Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20190703s0015382762.html
Timestamp: 2020-08-03 12:27:54
Document Index: 124654279

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 1', 'artículo 119', 'artículo 2', 'artículo 141', 'artículo 3']

15ª Sesión Ordinaria del 3 de julio de 2019
N.º 15 - TOMO 596 - 3 DE JULIO DE 2019
5) y 11) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Delgado, Michelini y Lacalle Pou.
–	Quedan convocados los señores senadores Draper, Gallicchio y Saravia.
6)	130.º aniversario de la Unión Interparlamentaria (UIP)
•	Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Unión Interparlamentaria.
•	Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la UIP, al Grulac, cuya secretaría está en nuestro Parlamento.
–	Continúa la exposición del señor senador Baráibar.
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión de las palabras que expresara sobre el tema en esta sesión y en la anterior, más todo lo expresado por las senadoras Passada y Xavier a la UIP, al Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, a las Comisiones de Asuntos Internacionales del Senado y de la Cámara de Representantes, al Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que tiene su sede central en Panamá, al PNUD, a la Aladi y al Grulac.
7) Infraestructura necesaria para el control integrado de frontera en el Chuy
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Trabajo y Seguridad Social, de Transporte y Obras Públicas y de Desarrollo Social, a la Junta departamental de Rocha, a la Alcaldía del Chuy, y a las asociaciones de free shops.
8) Inseguridad en el departamento de San José
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al señor ministro del Interior.
9) Directriz nacional de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del océano Atlántico y Río de la Plata
10) Declaraciones juradas de funcionarios públicos
–	Proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 17060, de 23 de diciembre de 1998.
12) Cooperativas de vivienda
–	Proyecto de ley por el que se sustituyen los artículos 119 y 141 de la Ley n.º 18407, de 24 de octubre de 2008.
13) Proyecto presentado
–	Los señores senadores Bordaberry y Carrera presentan un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 3.º de la ley directriz nacional de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del océano Atlántico y del Río de la Plata.
«Montevideo, 2 de julio de 2019
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 3 de julio, a las 09:30 horas, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) Discusión única de un proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se crean normas para el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del océano Atlántico y del Río de la Plata.
Carp. n.º 294/2015 - rep. n.º 876/19 y anexo I
2.º) por el que se modifica la Ley n.º 17060, de 23 de diciembre de 1998, sobre declaraciones juradas de los funcionarios públicos;
Carp. n.º 1275/2019 - rep. n.º 874/19 y anexo I
3.º) por el que se modifica la Ley n.º 18407, de 24 de octubre de 2008, sobre cooperativas de vivienda.
Carp. n.º 1281/2019 - rep. n.º 875/19 y anexo I
ASISTEN: los señores senadores Amorín, Aristimuño, Asiaín, Ayala, Baráibar, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, Castillo, Coutinho, Delgado, Gallicchio, García, Garín, Heber, Iturralde, Lazo, Martínez Huelmo, Matiaude, Mieres, Moreira, Otheguy, Passada, Saravia, Tourné, Vassallo y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Aviaga, De León, Lacalle Pou, Larrañaga y Michelini; con aviso, los señores senadores Besozzi y Alonso.
«El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:
•	por el que se aprueban el Acuerdo de coproducción cinematográfica y sus cinco anexos entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Comunidad Francesa de Bélgica, suscritos en la ciudad de Montevideo el 20 de febrero de 2018 y en la ciudad de Bruselas el 16 de mayo de 2018;
•	por el que se aprueba el Acuerdo marco de cooperación entre los Estados partes del Mercosur y los Estados asociados para la creación de equipos conjuntos de investigación, suscrito en la ciudad de San Juan, República Argentina, el 2 de agosto de 2010;
•	por el que se designa Maestra Enriqueta Compte y Riqué el Jardín de Infantes n.° 91 del departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.
La Cámara de Representantes comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados partes del Mercosur y los Estados asociados para el intercambio de información sobre la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, suscrito en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el 20 de julio de 2017.
AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.
Asimismo, remite aprobado un proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de los buques de la Armada nacional ROU 21 Sirius y ROU 11 Río Negro, así como sus respectivas plana mayor y tripulación, la aeronave marítima 02 SKI MASTER, una lancha de patrulla veintisiete pies, un pelotón de Infantería de Marina y un pelotón de Fuerzas especiales, a efectos de participar en el Ejercicio Acrux IX, con escalas en las ciudades de Formosa, Corrientes, La Paz, Rosario y Zárate (República Argentina) y posterior navegación hasta la ciudad de Asunción (República del Paraguay), en el período comprendido entre el 28 de agosto y el 15 de octubre de 2019.
La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 18407, de 24 de octubre de 2008, que regula las cooperativas de vivienda.
Asimismo, eleva informado un proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se crean normas para el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del océano Atlántico y del Río de la Plata.
La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se aprueban modificaciones a la Ley n.° 17060, de 23 de diciembre de 1998, referente al régimen de declaraciones juradas aplicable a funcionarios públicos.
HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY».
SEÑORA PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, desde cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 2 de julio no se registraron inasistencias.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 2 de julio de 2019
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 10 de julio.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 11 de julio.
Por la presente y de acuerdo con la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a usted se me conceda licencia, por motivos personales, el día 3 de julio de 2019.
De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia para el día miércoles 3 de julio del presente, por motivos personales.
–15 en 17. Afirmativa.
SEÑORA PASSADA.- En la media hora previa de ayer se hizo referencia al 30 de junio, Día Internacional del Parlamentarismo. Esa fecha coincide con la fundación de la Unión Interparlamentaria, es decir, la organización mundial de los Parlamentos nacionales que surge en medio de una Europa convulsionada. Allá por 1888, dos legisladores, uno francés y otro inglés, deciden reunirse en esa Europa agitada y en guerra para ir buscando caminos de arbitraje –como ellos decían– y de paz, como forma de encuentro entre los Parlamentos; frente a la guerra, querían encontrar salidas consensuadas y no de confrontación.
Podríamos decir entonces –y la historia así lo indica– que, desde esa fecha, la Unión Interparlamentaria es el único organismo internacional que nuclea a más de ciento ochenta Parlamentos del mundo. El nuestro es miembro desde el año 1930. Uruguay ingresa a la Unión Interparlamentaria bajo el Gobierno de Campisteguy y, si la memoria no me falla, creo que en ese momento el presidente del Senado era Morelli. Se propone entonces a la Asamblea General el ingreso de nuestro país a la Unión Interparlamentaria Mundial. Los requisitos eran Gobiernos democráticos, partidos políticos democráticos, legisladores y Parlamentos constituidos bajo la ley, la norma y la democracia.
Uruguay fue sancionado por la Unión Interparlamentaria cuando las puertas de este Parlamento se cerraron, y mientras duró la dictadura su ingreso a ese organismo quedó suspendido. Cuando se retorna a la democracia, vuelve a ingresar.
Creemos que este ha sido un espacio que ha permitido a los Parlamentos expresarse, pero fundamentalmente les ha permitido la coordinación, a través del diálogo y de la diplomacia parlamentaria, que es un ejercicio que las naciones han empezado a desarrollar y que han profundizado durante toda esta etapa, incluso con los desafíos que se plantean por parte de todos los Gobiernos. Como se dice comúnmente dentro de la Unión Parlamentaria, está bien que los Gobiernos acuerden, pero muchas veces los convenios y los acuerdos generales que se hacen entre los países tienen que ser refrendados por los Parlamentos. De ahí el porqué de muchas de las coordinaciones y acciones que se vienen desarrollando.
La Unión Interparlamentaria también tiene un espacio de diálogo permanente en las Naciones Unidas, y es una veedora. Es la única que ha tenido, como espacio de representación de los Parlamentos, un lugar privilegiado dentro de las Naciones Unidas. Allí Uruguay ha tenido su representación, así como también en el foro mundial de las mujeres en la persona de la señora senadora Xavier, espacio que se ha desarrollado y en el que se han hecho importantes trabajos en comisiones a nivel mundial, como por ejemplo con el tema del sida. Uruguay ha tenido un rol importante en materia de salud. Nuestro grupo parlamentario –que es elegido por todos aquellos que tienen representación en el Parlamento– es presidido por la señora senadora Topolansky, y ha llevado muchas veces propuestas y leyes que han avanzado en nuestro país y respecto de las cuales ha habido mucho interés de otros Parlamentos.
El pasado 30 de junio, entonces, se conmemoraron los ciento treinta años de la Unión Interparlamentaria, y esa fecha se fijó también como el día mundial de los Parlamentos. Es una forma de asociar dos espacios democráticos, ya que los Parlamentos también son elegidos democráticamente.
Señora presidenta: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Unión Interparlamentaria.
Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora senadora Xavier.
En el día de ayer el senador Baráibar tuvo la iniciativa de hacer referencia al 130.º aniversario de la Unión Interparlamentaria, lo que nos pareció excelente. Sin duda, nos sumamos a ese reconocimiento porque es muy importante que comprendamos qué significa la Unión Interparlamentaria para el conjunto de los parlamentarios a nivel global, pero también, y fundamentalmente, para las personas a quienes representamos.
En la Unión Interparlamentaria, la delegación uruguaya ha tenido oportunidad de trabajar en múltiples ámbitos. Sin duda, como representantes de este Parlamento, sentimos orgullo cuando nuestra delegación es destacada por su labor permanente, multipartidaria y bicameral. En este terreno, en el que participan todos los partidos con representación parlamentaria, se ha trabajado con ese carácter. Muchas veces esta labor es vista negativamente, como turismo parlamentario. Por suerte, no tenemos una delegación que tenga ese tipo de comportamiento. La delegación uruguaya –es decir, la delegación de un pequeño país–, cuando la comparamos con la de otros países, es mucho menor, en función de que la integración es representativa del número de habitantes. Pero, en definitiva, tenemos un espacio en el que todos los países ­–grandes o chicos– cuentan con representación.
La delegación uruguaya ha llegado a estar, en más de una oportunidad, en el máximo órgano de conducción de la Unión Interparlamentaria; es más, la señora senadora Passada fue precandidata a presidir esa organización.
¿Qué tiene de bueno esta organización? Los principios y objetivos: construir Parlamentos fuertes y democráticos; promover la igualdad de género y el respeto de los derechos de la mujer. En este tema hemos trabajado, conociendo realidades dramáticas como, por ejemplo, las que atraviesan muchos colectivos en el continente africano, donde la mutilación genital es una práctica que viola, sin duda, los derechos humanos, pero que está vinculada a las pautas culturales de la historia de estos pueblos. Esta práctica, en un mundo global y con migraciones como las que existen últimamente, no se limita a la realidad en esos pueblos, sino que termina siendo un desafío que tiene que ver con los derechos humanos y con el trabajo que hace a los sistemas sanitarios y educativos a nivel de todo el mundo.
Como lo expresó la senadora Passada, nos tocó trabajar en el tema del VIH/sida, y en Latinoamérica hubo –aunque no tanto en estos años– una aceleración de esta pandemia. También fue muy importante el trabajo que se realizó para el continente asiático, que tuvo severas consecuencias en torno a esta enfermedad.
Por lo tanto, la cosmovisión y el trabajo con los instrumentos de las convenciones, de los tratados, que estimula a los Parlamentos a ratificarlos, es algo en lo cual la Unión Interparlamentaria nos pone a trabajar a todos con iguales objetivos: contribuir a la consolidación de la paz, la prevención de los conflictos y la seguridad. La posibilidad de reunir legisladores de países enfrentados durante décadas y décadas, pero que saben que en el espacio de la Unión Interparlamentaria van a tener un diálogo, garantizado además por la presencia de otros países que, como el nuestro, siempre defienden el derecho internacional y el humanitario, realmente constituye un aporte que reivindica el papel de todos nosotros cuando estamos allí. Hemos tenido la oportunidad de juntar a israelíes y palestinos, que es uno de los temas que sistemáticamente está presente. Pero también hemos tenido la posibilidad, cuando tuvimos problemas con Argentina y la industria de la celulosa, de juntarnos con la delegación finlandesa y de interactuar en temas de carácter coyuntural como ese.
–Promover, por lo tanto, el empoderamiento del diálogo parlamentario, pero en particular con una mirada sobre los jóvenes; movilizar a los Parlamentos a favor de la agenda mundial para el desarrollo y remediar el déficit democrático en las relaciones internacionales, son también objetivos de la UIP.
Sin duda, la UIP promueve la presencia de los Parlamentos, al igual que Naciones Unidas lo hace con la participación de los ejecutivos, pero, a su vez, interactuando también con las organizaciones de la sociedad civil.
Entonces, tener en esta instancia la posibilidad de realizar un reconocimiento a una organización cuya dimensión y burocratización siempre criticamos porque tratamos de que sea lo más ágil posible –aunque ¡imagínense lo que ella significa!– es algo muy bueno. En ella ha habido siempre un lugar destacado para Uruguay, en base al trabajo y al apego a los principios.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la UIP, al Grulac, cuya secretaría está en nuestro Parlamento, para que lo difunda especialmente en la región.
Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Baráibar.
SEÑOR BARÁIBAR.- Gracias, señora presidenta.
Considero que la celebración del 130.º aniversario de la creación de la Unión Interparlamentaria es un buen motivo –esto no ocurre todos los días– para que tres parlamentarios –senadores en este caso: las senadoras Passada y Xavier, y quien habla– nos refiramos al tema.
Quiero completar la intervención que comencé en el día de ayer haciendo referencia a algunas apreciaciones de la presidenta de la UIP, la señora Gabriela Cuevas Barron, quien dijo: «En nuestro mundo actual la democracia, los derechos humanos, el multilateralismo y el Estado de derecho se encuentran cada vez más amenazados. Por ello, es urgente que tomemos el mando y redefinamos nuestras instituciones, para que estén al servicio de las personas a las que representamos. La UIP está decidida a fomentar la diplomacia parlamentaria como principal fuerza impulsora del diálogo político en pos de la paz y el desarrollo, y de esta forma contribuir al fortalecimiento de la democracia en todo el mundo. La democracia solo funciona si los Parlamentos son efectivos, dinámicos y transparentes y aportan al bienestar de todas las personas, especialmente de las mujeres y los jóvenes. Por lo tanto, la UIP, hoy en día, ciento treinta años después de su creación, es más necesaria que nunca».
También quiero compartir las afirmaciones del secretario general de la UIP, el señor Martin Chungong, quien expresó: «La UIP ha soportado la prueba del tiempo, expandiéndose constantemente durante trece decenios y adaptándose a los desafíos del mundo. No obstante, a pesar de nuestro crecimiento, nunca nos hemos desviado de los principios formulados por los fundadores: la importancia de un foro abierto a la diplomacia y el diálogo parlamentarios para resolver las diferencias y ayudar a crear puentes entre las naciones».
En estos días se realizan distintas actividades. Por ejemplo, el pasado domingo 30 de junio –coincidente con el acto electoral que definía las candidaturas en Uruguay– se reunieron la señora Valentina Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia– y de la 137.ª Asamblea de la UIP –celebrada en San Petersburgo en octubre de 2017–, la señora Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la UIP y de la 138.ª y la 139.ª Asambleas de la UIP –realizadas en Ginebra en marzo y octubre de 2018–, el señor Ahmad Bin Abdulla Bin Zaid Al Mahmoud, presidente del Consejo de la Shura de Catar y de la 140.ª Asamblea de la UIP –Doha, abril de 2019–, la señora Maja Gojkovic, presidenta de la Asamblea Nacional de la República de Serbia y de la 141.ª Asamblea de la UIP –que tendrá lugar en Belgrado en octubre de 2019– y el señor Martin Chungong, en la sede de la UIP –la Casa de los Parlamentos–, en Ginebra.
Los Parlamentos miembros de la UIP en todo el mundo se unieron a la celebración de este aniversario. Un grupo de parlamentarios británicos se reunió con sus homólogos franceses para una recreación de la reunión fundacional original de la UIP en 1889; esto tuvo lugar en París el pasado 27 de junio.
El Parlamento de Hungría –que fue uno de los miembros fundadores de la UIP– emitió un sello conmemorativo de la 130.º aniversario de la UIP, al igual que lo hizo el Parlamento de la Federación Rusa. Otros Parlamentos miembros de la UIP, desde Austria hasta Zimbabue, organizarán exposiciones o eventos especiales para conmemorar el aniversario. Además, los miembros de la UIP contribuirán a la elaboración de un libro de aniversario especial y un estatuto dedicados a la diplomacia parlamentaria.
En suma, señora presidenta, como dije al comienzo, creo que es una buena ocasión para recordar esa celebración dado que la UIP cumple un papel muy relevante.
Debo decir que no he participado en la UIP –como sí lo han hecho, muy activamente, las señoras senadoras Mónica Xavier e Ivonne Passada, así como varios señores senadores de todos los partidos–, pero sí ocupé durante muchos años –creo que ocho– la vicepresidencia del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, y desde ese ámbito pude observar, conocer e interrelacionarme con la Unión Interparlamentaria. Es por este motivo que siento la obligación, pero también tengo el gusto de referirme a esta conmemoración.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras, junto con las de las señoras senadoras Ivonne Passada y Mónica Xavier –que son absolutamente complementarias en cuanto a la temática abordada y expresan el sentir del Parlamento uruguayo, en este caso del Senado de la república, respecto a esta fecha de gran relevancia– se remitan a la UIP, al Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, a la Comisiones de Asuntos Internacionales del Senado y de la Cámara de Representantes, al Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que tiene su sede central en Panamá, al PNUD, a la Aladi y al Grulac, como se ha propuesto.
–18 en 21. Afirmativa.
SEÑOR CARDOSO.- Muchas gracias, señora presidenta.
En el año 2005, cuando se realizó el Consejo de Ministros en la Fortaleza de Santa Teresa, propusimos al presidente de la república que diera cumplimiento al acuerdo por el que Uruguay se comprometía –y se compromete– a construir la infraestructura necesaria para la instalación del control integrado de frontera en el Chuy. También nos reunimos con el ministro de Relaciones Exteriores de la época, en el primer Gobierno del Frente Amplio, y cada vez que las autoridades de gobierno visitan Rocha les reiteramos nuestro planteo. Hicimos lo propio desde el ámbito parlamentario, incluso en conversaciones que mantuvimos con jerarcas del Ministerio de Relaciones Exteriores con competencia en el tema. ¿Qué resultados hemos obtenido? Cero.
Según informe del propio ministerio en materia de la cabecera para el control integrado de fronteras, transporte automotor y tránsito vecinal –los Gobiernos desarrollan sus tareas en los territorios nacionales–, las instalaciones uruguayas son insuficientes y precarias. Según este informe es de destacar que si bien del lado brasileño hay infraestructura en períodos de alta afluencia –verano y Semana de Turismo–, los uruguayos deben hacer extensas colas, por lo que es necesario reforzar con mayor personal ese punto migratorio. Esa es una verdadera necesidad. Hay otros temas de quejas como, por ejemplo, la falta de baños públicos o lo inconvenientes que resultan los instalados.
La primera reflexión que nos merece esta situación es que el discurso de las autoridades respecto del estímulo al turismo no se condice con realidades como estas y un país que aspira a tener muchos turistas, como el nuestro, debe atenderlas. Nuestra frontera con Brasil es la puerta de entrada y salida del país, y a los efectos de nuestra imagen es también un indicador del nivel de atención que el Estado ofrece al visitante.
Además, en momentos en que el desempleo campea en la frontera, si se hubiera atendido nuestro planteo oportunamente, cuando la economía estaba en auge, habría cientos de puestos de trabajo, directos e indirectos, por el importante efecto de derrame que tiene la actividad del transporte internacional. Se ha perdido el tiempo. A riesgo de ser reiterativo, vuelvo a insistir en este reclamo porque más vale invertir en una infraestructura que genera más oportunidades de trabajo, que financiar la desocupación. Cada persona desocupada o que encuentra trabajo en el mercado informal –que obviamente no le da satisfacciones personales ni familiares– tiene problemas de ingresos en su familia y encuentra obstáculos para el acceso a los derechos básicos, pero sobre todo se genera una pérdida del capital humano.
Tener una mirada desde Montevideo impide calibrar el verdadero impacto de estos planteos y lo que estamos señalando hoy. De modo que el incumplimiento de este compromiso significa algo más que una cuestión de ladrillos: es retacear oportunidades laborales a ciudadanos que viven en la frontera. Téngase la certeza de que el próximo Gobierno también nos va a tener golpeándole la puerta, desde el primer instante en que se constituya, porque es nuestra responsabilidad que un Gobierno de cercanía –como lo han rotulado las últimas Administraciones– vaya más allá de gestionar el Consejo de Ministros en los departamentos; se necesita que los propios secretarios de Estado estén presentes en el territorio y traduzcan el discurso en acciones concretas.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Trabajo y Seguridad Social, de Transporte y Obras Públicas y de Desarrollo Social, a la Junta Departamental de Rocha, a la Alcaldía del Chuy y a las asociaciones de free shops.
SEÑOR CAMY.- Queremos poner en conocimiento del Senado de la república y, a su vez, del señor ministro del Interior, la gravedad de la situación que se está viviendo en el departamento de San José, que está siendo azotado por la inseguridad.
Se me preguntará por qué focalizar en un departamento uno de los problemas que, como sabemos, más preocupan a todo el país. Bastaría decir que nuestra preocupación se justifica porque somos del departamento de San José, vivimos allí y tenemos un conocimiento directo e irrefutable de la situación, pero va más allá de eso. Objetivamente, cuando analizamos los datos oficiales del Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, advertimos que mientras las rapiñas aumentaron un 53 % en el último año en todo el país, en el departamento de San José lo hicieron en un 72 %: se registraron 256 denuncias en el año 2017 y 442 el pasado año. Reitero: estas son cifras oficiales.
En el día de ayer el departamento se convulsionó por una rapiña muy violenta que se registró a tempranas horas del día en la localidad de Puntas de Valdez, que se encuentra en el kilómetro 61 de la ruta 1 y no llega a 3000 habitantes; es uno de los típicos centros poblados que destacan a San José y le dan la condición de ser el departamento con más población rural del país. Esta población, que está rodeada de colonias del Instituto Nacional de Colonización, como Mc. Meekan y Alonso Montaño –en una zona de producción agropecuaria intensiva–, tiene casi 3000 habitantes, pero no cuenta con un destacamento policial; no hay policía en la localidad. En los últimos tiempos se suprimió un destacamento de una zona rural cercana; creo que hay un agente que cumple funciones durante ocho horas.
Esta violenta rapiña se registró en un local de pagos que está dentro de un supermercado, justamente el día de cobro de las jubilaciones. Los autores de la rapiña tomaron de rehén a una de las empleadas del local y terminaron en un tiroteo en la vía pública porque un vecino salió detrás de ellos. Imagínense que esto ocurrió en una localidad de esa dimensión, pero además se trata de una sucesión diaria, o día por medio, de actos de este tenor: en la ciudad de Libertad, que está muy próxima, en la capital del departamento y en otras localidades pequeñas. La respuesta policial está en otro pueblo, Rafael Perazza –localidad de similares dimensiones–, ubicado a once kilómetros; allí hay dos policías.
¿Cuál es el planteo? San José está requiriendo más policías y así se lo ha hecho saber la dependencia correspondiente al señor ministro o al ministerio; hay reclamos de todo tipo. Las estadísticas oficiales señalan claramente que este departamento tiene un porcentaje de rapiñas muy por encima de la media nacional. Por esta razón y por estar localizado, en parte, en el área metropolitana del país –no es necesario explicar cuáles son las características de esta definición urbana en cuanto a la demanda particular de servicios, entre ellos, de custodia de la seguridad de los ciudadanos– precisa más funcionarios. Quiero agregar que vecinos de la localidad –y traslado formalmente el planteo al señor ministro del Interior– están dispuestos a dar –no en carácter de comodato, sino de donación– un bien inmueble al Ministerio del Interior a efectos de que se pueda ubicar allí un destacamento policial.
Este reclamo no tiene tenor de alarma ni de otro tipo que no sea el de procurar una solución a una realidad que rompe los ojos. Reitero que nos basamos en estadísticas que son claras, contundentes e irrefutables, y debemos asumirlas con el sentido de urgencia y de gravedad que imponen las circunstancias.
Por lo expuesto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor ministro del Interior con el propósito concreto y urgente de dotar de mayor cantidad de policías al departamento de San José y de habilitar la instancia que permita evaluar la posibilidad de un destacamento policial a partir de la voluntad expresa de la donación de un inmueble para esos efectos por parte de vecinos de la propia comunidad, quienes están interesados y preocupados por la situación que viven.
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se crean normas para el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del océano Atlántico y del Río de la Plata. (Carp. n.º 294/2015 - rep. n.º 876/19 y anexo I)».
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente pone a consideración del Cuerpo el proyecto de ley sobre directriz nacional de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del océano Atlántico y del Río de la Plata. Este proyecto viene con la aprobación de la Cámara de Representantes –como segunda cámara– y debemos aceptar sus modificaciones. En el día de ayer la comisión lo votó por unanimidad.
El proyecto sobre directriz nacional de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del océano Atlántico y del Río de la Plata es un gran avance para la protección de la costa, que demandará un proceso de mucho trabajo, necesariamente interdisciplinario e interinstitucional, donde converjan los más variados actores e intereses; por lo tanto, se necesita un manejo integrado en búsqueda de una forma coordinada de trabajo entre las políticas departamentales y nacionales.
Este proyecto no promueve ni prohíbe actividad alguna, pero sí pretende que se consideren las medidas de protección de los componentes más vulnerables del espacio costero y que se democratice el uso de la costa como un bien común accesible para toda la sociedad.
Los artículos 1.º y 2.º definen a las directrices nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del océano Atlántico y del Río de la Plata como un instrumento de política pública, promoviendo un uso sustentable y democrático de los recursos naturales del espacio costero y alentando actitudes responsables para la convivencia entre la costa y el entorno ciudadano.
En el artículo 3.º se define geográficamente el espacio costero. Se establece que el Poder Ejecutivo o los instrumentos de ordenamiento territorial definidos en la Ley n.º 18308 y que tengan relación con el espacio costero podrán ampliarlo, siempre teniendo en cuenta las características definidas en el artículo 2.º.
El artículo 4.º presenta las finalidades y los objetivos de este proyecto de ley, que son la defensa ambiental del espacio costero; el control de las expansiones urbanas; la protección de los ecosistemas, de los paisajes naturales y culturales relevantes; el acceso público a las playas y las costas en general, y, por último, la participación ciudadana y del Estado en la gestión y mitigación de los impactos negativos en el ambiente del espacio costero. Todos estos son objetivos que van diseñando una política pública para el uso sustentable del territorio en cuestión.
En el artículo 5.º se adecua la Ley n.º 18308 y se establece que todos los planes, proyectos y programas de nuevas urbanizaciones y de grandes infraestructuras y equipamientos en el espacio costero deben identificar, caracterizar y considerar los ecosistemas costeros, así como los objetivos de su conservación.
En el artículo 6.º se identifican los componentes vulnerables del espacio costero: las playas, las dunas en sus diferentes grados de consolidación, las lagunas, las barras, las cuencas, las desembocaduras, los deltas, los humedales, las barrancas, las costas y las puntas rocosas, los sitios arqueológicos de interés y los bancos de arena, entre otros. Esta identificación tiene una clara intención de protección de los bienes naturales.
En el artículo 7.º, complementando el artículo 4.º, se establecen los lineamientos a respetar en el espacio costero en cuanto al uso del suelo y a las características que debe cuidar la ocupación urbana. Se procurará el acceso libre y democrático a la ribera, que no se alteren los paisajes con valor escénico relevante y la preservación del ecosistema y del hábitat. Se establece la protección de los elementos vulnerables y la gestión del territorio, acudiendo a un concepto que viene de la Ley n.º 18308, que es la participación social junto al Estado. Es de hacer notar que en este artículo se establece una prevención en cuanto a áreas que ya estén consolidadas.
En el artículo 8.º se deja constancia de que para cualquier emprendimiento que involucre a las cuencas hídricas y a los acuíferos se debe tener en cuenta el aporte del espacio costero y su vulnerabilidad. Por su parte, las intervenciones que ya son parte de ese espacio se deben evaluar y monitorear permanentemente para evitar o minimizar los riesgos de contaminación y sobreexplotación de los acuíferos.
En el artículo 9.º, y siempre a través de los instrumentos de ordenamiento territorial, se busca alejar de la costa el tráfico intenso de vehículos, planteando lineamientos que entendemos son razonables y compartibles.
En el artículo 10 se establece que la faja de defensa de costas se podrá extender hasta los componentes vulnerables definidos en el artículo 6.º.
El artículo 11 dispone que se debe tratar de determinar y evaluar las disfunciones territoriales a efectos de su mitigación o corrección.
El artículo 12 se ocupa de las áreas degradadas; se deben identificar y programar su mitigación con énfasis en los componentes vulnerables.
En el artículo 13 se establece que no se deroga ninguna norma de protección ambiental y que, de existir alguna contradicción, se resolverá en función de lo establecido en el artículo 6.º de la Ley n.º 17283, sobre protección del medioambiente.
Los artículos 14 y 15 hacen referencia a la coordinación interinstitucional y establecen que en el ámbito del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial se coordinarán las actuaciones de ordenamiento territorial sobre el espacio costero. Se dispone especialmente la participación del Gobierno departamental con competencia en el ámbito territorial de que se trate y se fomenta la realización de acuerdos.
Finalmente, a propuesta del Congreso de Intendentes, en el artículo 16 se establece que el Observatorio Ambiental Nacional agregará a sus competencias el monitoreo de los resultados de la implementación de la directriz costera.
En definitiva, señora presidenta, solicitamos al pleno que acepte las modificaciones que se le realizaron al proyecto de ley que tenemos a estudio, las que ayer fueron consideradas por la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Estamos actuando como tercera cámara y sé que no se pueden hacer modificaciones.
Creo que en la Cámara de Representantes escucharon los planteos que hicimos cuando se aprobó este proyecto de ley. Los señores senadores recordarán que cuando se aprobó la iniciativa señalamos que avasallaba normas de ordenamiento territorial que otorgaban competencias en esta materia a los Gobiernos departamentales. Y no se afectaban competencias solo de los Gobiernos departamentales, sino también de los Gobiernos locales, ya que los planes de ordenamiento territorial establecen cometidos a nivel local, regional, departamental y nacional. Este aspecto se corrigió a medias en el artículo 1.º; de todos modos, creo que la intención fue hacerlo porque evidentemente se corrigió en tanto se incluyen las competencias de los Gobiernos departamentales.
También se fue más preciso en los conceptos, ya que no se habla de mar y tierra, sino de Río de la Plata y océano Atlántico.
En aquella oportunidad señalamos que en la franja entre las rutas y el Río de la Plata y el océano quedaban incluidas una cantidad de localidades que evidentemente no podían ser objeto de esta ley. En el artículo 3.º se agregan muchas de esas localidades a que nos referíamos, cosa que nos parece muy buena porque pone de manifiesto que quienes trabajaron en el tema en la Cámara de Representantes leyeron en la versión taquigráfica las objeciones que en su momento hicimos y que, lamentablemente, no fueron escuchadas.
Ahora bien, en el artículo 3.º me surge una duda que quizás el miembro informante pueda aclararme. Después de ratificar la solución referida a la delimitación del espacio costero en el que va a aplicarse esta ley, se establece –está en letra negrita en la página dos del comparativo–: «Quedan excluidas las localidades no costeras ubicadas al borde de las rutas nacionales que lo conforman». Y aquí pasa algo raro: no me queda claro si refiere a las localidades no costeras ubicadas al borde de las rutas nacionales que lo conforman, porque comienza citando los nombres de las localidades; y creo que es correcto que se hable de localidades, porque algunas son pueblos, otras son ciudades, y otras, caseríos. Concretamente se dispone: «Quedan excluidas las localidades no costeras ubicadas al borde de las rutas nacionales que lo conforman: Radial Hernández, La Horqueta, Paraje Minuano, Rosario, Colonia Valdense, Ecilda Paullier, La Paz, Scavino, La Boyada, Rincón del Pino, Rafael Perazza, Radial Puntas de Valdez, Cololó Tinosa, Libertad, Estación Las Flores, Pan de Azúcar, Ruta Nº 37 Fundador Don Francisco Piria y Ruta Nacional Nº 39 Domingo Burgueño Miguel». Quiere decir que se incluyen rutas dentro de lo que son localidades. Entonces, se dice «al borde de las rutas nacionales que lo conforman», refiriéndose a las localidades no costeras, pero luego se incluye a dos rutas.
Mis dudas son, ¿se hace referencia a todo lo que está frente a la ruta 37 y a la nacional, a las localidades que están frente a esas rutas o a toda la ruta? Porque la enumeración termina con «San Carlos, Rocha, 19 de Abril y Castillos». Si nos imaginamos la franja que empieza en Punta Gorda, el kilómetro cero del Río de la Plata, en donde comienza a aplicarse esto, hasta el borde del Chuy, podemos ver que se incluyen todas estas localidades que nos parece sensato que no queden dentro del ámbito de aplicación. ¿Quién no ha estado en La Horqueta? Hay un club de fútbol, Horqueta Wanderers F. C., y hay pocas casas. Paraje Minuano es una localidad que tampoco es muy grande. Eso está bien, pero no entiendo por qué se incluyen, como si fueran localidades, la ruta n.º 37, Fundador Don Francisco Piria, y la ruta nacional n.º 39, Domingo Burgueño Miguel; esta es la duda que tengo para aprobar este proyecto de ley. Tal vez se trata de un error de redacción que puede ser corregido como tal de una cámara a la otra. Sería bueno analizar esto.
Respecto al resto del proyecto de ley, creo que la iniciativa se mejoró en la Cámara de Representantes y me parece bueno que así haya sido.
SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor miembro informante.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: quiero destacar que este es un buen proyecto de ley, un instrumento de política pública, y que las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, surgieron a raíz del intercambio que se realizó con el Congreso de Intendentes y otras organizaciones sociales.
En definitiva, puedo compartir la duda que plantea el señor senador, pero en este momento no podría evacuarla.
Quiero resaltar al pleno que se trata de un muy buen instrumento y que esta delimitación fue realizada a pedido del Congreso de Intendentes.
SEÑOR BORDABERRY.- Creo que sería bueno –para que esta normativa no incurra en un presunto error; no sé si lo es– que se habilite a la Secretaría y a la Mesa a corroborar si esta inclusión de la ruta n.º 37, Fundador Don Francisco Piria, y de la ruta nacional n.º 39, Domingo Burgueño Miguel, no se debe a un error, ya que evidentemente no se trata de localidades, sino de rutas nacionales. Si mal no recuerdo, existe la posibilidad de proceder de esta manera cuando hay errores numéricos o de algún otro tipo. De lo contrario, esto quedará rengo. Estamos hablando de localidades que no son localidades, por lo que apelo a la existencia de algún mecanismo para corregirlo. Sería bueno entonces que se tome nota de esto y se corrobore esta información.
SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: quiero decir que este proyecto –a punto de convertirse en ley–, que fundamentalmente ha sido trabajado en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, es de enorme trascendencia. Se trata de un tema de gran relevancia en un país como Uruguay, que tiene mucha costa, dado que la existencia de residencias y de distintos emprendimientos sobre la zona costera influye de una manera muy importante en las ciudades. En el caso de Montevideo esto es notorio, pero también sucede en Piriápolis y en Punta del Este, para citar algunas de las zonas costeras más conocidas.
Aquí hay que reconocer los antecedentes históricos, ya que en Uruguay se dictó hace muchísimos años una norma que estableció que entre el mar –tanto el Río de la Plata como el océano Atlántico– y la primera franja de edificación debía haber un espacio de circulación vehicular de uso público. Esto que en Uruguay, y especialmente en Montevideo, tomamos como un episodio absolutamente natural, es excepción en zonas costeras de otros países del mundo, fundamentalmente en América Latina y Europa. Así, se configura una urbanización totalmente distinta a la que tiene Uruguay, que es motivo de admiración –creo que es la palabra que corresponde emplear en este caso– de los extranjeros, por ejemplo, cuando salen del aeropuerto de Carrasco y toman por la rambla –como la llamamos nosotros–, con una visualización, con todas las oscilaciones que tiene, de las edificaciones de un lado, y del mar –o del Río de la Plata– del otro. Es decir que el simple traslado del aeropuerto a una zona céntrica de Montevideo ya produce admiración y una incorporación al espacio urbanístico uruguayo.
En oportunidad de visitar otros lugares me he preocupado por este tema. Por ejemplo, en algunas zonas balnearias de Francia prácticamente no se ve el mar –en ese caso el mar Mediterráneo–, porque la ruta de circulación vehicular pasa por detrás de la primera línea de edificación y el mar queda prácticamente oculto. Esto sucede también en otras ciudades, como Cancún, en México, donde esto es notorio y –si se permite la expresión– se hace una trampa a la ley. En esta ciudad existe una norma que establece que la zona costera pertenece al Estado federal –federal, no estadual– mexicano y es de uso público; esto lo he fotografiado justamente a raíz de esta preocupación. Es decir que se establece que la playa es de uso público, pero su acceso –subrayo esta palabra– es absolutamente controlado. La zona balnearia de Cancún cuenta con unos corredores que no tienen más de cien metros –yo los recorrí– por medio de los cuales se puede acceder a la playa desde la ruta. Pero sucede que desde uno de esos corredores hasta el siguiente –en realidad son como sendas, ni siquiera son rutas– hay trescientos, cuatrocientos o quinientos metros, es decir, una distancia muy considerable. Desde un pasaje de acceso hasta el siguiente están construidos hoteles de altísimo nivel urbanístico, cinco estrellas todos ellos, uno pegado al otro, que sí cuentan con acceso directo a la playa. Obviamente, los usuarios de los hoteles pueden acceder a la playa, pero no el público en general, pues está prohibido, e incluso la persona puede ser retirada con violencia. Entonces, en ese caso se está burlando la ley, que en realidad dice que la zona costera pertenece al Estado federal de México, pero prácticamente hay una privatización del uso de las playas en beneficio de las grandes cadenas hoteleras y sus usuarios y en perjuicio de las demás personas. Esta es simplemente una experiencia que yo viví –ya que paseé por todos lados– y también sufrí, pues para ir de un lado a otro debía recorrer bastantes metros.
En definitiva, creo que este es un elemento característico de la realidad uruguaya –lo podemos ver en Montevideo, Piriápolis, Punta del Este y en toda la zona de la costa– y este proyecto de ley intenta preservarlo.
He compartido esta anécdota para incorporar un tema que no se analiza frecuentemente.
Celebro que este proyecto de ley se apruebe ya en tercera cámara –seguramente así se hará–, con las observaciones que hizo el señor senador Bordaberry.
Por último, quiero hacer una sugerencia. En este momento integro la Comisión de Asuntos Administrativos y allí he sugerido que se elabore, como existe en otros países, como por ejemplo en el Congreso de los Diputados de España, una editorial del Parlamento que, incluso, tenga venta al público. En esta publicación –para tomar un ejemplo práctico– no solo figura la ley, sino, además, el trabajo de asesoramiento que llevan a cabo las secretarías de las comisiones, la Comisión Jurídico-Electoral, es decir, la recopilación documental. ¡Esto tiene un valor enorme! Todo lo que normalmente incluimos, como los anexos, componen un trabajo documental muy importante que hoy los procedimientos informáticos facilitan bastante, aunque de todas maneras hay que ponerle mucho pienso al seguimiento de todas esas normas, algunas de las cuales son –como en este caso– de hace muchos años.
Me parece que este sería un material de uso a nivel del Parlamento, pero también de los organismos del Estado. Y a nivel de uso público podría pensarse en una publicación con las adecuaciones del caso para que sea de acceso a los ciudadanos, porque este es un tema que interesa a mucha más gente que a los organismos públicos. Por ejemplo, a los privados que tienen la idea de hacer construcciones sobre la costa les interesa conocer las normas en las que están amparados para hacerlo. Esta es una sugerencia que he mencionado en la Comisión de Asuntos Administrativos, y creo que, en caso de aprobarse, este proyecto de ley es un buen ejemplo para demostrar que tendría un resultado altamente positivo.
Por supuesto, vamos a votar este proyecto de ley.
SEÑOR VASSALLO.- Gracias, señora presidenta.
Haré un comentario breve y adelanto que voy a votar el proyecto con entusiasmo.
Creo que el proyecto ha sido debatido en otras instancias en las que yo no estuve, y seguramente fue largamente fundamentado. Quiero decir que para mí este proyecto de ley es de una importancia enorme porque atiende un tema al que me parece que la sociedad uruguaya no le ha prestado la suficiente atención con anterioridad, relativo a la conservación de la franja costera nacional, donde tenemos problemas de deterioro, a mi criterio severos, algunos muy difíciles de retornar a su forma original o de recuperarlos y que a corto plazo –ni siquiera a largo plazo– van a afectar algunas de las industrias importantes que tiene el país, como la del turismo. Creo que tenemos un problema severo en este campo, y esta ley permitiría avanzar en un control y en una visión diferente del uso que hemos hecho de la franja costera, por lo menos en alguna de sus partes.
Se ha hablado mucho en el país del deterioro y de la sustentabilidad de los recursos naturales, especialmente referidos al tema del agua y de la tierra –que naturalmente los tenemos–, pero en el marco de la utilización que tienen hoy en día en el aparato productivo, se pueden revertir efectos negativos tomando algunas medidas y aplicando políticas sustentables en el tiempo. Sin embargo, en este campo del área costera, si no avanzamos en adoptar esta legislación y en aplicarla, creo que tendremos problemas de sustentabilidad y de deterioro de los recursos, que van a ser graves no solo ya en el largo plazo, sino también en el corto plazo.
Así que me alegro de contar con este proyecto de ley, y espero que sea de una aplicación real y práctica, porque en algunos conceptos implica cambios culturales importantes de todas las visiones dominantes que tenemos sobre el uso de este recurso.
SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante.
SEÑOR CARRERA.- Muchas gracias, señora presidenta.
En virtud de las exposiciones de los diferentes senadores y del intercambio de ideas que tuve con el señor senador Bordaberry –sus inquietudes son razonables–, propongo que hoy se vote la norma y se acepten las modificaciones que vinieron de la Cámara de Representantes, y que luego nos comprometamos a analizarla y –si es necesario legislar– a darle el alcance interpretativo al artículo 3.º cuando hace referencia a la ruta 37, Fundador Don Francisco Piria, y a la ruta nacional n.º 39, Don Domingo Burgueño Miguel.
Reitero la propuesta: que aceptemos las modificaciones y luego nos propongamos analizar cuál fue el alcance interpretativo, para que tengamos conciencia de lo que estamos votando y, en general, de las expresiones de los señores senadores Bordaberry, Vassallo y Baráibar. Sobre esa base estamos votando un muy buen instrumento de desarrollo de política pública y de preservación del medioambiente y de la costa.
SEÑOR BORDABERRY.- Agradezco mucho al señor senador Carrera la atención a las observaciones que hicimos.
Reconocemos que no tenemos otro camino legal para hacerlo porque como somos tercera cámara no podemos modificar un artículo; lo rechazamos o lo tomamos. Sí me permito reiterar que al incluir las rutas 37 y 39 estamos dejando creo que una parte muy importante de lo que se quiere sea objeto de esta ley. La ruta 39 es la que nace en Aiguá y termina dentro de Punta del Este, transformándose después en el bulevar General Artigas. No creo que sea la intención dejar toda esa zona fuera del ámbito de aplicación de esta ley, más cuando se deja fuera, sí, a la ciudad de San Carlos, que es atravesada por la ruta 39. Y la ruta 37 es la que va desde Pan de Azúcar hasta la costa en Piriápolis, y estoy seguro de que no se quiere dejar fuera toda la parte de Piriápolis. Entonces, creo que ahí hay un error o hay alguien que tiene algún tipo de emprendimiento en la zona que quiere dejarlo fuera. ¡Es así! Por ende, sería bueno legislar rápidamente sobre este tema para aclararlo en lo que refiere a la zona turística, que es donde se quiere aplicar esta ley.
SEÑORA PRESIDENTE.- En primer término, haremos la votación única, y queda la constancia en la versión taquigráfica de las observaciones realizadas, de la propuesta del señor senador Carrera y del compromiso de celeridad en este tema.
10)	DECLARACIONES JURADAS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 17060, de 23 de diciembre de 1998, sobre declaraciones juradas de los funcionarios públicos. (Carp. n.º 1275/2019 - rep. n.º 874/19 y anexo I)».
Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Vassallo.
Efectivamente, el proyecto que está en consideración tiene que ver con modificaciones de la Ley n.º 17060, aprobada el 23 de diciembre de 1998, que refiere a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
Esta ley ha tenido iniciativas de modificaciones; ya hay un antecedente del año 2011, que finalmente no prosperó y que fue presentado por la Junta de Transparencia y Ética Pública. Posteriormente, se presentó un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Representantes el 27 de diciembre del año pasado, en base a un informe y a la aprobación de su Comisión especial con fines legislativos de transparencia, lucha contra el lavado de activos y crimen organizado.
El proyecto referido pasó a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que lo analizó extensamente en diez sesiones, que acontecieron entre el pase a comisión –en febrero de este año– y la consideración en su ámbito en el mes de marzo pasado. Esta iniciativa fue debatida ampliamente en esas diez sesiones de la comisión, tanto en lo que tiene que ver con el contenido y el alcance de sus artículos, como en la formulación y en las expresiones que se utilizaron para su redacción.
Es importante destacar que la comisión invitó y escuchó a las autoridades de la Jutep –creo que también se hizo lo propio en la comisión correspondiente de la Cámara de Representantes–, y que en la sesión en la que estuvieron presentes pudieron expresar todas sus preocupaciones y dar sus puntos de vista sobre este tema.
En conclusión, el proyecto de ley que venía de la Cámara de Representantes fue reordenado en sus artículos y en su contenido. En algunos de esos temas corresponde señalar que se eliminó en este proyecto de ley a algunos grupos de personas incluidos en el aprobado por la Cámara de Representantes, como por ejemplo los referidos tanto a quienes ejercen cargos de dirección o roles gerenciales en empresas privadas que interactúan con el Estado a través del manejo de recursos públicos, como a los que se desempeñan en el sector privado del sistema de salud o licitan obras con el Estado. Aclaro que más adelante voy a explicar un poco más lo relativo a este tema.
En principio, las razones fundamentales y los objetivos del proyecto de ley tienen que ver con que hay una ley que genera un sistema sobre declaraciones juradas –que cumplió veinte años– que, en opinión del mismo presidente de la Jutep –luego de hacer un balance de dicho sistema– resulta costoso y requiere mucho esfuerzo, y que los recursos que invierte la junta no se ven compensados con los resultados que la sociedad obtiene de esa inversión. Por lo tanto, en opinión de los miembros de la junta es necesario potenciarlo para atender específicamente el tema de los resultados.
La idea es que los resultados deben ser medidos en relación con los objetivos. El primero de ellos es la prevención, con el fin de desalentar las prácticas de corrupción entre los funcionarios públicos, así como las prácticas irregulares y, en forma inversa, de manera positiva, se espera promover alternativas en un tema que preocupa seriamente. El segundo objetivo a alcanzar es detectar actos de corrupción pública, y el tercero, promover un clima de confianza y de integridad con relación a la función pública. Diríamos que estos son los tres objetivos principales del sistema de declaraciones juradas y que se busca mejorar con este proyecto que está en consideración.
En cuanto al universo que debe ser considerado en el marco de las declaraciones públicas, se entiende que si se lo amplía mucho –es decir, si son muchos los que deben hacer la declaración jurada–, se corre el riesgo de la eficacia: en qué medida se puede cubrir en forma adecuada un universo excesivamente amplio que no es significativo a los efectos de la obtención de los objetivos propuestos; y, por otro lado, se puede dejar fuera a algunos sectores o estamentos que podría ser importante considerarlos para cumplir dichos objetivos.
En la actualidad –tal como informó la Jutep– hay 55.000 funcionarios que tienen que hacer su declaración jurada; de este total, 33.000 pertenecen al Ministerio del Interior. Se incluyen en esos números grupos o sectores de personas que, en opinión de la junta, hacen que el sistema sea muy complejo, lento y pesado, y dentro de los cuales hay algunos grupos de bajo riesgo en el marco de los objetivos que se proponen.
En la actualidad hay 5200 omisos –es decir, casi un 10 %–, y eso lleva a buscar un equilibrio para poder cubrir adecuadamente el universo de interés y no sobrecargar el sistema con casos innecesarios o de bajísimo riesgo de corrupción.
Por eso, en este proyecto de ley, se sacan algunos sectores importantes en términos cuantitativos y, en forma inversa, se agregan otros grupos de funcionarios que se entiende necesario incluir en el sistema. Se entendió que, a los efectos de la transparencia del sistema y de la democracia en el país, era conveniente incorporar a algunos sectores en ese marco en forma previa al proceso electoral, como son los candidatos a presidente, a vicepresidente y a intendente.
En este campo, entonces, se trata de alcanzar un sistema que sea más transparente y claro, y que incluya a los sectores con mayores riesgos.
Como decía anteriormente, en el marco de exclusiones del proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes, es necesario explicar que se deja fuera del sistema de declaración jurada a los sectores privados; aquellos que no son funcionarios públicos, pero que interactúan desde las empresas que tienen actividades vinculadas con el Estado. Si bien existe una preocupación compartida entre los miembros de la comisión, en el sentido de que es necesario atender a los sistemas que controlen el estímulo o la promoción de la corrupción que pueda provenir, en algunos casos, del área empresarial o privada, se entendió también que este no era el mecanismo idóneo para ese control y, por lo tanto, en este momento se excluyó a ese sector del proyecto de ley. Y de forma compartida se entiende que es necesario buscar un mecanismo que ayude a controlar esa vía de corrupción de la institucionalidad pública. Por eso se agregó un artículo por el que se solicita a la Jutep que en un plazo de tres meses presente un preproyecto que tenga como objeto prevenir, controlar y castigar a las personas o a las empresas que, desde el área privada, inciten a la corrupción. Este es un tema que fue debatido largamente y sé que implica darle una mirada distinta a la que provino del proyecto de ley de la Cámara de Representantes.
Se acordó también que es claro que las declaraciones juradas no son un instrumento para guardar, para acumular en la estantería de la Jutep, sino que deben ser analizadas y deben permitir controlar efectivamente si conllevan algún delito o no quienes participan de la gestión pública. Entonces, se detallaron con bastante precisión los contenidos de la declaración jurada, entendiendo que tiene dos partes: la primera –que llamaríamos reservada–, que incluye un desarrollo bastante puntualizado de todos los elementos que deben informarse; y, la segunda, que llamamos de síntesis o abierta, que implica una síntesis del patrimonio y de los ingresos de los declarantes, y que es abierta inicialmente para la Jutep. Esto tiene sentido para el uso que a su vez debe hacerse de esta declaración jurada por parte de la junta.
Los roles de la junta en ese sentido son los siguientes. En primer lugar, guardar las declaraciones juradas, cosa que hace actualmente. En segundo término, analizar la evolución del patrimonio, es decir, seguir la síntesis de la declaración abierta que anteriormente había mencionado, de forma tal que se pueda ver, en algún caso, si hay una evolución del patrimonio que no se corresponda necesariamente con los ingresos del funcionario público. Esto, obviamente, requiere que a futuro se apunte a un sistema de desarrollo tecnológico que, naturalmente, implicará que las declaraciones juradas se realicen por vía electrónica y se analicen mediante un sistema informático.
El tercer rol de la Jutep se refiere al análisis por muestreo combinado con una metodología de riesgo. Se propone que la junta establezca un método para ponderar los riesgos potenciales de corrupción en la Administración pública. Hay sectores que sabemos que normalmente tienen mayor riesgo de caer en algunas actividades de corrupción y, si bien se entiende que el estudio de las declaraciones juradas en su totalidad –incluso de la parte reservada de la misma– debe hacerse bajo una forma aleatoria, esta modalidad no debe quedar solamente en forma simple, sino que debe ser probabilística en relación a un sistema, a una metodología de riesgo diferencial.
También se entiende que, si bien algunos funcionarios públicos realizan su declaración jurada en forma reservada, por su carácter, por la importancia que tienen en la sociedad nacional dichas declaraciones deben ser públicas para toda la sociedad.
El artículo 12 BIS refiere que las declaraciones juradas del presidente, vicepresidente de la república, senadores, representantes nacionales, ministros de Estado, subsecretarios, directores generales de Secretaría, ministros de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de los directores de entes autónomos y servicios descentralizados, de intendentes departamentales, secretarios generales de las intendencias departamentales y alcaldes serán públicas en su totalidad, más allá de tomar los recaudos para eliminar información que no corresponde que figure. Quiere decir que el objetivo es que quienes tienen algunos roles y cargos muy importantes en la sociedad uruguaya, resultado de las decisiones que toma la ciudadanía, muestren con transparencia su patrimonio y sus ingresos, lo que es trascendente saber porque implica decisiones importantes.
Este proyecto de ley tiene solamente cinco artículos. El artículo 1.º sustituye el artículo 11 de la Ley n.º 17060 que se está modificando. Se enumeran allí todos los incisos –que son muchos– que están obligados a realizar la declaración jurada. Por lo que dije anteriormente, se han agregado algunos y se han sacado otros.
En el artículo 2.º se agrega la disposición 11 BIS, en la que se incluye a los candidatos a la presidencia de la república, vicepresidencia y a las intendencias departamentales porque es bueno que la ciudadanía conozca durante el proceso preelectoral –como candidatos, es decir, antes de pasar a ser funcionarios públicos– el perfil de las personas que serán responsables de las jerarquías a las que aspiran.
En el artículo 3.º se sustituyen varios artículos de la Ley n.º 17060. Específicamente, se sustituyen los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19, y se incorpora el artículo 12 BIS.
En el artículo 12, que se está sustituyendo, se determina qué información debe incluirse en la declaración jurada, y es ahí donde se diferencia la parte reservada de la parte de síntesis o abierta a la Junta de Transparencia y Ética Pública.
En el artículo 12 BIS, como dije, aparecen las declaraciones juradas del presidente, vicepresidente y demás, que serán publicadas en la página web; o sea que serán públicas.
En el artículo 13 se definen los plazos de presentación.
En el artículo 14 se definen los roles de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Es importante dejar claro que entre ellos está el tener la custodia por diez años de todas las declaraciones juradas y el registro y análisis de la evolución del patrimonio por la parte abierta. Esto, a través de algún sistema que lo permita o del procedimiento que implica analizar algunas declaraciones en forma aleatoria, como sí debe hacerlo cada año –hasta el 5 % de todas las declaraciones juradas–, mediante un procedimiento que combine una metodología de riesgo que, a su vez, sea aleatoria; un método de evaluación de riesgo ponderado.
En el artículo 15 figura quién puede hacer la solicitud de apertura de las declaraciones juradas. En este artículo se define que puede ser el propio interesado, quien ha hecho la declaración jurada; la justicia penal para cumplir con los fines de una investigación a la que se proceda; o la Junta de Transparencia y Ética Pública por resolución unánime y ante la duda de alguna declaración o del análisis de la síntesis de las declaraciones que han hecho quienes están obligados.
Debo ser claro en cuanto a que en estas solicitudes de apertura se han excluido –se han sacado de este proyecto de ley, en relación con lo que venía de la Cámara de Representantes– la apertura de las declaraciones juradas a pedido del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la comisión investigadora parlamentaria, de una comisión investigadora de una junta departamental, de jerarcas del organismo público que reviste el funcionario, o a solicitud de cualquier persona. Repito, estos cinco ítems fueron excluidos de este proyecto de ley. Se entendió que en estos casos no correspondía y podrían incluir riesgos por un mal uso de las solicitudes de apertura, que pudieran tener una razón de carácter subjetivo, político o injustificado y, más que resolver algún problema, podrían hacer más daño.
En el artículo 16 se indica el nivel de gravedad de la omisión de la presentación y los procedimientos para informar que tiene cada funcionario. Inclusive, también se indican las multas que deberán enfrentar quienes no cumplan con la obligación, sean funcionarios públicos o candidatos.
Del proyecto de ley que vino de la Cámara de Representantes se eliminó el texto que establece que quien no haga la declaración jurada no podrá ejercer la función pública ni ser candidato a cargos públicos porque se entendió que era asimétrico respecto a lo establecido en otros artículos y tenía un efecto desmesurado. Quedó establecido que el obligado no podrá ejercer nuevamente la función pública hasta que presente la declaración jurada.
El artículo 17 refiere a la responsabilidad de los declarantes. En el caso de los funcionarios públicos se considerará una falta grave la no presentación de la declaración jurada o su presentación con información equívoca o que no corresponda, por omisión de bienes, ocultamientos, etcétera. También se ha considerado que los candidatos deben presentarla –como ya lo mencioné–, de acuerdo con lo establecido en artículos anteriores.
Previamente a la sesión, el señor senador Bordaberry me hizo una observación de carácter aclaratorio con respecto al artículo 17. Sugiere que en el numeral 1) de dicho artículo, donde se establece: «La no presentación de la declaración jurada al vencimiento de los plazos previstos en el artículo 13», se agregue la frase «y en el artículo 11 BIS» –que se refiere a los candidatos–, para que quede redactado de forma más prolija y estén cubiertas todas las situaciones.
El artículo 19 determina que los organismos deben informar a la Junta de Transparencia y Ética Pública la nómina de funcionarios obligados.
Aclaro que estos artículos se modificaron de la ley original.
Este proyecto de ley contiene dos artículos adicionales breves. Uno es el 4.º, que se refiere a los pases en comisión –se incrementan en diez funcionarios– y al apoyo a la Jutep. El otro es el artículo 5.º, por el que se comete a la Jutep la preparación de un anteproyecto de ley que analice y prevea medidas para prevenir la corrupción en el sector privado, que deberá ser remitido en un plazo máximo de noventa días.
En síntesis, consideramos que la normativa tiene aspectos muy buenos por varios motivos: establece el sistema de declaraciones juradas para cargos de funcionarios públicos a nivel nacional, sobre todo para cargos políticos y de particular confianza; otorga nuevos roles a la Junta de Transparencia y Ética Pública; amplía el espectro, a la vez que lo reduce por sectores con menores riesgos; mejora la calidad y forma de presentación; incrementa la transparencia pública y abre nuevos caminos para prevenir la corrupción en el sector privado.
Este proyecto de ley se presenta con el acuerdo unánime de la Comisión de Constitución y Legislación, luego de mucho trabajo colectivo de todos sus integrantes. Por lo expuesto, se recomienda su aprobación al pleno del Senado.
Es cuanto tengo que informar, señora presidenta.
Considero que este proyecto de ley es muy importante porque enfoca uno de los temas que debe responder y desarrollar el sistema político. Es un momento en que la ciudadanía nos observa. La valoración sobre los partidos y la política en general es de bastante enfriamiento y de distancia. Por lo tanto, las cuestiones que tienen que ver con la transparencia y con aumentar los controles sobre la gestión pública se vuelven señales ineludibles, diría imprescindibles, que el sistema político tiene que dar. Si puede darlas por unanimidad, es todavía más valioso.
Hace un tiempo presentamos un proyecto de ley que tenía que ver con este tema y paralelamente se había presentado otro desde la Cámara de Representantes. El de la Cámara de Representantes prosperó, se aprobó y vino a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, en donde considero que le hemos hecho mejoras sustantivas. Sin duda, se establece un sistema que aumenta significativamente la transparencia relacionada con el patrimonio de quienes hacemos política y nos dedicamos a la actividad pública. Esto es así por algo que venimos diciendo desde ya hace un tiempo: no tenía lógica que solamente fuera pública la declaración jurada del presidente y del vicepresidente de la república; por el contrario, nos parecía que también tenían que ser publicables y abiertos a la ciudadanía los patrimonios de los jerarcas que tienen mayor responsabilidad política –como ministros, intendentes, parlamentarios– y ocupan cargos de principal jerarquía, de carácter político. Esto se logra con este proyecto de ley y lo considero un paso muy importante; nos gratifica enormemente que sea así.
Los puntos que desarrolló el señor senador Vassallo, relacionados con el tipo de publicidad, sus contenidos y la reserva, fueron aportes muy valiosos desde el punto de vista técnico.
Otro gran aporte de este proyecto de ley es otorgar a la Jutep una mayor capacidad de investigación. Me parece que eso es muy relevante. La Jutep nació muy débil; si uno se atiene a la norma originaria, durante muchos años fue, meramente, archivadora de declaraciones juradas. Tenía –y tiene– pocos recursos y, sobre todo, hacía lo que la ley le mandaba: recoger las declaraciones juradas y archivarlas.
Con este proyecto de ley se logró un avance muy significativo que tiene que ver con la publicidad, pero también con el mandato que tendrá de sortear, todos los años, un determinado número de declaraciones juradas de funcionarios públicos obligados a realizarlas. Podrá abrirlas para estudiarlas y analizar si eventualmente ha habido, o no, un incremento patrimonial no justificable. En ese sentido, el argumento va en la misma línea de otro proyecto de ley que estamos considerando en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado –todavía no se ha convertido en ley porque falta el trámite en la Cámara de Representantes–, que crea el delito de enriquecimiento ilícito. Estas dos cosas están en sintonía.
En definitiva, voy a señalar dos cuestiones finales.
Hemos discutido en cuanto a incorporar en este proyecto de ley la obligatoriedad de realizar declaraciones juradas por parte de personas que no sean funcionarios públicos, sino que trabajen en el sector privado. Finalmente, predominó la idea de que eso podría ser materia de estudio para otro proyecto de ley, en el que deberá trabajar la Jutep. Y me parece que fue una decisión muy razonable porque, en primer lugar, logra que este proyecto de ley que hoy estamos considerando pueda ser aprobado por unanimidad –es importante que el sistema político dé una señal de este tipo– y, en segundo término, porque efectivamente confundía materias. Incluso, la naturaleza de las personas que operan en el sector privado no se ajustaba a determinadas obligaciones que todos los funcionarios públicos debemos asumir ni a lo que era la arquitectura legislativa del proyecto de ley que, como dice su título, estaba pensada para «Declaraciones Juradas de Funcionarios Públicos».
El segundo asunto que está pendiente es dotar a la Jutep de mayores recursos. Digo esto porque, en las actuales circunstancias –y a pesar de que se le otorga la posibilidad de ampliar los pases en comisión– estamos muy lejos de que, con los recursos que hoy tiene, pueda cumplir debidamente las tareas que se le asignan. Y eso lo dicen los propios miembros de la Jutep. Entonces, cuidado con que esta norma, que es muy valiosa, se convierta en algo que quede en el papel y sea difícil de aplicar. Sin duda, eso tiene que ver con el debate que seguramente habrá de darse el próximo año en el marco de la discusión del presupuesto nacional y de los recursos que, necesariamente, un organismo como este debe tener para cumplir de manera efectiva con esa tarea tan relevante que posee.
Por tanto, señora presidenta, me congratulo de este logro.
SEÑORA ASIAÍN.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑORA ASIAÍN.- Muchas gracias.
Cuando el miembro informante, señor senador Vassallo, hacía su exposición con respecto al artículo 15, «Apertura de las declaraciones», del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, señalaba que se les otorgaban potestades a distintas entidades para disponer la apertura del sobre que contiene la declaración jurada y mencionó que se había excluido la hipótesis del literal C) de dicho proyecto, que decía: «Por resolución fundada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo». En este sentido, me preguntaba por qué se había excluido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta potestad, ya que se trata de un órgano jurisdiccional y, justamente, al dilucidar acciones de nulidad de actos administrativos puede ser muy relevante conocer –por ejemplo, en un sumario administrativo– el contenido de las declaraciones juradas y el tribunal, de acuerdo con su ley orgánica, puede disponerlo como medida para mejor proveer.
Esa es la interrogante que dejo planteada.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: en realidad, creo que esta es una señal muy fuerte que, repito, tiene como contrapartida la debilidad institucional de la Jutep, que buscamos reforzar con este tipo de decisiones. Ella forma parte de las señales que el sistema político debe dar y lo mejor es que lo haga de manera unánime. Eso es algo muy valioso.
Por último, quiero decir que en todo caso demuestra que, en medio de una campaña electoral –cuando muchas veces se dice que en el Parlamento deja de haber una atención legislativa–, se están aprobando este tipo de normas que son, justamente, relevantes para la propia actividad política. Vale también manifestarlo porque a veces se dice que el Parlamento no está haciendo nada o está poco menos que en funcionamiento latente. No, no es así. Estamos trabajando en cosas como esta que, incluso, atañen a nuestro autocontrol, a crear normas que generen mayor control sobre la actividad política.
SEÑOR CARRERA.- Quiero señalar que comparto totalmente el informe del miembro informante, señor senador Vassallo.
Este proyecto de ley fue muy trabajado en comisión. Tuvo su origen en la Cámara de Representantes, en un proyecto presentado por los diputados del MPP, y allí se le adicionó un proyecto de las anteriores autoridades de la Jutep, los doctores Yarzábal, Montero y Soares de Lima, quienes estaban preocupados por la corrupción a nivel privado. Posteriormente, en la comisión de la Cámara de Representantes, se sumaron muchos otros aportes y el proyecto de ley fue votado por unanimidad. Y luego de un trabajo arduo en la comisión del Senado, también lo votamos por unanimidad y creo que eso hay que destacarlo.
Considero que este es un muy buen proyecto de ley. Es una norma que profundiza acciones en materia de transparencia en la función pública y también de prevención en lo que refiere a corrupción pública. Eso hay que decirlo claramente y destacarlo.
Este proyecto de ley se enmarca en un proceso continuo de creación y profundización de nuevas herramientas de transparencia en toda la actividad del Estado; en esta, en particular, en lo que tiene que ver con los funcionarios. Como decía el señor senador Vassallo, en este proyecto de ley están comprendidos los funcionarios más importantes de la república, tales como el presidente de la república, los cargos políticos de particular confianza, los ministros de los organismos de creación constitucional, los intendentes, los secretarios generales y los alcaldes. Quiere decir que todos los funcionarios que, de acuerdo con las normas del Tocaf, tienen competencia para gastar están abarcados por este proyecto de ley. Eso hay que destacarlo.
A su vez, quiero señalar que la transparencia en la gestión pública es un pilar básico del Estado de derecho y de la forma republicana de gobierno, en tanto permite o facilita el control real y efectivo de la labor de los gobernantes. Por tanto, la trasparencia es un aspecto central.
Como dijo el miembro informante, todas las disposiciones que se incluyen en este proyecto de ley apuntan a profundizar algunas herramientas que estaban consagradas en una norma que ya tiene dos décadas; me refiero a la Ley n.º 17060.
En este sentido, al elenco de obligados se incorporan cargos de reciente creación, como decía el senador Vassallo, pero es muy significativo el cambio que se consagra respecto de la publicidad del contenido de las declaraciones juradas de bienes e ingresos de muchos cargos políticos y de particular confianza.
Esto marca un antes y un después en materia de transparencia pública puesto que se establece que, además de las declaraciones juradas del presidente y del vicepresidente de la república, las de los senadores, de los representantes nacionales, de los ministros de Estado, de los subsecretarios, de los directores generales de Secretaría, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados, de los intendentes departamentales, secretarios generales y alcaldes serán públicas y publicadas en el sitio web de la Jutep.
Creo que ese es uno de los cambios transcendentales del proyecto de ley establecido en el artículo 12 BIS, «De la publicidad de las declaraciones». La publicidad de dichos contenidos, debido a la trascendencia de los cargos señalados –esto es, de los cargos políticos y de la gran mayoría de los cargos de particular confianza–, aparece justamente como un factor de mayor transparencia en la actividad de los gobernantes.
Otra innovación de este proyecto de ley –destacada por los señores senadores Vassallo y Mieres– es que se incrementan las competencias de la Jutep respecto de la custodia y el manejo de la información que administra.
El artículo 14 establece la custodia y análisis de declaraciones juradas. En este sentido, creo que lo más importante es lo que se establece en los literales B) y C). En el literal B) se establece que la Jutep «confeccionará un registro y efectuará un análisis de evolución de activos, pasivos, ingresos y vínculos con empresas, informados por cada sujeto en la segunda parte de la declaración jurada…”. Y en el literal C) se dice: «Abrirá, en cada año civil, hasta un 5 % (cinco por ciento) de las declaraciones juradas de carácter reservado, con las garantías que disponga la reglamentación y mediante un procedimiento aleatorio y en función de un análisis de riesgo». Esto es muy importante y son las innovaciones trascendentales que se establecen en el proyecto de ley que tenemos a consideración.
Como decía el señor senador Vassallo, las declaraciones juradas serán examinadas y analizadas.
Por su parte, el artículo 15 refiere a la solicitud de apertura de las declaraciones juradas y al mecanismo previsto para hacerlo.
A su vez, me parece que hay que destacar el contenido del artículo 4.º del proyecto de ley, que refiere a los pases en comisión y apoyo. Estamos incrementando en hasta diez funcionarios los pases en comisión dispuestos por el artículo 15 de la Ley n.º 19340. Y también estamos disponiendo a través del artículo 4.º que la Jutep pueda solicitar a los organismos de contralor del Estado y a la Agesic el apoyo necesario para instrumentar las reformas que se estipulan en esta ley. Me parece que esto es importante, porque el Estado uruguayo ya tiene una arquitectura de auditorías y de controles. Lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que la Jutep trabaje en forma transversal con otros organismos del Estado, que le solicite apoyo a la Agesic –por el tema de la publicidad de las declaraciones juradas–, a la Auditoría Interna de la Nación, al Tribunal de Cuentas. Nosotros necesitamos un Estado inteligente y eficiente, y con esta norma, con su artículo 4.º, estamos dando una señal muy clara en ese sentido. Reitero que ya existen mecanismos de contralor del Estado; por lo tanto, tenemos que solicitar que organismos de creación o de reciente innovación trabajen en conjunto con otros.
Por último –este es el tercer aspecto, muy importante–, estamos encomendando a la Jutep la preparación de un anteproyecto de ley que analice y establezca medidas para prevenir la corrupción en el sector privado, el que podrá incluir mecanismos de declaraciones juradas de ingresos y activos de particulares que administren fondos públicos o mantengan vínculos contractuales con la Administración pública, entre otros. Como dije, esto es muy importante. Le estamos encomendando a la Jutep que analice un sector de actividad, el privado –que es de mucha preocupación para los organismos de las Naciones Unidas y para la OCDE– y que en un plazo de noventa días elabore un proyecto de ley y lo remita al Parlamento nacional. Luego tendremos el deber de hacerlo ley porque es uno de los aspectos necesarios.
Al respecto, el artículo 12 de la Convención de la Organización de Naciones Unidas Contra la Corrupción establece: «Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado, así como, cuando proceda, prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas». En definitiva, estamos encomendando a la Jutep la preparación de un anteproyecto de ley que estará en sintonía con la regulación internacional para la prevención de la corrupción también en el sector privado. Este es el reconocimiento expreso de que el fenómeno de la corrupción es global y de que también debe ser considerado y regulado el sector privado que tiene relaciones contractuales con el Estado.
En suma, señora presidenta, consideramos que son muy oportunas y necesarias todas las modificaciones y las mejoras que trabajamos en este proyecto de ley que tenemos a consideración, que tiene como finalidad seguir previniendo la corrupción pública y generar más transparencia, esto es, más democracia en nuestra república. Realmente, es muy satisfactorio, como miembro de la Comisión de Constitución y Legislación, que hayamos llegado a un consenso y traído por unanimidad este proyecto de ley al pleno de la Cámara de Senadores.
Es cuanto tenía para decir, señora presidenta.
SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: como han dicho varios señores senadores, este es un buen proyecto, un proyecto de ley necesario.
Debo destacar y reconocer el trabajo y los aportes que ha hecho el señor senador Vassallo; ha trabajado mucho y ha aportado mucho para buscar soluciones a temas que no son fáciles. ¿Por qué no son fáciles? Este proyecto refiere a declaraciones juradas de funcionarios públicos. Esta fue una discusión que tuvimos en la comisión y que se resolvió –creo que con inteligencia por parte de la bancada del oficialismo– agregando el artículo 5.º de este proyecto, donde se le comete a la Junta de Transparencia y Ética Pública la preparación de otro proyecto de ley que establezca medidas para prevenir la corrupción en el sector privado. Me parece que está bien la solución; estábamos mezclando temas. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando se trató el proyecto sobre enriquecimiento ilícito, muy claramente dijimos que no solamente realiza un acto de corrupción quien recibe dinero para tomar una medida que beneficie a alguien del sector privado, sino que también realiza un acto de corrupción el privado que genera –mediante prebendas, dinero o lo que fuere– la corrupción del funcionario público. O sea que hay unanimidad en entender que el acto de corrupción lo comete tanto el que da como el que recibe para torcer una decisión de la Administración. Eso ya está dispuesto y espero que la Cámara de Representantes lo vote rápidamente.
Ahora, hablamos de declaración jurada del funcionario público para advertir que este está bajo la lupa de varios organismos que vigilan su patrimonio, y está bien. No solamente los senadores y el elenco político de confianza de un Gobierno, sino también los jerarcas que tienen poder de decisión en el Estado deben hacer una declaración jurada de sus bienes, de su patrimonio, y por lo tanto están en la vidriera pública. Por eso rescato lo que decía el señor senador Carrera recién: una de las virtudes que tiene este proyecto es que determina que haya una parte pública. Entonces, si se entra a la página de la Jutep, se podrá ver cuáles son los bienes de quien habla y de cualquiera de los senadores, lo que a mí me parece muy bien.
Además, la solución que ha encontrado el señor senador Vassallo me parece muy inteligente. ¿Por qué? Porque mantiene la reserva natural que debe tenerse con respecto a dónde se encuentran los bienes y qué carácter tienen, pero, asimismo, hace pública la declaración para que pueda verse qué bienes tiene un legislador. Entonces, combina las dos cosas: la reserva de los datos –como el padrón del bien, por ejemplo; porque tampoco hay que llegar al excesivo estriptis que puede significar conocer en qué consiste cada uno de los bienes– con el hecho de que la opinión pública sepa si el señor legislador tiene bienes o no, de qué carácter son, si son parte de una sociedad o son personales, porque es lo que importa, más que poder ubicar dónde están, dónde se encuentran, que es un detalle irrelevante. Lo que importa saber es si ese legislador es o no dueño de empresas o si participa en sociedades anónimas, y que si tiene una casa o un patrimonio –un campo o lo que fuere– tenga que declararlo.
Entonces, creo que la solución que encontró el señor senador Vassallo es muy buena y ajustada porque preserva los derechos de privacidad con respecto al detalle, pero no obstaculiza la necesidad de informar a la población sobre cuál es el patrimonio de cada uno de los jerarcas, electos o no electos, que tiene el Estado, que no pueden ni deben, en el ejercicio de su función pública, tener un enriquecimiento que no puedan justificar; si pueden justificarlo, naturalmente, está correcto.
Otra disposición de este proyecto de ley –con la que también estamos de acuerdo– apunta a acotar el universo de quienes tienen que hacer declaraciones juradas, porque eso inviabilizaba la posibilidad de trabajar en saber qué es lo que tiene cada uno. Es evidente que si obligamos a cien mil personas, la Jutep no está en condiciones de procesar las declaraciones juradas.
Otro aspecto que también me parece relevante es la función que se le da a la Jutep de abrir el 5 % de las declaraciones juradas por año para poder comparar, porque de lo contrario seguiría siendo simplemente un archivo de declaraciones juradas y no haría el trabajo de evaluar. Ahora elegirá al azar un 5 % y analizará cuál es la evolución patrimonial en cada caso, o la involución, porque no caigamos en el preconcepto de que todo el mundo evoluciona. Hay gente que involuciona en la actividad pública, y es bueno también que se sepa que ha tenido que ir desprendiéndose de bienes y achicando su patrimonio, porque a eso la ha llevado, justamente, el ejercicio de su función. La persona en ese caso, lejos de enriquecerse, por el contrario, se empobrece. Hay muchos ejemplos de esto en la vida pública, pero nunca se destacan ni se señalan. Insisto: hay quienes no han tenido un enriquecimiento, sino, por el contrario, un decrecimiento de su patrimonio, y mucha gente no lo advierte ni lo pondera. Esto, a su vez, genera cierta suspicacia sobre el sistema político, por lo que es bueno destacar, informar y evaluar al respecto.
Entonces, señora presidenta, creo que este es un buen proyecto de ley.
En cuanto a la pregunta que hacía la señora senadora Asiaín sobre por qué se sacó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debo confesar que no lo recuerdo, y la verdad es que no encuentro ninguna razón por la que no pueda estar. Sí recuerdo que en la comisión destacamos que las comisiones investigadoras parlamentarias y las de las juntas departamentales no deberían tener la potestad de abrir la reserva de una declaración jurada. Es cierto que ya es pública, pero debemos tener mucho cuidado, a mi juicio, en que el proceso de abrir una declaración jurada sea porque exista la sospecha de que pueda haber un enriquecimiento ilícito. Entonces, debemos evitar que esto sea usado políticamente, en forma de interés partidario y no de interés de transparencia. Debemos cuidar que esto no sea un instrumento para enfrentarse, lo que podría ocurrir si una comisión parlamentaria es capaz de levantar la reserva de las declaraciones juradas, que, vuelvo a decir, ya son públicas. La reserva se levanta para el detalle, para la precisión. Entonces, me parece bien que se establezca que son la justicia penal o la Jutep, por unanimidad, los órganos que pueden levantar la parte reservada de la declaración jurada. Y debo confesar que, quizás por el trabajo que teníamos en la comisión y por la campaña electoral, no recuerdo las razones por las cuales se sacó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo; por mi parte, no tengo inconveniente en que se le den las potestades para que pueda levantar la reserva, si hay unanimidad entre los integrantes de la comisión. Lo que en mi caso procuraba en las discusiones que teníamos en la comisión era, insisto, que no hubiera una utilización político-partidaria, una intencionalidad política en la apertura de la reserva, porque todos sabemos que si eso ocurre, lamentablemente en la opinión pública va a quedar la sensación de que si a determinada persona se le levantó la reserva fue porque había sospechas de que tuvo un mal accionar, cuando todavía no hay certeza en ese sentido. Entonces, se puede enchastrar la trayectoria de alguien por el solo hecho de que se le levante la reserva. Eso era lo que cuidábamos: que no se utilizara esto en mala forma.
Este es un muy buen proyecto de ley, repito, y vamos a votarlo con plena convicción. Es un proyecto que da transparencia y otorga funcionalidad a la Jutep, que, de lo contrario, vuelvo a decir que simplemente seguiría recibiendo las declaraciones juradas.
En mi caso he tenido, por suerte, una larga trayectoria político-parlamentaria, y puedo decir que desde que fui electo diputado, en el año 1985, en la Cámara de Representantes –no sé si en el Senado también– siempre se ha tenido la costumbre de exigir una declaración jurada cuando se ingresa. O sea que algunos tenemos declaraciones juradas desde el año 1985. No sé dónde estarán, porque antes quedaban en la Cámara de Representantes, pero ahora, después de haberse creado la Jutep, supongo que todas estarán ahí.
Insisto: esto me parece sano para el sistema público, y remarco «público». Después vamos a tener la discusión acerca del sector privado. Vuelvo a decir: a mi juicio, si se entrega desde el sector privado un dinero para torcer una decisión de la Administración, hay corrupción en el funcionario que lo recibe y también en quien da ese dinero. Y creo que esta es una señal que tiene que dar el sistema y que, para mí, debe estar en el proyecto de ley sobre enriquecimiento ilícito.
Ahora bien, pedir una declaración jurada en el sector privado es otro tema. En el caso de la función pública está claro que si hay un enriquecimiento notorio de una persona, de un jerarca, tiene que ser visto y analizado por la Jutep, porque puede haber delito, a no ser que ello se justifique, naturalmente. Sin embargo, en el sector privado no es ilícito tener un enriquecimiento. Entonces, esto nos lleva a otra discusión, que la vamos a dar cuando venga el proyecto, porque lo que dice el artículo es que se encomienda a la junta que nos traiga un proyecto. Simplemente advierto que me parece que entramos en un terreno complicado, porque no creo que si, por ejemplo, mañana un privado se presenta a una licitación, tenga que decir cuáles son sus bienes. Realmente, no veo por qué tendría que hacerlo. Por supuesto que si hay un acto de corrupción en una decisión administrativa, tiene que haber una investigación total de esa empresa porque hay una acusación. Pero ¿todo aquel que se relacione con el Estado tiene que hacer una declaración jurada? No me parece. Por lo tanto, voy a esperar el proyecto que venga de la Jutep para estudiarlo. Pero, por la honestidad intelectual que debo tener en la discusión de este proyecto de ley –que, vuelvo a decir, es bueno–, señalo que me parece que es un terreno difícil de ingresar. Vamos a ver, entonces, cuál es la iniciativa que traerá la Jutep a este respecto.
Quiero destacar el trabajo que han hecho algunos legisladores, quienes han puesto su esfuerzo, intelecto y dedicación para mejorar sustancialmente un proyecto que es muy bueno. Además, es una señal –a mi juicio, hay que destacarlo– el hecho de que este proyecto sea aprobado por unanimidad. Ese es un gran mensaje que el sistema político les está dando a quienes permanentemente tienen desconfianzas o suspicacias respecto a la actividad pública y, sobre todo, a la actividad política.
El artículo que se incluyó sobre los candidatos refiere a algo que ya se venía realizando, pero es bueno que se establezca en la ley. Es bueno que estén obligados por ley, que tengan multas y que, además, se publique en el caso de que un candidato a la presidencia de la república, que aspira a gobernar el país, no esté dispuesto a hacer una declaración pública de sus bienes, con la reserva que debe tener el detalle. Incluso, en la comisión manejamos la posibilidad de que el día de mañana esos candidatos no se admitieran, pero ahí entrábamos en un terreno más complicado. Creo que la solución es buena: se obliga a todos los que aspiran a ser candidatos nada más ni nada menos que a la presidencia de la república –o sea, los que ahora acaban de ser electos en las internas– a presentar ante la Jutep, necesariamente, su declaración pública de cuáles son sus bienes, porque es sano para el sistema político que justifiquen si hay una mejora de su patrimonio luego de haber cumplido cinco años dirigiendo el país. Me parece, insisto, que esto es sano para nuestro sistema, señora presidenta.
Por todas estas razones vamos a acompañar este proyecto de ley, que ha sido informado por varios señores senadores y que cuenta con el voto del Partido Nacional.
SEÑOR BORDABERRY.- El exsenador Pintado y el hoy senador Baráibar –se ve que es una cuestión de la butaca en que se sientan– muchas veces han destacado que en los proyectos en los que estamos de acuerdo hablamos mucho. Es una cosa rara, pero se lo he escuchado decir al señor senador Baráibar y, más de una vez, al señor senador Pintado cuando nos acompañaba. Este es uno de esos casos: estamos de acuerdo en el proyecto de ley y va a aprobarse por unanimidad, por lo que voy a ser bien breve.
Respecto de la observación realizada por la señora senadora Asiaín, confieso que en la comisión me planteé las mismas dudas acerca de si el TCA debía tener o no la potestad de levantar el secreto y hacer públicas las declaraciones juradas. Al final nos inclinamos por la opción de que no la tenga, porque entendemos que si una persona piensa que hay que hacerla pública y la Jutep –la Junta de Transparencia y Ética Pública– resuelve que no, esa decisión será pasible de recursos y, eventualmente, una acción de nulidad ante el propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por ende, puede ocurrir que en definitiva se anule la resolución y se devuelva para que se adopte la correcta.
Queda, sí, la otra etapa, que era la que señalaba la señora senadora Asiaín, es decir, qué sucede si hay un proceso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, como medida para mejor proveer, este resuelve pedir la apertura. Todos sabemos que las medidas para mejor proveer son excepcionalísimas y quizás en ese caso podrían preverse, pero también podrían ser sustituidas por la intimación al titular a que él mismo mande a abrir la declaración, ya que tiene esa potestad, y si no accede a esa intimación hay una presunción muy fuerte en su contra. Entonces, en realidad, creo que se llega a lo mismo por ambos caminos. Por eso, en definitiva –por una cuestión de claridad–, se dejó fuera. Pero repito que me generó las mismas dudas y creo que es muy pertinente la apreciación que hace la señora senadora. Siempre es bueno que haya muchas cabezas analizando un proyecto de ley para mejorarlo.
Respecto del texto, creo que se mejoró muchísimo. Quiero destacar el trabajo del señor senador Vassallo, que se incorporó en la última etapa y se lo puso al hombro, y del señor senador Carrera, que quería terminar de una vez por todas con este proyecto, cosa que finalmente se logró.
En cuanto a lo que planteó el señor senador Heber acerca de la posible extensión de las declaraciones juradas al sector privado, creo que hizo bien la comisión al no incluirla y tomarse más tiempo para esperar un proyecto de ley. Me parece que la solución, como bien decía el señor senador Heber, no pasa por que los titulares de concesiones o aquellos que participan en licitaciones presenten declaraciones juradas. Si así fuera, entraríamos en un Gran Hermano de aquellos. Además, me parece que sería muy dificultoso desde el punto de vista práctico. Imaginémonos lo que pasaría con la concesión del tren central, que está integrada por un consorcio de una empresa española, una empresa belga y algunas más. Son empresas que cotizan en bolsa, y los directores de esas empresas tendrían que venir al Uruguay a presentar declaraciones juradas patrimoniales de ellos y sus cónyuges. Evidentemente, parece un exceso pretender ir por ese camino. Por eso está bueno pedir que se presente un proyecto de ley que contemple alguna otra alternativa.
Creo que las grandes posibilidades para esto –anticipo una posible solución– pasan por todas las herramientas de transparencia e información que existen hoy en día. Me parece que la solución iría por ahí, y quizás por alguna norma penal que facilite la investigación en estos casos, lo que ha sido muy exitoso en la práctica. Por ejemplo, se podrían ampliar las figuras del informante, el arrepentido y el agente encubierto. Esas figuras han permitido que los escándalos de empresas que han recurrido a sobornar a funcionarios en la región se hicieran públicos. Tal es el caso de Odebrecht, donde es notorio que, a partir de los arrepentidos, se tiró de la madeja y se llegó a los corruptos. Otro ejemplo es el caso de la FIFA. El FBI consiguió pruebas de que el entonces presidente de la asociación de fútbol de Estados Unidos era corrupto, y le dio la posibilidad de arrepentirse, de ser informante y agente encubierto. Es así que durante dos años ese presidente de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos estuvo cableado, grabando a todos los que eran corruptos en la FIFA. Y un día, cuando estuvieron todas las pruebas, los agarraron y marcharon todos. Es más: la ramificación llegó hasta nuestro país, porque marchó alguno de Uruguay también.
Entonces, quizás ampliar esas figuras –del arrepentido, del informante, del agente encubierto– puede ayudar a hacer pagar a los privados. Además, la figura del arrepentido, del que pacta, es formidable: el primero que se arrepiente y cuenta tiene mucho para contar; el segundo tiene menos y, si no cuenta nada nuevo, no accede a los beneficios; y al tercero no le queda nada. Entonces, cuando comienza este asunto hay una carrera por contar y delatar, porque obviamente van a tener beneficios. Eso lo lleva a que sea un instrumento formidable para atacar estos casos.
Creo que quizás deberíamos pensar en ampliar esas figuras a todo este tipo de delitos. Está previsto en nuestro ordenamiento jurídico para algunos casos en materia penal, principalmente de narcotráfico, el tema del arrepentido, pero creo que deberíamos ampliarlo a todo el derecho y agregar las figuras del informante y del agente encubierto. En ese caso sí vamos a poder encontrar de mejor forma a quienes son corruptos.
Por estas razones, señora presidenta, vamos a votar este proyecto.
SEÑOR VASSALLO.- Señora presidenta: a efectos de la votación por artículos, quiero marcar dos detalles que, si bien son muy pequeños, implican que habría que desglosar los artículos en cuestión.
Concretamente, me refiero al numeral 1) del artículo 17 que figura en el artículo 3.º del proyecto de ley. Donde dice: «previstos en el artículo 13», habría que agregar: «y 11 BIS». Asimismo, el señor secretario del Senado me hizo notar que en el inciso segundo del artículo 4.º, cuando se habla de la «Agencia de Gobierno de Electrónico», se coló un pequeño error: habría que eliminar la preposición «de» porque está de más.
SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑOR MIERES.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque a excepción de los artículos 3.º y 4.º, mencionados por el señor senador Vassallo, que quedarían desglosados.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor senador Mieres.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el articulado, a excepción de los artículos 3.º y 4.º.
SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para fundar el voto.
Con relación a la inquietud que planteé respecto al artículo 15, en el que se había excluido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, agradezco las explicaciones brindadas por los señores senadores Bordaberry y Heber; habida cuenta de ellas voto afirmativamente. Asimismo, agrego que existe la posibilidad de que el TCA solicite la remisión de los antecedentes de la justicia penal. Es en ese entendido que acompaño el proyecto de ley.
SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración el artículo 3.º con la corrección propuesta para el numeral 1) del artículo 17.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «1) La no presentación de la declaración jurada al vencimiento de los plazos previstos en los artículos 11 BIS y 13 de la presente ley».
Léase la modificación propuesta para su inciso segundo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «La JUTEP podrá solicitar a los organismos de contralor del Estado y a la Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), el apoyo necesario para instrumentar las reformas que se estipulan en esta ley».
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 3 de julio de 2019
De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia para el día lunes 8 y martes 9 del presente por motivos personales.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 18407, de 24 de octubre de 2008, sobre cooperativas de vivienda. (Carp. n.º 1281/2019 - rep. n.º 875/19 y anexo I».
SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: solicito la autorización del Cuerpo para poder permanecer en sala durante el tratamiento de este proyecto de ley debido a que estoy comprendida en el artículo 97 del Reglamento del Senado. No solo soy cooperativista de vivienda, sino que integro el consejo directivo de la cooperativa en que habito.
SEÑOR GARÍN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: al igual que la señora senadora Tourné, me comprende lo establecido por el artículo 97 del Reglamento del Senado, ya que soy usufructuario de una cooperativa de vivienda, razón por la cual solicito autorización al Cuerpo para tomar parte de la discusión de este proyecto.
SEÑOR CASTILLO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: al igual que los señores senadores preopinantes, me comprende el artículo 97 del Reglamento del Senado.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la autorización solicitada por los señores senadores.
SEÑORA AYALA.- Señora presidenta: el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que hemos trabajado en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado y que plantea modificar los artículos 119 y 141 de la Ley n.º 18407, de 24 de octubre de 2008.
A mediados de la década de los sesenta, un poco antes de la aprobación de la Ley n.º 13728, de 17 de diciembre de 1968, conocida como Plan Nacional de Viviendas, surge en nuestro país el movimiento cooperativo de vivienda, que se consolida con dicha ley y que hasta hoy constituye una alternativa real y pujante para quienes buscan solucionar su necesidad de vivienda y optan por este sistema solidario.
En la comisión recibimos a representantes del sistema cooperativo de viviendas y en la tarde de ayer, aprovechando la oportunidad de que el director nacional de Vivienda fue convocado por otro tema, solicitamos también su opinión respecto al proyecto de ley en cuestión.
Ante la necesidad actual del Estado uruguayo de establecer políticas integrales tendientes a superar la desigualdad de género, se nos informó que el ministerio y las cooperativas han trabajado al respecto obteniendo como resultado el proyecto de ley que hoy está a consideración.
Asimismo, los representantes del sistema cooperativo de viviendas que nos visitaron compartieron una problemática que cada vez les es más frecuente y que se pretende atender con las modificaciones planteadas al proyecto de ley. Concretamente, se trata de situaciones de violencia y de género en ese ámbito. Ante esos temas de equidad de género y violencia es que el proyecto de ley plantea modificar los siguientes dos artículos.
En el artículo 1.º se sustituye el artículo 119 de la Ley n.º 18407, de 2008, estableciendo que podrá haber socios titulares únicos, como hasta ahora, y socios con titularidad compartida, ejerciendo la cotitularidad los integrantes de una pareja de la vivienda cooperativa, suponiendo así la igualdad de los derechos en el uso y goce, y planteando las condiciones para uno u otro caso. En la redacción del artículo queda también explicitado que cuando se habla de pareja, es independiente de los géneros.
Los socios anteriores al régimen que aquí se establecerá, podrán optar de común acuerdo por incorporarse a él conforme a lo que establezca la reglamentación. En el caso de la unión matrimonial o concubinaria que se lleve a cabo luego de que haya ingresado una persona como socio titular único, se ingresará al régimen de cotitularidad debiendo calcular, a su efecto, el valor de las partes sociales a la fecha de inicio de dicha situación. En la reglamentación se establecerán las modalidades de ponderación de votos para las cooperativas de vivienda donde coexistan socios titulares únicos y socios con titularidad compartida.
Para el retiro de las partes de la cooperativa se deberá contar con el consentimiento de ambos y la cooperativa hará el reembolso de las partes a los socios conjuntamente. En caso de disolución del vínculo de una pareja se admitirá el retiro de uno de ellos y el otro continuará como socio titular único, sin perjuicio de las compensaciones económicas que acuerden entre ellos.
En el artículo 2.º se sustituye el artículo 141 de la Ley n.º 18407 por una nueva redacción donde se establece que en caso de fallecimiento del socio, los herederos podrán continuar con el uso y goce de la vivienda si así quisieran tomando los derechos y obligaciones a su cargo en ese caso, entendiéndose que el valor patrimonial estará exento de todo impuesto nacional.
En caso de disolución matrimonial o unión concubinaria tendrá preferencia de continuar en el uso y goce aquel socio que conserve la tenencia de los hijos.
En el caso de violencia doméstica o de género que genere daños de diferente índole a uno o más integrantes del núcleo familiar, tendrá preferencia en el uso y goce de la vivienda la persona agredida o quien no haya causado la agresión.
La aplicación de medidas cautelares a algunas de las personas socias, sea socio titular único o compartido, significará la suspensión de los derechos mientras duren las medidas. En caso de que se hayan producido lesiones graves, tentativa de homicidio, homicidio, tentativa de femicidio o femicidio, serán causales de la expulsión de un socio de la cooperativa. Esto estará supeditado a lo que resuelva por sentencia firme el juzgado competente y la reglamentación correspondiente.
Antes de terminar el informe quiero remarcar dos aspectos fundamentales desde mi punto de vista, que se modifican con este proyecto de ley. Uno de ellos es la cotitularidad de la vivienda cooperativa, que queda equiparada a otros sistemas o tipos de viviendas que hoy tienen esa posibilidad de cotitularidad. El otro refiere a las situaciones de violencia doméstica y de género, determinándose que el que debe salir de la casa es el agresor.
La comisión aprobó por unanimidad este proyecto de ley y sugiere al Cuerpo que lo vote afirmativamente.
SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora Asiaín.
SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: me tocó asistir en calidad de suplente, no sé si a todas, pero a la mayoría de las sesiones de comisión en que se trabajó este proyecto de ley y pude hacer observaciones y correcciones que fueron recogidas. Recuerdo, por ejemplo, que la señora senadora Ayala hizo referencia en su exposición a que la decisión fuera por sentencia firme.
Compartimos la sensibilidad planteada por esta emergencia de situaciones de violencia doméstica y de género que causaban una verdadera injusticia para la víctima. En ese sentido, las modificaciones que plantea el proyecto de ley –como bien lo dice la propia exposición de motivos– no pretenden alterar lo dispuesto en la legislación vigente en lo que respecta a los derechos patrimoniales y hereditarios inherentes al matrimonio y la unión concubinaria declarada judicialmente, pero además lo amplía a la no declarada, es decir, a la situación de hecho, que queda de alguna manera equiparada dando respuesta a estos reclamos.
En comisión planteé la inquietud de que me hubiera gustado escuchar a un especialista en derecho cooperativo, ya que es un tema muy complejo, pero quedó disipada por esta atención a un tema puntual y urgente, que necesitaba una pronta respuesta sin alterar la normativa general.
Por lo tanto, atendiendo a esta situación de emergencia de una problemática de violencia doméstica y de protección a la víctima, cuando el titular desde el punto de vista jurídico es el agresor, se ha tratado de preservar a la parte más vulnerable procurando, además, no afectar por derogación tácita la compleja normativa.
Por estas razones, acompañamos con beneplácito este proyecto y suscribimos la exposición de la señora senadora Ayala.
SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: a nuestro entender este es un muy buen proyecto de ley aunque tal vez un poco tardío.
Recuerdo que en el año 1996 –cuando ya éramos cooperativistas– presentamos una iniciativa de cotitularidad que no tuvo andamiento en ese momento. Este tipo de instrumento soluciona infinitos problemas, no solo el de la inequidad de género –que queda manifiesta acá y en los hechos brutales que vivimos, ahora con mayor conciencia, pero que siempre existieron y tienen que ver con las soluciones en materia de violencia de género hacia las mujeres–, sino también con respecto a la vida de la cooperativa de vivienda ya que a veces se complica muchísimo porque hay un solo titular para gestionar o integrar comisiones, etcétera. La no existencia de la cotitularidad realmente impone trancas a lo que el cooperativismo pretende fomentar, que es la coparticipación y el trabajo solidario en una materia tan importante como es la vivienda. De cualquier manera, y estando absolutamente de acuerdo con la iniciativa en casi todos sus aspectos, me sigue preocupando algo que sí se modificó en el proyecto original, que tiene que ver con la modalidad de ponderación del voto en las cooperativas. Por mi humilde experiencia, en las cooperativas siempre hubo un voto por núcleo habitacional.
El proyecto inicial del Poder Ejecutivo nos otorgaba, a quienes somos titulares únicos habitantes de la vivienda, la posibilidad de dos votos. Me sigue preocupando este tema. La solución que se plantea en la nueva redacción de la modificación –atendiendo a estos comentarios que realiza la comisión– es dejar sujeto a la reglamentación la ponderación del voto. Simplemente me preocupa porque no es el estilo. Según nuestra modesta experiencia sobre cómo se vota en la cooperativa, el voto es por núcleo habitacional, no por titulares. Es más, en varias oportunidades ha habido inconvenientes porque las dos personas pretenden votar y realmente se generan situaciones de injusticia.
Por lo tanto, me parece que habrá que tener mucho cuidado cuando la ley se reglamente, porque debemos cuidar esto que tiene que ver con la democracia. Si bien la cotitularidad es esencial para la autonomía de las mujeres, para la democracia y para todo el avance que nuestro país ha hecho en materia de género, el tema de la ponderación del voto no es menor en cuanto a las decisiones democráticas que tome una cooperativa.
Es cuanto tenía para decir.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: no he estado en el proceso de debate de este proyecto de ley, pero conversando con las senadoras Tourné y Xavier veíamos que esa cláusula deriva a la reglamentación un asunto que no debería dejárselo librado. Me parece que es claro que el criterio general normativo vigente es que el voto vale por unidad habitacional, es decir, por vivienda. Entonces, esta norma deja abierta una ventana a una reglamentación que puede afectar un criterio que me parece que no se debe afectar. Es claro que una cosa son las titularidades y otra las unidades habitacionales. El voto está referido a las unidades habitacionales, sin importar que los titulares sean uno, dos o tres. De lo contrario, le estaríamos dando doble o triple voto a quienes tuvieran titularidades conjuntas o compartidas y, por ende, estaríamos dejando en situación de inequidad a aquellos que tienen titularidad única. Aunque considero que esto es un efecto inesperado, no buscado, este inciso puede abrir una puerta en ese sentido.
Creo que para este inciso pueden plantearse dos soluciones posibles: una de ellas, es eliminarlo, en cuyo caso seguirá rigiendo el criterio actual, o sea, un voto por unidad habitacional –en todo caso, las personas que tienen unidades habitacionales con titularidad compartida deberán establecer de qué manera votan con su único voto– y, la otra, agregar que en ningún caso podrá haber una distorsión de ese criterio: que cada unidad habitacional posee un voto. Me parece que el mejor camino es eliminar el inciso y asumir que está vigente el criterio de que se vota por unidad habitacional.
SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora miembro informante.
SEÑORA AYALA.- Señora presidenta: este tema se discutió mucho en el ámbito de la comisión con las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y con algunos representantes del sistema cooperativo.
La redacción del proyecto de ley original era la siguiente: «Cuando en una cooperativa de vivienda coexistan socios titulares únicos del derecho a una vivienda con socios de titularidad compartida, el voto de los primeros se ponderará doble». Ante el planteo realizado por personas que viven bajo el régimen del sistema cooperativo, decidimos dejar la reglamentación tal cual está para poder recabar mayores opiniones al respecto.
Es cierto que aquí, de alguna manera, se está cambiando un poco el encare del tema. Reitero que actualmente rige el criterio de un voto por vivienda, pero ahora la concepción cambia porque en una vivienda donde vive una pareja y pasen a ser cotitulares, va a haber dos socios, no uno. Creo que este asunto amerita una mayor discusión, más que nada, de quienes están bajo el régimen del sistema cooperativo.
La comisión entendió pertinente dejar la redacción del proyecto de ley tal como ha sido puesta a consideración en el día de hoy, más allá de que el plenario puede definir otra cosa. De todas formas, quedamos a lo que este decida.
SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: no hemos trabajado en este tema ni integramos la comisión, pero luego de escuchar las observaciones que han hecho en sala, tanto la señora senadora Tourné como el señor senador Mieres, quiero decir que, realmente, la norma que se incluye me genera enormes preocupaciones. Considero que en este tema, que tiene que ver con la propiedad o con el uso de la vivienda cooperativa, por la vía de la reglamentación se puede correr un gran riesgo que lleve a una distorsión importante de la propiedad auténtica.
Adelanto que en virtud del acuerdo general que existe sobre el tema vamos a votar el proyecto de ley, pero queremos dejar sentada nuestra preocupación con relación a la norma que se incluye.
SEÑORA AYALA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑORA AYALA.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Los señores senadores Pedro Bordaberry y Charles Carrera presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 3.º de la ley directriz nacional de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del océano Atlántico y Río de la Plata.
A LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL».
(Así se hace, a las 12:16, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Aristimuño, Asiaín, Ayala, Baráibar, Bordaberry, Camy, Carrera, Castillo, Delgado, Gallicchio, Garín, Heber, Lazo, Martínez Huelmo, Matiaude, Mieres, Moreira, Otheguy, Passada, Saravia, Tourné, Vassallo y Xavier).