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Timestamp: 2017-09-25 13:33:47
Document Index: 389534390

Matched Legal Cases: ['Artículo 208', 'Artículo 209', 'Artículo 214', 'Artículo 215', 'Artículo 216', 'Artículo 217', 'artículo 214', 'artículo 214', 'artículo 218', 'artículo 317', 'artículo 316', 'artículo 214', 'artículo 202', 'artículo 214', 'artículo 214', 'artículo 216', 'artículo 2']

EL ALLANAMIENTO	(5)
Published in EL ALLANAMIENTO
Domingo, 26 Julio 2015 19:22
Artículo 208 Motivos y objeto de la inspección.-
1. La Policía, por sí -dando cuenta al Fiscal - o por orden de aquél, podrá inspeccionar o disponer pesquisas en lugares abiertos, cosas o personas, cuando existan motivos plausibles para considerar que se encontrarán rastros del delito, o considere que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona prófuga, procede a realizar una inspección.
2. La pesquisa tiene por objeto comprobar el estado de las personas, lugares, cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere, de utilidad para la investigación. De su realización se levantará un acta que describirá lo acontecido y, cuando fuere posible, se recogerá o conservarán los elementos materiales útiles.
3. Si el hecho no dejó rastros o efectos materiales o si estos han desaparecido o han sido alterados, se describirá el estado actual, procurando consignar el anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición y alteración, y los medios de convicción de los cuales se obtuvo ese conocimiento. Análogamente se procederá cuando la persona buscada no se halla en el lugar.
4. De ser posible se levantarán planos de señales, descriptivos y fotográficos y toda otra operación técnica, adecuada y necesaria al efecto.(1)(2)
(1) De conformidad con el Artículo Único de la Ley N° 28366, publicada el 26-10-2004, se suspendió hasta el 1 de enero de 2005, la entrada en vigencia del presente artículo.
(2) De conformidad con el Artículo Único de la Ley N° 28460, publicada el 11-01-2005, se modificó el inciso 4 de la Primera Disposición Complementaria y Final del presente Código, eliminándose toda referencia a la vigencia de los artículos 205-210, y precisándose que el día 1 de febrero de 2006 entrarán en vigencia en todo el país los artículos 468 - 471, y el Libro Sétimo "La Cooperación Judicial Internacional" y las disposiciones modificatorias contenidas en este Código".
CONCORDANCIAS: R. N° 029-2005-MP-FN, 3
Artículo 209 Retenciones.-
1. La Policía, por sí -dando cuenta al Fiscal- o por orden de aquél, cuando resulte necesario que se practique una pesquisa, podrá disponer que durante la diligencia no se ausenten las personas halladas en el lugar o que comparezca cualquier otra.
2. La retención sólo podrá durar cuatro horas, luego de lo cual se debe recabar, inmediatamente, orden judicial para extender en el tiempo la presencia de los intervenidos. (1)(2)
Domingo, 26 Julio 2015 19:15
Artículo 214 Solicitud y ámbito del allanamiento.-
1. Fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, y siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, el Fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario de una casa habitación, casa de negocio, en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado temporalmente, y de cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será negado el ingreso en acto de función a un determinado recinto.
2. La solicitud consignará la ubicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados, la finalidad específica del allanamiento, las diligencias a practicar, y el tiempo aproximado que durará.
3. Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden judicial constarán detalladamente en el acta.
Artículo 215 Contenido de la resolución.-
1. La resolución autoritativa contendrá: el nombre del Fiscal autorizado, la finalidad específica del allanamiento y, de ser el caso, las medidas de coerción que correspondan, la designación precisa del inmueble que será allanado y registrado, el tiempo máximo de la duración de la diligencia, y el apercibimiento de Ley para el caso de resistencia al mandato.
2. La orden tendrá una duración máxima de dos semanas, después de las cuales caduca la autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo determinado o para un período determinado, en cuyo caso constarán esos datos.
Artículo 216 Desarrollo de la diligencia.-
1. Al iniciarse la diligencia se entregará una copia de la autorización al imputado siempre que se encuentre presente o a quien tenga la disponibilidad actual del lugar, comunicándole la facultad que tiene de hacerse representar o asistir por una persona de su confianza.
2. Si no se encuentran las personas arriba indicadas, la copia se entregará y el aviso se dirigirá a un vecino, a una persona que conviva con él, y a falta de ellos, sólo de ser posible, al portero o a quien haga sus veces.
3. La diligencia se circunscribirá a lo autorizado, redactándose acta. Durante su desarrollo se adoptarán las precauciones necesarias para preservar la reputación y el pudor de las personas que se encuentren en el local allanado.
Artículo 217 Solicitud del Fiscal para incautación y registro de personas.-
1. Cuando sea el caso, el Fiscal solicitará que el allanamiento comprenda la detención de personas y también la incautación de bienes que puedan servir como prueba o ser objeto de decomiso. En este caso se hará un inventario en varios ejemplares, uno de los cuales se dejará al responsable del recinto allanado.
2. El allanamiento, si el Fiscal lo decide, podrá comprender el registro personal de las personas presentes o que lleguen, cuando considere que las mismas pueden ocultar bienes delictivos o que se relacionen con el mismo. El Fiscal, asimismo, podrá disponer, consignando los motivos en el acta, que determinada persona no se aleje antes de que la diligencia haya concluido. El trasgresor será retenido y conducido nuevamente y en forma coactiva al lugar.
ALLANAMIENTO 3
ALLANAMIENTO:
“[…] Circunstancias todas éstas que se dan en flagrancia delictiva, al existir una intervención y sindicación previa al allanamiento, que es corroborada con lo hallado en el inmueble. Por consiguiente, verificándose la relación causal entre los supuestos fácticos y jurídicos, corresponde calificar positivamente la solicitud del representante del Ministerio Público, respecto del ALLANAMIENTO pues la conducta del investigado se encuentra subsumida en el parágrafo “a” del inciso 1 del artículo 214° del Código Procesal Penal”.
[…] Respecto de la incautación también solicitada, […] cuando dicho acto procesal ha sido realizado sin autorización previa del juez, para verificar que se han dado circunstancias de flagrancia o concurra peligro inminente de su perpetración o peligro en la demora; siendo que al juez de garantías le cabe el control posterior para verificar dichas circunstancias, la no violación de derechos fundamentales -como lo pueden ser el de la intimidad personal o domiciliaria, a la propiedad, etcétera”.
Base Legal: CP: Art. 296º; NCPP: Arts. 214.1º, 218.2º, 316º, 317º
CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO
EXPEDIENTE : 1592-2011
JUEZ : DR. CARLOS MERINO SALAZAR
IMPUTADO : WILMER ANTONIO CASTILLO CENAS
AGRAVIADO : EL ESTADO
ESPECIALISTA : ROXANA REBAZA LEÓN
DELITO : TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Resolución Nº Dos
Trujillo, catorce de abril
SOLICITUD DE CONFIRMATORIA JUDICIAL EN CASOS DE FLAGRANTE DELITO
O DE PELIGRO INMINENTE DE SU PERPETRACIÓN
Del año dos mil once
AUTOS Y VISTOS.- el requerimiento fiscal de CONFIRMATORIA DE ALLANAMIENTO en el inmueble sito Manzana “N” Lote 21-A del Asentamiento Humano Víctor Raúl en el distrito de Laredo; además de la INCAUTACIÓN de: 1.- Droga con el peso bruto de 118.40 gramos de canabis sativa a la persona de Gloria Vanesa Contreras Flores y 21.40 gramos de la misma droga a la persona de Wilmer Antonio Castillo Cenas, 2.- 01 Televisor color plomo, marca RCA de 24” con número de serie F285DA2ED, pantalla plana; 3.- 01 televisor color plomo, marca Hemerson de 21”, con serie RO6770381, pantalla plana; 4.- 01 televisor color plomo, marca clasic, de 14”, pantalla ovalada con número de serie enmendado; 5.- 01 equipo de sonido color plomo y negro, marca Phillips, con número de serie FWM377155; 6.- 01 parlante color plomo/negro, marca Phillips, con número de serie EO702707; y 7.- 01 parlante color plomo, marca Pionner, con serie enmendada; solicitado por Fiscal de Drogas de Trujillo; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- El allanamiento es una medida coercitiva prevista en el artículo 214° del Código Procesal Penal, donde se precisa que, fuera de los casos de flagrancia delictiva o de peligro inminente de perpetración del mismo y cuando existen motivos razonables para considerar que se oculta al imputado, persona evadida, o que se encuentren bienes delictivos, o cosas relevantes para la investigación, se puede solicitar el allanamiento y registro domiciliario de lugares o inmuebles cerrados, precisando la dirección exacta; y siempre que sea previsible que le será negado el acceso.
SEGUNDO.- Que, del análisis del Requerimiento Fiscal y recaudos que se adjuntan, se colige la presencia de los requisitos exigidos por la normatividad invocada, donde el ministerio público ha narrado circunstancias del delito de Tráfico Ilícito De Droga, el mismo que no ha precisado pero que están tratados en el código sustantivo a partir de los artículos 296° y siguientes, los cuales están sancionados efectivamente con pena privativa de libertad.
TERCERO.- Que, además y respecto de la incautación también solicitada, debemos señalar que la confirmatoria judicial de incautación está prevista en la última parte del inciso segundo del artículo 218° y reafirmada en el artículo 317.1° del Código Procesal Penal, cuando dicho acto procesal ha sido realizado sin autorización previa del juez, para verificar que se han dado circunstancias de flagrancia o concurra peligro inminente de su perpetración o peligro en la demora; siendo que al juez de garantías le cabe el control posterior para verificar dichas circunstancias, la no violación de derechos fundamentales -como lo pueden ser el de la intimidad personal o domiciliaria, a la propiedad, etcétera-. La incautación siempre requiere de una orden judicial sea antes o después de ella. En el primer caso, es un pre requisito y en el segundo es una subsanación del primero. Por ello es que se requiere además, que la confirmación judicial sea requerida inmediatamente, sin que medie solución de continuidad entre el acto incautatorio y la solicitud de confirmación.-
CUARTO: Que, la incautación propiamente dicha, puede ser: INSTRUMENTAL, al buscar pruebas y restringir derechos, circunstancia en la cual su función es conservativa, de aseguramiento de las fuentes de prueba material; y luego su función será probatoria, pues en el juicio oral tendrá esa función (218° al 233° NCPP). Y, CAUTELAR, como medida de coerción, donde su función es la de prevenir el ocultamiento de los bienes de potencial decomiso y de impedimento de la averiguación de la verdad, conforme meridianamente lo ha fijado el Acuerdo número cinco, del VI Pleno Jurisdiccional Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República del año 2010 (316.1 NCPP). Pues bien, a verificar ello también debe estar dirigida la función garantizadora del Juez de la Investigación Preparatoria.
QUINTO.- Que, en ese contexto, también debe tomarse en cuenta lo previsto en el artículo 316° del Código Procesal Penal (incautación cautelar), para valorar los bienes incautables y discernir entre cuerpo del delito, cosas relacionadas con el delito o necesarias para su esclarecimiento, los efectos del delito, los instrumentos del delito y los objetos del delito. Criterios todos ellos que está judicatura valorará en conjunto para aprobar o no, confirmar o no la incautación realizada previamente a la disposición judicial que la autorice.
SEXTO.- Como elementos de convicción de la presente solicitud se cuenta con el acta de intervención policial, acta de registro domiciliario e incautación de droga, Prueba de Orientación y Descarte de droga y acta lacrada de droga.
SÉTIMO.- Que en este orden de ideas, del estudio y análisis del requerimiento fiscal y recaudos que se acompañan, se colige la existencia de motivación suficiente y razonable para considerar la existencia de una natural resistencia al ingreso al inmueble y la entrega de los bienes que puedan ser constitutivos de delito; existe por tanto: a) la proporcionalidad, por perseguir la pretensión de delito, b) subsidiaridad, en razón a no existir, por ahora, otro medio de investigación menos dañoso para proseguir con la investigación preliminar, y c) razonabilidad, referido a la motivación para concluir que la medida va a ser útil y cumplirá con la finalidad de descubrir o comprobar un hecho o circunstancia importante para el fin del proceso, existiendo peligro de ocultamiento por la conducta descrita de los investigados u de otros que pudieran identificarse posteriormente al momento de la intervención que se solicita. Circunstancias todas éstas que se dan en flagrancia delictiva, al existir una intervención y sindicación previa al allanamiento, que es corroborada con lo hallado en el inmueble; Por consiguiente, verificándose la relación causal entre los supuestos fácticos y jurídicos, corresponde calificar positivamente la solicitud del representante del Ministerio Público, respecto del ALLANAMIENTO pues la conducta del investigado se encuentra subsumida en el parágrafo “a” del inciso 1 del artículo 214° del Código Procesal Penal; por lo que, estando a los fundamentos fácticos y circunstancias relevantes jurídicamente motivadoras del comportamiento del investigado y empleando el juicio de valor para el caso en concreto, corresponde proceder con la urgencia que obedece a la naturaleza de estas medidas y confirmar este extremo solicitado.
OCTAVO.- Que, respecto de la incautación, debe indicarse que se colige la presencia de los requisitos exigidos por la normatividad invocada, sin necesidad de la citación a una audiencia para discutir por ejemplo la legalidad de la medida o la afectación a derecho fundamental alguno. En tal contexto, se ha corrido el traslado correspondiente y vencido que ha sido el plazo otorgado para objetar, oponerse o argüir en contra del pronunciamiento jurisdiccional que se pretende, no se ha recepcionado objeción alguna, por lo que procede resolverse. Así, se pretende la incautación de: droga, específicamente: canabis sativa, en dos grupos de 118.40 gramos y 21.40 gramos, además de 06 bienes muebles entre televisores y equipos de sonido (equipo y parlantes). Bienes que habrían sido incautados en circunstancias en que los investigados son intervenidos por personal policial a las 20:35 horas del 28 de Marzo del 2011, por personal de la comisaria de Laredo; primero, al investigado Castillo Cenas y luego a la investigada Contreras Flores en el domicilio allanado de la manzana “N”, lote 21-A del asentamiento humano Víctor Raúl del distrito de Laredo, donde se habrían encontrado los bienes, por lo que procede el ente requirente a investigarlos por el delito de Tráfico Ilícito De Droga, al haberse encontrado en su poder hierba con olor y características a canabis sativa (marihuana). Verificándose indicios de la existencia de delito contra la salud pública de Tráfico Ilícito De Droga, que merece ser investigado incautándose la droga señalada.
NOVENO.- Que, sin embargo, ni en el fundamento del requerimiento respecto a la confirmatoria del allanamiento, ni en el de la confirmatoria de la incautación y, menos, en el sustento del delito materia de investigación, sustenta el Ministerio Público, las razones por las cuales se ha procedido a incautar los bienes consistentes en: 01 Televisor color plomo, marca RCA de 24” con número de serie F285DA2ED, pantalla plana; 01 televisor color plomo, marca Hemerson de 21”, con serie RO6770381, pantalla plana; 01 televisor color plomo, marca clasic, de 14”, pantalla ovalada con número de serie enmendado; 01 equipo de sonido color plomo y negro, marca Phillips, con número de serie FWM377155; 01 parlante color plomo/negro, marca Phillips, con número de serie EO702707; y 01 parlante color plomo, marca Pionner, con serie enmendada. Efectivamente, el Ministerio Público requiere la confirmatoria de este extremo de su actuación (o de la policía nacional) pero no justifica cuáles son las razones por las que considera necesario ello, estando a la naturaleza del delito que está investigando (TID); menos advierte indicios de que los mismos sean consecuencia o adquiridos con el producto del delito que indaga; y peor aún precisa que la intervenida no haya justificado documentalmente la propiedad o posesión de dichos bienes; por lo tanto el que se haya incautado los mismos sin razón que la justifique es evidentemente un exceso que atenta contra el derecho a la propiedad de las personas, por lo que esta judicatura, como juez de garantía, no puede avalar dicha conducta, deviniendo dicho extremo en infundado , dejando sin efecto dicho acto policial fiscal y disponiendo su devolución a quien corresponda o, si ello no pudiera verificarse, en el inmueble de donde se extrajo indebida e ilegalmente los mismos.
Por estos fundamentos: en observancia de los artículos 214° y 316º del Código Procesal Penal: SE RESUELVE: DECLARAR:
FUNDADO EN PARTE el Requerimiento Fiscal de ALLANAMIENTO en el inmueble sito en la Manzana “N” Lote 21-A del Asentamiento Humano Víctor Raúl en el distrito de Laredo; además de la INCAUTACIÓN de: 1.- Droga con el peso bruto de 118.40 gramos de canabis sativa a la persona de Gloria Vanesa Contreras Flores y 21.40 gramos de la misma droga a la persona de Wilmer Antonio Castillo Cenas;
INFUNDADA LA INCAUTACIÓN respecto de los bienes: 1.- 01 Televisor color plomo, marca RCA de 24” con número de serie F285DA2ED, pantalla plana; 2.- 01 televisor color plomo, marca Hemerson de 21”, con serie RO6770381, pantalla plana; 3.- 01 televisor color plomo, marca clasic, de 14”, pantalla ovalada con número de serie enmendado; 4.- 01 equipo de sonido color plomo y negro, marca Phillips, con número de serie FWM377155; 5.- 01 parlante color plomo/negro, marca Phillips, con número de serie EO702707; y 6.- 01 parlante color plomo, marca Pionner, con serie enmendada;
SE DISPONE: la devolución o entrega de los citados bienes a su propietario o al inmueble del cual fuera incautado.
“[…] Nuestra Constitución Política del Perú, consagra la inviolabilidad de domicilio como un derecho fundamental; sin embargo, cierto es también que tal protección encuentra sustento en tanto y en cuanto el titular del domicilio despliegue una conducta acorde al ordenamiento jurídico, mas si por el contrario, despliega conductas que importan un quebrantamiento del orden jurídico, tal derecho puede ser objeto de restricciones”.
“[…] Se verifica que el requerimiento efectuado ha cumplido con precisar la ubicación concreta del lugar que será registrado, la finalidad específica del allanamiento, las diligencias a practicar y el tiempo aproximado que durará dicha la diligencia y, también quien llevará a cabo la misma”.
Base Legal: NCPP: Arts. 202º, 214.1º, 214.2º y 216º
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE ZARUMILLA
EXPEDIENTE : 2010-133
JUEZ : OSWALDO VELARDE ABANTO
MINISTERIO PÚBLICO : SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE ZARUMILLA
AFECTADO : VÍCTOR PÉREZ DÍAZ Y RENÉ OLIVOS DE PÉREZ
ESPECIALISTA : VÍCTOR ACOSTA
DELITO : FUNCIONAMIENTO ILEGAL DE CASINOS Y MÁQUINAS
Resolución Nº Uno
SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN JUDICIAL FUERA DE LOS CASOS DE FLAGRANTE DELITO O DE PELIGRO INMINENTE DE SU PERPETRACIÓN
Zarumilla, veintiuno de abril Del año dos mil diez
AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con el requerimiento fiscal que antecede; y, CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, recurre ante este órgano jurisdiccional el señor fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Zarumilla para solicitar se expida autorización judicial de allanamiento con descerraje y registro domiciliario, así como incautación de bienes que puedan servir como prueba o ser objeto de incautación (tales como máquinas tragamonedas y dinero producto de dicha explotación ilegal), diligencia a realizarse en el inmueble ubicado en avenida República del Perú Nº 222 – Mz. N Lote 66 – Aguas Verdes, vivienda de propiedad de Víctor Pérez Díaz y René Olivos De Pérez, inmueble en el que se viene realizando la explotación ilegal de máquinas tragamonedas, administrado por el señor Ángel Esteban Márquez.
SEGUNDO.- Que, como argumentos de su pretensión, expone en esencia, que, existen suficientes elementos de juicio que evidencian que en el inmueble cuyo allanamiento se peticiona se realiza la explotación ilegal de máquinas tragamonedas, conducta que constituye el delito de funcionamiento ilegal de casinos y máquinas tragamonedas, tal es el caso de tomas fotográficas que acreditan la ilicitud del funcionamiento y la explotación; haciendo presente que no cuentan con autorización del MINCETUR para dicha actividad.
Precisa el señor Fiscal que, de ampararse la orden, ésta se conceda por el plazo de dos semanas, y que la diligencia misma se autorice por un plazo máximo de diez horas. Por lo que corresponde a este Juzgado analizar la procedencia o no de la petición efectuada.
TERCERO.- Que, si bien nuestra Constitución Política del Perú, consagra la inviolabilidad de domicilio como un derecho fundamental; sin embargo, cierto es también que tal protección encuentra sustento en tanto y en cuanto el titular del domicilio despliegue una conducta acorde al ordenamiento jurídico, mas si por el contrario, despliega conductas que importan un quebrantamiento del orden jurídico, tal derecho puede ser objeto de restricciones.
CUARTO.- Que, en este sentido, nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 202º prescribe que “...cuando resulte indispensable restringir un derecho fundamental para lograr los fines de esclarecimiento del proceso, debe procederse conforme a lo dispuesto por la ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado...” medidas que, además, deberán disponerse con arreglo a los principios de proporcionalidad y siempre que existan suficientes elementos de convicción que la sustenten y hagan necesaria su disposición.
QUINTO.- Que, asimismo, el artículo 214º del Código Procesal Penal prescribe que, fuera de los casos de flagrancia delictiva o peligro inminente de su perpetración, el Fiscal solicitará el allanamiento y registro de una casa habitación, casa de negocio, en cualquier lugar cerrado, siempre que existen motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación y, sea previsible que le será negado el ingreso en acto de función a dichos recintos. Es decir, la norma procesal exige dos presupuestos claramente definidos para la procedencia de medidas como la peticionada, por un lado, indicios sobre la comisión de un delito con la existencia de bienes delictivos; y, por otro lado, que sea previsible la negativa de acceso al inmueble donde se encuentren con fines de registro.
SEXTO.- Que, ahora bien, en la solicitud materia de calificación se argumenta motivos razonables para justificar la medida peticionada, siendo que, de los recaudos que se anexan a la misma se verifica la existencia de tomas fotográficas que evidencian razonablemente el desarrollo de la actividad de casino, la existencia de las máquinas tragamonedas, la ubicación precisa del inmueble donde opera el negocio, así como la carencia de autorización para el funcionamiento de dicho tragamonedas; es decir, se encuentra evidenciado razonablemente la comisión de un delito, en este caso, el delito contra el orden económico, en la modalidad de Funcionamiento Ilegal de juegos de casino y máquinas tragamonedas. Además, se considera previsible que el propietario, administrador, guardián u otra persona que se encuentre a cargo del bien inmueble no solo niegue el acceso al inmueble, sino, hasta se opongan y traten de impedir su realización, de allí que resulte necesario autorizar el allanamiento, teniendo en cuenta, además, que la información que se obtenga como producto de dicho registro es de suma utilidad a los fines de la investigación preliminar iniciada por el Ministerio Público, según copias de la disposición que adjunta.
SÉTIMO.- Que, finalmente se verifica que el requerimiento efectuado ha cumplido con precisar la ubicación concreta del lugar que será registrado, la finalidad específica del allanamiento, las diligencias a practicar y el tiempo aproximado que durará dicha la diligencia y, también quien llevará a cabo la misma, por lo que, en tal caso se ha dado cumplimiento a la exigencia normativa prevista en el inciso 2 del artículo 214º del nuevo Código Procesal Penal.
Por estas consideraciones, con la facultad conferida por la Constitución Política del Perú y las normas procesales antes citadas, SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FUNDADO el requerimiento efectuado por el señor representante del Ministerio Público mediante requerimiento que se provee; en consecuencia:
2.- AUTORIZAR EL ALLANAMIENTO Y REGISTRO DOMICILIARIO, del inmueble ubicado en avenida República del Perú Nº 222 – Mz. N Lote 66 – Aguas Verdes – Zarumilla – Tumbes; inmueble de propiedad de Víctor PÉREZ DÍAZ y René OLIVOS DE PÉREZ; quedando facultado para efectuar el descerraje de ser necesario.
3.- PRECISAR que la mencionada diligencia será dirigida por el señor Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla, doctor Henry James CASTRO APOLAYA; y, con la finalidad de efectuar la incautación de bienes (tales como máquinas tragamonedas y dinero producto de la explotación ilegal), u otros que puedan servir como prueba o ser objeto de incautación, con motivo de la investigación iniciada por el Ministerio Público. Diligencia que deberá llevarse a cabo respetando los derechos de las personas que se encuentren en el inmueble a registrar, conforme a lo prescrito por el artículo 216º del Código Procesal Penal.
4.- PRECISAR que la presente autorización caducará indefectiblemente a las dos semanas computadas a partir de la fecha; y que, una vez iniciada la diligencia, ésta no deberá exceder de diez horas de duración, debiendo el señor Fiscal levantar el acta correspondiente.
5.- PRECISAR que, quienes se opongan, obstaculicen o de una u otra manera impidan la ejecución de la diligencia autorizada, serán denunciados por los delitos de desobediencia, violencia o resistencia a la autoridad.
ALLANAMIENTO: 1
Lunes, 22 Junio 2015 17:13
“[…] El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal señala que las medidas que limitan derechos fundamentales -como en el caso solicitado- salvo las excepciones previstas en la Constitución, sólo podrán dictarse por autoridad judicial [el Juez] en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley […]”.
“[…] Se autorizó la videovigilancia originalmente por cinco días contados a partir del 15 de setiembre de 2011, resultando insuficiente el tiempo establecido ante la ausencia de elementos de convicción suficientes que vinculen a los agentes con la actividad criminal atribuida […] logrando registrarse imágenes que hacen presumir que en dichos inmuebles se estaría comercializando drogas puesto que se ven distintas personas que se encargan de la atención a los presuntos clientes, cuyas identidades se ignora, concretizándose la transacción ilícita, retirándose raudamente los aparentes consumidores[…] Por lo que resulta necesaria la autorización judicial para la actuación de la diligencia de allanamiento, descerraje, registro con fines de incautación, detención y registro personal las personas presentes o que lleguen al referido inmueble a fin de hallar especies u otras evidencias que puedan servir como prueba o ser objeto de decomiso. La diligencia que solicitan se realizará en un término de 24 horas”.
Base Legal: Const.: Art. 2.9º; CP: Arts. 296º, 298º; NCPP: Arts. VI, 214.1º y 214.2º
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA TRANSITORIO DE HUAURA
EXPEDIENTE : 02137-2011-56-1308-JR-PE-01
JUEZ : JULIO ERNESTO TEJADA AGUIRRE
MINISTERIO PÚBLICO : PRIMER DESPACHO DE INVESTIGACIÓN
IMPUTADO : CHANGANA GARCIA EDITH
AGRAVIADO : LA SOCIEDAD – EL ESTADO
ESPECIALISTA : MIRABAL VERAMENDI, BINET
Huacho, seis de octubre
Del año dos mil once I. ASUNTO
Determinar si debo autorizar al Ministerio Público, el allanamiento, descerraje, y registro domiciliario.
2.1 Sostiene el ministerio público, que mediante informe policial N° 72-2011, el jefe del departamento antidrogas comandante PNP Efrén Hugo Chávez Balleto, comunica a este despacho fiscal, que por acciones de inteligencia se tiene conocimiento que la ciudadana Edith Changana García, viene realizando actividades ilícitas de comercialización de drogas; en el inmueble ubicado en la Av. Hualmay N° 698 Hualmay habilitado como casa negocio en su primer nivel que lleva por nombre “YULEIDITH”, fachada empleada para encubrir su real condición expendio de estupefacientes, cuyas características externas son: dos plantas de construcción de material noble, el primer piso esta enlucido, es de color verde con blanco con puerta de fierro color blanco situado en la parte posterior del mencionado domicilio que se conecta con el segundo inmueble ubicado en el pasaje CEPRUI- HUALMAY, lugar en el que se depositaria la droga que posee una ventana grande de fierro y vidrios, lugar en el que se ha instalado un teléfono público, con puerta de fierro color blanco, siendo que en su parte posterior una de las ventanas está levantada con material de triplay de madera y esteras techado con guayaquil, mientras que en el segundo piso se encuentra semi construido de material noble sin enlucir, varillas de fierro que sobresalen, donde presenta cinco ventanas, en cuya parte frontal cuelga un aviso publicitario semi roto de color blanco con azul; medio empleado para abastecer drogas atentatorios contra la salud pública, motivo por el cual se autoriza a la policía nacional del Perú realice la labor de videovigilancia por los alrededores de los predios antes descritos.
2.2 Que se autorizó la videovigilancia originalmente por cinco días contados a partir del 15 de setiembre de
2011, resultando insuficiente el tiempo establecido ante la ausencia de elementos de convicción suficientes que vinculen a los agentes con la actividad criminal atribuida, extendiéndose el plazo por 05 días más, contados a partir del 27 de setiembre de 2011, logrando registrarse imágenes que hacen presumir que en dichos inmuebles se estaría comercializando drogas puesto que se ven distintas personas que se encargan de la atención a los presuntos clientes, cuyas identidades se ignora, concretizándose la transacción ilícita, retirándose raudamente los aparentes consumidores, conforme se aprecia en el mencionado video y se han transcrito en el acta de lectura de registro de imágenes y video de fecha 04 de octubre del 2011. Por lo que resulta necesaria la autorización judicial para la actuación de la diligencia de allanamiento, descerraje, registro con fines de incautación, detención y registro personal las personas presentes o que lleguen al referido inmueble a fin de hallar especies u otras evidencias que puedan servir como prueba o ser objeto de decomiso. La diligencia que solicitan se realizará en un término de 24 horas.
III. DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
A efectos de acreditar la necesidad de efectuar la medida solicitada, el ministerio público presenta:
- Oficio N° 690-2011-VII-DIRTEPOL-LN/DIVTER-N-04-H/DEPANDRO de fecha 23 de setiembre de 2011. - Disposición fiscal N° 01 de fecha 15-09-2011, mediante el cual se autoriza a DEPANDRO PNP Huacho, la realización de una videovigilancia de los lugares requeridos.
- Informe policial N° 72-2011-VII-DIRTEPOL-LN/DIVTER-N-04-H-DEPANDRO de fecha 23/09/2011.
- Acta de lectura de registro de imágenes de video de fecha 22/09/2011.
- Disposición fiscal N° 02 de fecha 27/09/2011, mediante la cual se autoriza la ampliación del plazo para realizar la videovigilancia a efectos de acopiar elementos de convicción suficientes sobre la comisión del delito en investigación y la responsabilidad penal de sus agentes.
- Oficio N 708-2011-VII-DIRTEPOL-LN/DIVTR-N-4-H/DEPANDRO de fecha 05 de octubre de 2011 - Acta delectura de registro de imágenes de video de fecha 04/10/2011
IV. DE LOS FUNDAMENTOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
4.1 El derecho a la inviolabilidad de domicilio se encuentra reconocido constitucionalmente en el artículo 2º, inciso 9, de la Ley Fundamental, el mismo que a la letra dice:
“Toda persona tiene derecho: (…)
A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.
La definición constitucional de domicilio no puede ser entendida en los mismos términos que el Código Civil ha regulado esta institución. Como dice Bidart Campos, en el Derecho Constitucional el domicilio es entendido como la “morada destinada a la habitación y al desenvolvimiento de la libertad personal en lo concerniente a la vida privada, ya sea cerrada o abierta parcialmente, móvil o inmóvil, de uso permanente o transitorio” . Es decir, la institución del domicilio en términos constitucionales debe ser entendida de manera amplia; por ejemplo, la habitación de un hotel constituye domicilio, la oficina particular donde una persona ejerce su profesión debe ser entendida como domicilio.
4.2 Por otro lado, el Tribunal Constitucional en el caso Bazán con la Corte Superior de Justicia de Cañete (2008), ha señalado, que coadyuvan a la configuración del citado domicilio constitucional algunos elementos, a saber:
i) El Elemento Físico: El domicilio es el espacio en el cual la persona vive sin estar sujeta a condiciones de comportamiento y en el cual ejerce su libertad más íntima.
ii) El Elemento Psicológico: Supone la intención personal de habitar un lugar como morada, sea de manera permanente o de manera transitoria, aun cuando dicho lugar no reúna las condiciones mínimas para ello. Según la concepción del domicilio constitucional se exige habitación, pero no necesariamente ésta debe estar caracterizada por la continuidad.
iii) El Elemento Autoprotector: Está referido a la exclusión de terceros del lugar destinado a la morada.
4.3 Ahora bien, nuestra Constitución ha tutelado el derecho individual que tiene toda persona a la “libertad de domicilio” a través de la garantía de “inviolabilidad” y, en ese sentido, ha establecido que los terceros, sean particulares o agentes públicos, en principio, están prohibidos de penetrar el ámbito domiciliario donde habita una persona, salvo que medie el consentimiento de ésta, exista una autorización judicial, se haya configurado una situación de flagrancia delictiva o el peligro inminente de la perpetración de un hecho ilícito sea una realidad. Asimismo, la norma constitucional ha regulado dos supuestos de entrada legítima, como son las razones de sanidad o de grave riesgo.
- El ingreso al domicilio con el consentimiento del titular del derecho: este hecho constituye un supuesto de entrada legítima en términos constitucionales.
- La autorización judicial que habilita al agente público para ingresar al domicilio: la Constitución es clara cuando establece como requisito sine qua non para el ingreso a un domicilio –a efectos de realizar actividades investigatorias – la existencia de un mandato judicial, el mismo que se entiende tiene que estar debidamente motivado y su procedencia debe obedecer a un acto jurisdiccional regular.
- Frente a la existencia del delito flagrante: el agente público queda plenamente legitimado para ingresar al domicilio si es que su intervención se convierte en necesaria para impedir la consumación del ilícito penal, la fuga del delincuente o la desaparición de los instrumentos que facilitaron la concreción del acto delictivo.
- El peligro inminente de la perpetración de un delito: si es que se tiene el conocimiento fundado, la certeza clara y manifiesta de la comisión inminente de un delito, se configura otra excepción a la inviolabilidad de domicilio y en consecuencia el agente público puede operar libremente.
- Las razones de sanidad o grave riesgo: la Constitución ha dejado en manos del legislador la regulación de estas dos excepciones que legitiman la entrada a cualquier domicilio. Estos dos supuestos se fundan en el estado de necesidad o fuerza mayor.
4.4 A su vez las normas secundarias contenidas en el Código Procesal Penal el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal señala que las medidas que limitan derechos fundamentales -como en el caso solicitado- salvo las excepciones previstas en la Constitución, sólo podrán dictarse por autoridad judicial [el Juez] en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad; Así específicamente en el articulo N° 214 establece : 1. Fuera de los casos de flagrante delito o peligro inminente de su perpetración y siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentren bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, el fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario de una casa habitación, casa de negocio, en sus dependencias cerradas o en recinto habitado temporalmente, y de cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será negado el ingreso en acto de función a un determinado recinto. 2. La solicitud consignará la ubicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados, la finalidad específica del allanamiento, las diligencias a practicar y el tiempo aproximado que durará.
4.5 Que debemos tomar en consideración la opinión de Marchal Escalona, cuando señala que la motivación de la solicitud de allanamiento debe abarcar:
Concreción del hecho investigado, para lo cual será preciso, entender a la gravedad del delito cuantitativamente y cualitativamente. La infracción debe ser de tal entidad que se convierta perse en titulo suficiente, que aconseje limitar el derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria.
Necesidad de su práctica, es decir, lo que se pretende obtener no debe ser alcanzable por ningún medio lesivo que el que se propone, ya que si así fuere debe realizarse por aquella otra vía.
Identificación de la persona sospechosa, con indicación cierta del domicilio donde habita.
Indicios racionales que han inducido a tal solicitud. (Marchal, 2003, p.p 157-158)
En el caso que nos ocupa se solicita el allanamiento y descerraje a un domicilio identificado por consideraciones que conllevan a presunciones de primer orden de la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas previsto en los artículos 296º y 298º del código penal, y que son soportados por las imágenes que contienen actos aparentes de actividad ilegal que atentan contra la salud pública en la modalidad de comercialización de drogas.
Resuelvo: AUTORIZAR el ALLANAMIENTO con DESCERRAJE, REGISTRO DOMICILIARIO, DETENCIÓN DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS e INCAUTACIÓN DE BIENES, de los inmuebles ubicados en la avenida Hualmay N° 698 y el que se conecta con el pasaje CEPRUI-Hualmay (domicilios contiguos), diligencia que se realizará bajo la conducción y responsabilidad del Fiscal Provincial YURI IVAN GARCIA CANO, medida que tendrá una duración máxima de CINCO HORAS pudiendo hacer uso de la fuerza razonable para lograr su cometido, con el auxilio de la Policía Nacional. NOTIFÍQUESE.