Source: http://legislacion.derecho.com/orden-16-abril-2007-departamento-de-justicia-empleo-y-asuntos-sociales-517386
Timestamp: 2013-05-18 09:18:59
Document Index: 164033012

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 14', 'artículo 27', 'Artículo 15', 'e contrario', 'Artículo 18', 'Artículo 21', 'artículo 19', 'artículo 38', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'artículo 28', 'Artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 50', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 39', 'artículo 48', 'Artículo 40', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'artículo 50', 'artículo 50', 'Artículo 53', 'artículo 50', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'artículo 54', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'artículo 11', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'artículo 57', 'artículo 25', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 87', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'artículo 31', 'Artículo 94', 'artículo 40', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'artículo 50', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'artículo 14', 'artículo 33', 'Artículo 103', 'Artículo 104']

ORDEN de 16 de abril de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava
» ORDEN de 16 de abril de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava	ORDEN de 16 de abril de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava Mis Leyes
ORDEN de 16 de abril de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava Nº de Disposición	:
BOPV 129	Fecha Disposición	:
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	Artículo 1. Aprobación.Artículo 2. Publicación.Artículo 3. Inscripción.Artículo 1. Naturaleza.Artículo 2. Finalidad.Artículo 3. Ámbito territorial.Artículo 4. Cooficialidad lingüística.Artículo 5. Sede.Artículo 6. Funciones.Artículo 7. Relaciones institucionales.Artículo 8. Previsiones honoríficas y protocolarias.Artículo 9. Órganos.Artículo 10. Clases.Artículo 11. Asistencia.Artículo 12. Convocatoria.Artículo 13. Constitución.Artículo 14. Celebración.Artículo 15. Junta General extraordinaria de censura.Artículo 16. Competencias.SECCIÓN 1.ªArtículo 17. Composición.Artículo 18. Carácter.Artículo 19. Duración.Artículo 20. Atribuciones.SECCIÓN 2.ªArtículo 21. Condiciones de los candidatos.Artículo 22. Convocatoria.Artículo 23. Procedimiento electoral.Artículo 24. Toma de posesión.Artículo 25. Cese en el cargo.SECCIÓN 3.ªArtículo 26. Comisiones.Artículo 27. Deberes de los miembros de la Junta de Gobierno.Artículo 28. Periodicidad y convocatoria.Artículo 29. Constitución.Artículo 30. Adopción de acuerdos.SECCIÓN 4.ªArtículo 31. Secretaría.Artículo 32. Tesorería.Artículo 33. Vicedecano.Artículo 34. Vocalías.Artículo 35. El Decanato como órgano presidencial.Artículo 36. Funciones y competencias.Artículo 37. Moción de censura.Artículo 38. Cuestión de confianza.SECCIÓN 1.ªArtículo 39. Sometimiento al Derecho administrativo.Artículo 40. Ejecutividad.Artículo 41. Recursos.Artículo 42. Legitimación especial.Artículo 43. Actos nulos.SECCIÓN 2.ªArtículo 44. Articulación colegial.Artículo 45. Presencia en el Pleno del Consejo.Artículo 46. Presencia en el Pleno del Consejo del País vasco.Artículo 47. Presencia en las Comisiones del Consejo del País Vasco.Artículo 48. Sustituciones de cargos.SECCIÓN 1.ªArtículo 49. Colegiación obligatoria.Artículo 50. Incorporación al Colegio.Artículo 51. Clases y denominaciones.Artículo 52. Procedimiento.Artículo 53. Toma de posesión, número de colegiado y credencial.Artículo 54. Régimen de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones.Artículo 55. Baja y cese en la profesión.Artículo 56. Reincorporación.SECCIÓN 2.ªArtículo 57. Prohibición de actuar.Artículo 58. Deontología profesional.Artículo 59. Régimen de competencia.Artículo 60. Intrusismo.Artículo 61. Información y publicidad.Artículo 62. Libertad e independencia.Artículo 63. Secreto profesional.Artículo 64. Conflicto de intereses.Artículo 65. Canon de diligencia profesional.Artículo 66. Principio de inmediación y asistencia personal.Artículo 67. Voluntariedad del mandato técnico.Artículo 68. Honorarios.SECCIÓN 3.ªArtículo 69. Demarcaciones territoriales.Artículo 70. Deber de residencia profesional.Artículo 71. Ausencia.Artículo 72. Sustituciones por ausencia o enfermedad.Artículo 73. Ejercicio colectivo de la Procura.Artículo 74. Ejercicio conjunto con Abogados.SECCIÓN 4.ªArtículo 75. Derechos del colegiado ejerciente.Artículo 76. Deberes del colegiado ejerciente.Artículo 77. Derechos del colegiado no ejerciente.Artículo 78. Deberes del colegiado no ejerciente.Artículo 79. Previsión social.SECCIÓN 5.ªArtículo 80. Representación gratuita.Artículo 81. Turno de oficio.SECCIÓN 1.ªArtículo 82. Responsabilidad disciplinaria.Artículo 83. Potestad sancionadora.SECCIÓN 2.ªArtículo 84. Clasificación de las infracciones.Artículo 85. Infracciones.Artículo 86. Sanciones.Artículo 87. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.Artículo 88. Prescripción.Artículo 89. Rehabilitación.SECCIÓN 3.ªArtículo 90. Principios.Artículo 91. Incoación.Artículo 92. Instrucción.Artículo 93. Medidas cautelares.Artículo 94. Resolución.Artículo 95. Ejecución.Artículo 96. Autonomía económica y financiera.Artículo 97. Recursos económicos.Artículo 98. El presupuesto.Artículo 99. Dación de cuentas.Artículo 100. Patrimonio y gestión.Artículo 101. Iniciativa.Artículo 102. Procedimiento.Artículo 103. Disolución.Artículo 104. Liquidación.
Artículo 4. Cooficialidad lingüística.
Artículo 8. Previsiones honoríficas y protocolarias.
1. El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava ostenta el tradicional tratamiento de Ilustre, y su Decano ostenta el de Excelentísimo Señor, de modo que éste, como la denominación honorífica de Decano, se ostentará con carácter vitalicio.
2. El Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava, y sus colegiados miembros del Pleno del Consejo de Procuradores del País Vasco, podrán portar en audiencia pública y actos solemnes vuelillos en sus togas, así como medalla y placa de su cargo, éstas que también podrán portar los miembros de la Junta de Gobierno.
3. Con el objeto de premiar a los profesionales del Derecho, bien por la dedicación al ejercicio de la Procura, bien por el fomento de las funciones y competencias de la misma, en orden a su misión de cooperar a la mejor administración de la justicia, el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava tiene establecida la distinción de su insignia, en metales de plata, oro, y oro con diamantes, recompensas que se concederán por acuerdo de la Junta de Gobierno.
l. La Junta General es el órgano plenario supremo del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava.
3. Será ordinaria la Junta General que necesariamente debe celebrarse dentro del primer semestre de cada año, para el examen y votación del balance, o cuenta de gastos e ingresos del ejercicio anterior, así como para la presentación del presupuesto de gastos e ingresos del año corriente, y su cumplimiento.
4. Son extraordinarias las Juntas Generales que no sea la ordinaria anual, y que podrán celebrarse en cualquier tiempo para tratar exclusivamente los asuntos que las motiven, los cuales deberán aparecer expresos en el orden del día.
5. Deberán introducirse en el orden del día de la Junta General ordinaria las proposiciones que, hasta cinco días hábiles antes de su celebración, comuniquen los colegiados que conformen más de un quinto del censo del Colegio, para ser sometidas a deliberación y eventual acuerdo, y que serán tratadas en el apartado de "proposiciones", inmediatamente antes del último apartado de "ruegos y preguntas".
Artículo 11. Asistencia.
1. La convocatoria a Junta General, ordinaria y extraordinaria, se hará mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, y se comunicará a todos los colegiados mediante escrito, firmado por el Secretario y con visto bueno del Decano, en que constará el lugar, día y hora en que habrá de celebrarse la sesión, en primera y segunda convocatoria, así como el orden del día.
2. Las Junta General ordinaria habrá de convocarse con, al menos, treinta días de antelación.
3. No será válida la convocatoria de Junta General cuando conste que más de un tercio del censo de colegiados no han tenido en su poder la comunicación escrita con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de celebración.
4. La iniciativa de convocatoria de Junta General extraordinaria corresponde al Decano, a la Junta de Gobierno, y a la solicitud de más de un tercio del censo de colegiados.
1. Las Juntas Generales serán presididas por el Decano, actuando de Secretario quien lo sea de la Junta de Gobierno. Por ausencia, enfermedad, o cese, serán sustituidos conforme a los presentes Estatutos.
2. La sesión de la Junta General se constituirá en primera convocatoria si se halla presente más del sesenta por ciento de los colegiados, y en segunda convocatoria con los colegiados que concurran, cualesquiera que sea su número.
Artículo 14. Celebración.
1. Constituida válidamente la Junta General y abierta la sesión, el presidente someterá a debate los asuntos del orden del día, concediendo la palabra a los asistentes por el orden en que la hubieran pedido, pudiendo aquél declarar suficientemente discutido el punto cuando hayan hecho uso de la palabra tres colegiados a favor, y otros tres en contra, salvo que se trate de componentes de la Junta de Gobierno, que no consumirán turno al tomar parte en el debate.
2. El concurrente que se halle en el uso de la palabra no podrá ser interrumpido, sino para ser llamado al orden por el presidente. Se le retirará la palabra a aquel que, dentro de un debate, hubiera sido llamado tres veces al orden. Quien haya perdido el uso de la palabra podrá siempre pedirla otra vez al objeto de rectificar. En la concesión del uso de la palabra tendrán preferencia las cuestiones de puro orden,
3. Podrán formularse en el debate de los asuntos del orden del día modificaciones o enmiendas por los colegiados que representen más de un quinto de los asistentes, de manera que antes de procederse a votación, el Secretario dará lectura de la concreta redacción de cada punto, texto original o enmienda, sobre que haya de recaer acuerdo. El Decano o cualquiera de los miembros de la Junta de Gobierno también podrán proponer enmiendas transaccionales entre las propuestas, o entre éstas y el tenor de la cuestión que se propone modificar.
4. Cuando existan puntos enmendados, se votarán en primer lugar las enmiendas y si estas fueren aprobadas decaerá el texto correspondiente de la iniciativa. Si fueren rechazadas todas las enmiendas, se procederá a la votación del texto original de la iniciativa.
5. Como norma general, las votaciones serán a mano alzada, aunque, a solicitud de más de un quinto de los asistentes, podrá exigirse que la votación sea nominal y secreta. Lo será de esta última manera, en todo caso, cuando se someta a la Junta General una moción de censura o una cuestión de confianza.
6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos directos de los asistentes, salvo que para alguna cuestión se exija, legal o estatutariamente, mayoría absoluta u otro tipo de mayoría cualificada.
7. En caso de empate en la votación, se resolverá por quien presida la Junta General, valor dirimente que no tendrá el voto del presidente cuando se requiera mayoría absoluta o cualquier otro tipo de mayoría cualificada.
8. El voto de los colegiados en ejercicio se computará como doble del voto de los no ejercientes.
9. Se entiende que un acuerdo es adoptado por mayoría absoluta cuando votan a favor del mismo la mitad más uno, al menos, del total de presentes. A tal efecto del cómputo se tienen en consideración las abstenciones así como, en los casos de votación secreta, los votos en blanco y los nulos.
10. El Secretario levantará acta de los acuerdos, y bien al final de la sesión, o bien al comienzo de la siguiente Junta General próxima, será leída, concediéndose la palabra a los asistentes que deseen hacer alguna observación exclusivamente acerca de su exactitud, poniéndose luego a votación su aprobación. El acta se redactará conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
Artículo 15. Junta General extraordinaria de censura.
1. Para la moción de censura del Decano, la Junta de Gobierno, o de alguno de sus miembros, deberá convocarse Junta General extraordinaria, con ese exclusivo objeto.
2. La iniciativa de la convocatoria de moción de censura debe proceder, en su caso, del Decano, de acuerdo de la Junta de Gobierno, o venir suscrita, por más de un tercio de los colegiados en ejercicio, en escrito que se dirigirá a aquel primero, debiendo expresar las razones en que se funde.
3. La Junta General extraordinaria de censura deberá celebrarse dentro de los treinta días hábiles de que se hubiera presentado al Decano la iniciativa, o se hubiera acordado en Junta de Gobierno, sin que pueda replantearse el voto de censura fracasado hasta transcurrido un año desde dicho momento.
4. La válida constitución de dicha Junta General extraordinaria, en convocatoria única, requerirá la concurrencia en persona de más del sesenta por ciento del censo colegial con derecho a voto.
5. La celebración de la Junta General se regirá por las instrucciones comunes, siendo que en las intervenciones en pro y contra de la moción de censura tendrán preferencia los promotores y los afectados, pero éstos no podrán ocupar la presidencia, ni la secretaría de la Junta, sino que recaerán dichos cargos en quienes estatutariamente les sustituyan, o en su caso, en los colegiados en ejercicio de mayor y menor antigüedad, respectivamente, entre los que se hallen presentes.
6. El voto en la Junta General extraordinaria de censura siempre será nominal, directo y secreto, siendo necesario para que prospere el voto positivo de dos tercios de los concurrentes.
7. Si la moción de censura fuese aprobada, los afectados se considerarán de inmediato cesados en sus cargos. Cuando procediera convocar elecciones por quienes ejerzan provisionalmente cargos de gobierno, deberán exceptuarse para cubrir tales cargos provisionales quienes hubieran sido objeto de la censura triunfante.
1. Como órgano supremo de gobierno, corresponde a la Junta General el ejercicio de todas las potestades y competencias que estos Estatutos atribuyen al Colegio, y que no están encomendadas a otros órganos, dentro de las atribuidas a los Colegios profesionales por las leyes y sus normas de desarrollo, y específicamente, en tanto que indelegables por naturaleza o prevención legal:
2. Será nulo cualquier acuerdo de Junta General que resulte contrario a los presentes Estatutos, o que los modifique, sin que se haya seguido el procedimiento de reforma específicamente regulado.
1. La Junta de Gobierno es el órgano colegiado de administración y dirección del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava.
2. La Junta de Gobierno se compone de los siguientes miembros:
Artículo 18. Carácter.
1. Los cargos de los miembros de la Junta de Gobierno serán gratuitos y honoríficos, y elegibles.
2. Salvo por reelección, dichos cargos son obligatorios, sin perjuicio de la posibilidad de negativa a tomar posesión, o de renuncia, por razones graves de salud, o por causa extraordinaria que el acuerdo de la Junta de Gobierno, o de quienes ejerzan provisionalmente el cargo, reputen atendibles. En el primero de los supuestos, quedará prorrogado el mandato del miembro de la Junta de Gobierno que, en su caso, debiera salir. Si no procediera esta prórroga, así como en el segundo de los supuestos, se producirá la sustitución por cese con arreglo a los presentes Estatutos.
1. Los cargos de los miembros de la Junta de Gobierno tendrán una duración de cuatro años, renovándose por mitad cada cuatro años.
2. Cuando antes de la expiración de su duración, se produzca el cese en el cargo, siendo las vacantes extraordinarias de cinco o más de los miembros de la Junta de Gobierno, así como cuando no se presente nadie a Decano, habrán de convocarse elecciones por una junta de edad, por quienes asumirán de inmediato las funciones provisionales de la misma, como Decano, Secretario, Tesorero, Vocal primero y Vocal tercero, los cinco colegiados en ejercicio más antiguos, y como Vicedecano, Vicesecretario, Vocal segundo y Vocal cuarto, los cuatro colegiados en ejercicio más modernos, siempre y cuando lleven colegiados en ejercicio un mínimo de cinco años, exceptuándose quienes se excusen por causa extraordinaria que acuerdo de la Junta repute atendible. Estarán excluidos de componer esta junta de edad, los colegiados que hubiesen formado parte de la Junta de Gobierno saliente y de la anterior. Tales cargos provisionales durarán hasta que se nombre una Junta de Gobierno provisional por el Consejo de Procuradores del País Vasco, o en su caso, hasta la toma de posesión de cargos electos proclamados, sin que los acuerdos de uno u otro órgano provisional puedan exceder de los que sean de carácter urgente e inaplazable. Es obligación de todos los colegiados comunicar al Consejo de Procuradores del País Vasco que se ha producido esta situación.
3. Cuando las vacantes extraordinarias sean de tres o más de los miembros de la Junta de Gobierno, podrán convocarse elecciones por decisión de la mayoría de los miembros que permanezcan.
4. La duración del cargo de los que resulten elegidos por vacantes extraordinarias será del tiempo que falte para llegar a los cuatro años en que se produciría la vacante ordinaria de la mitad respectiva de cargos.
a.1. Los importes de las cuotas de incorporación, con el límite que venga determinado por el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales, de las cuotas ordinarias, fijas o variables, que deban satisfacer los colegiados para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales, sin perjuicio de la escala fijada por el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales, y de las cuotas extraordinarias para los colegiados.
a.2. La determinación de los límites de nuevas demarcaciones territoriales, en supuestos de creación de nuevos partidos judiciales o de la modificación del ámbito territorial de los existentes.
Artículo 21. Condiciones de los candidatos.
1. Para ser candidato al cargo de Decano será requisito indispensable contar, en el momento de la convocatoria, con diez años de ejercicio ininterrumpido de la profesión como colegiado ejerciente en Álava, y para serlo a los demás cargos de la Junta de Gobierno será requisito suficiente contar con cinco años de ejercicio ininterrumpido de la profesión como colegiado ejerciente en Álava.
2. No serán elegibles quienes estén condenados por sentencia firme a la inhabilitación o suspensión para cargo público, mientras subsista la condena, y quienes hayan sido disciplinariamente sancionados por cualquier Colegio de Procuradores, mientras no hayan sido rehabilitados.
1. Las elecciones se convocarán, al llegar el tiempo de renovación de cargos, o en los supuestos del artículo 19, por acuerdo de la Junta de Gobierno, en todo caso con treinta días de antelación, por lo menos, a la fecha de celebración.
2. Las candidaturas para los cargos que hayan de renovarse deberán constar en la Secretaría del Colegio veinte días antes de la fecha de celebración de las elecciones, y serán proclamadas, si los candidatos reúnen las condiciones estatutarias, con quince días de anticipación a dicha fecha.
3. Serán electores todos quienes puedan asistir como colegiados a Junta General en la fecha de su convocatoria, siendo el valor de su voto conforme a la regulación de aquélla, según su estatuto de ejerciente o no ejerciente.
1. Cuando se presente un único candidato se proclama la candidatura, sin necesidad de apertura del procedimiento electoral subsiguiente.
2. Cuando se convoquen elecciones, la Junta de Gobierno distribuirá a todos los colegiados la relación de candidaturas proclamadas, un sobre oficial, y una papeleta impresa con la indicación de los cargos que vayan a proveerse.
3. Cuando algún elector prevea estar ausente el día de la votación o no poder personarse, podrá ejercer su derecho por correo, mediante la remisión con antelación mínima de diez días, de la papeleta impresa dentro del sobre oficial, ambos facilitados por el Colegio, a su vez introducidos en otro sobre mayor, en el que se incluirá fotocopia del documento nacional de identidad del elector, quien firmará en la misma. Dicho sobre se presentará en cualquiera de los registros y oficinas públicas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo constar la fecha de presentación. El envío se hará al domicilio del Colegio, haciendo constar junto a las señas: "Para la Mesa electoral". El Colegio registrará la entrada de estos envíos, y sin abrirlos, se entregarán a la Mesa electoral el día de la votación.
4. El día de las elecciones se constituirán a las diez horas Mesas electorales en la sede del Colegio, y en cada una de las sedes colegiales de los diferentes partidos judiciales. Las Mesas se constituirán por el colegiado más antiguo, y los dos colegiados más modernos, de entre los habilitados en cada partido judicial, y si tuvieran la misma antigüedad, el de mayor edad, y los dos de menor edad. A la Mesa electoral de la sede colegial se incorporarán como presidente y secretario los miembros de la Junta de Gobierno que no sean candidatos, y que a través de las sustituciones estatutarias debieran ejercer como Decano y el Secretario.
5. Constituida la Mesa electoral, comenzará la votación, que terminará a las catorce horas, y además con quienes se encuentren presentes en dicho instante, verificándose mediante la entrega por cada elector votante al presidente del sobre oficial conteniendo la papeleta impresa, facilitados ambos por el Colegio con la convocatoria, y que será depositado inmediatamente en la urna al efecto. En la papeleta, para la eficacia del voto, habrán de constar los nombres de todos o alguno de los candidatos para cada uno de los cargos por los que se les elija. Quienes se encarguen del escrutinio en cada Mesa, anotarán en la lista del censo de colegiados quiénes hayan votado, inscribiéndolos además en unas listas numéricas al efecto.
6. Concluida la votación, extraerá de la urna el presidente de la Mesa en la sede colegial los sobres depositados, y abrirá los envíos del voto de las Mesas de los partidos judiciales, y del voto por correo, que le hayan entregado. Acto seguido, de los sobres de la urna, de los recibidos de los otros partidos, y de los enviados por correo en que conste fecha de presentación dentro del plazo de los diez días anteriores, leerá cada papeleta en voz alta, pudiendo ser examinadas por los colegiados que lo soliciten. Los votos de los sobres enviados por correo cuya fecha de presentación estuviera fuera de plazo, se declararán nulos. Quienes se encarguen del escrutinio en la Mesa efectuarán el recuento, terminado el cual, el presidente proclamará elegidos a los que hubieran obtenido el mayor número de votos válidos para cada cargo. En caso de empate, se proclamará electo a quien tenga mayor antigüedad en el Colegio, y en caso de igualdad, al de más edad.
7. Del resultado de la elección se levantará acta por el secretario de la Mesa, fijándose en el tablón de anuncios del Colegio la lista de votantes, de los votos obtenidos por cada candidato, y la proclamación de los elegidos.
8. Las protestas o reclamaciones que se realicen durante la votación no se someterán a debate, ni paralizarán la elección, sin perjuicio de que, antes de verificar el escrutinio y proclamar electos, la Mesa electoral de la sede colegial examine lo conveniente, y resuelva, consignándose en acta la resolución adoptada, que será recurrible ante el Pleno del Consejo de Procuradores del País Vasco.
9. En lo no previsto, será de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.
1. Los candidatos proclamados electos tomarán posesión ante la Junta de Gobierno, o ante quienes ejerzan provisionalmente sus funciones, dentro de los quince días siguientes a la proclamación, previo juramento o promesa de cumplir leal y fielmente el cargo respectivo, y guardar el secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno, cesando entonces los cargos que deban salir.
2. Una vez proclamados los elegidos, los recursos que se hubieran interpuesto contra la resolución final de la Mesa electoral, ya por vicisitudes del procedimiento, ya por los resultados, ante el Consejo de los Procuradores del País Vasco, no suspenderán la toma de posesión, salvo cuando así se acuerde por su Comisión Permanente por causas excepcionales, mediante resolución expresa y motivada.
3. Verificada la toma de posesión, y dentro los cinco días siguientes a la constitución de la Junta de Gobierno, se comunicará a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y a los Jueces Decanos de cada Partido Judicial de Álava, y se dará cuenta al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales y al Consejo de Procuradores del País Vasco, con indicación de la nueva composición del órgano, y del cumplimiento de los requisitos legales.
4. Cuando se adquiera conocimiento de que el candidato proclamado no reúne las condiciones para ser elegible, la Junta de Gobierno, o el órgano que provisionalmente ejerza sus funciones, oído el afectado, deliberará, y en su caso, impedirá la toma de posesión, mediante acuerdo recurrible ante el Consejo de Procuradores del País Vasco, prorrogándose el mandato del miembro que debiera cesar, o si no fuera posible, procediendo la sustitución con arreglo a los presentes Estatutos como si de un cese se tratara.
Artículo 25. Cese en el cargo.
1. La Junta de Gobierno podrá acordar la creación de comisiones consultivas o decisorias, que podrán ser temporales o para asunto concreto, o de duración indefinida.
2. Son comisiones consultivas las que tienen por objeto elaborar informes para su elevación a la Junta de Gobierno o a las Juntas Generales. Son comisiones decisorias todas aquellas que ejerzan funciones delegadas con capacidad plena para resolver, por medio de acuerdos que deberán hacer referencia expresa al acuerdo de su creación por el pleno de la Junta de Gobierno.
3. Las comisiones de carácter decisorio sólo podrán estar formadas por miembros de las Junta de Gobierno, mientras que las comisiones consultivas podrán componerse por cualesquiera colegiados, si bien habrán de estar presididas por un miembro de la Junta de Gobierno.
4. El acuerdo de creación de comisiones consultivas de duración indefinida así como la creación de comisiones de carácter decisorio, sean de carácter indefinido o temporal, habrá de adoptarse por mayoría absoluta de la Junta de Gobierno. La modificación de funciones, la supresión o disolución de comisiones, así como la avocación de funciones decisorias en casos concretos, sólo requerirá de mayoría.
Artículo 27. Deberes de los miembros de la Junta de Gobierno.
1. Los miembros de la Junta de Gobierno deben ejercer sus funciones con la diligencia y dedicación precisas, en el marco de la legislación que afecta a los Colegios profesionales, y al ejercicio de la Procura.
2. Dichos miembros, así como quienes asistieren a las reuniones de comisiones consultivas de gobierno, deben guardar secreto de las deliberaciones, y no pueden hacer uso para fines privados de la información reservada de la Junta de Gobierno, o de la conocida exclusivamente por razón del cargo.
3. Cuando un miembro de la Junta de Gobierno resulte interesado en un determinado asunto deberá ausentarse de las deliberaciones y de la votación correspondiente, constando en acta su ausencia o salida del local en que se celebre la reunión, y su no participación en el debate y votación. Son causas de abstención las contempladas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como cualquiera otra que conlleve conflicto de intereses.
4. La asistencia a las sesiones para la que fueran convocados es obligatoria para todos los miembros de la Junta de Gobierno, pudiendo conducir la inasistencia carente de justa causa al cese en el cargo, así como a la sanción, por conducto de la incoación del oportuno expediente disciplinario.
Artículo 28. Periodicidad y convocatoria.
l. La Junta de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria una vez cada mes, y en sesión extraordinaria cuando así lo acuerde el Decano, o se lo soliciten, al menos, dos miembros, acompañando propuesta de un orden día.
2. La convocatoria, con indicación del orden del día, lugar, fecha y hora de inicio de la sesión, se hará por escrito y será comunicada por el Secretario utilizando cualquier medio que deje constancia. La convocatoria deberá ir acompañada, en su caso, de la documentación precisa acerca de los temas incluidos en el orden del día.
3. Fuera del orden del día no se podrán tratar otros asuntos salvo los que el Decano acepte, o se le soliciten por lo menos dos de los miembros de la Junta de Gobierno.
4. La convocatoria se practicará con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación salvo la premura que las circunstancias exijan en caso de urgencia.
5. Será válida la sesión de la Junta de Gobierno a la que asistan la totalidad de sus miembros, aunque no haya sido convocada en forma.
1. La Junta de Gobierno serán presidida por el Decano, o quien le sustituya por causa de ausencia, enfermedad o cese, conforme a los presentes Estatutos.
2. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno será precisa la presencia, al menos, de la mayoría de sus miembros, siempre que esté presente el Decano y el Secretario, o las personas que estatutariamente les sustituyan.
1. Los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptarán por mayoría simple de votos, excepto cuando sean de inhabilitación del ejercicio de colegiados por más de seis meses, y los demás para los que los presentes Estatutos o las leyes, en función de la materia, requieran mayoría absoluta u otro tipo de mayoría cualificada.
2. El voto de todos los miembros de la Junta de Gobierno tiene valor igual, no obstante, en caso de empate, el voto de quien presida de conformidad con el presente Estatuto tendrá valor dirimente, que no será de aplicación cuando se requiera mayoría absoluta o cualquier otro tipo de mayoría cualificada.
3. A los efectos del cómputo de mayorías, se aplicarán los criterios sentados para la celebración de la Junta General.
4. Como regla general, las votaciones serán a mano alzada, aunque el voto será nominal y secreto cuando así lo soliciten, al menos, tres miembros de la de Gobierno, y en todos los casos de votaciones sobre personas, incluidos los acuerdos de iniciación y de resolución de un procedimiento disciplinario, y en acuerdo de inhabilitación del ejercicio de colegiados por más de seis meses.
5. El Secretario levantará acta de los acuerdos, y bien al final de la sesión o al comienzo de la siguiente próxima, será leída, concediéndose la palabra a los asistentes que deseen hacer alguna observación exclusivamente acerca de su exactitud, poniéndose luego a votación su aprobación. El acta se redactará conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
2. Corresponde al Vicesecretario sustituir al Secretario por ausencia, enfermedad, o cese, en la totalidad de sus funciones, auxiliándole además en cuanto asuntos éste le encomiende.
2. Las cuentas anuales del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava elaboradas por el Tesorero deberán ser censuradas por Auditor de Cuentas, conforme al artículo 50.3 de la Ley vasca 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones tituladas y de Colegios y Consejos profesionales, previo su examen y aprobación en Junta ordinaria.
Artículo 33. Vicedecano.
Artículo 34. Vocalías.
Artículo 35. El Decanato como órgano presidencial.
Artículo 36. Funciones y competencias.
Artículo 39. Sometimiento al Derecho administrativo.
1. Los actos de los órganos del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava están sujetos al Derecho administrativo, con las solas excepciones de las cuestiones de índole civil o penal previstas en el artículo 48 de la Ley vasca 18/1997, de 21 de diciembre, de ejercicio de profesiones tituladas, y de colegios y consejos profesionales.
2. Será de aplicación supletoria en todo lo no previsto en el presente Estatuto, y el Estatuto del Consejo de Procuradores del País Vasco, aprobada por Ley Orgánica 3/1979. La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, sus disposiciones básicas de desarrollo, así como la normativa de desarrollo dictada en dichas materias por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
3. Los plazos se computarán conforme a lo previsto en la legislación administrativa.
Artículo 40. Ejecutividad.
1. Todos los acuerdos de los órganos colegiales serán inmediatamente ejecutivos, se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que el propio acuerdo establezca otra cosa.
2. No obstante, la eficacia de los acuerdos referentes a la aprobación y reforma de los Estatutos quedará demorada a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
3. Asimismo, la eficacia de los acuerdos que conlleven la imposición de deberes a los colegiados, afecten a la deontología profesional, o incidan en el régimen de infracciones y de sanciones quedará demorada hasta su publicación o notificación, según proceda, sin cuyo requisito no serán exigibles ni podrán dar lugar a la imposición de sanciones disciplinarias. A efectos de publicación será suficiente su exposición en el tablón de anuncios de los Colegios.
4. La interposición de cualquier recurso corporativo no suspenderá la ejecución del acuerdo impugnado, salvo que una disposición establezca lo contrario. No obstante, la Comisión Permanente del Consejo de Procuradores del País Vasco, interpuesto recurso frente a los actos de la Junta de Gobierno o la Junta General, podrán acordar, sin posterior recurso gubernativo, a instancia de parte, y oído el ponente, la suspensión en los términos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. Contra las resoluciones y los actos de trámite de los órganos colegiales, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la interposición en su caso del recurso potestativo de reposición.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, los acuerdos definitivos de la Junta General, de la Junta de Gobierno, del órgano que provisionalmente ejerza las funciones de ésta, de la Mesa en el procedimiento electoral, y del Decano o de las comisiones decisorias en ejercicio de funciones delegadas de la Junta de Gobierno, con carácter previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo habrán de ser recurridos en alzada ante el Pleno del Consejo de Procuradores del País Vasco.
3. Interpuesto recurso de alzada, la Junta de Gobierno, o el órgano que provisionalmente ejerza las funciones de ésta, podrá reponer de oficio sus propios acuerdos, y los del Decano o de las comisiones decisorias en ejercicio de funciones delegadas de la Junta de Gobierno.
4. El recurso de alzada contra los actos de los órganos colegiales habrá de interponerse en el plazo de un mes desde su publicación, o en su caso, notificación a los colegiados o personas a quienes afecten, mediante escrito ante la Junta de Gobierno, quien deberá elevarlo, junto con los antecedentes y el informe que proceda, dentro de los quince días siguientes, al Consejo de Procuradores del País Vasco, el cual, en defecto de disposición específica, habrá de resolver en el plazo de tres meses desde la interposición, transcurrido el cual se entenderá desestimado por silencio administrativo, a los efectos de la eventual interposición de recurso contencioso-administrativo.
Artículo 42. Legitimación especial.
Artículo 43. Actos nulos.
Artículo 44. Articulación colegial.
Artículo 45. Presencia en el Pleno del Consejo.
1. El Decano será consejero nato del Pleno del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales.
2. Cuando el Decano ostente el carácter de Decano General del País Vasco, formará parte de la Comisión Permanente del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales.
Artículo 46. Presencia en el Pleno del Consejo del País vasco.
1. El Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Álava, será el consejero nato del Pleno del Consejo de los Procuradores de los Tribunales del País Vasco, ostentando el carácter de Decano del País Vasco, por tiempo de dos años, con carácter rotativo respecto de los Decanos de los Colegios de Procuradores de Bizkaia y Gipuzkoa.
2. Un miembro de la Junta de Gobierno, será designado por aquélla en representación del Colegio, como consejero del Consejo de Procuradores del País Vasco, en tanto mantenga su condición de tal.
3. Además de las consignadas en los Estatutos del Consejo de Procuradores del País Vasco, es causa de la pérdida de la condición de consejero de dicho Consejo el libre acuerdo, por mayoría absoluta, de los miembros de la Junta de Gobierno.
Artículo 47. Presencia en las Comisiones del Consejo del País Vasco.
1. En las comisiones delegadas de carácter decisorio, sean de carácter indefinido o temporal, cuya creación acuerde el Pleno del Consejo de Procuradores del País Vasco sólo podrán integrarse los colegiados en Álava que resulten en cada momento miembros de la Junta de Gobierno.
2. En las comisiones consultivas de duración indefinida cuya creación acuerde el Pleno del Consejo del País Vasco sólo podrán integrarse los colegiados en Álava, previa comunicación a la Junta de Gobierno, sin que ésta formule objeción.
Artículo 48. Sustituciones de cargos.
Artículo 49. Colegiación obligatoria.
Artículo 50. Incorporación al Colegio.
1. Para incorporarse al ejercicio en el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava será necesario:
2. En caso de que se regulen legalmente unas determinadas condiciones de acceso al ejercicio de la profesión de Procurador, con el fin de garantizar la preparación específica de los titulados, pasarán a integrar los presupuestos de incorporación al Colegio.
3. El Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava nunca limitará el número de colegiados habilitados en cada demarcación territorial, ni cerrará la admisión de nuevos colegiados, siendo el Presidente de la Audiencia Provincial de Álava el que determine la fecha del juramento o promesa y la toma de posesión.
Artículo 51. Clases y denominaciones.
1. Los Procuradores de los Tribunales de Álava podrán ser ejercientes, no ejercientes, y honoríficos.
2. Será Procurador ejerciente quien se haya incorporado válidamente al Colegio y se encuentre en ejercicio de la profesión.
3. Será no ejerciente el Procurador que, sin hallarse inhabilitado, por cualquier otra causa distinta de la inhabilitación hubiera cesado el ejercicio de la profesión, pero no hubiera causado baja en el Colegio, o pretenda la colegiación bajo dicho concepto desde otro.
4. Sólo podrá causarse alta como Procurador no ejerciente, o pasarse a esta condición, cuando se acredite el ejercicio efectivo con anterioridad, o resultara notorio, debiendo siempre añadir tal carácter a su denominación.
5. El censo de colegiados se formará con listas separadas de ejercientes y no ejercientes. Estas listas, con sus altas y bajas, se comunicarán por la Secretaría de la Junta de Gobierno a todos los órganos jurisdiccionales de Álava, al Consejo de Procuradores del País Vasco y al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales.
6. Será Decano o Procurador de honor, la persona natural que la Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, sea recompensada con tal carácter, por los méritos o servicios relevantes prestados a la Procura o al Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava. El Decano o Procurador de honor no podrá ejercer la profesión por tal distinción, y deberá añadir siempre a su denominación el carácter honorífico, pero pudiendo ser colegiado no ejerciente, vendrá excusado de contribuir al sostenimiento de los gastos colegiales.
1. La solicitud de incorporación al ejercicio en el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava habrá de presentarse al Decano por escrito, al que habrá de acompañarse el título compulsado de Procurador, y los demás documentos que resulten de la acreditación de los requisitos del artículo 50.1.
2. El Decano trasladará las solicitudes presentadas a la siguiente sesión de la Junta de Gobierno que haya de convocarse, la cual podrá suspender el acuerdo por un plazo lo mas breve posible, a fin de agrupar solicitantes al objeto de la prestación de juramento o promesa y la toma de posesión, sin embargo acordará necesariamente la incorporación cuando se acrediten los requisitos estatutariamente exigidos en el artículo 50.
3. Contra la denegación de incorporación al ejercicio, o frente a cualquier acto de trámite que impida la prosecución del procedimiento sólo podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa previo recurso de alzada ante el Pleno del Consejo de Procuradores del País Vasco.
Artículo 53. Toma de posesión, número de colegiado y credencial.
1. El solicitante incorporado como ejerciente, con posterioridad a la prestación del juramento o promesa requerido en artículo 50.1.i), o en un mismo acto solemne, para caso de que no se efectúe aquél ante la autoridad judicial, tomará posesión del ejercicio de Procurador ante la Junta de Gobierno regularmente constituida, compareciendo con dos colegiados como testigos, en cuyo momento se le facilitará un ejemplar de los presentes Estatutos y se le exhortará a su recto cumplimiento.
2. Tras de la toma de posesión el Procurador ejerciente causará alta en el Colegio, asignándosele un número de colegiado correlativo intransferible, que habrá de consignarse en los escritos por los que comparezca en cualquier procedimiento.
3. Todo Procurador, ejerciente o no ejerciente, que haya causado alta será provisto de un documento credencial suscrito por el Secretario de la Junta de Gobierno, el cual servirá para demostrar la pertenencia al Colegio, y en su caso, la habilitación para ejercer en determinada demarcación territorial, ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales de Álava, no obstante el tenor de las listas censales que éstos tengan recibidas.
Artículo 54. Régimen de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones.
1. Las incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones para el ejercicio de la Procura, así como las causas de abstención, serán las establecidas en los artículos 11, 23, 24 y 27 del Estatuto General de Procuradores de los Tribunales, y demás que se establezcan en la legislación estatal o autonómica que resulte de aplicación.
2. El Procurador que se encuentre en alguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad, prohibición, o abstención, está obligado a comunicarlo a la Junta de Gobierno en el plazo de un mes, a fin de causar baja como ejerciente, si afectan al ejercicio permanente de la profesión, y en otro caso, apartándose inmediatamente en las actuaciones profesionales afectadas por la incompatibilidad, prohibición o abstención en concreto asunto, o ante órganos jurisdiccionales o administrativos concretos, éstos a quienes también deberá enterar del cese de su representación.
3. En los supuestos sobrevenidos de incapacidad, incompatibilidad, prohibición o causa de abstención, una vez iniciada la actuación profesional, el Procurador deberá comunicarlo de inmediato al Abogado que dirija en asunto y a su representado, a los efectos del cese del mandato técnico y nombramiento de nuevo Procurador, sin embargo de mantenerse en el desempeño de sus funciones por el tiempo imprescindible para evitar dilaciones, pérdida de derechos o cualquier otro perjuicio al representado.
4. Conocida que sea la contravención por un colegiado del predicho deber de causar baja, la Junta de Gobierno, o en caso de urgencia, el Decano, le requerirá a fin de que cese de inmediato en sus actividades profesionales, otorgándole un plazo de quince días para cumplir el requerimiento, o alegar lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo sin atender al requerimiento o sin formular alegaciones, la Junta de Gobierno, o en caso de urgencia, el Decano, le suspenderá inmediatamente, por acuerdo motivado, en el ejercicio de sus funciones, dando cuenta a todos los órganos jurisdiccionales de Álava, al Consejo de Procuradores del País Vasco, y al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales, y sin perjuicio de la incoación del expediente disciplinario que pudiera proceder. La suspensión se levantará mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, por haber regularizado el colegiado su situación, o porque así se haya decidido en el seno del eventual expediente disciplinario.
5. El régimen de los apartados anteriores será de aplicación al conjunto de los colegiados que ejerzan la profesión de Procurador en forma asociativa, como si se trataran de un mismo profesional.
Artículo 55. Baja y cese en la profesión.
1. La baja del Procurador como pérdida de la condición de colegiado ejerciente se producirá en los siguientes supuestos:
2. La baja del Procurador como cese en el ejercicio de la profesión de Procurador se producirá en los siguientes supuestos:
3. Los acuerdos de baja de la Junta de Gobierno se reflejarán a la mayor brevedad por el Secretario en la lista de colegiados ejercientes, sin perjuicio del deber del Procurador afectado por el hecho causante de apartarse de su actividad profesional a partir del mismo momento en que se produzca, bien por haber presentado solicitud voluntaria, bien por haber incurrido en prohibición o incompatibilidad, bien por haber cerrado su despacho o no haberse reincorporado después de ausencia, bien por notificársele la resolución judicial o corporativa de inhabilitación o suspensión, y sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 54.3. Se exceptúa el régimen transitorio de los Procuradores no ejercientes jubilados.
4. Para el acuerdo de baja por causa de impago de cuotas colegiales deberá formularse requerimiento de pago por el Decano, a propuesta del Tesorero, dirigido al despacho profesional o domicilio particular del colegiado que consten en su ficha colegial, y de forma que quede constancia suficiente. Una vez adoptado se podrá recuperar la condición de colegiado pagando la cantidad adeudada más sus intereses al tipo legal de demora de la Ley anual de Presupuestos es del Estado, y en su caso, el importe de la sanción que se le hubiera impuesto.
5. Quien incurra en las causas de baja en el ejercicio, de la profesión o como colegiado, podrá solicitar su mantenimiento como Procurador no ejerciente.
Artículo 56. Reincorporación.
1. Quien hubiera causado baja por su voluntad, o aquel en quien desaparezca el hecho causante de la baja, podrá incorporarse de nuevo al Colegio como ejerciente.
2. La reincorporación quedará condicionada a la acreditación de que se reúnen los requisitos de ejercicio, aunque el solicitante vendrá obligado al pago sólo de la mitad de la cuota de ingreso vigente.
Artículo 57. Prohibición de actuar.
Artículo 58. Deontología profesional.
1. El cumplimiento riguroso de las exigencias deontológicas reguladas en los presentes Estatutos, el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales, y las leyes estatales y autonómicas de aplicación, constituye un derecho de las personas cuya representación técnica constituye el desempeño principal de la Procura en su dimensión privada, y responde a la función social de interés general en garantía de la legalidad y la pureza de las formas procesales que corresponde a la misma en su dimensión pública.
2. El Colegio se cuidará de perseguir las prácticas que supongan infracción de normas deontológicas y de los demás deberes estatutarios, de las cuales que tenga conocimiento, en su caso a través del deber de denuncia de los colegiados, depurando la oportuna responsabilidad disciplinaria.
Artículo 59. Régimen de competencia.
1. La profesión de Procurador se ejerce en régimen de libre y leal competencia, de acuerdo con lo establecido en las leyes a ese respecto.
2. El Colegio se cuidará de perseguir las prácticas anticompetitivas o de competencia desleal, y en el ejercicio irregular en el sentido del artículo 11.2 de la Ley vasca 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas, y de Colegios y Consejos Profesionales, de las cuales tengan conocimiento, en su caso a través del deber de denuncia de los colegiados, ejerciendo las acciones judiciales, o reclamaciones y recursos administrativos pertinentes.
3. El régimen de ejercicio de la Procura en libre y leal competencia habrá de ser en todo caso compatible con el predicho cumplimiento riguroso de la deontología profesional, como son compatibles las responsabilidades penales, civiles y administrativas, con las disciplinarias corporativas.
Artículo 60. Intrusismo.
1. Salvo actividades propias de la Procura que resulten amparadas estrictamente en ley formal o material, se considerará intrusismo el ejercicio de la actividad exclusiva de la profesión de Procurador en Álava por quienes:
2. El Colegio se cuidará de evitar y perseguir el intrusismo profesional, ejerciendo cuantas acciones sean necesarias, depurando la oportuna responsabilidad disciplinaria, y adoptando las medidas precisas encaminadas a que las tareas propias de la profesión sean llevadas a cabo por Procuradores ejercientes territorialmente habilitados.
Artículo 61. Información y publicidad.
1. Los Procuradores colegiados en Álava tienen derecho a informar sobre la actividad que llevan a cabo, y podrán hacer publicidad de la misma en términos y condiciones de lealtad y veracidad, con respeto a la dignidad de las personas, y a la legislación sobre publicidad, defensa de la competencia, y competencia desleal, y sus normas de desarrollo, ajustándose en todo caso a las normas deontológicas.
2. Será contrario a las normas deontológicas:
3. Al objeto de eludir una eventual responsabilidad disciplinaria, los colegiados podrán solicitar por escrito dictamen no vinculante de la Junta de Gobierno acerca de la adecuación con las normas deontológicas de actos concretos de publicidad que se pretendan acometer, expresando el contenido y soporte de los mismos. No será de aplicación en ningún caso el régimen de autorización previa.
Artículo 62. Libertad e independencia.
1. El Procurador colegiado en Álava ejercerá su profesión con plena libertad e independencia de criterio, de conformidad con lo previsto en las leyes, el Estatuto de los Procuradores de los Tribunales, y los presentes Estatutos.
2. El Colegio concederá amparo al Procurador que sea inquietado por presiones o restricciones en el cumplimiento de sus deberes y ejercicio de sus derechos, y en particular, en el mantenimiento del secreto profesional, adoptando las medidas precisas para el cese de los obstáculos a la garantía efectiva de la legalidad y pureza de las formas procesales que satisface el ejercicio de la profesión, incluyendo la puesta en conocimiento de los órganos de gobierno del Poder Judicial, así como de los órganos jurisdiccionales y administrativos.
3. La libertad e independencia de criterio del colegiado en el ámbito de su tarea como mandatario procesal será compatible con las respectivas de los demás profesionales que intervengan en el asunto en defensa de su mandante, y en particular, con la libertad e independencia de criterio que corresponde al Letrado en el ámbito de su tarea como director técnico del proceso. Si el Procurador estima que los términos o medios empleados por el Letrado en un procedimiento pueden resultar temerarios o aquejados de mala fe, lo pondrá en conocimiento de éste, y si no fueran corregidos, podrá renunciar a la representación, o en caso de entender que ello pudiera producir perjuicio a su representado, la mantendrá anteponiendo a su firma en el escrito redactado por el Letrado "al solo efecto de la representación".
Artículo 63. Secreto profesional.
1. El Procurador colegiado en Álava, así como las personas que con el mismo colaboren en su actividad profesional, tienen el derecho y el deber de guardar secreto sobre todos los hechos y circunstancias de su cliente y de las demás partes en el proceso, así como de toda noticia acerca de tales que conozcan por razón del ejercicio profesional de su actividad representativa procesal.
2. El secreto profesional es deber estricto e ilimitado en el tiempo, configurándose además como derecho profesional, de manera que no puede ser el Procurador obligado a revelar los indicados hechos, circunstancias y noticias, directa ni indirectamente, en juicio o fuera de él, aun cuando su contenido carezca de relevancia penal, afectación al honor, intimidad o propia imagen de la parte, o perjuicio en el orden económico.
3. Los representados están legitimados para denunciar al Colegio cualquier infracción que hayan padecido del deber de secreto profesional que pesa sobre su Procurador representante, solicitando la apertura de procedimiento disciplinario en el que podrán intervenir como interesados, constituyendo deber de los demás Procuradores tal denuncia cuando tengan conocimiento de la infracción.
4. El Colegio concederá amparo al colegiado que sea perturbado en el cumplimiento de su derecho y deber de mantenimiento del secreto profesional.
Artículo 64. Conflicto de intereses.
1. La relación del Procurador colegiado con su representado se basa en la confianza mutua y la asistencia personal, debiendo aquél defender con integridad los intereses de su representado.
2. En consecuencia, ningún colegiado en Álava aceptará encargo profesional, y se apartará del que desempeñe, cuando aparezca conflicto de intereses, lo cual se reputará aparecer cuando:
3. El deber del apartado anterior, y los supuestos de conflicto de intereses, serán de aplicación al conjunto de los colegiados que ejerzan la profesión de Procurador en forma asociativa, como si se trataran de un mismo profesional, así como a los que se hubieran separado del despacho colectivo asociado, en relación a quienes con anterioridad a la separación hubieran sido clientes o partes contrarias de uno de los asociados del despacho.
Artículo 65. Canon de diligencia profesional.
1. El deber fundamental del Procurador consiste en desempeñar bien y lealmente la representación procesal que tenga encomendada, en su dimensión privada, y cooperar con los órganos jurisdiccionales en la función de la Administración de Justicia, en su dimensión pública, actuando con profesionalidad, diligencia y firmeza en la defensa de los intereses de sus representados.
2. La diligencia profesional del Procurador colegiado en Álava supone atenerse a las exigencias legales, técnicas, deontológicas y éticas, y en particular, que:
3. Considerando la ley procesal que el Procurador acepta la representación con el primer escrito que presente al órgano ante quien deba postular, también se presumirá en el colegiado en Álava la capacitación para ejercer su función, con la profesionalidad, formación, y diligencia debidas.
Artículo 66. Principio de inmediación y asistencia personal.
Artículo 67. Voluntariedad del mandato técnico.
1. El Procurador colegiado en Álava es libre para aceptar o rechazar la representación, al margen de la normativa propia del turno de oficio y del servicio de representación gratuita.
2. Además del deber de apartamiento de la representación que impera el artículo 57, todo colegiado tiene derecho a renunciar a la representación aceptada, sin que en ningún caso la efectividad de la renuncia pueda producir indefensión o perjuicio irreparable para el representado.
3. El colegiado en Álava que renuncie a la representación en un encargo que hubiera aceptado inicialmente deberá notificarlo al Abogado director del procedimiento, a su representado a los efectos de la designación de nuevo Procurador, así como al órgano jurisdiccional ante quien postule, aplicándose lo dispuesto en artículo 25.1.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En todo caso, efectuadas dichas notificaciones y, transcurrido el plazo de diez días sin designación de nuevo Procurador, comunicándolo así al Decano quedará liberado de responsabilidad el cesante por causa sobrevenida de conflicto de intereses, de incapacidad, de prohibición, de incompatibilidad, o de abstención para continuar en la representación.
4. El representado podrá revocar su mandato al Procurador, en cualquier momento y sin sometimiento a condición alguna, incluso de forma tácita, nombrando otro, salvo la normativa propia del turno de oficio y del servicio de representación gratuita.
5. Tanto en los supuestos de renuncia como en los de revocación del representado, el nuevo Procurador deberá asegurarse de que se han satisfecho al sustituido los honorarios profesionales y gastos suplidos, colaborando con diligencia en la gestión de su pago, y el que anteriormente ejercía la representación habrá de poner a disposición del nuevo toda la documentación de que disponga, así como los escritos presentados, sin que pueda retenerlos al efecto de cobrar las cantidades adeudadas por el cliente, y habrá de prestar completa información sobre la situación del asunto y las actuaciones inmediatas que deban llevarse a cabo.
Artículo 68. Honorarios.
1. El Procurador colegiado en Álava percibirá por su ejercicio profesional las cantidades que determine el Arancel en vigor, las cuales sólo podrán ser objeto de disminución o incremento, mediante pacto expreso con los representados, en porcentaje del doce por ciento, salvo lo que pueda acordarse en Junta General.
2. Los colegiados en Álava deberán informar a su cliente, directamente o a través del Letrado director del asunto, sobre los honorarios profesionales correspondientes a su actuación, diferenciando lo que corresponda por derechos por actuación profesional, y las cantidades precisas para suplidos, pudiendo recabar del cliente provisión de fondos, siempre que rinda cuenta detallada de las cantidades percibidas y de los pagos realizados en su interés.
3. La Junta de Gobierno podrá requerir a cualquier colegiado el cumplimiento del ajuste a las disposiciones arancelarias, incluso con exhibición de las facturas de derechos y suplidos, y tramitarán y resolverán las quejas que presenten los clientes en relación con las provisiones de fondos y honorarios, pudiendo resolver mediante laudo al que se sometan de modo expreso las partes.
Artículo 69. Demarcaciones territoriales.
1. El ejercicio de la Procura en Álava se organiza en base a demarcaciones territoriales coincidentes con cada uno de los partidos judiciales, sin que un partido judicial pueda pertenecer a más de una demarcación. La Junta General será la competente para determinar demarcaciones que comprendan más de uno de los partidos judiciales alaveses.
2. En los supuestos de creación de nuevos partidos judiciales o de la modificación del ámbito territorial de los existentes, la Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, determinará los límites de la nueva demarcación territorial.
3. Los colegiados en Álava sólo podrán ejercer su profesión en una demarcación territorial del Territorio Histórico de Álava, sin perjuicio de la aplicación del régimen transitorio existente para derechos adquiridos de determinados colegiados que ejercían antaño en partidos judiciales que fueron afectadas por reorganización judicial, o del que pueda respetarse en un futuro acuerdo de la Junta General conforme a lo prevenido en el apartado anterior.
4. La habilitación en la demarcación territorial faculta al Procurador para actuar exclusivamente ante la totalidad de los órganos jurisdiccionales que radiquen en aquélla.
Artículo 70. Deber de residencia profesional.
1. Los Procuradores colegiados en Álava están obligados a tener abierto despacho en la demarcación territorial en que se encuentren habilitados.
2. No obstante, los colegiados en Álava podrán tener su despacho abierto en otra demarcación territorial, siempre que ello permita el cumplimiento eficiente de sus obligaciones profesionales con respeto al principio de inmediación y asistencia personal a los órganos jurisdiccionales en horas de audiencia, y sean autorizados al efecto por la Junta de Gobierno, previa solicitud del interesado.
Artículo 71. Ausencia.
1. El Procurador colegiado en Álava no podrá ausentarse de su demarcación territorial por tiempo superior a quince días sin comunicarlo al Decano, con indicación del colegiado o colegiados que le sustituirán, dejando constancia de la conformidad de tales sustitutos.
2. Cuando la ausencia fuese superior a treinta días, será necesaria autorización previa del Decano, quien sustanciará, conjuntamente, la petición del Procurador que pretende ausentarse y la aceptación de sus sustitutos. Concedida la autorización para ausentarse, el Decano lo comunicará a la máxima autoridad judicial de gobierno de la demarcación territorial.
3. La autorización para ausentarse se concederá por un plazo máximo de seis meses, pero podrá prorrogarse por otros seis meses en casos justificados.
4. Concluido el plazo por el que se concedió la autorización para ausentarse y, en su caso, su prórroga, el Procurador volverá a integrarse en el ejercicio de su actividad profesional, comunicándolo inmediatamente al Decano, y éste a la máxima autoridad judicial de gobierno de la demarcación territorial.
5. Si la incorporación no se produjera en tiempo, se entenderá que el que el procurador abandona el ejercicio de la profesión y la Junta de Gobierno, previo expediente, procederá a darle de baja como pérdida de la condición de colegiado ejerciente.
Artículo 72. Sustituciones por ausencia o enfermedad.
1. El Procurador colegiado en Álava podrá ser sustituido en el ejercicio de su actuación profesional por otro colegiado ejerciente de la misma demarcación territorial en que esté habilitado, mediante el simple expediente de actuar el sustituto en la asistencia a las diligencias y actuaciones, en la firma de escritos, o en la formalización del acto profesional de que se trate, sin que sea preciso a estos efectos que el Procurador sustituto se encuentre apoderado o prevista la sustitución en el apoderamiento del sustituido, ni que éste deba acreditar la necesidad de la sustitución, siempre de conformidad con las reglas del contrato de mandato. Para las sustituciones en actuaciones procesales, el sustituido habrá de estar comparecido previamente mediante poder o designación colegial en el proceso, según exija la Ley.
2. Los colegiados en Álava, sin mengua del principio de inmediación y asistencia personal en horas de audiencia de los órganos jurisdiccionales de su demarcación territorial, podrán ser sustituidos por su Oficial Habilitado para los actos y en la forma que se determine en el Reglamento de Régimen Interior, sin perjuicio del desarrollo reglamentario que pueda producirse de lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3. En caso de repentina enfermedad del colegiado ejerciente en Álava que no tenga designado sustituto, la designación de sustituto interino de entre los Procuradores de su demarcación territorial, y hasta que el poderdante decida lo que le convenga, se producirá por el Decano, dando cuenta a los órganos jurisdiccionales correspondientes.
4. Los Oficiales Habilitados y demás colaboradores que auxilien al Procurador, actuarán bajo la responsabilidad, civil y corporativa, del colegiado que tenga encomendada la representación.
Artículo 73. Ejercicio colectivo de la Procura.
1. Los Procuradores, como profesionales libres, pueden optar por el ejercicio individual o asociativo de la Procura, como estimen más conveniente a sus intereses personales y profesionales, conceptuándose a todos los efectos ejercicio individual el que se produzca en despacho compartido con otros profesionales no incompatibles.
2. Los Procuradores colegiados de una misma demarcación pueden constituir despachos colectivos con otros bajo cualquiera de las formas asociativas contempladas en nuestro ordenamiento, incluidas las sociedades mercantiles, debiendo tener como objeto exclusivo el ejercicio de las funciones correspondientes a la Procura, así como la gestión de su patrimonio.
3. El despacho colectivo deberá documentarse, de manera que permita en todo momento la identificación de los integrantes de la forma de asociativa, quienes habrán de ser única y exclusivamente Procuradores colegiados, o en una participación siempre minoritaria, sus Oficiales Habilitados, y solicitarse al Colegio por escrito la inscripción en un Registro especial que se llevará al efecto, en que se asentarán la composición, altas y bajas que se produzcan.
4. El régimen de organización y funcionamiento de los despachos colectivos de Procuradores colegiados habrá de respetar la plena libertad de cada socio para aceptar o rechazar cualquier cliente o asunto del despacho, así como la plena libertad e independencia para el ejercicio de la representación que tenga encomendada, el deber de secreto profesional en relación con todos los clientes y asuntos, y lo dispuesto en artículos 54.5 y 64.3, acerca de las incompatibilidades, prohibiciones y causas de abstención, y de la elusión del conflicto de intereses, respectivamente.
Artículo 74. Ejercicio conjunto con Abogados.
1. Los Procuradores colegiados en Álava pueden constituir despachos colectivos con Abogados bajo cualquiera de las formas asociativas contempladas en nuestro ordenamiento, pudiendo acordar el Colegio con el Ilustre Colegio de Abogados de Álava un régimen común de regulación de dicha fórmula de ejercicio profesional.
2. En cualquiera de los casos, estará prohibido que los Procuradores se agrupen en despachos que integren profesionales incompatibles con la Procura, se extralimiten de sus funciones de representación técnica, o toleren el incumplimiento del código de conducta de los presentes Estatutos, sin instar la separación como socio en cuanto observen la infracción o el peligro cierto de que se produzca.
3. El régimen de organización y funcionamiento de los despachos colectivos de Procuradores y Abogados habrá de respetar la plena libertad de cada Procurador socio para aceptar o rechazar cualquier cliente o asunto del despacho, así como la plena libertad e independencia para el ejercicio de la representación que tenga encomendada, el deber de secreto profesional en relación con todos los clientes y asuntos, siendo de aplicación lo dispuesto en artículos 54.5 y 64.3, acerca de las incompatibilidades, prohibiciones y causas de abstención, y de la elusión del conflicto de intereses, respectivamente, como si los socios fueran todos Procuradores.
Artículo 75. Derechos del colegiado ejerciente.
1. Los colegiados ejercientes en Álava detentan todos los derechos y deberes previstos en los presentes Estatutos, en el Estatuto de Procuradores de los Tribunales, así como en la legislación estatal y autonómica de aplicación, y en particular, podrán actuar por sí, en cualquier proceso en que fueran parte, y del que conozca cualquiera de los órganos jurisdiccionales radicados en la demarcación territorial en que se hallen habilitados.
2. En relación al Colegio, los Procuradores ejercientes en Álava detentan los siguientes derechos:
Artículo 76. Deberes del colegiado ejerciente.
1. Los colegiados ejercientes en Álava están sometidos al cumplimiento de los deberes previstos en los presentes Estatutos, en el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales, en la legislación estatal y autonómica de aplicación, así como los que acuerden los órganos colegiales en el ejercicio de sus funciones, viniendo sujetos al régimen disciplinario previsto en las indicadas normas.
2. En relación al Colegio, los Procuradores ejercientes en Álava tienen los siguientes deberes:
Artículo 77. Derechos del colegiado no ejerciente.
1. En general, los colegiados en Álava como no ejercientes detentan todos los derechos que se reconocen a los colegiados, al margen del efectivo ejercicio de la profesión, siendo el valor de su voto en las Junta Generales, y para la elección de Decano y demás cargos de la Junta de Gobierno, la mitad del de los Procuradores ejercientes.
2. El colegiado no ejerciente que sea parte en un proceso que se sustancie en la demarcación territorial de su residencia, podrá actuar por sí mismo ante el órgano jurisdiccional, sin necesidad de que otro Procurador lo represente, así como desempeñar la representación procesal de su cónyuge, persona con quien conviva con similar vínculo de afectividad, o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, previa autorización de la Junta de Gobierno, y sin perjuicio de que el Decano pueda habilitarle, provisionalmente hasta tanto recaiga acuerdo de la Junta de Gobierno.
3. Los colegiados que pasen a la condición de no ejercientes desde la baja por jubilación tienen derecho a continuar ejerciendo la representación en todos los asuntos pendientes en que estuvieran interviniendo hasta la finalización de la instancia en que se encontraran, incluidas las apelaciones frente a las resoluciones judiciales distintas de la sentencia definitiva que recaiga en aquéllos, sin poder asumir nuevas representaciones, ni actuar en ulteriores grados jurisdiccionales.
Artículo 78. Deberes del colegiado no ejerciente.
1. Son deberes del colegiado no ejerciente guardar secreto profesional sobre todos los asuntos en que hubiera intervenido profesionalmente, tanto en relación a su poderdante como en relación a lo que hubiera conocido de las demás partes procesales, contribuir al sostenimiento de las cargas colegiales mediante el pago de su cuota específica, y todos los demás que expresamente se establezcan en los presentes Estatutos.
2. Será de aplicación al colegiado en Álava no ejerciente el régimen disciplinario previsto en los presentes Estatutos y en el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales, por las actuaciones que lleve cabo.
Artículo 79. Previsión social.
Artículo 80. Representación gratuita.
1. El servicio de representación gratuita del Colegio atenderá a los requerimientos de representación procesal que deriven del derecho a la asistencia jurídica inexcusablemente unida a la defensa letrada gratuita, significando la ausencia de coste para sus beneficiarios, sin perjuicio de las indemnizaciones que tiene establecidas la Administración de Justicia autonómica competente.
2. El servicio de representación gratuita se organizará en la Secretaría de la Junta de Gobierno de manera suficiente y adecuada, mediante un método de distribución objetivo y equitativo, que será público para todos los colegiados.
2. La adscripción al servicio de representación gratuita será facultativa para los colegiados con dos años como ejercientes sin interrupción, en aquellas demarcaciones territoriales donde el número de Procuradores habilitados permita la cobertura adecuada de las designaciones, así como para los miembros de la Junta de Gobierno durante su mandato.
3. La designación realizada por la Junta de Gobierno entre los colegiados adscritos al servicio de representación gratuita será de aceptación obligada, con las solas excepciones que aparezcan en cada asunto por prohibición, causa de abstención, o conflicto de intereses, conforme a los presentes Estatutos.
4. En los supuestos en que no se reconociese el derecho de asistencia jurídica gratuita al patrocinado conforme a la designación colegial, el Procurador actuante tendrá derecho a percibir de aquél los derechos correspondientes a las actuaciones practicadas.
Artículo 81. Turno de oficio.
1. Un turno de oficio garantizará la representación técnica del justiciable que resulte legalmente preceptiva, o se haya resuelto procedente por el órgano jurisdiccional en base al principio de igualdad de armas procesales.
2. El Colegio designará, conforme al orden establecido en la Secretaría de la Junta de Gobierno, Procurador por turno de oficio, a instancia del interesado, o por resolución judicial que así lo acuerde.
3. La designación por turno de oficio no excluye el devengo de derechos por la actuación profesional cuando el patrocinado no resulte titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, pero sí del deber de satisfacer los gastos causados a instancias de éste cuando no se le hubiera efectuado la provisión de fondos suficientes.
4. La adscripción al turno de oficio podrá ser facultativa para los colegiados con dos años como ejercientes sin interrupción, en aquellas demarcaciones territoriales donde el número de Procuradores habilitados permita la cobertura adecuada de las designaciones, así como para los miembros de la Junta de Gobierno durante su mandato.
Artículo 82. Responsabilidad disciplinaria.
1. El colegiado en Álava que incumpla los deberes profesionales previstos en los presentes Estatutos y en las demás normas de aplicación a la profesión, incurrirá en responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad penal, civil común o profesional, o la administrativa que proceda.
2. No podrán imponerse sanciones disciplinarias a los Procuradores de Álava sino en virtud de resolución recaída en el procedimiento regulado en los presentes Estatutos, incoado al efecto.
3. El régimen disciplinario se inspira en los principios de legalidad, irretroactividad, tipicidad, y proporcionalidad, aplicándose en lo no previsto en los presentes Estatutos, la Ley vasca 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones tituladas y de Colegios y Consejos profesionales, y en su defecto, la Ley vasca 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas, y demás normas a las que ésta se remite.
Artículo 83. Potestad sancionadora.
1. Corresponde con exclusividad, de manera indelegable, a la Junta de Gobierno la adopción de los acuerdos de incoación del expediente sancionador, la adopción de medidas cautelares y la imposición de todas las sanciones por las infracciones cometidas por los Procuradores colegiados.
2. Corresponde la misma potestad al Consejo de Procuradores del País Vasco con relación al Decano y demás miembros de las Juntas de Gobierno, con la única excepción de las infracciones cometidas en el ejercicio de funciones como componentes del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales, en cuyo caso corresponderá a éste.
Artículo 84. Clasificación de las infracciones.
1. Constituyen infracciones muy graves, las siguientes:
d.1. Conflicto de intereses prohibido.
d.2. Retención de documentos o información al cese en la representación.
d.3. Inaplicación de los fondos de la provisión efectuada por el cliente a los fines que justificaron expresamente la entrega.
d.4. Relaciones con la parte contraria que no cuente con Procurador.
d.5. Incumplimiento, sin causa justa, por tres ocasiones en periodos anuales, del deber de inmediación y asistencia personal en horas de audiencia a los órganos jurisdiccionales.
d.6. Cualquier acción u omisión dolosa contraria a los intereses del cliente.
2. Constituyen infracciones graves, las siguientes:
3. Constituyen infracciones leves, las siguientes:
4. Las sanciones que se impongan tendrán efecto en el ámbito de todos los Colegios de Procuradores de España, a cuyo fin se notificarán al Consejo de Procuradores del País Vasco y al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales. La sanción de inhabilitación impide el ejercicio de la profesión de Procurador durante el tiempo de su duración, y será notificada igualmente al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Colegios Profesionales.
5. Cuando el infractor hubiera obtenido beneficio económico a consecuencia de la infracción, la sanción de multa se incrementará en la cuantía que exceda la evaluación de dicho beneficio económico de los límites máximos previstos en los números anteriores con un mínimo del equivalente de dicha evaluación y un máximo del doble de ésta.
6. Las sanciones se graduarán en función de las circunstancias concurrentes en cada caso.
Artículo 87. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
1. La responsabilidad disciplinaria se extingue por:
2. La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria, siguiendo el procedimiento instruido hasta su terminación, no obstante que la sanción firme de inhabilitación quedará en suspenso, en su caso, por el plazo que reste al momento de la baja del sancionado, y se reanudará si éste solicita el alta en el Colegio.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves al año. No obstante, en las sanciones de inhabilitación profesional por tiempo igual o superior a tres años, el plazo de prescripción será igual al período de sanción.
3. El plazo de prescripción de la infracción comenzará a contarse desde el día en que se hubiera cometido, y el de la sanción desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone.
4. Interrumpirá la prescripción de la infracción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al presunto infractor. La prescripción de la sanción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo estuviera paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.
Artículo 89. Rehabilitación.
1. Los sancionados con inhabilitación profesional podrán solicitar de la correspondiente Junta de Gobierno su rehabilitación.
2. El procedimiento se iniciará a instancia motivada del inhabilitado, una vez transcurrido, al menos, la tercera parte del período de sanción, aunque si la Junta de Gobierno denegara la admisión a trámite de la solicitud, en forma motivada, a causa de la gravedad de los hechos por los que se impuso la sanción, las circunstancias y agravantes que concurrieron y fueron tenidas en consideración, o su trascendencia social, no podrá volver a solicitar el interesado hasta transcurridas las dos terceras partes del plazo de la sanción.
3. Admitida a trámite la solicitud, la Junta de Gobierno concederá un plazo de un mes para la formulación de alegaciones por el inhabilitado. La Junta de Gobierno resolverá y notificará en el plazo de un mes desde la finalización del período de alegaciones, en alguno de los siguientes sentidos:
4. Las resoluciones de rehabilitación serán comunicadas al Consejo de Procuradores del País Vasco, al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales, y al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Colegios Profesionales.
Artículo 90. Principios.
1. El procedimiento sancionador garantizará la presunción de inocencia de todos los colegiados, la audiencia y defensa del Procurador afectado, el deber de motivación de la resolución final, y la separación del órgano instructor y decisorio.
2. Los expedientes disciplinarios del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava serán formados por un Instructor que elevará la propuesta que proceda a la Junta de Gobierno para resolver el procedimiento, sin que aquél pueda participar en sus deliberaciones, ni votar en la toma de la decisión.
3. Son causas de abstención y de recusación de los Instructores y de los miembros de la Junta de Gobierno en relación al procedimiento disciplinario, las cuales habrán de ser apreciadas por el Decano sin que contra su decisión quepa recurso corporativo, las previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procediéndose a las sustituciones de los Instructores por el orden de la lista.
Artículo 91. Incoación.
1. El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio o en virtud de denuncia formulada por un Procurador o por un tercero con interés legítimo, en forma motivada, a la vista de los hechos y los indicios probatorios disponibles.
2. El acuerdo de incoación de procedimiento disciplinario contendrá el nombramiento del Instructor conforme al orden de una lista cerrada, con dos turnos, uno general, y otro de asuntos de notoria importancia, que se elaborará por la Junta de Gobierno, mediante un sistema objetivo y público, que predeterminará las designaciones, eliminando cualquier elemento de discrecionalidad en el nombramiento. El Decano nunca podrá ser nombrado instructor, y sólo podrán serlo los miembros de la Junta de Gobierno y los Procuradores que lleven por lo menos diez años colegiados como ejercientes.
3. El nombramiento del Instructor será notificado al expedientado que podrá hacer uso del derecho de recusación dentro del plazo de los cinco días siguientes al recibo de la notificación, indicando la causa, y en su caso, los medios de prueba. Para los colegiados incluidos en los turnos de la lista de Instructores, será obligatoria la aceptación del encargo, a no ser que aleguen justa causa de abstención. De aceptarse la abstención o recusación, el inicialmente nombrado será sustituido por el siguiente del turno de la lista en quien no concurra causa de abstención o recusación.
Artículo 92. Instrucción.
1. En el supuesto de que se acordaran diligencias preliminares en el expediente como informativo, el Instructor otorgará un plazo común de quince días al expedientado y al denunciante, si lo hubiera, para formular alegaciones y, en su caso, proponer prueba si no estuviere a su disposición, la cual habrá de practicarse en el plazo máximo de un mes desde que tuviere entrada en el Colegio el escrito que contenga la proposición de prueba.
2. Si se incoara expediente disciplinario directamente, o antes del transcurso de quince días desde que venciera el plazo de alegaciones o, en su caso, el de práctica de prueba, en las diligencias preliminares como expediente informativo, el Instructor elevará a la Junta de Gobierno, la propuesta motivada de sobreseimiento o, en caso contrario, formulará el pliego de cargos.
3. El pliego de cargos habrá de indicar con precisión y claridad, y debidamente motivados, los actos profesionales o colegiales que se estiman ilícitos, la valoración de la prueba de que, en su caso, se disponga, su tipificación, la calificación del tipo de la infracción en que incurre la conducta, así como la sanción que en su caso proceda.
4. El pliego de cargos se notificará al expedientado, y en caso de que lo hubiera, al denunciante, a fin de que, en el plazo común de quince días, a contar desde el siguiente a la notificación, se formule por escrito el correspondiente pliego de descargo, proponiendo en el mismo escrito la prueba que estime pertinente para su defensa, o en caso de eventual denunciante notificado, alegue lo que estime oportuno y proponga prueba.
5. Serán ejercitables todos los medios de defensa y de prueba admisibles en derecho en la forma requerida en la legislación administrativa, correspondiendo al Instructor acordar la práctica de las que, habiendo sido propuestas, estime pertinentes así como de cualesquiera otras que estime, de propia impulso, necesarias o convenientes, en particular cuando de los hechos resultare perjuicio para terceros. El plazo para la práctica de la prueba será el determinado por el Instructor por un período mínimo de quince días y un período máximo de un mes.
6. Se dejará constancia en el expediente de todas las audiencias y escritos de los personados en el procedimiento, de la práctica de las notificaciones y de su recepción y de las pruebas practicadas.
7. Cuando de la instrucción resultara que los hechos pudieren ser constitutivos de ilícito penal, civil o administrativo, el Instructor lo hará saber a la Junta de Gobierno, al efecto de que ejercite, según estime, las acciones que procedan.
Artículo 93. Medidas cautelares.
1. El Instructor podrá proponer a la Junta de Gobierno, las medidas cautelares que estime precisas, a fin de asegurar el interés general del Colegio, la función social de la Procura, y el buen fin del mismo expediente, incluida la suspensión del ejercicio profesional, conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Ley vasca 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma.
2. La medida cautelar de suspensión del ejercicio profesional será notificada el Colegio de Procuradores del País Vasco, al Colegio General de Procuradores de los Tribunales, y al Departamento del Gobierno Vasco competente en de Colegios Profesionales, y será anotada en el expediente personal del Procurador, quien que pasará inmediatamente a la condición de no ejerciente durante el plazo que se acuerde, el cual no podrá ser superior a seis meses, y se descontará del plazo de cumplimiento en el supuesto de que recaiga sanción de inhabilitación profesional.
Artículo 94. Resolución.
l. Concluida la tramitación del procedimiento, el Instructor elevará a la Junta de Gobierno propuesta de resolución, acompañada del expediente completo, conteniendo los mismos extremos que el pliego de cargos.
2. La Junta de Gobierno podrá devolver el expediente al Instructor en forma motivada para la práctica de nuevas diligencias que estime imprescindibles. En estos supuestos, si la propuesta de sanción es por infracción muy grave o grave, la Junta de Gobierno concederá al expedientado, con traslado de la propuesta hecha por el Instructor, y las diligencias que se hubieren practicado, con vista del expediente completo, nuevo trámite de audiencia por plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la notificación, para que pueda alegar cuanto estime oportuno a su derecho.
3. Si el Instructor es miembro de la Junta de Gobierno no podrá participar en las deliberaciones ni en la votación del acuerdo que ponga fin al procedimiento disciplinario, el cual deberá adoptarse por mayoría de dos tercios para sancionar con inhabilitación profesional superior a seis meses.
4. La resolución final del procedimiento disciplinario será motivada, exhaustiva, y congruente, notificándose en el plazo de los diez días siguientes a su adopción, con advertencia de los recursos a que hubiere lugar, así como de los plazos para su interposición.
5. Contra las sanciones que impongan las Juntas de Gobierno podrá de interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Procuradores del País Vasco, con carácter previo a la interposición, en su caso, del recurso contencioso-administrativo, con lo posibilidad de instar la suspensión de la ejecutividad conforme a lo prevenido por el artículo 40.4 de los presentes Estatutos, debiendo entonces ser oídos, además del Ponente, la Junta de Gobierno que impuso la sanción.
Artículo 95. Ejecución.
1. Los colegios y consejos profesionales procederán, por sí, a la ejecución de sus propias resoluciones sancionadoras de acuerdo con las normas aplicables a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. Las sanciones serán ejecutivas desde el acuerdo que agote la vía administrativa, aunque sólo se harán públicas una vez que ganen firmeza.
3. La sanción de inhabilitación será efectiva a partir del momento en que quede firme el acuerdo colegial que la imponga. Cuando el sancionado esté en situación de inhabilitación por otras causas o infracciones, el tiempo de la que se imponga comenzará a cumplirse automáticamente en el momento en que se extinga la anterior, y así de sucesivo.
4. La anotación de las sanciones en el expediente personal de los colegiados se cancelará, siempre que no hubiera incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria, cuando hayan transcurrido los siguientes plazos: seis meses en sanciones de apercibimiento y multa; tres años en sanción de inhabilitación hasta seis meses; y cinco años en sanciones de inhabilitación superiores.
Artículo 96. Autonomía económica y financiera.
Artículo 97. Recursos económicos.
1. Constituyen recursos económicos del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava por ingreso ordinario:
2. Constituyen recursos económicos del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava por ingreso extraordinario:
3. La aportación por concepto de cuota colegial ordinaria que corresponde al Colegio conforme a la letra a) del apartado anterior, estará constituida por una cuota fija para los no ejercientes, y otra para los ejercientes, para cada habilitación en partido judicial del Territorio Histórico, así como por una cuota variable para los ejercientes.
4. El Decano o Procurador de honor que esté colegiado como no ejerciente viene excusado de cualquier aportación al sostenimiento de las cargas colegiales.
Artículo 98. El presupuesto.
l. El presupuesto del Colegio tendrá vigencia coincidente con el año natural. Tendrá carácter meramente orientativo, comprensivo de todos los ingresos y los gastos.
2. El presupuesto será formado por Junta de Gobierno, a propuesta del Tesorero, y será debatido y aprobado por la Junta General ordinaria anual.
3. En la convocatoria a la Junta General se acompañará un cuadro-resumen, sin perjuicio del derecho de cualquier colegiado a examinar el proyecto en su conjunto en la sede del Colegio, durante los cinco días hábiles inmediatamente anteriores a la fecha de la celebración de aquélla.
4. Mientras no se apruebe el presupuesto de cada año, se considera prorrogado el anterior, con las siguientes especialidades:
5. La estructura, gestión y liquidación del presupuesto y su sistema contable se llevarán a cabo conforme a lo que disponga la legislación sobre entidades sin ánimo de lucro.
Artículo 99. Dación de cuentas.
1. La Junta de Gobierno, a propuesta elaborada por el Tesorero, formulará las cuentas correspondientes al ejercicio de cada año cerrado a 31 de diciembre, debiendo someterse a debate y aprobación de la Junta General ordinaria.
2. La Junta de Gobierno designará un Auditor de Cuentas a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50.3 de la Ley general 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones tituladas y de Colegios y Consejos profesionales.
3. Cualquiera de los colegiados podrá examinar las cuentas anuales en la sede del Colegio, durante los cinco días hábiles inmediatamente anteriores a la fecha de celebración de la Junta General que haya de resolver sobre ellas.
Artículo 100. Patrimonio y gestión.
1. El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno, a través del Tesorero, con la colaboración técnica que se precise.
2. Los pagos serán ordenados por el Decano, de cuya ejecución cuidará el Tesorero, así como de su debida contabilización.
3. Para gravar o enajenar bienes inmuebles se requerirá en todo caso la aprobación de la Junta General.
Artículo 101. Iniciativa.
1. La iniciativa para la reforma de los presentes Estatutos corresponde a la Junta de Gobierno, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta de votos, o a la solicitud suscrita por más del tercio de los colegiados ejercientes.
2. Los acuerdos de iniciativa deberán pronunciarse sobre un texto articulado que contendrá la modificación o modificaciones que se proponen, que podrán ser también de supresión o de adición de nuevas disposiciones.
3. Cualquier miembro de la Junta de Gobierno, cuando ésta ejerza iniciativa, podrá pedir la votación separada de alguno, de algunos o de todos los contenidos de la reforma propuesta que se entenderán decaídos si no obtienen mayoría absoluta.
l. Acordada la iniciativa, la Junta de Gobierno dará traslado a todos los colegiados para que en el plazo de un mes formulen las observaciones, alegaciones, enmiendas, o textos alternativos que estimen pertinentes, así como será necesaria su información publica en diarios oficiales y en el BOPV.
2. No se podrán presentar enmiendas a artículos o preceptos diferentes de aquellos a que se refiera en concreto la iniciativa ejercida. La Junta de Gobierno rechazará en forma motivada para su inclusión en el debate todas las enmiendas que incumplan con dicho requisito o que, cumpliéndolo formalmente, en realidad afecten a preceptos diferentes de los enunciados en la iniciativa, sin que contra su decisión quepa recurso corporativo alguno.
3. Dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo a que se refiere el apartado anterior, el Decano convocará Junta General extraordinaria para el debate y aprobación de la reforma, si procede.
4. El procedimiento de votación se ordenará conforme al orden en que venga articulada la iniciativa, con arreglo a las directrices del artículo 14 de los presentes Estatutos.
5. Finalizado el debate y las votaciones previstas en el apartado anterior, el conjunto de la reforma se someterá a votación de totalidad por la Junta General, resultando aprobado si obtuviere la mayoría absoluta.
6. De no obtenerse dicha mayoría absoluta, el Decano abrirá un plazo de negociaciones por período de un mes, pudiendo a tal efecto proponer las modificaciones o transacciones que estime convenientes. Finalizado el plazo, el conjunto de la reforma, en su caso con las modificaciones acordadas en la negociación, será sometido a nueva votación de la Junta General que requerirá para su aprobación de iguales condiciones de mayoría que en primera votación. De no obtenerse la mayoría requerida, el proyecto de reforma decaerá definitivamente. No obstante, el Decano y cualquiera de los miembros de la Junta de Gobierno podrán solicitar la votación separada de los diferentes aspectos de la reforma, en cuyo caso serán aprobados los que obtuvieren la mayoría absoluta de votos a favor.
7. El procedimiento de reforma previsto en el presente precepto será de aplicación tanto a las reformas parciales de los Estatutos como a su reforma total.
8. La reforma, una vez aprobada, será comunicada al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Colegios Profesionales a los efectos del artículo 33.3 de la Ley general 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, acompañándose acta de la sesión de la Junta General, con certificación circunstanciada de haberse dado cumplimiento al procedimiento.
Artículo 103. Disolución.
1. El Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava sólo podrá ser disuelto por disposición legal, por resolución judicial firme en un proceso, o por Decreto del Gobierno Vasco, previa solicitud y acuerdo al efecto adoptado, por una mayoría de más de dos tercios del total de los colegiados en ejercicio, en Junta General extraordinaria convocada al efecto.
2. La disolución por acuerdo en Junta General habrá de estar motivado en alguna o algunas de las siguientes causas:
Artículo 104. Liquidación.
1. A salvo la liquidación por expresa disposición legal, o la adoptada por resolución judicial firme en proceso, la publicación del Decreto de disolución del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Álava, abrirá el periodo de liquidación, estableciendo el plan de liquidación de su patrimonio, cosas, derechos y obligaciones.
2. El remanente, si lo hubiere, se repartirá entre los colegiados en la proporción que le corresponde a cada uno por cuota colegial ordinaria fija.
3. Las subvenciones de entidades públicas que pueda percibir el colegio tendrá como finalidad lo que establezcan sus normas reguladoras.
4. La asamblea general tienes limitada su capacidad a la hora de fijar el destino final del remanente.
Primera. Prelación de normas.
Segunda. Actual Junta de Gobierno.
1. Habida cuenta la renovación estatutaria por mitad de los cargos de la Junta de Gobierno, en las primeras elecciones que se convoquen después de la entrada en vigor de los presentes Estatutos, se procederá a la provisión de los cargos de Vicedecano, Secretario, Vocal primero y Vocal cuarto, y en las que habrán de celebrarse dos años después, se elegirán los cargos de Decano, Tesorero, Vicesecretario, Vocal segundo y Vocal tercero.
2. No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta de la especial situación de la actual Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Álava, prorrogada expresamente en su mandato hasta la confección y aprobación de los presentes Estatutos, y de manera excepcional, esta cesará en su totalidad, previa convocatoria de Elecciones para cubrir todos los cargos de la misma, en el momento en que éstas se lleven a efecto.
Tercera. Nombramiento de instructores.
Cuarta. Consejo autonómico.