Source: http://fredalvarez.blogspot.com/2011/07/nueva-constitucion-hoy-fa.html
Timestamp: 2020-08-15 07:45:58
Document Index: 187239265

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 33', 'artículo 57', 'artículo 13', 'artículo 57', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 29', 'artículo 33', 'artículo 89', 'artículo 97', 'artículo 102', 'artículo 105', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 29', 'artículo 33', 'artículo 102', 'Artículo 18', 'Artículo 89', 'Artículo 97', 'artículo 1', 'artículo 102']

Nueva Constitución hoy /Fred Alvarez
Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación -10 de junio de 2011- las reformas de varios artículos constitucionales en materia de derechos humanos*.
No debemos más que congratularnos por ello.
Los legisladores, después de un largo proceso deliberativo transformaron la esencia de nuestra Constitución Política.
No son cambios de forma, representan un avance decisivo en la plena armonización del marco normativo interno, con la legislación internacional en materia de derechos humanos. Quizá es el paso más importante que México ha dado en mucho tiempo, para que todas las personas cuenten en nuestro país con la protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales.
Los cambios constitucionales en materia de derechos humanos, según los artículos transitorios, entraron en vigor desde el pasado sábado 11 de junio, salvo algunas excepciones como en los casos leyes sobre reparación del daño, derecho de asilo, la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional, en materia de expulsión de extranjeros, las cuales entrarán en vigor e en un plazo máximo de un año.
Las novedades de la reformas son bastantes y de gran calado. La más importante es cambio de denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución dejando atrás la vieja definición de “garantías individuales”, para llamarse hoy “De los derechos humanos y sus garantías”. Como dice Miguel Carbonell “el artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” los derechos, ahora simplemente los “reconoce”. A partir de la reforma se reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales.
Es decir, a partir del sábado 11 de junio se incorporan las garantías que requieren tanto el ejercicio de los derechos humanos como su respeto, con un elemento adicional importantísimo; se favorece en todo tiempo a las personas la protección más amplia, por encima de cuestiones de procedimiento.
Así los jueces, autoridades administrativas, deben poner siempre por delante el principio de que la protección más amplia corresponde a las personas.
Y todavía más ese principio fundamental deberá llevarse a todas las leyes del país, deberá incorporarse por mandato constitucional a todo el orden jurídico, de la federación, de los estados y los municipios.
Reticencia en la SCJN
En ese sentido es de llamar la atención una nota del reportero Jesús Aranda publicada en el periódico La Jornada (14 de junio de 2011). Por ello nos enteramos que este martes 13 de junio, el ministro Presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza, entregó a sus pares un catálogo que contiene las obligaciones contraídas por el máximo tribunal como consecuencia de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974.
Dice la nota de Aranda que de ser aceptada por el pleno, tal como se los planteó ayer Silva Meza en sesión privada, se abriría la puerta para que los jueces federales –sin necesidad de esperar que se apruebe una modificación constitucional en la materia– juzguen en el ámbito civil a los militares acusados de cometer delitos contra civiles.
En efecto, la recomendación de la CIDH solicita al Poder Judicial Federal garantizar que la averiguación previa “que se encuentra abierta por los hechos constitutivos de desaparición forzada del señor Rosendo Radilla se mantenga bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria. Cuando se abran nuevas causas penales en contra de presuntos responsables que sean o hayan sido funcionarios militares, las autoridades a cargo deberán asegurar que éstas sean adelantadas ante la jurisdicción común u ordinaria y bajo ninguna circunstancia en el fuero militar o de guerra.”
Empero, comenta el reportero que la notificación del ministro Silva Meza “no fue bien recibida por todos. (Ya que) Hubo quienes afirmaron que el pleno es el que debe decidir los alcances de la resolución de la CIDH respecto del Poder Judicial Federal. Además, que era prematuro hablar sobre el tema porque la reforma constitucional (en materia de derechos humanos) entra en vigor en 120 días.
Caray al parecer algunos ministros no se han enterado que las reformas entraron en vigor el sábado 11 de junio de 2011.
Basta leer el posicionamiento de don Juan Silva Meza, en la Promulgación de la Reforma Constitucionales Los pinos el pasado 9 de junio: “Entre la Constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que nos obligan, no hay divergencias, no hay contradicción, su finalidad es la misma.” Agregó que no “podrán alegarse limitaciones normativas o materiales para cumplir con esas obligaciones; tampoco la incapacidad o el desconocimiento justificarán la inobservancia del nuevo régimen. Ahora bien. Es importante señalar que la reforma establece (…) responsabilidades concretas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, importantísimas, como son el “resolver las acciones de inconstitucionalidad que, contra leyes Federales o estatales, o contra tratados internacionales, sean presentadas por los organismos públicos protectores de derechos humanos, cuando esas normas vulneren, precisamente, esos derechos.”
Pero hay que recordar que sobre ese tema hay diferencias entre los ministros. O quizás hay que decir había. Recordemos que hace unos meses -en septiembre de 2010-, el pleno de la Corte rechazó por ocho votos contra tres el proyecto de dictamen elaborado por José Ramón Cossío, en el cual se consideraba que la SCJN estaba obligada a acatar la sentencia de la CIDH en el ámbito de su competencia, incluido el criterio de que el Código de Justicia Militar es inconstitucional, porque permite juzgar en el fuero de guerra a soldados que cometieron delitos en agravio de civiles. Para el Ministro Cossío el artículo 57 del Código de Justicia Militar es inconstitucional. Y tienen lógica de alguna manera el legislador de 1933 tuvo un exceso al llevar el fuero militar más allá de lo que dispone el artículo 13 de la Constitución.
Dice la sentencia de la corte Interamericana publicada en el DOF -9 de febrero de 2010: “10. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 337 a 342 de la presente Sentencia.”
El párrafo 339, señala: “En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un "control de convencionalidad" ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”
Pero espermos que las cosas cambien en la SCJN ya que a partir de hoy los tratados internacionales son ley, así lo señala la nueva Constitución:
Asé estaba el pasado sabado11 de junio
Capítulo 1 de las Garantía Individuales
ARTICULO 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Proyecto de decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único. Se reforma la denominación del Capítulo I del Título Primero; el primero y quinto párrafos del artículo 1º; el segundo párrafo del artículo 3°; el primer párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18, el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 33, la fracción X del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafos del apartado B del artículo 102, y el inciso g) de la fracción II del artículo 105; se adicionan dos nuevos párrafos segundo y tercero, al artículo 1°, recorriéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo segundo al artículo 11; los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden; y los nuevos párrafos quinto, octavo, décimo primero y décimo segundo al artículo 102, apartado B, recorriéndose los actuales en su orden, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo hoy:
Ho se encuentra así:
I a VII (…)
(Sólo se cambia el término hombre por persona):
La constitución hoy:
Artículo 18 (…)
EL SISTEMA PENITENCIARIO SE ORGANIZARA SOBRE LA BASE DEL TRABAJO, LA CAPACITACION PARA EL MISMO, LA EDUCACION, LA SALUD Y EL DEPORTE COMO MEDIOS PARA LOGRAR LA REINSERCION DEL SENTENCIADO A LA SOCIEDAD Y PROCURAR QUE NO VUELVA A DELINQUIR, OBSERVANDO LOS BENEFICIOS QUE PARA EL PREVE LA LEY. LAS MUJERES COMPURGARAN SUS PENAS EN LUGARES SEPARADOS DE LOS DESTINADOS A LOS HOMBRES PARA TAL EFECTO.
XI. a XX. (...)
Artículo 89 1. al IX. (…)
XI a XX…
Artículo 97 (…)
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION PODRA NOMBRAR ALGUNO O ALGUNOS DE SUS MIEMBROS O ALGUN JUEZ DE DISTRITO O MAGISTRADO DE CIRCUITO, O DESIGNAR UNO O VARIOS COMISIONADOS ESPECIALES, CUANDO ASI LO JUZGUE CONVENIENTE O LO PIDIERE EL EJECUTIVO FEDERAL O ALGUNA DE LAS CAMARAS DEL CONGRESO DE LA UNION, O EL GOBERNADOR DE ALGUN ESTADO, UNICAMENTE PARA QUE AVERIGÜE ALGUN HECHO O HECHOS QUE CONSTITUYAN UNA GRAVE VIOLACION DE ALGUNA GARANTIA INDIVIDUAL. TAMBIEN PODRA SOLICITAR AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE AVERIGÜE LA CONDUCTA DE ALGUN JUEZ O MAGISTRADO FEDERAL.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.
El desarrollo de este procedimiento ejercerá facultades de autoridad investigadora en los términos de ley, sin que autoridad alguna pueda negarle la información que requiera. La Comisión mantendrá la reserva de la información que se le proporcione con ese carácter. Cuando así proceda, presentará las denuncias ante la autoridad competente.
(REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1999)
A- f…
G) LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN CONTRA DE LEYES DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO DE TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS POR EL EJECUTIVO FEDERAL Y APROBADOS POR EL SENADO DE LA REPUBLICA, QUE VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN ESTA CONSTITUCION. ASIMISMO LOS ORGANISMOS DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EQUIVALENTES EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA, EN CONTRA DE LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES Y LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN CONTRA DE LEYES EMITIDAS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
(ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2006)
Segundo. La ley a que se refiere el tercer párrafo del artículo 1° constitucional sobre reparación deberá ser expedida en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Las adecuaciones a esa ley deberán contener los términos, condiciones y circunstancias bajo los cuales se activará la facultad de investigación establecida en el párrafo undécimo del apartado B del artículo 102 del presente decreto, dentro de los que se establecerán como una de las condiciones para el ejercicio de esta facultad, que el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, deba obtener la aceptación favorable de la mayoría del Consejo Consultivo de la misma. En tanto no se expidan las modificaciones a esa ley, se aplicará lo señalado en este artículo.