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Timestamp: 2018-09-26 05:31:44
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Matched Legal Cases: ['artículo 488', 'artículo 151', 'artículo 488', 'artículo 151', 'artículo 488', 'artículo 25']

﻿ Sentencia 35547 de octubre 16 de 2013
SENTENCIA 35547 DE 16 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:ACCIÓN PARA RECLAMAR LA INCLUSIÓN DE FACTORES SALARIALES EN EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN (IBL) PRESCRIBE A LOS TRES AÑOS. ADVIRTIÓ LA SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA. A SU JUICIO, ESTA POSICIÓN NO MODIFICA LA REGLA DE LA IMPRESCRIPTIBLIDAD DEL ESTATUS DE PENSIONADO Y, POR ENDE, DE LA ACCIÓN RESPECTO DEL DERECHO A LA PENSIÓN, COMO UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL. SEGÚN EL ALTO TRIBUNAL, HACER LA DISTINCIÓN ENTRE LOS DERECHOS DE CRÉDITO QUE TIENEN INCIDENCIA EN LA LIQUIDACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL Y EL DERECHO PENSIONAL EN SÍ MISMO CONSIDERADO, PARA EFECTOS DE APLICAR LA PRESCRIPCIÓN, NO SIGNIFICA QUE SE TRASGREDA EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN, LIQUIDACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:504 DE DICIEMBRE DE 2013, PÁG.2227
Sentencia 35547 de octubre 16 de 2013
Rad.: 35547
SL 724-2013
El tema materia de controversia ya ha sido objeto de análisis y decisión por parte de esta Sala de la Corte, cual es la prescriptibilidad de los factores salariales base de la liquidación de la pensión de jubilación.
Por lo tanto, para responder a las inconformidades planteadas por la censura, es suficiente recordar y reiterar lo que esta Sala ha precisado en sentencia de casación del 7 de julio de 2005, radicación 25344, proferida inclusive en otro proceso contra la aquí demandada, en la que la discusión de derecho era la misma planteada en este asunto por el censor, y en la que se expuso lo siguiente:
“(...) En efecto en providencia de fecha 15 de julio de 2003, radicación 19557, dentro de un proceso en que se pretendía la inclusión de factores salariales para la liquidación de una pensión de jubilación se dijo:
‘Surge de ello, la necesidad de distinguir entre el criterio reiterado de la jurisprudencia de la imprescriptibilidad en sí mismo del estatus de pensionado, que solo desaparece de la vida jurídica, en principio, por la muerte del extrabajador, y lo relativo a la base salarial que debe tomarse para el reconocimiento del monto de la primera mesada pensional.
En efecto, importa recordar que la Corte, en sentencias como a las que alude el recurrente y, más recientemente, entre otros fallos, los de 23 de julio de 1998 (rad. 10784) —que remite a sentencias de 26 de mayo de 1986 (rad. 0052) y de 6 de febrero de 1996 (rad. 8188)—; y de 26 de septiembre de 2000 (rad. 14184) —que reproduce algunos apartes de la sentencia de 26 de mayo de 2000 (rad. 13475)—, para citar apenas algunos ejemplos, afirmó, en suma, ‘la imprescriptibilidad del derecho a la pensión en sí mismo’ por ser una prestación social cuyo disfrute obedece al hecho de ser de tracto sucesivo, por regla general y de carácter vitalicio, a pesar de admitir la prescripción de las mesadas pensionales exigibles que no se hubieren cobrado por su beneficiario durante el término prescriptivo común del derecho laboral; y la de los reajustes que pudieron tener ciertas mensualidades que se percibieron sin que aquel hubiera objetado su cuantía durante el mismo término.
Ahora bien, que ciertos estados o, en mejores términos, ‘situaciones jurídicas’ como el estado civil de las personas, las derivadas de las relaciones de familia, en materia laboral, el status de pensionado, etc., sean imprescriptibles, no desconoce que los derechos crediticios surgidos de estas o de cualquiera otra clase de obligación correlativa sí lo son. Al punto, importa recordar que las acciones surgidas de la relación de trabajo son de carácter personal, que entrañan créditos de carácter económico, como los salarios y prestaciones sociales, las cuales se pueden extinguir por no haber sido ejercidas por su titular en el tiempo que para el efecto concede la ley laboral.
Sin que implique cambio de jurisprudencia —sobre la imprescriptibilidad del derecho pensional en sí— debe precisarse que una cosa es el estatus o calidad de pensionado, el cual por ser de carácter permanente y generalmente vitalicio apareja la imprescriptibilidad de la acción para su reconocimiento —criterio jurisprudencial que se reitera—; y otra, la de los factores económicos relacionados con los elementos integrantes para la obtención de la base salarial sobre la cual se calcula el quantum o monto de la prestación, en la forma como lo hayan dispuesto el legislador, la convención o directamente las partes. Pues, en tanto que la titularidad de pensionado se predica de quien reúne los requisitos para ello, y tal situación se puede extender, por ficción legal en ciertos casos y en relación con ciertas personas, hasta con posterioridad a la muerte del causante; el valor de la pensión nace de manera individual y autónoma, con fundamento en la vigencia de los derechos laborales que la comprenden y que el legislador presume terminada con el acaecimiento del fenómeno prescriptivo previsto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo para las relaciones individuales del trabajo de carácter particular y que el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social amplía a todas ‘las acciones que emanen de las leyes sociales’ del trabajo.
Precisa la Corte que no es dable confundir los hechos en que se funda la demanda de la pensión, cuya declaración judicial de existencia resulta ser imprescriptible (sent., oct. 21/85, rad. 10.842), con los derechos personales o créditos que surgen de la relación laboral y que sirven de base o soporte al cálculo de su valor, los cuales, sí prescriben en los términos de las citadas normas laborales.
Según lo dicho, como la época de causación del derecho pensional puede o no coincidir con la del establecimiento del monto de la pensión —no de su reconocimiento, que es cosa distinta—, por ser lo cierto que no necesariamente aquella concuerda en el tiempo con el retiro del servicio del trabajador, que es el que permite, generalmente, fijar la época que cobijan los cálculos necesarios para determinar el monto de la prestación, habrá de distinguirse si los factores salariales que son objeto de reclamo por el pensionado fueron o no pagados por el empleador y, en caso de no haberlo sido, si hubo o no reclamación. En el primer evento, esto es, cuando fueron pagados los presuntos factores salariales base de liquidación, la acción personal del pensionado prescribirá transcurrido el término que para tal efecto prevén los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ello a partir de la fecha del reconocimiento de la pensión; y en el segundo, es decir, cuando no fueron pagados los factores discutidos por el pensionado como no incluidos en la base de la liquidación, se torna vital el momento u oportunidad para que el acreedor durante el término hábil, contado a partir de la exigibilidad de estos, exija los créditos no satisfechos, porque de lo contrario, si prescribió el derecho a ese pago como factor salarial autónomo, igual suerte tiene el reajuste pensional impetrado por esa causa.
Y es que, se insiste, fijado el monto de la pensión surge para el pensionado el derecho a que este sea reliquidado por desconocerse algunos de los componentes que constituyeron su base, pero tal reconocimiento está sujeto a la existencia del derecho de crédito que comporta; de tal suerte que, extinguido este por prescripción no es posible volver a hacerle producir efectos jurídicos.
Como en el presente caso, concurren aspectos similares, es decir se pretende la inclusión de una prima de vacaciones y transcurrió más de tres años desde el momento del reconocimiento de la pensión (jun. 2/92) hasta la presentación de la demanda (dic. 14/2002), tiene plena aplicación la jurisprudencia transcrita, sin que existan nuevos argumentos que impongan su modificación.
Es cierto que el tribunal no estudió previamente si la prima de vacaciones constituía un factor salarial para la liquidación de la pensión de jubilación, naturaleza que le negó el banco. Pero de haberlo hecho, y considerar que sí tenía esa denotación, en nada variaría su decisión en cuanto a la declaratoria de prosperidad de la excepción de prescripción.
Además, el tribunal no confunde la caducidad con la prescripción, pues en toda su providencia analiza la situación fáctica bajo la normatividad que regula la institución de la prescripción en el derecho laboral.
Es cierto que el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, hace referencia a que los derechos regulados por ese código prescriben en tres años, pero el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dispone que ‘Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años...’. Es decir, que se aplica también a las acciones que se originan en las normas de la Seguridad Social, como la del caso presente.
El recurrente acude a dos ejemplos: la fijación judicial del salario después de tres años de terminado el contrato y el cumplimiento de la edad para tener derecho a la pensión sanción después de tres años de despedido. Para dar repuesta a sus interrogantes basta recordar que el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, prescribe que los tres años ‘se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible’, en el primer caso a partir de la ejecutoria de la sentencia y en el segundo a partir del cumplimiento de la edad.
En ningún aparte de su sentencia el tribunal afirma que la prima de vacaciones no se hubiere pagado o que no era factor salarial simplemente sostuvo que había transcurrido el tiempo dentro del cual era procedente reclamar contra la liquidación de la pensión de jubilación, por la no inclusión de dicha prima y en consecuencia declaró su prescripción.
Por lo dicho, los cargos primero y segundo no prosperan (...)’”.
Los argumentos de la censura no alcanzan a derruir la posición de la Sala de cara a la prescriptibilidad de la acción para solicitar la reliquidación de la pensión por la inclusión de factores salariales, como sucede respecto de cualquier crédito de carácter social; téngase en cuenta que esta posición de la Corte, no modifica, en lo absoluto, la regla de la imprescriptiblidad del estatus de pensionado y, por ende, de la acción respecto del derecho a la pensión, como una excepción a la regla general.
Si la jurisprudencia de esta Sala hace la distinción entre los derechos de crédito que tienen incidencia en la liquidación de la mesada pensional y el derecho pensional en sí mismo considerado, para efectos de aplicar la prescripción a la acción judicial de cara al primer caso, por el hecho de que haya dado ese paso después de mucho tiempo, no significa que está trasgrediendo el principio de favorabilidad, como lo afirma el recurrente.
No se puede olvidar que el principio de favorabilidad debe estar en consonancia con el principio de legalidad. Al precisar la jurisprudencia de esta Sala que la acción para reclamar el derecho de crédito a la inclusión de determinados factores salariales en el ingreso base de liquidación prescribe a los tres años, al igual que la de otros derechos sociales, no está haciendo nada distinto que aplicar los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de cara a un crédito de carácter social.
Así que no se trata de que la Sala optara por una interpretación menos favorable a los intereses del pensionado, pues de acuerdo con las disposiciones precitadas no es el caso de que tengan cabida válidamente dos interpretaciones para el mismo asunto con base en una misma norma.
Justamente es el legislador quien consagra este modo de extinción de la acción por regla general. Sobre el particular, no está demás traer a colación lo que la Corte Constitucional señaló, al declarar exequible los artículos que establecen la prescripción de tres años para las acciones de los derechos sociales:
“La prescripción extintiva es un medio de extinguir la acción referente a una pretensión concreta, pero no el derecho sustancial fundamental protegido por el artículo 25 de la Carta Política, porque el derecho al trabajo es en sí imprescriptible.
No se lesiona al trabajador por el hecho de que la ley fije términos para el ejercicio de la acción laboral. El derecho de los trabajadores se respeta, simplemente se limita el ejercicio de la acción, y se le da un término razonable para ello. El núcleo esencial del derecho al trabajo no solo está incólume, sino protegido, ya que la prescripción de corto plazo, en estos eventos, busca mayor prontitud en el ejercicio de la acción, dada la supremacía del derecho fundamental, el cual comporta la exigencia de acción y protección oportunas. Así, pues, el legislador no hizo cosa distinta a hacer oportuna la acción; de ahí que lo que, en estricto sentido, prescribe es la viabilidad de una acción concreta derivada de la relación laboral, pero nunca el derecho-deber del trabajo.
Las prescripciones de corto plazo buscan también la seguridad jurídica, que al ser de interés general, es prevalente (art. 1º superior). Y hacen posible la vigencia de un orden justo (art. 2º superior), el cual no puede ser jamás legitimador de lo que atente contra la seguridad jurídica, como sería el caso de no fijar pautas de oportunidad de la acción concreta derivada del derecho substancial”(1).
De acuerdo con lo anterior, la prescripción de la acción de los derechos sociales, por regla general, es constitucional y constituye una garantía a la seguridad jurídica. Excepcionalmente, se excluye de esta regla la correspondiente al derecho a la pensión en razón de su carácter vitalicio y del estatus de pensionado que adquiere el beneficiario, pero no la de las mesadas que sigue la suerte de todo crédito social y sobre la cual, dicho sea de paso, está de acuerdo el recurrente, según la demostración del cargo. Entonces, igual trato debe darse a la reliquidación del IBL por factores salariales dado que la acompaña la misma naturaleza de las mesadas.
La tesis que propone el recurrente se rebela contra la regla general de la prescripción, al proponer un trato diferente sin razón valedera para hacer tal distinción, puesto que la reclamación de la inclusión de un factor salarial en el IBL es un derecho de crédito al igual que los demás, tales como la cesantía, la reliquidación de la cesantía u otra prestación; además que es autónomo del mismo derecho de la pensión, tanto es así que se puede demandar separadamente.
Por ende, el titular del derecho bien puede accionar antes de que transcurra el término extintivo de la acción, para no perder la posibilidad de reclamar el valor de la mesada que le corresponda.
De aceptarse la tesis de la censura, como lo dice la réplica, se llegaría al caso de tener dos clases de prescripción para los salarios en el pago de prestaciones sociales, dando lugar a dos tipos de salario: un salario, por ejemplo, para el pago de las prestaciones como la cesantía, en el cual sí opera el fenómeno extintivo de los tres años, y otro, para el reconocimiento de la pensión en el caso de que fuera posible exigir su incidencia salarial en cualquier momento.
Como el recurso extraordinario se pierde y fue replicado, las costas del presente trámite se le impondrán a la parte recurrente. Se le ordenará el pago de la suma de $ 3.000.000 por concepto de agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 22 de marzo de 2007 dentro del proceso ordinario laboral promovido por Fermín Rengifo Ramírez, Álvaro Gaitán Córdoba, Pedro Joaquín Felizola Vásquez, Eduardo Chacón Bonillas, Antonio Ramón Cumplido, Emilio Benito Correal, Guillermo Cepeda Silve, Martha Cancino Bermúdez, Gregorio Camacho Zapata, Rubby María Buriticá Gaviria, Roberto Guzmán, Escolástica Gutiérrez, Jorge Suárez Rodríguez, Pastos Sánchez Castañeda, Alonso Restrepo Ospina, Campo Elías Ochoa Camargo, Abelardo Ramón Hoyor Uparela, Roberto Vásquez Barreto, Consuelo Upegui Flórez Y Hernando Zapata Ramírez, a través de apoderado judicial, en contra del Banco de la República.
(1) C-072 de 1994.