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Timestamp: 2017-09-25 13:15:24
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Matched Legal Cases: ['Artículo 68', 'artículo 61', 'artículo 165', 'artículo 70', 'artículo 61', 'artículo 61', 'Artículo 72', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 169', 'Artículo 74', 'artículo 62', 'Artículo 75', 'artículo 61', 'artículo 172', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 99', 'Artículo 76', 'artículo 61', 'Artículo 77', 'artículo 173', 'artículo 174', 'artículo 173', 'artículo 166', 'artículo 67', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'artículo 175', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'artículo 75', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'artículo 77', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'artículo 83', 'artículo 174', 'Artículo 91', 'artículo 174', 'artículo 90', 'Artículo 93', 'artículo 83', 'artículo 82', 'artículo 42', 'artículo 92', 'artículo 96', 'Artículo 95', 'artículo 42', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'artículo 176', 'artículo 174', 'artículo 106', 'artículo 107', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'artículo 111', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'artículo 175', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'artículo 26', 'artículo 175', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'artículo 78', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'artículo 62', 'artículo 74', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'artículo 169', 'artículo 173', 'artículo 97', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129']

Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa. TÍTULO III. RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO Y EJECUTIVO
RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO Y EJECUTIVO
Artículo 68 Iniciación y terminación del período voluntario
- La fecha de notificación de la liquidación a la persona obligada al pago.
- La apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de las deudas que sean objeto de notificación colectiva y periódica.
- La fecha de comienzo del plazo señalado para su presentación, tratándose de autoliquidaciones.
3. Los obligados al pago podrán satisfacer la deuda en su integridad en período voluntario, salvo que se haya otorgado aplazamiento o fraccionamiento, en cuyo caso se estará a lo previsto en la sección 2.ª del capítulo I del título II de este Reglamento.
4. Las deudas de derecho público no tributarias deberán pagarse en período voluntario en los plazos que determinen las normas con arreglo a las cuales tales deudas se exijan. En caso de no determinación de plazo, éste será el dispuesto en el artículo 61 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
1. La recaudación en periodo ejecutivo se inicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa en relación con los importes no satisfechos en periodo voluntario.
2. Comenzado el periodo ejecutivo, se efectuará la recaudación por el procedimiento de apremio, que se iniciará con la notificación de la providencia de apremio a la que se refiere el artículo 70 de este Reglamento.
3. La persona obligada al pago podrá satisfacer total o parcialmente las deudas en periodo ejecutivo. Si el pago no comprende la totalidad de la deuda, incluido el recargo que corresponda y, en su caso, las costas devengadas, continuará el procedimiento por el resto impagado.
1. La providencia de apremio es el acto de la Diputación Foral de Gipuzkoa que ordena la ejecución contra el patrimonio de la persona obligada al pago.
La providencia de apremio tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.
a) Nombre y apellidos o razón social completa, número de identificación fiscal y domicilio de la persona obligada al pago.
c) Indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha, de haber finalizado el correspondiente plazo de ingreso en periodo voluntario y del comienzo del devengo de intereses de demora.
d) Advertencia de que, en caso de no efectuarse el ingreso del importe total de la deuda pendiente, incluido el recargo de apremio reducido del 15 por ciento, en el plazo al que se refiere el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se procederá al embargo de los bienes de la persona obligada al pago o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda que incluirá entonces, el recargo de apremio del 20 por ciento.
e) Fecha de la providencia de apremio.
3. La normativa específica de atribución de competencias establecerá el órgano competente para dictar la providencia de apremio.
4. En el caso de deudas a favor de la Hacienda foral, que deban satisfacer otras Administraciones Publicas, y sin perjuicio de la posibilidad de proceder al embargo de sus bienes, en los supuestos no excluidos por disposición legal, podrá acudirse, asimismo, al procedimiento de compensación de oficio.
a) Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio reducido, en el plazo al que se refiere el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
b) Información sobre los recargos de apremio reducido y ordinario, sobre la liquidación de intereses de demora y sobre la repercusión de costas del procedimiento.
d) Información en la que se indique que sólo se producirá suspensión del procedimiento en los casos y condiciones previstos en la normativa vigente.
e) Recursos que contra la misma procedan, órganos ante los que puedan interponerse y plazo para su interposición.
Artículo 72 Interés de demora
Cuando sin mediar suspensión, aplazamiento o fraccionamiento una deuda se satisfaga totalmente antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, para el pago de las deudas apremiadas, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
3. El tipo de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en la normativa tributaria o presupuestaria, según se trate de deudas y sanciones tributarias o no tributarias respectivamente.
a) Cuando se produzca el pago de la deuda apremiada una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se practicará posteriormente liquidación de los intereses devengados, siguiéndose para su tramitación y recaudación el procedimiento establecido con carácter general para las liquidaciones practicadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) En el supuesto al que se refiere la letra anterior, el órgano de recaudación podrá acordar, cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, la liquidación y pago de los intereses en el momento del pago de la deuda apremiada.
c) En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará liquidación de intereses al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si éste fuese superior.
d) Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas, créditos o derechos, podrán liquidarse y retenerse los intereses en el momento del embargo, si el importe disponible fuese superior a la deuda perseguida.
En los casos de las letras b), c) y d) no será necesaria la notificación expresa de los intereses devengados si en la notificación de la deuda principal o en cualquier otro momento posterior le ha sido notificado a la persona interesada el importe de la deuda, el devengo de intereses en caso de falta de pago, una referencia al tipo de interés aplicable, según se trate de deudas tributarias o no tributarias, y el cómputo del tiempo de devengo.
5. No se practicará liquidación por intereses de demora cuando la cantidad resultante por este concepto sea inferior a la cifra que por Orden Foral fije el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas como mínima para cubrir el coste de su exacción y recaudación.
1. La suspensión del procedimiento de apremio como consecuencia de la interposición de un recurso o reclamación económico-administrativa se tramitará y resolverá de acuerdo con las normas de desarrollo de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en materia de revisión en vía administrativa.
2. Cuando la persona interesada demuestre la existencia de alguna de las circunstancias que, de conformidad con el artículo 169.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa dan lugar a la suspensión del procedimiento, se le comunicará que quedan suspendidas las actuaciones en tanto se dicte el acuerdo correspondiente.
Cuando la apreciación de las citadas circunstancias no sea competencia del órgano de recaudación que haya recibido la solicitud de suspensión, éste podrá suspender las actuaciones y dará traslado al órgano competente para que informe sobre la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas.
La resolución que se adopte se notificará a la persona interesada comunicándole, en su caso, la continuación del procedimiento de apremio.
Artículo 74 Imputación de pagos
Acumuladas diversas deudas de una persona obligada al pago en un mismo procedimiento de apremio, los importes obtenidos en el desarrollo de este minorarán aquellas de acuerdo con los criterios de imputación previstos en el artículo 62 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, equiparándose a estos efectos las deudas de derecho público de naturaleza no tributaria con las deudas de derecho público de naturaleza tributaria.
A los mismos efectos de imputación, la antigüedad de las deudas vendrá determinada por la fecha de vencimiento del período voluntario de pago de cada una.
Artículo 75 Ejecución de garantías
1. Una vez iniciado el procedimiento de apremio, si la deuda estuviese garantizada y resultara impagada en el plazo a que se refiere el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se procederá a ejecutar la garantía, salvo que sea de aplicación lo dispuesto en su artículo 172, segundo párrafo; en tal caso, con anterioridad a la ejecución de la garantía se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes y derechos.
2. Si la garantía consiste en aval solidario, certificado de seguro de caución, fianza u otra garantía personal, se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan, hasta el límite del importe garantizado, en el plazo establecido en el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. De no realizarlo, se procederá contra sus bienes, en virtud del mismo título ejecutivo existente relativo a la persona obligada al pago, por el procedimiento de apremio, sin necesidad de nueva notificación.
3. Si la garantía consiste en hipoteca, prenda u otra de carácter real constituida por o sobre bienes o derechos de la persona obligada al pago susceptibles de enajenación forzosa, se procederá a enajenarlos por el procedimiento establecido en este Reglamento para la enajenación de bienes embargados de naturaleza igual o similar.
4. Si la garantía está constituida por o sobre bienes o derechos de persona distinta de la obligada al pago, se comunicará a dicha persona el impago del importe garantizado, requiriéndole para que, en el plazo establecido en el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ponga dichos bienes o derechos a disposición del órgano de recaudación, salvo que pague la cuantía debida. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido el pago o la entrega de los bienes o derechos, se procederá a enajenarlos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.
5. Si la garantía consiste en depósito en efectivo, se requerirá al depositario el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del depósito constituido, en el plazo establecido en el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, advirtiéndole de que en caso de incumplimiento se procederá al embargo de sus bienes y derechos sin más trámite en virtud de la misma providencia de apremio dictada en relación con la persona obligada al pago sin necesidad de nueva notificación de aquella. Si el depositario es la propia Diputación Foral de Gipuzkoa, se aplicará el depósito a cancelar dichas cantidades.
6. La ejecución de las hipotecas y otros derechos reales constituidos en garantía de los créditos de la Hacienda foral se realizará por el órgano de recaudación a través del procedimiento de apremio.
El órgano de recaudación notificará el inicio del procedimiento de ejecución a la persona a cuyo favor resulte practicada la última inscripción de dominio si no ha sido requerida para el pago y a los titulares de cargas o derechos reales constituidos con posterioridad a la hipoteca que aparezcan en la certificación.
En su caso, el tipo para la subasta o concurso podrá fijarse de acuerdo con las reglas del artículo 99 de este Reglamento y con independencia del precio en que se haya tasado el bien al tiempo de constituir la hipoteca.
7. Se podrá continuar el procedimiento de apremio cuando la garantía haya devenido manifiestamente insuficiente jurídica o económicamente, desde la fecha de su constitución, sin necesidad de esperar a su ejecución, mediante acuerdo motivado que deberá constar en el expediente.
8. Sólo podrá iniciarse o proseguirse la ejecución administrativa de garantías reales constituidas sobre bienes de quien haya sido declarado en concurso cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:
c) Cuando al tiempo de la declaración de concurso ya se hayan publicado los anuncios de enajenación forzosa del bien objeto de la garantía, y este no resulte necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
Si no concurriese ninguna de tales circunstancias, se suspenderán las actuaciones de ejecución administrativa de la garantía real y se instará del órgano judicial lo que conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pueda resultar procedente para su ejecución.
Artículo 76 Embargo de bienes y derechos
Transcurrido el plazo señalado en el artículo 61.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa sin haberse realizado el ingreso requerido, se procederá, en cumplimiento del mandato contenido en la providencia de apremio, y siempre que no se hubiese pagado la deuda por la ejecución de garantías o fuese previsible de forma motivada que de dicha ejecución no resultará líquido suficiente para cubrir la deuda, al embargo de los bienes y derechos que procedan, pudiendo acumular en un mismo procedimiento las deudas de un mismo deudor.
Artículo 77 Práctica de los embargos
1. La Diputación Foral de Gipuzkoa, siempre con respeto al principio de proporcionalidad y tal y como establece el artículo 173 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, embargará los bienes y derechos de la persona obligada al pago que sean más fáciles de realizar y causen a ésta menos perjuicios, hasta que se cubra el importe de la deuda pendiente. En todo caso, se embargarán en último lugar aquellos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido de la persona obligada al pago.
Cada actuación de embargo se documentará en la correspondiente diligencia de embargo que se notificará a la persona con la que se entienda aquella actuación.
Efectuado el embargo de los bienes o derechos, la diligencia se notificará a la persona obligada al pago y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones; así como al cónyuge o pareja de hecho de la persona obligada al pago en los términos del artículo 174.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa y, en todo caso, si se trata de la vivienda habitual; y a los condueños o cotitulares.
En el supuesto de bienes y derechos inscritos en un registro público, el embargo también deberá notificarse a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación.
La diligencia de embargo en caso de cuotas de participación de bienes que se posean pro indiviso se limitará a la cuota de participación de la persona obligada al pago y se notificará a los condóminos.
2. Cuando en la fase de traba o en la de ejecución resulten insuficientes los bienes embargados según el apartado anterior, se continuará obteniendo información sobre otros bienes y derechos y procediendo al embargo sucesivo de los mismos.
Cuando por la información sucesivamente obtenida se embarguen bienes que, en atención a los principios y criterios establecidos en el artículo 173 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, debieran haber sido embargados con anterioridad a otros ya embargados pero no realizados, se realizarán aquellos con anterioridad.
3. Si los bienes embargables se encuentran en recintos o locales de la persona obligada al pago o de terceras personas o entidades, el embargo se podrá practicar mediante personación, ordenando al poseedor de los citados bienes su entrega, hecho éste que se detallará en la correspondiente diligencia.
En caso de negativa a la entrega inmediata o imposibilidad de la misma, se podrá proceder al precintado o a la adopción de medidas necesarias para impedir la sustitución o levantamiento, todo lo cual se hará constar en diligencia.
Lo dispuesto en el presente apartado se efectuará teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 136 y 143 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa en relación con la entrada en fincas y locales y las medidas de aseguramiento que es posible adoptar.
4. El requerimiento que en virtud del artículo 166.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa se efectúe a la persona obligada al pago para que ésta ponga en conocimiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa una relación de bienes o derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda pendiente, deberá incluir la identificación completa de las deudas pendientes. La notificación de dicho requerimiento producirá los efectos interruptivos previstos en el artículo 67.2 de dicha Norma Foral.
Artículo 78 Concurrencia de embargos
1. Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso de éste último es el más antiguo. A estos efectos, se estará a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho.
En todo caso, la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá llevar a cabo la realización forzosa de los bienes embargados cuando los derechos de los acreedores con inscripción o anotación anterior no se vieran perjudicados por dicha realización.
2. Cuando sobre los bienes embargados por la Diputación Foral de Gipuzkoa o sobre los que se hubieran constituido garantías a favor de ésta existan derechos anotados o inscritos con anterioridad a favor de otros acreedores, podrá aquella subrogarse en dichos derechos mediante el abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando éstos sean sustancialmente inferiores al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda foral de la enajenación de los bienes. Para ejercitar esta subrogación, el órgano de recaudación deberá realizar una propuesta al Director o Directora General de Hacienda que resolverá lo procedente.
Las cantidades abonadas por ese concepto tendrán el carácter de costas del procedimiento, a cuyo pago se podrán aplicar con carácter preferente las cantidades que la Diputación Foral de Gipuzkoa obtenga de la enajenación forzosa de los bienes embargados.
3. Cuando los bienes embargados sean objeto de un procedimiento de expropiación forzosa, se paralizarán las actuaciones de ejecución de los bienes afectados, comunicando a la Administración expropiante el embargo de los pagos a realizar al expropiado. A efectos de continuar o no el procedimiento ejecutivo respecto de otros bienes de la persona obligada al pago, se considerará realizado el embargo por el precio firme del bien expropiado. Cuando el precio no sea firme, por la parte en que exista acuerdo y, de no haberlo, por el precio ofrecido por la Administración expropiante.
Artículo 79 Embargo de dinero en efectivo
1. Cuando se embargue dinero en efectivo, el órgano de recaudación lo hará constar en diligencia, de la que emitirá un duplicado. Uno de los ejemplares se unirá al expediente y el otro quedará en poder de la persona obligada al pago. El dinero será inmediatamente ingresado en las cuentas de la Tesorería Foral.
2. Si se trata de la recaudación de cajas, taquillas o similares de empresas o entidades en funcionamiento, se podrá acordar los pagos que deban realizarse con cargo a dicha recaudación, en la cuantía necesaria para evitar la paralización de aquéllas.
Artículo 80 Embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito
1. El embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito se llevará a cabo mediante diligencia de embargo que comprenderá todos los saldos de un deudor existentes en una oficina de la entidad, sean o no conocidos por la administración los datos identificativos de cada cuenta, hasta alcanzar el importe de la deuda no pagada en periodo voluntario, mas el recargo del periodo ejecutivo, intereses y, en su caso las costas producidas.
La diligencia de embargo se presentará en la oficina de la entidad de crédito, a los responsables de la misma, que deberán proceder de forma inmediata a retener el importe embargado si existe en ese momento saldo suficiente, o el total de los saldos en otro caso.
2. La diligencia de embargo podrá, asimismo, comprender todos los saldos del deudor existentes en todas las oficinas de una misma entidad, hasta alcanzar el importe de la deuda no pagada en periodo voluntario, recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, costas producidas. Dicha diligencia de embargo será presentada a los responsables de la entidad o de sus oficinas territoriales correspondientes, siendo en lo demás aplicable lo dispuesto en el apartado anterior.
3. La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la notificación de la diligencia de embargo a la entidad de crédito, así como el plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos, podrán ser convenidos, con carácter general, entre el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas y la entidad de crédito afectada.
4. Cuando el dinero se encuentre depositado en cuentas a nombre de varios titulares solamente se embargará la parte correspondiente al titular obligado al pago. A estos efectos, en el caso de cuentas de titularidad indistinta con solidaridad activa frente al depositario o de titularidad conjunta mancomunada, el saldo se presumirá dividido en partes iguales, salvo que de los términos del contrato se desprenda otra cosa o se pruebe una titularidad material de los fondos diferente.
5. Si el depósito está constituido en cuentas denominadas a plazo, el embargo se efectuará igualmente de forma inmediata, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 7 siguiente.
6. Sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso o reclamación económico-administrativa, si la persona obligada al pago demuestra que se ha producido el embargo de algún bien o derecho inembargable o en cuantía superior a la procedente, el órgano de recaudación ordenará el inmediato levantamiento de la traba o la devolución de las cantidades ingresadas en exceso.
En concreto, se actuará de esta manera si la persona obligada al pago demuestra que el embargo se ha efectuado sobre salarios o pensiones, superando los límites establecidos en el artículo 175.3 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
7. El importe de las cantidades retenidas será ingresado en las cuentas de la Tesorería Foral de forma inmediata una vez que el órgano de recaudación lo requiera expresamente a la entidad de crédito.
Si se trata de cuentas a plazo, el ingreso deberá realizarse en el momento indicado en el párrafo anterior o al día siguiente del fin del plazo, según cuál sea posterior. No obstante, si el depositante tiene la facultad de disponer anticipadamente del dinero depositado, al notificar la diligencia de embargo se advertirá a la persona obligada al pago la posibilidad que tiene de hacer uso de tal facultad frente a la entidad depositaria, según las condiciones que se hubieren establecido, en cuyo caso el ingreso en las cuentas de la Tesorería Foral se producirá al día siguiente de la cancelación.
Véase O. Foral [GIPUZKOA] 1.116/2008, 18 diciembre, por la que se establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito para diligencias de cuantía igual o inferior a 6.000 euros («B.O.G.» 26 diciembre). Téngase en cuenta que la Orden Foral [GIPUZKOA] 367/2010, de 3 de mayo («B.O.G.» 1 de junio) modifica el título de la Orden Foral 1.116/2008, 18 de diciembre.
Artículo 81 Embargo de valores
1. El embargo de fondos, valores, títulos, efectos públicos o privados u otros bienes entregados o confiados a una entidad de crédito u otra persona o entidad depositaria o gestora se efectuará mediante la presentación de la diligencia de embargo en la entidad y podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, a los demás bienes y derechos de la persona obligada al pago, sean o no conocidos por la Diputación Foral de Gipuzkoa, hasta alcanzar el importe de la deuda pendiente, más el recargo de apremio, intereses y, en su caso, las costas producidas.
En el mismo acto de presentación, la entidad deberá comunicar al órgano de recaudación la existencia o no de los valores embargados por la Diputación Foral de Gipuzkoa. En todo caso, los valores embargados se consideraran trabados el día de la presentación de la diligencia de embargo.
En el supuesto de que los valores estuviesen depositados o anotados en una entidad de crédito o especializada en la gestión de valores, la forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de la diligencia de embargo podrán ser convenidos, con carácter general, entre el Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas y dicha entidad.
2. Si el embargo se refiere a valores representados mediante títulos que no estén depositados en las entidades citadas en el apartado 1, la diligencia de embargo se notificará al titular, debiendo éste comunicar cualquier circunstancia relativa a los títulos que pudieran afectar al embargo. El órgano de recaudación actuante se hará cargo de los títulos junto con la póliza de compra o título de adquisición, si lo hubiese recibido.
3. El órgano de recaudación formulará orden de enajenación de aquellos valores que resulten suficientes para cubrir el importe total de la deuda pendiente, incluidos intereses de demora, recargo de apremio y costas.
Si los valores cotizan y están depositados, la enajenación se realizará a través de cualquier mercado organizado, en las mejores condiciones posibles según las prácticas usuales de buena gestión, dando orden a la entidad depositaria para que proceda a su venta. La entidad depositaria o gestora, podrá deducir del importe obtenido los gastos y comisiones que procedan.
El importe obtenido deberá ingresarse en las cuentas de la Tesorería Foral hasta el límite de lo debido. El sobrante, si existe, deberá ponerse a disposición de su propietario. El órgano de recaudación notificará a la entidad gestora o depositaria la orden de levantamiento del embargo sobre el resto de los valores trabados cuya enajenación no hubiera resultado necesaria.
Si los valores cotizan pero no están depositados, la enajenación se realizará a través de cualquier mercado organizado, en las mejores condiciones posibles según las prácticas usuales de buena gestión, acudiendo a un operador para que proceda a su venta. El operador podrá deducir del importe obtenido los gastos y comisiones que procedan. El importe obtenido deberá ingresarse en las cuentas de la Tesorería Foral hasta el límite de lo debido. El sobrante, si existe, deberá ponerse a disposición de su propietario.
Si los valores no cotizan en bolsa estén o no estén depositados, se procederá a su venta mediante subasta, salvo que proceda la adjudicación directa. El importe obtenido deberá ingresarse en las cuentas de la Tesorería Foral hasta el límite de lo debido. El sobrante, si existe, deberá ponerse a disposición de su propietario.
4. Cuando resulte más adecuado para la satisfacción de la deuda, el órgano de recaudación podrá acordar, en lugar de la enajenación de los títulos, el embargo de los dividendos, intereses, rendimientos de toda clase y, en su caso, reintegros, derivados de aquellos.
5. Tratándose de participaciones en el capital de sociedades de responsabilidad limitada, la diligencia de embargo se notificará al órgano de administración de la sociedad para su inscripción en el libro registro de socios.
Cuando se embarguen participaciones en sociedades en las que, según la legislación aplicable, los socios tengan derecho de adquisición preferente de las mismas, se procederá a efectuar las notificaciones pertinentes a dichos socios y a la sociedad.
Artículo 82 Embargo de otros créditos, efectos y derechos
1. Cuando se trate de otros créditos, efectos y derechos distintos de los del artículo anterior, se procederá como sigue:
a) Si se trata de créditos, efectos y derechos sin garantía, se presentará la diligencia de embargo a la persona o entidad deudora de la obligada al pago, apercibiéndole de que, a partir de ese momento, no tendrá carácter liberatorio el pago efectuado a la persona obligada.
Cuando el crédito o derecho embargado haya vencido, la persona o entidad deudora de la obligada al pago deberá ingresar en las cuentas de la Tesorería Foral el importe hasta cubrir la deuda. En otro caso, el crédito quedará afectado a dicha deuda hasta su vencimiento, si antes no resulta solventada. Si el crédito o derecho consiste en pagos sucesivos, se ordenará al pagador ingresar en las cuentas de la Tesorería Foral su importe hasta el límite de la cantidad adeudada.
b) Si se trata de créditos garantizados, deberá notificarse la diligencia de embargo también al garante o, en su caso, a la poseedor del bien o derecho ofrecido en garantía, que podrá depositarse hasta el vencimiento del crédito. Vencido el crédito, si no se paga la deuda se promoverá la ejecución de la garantía conforme previene el artículo 75 de este Reglamento.
2. Si lo embargado resultasen créditos o derechos derivados de retribuciones procedentes una actividad profesional, mercantil o autónoma, se estará a lo dispuesto, en su caso, en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 83 Embargo de sueldos, salarios y pensiones
La diligencia de embargo se presentará a la persona pagadora. Esta quedará obligada a retener las cantidades procedentes en cada caso sobre las sucesivas cuantías satisfechas como sueldo, salario o pensión y a ingresar en las cuentas de la Tesorería Foral el importe detraído hasta el límite de la cantidad adeudada.
2. Si la persona obligada al pago es beneficiaria de más de una de dichas percepciones, se acumularán para deducir una sola vez la parte inembargable. La cantidad embargada podrá detraerse de la percepción o percepciones que fije el órgano de recaudación. Si la persona obligada al pago propone expresamente otra, le será aceptada, si ello no supone obstáculo para el cobro.
3. Cuando el embargo comprenda percepciones futuras, aun no devengadas, y existan otros bienes embargables, una vez cobradas las vencidas podrán embargarse dichos bienes, sin esperar a los posibles devengos o vencimientos sucesivos.
Una vez cubierta la deuda, el órgano de recaudación comunicará a la persona pagadora la finalización de las retenciones.
Artículo 84 Embargo de bienes inmuebles y derechos sobre éstos
1. El embargo de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos se efectuará mediante diligencia, que especificará las circunstancias siguientes:
a) Nombre y apellidos o razón social completa del titular y, en su caso, del poseedor de la finca embargada, número de identificación fiscal y cuantos datos puedan contribuir a su identificación.
d) Derechos de la persona obligada al pago sobre los inmuebles embargados.
e) Importe total del débito, concepto o conceptos a que corresponda e importe de la responsabilidad a que se afecta el inmueble por principal, recargos, intereses y costas, advirtiendo que podrá extenderse a los intereses que puedan devengarse hasta que concluya la ejecución y a las costas de ésta.
f) Advertencia de que se tomará anotación preventiva del embargo en el Registro de la Propiedad a favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa o, en su caso, de la entidad u organismo titular del crédito que motiva la ejecución.
2. En el momento de notificarse la diligencia de embargo según lo dispuesto en el artículo 77.1 de este Reglamento, se requerirán los títulos de propiedad a los titulares de los bienes o derechos.
3. Si debiera practicarse deslinde, el órgano de recaudación propondrá al Director o Directora General de Hacienda el nombramiento de un funcionario técnico adscrito al Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas o la contratación de los servicios de empresas especializadas. En ambos casos, el deslinde se realizará en el plazo de quince días.
4. A efectos del embargo, los buques mercantes tendrán la consideración de bienes inmuebles y su embargo se practicará en lo que resulte aplicable con sujeción a las normas de este artículo y los siguientes de este Reglamento.
En todos los casos, cuando se ordene el embargo de un buque o cualquier otra embarcación, se tomará anotación preventiva en el Registro de Matrícula de Buques de la provincia marítima en que aquél figure matriculado, así como en el Libro de Buques del Registro Mercantil.
Artículo 85 Anotación preventiva en el Registro de la Propiedad del embargo de bienes inmuebles y derechos sobre éstos
1. El órgano de recaudación solicitará que se practique anotación preventiva del embargo de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos en el Registro de la Propiedad que corresponda.
2. A tal efecto, el órgano de recaudación expedirá mandamiento dirigido al registrador o registradora con sujeción a lo dispuesto en la legislación hipotecaria y a lo que se establece en los artículos siguientes, interesando, además, que se libre certificación de las cargas que figuren en el registro sobre cada finca, con expresión detallada de las mismas y de sus titulares, incluyendo en la certificación al propietario o propietarios de la finca en ese momento y su domicilio.
A la vista de tal certificación, se comprobará si se han efectuado todas las notificaciones exigidas por la normativa, procediéndose, en su defecto, a practicarlas. En todo caso, se notificará el embargo a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación.
3. Si las liquidaciones apremiadas se refieren a tributos sin cuyo previo pago no puede inscribirse en el registro el acto o contrato que las ha determinado, al llegar el procedimiento a la fase de embargo se procederá de la forma siguiente:
a) Se propondrá al órgano competente el aplazamiento del pago de dichas liquidaciones a los solos efectos de la inscripción de los bienes y anotación preventiva de su embargo a favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El acuerdo de aplazamiento se hará constar en los documentos que hubiesen determinado la liquidación del tributo y por virtud de los cuales deba practicarse la inscripción en el registro.
b) Dichos documentos y el mandamiento de embargo serán presentados al registrador o registradora de la propiedad, quien, una vez practicada la inscripción del derecho de la persona obligada al pago con la mención de que el pago de la liquidación queda aplazado, procederá de forma inmediata a anotar el embargo.
d) Cuando se produzca la enajenación de los bienes embargados, el precio obtenido se aplicará a solventar las liquidaciones y demás responsabilidades que procedan, incluidos los intereses de demora que puedan devengarse hasta que concluya la ejecución y a las costas de ésta. El documento acreditativo de dicha aplicación será presentado en el registro y producirá la cancelación del embargo y de las notas de aplazamiento. En la escritura de venta se harán constar tales extremos.
Si se acuerda la adjudicación de bienes a la Hacienda publica o al ente público acreedor, el documento acreditativo de la adjudicación producirá los mismos efectos que los indicados en el apartado anterior.
Artículo 86 Requisitos de los mandamientos para la anotación preventiva de embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos
a) Indicación de la fecha de la providencia de apremio y transcripción de la diligencia de embargo del inmueble o inmuebles de que se trate, indicando las personas a las que se ha notificado el embargo y el concepto por el que se les ha practicado dicha notificación.
b) Descripción del derecho que tenga la persona obligada al pago sobre los bienes embargados.
c) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, en su caso, del poseedor de las fincas a las que se refiera el mandamiento.
d) El importe total de la deuda, concepto o conceptos a que corresponda, e importe de la responsabilidad a que se afecta el inmueble por principal, recargos, intereses y costas.
f) Expresión de que la Diputación Foral de Gipuzkoa no puede facilitar, en el momento de la expedición del mandamiento, más datos respecto de los bienes embargados que los contenidos en éste.
Artículo 87 Presentación de los mandamientos en el Registro de la Propiedad
1. El mandamiento se presentará por triplicado en el Registro de la Propiedad. El registrador o registradora devolverá en el acto uno de los ejemplares con nota de referencia al asiento de presentación del mandamiento y otro, en su día, con la nota acreditativa de haber quedado extendida la anotación oportuna o de no haber podido practicarse, expresando detalladamente, en este caso, no sólo los defectos advertidos, sino también la forma y medio de subsanarlos. El tercer ejemplar del mandamiento quedará archivado en el registro.
2. Si la finca o fincas no constasen inscritas o no fuese posible extender la anotación por cualquier defecto subsanable, se tomará razón del embargo y se hará constar así en la contestación al mandamiento.
3. La presentación de los mandamientos al registro podrá efectuarse por fax o por medios telemáticos, en la forma determinada por la normativa aplicable.
4. Cuando lo exijan las actuaciones del procedimiento de apremio, se presentará mandamiento solicitando la prórroga de las anotaciones preventivas de embargo de acuerdo con lo dispuesto en la legislación hipotecaria.
Artículo 88 Incidencias en las anotaciones preventivas de embargo en el Registro de la Propiedad
1. En el caso de que el registrador o registradora de la propiedad devuelva el mandamiento manifestando haber suspendido la anotación por defecto subsanable, se procederá a subsanarlo en el acto, si es posible, o en un momento posterior, dentro del plazo establecido en la legislación hipotecaria.
2. Con el fin de evitar la caducidad de la anotación efectuada por defectos subsanables establecida en la legislación hipotecaria, el órgano de recaudación solicitará, si es necesario, la prórroga que en aquélla se autoriza.
3. En caso de disconformidad con la decisión del registrador o registradora, se trasladarán las actuaciones al órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas a efectos de la interposición, si procede, de recurso contra la calificación registral por parte del órgano competente para ello.
Artículo 89 Contestaciones de los registradores
La contestación del registrador o registradora de la propiedad al mandamiento de anotación preventiva de embargo y la certificación relativa a las cargas y gravámenes que afecten a los inmuebles se unirán al expediente de apremio.
2. La Diputación Foral de Gipuzkoa podrá ejercitar las acciones civiles que la Ley autoriza para obtener la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera dar lugar la dilación de los registradores en la práctica de los servicios que les encomienda este Reglamento.
3. Las dilaciones reiteradas que entorpezcan el procedimiento recaudatorio serán comunicadas a la Dirección General de Hacienda para su traslado a la Dirección General de los Registros y del Notariado a los efectos que procedan.
Artículo 90 Embargo de intereses, rentas y frutos de toda especie
1. Cuando se embarguen intereses, rentas y frutos de la persona obligada al pago que se materialicen en pagos en dinero, la diligencia de embargo se notificará a la persona o entidad pagadora, que deberá retenerlos e ingresarlos en las cuentas de la Tesorería Foral hasta cubrir la cantidad adeudada.
2. Cuando los frutos o rentas a embargar sean los correspondientes a los derechos de explotación de una obra protegida por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, aquéllos se considerarán salarios según lo que establece dicho Texto Refundido y el embargo se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de este Reglamento.
3. Si lo embargado fuesen frutos o rentas obtenidos por empresas o actividades comerciales, industriales y agrícolas, se podrá nombrar un administrador o interventor que actuará según se establece en el artículo 174.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El nombramiento se acordará previa audiencia del órgano de administración de la empresa o titular del negocio mediante resolución del Director o Directora General de Hacienda, en la que se motivará la apreciación de concurrencia de causas establecidas en el precepto citado y concretará la gestión o administración que serán fiscalizados previamente a su ejecución.
4. Si los frutos están asegurados, se notificará a la entidad aseguradora el embargo de las indemnizaciones o prestaciones que correspondan en caso de siniestro, las cuales deberán ingresarse en las cuentas de la Tesorería Foral una vez ocurrido este.
Artículo 91 Embargo de establecimientos mercantiles e industriales
1. Se procederá al embargo de establecimientos mercantiles e industriales cuando, atendiendo a todas las circunstancias, resulta preferible al embargo por separado, de sus distintos elementos.
2. El embargo de establecimientos mercantiles e industriales se podrá iniciar mediante personación en los establecimientos o en el domicilio de la persona o entidad a que pertenezcan.
a) Derecho de cesión del contrato de arrendamiento del local del negocio, si éste fuese arrendado, y las instalaciones.
4. De la actuación de embargo, sea positiva o negativa, se extenderá la correspondiente diligencia. Si es positiva se harán constar inventariados todos los bienes y derechos existentes en cada establecimiento embargado, así como los que se embargan.
5. Si el inmueble estuviese arrendado, se notificará la diligencia de embargo al arrendador.
6. Se efectuará anotación preventiva del embargo en el Registro de Bienes Muebles, para lo cual el órgano de recaudación expedirá el correspondiente mandamiento.
7. Según las circunstancias del caso, podrá acordarse la adopción de alguna de las medidas siguientes:
b) En los casos previstos en el artículo 174.5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa se podrá nombrar un administrador conforme previene el artículo 90.3 de este Reglamento.
8. La enajenación de los establecimientos mercantiles e industriales se llevará a cabo por el procedimiento establecido en la sección 3.ª de este capítulo.
1. El embargo de los restantes bienes muebles y semovientes se podrá llevar a cabo mediante personación en los locales de la persona obligada al pago o de terceros, ordenando al poseedor de los citados bienes su entrega, hecho éste que se detallará en la correspondiente diligencia.
2. Siempre que el embargo afecte a bienes inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, el órgano de recaudación expedirá seguidamente mandamiento de embargo para su anotación preventiva en el registro de la localidad correspondiente. Estos mandamientos se tramitarán de acuerdo con lo establecido en su normativa reguladora.
3. Cuando se trate de automóviles, camiones, motocicletas, embarcaciones, aeronaves u otros vehículos se procederá según lo dispuesto en los apartados anteriores, notificándose el embargo a la persona obligada al pago y requiriéndole para que en un plazo de cinco días lo ponga a disposición de los órganos de recaudación competentes, con su documentación y llaves. Si no lo efectúa se dará orden a las autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y a las demás que proceda, para la captura, depósito y precinto de los bienes citados.
4. Cuando se trate de embargo de bienes adquiridos por el sistema de ventas a plazo, se tendrán en cuenta las disposiciones de su normativa reguladora.
5. Cuando se trate de embargo de patentes, marcas, nombres comerciales y modelos de utilidad, se tendrán en cuenta las disposiciones de su normativa reguladora.
Artículo 93 Embargo de percepciones que puede recibir el partícipe o socio de fondos de pensiones o entidades o instituciones de previsión social
1. En los términos que permite su normativa reguladora, será embargable el derecho a las percepciones que reciba o pueda recibir el partícipe en un plan de pensiones, mutualidad o entidad de previsión social voluntaria, u otros instrumentos alternativos de previsión social, si bien el embargo no se ejecutará hasta que se cause el derecho a la prestación, concurran los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración previsto en dicha normativa o concurran las circunstancias previstas para su rescate anticipado.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, según los planes de pensiones, entidad de previsión social voluntaria o mutualidades de previsión social voluntaria sean sustitutivos del sistema público de pensiones o sean complementarios del mismo, tendrán la consideración de pensión publica y en consecuencia seguirán el procedimiento establecido en el artículo 83 de este Reglamento; o bien tendrán la consideración de un derecho realizable a largo plazo, en cuyo caso seguirá el procedimiento establecido en el artículo 82.1 de este Reglamento.
3. La diligencia de embargo se presentará a las entidades correspondientes sin necesidad de identificación de los derechos a favor del apremiado y se efectuará hasta el importe de la deuda pendiente. Dichas entidades tomarán nota del embargo, de lo que darán traslado al órgano de recaudación actuante en el plazo máximo de diez días, remitiendo la información necesaria relativa a las características del plan o fondo contratado, derechos consolidados, posibilidad y fecha de ejercicio de rescate anticipado, prestaciones que comprende y cualquier otro dato de relevancia económica para la ejecución. En caso de que existiera una traba previa lo pondrán en conocimiento del órgano de recaudación en dicha comunicación, debiendo especificar los extremos de la misma.
4. Las entidades gestoras y depositarias, desde el momento de la comunicación del embargo, y hasta tanto por el órgano de recaudación no se comunique el levantamiento del mismo, estarán obligadas a retener las cantidades que en el futuro se puedan devengar a favor de la persona obligada al pago y ponerlo en conocimiento de dicho órgano. Asimismo, deberán comunicar en su caso, el momento en que el partícipe pueda ejercer la opción de rescate de capital o percibo de prestación anticipada, a fin de que el órgano actuante pueda, o bien requerir a la persona obligada al pago para su ejercicio, con retención en ese momento de la cuantía que corresponda hasta el límite de la deuda que se ejecuta; o bien sustituir a la persona obligada al pago en el ejercicio de su opción directamente.
5. En caso de que se produzca la movilización de los derechos consolidados a otro plan, la entidad gestora deberá comunicarlo al órgano de recaudación, ante el que deberá acreditar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, la comunicación del embargo a las entidades gestoras y depositarias del plan de destino.
1. El órgano de recaudación designará, en su caso, el lugar en que los bienes embargados deban ser depositados hasta su realización, siguiendo los criterios que se fijan en este artículo, sin perjuicio de lo establecido en artículo 92.3 de este Reglamento.
2. Los bienes que al ser embargados se encuentren en entidades de crédito u otras que, a juicio de los órganos de recaudación competentes, ofrezcan garantías de seguridad y solvencia, seguirán depositados en las mismas a disposición de dichos órganos.
3. Los demás bienes se depositarán, según mejor proceda, a juicio del órgano de recaudación competente:
a) En recintos o locales de la propia Diputación Foral de Gipuzkoa cuando existan y reúnan condiciones adecuadas para el depósito de dichos bienes.
b) En recintos o locales de otros entes públicos dedicados a depósito o que reúnan condiciones para ello, incluidos museos, bibliotecas, depósitos de vehículos o similares.
d) En defecto de los anteriores, en locales, domicilios u otros lugares de personas físicas o jurídicas, distintas de la persona obligada al pago, que ofrezcan garantías de seguridad y solvencia.
e) En recintos o locales de la persona obligada al pago cuando así se considere oportuno o cuando se trate de bienes de difícil transporte o movilidad; en este caso se procederá a su precinto o a la adopción de medidas que garanticen su seguridad e integridad, quedando la persona obligada al pago sujeta a los deberes y responsabilidades del depositario citados en el artículo 96 de este Reglamento. En este caso el depósito se considerara necesario sin que pueda oponerse la persona obligada al pago.
4. En los casos c) y d) del apartado 3, las relaciones entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y el depositario se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas en los aspectos no previstos en esta subsección.
5. Si el lugar inicialmente elegido para el depósito de los bienes embargados dejase de reunir las condiciones debidas o el depositario incumpliese las funciones que le corresponden, el órgano de recaudación acordará que se designe nuevo lugar o depositario idóneo al respecto.
Artículo 95 Funciones de la persona depositaria
Cuando las funciones del depositario impliquen actos que excedan de la mera custodia, conservación y devolución de los bienes embargados, tales actuaciones precisarán autorización del órgano de recaudación.
2. Cuando en los supuestos de embargo de establecimientos mercantiles e industriales y de intereses, frutos y rentas de toda especie se hubiera nombrado un depositario o administrador, sus funciones, además de las señaladas en el apartado 1, comprenderán las habituales de gestión de bienes y negocios, debiendo ingresar en las cuentas de la Tesorería Foral las cantidades resultantes.
1. El depositario, salvo en los casos en que lo sea la propia persona obligada al pago, tiene derecho a la retribución convenida por la prestación de sus servicios y al reembolso de los gastos que haya soportado por razón del depósito, cuando no estén incluidos en dicha retribución.
2. Además de los deberes inherentes a sus funciones como depositario y, en su caso, como administrador, tiene el deber de rendir las cuentas que le sean ordenadas por el órgano de recaudación y cumplir las medidas que sean acordadas por los mismos para la mejor administración y conservación de los bienes.
3. El depositario que incumpla las obligaciones que le incumben como tal podrá ser responsable solidario de la deuda en los términos del artículo 42.4 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le corresponda.
Artículo 97 Valoración de los bienes embargados. Nombramiento de peritos
1. El órgano de recaudación procederá a valorar los bienes embargados con referencia a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración.
2. Cuando, a juicio de dicho órgano, se requieran especiales conocimientos, la valoración se podrá efectuar por perito nombrado al efecto.
3. La valoración será notificada a la persona obligada al pago, quien en caso de discrepancia podrá presentar valoración contradictoria realizada por perito adecuado, en el plazo de 15 días.
El obligado al pago podrá solicitar ampliación de dicho plazo, comunicando en dicha solicitud la identidad del perito. El órgano de recaudación resolverá lo que estime procedente.
Transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya presentado valoración contradictoria, se entenderá que la persona obligada al pago ha renunciado a su derecho y la tasación aplicable será la realizada por el perito nombrado por la Diputación Foral de Gipuzkoa
Apartado 3 del articulo 97 redactado por el número doce del artículo único del D. Foral [GIPUZKOA] 25/2010, 28 septiembre por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto («B.O.G.» 11 octubre).Vigencia: 12 octubre 2010
4. El nombramiento de perito representante de la Diputación Foral de Gipuzkoa recaerá sobre un funcionario técnico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas nombrado por el Director o Directora General de Hacienda, o en servicios externos especializados contratados de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.
Si los bienes embargados fuesen pinturas, esculturas u objetos que, reconocida o presuntamente tuvieran valor o interés artístico o histórico, la designación de perito se solicitará al departamento competente de la Diputación Foral de Gipuzkoa en materia de cultura.
5. Si la diferencia entre las valoraciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de la persona obligada al pago, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
Si, por el contrario, la diferencia entre la suma de los valores asignados a los bienes por ambas partes excediera del 20 por ciento, se convocará a la persona obligada al pago para dirimir las diferencias de valoración y, si se logra acuerdo, se dejará constancia por escrito del valor acordado que será el aplicable.
6. Cuando no exista acuerdo entre las partes, el órgano de recaudación solicitará una nueva valoración con un tercer perito adecuado.
A tal efecto el órgano de recaudación interesará nueva valoración por perito adecuado designado, en su caso, por colegios profesionales y asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidas, en plazo no superior a quince días.
Dicha valoración será la definitivamente aplicable siempre que esté comprendida entre las dos anteriores; en otro caso, se tomará la más próxima a esta nueva valoración.
7. Se prescindirá de la tasación cuando lo embargado sean efectos públicos, acciones, obligaciones u otros títulos valores admitidos a cotización en el mercado secundario de valores.
8. El importe satisfecho como consecuencia de la valoración efectuada por el perito de la Diputación Foral de Gipuzkoa y, en su caso, por el tercer perito se incluirá en las costas del procedimiento de apremio a cargo de la persona obligada al pago.
Los honorarios del perito nombrado por la persona obligada al pago, serán abonados directamente por ésta.
Artículo 98 Contratación externa de los servicios de valoración
1. El Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, a propuesta del Director o Directora General de Hacienda, podrá contratar la prestación de los servicios de valoración de bienes o derechos embargados.
2. La adjudicación de los contratos a que se refiere el párrafo anterior podrá recaer en persona física o jurídica.
Cuando se trate de personas físicas, éstas habrán de poseer la titulación suficiente para efectuar las correspondientes valoraciones y deberán acreditar su experiencia en dicha materia.
Cuando se trate de personas jurídicas, se exigirá que se trate de empresas de tasación homologadas e inscritas en el Registro Oficial de Entidades Especializadas de Tasación del Banco de España.
3. Los servicios prestados por los peritos externos devengarán sus emolumentos con arreglo a los aranceles o tarifas de precios que oficialmente tengan establecidos, pero con el máximo del 1,5 por 1.000 de la valoración que corresponda.
La cuantía máxima podrá ser actualizada mediante Orden Foral del Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.
Véase O. Foral [GIPUZKOA] 613/2008, 7 julio, por la que se actualiza el porcentaje previsto en el articulo 98.3 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en relación a los honorarios a percibir por peritos externos («B.O.G.» 10 julio).
Artículo 99 Cálculo del tipo para la enajenación forzosa
1. En virtud de la información contenida en la documentación emitida por el registrador o registradora como consecuencia de la anotación preventiva de embargo practicada, se investigará si las cargas anteriores inscritas subsisten o han sido modificadas por pagos posteriores a su inscripción u otras causas. Para ello, el órgano de recaudación podrá dirigirse a los titulares de los créditos inscritos con anterioridad, para que informen sobre la subsistencia del crédito y su actual cuantía.
Los acreedores a los que se reclame la información anterior deberán indicar con la mayor precisión que el crédito subsiste o se ha extinguido por cualquier causa, y en caso de subsistir, la cantidad que queda pendiente de pago, la fecha de vencimiento y los plazos y condiciones en que el pago deba efectuarse. Si el crédito estuviera vencido y no pagado, se informará también de los intereses moratorios vencidos y de la cantidad a la que asciende por cada día de retraso y la previsión para costas.
2. El tipo para la subasta será el siguiente:
3. Si apareciesen indicios de que todas o algunas de las cargas son simuladas y su importe pudiera impedir o dificultar la efectividad del débito, se remitirán las actuaciones al órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, para que informe sobre las medidas que procedan, incluida la exigencia de responsabilidad civil o penal.
Artículo 100 Títulos de propiedad
1. Tratándose de bienes inmuebles, créditos hipotecarios o derechos reales en general, si los obligados al pago no hubieren facilitado los títulos de propiedad de los mismos al serles notificado el embargo y no quedare, además, suficientemente acreditada la titularidad a juicio del ejecutor con la certificación emitida por el Registro de la Propiedad, se requerirá al deudor para que los aporte en el plazo de cinco días.
2. Transcurrido el plazo señalado, y no siendo posible la obtención de información complementaria, continuará el procedimiento sobre aquel bien o derecho con los datos y documentos resultantes y obrantes en el expediente de apremio.
3. Cuando no existieren inscritos títulos de dominio, ni los obligados al pago los presentasen, los adjudicatarios de los bienes deberán, si les interesa, sustituirlos por los medios establecidos en el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad jurídica, incumbiéndoles instar el procedimiento que corresponda, sin que la Administración contraiga otra obligación a este respecto que la de otorgar, si la persona obligada al pago no lo hace, el documento público de enajenación.
Artículo 101 Lotes
1. Los bienes trabados podrán ser distribuidos en lotes, integrando en cada uno de éstos los que sean de análoga naturaleza atendida su clase o el aprovechamiento o servicio de que sean susceptibles.
Sin embargo, cuando se trate de bienes inmuebles podrán distribuirse por fincas independientes.
2. Igualmente se formarán lotes, aunque no se trate de bienes de una misma naturaleza, cuando se estime conveniente, a fin de obtener mayores facilidades para la concurrencia de licitadores.
3. Podrá formarse un solo lote con aquellos bienes embargados que estén gravados con una misma hipoteca u otra carga o gravamen de naturaleza real o exista cualquier otra causa que razonablemente así lo aconseje y sea discrecionalmente acordado por el órgano competente para dictar el acuerdo de enajenación.
Artículo 102 Principios de la enajenación forzosa
Una vez efectuada la valoración y la formación de lotes, se procederá a la enajenación de bienes de una misma persona obligada al pago en atención al principio de proporcionalidad y eficacia.
No obstante, la aparición sucesiva de otros bienes no afectará a la validez de las enajenaciones ya realizadas, aunque pudiesen haber tenido la consideración de bienes preferentemente embargables respecto de los que fueron enajenados.
Artículo 103 Formas de enajenación
1. La enajenación de los bienes embargados se llevará a efecto mediante subasta pública en una o dos licitaciones, concurso o adjudicación directa, salvo los procedimientos específicos de realización de determinados bienes o derechos que se regulan en este Reglamento.
3. El órgano administrativo que interviene en el proceso de enajenación forzosa de bienes es la Mesa de enajenación, cuyo régimen de funcionamiento y configuración orgánica se determinará mediante Orden Foral del Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, y que, en todo caso, estará compuesta por tres miembros.
4. Los interesados podrán participar en los procedimientos de enajenación de los bienes embargados a través de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las condiciones que se aprueben por Orden Foral de Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.
Artículo 104 Acuerdo de enajenación, notificación y anuncio de la subasta
1. El órgano de recaudación dictará el acuerdo de enajenación referido en el artículo 176.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ordenando la venta de los bienes embargados y señalando día, hora y lugar en que habrá de celebrarse, así como el tipo de subasta para licitar. Señalará, en su caso, la posibilidad de participación por vía telemática.
2. Dicho acuerdo de enajenación será notificado a la persona obligada al pago; a su cónyuge o pareja de hecho en los términos del artículo 174.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa y, en todo caso, si se trata de la vivienda habitual; a los titulares de derechos inscritos en el correspondiente registro público con posterioridad al derecho de la Diputación Foral de Gipuzkoa que figuren en la certificación de cargas que conste en el expediente administrativo de apremio, incluyendo entre esos titulares posteriores a los acreedores hipotecarios y pignoraticios; al depositario, si es ajeno a la Administración; y, en caso de existir, a los copropietarios y terceros poseedores de los bienes a subastar.
En caso de subastas de derechos de cesión del contrato de arrendamiento de locales de negocio, el acuerdo de enajenación se notificará también al arrendador, con los efectos y requisitos establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
En la notificación se hará constar que en cualquier momento anterior al de la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los bienes embargados pagando los débitos y costas del procedimiento.
3. Practicadas las notificaciones del acuerdo de enajenación y la publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa del anuncio de subasta, para la celebración de ésta mediarán, al menos, quince días naturales.
4. Cuando a juicio del órgano competente sea conveniente para el fin perseguido y proporcionado con el valor de los bienes, podrá instarse mayor publicidad de la enajenación forzosa mediante anuncio abreviado en el Ayuntamiento del lugar en que estén situados los bienes, en medios de comunicación de gran difusión y en publicaciones especializadas.
5. En el anuncio de subasta se hará constar:
a) Día, hora y lugar en que ha de celebrarse, así como el plazo, lugar y forma de presentación de las ofertas.
b) Descripción de los bienes en lotes, tipo de subasta para cada uno y, en su caso, tramos para la licitación; locales o recintos donde estén depositados los bienes y los títulos disponibles; y días y horas en que podrán ser examinados, hasta el día anterior al de la subasta.
Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, se establecerá en dichos anuncios que los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; que de no estar inscritos los bienes en el registro, el documento público de enajenación es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria y que en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica.
c) Obligación de constituir en el lugar y plazo en que se indique, el preceptivo depósito de garantía o fianza en la cuantía que se establezca. Se advertirá asimismo de las consecuencias previstas en el presente Reglamento si los adjudicatarios no completan el precio de adjudicación, así como del destino del citado depósito.
d) Prevención de que la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes, si se hace el pago de la deuda, incluidas las costas del procedimiento.
f) Obligación de la persona adjudicataria de efectuar en el lugar que se indique en el propio anuncio y en el plazo señalado en este Reglamento, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.
g) Sistema de presentación de ofertas en sobre cerrado en la primera licitación de la subasta, que deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 106 de este Reglamento.
h) Sistema de presentación de ofertas mediante puja en la segunda licitación de la subasta, que deberán ajustarse a lo dispuesto el artículo 107 de este Reglamento, si se hubiese convocado la segunda licitación de la subasta en el acuerdo de enajenación.
i) Advertencia de que si tras la celebración de la subasta quedasen lotes sin adjudicar y deuda exigible con cargo a los bienes que los componen, dichos lotes podrán ser adjudicados a la Diputación Foral de Gipuzkoa en pago de su deuda en las condiciones previstas en este Reglamento.
j) Indicación expresa de que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de dichos bienes.
Artículo 105 Licitadores
1. Podrán tomar parte en la enajenación forzosa todas las personas, físicas o jurídicas, que tengan capacidad de obrar con arreglo a derecho y no tengan impedimento o restricción legal para comprometerse con su oferta.
2. Todo licitador, para que pueda ser admitido como tal, deberá constituir previamente la fianza exigida, en la forma, tiempo y cuantía que se haya determinado en el anuncio de la subasta, para cada lote sobre los que desee pujar.
El importe de la fianza para cada lote será del 10 por ciento de su tipo de subasta en primera licitación, pudiendo elevarse dicha cuantía en el anuncio de subasta.
3. La Diputación Foral de Gipuzkoa podrá concurrir, sin necesidad de depósito ni fianza alguna, a la subasta de bienes y derechos de todo tipo y en las mismas condiciones que cualquier licitador.
4. Lo previsto en los apartados 1 y 3 de este artículo será aplicable, asimismo, en los casos de enajenación por concurso o adjudicación directa.
Artículo 106 Presentación de ofertas y desarrollo de la subasta en primera licitación
1. En la primera licitación las ofertas se dirigirán al órgano de recaudación, quedando bajo su custodia y responsabilidad.
Las ofertas se presentarán en el lugar y plazo que se determine en el anuncio de subasta, y en todo caso entre el día de la publicación del anuncio de subasta en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y el último día hábil anterior al señalado para la apertura de ofertas, ambos inclusive.
2. La oferta que se formule deberá hacerse por escrito y constará de la siguiente documentación:
a) Original o copia simple debidamente cotejada por el funcionario o funcionaria ante quien se presente la oferta, del documento de identidad del licitador y, en su caso, escritura pública o documento que justifique la representación que ostenta.
b) Original o copia simple debidamente cotejada por el funcionario o funcionaria ante quien se presente la oferta del documento justificativo de la fianza depositada.
c) Escrito firmado por el licitador en el que se indique la intención de licitar y el lote al que se opta.
d) Sobre cerrado que incluya escrita la cuantía que se ofrece, y que deberá cubrir al menos el 80 por ciento del tipo de subasta en primera licitación. En el exterior del sobre deberá indicarse de manera suficiente la referencia del lote al que se opta.
De la documentación presentada se expedirá el oportuno recibo al presentador, con expresión del día y hora exacta de la entrega y de cuyos extremos quedará constancia en el expediente. Una vez entregada la oferta, ésta no podrá retirarse en caso alguno.
3. Llegado el momento de celebración de la subasta en primera licitación y una vez constituida la Mesa de enajenación, dará comienzo el acto con la lectura de la relación de bienes en lotes y de las condiciones por las que se ha de regir la subasta, según el anuncio correspondiente.
A continuación, y siguiendo el orden fijado en el anuncio de subasta, se examinará por la Mesa la documentación presentada por los licitadores para el primer lote; admitida la misma, se abrirán los sobres que contienen escrita la cuantía que se ofrece, adjudicando la Mesa dicho lote a la mejor oferta que al menos cubra el importe mínimo exigible.
En caso de existir dos ofertas idénticas sobre el mismo lote, se adjudicará a aquella que primero se recibió en el tiempo, según lo que resulte del expediente y de los recibos que a tal efecto se expidieron.
Sin interrupción y de forma sucesiva, se procederá de igual manera respecto de los demás lotes existentes.
El acto se dará por terminado tan pronto como se cubra la totalidad de la deuda exigible con el importe de los bienes adjudicados.
Una vez finalizada la subasta en primera licitación, se levantará la correspondiente acta, de la que se entregará copia a los licitadores que así lo soliciten.
El licitador que resulte adjudicatario queda obligado por la presentación de su oferta a efectuar dentro de los improrrogables tres días hábiles siguientes al acto de adjudicación el ingreso de la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación, deviniendo en caso contrario ineficaz la adjudicación. A efectos del ingreso, el sábado no computará en ningún caso.
4. Si quedase algún lote por adjudicar tras esta primera licitación y deuda exigible con cargo a los bienes que lo componen, se procederá a una segunda licitación en las condiciones expuestas en el acuerdo de enajenación y anuncio conjunto de subasta en primera y segunda licitación.
5. Si no se hubiera convocado la segunda licitación junto con la primera, el órgano competente podrá convocarla expidiendo nuevo acuerdo de enajenación en el plazo de quince días desde la celebración de la primera licitación, con idénticos trámites de publicidad y notificación exigidos por este Reglamento para la primera licitación.
De no ser expedido el citado acuerdo de enajenación para la segunda licitación en el plazo citado, se iniciarán los trámites de adjudicación de bienes a la Diputación Foral de Gipuzkoa en pago de deuda, regulados en el presente Reglamento.
Artículo 107 Presentación de ofertas y desarrollo de la subasta en segunda licitación
1. En la segunda licitación se admitirán para cada lote posturas que cubran al menos el 50 por ciento del tipo de subasta que rigió en la primera licitación.
No obstante, si existiese algún lote formado exclusivamente por bienes muebles, se admitirán para dicho lote posturas que cubran al menos el 25 por ciento del tipo de subasta que rigió en la primera licitación.
2. Para poder pujar en esta segunda licitación, los licitadores deberán constituir previamente los depósitos en la cuantía y condiciones que se hayan señalado en el anuncio de subasta, entregando personalmente los resguardos justificativos del ingreso a la propia Mesa de enajenación y a la hora fijada para su celebración.
Asimismo, si actuasen en representación de un tercero, deberán acreditar previa y fehacientemente ante la Mesa la representación que dijesen ostentar.
Identificados y admitidos los licitadores y los depósitos, se declarará abierto el acto y se irán admitiendo las sucesivas pujas que de viva voz se vayan haciendo, adjudicándose el lote a la mejor oferta que finalmente se manifieste. En tal sentido, la puja se dará por terminada cuando, repetida hasta por tercera vez la más alta, no haya quien la supere, adjudicándose el lote al mejor postor.
Una vez finalizada la subasta en segunda licitación, se levantará la correspondiente acta, de la que se entregará copia a los licitadores que así lo soliciten.
El licitador que resulte adjudicatario queda obligado por la admisión de su oferta a efectuar dentro de los improrrogables tres días hábiles siguientes al acto de adjudicación el ingreso de la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación, deviniendo en caso contrario ineficaz la adjudicación. A efectos del ingreso, el sábado no computará en ningún caso.
3. Si quedase algún lote por adjudicar tras esta segunda licitación y deuda exigible con cargo a los bienes que lo componen se iniciarán los trámites de adjudicación de bienes a la Diputación Foral de Gipuzkoa en pago de deuda, regulados en este Reglamento.
Artículo 108 Actuaciones comunes en la subasta
1. Finalizada la licitación de que se trate, se procederá por el Presidente o Presidenta de la Mesa de enajenación a la devolución de las fianzas a los licitadores no adjudicatarios, librando cheque bancario nominativo contra la cuenta en la que se realizó el depósito y contra recibo, o por transferencia bancaria, según proceda.
Los depósitos de los adjudicatarios serán retenidos a cuenta del precio de venta, de modo que si no completan el pago en el plazo establecido en este Reglamento perderán el importe de la fianza, sin perjuicio de la obligación de resarcir de los mayores perjuicios que origine el incumplimiento de tal obligación.
En caso de impago por la persona adjudicataria, el importe de la fianza se aplicará a la cancelación de las deudas objeto del procedimiento.
El impago de una persona adjudicataria no producirá la adjudicación automática del bien al segundo postor.
2. El producto de la venta se destinará a cubrir el importe de la deuda y costas del procedimiento.
En cuanto al sobrante, si lo hubiese, se entregará al deudor, y si no lo recibiese se consignará en el lugar destinado al efecto a su disposición, incorporándose en todo caso el resguardo al expediente. Igualmente se consignará el sobrante cuando conste la existencia de órdenes de embargo o retención de terceros, así como de derechos de terceros inscritos en el registro público de que se trate con posterioridad al embargo que motivó la subasta.
Artículo 109 Subastas a través de empresas o profesionales especializados
1. El órgano de recaudación podrá encargar la ejecución material de las subastas a empresas o profesionales especializados.
2. Será aplicable a tales casos lo dispuesto para las subastas en esta sección, con las particularidades siguientes:
b) La Mesa de enajenación estará representada en el acto de licitación por su Presidente o Presidenta, que decidirá sobre las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la misma.
c) Cuando el deudor decida pagar en el acto de la subasta la deuda, incluidos el recargo, los intereses y las costas, el representante de la Mesa suspenderá la licitación de los bienes correspondientes.
3. El representante de la Mesa extenderá documento público que sustituirá al acta de la subasta en el que se practicará liquidación, que comprenderá el producto obtenido, la retribución del servicio y el líquido a ingresar por la empresa o profesional. A tal efecto, la retribución se considerará costa del procedimiento.
El importe líquido deberá ser ingresado por la empresa o profesional especializado en el lugar destinado al efecto dentro en el plazo de quince días desde la práctica de dicha liquidación.
Artículo 110 Enajenación por concurso
1. La enajenación de bienes sólo podrá celebrarse por concurso:
a) Cuando su venta, por sus cualidades o magnitud pudiera producir perturbaciones nocivas en el mercado.
2. El concurso deberá ser autorizado por el Director o Directora General de Hacienda y su convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. En dicha convocatoria se señalarán los bienes objeto de enajenación, plazo y condiciones para concurrir, forma de pago y fianza. Se señalarán asimismo las condiciones especiales del concurso, en caso de haberlas, referidas tanto a los requisitos de los concursantes como a la retirada y utilización de los bienes enajenados.
En lo no previsto expresamente en la convocatoria se estará a lo establecido en este Reglamento para la enajenación por subasta.
3. Terminado el plazo de admisión y examinadas la ofertas, la Mesa de enajenación decidirá en el plazo de cinco días adjudicar el concurso o dejarlo desierto.
Si quedasen lotes sin adjudicar, será facultativa la celebración del trámite de adjudicación directa regulada en el artículo 111 de este Reglamento, decisión que en todo caso deberá ser tomada por el Director o Directora General de Hacienda dentro del plazo de 3 meses desde la celebración del concurso a propuesta de la Mesa de enajenación.
Transcurrido dicho plazo sin dictarse resolución o existiendo resolución expresa por la que no procede la adjudicación directa, se iniciarán los trámites de adjudicación de bienes a la Diputación Foral de Gipuzkoa en pago de deuda, regulados en este Reglamento.
Artículo 111 Adjudicación directa
1. Procederá la apertura del trámite de adjudicación directa de los bienes embargados en los siguientes supuestos:
a) Cuando después de celebrado el concurso haya lotes sin adjudicar y el Director o Directora General de Hacienda lo autorice expresamente, a propuesta de la Mesa de enajenación, siguiéndose los mismos trámites previstos en este Reglamento para la subasta en primera licitación, con las especialidades previstas en este artículo.
b) Cuando se trate de productos perecederos, cuando existan otras razones de urgencia, o en casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente, previa autorización del Director o Directora General de Hacienda. Dicha autorización establecerá los límites y condiciones de la adjudicación.
2. Por el Presidente o Presidenta de la Mesa de enajenación se procederá a realizar las gestiones conducentes a la adjudicación en este trámite de los lotes en las mejores condiciones económicas posibles, valiéndose de los medios que considere más ágiles y efectivos, pudiéndose acordar la participación por vía telemática.
b) Cuando los bienes no hayan sido objeto de concurso, se valorarán con referencia a precios de mercado y se tratará al menos de obtener tres ofertas. Si ninguna oferta alcanza o supera el valor señalado, se adjudicarán los bienes sin precio mínimo a la oferta más alta.
4. La adjudicación se formalizará mediante acta de la Mesa de enajenación en el caso a) del apartado 1; y por resolución del Director o Directora General de Hacienda en el caso b).
5. En lo no previsto expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación por subasta en lo que resulte aplicable.
6. Los bienes muebles serán entregados a la persona adjudicataria una vez haya sido hecho efectivo el importe de adjudicación y se justifique el pago o la exención, en su caso, de los tributos que graven la transmisión de dichos bienes.
Artículo 112 Escritura de venta y cancelación de cargas no preferentes
1. Previamente al otorgamiento de la escritura de venta de los bienes inmuebles adjudicados, se remitirá el expediente al órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas para que emita el preceptivo informe en el plazo de cinco días a partir de la fecha del recibo del expediente de referencia. El órgano de recaudación dispondrá lo necesario para que se subsanen los defectos que se observen.
2. Una vez devuelto el expediente por el órgano con funciones de asesoramiento jurídico, con informe de haberse observado las formalidades legales en el procedimiento de apremio, deberán ser otorgadas las escrituras de venta de los inmuebles que resulten adjudicados.
3. A tal efecto, se le notificará al ejecutado la opción de comparecencia ante la Notaría que por turno corresponda a solicitud del órgano de recaudación; si no compareciese se otorgarán de oficio tales escrituras por el órgano de recaudación en nombre del ejecutado y a favor de la persona adjudicataria, haciéndose constar en ellas que queda extinguida la anotación preventiva hecha en el Registro de la Propiedad a nombre de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Si no compareciese el adjudicatario, la transmisión del bien inmueble se podrá efectuar mediante documento público administrativo expedido por el órgano de recaudación.
4. Asimismo se expedirá mandamiento de cancelación de las inscripciones y anotaciones posteriores a las correspondientes anotaciones de embargo que fundamentaron la ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175, regla segunda, del Reglamento Hipotecario.
Artículo 113 Levantamiento de embargo
1. Una vez cubiertos el débito, intereses y costas del procedimiento el órgano de recaudación levantará el embargo de los bienes no enajenados y acordará su entrega al obligado al pago.
2. Cuando no se haya cubierto el débito, intereses y costas, y hayan quedado bienes sin enajenar, se estará a lo dispuesto en la sección 4.ª de este capítulo sobre adjudicación de bienes a la Diputación Foral de Gipuzkoa.
3. Si finalizados los procedimientos de enajenación y, en su caso, adjudicación a la Diputación Foral de Gipuzkoa, quedaran bienes muebles sin adjudicar, quedarán a disposición de la persona obligada al pago, y si no existieran otros bienes susceptibles de embargo se podrá proceder respecto a la persona obligada al pago y a la deuda como se dispone en la sección 5.ª del capítulo I del título II de este Reglamento.
Adjudicación de bienes a la Diputación Foral de Gipuzkoa en pago de deuda
Artículo 114 Procedencia
1. Cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la sección 3.ª de este capítulo no se hubiesen adjudicado alguno o algunos de los bienes o derechos embargados, el Presidente o Presidenta de la Mesa de enajenación elevará informe al Director o Directora General de Hacienda para que resuelva lo procedente en cuanto a la adjudicación de bienes a la Diputación Foral de Gipuzkoa en pago de deuda.
2. La adjudicación se realizará por valor igual al débito perseguido sin que exceda del 75 por ciento del valor que sirvió de tipo inicial en el proceso de enajenación, sin derecho a compensación económica alguna por la diferencia entre el tipo de la licitación y el precio de adjudicación.
Se entenderá por «débito perseguido» la deuda garantizada por el embargo o embargos dictados sobre el bien o bienes a adjudicar y que motivan la ejecución.
Artículo 115 Adjudicación de bienes inmuebles
1. Si se trata de bienes inmuebles que no tengan cargas o gravámenes o, aun teniéndolos, el importe de dichas cargas sea inferior al valor en que deban ser adjudicados según el apartado 2 del artículo anterior, el Director o Directora General de Hacienda resolverá lo oportuno en cuanto a la adjudicación. Podrá resolver no adjudicar cuando existan circunstancias que permitan prever que dichos bienes no tendrán utilidad para la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Si las cargas o gravámenes son superiores y el Director o Directora General de Hacienda entendiese procedente su adjudicación, será precisa la autorización del Consejo de Diputados, previo informe del departamento foral competente en materia de patrimonio, relativo al interés en la adjudicación, que deberá ser emitido en el plazo de un mes.
2. Con anterioridad a la autorización del Consejo de Diputados, podrá solicitarse informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas cuando la complejidad jurídica del expediente lo requiera.
3. En las resoluciones en que se acuerde la adjudicación se hará constar, además, que los titulares de cargas reales verán disminuido el importe de sus créditos con los débitos, si para la efectividad de éstos la Diputación Foral de Gipuzkoa tienen derecho de hipoteca legal tácita.
4. La disminución comenzará por el último que figure en la certificación del registro de la propiedad, respetando las preferencias legalmente establecidas, y se inscribirá en este, en virtud de la resolución de adjudicación a que se refiere el presente artículo.
La adjudicación con disminución de los créditos citados será notificada a los interesados.
Artículo 116 Adjudicación de bienes muebles o derechos
Si se trata de bienes muebles o derechos cuya adjudicación se presume que puede interesar a la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Director o Directora General de Hacienda podrá resolver dicha adjudicación, una vez tenida en cuenta la previsible utilidad que pudiera reportar a aquélla y consultado, en su caso, el posible órgano o entidad de derecho público que pudiera utilizar dichos bienes.
Artículo 117 Inscripción y cancelación de cargas no preferentes
1. Las fincas adjudicadas a la Diputación Foral de Gipuzkoa serán inscritas en el registro de la propiedad en virtud de certificación expedida por el órgano de recaudación en la que se harán constar las actuaciones del expediente y los datos necesarios para dicha inscripción, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 26 del Reglamento Hipotecario.
2. Asimismo, se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas no preferentes con relación a los embargos que motivaron la ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175, regla 2.ª del Reglamento Hipotecario.
Artículo 118 Actuaciones finales
Efectuada, si procede, la inmatriculación de los bienes, se realizarán, en su caso, las actuaciones de finalización del expediente de apremio de acuerdo con lo dispuesto en la sección 6.ª de este capítulo, con las particularidades siguientes:
a) La resolución de adjudicación de bienes producirá la extinción de los débitos que resulten cubiertos, de cuya cancelación se pondrá a disposición de la persona obligada al pago que lo solicite los justificantes correspondientes.
b) Asimismo, se producirá, en virtud de dicha resolución, el alta en el inventario de los bienes adjudicados, dando traslado de la misma y de la certificación de inscripción al Departamento foral competente en materia de patrimonio.
Artículo 119 Costas del procedimiento
1. Tienen la consideración de costas del procedimiento de apremio los gastos que se originen durante el mismo. Estas costas serán exigidas a la persona obligada al pago.
a) Los honorarios de empresas o profesionales ajenos a la Diputación Foral de Gipuzkoa que intervengan en valoraciones, deslindes y enajenación de los bienes embargados.
d) Los pagos realizados a acreedores preferentes, según se dispone en el artículo 78.2 de este Reglamento.
e) Los importes que la Diputación Foral de Gipuzkoa haya satisfecho como alquiler de negocio, en aquellos casos en que el derecho de cesión del contrato de arrendamiento del local de negocio haya sido embargado.
f) Los demás gastos que exija y requiera la propia ejecución, previa autorización del órgano competente.
3. No podrán incluirse como costas los gastos ordinarios de los órganos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Artículo 120 Honorarios y gastos de depósito y administración
1. Las empresas o profesionales devengarán sus honorarios con arreglo a la tarifa que oficialmente tengan establecida o de acuerdo con la cuantía que se haya estipulado en el contrato celebrado con la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El pago de estos servicios se realizará previa conformidad del órgano de recaudación competente, de acuerdo con las normas sobre procedimiento de gastos y pagos públicos.
2. Los gastos que se ocasionen por actuaciones de los registros públicos serán los establecidos en la normativa vigente. Las actuaciones que consistan en facilitar información a los órganos que ejerzan funciones recaudatorias tendrán carácter gratuito.
El pago de dichos honorarios se efectuará por la Diputación Foral de Gipuzkoa con cargo a los fondos habilitados para este fin, sin perjuicio de su consideración como costas por cuenta del apremiado.
b) Cuando no estén incluidos en la retribución citada en el apartado anterior, los de transporte, embalaje o acondicionamiento, almacenaje, mantenimiento y conservación.
c) Los originados por el desempeño de funciones de administración necesarios para la gestión de los bienes en los casos de los artículos 90 y 91 de este Reglamento.
El pago de estos servicios se realizará previa conformidad del órgano de recaudación, de acuerdo con las normas sobre procedimiento y gastos públicos.
Artículo 121 Determinación y cobro de costas
1. Las costas causadas en el procedimiento de apremio se determinarán e incorporarán al expediente de apremio, y para su cobro podrán ser solventadas con preferencia a las demás cantidades acumuladas en el citado expediente.
3. Ninguna partida de costas podrá ser exigida a la persona obligada al pago si el expediente no incluye los recibos, facturas o minutas de honorarios que la acrediten.
4. Al entregar a la persona obligada al pago el correspondiente justificante de pago, se hará constar en éste, o por separado, según proceda, el importe de las costas a su cargo, detallando los conceptos a que correspondan.
6. Cuando, ultimado un procedimiento administrativo de apremio y practicada liquidación, las cantidades obtenidas no cubrieran el importe de las costas devengadas, la parte restante será a cargo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Artículo 122 Terminación del procedimiento de apremio
1. Cuando resulte solventado el importe total de la deuda perseguida, incluidas las costas, se declarará dicho extremo en el expediente de apremio, que quedará ultimado. De igual manera se actuara cuando hubiere quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa.
2. Cuando el importe obtenido fuere insuficiente, se podrá aplicar en primer lugar a las costas y seguidamente al resto de deudas cuyo cobro se persigue en el procedimiento según las reglas de imputación del artículo 62 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y del artículo 74 de este Reglamento. Por la parte no solventada se actuará de acuerdo con lo dispuesto en la sección 5.ª , del capítulo I del título II de este Reglamento.
Artículo 123 Carácter de la tercería
2. La tercería sólo podrá fundarse en el dominio de los bienes embargados a la persona obligada al pago o en el derecho del tercerista a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la persona que es objeto del expediente de apremio.
Artículo 124 Competencia en materia de tercerías
La competencia para la resolución de las tercerías corresponde al Diputado o Diputada Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.
Artículo 125 Forma, plazos y efectos de la interposición de la tercería
1. La reclamación de tercería se formulará por escrito, acompañando los documentos originales en que el tercerista funde su derecho y copia de estos si desea que aquellos le sean devueltos, previo cotejo. El escrito se dirigirá al titular del órgano que esté tramitando el procedimiento de apremio.
Si el tercerista no acompaña los documentos originales en los que pueda fundar su derecho al escrito de reclamación, el órgano competente para la tramitación le requerirá para que subsane su falta, para lo que dispondrá de un plazo de diez días, con la advertencia expresa de que, de no hacerlo así, se procederá al archivo de la reclamación.
Recibida la documentación o, en su caso, subsanados los defectos observados en la presentada, se dictará, si procede, acuerdo de admisión a trámite que será notificado al tercerista y a la persona obligada al pago. Dicho acuerdo deberá ser dictado en el plazo de 15 días desde que se reciba la reclamación o se entiendan subsanados los defectos.
La tercería de dominio no se admitirá con posterioridad al momento en que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil, se produzca la transmisión de los bienes o derechos a un tercero que los adquiera a través de los procedimientos de enajenación previstos en este Reglamento, o a la Diputación Foral de Gipuzkoa por su adjudicación en pago.
La tercería de mejor derecho no se admitirá después de haberse percibido el precio de la venta mediante la ejecución forzosa o, en el supuesto de adjudicación de los bienes o derechos al ejecutante, después de que éste adquiera la titularidad de los mismos conforme a lo dispuesto en la legislación civil.
El acuerdo de inadmisión deberá ser notificado al tercerista y a la persona obligada al pago. Contra dicho acuerdo no procederá recurso o reclamación en vía administrativa.
3. Recibido el escrito, se unirá al expediente de apremio, se calificará la tercería como de dominio o mejor derecho y de haberse presentado en tiempo y forma, se suspenderá o proseguirá el procedimiento sobre los bienes o derechos controvertidos, según lo dispuesto en el artículo 169.4 y 5 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y en los apartados siguientes de este artículo.
4. Si la tercería fuese de dominio, una vez admitida, se producirán los siguientes efectos:
b) Si los bienes consisten en dinero, en efectivo o en cuentas, se consignará su importe en el órgano competente o se ordenará su retención en cuentas a disposición del órgano de recaudación, según decida éste.
c) Si los bienes o derechos no pueden conservarse sin sufrir deterioro o quebranto sustancial en su valor en caso de demora, se podrá acordar su enajenación de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, consignándose en este caso el importe obtenido a resultas de la resolución de la reclamación de tercería.
d) El procedimiento seguirá con respecto a los demás bienes y derechos de la persona obligada al pago que no hayan sido objeto de la tercería hasta quedar satisfecha la deuda, en cuyo caso se dejará sin efecto el embargo sobre bienes y derechos controvertidos, sin que ello suponga reconocimiento alguno de la titularidad del reclamante, procediéndose al archivo de la reclamación de tercería planteada.
5. Si la tercería fuera de mejor derecho, se proseguirá el procedimiento de apremio hasta la realización de los bienes o derechos, consignándose el importe obtenido en el órgano competente a resultas de la reclamación de tercería. No obstante, podrá suspenderse su ejecución si el tercerista consigna el importe de la cantidad a que se refiere artículo 173.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o el valor del bien a que se refiere la tercería si este último fuese inferior. A estos efectos, la valoración del bien se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de este Reglamento.
Igualmente, si los bienes consistieren en dinero, en efectivo o en cuentas, podrá acordarse la consignación de su importe en el órgano competente o su retención en cuentas a disposición del órgano de recaudación, según decida éste.
Artículo 126 Tramitación y resolución de la tercería
1. En el plazo de quince días desde la admisión de la tercería presentada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, el escrito se remitirá, junto con la documentación aportada y el expediente de apremio, al órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, el cual deberá emitir informe en el plazo de quince días, elevando la propuesta de Orden Foral que proceda en derecho.
2. La resolución deberá notificarse en el plazo de tres meses.
3. Si transcurridos diez días desde la finalización del plazo últimamente señalado, no se justificara documentalmente ante el órgano administrativo competente para tramitar la reclamación de tercería la interposición de la demanda judicial, se proseguirán los trámites del procedimiento de apremio que quedaron en suspenso.
El órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas comunicará al órgano que tramite los procedimientos de apremio las resoluciones judiciales firmes o definitivas dictadas en los procesos de tercería ante los juzgados o tribunales civiles, que le sean notificadas
Artículo 127 Efectos de la estimación de la reclamación de tercería
1. Si la tercería fuera de dominio, la estimación de la reclamación determinará el levantamiento del embargo trabado sobre los bienes o derechos objeto de la reclamación, salvo en el supuesto de que se hubiera acordado previamente su enajenación por no haber podido conservarse sin sufrir deterioro o quebranto sustancial en su valor en caso de demora; en este caso le será entregado al reclamante el producto obtenido en aquella con la oportuna liquidación del interés legal a su favor sobre la cantidad percibida calculado desde la fecha de consignación del depósito y hasta la ordenación del pago.
Artículo 128 Tercerías a favor de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Cuando al efectuarse el embargo de bienes resulte que éstos ya están embargados en el seno de otro procedimiento ejecutivo, judicial o administrativo, se podrá dar cuenta al Director o Directora General de Hacienda para que, previo informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, se ejerciten si procede las acciones pertinentes en defensa del mejor derecho de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Actuaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa en procedimientos concursales y en otros procedimientos de ejecución
Artículo 129 Actuaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa en procedimientos concursales y en otros procedimientos de ejecución
1. Cuando los derechos de la Hacienda foral hayan de ejercerse ante los órganos judiciales, ésta iniciará el proceso correspondiente o se personará en el proceso ya iniciado conforme a la normativa que resulte de aplicación.
2. El órgano de recaudación podrá solicitar de los órganos judiciales la información sobre los procedimientos que puedan afectar a los derechos de la Hacienda pública cuando dicha información no esté disponible a través del órgano que tenga atribuida su defensa en juicio.
3. El órgano de recaudación remitirá los documentos necesarios para que realice su función al órgano que tenga atribuida la defensa en juicio de los derechos de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Los créditos de la Hacienda foral quedarán justificados mediante certificación expedida por el órgano competente.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación, con las especialidades adecuadas a cada caso, a cualquier procedimiento no judicial de ejecución de bienes en que resulten afectados los derechos de la Hacienda foral.
5. Cuando se vaya a solicitar la declaración de concurso o se haya declarado un concurso que afecte a créditos que no sean de titularidad de la Hacienda foral y cuya gestión recaudatoria se esté realizando por la Diputación Foral de Gipuzkoa a través del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas en virtud de convenio, se observará lo establecido en el convenio.
En defecto de convenio, la Diputación Foral de Gipuzkoa comunicará los créditos que hayan sido o deban ser certificados en el proceso al titular de los créditos a fin de que pueda asumir directamente la representación y defensa de aquellos. Del mismo modo, previamente a la suscripción o adhesión a un convenio o acuerdo que pueda afectar a tales créditos, la Diputación Foral de Gipuzkoa dará traslado de su contenido al titular de aquellos, entendiéndose que presta su conformidad si en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento no manifestara lo contrario.
6. Cuando la Diputación Foral de Gipuzkoa sea nombrada administrador concursal, corresponderá al Diputado Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas aceptar el nombramiento o rechazarlo en virtud de justa causa.