Source: http://discapacidadrosario.blogspot.com/
Timestamp: 2016-05-27 02:12:07
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Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 10', 'Artículo 1']

Registro Nacional de Prestadores Para entender cuál es el marco normativo que regulan a nuestros prestadores, sean éstos centros, instituciones como profesionales independientes, debemos conocer cómo funciona el sistema para ellos y, cuáles son las obligaciones que deben cumplir para evitarnos dolores de cabeza posteriores por desconocimiento de la norma.
Para que los sujetos obligados a dar cobertura total e integral a dichos afiliados puedan hacerlo, previamente deberán estar categorizados ¿Qué significa categorizado? Que aquellos deben inscribirse en un Registro Nacional de Prestadores que funciona dentro de la órbita del Servicio Nacional de Rehabilitación. Los potenciales prestadores de servicio para este colectivo etáreo tendrán que cumplimentar tres instancias, dos de las cuales solo son obligatorias siendo la última optativa. Estas son:
1) habilitación: la otorgará cada jurisdicción provincial para funcionar como prestador. Solo la Provincia de Buenos Aires tiene expresas normas de habilitación en discapacidad; las demás provincias se manejan cada una con sus propias normas generales; 2) categorización: la realizará el Servicio Nacional de Rehabilitación que, fundado en normas precisas y en el criterio de interpretación de sus auditores, determinará dentro de la habilitación para qué y cómo está autorizado a funcionar ese prestador; 3) acreditación: esta es la única instancia voluntaria y no obligatoria, es decir, el prestador podrá o no acreditar sus servicios.
Cabe señalar que en dicho registro también se encuentran inscriptas las instituciones preexistentes a la normativa citada, en virtud de la resolución nº 3/99 del Presidente del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad que dispuso que el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de atención a personas con discapacidad estuviera "constituido transitoriamente, por las instituciones categorizadas a la fecha de la presente resolución, por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación". Mediante resolución nº 4/99 del Presidente del mismo Directorio se dispuso la apertura del registro y se procedió "a la incorporación al mencionado registro de los prestadores categorizados e integrantes del Padrón de Prestadores del Programa de Atención Integral a Personas Con Discapacidad (PROIDIS) del Instituto Nacional De Servicios Sociales Para Jubilados Y Pensionados". Es importante que sepamos que es el Servicio Nacional de Rehabilitación quien tiene a su cargo la inscripción, permanencia y baja de la totalidad de las instituciones inscriptas en el mencionado registro.
¿Qué funciones tiene a cargo este registro público? Ni mas ni menos que la inscripción, permanencia y baja de todas las instituciones que brindan prestaciones a personas con discapacidad, tanto en servicios de atención como de rehabilitación. Asimismo también, constaran en él, las re-categorizaciones o modificaciones de cupo o nivel de riesgo asignado a cada prestador. ¿Qué es la categorización de una institución o establecimiento?
Básicamente es el procedimiento mediante el cual se clasifican a los prestadores, brinden o no servicio de internación, conforme criterios preestablecidos que tengan en cuenta la discapacidad que abarcan, las prestaciones que éstas requieren, y fundamentalmente los recursos necesarios para poder efectivizarlas. En síntesis, la categorización implica, entonces, que un órgano estatal con competencia para ello ha evaluado al prestador de acuerdo a los estándares mínimos de calidad de atención que permitan considerar que la institución se encuentra en condiciones de brindar las prestaciones del sistema creado por ley n° 24.901. Estos criterios a tenerse en cuenta, se encuentran establecidos en las normas de categorización de establecimientos y servicios de rehabilitación aprobada por resolución n° 47/2001del Ministro de Salud para las prestaciones de rehabilitación y en el marco básico de organización y funcionamiento de prestaciones y establecimientos de atención a personas con discapacidad aprobado por resolución nº 1328/2006 para el resto de los servicios.
Martina Jazmín Moreno es una cordobesa de 9 años, oriunda de Oncativo, que nació con Síndrome de Down. Lejos de sentirlo un pesar, esta pequeña explicó en un video qué es y cómo lo vive. “Hola, soy Martina. Mis hermanos me dicen Eduardo, Edu, Edubije y Bodu. Yo nací con Síndrome de Down, pero no es una enfermedad el Síndrome de Down ni es tener un problemita. Sólo tengo una ayudita más que otros chicos. Se nadar, se bailar, se cantar, se saltar, se correr, se hacer todo. ¡Yo soy una niña feliz como una lombriz!”, dijo entusiasta en la filmación. El video fue publicado por una de sus hermanas el 16 de abril, y ya tiene casi 4 millones de reproducciones.
Respecto a la rutina de la protagonista de esta nota, Virginia contó que todos los años la niña realiza diferentes actividades afuera del cole como natación, folclore, y gimnasia rítmica, entre otras. “Somos cuatro hermanos y ella es la menor, con una diferencia de 10 años con el que sigue, así que es la mimada de la familia”, agregó. La frutilla del postre en esta pequeña es que también es hincha fanática de Talleres, y de River por decisión propia, ya que todos en su casa son de Boca… “Como para que veas la personalidad que tiene”, dice su hermana entre risas. Martina tiene pendiente conocer la cancha de la T y poder ir a un partido a alentar a su equipo.
Musicoterapia. Regulación de la profesión. Obligatoriedad de su cobertura a cargo de los diferentes efectores La
Musicoterapia es una disciplina profesionalizada con rango universitario en la
Argentina desde 1966. Ello significa, que se trata de una carrera del ámbito de
la salud regulada desde el año 2015 a nivel nacional a través de la sanción de
la ley 27.153, cuyo decreto reglamentario Nº 603 ha sido recientemente dictado,
en abril de este año. Consecuentemente, los musicoterapeutas, son profesionales
que cursan una carrera universitaria que los habilita para el ejercicio de
dicha disciplina.
Los graduados en ella, son llamados
"musicoterapeutas o licenciados en musicoterapia" cuya titulación es
oficial y nacional en todo nuestro territorio, ya sea que aquel título fuere
obtenido en universidades estatales o privadas.
Ahora bien, qué sucede actualmente con la
cobertura de esta prestación a cargo de los distintos sujetos obligados? Los
pacientes que cuenten con certificado de discapacidad y se encuentren
debidamente encuadrados por ante los diferentes efectores de salud, y les fuere
prescripta dicha prestación, "la musicoterapia", no tendrán que
desembolsar dinero por su utilización. Debe entenderse por sujetos obligados,
las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y los agentes del seguro
de salud. Ello, porque dicha prestación se interpreta implícita dentro de las
indicadas enunciativamente por la Ley de Prestaciones Básicas en materia de
discapacidad, ley 24.901. Debe soslayarse que lo que los distintos efectores de
salud están obligados a cubrir no es la actividad (musicoterapia) sino la
profesión de quien la lleva a cabo (musicoterapeuta titulado).
En consecuencia será el título universitario
lo que la garantice. Por lo tanto, para que se efectivice la cobertura
prestacional de una determinada profesión como lo es la musicoterapia, cada
paciente deberá presentar: A- Prescripción médica indicando la prestación con
el número de sesiones respectivas. B- Título habilitante con nro. de matrícula
del musicoterapeuta. C- Proyecto y plan de tratamiento. D- El presupuesto de la
prestación solicitada. E- CUIT o inscripción de monotributo del profesional que
fuere el prestador. F- Seguro de responsabilidad profesional que cubra al
profesional. G- Seguro de responsabilidad civil comprensiva del ámbito físico
donde se lleve a cabo la atención del paciente. H- Servicio de emergencia
médica. I- La inscripción en el Registro Nacional de Prestadores para Personas
con Discapacidad, solo cuando se tratare de instituciones. J- La factura o recibo
mensual por el total de las prestaciones recibidas por el paciente.
punto importante que deben tener en cuenta los profesionales de esta disciplina
es la consignación en el plan de trabajo y el respectivo presupuesto, la
modalidad de trabajo interdisciplinario, siendo relevante contemplar en éstos,
las entrevistas de orientación a los papás, las reuniones de trabajo con otros
referentes de la red prestacional médica, sea terapéutica o educativa. Sin
perjuicio de lo antedicho, debe conocerse que como generalmente ni las obras
sociales, ni las empresas de medicina prepaga tienen en sus cartillas este tipo
de prestadores, la cobertura de esta prestación se realiza mediante la
modalidad del reintegro al afiliado/cliente, o mediante acuerdo directo entre el
profesional y cada efector obligado en forma individual. Pero debe aclararse,
que en uno y otro caso, se trata de un tipo de tratamiento particular donde
será el musicoterapeuta quien facilite a su paciente la documentación necesaria
para que aquel pueda tramitar la correspondiente cobertura ante la obra social
o prepaga. Dicen los especialistas, que la musicoterapia como prestación de
salud, no es equivalente a una actividad ni a un método, no es un tipo de arte
terapia, no es tampoco una tarea que pueda llevar a cabo un profesional del
área de rehabilitación ni de la educación, ni una especialización o post título
para otra clase de profesionales. Y menos aún, es una terapia alternativa o
complementaria a ninguna otra disciplina.
último es conveniente saber que la cobertura prestacional musicoterapeutica
puede incluirse como tratamiento privado a través de las siguientes
modalidades: 1- Prestaciones de salud, rehabilitación sea mediante atención
domiciliaria o ambulatoriamente. 2- Prestaciones preventivas como es el caso de
la estimulación temprana. 3- Prestaciones complementarias se da en el supuesto
de salud mental. 4- Prestaciones de apoyo o anexas. 5- pero también puede
desarrollarse en centros de día, centros educativos terapéuticos o en escuelas especiales.
a lo narrado, si el paciente que demanda esta clase de prestación no es un
detentador de Certificado Único de Discapacidad, no tendrá la cobertura aludida
pues la misma no está incluida en el PMO, (Programa Médico Obligatorio) dependiendo
en consecuencia de los potenciales acuerdos individuales que cada profesional
realice con la entidad prestadora, se trate de una obra social o empresa de
regulación nacional del ejercicio de esta disciplina, "la
musicoterapia", junto a su reglamentación reciente, servirán sin duda
alguna como herramientas esenciales para que quienes reciban por parte de sus
médicos de cabecera la prescripción de esta determinada terapia, no hallen
respuestas negativas a la hora de solicitar su cobertura económica por quienes
legítimamente son los obligados a cubrirla. Conocer los requerimientos
específicos tanto para quien ejerza esta profesión como para quien precise de
su cobertura evitará judicializaciones innecesarias que no hacen más que
generar apatía por parte de los ciudadanos respecto de los integrantes de este
maravilloso colectivo, el conformado por personas con diversas discapacidades.
Por ello, sigo invitándolos a "ejercer sus derechos porque su ejercicio no
constituye meros privilegios". Fuente: Dra. Silvina Cotignola
La ley 26.682( que reglamenta la medicina prepaga) es muy clara al respecto,
así pues expresa que ninguna entidad de
medicina prepaga puede rechazar la afiliación/adhesión de personas mayores de
65 años, ni tampoco a quienes padezcan una enfermedad prexistente.
En consecuencia, de verificarse tal
incumplimiento normativo, la autoridad de aplicación es decir el Ministerio de
Salud de la Nación/Superintendencia de Servicio de Salud, intervendrá en uso de
sus facultades como ente de regulación, control y fiscalización de aquellas,
garantizándoles a tales individuos su ingreso a dichas prepagas requeridas en
carácter de usuarios. Ahora bien, cuando la persona con
discapacidad o familiar que la tuviera a su cargo, hubiera sido objeto de
rechazo de admisión, debe saberse que efectivamente habrá que realizar una
denuncia por ante la Superintendencia de Servicio de Salud, sea de manera
personal o mediante vía postal si se residiera en cualquier jurisdicción de la
República Argentina. Al respecto es relevante señalar que nuestro país cuenta
con normativa específica. Ejemplo de ello, es la ley 22.431 por la cual se ha
instituido un sistema de protección "integral" para las personas
En tal sentido cabe soslayar que habrá
que adecuar dicha expresión a "persona con discapacidad", pues así lo
señala la benemérita Convención Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico
interno mediante ley 26.378/2008 y 27.044/2014, mediante las cuales la
Argentina la aprobó y ratificó tanto en su parte convencional como en su
protocolo facultativo, otorgándole por ésta última jerarquía constitucional que
bien merecía, ergo formando parte del bloque federal respectivo. Del mismo
modo, contamos con la ley 24.901 por la cual se asegura a todos los
beneficiarios con discapacidad acreditada, la atención médica, educación,
seguridad social, franquicias y estímulos que les permitan neutralizar las
desventajas que su discapacidad les provoca, sea esta de origen congénito o
De allí que dicha ley, contemple la
cobertura de acciones de prevención, asistencia, promoción, y protección,
ampliando en este sentido las obligaciones de los prestadores a prestaciones de
prevención, más que importante, y promoción a fin de favorecer la mentada
autonomía e independencia personal de las PCD.
En síntesis, quien fuere beneficiario
de una prepaga, deberá reclamar la
cobertura de dichas prestaciones a aquellas en caso de ser denegadas o
autorizadas parcialmente. En tanto, para quienes no tengan cobertura
social, será el Estado Nacional el obligado de cubrírselas.
No obstante lo antedicho, hay que tener
bien presente que para que se esté legitimado para realizar estos reclamos,
debe inexcusablemente contarse con el CUD, Certificado Único de Discapacidad,
vigente a la fecha del requerimiento. Este certificado deberá incluir: A- un
diagnostico funcional y B- orientación prestacional, la que se incorporará a un
Registro Nacional de Personas con Discapacidad que llevará el Servicio Nacional
de Rehabilitación, organismo que también orbita en el ámbito de la cartera
Una vez otorgado este documento, deberá
tenerse en cuenta que el mismo tiene vencimiento, generalmente es de 5 o 10
años. Por tanto si éste no se renovara oportunamente, no podrá hacerse valer
los beneficios previstos en aquel. Tener bien presente esto!
Como corolario de lo narrado, puedo
afirmar que si aproximadamente el 12.9% de la población de nuestro país, padece
o porta algún tipo de discapacidad, muchos de los cuales pertenecen a la
población económicamente activa, como lo son los jefes de familia, los menores
de edad, es dable apoyar su reinserción social mediante los procesos
rehabilitatorios.
Concluyendo, ante la negativa por parte
de las empresas de medicina prepaga ya sea rehusando la afiliación de una
persona con discapacidad o admitiendo su incorporación pero a valores
extraordinarios o exorbitantes, fuera de lo razonable y autorizado por la
autoridad de aplicación, o en su caso, no autorizando las prestaciones
necesarias indicadas por los facultativos de la persona o haciéndolo
parcializadamente, definitivamente no hay que quedarse en silencio, ni
paralizarse, porque tales conductas son ilegales y arbitrarias, más allá de
inmorales e inhumanas.
Considero que viene siendo hora de que
empecemos a darnos cuenta que para defender nuestros legítimos derechos,
debemos exigir su respeto en sede tribunalicia, pues tales derechos nos
competen como habitantes de nuestro país.
La ley nos otorga a todos, la potestad
de defendernos en caso de explicitas arbitrariedades, muchas veces en cabeza de
estos efectores de salud, así como también de ilegalidades manifiestas, por
estricto desconocimiento de la normativa tuitiva del colectivo, hoy día
paternalmente guiada por la Convención de la ONU. Ello porque entiendo que la
vida humana, merece llamarse humana. Por todo esto, los vuelvo a invitar a que
"ejerzan sus derechos porque su ejercicio no constituye meros
privilegios"
Fuente ; Dra. Silvina
VISTO el expediente N° 1-2002-4300021209/15-5 del registro del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN las Leyes Nros. 22.431 del 20 de marzo de 1981 y 24.901 del 5 de diciembre de 1997; los Decretos Nros. 762 del 14 de agosto de 1997, 1193 del 14 de octubre de 199.8 y 627 del 5 de mayo de 2010 y la Resolución N° 675 del MINISTERIO DE SALUD del 12 de mayo de 2009, y CONSIDERANDO: Que el artículo 3° de la Ley N° 22.431, en su parte pertinente, establece que el MINISTERIO DE SALUD certificará, en cada caso, la existencia de la discapacidad y que el certificado que se expida se denominará Certificado Único de Discapacidad (CUD). Que el artículo 10 de la Ley N° 24.901 determina que a los efectos de la mencionada ley, la discapacidad deberá acreditarse conforme a lo establecido por el artículo 3° de la Ley N° 22.431 y por leyes provinciales análogas. Que el artículo 4° del Decreto N° 762/1997 dispone que el SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN (SNR), organismo descentralizado de este Ministerio, resulta responsable del REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD cuya finalidad es registrar a quienes poseen el CUD. Que el artículo 10 del Anexo I del Decreto N° 1193/98 determina que el certificado de discapacidad se otorgará previa evaluación del beneficiario por un equipo Interdisciplinario que se constituirá a tal fin y comprenderá el diagnóstico funcional y la orientación prestacional, información que se incorporará al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Que, además, en el mencionado Registro se consignan los datos obtenidos por la Junta Evaluadora Interdisciplinaria al completar, al momento de la evaluación de quien solicita un CUD, el Protocolo de Evaluación y Certificación de la Discapacidad aprobado a través de la Resolución N° 675/2009 de este Ministerio. Que en atención a la incorporación en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de nuevas categorías en infancia y adolescencia, y las modificaciones en la normativas dictadas por el SNR que establecen los criterios de valoración de la discapacidad, resulta necesario proceder a la modificación del citado Protocolo de Evaluación y Certificación de la https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/NTF5dWtJaElsejQrdTVReEh2ZkU0dz09
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia. Que se actúa conforme a las disposiciones de la “Ley de Ministerios - T.O. 1992”, modificada por Ley N° 26.338. Por ello, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: Artículo 1° — Modifícase el PROTOCOLO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD que fuera aprobado mediante Resolución N° 675 del MINISTERIO DE SALUD del 12 de mayo de 2009, cuyo modelo como ANEXO I forma parte integrante de la presente. Art. 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge D. Lemus.
SENTENCIACORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIONCAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES3 de Mayo de 2016n el marco de un proceso por el cual se trata la solicitud de incapacidad de una persona que vive en la localidad de Lujan, Provincia de Buenos Aires, y que lleva más de diez años de trámite, aplica las reglas de competencia del nuevo Código Civil y Comercial en materia de restricciones de la capacidad y declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el tribunal correspondiente al lugar en donde se encuentra internado el presunto incapaz. Señala que el art. 40 de la citada normativa asigna al juez la obligación de revisar la sentencia respectiva, tarea ésta que ha de llevarse a cabo con asiduidad y sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios y con la audiencia personal del interesado. Asimismo refiere que la labor atribuida a los jueces por el Cód. Civ. y Com. va más allá de una aproximación de visu, pues implica un ejercicio de evaluación y seguimiento que no podría desplegarse adecuadamente desde una sede judicial que no sea la del lugar donde habita establemente la persona, máxime cuando el desenvolvimiento de los profesionales involucrados puede verse dificultado fuera del ámbito territorial en el que fueron designados.TEXTO:http://www.saij.gob.ar/corte-aplica-reglas-competencia-codigo-civil-comercial-materia-restricciones-capacidad-nv14387-2016-05-03/123456789-0abc-783-41ti-lpssedadevon