Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2003/A186-03.htm
Timestamp: 2017-11-23 22:00:28
Document Index: 176302163

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 39']

A186-03
Auto 186/03
Referencia: expediente ICC-738
Conflicto de competencia entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda.
1. El cinco (05) de agosto de 2003, ante el Juzgado de Familia (reparto) de Pererira, el ciudadano José Vicente Castaño Rivera interpuso acción de tutela contra la Red de Solidaridad Social, por considerar que dicha entidad al no realizar el reavalúo de los daños de su vivienda y no pagarle el subsidio a que tiene derecho como afectado del terremoto del pasado veinticinco (25) de enero de 1999, le ha vulnerado sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la vivienda digna, a la salud y a la familia.
2. El Juzgado Primero laboral del Circuito de Pereira, mediante auto del seis (06) de agosto del 2003, declaró su incompetencia para dar trámite a la acción interpuesta. Señaló que, según lo establecido en el decreto 1382 de 2000, no le correspondía conocer de las acciones de tutela instauradas contra las entidades del orden nacional y, como en este caso la entidad demandada –Red de Solidaridad Social-, es un organismo del orden nacional adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia, era menester remitir el expediente a la oficina judicial para que esta efectuara el reparto pertinente.
3. El presente asunto correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Risaralda, el cual, mediante auto del trece (13) de agosto de 2003, se declaró incompetente para dar trámite a la acción de tutela instaurada. Consideró que, si bien es cierto la Red de Solidaridad Social es un establecimiento público del orden nacional, según el artículo 38 numeral 2º, literal a, de la ley 489 de 1998 los establecimientos públicos integran la rama ejecutiva del poder público en el orden descentralizado por servicios. Por lo tanto, el conocimiento de las acciones de tutela que se presenten contra estas entidades será de competencia de los Jueces del Circuito o con categoría de tales, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.
Resolvió, en consecuencia, declararse incompetente para conocer la solicitud de tutela, remitir el expediente al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira y, bajo la condición de no aceptar los argumento expuestos, proponerle a éste conflicto negativo de competencias.
4. Finalmente, el Juzgado no aceptó los argumentos del Tribunal y resolvió remitir el expediente a la Corte Constitucional para que resolviera el conflicto.
3.- Sin embargo, la Corte constata que este conflicto lo es tan sólo en apariencia. En efecto, en el presente caso la acción de tutela fue dirigida contra la Red de Solidaridad Social[2], establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República[3], por lo cual integra el sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del poder público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998[4]. Por estas razones la Corte encuentra que es aplicable el inciso 2º del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 según el cual:
Por lo anterior, esta Corporación ordenará remitir el expediente al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira para que asuma de manera inmediata el conocimiento de la acción de tutela presentada por José Vicente Castaño Rivera contra la Red de Solidaridad Social.
Remitir el expediente contentivo de la acción de tutela interpuesta por el ciudadano José Vicente Castaño Rivera contra la Red de Solidaridad Social, al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, con el fin de que esta autoridad asuma de manera inmediata el conocimiento de la solicitud impetrada.
El Honorable Magistrado doctor JAIME ARAUJO RENTERIA, no firma el presente auto por encontrarse en cumplimiento de comisión en el exterior.
[1] Cfr. Corte Constitucional, Auto de abril 5 de 1995, Auto 044 de 1998 y Sentencia C-037 de 1996, entre otros.
[2] Cfr. Corte Constitucional Auto 133 de 2003.
[3] Ley 368 de 1997, artículo 1°.
[4]Artículo 39. Integración de la Administración Pública. La Administración Pública se integra por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano.