Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2011/as201112227.htm
Timestamp: 2020-03-30 09:52:37
Document Index: 216022189

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 33', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 32', 'artículo 116', 'artículo 44', 'artículo 18', 'artículo 296', 'artículo 299', 'artículo 301', 'artículo 307', 'artículo 48', 'artículo 33']

201109-Sala Penal Segunda-2-227
Auto Supremo Nº 227 Sucre, 16 de septiembre de 2011
Expediente: Cochabamba 201/2006
Partes: Ministerio Público C/ Télesforo Morejón Quispe y José Jhonny Sejas López.
VISTOS: el recurso de casación de 2 de julio de 2005 (fojas 188) interpuesto por Sofía Ondarza Loayza, Defensora de Oficio, en representación de Télesforo Morejón Quispe, impugnando el Auto de Vista de 5 de mayo del mismo año pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba (fojas 181 a 182), en el proceso seguido por el Ministerio Público contra José Jhonny Sejas López y el recurrente, con imputación por comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto en el artículo 48, definido en el artículo 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
CONSIDERANDO: que a efectos de emitir la resolución que al respecto corresponda, se cuentan con los siguientes antecedentes:
1.- Que el 19 de mayo de 2000 (fojas 55), el Juzgado Segundo de Partido de Sustancias Controladas de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, sobre la base de la acusación del Ministerio Público de 12 de mayo de 2000, dictó el Auto de Apertura de Proceso contra Rosendo Rafael Choquetanga y José Jhonny Sejas López, por la supuesta comisión del delito de tráfico de 420 gramos de sulfato base de cocaína y complicidad sobre el mismo hecho; posteriormente mediante el Auto Interlocutorio de 26 de julio de 2002, se rectificó el nombre de Rosendo Rafael Choquetanga por el verdadero de Télesforo Morejón Quispe.
Una vez finalizado el juicio oral, el Juzgado Segundo de Partido de Sustancias Controladas de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dictó Sentencia el 31 de octubre de 2003, mediante la cuál declaró: a) A Télesforo Morejón Quispe, autor del delito de tráfico de 420 gramos de sulfato base de cocaína, imponiéndole la pena de diez años de presidio; y, b) A José Jhonny Sejas López, autor del delito de complicidad de 420 gramos de sulfato base de cocaína a cumplir la pena de seis años y ocho meses de presidio.
2.- Contra la referida Sentencia condenatoria, Télesforo Morejón Quispe planteó el recurso de apelación. Ante la cual el Tribunal de Alzada a través del Auto de Vista de 5 de mayo de 2005, confirmó la Sentencia apelada de fecha 31 de octubre de 2003, aclarando que los procesados deben cumplir la condena impuesta en la penitenciaria "El Abra" de la ciudad de Cochabamba.
3.- En ese contexto e impugnando el citado Auto de Vista, Sofía Ondarza Loayza, Defensora de Oficio, planteó el recurso de casación a favor de Télesforo Morejón Quispe, bajo los siguientes argumentos:
El recurso de casación simplemente se limita a solicitar la extinción de la acción penal por cumplimiento del plazo máximo de duración del proceso, invocando la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal vigente, artículo 7 inciso a), artículo 8 inciso a), artículo 16-II y IV, artículo 32 y artículo 116 de la Constitución Política del Estado, artículos 1, 2 y 77 del Código de Procedimiento Penal de 1972, la Sentencia Constitucional Nº 0101/2004 de 14 de septiembre y la circular Nº 037/2001 de 12 de noviembre, pronunciada por la Corte Suprema de Justicia, aduciendo el cumplimiento del plazo máximo de los cinco años para la sustanciación del proceso, por lo tanto, se ordene la cancelación de las medidas cautelares determinadas en contra de los procesados, así como la libertad inmediata de los mismos si estuvieren detenidos y se archive obrados, imponiendo costas a cargo del Ministerio Público, por la falta de celeridad en el trámite.
CONSIDERANDO: que en lo relativo a considerar la extinción de la acción penal en el recurso de casación, cabe señalar que no es posible considerar dicha excepción, conforme el entendimiento de la Sentencia Constitucional Nº 1716/2010-R de 25 de octubre de 2010, que en su Fundamento Jurídico III.4, párrafo octavo, estableció que: "... el Tribunal de Casación, no tiene facultad para tramitar una petición de extinción de la acción, que en su trámite implicaría la sustanciación de una excepción que en estricta observancia del art. 50 del CPP, la Corte Suprema de Justicia, no tiene competencia para hacerlo, dado que el citado precepto la limita a las tres situaciones específicas: 1) Los recursos de Casación; 2) Los recursos de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, y 3) Las solicitudes de extradición. Al margen de esa restricción legal insalvable, se agrega una imposibilidad fáctica, por cuanto el trámite de las excepciones incluye la eventualidad de su impugnación conforme previene el art. 403 inc.2) del Código citado, consagrado además en el art. 180.II de la CPE, debido a que si la petición de extinción de la acción sería conocida y resuelta por el Tribunal de Casación, las partes que intervienen no tendrían un medio de impugnación contra dicho pronunciamiento que admita o rechace dicha solicitud, convirtiéndola en una decisión indebidamente inapelable, pero además dictada por un órgano incompetente, por más que se tratase del máximo Tribunal de Justicia, situación que por supuesto bajo ningún concepto puede concebirse en un Estado de Derecho instituido por la misma Constitución Política del Estado, en base también al principio de igualdad de las partes del proceso...".
Tomando en cuenta lo determinado en la referida Sentencia Constitucional 1716/2010-R, y lo previsto en el artículo 44 de la Ley 1836 del Tribunal Constitucional vigente, así como el artículo 18 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que disponen que las decisiones y sentencias constitucionales son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, se concluye que la Corte Suprema de Justicia, a momento de resolver el presente caso, carece de competencia para considerar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso penal; cuyo entendimiento se hace extensible a los procesos sustanciados con el Código de Procedimiento Penal de 1972.
Por otro lado cabe mencionar que conforme lo instituido en el artículo 296 del Código de Procedimiento Penal de 1972, el recurso de nulidad o casación procede, en los casos de inobservancia o quebrantamiento de las formas procesales prescritas bajo pena de nulidad, para la tramitación de la causa o para la expedición del fallo y en los casos de violación de la ley sustantiva en la decisión de la causa.
A su vez el artículo 299 del mismo cuerpo legal, determina que el recurso de nulidad o casación sólo procede contra los Autos de Vista que confirmen, revoquen o anulen las sentencias de primera instancia y contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión condicional de la pena o el beneficio de libertad condicional, y el presente recurso, no se encuentra en ninguno de los casos referidos; a ello se agrega que el recurrente tampoco cumplió la previsión del artículo 301 del mencionado Código de Procedimiento Penal de 1972, pues la falta de los requisitos señalados en el referido artículo, deviene en la improcedencia del recurso.
POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo con el requerimiento fiscal de fojas 208 a 209 y de conformidad al artículo 307 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal de 1972, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación deducido por Sofía Ondarza Loayza, Defensora de Oficio en favor del querellado Télesforo Morejón Quispe, impugnando el Auto de Vista de 5 de mayo de 2005, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba en el proceso seguido por el Ministerio Público contra José Jhonny Sejas López y el recurrente, con imputación por comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto en el artículo 48, definido en el artículo 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.