Source: https://derecholocal.es/fallo-judicial/responsabilidad-patrimonial-de-la-administracion-en-el-supuesto-de-irregularidades-en-la-contratacion
Timestamp: 2019-10-18 04:27:13
Document Index: 360196281

Matched Legal Cases: ['artículo 110', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 28', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 139']

Responsabilidad patrimonial de la Administración en el supuesto de irregularidades en la contratación - El Derecho Local
Responsabilidad patrimonial de la Administración en el supuesto de irregularidades en la contratación
TSJ Extremadura - 12/07/2019
Un Ayuntamiento y el concesionario de un chiringuito de playa acordaron la rescisión del contrato y la entrega de llaves por estar, este último, en desacuerdo con las condiciones de la contratación.
Posteriormente, el concesionario solicitó, mediante una reclamación por responsabilidad patrimonial, una indemnización a la Corporación Local alegando que se produjeron irregularidades en la tramitación del procedimiento de contratación.
En la sentencia recurrida el juzgado de primera instancia se declaró incompetente para conocer este asunto al considerar que la resolución del mismo correspondía a los juzgados del orden civil y no a los del ámbito administrativo.
El TSJ, señala que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo es competente para conocer de todas las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se planteen frente a una Administración Pública con independencia del tipo de relación de la que surja.
En cuanto al fondo del asunto, considera el tribunal que no da lugar a indemnización alguna ya que el establecimiento, aún sin la correspondiente licencia, funcionó durante el tiempo en que el contrato estuvo vigente.
Añade el tribunal que, fue el concesionario el que decidió rescindir voluntariamente el contrato sin que fuera admisible pretender impugnar las condiciones de la adjudicación mediante el procedimiento de responsabilidad patrimonial.
Concluye, indicando que si el concesionario no estaba de acuerdo con los pliegos del contrato debía haberlo puesto en conocimiento del Ayuntamiento antes de iniciar la actividad y no después del cese voluntario de la misma.
TSJ Extremadura Sala de lo Contencioso-Administrativo, 12-07-2019
, nº 115/2019, rec.122/2019,
Pte: Ruiz Ballesteros, Daniel
ECLI: ES:TSJEXT:2019:821
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Mérida se remitió a esta Sala recurso contencioso-administrativo PO nº 34/18 seguido a instancias de D. Dimas sobre responsabilidad patrimonial. Procedimiento que concluyó por Sentencia del Juzgado nº 57/19 de fecha 23.05.2019 .
Notificada la anterior resolución a las partes intervinientes se interpuso recurso de apelación por D. Dimas , dando traslado a EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZUELA DEL VALLE, aduciendo los motivos y fundamentos que tuvo por conveniente.
En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales.-
Siendo Ponente para este trámite el Iltmo. Sr. Magistrado D. DANIEL RUIZ BALLESTEROS , que expresa el parecer de la Sala.
La parte demandante presentó recurso contencioso-administrativo contra la Desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Cabezuela del Valle presentada el día 15-5-2017.
El artículo 110.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas , dispone lo siguiente:
"El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan sobre estos contratos entre las partes. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con su preparación y adjudicación y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con su normativa reguladora".
No compartimos la incompetencia declarada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo al no encontrarnos ante una controversia del contrato firmado entre las partes que verse sobre el cumplimiento o interpretación de las obligaciones asumidas por cada una de las partes, sino que estamos ante una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada ante la Corporación Local y que ha sido desestimada. Es cierto que la reclamación parte de la existencia del contrato denominado de concesión de la explotación del servicio de bar-restaurante del chiringuito El Vao, pero en atención a los fundamentos en los que la parte basa la pretensión indemnizatoria estamos ante una verdadera petición de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento del servicio público que la parte demandante imputa a la Corporación Local. La reclamación de responsabilidad patrimonial no se basa en el incumplimiento de obligaciones civiles derivadas del contrato sino en los incumplimientos en materia urbanística, contratación administrativa, dominio público hidráulico y otros que impidieron, según la parte actora, el poder desarrollar la explotación del chiringuito que le fue adjudicado.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo es competente para conocer de todas las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se planteen frente a una Administración Pública con independencia del tipo de relación de la que surja, materia que absorbe todos los ámbitos en los que se pide responsabilidad a una Administración Pública por el funcionamiento de un servicio público, como sucede en este caso. La competencia de los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo para conocer de los supuestos de responsabilidad de las Administraciones Públicas está atribuida en el artículo 9.4 LOPJ y en el artículo 2.e) LJCA cuando establece que"El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con: e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad".
En atención a lo expuesto procede revocar el pronunciamiento de inadmisibilidad declarado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, siendo procedente entrar a conocer del fondo del asunto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 85.10 LJCA , que establece que"Cuando la Sala revoque en apelación la sentencia impugnada que hubiere declarado la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, resolverá al mismo tiempo sobre el fondo del asunto".
Esta norma atribuye competencia a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura para entrar a conocer del fondo del asunto. Debemos tener en cuenta que el PO fue tramitado íntegramente por el Juzgado, las partes litigantes han realizado cuantas alegaciones han tenido por convenientes y esta Sala tiene a su disposición todos los elementos necesarios para resolver sobre la cuestión controvertida. Lo dispuesto en el artículo 85.10 LJCA , en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, conlleva que resolvamos el fondo del asunto.
Para resolver el supuesto de responsabilidad patrimonial planteado por la parte demandante tenemos en cuenta lo siguiente:
4. Si bien es reprochable la falta de licencia de apertura o de autorización de la CHT no puede negarse que el chiringuito estuvo funcionando durante los meses de junio, julio y agosto. En consecuencia, la falta de autorizaciones -que el Ayuntamiento no debió tolerar- no impide reconocer que ello no fue un obstáculo real para que el demandante iniciara la actividad de bar-restaurante, desarrollase la actividad en junio, julio y agosto de 2016 y pusiera fin a la misma por decisión propia. Fue la parte recurrente la que decidió, sin que existiera impedimento real para la continuación de la actividad, poner fin al contrato, entregar las llaves y cerrar el bar el día 2-8-2016. No de otra manera puede entenderse la renuncia que hace ese día y la entrega de llaves del local. El cierre del local es contrario a la actividad que había desarrollado hasta entonces y que le permitió obtener ingresos y beneficios, conforme a lo expuesto en el Informe elaborado por el Auditor don Everardo .
Todo ello sin olvidar, que la cláusula 11.21 del Pliego de condiciones económico-administrativas que ha de regir el arrendamiento del chiringuito El Vao establece claramente que"El arrendatario estará obligado a utilizar el inmueble para destinarlo a Bar-Restaurante debiendo solicitar y obtener las licencias que correspondan", de modo que era obligación del demandante la obtención de cuantas autorizaciones fueran necesarias para el funcionamiento de la actividad, sin que el actor hiciera solicitud alguna para ello hasta que puso fin al contrato. La petición de información sobre la licencia del local no se solicita por el actor hasta el día 3-8-2016, esto es, un día después de haber renunciado a continuar con la actividad de chiringuito. Por consiguiente, hasta la renuncia a continuar con la explotación del local la existencia o no de autorizaciones no fue una preocupación del apelante que abrió el local, desarrolló la actividad e incluso realizó un concierto sin autorización.
6. La parte actora ya reclamó inicialmente contra los problemas de suministro eléctrico, el estado del chiringuito, la pérdida de mercancías y las pérdidas por no haber podido abrir el bar hasta el día 7-6-2016. La parte actora, aunque ahora introduce una mayor fundamentación y centra la reclamación económica en el beneficio dejado de obtener no cabe duda que reproduce argumentos sobre el estado, características del chiringuito y períodos anteriores a la apertura del local que expuso desde el inicio de la adjudicación del contrato. El pretendido cambio de fundamento no afecta a las anteriores peticiones indemnizatorias ni a los actos administrativos firmes y consentidos. De no ser así, bastaría con una modificación de la fundamentación para eludir la firmeza de un acto administrativo y lo dispuesto en el artículo 28 LJCA que establece que"No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma".
El día 14-6-2016, el demandante presenta dos escritos con una petición indemnizatoria similar a las anteriores. En uno de ellos, reclama las pérdidas por no poder abrir el local desde el día 21-3-2016 hasta el día en que procedió a la apertura que fue el día 7-6-2016. En otro, reclama las pérdidas de mercancías por los problemas eléctricos.
La reclamación de responsabilidad patrimonial objeto de este proceso no puede desconocer lo anteriormente pedido por el interesado y la respuesta que a cada una de las peticiones dio el Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, ni pretender una modificación de la fundamentación de la petición de responsabilidad para eludir la firmeza de los actos administrativos que se fueron dictando, por lo que no pueden incluirse reclamaciones por períodos anteriores a la apertura del chiringuito que fueron precedentemente solicitados, desestimados y consentidos.
7. La petición de responsabilidad patrimonial no puede extenderse hasta el día 31-12-2016, como pretende la parte actora y valora el Informe efectuado por el Auditor don Everardo .
En virtud de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , que establece el principio del vencimiento en la imposición de las costas procesales, procede imponer las costas procesales causadas en la primera instancia jurisdiccional a la parte demandante. No se aprecia que concurran serias dudas de hecho o de derecho en el supuesto objeto de control jurisdiccional para no imponer las costas procesales ni motivos para su limitación.
Esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura ha señalado en sentencias anteriores que el incumplimiento de la obligación de resolver no es uno de los supuestos recogidos en el artículo 139.1 LJCA para no imponer las costas procesales. El precepto exclusivamente menciona la existencia de serias dudas de hecho o de derecho, por lo que no pueden incluirse criterios que no son los previstos en el ordenamiento jurídico. El que se recurra contra un acto presunto no es una causa para no imponer las costas procesales, no está así previsto en el artículo 139.1 LJCA , y no existe relación entre las serias dudas de hecho y de derecho con la desestimación presunta de una petición, recurso o reclamación, pues ello dependerá de la concreta pretensión y fundamentación del supuesto sometido al debate jurisdiccional. Por ello, lo decisivo es analizar el supuesto de hecho y no si la Administración ha incumplido su obligación de resolver -lo que tiene relevancia en cuanto a los plazos procesales-, pero no para la imposición de las costas.
Reproducimos algunos pronunciamientos anteriores sobre la imposición de las costas procesales.
La sentencia del TSJ de Extremadura de fecha 13-2-2018, Nº de Recurso: 278/2017 , Nº de Resolución: 25/2018, expone lo siguiente en el fundamento de derecho cuarto:
"El argumento de la sentencia para no imponer las costas a la esposa es que la resolución impugnada es por silencio, de lo que podremos deducir que asimila el silencio a las notorias dudas de hecho o derecho, única exclusión del principio de vencimiento, las mismas dudas le supondrían al esposo, y la falta de omisión absoluta de motivación de su pretensión, conduciría a la desestimación de la misma, pero no a la imposición de costas. En todo caso, ante una disposición como elartículo 139 de la Ley procesal, no cabe por el juzgador realizar interpretaciones más allá de lo que permite el precepto, esto es, que el asunto presente serias dudas de hecho o de derecho.
Como decimos, este Tribunal ya ha expresado que entiende de aplicación la literalidad del artículo 139, tal y como afirma elT.C. en Sentencia de fecha 23 de febrero de 2009, en la que afirma rotundamente que:
En la sentencia de fecha 31-10-2108, Nº de Recurso: 167/2018 , Nº de Resolución: 179/2018, también recogimos lo siguiente:
"CUARTO.- En materia de costas procesales, procede su imposición a la actora de conformidad con lo previsto en elartículo 139.2 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicciónpara los recursos en segunda instancia. Suplica la apelante que no se haga pronunciamiento por considerar que existe un supuesto de notorias dudas de hecho o derecho, amparándose en que la juzgadora considera incorrecto el funcionamiento del centro de salud o médico de familia que no dejó anotación alguna ni recordaba la asistencia que prestó al fallecido.
Respecto a las serias dudas de derecho, elart. 139 LJCAguarda silencio al respecto, pudiendo servir de fundamento lo indicado por elart. 394,1, párrafo 2º de la LECcuando se afirma que "Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares". Por tanto, casos en que no existe jurisprudencia o la existente no es suficientemente clara o incluso resulta contradictoria, pueden considerarse las serias dudas de derecho. Como también el que el órgano judicial que resuelve se haya pronunciado de forma contradictoria, o que el caso a enjuiciar resulte complejo jurídicamente, ofreciendo una dificultad grave en su fundamentación.
Sentado lo anterior, cabe preguntarse ya cuales serán esas serias dudas fácticas o jurídicas. Desde luego, son las que enuncia el correlativo precepto de laLEC (art. 394,1) por cuanto después de apuntar que las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el Tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, se añade que "para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares."
En el caso de dudas de derecho, la interpretación de las cuestiones jurídicas que se suscitan ha de ser objetivamente difícil por no existir normas que específicamente las regulen o existir normas contradictorias, sin que exista una línea jurisprudencial que sustituya la falta de normativa o aclare las divergencias de la existente, o por ser contradictorias las resoluciones de los órganos judiciales que se han dictado en casos similares".
Esta parece ser también la postura que, tras la reforma delart. 139,1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativaintroducida por la Ley 37/2011, de 10 octubre, se ha impuesto en el orden contencioso-administrativo. ElATS de 5 junio 2012 (rec. 258/2012) así lo ha entendido al sostener que "(...) no basta para excluir la preceptiva condena en costas que existan discrepancias sobre una determinada cuestión, de hecho o de derecho, siendo preciso que aquéllas revistan una entidad tal que justifique la exención".
Y en cuanto al tema del silencio hemos de expresar que existe resolución expresa, pero a mayores, que el argumento de la apelante para no imponer las costas a sus defendidas es que la resolución impugnada es por silencio, de lo que podremos deducir que asimila el silencio a las notorias dudas de hecho o derecho, única exclusión del principio de vencimiento. En todo caso, ante una disposición como elartículo 139 de la Ley procesal, no cabe por el juzgador realizar interpretaciones más allá de lo que permite el precepto, esto es, que el asunto presente serias dudas de hecho o de derecho...
En idéntico sentido, nos hemos pronunciado en las sentencias del TSJ de Extremadura de fechas 11-4-2013, Nº de Recurso: 243/2012, Nº de Resolución: 69/2013 , y 23-2-2017, Nº de Recurso: 2/2017, Nº de Resolución: 36/2017 .
Respecto de las costas del recurso de apelación, el artículo 139.2 LJCA no las impone expresamente en el supuesto de estimación del recurso de apelación.
Estimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Fernández de las Heras, en nombre y representación de don Dimas , contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres de fecha 23 de mayo de 2019 , y declaramos haber lugar a los siguientes pronunciamientos:
1) Revocamos la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres de fecha 23 de mayo de 2019 .
2) Desestimamos íntegramente la demanda contencioso-administrativa interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Fernández de las Heras, en nombre y representación de don Dimas , contra la Desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Cabezuela del Valle presentada el día 15-5-2017.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ , según la reforma efectuada por LO 1/2009, de 3 de noviembre, deberá consignarse el depósito de 50 euros para recurrir en casación. Si no se consigna dicho depósito el recurso no se admitirá a trámite.
DILIGENCIA .- En la misma fecha fue publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó. Doy fe.