE, 2004) señalan la existencia total de 11.450.000 Has de bosque nativo, de las cuales 4.3 millones de Has están dentro de áreas protegidas y 7.2 millones de Has fuera y susceptibles de ser aprovechadas. Sin embargo, de estas últimas menos del 10% son factibles de ser aprovechadas económicamente, bajo un esquema de manejo forestal sostenible.
El sector presenta diversos problemas, tales como los relacionados a procesos de deforestación 34 , el comercio ilegal de madera 35 , y el logro de una adecuada inserción en el marco del desarrollo social y económico del país. En efecto, la ausencia de una política nacional de desarrollo forestal sostenible, que integre diversas estrategias de planificación, manejo, control, investigación y aplicación de incentivos, dirigidos a valorar bienes y servicios del bosque más allá de la madera, e internalizar ese valor en la economía nacional, son algunos de los factores que provocan una ausencia de una valoración real del sector en la contabilidad nacional. Al respecto, existen iniciativas de certificación, entre ellas la certificación forestal bajo el esquema del Consejo de Manejo Forestal (FSC, por sus siglas en inglés) gracias a la
34 Oficialmente el Ecuador reporta para la última década una pérdida de 137.000 Ha/año.
35 Vigilancia Verde reporta que de 2´148.641,472 m 3 de madera (rolliza, aserrada y otras) revisada entre enero del 2003 y septiembre de 2006, se ha logrado retener por diversos motivos 14.443,322 m 3 , sin que sea posible afirmar que este valor represente al volumen de madera extraída ilegalmente de bosques nativos.
iniciativa del grupo de trabajo sobre Certificación Forestal Voluntaria en el Ecuador; sin embargo, se advierte que en el país el proceso avanza de manera lenta. En efecto, a pesar de la creciente expectativa generada, son escasas las operaciones certificadas que hayan logrado demostrar sostenibilidad bajo los principios y criterios seguidos por FSC (CEFOVE, 2006) 36 .
En cuanto a sus impactos, se debe mencionar que la explotación forestal desordenada representa una de las principales amenazas a la biodiversidad y a las poblaciones que viven en los bosques. En el caso puntual de la provincia de Esmeraldas, se tiene que es la zona más afectada en términos deforestación, ya que si en 1960 existían 1.000.000 Has de bosques nativos, en la actualidad, se estima en 300.000 Has los remanentes de bosques (REGAL-ECOPAR, 2005). Aunque no existe una valoración económica de la degradación de los ecosistemas forestales del país, es posible tener como referencia las cifras estimadas por Burneo y Alban (2005), quienes calculan que el valor económico total 37 de una hectárea de bosque nativo del sur occidente de Esmeraldas alcanza los 2.700 USD, siendo 197 USD de este valor los correspondientes a beneficios a nivel local. Esta cifra brinda una idea del impacto económico y de las perdidas de bienestar local por la degradación del ecosistema bosque a nivel país.
En el 2008, el Gobierno del Ecuador ha impulsado dos iniciativas a favor del sector forestal:_ el Plan Nacional de Forestación y Reforestación (para cuya ejecución ha creado la Corporación Proforestal, adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura –MAGAP-), y el Programa “Socio Bosque” (incentivos para la conservación del bosque nativo, a cargo del Ministerio del Ambiente).
G. Sector Turismo
Este sector cuenta por entre 1-3% del PIB, con una generación de empleo que asciende 5-7% o cerca de 400,000 personas empleadas en 2004 38 . Es decir, es un sector intensivo en mano de obra y que está bien alineado con el patrimonio y los costos relativos de capital y mano de obra.
Por otro lado, este sector utiliza de forma no extractiva los recursos naturales del país, por cuanto uno de los mayores atractivos es su biodiversidad, belleza escénica y patrimonio cultural. En el 2003, por ejemplo, el 43% del total de turistas visitaron áreas pertenecientes al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), incluyendo pero no
36 Bajo el sistema de certificación promovido por CEFOVE, en el Ecuador han sido certificadas hasta el momento 20.000 Ha de plantaciones de pino en la Sierra; 2.965 Ha de plantaciones de teca, melina y guadua en la Costa; y, 8.600 Ha de plantaciones en las provincias de Pichincha y Esmeraldas.
37 Este valor incluye los diferentes usos de los productos forestales y los servicios que presta el ecosistema. No incluye el valor de existencia.
38 De acuerdo al esquema utilizado por el Banco Central del Ecuador, el sector turismo se ve reflejado por lo acontecido en la partida Hoteles y Restaurantes, cuya participación alcanzó el 1,2% en el 2004. Sin embargo, esta información considera una subestimación del aporte del turismo a la economía nacional, evidencia de ello, es que en el 2003 estimaciones del ingreso del sector turístico señalan que su aporte es del 1,45 veces mayor a lo expresado en el sub sector hoteles y restaurantes, así mismo el número de puestos de trabajos generados estimados para el sector en el 2004 alcanza 397 mil puestos, es decir 2,06 veces más a los del sub sector mencionado.
limitado a las Galápagos, lo que lo posiciona como uno de los principales atractivos del país.
En este sentido, el PANE cumple un papel vital para mantener el foco de atención para la visita de turistas, tanto nacionales como extranjeros, y produce sinergias importantes entre el turismo y la conservación. Sin embargo, a pesar de la importancia económica de la biodiversidad como atractivo principal para el turismo, esto no se refleja en la atención que el mismo sector turístico y el Estado brinda al funcionamiento del PANE 39 . Así, se registra en el 2003, que tan solo 0,001 % de los beneficios de la actividad turística van al Sistema en calidad de patentes de operación turística o entradas a las áreas naturales; en tanto que el aporte del Estado al mantenimiento de las áreas, representa solo el 0,025% de su presupuesto anual (1,7 mill. USD) (MAE, 2005).
En el 2007, el Ecuador para impulsar el sector del turismo, lanzó el Plan de Desarrollo del Turismo Sostenible del Ecuador (PLANDETUR 2020).
Situación de las Áreas Naturales Protegidas
El Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) cuenta en la actualidad con 37 áreas protegidas. Estas áreas oscilan entre las 82 Has. del Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara hasta 1´016.374 Has. del Parque Nacional Yasuní. A pesar de que la superficie destinada a conservación es considerable, muchas de las áreas fueron creadas fuera de un contexto de planificación sistemático acorde a los patrones de distribución espacial de la biodiversidad del país. Como resultado, muchas de las áreas protegidas que se encuentran en zonas andinas (5 de las 7 más grandes) tienen tamaños insuficientes para mantener muestras viables de los ecosistemas, comunidades y especies que protegen. Por ejemplo, 20 tienen una superficie menor a 100.000 Has., lo que implica que muchas de las poblaciones de las denominadas especies paisaje (por ejemplo, el oso andino) albergadas en su interior sean pequeñas, con baja probabilidad de mantenerse y cumplir su función ecológica en el largo plazo (EcoCiencia et al. 2006).
De igual forma, no todos los ecosistemas contenidos dentro de las áreas protegidas del PANE tienen el mismo nivel de protección. Los bosques húmedos de la Amazonía, el bosque húmedo montano occidental, los humedales, los manglares, los nevados y los páramos están por encima del promedio nacional. Sin embargo, ecosistemas como la vegetación seca y húmeda interandina, y los bosques secos orientales y occidentales, están sub-representados en el PANE.
También es importante analizar la relación que el PANE tiene respecto a otras iniciativas de protección y manejo de ecosistemas, como son los bosques protectores. Sin hacer un mayor análisis de su efectividad de conservación y sus consecuencias sociales, estos cubren el 6,8% del territorio nacional (16.123,1 Km 2 ), y en casos como la vegetación interandina, cubren ecosistemas que no están dentro del PANE. Aunque los bosques protectores son áreas administrativamente fraccionadas y con superficies muy por debajo de los valores del PANE, es interesante analizar la complementariedad de los dos sistemas de protección. Por ejemplo, el bosque húmedo de la Costa, con una representación muy baja dentro del PANE, tiene una representación mayor a nivel de bosques protectores (casi el 20%). Sin embargo, el bosque seco montano oriental aún sigue sin protección del PANE ni del sistema de bosques protectores.
Finalmente, entre otros retos que enfrentan las áreas protegidas se pueden mencionar también a los niveles de endemismo que poseen los ecosistemas y la vulnerabilidad de las especies contenidas en los mismos; así como, el desarrollo de actividades reñidas con la conservación (en 1996 el 13,27% del PANE se
39 En el cuadro de texto se puede apreciar sobre la situación de las áreas protegidas del país.
H. Sector Industrial
El sector industria asociado principalmente a manufacturas -procesamiento de alimentos, plásticos, productos químicos, metalurgia, cuero, etc.- tiene una contribución que alcanza un 7% del PIB. La actividad no hace un uso extractivo de los recursos naturales, pero sus impactos se agregan a aquellos que producen los centros poblados, en especial la generación de desechos líquidos, sólidos y gaseosos. Por ello, describiremos los principales hallazgos en relación a los impactos de las industrias y áreas urbanas.
En términos de contaminación atmosférica, se puede establecer que del total de contaminantes al aire que genera el sector, las industrias de más aportan corresponden a: Productos alimenticios, Fabricación de papel y productos de papel, Refinación de petróleo y Fabricación de sustancias y productos químicos. Estas industrias concentran las siguientes emisiones anuales (en porcentajes) 79% del SO 2 , el 84% de NO 2 , el 79% de CO y VOC, el 50% de PM-10 y el 70% de PTS (OPS/OMS/MAE, 2003) 40 . Se debe considerar que estos impactos son adicionales a los ocasionados por el sector transporte en las áreas urbanas, ya descritos anteriormente (el sector transporte y el tráfico vehicular genera entre el 60 y 70% del total de emisiones).
En cuanto a la contaminación de aguas, se ha recurrido a un análisis individualizado de las cargas contaminantes generadas por los conglomerados humanos (ciudades) y por los sectores productivos. Los parámetros considerados para el análisis son Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos (SS), Sólidos Disueltos Totales (SDT), Aceites y Nitrógeno. En cuanto a población, se estima que la carga contaminante de DBO de las aguas servidas de las ciudades es de 94.600 TM anuales, es decir, 89.870 TM más de lo factible. Por su lado, en el caso de las industrias se estima que el volumen de aguas residuales generado al año es de alrededor de 244 millones de m 3 , lo que implicaría un costo de tratamiento de casi 134 mill. USD/año.
En cuanto a la generación de desechos sólidos, tenemos que las áreas urbanas estarían generando unas 5.500 TM/día de desechos, de las cuales solo las ciudades grandes (Quito, Guayaquil y Cuenca) cuentan con sistemas de manejo de basuras, que tienen una cobertura del 90%, mientras que un grupo de unas 53 ciudades medianas y pequeñas con población entre 15.000 y 250.000 habitantes (Censo, 2001) cuentan con coberturas del 50% al 80% (Sierra 80%, Costa 70% y Región Amazónica 50% de cobertura para el 2002). Por su lado, las actividades productivas relacionadas a las industrias se ha estimado que generan unas 24.108 TM de desechos sólidos, donde el sector papel y productos de papel genera el mayor aporte. Si se analiza la cantidad de residuos que se estarían generando y se asume su disposición final en un relleno de una altura promedio de cinco metros, con una densidad de los desechos de 350 Kg/m 3 , se estima que por año
40 Dióxido de Azufre (SO 2 ), Óxidos de Nitrógeno (NO 2 ), Monóxido de Carbono (CO), Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), Partículas diámetro medio de menos o igual a 10 µm (PM 10 ), Partículas Totales Suspendidas (PTS), e Hidrocarburos volátiles (HC). Una información más amplia puede ser revisada en el Anexo III.
se requerirán 3 Has de terreno, lo que equivaldría a casi ocho canchas de fútbol juntas (De La Torre, 2006).
VI. ANÁLISIS INTERSECTORIAL
Para analizar mejor el peso que tiene recursos naturales y su explotación en la economía ecuatoriana, en esta sección se presenta los resultados de un modelo de equilibrio general aplicado al ambiente (denominado “MEGA Ambiente” de aquí en adelante), los cuales proveen una lectura cuantitativa de los sectores seleccionados e interpretan las interrelaciones existentes entre éstos. Este modelo analiza el uso de factores productivos de la economía, y además de capital y mano de obra incluye, dos factores netamente ambientales - tierra y energía.
Con el MEGA Ambiente, resulta posible proyectar escenarios de uso de los recursos naturales bajo diferentes políticas que incentivan o inhiben su explotación, cuyos resultados permiten cuantificar tendencias de crecimiento, patrones de utilización y aspectos distributivos, así como las externalidades que surgen en este proceso. Estos resultados permiten en la segunda parte de esta sección reflexionar sobre las características de la estructura económica actual del país y las reformas necesarias para conducir la economía hacia la sostenibilidad y competitividad en el futuro.
A. Modelo Ecuatoriano de Equilibrio General Aplicado para Ambiente
El modelo de equilibrio general, conocido como CGE por sus siglas en inglés, (Computable General Equilibrium), es una herramienta que permite modelar la oferta y demanda sectorial de una economía, así como a los distintos actores (consumidores, empresas, gobiernos, etc.) que participan de ella, simulando un equilibrio de mercado; destaca de este modelo su facilidad de aplicación al no necesitar información de series de tiempo, así como su versatilidad para evaluar efectos de política económica sobre la propia economía y, como este caso, en el ambiente 41 . El MEGA Ambiente se desarrolla a partir del modelo MEEGA, construido por el Banco Central del Ecuador (Pérez y Acosta, 2005) para evaluar el tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ajustado para analizar los efectos ambientales derivados del crecimiento económico del país, en especial aquellos efectos ocasionados por los sectores transables de la economía 42 . En este sentido, el MEGA Ambiente modifica la estructura de producción del modelo original, incorporando dos nuevos factores productivos, tierra y energía, los cuales buscan representar el capital natural con que cuenta el país. Al respecto, se debe indicar que estos nuevos factores, modifican sólo la función de producción del valor agregado formal de la economía, sin modificar el resto de la estructura productiva del país, ni los agentes involucrados en el análisis. De esta forma se puede utilizar la Matriz de Contabilidad Social (SAM) construida por el Banco Central para el año 2001 (última
41 En el cuadro se amplia la utilidad de los modelos de equilibrio general.
42 Agradecemos la buena disposición y colaboración de Wilson Pérez y Miguel Acosta (Banco Central del Ecuador) al facilitar su modelo para el desarrollo de este trabajo.
versión disponible) 43 , y los principales supuestos macroeconómicos utilizados en su modelo.
¿Por qué utilizar un Modelo de Equilibrio General? Los Modelos de Equilibrio General (CGE, por sus siglas en inglés) son herramientas multidimensionales y multisectoriales, que utilizan como principal fuente de información la Matriz de Contabilidad Social (SAM) o las Matrices de Insumo – Producto del país. Así, los CGE permiten realizar un análisis cuantitativo a nivel macro, incorporando relaciones esenciales del equilibrio general entre la estructura de producción, el ingreso de diferentes agentes y los patrones de demanda. Los CGE perfeccionan el análisis de equilibrio parcial, ya que incorporan un ámbito más amplio de estudio, cuantificando los efectos indirectos y reflejando incentivos de mercado y su impacto en la macroeconomía. Así, pueden ser aplicados a una variedad de problemas económicos tales como: cambio impositivo, variaciones en la distribución de ingreso, aplicación de políticas de desarrollo regional y local, y medio ambiente, entre muchos otros; estos permiten cuantificar la eficiencia e impactos distributivos de las políticas gubernamentales. De esta forma, una de las razones más importantes esgrimidas para el uso de los modelos CGE es su integración entre la economía aplicada y la implementación de políticas. Entre los análisis económicos ambientales realizados frecuentemente por CGE, están: las políticas comerciales y su impacto en los recursos naturales, las políticas de reducción de gases invernaderos y cambio climático, los problemas energéticos nacionales y regionales, el manejo de recursos naturales y normativa ambiental, entre otros. De este modo, los modelos CGE permiten entender las complejas interacciones que se desarrollan en la economía, las cuales generan distintos impactos en los agentes socioeconómicos de una región determinada. Estos modelos han sido usados principalmente en países en vías de desarrollo, e intentan reflejar la mayor parte de las actividades y variables económicas que desarrollan e intervienen en la economía. Entre estas destacan las actividades productivas, institucionales, la modelación de los componentes macroeconómicos y de todos los mercados, tales como los niveles de inversión, ahorro, balanza de pagos, gasto fiscal, etc. Este análisis mejora el enfoque tradicional de insumo - producto, al generar cantidades y precios en forma endógena, reflejando además las interacciones propias del mercado. Conjuntamente, permiten cuantificar efectos indirectos e inducidos que se producen en la economía, generando información de mayor cobertura que en el caso del análisis de equilibrio parcial. Debido a estas interacciones entre los sectores y agentes económicos, existe una multiplicidad de efectos a ser cuantificados, lo que implicaría el desarrollo de una gran cantidad de herramientas metodológicas que permitan realizar tales mediciones. El desarrollo de los modelos CGE ha permitido solucionar en parte dicho problema presentando un análisis holístico de la macroeconomía, considerando su oferta y demanda de manera desagregada. Estos modelos están usualmente estructurados sobre la base neoclásica descrita por Dervis et al. (1982), en donde se supone que existe competencia perfecta, en que las firmas y consumidores maximizan sus beneficios y utilidades respectivamente, donde no existen costos de transacción y existe perfecta movilidad de los factores productivos, con excepción de la tierra. Esta
Fuente: SCL Econometrics.
En esta sección, se destacan los resultados obtenidos por el modelo MEGA Ambiente en los distintos escenarios de políticas de aprovechamiento de los recursos naturales, los cuales permiten apreciar la interacción entre los diferentes sectores. Los resultados presentados consideran los impactos sobre la producción en los escenarios simulados, los cambios experimentados en el uso de los factores de producción -tierra y energía- y los impactos el uso de los ingresos en tipos de hogares seleccionados, y permiten afirmar que el factor ambiental es demasiado importante para la economía ecuatoriana como para ignorarlo. Se estima que en el año 2001, por ejemplo, se generaron externalidades negativas cercanas al 3.5% del PIB, como un limite inferior para éstas 44 .
43 Se debe advertir al lector que debido a que se trabaja con información macroeconómica del 2001, algunas de las relaciones presentadas en esta sección pudieran no coincidir con las secciones anteriores.
44 El valor estimado para el año 2001: 669.1 millones de dólares, se basa en el cálculo de intervalos de confianza de los valores entre los cuales podrían ubicarse las externalidades ocasionadas por la actividad petrolera, procesos de
En este contexto, cualquier definición de política en el ámbito productivo macroeconómico debe necesariamente incorporar dimensión ambiental, de forma de balancear los costos y beneficios económicos, sociales y ambientales derivados del mayor crecimiento económico. Por lo tanto, sin un correcto modelamiento de la variable ambiental en esta materia, se corre el riesgo de sesgar la toma de decisiones hacia políticas de corto plazo, que potencian el crecimiento del sector transable extractivo, sin visualizar las externalidades producidas por este, las que claramente conducen a la depreciación del capital natural del país.
A continuación, se presenta un detalle de los sectores considerados en el modelo, la
descripción de los supuestos utilizados para la construcción de escenarios de política, y los principales resultados en términos de impactos sobre la producción, cambios en el
uso de factores, cambios en la relación capital trabajo y utilización del ingreso.
a. Sectores analizados
Los sectores considerados y analizados por el modelo son 45 : petróleo y minas, transporte, agrícola, pesca y camarón, forestal y turismo –con una participación en el PIB del 32% en el escenario base (año 2001)- y otros sectores -que representan un 68% del PIB-. Estos sectores son los mismos considerados en el análisis sectorial con algunas modificaciones que facilitan su modelación. En este sentido, el modelo diseñado puede incluir cualquier tipo de desagregación, por lo que los resultados obtenidos de estos sectores, pueden eventualmente ser extendidos a los mismos 27 sectores considerados en el modelo MEEGA del Banco Central. Es entendido que, ceterus paribus, lo demás sectores no cambiaron su contribución o uso de recursos extractitos en los diferentes escenarios proyectados,
b. Descripción de los escenarios de política
A continuación, se presentan cuatro escenarios de política de aprovechamiento de
recursos naturales: liquidación agresiva, uso sostenible, conservación y preservación del patrimonio natural. Estos son simulados a partir de un shock exógeno que altera la
producción de aquellos sectores relacionados con el objetivo de la política en cuestión,
base a modificaciones en el factor capital, como en el diseño de políticas, sobre todo
uso y aplicación de aranceles, con respecto al escenario base 46 . Por otro lado, se
deforestación y de generación de emisiones de CO 2 derivados de la actividad económica desarrollada en el país. Los intervalos se construyen considerando el método de simulación de Montecarlo y en base al uso de fuentes de información secundaria de los diferentes impactos, obteniéndose que con un 80% de probabilidad el costo total de las externalidades está entre 446 y 972 millones de dólares.
45 Si bien en el análisis económico ambiental sectorial se consideraron los sectores: petróleo y minas, transporte, agrícola, pesca y camarón, forestal, turismo y urbano e industrial, las limitaciones encontradas para la construcción de la matriz de contabilidad social que refleje estos últimos de manera confiable condicen a que el análisis del modelo de equilibrio general se simplifique, en base a la consolidación de sectores. Esto, no afecta el estudio, ya que al considerar los mayores sectores de la economía los resultados son robustos bajo los supuestos usados. De esta forma, el sector petróleo se analiza por separado; mientras que transporte equivale a servicios de transporte y almacenamiento; el sector agrícola incluye: banano, café, cacao y flores; el sector pesca y camarón incluye productos derivados del mar; el sector forestal incluye silvicultura y productos de la madera; y turismo incluye servicios de hotelería y restaurantes. El sector industria ha sido agregado a otros sectores.
46 Dada la importante participación en el PIB, se contempló adecuada la inclusión de tales sectores transables para llevar a cabo las simulaciones de los impactos correspondientes a las estrategias de uso del patrimonio natural.
considera al turismo como representante de los sectores no extractivos, permitiendo el diseño de políticas dirigidas a un uso moderado del patrimonio natural.
Escenarios Específicos Simulados
Escenario 1: Liquidación agresiva del patrimonio natural (crecimiento agresivo de sectores extractivos). Se asume un fuerte incremento exógeno de capital, equivalente a un aumento en la Inversión Extranjera Directa (IED) en los sectores extractivos elegidos: petróleo, banano/café y pesca, tendiente a simular un aumento drástico en el uso de los factores ambientales tierra y energía, derivado del aumento lógico en la producción de estos sectores. La inyección de inversión en capital considerada equivale a triplicar la situación actual, en un contexto de alta apertura económica equivalente al escenario EE1 del modelo de Pérez y Acosta (2005). Escenario 2: Política sostenible, orientada a permitir un crecimiento adecuado de la economía y proteger al mismo tiempo el patrimonio natural. Este escenario considera algunos supuestos que incluyen inversiones moderadas en sectores extractivos, apertura comercial y promoción del sector turismo. La simulación de este escenario implico considerar un incremento de inversiones en el sector extractivo de cerca del 35%, e incrementar en más del doble las inversiones de capital destinados para el sector turismo. También se asume políticas de apertura comercial acelerada. Escenario 3: Políticas orientadas a la conservación del patrimonio natural (potenciar el desarrollo del sector turismo). Se asume el mismo escenario de desarrollo sostenible, acentuado por un fuerte aumento en el capital
disponible para el sector turismo (dos o tres veces su valor inicial), en conjunto con una caída del capital utilizado por los sectores extractivos transables –petróleo, banano/café y pesca– (se asumen caídas del factor capital entre un 40 y 50%). De esta forma, se simula un escenario de políticas tendientes a estimular el sector turismo y a disminuir la importancia de los sectores más intensivos en el uso del patrimonio natural del país. Escenario 4: Políticas de preservación del patrimonio natural. Se asume un fuerte aumento de las tarifas de exportación de los sectores extractivos transables –petróleo y pesca– (el incremento de aranceles simulado es entre 50
y 150%), tendiente a simular una disminución drástica en el uso de los factores ambientales tierra y energía, derivada de la disminución lógica de la producción de estos sectores 47 , en un escenario de limitada apertura económica, semejante al estado inicial del modelo de Pérez y Acosta (2005).
Estos escenarios de utilización de factores ambientales, pretenden mostrar su impacto en el ingreso nacional y sectorial, así como también en la distribución de la utilización del ingreso entre los hogares. De esta forma, las variaciones del PIB permiten vislumbrar los costos generados por dichas políticas, así como también posibles beneficios derivados del nuevo uso del capital natural en los procesos productivos correspondientes.
c. Variaciones en el Producto Interno Bruto (PIB)
Las diferentes políticas simuladas generan cambios en el PIB respecto al escenario base, derivados de alteraciones en los precios de los factores, como por cambios en el valor agregado generado. Se debe advertir que las variaciones del PIB presentadas son anuales y comprenden la totalidad de la economía como una respuesta al “shock exógeno” que representa el escenario en cuestión. Por lo tanto, no se puede extrapolar de estos resultados al largo plazo, tomando en cuenta la estructura económica presente y la rigidez implícita en tener stocks de capital fijo y capital humano invertido en la economía actual, los cuales no son fáciles de cambiar en el corto plazo.
En la Tabla 3 se aprecia que en un contexto del escenario de liquidación agresiva, se produce una gran expansión de los sectores extractivos seleccionados y el PIB total crecerá cercano al 12%, mientras que las políticas de preservación y conservación de los recursos naturales hacen caer el indicador en un 6% y 1,1% anual, respectivamente. La
47 Se asume que el efecto de castigar a las exportaciones de dichos transables, vía incremento de aranceles, es similar
a imponer el cobro de un impuesto a la producción. Además, para los efectos de la ejecución del programa, se estimó conveniente mantener el supuesto establecido.
caída en el escenario preservación responde a la limitación de las actividades extractivas, y a la mayor inversión en sectores no transables, las cuales generan un menor valor agregado, debido a su pequeño tamaño en la economía, en comparación a los sectores extractivos que demandan el uso de los factores ambientales, y que representan un gran porcentaje de la producción nacional.
Las diferencias de estos resultados motivaron a ensayar otros escenarios deseables en términos de crecimiento, así se formula un escenario sostenible donde se obtiene un crecimiento del 4.3%, aquí se relajan algunos supuestos para los sectores extractivos – se asume apertura económica en el sector y crecimiento de inversiones en 35% - y se motiva la expansión del sector turismo – se duplican inversiones en este sector.
Tabla 3: Variaciones anuales en el PIB de acuerdo a los distintos escenarios simulados
Variación del PIB*
Externalidades Negativas como % del PIB.ª
Variación del PIB Neta+
*: Las variaciones del PIB son en relación al escenario base (año 2001). En el año base se registran externalidades cercanas al 3.5% del PIB. +: PIB Neto resulta del PIB menos las externalidades negativas estimadas para los sectores extractivos. ª: Los escenarios sostenible, conservación y preservación incluyen mejoras en las tecnologías utilizadas en el sector petrolero. Fuente: SCL Econometrics.
El análisis de la evolución anual del PIB en los distintos escenarios se complementa con una estimación de las externalidades generadas por los sectores extractivos y descontadas del valor del PIB estimado. Con ello se estima la variación anual neta de este indicador; el cálculo de las externalidades no modifica el orden de preferencias en términos del crecimiento alcanzado en cada escenario; es decir el escenario agresivo continúa entregando la mayor expansión de la economía, en tanto que el escenario preservación produce la mayor contracción en el PIB (Ver Tabla 3). Sin embargo, es posible apreciar que el escenario agresivo, es el que genera las mayores externalidades negativas, si se lo mide como porcentaje del PIB, este alcanza a 6.1%, en tanto que las externalidades negativas de los otros escenarios no superan el 2.3%. Este desempeño negativo en términos ambientales del escenario agresivo, no solo preocupa por el descuento que genera a la producción anual (casi el 6%) y los posibles impactos que podrían acumularse (60% del PIB si se toma en cuenta un periodo de 10 años), sino también porque los efectos negativos de estos impactos son altamente regresivos, tendiendo a concentrarse sobre los grupos más vulnerables de la población.
Tomando en consideración el potencial impacto sobre la población, se ha realizado un ejercicio de estimación económica de los mismos; así en la tabla 4 se presenta un cálculo de las externalidades, incluyendo su efecto sobre la salud de las personas. Los rubros que se estiman comprenden la pérdida productividad por: muertes ocasionadas, causas diversas (i.e: ausentismo o malestar) y enfermedades respiratorias. Aquí se asume que mayor actividad económica genera incrementos de las emisiones y por tanto
mayores concentraciones de los contaminantes 48 , lo que afecta negativamente a la población. Nuevamente, se debe advertir que estas estimaciones representan los límites inferiores de los efectos negativos que tiene la contaminación sobre el bienestar de la población.
Los resultados obtenidos demuestran que, sin cambios en las practicas de producción actuales, un escenario de liquidación agresiva genera impactos económicos negativos sobre el bienestar de la población en un monto superior al 8.8% del PIB; por lo que este vuelve menos atractivo en términos netos, y es comparable al crecimiento neto obtenido en el escenario sostenible.
Tabla 4: Estimación de externalidades sobre la población y variaciones anuales netas del PIB de acuerdo a los distintos escenarios simulados
Pérdida Productividad Total o Externalidad (Millones de USD)
Externalidades como % del PIB
Variación del PIB Neto (%)
*: Las externalidades negativas sobre la población han sido calculadas en base a estimaciones de los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud de las personas en estudios realizados en Chile y en países europeos relacionados al tema. El contaminante que fue cuantificado en el estudio chileno (Sánchez, et al, 1998), es el material particulado respirable (PM10), él cual corresponde a una mezcla heterogénea de sustancias químicas y partículas de tamaño menor a 10 micrones de diámetro aerodinámico, a la que regularmente está expuesta la mayoría de la población. **: Las variaciones del PIB son en relación al escenario base (año 2001). En el año base se registran externalidades cercanas al 3.7% del PIB (incluidas las estimaciones por perdida de productividad). Fuente: SCL Econometrics.
Debido a la importancia del sector petróleo en los distintos escenarios, se presenta en la tabla a continuación el valor de las externalidades de este sector como porcentaje del PIB. En el caso del escenario de uso agresivo, se asume el funcionamiento de la industria petrolera con la tecnología actual. En los otros escenarios se asume una mejora tecnológica en los procesos de extracción del petróleo, la cual permite reducir los impactos sobre el medio ambiente y la salud. El supuesto detrás de la mejora tecnológica es asumir que la industria petrolera ecuatoriana opera con los estándares actuales de la industria norteamericana, lo que permite reducir la probabilidad de derrames- 49
De estas estimaciones, podemos apreciar que los impactos negativos de la actividad para el escenario de liquidación agresiva son importantes, en términos del producto total de la economía (2%). Sin embargo, al evaluar las externalidades negativas en los otros
48 El contaminante considerado es el PM 10 , al cual esta expuesto la mayoría de la población.
49 Estas se basan en métodos de remediación y restitución, por lo que pueden ser consideradas límites inferiores de los valores de las externalidades. La información de la actividad petrolera se la obtuvo de Petroecuador y las mejoras de tecnología supuestos para el sector se los realiza aplicando índices de la industria norteamericana.
escenarios, aplicando el supuesto de utilización de nuevas tecnologías, las externalidades caen al 0,5% del PIB total en el escenario sostenible y conservación, en tanto que cae al 0.4 en el escenario preservación. Lo anterior nos señala que existen oportunidades para el crecimiento de la producción en base de extracción de los recursos naturales no renovables, sin perjudicar el bienestar de la sociedad, ni el ambiente.
Tabla 5: Valor anual de las externalidades provocadas por el sector petróleo en distintos escenarios de política ambiental
Costo Externalidad Sector petróleo /PIB Total
Los costos de externalidades incluyen los relacionados a mitigación de derrames, deforestación provocada por la actividad y emisiones a la atmósfera. **: En el año base (2001) las externalidades del sector petróleo sobre el PIB total representaban el 1.3%. Fuente: SCL Econometrics.
Por otro lado, en la Tabla 6 se aprecian las variaciones porcentuales anuales en el PIB sectorial respecto al escenario base, por lo que toda referencia a cambios en la producción sectorial, deben derivarse a partir de esta tabla. De acuerdo a lo esperado, en un contexto agresivo el sector petróleo incrementa notablemente su PIB (103%); mientras que bajo una política preservación de los recursos cae al igual que el sector pesca y camarón – en un 19 y 25 %, respectivamente. En el escenario sostenible, se aprecia la expansión fuerte de los sectores extractivos (petróleo y pesca) y a la vez una significativa expansión del sector turismo, coherente con el incremento de capital en este sector. En el escenario conservación, el petróleo y la pesca tienen caídas moderadas en su producto sectorial, del orden del 4 al 6%, mientras que la mayor baja ocurre en el sector banano/café con un 10%.
El sector forestal presenta mínimas expansiones en los tres escenarios de los cuatro planteados, las cuales se asocian probablemente al reacomodo de los agentes productivos, al migrar hacia los sectores menos penalizados de la economía; en tanto que el escenario sostenible experimenta un crecimiento moderado de casi 5 puntos. Finalmente, y como era esperado, se destaca el crecimiento de la producción de turismo en el contexto del escenario conservación (15%), reflejando la importancia de la política enfocada hacia su promoción, mientras que en el caso agresivo y preservación se producen contracciones, siendo más acentuada para este último 50 .
50 La contracción de turismo en el escenario moderado parecería contra intuitivo, pero responde a la contracción de la economía lo que afecta al sector, efecto que muy probable si consideramos que buena parte del sector descansa en el turismo nacional.
Tabla 6: Variaciones porcentuales anuales en el PIB de acuerdo a los distintos escenarios simulados por sector
(Banano/Café)
* Variaciones anuales con respecto al escenario base. Fuente: SCL Econometrics.
d. Variación en el Uso de los Factores Ambientales
Los escenarios de política muestran los costos y beneficios económicos y ambientales, derivados de los distintos niveles de producción e intensidades de uso de los factores tierra y energía, para cada sector de la economía. Por lo tanto, permiten perfilar políticas de sustentabilidad ambiental en el uso de los factores productivos ambientales, que se corresponden con los impactos macroeconómicos de políticas de liquidación del patrimonio natural. A continuación, se presentan para cada sector las variaciones porcentuales - con respecto al escenario base -en el uso de los factores ambientales en cada uno de los escenarios simulados.
Tabla 7: Variaciones en la utilización de los factores ambientales para los distintos escenarios considerados