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Timestamp: 2019-09-15 12:31:34
Document Index: 156687807

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 229', 'artículo 72']

﻿ SENTENCIA 15816 DE MARZO 6 DE 2003
SENTENCIA 15816 DE 06 DE MARZO DE 2003
CONTENIDO:VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. SE TIPIFICÓ COMO DELITO AUTÓNOMO DESDE LA LEY 294 DE 1996.
TEMAS ESPECÍFICOS:CLASES DE DELITO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, DELITO, TIPO PENAL AUTÓNOMO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:377 DE MAYO DE 2003, PÁG.828
Sentencia 15816 de marzo 6 de 2003
SE TIPIFICÓ COMO DELITO AUTÓNOMO DESDE LA LEY 294 DE 1996
EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso de casación discrecional interpuesto contra la sentencia anticipada de 31 de julio de 1998, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga condenó al procesado Pedro Manuel Gualdrón Martínez a la pena principal privativa de la libertad de ocho (8) meses de prisión, como autor responsable del delito de violencia intrafamiliar.
El sábado 2 de agosto de 1997, en una tienda del barrio Bolívar de la ciudad de Bucaramanga, Pedro Manuel Gualdrón Martínez golpeó a su esposa María Rocío Rangel Duarte en varias partes del cuerpo, causándole lesiones que le determinaron una incapacidad médico legal de seis días sin secuelas. Tres días después (ago. 5), la víctima presentó denuncia penal en su contra por estos hechos. Explicó que su esposo la insultaba y golpeaba con frecuencia, y que sus hijos eran testigos de estas escenas de agresión y violencia (fls. 3, 15, 18/1).
La fiscalía vinculó al proceso mediante indagatoria a Gualdrón Martínez y resolvió su situación jurídica con medida de aseguramiento de caución juratoria por el delito de violencia intrafamiliar, tipificado en el artículo 22 de la Ley 294 de 1996 (fls. 28-29 vuelto/1 y 32-35/1). El 24 de abril de 1998, a petición del procesado, formuló anticipadamente cargos en su contra por el referido delito, y días después remitió el proceso al juzgado de conocimiento, donde fue condenado a la pena principal privativa de la libertad de ocho meses de prisión, y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena aflictiva, como autor responsable de dicho ilícito (fls. 45-48/1, 51-60/1).
Apelado este fallo por el Procurador 54 Judicial en lo Penal, el tribunal superior, mediante el suyo de 31 de julio del mismo año (1998), lo confirmó en todos los aspectos objeto de la impugnación (fls. 3-22 del cuaderno del tribunal). Inconforme con esta decisión, el impugnante solicitó a la Corte admitir el recurso extraordinario de casación por la vía discrecional, petición que le fue resuelta favorablemente mediante proveído de 16 de diciembre siguiente (fls.3-10 del cdno. de la Corte).
El reparo planteado por el representante del Ministerio Público a la sentencia impugnada resulta confuso, pues no logra determinarse si la alegación se orienta a cuestionar la naturaleza autónoma del delito de violencia intrafamiliar tipificado en el artículo 22 de la Ley 294 de 1996, o un error en la calificación jurídica de la conducta, ambos con incidencia en la validez del proceso por incompetencia de los funcionarios judiciales que conocieron del asunto. Por separado, la Corte se referirá a cada uno de estos aspectos, anticipando desde ya, que los reparos carecen de vocación de éxito.
1. Carácter autónomo del delito de violencia intrafamiliar tipificado en el artículo 22 de la Ley 294 de 1996.
La afirmaciones del casacionista, en el sentido de que el legislador no tuvo en mente crear delitos autónomos de violencia intrafamiliar, sino contravenciones, carecen de fundamento. Del estudio de la exposición de motivos de la referida ley se establece, sin mayor esfuerzo, que una de sus finalidades fue la de elevar a la categoría de delito ciertas conductas de violencia familiar, de reiterado acaecimiento en nuestro medio (según estudios estadísticos), que atentaban contra la armonía y unidad de la familia, en desarrollo del artículo 42 inciso quinto de la Constitución, que presume destructiva de la armonía y unidad de la familia cualquier forma de violencia en su interior, y defiere a la ley, la facultad de sancionarlas. Los siguientes apartes permiten advertir, con claridad, el referido propósito, y la decisión de configurar tipos penales autónomos para reprimir esta clase de conductas. Veamos:
“Dentro de este contexto, la Constitución de 1991 elevó a norma fundamental aspectos de la organización familiar antes considerados de su fuero interno o “privado”, al cual ni la ley ni el Estado accedían y que habían sido, por tanto, irrelevantes jurídicamente. Así, el inciso 5º del artículo 42 dispone que la violencia intrafamiliar atenta contra la integridad y unidad de la familia y debe ser sancionada.
La violencia intrafamiliar en sus distintas manifestaciones no está tipificada en nuestro Código Penal como delito, siendo un comportamiento que afecta la misma esencia jurídica de la organización familiar. Frente a comportamientos injustos y particularmente graves como los que son objeto de este proyecto de ley, se hace evidente la necesidad de adoptar mecanismos más eficaces de protección civil (...).
El capítulo III, de los delitos de violencia doméstica, tipifica como tales el maltrato mediante violencia física o sicológica, el maltrato mediante amenaza, el maltrato mediante restricción de la libertad, y el acceso carnal y los actos sexuales no consentidos en la relación de pareja, fenómenos frente a los cuales no siempre es posible el proceso de adecuación típica respecto al Código Penal vigente. Los tipos penales propuestos pretenden reprimir conductas que se dan al interior de la relación familiar o como consecuencia de haber existido una relación familiar…” (Gaceta del Congreso Nº 164 de 29 de septiembre de 1994, págs. 3 y 4).
La voluntad legislativa de tipificar como delito autónomo la violencia intrafamiliar, quedó inequívocamente revelada, a su vez, en el título V del texto definitivo de la ley, donde se crearon cuatro modalidades delictivas orientadas todas a proteger el bien jurídico de la armonía y unidad de la familia, bajo las nominaciones específicas de (1) violencia intrafamiliar, (2) maltrato constitutivo de lesiones personales, (3) maltrato mediante restricción a la libertad física, y (4) violencia sexual entre cónyuges, todas enmarcadas dentro del enunciado “de los delitos contra la armonía y la unidad de la familia” (arts. 22 a 25).
La interpretación que el actor hace del texto de la ley, en la pretensión de negar a las referidas conductas su carácter delictivo, y de categorizarlas como comportamientos meramente contravencionales, resulta por tanto insostenible, no solo por los motivos que se dejan expresados, sino porque nuestra legislación tradicionalmente ha distinguido entre delitos y contravenciones como modalidades del hecho punible, resultando, por tanto, absolutamente improbable que los legisladores hubiesen confundido los dos conceptos, y terminado definiendo como delito lo que quisieron sancionar en el carácter de simple contravención.
Cierto es, como lo sostiene el casacionista, que los literales g y h del artículo 3º de la ley consagran la conciliación, y la celeridad, sumariedad y oralidad en la aplicación del procedimiento como principios a tener en cuenta en la aplicación e interpretación de la ley, y que estos postulados solo tendrían cabal aplicación en el procedimiento contravencional previsto en la Ley 228 de 1995, pero esto no puede ser entendido como expresión de la voluntad del legislador de tipificar la violencia intrafamiliar como contravención, entre otras razones, porque del texto de las referidas normas se constata que los principios en cuestión están referidos al procedimiento establecido en dicha ley, y el único procedimiento que allí se desarrolla es el previsto en el título III para las llamadas “medidas de protección”, que nada tiene que ver con el que regía para la investigación y juzgamiento de las contravenciones o los delitos. El siguiente es el texto del precepto contenido en el literal h: “La eficacia, celeridad, sumariedad y oralidad en la aplicación de los procedimientos contemplados en la presente ley”.
Otro tanto ocurre con el artículo 18 ejusdem, citado también por el libelista, y el literal g del artículo 3º. El primero de dichos preceptos, es del siguiente tenor: “Serán aplicables al procedimiento previsto en la presente ley las normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de 1991, en cuanto su naturaleza lo permita”. Y aunque la norma que prevé la conciliación —literal g del artículo 3º—, no hace precisiones en dicho sentido, ha de entenderse que alude básicamente a dicho procedimiento, como quiera que condiciona su realización a los casos en los cuales la ley lo permita: “La preservación de la unidad y la armonía entre los miembros de la familia, recurriendo para ello a los medios conciliatorios legales cuando fuere procedente”.
Es de precisar que la Ley 294 de 1996 se divide en seis títulos. El primero define su objeto, el concepto de familia y los principios a tener en cuenta en su interpretación y aplicación (arts. 1º a 3º). El segundo consagra las llamadas medidas de protección (arts. 4º a 8º). El tercero establece el procedimiento aplicable para las medidas de protección (arts. 9º a 19). El cuarto regula la protección de las víctimas del maltrato (arts. 20 y 21). El quinto tipifica los delitos contra la armonía y la unidad de la familia y modifica algunas disposiciones del Código Penal (arts. 22 a 27). Y, el sexto, regula lo referente a las políticas de protección a la familia.
Un argumento adicional para reafirmar el carácter autónomo del delito de violencia intrafamiliar previsto en el articulo 22 de la Ley 294 de 1996, lo constituye el fallo de exequibilidad de la Corte Constitucional de 5 de junio de 1997 (Sent. C-285), en el cual se reconoció, de manera expresa, dicha connotación, como puede verse en los siguientes apartes de la decisión:
“Mediante el artículo 22 de la Ley 294, el legislador quiso elevar a la categoría de delito algunas conductas que no podían ser adecuadas a las figuras típicas previstas en el Código Penal, con el objeto de brindar una mayor protección a los miembros de la familia, que eventualmente pueden ser víctimas de violencia por parte de otro integrante de su misma familia (…). Los elementos constitutivos del tipo de maltrato son distintos a los de las lesiones. El maltrato implica un acto de agresión contra la persona que no altere su integridad física, síquica o sexual. En tanto que las lesiones precisan un daño en la salud. Los bienes jurídicos protegidos con las disposiciones son también diferentes: el artículo 22, que hace parte del título V de la Ley 294 de 1996, protege “la armonía y la unidad de la familia”, y las disposiciones del Código Penal relativas a las lesiones protegen la “integridad personal” (…) En síntesis, el artículo 22 de la Ley 294 de 1996 constituye un tipo penal autónomo, que no vulnera la Constitución”.
2. Error en la calificación jurídica de la conducta:
Establecido que el tipo penal previsto en el artículo 22 de la Ley 294 de 1996 constituye un delito autónomo, correspondería determinar si el proceso de adecuación típica realizado por los juzgadores de instancia es correcto, y de serlo, si los funcionarios judiciales que conocieron de la instrucción y el juzgamiento eran los competentes para hacerlo, o si los hechos investigados son constitutivos de lesiones personales contravencionales, como lo plantea el casacionista.
El tipo penal creado por el artículo 22 de la Ley 294 de 1996 reprimía con pena de uno (1) a dos (2) años de prisión el maltrato físico, sicológico o sexual ejercido por un miembro del núcleo familiar sobre otro, independientemente de que la acción produjera daños en el cuerpo o la salud de la víctima, generantes de incapacidad médico legal. Bastaba, por tanto, que el sujeto agente agrediera física, sicológica o sexualmente a un miembro de su núcleo familiar, sin producir daños en el cuerpo la salud de la víctima, para la cabal realización de la conducta típica.
Ahora bien. ¿Cómo resolver el conflicto cuando el maltrato físico, síquico o sexual constitutivo de la violencia intrafamiliar, producía daños en el cuerpo o en la salud estructurantes de lesiones personales? En estos eventos había que distinguir dos situaciones, según la naturaleza de la lesión y su regulación jurídica. Si se trataba de lesiones sancionadas como contravención, es decir, con incapacidad no mayor de treinta (30) días según la legislación entonces vigente, quedaban comprendidas por el tipo penal de violencia intrafamiliar previsto en el artículo 22, siendo la mayor o menor entidad del daño, factor a tener en cuenta en el proceso de dosificación punitiva.
En los demás eventos, es decir, cuando se trataba de lesiones sancionadas como delito, correspondía aplicar el artículo 23 ejusdem, que tipificaba, en los siguientes términos, el maltrato intrafamiliar constitutivo del delito de lesiones personales: “El que mediante violencia física o síquica, trato cruel o intimidatorio o degradante, cause daño en el cuerpo o en la salud sicológica a un integrante de su grupo familiar, incurrirá en pena la privativa de la libertad prevista para el respectivo delito, aumentada de una tercera parte a la mitad” (Cfr. Autos de Sala Plena de 31 de marzo de 1997, radicaciones Nº 57 y 58, entre otros).
En el caso sub judice se acusó a Pedro Manuel Gualdrón Martínez de haber golpeado a su esposa María Rocío Rangel Duarte, con quien cohabitaba, y haberle causado lesiones que determinaron una incapacidad médico legal de seis (6) días sin secuelas (fls. 18 del cuaderno principal). Este hecho, acorde con las premisas que se dejan sentadas, resulta constitutivo del delito de violencia intrafamiliar previsto en el artículo 22 de la Ley 294 de 1996, tipicidad que coincide con la realizada en la diligencia de formulación anticipada de cargos y en la sentencia, de suerte que, ningún reparo cabe hacer a la calificación jurídica de la conducta.
No puede dejar de precisarse que frente al nuevo Código Penal la tipicidad de la conducta investigada no registró variaciones. El nuevo estatuto reprodujo en su esencialidad los artículos 22 y 24 de la Ley 294 de 1996, y eliminó el artículo 23 (el 25 fue retirado del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional mediante sentencia 285 de 1997). La novedad en cuanto a la primera de las normas se presentó en relación con su naturaleza, pues se la estructuró como tipo penal subsidiario o residual, es decir, solo aplicable cuando la conducta no fuese constitutiva de delito sancionado con pena mayor (L. 599/2000, art. 229), y en relación con la pena, al ser aumentado de dos a tres años de prisión el máximo imponible.
Lo dicho permite concluir que también frente al nuevo código la conducta investigada sería delictiva, ya como violencia intrafamiliar, acorde con la configuración típica del artículo 229, o como lesiones personales con incapacidad no mayor de treinta días, agravadas por el vínculo conyugal, según lo dispuesto en los artículos 111, 112, 119 y 104.1 de dicho estatuto (L. 599/2000). Más como en cualquiera de los dos casos la situación resultaría más gravosa para el procesado, en razón de la pena imponible, ha de estarse a las normas vigentes cuando ocurrieron los hechos, correctamente aplicadas por los juzgadores de instancia.
La Ley 294 al tipificar como delito la violencia intrafamiliar, no determinó la autoridad encargada de su conocimiento. Esto imponía acudir a la cláusula general de competencia establecida en el literal c del numeral 1º del artículo 72 del estatuto procesal penal entonces vigente (D. 2700/91), modificado por el 10 de la Ley 81 de 1993, que atribuía a los jueces penales del circuito el juzgamiento de los delitos no atribuidos a otra autoridad, directrices que fueron acatadas en el presente caso, pues la instrucción fue asumida por la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito, y la sentencia dictada por un juez de dicha categoría. Hoy día, la competencia para conocer del delito de violencia intrafamiliar corresponde a los juzgados penales municipales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 35 y 78 del nuevo estatuto procesal penal (L. 600/2000).
Se desestima la censura».
(Sentencia de casación, 6 de marzo de 2003. Radicación 15.816. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Arboleda Ripoll).