Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/csj_sp_1109_1975.html
Timestamp: 2019-11-21 07:47:26
Document Index: 89942364

Matched Legal Cases: ['Artículo 266', 'Artículo 268', 'artículo 120', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 120', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 135', 'artículo 4', 'artículo 120', 'artículo 4', 'artículo 135', 'artículo 4', 'artículo 135', 'artículo 120', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 136', 'artículo 120', 'artículo 266', 'artículo 120', 'artículo 267', 'artículo 120', 'artículo 135']

Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [CSJ_SP_1109_1975]
Cumple funciones de inspección y vigilancia, que corresponden al Presidente de la República –Exequibilidad de los artículos 266, 267 y 268 del Decreto ley 410 de 1971.
"Artículo 266. El Presidente de la República ejercerá por medio de la Superintendencia de Sociedades la inspección y vigilancia de las Sociedades Comerciales no sometidas al control de la Superintendencia Bancaria, con el fin de que en su formación y funcionamiento se ajusten a las leyes y decretos y de que se cumplan normalmente sus propios estatutos, según lo previsto en este Código o en leyes posteriores.
"Artículo 268. Las sociedades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia no podrán ejercer su objeto sin un permiso de funcionamiento de la misma Superintendencia, que solamente se otorgará cuando su constitución se ajusta a las leyes. Tratándose de sociedades no sometidas inicialmente a dicha vigilancia, deberán obtener también el permiso una vez quedan bajo vigilancia".
Considera el demandante que se han violado por las disposiciones anteriores, los artículos 120-15, 134 y 135 de la Constitución y expresa el concepto de la violación con los argumentos que pasan a citarse. Conforme al artículo 120-15 de la Carta, corresponde al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, ejercer la inspección necesaria sobre los demás establecimientos de crédito, conforme a las leyes. Dispone, por otro lado el artículo 135 del estatuto superior, que los Ministros y Jefes de Departamentos Administrativos, pueden ejercer determinadas atribuciones delas que corresponden al Presidente, mediante una delegación y previa ley que señale las materias objeto de la delegación. Es pues, el Presidente dice la demanda, quien en forma personal y directa debe ejercer la inspección y vigilancia sobre las sociedades comerciales y solo excepcionalmente por medio de sus Ministros a través de la mencionada delegación. Los artículos sometidos a cuestión, al entregar a un aparato especial, la Superintendencia de Sociedades, aquella función, quebranta los dos textos citados. Añade la demanda que también resulta la violación del artículo 135 constitucional, de la circunstancia de que la previsión de su segundo inciso, en cuanto autoriza al Presidente para reformar o revocar los actos de sus delegados, no puede cumplirse respecto de los que dicte el Superintendente de Sociedades. Se agrega por último, que resulta quebrantado el texto 134 constitucional, en su parte final, por cuanto que el Superintendente de Sociedades no puede ser citado a las Cámaras, ni a sus comisiones permanentes, como sí lo son los Ministros del Despacho y los Jefes de Departamento Administrativo, los Vice-ministros y los Gerentes o Directores de las entidades descentralizadas del orden nacional.
El Procurador General de la Nación emite concepto de fondo en el cual solicita que se declare la inexequibilidad parcial de los artículos 266 y 268 en lo que se refiere al ejercicio de facultades por la Superintendencia de Sociedades, y total del 267. Estima el Jefe del Ministerio Público que el Presidente no puede delegar sus funciones de vigilancia de las Sociedades mercantiles en la citada Superintendencia, sin violar el artículo 135 de la Carta, y que en este caso tal delegación se ha hecho con violación del texto constitucional referido.
La atribución que el ordinal 15 del artículo 120 de la Carta Política da al Presidente de la República para ejercer la inspección necesaria sobre los demás establecimientos de Crédito y las Sociedades Mercantiles, se ejerce "conforme a las leyes", según dispone la parte final dela misma disposición. Corresponde, pues, al legislador, señalar los mecanismos y procedimientos apropiados para dicha tarea. Y se explica que así sea porque una tarea de esa complejidad y que debe cumplirse sobre entidades que cada día son más numerosas, no puede realizarla personalmente el Presidente, como lo pretende la demanda, porque ello supondría una imposibilidad física para ejecutar el mandato constitucional y conduciría al absurdo de no poderse cumplir.
Esa es la razón por la cual el artículo 4o. del Decreto ley 1050 de 1968 define a las Superintendencias como "organismos adscritos a un Ministerio que, dentro de la autonomía administrativa y financiera que les señale la Ley, cumplen algunas de las funciones que corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa y las que la ley les asigne". Es pertinente citar aquí la doctrina de la Corte sentada en fallo de 22 de enero de 1970 al desatar la demanda propuesta contra el artículo 4o. que se acaba de transcribir, y que dice así:
"La Corte no encuentra oposición entre el artículo 135 de la Ley fundamental y el artículo 4o. acusado, por el cual se definen las Superintendencias como "organismos adscritos a un Ministerio', para que 'cumplan algunas de las funciones que corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa y las que la ley les asigne'.
"En efecto, la delegación de funciones del Presidente contemplada en el artículo constitucional citado comprende dos operaciones: 1o. La ley señala las funciones que el Presidente, de manera general o en casos especiales, puede delegar, funciones que se hallan enumeradas sin limitación taxativa en el artículo 120 de la Constitución y en los demás textos, constitucionales o legales, que lo complementan; y 2o. La delegación, en armonía con la materia o materias señaladas en la ley, se perfecciona por medio de reglamento ejecutivo, o sea 'según lo disponga el Presidente'.
"Ahora bien, ejercida la facultad de delegar, cuando ello se hace en cabeza de alguno de los Ministros del Despacho, este puede cumplirla directamente, o por medio de sus dependencias, entre las cuales se encuentran las Superintendencias de que trata el artículo 4o. acusado, el cual como se ve, en vez de violar el artículo 135 de la Carta puede, al contrario, contribuir o darle operancia.
"Ni se olvide, como sí lo recuerda el Procurador, que la natural vinculación de las Superintendencias contempladas en el artículo 4o. acusado respecto de los Ministerios a los cuales se adscriban, resalta si se tiene en cuenta que los actos que ellas llegaren a dictar estarían sujetos, de acuerdo con las reglas generales sobre vía gubernativa, al recurso de apelación ante el respectivo Ministro, "quien en esta forma, anota el Procurador, actúa como inmediato Superior jerárquico del Superintendente'. Es el Ministro, quien, en definitiva, ha de dirigir, encauzar y ejercer, a través de una Superintendencia, y cuando así lo estime conveniente, la delegación que le pueda conferir el Presidente".
Los criterios que anteceden son estrictamente aplicables al caso en cuestión, pues los artículos 266, 267 y 268 del Decreto ley 410 de 1971, no hacen costa distinta de radicar en la Superintendencia de Sociedades y en su Jefe que es el Superintendente la función de inspección y vigilancia que corresponde al Presidente de la República sobre las sociedades comerciales no sometidas al control de la Superintendencia Bancaria. Y como aquella, al igual que las restantes de su misma clase, se encuentra adscrita a un Ministerio, se cumple en forma correcta la previsión del artículo 135 conforme ala cual la delegación puede hacerse en los ministros del Despacho, el cual actúa, como se deja visto, a través de los organismos del respectivo Ministerio. Se cumple igualmente lo dispuesto en la parte final del artículo 120-15 de la Carta, conforme al cual, como ya se vio las funciones allí atribuidas al Presidente deben cumplirse con arreglo a la ley.
Finalmente debe decirse que el hecho de que el Superintendente de Sociedades, no obstante ser un funcionario público del orden nacional, no tenga las atribuciones y deberes que el artículo 134 señala a los Ministros del Despacho y a otros funcionarios en relación con el Congreso, no quiere decir en modo alguno que la reglamentación que a él se refiere y que ahora se estudia, quebrante dicho precepto constitucional. Se trata de dos cuestiones enteramente distintas, sin ninguna relación y por lo mismo el hecho de que no deba rendir directamente informes al Congreso, en nada toca la constitucionalidad de los preceptos cuya legitimidad se discute. Además, y por consecuencia directa de lo que se ha dicho, estando la Superintendencia adscrita a un Ministerio, el Ministro correspondiente es quien cumple la tarea prevista en el artículo 134, lo cual explica que lo haga un subalterno suyo como es el Superintendente.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, DECLARA: SON EXEQUIBLES los artículos 266, 267 y 268 del Decreto ley 410 de 1971.
La delegación de funciones del Presidente de la República no puede hacerla la ley. Lo que el artículo 136 de la Carta establece es que "las funciones que pueden ser delegadas serán señaladas por la ley"; pero el que determina cuáles de esas funciones delega es el mismo Presidente. Y tal es lo que expresa el fallo de la Corte invocado en la sentencia de que disentimos, cuando asienta:
"En efecto, la delegación de funciones del Presidente contemplada en el artículo constitucional citado comprende dos operaciones: 1o. La ley señala las funciones que el Presidente, de manera general o en casos especiales, pude delegar, funciones que se hallan enumeradas sin limitación taxativa en el artículo 120 de la Constitución y en los demás textos, constitucionales o legales que lo complementan; y 2o. La delegación, en armonía con la materia o materias señaladas en la ley, se perfecciona por medio de reglamento ejecutivo o sea, 'según lo disponga el Presidente'".
Ahora bien. El artículo 266 del Código de Comercio manda que "el Presidente de la República ejercerá, por medio de la Superintendencia de Sociedades, la inspección y vigilancia delas sociedades comerciales no sometidas al control de la Superintendencia Bancaria.." y el 267 ibidem, numeral 1o., determina que, entre sus atribuciones, el Superintendente de Sociedades tendrá la de "ejercer la inspección y vigilancia" sobre las compañías indicadas en los literales a) a d), lo que claramente significa que la inspección delas sociedades mercantiles, atribuida por el numeral 15 del artículo 120 de la Constitución al Presidente, queda delegada en el Superintendente de Sociedades por imperio de los citados preceptos y no "por medio del reglamento ejecutivo" que perfeccione la autorización de delegar funciones precisadas en la ley, según lo explícale fallo arriba comentado y que interpreta correctamente la citada norma constitucional. Y la misma objeción es valedera respecto de las facultades de inspección atribuidas directamente en los otros numerales del citado artículo 267 al Superintendente dicho, sin que medie el acto Presidencial de delegación.
Y no vale alegar contra esto, que el dicho numeral 15 del artículo 120 determina que el Presidente ejercerá la función de inspección, "conforme a las leyes", pues éstas no pueden obviamente contrariar el artículo 135, que confiere al Presidente, y no a la ley, el delegar las funciones que le corresponden, basado en la que señale las que sean susceptibles de delegación.