Source: https://www.legalik.com/abogados/divorcio/pension-compensatoria.e1025
Timestamp: 2019-08-25 02:54:11
Document Index: 1277168

Matched Legal Cases: ['Artículo 97', 'Artículo 97', 'Artículo 752', 'Artículo 97', 'Artículo 97', 'Artículo 227', 'Artículo 97', 'artículo 1']

Abogados pensión compensatoria por divorcio. Procedencia. Calculo o importe.Incumplimientos. Modificación o extinción. Con hijos y sin hijos. Vitalicia.Irpf
Índice. Abogados Pensión compensatoria divorcio
1. ¿En qué consiste la pensión compensatoria en caso de divorcio?
2. ¿Qué se entiende por desequilibrio económico a la hora de fijar la pensión compensatoria?
3. Circunstancias a tener en cuenta para fijar la pensión compensatoria en caso de divorcio.
4. La petición de la pensión compensatoria en el divorcio ha de ser expresa.
5. Compatibilidad de la pensión compensatoria y la pensión alimenticia.
6. ¿Se puede renunciar a la pensión compensatoria?
7. Tiempo de duración de la pensión compensatoria de divorcio.
8. ¿Quién decide cuánto tiempo dura la pensión compensatoria?
9. ¿Cuánto tiempo puede durar la pensión compensatoria?
10. Pago de la prestación en concepto de pensión compensatoria en caso de divorcio.
11. Incumplimiento de la pensión compensatoria. ¿Qué puedo hacer si no puedo pagar la pensión compensatoria a mi cónyuge?
12. Pensión compensatoria en las parejas de hecho.
13. Efectos fiscales de la pensión compensatoria.
14. Preguntas y respuestas más frecuentes de la pensión compensatoria en el divorcio.
¿Que es la pensión compensatoria? Cuantía.
Impago. Modificación de la pensión. Extinción de la obligacion de pago de pensión compensatoria
La pensión compensatoria es un derecho personal, reconocido por el ordenamiento jurídico español, consistente en la obligación de otorgar una prestación dineraria, por parte de uno de los cónyuges al otro, en concepto de mecanismo corrector por un perjuicio económico sobrevenido de los procesos derivados de las crisis matrimoniales y siempre que se que den una serie de circunstancias concretas.
La pensión compensatoria es una prestación propia de los procesos de separación y divorcio, que sin embargo no se encuentra en los procesos de nulidad matrimonial.
Es decir, puede entenderse como pensión compensatoria al resarcimiento de un daño objetivo de uno de los cónyuges al otro, derivado del desequilibrio económico que supone un proceso de separación o de divorcio.
Es una compensación que busca el mantenimiento del nivel de vida que poseían ambos cónyuges en el momento inmediatamente anterior al cese de la convivencia conyugal.
No obstante, es evidente que la pensión compensatoria no pretende conseguir una igualdad total en el patrimonio de cada cónyuge de forma separada (no equivale a paridad o igualdad económica absoluta), sino que, por el contrario, su finalidad es la de proteger las posibles injusticias a las que pueda verse sometido uno de los cónyuges tras la ruptura de la pareja o matrimonio, resarciendo o compensando el posible desequilibrio con esta prestación (manteniendo que nivel de vida que venían disfrutando o equiparando económicamente ambos patrimonios).
La pensión compensatoria, por lo tanto, tiene carácter indemnizatorio pese a que el cónyuge deudor de la misma, no sea culpable de las razones que determinen su fijación.
La pensión compensatoria, como derecho singular, se encuentra regulada en el primer párrafo del Artículo 97 del Código Civil, redactado de la siguiente forma:
La naturaleza de la pensión compensatoria y la presencia de los requisitos necesarios para que la misma pueda decretarse, se encuentran actualizados en la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2014, donde se estipula lo siguiente:
- Se establece a favor de uno de los cónyuges.
- Debe ser analizada y autorizada por la autoridad judicial
- Es propia de los procesos de separación y divorcio, derivados de las crisis
- Se fija por el desequilibrio económico provocado en uno de los cónyuges, derivado de determinadas circunstancias sobrevenidas, consecuencia de la separación o divorcio.
- La pensión compensatoria puede otorgarse, aún cuando los dos cónyuges ejerzan una actividad profesional, siempre y cuando se produzca en uno de ellos el requisito esencial de desequilibrio patrimonial.
La prestación en concepto de pensión compensatoria debe fijarse mediante resolución judicial o en el Convenio Regulador, formulado ante el Secretario Judicial o autoridad notarial, donde se fijara la periodicidad, la forma de pago, las bases de actualización de la cuantía de la prestación, la duración y/o el momento de cese y las garantías para asegurar su efectividad.
El desequilibrio económico al que se refiere la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de pensión compensatoria, implica que uno de los cónyuges presente un empeoramiento económico, tras la ruptura de la pareja o el matrimonio, como consecuencia de la comparación entre el patrimonio y las condiciones económicas de las que cada cónyuge disfrutaba en el momento inmediatamente anterior y posterior al proceso de separación o divorcio.
Por lo tanto, si efectivamente puede probarse o demostrarse la existencia de un empeoramiento económico en uno de los cónyuges (considerado como cónyuge desfavorecido por el desequilibrio económico sufrido en comparación con la posición en la que se encuentre el otro cónyuge), entonces el cónyuge perjudicado puede ser acreedor de una prestación en concepto de pensión compensatoria, aún cuando éste tenga medios suficientes para subsistir por sí mismo.
En cuanto a esta última situación, es necesario tener en cuenta que la mera independencia económica de cada cónyuge, no elimina el derecho de uno de ellos a recibir una pensión compensatoria pues: “A pesar de que cada cónyuge obtenga ingresos, puede haber desequilibrio cuando los ingresos de uno y de otro son dispares” (STS de 17 de julio de 2009).
Es decir, si ambos cónyuges trabajan y sus ingresos no son dispares, la mera desigualdad económica entre uno y otro no se va a traducir en la existencia de un desequilibrio económico que lleva aparejado la prestación de una pensión compensatoria, porque lo que la jurisprudencia entiende como tal, es una disparidad absoluta, de carácter puramente desequilibrante, notoria e incompatible con las diferencias salariales.
El cónyuge que se encuentra ante una situación de desequilibrio económico en comparación con la posición del otro cónyuge, tras el proceso de separación o divorcio, tiene derecho a recibir una prestación en concepto de pensión compensatoria.
La fijación de la cuantía de la pensión compensatoria debe incluirse en la redacción del Convenio Regulador cuando la separación y divorcio sea de mutuo acuerdo o, por el contrario, solicitar su fijación por el Juez, en función de una serie de parámetros y circunstancias concretas, cuando la separación o divorcio sea contencioso.
El párrafo segundo del Artículo 97 del Código Civil, enuncia una serie se presupuestos, a través de los cuales, el Juez puede valerse para determinar la cuantía de la pensión compensatoria.
Los parámetros utilizados por el Juez para fijar la cuantía de la pensión, son los siguientes:
No obstante, la enumeración anterior no presenta un carácter exclusivo, sino que el Juez puede fijar la cuantía de la pensión compensatoria atendiendo a otras circunstancias características de cada caso concreto, como puede ser la conducta de los cónyuges ante el proceso de separación o divorcio, el nivel de vida o status de la familia, etc.
La propuesta de pensión compensatoria, para que sea efectiva, ha de solicitarse ante el Juez, expresamente, bien por el cónyuge a cuyo favor se pretende atribuir la prestación, o bien por ambos cónyuges de mutuo acuerdo en la redacción del Convenio Regulador.
La solicitud de la pensión compensatoria ha de ser clara y manifiesta, debido a las siguientes circunstancias:
- No cabe acordar la pensión compensatoria de oficio por el Juez.
- Si no se solicita la pensión compensatoria en el Convenio Regulador o durante la tramitación del proceso, se entiende que se renuncia a la misma.
Es decir, que de no efectuar la petición por la que se acuerda la cuantía de la prestación, en concepto de pensión compensatoria, se considera que el cónyuge a cuyo favor se presenta el desequilibro económico, renuncia a la misma, no pudiendo solicitarla con posterioridad.
Por lo tanto, de no solicitarse la prestación, se pierde la oportunidad de acceder a la misma.
Es importante tener en cuenta que, para que el Juez conceda la pensión compensatoria a favor de uno de los cónyuges, la solicitud de la misma debe ser presentada de mutuo acuerdo por ambos cónyuges en los casos de divorcio de mutuo acuerdo, tambien denominados divorcio express, o ser probada la existencia del desequilibrio económico por el cónyuge que requiere su otorgamiento, demostrando el empeoramiento del nivel de vida sufrido tras el proceso de separación o divorcio.
En el supuesto de que el Juez conceda la pensión compensatoria en resolución judicial, la cuantía que estipule será, como máximo, la que se haya solicitado por la parte demandante de la prestación.
Nuestros Abogados especializados en Derecho matrimonial, están a su disposicion para asesorarle sobre la normativa vigente en materia de pensión compensatoria y ser un vehículo que facilite la comunicación ente las partes, con el fin de llegar a pactar los acuerdos más beneficiosos para cada uno de ustedes.
La pensión compensatoria es un derecho personal, reconocido por el ordenamiento jurídico español, consistente en la obligación de otorgar una prestación dineraria, por parte de uno de los cónyuges al otro, en concepto de mecanismo corrector por un perjuicio económico sobrevenido de los procesos derivados de los procesos de separación y divorcio.
Mientras que, la pensión de alimentos, es un deber legal y moral que se impone a una o varias personas (alimentantes o deudores), consistente en el abono de una determinada cantidad de dinero, para asegurar la subsistencia y manutención de otras personas (alimentistas o acreedores) con derecho a exigir y recibir alimentos.
Es decir, la pensión compensatoria no tiene un carácter alimenticio, ni se otorga para asegurar la subsistencia de la persona a cuyo favor se otorga, sino que se acuerda para reparar el posible desequilibrio económico que pueda llegar a darse, tras la separación o divorcio de ambos cónyuges.
Por lo tanto, la pensión compensatoria y la pensión de alimentos no se deben sobreponer la una con la otra, sino que al presentar conceptos diversos, son perfectamente compatibles entre sí.
Con frecuencia, los cónyuges que se encuentran inmersos en un proceso de separación o divorcio se plantean la validez de la renuncia a la pensión compensatoria.
Ante estos efectos, el Artículo 752.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil diferencia claramente entre las acciones sometidas al Juez como ius cogens (derecho imperativo), y las acciones que forman parte de la esfera dispositiva de la partes, en función de su criterio particular.
Concretamente, la renuncia o no a la pensión compensatoria por parte del cónyuge sobre el que recae un desequilibrio económico tras la ruptura de pareja, es un acto dispositivo de las partes, que debe ser tenido en cuanta por el Juez.
Tanto la jurisprudencia como la doctrina entienden que, siempre que sea una decisión tomada por el libre consentimiento del cónyuge perjudicado económicamente, el Juez debe dar valor a la renuncia de la pensión compensatoria antes o durante el matrimonio, salvo que existan vicios del consentimiento, que anulen o resten eficacia a dicha disposición.
Los motivos que pueden viciar o manipular el consentimiento, son los siguientes: el error, el dolo, la violencia, la intimidación, la lesión y la incapacidad.
Por lo tanto, si en la redacción del Convenio Regulador los cónyuges renuncian expresamente a reclamar la prestación en concepto de pensión compensatoria, o no narran nada al respecto, pierden la posibilidad de solicitarla con posterioridad.
Sin embargo, se han recogido jurisprudencialmente algunas excepciones a dicho criterio, entre las que, por su relevancia, figuran las siguientes:
- Cuando el cónyuge beneficiado económicamente en comparación con el cónyuge afectado por el desequilibrio, no ha cumplido con lo pactado en otra de las cláusulas del Convenio Regulador, el otro cónyuge podrá solicitarse la pensión compensatoria con posterioridad al proceso de separación o divorcio.
- Cuando el cónyuge beneficiado económicamente en comparación con el cónyuge afectado por el desequilibrio, protagonice actitudes fraudulentas, el otro cónyuge podrá solicitarse la pensión compensatoria con posterioridad al proceso de separación o divorcio.
Por otro lado, la renuncia a la pensión compensatoria en el derecho Catalán, se regula de forma diversa a la del foro general, como consecuencia de la existencia de un Código Civil Catalán, propio de la Comunidad Autónoma.
En los Artículos 231 y siguientes de dicho texto legal, se regula la renuncia a la pensión compensatoria, donde se afirma la validez de los pactos matrimoniales que prevean una eventual ruptura de cara al futuro del matrimonio, si bien presentan las siguientes limitaciones:
- En aquellos casos en los que excluyan o limiten derechos.
- En los casos en los que sobrevengan circunstancias nuevas relevantes que no se previeron o que razonablemente no se pudieron prever en el momento de acordar los mismos.
Establece asimismo el Código Civil catalán una limitación y es que dichos pactos establecidos en el Convenio Regulador, no serán eficaces si comprometen las necesidades básicas del cónyuge acreedor.
3 7. Tiempo de duración de la pensión compensatoria de divorcio
Los presupuestos enunciados en el párrafo segundo del Artículo 97 del Código Civil, son factores que también operan a la hora de fijar la temporalidad de la pensión compensatoria.
El carácter temporal o vitalicio de la pensión compensatoria, permite valorar, tanto la idoneidad o aptitud del cónyuge beneficiario de la prestación, ayudando a superar la situación de desequilibrio económico derivado de la separación o divorcio; como la opción de prolongar, o no, la temporalidad de la prestación, en función de la efectiva superación de dicho desequilibrio.
Por lo tanto, la temporalidad de la pensión compensatoria depende las circunstancias en las que se encuentre el cónyuge beneficiario de prestación, coincidiendo con los siguientes factores: los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges, la edad y el estado de salud, la cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo, la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal, la pérdida eventual de un derecho de pensión, el caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge y cualquier otra circunstancia relevante.
Como consecuencia, a la hora de determinar la cuantía y temporalidad de la pensión compensatoria, el órgano judicial deberá actuar con prudencia, valorando las circunstancias concretas de cada presupuesto singular y efectuar un análisis, en el que pondere y garantice el cumplimiento de los derechos establecidos en la Ley.
La temporalidad de la pensión compensatoria atiende a un derecho personal, reconocido por el ordenamiento jurídico español y especialmente relevante a la hora de cumplir con la obligación de otorgar una prestación dineraria, por parte de uno de los cónyuges al otro, en concepto de mecanismo corrector por un perjuicio económico sobrevenido de los procesos de separación y divorcio.
Los sujetos que deciden la temporalidad de la pensión compensatoria, pueden variar en función de si el proceso es de mutuo acuerdo o si es un proceso contencioso.
- Cuando el proceso de separación o divorcio es de mutuo acuerdo, corresponde a los cónyuges tomar la decisión respecto al carácter temporal de la pensión compensatoria.
Dicho pacto deberá ser consentido por ambos cónyuges y redactado explícitamente en el Convenio Regulador para que, tras su solicitud, sea aceptado por la autoridad judicial.
- Cuando el proceso de separación o divorcio sea contencioso, es el juez quien determina la temporalidad de la pensión compensatoria, previa solicitud por parte de los cónyuges en los escritos de demanda y de contestación a la demanda o reconvención.
Es decir, en cualquiera de las dos situaciones, la temporalidad de la pensión compensatoria debe ser validada objetiva y subjetivamente por el Juez, ya que su aprobación es preceptiva para su posterior fijación en la sentencia de separación o divorcio, en relación a las circunstancias de cada caso concreto.
El criterio utilizado por el juez en la determinación de la temporalidad de la pensión compensatoria, dependerá del nivel de previsibilidad, de aptitud o de idoneidad del cónyuge favorecido por la prestación, para reequilibrar su situación socioeconómica en un plazo determinado ex ante, con potencialidad real y alta probabilidad de cumplirse.
El límite temporal de la pensión compensatoria no se encuentra regulado en el Artículo 97 del Código Civil, por lo que se su duración suele variar en función de la interpretación judicial y respecto a las circunstancias de cada caso concreto.
La cuestión sobre el límite temporal de la pensión compensatoria es una pregunta resuelta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que parte de la finalidad equilibradora de la prestación señalando que: “es preciso que conste una situación de idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico que haga desaconsejable la prolongación de la pensión. Se trata de apreciar la posibilidad de desenvolverse autónomamente”. En otras palabras, la temporalidad de la pensión compensatoria depende de la previsión "ex ante" de las condiciones o circunstancias que delimitan la temporalidad, “es una previsión de la certidumbre o potencialidad real, determinada por altos índices de probabilidad, que es ajena a lo que se ha denominado futurismo o adivinación”.
Es decir, el plazo de la pensión compensatoria estará en consonancia con la previsión de superación de desequilibrio, para lo que habrá de actuarse con prudencia y ponderación. Sin perjuicio de aplicar, cuando sea oportuno por las circunstancias concurrentes, plazos flexibles o generosos, o adoptar las medidas o cautelas que eviten la total desprotección.
Conforme a ello, el Tribunal Supremo defiende la tesis de que la temporalidad de la pensión compensatoria no tiene carácter indefinido, sino que su admisión exige que no se resienta la función reequilibradora de la prestación.
La fijación temporal de la pensión compensatoria es una condición que obligatoriamente debe acordar y atender el órgano judicial, en función de las circunstancias especificas y particulares de cada caso, de manera que se permita valor la “idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico" y que "atendiendo a la naturaleza y función de la pensión compensatoria, las circunstancias fácticas concurrentes en el caso de autos no justifican el establecimiento de un plazo de duración determinado habida cuenta que la beneficiaria no es una persona joven que cuente con gran experiencia laboral ni con una gran cualificación profesional, de manera que la situación fáctica lejos de conducir a una previsión favorable a una fácil reinserción laboral, aplicando la lógica y la razón tales circunstancias son más bien indicadoras de lo contrario: que no va a poder procurarse en poco tiempo un medio de vida que le permita prescindir de la pensión, y que no va a lograr por sí desenvolverse autónomamente y superar el desequilibrio, lo que obliga a mantener la pensión durante toda su vida".
Además, es necesario tener en cuenta que se puede dar el caso de que, aún no habiendo solicitado los cónyuges la fijación de una pensión temporal, puede ser esta admitida por el juez. Por ejemplo, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 26 de enero de 2009, el tribunal determino que: “No es incongruente la sentencia que fija una pensión compensatoria temporal cuando ninguna de las parte solicitó dicha temporalidad".
Aunque, también es cierto que existen otras sentencias que mantienen el criterio contrario. En este sentido, por ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, de 28 de abril de 2005, dictaminó que: "La temporalidad de la pensión compensatoria debe ser pedida por las partes".
También hay sentencias que admiten la posibilidad de que se establezca una pensión por un tiempo distinto al que solicitaros los cónyuges. Por ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 23 de mayo de 2003, proclamó que: "Es admisible que el tribunal señale un plazo distinto de duración de la pensión compensatoria solicitado por las partes, sin que se pueda apreciar incongruencia positiva o por exceso en la sentencia, pues el objeto procesal principal fue introducido por las partes, y no ha implicado una modificación sustancial del mismo, ni ha causado indefensión".
En definitiva, el plazo por el que se conceda la temporalidad de la pensión compensatoria, siempre estará en consonancia con la previsión del tiempo necesario que cubra el sustento del cónyuge perjudicado por un desequilibrio económico, derivado de los procesos de separación o divorcio.
En los procesos de separación o divorcio, el abono de la pensión compensatoria se puede efectuar de forma temporal, indefinida o ser satisfecha en un único pago.
4 A. Pago temporal de la pensión compensatoria.
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, la temporalidad de la pensión compensatoria depende del criterio del órgano judicial, en función de las circunstancias específicas y particulares de cada caso concreto, siempre que se permita valorar dos cuestiones esenciales:
- La idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico sufrido por el cónyuge perjudicado, con el pago de la pensión compensatoria.
- Que las circunstancias fácticas justifiquen el establecimiento de un plazo de duración determinado, dependiendo de las facultades del cónyuge beneficiario de la pensión compensatoria.
Es decir, el plazo temporal de la pensión compensatoria estará en consonancia con la previsión de superación de desequilibrio, para lo que habrá de actuarse con prudencia y ponderación. Sin perjuicio de aplicar, cuando sea oportuno por las circunstancias concurrentes, plazos flexibles o generosos, o adoptar las medidas o cautelas que eviten la total desprotección del cónyuge perjudicado económicamente tras el proceso de separación o divorcio.
Es importante recordar, que los factores que el Juez tiene en cuenta a la hora de tomar la decisión sobre la temporalidad de la prestación en concepto de pensión compensatoria, son los siguientes: los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges, la edad y el estado de salud, la cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo, la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal, la pérdida eventual de un derecho de pensión, el caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge y cualquier otra circunstancia relevante.
En la actualidad, la mayor parte de las Sentencias en las que se decreta una pensión compensatoria de carácter temporal, se están fijando periodos de pago de la prestación que rondan entre los 2 o 3 años máximo, por considerarse un plazo suficiente para superar el estado de desequilibrio económico.
B. Pago indefinido de la pensión compensatoria.
El carácter indefinido del pago de la pensión compensatoria no suele otorgarse en función de la edad o años de convivencia de los cónyuges, salud o tiempo que hubiera dedicado uno de ellos a los hijos y hogar familiar. Sino que, por el contrario, el criterio más utilizado por la jurisprudencia es el de la efectiva imposibilidad real del cónyuge beneficiario de dicha pensión compensatoria, de volver a mejorar su situación laboral o económica, de forma que no pudiera dejar sin sentido el reequilibrio que produce la prestación.
Es decir, en cuanto a que criterios o elementos se están teniendo en cuenta para conceder pensión compensatoria de carácter indefinido, sobre todo se trata de supuestos en los que es clara la dificultad para acceder al mundo laboral del cónyuge solicitante, siendo difícil o casi imposible en dichos casos, que el cónyuge beneficiario pudiese por sus propios medios terminar con la situación de desequilibrio que padecía tras la separación o divorcio.
Por lo tanto, el elemento determinante viene a ser la edad del cónyuge que va a ser beneficiario de dicha pensión compensatoria, dado que si es de edad avanzada y como tal tiene difícil volver a integrarse en el mercado laboral, es más lógico pensar en el carácter indefinido de dicha prestación, que en el caso del cónyuge joven, que tiene más posibilidades de acceder de nuevo al mercado laboral.
A día de hoy según datos del Consejo General del Poder Judicial (COPJ), la edad media de la mujer que divorciada es de 41 años y de 44 la de los hombres.
No obstante, examinando las sentencias jurisprudenciales más recientes, parece tendencia general que las pensiones compensatorias presenten un carácter temporal, siendo cada vez más escasas las que la conciben como una pensión de carácter indefinido.
Como curiosidad, parece por ello más acertado el criterio del Código Civil catalán que fija como regla general la temporalidad de la pensión compensatoria siendo excepcional su carácter indefinido.
Una situación que puede considerarse como ejemplo de la fijación de una pensión compensatoria de carácter indefinido, es cuando uno de los cónyuges presenta una edad avanzada, superior a los 55 años, con convivencias maritales largas Y plenamente dedicadas al cuidado del hogar y de los hijos, de forma que deja totalmente de lado su desarrollo formativo, siendo incapaz de mejorar su formación profesional o laboral.
C. Pago único de la pensión compensatoria.
El Código Civil en su nueva regulación vino a puntualizar que el pago de la pensión compensatoria podría ser durante un determinado periodo de tiempo, con carácter indefinido y también vino a prever que la pensión compensatoria o la compensación a la que hace referencia se produzca mediante un solo pago.
No es la forma más frecuente, y de hecho tiene implicaciones fiscales que es importante tener en cuenta, dado que el cónyuge que proceda al pago de la pensión compensatoria podrá deducirse íntegramente dicha cantidad; mientras que el cónyuge que reciba dicho pago tendrá que incluirlo como rendimiento irregular en su declaración de IRPF.
Con lo que la cantidad neta recibida en concepto de dicho pago compensatorio, será inferior a lo recogido en la sentencia de divorcio.
Aún no siendo frecuente el abono de la pensión compensatoria en un solo pago, suele darse en matrimonios con poder económico elevado que prefieren resolver cualquier tipo de vínculo con rapidez, y el obligado al pago dispone de patrimonio suficiente para efectuar la contraprestación, culminando con la unión.
Las dos modalidades que se plantean a la hora de efectuar un único pago en concepto de pensión compensatoria, son los siguientes:
- Ambos cónyuges pactan un único pago en virtud de su autonomía de la voluntad, reflejándolo así en el Convenio Regulador, y siempre que dicha opción sea ratificada y aprobada por l autoridad Judicial.
- Habiendo sido estipulado otro régimen de pagos en la resolución judicial, por el motivo que sea, posteriormente los cónyuges deciden reconvertirlo a un pago único. En este caso será necesaria su validación por el Juez que dicto la sentencia de separación o divorcio.
Desde dicho momento, si no existen hijos comunes, y los excónyuges así lo desean, quedaría realmente rota la relación entre ellos. Siendo este el motivo por el cual, los matrimonios que han estado casados poco tiempo, en los que uno de los dos tiene estabilidad y fortaleza patrimonial, prefiere acogerse a esta modalidad de pago único de la pensión compensatoria.
Con las circunstancias económicas actuales, es fácil que se produzcan modificaciones en el caudal de ingresos de los cónyuges.
En el hipotético caso de que el cónyuge obligado a abonar la pensión compensatoria, no pueda efectuar el pago, debe iniciar el correspondiente procedimiento de modificación de medidas definitivas, solicitando la suspensión o modificación de la cantidad recogida en la sentencia inicial de separación o divorcio, para cumplir con la prestación a favor de su excónyuge.
Es decir, en el momento en el que el cónyuge obligado al pago de la pensión compensatoria, prevea que va a ser difícil, o incluso imposible, hacer frente a los gastos que mensualmente supone la pensión, debe interponer una demanda de modificación de medidas ante al Juzgado de Primera Instancia o Juzgado de Familia que conoció del proceso de separación o divorcio.
En el proceso de modificación de medidas, el cónyuge obligado al pago de la pensión debe explicar al Juez las nuevas circunstancias económicas y personales sobrevenidas, por las que no puede efectuar el pago de la cuantía fijada en concepto de pensión compensatoria y, posteriormente, acreditar la actual situación económica y solicitar la modificación o suspensión temporal de la prestación, para que se adecúe el importe de la pensión compensatoria a su situación actual.
Es importante recalcar que, pese a la dificultad de hacer frente a la pensión compensatoria, hasta la nueva sentencia de modificación de medidas, es plenamente aconsejable seguir pagando la cuantía de la prestación, fijada en el proceso de separación o divorcio.
A. ¿Qué ocurre si mi cónyuge no me abona la pensión compensatoria?
Existen situaciones en las que el cónyuge obligado a abonar la pensión compensatoria no tiene la voluntad de efectuar dicho pago, bien porque no le es posible, o bien porque cuando incumple la obligación, no le es reclamada y se acostumbra a omitir la prestación.
Lo que debe hacer el cónyuge a cuyo favor se establece la pensión compensatoria por un desequilibrio económico, cuando el progenitor obligado a prestarla no satisface dicho pago, es acudir al Juzgado de Primera Instancio o al Juzgado de Familia que dictó la sentencia de separación o divorcio que dio lugar a la fijación de la medida, e iniciar un proceso de ejecución de medidas definitivas.
En caso de iniciar un procedimiento de ejecución de medidas definitivas, por impago de la pensión compensatoria, se podrán solicitar las siguientes medidas para garantizar el abono de la prestación:
- El embargo de salarios, nominas o rentas. En virtud de dicha situación se requerirá a la propia empresa en la que trabaje el cónyuge obligado al pago de la pensión compensatoria, para que cada mes, retenga del sueldo del obligado a prestar la cuantía fijada por el Juez; solicitando a dicha empresa a que efectúe o realice automáticamente el ingreso en la cuenta habilitada al cónyuge que tuviese que recibir el pago, para efectuar dichos cobros.
[n- El embargo de los bienes conocidos del cónyuge obligado a prestar la pensión de alimentos,] si los hubiere, para afectar a los rendimientos obtenidos por la venta de los mimos y satisfacer así la prestación.
- La imposición de multas u otras sanciones, a definir en cada caso concreto, en función de las cantidades adeudas en concepto de pensión compensatoria.
La recomendación de nuestros Abogados es efectuar la reclamación de todo tipo de cuantía, aunque sean cantidades pequeñas, cortas y rápidas; y no dejar pasar mucho tiempo desde los impagos hasta su denuncia, para garantizar el cobro de la pensión compensatoria a favor del cónyuge afectado por un desequilibrio económico, en los procesos de separación o divorcio.
B. Consecuencias del incumplimiento de la pensión compensatoria.
Cuando los cónyuges sobrepasan una situación de crisis económica, es usual que se acentúen los casos en los que no se puede proceder al pago de la pensión compensatoria, generando genera auténticos problemas tanto para el cónyuge que no la cobra como para el cónyuge que no la paga.
Las principales consecuencias a las que se puede ver sometido el cónyuge que incumple la obligación de prestar la cuantía de la pensión compensatoria al cónyuge afectado por el desequilibrio económico, tienen carácter civil o penal atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto y son las siguientes.
I. Consecuencias civiles del impago de la pensión compensatoria.
En cuanto a las consecuencias civiles, en caso de impago de la pensión compensatoria por parte del cónyuge obligado a pagar la prestación, se podrá solicitar la ejecución de la sentencia de separación o divorcio, en el propio Juzgado de Primera Instancia o Juzgado de Familia que dicto la resolución.
El procedimiento de ejecución de medidas definitivas es un proceso civil, derivado de la desidia o voluntad de no pagar la cuantía de la prestación por imposibilidad económica o personal, cuya prueba es un requisito necesario para que se realicen las averiguaciones pertinentes y pueda procederse a la atribución de la cuantía de la pensión compensatoria.
Los medios a través de los cuales puede conseguirse el abono de la cuantía de la pensión compensatoria, son los siguientes:
- El embargo de salarios, nominas o rentas. En virtud de dicha situación se requerirá a la propia empresa en la que trabaje el cónyuge obligado al pago de la pensión compensatoria, para que cada mes retenga del sueldo del obligado, la cuantía fijada por el Juez. Se solicitará a dicha empresa que efectúe o realice automáticamente el ingreso en la cuenta habilitada del cónyuge tuviese que recibir el pago, para efectuar dichos cobros.
- El embargo de los bines conocidos del cónyuge obligado a prestar la pensión compensatoria, si los hubiere, para afectar a los rendimientos obtenidos por la venta de los mimos y satisfacer así la prestación.
- La imposición de multas u otras sanciones, a definir en cada caso concreto, en función de las cantidades adeudas como pensión de alimentos.
II. Consecuencias penales del impago de la pensión compensatoria.
En cuanto a las consecuencias penales, en caso de impago de la pensión compensatoria por parte del cónyuge obligado a prestarla, se podrá atender a los siguientes preceptos:
- Denuncia por abandono de familia en la comisaría o Juzgado, atendiendo a la redacción del Artículo 227 del Código Penal, que recoge el supuesto de impago de las pensiones compensatorias. De manera que cuando éstas no fueran satisfechas durante dos meses seguidos o 4 alternativos, el cónyuge que incumpla podrá ser castigado con pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses.
El tenor literal del mencionado artículo, respecto del delito tipificado como abandono de familia, es el siguiente: “El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.”
En estos casos y para dirimir si se trata de un delito de abandono de familia, o no, habrá que demostrar su acreditarlo a través de la presentación de las pruebas pertinentes. Ya que en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966, “nadie será encarc]elado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual”.
Es decir, que si se prueba que el impago del cónyuge obligado a pagar la prestación, es consecuencia de la existencia de una imposibilidad económica o personal sobrevenida (“no puede cumplir con la prestación”), no será considerado como delito. Dejando dicha calificación para las actuaciones más graves, en las que aún pudiendo hacerse cargo del pago el cónyuge obligado al mismo, no quiere abonarlo o no lo efectúa sin causa justificada (“no quiere cumplir con la prestación”).
La unión de hecho (o unión more uxorio) es una relación análoga al matrimonio, que consiste en la convivencia de una pareja de forma libre, pública, notoria y durante un periodo de tiempo ininterrumpido.
Esta unión se considera como una relación de afectividad voluntaria entre dos partes que, a diferencia del matrimonio, los sujetos que la integran no se encuentran vinculados a través de ningún acto jurídico o celebración solemne. No obstante, al igual que los matrimonios, las parejas que se encuentren inmersas en una unión de hecho, pueden acceder perfectamente a los procedimientos judiciales de declaración de medidas, derivados de los procesos de crisis matrimoniales.
Por lo tanto, los integrantes de una pareja de hecho, pueden acudir al Juzgado e interponer una demanda que ponga fin a la vida en común y disuelva el vínculo que les une.
El Artículo 97 del Código Civil concibe la posibilidad de que entre las medidas acordadas en los procesos de ruptura de parejas de hecho, se encuentre la pensión compensatoria. Entendida como un derecho que se encarga de proteger la posible situación de injusticia derivada del desequilibrio económico, sufrido por una de las partes, tras el cese de la convivencia y disolución del vínculo común.
Sin embargo, existen resoluciones tanto a favor como en contra de la obligación de abonar una pensión compensatoria, entre los integrantes de una unión de hecho.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo defiende que la pensión compensatoria es un derecho propio tanto de las uniones matrimoniales como de las uniones de hecho, con la única diferencia de que los efectos a seguir en el procedimiento de reclamación, son diversos en una y otra relación. Por lo que depende de cada caso concreto y del criterio del Tribunal competente, se pueda llegar a estimar una pensión compensatoria en las parejas de hecho, a la hora de proceder a una ruptura o cese de la convivencia.
Es decir, en la ruptura de las uniones de hecho, se aplica la teoría del enriquecimiento injusto, de la misma forma que en los procesos de separación y divorcio derivados de las crisis matrimoniales.
Además, en virtud del principio establecido en el artículo 1.255 del Código Civil, las parejas de hecho pueden suscribir aquellos pactos que crean necesarios para regular los efectos patrimoniales de la ruptura de sus relaciones, entre los que se pueden acordar el pago de la pensión compensatoria de uno de los integrantes de la unión de hecho, a favor del otro, tras el cese de la convivencia y ruptura de la unión de afectividad.
Es frecuente que los obligados al pago de una pensión compensatoria se replanteen cuestiones sobre el funcionamiento del tratamiento fiscal de la prestación y los posibles efectos jurídicos y fiscales que pueden derivarse del cobo y pago de la misma.
Concretamente, la mayoría de los cónyuges obligados al abono de la pensión compensatoria, tienen dudas sobre si dichos movimientos de capital, han de contemplarse en su declaración anual del IRPF y si dichas cantidades pueden deducirse de ese mismo impuesto (IRPF).
- Efectos fiscales del cónyuge obligado a prestar la pensión compensatoria.
Quien efectúa el pago de la pensión compensatoria, podrá reducirse la cuantía de la prestación de la base imponible del IRPF, primero de la general y después de la del ahorro, asegurándose de que el resultado no sea negativo.
La Agencia Tributaria comunica explícitamente que: “Los contribuyentes que abonen pensiones compensatorias a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, a excepción de las que sean a favor de los hijos del propio contribuyente, satisfechas ambas por decisión judicial podrán reducir la base imponible del pagador de las mismas. Primero se aplican a la base imponible general, que no podrá resultar negativa como consecuencia de estas reducciones. De existir remanente, reducirá la base imponible del ahorro, que no podrá resultar negativa como consecuencia de estas reducciones”.
Al mismo tiempo, el cónyuge obligado al pago de la pensión compensatoria puedo solicitar que la cantidad abonada en dicho concepto, se reste de sus retribuciones para calcular la retención del IRPF en su nómina (Modelo 145 de IRPF).
- Efectos fiscales para el cónyuge receptor de la pensión compensatoria.
Quien recibe el pago de la pensión compensatoria a su favor, deberá declarar la cuantía de la prestación como rendimiento del trabajo, aunque sea una cantidad que no se encuentre sujeta a retención por el IRPF.
Es importante recordar, que el cónyuge receptor de la cuantía en concepto de pensión compensatoria, se encuentra obligado a presentar la declaración, si la cuantía de la prestación excede de los 11.200 euros anuales.
Para cualquier tipo de duda o cuestión, nuestros Abogados especializados en Derecho matrimonial y divorcio están a su disposición para asesorarle y ayudarle a defender sus derechos en cualquier extremo relativo a su divorcio o la pensión compensatoria de su divorcio. Llámenos por teléfono o rellene el formulario adjunto y el abogado experto en pensión compensatoria de ABOGADIVORCIO más cercano a usted en su domicilio o lugar de conveniencia le contactará a la mayor brevedad posible.