Source: https://issuu.com/ipesnavarra/docs/leyesderechosplurinacionalidad/
Timestamp: 2019-03-22 07:38:48
Document Index: 316272858

Matched Legal Cases: ['Artículo 57', 'artículo 257', 'Artículo 4', 'Artículo 250', 'Artículo 57', 'Artículo 8', 'Artículo 57', 'Artículo 85', 'Artículo 57', 'Artículo 28', 'Artículo 1', 'Artículo 98', 'Artículo 57', 'Artículo 31', 'Artículo 13', 'Artículo 31', 'Artículo 57', 'Artículo 347', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 1', 'artículo 27', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 57', 'Artículo 66', 'Artículo 17', 'Artículo 16', 'artículo 171', 'artículo 179']

Leyes y Derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos en el marco de la plurinacionalidad by IPES Elkartea - Issuu
LAS LEYES Y LOS DERECHOS COLECTIVOS de las Nacionalidades y Pueblos indígenas en el marco de la
Con el apoyo técnico y el auspicio de
Créditos Esta publicación fue elaborada por la Fundación Tukui Shimi, como parte del proyecto “Fortaleciendo los derechos de los pueblos indígenas en el nuevo marco constitucional del Ecuador” ejecutado conjuntamente con la CONAIE, con el apoyo técnico del Instituto de Promoción y Estudios Sociales (IPES, Pamplona) y el financiamiento del Gobierno de Navarra, España. Se agradece a todos y todas los y las autoridades, dirigentes y dirigentas de las nacionalidades y pueblos, y las demás personas entrevistadas que colaboraron con sus criterios, los mismos que forman la base de esta publicación. Investigación, redacción y edición:	Mónica Chuji y David Turner Concepto y diseño:	David Turner Colaboradores:
Fredy Paguay José Luis Bedón Luis Saavedra Jenny Chuje Pablo Dávalos Adriana Espín Galo Chuji Lucila Gualapuro Silvia Álvarez
Fabrizio Moreno
Imprenta Nuestra Amazonía, Quito. Teléfono: 093 444 874
Las fotos de la portada fueron tomadas del registro de los y las estudiantes y profesores y profesoras durante la celebración del XX Aniversario de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) realizada en la Universidad Politécnica Salesiana, Quito, el 29 de noviembre de 2008. Información CONAIE +(593) (02) 244 4991 - 245 2335 www.conaie.org Tukui Shimi +(593) (02) 603 6414 www.tukuishimi.org © CONAIE y Fundación Tukui Shimi, Quito, 2010
Contenidos 1. Plurinacionalidad, derechos y leyes ............................................................. 5 2. Territorialidad y autogobierno .................................................................... 10 3. Más que “biodiversidad” .............................................................................. 14 4. El derecho al agua y la ley de Recursos Hídricos ..................................... 17 5. Las industrias extractivas: petroleo y minería ......................................... 22 6. La ley de las Culturas ................................................................................... 28 7. Educación Intercultural Bilingüe ................................................................ 34 8. El derecho a la Comunicación ..................................................................... 37 9. Justicia Indígena ........................................................................................... 43
1. PLURINACIONALIDAD, DERECHOS Y LEYES El Estado y las nacionalidades y pueblos indígenas El Ecuador es un país diverso; tiene distintas nacionalidades; pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios; además tiene diversidad de identidades y manifestaciones urbanas, locales, regionales y nacionales. Las nacionalidades y pueblos indígenas se asumen como portadores de su propia lengua, cultura, instituciones, formas de vida e, incluso, los territorios de los cuales dependen para su sobrevivencia. El Ecuador, como país y como sociedad, ha sido construido desde la opresión, explotación, exclusión y el desconocimiento de las nacionalidades: esta realidad histórica es evidenciada por el mismo Estado. “Nosotros, como nacionalidad Épera, con el Estado tenemos mucha diferencia. Primero, porque somos miembros de la CONAIE y hemos exigido nuestros derechos y el respeto hacia la plurinacionalidad, pero ningún funcionario del Estado ha respetado esos derechos… No nos benefician como nacionalidad las leyes que el Estado hace.” (Salvador Chirimia, Presidente de la nacionalidad Épera, Esmeraldas.) “La relación entre el Estado y los pueblos indígenas ha sido, desde que se constituyó el Estado, de carácter excluyente, de racismo, de empobrecimiento cultural; con procesos de imposición desde el Estado a las formas de organización indígena. Igualmente, el encarecimiento de los servicios de salud, educación y demás servicios básicos han sido una manera más de exclusión a los pueblos indígenas y de sus derechos. Los pueblos indígenas han sido la fuerza de trabajo para la explotación en beneficio de un grupo económico del país, quienes han estado gobernando este Estado.” (César Pilataxi, Fundación Kawsay.)
Esta forma de imponer una sola visión del mundo, un solo referente cultural, lingüístico o social ante las nacionalidades y pueblos, demuestra que el viejo colonialismo se mantiene hasta hoy en día, en las estructuras y prácticas del Estado y en la misma sociedad ecuatoriana. Frente a ello, las nacionalidades y pueblos proponen una visión alternativa, una sociedad que sepa convivir con las diferencias y respetarlas, esto es: una sociedad pluricultural e intercultural basada en los derechos humanos, los derechos colectivos y los derechos de los pueblos indígenas. Los derechos colectivos Las nacionalidades y pueblos indígenas han exigido el reconocimiento de sus derechos como colectividades; basados en sus culturas milenarias, de identidad colectiva, comunitaria y los lazos familiares como principio organizativo. Los derechos colectivos son un “conjunto de marcos jurídicos que piensan en términos de pueblos y no en individuos; a ese conjunto de derechos se los conoce con el nombre de derechos colectivos”1 Estos derechos se reconocieron en Ecuador a partir de derechos específicos para los pueblos indígenas proclamados en el Convenio 169 de la OIT. Partiendo de sus derechos consuetudinarios ancestrales, los derechos colectivos reconocen la realidad cultural y social de las nacionalidades y pueblos, entendidos como colectividades, cuyas formas comunitarias y solidarias que sostienen la identidad cultural, valores, saberes, propiedad colectiva, autogobierno, organización y acción colectiva, así como la resistencia y lucha histórica contra el colonialismo. “Los derechos colectivos son una comunidad en su conjunto, sus formas de manifestación cultural son reconocidas y garantizados de manera colectiva para que todos puedan ser sujetos de ese derecho. Y no solamente, como ahora, se fundamente en el ciudadano, que es el individuo. Los derechos colectivos son derechos
1 Ecuador-Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades- Evaluación de una década 1998-2008; Grupos de trabajo CONAIE y Fundación Tukui Shimi, IWGIA, Copenhagen-Dinamarca, 2009.
Leyes y derechos colectivos de las Nacionalidades y Pueblos
de todas las comunidades, derechos de todas las nacionalidades, de todas las culturas en conjunto, lo que se auto determinan.” (CP) La autodeterminación, como el autogobierno, implica necesariamente el tema de la territorialidad, como derecho fundamental y como condición de los demás derechos colectivos: “Es muy importante el autogobierno dentro de los territorios de las nacionalidades, porque de esa manera podemos administrar nuestro territorio, nuestros recursos, todo la riqueza que tenemos.” (Alexandra Proaño, Presidenta de la nacionalidad Andoa, región Amazonía.) “Para hablar de autogobierno de los pueblos y nacionalidades de la Amazonia, es importante recalcar lo que dice la Constitución en el Art. 57, que nos da cuenta de que los pueblos debemos tener la propiedad colectiva, desde allí partimos, de qué mismo es el territorio. El territorio es vida, poder y sabiduría, es el espacio para construir nuestra propia identidad cultural, para conformar gobiernos autónomos, por eso se dice que el territorio es la esencia de la identidad de los pueblos.” (Inés Shiguango, Vicepresidenta de la CONFENIAE.) Los instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas del mundo En el ámbito internacional, la lucha histórica de los pueblos indígenas alrededor del mundo empezó a consolidarse en las últimas décadas, con organizaciones regionales como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). Un resultado significativo ha sido que organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, empezaron a tomar en cuenta y a responder a las demandas de estos pueblos. A la vez, este proceso ha incidido en los gobiernos y Estados. Por ejemplo, Ecuador es firmante de dos de los instrumentos internacionales más importantes sobre los derechos de los pueblos indígenas del mundo. El primero es el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificado por el Ecuador en
1989, que, entre otros derechos y atributos, reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos, es decir: como pueblos con propio derecho. Casi dos décadas después, en 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la misma que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho con soberanía propia sobre sus culturas, territorios, recursos naturales y sus instituciones tradicionales de autogobierno y organización. Los derechos constitucionales de las nacionalidades y pueblos “Los pueblos y nacionalidades indígenas han demandado durante 30 años el reconocimiento de sus derechos en la Constitución. Esto implica que la Constitución contemple los derechos para que a las nacionalidades y pueblos les sean reconocidos sus derechos colectivos, que tengan sus propias formas de organización, que tengan sus propias instituciones, sus propias autoridades. En definitiva: sus propios derechos para que puedan gobernarse a sí mismos.” (Atik Kurikamak, Instituto de derechos indígenas ‘Tinku’.) En Ecuador, el movimiento indígena ha generado demandas y propuestas sobre sus derechos colectivos que han ganado respeto, consenso y apoyo entre importantes movimientos y sectores sociales del país. Unos de los primeros frutos de este proceso de alianzas fue que la Constitución de 1998 reconozca por primera vez los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos. Estos y otros derechos fueron ampliados y profundizados en la Constitución de 2008, como consta en su primer artículo, al reconocer al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural; también reconoce y garantiza los siguientes derechos colectivos principales: *	Mantener y fortalecer la identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. *	Mantener la posesión de sus tierras y territorios ancestrales que serán inalienables, inembargables e indivisibles.
*	Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. *	La consulta previa, libre e informada sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y territorios. De la teoría al ejercicio real de los derechos colectivos Poner en práctica los derechos reconocidos y garantizados en la nueva Constitución significa enfrentar el peso de la historia colonial, republicana y neoliberal; además de los intereses políticos y económicos enraizados en el sistema y estructuras de poder del Estado actual, y de los gobiernos de turno que lo controla. Por ejemplo, las contradicciones entre el discurso bien intencionado y la dura realidad de los intereses económicos se manifestaron con la imposición gubernamental del Mandato Minero en 2008 y la eliminación del derecho al consentimiento en la misma Asamblea Constituyente que aprobó una de las Constituciones más ecológicas de la región. Estas contradicciones de principios han pasado a la realidad política, donde se ha evidenciado la represión violenta a las protestas indígenas en contra de las industrias petrolera y minera, en flagrante violación de los derechos constitucionales; por ejemplo e la represión en Dayuma-Orellana y en las provincias de Azuay, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Actualmente, existe un proceso de criminalización, judicialización y persecución política a los dirigentes de las organizaciones indígenas a nivel nacional. Por ejemplo, como consecuencia de las manifestaciones sociales a la exclusión de las nacionalidades y pueblos en la reunión del ALBA en junio pasado. La Jueza de Ibarra ha emprendido un proceso de indagación a los principales dirigentes de la CONAIE, ECUARUNARI y a otros activistas defensores de derechos humanos como son Carlos Pérez y Lina Solano. A esto hay que sumar las acciones legales pendientes en contra de Pepe Acacho de la Federación Shuar y Tito Puanchir de la CONFENIAE, entre otros casos. Las causas de la
investigación sería por un supuesto “sabotaje y terrorismo” en contra del Estado. Esta situación ponen en evidencia la estrecha relación entre las políticas para profundizar el modelo capitalistaextractivista y los conflictos sociales que su implantación genera. De mano con el empeño del gobierno de continuar con la histórica dependencia al modelo extractivista y promover el control centralizado de los recursos naturales, se observa el interés de neutralizar y cooptar las organizaciones sociales, como los decretos 982 y 1780: “El Decreto 982 es básicamente la regulación de las organizaciones de la sociedad civil. Muchos gobiernos lo han ido realizando pero este gobierno es que sacó este decreto. Básicamente atenta contra el derecho a la organización, sobre todos las nacionalidades y pueblos indígenas… Yo siento que es más para controlar y atentar contra los derechos de las organizaciones.” (Cristina Cucuri, Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Indígenas de Chimborazo COMICH.) La ley de Participación Ciudadana, aprobada en febrero de 2010, ha creado el llamado Consejo de Participación Ciudadana compuesto por mayoría oficialista pretende reemplazar a la democracia participativa y principio de lo colectivo y comunitario que sustentan las organizaciones sociales: “Al menos se toma en cuenta la participación ciudadana pero buscando destrozar las organizaciones, individualizando a las personas y buscando que el Estado sea el poderoso. Quienes detentan el poder quieren desconocer, por ejemplo, a las organizaciones que representan a colectividades, y estas colectividades no son tratadas como colectividades, sino individualizadas.” (José Vásquez, jurista.) El desinterés y la hostilidad del gobierno, y la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, para tratar temas de interés a las nacionalidades y pueblos obligó al movimiento indígena, encabezado por la CONAIE, a realizar movilizaciones en septiembre y octubre de 2009, que cobró una víctima, el profesor Shuar Bosco Wisum, fallecido durante protestas anti mineras en Morona Santiago. Como resultado, se realizó un diálogo entre la CONAIE y el Presidente Rafael Correa donde
se acordó instalar mesas de diálogo entre las nacionalidades y pueblos y el Gobierno para tratar varios temas, como el decreto presidencial que quita la autonomía de la Educación Bilingüe y los proyectos de ley de agua, territorios y educación, entre otros. Pero, a pocos meses el diálogo naufragó ante la falta de voluntad del gobierno. “Estamos preocupados como a gallos de media noche empiezan aceleradamente a aprobar la ley de aguas, así como hicieron con otras leyes. ¿Por qué? Eso significa que hay un trasfondo y queremos que eso se diga de frente. ¿Qué es que se persigue, compañeros?” (Luis Constante, Vicepresidente de Ecuarunari.) “Tenemos claro sobre la ley de ordenamiento territorial. No estamos de acuerdo por que no esta hecho con nosotros, no nos han consultado, no hemos participado, no nos han preguntado en un Estado plurinacional. Y eso nos va a excluir. Y además han dado miles de vueltas; son 700 artículos en donde no se entiende, en donde favorece otra vez una burocracia, olvidando a las comunas, olvidando a las parroquias, dejando al lado lo que significa las organizaciones.” (Delfín Tenesaca, Presidente de Ecuarunari.)
“La plurinacionalidad reconoce y también permite que participemos de manera activa en las políticas públicas del Estado y que seamos actores del Sumak Kawsay… Cuando hablamos de la interculturalidad hablamos de un medio y una dinámica que permite que toda la sociedad ecuatoriana aprenda a convivir en la diversidad, reconociendo las particularidades y a la vez valorando esas particularidades. De manera que en ese contexto, la pluriculturalidad y la interculturalidad del Estado ecuatoriano no es sino un nuevo modelo de desarrollo sustentable y basada en la naturaleza versus un Estado mono cultural, con un modelo extractivista.” (Mariano Morocho, Supervisor nacional de Educación Intercultural Bilingüe.) El Estado Plurinacional surge como respuesta a la necesidad de profundizar y extender el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de las diversas colectividades e identidades que conforman en conjunto de la sociedad, lo que el actual Estado ha sido incapaz de garantizar. El Estado Plurinacional se funda en el principio de la equidad, respeto, inclusión y convivencia a la diversidad y diferencia, así como las distintas condiciones históricas, culturales, sociales, ambientales… y los derechos correspondientes de cada colectividad, grande y pequeña, por ejemplo: mujeres, gente glbt, adultos mayores, personas con capacidades especiales.
El Estado Plurinacional “La plurinacionalidad es el respecto a la igualdad entre las diferentes nacionalidades y pueblos. Eso es la idea fundamental para la nacionalidad Épera, porque siempre hemos sido discriminados... Hemos sido la nacionalidad más pequeña.” (SC) “La plurinacionalidad es la parte política principalmente que toma en cuenta las diferentes culturas para que sean sujetos políticos, sujetos económicos, culturales y sociales. En cambio, en la interculturalidad para mi es la consecuencia de la acción de la plurinacionalidad en que se establece las relaciones interculturales. Si no se reconoce como sujetos políticos, como sujetos de derecho, como actores de derecho, por lo tanto no es posible vivir una sociedad intercultural. Entonces la plurinacionalidad es el respecto a la historia, el respecto a la cultura, el respecto al territorio, el respecto a sus formas de autoridad, donde se van auto determinando como culturas para que se pueda desarrollar y sobrevivir dentro de este país.” (CP)
Como las demás colectividades sociales, las nacionalidades y pueblos indígenas, basadas en sus propias formas orgánicas sociales, culturales, económicas y organización comunitaria crearán sus circunscripciones territoriales, las mismas que formarán parte orgánica de las estructuras de toma de decisión y gestión de las políticas, sistemas y prácticas institucionales del Estado Plurinacional. “Primero, tiene que haber la participación activa de nuestras organizaciones. Segundo, no tiene que ser de la iniciativa del escritorio o de un gobierno, sino tiene que ser la iniciativa nuestra, desde nuestras propuestas, desde la iniciativa de las organizaciones.” (Mesías Córdova, Presidente de la Federación Campesina e Indígena de Bolívar, FECABRUNARI.) “El Estado Plurinacional es generar directamente la participación en los espacios
de decisión política, es decir que los pueblos y nacionalidades tienen que estar representados en la Asamblea Nacional, en la Corte de Justicia, ahora en el quinto poder que acabaron constituir. Ahí la participación directa de pueblos y nacionalidades. Eso significa el Estado plurinacional institucionalmente. Es decir que en todos los espacios de decisión política participan directamente los pueblos y nacionalidades.” (CP) “Es un sueño que han tenidos las nacionalidades y pueblos desde muchos años: ser autónomos. Porque nos daría una ventaja a nosotros si llagaríamos ser nacionalidades o pueblos autónomos. Llegaríamos a tener nuestras propias competencias. Empezaríamos ejercer estas competencias que jamás hemos tenido. Por ejemplo, el Consejo Provincial tiene sus competencias administrativa, financiera, en todo sentido. Yo sé del Estado entra un montón de dinero al Consejo Provincial, pero eses dinero no ha sido distribuidos equitativamente a todas las comunidades.” (Germán Freire, Presidente de la nacionalidad Achuar de Ecuador.) La plurinacionalidad reconoce que el derecho a la auto determinación se aplica a las diversas colectividades, por ejemplo a las mujeres indígenas: “La autodeterminación es un derecho fundamental para los pueblos indígenas, sobre todo para las mujeres porque desde las agendas del enfoque de género, de la agenda de las mujeres en general vemos que las mujeres también hemos sido discriminados. Entonces, si no nos auto determinamos como mujeres indígenas pertenecientes a un pueblo o nacionalidad entonces podemos estar excluidas. Por eso, en nuestro caso hemos estado trabajando desde la visión de las mujeres indígenas, tenemos nuestro espacio, nuestro sistema de discusión, reuniones y creemos que desde allí tenemos que posicionar hacia el pueblo indígena y hacia la sociedad.” (CC) Los proyectos de ley de las nacionalidades y pueblos No se puede crear el Estado Plurinacional por decreto. El Estado Plurinacional es un proyecto por construir que requiere de muchas nuevas leyes que concuerden y se instrumentalicen con los derechos colectivos e individuales de la nueva Constitución. Nuevas leyes que
sirvan para orientar el fortalecimiento de nuevos modelos, instituciones y prácticas de democracia participativa y descentralizada, que a la vez se basen y fortalezcan en las tradicionales formas comunitarias de diálogo y la toma de decisiones para llegar a consensos colectivos. Para que respondan a los verdaderos anhelos y las necesidades de la sociedad, las leyes deberán ser elaboradas con la participación directa de todos los actores sociales interesados, como consta en el Artículo 57 literal 16 de la Constitución que reconoce el derecho de las nacionalidades y pueblos a “participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.” Partiendo del proceso de la reforma constitucional de 1998, el movimiento indígena, agrupado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, ha promovido un amplio proceso de discusión y redacción de propuestas de jurídicas para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos. Luego, con la Asamblea Constituyente de Montecristi que redactó y aprobó la actual Constitución en 2008, la CONAIE y las confederaciones regionales CONAICE, ECUARUNARI y CONFENIAE proceden a desarrollar, elaborar a través de talleres, reuniones y asambleas propuestas y proyectos de ley sobre un número de temas como: tierras y territorios, la explotación de los recursos naturales, el agua, cultura, educación bilingüe, comunicación y justicia indígenas, así como temas conexos como la problemática de la ley de participación ciudadana y los varios decretos presidenciales respecto al registro y regulación de las organizaciones sociales, la derogación inconsulta de la autonomía de la educación bilingüe y la igualmente inconsulta autorización a las misiones religiosas injerencia en la educación de las comunidades de la Amazonía. Pero lejos de ser un proceso abierto y propicio a facilitar el ejercicio de derecho constitucional de participar “en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades
en los planes y proyectos del Estado”, las nacionalidades y pueblos enfrentan una Asamblea Nacional, elegida en abril de 2009 con una mayoría de asambleístas de tendencia oficialista, que sistemáticamente ha ignorado las propuestas del movimiento indígena, así como de otros sectores sociales. “La leyes deben ser con la participación de las nacionalidades y pueblos, porque hoy en día no se está tomando en cuenta la decisión los pueblos. Entonces, los pueblos originarios deberíamos estar discutiendo estas leyes pero el Estado o el gobierno con sus grupos políticos no nos esta tomando en cuenta, está imponiendo una forma de ser. Pero eso es una forma del gobierno, pero nosotros sin la ley – hemos dicho que hemos vivido 500 años con ley y no nos importa esta ley minería: nuestro territorio es donde vamos resistir ningún minero puede entrar sin o con esa ley.” (Olindo Nastacuáz, Presidente de la CONAICE.) “Es decir que solamente estos 130 asambleístas creen que son solo ellos que piensan y hacen las leyes. No dan oportunidad de participación en la elaboración de las leyes para recoger a todos lo pueblos y nacionalidades, a los movimientos populares, a las organizaciones sociales, a todos los sectores que están también pensando y orientando adecuadamente para que la ley garanticen esos derechos.” (CP) “Aquí tenemos que hablar de la inclusión de la propuesta que presentamos en Cajas. ¿Donde esta Secretaría Plurinacional de Agua? ¿Donde esta el derecho del agua? Donde esta la ley q presentó la CONAIE con una marcha en Cajas? …Aquí no venimos a plantear propuestas separatistas, como lo están diciendo. Aquí venimos a plantear los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Y si esto no es incorporado no es democracia. La democracia se hace incorporando, la democracia se hace aceptando. Porque hay limitaciones y tenemos que venir nuevamente, después de veinte años caminar nuevamente llegar a la Asamblea para hacer escuchar nuestras voces. Esto no puede seguir así. La revolución con los puebles indígenas y campesinos vale pero no queremos una revolución impuesta. No queremos leyes impuestas.” (Marlon Santi, Presidente de la CONAIE.)
2. TERRITORIALIDAD Y AUTOGOBIERNO El derecho a l territorio y al autogobierno El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Administración y Descentralización (COOTAD) tendrá gran impacto en los derechos de los pueblos, por eso debe estar en concordancia con el artículo 257 de la nueva Constitución, aprobada en Montecristi en 2008 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Constitución establece: “En el marco de la organización político administrativa podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente, y se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos.” El territorio es vida “Amamos nuestra tierra, nuestra familia y seguimos enseñando y no olvidando en la cultura. La tierra es una verdadera mamá y papá, amamos a todos porque allí crecen aves, animales. Tenemos un bosque, no hay necesidad de comprar cosas de afuera; tenemos para vivir, algo bueno, mejor salud, eso queremos nosotros.” (Manuela Ima, Presidenta de la Asociación de Mujeres Waorani.) La defensa que los pueblos y nacionalidades indígenas hacen de los espacios de ocupación territorial, se sustenta en el hecho de que allí está presente la historia, el sustento y la realidad de Las nacionalidades y pueblos, y donde se puede practicar la reciprocidad, la solidaridad, la complementariedad y la dualidad, su sabiduría y sus tradiciones. “El territorio es un todo, donde se saca el agua… El momento que perdemos la gran biodiversidad perderíamos estas grandes riquezas culturales. Gran parte de la población dependen de la pesca y cacería para subsistir.” (Wilton Díaz, Presidente de la nacionalidad Chachi, Esmeraldas.) Las amenazas de la economía extractivista A través de los siglos, las tierras y territorios de los pueblos han sido asediados constantemente.
Desde la colonia hasta la actualidad, el país ha dependido y depende de una economía extractivista basado en la explotación de las llamadas ‘materias primas’ o ‘recursos naturales’, que se inició con la extracción del oro y la plata, pieles y madera; y, desde la época republicana, se empieza con la producción de los monocultivos agroindustriales como el cacao, plátano, palma africana, y posteriormente se inicia el cultivo de camarón, los cuales han a acabado con gran parte de los bosques de la costa ecuatoriana. Pero, sin lugar a duda, es la industria petrolera la que ha generado mayores impactos ambientales: contaminación, deforestación y colonización. En la Amazonía norte se inició la extracción petrolera hace 40 años, y continúa hasta la actualidad expandiéndose a lo largo de la región.
tratando, primero, de desplazarnos de nuestros páramos y tratar de quitar la autoridad que hemos ejercido en el cuidado y manejo de estos páramos. Segundo, hacer que nosotros, los pueblos originarios, somos los causantes de la destrucción y que el Estado tiene que regalar dinero para que lo conservemos… Ni siquiera la conservación, simplemente diciendo que ‘a este páramo no vuelven a tocar. A estos bosques no vuelvan a sacar una madera’… Y a lo mejor en algún momento dirán ‘este es de propiedad del Estado’.” (Mesías Córdova, Presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Bolívar, FECABRUNARI.) Los Tagaere y Taromenane
El extractivismo es un proceso que ha implicado e implica despojo y destrucción de las tierras y territorios ancestrales, contaminación del agua, y la explotación de su mano de obra; además genera divisiones en las comunidades, violación de derechos, y esto a su vez, provoca resistencias, movilizaciones de las nacionalidades y pueblos indígenas.
Actualmente, mientras se realiza una campaña internacional para recaudar fondos a cambio de no explotar petróleo en el territorio tradicional de los Tagaere y Taromenane de la nacionalidad Waorani, el gobierno, de manera inconsulta e inconstitucional, prepara las condiciones para iniciar la explotación petrolera en ese territorio, que además, es un Parque Nacional, El Yasuní, creada en 1979. Hay que indicar que la creación del Parque Yasuní también se la realizó sin consulta a nadie.
El despojo de territorios no ha terminado; los Tagaere y Taromenane en la Amazonía y la nacionalidad Épera en el norte de la Costa, están en riesgo de desaparición, en gran medida, debido a la pérdida de sus territorios. Esta situación es contraria al principio del Sumak Kawsay (el Buen Vivir), reconocida en la Constitución.
“Los hermanos Tagaere y Taromenane, que son Wao mismo, ellos están dependiendo del territorio, como de los animales allí. Nosotros, como Waorani, queremos que (las compañías petroleras) dejen que ellos viven en su propio territorio, porque ellos no quieren vivir nada que viene de afuera,” (MI)
“Primeramente hemos sido marginados. Fuimos desplazados y ya no teníamos territorio propio. Desde 2001 hemos conseguido un territorio de 347 hectáreas… Estamos en zona de riesgo con las empresas mineras, petrolera, palmeras… Los riesgos nacen desde allí.” (Salvador Chirimia, Presidente de la nacionalidad Épera, Esmeraldas)
Estos dos pueblos que han decidido estar sin contacto con la cultura occidental, sufren constantes intromisiones y han sido asesinados varios miembros de sus familias por madereros ilegales que desean explotar sus bosques. Sin embargo, la llegada de la industria petrolera a sus territorios representa un peligro mayor, porque significaría un acto de genocidio étnico, es decir la desaparición como de estos pueblos.
En la Región Andina, los pueblos kichwas también enfrentan amenazas a sus espacios de vida, uso y manejo comunitario tradicional de los páramos que, por ser una fuente vital del agua, atrae grandes intereses económicos privados y estatales: “A lo mejor en unos 15 o 20 años el problema del agua va ser un problema muy grave… Nosotros consideramos que al fondo están
El COOTAD y el derecho al autogobierno de los territorios “Después de la colonización hubo esa debilidad, donde ya todos estos derechos han sido marginados. Pero como nacionalidad sí sabemos que tenemos derecho y sabemos como
gobernar, y eso es lo que pedimos para seguir desarrollando como nacionalidad.” (SC) “En 1992, cuando marchamos desde Unión Base hasta Quito, cuando proponíamos la autonomía del pueblos kichwa de Pastaza por primera vez, los que ahora están hablando en Guayaquil, los Nebot… todos de la derecha, decían antes: ‘¿Como es posible que estos indios están hablando de autonomía? Están locos, creyendo un estado sobre otro estado.’ A cambio nosotros decimos: “La autonomía de que hablamos es de ejercer los derechos colectivos que logramos por la lucha indígena en la Constitución del 1998 y hoy en la nueva Constitución del 2008. De allí estamos hablando de nuestra autonomía.” (Efrén Calapucha, Técnico de la Coordinadora de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza.) En el 2009 la CONAIE planteó que el proyecto de ley denominado Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Administración y Descentralización (COOTAD) presentado por el oficialismo (el gobierno y los Asambleístas de Alianza PAIS), incluya el reconocimiento de las Circunscripciones Territoriales Especiales Indígenas (CTEI), para dar paso a la conformación de los autogobiernos indígenas que es una demanda histórica de las nacionalidades y pueblos. Esta propuesta fue realizada con el aporte de las nacionalidades y pueblos de la Amazonía surgidas en varias asambleas, talleres y reuniones llevadas a cabo para este propósito. “Lo que nosotros queremos es ser autónomos estando en el mismo país. Y que nosotros podamos tener competencia de administrar nuestros recursos naturales; eso se llama la autonomía. Pero el Presidente nos ha dicho que somos separatistas y queremos hacer otro Estado, lo cual nadie está pensando.” (GF) “Con esa autonomía, esta autodeterminación, que el COOTAD podría darnos, sería un paso más para gobernar en nuestro territorio. Y allí entendemos que el Estado puede asignar los recursos para hacer obras sociales en el territorio. Porque hoy día los gobiernos locales –las juntas parroquiales, el municipio, el gobierno provincial– no nos han asignado recursos. Si nosotros tenemos las CTIs podemos hacer nuestra ordenanza, para decir
qué vamos hacer con los recursos, qué vamos hacer con los bosques, qué vamos hacer con la minería...” (Olindo Nastacuáz, Presidente de la CONAICE.) El derecho a la posesión y administración de territorios y al ejercicio de los autogobiernos en sus territorios con presupuesto del Estado, constan en el Artículo 4 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que establece : “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas” ; mientras que en el Artículo 250 de la Constitución dice que la región amazónica “constituirá una Circunscripción Territorial especial para la que existirá una planificación integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del Sumak Kawsay”. “Para nosotros el derecho al autogobierno significa tener la capacidad política, la capacidad económica, la capacidad para poder decidir sobre el destino de nuestros pueblos. Para con recursos que tenemos en el territorio, los recursos humanos y el conocimiento ancestral; poder construir nuestros programas de vida, ejercer los derechos dentro nuestros territorios, el las jurisdicciones donde vamos a ejercer nuestros derechos.” (Tito Merino, miembro del Consejo de la Coordinadora de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza.) Trabas y restricciones a las Circunscripciones Territoriales y el autogobierno Los textos del COOTAD aprobados por la Comisión responsable de la Asamblea Nacional atentan contra los principios de autogobierno: “La construcción de circunscripciones territoriales que se está planteando ahora en el Código de Ordenamiento Territorial está condicionado por el articulado de la Constitución, que los pueblos y nacionalidades deben restringirse a las circunscripciones territoriales ya establecidas, como son parroquias, cantones,
provincias. Esto contradice totalmente a la gestión ancestral de los territorios que han desarrollado las comunidades, pueblos y nacionalidades… En la Amazonía, por ejemplo, la nacionalidad Shuar ocupa determinados territorios que no solamente se circunscriben a una provincia o a un cantón, sino que superan los límites; es esa forma de gestión territorial que el Estado colonial impuso en el Ecuador.” (Gerónimo Yantalema, Asambleísta del Bloque Pachakutik.) “La competencia no está definida. Una vez aprobado, el Código se regirá a través de un decreto presidencial. Esto lo hará para controlar, para vigilar los recursos naturales. Entonces no habrá la verdadera circunscripción territorial de las nacionalidades… Se dice que los pueblos indígenas debemos decidir de acuerdo a su sistema. Pero entonces ¿En qué momento vamos a ejercer nuestros derechos y nuestros sistemas de elegir y decidir? Según su Código si queremos formar una circunscripción territorial debemos acudir al Tribunal Electoral y luego que poblaciones vecinas también deberán decidir y si no podemos lograr el porcentaje necesario no lo lograremos nunca.” (Inés Shiguango, Vicepresidenta de la CONFENIAE.) Información, consulta y consentimiento El informe final del COOTAD está por evaluarse y tiene 600 artículos; a las nacionalidades y pueblos les dieron solo una hora para que sus representantes analicen y presenten propuestas, en contradicción total al derecho de las nacionalidades y pueblos a ser “consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos” (2 NOTA AL PIE: Art. 57, numeral 17 del Capítulo Cuarto sobre los Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades de la Constitución del Ecuador, 2008.) Alrededor de los temas de los derechos a la información oportuna, la consulta y el consentimiento surgen los conflictos ambientales y sociales más agudos en Ecuador. Esto es porque se trata del asunto fundamental del acceso –o no– de las industrias extractivas a los recursos naturales situados en las tierras y territorios de las nacionalidades y pueblos y su derecho a decir ‘no’.
Dayuma en Orellana y otras protestas en las provincias de Azuay, Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago contra las actividades petroleras y mineras, en ésta última con la trágica muerte del compañero Bosco Wisum, en Macas en octubre de 2009, son consecuencia de contradicciones y la falta de consulta y diálogo para su solución. “No hay ningún tipo de consulta. Mas bien hay tipos de engaños para que ellos entran fácilmente. Mas bien compran conciencia de los dirigentes. Entonces no hay una concientización o explicación total de lo que consiste la explotación minera o petrolera de los dirigentes, no hay conciencia de qué es la explotación minera o petrolera.” (Ricardo Nazareno, líder Chachi de Canandé, Esmeraldas.) “No hay garantía, no hay seguridad territorial de las nacionalidades y pueblos que verdaderamente proteja a nuestros territorios… La visión, el conocimiento de las nacionalidades: eso es la ley que protegerá y que seguirá de generación en generación… Nuestros abuelos defendieron sin ley. No había ley, no había Constitución en ese tiempo. Pero defendieron nuestros territorios. Eso tenemos claro en nuestra mente: que decían “con ley o sin ley, nosotros defendemos nuestros territorios”. (IS) A trabajar en propuestas propias La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), en una asamblea realizada en febrero de 2010, resolvió promover sistemas de gobernanza territorial propios, con normas y leyes de derecho propio, basados en el principio del Buen Vivir - Sumak Kawsay - Tarimiat Matsamsatin. “Nosotros vamos a trabajar nuestro propio estatuto, nuestra propuesta para constituirnos en gobiernos autónomos de las nacionalidades, nuestra propia forma de administrar nuestra justicia , ver el modelo económico de las nacionalidades, ver la nueva estructura de los pueblos indígenas, porque las estructura que hasta ahora hemos mantenido ha sido impuesta desde arriba y eso ha dificultado nuestro proceso, nuestro desarrollo. Queremos demostrar que el nuestro es un proyecto de vida
de miles de años. No es un proyecto como se hace la Constitución de la República, cada diez años se reforma. En cambio nuestro proyecto político es de generación a generación. Eso es lo que queremos construir ahora, tenemos, lo vamos a ejercer. En eso estamos trabajando. La propuesta del gobierno no es igual al nuestro. Es un proyecto de vida de miles de años, no es un proyecto de diez años como se hace la Constitución de la República… En cambio nuestro proyecto político es de generación a generación. Eso es que queremos construir ahora. Tenemos y lo vamos a ejercer ahora y demostrar que así debe ser.” (IS) “El Estado debería acoger esta necesidad del pueblo Chachi para que de esta manera el desarrollo sea sostenible y haya desde el inicio un empoderamiento y no impulsado o mandado desde el gobierno que es lo que quiere para el pueblo Chachi, sino al revés: de abajo hacia arriba para que esto sea sostenible y que sea garantizado la participación de parte de las comunidades y familias Chachi en este proceso de desarrollo.” (WD) “Se plantea terminar con dicho modelo colonial para pasar a un Estado plurinacional, donde las comunidades, pueblos y nacionalidades desarrollen sus propios sistemas de gestión enmarcados en toda su memoria histórica de ocupación de los territorios.” (GY)
la cosmovisión, la espiritualidad y los valores, saberes y conocimientos –la ciencia– de las culturas ancestrales. “Sí sabe Waorani, sí sabe nombre de ave, nombre de bosque. Sí sabe de las plantas medicinales. Esa historia está allí. Nosotros queremos que vive la naturaleza.” (Manuela Ima, Presidenta de la Asociación de Mujeres Waorani.) “En la biodiversidad todos está relacionado en la forma de la cosmovisión y la forma de curación porque en la biodiversidad están las plantas. Allí está la fuerza, allí está la forma de resistencia. Mucho tiene que ver con la biodiversidad… los animales, las plantas, los ríos... Todo lo que es el ecosistema la nacionalidad Awá cuida mucho.” (Olindo Nastacuáz, Presidente de la CONAICE.) Y son las y los sabios de las comunidades que han generado, custodiado y transmitido de generación a generación la sabiduría y los conocimientos de sus pueblos por miles de años… “Los yachak, los uwishin, en nuestro idioma ‘wuawilca’: ellos son los más importantes, son los guías principales en nuestras comunidades, ellos son los médicos, ellos nos enseñan vivir en la selva, nos dan la fuerza, la vida” (César Cadena, Dirigente de Juventud de la nacionalidad Andoa.)
3. MÁS QUE “BIODIVERSIDAD”
“Nuestros conocimientos ancestrales nos permiten vivir bien, nos permiten defender nuestra identidad como lo hicieron nuestros abuelos.” (Inés Shiguango, Vicepresidenta de la CONFENIAE.)
Queremos que viva la naturaleza
“La biodiversidad no consiste solamente en lo que vemos, sino lo que tenemos al interior de la selva: los supay (espíritus), que decimos. Todo esto nos está protegiendo, acompañando. Nos da toda una vida. Tenemos una relación íntima con todo lo que es la biodiversidad,” (Efrén Calapucha, Técnico de la Coordinadora de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza.)
Otra de las amenazas al que están expuestos las nacionalidades y pueblos, aparte de la industria petrolera, minera y maderera, está la desaparición de las riquezas naturales biológicas que se encuentran en abundancia en los territorios ancestrales, debido a la incesante expansión de monocultivos como el banano y la palma africana, entre otros, y la biopiratería que es el robo de los conocimientos indígenas de parte de las empresas agroindustriales extractivas y biotecnológicas.
La palabra ‘biodiversidad’ hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra. Pero esto tiende a omitir la relación entre los seres humanos y su entorno natural. Para las nacionalidades y pueblos es precisamente el reconocimiento y hasta la celebración de la relación con la Madre Tierra o Pacha Mama, como fundamento y fuente de
“Aquí hay mucho que ver el tema de las empresas madereras, el tema de las palmicultoras, el tema de las empresas mineras. Ahora vemos el tema de las petroleras. Ya hay contaminación en los ríos. Como en el caso
de la comunidad Chachi de La Ceiba, ya no se puede bañar o tomar agua del río porque hay mercurio… No hay control forestal. Las leyes no sirven. Hay un montón de madera en Borbón, nada está legalizada. Hay invasiones de nuestros territorios...” (Wilton Díaz, Presidente de la nacionalidad Chachi, Esmeraldas.) “En territorio Waorani está contaminado por el río Napo, también por Chiripuno… Donde está la petrolera, está contaminada… Y Waorani tenemos enfermos: hay hepatitis B, fiebre amarilla. Tiene enfermedades por agua contaminada del río.” (MI) Los ecosistemas de la cordillera andina no están exentas de peligros latentes: “Primero, el avance agrícola. Lo segundo es que tenemos el problema de proyectos del gobierno, del proyecto socio paramos, que está apropiando de nuestros páramos…. La depredación de los bosques, de los colchones donde se mantiene el agua, que aquí decimos de los tumbubos… Entonces a raíz de esto… la mecanización de las tierras... inclusive hay asentamientos a las faldas del Chimborazo.” (Mesías Córdova, Presidente de la Federación Campesina e Indígena de Bolívar, FECABRUNARI.) Apropiación, patentación y destrucción del acervo genético La biodiversidad es vista por las empresas nacionales y las transnacionales de biotecnología como una nueva fuente de negocios que se obtendría mediante la explotación, apropiación, patentado y uso comercial de los conocimientos ancestrales para obtener grandes ganancias. “Hay muchas amenazas en el territorio Awá por los grandes intereses de grupos económicos, por ejemplo los madereros. Está la minería, petroleros… que quieren patentar los conocimientos ancestrales... Los grupos económicos quieren sacar todos los recursos naturales y a los que vivimos allí dejar totalmente destruido y pobre, mucho más.” (ON) El insaciable apetito de los mercados internacionales ha conducido a la destrucción masiva de más del 80% del bosque tropical de la costa ecuatoriana y de un 90% de los manglares para dar paso a enormes extensiones de monocultivos de plátano, palma africana, camarones y otros productos de exportación. Así
también se destruye para siempre el gran acervo o patrimonio genético de la naturaleza. “Pueden entrar cualquier persona extranjera, hacer investigaciones, por decir como cura una planta, como se prepara y con ese conocimiento pueden patentar… Y luego decir “ustedes ya no tienen derecho de utilizar esta planta medicinal.” (ON) “También tenemos la amenaza de los intereses que están apareciendo: intereses farmacéuticas, intereses de empresas turísticas, intereses de universidades... Y las nacionalidades y pueblos no nos estamos beneficiando del uso de este recurso porque nosotros si utilizamos las partes medicinales de las plantas, con un beneficio colectivo, comunitario.” (Tito Merino, miembro de la Coordinadora de la nacionalidad Kichwa de Pastaza.) Los derechos de la naturaleza y la conservación, cuidado y manejo de la biodiversidad Los testimonios de las personas entrevistadas son una síntesis de la realidad actual de la biodiversidad y con lo que se deberá evaluar el cumplimiento de los derechos de la Naturaleza, garantizados en la Constitución en los Artículos 71 y 83, literal 6, que expresa: es deber y responsabilidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos “respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.” Por otra parte, el Artículo 57 reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas su derecho colectivo de “conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural”’ y que “el Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.” En el ámbito internacional, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) garantiza la conservación de los territorios y, dentro de ello, conservar y hacer uso de la biodiversidad. Existen también otros Convenios y tratados como el Convenio de la Diversidad Biológica (CDB) cuyo Artículo 8j estipula que cada Estado
firmante “respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica… Y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.” Pero hasta la misma Constitución de 2008 –la más ‘verde’ del mundo, según la propaganda estatal– se contradice y puede convertirse en amenaza a la biodiversidad. “La primera amenaza es la Constitución: también da derechos y también permite que explote, eso es una amenaza. Lo mismo son la ley de hidrocarburos, la ley de minería, la ley de gestión ambiental; todas esas son leyes que amenazan la biodiversidad o Pacha Mama… Hasta aquí la única protección que ha dado son los pueblos indígenas porque saben que la biodiversidad es el fundamento del conocimiento de las nacionalidades, es la identidad cultural de las nacionalidades.” (IS) El proyecto de Ley de Biodiversidad de la CONAIE “Se ha ido trabajando una propuesta preparada desde nuestras organizaciones, la cual la CONAIE había recogido en 2005 a 2007 propuestas sobre una ley de biodiversidad en un siclo de talleres que se ha trabajó en cada una de las regiones con la participación de los pueblos y nacionalidades.” (EC) “Amparados en los marcos jurídicos nacionales e internacionales, la CONAIE elaboró y luego presentó el proyecto de ley sobre la biodiversidad desde la visión indígena, la cual propone un manejo territorial a base del respeto a la Madre Tierra - Pacha Mama para lograr el Sumak Kawsay o Buen Vivir, promoviendo las condiciones y prácticas que permitan conservar, cuidar y utilizar los bienes naturales de manera ecológica y sustentable... “Por su contribución vital a la producción y regeneración de los alimentos y medicinas naturales que sostienen la vida humana, los saberes y conocimientos ancestrales son un patrimonio colectivo de gran significado y constituyen la base fundamental para la soberanía y la seguridad alimentaria, no
solamente para las nacionalidades y pueblos, sino para todo el país... “La ley sobre biodiversidad también significa ejercer el derecho de las nacionalidades y pueblos a proteger su patrimonio natural y agrícola. Es decir: cuidar y mantener los conocimientos sobre el uso y manejo de la gran variedad de plantas domesticadas y desarrolladas a través de innumerables generaciones. Esta riqueza genética ofrece alternativas sanas y productivas ante el actual modelo y sistema agroindustrial llamados también ‘agrotóxicos’, el monocultivo y la amenaza de los transgénicos.” (Mónica Chuji, Ex Asambleísta Constituyente) El derecho a los conocimientos ancestrales Uno de los primeros temas que la ley sobre biodiversidad debe tratar es el reconocimiento, protección y promoción de la espiritualidad, la sabiduría y los conocimientos ancestrales, custodiados y transmitidos de generación en generación por las y los sabios de las comunidades de cada nacionalidad y pueblo. Esta sabiduría esta amenazada por el deprecio, persecución y hasta asesinatos a los que ejercen este actividad milenaria o sea los y las yachak, como lo cuenta César Cadena: “Esos dos yachak eran los últimos dos yachak que teníamos que hablaban el idioma Andoa. Y aquí en la ciudad fueron abaleados por soldados… Con la desaparición del último yachak hemos perdido una vida, un sabio que nos dio el ánimo, la fuerza para poder estar libre en nuestro territorio… Ahora ellos tienen que hacerse respetar. Tienen que haber una ley para que ellos tengan su propio nombramiento, para que sean respetados en nuestro país. Sino se van acabar nuestros yachak y vamos quedar sin medicina ancestral...” La ley deberá garantizar el derecho de las y los sabios de las comunidades, pueblos y nacionalidades a mantener, fortalecer y compartir sus conocimientos, innovaciones y prácticas relacionados con el cuidado y manejo de la biodiversidad en forma colectiva y de beneficio comunitario. De igual manera, el Estado deberá reconocer el derecho de las y los sabios al libre ejercicio de su oficio ancestral y brindarles su protección.
Normas claras y efectivas Se requiere de normas y prácticas claras y efectivas para proteger la naturaleza y asegurar las condiciones necesarias para la protección, el uso y manejo sostenible de la naturaleza en los territorios indígenas. Normas y prácticas auto gestionadas por las nacionalidades, pueblos y otros habitantes locales para promover el intercambio de conocimientos –como, por ejemplo, el uso medicinal de plantas– de manera colectiva para fines sociales, no comerciales, en beneficio del conjunto de la sociedad. De esta manera se podrá contrarrestar las amenazas de las industrias extractivas y biotecnológicas transnacionales, nacionales estatales que pretenden comercializar y privatizar los conocimientos colectivos ancestrales y reducir la diversidad del patrimonio genético de los ecosistemas del Ecuador. Planes de vida Desde algunos años las nacionalidades y pueblos indígenas en sus distintos territorios y comunidades han elaborado planes de vida y programas propios de autogestión. Por ejemplo, Tito Merino explica que en Pastaza los pueblos kichwa están en proceso de “implementar una planificación desde el conocimiento ancestral, de los territorios, de la cultura, para poder conservar y poner la biodiversidad al servicio de quienes estamos viviendo allí.” De igual manera en la costa, Wilton Díaz comenta: “Dentro de los planes de vida y desarrollo de cada comunidad Chachi está enmarcado el propósito y el objetivo de para qué hace. Nosotros creemos que el primer paso es el ordenamiento territorial: ordenar nuestra casa, qué queremos, dónde queremos trabajar, con quienes queremos hacer…”
4. EL DERECHO AL AGUA Y LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS
parte de la cosmovisión de las nacionalidades y pueblos. Por ejemplo, para los Shuar y Achuar, la principal fuerza espiritual, Arutam, se ubica en las cascadas. Pero el desarrollo de la sociedad, la economía moderna y un estilo de vida consumista que abusa y despilfarra el agua, pone en peligros la calidad y cantidad del agua, que ya se han empezado a sentir en el planeta, especialmente en los sectores más pobres que menos recursos tienen para acceder a ella. “La amenaza numero uno es esto de la disminución de los fuentes de los caudales de agua... En la parroquia de Salinas (Bolívar) hemos plantado cualquier cantidad de plantaciones de pino. Ya hemos vivido en estos últimos años las consecuencias, netamente de la pérdida de las fuentes de agua… Y otra por la pérdida de la capa natural de pajonales… A lo mejor en unos 15 o 20 años el problema del agua en la sierra va a ser un problema muy grave.” (Mesías Córdoba, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Bolívar, FECABRUNARI.) El agua ofrece jugosas ganancias y poder político a las empresas comercializadoras. Por ejemplo, en Bolivia antes del régimen de Evo Morales, las empresas embotelladoras y las transnacionales buscaban apoderarse hasta del agua de la lluvia. Esta situación no es ajena a nuestra realidad; la distribución del agua en el campo es muy desigual: el 1% de usuarios accede a más de 60% del agua de riego, y como consecuencia, en el país actualmente existen más de 40 mil conflictos por el agua. Y, como es conocido, en muchos casos las fuentes, los lagos y ríos se encuentran en los territorios ancestrales de las nacionalidades y pueblos: desde los páramos de la alta cordillera andina hasta los grandes ríos de la cuenca Amazónica, una de las regiones que más agua dulce guarda en el planeta.
El agua está amenazada
Intento de privatizar el agua detenido por el levantamiento indígena
Durante miles de años los pueblos han usado, manejado y cuidado las fuentes de agua, no solo como un mero recurso natural, sino como un liquido vital, es decir, que da vida y forma
Entre 1993 y 1994, el Gobierno de Sixto Durán Ballén, bajo el tutelaje de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, intentó imponer leyes neoliberales para
privatizar la tierra y el agua, lo que significaba un gran peligro para las nacionalidades, pueblos y los pequeños agricultores. Pero en 1994, las movilizaciones nacionales de la CONAIE, en alianza con otras organizaciones indígenas y campesinas frenaron estos intentos y más bien lograron una ley agraria que, a pesar de muchas limitaciones, fue más favorable a los intereses del las nacionalidades, pueblos y los pequeños agricultores. Sin embargo el proceso privatizador continuó por otros medios. Por una ley de agua justa, participativa y equitativa “Agua bendita decían nuestros abuelos. Bendita por barata y por sana. Pero paradójicamente lo que nos enseñaron nuestros abuelos… Esa agua bendita ya ni es barata ni es sana. El agua embotellada cuesta más que un litro de leche y más que un litro de combustible.” (Carlos Pérez, presidente de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay, UNAGUA.) Desde mucho tiempo antes del gobierno de Rafael Correa, la CONAIE y sus bases orgánicas, en coordinación con los movimientos sociales, han venido promovido un proceso de socialización, discusión y elaboración de propuestas y proyectos de ley través de talleres, reuniones y asambleas en diferentes partes de país, sobre diversos temas transcendentales para las nacionalidades y pueblos y para la sociedad en general, entre ellos propuestas como el Proyecto de Ley de Aguas para el Buen Vivir” que se presentó en noviembre de 2008. Entre el año 2007 y 2008, el entonces nuevo gobierno de Alianza PAIS impulsó un proyecto de Ley de Aguas, recogiendo algunos principios privatizadores de la Ley de agua de 1993, pero a la vez incluyendo algunas de las propuestas anteriores de la CONAIE. Así, al inicio de su gestión el Ejecutivo parecía estar a favor de un reparto equitativo y justo del agua bajo los principios y prácticas de la cogestión participativa entre el Estado, los actores y usuarios sociales del los recursos hídricos. Pero luego esta apariencia mostró su verdadero rostro y presentó una ley excluyente y privatizadora del agua. Por su parte la CONAIE sintetizó su propuesta en nueve principios que la Ley de Aguas deberá contemplar, entre ellos:
*	Garantizar el agua para el consumo humano, uso doméstico y priorizar el agua para la producción de alimentos; *	Prohibir la privatización del agua y desprivatizar el agua de donde ya está en manos privadas; *	Garantizar la salubridad y la no contaminación del agua y sus fuentes; *	Reconocer el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las nacionalidades pueblos y otras poblaciones locales sobre actividades industriales en sus territorios que puedan afectarles ambiental o culturalmente, conforme al Artículo 57 de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y *	Garantizar la participación de las nacionalidades y pueblos y otros sectores sociales en conformación de la autoridad única del agua y en la formulación, ejecución, evaluación y control de políticas públicas y servicios públicos de los recursos hídricos. En abril de 2010 el segundo borrador del proyecto de Ley que Regula los Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua fue aprobado por la mayoría oficialista de la Comisión de Soberanía Alimentaria; mientras en el país se daban enérgicas protestas del movimiento indígena en alianza con otras organizaciones indígenas y campesinas por la falta de apertura a las propuestas de la sociedad y sus organizaciones: “Estamos aquí el pueblo milenario para reclamar nuestros derechos, Sr. Presidente (de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero). Todas las juntas de agua, usuarios, organizaciones, hemos entregado a la Asamblea Nacional nuestras propuestas escritas pero que hasta ahora no han sido acogidas. Este pueblo, hemos ido exigiendo haces meses atrás en Cajas, en González Suárez, en otros lugares, los 10 puntos básicos que se incorporen en el proyecto de ley de agua… Este pueblo no está dormido. Somos gente humilde pero somos capaces, estamos vigilantes para que nuestras propuestas sean incorporadas.” (Francisco Tipanluisa, Juntas de Agua Guanguilqui-Porotog, Cayambe.)
Mientras tanto, las propuestas elaboradas y presentadas por el movimiento indígena y otros sectores sociales fueron ignoradas sistemáticamente, contradiciendo el Artículo 85 de la Constitución que consta que ‘En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.’ “Estamos preocupados, como gallos de media noche empiezan aceleradamente a aprobar la ley de aguas, así como hicieron con otras leyes. ¿Por qué? Eso significa que hay un trasfondo y queremos que eso se diga de frente. ¿Qué es que se persigue?” (Luis Contento, Vicepresidente de ECUARUNARI.) “Los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas consagrados en los convenios, tratados internacionales y en la Constitución de la República han sido despojados en este proyecto de ley, que claramente asigna el derecho a gestionar y administrar el agua en sus territorios, aplicando las normas consuetudinarias y las prácticas ancestrales a quienes han sido los garantes milenarios de este recurso hídrico que nos da la vida.” (Gerónimo Yantalema, Asambleísta del Bloque Pachakutik.) Conflicto por el orden de prioridades del agua La nueva Constitución garantiza el derecho humano al agua y un orden de prelación, es decir un orden en la prioridad del consumo de agua. La primera prioridad es el consumo humano, seguido del uso del agua para actividades agrícolas. Pero los articulados aprobados van en contra de este principio, como denuncia Gerónimo Yantalema: “En el primer informe, con toda la lucha habíamos avanzado grandes temas. Por ejemplo: la protección de zonas de recarga hídrica de cualquier concesión minera. Sin embargo, en este segundo informe dejan abierta a las concesiones de aprovechamiento económico en las zonas de recarga hídrica.” En efecto, esto deja la puerta abierta para el ‘aprovechamiento económico’ de las mismas empresas mineras.
Control y acceso al agua: una larga historia de conflictos de intereses El acceso equitativo al agua –promesa del actual gobierno y aspiración de todos– no está garantizado en la nueva Ley, puesto que se beneficia al sector agro exportador: el mismo sector de poder económico y político con una larga trayectoria de control y explotación en la historia del Ecuador, que se remonta a la época del Gran Cacao. “Esta ley que se está haciendo para el segundo debate solo respalda los productores agro industriales. ¿Qué garantía da a los productores pequeños, a los que mantenemos a las ciudades, a los que mantenemos los mercados, los que cultivamos para nuestro alimento, para los ecuatorianos y ecuatorianas? ¿Por qué solamente pensando en exportar, exportar banano, exportar flores, brócoli, camarones? ¿Qué sacamos de eso? La mayoría de los ecuatorianos no vivimos de los camarones, de las flores… Pero no solamente los que hacemos la chacra, también la ciudadanía. Vemos que en la ciudad, en los barrios no existe agua pero si tienen agua en las embotelladoras.” (Delfín Tenesaca, presidente de ECUARUNARI.) Dar prioridad a la industria agroexportadora, con el argumento de que este sector genera divisas para el país, esconde la realidad que esta nueva ley no corrige; las históricas desigualdades en el reparto del agua entre las grandes haciendas y empresas agro exportadoras, y el sector de pequeños agricultores, incluso campesinos sin tierra e indígenas. “Que de una ves se diga: si vamos a respetar los criterios de estas mayorías o vamos simplemente aceptar que los Noboa, Naranjo… Ese 1% que ha captado el 65% del agua. ¿Y este 80% de ecuatorianos que solamente tenemos acceso al 12% del caudal de agua, qué vamos hacer, compañeros?” (LC) “El agua tiene que ser no a quien más produzca o a quien más recursos tenga o quien más territorio tenga, sino en prioridad al consumo humano, en prioridad a la producción, obviamente, y a proyectos de riego… Por eso, a nivel del movimiento indígena se ha pedido la redistribución de las aguas y que haya una fiscalización.” (MC)
El énfasis que da la propuesta de ley oficialista al uso del agua para propósitos agroindustriales también deja abierto una ventana al uso del agua en actividades de extracción de recursos, es decir: actividades de explotación petrolera y la minería: “En el territorio Waorani sí está contaminado por el río Napo, también por Chiripuno… donde está petrolera sí está contaminada… Waorani tenemos enfermos, hay hepatitis B, fiebre amarilla. Tienen enfermedades por el agua contaminada por el río.” (Manuela Ima, Presidenta de la Asociación de Mujeres Waorani.) Dejar abierto la posibilidad de usar el agua prioritariamente para actividades petrolíferas y mineras pone en riesgo la calidad y seguridad del agua para grandes sectores, la contaminación del agua es el primera gran peligro para las comunidades locales que habitan río abajo y para la población urbana. La amenaza de la privatización del agua por otros medios “Están negociando leyes privatizadoras del agua… Sr Presidente de la Asamblea: aquí estamos para que la Comisión de Soberanía Alimentaria representa los campesinos, las nacionalidades y pueblos, los agricultores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos mienten? ¿Ustedes obedecen a quien? ¿Las empresas privadas?” (Marlon Santi, Presidente de la CONAIE.) Para esquivar la prohibición constitucional a la privatización del agua, está el posible uso de la figura de los ‘servicios ambientales’ para permitir a empresas privadas o públicas el acceso y administración de los páramos, bosques, humedales, pantanos y otras fuentes de agua. Este escenario violaría los derechos consuetudinarios de las comunidades locales que han usado y manejado estas zonas por miles de años y que, por derecho, deberán ser, por lo menos, los participantes en su cogestión con las instituciones públicas locales y nacionales. Participación y cogestión del agua Como los demás proyectos de ley presentados a la Asamblea Nacional, la bancada oficialista propone para el agua la intervención del Estado como única autoridad reguladora y controladora de los recursos hídricos; de esta manera excluye
la participación de los verdaderos actores, como son las juntas de riego, los campesinos, comunidades indígenas, nacionalidades y los usuarios domésticos rurales y urbanos. Esto amenaza la estructura de autogestión del agua que actualmente la realizan las organizaciones locales participativas, como son las juntas de regantes, quienes en el proyecto de ley oficialista pasarían a ser meras entidades accesorias del Estado central. “Esto deslegitima cualquier proceso democrático y participativo, mientras el Estado continúe inclinando sus políticas en favor de las industrias extractivas.” (DT) No se entiende cómo, después de que miles de años las nacionalidades y pueblos indígenas hayan usado, manejado y cuidado las fuentes de agua ubicadas en sus tierras y territorios, el proyecto de ley de agua oficialista propone subordinar la participación y la responsabilidad del manejo del agua por parte de las comunidades al Estadogobierno. Medida sancionada por la Constitución, Art. 318, que dice: “El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos…’ A la vez, el Art. 318 también reconoce cierta responsabilidad de las comunidades cuando dice: ‘La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria’ y que ‘El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos…’ El Consejo Plurinacional de Agua: la propuesta de la CONAIE La intervención del Estado en el control y regulación del uso del agua es imprescindible según la dirigencia indígena, pero es también imprescindible la participación y representación plurinacional. Por eso la CONAIE propone crear el Consejo Plurinacional de Agua, que estaría integrado por diversos representantes de la sociedad civil organizada, especialmente por los usuarios domésticos del agua, usos agrícolas y otros actores sociales interesados, además, el Consejo se conformaría con delegados del Estado central y los gobiernos locales, con el objetivo de consensuar normas, políticas, programas y otras acciones que garanticen el cumplimiento del
derecho al agua para todas y todos, y el uso y manejo saludable y sustentable del líquido vital. Sin embargo, la propuesta para crear el Consejo Plurinacional de Agua no ha sido aceptada por los Asambleístas de la bancada oficialista y la derecha tradicional.
*	Crear un Fondo de Agua con el propósito de contar con los recursos económicos suficientes para garantizar el derecho humano al agua y que los sistemas comunitarios tengan los medios necesarios para asegurar la gestión comunitaria.
Nudos críticos de la ley de aguas
El derecho a la información, consulta y consentimiento
Según la CONAIE, existen algunos ‘nudos críticos’ que debe contemplar la nueva ley de Recursos Hídricos, entre ellos: Asegurar la disposición constitucional de que la gestión del agua será pública o comunitaria y que en la formulación, ejecución, evaluación y control de políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación efectiva de las personas, comunidades y pueblos, reconociendo los procesos organizativos tradicionales y las normas jurisdiccionales de las circunscripciones territoriales donde éstas están vigentes. Fortalecer el uso social y la gestión comunitaria – barrial y plurinacional del agua; promoviendo la des privatización y prohibir toda forma de su privatización, concentración o acaparamiento por intereses particulares, comerciales o estatales. Garantizar los derechos de la naturaleza, asegurando que ninguna actividad productiva ponga en riesgo la existencia, mantenimiento y regeneración de los ecosistemas, particularmente aquellos que sostienen y generan fuentes de agua. Por lo tanto, se debe garantizar la pureza del agua y sus fuentes contra su contaminación. El derecho humano al agua Garantizar el derecho humano al agua en todas sus formas esto es: *	Establecer un mínimo vital gratuito de agua para el consumo humano y uso doméstico; *	Garantizar agua que permita la producción de alimentos que promueva la soberanía alimentaria; *	Garantizar las formas culturales de uso del agua de las nacionalidades y pueblos indígenas; y *	Contribuir al ejercicio del derecho a la salud a través de la provisión del agua, la alimentación y la educación para todas y todos.
La Asamblea Nacional debe garantizar el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa, como es el caso de la Ley de Recursos Hídricos; derecho que la CONAIE asegura no haber sido respetado. Como con otros temas relacionados con a explotación de la naturaleza, especialmente el petróleo y los minerales, surge el tema del derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades a ser informados y consultados previamente sobre la explotación de los recursos que se encuentren en sus tierras y territorios, conforme al Artículo 57 de la Constitución. La Constitución reconoce el derecho al consentimiento de las comunidades ante las actividades de las industrias extractivas, pero de forma muy administrativa, a pesar de que Ecuador es firmante de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo Artículo 28 consta que ‘Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación… Por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. Pero la Constitución dice que los derechos colectivos se garantizará conforme a la Constitución y las Declaraciones, Pactos… Es decir que el consentimiento es un derecho que debe ser ejercido por los pueblos indígenas. La consulta es un derecho, no un mecanismo de disuasión del poder En mayo de 2010, las crecientes protestas de las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de varias partes del país y los acuerdos entre la CONAIE, FENOCIN y FEINE
para defender los derechos fundamentales al agua en el proyecto de ley, hizo retroceder al gobierno y a los Asambleístas de Alianza PAIS y la derecha tradicional: por primera vez la bancada de Alianza PAIS enfrentaba una derrota en votación para aprobar la ley de aguas. Inmediatamente, el 13 de mayo, el Presidente de la Asamblea Nacional propone e impone una consulta pre legislativa como salida política, que muchos consideran una maniobra para desmovilizar las protestas, incluso una manipulación del derecho a la consulta: “El Presidente de la Asamblea Nacional propone una consulta pre-legislativa que nada tiene que ver con el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada, y que más bien se convierte en una maniobra política desesperada, para controlar una situación de conflictividad social que cada vez se le escapa de las manos al gobierno. Esta maniobra política corre el riesgo de devaluar el sentido democrático que tiene el derecho a la consulta y convertirla en un mecanismo de injerencia sobre las comunidades y organizaciones indígenas. Por ello la consulta debe ser coordinada y realizada por las organizaciones representativas del movimiento indígena” (Mónica Chuji, ex Asambleísta Constituyente) En los días posteriores, los representantes de las organizaciones indígenas nacionales, conscientes de los riesgos de la consulta, acordaron una propuesta alternativa de consulta antes de que se apruebe en el Pleno la Ley de Aguas. Entre los puntos de la propuesta son que la consulta sea vinculante; que el mecanismo de la consulta sea a base de mesas de diálogo y asambleas comunitarias en las cuales se pueda discutir, además del agua, temas que preocupan a las nacionalidades y pueblos; y que la organizaciones indígenas participen activamente en todo el proceso de la consulta, para evitar la intromisión indebida del Gobierno. “Hay que garantizar los cinco principios fundamentales de una consulta, que sea una consulta actuada de buena fe, que los mecanismos de consulta sean culturalmente apropiados y bajo los conocimientos de las prácticas consuetudinarias, es decir, no romper con las lógicas históricas y tradicionales; tercero, que esta consulta no solo debe realizarse a los pueblos indígenas: nuestra
Constitución habla de los derechos colectivos para los pueblos afroecuatorianos, montubios e indígenas y, finalmente, el tema de la vinculación.” (Luis Andrango, presidente de la FENOCIN.) “Vamos a trabajar, dar la buena voluntad, la de diálogo, la de insistir en presentar propuestas, ideas, en todo caso para que quede un antecedente que no faltó de las organizaciones, no faltó de la gente que de una u otra manera estamos preocupados de que las cosas sean más participativas, democráticas y también recogidas las observaciones, los criterios de los ciudadanos.” (Manuel Chugchilán, presidente de la FEINE.) “Pensamos muy importante que se entiende que en Ecuador no es solo un asunto de indígenas. Es cuestión de los ecuatorianos y las ecuatorianas que están luchando por el agua potable, el agua de riego, la soberanía alimentaria. Entonces, tiene que participar otros sectores. La Constitución, los derechos internacionales dicen “los interesados” y “los sectores colectivos” entonces en estos colectivos pueden entrar los urbanos y rurales… Es muy importante presentar una propuesta pero desde los acuerdos internacionales que son vinculantes. Lamentablemente, “vinculante” como derecho se borró de la Constitución.” (Delfín Tenesaca, presidente de ECUARUNARI.)
5. LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS: PETRÓLEO Y MINERÍA El dinero no se puede comer “Cuando se hayan talado todos los árboles, Cuando se hayan cazado todos los animales, Cuando todas las aguas estén contaminadas, Cuando el aire sea irrespirable, Sólo entonces os daréis cuenta de que el dinero no se puede comer.” Así dice una profecía del pueblo Cree, una advertencia muy apropiada para las industrias extractivas que hoy en día se han convertido en una de las más grandes amenazas para los pueblos indígenas del mundo.
Al concluir la Conferencia Internacional sobre Industrias Extractivas y Pueblos Indígenas, realizada en Filipinas en marzo de 2009, los y las representantes indígenas y grupos de apoyo de 35 países que participaron, declararon que: “…hemos sufrido de forma desproporcionada el impacto de las industrias extractivas, porque en nuestros territorios se encuentra más del 60% de los minerales más ambicionados del mundo. Esto… ha atraído a las industrias extractivas para explotar insosteniblemente nuestros territorios y recursos sin nuestro consentimiento. El resultado han sido las peores formas de degradación ambiental, violaciones de los derechos humanos, desposesión de nuestras tierras y la contribución al cambio climático.” A través de los siglos, las tierras y territorios de los pueblos han sido asediados constantemente. Desde la colonia, el país ha sido regido por una economía extractivista basada en la explotación de las llamadas ‘materias primas’ o ‘recursos naturales’, iniciando con la explotación de minerales, como el oro y la plata; madera y pieles; y, desde la época republicana, con monocultivos agroindustriales como el cacao, plátano, camarones, palma africana, los que van talando gran parte de la selva de la costa ecuatoriana. Esta depredación de la naturaleza ha causado el despojo y la destrucción de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos y la explotación de su mano de obra. Las industrias extractivas son las que extraen y explotan las ‘materia primas’, como petróleo, gas natural, metales y minerales. Pero también, muy vinculado a estas industrias esta la agro industria y acuicultura industrializada, responsables de la destrucción de hasta el 90% del bosque tropical y un 80% de los manglares de la costa. Esta es la base del modelo extractivista de que la economía ecuatoriana –como innumerables otros países– dependen. Una economía que necesariamente debe explotar los llamados ‘recursos naturales’ para convertirlos en mercancía, con destino final a los países industrializados y sus enormes mercados consumistas. Impactos Los impactos de las actividades de las industrias extractivas son múltiples, tanto a la naturaleza
como a los habitantes, especialmente a las nacionalidades y pueblos indígenas en cuyos territorios se encuentran los ‘recursos naturales’. El primer impacto es la destrucción y contaminación de la naturaleza y, segundo, la desarticulación de los territorios indígenas y con ello la reducción de sus espacios de vida. “No queremos que entran las petroleras que contaminan. Más pueden dañar, hacer problemas… Algo va pasar al agua y la salud que son muy importante y que tenemos que preocuparnos.” (Manuela Ima, Presidenta de la Asociación de Mujeres Waorani.) “La amenaza candente es que el gobierno no deja de hablar de explotar petróleo. Están concesionados los bloques 23, 24 del territorio de los compañeros de las nacionalidades Shuar, Achuar y los Kichwas del Sarayaku. Eso amenaza a nosotros… ¿Qué ha dejado? Supuesto desarrollo de las comunidades, pero no es así. ¿Qué ha traído? Mas pobreza… Contaminación… Cambio de costumbres… Entonces ¿de qué desarrollo se habla? ¿De qué Sumak Kawsay?” (Germán Freire, Presidente de la nacionalidad Achuar de Ecuador, Amazonía.) Estas actividades han obligado a algunas comunidades a desplazarse de sus territorios ancestrales, aunque el desplazamiento forzoso está prohibido en el derecho internacional: “La Constitución dice que las nacionalidades no deben desplazarse. Pero como la misma Constitución permite que exploten los recursos y contaminen… Por eso las nacionalidades especialmente al sur de la Amazonía ahora se oponen al ingreso de las petroleras para mantener su territorio, su identidad cultural, en territorio limpio, sano…” (Inés Shiguango, Vicepresidenta de la CONFENIAE.) “La relación cultura-territorio es más de cosmovisión, porque desde la naturaleza nosotros podemos tener la forma de espiritualidad, de las plantas medicinales, de los bosques, los ríos. Allí esta la forma de resistencia también. Porque la forma de expresarnos nos relacionamos todo con la biodiversidad. Porque no si no hay esa forma, ¿dónde está la resistencia? Por eso la nacionalidad Awá vive su resistencia en sus bosques primarios, allí esta la forma de resistencia, la forma de cosmovisión, de espiritualidad, la forma de curación. Eso tiene
mucha relación. Por eso decimos nosotros si no tenemos territorio no somos nacionalidad.” (Olindo Nastacuáz, Presidente de la CONAICE.) En Ecuador, el caso más urgente es de los Tagaere y Taromenane, pueblos pertenecientes a la nacionalidad Waorani, cuya propia sobrevivencia está siendo amenazada por la invasión de sus territorios tradicionales por los madereros ilegales y ahora las empresas petroleras. El impacto más inmediato de la industria extractiva es la destrucción de los bosques y con ello la pérdida masiva de la biodiversidad y de los distintos ecosistemas naturales que dependen para su regeneración. “Con la política extractivista que se está planteando, es también ampliar la frontera agrícola, con los monocultivos y todo. Eso es otra de las amenazas a la biodiversidad.” (Efrén Calapucha, Técnico de la Coordinadora de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza.) La imposición de la economía de mercado promovida por el pensamiento capitalista y políticas neoliberales a través de las industrias extractivas, coloniza y desarticula ,y finalmente, acaba con las economías tradicionales locales, familiar y comunitaria, factor crítico en el debilitamiento de las culturas indígenas, por ejemplo, “Hay compañeros vecinos nuestros que están vendiendo su territorio a los palmicultores, a las madereras y a su vez dejan sin territorio.” (WD) Otras de las graves consecuencias que dejan las petroleras y mineras es el notable deterioro en la salud de las comunidades de las zonas intervenidas por las industrias extractivas, puesto que para extraer los metales y minerales usan químicos de alta toxicidad, como el arsénico y mercurio en el caso de la minería, para luego botarlos a la tierra y en los ríos; esto ha causado altos índices de abortos y malformaciones en los niños, enfermedades de la piel, infecciones estomacales, entre otros. Actualmente a pesar de ciertos controles existentes, la contaminación no se ha reducido. “En la parte organizacional hemos tenido serios problemas que nunca antes hemos vivido como confrontación entre familiares y entre comunidades que ha demorado años
para superar… Incluso han incidido estas transnacionales mineras en los gobiernos seccionales autónomos, como son los alcaldes… Con la presencia de gente ajena a la comunidad empezó una especie de nerviosismo en las comunidades. Comenzaron aparecer gente armada… Juicios, penalización, criminalización de los dirigentes. Realmente hemos vivido un gran conflicto social en cada una de las organizaciones, en cada una de las comunidades y que hemos logrado para esto gracias a la fuerza organizativa.” (Mesías Córdova, Presidente de FECABRUNARI, Bolívar.) Estudios realizados en Perú, un país vecino con una larga historia de minería, cuestionan el supuesto de que la minería conduce automáticamente al desarrollo local: “Hay una relación entre el proceso de expansión minera y nuevos signos de conflicto… El riesgo es que este proceso de expansión también viene acompañado por un proceso de pérdida de legitimidad de las instituciones públicas. Creo que ese riesgo es real, que esta expansión minera debilita instituciones comunales, sociales, municipales, públicas a nivel regional y nacional… Puede ser que haya una relación positiva entre la minería y desarrollo pero en muchos casos el mismo proceso de expansión minera viene acompañado por unas prácticas que socavan justo las instituciones que se necesitan para que haya una relación entre minería y desarrollo”. (Anthony Bebbington, Universidad de Cambridge, Inglaterra, durante el Foro de Minería en Loja, marzo de 2008.) En este contexto los conflictos sociales se van incrementando al enfrentarse comunidades indígenas y campesinas con las empresas petroleras y minera, las mismas que cuentan con el respaldo estatal-gubernamental. En Ecuador, esto se ha evidenciado en la represión militar a las protestas dadas en Dayuma, provincia de Orellana, y las protestas anti mineras en las provincias de Azuay, Zamora Chinchipe y Morona Santiago; en una de ellas resultó muerto el compañero Bosco Wisum en Macas en octubre de 2009. En este mismo periodo, en junio de 2009, ocurrió la terrible masacre perpetuado por el gobierno peruano en Bagua, contra decenas de personas
pertenecientes a la nacionalidad Awajún y Wampis (de la misma cultura de los Shuar y Achuar en Ecuador) reclamaban su derecho a la consulta ante la aprobación de un paquete de normas para facilitar la explotación minera y petrolera en este región amazónica peruana. “Hasta este momento nunca se ha respetado esos derechos para la nacionalidades. Más bien han entrado sin consulta hacer los estudios sísmicos en diferentes territorios de las nacionalidades. Entonces la Constitución se ha violado totalmente. (Salvador Chirimia, presidente de la nacionalidad Épera.) “Una de las razones fundamentales por las que se dan las protestas de las comunidades contra las actividades extractivas, particularmente petroleras y mineras es la exclusión, la falta de participación y consulta en los temas trascendentales que tienen que ver con sus derechos colectivos… Es de recordar que Ecuador es suscriptor de instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que garantizan el derecho a la consulta previa libre e informada y el consentimiento. Sin consulta previa y sin consentimiento no hay democracia y no hay participación” (Mónica Chuji, ex Asambleísta Constituyente.) De igual forma, la Constitución dice en su artículo Art. 57, numeral 7 “reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas… La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente… La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley”. “Sin embargo, este derecho colectivo constitucional no se cumple o se cumple a medias. Por ejemplo, esto se evidencia en el proceso de elaboración de las diferentes leyes que lleva adelante la Asamblea Nacional, los cuales carecen de procesos de consulta previa tal como manda la Constitución y el marco
jurídico internacional, con lo cual han incurrido en una omisión de un derecho fundamental para la vida democrática del país”. (Mónica Chuji, ex asambleísta Constituyente) Existen contradicciones entre la Constitución, las normas internacionales de derechos indígenas y las leyes elaboradas. Pero también en la misma Constitución existen contradicciones importantes, habida cuenta de que en unos se prohíbe cierta actividad y en otras se permite la misma actividad. “La primera amenaza es la Constitución, también da derechos y también permite que explote, eso es una amenaza. Lo mismo son las leyes de hidrocarburos, de minería. Esas son leyes que amenazan la biodiversidad o la Pacha Mama… Las empresas madereras, petroleras, mineras vienen porque a la vez que la Constitución protege la Pacha Mama las leyes permiten la explotación que la Constitución prohíbe… Entonces, la amenaza no son los pueblos indígenas, sino las leyes que permiten que ingresen las empresas petroleras… Hay leyes que contradicen la Constitución y la cosmovisión de las nacionalidades.” (IS) En la Amazonía ecuatoriana la era petrolera se inició en la década de los 70 y con ello inició también una etapa de despojo territorial a los nacionalidades y pueblos indígenas. Desde “el periodo 1972 al año 2007 las compañías petroleras han extraído alrededor de 92 mil millones de dólares, y si se incluye el año 2008, 2009 y 2010 la cantidad extraída suma más de cien mil millones de dólares de la Amazonía ecuatoriana, sostiene un los experto en el tema, sin embargo las condiciones de vida siguen siendo muy precarias. Los ingresos del petróleo no beneficiaron a todos. En la Amazonia y en la Costa de donde se extrae la mayor parte del petróleo, cuentan con los más altos índices de pobreza de todo el país. Y a eso se debe incluir la grave contaminación y enfermedades causadas por la industria petrolera. Pero lo más afectados en el aspecto social, económico, cultural y organizativo son los pueblos indígenas. Una de las batallas jurídicas que hasta la fecha libran los pueblos indígenas, campesinos y ambientalista es en contra de la compañía petrolera Texaco, que en más de dos décadas de
explotación botó miles de millones de galones de crudo y químicos tóxicos en las tierras y ríos de la Amazonía ecuatoriana. Este hecho de enjuiciamiento ha hecho que ahora existe una mayor conciencia ambiental en la sociedad en general sobre los efectos nocivos de la industria petrolera. Pero a pesar de esta conciencia y nuevas garantías constitucionales, la situación no ha cambiado. Más bien, la industria ahora se extiende al norte de la costa ecuatoriana contrayendo los mismos problemas para las comunidades… “Aquí hay mucho que ver el tema de las empresas madereras, el tema de las palmicultoras, el tema de las empresas mineras. Ahora vemos el tema de las petroleras. Ya hay contaminación también en los ríos. Como en el caso de la comunidad Chachi de la Ceiba ya no se puede bañar o tomar agua río porque hay mercurio.” (WD) “Yo quisiera decirle al gobierno si el petróleo es de todos entonces la contaminación también es de todos los ecuatorianos, que también se empoderen de los problemas de la contaminación de la Amazonía…” (IS.) Así, la ampliación de la frontera petrolera no ha cesado. En este gobierno se ha asegurado que la primera opción en cuanto a los campos del Yasuní-ITT, es dejar el petróleo en tierra, pero si no logra la contribución económica internacional esperada, se explotarán estos pozos. Si eso no sucede en un supuesto no consentido, sería un terrible desenlace para los Tagaere y Taromenane. “En conclusión, el gobierno sigue con la misma política petrolera distorsionada que ha beneficiado por un lado la exportación a los intermediarios del petróleo; que beneficia a los intermediarios que nos traen gasolina, diesel, gas. En el subsidio se beneficia sólo a los sectores pudientes.” (Henry Llanes, ex dirigente de los trabajadores y analista de la industria petrolera.) Empieza entonces la lucha de las nacionalidades y pueblos indígenas en defensa de sus derechos colectivos sobre sus territorios, sobre la consulta previa y los demás derechos reconocidos en la constitución y en los convenios internacionales.
Han resistido intensamente para que no se amplíe la frontera petrolera y para exigir las garantías de supervivencia necesaria para las comunidades afectadas. Actualmente el movimiento indígena de la Amazonía lucha por frenar el proyecto ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) que afectaría al Parque Nacional Yasuní que es en territorio Waorani perteneciente a los Tagaere y Taromenane y a la Reserva Biodiversa de Cuyabeno en territorio Siona. Así también las nacionalidades de la costa: “No queremos minería en territorio Chachi pero hay una insistencia tremenda de parte del Estado de querer hacer explotación, petrolera inclusive. Entonces, en casos así nosotros hemos dicho que ‘no’.” (WD) La ley de Minería “Sr. Presidente, nosotros hemos venido aquí a decir que Morona Santiago sea declarada una provincia ecológica libre de contaminación y libre de actividad extractivista. Solo así viviremos en armonía entre el hombre y la naturaleza y cumpliremos que dice la Constitución de la República.” (Pepe Acacho, Presidente de la nacionalidad Shuar durante dialogo entre la CONAIE y Presidente R. Correa, 5 de octubre de 2009.) Ecuador no es, ni ha sido un país minero a gran escala y a cielo abierto; al contrario, se ha caracteriza por ser un país agrícola y con una gran biodiversidad natural y social. Sin embargo, en el sur del país se ha practicado la minería artesanal y a pequeña escala en Nambija, Portovelo y otros lugares en el Oro y Zamora Chinchipe. La explotación minera en estos lugares no ha tenido ningún tipo de control ambiental ni laboral, situación que ha contraído graves problemas ambientales y sociales en este sector. En los últimos años, la existencia de grandes cantidades de oro y otros metales y minerales ha atraído el interés de empresas mineras multinacionales y el apoyo de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros dispuestos a facilitar la explotación de estos recursos. Por ejemplo, en el año 2000 el Banco Mundial apoyó el financiamiento del proyecto de desarrollo minero en Ecuador que incluyó la adecuación legal e institucional de actividades mineras en el país.
Con los antecedentes de un gobierno que había asumido al poder, en 2007, con un discurso ambientalista y luego, en 2008, una Asamblea Nacional Constituyente con un reconocido economista ecologista, se generaron expectativas cuando la Asamblea emitió el Mandato número 6, cuyo Artículo 1 declara la extinción sin compensación económica de todas las concesiones mineras que por varios motivos no hayan cumplido con las leyes y reglamentos, entre ellos “que no hayan presentado su respectivo estudio de impacto ambiental o que no hayan realizado los procesos de consulta previa…” de modo que se priorice el Buen Vivir de las personas sobre la visión extractivista; pero este mismo mandato minero hizo que las grandes concesiones mineras queden intactas. “Sin embargo, debido a la fuerte presión del ejecutivo, la mayoría de la Asamblea Constituyente aceptó el Mandato Minero que dio paso a la explotación minera a gran escala y a cielo abierto, en concordancia con el nuevo discurso gubernamental a favor de las industrias extractivas. Posteriormente, la Asamblea Nacional interina –conocida como el ‘Congresillo’– procedió a elaborar la Ley Minera la misma que finalmente fue aprobada en junio de 2009; como era de esperarse este proceso se llevó a cabo sin la participación de los sectores y las poblaciones más afectadas, violando de esta manera el numeral 7 del Art. 57 de la Constitución que dice: `La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna…’ “Y como resultado la ley ha generado críticas y protestas por parte del movimiento indígena, campesina y ecologista, entre otros sectores sociales, que la consideran deslegitimizada por haber sido impuesta, en violación de los derechos colectivos constitucionales, no solamente de las nacionalidades y pueblos indígenas sino de toda la sociedad ecuatoriana… “En fin, el gobierno de Rafael Correa ha optado por la explotación minera a cielo abierto y a gran escala, acoplándola con la industria petrolera y de esta manera fortaleciendo el mismo modelo económico extractivista, devorador y empobrecedor que Ecuador ha desarrollado desde su fundación.” (Mónica Chuji, Ex asambleísta Constituyente )
Como respuesta, en junio de 2009, la CONAIE y otros sectores sociales y ambientalistas del país presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la Ley minera por transgredir algunos derechos garantizados en la Constitución. Además de violar el principio de consulta previa, la Ley de Minería viola a dos de las nociones más importantes que la Constitución ha desarrollado, el Sumak Kawsay – Buen Vivir y los derechos de la naturaleza o Pacha Mama. Por ejemplo, el territorio destinado para actividades mineras sería de 5 millones de hectáreas, es decir: nada menos que el 20% de todo el territorio nacional. Y de estos 5 millones de hectáreas, 2 millones incluyen bosques protectores con una gran biodiversidad única, además de ser zonas húmedas que generan y mantiene inmensos reservorios naturales de agua dulce. Entre otros casos que cita la demanda de la Ley de Minería es el impacto a los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas porque “la autorización de actividades minera en territorios indígenas podría significar disminuir, o aún eliminar, la base natural de subsistencia de sus pobladores, aparte de los problemas sociales de colonización…” También, se observó que esa ley no puede ser calificada de orgánica, debido a que no tiene las características previstas en la Constitución para merecer tal calificativo. Y aquí se da un claro ejemplo de la lógica y los valores que orientan el gobierno con respeto a su política económica: siendo ‘orgánica’ significa que la Ley de Minería está sobre las leyes ‘ordinarias o secundarias’ que tienen que ver con el agua, la biodiversidad, los territorios, entre otras. Por ejemplo: “La Ley de Aguas vendría a ser un complemento de la Ley Minera porque los sectores de poder en la Asamblea han hecho todo para entregar las concesiones mineras en zonas de recarga hídrica. Incluso habrían eliminado un artículo en la Ley de Aguas que prohibía las concesiones mineras hasta 2.500 metros de las zonas de recarga hídrica. Por ello la CONAIE y otras organizaciones presentaron la demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, pero ésta falló a favor de la Ley Minera.” (Bolívar Beltrán, abogado.)
Cabe notar que en marzo de 2010, la Corte Constitucional reconoció que efectivamente se había cometido irregularidades en la aprobación de la Ley de Minería, pero estas se justificaron con el argumento de que se está “viviendo un proceso de transición” y que faltan leyes que viabilicen los principios constitucionales. Así la Corte declaró a la Ley minera como constitucional aunque reconoció algunas irregularidades y sugirió la consulta las comunidades a ser intervenidas. La sentencia dice: “ante la ausencia de un cuerpo normativo que regule los parámetros de la consulta pre-legislativa el proceso de información y participación implementado previa la inscripción de la Ley, se ha desarrollado en aplicación directa de la Constitución” En otras palabras esto significa que se ha consumado por disposición de la Corte Constitucional la Ley Minera y la actividad de extracción en los territorios indígenas. Además, la ley está sobre los derechos colectivos de la Constitución, entonces se ha consumado una ley inconstitucional. Por tanto, la CONAIE actualmente está considerando la posibilidad de presentar una demanda internacional frente al fallo de la Corte Constitucional porque esta ley, según afirman los dirigentes, es inconsulta e inconstitucional. “La única salida legal a la que se puede recurrir es acudir a la Comisión Interamericana, luego pasar a la Corte Interamericana y pedir que los organismos internacionales declaren sin efecto legal la Ley. Y luego hagan un cuestionamiento al órgano de Control Constitucional en el Ecuador, porque cuando una ley está en contra de lo que dice la Constitución, carece de eficacia jurídica y por lo tanto no se puede aplicar. Deberemos entonces acogernos a este argumento. Pero básicamente a lo que dice la misma Constitución en el Artículo 98 que es el derecho a la resistencia frente a acciones o omisiones del poder público o de personas naturales.” (BB) “Nosotros, los Épera, tenemos claro el panorama que no es beneficioso para nosotros todos esos programas, todos esos beneficios según el gobierno está dando para explotar los recursos minerales. Entonces, nosotros desde acá, totalmente rechazamos el 100%. Solo sobre nuestros cadáveres pueden entrar esas empresas mineras.” (SC)
6. LA LEY DE CULTURAS Dominación colonial y resistencia cultural Durante cinco siglos se ha impuesto una sola cultura –la hispana– sobre las culturas de las nacionalidades y pueblos originarios de Ecuador. Los regímenes de poder colonial, republicana criolla y neo colonial moderna siempre utilizaron de alguna manera la cultura para justificar su sistema de poder y supuesta superioridad moral, social y político sobre los demás pueblos y culturas indígenas, afro descendientes, montubios, cholos: “La cultura es la parte fundamental, la esencia para organizar todos los ámbitos, díganse en lo económico, lo social y lo político. La cultura no hay que tomar que es expresión musical, de pintura o de danza, sino la cultura es todos los saberes y se expresa a través de la lengua. Por eso la lengua es fundamental, es el vehículo principal en una cultura.” (César Pilataxi, Fundación Kawsay, Quito) “Desde sus inicios el Estado despojó a los pueblos indígenas de sus tierras; trató de eliminar el idioma; hubo imposición en la educación de que deberíamos aprender lo que ellos creen que debemos saber. La misma espiritualidad que impuso la iglesia católica y hoy la evangélica.” (Cristina Cucuri, Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Indígenas de Chimborazo - COMICH.) “Nuestros abuelos aun siguen vistiendo con traje típica, a pesar que nosotros ya no vestimos así. Hay un sentido de recuperar pero con el exterminio del bosque primario podíamos pensar que nuestras propias culturas y costumbres, el sentido de conocimientos ancestrales, las medicinas desaparecerían con ellos.” (Wilton Díaz, Presidente de la nacionalidad Chachi.) Es de notar que los problemas de la cultura no solo giran alrededor de problemas de clase y racismo, sino también de género y generacional. El machismo y violencia contra la mujer, niñas y niños y adultos mayores, así como la homofobia son temas fundamentales que forman parte de la lucha por los derechos colectivos e individuales de todos y todas. En los cinco siglos de resistencia a la colonización, las nacionalidades y pueblos se han
cobijado y organizado alrededor de sus distintas identidades culturales. “La cultura ha sido una resistencia donde nosotros nos identificamos. La verdad… donde muchas personas externas han marginado o maltratado y la forma de resistir es identificando su propia cultura e identidad. La lucha es de esa forma.” (Olindo Nastacuáz, presidente de la CONAICE.) “Las mujeres indígenas son las que han mantenido la cultura en la historia. Y las que transmiten la cultura son las mujeres indígenas. Por ejemplo, las mujeres indígenas en Chimborazo mantienen su vestimenta, ellas son mucho mas las que hablan kichwa que los compañeros. Ellas también están en la espiritualidad. Creo que eso es fundamental de rescatar.” (CC) Como las mujeres indígenas han sido objeto del desprecio de una cultura racista y machista, también las y los ancianos, sabios y sabias de las comunidades han sido objeto de menosprecio y represión por ser portadores de la sabiduría y los conocimientos ancestrales de sus respectivas culturas. Hace unos 80 años, Dolores Cacuango, Transito Amaguaña y muchos otros emprendieron la lucha por el derecho a la educación en la lengua materna del pueblo Kayambi –kichwapromoviendo así la demanda de todos los pueblos y nacionalidades. En la región Amazónica ecuatoriana la nacionalidad Shuar desde los años 1960 ha promovido el derecho a una educación en Shuar a través de su radio emisora, la Radio Federación Shuar, que posibilitó crear su propio sistema de educación bilingüe, además fomentar la unidad organizativa y cultural de las nacionalidades Shuar y Achuar. La consolidación política del movimiento indígena en las tres últimas décadas, ha podido, con mayor fuerza, impugnar el racismo enraizada en la cultura dominante, especialmente en las instituciones públicas y privadas, los medios masivos de comunicación privados y estatales. La fuerza organizativa de las nacionalidades y pueblos indígenas agrupados en la CONAIE lograron, por primera vez, al Estado y a los gobiernos de turno reconocer sus derechos en la
reforma constitucional de 1998. Por su parte, la sociedad en general empezó a abrirse al debate sobre la plurinacionalidad e interculturalidad, así como reconocer las demandas y propuestas históricas del movimiento indígena. Este proceso resultó en las reformas constitucionales de 1988 y la nueva Constitución de 2008, que ahora reconoce los derechos colectivos y el carácter plurinacional del Estado. La Ley de Culturas El primer borrador del proyecto de Ley Orgánica de Culturas fue aprobado por la Comisión Ocasional de Cultura de la Asamblea Nacional en febrero 2010 con una revisión que se haría posteriormente. De las numerosas críticas al borrador realizadas por la CONAIE, el bloque Pachakutik, además actores culturales urbanos, etc., se nota la poca socialización y consulta real a los diversos pueblos y sectores sociales del país. Segundo, aunque contiene numerosas referencias a plurinacionalidad, culturas ancestrales, etc., el primer borrador no incluye artículos que sirven como instrumentos jurídicos concretos para facilitar el ejercicio de los derechos culturales de las nacionalidades y pueblos desde su realidad histórica y actual, como las lenguas. Tercero, mientras parte una perspectiva antropológica y arqueológica hacia las culturas, el proyecto de la Comisión mantiene una visión estatal que minimiza los derechos colectivos culturales de las nacionalidades y pueblos. En respuesta, el movimiento indígena ha recogido observaciones y ha elaborado un conjunto de propuestas alternativas sobre los principales temas relacionados con las culturas de las nacionalidades y pueblos, con el fin de presentarlos y seguir debatiéndolas en la Asamblea para el segundo debate. A pesar de una mayor aceptación de la sociedad blanca-mestiza hacia la cultura indígena en los últimos años –hasta la inclusión del concepto de ‘Sumak Kawsay ‘buen vivir` en la nueva Constitución– aún existen profundas contradicciones entre las dos visiones y valores muy distintos: las culturas originarias y la cultura occidental mercantilista, elitista e individualista. La ley deberá reconocer el peso de la larga historia de colonialismo, racismo y paternalismo
que sigue arraigado en la cultura dominante y en las estructuras e instituciones estatales y privadas, que aún se mantienen, a pesar de lo que dice la Constitución y el discurso generalizado a favor de la plurinacionalidad e interculturalidad en la esfera pública. Este peso sigue alimentando y sosteniendo grandes resistencias por parte de los sectores de poder político para entender, reconocer y facilitar el ejercicio de los derechos colectivos culturales de las nacionalidades y pueblos. “Aquí hay miles de culturas en el sentido que hay diversidad de culturas pero que están siendo priorizado culturas versus poblaciones grandes. Aquí lo que están dando solo valor a los que son culturas con poblaciones grandes y no culturas de manera igualitaria.” (WD) “Aquí existe 14 nacionalidades y sus diferentes pueblos que tienen sus diferentes culturas. Hay una diversidad de culturas que deberá estar en esta ley.” (CC) Desde la óptica de las nacionalidades y pueblos, una ley orgánica de culturas deberá ser el eje de las demás leyes que conciernen los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos. Es decir: la ley de culturas deberá sentar las normas y mecanismos que aseguren el ejercicio de todos los derechos colectivos en el marco de la pluriculturalidad como elemento fundamental del Estado plurinacional e intercultural. A la vez, la ley deberá reconocer dos condiciones vitales para el verdadero ejercicio de los derechos culturales de nacionalidades y pueblos: territorios e idiomas. Territorios y culturas “Muchas veces hemos dicho que una nacionalidad o pueblo indígena sin territorio desaparecerá. Aunque no vamos a morir, culturalmente habremos desaparecido porque no tendremos un espacio donde desarrollar nuestra cultura.” (Tito Merino, miembro del Consejo de la Coordinadora de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza.) “Una nacionalidad sin territorio no es nadie. Nosotros partimos de eso. Territorios es importante. Para nosotros, el territorio Achuar nuestro es nuestra casa, nuestro hábitat donde
vivimos, donde nuestros antepasados vivieron y murieron allí. El territorio tiene todo: ríos, flora, fauna, todo hay. Plantas medicinales. Todo. Por eso el territorio a la vista de la nacionalidad Achuar es importante porque desde allí parte todo. Porque sin territorio una nacionalidad no puede existir.” (Germán Freire, presidente de la nacionalidad Achuar de Ecuador.) El conocido y alarmante caso de los Taromenane y Tagaere que viven en “aislamiento voluntario” y que están en inminente peligro de desaparecer, es un ejemplo contundente de la relación intrínseca entre el territorio y la sobrevivencia de los pueblos y sus identidades culturales. Idiomas “En la lengua se expresa todos los conocimientos y saberes para poder vivir de manera que podamos practicar la justicia, la solidaridad, la equidad, la complementariedad… Pero, la ley no está tomado en cuenta la participación directa de pueblos y nacionalidades eso quiere decir que saberes, conocimiento y cosmovisión de pueblos indígenas está ausente.” (CP) “Los idiomas no se hacen por cantidad. Los idiomas deben ser reconocidas por ser idioma, sean de grupos pequeños o grandes, son sus propios idiomas que deberían se respetadas. El momento que hablamos de interculturalidad hablamos de cultura y parte de la cultura es la lengua nativa, como Chapalá… Pero lamentablemente hay una marginalización de parte de la Asamblea Constituyente que solo Kichwa y Shuar sean oficializados y reconocidos a nivel nacional.” (WD) “En la relación intercultural… el idioma es hablado en los sectores indígenas pero no es para relacionarse y eso debería ser aplicado también a las políticas públicas, la atención y servicios que el Estado tiene que dar en las instituciones públicas… Por el momento no se habla y no se da servicio o atención en las instituciones públicas – y muchos que no se benefician de estos servicios son las compañeras que viven en los sectores rurales.” (CC) Invisibilización A pesar de una aceptación generalizada de las culturas indígenas por parte de la sociedad hispana mestiza, las verdaderas realidades y
la existencia de las culturas indígenas siguen siendo marginadas e invisibilizadas. “Hablando del tema intercultural, la difusión y visibilización a nivel de la provincia: no vemos. No hay un monumento que hable de la existencia de los Chachis. Eso significa que somos invisibles frente a los gobiernos seccionales y mucho peor el Estado.” (WD) Las ‘industrias culturales’ y la mercantilización de las culturas Para las nacionalidades y pueblos indígenas y afroecuatoriano especialmente, existen dos imposiciones culturales. El primero vino con la colonización, y la segunda se ha impuesto más recientemente durante el siglo pasado, con las llamadas industrias culturales transnacionales de música, televisión, radio, internet, etc. que conforman el sistema global de comunicación, dirigido en gran parte, por las enormes corporaciones norteamericanas de comunicación y mediáticas. Por supuesto, en este sistema no cabe la presencia –peor la participación– de las nacionalidades y pueblos y los sectores populares. Más allá de los prejuicios tradicionales, esta exclusión se debe a motivos económicos: simplemente, las nacionalidades y pueblos y sectores populares no tiene el llamado ‘poder adquisitivo’ (es decir: tener el dinero disponible para comprar cosas) que interesa a las empresas de publicidad que financian los medios, especialmente la televisión y la radio. Por tanto, las nacionalidades y pueblos son excluidos de los de medios por razones culturales (racismo) y económicos (ser pobres) y de esta manera perpetuando el predominio y hegemonía de una sola cultura. Los derechos culturales de los pueblos indígenas del mundo El Artículo 57, numeral 1, de la Constitución garantiza el derecho colectivo de las nacionalidades y pueblos de “mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social” y el Artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas establece que los pueblos indígenas “tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su
*	patrimonio cultural, * conocimientos tradicionales, *	expresiones culturales tradicionales, y *	manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas.” Para eso es necesario establecer las condiciones que garanticen la viabilidad del ejercicio de los derechos culturales y para ello, en el caso de las nacionalidades y pueblos significa, sobretodo, la tenencia y la autogestión de sus tierras y territorios. Por tanto, una Ley de Culturas deberá reconocer y proteger las tierras y territorios de asentamiento ancestral, como condición vital para garantizar las culturas de las nacionalidades y pueblos, apoyándose en el Artículo 13 del Convenio 169 de la OIT que consta que “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios…” “La nacionalidad Awá vive su resistencia en sus bosques primarios. Allí está la forma de resistencia, la forma de cosmovisión, de espiritualidad, la forma de curación. Eso tiene mucha relación. Por eso decimos nosotros si no tenemos territorio no somos Awá.” (Olindo Nastacuáz, Presidente de la CONAICE.) Sabiduría y conocimientos ancestrales El Artículo 31 también reconoce el derecho “a mantener, controlar, proteger y desarrollar nuestra propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales”. Desde la época colonial, las autoridades religiosas y estatales han mantenido un hostigamiento sistemático contra nuestras y nuestros sabios -yachak, uwishin- por ser ellos los guardianes de la cultura y así los principales focos de resistencia indígena. Y hasta hoy en día existe la persecución y hasta asesinato de estos sabios. “Nuestros yachak son los guías principales de las comunidades, son los médicos, son los que nos enseñan a vivir en la selva, nos dan la fuerza, la vida… Nos dieron fuerza, el poder y el ánimo para formar nuestra propia nacionalidad. Los dos últimos yachak que hablaban nuestro idioma fueron baleados, los mataron por ignorancia
porque para nuestra cultura los yachak nos dan la vida, la fuerza el ánimo para poder vivir.” (César Cadena, dirigente de Juventud de la nacionalidad Andoa, Amazonía ecuatoriana.) La espiritualidad, sabiduría, conocimientos y prácticas ancestrales deberán ser reconocidos y difundidos por toda la sociedad a través de las diversas instituciones, sistemas y medios de comunicación públicos estatales y privados… “Deben tener una ley y su propio nombramiento. Los yachak tienen que ser protegidos, deben ser reconocidos como cualquier médico occidental así mismo deben ser nuestros médicos ancestrales, para nosotros es un dios de la selva. Por ellos nosotros respetamos la cosmovisión de la Amazonía. Para guiarnos la cosmovisión y la cultura ellos tienen su práctica y su fuerza, ellos saben cómo se debe cuidar y como viven nuestros pueblos.” (César C.) Piratería de saberes y conocimientos ancestrales Como se ha mencionado en la sección sobre Biodiversidad, la biopiratería es una actividad generada por grandes intereses económicos y políticos de las empresas transnacionales y los gobiernos e instituciones con el fin de apropiarse de los conocimientos colectivos ancestrales de los pueblos indígenas y campesinos, y aprovecharse de ello con el fin de comercializar y hacer negocio, con el agraven de negar el acceso a los mismos pueblos originarios de los conocimientos, lo que significa una grave violación de sus derechos colectivos. En el fondo, se trata de dos visiones de la aplicación, uso y beneficio de estos conocimientos: “Las nacionalidades y pueblos… usamos estos recursos (como plantas) para curar enfermedades con un beneficio comunitario mientras la biopiratería lo hace para fines económicos… Por ejemplo, ellos buscan descubrir una medicina para cáncer que puede beneficiar a los enfermos, pero detrás de eso el principal motivo es tener ganancias.” (TM) Ciencias y tecnologías ancestrales Parte de la dominación cultural colonial ha sido el menosprecio sistemático de las ciencias y
tecnologías de las culturas amazónicos, andinos y de la costa, que abarcan una gran gama de aspectos desde el saber y los conocimientos que permiten convivir armónicamente con la naturaleza, así como la ingeniería, contabilidad, agronomía, ecología, astronomía, meteorología, hidráulica y sobre todo conocimiento de cibernética y de programación de la producción y distribución, de asignación de recursos y logística hasta, como fue durante la época incaica que tuvieron gran conocimiento sobre la administración estatal sobre un vasto territorio. Bienes culturales de patrimonio ancestral colectivo de las nacionalidades y pueblos En la versión revisada del primer borrador del proyecto de “ley de culturas” (como se llegó, finalmente a llamar) acordado por la mayoría oficialista de la Comisión en febrero y marzo de 2010, hace referencia al “patrimonio cultural del Estado” con respecto a “obras arquitectónicas, producciones literarias, música sacra en diferentes idiomas ancestrales del país, objetos artísticos e históricos de los diversos pueblos”. Es decir, la propuesta automáticamente incluye el patrimonio ancestral de las nacionalidades y pueblos como parte del patrimonio cultural del Estado, cuando el patrimonio ancestral tiene una distinta historia y relación particular con un sector de la sociedad que precede el Estado y la misma sociedad ecuatoriana. Por otra parte, el proyecto menciona ‘elementos tangibles e intangibles’ y ‘muebles e inmuebles arqueológicos” con referencia a sitios y bienes ancestrales de las nacionalidades y pueblos, entre de otros de orígenes hispano. Pero dichos ‘elementos’, ‘muebles’ e ‘inmuebles’ no son meros ‘objetos arqueológicos’ para las nacionalidades y pueblos, sino que existe una relación intrínseca cultural e histórica con dichos bienes y que establece una forma de patrimonio cultural específico para quienes son, efectivamente, los herederos actuales de estos bienes: las nacionalidades y pueblos. Por tanto, se propone que sean considerados legalmente como ‘bienes culturales de patrimonio ancestral colectivo’ que pertenecen por derecho consuetudinario a la nacionalidad o pueblo como generadores de estos bienes.
A ejercer los derechos culturales La interculturalidad se construye a base de la participación y autogestión cultural de todas y todos los actores sociales y en el marco de los principios de plurinacionalidad. Esto implica la participación de las nacionalidades y pueblos y los demás sectores sociales desde sus propios espacios comunitarios, barriales y territoriales; participando en los espacios públicos, estatales y gubernamentales, a nivel local y central, apoyando tanto a los procesos y manifestaciones culturales así como participar en la definición e implementación de políticas públicas interculturales, orientados a lograr el ejercicio de los derechos culturales. Para esto se requiere elaborar e implementar políticas, estrategias y acciones con diferentes pueblos, sectores y ámbitos socios culturales. Por ejemplo, en el ámbito institucional público del Estado: replantear e implementar espacios y procesos participativos que fomentan conciencia y prácticas interculturales. Y, en el ámbito de los medios de comunicación masivos comerciales y estatales de la televisión, la radio y la prensa: fomentar la participación y formación de personas de las nacionalidades y pueblos y otros sectores excluidos históricamente de dichos medios.
de manera que se respete los procesos socios organizativos auto gestionados por las distintas colectividades. Se dará atención especial a las nacionalidades y pueblos en riesgo de perder su patrimonio e identidad cultural. Demandas colectivas por injurias contra la identidad cultural colectiva Los derechos colectivos culturales deben ser respetados y no permitir que se denigren o injurien las manifestaciones sociales y culturales e identidades de una nacionalidad o pueblo, porque de lo contrario deben ser demandados por injurias a los responsables. El Consejo Plurinacional de las Culturas El proyecto de ley de Cultura presentado por el oficialismo, propone crear un Sistema y un Consejo de Cultura conformado y dominado por varias instancias estatales, en el que los diversos y múltiples actores culturales tendrán voz minoritaria; lo que facilitaría la imposición de una visión dirigencial e instrumentalista desde el Estado hacia las culturas. Como alternativa, se propone crear un Consejo Plurinacional de las Culturas, conformado principalmente por los actores culturales de las nacionalidades y pueblos y otros sectores sociales del país, más la participación de los sectores público y privado.
Acción afirmativa Acción afirmativa –como, por ejemplo, se está aplicando actualmente con la contratación de personas con capacidades especiales– deberá ser una política de Estado para reparar la histórica represión, desdén y exclusión de las culturas ancestrales en ámbitos como el mismo Estado y los medios de comunicación, entre otros. En el caso de los medios de comunicación comercial y estatal, el principio de acción afirmativa puede aplicarse en relación con los contenidos, como de la contratación y programas de formación técnica, o de crear programas interculturales en los medios conducidos por los propios indígenas. Apoyo del Estado El Estado deben también destinar o entregar recursos públicos para fortalecer la diversidad cultural mediante sus propias instituciones,
El Consejo Plurinacional de las Culturas elaborará facilitará y coordinará políticas y acciones vinculantes entre los actores culturales, con el apoyo y en cogestión con los sectores público y privado para promover el ejercicio de los derechos culturales en el marco de la pluriculturalidad y la interculturalidad y la construcción de un Estado Plurinacional. En conclusión, las nacionalidades y pueblos, basados en su gran patrimonio, experiencia y respeto a los asuntos culturales, deberán aprovechar el momento para asegurar que los temas y puntos tratados aquí sean discutidos e incluidos en el segundo borrador del proyecto de ley orgánico de culturas. “El conocimiento ancestral es la única arma que tenemos actualmente. Porque las leyes… ¿A dónde podemos acudir sino a nuestros propios principios, a nuestro propio conocimiento que cada nacionalidad tiene? (IS)
7. EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE No existe un solo sistema ni método de enseñanza y aprendizaje En el debate sobre la ley de educación se debe tomar en cuenta que no existe un solo sistema ni método de enseñanza y aprendizaje, sino infinitas maneras de intercambiar, generar, transferir y difundir saberes, valores y conocimientos de generación en generación, por los diversos pueblos y culturas del planeta. Deben considerarse, además, que estos sistemas y formas ancestrales de educación no sean adecuados a las exigencias de los sistemas tecnológicos y la globalización de la economía extractivista. No se debe restar nada del valor intrínseco y el derecho fundamental de las nacionalidades y pueblos a mantener y desarrollar sus propios sistemas de educación, de acuerdo a sus propias necesidades y cosmovisión. Desde el inicio de la colonia, los procesos de desarrollo de la educación ancestral fueron coartados y sometidos a los sistemas de educación religiosos, privados, y luego fiscal, todos con un referente común: la imposición de una sola cultura e idioma ajeno, y la supresión de las culturas indígenas en los sistemas de educación. Fue en los años 1930 y 1940, en la zona de Cayambe, donde Dolores Cacuango y otros líderes indígenas y socialistas promovieron la lucha por la alfabetización y el derecho de los pueblos a la educación en su propia lengua. En los años 60, las campañas de alfabetización entre las comunidades, como la del Monseñor Leonidas Proaño impulsada desde la Diócesis de Riobamba; luego, a partir de los 1970, aparecen novedosas iniciativas de educación bilingüe, como las escuelas radiofónicas del Sistema Radiofónico de la Nacionalidad Shuar (SERBISH), entre otras iniciativas locales en las regiones andina y amazónica de Ecuador. Estas iniciativas de educación popular fueron desarrolladas como parte del proceso de lucha por los derechos económicos y políticos de las organizaciones indígenas y campesinas; a su vez, la educación popular contribuyó a formar nuevas
generaciones de líderes con mayor capacidad para hacer de la educación un factor estratégico del cambio social. El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe La consolidación organizativa del movimiento indígena nacional, en los años 80, y la constitución de la CONAIE en 1986, fortalecieron la demanda histórica de un sistema propio de educación para todas las nacionalidades y pueblos indígenas. Con ese antecedente, en 1988, se creó el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y su entidad rectora, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), en el primer año del gobierno de Rodrigo Borja. Desde su inicio, la DINEIB fue reconocida como instancia descentralizada, con autonomía administrativa y pedagógica dentro del sistema de educación pública, facilitando la participación, consulta y coordinación de las nacionalidades y pueblos con el Estado. “Aquí estamos 20 años ejecutando la Educación Intercultural Bilingüe con muchas dificultades, compañeros. Primeramente nadie creía que podíamos administrar la EIB. Luego, no hemos tenido materiales o recursos necesarios para desarrollar la EIB en 14 lenguas: textos, materiales, investigación nunca ha habido el aporte del Estado para desarrollar. Nosotros con nuestra gestión con organizaciones e instancias internacionales hemos desarrollado la EIB… “La EIB ha contribuido al desarrollo de las nacionalidades y pueblos. Ha elevado la autoestima, ahora no sentimos vergüenza de ser mujeres, de ser indígenas. Tenemos la autoestima elevada y ¿gracias a qué? Gracias a la EIB. Nosotros estamos fortaleciendo nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra cosmovisión. Nuestras autoridades son nuestros.” (Magdalena Guamán, DIPEIB Cañar, durante el diálogo CONAIE – Presidente R.Correa en octubre de 2009.) “Todo el tiempo, desde la colonización, la única arma que nos queda para identificarnos como nacionalidades y pueblos es la lengua… La lengua es tan importante para que en el tiempo y en el espacio sobrevivan nuestras culturas... Y es por eso que el rol principal de la Educación
Intercultural Bilingüe es de fortalecer las lenguas maternas para que las culturas sigan vivas.” (Jaime Gayas, Coordinador Regional de Educación Intercultural Bilingüe, Amazonía.) Los principios y experiencia de la interculturalidad, autonomía y autogestión de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), contribuyeron para el desarrollo de los conceptos y principios de la plurinacionalidad. El derecho a la educación intercultural bilingüe Con los avances logrados en la nueva Constitución de 2008, educadores y educadoras bilingües, en coordinación con la CONAIE, empezaron a definir una ley de Educación Intercultural con base en los derechos colectivos y los principios del Estado plurinacional. Por ejemplo, el numeral 14 del Artículo 57 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho colectivo de “desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas.” Mientras que el Artículo 347 consta que será responsabilidad del Estado “garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades” y “asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.” En el ámbito internacional, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su Artículo 14, afirma que: “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación
en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. 3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.” El proyecto de Ley Orgánica de Educación A partir de las elecciones para la nueva Asamblea Nacional en 2009, los asambleístas de Alianza PAIS elaboraron y presentaron el primer borrador del proyecto de ley orgánica de educación en la Asamblea. La manera inconsulta en que este primer borrador fue impuesto por la mayoría oficialista provocó críticas por parte de las asociaciones de educadores y estudiantes de todos los niveles, las universidades públicas y privadas, entre otros actores sociales. Por su parte las nacionalidades y pueblos, reconocen del proyecto oficialista la creación de la Secretaría Nacional de EIB con un rango superior a la Dirección Nacional, pero el resto del proyecto de ley viola una serie de principios y derechos plasmados en la Constitución: “La ley de educación del Ejecutivo es una ley que discrimina la participación de las nacionalidades y pueblos y la participación de la sociedad en la toma de decisiones y en la formulación de las políticas públicas del Estado. En cambio los pueblos y nacionalidades siempre planteamos en el sentido que la administración del sistema de la EIB –y la administración del sistema nacional de educación– sea con la participación activa, tanto en el caso de los pueblos y nacionalidades como de la educación nacional de la sociedad en general.” (MM) “Esta ley representa intereses que quieren tenernos bajo una sociedad consumista y no una sociedad que genera. La actual ley no responde a los intereses de pueblos y nacionalidades indígenas. Nuestros hijos y hermanos son motivo de experimento de la docencia. El docente
debe ser tratado con dignidad y reconocido a todo nivel… Esta ley pretende controlarnos a los docentes, padres de familia, y estudiantes que estemos sujetos bajo lo que ella propone. No piensa que los sujetos que estamos en las comunidades también generamos criterios y generamos alternativas para el bien de la sociedad. Esta ley y el gobierno pretende controlarnos para tenernos sujetos al mando de él.” (JG) Participación, autonomía y auto gestión Por tanto está claro que las críticas giran alrededor del tema del derecho –o no– de las nacionalidades y pueblos a la participación, autonomía y auto gestión de sus propios sistemas de educación. El pensamiento del Presidente Rafael Correa sobre este tema, tan fundamental para el principio de la democracia participativa y plurinacionalidad, fue revelado en marzo de 2009 cuando publicó el Decreto 1585 que, entre otras medidas, anuló de manera inconsulta la autonomía de la EIB, que ha sido un principio esencial desde su creación en 1988, violando así el Artículo 14 de la Declaración de las ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que expresa: “los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.” “No es posible que el siglo 21 piensen que los indígenas somos incapaces. Si hace 500 años decían que no teníamos alma y ¡Ahora dicen que somos incapaces de administrar el sistema de EIB…! “En ese sentido nosotros estamos reclamando que Usted Señor Presidente ha violado la Constitución porque el Decreto Ejecutivo 1585 elimina todo lo que se dice en la actual Constitución. El Decreto no ha sido consultado con las bases. Estamos hablando del derecho de los niños, de las mujeres, los jóvenes, pero nunca fueron consultados… “Nosotros exigimos que la administración de la EIB sea participativa porque así dice la Constitución. Y esto está violentando, Sr. Presidente. Los pueblos indígenas no podemos
ser simplemente cumplidores de mandados de pasa papeles, como estamos viendo la Dirección Nacional.” (MG) Seguidamente, en junio del mismo año, el gobierno emitió un nuevo Decreto 1780, cuyo Artículo 1 decreta “Crear, con el apoyo económico del Estado… centros de educación fisco-misionales…”, por parte de la iglesia católica en todas las provincias amazónicas y las provincias de Esmeraldas e Imbabura: “Con el decreto 1780 regresa a la colonia. Es un decreto colonial que no permite que los pueblos y nacionalidades puedan desarrollarse. Y que no tengan la libertad de formación, la libertad de desarrollar la espiritualidad, la sabiduría; pues entrega a las iglesias y como en el tiempo de la colonia evangelizadora.” (MM) “El decreto 1780 es algo inconcebible, no podemos aceptar desde ningún punto de vista. Hemos pasado por una etapa de dominación y de cristianización… Y no es posible que sigamos aceptando en este milenio… El decreto 1780 viola los derechos de la persona porque no nos dejan decidir por nosotros y por nuestros hijos.” (JG) Luego en el nuevo año, en febrero de 2010, el gobierno publicó el Decreto 250 que significa: “El decreto 250 nos quita el poder de que las organizaciones elijan a sus autoridades mediante un concurso público, mediante el consenso de las nacionalidades y que cada nacionalidad dentro de una asamblea presente sus candidatos y elijan quien dirijan la administración de sus nacionalidades. Este decreto 250 desconoce por completo y se asume todo desde el gobierno. Y ellos están poniendo a sus intereses.” (JG) La propuesta de ley de EIB de las nacionalidades y pueblos Las y los educadores de las nacionalidades y pueblos pertenecientes a la CONAIE presentaron su propuesta para el sistema de educación intercultural bilingüe a la Asamblea Nacional. “Lo que hemos pedido es contar con nuestra propia ley de educación para el sistema de educación intercultural bilingüe.” (JG) “La nueva propuesta de ley de educación que nosotros hemos impulsado es necesaria por la
finalidad que garantice y regule el tratamiento de la EIB que se contempla en la Constitución, pero al mismo tiempo que permita efectivamente desarrollar con libertad el sistema EIB a partir de las lenguas de los pueblos y nacionalidades. Y de la misma manera que permita que desarrollemos nuestro modelo de desarrollo sustentable versus el modelo extractivista minero del gobierno nacional… Para nosotros, el punto más importante en la ley de educación es que contenga el modelo sustentable y al mismo tiempo contenga el poder de desarrollar el sistema educativo en las lenguas de las nacionalidades, y al mismo tiempo que permita desarrollar nuestra ciencia y tecnología y que sea administrado de manera colectiva y participativa con los pueblos y nacionalidades.” (MM) “Es necesario que exista una nueva ley pero que esté de acuerdo a los requerimientos y necesidades actuales que responda a los intereses de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía en especial y del Ecuador en su conjunto. Me refiero a las nacionalidades porque nuestros centros educativos comunitarios se encuentran en la selva y la nueva ley no se acomoda a las realidades esto no es concordante con nuestros principios culturales. La nueva ley debe sujetarse a las nuevas normas de un estado plurinacional.” (JG) El proyecto de ley presentado por la CONAIE y la DINEIB incluye la creación del Consejo Plurinacional de Educación Intercultural Bilingüe, integrado por al menos un representante de cada nacionalidad, que será el organismo máximo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y formulará, evaluará, coordinará y velará por las políticas públicas educativas del mismo, de forma participativa y descentralizada. “El sistema educativo tiene que tener una entidad descentralizada desde el punto técnico, pedagógico y administrativo versus la propuesta del otro sistema de que siempre sea controlado simplemente con una entidad que dé un servicio al antojo de quienes están al frente de la educación.” (MM) Los mismos maestros y maestras interculturales buscan el apoyo en la ley para fortalecer sus conocimientos y destrezas con una mayor prioridad a la capacitación y formación de
las y los docentes de la EIB. Por su parte las regionales de la EIB contribuyen con sus propuestas: “Los pueblos y nacionalidades de la Amazonía hemos presentado una propuesta alternativa para fortalecer las lenguas y culturas a través de elaborar materiales en las lenguas de cada una de las nacionalidades.” (JG) Como resultado de los planteamientos y la constante presión por parte de las y los educadores interculturales se han logrado algunos avances: “Presentamos dos veces en la Asamblea Nacional. La primera presentamos como ley de EIB. Después, analizamos detenidamente la Constitución y replanteamos como una ley orgánica del sistema EIB. De toda esa propuesta se ha recogido y tratado en lo posible incorporar algunos temas. La nueva propuesta de ley incorpora un 60% a 65% de nuestra propuesta. Pero nuestra espiración es que para el segundo debate preparar otros elementos que todavía no han sido considerados… Creemos que los asambleístas –que son los llamados a velar para que se cumpla con lo que está estipulado en la Constitución y son los llamados de legislar con una visión a largo plazo consideramos que ellos tienen la obligación de aceptar la propuesta de las nacionalidades y pueblos, ya que nosotros, lo único que estamos haciendo, es exigiendo que se reconozcan y apliquen los derechos en la Constitución del Estado, los instrumentos del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.” (MM)
8. EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN Tenemos diferentes formas de comunicarnos Para las nacionalidades y pueblos indígenas la comunicación constituye una parte esencial del proceso colectivo de formación y regeneración constante de las identidades y las culturas. A la comunicación se la concibe como un espacio y un proceso continuo de transmisión
e intercambio, regeneración colectiva y comunitaria de la espiritualidad, sabiduría y conocimientos ancestrales: una oportunidad para la reproducción del ‘patrimonio oral’ acumulado y enriquecido por innumerables generaciones de las diversas culturas originarias. Estas formas ancestrales de comunicación de las nacionalidades y pueblos han sido marginadas desde la colonia hasta la actualidad, principalmente en lo que tiene que ver con las lenguas que es un elemento esencial de la cultura. “Los pueblos kichwas hemos tenido otras formas de comunicarnos como son las reuniones, las asambleas, las mingas, otras formas de trabajo comunitario que tenemos… En ese proceso de vida nos hemos comunicado, informado. La radio también es un instrumento importante para fortalecer y conocernos entre todos los pueblos…” (Gonzalo Díaz, Radio Ilumán, Imbabura.) Las nacionalidades y pueblos indígenas se apropian de los medios de comunicación Entre los medios de comunicación modernos, la radio ha sido, sin lugar a duda, el medio más usado por las nacionalidades, pueblos y comunidades para reivindicar sus derechos. Pero la cantidad de radios que están en manos de los pueblos indígenas es insignificante en relación a las 1.000 radio emisoras que pertenecen y dan servicio al sector mestizo e hispano hablante de la sociedad ecuatoriana.
comunicación.” (Germán Freire, Presidente de la Nacionalidad Achuar del Ecuador). “En los últimos años el movimiento indígena y los dirigentes han considerado que los medios de comunicación son una herramienta de trabajo, de concientización, de enfrentar opiniones y criterios de diferentes puntos de vista para debatir temas porque eso es lo más democrático. A cambio los otros medios de comunicación simplemente nos informan… Por eso es importante tener un medio propio sea radio o televisión. (Anselmo Lluilema, Radio Zotaurku, Chimborazo). “Con nuestra experiencia de trabajo que hemos venido ejecutando con esta emisora, el idioma ha sido tan importante, el idioma kichwa nos ayuda a fortalecer nuestra identidad cultural como pueblos y nacionalidades. Hasta la audiencia nos piden que trabajemos o hablemos a diario solo en nuestro idioma.” (GD) “Pensando en la aplicación de los derechos colectivos, tenemos la necesidad de plantear, de informar. Si no estás informando, si no estás haciendo noticia de lo que haces, no estás presente. El sector indígena ha sido siempre opacado. Estamos aplicando el derecho de la comunicación en el marco de la diversidad, de la plurinacionalidad.” (Ángel Tibán, TVMICC – Televisión del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi). Pero el proceso para acceder a las frecuencias y manejar las radio emisoras ha generado y genera mucha resistencia de parte de las autoridades.
La Radio Federación Shuar, creada con el Servicio de Educación Radiofónica Bilingüe Indígena Shuar (SERBISH) a partir de la década de 1970 fue la primera de una serie de iniciativas indígenas para ejercer el derecho a tener y operar sus propios medios de comunicación para la educación. Luego la nacionalidad Achuar también creó su radio:
“(La Radio Zotaurku de Tixán, Chimborazo) tuvo problemas en el tiempo de Mahuad cuando vino el ejército y tomó la radio por el apoyo que dábamos a las protestas de ese tiempo… No permitieron entrar a la gente al estudio para hablar… Por eso suspendimos las entrevistas con la gente y quedamos con un solo locutor animando con música.” (AL)
“Fue una necesidad urgente… La Misión Salesiana donó este medio de comunicación como Voz de la NAE (Nacionalidad Achuar de Ecuador). Ha hecho un servicio muy especial porque toda la gente se comunica mediante esta emisora, sea para avisar de eventos, fiestas, asambleas, congresos o simplemente para mandar saludos. Ha sido de puntal importancia este medio de
Radio Inti Pacha, fundando por la comunidad kichwa Kayambi de Cangagua, Cayambe, que salió al aire en 1995 tuvo que luchar por más de 10 años antes de conseguir autorización del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), además de ser objeto de repetidos intentos de cerrarla, como en el 2006 durante las protestas contra el Tratado de Libre Comercio
(TLC) y recibir amenazas y el arresto de un reportero durante las protestas anti mineras en enero de 2009.
A esto se suma la prohibición a las radios comunitarias de cobrar por pasar publicidad, que efectivamente les asfixia económicamente.
A finales del mismo año, el gobierno de la “Revolución Ciudadana” intentó clausurar Radio la Voz de Arutam, nacida de la Radio Federación Shuar, que apoyaba e informaba sobre las protestas anti mineras de las comunidades Shuar en Morona Santiago.
Y, desde el sector privado se resisten poner anuncios u publicidad en los medios indígenas ya sean en radio u TV.
“Hemos estado respaldando a la Radio Arutam sobre lo que pasó. Tal vez sucedió lo mismo como a nosotros: quizá participaron compañeros allá en el levantamiento. Y si eso pasa le culpan directamente a la radio de estar provocando… Pero no es así. Más bien, los que participan: el pueblo y las comunidades se adueñan de la emisora para poder dar su voz ante la sociedad indígena, mestiza y afroecuatoriana, aquí en Imbabura y ante todos.” (GD) “Radio Arutam cumplió el rol que puede cumplir TV-MICC. Siempre estamos diciendo que algún rato nos caen por haber dado un espacio a un dirigente que diga que tiene que decir… El gobierno lo cogió de manera política para quitar un espacio muy ganado por los sectores indígenas. Una persecución política, la Radio Arutam cumplió con lo que siempre ha venido haciendo, pero en esta vez cogieron como un pretexto para acallar a los pueblos y nacionalidades de la zona, que son los Shuar. Siempre digo: a nosotros nos puede pasar eso.” (AT) Control, corrupción, censura y represión Pero, además de estas violaciones flagrantes por parte de las autoridades gubernamentales y estatales, existe un sistema dominado por los intereses económicos –y políticos– que se adueñaron de las concesiones de frecuencias y así de los medios de comunicación grandes y pequeños en todo el país, durante los gobiernos anteriores y que continúan con el actual gobierno: “En cambio hay los que están en el poder que han cogido en esta misma época. Según la investigación de los compañeros de la CORAPE, en que también hemos participado, muestra que hay una corrupción tremenda. ¿Y quién dice algo de eso?” (GD)
“Yo siento que hay cierto nivel de racismo, como es canal indígena no nos ponen. Aquí en Latacunga nos ponen (en el tv cable) porque somos amigos.” (AT) De la prensa al internet Han existido varios intentos de parte de las organizaciones indígenas de producir periódicos informativos, pero su distribución ha sido difícil debido a que los periódicos no llegaban a las bases y se quedaban en las oficinas de las federaciones; otro factor que lo volvió ineficaz fueron los limitados niveles de alfabetización y lectura. Pero en los últimos tiempos han reemplazado la prensa escrita por el Internet y el correo electrónico, con otro tipo de limitaciones y brechas pero que sirven para propósitos de la comunicación organizativa y difusión. Se tomaron de las experiencias de la Minga Informativa, nacida de los Foros Sociales Mundiales que usaron el Internet para visibilizarse. También, iniciativas de resistencia como la de Chiapas en México, acciones de movimientos alter mundialistas en contra de la globalización y la guerra, lograron incidir a través de Internet. Sin embargo; el acceso a las nuevas tecnologías de comunicación e información es aún restringido; el sistema de Internet se concentra en las urbes y generalmente pueden acceder a él las clases media y alta y quedan excluidas las nacionalidades y pueblos y los sectores pobres. El derecho a la comunicación de los pueblos indígenas en los instrumentos internacionales de derechos humanos Hay dos instrumentos internacionales que afirman el derecho de las nacionalidades y pueblos indígenas a la comunicación. Primero, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en su artículo 27 dice que: “los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones
y medios de educación… deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.” El segundo, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo Artículo 16 declara que: “los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna” y que “los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.” Los derechos constitucionales de la comunicación La Constitución actual cuenta con 6 artículos dedicados a diferentes aspectos de la comunicación. Por ejemplo, en el Artículo 16 consta que: “todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos”, como también al acceso a frecuencias y tecnologías y a la creación de medios de comunicación. El Artículo 16 obliga al Estado a garantizar la asignación de las frecuencias en igualdad de condiciones y no permitir el oligopolio o monopolio de la propiedad de los medios de comunicación. El numeral 21 del Artículo 57 garantiza “que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.” Varios proyectos de ley de comunicación Luego de la instalación de la Asamblea Nacional en el año 2009, se inició un proceso de redacción de varios proyectos de ley de comunicación. Tres proyectos de comunicación fueron recibidos
oficialmente por la Comisión Ocasional de asambleístas conformada para el efecto. El primer proyectos de ley fue presentado del oficialismo-Alianza PAIS; el segundo lo presentó el Foro Ecuatoriano de la Comunicación y; el último fue presentado por el asambleísta César Montúfar. Por su lado la CONAIE también redactó su propuesta de comunicación el “Mandato de los pueblos y nacionalidades por una ley orgánica plurinacional de comunicación” en agosto de 2009 presentado a través de los asambleístas de Pachakutik, para que sea considerados en el proyecto oficial de comunicación. El proyecto de ley del Foro de la Comunicación En el 2008, el Foro Ecuatoriano de la Comunicación, integrados por organizaciones de comunicación, periodistas, comunicadores, estudiantes, productores de comunicación y ONG, además de la presencia de organizaciones como Ecuarunari y la CONAIE, elaboraron y presentaron un proyecto de ley orgánica de comunicación a la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional, en noviembre de 2009. El proyecto de ley de Alianza PAIS El proyecto de comunicación del gobierno fue presentado por el asambleísta oficial Rolando Panchana, un antiguo presentador de televisión, quien en Montecristi no quiso reconocer el derecho al agua como un derecho humano. El informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación fue aprobado por la mayoría oficialista en noviembre de 2009. Según un análisis realizado por José Luis Bedón se resaltan algunas observaciones, entre ellas, que el proyecto de ley oficialista se sirvió del discurso y varios artículos encontrados en el proyecto del Foro de la Comunicación, principalmente relacionados con una posición (de algunos sectores del Foro) que le daban legitimidad y muchas facultades al Estado y al gobierno para controlar (e inclusive reprimir) institucionalmente a todos los medios, sin distinción excepto a los medios estatalesgubernamentales. Esta propuesta plantea crear un Consejo de Comunicación e Información dominado por representantes del gobiernoEstado y con una representación mínima de la sociedad civil.
Libertad de expresión Para los pueblos indígenas a quienes desde hace siglos se les ha negado el derecho a la “libertad de expresión”, es una ironía presenciar de cómo los dueños de los grandes medios de comunicación están tan preocupados por defender tal libertad de expresión, frente al riesgo de perder sus frecuencias, de ser regulados y tener que responder a la sociedad. Por su parte, el gobierno con su millonaria campaña en contra de los medios privados, olvida que la comunicación es un derecho y persiste en imponer una ley de comunicación con una visión intervencionista y de control total, excepto a los medios estatales. De igual forma, el gobierno persiste en violar el derecho a la réplica al no permitir espacios en los medios estatales a quienes se sienten difamados por el Presidente en sus cadenas sabatinas; y, a esto se suma el uso de fondos públicos para difamar a sus adversarios políticos y a las organizaciones sociales a través de los medios. “El gobierno ha invertido mucho dinero. En las radios indígenas y populares pasan cuñas en contra de los cabildos de las comunidades, diciendo ‘¡Qué desgracia! Los cabildos otra vez están molestando diciendo que el agua no está bien distribuida…’ Lo mismo por la televisión, diciendo ‘Ciudadanía levántese contra los dirigentes, ellos ya no son nada.’ No sé cuándo podríamos hacer una auditoría sobre cuanto (el gobierno) ha invertido en contra de las organizaciones indígenas, los movimientos sociales, los trabajadores, los estudiantes. Es todo una persecución.” (Delfín Tenesaca, Presidente de ECUARUNARI.) El ‘nudo crítico’ del acceso a las frecuencias radioeléctricas El derecho constitucional “al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias” así como “no permitir el oligopolio o monopolio de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias”, son entre otros los ‘nudos críticos’ de la ley de comunicación, por lo que el control de las frecuencias asegura para sus actuales dueños rentabilidad y/o influencia política.
Por tanto, el tema del reparto equitativo de las frecuencias radioeléctricas de comunicación a las nacionalidades y pueblos y otros sectores sociales, será la piedra de toque por cuanto este será un primer paso hacia la democratización de la comunicación. “Hay concesiones de frecuencias alteradas, que se han distribuido por gobiernos anteriores y grupos de poder que han estado rifando a cualquier ente financiero o ente que domina en el país. En cambio hay comunidades y organizaciones, incluso nosotros (Radio Ilumán)… En 2006 solicitamos una frecuencia a nivel provincial para poder seguir dando servicio a los pueblos indígenas de la provincia pero no lo hemos logrado hasta ahora… Por esa situación hemos dicho que debe concesionarse y redistribuirse las frecuencias entre todas las radios a nivel del país. No existen muchas radios comunitarias actualmente, pero radios privadas existen a full. Las frecuencias no alcanzan para más radios. Entonces, que todas las radios tengan los mismos derechos. Se plantea el 33% para radios comunitarias, 33% para radios públicas y 33% para radios privadas… Ojalá los asambleístas logren aceptar este planteamiento.” (GD) ‘Control ciudadano’ versus veeduría y auditoría social El ‘control ciudadano’ es otro nudo crítico de la ley de comunicación. Es necesario que exista una regulación a los medios de comunicación porque como toda empresa, ésta necesita cumplir con la ley y respetar los derechos, habida cuenta de que la “autorregulación” no ha funcionado. La sociedad civil entra en escena al proponer la veeduría y la auditoría social. Es decir que no es el gobierno quien debe controlar a los medios sino que para eso deben existir leyes claras, y la ciudadanía de manera individual y colectiva, como receptora de los medios debe pedir rendición de cuentas cuando se sienta afectada: “El Estado debe tener un rol pero no en mayor porcentaje… No puede estar solamente regulando el Estado, también la sociedad, las organizaciones y pueblos deben ayudar a regular todos los medios.” (GD) “Esta ley debe cambiar. Es decir que primero respondamos a la sociedad civil. En primer lugar porque el medio de comunicación sancione o que sea, sean ellos que vean y si eso amerita
que no solamente debería ser tratado aquí internamente, allí tal vez debería intervenir el Estado. Y en muchos casos se ha respetado la decisión que hemos tomado… Es decir que nosotros resolvamos cualquier asunto que tenga que ver con el tema de la comunicación… Y no deberá apelar a ningún ministro o fiscal sobre lo que hemos actuado nosotros, apegado a la Constitución y la ley.” (AL) Por lo tanto, no se entiende la preocupación del proyecto de ley oficialista de crear un aparato centralizado, sin participación y administrado por un Consejo Nacional de Comunicación, nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que sancione a los medios de comunicación privados y comunitarios. El Consejo Plurinacional de Comunicación La CONAIE, en cambio, en su proyecto de ley propone como alternativa un Consejo Plurinacional de Comunicación, conformado por representantes de las nacionalidades y pueblos, organizaciones, gremios e instituciones de comunicadores y otros sectores sociales y representantes del Estado. El Consejo Plurinacional será una entidad rectora, participativa y que represente a la diversidad de la sociedad ecuatoriana, con la responsabilidad de elaborar políticas y acciones que promuevan y faciliten el ejercicio de los derechos a la comunicación, garantizados en la Constitución. Por ejemplo, será responsable de velar por la asignación equitativa de las frecuencias y promover la creación de medios sociales, comunitarios y de las nacionalidades y pueblos, la formación, producción, promoción y difusión de contenidos desde las nacionalidades y pueblos en los medios públicos, privados, sociales y comunitarios, etc., además ser la primera instancia para la resolución de conflictos antes de que pasen a la jurisdicción de las autoridades del Estado. Los medios de las nacionalidades y pueblos “Esta radio (Zotaurku) es colectiva por la forma y la estructura como funciona. Si fuera individual, con un solo director, él sería quien contrata las personas…. Es él que hace. Pero aquí yo, como director, tengo que respetar. Todas las llamadas de atención son comunicadas en la asamblea, en reuniones o el directorio de la Radio… Es decir: aquí se actúa en manera colectiva y por eso se llama ‘comunitario’” (AL)
Pero se debe distinguir entre “medios comunitarios” porque el término abarca a diversas colectividades sociales (mujeres, campesinos, sindicatos, jubilados, glbt, religiosos…), y los medios de comunicación de las nacionalidades y pueblos indígenas que también son comunitarios; y para ello se debe considerar factores específicos como son la identidad, los idiomas, la territorialidad, etc. En el proyecto de ley de comunicación oficial debe considerarse las producciones indígenas para ser difundidos en los medios estatales y privados, así como debe garantizar mecanismo que ayuden a articular entre los medios de comunicación comunitarios, privados y estatales con el sistema de educación intercultural bajo el principio de plurinacionalidad. “Los medios de comunicación, a la educación bilingüe, sólo le han visto como un derecho de los indígenas. La educación bilingüe es un derecho para toda la sociedad que debería ser transversalizado. Los medios deben ser abordados desde el concepto de la plurinacionalidad.” (AT) Acción afirmativa En cuanto a acciones afirmativas, la ley debe contemplar y adoptar medidas efectivas de política pública que den oportunidades y estén destinadas a contribuir en la reparación de las desigualdades en el sistema de comunicación nacional e internacional para el ejercicio efectivo de los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos, mujeres, grupos glbt, adultos mayores, jóvenes, personas con capacidades diferentes, entre otros. Acciones legales colectivas en defensa de las identidades culturales Con referencia al numeral 7 Artículo 66 de la Constitución que reconoce el derecho “de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario” y el derecho de proteger el honor, el buen nombre, la imagen y la voz de la persona; la ley deberá facilitar la toma de acciones legales colectivas por parte de las nacionalidades y pueblos y otras colectividades en contra de las personas, los programas y/o los medios de comunicación responsables según el caso.
Autofinanciamiento y financiamiento público
Derechos consuetudinarios y justicia indígena
La ley comunicación deberá reconocer derechos y prácticas de autofinanciamiento para los medios comunitarios y de las nacionalidades y pueblos; como por ejemplo poder acceder a la publicidad estatal y privada para sostenerse.
“Cuando se empezó a discutir sobre la justicia indígena no había un concepto elaborado, entonces dijeron lo que hace la cultura indígena es la costumbre y por lo tanto es un derecho consuetudinario. Pero digamos que la idea que se ha venido trabajado con posteridad ha sido lo que los pueblos indígenas hacen, organizan o practican. No son hechos aislados sino que obedecen a todo un sistema.” (Floresmilo Simbaña, Equipo Técnico de ECUARUNARI.)
El Artículo 17, numeral 2 de la Constitución obliga al Estado a facilitar “la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada” Esto significa asegurar que los medios de comunicación sociales, comunitarios y de las nacionalidades y pueblos cuenten con los fondos necesarios para la inversión inicial y su funcionamiento posterior. Además, debe dar prioridad a la inversión para extender la cobertura de los sistemas de telefonía y conectividad al Internet en todas las zonas rurales y los territorios de las nacionalidades y pueblos, en cumplimiento del Artículo 16 que dice que: “todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.”
9. JUSTICIA INDÍGENA “Siempre hemos sabido gobernarnos” “Nosotros, como nacionalidad, desde la época del nacimiento de los pueblos, teníamos nuestro propio gobierno. Por ejemplo, sabíamos como hacer nuestra propia justicia, sabíamos como gobernar, sabíamos como administrar a nuestra familia, a nuestra gente.” (Salvador Chirimía, Presidente de la nacionalidad Épera, Esmeraldas.) “No es porque ahora está en la Constitución que recién lo vamos a aplicar. Siempre en nuestras comunidades ha existido la ley indígena. Ahora, nunca ha sido reconocida o respetada y ha sido satanizada… Pero aunque fuera borrada y no estuviera en la Constitución, seguro vamos a seguir aplicándola. (Mesías Córdoba, Presidente de FECABRUNARI, Bolívar.)
Se trata de normas éticas y prácticas con las que se administran las actividades de las colectividades sociales, de las nacionalidades y pueblos indígenas que han permitido mantener su cosmovisión, identidad y valores culturales, espiritualidad, sabiduría, conocimientos, ciencia… Así como manejar, cuidar y defender sus tierras y territorios, y sostener su histórica resistencia ante la colonización y los estados modernos: “Es un fenómeno muy especial. La justicia indígena ha vivido estos 518 años, digamos hasta la actualidad, porque el sistema oficial de la cultura que nos conquistó no ha llegado a todas las nacionalidades y pueblos... en la Amazonia y la Costa norte no han llegado y, por ende, estos sistemas jurídicos, de estas nacionalidades, han permanecido intactas durante más de 500 años.” (Atik Kurikamak, Instituto de derechos indígenas ‘Tinku’.) A pesar del desconocimiento y prejuicios de antaño, el derecho a la justicia ha logrado cierta aceptación entre la sociedad ecuatoriana, a tal punto que ha sido reconocida en las Constituciones de 1998 y de 2008, como parte del conjunto de derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos. El artículo 171 de la actual Constitución dice: “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los
derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.” “Con la promulgación de la Constitución de 2008 nos deja claramente establecido que existen una jurisdicción indígena y una jurisdicción ordinaria. Entonces, en este marco podemos ya hablar de relaciones o coordinación, como dice la Constitución, entre la cooperación entre los sistemas jurídicos de las nacionalidades y pueblos indígenas y el sistema ordinario.” (AK) Igual que otros aspectos de las culturas ancestrales, la justicia indígena ha sido confundida por los medios de comunicación, y por la misma sociedad en general, con aquello de los linchamientos violentos y otras maneras de hacer justicia por mano propia. Lejos de ser justicia indígena, esos actos espontáneos y sin recurso al debido proceso son consecuencia del desengaño de la gente pobre ante un sistema de justicia basado en abusos y atropellos, deficiencias administrativas y corrupción. “Hay que recuperar la justicia indígena… A veces estamos confundiendo, especialmente los jóvenes, entre ajusticiamiento y justicia indígena. Y los medios han aprovechado para difundir lo malo y lo negativo luego de que la justicia indígena fue aprobada en la Constitución, con el mismo rango de la justicia ordinaria. Creo que hay que capacitarnos, recuperar como fue los diferentes procesos de nuestro sistema y difundirlo, especialmente entre los jóvenes.” (Cristina Cucuri, Coordinadora de la Red de Organizaciones de Mujeres Kichwas de Chimborazo.) Justicia indígena: procesos de sanación, rehabitalización espiritual “En nuestra justicia estamos hablando de procesos de sanación, de rehabitalización, incluso hasta de procesos espirituales. Porque la aplicación de justicia indígena no significa coger al individuo que haya cometido un delito y
maltratarlo o castigarlo, sino significa que a esa persona vamos a rehabilitarlo, a reinsertarlo… Primero, no hay cárcel, sino la inmediata reposesión en la sociedad, y no se arregla por el monto de dinero sino por el acuerdo de que el infractor cumpla con ciertos compromisos de carácter comunitario… Entonces, siempre este procedimiento es espiritual, este procedimiento es muy delicado, de mucho compromiso y, por ende, de sanación, de curación hacia la persona que ha infringido tal o cual delito. (MC) La justicia indígena es colectiva “Las diferencias fundamentales quizás es que la justicia indígena es colectiva, la justicia indígena no nomina autoridades, sino que el pueblo en sí, en base a sus estatutos, crea autoridades. La justicia indígena es gratuita, la justicia indígena es colectiva mientras la justicia ordinaria es ejecutada por una sola persona, es cobrada, es cara. La justicia ordinaria tiene serias dificultades en entender los principios mismos de cómo resolver los conflictos, es una justicia sancionadora, mientras que la justicia indígena busca la armonía, la paz entre las personas o las colectividades que están en conflictos.” (AK) Flexible y participativa “El sistema indígena tiene agilidad, no tienes que pagar un abogado. La audiencia es la comunidad en que participan hombres y mujeres… En la justicia ordinaria los procesos pueden transcurrir años, en cambio con la justicia se hace en dos o tres días si el caso es muy conflictivo. También, la indagación es participativa.” (CC) “Otra diferencia fundamental que vemos entre los dos sistemas, vemos que el sistema de justicia indígena es un sistema bastante flexible. No se ata a códigos rígidos, no se fija a leyes inflexibles; se basa en principios y se aplica de acuerdo a las realidades y a las condiciones o circunstancias del hecho a juzgar, las leyes son muy flexibles; y otra cosa fundamental es en el sentido colectivo del juzgamiento, es decir no solo es colectivo, en el sentido de la autoridad, sino también de quien interviene en este proceso.” (FS) Las leyes internas sirven más “Consideramos que las leyes internas nos sirven mucho más que las leyes externas. Porque hay
un sin número de leyes que se contradicen. Cuando uno empieza ha meterse en temas legales se ve que demoran dos o tres años para resolver un problema. O muchas veces no se resuelven, como en el caso del territorio Chachi… Entonces, frente a ello lo que pretendemos es fortalecer la organización, fortalecer nuestras bases a base de nuestras leyes o costumbres tradicionales para que, a la vez, sean aplicados por todos los Chachi y que haya una veeduría interna más que externa… Sí se está aplicado (la justicia indígena) en nuestro territorio, que es mucho mas pequeño y puede ser aplicado. Pero si esperamos hasta que el Estado aplique sus leyes, en cuanto a estas violaciones de los derechos, eso ha sido casi imposible hasta hoy… Las demandas son muy caras... No tenemos recursos para defendernos. La única fuerza de defensa que tenemos es decir “aquí nadie pasa”. Eso podría ser el paso organizativo y decir: “aquí no queremos y punto”. (Wilton Díaz, presidente de la nacionalidad Chachi, Esmeraldas.) Sujetos colectivos con derechos colectivos Para las nacionalidades y pueblos del mundo, los derechos colectivos también significan mantener los procesos e instituciones sociales organizativos y tener las la autoridad colectiva a legislar y administrar justicia, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 estipula: “Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, practicas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”. La Declaración de las Naciones Unidas es aún más avanzada que la misma Constitución porque expresamente dice que reconoce, no solamente como nacionalidades, sino como nación, algo que los pueblos han sostenido, con sus propias instituciones y autonomías. Como resultado de la lucha y fortalecimiento político del movimiento indígena, agrupado en la CONAIE, las nacionalidades y pueblos fueron reconocidos como sujetos colectivos con el derecho colectivo de administrar su propia justicia.
Las mujeres en la aplicación de la justicia indígena Por su parte, las mujeres indígenas reclaman su derecho de participar y ser autoridades como sujetos colectivos con propio derecho y que la justicia indígena abarque y se responsabilice por temas relacionados con las mujeres y el ámbito familiar… “Las autoridades son más los compañeros, entonces queremos que nuestras voces, nuestras ideas y pensamientos también estén en ese proceso. Y nuestros conflictos sobre todo deben ser resueltos en nuestra justicia… En ese sentido queremos que también las mujeres incursionen más como autoridades y que nuestros problemas sean discutidos en el seno de las asambleas y todo el proceso de la justicia indígena… Se necesita trato propio. Por ejemplo, la ley 103 es para todas la mujeres, pero no beneficia a las mujeres indígenas… Lo que estamos planteando es que la justicia indígena tiene que velar por estos temas y por las autoridades que hemos elegido y a quien hemos dado la confianza. Ellos están en las comunidades y la familia está en la comunidad, entonces son nuestras autoridades que tiene que apoyar, velar, acompañar…” (CC) Pluralismo jurídico “Esto implica reconocer el pluralismo jurídico en el Estado ecuatoriano de acuerdo a la declaración de la Constitución como Estado plurinacional e intercultural. Y, y más que todo, el artículo 179 de la Constitución que reconoce nuestras propias autoridades, derechos y sistemas. Eso implica el reconocimiento de los 14 sistemas jurídicos que existen porque cada una de las nacionalidades tiene sus propios sistemas jurídicos e implica definitivamente permitir el desarrollo de estos sistemas en el marco de una pluralidad jurídica en nuestro país.” (AK) Resistencias de la vieja mentalidad Sin embargo, aunque la justicia indígena sea reconocida en la Constitución, aún persisten resistencias… “Además, todavía existe este viejo concepto colonialista de muchas autoridades de la justicia ordinaria que no creen que nosotros debemos tener todas las competencias, entonces hay
algunas autoridades que dicen que los pueblos indígenas tienen limitada competencia y no en todos los campos. En cambio la Constitución no dice eso. Dice: ‘La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.’” (AK) “Las contradicciones que se tiene con algunos jueces y con el Estado siguen y son bastante fuertes. No se entiende o no se quiere entender, incluso tienen serios limites históricos que no han podido superar, no solo a nivel de lo institucional, sino a nivel del psiquis de las autoridades y de las personas.” (FS) El proyecto de ley de coordinación y cooperación de justicia indígena “Yo pienso que la justicia indígena no debería tener una ley, porque mientras en la Asamblea Nacional aprueban una ley específica para la ley indígena, me parece que nos volveríamos a la homogenización de todo un sistema de justicia; pero no hay solamente un sistema en el país, sino cada nacionalidad tiene uno. Eso sería 14 nacionalidades con sus diferentes sistemas de justicia indígena. (CC) “Si estamos hablando de la diversidad, de la pluralidad, de nuestras formas organizativas, nuestra costumbres, de nuestras culturas, también en justicia tenemos nuestra diversidad. Y el momento que estuviéramos pensando que tiene que haber una ley ya no estaríamos reconociendo esa diversidad y pluralidad. Por lo tanto no debe haber una ley generada desde el Estado o la Asamblea porque estaríamos volviendo a que nos sometan en un solo sistema… Por ende, se debe mantener esta diversidad porque el momento que estarían generando una ley estarían metiendo en un solo saco, siendo una camisa de fuerza para resolver tal o cual conflicto.” (MC) “Quienes comparten la idea de hacer una ley sobre administración de justicia tienen varias propuestas: una que norma toda la estructura de la administración de justicia a nivel nacional; otra que dice que lo que hace falta es la elaboración de ciertos parámetros generales de la administración de justicia para que cada nacionalidad y pueblo tenga su propio sistema y estructura de justicia pero también que estos estén cohesionadas a una estructura nacional sin
necesidad de normar o de reestructurar todo el andamiaje de la administración de justicia… Yo creo que deberíamos tener parámetros generales y coordinación nacional… Más allá de eso me parece que es ponerle una camisa de fuerza o desnaturalizar la ley de justicia indígena.” (FS) “Lo que la Constitución dice es que tenemos que elaborar una ley de coordinación y cooperación. No estamos elaborando una ley de justicia indígena porque desde nuestra experiencia y nuestro concepto jurídico no es bueno positivizar al derecho indígena a la justicia indígena. Por lo tanto se normará algunas cosas, por ejemplo, las asambleas comunitarias que son las primeras instancias, la primera autoridad para resolver conflictos. Se normará la asamblea de organización de segundo grado que son las segundas instancias en el sistema de la nacionalidad kichwa. Pero no vamos a elaborar una ley positiva de la justicia indígena.” (AK) Con este fin se ha elaborado una agenda con la CONAIE y se está desarrollando un proceso de discusión entre las organizaciones en coordinación con la Naciones Unidas y el Ministerio de Justicia: “Son dos delegados de cada organización, un hombre y una mujer. Tenemos delegados de la ECUARUNARI, CONFENIAE, CONAICE, FENOCIN, FEINE, FEI; en total somos 14. Más los técnicos de Naciones Unidas y del Ministerio de Justicia, somos alrededor de 18 personas trabajando en la propuesta propia de elementos constitutivos de esta ley…” Luego se realizará una consulta a todas las nacionalidades y pueblos de las tres regiones de la Costa, Sierra y Amazonía a base de talleres, concluyendo con un taller o asamblea nacional de las nacionalidades y pueblos con técnicos asesores y asambleístas donde se discutirá y consensuará la propuesta por ser presentada a la Asamblea Nacional.” (AK) Nudos críticos Existen algunos otros ‘nudos críticos’ respecto a lo que se podría denominar el sistema plurinacional de justicia de las nacionalidades y pueblos, que requieren de mayor discusión, por ejemplo: “Se ha producido algunas confusiones. Luego de la promulgación de la Constitución del 2008, por dar un caso, se han creado fiscalías
indígenas. Eso, obviamente en el termino estrictamente jurídico, están arrogando funciones de la autoridad indígena porque esos fiscales indígenas por mas fiscales que sean, están juzgando a los ciudadanos y ciudadanas indígenas con los instrumentos, con los preceptos jurídicos de la otra jurisdicción, de la jurisdicción ordinaria… “Otro es que no se sabe con precisión quienes son las autoridades responsables. Porque en algunos casos se considera que las autoridades son colectividades como en las comunidades kichwa y en otros se considera que es el representante, presidente o el directorio del cabildo. Hay una confusión por resolver… “Algo critico es que nosotros debemos fortalecer nuestros 14 sistemas de justicia de las nacionalidades y pueblos indígenas, pero no tenemos recursos. Mientras que la justicia ordinaria tiene millones de dólares, nosotros no tenemos ni un centavo…” (AK) “Me parece es que se necesitan urgentemente tres cosas básicas. Primero, debemos contar con una institución nacional de la justicia indígena, sino hacemos eso vamos a continuar en las mismas, claro que si hay conflictos en las comunidades pero hay casos que han trascendido a nivel regional y por ejemplo se han presentado casos en la ECUARUNARI y de ahí comprendemos, nos da la pauta, de que necesitamos la coordinación nacional de la administración de la justicia indígena… “La otra necesidad es justamente poner cuál es el marco en el que se va a actuar, tanto el
Estado, como la justicia indígena, para evitar o superar el conflicto entre sistemas, pues tenemos una serie de procesos que hemos manejado cuando se maneja al interior de las comunidades y han llegado a ser conocidos por el Estado y se vuelve bastante conflictivo - hay que poner parámetros entre cual es el ámbito de administración del Estado y cuál es el ámbito de la administración de justicia… “Otro aspecto más urgente por resolver es lo que tiene que ver con la combinación de la visión indígena de la justicia y otro fundamental: lo del derecho de la mujer… Me parece que el movimiento indígena debe trabajar ahí. Es decir: tener una concepción más democrática en este caso, desde la visión de las mujeres, con respecto a la justicia, incluso con respecto de la misma cultura indígena desde la perspectiva de las mujeres.” (FS) En conclusión, “Tenemos que coordinar cuál es la autoridad nacional que vamos a sujetarnos en el marco de la administración de justicia indígena. El otro es que necesitamos mucho empeño para forzar al Estado para que entienda cuál es la realidad de la Plurinacionalidad - es el punto concreto del conflicto con el gobierno específicamente, no con el Estado. Digo esto porque el Ecuador con la Constitución vigente se entiende que es un Estado plurinacional, pero la plurinacionalidad está siendo cada vez más difícil de concretar. Viendo las políticas, en la práctica, que el gobierno está asumiendo y ejerciendo –la ley de aguas es un caso concreto de ello– parece que no quiere entender cual sería un manejo plurinacional del Estado.” (FS)
Leyes y Derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos en el marco de la plurinacionalidad
Realizado a base de entrevistas con dirigentes y expertos indígenas, este folleto es una reseña de algunos de las principales propuestas de...