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Timestamp: 2019-11-12 18:24:14
Document Index: 70973951

Matched Legal Cases: ['Artículo 24', 'Artículo 14', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 500', 'Artículo 553', 'Artículo 280']

Banco de la Nación Argentina c/ Paz Posse, Marcos
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Recurso ordinario. Requisitos de procedencia. "Valor disputado en último término". Alcance. Sentencia definitiva.
B. 1128. XL. Recurso de Hecho. "Banco de la Nación Argentina c/ Paz Posse, Marcos".
Buenos Aires, 16 de mayo de 2006.
Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Banco de la Nación Argentina c/ Paz Posse, Marcos", para decidir sobre su procedencia.
1°) Que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó la resolución dictada en origen que había desestimado las impugnaciones articuladas respecto de la liquidación de los honorarios correspondientes a los letrados de la demandada. Contra tal pronunciamiento la parte actora dedujo el recurso ordinario de apelación que, al ser denegado, dio origen a la presente queja.
2°) Que según conocida jurisprudencia del Tribunal, para la procedencia del recurso ordinario de apelación en tercera instancia, en causa en que la Nación directa o indirectamente tiene carácter de parte, resulta necesario demostrar que el "valor disputado en último término", o sea aquel por el que se pretende la modificación del fallo, excede el mínimo legal a la fecha de su interposición, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 24, inc. 6°, ap. a, del Decreto Ley Nº 1.285/58 y Resolución de esta Corte Nº 1.360/91 (Fallos: 311:2234 y sus citas; 312:2173; 320:2124; 323:2360, entre muchísimos otros).
3°) Que, en el caso, la apelante no ha cumplido con dicha carga toda vez que se ha limitado a interponer el remedio sin justificar la sustancia económica de su pretensión recursiva, a cuyo efecto era menester indicar, al menos, cuáles serían los montos de los aranceles considerados correctos de manera que, deducidos de las sumas que se impugnan, pudiera obtenerse el valor por el que se pretende la modificación de lo decidido (Fallos: 312:1648 y 313:986).
4°) Que, por lo demás y sin perjuicio de lo expresado, cabe señalar que también resulta ineludible para que el recurso ordinario de apelación sea viable, que la sentencia resistida revista carácter definitivo -extremo que debe apreciarse con criterio más riguroso que en el supuesto del Artículo 14 de la Ley Nº 48-, lo que no ocurre con aquella que, como en el sub lite, ha sido dictada durante el trámite de ejecución en orden a la liquidación de montos establecidos en pronunciamientos anteriores que se encuentran firmes (Fallos: 311:2034 y 2063: 312:745; 315:47, entre varios).
Por ello, se desestima la queja. Notifíquese y, oportunamente, archívese.
Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt (en disidencia) - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni (en disidencia) - Carmen M. Argibay - María Susana Najurieta - Luis César Otero (según su voto) - Horacio Enrique Prack.
Voto del Señor Conjuez Luis César Otero.
Que adhiero a la sentencia de la mayoría, en los puntos 1°, 2° y 3° de los considerandos y que en su parte resolutiva desestima la queja interpuesta, efectuando las consideraciones ampliatorias siguientes:
a) Que con referencia a los puntos 2° y 3°, se debe entender por "valor disputado" para la procedencia del recurso de apelación ordinario previsto en el Artículo 24, inc. 6°, del decreto-ley 1285/58 a aquél por el cual se pretende la modificación de la sentencia de alzada, es decir, el monto respecto del cual se agravia el recurrente ante la Corte (cfr. Fallos; 248:84; 250:594), monto que además deberá surgir en forma clara de la propia presentación del apelante, no siendo suficiente para cumplir con este requisito lo referenciado por el recurrente en escritos anteriores agregados a las actuaciones judiciales.
b) Que ello adquiere aún más relevancia si se tiene en consideración que, para la admisibilidad del recurso ordinario, se exige que el valor disputado a consignar debe realizarse "sin sus accesorios" (Artículo 24, inc. 6°, ap. a del Decreto Ley Nº 1.285/58), lo cual determina que los intereses devengados no pueden ser tenidos en cuenta para establecer la procedencia del recurso, por lo que aún con más razón es requisito esencial consignar el monto referido.
Por ello, se desestima la queja. Notifíquese y oportunamente, archívese.
Luis César Otero.
Disidencia de los Señores Ministros doctor Don Carlos S. Fayt y Don E. Raúl Zaffaroni.
1°) Que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó la resolución dictada en origen, que había desestimado las impugnaciones articuladas respecto de la liquidación de los honorarios correspondientes a los letrados de la demandada.
2°) Que contra lo así resuelto, la parte actora interpuso el recurso ordinario de apelación que fue denegado mediante el auto de fs. 479 de los autos principales, lo cual originó el planteamiento de la queja en examen. El a quo, para fundar tal rechazo, consideró que el apelante omitió acreditar, en oportunidad de interponer el recurso, que el monto por el cual pretende la modificación de la sentencia de la alzada excede el mínimo legal a la fecha de interposición, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 24, inc. 6°, ap. a, del Decreto Ley Nº 1.285/58, y Resolución de esta Corte Nº 1.360/91.
3°) Que, en el caso, la decisión recurrida desestimó las defensas ensayadas por la actora, respecto de la pretensión que dedujo la contraria, en relación al derecho a la percepción de intereses, desde el 30 de junio de 1992 hasta el 11 de noviembre de 2001, sobre el monto de los honorarios regulados. En efecto, la misma sentencia apelada se encargó de puntualizar la entidad de la posición asumida por aquélla al recurrir el fallo de primera instancia (fs. 471, primer párrafo, del expediente principal), y la improcedencia de tales agravios (ap. a de fs. 468/469 vta.), de modo que al resolver se pronunció por la confirmación de lo decidido por el juez de grado (fs. 472 vta.).
4°) Que habida cuenta de la magnitud del monto correspondiente a los intereses liquidados, entre el 30 de junio de 1992 y 31 de diciembre de 2001, sobre las sumas de los honorarios regulados a favor de los profesionales que ejercieron la representación y patrocinio letrado de la parte demandada (punto III, fs. 392 vta./393 de los autos principales), y la cuantía de los conceptos devengados, única y exclusivamente, como consecuencia de la exigibilidad de aquéllos -impuesto al valor agregado y aportes-, máxime cuando también se dispuso que tales réditos se capitalicen y produzcan otros nuevos, bien que calculados con la aplicación de la tasa activa; resulta palmario que el importe correspondiente a los rubros indicados, constitutivos de la sustancia económica discutida en esta instancia, no podría resultar inferior al mínimo legal exigible para la admisibilidad del recurso.
5°) Que, en tales condiciones, resulta de aplicación el criterio según el cual no cabe extremar la exigencia de la demostración del monto discutido en la causa, al momento de la interposición del recurso, cuando el hecho de que la suma en cuestión supera el importe mínimo establecido por el Artículo 24, inc. 6°, ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de esta Corte emana con claridad de los elementos objetivo obrantes en el proceso (cfr. Fallos: 312:98, disidencia de los jueces Belluscio y Petracchi 313:1301, disidencia de los jueces Belluscio Petracchi y Moliné O'Connor; 315:2369; 320:349, considerando 2°, y su cita).
6°) Que, además, aun cuando el pronunciamiento recurrido fue dictado en el trámite de un proceso de ejecución de sentencia (Artículo 500, inc. 3°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), la entidad de la pretensión planteada en dicho iter y consecuente decisión -conforme lo expuesto en el considerando 3° de la presente-, basta para advertir que con esta última se ha puesto fin a la controversia e impide su continuación privando al interesado de otros medios legales para la tutela de su derecho, en orden a que no resulta revisable por la vía contemplada en el Artículo 553 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Por ello, se hace lugar a la queja y se declara formalmente procedente el recurso ordinario de apelación deducido por la actora a fs. 477. Agréguese la presentación directa al expediente principal, y pónganse los autos en la oficina a los efectos de la presentación del memorial (Artículo 280, párrafos segundo y tercero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese.
Carlos S. Fayt - E. Raúl Zaffaroni.
3 Capítulo VIII: Conclusiones
5 Capítulo III: Acción, recurso y pretensión. La pretensión procesal administrativa y los recursos directos.
6 Capítulo I: Modelos y sistemas de control jurisdiccional de la actividad de la Administración Pública
7 El recurso de alzada
8 El recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Carlos R. Tribiño
9 Ordenamiento, regulación y control de los recursos hídricos
10 La protección provisional de los particulares contra las decisiones administrativas de los Estados Miembros de las Comunidades Europeas