Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0105&language=ES
Timestamp: 2013-12-12 14:16:25
Document Index: 71901441

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 16', 'in fine']

INFORME sobre el desarrollo del marco para las actividades de los grupos de interés en las instituciones europeas - A6-0105/2008
Procedimiento : 2007/2115(INI)Ciclo de vida en sesiónCiclo relativo al documento :
INFORME 274k 183k
2 de abril de 2008PE 396.734v04-00 A6-0105/2008
sobre el desarrollo del marco para las actividades de los grupos de interés en las instituciones europeas (2007/2115(INI))
Ponente: Alexander Stubb
– Visto el Libro Verde titulado «Iniciativa europea en favor de la transparencia», presentado por la Comisión (COM(2006)0194),
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Seguimiento del Libro Verde «Iniciativa europea en favor de la transparencia» (COM(2007)0127), – Visto el proyecto de la Comisión de un código de conducta para los grupos de interés, presentado el 10 de diciembre de 2007,
– Vista su decisión, de 17 de julio de 1996, de modificar su Reglamento (grupos de interés en el Parlamento)(1),
– Vista su decisión, de 13 de mayo de 1997, de modificar su Reglamento (código de conducta para los grupos de interés)(2),
C. Considerando que, tras la esperada ratificación del Tratado de Lisboa, el Parlamento tendrá mayores competencias y desempeñará el papel de colegislador en casi todo el procedimiento legislativo habitual, con lo que atraerá la atención de un número todavía mayor de grupos de interés,
D. Considerando que los grupos de interés desempeñan un papel esencial en el diálogo abierto y pluralista en que se basa un régimen democrático, y constituyen una importante fuente de información para los diputados en el marco del ejercicio de su mandato,
F. Considerando que, según las estimaciones, hay en Bruselas 15 000 representantes de intereses y 2 500 organizaciones de representación de intereses,
H. Considerando que, desde 1996, el Parlamento dispone de su propio registro para los grupos de interés(3), así como de un código de conducta(4) que incluye la asunción de un compromiso, por parte de los grupos de interés registrados, de actuar conforme a unas elevadas normas éticas,
I. Considerando que en el Parlamento están registrados en la actualidad unos 5 000 representantes de intereses,
1. Reconoce la influencia de los grupos de interés en el proceso de toma de decisiones de la UE y, por tanto, opina que es fundamental que los diputados al Parlamento Europeo conozcan la identidad de las organizaciones representadas por los grupos de interés; subraya que el acceso transparente y en condiciones de igualdad a todas las instituciones de la UE es un requisito fundamental para la legitimidad de la Unión y para la confianza de los ciudadanos; recalca que la transparencia es una vía de doble sentido necesaria tanto en el trabajo de las propias instituciones como entre los grupos de interés; subraya que la igualdad de acceso de los grupos de interés a las instituciones de la UE contribuye a aumentar los conocimientos técnicos sobre el funcionamiento de la Unión; considera esencial que los representantes de la sociedad civil tengan acceso a las instituciones de la UE, sobre todo al Parlamento Europeo;
3. Reconoce que todo ponente, si lo considera oportuno y con carácter voluntario, puede adjuntar a un informe del Parlamento una lista (legislative footprint) con indicación de los grupos de interés consultados, cuya participación ha sido significativa durante la preparación del informe; considera especialmente aconsejable incluir dicha lista en los informes legislativos; subraya, no obstante, que es mucho más importante que la Comisión adjunte dicha lista indicativa a sus iniciativas legislativas;
5. Toma nota de la actual normativa por la que los diputados han de presentar una declaración de intereses económicos; pide a la Mesa que, sobre la base de una propuesta de los Cuestores, elabore un plan para seguir mejorando la aplicación y control de las normas del Parlamento, con arreglo a las cuales los diputados tienen que declarar todo apoyo recibido, tanto económico como en personal o en material(5);
6. Toma nota de la actual normativa sobre los intergrupos por la que han de presentarse declaraciones de financiación; pide mayor claridad sobre los intergrupos, esto es, una lista de todos los intergrupos, registrados y no registrados, en el sitio Internet del Parlamento, incluida una declaración completa del apoyo externo para las actividades de los intergrupos, así como una declaración de los objetivos generales de los intergrupos; subraya, sin embargo, que los intergrupos no deben considerarse de ninguna manera órganos del Parlamento;
9. Está de acuerdo con la Comisión cuando define los grupos de interés como «actividades que se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones de la UE»; considera que esta definición concuerda con el contenido del artículo 9, apartado 4, de su Reglamento;
10. Subraya que todas las personas, incluidos los representantes de intereses tanto públicos como privados, ajenas a las instituciones de la UE a las que pueda aplicarse esta definición, y que influyen periódicamente en las instituciones, deben considerarse representantes de intereses y gozar de un trato semejante: grupos de interés profesionales, grupos de interés de las empresas («representantes internos»), ONG, grupos de reflexión, asociaciones comerciales, sindicatos, organizaciones de empleadores, organizaciones con y sin ánimo de lucro y gabinetes de abogados cuya finalidad consista en influir en la orientación política más que en la jurisprudencia; no obstante, también subraya que las regiones y municipios de los Estados miembros, así como los partidos políticos a nivel nacional y europeo, y aquellos organismos que gozan de estatuto legal con arreglo a los Tratados, no entran en el ámbito de estas normas cuando actúan de conformidad con sus funciones, y ejecutan tareas propias de dichos organismos, de conformidad con lo previsto en los Tratados;
11. Manifiesta su acuerdo, en principio, con la propuesta de la Comisión de establecer con el Parlamento Europeo un registro común para los grupos de interés, y pide un Acuerdo interinstitucional entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento relativo a un registro común obligatorio aplicable en todas las instituciones y que exija una transparencia financiera total, un mecanismo común de exclusión del registro y un código común de comportamiento ético; recuerda, no obstante, las diferencias esenciales entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento como instituciones; se reserva, por lo tanto, el derecho de evaluar esta propuesta, una vez completada por la Comisión, y decidir si darle o no su apoyo;
12. Recuerda que debe ser razonable el número de representantes de intereses con acceso al Parlamento; sugiere, por tanto, la adopción de un sistema en que los grupos de interés sólo necesiten registrarse una sola vez en todas las instituciones, y cada institución pueda decidir si les otorga acceso a sus locales, de manera que el Parlamento pueda seguir limitando a cuatro el número de tarjetas de acceso proporcionadas a cada organización/empresa;
13. Pide que, en caso de que no se logre un registro común, el Consejo, la Comisión y el Parlamento acuerden el reconocimiento mutuo de sus distintos registros; sugiere que, a falta de acuerdo entre las instituciones relativo a un registro común, sus respectivos registros en línea incluyan enlaces con los otros registros para hacer posible la comparación entre las inscripciones de los grupos de interés; pide al Secretario General que sitúe la lista del Parlamento, relativa a los representantes de los grupos de interés acreditados, en un lugar más visible del sitio web del Parlamento;
16. Toma nota de la decisión de la Comisión de instaurar un sistema de registro voluntario y de proceder a su evaluación al cabo de un año, pero le preocupa que un sistema meramente voluntario permita a los grupos de interés menos responsables eludir sus obligaciones; pide a las tres instituciones que revisen las normas que rigen las actividades de los grupos de interés tres años después, a más tardar, de la entrada en vigor del registro común, para evaluar si el sistema reformado está logrando la necesaria transparencia de las actividades de los grupos de interés; es consciente que el Tratado de Lisboa ofrece la base jurídica para un registro obligatorio y decide, entretanto, cooperar con las instituciones mediante un Acuerdo interinstitucional sobre la base de los registros existentes; considera que la inscripción obligatoria en el registro debería ser un requisito para que los grupos de interés que así lo deseen gocen de un acceso regular a las instituciones, como ya es el caso, de hecho, en el Parlamento;
17. Considera que, habida cuenta de que las prácticas de los grupos de presión siguen evolucionando con el paso del tiempo, las normas que las regulen han de ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse con facilidad al cambio;
18. Toma nota del proyecto de código de conducta para los grupos de interés propuesto por la Comisión; recuerda a la Comisión que en el Parlamento este código existe desde hace diez años; pide a la Comisión que negocie con el Parlamento el establecimiento de un código común; opina que todo código debería asegurar que se supervisa estrechamente la conducta de los grupos de interés; subraya que deberían aplicarse sanciones a los grupos de interés que violen el código de conducta; hace hincapié en que deben preverse unos recursos suficientes (en personal y medios financieros) para verificar la información contenida en el registro; considera que, por lo que se refiere al registro de la Comisión, las sanciones pueden incluir la suspensión de la inscripción en el registro y, en casos más graves, su exclusión del registro; opina que, una vez se haya establecido un registro común, la deficiente conducta de los grupos de interés debería conducir a sanciones relativas al acceso a todas las instituciones a las que se aplica el registro;
– una estimación de los costes, vinculados a la representación de intereses ante las instituciones europeas, en que han incurrido los grupos de interés «internos» y las asociaciones comerciales,
– el presupuesto total y el desglose de las principales fuentes de financiación de las ONG y los grupos de reflexión;
23. Pide al Grupo de trabajo que proponga unos criterios específicos para la declaración de financiación como, por ejemplo, una indicación de los gastos incurridos en materia de representación de intereses con arreglo a unos parámetros pertinentes (sin ser necesarias unas cifras exactas);
DO C 261 de 9.9.1996, p. 75.
DO C 167 de 2.6.1997, p. 22.
Artículo 9, apartado 4, del Reglamento.
Anexo IX, artículo 3, del Reglamento.
Anexo I, artículo 2, del Reglamento.
En estos momentos se calcula que hay unos 15 000 miembros de grupos de interés y 2 500 organizaciones que los reúnen en Bruselas. Contando los pases de visitantes permanentes y los pases express, hay aproximadamente 5 000 miembros de grupos de interés que ejercen sus actividades en el Parlamento Europeo. La Comisión ha iniciado un debate sobre los grupos de interés por medio de su Iniciativa europea en favor de la transparencia. La idea principal de esta propuesta es exponer más abiertamente los agentes y los canales de influencia que operan cuando las instituciones de la Unión Europea elaboran o adoptan actos legislativos. La Comisión propone un registro facultativo y un código de conducta para esos grupos de interés. El Parlamento dispone ya de un registro y un código de conducta establecidos en el artículo 9, apartado 4 de su Reglamento interno.
El presente informe se ha elaborado en respuesta a la Iniciativa europea en favor de la transparencia presentada por la Comisión. Se espera que el Parlamento Europeo, en calidad de colegislador, adopte una postura firme sobre la representación de intereses en la Unión Europea.
Historia de las normas relativas a los grupos de interés en el Parlamento Europeo
La actividad de los grupos de interés es un tema antiguo y polémico en los debates parlamentarios. Las posturas son sumamente diversas, como lo son las tradiciones existentes en los 27 Estados miembros. En la mayoría de éstos no existe ningún tipo de disposición para tratar cuestiones relativas a estos grupos a nivel parlamentario o gubernamental. En cambio, en los Estados Unidos un representante de un grupo de interés debe leer casi 600 páginas de explicaciones para que no se le escape nada. Sea como fuere, hoy en día existe un amplio consenso sobre el hecho de que los grupos de interés ofrecen valiosos conocimientos especializados a los órganos legislativos de la Unión Europea. El Parlamento fue la primera institución europea en abordar el fenómeno del creciente número de grupos de interés a nivel europeo y, especialmente, las consecuencias de esta tendencia para el proceso legislativo. En 1989 se presentó una primera pregunta escrita con respecto de establecimiento de una posible regulación de las actividades de los grupos de interés. En 1991, la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades elaboró un informe en el que presentaba propuestas sobre un código de conducta y un registro de los grupos de interés. Sin embargo, después del dificilísimo debate en comisión, las propuestas no se presentaron al Pleno.
Tras las elecciones europeas de 1994, se reanudó el debate sobre la regulación de los grupos de interés. Otro informe de la misma comisión parlamentaria evitaba los conflictos terminológicos y se basaba en una autodefinición voluntaria de estos grupos. Las propuestas reguladoras eran menos restrictivas y se consideraron más abiertas a la actividad de los grupos de interés que las recogidas en el informe de 1993. Nació la idea de un registro en el que los miembros de estos grupos tuvieran que hacer públicos sus actividades e intereses. Tendrían que pagar unas tasas de inscripción, respetar un código de conducta y firmar el registro. A cambio, obtenían una tarjeta y acceso a partes del PE y a sus documentos. En enero de 1996 el informe fue profundamente modificado en sesión plenaria y remitido de nuevo a la comisión parlamentaria.
En julio de 1996 se llegó a un acuerdo. Con respecto a los intereses financieros, ahora se exige a cada diputado al PE que haga una declaración pormenorizada de sus actividades profesionales. Los diputados deben abstenerse de recibir cualquier otro tipo de donación o liberalidad en el ejercicio de su mandato. También sus asistentes acreditados deben hacer una declaración de cualquier otra actividad remunerada. Estas normas se añadieron al Reglamento interno del Parlamento (artículo 9 y anexos I y IX). Posteriormente se tomaron medidas prácticas para la publicación de parte de esta información en la página web del Parlamento. Hoy en día están disponibles las listas de grupos de interés registrados, de las declaraciones de los intereses financieros de los diputados al Parlamento y de los asistentes acreditados.
Como preparación para el presente informe, la Comisión de Asuntos Constitucionales organizó el 8 de octubre de 2007 un Seminario sobre los grupos de interés en la Unión Europea para sondear la actual situación de la representación de intereses y obtener respuestas de las partes interesadas a la Iniciativa europea en favor de la transparencia. Durante el proceso, el ponente eligió las siguientes cuestiones esenciales que el informe deberá abordar:
1. ¿Cómo habría que definir un grupo de interés?
La Comisión define las actividades de los grupos de presión como «todas las actividades que se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas». Esta redacción está en consonancia con el artículo 9, apartado 4 del Reglamento del Parlamento Europeo, en el que se define a los miembros de los grupos de interés como «personas que deseen acceder con frecuencia a los locales del Parlamento con objeto de informar a los diputados en el marco de su mandato parlamentario, en interés propio o de terceros».
El ponente opina que no deben hacer distinciones esenciales en función de que sean empresarios o ecologistas los que se aproximan al Parlamento, de que se representen los intereses de los productores o los consumidores o de que sean agentes públicos o privados los que entablan un diálogo con los eurodiputados. Asimismo, cuando son despachos de abogados los que intentan influir en la futura legislación, sin representar asuntos judiciales, también se han de considerar como grupos de interés.
2. ¿En qué medida se debería revelar información financiera?
Según la Comisión, la información financiera es indicativa de la influencia de los grupos de interés. La Comisión ha llegado a la conclusión de que es necesario y proporcionado solicitar a los que se registran que declaren cifras presupuestarias pertinentes y hagan un desglose general de los principales clientes y/o fuentes de financiación. El objetivo principal de esta información es que los responsables de la toma de decisiones y el público en general puedan conocer y valorar la intensidad de las principales fuerzas que impulsan una determinada actividad. La Comisión pide que se declare lo siguiente:
– para las consultoras profesionales y despachos de abogados, el volumen de negocios relacionado con la actividad como grupos de interés ante las instituciones de la UE, así como el peso relativo de los principales clientes en dicho volumen de negocios;
– para los grupos de interés «internos» y las asociaciones profesionales, una estimación de los costes vinculados a las actividades directas de estos grupos de interés con respecto a las instituciones europeas;
– para las ONG y los grupos de reflexión, el presupuesto general y su desglose entre las principales fuentes de financiación
Los pormenores están aún por precisar cuando la Comisión presente una versión beta de su interfaz de la base datos e información más explícita sobre los datos requeridos. Las cifras financieras no son siempre la mejor manera de conocer la escala de una actividad de interés.
Las preguntas que aún quedan por responder de forma clara son qué información es útil para evaluar las influencias externas en el proceso legislativo y cómo se puede adquirir sin vulnerar las normas de confidencialidad legítima o sin enfrentarse a trámites administrativos excesivamente onerosos.
3. ¿Debería tener el Parlamento Europeo un registro común con la Comisión?
La Comisión pide un registro común con el Parlamento. El ponente considera que, desde el punto de vista del público, las instituciones se consideran como una sola. También todas las partes interesadas desean tener una «ventanilla única». Aunque las instituciones tengan diferencias esenciales y puedan acabar imponiendo requisitos diferentes a los grupos de interés, por ejemplo en lo relativo a la divulgación de información financiera, la cuestión debería considerarse como administrativa. Por lo tanto, el ponente propone que se establezca un grupo de trabajo conjunto para estudiar las implicaciones de un registro común.
4. ¿Debería ser voluntario u obligatorio el registro de los grupos de interés?
El servicio jurídico del Parlamento considera el actual registro del Parlamento obligatorio de facto, ya que el registro se encuentra vinculado al acceso físico a las dependencias del Parlamento. El ponente manifiesta su conformidad con este análisis. Para desarrollar sus actividades en el Parlamento, los miembros de los grupos de presión necesitan una tarjeta. Y para obtener esta tarjeta es necesario registrarse. Éste es el motivo por el cual la Comisión propone un registro común. La obtención de la tarjeta constituye un incentivo importante para el registro.
La Comisión propone la publicación de los datos financieros y un control más sistemático de la información recogida en el registro. Todas estas propuestas constituyen prioridades y se deberían adoptar de forma oportuna. Un acto legislativo sobre las actividades de los grupos de interés sería un proceso largo y, por consiguiente, no debería abordarse en este momento. Esta propuesta se ajusta al deseo generalizado de disponer de un registro común, una «ventanilla única» con la Comisión.
Los resultados del registro de la Comisión se evalúan al cabo de un año. La ratificación del Tratado de Lisboa ofrecerá un fundamento jurídico más claro para elaborar un acto legislativo sobre las actividades de los grupos de presión, en su caso.
5. ¿Tendría que haber sanciones por incumplimiento del código de conducta?
En el sistema actual del Parlamento, la mayor sanción posible es la expulsión del registro. Las multas y otras sanciones requerirían un fundamento jurídico. Desde el punto de vista de la credibilidad de los grupos de interés, la expulsión no se trata en absoluto de una sanción baladí. Sin embargo, sí se podría supervisar más de cerca el respeto de las normas. 6. Mejora de la transparencia del Parlamento
El ponente considera que la transparencia debe funcionar en ambas direcciones. Esto significa que cuando se exige a los grupos de interés ser más transparentes, el propio Parlamento puede también procurar una mayor transparencia. Por lo tanto, el ponente pide claridad sobre los intergrupos acreditados y no acreditados que a menudo son financiados por grupos de interés.
Por otra parte, el ponente propone explorar la idea de una «huella legislativa» como práctica óptima, es decir, una lista indicativa, aneja a los informes parlamentarios, de los representantes de grupos de interés consultados durante la elaboración del informe. La idea es dar una imagen de los diferentes intereses movilizados por un proceso legislativo y así ayudar a los ciudadanos de a pie, los medios de comunicación, otros diputados y a cualquier interesado a comprobar el trabajo parlamentario. A la inversa, con frecuencia la información pertinente se obtiene de manera confidencial y se debe defender la independencia de los diputados al Parlamento. Por consiguiente, el uso de tales «huellas» debe basarse en el criterio de los diputados al Parlamento. El ponente también subraya la importancia aún mayor que reviste el hecho de que la Comisión ofrezca este tipo de «huella legislativa» asociada a sus iniciativas legislativas.
Por ejemplo, en el proceso de elaboración del presente informe se ha consultado, a 6 de febrero de 2008, como mínimo a las entidades que se citan a continuación. Otras han enviado correos electrónicos y proporcionado información puntual de manera extraoficial.
2) Asociación Europea de Consultorías de Asuntos Públicos (EPACA)
3) Alianza por la Transparencia y la Regulación Ética del Lobby (ALTER-EU) (Amigos de la Tierra-Europa, Federación Europea de Periodistas)
4) Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC)
5) Asociación de Profesionales de Asuntos Europeos (SEAP)
6) Cámara de Comercio de Francia
7) Consejo de la Abogacía Europea (CCBE)
8) Asociación Internacional de Relaciones Públicas (IPRA)
11) Cámara de Comercio de Estados Unidos
14) Centro Europeo de Asuntos Públicos (ECPA)
15) La Comisión
Por otra parte, las entidades que se mencionan a continuación estuvieron representadas como partes interesadas en el Seminario sobre los grupos de interés en la Unión Europea organizado el 8 de octubre por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Otras entidades manifestaron sus opiniones en la mesa redonda.
2) Organización de Consumidores Europeos (BEUC)
7) Daimler (grupo de interés «interno»)
En conclusión, el ponente aborda la importancia de la transparencia, pide igualad de trato entre los distintos representantes de intereses, propone que se espere a que la Comisión presente las propuestas concretas (esto es, el registro y sus pormenores) y aporta ejemplos de cómo el Parlamento puede mejorar su propia transparencia.
OPINIÓN de la Comisión de Control Presupuestario (22.1.2008)
sobre el desarrollo del marco para las actividades de los representantes de los grupos de interés en las instituciones europeas
Ponente de opinión: José Javier Pomés Ruiz
Enfoque global de la Comisión
1. Toma nota de que la Comisión define actividad de los grupos de interés como «todas las actividades que se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas»;
2. Recuerda que las instituciones de la Unión Europea adoptan decisiones no sólo relativas a la legislación, sino también a:
– infracciones;
– multas; y
– recuperaciones y excepciones;
asuntos sobre los que las partes interesadas pueden desear expresar sus puntos de vista o influir; considera que cualquier reglamentación o código de conducta futuros deberían elaborarse de tal forma que se cubrieran todos los ámbitos de actividad de las instituciones de la UE sobre los que órganos o personas externas puedan tratar de influir;
3. Toma nota de que, de acuerdo con la propuesta de la Comisión, se incitará a los gabinetes de asesores especializados en asuntos públicos, los grupos de interés de las empresas («representantes internos»), las ONG, los grupos de reflexión, las asociaciones profesionales y los gabinetes de abogados a inscribirse en el registro y se les ofrecerá la posibilidad de indicar a qué categoría pertenecen;
4. Señala que la lista del apartado 3 no incluye otras categorías de grupos de interés con una presencia significativa en Bruselas, como a) las autoridades regionales, provinciales o locales, que actúan como grupos de interés en nombre propio o de empresas u otras entidades situadas en su territorio, b) las empresas auditoras que ofrecen una amplia gama de servicios empresariales, incluida su actuación como grupos de interés, o c) los sindicatos;
5. Deduce de la lista de categorías de grupos de interés a que se dirige la Comisión que su enfoque se basa fundamentalmente en la regulación de la actividad de los grupos de interés del sector privado, sin ningún interés aparente por intentar aplicar una transparencia equivalente a la actividad como grupos de interés de los representantes del sector público, por ejemplo, autoridades regionales, diplomáticos, ministros, parlamentarios nacionales, etc.;
6. Toma nota de que, de acuerdo con la propuesta de la Comisión, a los representantes de grupos de interés que registren determinada información sobre ellos mismos se les daría la oportunidad de señalar sus intereses específicos y, a cambio, se les avisaría cuando hubiera consultas sobre esos ámbitos concretos;
7. Recuerda que un número considerable de las contribuciones recibidas por la Comisión en respuesta a su Libro Verde titulado «Iniciativa europea en favor de la transparencia», en particular de las ONG, abogaban por un enfoque obligatorio (en lugar de voluntario) como la única vía para garantizar una total transparencia;
8. Apoya la propuesta de la Comisión de exigir a los grupos de interés inscritos que declaren:
– para las consultoras profesionales y gabinetes de abogados que actúen como grupos de interés ante las instituciones de la UE, el volumen de negocios relacionado con esta actividad, así como el peso relativo de los clientes en dicho volumen de negocios;
– para los grupos de interés «internos» y las asociaciones profesionales que actúen como grupos de interés, una estimación de los costes vinculados a las actividades directas de estos grupos de interés con respecto a las instituciones europeas;
– para las ONG y los grupos de reflexión, el presupuesto general y su desglose entre las principales fuentes de financiación (importe y procedencia de las financiaciones públicas, donaciones, cotizaciones, etc.);
9. Considera fundamental que los diputados al Parlamento Europeo, al igual que cualquier otra persona, conozcan para quien trabajan los representantes de los grupos de interés, la fuente de cualquier información facilitada o promovida por éstos y la identidad de los intereses que representan;
10. Propone que cualquier futuro código de conducta exija a los representantes de los grupos de interés que, al inicio de cualquier reunión o conversación organizada con el fin de realizar sus actividades propias, indiquen claramente el cliente, la organización, el movimiento o la campaña en nombre de los cuales actúan, así como si se trata de representantes de grupos de interés registrados o no;
11. Pide a la Comisión que especifique cuáles serían las consecuencias de una omisión o de una negativa a formar parte del registro voluntario y, en particular:
– si esta omisión o negativa quedaría registrada y estaría claramente visible en una sección del registro;
– si a la organización en cuestión se le impediría, como consecuencia, realizar actividades propias de los grupos de interés en la Comisión;
12. Opina que el registro debería incluir un sistema simple para suprimir las entradas del mismo y para notificar las razones de dicha supresión a la persona u órgano interesados;
Código de conducta 13. Apoya el punto de vista de la Comisión en el sentido de que no basta con la autorregulación de los grupos de interés; toma nota de su intención de revisar y actualizar las exigencias mínimas actuales, adoptadas en 1992; se muestra de acuerdo en que la suscripción del código debería ser una exigencia para los grupos de interés que deseen ser incluidos en el nuevo registro, en consonancia con el ejemplo establecido por el Parlamento;
14. Considera necesario, para que un código de conducta sea efectivo y los ciudadanos europeos confíen en el sistema, que se detecten y sancionen con credibilidad las infracciones del código; toma nota de la importancia de que el control sea llevado a cabo por agentes totalmente independientes;
Reglamentación actual del Parlamento en materia de grupos de interés
15. Señala que el Parlamento ya cuenta con un código de conducta (artículo 3 del Anexo IX del Reglamento) sobre los grupos de interés;
16. Señala que, por lo que se refiere a la definición de los grupos de interés, el apartado 4 del artículo 9 del Reglamento autoriza a los Cuestores a expedir tarjetas de acceso a las personas que deseen acceder con frecuencia a los locales del Parlamento con objeto de informar a los diputados en el marco de su mandato parlamentario, en interés propio o de terceros;
17. Recuerda que, de acuerdo con el sitio web del Parlamento, «los grupos de interés, privados, públicos o no gubernamentales, son un modo de proporcionar al Parlamento conocimientos expertos específicos en sectores económicos, sociales, ecológicos, científicos y de toda índole»;
18. Pide al Secretario General que traslade la lista de representantes de grupos de interés acreditados ante el Parlamento, que actualmente se encuentra en http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language, a una ubicación de más fácil acceso en el sitio web del Parlamento;
19. Toma nota del deseo de la Comisión de que el futuro registro y el código de conducta sean comunes a la Comisión y, al menos, al Parlamento Europeo, y de su creencia de que una «ventanilla única» de registro sería un incentivo suplementario para que se registren los interesados;
20. Reconoce que si cada una de las diferentes instituciones cuenta con unas disposiciones diferentes sobre registro de grupos de interés, puede existir un riesgo de incoherencia de la información que los representantes de los grupos de interés facilitan sobre sus organizaciones, los clientes a quienes representan y el nivel de financiación de que disponen para una determinada iniciativa; acepta, por lo tanto, que pueden existir argumentos sólidos en favor de la creación, a su debido tiempo, de un sistema de registro único;
21. Subraya que el Parlamento debe preservar su autonomía de decisión sobre la aceptación o no de dichos grupos de interés, según lo considere relevante desde el punto de vista de su papel político de representación de los ciudadanos de la UE;
22. Propone que, mientras no haya unas disposiciones de las instituciones para un registro común, sus registros individuales situados en la web incluyan enlaces a los registros de las demás instituciones a fin de permitir la comparación de los datos de los representantes de los grupos de interés;
23. Recuerda el objetivo de aumentar la transparencia de cara a los ciudadanos europeos e insiste, por lo tanto, en que los registros de los grupos de interés —ya sean comunes o específicos para cada institución— deberán ser accesibles a través de Internet, estar normalizados y ser de fácil comprensión y comparación. RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (28.2.2008)
sobre el desarrollo de un marco para las actividades de los grupos de interés (grupos de presión) ante las instituciones europeas
A. Considerando que el 75 % de las medidas en materia de política social y económica que conciernen a los ciudadanos europeos se preparan en Bruselas,
B. Considerando que la consulta, la participación y la transparencia son esenciales para lograr una mayor implicación del público en la formulación de políticas de la UE,
C. Considerando que las actividades de los grupos de interés están aumentando rápidamente, tanto por lo que se refiere al número de actores como a las técnicas utilizadas, y que dichas actividades abarcan distintos tipos de estructuras y actores con intereses muy diferentes,
D. Considerando los primeros tres párrafos del apartado 4 del artículo 9 del Reglamento del Parlamento Europeo, que rezan como sigue:
«Los Cuestores serán competentes para autorizar la expedición de tarjetas de acceso, con carácter nominativo y por el plazo máximo de un año, a las personas que deseen acceder con frecuencia a los locales del Parlamento con objeto de informar a los diputados en el marco de su mandato parlamentario, en interés propio o de terceros.
En contrapartida, estas personas deberán:
– respetar el código de conducta que figura como anexo al Reglamento;
– inscribirse en un registro dependiente de los Cuestores.
Este registro estará a disposición de las personas que lo soliciten en todos los lugares de trabajo del Parlamento, así como en sus oficinas de información en los Estados miembros, en la forma que establezcan los Cuestores.»,
E. Considerando la Comunicación de los Cuestores 53/05, por la que se regula la expedición de tarjetas de acceso al entorno de los diputados,
1. Considera adecuadas y suficientes las disposiciones actuales relativas a las condiciones para la obtención de una acreditación en calidad de representante de un grupo de interés, tal como figuran en el artículo 9, apartado 4, del Reglamento del Parlamento Europeo; considera necesaria la adopción de algunas medidas relativas a la transparencia de las actividades de los representantes de grupos de interés, como complemento al citado artículo del Reglamento; toma nota, en particular, de las propuestas presentadas en el proyecto de informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
OPINIÓN de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (29.11.2007)
sobre el desarrollo del marco para las actividades de los representantes de los grupos de interés (grupos de presión) en las instituciones europeas
Ponente de opinión: Claude Turmes
Asegurar la transparencia en las actividades de los grupos de interés en torno a las instituciones europeas y garantizar que la Comisión Europea realmente sirve al interés general, y sólo al interés general, de la Comunidad, son requisitos previos para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
El sector de los grupos de interés profesionales, cuyo objetivo consiste influir en la toma de decisiones políticas de la UE, se está desarrollando rápida y continuamente en Bruselas. Por consiguiente, es necesario establecer normas claras en este ámbito que garanticen la transparencia de los intereses que representan los grupos de presión y que eviten en la medida de lo posible prácticas poco éticas. El elemento central de la Iniciativa europea en favor de la transparencia es la creación de un registro de representantes de intereses que incluya la revelación de información financiera, pero la Comisión propone un enfoque voluntario.
La Comisión de Medio Ambiente, una de las comisiones con más grupos de presión del Parlamento, considera que este enfoque va a fracasar. En lugar de ello, exige un sistema de registro e información obligatorio. Este planteamiento no permitirá a nadie mantenerse al margen del sistema y no cumplir las normas y creará la igualdad de condiciones para todos los grupos de presión. La revelación de información financiera proporcionará datos comparables y fácilmente accesibles para todos los responsables de la toma de decisiones y para el público sobre cuánto dinero se paga, quién lo paga y quién lo recibe, para representar determinados intereses en qué asunto.
Dado que la Comisión tiene el monopolio a la hora de proponer legislación y dada su obligación de servir al interés general de la Comunidad de una manera completamente independiente, la Comisión debe aumentar su propia transparencia. En primer lugar, debe esforzarse aún más por evitar conflictos de intereses entre su personal y sus organismos asesores y de ejecución y garantizar una representación equilibrada de los sectores de la sociedad.
1. Reconoce la importante influencia de las actividades de los grupos de interés en la toma de decisiones de la UE y, por consiguiente, la necesidad de contar con normas claras; considera que un sistema creíble y eficaz de registro e información en todas las instituciones de la UE, que incluya la revelación de información financiera, así como la revelación de todos los documentos enviados a los miembros de las instituciones, debe ser obligatorio para todos los grupos de presión y estar vinculado a un código común de comportamiento ético; considera que ese sistema también debe incluir un mecanismo independiente de aplicación y de sanciones; pide que los documentos relativos a las actividades de los grupos de interés, en particular el código común de comportamiento ético, las declaraciones de intereses y todos los documentos enviados por los grupos de presión, se pongan a disposición del público en un registro electrónico;
2. Considera que el sistema obligatorio de registro e información debería incluir, como mínimo, la información siguiente(1):
- nombre de los representantes de los grupos de interés;
- intereses y/u organismos representados;
3. Solicita el establecimiento de un código común de conducta para todos los representantes de los grupos de interés, acordado por la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo;
4. Considera que compete a los diputados al Parlamento Europeo la responsabilidad de asegurar que reciben una información equilibrada; subraya que debe considerarse a los diputados al Parlamento Europeo capaces de adoptar decisiones políticas con independencia respecto a los representantes de los grupos de interés;
5. Pide a la Comisión que clarifique el papel y el historial de sus asesor especiales y que publique su curriculum vitae y defina claramente lo que constituye un vínculo de intereses y un conflicto de intereses; considera que ningún asesor especial en situación de conflicto de intereses puede trabajar para las instituciones de la UE; pide a la Comisión que fije claramente los objetivos de sus grupos de alto nivel y de expertos y que establezca orientaciones para garantizar una representación equilibrada de los diversos sectores de la sociedad y de las diferentes nacionalidades; subraya que ningún experto en situación de conflicto de intereses puede ser miembro de un comité de expertos; pide a la Comisión que publique en sus páginas web un registro en el que se puedan encontrar los miembros de todos los grupos, incluyendo los comités de comitología, los órdenes de día de sus reuniones y sus documentos y que garantice la transparencia en el establecimientos de nuevos grupos de este tipo;
6. Pide a la Comisión que cree una base de datos de búsqueda centralizada que contenga toda la información pertinente sobre los fondos de gestión compartidos y sus beneficiarios;
7. Pide a la Comisión que informe sobre todos los funcionarios que han dejado los servicios de esta Comisión, con carácter definitivo o durante un período sabático, para ocupar un nuevo puesto de trabajo que esté relacionado con su antiguo ámbito de trabajo en el plazo de dos años después de dejar el servicio, especialmente sobre los puestos en grupos de interés como asesor, consultor o asistente, y sobre cualquier condición o prohibición que haya adoptado de conformidad con el artículo 16 del Estatuto de los funcionarios;
8. Pide a la Comisión que proporcione una lista detallada de todo el personal o de los expertos que trabajan en la Comisión y en los gabinetes de los Comisarios y que son remunerados por el sector privado, por el sector nacional gubernamental o no gubernamental, incluyendo quién les remunera, desde cuándo están contratados y con qué tipo de contrato, en qué servicios trabajan y de qué expedientes se ocupan y se han ocupado desde que están al servicio de la Comisión, para tener de este modo una visión de las actividades a nivel europeo del personal enviado por los Gobiernos nacionales en comisión de servicios y de otros expertos;
9. Pide al Parlamento que publique en su página web una lista completa de los intergrupos existentes, sus miembros, los órdenes del día de sus reuniones y sus documentos;
10. Considera que el Parlamento Europeo debe dar ejemplo adoptando una política de mejores prácticas respecto a la obligación de registro de los intereses de los diputados; pide a la Mesa del Parlamento que encargue un estudio de las políticas de los Parlamentos de los Estados miembros y que recomiende a continuación las mejoras que puedan requerir sus propios procedimientos;
11. Pide al Parlamento que elabore un cuestionario para la declaración de intereses de los diputados, adoptando criterios sobre la forma de rellenarlo, con el fin de asegurar una aplicación coherente y comparable de las normas en materia de conflicto de intereses. RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN
Información que deberá actualizarse cada año.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos (20.12.2007)
sobre el desarrollo del marco de actividad de los grupos de interés (grupos de presión) en las instituciones de la UE
Ponente de opinión: Diana Wallis
1. Considera que a los grupos de presión incumbe desempeñar un papel importante y legítimo en el proceso político;
2. Considera que es fundamental que los representantes de la sociedad civil tengan acceso a las instituciones europeas y de forma muy especial al Parlamento Europeo;
3. Recuerda que en el Parlamento Europeo ha habido normas sobre el acceso de los grupos de presión y su inclusión en un registro público desde 1996; estima, no obstante, que es fundamental contar con un marco más estructurado y riguroso para las actividades de los grupos de interés, no sólo en relación con el funcionamiento de una Unión abierta y democrática, sino también con respecto a la percepción pública de su labor por parte de los ciudadanos y otras partes interesadas; considera que, habida cuenta de que las prácticas de los grupos de presión siguen evolucionando con el paso del tiempo, las normas que las regulen han de ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse con facilidad al cambio;
4. Considera que las normas sobre los grupos de presión en el Parlamento Europeo han de cubrir también las actividades de dichos grupos dirigidas a las secretarías de las comisiones, el personal de los grupos políticos y los asesores y asistentes de los diputados; 5. Expresa sus dudas acerca de la imparcialidad y eficacia del sistema voluntario propuesto por la Comisión, y toma nota de que revisará el funcionamiento del registro una vez transcurrido un año desde su entrada en vigor;
6. Considera que, si el sistema de registro se hace obligatorio, se debería tratar a todos los miembros de los grupos de presión de la misma manera y que la definición de grupo de presión debería abarcar no sólo las empresas profesionales de defensa de intereses y sus asesores de relaciones públicas, sino también el personal de empresas contratado en la casa, organizaciones sectoriales centrales, grupos de reflexión, representantes de ONG, autoridades gubernamentales o regionales y abogados que actúen como grupo de presión; opina que la práctica de los grupos de presión se ha de entender en el sentido más amplio, incluyendo, entre otros aspectos, el hecho de influir en la toma de decisiones políticas sin pretender salir elegido y con o sin beneficios económicos directos, de modo que también los miembros voluntarios de grupos de presión deberían registrarse obligatoriamente;
7. Considera que, en interés de todas las instituciones, se debería prestar más atención a los grupos de presión, y opina, en consecuencia, que se debería vincular entre sí eficazmente el funcionamiento de ambas instituciones en este ámbito;
8. Opina que han de examinarse detalladamente las actividades de los grupos de presión y de interés con respecto a los miembros del Consejo en el contexto de los asuntos de codecisión;
9. Opina, en todo caso, que el Parlamento debe mantener su autonomía con respecto a otras instituciones en cuanto a las relaciones con los representantes de los grupos de interés, con inclusión de las normas que se refieren a la transparencia de su actuación;
10. Considera que es esencial que los abogados que actúan como miembros de grupos de presión no queden exentos de la aplicación de esta iniciativa y de sus normas en materia de registro; anima a la Comisión a establecer una fórmula que conceda a los abogados y a sus clientes la protección justificada que prevén sus normas de conducta profesional cuando actúen realmente en calidad de juristas, incluida en particular toda actividad realizada por un abogado en relación con la representación de un cliente en procedimientos judiciales, casi judiciales, administrativos, disciplinarios y de otro tipo, por ejemplo cuando proporcionen asesoramiento jurídico sobre asuntos de personal, asuntos de anti-dumping o procedimientos de Derecho de competencia, incluidas las fusiones y las ayudas estatales, y sobre el modo de funcionamiento de los procesos políticos y de toma de decisión de las instituciones europeas;
11. Opina que, si bien es necesaria alguna modalidad de revelación de información financiera clara y no discriminatoria, ésta debería ser sólo un elemento del conjunto; estima que otras cuestiones distintas del respaldo financiero pueden ser igualmente importantes, y está convencido, por lo tanto, de que el factor más importante es la transparencia de la identidad de los grupos de presión y de sus clientes; insiste, no obstante, en que se respeten sin excepción las normas profesionales vigentes en los Estados miembros que imponen a determinadas categorías de grupos de presión ciertas obligaciones de discreción profesional en relación con sus clientes o mandantes;
12. Considera que la revelación de información financiera ha de tener en cuenta importantes cuestiones comerciales y de competencia, y que no debería ser excesivamente preceptiva; opina que debería ser suficiente revelar el volumen global de las actividades de los grupos de presión y la lista de clientes, sin detallar las comisiones individuales ni los importes correspondientes a cada cliente;
13. Considera necesario establecer el mismo nivel de revelación de información financiera para la actividad voluntaria realizada como grupo de presión con frecuencia por ONG, y pide que se informe en mayor medida al público sobre las finanzas de organizaciones sin fines de lucro y la financiación de sus campañas y material cuando actúan como grupos de presión;
14. Manifiesta su apoyo a la idea de que los ponentes del Parlamento dejen un «rastro legislativo» de su actividad y reflejen de manera transparente la amplitud de la labor desarrollada por los grupos de presión, del asesoramiento y de las contribuciones que han recibido durante el periodo en que han sido ponentes;
15. Sostiene que el Parlamento debe decidir con absoluta independencia con respecto a la toma en consideración de opiniones procedentes de la sociedad civil;
16. Opina que las recomendaciones incluidas tanto en el presente proyecto de opinión como en el informe elaborado por la comisión competente para el fondo requieren la revisión e intervención del Parlamento en relación con sus propias normas y código de conducta, así como su colaboración con la Comisión; recomienda, en consecuencia, que, a más tardar el primer trimestre de 2008, se establezca en el Parlamento un grupo de trabajo formado por diputados al PE para que colabore con la Comisión y con el Consejo en este ámbito.
OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (8.1.2008)
sobre el desarrollo de un marco para las actividades de los grupos de interés (grupos de presión) ante las instituciones europeas (2007/2115(INI))
Ponente de opinión: Søren Bo Søndergaard
1. Reconoce la importancia y la influencia significativas de la actividad de los grupos de presión, así como de la opinión experta de éstos y de las ONG, en la toma de decisiones de la UE y, por lo tanto, la necesidad de regularla;
2. Cree que sólo un registro obligatorio común para todas las instituciones de la UE con formas de divulgación de la situación financiera de todos los grupos de presión respetuosas con la transparencia y los principios de la privacidad será una herramienta eficaz que ayudará a identificar y a evaluar la solidez de las principales fuerzas impulsoras que se hallan detrás de una actividad de presión dada. El registro debe estar vinculado a un código de comportamiento ético común a todas las instituciones de la UE;
3. Cree que un primer paso hacia un registro común para todas las instituciones de la UE consistiría en que el Parlamento Europeo obligara a los grupos de presión a inscribirse en un registro tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión si quieren acceder a los locales de cualquiera de estas instituciones; de la misma manera, pide a la Comisión que exija la inscripción en ambas instituciones para poder acceder a los locales de la misma;
4. Considera el enfoque relativo a los ingresos elegido por la Comisión un conjunto de normas mínimas obligatorias; opina que los grupos de presión deberían estar obligados además a revelar los gastos relativos a sus actividades como tales, entre otras cosas, proporcionando, sobre las sumas gastadas con los diputados al Parlamento, la misma información que éstos deben proporcionar en sus declaraciones financieras;
5. Pide que la Mesa del Parlamento o los Cuestores estudien maneras de restringir el acceso no autorizado a los niveles en los que están situados los despachos de los diputados en los edificios del Parlamento, mientras que el acceso del público a las salas de las comisiones sólo puede ser objeto de restricciones en circunstancias excepcionales;
6. Pide que se establezca una base de datos pública en línea que permita realizar búsquedas, que se pueda descargar y que contenga toda la información pertinente con referencias cruzadas a otras bases de datos de las instituciones de la UE, en su caso, hasta que exista una base de datos común;
7. Pide que se establezca un mecanismo de supervisión (por ejemplo, una comisión de diputados al PE que no ostenten ningún otro cargo importante en el Parlamento) para que supervise y garantice la exactitud de la información incluida en el registro y opina que es importante que se destinen suficientes recursos (personales y financieros) a tal fin;
8. Cree que deben aplicarse sanciones a los grupos de presión que hayan facilitado intencionadamente información insatisfactoria o falsa; considera que, en el marco de un sistema de inscripción obligatoria, la suspensión de la inscripción o incluso, en los casos más graves, la exclusión del registro constituyen sanciones proporcionadas y suficientemente disuasorias;
9. Insta a la Conferencia de Presidentes a publicar en su sitio Internet una lista de todos los intergrupos existentes (incluidos los diputados, los órdenes del día de las reuniones y los documentos), así como de los grupos de presión y ONG que los apoyan especificando el tipo de apoyo que se les proporciona, especialmente en lo referente a los recursos humanos, materiales o financieros;
10. Pide a la Mesa que revise las normas que se aplican a la actividad de los grupos de presión, a más tardar, tres años después de su entrada en vigor, a fin de evaluar si el sistema modificado permite alcanzar la transparencia necesaria en dicha actividad; pide a la Comisión que, para cualquier iniciativa futura sobre las actividades de los grupos de presión en la UE, se base en el fundamento jurídico que proporcionan los Tratados en lo referente a la transparencia y la apertura.
Última actualización: 17 de abril de 2008Aviso jurídico