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Timestamp: 2020-08-10 05:55:26
Document Index: 343610640

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 206', 'artículo 22', 'artículo 10', 'artículo 206']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 317, de 19/09/2017
cve: DSCD-12-CO-317
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 317
- Sobre medidas para evitar la explotación laboral mediante el control de la jornada de trabajo y el control del fraude en la contratación a tiempo parcial. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001553) ... (Página2)
- Relativa a la implantación del Plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2017-2020. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001620) ... (Página6)
- Relativa a la jubilación anticipada en los servicios de emergencias sanitarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001792) ... (Página10)
- Sobre la reforma de las políticas activas de empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001665) ... (Página14)
- Relativa al impulso de medidas para incrementar las habilidades necesarias para acceder a puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001930) ... (Página19)
Entramos en el orden del día integrado por el debate y votación de proposiciones no de ley. La votación tendrá lugar no antes de las doce de la mañana -nos hemos levantado optimistas- y se ha producido una ligera modificación. El Grupo Parlamentario Popular ha retirado del orden del día de hoy una de sus proposiciones no de ley, la número 5, en la que se instaba al Gobierno a la inclusión de los buceadores recreativos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Además, se produce un cambio en el orden, previo acuerdo de los distintos grupos, entre la tercera proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las políticas activas de empleo, que se debatirá en cuarto lugar, y la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la jubilación anticipada en los servicios de emergencia sanitaria, que pasará a debatirse en tercer lugar.
- SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR LA EXPLOTACIÓN LABORAL MEDIANTE EL CONTROL DE LA JORNADA DE TRABAJO Y EL CONTROL DEL FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001553).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con la proposición no de ley sobre medidas para evitar la explotación laboral mediante el control de la jornada de trabajo y el control del fraude en la contratación a tiempo parcial presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la proposición no de ley, por parte del Grupo Parlamentario Socialista y por un tiempo no superior a siete minutos, tiene la palabra su portavoz, la señora De Frutos.
Traemos hoy esta iniciativa porque pensamos que lo que pedimos en ella es lo mínimo para poder empezar a hablar de unas relaciones laborales justas. Pensamos que es aberrante un sistema normativo que no permite garantizar, en el ámbito del contrato de trabajo, el equilibrio entre el tiempo de trabajo y el salario. El trabajo por encima de las horas pactadas o legalmente establecidas se está convirtiendo -o se ha convertido ya- en una práctica habitual en nuestro país. En la proposición establecemos una serie de datos de los millones de horas extraordinarias que se realizan en este país, que parte de ellas son no pagadas. Pensamos que el aspecto de la jornada es un elemento troncal del contrato de trabajo y el elemento que más ha influido en la precarización de las condiciones de trabajo. La jornada es el aspecto del contrato de trabajo donde confluyen más la parte laboral y personal en la vida del trabajador. El exceso del tiempo de trabajo -y es una realidad- es uno de los aspectos que más influyen en la devaluación salarial; es decir, la situación del trabajador que hace horas y no cobra, a día de hoy, es insostenible. Además, también influye en la cotización; hay muchas horas que se trabajan en este país que no se declaran y, por tanto, que no se cotizan. Este es un aspecto, además, que afecta a la creación de empleo. Si un empresario puede cubrir más horas de trabajo con un mismo trabajador, obviamente, no va a contratar a otra persona. Este es un tema que afecta a la conciliación de la vida personal y familiar del trabajador. Hay sectores de actividad en los que el trabajador tiene la sensación de estar permanentemente en la empresa. En cuanto al tema del exceso de jornada, es un factor que afecta a la accidentabilidad y que crea riesgos propios como son los riesgos psicosociales.
Pensamos que esta es una iniciativa necesaria, sobre todo, a raíz de la última sentencia del Tribunal Supremo con el caso Bankia, de marzo de 2017. Hasta ese momento había una doctrina consolidada de la Audiencia Nacional, que nos decía textualmente lo siguiente: el registro de jornada es un requisito para controlar los excesos de jornada, y su inexistencia -decía la Audiencia Nacional- pone al trabajador en una situación de indefensión. Todos sabemos que, a raíz de la sentencia de Bankia de marzo de 2017, el Tribunal Supremo ha dicho que no es una obligación general en nuestro ordenamiento el registro de jornada, pero en la sentencia incita al legislador a que regule esta cuestión.
En este aspecto del control de la jornada no corren mejor suerte los contratos a tipo parcial. La realización de horas no pactadas en los contratos a tiempo parcial es una práctica habitual. De hecho, se habla de subempleo en relación con la contratación a tiempo parcial; horas complementarias o simples excesos hacen que la relación laboral, a través de un contrato a tiempo parcial, se haya precarizado de
forma alarmante para el trabajador. Por otra parte, tenemos todas esas nuevas formas de prestar servicios a través del teletrabajo, el trabajo que el operario presta en su domicilio, y creemos que también es necesario establecer mecanismos para controlar el tiempo que el trabajador pasa a disposición de la empresa.
Traemos esta iniciativa, en primer lugar, para que se impulsen medidas legislativas para garantizar que el trabajador pueda demostrar la jornada que realiza de forma fehaciente. Traemos esta iniciativa para que se afronten medidas legislativas para que se posibilite la prueba a la Inspección de Trabajo de la jornada que realiza el trabajador. Las denuncias por exceso de jornada son un porcentaje importante de las denuncias que se plantean en la Inspección de Trabajo, y es muy difícil para la Administración poder comprobar cuántas son las horas que realiza el trabajador. Y traemos esta iniciativa ahora a debate porque creemos que el control de la jornada, en la forma adecuada y fehaciente para cada sector de actividad, es necesario para garantizar unas cotizaciones adecuadas y para futuras prestaciones que pueda cobrar el trabajador. A través de esta iniciativa debemos implicar también al empresario -tal y como señalamos en la iniciativa- a través de códigos de buenas prácticas, a través de sellos en relación con la calidad en materia de jornada. Este es un tema que tenemos que intentar hacer ver no solo a través de medidas legislativas, sino de otro tipo de medidas, porque es esencial tanto para el trabajador como para la empresa por cuanto afecta incluso a cuestiones -como hemos señalado- de prevención de riesgos, de accidentabilidad y, por tanto, también de productividad.
Termino como empecé. Ya que queremos conseguir empleo de calidad, relaciones laborales no precarias, pensamos que es un aspecto esencial que el trabajador cobre por lo que trabaja, cotice por lo que cobra y pueda demostrar las horas que está al servicio del empresario. Es incongruente un sistema como el actual que no obliga al empresario a registrar la jornada y que obliga al trabajador, sistemáticamente, a hacer reclamaciones en el juzgado para poder demostrar la jornada que realiza, que realiza horas extras, y exigir el pago de las mismas. Por lo tanto, pensamos que es necesario modificar la legislación en este aspecto, incrementar las campañas de inspección en materia de control de tiempo de trabajo, implicar al empresario a través de mecanismos como sellos de calidad, códigos de buenas prácticas, etcétera, y, por eso, vamos a pedir el apoyo de todos los grupos a esta iniciativa.
A continuación, tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, por un tiempo no superior a cinco minutos cada uno. Solo ha presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por lo que tiene la palabra el señor Del Campo.
Nosotros hemos presentado enmienda, porque, estando de acuerdo en el fondo de la PNL, es verdad que existe una realidad de fraude en el tiempo de trabajo y, además, se ha acrecentado teniendo cuenta las últimas reformas laborales. Nosotros pensamos que ha habido una flexibilización, que creemos que era necesaria en determinadas cuestiones pero que no ha venido apoyada por una seguridad, el modelo que llamamos de flexiseguridad, con el que estamos de acuerdo. Pero teniendo en cuenta que esta es una proposición no de ley y que en un futuro próximo se va a debatir una cuestión importante, que es una proposición de ley del mismo grupo parlamentario, del PSOE, en la que ya hay modificaciones de artículos en el Estatuto de los Trabajadores, creemos que podríamos aprovechar esta proposición no de ley para hacer un mandato al Gobierno -y por ahí va nuestra enmienda- para que realice un estudio sobre cuáles son los sectores y los mecanismos de control que hacen necesario que sea efectivo luchar contra el fraude para preparar, precisamente, el estudio y debate de esta proposición no de ley.
Nosotros, al contrario que el Partido Socialista, entendemos que no se puede hacer una regulación frente a todos; que en esta proposición no de ley -y de ahí nuestra enmienda- establecer un registro de jornada para todos creemos que no va a ser la solución -y lo ha dicho la portavoz del Grupo Socialista- porque hay sectores y sectores, y sabemos qué sectores son en los que se produce un exceso y donde muchas veces no se llegan a garantizar los derechos de los trabajadores respecto a su tiempo de trabajo, pero hay otros sectores en los que creemos que es totalmente innecesario que haya un registro de jornada o un mecanismo de control. Los que hemos trabajado en este sector sabemos que muchas veces estos registros de jornada en papel, en el tiempo que han estado vigentes desde el pronunciamiento de la Audiencia Nacional hasta las sentencias del Tribunal Supremo, tampoco han servido para nada porque son fácilmente manipulables. Por lo tanto, hay sectores en los que quizá tendríamos que buscar
mecanismos de control, como los fichajes u otros mecanismo de control que puedan acreditar más fehacientemente esas jornadas; sin embargo -y ha hablado aquí de esto la portavoz del Grupo Socialista-, hay otros sectores, precisamente, como el teletrabajo o la economía digital, en los que no sería necesario establecer registros de jornada. En la economía digital es fácilmente trazable la jornada que hace un trabajador porque está constantemente conectado a una plataforma. Precisamente, en sectores como el teletrabajo es difícil controlar un registro de jornada cuando el trabajador puede estar en temas de conciliación cuidando a su niño trabajando por la noche unas horas. Nos parece que es preferible aprovechar este momento, con esta proposición no de ley, para hacer un estudio de qué sectores y qué empresas, según el tamaño de la empresa, y qué mecanismos de control son necesarios para luchar de forma efectiva contra este fraude y esta lacra que, como se ha dicho, afecta no solo a los derechos de los trabajadores, sino también a los derechos de la Seguridad Social y a las futuras pensiones de todos, así que espero que el Grupo Socialista y los demás grupos estudien nuestra enmienda y la apoyen.
A continuación, tienen la palabra los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas por un tiempo no superior a tres minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. (El señor Martínez Oblanca: No haremos uso de la palabra, señor presidente). A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Barandiaran.
Señorías, evidentemente si algo llama la atención de esta PNL no es tanto la propuesta que realiza, sino el cotejo de los datos en cuanto que revelan la existencia de un núcleo generalizado de fraude en la realización de horas extraordinarias no abonadas que debe dar lugar, con todo respeto y con independencia de los sectores a los que se dirija, a un tipo de control. Aun cuando no sea fácil realizarlo, es preciso abordar cualquier campo en el que pueda existir ese fraude, es necesario realizar un control de las horas realizadas, porque el planteamiento de esta PNL, así como la modificación legislativa que parece que está en camino son consecuencia de una contradicción debida al nacimiento de una corriente doctrinal asociada a una sentencia de la Audiencia Nacional que reflejaba la necesidad efectiva de que existiera un registro de control horario, frente a lo establecido por la Sentencia de 13 marzo de 2017 del Tribunal Supremo respecto de las horas extraordinarias, que señala que únicamente son las que se deben reflejar. Teniendo en cuenta lo que señala el Tribunal Supremo se genera una falta de control de las horas extraordinarias, que en el año 2015 supuso no controlar el 55 %. Luego es necesario y urgente realizar -tanto por razones de justicia social como también para la viabilidad del sistema de pensiones y de las cotizaciones a la Seguridad Social- esas funciones de control de una forma efectiva allí donde se puedan realizar, pero intentando hacerlo en todos los ámbitos. En ese sentido, aun cuando entendemos que la solución de este problema debe venir dada de la modificación legislativa, fundamentalmente del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, no está de más recordarle al Gobierno la posibilidad de que pueda actuar en el sentido indicado por la proposición no de ley. Por lo tanto, anunciamos que apoyaremos esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Barandiaran.
No está el portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Presidente, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas.
El control de jornada es una reivindicación creciente entre la gente trabajadora y las organizaciones sindicales, más aún después de las últimas reformas legislativas y de los reveses judiciales, que han sido devastadores para conseguir lo que parece una utopía en nuestro país: no trabajar gratis. La reforma laboral, la potestad del empresario de modificar parte de la jornada a su antojo, los pactos individuales o colectivos de horas complementarias -que tan difíciles son de fiscalizar-, la demolición controlada de la negociación colectiva, que afecta entre otras muchas cosas a la capacidad de vigilancia y control de los representantes legales de los trabajadores y, por último y quizás más importante, el clima de miedo y sumisión que generan las altas tasas de desempleo y precariedad -ya saben, el famoso: Cualquiera dice algo, que me echan a la calle- son el caldo de cultivo perfecto para que millones de horas trabajadas a
la semana en nuestro país no se remuneren, con la consecuencia directa que esto tiene en los salarios, en la conciliación y en las arcas de la Seguridad Social, por supuesto.
Como no podía ser de otra manera, estamos de acuerdo en el sentido de la iniciativa, en la terrorífica exposición de motivos -terrorífica porque es real- y en la parte propositiva. En nuestro torrontudo objetivo -como se dice en mi tierra; tenaz, para que ustedes lo entiendan- de tumbar la reforma laboral y demás males de nuestro mercado de trabajo, tenemos en trámite parlamentario una proposición de ley que incluye -sabemos que el Partido Socialista tiene una similar- el siguiente texto al respecto de la modificación de jornada del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que leo textualmente para que todos nos entendamos: A efectos de poder fiscalizar el cumplimiento de las normas mínimas de control del tiempo de trabajo contenidas en la presente sección, la duración horaria diaria del tiempo de trabajo deberá quedar registrada por la empresa. El registro horario de jornada deberá ser de libre acceso para el trabajador así como para los representantes legales de los trabajadores de la empresa, quienes podrán solicitar a la dirección de la empresa la certificación documental, cualquier asiento del registro de jornada, estando la empresa obligada a su expedición. La empresa deberá entregar al trabajador un resumen mensual horario de la jornada realizada. El registro de jornada deberá estar asimismo a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Esperemos que esta iniciativa cuente con el apoyo del resto de los grupos o, como mínimo, poder escuchar qué argumentación tienen en contra de una reivindicación histórica de la gente trabajadora, de sus representantes legales y de muchos profesionales de la Inspección de Trabajo, y que además está cargada de sentido común.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Reynés.
Yo quería empezar mi intervención comentando que no es solo el Partido Socialista el que se preocupa por luchar contra el fraude laboral, ya en la X Legislatura se adoptaron importantes medidas para la lucha contra el fraude y contra la explotación laboral, se aprobó por primera vez en la historia el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social como respuesta precisamente a la necesidad de intensificar las actuaciones tendentes a afrontar determinadas conductas insolidarias e injustas que generan efectos muy negativos para la sociedad en general, como puede ser el deterioro de los derechos laborales y sociales de los trabajadores.
La aplicación de ese plan y el éxito de los resultados hizo que se continuara con las mismas líneas de actuación a lo largo de los años 2014, 2015 y 2016 y, además, la propuesta que sigue precisamente es relativa a estudiar la implantación del Plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2017 a 2020 en colaboración, como no puede ser de otra manera, con las comunidades autónomas y los agentes sociales.
Entrando un poquito más en detalle sobre la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista respecto a la adopción de medidas necesarias para garantizar el registro de jornada de todos los trabajadores de la empresa, ya en el Real Decreto-ley 16/2013 incorporó los mecanismos de control solicitados, adecuados y fehacientes mediante el registro diario de la jornada. Dicho artículo dispone que, a estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador junto con los recibos de salarios y el resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias, a lo que se refiere el apartado 5.
En referencia a los contratos de jornada completa y al margen de la regulación específica del contrato a tiempo parcial, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el vigente artículo 35.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, según el cual, a efectos de cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el período fijado para el abono de las retribuciones, entregando también copia del resumen al trabajador y el recibo correspondiente.
En relación con la condición de parte esencial del contrato de trabajo de la distribución horaria, hay que recordar tanto la letra del artículo 12.1.a), como la del artículo 8.5 y el Real Decreto 1659/1998, por el que se desarrolla el artículo 8.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo.
En cuanto a reformar la regulación del contrato a tiempo parcial para que este se utilice para necesidades de trabajo parcial, se modifique el régimen de horas complementarias y del registro de jornada y se exija en el contrato el tiempo en el que se va a prestar el servicio para garantizar de forma fehaciente la jornada, quiero insistir en que las modificaciones del contrato a tiempo parcial acometidas en la Ley 16/2011 tienen por objeto precisamente incrementar el uso de dicho contrato, atendida su doble ventaja para el trabajador, ya que permite conciliar su vida laboral y familiar y sus necesidades de formación. Las horas complementarias además permiten atender las necesidades de incrementos puntuales con certeza y seguridad, y respecto de las voluntarias se incorpora un elemento de flexibilidad que permite atender situaciones imprevistas subrayándose su carácter voluntario. Además, el Ministerio de Empleo ha impulsado campañas específicas de inspección para la intensificación en el control del cumplimiento de la normativa en materia de tiempo de trabajo, tanto los contratos a tiempo parcial como los contratos a tiempo completo.
En definitiva, señora De Frutos, nosotros no apoyaremos su proposición no de ley porque, de acuerdo con los puntos que he enumerado, entendemos que la Inspección de Trabajo ya viene adoptando las medidas en la dirección adecuada y coincidente con los puntos que ustedes presentan en su PNL.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señora Reynés.
Tiene la palabra la portavoz del grupo proponente para manifestarse sobre las enmiendas presentadas.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: No vamos a admitir la enmienda de Ciudadanos porque pensamos que no aporta nada a la proposición, lo que además ha quedado claro en el desarrollo de su debate.
- RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS AÑOS 2017-2020. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001620).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley relativa a la implantación del Plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2017-2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la misma y durante un tiempo no superior a siete minutos tiene la palabra el portavoz, señor Echániz.
Señorías, la lucha contra el fraude laboral ha sido y sigue siendo en estos momentos una de las prioridades del Gobierno del Partido Popular. Por ese motivo, desde el Gobierno se han desplegado medios, a lo largo de los últimos años, y se ha actuado con una gran contundencia ante la situación que menoscaba los derechos de los trabajadores. Como hemos apuntado en la iniciativa, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas a la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar, vulnera los derechos de los trabajadores y, sobre todo, provoca una competencia desleal hacia la gran mayoría de empresarios en este país que sí cumplen con normalidad con la legislación laboral y con la Seguridad Social.
El Gobierno del Partido Socialista, en el año 2011, puso en marcha una medida para el encadenamiento sinfín de contratos temporales con el que este Gobierno ha acabado, porque el modelo del Gobierno del Partido Popular es el de la estabilidad en el empleo, el del empleo de calidad que ni permite la temporalidad injustificada ni respalda el trabajo a tiempo parcial no deseado y, de hecho, en estos momentos el 93,3 % del empleo que se ha recuperado lo ha sido a tiempo completo y solo el 6,7 % ha sido a tiempo parcial. El Gobierno apuesta con firmeza por la lucha contra el fraude por lo tanto, porque es uno de los pilares fundamentales para garantizar la calidad en el empleo. Ya desde el año 2012 la actuación de la Inspección de Trabajo ha permitido transformar casi 290 000 empleos temporales en indefinidos, y además la cotización anual media por afiliado ha evolucionado al ritmo de los salarios. En el año 2016 creció por encima del 1 % y desde el año 2007 ha crecido un 10,8 % en estos ocho años. Hoy la cotización anual media por afiliado a la Seguridad Social es de 5990 euros, casi 6000 euros de cotización al año, mientras que en el año 2007 era de 5300, cerca de 700 euros anuales de incremento de media por cotización y trabajador en nuestro país en estos años.
En medidas para seguir corrigiendo la dualidad del mercado de trabajo, también para seguir luchando contra el fraude, trabaja la Mesa para la calidad en el empleo, a la que el Gobierno ha llevado su apuesta para mejorar la regulación de los contratos laborales, la implantación de las cláusulas bonus-malus para las empresas y del Fondo de capitalización para los trabajadores. Como resultado de estas acciones y en los siete primeros meses de este año, la Inspección de Trabajo española ha aflorado 65 000 empleos sumergidos, cifra que se eleva a 470 000 desde el año 2012, es decir, han aflorado 470 000 empleos sumergidos. También se han convertido en indefinidos 60 000 contratos temporales que eran irregulares en este ejercicio, 310 000 desde el año 2012, y se han detectado 700 empresas ficticias sin actividad económica alguna, 6427 desde el año 2012. Todas estas medidas, señorías, han supuesto un ahorro para la Seguridad Social de 2126 millones de euros solamente en este ejercicio, hasta julio, y suma cerca de 20 000 millones de euros desde el año 2012. Por lo tanto, señorías, el Plan de lucha contra el empleo irregular de la Inspección de Trabajo ha tenido unos resultados muy positivos para el sistema español de Seguridad Social.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta iniciativa en esta Comisión para la implantación del Plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los próximos ejercicios en colaboración, evidentemente, con las comunidades autónomas y con los agentes sociales, para poner en marcha medidas normativas, institucionales, de gestión, de prevención también y de sensibilización social que se realicen de una forma concreta y evaluable, especialmente en materia de contratación, de siniestralidad laboral, de igualdad y no discriminación, de formación para el empleo, así como en materia de trabajo no declarado, empleo irregular y fraude a la Seguridad Social.
En consecuencia, señorías, solicitamos el apoyo a esta iniciativa del resto de los grupos porque absolutamente todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicar el fraude y de hacer frente a las conductas insolidarias e injustas en nuestra sociedad.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado enmienda, y por un tiempo no superior a cinco minutos, la señora Serrano Jiménez.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Estamos ante una iniciativa que plantea el Grupo Popular absolutamente necesaria en estos momentos, en especial después de la reforma tan dañina del Gobierno del Partido Popular. Por ello, señorías, compartimos la necesidad de la lucha contra el fraude laboral y apoyamos la idea, pero discrepamos totalmente sobre la prioridad que, según ustedes, ha tenido el Gobierno del Partido Popular en la lucha contra el fraude laboral. Es alarmante la distorsión de la realidad que tienen ustedes en cuanto al mercado laboral se refiere, y esa distorsión de la realidad se refleja también en la exposición de motivos de la iniciativa que hoy traen aquí, toda una loa a lo bien que actúa el Gobierno del PP y a lo preocupado que está por evitar fraude laboral y que haya empleo digno y de calidad. Hemos escuchado además la loa que ha hecho el señor portavoz del Partido Popular. Luego vemos que la realidad es más dura y que va por otros derroteros, y es muy distinta de la visión que tiene el Gobierno del Partido Popular, la ministra Báñez y todo el Partido Popular.
Ya en el año 2012 los sindicatos le dijeron que el plan que estaban aprobando no servía para el objetivo pretendido, y así UGT les dijo que las medidas para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social no cumplirían su cometido y tendrían solo un afán recaudatorio. Hoy, con la perspectiva del tiempo, vemos que aquella afirmación no iba muy mal encaminada. Aquellas medidas se calificaron de insuficientes, inadecuadas, genéricas y equívocas, y así se ha constatado. No dudamos de algunas de las cifras que constan en la exposición de motivos y que alardean de ser resultados muy positivos, pero no se conformen con eso solo.
Señorías del Partido Popular, esas cifras son solo la punta del iceberg. Por supuesto que el fraude constituye una agresión intolerable contra la calidad del empleo y, por supuesto, que no debemos conformarnos. Trabajemos intensamente y sin bajar la guardia para reforzar las instituciones de vigilancia y control de la normativa laboral y de Seguridad Social, pero no lo plasmen solo en una exposición de motivos. Huyan del titular bonito que escriben para hacer creer que de verdad trabajan para acabar con el fraude. Si quieren, señorías, que los ciudadanos los crean, doten de medios a la Inspección de Trabajo, muy afectada por los recortes y la tasa de reposición de los últimos años. Ustedes presumen de que se han incorporado 265 nuevos inspectores y subinspectores desde el año 2012 hasta 2016. -Ese es el
titular que nos intentan colar-. Si fuera cierto, les diría que 265 nuevas incorporaciones es una cifra irrisoria, pero es peor aún, porque tratan de engañar a la opinión pública al contar- cuántos inspectores y subinspectores se incorporan, pero no dicen cuántos se han jubilado. Este es un juego de trilerismo político, tan propio de un mal gobernante-.
Saben de sobra los enormes problemas que hay en este país en materia de fraude laboral y de Seguridad Social. Basta darse una vuelta por cualquier provincia para comprobar la carencia de medios personales y materiales, y más desde que ustedes nos impusieron la reforma laboral, que no hizo otra cosa que flexibilizar las relaciones laborales, y esto trae consigo como efecto colateral negativo la dificultad de cumplimiento de las normas de orden laboral. La desregulación en el ámbito laboral influye en una época de crisis económica para que los trabajadores tengan que aceptar condiciones infralegales o que haya una mayor opacidad en el fraude, que no solo perjudica a los trabajadores, sino también al sistema público de protección social, al sistema de la Seguridad Social, al que le resta recursos, y también a las empresas cumplidoras, a las que se les hace competencia desleal con estas prácticas abusivas, hoy legales, por parte de las que no cumplen.
Señorías, soy consciente de que la economía sumergida se nos presenta con muchos prismas desde los cuales mirar. Uno de ellos es el informe del Instituto de Investigación de Economía Aplicada hace varios meses. Nos cuenta que 4 millones de empleos aún permanecen atrapados en la economía en B, y esta economía todavía representa el 17 % del producto interior bruto de nuestro país. Dígannos, señorías, para qué han servido las campañas de inspección contra la economía sumergida, para qué ha servido su plan aprobado en el año 2012. ¿Acaso hay más empleo y de mayor calidad debido a sus tozudos planes? Les digo que no ha servido para nada y que la precariedad sigue siendo asfixiante.
Por todo ello, consideramos necesario, antes de abordar un nuevo plan con las mismas carencias, hacer una evaluación del mismo y determinar qué medidas han funcionado y cuáles no. De ahí la enmienda que ha presentado mi grupo que, si me lo permiten, les leo textualmente: Los socialistas pedimos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a realizar una evaluación de todas las medidas contenidas en el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social del año 2012 y que, a partir de esa evaluación, en colaboración con las comunidades autónomas y agentes sociales, se elabore una estrategia que incluya medidas normativas y planes de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas legales en relación con la contratación, siniestralidad laboral, igualdad y no discriminación y formación en el empleo, así como en materia de trabajo no declarado, empleo irregular y fraude a la Seguridad Social. Esta es la enmienda que ha presentado mi grupo. Señorías, compartimos los objetivos y el fondo; pongámonos de acuerdo en las formas. Les invito a que acepten la enmienda.
Por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Martínez Oblanca. (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Sí, muy brevemente.
Sea con loa o no, sea en sentido crítico o no, lo que acabamos de ver con las horas extras, lo sabemos; lo de los falsos autónomos, lo sabemos; sabemos de las subrogaciones fraudulentas que precarizan las condiciones de trabajo; lo sabemos por cesiones ilegales, despidos improcedentes, devaluaciones de salarios y categorías, por defectos de cotización. Hay cientos de circunstancias que deben dar lugar al reforzamiento de la Inspección de Trabajo y a la necesidad de la existencia de un plan de actuación. No creo que en esta materia deba caber la discrepancia por razones ideológicas. Hace falta buscar la efectividad en un ámbito del que todos sabemos que dependen muchas cosas, no solo las condiciones dignas de trabajo, sino también el futuro del sistema de cotización y de pensiones.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Pausa). No se encuentra su portavoz. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Cano.
Señorías, señorías del Partido Popular, lo cierto es que desde el respeto que les tengo a ustedes y el que tengo -lógicamente, como no puede ser de otra manera- a todos los diputados de esta Comisión, sí que les tengo que decir que nos toca hacer un sobreesfuerzo en cada Comisión con sus proposiciones no de ley porque sí, además de las loas nos traen proposiciones no de ley extemporáneas. Puedo intentar hacer un esfuerzo para entender que siendo el grupo del Gobierno sea difícil traer proposiciones no de ley e intentar adelantarse a las propuestas del Gobierno pero, sinceramente, traigan proposiciones no de ley que vengan a aportar algo nuevo a la sociedad y en las que podamos continuar trabajando para mejorar la situación de los trabajadores.
¿Por qué digo esto? Porque el 25 de noviembre de 2015, ya se celebró el XVI Plenario de la Comisión de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en esta reunión, ya se trató la elaboración del Plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2016 a 2020. El 12 de diciembre la ministra de Empleo y Seguridad Social compareció ante esta Comisión para explicarnos las líneas generales de su departamento y, además, informó de que estudiaría la implantación del Plan estratégico de Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2016-2020. Nuevamente, el pasado 28 de abril de 2017, se aprobó la remisión al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea la implantación del Plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2016-2020. Ahora, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta una iniciativa en la que se insta al Gobierno a estudiar algo que ya está hecho, que ya está presentado ante la Unión Europea, cosa que no tiene mucho sentido, según entendemos.
Por ello, creemos que no podemos perder más tiempo y nos tenemos que poner a trabajar e implementar los estudios realizados por los inspectores de trabajo, dotándolos de los recursos necesarios ya que, según el último informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 2015 -es el último que obra en la página web de la Tesorería- ya se ha producido una drástica reducción de inspectores y subinspectores de 105. Con menos inspección menos vamos a poder trabajar y atajar la precariedad laboral con la que estamos muy comprometidos. Debemos ser implacables en la lucha contra el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social, la siniestralidad laboral y garantizar la protección de determinados colectivos de trabajadores como los discapacitados o las mujeres trabajadoras y controlar el correcto uso de la contratación temporal. Apoyaremos esta proposición no de ley por nuestro compromiso en la lucha contra el fraude y la precariedad laboral. Para ello siempre nos tendrán a su lado, pero trabajando y dotándolo de recursos.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No voy a entrar a valorar el tono triunfalista de la iniciativa ni los golpes de pecho de un Gobierno y un partido que piensa que los demás y las demás somos lo suficientemente tontas para tragarnos su propaganda. No hace falta un sesudo análisis para desmentirlas; con la realidad, con el día a día de nuestro mercado laboral nos basta y nos sobra. Que la reforma laboral ha sido un éxito total y absoluto no lo duda nadie, y que sus impulsores han conseguido el objetivo buscado, que es conseguir la sensación del todo vale en las relaciones laborales en nuestro país, tampoco. La precarización del empleo es evidente: proliferación de contratos temporales y contratos a tiempo parcial en fraude de ley, falsos autónomos, falsas cooperativas, becarios y prácticas no laborales en empresas y un largo etcétera.
El miedo a perder el trabajo, incluso en esas condiciones, ha permitido que esta precarización llegue sin resistencia y un masivo trasvase de trabajadores por cuenta ajena a falsos trabajadores por cuenta propia. En concreto, el trabajo a tiempo parcial se ha convertido en un agujero negro para la Seguridad Social; es vox populi que muchas empresas dan de alta a trabajadores dos o tres horas y después trabajan ocho o diez. Técnicamente se denomina infracotización y es una práctica generalizada en muchos sectores como el de la hostelería, que conocemos bien. Otro agujero negro son los acuerdos de descuelgue, muchas veces injustificados, que también afectan negativamente a la recaudación de la Seguridad Social, amén de, por supuesto, perjudicar a los trabajadores.
Todos estos elementos, más las campañas orquestadas en su contra, han llevado a una pérdida de influencia de los sindicatos, cuya razón de ser fundamental es la interlocución en la negociación colectiva. Al desarticular la negociación colectiva con estas reformas legislativas, evidentemente, se pierde peso y
presencia sindical en los centros de trabajo. El retroceso sindical, a su vez, dificulta enormemente el trabajo de la Inspección de Trabajo en la medida en que se pierde el control y la vigilancia por los primeros responsables, que son los representantes legales de los trabajadores. El trabajo de la Inspección de Trabajo se multiplica y, por lo tanto, la efectividad desciende. El fraude es tan masivo, tan masivo, que es imposible combatirlo desde fuera de la empresa. A mayor poder discrecional del empresario menos contrapeso y menos instrumentos de control; a mayor pérdida del peso de los representantes de los trabajadores mayor oscuridad en la función inspectora.
Además, no queremos dejar de denunciar algo que para nosotros es fundamental y es el uso ideológico de la lucha contra el fraude. A lo largo de estos años el Gobierno ha concentrado los esfuerzos de la lucha contra el fraude en los trabajadores que compatibilizan el trabajo con la percepción de prestaciones por jubilación o desempleo. Es decir, se ha dedicado a criminalizar a los y las trabajadoras y a desprestigiar el sistema de protección social, ocultando que la principal fuente de fraude a la Seguridad Social no está en las prestaciones, sino en las cotizaciones que eluden los empresarios. No en vano, en el mundo de la Inspección de Trabajo se conoce esto como la política del BBC -bodas, bautizos y comuniones-. No luchan contra la raíz del problema, luchan contra la gente que peor lo está pasando, y sabemos perfectamente que sin derogar las agresiones a los derechos de los trabajadores en general y a la negociación colectiva en particular d la reforma laboral -sin eso- no vamos a poder luchar contra el fraude. Sin construir un nuevo Estatuto de los Trabajadores es imposible luchar contra el fraude.
El portavoz del grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra para manifestarse sobre las enmiendas. Señor Echániz, manifiéstese sobre las enmiendas del Grupo Socialista.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: El Grupo Parlamentario Popular acepta la enmienda del Grupo Socialista.
- RELATIVA A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001792).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley, relativa a la jubilación anticipada en los servicios de emergencias sanitarias, planteada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Por un tiempo no superior a siete minutos, y con el texto que resulta de la incorporación de su enmienda número 1, tiene la palabra la señora Isabel Franco.
Señorías, creo que una de las cosas que más me tranquilizan en el día a día es saber que si me pasase algo urgente, si tuviese alguna enfermedad grave, si tuviese algún accidente o alguna cuestión que comprometiese gravemente mi salud podría llamar al 061 o a otros números de teléfono de emergencias para que viniesen a salvarme la vida con rapidez, y lo harían. Creo que es una de las cosas que más me tranquiliza a mí y que más tranquiliza a gran parte de nuestra población, sobre todo a nuestras personas mayores. No pensamos en ellos cada día -afortunadamente, a día de hoy no he necesitado nunca llamar a estos números de emergencia sanitaria-, pero aunque no les pensemos a diario, aunque no les tengamos en cuenta, sí que nos tranquiliza su labor porque son héroes y heroínas cotidianas.
Hoy presentamos una iniciativa que no sale de nosotras, sino de los propios trabajadores y trabajadoras de emergencias sanitarias de Andalucía, en este caso de Málaga. Estas heroínas no tienen capas, pero sí batas, y no vuelan, pero van muy rápidas y pareciera que casi vuelan cuando acuden en sus ambulancias para salvarnos la vida. Es una iniciativa de quienes salvan vidas y está motivada por una sola cuestión: salvar más vidas y mejor. Querría aprovechar para darles las gracias y saludar a una pequeña representación que ha venido hasta aquí y que está siguiendo este debate esperando celebrar que se apruebe esta iniciativa.
Esta proposición viene a solicitar al Gobierno que ponga en marcha las medidas necesarias para establecer los coeficientes reductores que permitan la rebaja de la jubilación para los trabajadores y
trabajadoras de todos los servicios de emergencia, tal y como tienen reconocido otros profesionales y otros colectivos como el de bomberos. Les explico por qué. El trabajo que realizan los profesionales de emergencias es salvar vidas, pero tienen una cara oculta, que es la penosidad y la peligrosidad a la que se enfrentan.
El Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece en el artículo 206 que la edad mínima -leo literalmente- de acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada por real decreto, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y que acusen elevados índices de morbilidad y mortalidad. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 22 del Real Decreto 1698/2011, que regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer los coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de Seguridad Social, que dice que en el caso de los profesionales de emergencias sanitarias no solo no se encuentran las garantías normativas necesarias para la calidad en el empleo respecto de la edad de jubilación, como estas dos normas disponen, sino que además ven empeorada su situación por la reforma de la Ley de pensiones puesta en marcha por el Gobierno socialista de Zapatero a través de la Ley 21/2011, que aumentaba la edad de jubilación hasta 2027. En concreto, la edad ordinaria de jubilación aumentaba de los 65 a los 67 años en 2027; para los casos de jubilación anticipada voluntaria, de los 63 a los 65 años, y para los casos de jubilación anticipada forzosa, de los 61 a los 63 años. Parece más que evidente que, no solo es necesario, sino apremiante, el Gobierno ponga de su parte para que, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se apruebe un real decreto que solucione esta situación. Además, en la inmensa mayoría de los casos, estos profesionales no pueden ser reubicados en otros puestos de trabajo por la especificidad de las actividades que realizan. De hecho, les voy a poner un ejemplo muy sencillito que es el que conozco en mi día a día, el de EPES Andalucía, que es el que se encarga de los servicios del 061 en Andalucía, y que tiene como actividad principal la atención directa en emergencias y catástrofes sanitarias -es a eso a lo que se dedican-. Como ustedes podrán comprender, es muy difícil reubicar a estas personas en otros puestos de trabajo, por no decir que es prácticamente imposible.
Las profesionales y los profesionales de emergencias sanitarias se enfrentan con demasiada frecuencia a riesgos, por ejemplo, los riesgos biológicos, la exposición a contaminantes por manipulación de objetos punzantes, residuos biológicos, contenedores, traslados de pacientes con enfermedades infecto-contagiosas o infecciosas de alto riesgo, como el Ébola, o potencialmente mortales, como la meningitis. Asimismo, tienen riesgo de sufrir accidentes, por ejemplo, de tráfico en el vehículo asistencial o ambulancias; realizan sobreesfuerzos debido a la manipulación de material asistencial como botellas de oxígeno o mochilas con material electromédico, además de manejo de pacientes; están expuestos a riesgos físicos y químicos como el contacto con térmicos, contactos directos con material electromédicos, riesgos de explosiones por la presencia de material inflamable o, por ejemplo, radiaciones no ionizantes, además de riesgos psicológicos al estar expuestos a grandes niveles de estrés causados por la recepción de información; también fatiga mental, por comunicación de malas noticias, así como la propia fatiga y peligrosidad que conlleva, como ustedes saben bien, el trabajo a turnos.
Por todo ello, con esta PNL solicitamos dos cuestiones muy sencillas y que además vienen recogidas en las propias leyes. Una, el estudio de los riesgos y exposición a la siniestralidad, así como el análisis de las condiciones laborales y su incidencia en las situaciones de incapacidad laboral de todos y todas las trabajadoras de los servicios de emergencia. Dos, que la Secretaría de Estado de Seguridad Social, en el marco que establece el artículo 10 del Real Decreto 1689/2011, ponga en marcha el procedimiento para el establecimiento de los coeficientes reductores con el objetivo de rebajar la Ley de jubilación y establecer una edad mínima de acceso a la pensión para los trabajadores y trabajadoras de los servicios de emergencia del conjunto del Estado que cumplan con los requisitos exigidos.
Por todo ello, les pido que voten a favor de esta proposición no de ley para que el conjunto de los servicios de emergencia puedan salvarnos más y puedan salvarnos mejor.
A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado una enmienda, por un tiempo no superior a cinco minutos. Señora González Bayo.
Hoy venimos aquí a ser la voz de los profesionales sanitarios, como bien ha dicho Isabel, del 061, que nos acompañan en una sala de esta Cámara. Es una demanda que ellos mismos nos trasladaron y que vimos necesario analizar en esta Comisión de Empleo. La norma dice que la edad ordinaria de jubilación puede ser rebajada o anticipada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre o que acuse elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten las respectivas profesiones o el trabajo mínimo de la actividad que se establezca, se encuentren en situación de alta o similar a alta y además cumplan los requisitos que exige la norma.
De todos es sabido que los servicios de emergencia del 061 están sometidos a un fuerte desgaste físico y psicológico a lo largo de su vida laboral. De sus buenas condiciones físicas y de las buenas condiciones psíquicas profesionales depende la vida de todos nosotros, pero también de toda la ciudadanía, y así lo manifiestan los propios profesionales. Los trabajadores están sometidos a un nivel de exigencia psicológico excepcional en el desempeño de sus tareas, además de considerar que están sometidos a los índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad e insalubridad que presenta la propia actividad profesional. Esta realidad está avalada por estudios realizados en el ámbito de la seguridad y la salud laboral en la profesión, los cuales concluyen que los profesionales sanitarios de emergencias presentan importantes problemas relacionados con las condiciones de trabajo y el estilo de vida inducido por la propia profesión. En consecuencia la petición está fundamentada en el hecho de que estamos ante una actividad profesional que supone una merma en la salud del trabajador, y por tanto también en su esperanza de vida. Además en la citada actividad se presentan evidentes dificultades en edades más avanzadas. Un estudio realizado por el propio sector nos sitúa la siniestralidad extrema en los trabajadores mayores de cincuenta y cinco años. Se da la particularidad de que la especialización del propio sector ha generado que se creen empresas especializadas en emergencia sanitarias. ¿Esto qué está haciendo? Que sea inviable, como marca la norma, que estas personas se puedan reubicar en otros sectores. Es decir, en muchos lugares de España se hace imposible la reubicación de estos trabajadores, porque estamos hablando de empresas especializadas para que todos y todas tengamos una asistencia sanitaria de emergencia de primer nivel.
A modo de conclusión hay que decir que el Grupo Parlamentario Socialista entiende que hay que garantizar el principio de no discriminación, y estamos dispuestos a estudiar cualquier colectivo que esté discriminado en este derecho laboral, valorando su inclusión. El Grupo Socialista siempre va a buscar las alianzas y nos vamos a sumar a la lucha y a la defensa de los derechos laborales. Por ello apoyamos esta proposición no de ley, y hemos presentado una enmienda al punto 1 en la que instamos a elaborar un informe sobre los riesgos y las exposiciones a la siniestralidad de todas las personas que trabajan en los servicios de emergencias. Dicho informe contendrá un análisis específico de las condiciones laborales, que incluirá la suficiencia de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de la propia actividad y su incidencia en la situación de incapacidad laboral. El punto 2 lo dejamos como está.
Muchísimas gracias a todos y a todas. (Aplausos).
A continuación, grupos que no han presentado enmiendas. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario de Esquerra? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Ramírez Freire.
Intervendré muy brevemente. Mi grupo apoyará esta PNL, habida cuenta de que básicamente lo que está diciendo es que hay que hacer un estudio razonado, que le exige además el procedimiento, para la realización de un coeficiente reductor en los servicios de emergencias sanitarias. Es un sector que conozco perfectamente, puesto que en mi vida laboral he trabajado más de diez años en ese sector y sé perfectamente cuáles son las condiciones laborales que contempla. Es cierto que tienen una situación de excepcional penosidad, toxicidad, insalubridad y que tiene una alta morbimortalidad. Le comentaba antes a la portavoz de Podemos, que es el grupo proponente, que habría que hacer un estudio detallado precisamente para evitar ese principio de discriminación de distintas profesiones, porque este coeficiente también podríamos aplicarlo a profesiones como, por ejemplo, la de guardia civil o policía nacional, cuando tienen este peligro de turnicidad y nocturnidad que también suelen tener. Y dentro del sistema sanitario no solo los servicios de emergencia, sino que también se puede extender a los cirujanos que están de guardia, a los intensivistas, a los anestesistas. En cualquier caso me parece una medida positiva,
y Ciudadanos, como no puede ser de otra forma, la apoyará, teniendo en cuenta además que lo que piden en la propuesta no legislativa es, primero, la realización de un informe que detalle claramente cuáles son los riesgos y las exposiciones a esa siniestralidad, a esa excepcional penosidad que tienen en el desempeño de su labor. Es cierto -y así lo relataba la portavoz de Unidos Podemos- que el traslado de pacientes puede conllevar exposición a enfermedades infectocontagiosas, aparte de que lógicamente, cuando se alarga la vida laboral hablamos de personas que pueden tener más de cincuenta y cinco o cincuenta y seis años, y el traslado al hospital de pacientes que han tenido un accidente o cualquier patología en sus casas requiere un esfuerzo físico que conlleva una morbimortalidad avanzada y elevada.
Apoyaremos, como no puede ser de otra forma, esta propuesta no legislativa. Eso sí, nos gustaría que se pudiese estudiar dentro del Pacto de Toledo, porque está claro que tenemos que evitar la discriminación de otros colectivos que también están desempeñando actividades que pueden tener un excepcional grado de penosidad, de toxicidad o de morbimortalidad. Y me refiero no solo a los servicios de emergencia dentro del sector sanitario, sino a otros colectivos que también son muy importantes y que también nos atienden cuando sufrimos en nuestras carnes una enfermedad o un accidente, y vamos a nuestros hospitales a buscar a los mejores profesionales, que los tenemos, porque contamos con una sanidad pública que es la envidia del mundo. Es de derecho y de justicia cuidarlos ahora, y desde luego habría que elaborar este informe, y si es preceptivo, si sus conclusiones indican que tienen que tener un coeficiente reductor de la edad de jubilación, creo que se tiene que iniciar el procedimiento.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Barrios.
Buenos días a todos. En relación con esta PNL que nos presenta el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, referente a la jubilación anticipada de miembros de los servicios de emergencias sanitarias, tenemos que hacer varias consideraciones. Dicen ustedes, concretamente en el segundo párrafo de la exposición de motivos, que en virtud de la modificación el sistema público de pensiones, de la Ley 27/2011, la edad de jubilación anticipada, tanto voluntaria como por causas ajenas al trabajador, se vio incrementada respectivamente de sesenta y tres a sesenta y cinco años y de sesenta y uno a sesenta y tres años. Esto no es del todo cierto, porque conviene recordar que en ese momento los que accedían a la jubilación anticipada eran aquellos trabajadores que estuvieron incluidos dentro del mutualismo laboral antes del 1 de enero de 1967, que es el conocido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. Por tanto no es posible modificar algo que hasta ese momento no existía. Así pues estamos viendo ya que partimos de una exposición de motivos que, al menos en este punto, es errónea. Y es con el Real Decreto-ley 5/2013, con un Gobierno del Partido Popular, cuando se modula esta jubilación anticipada, y se establece en una edad inferior a dos años como máximo a la edad de jubilación ordinaria que en cada caso corresponda. Es decir, solamente se cumplen las afirmaciones que hacen ustedes en la exposición de motivos para el caso de aquellos trabajadores que no puedan jubilarse hasta cumplir los sesenta y siete años, por no tener suficientes cotizaciones para hacerlo antes, y en ese caso efectivamente la jubilación anticipada sí se sitúa en los sesenta y cinco años, pero puede mantenerse en los sesenta y tres para aquellos trabajadores que puedan acceder a la prestación con sesenta y cinco años por cumplir los requisitos, sobre todo los de cotizaciones. Lo mismo ocurre con la jubilación por causas ajenas a la voluntad del trabajador, caso en el que solo se producirá a los sesenta y tres años en aquellos supuestos en los que el trabajador tampoco haya cubierto los periodos de cotización suficientes y exigibles para jubilarse a los sesenta y cinco. Por tanto ya ven, señorías, que la exposición de motivos de esta PNL no es más que una verdad a medias.
Entrando ya a analizar el fondo del asunto, lo que nos ocupa, vemos que efectivamente ustedes citan el artículo 206.1 del texto refundido de la Ley de Seguridad Social, que regula el procedimiento para poder rebajar la edad de jubilación -como es realizar un estudio previo de siniestralidad, penosidad y toxicidad-, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad. Pero también es cierto que este mismo artículo nos dice que solamente se aplicarán coeficientes reductores de la edad de jubilación cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo; modificación que también ustedes ponen en duda que sea posible. Por lo tanto, en caso de que efectivamente se detectara cualquier peligro para estos profesionales, lo primero que hay que hacer es intentar evitarlos, y ¿cómo? La ley es clara: adaptando los puestos de trabajo, y si no fuera
posible adaptarlos, entonces sí pasaríamos a la segunda fase, que sería aplicar los índices reductores si cumplen con todos los requisitos que dice la ley. Pero antes de llegar a este punto tenemos que analizar cuáles son los argumentos para solicitar que el Gobierno inicie de oficio esta petición. Ustedes afirman que estos profesionales realizan actividades consideradas por su propia naturaleza como penosas, tóxicas, peligrosas e insalubres. Y entre los factores que ustedes dicen que provocan estas actividades penosas, tóxicas, peligrosas e insalubres citan en la exposición de motivos, como causa de siniestralidad, algunos que muy pocas veces se van a producir, como la atención a catástrofes. Afortunadamente no tenemos catástrofes muy a menudo, y es verdad que estos profesionales si existe una catástrofe la tienen que atender, pero supone un porcentaje muy pequeño de su trabajo. También hablan de las emergencias químicas, y afortunadamente tenemos muy poquitas epidemias tipo Ébola; todos recordamos el Ébola, pero ninguna más. Quiero decir con todo esto que el resto del trabajo que realiza este personal no se encuadra dentro de estas categorías, como puede ser la asistencia en accidentes de tráfico con múltiples víctimas...
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Barrios. Tenía dos minutos.
El señor BARRIOS TEJERO: Sí, voy concluyendo.
Lógicamente no se puede justificar que produzca esos efectos. Por tanto entendemos que esto que ustedes nos quieren justificar para un grupo muy concreto de profesionales también afecta a otro grupo de profesionales que son los que atienden sanitariamente a la población, como puede ser la turnicidad -de la que ustedes hablan-, el estrés o la nocturnidad, y por lo tanto no podemos decir que estos sanitarios tengan unas condiciones distintas a las de otros sanitarios. Habría que ver una solución global para todo el personal al que afectan esas condiciones, habría que verlo de esa manera y no lógicamente como ustedes proponen.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del grupo proponente para manifestarse sobre la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
La señora FRANCO CARMONA: Consideramos que mejora el primer punto y vamos a aceptar la enmienda.
- SOBRE LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001665).
El señor PRESIDENTE: A continuación debatimos la proposición no de ley sobre la reforma de las políticas activas de empleo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, con el texto que resulta de la incorporación de su propia enmienda número 1. Tiene la palabra el señor Del Campo.
Aunque no podemos negar que el empleo se va recuperando y aquí ha venido la ministra y nos ha hablado de diferentes cifras, debemos recordar que el ejercicio 2016 cerró con una tasa de paro del 18,6 % frente al 8,5 de media de la Unión Europea, y muy lejos de países de nuestro entorno como Portugal, con un 11,2, Francia con un 10 % o Alemania con un 4,1. Además, tanto el paro juvenil como el paro de larga duración siguen en niveles históricos, y creemos que en este contexto las políticas de empleo deberían servir para aliviar la situación de las personas más afectadas. Pero desgraciadamente las políticas activas están siendo uno de los mayores fracasos de nuestro sistema político. (La señora vicepresidenta, González Bayo, ocupa la Presidencia).
El vigente texto refundido de la Ley de Empleo define estas políticas como el conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación profesional para el empleo en el ámbito laboral dirigidos a mejorar las posibilidades de acceso al empleo por cuenta ajena o propia de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de personas ocupadas y el fomento del espíritu empresarial y de la economía social. Continúa diciendo que estas políticas deben desarrollarse en todo el Estado teniendo en cuenta la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los contenidos comunes establecidos en la normativa estatal de aplicación, las necesidades de los demandantes de empleo y los
requerimientos de los respectivos mercados de trabajo. Para ello el diseño de estas políticas es crucial, esto requiere contar con servicios públicos de empleo bien preparados y diseñar planes de acción individuales y eficaces. Por desgracia España todavía necesita poner en marcha herramientas muy básicas para ofrecer una atención personalizada a los grupos más vulnerables, y es urgente poner en marcha planes que actualicen la formación de los desempleados combinados con programas de orientación individualizada en la búsqueda de empleo.
La evidencia nos muestra que la participación de nuestros desempleados en formación reglada y no reglada cae fuertemente con la edad, por ello España necesita invertir más y mejor en formación de adultos, permitiendo que los desempleados de larga duración puedan elegir directamente los cursos de formación que más se adapten a sus necesidades, mediante cheques formación. Sin embargo, lejos de esos objetivos, las políticas activas de empleo no se han mostrado hasta el momento en nuestro país como un instrumento eficaz para promover la inserción laboral de las personas desempleadas. En países con menores niveles de desempleo la inversión en políticas activas de empleo es mucho mayor, no solo cuando se mide por personas desempleadas, sino también en relación al PIB. Además estas políticas han sido sometidas a procesos de evaluación bajo criterios de eficacia y eficiencia, cosa que no ocurre en nuestro país. En este sentido por parte de nuestro grupo parlamentario hemos reclamado en reiteradas ocasiones la necesidad de mejorar nuestras políticas activas de empleo, con el objetivo de convertirlas en instrumentos eficaces que faciliten la inserción laboral y formativa de las personas desempleadas.
Desde los años noventa uno de los puntos calientes del debate sobre las estrategias de empleo en los Gobiernos europeos ha sido la eficacia de estas políticas activas, y su vinculación a las políticas pasivas. Fue durante esta época cuando en países de nuestro entorno como Dinamarca, Suecia, Bélgica y Holanda acuñaron el término 'flexiseguridad', demostraron que ante el ineludible final del puesto de trabajo para toda la vida uno de los secretos del pleno empleo residía en fomentar la transición rápida de empleo a empleo, y sobre todo de desempleo a empleo. ¿Cómo lo hicieron? Mediante las fórmulas de vincular prestaciones generosas a itinerarios de activación obligatorios en los que, por otro lado, invirtieron de forma intensiva un 2,9 % del PIB en Dinamarca y más del 1 % en el resto de los países. La eficacia de este modelo basado en la búsqueda de seguridad en las transacciones entre empleos y equilibrio entre políticas activas y pasivas hizo que las instituciones europeas pusieran el acento sobre estas, como pilar básico de las estrategias de empleo. Así, la Comisión Europea evalúa de forma recurrente este capítulo, valorando las reformas y acciones emprendidas en cuanto a la intermediación, formación, orientación e incentivos a la contratación en cada uno de los Estados miembros. No hace falta que les diga que nuestro país suspende dicha evaluación.
En su último informe, además de destacar que nuestro país mantiene una tasa de desempleo del 18,6 -a la que me he referido anteriormente-, duplica la media de la Unión Europea y alerta sobre su estructura dual. Del total de los parados, cerca de la mitad, unos 2 millones, llevan más de un año en esta situación, y el 17,8 más de cuatro años ya. Es decir, nos alerta de algo que algunos ya sospechamos, y es que tenemos un problema real de paro de larga duración y, lo más dramático, que un gran porcentaje del mismo podría convertirse en paro estructural. Además la Comisión destapa nuestras debilidades, entre ellas la ineficacia de unos servicios públicos de empleo que tan solo intermedian en el 2 % de las colocaciones frente al 10 % de media de Europa, así como la falta de inversión y recursos. En concreto desde 2008 a 2013 se recortó en un 66 % el gasto por persona en este concepto. En el ejercicio 2014 el total de los recursos destinados a políticas de empleo las activas solo supusieron el 12,3, mientras que las pasivas -prestaciones y subsidios- absorbían el 87,7 de los mismos. No obstante creemos que el problema va bastante más allá de la insuficiencia de recursos. En periodos anteriores de mayor gasto el diagnóstico no variaba mucho del actual; la cuestión quizá no sea tanto cuánto gastamos sino cómo y en qué gastamos los recursos, pero eso, como he dicho anteriormente, no podemos saberlo realmente, ya que tampoco podemos presumir de transparencia ni de evaluación de los resultados de su gestión. Además el hecho de que la competencia esté en manos de las comunidades autónomas tampoco lo ha puesto fácil; de hecho en algunas comunidades autónomas aún se sigue investigando cómo se ha gestionado una de las políticas activas básicas como es la formación.
Teniendo en cuenta los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la materia y el desarrollo de la Ley de Empleo por parte del Gobierno, en la parte que afecta a la formación profesional, hemos introducido una enmienda a la propuesta inicial, de modo que nuestro grupo parlamentario presenta hoy aquí una proposición no de ley de reforma de políticas activas de empleo instando al Gobierno a llevar a cabo tres tipos de actuaciones: la primera, mejorar los servicios públicos de empleo y
su eficacia, variando su enfoque según los resultados y garantizando el acceso a los servicios en condiciones de igualdad en todo el Estado. La segunda, y una vez en vigor el desarrollo reglamentario de la Ley de Empleo, promover que las comunidades autónomas implanten a la mayor brevedad un sistema de cheques formación accesible de manera inmediata para los desempleados de larga duración, con el que las propias personas desempleadas puedan elegir directamente, con asistencia en su caso de los servicios de orientación laboral de los servicios públicos de empleo, los cursos de formación que más se adapten a su perfil de empleabilidad y a sus necesidades de colocación. Y por último, la constitución -y aquí haremos una autoenmienda que pasaremos a la Mesa- de la agencia estatal de evaluación de políticas activas de empleo, aunque lo que queremos decir es del instituto estatal para el talento en el empleo -de forma que se adecue al acuerdo de las ciento cincuenta medidas que tenemos con el Partido Popular, y así no haya ningún problema en que se vote- como organismo de evaluación independiente a través del cual se pueda dotar de transparencia al sistema, porque transparencia y evaluación de la eficacia de las políticas es lo que nuestro partido reivindicará siempre para garantizar que el dinero de los ciudadanos se destine a los ciudadanos, ya que no podemos dejar que nadie -y menos Europa- nos saque los colores en algo tan esencial como ayudar a encontrar empleo a los que pretenden recuperarlo.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Muchas gracias, señor Del Campo.
Ahora, por el Grupo Socialista, que ha presentado una enmienda, tiene la palabra doña Elvira Ramón.
La señora RAMÓN UTRABO: Muchas gracias, presidenta.
El balance en materia laboral durante estos años de gobierno del Partido Popular no puede ser más nefasto. El resumen es menos empleo, más precariedad laboral, menos protección para los desempleados y desempleadas, pérdida de derechos laborales para los trabajadores, bajada de salarios, contratos basura y exilio laboral o, como le gusta decir a la señora ministra, movilidad exterior. Tenemos más de dos millones de trabajadores que son pobres; en medio de este panorama desolador y justo en el preciso momento en que hay un mayor número de parados, cuando el paro de larga duración se dispara y cuando más ha aumentado la precariedad laboral, tras la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular, este mismo Gobierno inicia una política de recortes en materia de políticas activas de empleo que se ha mantenido a lo largo de los últimos cinco presupuestos, lo que ha supuesto más de 13 000 millones de euros de recortes. Además estos recortes de fondos estatales tampoco han sido homogéneos en el conjunto del Estado, ya que ha habido comunidades autónomas que han salido mucho peor paradas que otras. Esta es la forma de entender la solidaridad interregional por parte del Gobierno del Partido Popular, y por eso quiero señalar que no estoy de acuerdo con la exposición de motivos de esta proposición no de ley que trae el Grupo Ciudadanos, porque no es que hayan fracasado las políticas activas de empleo, sino que prácticamente durante estos años se han eliminado las mismas. Son dos cosas bien diferentes. Solo en 2012 los recortes del Partido Popular provocaron el despido de más de 3 000 orientadores de los servicios públicos de empleo, y en muchas comunidades autónomas se tuvo que despedir también a los agentes locales de promoción de empleo.
Mi grupo ha presentado durante estos años varias enmiendas a los presupuestos y varias iniciativas para intentar solucionar esta situación. Estas políticas necesitan una adecuada financiación que no han tenido a lo largo de estos años, y por eso -insisto- hemos presentado enmiendas y a esta proposición no de ley también hemos presentado una enmienda para que se contemple, vía presupuesto, la adecuada financiación de estas políticas. Consideramos que el deber del Estado es fortalecer el Servicio Público de Empleo con calidad y equidad. El Grupo Socialista está radicalmente en contra de que se siga insistiendo en la vía de la privatización. No a estos cheques de formación. No queremos ni vamos a permitir que con nuestro apoyo se favorezca el negocio privado ni el montaje de chiringuitos de formación. El deber del Estado es ofrecer una formación planificada y adecuada a las demandas del mercado y al modelo productivo que queramos potenciar, y por eso hemos presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley, y el propio Grupo Ciudadanos acaba de autoenmendarse en su exposición, y en caso de que no se admitan, como he dicho anteriormente, mi grupo no va apoyar la imposición de los cheques de formación y que se privatice la formación en nuestro país.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Muchas gracias, doña Elvira.
Podemos compartir el diagnóstico de fondo que ha hecho el señor Del Campo sobre el fracaso de las políticas activas de empleo, pero discrepamos de manera muy sólida de sus propuestas, sobre todo de dos de ellas. Ciudadanos insiste en una idea equivocada al situar el problema de las políticas activas de empleo no en la necesidad de que las mismas se personalicen, sino en reforzar su pretendido igualitarismo. Quizá sería bueno recordar qué sucedía en España antes de los traspasos de competencias de las políticas activas, en los años noventa, o lo que ha sucedido después. En un caso y en otro se ha mantenido la pretensión de aplicar los mismos programas en toda España, con independencia de las realidades económicas y sociales que existen en los distintos territorios, y el garante de las políticas activas de empleo no es que hoy el SEPE defina programas homogéneos para todos, sino que facilitemos a los competentes en la materia, que son las comunidades autónomas, los recursos que permitan adaptar las políticas activas de empleo a las necesidades concretas de los territorios en los que operan tales comunidades. Es más, debemos dar más libertad a las comunidades autónomas para aplicar estas políticas, permitiendo la innovación y la colaboración con la iniciativa social del tercer sector y con los municipios. Estamos pues en contra de la idea de reforzar esa cartera básica, ya que eso no va a ayudar a los desempleados a encontrar empleo, sino que simplemente va a reforzar la burocracia estatal del SEPE.
Ciudadanos también insiste en la idea del cheque formación para los desempleados de larga duración. Nos parece un planteamiento equivocado. El cheque formación quizá podría servir para la formación de los trabajadores ocupados, que para mejorar su carrera profesional puedan optar por una actividad formativa, pero no se puede pretender que una persona desempleada de larga duración pueda elegir la formación que le resulte más útil, señor Del Campo, porque la asimetría de información que tiene el desempleado va a hacer muy difícil que acierte en la formación que puede necesitar. Los países que usted nos pone como ejemplo, los escandinavos -que me parecen ejemplares en esta materia-, lo que han hecho ha sido reforzar los servicios públicos de empleo para ofrecer a ese desempleado de larga duración una atención individualizada que le permita incorporarse al mercado de trabajo. Por tanto el cheque formación para los desempleados de larga duración nos parece una mala solución, porque no va a resolver los problemas de fondo.
Finalmente, en su texto y en su intervención ha obviado una demanda de las comunidades autónomas: retornar a las inversiones en estas materias de 2011, porque hoy invertimos menos en políticas activas de empleo que lo que invertíamos antes de la crisis, y no tiene sentido. El Estado español tiene ahí una enorme debilidad. Además volvemos a invertir en esta materia en política de bonificaciones, política que se ha demostrado que es la menos eficaz. A través del complemento salarial nos ofrecen todavía más gasto en el pago de contratos que en políticas que vayan a resolver los cuellos de botella que tenemos en materia de formación, de orientación y de reciclaje profesional. Ahí están los retos, por lo que en esta ocasión no podemos apoyar su iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Barandiaran.
A excepción de uno de los últimos párrafos, relativo a que formular en el ámbito de las políticas activas de empleo propuestas de itinerarios formativos y laborales individualizados es el eje en el que se tienen que conducir las posibilidades de entroncar la empleabilidad de los parados de larga duración; fuera de ese elemento, coincido con la exposición que acaba de hacer el señor Campuzano, en el sentido de que la propuesta rezuma elementos no solo centralizadores, sino también uniformizadores que nos preocupan. Nos preocupan porque nos encontramos en una situación en la que, al menos desde el año 2010 en el País Vasco, se supone que están transferidas las políticas activas de empleo, y sin embargo esta proposición señala la necesidad de dotar de carteras comunes de servicios y de cheques de formación, de una manera que no aceptamos, e incluso que se fiscalice a las agencias territoriales en su actuación, por si de alguna manera -luego las ha nombrado como instituto- pudieran intervenir. No estamos de acuerdo con estas medidas, pues la necesidad de obtener determinados resultados en el ámbito de la empleabilidad pasa por el conocimiento de la realidad del mercado, y hoy por hoy la realidad del mercado es diversa y además está teniendo experiencias y resultados diferentes según el campo y el agente que
esté interviniendo. Esta proposición va en dirección contraria a la que hasta ahora ha venido siendo exitosa en algunos sitios y no aporta nada, sino todo lo contrario, resta.
Hay campos en los que es posible que el elemento de centralización suponga un aporte de coordinación o de información, pero no en el ámbito de la empleabilidad, donde el conocimiento inmediato del mercado de trabajo y las necesidades formativas de las personas que se encuentran en ese entorno forman parte de las necesidades básicas de los agencias públicas de colocación. Por tanto no podemos aceptar esta proposición no de ley del Grupo Ciudadanos.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Montero tiene la palabra.
El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, presidenta.
Como no podía ser de otra manera, vamos a votar en contra de esta proposición no de ley. Hay elementos con los que podemos estar más o menos de acuerdo. Es necesario mejorar la cartera de servicios, pero no homogeneizándola, porque hay que ser conscientes de las distintas realidades territoriales y económicas de las comunidades que tienen transferidas las competencias. Por tanto, la cartera debe ser ajustada tanto a los perfiles de los desempleados como al perfil del tipo de demanda de empleo que se debe realizar en el territorio. No estamos en contra de una agencia de evaluación de políticas activas de empleo, o como la quieran llamar -esa cosa del talento todavía no la termino de entender; ya me la explicarán algún día-, ni estamos en contra de un perfil estadístico que nos permita conocer mejor cuál es el problema de los desempleados o de las competencias y capacidades de esos desempleados, pero estamos en profundo desacuerdo con tres elementos esenciales. En primer lugar, con que condicionen la financiación a los resultados. La financiación debe estar condicionada, evidentemente, al fin del problema. En segundo lugar, se quedan solo en una parte del diagnóstico de la Unión Europea cuando habla de nuestras políticas activas de empleo, cuya eficacia y eficiencia cuestiona, así como el monto que se dedica a ellas. Es decir, ustedes creen que el problema del desempleo se resuelve con políticas activas de empleo, que con la asignación presupuestaria actual sería suficiente, y es un error.
Sobre todo, hay un elemento sustantivo en sus propuestas que marca ideológicamente el tono de las mismas, y es el cheque de formación, al que ya han hecho referencia. ¿Por qué? Porque ustedes creen que el problema del desempleo es un problema individual, un problema a la hora de elegir los itinerarios formativos antes de incorporarse al mercado de trabajo, y un problema de reubicación de esos itinerarios formativos una vez que se produce la situación de desempleo. Y el problema del desempleo en una sociedad como la nuestra es un problema de naturaleza social y un problema de la propia naturaleza de la estructura económica, que ni siquiera en los máximos momentos de auge de la burbuja inmobiliaria fue capaz de reducir la tasa de desempleo por debajo del 8 %, que ha sido una de las tasas de desempleo más bajas.
No es una cuestión de la empleabilidad o no de los trabajadores desempleados, sino que es un problema de la economía española, que es manifiestamente subdesarrollada en la provisión de determinados tipos de trabajo en comparación con otras economías más desarrolladas, como los servicios de atención a las personas, los servicios de naturaleza social, que impiden una reducción del desempleo por debajo del que tienen otras economías europeas. De manera que ese cheque de formación, en donde ustedes camuflan una salida individual a un problema social, lo que hace es impedir que se pueda afrontar el problema del desempleo con los instrumentos y los recursos que son necesarios. Básicamente por eso vamos a votar en contra de la misma.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Gracias, señor Montero.
Ahora tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Candón.
El señor CANDÓN ADÁN: Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta.
En la primera de las cuestiones planteadas por el Grupo Ciudadanos hay que destacar que este organismo, en colaboración con las comunidades autónomas, está trabajando en el desarrollo del Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Empleo. En lo relativo al desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, la Secretaría de
Estado, con fecha de 5 de julio de 2017, publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 649/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 1 de septiembre.
El desarrollo reglamentario regula iniciativas y programas de formación profesional para el empleo, los requisitos, su destinatario y muchísimas más cuestiones, que vienen recogidas en esa regulación. Además, incorpora el desarrollo del nuevo sistema integrado de formación que permite disponer de una información completa, actualizada y verificable de las actividades formativas desarrolladas en el territorio nacional y que desemboca en la cuenta de formación regulada en la Ley de Empleo. Con su aprobación también se busca continuar impulsando y desarrollando las mejoras de la empleabilidad, desarrollo profesional y personal de los trabajadores y responder a las necesidades del sistema productivo y a la competitividad empresarial. Respecto al cheque de formación, se establecen los requisitos y condiciones para el disfrute del trabajador desempleado del mismo, así como que las comunidades autónomas podrán ponerlo en marcha en el ámbito de actuación de sus competencias, dando cuenta a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Y así, la ministra anunció aquí, en el Congreso, que el Estado había cumplido con su compromiso y que correspondía a las comunidades autónomas poner en marcha el cheque de formación, si así lo deseaban.
Respecto al punto 3, sabemos que una agencia no puede ser, porque no nos lo permite nuestro marco legal, pero sí es verdad que lo que viene recogido en el acuerdo con Ciudadanos es el instituto al que se ha referido su portavoz. Dado que el empleo es un objetivo prioritario del Gobierno, se va a continuar trabajando en el marco del diálogo social, del debate político, junto con las comunidades autónomas, para que estas medidas sean una realidad, así como para que se puedan poner en marcha a la mayor brevedad tantas nuevas medidas como sean necesarias para lograr ese objetivo. Estamos cumpliendo ese objetivo, se está trabajando en él, en la disminución del desempleo, en la calidad en la formación. Me parece sorprendente que el Partido Socialista nos dé lecciones sobre el empleo. La Comunidad Autónoma de Andalucía ha devuelto al Estado la partida presupuestaria para políticas activas de empleo -o sea, que no vengan ustedes a hablar de empleo-, ha tenido que devolver el dinero, con lo cual no se ha gastado un duro ni ha aplicado ninguna de las políticas activas de empleo.
Parece que ya no tenemos memoria, parece ser el Partido Socialista ya no se acuerda de dónde viene esa herencia. La X Legislatura la iniciamos con más de cuatro millones de parados en España. Estamos trabajando y encauzando la situación y, le guste o no le guste al Partido Socialista, estamos mejorando día a día. Lo vimos en la comparecencia de la ministra el otro día aquí con el tema del Plan Prepara, que, por cierto, ya se ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para que se prorrogue. Así que, no tiñan la realidad de otro color porque la realidad es la que es y el objetivo para 2020 de veinte millones de empleos lo vamos a conseguir. Se está trabajando y al final lo que hacemos es tener calidad en el empleo y que todo el mundo tenga un empleo digno y de calidad.
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): ¿El grupo proponente acepta las enmiendas presentadas?
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: No.
- RELATIVA AL IMPULSO DE MEDIDAS PARA INCREMENTAR LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA ACCEDER A PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001930).
La señora VICEPRESIDENTA (González Bayo): Pasamos a la última proposición no de ley, relativa al impulso de medidas para incrementar las habilidades necesarias para acceder a puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.
Todos somos partícipes de la trepidante transformación digital que está viviendo la sociedad del siglo XXI y que, en el caso del empleo, cursa con una formidable metamorfosis tecnológica que obliga a adaptarse a los cambios y a implicarse en el desarrollo de los nuevos y mejores puestos de trabajo que se van a crear. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Hace seis meses que la Comisión Europea publicó el Índice de Economía y Sociedad Digital, DESI 2017, que evalúa periódicamente el proceso de digitalización de Europa y el avance específico de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Este importante indicador oficial pone de manifiesto algo que cabe celebrar, y es que España ha avanzado
en conectividad, uso de Internet, integración de la tecnología digital en las empresas y también en servicios públicos digitales. De hecho, en el índice global hemos ascendido del puesto dieciséis al catorce.
Sin embargo -y de ahí la justificación para traer la proposición no de ley a esta Comisión de Empleo y Seguridad Social-, el DESI 2017 refleja que tenemos dificultades en lo relativo al capital humano, porque -atención- las habilidades tecnológicas de los españoles se sitúan por debajo de la media europea, lo cual nos exige y nos obliga a proporcionar impulsos, medios y recursos para que los españoles -sobre todo los jóvenes- tengan mejor acceso al empleo y puedan aprovechar las oportunidades laborales que ya se han abierto en el ámbito nacional y comunitario. Se calcula que en los próximos tres años habrá en el ámbito de la Unión Europea un total de 900 000 nuevos empleos relacionados con las nuevas tecnologías, la robótica y la inteligencia artificial. Si hablamos de América Latina, la demanda de empleo digital estimada para los próximos años es de 3 millones de empleos, pero, sin salirnos de Europa, otro dato que cabe reseñar en la defensa de esta iniciativa es que en el año 2020 -horizonte de esta legislatura- hay un acusado déficit de expertos en tecnología en toda Europa, y naturalmente en España no somos excepción. Hablamos en nuestro país de una demanda de más de 135 000 puestos de trabajo.
La proposición no de ley contiene seis puntos que resumidamente son una llamada al estímulo para que el Gobierno amplíe su esfuerzo y sus apoyos para que los españoles tengamos oportunidades de formación que deriven en el acceso a puestos de trabajo o a mejoras profesionales, porque si tenemos en cuenta el DESI 2017 -el indicador oficial de la Unión Europea-, vemos que hay margen para la mejora, máxime si añadimos que las encuestas elaboradas al hilo del Foro Económico Mundial de Davos, también reflejaron una gran inquietud de los españoles por sus propias carencias y limitaciones en habilidades digitales. Estamos nada menos que un 36 % por encima de la media europea en la preocupación por no alcanzar una formación adecuada para trabajar o progresar en el puesto de trabajo. Quiero subrayar, asimismo, que en el mercado laboral que se abre y crece como consecuencia de las nuevas tecnologías o de la creación y aumento de las empresas tecnológicas, hay una tendencia muy creciente para captar trabajadores no en función de sus títulos sino en función de sus capacidades para resolver problemas, y hacerlo además en buenos tiempos de reacción.
Finalmente, quiero señalar que en España hay ya buenas iniciativas privadas que tienen participación del sector público y que en los últimos tres años han colaborado en la empleabilidad de miles de jóvenes, y en las que participan también muchas universidades. No quisiera dejar de mencionar, por ejemplo, la labor de la Fundación Telefónica o la de Google España, con su plataforma Actívate. Su labor acredita con datos que el camino es bueno y, por tanto, hay que reforzar los apoyos para que este reto público-privado siga avanzando y podamos corregir el dato del DESI, que sitúa a los españoles por debajo de la media europea en habilidades tecnológicas. En definitiva, señor presidente, solicito a esta Comisión de Empleo y Seguridad Social su respaldo para aprobar esta proposición no de ley.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que ha presentado enmienda, y por un tiempo no superior a cinco minutos, tiene la palabra al señor Ramírez Freire.
El concepto de destrucción creativa no es de ahora. Este concepto lo planteó el sociólogo alemán Werner Sombart y después fue popularizado por la escuela austriaca, en persona del economista Schumpeter. Dicho concepto conlleva que toda creación e innovación genera destrucción de puestos de trabajo, pero es verdad que la suma total es positiva. Es decir, hay mayor creación de puestos de trabajo que destrucción de empleo.
En la actualidad podemos hablar de estar sufriendo una tercera o cuarta revolución industrial, y creo que la propuesta que plantea hoy el señor Martínez Oblanca, de Foro Asturias, es muy pertinente. Es cierto que tenemos un problema de formación claro a nivel de agenda digital en este país, y en este sentido uno de los indicadores del DESI deja muy claro que tenemos una carencia formativa en el conjunto de la sociedad en cuanto a tecnologías. Además, todos los foros hablan de que la creación de puestos de trabajo en este sector va a superar los 2 millones en Europa, alertando asimismo de que la carencia de puestos de trabajo para trabajadores con formación reglada o no reglada supondrá que cerca del 50 % de los mismos puedan quedarse sin ocupar y que tengamos que traer personas de otros países para ocuparlos, lo cual es una pena teniendo en cuenta los actuales altos índices de desempleo de las sociedades europeas, especialmente de la nuestra. El otro día conocíamos datos que decían que el 35 %
de la gente joven -personas de hasta treinta y cinco años- no tiene ni la FP1 ni la ESO. Esto, en un país con una tasa de desempleo juvenil que supera el 40 %, es un drama y los partidos políticos tenemos que aportar alternativas para que no ocurra. En este sentido, no podemos más que aplaudir la propuesta de Foro Asturias.
El DESI deja claro que el capital humano es una carencia a nivel del indicador, así como que tenemos que mejorar las competencias en formación, sobre todo tecnológica. Cualquiera de nosotros nos habremos reunido con colectivos o con empresas que nos reclaman que hagamos un esfuerzo en cuanto a la formación reglada y no reglada para cubrir los puestos de trabajo en el sector tecnológico que actualmente quedan vacantes, por ejemplo, respecto a algo tan sencillo como es la ciberseguridad, lo cual es una pena, porque además contamos con las mejores escuelas y facultades de Informática del mundo. El problema es que la tecnología avanza a una velocidad y por desgracia la formación reglada lo hace a una velocidad mucho más lenta.
Nuestro modelo productivo se basa en tres elementos claros: formación, formación y formación. Nos han criticado la propuesta del cheque formativo, diciendo que a un parado de larga duración no se le puede dar un cheque formativo, porque no tiene claro en qué puede invertirlo. Nosotros creemos que tenemos que tener orientadores, que tenemos que hacer un perfilado claro. En este sentido, cuando las propuestas de Ciudadanos se sacan fuera de contexto quedan sin validez, pero si observamos la propuesta en su conjunto vemos claramente que nosotros pretendemos hacer un perfilado claro de los ciudadanos, especialmente de los parados de larga duración, mediante orientadores que dejen clara cuál es la situación del sector y por dónde van las oportunidades de trabajo actuales, de modo que el cheque formativo cobra sentido.
Votaremos a favor de la iniciativa, aunque no acepten nuestra enmienda. Me comunicaba el portavoz de Foro Asturias, señor Martínez Oblanca, que quiere alcanzar una transaccional con las enmiendas del Grupo Socialista, que en nuestra opinión también mejoran el texto inicial, texto que ya de por sí íbamos a apoyar, puesto que, como decía, creemos que aborda una de las asignaturas pendientes de la sociedad española. Tenemos carencias en cuanto a formación tecnológica, sobre todo en algunos sectores de la población, y lo que tenemos que hacer los poderes públicos es poner todos los medios a nuestro alcance para que esto no ocurra. Tenemos que tener a los ciudadanos mejor formados para que el próximo año 2018 podamos seguir subiendo posiciones en el DESI. Siendo la cuarta economía europea -la tercera con la salida del Reino Unido-, tenemos que tener indicadores que reflejen el nivel económico y social del conjunto de la sociedad española.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, que también ha presentado enmiendas, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
En primer lugar, nosotros queremos felicitar a Foro, del Grupo Mixto, por la iniciativa que ha traído a esta Cámara, y teníamos la intención de apoyarla con nuestras enmiendas porque creemos que la completan y mejoran. No obstante, tengo que dejar claro que no podremos apoyarla si el autor decide aceptar la enmienda del Grupo Ciudadanos, por la sencilla razón de que para nosotros el tema de los cheques en formación constituye una línea roja respecto a nuestras políticas.
Por otra parte, damos la bienvenida a la propuesta inicial que presenta Foro porque Internet y las nuevas tecnologías están revolucionando el mundo de las empresas y, por extensión, el de los profesionales y trabajadores. Los expertos aseguran que para adaptar las empresas a las necesidades de la era digital es necesario contar con trabajadores competentes en temas relacionados con la economía digital, ya que esta tarea no es exclusiva de los consejeros delegados de la alta dirección, sino que también implica a responsables tecnológicos de áreas de negocio, así como a todos los trabajadores en general y a las microempresas, a las cuales no les quedará más remedio que adaptarse a los cambios tecnológicos o desaparecer. Para abrirse camino o simplemente permanecer en este mercado global, empresarial y laboralmente no queda más remedio que reciclarse respecto a lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Esta es una transformación que por otra parte no tiene precedente, que se está produciendo a velocidad de vértigo y en la que se echa en falta una acción decidida del Gobierno mediante las correspondientes políticas públicas. Hablar de Internet, robotización, inteligencia artificial o big data enciende ciertas alarmas en la sociedad por el miedo a la destrucción de empleo que puede suponer y,
según algunos estudios, un 51 % de los españoles no se consideran suficientemente cualificados digitalmente. Sin embargo, desde el Grupo Socialista consideramos que la revolución tecnológica no tiene por qué causar grandes estragos en el empleo si el Gobierno activa las políticas y medidas necesarias que cualifiquen a las empresas y a los trabajadores para afrontar con éxito los cambios necesarios en la gran mayoría de las ocupaciones, la redefinición de los puestos de trabajo, de los procesos de negocio y para adquirir nuevas habilidades. En este sentido la Unión Europea y la OCDE vienen alertando a los Estados, especialmente a España; así lo ha hecho la Comisión en su último informe anual sobre economía y sociedad digital en el mes de mayo, en el que se señala la necesidad de actualizar las competencias digitales de todos los trabajadores profesionales y directivos.
Señorías, nuestras pymes y nuestro mercado laboral se han visto especialmente maltratados con la crisis económica. En compensación, nos parece justo que el Estado y todas las administraciones vuelquen sus esfuerzos para que esta cuarta revolución industrial sea una oportunidad para las pymes y el empleo de calidad para todos. Las nuevas profesiones de Internet crean cada año 100 000 nuevos empleos. Por otro lado, en los últimos años hemos visto el nacimiento de nuevos modelos de empresa. En nuestro país se prevé que en 2020 se necesitarán más de 1 900 000 trabajadores y profesionales cualificados digitalmente. Existen muchos campos que cubrir, lo que debe suponer grandes oportunidades de empleo de calidad que no podemos desaprovechar. Por ello España necesita un Gobierno que se vuelque en políticas públicas que aceleren y acrecienten la cualificación digital de nuestro capital humano que, según la Comisión Europea, está por debajo de la media europea.
Es urgente que el Gobierno implemente mediante planes de formación intensivos y específicos las capacidades y los perfiles STEM de su capital humano, es necesario adecuar nuestro sistema educativo y de formación reglada con los conocimientos que requiere la revolución tecnológica. Además es también prioritario impulsar políticas activas dirigidas a empresas y trabajadores a fin de concienciar de la necesidad de actualizar y acrecentar los conocimientos tecnológicos de las sociedades. Entendemos que la economía digital es una oportunidad para sacar a nuestra sociedad del horror que representa tener a la generación de jóvenes más formados de la historia con un desempleo del 40 %, una brecha laboral entre hombres y mujeres inaceptable y a un gran número de personas de entre cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años con gran cualificación en paro de larga duración. Por eso desde nuestro grupo entendemos que se deben activar todas las políticas públicas necesarias para no perder esta cuarta revolución digital.
Por el resto de grupos que no han presentado enmiendas. ¿Señor Barandiaran? (Denegación). ¿Esquerra? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Marcello.
El señor MARCELLO SANTOS: Gracias, presidente.
Nuestro grupo, al igual que el proponente de esta proposición no de ley, compartimos la necesidad de incrementar las habilidades necesarias para acceder a los puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías. Como ya se ha dicho aquí, la Comisión Europea el pasado mes de marzo publicó el índice de la economía y la sociedad digital. En este informe se estudian cinco indicadores: la conectividad, el capital humano, el uso de Internet, la integración de las tecnologías en las empresas y los servicios públicos digitales. Según dicho informe nuestro país avanzó en todos estos indicadores menos en uno, casualmente en el capital humano. Por lo tanto, valoramos positivamente esta proposición no de ley encaminada a fomentar la formación, el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías; creemos necesario enfocarlo hacia las personas mayores de cuarenta y cinco años y parados de larga duración y que se tenga en cuenta sobre todo la perspectiva de género en esta aplicación.
Para concluir, valoramos positivamente las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y esperamos que sean tenidas en cuenta para poder votar a favor de esta proposición no de ley.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alberto.
Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición en relación con la proposición no de ley del Grupo Mixto sobre las medidas para incrementar las habilidades necesarias para acceder a puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías, presentada por el señor Martínez, de Foro Asturias. Tal y como se establece en la exposición de motivos de la proposición no de ley, los resultados del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, DESI 2017, publicados por la Comisión Europea, concluyen que las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de España en estos últimos años han colocado a nuestro país por encima de la media de la Unión Europea en desarrollo digital, pasando de estar en el puesto 16.º a ocupar el 14.º de los veintiocho Estados miembros de la Unión, situados por delante de países como Francia e Italia. También es cierto que a pesar de haber obtenido mejores resultados de manera general en cuatro de las cinco dimensiones que se miden en este informe, no ha ocurrido lo mismo en lo relativo al capital humano, ámbito con un menor nivel de crecimiento en las competencias digitales que obstaculiza el desarrollo de esta dimensión. Si atendemos al contenido de este informe, nos parece oportuna y procedente la petición contenida en la proposición no de ley, mediante la cual se solicita al Gobierno que adopte una serie de medidas relacionadas con la formación en economía digital y la adaptación de las habilidades tecnológicas necesarias para poder acceder a puestos de trabajo que exigen cada vez más la digitalización y la tecnología digital.
En el Grupo Parlamentario Popular compartimos la necesidad de avanzar en incrementar la digitalización en España y destacar el importante papel que la formación profesional para el empleo desempeña en este impulso. El Gobierno ha venido realizando actuaciones tendentes a incrementar la capacitación digital, ejemplo de ello es el catálogo de especialidades formativas, que contiene 23 relacionadas con la economía digital vinculadas a certificados de profesionalidad, 52 de fabricantes de tecnologías de la información y las comunicaciones no vinculadas a certificados de profesionalidad o 112 especialidades formativas del fichero de especialidades para trabajadores ocupados. En el contexto de la formación profesional para el empleo ha sido especialmente relevante el impulso a la teleformación. En la actualidad son susceptibles de impartirse 51 certificados de profesionalidad en la modalidad online a través de los 622 centros acreditados por el organismo a estos efectos. Por otra parte, desde el Gobierno se ha impulsado en las convocatorias de formación de ámbito estatal todo un bloque específico de formación en TIC. En concreto, en la convocatoria de 2015 hay que destacar el programa específico de ámbito estatal de mejora de la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de treinta años dirigido a la adquisición de competencias tecnológicas o en la convocatoria estatal de formación para trabajadores ocupados de 2016 las acciones relacionadas con la economía digital.
En definitiva, señorías, repito que en el Grupo Parlamentario Popular consideramos acertada esta proposición no de ley y nos pronunciaremos en su momento. (Aplausos).
Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente para manifestarse sobre las enmiendas que se le han presentado.
Permítame agradecer las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y su esfuerzo a lo largo de la mañana por tratar de propiciar la incorporación de los dos puntos de su enmienda de adición. No obstante, voy a aceptar solamente la del Grupo Ciudadanos, cuyo texto es incompatible con las enmiendas del Grupo Socialista. Por lo tanto, solamente someteremos a votación la enmienda de adición de Ciudadanos.
Si nos dan un par de minutos, ordenamos la votación y pasamos directamente a votar. (Pausa).
Vamos a mantener el orden inicial e iré leyendo las distintas proposiciones no de ley para que después vayan ustedes emitiendo el sentido de sus votos. En primer lugar, votamos la proposición no de ley sobre medidas para evitar la explotación laboral mediante el control de la jornada de trabajo y el control del fraude en la contratación a tiempo parcial, del Grupo Parlamentario Socialista, que se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 16; abstenciones, 3.
En segundo lugar, votamos la proposición no de ley relativa a la implantación del Plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2017-2020, del Grupo Parlamentario Popular, que se somete a votación con la incorporación de la enmienda número 1 del Grupo Socialista.
En tercer lugar, votamos la proposición no de ley sobre la reforma de las políticas activas de empleo, con el texto que ha sido defendido y con una corrección que se ha producido in voce y que lee a continuación el letrado.
El señor LETRADO: En el texto finalmente defendido por el Grupo Ciudadanos se modifica la frase inicial del apartado tres de su propia enmienda, que pasa a decir: "constituya un instituto estatal para el talento en el empleo".
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Se somete a votación en esos términos.
En cuarto lugar, votamos la proposición no de ley relativa a la jubilación anticipada de los servicios de emergencias sanitarias, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en los términos en que ha sido defendida y con la incorporación de la enmienda número 2 del Grupo Socialista.
En último lugar, votamos la proposición no de ley relativa al impulso de medidas para incrementar las habilidades necesarias para acceder a puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, con la incorporación de la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.