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Timestamp: 2019-11-17 04:18:15
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Matched Legal Cases: ['artículo 139', 'artículo 23', 'artículo 139', 'artículo 12', 'artículo 139', 'artículo 3', 'artículo 142', 'artículo 38', 'artículo 139', 'artículo 22', 'artículo 139', 'artículo 23', 'artículo 139', 'artículo 141']

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Número de dictamen: 76/01
Consultante: Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D. G. F. B., como consecuencia de accidente de circulación.
Si la Administración regional incluye una determinada carretera en su red está obligada a mantenerla en las mejores condiciones posibles de seguridad (artículo 139 del Reglamento General de Circulación) y aunque los terrenos donde se ubica el partidor sean propiedad de un particular, según datos que se desprenden del expediente, su colindancia al dominio público los sujeta a la llamada servidumbre de protección, franja en la que la Administración no debe permitir usos que no sean compatibles con la seguridad vial (artículo 23.2 de la Ley 9/1990),
PRIMERO. Con fecha 15 de octubre de 1999 -registro de entrada-, Dª. J. M. L. G., en representación de D. G. F. B., presenta escrito de reclamación de responsabilidad ante la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio por los daños ocasionados a su vehículo (MU-BD), como consecuencia del accidente que se produjo el 29 de abril de 1996 al colisionar contra un reguerón-partidor de agua de la acequia Benicotó, que se encontraba descubierto junto al límite del asfalto del camino viejo de Orihuela, dirección Alquerías, hacia la Machacanta.
Acompaña la reclamación con los siguientes documentos: un informe de la Policía Local de Murcia de 13 de mayo de 1997; la Sentencia de 26 de mayo de 1997 del Juzgado de 1ª Instancia nº. 4 de Murcia (procedimiento verbal 163/1997), que estima la excepción de incompetencia de dicha jurisdicción para conocer la demanda interpuesta por el reclamante contra el Ayuntamiento de Murcia; un escrito de éste de 14 de octubre de 1998 que comunica al interesado que dicha vía no es de titularidad municipal sino de la Administración regional y, finalmente, una factura de reparación del vehículo por la cantidad de 95. 105 pesetas.
SEGUNDO. En fecha 18 de octubre de 1999 la instructora del expediente realiza simultáneamente las siguientes actuaciones:
1) Se dirige al interesado para que complete su solicitud con los permisos de circulación y de conducir, y aporte copias cotejadas de la escritura de poder y de la factura de reparación.
2) Recaba del Juzgado de 1ª Instancia nº. 4 de Murcia el testimonio de las actuaciones seguidas en los autos 163/97.
3) Solicita del Ayuntamiento de Murcia que remita copia del expediente que obra en su poder e informe de la Policía Local.
4) Finalmente se dirige a la Dirección General de Carreteras para que aclare determinados circunstancias atinentes al Camino Viejo de Orihuela, entre ellas, si es de titularidad autonómica, contestando el Jefe de Servicio de Explotación y Seguridad Vial ser necesario para ello aportar un plano, a escala adecuada, donde el interesado identifique la carretera y el punto exacto en el que se produjo el accidente.
En respuesta a dichas actuaciones figura un escrito del reclamante, de fecha 10 de noviembre de 1999, aportando parte de los documentos solicitados, indicando que los restantes obran en los autos del juicio verbal civil 163/97, cuyo testimonio acompaña, proponiéndolo como prueba.
Asimismo el Ayuntamiento de Murcia remite el expediente tramitado y el Inspector Jefe de la Policía Local de Murcia un informe de 4 de noviembre de 1999, en el que indica que se personaron «los agentes nº 30.231 y 30.506 observando fuera de la calzada y limitando con el asfalto un entronque de reparto de agua (partidor), correspondiente a la acequia de Benicotó, encontrándose el mismo totalmente descubierto, manifestando el procurador de la acequia D. S. P. N., que está en esas condiciones más de 100 años».
TERCERO. Con fecha 26 de noviembre de 1999 el interesado aporta un plano, a escala, en donde se determina el punto exacto del accidente, acompañando 4 fotografías del lugar y de la regadera (ahora cubierta), lo que motiva el informe del Servicio de Explotación y Seguridad Vial de 9 de diciembre de 1999 en el sentido de verificar que dicho tramo pertenece a la Carretera F-50, de titularidad autonómica.
CUARTO. Con fecha 21 de febrero de 2000 emite informe el Técnico de Gestión de Explotación y Seguridad Vial quien, tras la comprobación efectuada por el vigilante, manifiesta:
«1. De acuerdo con la investigación realizada por el vigilante de explotación, en la fecha del accidente el procurador de la acequia de Benicotó era D. S. P. N., quien le manifestó que el partidor nada tiene que ver con la citada acequia siendo propiedad de un particular, por lo que no existe organismo alguno encargado de la conservación y mantenimiento de la acequia.
2. La distancia entre el partidor y la carretera es de 1 metro.
3. No existe arcén y el ancho de la carretera es de 4 metros.
4. La velocidad de la zona está limitada a 40 Km/h.
5. El partidor se encuentra a la salida de una curva y con escasa visibilidad.
6. No se aprecia relación de causalidad entre los daños sufridos y el funcionamiento de la carretera, pues ocurre al salirse de la calzada».
QUINTO. Con fecha 30 de marzo de 2000 (según la propuesta de resolución) tiene entrada en la Consejería testimonio íntegro de los autos del juicio verbal civil nº. 163/97, tramitado ante el Juzgado de 1ª Instancia nº. 4 de Murcia como consecuencia de la demanda interpuesta por el reclamante contra el Ayuntamiento de Murcia.
SEXTO. Consta informe del Ingeniero Técnico del Parque de Maquinaria de 22 de septiembre de 2000 sobre el valor de los daños reclamados, estimando que son acordes con los descritos por el reclamante, de acuerdo con la forma en que indica que se ha producido el siniestro.
SÉPTIMO. Previo informe de los Servicios Jurídicos de la Consejería, de 5 de octubre de 2000, se otorga trámite de audiencia al reclamante, que no presenta alegaciones según el extracto de la Secretaría obrante en el expediente.
OCTAVO. La propuesta de resolución de 2 de febrero de 2001 desestima la reclamación, al no quedar acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 139 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).
NOVENO. Finalmente, la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma emite informe el 2 de abril de 2001 en el que indica que la acción para reclamar ha prescrito al haber sido presentada fuera del plazo establecido y, en el supuesto de que la Consejería consultante entre a conocer el fondo, procede la desestimación íntegra de la reclamación al no ser apreciable la concurrencia de los elementos constituyentes de la misma.
DÉCIMO. Con fecha 25 de abril de 2001 -registro de entrada-, se ha recabado de este Consejo Jurídico el preceptivo Dictamen acompañando el expediente tramitado.
A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes
PRIMERA. Carácter del Dictamen.
El Consejo Jurídico ha de ser consultado preceptivamente en las reclamaciones que, en concepto de responsabilidad patrimonial, se formulen ante la Administración regional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico.
SEGUNDA. Legitimación y plazo de reclamación.
El procedimiento se ha iniciado por reclamación de parte interesada, de conformidad con lo previsto en el artículo 139.1 LPAC.
En cuanto a la legitimación pasiva, el reclamante ha dirigido sus acciones inicialmente contra el Ayuntamiento de Murcia (demanda de juicio verbal civil y reclamación administrativa) al considerar que era la Administración responsable del mantenimiento y conservación del camino, la cual le comunicó muy tardíamente (en fecha 20 de octubre de 1998) que la vía donde tuvo lugar el accidente pertenecía a la red regional.
Por tanto, el interesado dirigió su acción contra la Administración regional en fecha 15 de octubre de 1999, reconociendo ésta que el denominado «camino viejo de Orihuela» corresponde a la carretera F-50, de titularidad autonómica, y que el punto señalado por el interesado pertenece a dicha carretera (Informe del Jefe de Servicio de Explotación y Seguridad Vial de 9 de diciembre de 1999), que se encuentra incluida en la red de tercer nivel según el artículo 3, en relación con el Anexo, de la Ley regional 9/1990, de 27 de agosto, de Carreteras.
En cuanto al plazo para el ejercicio de la acción, el informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos (Antecedente Noveno) considera que la acción ha prescrito puesto que las acciones civiles llevadas a cabo por el reclamante no tuvieron eficacia interruptiva al haberse dirigido contra el Ayuntamiento de Murcia.
El Consejo Jurídico no coincide con el parecer del órgano preinformante, estimando que se han producido diversas incidencias que han interrumpido la prescripción de la acción (artículo 142.5 LPAC):
1) El evento lesivo se produjo el 29 de abril de 1996, circunstancia que no suscita dudas a este Consejo (a diferencia del órgano instructor) si se tiene en cuenta la comparecencia que realizó el interesado ante la Policía Local de Murcia al día siguiente (folio 4), relatando lo sucedido y solicitando, al mismo tiempo, la reparación de los daños al organismo que consideraba titular de la vía. En este sentido no consta que el Ayuntamiento tramitara dicha reclamación o la remitiera al órgano titular de la vía. Dicha fecha también es corroborada por las declaraciones de los testigos obrantes en los autos 163/1997. Igualmente figura un informe de la Policía Local de 30 de abril de 1996 (antes de la comparencia del interesado), que se personó en el lugar de los hechos constatando:
«Que por indicación de Beniajan-O y siendo la hora arriba indicada nos dirigimos al Camino Viejo de Orihuela con Vereda Las Palmeras (Los Ramos), en donde un vehículo la noche pasada había sufrido daños como consecuencia de haber un obstáculo en la carretera.
Personados en el lugar de los hechos se observa en el Camino Viejo de Orihuela, fuera de la calzada y limitando con el asfalto entronque de reparto de agua (partidor), agua procedente de la Acequia de Benicotó. El partidor se encuentra al descubierto y según manifiesta el procurador de la acequia D. S. P. N.... está en esas condiciones más de 100 años».
2) El reclamante, en fecha 28 de febrero de 1997, interpone demanda de juicio verbal civil contra el Ayuntamiento de Murcia (a quien considera titular de la vía puesto que dicha Corporación no le había comunicado lo contrario) por la cantidad de 95.105 pesetas por los mismos hechos que motivan la presente reclamación en vía administrativa. La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº. 4 de Murcia, de 26 de mayo de 1997 (autos 163/97), estima la excepción de incompetencia de jurisdicción dejando imprejuzgada la acción.
3) La acción de responsabilidad administrativa ante el Ayuntamiento la interpone el interesado en fecha 29 de junio de 1998, dentro del plazo del año desde la notificación de la Sentencia (el 30 de junio de 1997), según consta en los referidos autos.
4) El Ayuntamiento pone en conocimiento del reclamante en fecha 20 de octubre de 1998 que la titularidad de dicha vía corresponde a la Administración regional, interponiendo la reclamación ante ésta en fecha 15 de octubre de 1999, dentro también del plazo de un año.
En resumen, ya en la primera comparencia ante la Policía Local (en fecha 30 de abril de 1996) el interesado reclamó la reparación de los daños al organismo titular de la vía, sin que se tramitara por parte de la Administración, interrumpiéndose desde dicha fecha la prescripción de la acción. En todo caso, la reclamación en vía administrativa fue ejercitada dentro del plazo de un año desde que se dictó la Sentencia en el procedimiento verbal civil inhibiéndose a favor de la jurisdicción contencioso administrativa, aun cuando se presentara en el registro de la Administración que el reclamante consideraba competente (artículo 38.4 LPAC).
TERCERA. Sobre el procedimiento de responsabilidad patrimonial.
El procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio se ha ajustado a lo dispuesto en los artículos 6 y ss. del Real Decreto 429/1993, de 26 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP).
No obstante, han de realizarse unas observaciones en relación con la valoración de la prueba. En primer lugar, la instructora y el informe del departamento presuntamente causante de la lesión se refieren a las circunstancias actuales de la vía y del partidor cuando el accidente se produjo en el año 1996 y parte del mismo no se encontraba tapado, como indica el reclamante en su escrito de 26 de noviembre de 1999, por lo que habría sido interesante que la Administración hubiera dispuesto o visionado las fotografías originales existentes en los autos correspondientes a dicha época y que se exhibieron a los testigos. No obstante, tanto en las fotografías aportadas por el reclamante como en las que adjunta el técnico de Gestión y Explotación y Seguridad Vial se observa la cubrición en parte del partidor existente (folio 54).
En segundo lugar, no es correcta la interpretación que por el órgano instructor se realiza sobre la doctrina del Consejo Jurídico (se cita el Dictamen nº. 36/2000) sobre la valoración de la prueba testifical extrayendo de la misma, con carácter general, que debe concederse mayor credibilidad a las declaraciones de los funcionarios públicos frente a las de los testigos propuestos por la parte en el juicio verbal civil. En efecto, en el Dictamen que se cita, en relación con unos hechos concretos y con los medios probatorios aportados, se otorgó mayor credibilidad a un informe de la Guardia Civil que manifestaba que una pareja de agentes que se habían personado en el lugar (media hora después) para auxiliar al accidentado y llamar a la grúa, no encontró ninguna señal derribada, frente a las declaraciones de los testigos que fueron aportadas al expediente por el reclamante, sin inmediación del órgano instructor y que no presenciaron el accidente. Por tanto, llevada dicha interpretación a su extremo supondría negar validez a cualquier prueba testifical frente a las declaraciones de los funcionarios públicos. Más aún, la prueba testifical que se practicó en los autos nº. 163/97 sí reunía los requisitos de inmediación y la presencia en el lugar de los testigos, además de no plantearse en el presente supuesto contradicciones entre lo declarado por el reclamante y lo informado por la Policía Local.
En tercer lugar, el reclamante acompaña testimonio de particulares del procedimiento del juicio verbal civil 163/97 para que se incorpore como prueba (folio 41), que no ha sido valorada en la instrucción del expediente.
CUARTA. Sobre la concurrencia de los requisitos que determinan la responsabilidad de la Administración.
El artículo 139.1 LPAC establece, con carácter general, que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualesquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
En el presente supuesto el reclamante imputa a la Administración el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento que corresponde al titular de la vía, describiendo los hechos ocurridos (demanda de juicio verbal civil) de la siguiente manera: «sobre las 21 horas del día 29 de abril de 1996 circulaba mi representado por el Camino viejo de Orihuela, procedente de Alquerías y en dirección hacia la «Machacanta», cuando al cruzarse con una furgoneta que circulaba en dirección contraria y dado la estrechez del camino y sus irregularidades hubo de aproximarse al borde derecho de su sentido de marcha, introduciendo la rueda delantera derecha en un reguerón-partidor de obra que está ubicado junto al asfalto de la calzada y que se encontraba descubierto».
Para el órgano instructor, aunque se han acreditado los daños no se ha probado la realidad y certeza de los hechos y la relación de causalidad que pudiera existir entre los perjuicios sufridos y el referido partidor. Basa su argumentación en el hecho de que la Policía Local no disponga de antecedentes del hecho por el que se solicita atestado y, por otra parte, en la mayor credibilidad de las declaraciones de los funcionarios públicos que las de los testigos propuestos por el reclamante.
Sin embargo, el Consejo Jurídico considera que concurren en el presente supuesto los requisitos exigidos legalmente para acceder a la reclamación presentada con fundamento en las pruebas existentes en el expediente. Veamos:
1) El informe de la Policía Local de 30 de abril de 1996 (folio 5), previa personación en el lugar de los hechos, señala que, fuera de la calzada pero limitando con el asfalto, se encuentra el entronque del reparto del agua. Por lo tanto, si bien no existe atestado, sí existen dos actuaciones ambas de la Policía Local: la citada y la comparecencia efectuada por el reclamante ese mismo día.
2) Las declaraciones de los testigos en el procedimiento verbal (163/97) corroboran que dicho partidor se encontraba «lleno de hierba y lo tapaba», y que «el camino es muy estrecho obligando a los vehículos que circulan en sentido contrario a orillarse a la derecha para no colisionar».
3) Las fotografías aportadas al expediente sobre la situación actual (tanto las presentadas por el reclamante como las que adjunta el técnico de la Administración) reflejan que el partidor se encuentra parcialmente tapado, a diferencia del estado en que se hallaba en el año 1996, según expresa el reclamante y corrobora la Policía Local cuando indica que dicho partidor se encontraba junto al asfalto y al descubierto. Por otra parte, de dichas fotografías también se desprende que no se encuentran bien definidos los terrenos ocupados por la carretera que son de dominio público, teniendo en cuenta que también se incluye como tal la franja de terrenos de tres metros a cada lado de la vía, según el artículo 22.1 de la Ley 9/1990. Tal es así, que el Jefe de Servicio de Explotación y Seguridad Vial señala (folio 50) que «el punto señalado por el interesado, pertenece a dicha carretera».
4) El informe técnico de la Dirección General (Antecedente Cuarto) señala, entre otros aspectos, que no existe arcén y el ancho de la carretera es de 4 metros y que el partidor se encuentra situado a la salida de una curva y con escasa visibilidad.
5) Si la Administración regional incluye una determinada carretera en su red está obligada a mantenerla en las mejores condiciones posibles de seguridad (artículo 139 del Reglamento General de Circulación) y aunque los terrenos donde se ubica el partidor sean propiedad de un particular, según datos que se desprenden del expediente, su colindancia al dominio público los sujeta a la llamada servidumbre de protección, franja en la que la Administración no debe permitir usos que no sean compatibles con la seguridad vial (artículo 23.2 de la Ley 9/1990), y si se trata de usos existentes (como es el presente, en el que se detalla que el partidor es centenario), su mantenimiento ha de compatibilizarse con la seguridad a personas que ha de proporcionar la utilización de dicha infraestructura viaria de titularidad regional. Por eso mismo, el precitado artículo de la Ley regional, apartado 3, prescribe que los usos existentes serán respetados en tanto sean compatibles con la ejecución de éste.
6) La Administración no queda enervada de su responsabilidad por el hecho de que exista una señalización en la carretera, desconociéndose, por otro lado, si existía en la fecha en que ocurrió el accidente, puesto que el informe de los agentes de la Policía Local que se personaron en el lugar no hace referencia a la misma. Por otra parte no consta que dicho obstáculo estuviera señalizado en su configuración originaria (totalmente descubierto), teniendo en cuenta, además, el especial riesgo que suponía al encontrarse el partidor al descubierto y tapado de hierbas, limitando con el asfalto en un tramo estrecho de la carretera.
Finalmente, en cuanto a la cuantía indemnizatoria, se encuentra probada con la factura aportada por el reclamante (cuyo original obra en los autos), estimando el Ingeniero Técnico del Parque de Maquinaria que es acorde con los daños descritos por el reclamante (Antecedente Sexto).
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula las siguientes
PRIMERA. Procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por D. G. F. B., al haberse acreditado la concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 139 LPAC.
SEGUNDA. La cuantía indemnizatoria debe fijarse en 95.105 pesetas, actualizada con arreglo al índice de precios al consumo conforme determina el artículo 141.3 LPAC.
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