Source: http://www.cidh.org/countryrep/Paraguay78sp/cap.3.htm
Timestamp: 2018-09-20 18:15:22
Document Index: 185931907

Matched Legal Cases: ['Artículo 51', 'Artículo 51', 'Artículo 51', 'Artículo 51', 'Artículo 57', 'Artículo 9', 'Artículo 51', 'Artículo 51', 'Artículo 51']

Paraguay 1978 -Capitulo III
Declaración Americana. Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes pre-existentes.
1. Al amparo de la incierta situación legal que se deriva de la vigencia indefinida del estado de sitio en el Paraguay, numerosas personas han podido ser detenidas sin motivo aparente alguno y mantenidas padeciendo prisión o arresto injustificados por largo tiempo.
2. Preocupada por la constante repetición de las ocurrencias de esta clase, que tienden a hacerse práctica común en distintas regiones del Continente, la Comisión se ha pronunciado contra tal práctica en distintas oportunidades. Concretamente aludió al punto en su Informe Anual correspondiente a 1974, en los términos que siguen:2
Ha examinado muy especialmente la Comisión la práctica –aparentemente exagerada—que se está haciendo en algunas de nuestras Repúblicas de la facultad constitucional acordada al Poder Ejecutivo –generalmente bajo la vigilancia del Congreso—de detener, trasladar o expatriar personas por motivos de seguridad política, en situaciones excepcionales. Resulta impresionante la comprobación de que, por este medio, hay hombres y mujeres que son privados de su libertad durante muchos meses, sin que se les haya formulad la menor imputación ni se les haya sometido a la Justicia. Respecto de estas personas, por lo demás, en algunos países no se admite que puedan requerir la asistencia de abogados ni se reconoce la posibilidad de que, a su respecto, se pueda introducir con éxito un recurso de habeas corpus.3
3. Largos períodos de incomunicación sin fórmula de juicio han sido también denunciados frecuentemente a la Comisión, al lado de los casos de arrestos sin cargo concreto y sin proceso. También sobre esa práctica, que añade crueldad, en la mayoría de los casos innecesaria, al proceder arbitrario de la detención, se ha pronunciado la Comisión en diferentes documentos. En el Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, dijo, por ejemplo, al respecto:4
La incomunicación ilegal durante la detención es, además un estímulo para otros delitos, particularmente la tortura, porque si los funcionarios encargados de los lugares de detención no necesitan presentar al detenido en un breve plazo, pueden con impunidad emplear medios brutales, ya sea con fines de interrogatorio o de intimidación. La detención puede ser prolongada hasta que las señas de la tortura desaparezcan, o si el detenido sufriese daño físico permanente bien podría ser liquidado y negarse el mismo hecho de la detención.
4. De acuerdo con cálculos de diversas procedencias, el número de personas privadas de libertad, sin cargo alguno concreto, en territorio paraguayo, durante los años transcurridos de 1970 a 1977, puede oscilar entre trescientas y quinientas.
5. En los últimos cuatro años, la Comisión ha aprobado ocho resoluciones mediante las cuales se han presumido verdaderos 170 casos de detenciones arbitrarias ocurridas en el Paraguay.5 De estas personas, cinco estaban detenidas desde 1958, tres desde 1959, una desde 1960, una desde 1961, una desde 1962, una desde 1963, seis desde 1964, once desde 1965, cinco desde 1966, dos desde 1967, seis desde 1968, tres desde 1969 y trece desde 1970.6
6. Con informaciones procedentes de diversas fuentes, la Comisión ha podido, además, conformar una lista de personas que, según los denunciantes, llevarían más de cinco años de detención o prisión por motivos políticos. La lista es como sigue:7
19 años (desde 1959)
Ananías Maidana Palacios
16 años (desde 1962)
15 años (desde 1963)
Vicente Duarte Mareco
14 años (desde 1964) Feliciano Franco
13 años (desde 1965) Calixto Ramírez
10 años (desde 1968)
María Saturnina Almada de Gimenez
8 años (desde 1970)
Herminio Stumft Arévalo
7. La Comisión ha obtenido varias listas publicadas por el Ministerio del Interior del Paraguay, de los presos políticos recluidos en el Penal de Emboscada y otros centros carcelarios. Compulsando los nombres que aparecen en dichas listas con otros de personas detenidas en la Comisaría Tercera y de personas puestas en libertad, se ha elaborado la siguiente, que contiene un total de 219 nombres:
4. ACOSTA GÓMEZ, Dimas
5. ACOSTA Vda. De GONZÁLEZ, Petrona de Jesús
7. ALFONSO RAMÍREZ, Bonifacio
8. ALMADA de GIMÉNEZ, María Saturnina
13. ALVAREZ RAMÍREZ, Bonifacio
19. AYALA GONZÁLEZ, René
20. AYALA GIMÉNEZ, Víctor Manuel
23. BAREIRO RODAS, Fulgenio
25. BARRETO DÁVALOS, Emilio
26. BENÍTEZ FERREIRA, Miguel
27. BENÍTEZ GALEANO, Pedro
28. BENÍTEZ GONZÁLEZ, Eladio
29. BENÍTEZ LEGUIZAMÓN, Lázaro
30. BENÍTEZ MAIDANA, Eulogio
31. BENÍTEZ PAEZ, Rafael
32. BENÍTEZ VILLALBA, Silverio
34. BOGADO CONDRA, Juan Félix
41. CABRERA BENÍTEZ, Crescencio
43. CABRERA de LÓPEZ, Vicenta
46. CÁRDENAS, Enrique
48. CARDOZO GIMÉNEZ, Bernardo
50. CASCO SPEZZINI, Carlos Ernesto
51. CENTURIÓN, Andrés
52. CENTURIÓN, Victoriano
53. CERDAN de RODRÍGUEZ, María Ester
54. CÉSPEDES FERNÁNDEZ, Silverio
60. CORONEL ZORRILLA, Eulogio Constantino
64. DÍAZ, Domingo
69. ESPINOLA, Rafael
72. ESTIGARRIBIA VELÁSQUEZ, Carlos
77. FERNÁNDEZ, Juan Antenor
78. FERNÁNDEZ LLANO, Emigdio
79. FERNÁNDEZ, Silvio Ramón
83. FLEITAS RÍOS, Sixto
84. FLORENTÍN DUARTE, Andrés
92. FUNES FERNÁNDEZ, Erasmo
93. FUNES FERNÁNDEZ, Mariano
96. GIMÉNEZ LÓPEZ, Angel
97. GÓMEZ GALEANO, Victoriana
98. GONZÁLEZ BAEZ, José Tomás
99. GONZÁLEZ BALCARCE, Alberto
100. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Justiniano
101. GONZÁLEZ OCAMPOS, Eulogio
102. GONZÁLEZ, Petrona de
105. JARA LÓPEZ, Dionisio Abel
108. KING de, Mónica
109. KYU KIN, Bium
110. LEGUIZAMÓN ZORRILLA, Juan
111. LÓPEZ, Angel
112. LÓPEZ BRITEZ, Pastor
113. LÓPEZ ESTIGARRIBIA, Jacinto
114. LÓPEZ ESTIGARRIBIA, Juan Carlos
115. LÓPEZ ESTIGARRIBIA, Laurentino
116. LÓPEZ ESTIGARRIBIA, Luis
117. LÓPEZ ESTIGARRIBIA, Pedro
118. LÓPEZ, Néstor
119. LÓPEZ PERITO, Miguel Angel Ignacio
120. LÓPEZ, Teodoro
121. LÓPEZ ZACARÍAS, Porfirio
122. LÓPEZ, Vicenta Cabrera de
123. LLORES INZAURRALDE, Arnoldo Teodoro
126. MARTÍNEZ BRITOS, Anastacio
127. MARTÍNEZ CANTERO, Roberto
128. MARTÍNEZ de VELASCO, Claudelina
129. MARTÍNEZ IRALA, José del Rosario
130. MARTÍNEZ, José del Carmen
131. MARTÍNEZ MOREL, Víctor
132. MENDIETA PÉREZ, Constancia
134. MOREL MARTÍNEZ, Salomón
146. OSORIO PÉREZ, Epifanio
147. OSORIO PÉREZ, Eugenio
148. OSORIO PÉREZ, María Eustacia
155. PAREDES MARTÍNEZ, Edmundo
157. PEÑA, Angel
160. PIETRAFESA GRECO, Pablo Julián
164. RAMÍREZ BLANCO, Carlos o Rodolfo Feliciano
165. RAMÍREZ FERNÁNDEZ, Celsa
166. RAMÍREZ SANCHEZ, Calixto
167. RAMÍREZ VILLALBA, Benjamín de Jesús
168. RAMÍREZ VILLALBA, Rodolfo
169. RÍOS, Andrés
176. RODRÍGUEZ, Campuzano Oscar
177. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Humberto Fulvio
178. RODRÍGUEZ, María Esther de
179. RODRÍGUEZ, Olegario
180. RODRÍGUEZ, Petrona Regalada
181. RODRÍGUEZ, Simón Mario
182. ROJAS CÁCERES, Aurelio Neonicio
183. ROJAS, Constancia Mendieta de
184. ROLÓN CENTURIÓN, Domingo
185. ROLÓN CENTURIÓN, Melchor
186. ROLÓN CENTURIÓN, Santiago
187. ROMERO, Rodolfo
189. RUIZ DÍAZ, Rodrigo Salomón
192. SALDÍVAR CARDOZO, Juliana
193. SALDÍVAR, Julio
195. SÁNCHEZ GARCÍA, Juan Miguel
196. SANTUCHO, Amílcar
198. SILVA QUINTANA, Alfonso
199. SILVA, Sautrnina de
203. STUMPS ARÉVALOS, Herminio
204. STUMFF, Nercio
216. VERA GONZÁLEZ, Sotero
8. La Comisión ha considerado con singular preocupación las continuas denuncias recibidas sobre el número de mujeres embarazadas que han sido detenidas y han dado a luz en la cárcel, así como de mujeres detenidas con niños pequeños. Entre las criaturas en estas condiciones, que se aproximan a 18, hay dos que han cumplido 2 años de cárcel junto a sus madres.
9. Con fecha 29 de mazo de 1977, la Comisión se dirigió al Gobierno del Paraguay solicitándole copia de algunos de los últimos decretos del Poder Ejecutivo que ordenaban detenciones con base en las facultades especiales del estado de sitio. Esta comunicación quedó, como muchas otras, sin respuesta.
10. Casi todas las denuncias sobre detenciones recibidas por la Comisión indican que éstas se efectúan, por regla general, a altas horas de la noche, por conducto de agentes que ni llevan uniforme ni se prestan a exhibir identificación u orden escrita alguna, que emplean además corrientemente la violencia y se niegan a indicar el motivo del arresto, o el lugar en que se va a recluir al aprehendido.
11. La Comisión recibió, de diversas fuentes, la noticia del traslado de los presos políticos, ocurrido a mediados del mes de setiembre de 1976, a la ex-Correccional de Menores de Emboscada. No conocemos con exactitud el número de personas que fueron llevadas a Emboscada, pero, según listas y otras informaciones recibidas por la CIDH el número puede llegar a 360, entre hombres, mujeres y niños (unos 14 recién nacidos). De acuerdo con las informaciones recibidas, las condiciones del nuevo lugar presentan una marcada mejoría sobre las comisarías donde secularmente se recluía a los presos políticos. En el penal de Emboscada, según datos de conocedores, el ambiente es más saludable, se permiten las visitas y no existe un lugar para torturas.11 No obstante, debemos señalar que también hemos recibido comunicaciones denunciando serios problemas con Emboscada, tales como, hacinamiento, escasez de agua potable y alimentación adecuada, y celdas con ventilación deficiente. Por otra parte, tampoco podemos dejar de mencionar las denuncias que expresan honda preocupación y alarma por el nombramiento del Coronel José F. Grau, como director del Penal, a quien se le imputa haber cometido serios crímenes. También hemos recibido información de varias fuentes que señalan la posibilidad de que en el campo de concentración conocido como Peña Hermosa, ubicado en el Río Paraguay, queden recluidos aún varios presos políticos.
12. La Comisión considera importante destacar que, según informaciones recibidas, en 1976 y 1977, el Gobierno del Paraguay ha abierto proceso contra cierto número de personas que se encontraban desde hacía ya cierto tiempo privadas de su libertad bajo los poderes extraordinarios del estado de sitio. La Comisión ha recibido con prudente optimismo esta noticia que da a entender que el Gobierno del Paraguay reconoce la obligación de presentar ante tribunales competentes a las personas sindicadas de participar en hechos que atentan contra la seguridad del Estado.
ANEXO AL CAPÍTULO III
CASO 17411
Que mediante comunicación de 10 de abril de 1972 se denunciaron los hechos siguientes:
Que por sentencia judicial de 10 de octubre de 1961, del juez de la ciudad de Asunción, Luis F. Garbarino, se ordenó la libertad del profesor paraguayo Antonio Maidana;
Que no obstante dicha sentencia, el citado profesor continúa detenido en la tercera comisaría de policía de la ciudad de Asunción;
Que en la propia comunicación se denuncia que el señor Silvano Morinigo Gaona, ciudadano paraguayo, acusado de planear la muerte del Presidente de la República, General Alfredo Stroessner, ha estado detenido por seis años sin haber sido sometido a juicio;
Que la Comisión, en nota de 19 de abril de 1972, se dirigió al Gobierno del Paraguay en solicitud de información, de conformidad con los Artículos 42 y 44 de su Reglamento, y en carta de 20 de abril del propio año informó a la entidad reclamante del trámite dado a la queja;
Que el Artículo 51, 1) del Reglamento reza como sigue:
Que en vista del tiempo transcurrido sin que el Gobierno del Paraguay haya suministrado a la Comisión las solicitadas informaciones:
1. Considerar probados los hechos denunciados en la comunicación del 10 de abril de 1972, por aplicación del Artículo 51, 1) del Reglamento;
2. Solicitar del Gobierno del Paraguay que ordene la libertad del profesor Antonio Maidana, cuya orden de excarcelación fuera dictada en fecha 10 de octubre de 1961, por el Juez Sr. Luis F. Garbarino.
3. Solicitar de dicho Gobierno que se sirva informar a la Comisión acerca de las medidas que adoptare, o en caso de haberse procedido a poner en libertad a la citada persona con fecha anterior a esta Resolución, se comuniquen dichas circunstancias a esta Comisión, rogando que la información sea enviada de manera que estos informes puedan ser considerados por la misma, en su próximo período de sesiones.2
En las observaciones al Informe de la Comisión, el Gobierno del Paraguay manifestó, con respecto al presente caso, lo siguiente:
El señor Antonio Maidana fue detenido el 10 de agosto de 1958. Con Julio Rojas y Alfredo Alcorta fueron conjuntamente los principales instigadores del Partido Comunista que 11 años antes había provocado la sangrienta Guerra Civil que asolara el territorio paraguayo. En 1958, desde la clandestinidad, fraguaron una gran huelga obrera e instigaron a una sublevación militar que hizo crisis durante ese año y que a punto estuvo de cobrar nuevas víctimas para agregarlas a la ya muy larga lista de personas muertas en el Paraguay en luchas fratricidas. Segundo Secretario General del proscripto Partido Comunista Paraguayo, condecorado “in ausencia” por el Gobierno de la Unión Soviética, Antonio Maidana había dedicado hasta ese momento todas sus energías para impedir el desenvolvimiento político, social y económico del país para así, del caso, obtener provecho en beneficio de una insignificante mayoría. El 27 de enero de 1977 fue liberado juntamente con Alfredo Alcorta y Julio Rojas, identificados con él en la misma línea de acción delictiva.
El Gobierno dio a estas tres personas todas las garantías y les preparó sus Pasaportes en razón de que manifestaron sus deseos de viajar al exterior. Actualmente y, en prosecución de su política de crear incidentes, los tres se introdujeron en la Embajada del Perú creando así una situación “sui generis” ya que el Gobierno no los persigue. No existe ningún inconveniente para que ellos, en cualquier momento, viajen a donde quieran, y esas tratativas se están llevando a cabo con la Embajada del Perú.
CASOS 1758, 1759, 1762 y 17633
Que por comunicación del 8 de julio de 1972, complementada el 27 de febrero de 1973, y del 19 de diciembre de 1972, complementada el 7 de febrero de 1973, se denunció la detención arbitraria del Profesor Julio Rojas, quien, según expresan las denuncias, se encuentra privado de su libertad en el Paraguay desde 1958 por razones políticas y en condiciones deplorables, sin hallarse sometido a proceso ni cumpliendo una condena.
Que por comunicación del 27 de diciembre de 1972 se denunció: a) que el señor Ignacio Chamorro se encuentra detenido en el Paraguay desde diciembre de 1959 por supuestas actividades subversivas y no ha sido sometido a proceso y b) que la señorita Idolina Anastasia Gaona se halla retenida en dicho país desde julio de 1965, sin haber sido sometida a proceso y sin que se conozcan los motivos de su detención.
Que por comunicación del 16 de enero de 1973 se denuncia que 87 personas, cuyos nombres se indican –entre los que figuran los del Profesor Rojas, el señor Chamorro y la señorita Gaona—se encuentran privados de su libertad en el Paraguay por razones políticas, sin haber sido sometidas a proceso. De acuerdo con la denuncia cinco de esas personas están detenidas desde 1958, tres desde 1959, una desde 1960, una desde 1961, una desde 1962, una desde 1963, seis desde 1964, once desde 1965, cinco desde 1966, dos desde 1967, seis desde 1968, tres desde 1969 y trece desde 1970. La denuncia indica los lugares de detención.
Que mediante comunicación telegráfica del 1º de febrero de 1973 se denuncia que el señor Aníbal Florentín Peña, luego de haber sufrido bárbaras torturas y de llevar dos años de detención se halla en peligro de muerte como consecuencia de una prolongada huelga de hambre.
Que por telegrama del 1º de febrero de 1973, referente a la situación del señor Peña, y por nota del 16 de febrero de 1973, referente a los otros casos mencionados en los considerandos anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno del Paraguay los informes correspondientes (Art. 42 del Reglamento).
Que en su trigésimo período de sesiones (abril de 1973), y en vista de la gravedad de los hechos denunciados, la Comisión acordó dirigirse nuevamente a dicho Gobierno, a fin de que, dada la prontitud que las circunstancias imponían, se sirviera suministrar en un plazo no mayor de 60 días, los informes anteriormente solicitados. Tal acuerdo fue comunicado al Gobierno del Paraguay por nota de 15 de junio de 1973.
Que por toda respuesta, el 6 de julio de 1973, el Gobierno del Paraguay hizo saber a la Comisión que había “dado el curso correspondiente” a la nota del 15 de junio y sus anexos, “remitiéndolos al organismo nacional competente”.
Que en vista del tiempo transcurrido sin que el Gobierno del Paraguay haya suministrado a la Comisión las informaciones solicitadas:
1. Por aplicación del Artículo 51, 1) del Reglamento presumir verdaderos los hechos que se indican en los considerandos de la presente Resolución.
2. Recomendar al Gobierno del Paraguay que dichas personas sean inmediatamente puestas en libertad.
3. Observar al Gobierno del Paraguay que tales hechos configuran gravísimas violaciones al derecho a la libertad, al derecho a la seguridad de la persona; al derecho de protección contra la detención arbitraria; al derecho de justicia y al derecho a proceso regular, establecidos en los Artículos I, XXV, XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
4. Incluir esta Resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización (Art. 9 (bis), inc. c, iii del Estatuto.4
Con respecto a estos casos, el Gobierno informó en las citadas observaciones del 7 de agosto de 1977 como sigue:
Caso 1758
Julio Rojas, guarda relación directa con el anterior (caso).
Caso 1759
Ignacio Chamorro, fue detenido el 31 de diciembre de 1959, luego de un salvaje atraco perpetrado por una banda de maleantes, a la cual pertenecía, que asaltó la pacífica localidad de Coronel Bogado en horas de la madrugada provocando la muerte de varios agentes del orden público y ciudadanos de dicha localidad, próxima a la frontera con la República Argentina.
Caso 1762
Idalina Gaona de Acosta, también llamada “Camarada Alicia”. Pertenece al cuadro de dirigentes del Partido Comunista Paraguayo, técnica principal en enlace de la Dirección Superior con todas las organizaciones de dicha agrupación proscripta. Activa participación en las guerrillas de la denominada “Columna Mcal. López” y responsable de la muerte del Oficial Inspector Asunción Mustafá Abdala. Actuó también como ayudante de Arturo López, alias Comandante Agapito Valiente, tenebroso asesino que asoló durante varios años las campiñas paraguayas.
Caso 1763
Aníbal Florentín Peña, principal colaborador de Agustín Goiburú, agitador e ideólogo del primer secuestro aéreo perpetrado muchos años antes de que entraran de moda. Fue puesto en libertad el 29 de mayo de 1973.
1. Que en fecha 30 de mayo de 1975 esta Comisión resolvió recomendar al Gobierno del Paraguay que dispusiera las medidas necesarias para que fuesen restablecidos, en plenitud y en forma inmediata, los derechos fundamentales del Capitán Napoleón Ortigoza;
2. Que según los hechos denunciados –presumidos verdaderos por aplicación del Artículo 51, 1) del Reglamento— el Capitán Ortigoza se encuentra detenido desde 1962 en la Prisión Central de la Policía de Asunción, sin que haya sido sometido en ningún momento a proceso;
3. Que la recomendación mencionada en el punto 1 fue puesta en conocimiento del Gobierno del Paraguay por nota del 8 de agosto de 1975, dirigida al señor Ministro de Relaciones Exteriores, copia de la cual fue enviada al señor Representante Interino del Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos, de fecha 18 del mismo mes y año;
4. Que pese a los términos de la recomendación y al tiempo transcurrido desde que fuera comunicada, no hay ninguna constancia de que el Gobierno del Paraguay haya cumplido con ella;
5. Que, por lo tanto, es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 57, inciso 1) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
1. Observar al Gobierno del Paraguay que los hechos denunciados constituyen una grave violación al Artículo XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y,
2. Incluir esta Resolución, junto con sus antecedentes, en el Informe Anual que la Comisión debe rendir a la Asamblea General de la Organización, conforme a lo dispuesto en el Artículo 9 (bis) inciso c) de su Estatuto.
En sus observaciones, el Gobierno del Paraguay dice así:
Caso 1843
Capitán Napoleón Ortigoza, juntamente con Guillermo Ovando y otras personas perpetraron (sic) en diciembre de 1962 un golpe militar que, descubierto por el Cadete Alberto Anastasio Benítez, culminó con su cruel asesinato. Ambos han sido procesados y condenados por la Justicia Militar en Primera Instancia y el caso se halla en el Tribunal de Apelación de dicha Jurisdicción.
CASO 19886
Que el 31 de octubre de 1975 se denunció a esta Comisión que los ciudadanos paraguayos Bienvenido Arguello y Alberto Alegre se hallaban en la cárcel de Asunción tras haber sido secuestrados por agentes del Gobierno paraguayo en la localidad de Clorinda, Provincia de Formosa, República Argentina.
Que según la denuncia, el hecho ocurrió el 12 de mayo de 1975, día en que los nombrados fueron llevados a la Comisaría de Falcón, población limítrofe donde sufrieron torturas.
Que la denuncia se refiere también a la situación de los ciudadanos paraguayos Julio César Colman, Luis Cano, Pablo Brítez Báez, Hilario Villalba, Hugo Godoy Mernes, Víctor Salinas, Rodolfo Heinrich, Miguel Arnaldo Fleitas y Nélida Paredes. Según los denunciantes, también dichas personas se hallaban arbitrariamente recluidas en cárceles del Paraguay.
Que por nota del 12 de diciembre de 1972 la CIDH transmitió al Gobierno del Paraguay, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, las partes pertinentes de la denuncia, y se le pidió la información relativa a los hechos así como cualquier elemento de juicio que permitiera a la Comisión apreciar si se habían abogado o no los recursos de la jurisdicción interna. Copia de esa comunicación fue remitida en la misma fecha, al señor Representante Permanente del Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos.
Que pese al tiempo transcurrido el Gobierno del Paraguay no ha suministrado información alguna pese a haber vencido el plazo del Artículo 51, 1) del Reglamento.
Que el 12 del corriente ha expirado el plazo de 180 días, transcurrido el cual, según el Artículo 51 del Reglamento de la Comisión, ésta puede ante el silencio del Gobierno del Paraguay, presumir verdaderos los hechos denunciados, toda vez que ningún elemento de convicción lleva a concluir que la denuncia es infundada,
2. Observar al Gobierno del Paraguay que tales hechos configuran una grave violación al derecho a la libertad y a la seguridad de las personas (Art. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre) y recomendarle que adopte las medidas necesarias para que las personas a quienes se refiere la denuncia recuperen de inmediato su libertad y los responsables sean sancionados con arreglo a las leyes paraguayas, medidas que deberán ser comunicadas a esta Comisión dentro del plazo máximo de 60 días.
3. Comunicar esta Resolución al Gobierno del Paraguay y a los denunciantes.7
Con respecto al presente caso, el Gobierno del Paraguay informó en sus observaciones sobre la situación de las citadas once personas lo siguiente:
Caso 1988
Alberto Alegre, fue detenido en mayo de 1975 por realizar actuaciones delictivas en el denominado MOPOCO (Movimiento Popular Colorado) pequeña agrupación marxista que desarrolla sus actividades en las localidades fronterizas. Existen pruebas inequívocas de que integrantes del “Movimiento Popular Colorado” han realizado en reiteradas ocasiones viajes a Cuba y a otros países comunistas. Las otras personas citadas en este caso, nunca estuvieron detenidas en el Paraguay y sí en la República Argentina en ocasión de una reunión marxista realizada en la ciudad de Buenos Aires, razón por la cual mal puede imputarse a la Policía paraguaya ningún tipo de maltrato físico, desde el momento en que jamás tuvo contacto con ellas. Alegre se halla recluido en el Penal de Emboscada en libre comunicación.
A continuación, resumimos cuatro Resoluciones aprobadas por la Comisión durante el cuadragesimoprimer período de sesiones (mayo de 1977), las cuales se encuentran en trámite, y cuyos hechos fueron presumidos verdaderos, en aplicación del Artículo 51, 1) del Reglamento, en vista del silencio del Gobierno:
Caso 20068
i. En varias comunicaciones, la primera de fecha 17 de septiembre de 1975, se denunció a esta Comisión la detención en los primeros días de ese mes, del Profesor Miguel Chase Sardí, de Victorio Suárez, del sociólogo Mauricio Schwartzman y de Marilyn Rehnfeldt –-todos del proyecto “Marandú”—así como de Gloria Estragó, empleada del Consejo Directivo Indígena del Paraguay;
ii. Según los denunciantes, Marilyn Rehnfeldt estuvo detenida por varios días, y el Profesor Chase Sardí por 7 meses, sin que se les formularan cargos de ninguna especie;
iii. Igualmente se alegó la privación de libertad de Gloria Estragó por espacio de aproximadamente un año antes de que se formulasen cargos en su contra;
iv. Según la denuncia, el señor Chase Sardí, Victorio Suárez y Gloria Estragó fueron brutalmente torturados, sufriendo el primero la fractura de varias costillas que dificultaron el movimiento de sus brazos, así como una infección en un oído, sin recibir la atención médica necesaria;
v. Los señores Suárez y Schwartzman supuestamente continúan detenidos sin que se hayan presentado cargos en su contra;
vi. Por notas de 10 de febrero y 2 de junio de 1976, la CIDH transmitió al Gobierno del Paraguay las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó las informaciones correspondientes (Art. 42 del Reglamento), sin que se recibiera respuesta alguna;
vii. En consecuencia, la Comisión decidió observar al Gobierno del Paraguay que tales hechos configuran gravísimas violaciones al derecho de la libertad y a la seguridad de la persona (Art. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre); al derecho de justicia (Art. XVIII); al derecho de asociación (Art. XXII); al derecho de protección contra la detención arbitraria (Art. XXV), y al derecho a proceso regular (Art. XXVI).
Acerca de este caso relativo a la detención de los directivos del Proyecto Marandú, así como de las denuncias de torturas de algunos de ellos, el Gobierno del Paraguay expresó en sus observaciones al presente Informe lo siguiente:
Miguel Chase Sardí, Víctor Villalba Suárez, Mauricio Schwartman (sic) Marilin Rhenfeldt y Gloria Estragó, todos elos vinculados con infiltraciones comunistas en el proyecto “Marandú”. Hoy se hallan en completa libertad, con excepción de la Estragó que guarda reclusión domiciliaria por razones de salud. Había viajado a la Unión Soviética a recibir instrucciones para el cumplimiento de su objetivo. Miguel Chase Sardí, alias Camarada Gato, conocido agitador comunista del mundo universitario y literario, apresado en 1947 durante la guerra civil en ocasión en que tenía bajo su conducción un grupo de combate, ha sido el principal responsable de este movimiento.
i. Por comunicación de 10 de marzo de 1976, se denunció la detención de 53 personas –-cuyos nombres se acompañan en una lista— y que varias de ellas han desaparecido;
ii. Según la denuncia, esta lista no es más que una parte de las aproximadamente 200 personas que fueron detenidas en los meses de noviembre y diciembre de 1975, en el Paraguay;
iii. El reclamante informó que se allanaron algunas residencias y algunas propiedades privadas fueron confiscadas;
iv. De acuerdo al denunciante, en algunos casos si no se encontró a la persona buscada se detuvo al cónyuge, o bien se procedió al arresto de otros miembros de la familia, y que no se han formulado cargos en contra de las personas detenidas;
v. Se alegan varios casos de tortura a mujeres, enfermos y ancianos, y que las autoridades no han informado a los familiares el paradero o el centro de reclusión donde se encuentran las personas detenidas;
vi. Por nota de 29 de marzo de 1976, la Comisión transmitió al Gobierno del Paraguay las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó las informaciones correspondientes (Art. 42 del Reglamento), sin que se recibiese respuesta alguna;
vii. En consecuencia la CIDH resolvió, observar al Gobierno del Paraguay que tales hechos configuran gravísimas violaciones al derecho de libertad, a la seguridad e integridad de la persona (Art. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre); al derecho a la protección de la familia (Art. VI); al derecho a la inviolabilidad del domicilio (Art. IX); al derecho de justicia (Art. XVIII); al derecho de protección contra la detención arbitraria (Art. XXV), y al derecho a proceso regular (Art. XXVI).
En las observaciones del Gobierno del Paraguay, de fecha 7 de agosto de 1977, que venimos citando, dicho Gobierno informó lo siguiente, sobre el presente caso:
Caso 2021
Algunas de las personas citadas en este caso han sido arrestadas y puestas luego en libertad, siendo en consecuencia similar al anterior. Son falsos los cargos de que ellas hayan desaparecido.
Caso 202910
i. En comunicación de 1º de marzo de 1976, se denunció a esta Comisión varias muertes, desapariciones, detenciones ilegales y torturas, especialmente de mujeres;
ii. De acuerdo al reclamante, Oílda Recalde, madre de cuatro niños, tiene 9 años de prisión; Gilberta Verdún, de 65 años de edad, quien pasó “casi 10 años en prisión por haber intentado defender a su esposo, que fue degollado en su presencia”, ha sido detenida nuevamente y se le mantiene incomunicada en el Departamento de Investigaciones; Agripina Portillo tiene más de un año incomunicada en Investigaciones; Teresa Asilvera entró “en prisión, con su hija de 2 años y salió cuando la niña tenía 6 años”, y que “todo ese tiempo su hija estuvo sometida al mismo régimen que las presas adultas”; Rosa Goiburú “fue detenida en estado de gravidez, tuvo su hija en el calabozo, sola, y permaneció allí aproximadamente 3 años con su pequeña hija hasta salir”; Gladys de Mancuello, “detenida en 1974 en avanzado estado de gravidez, tuvo su hijo en la prisión y continúa allí con el niño”; María Candelaria Ramírez “perdió a su hijo en gestación en las torturas, no recibió atención médica y solamente al estar a punto de morir fue puesta en libertad"”
iii. Supuestamente, a ninguna de estas personas se les ha formulado cargos;
iv. Por nota de 29 de abril de 1976, la Comisión transmitió al Gobierno del Paraguay las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó las informaciones correspondientes (Art. 42 del Reglamento), y que, por nota de 4 de febrero de 1977, le reiteró el pedido de información, prorrogando el plazo para contestar en 90 días, sin que se recibiera respuesta alguna;
v. En consecuencia, la CIDH decidió observar al Gobierno del Paraguay que tales hechos configuran gravísimas violaciones al derecho..., a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona (Art. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre); al derecho a la protección de la familia (Art. VI); al derecho de protección a la maternidad y a la infancia (Art. VII); al derecho a la preservación de la salud y al bienestar (Art. XI); al derecho de justicia (Art. XVIII); al derecho de protección contra la detención arbitraria (Art. XXV), y al derecho a proceso regular (Art. XXVI).
En referencia a este caso, el Gobierno dijo lo siguiente:
Caso 2029
Gilberta Verdún de Talavera, terrorista arrestado en ocasión en que hacía de enfermera entre las hordas armadas que con el nombre de “guerrilleros” invadieron el país en 1960. Fue liberada el 1º de julio de 1968. En 1974 fue arrestada nuevamente por sospechas de hallarse implicada en el criminal atentado al cual se hizo mención, para ser posteriormente de nuevo puesta en libertad.
Todas las personas mencionadas en este caso ya han sido puestas en libertad. Una de ellas Rosa Mujica Goiburú fue la principal gestora de la fuga de varios delincuentes de la Comisaría Seccional 7a. Con respecto a los supuestos maltratos y a la situación insalubre en que se encontraban, sobre esa falsedad, pueden obtenerse, informes en la Cruz Roja Internacional, que periódicamente realiza visitas a las Instituciones Penitenciarias del Paraguay y otros países.
Caso 207611
i. En comunicación de 7 de junio de 1976, se denunció la detención, en Asunción, de la señora Aída Angélica Ortiz junto con su hija de 11 meses, Aída Alejandra, a mediados de marzo de 1976;
ii. Según la denuncia, la señora Ortiz se encontraba incomunicada en condiciones infrahumanas y se desconocía el paradero y destino de la criatura;
iii. La señora Ortiz, de acuerdo al reclamante, se hallaba al momento de su detención bajo riguroso tratamiento médico por padecer de asma crónica, afección cardíaca, alteración al sistema nervioso y deficiencia hepática, y que, por lo tanto, su vida peligraba;
iv. La Comisión, mediante cablegrama de 12 de agosto de 1976, transmitió al Gobierno del Paraguay las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó las informaciones correspondientes (Art. 42 del Reglamento); y por cablegrama de 5 de noviembre de 1976, reiteró al Gobierno del Paraguay la solicitud de información, sin que se recibiera respuesta alguna;
v. En consecuencia, la CIDH decidió observar al Gobierno del Paraguay que tales hechos configuran gravísimas violaciones al derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de las personas (Art. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre); al derecho a la protección de la familia (Art. VI); al derecho a la protección a la infancia (Art. VII); al derecho de justicia (Art. XVIII); al derecho de protección contra la detención arbitraria (Art. XXV), y al derecho a proceso regular (Art. XXVI).
Finalmente, con relación a la situación de Aída Angélica Ortiz y de su hija, el Gobierno del Paraguay se limitó a informar lo siguiente:
Igual cosas (sic) puede decirse en cuanto al caso 2076 (que con respecto a lo dicho en el caso 2029).
7. Nadie será detenida por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.
2 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Asamblea General, correspondiente a 1974. OEA/Ser.P/AG/doc. 520/75, 31 de marzo de 1975, p. 24.
4 OEA/Ser.L/V/II.40, doc. 10, 11 de febrero de 1977, p. 44.
5 Véase el Anexo del presente Capítulo.
6 La Comisión recibió información posteriormente que algunas de estas personas han sido puestas en libertad. Entre éstas debemos señalar a Antoliano Cardozo e Ignacio Chamorro quienes estuvieron detenidos 19 años, sin que en momento alguno se formularan cargos en su contra, según las denuncias recibidas por la Comisión. (Véase página 48).
7 Se usa en este Informe la expresión “presos políticos” en el sentido de personas privadas de libertad bajo acusación de infracción de las leyes internas sobre Seguridad del Estado y otros conceptos similares.
11 Sin embargo, cabe observar que, según noticias llegadas a la Comisión, cerca de un millar de familiares de los presos políticos en Emboscada pasaron aproximadamente doce horas fuera del penal, el 23 de diciembre de 1976, sin que se les permitiese ver a los detenidos.
1 OEA/Ser.L/V/II.30, doc. 40, rev. 1, 27 de abril de 1973.
2 Es oportuno señalar que si bien la Comisión recibió con satisfacción la noticia de que el Gobierno del Paraguay había liberado al señor Antonio Maidana el 27 de enero de 1977, junto a Julio Rojas (Ver Caso 1758 – Paraguay) y a Alfredo Alcorta, no puede dejar de señalar que el señor Maidana fue privado de su libertad por más de 15 años, después que se dictara una sentencia judicial ordenando su libertad. Según informaciones recibidas por la Comisión, los señores Maidana, Rojas y Alcorta, después de varias semanas de arresto domiciliario, solicitaron asilo político en una Embajada de Asunción. Después de varios meses en dicha situación, el Gobierno del Paraguay finalmente concedió los salvoconductos correspondientes a los asilados y éstos viajaron al exterior.
3 OEA/Ser.L/V/II.31, doc. 42, rev. 1, 23 de octubre de 1973.
4 El Sr. Julio Rojas, estuvo detenido sin que se le abriera proceso alguno, por espacio de 18 años. Véase nuestra nota al pie de la página 45.
5 OEA/Ser.L/V/II.36, doc. 29, rev. 1, 16 de octubre de 1975.
6 OEA/Ser.L/V/II.38, doc. 20, 2 de junio de 1976.
7 Es pertinente señalar que esta Resolución fue publicada íntegramente en Asunción, en el periódico El Radical (órgano oficial del Partido Liberal Radical) correspondiente a la segunda semana de enero de 1977 y a la cual acompañaba la siguiente nota de redacción: “Merced a esta intervención de la CIDH un tiempo después fueron liberados de cárceles paraguayas los estudiantes Luis Cano, Hilario Villalba, Hugo Godoy Mermes, Víctor Salinas, Rodolfo Heinrich, Miguel Arnoldo Fleitas y Nélida Paredes, según las informaciones extraoficiales que nos hicieron llegar. De los presos mencionados en la Resolución de la CIDH seguirían aún entre rejas, desconociéndose su paradero, Julio César Colman y Pablo Brítez Báez. Los ciudadanos secuestrados en la ciudad de Clorinda, también mencionados en la Resolución de la CIDH, Bienvenido Arguello y Alberto Alegre, también estarían recluidos aún en celdas policiales”.
8 OEA/Ser.L/V/II.41, doc. 10, 13 mayo 1977.
9 OEA/Ser.L/V/II.41, doc. 8, 12 de mayo de 1977.
10 OEA/Ser.L/V/II.41, doc. 9, 12 de mayo de 1977.
11 OEA/Ser.L/V/II.41, doc. 11, 13 de mayo de 1977. Esta Resolución sigue el trámite establecido en los Artículos 56 y 57 del Reglamento de la Comisión.