Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/66485293
Timestamp: 2020-07-13 18:22:21
Document Index: 166394505

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 108', 'artículo 250', 'artículo 250', 'Artículo 106', 'artículo 6', 'artículo 103', 'artículo 108', 'artículo 1', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 103', 'artículo 250']

Sentencia de Constitucionalidad nº 409/09 de Corte Constitucional, 17 de Junio de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 66485293
Fecha de Resolución: 17 de Junio de 2009
Sentencia citada en: 43 sentencias, 11 artículos doctrinales, una disposición normativa, 4 noticias
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 40-6 de la Constitución Política, el ciudadano M.A.E.Q. solicita ante esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad del artículo 108 (parcial) de la Ley 906 de 2004.
El señor J.D.R.B., en su condición de miembro designado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, interviene dentro del proceso de la referencia con el objeto de que la Corte declare constitucional la disposición demandada.
El señor F.G.M., en su calidad de Director de Ordenamiento Jurídico del Ministerio del Interior y de Justicia, interviene dentro del presente proceso con el objeto de que la disposición demandada sea declarada exequible.
3. Intervención del F. General de la Nación
El F. General de la Nación, D.M.I.A., presenta escrito solicitando sentencia inhibitoria, por cuanto no se reúnen los requisitos exigidos por el ordenamiento y en desarrollo suyo por la jurisprudencia de esta Corte.
Dice el F. que la demanda carece de los requisitos de certeza y pertinencia, porque el actor parte de un equivocado entendimiento de la norma que demanda, al considerar que es facultativa la presencia de la compañía aseguradora cuando es citada por el juez de la causa. Contrario a dicho entendimiento, lo que se desprende con nitidez del art. 108 CPP es que la comparencia de aquél es obligatoria, cuando así lo dispone el funcionario judicial para la audiencia de conciliación en el incidente de reparación integral y su inasistencia acarrearía el incumplimiento del deber contemplado en el art. 140, numeral 6º CPP, con las consecuencias desfavorables del caso. Por ello, la interpretación del actor haría la disposición inane. “Es más –dice el F. General-, el sentido que le otorga el demandante a la norma acusada no solo desconoce su contenido sino la finalidad principal que la misma contiene, esto es, facultar la intervención procesal del asegurador en la diligencia conciliatoria, por iniciativa de la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable, como un mecanismo que haga viable la reparación integral del afectado con el delito, superando la discusión que en este punto se había generado bajo el procedimiento de la ley 600 de 2000” (folios 118 y 119).
Igualmente, el sentido que se da a la norma demandada por parte del actor, dice el F., es inexplicablemente restrictiva, pues limita al tercero civilmente responsable la facultad de citar el asegurador, cuando es claro que dicha convocatoria puede provenir también por solicitud de la víctima, el condenado o su defensor.
En fin, estima el Señor F. que no es pertinente la demanda pues la interpretación de la norma acusada la funda el actor en la aplicación que un Tribunal de distrito hizo en dos casos particulares de ella, al negar el llamamiento en garantía a la aseguradora, hecho por el tercero civilmente responsable durante el trámite del incidente de reparación. Y en el entendido de que el juicio de constitucionalidad no puede versar sobre desarrollos específicos, ni referirse a la ejecución práctica de la norma o a los abusos que puedan cometer en su aplicación los operadores jurídicos, confirma su petición de pronunciamiento inhibitorio por ineptitud de la demanda (folio 119).
El señor A.M.A., en su calidad de Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Popular del Cesar, solicita declarar la constitucionalidad condicionada de la norma que se demanda.
Mediante el concepto No. 4702, presentado a la Corte Constitucional el seis (6) de febrero de 2009, el Dr. A.O.M., Procurador General de la Nación, solicita a la Corte se inhiba de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la expresión demandada, por ineptitud sustancial de la demanda.
Dice entonces el Ministerio Público que la demanda objeto de análisis, a pesar de los esfuerzos del actor, argumenta la inconstitucionalidad de la expresión acusada en la interpretación acogida por el Tribunal superior de Medellín, S. Penal y que consistió en no admitir el llamamiento en garantía de la aseguradora durante el incidente de reparación integral, bajo el supuesto de que no hay impedimentos para que la víctima o el tercero civilmente responsable acuda a la jurisdicción civil para lograr la indemnización reclamada (folio 133-134)
El actor formula demanda de inconstitucionalidad contra la expresión ya señalada del art. 108 CPP, como quiera que en ella se concede a la aseguradora convocada en el incidente de reparación integral, la prerrogativa de que su citación opere únicamente para los efectos de la conciliación de que trata el art. 103 CPP, a más de la facultad de asistir o no a la misma, regulación que en opinión del demandante, trae como consecuencia la vulneración del derecho de reparación integral de la víctima, así como del debido proceso y del derecho de igualdad del tercero civilmente responsable.
El representante legal de la Universidad Popular del Cesar reclama por su parte una declaración de constitucionalidad condicionada de la expresión que se acusa, en el sentido de que la Corte establezca como única interpretación posible que la citación de la aseguradora proceda desde el inicio del incidente y no esté ella facultada sino obligada a asistir al mismo, previa la debida citación. Por su parte, el F. General de la Nación, el Procurador General de la Nación y el representante del Ministerio del Interior y de Justicia, estiman que la demanda no reúne las características mínimas exigidas por el Decreto 2067 de 1991, art. 2º, num 2º y desarrolladas por la jurisprudencia de esta Corporación, motivo por el cual reclaman una sentencia inhibitoria.
Para atender las peticiones anteriores, la S. debe resolver previamente si se presenta el problema reclamado de ineptitud sustantiva de la demanda (2.1.), asunto que una vez resuelto, si hay lugar, exigirá delimitar los problemas jurídicos sustanciales por absolver (3.) y los análisis que éstos ameritan (4.).
Tal como se acaba de reiterar, en el concepto del Ministerio Público y en las intervenciones del F. General de la Nación y del representante del Ministerio del Interior y de Justicia, se solicitó a la Corte que se inhibiera para dictar un fallo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Al respecto es importante mencionar, en primer lugar, que durante el trámite de admisión de la demanda, el Magistrado sustanciador original, el Dr. J.A.R., concluyó que el escrito presentado por el actor no contenía razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes que le permitieran a la Corte desarrollar el examen de constitucionalidad sobre la norma acusada. Por esa razón, en el auto del 30 de octubre de 2008 se inadmitió la demanda.
La Corte halla razón a los intervinientes mencionados, en cuanto a la ineptitud de los cargos expuestos por el actor relativos a la vulneración del principio de igualdad y del derecho al debido proceso.
Sin embargo, la Corte considera que el cargo acerca de la violación de los derechos de las víctimas sí es apto. Como bien lo ha expresado esta Corporación en distintas oportunidades, en la Constitución se le brinda una especial atención a los derechos de las víctimas. La norma acusada establece que las compañías aseguradoras solamente asistirán al proceso penal para lo referido a la conciliación contemplada en el art. 103, y siempre y cuando así lo soliciten la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable. Además, consagra que la aseguradora está facultada para decidir si asiste a la conciliación. De esta manera, de lo que se trata es de establecer si la norma constituye una barrera para que los jueces penales puedan cumplir con su función de “disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito”, tal como lo prescribe el numeral 6 del artículo 250 de la Constitución, y si ella también vulnera la obligación fijada a la ley en el numeral 7 del mismo artículo 250 de fijar “los mecanismos de justicia restaurativa.” Por eso, no obstante su redacción, ha de concluirse que el escrito de demanda sí es apropiado en este punto, pues con tales argumentos expone un cargo claro, preciso, específico y pertinente de inconstitucionalidad que la Corte debe resolver.
Por lo tanto, la Corte se pronunciará únicamente frente al cargo de violación del art. 250, numerales 6º y 7º de la Constitución, en lo relativo a la acusación acerca de la vulneración de los derechos de las víctimas de los delitos.
Determinada la aptitud de la demanda para el cargo arriba indicado, de conformidad con lo solicitado por el actor, corresponde a la Corte resolver el siguiente problema jurídico:
A fin de analizar dicho cargo, procederá la Corte a estudiar los siguientes puntos: En primer lugar, efectuará una lectura del contenido del precepto acusado, a fin de determinar su alcance y significado (apartado 3.1.) y en segundo, procederá a establecer los elementos de juicio que debe reunir para la solución del cargo en concreto (3.2.).
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Corporación, no le corresponde a la Corte Constitucional establecer el contenido normativo de las disposiciones de carácter legal, pues esta es función de los jueces ordinarios en el marco de sus competencias en la aplicación de las leyes. Sin embargo, en algunas ocasiones, como ocurre en este asunto, el problema jurídico planteado en la demanda obliga a desentrañar correctamente el entendimiento que debe dársele a la norma acusada, máxime si, como lo enunció el Ministerio Público y la propia F.ía , pareciera que el actor atacara una interpretación que de la misma puede darse.
Con este objeto, se revisan primero los antecedentes legislativos, a fin de establecer cuál ha sido el propósito específico del Legislador al ordenar lo que allí aparece dispuesto (3.1.1). Este análisis será seguido del estudio tanto de la remisión que el precepto hace al art. 103 CPP como de esta disposición en el contexto del incidente de reparación integral (3.1.2.). A continuación se establecerá el significado de los sujetos legitimados para solicitar la citación del asegurador y de la precisión sobre el “contrato de seguro válidamente celebrado” (3.1.3.). Posteriormente se estudiará la “facultad” que es reconocida al asegurador de participar en la conciliación durante el incidente en comento (3.1.4.), para así extraer algunas conclusiones parciales (3.1.5.). Y con base en éstas, se estudiará la integración normativa necesaria para el análisis de fondo del asunto (3.1.6.).
En los orígenes del proyecto de Código de Procedimiento Penal sometido al Congreso, la intervención del asegurador no estaba prevista. Esto se observa en el Informe de Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Ley 01 de 2003 Cámara, contenido en la Gaceta del Congreso No. 564, de 31 de octubre de 2003, así como en el Texto aprobado en Comisión, publicado en la Gaceta del Congreso 89 de 25 de marzo de 2004.
Artículo 106C. Llamamiento en garantía. La víctima, el condenado o su defensor podrán pedir durante el trámite del incidente el llamamiento en garantía del asegurador mediante la correspondiente citación. En este caso el llamamiento se realizará sobre la base de la existencia de un acuerdo por parte del llamado para asumir el pago conforme a su garantía, y con el único fin de que participe, con los mismos derechos del condenado, en la determinación del monto de la pretensión del incidentante”.
13. Pero el momento neurálgico del procedimiento legislativo en el que aparece el texto de la disposición objeto de revisión, es el debate de la Comisión del Senado, contenida en la Gaceta del Congreso No. 377 de 23 de julio de 2004. Es aquí cuando se propone eliminar la figura del llamamiento en garantía, bajo el entendido de que “ terminaría el juez penal resolviendo un asunto civil entre el responsable y su asegurador, entonces no es bueno llamarlo en garantía, si no simplemente citarlo para que intervenga en la audiencia de conciliación y ya por aparte el arreglará su tema de su seguro con la persona que aseguró” [1] .
Por ello, se incluye la “Proposición número 167”, aprobada por unanimidad, con la que se modifica e l artículo, ya para entonces numerado como 108 del Proyecto y cuyo texto es, punto a punto, el del actual art. 108 CPP. Esta proposición nuevamente se argumenta en el Informe de Ponencia para Segundo debate ante la plenaria del Senado, publicado en la Gaceta del Congreso No. 248 de 4 de junio de 2004, dando lugar a su aprobación, junto con la totalidad del articulado, en sesión plenaria de 9 de junio de 2004, Gaceta del Congreso No. 273 de 11 de junio de 2004.
15. La conclusión a la que se llega con base en el estudio de los antecedentes legislativos de la disposición, se refuerza con la interpretación gramatical sobre la voz con que se inicia el precepto y según la cuál, se podrá pedir la citación del asegurador “ Exclusivamente para los efectos de la conciliación de que trata el art. 103”.
Este adverbio masculino, “exclusivamente”, significa “con exclusión”, “sola, únicamente” [2] . Y si el adverbio se integra a todo el enunciado, es posible entender que con exclusión de cualquier otro acto procesal y sólo, únicamente para los efectos de conciliar , algunos sujetos legitimados pueden pedir la citación del asegurador de la responsabilidad civil al incidente de reparación integral.
Dicha exclusividad requerida por el art. 108 CPP, es predicable de la conciliación de la que se ocupa el art. 103 CPP[3]. Esto impone determinar cuál es el alcance de dicha remisión y por tanto, cuáles son los efectos únicos para los que se puede citar al asegurador.
En definitiva, lo que establece el art.108 CPP en su primera proposición, es que la citación de la aseguradora al incidente de reparación integral, tiene como finalidad única o exclusiva el convocarla para conciliar, opción ésta que puede ocurrir en alguna de las dos oportunidades previstas en el art. 103 CPP, siendo más común la segunda.
Ninguna duda ofrece la precisión del art. 108 CPP sobre los sujetos legitimados para solicitar la citación de la compañía aseguradora y que son tanto la víctima como el condenado, su defensor y el tercero civilmente responsable.
Para los efectos de sentar la interpretación con base en la cual se efectuará el control de constitucionalidad sobre la disposición por el cargo admitido, la Corte encuentra que dicha expresión supone para el solicitante (que puede ser la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable) una carga probatoria mínima de la existencia del contrato válidamente celebrado y con la cual, el juez pueda constatar que efectivamente el asegurador citado ha constituido una relación contractual que asegura la responsabilidad civil, con identificación de los elementos esenciales del contrato de seguro[6], y en los que se evidencia que el riesgo que cubre, al menos en principio, se identifica con el daño causado por el delito que se imputó en el proceso penal.
Aunque del estudio de los antecedentes legislativos del art. 108 CPP y de su análisis gramatical se ha podido desprender con claridad, que la participación del asegurador en el incidente de reparación integral es voluntaria, conviene verificar si tal conclusión resulta consistente con la interpretación sistemática del precepto dentro de la ordenación general del incidente que trae el CPP.
Este último aparte del parágrafo del art. 104 CPP fue demandado y su constitucionalidad quedó confirmada en la sentencia C-423 de 2006. En dicho asunto, de conformidad con las súplicas del actor, el Ministerio público y los intervinientes, fueron establecidos como problemas jurídicos por resolver, entre otros, los siguientes:
No pasa inadvertido que en la concreción del problema jurídico transcrito, la Corte planteó la cuestión sobre la posible vulneración que podría suponer la expresión del parágrafo del art. 104, infine, frente al derecho de defensa tanto del tercero civilmente responsable como del asegurador. Sin embargo, en el desarrollo de las consideraciones y argumentos de los que se sirvió el J. constitucional para declarar la exequibilidad de la norma, no se volvió a hacer referencia a este último.
Cabe preguntar entonces, si el alcance interpretativo que se dio a la proposición en comento, incluyó o no a la compañía aseguradora, pues la respuesta que se de a dicho interrogante resulta esencial para determinar el sentido que debe darse al art. 108 CPP infine cuando reconoce a aquella la “facultad” de participar en la conciliación.
Conforme lo anteriormente expuesto, puede afirmarse que el art. 108 CPP, establece que:
Establecido el sentido y alcance del art. 108 CPP, se evidencia que el cargo de inconstitucionalidad admitido se dirige en verdad contra dos enunciados del precepto acusado, uno de los cuales no ha sido señalado por el demandante. Es decir que, si bien es cierto el actor acusó una expresión normativa que puede originar un debate y poseer una relevancia constitucional en lo que tiene que ver con la protección de las víctimas en el sistema penal, también es cierto que los alcances del mismo, se completan con la última proposición normativa del art. 108 CPP.
Por esa razón, antes de continuar con el análisis de constitucionalidad correspondiente, la S. considera necesario estudiar en este momento, si es pertinente integrar la unidad normativa con apartes de la disposición estrechamente vinculados con el problema jurídico, pero que no han sido acusados de manera expresa por el demandante.
En múltiples oportunidades[11], esta Corporación ha señalado que la correcta interpretación de la facultad que le otorga el artículo 6º inciso 3º del Decreto 2067 de 1991[12], en el sentido de integrar la unidad normativa en la sentencia, corresponderá a situaciones excepcionales, restringidas y necesarias, pues debe diferenciarse con claridad el control de constitucionalidad oficioso y el que se adelanta por vía de acción pública, caso este último en el cual, en principio, la competencia del juez constitucional está circunscrita a las normas demandadas en debida forma por los ciudadanos.
Ahora bien, en lo referente a la primera condición, debe tenerse en cuenta que no siempre que se demandan fragmentos normativos, se enfrenta el juez constitucional ante una proposición jurídica incompleta. Pero al mismo tiempo, aunque una expresión resulte desde el punto de vista semántico y de la sintaxis clara y unívoca, puede ocurrir que tales condiciones no resulten predicables desde el razonamiento en Derecho. Por ello se precisaba en la sentencia C-544 de 2007, que cuando se acusan segmentos de una disposición, es indispensable tener en cuenta dos aspectos:
Y en efecto, cuando la demanda centra el cargo de inconstitucionalidad aquí recogido en el tratamiento con que se ordena la participación de la aseguradora en el incidente de reparación integral y en las consecuencias que dicha ordenación produce sobre los derechos de las víctimas, no se puede entender que sólo está formulando acusación contra el segmento destacado por el actor. Es decir, que la participación voluntaria de la aseguradora sólo para los efectos de la conciliación prevista en el incidente de reparación integral, proviene tanto de la expresión “Exclusivamente para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103”, como del predicamento final del art. 108 CPP que establece: “quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación”.
No ocurre lo mismo frente al segmento intermedio, conforme al cual “la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable podrán pedir la citación del asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado”. En este, aunque se regula otro elemento de la participación del asegurador en el incidente, el aspecto allí tratado hace referencia a las personas o sujetos procesales legitimados para solicitar la citación de aquél, asunto diferente, divisible o separable de los que conforman el problema jurídico propuesto.
Para efectos de claridad, se precisa entonces que por virtud de la integración de la unidad normativa señalada, según las razones aquí expuestas, se entienden como apartes demandados del art. 108 CPP, los siguientes que aparecen resaltados:
Reconocida la proposición jurídica completa y definido el contenido del artículo 108 CPP, conforme a su interpretación histórica, gramatical y sistemática, es procedente examinar, ahora sí, el cargo sustancial de inconstitucionalidad seleccionado.
Más allá de la punición del delito o la rehabilitación del condenado, uno de los principales aportes del constitucionalismo al sistema penal ha sido reforzar como bien jurídico por proteger, los derechos de la víctima, sujeto a quien el delito ha afectado lesivamente y a quien el Estado debe cuidar a través del establecimiento de las garantías sustanciales y formales que velen por su reparación integral. Tal vocación garantista se observa desde los pronunciamientos de la Corte sobre el procedimiento penal anterior[20], en los debates y discusiones constituyentes que sirvieron de base a la reforma constitucional plasmada en el Acto Legislativo No. 03 de 2002[21], en este mismo[22], y también en los trabajos de la Comisión encargada de presentar el proyecto de ley de desarrollo[23], así como en las interpretaciones que la Corte ha dado a la propia Ley 906 de 2004. De los datos anteriores se infiere que la salvaguarda de la víctima y su reparación integral, son objetivos esenciales del sistema penal colombiano.
“… en un Estado Social de Derecho y en una democracia participativa (artículo 1, CP), los derechos de las víctimas de un delito resultan constitucionalmente relevantes y, por ello, el Constituyente elevó a rango constitucional el concepto de víctima. Al respecto cabe recordar que el numeral 4 del artículo 250 Superior antes de su reforma por el Acto Legislativo 03 de 2002, señalaba que el F. General de la Nación debía ‘velar por la protección de las víctimas’. Además, el numeral 1 del mismo artículo decía que deberá ‘tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito’. Actualmente en dicho artículo 250 se señala que en ejercicio de sus funciones la F.ía General de la Nación, deberá: ‘1.Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas’. Así mismo según el numeral seis deberá ‘Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito’. El mismo artículo señala en el numeral 7 que deberá : ‘Velar por la protección de las víctimas’, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal” al tiempo que señala que ‘la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa’ Es decir que con dicho Acto Legislativo el énfasis dado a los derechos de las víctimas resulta evidente. (subrayas en el texto original)”.
Pero hay que decir además que el fundamento de la protección celosa de las víctimas y de su reparación integral, siguiendo reiterada jurisprudencia[25], tiene un soporte constitucional no sólo en las disposiciones que contemplan las funciones y competencias de la F.ía General de la Nación (art. 250, 6º y 7º) en su redacción proveniente de las modificaciones introducidas mediante el Acto Legislativo No. 3 de 2002, sino también en la dignidad humana y la solidaridad como fundamentos del Estado social del Derecho (art. 1º), en el fin esencial del Estado de hacer efectivos los derechos y dar cumplimiento al deber de las autoridades de asegurar la vigencia de un orden justo (Preámbulo y art. 2°), en el mandato de protección de las personas que se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13), en disposiciones contenidas en los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad o que sirven como criterio de interpretación de los derechos (art. 93)[26], en el derecho de acceso a la justicia (art. 229) y, no hay por qué descartarlo, en el principio general del derecho de daños según el cual el dolor con pan es menos (art. 230).
Como se acaba de indicar, no cabe duda y así se ha manifestado reiteradamente por esta Corte Constitucional, que la reparación integral de la víctima y en general la definición del procedimiento o garantías judiciales para hacerla efectiva, son asuntos en los que el Legislador posee un amplio poder de configuración, sometido eso sí a las normas principio-constitucionales y en lo demás a la consulta de la justicia y del bien común de que trata el art. 133 CP. De allí que pueda delimitar en uno u otro sentido el derecho a la reparación integral, disponer sobre el momento procesal para reclamarlo, diseñar las opciones con las que cuenta la víctima, así como definir quiénes pueden representar sus intereses, quiénes pueden ser llamados al incidente, qué poderes tienen, al igual que otros aspectos relevantes.
Sobre el poder de delimitación del derecho de reparación integral se dijo en la sentencia C-916 de 2002:
“El ejercicio de tal potestad está también limitado por la Constitución[27] y, por ello, la Carta ha trazado como fin orientador de la actividad de la F.ía General el “restablecimiento del derecho”, lo cual representa una protección plena de los derechos de las víctimas y perjudicados por el delito, lo cual comprende, entre otros, la indemnización integral de los daños materiales y morales causados por el ilícito.
Con referencia al mencionado poder del Legislador en cuanto a las garantías judiciales y ritualidades a seguir para obtener la reparación integral, se pronunció la Corte en la sentencia C-210 de 2007[28]. Dijo al respecto:
Pero en ese mismo pronunciamiento, también se recalca que la libre configuración normativa no es reconocida al legislador como facultad absoluta. No lo puede ser, como se ha dicho, para configurar en el orden legal el derecho de reparación integral de la víctima; no lo es tampoco para establecer el diseño de los procedimientos y etapas judiciales que se deben surtir para la reclamación de tal derecho.
Esta afirmación es compartida en el derecho comparado en donde también se ha planteado el mismo problema, esto es, la libertad legislativa en la definición de la reparación integral de daños. Así, por ejemplo, en Francia se ha podido establecer que en el evento en el cual una ley que limitaba la indemnización de daños causados por la instalación de postes que soportaban medios hertzianos, a unos rubros del daño con exclusión de otros, producía una violación constitucional. En efecto, “dicha redacción [de la ley] excluye la reparación de daños diferentes a los mencionados en la norma, siendo que el principio de igualdad frente a las cargas públicas no puede permitir que se excluya del derecho a reparación un rubro cualquiera del perjuicio indemnizable que resulte de las obras públicas”[29].
De lo anterior se concluye entonces que tanto los contornos, características y contenidos que puede revestir el derecho de reparación integral, como las formas procedimentales que deben seguirse para hacer efectivo el derecho son del fuero del Legislador y su poder de libre configuración sólo está restringido, cuando resulte evidente que la ordenación legal del derecho y/o del rito procesal con que se garantiza su eficacia o protección, han sido dispuestos con desconocimiento de la Constitución. Es decir, cuando la disposición legislativa contenga una ordenación jurídica que disminuya ostensiblemente el objetivo del sistema penal acusatorio y de justicia restaurativa, al regular dentro de él la reparación integral de la víctima.
Cuando el Legislador, producto de la transformación del sistema penal contemplada en la reforma constitucional del año 2002, decidió excluir del proceso penal en cuanto tal, la discusión sobre la reparación civil y la transfirió al incidente último de reparación integral, una vez definida la responsabilidad penal correspondiente, obró en el marco de su poder de configuración legislativa.
Pues bien, en la configuración legislativa de dicho incidente, según se observó en las consideraciones iniciales[30], fueron previstas al menos dos oportunidades para la conciliación entre víctima, condenado y, en su caso, los terceros. Pero además, a este mecanismo de solución de intereses en conflicto, se le adscribió por el propio Legislador, una condición de especial valor: la de ser parte de los instrumentos de justicia restaurativa.
Sobre este modelo de justicia penal, anotó la Corte constitucional en sentencia C-979 de 2005[31]:
La conceptualización del modelo de justicia restaurativa pone en evidencia el significado tanto del incidente de reparación como de la conciliación posible dentro del mismo, pues ambos dan cuenta del propósito restaurador para la víctima y de solución y aclaración de los derechos y obligaciones del condenado y los terceros civilmente responsables para con ella.
El artículo 250.7 de la Carta, modificado por el A.L. 03 de 2002, establece que ‘la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal’, y asigna al F. General de la Nación diversas responsabilidades en relación con las víctimas , tales como ( i ) solicitarle al juez de control de garantías las medidas necesarias para ‘la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas’; ( ii ) ‘solicitarle al juez de conocimiento las medidas judiciales indispensables para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito’; y ( iii ) ‘velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y los demás intervinientes en el proceso penal’[32].
Varias son, entonces, las consecuencias de esa configuración legislativa inspirada en la Constitución:
En ejercicio del poder de configuración legislativa analizado en el acápite anterior, el Legislador ha establecido como elementos que integran el concepto de reparación integral, no sólo la indemnización pecuniaria fruto de la responsabilidad civil reconocida como consecuencia del daño causado por el delito, reparación en sentido lato, sino cualesquiera otras expresiones que contengan la verdad y la justicia, así como las actuaciones que de modo razonable reclame la víctima del sujeto penalmente responsable, en cuanto forma de cubrir el perjuicio moral y material que ha sufrido. En este sentido recuerda la Corte que la noción de reparación civil es independiente al proceso en el cual se obtenga (art. 16 de la Ley 446 de 1998), razón por la cual los criterios que se apliquen deben ser homogéneos.
Ahora bien, a pesar de la importancia atribuida a las otras formas de reparar a la víctima y del significado de tales nuevos ingredientes en la dogmática de la responsabilidad, no hay que restar valor al elemento compensatorio o indemnizatorio del derecho en comento. Por esto, aún en caso de amnistías o indultos generales por delitos políticos, es necesario garantizar a la víctima el derecho a la indemnización por el delito (art. 150 num 17 CP), pero también se ha contemplado en el Derecho comparado y en nuestro propio orden jurídico para ciertos casos, la creación de fondos públicos para cubrir los daños causados a éstas cuando el condenado no está en capacidad de reparar[36].
En la actualidad, los contratos entre particulares están regidos por principios que si bien no desconocen sus fundamentos en la autonomía privada y en la intención de satisfacer los intereses de las partes, trascienden a ellos y se perciben también como instrumentos destinados a cumplir una función social.
Por ello se habla desde el Derecho privado, del “principio contemporáneo de la trascendencia contractual (patrimonial, social y moral), en paralelo con el principio tradicional de la relatividad contractual”. Un principio que tiende a prevalecer, pues no cabe duda que los contratos no solo traen beneficios o perjuicios a las partes, sino que cada vez es más claro que su incidencia tiene efectos sobre terceros, sus derechos e intereses.
La función social contractual cobra una fuerza inusitada en tratándose del contrato de seguro lato sensu, y muy en especial, del contrato de seguro de responsabilidad civil.
En cuanto al primero, la doctrina ha señalado que el seguro es un contrato cuyo objeto último se encuentra en dar “respuesta a la necesidad de eliminar las consecuencias derivadas de la realización de un riesgo, cuya ocurrencia aunque futura e incierta, por las repercusiones individuales y sociales que puede alcanzar, imponen la adopción de técnicas de previsión con las que se puedan atender los eventos dañosos que en su caso puedan ocasionarse, cualquiera sea la fuente que los origina”[43].
Por ello resulta explicable que la actividad aseguradora se haya considerado por el Constituyente, junto con la financiera y bursátil, una actividad de interés público, cuyo ejercicio debe contar con la autorización previa del Estado y la intervención del Gobierno, en el marco de los objetivos y criterios trazados por el Legislador (arts 333, 189 num 24 y 25, 150, num 19, lit d) CP).
La función social del contrato de seguro y el carácter de interés público de la actividad aseguradora, son también las que explican por qué la doctrina es unánime al reconocer que el principio de la buena fe (art. 83 CP, art. 871 C.Co.) reviste en los contratos de seguros una significación trascendente, como exigencia que se manifiesta de una manera más enfática que en los demás contratos, pues gracias a la probidad de las partes, es que se hace posible el cubrimiento oportuno y cabal del daño ocasionado y la reducción del impacto que este genera en los beneficiarios.
Tanto así y más se predica respecto del contrato de seguro de responsabilidad civil. Esta figura negocial tiene por estructura y finalidad específica, condiciones que hacen de su función social y de la buena fe de las partes del contrato, elementos vitales, pues el cumplimiento o no de las obligaciones de las partes está íntimamente vinculado con el resarcimiento o no de la víctima de un hecho lesivo cubierto por el seguro.
Corrobora plenamente esta aseveración el análisis contenido en la sentencia de 29 de junio de 2007, Ref: Exp. N°11001-31-03-009-1998-04690-01, de la Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Civil. En ella, al analizar el contrato de seguro de responsabilidad civil se indicó que en la modificación que se dispuso mediante la Ley 45 de 1990, el Legislador procuró “estar a tono con las nuevas realidades sociales y económicas de la vida moderna, caracterizadas, en gran medida, por un estado de cosas generador de situaciones de riesgo potencial para los asociados y, por tanto, de nuevas circunstancias que comprometen la responsabilidad civil”. Por tal motivo, consagró que esa clase de seguro tiene por propósito el “resarcimiento de la víctima", que se constituye por tanto en beneficiario de la indemnización. Una trascendental reforma al contrato de responsabilidad civil que de “estar antes afincado en el asegurado y en su patrimonio, así como de tener por fin cardinal la protección de uno y otro, pasó a ser un seguro medularmente centrado en la víctima y encaminado a repararle a ella el perjuicio que le hubiese sido ocasionado, tanto que se le erigió en beneficiaria de la indemnización, a lo que se agrega que el seguro migró de ser un contrato a favor del asegurado para tornarse en un negocio jurídico a favor de terceros, fundamentalmente”.
En el contexto en el que se ubica el asunto bajo estudio, el contrato de responsabilidad civil tiene como beneficiario a la víctima del delito, con lo que asumir las obligaciones contraídas por las partes con total corrección, transparencia, pundonor, trasciende la connotación meramente bilateral del acuerdo y el objetivo de cubrir un riesgo. El seguro de responsabilidad y las obligaciones que de él se desprenden, en el plano humano son además garantía de una mínima estabilidad económica para la víctima que en muchas oportunidades puede ser el individuo y su núcleo familiar, afligidos también patrimonial o financieramente con el delito y cuyas condiciones de vida, de subsistencia, cuyas oportunidades de desarrollo pueden depender en buena medida del pago del amparo asegurado.
Reunidos los elementos de juicio que anteceden, la Corte analiza el cargo concreto de inconstitucionalidad formulado contra el art. 108 CPP, por presunta vulneración del derecho de reparación integral de las víctimas del delito.
Para la S., bajo el entendido de que el precepto acusado establece que la aseguradora puede ser citada al incidente de reparación integral, “exclusivamente” para los efectos de la conciliación, y que además, a dicha conciliación puede acudir o no, porque así se ha configurado por el Legislador al señalar expresamente la “facultad” que tiene de participar en aquella, no resulta conforme con el conjunto de preceptos constitucionales que protegen a la víctima y su derecho a la reparación integral que propicia el modelo de justicia restaurativa.
Es decir que, a pesar de que el Legislador ha previsto como paso último dentro del procedimiento ante el juez penal, la opción de reclamar y hacer allí efectiva la reparación de los daños sufridos por la víctima y causados por el delito comprobado durante el proceso; a pesar de que ha reconocido a la víctima la opción de concretar los términos de la reparación, dentro de los cuales se encuentra la indemnización pecuniaria (art. 103 inc 1º CPP); a pesar de que se establecen garantías para que las partes y el tercero civilmente responsable del art 107 CPP asistan al incidente para atender el reclamo de la víctima; a pesar de que se ha contemplado la conciliación en el incidente de reparación integral como un mecanismo idóneo de justicia restaurativa tendiente a fortalecer las opciones de reparación dentro del sistema procesal penal (art. 521 CPP); a pesar de que exista un contrato de seguro de responsabilidad civil llamado a compensar el daño de la víctima del delito, como figura jurídica constituida precisamente para cubrir la eventualidad de un siniestro y el daño patrimonial que de ahí resulta, de modo eficiente, oportuno y garantista (art. 1127 C.Co); a pesar de que se reconoce al juez penal jurisdictio para tramitar y valorar en el incidente, una petición de reparación y estimar si la misma puede ser cubierta con un contrato de seguro de responsabilidad civil que se ha exhibido o probado en el proceso y cuya parte aseguradora ha sido citada; a pesar de todo ello, la deferencia del Legislador para con la compañía aseguradora y su limitada y voluntaria participación en el incidente, dan al traste con el efecto útil de todas las normas y disposiciones que contemplan aquellas formas de proteger a la víctima y garantizar su reparación integral en el proceso penal.
Es cierto que la víctima dentro del incidente puede reclamar el pago de la reparación al condenado y al tercero civilmente responsable del art. 107 CPP y que el juez, de hallarla procedente, así puede establecerlo. Es cierto que la víctima como beneficiario del contrato de seguro, puede ejercer la acción ejecutiva (art. 1053 C.Co. y art. 488 CPC) o en su defecto la acción directa ordinaria para reclamar ante el juez civil competente la indemnización que el seguro ampara (art. 1133 C.Co). Pero es cierto también que el derecho de reparación integral de la víctima, debe ser atendido con la mayor prontitud y eficacia posible, pues es esta la intención del modelo de justicia restaurativa ordenado desde el Acto Legislativo No. 3 de 2002, es tal el sentido con que se imponen a la F.ía los mandatos de que trata el art. 250, numerales 6º y 7º CP y es, en fin, esta la forma que resulta más adecuada al trato digno y al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia que arropan a la víctima del delito. Y, sumado a lo anterior, son estas las condiciones que determina el Derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario para con las víctimas de los delitos que afectan derechos humanos, pues como se ha visto[50], ellas configuran posiciones jurídicas de derecho a la existencia de recursos ágiles y efectivos, a obtener oportuna reparación, al pago de una indemnización justa.
Y no cabe aducir que mal puede el juez penal establecer si la aseguradora debe cubrir o no la responsabilidad civil asumida en el contrato como forma de reparar pecuniariamente a la víctima que ha sufrido los efectos del delito. Porque además de que la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis está, como ya se ha dicho, delineado por el Constituyente y reconocido por el Legislador al incluir la figura en el incidente, esa determinación normativa es correcta aplicación de los principios de economía procesal, eficacia, respeto y protección de los derechos que atiende el juez en el proceso penal (art. 229 CP, y arts. 7º y 9o de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, arts.1º, 10º, 11, lit. c), 138, num 2º y 139, num 5º CPP). Ello sin olvidar que el contrato de seguro puede representar un título ejecutivo, por contener una obligación clara, expresa y exigible (art. art. 1053 C-Co. y art. 488 CPC), evidente para cualquier juez de la República, ni que éste y muy en especial el de la jurisdicción penal, como agente del Estado social de derecho y como operador jurídico de prohibiciones legales intensas, de la libertad personal del imputado y los derechos de las víctimas, debe contar con todos los poderes que le permitan administrar justicia y crear desde el legítimo ejercicio de sus funciones, el orden constitucionalmente justo (arts. 1º, 2º, 6º, 29, 229, preámbulo).
En consecuencia, esta S. considera que el Legislador se ha excedido en su poder de libre configuración legislativa cuando ha dispuesto que la exigibilidad de la indemnización correspondiente como forma de cubrir los daños causados a la víctima de un delito, queden en manos de la libérrima aquiescencia de la aseguradora de participar o no en el importante incidente de reparación integral.
Esta conclusión significa entonces que de cara a la disposición jurídica acusada, se declarará inexequible el adverbio “Exclusivamente” del art. 108 CPP, pues esta palabra excluye, en detrimento de la reparación integral de la víctima, toda otra posible actuación del asegurador en el incidente distinta de la conciliación que él mismo acepte. Es decir que si la aseguradora, una vez citada, decide no asistir, o asiste a la audiencia correspondiente pero no concilia porque no desea hacerlo, aunque exista prueba clara del contrato válidamente celebrado con ella y de que en él se ampara el siniestro y la compensación de la víctima del delito, no puede el juez vincularla en la decisión definitiva del incidente, pues su convocatoria opera “exclusivamente” para efectos de la conciliación.
Resta en lo demás incólume la expresión “para los efectos de la conciliación de que trata el artículo 103”. Porque, de conformidad con lo expuesto, la forma como se ordena el incidente de reparación parte del esfuerzo de los interesados en llegar a una conciliación -mecanismo de justicia restaurativa (art. 521 CPP)-, con la cual sea posible redimir el daño causado a la víctima o víctimas del delito.
[1] Intervención del Senador H.H.R.J.. En Gaceta del Congreso No. 377 de 23 de julio de 2004.
[18] Este caso atendía la demanda de inconstitucionalidad contra algunos incisos del art. 203 de la Ley 115 de 1994 que establecía las excepciones a la prohibición general para los establecimientos educativos, de cobrar bonos y cuotas, las cuales creaban una discriminación a favor de unos establecimientos y en contra de otros. Visto por el J. constitucional que tal pretensión imponía una valoración completa de la disposición, integra la proposición, por cuanto la excepción sólo podía valorarse a partir del estudio de constitucionalidad de la regla, a fin de evitar que se declarara la inexequibilidad de la parte acusada de la norma (la excepción a la prohibición total) y de que por tanto quedara en firme la prohibición absoluta, sin haber sido confrontada por el juez constitucional.
[22] Así cuando el artículo 250 constitucional establece: “… En ejercicio de sus funciones la F.ía General de la Nación, deberá:
[23] Vid. L.C.O.I., G.M.M.. Proceso penal acusatorio. Ensayos y actas. Bogotá, Ediciones jurídicas G.I., 2002, pp. 357, 372, 453-457.
[27] Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-504 de 1993; C-609 de 1996; y la Aclaración de Voto de los Magistrados M.J.C.E. y E.M.L. a la Sentencia C-226 de 2002.
[31] Que resuelve la demanda de inconstitucionalidad contra preceptos del CPP, alusivos a la decisión de extinción de la acción penal, la procedencia de la acción de revisión en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, el control judicial en la aplicación del principio de oportunidad y la actuación de la F.ía en este procedimiento y en la mediación como forma de la justicia restaurativa.
[32] Sobre el contenido de las funciones constitucionales que el A-L-03 de 2002 atribuyó a la F.ía General en punto a la protección de los derechos de las víctimas en el proceso penal, la Corte se ha pronunciado en las sentencias C-873 de 2003 y C- 591 de 2005.
[34] Explicaba la sentencia en cita:“El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos (Ver, entre otros, los casos V.R. {fundamento 166}, Sentencia del 29 de julio de 1988 y B.A. {fundamento 43}, Sentencia de 14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que le nieguen a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia)”.
[37] Sobre la importancia de las obligaciones pecuniarias señala S.: “La obligación de pagar una suma de dinero, por así decirlo, llena la vida, es una especie de soplo vital […]. La ejecución de una obligación de esa clase es omnipresente en las distintas ramas del derecho y puede adquirir mil rostros”. SOUCI. La especificidad jurídica de la obligación de pagar una suma de dinero, citado por F.H.. Tratado de obligaciones, Tomo I, 2da. ed. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 148, pie de página 243.
[40] Sobre este particular Bassols Coma anota que la libertad de empresa y la autonomía negocial se vinculen directamente con la institución de la propiedad, pero no como propiedad estática o in natura sino como “propiedad dinámica… con vistas a la obtención del beneficio a través de la autonomía negocial o contractual…”. En M.B.C.. Constitución y sistema económico. Madrid, Tecnos, 1988, p. 136.
[41] Al respecto apunta B.: “El reconocimiento de la libertad del individuo se inserta hoy en una concepción del ordenamiento que se inspira en el valor prevaleciente de la solidaridad social, como valor de fondo de la Constitución (…). La intangibilidad de la voluntad individual cede frente a la exigencia de justicia social. Aquella está especialmente garantizada constitucionalmente en lo que hace a la iniciativa privada económica, pero dicha iniciativa no puede desarrollarse en contraposición con la utilidad social (…)”. Por tanto, aunque los “límites de licitud en la ley (normas imperativas, orden público, buenas costumbres) (…) se entendieron en el pasado como limitaciones excepcionales de la autonomía, (…) ahora tiende a afirmarse la idea de la autonomía privada está fundamentalmente subordinada a la solidaridad social”. En M.B.. Derecho Civil. 3. El contrato. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, pp. 54-55.
[42] Cercana a esta concepción moderna del contrato interprivatos (que ya no lo son tanto), se encuentran los apuntes de Ferrajoli a favor de una teoría garantista del derecho civil. Vid. L.F.. Democracia y garantismo. Madrid, T., 2008, pp. 293-302. Así mismo, la doctrina francesa habla del solidarismo contractual, figura llamada a completar el principio de buena fe que anima los acuerdos de voluntad, creando obligaciones de cooperación, colaboración, consejo, tendientes a beneficiar no sólo a las partes, sino también a los terceros interesados o afectados potencialmente con el cumplimiento o no de los contratos. Vid. L.G. etM.N. (dir.). Le solidarisme contractuel. P., Economica, 2004.
[43] R.S.S.. Derecho de seguros. Tomo I. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2001, p. 21.
[44] Porque como la afirma B., en la modernidad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por la producción social del riesgos. Por tanto, los problemas y conflictos de reparto de la sociedad de la carencia son sustituidos por los problemas y conflictos que surgen de la producción, definición y reparto de los riesgos producidos (…). En U.B.. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona, Paidós, 2006, p. 29.
[45] Dicha función social es tan clara que por ello, precisamente, en no pocas oportunidades, en el derecho comparado (también en el colombiano, vgr. el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, art. 43, Ley 769 de 2000) se han establecido las figuras de los seguros obligatorios y de los seguros automáticos. Dice al respecto G.F.: “El seguro, como forma de previsión, responde siempre a una evidente función social, al punto que en determinadas situaciones la exigencia del aseguramiento es tan sentida que la ley interviene o poniendo a cargo de determinados sujetos la obligación legal de contratar el seguro o considerando determinadas personas aseguradas ex lege e imponiendo bajo la forma de tributo el pago de las primas. Surgen así, de un lado, los seguros obligatorios (…) o del otro los seguros automáticos (…)”. En G.F.. M. di Diritto Comerciale. T., UTET, 1980, p.915 (Traducción libre y resaltado fuera de texto).
[48] En este mismo sentido es que desde la doctrina del solidarismo contractual ya referenciado, se afirma que la intensidad del vínculo solidario se incrementa en razón del grado de desigualdad de las partes o interesados en el contrato. Vid. Anne-Sylvie Courdier-Cuisinier. Le solidarisme contractuel. P., Université de B., 2006, Vol. 27, p. 104-108.