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Timestamp: 2019-09-21 10:17:44
Document Index: 118359872

Matched Legal Cases: ['artículo 294', 'artículo 82', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 11']

INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que se sustituye la Decisión 2009/316/JAI
Ciclo relativo al documento : A8-0219/2016
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sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que se sustituye la Decisión 2009/316/JAI
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que se sustituye la Decisión del Consejo 2009/316/JAI
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0007),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 82, apartado 1, letra d, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0012/2016),
– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0219/2016),
(1) La Unión se ha impuesto a sí misma el objetivo de ofrecer a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores en el que esté garantizada la libre circulación de las personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de prevención y lucha contra la delincuencia.
(1) La Unión se ha impuesto a sí misma el objetivo de ofrecer a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores en el que esté garantizada la libre circulación de las personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de prevención y lucha contra la delincuencia, y de velar por la seguridad interior.
(4) El marco legal del ECRIS, sin embargo, no aborda suficientemente las particularidades de las solicitudes relacionadas con nacionales de terceros países. Aunque es posible actualmente intercambiar información sobre nacionales de terceros países a través del ECRIS, no existe ningún procedimiento o mecanismo para hacerlo eficazmente.
(4) El marco legal vigente del ECRIS, sin embargo, no trata suficientemente las particularidades de las solicitudes relacionadas con nacionales de terceros países. Aunque ya es posible intercambiar información sobre nacionales de terceros países a través del ECRIS, no existe ningún procedimiento o mecanismo europeo común para hacerlo eficazmente.
(6) Estas solicitudes genéricas imponen una carga administrativa a todos los Estados miembros, incluidos los que no poseen información sobre un nacional de un tercer país. En la práctica, este efecto negativo disuade a los Estados miembros de solicitar información sobre nacionales de terceros países y hace que los Estados miembros limiten la información sobre antecedentes penales a la información almacenada en su propio registro nacional.
(6) Estas solicitudes genéricas imponen una carga administrativa desproporcionada a todos los Estados miembros, incluidos los que no poseen información sobre un nacional de un tercer país. En la práctica, este efecto negativo disuade a los Estados miembros de solicitar información a otros Estados miembros sobre nacionales de terceros países, lo que obstaculiza de forma importante ese intercambio entre Estados miembros y limita la información sobre antecedentes penales almacenada en su propio registro nacional. Como consecuencia de ello, aumenta el riesgo de que los intercambios de información entre los Estados miembros sean ineficaces o fragmentarios, lo que a su vez repercute en el nivel de seguridad y protección que se ofrece a los ciudadanos de la Unión y a las personas que residen en ella.
(7) El intercambio de información sobre condenas penales es importante en cualquier estrategia de lucha contra la delincuencia y el terrorismo. Si los Estados miembros aprovecharan al máximo el ECRIS, esto contribuiría a la respuesta de la justicia penal ante la radicalización que conduce al terrorismo y al extremismo violento.
(7) El intercambio de información sobre condenas penales es importante en cualquier estrategia de lucha contra la delincuencia y el terrorismo, así como para garantizar la seguridad en el territorio de la Unión. Si los Estados miembros aprovecharan al máximo el ECRIS, se reforzaría la respuesta de la justicia penal de los Estados miembros a la radicalización que conduce a actos de terrorismo y de extremismo violento, mejoraría la protección de las personas vulnerables y ayudaría a contrarrestar los efectos graves y persistentes de las redes transfronterizas de delincuencia organizada.
(8) Los recientes atentados terroristas han demostrado, en particular, la urgencia de mejorar el intercambio de información relevante, especialmente en lo que respecta a la ampliación del ECRIS a los nacionales de terceros países.
(8 bis) Con el fin de aumentar la utilidad de la información sobre las condenas e inhabilitaciones resultantes de condenas por delitos sexuales contra menores, la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo1bis establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los empresarios, al contratar a una persona para realizar una función que implique contactos directos y regulares con menores, tengan derecho a solicitar información sobre sus condenas penales o sobre cualquier inhabilitación derivada de dichas condenas. Los Estados miembros deben esforzarse por ofrecer garantías similares respecto de las personas que vayan a trabajar con personas con discapacidad o con personas mayores. El objetivo es garantizar que una persona condenada por un delito sexual o violento contra un menor o una persona vulnerable ya no pueda ocultar dicha condena o inhabilitación con el propósito de realizar dicho trabajo en otro Estado miembro.
1bisDirectiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).
El ponente considera que deben comprobarse los antecedentes personales no solo de las personas que trabajan con niños, sino también de quienes trabajan con las personas vulnerables, como las personas con discapacidad, y de quienes trabajan de manera más general en la asistencia sanitaria y la educación.
(9) Como resultado de ello, debe establecerse un sistema que permita a las autoridades centrales de un Estado miembro averiguar de forma rápida y eficaz en qué otro Estado miembro se conserva información de antecedentes penales sobre un nacional de un tercer país para poder utilizar el marco de ECRIS existente.
(9) Como resultado de ello, debe establecerse un sistema que permita a las autoridades centrales de un Estado miembro averiguar de forma pronta y eficaz qué otro Estado miembro posee información de antecedentes penales sobre un nacional de un tercer país.
(10) Las obligaciones de los Estados miembros con respecto a las condenas de nacionales de terceros países deben incluir las impresiones dactilares para lograr una identificación segura. Estas obligaciones son las de almacenar información, incluidas las impresiones dactilares, responder a las solicitudes de información de otras autoridades centrales, velar por que los extractos de antecedentes penales solicitados por un nacional de un tercer país se complementen según proceda con información de otros Estados miembros, y realizar los cambios técnicos y aplicar las tecnologías de vanguardia necesarios para que el sistema de intercambio de información funcione.
(10) Las obligaciones de los Estados miembros con respecto a las condenas de nacionales de terceros países deben incluir las impresiones dactilares cuando ello sea necesario para lograr una identificación segura. Estas obligaciones son las de almacenar información, incluidas las impresiones dactilares, responder a las solicitudes de información de otras autoridades centrales, velar por que los extractos de antecedentes penales solicitados por un nacional de un tercer país se complementen según proceda con información de otros Estados miembros, y realizar los cambios técnicos y aplicar las tecnologías de vanguardia necesarios para que el sistema de intercambio de información funcione.
(11) Para compensar el hecho de que la información sobre un nacional de un tercer país no se almacene en un único Estado miembro, la tecnología de información descentralizada debería permitir a las autoridades centrales de los Estados miembros averiguar en qué otros Estados miembros se conserva información de antecedentes penales. A tal efecto, cada autoridad central debería distribuir al resto de los Estados miembros un filtro indexado que incluya, de manera anonimizada, los datos de identificación de nacionales de terceros países condenados en su Estado miembro. Los datos de carácter personal se anonimizarán de tal modo que el interesado no sea identificable. El Estado miembro receptor podrá entonces cotejar estos datos con su propia información siguiendo el método «coincidencia/no coincidencia», y averiguar si existe información de antecedentes penales disponible en otros Estados miembros y, en caso de «coincidencia», en cuáles. El Estado miembro receptor realizaría entonces un seguimiento de una «coincidencia» utilizando el marco del ECRIS. Con respecto a nacionales de terceros países que tienen también la nacionalidad de un Estado miembro, la información incluida en el índice se limitará a la información disponible sobre nacionales de Estados miembros.
(11) Para compensar el hecho de que la información sobre cada nacional de un tercer país condenado no se almacene en una base de datos de la Unión centralizada, un sistema de tecnología de información descentralizado debería permitir a las autoridades centrales de los Estados miembros averiguar en qué otros Estados miembros se conserva información de antecedentes penales sobre ese nacional de un tercer país. A tal efecto, cada autoridad central designada debería distribuir al resto de los Estados miembros un filtro indexado que incluya, de manera seudonimizada, los datos de identificación de nacionales de terceros países condenados en su Estado miembro. Los datos de carácter personal del filtro indexado se seudonimizarán de tal modo que el interesado no sea directamente identificable. El Estado miembro receptor podrá entonces cotejar estos datos con su propia información siguiendo el método «coincidencia/no coincidencia», y averiguar si existe información de antecedentes penales disponible en otros Estados miembros y, en caso de «coincidencia», en cuáles. El Estado miembro receptor realizaría entonces un seguimiento de una «coincidencia» utilizando el marco del ECRIS. Con respecto a nacionales de terceros países que tienen también la nacionalidad de un Estado miembro, la información incluida en el filtro indexado se limitará a la información disponible sobre nacionales de Estados miembros.
(11 bis) Cuando, en el marco de un procedimiento penal, un Estado miembro reciba, sobre la base de acuerdos bilaterales que se atengan al Derecho de la Unión, información sobre una decisión de condena por delitos de terrorismo o delitos graves adoptada por una autoridad judicial en un país tercero contra un nacional de un país tercero que resida en territorio de la Unión, dicho Estado miembro transmitirá a los restantes Estados miembros un filtro indexado con esa información, dentro de las limitaciones de los acuerdos bilaterales. Este intercambio de información debería realizarse respetando plenamente, en particular, los principios de proporcionalidad y necesidad y el derecho a un juicio justo en el país tercero.
(11 ter) La Comisión Europea debe adoptar todas las medidas necesarias para conseguir la interoperabilidad e interconexión de la infraestructura de comunicación común del ECRIS con todas las demás bases de datos de la Unión en lo que se refiere a la aplicación de la ley, el control de fronteras y la cooperación judicial.
(12) La Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo22 se aplicará en el contexto del intercambio informatizado de información extraída de registros de antecedentes penales de Estados miembros, de manera que se garantice un nivel adecuado de protección de los datos cuando la información se intercambie entre Estados miembros, y permitiendo que los Estados miembros exijan criterios más estrictos de protección en el tratamiento de los datos nacionales.
(12) La Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo22 y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo22 bis deberán aplicarse en el contexto del intercambio informatizado de información extraída de registros de antecedentes penales de Estados miembros, de manera que se garantice así un nivel elevado de protección de los datos cuando la información se intercambie entre Estados miembros, y permitiendo que los Estados miembros exijan criterios incluso más estrictos de protección de datos en el tratamiento de los datos nacionales.
22 Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (DO L 350 de 30.12.2008, p. 60).
22 bis Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
La Directiva también debe actualizarse según corresponda a fin de reflejar las normas de protección de datos adoptadas en las últimas reformas legislativas en el ámbito penal.
(15) La presente Directiva respeta los derechos y libertades fundamentales y observa los principios reconocidos en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el derecho a la protección de los datos de carácter personal, el principio de igualdad ante la ley y la prohibición general de discriminación. La presente Directiva debe aplicarse de conformidad con estos derechos y principios.
(15) La presente Directiva respeta los derechos y libertades fundamentales y observa los principios reconocidos en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos el derecho a la protección de los datos de carácter personal, las posibilidades de recurso administrativo y judicial, el principio de igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia y la prohibición general de discriminación. La presente Directiva debe aplicarse de conformidad con estos derechos y principios y con los principios de proporcionalidad y necesidad.
Las disposiciones en el sentido de que se proporcione información sobre condenas anteriores deben ser sin perjuicio del derecho de las personas a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Por lo tanto, es importante tomar en consideración estos valores y reflejar la legislación de la Unión en el ámbito de los derechos procesales.
(16) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, posibilitar el intercambio rápido y eficiente de información de antecedentes penales de nacionales de terceros países, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, por la sinergia e interoperabilidad requeridas, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(16) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, posibilitar el intercambio rápido y eficiente de información de antecedentes penales de nacionales de terceros países, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, mediante la implantación de normas comunes europeas y sistemas interoperables, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo
La presente Decisión Marco
a) define las formas en que un Estado miembro de condena comparte información sobre condenas con otros Estados miembros;
a) define las formas y condiciones en que un Estado miembro de condena comparte información sobre condenas con otros Estados miembros;
b) define las obligaciones de conservación del Estado miembro de condena y especifica los métodos que se han de seguir para responder a una solicitud de información extraída de registros de antecedentes penales;
b) define las obligaciones de conservación y privacidad del Estado miembro de condena y especifica los métodos que se han de seguir para responder a una solicitud de información extraída de registros de antecedentes penales;
b bis) define las obligaciones de conservación de los Estados miembros de la nacionalidad de la persona y especifica los métodos que se han de seguir para responder a una solicitud de información extraída de registros de antecedentes penales;
c) establece una sistema descentralizado de tecnología de la información para el intercambio de información sobre condenas basado en las bases de datos de antecedentes penales de cada Estado miembro, el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).».
c) establece una sistema descentralizado europeo de tecnología de la información para el intercambio de información sobre condenas basado en las bases de datos de antecedentes penales de cada Estado miembro, el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).».
(3) En el artículo 4, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que cuando una condena pronunciada en su territorio se introduzca en su registro de antecedentes penales, se incluya información sobre la nacionalidad o nacionalidades del condenado, si este es nacional de otro Estado miembro o nacional de un tercer país.».
«1. Cada Estado miembro adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que cuando se pronuncie una condena en su territorio esta se introduzca en su base de datos de antecedentes penales, y que se incluya información sobre la nacionalidad o nacionalidades del condenado, si este es nacional de otro Estado miembro o nacional de un tercer país.».
Artículo 4 bis – apartado 1
1. El Estado miembro en el que se pronuncie una condena contra un nacional de un tercer país conservará la siguiente información, salvo que, por circunstancias excepcionales, esto no sea posible:
1. El Estado miembro en el que se pronuncie una condena contra un nacional de un tercer país conservará siempre la siguiente información, salvo que, por circunstancias excepcionales, esto no sea posible (información obligatoria):
a) información sobre el condenado [nombre completo, fecha y lugar de nacimiento (ciudad y país), sexo, nacionalidad y, en su caso, nombres anteriores];
b) información sobre el carácter de la condena (fecha de la condena, designación del órgano jurisdiccional, fecha en la que la resolución pasó a ser definitiva);
c) información sobre el delito que dio lugar a la condena (fecha del delito subyacente a la condena, y nombre o tipificación jurídica del delito, así como referencia a las disposiciones jurídicas aplicables);
d) información sobre el contenido de la condena (en particular la pena y posibles penas accesorias, medidas de seguridad y resoluciones posteriores que modifiquen la ejecución de la pena);
1 bis. El Estado miembro en el que se pronuncie una condena contra un nacional de un tercer país podrá conservar la siguiente información, si está disponible (información facultativa):
e) el nombre completo de los padres del condenado;
f) el número de referencia de la condena;
a) el número de referencia de la condena;
g) el lugar del delito;
b) el lugar del delito;
h) si procede, las penas privativas de derechos impuestas por la condena penal;
c) si procede, las penas privativas de derechos impuestas por la condena penal;
i) el número de identidad del condenado o el tipo y número de su documento de identidad;
d) el número de identidad del condenado o el tipo y número de su documento de identidad;
j) impresiones dactilares de la persona;
e) impresiones dactilares de la persona solo cuando la legislación nacional de un Estado miembro en el que se pronuncia una condena permite la recogida y el almacenamiento de las impresiones dactilares de una persona condenada;
k) si los tiene, seudónimos y alias.
f) si los tiene, seudónimos y alias.
Esta enmienda garantiza que los datos almacenados a nivel nacional de los NTP se clasifican de la misma forma que en el caso de los nacionales de la UE condenados, con «información obligatoria» e «información facultativa», a fin de evitar la discriminación.
2. La autoridad central creará un filtro indexado con la información anonimizada de los tipos contemplados en el apartado 1, letras a), e), i), j) y k), relativa a nacionales de terceros países condenados en su Estado miembro. La autoridad central transmitirá este filtro indexado, y todas sus actualizaciones, a todos los Estados miembros.
2. La autoridad central creará un filtro indexado con la información seudonimizada de los tipos contemplados en el apartado 1, letra a), y en el apartado 1 bis, letras d), e) y f), relativa a nacionales de terceros países condenados en su Estado miembro. La autoridad central transmitirá este filtro indexado, y todas sus actualizaciones, a todos los Estados miembros.
3. Toda modificación o eliminación de la información contemplada en el apartado 1 entrañará automáticamente una modificación o eliminación idénticas de la información conservada de acuerdo con el apartado 1 y contenida en el filtro indexado creado de conformidad con el apartado 2 por la autoridad central del Estado miembro de condena.
3. Toda modificación o eliminación de la información contemplada en los apartados 1 y 1 bis entrañará automáticamente una modificación o eliminación idénticas de la información conservada de acuerdo con los apartados 1 y 1 bis y contenida en el filtro indexado creado de conformidad con el apartado 2 por la autoridad central del Estado miembro de condena, y entrañará la actualización de la información incluida en el filtro indexado mantenido en los otros Estados miembros.
Artículo 4 bis – punto 4
4. El apartado 2 y el apartado 3 se aplicarán con respecto al filtro indexado también a los nacionales de terceros países que ostentan la nacionalidad de un Estado miembro, en la medida en que la información contemplada en el apartado 1, letras a), e), i), j) y k), sea almacenada por la autoridad central con respecto a nacionales de Estados miembros.
Artículo 4 bis – apartado 4 bis (nuevo)
4 bis. Los Estados miembros no podrán introducir en el filtro indexado información sobre condenas relacionadas con la entrada o la estancia irregulares.
Artículo 4 bis – apartado 4 ter (nuevo)
4 ter. Los Estados miembros solo podrán introducir en los filtros indexados información sobre las condenas de menores nacionales de terceros países que esté vinculada a delitos graves que se sancionen con una pena de privación de libertad máxima de al menos cuatro años.
2. Este artículo se aplica asimismo en lo que respecta a los nacionales de terceros países que ostenten también la nacionalidad de un Estado miembro.».
2. Este artículo no se aplicará en lo que respecta a los nacionales de terceros países que ostenten también la nacionalidad de un Estado miembro. Todo nacional de un tercer país que posea también la nacionalidad de un Estado miembro recibirá el mismo trato que un nacional de dicho Estado miembro de conformidad con el artículo 4.
La propuesta crea una discriminación entre los ciudadanos de la UE con una sola nacionalidad y los ciudadanos de la Unión que posean la nacionalidad de un Estado miembro y también la nacionalidad de un tercer país. Los ciudadanos de la UE con doble nacionalidad se considerarían NTP aunque sean ante todo ciudadanos de la UE. Esta enmienda elimina el riesgo de discriminación, velando por que los ciudadanos con dos nacionalidades (uno miembro de la UE, un NTP) sean considerados ciudadanos de la UE.
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)
En su caso, cuando una búsqueda en los filtros indexados no produzca ninguna respuesta positiva, el nacional de un tercer país que solicite información sobre su propio registro de antecedentes penales recibirá una declaración que certifique que la búsqueda en los filtros indexados no dio respuesta positiva.».
Esta enmienda garantiza que los nacionales de terceros países que soliciten un extracto de antecedentes penales deberán recibir, si no han cometido ningún delito, un certificado de que no hay ninguna respuesta positiva en el ECRIS el cual demuestre que no tienen antecedentes penales en los 28 Estados miembros. Esto puede ser extremadamente útil para los nacionales de terceros países con fines de empleo.
(6 bis) En el artículo 7, apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
«2. Cuando la autoridad central del Estado miembro de nacionalidad reciba, de conformidad con el artículo 6, una solicitud de información del registro de antecedentes penales para fines distintos de un procedimiento penal, esta autoridad central responderá, si así lo dispone el Derecho nacional del Estado miembro de la nacionalidad de la persona o del Estado miembro solicitante, en lo que se refiere a las condenas pronunciadas en el Estado miembro de nacionalidad y a las condenas pronunciadas en terceros países que le hayan sido transmitidas y que se hayan inscrito en su registro de antecedentes penales.».
(7 bis) Se inserta el artículo siguiente:
Acceso a la base de datos del ECRIS por parte de Europol
1. Europol tendrá derecho a acceder a la base de datos del ECRIS para el desempeño de sus funciones.
2. Europol, a través de su unidad nacional, podrá presentar, para cada caso, a la autoridad central de cualquier Estado miembro una solicitud electrónica debidamente motivada relativa a la transmisión de información de los registros de antecedentes penales de un Estado miembro, utilizando para ello el formulario que figura en el anexo.
3. Europol podrá enviar la solicitud a que se refiere el apartado 2 cuando sea necesario para apoyar y reforzar la acción de las autoridades competentes de los Estados miembros y su cooperación mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, el terrorismo y las formas de delincuencia que afecten a un interés común protegido por una política de la Unión.
4. El intercambio de información en virtud del presente artículo se realizará a través de la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información.».
(7 ter) Se inserta el artículo siguiente:
Acceso a la base de datos del ECRIS por parte de Frontex
1. Frontex tendrá derecho a acceder a la base de datos del ECRIS para el desempeño de sus funciones.
2. Frontex podrá presentar, para cada caso, a la autoridad central de cualquier Estado miembro una solicitud electrónica debidamente motivada relativa a la transmisión de información de los registros de antecedentes penales de un Estado miembro, utilizando para ello el formulario que figura en el anexo.».
4. Si el modo de transmisión contemplado en el apartado 3 no está disponible y mientras dure esta indisponibilidad, las autoridades centrales de los Estados miembros transmitirán toda la información contemplada en el apartado 3, a excepción del filtro indexado contemplado en el artículo 4 bis, a través de cualquier medio capaz de generar un registro escrito en condiciones que permitan a la autoridad central del Estado miembro receptor verificar la autenticidad del mismo.
4. Si el modo de transmisión contemplado en el apartado 3 no está disponible y mientras dure esta indisponibilidad, las autoridades centrales de los Estados miembros transmitirán toda la información contemplada en el apartado 3, a excepción del filtro indexado contemplado en el artículo 4 bis, a través de cualquier medio seguro capaz de generar un registro escrito en condiciones que permitan a la autoridad central del Estado miembro receptor verificar la autenticidad del mismo, informarán de ello a la Comisión y harán todo lo posible para remediar cuanto antes la situación.»
Artículo 11 bis – apartado 1 – párrafo 2
El ECRIS garantizará la confidencialidad y la integridad de la información de los registros de antecedentes penales transmitida a otros Estados miembros.
El ECRIS garantizará la confidencialidad, la protección, la privacidad y la integridad de la información de los registros de antecedentes penales transmitida a otros Estados miembros.
2. Todos los datos de los registros de antecedentes penales se almacenarán únicamente en bases de datos manejadas por los Estados miembros.
2. Todos los datos de los registros de antecedentes penales se almacenarán únicamente en bases de datos manejadas por los Estados miembros en el territorio de la Unión.
Artículo 11 bis – apartado 4
4. El programa informático y las bases de datos que almacenen, envíen y reciban información de los registros de antecedentes penales funcionarán bajo la responsabilidad del Estado miembro de que se trate.
4. El programa informático y las bases de datos que almacenen, envíen y reciban información de los registros de antecedentes penales funcionarán bajo la responsabilidad del Estado miembro y de las autoridades competentes de que se trate.
Artículo 11 bis – apartado 6
«6. La Comisión proporcionará el programa informático contemplado en el apartado 1, asistencia general y asistencia técnica, incluida la recopilación y la redacción de estadísticas.
«6. La Comisión proporcionará el programa informático adecuado y más eficaz contemplado en el apartado 1, asistencia general y asistencia técnica, incluida la recopilación y la redacción de estadísticas.
Artículo 11 ter– apartado 1 – letra c
c) cualquier otro medio para organizar y facilitar intercambios de información sobre condenas entre las autoridades centrales de los Estados miembros, en particular:
c) cualquier otro medio técnico para organizar y facilitar intercambios de información sobre condenas entre las autoridades centrales de los Estados miembros, en particular:
1. A más tardar el [24 meses después de la fecha de aplicación], la Comisión enviará un informe sobre la aplicación de esta Decisión Marco al Parlamento Europeo y al Consejo. El informe evaluará si los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para cumplir con la Decisión Marco, incluida la ejecución técnica.
1. A más tardar el [18 meses después de la fecha de aplicación], la Comisión enviará un informe sobre la aplicación de esta Decisión Marco al Parlamento Europeo y al Consejo. El informe evaluará si los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para cumplir con la Decisión Marco, incluida la ejecución técnica.
2. El informe irá acompañado, en su caso, de propuestas legislativas relevantes.
3. Los servicios de la Comisión publicarán periódicamente un informe sobre intercambio, a través del ECRIS, de información extraída de los registros de antecedentes penales, basado en particular en las estadísticas mencionadas en el artículo 11 bis, apartado 6. Este informe se publicará por primera vez un año después de la presentación del informe contemplado en el apartado 1.».
3 bis. El informe de la Comisión mencionado en el apartado 3 se referirá en particular al nivel de intercambio entre Estados miembros, también en lo que respecta a nacionales de terceros países; la finalidad de las solicitudes y su número respectivo, incluidas las solicitudes con fines diferentes de los procedimientos judiciales como las comprobaciones de antecedentes y las solicitudes de información de la persona afectada acerca de su propio registro de antecedentes penales; y cuestiones relacionadas con la protección de los datos personales y una evaluación del impacto de la presente Decisión Marco en los derechos fundamentales.
3 ter. El informe mencionado en el apartado 3, frase segunda, examinará asimismo la viabilidad de la creación de un sistema de información europeo de antecedentes penales centralizado (ECRIS) para los nacionales de terceros países.
En los últimos años ha cambiado constantemente la naturaleza de las actividades delictivas y terroristas. Dichas actividades han adquirido un mayor carácter transnacional, y las instituciones de la Unión y los Estados miembros han hablado de la necesidad creciente de intercambiar información con el fin de abordar las amenazas a las que se enfrentan. El Consejo Europeo y el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior han señalado en distintas ocasiones la importancia de mejorar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS). La Declaración de Riga, de 29 de enero de 2015, emitida por los Ministros de Justicia y Asuntos de Interior, señaló la importancia del intercambio de información sobre las condenas penales en cualquier estrategia de lucha antiterrorista y de lucha contra la delincuencia.
Los recientes atentados terroristas han demostrado, en particular, la urgencia de mejorar el intercambio de información relevante, especialmente en lo que respecta a la ampliación del ECRIS a los nacionales de terceros países. En respuesta a ello, la Comisión Europea, dentro de su Agenda Europea de Seguridad, propuso una revisión del Reglamento existente sobre el intercambio de información de los registros de antecedentes penales. La finalidad de esta revisión es aumentar el intercambio de información entre los Estados miembros y acabar con los vacíos normativos existentes.
El sistema ECRIS es un sistema electrónico de intercambio de información sobre las condenas pronunciadas contra una persona por los tribunales penales en la UE a los efectos de un procedimiento penal y, si así lo permite el Derecho nacional, a otros efectos. Sin embargo, el marco legal del ECRIS no aborda suficientemente las solicitudes relacionadas con nacionales de terceros países. Aunque es posible actualmente intercambiar información sobre nacionales de terceros países a través del ECRIS, no existe ningún procedimiento o mecanismo para hacerlo eficazmente.
La propuesta tiene por objeto modificar la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio de información sobre el ECRIS y por la que se sustituye la Decisión del Consejo 2009/316/JAI. La propuesta impone la obligación de almacenar información de los registros de antecedentes penales; la obligación de distribuir a los otros Estados miembros un filtro indexado anonimizado con información sobre la identidad de los nacionales NTP condenados en su territorio, con el fin de identificar a los Estados miembros que conserven información de antecedentes penales de un NTP; y la obligación de actualizar el filtro indexado de conformidad con las supresiones y modificaciones de datos que se produzcan en el mismo.
Almacenamiento: Un Estado miembro cumple la obligación de almacenamiento incluso si la información se conserva en otra base distinta de la base de datos de antecedentes penales, a condición de que la autoridad central tenga acceso a la base de datos en la que se conserve la información. Asimismo, la obligación establece que se aplicará con independencia de que una persona también posea una nacionalidad de la Unión, a fin de garantizar que la información pueda hallarse, tanto si se conoce la nacionalidad adicional como si no;
Solicitud de información sobre las condenas: Un Estado miembro tiene la obligación de complementar un extracto de un registro de antecedentes penales solicitado por un NTP (sus propios antecedentes) con información de los otros Estados miembros como si se tratara de nacionales de la UE.
La definición de «Estado miembro de condena»: En la actualidad, esta definición abarca las condenas, con independencia de que se hayan pronunciado contra un nacional de otro Estado miembro o un NTP.
Obligaciones del Estado miembro de condena: la Decisión Marco actual se modifica para garantizar que la obligación de los Estados miembros de añadir la nacionalidad (o nacionalidades) de un condenado al registro de antecedentes penales se aplique ahora también a la nacionalidad o las nacionalidades del NTP.
Respuesta a una solicitud de información sobre las condenas: Una solicitud de información sobre un NTP se trata de manera similar a la solicitud de información sobre un nacional de la UE. Por lo tanto, la autoridad central que recibe la solicitud debe transmitir información sobre una condena pronunciada en su Estado miembro contra el NTP, más todas las condenas pronunciadas en terceros países que hayan sido introducidas en sus antecedentes penales.
Datos personales: Las referencias a datos personales se amplían a las nuevas disposiciones sobre los NTP.
Formato y medidas de organización: La propuesta establece que las autoridades centrales de los Estados miembros transmitirán la información, el filtro indexado, las solicitudes, las respuestas y otra información pertinente por medios electrónicos a través del ECRIS y un formato normalizado, de conformidad con las normas establecidas en los actos de ejecución; establece las obligaciones técnicas de los Estados miembros en relación con las tareas que han de cumplir de acuerdo con la Directiva. Esto concierne tanto al sistema de intercambio de información actual como al nuevo sistema de «coincidencia/no coincidencia» basado en un filtro indexado anonimizado. Las medidas técnicas y administrativas para facilitar el intercambio de información se establecerán en actos de ejecución; regulan la transmisión de información si el ECRIS no está disponible; exigen a los Estados miembros que en el futuro notifiquen a la Comisión Europea, en lugar de al Consejo, la fecha en que serán capaces de usar el ECRIS y su nuevo filtro indexado.
Comitología: Se ha introducido un procedimiento de comitología para dotar a la Comisión Europea de las herramientas necesarias para aplicar los aspectos técnicos del intercambio de información, de forma que funcione en la práctica.
III. Posición del ponente
El ponente comparte en su mayor parte la posición de la Comisión con respecto al intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros. La ampliación el ámbito de aplicación del presente Reglamento con el fin de permitir disposiciones especiales para los nacionales de terceros países es muy importante para asegurar la igualdad dentro los ordenamientos jurídicos nacionales para los nacionales de la Unión y los nacionales de terceros países.
El control de los antecedentes penales de las personas que entran en la Unión supone un paso importante para lograr más confianza en la migración, y en la seguridad de la Unión en general. Con el objeto de confiar en el espacio Schengen y en la libre circulación dentro la Unión se requieren acciones claras y eficaces que ayuden a intercambiar información sobre las personas sospechosas de haber cometido actividades delictivas. Esta revisión del presente Reglamento es esencial para mejorar la confianza y el reconocimiento mutuo en el ámbito de la cooperación judicial.
El ponente también sugiere que las disposiciones del Reglamento amplíen su ámbito de aplicación a los controles de antecedentes de todos aquellos que trabajan con las personas vulnerables, así como con niños. Los Estados miembros han de confiar en los trabajadores de la sanidad, la educación y los servicios asistenciales similares.
Asimismo, el ponente considera que debería establecerse claramente la obligación de que los Estados miembros incluyan en su base de datos de registros de antecedentes penales nacionales cualquier información bilateral recibida sobre las condenas penales impuestas a personas residentes dentro del territorio de la Unión, y compartir dicha información en el sistema de indexado.
El ponente pide también que se establezcan referencias explícitas a la necesidad de disposiciones relativas a la protección de datos, a la presunción de inocencia y a un juicio justo, así como una lista de las disposiciones que deben formar parte de una revisión detallada del sistema, en consonancia con los principios de una mejor legislación.