Source: http://www.laregiontula.com/nacional/no-solo-militares-en-la-calle-la-ley-permite-ocultar-informacion-sobre-seguridad-advierten/
Timestamp: 2018-01-19 07:26:30
Document Index: 123934415

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 114', 'artículo 113', 'artículo 157', 'Artículo 19', 'Artículo 19']

No sólo militares en la calle: la Ley permite ocultar información y viola 3 artículos de la Constitución: experto | La Región Tula
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No sólo militares en la calle: la Ley permite ocultar información y viola 3 artículos de la Constitución: experto
El artículo 21 señala explícitamente que las labores de seguridad pública deberán estar encargadas a organizaciones e instituciones civiles; el 73 asienta que el Congreso no tiene facultades para legislar sobre seguridad interior; y el 129 indica que en tiempos de paz el Ejército deberá estar encuartelado y no puede hacer labores de despliegue en el territorio y menos de seguridad pública.
Pero no sólo eso, planteó: la minuta también tiene un problema de carácter conceptual. Si se pregunta a las personas qué está impulsando esta iniciativa ¿qué es seguridad interior?, no lo tienen claro. Es una institución que está a medio camino, improvisada, entre seguridad pública y nacional. No existen términos teóricos-académicos que den respaldo y nos detallen de sus alcances y límites.
El académico alertó que los legisladores, de forma tramposa, quieren basar la constitucionalidad de la minuta en un fallo de la Suprema Corte de hace dos décadas. La vía a través de la que están tratando de tapar estos problemas de inconstitucionalidad es señalando que la Corte en 1996 resolvió una acción de inconstitucionalidad, señalando que aún cuando estaban estas prohibiciones en los artículos 21 y 129, los militares sí podían realizar algunas labores más allá de las militares. Pero esa jurisprudencia es anterior a la reforma constitucional al 21, por lo que ya no puede ser considerada como fundamento legal para una iniciativa.
Uno de ellos es el fallo contra el Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Cabrera García y Montiel Flores. El párrafo 88 de la resolución señala que los estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales; mientras que el párrafo 89 agrega: El régimen propio de las fuerzas militares, del cual difícilmente pueden sustraerse sus miembros, no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles.
La organización Artículo 19 alerta por otra de las consecuencias que tendría la Ley de Seguridad Interna de ser aprobada por el Senado de la República y que repercutiría en en la libertad de expresión y el acceso a la información, violando así los derechos humanos.
Artículo 19 explica que la Ley de seguridad, recientemente probada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado para su discusión, indica en su Artículo 9 que la información que se genere con motivo de la aplicación de la Ley será considerada de Seguridad Nacional, es decir, toda la información que surja de actividades de las autoridades en sus funciones de seguridad interior sería considera de antemano como reservada.
De ser aprobada, su Artículo 9 establecería que toda la información sería reservada sin contar con una prueba de daño que motive a su reserva e iría e contra del Artículo 114 de la Ley General de Transparencia, la cual fija, que “las causales de reserva previstas en el artículo 113 se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título”.
La organización detalla que lo estipulado en el Art. 9 viola “los criterios internacionales de derechos humanos a los que México está sujeto en virtud de los tratados de los que es parte, vulnerando así, el derecho humano de acceso a información”, mismo que también son estipulados por estándares internacionales en materia del derecho de acceso a información como los Principios Globales para la Seguridad Nacional (Principios Tshwane).
“Asimismo, el artículo 157 de la LGTAIP ya establece que únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso que resoluciones en materia de transparencia puedan poner en peligro la seguridad nacional”, recuerda.
Finamente destaca la importancia de la transparencia sobre la actividades de seguridad del Estado, las cuales, generan seguridad y participación ciudadana.
Los motivos provienen por la Ley de Seguridad otorga facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir en contextos de protesta social, abre un preocupante espacio de arbitrariedad y discrecionalidad para la intervención de las Fuerzas, y coloca en grave riesgo los derechos a la vida e integridad de todas las personas que participen en protestas sociales al posible uso de la fuerza que pudieran ejercer los cuerpos militares.
En relación con los operativos conjuntos de la FFAA, Artículo 19 considera que es confuso, y a la postre generaría incertidumbre, el no saber certeramente quién es la persona a cargo.
El desconocer a la personas que encabeza un operativo, explica el comunicado, “fortalecería el régimen de impunidad frente a violaciones graves a derechos humanos “.
Finalmente, Artículo 19 concluyó que las consecuencias de intentar hacer creer a las personas que ceder derechos en aras de la seguridad es la única manera de pacificar al país, t”endría un efecto inhibidor para ejercer derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la información”.