Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-522-07.htm
Timestamp: 2019-06-17 16:47:44
Document Index: 404570184

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C-522-07
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 41 parcial del Decreto 1295 de 1994 “por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, las ciudadanas Dacmar Duaite Angela Alfonso Gordillo y Dolly Milena Rodríguez Ruiz presentaron demanda contra el artículo 41 -parcial- del Decreto 1295 de 1994, “por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”.
ARTICULO 41. DECLARACION DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. La declaración, evaluación, revisión, grado y origen de la incapacidad permanente parcial serán determinados, en cada caso y previa solicitud del interesado, por un médico o por una comisión médica interdisciplinaria, según lo disponga el reglamento de la entidad administradora de riesgos profesionales en donde se encuentre afiliado el trabajador.”[1]
Señalan que de acuerdo con la expresión acusada, la declaración y evaluación de una incapacidad permanente parcial se hace previa solicitud del interesado, lo cual desconoce los deberes del Estado previstos en las normas constitucionales invocadas y el derecho de los disminuidos físicos a rehabilitarse: “Este hecho no puede seguir sucediendo así, si el accidente ocurrió en desarrollo de la actividad laboral, consideramos que la atención médica debe ser inmediata para garantizarle al empleado la pronta asistencia médica y que sea allí donde el médico determine el tipo de incapacidad que se presente, por lo cual a nuestro parecer, es inconstitucional la parte del artículo 41 del Decreto 1295 de 1995 que dice “previa solicitud del interesado” (negrilla original).
Concluyen que la expresión acusada es inconstitucional “al poner en riesgo la vida de la persona, derecho principal consagrado en la Constitución Nacional”.
En primer lugar sostiene que la calificación de la incapacidad parcial permanente se encuentra actualmente regulada en el artículo 6º de la Ley 776 de 2002, en concordancia con los artículos 52 de la Ley 962 de 2005 y 5 y 6 del Decreto 2463 de 2001, de manera que “en ningún modo se aplica el artículo 41 del Decreto 1295 de 1994.” Que, precisamente, el artículo 6º de la Ley 776 de 2002 eliminó la expresión “previa solicitud del interesado” (aparte demandado), lo que impone una sentencia inhibitoria.
Respecto de la inhibición considera que el artículo 41 del Decreto 1295 de 1994 fue modificado por el artículo 6º de la Ley 776 de 2002, en el cual no quedó incorporada la expresión acusada (“previa solicitud del interesado), la cual tampoco aparece en el artículo 52 de la Ley 962 de 2005 que modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 1993. “En consecuencia, como la norma acusada fue subrogada, consideramos que la Corte debe declararse inhibida para decidir el fondo de la demanda.”
Respecto de la vulneración del artículo 47 superior (deber del Estado de adoptar políticas de prevención, rehabilitación e integración social), indica que la demanda no tiene en cuenta que la rehabilitación es una prestación asistencial previa a la declaración y evaluación de la incapacidad permanente parcial y que a ella tiene derecho el trabajador que sufre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional (art. 5º del Decreto 1295 de 1994), independientemente de la posterior calificación de la incapacidad permanente parcial. Aclara que la solicitud previa del interesado que se establecía en la expresión acusada (ya derogada) constituía un mecanismo mediante el cual los diferentes integrantes del sistema de seguridad social podían acceder al análisis científico para determinar la situación médica y laboral de los usuarios, así como su pérdida de capacidad laboral, para el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales previstas en la ley. Así, “es importante anotar que el interesado no necesariamente es el afiliado, sino que casi siempre es la Administradora de Pensiones o la Administradora de Riesgos Profesionales, que son las interesadas en determinar el grado de incapacidad y el origen para establecer si hay lugar al reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales y a cargo de quién.”
Concluye que “la norma acusada no está vigente, ni fue contraria a las normas invocadas por las demandantes”, razón por la cual la Corte debe inhibirse o declarar exequible el artículo 41 del Decreto 1295 de 1994.
Señala que el artículo 41 del Decreto 1295 de 1994 fue derogado por el artículo 6º de la Ley 776 de 2002 y al efecto transcribe ambas disposiciones. Indica que la declaratoria de incapacidad permanente parcial también se encuentra regulada por el artículo 3º de la Ley 756 de 2002, en el que se establece que dicha condición médica “debe” evaluarse si no se ha logrado la curación o rehabilitación de la persona en el plazo señalado por la ley, en cuyo interregno la ARP está obligada a seguir cancelando el subsidio por incapacidad temporal.
Concluye que “ante la derogatoria mostrada y al no notar que la norma demandada esté produciendo efecto alguno, procede la inhibición de la Corte Constitucional por carencia actual de objeto (Sentencia C-653 de 2003). Las demandantes debieron cuestionar los dos últimos artículos indicados, máxime si se tiene en cuenta que frente al ataque hecho al artículo impugnado, su modificación denota variaciones sustanciales”.
2. Cuestión preliminar: la vigencia de la disposición acusada.
Las accionantes demandan la inconstitucionalidad de la expresión “y previa solicitud del interesado” que forma parte del artículo 41 del Decreto Ley 1295 de 1994, relacionado con la declaración de incapacidad permanente parcial dentro del sistema de riesgos profesionales, por considerar que restringe el derecho de la persona a una atención médica inmediata y a una rehabilitación definitiva en caso de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.
Tal como ha establecido la Corte, una demanda de inconstitucionalidad es inepta y debe llevar a proferir un fallo inhibitorio si la disposición acusada no se encuentra vigente, salvo que la misma continúe produciendo efectos jurídicos[2]. Se requiere, ha dicho la Corte, que las disposiciones demandadas sean parte del ordenamiento jurídico vigente, pues de lo contrario “se produce el fenómeno de sustracción de materia o carencia actual de objeto, que de haberse admitido la demanda inexorablemente conduce a un fallo inhibitorio de la Corte Constitucional”[3].
Esta Corporación ha indicado entonces que carece de sentido un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una disposición, es decir, que se determine su permanencia o no dentro del ordenamiento, “si ésta previamente fue retirada por mandato del legislador, lo cual implica de forma evidente una sustracción de materia”[4]. Así, frente a disposiciones legales que se encuentran derogadas la Corte ha señalado que sólo es posible su examen si las mismas continúan proyectando sus efectos y, en esa medida, existe una materia que realmente pueda ser objeto de juzgamiento[5].
Ahora, dado que la derogatoria de una norma no siempre es expresa, sino que en ocasiones es tácita o simplemente deriva de la regulación integral y posterior de la misma materia por parte del legislador, la Corte ha señalado también que la inhibición procede únicamente cuando es claro que la disposición acusada no se encuentra vigente ni está produciendo efectos, ya que si se presenta alguna duda al respecto, debe ejercerse el control de constitucionalidad para evitar que disposiciones pasadas proyecten sus efectos jurídicos hacia futuro en caso de ser inconstitucionales[6].
ARTICULO 41. DECLARACION DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. La declaración, evaluación, revisión, grado y origen de la incapacidad permanente parcial serán determinados, en cada caso y previa solicitud del interesado, por un médico o por una comisión médica interdisciplinaria, según lo disponga el reglamento de la entidad administradora de riesgos profesionales en donde se encuentre afiliado el trabajador.
La declaración de incapacidad permanente parcial se hará en función a la incapacidad que tenga el trabajador para procurarse por medio de un trabajo, con sus actuales fuerzas, capacidad y formación profesional, una remuneración equivalente al salario o renta que ganaba antes del accidente o de la enfermedad. (inexequible por falta de competencia del legislador extraordinario –Sentencia C-452 de 2002-).
Una simple comparación de ambas disposiciones permite apreciar que varios de los elementos propios del artículo 41 del Decreto 1295 de 1994, entre ellos el que es demandado, desaparecieron o fueron modificados en el artículo 6º de la Ley 776 de 2002: (i) se eliminó la expresión acusada (“previa solicitud del interesado”); (ii) se dejó al Gobierno la facultad de reglamentar las condiciones de la evaluación de la incapacidad permanente parcial, lo que antes correspondía a cada una de las entidades administradoras de riesgos profesionales a las que se encontraban afiliados los trabajadores; (iii) desapareció la posibilidad de que un solo médico hiciera la evaluación de incapacidad, la cual debe ser realizada en todos los casos por una comisión médica interdisciplinaria; (iv) se establecieron los criterios en función de los cuales debe determinarse el grado de incapacidad permanente parcial de un trabajador (último inciso).
Por tanto, el carácter prevalente de las leyes posteriores en el tiempo (art.2º de la Ley 153 de 1887) y la explícita voluntad derogatoria de las leyes contrarias a la Ley 776 de 2002 (art. 23[7]), permiten concluir que el artículo 41 del Decreto 1295 de 1994 fue subrogado por el artículo 6º de la Ley 776 de 2002 y que, en esa medida, las condiciones para la declaración de la incapacidad permanente parcial no son actualmente las establecidas en la disposición legal demandada.
Declararse INHIBIDA para decidir la demanda presentada contra la expresión “previa solicitud del interesado” que hace parte del artículo 41 del Decreto 1295 de 1994.
[1] Inciso 1o. declarado EXEQUIBLE, por los cargos formulados y analizados en la sentencia C-452 de 2002, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería, referentes a la violación del límite material de la ley de facultades y a la potestad del legislador extraordinario para establecer un nuevo régimen prestacional o modificar el existente. En la misma sentencia se declaró inexequible el inciso 2º de este artículo que establecía “La declaración de incapacidad permanente parcial se hará en función a la incapacidad que tenga el trabajador para procurarse por medio de un trabajo, con sus actuales fuerza, capacidad y formación profesional, una remuneración equivalente al salario o renta que ganaba antes del accidente o de la enfermedad.”
[2] “Sin embargo, no obstante que la Corte carece de competencia para pronunciarse sobre normas que han sido derogadas, la jurisprudencia constitucional ha señalado que con el objetivo de salvaguardar la Constitución, la Corte Constitucional sí es competente para efectuar un análisis de inexequibilidad a una norma derogada cuando se pueda establecer que ésta continua produciendo efectos jurídicos.” (Sentencia C-1155 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil). Igualmente pueden verse entre muchas otras, las Sentencias C-1144 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, Sentencia C-714 de 2002 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y la Sentencia C-626 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[3] Sentencia C-338 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[4] Sentencia C-1155 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
[5] Sentencia C-110 de 2006.. M.P. Rodrigo Escobar Gil: “En este sentido, el juicio de inconstitucionalidad impone, para su debida promoción, que las normas cuya validez se objeta existan, es decir, se encuentren activas en el sistema normativo, pues es la única manera como aquellas pueden recibir los efectos de los fallos de exequibilidad o inexequibilidad que corresponde dictar a la Corte. Si el precepto impugnado no forma parte del ordenamiento positivo, formal y materialmente, no hay entonces objeto sobre el cual pueda recaer la decisión de fondo, debiéndo proceder la Corte a dictar fallo inhibitorio por falta de competencia funcional, motivado en una clara sustraccción de materia o carencia actual de objeto.”
[6] Sentencias C-992 de 2004, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-995 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[7] Art. 23 VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga todas las demás leyes que le sean contrarias.”