Source: http://www.argentina-rree.com/15/15-024.htm
Timestamp: 2017-11-23 11:07:58
Document Index: 102640604

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 75', 'artículo 99', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 50', 'artículo 94', 'artículo 104', 'artículo 105']

EL CAPÍTULO ECONÓMICO DE LA AGENDA BILATERAL:
Dentro de este apartado cabe considerar los gestos del gobierno de Menem en busca de credibilidad económica externa; los logros obtenidos en materia de comercio e inversiones; y, finalmente, las cuestiones pendientes en ambas áreas de la agenda económica bilateral.
Los gestos y logros del gobierno de Menem en materia de comercio e inversiones
Por cierto, desde su asunción en 1989, el gobierno de Menem procuró adoptar una serie de gestos orientados a obtener una mayor credibilidad económica externa en hombres de negocios, banqueros y funcionarios norteamericanos. Dichos gestos se dirigieron tanto al ámbito estrictamente comercial como al de las inversiones. Entre los del primer tipo cabe destacar el Acuerdo relativo a un Consejo sobre Comercio e Inversión entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y los Estados Unidos, suscripto en junio de 1991; el Memorandum de Entendimiento en materia de subsidios y derechos compensatorios, en septiembre del mismo año; el Tratado de promoción y protección de inversiones, suscripto entre Argentina y Estados Unidos, en noviembre; la firma del Memorándum de Entendimiento entre el Departamento de Comercio norteamericano y el Ministerio de Economía, en junio de 1994; y, finalmente, la Declaración de Propósitos de Cooperación de la Embajada Argentina y los consulados argentinos en los Estados Unidos y el Servicio Comercial Exterior y el Servicio Comercial Exterior del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en junio de 1996.
Por su parte, entre los gestos y logros dirigidos al ámbito de las inversiones extranjeras cabe citar la firma del Tratado de promoción y protección de inversiones con Estados Unidos en agosto de 1992 y la propuesta argentina de dolarización de la economía, efectuada en los meses de enero y febrero de 1999, durante el último tramo del segundo gobierno de Menem.
No obstante los logros generados por dichos gestos que pueden resumirse en un aumento sustantivo de la inversión extranjera directa norteamericana en el mercado argentino y en un incremento sostenido del intercambio comercial bilateral durante la década de 1990-, los mismos no implicaron la total ausencia de obstáculos. Estos últimos estuvieron ligados tanto a las medidas proteccionistas adoptadas por ambos países en el ámbito comercial, como a la persistencia de factores extraeconómicos en la Argentina que impidieron una profundización de los vínculos bilaterales. Factores tales como la falta de garantía jurídica argentina a las inversiones extranjeras y las fallas en la seguridad en los aeropuertos privatizados. Obstáculos a los que se sumó la continuidad de prácticas corruptas que trabaron la consolidación de proyectos de inversión ya existentes y la gestión de nuevos proyectos.
Los gestos y logros en el ámbito comercial
a. 1.) Los gestos: la firma del Acuerdo relativo a un Consejo sobre Comercio e Inversión entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y los Estados Unidos
Este acuerdo, firmado en Washington el 19 de junio de 1991 por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y los Estados Unidos (razón por la que se lo conoció también como el acuerdo "Cuatro más Uno"), constituyó el primer paso dado por la administración Menem en materia de desarrollo del comercio y las inversiones recíprocas con Estados Unidos y con los países miembros del MERCOSUR. Fue una respuesta concreta a la "Iniciativa para las Américas" lanzada por el presidente norteamericano George Bush en 1990. Fue también una respuesta a la necesidad de las partes, en tanto miembros del GATT, de discutir y aunar posiciones respecto de temas controvertidos, tales como los vinculados a la protección a los derechos de propiedad intelectual, la liberalización del comercio agrícola y la eliminación de barreras no arancelarias. Por el artículo I de este acuerdo, se constituía el Consejo Consultivo sobre Comercio e Inversión. Por su parte, los artículos II a VII establecían modalidades de funcionamiento de dicho Consejo, mientras que el V hacía explícitos los objetivos de este organismo: lograr mercados cada vez más abiertos entre Estados Unidos y los países sudamericanos firmantes; efectuar el seguimiento del comercio y las relaciones de inversión, identificando oportunidades para la liberalización del comercio y de la inversión; e identificar y trabajar para la eliminación de los impedimentos a los flujos de comercio e inversión. (1)
a. 2.) Los gestos: la firma del Memorandum de Entendimiento en materia de subsidios y derechos compensatorios
Este acuerdo fue firmado por el canciller argentino Guido Di Tella y el embajador norteamericano en la Argentina Terence Todman, en Buenos Aires, el 20 de septiembre de 1991. El mismo consignó el reconocimiento norteamericano a "las iniciativas adoptadas por el gobierno argentino para profundizar la orientación de mercado de su economía", tales como la reducción de la participación del Estado en la economía y la eliminación de los subsidios a la exportación, incompatibles con el artículo 9 y la Lista Ilustrativa del Acuerdo sobre la Interpretación y la Aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) (el llamado "Acuerdo sobre Subsidios") (2) .
En especial, el Entendimiento firmado por los representantes gubernamentales de ambos países destacaba las acciones adoptadas por las autoridades de la Casa Rosada en lo tocante al compromiso de no innovar ("standsstill"), aplicado a la derogación de los programas especiales de exportación (PEEX) (3); la derogación de la deducción impositiva a los exportadores a través del artículo 2° del decreto 553 del 2 de mayo de 1989 (4); la Ley de Emergencia Económica, sancionada el 25 de septiembre del mismo año como Ley 23.697, que suspendía los subsidios estatales (5); la administración del reintegro de impuestos indirectos pagados o acumulados por los exportadores de manera concordante con el Acuerdo de Subsidios (6); la suspensión de todo tipo de financiación oficial a las exportaciones, sancionada a través de la Comunicación "A" 1807 (OPRAC-I-313) del 8 de marzo de 1991 (7); la reducción y pago en efectivo de dichos reintegros, establecidos por el Decreto 612 del 11 de abril de 1991 (8); y, finalmente, el establecimiento del 1° de enero de 1995 como fecha tope para la derogación del reembolso de las mercaderías exportadas a través de los puertos patagónicos (9)
Como contrapartida a las medidas mencionadas en el párrafo anterior, en el texto del Entendimiento el gobierno norteamericano designaba a la Argentina
"() como un "país bajo Acuerdo" para los fines de la Ley de Derechos Compensatorios de los Estados Unidos, y para toda investigación de derechos compensatorios vigente o iniciada con posterioridad a la fecha efectiva de entrada en vigor del presente Entendimiento, otorgará la prueba del daño en todas las investigaciones por derechos compensatorios de productos provenientes de la Argentina. Ninguna cláusula del presente Entendimiento será interpretada para impedir al Gobierno de los Estados Unidos la imposición de derechos compensatorios de conformidad con la legislación interna una vez que se haya determinado el daño ocasionado.
En vista de los compromisos asumidos por el Gobierno argentino, el Gobierno de los Estados Unidos acuerda completar antes del 1ro. de noviembre de 1991 todas las revisiones administrativas de órdenes de derechos compensatorios sobre exportaciones argentinas iniciadas con anterioridad al 1ro. de noviembre de 1990. Toda revisión administrativa de derechos compensatorios iniciada después del 1ro. de noviembre de 1990 será completada dentro del término de un año a partir del mes aniversario de la revisión. El Gobierno argentino responderá en término a todos los requerimientos de información efectuados por el Departamento de Comercio en el curso de estas revisiones administrativas. (10)
a. 3.) Los gestos: La firma del Memorandum de Entendimiento entre el Departamento de Comercio y el Ministerio de Economía
Un gesto importante del gobierno argentino destinado a generar un mayor grado de confianza externa destinado a intensificar el intercambio comercial entre Argentina y Estados Unidos y, a la vez, atraer inversiones de origen norteamericano, fue, sin lugar a dudas, la firma, por parte del entonces ministro de Economía argentino, Domingo Cavallo, y del secretario del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Ronald H. Brown, de un Memorandum de Entendimiento el 29 de junio de 1994 en Buenos Aires. Por el mismo, se estableció la creación de un Consejo para el Desarrollo de Negocios (Business Development Council), encargado de promover el comercio y la inversión entre Argentina y Estados Unidos y de asistir a los respectivos sectores privados de ambos países en dicha promoción. (11)
a.4.) Los gestos: la firma de la Declaración de Propósitos de Cooperación de la Embajada Argentina y los consulados argentinos en los Estados Unidos y el Servicio Comercial Exterior y el Servicio Comercial Exterior del Departamento de Comercio de los Estados Unidos
Dentro de este apartado vinculo a los gestos del gobierno de Menem en materia comercial, cabe consignar la firma en Buenos Aires el 14 de junio de 1996 de la Declaración de Propósitos de Cooperación de la Embajada Argentina y los consulados argentinos en los Estados Unidos y el Servicio Comercial Exterior y el Servicio Comercial Exterior del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Dicha declaración tenía por propósito el de "facilitar, promover y expandir las relaciones comerciales bilaterales" en las siguientes áreas:
de utilización de bases de datos económicas y comerciales y comerciales, "a efectos de detectar nichos de mercado, canales de distribución y socios comerciales para los bienes y servicios argentinos y estadounidenses";
de participación de empresas argentinas y estadounidenses en ferias, exposiciones y misiones comerciales, por medio del intercambio de listados de contactos y la organización conjunta de conferencias, seminarios y rondas de negocios;
de cooperación de las partes en la búsqueda de socios o contactos para oportunidades de negocios entre Estados Unidos y la Argentina, identificadas a través del Consejo para el Desarrollo de Negocios entre Argentina y los Estados Unidos (CDN); y
de intercambio de información entre las partes firmantes en lo referente a personas y empresas interesadas en el comercio bilateral. (12)
a. 5. ) Los logros: las estadísticas del intercambio comercial argentino-norteamericano
Por cierto, la firma de los acuerdos mencionados en el apartado anterior tuvieron un efecto notorio en el aumento del conjunto del intercambio bilateral, que pasó de 2430 millones de dólares en 1989 a casi triplicarse en 1994, alcanzando la cifra de 6191 millones. (13) Durante la primera presidencia de Menem (1989-1995) el comercio entre ambos países se expandió, en términos porcentuales, un 154 % respecto de la década anterior, acompañando la tendencia hacia el alza que experimentó en ese momento la economía mundial. (14)
Por cierto, la contrapartida de este incremento en el conjunto del intercambio bilateral fue el aumento del déficit comercial de la Argentina con Estados Unidos en el período 1991-1993, el que creció de 758 millones de dólares a 2570 millones, lo cual representó un incremento del 239 %. (15) En 1994 el saldo negativo de la balanza comercial argentina trepó a 2741 millones de dólares. (16)
b) Los gestos y logros en el ámbito de las inversiones
b. 1. ) El Tratado de promoción y protección de inversiones con Estados Unidos
Por cierto, la firma de este Tratado constituyó uno de los pasos más relevantes adoptados por el gobierno de Menem en la búsqueda de un mayor grado de credibilidad externa. Así, su artículo II especificaba que el tratamiento acordado a las inversiones no sería menos favorable que el acordado en situaciones similares para inversiones y actividades asociadas de nacionales o compañías de cualquier tercer país; que dicho tratamiento sería justo, equitativo y no menor que el exigido por la ley internacional; que se excluían aquellas medidas arbitrarias o discriminatorias para el manejo, operación, mantenimiento, uso, gozo, adquisición, expansión o eliminación de las inversiones; y que ninguna de las partes firmantes impondría exigencias de performance como condición de establecimiento, expansión o mantenimiento de las inversiones. Asimismo, su artículo IV descartaba la expropiación o nacionalización de las inversiones, excepto por un propósito público, y contemplaba en dicho caso el pago de una indemnización y el derecho de la parte expropiada a revisar judicialmente si dicho acto de expropiación era conforme al Tratado suscripto y a los principios de la ley internacional. A su vez, sus artículos VI, VII y VIII preveían la consulta de las partes respecto de las disputas sobre interpretación o aplicación de cláusulas del Tratado, y los mecanismos de resolución de dichas disputas. El artículo IX mencionaba las excepciones a dichos mecanismos de resolución de disputa (tales como las disputas que surgiesen bajo el crédito de exportación, programas de garantías o de seguros del Export-Import Bank de los Estados Unidos, o bajo otro crédito oficial, arreglos de garantías o de seguros conforme a los cuales las partes firmantes acordaron otros medios de resolución de las disputas). Finalmente, el artículo X del Tratado dejaba expresas las instancias jurídicas no derogadas por su firma: las leyes y regulaciones, prácticas o procedimientos administrativos, o decisiones administrativas o adjudicatorias de cualquiera de las dos partes; las obligaciones legales internacionales; y las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes, incluidas aquellas contenidas en un acuerdo o en una autorización de inversión, que autorizaran a las inversiones o actividades asociadas a un tratamiento más favorable que el contemplado por el Tratado en situaciones similares. (17)
Este Tratado de promoción y protección recíproca de inversiones fue aprobado en la Argentina por la ley N° 24.414 del 26 de agosto de 1992, y entró en vigencia a partir del 20 de octubre de 1994.
b. 2.) La propuesta argentina de dolarización
Durante su segundo gobierno (1995-1999), Carlos Menem debió enfrentar una serie de shocks externos que pusieron a prueba la vulnerable estabilidad económica lograda por la Argentina gracias al régimen de convertibilidad y a las medidas económicas de liberación económica y de atracción de las inversiones externas. Así, a la crisis mexicana de 1994 (conocida como efecto "tequila") se sucedieron otras, como la del sudeste asiático en julio de 1997, la rusa en agosto de 1998 y la brasileña en enero de 1999.
En el contexto de la última de las crisis mencionadas, el 14 de enero, el entonces presidente argentino lanzó una idea para contrarrestar futuras crisis externas como la que estaba viviendo en ese momento Brasil: la dolarización, consistente en la creación de una moneda única en el continente, atada al dólar como ocurre con el peso. La iniciativa de Menem, aunque inviable -porque hubiera requerido un prolongado proceso de acuerdos económicos y políticos nacionales e internacionales-, tenía una virtud: la de demostrar a los mercados externos que el gobierno estaba dispuesto a hacer lo necesario para mantener la paridad peso-dólar y la convertibilidad. Por cierto, este mensaje buscaba demostrar la firmeza del compromiso del gobierno argentino con el plan económico adoptado y procura desterrar cualquier sospecha de medidas alternativas al régimen de convertibilidad, como una devaluación. Declaraciones como la de Javier Murcio, del banco CS First Boston y de Fernando Lozada, del ING Baring, fueron coincidentes en interpretar el plan para dolarizar la economía como un mensaje de certidumbre, que dejaba sentado que Argentina no seguiría el camino brasileño de dejar flotar la moneda o se tentaría con modificar el esquema de convertibilidad. (18)
Una semana después, el 21 de enero, el titular del Banco Central argentino, Pedro Pou, confirmó la decisión del gobierno de marchar hacia la dolarización de la economía a través de un Tratado de Asociación Monetaria a concretarse inicialmente con Estados Unidos. En un contexto donde la gestión de Menem miraba con preocupación la posibilidad de "contagio" de la crisis brasileña (el valor del real se había caído un 31% en siete jornadas hábiles) y en el que la banca de inversión estadounidense Morgan Stanley alertó acerca de la inevitable devaluación del peso argentino, la defunción del peso y el Tratado de Asociación Monetaria con Estados Unidos aparecieron, desde la óptica del Gobierno y de un equipo económico, como las únicas alternativas para eliminar en inversores y banqueros externos el temor a una devaluación. (19)
Como era de esperarse, la propuesta de dolarización tuvo opositores y defensores en la Argentina y en los Estados Unidos. Así, en el primer caso, mientras el candidato presidencial de la Alianza, Fernando de la Rúa, el diputado Rodolfo Terragno, Graciela Fernández Meijide, el economista radical Adalberto Rodríguez Giavarini y el ex-presidente Raúl Alfonsín coincidieron en rechazar el plan de dolarización del gobierno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, valoró el significado político de la iniciativa menemista, sosteniendo que este plan de dolarización constituye una fuerte señal de que "se va a defender en serio la estabilidad". Por su parte, el diputado de Acción por la República Domingo Cavallo sostuvo que la posibilidad de dolarización "debe ser decidida por la gente" y que el gobierno "no debe tratar de imponerla compulsivamente". (20)
En el caso de los Estados Unidos, la propuesta de dolarización recibió el respaldo de la calificadora de riesgos Duff and Phelps, quien la definió como
"el camino más rápido para que Argentina lograra la calificación de investment grade (grado de inversión)" de su deuda, hasta el momento ubicada en el rango de especulativa. (21)
Asimismo, el titular del FMI, Michel Camdessus, afirmó que la dolarización de las economías de América Latina requería de "mucha reflexión" pero que el Fondo Monetario Internacional (FMI), estaba dispuesto a trabajar con los países que quisieran estudiar la opción. (22)
No obstante estos apoyos externos, tanto el titular de la Reserva Federal norteamericana, Alan Greespan, como el subsecretario del Tesoro, Larry Summers, coincidieron en sus reservas respecto de la propuesta argentina. El primero sostuvo que la política monetaria de su país era "siempre, en primer lugar, para Estados Unidos" y que no podían ser a la vez "el banco central de Estados Unidos y de otros países" (23). Por su parte, Summers dijo que su país no alentaría la aplicación de la dolarización en América Latina (24), pues el país que optara por dicha alternativa debería estar preparado "para aceptar las consecuencias de renunciar a su independencia monetaria y al manejo de sus tasas de interés". En términos similares a su colega Greenspan, sostuvo que "no sería apropiado" que las autoridades económicas norteamericanas ajustaran "sus responsabilidades de supervisión bancaria" y las extendiesen "fuera del país". (25)
Más allá de la polémica, el gobierno de Menem había logrado su objetivo principal: el de convencer a los tenedores de bonos y potenciales inversores que la Argentina estaba dispuesta a adoptar un Tratado de Asociación Monetaria con Estados Unidos con tal de no renunciar a la convertibilidad y la estabilidad económica, logros que permitieron a la economía argentina diferenciarse de las del resto de los países emergentes hasta el colapso final de fines de 2001, que apartó a la Argentina del esquema de convertibilidad adoptado casi diez años antes, en abril de 1991.
b. 3.) Los logros: las estadísticas acerca del crecimiento de las inversiones norteamericanas en la Argentina
Durante la década de 1990 registró un notorio crecimiento de las inversiones externas en la Argentina, especialmente las norteamericanas, que ocuparon el primer lugar, representando un 41,8 % del total entre 1990 y 1997 y alcanzando una cifra cercana a los 26.430 millones de dólares. (26)
Las cuestiones pendientes en materia de comercio e inversiones
Por cierto, las exitosas medidas adoptadas por el gobierno argentino para atraer capitales externos, tuvieron por contrapartida la existencia de una serie de cuestiones pendientes o no resueltas en la dimensión económica de la agenda con Estados Unidos que obstaculizaron proyectos de inversión y que, además, generaron cortocircuitos en la dimensión político-diplomática de dicha agenda.
Dentro de esta categoría de cuestiones pendientes, pueden citarse dos grandes grupos: el vinculado al problema de la falta de seguridad jurídica a las inversiones extranjeras (y en particular, a las norteamericanas) y el ligado a los casos de corrupción que afectaron a licitaciones o a proyectos de inversión de empresas estadounidenses.
a) Las cuestiones pendientes en el capítulo comercial
a.1.) Las quejas argentinas respecto de los obstáculos comerciales provenientes de Estados Unidos
a. 1.1.) El problema de los subsidios agrícolas
Por cierto, la utilización de subsidios en las exportaciones de productos agrícolas por parte de los Estados Unidos constituyó otra de las cuestiones pendientes de la agenda comercial bilateral. Cabe destacar que los productos subsidiados ejercen un efecto depresivo sobre los precios internacionales y conducen al desplazamiento de las exportaciones argentinas en los mercados que reciben los subsidios. En el caso particular de la Argentina ambos efectos son notoriamente perjudiciales por el peso del sector agrícola en el conjunto de la economía y como proveedor de divisas. Dada la importancia de esta cuestión, el gobierno de Menem desarrolló actividades dirigidas a impedir o reducir el impacto negativo de la guerra de subsidios entre Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea (CEE) y de diferentes políticas proteccionistas agropecuarias a nivel mundial. (27)
En este contexto, cabe destacar el negativo impacto del programa conocido como EEP (Export Enhacement Program) sobre las exportaciones argentinas. Este programa fue lanzado en mayo de 1985 con el objetivo de hacer más competitivas las exportaciones norteamericanas. Las autoridades de la Unión justificaron esta decisión argumentando en su momento la pérdida de mercados como consecuencia de la utilización de subsidios por parte de otros países, en particular los pertenecientes a la CEE (en la actualidad Unión Europea UE-). Desde el inicio del EEP en junio de 1985 hasta fines del año fiscal 1994 se otorgaron subsidios de exportación por un valor de aproximadamente 6150 millones de dólares. Del valor total de los subsidios, alrededor de las ¾ partes han sido asignadas a las exportaciones de trigo (con un total de aproximadamente 145 millones de tonaladas entre trigo y harina). La participación del trigo llegó a más del 80 % en la última mitad de 1990, debido al derrumbe de los precios internacionales. Otros productos exportados dentro del EEP incluyeron 14 millones de toneladas de otros granos, casi 2 millones de toneladas de aceites de oleaginosas, 350.000 toneladas de cebada cervecera, 300.000 toneladas de productos avícolas, 150 millones de docenas de huevos y alrededor de 70.000 cabezas de ganado vacuno. (28)
Este problema fue planteado por primera vez por el presidente Menem durante el encuentro que sostuvo con su colega Bush en Nueva York a principios de octubre de 1990. En dicha ocasión, el mandatario argentino señaló a su colega norteamericano la necesidad de encontrar soluciones frente a las trabas impuestas a la importación de cueros argentinos y a los problemas creados por la baja en los precios del trigo, agravados por las ventas norteamericanas a precios subsidiados. En respuesta a la inquietud expresada por Menem, Bush dio instrucciones para que en el curso de las entrevistas que el presidente argentino mantuvo en Washington con diversos funcionarios de la administración republicana (el secretario de Agricultura, Clayton Yeutter; el secretario de Comercio, Robert Mosbacher; la representante comercial, Carla Hills; y el secretario del Tesoro, Nicholas Brady), se consideraran posibles mecanismos para resolver los obstáculos del comercio bilateral. En esta segunda ronda de contactos, Menem fue asistido por el canciller Domingo Cavallo, el ministro de Economía, Antonio Erman González, el secretario de Agricultura, Felipe Solá y el embajador argentino en los Estados Unidos, Guido Di Tella. (29)
Como contrapartida a la visita de Menem, el 23 de octubre tuvo lugar la del secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Clayton Yeutter, a la Argentina, con el objetivo de continuar las conversaciones sobre el problema de los subsidios agrícolas iniciadas por el presidente Menem durante su visita a los Estados Unidos a principios de ese mismo mes. Yeutter se entrevistó con el ministro de Economía argentino, Erman González, y con el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Felipe Solá, y coincidió con éstos respecto de la necesidad de negociar una reforma sustancial en el campo agroindustrial, que eliminara el obstáculo representado por las posturas proteccionistas europea y japonesa en el contexto de las negociaciones del GATT. (30)
No obstante el clima cordial de estos contactos, no hubo avances significativos en la resolución de este problema, debido al peso del lobby de los productores agrícolas norteamericanos (los farmers) en el Congreso. Con el cambio de administración en la Casa Blanca, esta tendencia no se modificó sustancialmente. Así, el 20 de marzo de 1994, durante la visita a la Argentina del vicepresidente Al Gore, Menem propuso al visitante que la región fuese declarada libre de subsidios, tema que el gobierno argentino aspiraba que se tratara en la Cumbre de las Américas que se realizó en Miami en diciembre de 1994. Pero, contra las expectativas del presidente argentino, Gore sostuvo que los subsidios se mantendrían "mientras los mantenga la Comunidad Europea". (31)
Por cierto, la situación de alianza estratégica a la que arribó la relación bilateral, reforzada por el acceso de la Argentina a la categoría de aliado extra-OTAN, no implicó el fin de las dificultades comerciales, expresadas en la existencia de mutuas barreras al intercambio: a los subsidios agrícolas y las medidas proteccionistas norteamericanos que afectaron a productos exportables argentinos se sumó la existencia de derechos específicos que la Argentina aplicaba al calzado y a los productos textiles norteamericanos. (32)
a. 1. 2.) El problema de las medidas proteccionistas norteamericanas
Junto con el problema de los subsidios agrícolas, otro importante obstáculo de la agenda bilateral lo constituyó, sin lugar a dudas, las medidas proteccionistas norteamericanas que afectaron a una serie de productos exportables argentinos, tales como lanas, cueros, maní, pasta de maní y tubos de acero, entre otros. Este fue un obstáculo particularmente relevante durante la administración Clinton, cuyo perfil en política comercial fue particularmente duro. Así, el 22 de junio de 1993, el lobby de la industria acerera norteamericana obtuvo una importante victoria, tras la aprobación, por parte del Departamento de Comercio, de impuestos compensatorios sobre importaciones de acero provenientes de 20 países, entre ellos Argentina, Brasil y México. (33)
De acuerdo con el texto de un memorandum secreto al que tuvo acceso Clarín, a partir de la salida de Domingo Cavallo del ministerio de Economía, hubo modificaciones en la estrategia privilegiada por el propio Cavallo y por el canciller Guido Di Tella- de prestar atención y satisfacer los reclamos norteamericanos en la esfera comercial de la agenda a cambio de un renovado impulso a la relación política bilateral y a las negociaciones para reestructurar la deuda externa. Dicho documento destacaba los escasos réditos comerciales de la estrategia adoptada por Cavallo y Di Tella y los problemas vinculados a patentes y a las restricciones comerciales norteamericanas a las exportaciones argentinas de lana, cuero curtido y tubos de acero, así como los ligados a la persistencia de barreras sanitarias sobre las exportaciones de carnes argentinas. (34)
En sintonía con el endurecimiento de la política comercial norteamericana, el memorandum elaborado por el equipo económico de Roque Fernández destacaba la necesidad de "buscar un mayor equilibrio en materia de tratamiento comercial para los temas de interés argentino". El documento respondía positivamente a la posición del Congreso argentino al proponer el endurecimiento de los reclamos ante las autoridades norteamericanas y contemplar, en caso de que dichas autoridades no eliminasen las presiones y las restricciones comerciales a la Argentina, la posibilidad de
"llevar estos temas a los organismos multilaterales de comercio". (35)
No obstante este cambio de estrategia, los obstáculos ligados a las medidas proteccionistas norteamericanas no pudieron ser removidos, a pesar de algunas gestiones oficiales, como la visita del secretario de Comercio, William Daley, a la Argentina, que tuvo lugar entre los días 15 al 17 de mayo de 1997, y cuyo objetivo consistió en revisar -y eventualmente revocar- los derechos compensatorios norteamericanos que afectaban las exportaciones argentinas de lanas, cueros, tubos sin costura y laminados de acero. (36)
En este difícil contexto, uno de los pasos más importantes de la política comercial norteamericana por su significado simbólico para los productores ganaderos argentinos fue la decisión de permitir el ingreso de carne argentina al mercado estadounidense. La importancia estaba ligada al lugar simbólico protagónico que ocupa la carne en la economía y cultura argentinas. La prohibición de importar carne argentina por estar infectada con aftosa vigente desde la sanción de la orden 298 del Bureau of Animal Industry del Departamento de Agricultura en septiembre de 1926- fue un serio golpe al orgullo de los ganaderos argentinos quienes percibieron esta medida y las subsiguientes como evidencias de una política proteccionista y discriminatoria hacia la Argentina, en vez de analizarlas como el resultado de una política sanitaria responsable, que incluyó masivas matanzas de ganado norteamericano durante los años de la Gran Depresión (1929-1932) con el fin de evitar el contagio del virus de la aftosa en los planteles. (37)
Setenta años después de esa primer prohibición, y dada la falta de evidencia de aftosa en el ganado argentino la razón principal que había impedido su ingreso en el mercado norteamericano-, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura instó a partir de 1996 a remover este obstáculo. Superadas las trabas burocráticas iniciales, el visto bueno del Congreso llegó en agosto de 1997, fecha a partir de la cual el gobierno de Menem pudo celebrar uno de sus logros simbólicos más importantes: los norteamericanos podían comer carne argentina en sus restaurantes. (38)
Por cierto, el impacto simbólico de este logro se vio parcialmente minimizado por los efectos de una coyuntura internacional poco favorable para las exportaciones de carne argentinas. Esta situación se debió principalmente al peso de dos factores externos: a) el aumento de la oferta de carnes por parte de Estados Unidos; y b) la restricción en la demanda europea, influida por los temores de los consumidores comunitarios en relación a la "enfermedad de la vaca loca" que, si bien estaba en vías de superación, había causado un profundo impacto en los años anteriores. (39)
Finalmente, con respecto al maní y pasta de maní argentinos, el 6 de septiembre de 1995 la Argentina recibió a través de una carta la negativa del representante comercial de los Estados Unidos (USTR), Michael Kantor, a la solicitud de Buenos Aires de que Washington exija a los importadores de maní y de sus productos, la presentación de certificados de origen emitidos por autoridades argentinas para que dichos productos sean contabilizados dentro de las cuotas arancelarias que la Argentina poseía como resultado de las negociaciones bilaterales del GATT / 94. Uno de los argumentos esgrimidos por el USTR para justificar dicha negativa fue la oposición de su propia industria, que temía que la administración de la cuota por parte de la Argentina limitase su acceso a la oferta exportable del país. El otro argumento utilizado por las autoridades comerciales norteamericanas fue que legalmente el Memorandum de Entendimiento firmado entre los dos países el 24 de marzo de 1994, no requería que el gobierno norteamericano exigiese a sus importadores la posesión de certificados de origen como condición para la importación dentro de la cuota. Finalmente, la carta mencionaba que ante la preocupación de las autoridades de Buenos Aires sobre la posibilidad que maní proveniente de otros países fuese ingresado dentro de la cuota perteneciente a la Argentina, se había solicitado al Comisionado de la Aduana de los Estados Unidos, George Weise, que realizara verificaciones para comprobar que el producto ingresado como argentino había sido producido en dicho país. (40)
Ante esta situación, la Argentina protestó señalando que la no aceptación por parte de las autoridades comerciales de los Estados Unidos de los certificados de origen emitidos por sus pares argentinas representaba un menoscabo de las concesiones otorgadas a Buenos Aires como parte de las negociaciones bilaterales, desde que el gobierno de Menem había aceptado la imposición de cuotas a los subproductos del maní (inexistentes hasta ese momento) bajo la condición que se asegurara el acceso del maní confitería argentino al mercado estadounidense. (41)
A esta dificultad, cabe añadir la derivada de la detención de seis embarques de maní argentino en agosto de 1995 por parte del Food and Drug Administration de los Estados Unidos (FDA) realizadas aparentemente por la presencia de pesticidas no permitidos. Si bien fueron posteriormente liberados, tras comprobar con análisis de laboratorio la inexistencia de residuos tóxicos, como dicho producto estaba triangulado desde Canadá y Holanda, las importaciones del mismo no estaban amparadas por certificados de origen argentinos. Este obstáculo llevó a las autoridades argentinas a reclamar ante las norteamericanas, sin demasiado éxito, que modificaran su decisión de no aceptar los certificados de origen. (42)
Finalmente, en referencia a la pasta de maní argentina, el gobierno de Clinton estableció una cuota para Argentina de 3650 toneladas más una parte de las 1600 toneladas adicionales establecidas para los países comprendidos en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Según los datos de la Aduana de los Estados Unidos, el 30 de octubre de 1995 ingresaron desde la Argentina 1.130 toneladas de pasta de maní, que representaron el 30,7 % del total de las importaciones en este rubro. (43)
a. 2.) Las quejas norteamericanas respecto de los obstáculos comerciales provenientes de la Argentina
a. 2. 1.) El problema de la protección argentina al calzado y productos textiles
A principios de octubre de 1996, el canciller Guido Di Tella puso sobre el tapete la existencia de "desacuerdos" con Estados Unidos y con la Unión Europea por la protección que la Argentina aplicaba para la industria textil y de calzados. Las quejas del Departamento de Comercio norteamericano recaían sobre los aranceles adicionales (derechos específicos) que la Argentina cobraba a todas las importaciones de calzados deportivos. (44)
De acuerdo con la posición norteamericana, costaba mucho más caro vender zapatillas en la Argentina que en cualquier otro país. Sin embargo, las exportaciones norteamericanas en este rubro dirigidas al mercado argentino fue en ese momento menor al millón de dólares. Frente a las presiones norteamericanas, Di Tella sostuvo que si Estados Unidos presenta sus quejas ante la OMC, Argentina haría lo propio respecto de las restricciones norteamericanas a las exportaciones argentinas de carne bovina y maní. (45)
a. 2. 2.) La cuestión de las leyes de patentes farmacéuticas y de confidencialidad
Por cierto, esta cuestión de la agenda económico-comercial ocupó durante el gobierno demócrata de Bill Clinton (1993-2000) una importancia acorde a la que este mismo tema tuvo en la agenda comercial de su antecesor George Bush (1989-1994). Cabe recordar que durante la gestión de este último, el Departamento de Estado colocó un fuerte acento en las cuestiones comerciales en sus instrucciones a los embajadores acreditados en el exterior. Ejemplo de ello fue la actitud del embajador norteamericano en la Argentina, Terence Todman, de denunciar a través de una carta dirigida a los dirigentes argentinos a fines de 1990 los obstáculos a las empresas de su país, ligados a maniobras corruptas de funcionarios gubernamentales. (46) Meses antes, en julio de 1990, la embajadora comercial norteamericana, Carla Hill, exigió la modificación de la ley de patentes vigente en la Argentina la Ley 111- (47) bajo la amenaza de represalias similares a las que Brasil había sufrido a fines de 1988. El gobierno de Menem respondió a las exigencias de la visitante con la promesa verbal de modificar la legislación hacia fines de 1991. (48)
Ante las crecientes presiones diplomáticas norteamericanas, el canciller Guido Di Tella sostuvo que
"() el patentamiento farmacéutico es el precio que debemos pagar para ingresar al Club de Occidente". (49)
En el caso particular de la ley de patentes, Clinton no se distinguió de su antecesor. Cabe destacar que durante su etapa como candidato presidencial, había hecho de la cuestión comercial el eje central de su campaña de 1992. Durante la misma, Clinton prometió
"defender a los trabajadores haciendo frente a los países que no cumplan con las reglas del libre y justo comercio" (50)
De acuerdo con Marc Levinson, economista especializado en comercio de la revista Newsweek, tanto Clinton como su encargado de campaña, Michael Kantor, adoptaron en forma entusiasta los puntos de vista de la economista Laura DAndrea Tyson, quien señalaba que los Estados Unidos eran víctimas de los subsidios y barreras comerciales de otros países. De acuerdo con estos postulados, Levinson opina que la administración Clinton siguió una política comercial que medía la apertura no por el texto de una acuerdo formal sino por el éxito mensurable que tuviesen las empresas norteamericanas en penetrar los mercados externos. (51)
En realidad, la dureza que caracterizó a la administración demócrata en materia de política comercial reconocía puntos de contacto con el cambio de política operado durante el último tramo de su antecesor, George Bush. Durante Al respecto, cabe destacar que a fines de agosto de 1991, el canciller argentino, Guido Di Tella, reconoció la amenaza de represalias por parte de las autoridades norteamericanas en el caso que la Argentina no adoptase una ley que protegiera las patentes de los medicamentos. (52)
"() Y con una ley de patentes monopólica será mucho peor.
Sus consecuencias serán mucho más graves que las anunciadas represalias. Aumento desproporcionado de los precios de los medicamentos.
La respuesta es que se debata una ley que, reconociendo el derecho del inventor, garantice la libre competencia entre todos los laboratorios, nacionales y extranjeros.
Y respete el derecho de todos los argentinos a seguir comprando los remedios que necesitan.". (53)
"¡Las patentes de medicamentos no son monopólicas porque su médico dispone de diversas terapias para solucionar su problema. Los países del primer mundo y los que están ingresando o desarrollan esfuerzos por hacerlo, las tienen.
Estimular las inversiones
Promover el progreso tecnológico
Aportar nuevos medicamentos a precios competitivos
Ley de patentes farmaceúticas
El mejor remedio contra el monopolio". (54)
Por cierto, las preocupaciones de CILFA respecto del resultado de esta pugna no eran nada infundadas, dado que CAEME contaba con aliados poderosos para su causa. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, se colocó en esta lucha del lado del embajador Terence Todman y atacó a la entidad señalando que sus protestas contra el diplomático
"pueden llegar a afectar la relación argentino-norteamericana". (55)
Con el cambio de administración en la Casa Blanca y el reemplazo de Todman por James Cheek al frente de la Embajada norteamericana en Buenos Aires, no hubo cambios sensibles en la política de Washington respecto de la cuestión de las patentes. Antes bien, Cheek dio tempranas señales de su intransigencia frente a la ley vigente en la Argentina. Así, el 22 de febrero de 1994, Cheek no dudó en advertir al gobierno peronista que la modificación de la legislación vigente era una requisito sine qua non para el eventual ingreso de la Argentina al Area de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). (56)
Curiosamente, y en contra de lo que suele suponerse, durante los años de la administración Menem, la Argentina se comprometió a adoptar una legislación comercial que en términos generales estuvo más acuerdo con los lineamientos del Acuerdo de Tarifas y Comercio (GATT) y su sucesora, la Organización Mundial de Comercio (OMC), que con los dispuestos por la normativa de los Estados Unidos, más rígida que la de estos organismos multilaterales. Dentro de este contexto general de adhesión al GATT-OMC, la gestión menemista procuró un régimen legal de protección de la propiedad de patentes de medicamentos extranjeros que estaba en sintonía con la organización mundial pero no con las prioridades del gobierno de Clinton, quien, respondiendo a las presiones del lobby farmacéutico norteamericano, consideró que el marco de la OMC era inadecuado y exigió más protección, percepción que llevó a inevitables roces con las autoridades de Buenos Aires y, en especial, con el Congreso argentino. Los legisladores argentinos, sensibilizados con la persistente presión diplomática de Estados Unidos personalizada en el embajador norteamericano en la Argentina, James Cheek- comenzaron a percibir la cuestión de patentes como una ligada a la soberanía nacional. (57)
Sobre la base de esta percepción paradójicamente alimentada por la creciente intervención de Cheek dueño de un estilo poco diplomático que hacía recordar a las pasadas intervenciones del embajador Spruille Braden en 1945- (58), los diputados y senadores argentinos terminaron alineándose con la posición de las entidades farmacéuticas nacionales, agrupadas en la Cámara de la Industria y Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), entidad que resistió las exigencias procedentes de Washington por considerar que las mismas implicarían un exagerado incremento en los precios de los medicamentos en el mercado argentino, como fruto del monopolio de los intereses de los laboratorios farmacéuticos norteamericanos. (59)
La primera ocasión donde la administración demócrata evidenció su preocupación fue en marzo de 1994, en ocasión de la visita del vicepresidente norteamericano, Al Gore, a la Argentina. En dicha oportunidad, el visitante reclamó por la pronta sanción de una ley de patentes farmacéuticas. Gore partió de Buenos Aires con el compromiso personal del presidente Menem, según un comunicado oficial, para conseguir la aprobación de la legislación sobre patentes, proyecto trabado en el Senado. (60)
Como ocurriese con el caso del misil Cóndor, la presión del gobierno y de la Embajada norteamericanos a favor de una ley favorable a los intereses de las grandes compañías farmacéuticas de su país se intensificó progresivamente. Así pudo advertirlo el propio ministro de Economía argentino, Domingo Cavallo, durante su encuentro de fines de abril de 1994 con el representante comercial norteamericano Michael Kantor en Washington. En esa oportunidad, Kantor comunicó a Cavallo que, debido a la falta de aprobación de una nueva ley de patentes, Argentina figuraría en la Priority Foreign Country List, es decir, la lista de naciones que los Estados Unidos analizaban durante un año antes de aplicar sanciones si no se satisfacían exigencias. De concretar su amenaza, Washington podía optar entre: suspender importaciones argentinas, aumentar los derechos de importación a nuestros productos, retirar mercaderías nacionales del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) -programa surgido en 1974 por el cual no se pagan aranceles para ingresar en el mercado norteamericano- (61) y hasta boicotear pedidos de financiamiento a los organismos internacionales. No obstante las amenazadoras palabras de su interlocutor, Cavallo descartó ante los medios de prensa que las sanciones fueran realmente a producirse, porque las nuevas normas del GATT prohíben a las naciones aplicar castigos unilaterales entre sí:
"Nosotros vamos a ajustarnos a los compromisos asumidos en el GATT; si ellos nos aplican medidas unilaterales, pediremos allí un panel (tribunal) y ganaremos el diferendo". (62)
Las optimistas declaraciones de Cavallo parecieron confirmarse el 24 de junio, durante el encuentro que sostuvieron en Washington los presidentes argentino y norteamericano. En este encuentro Menem recibió la alentadora noticia de que Argentina quedaría excluida de figurar entre las naciones que podrían recibir sanciones comerciales por no tener una ley de patentes. (63)
No obstante, esta noticia no implicó una disminución de la presión diplomática norteamericana por obtener del gobierno argentino una ley de patentes acorde a los intereses de las compañías farmacéuticas norteamericanas. Durante el citado encuentro de Michael Kantor con el canciller Di Tella a fines de abril, el embajador norteamericano en la Argentina, James Cheek, mantuvo un encuentro con el bloque radical del Senado, en el que el diplomático amenazó con la aplicación de represalias si antes del 30 de junio el Congreso no sancionaba una nueva ley de patentes. (64)
Ante el respaldo del canciller Guido Di Tella y del ministro de Economía Domingo Cavallo a la posición de Cheek, los legisladores argentinos sometieron el texto de la ley de patentes a nuevas revisiones. Meses después, el 21 de noviembre, el embajador Cheek, al salir del recinto del Congreso, acompañado por el secretario de Defensa norteamericano William Perry -de visita en la Argentina-, redobló sus presiones al demostrar su insatisfacción con el proyecto de ley de patentes medicinales, que contaba con media sanción del Senado desde el día 16. Al respecto, el diplomático señaló su expectativa respecto de que el proyecto tuviera correcciones cuando se tratara en Diputados "porque el texto no es suficiente para nosotros". Con estas duras declaraciones, el embajador no hizo más que reproducir fielmente el descontento de los laboratorios norteamericanos y extranjeros en general, que consideraban excesivo el plazo de transición contemplado por la Cámara Alta -de acuerdo con el reclamo de los laboratorios locales- para la adecuación de estas empresas a las nuevas condiciones de competencia y de adquisición de tecnología para la producción de las especialidades farmacéuticas. (65)
Tiempo después, Cheek redobló su presión, al manifestar que la Argentina se vería en serios problemas si no aprobaba la ley de patentes. Como era de esperarse, sus declaraciones motivaron el rechazo de los integrantes de la Cámara Baja, quienes presentaron a fines de marzo de 1995 un proyecto consensuado que exhortaba al Poder Ejecutivo a que adoptase las medidas necesarias, con la severidad del caso, para evitar la reiteración de hechos de esta gravedad". (66) Esta situación obligó al propio presidente Carlos Menem a calificar como "presión intolerable" la actitud del diplomático norteamericano. No obstante, el presidente argentino aclaró que se iría a hacer un examen exhaustivo de la ley y
"si es necesario hacer algún retoque vía veto, lo vamos a hacer, si no la promulgaremos como está". (67)
El 30 de marzo, y tras dos años de forcejeos internos y presiones externas, la Cámara de Diputados aprobó, por 125 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, la ley de patentes medicinales. La misma establecía un plazo de 8 años para el pago de royalties a los laboratorios extranjeros. (68)
Ese mismo día, el embajador Cheek declaró su rechazo a la ley, señalando que la misma era "para Surinam o para Burundi", es decir, propia de un país del "Tercer Mundo", declaración que a su vez provocó el rechazo público del presidente Menem, quien señaló que
"No hay ningún tipo de incompatibilidad entre lo resuelto por el GATT y esta legislación del Parlamento argentino y del Poder Ejecutivo Nacional". (69)
A las declaraciones del embajador Cheek en contra de la ley de patentes se sumaron las del secretario de Comercio Michael Kantor, quien a principios de abril calificó a la misma como "inaceptable" para el gobierno norteamericano. En contra de lo manifestado por el presidente Menem, señaló que dicha ley, que les permitiría a los laboratorios argentinos copiar fórmulas farmacéuticas extranjeras durante ocho años, ni siquiera cumplía con las reglas del GATT.
Las polémicas palabras del funcionario norteamericano tuvieron como réplica las declaraciones de los legisladores argentinos de ambas Cámaras, quienes advirtieron que rechazarían cualquier intento de veto a la ley de patentes y calificaron los cuestionamientos del embajador a la ley como
"una inadmisible intromisión en el autónomo funcionamiento de las instituciones de la Nación" . (70)
Frente a las presiones provenientes de las declaraciones de Cheek y Kantor, el 8 de abril, el presidente Menem admitió que 10 puntos de la sancionada ley de patentes no coincidían con las conclusiones de las Ronda Uruguay del GATT. (71) Diez días después, el gobierno argentino respondió favorablemente a las presiones externas al disponer el veto de 16 artículos de la ley sobre patentes, entre ellos, el artículo 1º y 7º de la norma y estipuló el reordenamiento del 49º. Por el artículo 1º se disponía la facultad del Banco Central de organizar y poner en funcionamiento el sistema de seguro de garantía de depósitos, mientras que por el 7º se creaba en el ámbito del Congreso una comisión bicameral de seguimiento del fondo fiduciario. El decreto con el que el Poder Ejecutivo Nacional enviaba nuevamente al Senado (cámara de origen) de la ley de patentes se fundamentaba en la inconstitucionalidad de la norma sancionada en contraste con la legislación dispuesta por el GATT. (72)
En oposición a las expectativas del gobierno, el 23 de mayo la Cámara de Diputados sancionó la ley de patentes vetada por el Ejecutivo. La aprobación de esta versión de la ley mantenía en 8 años el plazo para que los laboratorios nacionales comenzaran a pagar derechos de patentamiento a las firmas extranjeras. (73) No obstante, el 1° de junio, los legisladores del oficialismo y los técnicos del Ministerio de Economía lograron un preacuerdo para reducir de 8 a 5 años el plazo fijado por la ley de patentes para que los laboratorios nacionales comenzaran a pagar "royalties" a los del extranjero. Ese mismo día, el embajador Cheek volvió a presionar al gobierno argentino señalando que
"Para recibir beneficios, hay que cumplir con responsabilidades y compromisos". (74)
Consciente del significado político de las palabras de Cheek, Menem instó a su ministro de Economía Domingo Cavallo a hacer realidad el preacuerdo con los jefes de los bloques legislativos oficialistas (Jorge Matzkin, por Diputados; y Pedro Molina, por Senadores) para lograr la modificación en la ley de patentes. (75) En la semana del 26 de junio, el Senado trató la ley correctiva sobre patentes, que introducía cambios en cinco artículos de la anterior versión (los artículos 44, 50, 94, 104 y 105) y reducía de 8 a 5 años el pago de royalties a los laboratorios extranjeros. (76) El 19 de julio fue aprobada y girada a Diputados, quien a su vez la convirtió en ley en septiembre. (77) Promulgada en octubre por el Ejecutivo, éste emitió poco después, a instancias del ministro de Economía, un decreto reglamentario que no establecía plazos para el pago de royalties. (78)
La promulgación de la nueva ley de patentes y del decreto reglamentario fueron bien recibidas por las autoridades norteamericanas, como lo evidenciaron los positivos comentarios del vicepresidente norteamericano Al Gore a su colega argentino Carlos Ruckauf, durante la visita de este último a Washington en octubre de 1995, y del embajador James Cheek desde Buenos Aires. Mientras tanto, los legisladores argentinos objetaron el contenido de la ley correctiva y del decreto, señalando que ambos habían sido frutos de las presiones derivadas de una carta enviada en septiembre por el secretario de Comercio norteamericano, Michael Kantor, al canciller argentino, Guido Di Tella. Asimismo, las entidades que agrupaban a los laboratorios nacionales -la Cámara Argentina de Especialidades Médicas (CAEME) y el Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) expresaron abiertamente su disconformidad con el decreto impulsado por el Ejecutivo. (79)
En diciembre, el Congreso argentino sancionó una ley en la que rechazaba el decreto reglamentario. (80) Frente a este avance parlamentario, el 3 de enero de 1996, Menem, aceptando las sugerencias del jefe de Gabinete, Eduardo Bauzá, y de los ministros de Economía, Domingo Cavallo, y de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, vetó el segundo de los tres artículos que conformaban la ley correctiva sobre patentes, que el Congreso había aprobado en diciembre de 1995 para anular el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo por el cual no se fijaban plazos de pago de regalías a los laboratorios extranjeros (81)
El texto del artículo vetado por el Ejecutivo decía lo siguiente:
"La Ley 24.481 (primera ley de patentes), modificada por la ley 24.572 (segunda ley de patentes), ambas dictadas de conformidad y en consecuencia con las leyes 24.425 (ratificación del GATT) y 17.011 (ratificación de los acuerdos de París), constituyen la aplicación y reglamentación integral y únicas de todas y cada una de las disposiciones de los tratados ratificados por esas leyes, y del derecho del inventor que consagrara el artículo 17 de la Constitución Nacional". (82)
Por su parte, el texto del nuevo decreto, que llevaba el número 3 del año 1996, decía lo siguiente:
"() la facultad conferida al Honorable Congreso de la Nación por el inciso 32 del artículo 75 de la Constitución Nacional de hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio de sus poderes, aún cuando autoriza como es obvio la sanción de legislación más o menos casuista o detallada que reduzca o aumente el ámbito reglamentario, en ningún caso puede interpretarse como negatoria de la atribución del Poder Ejecutivo de expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias, que le confiere el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional". Por ese motivo, "el proyecto de ley, en la parte que se observa, constituiría un precedente que alteraría la independencia funcional de los poderes organizados por la Constitución Nacional. (83)
Como era obvio de esperar, el representante comercial norteamericano, Michael Kantor, sostuvo que "nos estamos poniendo muy impacientes" ante las leyes argentinas de patentes, pues desde la óptica del funcionario norteamericano no alcanzaban a cubrir las normas acordadas en la Ronda Uruguay del GATT. (84)
El 20 de marzo, el presidente Menem firmó el decreto reglamentario de la ley de patentes, cuyo contenido chocaba con el de la legislación norteamericana en tres rubros: período de transición para pagar regalías, importaciones de medicamentos paralelas y licencias que los laboratorios no otorgan voluntariamente. (85)
Respecto del primer rubro, el decreto contemplaba el plazo de 5 años para que los laboratorios nacionales comenzaran a pagar royalties a los titulares de patentes de medicamentos. Si bien este plazo de 5 años estaba dentro del máximo de 10 años contemplado por el GATT y su sucesora, la Organización Mundial de Comercio (OMC), se oponía a la legislación norteamericana, que no tenía un período de transición. (86)
Respecto de las importaciones de medicamentos paralelas, la nueva ley argentina las restringía, mientras que la legislación norteamericana en la materia las prohibía y la adoptada por la OMC las permitía. Un tercer elemento del decreto que irritó a los laboratorios y al gobierno norteamericano eran las restricciones a las licencias que los laboratorios no otorgaban voluntariamente. Dichas licencias no eran casi nunca otorgadas por la legislación estadounidense, pero eran permitidas por la de la OMC.
Debido a estas divergencias entre la nueva ley de patentes argentina y la norteamericana, los laboratorios extranjeros hicieron sentir su presión sobre el gobierno norteamericano, que a su vez expresó su disconformidad a las autoridades de la Casa Rosada. El 1° de mayo de 1996, la Argentina fue colocada en una lista de observación prioritaria de países pasibles de eventuales sanciones comerciales por la ley de patentes farmacéuticas, según un informe sobre la protección de la propiedad intelectual de la Oficina de Representación Comercial, conocido en Washington. No obstante, el presidente norteamericano, Bill Clinton, informó a Carlos Menem que su administración "no ha tomado medidas" en contra de la Argentina, pese a haber incluido al país en la lista de países que violaban la propiedad intelectual. De acuerdo con las explicaciones efectuadas por el vicecanciller argentino, Fernando Petrella, la recategorización de la Argentina como país observado en forma prioritaria significaba que
"() (durante) seis meses se revisa la práctica argentina y se analiza si conviene o no a los Estados Unidos tomar otras medidas. (87)
Junto a la recategorización de la Argentina en la lista de países pasibles de sanciones comerciales, otro instrumento de presión norteamericana fueron las declaraciones del embajador Cheek, quien durante un almuerzo realizado en la Unión Industrial Argentina sostuvo que era "imposible hacer inversiones en la Argentina" en el rubro de la industria farmacéutica "porque la propiedad intelectual no está protegida". Estas declaraciones provocaron la reacción de la Cámara de Diputados, ámbito en el que se aprobó por unanimidad el 19 de junio un proyecto de resolución propuesto por el diputado justicialista Humberto Roggero, que condenaba las declaraciones del embajador. (88) Por su parte, el presidente del bloque de diputados radicales, Federico Storani, reclamó al embajador norteamericano que aplique "el mismo celo que tenía para ejercer presión por la cuestión de la ley de patentes" para que su país conteste "los requerimientos de la Justicia argentina" con relación a la investigación sobre los contratos entre IBM y el Banco Nación. (89)
Tras el alejamiento de Cavallo del Ministerio de Economía, su sucesor, Roque Fernández, procuró alejarse de la estrategia anterior de satisfacer los reclamos norteamericanos, adoptando una cercana al perfil crítico del Congreso y de los laboratorios argentinos, que destacaba el apego de la Argentina a las normas del GATT sobre patentes. (90)
Alejado del gabinete económico, Cavallo no dudó en competir con el gobierno del que había formado parte. Actuó como si siguiera siendo el ministro al entrevistarse en al última semana de septiembre de 1996 con la funcionaria de la Comisión de Comercio Carol Crawford, quien cuestionó en duros términos la ley de patentes vigente en la Argentina. (91) Incluso no dudó visitar Estados Unidos en los mismos días de diciembre en que lo hizo Menem, con el fin de ensombrecer la visita presidencial y arrojar en sus interlocutores dudas sobre la seguridad jurídica en la Argentina. (92)
Durante la visita de Menem a Clinton en Washington, simultánea a la del ex ministro Cavallo, el mandatario norteamericano no dejó de transmitir a su colega su preocupación por lo que consideraba una ley "incompleta" de patentes, en tanto faltaba la media sanción al proyecto de confidencialidad de los datos técnicos requeridos para nuevas entidades químicas de productos farmacéuticos, veterinarios y agroquímicos. Cabe destacar que según las normas del GATT, la Argentina no estaba obligada a tener una ley sobre confidencialidad o secreto industrial. Dicha ley era de interés directo del gobierno de Estados Unidos, de los grandes laboratorios y de las industrias agroquímicas extranjeras. En consecuencia, desde los representantes del gobierno y de la Embajada norteamericanas llegaron claros mensajes para que el Congreso argentino sancionara rápidamente una ley de confidencialidad, que contó con la resistencia de los laboratorios nacionales (CILFA, Cooperala). Desde la óptica de estos últimos, para proteger los datos de los procesos industriales de cualquier práctica desleal bastaba con la ley de defensa de la competencia ya sancionada por el Parlamento. (93)
Pero Menem no pudo presentarle a Clinton la media sanción al proyecto de confidencialidad exigida por las autoridades norteamericanas y los laboratorios extranjeros. El mismo no había podido ser debatido en la Cámara de Diputados. Frente a este traspié, Menem se comprometió ante Clinton a cumplir con la confidencialidad. (94) Este paso se concretó el 12 de diciembre, fecha en la que la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley de confidencialidad, complementario de la controvertida norma sobre patentes. (95)
Como ocurriera con el caso de la ley de patentes, la Ley de Confidencialidad argentina contuvo dos ítems, relacionados con la "similaridad" (96), en los que se registraron divergencias con la legislación norteamericana en la materia, aunque no las tuviera con las normas previstas por la Organización Mundial de Comercio. El primer ítem se refería a la "similaridad" para productos no nuevos, restringidos por la nueva legislación argentina, prohibidos por la norteamericana y no prohibidos por la de la OMC. (97) El segundo, a la "similaridad" para las nuevas moléculas, aceptada por las legislaciones norteamericana y mundial pero no por la argentina. (98)
Dadas estas divergencias entre las legislaciones argentina y norteamericana no obstante las coincidencias existentes en los ítems referidos a la protección de toda información secreta y de la prohibición de la divulgación y de las prácticas desleales respecto de las nuevas moléculas- (99), era obvio que el gobierno de Menem esperase un incremento de las presiones del lobby farmacéutico y de las autoridades norteamericanas. Respeto del primer sector, el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria Químico-Farmacéutica Argentina, que expresaba los intereses de los laboratorios extranjeros, dirigió una carta a los diputados argentinos y al gobierno norteamericano. En dicha misiva, el Centro señaló que la nueva ley favorecía la "piratería" y omitía el plazo a partir del cual el Gobierno podría
"() aprobar el registro de medicamentos "similares" a los que se encuentran autorizados en el país o en el exterior, sin la conformidad del titular". (100)
Por su parte, Jorge Otamenti, asesor de CAEME (entidad representativa de los laboratorios extranjeros) explicaba las razones del rechazo a la Ley de Confidencialidad en los siguientes términos:
"() La Ley no alcanza para proteger todos los esfuerzos y estudios que debe acreditar un fabricante cuando quiere que le autoricen fabricar o vender un remedio en un mercado. Corremos el peligro de que un tercero copie todos esos antecedentes tan costosos y venda el producto como propio". (10|)
Ante la presión proveniente de los laboratorios norteamericanos representados en Pharma, el presidente Clinton le envió a su colega Menem una carta el 14 de enero de 1997 en la que confirmaba la disconformidad de las autoridades de Washington con la nueva ley y anunciaba la reducción del 50 % del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para la Argentina a partir del mes de abril. (102) En dicha carta, si bien se reconocían los "esfuerzos" realizados por el Congreso y el gobierno argentinos para proteger la propiedad intelectual y el secreto industrial (confidencial), también se destacaba que los pasos otorgados no alcanzaban para proteger los intereses de los laboratorios norteamericanos. (103)
La nueva disposición norteamericana excluía a 114 productos argentinos del SGP (entre ellos los envíos de productos alimenticios y petroleros, cueros, químicos y artículos de cobre) como una forma de castigar a la Argentina por considerar insuficiente la ley de patentes, que preveía que los laboratorios nacionales comenzaran a pagar derechos a los extranjeros por las fórmulas que utilizaran a partir del 1° de noviembre del año 2000. Asimismo, constituía una forma de demostrar el rechazo a la Ley de Confidencialidad sancionada por el Congreso argentino, el otro blanco de las críticas de Pharma.
A pesar de que el SGP no constituía un monto significativo para las exportaciones argentinas a Estados Unidos apenas un 1 %- (104), las implicaciones políticas de esta decisión del presidente Clinton no fueron pasadas por alto por los representantes del gobierno. A pesar de que intentaron quitarle trascendencia al tema, no pudieron ocultar su disgusto con una medida que representaba un retroceso en el esfuerzo titánico del gobierno de Menem por sancionar una nueva legislación sobre patentes y confidencialidad que procuraba conformar a dos intereses que se revelaron incompatibles entre sí: los de los laboratorios extranjeros, representados en las presiones diplomáticas del gobierno norteamericano, partidarios de que el contenido de estas leyes siguiera las normas vigentes en Estados Unidos; y los de los laboratorios nacionales, representados en las exigencias del Congreso argentino e inclinados a seguir las normas de la OMC, más flexibles que la legislación norteamericana.
Como respuesta a estas presiones externas e internas, las autoridades de la Casa Blanca y del Palacio San Martín optaron por criticar la decisión norteamericana, pero lo hicieron utilizando un tono de crítica moderada que permitiese mantener abiertas las puertas a una evntual negociación con las autoridades norteamericanas. Así, el presidente Menem consideró "injusta" la medida adoptada por la Casa Blanca, si bien advirtió que esta situación no dañaba "en lo más mínimo" las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos. (105) Asimismo, el canciller Guido Di Tella sostuvo que no le hacía "ni fu ni fa" que Washington colocara a la Argentina en una "categoría apestosa". (106) Finalmente, el secretario de la Presidencia, Alberto Kohan, minimizó los efectos de la medida, calificándolos como "un detalle" menor frente al aumento "impresionante" del comercio exterior argentino. (107)
Frente a este tono de crítica moderada de las autoridades gubernamentales, preocupadas por los costos políticos que la decisión norteamericana acarrearía tanto en el frente externo como en el interno, los laboratorios nacionales y los legisladores adoptaron una posición de dura crítica a la medida adoptada por el gobierno de Clinton. Así, Pablo Challú, representante de CILFA, defendió la Ley de Confidencialidad aprobada por el Congreso argentino y criticó la reducción de la SGP para la Argentina en los siguientes términos:
"() La Ley de Confidencialidad, votada por el Congreso argentino de acuerdo con las normas del comercio internacional, tiene como fin facilitar los mecanismos para impedir que se divulguen informaciones de carácter secreto con valor comercial. La industria farmacéutica de EE.UU. intentó valerse de esta Ley para obtener un monopolio de importación a favor de sus empresas, pidiendo la eliminación de una cláusula que permite a las autoridades sanitarias nacionales aprobar medicamentos por "registros de similaridad", fabricados por laboratorios argentinos. Esta maniobra ya fue intentada cuando el Congreso sancionó la Ley de Patentes y pretende eliminar la competencia. Como no lo logró en ninguna de las dos leyes, Washington, motorizado y presionado por los laboratorios, apeló a las represalias comerciales. No recurre a la Organización Mundial de Comercio porque sabe que un tribunal imparcial desnudaría la falta de argumentación del reclamo". (108)
Por su parte, el senador Eduardo Menem advirtió que el Congreso "no daría marcha atrás" con la ley de confidencialidad (109). A su vez, el presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, Humberto Roggero (PJ-Córdoba), y los diputados Juan Pablo Baylac (UCR) y Darío Alessandro (FREPASO) enviaron en el mes de febrero dos cartas al canciller Guido Di Tella y al presidente norteamericano Bill Clinton. En la primera, los legisladores le solicitaron al ministro
"() el inicio de una denuncia formal ante la OMC para que se declare la ilegitimidad y se ordene la cancelación de la represalia comercial anunciada por el gobierno de los Estados Unidos ()"(110)
En la epístola dirigida al mandatario norteamericano, Roggero, Baylac y Alessandro exhortaban a las autoridades de la Casa Blanca a retirar la sanción a fin de
"() colocar la relación bilateral en el marco de la legalidad y la mutua colaboración. Es evidente que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado esta medida como herramienta de presión para obtener de la Argentina una nueva modificación de su legislación sobre patentes ()".(111)
Los siguientes meses fueron testigos de un gobierno argentino sometido a la creciente puja entre las presiones norteamericanas y las reacciones del Congreso local. Entre las primeras, vale citar las quejas respecto del régimen de propiedad intelectual que presentaron en mayo de 1997 el secretario de Comercio norteamericano, William Daley, ante el ministro de Economía argentino, Roque Fernández; y el secretario de Estado, Jefferey Davidow, ante Guido Di Tella, a quien le señaló la existencia de contradicciones entre la legislación argentina y los compromisos asumidos en el marco del GATT. (112) Asimismo, cabe destacar la amenaza efectuada a fines de abril de 1999, por la representante comercial de los Estados Unidos, Charlenne Barchefsky, al embajador argentino en Washington, Diego Guelar, respecto de que su país denunciaría a la Argentina ante la OMC por no cumplir con los compromisos de adecuar su legislación de propiedad intelectual (patentes) a las normas internacionales, y por la protección que se le brindaba a la industria farmacéutica y agroquímica argentina. (113)
Por su parte, entre las reacciones del Parlamento argentino en contra de las presiones diplomáticas norteamericanas, cabe anotar que varios diputados de distintas bancas presentaron a lo largo del mes de abril una serie de proyectos en contra de la medida adoptada por Washington. El justicialista Roggero sometió ante la Cámara Baja un proyecto de resolución por el que reclamaba al Poder Ejecutivo la suspensión de la participación, en toda licitación pública, de empresas cuya integración de capital "provenga total o parcialmente de países que hayan adoptado unilateralmente sanciones comerciales contra la Argentina mientras éstas se encuentren vigentes". Por su parte, el diputado frepasista Rafael Flores (Santa Cruz) propuso un incremento de hasta un 30 % en los aranceles de importación de productos provenientes de los Estados Unidos. A su vez, el diputado Emilio Martínez Garbino (PJ-Entre Ríos) presentó un proyecto de ley mediante el cual proponía gravar las bebidas cola con un impuesto interno del 30 %. Finalmente, el jefe de senadores de la UCR, José Genoud (Mendoza) criticó al Gobierno por no haber acudido a la Organización Mundial de Comercio (OMC) para dirimir este conflicto. (114)
La ofensiva parlamentaria continuó durante el mes de mayo. Ejemplo al respecto fue la presentación , a principios de dicho mes, de un proyecto de ley por parte de los diputados Humberto Roggero (jefe de diputados del Partido Justicialista PJ-), Emilio Martínez Garbino (PJ), Juan Pablo Baylac (Alianza) y Rafael Flores (Alianza). Este proyecto proponía prorrogar hasta el año 2005 el pago de los derechos de propiedad intelectual a los laboratorios extranjeros. (115)
Como era de esperarse, dicha iniciativa provocó a su vez no sólo una nueva protesta del Departamento de Estado, a través del encargado de negocios Stuart Eizenstadt, al embajador Guelar (116), sino también intentos de presión del encargado de negocios norteamericano en la Argentina, Manuel Rocha, para que los legisladores del PJ y de la Alianza rechazaran la idea de Roggero de prorrogar por cinco años más el plazo de transición para el pago de royalties (que vencía en enero del 2000). A su vez, esta injerencia del diplomático produjo como réplica la presentación, por parte del jefe de diputados del PJ, de un proyecto que declaraba a Rocha persona no grata. (117)
Frente a esta puja feroz, el presidente Menem redobló sus presiones sobre el Congreso a fin de acercarse a las posiciones norteamericanas. Advirtió que el Poder Ejecutivo vetaría cualquier cambio a la ley si el Congreso aprobaba una prórroga de cinco años más, del 2000 al 2005, como plazo extremo para que el Estado comenzara a proteger en forma plena el derecho de propiedad intelectual. Asimismo, y ante la presencia de empresarios norteamericanos, Menem declaró en Nueva York que
"Procuraremos que no salga la ley. Perjudicaría las inversiones. De ser necesario, voy a utilizar el veto". (118)
No obstante la voluntad presidencial, la cuestión de las patentes constituyó un tema no resuelto de la agenda que provocó quejas en las autoridades norteamericanas. Así, durante la visita a la Argentina de fines de agosto de 1999 del enviado del presidente Clinton para las Américas, Kenneth "Buddy" MacKay, el visitante reclamó de manera indirecta al mandatario argentino por la irresuelta cuestión de la ley de patentes. A sabiendas de que los diputados justicialistas intentaban prorrogar la aplicación de dicha ley por cinco años más, el enviado norteamericano sostuvo que dicha norma "Es, de alguna manera, esencial para conseguir un sistema de comercio integral". Asimismo, MacKay, consciente que Menem ya atravesaba los días finales de su gobierno, se entrevistó con Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa, los candidatos a la sucesión presidencial, con el fin de sondear posibles avances en esta delicada cuestión. (119)
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Texto del Acuerdo relativo a un Consejo sobre Comercio e Inversión entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y los Estados Unidos, Washington, 19 de junio de 1991, citado en Argentina-Estados Unidos. Acuerdos Bilaterales 1853-2000op.cit., pp. 556-561 y en Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), La relación entre Argentina y Estados Unidos. Una nueva etapa, op.cit., Anexo 10, pp. 431-432.
Texto del Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos de América en materia de subsidios y derechos compensatorios, Buenos Aires, 20 de septiembre de 1991, en Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), La relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Una nueva etapaop.cit., p. 421.
Los Programas especiales de exportación (PEEX) habían sido derogados por Decreto 963 del 4 de agosto de 1988. Como señala el texto del Entendimiento, a partir de esa fecha no se concedieron nuevos contratos a los exportadores argentinos y además, se estableció la fecha de agosto de 1993 como tope para la finalización de la percepción de beneficios por contratos anteriormente existentes. Ver al respecto texto del Entendimiento citado en CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Una nueva etapaop.cit., p. 421.
El artículo 2° del decreto 553 del 2 de mayo de 1989 derogaba la deducción impositiva otorgada a los exportadores en virtud del artículo 1° del Decreto 173 de 1985. Ver al respecto texto del Entendimiento citado en CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Una nueva etapaop.cit., p. 421.
La Ley 23.697 o de Emergencia Económica fue sancionada el 1º de septiembre de 1989. Suspendía "todos los subsidios y obligaciones a cargo del Estado que revestían carácter de subsidio y que afectan directamente los recursos del Tesoro, del Banco Central y del Sector de Servicios Estatales". Ver al respecto texto de la Ley 23.697 en Anales de Legislación Argentina (ADLA), 1989, Tomo XLIX-C, Buenos Aires, La Ley, pp. 2458-2478.
Al respecto, la Sección II, apartado 1, del citado Entendimiento sostiene que "El reintegro de impuestos indirectos pagados o acumulados por los exportadores a través de etapas anteriores de producción sobre los productos exportados regidos por el Decreto 1011 del 29 de mayo de 1991, será administrado de manera concordante con el Acuerdo de Subsidios.
El Gobierno argentino asegura que en virtud de éste o cualquier otro programa, el nivel de reintegro o cualquier modificación al mismo no resultará en un reintegro que exceda los impuestos indirectos efectivamente pagados por los exportadores o acumulados a través de etapas anteriores de producción". Ver al respecto texto del Entendimiento, citado en CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Una nueva etapaop.cit., pp. 421-422.
Ver al respecto Sección II, apartado 4 del mencionado Entendimiento, citado en CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Una nueva etapaop.cit., p. 422.
De acuerdo con el texto del Entendimiento, "() Hasta el 10 de abril de 1991, los reembolsos se pagarán con bonos BOCREX, emitidos por el Gobierno argentino. El Gobierno argentino asegura que toda modificación a las restricciones de dichos bonos, cambios en su valor o el valor de los créditos devengados en conexión con ellos, así como el establecimiento de cualquier nuevo método para otorgar reembolsos no resultará en un reintegro que exceda el valor de los impuestos indirectos efectivamente pagados.
El 11 de abril de 1991, el Decreto 612 redujo los ya parciales reintegros y restableció su pago en efectivo ()". Ver al respecto Sección II, apartado 3 del Entendimiento, citado en CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Una nueva etapaop.cit., p. 422.
En relación con esta medida, el texto del Entendimiento señala lo siguiente: "() En virtud de los artículos 1ro. y 5to. de la Ley 23.018 del 28 de noviembre de 1983, los exportadores argentinos reciben pagos del Gobierno argentino por las mercaderías exportadas a través de ciertos puertos patagónicos. El Gobierno argentino reconoce que estos pagos no se compadecen con las obligaciones del Acuerdo de Subsidios. Por lo tanto, el Gobierno argentino elevará un proyecto de ley al Congreso de la Nación dentro de los doce meses de la fecha efectiva del presente Entendimiento para la eliminación de este reembolso. Bajo ningún concepto los pagos mencionados serán otorgados a los exportadores argentinos por mercaderías exportadas a partir del 1° de enero de 1995, incluida esta fecha. Ver al respecto Sección II, apartado 5 del Entendimiento, citado en CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Una nueva etapaop.cit., p. 422.
Ver al respecto Sección III del Entendimiento (titulada "Investigaciones por derechos compensatorios y revisiones administrativas de los Estados Unidos de América"), en CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Una nueva etapaop.cit., p. 422.
Texto del Memorándum de Entendimiento para establecer un Consejo para el Desarrollo de Negocios, en Argentina-Estados Unidos. Acuerdos Bilaterales 1853-2000op.cit., pp. 689-690.
Texto de la Declaración de propósitos de cooperación de la Embajada argentina y los Consulados argentinos en los Estados Unidos y el Servicio Comercial Exterior del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Buenos Aires, 14 de junio de 1996, fuente citada en Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE), Argentina-Estados Unidos. Acuerdos bilaterales 1853-2000, op.cit., pp. 754-755.
Datos citados en La relación entre la Argentina y los Estados Unidos 1989-1995. Una nueva etapaop.cit., p. 369.
Idem nota anterior, p. 278.
Idem nota anterior, p. 447.
Texto del Tratado sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, Washington, 14 de noviembre de 1991, en Argentina-Estados Unidos. Acuerdos Bilaterales 1853-2000op.cit., pp. 617-628.
Ver respecto del plan de dolarización los artículos "Planteo a Roque Fernández en la reunión de gabinete. Menem pide que estudie cómo dolarizar la región", Clarín, 15 de enero de 1999, p. 5; "Menem quiere dolarizar la economía para esquivar la corrida. Si vienen por el peso, digan que se fue", por David Cufré, Página / 12, 16 de enero de 1999, p. 5; "La idea de dolarizar remarca el riesgo de la convertibilidad. Menem ya no sueña con un peso poderoso", por Eduardo L. Curia, El Cronista, 19 de enero de 1999, p. 7; "Diferenciaciones con el real. Dolarización: para Wall Street es señal positiva", por Marina Aizen, Clarín, 23 de enero de 1999, p. 4; "Una fuga hacia adelante", por Julio Sevares, Clarín, 23 de enero de 1999, p. 4 y "Dolarización: de nuevo Menem se adelantó a todos", por José Octavio Bordón (ex-gobernador de Mendoza (PJ)), Ambito Financiero, 3 de febrero de 1999, p. 14.
De acuerdo con las autoridades económicas argentinas, el plan de convertibilidad gestado por el ex ministro Domingo Cavallo en 1991 sólo convencía a los argentinos. Y desde la crisis mexicana de 1994 este plan no había podido evitar huidas del peso al dólar. Además, los mercados observaban que la convertibilidad era una medida unilateral y que podía modificarse a través de una ley, de la misma manera como se había originado. Por último, la convertibilidad limitaba la capacidad de prestamista de última instancia del Banco Central. Ante estos problemas inherentes al régimen, el ministro de Economía Roque Fernández y el presidente del Banco Central Pedro Pou evaluaron tres alternativas: la dolarización unilateral; la implementación de una Unión Monetaria Americana y el Tratado de Asociación Monetaria con Estados Unidos. Los dos primeras fueron rechazadas. La dolarización unilateral tenía la ventaja de una rápida implementación, pero corría con la desventaja de que podía ser percibida tanto interna como externamente como una pérdida de "soberanía" del gobierno argentino; además, como también se podía modificar unilateralmente, no generaba confianza en los mercados externos. La segunda opción, la Unión Monetaria Americana, corría con el problema del tiempo: una negociación exitosa demoraría entre 5 y 10 años como mínimo. Por fin, la tercera opción, la de del Tratado de Asociación Monetaria, aparecía ante las autoridades económicas argentinas como la única opción viable en esas circunstancias. Dicho Tratado implicaba una convergencia con las metas fiscales fijadas en Maastricht, la coordinación de las políticas financieras (desaparecería el Banco Central) y una mayor flexibilización del mercado de trabajo. Desde la perspectiva oficial, las ventajas de este acuerdo serían la eliminación del temor de los banqueros e inversores externos a una devaluación y a una cesación de pagos de la deuda pública externa argentina; el descenso de las tasas de interés que debían pagar los bancos, las empresas y el gobierno argentino en cada crisis global; y el crecimiento del PBI, la inversión y el empleo en la economía local. Ver al respecto los editoriales "Pedro Pou presentó un plan para cambiar de moda y de próceres", por Pablo Ferreira, Página /12, 22 de enero de 1999, p. 2; "Pou quiere dolarizar", La Nación, Sección 2ª: Economía & Negocios, 22 de enero de 1999, p. 1; "Plan para convertir a Argentina en un apéndice monetario de EE.UU. Menem quiere salvarse con el dólar", por Julio Nudler, Página /12, 22 de enero de 1999, pp. 2-3; y "Pronóstico de Morgan Stanley: "Ahora sigue Argentina", Página /12, 22 de enero de 1999, p. 3.
Ver al respecto "Alfonsín, Rívoli y Giavarini", Página / 12, 22 de enero de 1999, p. 3 y "Apoyo desde el oficialismo. El plan de dolarización del gobierno generó fuertes resistencias", Clarín, 23 de enero de 1999, pp. 3-4.
"Se lo pidieron a Roque para reforzar la convertibilidad. Los inversores quieren dolarizar" y "Diferenciación estilo Menem. Una línea de defensa extrema contra turbulencias cambiarias", por Carlos Abalo, El Cronista, 17 de febrero de 1999, p. 5.
"Pese a las reservas, el tema avanza. Camdessus: "Dolarizar requiere mucha reflexión"", por María O Donnell, La Nación, 22 de abril de 1999, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 1.
"EE.UU. admite que analiza la dolarización", La Nación, 24 de febrero de 1999, p. 1; "Greenspan, frío con la dolarización", La Nación, 24 de febrero de 1999, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 1; "Greenspan, el banquero central de EEUU, rechazó la dolarización. "No seremos banco central de otros", Página / 12, 24 de febrero de 1999, p. 7; y "Nuevo rechazo a la dolarización", La Nación, 25 de febrero de 1999, 2a Sección: Economía & Negocios, p. 1.
"Apoyan la dolarización inversores de EEUU", La Nación, 8 de marzo de 1999, p. 1; "El Tesoro de EEUU, contra la dolarización. El subsecretario Larry Summers dijo que su país no alentará la aplicación de ese esquema en América Latina", por María O' Donnell, La Nación, 9 de marzo de 1999, Sección 2a: Economía & Negocios, p. 2.
"Debate con EE.UU. por la dolarización", La Nación, 15 de marzo de 1999, p. 1; "Condiciona EEUU el debate por la dolarización", por Jorge Rosales, La Nación, Sección 2ª: Economía & Negocios, 15 de marzo de 1999, p. 1.
Los capitales norteamericanos se dirigieron a obras de infraestructura (46% del total); industria manufacturera (28%); actividades extractivas (15%); comercio y servicios (6%) y actividades financieras (4%). Ver estos datos citados en Secretaría de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos, Síntesis informativa período 1989-1999, Buenos Aires, 1999, p. 33.
Ver al respecto CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos 1989-1995op.cit., p. 295.
Idem nota anterior, p. 296.
"Menem: gestión por los subsidios en los EE.UU. Planteó la preocupación argentina a integrantes del gabinete de Bush", por Julio Crespo, La Nación, 3 de octubre de 1990, pp. 1 y 4.
"Clayton Yeutter visita desde hoy nuestro país", La Nación, 23 de octubre de 1990, p. 9 y editorial de opinión "Clayton Yeutter en Buenos Aires", La Nación, 27 de octubre de 1990, p. 6.
"La Argentina propondrá a EE.UU. eliminar subsidios en América", por Mauricio Carini y Ovidio Bellando, La Nación, 18 de marzo de 1994, p. 4; "Nafta y narcotráfico, en la agenda de Gore", La Nación, 20 de marzo de 1994, p. 1; "EE.UU. no dará marcha atrás a los subsidios", por Ovidio Bellando, La Nación, 22 de marzo de 1994, p. 9; y "La visita de Al Gore", La Nación, 24 de marzo de 1994, p. 8.
A este respecto, el informe del Departamento de Estado norteamericano de 1998, si bien reconocía los esfuerzos del gobierno argentino por reducir o eliminar barreas arancelarias, también evidenciaba su preocupación por las tarifas aplicadas por los países del MERCOSUR en ítems tales como textiles, calzado y automóviles. Ver al respecto Department of State, "1988 Country Report on Economic Policy and Trade Practices. Argentina", fuente citada por Norden y Russell, op.cit., p. 79.
"EEUU sancionó comercialmente a la Argentina", La Nación, 23 de junio de 1993, p. 1; y "Represalias comerciales contra la Argentina", La Nación, 23 de junio de 1993, Sección 2ª: Economía y Negocios, p. 1.
"Documento secreto. Conflictos en las relaciones comerciales con los EE.UU.", por Marcelo Bonelli, Clarín, 2 de octubre de 1996, p. 5.
"Gesto de EE.UU. para la Argentina", La Nación, 29 de abril de 1997, p. 1 y Sección 2ª: Economía y Negocios, 29 de abril de 1997, p. 2.
Respecto de los antecedentes históricos en torno de la aftosa en la carne argentina y de las políticas adoptadas por Estados Unidos para combatirla consultar, entre otros, los siguientes trabajos: Sweet, Dana Royden, A History of United States-Argentine Commercial Relations, 1918-1933: A Study of Competittive Farm Economies, Ph.D. dissertation, Syracuse University, 1972; O Connell, Arturo, "La fiebre aftosa, el embargo sanitario norteamericano contra las importaciones de carne y el triángulo Argentina-Gran Bretaña-Estados Unidos en el período entre las dos guerras mundiales", revista Desarrollo Económico, volumen 26, N° 101, Buenos Aires, abril-junio de 1986; y Cisneros, Andrés y Escudé, Carlos, Historia de las Relaciones Exteriores de la República Argentina, Buenos Aires, GEL, 1999, Parte II, Tomo X, Capítulo 50, pp. 228-229.
Respecto de la importancia simbólica de este logro consultar el trabajo de Norden y Russell, op.cit., pp. 55-56.
Ver respecto de la incidencia de estos factores externos el editorial "Las carnes argentinas en el mundo", La Nación, 14 de diciembre de 1996, p. 8.
CARI, La relación entre Argentina y los Estados Unidos 1989-1995.op.cit., pp. 500-501.
Idem nota anterior, p. 501.
Ibid., pp. 502-503.
Estos impuestos aduaneros alcanzaron cerca del 35 % y se aplicaron desde 1994 con el objeto de encarecer los precios de las zapatillas y los textiles que ingresaban al mercado local desde el exterior, en especial desde el sudeste asiático. Como las empresas norteamericanas de calzado Reebok y Nike tienen sus plantas en el sudeste asiático, cuando envían a la Argentina zapatillas fabricadas en dicho mercado, se les cobran los derechos específicos. Las empresas beneficiadas por esta protección fueron Alpargatas y Gatic. Ver al respecto artículo "Di Tella protestará por restricciones a la carne y al maní. Admiten desacuerdo con EE.UU.", Clarín, 3 de octubre de 1996, p. 25.
Idem nota anterior. Consultar asimismo Busso, Anabella, "Las relaciones Argentina-Estados Unidos durante el segundo gobierno de Menem: de la creación de un marco político de alineamiento a la negociación de cuestiones puntuales", en Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR), La política exterior argentina 1994/ 1997, Rosario, Ediciones CERIR, 1998, pp. 62-63.
Respecto de esta política, un artículo del Washington Post del 23 de agosto de 1993 comentado por el entonces embajador argentino en Estados Unidos, Carlos Ortiz de Rozas, destacaba el impulso del Departamento de Estado a los embajadores norteamericanos en el exterior en los siguientes términos: "() los embajadores de los EE.UU. han aumentado su participación en el campo comercial como consecuencia de las mutaciones en las relaciones internacionales. () el secretario de Estado Baker y el secretario alterno Eagleburger impulsan a las embajadas de EE.UU. a que asuman papel de promoción comercial como una de sus prioridades al tiempo que la competencia económica global reemplaza la Guerra Fría. ()
() embajadores de otros han promovido ya en el pasado el comercio de sus países pero () en EE.UU. había tendencia a enfocar más en temas políticos o estratégicos () Eagleburger había dicho que la nueva política significa un desafío para la cultura del servicio exterior y que se abriría un período de transición que demoraría unos diez años () Como ejemplo de la puesta en práctica de estas directivas del Departamento de Estado el artículo señala una gira de embajadores de EE.UU. en el sudeste asiático junto con sus funcionarios responsables de comercio por el interior de EE.UU. para despertar la conciencia de los empresarios locales sobre el comercio en esa región. Asimismo, cita algunos ejemplos de intervenciones de embajadores estadounidenses en decisiones que afectaban a empresas de este país en Argentina, India, Indonesia y Hungría. ()". Ver al respecto contenido del artículo "U.S. Ambassadors making business their new business", by Stuart Auerbach, The Washington Post, 20 de marzo de 1993, comentado en Cable de Embajada en Estados Unidos N° 010743/92, firmado por el embajador Carlos Ortiz de Rozas, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 14, Carpeta Estados Unidos.
La Ley 111 cuya reforma exigía el gobierno norteamericano protegía los procesos de fabricación de los medicamentos, pero no el producto final, lo cual permitía que las empresas competidoras patentaran una misma monodroga en el caso de haber llegado a la fórmula con procedimientos distintos de la versión original.
Ver esta referencia en artículo "Di Tella: sin ley de medicamentos, habrá represalias de los EE.UU.", Clarín, 28 de agosto de 1991, p. 18.
Declaraciones del canciller Di Tella citadas en Idem nota anterior.
Ver declaraciones de campaña de Clinton, citadas en el artículo de Levinson, Marc, "El estilo de Kantor. Puntos débiles en la política de comercio de Estados Unidos", revista Archivos del Presente, Otoño 1996, p. 23.
Levinson, op.cit., pp. 23-24.
Ver al respecto artículo "Di Tella: sin ley de medicamentos, habrá represalias de los EE.UU.", op.cit..
Solicitada del Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), en Ambito Financiero, 29 de agosto de 1991, p. 17.
Solicitada de CAEME a favor de la ley de patentes, titulada "Donde hay patentes no hay monopolio", Página/12, 20 de septiembre de 1991, p. 7.
"A Todman lo defiende Cavallo", Página/12, 27 de septiembre de 1991, p. 5.
"Cheek insiste con la ley de patentes", Clarín, 23 de febrero de 1994, p. 20.
Para la posición legislativa consultar la exposición de los diputados del PJ y de la UCR Rafael Flores y Rodolfo Terragno, citadas en la publicación "Las políticas de investigación industrial y los acuerdos de la Ronda Uruguay", Seminario, Fundación Raúl Prebisch, Buenos Aires, 25 de agosto de 1994, pp. 49-64.
Norden y Russell, op.cit., pp, 66-67.
Ver al respecto de la posición de CILFA los trabajos de Challú, Pablo y Levis, Mirta, Adecuación de la ley argentina de patentes al GATT, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1996; y Tussie, Diana, "The complexities of policy harmonization: the case of intellectual property rights", serie Documentos e Informes de Investigación, N° 146 del Area de Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires, August 1993. Para la posición de CILFA ver los siguientes editoriales "Habrá remedios más caros y desocupación", por Pablo Challú (ex secretario de Comercio y director ejecutivo de CILFA), Diario Popular, 8 de diciembre de 1993, p. 9; "Una solución justa y racional" por Pablo Challú, revista Dirigencia, marzo de 1994, pp. 78-80; "Informe especial. Patentes medicinales sí, monopolio no", revista Redacción, N° 243, Mayo 1994, pp. 10-16; "El GATT permite moderar el monopolio en medicamentos", por Pablo Challú, revista El Poder Legislativo y su gente, agosto-septiembre de 1994, p. 15; "La ley de patentes vs. el GATT", por Pablo Challú, La Prensa, 31 de mayo de 1995, p. 28; "Más confusiones en las patentes", por Pablo Challú, Ambito Financiero, 6 de julio de 1995, p. 18; y "Panorama internacional. El mundo, para los americanos", por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 11 de enero de 1997, p. 11.
"Gore elogió la "modernización económica" de la Argentina", La Nación, 21 de marzo de 1994, p. 8; "Patentes: Menem prometió a Gore la sanción de la ley", La Nación, 22 de marzo de 1994, p. 1; "Gore insistió con la ley de patentes medicinales", La Nación, 22 de marzo de 1994, p. 9; "Pedido de la industria farmacéutica a Menem", La Nación, 22 de marzo de 1994, p. 9; y "La visita de Al Gore", La Nación, 24 de marzo de 1994, p. 8.
Sobre mayores detalles acerca del SGP consultar el sitio http://usembassy.state.gov/buenos aires/wwwhgspn.html
"Los EE.UU. amenazan con sanciones a la Argentina", por Fernán Saguier, La Nación, 27 de abril de 1994, p. 1; y "Economía descree de eventuales sanciones", La Nación, 27 de abril de 1994, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 1.
"El Presidente con Clinton para encarar trabajos conjuntos", por Silvia Pisani, La Nación, 24 de junio de 1994, p. 6; y "Menem-Clinton: menos tensión por las patentes", La Nación, 25 de junio de 1994, p. 1.
"Cheek, el principal lobbista", revista Redacción, N° 243, Mayo 1994, p. 11.
"Censura Cheek una votación del Senado", La Nación, 22 de noviembre de 1994, p. 7.
"Enojo de diputados con Cheek", La Nación, 30 de marzo de 1995, p. 1.
"Enérgica reconvención al embajador James Cheek", La Nación, 31 de marzo de 1995, p. 1; y también "Cheek, un estilo poco diplomático", por Ovidio Bellando, La Nación, 31 de marzo de 1995, p. 14.
"Sancionaron la ley de patentes", La Nación, 31 de marzo de 1995, p. 1. Ver también "Una historia de controversias", La Nación, 3 de enero de 1996, p. 1.
Ver al respecto los siguientes editoriales "Anticiparía su partida el embajador Cheek", La Nación, 1º de abril de 1995, p. 1; "Menem no vetará la ley de patentes", La Nación, 1º de abril de 1995, p. 1; "Cheek reeditó la alternativa Braden o Perón y es bandera de la oposición", La Nación, 1º de abril de 1995, p. 12; "El conflictivo lobby de James Cheek", La Nación, 2 de abril de 1995, p. 8, que criticaba la presión del diplomático norteamericano "anteponiendo el interés económico de un cierto sector norteamericano" y defendía la posición del gobierno argentino, asegurando que "La Ley de patentes sancionada por el Congreso encuadra perfectamente dentro de las prescripciones del acuerdo de la Ronda Uruguay del GATT -ahora bajo la administración de la Organización Mundial del Comercio- al que se han obligado tanto la Argentina como los Estados Unidos". Por su parte, el editorial "La semana política. La Argentina, Surinam y Burundi", por Atilio Cadorín, La Nación, 2 de abril de 1995, p. 9, hacía referencia a la grosera intervención del embajador Cheek, criticando la ley de patentes como "para Surinam o para Burundi" y señalaba que "Después de todo, las atribuciones que se toma Cheek son consecuencia de la política argentina con respecto a los Estados Unidos".
"Rechaza EE.UU. la ley de patentes argentina", La Nación, 5 de abril de 1995, p. 1; "El Presidente, doblemente presionado", por Jorge Monti, La Nación, 5 de abril de 1995, p. 1; y "Rechazó el Senado las presiones de Cheek", La Nación, 6 de abril de 1995, p. 1.
"Patentes. La ley no respeta el GATT, dijo el Presidente", La Nación, 9 de abril de 1995, p. 1.
"Veta Menem las leyes del fútbol y de patentes", La Nación, 18 de abril de 1995, p. 1; "Vetó Menem parcialmente la ley de patentes", La Nación, 19 de abril de 1995, p.1; "Patentes, de nuevo en manos del Congreso", por García Guadalupe, La Nación, 19 de abril de 1995, p. 14; y editorial de opinión "El veto de la ley de patentes", La Nación, 28 de abril de 1995, p.8, que consideraba que el Poder Ejecutivo había procedido "con fundamento y oportunidad" evitando someter a la política económica interna y exterior "a una controversia internacional nada conveniente para los intereses comerciales y financieros de la Nación". Ver también editorial "Una historia de controversias", op.cit.
"Sancionó Diputados la ley de patentes vetada", La Nación, 24 de mayo de 1995, p. 1.
"Principio de acuerdo por la ley de patentes", La Nación, 2 de junio de 1995, p. 1; y "Patentes: avances para una ley correctiva", La Nación, 2 de junio de 1995, p. 10.
"Intimó Menem a que haya acuerdo por las patentes", por Amílcar Antognoni, La Nación, 10 de junio de 1995, p. 1; "Patentes: Cavallo quebró la resistencia del Congreso", La Nación, 13 de junio de 1995, p. 1; "Una relación que no se enfrió", por Jorge Monti, La Nación, 13 de junio de 1995, p. 1; y "En Olivos y a solas", por Jorge Monti, La Nación, 13 de junio de 1995, p. 6.
Respecto del artículo 44, la ley correctiva establecía que el futuro Instituto de la Propiedad Intelectual (INPI) podría decidir excepciones limitadas a los derechos conferidos por una patente, las que no deberán atentar de manera injustificable contra la explotación de la patente ni causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses de su titular. La redacción de la versión anterior agregaba en cambio un párrafo que establecía limitaciones a esos derechos en los casos de nuevos productos que ofrecieran avances importantes para proteger la salud de la población.
Por su parte, el artículo 50 de la nueva ley establecía que el titular de los derechos recibiría una remuneración razonable según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización. En cambio, el texto originario del artículo establecía que el titular de los derechos percibiría una remuneración que sería fijada teniendo en cuenta la tasa de regalía promedio para el sector de que se trate en contratos de licencia comercial entre partes independientes.
En referencia al artículo 94, la ley correctiva disponía que el INPI sería conducido y administrado por un directorio integrado por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional: uno de ellos, a propuesta del Ministerio de Economía, y otro a propuesta del de Salud y Acción Social. La versión anterior del artículo fijaba que el INPI sería conducido y administrado por un directorio integrado por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo.
A su vez, el artículo 104º de la nueva legislación disponía que no serían patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco años de publicación de la ley (correctiva) en el Boletín Oficial. En la versión previa se decía que no lo serían antes del 1º de enero del 2003.
Finalmente, por el nuevo artículo 105º, se podrían presentar solicitudes de patentes, que serían otorgadas a partir de los cinco años de publicada la ley (correctiva) en el Boletín. En cambio, en el viejo artículo se decía que el otorgamiento de las licencias sería a partir del 1º de enero del 2003. Ver al respecto los artículos "Acuerdo en el PJ por patentes: ya está en el Senado la nueva ley", por Graciela Guadalupe, La Nación, 22 de junio de 1995, p. 1; y "Patentes: correcciones que no cambian mucho", por Graciela Guadalupe, La Nación, 23 de junio de 1995, p. 9.
"Patentes y la autonomía restringida fueron aprobadas por el Senado", por Graciela Guadalupe, La Nación, 20 de julio de 1995, p. 10 y editorial "Una historia de controversias", op.cit.
Editorial "Una historia de controversias"op.cit..
Ver al respecto los siguientes editoriales: "Beneplácito de Gore por la ley de patentes", La Nación, 20 de octubre de 1995, p. 6; "Conforme", La Nación, 20 de octubre de 1995, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 2; "Malestar de los legisladores por la reglamentación de las patentes", por Jorge Rodríguez Duval, La Nación, 20 de octubre de 1995, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 2; y "Caeme y Cilfa se mostraron disconformes con la nueva legislación", por Matías Bonelli, La Nación, 20 de octubre de 1995, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 2.
"El Presidente veta de nuevo la ley de patentes", por María Elerna Polack, La Nación, 3 de enero de 1996, p. 1; "Menem vetará hoy parcialmente la ley de patentes medicinales", La Nación, 3 de enero de 1996, p. 5; "Bauzá negoció una reacción moderada de los legisladores. Patentes: el vetó molestó, pero no tanto", La Nación, 4 de enero de 1996, p. 1; y "Se abrió una nueva vía de negociación", por Jorge Rodríguez Duval, La Nación, 4 de enero de 1996, p. 4.
Ver texto del artículo vetado en "Los fundamentos del veto a la última norma sobre patentes", La Nación, 4 de enero de 1996, p. 4.
Ver texto del decreto 3/96, citado en Idem nota anterior.
"Kantor: impaciente por la ley de patentes", La Nación, 6 de enero de 1996, p. 4.
Ver respecto de estos tres elementos las diferencias entre la legislación argentina, la norteamericana y la de la OMC el cuadro "Dos leyes conflictivas. Ley de patentes", Clarín, 15 de enero de 1997, p. 14.
"Punto final del Gobierno para la ley de patentes", La Nación, 21 de marzo de 1996, p. 1; y "En 5 años comenzarán a pagar derechos los laboratorios locales", La Nación, 21 de marzo de 1996, p. 5.
"La ley de patentes irrita a los EE.UU.", La Nación, 2 de mayo de 1996, p. 10; "EE.UU. emite mensajes a dos puntas a la Argentinas", La Nación, 3 de mayo de 1996, p. 6; y "Menem quiere modificar otra vez la ley de patentes", La Nación, 3 de mayo de 1996, p. 6.
"Diputados condenó las declaraciones de Cheek", La Nación, 20 de junio de 1996, p. 5.
"Cheek dio explicaciones en la Cancillería por sus declaraciones", La Nación, 22 de junio de 1996, p. 10.
Ver al respecto "Documento secreto. Conflictos en las relaciones comerciales con los EE.UU.", op.cit.
Esta entrevista entre Domingo Cavallo y Carol Crawford provocó las críticas del diputado justicialista Humberto Roggero, quien sostuvo que el ex ministro actuaba "como delegado de los intereses de los laboratorios extranjeros en la Argentina". Según las investigaciones efectuadas por Roggero, Ronald Crawford, el marido de Carol, fue lobbista de Pharma, el poderoso club de los laboratorios estadounidenses que cuestionaba la legislación votada por el Congreso argentino. El dato surgía del registro oficial de "lobbyists" que se lleva a cabo en Estados Unidos y de los informes de prensa consultados por el legislador. Ver al respecto "Presiones americanas. Patentes: familia y negocios", Clarín, 2 de octubre de 1996, p. 5.
Cavallo sostuvo ante sus interlocutores que las presencias en el gabinete de los ministros del Interior y Justicia, Carlos Corach y Elías Jassan, respectivamente, abrían dudas sobre la seguridad jurídica. Menem refutó los dichos de Cavallo, sosteniendo que en la Argentina existía seguridad jurídica y que "los problemas que el ex ministro tenga con algún integrante del gabinete nada tienen que ver con la marcha del Gobierno. Hemos trasladado las libertades políticas al campo de la economía". Ver al respecto "Menem defendió su programa económico", por Sergio Levit, La Nación, 5 de diciembre de 1996, p. 10. Consultar asimismo referencias a esta presencia simultánea de Menem y Cavallo en editorial "Menem-Clinton: el estado de la alianza", por Mariano Grondona, La Nación, 8 de diciembre de 1996, p. 9.
"Proyecto del Ejecutivo. Debate por la confidencialidad", Clarín, 3 de octubre de 1996, p. 25.
La media sanción al proyecto de confidencialidad fracasó porque el justicialismo introdujo modificaciones de último momento en sintonía, según la UCR, con la Cancillería, que intercedió para suprimir el principio de "similaridad" de acuerdo con el pedido norteamericano. La "similaridad" permitía comercializar productos ya existentes si para la nueva entidad química se llegaba a través de una ingeniería nueva. Ver al respecto los artículos "Diputados no le dio el gusto al Presidente", La Nación, 5 de diciembre de 1996, p. 10; ""Patentes, un reclamo inclaudicable", por Jorge Elías, La Nación, 6 de diciembre de 1996, p. 10; y "Menem en los Estados Unidos", La Nación, 9 de diciembre de 1996, p. 6.
La normativa fue sancionada con el voto favorable del justicialismo y los provinciales y rechazada de plano por el FREPASO y la UCR. Ver al respecto artículo "Patentes: Diputados le dio el gusto a Washington", La Nación, 13 de diciembre de 1996, p. 10.
La "similaridad" se refiere a que un producto de características similares a otro ya patentado no necesita demostrar cómo fue elaborado.
Ver al respecto el cuadro "Dos leyes conflictivas. Ley de confidencialidad", Clarín, 15 de enero de 1997, p. 14.
En estos dos ítems se registraron coincidencias entre las legislaciones de Argentina, Estados Unidos y la OMC. Ibidem.
"Los extranjeros se quejan por la piratería", Clarín, 8 de enero de 1997, p. 10.
"Presionan los laboratorios de EE.UU. Definen si castigan a Argentina por patentes", Clarín, 8 de enero de 1997, p. 10.
El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) se ideó en 1974 como un mecanismo de apoyo para que los países no desarrollados vendiesen algunos productos en el mercado norteamericano con bajos impuestos aduaneros.
"Patentes: sanción de los EE.UU. a la Argentina", por Graciela Guadalupe, La Nación, 15 de enero de 1997, p. 1; "Carta de Clinton a Menem. Castigo simbólico de EE.UU. a la Argentina por las patentes", por Alejandra Gallo y Néstor Restivo, Clarín, 15 de enero de 1997, p. 14; "Pérdida de beneficios por 9 millones. En qué consiste la sanción", Clarín, 15 de enero de 1997, p. 15.
De acuerdo con cifras citadas por el diario Clarín, en 1996 el monto del total de las exportaciones argentinas a Estados Unidos fue de 1700 millones de dólares, mientras que el involucrado por el sistema generalizado de preferencias (SGP) fue de sólo 18 millones. En otras palabras, representaba apenas un 1 % del total. Ver al respecto el artículo "Reacción simbólica. EE.UU. sancionaría hoy a la Argentina por las patentes", por Néstor Restivo, Clarín, 14 de enero de 1997, p. 12.
"No daña las relaciones". Menem también minimizó la sanción de los EE.UU.", Clarín, 17 de enero de 1997, p. 4.
Declaraciones del canciller Di Tella, citadas en artículo "Reacción simbólica", op.cit.
Declaraciones de Kohan, citadas en artículo "Polémica por las patentes. El Gobierno corregirá una ley por la sanción de Estados Unidos", Clarín, 16 de enero de 1997, p. 2.
Declaraciones de Pablo Challú, citadas en artículo "Nacionales vs. extranjeros. Guerra entre laboratorios", Clarín, 16 de enero de 1997, p. 2.
"Resiste el Congreso las presiones de Clinton. Según Eduardo Menem, no se alterará la ley de patentes", por Graciela Guadalupe, La Nación, 17 de enero de 1997, p. 7.
Ver contenido de la carta de los diputados Roggero, Baylac y Alesandro, citado en artículo "Represalias de EE.UU. por las patentes. Quejas de diputados por las sanciones de Clinton", Clarín, 13 de febrero de 1997, p. 24.
"Una nueva presión de los EE.UU.", por María O' Donnell, La Nación, 20 de mayo de 1997, p. 9.
"Denuncia norteamericana ante la OMC. Embate de EE.UU. por las patentes", por Jorge Rosales, La Nación, 29 de abril de 1999, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 1.
"Patentes: rechazan una sanción", La Nación, 15 de abril de 1997, p. 7; y "Diputados refuerza su ofensiva por las sanciones de EE.UU.", por Laura Serra, La Nación, 18 de abril de 1997, p. 8.
"Acuerdo en Diputados en defensa de la ley de patentes", por Laura Serra, La Nación, 5 de mayo de 1999, p. 6.
"EE.UU. acentúa la presión", por María O Donnell, La Nación, 28 de mayo de 1999, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 1.
Roggero propuso declarar persona no grata al diplomático Manuel Rocha", La Nación, 17 de junio de 1999, p. 1; y "Dura réplica de Rocha a diputados justicialistas", por Laura Serra, La Nación, 17 de junio de 1999, p. 8.
"Respeto a la propiedad intelectual. Patentes: Menem avala el reclamo de EE.UU. y "Menem afirmó que vetaría la nueva ley de patentes", La Nación, 17 de junio de 1999, p. 8.
"Mac Kay llega al país", La Nación, 28 de agosto de 1999, p. 8; "Entrevista con el enviado especial de Clinton, Kenneth Mac Kay. Corrupción y patentes seguirán en la agenda con la Argentina", por Santiago O Donnell, Clarín, 29 de agosto de 1999, p. 12; y "Mac Kay espera que la Argentina lidere el ALCA", La Nación, 31 de agosto de 1999, p. 8.