Source: https://www.scribd.com/doc/100774372/La-Justicia-Militar-en-Venezuela
Timestamp: 2016-09-01 03:45:20
Document Index: 408688654

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 261', 'artículo 261', 'artículo 269', 'artículo 1', 'artículo 531', 'Artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 310', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 14', 'artículo 21', 'artículo 123', 'artículo 21']

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El Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 267 y 269 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a la preceptuado en los artículos 2 y 5, literal e, de la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, aprobada en sesión de la Sala Plena en fecha 2 de agosto de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.014 de fecha 15 de agosto de 2000. CONSIDERANDO Que conforme lo establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la justicia debe ser gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. CONSIDERANDO Que a tenor de la disposición Derogatoria Única de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, las normas constitucionales son de obligatorio acatamiento y de aplicación preferente a las contenidas en las leyes, por la que éstas no pueden aplicarse en la medida en que se opongan al funcionamiento y operatividad de los Circuitos Judiciales, creados por disposición constitucional. CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido en el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial. CONSIDERANDO Que debe consolidarse la creación, organización y competencia de los Tribunales Militares y del Circuito Judicial Penal Militar, prevista en el artículo 261 de la Constitución. CONSIDERANDO Que de acuerdo con el artículo 269 de la Constitución debe, regularse la organización de Circuitos Judiciales, así como la creación y competencias de tribunales y cortes regionales, a fin de promover la descentralización administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial. CONSIDERANDO Que el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, establece la garantía de! un juicio previo, oral y público, sin dilaciones indebidas, ante un juez imparcial, y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. CONSIDERANDO Que el artículo 531 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que cada Circuito Procesal Penal estará formado por una Corte de Apelaciones, integrada al menos por una sala de tres (03) jueces profesionales, y un Tribunal de Primera Instancia, integrado por los jueces profesionales que ejercerán las funciones de control, de juicio y de ejecución de sentencia, en la forma rotativa que se establezca. RESUELVE:
CAPÍTULO PRIMERO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
SECCIÓN PRIMERA DE LA ORGANIZACIÓN Artículo 1.- Se crea la Organización Jurisdiccional y Administrativa que se denominará CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR, la cual estará bajo la Dirección del Magistrado Presidente de la Corte Marcial de la República Bolivariana de Venezuela, dependerá funcionalmente de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de garantizar la autonomía e independencia de los jueces, conforme al artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal, y administrativamente del Ministerio de la Defensa, especialmente en lo que se refiere al presupuesto, conforme a lo previsto en el artículo 310 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales.
SECCIÓN SEGUNDA DEL PRESIDENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
Artículo 2.- El Presidente del Circuito Judicial Penal Militar, tendrá las siguientes atribuciones: 1. Dirigir el funcionamiento administrativo de la Jurisdicción Penal Militar. 2. Velar por la independencia, autonomía y eficacia de la Jurisdicción Penal Militar. 3. Establecer políticas y estrategias destinadas a mejorar la calidad profesional del personal integrante del Circuito. 4. Planificar a largo, mediano y corto plazo las actividades académicas de los Tribunales de Control, Juicio y Ejecución.
5. Dirigir los asuntos administrativos del Circuito Judicial Penal Militar. 6. Coordinar las relaciones del Circuito Judicial Penal Militar, con la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. 7. Realizar la rotación de los Jueces Militares. 8. Hacer propuestas a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, sobre las reformas que fueran procedentes para el Circuito Judicial Penal Militar. 9. Proponer a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, para su aprobación, la normativa interna del Circuito Judicial Penal Militar. 10. Promover el desarrollo gerencial y técnico en los diferentes niveles administrativos del Circuito Judicial Penal Militar. 11. Administrar todo lo relativo al personal de los Tribunales Militares. 12. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos en cuanto sea aplicables. Artículo 3.- El Circuito Judicial Penal Militar, estará conformado por una Corte de Apelaciones con competencia a nivel nacional integrada por una sala de cinco (05) jueces profesionales; y los Tribunales Militares de Primera Instancia, integrados por jueces profesionales, que ejercerán las funciones de Control, Juicio y de Ejecución de Sentencia, en la forma rotativa que se establezca.
CAPÍTULO SEGUNDO DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR Artículo 4.- El Circuito Judicial Penal Militar, tendrá la siguiente organización administrativa: una Oficina de Apoyo Judicial que asumirá labores centralizadas de gestión y apoyo a la actividad jurisdiccional de los jueces, la cual en atención a sus funciones se divide a su vez en la Oficina de Directo a la Actividad Jurisdiccional y en la Oficina de Servicios Comunes Procesales. Artículo 5.- Las Oficinas de Apoyo Directo a la Actividad Jurisdiccional,estarán integradas por:
a) El Servicio de Alguacilazgo, el cual estará conformado por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), Unidad de Correo Interno (UCI), Unidad de Actos de Comunicación (UAC) y la Unidad de Seguridad y Orden (USO), incluidas sus extensiones. Todas estas unidades estarán bajo la coordinación del Alguacilazgo. b) La Oficina de Atención al Público (OAP). c) La Oficina de Control de Consignaciones (OCC). d) La Oficina de Depósito de Bienes (ODB), y, e) El Archivo de la Sede (AS). Artículo 6.- Las Oficinas de Servicios Comunes Procesales, estará conformada por: a) La Oficina de Tramitación Penal. (OTP) b) La Oficina de Secretarios Judiciales (OSJ) y c) El Archivo de Asuntos en Trámite (AAT). Artículo 7.- Las Oficinas de Apoyo Directos a la Actividad Jurisdiccional, aún aquellas que conforme al artículo anterior forman parte Servicio de Alguacilazgo, serán supervisadas por el Coordinador Judicial que a tales efectos será designado por el Presidente del Circuito Judicial Penal Militar, deberá ser abogado y poseer una experiencia de trabajo mínima de tres años en la actividad judicial. Artículo 8.- Las atribuciones del Coordinador Judicial serán las siguientes: a) Supervisar y controlar las Oficina de Apoyo Directo a la Actividad Jurisdiccional, incluyendo las que corresponden al Alguacilazgo. b) Atender los requerimientos de todo el Circuito Judicial Penal Militar, incluyendo las extensiones de éste, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Presidente del Circuito Judicial Penal Militar. c) Ejecutar conjuntamente con el Alguacilazgo Mayor y los Coordinadores de las Oficinas de Servicios Comunes Procesales, las actividades necesarias para el funcionamiento del Circuito Judicial Penal Militar. d) Cualquier otra que estime conveniente la Presidencia del Circuito Judicial Penal Militar, para el buen funcionamiento del Modelo Organizacional y Sistema de gestión, Decisión y Documentación Juris 2000.
Artículo 9.- La Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) será la encargada de recibir y distribuir cualquier documento que esté dirigido a la sede judicial. Los tipos de documentos que se reciban serán referentes: a) Asuntos Nuevos. b) Escritos, solicitudes, recursos y otras actuaciones que guarden relación con asuntos que correspondan a la Sede Judicial. c) Correspondencia dirigida a la Sede Judicial. Artículo 10.- La Unidad de Correo Interno (UCI) estará integrada por los alguaciles necesarios, para cubrir los requerimientos de la sede judicial y se encargará de proporcionar el Servicio de Transporte de los Documentos referidos en estas normas, los expedientes y cualquier correspondencia o comunicación en el interior de la sede judicial. Los funcionarios adscritos a esta oficina deberán realizar un recorrido, por lo menos dos (02) veces al día, por cada una de las oficinas administrativas y despachos judiciales para el cumplimiento de las funciones que tienen asignadas. Asimismo retirarán y entregarán en el Archivo de Asuntos en Trámite (AAT), los asuntos que sean solicitados o devueltos por los jueces y secretarios a esta unidad. Dentro de los últimos treinta (30) minutos del horario de actividades de la sede judicial, los funcionarios adscritos a la Unidad de Correo Interno (UCI) solicitarán y retirarán los expedientes que estén siendo utilizados por los Jueces y demás funcionarios Judiciales, salvo que por prolongación de las audiencias requieran continuar utilizando los mismos. El Presidente del Circuito Judicial Penal Militar, establecerá el horario para realizar los recorridos dependiendo de la cantidad de asuntos ingresados. Artículo 11.- La Unidad de Actos de Comunicación (UAC) estará integrada por los alguaciles necesarios, para el óptimo funcionamiento de cada sede judicial y será la encargada de practicar las citaciones, notificaciones, enviar oficios, expedientes, comisiones u otro tipo de comunicación a entes externos, dejándose debida constancia del resultado de sus actuaciones en el sistema de herramientas diseñado para tal fin. Artículo 12.- La Unidad de Seguridad es la encargada de preservar la seguridad interna y
externa de la sede judicial, la custodia y traslado de imputados y mantener el orden dentro de las salas donde se celebran las audiencias, sin menoscabo del uso de cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado. Esta Oficina está conformada por el número de alguaciles que se requiera para satisfacer las necesidades de la sede judicial. Artículo 13.- La Oficina de Atención al Público (OAP) será supervisada por el Alguacil Mayor y estará integrada por el número de funcionarios suficientes para el desarrollo de sus atribuciones. El Jefe de esta Oficina reportará directamente al Coordinador Judicial. Dentro de las atribuciones de la Oficina de Atención al Público (OAP) se encuentran las siguientes: a) Atender al público en general. b) Suministrar información acerca de la tramitación de los expedientes y las actuaciones realizadas en estos; y c) Entregar las copias simples y certificadas de los documentos solicitados por los interesados. Artículo 14.- La Oficina de Depósitos de Bienes (ODB), será la encargada del almacenamiento físico y custodia de los medios probatorios, la cual estará a cargo de un jefe, quien reportará directamente al Coordinador Judicial. Artículo 15.- La Oficina de Control de Consignaciones (OCC) realizará el control contable de los movimientos de dinero, de los asuntos que se llevan en las sedes judiciales. Estará a cargo de un Jefe, quien le reportará al Coordinador Judicial. En la OCC se llevará un registro, en el cual se asentarán los datos relativos a las actividades realizadas. Las funciones de la OCC, podrán ser realizadas por la Dirección de Administración de la Corte Marcial. Artículo 16.- El Archivo de la Sede (AS) tendrá como objetivo el almacenamiento físico, custodia, traslado, remisión y préstamo de los asuntos terminados. Este archivo funcionará dentro del Circuito Judicial, siempre y cuando existan los espacios destinados para tal fin. Estará integrado por el número de auxiliares administrativos necesarios para su funcionamiento y a cargo de un Jefe quien reportará al Coordinador Judicial.
Artículo 17.- La Oficina de Tramitación Penal (OTP), como parte de la Oficina de Servicios Comunes Procesales, estará encargada de apoyar a los jueces y secretarios en el ejercicio de las funciones que les son propias, realizando las actuaciones necesarias para el desarrollo de los procesos judiciales. Esta Oficina estará integrada por todos los asistentes del Circuito y la dirigirá un Coordinador, el cual será escogido del grupo de asistentes que la integran. Artículo 18.- La Oficina de Secretarios Judiciales (OSJ), estará integrada por todos los secretarios del Circuito Judicial, los cuales serán: Secretarios de Sala y Secretarios de Actos Administrativos Judiciales, quienes podrán rotar entre ambas funciones cada tres (03) meses, siendo potestativo de la Presidencia del Circuito Judicial Penal Militar, realizar tal rotación. Artículo 19.- El Archivo de Asuntos en Trámite (AAT) estará encargado de mantener el orden y la custodia de los asuntos que se encuentran en curso y que, por lo tanto, necesitan una gestión centralizada que garantice el control de su ubicación en cada momento. Esta Oficina estará integrada por personal suficiente para su funcionamiento y será supervisada por un jefe, quién reportará directamente al Coordinador Judicial. Las funciones específicas del Archivo de Asuntos en Trámite son: a) Administrar físicamente y de manera automatizada los asuntos, en forma segura y ordenada, permitiendo su rápida ubicación, para lo cual llevará un control dentro del sistema y dentro de la sede. b) Remitir al Archivo de la Sede los asuntos terminados. c) Informar al Coordinador Judicial sobre cualquier irregularidad que se presente en el AAT. d) Tomar las medidas necesarias para garantizar la guarda y custodia de los expedientes, y e) Cualquier otra función relacionada con la materia de su competencia.
DE LA ORGANIZACIÓN JURISDICCIONAL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
SECCIÓN PRIMERA DE LA ORGANIZACIÓN Artículo 20.- La Organización Jurisdiccional del Circuito Judicial Penal Militar estará estructurada de la siguiente manera: a) La Corte Marcial que ejercerá funciones de Corte de Apelaciones y Tribunal Constitucional. b) Diecisiete (17) Tribunales Militares de Control. c) Cinco (05) Tribunales Militares de Juicio. d) Cinco (05) Tribunales Militares de Ejecución de Sentencia.
SECCIÓN SEGUNDA DE LA CORTE MARCIAL Artículo 21.- La Corte Marcial ejercerá las funciones de Corte de Apelaciones y de Tribunal Constitucional, tendrá competencia en todo el territorio nacional y estará integrada por cinco (05) Oficiales en servicio activo con el grado de General o Almirante, Coronel o Capitán de Navío.
SECCIÓN TERCERA DE LOS TRIBUNALES MILITARES DE CONTROL Artículo 22.- Se sustituye la denominación actual de los Tribunales Militares de Primera
Instancia Permanentes por la denominación de Tribunales Militares de Control, de conformidad con el Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, se denominarán: 1. Tribunales Militares Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Control con sede en Caracas, todos con competencia territorial en el Distrito Capital, Estados Miranda y Vargas, Dependencias Federales, Mar Territorial, Islas que se formen o aparezcan en el Mar Territorial o Plataforma Continental, en la zona Marítima Contigua y espacio Aéreo sujeto a la Soberanía. Nacional. 2. Tribunales Militares Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Control con sede en Maracay, Valencia, Barquisimeto y Puerto Ayacucho respectivamente, todos con competencia territorial en los Estados: Aragua, Carabobo. Cojedes, Guárico, Portuguesa, Lara, Yaracuy, Amazonas y los municipios San Fernando, Biruaca y Pedro Camejo, del Estado Apure y Dependencias Federales, en las Islas que se formen o aparezcan en el Mar Territorial en la Plataforma Continental, Zona Marítima Contigua, Espacio Aéreo y Lacustre sujeto a la Soberanía Nacional. 3. Tribunales Militares Noveno y Décimo de Control con sede en Punto Fijo y Maracaibo respectivamente, ambos con competencia territorial en los Estados Falcón y Zulia, en las Dependencias Federales, en el Mar Territorial, en las Islas que se formen o aparezcan en el Mar Territorial o en la Plataforma Continental, Zona. Marítima Contigua, en el Espacio Aéreo y Lacustre sujeto a la Soberanía Nacional. 4. Tribunales Militares Undécimo, Duodécimo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto de Control, con sede enSan (sic) Cristóbal, Mérida, La Fría y Guasdualito respectivamente, todos con competencia territorial en los Estados: Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y los Municipios José Antonio Páez, Rómulo Gallegos, Muñoz y Achaguas del Estado Apure y las islas que se formen en los rios, en el Espacio Aéreo, Fluvial y Lacustre sujeto a la Soberanía Nacional. 5. Tribunales Militares Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de Control con sede en Maturín, Barcelona y Ciudad Bolívar respectivamente, todos con competencia territorial en los Estados: Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta y Sucre, en el Mar Territorial, en las Islas que se formen o aparezcan en el Mar Territorial o
en la Plataforma Continental, Zona Marítima Contigua y en el Espacio Aéreo sujeto a la Soberanía Nacional.
SECCIÓN CUARTA DE LOS TRIBUNALES MILITARES DE JUICIO Artículo 23.- Se sustituye la denominación actual de los Consejos de Guerra Permanentes por la denominación de Tribunales Militares de Juicio, de conformidad con el Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, se denominarán: 1. Tribunal Militar Primero de Juicio con sede en Caracas, con competencia territorial en el Distrito Capital, Estado Miranda y Vargas, Dependencias Federales, Mar Territorial, Islas que se formen o aparezcan en el Mar Territorial o Plataforma Continental, en la Zona Marítima Contigua y Espacio Aéreo sujeto a la Soberanía Nacional. 2. Tribunal Militar Segundo de Juicio, con sede en Maracay, Estado Aragua, con competencia territorial en los Estados: Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico, Portuguesa, Lara, Yaracuy, Amazonas y los Municipios San Fernando, Biruaca y Pedro Camejo del Estado Apure, Dependencias Federales, en las Islas que se formen o aparezcan en el mar Territorial o en la Plataforma Continental, Zona Marítima Contigua, en el espacio Aéreo y Lacustre, sujeto a la Soberanía Nacional. 3. Tribunal Militar Tercero de Juicio con sede en Maracaibo, Estado Zulia, con competencia territorial en los Estados Falcón y Zulia, en las Dependencias Federales, en el Mar Territorial, en las Islas que se formen o aparezcan en el Mar Territorial o en la Plataforma Continental, Zona Marítima Contigua y en el Espacio Aéreo sujeto a la Soberanía Nacional. 4. Tribunal Militar Cuarto de Juicio con sede en San Cristóbal, Estado Táchira, con competencia territorial en los Estados: Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y los Municipios José Antonio Páez Rómulo Gallegos, Muñoz y Achaguas del Estado Apure en el Espacio Aéreo y Fluvial, en las islas que se formen o aparezcan sujetos a la Soberanía Nacional.
5. Tribunal Militar Quinto de Juicio con sede en Maturín, Estado Monagas, con competencia territorial en los Estados: Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta y Sucre, en el Mar Territorial, en las Islas que se formen o aparezcan en el Mar Territorial o en la Plataforma Continental, Zona Marítima Contigua, Espacio Aéreo y Lacustre sujeto a la Soberanía Nacional.
SECCIÓN QUINTA DE LOS TRIBUNALES MILITARES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. Artículo 24.- Se crean los siguientes Tribunales Militares de Ejecución de Sentencias: 1. Tribunal Militar Primero de Ejecución de Sentencias con sede en Caracas, Distrito Capital con competencia territorial en el Distrito Capital, Estado Miranda y Vargas, Dependencias Federales, Mar Territorial, Islas que se formen o aparezcan en el Mar Territorial o Plataforma Continental, en la Zona Marítima Contigua y Espacio Aéreo sujeto a la Soberanía Nacional. 2. Tribunal Militar Segundo de Ejecución de Sentencias con sede en Maracay, Estado Aragua, con competencia territorial en los Estados: Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico, Portuguesa, Lara, Yaracuy, Amazonas y los municipios San Fernando, Biruaca y Pedro Camejo del Estado Apure y las Dependencias Federales, en las Islas que se formen o aparezcan en el mar Territorial o en la Plataforma Continental, Zona Marítima Contigua en el Espacio Aéreo, Fluvial y Lacustre sujeto a la Soberanía Nacional. 3. Tribunal Militar Tercero de Ejecución de Sentencias con sede en Maracaibo, Estado Zulia, con competencia territorial en los Estados Falcón y Zulia, en las Dependencias Federales, en el Mar Territorial en las Islas que se formen o aparezcan en el Mar Territorial o en la Plataforma Continental, Zona Marítima Contigua, en el Espacio Aéreo, Fluvial y Lacustre sujeto a la Soberanía Nacional.
4. Tribunal Militar Cuarto de Ejecución de Sentencias con sede en San Cristóbal, Estado Táchira, con competencia territorial en los Estados: Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y los Municipios José Antonio Páez, Rómulo Gallegos, Muñoz y Achaguas del Estado Apure en el Espacio Aéreo, Fluvial y Lacustre en las islas que se formen o aparezcan en los ríos sujetos a la Soberanía Nacional. 5. Tribunal Militar Quinto de Ejecución de Sentencias con sede en Maturín, Estado Monagas, con competencia territorial en los Estados: Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta y Sucre, en el Mar Territorial, en las Islas que se formen o aparezcan en el Mar Territorial o en la Plataforma Continental, Zona Marítima Contigua y en el Espacio Aéreo, Fluvial y Lacustre sujeto a la Soberanía Nacional. Artículo 25.- Las funciones de Ejecución de Sentencias serán ejercidas por los Tribunales Militares de Ejecución de Sentencia, los cuales estarán integrados por un (1) Oficial en servicio activo, profesional del Derecho.
DISPOSICIONES FINALES Artículo 26.- Se derogan todas las disposiciones que colidan con la presente Resolución. Articulo 27.- Todo aquello que no esté previsto en la presente Resolución, será resuelto por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, por Resolución aparte o mediante manuales o instructivos dictados a tal fin, según sea el caso. Articulo 28.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, Firmada y Sellada en el Salón de Sesiones de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2004. El Presidente
(FDO) IVÁN RINCÓN URDANETA
EL PRIMER VICEPRESIDENTE, EL SEGUNDO VECEPRESIDENTE, (FDO) (FDO) OMAR ALFREDO MORA DÍAZ LEVISIGNACIO ZERPA
(FDO) (FDO) JESÚS E. CABRERA ROMERO JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO
(FDO) (FDO) ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
(FDO) (FDO) CARLOS OBERTO VÉLEZ ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
(FDO) (FDO) JUÁN RAFAEL PERDOMO PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
(FDO) (FDO) HADEL MOSTAFÁ PAOLINI YOLANDA JAIMES GUERRERO
LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ BLANCA ROSA MARMOL DE LEÓN
(FDO) (FDO) ALFONZO VALBUENA CORDERO TULIO ALVAREZ LEDO
(FDO) (FDO) IVÁN VÁSQUEZ TÁRIBA RAFAEL RENGIFO CAMACARO
(FDO) JULIO ELIAS MAYAUDÓN
(FDO) OLGA M. DOS SANTOS P.
Tribunal Militar Segundo de Contro con sede en Caracas
De conformidad con lo establecido en la SECCIÓN TERCERA, DE LOS TRIBUNALES MILITARES DE CONTROL artículo 22, Numeral Primero de la Resolución dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena Nº 2004- 0009 de fecha dieciocho de agosto de dos mil cuatro, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.021 de fecha 13 de Septiembre de 2004, establece: Artículo 22.- Se sustituye la denominación actual de los Tribunales Militares de Primera Instancia Permanentes por la denominación de Tribunales Militares de Control, de conformidad con el Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, se denominarán: 1. Tribunales Militares Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Control con sede en Caracas, todos con competencia territorial en el Distrito Capital, Estados Miranda y Vargas, Dependencias Federales, Mar Territorial, Islas que se formen o aparezcan en el Mar Territorial o Plataforma Continental, en la zona Marítima Contigua y espacio Aéreo
sujeto a la Soberanía Nacional.
LA JUSTICIA MILITAR EN VENEZUELA http://lajusticiamilitarenvenezuela.blogspot.com/
Por G/D Enrique Prieto Silva
Al final del Siglo, son evidentes, los cambios sociales y su interacción internacional. Pareciera que de la noche a la mañana, lo que fue bueno como integración y gobierno político, ha quedado obsoleto. La sociedad tiende a unirse en la economía y en el conocimiento; y con el explosivo desarrollo de la cibernética y de las comunicaciones, tiende a cambiar el rol y el fin de las fronteras, y con ellas, la relación jurídica de los espacios que se le relacionan, lo cual arrastra a los conceptos de seguridad, de defensa y de soberanía; tres elementos fundamentales en la concepción militar. Esto evidencia la necesidad de cambiar los esquemas jurídicos del ente militar y de la relación social con él. Ante este fenómeno, el impulso nacional surgido en Venezuela hacia la reforma judicial nacional, abarcó también la necesidad de dar celeridad al inicio de la reforma de la Justicia Militar, concretada hoy en las normas básicas establecidas en el proyecto de Constitución, que necesariamente involucran la reforma estructural de toda la normativa cambiada por ella. Era necesaria la justificación del delito militar, del fuero, de la jurisdicción y de la especialidad del Derecho Penal Militar, pero ésto no se hizo cabalmente, aun cuando la agudeza analítica nos alertaba del peligro para el fundamento institucional, la forma como se han venido manejando y definiendo ambiguamente los elementos: entes, organismos y procedimientos de la Justicia Militar. Era necesario entender, que no puede justificarse una Justicia Militar al margen del sistema de justicia Nacional por cuanto no es admisible, que trate de justificarse a la justicia militar como sistema especial porque existe, sin penetrar en su configuración y en su fundamento, para demostrar con pruebas irrefutables, la necesidad de su existencia porque se justifica. Pensamos que, cuando se maneja el concepto de Justicia Militar, hay que tener cuidado en reconocer que estamos refiriéndonos a una institución cuyo fin principal es regular la conducta de ciudadanos nacionales que conforman otra institución del Estado: la institución militar. Por lo tanto, no se puede tratar a esta institución, sin considerar los factores que influyen en ella, ya que como organización social y ente originado de la imaginación del hombre, sufre como él, las transformaciones a que obligan los usos y el desarrollo de su propia naturaleza. Por ello, al igual que el hombre que las crea, nacen y se desarrollan hasta alcanzar la estatura necesaria para el cumplimiento del fin institucional. Conforme a la teoría organizativa, no puede olvidarse que muchas instituciones como proyectos de su imagen perduran en el tiempo, sin alterarse mas allá del cumplimiento de su misión, que es la reguladora de su mantenimiento y existencia durante el período de vida del creador, pero en la medida que el hombre cambia, cambian también los elementos de su entorno o medio ambiente, como necesidad de adecuarse a estos cambios, pues, no hay nada más real y necesario, que la actualización y la modernización del presente para adaptarlo a la realidad del "futuro". En esta dialéctica transformadora, surgen y perecen instituciones con la misma dinámica evolutiva, según se mantenga o no el fin institucional, al igual que ocurre con el propio hombre. Pero en el caso de las instituciones jurídicas, la mente humana se ve obligada a pensar siempre en el futuro desde el mismo
momento de crear las normas, aunque nunca podrá con su imaginación hacer sus creaciones con la certeza de su exacta adecuación a la evolución de todo el contenido constitucional. Entendida esta evolución, podemos interpretar la Justicia Militar, su vigencia y necesidades de reforma, en la medida que cambian el rol institucional de los militares, el contenido filológico de la ciencia y de la disciplina militar, toda vez que, es la conducta del ciudadano relacionada corporativa o funcionalmente con la institución armada de una sociedad, la que determina el significado ideológico de la norma especial del derecho militar. LA JUSTICIA Y EL DERECHO MILITAR Desde hace tiempo se discute, sobre el origen del derecho militar. En este sentido, unos plantean que el mismo nació de la voluntad de los legisladores, otros de los estadistas; y otros, que surge de la voluntad de los jefes militares. Al respecto, muchos historiadores refieren que, "el derecho militar no es más que el producto histórico de un determinado momento de civilización y cultura social", por cuanto los legisladores y gobernantes, no hacen más que reflejar la situación jurídica y social ya existente. Hay un triple paralelismo entre la evolución de la táctica militar, de la disciplina y de la sociedad. Esta trilogía, hace que los miembros de una organización militar tengan deberes y derechos que no encajan exactamente dentro del ordenamiento jurídico común del Estado, y antes por el contrario, aparecen muchas veces como violatorios de normas constitucionales. Situación que produce una conducta diferente, al comparar la del ciudadano común con la del soldado, que se rige por el código militar, siendo por ello que el código penal militar rige en forma general al soldado y en forma más restringida al ciudadano común. Si buscamos el fundamento de esta diferencia de conducta, la encontramos en la necesidad de mantener la disciplina, que es el pilar fundamental de la Institución Armada. Sin disciplina serían imposibles la obediencia y la subordinación, cuya trilogía es necesaria en la táctica, factor relevante de la acción operacional de las Fuerzas Armadas. El Derecho penal Militar, contempla una diversidad de normas sui-generis, que nacen desde el momento mismo de la constitución de cada Estado y la formación de su cuerpo armado regular. El es un derecho propio, particular, independiente del penal ordinario, aunque la tipología sea semejante. En Venezuela se ha creado una matriz de opinión dirigida a un cuestionamiento específico de la justicia en genérico. Es decir, no se separan sus componentes, tales como la legislación, la ejecución del cuadro normativo legal y el Poder Judicial en sí, como administrador de la justicia, sino que se plantea una reforma, también en genérico, que evidentemente ha traído confusión, por cuanto la comunidad ignorante en leyes, cree en los políticos que han asumido el rol del cuestionamiento, muchos de
ellos, también ignorantes en lo que en si envuelve el Sistema Judicial de un Estado. En este orden de ideas, en lo que a la justicia militar se refiere, aparece el mismo cuestionamiento, y como contrapartida, la idea de utilizar la Justicia Civil u Ordinaria, que de hecho y de derecho es supletoria del derecho militar, en su reemplazo. Pero lamentablemente, esta justicia también cuestionada, de igual forma se encuentra en un proceso de reforma, que ha comenzado con un cuestionamiento injusto e irracional, al hacer aparecer el Sistema Judicial ineficiente como un todo y a todos los magistrados que integran el Sistema, como corruptos, siendo manipulados injustamente por la "opinión pública". Justificación de la Justicia Militar Como premisa básica, se debe justificar la Justicia Militar, como elemento necesario para el mantenimiento de la disciplina en las Fuerzas Armadas, institución que tiene su fundamento constitucional en la Seguridad del Estado, para lo cual el propio Estado ha creado su infraestructura jurídica y organizativa en la Constitución, con el fin de preservar y dar vigencia a los criterios de Independencia, Soberanía y Fronteras, y con ellos, el de las Fuerzas Armadas como institución garante de la Seguridad y la Defensa Nacionales, así como de la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes. No es por férrea y arbitraria sino por sincera y justa, que debemos justificar la existencia de la Justicia militar. Esta premisa es la orientación que reclama la constitucionalidad del Código de Justicia Militar, que rige como especial la materia penal militar en Venezuela, con cuya urgente reforma, podremos eliminar las aristas controversiales que hoy mantiene con la Constitución y para lograr su actualización y modernización en su terminología, en sus órganos y en las relaciones sustantivas y formales de su normativa. En este sentido y relacionado con la función constitucional del Estado, para su Seguridad, debemos imbricar en ella los instrumentos legales, que con la Constitución, norman a la justicia militar y conforman junto con la libertad ciudadana, el marco jurídico del deber obligatorio del servicio militar, cuya violación se transforma en infracción militar. Al respecto, en nuestro sistema legal, encontramos un cúmulo de normas que fundamentan los deberes y los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de todos los venezolanos, que conforman el cuadro jurídico Militar. Origen de la Justicia Militar venezolana A raíz de los movimiento revolucionarios de independencia y mas recientemente con los cambios ideológicos de fines del Siglo XIX y mediados del presente, el Derecho Penal Militar atravesó por una etapa fenomenológica, que le hicieron
incrementar sus tipos delictivos, al ser utilizado por los Estados para modelar como delictivas, las conductas insurgentes en las constantes convulsiones en que han vivido, originadas por la influencia de doctrinas políticas y económicas revolucionarias, que han tratado de justificarse para solventar en forma extremista y violenta los problemas que han agobiado a la humanidad hasta el presente. Pareciera entonces que, la Justicia Militar estuviera en una metamorfosis involutiva, que tiende a apartarla de su espíritu primigenio que la creó y dio origen para un fin estrictamente militar, por lo que fue colocada dentro de un contexto específico en las normas del Derecho Militar. Por ello es evidente, que la evolución del elemento donde surte su efecto, es decir las fuerzas armadas, la obligan al paralelismo para que siga cumpliendo el fin que le dio origen y la justifica dentro de ese contexto. La Cédulas Reales de España y el Reglamento del Libertador La justicia militar, según el criterio del Dr. Chiossone, expuesto en articulo de Revista de la Escuela superior de la Guardia Nacional, tiene su origen en el momento en que se organizan los primeros cuerpos armados bajo la disciplina de las ordenanzas y de las Cédulas Reales en los siglos XVII y XVIII. Entre nosotros, puede hablarse de Justicia Militar, cuando en el Cuartel General de San Felix, el 7 de Junio de 1817, el Libertador dictó el "Reglamento sobre el modo de conocer y determinar en las causas militares", en cuya exposición inicial expresa: "Con el objeto de establecer un orden general de juicios que se observe en todos los ejércitos y guarniciones de la República, y que bajo un método sencillo y breve conozca de todos los delitos que puedan cometer los militares, he tenido a bien decretar el establecimiento y formación de un Consejo de Guerra permanente en todo ejército, división y brigada que operen separados a cuyo juicio estaban sujetos todos los individuos militares de cualquier clase y arma que sean, bajo las reglas que se establecen sucesivamente" (Decretos del Libertador 1813-1815). En el mismo decreto, al establecer la forma de instrucción, declara la procedencia y aplicación de la Ordenanza española sobre esta materia, y las leyes penales impuestas por los bandos del ejército, las leyes militares o reglamentos publicados por la Autoridad Suprema de la República y como supletorias de este derecho sustantivo, las normas penales de la Ordenanza española. La normativa militar a partir de la Gran Colombia Dentro de la Gran Colombia, nuestro país fue un Distrito Militar, y al separarse de ella en 1830, en su primera Constitución aparece dentro de las leyes que la desarrollan, la ley militar, conjuntamente con otras leyes de la propia Gran Colombia y españolas, especialmente en materia penal ordinaria y penal militar.
El Congreso Constituyente promulga la Ley del 9 de octubre de 1830, sobre "Tribunales militares, competencia y procedimiento"; adaptando esta normativa a la organización de la Milicia Nacional establecida en la ley del 2 de octubre anterior y a la del 24 de septiembre que había fijado y organizado la Fuerza Armada Nacional. (Tulio Chiossone: "Formación Jurídica de Venezuela en la Colonia y la Republica") En 1849, el Congreso legisla sobre los tribunales militares, manteniéndose la materia procesal penal militar con la aplicación de la Ordenanza española de 1768. Por Decreto del 31 de Enero de 1863, el General Páez ejerciendo poder dictatorial, aprueba una sentencia declarativa de la Corte Suprema, que autoriza al Comandante en Jefe para que disponga le ejecución de sentencias y remita el expediente a la Corte Marcial, ordenándose tener la decisión de la Corte Suprema como ley de la República. El Primer Código Militar venezolano Puede considerarse el Código de 1873, como el Primer Código Militar venezolano, código éste mandado a redactar por el general Antonio Guzmán Blanco a la Comisión General para los Códigos Nacionales: Civil, Mercantil y de Procedimientos, dentro de cuya Comisión estuvo encargado de su redacción, el general Felipe Estés. Es de notar que, los preceptos de éste Código se repiten en los códigos subsiguientes y muchos de ellos aún perduran en el vigente. Este Primer Código Militar, compuesto de cinco libros y 1488 artículos, reunió en un solo cuerpo las normas orgánicas del Ejército, hoy contenidas en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas; en la Ley del Servicio Militar; y en el propio Código de Justicia Militar en sus partes sustantiva y adjetiva o procesal. Primer Código de Justicia Militar Esta composición, estructura jurídica y contenido normativo, se repiten en los Códigos de 1882, 1904, 1923 y 1930, siendo en 1933, cuando aparece el Primer Código de Justicia Militar y Naval, dedicado exclusivamente a la materia penal militar, de donde surge la base conceptual del vigente Código. Podemos concluir en que, con el contenido normativo de estos códigos se fue perfilando el concepto de la Justicia Militar, al irlos adaptando progresivamente a las normas procesales del Código de Enjuiciamiento Criminal, a las normas sustantivas del Código Penal, así como a la naturaleza institucional de lo militar, lo cual culmina en el Código de Justicia Militar de 1938, aún vigente. El Código de 1938
El proyecto inicial del Código vigente fue elaborado por el Dr. Gustavo Manrique Pacanins en 1937, y revisado entre abril de 1937 y abril de 1938, por el Dr. Tulio Chiossone, quien fue su ponente ante el Congreso Nacional. Proyecto que se fundamentó en las normas originarias del Código Militar de 1904, cuya orientación y formalidades fueron tomadas de los Códigos de 1873, que fue el primer Código Militar venezolano, y el Código de 1882. Códigos éstos donde se introdujeron una serie de normas que posiblemente respondían a la práctica guerrera de la Revolución Restauradora y su influencia europea, cuyas normas fueron transmitidas con pocas variantes a los códigos militares de 1923 y 1930, hasta 1933, cuando aparece el Primer Código de Justicia Militar y Naval, dedicado exclusivamente a la materia penal militar, de donde surge la base conceptual del vigente Código. Es interesante saber, que sobre el vigente Código, el mencionado Dr. Tulio Chiossone, su ponente, ha emitido conceptos de racionalidad, los cuales nos sirven de base conceptual para nuestro estudio. En tal sentido, ha expresado: "Las disposiciones nuevas que contiene, con ser numerosas, son sin embargo, en su mayoría, simplemente reglamentarias para el desarrollo de un principio establecido. El pensamiento general tanto en las nuevas disposiciones como en las que han sufrido reforma, inspíranse para cada una de ella, en una necesidad efectiva evidenciada y justificada por la experiencia." No podemos olvidar la historia, y la necesaria y natural evolución de la vida ciudadana y con ella, la del Estado-Nación. La Venezuela de entonces, luego de las guerras, se desenvuelve en un clima dictatorial, el cual sirvió de marco conceptual al actual Código de Justicia Militar, por lo que su proyectista lo considera y valora de esta manera: "La circunstancia de que a partir de 1904 hasta 1933, se hubieren promulgado cuatro códigos militares, durante períodos de dictadura, en nada afecta el valor jurídico de ellos, pues por una paradoja venezolana, la Codificación en general se realiza en las dictaduras, desde la del General Páez, hasta la del General Juan Vicente Gómez." La tipología delictiva militar Es nuestro interés destacar la circunstancia, de que los delitos como violación de la norma, son calificados de acuerdo a la materia jurídica que los tipifica, siendo en mayor proporción los delitos comunes, que son la generalidad de ellos. En cuanto al delito militar, se le considera como especial por su naturaleza, pues siendo como lo es el Derecho Militar, un conjunto de normas con caracteres especiales, será también especial la violación de estas normas con carácter delictivo.
La especialidad del delito militar como consecuencia de la infracción del ordenamiento respectivo, fue analizado por Manzini, quien señaló que: "la norma jurídica que tiende directamente a asegurar el mantenimiento de los fines esenciales de la institución militar, constituye un orden jurídico particular dentro del orden jurídico general del Estado". Concepto que se actualiza cada vez que la institución se especializa, se hace más técnica y necesaria en el conjunto internacional para el afianzamiento de la paz mundial. Tal necesidad, le da importancia a un ordenamiento específico militar que organice, modere, de seguridad y permita insertar esta Institución en la estructura nacional, y más allá de la nación, dentro de la comunidad internacional. También es especial el delito militar por su consideración fundamentada en la territorialidad de las normas. Las Leyes militares son elaboradas para cumplimiento por los nacionales, abarcando también a los extranjeros radicados permanentemente o en forma temporal en el territorio nacional. Sin embargo, muchas normas tipifican delitos que solo pueden ser cometidos por extranjeros, es el caso del espionaje y la violación de derechos humanos o humanitarios en conflictos bélicos. Otra especialidad se la da la personalidad del autor. Como vimos; la subjetividad es privativa en estos delitos. Las leyes militares rigen de manera general a los militares y de manera excepcional a particulares. El procesalista venezolano Arminio Borjas, al referirse a las excepciones del principio "ratione personae", expone la necesidad de la extensión de la competencia penal militar, en casos de delitos militares cometidos por civiles, fundamentándola en el carácter particular o la especial naturaleza de ciertos hechos delictuosos que reclaman la preferencia de este fuero. En cuanto a la personalidad del sujeto activo en la comisión de un hecho punible por la legislación militar, es conveniente saber que en todo tiempo están sometidos a la jurisdicción militar; los oficiales, sub-oficiales profesionales de carrera, especialistas, individuos de tropa (guardia nacionales, marineros soldados etc.), sea cual fuere su jerarquía y la situación en que se encuentren, los alumnos de las escuelas militares y navales de la República; los asimilados, los reos militares que cumplen condena en establecimientos sujetos a la autoridad militar; los empleados y operarios sin asimilación militar que presten sus servicios en establecimientos o dependencias militares por cualquier delito o falta cometida dentro de ellos (Art. 124º CJM). Existen además, algunas consideraciones de personas que pasan a jurisdicción militar en tiempo de guerra o suspensión de garantías (emergencia), tales como los prisioneros de guerra; las personas que por cualquier motivo acompañen a las fuerzas militares, por delitos o faltas cometidos en el territorio comprendido dentro de los servicios de seguridad; las personas extrañas a las fuerzas militares que, en la zona de operaciones cometan cualquiera de los delitos contemplados en el Código y cualquier acto que los Comandantes en Jefe prohíban y castiguen en
órdenes dictadas con anterioridad a la comisión de tales hechos (Art.125 CJM). Igualmente, en el territorio del enemigo ocupado, toda persona que fuere acusada por cualquier delito. El delito militar es también especial por su origen, por cuanto es especial también la norma que le da el tipo. Una acción u omisión cometida por un militar, solo o en connivencia con otros militares o civiles; y también en casos excepcionales, cometida por uno o varios civiles; cuando se subsume en un tipo normativo penal militar, será un delito militar. (Código de Justicia Militar Art.123º). Cuando la acción u omisión estuviere también tipificada en otro ordenamiento legal distinto del militar, pero las circunstancias, o los elementos subjetivos, causales o de seguridad la ubiquen dentro del campo castrense, será considerada como delito militar y privará en este caso la aplicación de la ley especial, la Ley de la materia. Conformación autónoma del delito militar El delito militar como figura autónoma se conforma al considerar en él la existencia de los elementos descriptivos del delito general, que como indicáramos antes, fué definido por Ernesto Beling, como: "La acción típica, antijurídica, culpable, sometida a una adecuada sanción penal y que llena las condiciones objetivas de penalidad", y sistematizada por Jiménez de Asúa, como "el acto típicamente antijurídico y culpable imputable a una persona y sometido a una sanción penal". Pero cuando agrega: "es necesario al definir la infracción punible, establecer todos los requisitos, los que son constantes y los que aparecen variables", es cuando aparece su vinculación con el delito militar, toda vez que muchas veces concurren las circunstancias constantes que van a decir de la comisión de un hecho aparentemente punible, pero por la inexistencia o modificación de uno de los requisitos variables, ese hecho deja de ser punible para convertirse tan solo en una conducta irregular sin consecuencia jurídica penal. En este sentido, en el estudio del delito militar, las circunstancias variables tienen gran influencia para su valoración y para la consideración de su existencia o inexistencia. Muchas veces, las circunstancias ambientales de paz dan una valoración jurídica al delito, diferente a la que se daría en circunstancias de guerra, por cuanto el delito militar es un acomodo jurídico penalizador, fundamentado en la violación específica de la ley militar que lo contempla y tipifica como tal. Patrones específicos del Delito Militar Los delitos militares tienen patrones específicos: traición, insubordinación, violación a la disciplina y deberes militares, infidelidades, desobediencia; que cometen militares en tiempo de paz o situación de normalidad, en tiempo de guerra o de emergencia constitucional con aplicación del derecho penal militar. Tales delitos se restringen a factores de temporalidad y espacialidad, que como se
ha dicho, se refieren a los delitos cometidos por militares o por civiles, cuando así lo contempla la Ley, en forma separada o conjuntamente. Características del delito militar El delito militar se ha visto colmado de un cúmulo de características con especial fisonomía, que podemos particularizar así: Penalidad severa tanto para los delitos dolosos como para los culposos. Ejemplarización de las sanciones Quebrantamiento de deberes típicos Las penas dentro de los ordenamientos militares han sido inflexibles, de trato rígido y de total e inexorable cumplimiento. Las sanciones han servido para ejemplarizar y asegurar la disciplina mediante la intimidación. Se les fundamenta en los deberes quebrantados, los cuales no hieren sentimientos de la sociedad sino normas de disciplina, obediencia militar y la mayor diligencia lícita exigible a quienes están ligados por compromisos tan fuertes con la Patria, que juraron defender hasta perder la vida si fuere necesario. Territorialidad Del Delito Militar Dentro de la validez espacial del Derecho Penal, es tal vez en el militar donde mejor se cumple el principio de la territorialidad. Los delitos militares son nacionalistas por excelencia y restringidos por las fronteras estatales, sin dejar por ello de considerarles posibilidades extraterritoriales, cuando mediante tratados, se hace una tipología delictiva militar internacional como las llamadas Leyes Escritas de la Guerra, donde las naciones hacen formulación y específica aplicación de los principios generales del Derecho de Guerra. No obstante, siempre privará el derecho nacional en casos de dualidad de normas referentes a un delito. El delito militar por regla general está restringido a penalidad del territorio cuya nacionalidad ostente el presunto delincuente. En tal sentido, la mayoría de los delitos militares cometidos en un Estado dejan de tener vigencia en otros Estados con esa calificación especial, pudiendo ser punibles como delitos comunes, si están así contemplados en el ordenamiento penal ordinario de ese otro Estado. Puede darse el caso de que la misma norma se encuentre en ambas legislaciones militares, pero la aplicación especial solo se hace por su violación dentro del territorio. Se atiende a la territorialidad de la norma, y su aplicación como delito militar no llega hasta el otro Estado, salvo el caso de contemplación en tratados o cuando se trate de la aplicación de la normativa militar con motivo de un conflicto bélico.
Extraterritorialidad del Delito Militar Aquellos delitos militares no apreciables como delitos ordinarios dentro de la legislación de otro Estado, permiten la protección del sujeto, mediante el reconocimiento del derecho de asilo y refugio, consagrado en el artículo 14º de la Declaración Universal de los derecho Humanos. De igual manera, la consideración del delito como político, que en la mayoría de los casos es excluyente de los tratados de extradición. Existen algunos casos, donde la comisión de un delito militar podría dar lugar a la consideración de su extraterritorialidad; es el caso de delitos cometidos en naves, aeronaves y sedes de legaciones en el extranjero. Para todo ello, al igual que a las aguas jurisdicciones y el espacio aéreo, se aplica el concepto jurídico de sometimiento a jurisdicción, en reemplazo del concepto material que da al Estado, soberanía sobre todos estos espacios. Modernamente es ilógico pensar en la existencia de soberanía de un Estado en territorio de otro Estado. No obstante, en el mar territorial relacionado con la plataforma continental, y en el espacio aéreo del territorio subyacente del Estado que tiene la jurisdicción, éste ejerce su soberanía, limitada por convenios o tratados internacionales en cuanto a su extensión y altura respectivamente. En los casos expuestos, no existe manifestación alguna de extraterritorialidad del delito militar, sino una consideración de su espacialidad, dentro de una extensión del territorio nacional sometida a su jurisdicción. Jurisdicción y Fuero Militar En la concepción de la justicia militar, son determinantes los conceptos de jurisdicción y fuero militar. En cuanto al término jurisdicción, este aparece en el lenguaje jurídico con diferentes significados. Según el jurista Couture, en el derecho de los países latinoamericanos se le entiende como ámbito territorial; como sinónimo de competencia; como conjunto de poderes o autoridad de ciertos órganos del poder público; y en su sentido mas preciso y técnico como función pública. Para este catedrático, la primera de las acepciones es la que dice la relación con el ámbito territorial determinado, de allí la interpretación como circunscripción o departamento, la cual se prolonga al ámbito geográfico, como lo pueden ser el fluvial o el marítimo. En cuanto al Fuero Militar, aún cuando se duda y discute sobre la necesidad de su existencia, se mantiene vigente, constituyendo una institución tradicional, muy común en el antiguo derecho español, que se ha proyectado en el derecho moderno, especialmente en los derechos nacionales con raigambre hispana. Su campo encierra la actividad jurisdiccional como medio de aplicación del derecho, y al mismo tiempo al ordenamiento jurídico especial que lo regula.
El término jurisdicción deriva del latín iurisdictio, entendido como el poder o autoridad que tiene la persona para gobernar y poner en ejecución las leyes y para aplicarlas en juicio. Igualmente, conforme a lo que hemos dicho, también se le conoce como el territorio en que un juez ejerce sus facultades de tal autoridad, poder o dominio. En fin, podemos generalizar entendiéndola como la actividad pública realizada por órganos especializados, nombrados por el Estado con las formalidades requeridas por la ley, en virtud de la cual, mediante actos y procedimientos legales, se aplica el ordenamiento jurídico establecido, para dirimir conflictos y controversias, mediante decisiones susceptibles de adquirir autoridad de cosa juzgada y eventualmente factibles de ejecución. Hasta el siglo XIX se le mantuvo a la jurisdicción como sinónimo de competencia. Hoy muchos textos legales usan el término para referirse a la prerrogativa, autoridad o poder de determinados órganos públicos. Es decir, se refiere más a la investidura que a la función. De allí la necesidad de entender, que existe diferencia entre la función judicial y la función jurisdiccional, por cuanto no toda función judicial es función jurisdiccional, como tampoco toda función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial. En forma conclusiva, podemos afirmar que –de acuerdo a Couture- "la función jurisdiccional asegura la vigencia del derecho... La obra de los jueces es, en el despliegue jerárquico de preceptos jurídicos, en el ordenamiento normativo, un grado avanzado de la obra de la ley ...el cometido inmediato de la jurisdicción es decidir conflictos y controversias de relevancia jurídica". Sin embargo, "no toda la función jurisdiccional supone la existencia de un conflicto ...La jurisdicción penal no siempre es jurisdicción de pretensiones resistidas o insatisfechas. Es jurisdicción tuitiva, necesaria, determinada por la Ley...El fin de la jurisdicción es asegurar la efectividad del derecho". En cuanto al fuero militar, en un sentido estricto, comprende un cúmulo de normas jurídicas que dan derechos y deberes a los miembros de las fuerzas armadas para ser juzgados por tribunales especiales, apartándose de la vía ordinaria "ratione person‘ ". El procesalista español Caravantes, al defender y justificar el fuero militar expresa: "El fuero militar es de necesidad local, porque los militares no tienen mas domicilio fijo que las banderas; es de necesidad orgánica, porque la disciplina se robustece reuniendo los jefes atribuciones judiciales; es de necesidad moral, porque los jefes deben saber las vicisitudes de la vida privada de sus súbditos; y es de necesidad política, porque la fuerza física se aumenta cuando se agregan los resortes morales que sirven para precaver y reprimir. Este fuero está pues, muy distante de ser simplemente un privilegio de apocado, como algunos creen, ni de perjudicar el interés público". La Jurisdicción Especial Militar En doctrina, es entendido que en el ámbito de las jurisdicciones se pueden distinguir varias clases de ellas y según la materia objeto de la jurisdicción, se distinguen la jurisdicción Ordinaria y la Especial. A esta clasificación, quedan
supeditados los actos jurisdiccionales que son cumplidos por los órganos competentes del Poder Público. Con este entendimiento es que, con la ambivalencia que damos a la jurisdicción como materia y competencia o facultad para administrar justicia, comprendemos dentro de la especial a la jurisdicción militar o castrense, que definimos como el conjunto de normas legales referidas a los militares, cuya incorporación comprende los ámbitos del fuero militar, que da competencia constitucional e inviste de potestad a jueces y tribunales especiales militares, para conocer de los casos que se suscitan dentro de los parámetros que establece la misma norma legal, atendiendo como se dijo antes, a razones de personas, materia y lugar, por ella calificados. El Fuero Militar y otros fueros Aparentemente, la existencia de estos fueros chocan con la igualdad ante el derecho; sin embargo, el fuero militar, al igual que otros fueros como el eclesiástico, el parlamentario, etc., ubicados dentro de los fueros reales, se plenan totalmente de constitucionalidad e igualdad ante la ley. El profesor Estrada, José Manuel en su obra "Curso de Derecho Constitucional", dice: "La abolición de los fueros personales no implica necesariamente la abolición de los fueros reales... el fuero militar para juzgar los delitos cometidos contra la disciplina y ordenanzas del ejército, cabe perfectamente dentro del principio de la igualdad. Si a los militares se les concede algún privilegio en el orden jurídico, es el ser juzgado con marcado rigor y las honrosas exigencias de cumplir cabalmente las leyes y órdenes que se les imparta para la patriótica defensa de su país. Las leyes militares han sido siempre inflexibles en su cumplimiento, y sus penas se han caracterizado por su marcado rigor, muchas veces excedido. En el pasado llegaron a ser inhumanas". El fuero de hoy no debe despertar la idea de exención o privilegio, sino la de deber y derecho; no la soberbia pretensión de aislamiento sino la demarcación del lugar en que una parte ha de entrar y componer un todo; "la fórmula mecánica del trabajo que se encomienda a la rueda de una máquina compuesta de otras varias; el fuero es en fin, el radio en que ejerce su acción la denominada justicia militar". El Fuero y la Disciplina Militar En el contexto jurídico formal del Estado para el sustento de las instituciones que le son fundamentales, surge de necesidad la Justicia Militar como elemento indispensable en el resguardo de la disciplina, base elemental para el funcionamiento de la estructura militar. Surgió entonces también la necesidad tuitiva, que impidiera el choque entre el privilegio y la igualdad jurídica, naciendo así en el pasado el fuero militar, el cual abarcó en forma amplia la conducta del militar sin distinción de clase y rango, con todo su desempeño tanto operacional como en su vida privada.
Luego, a medida que fue aceptándose en la sociedad la existencia de la jurisdicción militar y se estableció el servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos, el fuero fue perdiendo el contenido de privilegio diferenciador, para constituir lo que es hoy, una forma de protección de la comunidad contra los desafueros, impregnándose de un rigor férreo, que a la vez de servir de coraza de protección al militar, es un amparo contra la injusticia. En Venezuela, la organización de las milicias se considera como un acontecimiento fundamental en la gesta de la nacionalidad. En esta época, tuvo gran relevancia el fuero militar, el cual sirvió de halago para los conscriptos voluntarios, quienes con él, adquirían y asumían conciencia de patria y del deber militar. La mayor crítica que se hace al fuero militar por parte de juristas, es que militares sin preparación jurídica ejerzan la magistratura del derecho para impartir justicia, cuando a nivel universal, la ciencia del derecho se ha desarrollado en profundidad, y para que éste se aplique con lógica científica, se requiere la capacitación de especialistas en la materia para el ejercicio de la magistratura. Esto lo consideramos razonable, y es por ello que en Venezuela, casi en su totalidad, el ejercicio jurisdiccional militar está en manos de oficiales abogados, en su mayoría capacitados en la rama penal, con incursiones en renombrados institutos del derecho. Falta si, hacer los cambios y correctivos en la legislación que permite esta práctica. Peculiaridades del delito que fundamentan el Fuero Militar El delito militar, como hemos visto, es un delito de características o peculiaridades propias, catalogado de especial al igual que los delitos políticos, laborales, ecológicos, fiscales, etc., los cuales se encuentran tipificados en normativas también especiales. Muchas de esta normativas, conforman una jurisdicción también especial, pero a diferencia de ellas, la militar se segrega a una jurisdicción propia y diferente, inclusive de los órganos jurisdiccionales, que abarca en muchos casos los elementos constituyentes del delito, referidos a la persona o sujeto activo, al lugar o sitio de comisión del acto antijurídico y a la circunstancia o elementos fácticos incidentales que originan la conducta desviada del delincuente. En síntesis, la función militar. Entre sus peculiaridades, antes mencionamos la penalidad severa y ejemplarizante, los deberes típicos que conforman la conducta delictiva, la inflexibilidad e inexorabilidad de las penas y el trato rígido de la norma procesal. Todo derivado del reclamo de la Institución encargada de la seguridad y la defensa de la Nación, que impone a sus integrantes una severa disciplina, fundamentada en la obediencia militar y en el reclamo de la mayor diligencia en el cumplimiento del deber, a quienes juraron defender la Patria hasta perder la vida, si fuere necesario. El fuero militar y los delitos comunes cometidos por militares
A tenor de lo establecido en el vigente Código de Justicia Militar, el cual sigue la doctrina mas aceptada a nivel universal, los delitos comunes son considerados delitos militares, cuando son cometidos por militares en cuarteles, guarniciones, escuelas, almacenes de las Fuerzas Armadas, oficinas y cualquier otro establecimiento militar, en funciones militares, en actos del servicio, en comisiones o con ocasión de ellas. En este sentido, la materia jurisdiccional militar ha sido discutida desde hace mucho tiempo, cambiando con ella, su consideración como especial en la normativa general universal. Con base en estos estudios, la jurisdicción militar mereció especial atención al prepararse el Proyecto del vigente Código de Justicia Militar, considerándola como "materia de suyo delicada y harto discutida en la doctrina", de donde surgieron las siguientes consideraciones: "En la formación del Derecho Penal Militar, la doctrina y la crítica se esmeran por establecer los límites científicos de la jurisdicción militar, a base de la determinación técnica del delito militar conforme a los principios y sus elementos diferenciales específicos, y a la vez, en las necesidades del mantenimiento de la disciplina militar, para concluir que es propio de dicha jurisdicción cuanto requiera el mantenimiento de ésta". "No obstante la diversidad de los sistemas y de las críticas que a todos ellos se les hace todavía, ya se ha fijado definitivamente en la doctrina que el delito militar no lo constituye solamente la violación de un deber peculiar o exclusivo de los militares, y que por lo tanto, los hechos castigados por la Ley penal ordinaria, pueden constituir un delito militar cuando por su especial y predominante contenido, constituyen la violación de un deber militar". Juzgamiento de civiles por delitos militares No obstante todo lo tratado, uno de los mayores debates sobre el tema del "fuero real de la jurisdicción militar", es en cuanto a la competencia para juzgar no solo a los militares efectivos y asimilados y a aquellos civiles que cumplen funciones en las Fuerzas Armadas, sino también a los civiles ajenos a la vida militar, cuando directamente o por concurrencia infrinjan una ley o reglamento militar, aún cuando estos casos son muy esporádicos. Al civil se le juzga por la comisión de un delito militar, de la misma manera que a un militar se le juzga ordinariamente por la comisión de delito común, o a cualquier ciudadano se le juzga por violar la ley de Abogados o la Ley del Ejercicio de la Medicina, sin que se requiera para ello que el infractor sea abogado o médico. Se entiende que se ha producido la violación de una ley general nacional, que amerita el castigo para el infractor
Claro está, que no se juzgaría una violación ordinaria, asimilándola al derecho penal militar, si ésta no tuviera relación con aquella, toda vez que de hacerse así se estaría cometiendo un exabrupto legal. Ello sería solamente lógico cuando la violación sea considerada un delito típico militar el cual sería imposible que pudiere ser cometido por un ciudadano no militar. Nuestro criterio es, que para lograr la seguridad jurídica, es necesaria la aplicación de la ley militar cuando haya silencio en la ordinaria y sea un civil quien cometa el hecho. El acto penado por la ley militar ha sido considerado como delito cuando éste no se refiere específicamente al sujeto en su condición de militar, o a la violación disciplinaria y de subordinación, el acto será siempre un delito, sea cual fuere el sujeto comitente; es decir, se ha producido un hecho con toda su relación de causa y efecto, actual y ubicado dentro del territorio donde tiene vigencia la ley militar, lo que quiere decir que se ha cometido un delito. La no aplicación de la Ley traería como consecuencia la inseguridad jurídica, si solamente se hace la valoración del delito mediante la abstracción del sujeto. En todo caso, será necesario considerar la calificación del sujeto comitente del delito, que de tratarse de un ciudadano no militar, podría estar exento de imputabilidad, por la comisión de delitos intrínsecamente militares, al igual que el soldado que no haya cumplido con los elementos formales que lo acrediten para el desempeño de la función militar. La extensión de la jurisdicción militar hasta el campo civil, fue práctica internacionalmente utilizada en el pasado. Ella fue originada por la constante insurgencia bélica en que vivían los pueblos cuando la guerra era lo normal y la paz lo excepcional; más se conocía la práctica de los tribunales de guerra que la de los civiles y solo cambiaban según fueran leyes marciales impuestas por gobiernos internos dentro de una guerra intestina o leyes de la guerra aplicadas por gobiernos militares en una invasión. En esas épocas pasadas, los códigos eran conjuntos y dentro de uno o de varios ordenamientos se ubicaban delitos militares y comunes. NUEVA VISIÓN DE LA JUSTICIA MILITAR Desde hace mucho tiempo se viene aludiendo a modernas teorías que tienden al tratamiento del Derecho Penal Militar, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, lo que ha dado origen a discusiones y análisis tendentes a fortalecer la modernización del concepto jurídico, al igual que ha cambiado el concepto y la ciencia militar y de lo militar. Teoría de los códigos separados El siglo pasado y nuestro siglo se caracterizan por el nacimiento de códigos separados. El código militar se moderniza a partir de las dos conflagraciones mundiales; sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial fue frecuente
considerar que la justicia militar rebasaba su jurisdicción, cuando intentaba juzgar a los civiles en tiempo de paz y aún en tiempo de guerra. En los Estados Unidos, ésta limitación ha tendido a ser más grande aún. En leyes del Servicio Selectivo, se llegó a considerar que un soldado después de ser separado de las Fuerzas Armadas no puede ser enjuiciado por los delitos que hubiere cometido en Servicio. Así mismo, el soldado que recién ingresa, el recluta, tampoco sería enjuiciable hasta que esté realmente incorporado al ejército. Al que no se incorpore o se niegue a hacerlo, escapa de la jurisdicción militar para ser enjuiciado civilmente. En otras legislaciones el procedimiento ha cambiado y antes por el contrario, en lugar de restringirse la jurisdicción militar, ésta se ha ampliado con una serie de delitos que han pasado a su competencia y otrora fueron de la jurisdicción ordinaria. Las causas han sido: La convulsión mundial referida anteriormente, que ha hecho aparecer delitos comunes aparejados en tiempo de paz a los delitos militares, sin que exista un estado o momento de guerra. La incapacidad penal ordinaria para juzgar delitos que escapan por sus características a los tipos normativos clásicos. A pesar de toda esta incongruencia jurisdiccional, no existe una total independencia de delitos. Puede decirse que muchos son comunes por su tipología, por el molde que los hace delitos; pero que un ligero cambio en la temporalidad, en la territorialidad o en la personalidad del sujeto activo, los relacionan y conectan hasta transformarlos y ubicarlos en una o en ambas jurisdicciones. Es por ello que muchas veces encontramos delitos estrechamente relacionados en la legislación penal ordinaria y en la militar. Los conflictos de competencia por la jurisdicción Lo normal es que la jurisdicción civil atraiga a la militar. Así lo recoge la jurisprudencia mundial y es la situación de nuestro Código de Justicia Militar, cuando en su artículo 21º somete al personal de las Fuerzas Armadas a la jurisdicción ordinaria por los delitos comunes que cometa, dejando a salvo las excepciones establecidas en el ordinal 3º del artículo 123º, donde se considera como delitos militares, los delitos comunes cometidos por militares en cuarteles, guarniciones, escuelas y establecimientos militares, almacenes de las Fuerzas Armadas, oficinas militares y cualquiera otro establecimiento militar, en funciones militares, en actos del servicio, en comisiones o con ocasión de ellas. En todo caso, de acuerdo con el mismo artículo 21º, se aplicarán las disposiciones del Código Penal sobre los delitos comunes de que trata. Igual tratamiento corresponde con las materias regidas por legislación especial, que remiten el enjuiciamiento a la Justicia Militar, tal es el caso de la Ley Orgánica sobre Substancias Estupefaciente y Psicotrópicas.
Quedaría así evidenciado el tratamiento del delito con relación a la personalidad del autor, es decir, a su condición militar, a la causalidad del hecho, la relación con el servicio y al lugar donde se ha cometido el delito. Es de observar que, esta especialidad del delito asumido en la normativa del Código Orgánico Penal Militar, esta siendo derogada por las normas procesales en materia penal incluidas en la Constitución que actualmente se redacta. En jurisprudencia venezolana aparecen conflictos de competencia, donde la jurisdicción ordinaria atrae a la militar, específicamente en casos donde se han cometido delitos pertenecientes a ambas jurisdicciones. Mas recientemente, se ha declinado la competencia en los tribunales de Salvaguarda del Patrimonio Público cada vez que se cometen delitos que afectan al patrimonio de las Fuerzas Armadas, el cual es considerado dentro de la "unidad del Patrimonio Público nacional"; así mismo, en materia de Substancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a pesar de la orden expresa de la Ley, que determina el conocimiento expreso por la Justicia Militar. Sin embargo, hay fallos de la Corte Suprema de Justicia venezolana, donde ésta ha considerado el conocimiento de casos por la jurisdicción militar, por delitos cometidos por civiles, siempre y cuando no esté tipificado el hecho como delito en la jurisdicción ordinaria. Al respecto existe indefinición e inseguridad jurídica, por lo que permanentemente se presentan conflictos de competencia que retardan los procesos iniciados en una u otra jurisdicción, hasta decisión de la Corte Suprema de Justicia, la que no ha sido coherente y pareciera que sus decisiones han sido caprichosas, por motivaciones personales o políticas. Contenido normativo del Código Penal Militar El Código de Justicia Militar contiene normas tanto de derecho sustantivo como de derecho adjetivo y establece estructuras, lapsos y procedimientos, que difieren en muchos casos con el Derecho Ordinario, estableciendo además la calificación de los delitos comunes que deben pasar a su jurisdicción, cuando se cumplan los extremos de temporalidad, espacialidad y personalidad del sujeto activo en la comisión del delito. Como es lógico pensar, existen circunstancias, donde a prima facie es difícil definir el órgano competente para conocer de un delito que reúna algunas de las características contenidas en el Código de Justicia Militar, y en tal caso, sin que se paralice el proceso en sus fases procedimentales comunes, con la incorporación de los elementos básicos necesarios para el proceso especial, surge el conflicto de competencia que debe ser dirimido por la Corte Suprema de Justicia, quien decidirá cual es el juez natural competente, si no lo acordaren previamente las autoridades jurisdiccionales que conocen del caso. Publicado en Revista Militar en 1999
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La Justicia Militar en Venezuela by Carlos Alberto Londoño Mölner6 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less