Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/voto-particular-inconstitucionalidad-355273926
Timestamp: 2020-02-22 18:29:53
Document Index: 276607729

Matched Legal Cases: ['artículo 474', 'artículo 60', 'Artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 19', 'artículo 59', 'artículo 20', 'artículo 105', 'artículo 60', 'artículo 3', 'artículo 192', 'Artículo 475', 'Artículo 476', 'Artículo 477', 'artículo 474', 'artículo 13', 'artículo 474', 'artículo 474', 'artículo 474', 'artículo 73', 'artículo 474', 'artículo 73', 'artículo 73', 'Artículo 3', 'artículo 474', 'Artículo 156', 'artículo 474', 'Artículo 156', 'Artículo 156', 'Artículo 156', 'Artículo 2', 'Artículo 9', 'Artículo 228', 'artículo 145', 'Artículo 248', 'artículo 28', 'Artículo 249', 'Artículo 69', 'Artículo 97', 'artículo 13', 'artículo 192', 'artículo 192', 'artículo 192', 'artículo 192', 'artículo 192', 'artículo 192', 'artículo 193', 'artículo 204', 'artículo 474', 'artículo 474', 'artículo 124', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 133']

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 355273926
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2010. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL ESTABLECER EN EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO 1047/2010 II P.O. POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE SALUD, DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, TRATAMIENTO, DISMINUCIÓN DE DAÑOS Y REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ADICCIÓN, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, TODOS DE ESA ENTIDAD, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 14 DE AGOSTO DE 2010, QUE DICHO DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR UN AÑO DESPUÉS DE SU PUBLICACIÓN NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 4o. Y 73, FRACCIONES XVI Y XXI, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (Fojas 67 y 74 de la sentencia. Razones aprobadas por mayoría de seis votos. El señor Ministro Juan N. Silva Meza votó con salvedades. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas votaron en contra).DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. EL PLAZO DE UN AÑO PREVISTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE AGOSTO DE 2009, PARA QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS REALICEN LAS ADECUACIONES A LA LEGISLACIÓN QUE CORRESPONDA, NO IMPLICA EL ESTABLECIMIENTO DEL TIPO RESPECTIVO EN LOS CÓDIGOS PUNITIVOS LOCALES (Fojas 54 y 63 de la sentencia. Razones aprobadas por mayoría de seis votos. El señor Ministro Juan N. Silva Meza votó con salvedades. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas votaron en contra).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2010. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 28 DE JUNIO DE 2011. MAYORÍA DE SEIS VOTOS. PONENTE: O.S.C.D.G.V.. SECRETARIA: A.C.C.P..
PRIMERO. Por oficio presentado el trece de septiembre de dos mil diez, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C.C., en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la declaración de invalidez del artículo primero transitorio del Decreto 1047/2010 II P.O., por el que se reforman y adicionan la Ley de Salud, la Ley para la Prevención de las Adicciones, Tratamiento, Disminución de Daño y Reinserción Social de Personas con Adicción, el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, todas ellas para el Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el catorce de agosto de dos mil diez.
El artículo primero transitorio del Decreto 1047/2010 II P.O., por el que se reforman y adicionan artículos de la Ley de Salud, la Ley para la Prevención de las Adicciones, Tratamiento, Disminución de Daño y Reinserción Social de Personas con Adicción, el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, todas para el Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del mismo, cuya inconstitucionalidad se solicita, prevé:
"Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor un año después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado."
Que en este entendido, si del numeral transitorio se desprende que el Congreso de Chihuahua, dispone que la entrada en vigor del Decreto 1047/2010 II P.O., deberá esperar hasta el catorce de agosto de dos mil once, ello es contrario al Texto Constitucional, ya que, atendiendo a la literalidad del segundo párrafo del artículo primero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil nueve, la entrada en vigor de las reformas en materia penal en las entidades federativas debía ser el veintiuno de agosto de dos mil diez, esto es, un año contado a partir de su entrada en vigor.
Lo anterior, ya que si bien el legislador federal otorga un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del decreto referido, para realizar las acciones necesarias a fin de dar el debido cumplimiento a las atribuciones que se contienen en el mismo decreto, ello sólo es según sea el caso.
Que en este sentido, el legislador local no justifica el porqué no fija la entrada en vigor de las reformas contenidas en el Decreto 1047/2010 II P.O., a partir del veintiuno de agosto de dos mil diez, y, con ello, pretende prorrogar la entrada en vigor de las reformas sobre narcomenudeo, lo que crea la situación de que se arrogue facultades que le competen de manera exclusiva al Congreso de la Unión.
Que el Congreso de Chihuahua, al no justificar el por qué no establece una entrada en vigor de las modificaciones a su legislación penal en materia de narcomenudeo, atendiendo al segundo párrafo del artículo primero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha veinte de agosto de dos mil nueve, actualiza una transgresión a los artículos 16, 73, fracciones XVI y XXI, 124 y 133 de la Constitución General de la República.
Que el periodo que media entre la publicación de la ley y su entrada en vigor, se reconoce en la doctrina como vacatio legis; y que al respecto es de destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, acorde a lo dispuesto por los artículos 70 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho periodo no está contemplado como una fase esencial del procedimiento legislativo, e incluso ha establecido que no es necesaria su existencia para que inicie la vigencia de una ley.
Que es claro que el Congreso de Chihuahua excede sus atribuciones y con ello invade la esfera competencial del Poder Legislativo Federal, en virtud de que este último estableció en el artículo primero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en fecha veinte de agosto de dos mil nueve, lo siguiente:
Que debe acudirse a un método de interpretación lógico o teleológico, que atienda a la finalidad o a los objetivos que persiguen tanto la publicación de las disposiciones legislativas, como la denominada vacatio legis que, según se ha dicho, es el lapso que media entre aquélla y la iniciación de su vigencia.
Que los Tribunales Colegiados de Circuito al respecto refieren: "se concedió a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una vacatio legis por el término de un año, para efecto del artículo 474 de la citada ley, esto es, para realizar las adecuaciones necesarias a su legislación", lo cual se encuentra contenido en la tesis de rubro: "DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. MIENTRAS NO FENEZCA EL PERIODO DE UN AÑO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE AGOSTO DE 2009, LOS TRIBUNALES LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA CONOCER SOBRE AQUÉLLOS Y, POR TANTO, SUBSISTE A FAVOR DE LOS TRIBUNALES FEDERALES.", con número de registro 165057.
Que, con base en lo anterior, se arriba a la conclusión de que el Congreso de Chihuahua se excede en sus atribuciones al establecer un término mayor para la entrada en vigencia de las disposiciones relativas en materia de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo (ampliándola hasta el catorce de agosto de dos mil once), siendo que es una atribución exclusiva del Poder Legislativo Federal, pues este último es el encargado de establecer la vigencia de las normas en materia de narcomenudeo, de conformidad con los numerales 16, 73, fracciones XVI y XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así lo ha establecido en el artículo primero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil nueve, por lo que el legislador local debió ajustar su actuar a dicha disposición.
Esto es, la persecución e investigación de los delitos de narcomenudeo en el ámbito local, en términos del segundo párrafo del artículo primero transitorio del decreto por el cual se reforman, entre otros, la Ley General de Salud, inició el pasado veintiuno de agosto, no pudiendo ninguna entidad federativa posponer por mandato legislativo el mismo.
Que la facultad concurrente que existe en materia de narcomenudeo implica, necesariamente, que en las entidades federativas se legisle acatando lo dispuesto por la Ley General de Salud, incluyendo sus disposiciones transitorias.
Que el legislador local, en atención a la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, debió legislar en dicha materia e incorporar lo mandatado en la Ley General de Salud, en materia de narcomenudeo, de conformidad con los numerales 16 y 73, fracciones XVI y XXI, de la Constitución Federal sin modificar la entrada en vigor fijada por el Congreso de la Unión.
Que por tanto, se debe colegir que el Congreso de Chihuahua se excedió en sus atribuciones constitucionales al ir más allá de su competencia, toda vez que la Ley General de Salud expedida por el Congreso de la Unión distribuye competencias en materia de narcomenudeo y establece las reglas para la entrada en vigor y adecuación de los instrumentos legales estatales en materia de narcomenudeo, situación que es ampliada por la norma que se tilda de inconstitucional.
Que es incuestionable que la Legislatura de C. desbordó el marco competencial que rige su actuar, al emitir el artículo primero transitorio del Decreto 1047/2010 II P.O., por el que se reforman y adicionan la Ley de Salud, la Ley para la Prevención de las Adicciones, Tratamiento, Disminución de Daño y Reinserción Social de Personas con Adicción, el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, todas para el Estado de Chihuahua, toda vez que con su emisión las autoridades demandadas violaron lo dispuesto en los artículos 16, 73, fracciones XVI y XXI, 124 y 133 de la Ley Suprema.
CUARTO. Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil diez el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 23/2010, y por razón de turno designó a la M.O.S.C. de G.V. para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
En diverso auto de veintiuno de septiembre de dos mil diez, la Ministra instructora admitió la acción relativa, ordenó dar vista al Congreso y al gobernador, ambos del Estado de Chihuahua, los que respectivamente emitieron y promulgaron la norma impugnada, para que rindieran sus respectivos informes; de igual forma, se le requirió al Congreso del Estado, para que al rendir su informe solicitado enviara a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, incluyendo la iniciativa, los dictámenes correspondientes y las actas respectivas.
QUINTO. El Congreso del Estado de Chihuahua, al dar contestación a los conceptos de invalidez de la demanda de inconstitucionalidad, sustancialmente señaló:
Que el procurador general de la República realiza un estudio de los artículos 16, 73, fracciones XVI y XXI, 124 y 133 constitucionales, sin realizar ningún razonamiento lógico-jurídico para llegar a la premisa mayor de que el artículo primero transitorio del Decreto 1047/2010 II P.O., es violatorio de los artículos señalados.
Que es infundado lo expresado por el procurador general de la República, en el sentido de que esa honorable legislatura en ningún momento se excedió en sus atribuciones legislativas al imponer la vigencia de ciertas disposiciones legales para combatir el narcomenudeo, así como para proveer los medios necesarios para atender la farmacodependencia.
Que no le asiste la razón al procurador, ya que hay un término de un año para que las Legislaturas de los Estados se adecuen al nuevo marco legal, lapso que inicia a partir del veintiuno de agosto de dos mil nueve; por lo que si bien el decreto impugnado fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el catorce de agosto de dos mil diez, es incuestionable que se ha cumplido con la exigencia impuesta en el decreto federal.
Que esa legislatura estará en aptitud de cumplir con el mandamiento del Congreso de la Unión, al término de tres años a partir de la vigencia del decreto federal, tal como lo dispone el segundo párrafo del mismo.
Que esa legislatura cumplió con el término concedido en el primer párrafo del artículo transitorio del decreto federal, al aprobar y expedir diversas disposiciones legales para combatir el narcomenudeo y de proveer los medios necesarios para combatir la farmacodependencia.
Que resulta inexacto que esa legislatura se esté excediendo del término perentorio de un año a la reforma a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación y que impugna el procurador, ya que si ese fuera el caso, se estaría en el supuesto de que la legislatura no realizó ningún trabajo legislativo ordenado por el Congreso de la Unión, lo que no ocurre, ya que al respecto existe reforma legal de catorce de agosto de dos mil diez, de donde se deriva que no se configura ninguna omisión legislativa ni la abstención de adecuar la normatividad legal a la legislación federal.
Que no es posible aplicar disposiciones federales de cómo se debe crear, modificar y aplicar la vigencia de una ley de carácter local, pues a pesar de las facultades concurrentes en materia de narcomenudeo, de caer en el supuesto manifestado por el procurador, se violaría la soberanía de los Estados, conforme a los artículos 40, 41 y 124 de la Constitución Federal.
Que el artículo primero transitorio del Decreto 1047/2010 II P.O., en el que se establece la entrada de aplicación de las referidas reformas, tiene una justificación razonable y acertada, como se aprecia en el artículo segundo transitorio del multicitado decreto, ya que se advierte la necesidad de instrumentar algunas medidas de carácter presupuestal y administrativo para que sea posible la aplicación de las disposiciones legales reformadas; gestiones que trascienden el ámbito del Poder Legislativo y aún de la entidad federativa, ya que es necesario efectuarlas también en área federal.
SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua al rendir su informe, señaló lo siguiente:
Que sólo actuó dentro del marco jurídico que le corresponde al participar en la promulgación y publicación del decreto impugnado; correspondiéndole al Legislativo, la defensa de la constitucionalidad del mismo.
Que el promovente de la acción sólo se limita a impugnar el artículo primero transitorio del Decreto 1047/2010 II P.O., por violación directa de los preceptos 16, 73, fracciones XVI y XXI, 124 y 133 constitucionales; sin embargo, no realiza impugnación alguna respecto del procedimiento legislativo de creación de la ley, en este caso del decreto, sino únicamente lo referente a su entrada en vigor, en contra de la vacatio legis, misma que forma parte del proceso legislativo.
Que dichos conceptos de violación no encuadran en hipótesis legales que deban ser observadas por el Poder Legislativo Estatal, cuya omisión se traduzca en violaciones a la Carta Magna, pues el artículo que se impugna encuentra fundamento en lo establecido en el decreto que reformó las leyes federales que además de otorgar un plazo determinado por un año para que a partir de su entrada en vigor, las Legislaturas Locales realizaran las adecuaciones a sus ordenamientos legales, otorgó tres años para que se lleven por parte de las entidades y sus legislaturas las acciones necesarias, prorrogando entonces, el término para que las Legislaturas Locales cumplan con lo preceptuado en ese transitorio; que de ello se desprende la constitucionalidad del artículo transitorio primero que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley Estatal de Salud; de la Ley para la Prevención de las Adicciones, Tratamiento, Disminución de Daño y Reinserción Social de las Personas con Adicción en el Estado de Chihuahua; del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma entidad.
Que por tanto, no le asiste la razón al procurador general de la República, al invocar la inconstitucionalidad del artículo primero transitorio del Decreto 1047/2010 II P.O.
SÉPTIMO. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente a la Ministra instructora, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que es el procurador general de la República quien plantea la posible contradicción del artículo primero transitorio del Decreto 1047/2010 II P.O., que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Salud, de la Ley para la Prevención de las Adicciones, Tratamiento, Disminución de Daño y Reinserción Social de Personas con Adicción, del Código de Procedimientos Penales y de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, todas para el Estado de Chihuahua y la Constitución Federal.
De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo legal para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al en que se publicó la norma impugnada en el medio de difusión oficial, sin perjuicio de que si el último día del plazo para su presentación fuere inhábil, la demandapodrá presentarse el primer día hábil siguiente.
En este entendido, si el Decreto 1047/2010 II P.O., que contiene el artículo primero transitorio impugnado fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el catorce de agosto de dos mil diez, el plazo para ejercer esta vía constitucional dio inicio el quince siguiente y concluyó el trece de septiembre del mismo año.
En esa tesitura, se advierte que la presente acción fue presentada con oportunidad, toda vez que se recibió el escrito de demanda inicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el trece de septiembre de dos mil diez, según consta del sello de recepción que obra al reverso de la foja treinta y ocho del expediente.
TERCERO. A continuación se procede al análisis de la legitimación del promovente, por ser un supuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al procurador general de la República para interponer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.
De igual forma es de señalar que, en la especie se actualiza el supuesto jurídico citado en el precepto constitucional que antecede, toda vez que plantea la probable inconstitucionalidad del artículo primero transitorio del Decreto 1047/2010 II P.O., por el que se reforman y adicionan la Ley de Salud, la Ley para la prevención de las Adicciones, Tratamiento, Disminución de Daño y Reinserción Social de Personas con Adicción, el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, todas ellas para el Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado el catorce de agosto de dos mil diez.
Ahora bien, quien suscribe la demanda inicial de acción de inconstitucionalidad es A.C.C., en su carácter de procurador general de la República, cargo que acredita con copia certificada del nombramiento otorgado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a su favor (foja treinta y nueve del expediente).
En este entendido, para determinar la representación jurídica de dicha institución, es menester observar el contenido de los artículos 102, apartado A, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que al respecto señalan:
Ahora, la representación jurídica de la Procuraduría General de la República, recae originalmente en su titular;(1) por tanto, dicho servidor público federal es quien se encuentra facultado constitucional y legalmente para representar a esa institución.
Por lo que en la especie, es de considerarse que, el procurador general de la República es un órgano legitimado constitucionalmente para ejercer la acción de inconstitucionalidad de una ley; y que la persona que suscribe la demanda inicial es su titular, mismo que cuenta con la personería necesaria para representar a dicha institución.
CUARTO. Previo al estudio de fondo del asunto, conviene analizar las cuestiones de improcedencia o sobreseimiento que pudieran actualizarse, ya sea que las partes las hagan valer o en su defecto, este Alto Tribunal las advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19 de la Ley reglamentaria de la materia.
Al respecto, el Congreso del Estado de Chihuahua, solicita el sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad en términos del artículo 59, relacionado con el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ello en razón de que el artículo primero transitorio, ahora impugnado, forma parte del Decreto 1047/2010 II P.O., mismo que aún no tiene aplicación a los gobernados, por lo que es incuestionable que jurídicamente carece del imperativo legal; que el lapso temporal otorgado constituye la vacatio legis, de los ordenamientos reformados, lo que significa que su vigencia aún no inicia formalmente.
Debe desestimarse la causal de improcedencia invocada, pues conforme al artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al en que la ley cuya invalidez se reclama fue publicada en el medio oficial correspondiente, por lo que resulta que para efecto de la promoción de dicho medio de control constitucional, basta la publicación de la norma en el medio de publicación oficial, sin que ello se condicione al inicio de vigencia, como se pretende.
Tiene aplicación a lo anterior la siguiente tesis:
"Núm. registro: 194619
"Tesis: P./J. 2/99
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO PARA INTERPONERLA ES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA NORMA IMPUGNADA. El hecho de que la norma general impugnada haya iniciado su vigencia o se haya llevado a cabo el primer acto de aplicación de la misma antes de su publicación, resulta irrelevante para efectos del cómputo para la interposición de la acción de inconstitucionalidad, ya que conforme a los artículos 105, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del precepto constitucional citado, el plazo para promoverla es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al en que la ley cuya invalidez se reclama fue publicada en el medio oficial correspondiente.
"Acción de inconstitucionalidad 1/98. Diputados integrantes de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 20 de octubre de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: J.N.S.M.. Ponente: G.D.G.P.. Secretario: J.A.G.Á.."
En virtud de que este Alto Tribunal no advierte que en el presente asunto se actualice causal de improcedencia o motivo de sobreseimiento alguno, se procede al estudio de los conceptos de invalidez que se hacen valer.
QUINTO. El actor en sus conceptos de invalidez plantea esencialmente, que el legislador local, con el artículo primero transitorio del Decreto 1047/2010 II P.O., por el que se reforman y adicionan artículos de la Ley de Salud, la Ley para la Prevención de las Adicciones, Tratamiento, Disminución de Daño y Reinserción Social de Personas con Adicción, el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, todas para el Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de ese Estado el catorce de agosto de dos mil diez, indebidamente amplía el término para la entrada en vigor de las disposiciones en materia de narcomenudeo hasta el quince de agosto de dos mil once, ya que debió establecer su vigencia a partir del veintiuno de agosto de dos mil diez, esto es, al completarse el año que el legislador federal otorgó a las Legislaturas de los Estados para adecuar sus normas en esa materia, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo primero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinte de agosto de dos mil nueve.
Que es una atribución exclusiva del Legislativo Federal establecer la vigencia de las normas en materia de narcomenudeo, de conformidad con los numerales 16, y 73, fracciones XVI y XXI, constitucionales, por lo que el legislador local se excedió en sus atribuciones al ampliar el término para la entrada en vigor de las disposiciones en esa materia.
En el presente caso, la cuestión por dilucidar se circunscribe a determinar si el legislador del Estado de Chihuahua, al emitir la norma general impugnada, se excedió o no en sus atribuciones, invadiendo una esfera competencial exclusiva y excluyente del Congreso de la Unión.
En el orden jurídico mexicano, las facultades concurrentes entrañan que las entidades federativas, inclusive el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, pueden actuar válidamente respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes mediante una ley general.
Sirven de apoyo a lo anterior las tesis plenarias de jurisprudencia: P./J. 142/2001 y P./J. 5/2010, de rubros: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES."(7) y "LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES."(8)
Así, la referida disposición delega en favor del Congreso Federal la autorización, para que en las materias concurrentes previstas en la propia Constitución, establezca "los supuestos" en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales.
Es preciso señalar que mediante la norma constitutiva en análisis, que confiere al Congreso de la Unión, bajo determinadas condiciones, poder normativo para legislar en la materia indicada, el Poder Constituyente Permanente, autoriza, a su vez, expresamente a las autoridades del fuero común para que puedan conocer y resolver sobre delitos federales en los supuestos que establezcan las "leyes federales."
(1) La materia de salud pública merece especial atención, ya que la misma se ha visto seriamente afectada por la proliferación del consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en todo el territorio nacional, lo que demuestra el incremento de delitos contra la salud en su modalidad de posesión, comercio o suministro ilícito, para su distribución en dosis individuales, lo que constituye -dice la iniciativa- "una de las amenazas más serias que enfrenta el Estado Mexicano ya que pone en riesgo no sólo la salud y seguridad públicas, sino que incluso llega a atentar contra la seguridad nacional."
(4) Establece la concurrencia de laFederación y los Estados en materia de salubridad general.
En el contexto anterior, es preciso ahora considerar, en lo que interesa, el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil nueve, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en particular por el que se reformó la fracción XXIII del artículo 3; el párrafo primero del artículo 192; se adicionó un capítulo VII denominado: "Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo", que comprende los numerales 473 a 482, todos de la Ley General de Salud.
"Artículo 475. Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aún gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla.
"Artículo 476. Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente."
"Artículo 477. Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aún gratuitamente.
"Para efecto de lo dispuesto en el artículo 474 de la Ley General de Salud, las Legislaturas Locales y laAsamblea Legislativa del Distrito Federal contarán con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda.
En lo concerniente a la concurrencia para la persecución de los delitos contra la salud, el artículo 13, apartado C, de la ley general en cuestión, remite al artículo 474.
El Ministerio Público de las entidades federativas deberá informar oportunamente al Ministerio Público de la Federación del inicio de las averiguaciones previas, a efecto de que éste cuente con los elementos necesarios para, en su caso, solicitar la remisión de la investigación en términos de la fracción IV inciso b) del artículo 474.
Cuando el Ministerio Público de la Federación conozca de los delitos previstos en capítulo VII de la propia Ley General de Salud podrá remitir al Ministerio Público de las entidades federativas la investigación para los efectos del primer párrafo del artículo 474, siempre que los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no se trate de casos de la delincuencia organizada.
1) Los narcóticos objeto de los mismos delitos estén previstos en la tabla;
El referido esquema de competencias dual encuentra sustento -en el último análisis constitucional- en la denominada jurisdicción concurrente establecida en el párrafo tercero de la fracción XXI del artículo 73 constitucional.
Tercer párrafo del artículo primero transitorio (de aquí en adelante "disposición transitoria # 3"): finalmente, el párrafo tercero dispone que la Federación y las entidades federativas contarán con el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del decreto (es decir, el veintiuno de agosto de dos mil nueve) "para realizar las acciones necesarias, según sea el caso, a fin de dar el debido cumplimiento a las atribuciones contenidas en el mismo", es decir, en el citado decreto de modificaciones a la Ley General de Salud.
Para avanzar en la solución de la cuestión planteada es preciso señalar que, si bien es cierto que las referidas disposiciones transitorias 2 y 3 establecen supuestos diferentes y, consecuentemente, obligaciones correlativas también diferentes, a cargo de sujetos normativos distintos y por cumplirse en plazos diferentes, también es verdad que a partir de las propias formulaciones normativas respectivas, bajo una interpretación sistemática y, por ende, armónica, así como funcional, las disposiciones transitorias 2 y 3 tomadas conjuntamente ofrecen a sus sujetos normativos, en particular a las entidades federativas, un margen de apreciación y, por ende, de interpretación en el ámbito de su régimen interno, dentro del cual pueden determinar válidamente la fecha de entrada en vigor de los cambios normativos derivados de la reforma a la Ley General de Salud.
En primer término, hay que señalar que los trabajos preparatorios del decreto de reformas a la Ley General de Salud publicado el veinte de agosto de dos mil nueve apuntan al hecho de que la intención objetiva del legislador, al establecer en las disposiciones transitorias los diferentes plazos de que se trata, fue que las reformas "puedan surtir sus efectos lo más eficazmente posible". En efecto, en el dictamen de la Cámara Revisora (Cámara de Senadores) se puede leer lo siguiente:
Conforme con lo anterior, el legislador señaló en forma genérica que las disposiciones transitorias bajo análisis comprenden los plazos adecuados para la instrumentación de las acciones, mecanismos y reglas jurídicas, pero sin precisar los plazos aplicables en cada supuesto.
En segundo término, dada la importancia de los detalles de las formulaciones normativas, es preciso identificar los sujetos normativos de las disposiciones transitorias y las acciones que califican como obligatorias, pues son distintas en una y otra disposición transitoria.
Acerca del texto de la disposición transitoria # 3, hay que puntualizar que la extensión del término "acciones" que figura en él incluye "adecuaciones" y, las acciones por realizarse presuponen las atribuciones conferidas en el decreto de referencia, lo que permite considerar que para realizar las acciones de que se trate no es necesario que hayan entrado en vigor antes las modificaciones legales en el ámbito local.
La disposición transitoria # 2 estableció el plazo de un año para que las Legislaturas Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizaran las adecuaciones a la legislación que corresponda, para efecto de lo dispuesto en el artículo 474 de la Ley General de Salud, que, como se indicó establece un régimen competencial dual a cargo de las autoridades de las entidades federativas y de las autoridades federales para conocer, según sea el caso, de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
Es cierto que, acorde con una interpretación funcional habría que preferir, en principio, un plazo perentorio, en el sentido de urgente para realizar los cambios normativos de que se trata, dada la gravedad y magnitud de la problemática social que se pretende atacar.
Asimismo, es verdad que el bien jurídico tutelado por el delito de narcomenudeo es la salud, cuya atención debe ser prioritaria, en atención a una interpretación sistemática de los artículos 4o., 73, fracciones XVI yXXI, párrafo tercero, de la Constitución Federal y 474, entre otros, de la Ley General de Salud.
Al efecto, como se indicó, las disposiciones transitorias 2 y 3 de una interpretación sistemática y, por ende, en forma armónica, establecen una vacatio legis máxima de tres años para instrumentar la reforma, en su conjunto, en el ámbito de las entidades federativas, lo que pasa por la adecuación del marco normativo, su entrada en vigor, su aplicación y la realización de las demás acciones necesarias, razón por la cual las entidades federativas cuentan con un margen de apreciación y, por tanto, de interpretación -en el ámbito de su régimen interno- dentro del cual pueden determinar válidamente la fecha de entrada en vigor de los cambios normativos derivados de la reforma a la Ley General de Salud.
Como se indicó, el argumento de invalidez toral del promovente es que el Congreso del Estado de Chihuahua se excedió en sus atribuciones al establecer en la norma impugnada un término mayor para la entrada en vigor de las disposiciones relativas en materia de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo (ampliándola hasta el quince de agosto de dos mil once), cuando, al decir del promovente, es una atribución exclusiva del Poder Legislativo Federal, pues este último es el encargado de establecer la vigencia de las normas en materia de narcomenudeo, de conformidad con los artículos 16, 73, fracciones XVI y XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo estableció en el Decreto por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil nueve.
Ahora bien, para realizar el juicio abstracto de constitucionalidad, es preciso dilucidar las siguientes cuestiones: la primera es si, conforme a la Constitución Federal, en las materias concurrentes definidas constitucionalmente, en particular en materia de salubridad general, la atribución conferida al Congreso de la Unión de establecer las supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales comprende la atribución exclusiva y excluyente de establecer, en particular, la fecha de la entrada en vigor de las adecuaciones de las normas locales para que dichas autoridades ejerzan la competencia para perseguir los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y, segunda, si esto es así, si la norma general impugnada invade o no la competencia exclusiva de la autoridad federal.
Es preciso advertir que si bien es verdad que este Tribunal Pleno ha determinado que, excepcionalmente, la acción de inconstitucionalidad es procedente por violaciones indirectas a la Constitución Federal, siempre que las mismas estén vinculadas de modo fundamental con la ley reclamada -como pudiera ser el caso, en el presente asunto a primera vista-, conforme a la tesis plenaria de jurisprudencia P./J. 4/99, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA.", lo cierto es que, en el presente caso individual, el contraste de la norma legal impugnada se realiza a la luz de la Constitución Federal en conjunción con la Ley General de Salud, puesto que en el artículo 73, fracción XXI, párrafo tercero, constitucional hay un mandato explícito para que en las materias concurrentes previstas constitucionalmente (en el caso, salud), las "leyes federales" (léase "leyes generales") establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales (en el caso, delito de narcomenudeo).
Lo anterior es así, toda vez que, como se indicó, la fracción XXI del artículo 73 constitucional establece que en las materias concurrentes previstas en la propia Constitución, compete al Congreso de la Unión establecer en "leyes federales" los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales, lo que -en conjunción con la Ley General de Salud que, como se indicó, por mandato constitucional, es la que distribuye las competencias en la materia- constituye un mínimo normativo que resulta ser una condición suficiente para realizar el juicio abstracto de constitucionalidad, habida cuenta que el término "supuestos" tiene la fuerza normativa suficiente para incluir dentro de su extensión la determinación de los elementos del tipo penal, mas no las condiciones de operación en el interior de cada una de las entidades federativas.
En el entendido de que este Tribunal Pleno sostuvo al resolver la acción de inconstitucionalidad 119/2008,(15) que en las acciones de inconstitucionalidad es válido utilizar las leyes generales como parámetro de control de la constitucionalidad.
¿Qué es lo que el presente caso involucra? Si la persecución de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo encuadra dentro de la salubridad general clasificada como una materia concurrente, de conformidad con una interpretación sistemática y funcional de los artículos 4o. y 73, fracciones XVI y XXI, de la Constitución General de la República; y si, de conformidad con esta última porción normativa, compete al Congreso de la Unión establecer en las leyes federales los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales y si el término "supuestos" tiene la fuerza normativa suficiente para incluir, como se indicó, la determinación de los elementos del tipo penal, mas no las condiciones de operación en el interior de cada una de las entidades federativas, entonces hay que determinar si el legislador del Estado de Chihuahua, al emitir la norma general impugnada, se excedió en sus atribuciones, invadiendo una esfera competencial exclusiva y excluyente del Congreso de la Unión.
El Decreto 1047/2010 II P.O., por el que se reforman y adicionan artículos de la Ley de Salud, la Ley para la Prevención de las Adicciones, Tratamiento, Disminución de Daño y Reinserción Social de Personas con Adicción, el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, todas para el Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de ese Estado el catorce de agosto de dos mil diez, en su artículo primero transitorio, dice lo siguiente:
En concreto, el artículo transitorio impugnado establece que las modificaciones de que se trata entrarán en vigor un año después de la publicación del decreto en que se contiene, esto es, el quince de agosto de dos mil doce.
Los preceptos de los ordenamientos que fueron reformados y/o adicionados por el decreto que contiene la norma transitoria cuya invalidez se demanda, en materia de narcomenudeo, son los artículos 3, 156 Bis, 156 Ter, 156 Quáter y 156 Quintus de la Ley Estatal de Salud; 2, fracción XIII y 9, fracciones VIII y IX, de la Ley para la Prevención de las Adicciones, Tratamiento, Disminución de Daños y Reinserción Social de Personas con Adicción en el Estado de Chihuahua; 228, 248 Bis y 249, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; y, 69 y 97, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Chihuahua.
Tales preceptos textualmente señalan:
"Artículo 3. En los términos de la Ley General de Salud y de esta ley, corresponde al Estado:
"XIX. La prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud, en los términos del artículo 474 de la Ley General de Salud, y
"XX. Las demás que establezca la Ley General de Salud."
"Artículo 156 Bis. Las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad del Estado, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere el capítulo VII del título décimo octavo, de la Ley General de Salud, en la forma y con la competencia prevista en el artículo 474 de la propia ley."
"Artículo 156 Ter. Los procedimientos penales y, en su caso, la ejecución de las penas y medidas de seguridad por los delitos a que se refiere este capítulo, se regirán por las leyes del Estado en la materia, salvo en los casos del destino y destrucción de narcóticos y la clasificación de los delitos como graves para fines del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, en los cuales se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales."
"Artículo 156 Q.. El Ministerio Público o el Juez de garantía, en su caso, tan pronto identifiquen que una persona relacionada con un procedimiento es farmacodependiente, deberán informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a la Secretaría de Salud del Estado, para los efectos del tratamiento que corresponda."
"Artículo 156 Quintus. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento que el propietario, poseedor, arrendatario o usufructuario de un establecimiento de cualquier naturaleza lo empleare para realizar cualesquiera de las conductas sancionadas en el presente capítulo o que permitiere su realización por terceros, informará a la autoridad administrativa competente para que, en ejercicio de sus atribuciones, realice la clausura del establecimiento, sin perjuicio de las sanciones que resulten por la aplicación de los ordenamientos correspondientes."
Ley para la Prevención de las Adicciones, Tratamiento, Disminución de Daños y Reinserción Social de Personas con Adicción en el Estado de Chihuahua.
"Artículo 2. Para efectos de la presente ley, se entenderá por:
"XIII. Adicto o farmacodependiente: Toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos."
"Artículo 9. Corresponde a la Fiscalía General del Estado:
"VIII. Procurar que los agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de la Policía Estatal Única reciban cursos de capacitación, formación y especialización sobre las adicciones, a fin de mejorar la atención y asistencia que se brinde a las personas adictas;
"IX. Proporcionar a los adictos asesoría jurídica y orientación de cualquier índole, a título gratuito y canalizarlos a las instituciones de asistencia social necesarias para su atención."
"Artículo 228. Dirección de la investigación.
"El Ministerio Público, al iniciar la investigación, dará aviso a la Secretaría de Salud del Estado cuando un farmacodependiente se encuentre imputado de cometer un delito, a fin de que dicha autoridad intervenga en los términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 145 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad."
"Artículo 248 Bis. Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
"Para fines de investigación, tratándose de los delitos de narcomenudeo previstos en los artículos 475, 476 y 477 de la Ley General de Salud, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado podrá solicitar al titular del Ministerio Público de la Federación o al servidor público que al efecto designe, la autorización para que agentes de la policía sujetos a la conducción y mando de aquélla, compren, adquieran o reciban la transmisión material de algún narcótico, a fin de lograr la detención de la o las personas de quienes se sospeche estén involucradas en la comercialización o suministro de narcóticos o de la posesión de los mismos con dichos fines y el aseguramiento correspondiente.
"Una vez expedida la autorización a que se refiere el párrafo anterior, el Ministerio Público deberá señalar por escrito, en la orden respectiva, los lineamientos, términos, limitaciones, modalidades y condiciones a los que debe sujetarse el agente o agentes de la policía que deberán ejecutar la orden.
"En las actividades que desarrollen el o los policías que ejecuten la orden, se considerará que actúan en cumplimiento de un deber jurídico, en los términos del artículo 28, fracción VI, del Código Penal del Estado, siempre que su actuación se apegue a los lineamientos, términos, modalidades, limitaciones y condiciones a que se refiere el párrafo anterior."
"Artículo 249. Aseguramiento.
"Cuando exista aseguramiento de estupefacientes o psicotrópicos, el Ministerio Público o el Juez de garantía, solicitará la elaboración del informe pericial correspondiente, sobre los caracteres organolépticos o químicos de la sustancia asegurada. Cuando hubiere detenido, este informe será rendido a más tardar dentro del plazo de treinta y seis horas."
Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Chihuahua.
"Artículo 69. Libertad preparatoria.
"Para el otorgamiento de la libertad preparatoria, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a que se le haya considerado farmacodependiente, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora."
"Artículo 97. Naturaleza y requisitos.
"Para el otorgamiento de la condena condicional, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a que se le haya considerado farmacodependiente, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora."
Como podrá advertirse del contenido de las mencionadas normas locales antes transcritas, éstas tienen su fuente normativa inmediata (sin mencionar a las disposiciones locales constitucionales) en el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil nueve, específicamente por el que se adicionó un apartado C al artículo 13, los párrafos segundo, tercero y cuarto con dos fracciones al artículo 192; el artículo 192 Bis; el artículo 192 Ter; el artículo 192 Quáter; el artículo 192 Quintus; el artículo 192 Sextus; el artículo 193 Bis; un párrafo segundo al artículo 204; un capítulo VII denominado "Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo" al título décimo octavo y los artículos 473, 474, 479, 480, 481 y 482, todos de la Ley General de Salud.
Esto es, como se observa tanto de la exposición de motivos como del dictamen legislativo respectivo, el legislador del Estado de Chihuahua modificó la normativa local para adecuarla a las reformas a la Ley General de Salud, estableciendo la intervención de las autoridades locales en la aplicación de las normas contenidas en el citado decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil nueve, al establecer las atribuciones, entre otros aspectos, de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ministerio Público y de las autoridades jurisdiccionales locales en la persecución y conocimiento de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo a que se refiere el capítulo VII del título XVIIII de la Ley General de Salud, así como en la ejecución de las penas, según corresponda, siempre que se actualicen las hipótesis del artículo 474 del invocado ordenamiento.
Lo anterior se corrobora por el hecho de que los artículos establecen expresamente la intervención de las autoridades locales respectivas cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de la Ley General de Salud que, como se indicó establece un esquema competencial de carácter dual.
Es preciso señalar que, dado que el conocimiento y resolución del delito de narcomenudeo, así como la ejecución de las acciones y medidas de seguridad respectivas, supone, entre otros aspectos una capacitación adecuada de las autoridades locales en la materia, al tratarse de una competencia nueva que no tenían, ese proceso puede llevar un tiempo que podrá variar según las circunstancias particulares de cada caso.
Incluye, además, acciones para promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos, así como proporcionar información y brindar la atención médica y los tratamientos que se requieran a las personas que consuman estupefacientes y psicotrópicos, a cargo de los gobiernos de las entidades federativas; así como para crear centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación.
En tal virtud, este Tribunal Pleno estima que el Congreso del Estado de Chihuahua, al emitir la norma transitoria impugnada no realizó una actuación caprichosa, arbitraria oirrazonable, sino que el establecimiento de la fecha de entrada en vigor del Decreto 1047/2010 II P.O., después de un año de su publicación, esto es, el quince de agosto de dos mil once, en conjunción con lo dispuesto en el decreto federal de veinte de agosto de dos mil nueve en el sentido de que las autoridades locales desde el momento de su publicación realizarán las acciones necesarias según sea el caso, a fin de dar el debido cumplimiento a las atribuciones contenidas en el mismo, a efecto de que las asuman a partir de la entrada en vigor del referido decreto federal, constituye un proceder razonable que opera dentro del margen de apreciación y, por ende, de interpretación de las entidades federativas, máxime que, como se señaló, el artículo primero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil nueve, es una disposición abierta a varias lecturas.
Pues bien, acorde con lo anterior, independientemente de que las adecuaciones a la legislación del Estado de Chihuahua se hayan realizado o no dentro del plazo de un año establecido en la norma transitoria identificada como # 2, pues constituye una cuestión ajena a la litis constitucional en el presente medio de control constitucional, el artículo primero transitorio del referido decreto, que dispuso que las reformas entrarán en vigor un año después de la publicación del mismo, no es, en sí mismo, violatorio de lo dispuesto en los artículos 4o. y 73, fracciones XVI y XXI, párrafo tercero, de la Constitución Federal, en relación con las disposiciones aplicables de la Ley General de Salud.
Por tanto, resulta infundado el concepto de invalidez hecho valer por el promovente y, en consecuencia, procede reconocer la validez del artículo primero transitorio del Decreto 1047/2010 II P.O., impugnado, toda vez que la Legislatura del Estado de Chihuahua no se extralimitó en sus atribuciones, sino que actuó válidamente dentro del margen de potestad de configuración legislativa, en el ámbito de su régimen interno.
SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo primero transitorio del Decreto 1047/2010 II P.O., por el que se reforman y adicionan la Ley de Salud, la Ley para la Prevención de Adicciones, Tratamiento, Disminución de Daño y Reinserción Social de Personas con Adicción, el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, todas del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de ese Estado el catorce de agosto de dos mil diez, en términos del último considerando de este fallo.
2. Por ejemplo, en la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas «62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008», así como en la diversa 33/2009 y sus acumuladas 34/2009 y 35/2009.
7. Texto: "Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: ‘Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.’, también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado ‘facultades concurrentes’, entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general." (énfasis añadido).
9. Las normas constitutivas especifican cuáles son las condiciones para la producción de cambios normativos. Véase: J.R.M., "Una tipología de las normas constitucionales", en J.A., M.A. y J.R.M. (eds.), F. para una teoría de la Constitución, Madrid, Iustel, 2007.
10. Desde un punto de vista gramatical "supuesto", en una primera acepción, significa: "Objeto y materia que no se expresa en la proposición, pero es aquello de que depende, o en que consiste o se funda, la verdad de ella." Véase: Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición.
"Especial atención merece la materia de salud pública, la cual se ha visto seriamente afectada por la proliferación del consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en todo el territorio nacional, lo que demuestra el incremento de delitos contra la salud en su modalidad de posesión, comercio o suministro ilícito, para su distribución en dosis individuales. Este fenómeno es una de las amenazas más serias que enfrenta el Estado mexicano, ya que pone en riesgo no sólo la salud y seguridad públicas, sino que incluso llega a atentar contra la seguridad nacional. En efecto, el narcotráfico es sin duda uno de los ilícitos que generan más violencia y, por tanto, afectan la convivencia social y la solidez de nuestras instituciones.
"En todo caso, los delitos a los que se refiere el párrafo que antecede quedarán limitados sólo a aquellos que se prevengan en leyes de carácter general, cuyo objeto sea la regulación de materias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente considera de tipo concurrente; es decir, en materias que corresponde regular tanto a la Federación como a las entidades federativas. Tal es el caso, por ejemplo de la materia de salubridad general de la República; asentamientos humanos; equilibrio ecológico y protección al ambiente y educación, entre otras.
12. En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores (Cámara de Origen) se puede leer lo siguiente: "Quinto. Del artículo 133 constitucional se derivan, a su vez, dos principios más: el de legalidad, conforme al cual todo acto contrario a la Constitución carece de valor jurídico; y, el de competencia indelegable, que de acuerdo con su esencia cada órgano tiene su competencia que no es delegable salvo los casos que señaleexpresamente la propia Constitución. Conforme al primero de los citados principios, todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho vigente; es decir, debe sujetarse al derecho, debe tener su apoyo estricto en una norma legal que sea conforme con las disposiciones de fondo y forma consignadas en la Constitución. De ese principio nace la obligación pública de los órganos del Estado de hacer solamente aquello que expresamente la ley les permita.
15. Fallada el tres de septiembre de 2009.
Tesis Jurisprudencial num. 4a./J. 4/93 de Suprema Corte de Justicia, Cuarta Sala (Contradicción de tesis)