Source: http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/Dictamenes/1/P/J/2010-2019/2010-2014/2010/D1B4F.html
Timestamp: 2019-02-22 02:38:20
Document Index: 115466572

Matched Legal Cases: ['artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 12', 'artículo 140', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 1', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 2', 'artículo 121', 'artículo 3', 'artículo 121', 'artículo 2', 'artículo 1']

OJ-031-2010
Luis Fishman Z
Con la aprobación del Procurador General Adjunto, por Ministerio de Ley, Lic. Ricardo Vargas Vásquez, me refiero a su atento oficio N° DLF-0016-2010 de 5 de julio anterior, recibido el día 7 en la Procuraduría, mediante el cual solicita el criterio de la Procuraduría “en relación con la Ley N° 7929 del 6 de octubre de 1999, “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de los Estados Unidos de América para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito, en relación a cuál es el contenido exacto del mismo y, en el caso de que haya sido modificado, indicarnos por quién y cuándo”.
De conformidad con lo transcrito, la consulta tiene como objeto exclusivo se determine cuál es el contenido exacto del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de los Estados Unidos de América para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito. Objetivo exclusivo al cual se refiere el presente pronunciamiento.
I. LA FUNCIÓN CONSULTIVA DEL PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
De previo a referirnos al fondo de lo consultado, procede aclarar algunos aspectos propios de la labor consultiva que, por imperio de la ley, ejerce la Procuraduría General de la República en relación con los órganos de la Administración Pública.
No obstante, en un afán de colaborar con la Asamblea Legislativa, la Procuraduría ha venido evacuando las consultas que los señores Diputados formulan, a efecto de facilitarles el ejercicio de las altas funciones que la Constitución les atribuye. Es este el caso de las opiniones no vinculantes que se rinden en relación con un determinado proyecto de ley o en relación con aspectos que pueden considerarse cubiertos por la función de control político y que razonablemente puedan considerarse de interés general. Es claro que esta forma de colaboración no dispuesta en la Ley tiene como objeto, reiteramos, colaborar en la satisfacción de las funciones parlamentarias y ello mediante un asesoramiento de índole estrictamente jurídico. Asesoramiento que no puede desnaturalizar la función consultiva de la Procuraduría y particularmente mediatizar su función, al punto de impedirle suministrar la asesoría a quien está legitimado para solicitársela, sea la Administración Pública. En ese sentido, el asesoramiento a los señores diputados tiene como límite el contenido propio de la función consultiva, su eficiente ejercicio respecto de la Administración Pública y la razonabilidad y mesura de la consulta que se formule.
Se ha indicado en diversos pronunciamientos que la consulta de los señores Diputados se sujeta a los límites del ejercicio de la función consultiva, lo que conlleva a que cualquier cuestionamiento sobre la actuación de una autoridad administrativa debe ser planteado ante las instancias correspondientes y no pretender una solución en el plano consultivo. Esfera en la cual debe estarse a la interpretación del ordenamiento jurídico y por ende, será procedente si dicha interpretación corresponde a la Procuraduría.
Hecha esa aclaración, como una forma de colaboración con las funciones que el ordenamiento atribuye a los señores Diputados, entramos a pronunciarnos respecto de lo solicitado.
II.- INCONSTITUCIONALIDAD DE LA SECCION VIII.2
Como se indicó, la consulta tiene como objeto determinar cuál es el contenido del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de los Estados Unidos de América para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito.
El texto de dicho Acuerdo fue objeto de diversos cuestionamientos de constitucionalidad. La propia Procuraduría en diversos pronunciamientos cuestionó disposiciones del Acuerdo y en particular lo relativo a los permisos para el ingreso de tropas y aeronaves de guerra del Gobierno de los Estados Unidos. Así, en las Opiniones N° O.J. 052-97 de 17 de octubre, 1997, OJ-070-98 de 17 de agosto de 1998 y 010-99 de 15 de enero de 1999, la Procuraduría hizo reparos a los sucesivos proyectos de Acuerdo que le fueron sometidos y ello en relación con la debida interpretación y aplicación del artículo 121, inciso 5 de la Constitución Política, por ende, respecto de la necesidad de un “asentimiento previo y expreso del Poder Legislativo para el ingreso de tropas y la permanencia de naves de guerra”. No obstante, en el último de los pronunciamientos la Procuraduría interpretó que el artículo VII. 2 determinaba que al aprobar la Asamblea Legislativa el convenio concedería el permiso por el término de diez años, con lo cual se cumplía lo dispuesto en el artículo 121 inciso 5, en el tanto sería la Asamblea que acordara o no el permiso.
Dada esa interpretación y las discusiones que se generaron, el proyecto tendiente a la aprobación legislativa del Acuerdo fue objeto de cuestionamientos de constitucionalidad, particularmente en orden a la Sección VIII.2, relativa a los permisos. Y como es ampliamente sabido, la Sala se pronunció por la inconstitucionalidad de esa Sección. Dispuso la Sala en la resolución N° 4156-99 de 16:33 hrs. de 2 de junio de 1999:
“En consecuencia, la Sala estima que el Tratado es desarrollo de estas ideas esenciales, derivadas del compromiso de cooperar internacionalmente en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y es por ello que como tesis de principio, en la tramitación de un instrumento de cooperación como el que se estudia, no se encuentran inconsistencias con relación al Derecho de la Constitución. En nuestro criterio y por la forma como está estructurado, el tratado que se aprueba, en realidad, no contempla autorizar "en blanco" el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional, ni la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos, que parece ser la premisa en la que se fundamenta el numeral VIII.2 del tratado, a partir de la interpretación que se hizo en las opiniones de la Procuraduría General de la República. Por el contrario, creemos que se trata de establecer un sistema de vigilancia policial conjunta, por medio de las llamadas convencionalmente fuerzas del orden público, utilizando naves que no son de guerra en estricto sentido, ni tampoco tropas ni militares del Ejército de los Estados Unidos de América, sino mediante la conformación de fuerzas y equipos policiales, como parte de la ejecución de los compromisos asumidos por ambos países en la lucha contra el narcotráfico, al firmar y aprobar las Convenciones y Tratados a que se ha hecho referencia. De todas formas, la Sala no comparte el criterio de la Procuraduría General de la República, en el sentido que se incorpora en el tratado bilateral la disposición que suple los permisos a que alude la norma constitucional que se examina, de tal manera que al aprobarse el documento debe expresarse, por otro lado, pero simultáneamente, la voluntad manifiesta de la Asamblea Legislativa de autorizar a las fuerzas americanas, para que, en los términos del tratado, puedan operar como lo han convenido ambos países. Esto nos conduce al análisis de dos diversos aspectos: 1) en primer lugar, que del propio documento salen las ideas indiscutibles de que no se trata de la permanencia de fuerzas castrenses en territorio de Costa Rica, en su sentido más amplio del concepto: por un lado, porque los fines que se persiguen no son militares, ni se fundamentan en actuaciones bélicas, ni se pretende autorizar el acantonamiento o permanencia de fuerzas del ejército de los Estados Unidos de América en territorio nacional, lo que no solo no es objeto de discusión en este tratado, ni el mismo permite, bajo ninguna circunstancia, que pueda ser interpretado en ese sentido; y segundo, porque es precisamente la naturaleza de la operación conjunta del patrullaje, como medio idóneo escogido libremente por ambas partes para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes, lo que la distingue de las operaciones militares; es decir, a la luz del tratado, todas las operaciones que se emprendan deben ser comunicadas, desde el inicio, a las autoridades costarricenses, para que éstas den la autorización correspondiente que ha previsto el convenio; esto implica, desde luego, que toda infracción al espíritu y letra del tratado que conduzca a detenciones, abordajes, secuestros de elementos probatorios, etcétera, en forma distinta a la prevista, provocaría una infracción al principio de legalidad penal, lo que haría nugatorios los esfuerzos conjuntos que se persiguen; 2) no es posible argumentar que en el acto de aprobación del tratado, la Asamblea Legislativa concede la autorización constitucional, anticipada e ilimitada a que alude el inciso 5) del artículo 121, puesto que tal proceder no es jurídicamente viable sin violar la propia Constitución Política. La Asamblea Legislativa no puede, válidamente, dar una especial autorización para que, bajo la modalidad de un sistema bilateral de cooperación internacional, se puedan realizar operaciones de las contenidas en el inciso 5) aludido, en forma ilimitada y por un plazo abierto. Dados los presupuestos que le dan contenido a esta norma, la misma no puede ser interpretada más que desde la dimensión que ella misma tiene: los permisos para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y la permanencia de naves de guerra en puertos y aeródromos, se deben otorgar en cada caso, previa calificación por la Asamblea Legislativa de las circunstancias que rodean la solicitud; dada la naturaleza y la sensibilidad de la materia que se trata, esos límites no pueden ser traspasados por un tratado bilateral, como pareciera que se pretende, sin incurrir en una violación de la propia Constitución Política. Por último y sobre este tema, lo único que permite nuestro ordenamiento constitucional, es la formación de fuerzas de policía necesarias para mantener y vigilar el orden público (artículos 12 y 140 inciso 16), por lo que el correcto entendimiento del contenido del tratado, debe ir dirigido en este sentido. Todo lo anteriormente expresado nos conduce a dos conclusiones: primera, que es inconstitucional el numeral VIII.2 del tratado, por violación del inciso 5) del artículo 121 de la Constitución Política; segunda, que el tratado, tal y como se formula, lleva implícita la interdicción, de manera absoluta, de todo lo concerniente a la materia militar, pero en el estricto sentido de lo castrense, esto es, que se trate de tropas americanas y naves de guerra del ejército de los Estados Unidos de América. Es por esto que, también como tesis de principio, no haría falta la firma de un tratado para establecer un convenio de cooperación bilateral con los propósitos aquí enunciados, sino la de protocolos de menor rango, como parte de la ejecución de las normas de los convenios vigentes, como por ejemplo las que se han citado en la primera parte de este considerando; no obstante, sí es requisito esencial la aprobación legislativa, pero no por la presencia de naves de guerra o de fuerzas militares, sino para poder conformar la legitimación penal en la actuación conjunta de las fuerzas del orden de ambos países, esto es, para poder, por la vía del convenio bilateral y como ejecución de las políticas de cooperación entre las dos naciones, establecer un sistema conjunto de represión de delitos internacionales, utilizando, para ello, sistemas como los que ha ideado este tratado, de manera que resulte, el producto de lo acordado entre los dos países, coherente con lo que disponen el artículo 12 y el inciso 16) del artículo 140 de la Constitución Política, o sea, que está proscrito el ejército como institución permanente; que para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias y que le corresponde al Poder Ejecutivo disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país. En última instancia, se trata de crear un sistema de vigilancia y represión de los delitos internacionales del narcotráfico, como ha quedado dicho, utilizando fuerzas del orden (de policía) bajo la dirección de las autoridades costarricenses y no de operativos militares en estricto sentido. (…)”. (La negrilla es propia).
Se concluye que es inconstitucional el numeral VIII.2 y se hace una interpretación de los artículos IV.3, IV.10 y VII.11.
De la resolución N° 4156-99 queda claro que el artículo 121, inciso 5 de la Constitución Política requiere que los permisos para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y la permanencia de naves de guerra en puertos y aeródromos, se otorguen caso por caso, sin posibilidad de interpretar que el permiso se extiende por la sola aprobación del Acuerdo. Consecuentemente, de lo resuelto por la Sala se sigue que la potestad de la Asamblea Legislativa para otorgar dichos permisos no deriva de ninguna norma de tratado o acuerdo internacional, verbigratia el Acuerdo de Patrullaje. Por el contrario, esa potestad deriva directamente de la Constitución Política. Una potestad exclusiva y excluyente que debe ser ejercida siempre que se den las condiciones que el artículo 121, inciso 5 prescribe con prescindencia de cualquier acuerdo o tratado internacional.
De lo resuelto por la Sala queda claro, por demás, que el término de diez años dispuesto en la Sección VIII.2 y referido exclusivamente al otorgamiento de permisos es absolutamente inoperante. Por ende, la vigencia y eficacia del Acuerdo no puede establecerse con base en lo dispuesto en esa Sección VIII.2.
Ahora bien, es sabido que lo resuelto por la Sala Constitucional al conocer de una Consulta Legislativa solo es vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado. Por consiguiente, lo resuelto por la Sala en torno a la Sección VIII.2 no obligaba a la Asamblea Legislativa a modificar el texto o suprimirlo. No obstante, tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa decidieron tomar en cuenta lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Para lo cual se procede a redactar un Addendum al Acuerdo, sometido a la Asamblea Legislativa bajo forma de Protocolo.
III.- APROBACION LEGISLATIVA DEL PROTOCOLO
Mediante oficio LyD-345-0799 de 5 de julio de 1999, el Poder Ejecutivo sometió a conocimiento de la Asamblea Legislativa el Addendum al “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la Cooperación para suprimir el tráfico ilícito”. El Ejecutivo motivó esa pretensión en que “La Sala Constitucional en su voto N° 4156-99 declaró el párrafo 2 de la Sección VIII de dicho acuerdo, inconstitucional; por lo tanto ambas partes tomaron el acuerdo correspondiente para modificarlo y así subsanar los artículos”. (folios 292-293 del expediente legislativo).
El texto del Protocolo sometido a conocimiento de los señores Diputados dispone:
El párrafo 2 de la Sección VIII del Acuerdo será modificado para leerse en su totalidad de la siguiente manera:
“En toda ocasión que lo requiera el artículo 121, inciso 5 de la Constitución Política de Costa Rica, el Gobierno de Costa Rica, deberá requerir y obtener de la Asamblea Legislativa el permiso correspondiente para las actividades contempladas en los incisos 8 y 10.b de la Sección IV del presente Acuerdo”.
Este Protocolo deberá entrar en vigencia al mismo tiempo y en la misma forma que el Acuerdo”. (cfr. folios 295-296 del Expediente.
En la sesión N° 6 del 6 de julio de 1999 la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad aprobó por unanimidad enviar informe al Plenario para que el proyecto de aprobación del Acuerdo se remitiera a la Comisión dictaminadora, folios 308 y 310 del Expediente. Por ello se emite un informe afirmativo que recomienda remitir el Acuerdo a la Comisión dictaminadora para que apruebe “un Protocolo que subsana los vicios que la Sala señaló”. Informe que es aceptado por la Asamblea, folio 325. De ese modo, el proyecto pasa de nuevo a la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales. En dicha Comisión, se presentan mociones para incluir en el texto del proyecto el Protocolo de mérito, folio 337 y 338. Para lo cual se modifica el texto del artículo 1 del proyecto de ley. La Comisión aprueba por unanimidad el texto del Proyecto, incluyendo el Protocolo que nos ocupa, folio 342. En lo que aquí interesa, tenemos que el artículo 1 del texto del Dictamen dispone:
“ARTÍCULO 1.- Apruébanse, en cada una de sus partes, el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de los Estados Unidos de América para la Cooperación para Suprimir el Tráfico Ilícito, firmado en San José el 1º de diciembre de 1998 y Protocolo al Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América, para la Cooperación para Suprimir el Tráfico Ilícito, firmado en San José el 2 de julio de 1999, cuyos textos literales son los siguientes: (…).
Y en los folios 364 y 365 se incluye el Protocolo que antes se transcribió. El proyecto recibió el voto de 45 diputados en Primer Debate, folio 383. Así, aprobado el proyecto pasa a la Comisión de Redacción. El Informe sobre la redacción final del texto aprobado en Primer Debate, visible al folio 390, señala:
“ARTÍCULO 1.- Apruébanse, en cada una de sus partes, el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de los Estados Unidos de América para la Cooperación para Suprimir el Tráfico Ilícito, firmado en la Ciudad de San José el 1º de diciembre de 1998, así como su Protocolo, firmado en la Ciudad de San José el 2 de julio de 1999. Los textos literales son los siguientes:
Artículo 2 (….)”.
Es decir, el Informe no transcribió como debía ni el texto del Acuerdo ni el texto de su Protocolo. No obstante, fue patente que se aprobaba el texto de uno y otro. En la Comisión se produjo el siguiente diálogo entre la Presidente de la Comisión y el filólogo:
Veo que también se tachó una gran parte de este artículo primero. ¿Por ser repetitivo?
Lic. Alberto Barahona:
Sí señora, porque se aprueban dos documentos, el acuerdo en sí y un protocolo; el protocolo a ese acuerdo, entonces esa parte que está tachada es repetición del nombre del acuerdo, de tal manera que nosotros sustituimos todo eso por la palabra “su” y se lee “así como su protocolo” y así se entiende que es todo lo anterior, el nombre anterior del acuerdo”, cfr. folio 436 del Expediente legislativo.
El texto aprobado en Primer Debate fue objeto de una nueva consulta de constitucionalidad. La sentencia N° 7181-1999 de 14:51 hrs. de 16 de setiembre de 1999 de la Sala Constitucional consideró que el Protocolo modificaba el Acuerdo, subsanando los problemas de constitucionalidad de la Sección VIII.2 y de las otras secciones. En orden a los permisos se indicó:
“Para subsanar este vicio de inconstitucionalidad, los gobiernos de Costa Rica y de los Estados Unidos de América suscribieron en San José de Costa Rica, el dos de julio de mil novecientos noventa y nueve, un Protocolo que modifica el Acuerdo original, pasando el numeral VIII.2 a contener el siguiente texto:
"En toda ocasión que lo requiera el artículo 121, inciso 5) de la Constitución Política, el Gobierno de Costa Rica deberá requerir y obtener de la Asamblea Legislativa el permiso correspondiente para las actividades contempladas en los incisos 8 y 10.b de la Sección IV del presente Acuerdo."
La anterior enmienda efectuada en el Acuerdo efectivamente subsana el vicio detectado por este Tribunal. Es importante recalcar que la actuación del Servicio de Guadacostas de los Estados Unidos de América, en los términos del presente tratado de cooperación, no puede en ningún caso exceder del marco competencial del mismo; valga decir, que debe estar restringido a combatir el tráfico ilícito de estupefacientes; lo anterior implica que las embarcaciones y aeronaves de las fuerzas del orden de Costa Rica y los Estados Unidos de América -en el marco del tratado- no podrán participar en operativos de naturaleza distinta a la estrictamente delimitada por el Acuerdo, excluyendo así cualquier actuación de carácter militar, fiscal o de cualquier otro tipo no contemplado expresamente. De la misma forma, es claro que el tratado suscrito no autoriza al Gobierno de los Estados Unidos de América la instalación de bases militares en territorio costarricense, ni la permanencia de sus efectivos por períodos superiores a los expresamente aprobados por la Asamblea Legislativa. Por otra parte, de la lectura conjunta del texto del protocolo referido y del artículo 3 del proyecto de aprobación del Acuerdo, es posible afirmar que la necesidad de previa autorización impuesta en el inciso 5) del artículo 121 constitucional debe también ser exigida a las naves de las autoridades del orden de los Estados Unidos de América que participen en la ejecución del presente tratado. Es decir, que la autorización de la Asamblea Legislativa será necesaria también para la permanencia en puertos y aeródromos nacionales, de las aeronaves y embarcaciones del Servicio de Guardacostas del Gobierno de los Estados Unidos de América, por voluntad expresa de las partes tratantes. Así las cosas, en los términos en que fue aprobada la modificación al artículo VIII.2 del tratado, y entendida dentro de los estrictos términos del presente Acuerdo, el vicio detectado por la Sala se considera superado”.
A partir del Protocolo y de las normas agregadas al proyecto de ley para dar ejecución al voto 4156-99, la Sala concluye “que el texto puesto en su conocimiento no transgrede el parámetro de constitucionalidad”. Texto propuesto que no es otro que el comprensivo del Protocolo en cuestión. Así lo reafirma el Por tanto de la sentencia:
“Se evacua la consulta formulada en el sentido de que la Sala no advierte vicios de inconstitucionalidad en el proyecto de aprobación del "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América, para la Cooperación para suprimir el tráfico ilícito, firmado en San José, el 1° de diciembre de 1998 y su Protocolo", que se tramita en el expediente legislativo número 13.495”.
Leída que fue esta resolución, el proyecto fue aprobado en Segundo Debate con el voto de 43 señores Diputados, folio 503, ante lo cual el Presidente ordenó trasladar el expediente a la Secretaría para la confección del decreto correspondiente, folio 482 del expediente legislativo.
Consta al folio 506 del Expediente legislativo que se remitió al Ministerio de la Presidencia debidamente firmado por los miembros del Directorio Legislativo original y copia del Decreto legislativo 7929, para que siguiera el trámite constitucionalmente establecido. Se indica que el Decreto consta de 25 folios. Es, obviamente, ese texto el sancionado por el Poder Ejecutivo, el cual lo devuelve con 26 folios (folio 507).
Si bien el texto del Decreto Legislativo 7929, visible a los folios 510 y siguientes del Expediente si bien indica en su artículo primero que se procede a aprobar el Protocolo al Acuerdo, guardando la redacción dada por la Comisión de Redacción, no incluye el texto del Protocolo en cuestión. En efecto, al finalizar la transcripción del Acuerdo en el folio 533 se continúa con el artículo 2 de la ley aprobatoria sin incluir el Protocolo. Las razones por las cuales el texto remitido por el Departamento de Servicios Parlamentarios no incluye el texto del Protocolo no pueden extraerse del Expediente legislativo.
Dado que el Decreto Legislativo no contiene el texto del Protocolo, se explica que la publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 209 de 28 de octubre de 1999 no incluya esa parte de la Ley aprobada. Circunstancia que también justifica el contenido con que se presenta la Ley en el Sistema Nacional de Legislación Vigente.
IV.- UNA DIFERENCIA ENTRE LA LEY ACTO JURIDICO-LEY DOCUMENTO
La reseña anterior pone en evidencia el interés tanto de los señores Diputados como del Poder Ejecutivo en solucionar el problema de constitucionalidad determinado por la Sala Constitucional, así como la respuesta que para este efecto se dio. Es decir, el Addedum bajo forma de Protocolo aprobado por las Partes Contratantes y sometido a conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa. Respecto del procedimiento de formación de la ley no existe duda de que una importante mayoría de los entonces señores Diputados se manifestaron por modificar el Acuerdo a través de la aprobación del Protocolo de cita. Empero, por razones que se desconocen, el documento que debía plasmar la voluntad real expresada por los señores Diputados a través de la incorporación del Protocolo en el texto del proyecto y su aprobación tanto en Comisión como en Plenario, y en su caso por el Poder Ejecutivo, no expresa correctamente esa voluntad y decisión. Y ello por cuanto se omitió en el Decreto Legislativo, según lo indicado, una parte importante del contenido de la decisión legislativa.
En consecuencia, el contenido del documento que traduce la ley al plano jurídico no coincide con lo aprobado por los señores Diputados. Parafraseando a la Sala Constitucional, en su sentencia 6859-96 de 14:42 hrs. del 17 de diciembre de 1996, puede decirse que La ley no es solo el documento impreso como tal sino que es el producto de la realización de las distintas fases del procedimiento legislativo, tal como ha sido diseñado en la Constitución Política y en el Reglamento de la Asamblea, comprensiva de las diversas modificaciones surgidas en la discusión legislativa y, por consiguiente, la decisión legislativa manifestada en las diversas votaciones afirmativas, en particular en el Primer y Segundo Debates. Tomando en cuenta lo cual cabe afirmar que existe una discordancia entre la ley como acto jurídico con la ley documento, documento que fue firmado por los miembros del Directorio y luego por el Poder Ejecutivo. Y es que en ausencia de modificaciones aprobadas con posterioridad a la aprobación del texto en Comisión, hay que considerar que el texto de la Ley (Decreto legislativo) debe corresponderse exactamente con el texto contenido en el Dictamen Afirmativo unánime de la Comisión de Relaciones Internacionales, texto que fue el conocido por los señores Diputados y el cual recibió la votación necesaria para convertirse en ley de la República. Recordemos que el artículo 1 de la Ley expresamente indica que su objeto es aprobar no solo el Acuerdo sino “su Protocolo”, por lo que en ese artículo sí se dejó plasmada la voluntad del legislador.
Resta recordar que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos para solucionar la situación presentada.
Por lo antes expuesto, es Opinión Jurídica no vinculante de la Procuraduría General de la República, que:
1.- La Asamblea Legislativa conoció y aprobó la inclusión del Protocolo al Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la Cooperación para suprimir el tráfico ilícito. Protocolo que tendía a solucionar los problemas de constitucionalidad determinados por la Sala Constitucional, en su resolución N° 4156-99 de 2 de junio de 1999.
2.- En ese sentido, la voluntad real expresada por los señores Diputados fue modificar el Acuerdo por medio de su Protocolo, el cual fue debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa.
3.- Por razones que no se determinan, el Decreto Legislativo 7929, texto impreso de la Ley aprobada por la Asamblea Legislativa, no se corresponde con la voluntad real del Legislativo.
4.- En efecto, ese documento impreso no incluye una parte del cuerpo de la Ley, precisamente el Protocolo de mérito. Omisión que debe ser subsanada por la Asamblea Legislativa.