Source: https://lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS190720162.html
Timestamp: 2018-07-15 19:04:04
Document Index: 228634203

Matched Legal Cases: ['artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 56', 'artículo 110', 'artículo 56', 'artículo 110', 'artículo 32', 'artículo 50', 'artículo 110', 'artículo 228']

Cierre del centro de trabajo por muerte del administrador único y gerente de la empresa.
Presentación por el trabajador de demanda por despido y por resolución del contrato (art. 50 del ET), acumulándose ambas.
Determinación de si procede la condena al abono de los salarios de tramitación cuando en la sentencia se extingue la relación laboral y no es viable la readmisión (art. 110.1.b) LRJS).
Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el FOGASA, representado y defendido por el Abogado del Estado, contra la sentencia del TSJ de Galicia, de 28-11-2014, en el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia de 29-4-2014 por el Juzgado de lo Social nº 2 de Orense, en autos seguidos a instancia de Dª Bernarda contra dicho recurrente y la empresa Adega Do Emilio, S.L., sobre despido.
PRIMERO.- El 29-4-2014, el Juzgado de lo Social nº 2 de Orense, dictó sentencia cuya parte dispositiva es:
«Estimando las demandas acumuladas, interpuestas por Dª Bernarda, contra la empresa Adega Do Emilio S.L declaro improcedente el despido de la actora, llevado a cabo por la empresa, y, siendo de imposible cumplimiento la opción por la readmisión, por cese de actividad, declaro resuelta y extinguida la relación laboral en la fecha de la presente resolución, y, condeno a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 1714,34€ en concepto de indemnización y la cantidad de 5613,16€ por los conceptos no abonados cantidad esta última incrementada en un 10% de interés por mora.»
- La actora Dª Bernarda, ha venido prestando servicios en la empresa demandada Adega Do Emilio S.L. desde el 28-9-2012.
- El 16-1-2014, fue hallado muerto el Administrador Único y gerente de la empresa D. Olegario. Desde dicha fecha permaneció cerrado el centro de trabajo, sin proporcionar al trabajador ocupación efectiva.
- La demandante presentó escrito ante la Inspección de Trabajo el 12-2-2014 solicitando se oficiase a la TGSS para que procediera a la baja no voluntaria. Tras el informe de Inspección de trabajo, la TGSS formalizó de oficio la baja con efectos del 15-1- 2014.
- En reclamación por despido la actora presentó demanda ante el juzgado el 26-2-2014. En reclamación por rescisión de contrato formuló demanda el 27-2-2014, que fue acumulada a la de despido.
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, el TSJ de Galicia, dictó sentencia el 28-11-2014, en la que consta la siguiente parte dispositiva:
«Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el FOGASA contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Ourense, de 29-4-2014, en autos acumulados, que confirmamos».
TERCERO.- Contra la sentencia dictada en suplicación, el Abogado del Estado, en representación del FOGASA, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que:
- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la del TSJ de Galicia de 24-1-2014
- Se alega la infracción del art. 110.1.b) de la LJS, en relación con el art. 33 del ET.
PRIMERO.- Términos del debate casacional. Se discute si hay salarios de tramitación en los casos de despido improcedente cuando (siendo imposible la readmisión por encontrarse cerrada la empresa) la propia sentencia que califica el despido declara también extinguida la relación laboral.
SEGUNDO.- Análisis de la contradicción. Las diferencias advertidas no impiden que concurra la contradicción exigida por el art. 219.1 LRJS.
TERCERO.- Condicionantes de nuestra sentencia.
A) Las alternativas de las sentencias contrastadas no agotan las posibilidades que esta Sala posee en orden a la resolución del caso.
B) Cuando no coincidamos exactamente con la tesis mantenida en las sentencias contrastadas, es posible que apliquemos la doctrina correcta. Esta Sala no queda obligada a aceptar una de las dos doctrinas formuladas por las sentencias comparadas, sino que «debe pronunciarse sobre la solución más ajustada a Derecho.
C) El TS no tiene la carga de tener que optar por una de las dos opciones contrarias, pudiendo recrear una doctrina propia totalmente diferente de las mantenidas por los Tribunales inferiores
CUARTO.- Los salarios "de tramitación" por readmisión imposible.
Abordemos la cuestión de los salarios de tramitación cuando opera el artículo 110.1.b) LRJS. La sentencia de contraste ha entendido que la norma obliga a su abono por exigencias interpretativas de su literalidad, finalidad y contexto.
1. Interpretación autónoma.
A) En su redacción actual, el artículo 110.1 LRJS establece una consecuencia alternativa para el despido improcedente: O readmisión con abono de los salarios de tramitación. O indemnización en los términos del art. 56.1 ET.
B) A su vez, el artículo 56.1 ET fija esa indemnización en 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades.
La Jurisprudencia viene entendiendo que el despido constituye un acto extintivo y es hasta esa fecha a donde debe llevarse el término final de la prestación de servicios que modula la indemnización.
C) El artículo 110.1 LRJS prescribe que ese monto indemnizatorio se matiza por las "peculiaridades" que enumera en sus tres apartados. En el apartado b) se contempla la posibilidad de que se condene al empresario que ha despedido de modo improcedente al abono de la indemnización "calculada hasta la fecha de la sentencia". Nada se dice respecto del abono de salarios de tramitación en este caso.
D) Respecto de la indemnización, lo que aparece en la norma es una regla general (remitiéndola al ET) y otra especial (precisando el día final del periodo de servicios tomado en cuenta). La segunda solo opera si concurren los requisitos ya examinados (solicitud del despedido, imposibilidad de la readmisión). La LRJS prescinde de apuntar las diferencias, ventajas o inconvenientes, de las dos posibilidades indemnizatorias. Lo evidente es que respecto de ambas silencia la condena al abono de los salarios de tramitación.
Los tiempos y las consecuencias, por tanto, son diversos según se active o no la hipótesis del art. 110.1.b) LRJS. Por ello, constituye buena práctica forense, pero no exigencia legal, que el Juzgador advierta a la persona despedida sobre las consecuencias concretas de su opción.
E) Para aquilatar el alcance del precepto también interesa recordar sus antecedentes. En la versión originaria de la LRJS el apartado c) del art. 110.1 decía así:
A solicitud de la parte demandante, si constare no ser realizable la readmisión, podrá acordarse, en caso de improcedencia del despido, tener por hecha la opción por la indemnización en la sentencia, declarando extinguida la relación en la propia sentencia y condenando al empresario a abonar la indemnización por despido, calculada hasta la fecha de la sentencia, y los salarios de tramitación, cuando procedan, hasta dicha fecha.
F) No es necesario recordar la muy diversa redacción que el ET tenía a fines de 2011 y la que posee en el momento del despido enjuiciado (tras la Ley 3/2012). Basta con poner de relieve que antes se aludía a los salarios de tramitación en casos de abono de indemnización.
Actualmente el art. 56.1 ET contempla las consecuencias generales del despido improcedente y el 56.2 las específicas de cuando "se opte por la readmisión", cabiendo solo en este segundo caso los salarios de tramitación. Por lo tanto, que la norma procesal (art. 110.1.b LRJS) no imponga abono de salarios de tramitación cuando se opta por la indemnización es coherente.
G) La interpretación finalista tampoco abona la existencia de salarios de tramitación, pese a lo que sostiene la sentencia impugnada. La regulación del despido improcedente aplicable al caso es la dimanante de la Ley 3/2012 y de ella se desprende el claro deseo de minimizar el coste de esa singular denominación; la exposición de motivos lo explicita así:
2. Interpretación sistemática y lógica.
A) Los argumentos antes expuestos conducen a la conclusión de que, por sí solo, el art. 110.1.b) no comporta condena al abono de los salarios de tramitación. Ahora bien, si no se activase la solicitud en él prevista y se prosiguiese con la normal ejecución de la sentencia de despido improcedente, al constatarse posteriormente que la readmisión es imposible el Juzgado debería dictar auto dando por extinguido el contrato y condenando (entonces sí) al abono de los salarios de tramitación, además de la indemnización tomando como periodo de prestación de servicios el transcurrido hasta la fecha del auto judicial (art. 286.1 LRJS).
B) Recordemos también que el artículo 56.3 ET dispone que "en el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera". Y en el caso que contemplamos es evidente que no hay manifestación de voluntad empresarial. Eso conduciría a que se tuviera que aplicar el régimen de la readmisión imposible de ejecutar y a que operasen las consecuencias del art. 286.1 LRJS y preceptos concordantes.
C) La comparación entre las consecuencias del art. 110.1.b), aisladamente interpretado, y las de los preceptos sobre ejecución de sentencia en que no se haya activado esa solicitud conduce a un resultado incoherente. La conclusión es abiertamente insatisfactoria y disfuncional, pues parecería que se incentiva la prolongación del procedimiento: si el trabajador permanece pasivo (aunque conozca las circunstancias de la empresa) hace aumenta el tiempo tomado en cuenta para calcular indemnización y el monto de los salarios devengados.
Del artículo 110.1 LRJS no deriva la obligación de abonar salarios de tramitación cuando el despido improcedente es indemnizado. Pero cosa distinta es que, como el escrito de impugnación al recurso apunta, podamos llegar a la conclusión de que sí procede su pago a partir de la aplicación analógica de lo previsto en otros preceptos sobre opción tácita de la empresa por la readmisión (art. 56.3 ET) y ejecución de sentencia por despido improcedente cuando no se produce la readmisión (arts. 286 LRJS).
QUINTO.- Acumulación de acciones por despido y resolución contractual.
A) La concurrencia de demandas por despido y extinción causal no puede ignorarse a la hora de establecer las consecuencias de ambas figuras. Así, la Sentencia del TS 18-2-2003 precisó que si el contrato se extingue al amparo del art. 50 ET los salarios de trámite derivados del despido solo llegan hasta la fecha de la sentencia que acordó tal extinción a instancia del trabajador.
Para solventar los problemas de tal coordinación frecuentemente se optaba por acumular las dos demandas. La doctrina de esta Sala vino gobernando las consecuencias procesales y sustantivas de ello.
B) Acogiendo criterios jurisprudenciales previos, el artículo 32.1 de la LRJS disciplina ahora la acumulación de pretensiones que en ambos casos se ha producido (despido, resolución causal):
Cuando el trabajador formule por separado demandas por alguna de las causas previstas en el artículo 50 del E.T. y por despido, la demanda que se promueva posteriormente se acumulará a la primera de oficio o a petición de cualquiera de las partes, debiendo debatirse todas las cuestiones planteadas en un solo juicio. A estos efectos, el trabajador deberá hacer constar en la segunda demanda la pendencia del primer proceso y el juzgado que conoce del asunto.
En este supuesto, cuando las acciones ejercitadas están fundadas en las mismas causas o en una misma situación de conflicto, la sentencia deberá analizar conjuntamente ambas acciones y las conductas subyacentes, dando respuesta en primer lugar a la acción que considere que está en la base de la situación de conflicto y resolviendo después la segunda, con los pronunciamientos indemnizatorios que procedan. Si las causas de una u otra acción son independientes, la sentencia debe dar prioridad al análisis y resolución de la acción que haya nacido antes, atendido el hecho constitutivo de la misma si bien su estimación no impedirá el examen, y decisión en su caso, de la otra acción.
C) En el presente caso los hechos motivadores de la extinción causal derivan del propio despido, tal y como entiende la sentencia del Juzgado de lo Social. Si se considera que ello equivale al supuesto legal de que las acciones ejercitadas por la trabajadora derivan de una misma situación de conflicto lo que ordena la Ley es que primero se responda a la acción que está en la base de la situación de conflicto y luego a la segunda, decidiendo "con los pronunciamientos indemnizatorios que procedan".
D) El art. 110.1.b LRJS alude a una "solicitud de la parte demandante" en el seno de un procedimiento por despido y le asigna unos efectos concretos.
La posibilidad de transacción o desistimiento en el caso de la acción resolutoria nada tiene que ver con el régimen propio de la opción indemnizatoria. Nada tienen que ver los extremos que debe acreditarse ante el Juzgado (incumplimiento empresarial, imposibilidad de readmisión) para que se atienda a lo pedido.
Las consecuencias son heterogéneas (las del art. 110.1.b; las del art. 50.2 ET). Dicho abiertamente: la paralela tramitación de una demanda por extinción de contrato, aunque se acumule, no puede equipararse a la "solicitud" del repetidamente citado art. 110.1.b) LRJS.
A) Primera conclusión de lo ya expuesto: del artículo 110.1.b) LRJS no deriva directamente obligación alguna de abonar "salarios de tramitación". Esa conclusión solo es posible mediante una interpretación analógica y sistemática de las previsiones contenidas en los preceptos sobre ejecución de sentencias de despedido, entendiendo que se está realizando una especie de adelanto de ella cuando se decide conforme al precepto en cuestión.
B) Una segunda conclusión viene dada por la imposibilidad de equiparar la existencia de una acción resolutoria, acumulada a la de despido, con la "solicitud" que activa la opción indemnizatoria del art. 110.1.b).
C) El tercer corolario de lo razonado es que las dos sentencias contrastadas aplican el art. 110.1.b) LRJS sin concurrir los presupuestos legales, tal y como la impugnación de la trabajadora denuncia.
D) El artículo 228.2 LRJS prescribe que si la sentencia del TS declarara que la recurrida quebranta la unidad de doctrina, casará y anulará esta sentencia y resolverá el debate planteado en suplicación con pronunciamientos ajustados a dicha unidad de doctrina.
En el presente caso carece de sentido estimar el recurso del Fogasa para acabar decidiendo en contra de su petición principal. Porque el resultado de lo expuesto es que la empresa demandada sí venía obligada al abono de los salarios que el fallo del Juzgado identifica, pero por razones diversas a las acogidas en la sentencia de suplicación.
E) En consecuencia, aunque prosperase el recurso por cuanto respecta al despido, quedaría incuestionado el fundamento de los salarios debatidos como derivados de un contrato cuya resolución se ha instado y ha prosperado, sin perjuicio de que mientras haya habido falta de ocupación efectiva.
En la línea recién apuntada, nótese que la sentencia del Juzgado no deriva la condena a salarios del art. 110.1.b) LRJS, que sería inaplicable al presente caso por no constar la "solicitud" de la trabajadora, sino de los efectos propios del contrato de trabajo.
F) Respecto del alcance de la indemnización, ninguna protesta se realiza por parte del recurso de suplicación, de modo que también ha de quedar firme ese pronunciamiento de la sentencia de instancia.
G) En definitiva, hemos de desestimar el recurso interpuesto por el FOGASA y confirmar la sentencia recurrida, pese a las expuestas reservas sobre su corrección argumental.
1º) Desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el FOGASA.
2º) Confirmar la sentencia del TSJ de Galicia de 28-11-2014, resolutoria del recurso de suplicación interpuesto por el Fogasa frente a la sentencia del 29-4-2014 del Juzgado de lo Social nº 2 de Orense, en autos seguidos a instancia de Dª Bernarda frente a dicho recurrente y Adega do Emilio, S.L., sobre despido, con las precisiones sobre su fundamentación jurídica contenidas en la presente sentencia.
3º) Imponer al FOGASA las costas derivadas de su recurso.
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