Source: https://de.scribd.com/document/346178144/Casacion-N-4374-2015-Lima
Timestamp: 2020-08-07 16:16:56
Document Index: 384656937

Matched Legal Cases: ['artículo 387', 'artículo 388', 'artículo 388', 'artículo 1267', 'artículo 546', 'artículo 388', 'artículo 384', 'artículo 546', 'artículo 388', 'artículo 392', 'artículo 392', 'Artículo 29', 'artículo 20', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 384', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 44', 'artículo 396', 'artículo 1362']

Casación N° 4374-2015-Lima | Ley procesal | Caso de ley
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El Peruano Martes 28 de febrero de 2017
de visitas con externamiento para la demandante, con lo demás que ahí contiene. 5.3. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario o ﬁ cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Rosa Silvia León Roldan con Wilmer Alexis Flores Gonzales, sobre variación de tenencia; y los devolvieron. Interviene como ponente la Jueza Suprema señora Tello Gilardi.- SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA
1 A folios 803.
2 A folios 728.
3 A folios 633.
4 Ver folios 41 escrito del 20 de mayo de 2011.
5 Ver folios 183.
6 Ver folios 633.
7 Ver folios 518.
8 Ver folios 728.
9 Ver folios 45 del cuadernillo de casación.
10 Diario O ﬁ cial El Peruano: Sentencias en Casación, lunes 31 de marzo de 2008,
páginas 21689 a 21690.
11 Diario O ﬁ cial El Peruano: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008,
páginas 23300 a 23301.
12 Ver folios 124 a 129 del cuaderno cautelar.
13 Ver folios 61 y 117 del cuaderno cautelar.
14 A folios 803.
15 A folios 728.
16 A folios 633.
17 A folios 633.
C-1485495-112
CAS. Nº 4338-2015 LIMA ESTE Obligación de dar suma de dinero-Pago Indebido. Lima, doce de agosto de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO:
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante Petróleos del Perú – PETROPERÚ SA (fojas ciento treinta y tres), contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce (fojas ciento veintidós), que conﬁrma la sentencia de primera instancia del veintitrés de diciembre de dos mil trece (fojas ochenta y ocho), que declara infundada la demanda de pago indebido; por lo que deben examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley número 29364. Segundo.- En tal sentido, veriﬁcados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modiﬁcado por Ley número 29364, se tiene que el presente recurso cumple con dichos presupuestos, esto es: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior que como órgano de segundo grado pone ﬁn al proceso; ii) Se ha presentado ante la Sala Mixta de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días de notiﬁcada con la resolución impugnada, pues según constancia de fojas ciento cuarenta y dos, la recurrente fue notiﬁcado el veintidós de abril de dos mil quince, y presentó el recurso el veintisiete de abril del mismo año; y, iv) Se adjunta el arancel judicial respectivo, conforme se observa a fojas veintinueve del cuaderno de casación. Tercero.- Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modiﬁcado por la Ley acotada, se advierte que la recurrente cumple con este presupuesto ya que interpone recurso de apelación a fojas ciento treinta y nueve contra la sentencia de primera instancia que fue adversa a sus intereses. Cuarto.- Para establecer el cumplimiento de los requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, es necesario que la recurrente señale en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial. En el presente medio impugnatorio se denuncia: i) Infracción normativa del artículo 1267 del Código Civil y del artículo 546 y siguientes del Código Procesal Civil. Arguye que la obligación de dar suma de dinero a la demandada alimentista, se encontraba vigente hasta el veintisiete de mayo de dos mil cinco, cuando el ex trabajador Carlos Pool Berrospi fue reincorporado a su institución; reﬁere que a partir de esa fecha la demandada no podía solicitar al Juzgado las consignaciones respectivas, como lo vino realizando, conforme a las “radiografías de los movimientos en los ingresos de Carlos Pool Berrospi” (sic), no obstante la emplazada venía cobrando en el Juzgado de Familia a su empresa las retenciones realizadas a la remuneración del trabajador. Indica que la demandada estuvo cobrando doblemente entre el periodo de mayo de dos mil cinco a abril de dos mil seis, por lo que hubo un error de parte de la recurrente y malicia de parte de la demandada. Quinto.- Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen ﬁn al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los agravios 1 ” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse” 2 y porque su estudio “se limita a la
existencia del vicio denunciado” 3 . Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única instancia en procesos de responsabilidad
civil contra jueces (
que estas sentencias puedan ser revocadas o reformadas, que
están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de
la Corte en el examen y decisión del recurso, pues no puede
examinar errores de la sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no contemple.” 4 2. El recurso es analizado y
resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación 5 o, como dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los límites en que ello puede servirle para conseguir su ﬁn de uniﬁcación
2) en cuanto a las causales que sirven para
la jurisprudencia” 6 . 3. La casación impide reexaminar el íntegro
la sustancia debatida: se trata esencialmente de una jurisdicción
derecho que no permite modiﬁcar los juicios de hecho (salvo los
casos que tengan que ver con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. Finalmente, entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo que le
interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía
accederse a la casación 7 . Es, teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la argumentación expuesta en el considerando anterior
advierte que la recurrente no cumple con los requisitos exigidos
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, debiendo
ser desestimadas las denuncias contenidas en el considerando precedente por cuanto: 1. La denuncia contenida en el considerando cuarto está destinada a la revaloración de los medios probatorios, así como, pretende, más bien modiﬁcar la conclusión fáctica a la que han arribado los Jueces, lo que no es posible realizar en vía de casación, teniéndose en cuenta los ﬁnes previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil, en tanto el Tribunal Supremo examina el
control de la legitimidad del derecho y no el mérito de la controversia, por lo que estas causales deben ser declaradas improcedentes. 2.
A ello debe agregarse que la Sala Superior ha motivado su
resolución indicando en su considerando cuarto el marco jurídico de
su fallo, en el considerando sexto el marco fáctico y la subsunción
respectiva respetando las reglas de la lógica y atendiendo a las
premisas surgidas del proceso y detallando las razones por las que
no existe pago indebido. 3. Finalmente, en cuanto a la vulneración
del artículo 546 del código procesal civil, debe señalarse que la recurrente se limita a consignar dicho dispositivo sin indicar en qué consiste infracción ni cómo ella ha afectado la sentencia. Sétimo.- Que, en cuanto a la exigencia contenida en el inciso 4 del referido artículo 388, el recurrente indica que su pedido casatorio es revocatorio, sin embargo, ello no es suﬁciente para atender el recurso materia de caliﬁcación, toda vez que los requisitos de procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes, conforme estipula el artículo 392 del Código Procesal Civil. Por las razones expuestas y en aplicación de lo previsto en el artículo 392
del Código Procesal Civil, modiﬁcado por la Ley número 29364; Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la demandante Petróleos del Perú – PETROPERÚ SA (fojas
ciento treinta y tres), contra la sentencia de vista de fecha dieciséis
octubre de dos mil catorce (fojas ciento veintidós); DISPUSIERON
publicación de la presente resolución en el Diario Oﬁcial “El
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos con María del Carmen Carmona Reaño, sobre pago indebido; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA
1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires
1992, p. 742.
2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia
3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos
Aires 1959, p. 55.
4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.
5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
C-1485495-113
CAS. Nº 4374-2015 LIMA CAMBIO DE NOMBRE. La Excepción a la Regla contenida en el Artículo 29 del Código Civil.- referida a que nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones, salvo motivos justi ﬁ cados,
debe ser interpretada de acuerdo con los valores y derechos a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad reconocidos en la Constitución Política del Estado; de manera que el “motivo justi ﬁ cado” para variarla no puede ser cali ﬁ cado de forma subjetiva por el parecer del órgano jurisdiccional, pues esa causa forma parte de la esencia misma del derecho a la identidad, que tiene un contenido psicológico de la personalidad, de ser identi ﬁ cado de forma individual y considerado distinto; de manera que su análisis judicial debe partir de parámetros objetivos con los ﬁ nes de la Constitución. Lima, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número cuatro mil trescientos setenta y cuatro - dos mil quince, en audiencia pública de la fecha y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia. 1.- ASUNTO: En el presente proceso, sobre pretensión de adición de apellido paterno, es objeto de examen, el recurso de casación interpuesto por el demandante Juan Carlos Novoa 1 , contra la sentencia de vista del 09 de setiembre de 2015 2 , que revocó la sentencia de primera instancia 3 , que declaró fundada la demanda y reformándola la declaró infundada. 2.- ANTECEDENTES: DEMANDA: 2.1. Juan Carlos Hermoza Novoa, pretende que se le adicione como apellido paterno y siguiente al de Hermoza, el apellido materno de su padre, esto es, el de “Ríos”, debiendo reconocerse en adelante su apellido paterno como “Hermoza Ríos”. 2.2. Alega que es hijo de Juan Bosco Hermoza Ríos (Ex Congresista de la República), y considera que los apellidos de su señor padre han adquirido importancia con el transcurrir de los años en los aspectos sociales, económicos, políticos, académicos y familiares. Asimismo, la popularidad de los apellidos de su señor padre en forma conjunta como Hermoza Ríos, ha sido trasladada a su persona como el hijo de “Juan Hermoza Ríos”; por lo que, el apellido “Ríos” se deberá adicionar en su partida de nacimiento. 2.3. Agrega que es su deseo mantener la tradición de los apellidos Hermoza Ríos y que este se traslade a sus descendientes, por cuanto al tener hermanas mujeres se extinguirán los apellidos de sus antepasados; en consecuencia, considera importante que se le reconozca socialmente como “Juan Carlos Hermoza Ríos Novoa”. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 2.4. La sentencia del 23 de marzo de 2015 4 , declaró fundada la demanda; en consecuencia, ordenó que se adicione al apellido paterno del demandante Hermoza, el apellido materno de su padre, esto es “Ríos”, debiendo quedar establecido en adelante su apellido paterno como “Hermoza Ríos” e inscribirse la presente en el Acta de Nacimiento N° 247 del año 1988 del Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, y a partir de la fecha y en lo sucesivo quedar con el nombre de Juan Carlos Hermoza Ríos Novoa. 2.5. Considera que para efectos de justi ﬁ car su pretensión, su principal argumento es el prestigio profesional alcanzado por su señor padre en la sociedad, así como la popularidad de la utilización de dichos apellidos en forma conjunta “Hermoza Ríos” como una sola estructura a lo largo del tiempo, alegando además el deseo de llevar ambos apellidos y que estos se trasladen a sus descendientes. 2.6. Al respecto, se debe acotar como hecho no cuestionado en el proceso, que la identi ﬁ cación de la persona en mención a nivel de la sociedad ha sido habitualmente establecida en su vida profesional, a través de la utilización conjunta – además de su prenombre – de sus dos (2) apellidos, es decir, de Juan Hermoza Ríos, de manera tal, que la petición de proseguir con la tradición del uso de ambos apellidos por parte del demandante, esta vez a partir de la denominación compuesta de su apellido paterno, encuentra un sustento razonable, en la medida que ello obedece al prestigio y notoriedad alcanzado por su progenitor a lo largo de su vida, razones que determinan que la solicitud planteada corresponda ser estimada, máxime, si aquello no causa perjuicio a terceros, en tanto, de acuerdo con los certi ﬁ cados de antecedentes judiciales y penales 5 , el actor no registra ninguna anotación; asimismo, según la constancia expedida por Infocorp, no se aprecia que se encuentra reportado por deudas en dicha central de Riesgo 6 . 2.7. En tal sentido, tomando como base el principio de identidad y libre desarrollo de la personalidad, de conformidad con las pruebas aportadas, llega a la conclusión que existen motivos justi ﬁ cados para estimar la demanda planteada. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA: 2.8. La Sala Superior en la sentencia de vista del 09 de setiembre de 2015 7 , revocó la sentencia apelada y declaró infundada la demanda. Consideró que, el pedido formulado, a la luz del artículo 20 del Código Civil, se puede concluir que resulta mani ﬁ estamente inviable, pues la ley sustantiva ha determinado de forma expresa que a toda persona le corresponde únicamente el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Bajo la premisa antes expuesta, al demandante Juan Carlos Hermoza Novoa, corresponden a su padre Juan Bosco Hermoza Ríos y su madre Dora María Novoa Miranda, conforme a su partida de nacimiento 8 ; por lo que, no es posible que se produzca adición alguna en el modo que propone. 2.9. Sin perjuicio de lo antes mencionado, aún en el caso que dicha modi ﬁ cación fuera permitida, por motivos justi ﬁ cados, conforme el artículo 29 del Código Civil, no se ha acreditado en autos razón su ﬁ ciente para adicionar el apellido “Ríos”, pues el interés para el cambio de nombre no surge, porque se le reconozca con los apellidos de su padre, como ya se le reconocía con
anterioridad a la presente demanda, aspecto no demostrado en autos, sino por la fama o relevancia que ha tenido o tuvo su padre, hecho que puede resultar meritorio por haber accedido a un cargo de elección popular y contar con un reconocimiento social, pero a
la vez insu ﬁ ciente para ameritar una adición de apellido, en tanto,
el Colegiado entiende que se requiere una justi ﬁ cación extraordinaria, como haber realizado una contribución signi ﬁ cativa
a la vida social, política, económica y/o cultural de la República,
que justi ﬁ que mantener sus apellidos en la memoria personal de sus descendientes, como en la memoria colectiva de la sociedad. RECURSO DE CASACIÓN: 2.10. Este Tribunal Supremo, por auto de cali ﬁ cación del recurso de casación, del 15 de enero de 2016, lo declaró procedente por la causal de infracción normativa del artículo 29 del Código Civil. Señala que solicitó que se le adicione a su partida de nacimiento como apellido paterno y siguiente a “Hermoza” el apellido materno de su padre “Ríos”, para ser reconocido su apellido paterno como Hermoza Ríos, lo que además, se sustenta en la importancia y popularidad de su señor padre por su destacada labor como profesional y ex Congresista de la República, para ello, el Juez debió evaluar si la adición del apellido producirá efectos adversos, observando además los daños patrimoniales, extrapatrimoniales que pudieran generarse en agravio de alguna persona. 2.11. Agrega que el motivo justi ﬁ cado se encuentra en el acervo probatorio que acredita que su señor padre cuenta con una relevancia en la
esfera social y política, llegando inclusive a ser Congresista de la República, y el solicitante carece de todo tipo de antecedentes, por consiguiente, se debió estimar su demanda. 3.- CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE. Determinar si la decisión contenida en la sentencia de vista ha contravenido lo dispuesto en la norma antes precisada, y de ser el caso, revocar la misma y declarar fundada
la demanda o de lo contrario desestimar el recurso de casación.
4.- FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA. 4.1 Según lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil modi ﬁ cado por el artículo 1 de la Ley 29364, el recurso de casación tiene por ﬁ nes esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia ( ﬁ nalidad nomo ﬁ láctica y uniformizadora, respectivamente); ﬁ nalidad que se ha precisado en la Casación número cuatro mil ciento noventa y siete – dos mil siete / La Libertad 9 y Casación número seiscientos quince – dos
mil ocho/Arequipa 10 ; por tanto, este Tribunal Supremo sin
constituirse en una tercera instancia procesal, debe cumplir con pronunciarse acerca de los fundamentos del recurso, por las causales declaradas procedentes. 4.2. De acuerdo con la naturaleza de la disposición denunciada, se debe empezar el análisis de la controversia por los valores normativos que están contenidos en aquella. En ese sentido, se tiene que el derecho a
la identidad, reconocido en el artículo 2, inciso 1) de la Constitución
Política del Estado, es aquel que protege a la persona en lo que constituye su propio reconocimiento: quién y cómo es. Comprende diversos aspectos de la persona que van desde los más estrictamente físicos y biológicos (su herencia genética, sus características corporales, etcétera) hasta los de mayor desarrollo espiritual (sus talentos, su ideología, su identidad cultural, sus valores, su honor, reputación, entre otros) 11 . La Constitución de 1993 mejora el tratamiento de la persona al reconocerle su identidad y no solamente el nombre como lo hacía la Constitución de 1979, por el que se establecía que: “Toda persona tiene derecho: A (…) un nombre propio (…)”, el que ahora queda comprendido dentro del derecho a la identidad. 4.3. Asimismo, la identidad tiene relación con varios otros derechos, dentro de los cuales como ya se ha a ﬁ rmado encontramos el derecho al nombre, que es la designación con la cual se individualiza al sujeto y que le permite distinguirse entre los demás, lo que esta contenido en el artículo 19 del Código Civil, que señala: “Toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre. Este incluye los apellidos”. 4.4. En lo que respecta al apellido, este representa el nombre de la familia que sirve para distinguir a las personas, establece la ﬁ liación, los lazos de parentesco y la paternidad, diferencia a los grupos o personas no emparentadas entre sí. Es así que conforme al artículo 20 del Código Civil, modi ﬁ cado por la Ley 28720, a toda persona le corresponde el
primer apellido del padre y el primero de la madre. 4.5. A su turno,
el artículo 29 del Código Civil, precisa que “Nadie puede cambiar
su nombre ni hacerle adiciones, salvo por motivos justi ﬁ cados y mediante autorización judicial, debidamente publicada e inscrita. El cambio o adición de nombre alcanza, si fuera el caso, al cónyuge y a los hijos menores de edad”; es decir, que por regla general se ha establecido que nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones; sin embargo, existe una excepción, la misma que se presenta cuando existen motivos justi ﬁ cados y se haga mediante autorización judicial, pública e inscrita. 4.6. En este contexto, Enrique Varsi Rospigliosi 12 , considera tres principios básicos que rigen la institución del nombre: inmutabilidad, restricción en su elección y dualidad del apellido, lo que encuentran sustento en la naturaleza pública del nombre, pero ceden frente al interés privado, cuando el sujeto demuestra que su nombre merece un cambio. Así respecto al apellido compuesto, indica que, en sus inicios, se daba por la unión de un patronímico y toponímico, y servía para entrelazar el nombre de una persona
con el lugar en el que vivía; actualmente, el apellido compuesto se caracteriza por haberse juntado dos o más linajes, es decir dos o más apellidos en uno. 4.7. Entre las causas para solicitar la composición del apellido se tienen diversos motivos, pero dado el caso que nos ocupa resulta relevante mencionar tres de ellos: (1) fama y notoriedad. Esto es la justi ﬁ cación más usada, de antaño hasta hoy. Se aboga cuando el apellido adquiere una importancia (social, económica, política, académica, deportiva). Aquellos que logran un éxito personal, trascendiendo en nombradía, consideran que no es su ﬁ ciente transmitir un solo apellido, optan por componer sus signos de familia para trascender nomínicamente en otra persona, en su descendencia. Es una forma de perpetuar la memoria de esa persona; (2) la popularidad del primer apellido. Cuando el primer apellido es común o corriente el sujeto opta por identi ﬁ carse con ambos apellidos, los que con el tiempo pasan a ser una sola estructura. La composición evita que la descendencia adquiera ese nombre de familia ordinario; y (3) la pérdida o extinción de apellido. Debido a que los apellidos se van trasmitiendo de generación en generación pueden darse algunos supuestos: i) pérdida del apellido por decurso del tiempo; ii) irrelevancia por desuso; iii) extinción de la estirpe (al no haber descendientes masculinos que lo trasmitan, conforme al ordenamiento jurídico vigente). La composición es una forma de limitar la extinción de innumerables apellidos 13 . 4.8. Sobre la base de los conceptos normativos antes desarrollados, y de acuerdo con los hechos del caso, se tiene que el demandante Juan Carlos Hermoza Novoa pretende que se le adicione a su apellido paterno “Hermoza”, el apellido materno de su padre “Ríos”, y quedar en lo sucesivo como su apellido paterno el de “Hermoza Ríos”, pues considera como motivo justi ﬁ cado el deseo de llevar ambos apellidos, y que este se traslade a sus descendientes; debido a que su señor padre adquirió prestigio profesional, reconocimiento en la sociedad, y popularidad utilizando dichos apellidos en forma conjunta “Hermoza Ríos” como una sola estructura a lo largo del
tiempo 14 ; máxime si no se aprecia que recurre a este cambio para tratar de eludir alguna responsabilidad de tipo civil o penal, pues no registra penales ni judiciales 15 , por lo que, su motivo se presenta como justi ﬁ cado y libre de impedimento alguno. 4.9. De tal manera, que si bien es cierto, el artículo 29 del Código Civil, establece una regla general que nadie puede cambiar su nombre (ya sea adicionando, suprimiendo, modi ﬁ cando) por el carácter inmutable del mismo, salvo cuando se presenten motivos justi ﬁ cados y medie una autorización judicial, publicada e inscrita. También es cierto y más importante que esta disposición contiene varias normas que deben ser interpretadas de acuerdo con los valores reconocidos y protegidos por la Constitución antes indicados y procurar su mayor grado de satisfacción, y el “motivo justi ﬁ cado” para variarla no puede ser cali ﬁ cado de forma subjetiva por el parecer del órgano jurisdiccional, pues esa causa forma parte de la esencia misma del derecho a la identidad, que tiene un contenido psicológico de la personalidad, de ser identi ﬁ cado de forma individual y considerado distinto; y por tanto, el análisis del motivo en sede judicial debe sostenerse en parámetros objetivos, de un lado, que se acredite los supuestos alegados referidos a la (1) fama y notoriedad alegada, (2) la popularidad del primer apellido, y/o la (3) pérdida o extinción de apellido, según la regulación actual de su transmisión por línea paterna (lo cual al no ser derecho natural ni estático podría modi ﬁ carse); y de otro lado, tal vez en el plano material no puedan ser acreditados esos supuestos, pero constituirá un motivo su ﬁ ciente sin necesidad de ser extraordinario, en tanto y en cuanto, el ejercicio de ese derecho no contravenga un derecho y objetivo constitucionalmente válido, como serían los supuestos que a través de este cambio o adición, se pretenda eludir la persecución del delito o contravenir normas
de orden públicos, entre otros casos. 4.10. En sentido, de acuerdo
a los antes desarrollado, resulta evidente que el demandante
expone un motivo justi ﬁ cado para variar la conformación de su apellido paterno de “Hermoza”, por el de “Hermoza Ríos”, lo cual tiene su correlato con el valor normativo contenido en las disposiciones que regulan el derecho a la identidad, que comprende el nombre y los apellidos; de forma tal, que en uso y ejercicio de ese derecho, que comprende el desarrollo a la libre personalidad, una persona, puede pretender ser identi ﬁ cada de la manera en que sienta un mayor grado de satisfacción y realización como individuo en la sociedad en donde se desenvuelva; todo lo cual, ha sido reconocido en la Constitución y desarrollado en las normas infraconstitucionales mencionadas, que amerita que el Estado garantice su plena vigencia, conforme al artículo 44 de la Constitución Política del Perú. 4.11. Por todo lo cual, haberse acreditado la infracción normativa denunciada, y sobre la base de los fundamentos jurídicos que anteceden, se debe proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 396, primer párrafo, del Código Procesal Civil; revocando la decisión impugnada. 5. DECISIÓN: Por estos fundamentos, declararon: a) FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante Juan Carlos Novoa 16 ; en consecuencia: CASARON la sentencia la sentencia de vista del 09 de setiembre de 2015 17 . b) Actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia de vista; la REFORMARON y con ﬁrmaron la sentencia del 23 de marzo de 2015 18 , que declaró fundada la demanda interpuesta por Juan Carlos Hermoza Novoa contra el RENIEC y Juan Bosco Hermoza Ríos; en consecuencia,
ordenó que se adicione el apellido paterno del demandante Hermoza, el apellido materno Ríos de su padre, debiendo quedar establecido en adelante su apellido paterno como “Hermoza Ríos”. c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario o ﬁ cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Juan Carlos Hermoza Novoa con Juan Bosco Hermoza Ríos y el Registro Nacional de Identi ﬁ cación y Estado Civil; y los devolvieron. Interviene como Ponente la Jueza Suprema señora Tello Gilardi. SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA
1 A folios 153.
2 A folios 143.
3 A folios 113.
4 Ver folios 113.
5 Ver folios 96 a 97.
6 Ver folios 100.
7 Ver folios 143.
8 Ver folios 2.
9 Diario O ﬁ cial El Peruano: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008,
11 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo I. Fondo Editorial de la Ponti ﬁ ca Universidad Católica del Perú. Primera Edición. Febrero de 1999.
12 Varsi Rospigliosi. Dialogo con la Jurisprudencia Número 100, página 121. Gaceta Jurídica
13 Esta clasi ﬁ cación ha sido desarrollada por Varsi Rospigliosi. En Dialogo con la
Jurisprudencia Número 100, página 121. Gaceta Jurídica
14 Ver folios 4 a 12.
15 Ver folios 96, 97 y 100.
16 Ver folios 153.
17 Ver folios 143.
18 Ver folios 113.
C-1485495-114
CAS. N° 4407-2015 PIURA Indemnización por daños y perjuicios. Una cosa es señalar que se ha celebrado un contrato y otra muy distinta que se está en las
negociaciones previas, dado que si bien es verdad que el artículo 1362 regula estos hechos, no es menos cierto que dicho dispositivo contiene varios enunciados normativos, que están referidos a la (i) negociación, (ii) celebración) y (iii) ejecución del contrato, así como a la existencia de (iv) buena fe; y (v) común intención de las partes. Lima, cinco de mayo de dos mil dieciséis. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número cuatro mil cuatrocientos siete - dos mil quince, en audiencia pública llevada
a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a Ley; emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por la
demandante Flor de María Rishing Mendoza, (página doscientos setenta y cuatro), contra la resolución de vista de fecha veintiuno de setiembre de dos mil quince (página doscientos sesenta y tres), que revoca la sentencia de primera instancia que resolvió declarar fundada la demanda; y reformándola la declara infundada. II. ANTECEDENTES 1. DEMANDA Mediante escrito de fecha 28 de enero de 2014 (página cincuenta y tres), Flor de María Rishing Mendoza interpone demanda sobre indemnización por daños y perjuicios contra el Banco de Crédito del Perú a ﬁ n que el demandado pague la suma de U$. 83,490 dólares americanos por concepto de indemnización por daños y perjuicios. Sostiene: 1.- Que es propietaria del inmueble ubicado en la avenida Grau, avenida Loreto y el jirón Loa N° 757 de esta ciudad, con un área de 800 m2. 2.- Tenía vigente un contrato de arrendamiento de fecha 01 de Mayo del 2012 a favor de Svenza Zona Franca S.R.L. "CARSA" por el cual percibía una renta mensual de U$. 12,650 dólares americanos; el plazo de vigencia se pactó forzoso para ambas partes en un año (hasta 30 de abril de 2013); el contrato fue a plazo determinado, pero prorrogable. 3.- Mediante carta notarial del 05 junio de 2013, CARSA aceptó un aumento de la renta a la suma de U$. 13,915 dólares americanos, asimismo, a través de dicho documento solicitó a la propietaria una prórroga de plazo para desocupar dicho inmueble a la fecha perentoria del 15 de enero 2014; no obstante, la demandante, mediante carta de fecha 11 de junio 2013, solamente acepta la prórroga del plazo hasta la fecha de 31 de julio del 2013. En cumplimiento del acuerdo, la arrendataria CARSA desocupó el inmueble el 15 de agosto del 2013. 4.- Conforme a los hechos detallados, el primer contrato de arrendamiento entre la demandante y CARSA culminó
a pedido de la primera porque el nuevo arrendador Banco de
Crédito del Perú mejoró considerablemente las condiciones y términos que mantenía la propietaria con su primer inquilino CARSA; asimismo, el referido Banco le requirió a la arrendadora y propietaria que cumpla con enviarles una serie de documentación del inmueble a arrendar, entre ella, la carta enviada a CARSA pidiéndole la desocupación del local. Sin embargo, habiendo cumplido con sus obligaciones pactadas con el Banco y estando desocupado el local, éste no suscribió formalmente el contrato y
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