Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/230097/ley-5-2014-de-26-de-diciembre-de-vivienda-protegida-de-cantabria
Timestamp: 2018-06-18 06:00:15
Document Index: 143866679

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'artículo 24']

Ley 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda Protegida de Cantabria - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 5/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE VIVIENDA PROTEGIDA DE CANTABRIA (BOC EXT. 67 DE 29)
La Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) consagra los principios rectores de la política social y económica que deben inspirar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Uno de dichos principios consagra el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y ordena a los poderes públicos, que promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho.
Directamente relacionado con la vivienda, cabe recordar que el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Cantabria ( RCL 1982, 49 ) , aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre (RCL 1982, 49), atribuye la competencia exclusiva en materia de vivienda a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Desde la aprobación del Estatuto (RCL 1998, 3060) en la Comunidad Autónoma de Cantabria no se había establecido un marco legal de la vivienda protegida, por lo que el régimen jurídico aplicable a la vivienda protegida era el contenido en la normativa estatal anterior al Estatuto: fundamentalmente el Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre ( RCL 1978, 2419 ) , sobre política de vivienda; el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre ( RCL 1979, 126 ) , por el que se desarrolla aquél y el Decreto 2114/1968, de 24 de julio ( RCL 1968, 1584 , 1630 y 2063) , por el que se aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial. Con posterioridad fueron aprobados diversos decretos que desarrollaban planes estatales y autonómicos de vivienda.
La Ley 17/2009, de 23 de noviembre ( RCL 2009, 2256 ) , de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, dispone que en los procesos de autorización la regla general es el silencio positivo, aunque excluye los servicios sociales relativos a la vivienda social. El ámbito de aplicación de la presente ley es más amplio que el que abarcan los servicios sociales relacionados con la vivienda social, por ello, siguiendo los principios de la citada Ley 17/2009, se ha optado por el silencio positivo en los procedimientos en los que la resolución produce efectos que afectan al interesado y a la Administración Pública, y por el silencio negativo cuando los efectos de dichos procedimientos pueden afectar a la esfera jurídica o patrimonial de terceros, como son los potenciales demandantes o adquirentes de viviendas que tienen la condición de consumidores. La finalidad es proteger al ciudadano en el proceso de toma de decisión de compra o alquiler de vivienda protegida, para que reúna las condiciones de seguridad jurídica necesarias en un negocio jurídico tan importante para la esfera jurídico-patrimonial como es el que procura la vivienda familiar. Se entiende que en esos casos concurren razones de interés general que justifican el silencio negativo, porque otorga seguridad jurídica a los adquirentes y a los arrendatarios de vivienda protegida.
La ley regula además la competencia y el procedimiento en materia sancionadora, inspirados en los principios constitucionales de presunción de inocencia, legalidad y tipicidad. Las infracciones tipificadas corresponden a los incumplimientos de las normas que establecen deberes y prohibiciones y se clasifican en función de su gravedad en leves, graves y muy graves.
En lo que se refiere a las sanciones se establece una cuantía acorde con la gravedad de los hechos, señalándose además medidas complementarias para reforzar la potestad sancionadora.
Entre dichas medidas cabe destacar la descalificación de las viviendas anteriores al Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre ( RCL 1978, 2419 ) , excepto en los casos en que estén emplazadas en un suelo adquirido por expropiación forzosa. El precio de venta y renta de dichas viviendas fue liberalizado por el Real Decreto 727/1993, de 14 de mayo ( RCL 1993, 1696 ) , que no modificó su régimen de protección de 50 años, por lo que las viviendas siguen afectadas al régimen jurídico de viviendas protegidas a pesar de tener un precio de venta o renta libre.
El nuevo plan estatal, aprobado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril ( RCL 2013, 539 ) , reorienta las políticas de vivienda hacia el alquiler y la rehabilitación y carece de un marco financiero de apoyo a la promoción y adquisición de las viviendas protegidas. Como consecuencia, ha desaparecido la regulación que se venía aplicando a las viviendas de protección oficial clasificándolas en función de las categorías subvencionables que establecía cada Plan: régimen especial, general, concertado, etc., por ello la disposición transitoria segunda establece los mecanismos para que los planeamientos que prevén la construcción de viviendas protegidas puedan desarrollarse sean cuales sean sus previsiones en relación con las viviendas protegidas. El sistema se completa con otra disposición transitoria para regular el valor del suelo.
Artículo 3. Propietarios y usuarios
Artículo 4. Requisitos de los usuarios de viviendas protegidas
Artículo 5. Destino y ocupación de las viviendas protegidas
Artículo 6. Autorización para no ocupar temporalmente la vivienda
Artículo 7. Precio de las viviendas protegidas
Artículo 8. Módulo básico autonómico
Artículo 9. Valor de los terrenos en la promoción de viviendas protegidas
Artículo 10. Superficie
Dicha superficie no incluye la del resto de los elementos protegidos vinculados a ellas.
Artículo 11. Duración del régimen de protección
Artículo 12. Calificación de las viviendas protegidas
Artículo 13. Calificación provisional
Artículo 14. Calificación definitiva
4. La calificación definitiva se hará constar en el registro de la propiedad por notan de la obra nueva, con expresión de sus circunstancias esenciales, especialmente el plazo de duración del régimen de protección.
Artículo 15. Denegación de la calificación definitiva
Artículo 16. Descalificación de las viviendas protegidas
3. La resolución de descalificación será presentada en el registro de la propiedad para la cancelación de las notasgimen de protección.
Artículo 17. Promoción de viviendas protegidas
Artículo 18. Promotores para uso propio
Artículo 19. Publicidad de viviendas protegidas
Artículo 21. La transmisión de la propiedad y del uso de las viviendas protegidas
Artículo 22. Control de la transmisión y ocupación de viviendas protegidas
Artículo 23. Percepción de cantidades anticipadas
Artículo 24. Elevación a escritura pública
Artículo 25. Limitaciones y prohibiciones a la facultad de disposición sobre las viviendas y alojamientos protegidos
2. Las limitaciones y prohibiciones de disponer constarán en los títulos que documenten la compraventa, la adjudicación o la obra nueva en el supuesto de promoción individual para uso propio. Las limitaciones y prohibiciones de disponer constarán en el registro de la propiedad mediante nota"">
Artículo 26. Derechos de adquisición preferente
Artículo 27. Objeto de la programación pública de vivienda
Artículo 28. Competencias en la programación pública de vivienda
Artículo 29. Procedimiento de elaboración del Plan
Artículo 30. Contenido mínimo del Plan
Artículo 31. Obligatoriedad de seguros de daños
Artículo 32. Resolución de contratos
Artículo 33. Procedimiento para declarar la resolución del contrato
Artículo 34. Modificación del contrato
Artículo 35. Potestad de desahucio
Artículo 36. Parque público de vivienda en alquiler
Sección 1.ª. Inspección en materia de vivienda protegida
Artículo 37. Competencias y actividad inspectora
Artículo 38. Funciones de los inspectores de vivienda
Artículo 39. Actas de inspección
Artículo 40. Obligación de información y colaboración de las Administraciones Públicas y de las personas físicas o jurídicas
Artículo 41. Obligación de comparecencia
La cesión de aquellos datos de carácter personal, objeto de tratamiento, que se debe efectuar al órgano competente en materia de vivienda conforme a lo dispuesto en esta ley, no requerirá el consentimiento del afectado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ( RCL 1999, 3058 ) , de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 43. Competencias y procedimiento
Artículo 44. Caducidad del procedimiento
Artículo 45. Responsabilidad de las personas infractoras
Artículo 46. Reposición de la situación alterada
Artículo 48. Prescripción de las infracciones
Sección 3.ª. Infracciones y sanciones en materia de vivienda protegida
Artículo 50. Concepto y clases de infracciones
Artículo 51. Infracciones leves
Artículo 54. Sanciones pecuniarias y su graduación
Artículo 55. Sanciones accesorias
Artículo 56. Multas coercitivas
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Competencias en materia de vivienda protegida y patrimonio regional del suelo
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Viviendas acogidas a regímenes anteriores al Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre ( RCL 1978, 2419 )
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEGUNDA. Requisitos económicos de los usuarios de las viviendas protegidas
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Efectos del régimen jurídico establecido por la presente ley
Queda derogado el Decreto 34/1998, de 17 de abril ( LCTB 1998, 82 ) , de actividad patrimonial en materia de promoción pública de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo.
Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Cantabria ( RCL 1982, 49 ) , aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, que atribuye a la Comunidad Autónoma de Cantabria la competencia exclusiva en materia de vivienda