Source: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/tutela3.html
Timestamp: 2019-03-22 21:07:24
Document Index: 51508595

Matched Legal Cases: ['artículo 344', 'artículo 115', 'artículo 11', 'artículo 146', 'artículo 156', 'artículo 250', 'artículo 11', 'artículo 146']

Equipo Nizkor - La Sala de Casación Civil resuelve a favor Iván Velásquez y reconoce que la fiscalía ha violado el debido proceso en el caso Job.
Agrega que el 5 de noviembre de 2010, radicó ante esa autoridad un derecho de petición con el objetivo de obtener información sobre las actividades de Policía Judicial, así mismo, para que le compulsaran copias de los interrogatorios y entrevistas recibidos en la labor investigativa; sin embargo, -dijo- la accionada mediante oficio de 20 de enero de 2011 contestó que "con la expedición de la Ley 906 de 2004, la actuación durante la etapa de indagación es de conocimiento exclusivo de la Fiscalía General de la Nación y cuenta con reserva, toda vez que no se ha dado inicio al descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física de conformidad con el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal", determinación que tuvo apoyo en el fallo de tutela N° 46.534 de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal que estimó "la validez de la negativa de las copias, como quiera que aún no se ha tomado determinación definitiva que haga tránsito a cosa juzgada, pues está latente la posibilidad de reabrir la indagación; por ende, sigue vigente la naturaleza reservada, resultando contrario (a aplicación del artículo 115 del C. de P. C. dado que el mismo hace referencia a procesos terminados".
A juicio del promotor del amparo, la negativa de la autoridad accionada constituye una violación a sus derechos, habida consideración que son abundantes los pronunciamientos de la Corte Constitucional que han reconocido la participación de las víctimas en el proceso penal, como el acceso al expediente desde el inicio de la investigación (C-454 de 2006), el cual no puede ser negado ni siquiera aduciendo razones legales de reserva en la indagación preliminar. Prosigue el interesado afirmado, una interpretación genuina del precedente constitucional citado, conduce a por lo menos dos aspectos necesarios para conocer las actuaciones antes del descubrimiento de pruebas: la posibilidad efectiva de aportar pruebas o de contribuir en la guía, esclarecimiento o ayuda de la investigación; y que el disenso entre la víctima y la Fiscalía no se podría controvertir sin el conocimiento de elementos materiales y evidencia física con que cuenta aquella. En esa medida, es clara la importancia de obtener copias antes de aquella etapa, pues de lo contrario no se puede refutar la decisión de archivo de la investigación si carece de certeza sobre el alcance de los medios probatorios.
Entonces, aquella determinación afecta grave e irremediablemente el derecho fundamental al debido proceso, porque el artículo 11 y 132 del Código de Procedimiento Penal, estructuran los derechos de las víctimas en el proceso penal; además, no se compadece con la interpretación constitucional colombiana de que la investigación no es reservada para los damnificados.
2. La Fiscalía informó que en estricto sentido no ha violado derecho alguno al accionante, pues en la respuesta se efectuó una descripción pormenorizada de todos los actos de investigación realizados, y que la negativa de expedir copias del interrogatorio de parte del Dr. Edmundo del Castillo y las entrevistas aportadas por algunos testigos, tuvo apoyo en que ello no hace parte de los derechos a las cuales hace referencia tanto la jurisprudencia constitucional como internacional, éstas únicamente aluden a la posibilidad de que la víctima puede recibir información, que fue precisamente lo que se hizo. Además, resulta un despropósito considerar que tal negativa afecte las garantías de quienes precisamente esta autoridad está obligada constltucionalmente a proteger; tampoco afecta la verdad si se tiene en cuenta que ésta sólo emergerá, llegado el caso, cuando se tenga certeza plena de los hechos y la responsabilidad de los investigados, es decir, agotado el proceso y dictada firme para hacer referencia a ella.
5. La Sala de Casación Penal en un caso similar expresó que "como se aprecia, le Ley 906 de 2004; en vez de prohibir la expedición de las copias de las actuaciones, autoriza ese proceder, así el proceso se encuentre en la etapa de indagación o investigación preliminar. Lo no permitido 'son las reproducciones escritas, salvo los actos y providencias que este código expresamente autorice', como lo estipula el inciso primero del pluricitado artículo 146. Tal es el caso de la hipótesis prevista en el artículo 156 ibídem, a cuyo tenor 'las providencias judiciales sólo serán reproducidas a efectos del trámite de los recursos" y Agregó la Corte que "el numeral 7 del artículo 250 de la Constitución Nacional asigna a la víctima la condición de interviniente y en el Sistema Penal Acusatorio ostenta un sitial privilegiado |1|, en esa medida tiene derecho a participar durante todas las etapas del proceso, en aras de hacer valer sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. La efectividad de esa participación sólo se posibilita si a los damnificados se les garantiza el derecho de acceder a la justicia, la cual comprende la garantía de intervenir desde sus inicios, pues les asiste un evidente interés en lograr el recaudo de sólidos elementos probatorios para soportar una eventual imputación o acusación, así como para censurar la eventual preclusión de la investigación".
Asimismo, indico que "la anterior facultad de intervención está consagrada como norma rectora en el artículo 11 de la Ley 906 de 2004 |2| y es ampliada en el parágrafo único del artículo 146 de la misma ley, cuando le asigna a la Fiscalía la obligación de conservación y archivo de los registros durante la actuación previa a la formulación de la imputación, y al secretario de las audiencias el deber que "en todo caso, los intervinientes tendrán derecho a la expedición de copias de los registros." Esa autorización de permitir a las victimas obtener copias, de registros, actuaciones adelantadas o evidencias incorporadas durante la fase de indagación o investigación preliminar "no se afecta la estructura del sistema penal acusatorio, por el contrario hace bien porque posibilita el goce pleno de los derechos de dicho interviniente a conocer de primera mano los elementos probatorios recaudados por la Fiscalía, con la cual podrá contribuir al aporte de otros que consolide la eventual formulación de imputación y acusación" (Sentencia de tutela de 6 de agosto de 2008, Exp. N° 37909).
MARINA DÍAZ RDEDA
FERNANDO GIRALDO GUTIERREZ C
1. Corte Suprema de Justicia, providencia de 23 de agosto de 2007, Rad. 28040. [Volver]