Source: https://www.abogadosdemendoza.org/post/el-fideicomiso-en-el-nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion
Timestamp: 2020-04-02 05:39:57
Document Index: 192535288

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 1673', 'artículo 1667', 'artículo 4', 'artículo 1669', 'artículo 1683', 'artículo 1684', 'artículo 1673', 'artículo 1672', 'artículo 1670', 'artículo 2493', 'artículo 1670', 'artículo 2186', 'artículo 2186', 'artículo 1680', 'artículo 1685', 'artículo 1757', 'artículo 1685', 'artículo 14', 'artículo 1669', 'artículo 1674', 'artículo 1682', 'artículo 1678', 'artículo 1679', 'artículo 1678', 'artículo 1679', 'artículo 1679', 'artículo 1678', 'artículo 1679', 'artículo 1686', 'artículo 961', 'artículo 1687', 'artículo 1688', 'artículo 1688', 'artículo 1704', 'artículo 1699', 'artículo 2448', 'artículo 1675', 'artículo 2448']

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La Ley N° 26.994 -que aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación- incluye ciertas modificaciones en el tratamiento del fideicomiso. Reproduce la estructura de la ley 24.441, precisando algunos conceptos y aportando algunas novedades consideradas de utilidad para la mejor funcionalidad del instituto.
Mantiene el esquema del fideicomiso, donde intervienen un fiduciante, que es quien transmite la propiedad fiduciaria de determinados activos a un fiduciario, administrador de los mismos, para que queden afectados a determinado fin (el negocio subyacente), en favor de un tercero, denominado beneficiario.
Se trata de un negocio unívoco, integrado por dos estamentos inescindibles, el correspondiente al contrato que determina la relación jurídica entre fiduciante y fiduciario y el de la transmisión de la propiedad fiduciaria, que perfecciona la afectación del bien pertinente al negocio El Fideicomiso en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
diseñado, a favor de ese tercero beneficiario.
- El fiduciante o instituyente, quien no requiere para actuar como tal calificaciones o cualidades subjetivas específicas, con la sola aptitud de evidenciar capacidad para contratar.
- El fiduciario, como propietario fiduciario y administrador del activo fideicomitido; vale la pena acotar, en lo que respecta a sus cualidades, que replica lo explicitado por el actual artículo 5 de la ley 24441, en cuanto a que, como principio general, cualquier persona física o jurídica puede actuar como fiduciario en la medida en que reúna el requisito de capacidad para contratar. Ahora bien, deben reputarse como únicas excepciones a tal principio general la de realizar una oferta pública para actuar como fiduciario o bien desempeñarse como fiduciario financiero; en ambos casos se limita la actuación bajo dichas posiciones a aquellas entidades financieras autorizadas a funcionar como tales y a las personas jurídicas que autorice el organismo de contralor de los mercados de valores (asumimos que la reforma mantendrá la competencia actualmente conferida sobre esta materia a la CNV), en atención a lo prescripto por el artículo 1673, párrafos primero y segundo.
- El beneficiario, en beneficio de quien el fiduciario detente dicha propiedad fiduciaria, quien posee un interés económico de naturaleza creditoria sobre el activo fideicomitido durante la vida del fideicomiso.
- El fideicomisario, también calificado como destinatario final de la propiedad plena del activo fideicomitido, como resultado de su extinción.
El contrato de fideicomiso está regulado en el Capítulo 30 del Nuevo CCyC, basado en el texto de la Ley N° 24.441 que actualmente rige en la materia (la “Ley de Fideicomiso”).
La sustancia contractual del fideicomiso se exhibe razonablemente justificada atendiendo a que, como principio general, los contenidos que obligatoriamente deberá incorporar, detallados por el artículo 1667, en términos sustancialmente similares al actual artículo 4 de la ley 24441, son básicos.
Dichos contenidos son los siguientes:
- la individualización presente o futura de los bienes que integren el patrimonio fideicomitido;
- la determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso;
- el plazo o condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria;
- la identificación o forma de determinación del beneficiario;
- el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, con indicación del fideicomisario, o su manera de determinarl;
- los derechos y obligaciones del fiduciario, y modo de sustituirlo si cesare en tal posición.
Se tiene en cuenta, además, que dicho patrimonio es continuamente mutante, cuya propiedad fiduciaria y administración se encuentra en cabeza del fiduciario, el cual, en la realidad, actúa tanto a nivel interno como externo, como un representante legal de facto de tal vehículo, sin llegar a revestir el estatus de órgano (como en el caso de una sociedad comercial), atento a su carencia de personalidad jurídica propia.
Forma (artículo 1669). Se distingue dos niveles con referencia a la observancia de las formalidades requeridas para su celebración, por una parte, la concerniente al negocio fiduciario y, por la otra, aquella aplicable al dominio fiduciario.
En lo referido al negocio fiduciario, como categoría genérica, que se constituye a través de un contrato, deberá ser celebrado por escrito, ya sea mediante el otorgamiento de un instrumento público o privado. Ahora bien, en el caso de que el negocio fiduciario creado a través de un contrato de fideicomiso incluya, ya sea inicialmente o con posterioridad, la transmisión de la propiedad fiduciaria de un activo que, por sus características, deba ser formalizada por un instrumento público, deberá cumplirse en forma obligatoria con aquella, bajo pena de ser calificado como una promesa de contrato. Así pues, si con posterioridad a la celebración de un negocio fiduciario, se incorpora como activo fideicomitido un bien cuya transmisión deba celebrarse mediante un instrumento público, a los fines de su perfeccionamiento deberá en dicho acto transcribirse el contrato de fideicomiso como parte de su contenido. Entendemos que dicha previsión legal deberá complementarse con lo estatuido por el artículo 1683, que ha consagrado el carácter fiduciario de la propiedad con efectos frente a terceros, desde el momento en que se cumplan los recaudos exigidos de acuerdo con la naturaleza de los bienes respectivos y, en especial, su artículo 1684, que establece que en los casos de bienes registrables, los registros correspondientes deberán tomar razón de la calidad fiduciaria de la propiedad, a nombre del fiduciario, clarificando, en nuestro entender, un interrogante práctico respecto a puntualizar a nombre de quién deberá registrarse la propiedad fiduciaria del activo fideicomitido.
Patrimonio: El patrimonio fideicomitido es jurídicamente autónomo y separado al de cada una de sus partes internas y, como principio general, es el único responsable en honrar las obligaciones a cargo del fideicomiso generando una serie de remedios jurídicos tendientes a su adecuada protección.
Se determina que sobre los bienes transmitidos se constituye una propiedad fiduciaria, reguladas por las disposiciones del Capitulo y las pertinentes a cada bien según su naturaleza, tratando de articular un régimen de bienes fideicomitidos, desvinculándolos del régimen de dominio fiduciario, la naturaleza de los bienes transmitidos determinan los requisitos para su oponibilidad a terceros y se mantiene el principio de que los frutos y productos de los bienes fideicomitidos se incorporan al patrimonio (salvo pacto contrario) y el principio de subrogación real de los bienes que reemplazan a los originarios.
Principio de separación patrimonial de los bienes fideicomitidos en relación con los de titularidad de las partes intervinientes en el negocio. Los bienes fideicomitidos no responden por las deudas del fiduciario, del beneficiario o del fideicomisario, ni las deudas del fideicomiso se encuentran garantizadas por los bienes de ninguno de los participantes en el negocio, salvo compromiso expreso de estos, sin perjuicio de la responsabilidad del fiduciario por aplicación de los principios generales del deber de responder.
Se mantiene la amplia disponibilidad de los bienes por parte del fiduciario, siempre que lo requieran los fines del fideicomiso, con posibilidad de control a los terceros con quienes contrata, las limitaciones deben inscribirse en el caso de bienes registrables.
a. Confiere un mayor protagonismo en la actuación del beneficiario y el fideicomisario como parte de la dinámica inherente al funcionamiento del fideicomiso. Tal principio se exterioriza a través de una serie de previsiones legales que enunciamos a continuación:
i) se define específicamente al fideicomisario como la persona a quien se le transfiere la propiedad plena del activo fideicomitido al concluir el fideicomiso y puede ser incluso un tercero (art. 1672);
ii) solicitar la rendición de cuentas al fiduciario (conjuntamente con el fiduciante o el beneficiario) (art. 1675);
(iii) requerir la remoción judicial del fiduciario por incumplimiento de sus obligaciones o bien por una imposibilidad material o jurídica para el desempeño de sus funciones, a pedido del beneficiario o el fideicomisario (además de la instancia conferida al fiduciante) [art. 1678, inc. a)];
iv) en el caso de muerte del fiduciario, proceder a su sustitución, sin intervención judicial (art. 1679, segunda parte);
v) en los casos de cesación del fiduciario, ya sea por incapacidad, capacidad restringida, inhabilitación judicialmente declarada, disolución, quiebra o liquidación, solicitar al juez ante el acaecimiento de alguna de tales causales la indicación del sustituto o el procedimiento para su designación, conforme con lo que haya sido previsto por el contrato o la ley, sobre la base del procedimiento más breve admitido por la legislación procesal local, incluyendo de manera verdaderamente novedosa la petición de la designación de un fiduciario judicial provisorio o el dictado de medidas de protección del patrimonio fiduciario si hubiera peligro en la demora (art. 1679, tercera parte);
vi) tanto el beneficiario como el fideicomisario podrán reclamar al fiduciario por el debido cumplimiento del contrato y la revocación de aquellos actos que hayan sido realizados por este último, en fraude de sus intereses, por lo que queda abierta la interpretación de cuál sería el alcance conferido a esta expresión, que no equivaldría a la histórica noción de fraude como requisito para la procedencia de una acción revocatoria sobre aquellos actos otorgados por un fiduciante, en perjuicio de los derechos individuales de sus acreedores, dejando a salvo los derechos de terceros interesados de buena fe (art. 1681, cuarta parte);
vii) extensión de la separación patrimonial del activo fideicomitido (art. 1685) con respecto al beneficiario y al fideicomisario;
viii) posibilidad de subrogarse en los derechos del beneficiario y fideicomisario por parte de sus respectivos acreedores (art. 1686, segunda parte);
ix) los bienes del beneficiario y el fideicomisario en combinación con los del fiduciante y el fiduciario no responderán, como principio general, por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso (art. 1687, segunda parte);
x) el juez podría autorizar al beneficiario o al fideicomisario al ejercicio de las acciones en defensa del activo fideicomitido en sustitución del fiduciario cuando este último no lo hiciera sin motivación suficiente (art. 1689, segunda parte)
b. El fiduciario puede ser beneficiario. El último párrafo del artículo 1673 del Nuevo CCyC establece expresamente que el fiduciario puede ser beneficiario, pero que “en tal caso, debe evitar cualquier conflicto de intereses y obrar privilegiando los de los restantes sujetos intervinientes en el contrato.”. En relación a la figura del fideicomisario, el artículo 1672 del Nuevo CCyC dispone que el fiduciario no puede ser fideicomisario.
c. Bienes que pueden ser objeto del fideicomiso. El artículo 1670 del Nuevo CCyC introduce como novedad la posibilidad de que las universalidades de bienes (como por ejemplo, un fondo de comercio) puedan ser objeto del fideicomiso. Al respecto, podría interpretarse como universalidad un establecimiento comercial sin personalidad jurídica propia, calificado por nuestro ordenamiento jurídico como un fondo de comercio, en cuyo caso, y como consecuencia de la posible transferencia de su propiedad fiduciaria a favor de un fideicomiso, debería cumplirse de manera particular, no solamente con el procedimiento de publicidad previsto por la ley 11867 a los fines de resultar oponible a todos aquellos acreedores del fondo con causa o título anterior a la transferencia, pero adicionalmente con todas aquellas formalidades requeridas por la transferencia individual de cada uno de los activos que lo integren, en particular, los de naturaleza registral, con el propósito de su registración individual, a nombre del fiduciario, en representación del fideicomiso. Recordemos, de cualquier modo, que este tipo de transferencias fiduciarias de emprendimientos en marcha, instrumentadas jurídicamente como un fondo de comercio, podrían exponer un patrimonio fiduciario a una diversidad de riesgos legales como, por ejemplo, su responsabilidad solidaria derivada del cumplimiento de pasivos laborales, originados durante la gestión del fiduciante, tal el caso de un crédito causado por el reclamo del pago de una indemnización por despido, por parte de un ex empleado del fiduciante, que también extendió su reclamo al fiduciario, que debió responder solidariamente por su cumplimiento, tal como ha sido reconocido por un leading case dictado por la justicia del trabajo de la Provincia de Mendoza (“Rosenstein, Roxana c/ Paraconcagua SA” - CTrab. 1a Prov. de Mendoza - 5/9/2007) . Asimismo, tal estándar de solidaridad, con impacto sobre el patrimonio fideicomitido, e incidentalmente sobre el del fiduciario, a título personal, podría extenderse también a pasivos de naturaleza tributaria, en especial, respecto a aquellos calificados como determinados excluyendo a contrario sensu a los no determinados, de cumplirse con la comunicación al Fisco, reglamentada por la ley de procedimientos tributarios.
También, en lo relativo al fideicomiso testamentario, el artículo 2493 del Nuevo CCyC dispone que el testador puede disponer un fideicomiso sobre toda, o una parte indivisa, de la herencia, dejando a salvo los derechos de los herederos forzosos sobre la legítima. Sin perjuicio de ello, el artículo 1670 antes citado prohíbe expresamente el fideicomiso sobre herencias futuras.
Por otro lado, se aclara que los derechos reales de garantía no pueden ser transferidos sin el crédito que aseguran y, por lo tanto, no pueden ser objeto del fideicomiso. En tal sentido, el artículo 2186 del Nuevo CCyC dispone que “…Los derechos reales de garantía son accesorios del crédito que aseguran, son intransmisibles sin el crédito y se extinguen con el principal, excepto en los supuestos legalmente previstos….”. De esta manera, ha quedado zanjada la discusión de si era posible transferir fiduciariamente un derecho real de garantía al fiduciario, sin ser éste acreedor, a los efectos de estructurar la figura de un agente de garantía por el cual el fiduciario fuera titular de una prenda o hipoteca en beneficio de los acreedores de una financiación. Queda claro que a partir del texto del artículo 2186 del Nuevo CCyC, ello no es posible.
d. Fideicomiso de garantía. El Nuevo CCyC introduce como novedad el fideicomiso de garantía, al establecer en el artículo 1680 que si el fideicomiso se constituye con tales fines, el fiduciario puede aplicar las sumas de dinero que ingresan al patrimonio, incluso por cobro judicial o extrajudicial de los créditos o derechos fideicomitidos, al pago de los créditos garantizados. Así, el Nuevo CCyC pone fin a cualquier discusión sobre la legalidad del fideicomiso en garantía, que a diferencia del fideicomiso financiero y testamentario, no está contemplado en la Ley de Fideicomiso.
e. Obligación de contratar un seguro. El artículo 1685 del Nuevo CCyC establece que “sin perjuicio de su responsabilidad, el fiduciario tiene la obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto del fideicomiso”. Asimismo, dispone que en caso de que no haya contratado seguro o cuando el seguro resulte irrazonable en la cobertura de riesgos o montos, el fiduciario es responsable en los términos del artículo 1757. Por lo tanto, en dicho caso, el fiduciario tiene responsabilidad objetiva, y debe responder por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas. De este modo el fiduciario se encontrará obligado también a la contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños causados por los activos integrantes del patrimonio fideicomitido (artículo 1685), siendo responsable en forma personal por su no contratación o cuando resulte irrazonable la cobertura de los riesgos y montos involucrados. Este cambio deja sin efecto la actual irrazonable limitación de responsabilidad objetiva, por hasta el valor de la cosa fideicomitida, cuyo riesgo o vicio hubiera sido causa del daño, si el fiduciario no pudo razonablemente haberla asegurado (artículo 14 de la ley 24441).
f- Inscripción en el Registro Público que corresponda (artículo 1669, primera parte). La norma en cuestión no define a cuáles fines debería ser registrado el contrato de fideicomiso. Entendemos que se sustenta en conferirle publicidad a los derechos y obligaciones de naturaleza personal u obligacional, como también a ciertos actos relevantes inherentes a su funcionamiento dinámico (como la inscripción de la designación o cesación, y consiguiente reemplazo, del fiduciario), acontecimiento que ha sido recientemente motivo de litigios, respecto a la legitimación del fiduciario renunciante o saliente para ser demandado por un acreedor externo del fideicomiso, quien ante la falta de publicidad de tal evento, no podía tener acceso en forma razonable a un conocimiento efectivo de quien actuaba como tal.
g- Administración. El CCyC admite que la administración fiduciaria sea ejercida en forma colegiada, a través de la actuación de varios co-fiduciarios, en forma conjunta o indistinta, aunque en todo caso su responsabilidad será solidaria respecto al cumplimiento de las obligaciones resultantes del fideicomiso (artículo 1674) y además dicho condominio posee el atributo de su indivisión forzosa mientras dure el fideicomiso (artículo 1682, tercer párrafo).
También con un claro sentido práctico, a los fines de evitar el agravamiento de conflictos derivados de la acefalía en la administración fiduciaria, dispone que ante el acaecimiento de alguna causal de cese en el desempeño del fiduciario (contempladas por el artículo 1678), el Juez competente podrá, a pedido de alguna de sus posiciones internas o de un acreedor del patrimonio fideicomitido, designar a un fiduciario judicial provisorio o dictar medidas de protección de dicho patrimonio, si hubiera peligro en la demora (artículo 1679, tercer párrafo).
Si bien la adopción de tales medidas, en esencia de fuente cautelar, se aplicarían únicamente para posibilitar en forma continua la administración de dicho patrimonio o eventualmente su conservación, tal normativa de última generación podría extenderse al dictado de una medida de intervención de la administración fiduciaria, como accesoria y subsidiaria a una acción de remoción del fiduciario, teniendo en cuenta que su decreto había sido expresamente reconocida por un leading case de primera instancia del fuero Comercial de la Capital Federal, con impacto sobre un fideicomiso inmobiliario instrumentado como un fondo de inversión directa, el cual por desistimiento de las apelaciones de sus litigantes, había quedado firme.
Por lo que se clarifica una serie de supuestos en los que el fiduciario, actuando en ejercicio de su posición como propietario fiduciario, cesare como tal, ya sea por causas voluntarias o normales, como alternativamente, forzosas, regulando una serie de situaciones a los fines de conferirle un adecuado marco de transparencia a la transferencia de la propiedad del patrimonio fiduciario al fiduciario sucesor, del mismo modo que adoptando una serie de medidas transitorias tendientes a su preservación. En este sentido, afirma el inciso e) del artículo 1678 que en los casos de renuncia del fiduciario o con motivo de una causa grave o imposibilidad material o jurídica para el desempeño de su función, este deberá transferir tal patrimonio al fiduciario sustituto, solución que es razonable, en atención a que el manejo de la administración del patrimonio fiduciario no puede quedar acéfalo como resultado de la salida del fiduciario original respetando, de manera prioritaria, el derecho de los terceros en general, que deben tener conocimiento de quién es el fiduciario en su calidad de representante legal del vehículo fiduciario. El segundo párrafo del artículo 1679 dispone que, en caso de muerte del fiduciario, los interesados (interpretando este término en sentido amplio y abarcando a las otras posiciones internas del fideicomiso, e inclusive a sus acreedores externos) pueden prescindir de la intervención judicial otorgando los actos necesarios para la transferencia de los bienes al fiduciario sustituto indicado en el contrato o aquel que sea designado de acuerdo con el procedimiento previsto por tal documento. En forma innovadora, la segunda parte del tercer párrafo del artículo 1679 provee que ante el acaecimiento de alguna de las causales de cesación del fiduciario, descriptas por el artículo 1678, el juez podrá, a pedido del fiduciante, el beneficiario o el fideicomisario, como también de un acreedor del patrimonio fiduciario, designar a un fiduciario judicial provisorio o bien dictar medidas de protección sobre dicho patrimonio si hubiera peligro en la demora. Es importante destacar que tal disposición ya había sido admitida a nivel jurisprudencial por nuestros tribunales comerciales en un caso en el que se había promovido la acción de remoción de un fiduciario. Al respecto, el juez de primera instancia competente en tal litigio, ante la acreditada situación de desprotección del activo fideicomitido, afectado al desarrollo de un proyecto inmobiliario, resolvió -en carácter de medida cautelar- designar inicialmente a un coadministrador informante, pero luego agravó su alcance, separando al fiduciario original, y nombrando al coadministrador existente como interventor judicial con carácter de fiduciario provisional, con todas las competencias, facultades y obligaciones legales y contractuales relativas a esa calidad, hasta que la asamblea de beneficiarios procediera al nombramiento del fiduciario sustituto sobre la base de las previsiones contractuales. Solución pretoriana que ha sido razonable en nuestro parecer. Señala la última parte del artículo 1679 que los bienes del fideicomiso deberán ser transmitidos al nuevo fiduciario si fueran registrables, siendo forma suficiente del título el instrumento judicial, notarial o privado, en el que conste la designación del nuevo fiduciario, solución que brinda un mayor grado de flexibilidad en las formas requeridas para la transferencia del activo fideicomitido al fiduciario sucesor.
Se incorporan dos excepciones de relevancia a los fines de eventualmente atacar la transferencia del dominio fiduciario del activo fideicomitido por parte del fiduciante a favor del fiduciario, por parte de acreedores personales de alguna de sus precitadas posiciones internas protagónicas, ya sea la acción de fraude, como también la ineficacia concursal, respectivamente (artículo 1686).
Al respecto, el alcance del ejercicio de la acción del fraude, bajo el ámbito de aplicación de la nueva Codificación, tendría que ser interpretada en forma más flexible, siguiendo su legislación aplicable en forma específica (artículos 12, 338 y 340), en comparación de los estrictos requisitos exigidos por la actual acción revocatoria de fraude o pauliana, regulada por el Código Civil (artículo 961 y sigs. del Código Civil).
Siguiendo una creciente corriente jurisprudencial de la Cámara Comercial de la Capital Federal, el CCyC dispone que la liquidación del patrimonio fideicomitido, en caso de insuficiencia, estará a cargo del juez competente (en lugar del fiduciario, conforme la actual ley 24441), quien deberá fijar el procedimiento para su instrumentación, sobre la base de la aplicación de la legislación concursal (artículo 1687, tercer párrafo), aunque mantiene la exclusión del fideicomiso como sujeto pasible de un procedimiento falencial tradicional.
En lo que respecta a la imposición de ciertas restricciones sobre las facultades del fiduciario, referidas a disponer o gravar los bienes fideicomitidos (incluso la prohibición de enajenar), además de su cristalización contractual, deberán ser inscriptas en los registros correspondientes a los bienes registrables (artículo 1688, segundo párrafo).
Se pueden prever limitaciones a las facultades de disposición e incluir la prohibición de disponer, el código establece que no son oponibles las facultades de disposición a terceros interesados de buena fe, si la clausula está correctamente inscripta, registrada la limitación no podrá nunca alegar buena fe, con relación a los bienes no registrables se prevé la inscripción en el registro público de comercio, el contratante para alegar su buena fe deberá consultarlo antes de celebrar un contrato que implique disposición de bienes y se detallan una serie de previsiones para subsanar una situación de acefalía en el ejercicio de la propiedad fiduciaria por parte del fiduciario ante el acaecimiento de alguna de las causales vinculadas con el cese de la actuación por parte de este último. Incorpora una serie de disposiciones innovadoras respecto a la registralidad de ciertas restricciones inherentes al ejercicio de las facultades fiduciarias por parte del fiduciario.
Si bien, como principio general, la primera parte del artículo 1688 establece que el fiduciario podrá disponer o gravar los bienes fideicomitidos cuando lo requieran los fines del fideicomiso sin que sea necesario el consentimiento de las otras posiciones internas del vehículo fiduciario, lo cual es razonable, ya que el fiduciario posee las facultades del dueño perfecto, en tanto los actos jurídicos que realice se ajusten a la finalidad del fideicomiso y las disposiciones contractuales pactadas; conforme a los términos del artículo 1704, el contrato de fideicomiso podría prever limitaciones a dichas facultades, incluyendo la prohibición de enajenar, las que deberán ser inscriptas en los registros competentes, correspondientes a cosas registrables teniendo en cuenta que tales limitaciones no serán oponibles a terceros interesados de buena fe. Sólo prevé que tales restricciones a las facultades fiduciarias se inscriban en los registros correspondientes a las cosas registrables, en el supuesto de que alguno de los activos fideicomitidos revista tal estatus. De allí, recalcamos, la solución innovadora que ahora otorga, con referencia a la temática de la registralidad del fideicomiso, la cual, como principio general, mantiene el régimen actual de la ley 24441 sustentado en su no registralidad tanto objetiva (aplicable al contrato) como subjetiva (respecto a la actuación del fiduciario), que incorpora la posible registración únicamente de aquellas restricciones a las facultades fiduciarias, que deberán plasmarse en el registro con competencia sobre el activo fideicomitido (en caso de ser registrable). Si bien, reiteramos, el fideicomiso se distingue por su no registralidad, tal principio tiene actualmente las siguientes excepciones, aplicables a aquellos negocios fiduciarios sujetos a supervisión estatal permanente: i) fideicomisos financieros con pleno estatus de oferta pública, sometidos a la competencia de la Comisión Nacional de Valores y ii) sobre aquellos fideicomisos financieros cuyo activo fideicomitido constituya un conjunto homogéneo de créditos originados por una entidad financiera, en este último caso, sujetos a la supervisión del Banco Central.
La nueva regulación del fideicomiso, promueve la utilización de aquel con fines testamentarios (artículo 1699), ya que podría servir como una instrumentalidad –tal como expresamente lo ha contemplado en forma separada dentro del marco de su normativa sucesoria-, para aquellos casos en que, en forma excepcional, el causante además de su porción disponible, destine el equivalente de hasta un tercio de su legítima para aplicarla como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad (artículo 2448, primera parte).
Finalmente, el CCyC replica el inexistente tratamiento contable sobre el fideicomiso que exhibe la actual ley 24441, al no haber explicitado cómo deberá materializar el fiduciario su obligación de rendir cuentas con una periodicidad -como mínimo- anual (artículo 1675), que, en la práctica, debería plasmarse en la confección de los estados contables del fideicomiso, atendiendo a que, conforme lo ha señalado en forma concordante tanto la doctrina tanto jurídica como contable, es un “ente contable”, a pesar que tampoco ha sido incorporado como uno de los sujetos obligados a llevar contabilidad, dentro de los “entes contables determinados sin personalidad jurídica” (agrupaciones de colaboración, uniones transitorias y consorcios de cooperación), previstos por la nueva Codificación.
Plazo. Se aporta la solución que si se fija un plazo mayor a 30 años el contrato no es nulo sino que se reduce al plazo máximo, impidiendo articulaciones de nulidad, si no hay fideicomisario designado los bienes existentes al finalizar el plazo o cumplirse la condición deben ser entregados al fiduciante o sus herederos.
Síntesis de las principales novedades introducidas:
• Objeto del fideicomiso pueden ser bienes determinados que se encuentren en el comercio y también las universalidades de bienes, como ser un fondo de comercio (art.1670 del CCyCN).
• La actuación de cofiduciarios, para los casos de administraciones complejas, en cuyo caso la responsabilidad de los mismos por su gestión es solidaria (art. 1674 del CCyCN).
• La obligación inexcusable del fiduciario de rendir cuentas, la que puede ser solicitada no sólo por el beneficiario, sino también por el fiduciante o por el fideicomisario, en su caso (art. 1675 del CCyCN); por consiguiente, las cláusulas de dispensa de esa obligación como las de indemnidad quedan prohibidas (art. 1676 del CCyCN).
• La sustitución del fiduciario, conforme lo previsto en el contrato de fideicomiso o por designación del juez (art. 1679 de CCyCN), lo que resulta un acierto, si se tiene en cuenta la importancia de la continuación del negocio y el logro del fin perseguido.
• El reconocimiento del fideicomiso de garantía, que tantos debates doctrinarios sobre su admisibilidad había despertado la ley 24.441, al no mencionar esta modalidad de fideicomiso (art. 1680 del CCyCN), quedando así despejadas todas las dudas, principalmente en materia de asistencias crediticias.
• La aceptación del fiduciario del fideicomiso de garantía, como beneficiario (art. 1671 del CCYCN), lo que resulta extraño a tenor del rol que cumple el fiduciario y las obligaciones expresas irrenunciables que tiene respecto del fiduciante como del beneficiario.
• El mantenimiento del principio de la separación patrimonial, ya que los activos fideicomitidos constituyen un patrimonio separado, tanto del fiduciario, como del fiduciante y del beneficiario (art. 1685 y 1686 del CCyCN), principio que refuerza el negocio fiduciario por acotación de los riesgos inherentes al mismo.
• La eliminación de la limitación de la responsabilidad objetiva hasta el valor del activo fideicomitido, que gozaba el fiduciario en la ley 24.441, lo que ahora es suplido por la obligación del fiduciario de contratar seguros contra la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto del fideicomiso (art. 1685 del CCyCN).
• La introducción de nuevos mecanismos de liquidación del fideicomiso, cuando se encuentra ante la insuficiencia de los activos fideicomitidos, que dificultan o imposibilitan el desarrollo del negocio fiduciario, en virtud de que los fideicomisos no quiebran; liquidación que deberá estar a cargo deljuez competente y bajo las normas de procedimiento de los concursos y las quiebras, en lo pertinente (art. 1687 del CCyCN).
Elementos que la regulación deja al arbitrio del ejercicio de la autonomía de la voluntad, ya sea en forma expresa o implícita:
i) el plazo de duración del fideicomiso, el cual no podrá extenderse por más de 30 años, excepto que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, en cuyo caso podrá durar hasta su muerte (art. 1668);
ii) la fijación de su objeto, en el que claramente prevalecerá su flexibilidad, con la única prohibición de pactar sobre herencias futuras (art. 1670);
iii) la determinación, extensión y contenidos inherentes al ejercicio de las facultades fiduciarias, detentadas de manera exclusiva por quien haya aceptado actuar como fiduciario;
iv) establecer si existirá una completa separación entre las posiciones de fiduciante, beneficiario y fideicomisario o bien si se contemplará una superposición entre aquellas;
v) determinar si podría existir una superposición entre los roles de fiduciario y beneficiario (art. 1671), de cualquier manera, en ningún caso el fiduciario podrá ostentar el rol de fideicomisario al prohibir que adquiera para sí los bienes fideicomitidos (art. 1676);
vi) pactar si resultará admisible una subordinación de derechos entre los beneficiarios, ya que de lo contrario se beneficiarán por igual (art. 1671, segunda parte);
vii) designar a un beneficiario sustituto (art. 1671, segunda parte);
viii) pactar si el derecho del beneficiario, aunque no haya sido aceptado, podría transmitirse por actos entre vivos o causa de muerte (excepto disposición en contrario del fiduciante) (art. 1671, cuarta parte);
ix) en los casos de la constitución de un fideicomiso de garantía, determinar cómo se establecerá la composición del activo fideicomitido, ya sea dinerario o no dinerario, según el caso (art. 1680);
x) determinar si el fiduciario se desempeñará como tal en forma unipersonal o, en forma alternativa, se admitirá un régimen de ejercicio conjunto, vía la instauración de su administración por cofiduciarios, estableciendo bajo qué modalidades podrán otorgar actos de disposición (ya sea en forma conjunta o indistinta) (art. 1688, tercera parte). De cualquier manera, en el supuesto de la creación de un fideicomiso que incluya en su estructura el manejo del patrimonio fideicomitido a través de un condominio fiduciario, queda prohibido el ejercicio de la acción de partición durante su vigencia (art. 1688, tercera parte);
xi) acordar bajo qué modalidad y periodicidad el fiduciario deberá proceder a cumplimentar su obligación de rendir cuentas de su gestión, la cual en forma consistente con la ley 24441 no podrá exceder periódicamente en su cumplimiento del plazo de un año (art. 1675);
xii) establecer cómo se estructurará su retribución, ya sea incluyendo un componente fijo o variable, de acuerdo -en nuestro entender- con la complejidad del negocio fiduciario y el grado de profesionalidad del fiduciario, según el caso. Incluye el derecho a ser reembolsado de aquellos gastos en los que haya incurrido con su propio patrimonio, irrogados como resultado del cumplimiento de sus funciones (art. 1677);
xiii) pactar si el fiduciario podrá cesar en el ejercicio de su cargo permitiéndole renunciar (art. 1678, párr. e);
xiv) pactar ante el acaecimiento de una causal de cese en su actuación como fiduciario (descriptas en el art. 1678) el mecanismo para implementar su reemplazo, ya sea designando a un sustituto indicado en el contrato de fideicomiso o, alternativamente, siguiendo el procedimiento previsto bajo aquel (art. 1671, primera parte);
xv) reglamentar cómo se implementará la adquisición de la propiedad fiduciaria sobre los frutos y productos generados por los bienes fideicomitidos, y los bienes que se adquieran con dichos frutos y productos, los cuales, excepto estipulación en contrario, corresponderán al fiduciario (art. 1684, segunda parte);
xvi) puntualizar, en el caso de la insuficiencia del activo fideicomitido, para honrar las obligaciones generadas por el cumplimiento de la finalidad del fideicomiso si el fiduciante, beneficiario o fideicomisario, según el caso, responderán por tales obligaciones con sus propios activos (art. 1687);
xvii) establecer si se requerirá el consentimiento del fiduciante, el beneficiario o el fideicomisario, a los fines de que el fiduciario pueda disponer o gravar el activo fideicomitido cuando así lo requieran los fines del fideicomiso (art. 1688, primera parte);
xviii) pactar si el contrato de fideicomiso establecerá limitaciones a las facultades de disposición o creación de gravámenes conferidas al fiduciario, incluso a la prohibición de enajenar (art. 1688, segunda parte);
xix) detallar las causales de extinción del fideicomiso [art. 1697, inc. c)] y xx) aquellas cláusulas que, de manera estandarizada, se incorporen a este tipo de contratos como resultado de la práctica del mercado, en combinación con los usos y costumbres civiles y mercantiles, cuya extensión y contenidos deberían ser adecuados a medida de la complejidad del negocio fiduciario a estructurar.
En síntesis, un patrimonio fideicomitido se destaca por las siguientes características:
1. su limitación (como excepción al principio basado en la universalidad de un patrimonio);
2. su separabilidad (ya comentada);
3. su registralidad (en caso de resultar aplicable), atendiendo a las particularidades de cada activo fideicomitido en forma individual.
4. su mutabilidad atendiendo esencialmente a las modificaciones que vaya sufriendo en relación con el debido cumplimiento de las finalidades del fideicomiso, ya sea por los frutos o productos que genere su explotación o por la subrogación real que origine su venta, en todo o en parte, y su reinversión en otros, que se incorporarán a aquel debiendo acreditarse tal circunstancia tanto en el título de la compra como en los registros pertinentes (art. 1684).
Finalmente, existe una serie de temas concernientes a la insolvencia del patrimonio fideicomitido, identificados la doctrina, que deberán ser precisados en el abordaje de esta cuestión, entre los que caben enunciar los siguientes: “...(i) mantiene el concepto de insuficiencia de los bienes, que como se ha visto no es claro (podría habérselo reemplazado por el de cesación de pagos); (ii) no establece claramente la obligatoriedad de convocatoria a los fiduciantes para realizar nuevos aportes; (iii) mantiene la imposibilidad de dar lugar a la quiebra (para algunos lo mejor hubiese sido directamente aplicar la ley de concursos); (iv) no prohíbe ni autoriza expresamente la solicitud y apertura del concurso preventivo (para zanjar definitivamente la cuestión); (v) no aclara si la liquidación podría ser solicitada por un acreedor o solo por el fiduciario, ya que solo menciona que procede su liquidación; (vi) no aclara qué sucede con las obligaciones no vencidas; (vii) no establece pautas para la liquidación (efectos sobre las obligaciones, etc.) y (viii) seguramente se presentarán diversas cuestiones en las que no estará claro que sea pertinente o no la aplicación de la ley de concursos...”
El Código Civil y Comercial mejora la regulación de la figura. Si bien el nuevo Código mantiene el régimen de la legítima rigurosa, hay disposiciones novedosas que aumentan las posibilidades del fideicomiso testamentario, como la disminución de la cuota de la legítima y el tratamiento más favorable a favor de los herederos discapacitados.
1) Dispone el art. 1699 del CCyC, que el testamento “debe contener, al menos, las enunciaciones requeridas por el art. 1667″. La expresión “al menos” revela que las enunciaciones exigidas por el art. 1667 para el contrato de fideicomiso son el contenido mínimo, pero que puede haber otras adicionales. De la técnica legislativa puede inferirse que, en cuanto sea pertinente, las soluciones previstas para el fideicomiso contractual son aplicables al testamentario, como se desprende del segundo párrafo del art. 1699 citado.
1) Si existen herederos forzosos, el fideicomiso sólo podrá ser constituido sobre la porción disponible sin afectar la legítima de aquellos, en tanto no medien justas causas de desheredación. Dispone el art. 2493 del CCyC que “La constitución del fideicomiso no debe afectar la legítima de los herederos forzosos, excepto el caso previsto en el artículo 2448″.