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Timestamp: 2020-05-31 14:47:56
Document Index: 51981044

Matched Legal Cases: ['Artículo 198', 'Artículo 199', 'Artículo 200', 'Artículo 201', 'Artículo 202', 'Artículo 203', 'Artículo 204', 'Artículo 205', 'Artículo 207', 'Artículo 208', 'Artículo 212', 'Artículo 213', 'Artículo 214', 'Artículo 215', 'Artículo 216', 'Artículo 217', 'Artículo 218', 'Artículo 219', 'Artículo 220', 'Artículo 221', 'Artículo 222', 'Artículo 223', 'Artículo 224', 'Artículo 225', 'Artículo 227', 'Artículo 228', 'Artículo 229', 'Artículo 230', 'Artículo 231', 'Artículo 232', 'Artículo 233', 'Artículo 234', 'Artículo 235', 'Artículo 236', 'Artículo 237', 'Artículo 239', 'Artículo 240', 'Artículo 241', 'Artículo242', 'Artículo 243', 'Artículo 244', 'Artículo 245', 'Artículo 246', 'Artículo 247', 'Artículo 248', 'Artículo 249', 'Artículo 250', 'Artículo 251', 'Artículo 253', 'Artículo 254', 'Artículo 255', 'Artículo 256', 'Artículo 257', 'Artículo 258', 'Artículo 259', 'Artículo 260', 'Artículo 261', 'Artículo 262', 'Artículo 263', 'Artículo 264', 'Artículo 265']

TÍTULO V. PROCESO DE FILIACIÓN - Ley procesal para la justicia de familia de mendoza parte primera. Parte general
TÍTULO V. PROCESO DE FILIACIÓN
Artículo 198. Regla general. Excepto disposición expresa de esta ley, el proceso de filiación tramita por la vía del proceso ordinario por audiencia, o el que determine el juez por decisión fundada.
En la filiación por naturaleza, la etapa previa se limita a intentar la realización consensuada de la prueba genética.
En la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, la etapa previa tiene por objeto acreditar la voluntad procreacional.
Artículo 199. Filiación por naturaleza. Excepción de cosa juzgada. Principio general. La excepción de cosa juzgada no procede en los procesos de reclamación de filiación por naturaleza cuando el rechazo de la demanda se ha fundado en la insuficiencia de prueba.
Artículo 200. Filiación por naturaleza. Prueba genética de ADN. Realización. Contestada la demanda, vencido el plazo para hacerlo o, en su caso, resueltas las excepciones previas, el juez ordena la realización de la prueba científica de ADN, se haya o no ofrecido. Incorporados los resultados de esa prueba al expediente, en la filiación por naturaleza, se dicta sentencia sin más trámite.
Si alguna de las partes no comparece a la extracción de las muestras o se niega a someterse a la prueba, el juez la emplaza por cinco (5) días para que pruebe las razones que fundan su conducta procesal.
Cumplido el término, si la parte demandada por reconocimiento de vínculo filial por naturaleza no ha justificado su negativa o incomparecencia, se dicta sentencia de emplazamiento filial. La paternidad así declarada puede ser impugnada por acción ordinaria posterior en la que se invoque y acredite inexistencia de vínculo biológico. Esta acción se rige, en lo que fuere compatible, por la acción de impugnación del reconocimiento prevista en el Art. 593 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Artículo 201. Carencia de recursos económicos. La carencia de recursos económicos suficientes para afrontar el costo de la prueba genética se acredita mediante información sumaria, con intervención del Ministerio Público.
La información sumaria es necesaria sólo si no existe otro sistema de cobertura de los costos de la prueba genética.
Artículo 202. Filiación por técnicas de reproducción humana asistida. La demanda de filiación por técnicas de reproducción humana asistida contra la persona que no prestó su voluntad procreacional es improponible, aunque haya aportado el material genético.
TÍTULO VI. PROCESO DE ADOPCIÓN.
CAPÍTULO. 1. PROCESO DE DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ADOPTABILIDAD
Artículo 203. Supuestos. La declaración de situación de adoptabilidad es presupuesto de procedencia para la guarda con fines de adopción, y se decreta cuando:
a) Un niño, niña o adolescente no tiene filiación determinada o sus padres han fallecido y se ha agotado la búsqueda de familiares de origen por parte del organismo administrativo de protección de derechos que corresponda, en un plazo máximo de treinta (30) días, prorrogables por un plazo igual sólo por razón fundada.
b) Los padres tomaron la decisión libre e informada de que el niño, niña o adolescente sea adoptado. Esta manifestación es válida sólo si se produce después de los cuarenta y cinco (45) días de producido el nacimiento.
c) Las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen o ampliada, no han dado resultado en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días. Vencido el plazo máximo sin revertirse las causas que motivaron la medida, el organismo administrativo de protección de derechos del niño, niña o adolescente que tomó la decisión debe dictaminar inmediatamente sobre la situación de adoptabilidad. Dicho dictamen se debe comunicar al juez interviniente dentro del plazo de veinticuatro (24) horas.
Artículo 204. Niño, niña o adolescente sin filiación determinada. Inmediatamente de tomar conocimiento de la existencia de un niño, niña o adolescente que no tiene filiación establecida, el organismo administrativo de protección de derechos debe:
a) Realizar una mínima averiguación sobre las circunstancias de hecho, en el menor plazo posible.
b) Presentar al juez de familia el pedido de control de legalidad de la medida excepcional en el plazo de 24 (veinticuatro) horas.
Mientras dura el período de búsqueda, excepcionalmente, el niño, niña o adolescente puede quedar bajo el cuidado de personas que se encuentren inscriptas en el registro de adoptantes, siempre que, suficientemente informadas de que el cumplimiento de esa función queda condicionada al resultado de la búsqueda, acepten expresamente la situación.
Artículo 205. Búsqueda con resultado negativo. Si la búsqueda no arrojó datos verosímiles para establecer la filiación y/o el paradero de los progenitores, se procede conforme al art. 203 inc. a).
El pedido de declaración de situación de adoptabilidad puede solicitarse por el organismo administrativo de protección en forma fundada, con anterioridad a los 30 días, siempre que se acredite el agotamiento de la búsqueda de familia de origen.
Artículo 207. Búsqueda con resultado positivo. Si las medidas para establecer la filiación o buscar el paradero arrojan resultado positivo y los informes recogidos resultan favorables, el órgano administrativo puede disponer la revinculación del niño, niña o adolescente con su familia de origen tomando las medidas de protección integral que correspondan en el interés superior del niño.
Si las medidas para establecer la filiación o buscar el paradero resultaron positivas, pero por diferentes razones resulte inconveniente que el niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen o ampliada, el organismo administrativo de protección de derechos debe dar intervención al juez.
Artículo 208. Voluntad de los progenitores a favor de la adopción. La decisión de los progenitores de entregar a su hijo en adopción debe ser manifestada, con patrocinio letrado, ante el juez correspondiente a su domicilio. Esta manifestación es válida si se produce después de los cuarenta y cinco (45) días de acaecido el nacimiento, con la presencia personal del juez.
Art. 209. Voluntad de los progenitores a favor de la adopción previo al cumplimiento del plazo de 45 días. En los supuestos en los que una persona, durante el embarazo o después del parto, pero con anterioridad al cumplimiento del plazo de 45 días, manifiesta su deseo de que su hijo/a sea adoptado, debe intervenir, además del juez, un equipo interdisciplinario, conformado por un psicólogo, un trabajador social y un abogado especializados en la temática de protección de derechos de la niñez y perspectiva de género pertenecientes al organismo administrativo y al equipo interdisciplinario de adopción. La voluntad expresada es revocable antes del cumplimiento del plazo de 45 días del nacimiento.
Art. 210. Información. El equipo debe entrevistar personalmente a la persona que da a luz, en el hospital. En esa entrevista se informa a la persona que da a luz: (a) que puede arrepentirse de su decisión antes de los 45 días; (b) que con posterioridad a esa fecha será citada al tribunal para ratificar su voluntad; (c) que si no comparece a esa audiencia o no puede ser notificada porque el domicilio que ha proporcionado no es uno en el que pueda ser encontrada, el juez presumirá que ratifica la voluntad de que su hijo/a sea adoptado.
Art. 211. Progenitores menores de edad. Si alguno o ambos progenitores son menores de edad, se debe citar, además, a sus padres o representantes legales.
Artículo 212. Medidas excepcionales con resultados negativos. Si después de haberse tomado las medidas previstas en el art. 607 inc. c) del Código Civil y Comercial de la Nación para el fortalecimiento familiar durante un plazo máximo de ciento ochenta (180) días, el niño, niña o adolescente no puede permanecer con su familia de origen o ampliada, dentro de las veinticuatro (24) horas de vencido dicho plazo, el organismo administrativo de protección de derechos interviniente debe presentar al juez interviniente:
Un informe con los antecedentes y documentación del caso.
Un dictamen en el que peticione la declaración de la situación de adoptabilidad
Artículo 213. Proceso de declaración judicial de situación adoptabilidad. A los efectos de dar inicio a la declaración judicial de situación de adoptabilidad, el juez fija una audiencia dentro de los 10 días de presentado el dictamen.
Esta audiencia debe ser notificada:
a) al niño, niña o adolescente con edad y grado de madurez suficiente. En la notificación se le hace saber que puede comparecer con asistencia letrada.
b) a los padres u otros representantes legales del niño, niña o adolescentes, si estuviesen identificados y la notificación fuese materialmente posible. En la notificación se les hace saber que les asiste el derecho de presentarse con asistencia letrada, para el ejercicio de sus derechos y que en caso de carecer de medios se les designara un abogado del Estado.
c) al organismo administrativo que participó en la etapa extrajudicial
d) al Ministerio Público.
El juez puede escuchar a otros parientes y/o referentes afectivos que considere pertinentes para conocer la conflictiva familiar involucrada.
Artículo 214. Sentencia. Realizada la audiencia, y oídas las partes e intervinientes, el juez dicta la declaración de la situación de adoptabilidad si es la medida que mejor contempla el interés superior del niño, en el plazo máximo de noventa (90) días.
La declaración de situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo del niño, niña o adolescente ofrece asumir su guarda o tutela y el pedido es considerado adecuado a su interés superior.
Artículo 215. Situación de la persona adolescente. En el supuesto de que la persona en situación de adoptabilidad sea adolescente, el juez con la intervención del organismo administrativo de protección de derechos debe evaluar cuál es la figura jurídica más adecuada a su especial situación.
De manera excepcional, y por decisión fundada, el juez puede elaborar acciones y estrategias tendientes a que el adolescente alcance su autonomía y desarrolle la capacidad de autosostenerse.
Artículo 216. Excepción a los plazos reglados. Por decisión fundada, los plazos previstos en este Título pueden ser reducidos si las medidas de protección han fracasado por motivos imputables a los progenitores, tutores o familiares a cargo, y se advierte que el cumplimiento de los plazos agrava la situación de vulnerabilidad del niño, niña o adolecente y, consecuentemente, conculca su interés superior.
Artículo 217. Contenido. La sentencia que declara la situación de adoptabilidad debe contener la orden al Registro Único de Adopción (RUA) para que en un plazo no mayor a los cinco (5) días, remita al juzgado los legajos seleccionados por ese Registro, con la participación del organismo administrativo de protección de derechos interviniente.
Artículo 218. Legajos Registro de Adoptantes. Los legajos deben ser seleccionados teniéndose cuenta las situaciones y particularidades del niño, niña y adolescente. Esta selección debe respetar el orden de la Lista Única del Registro de Adoptantes. El apartamiento del orden de la lista debe ser fundado, y es admisible sólo en circunstancias excepcionales.
Si el Registro Único de Adoptantes no cuenta con aspirantes definitivos que respondan a las particularidades del caso, debe informar esta situación al Juzgado y, en el plazo máximo de diez días, realizar la búsqueda, en este orden, en (a) el registro de aspirantes provisorios; (b) en el Registro Federal; (c) en los legajos de personas que se encuentren inscriptas en el RUA en etapa de evaluación o postulación.
Artículo 219. Selección de los guardadores para adopción. Seleccionado el o los postulantes, inmediatamente, el juez fija una audiencia a realizar dentro del plazo máximo de cinco (5) días.
Artículo 220. Incomparecencia de los postulantes y carencia de postulantes. Si los aspirantes no concurren a la audiencia fijada sin causa justificada, o declinan su voluntad de constituirse en guardadores con fines de adopción, se seleccionan nuevos aspirantes en un plazo máximo de cinco (5) días.
Si no existiesen postulantes para el caso particular, el juez, luego de oír al niño, niña o adolescente, debe evaluar junto con órgano administrativo local y el cuerpo interdisciplinario cuáles son las medidas de protección y/o la figura jurídica adecuada para resolver la situación de vulnerabilidad planteada, procurando evitar la institucionalización.
Artículo 221. Audiencia con los pretensos guardadores. Los pretensos guardadores que concurren a la audiencia y no declinan su voluntad deben ratificarla expresamente. El juez debe elaborar una estrategia para favorecer la vinculación de los pretensos guardadores con el niño, niña o adolescente, que puede involucrar, según circunstancias del caso, encuentros graduales, audiencias interdisciplinarias e interinstitucionales, acompañamiento y apoyo psicológico, entre otras.
El Equipo Interdisciplinario de Adopción debe intervenir en esta etapa de vinculación, teniendo a su cargo el seguimiento de las estrategias y medidas adoptadas y el deber de elaborar un informe en un plazo máximo de treinta (30) días desde la celebración de la audiencia, que tendrá los efectos de primer control de guarda preadoptiva.
Artículo 222. Otorgamiento de la guarda para adopción. Presentado el informe del equipo técnico de adopción, el juez, por resolución fundada, otorga la guarda con fines de adopción, por un plazo que no puede exceder los seis (6) meses.
En esa resolución, el juez convoca a una audiencia a realizarse dentro de los cinco (5) días siguientes, en la que debe informar a los guardadores:
a) La obligación de someterse a entrevistas y/o informes periódicos que realice el Equipo interdisciplinario de Adopción en el domicilio que residan los guardadores con el niño, niña o adolescente, a fin de evaluar el desenvolvimiento de la guarda.
b) Las fechas de las audiencias para que concurran al juzgado en compañía del niño, niña o adolescente y descendientes de los guardadores si los hubiese, a fin de que el juez tome conocimiento personal de la situación.
c) Que, en cualquier tiempo, puede citar a toda persona que considere pertinente para conocer el grado de desarrollo del vínculo afectivo con el pretenso adoptado.
Artículo 223. Revocación de la guarda para adopción. Si durante el período de guarda para adopción, injustificadamente, los guardadores fueren remisos en presentar los informes, no comparecieren a las audiencias convocadas por el juez, o los informes arrojaren resultados negativos sobre la vinculación afectiva o aptitud de los guardadores para adoptar, de oficio, a pedido de parte o por petición del Equipo Interdisciplinario de Adopción, el juez puede revocar la guarda para adopción otorgada, disponer las medidas de protección pertinentes, y proceder en el plazo máximo de diez (10) días a seleccionar a otro postulante.
Artículo 224. Notificación de la guarda para adopción. La resolución que otorga la guarda para adopción debe ser notificada al Registro Único y Equipo Interdisciplinario de Adopción, a la Red de Registro Nacional y a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, por el modo de notificación más ágil.
CAPÍTULO 2. JUICIO DE ADOPCIÓN
Artículo 225. Inicio del proceso de adopción. Una vez cumplido el período de guarda preadoptiva, el juez interviniente, de oficio, a pedido de parte o del organismo administrativo de protección de derechos, debe dar inicio al proceso de adopción.
Art. 226. Control periódico. De oficio, bajo responsabilidad directa del secretario, como mínimo una vez al mes, los expedientes en los que se haya otorgado guardas preadoptivas deben ser controlados para verificar si el plazo de guarda está vencido; en tal supuesto, debe darse inicio al proceso de adopción.
Los letrados de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia o del organismo que en el futuro asuman estas funciones están obligados a realizar el mismo control y advertir al juez en caso de vencimiento del plazo.
Artículo 227. Prueba. En la petición de adopción, los pretensos adoptantes deben acompañar toda la prueba documental y ofrecer las demás pruebas de la que intenten valerse.
Esta presentación se notifica al Ministerio Público.
Artículo 228. Sujetos. En el proceso de adopción son partes:
Los pretensos adoptantes.
El pretenso adoptado; si tiene edad y grado de madurez suficiente, comparece con asistencia letrada. El juez debe oírlo personalmente, y tener en cuenta su opinión según su edad y grado de madurez.
Intervienen, además, el Ministerio Público, y el organismo administrativo.
Artículo 229. Audiencia. Presentada la petición de adopción, el juez fija audiencia para que comparezcan todos los sujetos mencionados en el artículo anterior. En esa audiencia, los pretensos adoptantes deben manifestar expresamente su compromiso de hacer conocer al adoptado sus orígenes, si es que no lo manifestaron con anterioridad.
Artículo 230. Consentimiento del pretenso adoptado. El pretenso adoptado mayor de diez (10) años debe prestar consentimiento expreso en la audiencia mencionada en el artículo anterior.
Artículo 231. Negativa del niño mayor de diez años. En caso de negativa del niño o niña mayor de diez (10) años, el juez debe tomar todas las medidas para conocer los motivos de la negativa y, en caso de estimarlo necesario, disponer medidas a realizarse en un plazo máximo de treinta (30) días.
El juez puede pedir la colaboración del organismo administrativo de protección de derechos y de otros recursos institucionales.
Vencido el plazo, si el pretenso adoptado mantiene la negativa, dentro de las veinticuatro (24) horas, el juez debe ordenar la remisión de legajos del registro de adoptantes para proceder a seleccionar nuevos postulantes o, según las circunstancias del caso, evaluar conjuntamente con el organismo administrativo de protección de derechos y el equipo técnico multidisciplinario de adopción, cuáles son las medidas de protección o figura jurídica adecuada para la situación concreta, procurando evitar la institucionalización.
Artículo 232. Sentencia. Producida la prueba y los informes correspondientes por el Equipo Interdisciplinario de Adopción, previa vista al Ministerio Público y al Fiscal, el juez dicta sentencia otorgando la adopción bajo la modalidad que corresponda, de conformidad con el interés superior del niño.
Artículo 233. Recursos. Sólo son apelables:
La decisión que resuelve la situación de adoptabilidad, sin efecto suspensivo.
La revocación de la guarda para adopción.
La sentencia de adopción.
TITULO VI. PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
Artículo 234. Objetivo. Este Título regula el procedimiento judicial especializado tendiente a establecer las medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar y de género, y prestar asistencia a las personas en situación de violencia.
Artículo 235. Ámbito de aplicación personal. Se entiende por grupo familiar el integrado por las siguientes personas:
a) Los niños, niñas y adolescentes
b) Los cónyuges, aunque estén separados de hecho, y ex cónyuges.
c) Los convivientes o ex convivientes.
d) Los parientes.
e) Quienes tengan o hayan tenido una relación de noviazgo o pareja.
f) Las personas bajo guarda, tutela o curatela
h) Todas las personas vinculadas por una relación afectiva o de convivencia o de cuidado o atención.
La convivencia actual no es requisito para la aplicación del proceso reglado en este Título.
Artículo 236. Ámbito material de aplicación. Se entiende por violencia de género toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, con base en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal de una persona.
Las resoluciones que se dicten deben tener especialmente en cuenta:
a) los principios que surgen de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
b) la relación desigual de poder entre hombres y mujeres
c) la relación desigual de poder que tiene origen en la discriminación contra las personas por su orientación o identidad sexual.
Artículo 237. Tribunal ante el que tramitan. Los casos de violencia familiar y de género tramitan ante los juzgados de violencia familiar y de género especializados. El número de juzgados especializados en violencia familiar y de género se establece por la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, en función de la carga de trabajo.
Artículo. 238. Competencia exclusiva. Los juzgados de violencia familiar y de género son competentes en todos los procesos en los que estén implicadas situaciones de violencia familiar y de género.
Los procedimientos de divorcio, alimentos, régimen de cuidado y de comunicación, o cualquier otro relativo al derecho de familia que afecten a las partes quedan fuera de la competencia exclusiva y tramitan ante los juzgados de familia ordinarios.
Artículo 239. Fuero de atracción. Todas las causas que tramitan en los diversos fueros que involucran una misma situación de violencia familiar y de género en los términos previstos en esta ley son atraídas al juez de violencia familiar y de género en el estado en que se encuentren. Las causas pendientes al momento de entrada en vigencia de esta ley se atribuyen a los jueces con competencia especial, mediante sorteo.
CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO. ASPECTOS CIVILES.
Artículo 240. Legitimación activa. Personas plenamente capaces. Están legitimados para denunciar por violencia familiar y de género las personas, mayores de edad, en situación de violencia.
También pueden denunciar hechos de violencia:
Cualquier integrante del grupo familiar.
Profesionales u operadores de servicios de salud, asistenciales, sociales, educativos que, en razón de su función, hayan tenido contacto con la persona agraviada.
En los supuestos de los tres incisos anteriores, la persona en situación de violencia plenamente capaz debe ser citada por el juez interviniente dentro de las veinticuatro (24) horas para ser informada de la denuncia deducida en su favor y realizarse la entrevista prevista en el art…
La notificación se efectúa sin identificar al denunciante, y tiene por finalidad que la persona damnificada concurra al juzgado a ratificar la denuncia.
Artículo 241. Legitimación activa. Persona menor de edad y persona con capacidad restringida. Los niños, niñas y adolescentes pueden denunciar los hechos de violencia que los afectan. Si cuentan con edad y grado de madurez suficiente, pueden seguir participando en el proceso con el correspondiente patrocinio letrado.
Las personas con capacidad restringida pueden denunciar los hechos de violencia que los afectan. Pueden participar en el proceso con patrocinio letrado.
Artículo242. Legitimación activa. Persona declarada incapaz. Están legitimados para denunciar hechos de violencia:
El curador o el apoyo o sostén designado.
El juez debe designar un curador ad litem si advierte intereses contrapuestos entre la persona en situación de violencia y su curador, apoyo o sostén.
Artículo 243. Obligación de denunciar. Cuando la persona en situación de violencia es menor de edad, persona con capacidad restringida o incapaz, o adulto mayor que no puede actuar por sí solo, están obligados a denunciar la situación de violencia:
Los representantes legales o personas responsables de su cuidado.
Los profesionales de la salud, la educación o la asistencia social que tomen conocimiento de tales situaciones de violencia.
Las personas obligadas a denunciar gozan de inmunidad e indemnidad civil y penal, excepto mala fe debidamente probada.
No rige la obligación de guardar el secreto profesional por parte de los profesionales de la salud y educación de establecimientos públicos y privados que tomen conocimiento de una situación de violencia.
Artículo 244. Obligación de denunciar. Modalidad. Los obligados a hacer la denuncia deben poner en conocimiento de las personas en situación de violencia su obligación de denunciar.
Al formalizar la denuncia, se resguardará a la víctima, se observarán las disposiciones referidas al consentimiento informado y las contenidas en la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26.061 y, en cuanto fueran compatibles, las relativas al secreto profesional.
Artículo 245. Obligación de denunciar. Plazo. La denuncia debe realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber tomado conocimiento sobre la situación de violencia, excepto que se pueda acreditar de manera fehaciente que la situación de violencia se está abordando de manera responsable por profesionales y/u organismos capacitados. Sólo en este supuesto la denuncia puede ser suspendida.
Artículo 246. Denuncia. Trámite común. Reglas. La denuncia puede ser en forma verbal, escrita o por vía de correo electrónico o en lenguajes alternativos que permitan la comunicación de personas con discapacidad.
El patrocinio letrado no es necesario para la denuncia.
El denunciante puede requerir que su identidad sea reservada.
Si la denuncia no es presentada ante el organismo judicial competente, debe ser remitida al juez dentro de las veinticuatro (24) horas, excepto que se trate de una situación de violencia que amerite ser abordada en el ámbito extrajudicial por el organismo administrativo.
Si se poseen informes de evaluación de riesgo, interacción familiar o cualquier otro referido a la situación de violencia, deben ser acompañados en la denuncia o en su defecto, en la entrevista prevista en el Art. 252.
Artículo 247. Denuncia. Persona menor de edad. Cuando la persona en situación de violencia es un niño, niña y adolescente, los órganos administrativos de protección que tomen conocimiento de la situación de violencia deben adoptar las medidas que estimen pertinentes a los fines de salvaguardar y preservar la integridad psicofísica y social del niño, niña o adolescente.
Si la situación de violencia ha sido denunciada directamente a los organismos judiciales, el juez puede, según las circunstancias:
Tomar las medidas de protección mencionadas en el Art. 255 y notificar al organismo de protección de derechos que corresponda.
Comunicar al organismo de protección de derechos que corresponda para que tome intervención.
En cualquiera de los dos casos, debe notificar al Ministerio Público.
Artículo 248. Denuncia. Persona con capacidad restringida. Cuando la persona en situación de violencia es una persona con capacidad restringida o incapaz, se debe dar intervención al Ministerio Publico y, según el caso, al curador, al o los apoyos designados si los hubiere, o a la persona responsable de su cuidado.
Artículo 249. Recepción de la denuncia. En las situaciones de violencia de alto riesgo, la denuncia se puede presentar ante los organismos habilitados las veinticuatro (24) horas, o ante la seccional policial más cercana al domicilio o lugar donde se encuentre la persona en situación de violencia.
Las seccionales policiales deben recibir las denuncias mediante personal especializado, y prestar auxilio a la persona en situación de violencia, aun cuando no se encuentren dentro de su domicilio, con la única finalidad de protegerla y evitar el agravamiento de la situación, dando inmediata intervención al juez de violencia familiar y de género competente.
Las constancias de las actuaciones policiales deben remitirse al juez dentro de las veinticuatro (24) horas.
Artículo 250. Patrocinio letrado. Las demás actuaciones en el proceso de violencia familiar y de género deben realizarse con patrocinio letrado. El Estado provincial debe asegurar el efectivo acceso a la justicia de las personas en situación de violencia mediante servicios de patrocinio jurídico gratuito especializados, con independencia de las defensorías oficiales.
Artículo 251. Trámite. El cumplimiento de la etapa previa no es exigible en los procedimientos regulados en este Título, sin perjuicio de la participación del consejero de familia, toda vez que el juez estime que esa intervención beneficia el mejor abordaje del conflicto familiar.
Artículo. 252. Entrevista. Recibida la denuncia, el juez de violencia familiar y de género debe entrevistarse con la persona en situación de violencia dentro de las cuarenta y ocho 48 horas.
Si la denuncia es interpuesta por la persona en situación de violencia, la entrevista se debe realizar inmediatamente. Si la interpone un tercero, persona u organismo, se debe notificar a la persona en situación de violencia del día y hora de la entrevista en forma personal por cualquier medio fehaciente.
Si se cuenta con informes de evaluación de riesgo, interacción familiar o cualquier otro referido a la situación de violencia que no fueron acompañados en la denuncia o elaborados posteriormente, deben ser presentados en la entrevista.
Artículo 253. Informe técnico por el cuerpo interdisciplinario. La unidad de violencia del cuerpo interdisciplinario debe realizar una evaluación de riesgo psicofísico y social a efectos de determinar los daños sufridos por la persona en situación de violencia; conocer la situación de violencia planteada y adoptar las medidas de protección adecuadas.
El juez está facultado, en caso de considerarlo necesario, a:
Requerir informes al organismo u empresa para la cual el denunciado trabaja o cumple alguna actividad.
Solicitar los antecedentes judiciales y/o policiales si los hubiere.
Si la situación de violencia es de alto riesgo se pueden adoptar medidas de protección sin informe previo.
En todos los casos se debe evitar la re-victimización.
Artículo 254. Medidas de protección. Reglas. Las medidas enumeradas en el artículo siguiente, como todas las que se dispongan en protección de las personas en situación de violencia y su grupo familiar, se rigen por las siguientes reglas:
a) Pueden ser tomadas por el juez de oficio o a pedido de parte.
b) Deben ser tomadas con fundamento en informes y demás elementos probatorios. Si la situación no admite aplazamiento alguno, pueden ser ordenadas prescindiendo de esa prueba, pero dentro de las veinticuatro (24) horas de cumplida la medida, el juez debe ordenar la producción de la prueba que estime relevante y notificar la medida al denunciado, dentro de ese mismo plazo, por medio fehaciente, con habilitación de días y horas inhábiles.
c) Si la situación no admitiese aplazamiento alguno, pueden ser tomadas por un juez incompetente, que luego debe remitir el expediente al juez competente.
d) Tienen un plazo determinado, pudiendo ser prorrogadas de manera fundada. En ningún caso la prórroga puede alcanzar plazos indeterminados.
e) Si afectan a niños, niñas u adolescentes, una vez tomadas, deben ser notificadas inmediatamente al órgano administrativo de protección de derechos, a fin de que tome intervención.
f) Pueden dictarse más de una a la vez
En caso de ser necesario, el juez puede ordenar hacer uso de la fuerza pública para la ejecución de la medida de protección.
Artículo 255. Medidas de protección. Enumeración. Las medidas de protección pueden consistir en:
Excluir al denunciado de la vivienda familiar, aunque el inmueble sea de su propiedad.
Prohibir el acceso del denunciado al domicilio, lugar de trabajo, lugar de estudio u otros ámbitos de concurrencia de la persona en situación de violencia.
Prohibir al denunciado acercarse a una distancia determinada de cualquier lugar en el que se encuentre la persona en situación de violencia u otro miembro del grupo familiar que pudiera verse afectado.
Prohibir al denunciado realizar actos que perturben o intimiden a la persona en situación de violencia o algún integrante del grupo familiar.
Ordenar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la persona en situación de violencia en su domicilio.
Disponer el reintegro de la persona en situación de violencia al hogar, cuando haya sido expulsada o salido del mismo por la situación de violencia, previa exclusión del denunciado.
Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la persona en situación de violencia, si ha quedado privada de ellos como consecuencia de la situación de violencia familiar y de género.
Ordenar el inventario de los bienes. Si fuere necesario, el juez puede otorgar el uso exclusivo de la vivienda y del mobiliario a la persona en situación de violencia, independientemente de quién sea el propietario.
Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales o en condominio.
Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas y ordenar el secuestro de las que estuvieran en su posesión.
Fijar alimentos provisorios. Si el denunciado trabaja en relación de dependencia, el juez puede disponer de oficio la retención del salario correspondiente para el pago de la obligación alimentaria.
Otorgar el cuidado personal provisorio de los hijos menores de edad.
Excepcionalmente, otorgar la guarda provisoria a un miembro de la familia ampliada o referente afectivo cuando la persona en situación de violencia no pueda hacerse cargo del cuidado de los hijos menores de edad.
Disponer la suspensión provisoria del régimen de comunicación.
Designar una persona responsable, si se trata de una persona mayor de edad con capacidad restringida.
Proveer a la persona en situación de violencia del sistema de alerta y localización inmediata geo-referenciada, con el fin de que autoridades y fuerzas de seguridad otorguen una herramienta eficaz en situaciones de emergencia que puedan suscitarse.
Comunicar los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación profesional o lugar de trabajo del denunciado.
Disponer medidas conducentes para brindar a la persona en situación de violencia y su grupo familiar, como así también al autor, asistencia legal, médica y/o psicológica por organismos públicos y no gubernamentales especializados en la prevención y atención de la violencia familiar y de género y asistencia a la víctima.
Ordenar que el agresor realice tratamientos terapéuticos a través de programas de prevención de la violencia para prevenir futuras conductas violentas.
w) Disponer toda otra medida que el juez entienda corresponder para asegurar el cuidado y protección de la persona en situación de violencia según la situación o hechos acaecidos.
Artículo 256. Medidas de protección. Recursos. La resolución que admite o deniega medidas de protección puede impugnarse por recurso de reposición, que debe interponerse dentro de los tres (3) días de notificada la resolución. El recurso es sin efecto suspensivo.
En caso de que hayan cesado las circunstancias que dieron lugar a la decisión con anterioridad al vencimiento del plazo, el interesado puede solicitar su levantamiento. La solicitud tramita por las reglas del proceso abreviado.
Artículo 257. Medidas de protección. Incumplimiento. En caso de incumplimiento de las medidas de protección dispuestas, el juez debe:
a) Evaluar la conveniencia de modificar o ampliar las medidas de protección.
b) En el caso que lo estime necesario, imponer sanciones de conformidad con lo previsto en el Art. 261
c) Requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurar el acatamiento de las medidas de protección.
Artículo 258. Audiencia. Consejero de familia Dictadas las medidas de protección, o realizada la entrevista prevista en el Art 252 y elaborados los informes técnicos, las actuaciones se remiten al consejero de familia, que debe fijar una audiencia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. Las partes deben comparecer en forma personal, con el correspondiente patrocinio letrado.
Si la situación de violencia ha generado alto riesgo, la audiencia se sustancia compareciendo las partes separadamente.
En el resto de los casos, y siempre que la víctima haya contado con preparación previa de acompañamiento y contención, la audiencia se sustancia con la presencia de ambas partes.
El denunciado está obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública.
En la audiencia, las partes pueden:
Acordar una cuota alimentaria a favor de la persona en situación de violencia.
Acordar una indemnización por el daño causado a favor de la persona en situación de violencia.
Establecer pautas relativas al cuidado personal de los hijos y el derecho de comunicación con el denunciado teniendo siempre en miras el interés superior del niño.
Arribar a cualquier acuerdo que beneficie a la persona en situación de violencia y a su grupo familiar, tendiente a mitigar el perjuicio sufrido por los hechos de violencia.
Si se alcanzaran acuerdos, se remiten inmediatamente al juez a los efectos de su homologación.
Artículo 259. Prueba. Trámite. Dentro de los cinco días posteriores a la audiencia, las partes ofrecen prueba para acreditar los hechos alegados o negados.
Rige el principio de amplitud y libertad probatoria. Las pruebas ofrecidas se evalúan de acuerdo a los principios de pertinencia y sana crítica.
Artículo 260. Sentencia. Producidas las pruebas, el juez debe dictar sentencia dentro de los tres (3) días, determinando la existencia o inexistencia de violencia, la responsabilidad del denunciado y las sanciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 261. Sanciones. Ante el incumplimiento de las medidas de protección ordenadas, el juez puede imponer al autor de violencia una o varias de las siguientes sanciones:
Condenar al denunciado a hacerse cargo de los gastos generados por sus actos de violencia.
Cumplir con trabajos comunitarios, cuya duración razonable debe determinar el juez de conformidad con las constancias de la causa y la gravedad de la situación planteada.
Asistir el autor de manera obligatoria a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la erradicación- eliminación de conductas violentas.
Imponer multas pecuniarias, cuyo monto establece el juez según la gravedad del caso y la situación patrimonial de la persona en situación de violencia.
Comunicar la sentencia al lugar de trabajo, estudio, asociación profesional, organización sindical y otras organizaciones sociales a las que pertenezca el autor.
Disponer cualquier otro tipo de medida o sanción acorde con la conflictiva planteada, teniéndose en cuenta si ha existido reincidencia, resistencia o conductas disuasivas por parte del autor.
Cumplir arresto de conformidad con la legislación especial cuando los hechos de violencia configuren un delito penal grave, pudiendo el juez, por razones fundadas, disponer el arresto domiciliario.
El incumplimiento de las medidas de protección, del acuerdo homologado, de la sentencia o de las sanciones previstas en este artículo, puede dar lugar al delito de desobediencia a la autoridad previsto en el Código Penal.
Artículo 262. Sentencia. Recursos. La sentencia es apelable. Si determina que existe violencia familiar y de género el recurso se concede sin efecto suspensivo.
Artículo 263. Seguimiento y supervisión de oficio. El juez debe controlar el cumplimiento y la eficacia de las medidas de protección y de la sentencia dictada, sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal, con la frecuencia que se ordene, sea mediante la intervención del equipo técnico multidisciplinario especializado en temáticas de violencia, que elabora informes periódicos de seguimiento.
En los casos de violencia de alto riesgo, el seguimiento se realiza cada tres (3) meses hasta que se constate de manera fehaciente que ha cesado el riesgo, teniendo en cuenta la particularidad del caso.
Artículo 264. Programas especializados. Los jueces deben contar con programas gratuitos de prevención, atención y tratamiento de la violencia.
Artículo 265. Reparación. La parte damnificada puede reclamar la reparación civil por los daños sufridos ante el Juez de familia. Rige lo previsto para el proceso ordinario por audiencias.