Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-1007-10.htm
Timestamp: 2017-10-22 04:42:54
Document Index: 38482409

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 241', 'artículo 5', 'artículo 88', 'artículo 5', 'artículo 5']

C-1007-10
Sentencia C-1007/10
PRESUNCION DE CULPA O DOLO EN MATERIA DE INFRACCIONES AMBIENTALES-No resulta violatoria de la presunción de inocencia
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 1°. y el parágrafo 1°. del artículo 5.º de la Ley 1333 de 2009.
Carlos Leonardo Parra Enciso.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Carlos Leonardo Parra Enciso impetró acción pública de inconstitucionalidad contra el parágrafo primero del artículo primero y el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.
Mediante auto de treinta (30) de junio de dos mil diez (2010) el Magistrado Sustanciador admitió la demanda presentada, en la misma providencia ordenó su fijación en lista en la Secretaría General de esta Corporación y decidió comunicar la iniciación de este proceso al Presidente del Congreso; al Presidente de la República; al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; al Ministerio de Justicia; a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D. C. y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca; para que dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación respectiva, se pronunciaran indicando las razones que, en su criterio, justifican la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma demandada. En la misma providencia invitó al Departamento de Derecho de Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, a la Universidad del Rosario y a la Universidad Sergio Arboleda para que, de estimarlo conveniente, intervinieran en el proceso. Por último, ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación para que emitiera el concepto correspondiente.
Dentro del término de fijación en lista fueron allegados al expediente los escritos de intervención presentados por (i) el ciudadano Juan Antonio Nieto Escalante, Secretario Distrital de Ambiente; (ii) los ciudadanos Gloría Amparo Rodríguez e Iván Andrés Páez Páez, (iii) el ciudadano Remberto Quant González y (iv) el ciudadano Roberth Lesmes Orjuela. El veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez (2010) fue radicado en la Secretaria General de esta Corporación el concepto emitido por el Procurador General de la Nación.
A continuación se trascriben las disposiciones acusadas y se subraya los enunciados normativos demandados:
Señala que si bien la jurisprudencia ha reconocido la constitucionalidad de las presunciones de culpa, en materia sancionatoria ha sido mucho más restrictiva, toda vez que el Estado no puede imponer al presunto infractor toda la carga probatoria sin que la administración cumpla con una carga probatoria inicial y suficiente. Entiende por lo tanto que la presunción de inocencia sólo puede ser desvirtuada mediante una mínima y suficiente actividad probatoria por parte de las autoridades ambientales.
Considera que si bien la disposición acusada pese a perseguir un fin legítimo, cual es la protección del medio ambiente resulta desproporcionada porque sacrifica un componente esencial del derecho fundamental al debido proceso.
El ciudadano Nieto Escalante, Secretario Distrital de Ambiente, presenta un completo recuento del derecho al medio ambiente sano y del derecho al debido proceso. De su exposición concluye que en las disposiciones acusadas se presenta una tensión entre la presunción de inocencia, garantía constitutiva del derecho a debido proceso y el derecho al medio ambiente sano, y de la responsabilidad subjetiva con la responsabilidad objetiva con la consecuente inversión de la carga de la prueba y la presunción de culpa o dolo del infractor.
Considera que esta tensión puede ser solucionada a la luz de la regla prevista en el inciso tercero del artículo 88 de la Constitución, según la cual la ley definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. En esa medida considera que los enunciados acusados son un desarrollo legislativo de esta previsión constitucional, dirigida a proteger derechos colectivos como el medio ambiente, y por lo tanto una limitación proporcional y razonable de la garantía de presunción de inocencia, que a su vez se justifica en virtud de los especiales deberes de protección del ambiente a cargo del Estado Colombiano, cuyo fundamento no es solo la Constitución sino numerosos instrumentos internacionales en la materia. Añade, que del conjunto de previsiones de la Ley 1333 de 2009 se desprende la garantía del derecho al debido proceso del supuesto infractor, quien en todo caso puede desvirtuar la presunción de culpa o dolo. Por las anteriores razones opina que las disposiciones acusadas deben ser declaradas exequibles.
3.2. Intervención de los ciudadanos Iván Andrés Páez Páez y Gloria Amparo Rodríguez.
Solicitan a la Corte se declare inhibida para fallar de fondo debido a que las disposiciones demandadas fueron objeto de estudio en la sentencia C-595 de 2010, por cargos similares a los formulados por el demandante en el presente proceso, y fueron declaradas exequibles. Consideran por lo tanto que se configuró cosa juzgada sobre los parágrafos objeto de examen y que la Corte debe estarse a lo resuelto en la mentada sentencia.
El Procurador General de la Nación, mediante concepto No.5010, radicado el veinticuatro (24) de agosto de de dos mil diez (2010), solicita a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto en la sentencia C-595 de 2010 mediante la cual se declararon exequibles el parágrafo primero del artículo primero y el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.
Señala que, si bien la jurisprudencia ha reconocido la constitucionalidad de las presunciones de culpa, en materia sancionatoria ha sido mucho más restrictiva, toda vez que el Estado no puede imponer al presunto infractor toda la carga probatoria sin que la administración cumpla con una carga probatoria inicial y suficiente. Entiende por lo tanto que la presunción de inocencia sólo puede ser desvirtuada mediante una mínima y suficiente actividad probatoria por parte de las autoridades ambientales.
La mayor parte de los intervinientes y la Vista Fiscal solicitan a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto en la sentencia C-595 de 2010, mediante la cual se declaró exequible el parágrafo primero del artículo primero y el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, debido a que en esta providencia se examinaron cargos similares a los planteados en el presente proceso, asunto que será abordado a continuación.
3. Existencia de cosa juzgada respecto de la sentencia C-595 de 2010.