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Timestamp: 2020-05-25 16:50:26
Document Index: 3442735

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 9', 'Artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 75', 'artículo 18', 'in fine']

El juicio por jurados y su incorporación en el proceso penal Santafesino: ¿Nuevo paradigma o un mero simbolismo? – AL DÍA | ARGENTINA
El juicio por jurados y su incorporación en el proceso penal Santafesino: ¿Nuevo paradigma o un mero simbolismo?
Autor: Ruiz Staiger, Pablo S. – Oitana, Marina
Cita: MJ-DOC-11959-AR | MJD11959
Por Pablo S. Ruiz Staiger (*) y Marina Oitana (**)
El impacto institucional del Juicio por Jurado, nuevamente toma relevancia dentro de la evolución progresiva del proceso penal argentino.
El mandato constitucional consagrado en el art. 24 de Constitución Nacional, todavía en gran parte incumplido por la mayoría de las provincias argentinas, pretende tomar forma en la provincia de Santa Fe y así sumarse a la vigencia del Juicio por Jurado como ya lo hicieron los códigos procesales de Córdoba, Neuquén, Chaco, Rio Negro, Buenos Aires.
El proyecto, actualmente, en estudio por el legislativo provincial se encuentra delineado dentro del sistema clásico y en donde se remarcan las siguientes características, a saber:
– será obligatorio para delitos penados con prisión perpetua, los homicidios y lesiones con arma de fuego, el estrago doloso y culposo y los ataques a la integridad sexual.
– Podrá ser renunciado por el imputado, siempre que así lo acepten los acusadores, el juez y los co-imputados. Si alguno de ellos se opone, el juicio irá a jurados,
– estará conformado por 12 integrantes y dos suplentes del jurado
– estos serán elegidos por sorteo en el padrón electoral. Serán mitad varones y mitad mujeres.
– Es una carga pública y se seleccionarán sus integrantes de un total de 36 convocados a la audiencia
– Se incorporan reglas de evidencia y reglas éticas para el comportamiento de la abogacía frente al jurado.
– Para condenar un acusado, el jurado deberá deliberar y llegar a un veredicto unánime. Si no sucede, tras un largo proceso de deliberación, se podrán aceptar veredictos con diez votos. En caso de falta de acuerdo, habrá una tercera chance que, si no reúne este piso de 10 votos, implicará la absolución del enjuiciado.
– El juez aplicará la pena.
– Sólo podrá recurrirse la condena.- La absolución únicamente podrá ser impugnada por los acusadores si se comprueba fehacientemente que el jurado fue sobornado.
No tenemos dudas que la máxima expresión dentro de un sistema republicano de gobierno se enfatiza en que el pueblo, único soberano de la República, participe dentro del servicio de justicia por medio del Juicio por Jurado, ajustándose de esta manera a la Constitución, sus principios y garantías y de participación por todos los sectores de la sociedad.
Comenzando el análisis de los orígenes de esta figura o institución jurídica, podemos decir que mucho se ha dicho al respecto y que no hay unanimidad sobre donde fue la primera manifestación del mismo. Muchos autores aceptan el origen anglosajón, mientras que otros aseguran que se desarrolló en Inglaterra proveniente de antiguas tribus germanas. Otros sostienen que los escandinavos que invadieron Normandía fueron los que llevaron el juicio por jurado a Inglaterra, destacando que los sajones tenían organizados los condados en centurias, las que se dividían a su vez en un conjunto de propietarios responsables de juzgar los conflictos que se producían en la comunidad. Las decisiones tomadas por estos, podían ser apeladas ante otro grupo de 12 miembros. Originariamente fue una institución popular, nota que se fue perdiendo con el poder absoluto de los reyes y que posteriormente fue recuperada. Las raíces de esta figura las encontramos en Grecia, donde las Asambleas Populares, más particularmente los Heliastas o jueces, que era un tribunal formado por 6000 ciudadanos, 600 por tribu, sorteados entre los ciudadanos de más de 30 años, que duraban 1 año en su cargo y decidía en cuestiones judiciales a través del voto. Como era un cuerpo demasiado numeroso, para sus deliberaciones se dividía en diez secciones de quinientos miembros cada una, eligiéndose mil suplentes. Esta cantidad excesiva de jueces, fue perjudicial para el funcionamiento de la justicia.Las atribuciones judiciales de este órgano eran amplias, pues entendía en casi todo tipo de crímenes, menos los asesinatos, que correspondían al Areópago. La importancia de este enjuiciamiento ático es el inicio del sistema de acusación popular, en el que cualquier ciudadano podía perseguir penalmente los delitos públicos. Era un sistema netamente acusatorio, que fue popular por esa legitimación de perseguir penalmente. Este procedimiento ático fue adoptado por los romanos que observaban y re-elaboraban todo aquello que consideraban provechoso para su cultura. En los asuntos criminales, en la etapa de las legis actiones, la actividad del Estado se manifestaba tanto en el proceso público como en el privado. Durante la Monarquía el procedimiento fue inquisitivo, iniciándose el uso del tormento hacia la persona del acusado y en algunos casos hasta de los testigos. Los Pretores, los procónsules, los prefectos eran los que juzgaban. Este proceso cayó en descrédito, por lo que se adoptó el proceso penal público, llamado así porque el Estado sólo intervenía en casos donde se veía afectado el orden público y la integridad política. Después de la caída del Imperio Romano, en la alta Edad Media, ese poder de tipo privado se transfiere al poder político central. La investigación se torna secreta, se hace por escrito y aparece la figura del Inquisidor. Surge como una forma jurídica conveniente al desarrollo y al mantenimiento del poder absoluto. El Inquisidor soluciona el caso de acuerdo a la investigación que realizó y lo registra en actas que él mismo confecciona. La víctima real, el individuo, desaparece tras la persecución penal oficial, privado de todos sus derechos de actuar y de intervenir en el proceso.
Por su parte, la implementación del Juicio por Jurados en nuestro país y en nuestra provincia, si bien, implica como sostienen muchos «un cambio de paradigma» en la forma de operar la justicia, en sí, podemos afirmar que no es un instituto nuevo ya su regulación, es incluso anterior a nuestra Constitución Nacional.Centrándonos específicamente en los antecedentes de nuestra legislación argentina podemos decir que la primer vez que se comenzó a hablar del instituto fue en las concepciones liberales del Río de La Plata del siglo XIX, las cuales se basaban en el principio de soberanía popular, según el cual el pueblo tomaba una intervención directa tanto en la elección de sus gobernantes así como también en la administración de justicia. Con base estos principios se derivaron los fundamentos esgrimidos en los proyectos previos que se elaboraron con miras a la Asamblea de 1813, donde se propuso la implantación del instituto. Este proyecto va a ser luego sustentado en la Constitución de 1819 y plasmado en su Art. 114, que dentro del mismo prescribía la implantación en cuanto lo permitan las «circunstancias» Posteriormente el Art. 164 de la Constitución de 1826 reproduce textualmente el Art. 114 de la anterior, sin que se registre debate alguno en las respectivas actas de la Asamblea en relación al juicio por jurado.
En la Constitución de 1853 se estableció, que corresponde al poder legislativo la implementación de la institución del jurado (Art. 102º ). Siendo la principal fuente ideológica de nuestra Constitución la Constitución de Estados Unidos. Dicha carta magna, a diferencia de la Constitución Argentina, estableció una norma eminentemente imperativa, prescribiendo «El juicio de todos los crímenes, excepto en caso de acusación contra funcionarios públicos se hará por jurado.», disponiendo en otra parte de la Enmienda. «Nadie estará obligado a responder por crimen capital, o de otro modo infamante, sino por denuncia y acusación ante un gran jurado…». Quedando claro el carácter imperativo de este mandamiento, ya que de no cumplir lo se estaría violando una garantía constitucional fundamental, como lo es «el debido proceso». La norma fue incorporada por las posteriores reformas constitucionales, de 1860, 1866, 1898,1957 y 1994 respectivamente.La excepción a la regla la constituyó la reforma de 1949, que no incluyen su contenido la institución de juicio por jurado.
Actualmente con la última reforma de 1994 se ha mantenido inalterable ya que se regula el instituto en tres artículos. Primero en el Art. 24 que expresa, «El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurado»; segundo en el artículo 75 inciso 12 el cual establece que: «corresponde al Congreso: (.) Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurado…» finalmente, el Art. 118 prescribe; «Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados, se terminarán por jurados luego que se establezca en la República dicha institución.»
No obstante estas regulaciones, parte de la doctrina representada por autores, como Sagués, Bidart-Campos, Aftalión, Lino Palacios, entre ellos, sostienen la derogación consuetudinaria de las normas que lo establece; ya que al no haber sido implantada la institución, durante todo este tiempo, se ha producido una derogación por costumbre. Por otro lado, otros autores sostienen que esto no es así, debido a que nunca el legislador podría derogar un mandato constitucional impuesto por una convención constituyente.¿ES CONVENIENTE EL JUICIO POR JURADOS?
Las principales críticas se basan en si reconocer el instituto no entraría en contradicción con garantías tales como el derecho a ser juzgado por Juez Natural, el Debido Proceso y la Defensa en Juicio reflejados en una decisión judicial razonada y fundada; derechos y garantías que derivan del artículo 9 de nuestra Constitución Provincial «Nadie puede ser penado sino en virtud de un proceso y de una típica definición de una acción u omisión culpable previamente establecidos por la ley, ni sacado del juez constituido con anterioridad por ésta, ni privado del derecho de defensa». Artículo 18 de nuestra Constitución: «Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa»; que a su vez sabemos que han sido reafirmados por la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8: «Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley», y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, «Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil», ambos tratados con jerarquía constitucional (conforme al artículo 75 inciso 22 Constitución Nacional).
Otro argumento, en contra la implementación, es aquél que sostiene que la existencia de un jurado se trataría en el caso de «comisiones especiales» o «tribunales ad hoc», expresamente prohibidos por el artículo 18.Creo que no sería viable interpretar la función e implementación de un jurado en ese sentido, ya que al ser los jurados nombrados para el caso especial decidirían solo sobre la cuestión de fondo dejando las resoluciones de orden procesal y específicamente jurídicas a los jueces técnicos
Por el contrario las posiciones a favor del juicio por jurado han considerado que la aplicación del mismo no afecta la garantía del juez natural, sino que por el contrario es un derecho fundamental de naturaleza procesal establecido por la Constitución Nacional, en su art. 24 el cual se encuentra ubicada dentro del Capítulo dedicado a Declaraciones, Derechos y Garantías y creemos que el mismo debe interpretarse en forma sistémica con el art. 18 donde concluyendo que la garantía del juez natural se corresponde con el juicio por jurados. Sin embargo, esta posición no resuelve el dilema conceptual que la Constitución Nacional otorga al Congreso de la Nación la facultad de «el establecimiento del juicio por jurados» (art. 24 CN) y «…dictar especialmente leyes generales para toda la nación… que requiera el establecimiento de juicio por jurados» (art. 75 inc. 12° in fine CN). En suma, supedita el juicio por jurado al dictado de una Ley por el Congreso Nacional. Esto plantea una dificultad dogmática insuperable: si se trata de un derecho fundamental, jamás podría condicionarse su valor al dictado previo de una ley porque entonces no sería un derecho fundamental. Esta contradicción innegable, refuta la naturaleza de derecho fundamental del «juicio por jurado», o sea, que la Constitución nacional haya establecido el «juicio por jurado» como una garantía constitucional de debido proceso con valor de Derecho Humano. Un derecho humano tiene operatividad y aplicabilidad inmediata.
Un intento de superar este escollo conceptual, es interpretar que el juicio por jurado en un derecho fundamental de naturaleza programática, es decir, un derecho cuya virtualidad se halla supeditada al dictado de una norma legal que le dé operatividad.Desde ya resulta inadmisible la doctrina de los derechos programáticos, por un lado, porque un mandato constitucional está destinado a ser cumplido de lo contrario tendríamos una Constitución sujeta a la voluntad del legislador lo que a todas luces es inaceptable.
En base, a lo arriba expuesto, sólo nos queda por interpretar que lo dispuesto por los arts. 24 y 75 inc. 12 CN, en relación al juicio por jurado, se trata de una proposición procesal prevista para la jurisdicción orden federal carente de naturaleza de una garantía constitucional del debido proceso establecida como derecho fundamental por la Constitución Nacional. Esta interpretación guarda unidad de sentido con el art. 24 cuyo propósito no fue establecer una garantía constitucional fundamental sino un mandato al Congreso de «promover la reforma de la legislación en todos sus ramos» en el contexto de mediados del siglo XIX cuando se aplicaban las leyes españolas en materia civil, comercial y penal. Esta es la razón por la cual, esta disposición guarda relación con el inc. 12 del art. 75 donde, apartándose del precedente norteamericano y siguiendo la propuesta alberdiana, el dictado de las leyes comunes en materia civil, penal, comercial, laboral y minería, se atribuye al Congreso en forma de códigos con carácter general. Precisamente, por esta singularidad, el mismo inciso se ocupa por reservar tres asuntos para la competencia federal: la ley sobre nacionalidad, sobre bancarrotas y el establecimiento del juicio por jurados. Esta perspectiva resulta confirmada por el art. 118 CN que al ocuparse de las atribuciones del Poder Judicial de la Nación en materia de jurisdicción federal (además, debe limitarse a regular sobre ésta) establece que «todos los juicios criminales ordinarios…. se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución.La actuación de estos jurados se hará en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito».
En suma, el juicio por jurado queda enmarcado como un recaudo incumplido por el Congreso nacional para el orden federal y para el orden provincial arts. 5 , 121, 122 y 123 de la CN que reservan a las provincias el dictado de sus constituciones con el derecho de «organizar su administración de justicia»
En resumen, el «juicio por jurados» se trata de un mecanismo procedimental sin valor de derecho fundamental establecido por la Constitución Nacional, no es una garantía fundamental sino un recaudo procesal a nivel federal supeditado al dictado de una ley del Congreso. Sólo en este sentido, podemos admitir calificarla como «programática» porque necesita de una ley para su operatividad, pero carece de valor de derecho fundamental directamente justiciable.
No constituye una garantía procesal constitucional, tampoco integra el concepto de «juez natural» propia del debido proceso legal. Por tanto, tampoco obliga a las provincias a someterse a dicho requisito. Esto no obsta que las provincias, en ejercicio de su autonomía constitucional, puedan incluirlo por sí en la organización de su administración de justicia sea como un recaudo formal procesal o, más aún, establecerlo como garantía constitucional procesal del debido proceso dentro de su ordenamiento local. Incluso, no haría falta que sea una norma constitucional provincial la que establezca el juicio por jurado, ya que podría hacerlo por vía puramente legislativa.
LA REALIDAD DEL JUICIO POR JURADOS EN LOS CÓDIGOS PROCESALES EN SU RELACIÓN CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL
Si partimos de la semiótica, como ciencia que se encarga del estudio de símbolos creados por el ser humano en determinadas circunstancias y momentos. Al hablar de signos nos referimos a aquellos que señalan; son específicos de un cometido o una circunstancia. Los símbolos, en cambio, tienen un significado más amplio y menos concreto.Los signos y símbolos, sin semejanza física con la información que representan, terminan dando lo que conocemos como significados.
La primigenia constitución Nacional, de 1853, determinó garantizar la participación ciudadana en el servicio de la administración de justicia estatal, el juzgamiento de pares y la publicidad de los actos de gobierno. Así quedaba delineado el paradigma de la implementación del juicio por jurado, los que sustentaron el debido proceso legal dentro de un sistema de corte acusatorio.
Fue necesaria la evolución de lo escrito a la aplicación real y efectiva, consagrándose en primer lugar en la legislación de la provincia de Córdoba, en donde la oralidad del juicio, la publicidad de lo actuado, las garantías del imputado y la separación de funciones entre acusación y jurisdicción quedaron consagradas. La que posteriormente fue trascendente para influir en los códigos rituales de otras provincias llegando en este último tiempo a la provincia de Santa Fe.-
El primer signo que encontramos dentro de la vida democrática es la participación por parte de la ciudadanía; no hacemos solamente referencia a la participación de orden político sino a cualquier forma de intromisión que pueda tener el pueblo para influir en las decisiones mas elementales de la vida en sociedad.
La reforma de 1994 se considera como el mayor logro de terminar con un sistema de predominantemente verticalista y autoritario, en donde a través de institutos como la iniciativa legislativa o popular, la consulta popular, referedum, plebiscito comenzaron a consagrar aquello tan pretendido por los constituyente del ’53.
En lo que refiere a la participación en los sistemas de enjuiciamiento, la oralidad en el proceso penal y la publicidad del mismo permitieron un mayor control por parte del ciudadano en los procesos jurisdiccionales.
El juicio oral, público, contradictorio estableció las reglas del nuevo sistema procesal penal, entonces pareciera a simple vista que todo estaba resuelto.Al establecerse la publicidad como regla y la oralidad de las audiencias, el control era suficiente por parte del ciudadano en las decisiones que tomaban los jueces, pero ¿a dónde participa el pueblo, como lo hace?, la respuesta es que se trata de un espectador que ocupa una silla u solo observa a través de una pantalla de televisión.
El juicio por jurado, al ordenar la implementación del jurado, consagra la necesaria participación por parte de la ciudadanía en la administración de justicia, preceptuado dentro de la Constitución Nacional en sus artículos 24, 75, inc 12 y 118.
Como expuso Alberto Binder, en el Congreso Internacional de juicio por jurados en el Congreso Internacional de Juicio por Jurados en materia Penal en la ciudad de la plata (año 1997), «en primer lugar, hay que advertir que la Constitución en modo alguno afirma que la Institución del Jurado y la participación ciudadana deben producir una participación simbólica. Al contrario, el carácter masivo, complejo, prioritario que le da la Constitución demuestra que la política propuesta consiste en un participación activa, central, realista. Por eso así se le ordena al Legislador Ordinario. Se trataba de un modelo completo de justicia, en términos de de-centralización del poder punitivo, medido en término de reculturalización del derecho, la acumulación del Poder Judicial. más bien hay que pensar en una complejidad de integración de tribunales, en un conjunto de formas de políticas activas respecto al juicio público, como también hay que pensar en formas complejas de participación ciudadana en el poder requirente y repensar al mismo tiempo, la acción popular en los término de la sociedad compleja, moderna.Cuando hablamos de jurados estamos hablando de la totalidad de la justicia y este no es un problema menor».
Es así que nos permitimos hablar que el Juicio por Jurado, en las legislaciones vigentes, es una institución simbólica dentro de los proceso penales, entrando en la misma el proyecto de ley de la provincia de Santa Fe, porque este tipo de enjuiciamiento penal queda solamente comprendido para aquellos delitos que están regulados y que preveen una pena de prisión perpetua y también en el caso que el acusado no opte por dicha forma de enjuiciamiento, previo consentimiento por parte del fiscal y la defensa, puede ser juzgado por el método tradicional.
Es por eso, que podemos hablar de un símbolo en el sentido que el juicio por jurado no es el modo regular de enjuiciamiento sino que se lo termina estatuyendo para casos determinados; comprende algo concreto dentro de un universo de posibilidades (tal como lo señalábamos al comienzo de este estudio).
Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿ si todos los juicios criminales deben ser concluidos por medio de jurados o si solo es un mero simbolismo en donde la voluntad de los actores procesales tienen la opción de optar por una jurisdicción participativa u optando por un sistema de enjuiciamiento diferente o tradicional?, sin lugar a dudas , lo que se trata de establecer es una vía de juzgamiento, en donde según la forma en que se opte se trata de lograr un «juicio justo» en cumplimiento de un debido proceso, dando de alguna manera satisfacción a la concreción del sistema democrático, en donde queda reducido a un simbolismo y no hay un signo como modo de juzgar como lo pensó el constituyente del ’53.
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(*) Abogado, Sec. de Juzgado Correccional. Distrito Judicial N° 11, San Jorge. Mediador. Cursante de la Maestria en Derecho Procesal (UNR)
(**) Abogada. Escribana. Mediadora. Empleada de SPPDP. Cursante Doctorado en Derecho (con proyecto de tesis aprobado)
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