Source: https://boe.vlex.es/vid/reglamento-maritima-aguas-exteriores-38528795
Timestamp: 2019-09-21 06:06:34
Document Index: 148503967

Matched Legal Cases: ['Artículo 12', 'Artículo 4', 'artículo 37', 'Artículo 5', 'artículo 90', 'artículo 130', 'artículo 34', 'artículo 90', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 102', 'artículo 102', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 49', 'Artículo 17', 'artículo 93', 'artículo 93', 'Artículo 18', 'artículo 94', 'Artículo 19', 'artículo 3', 'Artículo 21', 'artículo 59', 'artículo 10', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 4', 'Artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 81', 'artículo 137', 'artículo 42', 'Artículo 26', 'artículo 21', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 107', 'artículo 21', 'artículo 105', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'artículo 25', 'Artículo 31', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 25', 'Artículo 33', 'artículo 105', 'artículo 105', 'Artículo 34', 'artículo 2', 'Artículo 36', 'Artículo 37']

Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, por el que se establece el Reglamento del régimen sancionador en materia de pesca marítima en aguas exteriores. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 38528795
Marginal: BOE-A-2008-9156
Sección 2ª. Iniciación del procedimiento.
Sección 3ª. Instrucción.
Sección 4ª. Resolución y finalización del procedimiento.
Sección 5ª. Tramitación abreviada.
Sección 6ª. Procedimiento simplificado.
Sección 7ª. Suspensión condicional y procedimiento complementario.
Sección 8ª. Procedimientos sancionadores vinculados a buques de bandera de conveniencia
Capítulo II. Infracciones y sanciones en materia de pesca marítima - arts. 12 y 13
Sección 1ª. Normas generales - arts. 14 a 19
Sección 2ª. Iniciación del procedimiento - arts. 20 a 22
Sección 3ª. Instrucción - arts. 23 a 26
Sección 4ª. Resolución y finalización del procedimiento - arts. 27 a 29
Sección 5ª. Tramitación abreviada - art. 30
Sección 6ª. Procedimiento simplificado - arts. 31 y 32
Sección 7ª. Suspensión condicional y procedimiento complementario - arts. 33 y 34
Sección 8ª. Procedimientos sancionadores vinculados a buques de bandera de conveniencia - arts. 35 a 37
Norma citada en: 32 sentencias, 3 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Artículo único Aprobación del Reglamento de procedimiento del régimen sancionador en materia de pesca marítima en aguas exteriores.
El tratamiento de los datos relativos a los procedimientos sancionadores a los que se refiere el presente reglamento está sometido a lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y sus normas de desarrollo.
Dichos datos podrán ser objeto de cesión a los órganos de la Administración General del Estado que hubieran de tener acceso a los mismos en el ámbito de sus competencias. Igualmente, podrán ser comunicados a los órganos de las Comunidades Europeas, en los términos previstos en las normas comunitarias que resulten de aplicación.
Disposición adicional segunda Funciones de control e inspección.
Disposición final primera Modificación del Real Decreto 1134/2002, de 31 de octubre sobre aplicación de sanciones en materia de pesca marítima a españoles enrolados en buques con abanderamiento de conveniencia.
ANEXO. Reglamento de procedimiento del régimen sancionador en materia de pesca marítima en aguas exteriores
[indice]Capítulo I.	Disposiciones generales.
Capítulo II Infracciones y sanciones en materia de pesca marítima.
Artículo 12.	Infracciones administrativas.
Capítulo III Procedimiento sancionador.
Sección 1ª Normas generales.
Sección 2ª Iniciación del procedimiento.
Sección 3ª Instrucción.
Sección 4ª Resolución y finalización del procedimiento.
Sección 5ª Tramitación abreviada.
Sección 6ª Procedimiento simplificado.
Sección 7ª Suspensión condicional y procedimiento complementario.
Sección 8ª Procedimientos sancionadores vinculados a buques de bandera de conveniencia
Que se cometan dentro del territorio español o en aguas exteriores bajo jurisdicción o soberanía españolas.
Que se cometan fuera del territorio o aguas jurisdiccionales españolas por personas físicas o jurídicas de nacionalidad española, a bordo de buques de pabellón nacional o sirviéndose de los mismos.
Que se cometan fuera del territorio o aguas jurisdiccionales españolas por personas físicas o jurídicas de nacionalidad española, a bordo de buques apátridas o sin nacionalidad o de buques de pabellón extranjero o sirviéndose de los mismos, en este último supuesto siempre que el Estado de bandera no haya ejercido su competencia sancionadora, de acuerdo con el procedimiento establecido en la sección 8.ª del capítulo III de este reglamento.
Cuando se trate de infracciones consideradas como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en los términos en que así lo disponga la normativa comunitaria o internacional, detectadas en territorio o aguas jurisdiccionales españolas aún cuando hayan sido cometidas fuera de dicho ámbito, independientemente de la nacionalidad de sus autores y del pabellón de buque.
Si la comisión de la infracción está vinculada a un buque de pabellón español, será competente el Delegado del Gobierno de la comunidad autónoma donde el buque tenga su puerto base.
Si la comisión de la infracción no está vinculada a un ningún buque será competente el Delegado del Gobierno donde haya tenido lugar la detección de los hechos.
Si el lugar de detección de los hechos es en aguas exteriores o alta mar, y está vinculado un buque de pabellón no nacional, será competente el Delegado del Gobierno del puerto de arribada de dicho buque.
Artículo 4 Transparencia del procedimiento.
El procedimiento sancionador en materia de pesca marítima se desarrollará de acuerdo con el principio de transparencia del procedimiento. A estos efectos, los interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el mismo.
El acceso a los documentos que obren en los expedientes sancionadores ya concluidos se regirá por lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Con objeto de garantizar la transparencia en el procedimiento, la defensa del presunto responsable y la de los intereses de otros posibles afectados, así como la eficacia de la propia Administración, cada procedimiento sancionador que se tramite se formalizará de forma sistemática, incorporando sucesiva y ordenadamente los documentos, testimonios, actuaciones, actos administrativos, notificaciones y demás diligencias que vayan apareciendo o se vayan practicando. El procedimiento así formalizado se custodiará bajo la responsabilidad del órgano competente en cada fase del mismo. Una vez resuelto el procedimiento y acordado el archivo definitivo de las actuaciones, el órgano competente para la iniciación del procedimiento será responsable de la custodia del expediente administrativo.
Artículo 5 Régimen, aplicación y eficacia de las sanciones en materia de pesca marítima.
Sólo se podrán sancionar infracciones en materia de pesca marítima respecto de hechos y conductas constitutivas de infracción tipificadas en el capítulo II del título V de la Ley 3/2001, de 26 de marzo.
Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan un mismo precepto administrativo, o distintos, cuando éstos tengan idéntica naturaleza o protejan un mismo bien jurídico, constituyan un mismo tipo de infracción y siempre y cuando concurra alguno de los siguientes requisitos:
Que exista proximidad temporal. Se entenderá que existe proximidad temporal cuando las acciones u omisiones hayan tenido lugar en una misma marea o en periodos inferiores a un mes.
Que exista una unidad de propósito, entendida como la ejecución de un plan previamente concebido o el aprovechamiento de idénticas circunstancias.
Que obedezca a una práctica homogénea por la utilización de medidas, instrumentos o técnicas de actuación similares.
La responsabilidad por las acciones y omisiones tipificadas en los artículos 95 a 97 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, es de naturaleza administrativa y no excluye las de otro orden a que hubiere lugar.
Las sanciones que se impongan a distintas personas, físicas o jurídicas, como consecuencia de una misma infracción tendrán entre sí carácter independiente, salvo en los supuestos de responsabilidad solidaria regulados en el artículo 90.2 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo.
La responsabilidad atribuida a los patrones o capitanes de los buques no excluirá la posibilidad de iniciar procedimientos contra las personas jurídicas propietarias o armadoras de los buques a bordo de los cuales se cometan las infracciones que se les atribuyen.
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado originario, así como, en su caso, con la indemnización de los daños y perjuicios causados, en los términos previstos en el artículo 130.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente.
Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la Administración Pública, la resolución del procedimiento sancionador podrá declarar:
La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía haya quedado determinada durante el procedimiento. De no ser así, la cuantía se determinará mediante el procedimiento complementario previsto en el artículo 34 de este reglamento.
Para la determinación, en su caso, de la indemnización, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Evaluación del coste de la restitución y reposición.
Beneficio obtenido con la actividad infractora. Cuando el beneficio sea superior a la indemnización se tomará para esta, como mínimo, la cuantía de aquel.
Todos los sujetos implicados en la comisión de una infracción a que se refiere el artículo 90.2 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, podrán ser considerados como responsables solidarios cuando la infracción sea imputable a varios de ellos y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno.
Artículo 8 Concurrencia de procedimientos y sanciones.
El órgano competente acordará la suspensión del procedimiento sancionador o, ya finalizado éste, de su ejecución, desde el momento en que se tenga conocimiento cierto de estar en curso otro procedimiento sancionador por los mismos hechos, sujetos y fundamentos por órganos comunitarios europeos u otras organizaciones internacionales de la que España sea parte. La suspensión se alzará desde el momento en que se tenga conocimiento de haberse dictado por aquéllos resolución firme.
Si se hubiera impuesto sanción por los órganos referidos en el apartado anterior, basada en idénticos hechos y fundamentos jurídicos, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, debiendo compensarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
En los supuestos previstos en los apartados anteriores, la suspensión alcanzará también al plazo de prescripción de la infracción o sanción administrativa.
Artículo 9 Comunicación de los indicios de infracción.
Artículo 10 Prescripción y archivo de las actuaciones.
Cuando de las actuaciones previas se concluya que ha prescrito la infracción, el órgano competente para iniciar el procedimiento acordará de oficio la no procedencia de iniciar el mismo.
Una vez iniciado el procedimiento, si se concluyera en cualquier momento que ha prescrito la infracción, el órgano competente para resolver, a propuesta del instructor, acordará la conclusión del procedimiento, con archivo de las actuaciones. Dicha resolución se notificará a los interesados.
Transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse practicado la notificación de éste al imputado, el órgano competente para iniciar procederá al archivo de las actuaciones. Si la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente podrá acordar de nuevo el inicio de las mismas. En este último supuesto, ambos acuerdos, de archivo y nuevo inicio del expediente, deberán ser notificados al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir.
Asimismo, cuando haya transcurrido el plazo para la prescripción de las sanciones de carácter no pecuniario, el órgano competente para resolver lo notificará al imputado. En el caso de prescripción de las sanciones de carácter pecuniario, se actuará conforme a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y las normas en materia de recaudación.
Artículo 11 Vinculaciones con el orden jurisdiccional penal.
Recibida la comunicación, y si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera corresponder, el órgano competente para la iniciación o, en su caso, resolución del procedimiento, en función de la fase en que se encuentre el mismo, acordará su suspensión hasta que recaiga resolución firme o que ponga fin al procedimiento.
De no haberse apreciado la existencia de delito o falta, el órgano competente levantará la suspensión y acordará la continuación de la tramitación del expediente administrativo desde el momento en que tenga conocimiento de la resolución firme de la autoridad judicial, o que ponga fin al procedimiento.
Capítulo II Infracciones y sanciones en materia de pesca marítima Artículos 12 y 13
Artículo 12 Infracciones administrativas.
Artículo 13 Graduación de las sanciones.
Dentro de cada uno de los tramos establecidos por el artículo 102 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, las sanciones pecuniarias que procedan respecto de infracciones calificadas como leves, graves o muy graves, se impondrán en los grados mínimo, medio o máximo, en atención a los siguientes criterios:
Los criterios de graduación o agravantes recogidos en los apartados anteriores no podrán utilizarse para agravar o atenuar la infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o formen parte del propio ilícito administrativo.
De conformidad con los criterios expuestos en los anteriores apartados y de acuerdo con los límites fijados en el artículo 102 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, las sanciones pecuniarias por infracciones leves, graves o muy graves, se impondrán en los grados mínimo, medio o máximo dentro de los siguientes tramos:
Multa por infracción leve:
Multa por infracción grave:
Multa por infracción muy grave:
Cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando una de ellas sea medio necesario para cometer la otra, se aplicará la sanción prevista para la infracción más grave.
Capítulo III Procedimiento sancionador Artículos 14 a 37
Sección 1ª Normas generales Artículos 14 a 19
Artículo 14 Plazo de tramitación.
El plazo máximo para tramitar, resolver y notificar la resolución sancionadora será de seis meses, que se computarán desde la adopción del acuerdo de iniciación del procedimiento.
Transcurrido este plazo el órgano competente para resolver declarará la caducidad de las actuaciones, sin perjuicio de solicitar asimismo al Delegado de Gobierno en la comunidad autónoma competente el reinicio del procedimiento, en tanto no haya prescrito la infracción.
Artículo 15 Ampliación y suspensión del plazo.
Podrá acordarse la ampliación del plazo de tramitación del procedimiento sancionador cuando, por causa justificada y debidamente motivada se estime necesaria para garantizar el acierto y legalidad de la resolución, o cuando falten elementos de juicio suficientes o cuando los interesados tengan su domicilio fuera del territorio español.
Asimismo el plazo máximo del artículo anterior podrá ser objeto de suspensión, de acuerdo con los artículos 28 y 35 de este reglamento, o por causas imputables a los interesados, y por las demás previstas en las leyes.
La ampliación o suspensión será acordada por el órgano competente para resolver el procedimiento, bien de oficio o bien a propuesta razonada del órgano instructor y notificada al interesado.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 42 y 49 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
Con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento, el órgano competente para la iniciación o resolución del mismo, podrá acordar la realización de las actuaciones previas necesarias con objeto de determinar si concurren las circunstancias que justifiquen tal iniciación.
En especial, estas actuaciones se orientarán, a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.
Si, identificados los presuntos responsables, tuviesen los mismos domicilio en un país extranjero se les podrá requerir para que señalen uno radicado en España a efectos de notificación.
Siempre que los presuntos responsables residan en el extranjero o cuando, residiendo en España, fuera necesario cumplimentar algún tramiten el extranjero, se hará efectiva la posibilidad de ampliación de plazos a que se refiere el artículo 49.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
Las actuaciones previas serán realizadas por la persona u órgano administrativo que determine el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento y, en su caso, por los órganos que tienen atribuidas las funciones de control e inspección de la actividad de pesca marítima en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado en los términos previstos en el Real Decreto 176/2003, de 14 de febrero, que regula el ejercicio de las funciones de control e inspección de las actividades de pesca marítima.
Artículo 17 Medidas provisionales.
Antes de la iniciación del procedimiento sancionador el Delegado del Gobierno en la comunidad autónoma competente, o cualquiera de las autoridades a que se refiere el artículo 93.1 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, podrá adoptar las medidas provisionales que estime necesarias para:
Tendrán la consideración de medidas provisionales, entre otras:
Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, dentro de los quince días siguientes a su adopción. Las medidas adoptadas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas, salvo en el supuesto previsto en la sección 8.ª del presente reglamento, cuando sea necesaria una previa notificación al Estado de bandera antes de proceder al inicio del procedimiento sancionador, en cuyo caso podrán confirmarse las citadas medidas quedando suspendida la incoación del procedimiento hasta la cumplimentación de dicho trámite.
Cuando por razones de urgencia o de necesidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, las medidas provisionales se adopten verbalmente éstas deberán reflejarse en Acuerdo escrito y motivado por la autoridad competente a la mayor brevedad posible y en todo caso, en un plazo no superior a cinco días, dando traslado del mismo al interesado.
Cuando las medidas provisionales son adoptadas por el inspector de pesca en el acta, deberán asimismo ser objeto de confirmación, modificación o levantamiento en el acuerdo de inicio del procedimiento, en el citado plazo de quince días, so pena de que devengan ineficaces.
Iniciado el procedimiento sancionador, la adopción de medidas provisionales corresponderá al órgano competente para su resolución, sin perjuicio de que por razones de urgencia inaplazable, el órgano competente para iniciar el procedimiento o el órgano instructor puedan adoptar las que resulten necesarias.
La adopción de estas medidas se realizará mediante acuerdo motivado, poniendo de relieve en cada caso concreto su necesidad en función de los objetivos que se pretendan garantizar, así como su intensidad y proporcionalidad en relación, entre otras, con las siguientes circunstancias:
Las medidas provisionales adoptadas se extinguirán al dictarse la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento sancionador. No obstante, en la resolución se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar la eficacia de la misma en tanto no sea ejecutiva.
El importe de los gastos derivados de la adopción de las medidas anteriormente descritas correrán a cargo del imputado.
Artículo 18 Del destino de los bienes y productos aprehendidos, incautados y decomisados.
El destino de las capturas pesqueras decomisadas será el siguiente:
En el supuesto de capturas pesqueras decomisadas que tuviesen posibilidades de sobrevivir, el inspector de pesca instará su devolución al medio marino en los términos previstos en el Real Decreto 176/2003, de 14 de febrero.
En caso contrario, el inspector, en el supuesto de que no se haya iniciado el procedimiento sancionador o bien, el órgano competente para la iniciación o en su caso resolución del procedimiento, en función de la fase procedimental en la que se encuentre el expediente, podrá disponer a darles alguno de los siguientes destinos:
Las capturas pesqueras decomisadas de talla antirreglamentaria o que su comercialización esté prohibida, aptas para el consumo, podrán distribuirse entre entidades benéficas y otras instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro o, en caso contrario, se procederá a su destrucción.
En el supuesto de capturas pesqueras decomisadas de talla reglamentaria, se acordará, con carácter general y siempre que su comercialización sea lícita, la venta en lonja de acuerdo con el sistema utilizado habitualmente en el lugar. El importe de esta venta será decomisado por el órgano competente. Con carácter subsidiario, y cuando no sea posible la venta en lonja, se acordará el inicio del procedimiento de subasta pública, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
Las artes, aparejos o útiles de pesca antirreglamentarios incautados serán destruidos. Los reglamentarios incautados serán devueltos al interesado si la resolución apreciase la inexistencia de infracción o, en su caso, una vez hecho efectivo el importe de la garantía, no pudiendo exceder esta del importe de la sanción que pudiera corresponder por la infracción o infracciones cometidas.
Si en la resolución del procedimiento sancionador no se apreciase la comisión de la infracción, se acordará la devolución de los productos o bienes incautados. Si el interesado no se hiciese cargo de los mismos en el plazo un año desde que haya sido requerido para ello, éstos quedarán a disposición del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, procediendo, en su caso, a ordenar su venta en subasta pública, su entrega a entidades benéficas y otras instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro o a su destrucción.
Si en la resolución del procedimiento sancionador se apreciase la comisión de infracción, los productos o bienes incautados o decomisados que no sean susceptibles de un uso lícito serán destruidos. Si su uso fuese lícito y siempre que en la resolución sancionadora no se establezca dicha incautación como sanción accesoria o como disposición cautelar para garantizar la ejecución de la sanción, se acordará la devolución de los mismos. Si el interesado no se hiciese cargo de estos en el plazo un año desde que haya sido requerido para ello, quedarán a disposición del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino que deberá decidir su destino, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
En cuanto a los buques aprehendidos en los supuestos de infracciones graves o muy graves, serán liberados sin dilación, previa constitución de garantía financiera legalmente prevista cuya cuantía será fijada por el órgano competente, en los términos previstos en el artículo 94.1 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo.
Se dejará constancia en acta de todas las actuaciones anteriores.
Artículo 19 Desarrollo de la subasta pública de los bienes y productos aprehendidos, incautados y decomisados.
Como norma general, la subasta se celebrará en lonja, o, en su caso, en el correspondiente punto autorizado para la primera venta, cuando se trate de productos frescos, o bien en el establecimiento autorizado por la comunidad autónoma.
La ejecución material de la subasta se encargará al adjudicatario de la lonja o establecimiento autorizado, previa valoración de los bienes o productos a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración.
La subasta se realizará con sujeción a las siguientes especialidades:
En aquellos supuestos en que no sea posible o no convenga promover la concurrencia, por razones debidamente justificadas en el expediente, procederá la adjudicación directa de los bienes o productos incautados en las mejores condiciones económicas. A estos efectos, el órgano competente para la iniciación del procedimiento procederá conforme a las siguientes reglas:
El procedimiento de adjudicación directa se anunciará en el tablón de anuncios de la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma competente y, en su caso, de la Subdelegación de Gobierno.
El órgano competente para la adjudicación ha de proceder a determinar el valor, con carácter previo, de los bienes o productos con referencia a precios de mercado, tratando de obtener, al menos, tres ofertas.
La adjudicación se realizará mediante acta expedida por el inspector de pesca marítima o funcionario designado por el órgano que acuerde dicha adjudicación, a favor de quien presente la oferta económica más ventajosa. Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez se haya hecho efectivo el importe.
El importe de la venta realizada, mediante subasta o adjudicación directa, quedará en depósito en la Caja General de Depósitos a disposición del órgano competente para resolver el procedimiento, a expensas de lo que se determine en la resolución del expediente sancionador, o de la ejecutoriedad efectiva de la resolución, si ésta ya hubiera sido dictada.
Sección 2ª Iniciación del procedimiento Artículos 20 a 22
El procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio por acuerdo del Delegado del Gobierno en los términos previstos en el artículo 3 del presente reglamento.
La formulación de una petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, si bien deberá comunicar de forma razonada al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación del procedimiento.
En los supuestos de denuncia, esta deberá expresar la identidad de la persona o personas que la presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción y la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.
En el supuesto de actas levantadas por los inspectores de pesca marítima, o, en su caso, por otros agentes de la autoridad, que no den lugar a la iniciación de un procedimiento, el órgano competente para su iniciación habrá de comunicar, mediante acuerdo motivado, al Director General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación del procedimiento. De este acuerdo no es necesaria la notificación a los particulares.
Artículo 21 Contenido del acuerdo de iniciación.
El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador se formalizará, como mínimo, con las siguientes especificaciones:
El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal a la persona o personas presuntamente responsables.
En los supuestos de notificación edictal, en que esta ha de practicarse conforme a lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, el anuncio permanecerá en el tablón de edictos del ayuntamiento durante un plazo de siete días, debiendo consignarse en el edicto la oportuna diligencia de la fecha en que se inicia y aquella otra en que se retira para custodiarlo en el expediente, así como la referencia a la fecha de publicación en el diario oficial correspondiente, advirtiendo del plazo que proceda para realizar las actuaciones a que hace referencia el acto notificado.
En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo de quince días, esta podrá ser considerada como propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 22 y 23, cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, motivación en cuanto a la determinación de la cuantía de la sanción y los elementos que permiten la graduación de la misma en los términos previstos en el artículo 10.2.
Artículo 22 Colaboración y responsabilidad en la tramitación.
Sección 3ª Instrucción Artículos 23 a 26
Artículo 23 Actuaciones y alegaciones.
Una vez notificado el acuerdo de iniciación, los interesados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, dispondrán de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenden valerse.
Cursada la notificación, el instructor del procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para la acreditación de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción.
Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento resultase modificada la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanción, se procederá a su notificación al presunto responsable en la propuesta de resolución.
Artículo 24 Prueba.
Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo previsto en el artículo 24, el órgano instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez. La práctica de las pruebas, entendiéndose por tales aquellas distintas de los documentos que los interesados puedan aportar en cualquier momento del procedimiento, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El instructor ordenará la práctica de cuantas pruebas estime necesarias, a fin de acreditar la efectiva realización de la conducta infractora y la determinación de la identidad de los presuntos infractores.
El instructor tan sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los inculpados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante acuerdo motivado, debidamente notificado a aquellos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo o entidad pública, y sea admitida a trámite, se entenderá que tiene los efectos suspensivos previstos en el artículo 42.5.d) de la Ley 30/1992:
Cuando el informe sea a solicitud del interesado.
Cuando el informe sea solicitado por el órgano instructor por ser preceptivo el mismo, a efectos de validez de la prueba, por requerirlo así el derecho internacional o comunitario.
Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y ejerzan funciones de inspección, que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, gozarán de presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios interesados.
Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor del procedimiento formulará propuesta de resolución. En la misma se fijarán de forma motivada los hechos, especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, constituyan y la persona o personas que resulten responsables, así como la sanción que propone que se imponga, o bien propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
En el supuesto de que se hubiesen adoptado medidas provisionales, se harán constar en la propuesta de resolución.
Artículo 26 Audiencia.
La propuesta de resolución se notificará a los interesados, acompañada de una relación de los documentos obrantes en el expediente a fin de que puedan solicitar las copias de los que estimen convenientes.
El plazo de audiencia será de 15 días, durante los cuales los interesados podrán formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento.
Salvo en el supuesto contemplado por el artículo 21.4, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado de conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 24.
Concluido el plazo de audiencia, el instructor cursará inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento, la propuesta de resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que obre en el mismo.
Sección 4ª Resolución y finalización del procedimiento Artículos 27 a 29
Artículo 27 Actuaciones complementarias.
El órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para la correcta determinación de los hechos o para la adecuada resolución del procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados.
Tendrán la consideración de actuaciones complementarias aquellos informes o ampliaciones de los existentes que resulten determinantes para dictar resolución, entendiéndose por tales los que mediante acuerdo motivado del órgano competente para resolver se acrediten como imprescindibles para la correcta determinación de los hechos o para la adecuada resolución del procedimiento.
Artículo 28 Resolución.
El órgano competente conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, dictará resolución que será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.
La resolución se notificarán a los interesados. Si el procedimiento se hubiese iniciado como consecuencia de orden superior o petición razonada, la resolución se comunicará al órgano administrativo autor de aquélla.
En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento o, en su caso, de los que resulten de las actuaciones complementarias con independencia de su diferente valoración jurídica.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano competente para resolver no está vinculado por la sanción contenida en la propuesta de resolución del instructor, no obstante, cuando estime que la infracción reviste mayor gravedad de conformidad con la tipificación de los artículos 96 y 97 de la Ley 3/2001, o bien difiera en la calificación jurídica de los hechos que resultaron probados en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes, concediéndosele para ello un plazo de quince días.
La resolución del procedimiento sancionador incluirá la valoración de las pruebas practicadas y especialmente de aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijará los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de la infracción o responsabilidad. Deberá indicar si agota o no la vía administrativa, con expresión de los recursos que puedan interponerse, el órgano ante el que tuvieran que presentarse y el plazo para ello.
En la resolución podrán adoptarse las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva. Dichas medidas podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado con anterioridad, de conformidad con el artículo 21.
La resolución será ejecutiva cuando sea firme en vía administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, en relación con la suspensión condicional y la remisión de las sanciones.
Artículo 29 Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario.
En el supuesto que el interesado manifieste su acuerdo con la propuesta de sanción, en cualquier momento anterior a la resolución del procedimiento, el órgano instructor solicitará la conformidad del órgano competente para resolver acerca de la finalización del procedimiento, en un plazo no superior a cinco días desde la recepción del acuerdo del interesado.
En el supuesto de que el órgano competente para resolver el procedimiento rectifique la propuesta de sanción se notificará al interesado dentro del plazo de un mes antes citado. En dicha notificación se deberá indicar al interesado su derecho a formular las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de 15 días contados desde el siguiente a la notificación. La conformidad del interesado a la rectificación realizada determinará la finalización del procedimiento, previa diligencia del instructor declarando la finalización del mismo y acordando su ejecución y el archivo definitivo de las actuaciones, con acuerdo del órgano competente para resolver.
Si hubiese transcurrido el plazo de alegaciones sin que se hayan producido o si el interesado manifiesta su disconformidad el órgano competente para resolver el procedimiento, notificará expresamente la resolución.
Sección 5ª Tramitación abreviada Artículo 30
Artículo 30 Tramitación abreviada.
Cuando al tiempo de iniciarse el procedimiento sancionador el órgano competente dispusiese de todos los elementos que permitan formular la propuesta de resolución, esta se incorporará al acuerdo de iniciación.
Dicho acuerdo se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto y se notificará a los interesados, entendiendo por tal a la persona o personas presuntamente responsables de la infracción.
En la notificación se advertirá expresamente a los interesados que, de no formular alegaciones ni aportar nuevos documentos o elementos de prueba en un plazo de quince días, podrá dictarse la resolución de acuerdo con dicha propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.3.
La tramitación abreviada prevista en este precepto podrá aplicarse a las infracciones leves o a las graves en las que la multa se gradúe en su grado mínimo.
Sección 6ª Procedimiento simplificado Artículos 31 y 32
Artículo 31 Procedimiento simplificado.
La iniciación se producirá por acuerdo del órgano competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, especificándose en el acuerdo de iniciación el carácter simplificado del procedimiento.
En el plazo de un mes a partir de la comunicación y notificación del acuerdo de iniciación, el órgano instructor y los interesados efectuarán, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos e informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de la prueba.
Transcurrido dicho plazo, el órgano competente para la instrucción formulará propuesta de resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 o, si aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de infracción grave o muy grave, acordará que continúe tramitándose el procedimiento general, notificándolo a los interesados para que, en el plazo de cinco días, propongan prueba si lo consideran conveniente.
El procedimiento se remitirá al órgano competente para resolver, el cual dictará en el plazo de cinco días resolución en la forma y con los efectos previstos en el artículo 25.
El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de tres meses desde que se inició.
Sección 7ª Suspensión condicional y procedimiento complementario Artículos 33 y 34
Artículo 33 Procedimiento de suspensión condicional.
El infractor podrá solicitar en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación, la suspensión condicional de la ejecución de la sanción impuesta, en los términos previstos en el artículo 105 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo. No podrá solicitarse la suspensión condicional en tanto no haya recaído resolución del recurso ordinario que, en su caso, se haya interpuesto o haya transcurrido el plazo para su interposición sin que ésta se haya producido.
Dicha solicitud, a los efectos de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 105.2 de la citada Ley 3/2001, habrá de acompañarse de una declaración responsable del infractor en la que se haga constar que no ha sido sancionado en materia de pesca marítima en los últimos tres años.
La resolución denegatoria o favorable a dicha solicitud de suspensión condicional requerirá el informe previo del Director General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, y habrá de ser notificada por el órgano competente en el plazo de seis meses, desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su resolución.
Artículo 34 Procedimiento complementario para la determinación de la indemnización por daños y perjuicios.
Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer, implicará el reconocimiento de su responsabilidad.
Sección 8ª Procedimientos sancionadores vinculados a buques de bandera de conveniencia Artículos 35 a 37
En virtud de lo dispuesto en el artículo 2, apartados c) y d), las personas físicas o jurídicas que incumplan las obligaciones derivadas de las medidas de conservación y gestión establecidas en el derecho internacional en alta mar a bordo de buques de países terceros, podrán ser sancionadas cuando el Estado de bandera no haya ejercido su competencia sancionadora, al amparo de lo establecido en el título V de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, y en el Real Decreto 1134/2002, de 31 de octubre, sobre aplicación de sanciones en materia de pesca marítima a españoles enrolados en buques con abanderamiento de conveniencia, así como en la presente disposición, cualquiera que sea su grado de responsabilidad por la participación en los hechos constitutivos de infracción.
A los efectos de la aplicación de este procedimiento, se entiende que el Estado de bandera no ejerce su competencia sancionadora, cuando en el plazo de tres meses desde que le fue notificada, por conducto oficial, la conducta presuntamente infractora, fehacientemente probada, bien no respondiera por conducto oficial, con mención de las actuaciones practicadas, o no hubiera llevado a cabo dichas actuaciones necesarias para sancionar.
Artículo 36 Procedimiento.
La notificación al Estado de bandera por conducto oficial de la conducta, presuntamente infractora, consistente en el incumplimiento de obligaciones derivadas de medidas de conservación y gestión establecidas en el derecho internacional, se realizará por la representación diplomática de España, salvo que conste en el procedimiento que ya hubiera sido efectuada anteriormente por órganos u organismos comunitarios o internacionales, en cuyo caso, se considerará ésta como válida a los efectos previstos en este reglamento.
El plazo de tres meses empezará a contar a partir del momento en que conste la entrada de la notificación en el órgano correspondiente del Estado de pabellón.
Si en el plazo de tres meses el Estado de pabellón no hubiera contestado a la notificación ni iniciado procedimiento alguno, el órgano competente podrá iniciar procedimiento sancionador contra las personas físicas o jurídicas responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2001 y en este Reglamento.
Artículo 37 Ejercicio de la competencia sancionadora por el Estado de bandera.
ACUERDO de 20 de mayo de 2011, del Consell, por el que se aprueba el III Plan de Salud de la Comunitat Valenciana 2010-2013.
DECRETO 188/2007, de 20 de julio, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.
DECRETO 548/1991, de 15 de octubre, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la instalación de la línea eléctrica aérea, de 13 Kv., Ortuella-Urioste, derivación al C.T. n.° 764 denominado «Zamarripa», en el término municipal de Ortuella (Bizkaia).