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Timestamp: 2019-08-17 11:05:40
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Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 29', 'artículo 11', 'artículo 26', 'artículo 15', 'artículo 20', 'artículo 13']

﻿ SENTENCIA C-60 DE FEBRERO 17 DE 1994
SENTENCIA C-60 DE 17 DE FEBRERO DE 1994
CONTENIDO:PROCESOS DISCIPLINARIOS CONTRA ABOGADOS, PUBLICIDAD DE LAS SANCIONES
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DISCIPLINARIO, PUBLICIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA ABOGADO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:268 DE ABRIL DE 1994, PÁG.515
Sentencia C-060 de febrero 17 de 1994
PROCESOS DISCIPLINARIOS CONTRA ABOGADOS
EXTRACTOS: «El abogado, en el ejercicio de su profesión está sujeto a imperiosas reglas éticas, que han ganado, además, el sello de la juridicidad al ser acogidas por el legislador en el Decreto Extraordinario 196 de 1971, denominado “estatuto de la abogacía”, dentro del cual se contemplan los deberes, las prohibiciones, las faltas y sanciones a que están sometidos quienes violen dichas normas. Igualmente se establecen —en tal decreto— los procedimientos que deben observarse en el desarrollo de los procesos disciplinarios correspondientes, los funcionarios competentes para tramitarlos, etc.
En punto a la competencia para el trámite de tales procesos, el Constituyente de 1991 asignó al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso, la facultad de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley (art. 256-3 C.N.). Por su parte, el Decreto 2652 de 1991, en su artículo 10, atribuye a los Consejos Seccionales de la Judicatura el conocimiento, en primera instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los abogados en ejercicio, y a la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, “conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los consejos seccionales...” (art. 9-4 ibidem).
Tales procesos, como es obvio, deben llevarse a cabo con el respeto de las normas constitucionales, sin olvidar las del debido proceso, que permiten al acusado el ejercicio de su derecho de defensa, de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, de impugnar la sentencia condenatoria, y como lo ordena el artículo 29 de la Constitución Nacional, el derecho “a un debido proceso público”.
La publicidad del proceso surge entonces como un derecho constitucional del acusado (art. 29 C.N.) y una garantía jurídica, puesto que las actuaciones judiciales son públicas con las excepciones que señale la ley (art. 228 C.N.), además de constituirse en una manifestación del derecho a obtener información (art. 20 C.N.), y del derecho a acceder a los documentos públicos (art. 74 C.N.)
El propósito fundamental de la publicidad de los procesos es evitar las arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades judiciales, y proporcionar al acusado un juicio justo e imparcial. Sin embargo, dicha publicidad puede ser restringida o limitada por la ley, siempre y cuando sea proporcionada con la finalidad protectora que se quiera cumplir, como es el caso de la reserva del sumario, que busca proteger la recolección de datos que ayudan a determinar responsabilidades. Tales restricciones, sin embargo, no pueden ser de tal magnitud que hagan nugatorio dicho derecho constitucional.
El Consejo Superior de la Judicatura es un organismo integrante de la rama jurisdiccional, que cumple una función pública, cual es la de administrar justicia (art. 116 C.N.), y en consecuencia las actuaciones que adelante son públicas y permanentes, con las excepciones que establezca la ley (art. 228 C.N.).
Los procesos disciplinarios que a dicha entidad le compete adelantar contra los abogados, por faltas en el ejercicio de la profesión, son públicos, pues no existe disposición legal alguna que consagre la reserva de actuaciones judiciales en este campo. Así las cosas, toda persona tiene derecho a conocer las sentencias que desaten dichas investigaciones, cualquiera que sea su sentido (absolutorias, sancionatorias, de inhibición, etc.).
Si el proceso disciplinario concluye con sentencia sancionatoria, el Consejo Superior de la Judicatura ordena que esa decisión se anote en el registro del abogado, salvo que la sanción impuesta fuere la de amonestación, evento en el cual no hay lugar a registrarla (D. 196/71, art. 62). Tales fallos, obviamente, deben estar ejecutoriados para que puedan ser registrados.
El registro de abogados, que anteriormente estaba a cargo de la División de Asistencia de la Rama Jurisdiccional del Ministerio de Justicia, y que hoy corresponde llevarlo a la Sala Administrativa del citado Consejo, tal como lo ordena el artículo 11-7 del Decreto 2652 de 1991, es desarrollo pleno de la facultad que tiene el legislador de reglamentar el ejercicio de las profesiones, y de la potestad asignada a las autoridades competentes para inspeccionar y vigilar el ejercicio de las mismas, consagrada en el artículo 26 de la Constitución Nacional.
Dicho registro está conformado por la relación de los profesionales del derecho debidamente inscritos, con indicación de algunos de sus datos personales, académicos, de experiencia laboral, sanciones que se les han impuesto, etc., y aquellos otros que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En este punto, el decreto acusado, como bien lo afirma el Procurador General de la Nación, fue modificado por el Decreto 2652 de 1991.
Ahora bien, si los procesos disciplinarios que se adelantan contra los abogados, son públicos, no halla la Corte razón válida alguna para impedir la publicación de las sanciones, distintas a la de amonestación, que se les impongan. Sin embargo, la demandante considera que dicha publicación lesiona el derecho a la intimidad, al buen hombre y a la honra, como el derecho a la igualdad, criterio que no comparte esta Corporación por las siguientes razones:
Sobre el derecho a la intimidad, el honor y a la honra, la Corte Constitucional ha hecho múltiples pronunciamientos en sentencias de tutela, y en ellas ha definido claramente en qué consiste cada una de tales garantías. Veámos:
En sentencia T-412/92 con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, dijo la Sala de Revisión de Tutelas:
“El artículo 15 de la Constitución relativo al derecho a la intimidad, contiene una zona de reserva para la propia persona, de la que quedan excluidos los demás, a menos que la persona protegida decida voluntariamente compartir dicho ámbito. Contiene dicho artículo, entre otros, los derechos a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, al habeas data y a la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada. Todos estos derechos están unidos por su finalidad, cual es la de aislar a la persona de las injerencias de terceros, así como proteger su imagen.
Aunque honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia muy clara entre ellos. Honor se refiere a un valor propio que de sí mismo tiene la persona, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno —el sentimiento interno del honor—, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros —honra—”.
Ahora bien: en lo que atañe a la violación del derecho a la intimidad y al honor, cabe preguntar, ¿en qué medida difundir una sentencia sancionatoria puede lesionar el honor del sancionado, si toda la información es veraz? No puede pretenderse una protección del honor cuando el sancionado ha incurrido en hechos consurables, que demuestran una actuación antiética y a todas luces contraria a la ley.
Es que “las normas generales de la ética rigen para el ejercicio de todas las profesiones, pero quizá respecto de ninguna como la abogacía, su acatamiento indeficiente sea más útil para mantener la interdependencia o solidaridad social. Su cumplimiento no puede estimarse como una indebida injerencia en el fuero interno de las personas, con menoscabo de su moral personal. Lo que sucede es que la ética o moral profesional tienen como soporte la conducta individual, conducta que vincula a la protección del interés comunitario. La cooperación o colaboración con las autoridades “en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia”, no es deber exclusivo del abogado sino de todas las personas. Es el principal y más importante de los deberes sociales, ya que sin un orden jurídico estable y una recta y cumplida prestación del servicio de justicia, no es posible adelantar tarea alguna de desarrollo o progreso colectivo. Y por razón de sus conocimientos, es del abogado de quien se exige un mayor y permanente esfuerzo para alcanzar ese fin vital” (sent. C.S.J., mayo 22 de 1975).
Considera la Corte Constitucional que el derecho al honor, a la intimidad y el buen nombre, no pueden constituir obstáculo alguno para que a través de procesos judiciales o expedientes administrativos seguidos con todas las garantías, se investiguen y sancionen conductas ilegales de los profesionales de cualquier especialidad, en este caso del derecho, pues el daño que a tales bienes se puede causar, no se origina en estos procedimientos, sino en la propia conducta, y ni la Constitución ni la ley pueden proteger al individuo contra la mala imagen, o el deshonor que nazca de sus propios actos.
La publicidad de las sanciones disciplinarias que se imponen a los abogados (excepto la amonestación), también tiene fundamento en el derecho a informar y a recibir información veraz e imparcial a que alude el artículo 20 constitucional, pues se trata no de dar opiniones sino de suministrar información sobre hechos que son ciertos, cumpliéndose así el requisito de veracidad.
Finalmente, considera la Corte pertinente agregar que la citada publicidad, tiene íntima relación con el concepto de seguridad jurídica, ya que la ciudadanía en general tiene derecho a saber que las ilicitudes han sido investigadas y que los responsables de conductas antiéticas, deshonestas, y, en fin, contrarias a la Constitución y la ley, han sido debidamente sancionadas, máxime si se trata de abogados cuya misión principal es colaborar con la justicia, fin esencial del Estado social de derecho.
Es entonces de señalada importancia que se publiquen las sanciones disciplinarias impuestas a los profesionales del derecho, pues de esta manera los ciudadanos tendrán la oportunidad de conocerlas y, en caso de tener que contratar los servicios de uno de ellos, podrán seleccionar aquellos que por su nombre y reputación son idóneos para defender sus intereses. Por tanto, la publicidad de las sanciones tiene como finalidad esencial la defensa y protección de la sociedad.
En lo que respecta a la presunta infracción del artículo 13 de la Carta, vale la pena recordar lo que esta Corporación ha expresado sobre tal punto:
“Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática” (sent. C-221/92, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
En este orden de ideas, no advierte la Corte que las normas acusadas, lesionen el artículo antes mencionado, pues la publicidad de las sanciones no se contempla para un grupo determinado de abogados, sino para todos los profesionales del derecho que hayan sido objeto de sanciones. El hecho de que en otros estatutos similares no se consagre la publicidad de las sanciones, aunque sería deseable que así fuera, no hace inexequibles los preceptos legales que se demandan, pues el profesional de cualquier rama de las ciencias, tiene una misión social que cumplir y que los demás miembros de la sociedad esperan que se desarrolle en forma eficiente, ética y con sujeción a la ley.
Por estas razones la Corte Constitucional procederá a declarar exequibles los artículos 44-3-4 y 62 del Decreto 196 de 1971, pues no vulneran mandato constitucional alguno».
(Sentencia C-060 de febrero 17 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).