Source: https://www.scribd.com/doc/120344849/MENSAJE-DE-S-E-EL-PRESIDENTE-DE-LA-REPUBLICA-CON-EL-QUE-INICIA-UN-PROYECTO-DE-LEY-QUE-CREA-LA-AGENCIA-NACIONAL-DE-ACREDITACION-Y-ESTABLECE-UN
Timestamp: 2017-08-22 08:12:04
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MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA LA AGENCIA NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y ESTABLECE UN NUEVO SISTEMA DE ACREDITACIÓN
Description: Boletín 8774-04. El proyecto ha pasado a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, del Senado y a la de Hacienda, en su caso.
Boletín 8774-04. El proyecto ha pasado a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, del Senado y a la de Hacienda, en su caso.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA LA AGENCIA NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y ESTABLECE UN NUEVO SISTEMA DE ACREDITACIÓN SANTIAGO, 08 de enero de 2013.-
Nº 498-360/
Honorable Senado: Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un nuevo sistema de acreditación para las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado, a través de una nueva institucionalidad y del establecimiento de un proceso de acreditación obligatorio, con estándares más exigentes para todas las instituciones de educación superior, que apuntan a mejorar la calidad en la educación superior y a transformar esta mejora en un proceso continuo. I. 1. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA Cambios en educación superior
Nuestro Gobierno ha puesto en el centro de sus prioridades la calidad y la equidad de la educación en todos sus niveles, para lo que ha propuesto e implementado políticas para la educación parvularia, escolar y superior. En cuanto a la educación superior, la agenda es amplia y abarca materias como el financiamiento a los estudiantes y a las instituciones, aspectos regulatorios y de aseguramiento de la calidad. La diversidad de las propuestas responde a la necesidad de hacerse cargo de una institucionalidad que no se ha adecuado al significativo desarrollo de un sector que en los últimos treinta años pasó de contar con cerca de 119.000 alumnos a más de 1.000.000 y que multiplicó en más de veinte veces la cantidad de instituciones que lo conformaban. Las políticas públicas destinadas
a la educación superior sin duda requieren cambios fundamentales que permitan enfrentar los actuales desafíos, los que, tal como lo propuso el programa de gobierno, pueden resumirse en acceso y excelencia, así como en la búsqueda de un nuevo equilibrio que se centre más en los estudiantes que en las instituciones. Respecto del acceso, el país mantiene, a pesar de las mejoras recientes al Crédito con Aval del Estado, un sistema de financiamiento a los estudiantes que es discriminatorio y que, en algunos casos, impone una carga muy onerosa para los egresados de la educación superior. Es por esto que nuestro Gobierno propuso avanzar hacia un nuevo sistema único de créditos que integra las becas, beneficia a más estudiantes y que significa una menor carga financiera presente y futura, lo que se tradujo en un proyecto de ley presentado en junio de 2012. Por otra parte, el Estado debe también asegurar que los distintos actores cumplan con la normativa vigente y sean transparentes en su actuar. Sus atribuciones actuales para cumplir con este propósito son débiles, en virtud de lo anterior en noviembre de 2011 presentamos un proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación Superior, cuyo propósito es velar por el cumplimiento de las distintas leyes que rigen al sector, especialmente aquella que prohíbe que las universidades retiren excedentes por la vía de relaciones contractuales con personas relacionadas. Simultáneamente, el Ministerio de Educación ha hecho un importante esfuerzo por transparentar el sistema, poniendo a disposición del público la información financiera de todas las instituciones de educación superior. Cuando la Superintendencia de Educación Superior esté operativa, será ella la que llevará a cabo las labores de fiscalización y transparencia. Asimismo, es necesario abordar el sistema de acreditación de instituciones de educación superior, por cuanto la legislación vigente no logra satisfacer apropiadamente los objetivos de los sistemas de acreditación y es por ello que nuestro Gobierno ha decidido presentar este proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Acreditación y modifica la manera en que debe desarrollarse la acreditación de las instituciones de educación superior en nuestro país.
FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA Origen y falencias del actual Sistema de Aseguramiento de la Calidad
En las últimas décadas Chile ha pasado de tener un sistema de educación superior selectivo a uno masivo. Si en 1990 la matrícula de educación superior bordeaba los 270.000, hoy supera el millón de jóvenes. Si en 1990 la cobertura bruta era de cerca del 16%, hoy está en torno al 50%. Este importante crecimiento ha permitido que jóvenes provenientes de grupos socioeconómicos antes subrepresentados en la educación superior, hoy accedan a centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Esto constituye un gran avance en términos de igualdad de oportunidades. Los datos disponibles sugieren, a pesar de algunas voces en contrario, que este mayor acceso no ha dañado las oportunidades laborales y salariales de los egresados de la educación superior; ésta continúa siendo, por tanto, un importante mecanismo de movilidad social. Un sistema así de amplio, al igual que ocurre en diversas latitudes es heterogéneo, existiendo instituciones de diferentes tipos, que cumplen distintas misiones, que ofrecen una extensa gama de carreras y programas, y que forman a estudiantes con distintos intereses y capacidades académicas. Es natural que la masificación y creciente heterogeneidad del sistema de educación superior lleve a plantearse cada vez con más fuerza la pregunta por la calidad, particularmente por los estándares con los que las distintas instituciones llevan adelante su misión y propósitos. Más todavía, considerando que existen importantes asimetrías de información entre lo que los estudiantes saben al momento de matricularse y lo que la institución verdaderamente ofrece. ¿Cómo asegurar que las instituciones de educación superior cumplan su tarea con estándares razonables, toda vez que el Estado les confiere la posibilidad de entregar títulos y les entrega recursos públicos de manera directa e indirecta? ¿Cómo fomentar que exista en ellas un mejoramiento continuo? Son preguntas que no son nuevas ni son exclusivas de nuestra nación. Gran parte de los países han vivido procesos similares en
las últimas décadas y han implementado sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior, los que han aspirado a fortalecer la calidad y la confianza en los sistemas de educación superior. Por cierto, al ser todos sistemas relativamente nuevos, es un ámbito en el que aún tenemos mucho que aprender. El caso de Chile no ha sido distinto en estas materias. En 2003, durante el Gobierno del Presidente Lagos, se presentó un proyecto de ley que creaba el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Este se promulgó en 2006, bajo el Gobierno de la Presidenta Bachelet, dando origen a la ley N° 20.129. Esta ley, si bien constituyó un avance, instalando, por ejemplo, en muchas instituciones una preocupación por mejorar su funcionamiento, ha demostrado tener problemas de implementación y de diseño que son reconocidos transversalmente. Éstos están ligados principalmente a aspectos que la ley trata insuficientemente, por ejemplo, la conformación de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) por quince miembros a tiempo parcial, siendo la mayor parte de ellos representantes de las distintas instituciones del sistema de educación superior y, por tanto, con potenciales conflictos de interés que requieren del establecimiento de un sistema claro de inhabilidades e incompatibilidades. Si bien es efectivo que la acreditación debe correr por cuenta de pares evaluadores, la institución que delibera respecto de la acreditación debe estar protegida seriamente de los intereses institucionales y ello no se asegura con esta ley. Por otra parte, contempla una acreditación por siete años cuando las instituciones cumplen íntegramente los criterios de evaluación. Sin perjuicio de lo anterior, cuando dicho cumplimiento es aceptable pero no integral establece que puede ser por un período más breve. Este mecanismo ha permitido que se genere un rango amplio de años de acreditación que contradice el espíritu de los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior, cuyo principal propósito es que las instituciones den garantías a los estudiantes de que pueden cumplir apropiadamente los propósitos declarados y su misión. Además ha permitido que instituciones de baja calidad sean
acreditadas, aunque sea por un corto periodo de tiempo. Todo esto también ha llevado a que la información sobre la acreditación y la calidad de las instituciones sea confusa, dificultando la elección de los estudiantes y sus familias de las instituciones de educación superior. Se suma a ello que los criterios y pautas de evaluación están muy vagamente declarados. Así, el resultado obtenido por el sistema vigente no es el esperado y tampoco asegura que en un plazo razonable las instituciones cumplan con las garantías que deben dar a los estudiantes. Actualmente, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad tiene como una de sus funciones el licenciamiento de instituciones nuevas, proceso que se encuentra a cargo del Consejo Nacional de Educación. Adicionalmente, existe la acreditación institucional, que es llevada a cabo por la Comisión Nacional de Acreditación. No parece existir una buena razón para que ambos procesos estén en dos entidades diferentes. Más todavía, al ser la acreditación voluntaria y el licenciamiento el que otorga autonomía institucional existe un vacío legal en la supervisión de las instituciones de educación superior. En efecto, una vez obtenida la autonomía por una institución de educación superior no existen facultades para que el Estado pueda velar por la mantención de los requisitos que sirvieron para otorgarla. Por cierto, que las becas y créditos que entrega el Estado exijan que la institución elegida por el alumno esté acreditada, puede acotar ese vacío, pero también hace más problemática la falla de diseño mencionada anteriormente. En general, los sistemas de acreditación no buscan ordenar a las instituciones por su calidad o su complejidad, sino que pretenden asegurar que cada una de las instituciones satisfaga adecuadamente estándares que le permitan cumplir con los propósitos que ella misma ha declarado, proyectando en plazos largos sus misiones y propósitos, reduciendo la posibilidad de que un estudiante ingrese a una institución que en cualquier momento puede deteriorarse e incumplir los compromisos adquiridos. Por ello, no tiene mucho sentido que las instituciones de educación superior que opten por acreditarse deban hacerlo obligatoriamente, como lo establece la ley actual,
en las áreas de docencia de pregrado y gestión institucional y voluntariamente en las de investigación, docencia de postgrado y vinculación con el medio. Menos por un número distinto de años. Lo que sí corresponde es que cada institución se acredite de acuerdo a su propósito declarado y que la verificación de los estándares se adapte a la misión de cada institución. Actualmente la acreditación de instituciones es voluntaria, pero es obligatorio hacerlo para las carreras de Medicina y Pedagogía, aunque también es posible acreditar voluntariamente otras carreras o programas. Si bien, estas posibilidades están todas establecidas en la ley, no hay una mirada integral respecto del proceso de acreditación como ocurre en otros países. Así, por ejemplo, se pueden tener instituciones no acreditadas y carreras que sí lo están, una práctica que no deja de sorprender. Finalmente, la ley le asigna al sistema una función de información, que ha permitido crear el Sistema de Información para la Educación Superior (SIES), el cual, aun cuando se ha fortalecido durante la actual administración, indudablemente debe seguir reduciendo las asimetrías de información que persisten entre las instituciones y la opinión pública, particularmente de los estudiantes y sus familias. Por tanto, si bien la ley promulgada en el año 2006 tuvo aspectos positivos, particularmente por su impacto en diversas instituciones que vieron en esta ley una oportunidad para mejorar, las falencias existentes no han permitido que se obtengan los beneficios que, en otras naciones, han tenido los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Por lo demás, algunos acontecimientos del último año sugieren que el sistema necesita urgentemente de un fortalecimiento de su institucionalidad y de mayores exigencias. Se hace indispensable, entonces, generar las condiciones para restablecer la confianza en el sistema de educación superior, teniendo siempre en el centro a los estudiantes.
Un Sistema de Aseguramiento de la Calidad con una institucionalidad más fuerte y con mayores exigencias
En atención a lo señalado precedentemente, nuestro Gobierno ha decidido presentar al Congreso un proyecto de ley que reformula el Sistema de Acreditación. Se propone que este sistema quede establecido en la Ley General de Educación y que comprenda la Superintendencia de Educación Superior y el Sistema de Acreditación de Instituciones de Educación Superior. En primer lugar, el proyecto de ley establece una serie de medidas para fortalecer la institucionalidad del sistema de acreditación. La Comisión Nacional de Acreditación se reemplazará por una Agencia Nacional, con un Consejo conformado por cinco miembros. Esta conformación, unida al hecho de que se especificarán las incompatibilidades e inhabilidades y se establecerán otras nuevas para lograr una mayor dedicación de los consejeros, permitirá asegurar una mayor independencia de éstos, resolviendo los conflictos de interés que estos miembros pudieren tener. Un segundo conjunto de medidas apunta a centrar el proceso de acreditación en estándares. En la actualidad existen criterios y pautas para la evaluación externa que, en algunos casos, se acercan a la idea de estándares, pero que en otros son una guía muy imprecisa. Como ya dijimos, los procesos de acreditación no buscan establecer un ordenamiento de las instituciones de acuerdo a su calidad o complejidad ni tampoco definir una única manera de hacer las cosas, sin embargo, en un sistema de educación superior de acceso masivo hay instituciones muy heterogéneas y, por tanto, a través de la acreditación se busca que todas ellas, independientemente de su misión y proyecto institucional, cumplan con estándares que aseguren su buen funcionamiento, atendido que el Estado les otorga la posibilidad de entregar títulos y les entrega recursos públicos. Por eso se postula que la acreditación sea obligatoria para todas las instituciones que quieran realizar esta labor. El sistema de aseguramiento debe aspirar a que las instituciones no sólo cumplan los estándares sino que también mejoren continuamente. Esta meta no se logra bien en la actualidad por diversas razones. Por una parte, entre que una institución obtiene su
autonomía, luego del proceso de licenciamiento, e ingresa al proceso de acreditación, existe un vacío legal sin ningún tipo de control. Con el fin de asegurar una mayor continuidad entre el licenciamiento y la acreditación, el proyecto de ley establece que el licenciamiento también sea llevado a cabo por la Agencia Nacional de Acreditación. Durante el proceso de licenciamiento, las instituciones de educación superior deberán cumplir con los criterios del proceso de acreditación, asimismo, deberán mantenerlos para las nuevas acreditaciones. Junto con la obtención de la autonomía, la institución ahora se entenderá acreditada por el plazo establecido en la ley. Por otra parte, en el sistema actual, una vez que se otorga la acreditación existen pocos instrumentos para asegurar que las condiciones que dieron lugar a ella sean mantenidas durante el período de acreditación. Es por esto que el proyecto de ley establece que durante el proceso de acreditación la institución, junto con entregar un informe de autoevaluación, deberá entregar una planificación que contemple acciones de mejoramiento de la calidad y detalle los principales cambios que se realizarán durante dicho período, los que deben mantener los estándares de calidad. Si durante el período de acreditación la institución desea implementar cambios que no están contemplados en la planificación, deberá informarlos a la Agencia, la que en el caso de estimar que estos cambios ponen en riesgo el cumplimiento de los estándares de calidad, deberá acordar con la institución un procedimiento para desarrollar esos cambios sin vulnerar, por una parte, la autonomía de la institución y, por otra, el acuerdo que dio origen a la acreditación. Otro aspecto que se quiere cambiar es la existencia de períodos de acreditación de distinta duración, los que actualmente van desde uno hasta siete años. Esto entrega una idea de nota o ranking, sugiriendo un ordenamiento de las distintas instituciones, lo que no constituye un objetivo del Sistema de Acreditación, cuya finalidad es más bien asegurar el cumplimiento de estándares y promover el mejoramiento continuo. Además, hay poca claridad respecto a qué significan los distintos períodos de duración, lo que confunde tanto a las instituciones como a los estudiantes.
Lo anterior junto con la presión por acreditar, que surge de las necesidades de financiamiento de los estudiantes, permite que la Comisión Nacional de Acreditación otorgue la acreditación por períodos breves en lugar de rechazarla, cuando podría corresponder hacerlo. Por todo esto, este proyecto de ley propone una acreditación con una duración única de seis años. La Agencia Nacional de Acreditación, de acuerdo al grado de cumplimiento de los estándares que establece la ley, puede acreditar a la institución por el mencionado plazo acreditarla provisionalmente por tres años, estableciendo las exigencias que deben subsanarse, o rechazar la acreditación. El proyecto de ley presenta también grandes avances en cuanto a los estándares exigidos a las instituciones para obtener la acreditación. La institución de educación superior ahora se analizará como un todo y no por partes, como es en el sistema actual. Toda institución deberá cumplir con estándares y contar con las condiciones necesarias para asegurar un avance sistemático hacia el logro de sus propósitos declarados, a partir de la evaluación de las políticas, mecanismos de autorregulación vigentes en ella, además de contar con resultados satisfactorios; y deberá hacerlo en cada una de sus sedes y niveles en que imparte títulos. Al mismo tiempo, como parte del proceso de acreditación se revisarán los programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos, con que la institución cuente, así como dos programas de diversas áreas de estudios elegidas aleatoriamente en cada nivel en que la institución imparta títulos, es decir en pregrado, magister o doctorado. Los programas deberán contar con los recursos y procesos para asegurar el cumplimiento del perfil de egreso determinado por la institución y la obtención de las competencias requeridas. Con esto, se busca una acreditación integral para que las instituciones mantengan estándares en todas las carreras y programas que imparten, de modo de proteger a todos sus estudiantes. De esta forma, la acreditación de carreras y programas pasa a formar parte de la acreditación institucional, y el sello de
confianza que el Estado entrega a la institución abarcará, además de todas sus áreas, a todas las carreras y programas que ella imparta. Así, la actual regulación de la acreditación de carreras y programas, que hoy opera como un proceso aparte, deja de ser necesaria por cuanto, tal como se señaló en el párrafo anterior, la revisión de ciertos programas no será algo voluntario, sino obligatorio y, más aún, constituye un requisito para la acreditación de la institución como un todo, lo que hace mucho más exigente el proceso. Esta fusión de los procesos de acreditación institucional y de programas, no obsta que las instituciones de educación superior puedan voluntariamente acreditar cualquier carrera, programa, área o capacidad, con alguna institución privada dedicada al efecto, pero estas acreditaciones, al no tener efectos legales, se mantendrán como una relación entre privados, en la cual el Estado no interviene. En cualquier caso, la publicidad de las potenciales acreditaciones voluntarias debe especificar cuál es la institución que otorga la certificación, con el fin de no generar confusiones, pues el proceso de acreditación estatal es único e integral. Por último, las instituciones de educación superior podrán optar por realizar su proceso de acreditación con alguna agencia pública de algún país que tenga un sistema de educación superior consolidado o bien, en el caso de países con sistemas de acreditación descentralizados, con alguna agencia privada supervisada por una organización de carácter nacional. En todo caso, dichas agencias deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos en la ley y contar con la autorización del Ministerio de Educación. El objetivo de esta medida es dar a las instituciones de educación superior la libertad de cumplir la obligación de estar acreditadas mediante distintos procesos, siempre y cuando estos cuenten con un nivel de exigencia al menos equivalente al que llevará a cabo la Agencia Nacional de Acreditación. Esto resulta especialmente valioso en el contexto de un sistema de educación superior diverso y de la libertad de enseñanza. Además, la posibilidad de la acreditación internacional fomentará que el Sistema Nacional de Acreditación mantenga una vocación abierta a las mejores prácticas del mundo en estas materias.
En conclusión, el proyecto de ley que propone un nuevo Sistema de Acreditación para las Instituciones de Educación Superior, a través de un fortalecimiento de la institucionalidad, de una mayor continuidad de los procesos y del establecimiento de estándares más exigentes de calidad para todas las instituciones de educación superior, apunta a mejorar la calidad en la educación superior. Esto permitirá reducir la incertidumbre que hoy aqueja a muchos estudiantes respecto de la calidad de la educación otorgada, además de fortalecer la formación que hoy más de un millón de jóvenes recibe de nuestro sistema de educación superior. Presentado este proyecto, queda en manos del Congreso Nacional un conjunto de proyectos de ley que, una vez implementados, supondrán una profunda transformación del sistema de educación superior chileno. El proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior y el que establece el sistema único de financiamiento estudiantil, actualmente en discusión, junto con este proyecto de ley de acreditación de instituciones de educación superior, constituyen un conjunto coherente y sistémico de iniciativas que promueven el acceso equitativo a una educación superior de excelencia, que abre oportunidades a los estudiantes y sus familias, fortaleciendo el desarrollo económico, la movilidad social y la democracia de nuestro país. III. CONTENIDOS DEL PROYECTO 1. Del sistema de acreditación de las instituciones de educación superior
El proyecto propone la creación de un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior con el objeto de velar porque las instituciones de educación superior cumplan con estándares que les permitan proyectar en el tiempo sus misiones y propósitos, aplicando mecanismos de aseguramiento de la calidad. Este sistema abarca tanto el licenciamiento como la acreditación de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Se establece que el sistema se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución y en los principios que permitan el desarrollo adecuado de la misión y proyecto académico que las propias instituciones
de educación superior definan, junto con el cumplimiento de estándares de calidad académica; el respeto a la autonomía y diversidad de fines y propósitos de las instituciones de educación superior; la eficiencia y pertinencia del sistema de educación superior; la información, transparencia y rendición de cuentas de las instituciones de educación superior; una cultura de mejoramiento continuo de las instituciones de educación superior; la participación de la comunidad educativa en los procesos de acreditación; y la apertura a la experiencia internacional e incorporación de mejores prácticas. 2. Agencia Nacional de Acreditación
El proyecto plantea la creación de la Agencia Nacional de Acreditación, como un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio; cuyo objeto será velar porque las instituciones de educación superior desarrollen su misión y el proyecto académico que ellas mismas han definido, satisfaciendo los estándares establecidos en esta ley. La Agencia administrará y se pronunciará sobre el licenciamiento y la acreditación de las nuevas instituciones de educación superior. La Agencia Nacional de Acreditación estará a cargo del Consejo de la Agencia Nacional de Acreditación. Éste estará conformado por cinco miembros. El presidente del Consejo será el jefe superior del servicio y lo nombrará el Presidente de la República; su cargo será de dedicación exclusiva e incompatible con todo otro cargo o servicio, sea o no remunerado, que se preste en el sector público o privado. Los otros cuatro miembros serán designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado. Para estos efectos el Presidente de la República seleccionará al consejero de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los consejeros durarán cinco años en sus cargos, pudiendo ser designados para nuevos periodos y se renovarán por parcialidades. El proyecto establece incompatibilidades para el cargo de consejero, señalando que lo será con su participación o la de su cónyuge y
parientes hasta el segundo grado de consanguineidad inclusive en la propiedad y la calidad de miembro de alguna corporación de educación superior, así como con todo cargo o servicio, sea o no remunerado, que se preste a instituciones de educación superior. Lo anterior, con excepción de labores docentes o de investigación, y de labores directivas en organizaciones no relacionadas con la educación superior. Asimismo establece inhabilidades para intervenir en asuntos que afecten a las instituciones de educación superior en las cuales los consejeros, sus cónyuges o parientes hasta el tercer grado de consanguineidad desarrollen labores remuneradas o no remuneradas. Los consejeros que actúen en asuntos en los que están inhabilitados serán removidos de sus cargos y quedarán impedidos de ejercerlos nuevamente. Cabe destacar que el proyecto hace aplicable las inhabilidades y las incompatibilidades a todos los miembros de la Agencia. Los consejeros percibirán una dieta equivalente a 20 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 140 unidades de fomento por mes calendario. El presidente del Consejo recibirá una remuneración bruta mensualizada equivalente a la del Subsecretario de Educación. La Agencia se financiará con los recursos que aporte la Ley de Presupuestos u otras leyes especiales y los aportes que perciba por conceptos de licenciamiento, acreditación y membresía de parte de las instituciones de educación superior. 3. Licenciamiento
Actualmente el licenciamiento corresponde al Consejo Nacional de Educación, el proyecto modifica esta atribución entregándoselo a la Agencia Nacional de Acreditación. Se establece que el licenciamiento comprende la aprobación del proyecto institucional y el proceso que permite evaluar el avance y concreción del proyecto académico de la nueva entidad, a través de variables significativas de su desarrollo, tales como docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, programas de estudios, y de infraestructura, los recursos económicos y financieros necesarios
para otorgar los grados académicos y los títulos de que se trate. En el desarrollo del proceso de licenciamiento la Agencia deberá respetar la misión y el proyecto académico definidos por la institución. Durante el proceso de licenciamiento la Agencia verificará el desarrollo del proyecto institucional aprobado. Para estos efectos comprobará el cumplimiento del proyecto durante un período máximo de seis años. Las instituciones de educación superior que, al cabo de dicho plazo hubieren desarrollado su proyecto satisfactoriamente a juicio de la Agencia, alcanzarán su plena autonomía, pudiendo otorgar toda clase de títulos y grados académicos en forma independiente, lo que deberá ser certificado por ésta. Asimismo, contarán con la acreditación por el plazo de seis años. En caso contrario, podrá ampliar el período de verificación hasta por tres años. Si transcurrido el nuevo plazo, la entidad de educación superior no diere cumplimiento a los requerimientos de la Agencia, ésta deberá requerir al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial. La institución de educación superior a la que no se le otorgue el licenciamiento podrá apelar de la decisión de la Agencia ante el Consejo Nacional de Educación. 4. Acreditación
Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos para ser reconocidos oficialmente tendrán que acreditarse La acreditación tendrá por objeto verificar el cumplimiento de los estándares que establece el proyecto, en el marco de la misión y el proyecto académico que las instituciones de educación superior han definido. Para efectos de la acreditación, la Agencia deberá elaborar y mantener publicado en su página web un Manual de Acreditación que explique, detalle y dé ejemplos sobre la aplicación de los estándares de evaluación. Éste deberá someterse a consulta pública y será una guía tanto a las instituciones de educación superior como a los pares evaluadores. La acreditación evaluará a la institución en su conjunto y se otorgará a las instituciones de educación superior que satisfagan los
estándares definidos, los que tienen por objeto asegurar su calidad académica, su efectividad y el cumplimiento de su misión y propósitos. Además, considerará los programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos, con que la institución cuente, así como dos carreras o programas de distintas áreas de estudios elegidas aleatoriamente en cada nivel en que la institución imparta títulos o grados. El proceso de acreditación considerará una autoevaluación; una evaluación externa, realizada por pares evaluadores que deberán encontrarse incorporados en un registro público que la Agencia llevará a ese efecto; y la deliberación y pronunciamiento del Consejo. La Agencia deberá pronunciarse sobre el proceso de acreditación en un plazo máximo de un año, una vez ingresado el informe de autoevaluación. En todo proceso de acreditación, la Agencia deberá considerar a lo menos la mantención de los requisitos del licenciamiento, así como lo evaluado según los estándares establecidos, en el proceso de acreditación inmediatamente anterior, incluyendo las observaciones formuladas, con el fin de promover el mejoramiento continuo de las instituciones. La Agencia podrá acreditar a las instituciones de educación superior, acreditarlas provisionalmente o no acreditarlas. La acreditación institucional se otorgará por un período de seis años a la institución de educación superior evaluada que, considerando todas las etapas del proceso de acreditación, cumpla con los criterios de evaluación. Si la institución evaluada no cumple con los estándares establecidos la Agencia formulará las observaciones derivadas del proceso de evaluación y establecerá exigencias concordantes con dichos estándares, las que deberán ser subsanadas por la institución de educación superior respectiva en un plazo máximo de tres años. Durante este período la institución se considerará acreditada provisionalmente y antes de cumplido dicho plazo, deberá iniciar un nuevo proceso de acreditación. La acreditación provisional no podrá otorgarse por un segundo período consecutivo
ni por un tercer período no consecutivo durante el plazo de dieciocho años. Se rechazará fundadamente la acreditación a la institución de educación superior evaluada que incumpla gravemente uno o más de los estándares. Las instituciones de educación superior afectadas por las decisiones de la Agencia podrán presentar un recurso de reposición ante el Consejo de la Agencia y, en subsidio apelar ante el Consejo Nacional de Educación. La institución a la que no se le otorgue acreditación perderá el reconocimiento oficial, lo que se hará efectivo a partir del año académico inmediatamente siguiente a aquel en el que la institución de educación superior hubiese perdido su acreditación. Sin perjuicio de lo anterior, por un periodo que no excederá de tres años la institución podrá otorgar títulos a quienes sean alumnos regulares o egresados de la institución al momento de perder el reconocimiento oficial. Durante la vigencia de la acreditación o de la acreditación provisional, las instituciones deberán informar a la Agencia de los cambios significativos o hechos esenciales que se produzcan en su estructura o funcionamiento y que no estén contemplados en su planificación. Si la Agencia estima que dichos cambios ponen en riesgo el cumplimiento de los estándares, ésta deberá acordar con aquella un procedimiento para desarrollarlos sin que vulneren la autonomía de la institución ni el acuerdo que dio origen a la acreditación. En caso de que no logren un acuerdo, la institución deberá iniciar inmediatamente su acreditación y presentar su autoevaluación. Por último vinculado al proceso de acreditación, el proyecto establece que si se demuestra que para la obtención de la acreditación se cometiere cohecho, estafa o falsificación de instrumento público o privado, se deberá iniciar de inmediato un nuevo proceso de acreditación, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. Además, se contempla una multa de hasta 400 UTM para la institución que se hubiere beneficiado consecuencia de la comisión de alguno de los delitos señalados.
El proyecto faculta a las instituciones de educación superior para solicitar fundadamente al Ministerio de Educación que su acreditación sea realizada por agencias acreditadoras extranjeras. Estas sólo podrán ser agencias públicas o bien, en caso de países con sistemas de acreditación descentralizados, agencias privadas que sean supervisadas por organizaciones de carácter nacional, siempre de países con sistemas de educación superior destacados. Para estos efectos, el proyecto de ley define como sistemas de educación superior destacados aquellos que cuenten con al menos dos universidades entre las primeras ciento cincuenta mejores del mundo de acuerdo a al menos uno de los siguientes rankings: QS World University Ranking, el Academic Ranking of World Universities o el Times Higher Education Ranking. El Ministerio deberá responder esta petición previa consulta a la Agencia Nacional de Acreditación. En todo caso, dichas agencias extranjeras deberán cumplir con los requisitos previamente establecidos por el Consejo en sesión especialmente citada al efecto, los que deberán considerar al menos los que establece el presente proyecto. La acreditación internacional tendrá los mismos efectos que la acreditación realizada por la Agencia Nacional de Acreditación. 6. Medidas de publicidad
El proyecto de ley establece que la Agencia deberá mantener un sistema de información pública que contenga las decisiones que adopte en relación con la acreditación de las instituciones de educación superior. Dicha información deberá también estar disponible a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Además, deberá hacer públicos y mantener el acceso público a los informes, actas y estudios de los pares evaluadores en el ejercicio de sus funciones, una vez concluido y sancionado el proceso de acreditación. Por otra parte, el proyecto prescribe que todas las instituciones de educación superior que se encuentran acreditadas provisionalmente deberán incorporar en su publicidad dicha
información. 7. Disposiciones finales
El proyecto de ley en sus disposiciones finales, contenidas en los artículos segundo y tercero, deroga las normas de la ley N° 20.129 con excepción de las del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, las que se perfeccionan con el objeto de obtener más y mejor información. Además, modifica el D.F.L. N° 2 del 2009 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del D.F.L. N° 1 de 2005. Estas modificaciones tienen por objeto, además de adecuar las normas de esta ley al presente proyecto, perfeccionar el rol del Estado en materia de educación superior y establecer los órganos que conforman el nuevo Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Para estos efectos, se propone que corresponderá al Ministerio de Educación, a la Agencia Nacional de Acreditación, al Consejo Nacional de Educación y a la Superintendencia de Educación Superior, en el ámbito de sus competencias, administrar dicho sistema. Estos órganos deberán ser coordinados por un Comité Coordinador integrado por los respectivos jefes de servicio o quienes designen para estos efectos. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
Artículo Primero: Apruébase la siguiente ley de acreditación de instituciones de educación superior: “Título I Del sistema de acreditación de las instituciones de educación superior Artículo 1°.El sistema de acreditación tendrá por objeto velar porque las instituciones de educación superior cumplan con estándares que les permitan proyectar en el tiempo sus misiones y propósitos, aplicando mecanismos de aseguramiento de la calidad.
Artículo 2°.El sistema a que se refiere la presente ley comprende el licenciamiento y la acreditación de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Artículo 3°.El sistema de acreditación chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución. Se inspira, además, en los siguientes principios: a) Desarrollo adecuado de la misión y proyecto académico que las propias instituciones de educación superior definan, junto con el cumplimiento de estándares de calidad académica. b) Respeto a la autonomía y diversidad de fines y propósitos de las instituciones de educación superior. c) Promoción de la eficiencia y pertinencia del sistema de educación superior. d) Información, transparencia y cuentas de las instituciones de educación superior. e) Promoción de una cultura de continuo de las instituciones de educación superior. rendición de
f) Participación de la comunidad educativa en los procesos de acreditación. g) Apertura a la incorporación de mejores prácticas. experiencia internacional e
Título II De la Agencia Nacional de Acreditación Párrafo 1° Objeto, funciones, atribuciones Artículo 4°.Créase la Agencia Nacional de Acreditación, en adelante la Agencia, organismo autónomo que gozará de personalidad jurídica y patrimonio propio. Se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. Su objeto será velar porque las instituciones de educación superior desarrollen su misión y el proyecto académico que ellas mismas han definido, satisfaciendo los estándares establecidos en esta ley. El domicilio de la Agencia será la ciudad de Santiago. Artículo 5°.Para el cumplimiento de su objeto corresponderán a la Agencia las siguientes funciones: a) Administrar el sistema de licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior, en conformidad a las normas establecidas en esta ley. Para estos efectos deberá:
i) Pronunciarse sobre los proyectos institucionales presentados por las nuevas instituciones de educación superior para efectos de su reconocimiento oficial. ii) Verificar el desarrollo de los proyectos institucionales de las nuevas instituciones de educación superior que hayan sido aprobados. iii) Establecer sistemas de examinación selectiva para las asignaturas o cursos de las carreras impartidas por las instituciones de educación superior adscritas a procesos de licenciamiento. Esta examinación tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los planes y programas de estudio y el rendimiento de los alumnos. b) Administrar el sistema instituciones de educación superior. de acreditación de
c) Pronunciarse sobre la acreditación de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos. d) Establecer la forma, condiciones y requisitos específicos para el desarrollo de los procesos de acreditación institucional, mediante un decreto dictado por el Ministro de Educación, por orden del Presidente de la República, a propuesta de la Agencia. e) Requerir al Ministerio de Educación, de manera fundada, la revocación del reconocimiento oficial de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica en proceso de licenciamiento, en los casos contemplados en los artículos 24 y 25 de la presente ley. f) Administrar el proceso de revocación de reconocimiento oficial de las instituciones adscritas al sistema de licenciamiento, velando especialmente por la continuidad de estudios de los alumnos matriculados. Asimismo le corresponderá la administración de los procesos de titulación pendientes, el otorgamiento de las certificaciones académicas que correspondan, y el resguardo de los registros curriculares y los planes y programas de las carreras de la institución. g) Informar al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Educación Superior de la pérdida de la acreditación por parte de las instituciones de educación superior, para los efectos de la revocación de su reconocimiento oficial, de acuerdo a lo que establece la presente ley. h) Mantener sistemas de información pública que contengan las decisiones relevantes relativas a los procesos de licenciamiento y acreditación a su cargo. i) Identificar, seleccionar y publicar buenas prácticas en las instituciones de educación superior con el fin
de promover el mejoramiento continuo del sistema. j) Dar respuesta a los requerimientos efectuados por el Ministerio de Educación y por las instituciones de educación superior, en las materias de su competencia. k) Las demás que establezca la ley. Artículo 6º.Serán atribuciones de la Agencia:
a) Contratar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para el desempeño de las funciones que le encomiende la ley. b) Impartir instrucciones de carácter general a las instituciones de educación superior, sobre la forma y oportunidad en que deberán informar al público respecto del licenciamiento y el estado de su acreditación, según lo dispuesto en el Título VII. c) Percibir los conformidad con el artículo 21. montos que se cobrarán en
d) Denunciar a la Superintendencia de Educación Superior los hechos que puedan constituir infracción a las normas que regulan las instituciones de educación superior y respecto de los cuales tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. e) Fijar y revisar periódicamente la aplicación detallada de los estándares establecidos en el artículo 32, de modo de asegurar la efectiva implementación de los procesos de acreditación. Estos criterios se publicarán en el Manual de Acreditación a que se refiere el artículo 34. Dicho Manual deberá mantenerse actualizado de acuerdo a las mencionadas revisiones. f) Relacionarse con entidades extranjeras de similar naturaleza y participar en actividades internacionales relacionadas con su función. Párrafo 2° De la Organización de la Agencia Artículo 7º.La Agencia contará con un órgano colegiado denominado Consejo de la Agencia Nacional de Acreditación, en adelante el Consejo. El Consejo estará integrado por cinco miembros, uno de los cuales lo presidirá. El presidente del Consejo será el jefe superior del servicio y lo nombrará el Presidente de la República. Los otros cuatro miembros serán designados por el Presidente de la
República, previo acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. Dicha propuesta estará conformada por quienes el Presidente de la República hubiere seleccionado de la terna que para cada cargo formule el Consejo de Alta Dirección Pública. El Presidente de la República formulará su proposición en un solo acto y el Senado se pronunciará sobre el conjunto de la propuesta. Los consejeros durarán cinco años en sus cargos, pudiendo ser designados para nuevo periodo y se renovarán por parcialidades. Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, el quórum para sesionar y para adoptar acuerdos, los procedimientos para decidir en caso de empate y, en general, aquellas normas que permitan una gestión flexible, eficaz y eficiente, serán definidas en el reglamento al que hace referencia el artículo 8 letra h). Artículo 8.El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
a) Deliberar y pronunciarse sobre el licenciamiento de las instituciones de educación superior. b) Pronunciarse sobre el desarrollo de los proyectos institucionales de las nuevas instituciones de educación superior que hayan sido aprobados. c) Deliberar y pronunciarse sobre la acreditación de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. d) Conocer y resolver los recursos de reposición que presenten las instituciones de educación superior e) Aprobar el Manual de Acreditación y sus modificaciones. f) Designar a los pares evaluadores. g) Aprobar el nombramiento del secretario a que hace referencia el artículo 15. h) Dictar el reglamento interno de funcionamiento del Consejo. Artículo 9.El cargo de presidente del Consejo será de dedicación exclusiva e incompatible con todo otro cargo o servicio, sea o no remunerado, que se preste en el sector público o privado. El presidente del Consejo, en su calidad de jefe superior del servicio, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: a) Dirigir el Consejo, citar a sesiones, fijar sus tablas, dirigir sus deliberaciones y dirimir sus empates.
b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y proponerle el programa anual de trabajo del Servicio. c) Celebrar los convenios y ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento del objeto de la Agencia. d) Coordinar el trabajo de las unidades de la Agencia. e) Proponer al Consejo la contratación secretario a que hace referencia el artículo 15. del
f) Ejecutar los acuerdos que el Consejo adopte. g) Delegar en funcionarios de la funciones y atribuciones que estime convenientes. Agencia las
h) Coordinar la labor de la Agencia con las demás instituciones que comprende el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y participar directamente o por medio de un representante en el comité de coordinación establecido en la Ley General de Educación. i) Conocer y resolver todo asunto relacionado con los intereses de la Agencia, salvo aquellas materias que la ley reserva al Consejo, pudiendo al efecto ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o conducentes a la obtención de los objetivos de la Agencia, ya sea con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado. j) Comunicar a los organismos competentes los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento, para que éstos ejerzan a su vez las facultades que les sean propias. k) Dictar las resoluciones que apruebe el Consejo, así como conocer los recursos que procedan conforme a la ley. Le corresponderá, también, cumplir y hacer cumplir las instrucciones que le imparta el Consejo y realizar los actos que éste le delegue en el ejercicio de sus atribuciones. l) Proponer al Consejo el Manual de Acreditación y sus modificaciones. m) Representar la Agencia. n) Contratar refiere el artículo 29. la evaluación externa a que se judicial y extrajudicialmente a
o) Informar periódicamente al Consejo respecto de la marcha de la institución y del cumplimiento de sus acuerdos e instrucciones p) Proponer al Consejo la designación pares Evaluadores a que se refiere el artículo 36. de los
q) Elaborar el plan anual de trabajo y el presu-
puesto de la Agencia. r) Realizar todas administración de la Agencia. . las tareas inherentes a la
s) Nombrar y remover personal de la Agencia, de conformidad a esta ley y a las normas que lo rigen. t) Ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley Artículo 10.El cargo de consejero será incompatible con su participación o la de su cónyuge y parientes hasta el segundo grado de consanguineidad inclusive en la propiedad y la calidad de miembro de alguna corporación de educación superior, así como con todo cargo o servicio, sea o no remunerado, que se preste a instituciones de educación superior. Las incompatibilidades previstas en este artículo no regirán para las labores docentes o de investigación, ni para labores directivas en organizaciones no relacionadas con la educación superior, las que podrán ser remuneradas, sin perjuicio de las inhabilidades a que se refiere el artículo siguiente. Anualmente, los miembros del Consejo y el secretario, deberán hacer una declaración de intereses y de patrimonio, en conformidad a lo dispuesto en los párrafos 3° y 4°del Título III del D.F.L. N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, lo anterior es sin perjuicio de la obligación de informar en cualquier momento de todo cambio de circunstancias que puedan restarles imparcialidad. Artículo 11.Los consejeros deberán informar inmediatamente al presidente de todo hecho, cualquiera sea su naturaleza, que les reste imparcialidad en sus decisiones o acuerdos, absteniéndose, en el acto, de conocer del asunto respecto del cual se configure la causal. En particular, estarán inhabilitados de intervenir en aquellos asuntos que afecten a las instituciones de educación superior en las cuales los consejeros, sus cónyuges o parientes hasta el tercer grado de consanguineidad, desarrollen labores remuneradas o no remuneradas. En las actas del Consejo se deberá dejar constancia de las inhabilidades cuando éstas concurran, las que además, deberán comunicarse a los demás integrantes del Consejo. Toda decisión o pronunciamiento que el Consejo adopte con participación de un miembro respecto del cual existía alguna causal de inhabilidad deberá ser revisado por el Consejo, pudiendo además ser impugnado dentro de un plazo de 6 meses contados desde que éste fue emitido, por quien demuestre tener interés en la materia. Los consejeros que, estando inhabilitados, actúen
en tales asuntos, serán removidos impedidos de ejercerlos nuevamente.
Artículo 12.Los consejeros deberán guardar reserva de toda la información obtenida directa o indirectamente en virtud de sus cargos, la que sólo podrá ser divulgada de acuerdo a los procedimientos y fines contemplados en la presente ley. Dicha reserva deberá mantenerse luego de haber dejado el cargo. La obligación de reserva que contempla este artículo, así como las incompatibilidades e inhabilidades señaladas en los artículos precedentes, serán aplicables a todos los miembros de la Agencia. Artículo 13.Serán causales de cesación en el cargo de Consejero las siguientes: a) Expiración del plazo por el que fueron designados. Sin perjuicio de ello, éste se entenderá prorrogado hasta el nombramiento de su reemplazante. b) Renuncia, aceptada por el Presidente de la República. c) Incapacidad legal sobreviniente, circunstancia que será calificada por la mayoría de los consejeros con exclusión del afectado. d) Actuación en un asunto en que estuvieren legalmente inhabilitados, circunstancia que será calificada por la mayoría de los consejeros con exclusión del afectado. e) Incumplimiento de los deberes y obligaciones que establece esta ley. f) Postulación a un cargo de elección popular. En caso de que uno o más consejeros cesaren por cualquier causa en su cargo, procederá la designación de un nuevo Consejero, sujeto al mismo procedimiento dispuesto en el artículo 7, según corresponda, por el período que restare. El consejero que cesare en el cargo por las causales establecidas en las letras d) y e) precedentes, no podrá volver a ejercer el cargo de miembro del Consejo. Artículo 14.Los consejeros percibirán una dieta equivalente a 20 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 140 unidades de fomento por mes calendario. El presidente del Consejo recibirá una remuneración bruta mensualizada equivalente a la del Subsecretario de Educación. Para todos los efectos legales, los consejeros se considerarán comprendidos en la disposición del artículo 260 del Código Penal y les serán aplicables las normas sobre responsabilidad civil y administrativa que rigen a los funcionarios públicos.
Artículo 15.Existirá un funcionario que llevará la denominación de Secretario de la Agencia cuya función será principalmente apoyar la gestión del Presidente, y en especial le corresponderán las siguientes funciones: a) Apoyar Consejo. b) Desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones del Consejo. c) Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de intereses y de patrimonio establecida en el artículo 10. d) Certificar provisional o su pérdida. le delegue. f) Las demás funciones que establezca la ley. Artículo 16.Al secretario le serán aplicables las inhabilidades, incompatibilidades y obligaciones de reserva establecidas para los consejeros. Artículo 17.El personal de normas del Código del Trabajo la Agencia se regirá por las la acreditación, la acreditación administrativamente la gestión del
e) Las funciones que el Presidente expresamente
Asimismo, le serán aplicables a este personal las normas de probidad y las disposiciones del Título III de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga. La contratación del personal que se desempeñe en la Agencia deberá ajustarse estrictamente al marco presupuestario respectivo. Artículo 18.Previo acuerdo del Consejo, su presidente establecerá la organización interna de la Agencia y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas. Artículo 19.El personal de la Agencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, aún una vez finalizados sus cargos, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo, tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su evaluación otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta.
Párrafo 3° Del Patrimonio de la Agencia Artículo 20.El patrimonio de la Agencia estará formado por:
a) Los recursos que aporte la Ley de Presupuestos u otras leyes especiales; y b) Los aportes que perciba en conformidad a la ley. Artículo 21.Los aportes a que se refiere la letra b) del artículo anterior serán los siguientes: 1. Para miento: a. Un aporte para dar inicio a la evaluación del proyecto institucional de la nueva institución de educación superior, por cada vez que uno de dichos proyectos sea ingresado a evaluación. Asimismo, se cobrará un aporte proporcional para la evaluación de la apertura de nuevas sedes. b. Un aporte por cada nueva carrera o programa en que la institución desee impartir títulos. Para efectos de este inciso, se considerarán distintas las carreras impartidas en distintas sedes. En caso de modificaciones a carreras o programas existentes, o bien de examinaciones por parte de la Agencia, se cobrará una proporción de dicho aporte. c. Un aporte anual de licenciamiento, el que consistirá en un cargo fijo más otro dependiente de los ingresos por conceptos de aranceles que la institución de educación perciba. 2. Para instituciones autónomas: a. Un aporte para dar inicio a cada proceso de acreditación, el que tendrá un componente fijo y un componente variable que dependerá de los ingresos por conceptos de aranceles que la institución de educación perciba, del número de sedes con que la institución cuente y de la distancia entre las mismas. b. Una membresía anual de mantención del sistema de acreditación, el que consistirá en un cargo fijo más otro dependiente de los ingresos por conceptos de aranceles que la institución de educación perciba. La metodología para determinar los aportes a que se refiere este artículo se definirá a propuesta de la Agencia, por medio de decreto del Ministerio de Educación visado por el Ministerio de Hacienda. instituciones en período de licencia-
Título III Del Licenciamiento Artículo 22.El licenciamiento comprende la aprobación del proyecto institucional y el proceso que permite evaluar el avance y concreción del proyecto académico de la nueva entidad, a través de variables significativas de su desarrollo, tales como docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, programas de estudios, y de infraestructura, los recursos económicos y financieros necesarios para otorgar los grados académicos y los títulos de que se trate. En el desarrollo del proceso de licenciamiento la Agencia deberá respetar la misión y el proyecto académico definidos por la institución. Artículo 23.Las nuevas entidades de educación superior deberán presentar a la Agencia un proyecto de desarrollo institucional, conforme a lo señalado en el inciso primero del artículo anterior. La Agencia deberá pronunciarse sobre dicho proyecto en un plazo máximo de noventa días contado desde su recepción, aprobándolo o formulándole observaciones fundadas. Si no se pronunciare dentro de dicho plazo, se considerará aprobado el proyecto. educación desde la conformar Si así no Si formulare observaciones, las entidades de superior tendrán un plazo de sesenta días, contado notificación de éstas, para dar respuesta a ellas o su proyecto a dichas observaciones, según corresponda. lo hicieren, el proyecto se tendrá por no presentado.
La Agencia tendrá un plazo de sesenta días, contado desde la fecha de la respuesta a las observaciones, para pronunciarse sobre ella. Si no lo hiciere, se aplicará lo señalado en el inciso segundo de este artículo. La Agencia deberá certificar la aprobación o rechazo del proyecto debidamente fundado, enviando copia al Ministerio de Educación. Artículo 24.Durante el proceso de licenciamiento la Agencia verificará el desarrollo del proyecto institucional aprobado. Para estos efectos comprobará el cumplimiento del proyecto durante un período máximo de seis años, debiendo para ello considerar los estándares establecidos para el proceso de acreditación en el artículo 32 y la planificación establecida en el artículo 29 letra a). La Agencia, anualmente, deberá emitir un informe sobre el estado de avance del proyecto, haciendo las observaciones fundadas que le merezca su desarrollo y fijando plazos para subsanarlas. Sin perjuicio de lo anterior, hará evaluaciones parciales y requerirá las informaciones pertinentes. En caso que las observaciones formuladas no se subsanen oportunamente, la Agencia dispondrá, por el periodo que
determine, la suspensión del ingreso de nuevos alumnos a todas o a algunas de las carreras que la institución imparta. Si las observaciones reiteradas se refieren a situaciones que afecten el desempeño de una o más carreras o sedes de la institución, la Agencia podrá requerir al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de tales sedes o carreras. Cuando el incumplimiento reiterado de las observaciones formuladas por la Agencia afectare el desempeño general de la institución, la Agencia podrá requerir fundadamente al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de la respectiva universidad, instituto profesional o centro de formación técnica. Durante este período las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica deberán seguir el mismo procedimiento inicial respecto de otros grados de licenciado, de títulos profesionales o de títulos técnicos de nivel superior que deseen otorgar. Artículo 25.Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que, al cabo de seis años de licenciamiento hubieren desarrollado su proyecto satisfactoriamente a juicio de la Agencia, alcanzarán su plena autonomía y podrán otorgar toda clase de títulos y grados académicos en forma independiente, lo que deberá ser certificado por ésta. Asimismo, contarán con la acreditación por el plazo de seis años. En caso contrario, la Agencia podrá ampliar el período de verificación hasta por tres años. Si transcurrido el nuevo plazo, la entidad de educación superior no diere cumplimiento a los requerimientos de la Agencia, ésta deberá requerir fundadamente al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial. Artículo 26.Las instituciones de educación superior deberán colaborar con la Agencia durante el desarrollo del proceso de licenciamiento, debiendo entregarle la información que ésta requiera para llevar a cabo dicho proceso. Artículo 27.La institución de educación superior a la que no se le otorgue el licenciamiento podrá apelar de la decisión de la Agencia dentro del plazo de quince días hábiles ante el Consejo Nacional de Educación. Admitida la apelación a tramitación, el Consejo Nacional de Educación solicitará informe a la Agencia, la que deberá evacuarlo en un plazo de 10 días hábiles. El Consejo Nacional de Educación se pronunciará por resolución fundada sobre la apelación dentro del plazo de treinta días hábiles, contado desde la presentación del recurso. Título IV De la acreditación de las instituciones de educación superior Artículo 28.Las universidades, institutos profesionales y
centros de formación técnica autónomos, para ser reconocidos oficialmente tendrán que acreditarse. La acreditación tendrá por objeto verificar el cumplimiento de los estándares establecidos en el artículo 32, en el marco de la misión y el proyecto académico que ellas mismas han definido. En el desarrollo del proceso de acreditación la Agencia deberá tener en especial consideración la autonomía de cada institución. Artículo 29.Se otorgará la acreditación a las instituciones de educación superior que satisfagan los estándares definidos en la ley, los que tienen por objeto asegurar su calidad académica, su efectividad y el cumplimiento de su misión y propósitos. Durante el proceso de acreditación se deberá evaluar la institución en su conjunto. La acreditación considerará también los programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos, con que la institución cuente, así como dos carreras o programas de distintas áreas de estudios elegidas aleatoriamente en cada nivel en que la institución imparta títulos o grados. En los casos que se impartan menos de dos carreras o programas por nivel, se considerarán las que existan al momento de presentarse a la acreditación. Para efectos de esta ley, se entenderán por niveles en que se imparten títulos el pregrado, los magísteres o especialidades en el área de la salud, y los doctorados. El proceso de acreditación deberá considerar las siguientes etapas: a) procesos: 1. Una autodefinición de su proyecto académico, señalando los énfasis asignados a las distintas funciones que la ley establece para las instituciones de educación superior, es decir, docencia, investigación y extensión. 2. Una evaluación de sus fortalezas y debilidades, de los mecanismos de autorregulación y del cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en los artículos 32 y 33. 3. Una planificación, que explique su programación para el período de duración de la acreditación. Este plan podrá incorporar elementos como apertura de carreras, establecimiento de nuevas sedes institucionales, desarrollo de nuevas modalidades y niveles de enseñanza, crecimiento sustantivo de la matrícula y otros elementos que considere relevantes. La planificación debe contemplar acciones de mejoramiento de la calidad y la aplicación de los estándares de calidad definidos a los nuevos desarrollos. Autoevaluación. Comprende los siguientes
b) Evaluación externa. Comprende los siguientes procesos tendientes a: 1) Verificar que la institución cumpla con los estándares de calidad en el marco de su misión y proyecto educativo, lo que deberá constar en un informe. 2) Asegurar que en las carreras y programas a que se refiere el inciso segundo del artículo 29, estén instalados los procesos de aseguramiento de la calidad en función de los propósitos declarados por la institución y las competencias requeridas. Respecto de cada carrera y programa evaluado se elaborará un informe. Los procesos de la evaluación externa y sus correspondientes informes serán realizados por pares evaluadores de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 y deberán considerar dentro de sus antecedentes la autoevaluación. Cada informe deberá contar con la aprobación de todos los pares evaluadores que participen en su elaboración. c) Deliberación y pronunciamiento del Consejo. Consiste en el juicio fundado emitido por el Consejo en base a la ponderación de los antecedentes recabados en las etapas anteriores, mediante el cual se determina acreditar, acreditar provisionalmente o no acreditar a la institución, en virtud del cumplimiento de los estándares definidos en el artículo 32. En el acta respectiva se deberá dejar constancia del voto de cada uno de los consejeros. Artículo 30.La evaluación externa deberá ser puesta en conocimiento de la respectiva institución de educación superior, la que podrá realizar observaciones dentro de un plazo de 15 días hábiles. Artículo 31.El proceso de acreditación se inicia cuando la institución de educación superior ingresa su solicitud de acreditación. En el plazo de 15 días contados desde el ingreso de la solicitud, la Agencia deberá proceder a un sorteo público de las carreras y programas que se revisarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 29, para los efectos de realizar su informe de autoevaluación. La institución de educación superior deberá presentar su informe de autoevaluación a la Agencia al menos un año antes del vencimiento de su acreditación. En caso que la institución de educación superior no cumpla con el plazo establecido en el inciso anterior, la Superintendencia de Educación Superior sancionará con una multa de hasta 400 UTM por cada mes de atraso. Sin perjuicio, si al vencimiento de su acreditación la institución de educación superior no hubiese presentado su informe de autoevaluación a la Agencia, se entenderá que pierde la acreditación y, en consecuencia, también su reconocimiento oficial. Con todo, no podrá aplicarse sanción alguna cuando la responsabilidad del atraso corresponda a la Agencia.
La Agencia deberá pronunciarse sobre el proceso de acreditación en un plazo máximo de un año, una vez ingresado el informe de autoevaluación. En caso que la Agencia no se pronuncie dentro del plazo establecido en el inciso anterior, se considerará que la institución de educación superior mantiene su acreditación mientras el proceso se encuentre en curso, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que corresponda. Artículo 32.Los procesos de acreditación deben verificar que las instituciones cumplan con los estándares que a continuación se listan. a) Contar con propósitos y fines institucionales claros que orienten adecuadamente su desarrollo. b) Contar con un sistema de gobierno claramente articulado y con roles definidos, que se mantenga al tanto de la situación de la institución, estableciendo apropiadamente los responsables de las distintas funciones y de las relaciones con los distintos miembros de la comunidad educativa. c) Contar con un diagnóstico estratégico sobre la base de la misión declarada, el que debe evaluar elementos tanto internos como externos, y establecer prioridades institucionales a mediano y largo plazo. Dichas prioridades deben traducirse en la formulación y puesta en práctica de una planificación coherente con ellas. Adicionalmente, deben existir mecanismos para el seguimiento del grado de avance hacia las metas establecidas y una apropiada utilización de los logros alcanzados para el ajuste de metas, acciones y recursos. d) Contar con políticas y mecanismos formales y eficientes que velen por el aseguramiento de la calidad y por el cumplimiento de los propósitos académicos declarados en su misión institucional. Dichas políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad deben aplicarse sistemática, eficiente y eficazmente en los diversos niveles institucionales, sedes y tipos de programas que la institución tenga. e) Contar con políticas y mecanismos que resguarden un nivel satisfactorio de la docencia impartida y el aprendizaje de los estudiantes. Estos deben referirse, al menos, al diseño y provisión de carreras y programas, en todos los niveles y sedes de la institución, al proceso de enseñanza, a las calificaciones, selección y dedicación del personal docente, a los recursos materiales, instalaciones e infraestructura, a la progresión de los estudiantes, a los programas de remediación y al seguimiento de egresados.
f) Contar con procedimientos públicos y transparentes para la selección y la evaluación de los alumnos. Deben existir instancias efectivas para hacer sugerencias, reclamos o exigir el cumplimiento de los programas y servicios ofrecidos a los estudiantes. La aplicación de sanciones a los alumnos debe contemplar un debido proceso. g) Evidenciar resultados satisfactorios y concordantes con los propósitos institucionales declarados y cautelados mediante las políticas y mecanismos de autorregulación, en materias tales como deserción, duración de las carreras, empleo e ingresos de los egresados y resultados en exámenes externos, cuando los haya. h) Contar con capacidad instalada de análisis y evaluación institucional y de manejo de información para la gestión. Como parte de lo anterior, debe contar con mecanismos adecuados y periódicos para obtener y evaluar, a nivel de programa, información de sus tasas de deserción, el largo de las carreras y las condiciones en el mercado laboral de los egresados. Asimismo, debe contar con mecanismos adecuados y periódicos para recibir retroalimentación de los alumnos y egresados. La información obtenida a través de estos mecanismos debe ser debidamente ponderada en los rediseños curriculares. i) Contar con infraestructura, equipamiento y recursos financieros adecuados para el cumplimiento de su proyecto académico, además de una adecuada estabilidad en el mediano plazo. j) Contar con medidas de transparencia sobre el uso de los fondos públicos recibidos, así como con un procedimiento claro y público de asignación de esos recursos. k) Demostrar que tiene capacidad para efectuar los ajustes y cambios necesarios para avanzar consistentemente hacia el logro de sus propósitos declarados y mejorar su calidad. l) Demostrar que cuenta con las políticas y mecanismos para asegurar el cumplimiento de otras funciones que sean propósitos declarados de su misión institucional y proyecto académico, tales como la investigación o la extensión. La Agencia, al evaluar el cumplimiento de los estándares, deberá considerar si se trata de centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades, así como las particularidades de las distintas instituciones de educación superior. En consecuencia, el grado de cumplimiento de esos estándares dependerá de las características de la respectiva institución. Artículo 33.El proceso de evaluación externa de carreras y programas a que se refiere el inciso segundo del artículo 29 considerará los siguientes estándares adicionales: a) Contar con un perfil de egreso de la respectiva carrera o programa que sea consistente con los propósitos
de la institución y considere el conjunto competencias y habilidades requeridas.
b) Contar con los recursos y procesos mínimos que permiten asegurar el cumplimiento del perfil de egreso definido para la respectiva carrera o programa. De esta forma, la estructura curricular, los recursos humanos, los elementos de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje, la modalidad de enseñanza y los aspectos pedagógicos, las evaluaciones y procesos de retroalimentación, la infraestructura y los recursos físicos deben ordenarse en función del logro de dicho perfil. c) Tratándose de las carreras y programas de estudio conducentes al título profesional de Médico Cirujano, deberán adicionalmente contar con un campus clínico y se deberán considerar los resultados en el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina o el instrumento que lo reemplace. Tratándose de las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos, deberán adicionalmente contar con prácticas en establecimientos educacionales y se deberán considerar los resultados de sus alumnos o egresados en la prueba INICIA o el instrumento que la reemplace. Artículo 34.La Agencia deberá elaborar y mantener publicado en su página web un Manual de Acreditación que explique, detalle y dé ejemplos sobre la aplicación de los estándares de evaluación según lo establecido en los artículos anteriores, guiando tanto a las instituciones de educación superior, de acuerdo a sus particularidades, como a los pares evaluadores. Asimismo, el manual deberá contemplar criterios y protocolos de actuación de los pares evaluadores durante sus visitas a las instituciones. Dicho Manual deberá someterse a consulta pública en su página web cada seis años. Para estos efectos, la Agencia particularmente convocará al Ministerio de Educación, las instituciones de educación superior y expertos independientes nacionales y extranjeros a realizar observaciones sobre el Manual. La Agencia deberá procesar y sopesar apropiadamente las observaciones recibidas. Artículo 35.En todo proceso de acreditación, la Agencia deberá considerar a lo menos la mantención de los requisitos del licenciamiento, así como lo evaluado según los estándares establecidos en los artículos 32 y 33 precedentes, en el proceso de acreditación inmediatamente anterior, incluyendo las observaciones formuladas, con el fin de promover el mejoramiento continuo de las instituciones. Artículo 36.Los pares evaluadores que realizarán los procesos de evaluación externa a que se refiere el artículo 29 letra b) serán personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deberán encontrarse incorporadas en un registro público que la Agencia llevará a ese efecto. La incorporación al Registro de Pares Evaluadores se realizará por medio de presentación de antecedentes ante la Agencia, quien deberá efectuar llamados
públicos, a lo menos una vez cada dos años. Por acuerdo del Consejo de la Agencia se podrán efectuar concursos con una mayor periodicidad. La Agencia velará especialmente por la incorporación al Registro de pares extranjeros con destacada trayectoria en procesos de acreditación fuera del país. Para ser considerados en el registro, los pares evaluadores personas naturales deberán tener, al menos, cinco años de ejercicio académico o profesional y ser reconocidos en su área de especialidad. Las personas jurídicas, por su parte, deberán estar constituidas, en Chile o en el extranjero, con el objeto de realizar estudios, investigaciones y/o servicios de consultoría sobre temas educacionales o de gestión educacional y demostrar, a lo menos, cinco años de experiencia en dichas actividades. Las personas jurídicas a que se refiere el presente artículo podrán acreditar la experiencia exigida en el inciso anterior, cuando sean conformadas, a lo menos, por tres académicos o profesionales que demuestren cumplir con las exigencias establecidas para los pares evaluadores personas naturales. El presidente del Consejo propondrá, para su aprobación al Consejo, el nombre y número de pares evaluadores que llevarán a cabo cada proceso de evaluación externa, considerando las características de la institución que se somete a la acreditación y el número de carreras y programas que deben evaluarse. La institución a ser evaluada tendrá derecho a vetar a uno o más de los pares designados, sin expresión de causa por una vez. En todo caso, los pares evaluadores no podrán realizar evaluaciones en aquellas instituciones de educación superior en las que hubieren cursado estudios de pre o postgrado en la década inmediatamente anterior a su función o con las que mantengan algún tipo de relación contractual, directiva o de propiedad, como tampoco en aquéllas con las que hubiesen tenido alguno de estos vínculos, hasta transcurrido dos años desde que hubiesen terminado. Tratándose de pares evaluadores personas jurídicas, éstas no podrán tener con las instituciones de educación superior a ser evaluadas, ninguna de las relaciones descritas en los artículos 96, 97, 98, 99 y 100 de la ley Nº 18.045. Para estos efectos, serán aplicables dichas normas también a las corporaciones universitarias. Las inhabilidades y la obligación de reserva contempladas en el artículo 9° de esta ley, así como las incompatibilidades señaladas en el artículo 8°, serán aplicables a los pares evaluadores. Artículo 37.En el caso que el informe presentado por los pares evaluadores resulte insuficiente o no cumpla con los objetivos requeridos por la Agencia, el Consejo podrá solicitar mayores antecedentes o rechazarlo fundadamente y solicitar un
nuevo informe, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de notificación del primer informe. Artículo 38.Serán eliminados del registro los pares evaluadores que incurran en alguna de las causales que a continuación se indican: a) No respetar las inhabilidades, incompatibilidades y la obligación de reserva a que se refiere el artículo 36. b) Presentar más de una vez informes que sean rechazados por el Consejo de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior. c) Haber sido condenado por delitos de cohecho, estafa o falsificación de instrumento público o privado. Artículo 39.La Agencia podrá acreditar a las instituciones de educación superior, acreditarlas provisionalmente o no acreditarlas. Artículo 40.La Agencia otorgará la acreditación institucional por un período de seis años a la institución de educación superior evaluada que, considerando todas las etapas del proceso de acreditación, cumpla con los criterios de evaluación. El pronunciamiento del Consejo que acredite a una institución podrá formular observaciones y sugerencias, las que deberán ser consideradas en el siguiente proceso de acreditación. Artículo 41.Si la institución evaluada no cumple con los estándares establecidos en el artículo 32, la Agencia formulará las observaciones derivadas del proceso de evaluación y establecerá exigencias concordantes con dichos estándares, las que deberán ser subsanadas por la institución de educación superior respectiva en un plazo máximo de tres años. Durante este período la institución se considerará acreditada provisionalmente y antes de cumplido dicho plazo, deberá iniciar un nuevo proceso de acreditación y entregar su informe de autoevaluación. Artículo 42.La Agencia no podrá otorgar la acreditación provisional por un segundo período consecutivo ni por un tercer período no consecutivo durante el plazo de dieciocho años. Artículo 43.La Agencia rechazará fundadamente la acreditación a la institución de educación superior evaluada que incumpla gravemente uno o más de los estándares establecidos en los artículos 32 y 33. Artículo 44.La institución de educación superior afectada por las decisiones que la Agencia adopte en conformidad con lo establecido en los tres artículos precedentes, podrá dentro del plazo de quince días hábiles presentar un recurso de reposición ante el Consejo de la Agencia y, en subsidio apelar ante el Consejo Nacional de Educación. Rechazada total o parcialmente la reposición, se elevarán los antecedentes al Consejo Nacional de Educación. Este solicitará informe a la Agencia, la que deberá evacuarlo en un plazo de 10 días hábiles. El Consejo Nacional de
Educación se pronunciará por resolución fundada sobre la apelación dentro del plazo de treinta días hábiles, contado desde la presentación del recurso. Artículo 45.La institución a la que no se le otorgue acreditación perderá el reconocimiento oficial. La pérdida del reconocimiento oficial se hará efectiva a partir del año académico inmediatamente siguiente a aquel en el que la institución de educación superior hubiese perdido su acreditación. Sin perjuicio de lo anterior, por un periodo que no excederá de tres años la institución podrá otorgar títulos a quienes sean alumnos regulares o egresados de la institución al momento de perder el reconocimiento oficial. La institución de educación superior deberá entregar gratuitamente a cada uno de sus estudiantes un certificado de avance académico que contemple las asignaturas cursadas y las notas obtenidas, copia del cual se enviará al Ministerio de Educación por vía electrónica. Artículo 46.Durante la vigencia de la acreditación o de la acreditación provisional, las instituciones deberán informar a la Agencia de los cambios significativos o hechos esenciales que se produzcan en su estructura o funcionamiento y que no estén contemplados en la planificación contemplada en la letra a) del artículo 29. Si la Agencia estimase fundadamente que estos cambios ponen en riesgo el cumplimiento de los estándares, ésta deberá acordar con aquella un procedimiento para desarrollar esos cambios sin vulnerar, por una parte, la autonomía de la institución y, por otra, el acuerdo que dio origen a la acreditación. De no llegar a acuerdo, la institución deberá iniciar inmediatamente su acreditación y presentar su autoevaluación. En el caso de las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos que se abrieren una vez otorgada la acreditación, la Agencia deberá verificar que se cumplan los estándares definidos en los artículos 32 y 33. En caso de que la Agencia considerare que se ha incumplido dicha obligación de informar, deberá oficiar a la Superintendencia de Educación Superior para que ésta evalúe el caso y aplique las sanciones correspondientes. Artículo 47.Las instituciones de educación superior deberán colaborar con la Agencia durante el desarrollo del proceso de acreditación, debiendo entregarle la información que ésta requiera para llevar a cabo dicho proceso. Si se demostrare que para la obtención de la acreditación se cometiere cohecho, estafa o falsificación de instrumento público o privado, se deberá iniciar de inmediato un nuevo proceso de acreditación, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La institución que se hubiere beneficiado conse-
cuencia de la comisión de alguno de los delitos señalados en el inciso precedente será multada hasta con 400 UTM. Los miembros de la junta directiva de la respectiva institución, sus rectores y vice rectores serán solidariamente responsables del pago de dicha multa. Artículo 48.Para todos los efectos legales que exigen a determinadas carreras y programas estar acreditados, se entenderá que todo programa o carrera impartido por una institución acreditada, se encuentra acreditado. Título VI De la acreditación internacional Artículo 49.Las instituciones de educación superior podrán solicitar fundadamente al Ministerio de Educación que su acreditación sea realizada por agencias acreditadoras extranjeras. Estas sólo podrán ser agencias públicas o bien, en caso de países con sistemas de acreditación descentralizados, agencias privadas que sean supervisadas por organizaciones de carácter nacional, siempre de países con sistemas de educación superior destacados. Se entenderá que son sistemas de educación superior destacados aquellos que cuenten con al menos dos universidades entre las primeras ciento cincuenta mejores del mundo de acuerdo a al menos uno de los siguientes rankings: QS World University Ranking, el Academic Ranking of World Universities o el Times Higher Education Ranking. El Ministerio deberá responder esta petición previa consulta a la Agencia Nacional de Acreditación. En todo caso dichas agencias extranjeras deberán cumplir con los requisitos previamente establecidos por el Consejo en sesión especialmente citada al efecto, los que deberán considerar al menos los siguientes: a) La definición explícita por parte de la agencia de sus objetivos, en consideración al contexto cultural e histórico en que se desempeña. El aseguramiento de la calidad debe ser una actividad central de la agencia, y sus propósitos deben expresarse en políticas claras y en un plan de gestión definido. b) La existencia y aplicación de mecanismos apropiados para garantizar la independencia de sus juicios y la de los evaluadores con los que trabaja. c) La idoneidad de sus recursos, tanto humanos como financieros, de acuerdo a las tareas que realiza. d) La existencia y aplicación de criterios de evaluación que sean equivalentes, en lo sustancial, a los que establece esta ley. que sean e) La existencia y aplicación de procedimientos replicables y verificables, y que contemplen, a lo
menos, una instancia de auto evaluación y otra de evaluación externa. f) Mecanismos de publicidad y transparencia de los criterios y procedimientos de evaluación, los cuales deberán ser conocidos por las instituciones y garantizar un trato no discriminatorio. g) La existencia y aplicación de mecanismos tendientes a garantizar que los evaluadores externos que contrata se constituyan en equipos de evaluación apropiados a los requerimientos de las carreras evaluadas, que no presentan conflictos de interés, que han sido apropiadamente capacitados y que actuarán con independencia. h) La existencia y aplicación de adecuados mecanismos de difusión de sus decisiones. i) La existencia de mecanismos de revisión periódica de su funcionamiento. Artículo 50.La institución de educación superior deberá presentar la solicitud ante el Ministerio de Educación con a lo menos dos años de anticipación al vencimiento del período de acreditación vigente. La solicitud deberá contar con todos los antecedentes que permitan identificar a la respectiva agencia y demostrar que cumple con los requisitos señalados en el artículo anterior. El Ministerio de Educación podrá rechazar fundadamente dicha solicitud. Artículo 51.La acreditación internacional realizada en virtud de las normas de este párrafo tendrá los mismos efectos que la acreditación a que se refiere el Título V de la presente ley. La duración efectiva no podrá superar los seis años, aun cuando los plazos de acreditación contemplados por la agencia internacional superen el período de seis años. Con todo, los recursos establecidos en el artículo 44 no serán aplicables a la acreditación internacional. La institución de educación superior que se acredite de acuerdo a las disposiciones de este título sólo deberá pagar la membresía anual de mantención del sistema de acreditación a que se refiere el artículo 21. Los costos de la acreditación internacional serán de cargo de la respectiva institución de educación superior que opte por dicha modalidad. Artículo 52.En ningún caso la acreditación internacional a que se refiere este párrafo podrá reemplazar el proceso de licenciamiento establecido en la presente ley. Título VII De las medidas de publicidad Artículo 53.Corresponderá a la Agencia mantener un sistema de información pública que contenga las decisiones que adopte en
relación con la acreditación de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Dicha información deberá también estar disponible a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Deberá la Agencia, además, hacer públicos y mantener el acceso público a los informes, actas y estudios que realicen los pares evaluadores en el ejercicio de sus funciones, una vez concluido y sancionado el proceso de acreditación. Artículo 54.Todas las instituciones de educación superior que se encuentran acreditadas provisionalmente deberán incorporar en su publicidad dicha información. Asimismo, las instituciones de educación superior que se sometan voluntariamente a procesos de acreditación distintos al establecido en esta ley, deberán especificar el nombre de la entidad acreditadora en todas las instancias en que los resultados de dicha acreditación se hagan públicos. La Agencia Nacional de Acreditación emitirá el instructivo que regulará la forma en que debe entregarse esta información. Artículo Segundo: sentido: Modifícase la ley N° 20.129 en el siguiente a) b) guiente: “Artículo 50.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las instituciones de educación superior deberán proporcionar a la División de Educación Superior la información relativa a alumnos, docentes, recursos, infraestructura, resultados del proceso académico y a la naturaleza jurídica de cada institución que se señala en este artículo. Tratándose de la información relativa a los alumnos, sólo podrá requerirse en forma individualizada, incluyendo el RUT, aquella que tenga como finalidad realizar estudios respecto del ingreso, permanencia, egreso, titulación, inserción laboral y las ayudas estudiantiles otorgadas por la respectiva institución de educación superior. Esta información en ningún caso se podrá entregar al público general en forma desagregada por alumno. Para estos efectos, las instituciones de educación superior deberán enviar anualmente a la División de Educación Superior respecto de cada carrera o programa académico ofrecido la siguiente información: a) Un informe con los cobros a los estudiantes, las condiciones generales y especiales de admisión, y los reglamentos internos vigentes sobre promoción, disciplina y titulación; Deróganse los capítulos I y II. Reemplázase el artículo 50 por el si-
b) Un informe con el resultado del último proceso de admisión, incluyendo a lo menos una nómina de los estudiantes admitidos; c) Un informe con una nómina de los alumnos que durante el período anual inmediatamente anterior hayan dejado de formar parte de la carrera o programa académico correspondiente; y d) Un informe con información de egresados y titulados durante el período anual inmediatamente anterior. Adicionalmente, cada institución de educación superior deberá enviar un informe anual sobre los recursos educativos, infraestructura, equipamiento y cuerpo docente con que cuenta cada facultad, escuela o campus de la respectiva institución, según corresponda, para el servicio educativo que presta. En el caso de los docentes, deberá indicar a lo menos el número de profesores y la modalidad en que están contratados, sus respectivas categorías y jerarquías cuando corresponda, su adscripción a programas de pregrado o postgrado y, en forma agregada, el grado académico con que cuentan los miembros del cuerpo docente. Los plazos para la entrega de los informes mencionados en este artículo, así como el detalle de sus contenidos y la forma de entrega serán definidos en un reglamento del Ministerio de Educación, debiendo velar por la utilización de formatos electrónicos para este fin. Los datos de carácter personal que se contengan en la información relativa a alumnos, titulados, académicos, personal directivo y de apoyo técnico administrativo de las instituciones de educación superior deberán mantenerse en reserva por cualquier funcionario que en razón de su cargo tenga acceso a ella. Esta obligación no cesa por el término de sus servicios.”. c) Modifícase la letra b) del reemplazando el guarismo “100” por “400”. artículo 52,
Artículo Tercero: Modifícase el D.F.L. N° 2 del 2009 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del D.F.L. N° 1 de 2005, en el siguiente sentido: a) Agrégase en el Párrafo 1° del título III el siguiente artículo 51 bis: “Artículo 51 bis: Para el adecuado funcionamiento del sistema de educación superior, le corresponde al Estado: a) Administrar el proceso de reconocimiento oficial de las instituciones de educación superior;
b) Fiscalizar que los centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades se ajusten a las leyes y reglamentos que los rigen; c) Velar por que las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado cumplan con estándares que les permitan proyectar en el tiempo sus misiones y propósitos, aplicando mecanismos de aseguramiento de la calidad, y d) Desarrollar y mantener un sistema de información de la Educación Superior, que contenga los antecedentes necesarios para la adecuada implementación de las políticas públicas destinadas al sector de educación superior, para la gestión institucional y para la información pública de manera de lograr una amplia y completa transparencia académica, administrativa y contable de las instituciones de educación superior. b) Agrégase el siguiente artículo 54 bis:
“Artículo 54 bis: Corresponderá al Ministerio de Educación, a la Agencia Nacional de Acreditación, al Consejo Nacional de Educación y a la Superintendencia de Educación Superior, en el ámbito de sus competencias, administrar el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, de conformidad a las normas establecidas en la ley. Para velar por la adecuada coordinación de los diversos organismos que integran el sistema existirá un Comité Coordinador integrado por los respectivos jefes de servicio o quienes designen para estos efectos. c) te sentido: a. Reemplázase en la letra expresión “el Consejo Nacional de Educación” por “la Nacional de Acreditación”. b) la Agencia Modifícase el artículo 61 en el siguien-
b. Reemplázase en la letra c) la expresión “del Consejo Nacional de Educación” por “de la Agencia Nacional de Acreditación”. d) Agrégase el siguiente inciso final nuevo al artículo 62: “La universidad que no obtenga la acreditación de conformidad a le ley, perderá su reconocimiento oficial y su condición de universidad a partir del año académico siguiente, quedando impedida de otorgar títulos y grados académicos. Si dentro de un año no adecua sus estatutos, se le cancelará la personalidad jurídica. Con todo, por un periodo que no excederá de tres años podrá otorgar títulos y grados a quienes sean alumnos regulares o egresados de la institución al momento de perder el reconocimiento oficial.” e) Modifícase el artículo 67, reemplazando en la letra d) la expresión “el Consejo Nacional de Educación” por “la Agencia Nacional de Acreditación”.
f) sentido:
Modifícase el artículo 72 en el siguiente
a. Reemplázase en la letra b) la expresión “el Consejo Nacional de Educación” por “la Agencia Nacional de Acreditación”. b. Reemplázase en la letra c) la expresión “del Consejo Nacional de Educación” por “de la Agencia Nacional de Acreditación”. g) Agrégase el siguiente inciso final nuevo al artículo 73: “El instituto profesional que no obtenga la acreditación de conformidad a la ley, perderá su reconocimiento oficial a partir del año académico siguiente. En consecuencia, quedará impedido de otorgar títulos, no pudiendo utilizar el término “Instituto Profesional” en su razón social y deberá, dentro de un año, adecuar sus estatutos en tal sentido. Con todo, por un periodo que no excederá de tres años podrá otorgar títulos a quienes sean alumnos regulares o egresados de la institución al momento de perder el reconocimiento oficial.” h) sentido: a. Reemplázase en la letra b) la expresión “el Consejo Nacional de Educación” por “la Agencia Nacional de Acreditación”. b. Reemplázase en la letra c) la expresión “del Consejo Nacional de Educación” por “de la Agencia Nacional de Acreditación”. i) Agrégase el siguiente inciso final nuevo al artículo 80: “El centro de formación técnica que no obtenga la acreditación de conformidad a la ley, perderá su reconocimiento oficial a partir del año académico siguiente. En consecuencia, quedará impedido de otorgar títulos no pudiendo utilizar el término “Centro de Formación Técnica” en su razón social y deberá, dentro de un año, adecuar sus estatutos en tal sentido. Con todo, por un periodo que no excederá de tres años podrá otorgar títulos a quienes sean alumnos regulares o egresados de la institución al momento de perder el reconocimiento oficial.” j) siguiente nuevo: Artículo 87.- En materia de educación superior, será función del Consejo servir de instancia de apelación respecto de las decisiones de la Agencia Nacional de Acreditación, de conformidad a lo dispuesto en la ley de acreditación. k) sentido: Modifícase el artículo 94 en el siguiente Reemplázase el artículo 87 por el Modifícase el artículo 79 en el siguiente
a. Reemplázase en la letra c) la expresión “N° 20.129” por “de acreditación”. b. l) 100 y 101. Elimínase la letra d).
Deróganse los artículos: 96, 97, 98, 99,
ARTÍCULOS TRANSITORIOS Artículo primero.La Agencia Nacional de Acreditación será, para todos los efectos, la continuadora legal y patrimonial de la Comisión Nacional de Acreditación creada por la ley N° 20.129, pasando el personal que labora en ésta última a desempeñarse, sin solución de continuidad, en la Agencia que se crea por esta ley. Dicho traspaso se hará en el mismo nivel de remuneraciones y en ningún caso podrá significar disminución de aquéllas ni modificación de los derechos laborales y previsionales del personal traspasado. Asimismo se traspasarán todos los bienes y recursos desde la Comisión Nacional de Acreditación a la Agencia que se crea en la presente ley. El pago de los beneficios indemnizatorios al personal traspasado se entenderá postergado, por causa que otorgue derecho a percibirlo, hasta el cese de servicios en la Agencia Nacional de Acreditación creada por la presente ley. En tal caso, la indemnización respectiva se determinará computando tanto el tiempo servido al Servicio a que se refiere la ley N° 20.129 como a la Agencia que crea la presente ley, según la remuneración que estuviere percibiendo a la fecha del término del contrato. Artículo segundo.Las instituciones de educación superior acreditadas de acuerdo a la ley N°20.129 mantendrán su acreditación por el tiempo durante el cual hubiese sido otorgada y se regirán, para todos los efectos, por las normas de dicha ley. A lo menos un año antes del vencimiento de ese plazo deberán presentar el informe de autoevaluación a que se refiere el artículo 29. Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones de educación superior cuya acreditación venza dentro de los dos años siguientes a la publicación de la presente ley, deberán entregar el informe de autoevaluación dentro de dicho plazo. Artículo tercero.Las instituciones de educación superior que no cuenten con la acreditación institucional a que se refiere la ley N° 20.129, tendrán un plazo de dos años contados desde la entrada en vigencia de la presente ley para presentar el informe de autoevaluación a que se refiere el artículo 29. Artículo cuarto.Las instituciones de educación superior que dentro de los plazos señalados en los artículos segundo y tercero transitorios no den inicio a sus respectivos procesos de acreditación, perderán su reconocimiento oficial de conformidad a la ley.
Artículo quinto.La prohibición de otorgar la acreditación provisional por un segundo período consecutivo establecida en el artículo 42, no regirá respecto de las instituciones de educación superior que opten por presentar el informe de autoevaluación a que se refiere el artículo 29 dentro de un año contado desde la publicación de la presente ley. La excepción establecida en el inciso anterior operará por una sola vez y será sin perjuicio de la facultad de la Agencia Nacional de Acreditación de rechazar la acreditación de conformidad a la ley. Artículo sexto.Los procesos de licenciamiento de instituciones de educación superior que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigencia de esta ley continuarán rigiéndose por las normas vigentes a esa fecha. Artículo séptimo.Los procesos de acreditación institucional que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren en trámite continuarán rigiéndose por las normas vigentes a esa fecha. Con todo, a partir de la fecha de publicación de la presente ley no se podrán iniciar nuevos procesos de acreditación en virtud de lo dispuesto en la ley N° 20.129. Artículo octavo.Con el objeto de permitir la renovación parcial de los integrantes del Consejo de la Agencia Nacional de Acreditación, dos de sus miembros nombrados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado serán designados para el primer periodo por dos años y seis meses. Artículo noveno.La presente ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al nombramiento de la totalidad de los miembros del Consejo de la Agencia Nacional de Acreditación. Dichos nombramientos deberán efectuarse dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley. Artículo décimo.Las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado deberán pagar la membresía anual de mantención del sistema de acreditación a que se refiere el artículo 21 n° 2 letra b) a partir del segundo año de entrada en vigencia de la presente ley. Artículo décimo primero.- Mientras no inicie su funcionamiento la Superintendencia de Educación Superior, las facultades que la presente ley le otorga serán ejercidas por el Ministerio de Educación.”.”
HARALD BEYER BURGOS Ministro de Educación
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