Source: https://es.scribd.com/doc/38804355/DEL-CARPIO-NARVAEZ-Luis-Los-Beneficios-Penitenciarios-en-El-Peru-1
Timestamp: 2016-05-04 11:12:59
Document Index: 204024544

Matched Legal Cases: ['Artículo 183', 'Artículo 183', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 289', 'artículo 289', 'in fine', 'artículo 183', 'artículo 183']

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Introducción: Necesario tema el que hoy nos toca estudiar, no sólo por la importancia misma que atañe conocer en su real y entera dimensión a los beneficios penitenciarios que conforman un sistema jurídico como el nuestro, sino porque además gran parte de ella se encuentra diseminada en una variopinta gama de disposiciones normativas que regulan cada quien por su lado y con reglas propias los beneficios penitenciarios relativos a delitos como terrorismo, traición a la patria, secuestro, extorsión, violación sexual, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, mermando la coherencia y concordancia que correspondería tener una ley penitenciaria como la nuestra. Por otro lado advertimos que nuestro propio Código de ejecución penal, poco o nada nos dice respecto de la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios, son derechos, son incentivos, que eficacia tienen en el tiempo las leyes penitenciarias, se aplican retroactivamente, y otros tópicos de esencial importancia, que hoy por hoy todo operador del derecho necesita conocer. En este sentido he aquí el aporte del presente ensayo, que compendia todos estos temas de una manera concisa. SUMARIO: II. Naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios, 2.1. Primera postura, los beneficios penitenciarios como derechos sustantivos, 2.2. Segunda postura, los beneficios penitenciarios como incentivos, 2.3. Postura que asume la Judicatura Nacional. III. Los beneficios penitenciarios y sus efectos en el tiempo, 3.1. En lo referente a las normas penales materiales, 3.2. En lo referente a las leyes procesales penales, 3.3. En lo referente a las leyes penitenciarias, 3.4. Posición del Tribunal Constitucional, IV. Leyes penitenciarias especiales, delitos y beneficios penitenciarias, 4.1. Delitos contra la Administración pública, 4.2. Delitos contra la Libertad sexual, 4.3. Delitos de Terrorismo y Traición a la Patria, 4.4. Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 4.5. Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 4.6. Delito de Lavados de Activos, 4.7. Delito contra la libertad, Trata de personas Arts. 153 y 153-A.
2. 139. considero que es la más adecuada al modelo de Estado social y democrático de derecho que hemos adoptado (Art. 43° Co. a adoptar medidas legislativas. 22 Co. la reeducación. reinserción y resocialización de todo interno y que al encontrarse encuadradas como máximas constitucionales (Art.
Naturaleza Jurídica de los Beneficios Penitenciarios: De plano precisamos que es de vital importancia. por el sólo imperio de la ley . sino en la imposición y ejecución de las penas. Esta primera tesis. PEDRAZA SIERRA. la concesión de ésta quedaría al mero arbitrio y criterio del operador judicial. considera que siendo los beneficios penitenciarios parte esencial de todo régimen penitenciario/carcelario. los beneficios penitenciarios como incentivos
.22 Co. esto es pensando en su reeducación.) por el hecho de que nuestra propia constitución adopta como fines de la pena. o b) si por el contrario. constituyen criterios preventivos-especiales. Como expresa Villavicencio Terreros 5 . aún y cuando se cumpla con los requisitos de ley. pues ello. conocer la “naturaleza jurídica” que nuestro ordenamiento y tribunales jurisprudenciales conceden a los beneficios penitenciarios. que pese a que no es acogida por la gran mayoría de juristas connacionales de la talla de Iván Meini.1.Segunda Postura. administrativas. nos permitirá resolver cuestiones de inestimable valor como: a) basta con que el interno haya cumplido con los requisitos legales y/o administrativos que exige la ley para la concesión de tal o cual beneficio penitenciario sin más ni más. orientados a influir directa e individualmente sobre el infractor y cuya actuación no se centra en el momento de la conminación legal.) constituirían derechos esenciales que conminan a todo poder del Estado. 139...II. rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (Art. Small Arana entre otros 4 . judiciales que no restrinjan dichos fines resocializadores. los beneficios penitenciarios como derechos sustantivos Esta postura es defendida entre otros por TAMARIT SUMALLA. resultaría ser la posición mayoritaria a nivel doctrinario. Wilfredo y Rosa MAVILA LEÓN 2 y que a decir de Dino CARLOS CORIA 3 . 2. Joseph 1 .) en los que evidentemente los beneficios penitenciarios tienen un papel preponderante pues incitan determinados comportamientos a los internos con miras a la vida futura que obtendrían fuera de los muros de una cárcel. Es decir considera a los beneficios penitenciarios como “derechos sustantivos”. que fomentan la reeducación.2.Primera postura.
por cuanto de acuerdo al Tribunal Constitucional constituye un Derecho Expectaticio que está sujeto a que el beneficiario reúna ciertas condiciones de readaptación que hagan prever su salida del penal antes del cumplimiento de su pena no genere un peligro para la sociedad.12. En otras palabras. informes. En lo particular concordando con Carlos Coria. porque su aplicación no procede automáticamente por el sólo hecho de que quien lo solicita se encuentra privado de su libertad. considero que pues es inexacta en la medida que los beneficios penitenciarios de modo alguno importan un acortamiento de las penas. el beneficio será concedido en los casos en que la naturaleza del delito cometido. El debate doctrinario ha sido zanjado por La Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Lima 6 . En el mismo sentido lo ha entendido el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 2196-2003-HC/TC (10. quiénes. consideran que. consideran que los beneficios penitenciarios son verdaderos incentivos que permitirían al interno observar las normas de conducta en el campo penitenciario. que no cometerá nuevo delito.. no conlleva que su otorgamiento sea automático e incondicional.) pues como bien precisa los Arts. pues bastaría con recordar que los beneficios penitenciarios pueden ser revocados por el Juez en cualquier instancia. El Beneficio Penitenciario no es un derecho inherente al condenado. 50 y 51 del Código de ejecución penal. ciertamente condicionados.03) donde ha establecido como precedente de observancia obligatoria que “los beneficios penitenciarios pueden ser estimados como derechos subjetivos de los internos. tendentes a lograr el acortamiento de la pena impuesta y que no se pueden concebir como un derecho. quiénes asumiendo una posición ecléctica respecto a la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios. al criticar esta segunda tesis. la personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento permitan suponer. En segundo lugar el hecho de que los beneficios penitenciarios sean considerados como derechos del interno. etc.
. comportamiento. todo que finalmente al criterio del Juzgador. pues están sujetos además del cumplimiento de los requisitos legales a la evaluación del órgano técnico del establecimiento penal y lo que es más al criterio del juez. esta segunda postura como hemos dicho resultaría ser la que adoptarían la mayoría de juristas nacionales.” 2.Contrariamente de la tendencia extranjera. por el sólo hecho de cumplir con las exigencias legales (tiempo.Postura que asume la Judicatura Nacional.3.
Los beneficios penitenciarios no constituyen derecho absoluto del interno. rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad previsto en el inciso 22 del articulo 139 de la Constitución Política. íntimamente relacionado con el principio de seguridad jurídica: toda persona tiene derecho a poder calcular la trascendencia
.Ni en la norma positiva interna ni en la supranacional están previstos los Beneficios como derecho inherente al condenado. toda vez que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación. En él se establece que “ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos. 103 de la Constitución Política del Perú.. se trata más bien de un derecho expectaticio que esta sujeto a que el condenado reúna las condiciones previstas en la ley y a lo que disponga el juez en uso de su facultad discrecional. Si existiendo condiciones para acceder a un Beneficio Penitenciario este fuere negado. el punto de partida para solucionar estos problemas viene dado por el principio “tempos regit actum”. para aplacar estados de alarma y políticamente indeseables 8 . refiere Roxín. salvo en materia penal.1. y de manera ineludible. La regla “tempus regit actum” se eleva de este modo a exigencia básica del principio de legalidad. Los beneficios penitenciarios y sus efectos en el tiempo Iván Meini 7 manifiesta que la postura que se adopte tiene que asumir como punto de partida. cuando favorece al reo”. goza de una permanente actualidad político jurídico por el hecho de que todo legislador puede caer en la tentación de introducir o agravar a posteriori las previsiones de pena bajo la impresión de hechos especialmente escandalosos. lugar a dudas: sólo en materia penal y sólo cuando beneficie al reo se puede aplicar retroactivamente una Ley Ahora bien la prohibición de retroactividad. en principio. sí estaríamos en presencia de un acto discriminatorio. La claridad del citado precepto constitucional no deja. III.En lo referente a las normas penales materiales Señala Zugaldía Espinar. 3. Las restricciones o limitaciones previstas en la ley no constituyen actos discriminatorios siempre y cuando no nieguen de manera absoluta la posibilidad que el condenado acceda al Beneficio Penitenciario y que se cumplan con las condiciones previstas en la misma norma. el Art. esto es por la regla general de que los hechos se enjuician con arreglo a la ley que estaba en vigor en el momento de su realización (lo que comporta irretroactividad de las leyes penales).
En lo referente a las leyes procesales penales Dada la generalidad con que la norma constitucional se refiere a la “ley en materia penal” (Art. el régimen penitenciario. en virtud de la cual. Como apreciamos. siempre que la variación de los trámites de procedimiento no altere el sentido del proceso. 3. ya
. si el proceso está en trámite y la nueva norma no modifica el sentido político criminal del mismo ni introduce normas desfavorables en comparación con la ley procesal vigente al momento de la comisión del delito imputado. En tal sentido. tal y como hemos venido usando para leyes penales. como bien sostiene Muñoz Conde. II del T. del CEP). por tanto.En lo referente a las leyes penitenciarias Por su naturaleza. ello corresponde a la aplicación de la regla tempus regit actum. la ley procesal se aplica al desenvolvimiento de los actos procesales en el momento en que éstos están teniendo lugar.2. la norma penitenciaria también se ve influenciada por el principio de temporalidad. rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (conforme el postulado principista contenido en el Art. procesal o penitenciaria. sin distinguir su naturaleza material.jurídica de sus actos en el momento en que los realiza. no corresponde a enunciados propios del derecho material. En principio señala el profesor español.. sin tener que contar con los cambios de valoración que de esos mismos hechos pueda hacer posteriormente el legislador. el tratamiento penitenciario y demás condiciones necesarias para lograr los efectos de reeducación. ya que ella no puede ser eterna no menos inmutable. la ley procesal aplicable será la vigente en el momento de cado uno de los actos procesales. San Martín Castro.3. no pudiéndose concluir que de ello pueda derivarse una aplicación retroactiva de la ley. la norma modificatoria será de aplicación inmediata. tiende a caracterizarse por una constante mutación. y más bien. 103). pues su acción positiva se centra en reglamentar las condiciones necesarias para la ejecución de la sanción impuesta. hacer cierto tipo de “matizaciones” en cuanto se trata del estudio de la problemática de la irretroactividad de la ley procesal. no siempre es trasladable aquí el concepto de retroactividad de la ley. Por consiguiente. 3.P.. por su parte considera que la aplicación inmediata de una norma procesal está en función a la fecha de comisión del delito. cabe.
4. que si bien es cierto es de aceptación general. no puede ser aplicada al caso concreto. la nueva norma. Siendo estas normas de naturaleza eminentemente procedimental.. que afectaría la seguridad jurídica y los derechos del interno. para lograr los fines de readaptación deseados por el ordenamiento. se encuentran regidas también por el principio del debido proceso. Ello podría traer como consecuencia una distorsión en el sistema. 3. En este contexto. surge aquí también la problemática de la vigencia del principio de irretroactividad. Así. En opinión de Hurtado Pozo 9 .). que se entiende aplicable de inmediato. determinando condiciones mas severas o gravosas para el interno solicitante. Así el Art. hace particularmente difícil y delicada la aplicación absoluta de esta regla. no puede aplicarse irrestrictamente. está matizada en función a los lineamientos de política criminal que esbozan una determinada meta los fines resocializadores del Estado. Por ejemplo. debiendo ser matizado bajo los postulados del principio de favorablidad. Particular es el caso de las leyes que otorgan beneficios penitenciarios. pudiéndose llegar al extremo de tenerse que aceptar una multiplicidad de tratamientos. sin con posterioridad al hecho delictivo la nueva ley impone condiciones más severas en el tratamiento penitenciario. que en el transcurso del tiempo pueden mutar. 3 Co. conforme al cual se expresa la prohibición de ser sometido a procedimiento distinto del previamente establecido en la ley (Art. la naturaleza especial del derecho de ejecución y cuya finalidad es el logro del mejor resultado en la ejecución de la sanción penal. debiéndose atender además. no se podría aceptar que el interno sea tratado con la ley que estuvo vigente cuando cometió el delito. establece que: “La retroactividad y la interpretación de este Código se resuelven en lo más favorable al interno”. En este sentido.Posición del Tribunal Constitucional
. en cuanto ya se haya iniciado el respectivo trámite en el que se solicita el beneficio. 139. ya que cada interno podría exigir el tratamiento que le resulte más beneficioso. Aceptar lo contrario sería fundamentar una forma de retroactividad “maligna”.que con ella se buscan las mejores condiciones que la técnica y la ciencia pueden ofrecer a la política criminal. a criterios de favorabilidad. la aplicación inmediata de una norma penitenciaria. al igual que para el caso de la ley procesal penal. VII del Título Preliminar del CEP. que incluso generaría desigualdades entre los internos.
o del derecho de ejecución penal. Precisada esta regla general. del derecho procesal penal. lo que es acorde con el Art. que prescribe que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente calificado en la ley. sus normas deben considerarse como normas procedimentales. la prohibición de beneficios penales y la
. En el caso de las normas procesales rige el principio “Tempus regis actum””. Ello precisamente por que la prohibición de retroactividad es una prohibición garantista. cabe afirmar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos. Así tenemos en la sentencia recaída en el Exp. N° 2196-2006-HC/TC (06. Específicamente. de manera expresa e inequívoca. como infracción punible. cuyo enunciado es que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolverse el acto. en el ámbito del Sistema Jurídico penal. numeral 24° de la Constitución. Señala por último el Tribunal Constitucional que en el caso de las normas de ejecución penal. Ello supone la aplicación inmediata de la ley procesal. De igual modo. el alcance de este principio se manifiesta en la aplicación de la Ley más favorable al procesado en caso de duda o conflicto entre leyes penales. sin embargo esta cláusula constitucional se encuentra matizada por el principio de favorabilidad. como así lo consagra el Art. y . ni sancionado con pena no prevista en la ley. el Tribunal Constitucional indica que debe aclararse que tratándose de normas de derecho penal material rige para ellas el principio “Tempus delicti comissi”.11 de la Constitución. 139. considera la máxima instancia que cuando se presenta una sucesión de leyes penales aplicables a un determinado supuesto de hecho en el lapso que va desde la comisión del delito hasta su enjuiciamiento. conforme lo proclama el Art.3 de la Constitución. literal “d”. específicamente en lo que a la aplicación de determinados beneficios penitenciarios. por cuanto a través de ellas se establecen los presupuestos que fijan su ámbito de aplicación. que establece que la ley aplicable es aquella vigente al momento de cometerse el delito. que establece una importante excepción en el vaso de que la nueva ley sea más favorable al reo. y establece una referencia a las leyes que despenaliza una conducta o que reducen la penalidad. más allá hasta la finalización de la condena impuesta surge la cuestión relativa a la selección de una de ellas para la resolución del conflicto plateado. 2. mas no que a través de ella se regulen actos procesales ya cumplidos con la legislación anterior.El Tribunal Constitucional. el problema de la Ley aplicable en el tiempo está supeditado a si la disposición se deriva del derecho penal material.2002). 103.02. Al respecto. ha dado pautas constitucionales ha seguirse en supuestos de conflictos en el tiempo de normas penitenciarias.
387. excepto en la forma culposa (Arts.Leyes penitenciarias especiales. delitos y beneficios penitenciarios: 4. cuando se haya cumplido las dos terceras partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y de la multa o. 393. se establece que aquellos delitos contra la administración pública. Asociación ilícita para delinquir. 389. b) Semilibertad a que se refieren los Artículos 48 a 52 del Código de Ejecución Penal. peculado en todas sus modalidades. incluidas las cometidas por particulares (Arts. 401-B). 394. en el caso del interno insolvente. 401-A. cuando los hechos materia de condena se hallen relacionados con atentados contra la Administración Pública.1. 397.392). 401. contra el Estado y la Defensa Nacional o contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional (Art. 386).. 383. se sujetarán a las siguientes formulas: a) Redención de la pena por el trabajo y la educación a que se refieren los Artículos 44 al 47 del Código de Ejecución Penal. Así entonces. 317). 398. la correspondiente fianza en la forma prevista en el Artículo 183 del Código Procesal Penal.
. como el que atañe a los beneficios penitenciarios. 390. 382. En otras palabras las leyes penitenciarias se resuelven bajo los alcances del principio “Tempus regis actum”. en el caso del interno insolvente. está representado por la fecha en el cual se inicia el procedimiento destinado a obtener el beneficio. 400. la correspondiente fianza en la forma prevista en el Artículo 183 del Código Procesal Penal. 385. IV. el Tribunal Constitucional considera que el momento que ha de marcar la legislación aplicable para resolver un determinado acto procedimental. 396. concusión en todas sus modalidades (Arts. 395. esto es el momento de la presentación de la solicitud de acogerse a éste. Corrupción de funcionarios en todas sus modalidades. 384. c) Liberación condicional a que se refieren los Artículos 53 a 57 del Código de Ejecución Penal cuando se hayan cumplido las tres cuartas partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en las sentencias como reparación civil y de la multa o. 391. 399.recepción de beneficios penitenciarios aplicables a los condenados.. a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio debidamente comprobada.Delitos contra la Administración pública Mediante Ley N° 27770. del 28 de junio del 2002. 388.
3.4. 171.Delitos contra la Libertad sexual Con Ley 28704. semilibertad y liberación condicional no son aplicables a los sentenciados por los delitos previstos en los artículos 173 y 173-A. como vemos se ha suprimido de manera definitiva al beneficio de semi-libertad. bajo la dirección y control de la administración penitenciaria. Del mismo modo podrá solicitar la liberación condicional cuando haya cumplido la mitad de la pena.2.. 53 del mismo cuerpo legal antes acotado. b) La redención de la pena por la educación se acreditará con la evaluación mensual de los estudios con notas aprobatorias. el interno redime la pena mediante el trabajo o la educación a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio. 48 del Código de ejecución penal.10. 4.09).10. entre los cuales aparecen que los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. c) Los condenados a pena temporal por delito de secuestro y/o extorsión podrán acogerse al beneficio penitenciario de liberación condicional cuando hayan cumplido efectivamente los tres cuartos de la pena impuesta siempre que no tengan proceso pendiente con mandato de detención y
. 172 y 174. dispone que los condenados por delitos de terrorismo y/o traición a la patria no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. a tenor de lo dispuesto por el Art. Del mismo modo precisa que los delitos previstos en los artículos 170. El informe trimestral será agregado al expediente personal del interno. Así tenemos: a) el interno por el delito de secuestro y/o extorsión redime la pena mediante el trabajo o la educación a razón de un día de pena por siete días de labor efectiva. en su Art. en su caso. 2° de la Ley N° 29423 (14.(violación de menor) .. En cuyo caso podrá solicitar la semilibertad cuando ha cumplido la tercera parte de la pena. según lo acotado en el Art. sólo podrán acogerse a los beneficios de redención de la pena por el trabajo o la educación y liberación condicional. La redención de la pena por el trabajo se acredita con la planilla de control laboral efectiva que estará a cargo del jefe de trabajo. se expidió una serie de dispositivos reguladores relativos a los delitos Contra la libertad sexual 10 . 4.Delitos de Terrorismo y Traición a la Patria El Art. 3° establece que los delitos de secuestro y extorsión.09).4.Delitos de Secuestro y Extorsión La misma ley 29423 (14. la semilibertad y la liberación condicional..
.6. son sujetos de beneficios penitenciarios. 296. 298 del Código penal. 4.previo pago del íntegro de la cantidad fijada por reparación civil y de multa. En el caso del interno insolvente deberá adjuntar la correspondiente fianza en la forma prevista en ley.. Trata de personas Arts. 153 y 153-A 15 Los agentes del delito de trata de personas. semilibertad y liberación condicional 4. semilibertad y liberación condicional siempre que se trate de la primera condena a pena privativa de libertad. 300. a que se refieren los artículos 48 al 52 del Código de Ejecución Penal. 4. cuando se haya cumplido las dos terceras partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como
. b) Semilibertad. 296-A. Se redime la pena a razón de dos días de trabajo o educación por uno de pena. b) Art. En este aspecto la ley es clara en señalar que los sentenciados por este delito no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación.5. previstos en el artículo 153 del Código Penal. Microcomercialización o microproducción 13 Procede la redención de la pena por el trabajo o la educación semilibertad y liberación condicional siempre que se trate de la primera condena a pena privativa de libertad. podrán recibir a su favor los siguientes beneficios penitenciarios: a) Redención de la pena por el trabajo y la educación. no gozan de ningún tipo de beneficios penitenciarios 12 .Delito contra la libertad. Se redime la pena a razón de cinco días de trabajo o educación por uno de pena. a saber: a) Art. a que se refieren los artículos 44 al 47 del Código de Ejecución Penal. c) Art.Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas En este punto es pertinente aclarar que no todas las figuras delictivas que constituyen tráfico ilícito de drogas..Delito de Lavados de Activos 14 . 296-B y 297 del Código penal. a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio debidamente comprobada.7. 301 y 302 11 Procede la redención de la pena por el trabajo o la educación.
Barcelona. previstas en el artículo 153-A del Código Penal no podrán acogerse a ninguno de los beneficios penitenciarios. 71. a que se refieren los artículos 53 al 57 del Código de Ejecución Penal.72 6 Resolución Administrativa Nº 041-2006-P-CSJLI/PJ (junio 2006) 7 Artículo publicado en la Revista Electrónica de la Universidad de Fribourg. Lima. cuando se hayan cumplido las tres cuartas partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en las sentencias como reparación civil y de la multa o. Derecho Penal: Parte General. p. 4° de la Ley 26320 14 Art. 161 9 HURTADO POZO. promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 638 o en su caso en el artículo 289 del Código Procesal Penal. Editorial Civitas S. promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 638 o en su caso en el artículo 289 del Código Procesal Penal. Tomo I. promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 957. penal penitenciaria perjudicial al condenado” 4 Cf. Germán Small Arana. Walter Sánchez Lomparte. “Sobre el principio de irretroactividad de la ley. 4° de la Ley 26320 13 Art. 4° de la Ley 26320 12 Parte in fine del Art. Manual de Derecho Penal: Parte General. Lima 1987. 89 3 En el Informativo del Instituto de Ciencia procesal Penal.A. conmutación de pena o derecho de gracia a los sentenciados por los delitos previstos en los artículos 173 y 173A. José. Derecho Penal. la correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 183 del Código Procesal Penal. “Aplicación temporal de la ley penal y beneficios penitenciarios” 8 Claux Roxin. 294 10 Es pertinente precisar que esta Ley 28704. Cedecs 1996. 11 Art. 1 Curso de Derecho penitenciario.reparación civil y de la multa o. en el caso del interno insolvente. Jelio Paredes Infanzón. 7° de la Ley 27765 15 Ley 28950
. en el caso del interno insolvente. Lima. Editorial y Distribuidora de Libros S. p.
(*) Postgrado en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Grijley 2006. Madrid 1997. por la Universidad Nacional de Trujillo. Parte General. 99 2 Situación actual de la ejecución penal en el Perú. c) Liberación condicional. Consejo de Coordinación Judicial 1998.A. en sus formas agravadas. p. prohíbe la concesión de indulto. promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 957. Los agentes del delito de trata de personas. la correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 183 del Código Procesal Penal. p. Alejandro Solís Espinoza. 5 Villavicencio Terreros. p.
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