Source: https://www.scribd.com/document/136160096/Fallo-Sociedad-Italiana-de-Beneficencia
Timestamp: 2018-12-11 22:21:05
Document Index: 307614552

Matched Legal Cases: ['Artículo 106', 'Artículo 33', 'Artículo 1', 'Artículo 4027', 'Artículo 31', 'Artículo 75', 'Artículo 43', 'Artículo 509', 'Artículo 4027', 'Artículo 1', 'Artículo 75', 'Artículo 129', 'Artículo 67', 'Artículo 51', 'Artículo 8', 'Artículo 64', 'Artículo 75', 'Artículo 3949', 'Artículo 4023', 'Artículo 75', 'Artículo 67', 'Artículo 5', 'Artículo 43', 'Artículo 43', 'Artículo 509', 'Artículo 27', 'Artículo 33', 'Artículo 1', 'Artículo 31', 'Artículo 509', 'Artículo 4027', 'Artículo 75', 'Artículo 56', 'Artículo 67', 'Artículo 43', 'Artículo 75', 'Artículo 1', 'Artículo 129', 'Artículo 75', 'Artículo 75', 'Artículo 75', 'Artículo 75', 'Artículo 31', 'Artículo 75', 'Artículo 14', 'Artículo 33', 'Artículo 31', 'Artículo 27', 'Artículo 715', 'Artículo 2', 'Artículo 75', 'Artículo 16', 'Artículo 1', 'Artículo 67', 'Artículo 56', 'Artículo 1', 'Artículo 4027', 'Artículo 509', 'Artículo 75', 'Artículo 64', 'Artículo 108', 'Artículo 104', 'Artículo 16', 'Artículo 104', 'Artículo 112', 'Artículo 4027', 'Artículo 75', 'Artículo 4023', 'Artículo 4027', 'Artículo 75', 'Artículo 4027', 'Artículo 4027', 'Artículo 75', 'Artículo 4027', 'Artículo 4023', 'Artículo 4027', 'Artículo 4027', 'Artículo 4027', 'de lege ferenda', 'Artículo 43', 'Artículo 509', 'de lege ferenda']

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Buenos Aires , 17/11/2003 SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES S/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO EN: SOCIEDAD ITALIANA
DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES C/ DGC (Res. Nº 1881/DGR/2000) Recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR Tasas y contribuciones Poderes delegados. Prescripción. Facultades de Provincias y Municipios para fijar el plazo aplicable. Buenos Aires, 17 de noviembre de 2003. Visto: el expediente indicado en el epígrafe. Resulta: 1. La Dirección General de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires dictó, el 29 de diciembre de 1999, la Resolución Nº 4569-DGR-99, por la que determinó de oficio el monto adeudado por la Sociedad Italiana de Beneficencia en concepto de impuesto a los ingresos brutos correspondiente al período fiscal 1988, 12º anticipo mensual (fs. 139/141 de los autos principales). La Sociedad Italiana de Beneficencia interpuso recurso de reconsideración contra la resolución mencionada (fs. 151/152), y a raíz de ello la Dirección General de Rentas dictó, con fecha 29 de mayo de 2000, la resolución 1881DGR-2000 (fs. 158), que ratificó la determinación de oficio practicada. Dicha entidad interpuso recurso de apelación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 162 de los autos principales), en los términos del Artículo 106 ter del Código Fiscal -Ley Nº 150 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 322-, contra la Resolución Nº 1881-DGR-2000, lo que motivó el dictado -por parte de la Sala II- de la sentencia de fecha 20 de julio de 2000 (fs. 261/262), que decidió hacer lugar al recurso de apelación y revocar la resolución recurrida, basándose en que la Sociedad Italiana de Beneficencia se encontraba exenta del pago de impuesto a los ingresos brutos. El Gobierno interpuso recurso de inconstitucionalidad contra esa sentencia (fs. 267/281), el cual fue declarado inadmisible por la Sala II (fs. 291), lo que motivó la interposición de una queja. Este Tribunal dictó sentencia el 26 de marzo de 2002 (cuya copia obra a fs. 298/316), por la que hizo lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad interpuestos por el GCBA, revocó la sentencia recurrida y dispuso que la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dictara un nuevo pronunciamiento -ajustado a las pautas establecidas- que comprendiera la totalidad de las cuestiones planteadas en el recurso de apelación que trajera el debate a sede judicial. 2. La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dictó tal sentencia con fecha 22 de octubre de 2002 (fs. 326/331), y en ella rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires contra la Resolución Nº 1881-DGR-2000. La entidad interpuso contra esa decisión un recurso de inconstitucionalidad (fs. 337/347), que fue contestado por la Ciudad (fs. 352/360)) y desestimado por el tribunal a quo (fs. 362) lo que motivó la interposición de la presente queja (fs. 22/28 del expte. Nº 2192/03). 3. El Sr. Fiscal General Adjunto, en su dictamen de fs. 35/43, propició que se declare procedente la queja y se rechace el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Fundamentos: La jueza Ana María Conde dijo: I. El recurso de queja cumple con los requisitos extrínsecos de tiempo y forma de presentación (Artículo 33 Ley Nº 402). II. La recurrente plantea, en los recursos de inconstitucionalidad y de queja, dos agravios que serán analizados por separado: * la sentencia aplica el plazo de prescripción decenal contemplado en la legislación local (Artículo 1 inc. b de la Ley Nº 19.489, y Ley Nº 150) en desmedro del plazo de prescripción quinquenal contemplado en la legislación nacional (Artículo 4027 inc. 3 del Código Civil). Ello afectaría el principio de supremacía del ordenamiento jurídico federal tutelado por el Artículo 31 de la Ley Magna, al desconocer la uniformidad y prevalencia de la legislación de fondo dispuesta por el Artículo 75 inc. 12 CN. * la sentencia considera que el interés resarcitorio regulado por el Artículo 43 de la Ordenanza Fiscal 1988 no requiere como presupuesto de exigibilidad la existencia de culpa en el incumplimiento de la obligación tributaria, y por ende no admite la invocación de falta de culpa o error excusable para eximirse del pago de los intereses. Ello se opondría a lo dispuesto por el Artículo 509 -último párrafo- del Código Civil, y de esta manera afectaría el principio de supremacía del ordenamiento jurídico federal y la uniformidad de la legislación de fondo. III. En cuanto al planteo referido al plazo de prescripción aplicable, cabe destacar que desde el inicio la parte actora ha planteado que la regulación, por parte del legislador local, de plazos de prescripción en materia impositiva distintos a los previstos en el Código Civil, contraviene lo dispuesto en los Artículos 31 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional. a) Como cuestión liminar, vale destacar que la sentencia de Cámara cuestionada en autos determinó, en sus apartados V y VI (fs. 17 y 17 vta.), que la Sociedad Italiana de Beneficencia revestía el carácter de contribuyente no inscripto, y que su inscripción en el impuesto a los ingresos brutos fue efectuada de oficio a requerimiento del inspector actuante. Ello no ha sido cuestionado por la recurrente en el recurso de inconstitucionalidad, y por ende ha quedado firme, lo que reviste indudable trascendencia a los efectos de determinar el plazo de prescripción aplicable.
¿qué plazo de prescripción debe aplicarse al caso? ¿El previsto en la legislación local o el contemplado en la legislación nacional? c) Previo a dilucidar este interrogante.] la facultad del Congreso Nacional para dictar tales códigos comprende las de establecer las formalidades necesarias para hacer efectivos los derechos que . en una demanda iniciada una vez transcurrido su plazo. De lo expuesto se infiere que la Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias..cierta homogeneidad en algún aspecto atinente a tal regulación. el régimen jurídico de la obligación tributaria en la Ciudad de Buenos Aires era regulado por leyes dictadas por el Congreso de la Nación. el Código Civil establece en el Artículo 4027 que "Se prescribe por cinco años. como la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº 150 y modificatorias). La Ciudad dictó luego su Constitución y en sus Artículos 80. que extingue el derecho.. debemos adentrarnos en el análisis de las facultades impositivas de la Ciudad de Buenos Aires al momento de nacer la deuda impositiva reclamada. desde antaño.489). en uso de sus antiguas facultades como legislador local (Ley Nº 19. confiriéndole facultades propias de legislación.. o plazos periódicos más cortos". El Artículo 1 de la Ley Nº 19. No es un hecho menor que la defensa de prescripción deba ser expresamente planteada por el deudor y que.en virtud de su inactividad por el lapso fijado en la ley. que "[.489.b) Resulta conveniente realizar una breve reseña de las distintas normas jurídicas vinculadas a este debate. lo que se configurara por medio de la acción del Congreso Nacional. y mantenida en las sucesivas reformas correspondientes a los distintos períodos fiscales (Leyes Nº 150 -año 1999-. parece razonable pensar que el legislador federal. a la acción del acreedor sobre su patrimonio. entre otros factores. como se viera. La naturaleza e importancia de las actividades económicas desarrolladas en el actual territorio de la Ciudad Autónoma ha requerido. 2°. 27 CN (actual Artículo 75 inc. Aún cuando se intentara adoptar una postura restrictiva de la autonomía. Nº 322 -año 2000-. con la única limitación derivada de las disposiciones de una ley de garantías de los intereses del Estado Nacional (Artículo 129). que la Ciudad -continuadora a todos los efectos de la Municipalidad de Buenos Aires. tanto el Congreso Nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido. dictada en 1972 por el Gobierno Federal en calidad de legislador local para el ámbito de la Capital Federal.] 3º De todo lo que debe pagarse por años. otorga a la Legislatura la potestad de legislar en materia fiscal y tributaria. la regulación de un sistema rentístico propio.. o de ejercer el derecho al cual ella se refiere [cfr. la obligación de pagar los atrasos: [. porque ello nos da una pauta de su estrecha vinculación con el ámbito legal adjetivo. dispone que "Las acciones y poderes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para determinar y exigir el pago de los impuestos y demás contribuciones integrantes de su régimen rentístico. actuando como legislador local en ejercicio de la facultad exclusiva otorgada por el antiguo Artículo 67 inc. En lo que respecta a la temática que nos convoca. Dicha Ley Nº 24588. que en su operatividad local no es resorte de las autoridades federales. desde el plano constitucional. b) Por el transcurso de diez años en el caso de contribuyentes no inscriptos. y se continuara por el obrar de la Legislatura creada por el Estatuto que rige. porque no puede ser declarada de oficio. d) Dentro del ejercicio de las potestades tributarias autónomas es lógico que la normativa local pueda regular tanto lo relativo al nacimiento de la obligación tributaria. teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido. Aparece. prescriben: a) Por el transcurso de cinco años en el caso de contribuyentes inscriptos en los Registros Fiscales Municipales. Nº 541 -año 2001-. su fundamento se encuentra en la seguridad jurídica que se deriva del hecho de que el deudor de una obligación no esté expuesto. 9. inc. con sujeción a los principios establecidos en el Artículo 51. expresamente. así. 30).tendrá facultades propias de jurisdicción en materia tributaria local (Artículo 8). y por las Ordenanzas Fiscales y Tarifarias emanadas del Concejo Deliberante. inc.sustento ni siquiera en la Ley Nº 24. podrían concluir en un pronunciamiento condenatorio del deudor. competencia que ejerció al dictar el Código Fiscal -Ley Nº 150. 2º y 81. Los plazos de prescripción establecidos en dicha ley (vigente al momento de devengarse el impuesto controvertido) han sido recogidos por el Código Fiscal (actual Artículo 64) dictado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. han regulado la prescripción de las acciones y poderes del hoy Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para determinar y exigir el pago de los impuestos y demás contribuciones integrantes de su sistema rentístico.y sus sucesivas modificaciones. como las provincias junto a las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación previsto en el Artículo 75. regularicen espontáneamente su situación. Cabe diferenciar dos situaciones: * Antes de la reforma constitucional de 1994. La acción de repetición de los gravámenes a que se refiere el párrafo anterior prescribe por el transcurso de cinco años". ha querido asegurarse -con criterio debatible desde el punto de vista constitucional. reconoce expresamente el ejercicio por los órganos del gobierno local de las facultades tributarias a las que alude. inc. Nº 745 -año 2002. Artículo 3949 del Código Civil]. destinada a proyectarse sobre aspectos relativos a los efectos adjetivos de las relaciones sustantivas que ese cuerpo normativo contempla. de la Constitución Nacional. ella no encontraría -en este punto. * La reforma constitucional de 1994 consagró la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. entonces. así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación de inscribirse o que. de no ser planteada. así como una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla. Ahora bien. La regulación de la prescripción liberatoria por el Código Civil está. Si tenemos en cuenta que las provincias no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de los códigos de procedimientos. sine die. La prescripción liberatoria extingue la acción del acreedor -a diferencia de la caducidad. la vida local. al dictar las normas que constituyen la legislación común de la República. como a su régimen de cumplimiento y a su exigibilidad. cuando ejercía funciones de legislador local. órgano local a quien el Congreso Nacional le delegó facultades legislativas en dicha materia.y Nº 1010 -año 2003-) Por otra parte.588 que. previó.
pues ".. materia administrativa y tributaria. debemos entender que organizaciones complejas como las gubernamentales atienden a procesos de toma de decisión y a necesidades operativas y de organización que. Toda vez que esa regulación constituye un avance sobre las facultades inherentes a los estados que integran el sistema federal. En "Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Puerto Blanco S. por lo que estableció que el plazo aplicable al cómputo de la prescripción era el decenal del Artículo 4023 del Código.". corresponde efectuar algunas consideraciones: En el caso "Liebig's Extract of Meat Company Ltd. Héctor c/ Provincia de Neuquén". En "Sandoval. Siguiendo ese criterio. Comercial. aspectos éstos que pueden ser valorados adecuadamente por los legisladores locales. el propio legislador federal no podría fijar otros en las normas tributarias que dicta. c/ Provincia de Entre Ríos s/ repetición".pueden establecer plazos de prescripción que se sujeten a pautas objetivas de razonabilidad. como la que postula el recurrente.. Pero es claro que no puede admitirse su aplicación en materias cuya regulación no ha sido delegada en el gobierno federal. debe considerársela limitada a las relaciones jurídicas establecidas con base en los cuerpos normativos mencionados en el Artículo 75.. que no podría ser ejercido con plenitud. problemas o casos que no se hallan regulados por un precepto concreto.A. Nada obsta a que la legislación común civil sea aplicada analógicamente en materia administrativa o tributaria. del 7 de febrero de 1972 (Fallos 281:20) el máximo tribunal consideró. una de las cuales motivara el trámite de este proceso. del 30 de septiembre de 2003. necesariamente. sin esfuerzo. inc. presentan un volumen y grado de dificultad de gestión que difiere notoriamente de un lugar del país a otro y de las relaciones entre los particulares. cuando se demanda un estado provincial por daños y perjuicios derivados de una relación de derecho público-.. la jurisdicción tributaria local no se encuentra regulada por las disposiciones de los cuerpos normativos enunciados en el precepto citado. supuestos que no se verifican en la especie. inc. que regulan las relaciones entre acreedores y deudores en el ámbito del derecho privado. publicado en La Ley 2002-A. con cita de diversos precedentes. preguntarnos ¿por qué quien elabora leyes en el ámbito nacional puede realizar tal juicio de valor y no pueden hacerlo los representantes del pueblo de una provincia o de esta Ciudad? Antes bien. Fallos 312:1340]. S.. pero cualquier traslación e interpretación debe efectuarse con criterios analógicos. por lo que también debía la cuestión resolverse sobre la base de lo dispuesto en el Código Civil. Si los plazos de prescripción del Código Civil deben ser necesariamente aplicados. Así.]" -el destacado está ausente en el original-. al que me referiré nuevamente más adelante-. s/ conc. v. y no las que se originan entre el Estado y sus gobernados cuando aquél obra como poder público en ejercicio de su soberanía e imperio (SC Buenos Aires. que no sean arbitrarios y que no constituyan una vía indirecta de afectación de los derechos de los habitantes. de Minería.reglamenta [. por: Provincia de Buenos Aires". de lo que se puede inferir.. del 8 de julio de 1997 (Fallos 320:1344). el 18 de febrero de 1992 (Fallos 315:49) -se trataba. doctrina de Fallos 286:187 y 289:238 y dictamen del señor Procurador General en Fallos 302:721]" [CSJN. ante un supuesto de vacío legislativo -que no se verifica en el caso-podrían aplicarse supletoriamente los plazos de prescripción contemplados en el Código Civil. si las provincias y la Ciudad de Buenos Aires debieran abstenerse de regular un aspecto trascendental cual es la prescripción de las acciones fiscales. desde el punto de vista del diseño constitucional argentino. No son pocas las oportunidades en las que la legislación tiene en especial consideración la naturaleza de las actividades del acreedor para conferirle facultades de las que no gozan otros créditos. e) Con relación al criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los procedentes invocados pro la recurrente. Considerando 7 del voto de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia en la causa "Filcrosa S. cabe señalar que también ha sostenido el máximo tribunal que no contrariaba las disposiciones del antiguo Artículo 67. Es importante destacar que.). que no existe un criterio absoluto en orden a la aplicación de los plazos de prescripción previstos en el Código Civil a todas las relaciones jurídicas. 18 de julio de 2001. aún cuando se parta de una relación jurídica de derecho público -v. que una ley local que establecía un plazo de prescripción de la acción de repetición -se trataba de la repetición de impuestos provinciales reputados de inconstitucionales. prev. implicaría limitar notoriamente al poder tributario local.A.]".A.resulta indiscutible el poder de los estados provinciales.]". de rev. Los plazos de prescripción no se vinculan.] sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales [. también. como es la tributaria local. teniendo en consideración la naturaleza de los intereses involucrados.. con los efectos de la propia desidia de los gobiernos locales en el ejercicio de las acciones -cfr. expresión que no deja lugar a dudas respecto de los alcances de las disposiciones contenidas en la legislación común y que permite afirmar que. se agrega "[.. cuando en la norma constitucional citada se establece que es atribución del Congreso Nacional la de "Dictar los códigos civil.. 12 de la Constitución Nacional. pues ello constituye una lógica práctica jurídica destinada a dar solución a cuestiones. de establecer regímenes de seguridad social para los agentes de su administración pública [Fallos 242:141. debemos entender que cuando el legislador federal fija un plazo de prescripción lo hace evaluando la propia desidia del Estado Nacional y debemos. s/ inc. pues es claro que la percepción de tributos por el Estado es indispensable para la existencia del gobierno. entonces. gr. "Sánchez. en defecto de una regulación específica. se trató de un reclamo de daños y perjuicios efectuado por un empleado público y no del cobro de un crédito fiscal. Penal. y del Trabajo y Seguridad Social. de una cuestión de . Adrián M.gr. p.no podía derogar las leyes sustantivas dictadas por el Congreso porque ello importaba un avance sobre facultades exclusivas de la Nación.. 437 y ss. Al respecto. s/ quiebra s/ incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda". 11 de la Constitución Nacional una norma de la Provincia del Tucumán que establecía plazos de prescripción en materia previsional. en cuerpos unificados o separados [. fundado en los Artículos 104 y 105 de la Ley Fundamental. naturalmente. quienes -con relación a aquellas materias no comprendidas en la delegación constitucional en el gobierno federal. Una interpretación contraria.
en materias que no son de derecho común a todo el país. la queja debe ser rechazada. al que no cabe.489. En efecto.489. Tal circunstancia concurre a demostrar la corrección de la solución que se propicia. Como ya lo sostuve en esta causa. pero en ningún momento se llega a apreciar la violación de la Constitución Nacional o de la Ciudad de Buenos Aires. en su Artículo 5.También se agravia la recurrente de la interpretación realizada por la Cámara sobre los presupuestos de exigibilidad del interés previsto en el Artículo 43 de la Ordenanza Fiscal de 1988. a las que se hiciera referencia supra. pues la propia norma que se impugna emanó del Congreso Nacional. de su lectura se desprende que el voto mayoritario ha soslayado tal aspecto relevante de la cuestión. tal como lo hace la legislación nacional. la mayoría del máximo tribunal consideró que las provincias carecen de facultades para establecer normas que se aparten de lo regulado en el Código Civil. Fallos: 307:1094.que actuó con inconsecuencia. el voto minoritario de los Jueces Petracchi y Maqueda determinó que "[. Por otra parte. voto en el sentido expuesto. En ese mismo fallo. ya que sólo en materia federal la doctrina que establecen sus sentencias constituye una directiva a la que deben conformar sus decisiones los jueces de las instancias inferiores. invocando diversos precedentes. sin más. de 1954. Si los plazos de prescripción previstos en el Código Civil rigen para todos los sujetos de derecho. en todo caso. tal circunstancia no se verifica en la cuestión sometida a estudio de este Tribunal. entre otros]. pues la situación de uno y otro no pueden considerarse equiparadas en términos de igualdad.393. La circunstancia de que la recurrente discrepe con la interpretación de dichas normas por parte de la Cámara. lo que llevaría a concluir que el legislador incurrió en una anomalía sistémica y -por ende. debe confirmarse la sentencia de Cámara. incluyendo los mencionados en el inc. en el caso la correcta inteligencia del Artículo 43 Ordenanza Fiscal 1988 y el Artículo 509 -último párrafo. y por regla ajena al control de esta instancia extraordinaria. las Leyes Nº 11. sentencia del 4 de julio de 1985) y. De lo que se trata. IV. y coincide en sus términos con otras disposiciones tributarias dictadas en el ámbito legislativo federal. Cuando la legislación nacional modifica el plazo común fijado en el Código Civil. Fallos 304:163 y 316:2182. nada impide sostener un criterio distinto cuando se exponen fundamentos que no fueron considerados y que se consideran válidos para llegar a diferente conclusión (Fallos: 304:900). b de la Ley Nº 19. es adecuado señalar que en el orden federal han existido muchas normas que fijaron plazos de prescripción específicos en materia tributaria. Por ello es razonable que el plazo de prescripción de la acción tributaria respecto de aquél sea mayor que el fijado para demandar a éste. modificándolo. Tal criterio mayoritario discrepa con lo sostenido más arriba respecto de la naturaleza del instituto de la prescripción liberatoria y de sus proyecciones en ámbitos rituales no delegados por las Provincias en el Estado Federal. de 1960. en oportunidad del dictado de la sentencia de fecha 26 de marzo de 2002.denuncia la existencia de una norma que no respeta tal premisa.683 y 11. conforme lo requiere el Artículo 27 de la Ley Nº 402.del Código Civil.una causa en la que se había rechazado la defensa de prescripción opuesta por la sindicatura de la fallida con relación al crédito por tasas municipales verificado por la comuna de Avellaneda. por cierto.prescripción de la acción fiscal para exigir el cobro del impuesto a los ingresos brutos-. encontramos el Decreto Nº 14341/46.desconozca principios o normas constitucionales. y exponga fallos judiciales en sustento de su posición. Aún cuando se sostenga que el límite de las potestades fiscales de las Provincias y de esta Ciudad está determinado por la exigencia de que la legislación dictada en su consecuencia no restrinja derechos acordados por normas de carácter nacional [CSJN. directamente. Con relación a lo destacado en el párrafo anterior. entonces. que el recurrente considera inconstitucional.598/56 que llegó a establecer. f) Al pronunciarse en los autos "Filcrosa" -supra mencionados. considerando 14]. distintas de las reguladas por ese cuerpo legal. Así. lo relativo al alcance que cabe asignar a las normas tributarias implicadas en el caso es una cuestión de "derecho local". En este aspecto. En mérito a lo expuesto. la interpretación de normas de derecho común. la circunstancia a la que aluden los ministros que suscribieran este voto -objetivamente verificable. ya que reitera los defectos que ya contenía el recurso de inconstitucionalidad. Es claro que para el gobierno local la determinación de la situación tributaria de quien no ha ingresado sus datos en el registro requiere de un despliegue de actividad mayor que el necesario para establecer la situación de quien sí los ha ingresado y ha proporcionado información a las bases de datos oficiales. es de un debate sobre normas de derecho común. por el que se admite parcialmente la queja planteada y se rechaza el recurso de inconstitucionalidad articulado con relación a la . aplicar los precedentes de la Corte Suprema de Justicia. la imprescriptibilidad del impuesto y multa respecto de contribuyentes no inscritos. incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público local. constituye una cuestión propia de los jueces de la causa. la Corte consideró aplicable al caso la Ley Nº 19. disposición que fuera dejada sin efecto por la Ley Nº 15. que pautó un plazo de cinco años para el cómputo de la acción de repetición de tributos y aún el decreto-Ley Nº 23.273. la Ley Nº 14.... pues en ninguna de las dos ocasiones se ha logrado exponer fundadamente un caso constitucional. de conformidad a lo dictaminado por el Sr. (in re: "Cerámica San Lorenzo". 1 del Artículo 33 de ese cuerpo normativo. g) No carece de razonabilidad que la legislación local otorgue distinto tratamiento al contribuyente inscripto de quien no se ha inscripto en los registros fiscales. conclusión a la que no arribaríamos de sostener que los plazos del Código Civil no rigen.585. no cabe admitir el argumento de que sean inválidas las leyes provinciales que fijan un plazo de prescripción igual para la extinción de las obligaciones de la misma índole" [cfr. por ejemplo. no significa que la sentencia -más allá de su acierto o error. que en la ocasión actuó en su antiguo rol de legislador local. Fiscal General.] cabe asimismo advertir que la ley nacional aplicable en materia de tasas fija en diez años el plazo de prescripción para esa clase de obligaciones (ver disidencia de los jueces Petracchi y Barra en Fallos: 313:1366). en cuanto determina la aplicación al caso del plazo de prescripción decenal contemplado en el Artículo 1 inc. Por ello.
683. Pero tanto si se utiliza como si no se utiliza el Artículo 31 de la CN la pretensión del recurrente es admisible porque. Las costas se imponen por su orden. J. en el Congreso de la Nación. Bajo el enfoque de la identidad del órgano emisor de las normas nacionales y locales. 3. autos principales) su recurso por inconstitucionalidad (interpuesto a fs. Pero el caso es que. La queja es. la decisión acerca de si la mora le es imputable o no le es imputable al deudor recurrente se trata de una cuestión de hecho y prueba. 337/347. El recurrente reclama por la operatividad del Artículo 509 del CC. se debe señalar nuevamente -ahora-. Para fundar esta afirmación no discutiré ahora cierta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -a mi juicio. De tal manera. el caso constitucional establecido en el primer motivo de queja es más aparente que real. II 1. no incluidos en la Ley Nº 11. inc. En tanto se controvierte a los plazos de prescripción fijados por la legislación local. b). aunque más no sea provisionalmente. inc. pues se pretende la aplicación del plazo de prescripción quinquenal que fija el Artículo 4027.585 para los restantes impuestos nacionales. desde el punto de vista de la apreciación de los elementos de prueba para fijar un hecho o. para demostrar que éste es un caso intrascendente. del Artículo 75. IV). sino. con lo cual han cedido su competencia legislativa originaria y ordinaria en esta materia (CN. reiterada actualmente en el caso "Recurso de hecho deducido por Abel Alexis Latendorf (Síndico en la causa Filcrosa S. en su interpretación más amplia. inc.683) y que la Ley Nº 19. no están situados en el mismo nivel. como legislatura . antes aún. El texto del inc. Lo cierto es que el Congreso de la Nación se ha pronunciado ya hace tiempo acerca de los plazos de prescripción de "Las acciones del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos [. entonces. controvertida por el recurso. Ley Nº 11. 75.entre la ley aplicada y la CN. las materias exclusivamente federales. autos principales). Este agravio.]" (Artículo 56. que se pronunció sobre la cuestión ventilada en el pleito. al fijar los mismos plazos de prescripción aplicados en la sentencia (10 y 5 años) y por las mismas razones y presupuestos que estableció el legislador nacional (según que el contribuyente esté inscripto o no se haya inscripto como tal). 20/7/1998. Por lo demás. No sucede lo mismo con el agravio referido al interés. pero ésta vez como legislatura local (entonces Artículo 67. 12 y 126). obsérvese. 509. más extensos en uno de los supuestos (falta de inscripción como contribuyente). cualquiera que sea la solución correcta del agravio. Maier dijo: 1. antes bien. Ambos motivos en los que la sociedad recurrente funda la injusticia de la sentencia que la perjudica no parecen idénticos o. no se trata de derecho federal. en la misma Constitución. 12. 22/28 y 44 de autos) ha sido deducido en forma debida y en tiempo oportuno (LPTSJ. 12. que el poder legislativo nacional ejercía esa función exclusiva sobre todo el territorio de la capital de la República -esto es. inc. y. la afirmación de que son los plazos de prescripción regulados por el Congreso de la Nación aquellos vigentes para los deberes tributarios. 33).cuestión relativa al plazo de prescripción considerado por el tribunal a quo. coincidió exactamente con la determinación del Congreso de la Nación como poder legislativo nacional. 12) la legislación material común.O. por lo tanto. al 13/7/1998. es más. en atención a que la parte pudo considerarse con derecho a recurrir. pero también porque se trata tan sólo de derecho común. ya que las provincias han delegado (CN. dictada también por la autoridad nacional. en su interpretación. o. El recurso de queja interpuesto por la sociedad impugnante (fs. t. 15/20 del expediente de la queja). 2. no es susceptible del recurso intentado y. de la interpretación de la ley común aplicable para atribuir a alguien un hecho y una consecuencia jurídica. procedente según su motivo.489. ya por razón de constituir legislación más moderna (lex posterior) o por la más atendible razón de ser especial para una determinada área del Derecho (lex specialis). todo se resume en una discrepancia del demandado con la sentencia dictada. la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara Contencioso-Administrativo y Tributario (fs. de derecho común cedido a la legislación general del Congreso de la República. B. por lo contrario aceptaré. inaceptable en el sistema jurídico argentino-. CN). La recurrente sostenía que. La CN. sin tomar a su cargo los agravios y argumentos allí formulados contra la sentencia atacada. pues. A. parece existir un caso constitucional. según el propio escrito del recurrente.. a). la Cámara había interpretado o aplicado la legislación local en contravención con la supremacía de la legislación nacional establecida constitucionalmente (CN. el Congreso de la Nación ha venido a agregar el régimen de prescripción de los tributos y resulta indiferente el libro o la carpeta en la cual haya incluido la norma (en este caso una ley especial) para que esa regla esté vigente y aún sea aplicable en lugar de las reglas comunes del CC. Sin embargo. la aplicación de los plazos de prescripción y del interés por mora. en tanto rechazaba la defensa de prescripción y definía el presupuesto del interés previsto para el caso de mora en el Artículo 43 de la Ordenanza Fiscal de 1988. ni siquiera en la interpretación del recurrente -no menciona aquí el Artículo 75. 27). 31. para la entonces Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. la ciudad de Buenos Aires-. de la CN-. CN. 3. tasas y contribuciones de mejoras. Artículo 1º. en ambas cuestiones. en primer lugar. por razones políticas diferentes a las que establecieron.. 362 y vta. 27. aspecto al cual el tribunal no puede ingresar por medio del recurso de inconstitucionalidad (LPTSJ. si se quiere. La recurrente sostiene que la Cámara desestimó (fs. inc.. si el CC no se ha pronunciado expresamente acerca del plazo de prescripción de los impuestos. sólo indirectamente regula este caso. fallo del 30/9/2003. 75. del CC. la queja debe ser rechazada. más breve que el anterior. que no colide con legislación constitucional alguna. s/ quiebra s/ incidente de verificación de la municipalidad de Avellaneda)". parcialmente. Ley Nº 11. 31. El juez Julio B. 126). resulta ser una decisión definitiva en tanto es dictada por el tribunal superior de mérito de la causa. aclara suficientemente aquello que acabamos de decir. si se quiere. en este caso el CC. Por esta razón. se trata de una cuestión de hecho y prueba que la ley coloca a cargo del deudor recurrente (CC. plantea una verdadera contradicción -referente a la competencia legislativa de órganos nacionales y locales.
transpolados al caso actual. como se dijo. Cualquier jurista que haya recorrido de modo mínimo. como sucede en la realidad. dado que. sino que. en la República Federal de Alemania. en materia tributaria. 12. pudiera tener éxito debería progresar primero la imputación en relación con los plazos nacionales. quizá la más característica. la inestabilidad de la zona de frontera fue aquello que permitió el argumento que fundó la solución. legislación nacional la excepción-. emergen de una relación de Derecho público. de Derecho privado. La prescripción. Lo cedido en la norma constitucional citada es el desarrollo de la llamada legislación material. establece idénticos plazos de prescripción y presupuestos a los hoy atacados por el recurso. y el Derecho procesal civil o penal. como legislatura local reprodujo esa legislación para la ciudad de Buenos Aires. no es una línea. no encomienda al Congreso la regulación exclusiva de la institución de la prescripción y sus plazos. Conforme a ello. importa una zona de frontera. en el caso particular de los gobiernos locales. entonces ocurrirían algunos inconvenientes. Nuevamente. por lo contrario. como aquellas reglas relativas al ejercicio de las acciones (legitimación activa). conoce que la frontera entre el Derecho material. Los tributos no son. Mientras subsista la identidad mencionada el argumento no es viable. Piénsese -tan sólo como ejemplo-. conforme al texto actual del Artículo 129 de la CN. de resultar correcto el criterio de la CSJN. al menos hasta el momento. según también observo. cuando el Artículo 75. o del Derecho administrativo sancionatorio puedan ser regulados por las leyes específicas. para ser sincero. los plazos de prescripción de los deberes emergentes de un código de faltas. Aun la sentencia mencionada de la CSJN reconoce la autonomía legislativa que. esto es. debería interpretarse. en paralelo. 12). ni puede establecerse como tal. sino. entre el Derecho civil o el Derecho penal. Esta es la razón por la cual. se hallan en la llamada zona de frontera. que transcurrió el período fiscal que motiva la obligación de pago del gravamen que hoy tratatamos. además. Pero. Para que un planteo tal. poseen las provincias y. inc. que no resultan "naturales" para el sistema federal de nuestro orden jurídico. que no se formuló en este caso. en cuanto a los derechos susceptibles de propiedad privada. para negar luego que ellas puedan imponer sus propios plazos de prescripción de las determinaciones tributarias locales. puesto que el Artículo 75.local. pudo existir. entre nosotros de legislación nacional. 12) no sólo menciona al CC. De tal manera. es decir. muy por lo contrario. más específica y literalmente. atribuido a las legislaturas locales. y fue precisamente durante ese lapso. ni la fijación de los plazos de esa prescripción. la que establece la ley al crear el tributo. en este sentido. no le es posible a los Estados locales conceder mayores derechos al gobierno local que aquellos concedidos a los particulares. la norma citada y su texto representan. aun cuando en esas relaciones intervenga el Estado (CC. más aún si se repara en que la legislación provincial más conocida también coincide con estos plazos y con este modo de regular la prescripción tributaria. más allá del acierto o desacierto -algo similar ocurre hoy entre nosotros con los crímenes de lesa humanidad cometidos por un gobierno militar-. 2. una de las pruebas de aquello que se dijo. según ley posterior al hecho punible. por razones de identidad -valorada ahora en sentido material y no subjetivo. sino. imprescriptible para los crímenes del régimen nazi. antes bien. la ciudad de Buenos Aires. circunstancia que evita la posibilidad de argumentar una contradicción de tal índole en la obra de ese órgano: en todo caso. esto es. Otra de las pruebas más contundentes consiste en la interpretación del propio Congreso de la Nación. no cedieron específicamente la institución de la prescripción liberatoria. atribuido al Congreso de la Nación. Precisamente. Lo argumentado bastaría para tornar intrascendente el caso.se apartó de su modelo americano del norte en tanto las provincias cedieron parte de la legislación común (no federal) a la competencia del Poder Legislativo nacional (Artículo 75. de la CN. que en el país existe y tan sólo debe existir un régimen de prescripción penal y sus plazos. sino que. que no revela. debe respetar las autonomías legislativas reconocidas. sin que fuera abarcado por la regla de principio que genera la irretroactividad de la ley penal. sino. De todos modos. la legislación nacional y la local coinciden en el punto. voto de los jueces Petracchi y Maqueda). y varias otras referidas a las consecuencias jurídicas o a las sanciones viven en ese territorio. también el poder de ceñir a plazo ese deber tributario o su ejecución reside en la legislatura local creadora del deber. al Código Penal y a otra variada legislación sustantiva. 3951). como fue demostrado. aun de paso. 12 (numeración actual). menciona los diferentes códigos de Derecho material. sino que. y el Derecho adjetivo. con el fallo citado. el poder legislativo nacional pudo haberse equivocado sólo en el libro de leyes al cual adherir la regla estudiada o en el alcance territorial de su vigencia. Según observo. relaciones de carácter privado (negocios jurídicos) entre el Estado y los particulares. tan sólo ha establecido una pauta de distribución de competencia legislativa entre la Nación y las provincias respecto del Derecho común. que abarcó el año 1988. . la decisión universalmente conocida que aludió al plazo de prescripción penal como reglado por las máximas del Derecho procesal y. inc. también. interpretada racionalmente. no sólo dictó la ley nacional tributaria que. inc. Si tuviera razón la CSJN. pauta que.resultaría improductivo denunciar como irrazonables los plazos de prescripción vigentes en la ciudad en materia impositiva que sólo reproducen los términos contemplados en normas nacionales ya citadas. el Derecho comparado. Ello impediría que. por supuesto. En esa zona caben instituciones con características tales que las torna partícipes de ambas zonas jurídicas. por definición. discrepancia alguna entre la legislación nacional y la local (en la sentencia mencionada de la CSJN. la jurisprudencia citada de la CSJN me parece absurda. a su extinción o a la extinción del deber jurídico. precisamente. si el poder de legislación de ciertos tributos reside en las legislaturas locales. que. la sanción del Código Civil. que la misma norma constitucional citada (Artículo 75. la CN -por ciertas razones políticas. o de contravenciones. le atribuye el poder de legislación sobre las relaciones civiles. por ejemplo. no sólo debe obedecer al texto de los actuales Artículos 121 y 126 de la CN -legislación local la regla. Sus notas principales residen en dar por sentado que las provincias tienen potestad de legislación impositiva local. Empero. inc. reconocido entre nosotros como de legislación local. Conforme a ello. cuando se instaló en cabeza de un único legislador una disposición constitucional común.
J. expresamente. emanada del tribunal superior de la causa. p. El recurso de inconstitucionalidad cumple con los recaudos legales que hacen a su admisibilidad formal: se recurre una sentencia definitiva. poder que las provincias. la prescripción regulada por el Código Contravencional (Artículo 31) devendría. por el mismo argumento de la inconstitucionalidad aquí examinado. entre dos años como mínimo y doce años como máximo). maguer su acierto o desacierto. desplazarían totalmente. impropio de nuestro orden jurídico básico (régimen federal). CN). LPT). El segundo.. 3. es insuficiente.y se reservaron como propio al tiempo de delegar su sanción en los órganos nacionales. en el sentido más circunscripto de municipal o vecinal. Maier. sentencia del 23/2/2000. en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ]. le sería imputable a la sentencia que impugna. inc. LPT).A. inc. contraria a la CN. ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido. Ruiz dijo: 1. s/quiebra s/incidente". esa regulación no acepta plazos tan extensos como los reglados por el Código Penal y determina sus propias formas de suspensión e interrupción del plazo. sólo trataré el recurso respecto de dos agravios. según la Sociedad Italiana. en el texto del Artículo 75. 3. Código Civil) en que estaría incurriendo la Cámara. 509 y 512. regla que sí está contenida. . por los fundamentos que desarrollaré en los apartados que siguen de este voto. para aquellas provincias de organización jurídica federal interna. Las costas pueden tolerarse por su orden. CN) que se produciría. Artículo 14). 131/99.. entonces: a) rechazar parcialmente la queja respecto del motivo centrado en los intereses de la deuda tributaria. 12: ". El resto de los principios constitucionales mencionados por la recurrente (afectación del régimen de coparticipación y de delegación de poderes. a la institución que regulan los códigos de faltas o contravencionales. C. 4. precisamente. pues se arroga la interpretación de la legislación común. anticipo que. y expansión de recursos admitidos según variadas formas de procedencia impuestas por mecanismos que el mismo tribunal desarrolló. en cuanto rechaza el recurso de inconstitucionalidad de fs. a raíz del supuesto apartamiento de las normas nacionales (contenidas en los Artículos 4027. en un sentido centralizador. La parte dispositiva debe versar. y 126. si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento. congruentemente. En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires. es autosuficiente. Ahora se puede apreciar la razón de ser -centralización. cuyo . el escrito presentado por la Sociedad Italiana de Beneficencia (a fs. negaron al judiciario nacional -salvo cuando las cosas o las personas caigan bajo su jurisdicción. Pero adviértase que ese criterio también avanza.". correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales. La jueza Alicia E. 3. y expansión de sus competencias comunes. como lo propone y por los fundamentos del voto anterior. los plazos de prescripción establecidos en los Artículos 62 y 65 del Código Penal (como ejemplo: prescripción de la acción de delitos amenazados con penas privativas de libertad temporal. expte. que superan varios millares.. con ese razonamiento. El recurso de queja fue deducido en tiempo y reúne los requisitos para su tratamiento (Artículo 33.Así. Comparto y hago míos los términos y fundamentos expuestos por el Sr. II. in re "Filcrosa S. como desarrollo institucional de ese órgano nacional y con independencia de las personas que ocupan sus cargos (expansión de personal a cantidades casi increíbles hace apenas una décadas. en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad" (cf. y b) rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada y admitido por el tribunal según el texto que inmediatamente antes precede. Fiscal General Adjunto al dictaminar a fs. como aquella derivada del Derecho previsional). sobre el control centralizado que la CSJN ejerce sobre las administraciones de justicia locales a través del llamado recurso extraordinario (Ley Nº 48. expansión de sentencias dictadas. según argumenta la recurrente. El primero vinculado a la afectación de la supremacía constitucional (Artículo 31. 75.A. y hacer lugar al mismo recurso en todo lo referente al plazo de prescripción de la obligación tributaria y su cómputo. 3. pues. s/ recurso de queja". computable en años.. t. según que las cosas o las personas cayeren bajo su respectivas jurisdicciones. y realiza con éxito una crítica del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad. a los que agrego los argumentos que desarrollaré en los párrafos que siguen con el fin de analizar la sentencia dictada por la CSJN el 30 de septiembre de 2003. asociado al eventual desconocimiento de los precedentes de la Corte que. expansión del atraso y morosidad. inc. 35/43. Todo ello me convence acerca del rechazo del recurso de inconstitucionalidad en la parte que contiene la apertura de ese recurso por triunfo de la queja. expansión de casos en los cuales conoce por recurso. cuyo número no permite encubrir el hecho de que muchas de ellas no responden al criterio personal de los jueces que integran el tribunal o a una deliberación real entre ellos. 3. el Tribunal in re "Carrefour Argentina S. 22/28) está debidamente fundado. Sin embargo. y los motivos de interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal que él regula. muchas veces de legislación local. 20 y siguientes). b. 2. 3/13. conforme se advierte bajo el número I. o el derecho administrativo sancionatorio. de ordinario. Artículos 75. inc. El sentido histórico de esa cláusula constitucional determina su significado y debe ser tenido en cuenta al momento de utilizarla. a. 2. por repercusión directa -carácter transitivo-. En relación con este último recaudo. como resulta natural y racional.de la expansión desmedida de la CSJN y de los males que le son criticados desde hace tiempo. en atención a las características y fines de la legislación contravencional. En efecto. no establecidas por la CN. conforme se funda bajo el número I. sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales. son meras invocaciones respecto de las cuales es aplicable la reiterada jurisprudencia del TSJ en virtud de la cual "la referencia ritual a derechos o principios constitucionales. y se plantea un caso constitucional (Artículo 27. coincido con la solución propuesta por mis colegas la jueza Ana María Conde y el juez Julio B. 12. Creo que el ejemplo basta para advertir cómo el criterio de la CSJN avanza peligrosamente por sobre las autonomías provinciales.
que nadie sensatamente negaría. . 2. Los estados locales son los que deben decidir en qué plazos y bajo qué circunstancias prescribe una obligación tributaria. Está fuera de discusión que la creación de tributos locales integra el conjunto de competencias no delegadas por las provincias al Gobierno Nacional. las normas locales que regulan las habilitaciones y clausuras de comercios no son ajenas. considerando 6º. circunstancias y normas involucradas en este caso. que ahora el Tribunal debe resolver. Dado que.: Artículo 715). esa calificación determina que. En materia de tributos. 122. establezca un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía. La Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en Filcrosa ratifica precedentes (como se dijo. PIDESC). c. este es el único que guarda relación con los hechos. como parece entenderlo la CSJN. dictados en otro contexto fáctico y normativo) y reitera la tesis que invalida aquellas disposiciones contenidas en las legislaciones locales que al regular la prescripción se apartan de lo previsto en el Código Civil. no establece una pauta de razonabilidad que permita distinguir los supuestos que quedarían comprendidos y excluidos de la definición. por lo tanto. Otro ejemplo significativo: en materia tributaria local el legislador de la jurisdicción define el hecho imponible. según la propia Corte.1. Como la consecuencia de la inclusión es el reconocimiento de la competencia excluyente del legislador federal para las que entran en el campo semántico del concepto. Pese a lo cual.: Artículo 2. lo que contribuye a establecer una política tributaria previsible y efectivamente autónoma. ¿por qué habría que asegurar una ley común respecto de la prescripción? Esta intención 'unificadora' avasalla sin fundamento constitucional la autonomía de cada uno de los estados locales. con el derecho de propiedad. 6. y contraría lo preceptuado por los artículos comprendidos en el título segundo de la segunda parte de la CN. modificados por el legislador federal. por mandato constitucional. sino un instituto general de derecho" (cf. 123. cuya pertenencia al derecho de fondo nadie discute. comercial. La prescripción liberatoria disminuye la incertidumbre del sistema jurídico. podría sostenerse que la cosa juzgada es un modo de extinguir el derecho.tratamiento fue omitido en el dictamen fiscal. En otro orden. las exenciones.: la prescripción en el régimen tributario local). luego del cual. la Corte Suprema de Justicia afirma en el fallo citado. El núcleo de mi discrepancia radica en los alcances reconocidos por el máximo tribunal federal a las autonomías locales en materia tributaria. No guarda coherencia. fija con certeza el tiempo en el que puede ser reclamado el cumplimiento de la obligación. el supuesto deudor puede oponerla como defensa. además. Artículos 75. Por otra parte.dicha atribución. Si los plazos de prescripción pueden ser ordenados y. en tanto quedan sujetos a las decisiones de un poder ajeno. En consonancia con el ejemplo mencionado. Y. En este punto quiero señalar que: a. directamente implicadas en el sostenimiento básico del Estado. 4. CN). éste fije no sólo los plazos de prescripción correspondientes a las materias comprendidas en dicha norma constitucional (civil. etcétera. la regulación de la prescripción no parece que pueda escindirse del sistema de recaudación tributaria. sus funciones y el cumplimiento de sus deberes (vg. no es objeto de debate en el sistema federal argentino. ¿Cuál de las dos instituciones está más relacionada con el derecho de propiedad: la que es disponible para las jurisdicciones locales (cosa juzgada) o la que -en el criterio de la Corte. aspectos todos vinculados con el derecho de propiedad. los sujetos pasivos. que se reconozca a una unidad federal autónoma el derecho a darse sus propias instituciones y a regirse por ellas (vg. las provincias regulan el sistema procesal (única o múltiples instancias) y las correspondientes vías recursivas y plazos para definir cuándo un asunto sometido a los tribunales locales pasa en autoridad de cosa juzgada o si existen recursos de revisión de tal autoridad. tampoco hay ninguna pauta de razonabilidad que explique -y menos aún que justifique. en ciertas situaciones. 125 y 129. que también tiene vínculos. Por ejemplo. la remisión al derecho de propiedad no resulta una guía constitucionalmente válida para ampliar o restringir el campo de la autonomía. Con igual énfasis. que la prescripción lleva implícita. que la prescripción involucra aspectos típicamente ligados con el derecho de propiedad. en su razonamiento. que el constituyente federal de 1994 reconoció a la Ciudad -autónoma por voluntad de aquél. el argumento parece poco consistente. las provincias hayan considerado como un presupuesto necesario de sus respectivas autonomías. 5. En síntesis. al dictar la Constitución Nacional. Moliné O'Connor y López). La jurisprudencia referida no da cuenta de cuáles son las notas que definen a un "instituto general del derecho" y. dado el tipo de obligaciones de que se trata. De los precedentes de la Corte que la recurrente cita. Y. consecuentemente. la Corte añade -refiriéndose a la prescripción. es un modo de extinguir las acciones. voto de los jueces Fayt. minería. Así. trabajo y seguridad social) sino. a la tutela o afectación del derecho de propiedad. b. aún cuando se refieran a cuestiones de derecho público local. Para la Corte las provincias carecen de atribuciones para legislar en esta materia puesto que "la prescripción nos es un instituto propio del derecho público local.: el sistema tributario local) y simultáneamente se someta a regulación externa (federal) una pieza clave de esas mismas instituciones (vg. en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el Artículo 75. La prescripción. inc. puede ser objeto de regulación válida por las legislaturas locales. la posibilidad de evaluar los efectos de la propia desidia. de la CN. Sin embargo. 121. el instituto de la cosa juzgada. no sólo la institución de la prescripción sino el sistema de recaudación tributario dejan de ser locales. inc.que no se advierte cuál sería el motivo para presumir que. penal. más allá de las disposiciones establecidas en el Código Civil (vg. las alícuotas. los mínimos no imponibles.no lo es (prescripción). 12. No coincido con la hermenéutica plasmada por la Corte en el caso Filcrosa. la potestad de las autonomías locales para ejercer el poder de policía en ámbitos como los indicados. el sistema tributario es tan variable como lo sea la legislación de cada estado local.la misma facultad (cfr. asimismo.
el principio de igualdad o el de no confiscatoriedad (Artículo 16 y 17. título II: "Divisiones del Derecho financiero". Con carácter previo a la consideración de las articulaciones recursivas que en este estado procesal nos convocan. por mayoría. principalmente en Francia entre Francois Gany (Essais sur le droit fiscal en Revue de Science et Législation Financiare. Ley Nº 11.489). Paris. inc. 10. contando con fundamentos suficientes en respaldo de sus agravios. Artículo 1º. voto por admitir la queja planteada y rechazar el recurso de inconstitucionalidad. En este aspecto. J. capítulo I. Como sostiene mi colega el juez Julio B. Esto es: el pronunciamiento recurrido constituye sentencia definitiva emanada del superior tribunal de la causa. en este caso con intervención de la Sala I. subparágrafo b: "Derecho tributario y . Juan Carlos Luqui: La obligación tributaria. en tanto la legislación aplicable al momento de devengarse el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que aquí se controvierte. B. según el contribuyente esté o no inscripto). Intervención anterior de este Tribunal. ps. El juez José Osvaldo Casás dijo 1. coinciden con los distintos plazos de prescripción contemplados en la norma que dictara en su carácter de legislador local. a todo evento. volumen segundo: "Análisis estructural del Derecho público con sectores proyectados sobre la materia financiera". Es claro que el modelo de federalismo de la Constitución Nacional no supone unidad de legislación. como lo es todo lo atinente al sistema tributario. 2. Dalloz. Ello así. pero ésta vez como legislatura local (entonces Artículo 67. Por las razones expuestas.7. y b) La articulada en subsidio. El primero de los agravios: Aplicación de la prescripción liberatoria en base a las disposiciones del Código Civil. Por fin. al 13/7/1998. sección primera. En síntesis. que en una anterior sentencia del Tribunal del 26 de marzo de 2002 (v. dictada también por la autoridad nacional. en particular p. Sin perjuicio de la decisión que anticipara.' (Artículo 56. fs. O. aplicados en la sentencia que se recurre (10 y 5 años. y la apelación extraordinaria a la que accede. es cuestionable una hermenéutica que transfiere. preveía para los contribuyentes no inscriptos la prescripción decenal (Artículo 1º. Sáinz de Bujanda: Sistema de Derecho Financiero. "el Congreso de la Nación se ha pronunciado ya hace tiempo acerca de los plazos de prescripción de 'Las acciones del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos. el decisorio es contrario a la pretensión del recurrente y la interposición de sendos recursos ha sido efectuada en los plazos rituales. cumplen con los requisitos comunes propios y formales que estatuye la Ley Nº 402. como lo proponen mis colegas preopinantes.. excepto en materias delegadas al estado federal. adhiero al ilustrado voto y conclusiones de mi colega la Jueza doctora Ana María Conde. 1951) y Louis Trotabas (Finances Publiques.683)". Maier en el apartado 1 de la primera parte de su voto. es útil dejar constancia. La queja. b de la Ley Nº 19. me afirmo en la convicción de que las articulaciones de la recurrente no pueden prosperar. Las costas pueden imponerse por su orden. A la fecha resulta prácticamente pacífica la aceptación de la autonomía dogmática del Derecho tributario respecto del Derecho civil. 3º del Código Civil). como consecuencia de la entonces vigente preeminencia de los valores burgueses relativos a la libertad y al patrimonio individual que encontraban su mejor reducto en el Código Civil (cfr. Autonomía del Derecho tributario. el único límite es el respeto de los principios y derechos constitucionales.683. 10 y ss. CN). contemplada en el derecho común (Artículo 4027. tasas y contribuciones de mejoras. 8. 2ª edición. Los plazos fijados -y las razones y presupuestos en que se sustentan y diferencian. 20/7/1998. su "sumisión esclavizante" (sic -cfr. no incluidos en la Ley Nº 11. sin mediaciones.por el Congreso de la Nación como poder legislativo nacional. También a través de "la Ley Nº 19. 3. Dictada nueva sentencia por la Cámara del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Buenos Aires. al ámbito del derecho público. CN). El criterio de distribución de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas. que el incumplimiento habría sido inculpable (por error excusable). 27. capítulo IV: "Derecho tributario". Los agravios. y más allá de los argumentos complementarios que desarrollaré seguidamente. y Précis de Science et Législation Financiare. Dalloz. la prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. Depalma. para una mejor comprensión de los argumentos que fundarán mi voto. Admisibilidad formal de la queja y del recurso de inconstitucionalidad. Entrando en la consideración del primero de los tópicos propuestos. t. articula cuestiones constitucionales que guardan relación directa con prescripciones de tal índole. con mi voto disidente. 5. 1989) pudo discutirse a comienzos del siglo XX. En lo que corresponde al funcionamiento de las autonomías locales.. parágrafo II: "La cuestión de la autonomía". y. a tenor de lo prescripto por el Artículo 509 del Código Civil. para la entonces Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires". inc. Ley Nº 11.489. la actora articuló recurso de queja por denegatoria del recurso de inconstitucionalidad. parte primera: "ámbito jurídico-político de la obligación tributaria". con costas por su orden.. revocar el pronunciamiento de la Cámara y declarar la improcedencia de una exención invocada por la Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires. por entender. 4.585 para los restantes impuestos nacionales. 1967). el modo en que un instituto como la prescripción está reglado en un cuerpo normativo destinado a regir relaciones de derecho privado. estimo del caso añadir las puntualizaciones que siguen. parágrafo D: "Autonomía del Derecho tributario". 298/316 de los autos principales) se decidió. inc. pretendiendo la inaplicación de interés resarcitorio sobre la deuda impositiva. Paris. lo que la eximiría de tal accesorio. tomo I. Son dos las cuestiones articuladas que intentaré atender en mis consideraciones: a) La relativa a la prescripción liberatoria aplicable. 1928. antes aún. que según las pretensiones de la recurrente debe ser la quinquenal. en el caso y como simples ejemplos. o.
la legislación del país sería un inmenso laberinto de donde resultarían males inconcebibles.. al tratarse el tema I: "Autonomía del Derecho tributario".. García Belsunce ("La autonomía del Derecho tributario" en Estudios financieros. 1997). En sentido concordante el Modelo de Código Tributario para América Latina del Programa de Tributación Conjunta OEA-BID del año 1967. en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. redactado por Carlos M.Ravignani. Madrid. 1967). parágrafo 39: "Con el Derecho privado". Teoría General del Derecho Tributario Sustantivo. Giuliani Fonrouge (Derecho financiero." (el destacado en bastardillas ha sido añadido . en cuyo caso se deberá entender que el Derecho tributario se ha valido de la significación de los conceptos y alcance de los institutos de la rama jurídica de origen (cfr. hoy inc. 1985). 1956). capítulo I: "El Derecho tributario sustantivo y su autonomía estructural". año 1973). Abeledo Perrot. en particular p.. Unión Panamericana.Derecho privado". 17 y ss. ps. en su sesión del 28 de abril. en las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. ya que el Derecho tributario no es excepcional con respecto a ninguna otra rama jurídica en particular. ps. el intérprete puede acudir a los principios de otras ramas jurídicas. La unidad de legislación común en el Congreso Constituyente de 1853. El Derecho tributario tiene autonomía dentro de la unidad general del Derecho por cuanto se rige por principios propios y posee institutos. Eusebio González García: La interpretación de las leyes tributarias. ps. agregando que "si se dejaba a cada provincia esta facultad.y la forma federal de gobierno que aseguraba la Constitución.C. ps. parágrafo 3: "El Derecho tributario sustantivo y su autonomía estructural frente al Derecho financiero y al Derecho administrativo.. bajo el título Derecho fiscal frente al Derecho civil. escuchó la exposición del diputado por la provincia de Santiago del Estero José Benjamín Gorostiaga -miembro informante de la Comisión de Negocios Constitucionales. Rubens Gomes de Sousa (Brasil) y Ramón Valdés Costa (Uruguay). ps. 1966). dentro de la doctrina argentina.. 6. 72 y ss. Giuliani Fonrouge (Argentina). ps.. 12 del Artículo 75) por la cual se lo habilitaba para dictar los Códigos para toda la Federación. Aranzadi. que: "Como consecuencia del principio de la autonomía del Derecho tributario que inspira el proyecto. Buenos Aires. ps. 32. por afectar la autonomía provincial -"soberanía" (sic). los vacíos y oscuridades de las normas tributarias deben solucionarse recurriendo en primer término a los principios generales de esta rama jurídica. aclarándolo en forma expresa. parágrafo 39: "Derecho financiero y Derecho privado".. Horacio A. Como respuesta. conceptos y objetos también propios. 1997). para quien el Derecho tributario es una rama que goza de autonomía calificadora dentro del ordenamiento jurídico en tanto puede dotar a los institutos por él utilizados del contenido que estime más apropiado. 1971). 11 del Artículo 64. sin necesidad de seguir ningún orden predeterminado. el temperamento autonomista. Poco tiempo después. p. pudiendo citarse dentro de los autores que adscriben a dicha corriente a: Dino Jarach (El Hecho Imponible. en tanto la ley tiene siempre plena libertad para organizar la actividad financiera y derogar al derecho común (la polémica entre los dos juristas franceses traducida por el catedrático español Juan Ramallo Massanet puede consultarse. ps. Por consiguiente. como dice el Código. 19 y ss. 1963). 1993). 2. capítulo II: "Nociones generales de Derecho financiero". Resoluciones de las Jornadas. Molachino. capítulo VIII: "Relación del Derecho financiero con otras disciplinas". Título I. Más aún. La postulación referida fue tempranamente receptada en estas latitudes. El Congreso Constituyente de 1853. el profesor Gany se vió en la necesidad de reconocer. Tomo I. Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. y así. Fundación de Cultura Universitaria. la atribución 11 que se daba al Congreso (entonces inc. puede proceder de dos maneras: a) darle un contenido diverso. cuanto menos. Imprenta de la Universidad Nacional de Tucumán.. 91 y ss..en lo referente a distintos incisos de la cláusula que enumeraba las atribuciones del Congreso federal. 235 y ss. recurrirse a los principios que más se avengan a la naturaleza y fines del Derecho tributario" (Reforma Tributaria para América Latina: Modelo de Código Tributario. En ausencia de ellos. Pamplona.. celebradas en la Ciudad de Montevideo en el año 1956. Abeledo Perrot. 29 y ss. Deberá. el diputado José Benjamín Gorostiaga señaló: "Que la mente de la Comisión en este artículo no era que el Gobierno federal hubiese de dictar leyes en el interior de las provincias. director de la obra: Asambleas Constituyentes Argentinas seguidas ." (Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario: Estatutos. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. dotándose de conceptos y regulaciones propias)-. con matizaciones respecto a la extensión que se le brinda -comprendiendo el Derecho tributario e incluso abarcando al Derecho financiero. 2ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Âª edición.. Francisco Martínez (Derecho tributario argentino. sino que el Congreso sancionase los Códigos Civil. Montevideo. Mineral. sin perjuicio de lo cual. reproducida la disputa entre dos tributaristas -Antonio Berliri (quien sostenía que el mundo del Derecho constituye una unidad y que el ordenamiento jurídico no puede desmembrarse en parcelas) y Ezio Vanoni (para quien los preceptos fiscales como normas jurídicas poseen una clara singularidad por su contenido que le permite separarse del universo. En tales circunstancias. Carlos M. Washington D. Rosario. 21. Buenos Aires. Tucumán. y Manuel de Juano (Curso de finanzas y Derecho tributario. el diputado por la provincia de Tucumán Salustiano Zavalía cuestionó. la cuestión alcanzó equilibrada síntesis en el pensamiento de otro profesor italiano Achile Donato Giannini. siempre que utilice conceptos provenientes del resto del plexo jurídico. 172 y ss. se dejó consignado en las recomendaciones iniciales: "1. Concretamente. 12 y 14. capítulo I: "La autonomía del Derecho tributario". Depalma. el particularismo del Derecho fiscal. consignó en la "Exposición de motivos: análisis del articulado". la norma tributaria debe precisar sus conceptos propios señalando los elementos de hecho contenidos en ellos y cuando utilice los de otras disciplinas precisará el alcance que asigne a los mismos . Buenos Aires. Penal y demás leyes generales para toda la Confederación". capítulo III: "Autonomía calificadora del Derecho tributario". Emilio. a pesar de la apuntada potencialidad. y b) no decir nada. 6ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Âª edición.conforma la communis opinio. naturaleza del acto de determinación (accertamento)".. frente a la postulación autonomista de Trotabas.
4. una laguna aparente en el sistema del Derecho público no debe suplirse por vía de analogía aplicando prescripciones del Derecho privado. y en particular el Civil.. para proyectar sus instituciones en forma preferente a toda la legislación local. tienen la propia amplitud de su poder legislativo (Fallos: 105:273). susceptible de ser trasladada al Derecho público. comercial. Tomo cuarto: "1827-1862". etc. desestimando la existencia del ente ideal. también. Talleres S. Pero esta situación excepcional revela por sí misma. graduación en el orden de los privilegios especiales o generales reconocidos a los créditos por tributos. 11 y 108 del Estatuto Fundamental (texto 1853-1860). en particular p. y dictar especialmente leyes generales para toda la Confederación sobre ciudadanía y naturalización. De todos modos. Mario Pugliese. Pedro Ferré. es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención alguna de autoridad extraña (Fallos: 114:282). (Proyecto de Constitución para la Confederación Argentina. clasificaciones y distinciones del Código Civil no es. ps. de todos modos. es decir. a fin de la aplicación del Impuesto a las Herencias. La autonomía del Derecho tributario local y la cláusula de los códigos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí el entonces presidente del Tribunal cimero.de darse leyes y ordenanzas de impuestos locales. El punto de inflexión. La mayoría de los preceptos. sino que ha de llenarse con preceptos emanados del sector del Derecho público' (Fritz Fleiner. esa voluntad vino a ser de hecho coartada por la ley de la Provincia. penal y de minería y especialmente leyes generales para toda la Confederación. 7. como se ha dicho. 1933. El Código Civil no es limitativo del Derecho público ni tampoco un Derecho subsidiario de éste. elección de objetos imponibles y formalidades de percepción del resorte exclusivo de las provincias. y en general todas las que juzguen conducentes a su bienestar y propiedad. criterios de radicación económica de los bienes a los fines del cobro del Impuesto Sucesorio. Es útil enfatizar que. Tomo sexto. sentencia del 19 de noviembre de 1882. atribución de los bienes a los socios fallecidos en diversas sociedades comerciales. México. a diferencia de lo que ocurriera con gran parte de los artículos que resultaran sancionados por unanimidad.. al señalar a una décima parte de la herencia otro destino del que tuvo en vista el causante de la sucesión. José Benjamín Gorostiaga. a partir de un voto en minoría. que pesaba sobre toda herencia o legado a favor de terceros extraños. Emilio: Asambleas Constituyentes Argentinas. no habían sido dictados sólo para regir las relaciones de Derecho privado sino. 1939. en lo que aquí interesa. sin más limitación que las emanadas del Artículo 108 de la Constitución -texto histórico. la norma impositiva local lo modificaba y ampliaba. Buenos Aires.del 18 de abril de 1853. p. mineral y penal. La doctrina descripta en el párrafo anterior tuvo una efímera vigencia y rápidamente fue revertida por los pronunciamientos posteriores de la Corte en los cuales se convalidó la validez constitucional de los impuestos a las herencias. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.. además. no es legítimo deducir la voluntad de ellas de aceptar limitaciones a su potestad impositiva que resultan implícitamente de preceptos del Código Civil: todo lo que parece razonable inferir es que con aquella delegación lo que las provincias han querido es que exista un régimen uniforme en materia de relaciones privadas.. como es obvio. Es inveterada la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido que no es objetable la facultad de las provincias -valor sobreentendido a partir de la Reforma Constitucional de 1994. el de que 'cada sistema de Derecho ha de suplirse por si mismo y. 785) y que pasó a disponer.. Posteriormente se registraron otros muchos pronunciamientos enrolados en la tesis iusprivatista sobre plazos de prescripción tributaria. Juan del Campillo. Martín Zapata. sentencia del 10 de agosto de 1956. viene constituido por el leading case: "Atilio Cesar Liberti sucesión" (Fallos: 235:571).. sobre inconstitucionalidad de un impuesto" (Fallos: 23:647). En dicho precedente. Instituciones de Derecho Financiero. importaba la creación de un Derecho sucesorio o legítima forzosa que el Código Civil (materia de legislación reservada al Congreso de la Nación) no había previsto y. Juan María Gutiérrez. del hecho de que las provincias han delegado expresamente en la Nación la facultad de dictar los códigos de fondo.. ya que tratándose de una sucesión testamentaria deferida únicamente por la voluntad de la testadora. p. comercial. más allá de la reformulación de la cláusula. ob. segunda parte: "1810-1898". cuyas facultades sobre este particular en sus respectivas jurisdicciones..). ed.. por consiguiente. etc. que inicialmente disponía legislar en materia civil. vigente en todo el sistema jurídico. cit. Instituciones de Derecho Administrativo. debió ser sometida a votación para ser aprobada por mayoría de sufragios..(Fallos: 7:373).de los textos Constitucionales. más acotadamente. la mayoría entendió que el gravamen del 10 % a favor del Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. dictar los códigos civil. que la transferencia de . también.. Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. al entender que los Códigos. 1937). 27. que acompañó el Informe de la Comisión de Negocios Constitucionales -integrada por: Pedro Díaz Colodrero. por tanto. siendo la creación de impuestos.. Labor. aplicación de las reglas del condominio contempladas en el Código Civil a los fines de la liquidación del Impuesto Inmobiliario con tarifa progresiva parcelaria. en fallo dividido. porque entre los derechos que constituyen la autonomía de las provincias. en Ravignani. En tal orientación se inscribe la causa: "La sucesión de Doña Tomasa Vélez Sarfield contra el Consejo de Educación de la Provincia de Buenos Aires. en algunas familias de fallos el Alto Tribunal entendió que el Derecho tributario local debía subordinarse al Derecho de fondo o común. sólo una parte menor de aquellos constituye realmente 'derecho común'. 779 y ss. 47. al menos en su generalidad: el principio es. resultando por demás evidente tal aserto en esa causa. Fondo de Cultura Económica. Legislativos y Pactos Interprovinciales que organizaron políticamente la Nación. sostuvo en su disidencia: "Que . Jacobo Peuser Ltda. doctor Alfredo Orgaz.A. Manuel Leiva.. adscribiendo a una tesis civilista o iusprivatista en consonancia con lo previsto por los Artículos 67 inc. por tanto.
en lo que respecta a los Códigos Civil y de Comercio. inc. en el ejercicio de sus facultades privativas en cuanto a la imposición de contribuciones y a la manera de percibirlas. "Dora R. "Que en atención a lo antes señalado. González. v. Obras Completas. y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación' (Artículo 104)..es del resorte propio de ella (la provincia) y nada tiene que hacer el Código Civil acerca de su imposición fiscal' (Fallos: 174. son amplias y discrecionales. del Derecho financiero. 51:350. deben atenerse a las limitaciones que puedan surgir del Código Civil. entre otros). por ejemplo. importa hacer de este último código. Esta doctrina ha sido invariablemente declarada por esta Corte. contenida en sus pronunciamientos anteriores. esta Corte ha dicho repetidas veces que el Artículo 16 de la Constitución 'no impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes. de suerte que el criterio de oportunidad o de acierto con que las ejerzan es irrevisible por cualquier otro poder. justo y político. Esta facultad es amplia. "S. importa. que sus facultades.A. en lo que nuclearmente nos incumbe. sólo significa que aquellas. siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo' (Fallos: 205:68 y los allí citados. de que. y en el ejercicio de su poder soberano. Provincia de la Pampa" (Fallos: 269:373). La delegación que han hecho las provincias en la Nación para dictar los códigos de fondo. desde los primeros años de su funcionamiento (Fallos: 7:333. en este caso. ninguna restricción que se invoque de otras leyes. t. sólo excepcionalmente. entre otros). y no tiene más limitaciones que las que provienen de la misma Constitución. 358). ofrecen la única seguridad contra los abusos de ese poder discrecional' (Desty. Provincia de Entre Ríos" (Fallos: 282:21). sentencia del 7 de febrero de 1972 -tesis "iusprivatista- . sobre las bases de las restricciones constitucionales. "Las leyes impositivas pueden tratar del mismo modo situaciones diferentes según el Código Civil. 114:262. 599)". donde. tratándose de apreciar la constitucionalidad de un impuesto provincial. han tenido la voluntad de limitar también las facultades de Derecho público de que no se desprendieron en beneficio de la Nación. y de Comercio. inaceptable.. y respecto a la materia imponible. querer limitar el federalismo de la Constitución con el unitarismo del Código Civil. que 'Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal. Sus poderes son discrecionales. como el Código Civil. y es seguramente excesivo interpretar que. puede desembarazarse de las figuras y de los conceptos de aquellos códigos y resolver sus problemas propios de acuerdo con sus necesidades y su lógica peculiar. "Que siendo. a modo de síntesis. pueden (las provincias) establecer impuestos y determinar los medios de distribuirlos. sin otras limitaciones que las que resultan de la Constitución nacional. el Derecho público. y sus decisiones sobre lo que es propio. sabiduría y justicia del cuerpo legislativo y sus relaciones con sus electores. pudiendo. en un nuevo examen del problema por esta Corte en su actual composición. Tampoco las demás circunstancias concretas del impuesto pueden tener otras limitaciones que las provenientes de la Constitución: '. como ya se ha dicho. han querido un régimen uniforme en materia de Derecho privado. pueden adoptar cualquiera o todos los medios conducentes a crear renta. se dejó expresado: "Que . es casi toda de Derecho privado. innegable el poder amplio de las provincias para establecer impuestos. lo que es. constituye una ley limitativa de la facultad de las provincias para establecer impuestos dentro de los limites de su jurisdicción. III. como doctrina general. sin que por ello se afecte necesariamente la garantía de la igualdad. en razón de haber sido dictado por el Congreso. dentro de estos límites. en el modo y alcance que les parezca mejor. 150:419. muchas veces recordado en sus sentencias. un Derecho supletorio del Derecho público.. situado como está en otro plano. sentencia del 4 de diciembre de 1967 -tesis "iusprivatista-centralista"-. pero que ellas estiman semejantes desde su punto de vista particular. La tesis "iuspublicista-autonomista" se afianzó como doctrina unánime del Tribunal in re: "Lorenzo Larralde y Otros" (Fallos: 243:98). además. citarse las causas: "María Lía Cobo de Ramos Mejía y Otras v. y el interés. desde luego. La legislación común de los Artículos 67. De ahí en más. debe hacerse con grandísima cautela. sin otras limitaciones que las que establece la Constitución. pues no otra cosa quiere decir. en la medida en que el Código Civil contiene principios o normas generales de Derecho rige también en el campo del Derecho público. de acuerdo con el sistema federal y con los antecedentes de nuestra historia. asimismo. sólo concerniente a las relaciones privadas. pueden libremente establecer impuestos sobre todas las cosas que forman parte de su riqueza general y determinar los medios de distribuirlos en el modo y alcance que les parezca mejor. Provincia de Buenos Aires" (Fallos: 251:379). sentencia del 6 de diciembre de 1961 -tesis "iuspublicista-autonomista"-. Martínez y Esquivel y Otros v. y que no es bastante al efecto que esas normas se hayan dictado por el Congreso de la Nación en ejercicio de sus facultades propias. en lo que respecta a los Códigos Civil. desde que conservan todas las facultades no delegadas a la Nación (Artículo 104 de la Constitución nacional). Pretender que.normas del Código Civil al Derecho financiero. además. el Tribunal debe comenzar reiterando el principio fundamental. habida cuenta de la preeminencia que tiene la Carta Fundamental sobre toda otra ley. como a la naturaleza y cantidad del impuesto deben ser finales y concluyentes. puede trabar el ejercicio de ese poder en cuanto a la materia misma de la imposición: 'la elección del objeto imponible -dijo anteriormente esta Corte. 174:353. como queda dicho. Liebig's Extract of Meat Company Ltd. 137:212. los pronunciamientos del Alto Estrado se enrolan sucesivamente en una y otra tesis. las provincias. p. el Tribunal estima por lo menos excesiva la afirmación. Y parece claro que en ninguna de estas reservas pueden razonablemente incluirse las leyes impositivas impugnadas en esta causa" (el destacado en bastardillas no obra en el texto original). sentencia del 2 de marzo de 1959. y 108 de la Constitución nacional. según lo cual el Código Civil. 11. en la situación inversa. citado por Joaquín V. es punto de partida ineludible la afirmación de que las provincias..
.. parágrafo 39. no. A pesar de no tratar sobre el tema debatido en este contencioso. Figuras consulares de la doctrina nacional han marcado el justo límite hasta donde puede proyectarse la Cláusula de los Códigos en materia de potestad tributaria normativa local. cuando han delegado en la Nación la facultad de dictar los Códigos Civil y Comercial.. persiguen objetivos distintos. así lo ha dispuesto. capítulo VI: "Naturaleza e interpretación de las normas tributarias sustantivas". Al respecto. añade: "Aparte de la cuestión terminológica. No hay ni puede existir interferencia entre ellas. ya que ella quedaba reservada a las provincias. y "S.. especialmente el primero por su mayor elaboración. olvidan el diferente ámbito en que tienen aplicación las disposiciones de los Códigos Civil y de Comercio (Derecho privado) y las normas del Derecho financiero que incluyen las de carácter tributario (Derecho público). que el Derecho privado ha perdido la preeminencia que en un principio tenía sobre el Derecho tributario. es decir vigente en todo el sistema jurídico. institutos y métodos suficientemente desarrollados con que éste cuenta (Fallos: 297:500). Quienes así opinan. clasificaciones y distinciones del Código Civil no es.. Es Derecho sustantivo público". si el ordenamiento provincial extendiera la prescripción a treinta o cuarenta años o acortara el plazo de la prescripción de la acción de repetición de impuestos pagados en exceso a un término notoriamente inferior al de la prescripción ordinaria del derecho común (dos años. Anicamente han delegado lo que expresamente establecieron. tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas. el profesor Dino Jarach ha precisado una cuestión terminológica al reflexionar: "los Códigos de fondo son tales para el Derecho privado cuando se trata del Código Civil y del Código Comercial. Las normas de Derecho privado y las de Derecho público fiscal actúan frecuentemente. las provincias. el problema planteado es si la autonomía del Derecho tributario que se reconoce para el Derecho nacional no puede ser tal para el provincial... porque la razonabilidad como parámetro de justicia. que: "Las leyes impositivas pueden tratar del mismo modo situaciones diferentes según el Código Civil". sí podría el contribuyente invocar una lesión a su derecho de propiedad. Allí el Máximo Tribunal en su voto mayoritario dijo: "En el contexto expuesto.. ocupándose específicamente de la prescripción tributaria por gravámenes locales (acciones y poderes del fisco para determinar y cobrar y acción del contribuyente para repetir el pago indebido) y de las disposiciones del Código Civil. ¿podría el contribuyente esgrimir que ese apartamiento de la legislación nacional sustantiva le ocasiona alguna lesión de carácter constitucional? Evidentemente. contiene ricos desarrollos que abonan la tesis iuspublicista-autonomista.. en virtud de lo dispuesto por la Constitución. Buenos Aires. pues . 72 y 73). por los conceptos. A. 1968). la causa: "Reig Vázquez Ger y Asociados v. tomo I.. añadiendo que como dicho poder no es delegable -por ser inherente a la soberanía-. esa . Liceo Profesional Cima. Para redondear sus conceptos. no han querido delegar la de legislar en materia de facultades impositivas. A mi juicio. fundado no en el apartamiento de la legislación de fondo sino en la irrazonabilidad de la disposición provincial.. la mayoría de los preceptos. Pero estos Códigos no son de fondo para el Derecho tributario. pero en ambos casos. no son dictados por la Nación. también irrazonablemente. es un Derecho sustantivo y no un Derecho formal o procesal. reglas. en detrimento de las disciplinas de Derecho público. Tomo I.. por ejemplo). cit.centralista"-. de la misma manera que en el caso contrario (el del acortamiento del plazo de prescripción de la acción de repetición por el contribuyente).. García Belsunce. han dado motivo al erróneo concepto de que el Derecho privado constituye el 'derecho común' y requiere la subordinación de las otras ramas . como lo hizo el a quo. ps 299 y ss. susceptible de ser trasladada al Derecho público. éste es un error. por consiguiente. le cercena un Derecho al reducir. Giuliani Fonrouge ha sostenido que: "La importancia del Derecho civil y del Derecho comercial en la evolución del Derecho. sólo una parte menor de aquellos constituye realmente derecho común. si aquél hubiera rozado tal facultad la inconstitucionalidad se hallaría en el código civil y no en la ley provincial que prescindiera de tal limitación" (Derecho financiero. de esto se deriva que el Estado.. Por su parte. y por una razón .. que. Sobre el mismo tema. es fundamento de la inconstitucionalidad de las leyes y en este caso la justicia -como forma de concretar y realizar el derecho.. 300. 2ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Âª edición. sentencia del 14 de mayo de 1991. en particular p. restringido a relaciones de orden privado. con fines impositivos. (la) Corte . agrego. y su inadaptabilidad al campo del Derecho público dentro del cual se haya comprendido el poder impositivo de las provincias. el académico Horacio A. ha puesto la clave de bóveda en el principio de razonabilidad. ob. al poner de manifiesto los límites de aplicación del Código Civil. Esta doctrina concuerda con la sustentada por ." (cfr. el tratadista Carlos M. añadiendo. No hay en ningún momento una delegación expresa para que los Códigos Civil y Comercial legislen sobre la creación de las relaciones jurídicas tributarias y sobre elemento alguno de éstas. y la preeminencia que se les asigna en la enseñanza universitaria. tampoco puede olvidarse. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (Fallos: 314:458). parágrafo 6: "Derecho tributario nacional y provincial ante el Derecho privado". siempre que éstas no se vean afectadas en la esfera que les es propia (Fallos: 251:379).. La autonomía del Derecho tributario local y la Cláusula de los Códigos en la doctrina nacional. en ejercicio de su poder legislativo. Señala por tanto: "Si la prescripción para el cobro del impuesto fuere determinada por la legislación provincial en cinco años (como en el orden fiscal nacional) o en tres años. sentencia del 4 de diciembre de 1972 -tesis "iusprivatista-centralista"-.se ve burlada ante una disposición que pretende poner sobre el contribuyente la espada de Damocles del cobro de un gravamen durante un período ridículamente extenso. porque el perjudicado al acortar el plazo para ejercer la acción que nace de su derecho al cobro del impuesto es el propio Estado que. ps. de Exportación de Cereales Financiera y Comercial Nidera Argentina v. Curso superior de Derecho tributario. capítulo II. sin atenerse a las categorías o figuras del Derecho privado. con lo cual se hace necesario un tratamiento casuístico. 8. a su vez. con cita del fallo "Larralde". Por el contrario. eficaces y razonables para el logro de sus fines tributarios. y son de fondo en antítesis con los Códigos de Procedimiento que. Provincia de Entre Ríos" (Fallos: 284:319).". en ámbitos diferentes. sino por cada provincia..
y b) de contribuyentes no inscriptos (estableciéndola en 10 años). "Armonización de la codificación . Sentada la premisa antecedente no alcanza a comprenderse cómo este plazo de prescripción puede contribuir a generar el inmenso laberinto (sic) al que se refiriera el diputado José Benjamín Gorostiaga al defender la Cláusula de los Códigos como derecho común de la República en la Convención Constituyente de 1853. ps. 309). inciso 11 y 31 de la Constitución nacional por encima de las facultades tributarias de las provincias.. procesal e infraccional. al indicar en la Exposición de Motivos que si bien la iniciativa había sido elaborada para el orden nacional era posible su adaptación a las provincias (cfr. La unidad de legislación. "La autonomía del Derecho tributario frente a la legislación tributaria provincial". decidiendo la invalidación constitucional de los preceptos impositivos provinciales sólo de contraponerse insalvablemente con principios generales del Derecho contenidos en la legislación común -v. Partiendo de nuestra organización federal. precedido de un estudio sobre lo contencioso fiscal en la legislación argentina y comparada. tal cual lo han propiciado diversos juristas argentinos. 1942). todo ello en el marco de un federalismo cooperativo. ps.por la Ley Nº 19. J. por razones de identidad material o de tratamiento en la regulación específicamente tributaria. en particular ps. siempre que esas modificaciones no lesionen alguna garantía constitucional consagrada en la Carta a favor del contribuyente. equidad y proporcionalidad)" (cfr. por el solo hecho de su interpretación literal o por pura ortodoxia en su aplicación. 1998). Maier. que se traduce en un Estado plural -la Nación. pues aunque se aparte de la prescripción ordinaria decenal. o federalismo posible o de consenso. ¿Preferencia de la ley común sobre la ley local?. 35). capítulo VIII: "De la prescripción". no ya a partir de aislados preceptos de Derecho privado totalmente inatingentes a esta rama del Derecho público. puede defenderse como constitucional.prescripción a términos que pueden hacerle impracticable el ejercicio del mismo. he tenido oportunidad de desarrollar antes de ahora en un ensayo aparecido en una obra colectiva. según lo sugiriera el profesor Carlos M. En sentido concordante. las normas de derecho común contenidas en dichos códigos pueden ser modificadas por leyes locales.. ps. Giuliani Fonrouge.489. Sólo la acepto como causal de inconstitucionalidad de las normas locales. en particular p. distinguiendo según se trate: a) de contribuyentes inscriptos. ps. Exposición de Motivos. sólo superable mediante una codificación concertada de todos los niveles de gobierno (v. tomo XIII.683 (t. Por el contrario. mi maestro. los términos de la prescripción son coincidentes en el orden federal y local de la Ciudad de Buenos Aires. como ocurre con el Derecho penal tributario. 25 y ss. aplicable a los más diversos tributos nacionales (Artículo 112). Inspirado en tan destacados juristas. por conducto de la adhesión de los planos locales a un código tributario uniforme. Gravitación del Derecho civil sobre el Derecho tributario provincial en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina. hace más de diez años. no está de más confirmar. La unidad y uniformidad de legislación en el ámbito específicamente tributario (federal y local). haciéndome cargo de que en esta rama jurídica la proliferación de regulaciones por los entes impositores se convierte en un laberinto que amenaza la seguridad jurídica y que agrede al contribuyente. En tal sentido. adjetivo. doctor Julio B.. Revista Jurídica Argentina La Ley. regula en su título I.o. no se verifica respecto de la norma sobre prescripción impugnada en el sub judice. 9. 359 y ss. sino a través de una codificación tributaria concertada de los aspectos mínimos fundamentales del Derecho sustantivo. Como con agudeza señala en su fundado voto mi colega. 27 y ss. y dos mil ciento setenta municipios de provincia-. recogí sus enseñanzas propiciando una aplicación mesurada de la Cláusula de los Códigos de la Constitución nacional frente a las regulaciones tributarias locales. Doctrina Tributaria Errepar. si se trata de normas locales de carácter tributario (igualdad. gr. tomo 148. 60 a 62. aquellas normas de Derecho general contenidas en los códigos de fondo. si como consecuencia del apartamiento de éstas frente a la legislación nacional sustantiva -sea de Derecho privado o de Derecho público.se diere la colisión entre ella y una ley local irrazonable en su aplicación al caso y violatoria de declaraciones y derechos constitucionales" (v. Ideas concordantes. parágrafo: "Conclusión". situación que. plazos análogos de tal instituto para el ejercicio de las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de impuestos y para aplicar y hacer efectivas las sanciones correspondientes. Me atrevería a sostener que la prescripción quinquenal de la acción de repetición de los tributos provinciales. lo que conducía a tomar en cuenta las características constitutivas de cada caso. Buenos Aires.. al presentar el Anteproyecto de Código Fiscal elaborado en el ámbito del Centro de Investigación Permanente de Derecho Financiero de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Anteproyecto de Código Fiscal. enderezadas al logro de la armonización (federal y local) de la legislación específicamente tributaria. en cambio. el Juez. Sección Publicaciones del Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. probablemente la superación del mosaico inarmónico de regulaciones tributarias debiera alcanzarse. en el año 1942. 293 y ss. como se lo denomina en los Estados Unidos de América. Buenos Aires. veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. la Ley de Procedimientos Tributarios Nº 11. o que hayan sido sancionados por el Congreso como reglamentación directa e inmediata de derechos o garantías constitucionales (v. colocada así en igual plazo que la que corresponde en el orden fiscal nacional. en Temas de Derecho tributario. para añadir más adelante: "No admito la primacía de los Artículos 67. el profesor Juan Carlos Luqui ha dicho sobre la cuestión: "Las leyes locales no pueden alterar. no puede ser tildada de irrazonable ni arbitraria". se exhibe como una necesidad ineludible partiendo de regulaciones sustantivas análogas -en este caso las específicamente tributarias-. 1982). todo ello en términos coincidentes con los regulados para el orden local -respecto del período fiscal que se controvierte. además de las garantías y principios constitucionales. así como de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse (fijándola en 5 años). en particular p. y no imponiendo el unitarismo centralista del Código Civil a regulaciones de Derecho público que no guardan afinidad alguna con el apuntado Derecho privado.: del orden de los privilegios generales o especiales para el cobro preferente sobre los bienes del deudor-. Abeledo Perrot.
cuanto menos. La disparidad de plazo de prescripción local y del Código Civil en la materia que nos ocupa sería tan solo aparente. sentencia del 13 de junio de 1951. El vocablo 'atrasos' que rige los tres incisos del Artículo 4027 del Cód.Revista Jurídica Argentina La Ley. a los atrasos de lo que deba pagarse por años o plazos periódicos más cortos. 178 y ss. ya que no es dable presumir la imprevisión del legislador. propiamente hablando.489. En las condiciones expuestas puede argumentarse subsidiariamente. in re: "La Provincia de Buenos Aires c. que las normas de la legislación común dictadas por el Congreso de la Nación. en particular p. sentencia del 21 de febrero de 1891. respecto a los plazos de prescripción de los poderes y acciones del Fisco local. Alvarez y otros". los que. con mayor razón deben prescribirse por igual tiempo los créditos que Obras Sanitarias de la Nación reclama de los usuarios. Ad Hoc. Así. ya a un plazo único. Galvalisi. más aún cuando la antedicha inconsistencia tendría como corolario la eventual declaración de inconstitucionalidad de la apuntada ley. A pesar de la doctrina consignada en el párrafo precedente. desde que. ps.489. se refiere exclusivamente como su texto lo indica. dejó establecido que la contribución directa se prescribe por el lapso de diez años entre presentes. 3º que se prescribe por cinco años la obligación de pagar los atrasos. Razonando a partir de la doctrina del precedente.tributaria provincial y municipal e incremento y fortalecimiento de las fuentes tributarias locales". o. rentas u otros accesorios análogos del capital y no al capital o principal mismo de la deuda. de suerte que. sentencia del 19 de mayo de 1987. in re: "Intercargo S. Civil. Don Nicolás A. 11. la Corte Suprema de Justicia de la Nación. al disponer el inc. quedó salvado cualquier agravio a la Cláusula Comercial. ps.. ya que ello alteraría el principio de legislación uniforme. o sea del mismo órgano investido por la Constitución de la facultad de reglar el comercio entre las provincias a tenor de la Cláusula Comercial (hoy Artículo 75 inc. Si el impuesto de contribución directa se prescribe por diez años entre presentes y por veinte años entre ausentes de acuerdo con la disposición del Artículo 4023 del Cód. si con la intervención del Congreso de la Nación -mediante la sanción de la Ley Nº 22. Buenos Aires. en realidad no importan sino la retribución de los servicios que dicha repartición presta a los propietarios y vecinos de la Ciudad" (el enfatizado en bastardillas me pertenece .A. La jurisdicción local aplicó el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Hace más de medio siglo la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de señalar in re: "José González Pagliere v. J. cualquiera que sea la forma en que se haya estipulado pagadero. primera parte: "Sistemas tributarios locales y coparticipación". correspondería arribar a idéntica conclusión. en obra coordinada por el tributarista Enrique G. a diferencia de la de sus intereses que se prescribe por el lapso de cinco años. Maier. El razonamiento del Máximo Tribunal se sustentó en que la facultad concedida por la primera de las leyes citadas había provenido del Congreso de la Nación. las Cámaras Civiles en Pleno. se refiere por definición a pagos (sueldos) o rentas vencidas y no cobradas. más de dos décadas después del anterior precedente. Civil.. La inexistencia de desarmonía por identidad del sujeto legisferante sancionando el Código Civil y la Ley Nº 19. es decir. En sentido concordante. ya a plazos periódicos determinados.489. 'De todo lo que deba pagarse por años o plazos periódicos más cortos'. no al capital mismo. el cual. dividendos y demás valores derivados del capital y. no se desconoce que dicha jurisprudencia fue abandonada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil -Fallo plenario en la causa: "Obras Sanitarias de la Nación c. Calvo.489. el 18 de octubre de 1922. la sanción por el Congreso de la Nación de la ley local Nº 19.221 de Coparticipación Provincial en Impuestos Nacionales. tomando en consideración la explícita autorización otorgada por el Congreso para incidir con tales tributos en el transporte interjurisdiccional mediante las reformas introducidas por la Ley Nº 22. mutatis mutandi.006-. pero no sólo para una parte del país como legislatura local. réditos. a partir de lo cual pierden andamiento las articulaciones efectuadas con sustento en el Artículo 4027 inc. tomo 54. 2. 3º del Código Civil para sustentar la prescripción quinquenal en materia impositiva. no ha sido pacífica en la doctrina ni en la jurisprudencia. no pueden ser considerados como impuestos. v. 3º del Código Civil. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (Fallos: 310:959). Nación Argentina" (Fallos: 220:202). Ciertamente. José y otros". 10. útil explicitar términos para la prescripción tributaria. ante una pugna en materia de prescripción entre la Ley del Impuesto de Sellos (local para la Capital Federal) y el Código Civil. Todo ello. consagrados por la Ley Nº 19. a saber: la relativa a la prescripción de las acciones personales en general". recogiendo la aguda observación de mi colega el Juez doctor Julio B. sin duda. a los intereses.con el órgano titular de la atribución de sancionar los códigos de fondo (hoy Artículo 75 inc. sentencia del 30 de . a intereses. consignando literalmente el considerando quinto: "Que la disposición del Artículo 4027 del Código Civil. por cobro ejecutivo de Contribución Directa. medida de extrema gravedad institucional que debe considerarse la última ratio del ordenamiento jurídico. sentaron como doctrina legal: "1. se refiere. pueden ser modificadas por él en el ejercicio de la facultad constitucional de legislar para todo el territorio de la República. no está de más puntualizar que la lectura que efectúa el recurrente del Artículo 4027 inc. lex posterior y lex specialis. respecto de la Cláusula de los Códigos.006 a la Ley Nº 22.a los previstos en el Código Civil. estableciendo concretamente los plazos de prescripción tributaria en ellas regulados importó: a) o bien afirmar que la autonomía del Derecho tributario habilitaba a consagrar una regulación diferente a la prescripción en el ámbito fiscal. en que ella se apoya (la excepción interpuesta). en la causa: "Obras Sanitarias de la Nación c. sobre inhabilidad de título y prescripción" (Fallos: 42:266). que es menester tomar en cuenta la identidad del órgano emisor de las normas sobre prescripción tributaria -en este caso la ley local Nº 19. 2002). está sujeto y se rige por una disposición distinta. 178). que consideró análogos -de resultar atingentes. A la indicada solución arribó el Tribunal cimero. 13). 11 de la Constitución nacional). También en forma subsidiaria. 19 y ss. b) entender. Bulit Goñi: Derecho tributario provincial y municipal.
pues. Bernardo Pastorino. 310:332. Spisso. ps. 3º del Código de fondo no es unívoca. a tenor de lo dispuesto en el Artículo 75 inc. las de índole tributaria". parágrafo I: "Concepto de la obligación impositiva a los efectos de la prescripción". ps. recaída en la causa." (Fallos: 307:412). que abonan la prescripción decenal en tal ámbito a partir del Código Civil ya que las obligaciones tributarias no revestirían carácter periódico. 12 de la Constitución nacional. consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista en el Artículo 4027 inc. más allá de su acierto o error. 498 y ss.). entre muchos otros). 3º del Código Civil. desde que sí es pacífica la doctrina a tenor de la cual la interpretación del derecho común. tomo 1983-B. respecto de la contribución territorial. y "Obras Sanitarias de la Nación v. indudablemente. al ámbito del Derecho público local. Jurisprudencia Argentina. sentencia del 11 de diciembre de 1990-. Suscribe igual temperamento el destacado profesor Carlos M. Tomo 1946-III. no puede prosperar. La prescripción de los impuestos de contribución territorial. habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho tributario -dentro de la unidad general del Derecho. tomo XXV.489. 313:944.. renuncia presentada y aceptada del Sr. lo que debilita el agravio tal cual ha sido formulado por la recurrente desde el punto de vista federal. en lo que consiste particularmente la diferencia entre la función legislativa y la judicial. 312:173. ha sustentado una interpretación diversa a la que aquí se propicia de las normas en juego y. Giuliani Fonrouge.y que originó pronunciamientos dispares en el Alto Estrado Federal -causas: "Obras Sanitarias de la Nación v. gr. Jorge A. por aplicación del término general establecido en el Artículo 4023 del Código Civil que rige para las acciones personales. A modo de ejemplo sirva efectuar una breve reseña de consecuencias disvaliosas: el Impuesto de Sellos. consagrada por el Congreso Constituyente de 1853. Ante la apuntada circunstancia sólo he pretendido aportar nuevos argumentos que justifican apartarse de la posición sentada en mayoría por la Corte Federal. sin más. en particular ps. F. A. b) la unidad de legislación común. 632 y ss. Cabe añadir que en el ámbito del pensamiento tributario se registran opiniones. 3º del Código Civil es impropia en materia tributaria (por cuanto) las obligaciones de este tipo no son de aquellas que se pagan por años o períodos más cortos. en particular p. sobre la gravitación que cabe asignar al Código Civil. López. no alterando su naturaleza anual el que puedan registrarse atrasos en su pago. Impuestos. sentencia del 2 de abril de 1985. Un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. añadiendo más adelante que "la referencia al Artículo 4027 inc. Prescripción del Impuesto a las Actividades Lucrativas. 615 y ss. Impuestos. Tengo para mí que la primera de las articulaciones. corresponde a los jueces de la causa y no suscita una cuestión constitucional (Fallos: 308:71. a los fallos de aquél alto Tribunal. c) la "sumisión esclavizante" del Derecho tributario local al Derecho privado. Tedín. s/ quiebra s/ incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda" (Registro del Alto Tribunal Expediente Letra F 194. más aún en un momento en que su composición está experimentando alteraciones (v. así como los provinciales y los municipales. cada obligación es independiente de las sucesivas. ps.es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el orden federal como local. los tributos se aplican y perciben por cada año fiscal. Juez que integró la mayoría). consigna: "no es un impuesto de pago periódico. a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19. 633 y 634). En el mismo sentido se inscribe el parecer de Erwin O. 311:438. L. Aquilino Colombo" (Fallos: 313:1366). Castiglioni y Lissi. por remisión al considerando 9º de la sentencia del Juez Federal de Sección doctor Virgilio M. in re: "D. Allí. municipales y de las tasas de obras sanitarias.. La prevención consignada en el párrafo anterior toma en cuenta el precedente de esa cátedra de doctrina constitucional. ps. reproduciendo desconceptos como los que se observan en el voto de la mayoría recaído en la causa: "Doña Tomasa Vélez Sarfield" -ya citada-. él se funda principalmente en la presunción de verdad y justicia que a sus doctrinas da la sabiduría e integridad que caracteriza a los magistrados que la componen. para quien. 497). sentencia del 30 de septiembre de 2003. como son. podría conducir a consecuencias impensadas. 497 y ss. sentencia del 23 de junio de 1883. quien. de manera que cada anualidad es un crédito distinto e independiente de los precedentes" (cfr. no pudiendo trasvasarse dichas disposiciones.marzo de 1983 (Revista Jurídica Argentina La Ley. por lo cual no pueden entrar en el concepto del Artículo 4027 citado (cfr. como la del profesor Rodolfo R. Rosenbusch. sin que esto quite a los jueces la facultad de apreciar con su criterio propio esas resoluciones y apartarse de ellas cuando a su juicio no sean conforme a los preceptos claros del Derecho. en conclusiones que podrían hacerse extensivas al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. se dijo: "Que por otra parte las resoluciones de la Corte Suprema solo deciden el caso concreto sometido a su fallo y no obligan legalmente sino en él. y tiene por objeto evitar recursos inútiles. 13. en que se reputó el Impuesto a las Herencias como una legítima forzosa impuesta al causante. 12. Tomo XXXIV). sino que constituye una obligación que se establece anualmente por la ley de la materia. Es menester prevenir que no me pasa desapercibido que el Tribunal cimero en la causa "Filcrosa S. pero lo cierto es que la lectura del Artículo 4027 inc. prescriben a los diez años. a mediados de la década de los años sesenta del siglo pasado. tomo XXVII. prescribiría .). Ministro doctor Guillermo A. en tanto cada una de ellas sería independiente de las sucesivas (cfr. sostuvo: "Puede afirmarse que existe consenso en el sentido de que respecto de todos los tributos nacionales que no tienen un término fijado en leyes especiales. porque ningún Tribunal es infalible y no faltan precedentes de que aquellos han vuelto contra resoluciones anteriores en casos análogos". quedó ceñida a las materias específicas a que se alude en la Cláusula de los Códigos. y si bien hay un deber moral para los jueces inferiores en conformar sus decisiones como la misma Corte lo tiene decidido en casos análogos. Prescripción de tributos municipales. como no se paga por años o por períodos más cortos. capitán de la barca 'Nuovo Principio' contra Ronillon Marini y CÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Âª. Conclusiones sobre el primero de los agravios articulados en el recurso. la acción de cobro del impuesto (las multas o sanciones penales tienen un régimen distinto en ciertos casos). del año 1882. sobre pago de sobreestadías" (Fallos 25:364). especialmente.
el apremio inmediato evita la acumulación de impuestos y de multas en desproporción con la cuota unitaria. Una reflexión de lege ferenda. 3.Ana María Conde .683. ya que no es misión de este estrado revisar sentencias que se reputen equivocadas si no ha mediado un adecuado y fundado agravio de tal naturaleza en respaldo del recurso. ya que las necesidades públicas. La segunda de las cuestiones articuladas en el recurso. Cesar Ameghino. Admitir parcialmente la queja planteada por la Sociedad Italiana de Beneficencia. a pesar de revestir tal carácter en el Impuesto al Valor Agregado (impuesto también genérico al consumo). las costas deben imponerse en el orden causado. 14. regulación de Derecho privado inaplicable e insuficiente para enervar la validez constitucional del Artículo 43 de la Ordenanza Fiscal aplicable al caso de autos. excesivamente reglamentarista y de alta mutabilidad. a diferencia del primero. se devuelva a la Sala de origen. e imponer las costas por su orden. deberían reliquidarse. se convertiría en Ley Suprema una interpretación sólo posible y no pacífica de un artículo del Código Civil para menoscabar la autonomía de los Estados locales. Régimen fiscal tributario de la Provincia de Buenos Aires. además. Provincia de Buenos Aires" (Fallos: 207:270). enseñaba: "Hay que recaudar bien los impuestos viejos si se quiere evitar los impuestos nuevos. no importa abrir juicio sobre el acierto o yerro de la decisión del tribunal a quo. y los gravámenes que pesan sobre inmuebles en condominio con tasas progresivas parcelarias. a reducir los plazos de la prescripción. oportunamente. tampoco puede prosperar. mejorar la relación fisco-contribuyente y consolidar la seguridad jurídica ante un Derecho tributario complejo. o si el error excusable dispensa de los intereses a partir de un planteo constitucional.. 3 y ss. al carecer de personalidad jurídica.Julio Maier . que es lo único que hace penoso el procedimiento y provoca las rebeldías" (cfr. La conclusión. A principios del siglo pasado. La pretendida remisión de los intereses resarcitorios que plantea la recurrente. no admiten demora. Por otro lado. sólo conduce a la consideración de normas de derecho común. capítulo I: "La recaudación". en este aspecto. de acuerdo a lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto. en particular ps. las uniones transitorias de empresas. Se logra así aminorar la conflictividad.para todos los otorgantes de los instrumentos. e) se quebraría la actual unidad y uniformidad de legislación sobre prescripción en el ámbito específicamente tributario. Alicia E.489 -lex posterior y lex specialis-. Ello así. 15. En consecuencia el planteo. para agregar luego que: "En los regímenes tributarios más o menos moderados. ha sido sancionada por el órgano titular con la atribución de dictar los Códigos de fondo y. 2. hay que recaudarlos pronto. en cuanto la potestad tributaria normativa -atributo iure imperii-. Así lo voto. g) también en subsidio. 6 y 11. se pasaría por alto que la ley local Nº 19. Por ello. a tenor de las disposiciones análogas contenidas en la Ley Nº 11. 16. dentro de los ordenamientos tributarios contemporáneos más avanzados. sentencia del 7 de abril de 1947. a lo que me permito añadir. En atención a que la actora pudo considerarse con derecho a litigar sobre la base de un buen número de precedentes de la Corte Suprema de Justicia en materia de repetición de tributos por pago indebido (Fallos: 282:21 y 284:319) y/o cobro de tasas nacionales (Fallos: 313:1366). Ruíz . sufriría menoscabo en el segundo de los supuestos. a menudo. en mi parecer. Mandar que se registre. aunque no tengan obligación de inscribirse. tal cual ha sido formulado.José Casás . que en este ámbito exhibe a muchos Estados de Derecho como verdaderas junglas normativas. ya que el único argumento que fundamenta el agravio y la apelación radicaría en lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 509 del Código Civil. f) en subsidio. se notifique. d) se afectaría el principio de igualdad esencial entre el Estado Nacional y las provincias como entes gubernativos. ps. evitando que la inercia propia de los aparatos burocráticos postergue tales cometidos llevándolos al filo de la prescripción liberatoria. La conclusión a que he arribado no inhibe la posibilidad de referir de lege ferenda que se advierte una tendencia generalizada. no podrían ser contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. de volver a cobrar vigencia la tesis civilista adoptada in re: "Ana Masotti de Busso y otros v. a los diez años. 1916). Costas. Buenos Aires. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. cuya aplicación al caso ha quedado descartada por las extensas consideraciones precedentes. El Tribunal Superior de Justicia Resuelve: 1. impidiendo que recaigan sobre los buenos las porciones que dejan de ingresar los malos". con lesión palmaria al federalismo que sustenta la Carta Política de 1853. tal medida puede convertirse en un acicate a las Administraciones Tributarias para encarar prestamente y en forma casi contemporánea al devengo de las obligaciones fiscales la acción de verificación. 5. que. se agregue la queja a los autos principales y. de aquí que la mejor manera de eludir nuevas cargas sea la de exigir rigurosamente a cada uno su parte en las cargas existentes. Director General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires.
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