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Timestamp: 2018-06-25 06:30:16
Document Index: 388154604

Matched Legal Cases: ['Artículo 43', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 104', 'Artículo 90', 'Artículo 12', 'Artículo 92', 'Artículo 14', 'Artículo 96', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 105', 'Artículo 202', 'Artículo 465']

Catalina Soto de la Fuente
1 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DERIVADAS DEL ABANDONO DE LA DEFENSA TÉCNICA PENAL DE CONFIANZA HELEN MATILDE GUERRA RECINOS GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2010.
2 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DERIVADAS DEL ABANDONO DE LA DEFENSA TÉCNICA PENAL DE CONFIANZA TESIS Presentada a la Honorable Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala Por HELEN MATILDE GUERRA RECINOS Previo a conferírsele el grado académico de LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES y los títulos profesionales de ABOGADA Y NOTARIA Guatemala, noviembre de 2010.
3 HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DECANO: VOCAL I: VOCAL II: VOCAL III: VOCAL IV: VOCAL V: SECRETARIO: Lic. Bonerje Amílcar Mejía Orellana. Lic. César Landelino Franco López. Lic. Gustavo Bonilla. Lic. Luis Fernando López Díaz. Br. Mario Estuardo León Alegría. Br. Luis Gustavo Ciraiz Estrada. Br. Avidan Ortiz Orellana. TRIBUNAL QUE PRÁCTICO EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL Primera fase: Presidente: Secretario: Vocal: Segunda fase: Presidente: Secretario: Vocal: Lic. Jorge Leonel Franco Moran. Lic. Ernesto Rolando Corzantes Cruz. Lic. Gerardo Prado. Lic. Crista Ruiz Castillo de Juárez. Lic. Dora Renee Cruz Navas. Lic. Juan Ramiro Toledo Alvarez. Razón: Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis (Artículo 43 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General de Público.)
10 DEDICATORIA A Dios: Nuestro Padre, por la bendición de permitirme vivir este momento tan especial, y por todas las demás bendiciones recibidas a lo largo de mi vida. A mis hijos: José Antonio y Vivian Gabriela, por todo el amor y comprensión que me dan y porque son la razón de mi existir impulsándome cada día a seguir adelante. A mis padres: Raúl Antonio Guerra Lucero, por su total e incondicional apoyo durante toda mi vida, a mi madre Rosa Melida Recinos Mejía, (Q.E.P.D.) por todo el sacrificio y gran amor que siempre me dio y quien desde el cielo celebra y comparte conmigo este momento. A mis hermanos: Irán Armando, Sandra Liseth, Mirna Julieta y América del Carmen, por su cariño y apoyo en todo momento. A : La Universidad de San Carlos de Guatemala, especialmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por permitirme formar parte de tan importante casa de estudios, lugar que como estudiante aprendí a querer y respetar.
11 ÍNDICE Pág. Introducción.. i CAPÍTULO I 1. El derecho de defensa La defensa Antecedentes El derecho de defensa Principales manifestaciones del derecho de defensa El derecho de defensa material La declaración del imputado Derecho a la defensa técnica Necesario conocimiento de la imputación Derecho a tener un traductor Naturaleza jurídica Características del derecho de defensa De carácter constitucional Inherente a la persona De orden público No es restrictivo Clasificación Defensa material o genérica Defensa técnica El defensor.. 13
12 Pág Defensor de confianza o privado Defensor de oficio o público La renuncia de la defensa técnica Abandono de la defensa técnica.. 14 CAPÍTULO II 2. El proceso penal Proceso Proceso penal Etapas del proceso penal Etapa preparatoria Etapa intermedia Etapa del juicio o debate Etapa de impugnaciones Etapa de ejecución. 44 CAPÍTULO III 3. Principios del proceso penal Concepto Principio de legalidad Principio de defensa Principio de igualdad Principio de presunción de inocencia. 48
13 Pág Principio de inmediación Principio de preclusión Principio de economía procesal Principio de celeridad Principio de publicidad Principio de oralidad Principio de escritura Principio de probidad Principio de buena fe Principio de lealtad CAPÍTULO IV 4. De los abogados Evolución histórica de la profesión Requisitos para ser abogado Deberes de los abogados en ejercicio Deberes de los abogados con respecto a la Constitución Política de la República de Guatemala Deberes de los abogados con respecto a sus clientes Según el Código de Ética Profesional Deberes de los abogados con respecto a sus colegas Conforme al Código de Ética Profesional Deberes del abogado con respecto a la
14 Pág. Independencia profesional de conformidad con el Código de Ética Profesional Deberes del abogado con respecto a la Ley de Colegiación Profesional y al Colegio de Abogados Y Notarios de Guatemala La ética profesional de los abogados Los postulados del Código de Ética Profesional Las responsabilidades y falta de ética.. 69 CAPÍTULO V 5. El Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala Integración del Tribunal de Honor Funciones y atribuciones Régimen legal Proceso disciplinario Tramite Sanciones disciplinarias Consecuencias negativas derivadas del abandono de la defensa técnica penal de confianza Las consecuencias negativas derivadas del abandono de la defensa técnica penal que afectan al sindicado Las consecuencias negativas derivadas del abandono de la defensa técnica penal que afectan en el
15 Pág. desarrollo del proceso penal Cómo afectan al Estado de Derecho, las consecuencias negativas derivadas del abandono de la defensa técnica penal Cómo afecta a los mismos profesionales al ser declarados en abandono de la defensa técnica penal. 86 CONCLUSIONES 89 RECOMENDACIONES.. 91 ANEXO BIBLIOGRAFÍA 103
16 lntroducción Perfeccionar los procedimientos en los procesos penales es un deber de quienes están relacionados con la administración de justicia, es decir estudiantes de la carrera de Abogado y Notario, abogados litigantes, jueces, legisladores, y jurisconsultos, por lo que como estudiante, por medio del estudio de Las Consecuencias Negativas Derivadas del Abandono de la Defensa Técnica Penal de Confianza, se pretende hacer una pequeña contribución. Un pilar fundamental en todo Estado democrático es el respeto al derecho de defensa, y son los abogados quienes velan por defender los derechos de los sindicados en juicio, es por ello que el auxilio del abogado defensor hacia su cliente es imprescindible durante todo el proceso penal, sin embargo, a lo largo del desarrollo del mismo se observa que el sindicado comparece muchas veces a juicio sólo ante los órganos jurisdiccionales, es decir desprovisto de la asistencia técnica de su abogado defensor, dejándolo indefenso en el trámite del proceso penal que se sigue en su contra; situación que conlleva a la anomalía jurídica del abandono de la defensa técnica, esta anomalía jurídica consiste en que el abogado defensor en quien el imputado a depositado su confianza para defenderlo lo deja de asistir sin causa justificada, y simplemente deja de cumplir con sus deberes y obligaciones contraídas; este mal proceder de algunos abogados genera una serie de consecuencias negativas afectando a todo el Estado de derecho. Es por eso que en el presente trabajo de tesis se utilizaron las técnicas de i
17 investigación documental y la entrevista, así como los métodos científicos deductivo e inductivo; se estudia todos los ámbitos en que repercute el abandono de la defensa técnica penal de confianza, desarrollando a lo largo del mismo temas que van íntimamente ligados, como la institución jurídica del derecho de defensa. La presente investigación consta de cinco capítulos, en el primer capítulo se hace un exhaustivo estudio al derecho de defensa; el segundo capítulo contiene todo el desarrollo del proceso penal, explicado etapa por etapa hasta su finalización, así también los momentos procesales donde más se conocen casos de abandono de la defensa; en el tercer capítulo se describen los principios procesales que son valores éticos y de otra índole que se convierten en normas de cumplimiento obligatorio para todas las personas que intervienen en el proceso penal; el cuarto capítulo versa sobre los abogados específicamente, en cuanto a la evolución histórica de la profesión, los requisitos necesarios para poder ejercer, la ética profesional y los deberes y obligaciones que deben de cumplir en los diferentes ámbitos donde ejercer su noble profesión; en el capítulo quinto se abarca el tema central de mismo, donde se da a conocer ampliamente los problemas que genera el incumplimiento injustificado de los deberes del abogado cuando abandona la defensa técnica. ii
18 CAPÍTULO I 1. El derecho de defensa 1.1 La defensa: Definición: Acción o efecto de defender o defenderse. Medio de justificación de un acusado. Instrumento con que uno se defiende Antecedentes: Goldschmidt asegura que la institución de la defensa se conocía en el derecho antiguo y nos informa que en Grecia al imputado le correspondía la carga de hacer su defensa, aunque con la opción de que un letrado le elaborara los memoriales respectivos. Posteriormente se acostumbró la representación, de modo que el acusado comparecía por medio de terceros, citando a Demóstenes como uno de los representantes más sobresalientes de la época. 2 Para el derecho romano, la defensa correspondía al imperante patrono de entonces, de manera que el patrón o amo era quien representaba y cuidaba de la defensa y de ahí que a los defensores se les llamara patronos. Después del imperio, la defensa se constituyó en una profesión privilegiada, estaba a cargo de los Advocati, que podían ser los magistrados o altos funcionarios estatales. 1 Ossorio,Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. 2 James, Goldschmidt. Principios generales del proceso. Pág
19 En el derecho germano, la defensa se hacía por representación a cargo de intercesor, que podía prestar determinadas declaraciones, permitiéndose corregirlas posteriormente por el representado si no le parecían adecuadas. Hacia 1532, con el Código Carolino, ya el procesado podía designar a un intercesor o se le nombraba uno de oficio. De aquí arranca la defensa institucional, para que el imputado pueda proveerse de ella, ya sea individualizado o quien haya de postularlo, o para que se le designe uno oficialmente Antecedentes de la defensa en legislación guatemalteca: En Guatemala el primer antecedente sobre la defensa de la persona se encuentra en el Código de Procedimientos en materia penal de 1877 reformado en 1879, este Código permitió la defensa sólo al terminar el sumario y después de tomada la confesión con cargos al procesado (equivalente al señalamiento de hechos, o cargos imputable; continuó el Decreto presidencial No. 551 de 1898, hasta su derogatoria por el Decreto número del Congreso de la República, que actualmente rige el país. 1.3 Derecho de defensa: El derecho de defensa o principio de defensa es estudiado por varios doctos que proporcionan las siguientes definiciones: El tratadista Vazquez Rosi citado por Lucero define a la defensa como una 2
20 norma de rango constitucional, válida para todo tipo de proceso, derivada de los valores de seguridad jurídica y de igualdad de oportunidades, ligada a una recta administración de justicia y concretada a través de las disposiciones de los códigos de rito que posibiliten, de manera más amplia, la debida contradicción ante la acción, permitiendo que si accionado pueda ser oído, hacer valer su razones, ofrecer y controlar la prueba e intervenir en la causa, en un pie de igualdad con la parte actora, todo con independencia del derecho sustantivo en litigio 3. El procesalista Moras define que la defensa es una función procesal que como oponente a la de la acusación corresponde al procesado para oponerse a la acusación, la que podrá ejercerse por el propio imputado siempre que no afecte su eficacia, o por un abogado particular de su confianza o por un defensor público. 4 Así mismo Binder afirma que la inviolabilidad del derecho de defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano, porque es el único que permite que las demás garantías tengan una vigencia y concreten en el proceso penal. 5 El derecho de defensa cumple dentro del derecho penal, un papel particular: por 3 Lucero Gómez, Vagner Farid, Los efectos jurídicos del abandono, Pág Moras Mom Jorge R. Manual de derecho procesal penal. Pág Binder Alberto M, Introducción al derecho procesal penal. Pág
21 una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es una garantía que torna operativas a todas las demás. Por ello, el derecho de defensa no puede ser puesto en el mismo plano que las otras garantías procesales. La inviolabilidad del derecho de defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano, porque es el único que permite que las demás garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal. Cualquier persona, por el solo hecho de que se le impute la comisión de un hecho punible está asistido por el derecho de defensa en toda su plenitud. Es muy importante tener en cuenta que el derecho de defensa no puede tener limitaciones; según algunas legislaciones y alguna doctrina, el derecho de defensa como tal se adquiere una vez que la imputación gana cierto grado de verosimilitud. Sólo a partir de una imputación formal el imputado adquiere el carácter de sujeto procesal, y el derecho de defensa sólo puede ser ejercido por el sujeto procesal en cuanto tal. 6 El derecho de defensa debe ser ejercido desde el primer acto del procedimiento en sentido lato, es decir, desde el mismo momento en que la imputación existe, por vaga e informal que ésta sea, y tal es su importancia que el ejercicio se aprecia desde una doble vertiente, es decir, como manifestación de una verdadera aplicación legítima del poder penal del Estado, que se entiende que la Constitución no sólo exige que el imputado pueda ejercer su derecho de 6 Binder, Ibid. 4
22 defensa, sino que para reforzarlo, se establece la obligación de la asistencia letrada; es decir que el imputado debe ser asistido por un abogado con conocimiento de la leyes y del proceso. 1.4 Principales manifestaciones del derecho de defensa: El derecho de defensa material: El derecho a la defensa material es el derecho que tiene el imputado a intervenir personalmente en el procedimiento para ejercer su defensa, también llamada autodefensa. De esta forma, el imputado puede a lo largo del procedimiento realizar declaraciones, hacer pedidos al fiscal, al juez, proponer por sí mismo pruebas, etc. En el debate tiene además el derecho a la última palabra La declaración de imputado: El derecho de ser oído constituye el primer medio de defensa del imputado, su observancia es vital en todo el procedimiento, es la base primordial de protección de los derechos de la persona y fortalece la seguridad jurídica. Así mismo el derecho de declarar voluntariamente las veces que se requiera y guardar silencio si así lo desea. El Artículo 15 del Código Procesal Penal en desarrollo del Artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala, estipula el principio de declaración libre, por el que el imputado no puede ser obligado a declarar contra sí, ni a declararse culpable. La declaración tiene por finalidad básica, ser un medio de defensa material y una fuente de información privilegiada y absoluta, 5
23 como existía en el proceso anterior. No se puede plantear acusación, sin haberse oído al imputado Derecho a la defensa técnica: El Código Procesal Penal, obliga a que la defensa técnica sea realizada por un abogado. El imputado tiene derecho a elegir a un abogado de su confianza o a que se le nombre uno de oficio. El Artículo 104 del Código Procesal Penal prohíbe al abogado descubrir circunstancias adversas a su defendido, en cualquier forma en que las hubiere conocido, con lo que se refuerza la idea de que la obligación primera del abogado no es el esclarecimiento de los hechos, sino la defensa del imputado Necesario conocimiento de la imputación: El derecho de defensa implica el derecho a conocer los hechos que se le imputan, desde el momento de la detención, y antes de la primera declaración, como al plantear la acusación y al iniciarse el debate; para de esta manera poder defenderse. El respeto a este principio genera la obligatoria correlación entre acusación y la sentencia, por el cual no se puede condenar por hechos que no se haya acusado Derecho a tener un traductor: El imputado tiene derecho a tener traductor o intérprete de su confianza para que lo asista durante sus declaraciones, en los debates o en aquellas audiencias donde sea necesaria su presencia; cuando no comprendiere 6
24 correctamente el idioma oficial, según el Artículo 90 del Código Procesal Penal; la norma es bastante clara, sin embargo, no basta tener un conocimiento aproximado de la lengua, por lo que tendrán derecho aquellos que aun entendiendo el español, no lo dominen con soltura. 1.5 Naturaleza jurídica: Se dice que es de orden público porque la defensa es obligatoria para toda persona procesada, desde el momento que exista una imputación en contra, por irrelevante que parezca, y porque es un deber del Estado proporcionarle a todos aquellas personas que no tienen los recursos suficientes para contratar un defensor de confianza. 1.6 Características del derecho de defensa A continuación serán analizadas algunas de las características del derecho de defensa, debido a la importancia y la trascendencia que tienen dentro del sistema de justicia De carácter constitucional: La Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 12 establece que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables, que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal. El Derecho de defensa tiene como función el oponerse a los cargos que se imputan a la persona y la potestad de dinamizar el resto de garantías. En virtud de supremacía constitucional, todo el 7
25 ordenamiento jurídico debe guardar armonía con los valores, principios y normas que en ella se establecen, principalmente con el derecho de defensa Inherente a la persona: Todo individuo sujeto a procedimiento legal ante los órganos jurisdiccionales, goza del derecho fundamental de ser asistido por un defensor letrado. Es decir que todas las personas sin excepción alguna pueden hacer uso del derecho de defensa ante cualquier imputación por vaga que ésta sea. Este derecho es de carácter absoluto, reconocido por múltiples legislaciones y con una valoración especial por su doble condición de derecho propio y de garantía de otros derechos De orden público: El derecho de defensa constituye un deber y una obligación del Estado, y está obligado a garantizarles a todos sus habitantes esta garantía como garante del Estado de Derecho. La forma en que el Estado nos garantiza este derecho es nombrando un abogado defensor de oficio cuando se carece de recursos económicos No es restrictivo: El derecho de defensa no se restringe sólo al ámbito penal, sino que abarca todas las ramas del derecho como el derecho civil, laboral, mercantil, etc. pues el texto constitucional se orienta en sentido amplio cuando establece que la 8
26 defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Si bien es cierto tiene mayor relevancia en los procesos judiciales, pero su aplicación es imperativa en todo tipo de procedimientos, aun ante la administración pública y organismo legislativo y cualquier otra esfera de actuación, toda vez se afecten derechos de una persona. 1.7 Clasificación: Legal y doctrinariamente se conocen varias clases de defensa, así como diferentes clases de defensores, a continuación se señal las siguientes debido a su importancia: Defensa material o genérica: Es aquella que lleva a cabo la propia parte por sí, mediante actos constituidos por acciones y omisiones encaminados a hacer valer o a impedir que se haga valer la actuación de la pretensión. 7 El doctor Houed, señala: La defensa material se ejerce, por el propio imputado y la defensa técnica es la que comprende el derecho de aquél de ser asistido profesionalmente por un letrado 8. El derecho de defensa material se concreta primordialmente a través de lo que se conoce como el derecho a ser oído o el derecho a declarar en el proceso, 7 Fenech Miguel. El Funcionamiento del derecho procesal penal. Pág Houed Carlos. El garantismo de los derechos humanos. Pág. 5 9
27 la declaración del imputado, en consecuencia es el momento particular del proceso penal en el cual se ejerce el derecho de defensa, es más el imputado nunca podrá ser obligado a declarar, y por no tener restricciones este derecho puede desarrollarse en cualquier etapa del proceso, manifestándose a lo largo del mismo cuando el imputado propone pruebas, hace peticiones al fiscal como al juez, en el debate tiene la última palabra para defenderse. La Constitución Política de la República de Guatemala, en los Artículos siete y ocho contempla la posibilidad de ejercer el derecho de defensa en el momento de la detención, pues existe la obligación de la autoridad de notificar la causa que la motivó, la autoridad que la ordenó y la información de que puede proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. En el Código Procesal Penal se encuentra regulado en el Artículo 92 y lo establece como si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica, teniendo presente que por ninguna razón puede quedarse sin la asistencia del defensor letrado, tan inviolable es este derecho que si la persona no cuenta con la capacidad económica para contratar un abogado, el Estado como garante del Estado de derecho de le asigna uno de oficio Defensa técnica: A esta defensa, según Francesco Carnelutti citado por Barrientos se le conoce 10
28 como especifica, pero en la legislación procesal o profesional es la que se lleva a cabo ya no por parte del acusado, sino por personas peritas, que tienen como profesión el ejercicio de esta función técnico-jurídico de defensa de la partes que actúan en el proceso penal, para poner de relieve el derecho y contribuir con su conocimiento a la orientación y dirección en orden a la consecución de los fines que cada parte persigue en el proceso y, en definitiva, facilitar los fines del mismo. 9 Cuando se habla de la defensa técnica penal, se refiere concretamente a la defensa que está en manos de un abogado legalmente facultado y con los conocimientos jurídicos necesarios para hacer valer de una forma técnica todas las acciones, argumentaciones, y recursos que tiendan a proteger los intereses de su patrocinado dentro del proceso, es el asistente técnico de confianza del imputado, por eso suele distinguirse entre defensor de confianza o privado y el defensor de oficio, éste debe responder a un interés parcial dentro del proceso, el del imputado, así lo estipula el Artículo 14, numeral tres, literal b del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, así como el Artículo ocho, numeral dos, literal c, d y e de la Convención Americana. Se debe entender que el defensor técnico no debe ser considerado como un auxiliar de la justicia o un órgano de la administración judicial, sino como el sujeto procesal que vela por los intereses y necesidades de la defensa de su cliente. El imputado siempre tiene el derecho de nombrar un defensor de confianza, aun 9 Barrientos Pellecer César, Curso básico de derecho procesal penal, Pág
29 cuando el Estado le nombre uno de oficio, y en última instancia, si hubiere colisión de voluntades prevalecerá la del imputado ya que él es titular del derecho de defensa. El Código Procesal Penal regula el derecho a elegir un abogado defensor de confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones con el objeto de garantizar su defensa. El derecho a la defensa puede ser ejercida desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización, ya que la ausencia del mismo significa la nulidad de los actos realizados; y bajo tal concepto es concebida la garantía dentro del proceso penal guatemalteco. El imputado no puede contar con el auxilio de más de dos abogados simultáneamente durante los debates o en un mismo acto. Cuando intervengan dos defensores o más la notificación practicada a uno de ellos bastara respecto de ambos, y la sustitución de uno por el otro no alterará los trámites ni facultades autónomas, salvo cuando la ley expresamente imponga una división de funciones, según el Artículo 96 del Código Procesal Penal del Congreso de la República de Guatemala. 12
30 1.7.3 El defensor: Es el profesional del derecho que asistirá técnicamente al sindicado y que cuenta con la confianza del mismo para defender sus derechos Defensor de confianza o privado: Es aquel que el imputado puede elegir. El imputado siempre tiene derecho a nombrar un defensor de confianza, aun cuando el Estado le hubiere nombrado un defensor público. Y si el imputado nombra un defensor privado, éste desplaza necesariamente al defensor público, puesto que se privilegia la posibilidad de contar con un persona de confianza para un menester tan delicado Defensor de oficio o público: El defensor público es el que el Estado brinda como un servicio cuando el imputado no nombra defensor o es incapaz de costear sus servicios. 11 El Estado de Guatemala respetuoso de las garantías constitucionales y procesales, cuenta con el Instituto de la Defensa Pública Penal, para garantizar no sólo el derecho de defensa de las personas de escasos recursos, sino también las garantías del debido proceso. 1.8 La renuncia de la defensa técnica: El defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa técnica, en cuyo caso el 10 Binder. Ob. Cit. Pág Ibíd 13
31 Ministerio Público o el tribunal competente fijará un plazo para que el imputado pueda reemplazarlo, vencido el cual será sustituido por un defensor nombrado de oficio por el tribunal. El renunciante no podrá abandonar la defensa hasta que intervenga el sustituto. No se podrá renunciar durante el debate o las audiencias, según el Artículo 102 del Código Procesal Penal. Como se observa la legislación permite a los profesionales del derecho renunciar al cargo de defensor, sin embargo también se regula que éste debe primero ser reemplazado por otro profesional, es decir que en ningún momento podrá abandonar a su patrocinado y por consiguiente dejarlo sin la asistencia técnica. 1.9 Abandono de la defensa técnica: Se considerará que existe abandono de la defensa cuando el defensor, una vez aceptado el cargo, se abstiene de proseguir la actividad defensiva sin motivo justificado. De acuerdo con lo indicado, el fundamento del abandono de la defensa se centra, en aquélla obligación que tiene el abogado de representar a su cliente en todas las instancias, así como en la coadyuvancia que surge con su actuación profesional ética con la Administración de Justicia. También se considerará abandonada la defensa y corresponderá su reemplazo, si el defensor no comparece a la audiencia o se aleja de ella, suspendiéndose entre tanto el desarrollo del acto hasta tanto no entre en funciones un nuevo defensor que represente al imputado. Este es un principio constitucional 14
32 relacionado con el de inmediación, que toda persona tiene derecho a contar con la asistencia jurídica para ejercer su defensa y es por lo tanto derecho del imputado, nombrar a un abogado de su confianza como defensor para que lo asista o lo represente en todo y a lo largo del juicio. 12 Es sólo cuando el imputado no procede a designar al defensor o cuando se rehúsa a hacerlo, cuando el juez está facultado para designarle a un defensor público penal para que lo asista o lo represente a lo largo de todo el proceso penal. Como puede apreciarse el abandono de la defensa podría darse en cualquier etapa del proceso penal, y no existe, salvo justa causa, la posibilidad de que el abogado como defensor no asista a la audiencia o renuncie a la defensa de su cliente, de allí que si el defensor justifica su inasistencia al acto por enfermedad o por circunstancia sobrevenidas (caso fortuito o de fuerza mayor) debidamente comprobadas, el juez debe suspender el acto y fijar una nueva oportunidad para su celebración, a objeto de dar oportunidad a que estén presentes los interesados. Existe también la posibilidad de que el defensor solicite al juez, con la debida anticipación, el diferimiento del acto, en cuyo caso, procede acordarlo. Según la legislación guatemalteca, específicamente en el Artículo 103 del Código Procesal Penal encontramos el abandono del defensor, y establece que: 12 E:\Francisco Javier Vivas López Abogado Penalista - Grupo Legal Abandono de la defensa.mht (24 febrero 2010). 15
33 el defensor del imputado no puede sin causa justificada abandonar la defensa o dejar sin asistencia técnica al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en que por ello incurra intervendrá el sustituto; ante la imposibilidad de éste se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor nombrado de oficio y aquellos no podrán ser nombrados nuevamente en el procedimiento. La resolución se comunicará al imputado y se le instruirá sobre su derecho a elegir otro defensor de confianza. El abandono de la defensa constituye falta grave y obligará, a quien incurra en el, al pago de costas provocadas por el reemplazo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. El abandono será comunicado inmediatamente al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Artículo 105 del Código Procesal Penal. En consonancia con lo anterior la Ley del Organismo Judicial establece en el Artículo 202 que: los abogados son responsables de los daños y perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia, culpa, dolo, descuido, negligencia o mala fe comprobadas. El Código Penal es aun más severo al regular esta anomalía jurídica ya que lo tipifica como un delito, esto se encuentra regulado en el Artículo 465 del Código Procesal Penal el cual establece: el delito de patrocinio infiel: el abogado o mandatario judicial que, de cualquier modo, perjudicare deliberadamente los intereses que le estuvieren confiados, será sancionado, 16