Source: http://upauderecho2.blogspot.com/2008/07/opinion-consultiva-oc-1597-de-14-de_04.html
Timestamp: 2017-06-28 12:12:16
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OPINIÓN CONSULTIVA OC-15/97 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1997 | UPAU 2
OPINIÓN CONSULTIVA OC-15/97 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1997 SOBRE EL TRATAMIENTO, POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESPECTO DE LOS INFORMES A QUE SE REFIEREN LOS ARTS. 50 Y 51 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA.-Estuvieron presentes:Hernán Salgado Pesantes, Presidente;Antônio A. Cançado Trindade, Vicepresidente;Héctor Fix-Zamudio, Juez;Alejandro Montiel Argüello, Juez;Máximo Pacheco Gómez, Juez;Oliver Jackman, Juez yAlirio Abreu Burelli, Juez.Estuvieron, además, presentes:Manuel E. Ventura Robles, Secretario yVíctor M. Rodríguez Rescia, Secretario adjunto interino.LA CORTEintegrada en la forma antes mencionada, emite la siguiente Opinión Consultiva:IANTECEDENTES1. La República de Chile (en adelante "el Estado" o "Chile"), mediante escrito fechado el 11 de noviembre de 1996, recibido en la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte" o "el Tribunal") el día 13 de los mismos mes y año en virtud de lo que dispone el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la convención" o "la Convención Americana") sometió una solicitud de opinión consultiva, en los siguientes términos:a) ¿Puede la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez que respecto de un Estado ha adoptado los dos informes a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Convención y que en relación al último de esos informes ha notificado al Estado de que se trata de un informe definitivo,modificar sustancialmente esos informes y emitir un tercer informe?, yb) En el caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a la convención, no esté facultada para cambiar su informe definitivo, ¿cuál de los informes deberá ser considerado como el válido para el Estado?.2. El Estado expresó en su petición que la solicitud de interpretación tienecomo antecedentes los hechos que la Corte resume a continuación:a) El 14 de septiembre de 1995 la Comisión aprobó, de acuerdo con el artículo 50 de la Convención, el Informe 20/95 sobre el caso Martorell y lo transmitió al Ilustrado Estado de Chile, el cual le dio respuesta el 8 de febrero de 1996. El 19 de marzo del mismo año, la Comisión puso en conocimiento del Estado de Chile el Informe 11/96 y le comunicó que la Comisión había dado su aprobación final al informe y ordenado su publicación.b) El 2 de abril de 1996 la Comisión le informó al Estado de Chile que había acordado posponer la publicación del Informe 11/96, en vista de información sobre nuevos hechos que los peticionarios le suministraron en fechas 27 y 29 de marzo de 1996.c) El 2 de mayo de 1996 se celebró una audiencia a solicitud de los peticionarios en la que participaron éstos y los representantes del Estado chileno y, el 3 de mayo de 1996, la Comisión adoptó un nuevo informe sobre el caso, el cual transmitió a dicho Estado consignando que se trataba de "...una copia del Informe con las modificaciones que aprobó la Comisión en la sesión celebrada el 3 de mayo del corriente año."3. El Estado añadió que su solicitud se basó en las siguientes consideraciones: que en opinión del Gobierno de Chile, la posibilidad de revisar y enmendar un informe final ya adoptado por la Comisión, no está contemplada en los artículos 50 y 51 de la Convención, ni tampoco podría inferirse de su texto. Por el contrario, tal proceder constituye un serio atentado a la necesaria seguridad jurídica que el sistema requiere.Atendida la diferencia de opiniones que existe en el seno de la propia Comisión respecto de la decisión adoptada, que recae sobre un aspecto procesal de la Convención de extraordinaria importancia práctica, y considerando la necesidad de que los sujetos que participen en unprocedimiento ante la CIDH sepan a que atenerse, resulta esencial para el Gobierno de Chile conocer la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el particular.4. El Estado designó como sus agentes al Embajador Edmundo Vargas Carreño, Representante Permanente de Chile ante la Organización de los Estados Americanos (en adelante "la O.E.A."), y a la abogada Carmen Hertz Cádiz, Asesora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.5. Entre el 14 y el 22 de noviembre de 1996 la Secretaría de la Corte (en adelante "la Secretaría"), en cumplimiento del artículo 54.1 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento"), solicitó observaciones escritas y documentos relevantes sobre el asunto objeto de la opinión consultiva a los Estados miembros de la O.E.A., a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión"), al Consejo Permanente de la O.E.A. y, por intermedio del Secretario General de ésta, a todos los órganos a que se refiere el Capítulo VIII de su Carta, en lo que les compete.6. El Presidente de la Corte (en adelante "el Presidente") dispuso que las observaciones escritas y los documentos relevantes fuesen presentados en la Secretaría antes del 31 de enero de 1997.7. El 10 de enero de 1997 la Comisión informó a la Corte haber designado al señor Carlos Ayala Corao y al señor Robert Goldman como sus delegados en este procedimiento consultivo. Asimismo, la Comisión solicitó al Presidente una prórroga de sesenta días para presentar sus observaciones escritas respecto de la solicitud de opinión consultiva.8. Por resolución de 17 de enero de 1997, el Presidente de la Corte decidió extender en cuarenta y cinco días el plazo para la presentación de observaciones escritas u otros documentos relevantes respecto de la solicitud de opinión consultiva OC-15 y fijar como nueva fecha límite el 17 de marzo de 1997.9. Entre el 17 y el 22 de enero de 1997, la Secretaría notificó la resolución del Presidente de 17 de enero del mismo año a los Estados miembros de la O.E.A., a la Comisión, al Consejo Permanente de la O.E.A. y, por intermedio del Secretario General de ésta, a todos los órganos a que se refiere el artículo 67 de la Convención.10. El 31 de enero de 1997 el Estado de Guatemala presentó sus observaciones a la Corte, las cuales se resumen de la siguiente manera: [l]os informes provenientes de la Comisión...cuya existencia no está prevista en la Convención, y que además contienen puntos diferentes de loexpresado en el informe original, resultan ser una distorsión a la normativa establecida, y consecuentemente, una contravención a la Convención...En tal sentido,es procedente indicar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez que ha adoptado los dos informes a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Convención, no tiene facultad legal para emitir un tercer informe que modifique el informe descrito por el artículo 51 de la Convención, más aún cuando el último de estos informes ha sido notificado al Estado como un informe definitivo.En relación con la pregunta sobre cuál informe debería ser considerado como válido para el Estado, Guatemala consideró que "es congruente afirmar que el primer informe definitivo notificado, es el que surte efectos legales, puesto que las actuaciones que infrinjan la ley, son nulas de pleno derecho".11. El 13 de marzo de 1997 la Comisión Interamericana presentó a la Corte copia de una carta del agente al Presidente de la Comisión, en la cual se informaba que el Estado había decidido retirar la solicitud de opinión consultiva en el presente proceso. El día siguiente, los delegados de la Comisión solicitaron al Presidente de la Corte "la paralización del procedimiento [consultivo] y la suspensión de los plazos" hasta que se concretara el retiro de la solicitud de opinión consultiva. Siguiendo instrucciones del Presidente, la Secretaría informó a los delegados que el procedimiento no podría paralizarse ni los plazos señalados suspenderse, pues el Estado solicitante en el presente proceso no había dirigido al Tribunal petición alguna.12. El Estado de Costa Rica, por escrito de 17 de marzo de 1997, presentó sus observaciones, cuya única consideración fue en el sentido de que "la Corte no tiene competencia para emitir opinión jurídica sobre casos concretos que no han sido sometidos a su jurisdicción y podrían serlo, lo cual podría implicar adelantar criterio".13. Mediante escrito de 25 de marzo de 1997, el Estado de Chile informó a la Corte su decisión de "retirar la solicitud de opinión consultiva planteada". Anexó copia de una nota que su Ministro de Relaciones Exteriores dirigió al Presidente de la Comisión, en la cual manifestó que si bien la solicitud de opinión consultiva recae sobre un punto jurídico de la mayor importancia práctica, ello no ha impedido algunos comentarios que tienden a desfigurar el alcance y el propósito de [su] iniciativa [.] Así se ha señalado que dicha opinión consultiva tenía como objeto desvirtuar la resolución en el "caso Martorell", o que se pretendía impugnar una recomendación de la Comisión por la vía oblicua del pedido de una opinión consultiva, destinada a cuestionar atribuciones procesales o jurisdiccionales de la Comisión.14. El Estado de Chile manifestó además que, tras haber realizado "un examen más detenido" de los hechos que lo motivaron a solicitar una opinión consultiva a la Corte, había llegado a la convicción de que no tenía una diferencia de criterio con la Comisión y que no le parecía "conveniente ni necesario" continuar el debate respecto de este asunto y, por estas razones, comunicó a la Comisión su decisión de retirar la solicitud de opinión consultiva incoada ante la Corte.15. El 31 de marzo de 1997 la Comisión reiteró a la Corte lo expresado en su escrito de 13 de los mismos mes y año (supra 11), le informó, además, que estaba de acuerdo con el retiro de la solicitud de opinión consultiva, y le solicitó que diera "por terminado el procedimiento que se lleva a cabo al respecto y proced[iera] a archivar, en forma definitiva, todo lo actuado".16. El 14 de abril de 1997 la Corte resolvió:1.- Continuar, en el ejercicio de su función consultiva, la tramitación de este asunto.2.- Comisionar al Presidente de esta Corte para que fije a los Estados Miembros de la OEA y a los órganos señalados en el artículo 64 de la Convención, un plazo adicional para la presentación de observaciones y documentos relevantes.3.- Comisionar al Presidente de esta Corte para que oportunamente convoque a una audiencia sobre admisibilidad y fondo.17. En sus observaciones a la solicitud de opinión consultiva del 31 de julio del mismo año, la Comisión Interamericana hizo algunas consideraciones cuestionando la competencia de la Corte para emitir la presente opinión consultiva después de que el Estado de Chile retirara la solicitud que la generó, y solicitó que diera "por terminado el presente procedimiento consultivo y procedera a archivar, en forma definitiva, todo lo actuado". En cuanto a la admisibilidad y a la materia de fondo de la solicitud de opinión consultiva expresó lo siguiente:a) con el retiro de la consulta por el Estado, la Corte quedó sin competencia para emitir la opinión consultiva, por no existir ya una solicitud expresa en ese sentido, y no poder emitir dicha opinión motu proprio;b) la solicitud de Opinión Consultiva presentada por el Estado chileno no es admisible por constituir un caso contencioso encubierto; yc) de conformidad con lo previsto en el artículo 51, párrafos 2 y 3, de la Convención Americana, y con la doctrina expuesta por la Corte en la Opinión Consultiva OC-13/93 resulta permisible, en circunstancias restrictas y justificadas, introducir modificaciones a un informe aprobado de acuerdo con el artículo 51, antes de proceder a su publicación; Por lo anterior la Comisión Interamericana pidió a la Corte reconsiderar su resolución de 14 de abril de 1997.18. El 28 de agosto de 1997 Human Rights Watch/Américas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron un escrito en calidad de amicus curiae.19. El 12 de septiembre de 1997 la Corte resolvió1.- Desestimar la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que la Corte reconsidere su decisión de continuar, en el ejercicio de su función consultiva, la tramitación de este procedimiento.2.- Desestimar la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que se modifique el objeto de la audiencia pública respectiva y se permita la presentación de evidencia testimonial y documental en ésta.3.- Reservar para conocimiento y consideración ulterior las demás peticiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referidas a la competencia de la Corte y a la admisibilidad del presente procedimiento.4.- Ratificar la resolución de 14 de abril de 1997 que comisionó al Presidente de esta Corte para que oportunamente convoque a una audiencia sobre admisibilidad y fondo en el presente procedimiento consultivo.20. El 18 de septiembre de 1997 el Presidente convocó a todos aquellos Estados, organismos e instituciones que presentaron sus puntos de vista respecto de la solicitud de opinión consultiva OC-15, a una audiencia pública que se celebraría el 10 de noviembre de 1997 a las 10:00 horas en la sede del Tribunal.21. Estuvieron presentes,por el Estado de ChileAlejandro Salinas, abogado de la Asesoría de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile;por el Estado de Costa Rica Gioconda Ubeda Rivera, Directora Jurídica del Ministerio de relaciones Exteriores de la República de Costa Rica eIlse Mary Díaz Díaz, Asesora de la Dirección Jurídica; por el Estado de GuatemalaDennis Alonzo Mazariegos, Director, Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos;por la Comisión Interamericana de Derechos HumanosCarlos Ayala Corao, Primer Vicepresidente yRobert Goldman, Segundo Vicepresidente;por CEJIL y Human Rights Watch, AmericasViviana Krsticevic, Directora Ejecutiva yMarcela Matamoros, Directora de CEJIL Mesoamérica.22. La Corte resume en los siguientes párrafos los argumentos de los Estados participantes en dicha audiencia y de la Comisión Interamericana:a) el representante del Estado chileno manifestó, en cuanto a la admisibilidad de la presente opinión consultiva, que Chile, como Estado Parte en la Convención, tiene el derecho de solicitar y retirar una opinión consultiva de la Corte; que el Estado chileno y la Comisión Interamericana manifestaron su intención y acuerdo de retirar la solicitud de opinión consultiva, poniendo término al procedimiento; que la Corte no tiene facultades para emitir opiniones consultivas motu proprio; que, sin embargo, Chile acatará la resolución de la Corte Interamericana de 14 de abril de 1997, en la que decidió proseguir con la consideración del asunto, y aceptar la competencia de la Corte para conocer de esta solicitud de opinión consultiva. En cuanto a dicha solicitud, señaló que consiste en que la Corte debe determinar si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede o no modificar substancialmente un informe, una vez que éste ha sido notificado a un Estado señalándole que se trata de un informe definitivo; que la existencia de hechos nuevos no autoriza o justifica la revisión del mencionado informe por parte de la Comisión; que los principios jurídicos involucrados en esta solicitud de opinión consultiva -buena fe y seguridad jurídica- son de tal importancia que merecen la mayor atención y preocupación por parte de la Corte, ya que estos son principios esenciales en el Derecho Internacional y en especial en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; que la doctrina emanada de la jurisprudencia de la Corte, relativa a la interpretación del procedimiento establecido en los artículos 50 y 51 de la Convención, coincide con el fondo de la solicitud planteada ya que el informe notificado al Estado de Chile tenía el carácter de definitivo o final, según lo definido por la Corte en la opinión consultiva OC-13, o sea, conclusivo, terminal o resolutorio. Finalmente, indicó que la Comisión adoptó la decisión de publicar el informe definitivo antes de notificar al Estado;ñññññññññññññb) el representante del Estado de Guatemala reafirmó lo expresado en suescrito de 31 de enero de 1997 (supra, párr. 10) y, además, señaló que unanotificación conduce a la consumación de un acto jurídico y que de elladeviene el nacimiento de obligaciones y derechos para quien ha sidonotificado; que en el presente asunto se entiende por realizada la facultadde emitir un segundo informe cuando éste ha sido notificado; que, además, lamisma Convención en el artículo 46 establece que el plazo comienza a contardesde el momento de la notificación de la decisión definitiva; que sin ladeterminación del momento en que un acto se convierte en definitivo, noexistiría certeza jurídica alguna. Manifestó que de los términos contenidosen la solicitud presentada por el Estado de Chile es procedente indicar quela Comisión Interamericana, una vez que ha adoptado los dos informes a quese refieren los artículos 50 y 51 de la Convención, y ha notificado alEstado que el último de estos informes tiene carácter definitivo, no tienefacultad legal para emitir un tercer informe que modifique sustancialmenteel informe descrito por el artículo 51 de la Convención; que, por lo tanto,el Estado de Guatemala considera que es congruente afirmar que el primerinforme definitivo y notificado es el que surte efectos legales, puesto queel segundo informe definitivo es nulo de pleno derecho;c) la Comisión Interamericana reiteró el criterio presentado el 31 de juliode 1997 en sus observaciones escritas (supra, párr. 17) en el sentido de quela Corte no es competente para emitir la opinión consultiva, ya que fueretirada la solicitud que generó este procedimiento. En relación con laadmisibilidad de la solicitud del Estado de Chile, expresó que tuvo comopropósito llevar un caso contencioso encubierto a la Corte y de esta maneradesvirtuar tanto el sistema consultivo como el contencioso. Respecto delfondo de la opinión consultiva señaló en relación con la primera pregunta,que (supra, párr. 1) la Comisión tiene la facultad de modificar el informepreparado de acuerdo con el artículo 51, párrafos 1 y 2, con el fin deadoptar el informe definitivo y decidir sobre su publicación. La evoluciónde los informes de la Comisión sobre casos, conforme a los artículos 50 y51, depende de las circunstancias concretas de cada situación y algunas deellas permiten modificarlos. Si el Estado adopta parcialmenterecomendaciones una vez que se le remite el segundo informe, se elaborará untercer informe modificado, que será objeto de publicación. Otras situacionesque podrían justificar la modificación del informe serían: aquellas de hechoo de derecho que no alteren las conclusiones y recomendaciones de laComisión; hechos sobrevinientes que no inciden en las conclusiones ni en lasrecomendaciones pero sí en el análisis de la fundamentación del informe yhechos nuevos que incidirían en las conclusiones del informe y que, ensituaciones extraordinarias, deben ser incluidos modificando el informe. LaComisión está facultada para reflejar esas modificaciones en un informedefinitivo antes de la publicación. El precedente en el ámbito americanosería el recurso de revisión, que debe fundamentarse en hechos o situacionesrelevantes desconocidas en el momento de dictarse la sentencia. En cuanto ala segunda pregunta, es improcedente porque asume una interpretación ypresume que no sería posible, bajo ninguna circunstancia, modificar elsegundo informe elaborado conforme el artículo 51.1; yd) la representación del Estado de Costa Rica no intervino en la audienciapública.IICOMPETENCIA DE LA CORTE23. Chile, Estado Miembro de la O.E.A., ha sometido esta solicitud de opiniónconsultiva de acuerdo con lo establecido por el artículo 64.1 de la Convención.La solicitud cumple con los requisitos del artículo 59 del Reglamento.24. La comunicación del Estado sobre el retiro de su solicitud de opiniónconsultiva planteó una cuestión sustantiva respecto del alcance y de lanaturaleza de la competencia consultiva de la Corte, la cual deriva del artículo64 de la Convención Americana y está regulada por el Reglamento. Es unacompetencia que "no puede desvincularse de los propósitos de la Convención" ytiene por finalidad coadyuvar al cumplimiento de las obligacionesinternacionales de los Estados americanos en lo que concierne a laprotección de los derechos humanos, así como al cumplimiento de lasfunciones que en este ámbito tienen atribuidas los distintos órganos de laOEA. ("Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-1/82 del24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 25).25. La competencia consultiva de la Corte difiere de su competencia contenciosaen que no existen "partes" involucradas en el procedimiento consultivo, y noexiste tampoco un litigio a resolver. El único propósito de la funciónconsultiva es "la interpretación de esta Convención o de otros tratadosconcernientes a la protección de los derechos humanos en los Estadosamericanos". El hecho de que la competencia consultiva de la Corte pueda serpromovida por todos los Estados Miembros de la O.E.A. y órganos principales deésta establece otra distinción entre las competencias consultiva y contenciosade la Corte.26. Consecuentemente la Corte advierte que el ejercicio de la función consultivaque le confiere la Convención Americana es de carácter multilateral y nolitigioso, lo cual está fielmente reflejado en el Reglamento de la Corte, cuyoartículo 62.1 establece que una solicitud de opinión consultiva será notificadaa todos los "Estados Miembros", los cuales pueden presentar sus observacionessobre la solicitud y participar en las audiencias públicas respecto de la misma.Además, aún cuando la opinión consultiva de la Corte no tiene el caráctervinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene, en cambio, efectosjurídicos innegables. De esta manera, es evidente que el Estado u órgano quesolicita a la Corte una opinión consultiva no es el único titular de un interéslegítimo en el resultado del procedimiento.27. Finalmente, debe advertirse que, aún en casos contenciosos sometidos ante laCorte en los cuales el Estado demandado puede ser objeto de decisionesvinculantes, la facultad discrecional de retener el conocimiento de un casoreside en la Corte, aún cuando la parte demandante le notifique su intención dedesistir del mismo, pues el principio que guía al Tribunal es su responsabilidadde proteger los derechos humanos (cf. artículos 27.1, 52.1 y 54 del Reglamento).Por analogía, también tiene la facultad de continuar con el conocimiento de unaopinión consultiva (art. 63.1 del Reglamento).28. En virtud de lo anterior, la Corte, en su resolución de 14 de abril de 1997,al referirse a las cuestiones planteadas por Chile en su petición de retiro dela solicitud de opinión consultiva, decidió que "el Estado que solicita unaopinión consultiva no es el único interesado en ella y, aun cuando puededesistir de la misma, su desistimiento no es vinculante para la Corte [... lacual] puede continuar la tramitación del asunto", decisión ésta que "noanticipa[]criterio sobre la admisibilidad de la presente solicitud, ni en sucaso, sobre el fondo de la opinión consultiva".IIIADMISIBILIDAD29. Al resolver sobre la admisibilidad de la consulta, la Corte tiene presenteslas reglas de interpretación que ha aplicado en otras oportunidades, enconcordancia con las normas pertinentes de la Convención de Viena sobre elDerecho de los Tratados. El artículo 31 de dicha Convención dispone que lostratados deben interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que hayade atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo encuenta su objeto y fin. El objeto y fin de la Convención Americana es laprotección de los derechos humanos, por lo que la Corte, siempre que requierainterpretarla debe hacerlo en el sentido de que el régimen de protección dederechos humanos adquiera todo su efecto útil (cf. "Otros tratados" objeto de lafunción consultiva de la Corte), supra 24, párrs. 43 ss.; El efecto de lasreservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre DerechosHumanos (art. 74 y 75), Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982.Serie A No. 2; párrs. 19 ss.; Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8de septiembre de 1983. Serie A No. 3, párrs. 47 ss.; Propuesta de modificación ala Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización,Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párrs. 20ss.; La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 denoviembre de 1985. Serie A No. 5, párrs. 29 ss.; La expresión "leyes" en elartículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, OpiniónConsultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párrs. 13 ss.; CasoVelásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987.Serie C No. 1, párr. 30; Caso Fairen Garbi y Solís Corrales, ExcepcionesPreliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párr. 35; CasoGodínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. SerieC No. 3, párr. 33; Caso Paniagua Morales y otros, Excepciones Preliminares,Sentencia de 25 de enero de 1996. Serie C No. 23, párr. 40.30. Resultan igualmente pertinentes en esta materia los criterios que sedesprenden del artículo 29 de la Convención Americana que dicen:[n]inguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en elsentido de:a) permitir a alguno de los Estados Parte, grupo o persona, suprimir elgoce y ejercicio de los derechos o libertades reconocidos en laConvención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puedaestar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los EstadosPartes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichoEstados;c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano oque se derivan de la forma democrática representativa de Gobierno, yd) excluir o limitar el efecto que puedan producir la DeclaraciónAmericana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionalesde la misma naturaleza.31. Al decidir si acepta o no una solicitud de opinión consultiva, la Corte debefundarse en consideraciones que trascienden los aspectos meramente formales. Enparticular, la Corte señaló en su primera opinión consultiva que seríainadmisibletoda solicitud de consulta que conduzca a desvirtuar la jurisdiccióncontenciosa de la Corte, o en general, a debilitar o alterar el sistemaprevisto por la Convención, de manera que puedan verse menoscabados losderechos de las víctimas de eventuales violaciones de los derechos humanos.("Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte, supra 24,párr. 31).32. Al respecto, el hecho de que en la solicitud de opinión consultiva se cite,como antecedente, un caso específico en que la Comisión ha hecho aplicaciónconcreta de los criterios sobre los que el Estado pide respuesta, es unargumento a favor de que la Corte ejerza su competencia consultiva ya que no setrata deespeculaciones puramente académicas, sin una previsible aplicación asituaciones concretas que justifiquen el interés de que se emita una opiniónconsultiva (Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 16).33. La Corte no está facultada para entrar al examen de un caso en trámite antela Comisión y, en la presente solicitud, con mayor razón, el asunto a que sehace referencia no podría ser objeto de conocimiento de esta Corte por tratarsede una causa concluida al haberse incluso publicado el informe del artículo 51.(Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1996,Secretaría General, Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C.1997, OEA/Ser. L/VII.95, Doc. 7 rev.; 14 marzo 1997, Original: Español).34. Como fondo de su solicitud de opinión consultiva, el Estado alega que "laposibilidad de revisar y enmendar un informe final ya adoptado por la Comisión,no está contemplada en los artículos 50 y 51 de la Convención, ni tampoco podríainferirse de su texto".35. La Corte observa que el artículo 50 de la Convención dispone, en esencia,que cuando no se llegue a una solución amistosa en un caso ante la Comisión,ésta redactará un informe en el cual expondrá los hechos y sus conclusiones.Este informe será transmitido "a los Estados interesados" y puede conteneraquellas proposiciones y recomendaciones que la Comisión considere adecuadoincluir.36. Las partes pertinentes del artículo 51 de la Convención establecen que si enel plazo de tres meses a partir de la remisión del informe del artículo 50el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por laComisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisiónpodrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión yconclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.También prevé que la Comisión realice "recomendaciones pertinentes" y "fij[e] unplazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan pararemediar la situación examinada". Al término del período prescrito, la Comisiónestá obligada a decidir, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si elEstado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe.37. Al ejercer su competencia consultiva respecto de asuntos que tienen comoantecedente un caso concreto, la Corte debe ser particularmente cuidadosa enevitar una situación en la cualuna respuesta a las preguntas [...] podría traer como resultado una soluciónde manera encubierta, por la vía de la opinión consultiva, de asuntoslitigiosos aún no sometidos a consideración de la Corte, sin que lasvíctimas tengan oportunidad en el proceso, [lo cual] distorsionaría elsistema de la Convención. (Compatibilidad de un proyecto de ley con elartículo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), OpiniónConsultiva OC-12/91 del 6 de diciembre de 1991. Serie A No.12, párr. 28).38. La Corte hace notar que, como el caso que pudiera haber originado estasolicitud de opinión consultiva ha quedado resuelto (supra 33), cualquierdeterminación que ésta haga respecto del fondo de las preguntas que le fueronformuladas no afectará los derechos de las partes involucradas.39. En el presente asunto, la Corte debe ponderar varias consideraciones deigual importancia al tomar una decisión sobre si acepta o no la solicitud delEstado para que emita una opinión consultiva, teniendo presente la necesidad deguardar un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, finúltimo del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que aseguranla estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional (Caso Cayara,Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C No. 14,párr. 63).40. Esta conclusión de la Corte coincide ampliamente con la jurisprudenciainternacional al respecto, la cual ha rechazado reiteradamente toda petición deabstenerse de ejercer su competencia consultiva en situaciones en que se alegueque, por existir una controversia sobre el punto, lo que se está pidiendo a laCorte es que falle sobre un caso contencioso encubierto. (cf. [CorteInternacional de Justicia] Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria,Hungary and Romania, First Face, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950;Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime ofGenocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951; Legal Consequences for Statesof the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa)notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J.Reports 1971; Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975;Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on the Privileges andImmunities of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1989).41. En concordancia con estos criterios, la Corte no encuentra razón alguna pararechazar esta solicitud de opinión consultiva, pues tiene la convicción de quesu pronunciamiento en este asunto proporcionará orientación, tanto a la Comisióncomo a las partes que comparezcan ante ella, respecto de importantes aspectosprocedimentales de la Convención, sin que se afecte el equilibrio que debeexistir entre la seguridad jurídica y la protección de los derechos humanos.IVFONDO42. La Corte procede ahora a examinar el fondo de la presente solicitud deopinión consultiva.43. La primera cuestión sometida a la Corte se refiere a la pregunta de si laComisión está autorizada o no, en los términos de los artículos 50 y 51 de laConvención, a modificar sustancialmente el informe mencionado en el artículo 51y emitir un tercer informe. Estos artículos, tal como lo ha afirmado esta Corte,"plantean ciertas dificultades de interpretación". (Ciertas atribuciones de laComisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13, párr. 45).44. La Corte debe, en primer lugar, analizar las expresiones utilizadas por elEstado en su solicitud de opinión consultiva. En efecto, el Estado, al referirsea los dos informes mencionados en los artículos 50 y 51, ha utilizado el término"definitivo" para calificar al segundo informe, al que se refiere el artículo51. Este término fue utilizado también por este Tribunal en el texto de suopinión consultiva OC-13/93 (Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericanade Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47 50 y 51 de la Convención Americanasobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993.Serie A No. 13, párr. 53). En éste, la Corte sostuvo, en relación con losinformes mencionados en los artículos 50 y 51, que[s]e trata, entonces, de dos documentos que, de acuerdo con la conductaasumida en el ínterin por el Estado al cual se dirigen, pueden o nocoincidir en sus conclusiones y recomendaciones y a los cuales la Convenciónha dado el nombre de "informes" y que tienen carácter, uno preliminar y elotro definitivo.45. Como se desprende de una lectura integral del contexto de la opinión antesmencionada, las expresiones "preliminar" y "definitivo" son términos puramentedescriptivos que no establecen categorías jurídicas de informes, las cuales noestán previstas en la Convención.46. Como se ha dicho, la Convención establece dos etapas diversas en el procesoa través del cual la Comisión puede tomar una decisión respecto de lapublicación del informe al cual se refiere el artículo 51. Cabe describir estasetapas de modo sumario en los términos siguientes:Primera etapa: si el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisiónde la Corte, la Convención otorga a la Comisión un poder discrecional para"emitir [...] su opinión y conclusiones" y, "recomendaciones pertinentes" yfijar el plazo para que éstas sean cumplidas.Segunda etapa: si la Comisión decide ejercitar este poder discrecional, laConvención requiere que, al final del "plazo fijado", la Comisión decida(a) si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas; y(b) si publica o no su informe, es decir, su "opinión y conclusiones" ysus "recomendaciones".47. Esta Corte se ha referido al justo equilibrio que debe existir en elprocedimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos(Caso Cayara, supra párr. 39) aunque en dicha sentencia se hace referencia alperíodo de preclusión establecido en el artículo 51.1, en el cual la Comisión oel Estado puede someter un caso a la Corte, consideraciones de la misma osimilar naturaleza serían aplicables en relación con el período posterior,cuando ya no existe posibilidad para que la Comisión o el Estado involucradosometan el caso a la decisión de la Corte. En esa etapa, la Comisión continúaconociendo, como único órgano convencional que puede hacerlo. En estascircunstancias, los actos de la Comisión deben responder a los siguientescriterios legales básicos:(a) el principio general de que sus actos deben ser equitativos eimparciales respecto de las partes interesadas;(b) el mandato de que "la Comisión tiene la función principal de promover laobservancia y la defensa de los derechos humanos", establecido en elartículo 41 de la Convención;(c) sus atribuciones de "formular recomendaciones, cuando lo estimeconveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adoptenmedidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de susleyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposicionesapropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos", establecidas enel artículo 41.b de la Convención.48. En consecuencia, la Corte debe referirse a la cuestión de si la Convenciónprevé o permite, ya sea en forma explícita o implícita, o si, por el contrario,prohibe categóricamente cambios a este informe. Al realizar esta tarea, la Cortedebe examinar el propósito y alcance de este informe, y los efectos de lasmodificaciones que la Comisión pueda realizar en él, en términos de certezajurídica, equidad procesal y congruencia con los propósitos y fines de laConvención.49. El propósito y alcance del artículo 51 están establecidos en el texto mismode este artículo. Como se ha dicho, en el momento en que es transmitido alEstado, el informe puede incluir la opinión, conclusiones y recomendaciones dela Comisión, respecto de los asuntos sometidos a su consideración. Asimismo,puede incluir una fecha límite, un "período fijado", dentro del cual el Estadodebe tomar las medidas necesarias para "remediar la situación examinada" (art.51.2).50. Todas estas etapas representan la conclusión del procedimiento ante laComisión, por medio del cual ésta toma una determinación tras haber examinado laevidencia sobre si el Estado cumplió o no con sus obligaciones convencionales ycon las medidas que han sido consideradas necesarias para remediar la situaciónexaminada.51. Aún cuando la Convención no prevé la posibilidad de que la Comisiónmodifique el segundo informe al que hace referencia el artículo 51, tampoco loprohibe. Más aún, la Corte ya se ha referido a la naturaleza y límites de lainherente discrecionalidad de la cual goza la Comisión en el período de tresmeses que sigue a la transmisión del informe al cual se refiere el artículo 51.1de la Convención, al establecer que[e]l artículo 51.1 estipula que la Comisión, dentro de los tres mesessiguientes a la remisión del informe, debe optar por enviar el caso a laCorte o por emitir posteriormente su opinión o conclusiones, en ambashipótesis si el asunto no ha sido solucionado. En el curso del plazo, sinembargo, pueden presentarse diversas circunstancias que lo interrumpan o,incluso, que hagan necesaria la elaboración de un nuevo informe... (CasoCayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie CNo. 14., p. 21; párr. 39).52. Como argumento adicional que justifica su solicitud de opinión consultiva,el Estado aduce la necesidad de certeza jurídica para quienes participan en losprocedimientos ante la Comisión.53. Esta Corte considera que una interpretación que otorgue a la Comisión elderecho de modificar su informe por cualquier causa y en cualquier momentodejaría al Estado interesado en una situación de inseguridad respecto a lasrecomendaciones y conclusiones contenidas en el informe emitido por la Comisiónen cumplimiento del artículo 51 de la Convención.54. Por otra parte, la Corte no puede desconocer que hay supuestos excepcionalesque harían admisible que la Comisión procediera a hacer una modificación delcitado informe. Uno de ellos sería el cumplimiento parcial o total de lasrecomendaciones y conclusiones contenidas en ese informe. Otro sería laexistencia en el informe de errores materiales sobre los hechos del caso.Finalmente, otra hipótesis sería el descubrimiento de hechos que no fueronconocidos en el momento de emitirse el informe y que tuvieran una influenciadecisiva en el contenido del mismo. Eso implica que no se puede reabrir eldebate sobre los mismos hechos anteriores ni sobre las consideraciones dederecho.55. En cualquiera de los supuestos, la modificación sólo podrá ser solicitadapor los peticionarios o el Estado. Esta solicitud de modificación sólo podrápromoverse antes de la publicación del propio informe, dentro de un plazorazonable contado a partir de su notificación. A dichas partes se les otorgarála oportunidad de debatir sobre los hechos o errores que motivaron su petición,de acuerdo con el principio de equidad procesal.56. En materia contenciosa, esta Corte ha admitido, en casos excepcionales, elrecurso de revisión contra sentencias firmes que ponen fin al proceso, con elpropósito deevitar que la cosa juzgada mantenga una situación de evidente injusticiadebido al descubrimiento de un hecho que, de haberse conocido al momento dedictarse la sentencia, hubiese modificado su resultado, o que demostraría laexistencia de un vicio sustancial en la sentencia (Caso Genie Lacayo,Solicitud de Revisión de la Sentencia de 29 de enero de 1997, Resolución de13 de septiembre de 1997. párr. 10).57. Dicho recurso únicamente procede contra sentencias emanadas de tribunales.Con mayor razón, se puede plantear la modificación de resoluciones de órganoscomo la Comisión Interamericana, en el entendido de que sólo procede concarácter restrictivo a partir de causales excepcionales,tales como las que se refieren a documentos ignorados al momento de dictarseel fallo, a la prueba documental, testimonial o confesional declarada falsaposteriormente en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; a laexistencia de prevaricación, cohecho, violencia o fraude y a los hechos cuyafalsedad se demuestra posteriormente, como sería estar viva la persona quefue declarada desaparecida. (Caso Genie Lacayo, Ibid. párr. 12).58. Ninguna de las hipótesis antes señaladas en que excepcionalmente se podríamodificar el segundo informe implica que la Comisión esté facultada para emitirun tercer informe, lo cual no está contemplado en la Convención.59. Habiendo dado respuesta a la primera pregunta de la presente solicitud deopinión consultiva, la Corte considera innecesario responder la segundapregunta.Por las razones expuestas,LA CORTE,por unanimidadDECIDEQue tiene competencia para emitir la presente opinión consultiva, y que lasolicitud del Estado de Chile es admisible.Y ES DE OPINIÓNpor seis votos contra uno1. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el ejercicio de lasatribuciones conferidas por el artículo 51 de la Convención Americana sobreDerechos Humanos, no está facultada para modificar las opiniones, conclusiones yrecomendaciones transmitidas a un Estado Miembro, salvo en las circunstanciasexcepcionales señaladas en los párrafos 54 a 59. La solicitud de modificaciónsólo podrá promoverse por las partes interesadas, es decir, los peticionarios yel Estado, antes de la publicación del propio informe, dentro de un plazorazonable contado a partir de su notificación. En tal hipótesis se les otorgaráa las partes interesadas la oportunidad de debatir sobre los hechos o erroresmateriales que motivaron su petición, de acuerdo con el principio de equidadprocesal. Bajo ninguna circunstancia la Comisión está facultada por laConvención para emitir un tercer informe.2. Que habiendo respondido a la primera pregunta en la forma señalada en elpárrafo anterior, es innecesario responder a la segunda.Disiente el Juez Máximo Pacheco Gómez.El Juez Pacheco Gómez hizo conocer a la Corte su Voto Disidente y el JuezCançado Trindade su Voto Concurrente sobre la decisión de competencia yadmisibilidad, los cuales acompañan a esta opinión consultiva.Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en la sede de laCorte en San José, Costa Rica, el día 14 de noviembre de 1997.(f)HERNÁN SALGADO PESANTES- Presidente(f)ANTÔNIO A. CANÇADO TRINDADE(f)HÉCTOR FIX-ZAMUDIO(f)ALEJANDRO MONTIEL ARGÜELLO(f)MÁXIMO PACHECO GÓMEZ(f)OLIVER JACKMAN(f)ALIRIO ABREU BURELLI(f)MANUEL E. VENTURA ROBLES- SecretarioLeída en sesión pública en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, el día15 de noviembre de 1997.VOTO DISIDENTE DEL JUEZ MÁXIMO PACHECO GÓMEZ1. Lamento no poder compartir la decisión adoptada por la mayoría de los juecesde la Corte en relación con la presente Opinión Consultiva solicitada por elEstado de Chile y, por tal razón, paso a exponer los fundamentos jurídicos de miposición disidente en la cuestión de fondo.2. Antes de fundamentar las razones que me motivan a discrepar de la mayoría demis colegas, quiero recordar que, anteriormente, cuando Chile retiró susolicitud de Opinión Consultiva y la Corte decidió, no obstante, mantener sucompetencia, manifesté, en un voto disidente, que la Corte debería acceder alretiro solicitado, sin que le fuese permitido continuar de oficio elprocedimiento consultivo por cuanto ella no tiene el derecho de emitir opinionesconsultivas de propia iniciativa sino que esta facultad corresponde solamente alos Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos o a losórganos enumerados en el Capítulo X de la Carta de la Organización de losEstados Americanos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64.1 de laConvención.3. Si bien mantengo el criterio que sostuve en esa oportunidad sobre el alcanceque tenía el retiro de la opinión consultiva de Chile, habiendo la Cortedecidido que es competente para proseguir conociendo de esta solicitud, heacatado la resolución de la Corte sobre su competencia y cooperado con miscolegas para lograr una solución a los asuntos planteados por Chile sobre labase de la correcta interpretación de la Convención Americana sobre DerechosHumanos.4. Habiendo la mayoría de los jueces de la Corte decidido el fondo de esteasunto, en la forma en que lo hicieron, no tengo otra alternativa que emitir unvoto disidente. A mi juicio, la Corte no ha dado respuesta a la solicitud deOpinión Consultiva, en los términos formulados por el Estado de Chile.5. A mi juicio la Corte no responde a la solicitud de Opinión Consultivaformulada por Chile. En efecto, lo esencial de la pregunta formulada por Chile,según se desprende de su texto y de los antecedentes escritos y orales expuestosante la Corte, se refería a determinar si una vez que se notifica a un Estado uninforme, señalándose que se trata de un informe definitivo, la Comisión puede ono, posteriormente, modificar substancialmente ese informe.6. Dicho aspecto no ha sido desarrollado por la Corte en su opinión, no obstanteque en el resumen que ella ha hecho sobre la posición y alegaciones de Chilehace una referencia acertada a ese asunto.7. Tampoco en la opinión se analiza el fundamento invocado por el Estado que hasolicitado la Opinión Consultiva, especialmente el papel que en esta materiadesempeñan principios tan fundamentales en el Derecho Internacional de losDerechos Humanos, como lo son la seguridad y estabilidad jurídica, así como labuena fe. Incluso respecto de la utilización del término "Informe Definitivo",contenido en la solicitud de opinión consultiva, y que, como se veráposteriormente, ha sido empleado reiteradamente por la jurisprudencia de lapropia Corte, se le describe incidentalmente como un término puramentedescriptivo, que no establece una categoría jurídica.8. A mi juicio, de acuerdo con el artículo 64 de la Convención Americana sobreDerechos Humanos, la competencia ratione materia de la Corte, tratándose de unaOpinión Consultiva, está determinada por los términos contenidos en la solicitudde Opinión Consultiva, siendo ineludible para la Corte referirse al asunto quese ha sometido a su consideración.9. A mi juicio, lo que la Corte debió haber analizado es si la Convención, ensus artículos 51 y 52, autoriza a modificar un informe que ha sido notificado aun Estado como definitivo. A fin de interpretar, en esta materia, la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos, resulta conveniente recurrir, como lo ha hechoen veces anteriores la Corte, a las normas de interpretación contenidas en laConvención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, particularmente ensus artículos 31 y 32.10. En la Opinión Consultiva bajo la consideración de la Corte resultanespecialmente aplicables las siguientes reglas contenidas en las citadasdisposiciones de la Convención de Viena: la que el tratado debe interpretarseconforme al sentido corriente que haya de atribuirse a esos términos en elcontexto de éstos; que es necesario tener en cuenta el objeto y fin del tratado;que debe considerarse la práctica ulteriormente seguida con el tratado; que esnecesario tomar en cuenta en la aplicación del tratado, toda norma de derechointernacional que resulte aplicable; y que, como medio complementario, puederecurrirse a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de sucelebración.11. El artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratadosestablece, como regla general, que un tratado debe interpretarse de buena fe,conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratadoen el contexto de éstos. Si bien los artículos 50 y 51 no señalan expresamenteque después de que se ha notificado el informe final, éste no es susceptible deser modificado, del texto y del contexto de estas disposiciones es posibleinferir que, una vez finalizado el procedimiento al que se refieren dichosartículos y notificado al correspondiente Estado que se trata de un informedefinitivo, la Comisión no puede modificar ese informe. No hay, en el texto deesos artículos, ni mucho menos en su contexto, ningún elemento que, conforme alsentido corriente que haya de atribuirse a los artículos 50 y 51, permita laposibilidad de modificar un informe definitivo que, en tal carácter, ha sidonotificado al Estado.12. La Corte ha señalado que el objeto y fin de la Convención Americana sobreDerechos Humanos consiste en la protección de los derechos humanos y libertadesfundamentales que, en ese instrumento, han sido establecidos. Sin embargo, laCorte, en el caso Cayara, ha manifestado que ella "debe guardar un justoequilibrio entre la protección de los derechos humanos, fin último del sistema,y la seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad yconfiabilidad de la tutela internacional", agregándose en el mismo párrafo que"estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentalesestablecidas en la propia Convención, acarrearía la pérdida de la autoridad ycredibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistemade protección de derechos humanos" (Caso Cayara, Excepciones Preliminares, párr.63).13. Resulta evidente que, cualquiera que sean las razones que se invoquen paramodificar un informe definitivo de la Comisión, que en tal carácter se hanotificado al Estado, tal modificación, lejos de contribuir al objeto y fin deltratado, puede afectar seriamente, "la credibilidad indispensable de los órganosencargados de administrar el sistema de protección de los derechos humanos".14. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados también contempla,como regla de interpretación de un tratado, el que deba tenerse en cuenta lapráctica ulteriormente seguida en la aplicación del mismo. Desde el inicio delsistema de denuncias establecido en los diversos instrumentos que han regido yrigen hasta la fecha a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, salvo uncaso, la Comisión no ha modificado sustancialmente un informe notificado a unEstado con el carácter de definitivo.15. También la citada Convención de Viena establece, como una de sus reglas deinterpretación, la consideración que debe prestarse a las normas pertinentes deDerecho Internacional que sean aplicables en las relaciones entre las partes. Aeste respecto, debe observarse que normas o principios de Derecho Internacionalbien establecidos - como lo son la buena fe y la seguridad jurídica - se veríanprofundamente afectados si la Comisión pudiese modificar un informe después quelo ha notificado como definitivo.16. Por último, el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de losTratados establece que se puede acudir a medios de interpretacióncomplementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a lascircunstancias de su celebración, para confirmar el sentido de la aplicación delas otras reglas de interpretación.17. Como la Corte ha manifestado con anterioridad, los artículos 50 y 51 de laConvención Americana de Derechos Humanos se inspiraron en los artículos 31 y 32de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y LibertadesFundamentales. En el sistema europeo se prevee, de parte de la Comisión Europea,la adopción de un solo informe, el cual es transmitido al Consejo de Ministros eigualmente comunicado a los Estados interesados (artículo 31 párrafo 2). En elsistema europeo no se prevee que la Comisión pueda modificar ese informe.Tampoco en su práctica ello ha ocurrido y, la modificación de un informetransmitido y comunicado al Consejo de Ministros y a los Estados interesadosafectaría seriamente el normal funcionamiento del sistema de peticionesorganizado por la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanosy Libertades Fundamentales, que en esa parte ha servido de inspiración a lasnormas de la Convención Americana de Derechos Humanos.18. La Corte ha tenido ocasión de referirse a la interpretación de los artículos50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto a lanaturaleza de los informes a que se refieren esos artículos. En la OpiniónConsultiva número 13, la Corte estableció que46. Esas normas [arttículos 50 y 51 de la Convención Americana] seinspiraron en los artículos 31 y 32 de la Convención Europea para laProtección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, deacuerdo con los cuales, cuando la Comisión Europea considera que existenviolaciones a los derechos consagrados por dicha Convención, puede enviar elinforme, que es uno solo, al Comité de Ministros a fin de que éste dispongalas medidas que el Estado afectado debe tomar, o someterlo en forma dedemanda al conocimiento de la Corte Europea de Derechos Humanos para que eltribunal decida, de manera imperativa, sobre las violaciones alegadas.47. Como en el sistema interamericano no fue establecido un órgano similaral Comité de Ministros, la Convención Americana atribuyó a la Comisión lafacultad de determinar si somete el caso a la Corte o bien si continúaconociendo del mismo y redacta un informe final, que puede o no publicar.Más adelante, la Corte agregó que en el caso que el asunto no haya sido elevadoa la consideración de la Corte... "la Comisión posee la atribución de redactarun informe definitivo con las opiniones y conclusiones que considereconvenientes" (párrafo 52).En seguida la Corte agregó:53. Se trata, entonces, de dos documentos que, de acuerdo con la conductaasumida en el ínterin por el Estado al cual se dirigen, pueden o nocoincidir en sus conclusiones y recomendaciones y a los cuales la Convenciónha dado el nombre de "informes" y que tienen carácter, uno preliminar y elotro definitivo.19. Como puede desprenderse de esa Opinión Consultiva, la Corte ha distinguidoclaramente entre un informe preliminar y otro definitivo. Cabe destacar que laexpresión "informe definitivo" ha sido empleada por la Corte reiteradamente enla mencionada OC/13 (párrafos 47, 53, 54 y 56), y que tales términos en laversión en inglés han sido traducidos como "final report". De acuerdo con eldiccionario de la Real Academia de la Lengua Española, "definitivo" (o final/eninglés) es "lo que decide, resuelve o concluye", es decir, un informe definitivoes aquel que ya no es susceptible de ser modificado.20. Podría argumentarse, sin embargo, que la existencia de nuevos hechos de losque no tuvo o no pudo tener conocimiento la Comisión al momento de adoptar suinforme definitivo, hagan conveniente la elaboración de un nuevo informe, aunquetal posibilidad no la contemple la Convención.21. La Corte, si bien ha admitido que bajo "diversas circunstancias", -dentro delas cuales podrían estar la existencia de hechos nuevos,- la Comisión podríaelaborar un nuevo informe, ha condicionado la adopción de ese posible nuevoinforme a que esas "diversas circunstancias" ocurran dentro de los tres mesessiguientes a la remisión del primer informe, de acuerdo con lo dispuesto en elartículo 51.1 de la Convención. En las excepciones preliminares del citado casoCayara, la Corte sostuvo que:en el curso del plazo [los tres meses siguientes a la remisión del primerinforme] sin embargo, pueden presentarse diversas circunstancias que lointerrumpan o, incluso, que hagan necesaria la elaboración de un nuevoinforme.En consecuencia, de surgir nuevos hechos, la oportunidad para incorporarlos alinforme es dentro de los tres meses siguientes a la revisión del primer informe.22. Es evidente que, en situaciones que afectan los derechos humanos, las queson siempre susceptibles de cambios, pueden surgir hechos nuevos; pero laseguridad jurídica exige que debe llegar un momento en que esos hechos seanexpuestos y transmitidos a las partes. Ese momento no puede ser otro que lafecha en que la Comisión adopta definitivamente el informe al que refiere elartículo 51.3 de la Convención.23. De la lectura de la opinión de la Corte surge que, básicamente, han sido doslos fundamentos esgrimidos por la Corte para sostener que la Comisión puedemodificar un informe definitivo notificado en ese carácter a un Estado: a) unareciente sentencia de la Corte en la que admitió que, bajo determinadascircunstancias era posible que la Corte revisara una sentencia suya, criterioéste que puede aplicarse a una Resolución de la CIDH (solicitud de revisión delcaso Genie Lacayo de 13 de septiembre de 1997); y b) las competencias generalesde la CIDH, distintas de las que regulan el sistema de peticiones o de denunciaspor casos individuales.24. Ninguna de las consideraciones contenidas en la resolución de la Corterelativa a la solicitud de revisión del caso Genie Lacayo, de 13 de septiembrede 1997 -a las que concurrí con mi voto - pueden ser aplicables a una relaciónjurídica como la que resulta del procedimiento incoado ante la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos.25. Si así lo fuera, las consideraciones y causales expuestas por la Corte enesa revisión de sentencia también tendrían que ser aplicadas aún después que elinforme de la CIDH se publicara en el Informe Anual.26. Tan evidente es esa diferencia entre uno y otro órgano que el reglamento dela Corte Europea de Derechos Humanos contempla la posibilidad de revisar unasentencia de la Corte; pero no existe en el sistema europeo, como se ha visto,ningún instrumento que autorice a la Comisión Europea a modificar un informedespués que lo ha transmitido a los Estados o al Consejo de Ministros.27. La naturaleza y objeto de la sentencia de la Corte es diferente a laresolución o informe de la Comisión. Desde luego, el fallo de la Corte, aunquedefinitivo e inapelable es, conforme a la Convención Americana, susceptible deinterpretación (artículo 67). La sentencia de la Corte es también obligatoria yse puede ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigentepara la ejecución de sentencias contra el Estado (artículo 68.2 de laConvención).28. En cambio el informe o resolución de la Comisión no produce esos efectosvinculantes. Lo que se pretende mediante su intervención es que sobre la base dela buena fe, la Comisión pueda obtener la coooperación del Estado para, a travésde todos los medios posibles, someter el asunto a la consideración de la Corte,por lo que, en ese evento, debe utilizarse el procedimiento establecido en elartículo 51 de la Convención. De ahí que ese artículo, así como el anterior, serefieran a "un informe en que se expondrán los hechos y sus conclusiones", paraluego referirse "a las recomendaciones pertinentes" y a analizar si el Estado hatomado "las medidas que le competen para remediar la situación examinada", paradecidir al final, como máxima sanción, si publica o no su informe.29. Resulta importante, al respecto, tener presente que cuando la supuestaviolación a un derecho humano o a una libertad fundamental no proviene de laacción de un órgano o agente del Poder Ejecutivo de un Estado, sino de accionesu omisiones de otros poderes del Estado - que igualmente comprometen suresponsabilidad internacional - la única forma de reparación posible es mediantela dictación de una nueva sentencia por parte del competente órgano judicial ola dictación de una ley por parte del Poder Legislativo.30. En Estados democráticos, caracterizados por la separación de poderes, esasituación es cada vez más frecuente, lo que exige que la actividad del PoderEjecutivo - titular de la relación del Estado con los órganos del sistema - conlos otros poderes del Estado sea coherente y no esté sujeta a las modificacionesque pueda, plantear la Comisión con posterioridad. Estas consideraciones, en laque el traslado mecánico de las causales de revisión de una sentencia a uninforme de la CIDH, cuyo cumplimiento depende de la buena fe del Estado,confirman que el criterio aducido por la Corte para revisar una sentencia noresulta aplicable a un informe de la CIDH.31. Tampoco comparto otro de los fundamentos aducidos por la mayoría de laCorte, según el cual el informe definitivo de la Comisión, que ha sidonotificado en tal carácter a un Estado, puede ser modificado en virtud de"criterios legales" como:a) el principio general de que sus actos deben ser equitativos e imparcialesrespecto de las dos partes en el asunto que se considere.b) el mandato de que "la Comisión tiene la función principal de promover laobservancia y la defensa de los derechos humanos" establecido en el artículo41 de la Convención.c) sus atribuciones de "formular recomendaciones, cuando lo estimeconveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adoptenmedidas progresivas a favor de los derechos humanos dentro del marco de susleyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposicionesapropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos, establecidas enel artículo 41.b de la Convención.32. La propia Corte, en las tantas veces citada OC/13, descartó que lacompetencia de la Comisión para formular recomendaciones al Gobierno de losEstados de la OEA para adoptar medidas progresivas a favor de los derechoshumanos pudiese ser invocada tratándose de asuntos relativos al régimen depeticiones o denuncias individuales que se substancien con apego a los artículos44 a 51 de la Convención (párrafo 44).33. Por ello no puedo coincidir con los fundamentos jurídicos expuestos por laCorte para autorizar a la Comisión a un informe definitivo que, en tal carácter,ha sido notificado a un Estado.34. Además, no existiría certeza de cuando ha concluido el procedimiento anteese órgano, ya que siempre podrían aducirse circunstancias excepcionales.35. En efecto, será muy difícil en el futuro que el Estado o el peticionario,cuyas alegaciones no hayan sido atendidas total o parcialmente por la Comisión,sabiendo que, aún bajo causales estrictas y excepcionales existe la posibilidadde que el informe definitivo sea susceptible de cambiarse, no lo intentemodificar, aduciendo, por ejemplo, hechos nuevos, reales o ficticios, quepermitan la modificación de ese informe definitivo. Asimismo, logrado modificarun informe, nada obstará, si se vuelven a invocar las causales sustentadas porla Corte en su opinión, que ese nuevo informe también sea modificado.36. Todo lo expresado no significa que no esté persuadido que los artículos 50 y51 de la Convención requieren ser modificados por los órganos correspondientes,a fin de superar los graves problemas de interpretación que esas disposicioneshan suscitado.37. Por último, debo dejar constancia de los esfuerzos de todos los jueces porintentar buscar fórmulas que permitieran, sobre la base del consenso, laadopción de un texto satisfactorio para todos. En tal sentido, reconozco que laversión final de la opinión de la Corte coincide con algunos de mis puntos devista.No obstante ello, el texto adoptado por la mayoría no ha logrado desvirtuar lasobservaciones que he expuesto precedentemente.38. En consecuencia, en mi concepto, la Corte debió haber respondido a lasolicitud de Opinión Consultiva formulada por Chile de la siguiente manera:En relación con la primera pregunta formulada por el Estado de Chile:Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez que ha adoptado losdos informes a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Convención Americanasobre Derechos Humanos y que, en relación al último de sus informes hanotificado al Estado de que se trata de un informe definitivo, no puedemodificar el informe notificado como definitivo a las partes.En relación con la segunda pregunta formulada por el Estado de Chile:Que al no estar facultada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos paracambiar su informe definitivo, el Estado y las partes deben considerar comoválido el informe que se les ha notificado como definitivo.MÁXIMO PACHECO GÓMEZ - JuezMANUEL E. VENTURA ROBLES - SecretarioVOTO CONCURRENTE DEL JUEZ A. A. CANÇADO TRINDADE1. Voto a favor de la adopción de la presente Opinión Consultiva, por entenderque su interpretación del artículo 51 de la Convención Americana sobre DerechosHumanos atiende con fidelidad a los imperativos complementarios de la búsquedade la verdad, la seguridad jurídica, el equilibrio y la equidad procesales, y larealización de la justicia bajo la Convención. En cuanto a la decisión de laCorte Interamericana de Derechos Humanos referente a la cuestión de sucompetencia y de la admisibilidad de la solicitud de Opinión Consultiva, ademásde votar a favor de dicha decisión, me veo obligado a agregar el presente VotoConcurrente.2. En un procedimiento consultivo marcado por el incidente del retiro por partede Chile de su consulta a la Corte, considero correcta la firme posición porésta asumida y sostenida, desde sus resoluciones del 14 de abril y del 12 deseptiembre de 1997 hasta la adopción de la presente Opinión Consultiva. Ladecisión de la Corte de sostener el amplio alcance de su competencia consultiva,a pesar del retiro de la solicitud original de Chile, representa, a mi juicio,un avance en la materia, con consecuencias positivas hacia el fortalecimiento desu función consultiva bajo el artículo 64 de la Convención Americana sobreDerechos Humanos.3. El incidente ocurrido en el presente procedimiento consultivo generó unaserie de interrogantes e incertidumbres que trascienden las circunstancias delpresente asunto y alcanzan las bases de la función consultiva de la CorteInteramericana, con repercusiones en el propio mecanismo de supervisión de laConvención Americana. Por consiguiente, me veo en el deber de, a título deaclaración y como fundamentación de la posición que asumí al respecto desde elinicio de la consideración por la Corte del presente asunto, dejar constancia demi razonamiento al respecto, que refleja, en última instancia, mi concepción delos fundamentos del propio ordenamiento jurídico internacional.4. En su escrito presentado a la Corte el 31 de julio de 1997, la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos observó que, con el retiro efectuado porChile de su solicitud consultiva original, quedó la Corte sin una "peticiónexplícita" de Opinión Consultiva. En el entender de la Comisión, el referidoretiro privó a la Corte de la competencia para emitir la Opinión Consultiva, porcuanto la Convención Americana no le confiere la potestad de emitirla ex officioo motu propio[1]. La línea de argumentación de la Comisión atribuye, pues,importancia decisiva al comportamiento del Estado solicitante subsiguiente a lapresentación de su petición, a punto de condicionar la propia competencia de laCorte de decidir la emisión de la Opinión Consultiva a dicho comportamiento ysus efectos.5. El razonamiento de la Comisión revela una visión de la base jurisdiccional dela función consultiva internacional propia de otra época, y de muy difícilsustentación en nuestros días. Al contrario de lo que supone la Comisión,entiendo que, por fuerza de un principio del Derecho Internacional cristalizadoen la práctica arbitral internacional y dotado de reconocimiento judicial [2],todo tribunal internacional y todo órgano poseedor de competenciasjurisdiccionales tiene el poder inherente de determinar el alcance de su propiacompetencia (Kompetenz-Kompetenz / compétence de la compétence).6. Toda vez que la Corte decide responder o no una solicitud de OpiniónConsultiva, está ejerciendo el poder de determinar su propia competencia,emanado de un principio del Derecho Internacional general, y no condicionado porel comportamiento del Estado u órgano solicitante. Dicho principio, a su vez,reposa, no en la "voluntad de las partes" (o sea, del Estado u órganointeresado), como se pensaba en el pasado y como el escrito de la Comisióntodavía pretende hacer creer, sino más bien en la naturaleza intrínseca delórgano judicial internacional.7. Una vez puesto en movimiento el procedimiento consultivo, y notificada laconsulta a todos los Estados miembros y órganos principales de la Organizaciónde los Estados Americanos (OEA), y estando la petición ya bajo el conocimientode la Corte, no hay cómo pretender privar a ésta de su competencia, ni siquierapor el retiro de la solicitud original. La Corte tiene la competencia de lacompetencia, y decide, en el ejercicio de su discrecionalidad, si emite o no laOpinión Consultiva. El retiro no tiene cualquier efecto sobre su competencia yaestablecida. La materia objeto de la petición ya se encuentra bajo suconocimiento, y la Corte es maestra de su jurisdicción.8. La fragilidad del argumento en contrario, pretendiendo negar la competenciade la Corte en las circunstancias del presente procedimiento consultivo, noresiste a un examen más riguroso de la materia. Como me he mantenido siempre enla posición de la defensa de la integridad de las facultades, como órganos deprotección de los derechos humanos bajo la Convención Americana, tanto de laCorte como de la Comisión, me veo aquí en la obligación de, con la mismadeterminación, sostener la intangibilidad de la competencia de la Corte, la cualcuriosamente la Comisión buscó negar en el presente asunto.9. Entiendo que, aún en la circunstancia del retiro de una solicitud de OpiniónConsultiva, como en el presente procedimiento, se impone, a mi juicio, laprevalencia de la jurisdicción consultiva de la Corte. Dicha jurisdicción (jusdicere, jurisdictio, la potestad de declarar el Derecho) no puede estar a mercedde la voluntad cambiante de los interesados; su competencia (potestad de conocerun determinado asunto), como medida o especie de tal jurisdicción, no puedeestar condicionada por las vicisitudes de las manifestaciones del consentimientopor parte del Estado u órgano solicitante de la Opinión Consultiva.10. La consideración de la materia no puede prescindir de un examen de loselementos jurisprudenciales disponibles. Como la Corte Europea de DerechosHumanos todavía no ha ejercido su función consultiva bajo el Protocolo n. 2 (de1963) a la Convención Europea de Derechos Humanos, en razón de los términosextremamente restrictivos de aquel Protocolo (sobre todo su artículo 1(2)) quecasi lo privan de finalidad, tornándolo vacío de sentido), - el análisis que mepermito desarrollar incide en la jurisprudencia de la Corte Internacional deJusticia (y su predecesora la Corte Permanente de Justicia Internacional), a lapar de la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.11. En el asunto de la Carelia Oriental (1923), la antigua Corte Permanente deJusticia Internacional (CPJI) se abstuvo de dar una Opinión Consultiva porconsiderar que, si la emitiera, equivaldría ésto a decidir una disputa pendienteentre Rusia y Finlandia. Esta decisión se tornó locus classicus para la tesis deque el consentimiento del Estado interesado era siempre un prerrequisito para elejercicio de la competencia consultiva de la Corte[3]. Esta tesis, alineada conel positivismo jurídico prevaleciente en la época[4], fue, sin embargo,prontamente abandonada y sistemáticamente rechazada por la nueva CorteInternacional de Justicia (CIJ).12. Ya en 1950 se manifestó esta última contra el llamado "principio de laCarelia Oriental": en el asunto de la Interpretación de los Tratados de Paz, laCIJ descartó la oposición de Bulgaria, Hungria y Rumania a que emitiera unaOpinión Consultiva en razón de la falta de su consentimiento. Para la CIJ,tratábase de una confusión entre los principios que rigen los procedimientoscontencioso y consultivo, por cuanto el consentimiento del Estado interesado erauna precondición tan sólo de la jurisdicción contenciosa, y no de la consultiva.Por consiguiente, ningún Estado podría impedir que la CIJ decidiera dar unaOpinión Consultiva solicitad[5].13. Así, tanto en la Opinión Consultiva sobre la Interpretación de los Tratadosde Paz (1950) como en la Opinión Consultiva sobre las Reservas a la Convencióncontra el Genocidio (1951)[6], la CIJ se manifestó en defensa de la basejurisdiccional propia de su competencia consultiva, afirmando que no debería enprincipio dejar de responder a un pedido de Opinión Consultiva. La funciónconsultiva de un tribunal internacional como la CIJ pasaba a afirmarse comodotada de características propias, que la distinguían claramente de lacompetencia en materia contenciosa.14. En succesivas ocasiones la CIJ, en efecto, afirmó la existencia de una"cuestión jurídica", y acrecentó que, aunque existieron aspectos políticos, nipor eso la cuestión objeto de los pedidos de Opinión Consultiva dejaba de serjurídica, afirmándose así su competencia para emitir la Opinión Consultiva, enel desempeño de una tarea esencialmente judicial[7]. La supuesta motivaciónpolítica de una solicitud de Opinión Consultiva y las eventuales "implicacionespolíticas" que la Opinión Consultiva pudiera tener, - advirtió la CIJ, - eranirrelevantes en el establecimiento de su competencia para dar tal OpiniónConsultiva[8].15. En el célebre asunto de Namibia (1971), por ejemplo, la CIJ rechazó elargumento de África del Sur - que se oponía a que ella emitiera la OpiniónConsultiva - de que se trataba de una cuestión política involucrando una disputaentre África del Sur y otros Estados: de esto no se trataba, replicó la CIJ,ponderando que estaba delante de una solicitud de Opinión Consultiva que ella,como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, debía atender paraaclarar las consecuencias e implicaciones de las decisiones del Consejo deSeguridad al respecto. Además, el hecho de haber puntos "factuales" pararequerir examen en nada afectaba el carácter de "cuestión jurídica" a ellasometida para una Opinión Consultiva. Para pronunciarse sobre "cuestionesjurídicas", remató la Corte, había también que examinar aspectos factuales, nohabiendo cualquier "fuerte razón" que pudiera llevar a la CIJ a abstenerse dedar la Opinión Consultiva solicitada[9].16. Si la CIJ hubiera tomado otra posición, según una visión más restrictiva desu competencia consultiva, hubiera dejado de dar una Opinión Consultiva detranscendencia histórica. Considero la Opinión Consultiva sobre Namibia (1971),para el derecho intertemporal, la Opinión Consultiva sobre las Reservas a laConvención contra el Genocidio (1951), para el reconocimiento de principioshumanitarios imponiéndose a los Estados aún en la ausencia de cualquierobligación convencional (preanunciando el advenimiento del concepto del juscogens[10]), y la Opinión Consultiva sobre Reparaciones de Daños (1948), para laaserción de la personalidad jurídica internacional de Naciones Unidas (y afortiori de la de otras organizaciones internacionales), las tres OpinionesConsultivas de la CIJ de mayor significación en perspectiva histórica para laevolución del Derecho Internacional contemporáneo.17. Ninguna de ellas hubiera sido posible[11] si la CIJ hubiera partido de unaconcepción voluntarista ultrapasada del Derecho Internacional, con un apegoinstintivo al consentimiento del Estado individual para el ejercicio de lacompetencia no sólo contenciosa sino también consultiva de los tribunalesinternacionales. La gran contribución de la Opinión Consultiva de la CIJ sobrela Interpretación de los Tratados de Paz (1950) consistió precisamente en dejarbien claro que los principios que rigen los procedimientos contencioso yconsultivo son esencialmente distintos. El consentimiento estatal condiciona elprimero, pero no el segundo.18. Eventuales oposiciones al ejercicio de la función consultiva (alegando laexistencia de "elementos factuales", o de un "caso contencioso encubierto", o deuna "disputa" involucrando uno o más Estados, o de una simple "controversia") nodeben, pues, impresionar; no hay que darles una dimensión que no tienen. Talesoposiciones han sido una constante en la práctica judicial internacional, y hansido repetidamente descartadas por la CIJ. No hay nada de nuevo bajo el sol. Porejemplo, en el asunto del Sahara Occidental (1975), fue España quien invocó envano el requisito del consentimiento tal como afirmado éste por la antigua CPJIen el asunto de la Carelia Oriental (supra), mientras que Marruecos y Mauritaniaoptaron por fundamentarse en los desarrollos jurisprudenciales posteriores(Opiniones Consultivas de la CIJ sobre la Interpretación de los Tratados de Paz,y sobre Namibia, supra).19. En la misma línea de éstos últimos, sostuvo la Corte de La Haya que unacuestión no dejaba de ser jurídica por tener aspectos políticos, siendo, pues,susceptible de constituirse en objeto de una Opinión Consultiva. Siendo lacompetencia contenciosa (sujeta al consentimiento) distinta de la consultiva, yteniendo una Opinión Consultiva - por fuerza de su propia definición - caráctertan sólo consultivo, - prosiguió la referida Corte, - ningún Estado miembro deNaciones Unidas podía impedir que tal Opinión Consultiva fuera emitida por laCIJ, como órgano judicial principal que participa en la vida de la Organizaciónde las Naciones Unidas; tanto es así que en el procedimiento consultivo no haypartes, ni reglas sobre pruebas (tal como la de la carga de la prueba) [12].20. Más recientemente, en el asunto de la Aplicabilidad del Artículo VI, Sección22, de la Convención sobre Privilegios e Imunidades de Naciones Unidas (1989),volvió la CIJ a ponderar que se encontraba delante de una cuestión jurídica, porcuanto se refería a una convención internacional y su aplicación; distintamentede la competencia contenciosa, el consentimiento de los Estados no esprecondición de su competencia consultiva, y ningún Estado podía impedir que laCIJ diera una Opinión Consultiva. En aquel procedimiento, agregó la Corte, laausencia de consentimiento por parte de Rumania no tenía efecto alguno sobre lajurisdicción de la Corte[13]. Prosiguió la Corte, por consiguiente, como enocasiones anteriores, a emitir la Opinión Consultiva.21. Pasando del plano global al regional interamericano, la competenciaconsultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ésta propia haseñalado desde el inicio en su jurisprudencia, es particularmente amplia, comose desprende de los términos del artículo 64 de la Convención Americana sobreDerechos Humanos, inéditos y sin paralelos[14] en la función judicialinternacional. Los travaux préparatoires del artículo 64 de la ConvenciónAmericana confirman el propósito original de dotar a la Corte Interamericana decompetencia consultiva particularmente amplia, sin antecedentes en el DerechoInternacional contemporáneo[15].22. Abierta la facultad de solicitud de Opiniones Consultivas tanto a losEstados Partes en la Convención Americana, como a los Estados miembros y a losórganos principales de la OEA, el atendimiento por la Corte de eventualessolicitudes corresponde a un imperativo de ordre public, para ayudar a dichosEstados y órganos en la correcta aplicación de la Convención y en elcumplimiento cabal de las obligaciones convencionales[16]. Resulta claro, pues,que la función consultiva de la Corte, tan ampliamente concebida, no está sujetaa las restricciones derivadas del prerrequisito del consentimiento de losEstados para someterse a su jurisdicción, distintamente de su competencia enmateria contenciosa (artículo 62(1) de la Convención). Las limitaciones de estaúltima dan muestras de la falta de automatismo de la jurisdicción internacionalpara el examen de casos concretos.23. El procedimiento consultivo tiene características y lógica propias: en él nohay partes (demandante y demandada), no hay Sentencia (tan sólo OpiniónConsultiva), tampoco hay sanciones y reparaciones. Nada hay que permita extendera dicho procedimiento el prerrequisito del consentimiento estatal, propio delejercicio de la competencia contenciosa de la Corte. Todo lo que se busca, en elprocedimiento consultivo bajo la Convención Americana (en los términos de suartículo 64), es obtener una interpretación por parte de la Corte Interamericanade disposiciones de la Convención (o de otros tratados concernientes a laprotección de los derechos humanos en los Estados americanos) que facilite yperfeccione la aplicación de ésta[17].24. La Corte sólo se abstendría de responder a una solicitud de OpiniónConsultiva si encontrase que la consulta excede el alcance de su competenciaconsultiva, sea porque busca debilitar el mecanismo de protección de laConvención de modo que menoscaba los derechos protegidos, sea porque buscadesvirtuar o perjudicar la jurisdicción contenciosa de la Corte [18] En laexperiencia de la Corte hasta la fecha, en solamente una única ocasión estimóque responder la consulta formulada (por Costa Rica) podría desvirtuar sujurisdicción contenciosa y menoscabar los derechos humanos protegidos (dequienes habían formulado peticiones ante la Comisión Interamericana)[19]; laCorte decidió, pues, no responder la consulta, haciendo uso de su juiciodiscrecional, en el pleno ejercicio de su competencia consultiva.25. Aparte de este episodio aislado, la jurisprudencia de la Corte, desde suprimera Opinión Consultiva (de 1982), se ha desarrollado en las mismas líneas dela jurisprudencia internacional sobre la materia (en particular la de la CorteInternacional de Justicia), en el sentido de, en principio, responder siemprelas consultas formuladas (aunque ante la oposición de algún Estado), descartandoasí una interpretación indebidamente restrictiva de su función consultiva[20].De ese modo, en el asunto de las Restricciones a la Pena de Muerte (1983), laCorte desestimó la oposición de Guatemala a que diera la Opinión Consultiva, alconsiderar que el mero hecho de que existiera una controversia entre la ComisiónInteramericana y Guatemala acerca del artículo 4 (derecho a la vida) de laConvención Americana no constituía fundamento suficiente para que se abstuvierala Corte de ejercer su competencia consultiva en aquel procedimiento[21].26. Siempre hay la posibilidad de que el interés de algún Estado pueda serafectado, de un modo o de otro, por la interpretación dada en una determinadaOpinión Consultiva; precisamente por eso se faculta a los Estados resguardar susintereses mediante la plena participación, a ellos asegurada, en elprocedimiento consultivo, para someter a la Corte sus puntos de vista sobre lamateria bajo examen[22] (Reglamento de la Corte, artículo 62). La Corte, a suvez, no tiene porqué preocuparse con las motivaciones que por ventura hayaninspirado una solicitud de Opinión Consultiva[23], o el retiro subsiguiente dedicha solicitud, o la reconsideración de tal retiro. Su única preocupación debeser con el fiel ejercicio de la importante función consultiva que le atribuye elartículo 64 de la Convención Americana.27. Teniendo presente lo que señala la jurisprudencia internacional sobre lamateria, una cuestión sometida al examen de la Corte Interamericana en la formade una solicitud de Opinión Consultiva no debe acarrear la inhibición delTribunal por el sólo hecho de estar circundada de alguna controversia. Por elcontrario, con mayor razón debe la Corte Interamericana ejercer su funciónconsultiva para aclarar la cuestión y, por este medio, abrir camino para unaaplicación más eficaz de la Convención Americana. La experiencia de la CIJprovee una clara ilustración en este sentido. En lo que respecta a la CorteInteramericana, esta posición se impone con aún mayor fuerza, tratándose de unajurisdicción internacional de salvaguarda de los derechos humanos, a cuyosmecanismos de protección está subyacente la noción de garantía colectiva.28. De lo anteriormente expuesto, resulta, a mi juicio, enteramente descartadala tesis del consentimiento del Estado u órgano individual interesado como basede la competencia consultiva de un tribunal internacional como la CorteInteramericana. Su única manifestación, propia de otra época, el llamado"principio de la Carelia Oriental", es hoy una pieza de museo, de interés tansólo histórico. La jurisprudence constante de la CIJ cuidó de sepultar aquellamanifestación de la concepción voluntarista del Derecho Internacional - reflejoo emanación de un positivismo jurídico degenerado[24], - que, si se hubieramantenido y llevada a extremos, hubiera conllevado a la propia negación de todoordenamiento jurídico internacional.29. La referida concepción positivista-voluntarista jamás se libró de lacontradicción entre el consentimiento estatal como supuesta base de lasobligaciones derivadas de las normas internacionales y su premisa de laexistencia de una regla jurídica previendo la fuerza obligatoria de todo aquelloen que se consentía. Aún en un dominio del Derecho Internacional visiblementepermeado del voluntarismo estatal como el derecho de los tratados, se hacíapresente la premisa de la fuerza objetivamente obligatoria de los tratados(pacta sunt servanda). Muy pronto la doctrina más esclarecida se dio cuenta deque el ordenamiento jurídico internacional era, más que voluntario, necesario. Yeso se tornó tan evidente sobre todo en el presente dominio de la proteccióninternacional de la persona humana.30. No tendría sentido intentar resucitar el principio de la Carelia Oriental ennuestros días, en vísperas del nuevo siglo, después de 50 años de jurisprudenciainternacional sólidamente construida en sentido contrario. No estando elejercicio de la competencia consultiva de un tribunal internacional como laCorte Interamericana condicionado al consentimiento individual de cada Estado,no hay cómo sostener que el ejercicio de tal competencia afecte la soberaniaestatal, - noción ésta, además, ajena al dominio de la protección internacionalde los derechos humanos, el cual se ha inspirado más bien en la noción desolidariedad.31. En el presente procedimiento, en su ya mencionado escrito presentado a laCorte el 31.07.1997, la Comisión Interamericana reconoció la facultad de laCorte de proseguir con el examen de un caso contencioso aún cuando la partedemandante notifica su intención de desistir (artículo 54 del Reglamento de laCorte), pero consideró que esta norma, a la luz del artículo 63 del Reglamento,"no es completamente compatible" con el procedimiento consultivo[25]. Dichaconclusión requiere demostración.32. El artículo 54 del Reglamento señala, como justificación de la facultad queatribuye a la Corte, "las responsabilidades que le incumben de proteger losderechos humanos". De ese modo, al contrario de lo que supone el escrito de laComisión, si en el ejercicio de su competencia contenciosa (condicionada por elprevio consentimiento de los Estados Partes) puede la Corte proseguir con elexamen de un caso concreto aún después del desistimiento de la parte demandante,a fortiori puede la Corte, con aún mayor razón, proseguir con el examen de unamateria para emitir una Opinión Consultiva (cuyo trámite no está condicionadopor el previo consentimiento estatal) aún después del retiro de la solicitudoriginal.33. Al solicitar una Opinión Consultiva de un tribunal internacional (dotado decompetencia para tal), el Estado o el órgano solicitante no se presenta o seafirma como "parte demandante", pero tan sólo desencadena un procedimientoconsultivo que existe en beneficio de todos los Estados Partes, y no solamentedel Estado u órgano solicitante. Este último pone en movimiento un procedimientodestinado a aclarar cuestiones jurídicas, en beneficio de todos los EstadosPartes, además de los órganos del sistema de protección.34. Tanto es así que, en el presente procedimiento, después de solicitada porChile (el 11 de noviembre de 1996) la Opinión Consultiva, dos otros EstadosPartes en la Convención Americana, Guatemala y Costa Rica, intervinieron,remitiendo a la Corte Interamericana (en 31.01.1997 y en 17.03.1997,respectivamente) sus observaciones al respecto. Las de Guatemala tocaron clara ypertinentemente el fondo del asunto, y fueron reiteradas por el Estado deGuatemala ante la Corte en la audiencia pública del 10 de noviembre de 1997.35. La solicitud de Chile de Opinión Consultiva versó efectivamente sobre unacuestión jurídica, atinente a la interpretación y aplicación del artículo 51 dela Convención Americana, de importancia a todos los Estados Partes en laConvención así como a los dos órganos de supervisión de la misma. Con el retirosubsiguiente de la solicitud por parte de Chile, después de notificada ésta atodos los Estados miembros y órganos principales de la OEA, la cuestiónplanteada en la consulta no perdió, como que por un toque de magia, ni sucarácter jurídico, ni su importancia práctica.36. Todo al contrario, el propio Estado de Chile, en su carta de retiro de lapetición, del 24.03.1997, cuidó de hacer la salvedad de que "la solicitud deOpinión Consultiva recae sobre un punto jurídico de la mayor importanciapráctica" (página 3). Y, en la audiencia pública ante la Corte del 10 denoviembre de 1997, al mismo tiempo en que afirmó su derecho tanto de solicitaruna Opinión Consultiva a la Corte como de retirarla o desistirse de ella, señalóque acataría la resolución de la Corte del 14 de abril de 1997, en orden aproseguir la consideración del asunto, y declaró que - a pesar del retiroanterior - "desde luego acepta la competencia de la Corte para conocer estasolicitud de Opinión"[26].37. Es cierto que un tribunal internacional no puede ex officio emitir unaOpinión Consultiva, sponte sua, pues esto equivaldría a transformarse, ultravires, en un legislador internacional. Nadie osaría atribuirle tal facultad, queno tiene. Sin embargo, un tribunal como esta Corte, una vez consultado, por unEstado o un órgano internacional, asume jurisdicción sobre el asunto, y puede ydebe determinar ex officio si emitirá o no la Opinión Consultiva solicitada,aunque la solicitud haya sido retirada. El tribunal internacional tiene laKompetenz-Kompetenz (competénce de la compétence), cuyo ejercicio corresponde aun juicio de discrecionalidad (conocido como "judicial propriety"), enteramentedistinto de la cuestión de la competencia original para emitir la OpiniónConsultiva.38. En el presente procedimiento, la Corte retuvo correctamente su jurisdiccióny determinó el alcance de su competencia, a pesar del retiro de la solicitud; dela misma forma, la cuestión en consideración mantuvo su carácter jurídico eimportancia práctica para todos los Estados Partes en la Convención y los dosórganos de supervisión de esta última, a pesar del retiro de la solicitud. Porconsiguiente, el retiro de la solicitud se configuró desprovisto de efectosjurídicos, y la Corte, con toda propiedad, teniendo presente lo dispuesto en elartículo 63 de su Reglamento, entendió que tenía la facultad y el deber depronunciarse sobre la materia sometida a su conocimiento, en el ejercicio de lafunción consultiva que le atribuye el artículo 64 de la Convención Americana.39. El incidente ocurrido en el presente procedimiento deja una buena lección,para que en el futuro se eviten incidentes como éste[27]. Pero si, aún así, elretiro de una solicitud de Opinión Consultiva vuelve a ocurrir, es de esperarseque no más se busque dotarlo de efectos que no tiene. La ComisiónInteramericana, que siempre se ha guiado por el ideal de la realización de laprotección internacional de los derechos humanos, en el presente asunto avanzóuna argumentación que claramente no sirve a este propósito, y que, es deesperarse, sea por lo tanto abandonada por ella al pasado ya distante al cualpertenece. Los desencuentros de este incidente han servido, como el oro que seextrae de la piedra bruta, al menos para dejar aclarada la base jurisdiccionalde la función consultiva de un tribunal internacional como la CorteInteramericana de Derechos Humanos.40. Dicha función consultiva, en resúmen, subsiste, independientemente delcomportamiento subsiguiente del Estado u órgano solicitante. Este último, alformular la consulta, pone en movimiento un procedimiento consultivo que existeen beneficio de todos los Estados Partes, y que no está condicionado alconsentimiento individual del solicitante. Al empezar a conocer la cuestiónjurídica sobre la cual se solicita la Opinión Consultiva, la Corte, a su vez,como ya señalé, es maestra de su jurisdicción y soberana del procedimiento. Aúnmás, como advierte la jurisprudencia internacional, tiene ella el deber desalvaguardar su propia función judicial[28].41. Siendo así, resultaría inadmisible cualquier intento de subordinar lacompetencia consultiva de un tribunal internacional como la Corte Interamericanaal comportamiento cambiante y a las vicisitudes de las manifestaciones delconsentimiento de cada uno de los interesados en la consulta. Tal como esconcebida la función consultiva de la Corte Interamericana, su operación esmateria de ordre public internacional. La tesis que aquí firmemente sostengo, enapoyo a la decisión de competencia y admisibilidad tomada por la Corte en lapresente Opinión Consultiva, se impone, a mi juicio, con aún mayor fuerza, en elpresente dominio de la protección internacional de los derechos humanos, que seinspira en valores comunes superiores.(f)ANTÔNIO A. CANÇADO TRINDADE - Vicepresidente(f)MANUEL E. VENTURA ROBLES- SecretarioNotas[1]. CIDH, Observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobrela Tramitación del Procedimiento Consultivo que se Inició con Base en unaSolicitud Presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por elGobierno de Chile el 13 de Noviembre de 1996, de 31.07.1997, pp. 2-4, párrafos7-12, y p. 19, párrafo 53(1); y cf. también p. 2, párrafo 6. - Tanto en sureferido escrito (cf. ibid., pp. 5-7, párrafos 15-24, y p. 15, párrafo 38) comoen la audiencia pública ante la Corte del 10 de noviembre de 1997, la Comisióndejó claro que hubiera preferido que la Corte declarase la solicitud de OpiniónConsultiva inadmisible, por referirse a un "caso contencioso encubierto".[2]. International Court of Justice (ICJ), Nottebohm case (Liechtenstein versusGuatemala), ICJ Reports (1953) p. 119.[3]. Permanent Court of International Justice (PCIJ), Series B, n. 5, 1923, p.27.[4]. Aún en una época fuertemente marcada por el voluntarismo estatal y elpositivismo jurídico, la de la antigua Corte Permanente de JusticiaInternacional (CPJI), logró ésta, sin embargo, a partir de 28 solicitudes,emitir 26 Opiniones Consultivas (período 1922-1935), declinando de hacerlo en unasunto, siendo que una única solicitud fue retirada (asunto de la Expulsión delPatriarca Ecuménico), el 16.06.1925, antes de que se tomara cualquierprovidencia al respecto. Cf. CPJI, III Rapport Annuel (1926-1927), Serie E, n.3, p. 185.[5]. Como la presente solicitud de Opinión Consultiva tenía como propósitoaclarar la Asamblea General de Naciones Unidas en cuanto a las oportunidades deque el procedimiento de los Tratados de Paz concluidos con Bulgaria, Hungria yRumania viniera a poner fin a la situación existente - una cuestión jurídica,esencialmente, - la CIJ decidió emitir la Opinión Consultiva. InternationalCourt of Justice (ICJ), Advisory Opinion on Interpretation of Peace Treaties,ICJ Reports (1950) pp. 71-72.[6]. ICJ, Advisory Opinion on Reservations to the Genocide Convention, ICJReports (1951) p. 19.[7]. ICJ, Advisory Opinion on Conditions of Admission of a State to Membershipin the United Nations, ICJ Reports (1947-1948) pp. 61-62; ICJ, Advisory Opinionon Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the UnitedNations, ICJ Reports (1950) pp. 6-7; ICJ, Advisory Opinion on Certain Expensesof the United Nations, ICJ Reports (1962) p. 155; ICJ, Advisory Opinion onApplication for Review of Judgement n. 158 of the U.N. Administrative Tribunal,ICJ Reports (1973) p. 172; ICJ, Advisory Opinion on Interpretation of theAgreement of 1951 between the WHO and Egypt, ICJ Reports (1980) p. 87.[8]. ICJ, Advisory Opinion on Legality of the Use by a State of Nuclear Weaponsin Armed Conflict, ICJ Reports (1996) pp. 73-74. En el presente asunto, la CIJrespondió la solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero no lade la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aún así, la Opinión Consultiva dela CIJ, sobre tema de tan transcendental importancia para el futuro de lahumanidad, lamentablemente se limitó a constatar la existencia de lo queconsideró como incertidumbre jurídica sobre la materia; su Opinión Consultiva,inconclusa y nebulosa, contrasta con la fuerza y claridad de los alegatos, porejemplo, de Nueva Zelandia; cf. éstos últimos in ICJ, Audience publique du 09novembre 1995 - Compte rendu (Année 1995), doc. CR-95/28, pp. 19-37(mecanografiado, circulación limitada).[9]. ICJ, Advisory Opinion on Legal Consequences for States of the ContinuedPresence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding SecurityCouncil Resolution 276(1970), ICJ Reports (1971) pp. 21-24 y 27.[10]. Consagrado, años después, en los artículos 53 y 64 de la Convención deViena sobre Derecho de los Tratados (1969), y de la Convención de Viena sobreDerecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entreOrganizaciones Internacionales (1986).[11]. La competencia consultiva de la CIJ ha sido ejercida, mucho más que la desu predecesora la CPJI, para aclarar cuestiones jurídicas del Derecho de lasOrganizaciones Internacionales (sobre todo de las Naciones Unidas), atinentestanto a las cartas constitutivas de organizacionales internacionales como a losefectos jurídicos de resoluciones de sus órganos principales; nada de estohubiera tampoco sido posible si la CIJ, en lugar de adoptar su enfoqueteleológico, hubiera partido de una concepción voluntarista de su funciónconsultiva subordinada al consentimiento de cada Estado individualmente.[12]. ICJ, Advisory Opinion on Western Sahara, ICJ Reports (1975) 18-24 y 26-29.[13]. Reiteró la Corte su punto de vista de que debe ella, en principio,responder una solicitud de Opinión Consultiva, a no ser que existan "fuertesrazones" en sentido contrario (cuestión de "judicial propriety"), lo que no severificaba en el presente asunto. Cf. ICJ, Advisory Opinion on Applicability ofArticle VI, Section 22, of the Convention on the Privileges and Immunities ofthe United Nations, ICJ Reports (1989) pp. 187-192.[14]. En lo que concierne a la competencia consultiva de la Corte Internacionalde Justicia y de la Corte Europea de Derechos Humanos.[15]. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIADH), Opinión Consultiva(OC-1/82) sobre "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte(1982), párrafos 15-17 y 46.[16]. CtIADH, Opinión Consultiva (OC-3/83) sobre Restricciones a la Pena deMuerte (1983), párrafo 43.[17]. Ibid., párrafos 22-23.[18]. CtIADH, Opinión Consultiva (OC-1/82) sobre "Otros Tratados" Objeto de laFunción Consultiva de la Corte (1982), párrafos 30-31.[19]. CtIADH, Opinión Consultiva (OC-12/91) sobre Compatibilidad de un Proyectode Ley con el Artículo 8(2)(h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(1991), párrafos 28 y 30-31.[20]. CtIADH, Opinión Consultiva (OC-1/82) sobre "Otros Tratados" Objeto de laFunción Consultiva de la Corte (1982), párrafos 23 y 50.[21]. CtIADH, Opinión Consultiva (OC-3/83) sobre Restricciones a la Pena deMuerte (1983), párrafo 39.[22]. Ibid., párrafo 24.[23]. ICJ, Advisory Opinion on Conditions of Admission of a State to Membershipin the United Nations, ICJ Reports (1947-1948) p. 61.[24]. Teniendo como variantes las teorías voluntaristas del Vereinbarung, de losaccords normatifs, de la "auto-limitación" del Estado, - criticadas todas en miensayo "The Voluntarist Conception of International Law: A Re-Assessment", 59Revue de Droit international de sciences diplomatiques et politiques (Sottile) -Ginebra (1981) pp. 201-240.[25]. CIDH, doc. cit. supra n. (1), p. 4, párrafo 13.[26]. En su alegato, el Estado de Chile acrecentó que "considera que la Cortetiene competencia ratione materiae para evacuar la consulta formulada", ydestacó la "importancia" de la cuestión jurídica planteada relativa a lainterpretación de la Convención Americana. [Gobierno de Chile,] Minuta AlegatoOC-15 [ante la] Corte Interamericana de Derechos Humanos, pp. 4 y 6(mecanografiado, circulación limitada).[27]. En lo relativo al ejercicio de la competencia contenciosa de la Corte, porejemplo, es melancólico el recuerdo del incidente procesal generado por elretiro de la demanda en el caso Cayara, relativo al Perú (ExcepcionesPreliminares, 1993), con consecuencias tan negativas para la salvaguardia de losderechos humanos en el marco del sistema interamericano de protección. No hayque olvidar Cayara...[28]. ICJ, Northern Cameroons case (Cameroun versus United Kingdom), ICJ Reports(1963) p. 38; y cf. ICJ, Advisory Opinion on Interpretation of Peace Treaties,ICJ Reports (1950) pp. 71-72.