Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2014-00396-0175-2016-de-marzo-1-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_7dfb45e5f5de44668f99bb83f330eb13&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-19 04:11:21
Document Index: 241149814

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 99', 'artículo 138', 'artículo 99', 'artículo 2', 'artículo 99', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 59', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 1', 'Artículo 171', 'artículo 178']

﻿ SENTENCIA 2014-00396/0175-2016 DE MARZO 1 DE 2018
SENTENCIA 2014-00396 DE 01 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:CARACTERÍSTICAS DE LA SANCIÓN POR MORA NO ES ACCESORIA AL AUXILIO DE CESANTÍAS. SE SEÑALÓ QUE EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY 50 DE 1990 ESTIPULA QUE CONSTITUYE EL RÉGIMEN ANUALIZADO DE LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS EN EL QUE EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO SE HARÁ LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE CESANTÍA, POR LA ANUALIDAD O POR LA FRACCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN PERJUICIO DE LA QUE DEBA EFECTUARSE EN FECHA DIFERENTE POR LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. DE IGUAL FORMA, SE ORDENÓ LA CANCELACIÓN DE LOS INTERESES LEGALES DEL 12% ANUAL O PROPORCIONAL POR FRACCIÓN, CON RESPECTO A LA SUMA CAUSADA EN EL AÑO O EN LA FRACCIÓN QUE SE LIQUIDE DEFINITIVAMENTE. CONFORME A LO ANTERIOR, ESTA CORPORACIÓN CONSIDERÓ QUE PRINCIPALMENTE, QUE LOS SALARIOS MORATORIOS, QUE ESTÁN A CARGO DEL EMPLEADOR QUE INCUMPLA SU OBLIGACIÓN DE CONSIGNAR LAS CESANTÍAS EN EL TÉRMINO QUE LA LEY CONCEDE, NO SON ACCESORIOS A LA PRESTACIÓN DE CESANTÍAS, SI BIEN ES CIERTO SE CAUSAN EN TORNO A ELLAS, NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE SU RECONOCIMIENTO, NI HACEN PARTE DE ÉL, PUES SU CAUSACIÓN ES EXCEPCIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUXILIO DE CESANTÍAS, DERECHO LABORAL, INDEMNIZACIÓN MORATORIA, SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DEL SALARIO, AHORRO DE CESANTÍAS, SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO
Sentencia 2014-00396 de marzo 1º de 2018
Rad.: 08001-2333-000-2014-00396-01 (0175-2016)
Actor: Roberto Antonio Muñoz Buelvas
SO.0046
El señor Roberto Antonio Muñoz Buelvas en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pidió la nulidad del acto administrativo contenido en Oficio 01114113 de 6 de noviembre de 2013, expedido por el contralor departamental, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago incompleto de sus cesantías.
A título de restablecimiento del derecho solicitó, que se le reconozca y pague la sanción moratoria contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990(1) y la del artículo 2º de la Ley 244 de 1995(2) por cada día de mora en el pago total del auxilio de cesantías de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, hasta el día que se realice la cancelación por esos conceptos.
Que la sentencia sea proferida de conformidad con los artículos 187, 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada (fls. 1 a 13).
El señor Roberto Antonio Muñoz Buelvas prestó sus servicios en la Contraloría General del Departamento del Atlántico en el cargo de auxiliar administrativo, código 404, grado 20, desde el 8 de noviembre de 2005 hasta la fecha de presentación de la demanda.
Sostuvo que el salario que devengaba no correspondía con el que legalmente debía percibir, «dada la falta de aumento legal que no se hizo en los años 2001, 2003 y 2004, y las correspondientes correcciones salariales desde el año 2002 hasta el 2012» (fl. 3).
Mediante Ordenanza 000077 de 2009 de 22 de diciembre de 2009 se le otorgó la aludida facultad, por consiguiente, suscribió un programa de saneamiento fiscal el 30 de diciembre de 2009 y posteriormente expidió el Decreto 000504 de 2010, «en el cual se ordenó el pago de retroactivo y demás acreencias laborales a trabajadores y ex trabajadores de la Contraloría Departamental comprendidos entre el año 2001 y 2010» (fl. 3).
Por lo tanto, como los salarios pagados al demandante no corresponden con el que debió devengar desde el momento de su posesión, la Contraloría General del Departamento del Atlántico al liquidar el auxilio de cesantías anualizadas de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, fueron pagados de forma parcial, razón por la cual hay lugar al reconocimiento y pago de las sanciones moratorias establecidas en las leyes 244 de 1995 y 344 de 1996.
Para finalizar dijo que interpuso derecho de petición a la Contraloría Departamental del Atlántico, solicitando el pago de la sanción moratoria contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990(3) y la del artículo 2º de la Ley 244 de 1995(4), sin embargo, mediante Oficio 01114113 de 6 de noviembre 2013, proferido por la entidad accionada se le negó lo reclamado.
Legales: Ley 6ª de 1945 artículo 17; Ley 50 de 1990 artículos 99, 102 y 104; Ley 4ª de 1992 artículo 4º; Ley 244 de 1995 artículo 2º; Ley 344 de 1996 artículo 13; Ley 734 de 2002 articulo 33 numerales 1º, 9º y 10; Decreto 1042 de 1978 artículo 59; Decreto 1582 de 1998 artículo 1º; Decreto 1919 de 2002 artículo 1º y Ley 1437 de 2011 artículos 10 y 137.
CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LAS NORMAS INVOCADAS
Manifestó que el acto demandado negó lo solicitado bajo fundamentos que se alejan de la realidad, señalando que las cesantías fueron liquidadas y pagadas de manera oportuna de conformidad con la escala salarial correspondiente a cada periodo, igualmente señaló que existe cosa juzgada, toda vez, que la parte actora impetró acción de nulidad y restablecimiento del derecho en donde se pidió la reliquidación de salarios y prestaciones sociales que fue fallada en favor del señor Roberto Antonio Muñoz Buelvas.
Para finalizar señaló como causales de nulidad del acto demandado las siguientes: i) infracción de las normas en que deberían fundarse, ii) expedición de forma irregular, iii) emisión del acto mediante falsa motivación y iv) fue expedido con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
Tanto la Contraloría General del Departamento del Atlántico como el Departamento del Atlántico dieron contestación a la demanda.
• La apoderada de la Contraloría General del Departamento del Atlántico en su escrito de contestación de demanda (fls. 64 a 88), expuso que se opone a las pretensiones del accionante, debido a que no se configuran los presupuestos para la sanción moratoria.
Como primera medida, aclara que existe una confusión por parte del apoderado del señor Roberto Antonio Muñoz Buelvas en relación a la sanción por falta de pago de las cesantías y por la no consignación de estas, puesto que a pesar de que en el acápite de pretensiones reclama la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, en el acápite de pretensiones de la demanda hace mención a las cesantías definitivas de la Ley 244 de 1995.
Posteriormente narra, que existe indemnización derivada de la falta de consignación antes del 15 de febrero en un fondo, por la cesantía que le corresponde al trabajador por el año anterior o la fracción correspondiente a dicha anualidad liquidada a 31 de diciembre (art. 99-3 de la L. 50/99(sic)), con la que surge frente a la falta de pago de dicha prestación a la terminación de la relación legal o reglamentaria, ya que una vez que se presenta ese hecho y la administración no consigna oportunamente la cesantía que adeudada, se le deberá cancelar a título de indemnización la sanción prevista en la Ley 244 de 1995.
A su juicio el Oficio 01114113 de 6 de noviembre de 2013 (acto acusado) goza de presunción de legalidad, siendo expedido de acuerdo con el ordenamiento jurídico y ciñéndose a los postulados de la buena fe. En donde se le dijo al señor Roberto Antonio Muñoz Buelvas que: i) se le realizaron las respectivas liquidaciones anuales de sus cesantías dentro del término establecido en el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990, ii) que respecto a cada uno de los actos administrativos mediante los cuales se le reconoció y ordenó el pago de las cesantías anualizadas nunca interpuso recurso alguno, y iii) como la sanción prevista en dicha norma se aplica por la extemporaneidad en la consignación de las cesantías anualizadas y la entidad sí cumplió con ese deber de consignar el valor correspondiente en su cuenta individual, y que por lo tanto no había lugar a acceder a su petición.
Como quiera que lo solicitado en el derecho de petición correspondía a la sanción moratoria establecida en el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990, y ella se hace exigible a partir del día siguiente a aquél en que se incumple con el deber de consignar el valor que corresponda en la cuenta individual del trabajador, y la Contraloría General del Departamento del Atlántico consignó dentro del término las respectivas cesantías, no hay lugar a lo pedido en la demanda.
Corno excepciones previas señaló la caducidad de la acción e inepta demanda, y de fondo, la prescripción extintiva del derecho.
• La apoderada del Departamento del Atlántico contestó la demanda (fls. 226 a 240), exponiendo que la sanción moratoria solicitada por el demandante, correspondiente a los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 están prescritas, dado que no se controvirtieron cada una de las liquidaciones mediante agotamiento de vía gubernativa.
Resumidamente dice, que el Departamento del Atlántico no es el llamado a responder económicamente sobre una posible condena ya que quien está en esa obligación sería la Contraloría Departamental del Atlántico, la cual si tenía una relación de tipo laboral con el demandante.
Como excepciones planteó: la ineptitud de la demanda por falta de requisitos legales, la falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de las obligaciones laborales a cargo del Departamento del Atlántico, principio de confianza legítima y prescripción.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión «A» mediante providencia de 30 de junio de 2015 negó las pretensiones de la demanda (fls. 287 a 298).
Luego de realizar un minucioso recuento normativo y de analizar las pruebas allegadas al proceso, precisó que el demandante se vinculó con posterioridad al 31 de diciembre de 1996, el régimen de cesantías que le es aplicable es el de liquidación definitiva anual de cesantías, creado por la Ley 50 de 1990 el cual incluye el pago de intereses al trabajador por parte del empleador. De esta manera, le es aplicable el régimen de la Ley 344 de 1996 que se reglamenta por el Decreto 1285 de 1998.
Encontró en el expediente copia de las resoluciones mediante las cuales se le reconoció y canceló las cesantías parciales, al igual que la constancia de consignaciones al fondo de cesantías de los años 2005 a 2013 por la totalidad de los valores reconocidos.
Concluyendo de lo anterior, que las cesantías del señor Roberto Antonio Muñoz Buelvas para los años laborados en la Contraloría Departamental del Atlántico fueron reconocidas y consignadas de manera oportuna al fondo privado administrador de cesantías respectivas, resulta entonces que el accionante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria solicitada.
Igualmente estimó que no le asiste razón al demandante en lo referente a que hubo un pago parcial de sus respectivos auxilios de cesantías, puesto que el valor consignado correspondía a la asignación salarial que devengaba para la época en que fueron liquidadas y consignadas las respectivas acreencias, «lo cierto es que la administración no podía suponer .para, el momento de la consignación cual sería, por lo que el reconocimiento de los valores se hizo teniendo en cuenta como ya se dijo la asignación salarial que percibía para la fecha en que fueron liquidadas sus auxilios de cesantías y debidamente consignadas al fondo privado de cesantías» (fl. 296).
El apoderado del señor Roberto Antonio Muñoz Buelvas interpuso el recurso de alzada (fls. 305 a 311), señalando básicamente lo expuesto en la demanda.
Solo el Departamento del Atlántico presentó sus alegatos de conclusión (fls. 349 y 351), en donde expuso que al demandante se le consignaron los respectivos pagos correspondientes para la época de sus cesantías de conformidad con la ley aplicable.
Por lo tanto, pide que se confirme la sentencia recurrida.
El agente del Ministerio Público emitió concepto número 016 de 30 de enero de 2017 (fls. 352-357), en donde narró las normas aplicables al caso y las pruebas arrimadas al expediente, concluyendo que la norma que cobija al demandante es la Ley 50 de 1990 artículo 99, exponiendo que las cesantías causadas durante los años 2005 a 2012 le fueron consignadas antes del 15 de febrero del año siguiente de haberse causado y de conformidad con los valores reconocidos en cada uno de los actos que se profirieron para el efecto se encuentran amparados bajo la presunción de legalidad.
Añade, que las sentencias traídas a colación por la parte demandante no son aplicables al caso.
Por lo tanto solicita que se confirme la decisión adoptada por a quo.
El problema jurídico consiste en establecer si el señor Roberto Antonio Muñoz Buelvas tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 y la de la Ley 244 de 1995 solicitada en su demanda, por considerar que recibió un pago parcial del auxilio de cesantías, dado a que la Contraloría General del Departamento del Atlántico realizó una nivelación salarial que presuntamente no fue tenida en cuenta.
A su turno, la Ley 65 de 20 de diciembre de 1946 modificó las disposiciones sobre cesantías y el artículo 1º extendió dicho beneficio a los trabajadores de los departamentos, intendencias, comisarlas' y municipios. El Decreto 2567 de 31 de agosto de 1946 estableció normas sobre prestaciones a favor de los empleados oficiales, y definió los parámetros para la liquidación de cesantías.
Se evidencia en el expediente que el demandante se vinculó con la Contraloría General del Departamento del Atlántico en el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 20, el día 8 de noviembre de 2005 según documento obrante a folio 92 del expediente.
Se tiene que a folios 15 a 25 se encuentra la solicitud por parte del accionante de 16 de octubre de 2013 a la entidad demandada, consistente en que se le consignen las cesantías causadas desde 2005 hasta el año 2012, al igual que la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las mismas por ser estas parciales.
Se halla repuesta negativa por parte de la Contraloría Departamental del Atlántico de 6 de noviembre de 2013 número 01114113 (fls. 26 a 29), mediante la cual se le indicó que se le cancelaron las respectivas cesantías en el fondo correspondiente y que respecto al pago de la citada prestación se hace necesario aclarar que no hubo pago parcial o incumplimiento de la misma por parte de la entidad además que si no estaba de acuerdo con la liquidación del auxilio de cesantías debió acudir a las acciones administrativas correspondientes que la ley otorga.
Ahora bien, de conformidad con las pruebas existentes en el expediente se estableció para la Sala que el señor Roberto Antonio Muñoz Buelvas es beneficiario del régimen establecido en la en la Ley 50 de 1990 por cuanto se vinculó con posterioridad al 31 de diciembre de 1996 y le es aplicable el régimen de la Ley 344 de 1996 que se reglamenta por el Decreto 1285 de 1998.
También se aprecian a folios 102 a 225 las resoluciones en donde se le reconoció el pago de las cesantías parciales al demandante, como las consignaciones al fondo de cesantías de los años 2005 a 2013, por la totalidad de los valores allí reconocidos.
— La sanción moratoria se causa a partir del incumplimiento por parte del. empleador de consignar de manera anualizada el auxilio de cesantías dentro del término legal (14 de febrero de cada vigencia fiscal), al considerar los siguientes aspectos: i) el empleador debe entregar al trabajador un certificado sobre la cuantía de la liquidación realizada con corte al 31 de diciembre de cada año, y además, los fondos administradores de cesantías están en la obligación de informar al afiliado los saldos de su cuenta individual; y ii) la posición jurisprudencial(10) que sostenía la exigibilidad de la obligación a partir de la terminación del vínculo laboral imponía al empleador una carga adicional, en tanto el empleado público podía reclamar porciones afectadas por el fenómeno extintivo de la prescripción. Al respecto, consideró:
Por ende, es a partir de que se causa la obligación —sanciónmoratoria— cuando se hace exigible, por ello, desde allí, nace laposibilidad de reclamar su reconocimiento ante la administración, pero si la reclamación se hace cuando han transcurrido más de 3 años desde que se produjo el incumplimiento, se configura el fenómeno de prescripción, así sea en forma parcial.
Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que si elempleado conoce la liquidación anual que efectúa el empleador y el saldo de su cuenta individual de cesantías, forzoso es concluir que tiene conocimiento del hecho mismo de la consignaciónanualizada o la omisión de la misma por parte de su empleador,lo que implica que tiene conocimiento de que este ha incurrido en mora y por tal motivo se impone a su cargo la obligación de reclamarla oportunamente, so pena de que se aplique en su, contra el fenómeno de la prescripción.
Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su reconocimiento, ni hacen parte de él; pues su causación es excepcional, está sujeta v deviene del incumplimiento u omisión del deber legal consagrado a cargo del empleador, están concebidas a título de sanción, por la inobservancia de la fecha en que se debe efectuar laconsignación de esa prestación.
Como hacen parte del derecho sancionador(14), y a pesar de, que las disposiciones que introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones imprescriptibles.
Es pertinente señalar que para esta Sala, en el presente caso, no se configuraron las sanciones deprecadas por la parte demandante, toda vez, que en la normatividad no se encuentra previsto sanción moratoria para pagos tardíos de nivelaciones salariales. Es decir, los pagos retardados de nivelaciones salariales, no constituyen un hecho generador de la sanción moratoria señalada, por cuanto la misma se predica, cuando efectivamente Se tiene certeza que existió un retardo en el pago de las cesantías conforme a la liquidación vigente al momento de su causación.
De conformidad con todo lo anterior la Sala concluye que como en el presente caso existió el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías parciales con base en los salarios y prestaciones vigentes al momento de la causación de las mismas, por la totalidad de los periodos 2005 a 2013, no proceden las súplicas de la demanda frente a esta pretensión.
Con relación a la solicitud atinente a la mora prevista en la Ley 244 de 1995, se tiene que esta no es de recibo, por cuanto el accionante, a la presentación de la demanda, se encontraba trabajando en la entidad demandada de conformidad con el certificado expedido por la entidad accionada, obrante a folios 93 a 98, en donde se dijo que:
«mediante la Resolución 000080 de 18 de julio de 2014, por medio de la cual se adoptan las ordenanzas 000214 del 14 de mayo de 2014 y 000223 de 11 de julio de 2014, de la honorable Asamblea Departamental del Atlántico y se fija la asignación civil para la vigencia fiscal del 2014 en el cargo, de auxiliar administrativo, nivel asistencial código 407, grado 20 en la contraloría auxiliar de infraestructura y medio ambiente con sueldo mensual de $ 802.994, su vinculación continuará de manera transitoria, se le canceló retroactivo a partir del 1º de enero al 30 de junio de 2014 por $ 368.645» (fl. 98).
La anterior certificación se expidió el 2 de diciembre de 2014 y la demanda fue interpuesta el 8 de mayo de 2014 (fl. 13) y dicha sanción está prevista, en caso de retardo en el pago de las cesantías definitivas cuando el servidor llegare a quedar cesante.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o si es el trabajador (Ac. 1887/2003 Sala Administrativa del Consejo Superior deja Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal; y,
3 Cesantías anuales.
4 Cesantías definitivas.
5 Sentencia de 29 de enero de 2015, Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección «A», Exp. 70001-23-33-000-2012-00053-01 (0613-14). Actor: Alonso Emiro Rengifo Lobo. Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo, IMDER.
11 “ART. 104.—De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada arlo el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía...”.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección «B» Rad. 08001233300020140033201, Nº interno: 3815-2015, Actor: Juan Carlos Torres Trillos, Demandados: Departamento del Atlántico. Contraloría del Atlántico.
17 Artículo 171, numeral 4º en concordancia artículo 178 ib.