Source: https://www.slideshare.net/miquimel/2014-01-2920preguntasconrespuestasobrelasecesiondecatalua
Timestamp: 2017-04-25 23:25:18
Document Index: 152191060

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20 Preguntas con Respuesta sobre la Secesión de Cataluña
© 2014. FAES Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales
ISBN: 978-84-92561-28-5
Depósito legal: M-2787-2014
Diseño de portada y maquetación: Paloma Cuesta
fundacion@fundacionfaes.org
Prólogo de Javier Zarzalejos, secretario general de FAES ...................................... 5
¿Por qué? Los motivos de la secesión............................................................. 11
1. ¿Se puede hablar con razón de una historia de “España contra Cataluña”? .... 13
2. ¿La Transición fue querida por los catalanes? ................................................ 15
3. ¿La Constitución y el Estatuto de 1979 fueron queridos por los catalanes? .... 17
4. ¿La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2006
impide que los catalanes tengan un estatus satisfactorio dentro del marco
constitucional español? ................................................................................. 20
5. ¿Puede hablarse en algún sentido de falta de representación de
los catalanes en el proceso constituyente o en las instituciones del Estado? .. 23
Conclusión: Un proceso sin razones, un agravio inventado .................................... 25
¿Cómo? La vía de la secesión ......................................................................... 27
6. ¿Existe un derecho a decidir al margen de la Constitución y el Derecho? ........ 33
7. ¿Es aplicable a Cataluña el llamado derecho de autodeterminación? .............. 36
8. ¿Es legal convocar una consulta con unas preguntas como
las anunciadas en Cataluña para el 9 de noviembre de 2014? ....................... 38
9. ¿Puede el Estado convocar la consulta o delegar la convocatoria de la misma
en la Generalitat, tal y como ha acordado el Parlamento de Cataluña? ............. 41
10. ¿Existe algún otro cauce legal para una consulta de secesión
en Cataluña sin modificar la Constitución? ..................................................... 47
Conclusión: Un proceso que de forma consciente y querida
se está desarrollando fuera del Estado de Derecho........................................ 49
Índice • 20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña
¿A qué precio? El coste de la secesión .......................................................... 53
11. ¿España ha robado en el pasado a Cataluña? ............................................... 54
12. ¿España roba ahora a Cataluña? .................................................................. 56
13. ¿Cuál sería la moneda de una Cataluña fuera de España? ............................ 59
14. ¿Sería más rica una Cataluña fuera de España? ........................................... 62
15. ¿Cuáles serían los datos económicos de una Cataluña escindida? ................ 65
Conclusión: Un proceso para la quiebra económica y social ................................. 67
¿Para qué? El resultado de la secesión .......................................................... 71
16. ¿Seguiría Cataluña en la Unión Europea? ...................................................... 72
17. ¿Seguiría Cataluña en la OTAN? .................................................................... 75
18. ¿Seguiría Cataluña en la ONU? ..................................................................... 75
Cataluña si se produjera la secesión? ........................................................... 76
20. ¿En conjunto, cuál sería el resultado de la secesión para Cataluña? .............. 77
Conclusión: Un proceso para una Cataluña empobrecida, desgarrada y aislada .... 78
ntre las muchas contradicciones que rodean al proceso secesionista que el
nacionalismo quiere impulsar en Cataluña, destaca una fundamental. Un proceso que quiere presentarse como la máxima expresión de ejercicio democrático
suspende todos los criterios que definen lo que la democracia implica en una sociedad avanzada: Estado de derecho, instituciones representativas y pluralidad.
En un asunto que, con su habitual discurso agónico, el nacionalismo plantea
como existencial para Cataluña, se hurtan a la opinión pública los elementos centrales de un debate realmente democrático y plural. El nacionalismo ofrece una propuesta política para Cataluña en la que se combina el desprecio a la legalidad, el
voluntarismo más hueco y la ocultación deliberada de todo aquello que contradice
sus expresiones secesionistas.
Se habla de un pretendido “derecho a decidir” sin aclarar que éste, simplemente, no existe y que si existiera con algún contenido no sería otra cosa que la
autodeterminación como habilitación para la ruptura unilateral de la integridad y
la soberanía de la nación y el Estado.
Prólogo • 20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña
Con todo, el argumento que enfrenta la voluntad popular a la ley es, sin duda,
el más pernicioso cuando con él se busca deslegitimar un sistema plenamente democrático. Es la negación de la civilidad y de las reglas del juego político en un sistema de libertades en el que la ley es precisamente habilitación y garantía. En
España esta afirmación es doblemente cierta porque el orden constitucional proyecta su protección sobre los derechos de los ciudadanos y sobre el ámbito de autonomía de nacionalidades y regiones. Y mientras se fabrica una memoria lejana
de expolios y agravios, se olvida algo mucho más próximo y auténtico: que las libertades y el autogobierno son posibles por la Constitución, no a pesar de ella.
El proceso secesionista quiere ofrecer una cara amable y dialogante, pero
arranca con el “España nos roba”. Dice buscar un futuro de armonía, pero retrata
con los trazos más negros una historia falsa de agresión continuada de España a
Cataluña. Alardea de europeísmo, pero oculta que esa Cataluña vendida como utopía de bienestar quedaría fuera de la Unión Europea y afectaría sin remedio a generaciones de catalanes, empezando por los actuales y futuros pensionistas. Se
jacta de calidad democrática pero tergiversa el sentido de las instituciones representativas mediante la manipulación plebiscitaria de sus procedimientos.
La situación que vive Cataluña vuelve a demostrar cómo los nacionalismos, al
mismo tiempo que se atribuyen la representación auténtica e intemporal de los
pueblos, terminan siendo los agentes más profundamente divisivos de las sociedades a las que dicen encarnar. Incapaces de aceptar lo que se escapa a su visión dogmática, se niegan a asumir la pluralidad que es intrínseca a sociedades
de largas trayectorias históricas compartidas, de identidades complejas acomodadas durante siglos de convivencia e interacción humana y afectiva, cultural y lingüística, económica y política.
20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña • Prólogo
Cuando estas visiones extremas se ponen en marcha y se creen exentas de las
reglas del juego democrático, el resultado inevitable es la fractura social. Por eso,
tanto en Cataluña como en el País Vasco –y frente a lo que proclama como supuesto intérprete de la voluntad de sus pueblos–, el secesionismo nacionalista ha
protagonizado y está protagonizando los procesos más traumáticos de división política y social que se han producido en el periodo democrático que se abre con el
pacto de la Transición y la Constitución.
Las páginas que siguen ofrecen una argumentación sólida y a la vez sintética
de todos los aspectos históricos, jurídicos, políticos, sociales y culturales que
están presentes en el proceso secesionista abierto por las fuerzas nacionalistas
Cada afirmación está respaldada con solvencia por un trabajo previo de reflexión y debate que, dentro y fuera de Cataluña, ha reunido a muchas voces de la
academia, la política, la economía y la sociedad civil para decir las cosas que importan a los catalanes y a todos los españoles. Voces que se han expresado también desde otras tribunas públicas y medios de comunicación a las que hemos
acogido en estas páginas. Voces, y también sentimientos, expresados con una
pluralidad de matices y puntos de vista realmente fructífera, desde el convencimiento racional y afectivo de que la secesión de Cataluña, si algún día llegara a
producirse, lejos de ser la expresión última de la identidad catalana, sólo podría
ser resultado de la mutilación y la fractura de esa misma identidad. De los catalanes y de todos los españoles.
l proceso secesionista ha avanzado en Cataluña de un modo sorprendentemente alejado de la realidad jurídica, económica, social e internacional. Se
trata actualmente de un movimiento político estrictamente contrario a las instituciones, las normas y las prácticas que durante décadas han permitido a España
y a toda Europa progresar económicamente y consolidar el Estado de Derecho y
la libertad de las personas, la ciudadanía. Un progreso al que los ciudadanos de
Cataluña han sabido contribuir con los demás españoles de un modo claro y provechoso, y al que apenas es posible encontrar un precedente que lo iguale y que
por eso ha sido un ejemplo para muchos en todo el mundo.
La historia española de las últimas décadas es una gran historia de superación.
Una historia que el secesionismo no puede ocultar porque los españoles la hemos
vivido, sabemos cómo ha sido realmente. Pero una historia que sí puede torcerse y
ralentizarse, como de hecho está ocurriendo ya. Y que por eso debemos recordar.
Es necesario que la sociedad española –y especialmente la sociedad catalana–
reaccione contra quienes desean imponerle un proyecto de involución, de retro-
ceso, que sólo a unos pocos puede beneficiar y que daña a la inmensa mayoría.
Y en primer lugar es necesario que esa reacción apele a la razón, a la verdad y a
las virtudes del civismo que son propias de toda la sociedad española.
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales quiere contribuir a esa tarea
ciudadana mediante esta publicación. En ella se plantean y se responden veinte
preguntas esenciales sobre el futuro de Cataluña a las que el secesionismo o no responde o responde de manera que oculta la verdad. Veinte preguntas sobre el porqué, el cómo, el coste y el resultado previsible de la secesión. Veinte preguntas
indispensables sobre el proyecto de quienes promueven una Cataluña contra Europa y contra España, pobre y aislada, el proyecto de quienes promueven la ruptura.
Los motivos de la secesión
or intensa que sea la manipulación que se haga de la historia española y del
papel de los catalanes dentro de ella, nunca se podrá aludir a enfrentamiento alguno tan grave como el que –este sí, real– se produjo entre alemanes y franceses
durante la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940. Ni podrá acreditarse diferencia de lengua, de cultura y de historia como la que separa a esos dos pueblos.
Pero ellos, junto a otros igualmente afectados por la guerra, con una historia de destrucción no en su recuerdo sino aún en su retina, crearon en 1951 la primera Comunidad Europea. Fue un esfuerzo de concordia y de reconciliación ejemplar.
También fue ejemplar la concordia y la reconciliación entre españoles que tuvo
lugar durante nuestra transición política y que se expresó en la Constitución de 1978,
de la que los catalanes fueron protagonistas destacados, tanto en la calle como en
la mesa de negociación. En unos años España logró su plena incorporación al mundo
del cual quería ser parte: ratificó los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU; se incorporó al
Consejo de Europa y ratificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se incor-
¿Por qué? • 20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña
poró a la OTAN. Quedaba atrás una etapa de la historia que había dividido a los españoles, a las familias, a los vecinos, dentro y fuera de Cataluña.
Por eso la Constitución de todos los españoles, la Constitución de los catalanes,
fue la puerta de entrada de España en Europa; y por eso la ruptura con la Constitución española significaría una ruptura con la verdadera historia de los catalanes, ruptura que produciría su salida de Europa. El secesionismo no sólo no cabe en la Unión
Europea por razones jurídicas, sino porque atenta contra el espíritu y contra el sentido
de todo el proceso europeo. Nadie en Europa entendería que existiendo una historia,
una cultura y una lengua comunes –algo de lo que no disponían quienes fundaron las
Comunidades– y habiendo logrado juntos construir un Estado miembro de pleno derecho en las instituciones europeas, se actuase desde Cataluña con la voluntad de
separarse, contra todo ese patrimonio compartido y alegando una remota y supuesta
diferencia histórica o cultural entre españoles que lo son de hecho y de derecho. Y
que por eso, y solo por eso, son ciudadanos europeos.
Para creer en Europa y para estar en Europa hay que tener voluntad de conciliar y de unir, no de separar. Como explica Joseph. H.H. Weiler:
"Sería enormemente irónico que el proyecto de pertenencia a la Unión acabase creando un
incentivo que diese sentido a la desintegración política. Hay una diferencia fundamental
entre dar la bienvenida a la Unión a España, Portugal o Grecia, recién salidos de una fea y
represora dictadura, y dársela a una Cataluña que es parte de una democracia que funciona
y que en este momento requiere una expresión profunda de solidaridad interna y externa.
Al buscar la separación, Cataluña estaría traicionando los mismos ideales de solidaridad e
integración humana sobre los que se fundamenta Europa."
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2012/11/03/003.html
El secesionismo amenaza con extender sobre todos los catalanes una reputación
rupturista y contraria al constitucionalismo, entendido como los valores y principios
20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña • ¿Por qué?
propios de cualquier orden constitucional: derechos fundamentales, separación de poderes, imperio de la ley, democracia parlamentaria y representativa, respeto a la justicia, poderes limitados y controlados. Y contraria también a la historia de España. Una
reputación que los catalanes no merecen, que los hechos refutan y que es necesario desmentir activamente para que no se consumen los dos desgarros sociales que
ya están teniendo lugar: uno interno en Cataluña y otro con el resto de España.
¿Se puede hablar con razón de una historia
de “España contra Cataluña”?
No, en absoluto. Ni en 1714 ni en los trescientos años transcurridos desde entonces. La Guerra de Sucesión (1701-1715, con la capitulación de Mallorca, si bien el
Tratado de Utrecht es de 1713) fue una guerra de alcance internacional provocada
por la muerte sin hijos del último rey de la Casa de Austria, Carlos II, en la que se enfrentaron los partidarios del candidato austriaco al trono español, el archiduque Carlos de Austria y del heredero testamentario de Carlos II, Felipe de Anjou, Borbón. El
Principado de Cataluña, inicialmente favorable a la causa borbónica, apoyó mayoritariamente desde 1705 al candidato austriaco. Es cierto que instituciones tradicionales catalanas fueron eliminadas como consecuencia de esta guerra dinástica, pero
lo fueron también en muchos otros lugares de España. Además, el resultado de la
guerra significó que las instituciones tradicionales se mantuvieran en otros territorios,
como fue el caso de las instituciones forales vascas, navarras y también del Valle de
Arán. La guerra no fue un suceso catalán, sino español y europeo.
Lo ocurrido desde entonces no tiene nada que ver con una confrontación interior, sino
con la continuidad de un largo camino común iniciado al menos en el siglo XII, una historia compartida entre Cataluña y el resto de España. Hubo catalanes en la liberalización del comercio americano del siglo XVIII. Los hubo luchando por la independencia de
España y en las Cortes de Cádiz. Los hubo en las guerras carlistas, en ambos bandos.
Los ha habido en todos los episodios que componen la historia española. Ha sido un camino que ha tenido cosas buenas y cosas malas para todos, pero un mismo camino.
La construcción de un Estado moderno en España no ha sido una tarea fácil ni
exenta de tensiones, pero tampoco ha sido muy diferente a los casos de nuestros
vecinos europeos. Por muchos agravios mutuos a los que apelemos el saldo es
muy favorable para la libertad y la igualdad de quienes un siglo más tarde, en
1812, se declararon españoles en el sentido moderno de la palabra.
Con motivo del simposio patrocinado por la Generalitat titulado precisamente así,
“España contra Cataluña”, el historiador de la Universidad de Oxford sir John H. Elliott,
uno de los mejores especialistas en la historia moderna de la península ibérica, afirmó:
“No vale la pena ni hablar. Con ese título ya sé que no me interesa. Es un disparate”.
http://politica.elpais.com/politica/2013/06/06/actualidad/1370550548_683518.html
Y el profesor Félix Ovejero resumía así una de las cuestiones centrales de todo
este asunto: “La idea de un ser esencial impermeable al paso del tiempo en conflicto permanente con otro que no tiene más interés que acabar con el primero es
un puro delirio”.
En el mismo sentido se han manifestado muchos de los más reconocidos historiadores. Porque lo que el secesionismo pretende no es debatir sobre una his-
toria compleja, llena siempre de claroscuros y de matices, sino utilizar el pasado
como arma arrojadiza y falsear la historia para alimentar el victimismo ideológico,
lo que nunca debe hacerse en el marco de una democracia pluralista.
Si la política democrática consistiera en esgrimir agravios históricos probablemente los pueblos europeos, y con ellos el español, nunca hubiéramos logrado superar nuestras diferencias de forma pacífica.
Sí, sin duda. La Transición española fue también una transición muy catalana. La Ley
para la Reforma Política, que hizo posible la Transición, fue aprobada en un referéndum en diciembre de 1976 al que la población de las cuatro provincias catalanas concurrió de forma masiva: participó un 74,09% de su censo. Además, el 93,36% de los
catalanes que acudieron a las urnas votó “sí” a la pregunta “¿Aprueba usted el Proyecto de Ley para la Reforma Política?”
http://www.congreso.es/consti/elecciones/referendos/ref_r_p.htm
Las manifestaciones que se sucedían en las calles de Barcelona pidiendo libertad no diferían de las que tenían lugar en Madrid y en el resto de las ciudades
españolas. Y el resultado de las elecciones constituyentes de 1977 mostró un
enorme pluralismo de la sociedad catalana desde la extrema izquierda hasta una
La opinión de los políticos catalanes, incluidos comunistas y nacionalistas, resultó muy influyente en la larga y delicada discusión que llevó, dentro y fuera de
las Cortes, hasta el consenso constituyente impulsado por la Corona. El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, se apoyó en una figura catalana tan simbólica
como la de Josep Tarradellas para asentar la reconciliación entre españoles e incorporar la autonomía de Cataluña al pacto de la Transición. Buena parte de la élite
política catalana sabía que la vía victimista e insurreccional, la de la revolución de
1934, vivida en primera persona por Tarradellas, debía ser rechazada. Los catalanes tenían una clara conciencia de que no había habido una guerra civil de Cataluña contra España, sino una guerra civil de todos los españoles, también de unos
catalanes contra otros catalanes. Por eso apoyaron la Transición, pacífica, sin violencia. Y por eso también la extrañeza de algunos insignes catalanes como la escritora Laura Freixas al ver cómo está calando tan fácilmente “tan burda
falsificación de la historia”:
“Ahora intentemos entender todo esto a la luz de la historia oficial. Una historia formada solamente por dos polos: de un lado ‘Catalunya’, unánime, resistente, noblemente vencida,
siempre víctima; del otro una ‘España’ empeñada, como un solo hombre, en sojuzgar a los
catalanes. Es el discurso que destilan las celebraciones del tricentenario de 1714, el reciente congreso titulado España contra Catalunya, el Museu d’Història de Catalunya o la declaración de soberanía aprobada por el Parlament (23-1-13), cuyo preámbulo asegura sin
pestañear que ‘la dictadura de Franco contó con una resistencia activa del pueblo de Catalunya’. Entonces, ¿dónde queda Estelrich? ¿Y Cambó, D’Ors, Dalí, Pla…? ¿Y los padres de
Esther Tusquets? ¿Y mis abuelos…? ¿Debo pensar que mi abuela materna, castellana, que
era costurera, vivía en un quinto sin ascensor y, en tanto que mujer, no tenía ningún derecho, era la opresora, y mi abuelo paterno, catalán, que tenía dos criadas, una fábrica, un gran
piso en Barcelona y tres casas en Lloret de Mar, el oprimido?”.
¿La Constitución y el Estatuto de 1979 fueron queridos
por los catalanes?
Rotundamente sí. La Constitución española es también la Constitución de los catalanes, que la celebraron masivamente. Lo es sea cual sea su residencia, igual
que es la Constitución de los madrileños, los vascos o los andaluces que viven
y trabajan en Cataluña. Dos de los siete ponentes constitucionales eran catalanes y muchos diputados y senadores catalanes hicieron aportaciones destacadas
a la Constitución. En el referéndum constitucional celebrado el 6 de diciembre de
1978 la participación a nivel nacional fue del 67,11%; en Cataluña fue del 67,90%.
El 90,46% de los votantes catalanes apoyó la nueva Constitución, casi tres puntos por encima del porcentaje obtenido por el “sí” en toda España (87,87%).
Lógicamente, muchos españoles nacidos desde entonces no pudieron votar la
Constitución, pero eso ocurre por definición con cualquier Constitución que sea duradera. Ocurre también en todos los países europeos, muchos de los cuales tienen Constituciones que apenas fueron aprobadas por ciudadanos que aún estén
vivos. La Constitución francesa fue aprobada en 1958; la alemana data de 1949;
la italiana, de 1947; la de Estados Unidos de 1787, hoy vigente, etc. Se trata de
una objeción sin sentido jurídico que nadie invoca y que nadie acepta en Occidente. Cuanto más estables son, más prosperidad proporcionan las Constituciones,
cuyos procedimientos de reforma e interpretación sirven para actualizarlas, no
para derribar sus pilares fundamentales, que permanecen.
Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial nacen de ellas y están sometidos a
ellas, son poderes constituidos. En nuestro caso nacen del pacto constituyente de
los españoles, de la voluntad constituyente de los catalanes. Esto es lo que se vulnera cuando se vulnera la Constitución y es lo que se defiende cuando se defiende
la Norma Fundamental.
El Estatuto de 1979 fue recibido por los catalanes con un entusiasmo y con un
apoyo que no ha recibido el que lo sustituyó en 2006. En el referéndum sobre el
Estatuto de Autonomía celebrado el 25 de octubre de 1979 la participación fue del
59,70% y los votos afirmativos fueron el 88,14%. El preámbulo de ese texto afirma
que “Cataluña, ejerciendo el derecho a la autonomía que la Constitución reconoce
y garantiza a las nacionalidades y regiones que integran España, manifiesta su voluntad de constituirse en comunidad autónoma”.
En el referéndum estatutario celebrado el 18 de junio de 2006 la participación
fue inferior al 50% (48,85%) y los votos afirmativos alcanzaron el 73,23%.
No cabe oponer una supuesta “auténtica” voluntad política de los catalanes recogida en el Estatuto de 2006 contra una supuesta “falsa” voluntad política expresada en el Estatuto de 1979 y en la Constitución de 1978. Es una falacia que
los hechos desmienten. Desde 1978 cualquier estatuto de autonomía de los catalanes tiene su origen, su límite y su garantía en la Constitución, que lo es de todos
los españoles sin excepción, interpretada por el Tribunal Constitucional. Así se salvaguarda el pacto constituyente. Tratar de enfrentar una voluntad autonómica ca-
talana a una voluntad constituyente foránea, no catalana, cuando los catalanes
participaron de manera decisiva en el pacto, equivale a privar a los catalanes de
la máxima expresión de su voluntad política, que se encuentra en la Constitución
En ocasiones se afirma por parte del secesionismo que con el paso de los años
se ha producido un vaciamiento de la autonomía catalana. Pero esto no es cierto.
Cataluña ha gozado de más de treinta años de autogobierno ininterrumpido (en Irlanda del Norte la autonomía ha sido suspendida alguna vez) y de carácter realmente político, no sólo administrativo, con capacidad legislativa sobre temas tan
importantes como: lengua, derecho civil, sanidad, educación, radio y televisión, cultura, universidades, organización territorial, seguridad, etc. Ha determinado sus propios presupuestos, su propio sector público y su propio funcionariado. Han sido
decisiones genuinamente políticas y propias de las instituciones catalanas, restablecidas inicialmente en 1977 y al frente de cuyo Gobierno fue restituido el presidente Tarradellas, presidente de todos los ciudadanos de Cataluña, como él
mismo quiso definirse.
El hecho de que la Constitución española sea plenamente aplicable en Cataluña
y de que su interpretación esté asignada al Tribunal Constitucional no puede presentarse como vaciamiento alguno, sino como garantía. Y con motivo del nuevo Estatuto de 2006, en la medida en que ha sido declarado constitucional, no sólo no
se ha vaciado nada sino que se ha apurado al máximo la interpretación de la Constitución a favor de las potestades de la Generalitat.
¿La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto
de 2006 impide que los catalanes tengan un estatus satisfactorio
dentro del marco constitucional español?
Obviamente no. Ciertamente eso se repite todos los días en declaraciones y documentos, hasta el punto de que esa es la creencia general de muchos ciudadanos catalanes, pero no es verdad. Es una lamentable excusa, porque el Estatuto era
inconstitucional en numerosos e importantes aspectos y el Tribunal Constitucional
no tuvo más remedio que declararlo así. El Tribunal Constitucional, pese a todo, optó
por minimizar el impacto de su sentencia mediante la sustitución de las declaraciones de inconstitucionalidad por razonamientos interpretativos (es decir, que un artículo
es constitucional sólo si se interpreta como dice el Tribunal), redactando una sentencia interpretativa general mucho más benevolente, a pesar del eventual impacto que
pudiera tener sobre el sistema constitucional en su conjunto.
El TC se encontró ante un caso extraordinariamente arduo: teniendo que decidir, nada menos, si aceptaba que el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña
modificase en decenas de aspectos el modelo constitucional de Estado, al margen y contra lo que dispone la Constitución. La incertidumbre y la complejidad jurídicas generadas por haber hecho del Estatuto una apuesta inconstitucional
vienen a unirse a la conflictividad política. Unos efectos imputables sobre todo a
los que fueron responsables de la aprobación de ese texto estatutario.
Nada de esto ha servido para satisfacer a nadie, y menos a quienes hoy lamentan aquella frustración, aunque ya anunciaran en 2006 que el texto se quedaba corto al no reconocer lo que ahora se vuelve a reivindicar bajo el eufemismo
de “un nuevo futuro político para Cataluña”. Entonces, como hoy, ya se argumentaba que la Constitución no podía ser obstáculo para los “deseos democráticos del
pueblo”, y que era preciso que se mirase para otro lado ante las numerosas inconstitucionalidades que se proponían, poniendo en ello mucha voluntad política.
Junto a estos incalificables argumentos (y a la durísima deslegitimación y descalificación del Tribunal Constitucional que se produjo, manifestaciones incluidas),
suelen acompañarse otras razones que vendrían a justificar también “la rebeldía colectiva de Cataluña” ante la incomprensión y el desaire del resto de los españoles.
equivalente no han sufrido tacha de inconstitucionalidad. Lo primero es sencillamente falso: el Estatuto está en vigor en la inmensa mayor parte de su contenido
y éste desborda largamente, no ya al Estatuto de 1979, sino al de 1932 e incluso
al proyecto de Núria de 1931.
Y en cuanto a la similitud con previsiones de otros Estatutos, es importante
dejar claras dos cosas. En primer lugar, que aunque dichas similitudes existan en
aspectos concretos, no admite comparación posible la intención y la dimensión de
transformación del Estado que buscaba y provocaba en su conjunto el Estatut de
2006, respecto del efecto sobre la estructura territorial de los restantes Estatutos. En segundo, que si un precepto es constitucional sólo si se interpreta en el sentido que dice el Tribunal, eso vale para el Estatuto catalán, respecto del que se ha
sentenciado, pero vale también para cualquier otro Estatuto si es que dice lo mismo
que el Estatuto catalán.
Lo que pasa, sin embargo, es que no siempre dicen lo mismo, aunque lo parezca, como ocurre precisamente respecto de la celebración de referéndums:
donde el Estatuto andaluz excluye explícitamente la celebración de los mismos el
catalán remite al artículo 149.1.32 de la Constitución de un modo que plantea
dudas de constitucionalidad, como explica la Sentencia del Tribunal Constitucional
Finalmente, se repite también una queja verdaderamente pintoresca: la de que
el Tribunal Constitucional ha desautorizado una Ley que ya había sido previamente
ratificada por el pueblo en referéndum. Eso es verdad, como es verdad que en el
resto de las leyes que se declaran inconstitucionales el Tribunal “desautoriza” también a las instituciones representativas del pueblo, como son los Parlamentos. Es
lo que ocurre cuando los Tribunales Constitucionales actúan a posteriori, a diferencia de los que, como el francés, se pronuncian antes de que entre en vigor la Ley.
Pero se ha de recordar que son precisamente quienes reiteran una y otra vez
esa queja los mismos que podían haber evitado que llegara a producirse esa situación, y no quisieron. Es el caso de todos los que votaron en contra de reformar
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para reincorporar el recurso previo de
inconstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía, tal y como propuso el Grupo
Popular en el Congreso y en el Senado. Esa propuesta se tramitó en coincidencia
temporal con la tramitación del Estatuto en las Cortes y contenía referencia expresa a la revisión constitucional del Estatuto de Cataluña por el Alto Tribunal con
anterioridad al referéndum y a su entrada en vigor. Parafraseando el viejo adagio
latino, no es posible alegar en el propio beneficio los vicios que uno ha generado.
¿Puede hablarse en algún sentido de falta de representación
de los catalanes en el proceso constituyente
o en las instituciones del Estado?
No, esa afirmación carece de fundamento. Ya se ha mencionado la presencia de
dos ponentes constitucionales y su contribución a la Constitución de 1978, Jordi
Solé Tura (PSUC) y Miquel Roca (CiU). Además, el número de representantes elegidos en Cataluña para el Congreso que elaboró la Constitución fue de 50. Por
poner un ejemplo, en ese mismo Congreso constituyente el número de representantes elegidos en Madrid fue de 33. En total, desde 1977 hasta hoy el número
de diputados en el Congreso elegidos en Cataluña ha sido de 579. Los diputados elegidos en Madrid han sido 429. Algo parecido puede decirse del Senado.
Desde ese punto de vista, la Constitución y las leyes que se han hecho en el
Congreso de los Diputados para toda España han sido, si se permite la expresión,
mucho más catalanas que madrileñas.
Sumado a esto, la participación de Cataluña en muchas de las decisiones que
han marcado la política española ha sido decisiva. Basta recordar la obra de Josep
María Ainaud de Lasarte titulada Ministros catalanes en Madrid o la lista de los magistrados del Tribunal Constitucional y del resto de las instituciones para darse
cuenta de ello. El propio presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver i Pi-Sunyer, ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional.
CiU ha prestado su confianza parlamentaria a los cuatro primeros presidentes del
Gobierno desde 1978: Adolfo Suárez (1980), Leopoldo Calvo-Sotelo (1981), Felipe
González (1993) y José María Aznar (1996 y 2000), y en los dos últimos casos de manera decisiva. También votó afirmativamente la reforma constitucional de 1992 y la
ley orgánica que desarrolla la reforma constitucional de 2010. Lo mismo podría decirse de los principales tratados internacionales.
La lista de Ainaud cita 66 ministros catalanes desde 1818 hasta 2000. En
prácticamente todos los Gobiernos ha habido al menos un ministro catalán, llegando a dos con mucha frecuencia, a tres en varias ocasiones y hasta a cuatro alguna vez. Es decir, en todo tipo de Gobierno y de todo tipo de ideología: miembros
de la Lliga, Esquerra Republicana, republicanos en la Primera República, anarquistas ya en Guerra Civil, del PSOE, UCD, PP tradicionalistas, etc. Personajes tan
importantes como Figuerola, Prim, Figueras, Pi i Margall, Durán y Bas, Cambó, Ventosa Calvell, Marcelino Domingo, Jaume Carner, Nicolau D’Olwer, Companys, García Oliver, Bau, López Rodó, Oliart, Narcís Serra y Josep Piqué.
Pero lo más importante es que los catalanes no sólo participaron activamente
en la elaboración de la Constitución de todos y para todos, sino que han sido protagonistas en el desarrollo de la España constitucional, en los órganos de gobierno
y jurisdiccionales comunes, en todas las instituciones clave. Han tenido un papel
muy destacado, en ocasiones determinante, en la gobernabilidad del país, condicionando decisivamente varias legislaturas. ¿Cómo sostener entonces que no ha
existido entendimiento, que Cataluña no ha tenido voz ni influencia en el destino
del resto de España?
Un proceso sin razones, un agravio inventado
El proceso secesionista puede alegar intenciones y coartadas, pero es un proceso
sin razones, si por razón se entiende un tipo de argumento que responde a la realidad y que se expresa mediante fórmulas comúnmente aceptadas en la comunidad
política a la que se dirige. Ante Europa, ante Occidente, ante el mundo, el secesionismo carece de razones. Lo que él cuenta sobre Cataluña niega a los catalanes una de sus más importantes contribuciones a la cultura política europea,
como lo es su participación en la historia moderna y contemporánea y en el proceso constituyente español y, a través de él, en el proceso de construcción europea. Proceso que significa voluntad de concordia y de integración, trabajo a favor
del constitucionalismo y del Estado social y democrático de Derecho como forma
de organización política y social, y ciudadanía como estatus personal que nos iguala
ante la ley y asegura nuestra libertad.
Una de sus primeras expresiones modernas y modelo para muchos países, la
Constitución española de 1812, fue elaborada también con destacada participación de diputados catalanes, como Antonio de Capmany o el primer presidente de
las Cortes de Cádiz, Ramon Llàtzer de Dou. Prueba del afán mixtificador de los gobernantes independentistas es el hecho de que el segundo centenario de la
muerte de Capmany, que se ha cumplido en 2013, haya pasado inadvertido en
la Cataluña entregada a la conmemoración del tricentenario de 1714. Representante señero de la Ilustración catalana, Capmany fue decisivo en la conformación
de la identidad nacional española decimonónica, es decir, posterior a la Revolución
Francesa y, por tanto, basada entre otras cosas en la consagración de la lengua
castellana como lengua común de todos los españoles.
Fue Capmany quien propuso denominar “Plaza de la Constitución” las principales plazas de las ciudades españolas. Capmany es un personaje incómodo para
la Cataluña nacionalista, como también lo es el general Prim, de cuyo nacimiento
se conmemora el bicentenario en 2014. A buen seguro, esta efeméride quedará
también soterrada por el tricentenario de la caída de Barcelona en la Guerra de Sucesión en una batalla en la que, por otra parte, los barceloneses lucharon exhortados por las autoridades catalanas a “derramar gloriosamente su sangre y su
vida por su Rey, por su honor, por la Patria y por la libertad de toda España”(bando
difundido por los Tres Comunes en Barcelona el 11 de septiembre de 1714).
La vía de la secesión
ese a que carece de razones, lo cierto es que el secesionismo existe. El deseo
de lograr que Cataluña deje de formar parte de España y deje de compartir su
historia tiene partidarios. Actúan contra la verdad conocida, rompen con la trayectoria histórica de la sociedad catalana –de los catalanes y del catalanismo político, ajeno al secesionismo–, le obligan a rechazar algunas de sus mayores
contribuciones al progreso español y europeo, y la separan irremediablemente del
proyecto de integración continental. Es un proyecto ideológico radical y populista,
y sabemos, por la experiencia del siglo XX, lo que eso puede llegar a significar. Pero
aun conociendo todo eso actúan para lograr la secesión.
A tal efecto, han elaborado un discurso que, con apariencia de legalidad, concluye la posibilidad de celebrar un referéndum para decidir “la independencia de
Cataluña” y su ruptura con el resto de España. Ese discurso se resume del siguiente modo:
a) El pueblo de Cataluña, soberano según reciente proclamación de su Parlamento, tiene derecho a decidir su destino.
¿Cómo? • 20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña
b) Por el principio democrático, ninguna Constitución ni ninguna Ley pueden evitar que Cataluña decida.
c) Para ejercer su derecho democrático y hacer que el pueblo se pronuncie, hay
que hacer una consulta.
d) Para convocar la consulta, diversos informes de instituciones oficiales han
formulado hasta cinco procedimientos diferentes:
• Mediante la Ley catalana de Consultas por vía de referéndum aprobada en
2010, recurrida al Tribunal Constitucional y en espera de Sentencia.
• Convocatoria por el Gobierno de España de un referéndum consultivo por el
art. 92 de la Constitución y la Ley Orgánica de Referéndum de 1980.
• Delegando el Estado la convocatoria en la Generalitat, por el artículo 150.2
• Mediante una reforma constitucional.
• Con una nueva Ley catalana de Consultas Populares denominadas no referendarias, para obviar la necesaria autorización estatal, actualmente en tramitación en el Parlament.
e) De las posibilidades enumeradas, los secesionistas se han inclinado por solicitar a las Cortes que deleguen en la Generalitat la convocatoria de la consulta por el mencionado artículo 150.2.
Sin embargo, antes de intentar obtener legalmente la competencia para convocar nada, ya han anunciado la fecha de la consulta (9 de noviembre) y las dos
preguntas que se pretenden formular en la misma.
20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña • ¿Cómo?
g) Paralelamente se avisa de que si el Estado impide la consulta podrían convocarse elecciones plebiscitarias, a las que seguiría una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento Catalán electo.
Por la suma abrumadora de razones que se pondrán de relieve a continuación, la
consulta planteada por el secesionismo catalán es inconstitucional e ilegal. Dado
que es inconstitucional su contenido, porque la Carta Constitucional no reconoce el
derecho de secesión, se inventa un fundamento fuera de la Constitución, como es
el del derecho a decidir. Como también es inconstitucional el procedimiento, porque
ni cabe un referéndum con una pregunta inconstitucional ni la Comunidad Autónoma
catalana tendría competencia para convocarlo, se violentan los procedimientos
(¡hasta cinco!, como acabamos de ver) para simular verosimilitud ante el imposible
jurídico de hacer una consulta aunque se sepa que es contraria a la Constitución.
Solamente una de las vías de la supuesta construcción jurídica que se acaba
de reproducir se ajusta a la legalidad: la que señala que para celebrar una consulta
de secesión como la que se pretende hay que propiciar una reforma constitucional, con la participación de quien es titular de la soberanía nacional, que es el
El principio aplicable es sencillo: sólo por voluntad de todos se puede cambiar
lo que se construyó por voluntad de todos. Éste es un principio que rige en todos
los ordenamientos constitucionales. De lo contrario ningún país, sea cual fuere su
historia y el peso de sus tradiciones, proporcionaría a sus ciudadanos la seguridad
jurídica que necesitan para ser libres.
Con la única excepción de la Constitución de Etiopía de 1994, ninguna Constitución del mundo prevé un proceso de secesión de una parte de su territorio. Lo
que se puede hacer es asumir esa aspiración como resultado de un proceso de
reforma constitucional establecido de manera general, nada más. Pero es que incluso el artículo 39.4 de la Constitución etíope señala que los términos de la consulta serán fijados por el Gobierno federal, no por el territorio que promueve la
secesión, y que será aquél y no éste el que desarrollará el proceso atendiendo a
“los términos fijados por la ley”. Es decir, que hasta para un proceso de este tipo
es preciso respetar los procedimientos legales, sencillamente porque ningún proceso es democrático si se produce contra la ley. El secesionismo catalán lo ignora, y su forma de proceder sería contraria incluso a la única Constitución del
mundo que regula el derecho de secesión.
Razonar frente a ello que la Constitución no puede ser un obstáculo para la democracia es sencillamente un grave fraude a la democracia misma. El argumento
final del secesionismo catalán de que se quiere ejercer la democracia sin las barreras de la Constitución y de la ley obvia que la democracia sin la ley no existe. De
hecho, la democracia moderna nació cuando se aprobaron las primeras Constituciones. Entre nosotros, la de Cádiz, que nació para acabar con los particularismos
medievales y proporcionar a todos los ciudadanos libertad e igualdad. La Constitución no es un obstáculo ni un parapeto formal, sino la garantía de un proyecto de
convivencia, de libertad y de paz. Sólo es un obstáculo para los que persiguen un
proyecto particular, destruyendo el proyecto de convivencia común.
Los fundamentos 77 y 78 del dictamen del Tribunal Supremo de Canadá de
1998 sobre la secesión unilateral de Quebec, así como las conclusiones de ese
documento, son extraordinariamente explícitos sobre todo esto:
“De esta forma, nuestra creencia en la democracia se puede armonizar con nuestra confianza
en el constitucionalismo. La enmienda constitucional generalmente requiere alguna forma de consenso sustancial precisamente porque el contenido de los principios subyacentes de nuestra
Constitución así lo exige. Mediante la exigencia de un amplio apoyo en la forma de una ‘mayoría reforzada’ para poder reformar la Constitución, ésta garantiza que los intereses de las minorías sean considerados antes de poder aprobar propuestas de reformas que les afectarían.”
“Así, se podría objetar que el constitucionalismo es, por tanto, incompatible con el gobierno
democrático. Esto sería una visión equivocada. El constitucionalismo facilita –de hecho, posibilita– un sistema político democrático al crear un marco ordenado en el que las personas
puedan tomar decisiones políticas. Si se observan apropiadamente, el constitucionalismo
y el Estado de Derecho no entran en conflicto con la democracia; antes al contrario, son
esenciales para ella. Sin esa relación, la voluntad política sobre la que se toman las decisiones democráticas quedaría, en sí misma, socavada.”
“La Asamblea Nacional, la legislatura o el Gobierno de Quebec no podrán consumar la secesión de ésta de Canadá unilateralmente, es decir, sin una negociación de principios y que
ello se considere un acto legítimo. Cualquier tentativa de efectuar la secesión de una provincia de Canadá se deberá llevar a cabo de conformidad con la Constitución de Canadá, en
caso contrario se violará el orden jurídico canadiense”.
Es decir, se engaña cuando se repite que “la democracia exige poder votar”, al
obviar que votar es un acto contrario a la democracia cuando no se realiza de acuerdo
a la Constitución y a las leyes que están en vigor. Y que lo que es contrario a la democracia y a la ley, no se puede realizar. Y se engaña también cuando se apela con
envidia a otros procesos de votación como los de Canadá, con Quebec; o Reino
Unido, con Escocia, cuando se conoce perfectamente que, además de tratarse de
supuestos bien diferentes por sus respectivas historias, el fundamento de ambos
procesos no es un principio democrático operativo por encima de las leyes, sino el
cumplimiento estricto de sus diferentes previsiones constitucionales.
Del mismo modo ha sucedido con motivo de una petición ciudadana a favor de la
secesión del Estado de Texas. El Gobierno federal de Estados Unidos –la Administración Obama– reiteró la doctrina del Tribunal Supremo contraria a la secesión, negando
que sea posible, y tan importante es la respuesta del Gobierno como el proceso que
ha tenido lugar hasta llegar a ella, siempre dentro de los procedimientos previstos
(http://petitions.whitehouse.gov/petition/peacefully-grant-state-texas-withdraw-united-states-americaand-create-its-own-new-government/BmdWCP8B). Y lo mismo podría decirse de Francia, donde
el Consejo Constitucional así lo ha señalado para el “pueblo corso”.
Por el contrario, el secesionismo catalán pretende cambiar el estatus de Cataluña unilateralmente y contra los principios jurídicos, y se niega a reconocer que
el único cauce admisible para sus pretensiones se encuentra en la Constitución
y en las leyes. Es lógico que el cauce sea ése, puesto que a todos los efectos –jurídicos, políticos, económicos, culturales, sociales e internacionales–, cambiar el
estatus de Cataluña significa cambiar el estatus de toda España y de los catalanes que viven fuera de Cataluña. Nuevamente, en palabras del Tribunal Supremo
de Canadá (fundamento 149):
“Las personas de las provincias y territorios (de Canadá) han establecido estrechos vínculos de interdependencia entre sí (económicos, sociales, políticos y culturales) basados en
valores compartidos. La Constitución concede orden y estabilidad y, por tanto, la secesión
de una provincia ‘según la Constitución’ no podría lograrse unilateralmente”.
El Parlamento de Cataluña o un número legalmente establecido de Diputados o
Senadores podrían legalmente proponer una reforma de la Constitución, pero no lo
hacen. Mientras, las vías que se proponen e incluso se exigen por parte del secesionismo para soslayar la Constitución incumplen claramente las reglas del Estado
de Derecho y son, por tanto, total y completamente inviables.
Teniendo presente todo lo anterior, es posible responder con claridad algunas
¿Existe un derecho a decidir al margen
de la Constitución y el Derecho?
No. Ni en España ni en ninguna otra democracia. La Constitución y las leyes son precisamente las que aseguran el derecho a decidir sobre los asuntos políticos que nos
afectan, como se viene haciendo con absoluta transparencia y naturalidad en las
elecciones locales, autonómicas, europeas y generales, entre otros procedimientos,
incluido el referéndum en los términos fijados en la Constitución. Y no existe por una
razón que debería ser obvia para todo demócrata: si tuviéramos un derecho ilimitado
a decidir sobre cualquier aspecto y en cualquier momento, la vida en común y el sometimiento de todos a las mismas leyes serían imposibles.
Como ha explicado el escritor Javier Cercas, “en democracia no existe el derecho a decidir sobre lo que uno quiere, indiscriminadamente. Yo no tengo derecho
a decidir si me paro ante un semáforo en rojo o no: tengo que pararme. Yo no
tengo derecho a decidir si pago impuestos o no: tengo que pagarlos. ¿Significa
esto que en democracia no es posible decidir? No: significa que, aunque decidimos a menudo (en elecciones municipales, autonómicas y estatales), la democracia consiste en decidir dentro de la ley, concepto éste que, en democracia, no
es una broma, sino la única defensa de los débiles frente a los poderosos y la
única garantía de que una minoría no se impondrá a la mayoría”.
(http://elpais.com/elpais/2013/09/13/eps/1379095000_774993.html)
Puesto que no existe un derecho a decidir en sentido general al margen de la
Constitución y de las leyes, tampoco existe un derecho a decidir la secesión como
caso particular. ¿Qué pasaría si cada cierto tiempo una localidad ejerciera un hipotético derecho a decidir y se declarara autónoma y, por tanto, libre de respetar
las leyes y la Hacienda nacionales o autonómicas?
La pretensión de un derecho a decidir contra las leyes vigentes carece absolutamente de reconocimiento en parte alguna. Esa pretensión merece el rechazo en todos
los ordenamientos constitucionales del mundo, ya sean federales, como el de Estados Unidos (así lo afirma desde 1869 el Tribunal Supremo norteamericano), ya sean
unitarios, como el de Francia (el Consejo Constitucional Francés se manifestó en ese
sentido en 1991). Tampoco, como hemos visto, en el Reino Unido ni en Canadá se reconoce ese derecho.
No sólo eso, sino que los tratados internacionales protegen la integridad territorial
de las democracias de manera expresa. Así, por ejemplo, la Resolución 2625 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas rechaza explícitamente cualquier acción en-
caminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de
Estados soberanos e independientes “que estén dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos
de raza, credo o color”.
(http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/25/ares25.htm)
Éste es el caso de cualquier Estado de la Unión Europea, por supuesto. Igualmente, la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa reunida en Viena en
1989 afirmó que los Estados participantes actuarían siempre con pleno reconocimiento a las normas de Naciones Unidas relativas a la preservación de la integridad territorial de los Estados, según el Acta Final de Helsinki.
El llamado “derecho a decidir” no existe, y es, en definitiva, una expresión nacionalista aplicada hace unos años por el lehendakari Juan José Ibarreche a su fracasado proceso soberanista y resucitada ahora en Cataluña. Expresión que
encubre, con un eslogan aparentemente amable, la imposibilidad de aplicar a España el derecho de autodeterminación de los pueblos y la inconveniencia de utilizar los términos más dramáticos realmente aplicables a la situación, como son el
de secesión o el de ruptura del país y su Constitución.
¿Es aplicable a Cataluña el llamado derecho
No, no lo es. Se trata de un derecho limitado a procesos de descolonización y regímenes no democráticos y que no respetan el Estado de Derecho, sujeto a condiciones enumeradas por la ONU que no tienen nada que ver con lo que sucede en
Cataluña ni en ninguna otra parte de España. Cataluña nunca ha sido una colonia
de España, sino parte actuante de una antigua monarquía imperial y luego de un Estado constitucional moderno.
Por eso, la autodeterminación tampoco se invoca en procesos como el de Quebec o el de Escocia. El Tribunal Supremo de Canadá consideró además en 1998,
como dato fundamental al respecto, que los quebequenses estaban presentes activamente en las instituciones canadienses. Como obviamente los catalanes lo
están en las instituciones españolas.
El secesionismo sabe muy bien que carece de sentido hablar de autodeterminación y por esa razón ha tenido que inventar un supuesto derecho a decidir del
que no existe noticia en ningún ordenamiento jurídico, ni nacional ni internacional. El derecho de autodeterminación existe, aunque nada tiene que ver con Cataluña; el derecho a decidir ni siquiera existe, nadie lo reconoce y en ninguna
instancia puede ser invocado.
Es necesario recordar además que durante el proceso constituyente español el
derecho de autodeterminación fue debatido y rechazado por 24 votos contra 1 y sin
abstenciones en la Comisión de Asuntos Institucionales y Libertades Públicas del
Congreso. Fue en la sesión del viernes 16 de junio de 1978, cuando se debatió una
enmienda en defensa de ese principio –no a propuesta de ningún catalán, sino de
un diputado vasco. http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/CONG/DS/C_1978_091.PDF
Contra ella, el catalán Jordi Solé Tura afirmó que se trataba de una enmienda
contraria a la voluntad de hacer “una Constitución que refleje las aspiraciones de
la inmensa mayoría de la población española, y para eso en esta Constitución hay
que poner en común aquello que efectivamente es común, y dejar de lado aquellas cosas que o no son compartidas por la mayoría, o pueden provocar divisiones
y laceraciones tremendas”.
También Miquel Roca, que no pudo estar presente en el momento de la votación, afirmó después: “Para despejar dudas. Yo no hubiese votado a favor de la
enmienda del señor Letamendía. Nada más”. Rodolf Guerra i Fontana, por los Socialistas de Cataluña, afirmó por su parte que podría “repetir más o menos textualmente las palabras de la Minoría Catalana en el sentido de que si hubiéramos
votado no hubiéramos votado que sí”.
¿Es legal convocar una consulta con unas preguntas como las
anunciadas en Cataluña para el 9 de noviembre de 2014?
Rotundamente no. Ni la Generalitat de Cataluña ni ninguna otra institución española pueden plantear un referéndum con semejante contenido.
Las preguntas que el presidente Mas anunció el 12 de diciembre de 2013, para
la consulta a celebrar el 9 de noviembre, son, como es sabido, dos: a) “¿Quiere
que Cataluña se convierta en un Estado?”, b) “Y, en caso afirmativo, ¿quiere que
este Estado sea independiente?”.
Cabe mencionar gran número de argumentos para evidenciar que esta consulta no
puede tener lugar legalmente, pero basta con recordar que ésta es ya una cuestión
resuelta por el Tribunal Constitucional. Y además, de manera bien clara y concluyente.
La Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio, de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación
para alcanzar la paz y la normalización política, preveía la realización de una consulta no vinculante a la ciudadanía vasca el 25 de octubre de 2008. Fue aprobada
por el Parlamento Vasco y declarada inmediatamente inconstitucional por el Tribunal Constitucional. La consulta planteaba dos preguntas:
• “¿Está Usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia, si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de
poner fin a la misma de una vez y para siempre?”
• “¿Está Usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien
un proceso de negociación para alcanzar un Acuerdo Democrático sobre el
ejercicio del derecho a decidir del Pueblo Vasco, y que dicho Acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?”.
El 11 de septiembre de 2008, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley, por unanimidad, fundando su decisión en tres motivos, de los que interesan los dos primeros (el tercero se refería al procedimiento parlamentario de
tramitación en lectura única):
• La incompetencia del Parlamento Vasco para aprobar una ley de esta naturaleza, por vulneración del artículo 149.1.32 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de
• El contenido de la Ley, que supone una infracción de los artículos 1 y 2 de
la Constitución, porque una consulta de este tipo afecta al fundamento de
la misma, porque afecta a la identidad y unidad del soberano o, cuando
menos, a la relación que sólo éste puede establecer entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. Para ello haría falta una reforma constitucional,
Podrían citarse los nombres de diversos autores que han defendido y que incluso hoy siguen defendiendo que un referéndum pueda tener por objeto una pre-
gunta inconstitucional. Ese debate es sin embargo ocioso, una vez que el supremo
intérprete de la Constitución ha dejado zanjado que eso no es factible, al menos
cuando, como es el caso, se afecta a la identidad y unidad del sujeto soberano,
que es el pueblo español.
Cuando se apela al derecho a decidir, como ocurría en la Ley del Parlamento Vasco
y ahora en Cataluña, el Tribunal observa que ese derecho presupondría la existencia
de un sujeto (pueblo vasco, pueblo catalán) equivalente al sujeto titular de la soberanía que es el pueblo español. Pero ni cabe otro soberano, ni el derecho a decidir deja
de afectar al conjunto de los ciudadanos. Todo ello en un marco en el que, como
también se dice en la sentencia del Tribunal Constitucional, frente al derecho a decidir, nuestra Constitución garantiza “uno de los sistemas democráticos más plenos
que caben encontrarse en el Derecho Constitucional comparado”.
Así pues, al anunciar esta consulta, con estas concretas preguntas, para el
9 de noviembre de 2014, el presidente Mas ha hecho un anuncio que le coloca a
él, a su Gobierno y a los Grupos que lo han apoyado, al margen de la Constitución
y de la ley, cualquiera que sea el procedimiento que a partir de ahora pretenda seguir, de entre todos los que se han mencionado.
¿Puede el Estado convocar la consulta o delegar
la convocatoria de la misma en la Generalitat, tal y como
ha acordado el Parlamento de Cataluña?
Como acaba de decirse, no cabe que ninguna institución, ni siquiera el Gobierno del
Estado, convoque un referéndum de secesión. Como tampoco cabe que el Gobierno
delegue en la Generalitat la competencia para convocar una consulta de esta naturaleza, y menos aún para convocar un referéndum con unas preguntas anunciadas por los propios interesados, que ya se conoce que son inequívocamente
Una consulta (por la vía de referéndum) sólo puede ser convocada por el Estado
mediante el artículo 92 de la CE. Y es una Ley Orgánica estatal (la LO 2/1980) la
que hoy regula las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de
referéndum previstas por la Constitución. Entre las que obviamente no se encuentra un referéndum territorial de secesión, ni convocado por un territorio, ni
convocado por el Estado.
No faltan propuestas de políticos o profesores que consideran posible que el Gobierno convoque ese referéndum si se modifica la Ley Orgánica. Pero lo cierto es que
nunca podría tener un contenido como el que ha anunciado el Gobierno de Mas (ni
cualquier otro que ponga en cuestión los artículos 1 y 2 de la Constitución y el su-
jeto de la soberanía) y que, además, debería obviar la mayoría, por no decir la totalidad, de los requisitos establecidos por el artículo 92 de la Constitución, resultando
por ello de una fragilidad constitucional extrema, prácticamente insalvable.
Téngase en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 92 de la
a) No cabe referéndum sobre normas.
b) Es consultivo, no vinculante.
c) Deben pronunciarse todos los ciudadanos. No cabe reducirlo a los ciudadanos de
una parte del territorio (salvo cuando la Constitución lo ha previsto expresamente,
de acuerdo con la lógica de otras previsiones constitucionales, como las que se
refieren, por ejemplo, a la aprobación o reforma de los Estatutos de Autonomía).
d) Dada su relevancia, intervienen todas las instituciones básicas del Estado: propone
el presidente del Gobierno, autoriza el Congreso y convoca formalmente el Rey.
e) Dada esa relevancia, sólo cabe regular supuestos, condiciones y procedimientos en una Ley Orgánica estatal específica sobre las modalidades de referéndum (no en cualquier Ley Orgánica, por lo que no es intercambiable, por
ejemplo, con las Leyes Orgánicas de transferencia o delegación previstas en
el artículo 150.2 de la CE, ni tampoco con los estatutos de autonomía, según
el Tribunal Constitucional).
Por su parte, la Ley Orgánica de referéndum no puede manipular competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas (recuérdese la doctrina sobre la
LOAPA).
g) Y por si todo lo anterior no fuese suficiente, un referéndum de esas características alteraría la lógica de todo el sistema constitucional.
Así pues, ni cabe someter a referéndum por el Gobierno las preguntas que pretenden los secesionistas, ni parece constitucionalmente viable prescindir de la mayoría de los requisitos del artículo 92 para modificar que la Ley Orgánica permita
consultar al Gobierno sobre la independencia y la secesión.
Cabe añadir que ni siquiera ésa ha sido la demanda que se ha formulado desde
Cataluña, porque ni se ha presentado una proposición de Ley para modificar la
Ley Orgánica 2/1980, ni siquiera se le ha planteado sin más al Gobierno que sea
él quien convoque el referéndum.
El procedimiento que finalmente se ha puesto en ejecución es el de solicitar que
se delegue en la Generalitat la competencia para convocar la consulta, mediante
una Ley Orgánica aprobada por la vía del artículo 150.2 de la Constitución.
Pero el Estado no puede delegar una competencia que él mismo no puede ejercer, como acabamos de ver. Y cabe añadir además que, aunque la tuviera, tampoco
sería posible delegarla en la Generalitat.
Este párrafo del artículo 150 determina que “el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean
susceptibles de transferencia o delegación”.
No cualquier competencia estatal es, por tanto, delegable. Es cierto que la concreción de las que no lo son no es evidente, porque la referencia a las “materias
de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación” es un concepto jurídico indeterminado, que admite diversas
Pero cualquier jurista sabe que la interpretación de un concepto indeterminado no
queda a la discrecionalidad ilimitada de cualquier voluntad política, diferente en cada
tiempo por puras razones de oportunidad. Los conceptos indeterminados son determinables en cada momento concreto, de acuerdo con los criterios de la lógica y
de la realidad social del tiempo en que se interpreta. Y parece bastante evidente que
delegar la competencia para convocar un referéndum para que una parte del país convoque un referéndum de independencia y secesión no es precisamente la interpretación que en su día el constituyente –y hoy cualquier intérprete– debió de tener en
mente como “competencia estatal susceptible de delegación”.
Tal interpretación del artículo 150.2 es sencillamente una extravagancia, tanto
más cuando en la práctica se traduciría en una auténtica cesión de la soberanía del
conjunto del pueblo español en una parte del mismo, siendo así que parece también
evidente que las materias que afectan a la soberanía son las que más inequívocamente deben considerarse no susceptibles de delegación o transferencia.
Claramente vinculado con ello se encuentra un detalle no menor, como es que, formalmente, la convocatoria de referéndum corresponde al Rey, como parte del decálogo de competencias del Monarca que consagra el artículo 62 de la Constitución y
ratifica luego el artículo 92. Basta leer dicho artículo 62 para darse cuenta de que
ninguna de las competencias regias allí contenidas entran dentro del apartado de materias susceptibles de delegación a una Comunidad Autónoma, por formar parte del
núcleo más duro de las competencias del Estado (como, por otra parte, otras tareas
del Rey no menos evidentes: la de nombrar a los vocales del Consejo General del
Poder Judicial o a los Magistrados del Tribunal Constitucional).
Para salvar tan graves objeciones se están utilizando algunos argumentos que interesa clarificar. Se dice que, al ser consultivo y no vinculante, el referéndum y su
delegación son constitucionales. Eso es, obviamente, una pura simpleza: es el propio artículo 92 CE el que dice que todos los referéndums sobre “decisiones políticas de especial trascendencia” son meramente consultivos y eso no quiere decir
que haya barra libre para consultar cualquier cosa, por inconstitucional o aberrante
que sea. Que sea consultiva y no vinculante no convierte una consulta imposible en
Algunos académicos conscientes del, como mínimo, difícil encaje jurídico de tal
consulta han defendido que ésta serviría sólo para poner en marcha una reforma
constitucional. Pero no se ha planteado para eso (recuérdense las dos preguntas
que se quieren formular) y la Constitución ya establece unos procedimientos de reforma en el Título X, y no cabe añadir otros requisitos a los mismos, como lo sería
una consulta al pueblo catalán antes de que el Parlament ejerciera la iniciativa de
reforma. El art. 166 en relación con el 87.2 de la Constitución ya reconoce a los parlamentos autonómicos la iniciativa de reforma constitucional, sin que esté prevista
la intervención previa del pueblo. El Tribunal Constitucional en la Sentencia 76/1994
(cuyo ponente fue el magistrado Carles Viver) ya rechazó la posibilidad de utilizar la
iniciativa popular para promover que el Parlamento Vasco ejerciera la iniciativa de reforma constitucional.
Se repite también que el Estado ya utilizó el artículo 150.2 de la Constitución
para delegar a Cataluña la competencia de Tráfico en 1997, por lo que si ahora no
hace lo mismo con la competencia para la convocatoria de referéndums es porque
no tiene “voluntad política”, expresión totémica en el debate público catalán. Pero
también se contesta por sí mismo que ceder la competencia de tráfico no tiene
nada que ver con ceder soberanía, lo que choca de plano con artículos fundamentales de la Constitución como el 1.2 y el 2, cuya reforma implicaría el complejo procedimiento de reforma constitucional.
Se ha dicho, en fin, que delegar la convocatoria de la consulta es un acto formal
de cesión competencial que no prejuzga el contenido de la consulta. Y este argumento no es que sea débil o fuerte, es sencillamente un sarcasmo. Decir que no se
sabe para qué se va a delegar la consulta y que se trata sólo de permitir que los ciudadanos decidan, es un argumento infantil que califica la solvencia de lo que se defiende. La acumulación de hechos que conforman el contexto de esa delegación es
abrumadora, entre otras cosas porque los secesionistas están haciendo declaraciones sobre ello todos los días. ¿O es que, frente a lo que se explica cada día, la
creación y los trabajos del Consejo Asesor para la Transición Nacional y ¡el anuncio
anticipado de las preguntas que se quieren formular! no dejan claro lo que se va a
consultar y eso hace que la competencia sobre la consulta sí sea delegable?
Y si el contexto no fuese suficiente, ahí está para quien quiera leerla la larga
Exposición de Motivos de la Proposición de Ley que el Parlamento de Cataluña
envía a las Cortes para solicitar la delegación: el Estatuto ya no sirve, el Tribunal
Constitucional ha hecho imposible continuar así, la voluntad de decidir de la ciudadanía catalana es “inequívoca”, hay “una mayoría favorable al derecho a decidir”, hay que ejercer la democracia como en Quebec o Escocia … En fin, si hay algo
que en todo esto no ofrece dudas es que la consulta, cuya delegación se pide
además ad casum, o sea, para convocar esta consulta y solo ésta, es para preguntar por la secesión. Y esto es tan transparente que en la citada Exposición de
Motivos ya se prejuzga incluso que se va a contestar que sí y que por eso el referéndum “consultivo” no debe considerarse tan consultivo, sino que obliga “a un determinado comportamiento político del Estado y la Generalitat, a saber, negociar de
forma leal y sin dilaciones el proceso a seguir para convertir en realidad jurídica
aquella voluntad”. http://www.parlament.cat/actualitat/Resolucio479_10_es.pdf
¿Existe algún otro cauce legal para una consulta de secesión
en Cataluña sin modificar la Constitución?
No. No existe ningún otro cauce legal para una consulta de secesión en Cataluña sin modificar la Constitución.
Las restantes posibilidades contenidas en los informes encargados a las instituciones catalanas, que giraban sobre la vigente Ley catalana de Consultas por vía
de referéndum o sobre la proposición de Ley catalana de Consultas no referendarias, han quedado desautorizadas, no solamente por los argumentos hasta aquí
expuestos y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (falta de competencia
de Cataluña para convocar referéndums e imposibilidad de un referéndum de secesión), sino ahora también por los actos propios del Parlamento de Cataluña.
En términos jurídicos, al reclamar al Estado que ceda a la Generalitat una competencia que se considera estatal y cuya delegación formal se solicita, se ha reconocido claramente que esa competencia es del Estado y que no cabe atribuirla a
Cataluña en ninguna Ley propia de consultas que se haya dictado o se pueda dictar.
Aunque el Tribunal Constitucional no hubiese dicho ya en relación con el Plan Ibarreche que las Comunidades Autónomas no son competentes para convocar referéndums, ahora tampoco tendría que dedicar mucho tiempo para redactar semejante
doctrina, prácticamente a petición de parte. Además, dicha consulta es contraria al
art. 122 del Estatuto catalán, que circunscribe las mismas al ámbito de las competencias de la Generalitat, entre las que no está preguntar por la secesión.
Así pues, la única alternativa es que se promueva una reforma de la Constitución.
Puesto que una secesión afectaría a la soberanía nacional y a muchos artículos clave de la Constitución, el proceso sería además especialmente complejo.
Los procedimientos de reforma de la Constitución están pensados y fueron consensuados para proteger a las minorías que tomaron parte en el proceso constituyente –por ejemplo, al nacionalismo catalán– e impedir que una mayoría
transitoria –por ejemplo, del PP o del PSOE– pudiera cambiar el consenso que se
alcanzó entre todos.
Si la Constitución no se puede reformar fácilmente es porque de ese modo se
garantiza que el acuerdo de todos no se puede cambiar entre unos cuantos, y esto
es algo que beneficia a los partidos pequeños, no al revés, como en ocasiones se
afirma. Por eso la Constitución, como expresión de un consenso profundo y amplio, no tiene carácter coyuntural o transitorio, sino duradero. Así ocurre en las democracias constitucionales: si se alcanzan acuerdos amplios, se reforma; en caso
En el caso de la pretendida secesión de Cataluña sería necesario seguir el procedimiento fijado en el artículo 168, que dice lo siguiente:
“1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá
a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución
Dada la naturaleza de una reforma constitucional como la que sería necesaria
para hacer posible la secesión de Cataluña, el proceso exigiría muchas cautelas
políticas y también técnicas. Una Cataluña fuera de España constituiría un hecho
inédito en la historia y de consecuencias irreversibles. Iniciado ese proceso, harían
falta años para que se consumara y no debiera descartarse que, llegado el caso,
se certificara la defunción de la confianza de la sociedad española en los valores
de la unión constitucional con el territorio de Cataluña; es decir, podría ocurrir que
entonces fuera una mayoría de los españoles la que decidiera, conforme al procedimiento constitucional, no dar marcha atrás.
Un proceso que de forma consciente y querida
se está desarrollando fuera del Estado de Derecho
El derecho a decidir fuera de la Constitución y de las leyes no existe. Y esto no es
una afirmación de orden político interno, sino una afirmación de carácter genérico
y jurídico internacional y comparado. No puede invocarse ese falso derecho ante ninguna institución, ni nadie ampararse en él para quebrar el ordenamiento constitucional vigente en ningún sitio. El secesionismo encuentra en los principios
elementales del constitucionalismo, del Estado de Derecho y de la democracia un
obstáculo a sus pretensiones rupturistas. Por esta razón ha elaborado la idea de un
supuesto derecho a decidir nítidamente ilegal, del que no existe rastro alguno en ningún ordenamiento constitucional ni en el ordenamiento jurídico internacional. El principio democrático deja de serlo si carece de límites, como la libertad deja de existir
cuando carece de límites. El derecho a decidir es una forma de ocultar la impotencia
del secesionismo para convencer democráticamente y en forma suficiente a los ciu-
dadanos de Cataluña –y del resto de España– de que es mejor que estén fuera que
La consulta planteada por el secesionismo catalán es inconstitucional e ilegal. Lo
es su fundamento, el derecho a decidir. Y lo son todos los procedimientos estudiados,
con los que se ha querido –y en buena parte logrado– extender en la ciudadanía de
Cataluña la falsa impresión de que la consulta es posible, legal e inevitable.
Sólo con una reforma constitucional en la que intervinieran todos los españoles sería
posible la consulta. Siempre se puede adaptar, mejorar y reformar una Constitución,
pero es tarea de todos, del poder más poderoso, que es el poder constituyente, o sea
el pueblo español. Y tan importante es respetar la Constitución como el procedimiento
para que actúe el poder constituyente. Si un poder constituido pretende sustituirlo es
porque lo que busca es la ruptura, la quiebra de la convivencia y de la paz.
Con la paradoja final de que, incluso si admitiésemos por puras razones dialécticas, que, como dicen los secesionistas, la consulta ha de poder celebrarse
porque sólo consiste en oír al pueblo de manera consultiva y no trae por sí la secesión, estaríamos ante un futurible de imposible realización sin la voluntad del
resto de España y por el complejísimo cauce de la reforma constitucional. Porque
lo que en su caso vendría después sería, en última instancia, el voto del pueblo
español sobre su deseo de reformar o no la Constitución, bien para lo que quieren los secesionistas o bien en cualquier otra dirección.
Todo ello sin olvidar que, si nos metemos en el territorio de la pura conveniencia, una consulta para la secesión es, por definición, traumática, porque por más
que se endulce, la consulta “low cost” sencillamente no existe y el mensaje sobre
la explosiva felicidad futura que espera a la población secesionada no puede ocul-
tar las enormes incertidumbres sobre el día siguiente a la eventual ruptura de dos
poblaciones unidas desde hace siglos.
El desgarro social y la falta de instituciones respetadas y viables serían el escenario del inmediato día después de la secesión. Fuerzas de Seguridad, Administración de Justicia, Hacienda, relaciones exteriores, marco constitucional y legal
completo no son cosas que se puedan improvisar.
Una vez que se reconoce el derecho a consultar, ya no cabe poner límites ni a
otros que quieran hacerlo con sus respectivas pretensiones, ni en el número de
veces que se haya de consultar hasta que se obtenga el definitivo sí a la secesión o a cualquier otra cosa, lo cual no sería más que un uso instrumental de la
Todo esto lo conocen perfectamente los que están promoviendo este proceso.
Se conoce y se hace a conciencia. Y no se repara para ello en falsedades, ficciones o ilegalidades. Invocando a cada vuelta del camino la voluntad política, recuperando la peligrosa y vieja teoría de que los poderes públicos pueden por razones
políticas eximirse de cumplir la ley.
El proceso está concebido, por tanto, como un proceso de enfrentamiento. Se
ponen en ejecución con total determinación unas vías que no tienen salida posible, a conciencia de que eso es así, pero trasladando la convicción de que el destino de esa comunidad es su secesión, y de que avanzando hacia ese objetivo se
irá ampliando progresivamente el apoyo social a la creación de un Estado propio.
Aun a costa de una doble deslealtad: hacia los catalanes, a los que se insiste en
que van a celebrar una consulta imposible, y hacia los restantes españoles, a quienes se imputa la negativa a un diálogo en unos términos no menos inviables.
Con los agravantes de la ruptura de la sociedad catalana, hacia dentro, y de la
hostilidad y la falta de respeto en muchos de los argumentos hacia el conjunto de
los españoles, al mismo tiempo que se les invita a la benevolencia.
Por eso, los inconvenientes jurídicos de este proceso son gravísimos, pero no se
trata sólo ni principalmente de un debate jurídico. Como se demuestra en el conjunto de este documento, se trata de un empeño dañino socialmente, antihistórico, gravemente lesivo económicamente para España y para Cataluña, pero que
también socava la democracia en nombre de la propia democracia y pone en cuestión al Estado de Derecho y a los valores de paz y concordia que persiguen las normas básicas de nuestra convivencia.
uienes promueven la secesión de Cataluña suelen referirse a las ventajas económicas que tendría para los catalanes. De hecho, un reciente documento nacionalista titulado “Qué gano yo con el Estado propio” (http://www.queganoyoconelestadopropio.cat/)
pretende hacer creer que las pensiones, las inversiones, las políticas sociales o la financiación, serían mucho mejores en Cataluña después de la secesión. Nada permite sostener esas afirmaciones, y de hecho el documento mencionado es incapaz
de sostenerlas. En realidad todo indica que el resultado de ese proceso, desde el
punto de vista económico, sería tan malo que probablemente conduciría a Cataluña a
un estado de quiebra y que sus políticas de bienestar y sus servicios esenciales no
podrían mantenerse.
Para todos los españoles, pero especialmente para los catalanes, debiera ser motivo
de máxima alerta constatar hasta qué punto el secesionismo oculta y falsifica las consecuencias económicas de su proyecto, y hasta qué punto impone sus propios intereses políticos sobre los intereses personales, familiares y empresariales de los catalanes.
Las relaciones económicas de Cataluña con el resto de España y como miembro
de la Unión Europea y del euro explican su prosperidad. La ruptura, deliberadamente
buscada por el secesionismo, significaría el final del camino de progreso de Cata-
¿A qué precio? • 20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña
luña, porque las condiciones que lo han hecho posible desaparecerían: un mercado
interior amplio, una moneda fuerte y estable, acceso a la financiación y a los fondos
europeos, etc., por nombrar sólo algunas consecuencias evidentes.
Hablar de “expolio”, “robo”, etc., en los términos en que suele hacerse no sólo expresa un profundo desconocimiento en materia económica, sino también, y sobre
todo, grave irresponsabilidad y despreocupación por la suerte de los catalanes, cuya
vida cambiaría drásticamente –y a mucho peor– de hacerse realidad la secesión. Es
necesario abordar algunas preguntas esenciales para aclarar estas cuestiones. Una
de las razones de la tensión secesionista que sufrimos en España es la adopción
por parte de los nacionalistas catalanes de este tipo de discurso populista y reduccionista sobre el expolio del resto de España. Esto, unido a la crisis económica,
ha ayudado a que personas tradicionalmente alejadas del secesionismo se hayan
acercado a él, creyendo –seguramente de buena fe– que su situación económica mejorará con la secesión. Pero se trata de una expectativa falsa.
No. Desde el siglo XVIII se constata un intenso proceso de modernización de la sociedad catalana, uno de cuyos indicadores más claros es el aumento de su población. Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX la población catalana pasa
de ser un 7,8% a ser un 10,7% de la población total española. Este aumento de población, que naturalmente sigue a un proceso continuo de florecimiento económico,
es explicado de forma mayoritaria entre los historiadores por la protección de la pro54
20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña • ¿A qué precio?
ducción industrial catalana, para que no tuviera competencia en el mercado español,
lo que permitió, por ejemplo, un crecimiento notable de la industria del algodón durante el siglo XIX. En ese momento y gracias a estas políticas proteccionistas y no de
libre competencia, Barcelona pudo convertirse en una gran ciudad comercial e industrial, como núcleo de una Cataluña próspera. Cataluña se benefició significativa, y a
veces exclusivamente, de las ventajas del proteccionismo del mercado colonial español, hasta el punto de que el negocio español en Cuba fue, en buena medida, un
negocio catalán.
El efecto global de estas políticas de protección hacia la economía catalana fue un
aumento significativo de la renta por habitante de Cataluña, lo que permitió que ésta
superara ampliamente la media de la renta por habitante del conjunto de España. A
Cataluña le ha ido económicamente muy bien como parte de España (ver Gráfico 1).
Renta por habitante en Cataluña
Renta per cápita en España = 100%
Renta per cápita en Cataluña
1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Carreras, A. y Tafunell, X. (Coords., 2005), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX.
3 vols. Bilbao, Fundación BBVA. Elaborado a partir del cuadro 17.27
Por supuesto que no. El secesionismo afirma que existe un presunto maltrato fiscal
que padecen los ciudadanos catalanes en el actual modelo de Estado y que por ello
es urgente alterar el sistema de financiación de Cataluña, como primera etapa, y
avanzar luego por la senda de la ruptura como un empeño ineludible tras tantos años
de injusticia. Pero eso no es más que un mito, algo que a fuerza de ser repetido
puede llegar a parecer verdadero, pero no lo es. Es, simplemente, la propaganda que
algunos partidos catalanes han alimentado para activar uno de los factores más peligrosos del populismo nacionalista: el sentimiento de pertenencia a una comunidad
que es agredida desde el exterior y cuya identidad está siendo puesta en peligro.
Lo primero que hay que recordar es que todos los modelos de financiación autonómica, excepto el impulsado por el gobierno socialista en 2009, han contado con el
respaldo expreso y hasta con el impulso de CiU en las Cortes. Pero, además, lo que
ocurre en realidad es que en España existe un Estado de bienestar que puede funcionar porque las personas que tienen mayor renta transfieren una parte de ella a
las que tienen menos. Puesto que en Cataluña habitan muchas personas cuya renta
es mayor que la media de toda España, es lógico que sean ellas –no el territorio, sino
las personas– las que transfieran parte de su renta para mantener las políticas de
cohesión y de bienestar. Esto mismo ocurre con otras Comunidades Autónomas,
como Madrid, y es lo mismo que ocurre también en todos los Estados modernos y,
por supuesto, en todos los de la Unión Europea: las personas que más renta tienen
transfieren una parte a las que tienen menos, y puesto que esas personas suelen
concentrarse en zonas geográficas concretas puede parecer que son los territorios
y no las personas las que lo hacen. Pero no es así. Simplemente, se recauda más
entre los que tienen más y se gasta más entre quienes lo necesitan más.
De aplicarse en Europa lo que el secesionismo reclama, España no habría sido beneficiaria de fondos europeos, ni lo sería ahora de las facilidades de financiación que
recibe. ¿Cree alguien que una hipotética Cataluña escindida y miembro de la Unión
podría alegar esas razones para oponerse a las políticas de cohesión europeas?
En todo caso, la comparación internacional con otros Estados occidentales con un
nivel similar de descentralización al de España pone de manifiesto que Cataluña no
sólo recibe un tratamiento fiscal como mínimo equivalente al de cualquier región con
parecida renta per cápita relativa, sino que, además, en función de la metodología que
se utilice para el cálculo, este resultado puede llegar a ser significativamente mejor
en el caso catalán que en el de dichas regiones, pudiendo incluso deparar superávit
fiscal en algunos años (ver cuadro 1).
Ingresos, gastos y saldos de la Administración General del Estado
en Cataluña 2006-2009. Métodos Flujo Monetario y Flujo Beneficio
Ingresos Flujo Monetario
Ingresos Flujo Beneficio
Gastos Flujo Monetario
33.293 €
40.203 €
Gastos Flujo Beneficio
Saldos Flujo Monetario
-18.978 €
-21.162 €
-11.575 €
Saldos Flujo Beneficio
-14.734 €
-16.292 €
-6.343 €
Fuente: Generalitat de Cataluña. Departament d’Economia i Coneixement (2012)
Citado en El mito fiscal. Razones para un debate. Fundación FAES, 2013. pág. 86.
Así, el profesor Pascual Fernández explica que “El déficit de Cataluña, aplicando
el erróneo método de cálculo del flujo monetario (que aplica la Generalidad), es de
792 millones de euros. Por cada euro que la Administración General del Estado recauda en Cataluña, se gastan en el territorio de Cataluña 98 céntimos”, mientras
que “aplicando el método del flujo beneficio, la balanza fiscal de Cataluña en el
año 2009 tuvo un superávit con la Administración General del Estado, como diferencia entre los flujos no financieros de ingresos y pagos, de 4.015 millones de
euros, equivalente al 2,07% del PIB de Cataluña”.
El mito fiscal. Razones para un debate. Fundación FAES, 2013. pp. 90-91.
http://fundacionfaes.org/es/publicaciones/6/el_mito_fiscal-_razones_para_un_debate
Se puede discutir y negociar si ha de reformarse o no y en qué sentido el sistema de financiación. Es un debate frecuente y enriquecedor que se da en todos
los Estados con un alto nivel de descentralización y, de hecho, así se hace en España, aunque sólo sea porque la ley lo prevé de manera regular cada cinco años.
Pero eso no disculpa de su responsabilidad a los Gobiernos de la Generalitat por
su gestión económica. Sus relativamente elevados niveles de deuda y de déficit
provienen de haber olvidado que es obligación gastar en función de lo que se tiene
y no en función de lo que se cree merecer, y de haber establecido prioridades de
gasto probablemente equivocadas. En todo caso, que algo no funcione –algo
de lo que la Generalitat es también responsable– puede ser origen de una propuesta de reforma, pero no justifica que se rompa un país.
Una Cataluña fuera de España estaría fuera también de la Unión Europea y, cómo
no, de la Unión Económica y Monetaria, es decir, del euro. En un nuevo ejercicio
de confusión, el secesionismo pretende convencer a los catalanes de que Cataluña seguiría empleando el euro como moneda a todos los efectos. Nadie podría
obligar a los catalanes a deshacerse de sus activos en euros y, por supuesto, tendrían muy difícil, por no decir imposible, deshacerse de sus deudas denominadas
en la moneda común, pero de mantener la moneda única, Cataluña pasaría a formar parte, junto con Andorra, Liechtenstein y Montenegro, del grupo de países europeos que utilizan el euro sin ser en realidad parte del euro.
La Cataluña escindida podría tratar de seguir desde fuera la referencia del euro,
pero nada más. El “euro catalán” no estaría defendido por la política monetaria del
Banco Central Europeo. Por decirlo gráficamente, Cataluña podría ponerse la camiseta
del “club euro” como aficionado y espectador, pero no formaría parte del equipo y contemplaría el partido desde las gradas y no desde el terreno de juego. No tendría su respaldo, ni su financiación, ni tendría presencia en los órganos de gobierno, ni influiría
en sus decisiones. Lo que significa que perdería todas las ventajas financieras y comerciales de la moneda común.
Esta posibilidad es muy poco atractiva, porque la renuncia a crear una moneda propia lleva aparejado renunciar a ejecutar políticas monetarias y cambiarias propias, lo
que dejaría a la economía catalana expuesta a las decisiones de otros y sometería a
las empresas y a los hogares catalanes a una gran inestabilidad e incertidumbre.
La segura exclusión de Cataluña del Eurosistema, que forman el Banco Central Europeo y los Bancos Centrales Nacionales y que acaba de ser reforzado en su estabilidad por la creación de la Unión Bancaria, tendría un efecto inmediato sobre las
instituciones financieras que decidieran mantener su sede en Cataluña, que dejarían
de ser consideradas como entidades de contrapartida, perdiendo así las facilidades permanentes de financiación y el acceso a las operaciones de mercado abierto del BCE.
Como ha afirmado recientemente el gobernador del Banco de España:
“No hay ninguna posibilidad de que la banca de un territorio que no es miembro de la UE se
financie en el BCE a través de sus filiales en territorios que sí son miembros”. El BCE “sólo
presta con garantía emitida por un deudor que resida en un país miembro del espacio económico europeo”.
http://www.lavanguardia.com/politica/20131125/54394844537/linde-independenciamala-catalunya-espana.html
Este hecho generaría una lógica reacción en las instituciones financieras situadas en Cataluña, que fijarían sus sedes centrales en un país de la Eurozona
–previsiblemente España, por su mayor presencia operativa–, con el consiguiente
efecto sobre la recaudación fiscal potencial catalana. Y hay que añadir las consecuencias sobre el coste de la financiación de las empresas residentes en Cataluña. La aceptación por los mercados financieros de la emisión de deuda, tanto
pública como privada, en “euros catalanes” sería una incógnita, pero probablemente
generaría una prima de riesgo muy elevada y un coste de financiación insoportable. Más aún teniendo en cuenta que el punto de partida sería un “nuevo Estado”
que actualmente no puede hacer frente a sus pagos corrientes, carece de experiencia y de estructuras propias de recaudación y de supervisión financiera, y cuya
“deuda soberana” está actualmente calificada como bono basura y requiere de la
asistencia del Fondo de Liquidez Autonómica para obtener financiación.
Estas diferencias en el coste de la financiación se convertirían además en un
motivo adicional para que las empresas no financieras catalanas trasladaran su
sede fiscal fuera de Cataluña.
El secesionismo pretende eludir este seguro desarrollo de los acontecimientos
con la idea de una Cataluña escindida sin deuda, lo que carece de sentido. Obviamente, tendría que asumir en solitario el pago de la deuda que le corresponde
y que actualmente es parte de la deuda española. La Cataluña escindida carecería de esa ayuda esencial que es la financiación del Banco Central Europeo, de la
que hoy incluso los grandes países europeos no pueden prescindir.
Para ser honestos, los partidarios de la secesión deberían explicar a los catalanes cómo y quién va a decidir cuál es la deuda que ellos heredarían de su pertenencia a España. ¿Alguien que no pretenda manipular burdamente a la opinión
pública puede afirmar tranquilamente que esa cuestión se podría resolver sin que
diera lugar a un enconado enfrentamiento entre los españoles y los nuevos ciudadanos de una Cataluña independiente?
La deslocalización de instituciones financieras, los costes de financiación más
elevados, la caída de las exportaciones a España y a la UE, y la deslocalización de
empresas no financieras son algunos de los efectos que se seguirían naturalmente
del mantenimiento del “euro catalán” como moneda de una Cataluña escindida. Si
esto es malo, la adopción de una moneda propia, que tendría la ventaja de una
mayor independencia de acción monetaria y cambiaria de las autoridades catalanas, acarrearía previsiblemente efectos aún más acusados en las variables económicas fundamentales por la pérdida de credibilidad que supondría abandonar la
disciplina del euro, así como por la más que probable y significativa devaluación
de la nueva moneda. Esto generaría un empobrecimiento adicional de los catala-