Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/concepto-1954-de-julio-9-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_ea74ecc634390318e0430a0101510318&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-02-20 13:27:39
Document Index: 52413907

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 48', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 150', 'artículo 279', 'artículo 1', 'artículo 216', 'artículo 39', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 36', 'artículo 279', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 142', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 4', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 2']

﻿ Concepto 1954 de julio 9 de 2009
CONCEPTO 1954 DE 09 DE JULIO DE 2009
CONTENIDO:RÉGIMEN PENSIONAL PREVISTO EN EL DECRETO LEY 1214 DE 1990. EL 25 DE JULIO DEL AÑO 2005, DÍA EN QUE ENTRÓ A REGIR EL ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 DEL MISMO AÑO, QUE ADICIONÓ EL ARTÍCULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, TERMINARON LOS REGÍMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS, ENTRE ELLOS EL PREVISTO EN EL DECRETO LEY 1214 DE 1990 PARA EL PERSONAL CIVIL NO UNIFORMADO VINCULADO AL MINISTERIO DE DEFENSA, LAS FUERZAS MILITARES Y LA POLICÍA NACIONAL, SIN PERJUICIO DE LAS PREVISIONES A QUE SE REFIEREN LOS PARÁGRAFOS TRANSITORIOS 20 Y 40 DEL ARTÍCULO 10 DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN PENSIONAL, POLICÍA NACIONAL, FUERZA PÚBLICA, RÉGIMEN PENSIONAL DE LA FUERZA PÚBLICA, CLASES DE RÉGIMEN PENSIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, RÉGIMEN PENSIONAL DE LAS FUERZAS MILITARES, RÉGIMEN PENSIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Concepto 1954 de julio 9 de 2009
Número único: 11001-03-06-000-2009-00035-00
Ref.: Aplicación del Acto Legislativo 1 de 2005 al personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional.
Bogotá, D. C., nueve de julio de dos mil nueve.
El señor Ministro de Defensa Nacional (E), consulta a la Sala sobre la aplicación del Acto Legislativo 1 de 2005 al personal civil no uniformado de la institución.
En la consulta trae a colación apartes del artículo 1º del Acto Legislativo en comento, por cuya virtud el 31 de julio de 2010 expirará la vigencia de los regímenes pensionales especiales y exceptuados, sin perjuicio de los derechos adquiridos, del régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República y “para los trabajadores que estando [en el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993], además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”.
Transcribe los artículos 11 y 279 de la Ley 100 de 1993, al igual que los artículos 98 a 101 del Decreto-Ley 1214 de 1990; trae a colación sentencias de constitucionalidad sobre derechos adquiridos y expectativas legítimas en materia pensional(1), al igual que decisiones judiciales que tratan el derecho a la igualdad(2) y apartes del concepto emitido por esta Sala en el año 2006, para responder un interrogante formulado por el señor Ministro de Transporte(3), sobre la aplicación del régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a la luz de las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.
En armonía con lo expuesto, el señor Ministro de Defensa Nacional (E), llama la atención sobre el “papel preponderante” que el ordenamiento reconoce al personal civil no uniformado vinculado al Ministerio de Defensa Nacional, lo que le permitiría colegir que el “régimen especial permanente previsto en la Ley 100 de 1993 para quienes se encontraban regulados por el Decreto-Ley 1214 de 1990 por haber entrado a prestar sus servicios antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se confirma sustancialmente con la expedición del Acto Legislativo 1 de 2005 (…)”.
Lo anterior en cuanto afirma que i) en concepto de 30 de julio de 1996 esta Sala(4), habría sostenido que a la Fuerza Pública, —que comprendería tanto el personal uniformado como el civil—, le son aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 150, numeral 19 letra e. y en el inciso primero de los artículos 216 y 219 de la Carta Política; ii) al tenor del Acto Legislativo 1 de 2005 “no habrá regímenes especiales ni exceptuados sin perjuicio del aplicable a la Fuerza Pública” y iii) el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 prevé la vigencia permanente del régimen pensional especial previsto para el personal civil no uniformado al servicio del Ministerio de Defensa Nacional.
En armonía con lo expuesto, el señor Ministro de Defensa Nacional (E), formula a la Sala la siguiente pregunta:
“¿El régimen pensional previsto en el Decreto-Ley 1214 de 1990 para el personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional comprendido dentro del concepto de Fuerza Pública, se mantiene para quienes ingresaron a prestar sus servicios antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993?”.
Para absolver la pregunta formulada por el señor Ministro de Defensa Nacional (E), relativa a la aplicación del régimen pensional previsto en el Decreto-Ley 1214 de 1990, en consideración a la expiración de los regímenes especiales y a las salvedades previstas en el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2005, esta Sala i) delimitará el concepto “Fuerza Pública”, es decir establecerá, a la luz de las disposiciones constitucionales y la jurisprudencia en la materia, si dicho concepto comprende al personal civil no uniformado del sector defensa y ii) se detendrá en los antecedentes de la reforma constitucional realizada mediante el Acto Legislativo 1 de 2005, con el propósito de fijar sus alcances respecto del régimen pensional aplicable al personal civil no uniformado que ingresó a prestar sus servicios al Ministerio de Defensa Nacional, las fuerzas militares y la Policía Nacional, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993.
2. La Fuerza Pública está integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional —artículo 216 C.P.—.
2.1 El Capítulo 7 del Título VII de la Carta Política regula la conformación de la Fuerza Pública, señala sus funciones y finalidades y establece sus prerrogativas y restricciones.
Disponen los artículos 216 a 217 del ordenamiento en mención i) que la Fuerza Pública, “estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”; ii) que el Ejército, la Armada y la Fuerza Área (sic) conforman las Fuerzas Militares, a quienes les asiste la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional; iii) que la Policía Nacional es un cuerpo civil armado de carácter permanente, a quien compete el mantenimiento de las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos y libertades públicas y el aseguramiento de la convivencia pacífica y v) (sic) que la ley determinará el sistema de reemplazo en las fuerzas militares, los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario que les es propio, como también el régimen de carrera prestacional y disciplinario de la Policía Nacional.
De los artículos 219 a 222 de la Carta Política se desprende, además i) que la Fuerza Pública no es deliberante, no puede reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones salvo sobre asuntos relacionados con el servicio y la moralidad del mismo cuerpo, de acuerdo a la ley; ii) que los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos que determine la ley; iii) que de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio conocen las cortes y tribunales marciales conformados de acuerdo a la ley, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar; iv) que la ley determina los sistemas de promoción profesional, cultural y social de los miembros de la Fuerza Pública y v) que en las etapas de formación los miembros de la Fuerza Pública habrán de recibir enseñanza sobre fundamentos de la democracia y de derechos humanos.
El artículo 39 constitucional, por su parte, dispone que los miembros de la Fuerza Pública no gozan del derecho a la asociación sindical.
Cabe recordar, en armonía con lo expuesto y dados los precisos alcances de las normas constitucionales que se traen a colación, que no se ha sostenido por esta Sala, en contravía de lo que sugiere el libelo con el que se formula la consulta, que el concepto de Fuerza Pública comprenda tanto el personal uniformado como el civil, comoquiera que en la oportunidad a la que se alude en la consulta(5) esta Sala fijó su posición en el sentido de dar por sentado que “(…) el personal civil del Ministerio de Defensa no es parte de la Fuerza Pública”.
Así, a la pregunta: “¿El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares, y el personal uniformado de la Policía Nacional son miembros de la fuerza pública? La Sala respondió:” “El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares, y el personal no uniformado de la Policía Nacional, no son miembros de la Fuerza Pública, pues esta expresión tiene en la Carta Política el preciso alcance que se deja explicado en la parte motiva”.
Al respecto en dicho concepto se hicieron además las siguientes consideraciones:
“I. La expresión “miembros de la Fuerza Pública”- En la actual Constitución Política, vigente desde el 7 de julio de 1991, la expresión “miembros de la Fuerza Pública” tiene un significado preciso, el mismo que permite establecer para sus integrantes, que son exclusivamente los militares y los policías (nacionales), las siguientes situaciones jurídicas, casi todas de carácter excepcional en nuestro Estado de Derecho:
En todos los casos precitados, la Constitución emplea en forma reiterativa la expresión “miembros de la Fuerza Pública”.
Estando la Fuerza Pública integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, sus miembros son únicamente el personal uniformado. Es decir, los militares (miembros del ejército, de la armada y de la fuerza aérea) y los policías o personal uniformado de ese “cuerpo armado de naturaleza civil, a cargo de la Nación”, que es la policía nacional”.
2.2 También en la jurisprudencia constitucional se considera “claramente separables e identificables las funciones que son propias de la Fuerza Pública y las del personal civil no uniformado que debe prestar sus servicios en labores administrativas y de apoyo a la [misma]”(6), y perfectamente diferenciables, por consiguiente, los regímenes de carrera, prestacional y disciplinario aplicables a los integrantes de la Fuerza Pública y al personal civil al servicio del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional(7).
Expuso la Corte, en la Sentencia C-753 ya referida, con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad del inciso segundo del artículo 3º del Decreto-Ley 91 de 2007(8):
“4.5 Encuentra la Corte, que el inciso segundo del artículo 3º del Decreto-Ley 91 del 2007 es a todas luces inconstitucional, ya que otorga el carácter de integrantes de la Fuerza Pública a los empleados públicos civiles y no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las fuerzas militares y la Policía Nacional, desconociendo con ello el carácter constitucional del régimen de carrera especial de la Fuerza Pública, y el carácter legal del régimen de carrera especial del personal civil no uniformado del sector defensa.
En este sentido, la incorporación del personal civil no uniformado del sector defensa, que tienen un régimen de carrera especial de creación legal, como integrantes de la Fuerza Pública que tiene un régimen de carrera especial de creación constitucional, es ajena a la voluntad del Constituyente, por lo cual contraría el Ordenamiento Superior.
Así, la Sala encuentra que la disposición en comento contraría la distinción entre los servidores públicos uniformados y no uniformados del sector defensa, cada uno de los cuales tiene su propio régimen de carrera administrativa, el primero de orden constitucional y el segundo de orden legal, así como la distinción entre la naturaleza propia y funciones de la Fuerza Pública y la Policía Nacional, al tenor de lo dispuesto en los artículos 216, 217 y 218 de la Carta, y la del personal civil no uniformado del sector defensa, el cual debe cumplir labores administrativas en coadyuvancia a las laborares de defensa y seguridad nacional que desempeñan”.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la existencia de regímenes prestacionales disimiles, como una muestra más de que “en ningún caso puede asimilarse al personal civil de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, con los miembros activos de estas instituciones”, la Corte Constitucional considera(9) que no se configura la vulneración del artículo 13 de la Carta Política, en cuanto el legislador se encuentra habilitado constitucionalmente para establecer regímenes especiales que reflejen en cada caso la naturaleza disímil de las funciones que los integrantes de la Fuerza Pública y el personal civil no uniformado vinculado a la misma desempeñan —se destaca—.
La jurisprudencia constitucional también se ha detenido en aspectos sustanciales que permiten diferenciar con claridad los regímenes disciplinarios aplicables a los miembros de la Fuerza Pública, del que rigen para los demás servidores del Estado, debido a las específicas y particulares funciones, relacionadas con el mantenimiento de las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas que a los integrantes de las fuerzas militares y de policía les corresponde cumplir(10).
2.3 En este orden de ideas, la Sala reitera que el concepto “Fuerza Pública” comprende “exclusivamente” a los integrantes de las fuerzas militares permanentes, constituidas por el Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea y a los miembros de la Policía Nacional quienes, en razón de las finalidades y funciones de defensa y mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas que les han sido confiadas, cuentan con regímenes de carrera, prestacionales y disciplinarios que los distinguen de los aplicables a otros servidores públicos, entre ellos del que rige al personal civil no uniformado.
3. Alcances del Acto Legislativo 1 de 2005 respecto del personal civil no uniformado vinculado al Ministerio de Defensa, a las fuerzas militares y a la Policía Nacional.
3.1 Cabe recordar que el 20 de julio de 2004, el Gobierno Nacional sometió a consideración de la Cámara de Representantes un proyecto de Acto Legislativo(11), que adiciona el artículo 48 de la Carta Política con el propósito de “hacerle frente a los graves problemas que se presentan en materia pensional(12)”.
Fueron tres los objetivos perseguidos por la iniciativa, conseguir la “sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social asegurando realmente la efectividad del derecho a una pensión para todos los colombianos”, asegurar un sistema pensional equitativo y evitar que se restringa (sic) la competencia del Congreso para modificar el régimen pensional, sin perjuicio de los derechos adquiridos de quienes cumplieren los requisitos establecidos en el ordenamiento para acceder a la prestación.
Expuso el Gobierno Nacional que la Ley 100 de 1993, además de insuficiente para solventar el gran desequilibrio que entonces presentaba el sistema pensional, acrecentó el problema, en cuanto exceptuó de sus previsiones algunos regímenes, mantuvo vigentes las convenciones colectivas y pactos de trabajo, no impidió la celebración de nuevos y no previó el manejo de contingencias, como fue “la fase recesiva experimentada por la economía colombiana en la segunda mitad de los años noventa y comienzos del presente siglo”.
Señala al respecto la exposición de motivos —subraya fuera del texto—:
“Es por ello necesario hacer una reforma que asegure un tratamiento equitativo en materia pensional que cobije a todos los colombianos para lo cual se requiere forzosamente limitar las posibilidades de modificar convencionalmente las reglas pensionales.
Solo en el caso de la Fuerza Pública, habida cuenta de las características de este grupo de servidores públicos v de los riesgos a que sus integrantes están sometidos se justifica mantener un régimen especial como sucede en muchos países del mundo.
En el aparte 6 se explicará cómo las últimas reformas legales y la presente propuesta de reforma constitucional, en lo que se refiere a la mesada adicional, equilibran el sistema y lo hacen financieramente sostenible en relación con los afiliados que hubieran ingresado a partir de la expedición de la Ley 797; es decir que estas personas no generarán nuevo déficit, de acuerdo con las condiciones demográficas actuales. En consecuencia, el déficit a financiar hoy del Sistema de Seguridad Social sería el déficit generado por los derechos adquiridos y por los que se consoliden en el futuro en virtud del régimen de transición y, en menor medida, por los derechos que se consoliden en cabeza de personas en el caso de los cuales se produce un subsidio teniendo en cuenta las bajas tasas de cotización existentes antes de la Ley 100 de 1993.
Así las cosas, este proyecto pretende resolver definitivamente el primero de los problemas mencionados, es decir, mantener la sostenibilidad respecto de los nuevos afiliados. Respecto del segundo problema será necesario adoptar medidas fiscales y macroeconómicas complementarias. Es por ello necesario dotar al Congreso de competencias para hacer una reforma que permita la sostenibilidad del sistema”(13) —negrilla en el texto—.
En armonía con la exposición de motivos, ya referida, la iniciativa sometida a consideración de la Cámara de Representantes por el Gobierno Nacional señaló:
“Proyecto de Acto Legislativo 127 de 2004 Cámara
‘Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política’.
ART. 1º—Se adicionan los siguientes incisos al artículo 48 de la Constitución Política:
Con el fin de garantizar los derechos a las generaciones presentes y futuras deberá procurarse la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social.
Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición alguna o invocarse acuerdos de ninguna naturaleza, para apartarse de lo allí establecido.
Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de cotización y las demás condiciones que señale la ley. Salvo lo dispuesto en el último inciso del presente acto, no habrá regímenes pensionales especiales ni exceptuados, con excepción del aplicable a la Fuerza Pública, ni pensiones obligatorias superiores a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes —se destaca—.
Las personas a las que se les reconozca pensión a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año.
El mínimo vital para fines de pensión será equivalente al salario mínimo legal vigente.
Las reglas especiales en materia pensional incluidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo o acuerdos válidamente celebrados, que estén rigiendo al entrar en vigencia el presente acto legislativo, se mantendrán por el término inicialmente convenido del pacto, convención o acuerdo y en todo caso perderán vigencia el 31 de diciembre del año 2007. La vigencia de los regímenes pensionales de transición, los especiales, los exceptuados así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las reglas generales de la Ley 100 de 1993 y sus reformas expirará el 31 de diciembre del año 2007. No obstante lo anterior, el régimen especial del Presidente de la República expirará a partir de la vigencia del presente acto legislativo.
No hay derechos adquiridos a la inmutabilidad de la ley. El legislador podrá siempre modificar el régimen pensional sin que deba respetar expectativas, pero no podrá desconocer derechos adquiridos, esto es aquellos que se tienen por haberse cumplido los supuestos de hecho previstos en la norma vigente antes de la expedición de la nueva ley, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero de la presente reforma constitucional —se destaca—.
Durante el trámite legislativo la iniciativa gubernamental fue objeto de algunas modificaciones y de amplias discusiones.
Ahora bien aun cuando durante el primer debate se propuso terminar con todos los regímenes exceptuados incluso el aplicable a la Fuerza Pública(14), el Congreso de la República, en todas las etapas del proceso legislativo, acogió la iniciativa de mantener exceptuado dicho régimen, así como de preservar el del Presidente de la República, y eliminar los demás, sin perjuicio de los derechos adquiridos y en vía de adquisición hasta el 31 de julio de 2010 y el año 2014.
En el último caso para preservar las expectativas de los amparados con el régimen de transición, regulado en el artículo 36 de la Ley 100, quienes para entonces contaban, además, con al menos 750 semanas de cotización o su equivalente.
El señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, en el curso del primer debate, luego de exponer los pilares del proyecto gubernamental, respondió el interrogante que le fuera formulado relativo a por qué mantener el régimen especial aplicable a los miembros de la Fuerza Pública.
Expuso el funcionario —se destaca—:
“El tema de la equidad, la primera gran arista de nuestro problema pensional es la equidad, en segundo lugar la sostenibilidad financiera del sistema pensional tal y como lo tenemos y en tercer lugar, algo de más mediano y más largo plazo que es la correspondencia entre nuestro sistema pensional y la demografía colombiana.
La propuesta que se hace ataca estos problemas de las grandes digámoslo así iniquidades entre el sistema general y estos sistemas. Les voy a poner un simple dato que me parece muy ilustrativo, muy sintético y es que mientras que en el régimen general pensional de Colombia, la mesada promedio a 1.6 salarios mínimos legales vigentes, si uno hace un recorrido por todos los regímenes pensionales derivados de convenciones colectivas o regímenes especiales también ese promedio daría 4.1 salarios mínimos legales vigentes.
Entonces, multiplicamos prácticamente que por tres o por cuatro la diferencia entre lo que reciben los colombianos del sistema general y los colombianos de estos regímenes especiales.
Nosotros pensamos que si bien es necesario respetar una transitoriedad, respetar las vigencias de esos acuerdos, de esas convenciones etc., de ninguna manera encontramos razonables que vayan hasta más allá de diciembre 31 del año 2007 y esa es una propuesta que ataca el problema de la iniquidad implícita entre el sistema general y estos regímenes.
Con excepción de las Fuerzas Armadas y el señor Presidente, esto se propone que sea eliminado, en el caso del señor Presidente, inmediatamente que tiene un régimen especial, en los otros casos a finales del año 2007 y de tal manera que en el 2008…
Continúa interviniendo el honorable representante Barlahán Henao Hoyos:
La pregunta es muy sencilla, para que en el momento en que considere pertinente el señor ministro, nos indiquen las razones que tiene el Gobierno para mantener el régimen especial en el caso de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, señor Presidente.
Continúo y por supuesto la pregunta me parece muy relevante la del doctor Barlahán y la voy a contestar.
Simplemente estaba en el segundo gran componente que tiene la propuesta de acto legislativo, me estaba deteniendo en aquellos regímenes que por consideraciones también atadas a la noción de sostenibilidad son excesivos frente a la realidad de nuestra sociedad y de nuestro país.
Por lo tanto, la propuesta concreta y está contenida en este acto, es una propuesta que hace referencia a estos regímenes y los plantea, desmontar inmediatamente en un caso en el 2007 en otro caso y exceptúa las Fuerzas Armadas, la pregunta es muy relevante y la respuesta es la siguiente. Es de común aceptación en la comunidad internacional y así se establece digamos en los diferentes países que hemos tenido la oportunidad de analizar, que la carrera de las armas es una carrera en esencia distinta a las demás profesiones del país, en el caso nuestro se ha llegado a la conclusión tal y como ha sucedido en diferentes países, que en el caso de las fuerzas armadas y en el caso de esa carrera de las armas, el tratamiento pensional debe ser distinto por las características mismas de esa profesión, por el compromiso digamos que abarca muchísimo más allá de lo que es en las demás profesiones la vinculación con su oficio y con su profesión.
Se consideró que este régimen debía ser sujeto de un tratamiento por supuesto buscando también la sostenibilidad, buscando también la eficiencia, buscando también la solidaridad que son nuestros principios constitucionales, pero haciéndole un tratamiento excepcional, sin que ello signifique un tratamiento privilegiado, un tratamiento acorde con lo que es la práctica internacional y con lo que es digamos el esfuerzo que está claro que la sociedad pone en materia del cubrimiento pensional de la Fuerza Pública.
Mi respuesta serÍa, es la práctica internacional la razón que muchísimos países han llegado a esas conclusiones, por las características de la profesión que la distinguen de las demás y por eso se plantea en esto esa excepción.
Continuando con el contenido del proyecto, creo que el segundo gran componente es el componente digamos de los temas pensionales excesivos o no financiables, el primero de los cuales es la parte de los regímenes pensionales derivados de las convenciones colectivas y de los regímenes especiales per se.
En definitiva, el Acto Legislativo 1 de 2005, sin perjuicio de los derechos adquiridos y de las previsiones de sus parágrafos, eliminó todos los regímenes pensionales especiales y exceptuados —incluido el regulado por el Decreto 1214 de 1990 para el personal civil de las Fuerzas Armadas—, salvo el aplicable al Presidente de la República y los que rigen a los integrantes de las fuerzas militares, constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y a la Policía Nacional en calidad de cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la Nación.
3.2 Acorde con los antecedentes y el texto del Acto Legislativo 1 de 2005, puede afirmarse que la permanencia de los regímenes pensionales especiales aplicables a los miembros de la Fuerza Pública, y la paralela eliminación del previsto por el Decreto 1214 de 1990 para el personal civil no uniformado, obedece al criterio desarrollado en la jurisprudencia, conforme las finalidades constitucionales de la institución armada, por cuya virtud “en ningún caso puede asimilarse al personal civil de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, con los miembros activos de estas instituciones”, y que los tratos disímiles entre sus regímenes de carrera, pensionales y disciplinarios se justifican plenamente, en cuanto regulan situaciones claramente diferenciables.
Así las cosa es claro que no es posible entender que el régimen pensional especial previsto para el personal civil no uniformado en el Decreto-Ley 1214 de 1990 y en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 no haya sido efectivamente eliminado por el Acto Legislativo 1 de 2005 al haber este último mantenido el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública.
Lo anterior sin perjuicio de los parágrafos transitorios 2º y 4º del artículo 1º del acto legislativo, que rezan:
“PAR. TRANS. 2º—Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010.
PAT. TRANS. 4º—El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.
En armonía con las consideraciones precedentes
La Sala, a la pregunta:
Previamente aclara:
El concepto Fuerza Pública, para efectos de los regímenes de carrera, prestacional y disciplinario comprende, en forma exclusiva, a las fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y al cuerpo armado permanente de la Policía Nacional.
No, el 25 de julio del año 2005, día en que entró a regir el Acto Legislativo 1 del mismo año, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, terminaron los regímenes especiales o exceptuados, entre ellos el previsto en el Decreto-Ley 1214 de 1990 para el personal civil no uniformado vinculado al Ministerio de Defensa, las fuerzas militares y la Policía Nacional, sin perjuicio de las previsiones a que se refieren los parágrafos transitorios 2º y 4º del artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2005.
Transcríbase al señor Ministro de Defensa Nacional (E).
Consejeros: William Zambrano Cetina—Luis Fernando Álvarez Jaramillo—Enrique José Arboleda Perdomo—Gustavo Aponte Santos.
Levantamiento de la reserva legal mediante auto de fecha ocho (08) de agosto de dos mil trece (2013).
(1) Mediante Sentencia C-126 de 1995, M. P. Hernando Herrera Vergara, la Corte Constitucional resolvió i) estarse a lo resuelto en la Sentencia C-409 de 1994, que declaró inexequibles las expresiones “actuales” y “cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del primero (1º) de enero de 1988”, contenidas en el inciso primero del artículo 142 de la Ley 100 de 1993, al igual que el inciso segundo de la misma disposición; ii) declarar exequibles los apartes demandados de los artículos 15 numeral 1º, 33 parágrafo 4º, 36 inciso 1º, 129, 133 parágrafo 3º, así como el literal b) del artículo 259 de la Ley 100 de 1993 en lo relativo a los cargos formulados y iii) declarar inexequible el literal d) del artículo 259 de la Ley 100 de 1993. En los términos de la Sentencia C-754 de 2004, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 4º de la Ley 860 de 2003 “por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones”, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C. P. Alberto Arango Mantilla, 27 de julio de 2006, radicado 00182-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 18 de abril de 2002, radicado 0109-01.
(3) En la oportunidad a la que se refiere el consultante, a la pregunta sobre “¿(…) el régimen de transición aplicable a las personas que a 1º de abril de 1994 cumplían con alguno de los requisitos prescritos en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y se encontraban vinculadas a una entidad de derecho público, como trabajadores oficiales o como empleados públicos cuando para acreditar el tiempo de servicios o de cotizaciones, acumulan tiempos laborados para empleadores públicos y tiempos aportados al Instituto de Seguros Sociales?", esta Sala respondió:
“1. El régimen de transición aplicable a las personas que al 1º de abril de 1994 cumplían con alguno de los requisitos prescritos en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que para efectos del requisito del tiempo necesita acumular los años de servicios a empleadores públicos con las cotizaciones al ISS causadas por vinculación laboral de carácter privado, es el de la Ley 71 de 1988, en el cual, si se trata de hombres, la edad para adquirir el derecho pensional es de 60 años.
2. No, en el régimen pensional de la Ley 33 de 1985, el requisito del tiempo solo puede reunirse acumulando servicios prestados en el sector público; la suma de este tiempo con cotizaciones al ISS se rige por la Ley 71 de 1988, pues se trata de dos regímenes pensionales diferentes”.
(4) En la oportunidad a la que se refiere la consulta, a la pregunta del Ministerio de Defensa Nacional “¿El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares, y el personal uniformado (sic) de la Policía Nacional son miembros de la Fuerza Pública?” Esta Sala respondió: “El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares, y el personal no uniformado de la Policía Nacional, no son miembros de la Fuerza Pública, pues esta expresión tiene en la Carta Política el preciso alcance que se deja explicado en la parte motiva”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C. P. Javier Henao Hidrón, 30 de julio de 1996, radicación 842.
(5) Radicación 842, consulta del 30 de julio de 1996. Nota al pie Nº 4.
(6) Sentencia C-753 de 2008, M. P. Jaime Araujo Rentería. En los términos esta decisión, la Corte Constitucional declaró inexequibles i) los apartes demandados de los artículos 10, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 31, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 66 67, 73, 80, 84, 86 y 87 del Decreto-Ley 91 de 2007 y ii) los artículos 3º y 90 e inciso segundo del artículo 74 de la misma normatividad, por violación de los artículos con los artículos 13, 40.7, 121, 122, 123, 125, 130, 150.10, artículos 216, 217 y 218 de la Carta Política. Y exequible, de manera condicionada, el inciso primero del artículo 74 del Decreto 91 de 2007, “en el entendido que la provisión de cargos en provisionalidad o en encargo en la administración del sector defensa se realizará hasta cuando se provea el cargo respectivo mediante concurso público o hasta cuando se reintegre el titular del cargo, según sea el caso, así mismo deberá ser justificada mediante acto administrativo motivado, en donde se deberán exponer las razones por las cuales se considera que es estrictamente necesario dicha provisión excepcional”.
(7) Al respecto las Sentencias C-356 de 1994, M. P. Fabio Morón Díaz; C-024 de 1998, M. P. Hernando Herrera Vergara; C-211 de 2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis y C-308 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(8) El Decreto-Ley 091 de 2007, “Por el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector defensa y se dictan unas disposiciones en materia de administración de personal”, fue expedido por el señor Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 2º de la Ley 1033 de 2006.
(9) Sentencia C-1143 de 2004, M. P. Alfredo Beltrán Sierra. En igual sentido, sentencias C-665 de 1996, M. P.-Hernando Herrera Vergara, C-888 y C-980 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(10) Sentencia C-310 de 1997, M. P. Carlos Gaviria Díaz. En igual sentido, sentencias C-712 de 2001, M. P. Jaime Córdoba Triviño; C-713 de 2001, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1079 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil; C-507 de 2006, M. P. Álvaro Tafur Galvis, entre otras.
(11) Proyecto de Acto Legislativo 34 de 2004 Cámara, acumulado con los Proyectos de Acto Legislativo 127 de 2004 Cámara, 11 de 2004 Senado.
(12) Gaceta del Congreso, Senado y Cámara, Año XIII, Nº 452, 20 de agosto de 2004.
(13) Ibíd, p. 5.
(14) “m) Los ponentes liberales establecen en un parágrafo transitorio segundo, que no habrá regímenes pensionales especiales ni exceptuados a partir del 31 de diciembre de 2010, esto abarcarla incluso e los miembros de la fuerza pública, (…), formulando el siguiente texto:
“PARÁGRAFO TRANSITORIO 2º—La vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las reglas generales de la ley general del sistema de seguridad social y sus reformas expirará el 31 de diciembre del año 2010.
Sobre el particular, el H. representante ponente Telésforo Pedraza hace la salvedad de que las condiciones actuales del conflicto armado colombiano exigen la total dedicación de nuestras fuerzas del orden, sometiéndolas a jornadas extenuantes y condiciones extremas para el desarrollo de su labor. Cabe anotar además que en el contexto internacional se mantiene la tradición de otorgar un régimen especial a los miembros de la fuerza pública. Por todo esto, el doctor Pedraza considera que este régimen especial debe conservarse. Sin embargo, señala que el mantenimiento del mismo debe estar sometido a una reforma de carácter legal en la cual se incrementen sus cotizaciones como empleados, manteniendo la proporcionalidad con los beneficios pensionales que les son reconocidos”. Gaceta del Congreso. Año XIII. Nº 596, 6 de octubre de 2004, página 7.