Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=70721
Timestamp: 2018-05-22 08:36:41
Document Index: 215229785

Matched Legal Cases: ['artículo 213', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 334', 'Artículo 5', 'Artículo 354', 'artículo 4', 'Artículo 6', 'artículo 85', 'artículo 1', 'Artículo 7', 'artículo 39', 'artículo 386', 'Artículo 8', 'artículo 372', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 213', 'artículo 213', 'artículo 214', 'artículo 2', 'artículo 55', 'artículo 241', 'artículo 242']

Sentencia C-071 de 2009 Corte Constitucional
SENTENCIA C-071/09
(Febrero 12, Bogota D.C)
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE CONMOCION INTERIOR-Pérdida de vigencia no inhiben su control judicial por la Corte Constitucional
INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCIA EN CONMOCION INTERIOR-Facultades del Consejo Superior de la Judicatura para dictar medidas en materias administrativa, disciplinaria y de descongestión judicial
En el examen formal y material del Decreto 3929 de 2008 la Corte constató que el decreto declaratorio del Estado de Conmoción Interior cumplía con los requisitos formales señalados por el artículo 213 de la Constitución, y en cuanto a los requisitos materiales, la Corte encontró que se había acreditado de manera objetiva y verificable, la ocurrencia del presupuesto fáctico alegado por el Gobierno, esto es, la cesación anormal de actividades judiciales por 37 días que agravaba la congestión histórica de la administración de justicia y cuya extensión de efectos pretendía evitar el Gobierno mediante la declaratoria del estado de conmoción interior, pero halló que el Gobierno no había cumplido con la carga mínima de apreciación exigida por la Constitución y por la Ley Estatutaria de Estados de Excepción, al igual que constató que el Gobierno se había abstenido de apreciar la insuficiencia de los medios ordinarios para conjurar la crisis. Al omitir tal apreciación, el Gobierno había transformado el ejercicio de su margen de apreciación al declarar la conmoción interior, en un acto contrario a la Constitución, a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ratificados por Colombia y a la Ley Estatutaria sobre los Estados de Excepción, por lo cual el Decreto 3929 de 2008 fue declarado inexequible, y así, si la declaración de la situación excepcional por parte del Presidente de la República es considerada inexequible por la Corte Constitucional, los decretos legislativos derivados de ella y contentivos de las medidas dirigidas al restablecimiento de la normalidad, carecerán igualmente de validez y deberán ser declarados inconstitucionales por su inescindible relación de consecuencia.
Referencia: expediente RE-133.
1. Texto del Decreto Legislativo 3930 de 2008[1].
Medidas administrativas y disciplinarias.
Artículo 1°. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura nominará y posesionará a los Magistrados, Jueces y empleados de la Rama Judicial, sin sujeción a las normas de carrera, con el fin de garantizar la efectiva prestación del servicio público esencial de Administración de Justicia en el Territorio Nacional.
Parágrafo. Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura del país, nominarán y posesionarán a los Magistrados, Jueces y empleados de la Rama Judicial, sin sujeción a las normas de carrera, de conformidad con la delegación que para el efecto realice la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Artículo 2°. Modificado por el Decreto 3990 de 2008, artículo 2º. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá crear, suprimir y trasladar cargos en la Administración de Justicia.[2]
Artículo 3°. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las Salas Jurisdiccionales de los Consejos Seccionales de la Judicatura, suspenderán provisionalmente a los funcionarios y empleados judiciales y a los pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación, salvo las excepciones constitucionales ya establecidas, una vez oído al servidor judicial que de manera injustificada se abstengan de cumplir con sus funciones.
Medidas de descongestión judicial.
Artículo 4°. El artículo 334 del Código de Procedimiento Civil, se adiciona así: “cuando la apelación haya sido concedida en el efecto devolutivo, el interesado podrá impedir la ejecución de la providencia impugnada si presta caución que garantice la indemnización de los perjuicios en caso de no prosperar el recurso. Sólo podrá ofrecerse caución hasta el momento de la notificación del auto que concede la apelación y se prestará dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que la fije”.
Artículo 5°. El inciso 2° del Artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
La apelación de las sentencias que modifiquen el estado civil de las personas y las que han sido recurridas por ambas partes se otorgará en el efecto suspensivo; la de los autos y de las demás sentencias se otorgará en el efecto devolutivo, salvo disposición en contrario. Cuando la apelación deba otorgarse en el efecto suspensivo, el apelante puede pedir que se le otorgue en el diferido o en el devolutivo; y cuando procede en el diferido, puede pedir que se le otorgue en el devolutivo, prestando caución, conforme a los criterios del artículo 4° de este decreto.
Artículo 6°. Adicionar el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1° numeral 37 del Decreto 2282 de 1989, en el sentido de incluir un inciso, así:
Artículo 7°. Derógase el artículo 39 de la Ley 794 de 2003, que modificó el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y todas las normas que establezcan la consulta, salvo lo consagrado para la acción de tutela.
Artículo 8°. Al artículo 372 del Código de Procedimiento Civil, se le adicionará como último inciso el que sigue:
Artículo 9°. Confiérese a los Notarios competencia para conocer a prevención, de acuerdo con su circunscripción territorial, y conforme con los trámites establecidos en el Código de Procedimiento Civil y las normas que lo complementan, de los procesos de jurisdicción voluntaria, y el de adopción que se regirá en lo pertinente por la Ley 1098 de 2006.
Artículo 10. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura establecerá los parámetros para descongestionar los Despachos Judiciales y la plena implementación del presente decreto.
Artículo 11. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, suspende y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de octubre de 2008.
La Corte Constitucional es competente para decidir sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 3930 de 2008, con fundamento en el artículo 213, 241.7 y 216.6 de la Constitución Política[3].
2.2. El Presidente de la República con la firma de todos sus ministros, dictó el Decreto 21 de 2009 por medio del cual se levantó el Estado de Conmoción Interior, el 8 de enero del año en curso. A partir de ese momento, y al no haber sido prorrogada su vigencia, los decretos legislativos dictados durante el estado de conmoción - entre ellos el Decreto 3930 de 2008 -, dejaron de regir, de acuerdo con el artículo 213 de la Carta.
2.4. Ahora bien, el Decreto 3929 de 2008, “Por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior, en todo el territorio nacional, por el término de 90 días”, fue declarado inexequible por esta Corporación mediante la sentencia C-070 de 2009 (M.M.P.P. Humberto Antonio Sierra Porto y Clara Elena Reales Gutiérrez).
2.5. En este sentido, como el control jurisdiccional confiado a la Corte Constitucional sobre los decretos legislativos en estados de excepción, consiste en un juicio de carácter jurídico, fundado en razones de derecho para afirmar o negar la validez constitucional de un acto controlado[4], las exigencias constitucionales para la declaratoria del Estado de Excepción[5] son un criterio de juzgamiento también para la constitucionalidad de los Decretos Legislativos proferidos con ocasión del Estado de Conmoción Interior. De este modo, si la declaración de la situación excepcional por parte del Presidente de la República es considerada inexequible por la Corte Constitucional, los decretos legislativos derivados de ella y contentivos de las medidas dirigidas al restablecimiento de la normalidad, carecerán igualmente de validez y deberán ser declarados inconstitucionales por su inescindible relación de consecuencia[6].
2.6. Por lo tanto, como el Decreto 3929 de 2008 fue declarado inexequible por esta Corporación y las medidas que se expidieron invocando la Declaratoria del Estado de Conmoción Interior devienen por ese hecho inconstitucionales al perder su sustento legal, el Decreto 3930 de 2008 corre la misma suerte del decreto del que deriva su existencia[7]. En atención a estos hechos, no hay lugar a estudiar ni formal ni materialmente el Decreto 3930 de 2008, en la medida en que los efectos de la inconstitucionalidad del Decreto 3929 de 2008 se extienden al decreto legislativo en estudio. Por lo tanto sobrevino su inexequibilidad por consecuencia, y así será declarado por la Corte Constitucional.
ACLARACIÓN DE VOTO A LA SENTENCIA C-071 DE 2009 DEL MAGISTRADO JAIME ARAÚJO RENTERÍA
DECLARACION DE ESTADO DE CONMOCION INTERIOR-Responsabilidad del Presidente de la República y Ministros (Aclaración de voto)
Declarada la inconstitucionalidad de la conmoción, lo que procede es dar aplicación al numeral 5 del articulo 214 de la Constitución que dice: “El presidente y los Ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior, y lo serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores”.
Referencia: Expediente RE - 133
Declarada la inconstitucionalidad de la conmoción, lo que procede es dar aplicación al numeral 5º del artículo 214 de la Constitución que dice: “5. El Presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior, y lo serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores”.
El gobierno por tanto, será responsable por haber violado la Constitución Política y debe asumir las consecuencias, por lo que se deben iniciar las actuaciones correspondientes ante la Comisión de Acusaciones o los organismos competentes.
[1] Diario Oficial No 47.137 del 9 de octubre de 2008.
[2] El texto original del artículo 2º del Decreto Legislativo 3930 del 9 de octubre de 2008, expresaba:
“La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá crear, suprimir y trasladar cargos en la Administración de Justicia, con concepto previo y favorable de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial”. La subraya destaca lo suprimido por el Decreto Legislativo 3990 del 16 de octubre de 2008 (Diario Oficial No. 47.144 de 16 de octubre de 2008 ); los dos incisos agregados por este último, se incorporan en el texto objeto de examen.
[3] El artículo 55 de la Ley 137 de 1994 - estatutaria de los estados de excepción - señala que “La Corte Constitucional ejercerá el control jurisdiccional de los decretos legislativos dictados durante los estados de excepción de manera automática, de conformidad con el numeral 7 del artículo 241 de la Constitución, dentro de los plazos establecidos en su artículo 242 y de acuerdo con las condiciones previstas en el Decreto 2067 del 4 de septiembre de 1991 o normas que lo modifiquen".
[4] Ver sentencia C- 802 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[5] En cuanto a las facultades otorgadas al Primer Mandatario para decretar el estado de conmoción interior, el constituyente determinó que dicho estado podía declararse: (i) en todo el territorio nacional o en parte de él; (ii) durante 90 días prorrogables por dos periodos iguales, sometiendo la última prórroga al concepto previo y favorable del Senado de la República. En virtud de dicha declaratoria, (iii) se le confieren al Gobierno, las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación del orden público e impedir la extensión de sus efectos y (iv) se habilita al Presidente para dictar decretos legislativos, que incluso pueden suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción interior. Tales decretos dejan de regir tan pronto se declare restablecido el orden público o su vigencia se puede prolongar 90 días más, con autorización del Senado.
[6] La Corte realizó el control de constitucionalidad sobre la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción mediante la Sentencia C-179/94 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[7] Sentencia C-309 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz.