Source: https://ru.scribd.com/document/86239858/Ley-de-Contabilidad
Timestamp: 2020-01-28 01:20:56
Document Index: 31680614

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 144', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 13', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 16', 'Artículo 14', 'artículo 8', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo16', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'in fine', 'Artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 21', 'Artículo 24', 'artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 28', 'Artículo 26', 'artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 26', 'Artículo 26', 'artículo 25', 'Artículo 27', 'artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 25', 'artículo 25', 'Artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 25', 'Artículo 29', 'artículo 16', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 28', 'artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 28', 'Artículo 32', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 25', 'Artículo 34', 'Artículo 34', 'Artículo34', 'Artículo 35', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 37', 'artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 41', 'artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'artículo 16', 'artículo 9', 'Artículo 43', 'artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'artículo 26', 'Artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 47', 'Artículo 48', 'artículo 26', 'Artículo 48', 'artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 50', 'artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'artículo 39', 'Artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 51', 'artículo 48', 'artículo 70', 'artículo 73', 'Artículo 53', 'artículo 22', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 56', 'artículo 23', 'artículo 45', 'Artículo 57', 'artículo 11', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 80', 'artículo 64', 'artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'artículo 60', 'artículo 144', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'artículo 62', 'Artículo 63', 'artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 64', 'artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 70', 'Artículo 66', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 69', 'artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'artículo 70', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 77']

Ley de Contabilidad | Presupuesto | Contabilidad
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LEY DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DECRETO LEY N°7.764/71
Sancionada el 31 de Agosto de 1971 Publicada en el Boletín Oficial el 21 de Setiembre de 1971
Dr. (C.P.) Fernando A. Demarco Dr. (C.P.) Angel M. Corbalan Dr. Martín P. Erramouspe
TEXTO ORDENADO DEL DECRETO N°1953/01 Art. 11 Resolución del Contador General N°419/91 Capítulos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X (Artículos 1° al 24°; 35° al 43° y 53° al 77°)
TEXTO ORDENADO POR DECRETO N°1953/91 Art. 11° Resolución del Contador General N°419/91 Capítulo V «DE LA GESTION DE BIENES DE LA PROVINCIA» (Artículos 44º al 52º de la Ley)
CAPITULO PRELIMINAR ALCANCES DE LA LEY
Artículo 1°- La presente ley regirá los actos u operaciones de los que se deriven transformaciones o variaciones en la Hacienda Pública, quedando comprendidas en la misma los órganos administrativos centralizados y descentralizados del Estado. Para los entes de carácter comercial o industrial esta Ley será de aplicación en tanto sus respectivas leyes orgánicas no prevean expresamente lo contrario, en cuyo caso regirá supletoriamente. Las Haciendas privadas, servicios o entidades en cuya gestión tenga intervención el Estado, quedan comprendidas en el régimen de control instituido por esta Ley y que les resulte aplicable en razón de las concesiones, privilegios o subsidios que se les acuerden o de los fondos o patrimonios del Estado que administren.
Artículo 1°- (Sin reglamentación).
CAPITULO I DEL PRESUPUESTO GENERAL TITULO I CONTENIDO Artículo 2°- El presupuesto general será anual y contendrá para cada ejercicio financiero, la totalidad de las autorizaciones para gastar acordadas a los órganos administrativos, centralizados o descentraliza dos y el cálculo de los recursos destinados a financiarlas, por sus montos íntegros sin compensación alguna.
Artículo 2°- (Sin reglamentación).
TITULO II ESTRUCTURA Artículo 3°- La estructura del presupuesto adoptará las técnicas más adecuadas para demostrar el cumplimiento de las funciones del
Estado, los órganos administrativos que las tengan a su cargo y la incidencia económica de los gastos y recursos.
Artículo 3°- (Sin reglamentación).
TITULO III PROCEDIMIENTO Artículo 4°- El ejercicio financiero comienza el 1° de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año.
Artículo 4°- (Sin reglamentación).
Artículo 5°- De conformidad con lo prescripto en el artículo 144°, inciso 16, de la Constitución, el Poder Ejecutivo remitirá a la Legislatura, antes del 31 de agosto de cada año, los proyectos de Ley de Presupuesto y de Ley Impositiva a regir en el año siguiente. Si al comenzar el ejercicio no se hubiera sancionado el Presupuesto General, regirá el que estaba en vigencia al cierre del ejercicio anterior al solo efecto de asegurar la prestación de los servicios y la continuidad del plan de obras.
Artículo 5°- Los proyectos de Ley de Presupuesto y Ley Impositiva, serán remitidos a la Honorable Legislatura por el Poder Ejecutivo con intervención del Ministro de Economía, el que también intervendrá en toda iniciativa relacionada con el Presupuesto General y la Ley Impositiva, o en cualquier proyecto que afecte su composición y contenido.
Artículo 6°- La promulgación de la Ley de Presupuesto implicará el ejercicio de la atribución constitucional del Poder Ejecutivo para decretar el uso de las autorizaciones para gastar y el empleo de los recursos necesarios para su financiamiento.
Artículo 6°- (Sin reglamentación).
Artículo 7°- Toda ley que autorice gastos a realizar en el ejercicio no previsto en el Presupuesto General, deberá determinar el recurso correspondiente y la incidencia en el balance financiero preventivo del ejercicio. Las autorizaciones respectivas y los recursos serán incorporados al Presupuesto General por el Poder Ejecutivo conforme a la estructura adoptada.
Artículo 7°- Las incorporaciones a que se refiere el artículo 7° de la Ley, serán dispuestas con intervención del Ministro del ramo y el de Economía.
Artículo 8°- El Poder Ejecutivo podrá autorizar gastos con la obligación de dar cuenta en el mismo acto a la Legislatura:
d) En casos de epidemias, inundaciones y otros acontecimientos
imprevistos que hagan indispensables la acción inmediata del Gobierno. Los créditos abiertos de conformidad con las disposiciones del presente artículo deberán incorporarse al Presupuesto General.
Artículo 8°- Los créditos para la atención de los gastos referidos en el artículo 8° de la Ley, se incorporarán al Presupuesto General con intervención del Ministro de Economía.
Artículo 9°- Los gastos que demande:
a) La atención de trabajos o servicios solicitados por terceros u otros Organismos nacionales, provinciales o municipales con fondos provistos por ellos, y
b) El cumplimiento de legados y donaciones con cargo, aceptados
conforme a las normas pertinentes. Y que por lo tanto, no constituyan autorizaciones para gastar emergentes del Presupuesto, se denominarán “Gastos por Cuenta de Terceros” y “Cumplimiento de Donaciones y Legados”, respectivamente, pero estarán sujetas para su ejecución a las normas establecidas en la presente Ley. Los sobrantes no susceptibles de devolución u otro destino, se ingresarán como recursos del ejercicio en el momento que se produzcan.
Artículo 9°- La apertura de las cuentas que se originen como consecuencia de lo previsto en el artículo 9°, inciso a) de la Ley, será dispuesta, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia, por los señores Ministros Secretarios de las respectivas jurisdicciones y por los Titulares de los Organismos de la Constitución y Organismos Descentralizados, según el organismo administrativo encargado de la atención de los trabajos y servicios. La resolución que se dicte deberá fijar en cada caso el régimen de funcionamiento de las cuentas.
Artículo 10°-Las disposiciones legales sobre recursos no caducarán al finalizar el ejercicio en que fueron sancionadas y serán aplicables hasta tanto se las derogue o modifique, salvo que, para las mismas se encuentre establecido un término de duración.
Artículo 10°-(Sin reglamentación).
Artículo 11°-La afectación específica de los recursos del presupuesto sólo podrá ser dispuesta por Ley.
Artículo 11°-(Sin reglamentación).
CAPITULO II DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
TITULO I DE LAS AUTORIZACIONES A GASTAR Artículo 12°-Las autorizaciones para gastar, constituirán créditos abiertos a los órganos administrativos para poner en ejecución el Presupuesto General y serán afectados por los compromisos que se contraigan de conformidad con el artículo 13º. Los créditos no afectados por compromisos al cierre del ejercicio quedarán sin valor ni efecto alguno.
Artículo 12°-(Sin reglamentación).
Artículo 13°-A los efectos señalados en el artículo 12º, constituirá compromiso el acto de autoridad competente en virtud del cual los créditos se destinan definitivamente a la realización de gastos por adquisiciones, obras o servicios a proveer o provistos a la Administración Pública, o aportes, subsidios o transferencias para el cumplimiento de lo previsto o programado al autorizarlos.
Artículo 13°-Los compromisos a que alude el artículo 13° de la Ley,
afectarán los créditos del ejercicio y/o, de acuerdo a las excepciones que prevé el artículo 16º de aquélla, los de ejercicios futuros, conforme a las siguientes normas según la característica de la provisión y forma de pago: a) y b) del presente artículo, se operen con financiamiento especial, se afectará el gasto a cada ejercicio, por la suma convenida a pagar en cada uno de los mismos.
a) Adquisición de Bienes: se afectarán al ejercicio en que se emita la orden de compra respectiva, excepto cuando estén destinadas a los fines previstos en el inciso b) del artículo 16º de la Ley, en cuyo caso se afectarán al ejercicio siguiente;
b) Certificados por obra ejecutada al 31 de diciembre;
c) Locaciones de inmuebles, obras y servicios: se afectarán a
cada ejercicio por la suma convenida a pagar o a devengar en cada uno de los mismos;
d) Servicios provistos de energía eléctrica, teléfono, gas y similares: se afectarán al ejercicio en que la factura sea presentada en la Dirección de Administración para su liquidación;
e) Aportes, préstamos, subsidios, subvenciones y becas: se afectarán al ejercicio en que se dicte el acto administrativo de otorgamiento;
f) Ajustes periódicos y definitivos por variaciones de costos en los contratos de obra pública: se afectarán al ejercicio en que la liquidación respectiva sea practicada;
g) Diferencias de remuneraciones por promociones, reubicaciones en la situación de revista y similares, reconocidas a favor de los agentes del Estado con vigencia retroactiva a ejercicios clausurados: se afectarán al ejercicio en que se dicte el acto administrativo pertinente;
h) Gastos no previstos específicamente en el detalle precedente:
se afectarán en función de lo dispuesto en los artículos 13º y 16º de la Ley y de su similitud con los considerados en los incisos a) a g) precedentes. Cuando las contrataciones a que se refieren los incisos a) y b) del presente artículo, se operen con financiamiento especial, se afectará el gasto a cada ejercicio, por la suma convenida a pagar en cada uno de los mismos.
Artículo 14°-En cada ejercicio financiero sólo podrán comprometerse gastos que encuadren en los conceptos y límites de los créditos abiertos salvo los casos previstos en el artículo 8°.
Artículo 14°-(Sin reglamentación).
Artículo 15°-No podrán contraerse compromisos cuando el uso de créditos esté condicionado a la existencia de recursos especiales, sino en la medida de su realización, salvo que, por su naturaleza se
tenga la certeza de la realización del recurso dentro del ejercicio.
Artículo 15°-A los efectos de la aplicación de la norma de excepción prevista en la última parte del artículo 15° de la Ley, el titular del organismo a cuyo cargo esté la gestión de percepción del recurso a que se refiere el artículo, deberá demostrar, bajo su exclusiva responsabilidad, ante la Contaduría General de la Provincia, previa intervención del Ministerio de Economía, la posibilidad cierta que existe de realización del recurso pertinente dentro del ejercicio.
Artículo 16°-(Ley n°12.012). No podrán comprometerse
erogaciones susceptibles de traducirse en afectaciones de créditos de presupuesto para ejercicios futuros, salvo en los siguientes casos:
a) Para obras y trabajos públicos a ejecutarse en el transcurso de más de un ejercicio financiero y para operaciones con financiamiento especial de provisiones, obras o trabajos. Los compromisos emergentes de la facultad acordada por este inciso, no podrán superar los montos que al respecto autorice la Ley de Presupuesto;
b) Para las provisiones, locaciones de inmuebles, contratos de locación financiera con opción acordada de compra (leasing), obras o servicios sobre cuya base sea la única forma de asegurar la prestación regular y continua de los servicios públicos o la irreemplazable colaboración técnica o científica especial;
c) Para el cumplimiento de leyes especiales cuya vigencia exceda
de un ejercicio financiero. El Poder Ejecutivo incluirá en el Proyecto de Presupuesto General para cada ejercicio, los créditos necesarios para atender las erogaciones anuales que se generen en virtud de lo autorizado en el presente artículo.
Artículo 16°-A los efectos previstos en el último párrafo del
artículo16º de la Ley:
a) Se comunicará a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía, previo a su resolución definitiva, toda tramitación que importe compromisos de los previstos en dicho artículo. El citado Organismo podrá formular observaciones en el ámbito de su competencia dentro de los tres (3) días hábiles de efectuada la comunicación;
b) Corresponde a las Direcciones de Administración o
dependencias que hagan sus veces, incluir en los anteproyectos jurisdiccionales respectivos que se eleven al Ministerio de Economía, las previsiones correspondientes. Las Direcciones de Administración u organismos que hagan sus veces, registrarán los créditos diferidos anuales y sus afectaciones, y las comunicarán a la Contaduría General de la Provincia, la que observará cualquier exceso. La registración centralizada de la evolución de los diferidos será efectuada por la Contaduría General de la Provincia.
Artículo 17°-Las provisiones, servicios u obras entre Organismos administrativos comprendidos en el presupuesto, que sean consecuencia del cumplimiento de sus funciones específicas, constituirán compromisos para los créditos de las dependencias que los reciban y recursos para el ramo de entradas que corresponda.
Artículo 17°-Sin perjuicio de la afectación de los créditos de las dependencias que los reciban y de la contabilización del ingreso respectivo, las provisiones, servicios u obras entre organismos administrativos comprendidos en el Presupuesto, no implicarán pagos entre los mismos, excepto cuando el prestador o el beneficiario de aquellos o ambos, sean descentralizados.
Artículo 18°-Cumplida la prestación o las condiciones establecidas en el acto motivo del compromiso y previa verificación del
cumplimiento regular del proceso pertinente, se procederá a su liquidación a efectos de determinar la suma cierta que deberá pagarse.
La erogación estará en condiciones de liquidarse cuando, por su concepto y monto, corresponda al compromiso contraído, tomando como base la documentación que demuestre el cumplimiento del mismo. Las autoridades facultadas para autorizar y aprobar las contrataciones podrán incluir o aceptar, por vía de excepción, cláusulas de pagos anticipados a cuenta de precio. No podrá liquidarse suma alguna que no corresponda a compromisos contraídos en la forma que determinan los artículos 14° a 17°, salvo los casos previstos en los artículos 22° y 24°, segundo párrafo, que se liquidará como consecuencia del acto administrativo que disponga la devolución. Los aportes de la Administración Central a los Organismos Descentralizados, previstos en el Presupuesto General y que no se originen en afectación específica dispuesta por ley, sólo se liquidarán por hasta el monto necesario para financiar la insuficiencia resultante de la ejecución presupuestaria del ejercicio. Autorízase al Poder Ejecutivo a eliminar las fracciones de pesos en las liquidaciones de sumas que por cualquier concepto perciba o abone, en la forma que por vía reglamentaria establezca.
Artículo 18°- (Decreto n°326/81). La liquidación de los gastos a que se refiere el artículo 18° de la Ley, será efectuada por las Direcciones de Administración Contable u oficinas que hagan sus veces; tratándose de dependencias del interior, la liquidación será efectuada por los Administradores o por quienes hagan sus veces. Cuando el pago del anticipo deba efectuarse por la Tesorería General, se dará intervención a dicho organismo previo a la inclusión o aceptación, según el caso de cláusulas de pagos anticipados a cuenta de precio.
Artículo 19°-(Decreto-Ley n°8060/73). Liquidadas las erogaciones se dispondrá su pago mediante la emisión de la orden correspondiente, que podrá ser a favor de un acreedor determinado o del funcionario habilitado al efecto. Constituye orden de pago el documento mediante el cual la autoridad competente dispone la entrega de fondos y se instrumentará en la forma que determine el Poder Ejecutivo. Las órdenes de pago caducarán al cierre del ejercicio siguiente al de su fecha de emisión, y en caso de reclamación del acreedor dentro del término fijado por la ley común para la prescripción, deberá preverse la cancelación de la deuda con afectación a los créditos que al respecto contemple el presupuesto del ejercicio en que se formule el reclamo; no habiendo crédito disponible, éste deberá contemplarse en el primer presupuesto posterior.
Artículo 19°-Las órdenes de pago serán emitidas por los Directores de Administración o funcionario que haga sus veces y contendrán, como mínimo, los siguientes requisitos:
a) Fecha y número, que se extenderán hasta el cierre de cada ejercicio;
b) Nombre de la persona, entidad o autoridad administrativa a quien deba efectuarse el pago o la entrega;
c) Cantidad en letras y números;
d) Imputación al crédito legal correspondiente;
e) El tiempo en que ha de verificarse el pago si responde a una obligación con plazo fijo;
f) La causa u objeto, individualizando, en el caso de libramiento
de entrega, las liquidaciones para cuya cancelación se requiere la provisión de fondos. La Tesorería General de la Provincia, adoptará los sistemas de control para la verificación de la vigencia y caducidad de las órdenes de pago. Producida la caducidad devolverá las actuaciones a la
Contaduría General de la Provincia, quien previo las registraciones pertinentes las cursará a la jurisdicción de origen, a los fines previstos en la última parte del artículo 19º de la Ley.
Artículo 20°-Las erogaciones comprometidas durante el ejercicio que no se hubieran incluido en orden de pago al cierre del mismo, constituirán residuos pasivos y se determinarán de forma que permita individualizar a los que resulten acreedores, salvo los que correspondan a sueldos o asignaciones correlativas a los mismos y pasividades que se individualizarán por la Dependencia en que tales erogaciones queden sin incluir en orden de pago. La liquidación e inclusión en orden de pago de las erogaciones constituidas en residuos pasivos se hará con cargo a los mismos. Las que no hubieran sido incluidas en orden de pago en el año siguiente al cierre del ejercicio en que tales residuos pasivos fueron constituidos quedarán perimidas a los efectos administrativos. En caso de reclamación del acreedor se procederá de acuerdo con lo dispuesto en la última parte del artículo 19°.
Artículo 20°-(Sin reglamentación).
TITULO II DE LOS RECURSOS Artículo 21°-(Decreto n°3122/02). La fijación de los recursos de cada ejercicio estará a cargo de las oficinas o agentes que determinen las leyes y los reglamentos respectivos. Su recaudación se efectuará por intermedio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de otras instituciones bancarias, o agentes del Estado y/o entidades privadas sin fines de lucro, autorizadas por el Poder Ejecutivo.
En todos los casos las instituciones autorizadas deberán depositar los fondos recaudados dentro de las 24 horas hábiles de percibidos, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a cuenta de la Tesorería General de la Provincia.
Artículo 21°-La Dirección Provincial de Rentas es el Organismo específico encargado de la gestión de recaudación de los impuestos, tasas y contribuciones establecidos en el Código Fiscal u otras leyes de impuesto, como así también de cualquier otro tipo de ingreso fiscal cuya gestión no esté asignada a ningún otro Organo del Estado.
El depósito de los recursos percibidos a que alude el segundo párrafo del artículo 21º de la Ley, será hecho por los responsables autorizados a recaudar por el Poder Ejecutivo, sin efectuar deducción alguna de las sumas recaudadas. Cuando los depósitos se hagan en el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la cuenta “Tesorería General de la Provincia o/Contador y Tesorero de la Provincia”, se utilizarán los
formularios que al efecto entregará la institución bancaria, en los que se consignarán todos los datos necesarios para determinar el origen
y destino de la suma depositada, sin perjuicio de la comunicación
que los responsables deberán efectuar de inmediato a la Contaduría General, con la información pertinente para la debida individualización y contabilización del ingreso. Las sucursales del Banco de la Provincia transferirán diariamente a la Casa Matriz - La Plata, los depósitos recibidos, remitiendo además copias de las boletas respectivas, las que serán enviadas a la Contaduría General de la Provincia. Cuando se tratare de ingresos en otras cuentas
oficiales autorizadas por el Ministerio de Economía, los depositantes, simultáneamente con la operación efectuada, deberán comunicarlo a la Repartición respectiva mediante nota explicativa acompañada de
la boleta de depósito.
Para los depósitos de fondos fiscales hechos en otras instituciones designadas al efecto, se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo precedente. Las instituciones bancarias oficiales y privadas, debidamente autorizadas de acuerdo al régimen del presente artículo para recibir depósitos a favor de la Provincia, deberán
transferirlos diariamente al Banco de la Provincia Casa Matriz - La Plata, sin deducción alguna, abonándose los servicios respectivos con cargo a los correspondientes créditos del Presupuesto. La facultad a la que alude el último párrafo del artículo 21° de la Ley, será ejercida por el Ministro de Economía. Las cuentas de la Tesorería General de la Provincia serán abiertas por el Ministro de Economía a la orden del Contador y Tesorero de la Provincia.
Artículo 22°-Se computarán como recursos del ejercicio los efectivamente ingresados en las oficinas o dependencias recaudadoras. Los ingresos correspondientes a situaciones en las que el Estado sea depositario o tenedor temporario, no constituyen recursos.
Artículo 22°-Se considerarán “Dependencias Recaudadoras” a los fines del artículo 22º de la Ley, las instituciones bancarias oficiales o privadas, oficinas o agentes del Estado que hayan sido autorizadas a recaudar por el Poder Ejecutivo. Son recursos del Ejercicio, los ingresados en las Cajas referidas precedentemente hasta el 31 de diciembre de cada año. Los movimientos que se operen como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 22º, segundo párrafo de la Ley, serán registrados por la Contaduría General de la Provincia en cuentas individualizadas que abrirá al efecto.
Artículo 23°-La concesión de exenciones, rebajas, moratorias o facilidades para la recaudación de los recursos, sólo podrá ser dispuesta en las condiciones que determinan las respectivas leyes. Las sumas a cobrar por los órganos administrativos, que una vez agotadas las gestiones de recaudación se consideren incobrables, podrán así ser declaradas por el Poder Ejecutivo. Tal declaración no importará renunciar al derecho al cobro ni invalida su
exigibilidad conforme a las respectivas leyes. El decreto por el que se declare la incobrabilidad deberá ser fundado y constar, en los antecedentes del mismo, las gestiones realizadas para el cobro.
Artículo 23°-(Sin reglamentación).
Artículo 24°-Ninguna oficina, dependencia o persona recaudadora podrá utilizar por sí los fondos que recaude. Su importe total deberá depositarse de conformidad con lo previsto en el artículo 21° y su empleo se ajustará a lo dispuesto en el Título I del presente Capítulo II. Quedan exceptuadas de esta disposición, la devolución de ingresos percibidos en más, por pagos improcedentes o por error y las multas o recargos que legalmente queden sin efecto o anulados, en cuyo caso, la liquidación y orden de pago correspondiente, se efectuará por rebaja del rubro de recursos al que hubiere ingresado, aún cuando la devolución se operare en ejercicios posteriores.
Artículo 24°-Para las devoluciones que prevé el segundo párrafo
del artículo 24º de la Ley, se seguirá el siguiente procedimiento.
1. Las devoluciones de recursos serán dispuestas por Resolución de los organismos encargados legalmente de la gestión de recaudación de los mismos, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia y con cargo a los fondos de la cuenta bancaria que determine este último Organismo. Si el reclamante tuviera deudas con el Fisco por cualquier concepto, el importe del pago hecho por error o sin causa, será aplicado en primer término a cancelar total o parcialmente dicha deuda y el remanente, si lo hubiere, se devolverá al interesado siguiendo el procedimiento indicado precedentemente. El importe de las devoluciones se deducirá de la recaudación del Ejercicio, afectándose en su caso y en proporción respectiva, la participación correspondiente a las Municipalidades y entidades
2. Las devoluciones de cobros indebidos ingresados en la cuenta Tesorería General de la Provincia, serán dispuestas por el Ministro de Economía, cuando superen el monto resultante a 50 sueldos básicos de la categoría 1 del Régimen Estatutario para los agentes de la Administración Pública Provincial comprendidos en el régimen de la Ley 10.430. En los demás casos las devoluciones serán dispuestas por los Organismos encargados legalmente de la gestión de recaudación. La Contaduría General de la Provincia fijará la imputación de las devoluciones, las que afectarán al recurso específico y, si éste resultare insuficiente, al conjunto de las Rentas Generales.
3. Las devoluciones que afecten Cuentas de Terceros, serán dispuestas por los agentes libradores, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia
TITULO III CONTRATACIONES Artículo 25°-(Ley n°12.496). Todo contrato se hará por licitación pública cuando del mismo se deriven gastos y por remate o licitación pública cuando se deriven recursos.
Artículo 25°bis-(Ley n°12.496 y Decreto n°1648/02). En todos los procedimientos de contratación - Licitación Pública, Licitación Privada o Contratación Directa – regirá el principio de prioridad de contratación a favor de personas físicas o jurídicas argentinas, siempre que se trate de productos, servicios y bienes producidos o elaborados en el ámbito del territorio nacional y se configuren similares condiciones en cuanto a precio y calidad con respecto a ofertas realizadas por personas físicas y/o jurídicas extranjeras o nacionales, por productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio argentino.
Asimismo, como mínimo el quince (15) por ciento de las contrataciones deberá recaer en micro, pequeñas y medianas empresas, así como en consorcios y otras formas de colaboración integradas por las mismas, conforme lo determine la reglamentación.
Artículo 25°bis-(Decretos n° 1648/02 y n° 1009/05)Entiéndase que un producto o bien ha sido producido o elaborado en el ámbito del territorio nacional, cuando en su elaboración o manufactura se
utilicen productos semielaborados o partes producidas en el territorio de la República Argentina; y/o cuando el costo de las partes componentes, productos semielaborados o materiales importados nacionalizados, utilizados en su elaboración, no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción. A los fines del cumplimiento de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo n° 25 bis de la Ley de Contabilidad, las jurisdicciones y entidades del sector público provincial podrán:
a) Habilitar licitaciones o concursos relativos a la adquisición de bienes o contratación de servicios, cuando el monto estimado del gasto, no supere el límite previsto por el artículo 1°, inciso b) del Reglamento de Contrataciones, donde solamente compitan micro, pequeñas y medianas empresas así como consorcios y otras formas de colaboración integradas por las mismas, observándose la preferencia establecida en el artículo 28° de la Ley de Contabilidad;
b) Alternativamente y a los mismos fines, deberán en los llamados generales, facilitar su participación, contemplando en estos casos un porcentual de preferencia incrementado en un dos por ciento (2%) respecto del establecido en el segundo párrafo del citado artículo 28°, siempre que los productos, bienes y servicios resulten de origen argentino.
Artículo 26°-(Decreto-Ley n°9178/78, Ley n°11.275, Ley n°11.292, Ley n°12.012, Ley n°12.496 y Decreto n°728/06). No obstante lo expresado en el artículo 25°, podrá contratarse:
Por licitación privada cuando el monto de la operación no exceda de $ 500.000,00.
2. Hasta $ 50.000,00 según lo reglamenta el Poder Ejecutivo.
a) Entre reparticiones oficiales, nacionales, provinciales o municipales y entidades en las que dichos Estados tengan participación mayoritaria;
e) Las compras y locaciones que sean menester efectuar en países extranjeros, siempre que no sea posible realizar en ellos la licitación;
f) La compra de bienes por selección o en remate público previa fijación del monto máximo a abonarse en la operación;
h) La contratación de artistas, técnicos y/o sus obras;
j) Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Gobierno se mantengan secretas;
k) La publicidad oficial;
l) La compra, locación, arrendamiento, y los contratos de locación financiera con opción acordada de compra (leasing) de inmuebles;
m) Los servicios periódicos de limpieza y mantenimiento de bienes para el funcionamiento de las dependencias del
Estado o para prestaciones a cargo del mismo;
n) Cuando los bienes o servicios sean limitados a experimentación, investigación o simple ensayo; o) Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;
p) La venta de productos perecederos y los destinados al fomento económico o la satisfacción de necesidades sanitarias, siempre que la misma se efectúe directamente a los usuarios,
q) Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial;
r) La venta de bienes en condición de rezago a instituciones de bien público reconocidas por organismos dependientes del Estado Provincial o Municipal;
s) Cuando se entreguen bienes muebles o semovientes a cuenta de precio;
t) La compra de bienes y/o contratación de servicios producidos por Talleres Protegidos y toda otra instancia protegida de producción debidamente habilitada, registrada y supervisada por el Ministerio de Salud Pública y Acción Social o aquél que haga sus veces. En los supuestos de contratación de los incisos h) y n)
las Universidades Nacionales con asiento en el territorio de la
el carácter de Cuerpos
Consultores y Asesores Preferenciales.
Artículo 26°bis-(Ley n°11.621). En los supuestos de los incisos 1, 2
y 3 apartados b), c), d), e), g), i), k), l), m), n), o), p) y s) del artículo 26°, se podrá adquirir bienes y/o servicios, bajo las siguientes condiciones:
1. Los bienes y/o servicios aludidos deberán ser adquiridos a
fabricantes, productores, importadores directos exclusivos de los bienes que comercializan y hacedores de los servicios que prestan salvo imposibilidad o negativa de los mismos, carencia y/o inexistencia de proveedores indicados precedentemente, en cuyo caso se podrá contratar con comerciantes que se hallen ubicados en la escala intermedia del proceso de comercialización. Tales como distribuidores cuyos objetivos sean comercializar productos.
2. El precio por los bienes y/o servicios que el Estado contrate no
podrán ser superior al valor tope que para cada rubro establezca el organismo que determine la reglamentación, surgido de un estudio de mercado, para el que se tomará como referencia los importes de venta de fábrica, mayorista y minorista, considerando para su fijación, los descuentos, bonificaciones, promociones, ofertas, reintegros, comisiones especiales, premios, notas de crédito, y cualquier clase de beneficio en las ventas. En el supuesto del inciso 3) apartado c) se podrá contratar superando el valor tope establecido, quedando obligado el funcionario responsable interviniente que autoriza y aprueba la
contratación, a publicar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario o periódico que asegure la mayor difusión del acto, el monto y las modalidades de la contratación.
3. Cuando los bienes y/o servicios tengan características
especiales que no permitan la determinación del precio en el mercado, se procederá de la siguiente manera:
a) Si los bienes y/o servicios fueren de fabricación nacional, el oferente deberá presentar un informe de costos y rentabilidad.
b) Cuando los bienes y/o servicios no se fabricaren en el
país, se añadirá al informe indicado en a), fundamentación de las causas que impidan la sustitución por similares.
4. No será requisito excluyente la inscripción del oferente en el
Registro de Proveedores del Estado, debiendo los no inscriptos, al momento de cotizar, cumplir con los requisitos inherentes a las exigencias de dicho Registro.
5. El oferente deberá acompañar a su propuesta los antecedentes de su actividad empresaria, no menor de dos (2) años, a fin de efectuar la valoración de mérito, tendiente a cumplir con eficacia el objetivo de la contratación.
Artículo 26°ter-(Ley n°12.496).En todos los casos en que se recurra al procedimiento de Contratación Directa, el funcionario competente deberá asegurarse por todos los medios a su alcance, que la contratación recaerá sobre la propuesta que ofrezca mejores condiciones en cuanto a precio y calidad de entre los sujetos beneficiarios del principio de prioridad establecido en el artículo 25° bis, salvo casos de inexistencia de producción o elaboración nacional de los productos, bienes y servicios requeridos y/o imposibilidad material de provisión en tiempo y forma de los mismos. La consulta al Registro Provincial de Microempresas del Ministerio de Producción será obligatoria para el funcionario actuante. En caso de existir en el mismo, empresas proveedoras de los productos, bienes y servicios requeridos, la contratación deberá canalizarse con empresas inscriptas en dicho Registro, salvo casos de notorias distorsiones de los precios ofrecidos por las mismas, así como por imposibilidad material de entrega en tiempo y forma. Dichas situaciones deben ser debidamente comprobadas, bajo responsabilidad del funcionario responsable de la dependencia contratante.
Artículo 27°-(Decreto-Ley n°8789/77). Los límites establecidos en los incisos 1) y 2) del artículo 26°, serán actualizados por el Poder Ejecutivo en función del índice nivel general de precios mayoristas elaborado por el Organismo Técnico Nacional correspondiente.
Artículo 27°-(Sin Reglamentación).
Artículo 28°-(Ley n°12.496 y Decreto n°1648/02). El Poder Ejecutivo
determinará las condiciones generales y particulares para las Licitaciones de modo que favorezcan la concurrencia de la mayor cantidad de oferentes conforme los principios de igualdad y prioridad de contratación establecidos en el artículo 25° bis. En principio, las contrataciones recaerán sobre las propuestas de menor precio. En el caso que concurran personas físicas o jurídicas, micro, pequeñas y medianas empresas y asociaciones de Pymes, beneficiarias del principio de prioridad del artículo 25° bis y empresas oferentes de productos, bienes y servicios extranjeros, se deberá adjudicar a la oferta formulada por el oferente de productos, bienes y servicios argentinos aunque supere hasta en un cinco (5) por ciento las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del principio referenciado. Dicho porcentaje se ampliará hasta en un diez (10) por ciento cuando el producto o bien haya alcanzado niveles de calidad mediante sello o certificado IRAM. Las pautas a aplicar en la evaluación de las ofertas deberán estar previstas en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones.
El Organismo contratante podrá rechazar la totalidad de las ofertas sin derecho a indemnización alguna.
Artículo 28°-(Decreto n° 1009/05). La preferencia establecida en el artículo 28° de la Ley de Contabilidad, se aplicará a toda persona física o jurídica, que reúna las condiciones requeridas por su artículo 25° bis, aunque no revista la calidad de Pymes.
Artículo 29°-El Poder Ejecutivo podrá autorizar en cada caso o mediante reglamentación general, la realización de contrataciones anticipadas cuando así convengan conforme lo establecido en el artículo 16°.
Artículo 29°-(Sin Reglamentación).
Artículo 30°-(Decreto-Ley n°8789/77). Los llamados a licitación pública o remate se publicarán durante tres días como mínimo en el Boletín Oficial, sin perjuicio de otros medios que se consideren convenientes para asegurar la publicidad del acto. Las publicaciones se harán con una anticipación mínima de ocho días a la fecha de apertura o realización de la licitación pública o remate respectivamente, a contar desde la última publicación, o con veinte días si debe difundirse en el exterior. Excepcionalmente, este término podrá ser reducido cuando la urgencia o interés del servicio así lo requiera, pero en ningún caso podrá ser inferior a tres días ó diez días, según se trate del país o del exterior respectivamente, debiendo constar los motivos en el acto administrativo que disponga el llamado.
Artículo 30°-(Sin Reglamentación).
Artículo 31°-(Ley n°12.496 y Decreto n°1648/02). En las licitaciones privadas, se invitará preferentemente a personas físicas y jurídicas con asiento principal de sus actividades y/o establecimiento productivo radicado en la Provincia de Buenos Aires. En el caso de concurrencia con empresas que ofrezcan bienes producidos en otra jurisdicción territorial, de los sujetos señalados en el párrafo precedente, el Poder Ejecutivo podrá autorizar a adjudicar conforme las pautas del párrafo segundo del artículo 28°.
Las pautas de evaluación de las ofertas deberán estar previstas en Pliego de Bases y Condiciones del llamado. La invitación se efectuará con una antelación mínima de tres (3) días al acto de apertura. Dicho plazo podrá reducirse en las mismas condiciones establecidas en el artículo 30° hasta veinticuatro (24) horas antes de la apertura. En el caso de inexistencia de empresas proveedoras de los productos, bienes y servicios requeridos con asiento principal de sus actividades y/o establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires, deberá acreditarse tal circunstancia en el expediente
de contratación, bajo responsabilidad del funcionario competente. Del mismo modo se procederá en caso de imposibilidad material de provisión en tiempo y forma al organismo requirente.
Artículo 31°-(Decreto n° 1009/05). Las jurisdicciones o entidades del sector público provincial cualquiera sea el procedimiento de contratación -Licitación Pública, Licitación Privada o Contratación Directa -, otorgarán preferencia a las empresas productoras y proveedoras de bienes y servicios radicadas en la Provincia de Buenos Aires, cuando los productos que oferten sean de origen nacional, en los términos de la reglamentación del artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad. En los procedimientos privados se priorizará su concurrencia invitando a proveedores de bienes y servicios radicados en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. En caso de inexistencia, el funcionario responsable deberá dejar acreditada dicha circunstancia a través de los medios que considere convenientes, agregando también certificación al respecto del Registro de Proveedores y Licitadores de la Contaduría General de la Provincia.
Se considerará que cumplen el requisito de radicación, las que tengan domicilio fiscal y el asiento principal de sus actividades o establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires y la preferencia otorgada en el párrafo primero, será calificada con hasta un dos por ciento (2%). Este beneficio será acumulativo con los porcentuales establecidos en el segundo y tercer párrafo del artículo 28° de la Ley de Contabilidad. Cuando se trate de micro, pequeñas y medianas empresas, así como en consorcios y otras formas de colaboración integradas por las mismas, radicadas en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, la preferencia otorgada en el párrafo primero, será calificada con hasta un cinco por ciento (5%). Este beneficio será acumulativo respecto del establecido en el párrafo anterior y de los establecidos por el segundo y tercer párrafo del artículo 28° de la
Artículo 32°-Cuando se disponga el remate de bienes de cualquier naturaleza, deberá fijarse previamente un valor base que deberá ser estimado con intervención de las reparticiones técnicas que sean competentes.
Artículo 32°-(Sin Reglamentación).
Artículo 33°-Las autoridades superiores de los Poderes del Estado determinarán los funcionarios que autorizarán y aprobarán las contrataciones en sus respectivas sedes.
Artículo 33°-(Sin Reglamentación).
Artículo 34°-(Ley n°12496, Decreto n°1648/02 y n°2698/04). El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones que deberán reunir las contrataciones, fijando número de empresas a invitar, uso de medios
publicitarios, depósitos en garantía, requisitos para la inscripción y permanencia en Registros, pautas para las preadjudicaciones y adjudicaciones definitivas, muestras, normas de tipificación, normas
y procedimientos de calidad, condiciones para autorizar
adjudicaciones en razón de la calidad de los productos, bienes o
servicios ofrecidos, así como para la aplicación del principio de
prioridad establecido en el artículo
dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente, mecanismos de información pública a efectos de asegurar la transparencia de las contrataciones y la correcta aplicación del
principio de prioridad establecido en el artículo 25° bis. Dichos mecanismos deberán asegurar como mínimo la difusión por medio
de Internet y de otros medios avanzados de los programas de
contrataciones, llamados a licitaciones, compras y contrataciones efectuadas con indicaciones de cocontratantes, precios y demás condiciones que permitan una adecuada información pública de las contrataciones del Estado Provincial.
Deberá reglamentar
Artículo 34°-(Decreto
n°2698/04).
n°1648/02).
Artículo 34°bis-(Ley n°12.496 y Decreto n°1648/02). En cualquiera de los supuestos previstos en los artículos precedentes del Título 3, obstará a la adjudicación toda distorsión significativa de la oferta en relación con precios de mercado del producto, bien o servicio ofrecido. La reglamentación establecerá el modo de proceder para determinar la existencia o no de la distorsión. Exceptúase de la aplicación de las disposiciones de los artículos 25° bis, 26° ter, 28°, 31°, 34° y 34° bis del Decreto-Ley 7764/ 71, a las contrataciones que correspondan a la ejecución de programas provenientes de acuerdos celebrados con Organismos Internacionales de Crédito.
Artículo34°bis-(Derogado por Decreto n°89/07).
CAPITULO III DEL REGISTRO DE LAS OPERACIONES Artículo 35°-Todos los actos u operaciones comprendidos en la presente Ley, deben hallarse respaldados por medio de documentos y registrarse contablemente de modo que permita la confección de cuentas, estados demostrativos y balances que hagan factible su medición y juzgamiento.
Artículo 35°-(Sin reglamentación).
Artículo 36°-El registro de las operaciones se integrará con los siguientes sistemas:
1. Financiero, que comprenderá:
a) Presupuesto;
2. Patrimonial, que comprenderá:
a) Bienes del Estado;
Como complemento de estos sistemas, se llevarán los registros necesarios para los cargos y descargos que se formulen a las personas o entidades obligadas a rendir cuentas de fondos, valores, bienes o especies de propiedad del Estado.
Artículo 36°-(Sin reglamentación).
Artículo 37°-La Contabilidad del Presupuesto registrará:
1. Con relación al cálculo de recursos: los importes calculados y los recaudados por cada ramo de entradas, de manera que quede individualizado su origen.
2. Con relación a cada uno de los créditos del presupuesto:
Artículo 37°-El registro analítico de la Contabilidad de Presupuesto corresponde a las Direcciones de Administración o dependencias que hagan sus veces y a las Cajas Recaudadoras, las que remitirán periódicamente los estados de ejecución correspondientes a los Recursos y Autorizaciones a gastar, a la Contaduría General de la Provincia la que, con dichos elementos, efectuará asientos mensuales, de manera de reflejar centralizadamente la información exigida por el artículo 37º de la Ley.
Artículo 38°-La Contabilidad de Fondos y Valores registrará las entradas y salidas del Tesoro, provengan o no de la ejecución del presupuesto.
Artículo 38°-El registro analítico de la Contabilidad de Fondos y Valores, corresponde a la Tesorería General y a cada uno de los Organismos Descentralizados, según corresponda. Diariamente la primera y mensualmente los segundos, remitirán a la Contaduría General de la Provincia, los estados relativos al movimiento de Fondos y Valores. Esta última efectuará con dichos elementos asientos diarios y mensuales, respectivamente, a los efectos del reflejo centralizado de las operaciones. Asimismo, las Direcciones de Administración o dependencias que hagan sus veces en los Organismos Centralizados, deberán remitir a la Contaduría General:
1. Diariamente, los comprobantes de los depósitos efectuados en la Cuenta del Tesoro, juntamente con la documentación y/o información suficiente que permita su apropiación contable;
2. Mensualmente, el estado relativo al movimiento de fondos y
valores, acompañado del acta de arqueo, certificación de saldos de las cuentas bancarias y sus conciliaciones. A los fines del registro de las operaciones relacionadas con el movimiento del Tesoro, el Banco de la Provincia deberá remitir diariamente a la Contaduría General de la Provincia y a la Tesorería General de la Provincia información analítica de las sumas recibidas y pagadas por cuenta de aquél. Cuando por falta de información no sea posible apropiar un ingreso, la Contaduría General procederá a registrarlo provisoriamente en cuenta transitoria, cuyo saldo, al cierre del Ejercicio, quedará definitivo como recurso de Rentas Generales.
Artículo 39°-La Contabilidad de Bienes del Estado registrará las existencias y movimiento de los bienes, con especial determinación de los que ingresen al patrimonio por ejecución del presupuesto o por otros conceptos, de modo de hacer factible el mantenimiento de inventarios permanentes.
Artículo 39°-(Sin reglamentación).
Artículo 40°-La Contabilidad de la Deuda Pública registrará las autorizaciones de emisión de los empréstitos u otras formas del uso del crédito, su negociación y circulación, separando la deuda consolidada de la flotante.
Artículo 40°-(Sin reglamentación).
Artículo 41°-Los registros de cargos y descargos se llevarán como consecuencia de las contabilidades respectivas y demostrarán:
1. Para el movimiento de fondos y valores: las sumas por las cuales deben rendir cuenta los que han percibido fondos y valores del Estado.
2. Para los bienes del Estado: los bienes o especies en servicio, guarda o custodia, manteniendo actualizados los datos de los funcionarios a cuyo cargo se encuentran.
Artículo 41°-Sin perjuicio de los registros a que alude el artículo 41º de la Ley, las Direcciones de Administración o quienes hagan sus veces, llevarán idénticos registros respecto de los obligados a rendir cuenta ante ellas.
Artículo 42°-La Contaduría General confeccionará el plan de Cuentas y determinará los instrumentos y formas de registros.
Artículo 42°-El plan de Cuentas, instrumentos y formas de registros que adopte la Contaduría General de la Provincia para sí o para las Direcciones de Administración, se adecuará a las exigencias legales y reglamentarias, así como a los requerimientos que, para el ejercicio de sus facultades, le sean formuladas por el Poder Ejecutivo.
CAPITULO IV DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO Artículo 43°-Antes del 30 de abril de cada año se formulará una
cuenta general del ejercicio que deberá contener como mínimo, los siguientes estados demostrativos:
1. De la ejecución del presupuesto con relación a los créditos, indicando por cada uno;
a) Monto original;
b) Modificaciones introducidas durante el ejercicio;
c) Monto definitivo al cierre del ejercicio;
d) Compromisos contraídos;
e) Saldo no utilizado;
f) Compromisos incluidos en orden de pago;
2. De la ejecución del presupuesto con relación al cálculo de recursos, indicando por cada rubro:
a) Monto calculado;
b) Monto efectivamente recaudado;
3. De la aplicación de los recursos al destino para el que fueron instituidos, detallando el monto de las afectaciones especiales con respecto a cada cuenta de ingreso.
4. De las autorizaciones por aplicación del artículo 16º.
5. Del movimiento de las cuentas a que se refiere el artículo 9°.
6. Del resultado financiero del ejercicio, por comparación entre los compromisos contraídos y las sumas efectivamente recaudadas para su financiación.
7. Del movimiento de fondos y valores operado durante el ejercicio.
8. De la evolución de los residuos pasivos correspondientes al ejercicio anterior.
9. De la situación del Tesoro, indicando los valores activos y pasivos y el saldo.
10. De la deuda pública clasificada en consolidada y flotante al
comienzo y cierre del ejercicio. 11. De la situación de los Bienes del Estado, indicando las existencias al iniciarse el ejercicio, las variaciones producidas durante el mismo, como resultado de la ejecución del presupuesto o por otros conceptos y las existencias al cierre.
Artículo 43°-A los efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 43° de la Ley, las Direcciones de Administración o dependencias que hagan sus veces remitirán a la Contaduría General de la Provincia, antes del 15 de febrero de cada año, los estados e informes que dicho Organismo estime necesarios.
CAPITULO V DE LA GESTION DE LOS BIENES DE LA PROVINCIA Artículo 44°-El patrimonio de la Provincia se integra con los bienes que, por disposición expresa de la Ley o por haber sido adquiridos por sus Organismos, son de propiedad provincial.
Artículo 44°-(Sin reglamentación).
Artículo 45°-La administración de los bienes de la Provincia estará a cargo de las Jurisdicciones y Organismos que los tengan asignados o los hayan adquirido para su uso. El Poder Ejecutivo determinará el Organismo que tendrá a su cargo la administración de los bienes en los siguientes casos:
a) Cuando no estén asignados a un servicio determinado;
c) En el caso de los inmuebles cuando quedaren si uno o destino específico.
Artículo 45°-(Decreto n°1186/77). Compete al Ministerio de Economía la administración de los bienes inmuebles, comprendidos
en el inciso c) del artículo 45º de la Ley 7764, pudiendo disponer la afectación a un uso o destino específico, con la previa conformidad del Titular de la Jurisdicción a que se asignen. Los bienes muebles y semovientes que se encuentren en las condiciones establecidas, en los incisos a) y b) del artículo 45º de la Ley, estarán a cargo de los respectivos Ministerios donde patrimonialmente figuraren, ya sea en virtud de tenerlos asignados o haberlos adquirido para su uso.
Artículo 46°-Los bienes inmuebles de la Provincia no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna sin expresa disposición de la Ley que, al mismo tiempo, deberá indicar el destino de su producido, en cuyo defecto, pasará a integrar el conjunto de recursos aplicados a la financiación general del presupuesto.
Artículo 46°-(Sin reglamentación).
Artículo 47°-Los bienes muebles y semovientes deberán destinarse al uso o consumo para el que fueren adquiridos. Toda transferencia posterior deberá formalizarse mediante acto administrativo
correspondiente, siendo requisito indispensable que el Organismo al cual se transfiera cuente con crédito disponible en el presupuesto para ser afectado por el valor de los bienes que reciba. El Poder Ejecutivo podrá disponer excepciones a esta norma, mediante disposición expresa en cada oportunidad, en los siguientes casos:
a) Cuando por procesos de racionalización, fusión o supresión de oficinas o dependencias, sea conveniente dar destino distinto a bienes en existencia o su venta resulte antieconómica;
b) Cuando así lo justifique, con razones fundadas, la labor accidental o extraordinaria, en cuyo caso podrá asignar bienes en préstamo o uso temporario, por el término de dicha labor, a dependencias provinciales, nacionales, municipales o empresas del Estado;
c) Cuando el monto de los bienes a transferir, no exceda el límite
establecido en el inciso 2) del artículo 26º, por cada Organo administrativo que reciba los bienes en el transcurso del ejercicio;
d) Cuando de la aplicación de la misma resulte un evidente perjuicio a los intereses provinciales o se planteen dificultades presupuestarias insalvables, en cuyo caso, deberá incluir una información especial en la cuenta general del ejercicio correspondiente.
Artículo 47°-(Decretos n°1186/77 y 2501/78). Para las transferencias de bienes entre organismos de la Administración General, a realizarse en la forma que establece el artículo 47º – primer párrafo- de la Ley, los valores serán determinados conforme con la valuación que será efectuada en cada caso por funcionarios técnicos del Estado o Comisiones especiales constituidas a ese efecto.
El cambio de destino de bienes en general entre
dependencias de una misma Repartición, será autorizado por el Titular de la misma, cualquiera sea su monto. La transferencia de bienes se efectuará en las siguientes condiciones:
a) Para semovientes y muebles en uso, cuando se trate de reparticiones de una misma Jurisdicción, por Disposición del Titular de la Repartición, previa conformidad del Titular de la Repartición cesionaria; cuando se trate de reparticiones de distintas jurisdicciones, la transferencia se efectuará por Resolución Ministerial, previa conformidad del Titular de la Jurisdicción cesionaria, igual procedimiento se adoptará para disponer las excepciones que contempla el artículo 47º de la Ley 7764. El Organismo al cual se transfiere el o los bienes consignados en el artículo 47º, previo al acto de resolución, afectará el crédito de la partida específica indicando en el concepto de la planilla contable, el motivo de la registración con la finalidad de individualizarlas al cierre del ejercicio financiero.
b) Para inmuebles por Resolución Ministerial con la previa intervención del Ministro de Economía –excepto para las cuentas 3.3.0 a 3.5.2. Inmuebles por Adhesión-, y la expresa conformidad del Titular de la Jurisdicción cesionaria cuando se trate de reparticiones de distinta Jurisdicción. Los actos que se dicten deberán comunicarse a la Dirección de Administración de Inmuebles del Estado. Mientras la transferencia de los bienes no haya sido resuelta, los Registros Patrimoniales no podrán incrementarlos o darlos de baja de su patrimonio. Previo al dictado del acto legal que autorice la transferencia, deberá expedirse el Registro Patrimonial Centralizador, sin perjuicio de la intervención que compete a los Registros Patrimoniales de Primer Orden. En las actuaciones que se refieran a transferencia de inmuebles, automotores y embarcaciones, deberá intervenir la Contaduría General de la Provincia. En las transferencias parciales de inmuebles en forma definitiva, deberá delimitarse la obligación patrimonial de cada Organismo en la Resolución Ministerial respectiva. En los Poderes Legislativo y Judicial, en los Organismos de la Constitución y en los Organismos Descentralizados, los actos a que se refiere el presente, serán resueltos por las autoridades que sean competentes en sus respectivas jurisdicciones.
Artículo 48°-(Decreto-Ley n°9344/79). Podrán donarse a entidades de bien público con personería jurídica y registradas como tales, los bienes muebles que fuesen declarados fuera de uso, siempre que su valor de realización, individualmente considerado, no exceda del veinticinco por ciento (25%) del monto establecido en el inciso 2) del artículo 26º de esta Ley, ni del cincuenta por ciento (50%) de su valor de reposición. La declaración de fuera de uso y el valor estimado de realización y de reposición, deberán ser objeto de pronunciamiento por parte de Organismo Técnico competente. Podrán ser donados aquellos semovientes cuya vida útil se encuentre agotada, debiendo tal circunstancia ser
previamente certificada por profesional veterinario autorizado. El Poder Ejecutivo, o los Ministros en quien éste delegue, en todos los supuestos que estimare que mejor conviene al interés general, podrá autorizar transferencias sin cargo de bienes muebles o semovientes al Estado Nacional, a los Municipios, o entre las distintas reparticiones de la Provincia, cualquiera sea su valor y estén o no en desuso.
Artículo 48°-(Decreto n°2501/78). La transferencia sin cargo de bienes muebles fuera de uso o en condición de rezago, entre reparticiones de distinta jurisdicción se efectuará por Resolución
Ministerial. En las actuaciones respectivas se dejará constancia de la expresa conformidad del señor Ministro de la Jurisdicción receptora. La transferencia sin cargo entre reparticiones de una misma Jurisdicción, de bienes muebles fuera de uso o en condición de rezago, se efectuará por Disposición del Director de Administración Contable. La declaración fuera de uso y el valor estimado de realización y de reposición, deberá ser objeto de pronunciamiento por parte del Registro Patrimonial al cual pertenecieren patrimonialmente los bienes. En el caso de considerarlo necesario, los mencionados registros solicitarán el asesoramiento de personal especializado perteneciente a la Administración. La donación al Estado Nacional, a los Municipios o a entidades de bien público, de bienes fuera de uso o en condición de rezago, como así la de semovientes cuya vida útil se encuentre agotada, de acuerdo a la previa certificación expedida por profesional veterinario autorizado, se realizará en las siguientes condiciones:
a) Por Resolución de Subsecretario, cuando el valor de realización, individualmente considerado, no supere la cantidad de $5.000,00;
b) Por Resolución Ministerial cuando exceda la suma del inciso a)
y no supere los topes que determina el artículo 48º de la Ley. Cuando el Ente receptor sea una entidad privada, será condición indispensable que el mismo posea personería jurídica. Podrá prescindirse de este requisito cuando se trate de Cooperadoras Escolares, Asistenciales, Sociedades de Bomberos Voluntarios, Sociedades de Fomento y en general entidades representativas de la comunidad, siempre que la misma se encuentre inscripta en el Registro Provincial de Entidades de Bien Público (Ley n° 9388). En los Poderes Legislativo y Judicial, en los Organismos de la Constitución y en los Organismos Descentralizados, los actos a que se refiere el presente, serán resueltos por las autoridades que sean competentes en sus respectivas jurisdicciones.
Artículo 49°-Podrán permutarse bienes muebles o semovientes siempre que se demuestre que la operación resulta ventajosa a los intereses fiscales. La valuación deberá establecerse por Oficina Técnica competente que asimismo deberá pronunciarse con respecto a la calidad y características de los bienes a permutar. La entrega a cuenta de precio de bienes muebles o semovientes, en operaciones de compra y venta simultánea, será reglada por el Poder Ejecutivo.
Artículo 49°-(Decreto n°2501/78). La permuta de bienes muebles o semovientes será autorizada por Resolución Ministerial. En la oportunidad de practicarse la valuación de los bienes intervendrán los respectivos Registros Patrimoniales y serán responsables de que la operación sea efectivamente ventajosa a los intereses fiscales. Los mencionados registros deberán solicitar el pronunciamiento de agentes del Estado con capacidad técnica en la materia.
Se podrán entregar a cuenta de precio los bienes muebles y semovientes. La valuación de los bienes a entregar será
efectuada con la intervención de los respectivos Registros Patrimoniales y con el asesoramiento del personal técnico del Estado.
La autorización, aprobación y demás características de la compra y venta simultánea, será efectuada conforme con lo estipulado en el Capítulo II, Título III de la Ley y en el Reglamento de Contrataciones. En los Poderes Legislativo y Judicial, en los Organismos de la Constitución y en los Organismos Descentralizados, los actos a que se refiere el presente, serán resueltos por las autoridades que sean competentes en sus respectivas jurisdicciones.
Artículo 50°-(Decreto-Ley n°8813/77). El Poder Ejecutivo o aquella autoridad en quien éste delegue la facultad establecida por el presente artículo, podrá convenir la locación de maquinarias, útiles, herramientas y demás bienes muebles que integren el patrimonio de la Provincia, con aquellas empresas contratistas del Estado que ejecuten obras para éste, siempre que los mismos sean destinados exclusivamente a su realización.
Artículo 50°-(Decreto n°1720/77).Las locaciones a que se refiere el artículo 50º de la Ley, deberán ajustarse a estas condiciones:
a) El precio de la locación se fijará en todos los casos, con intervención de una Comisión Técnica designada al efecto;
b) Sólo podrán ser locados aquellos bienes que la autoridad competente considere que no tienen aplicación inmediata;
c) En los contratos de locación se deberá establecer:
- Acto administrativo que autorizó a disponer la locación.
- Que en caso de necesidad imprevisible que requiera el uso de los bienes por el Estado, la Empresa deberá reintegrarlos dentro del plazo que se determine.
- Que la Empresa aceptará la rescisión unilateral del
contrato por parte del Estado, sin derecho a reclamar indemnización alguna.
Artículo 51°-Competerá a las autoridades superiores de los Poderes del Estado, o a los funcionarios en quienes las mismas deleguen la facultad, y a las de organismos especiales autorizados por ley, la aceptación de donaciones a favor de la provincia.
Artículo 51°-La aceptación de las donaciones a cualquier Organismo del Estado es facultativa de las autoridades que se indican, conforme con su naturaleza y monto, y se resolverán de acuerdo con las siguientes normas:
1. De bienes inmuebles por adhesión (cuentas 3.3.0 a 3.5.2),
bienes muebles, libres de gravámenes, semovientes o dinero en efectivo:
a) Hasta $ 50.000,00 por disposición del Director de la Repartición, excepto cuando el bien no tenga destino determinado en cuyo caso, se resolverán por disposición del Director de Administración Contable;
b) De más de $50.000,00 y hasta $ 500.000,00 por disposición del Director General de Administración;
c) De más de $500.000,00 por Resolución Ministerial;
cuando se trate de donaciones a la Policía de la Provincia, podrá ser resuelto por el Jefe de Policía.
2. De bienes de cualquier naturaleza que tengan gravámenes o
que pesen sobre ellos afectaciones de diversa índole e igualmente con excepción de los determinados en el apartado 1°), cualquiera sea su valor, por Decreto del Poder ejecutivo; no obstante, si la donación fuera destinada a la Policía de la Provincia, podrá ser aceptada por el Jefe de Policía ad referendum del Poder Ejecutivo. Exceptúanse de esta disposición, las cesiones de tierras que obligatoriamente, en virtud de las normas vigentes en
materia de fraccionamiento, son realizadas con destino al uso público, o para reservas fiscales, cuya aceptación se entenderá concretada al aprobarse, por la Dirección de Geodesia, el plano de subdivisión que las motiva. En tales casos, los organismos provinciales y/o municipales, a quienes les corresponda la administración de superficies cedidas al notificarse de la aprobación y protocolización del plano, tomarán posesión de las mismas y registrarán su alta en sus respectivos inventarios patrimoniales. La afectación de reservas de uso público, como así también la de reservas fiscales provenientes de planos de subdivisión en favor de los Organismos provinciales respectivos, cuando tengan especificado su destino, será dispuesta mediante Resolución del Ministro Secretario de Economía. Resuelta la aceptación, se comunicará la misma a la Contaduría General de la Provincia, cuando se trate de inmuebles, automotores, embarcaciones y dinero en efectivo. Tratándose de dinero en efectivo, sin destino determinado, se ingresará a “Rentas Generales”. Caso contrario, se registrará en la cuenta “Cumplimiento de Donaciones y Legados”. La incorporación al patrimonio de los bienes donados se efectuará, previo justiprecio de los mismos, por funcionarios técnicos del Estado. Decreto n°5034/89; agrega: “con excepción de los bienes inmuebles para los cuales se tendrá en cuenta la valuación fiscal actualizada”. En los Poderes Legislativo y Judicial, en los Organismos de la Constitución y en los Organismos Descentralizados, los actos a que se refiere el presente, serán resueltos por las autoridades que sean competentes en sus respectivas Jurisdicciones.
Artículo 52°-En concordancia con lo establecido en el artículo 39°, todos los bienes del Estado formarán parte del Inventario General de Bienes de la Provincia, que deberá mantenerse permanentemente actualizado.
Artículo 52°-Decretos n°2501/78 y 5612/84. - Registros Patrimoniales Las reparticiones que integran los órganos administrativos centralizados y descentralizados del Estado deberán tener obligatoriamente organizados sus Registros Patrimoniales, afectando a su funcionamiento el personal necesario con funciones exclusivas y elementos de trabajo, que permitan la correcta aplicación y cumplimiento de las tareas correspondientes al Patrimonio del Estado. Las reparticiones, dependencias y oficinas que tengan a su cargo la centralización patrimonial de sus respectivas jurisdicciones, se denominarán “Registro Patrimonial Centralizador”, las de cada Repartición se denominarán “Registro Patrimonial de Primer Orden” y las de las dependencias “Registro Patrimonial de Segundo Orden”, pudiendo aquellas, y de acuerdo con su organización administrativa, crear “Registros Patrimoniales de Tercer Orden”, etc. En caso de que algún “Registro Patrimonial de Primer Orden” no considere necesario crear “Registro Patrimonial de Segundo Orden” para su Jurisdicción, podrá prescindir de éste, pero estará a su cargo la tarea que corresponda a los mismos.
- Actualización de Inventarios Todos los “Registros Patrimoniales“, cualquiera sea su orden, deberán registrar en forma analítica y actualizada la totalidad de los bienes de su Jurisdicción, conforme con las normas de la presente reglamentación o con las especiales que se instituyan, con intervención previa de la Contaduría General de la Provincia. Las “Normas Generales” aprobadas por el artículo 2° del Decreto n°4757/52, serán de uso permanente en lo que se refiere a “Clasificador de Bienes”, “Reglamentación de Cuentas”, “Normas de Identificación”, y “Nomenclador-Guía”.
Podrán apartarse de las normas citadas precedentemente, aquellos Organismos que por Decreto del Poder Ejecutivo dictado en Acuerdo General de Ministros, hubieren sido autorizados para ello. La actualización de los inventarios, se efectuará el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año. Los “Registros Patrimoniales de Segundo Orden” deberán elevar la documentación correspondiente al movimiento de altas y bajas producidas, a los “Registros Patrimoniales de Primer Orden” antes de los diez días siguientes de vencido el semestre. Los “Registros Patrimoniales de Primer Orden” deberán elevar al “Registro Patrimonial Centralizador” correspondiente el resumen de sus respectivas jurisdicciones, antes de los treinta días siguientes al de vencido el semestre.
Por su parte, los “Registros Patrimoniales Centralizadores” actualizarán el inventario de centralización correspondiente a la Contaduría General de la Provincia antes de los cincuenta días siguientes a la fecha de vencimiento del semestre. Facúltase a los “Registros Patrimoniales Centralizadores”, para que, dentro de los plazos previstos precedentemente, adecuen los períodos de diez y veinte días indicados para los “Registros Patrimoniales de Segundo y Primer Orden”, respectivamente, conforme con la importancia de los mismos.
Se consigna que estos períodos pueden resultar menores cuando contribuyan al cumplimiento en término con la Contaduría General de la Provincia, por parte del “Registro Patrimonial Centralizador”. Los “Registros Patrimoniales Centralizadores” y “Registros Patrimoniales de Primer Orden” deberán inspeccionar, por lo menos dos veces por año, a los Registros que estén bajo su jurisdicción. Las actuaciones que se formen de las mismas, deberán elevarse para su conocimiento a la Contaduría General de la Provincia.
La Contaduría General de la Provincia cuando lo considere necesario, podrá requerir de los diferentes Registros Patrimoniales un estado actualizado de sus inventarios, determinando por “Especie de Bien”. Al 30 de septiembre de cada año se practicará la verificación física de los bienes. Del recuento efectuado se labrará acta, en la que se dejará constancia de las diferencias que surgieren con respecto a las actualizaciones patrimoniales oportunamente comunicadas. Las actas de recuento físico, que se confeccionarán en los ejemplares necesarios, deberán elevarse al Registro Patrimonial Centralizador para que éste a su vez, comunique a la Contaduría General de la Provincia. En los casos en que las actas registren novedades, el respectivo Registro Patrimonial de la Repartición elevará las mismas por expediente. Asimismo, el Registro Patrimonial Centralizador elevará a la Contaduría General de la Provincia la totalidad de las actas recibidas con un resumen de las dependencias que no hayan cumplido con ese requisito. El recuento referido podrá ser practicado con anterioridad, cuando al 30 de septiembre, en el Organismo en que debe realizarse, se encuentren suspendidas las actividades. Las reparticiones que integran los órganos administrativos centralizados y descentralizados del Estado, deberán remitir a la Contaduría General de la Provincia, por intermedio de la Dirección de Administración u Organismo que haga sus veces, con intervención del “Registro Patrimonial Centralizador” y antes del 30 de septiembre de cada año, una nómina de las reparticiones y dependencias de su jurisdicción que deben cumplimentar el requisito del recuento físico.
- Planillas y Formularios
a) Para uso de los Registros Patrimoniales hasta de Segundo Orden:
1. Altas: Para todos los grupos de bienes: Formulario 101.
Cuando se denuncie el alta de inmuebles se
confeccionarán las planillas A1, A-2, A-3, A-4, y A-5. Para las altas del subgrupo “Medios de Transporte” se confeccionará la ficha N° 7 por triplicado.
2. Bajas: De todos los grupos de bienes: Formulario N° 102.
3. Resúmenes: De todos los grupos de bienes: Formulario N° 103.
b) Para uso de los Registros Patrimoniales de Primer Orden y Registros Patrimoniales Centralizadores:
1. Resúmenes: Para todos los grupos de bienes:
Formularios N° 104 y N° 105 a determinar por cuenta. Cuando se produzcan altas de inmuebles, el respectivo
Registro Patrimonial deberá efectuar la comunicación de las mismas
a la Contaduría General de la Provincia, inmediatamente de
producidas, usando para tales efectos planillas A-1, A-2, A-3, A-4 y A-5, establecidas en esta reglamentación, quedando, en consecuencia, eximido de la obligación de remitirlas en oportunidad
de elevar las actualizaciones.
Las dependencias técnicas que tengan a su cargo la construcción de edificios u obras de cualquier tipo con destino a otras reparticiones de la Administración General, deberán remitir a la Repartición que debe efectuar la incorporación patrimonial, todos los antecedentes que permitan conocer al detalle la descripción y el valor definitivo del bien. En los casos de bienes incorporados por expropiación, el valor de alta debe representar la suma abonada más los gastos totales inherentes al juicio. Tratándose de bienes comprendidos en el Subgrupo “Medios de Transporte”, se deberá acompañar en todos los casos la Ficha N° 7. Dicha ficha será remitida por triplicado y firmada por las autoridades patrimoniales correspondientes y por el Jefe del Registro Patrimonial Centralizador, acompañándose copia del decreto, resolución o disposición que motiva dicha alta (compra, transferencia, donación, etc.). Sin ese requisito no se asignará número de Registro Oficial. En cada período de actualización los
Registros Patrimoniales Centralizadores remitirán a la Contaduría General de la Provincia, conjuntamente con la documentación correspondiente, copia de los formularios números 101 y 102 de “Altas” y “Bajas” con respecto al Grupo “Inmuebles” y Subgrupos “Medios de Transporte”. En lo referente al registro e identificación analítica de donaciones efectuadas a favor del Fisco, que sean aceptadas
legalmente, las obligaciones de los Registros Patrimoniales serán las siguientes:
1. Grupo Inmuebles
1.1. Donaciones comunes: Al confeccionarse las planillas de altas por donaciones que se efectúan a favor del Fisco, las mismas deberán realizarse por quintuplicado y serán completadas indefectiblemente de la siguiente forma:
Rubro IV – Consignar:
a) Designación del bien:
a.1. Según títulos; a.2. Nomenclatura Catastral.
b) Destino actual (reemplazarlo por):
b.1. Destino actual; b.2. Destino previsto. Rubro VIII – Indicar:
Origen del alta (donación); Nombre del donante; Condición a cargo impuesto, si lo tuviere; Número del expediente por el cual se tramitó; Número y fecha del acto legal que la aceptó; Número y fecha del acta de toma de posesión.
Rubro IX – Agregar y/o reemplazar:
Planos (número, características, etc.); Duplicado de mensura; Característica; Protocolizado (insc. folio/año, partido); Protocolizado (folio/año – Prot. Esc. partido);
Otras fuentes. Para el caso de no poder ubicar los datos requeridos en los espacios establecidos para los citados rubros, deberá utilizarse el dorso de la planilla en el lugar “Observaciones”. Una de las copias de las planillas que se confeccionen
deberá ser remitida a la Dirección de Administración de Inmuebles del Estado.
1.2. Donaciones obligatorias (Cesiones); Respecto a este tipo de donaciones que impone la Ley 3487, la remisión de las planillas respectivas a la Contaduría General con todos los datos requeridos en 1.1, será efectuada por la Dirección de Administración de Inmuebles del Estado.
2. Grupo muebles:
2.1. Cada Ministerio, Organismos de la Constitución y Reparticiones Descentralizadas, deberán llevar un registro especial de las donaciones recibidas, en oportunidad que las mismas se concreten.
2.2. Vehículos automotores y embarcaciones: Al remitirse a la Contaduría General de la Provincia la ficha N° 7, alta de vehículo automotor para la asignación del número de Registro Oficial (Decreto 1755/56), deberán ampliarse los datos en ella solicitados, a saber: Nombre del donante, destino a darse al bien, condición si la hubiere, fecha y número del acto legal de aceptación.
Los valores a consignar en los formularios de altas y bajas se ajustarán a las siguientes normas:
a) Altas: La valuación de los bienes muebles y semovientes, cuya inclusión en el patrimonio hubiere sido omitida en cualquier época, se ajustará al valor estimativo que se determinará conforme al que exista en plaza para un bien similar, ponderándose el estado de conservación en que se encuentra cuando se trate de bienes muebles, tipo, edad, peso, calidad y características, cuando se trate de semovientes. En cuanto a los bienes inmuebles en
general, su valor será fijado conforme con las normas imperantes en la Provincia por aplicación de las Leyes de la materia 5738, 6018 y correlativas. Para las altas de todo tipo de bienes que se incorporen a partir de la sanción del presente régimen, el valor a consignar será el precio de costo o adquisición. En los casos de donaciones, se adoptará el criterio previsto en el artículo 51º, anteúltimo párrafo.
b) Bajas: Al comunicar bajas de bienes incorporados en
cualquier época, se tomará el valor con que fueron registrados en el patrimonio. Recibidos los comprobantes de inversión por las Tesorerías, Habilitaciones u Oficinas Pagadoras, deberá darse intervención al respectivo Registro Patrimonial para que en forma conjunta confeccionen el formulario N°106 a fin de que inmediatamente sea presentado para su intervención a los Contadores Delegados de la Contaduría General de la Provincia, en las respectivas jurisdicciones. En el caso de no existir Delegación, el mismo será presentado ante el Departamento Patrimonio del mencionado Organismo. Se indicará en el mismo en qué período de actualización va a ser rendido y a continuación de la denominación de la Dependencia, el número de Registro Patrimonial al que será destinado el bien. Para los pagos efectuados por la Tesorería General de la Provincia referente a inversiones, la Dirección de Administración o quienes hagan sus veces, en oportunidad de elevar los respectivos expedientes, conjuntamente con la documentación probatoria, agregarán el Formulario N° 106 intervenido conforme con lo determinado por el párrafo anterior. En el supuesto de comprobarse que ha sido omitida la agregación del formulario mencionado, se devolverán las actuaciones a los efectos de que se cumpla con ese requisito.
En la documentación probatoria de las inversiones que se eleven a la Contaduría General de la Provincia para la rendición de cuentas, se agregará el Formulario N° 106, intervenido por la
El Formulario 106 es de utilización exclusiva como documento de Rendición de Cuentas, y sólo se confeccionará para ser acompañado a la misma o al expediente a que se refiere en este apartado.
Conforme con lo determinado en el Nomenclador por Objeto de Erogaciones, los elementos adquiridos con cargo a la
Partida Principal Bienes, pueden ser agrupados de la siguiente forma:
1. Compra de Bienes de Capital:
1.1. Elementos que se transforman –con el primer uso- en bienes de capital.
1.2. Bienes que se incorporan directamente.
2. Compra de Bienes de Consumo:
2.1. Bienes que se pierden con el primer uso
2.1.1.Bienes que tienen una duración menor de un año. 2.1.2.Bienes cuya duración supera un año.
2.2. Bienes que se destinan a la reparación o conservación de
otros bienes. En las adquisiciones de los bienes referidos en los puntos 1.1 y 1.2 corresponde utilizar el Formulario N°106. Con referencia al movimiento patrimonial corresponde se inventaríen, además de los bienes consignados en 1.1 y 1.2, los codificados en 2.1.2 y 2.2, utilizando a tal efecto el Formulario N°101, no así los que tienen una duración menor de un año que se codifican como 2.1 y 2.1.1.
Los Directores de Repartición y los Directores de Administración u Organismos que hagan sus veces, existentes en cada uno de los servicios, conforme con la clasificación institucional vigente en la Administración General de la Provincia, podrán delegar, previo al dictado del acto legal que así lo autorice, la firma del Formulario N°106 “alta para rendición de cuentas”, que debe ser agregado en oportunidad de confeccionar las respectivas rendiciones. En esa norma deberá expresarse en forma concreta el
nombre, apellido y jerarquía del funcionario que actuará por delegación de firma. Asimismo, se clarifica que la delegación que se autoriza por el párrafo anterior, se hará sin perjuicio de que los Directores de Repartición y Directores de Administración u organismos que hagan sus veces, no por ello estarán exentos de la responsabilidad que les cabe en lo que respecta al control patrimonial que les fija la norma legal vigente. En el caso de adquisición de inmuebles, el alta se efectuará utilizando la “Planilla A” respectiva, copia de la cual será intervenida por la Contaduría General de la Provincia y acompañada al expediente o a la rendición de cuentas, sustituyendo al Formulario
- Identificación de los Bienes La identificación de los bienes denunciados con
posterioridad al censo efectuado el 6 de abril de 1953, se realizará siguiendo lo establecido en las “Normas de identificación” con las siguientes modificaciones:
1. El número de Agente Inventariador será sustituido por un número correlativo, comenzando del 1 (uno) que se asignará a cada “Registro Patrimonial de Segundo Orden” que dependa del “Registro Patrimonial de Primer Orden” de su Jurisdicción. A tal fin éste comunicará oportunamente sus números a los “Registros Patrimoniales de Segundo Orden”.
2. La numeración de los bienes se efectuará en forma correlativa, partiendo del 1(uno), no debiendo llenarse las vacantes que se puedan producir como consecuencia de bajas de bienes en cualquier causa.
3. El sistema a utilizarse para la marcación física de los bienes muebles existentes o para los que se incorporen en el futuro, será el que mejor convenga a la seguridad de su permanencia y de su aplicación y vigilancia. Son directamente responsables las autoridades patrimoniales de cada Dependencia, quienes tienen la obligación de asegurar su conservación. Para los
bienes denunciados con posterioridad al censo del 6 de abril de 1953 la marcación será idéntica a la usada para el referido censo, pero sustituyendo la parte que dice “Censo al 6-4-53” ”
por “Fecha de alta
por “Registro Patrimonial N°
inmuebles continuará haciéndose con carácter provisorio por parte de los “Registros Patrimoniales de Segundo Orden”, hasta tanto reciban de la Contaduría General de la Provincia, por conducto de los “Registros Patrimoniales Centralizadores” y “Registros Patrimoniales de Primer Orden”, el número definitivo asignado a cada bien, siendo el modelo de chapa o dibujo de identificación, similar al empleado en el censo realizado el 6 de abril de 1953.
y modificando donde dice: “Agente N°
4. Cuando un bien fuere transferido definitivamente a otra Repartición, ésta procederá a identificarlo con número propio, manteniendo el número anterior a simple título informativo, con excepción de los inmuebles, automotores y embarcaciones, que mantendrán el número de identificación definitivo y de Registro Oficial, respectivamente, asignados por la Contaduría General de la Provincia.
- Modificación de bienes y cambio de motores La modificación parcial o total de bienes muebles en
uso será autorizada, teniendo en cuenta el valor del bien o conjunto de bienes antes de la modificación, por la autoridad que resulte por aplicación de la siguiente escala:
1. Modificación Parcial:
a) Por el titular de la Repartición, hasta $ 10.000,00.
b) Por el Director General de Administración, más de $10.000,00, hasta $ 50.000,00.
c) Por el Ministro, más de $ 50.000,00. Entiéndese por modificación parcial cuando sólo se
alteren las dimensiones y características y/o valores del bien y la capacidad de carga o pasajeros, tratándose de vehículos.
2. Modificación Total:
Por el titular de la Repartición, hasta $ 5.000,00.
b) Por el Director General de Administración, más de $5.000,00, hasta $ 50.000,00.
c) Por el Ministro, más de $ 50.000,00.
Entiéndese por modificación total la que dé origen a dos o más bienes productos del primitivo, o se alteren sustancialmente su estructura y valores. En ese caso, se dispondrá la baja definitiva del bien modificado y se autorizará el alta del bien o bienes resultantes. La repartición propietaria podrá disponer en beneficio propio del material obtenido para ser utilizado en la reparación o confección de otros. Cuando se trate del desarme de automotores y maquinarias de todo tipo, las piezas, repuestos o partes de los mismos podrán ser utilizados en la reparación o confección de otros, por disposición de la misma autoridad que autorizó la baja. Los cambios de motor en los vehículos automotores serán autorizados por el titular de la Repartición y deberán comunicarse inmediatamente de producidos, por los “Registros Patrimoniales” de quien dependan, siguiendo la vía jerárquica patrimonial, a la Contaduría General de la Provincia, a fin de efectuar las modificaciones en el fichero analítico.
- Rezagos y Bajas Los bienes totalmente inutilizados, como asimismo los que por inutilización parcial, falta de aplicación, antigüedad y desgaste deben ser retirados del servicio, se consideran “fuera de
uso”. Se incluyen en esta clasificación todos los bienes involucrados en las cuentas patrimoniales 6.0.0 y 6.1.0. La Repartición respectiva remitirá al “Registro Patrimonial Centralizador”, las actuaciones en las que se gestione la baja de bienes, previo a la resolución autoritativa que corresponda. La baja de bienes será autorizada, teniendo en cuenta su valor de inventario, por las autoridades que se indica y conforme a la siguiente escala:
a) Hasta $ 10.000,00 por el titular de la Repartición interesada.
b) Más de $ 10.000,00 y hasta $50.000,00 por el Director General de Administración.
c) Más de $ 50.000,00 por el respectivo Ministro.
Operada la baja, los bienes ingresarán a la cuenta 6.0.0 a 6.1.0 “Caídos en desuso” o “Rezagos”, según corresponda, fijándose para el primer caso el 50% del valor con que figura en la respectiva cuenta activa y para el segundo con el 30% del valor que registra en el inventario al momento de su baja. La declaración de fuera de uso y el valor estimado en la realización y de reposición, será efectuada en la forma que se detalla en el artículo 48º del presente reglamento.
- Demoliciones y Desarmes Las demoliciones y desarmes de bienes inmuebles comprendidos en los subgrupos “Construcciones Especiales para Obras y Servicios Públicos” (Cuentas 2.5.0 a 3.2.9) y “Construcciones no permanentes o desmontables” (Cuentas 3.3.0 a 3.8.9), como así también las modificaciones que se introduzcan en los mismos, serán autorizados por Resolución Ministerial, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia. En lo que respecta a la baja de bienes inmuebles comprendidos en las restantes cuentas del clasificador, cuando existan razones de fuerza mayor debidamente justificadas, en especial las que hagan a la seguridad, la baja será dispuesta por el Poder Ejecutivo con refrenda del respectivo Ministro y también por el de Economía, previa documentación técnica que avale el estado de los mismos.
- Bajas Definitivas Se consideran bajas de carácter definitivo, cuando los bienes desaparezcan totalmente del patrimonio de la Provincia, ya sea por venta, donación, pérdida, destrucción o cualquier otra causa. Cuando se disponga la venta, se autoricen las permutas o las entregas a cuenta de precio, la disposición legal que así lo determine, debe autorizar la baja definitiva del bien comprendido en
cualquiera de las operaciones mencionadas. En los casos que por cualquier causa deba procederse a dar de baja definitivamente del bien, al sólo efecto de su registro
patrimonial, se dictará el acto resolutivo que disponga la baja de los bienes respectivos, conforme a la siguiente escala, según el valor de inventario del bien o conjunto de bienes:
a) Hasta $ 5.000,00 por el titular de la Repartición.
b) Más de $5.000,00 y hasta $ 50.000,00 por el Director General de Administración o quien haga sus veces.
c) Más de $50.000,00 por el señor Ministro o Titulares de los
Organismos Autárquicos o de la Constitución. Cuando se produzcan bajas por muerte de semovientes, deberá acompañarse el correspondiente certificado médico - veterinario que certifique la misma. En el caso excepcional en que por razones de distancia o importancia de zona, no hubiera
profesional de la especialidad mencionada, la certificación de muerte podrá ser expedida por agente del Estado con función jerarquizada. Los símbolos y emblemas nacionales y provinciales, afectados al uso de las dependencias del Estado Provincial, cuando fueren dados de baja de sus respectivos inventarios, serán incinerados, previa anulación de su carácter emblemático, de conformidad al siguiente procedimiento:
1. La Bandera será separada en cada una de sus franjas.
2. El Escudo será dividido longitudinalmente o transversalmente.
3. Las partes resultantes serán incineradas hasta su total
destrucción. Lo dicho se efectuará en recinto cerrado, labrándose acta, la que será firmada en todos los casos por la autoridad máxima de la Repartición o dependencia que corresponda, y por dos testigos, debiéndose observar la solemnidad acorde con la significación del acto. En todos los casos, corresponderá la previa intervención del Registro Patrimonial Centralizador cuando debe resolverse sobre bajas definitivas de bienes y de la Contaduría General de la Provincia cuando se trate de bienes comprendidos en
el grupo “Inmuebles” y en el subgrupo “Medios de Transporte”. Dispuesta la baja definitiva de bienes, se remitirán las actuaciones para su notificación a la Contaduría General de la Provincia.
En los casos de desaparición, pérdida, destrucción o cuando por cualquier causa la privación del bien responda presuntivamente a un acto, hecho u omisión imputable a negligencia, culpa o dolo de agentes o funcionarios, la Contaduría General de la Provincia, dispondrá la sustanciación del sumario que establece el artículo 70º del Decreto Ley de Contabilidad. En el informe del sumariante deberá constar la fecha del hecho o en su defecto, la de iniciación de la actuación para el trámite de baja. Una vez finalizado el sumario, el Contador de la
Provincia procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 73° del Decreto Reglamentario del Decreto-Ley n°7764/71. Las reparticiones de la Administración General que posean semovientes vacunos, lanares, porcinos, animales de granja, que por su función específica no se encuentren afectados en su totalidad a fines propios de su creación, podrán utilizar los excedentes de producción con fines de consumo interno, en forma corriente o en fechas excepcionales. Para que ello sea posible debe estar cubierto el correspondiente plantel básico. Este procedimiento deberá realizarse conforme a los siguientes requisitos:
a) Pedido del Titular del servicio que los posea, quien será responsable directo del destino para el que fue requerido;
b) Autorización por el jefe de la Repartición;
c) Determinación del valor de los semovientes que se sacrifiquen de acuerdo con el que tengan en plaza a la fecha de la utilización;
d) Afectación de la partida respectiva del presupuesto vigente en el monto que representen los animales que se autorice faenar. Cuando las reparticiones o dependencias inicien
actuaciones referentes a bajas de bienes por cualquier causa, previamente deberán dar intervención al respectivo Registro
Patrimonial, para que efectúe la individualización de los mismos, siendo los datos a consignar número de jurisdicción e inventariador (censo de bienes) o de Registro Patrimonial en las actualizaciones, número de identificación y número de planilla donde estuvieran registrados.
La incorporación de bienes al Patrimonio Provincial, sea por compra, donación o cualquier otra forma, no serán inventariados cuando su valor, individualmente considerado no supere la suma de $1.000,00 sin perjuicio del control patrimonial correspondiente.
- Almacenes y Talleres Todas aquellas reparticiones o dependencias en las cuales funcionen “Almacenes” deberán organizar el contralor de la entrada y salida de elementos, ajustándose a las siguientes normas
principales: de su estructuración, el sistema de registración para determinar las existencias de los elementos producidos o afectados a “Almacenes y Talleres”. La organización que se proyecte deberá ser elevada a la consideración y aprobación de la Contaduría General de la Provincia.
a) En los “Almacenes y Talleres” que se denominarán “Registros Patrimoniales de Segundo Orden” se llevará indistintamente fichero o libro rubricado, destinando una ficha o foja del libro para cada clase de elemento en la cual se consignará el código de la cuenta, movimiento de entrada y salida y saldo de las existencias. A ese efecto deberán registrarse los siguientes datos: número de remito y orden de compra, fecha de recepción del material, cantidad, precio de costo, número de vale por las entregas efectuadas, cantidad entregada, su valor, fecha y destino, etcétera. El saldo debe estar reflejado en cantidad de elementos y valores;
b) Los encargados de “Almacenes y Talleres” al entregar los materiales exigirán un vale en el que constará: fecha, cantidad de material, valor, destino, codificación de acuerdo a la cuenta a que pertenezca el elemento y llevará la firma del Jefe de la
Repartición o Dependencia o persona debidamente autorizada y Jefe de la Sección que retira los elementos;
c) Los “Almacenes y Talleres” que provean repuestos para maquinarias, aparatos, vehículos automotores, etc., entregarán los mismos a cambio de los que estaban en uso, los cuales deberán ser enviados luego al Depósito General de Rezagos del correspondiente Ministerio;
d) A los elementos en depósito se les colocará una tarjeta con los datos necesarios para su identificación;
e) Las altas y bajas de “Almacenes y Talleres” serán comunicadas por intermedio de los “Registros Patrimoniales” del cual dependen, siguiendo la vía jerárquica de la organización patrimonial, en la forma, modo y tiempo que por las instrucciones especiales respectivas, dicte la Contaduría General de la Provincia;
f) Los Organos Administrativos Centralizados y Descentralizados del Estado, organizarán, atendiendo a las modalidades particulares.
- Disposiciones Generales Facúltase a la Contaduría General de la Provincia para dictar normas complementarias o aclaratorias, respecto de las disposiciones de la presente reglamentación, como asimismo para adecuar, reestructurar y/o modificar los “Registros Patrimoniales”, planillas, formularios, procedimientos y sistemas registrales tendientes a implementar un sistema contable y organización patrimonial que mejor refleje el movimiento de la Provincia. La falta de cumplimiento de datos o negligencias en la aplicación de las disposiciones de la presente reglamentación, será considerada falta grave y dará motivo a la aplicación de las sanciones disciplinarias que corresponda, según el grado de irregularidad en que se haya incurrido.
CAPITULO VI DEL SERVICIO DEL TESORO Artículo 53°-El Tesoro de la Provincia se integra con los fondos, títulos y valores ingresados en sus organismos mediante operaciones de recaudación o de otra naturaleza, excepto las situaciones mencionadas en el segundo párrafo del artículo 22º.
Artículo 53°-(Sin reglamentación).
Artículo 54°-La Tesorería General de la Provincia y las de los Organismos Descentralizados, según corresponda, centralizarán el ingreso de fondos y el cumplimiento de las órdenes de pago, correspondiéndoles además, la custodia de los fondos, títulos y valores que se pongan a su cargo, sin perjuicio de otras funciones que se le asignen. La Tesorería General de la Provincia funcionará bajo la dirección del Tesorero de la Provincia, quien será reemplazado en caso de ausencia o impedimento por el Subtesorero. Para desempeñar los cargos de Tesorero y Subtesorero se requerirá título de graduado en Ciencias Económicas.
Artículo 54°-Son funciones de la Tesorería General:
a) Registrar diariamente las operaciones de ingresos y egresos;
b) Confeccionar y remitir diariamente a la Contaduría General de la Provincia, el Balance del Movimiento de Fondos, juntamente con la documentación respectiva;
c) Intervenir en la emisión y cancelación de Letras de Tesorería u otros documentos;
d) Llevar los registros de: Poderes, Contratos de Sociedades, Cesiones y Prendas, y Embargos;
e) Requerir de los Organismos de la Administración General la remisión de estados periódicos de existencia de fondos y de exigibilidades;
f) Elaborar el Presupuesto de Caja de cada Ejercicio, elevarlo al Ministerio de Economía e informar mensualmente sobre su evolución;
g) Intervenir previamente en todo acto en el que se comprometa en forma inmediata o a fecha cierta las disponibilidades del Tesoro, informando sobre las posibilidades de asumir tales compromisos.
Artículo 55°-Los tesoreros serán responsables del exacto cumplimiento de las funciones que legalmente tengan asignadas y del registro regular de la gestión a su cargo. En particular no podrán dar entrada o salida de fondos, títulos y valores cuya documentación no haya sido intervenida previamente por la Contaduría General, en el caso de la Tesorería General, o por las Contadurías de los Organismos Descentralizados según corresponda.
Artículo 55°-(Sin reglamentación).
Artículo 56°-Los fondos que administren las distintas tesorerías serán depositados en el Banco de la Provincia, excepto en las localidades donde no existan sucursales del mismo, en cuyo caso el Poder Ejecutivo podrá autorizar la apertura de cuentas en otros Bancos, dando prioridad a los oficiales.
Artículo 56°-(Decreto n°936/77, 263/83 y 2698/04). La apertura de las cuentas bancarias oficiales en el Banco de la Provincia, se efectuará a orden conjunta de por lo menos dos agentes y será dispuesta en cada caso, por:
1. Los Titulares de las Direcciones de Administración u oficinas que hagan sus veces, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia, la que deberá expedirse sobre su procedencia.
2. La Contaduría General de la Provincia, cuando deban ser
abiertas a la orden del Contador General y Tesorero General de la Provincia.
I) Transferencias bancarias: cuando se efectivicen por este medio, el Banco de la Provincia de Buenos Aires debitará de las Cuentas Fiscales de la Repartición que lo ordene, los importes informados y los acreditará en las Cuentas Bancarias que los titulares de los libramientos deben mantener operativas, conforme lo dispuesto en el artículo 23° del Reglamento de Contrataciones y en el artículo 45° del Decreto n°5488/59 y sus modificatorios, Reglamentario de la Ley General de Obras Públicas n°6021.
II) Cheques «No a la Orden»: cuando se efectivicen a favor terceros cesionarios y/o titulares eventuales de libramientos o cuando se trate de devoluciones de impuestos provinciales u otros casos especiales, para los cuales no resultara procedente
a criterio de la repartición libradora de los pagos, requerirles la titularidad de una Cuenta Bancaria. En estos casos con sujeción a las siguientes normas
1. Tratándose del propio interesado, el recibo consignará el número de documento que permita identificarlo.
2. Si se tratare de una sociedad, se requerirá el contrato social o el Estatuto o mandato de la misma, certificado por Escribano Público, además de los requisitos del apartado anterior. En ambos casos, se deberá comprobar también si el crédito está afectado por cesión, prenda o embargo tomándose las medidas para que el mismo se abone o deposite como corresponda.
3. Cuando el pago no se efectúe directamente al propio interesado o a los acreedores a favor de los cuales está ordenado, es decir, cuando se presenten apoderados o mandatarios, se exigirá que el documento habilitante para tales actos, sea otorgado ante Escribano Público, procediéndose en la siguiente forma, según sean los
documentos habilitantes que se especifican a continuación:
a) Poder General, que tendrá validez para cobrar por todo el plazo de vigencia establecido en el mismo o hasta tanto se produzca su caducidad, de conformidad con las disposiciones del Código Civil. Será requisito indispensable para su anotación en el Registro de Poderes, que se acompañe una copia del mismo en papel simple, certificada por Escribano Público. Anotado, el testimonio será devuelto al interesado con las constancias de inscripción. Una vez anotado en el respectivo Registro de Oficina Pagadora, se certificarán en cada caso, las firmas del apoderado al pie de los recibos que éste extienda sin la cual no podrá realizarse ningún pago;
b) Poder especial, que tendrá validez para el caso de uno o más créditos expresamente determinados. Se seguirá el procedimiento indicado en el apartado anterior pero no se devolverá al interesado, sino que se agregará a la factura correspondiente, y ambos formarán el documento de descargo de la respectiva rendición de cuentas. En caso de que el mandato comprenda dos o más facturas se procederá a su anotación en el Registro de Poderes y se agregará al documento del último juego, dejándose constancias referenciales en los anteriores.
4. Las oficinas pagadoras habilitarán, a los efectos establecidos, los siguientes registros:
a) Registros de Contratos de Sociedades: Se anotarán los contratos y estatutos de toda clase de sociedades, sean éstos privados u otorgados en acto público;
b) Registro de Poderes: En el que se anotarán los documentos de esta clase. También se anotará todo nombramiento de administrador, tutor, curador, etc., expedido por quien corresponda;
c) Registro de Cesiones y Prendas: En el cual se asentarán por orden cronológico de notificación, las cesiones de
créditos y las prendas que se presenten para su registro;
d) Registro de Embargos: Se anotarán todos los oficios que
envíe el Poder Judicial siempre que se refieran a créditos que deben ser satisfechos por la oficina pagadora. De no corresponder a ellos o cuando no se posean antecedentes que permitan orientar su trámite, se devolverán al Juez oficiante, debiendo no obstante practicarse las anotaciones correspondientes.
5. Cuando se trate de créditos a favor de sociedades que carecieran de contrato social, se exigirá a los interesados una declaración por medio de la cual se establezca quiénes son los componentes de la misma y su obligación personal y solidaria por los cobros que efectúa cualesquiera de ellos en nombre de esa Sociedad, haciendo constar en dicha declaración a cargo de qué socio está la firma social. En estos casos, sin excepción, el pago se efectuará en cheque “No a la Orden”.
6. Cuando en la factura a cancelarse no figure nombre de persona o contenga inscripciones que no permitan individualizar los verdaderos acreedores, los interesados deberán presentar documentos que los acrediten como tales, y se aceptarán siempre que así resulte a satisfacción de las reparticiones. Estas podrán exigir certificaciones bancarias o las pruebas complementarias que consideren conveniente para asegurar la legitimidad del pago, sin excluir la presentación de una fianza que responda por los daños o perjuicios que pudiere ocasionarse a terceros con igual o mayor derecho.
7. Cuando existan créditos a favor de sucesiones no se entregarán ni transferirán los fondos sino por mandato judicial, salvo que dichos créditos se encuentren encuadrados dentro de lo dispuesto en el punto 9.
8. Los haberes del personal en uso de licencia anual obligatoria o licencias médicas, podrán ser abonados por las oficinas pagadoras a terceras personas, mediante autorización especial extendida por ante el funcionario responsable del pago, quien deberá certificar la autenticidad de las mismas.
Las oficinas pagadoras procederán al pago de los haberes que legítimamente correspondan a los derecho-habientes de empleados fallecidos, previa presentación de los siguientes documentos:
b) Partida de defunción y documento que pruebe el vínculo que se invoca;
c) Fianza a satisfacción de la Repartición o Dependencia por
un monto equivalente al haber a pagarse, al solo efecto de constituir garantías para el caso que se presenten acreedores de mejor derecho. Comprobado el carácter de derecho-habitantes en los pretendientes mediante la documentación determinada anteriormente, se procederá al abono de los haberes adeudados,
dejándose constancia en el recibo correspondiente del cumplimiento de los requisitos señalados.
III) En ningún caso y por ningún concepto se emitirán cheques “Al Portador”.
Artículo 57°-No obstante lo dispuesto en el artículo 11º, el Poder Ejecutivo podrá disponer la utilización transitoria de fondos para efectuar pagos cuando, por razones circunstanciales o de tiempo, debe hacerse frente a apremios financieros. Dicha autorización transitoria no significará cambio de financiación ni de destino de los recursos y se ejercerá cuidando no provocar daño en el servicio que deba prestarse con fondos específicamente afectados.
Artículo 57°-(Sin reglamentación).
Artículo 58°-(Decreto – Ley n°7.902/72 y 9.288/79). Cuando fuere
menester cubrir insuficiencias transitorias del Tesoro, el Poder Ejecutivo queda facultado para:
a) Convenir con el Banco de la Provincia de Buenos Aires un anticipo de fondos de la recaudación fiscal por hasta una suma equivalente al quince por ciento (15%) de los recursos previstos
en el Presupuesto vigente para la Administración Central, excluidos los del Uso del Crédito, el que no podrá superar el veinte por ciento (20%) del saldo de la cartera de préstamos en pesos, de la Sección Bancaria, que registre el Banco en su último balance mensual. El reintegro de dicho anticipo deberá producirse dentro de los doce (12) meses siguientes al de efectivización de la o de las partidas requeridas;
b) Autorizar la emisión de Letras de Tesorería para pagar deudas u obtener ingresos;
c) Autorizar la entrega de anticipos de recursos a favor de los entes descentralizados por hasta un monto que no exceda de la mitad de los previstos y no recaudados por cada Ente. Dicho anticipo deberá ser reintegrado dentro del Ejercicio.
Artículo 58°-(Sin reglamentación).
Artículo 59°-(Decreto-Ley n°8.789/77). Los órganos administrativos podrán mantener fondos denominados “permanentes” de acuerdo con el régimen que reglamentariamente se instituya, para ser utilizados en:
a) Atención directa de libramientos de pagos;
b) Constitución de “Cajas Chicas” destinadas a afrontar gastos de menor cuantía que deban abonarse al contado;
c) Constitución de fondos para anticipos de viáticos y movilidad.
La entrega de fondos por parte de la Tesorería General o de las Tesorerías de los Organismos Descentralizados, a las dependencias o servicios en que se autoricen, constituirá un anticipo que se registrará en cuentas por separado, de manera que periódicamente puedan formularse las liquidaciones respectivas en los términos de los artículos 18º y 19º.
Artículo 59°-(Decreto n°785/01, n°787/04 y n°2698/04). El importe total a solicitar para la constitución de los “Fondos Permanentes” a que alude al artículo 59° de la Ley, no podrá exceder el 15% de la
sumatoria de los créditos autorizados por el Presupuesto General para las Partidas Principales 2 “Bienes de Consumo” y 3 “Servicios no Personales” de la Jurisdicción respectiva. Los fondos serán librados por la Tesorería General de la Provincia previa intervención de la Contaduría General de la Provincia, a requerimiento de las Direcciones de Administración Contable y Servicios Auxiliares o dependencia que haga sus veces, las que deberán efectuar una estimación de las obligaciones a satisfacer en el período mensual para el que solicitan fondos. Los anticipos que se libren, serán contabilizados en una cuenta extrapresupuestaria y depositados en el Banco de la Provincia de Buenos Aires en una cuenta corriente fiscal que se
individualizará como “Fondo Permanente - artículo 59° de la Ley de Contabilidad – Decreto Ley 7764/71”, que deberá registrarse a la orden conjunta del Director de Administración Contable y Servicios Auxiliares y el Tesorero o sus reemplazantes. Las disponibilidades de los “Fondos Permanentes”, se aplicarán conforme se establece a continuación:
1. A la cancelación de obligaciones emergente de:
a) Contrataciones directas encuadrables en el artículo 80°, inciso 3) apartado b) del Reglamento de Contrataciones, aprobado por el Decreto n°3300/72 y sus modificatorios;
b) Subsidios, subvenciones, transferencias o contrataciones
cuyos importes totales no superen el cincuenta por ciento (50%) del límite fijado para el apartado precedente, excedido el cual deberán ser abonadas total o parcialmente, por la Tesorería General de la Provincia.
2. A la habilitación de fondos para el funcionamiento de “Cajas Chicas” cuya constitución haya sido autorizada por acto administrativo emanado de los señores Ministros, Secretario General de la Gobernación, Asesor General de Gobierno y/o titulares de los Organismos de la Constitución, Organismos Descentralizados, Secretarías de Estado y Unidades Ejecutoras; por montos que no podrán exceder la suma de VEINTE MIL PESOS ($20.000,00) por cada responsable o
subresponsable. Cada titular de una “Caja Chica” no podrá disponer pagos por erogaciones que individualmente, superen la suma de DOS MIL PESOS ($2.000,00) debiendo cumplimentar, cuando corresponda, las obligaciones establecidas para los agentes de retención impositiva de tributos provinciales. Las rendiciones de cuentas de los fondos utilizados por los responsables o subresponsables de “Cajas Chicas”, serán presentadas por ante la Dirección de Administración Contable y Servicios Auxiliares o dependencia que haga sus veces, al término del cometido para las que fueron habilitadas o, en el supuesto de resultar procedente la reposición de fondos, cuando el importe invertido alcance al 70% de la suma asignada.
3. De igual forma, cada Dirección de Administración y Servicios Auxiliares u oficina que haga sus veces, gestionará la habilitación de un “Fondo para la atención de anticipos para viáticos y movilidad” que no podrá exceder las necesidades por el término de un trimestre, cuyo responsable será el Director del área conjuntamente con el Tesorero. Con cargo a este fondo se atenderán los anticipos que deban entregarse a los funcionarios o agentes a los que se le asigne la realización de comisiones de servicios, por el período de duración de los mismos o por el importe presunto mensual en el caso de comisiones continuadas. Los funcionarios y/o agentes comisionados, deberán rendir cuenta de los anticipos recibidos, mediante el requerimiento de la liquidación de los viáticos respectivos, dentro de los quince (15) días de concluida la comisión y/o vencimiento del mes calendario respectivo en los casos de comisiones continuadas, debiendo constar en las mismas el importe de los anticipos recibidos, a los fines de su oportuna reposición al fondo
4. Los Responsables y Subresponsables de “Cajas Chicas” por los importes asignados a las mismas y los funcionarios y/o agentes comisionados por las sumas recibidas en concepto de anticipo para viáticos y movilidad, serán considerados
obligados a rendir cuentas, en los términos con los alcances del artículo 64° y concordantes de la Ley de Contabilidad (Decreto – Ley n°7764/ 71) y su Reglamentación.
5. Los reintegros de los importes realmente invertidos con cargos
a los “Fondos Permanentes” en poder de las Direcciones de
Administración u oficinas que hagan sus veces, se operarán en la medida que las mismas dispongan y presenten por ante la Contaduría General de la Provincia, las rendiciones de cuentas por las sumas utilizadas, acompañadas de la documentación respaldatoria respectiva y la correspondiente solicitud de reintegro de esos importes con cargo al remanente disponible del “Fondo Permanente” autorizado. Los saldos disponibles en los “Fondos Permanentes” al cierre de cada ejercicio, serán acreditados a cuenta de los que corresponda librar por el ejercicio siguiente.
6. Facúltese al señor Ministro de Economía previa intervención de la Contaduría General y Tesorería General de la Provincia, para modificar el porcentaje establecido en el párrafo primero y/o el monto determinado en el apartado segundo del presente artículo, si razones fundadas así lo justificasen.
7. Independientemente de los fondos a los que alude el artículo 59° de la Ley, las Direcciones de Administración Contable y Servicios Auxiliares y oficinas que hagan sus veces, podrán requerir fondos para la atención directa de pagos derivados de
la compra de combustibles, lubricantes y/o pago de viáticos y
8. Los Organismos Descentralizados deberán aplicar los principios establecidos en los apartados precedentes para disponer la habilitación de Fondos Permanentes dentro de su respectiva Jurisdicción.
CAPITULO VII DEL SERVICIO DE CONTABILIDAD Artículo 60°-La Contaduría General de la Provincia, ejercerá el control interno de la gestión económico-financiera de la Hacienda
Pública, a cuyos efectos tendrá acceso directo a todo tipo de documentación y registros referidos al ámbito de su competencia, en uso de las funciones que tiene establecidas y de las técnicas usuales de control.
Artículo 60°-(Sin reglamentación).
Artículo 61°-La Contaduría General de la Provincia funcionará bajo la dirección del Contador de la Provincia quien será reemplazado en caso de ausencia o impedimento por el Subcontador. Para desempeñar los cargos de Contador y Subcontador de la Provincia, así como todo otro que demande competencia específica, se requerirá título de Contador Público.
Artículo 61°-(Sin reglamentación).
Artículo 62°-Además de las tareas mencionadas en los capítulos III,
IV y VIII y artículo 60° de esta Ley, corresponde a la Contaduría
a) Analizar todos los actos administrativos que se refieran a la Hacienda Pública y observarlos cuando contraríen o violen disposiciones legales o reglamentarias, dentro de los quince días hábiles de haber tomado conocimiento de los mismos. A tales efectos, dichos actos, juntamente con los antecedentes que los determinen, deberán serle comunicados antes de entrar en ejecución;
b) Efectuar inspecciones y arqueos en todos los organismos provinciales;
c) Intervenir las entradas y salidas del Tesoro;
d) Registrar las operaciones de la Tesorería General y formular el estado mensual a que se refiere el artículo 144°, inciso 9) de la Constitución de la Provincia;
e) Verificar los balances de rendición de cuentas;
f) Controlar la emisión y distribución de los valores fiscales;
g) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de su competencia;
h) Las demás funciones que se le asignen por vía reglamentaria.
Artículo 62°-Además de las establecidas en la Ley, la Contaduría General tiene las siguientes funciones:
1. Registrar en forma centralizada las operaciones que se efectúen en el ámbito de la Hacienda Pública.
2. Dictar normas en materia de su competencia para su cumplimiento en las Direcciones de Administración o dependencias que hagan sus veces.
3. Efectuar tareas de control preventivo, simultáneo o posterior en la Administración.
4. Requerir de la Administración toda información que considere indispensable para ejercitar sus funciones de control y asesoramiento.
5. Interpretar y aplicar por sí las reglas de apropiación de gastos de cada ejercicio, y dentro de él a los créditos presupuestarios correspondientes.
6. Llevar el Registro de Personal de la Administración de conformidad con lo que establezca el Poder Ejecutivo
7. Requerir de las Direcciones de Administración o dependencias que hagan sus veces, de las cajas recaudadoras, de todas las reparticiones públicas, y de la Tesorería General de la Provincia, el envío de balances y estados de todo tipo cuando lo crea oportuno, estando facultada para pedir la exhibición de libros y documentos originales. Dichos Organismos están obligados a cumplimentar tales exigencias.
8. Consentir o disponer en las órdenes de pago, siempre que no se afecte el total librado y su correcto destino:
a) Las omisiones formales y meros errores evidentes;
b) La adecuación de dichos documentos conforme a la real
situación vigente en el momento de su intervención.
9. Exigir cuando así lo considere, la devolución de los fondos mantenidos sin aplicación por los responsables, o en su
defecto disponer, de oficio, su transferencia a la Tesorería General de la Provincia, sin perjuicio de iniciar –si correspondiere- el pertinente sumario administrativo de responsabilidad.
10. Tomar intervención en toda norma legal que disponga la iniciación de acciones judiciales a favor del Fisco.
11. Solicitar de la Fiscalía de Estado la comunicación de todo juicio que se promueva contra el Fisco, como así también la sentencia definitiva que sobre ellos recaiga.
Artículo 63°-La observación formulada por la Contaduría General en virtud de lo estipulado en el artículo 62º, inciso a) de esta Ley, será comunicada al organismo de origen dentro de los cinco días hábiles al de su formulación, y suspenderá el cumplimiento del acto o de la parte observada, hasta tanto se subsane la causal de observación.
El P.E., bajo su exclusiva responsabilidad y mediante decreto pertinente, podrá insistir en el cumplimiento de los actos observados, en cuyo caso, se proseguirá el trámite de ejecución y la Contaduría General comunicará de inmediato a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas su observación, acompañando los antecedentes de la misma y el respectivo acto de insistencia.
Artículo 63°-La observación a que se refiere el artículo 63º de la Ley, quedará sin efecto cuando la autoridad que dispuso el acto desista o modifique el mismo, conforme al pronunciamiento del Contador de la Provincia. Si la autoridad de la que emanó el acto observado decidiera insistirlo se requiere:
a) Decreto cuando el acto observado afecte a los Organismos centralizados o descentralizados del Poder Ejecutivo;
b) Resolución de los Presidentes de las respectivas Cámaras del Poder Legislativo;
c) Resolución del Presidente de la Suprema Corte en el Poder
La insistencia hace cesar la responsabilidad del Contador y la transfiere a los funcionarios que la signaron. La no observación de un acto administrativo por parte de la Contaduría General de la Provincia, no libera de responsabilidad a los funcionarios que dispusieron el acto. El hecho que la observación no se produzca en el término establecido por la Ley, no cercena la facultad de observar. La ejecución del acto hasta el momento de la observación producirá responsabilidad concurrente. La Contaduría General de la Provincia está facultada para no oponer reparos a los actos administrativos que contengan errores formales, previa las seguridades que estime necesario requerir en cada caso.
CAPITULO VIII DE LOS OBLIGADOS A RENDIR CUENTAS Artículo 64°-Todo agente, como así también toda persona que perciba fondos en carácter de recaudador, depositario o pagador, o que administre, utilice, guarde o custodie dinero, valores u otros bienes o pertenencias del Estado, con o sin autorización legal, está obligado a rendir cuenta documentada o comprobable de su utilización o destino.
Artículo 64°-Los obligados a rendir cuentas, según el artículo 64° de la Ley, que ejerzan algunas de las funciones en relación directa con la Contaduría General de la Provincia, revisten el carácter de responsables principales. Cuando las funciones las ejerzan en relación de dependencia con el responsable principal, revisten el carácter de subresponsables y deberán rendir sus cuentas ante las autoridades de la jurisdicción a la que pertenezcan. Todo agente de la Administración, sin excepción ni discriminación de categorías, será considerado subresponsable
dentro del servicio patrimonial, asumiendo la responsabilidad directa por la correcta tenencia, uso, conservación del conjunto de los bienes y demás elementos de trabajo que se le suministre para el desempeño de sus tareas. De los bienes utilizados en forma común por varios empleados será responsable, en forma solidaria, el personal que los utilice. El incumplimiento o negligencia de las subresponsables, no exime a los responsables principales de la obligación de presentar sus cuentas ante la Contaduría General de la Provincia.
Artículo 65°-Todo acto u omisión que viole disposiciones contenidas en esta Ley, sus reglamentos y normas concordantes, importará responsabilidad solidaria para quienes lo dispongan, ejecuten o intervengan.
El funcionario que reciba orden de hacer o no hacer, que implique transgredir aquellas disposiciones, está obligado a advertir por escrito al superior de quien reciba la orden, acerca del carácter de la transgresión y sus consecuencias y el superior está obligado a responderle también por escrito. En caso que el superior insista, no obstante dicha advertencia, el funcionario cumplirá lo ordenado y comunicará la circunstancia al Contador General de la Provincia, quedando a salvo su responsabilidad.
Artículo 65°-Toda infracción a las normas establecidas en el artículo 65º de la Ley, en que incurran funcionarios o empleados de la Administración, generará la responsabilidad personal y directa de los mismos. Comprobada la infracción, la Contaduría General de la Provincia iniciará actuación sumarial para determinar quién o quienes son los responsables conforme a las normas del artículo 70°, y siguientes de la Ley y esta Reglamentación.
Artículo 66°-La rendición de cuentas deberá presentarse ante la
Contaduría General de la Provincia en el tiempo, lugar y forma que su titular determine, en concordancia con lo que al efecto disponga el Tribunal de Cuentas.
Artículo 66°-(Sin reglamentación).
Artículo 67°-(Decreto-Ley n°9.178/78). Para los casos que la Ley de Presupuesto autorizare gastos reservados, de residencia y eventuales, será suficiente rendición de cuentas el recibo firmado por la autoridad competente que haya recibido los fondos con ese destino.
Artículo 67°-(Sin reglamentación).
Artículo 68°-La obligación de rendir cuentas no queda eximida con el cese de funciones de los obligados a rendir cuentas. En caso de fallecimiento, incapacidad, ausencia o negativa del agente, la cuenta será formada de oficio por el organismo respectivo con intervención de la Contaduría General de la Provincia y de los derecho-habientes, en su caso y fiador del causante, si lo solicitare, dentro del plazo que aquélla señale. Los órganos administrativos deben suministrar a los obligados a rendir cuentas que hubieren cesado en sus funciones, a sus derecho-habientes, fiador o a quien legalmente lo represente, todos los elementos necesarios para que éstos efectúen sus descargos.
Artículo 68°-Cuando un responsable principal cese en sus funciones, se dará intervención a la Contaduría General de la Provincia, la que practicará un arqueo a los efectos de determinar el estado de disponibilidades y de inversiones de la gestión de aquél. En este acto se transferirán al nuevo responsable las existencias en efectivo, valores o cuentas bancarias, así como el estado de los cargos de subresponsables y la documentación de
pagos parciales que no permitan, en ese momento, su rendición integral.
La documentación intervenida por quien practique el arqueo, será rendida de inmediato a la Contaduría General de la Provincia, cuando a juicio de ésta fuera posible. Si el que cesa en sus funciones reviste el carácter de subresponsable, el procedimiento antedicho se practicará con la intervención directa de las autoridades de la Repartición a la que pertenezca aquél y la rendición de cuentas se hará ante el responsable principal. En caso de fallecimiento del responsable o subresponsable, las actuaciones indicadas precedentemente deberán practicarse dentro del plazo que fije la Contaduría General de la Provincia con la presencia de los derecho-habientes del causante, o sus representantes y del fiador de aquél si así lo solicitaren.
Artículo 69°-Cuando la rendición de cuentas no fuera presentada en
término y en forma prescripta, el Contador de la Provincia exigirá de oficio su inmediata presentación empleando las siguientes medidas de apremio que podrá aplicar en forma gradual o cualesquiera de ellas directamente cuando la importancia del caso así lo aconseje:
a) Requerimiento conminatorio;
b) Comunicación al respectivo Ministro o autoridad superior que corresponda;
c) Retención de los haberes del responsable y/o autoridades superiores del Organismo pertinente, con comunicación al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas;
d) Intervención de oficio de las dependencias correspondientes, al sólo efecto de regularizar la situación, motivo de la medida.
Artículo 69°-La facultad conferida por la Ley en el artículo 69° será ejercida por el Contador de la Provincia, cuando se trate de responsables principales, y por las Direcciones de Administración o
quienes hagan sus veces en los casos de subresponsables.
Artículo 70°-La determinación administrativa de responsabilidad se hará mediante actuación sumarial que dispondrá el Contador de la Provincia.
Artículo 70°-(Decreto n°5612/84). El Contador de la Provincia dispondrá la iniciación del Sumario Administrativo de Responsabilidad cuando se denuncie, exista presunción o se haya detectado la comisión de irregularidades en la Administración de fondos, valores o bienes fiscales y/o transgresiones a disposiciones legales vigentes susceptibles de producir perjuicio fiscal.
Artículo 71°-El Contador de la Provincia y los funcionarios en quienes delegue, podrán excusarse y serán recusables por las mismas causas que el Código de Procesamiento Civil prescribe para los Jueces de Primera Instancia.
Artículo 71°-(Decreto n°5612/84). El Contador de la Provincia podrá delegar la instrucción sumarial en agentes de las Direcciones de Administración Contable o dependencias que hagan sus veces o en la Dirección de Sumarios de la Contaduría General. Los pedidos de excusación por parte de los agentes a quienes se les haya delegado la instrucción de sumarios o de recusación de los mismos, serán resueltos por el Contador de la Provincia, mediante resolución que tendrá carácter de inapelable.
Artículo 72°-El Contador de la Provincia o los funcionarios en quienes delegue la instrucción sumarial a que se refiere el artículo 70º, podrán tomar declaraciones indagatorias a los presuntos responsables, hacer comparecer como testigo a cualquier agente y citar a los mismos efectos a particulares, pedir a cualquier órgano administrativo la exhibición de libros y documentos, copia legalizada
de éstos y otras constancias e informes sobre los hechos investigados.
Todo agente está obligado a prestar la colaboración que le sea requerida para la investigación.
Artículo 72°-(Decreto n°5612/84). La sustanciación del sumario administrativo de responsabilidad se ajustará a las disposiciones que se expresan a continuación:
1. El agente designado para llevar a cabo el sumario, que revestirá el carácter de Instructor Sumariante, iniciará de inmediato la gestión, practicando todas aquellas diligencias conducentes a la acreditación de los hechos u omisiones que se imputen. Podrá requerir la designación de agentes para que se desempeñen como Secretarios de Instrucción cuando la complejidad de la tarea así lo requiera. El Instructor Sumariante no podrá realizar ningún acto de procedimiento sin providencia previa que lo ordene, debiendo labrar acta o certificación de las diligencias que practique.
2. El sumario revestirá el carácter de secreto durante y hasta la terminación de la etapa procesal de acumulación de la prueba de cargo. Concluida la misma, el Instructor Sumariante dispondrá el levantamiento del Secreto Sumarial.
3. La acumulación de la prueba de cargo deberá efectivizarse en un plazo de treinta días, el cual podrá ser ampliado a petición fundada del Instructor Sumariante. Si de la evaluación de la prueba de cargo no surgiera responsabilidad imputable a agente alguno de la Administración Provincial o no existiese perjuicio fiscal, el Instructor Sumariante elevará las
conclusiones al Contador de la Provincia. Si en cambio, se encontrare acreditada la comisión de responsabilidad de
carácter patrimonial procederá a dictar el auto de imputación, con carácter de irrecurrible y el que contendrá las siguientes formalidades:
2. Indicación del número de expediente y del acto administrativo del Contador General impartiendo la orden sumarial.
3. Causa que motivó la sustanciación del sumario administrativo de responsabilidad.
4. Exposición de los hechos, relacionándolo con las pruebas agregadas a las actuaciones.
5. Participación que, en los hechos, tenga él o los imputados, mencionando al o a los mismos por su nombre, apellido o indicación del documento de identidad.
6. Importe de perjuicio fiscal a la fecha del hecho o en su defecto al de exteriorización, con indicación de la referida fecha de exteriorización.
7. El encuadramiento legal que corresponda a los hechos investigados.
8. Firma del Instructor Sumariante y sello correspondiente.
4. Los medios de prueba que podrán ser utilizados en el trámite sumarial, serán: indagatoria, testimonial, parcial, documental, informativa y de reconocimiento. El procedimiento dispuesto por la Ley n°10.430 –Estatuto para el personal de la Administración Pública Provincial- su Decreto Reglamentario o la Ley y Decreto Reglamentario que eventualmente los sustituyan, serán de aplicación supletoria para la sustanciación de los sumarios.
Descargos – Pruebas
5. El auto de imputación se notificará al imputado, para que
dentro del plazo de cinco (5) días, efectúe el descargo a que se considere con derecho y ofrezca la prueba de que intente valerse, la que se sustanciará con las formalidades establecidas para la prueba de cargos. Cuando existiere más de un imputado, los términos serán independientes para cada uno de ellos. El Instructor Sumariante no admitirá pruebas que no versen sobre hechos relativos al sumario o que sean manifiestamente improcedentes. El plazo para la producción de las pruebas será veinte (20) días, el que podrá ser ampliado a petición fundada. Dentro de ese plazo, el Instructor Sumariante queda facultado para disponer medidas de mejor proveer, que sean necesarias y convenientes al esclarecimiento de los hechos investigados. Si el imputado no presenta descargo u ofrece prueba en el plazo fijado, se le dará por decaído su derecho.
6. Una vez concluida la producción de la prueba de descargo y en su caso, las medidas de mejor proveer, el Instructor Sumariante conferirá vista de lo actuado al imputado, para que dentro del plazo improrrogable de cinco (5) días alegue sobre el mérito de la prueba. Esta vista no procederá cuando el imputado no haya ofrecido pruebas en su descargo. En uno u otro caso dará por concluido el sumario, remitiéndolo a la Dirección de Sumarios, sin emitir opinión.
Intervención de Letrados
7. El imputado tendrá facultades para presentarse en el sumario con patrocinio o mediante representante legal, los cuales ajustarán su cometido a las normas legales vigentes.
Plazos – Notificaciones
8. Los plazos estipulados y las notificaciones se regirán de conformidad a las previsiones contenidas en el Decreto-Ley
n°7647/70 –Normas de Procedimientos Administrativos.
9. La Dirección de Sumarios dependiente de la Contaduría General, fiscalizará la sustanciación del sumario, confiriéndosele las siguientes atribuciones:
a) Determinar la forma y condiciones que deben reunir las actas y certificaciones a cargo de los Instructores Sumariantes.
b) Autorizar la designación de Secretario de Instrucción.
c) Ampliar los distintos plazos que se fijan en el presente, mediante disposición fundada, con excepción del acordado para alegar. La ampliación de plazos no podrá exceder el máximo del previsto para cada situación en especial. Cuando razones valederas justifiquen un plazo mayor, la facultad de otorgarlo será de competencia del señor Contador de la Provincia.
d) Recepcionar las actuaciones, una vez que el Instructor Sumariante haya concluido su cometido, analizando lo actuado y con facultad de devolverlas para que se amplíe el auto de imputación haciéndolo extensible a otros agentes presuntamente responsables, ordenar medidas probatorias y adoptar todo otro recaudo que estime necesario, mediante disposición fundada.
e) Emitir el informe conclusivo del sumario, el que contendrá la identificación de los agentes responsables, el importe del perjuicio fiscal a la fecha del hecho o en su defecto, al de su exteriorización y las normas legales y/o reglamentarias transgredidas y elevar lo actuado a consideración del señor Contador de la Provincia.
Artículo 73°-Una vez terminado el sumario y dictada la disposición pertinente por el Contador de la Provincia, sobre la base de las conclusiones a que se haya arribado, se elevará lo actuado al Tribunal de Cuentas para su fallo definitivo, remitiéndose
simultáneamente copia de la disposición al inculpado.
Artículo 73°-(Decreto n°5612/84). El Contador de la Provincia dictará la Resolución pertinente dando por concluidas las actuaciones y previa notificación al inculpado, las remitirá al H. Tribunal de Cuentas para su fallo definitivo. El Tribunal de Cuentas podrá disponer medidas para mejor proveer, debiendo el Contador de la Provincia proceder a la reapertura del sumario. Concluida la nueva etapa instructoria, devolverá las actuaciones a dicho Organismo.
CAPITULO IX DISPOSICION GENERAL Artículo 74°-La presente ley será de aplicación subsidiaria de la Ley General de Obras Públicas y otros ordenamientos legales especiales.
Artículo 74°-(Sin reglamentación).
CAPITULO X DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo 75°-Hasta tanto se sancione la Ley General de Empresas del Estado, el Poder Ejecutivo podrá ampliar con la obligación de dar cuenta en el mismo acto a la Legislatura, los presupuestos de los organismos descentralizados cuando se justifique que la recaudación efectiva del año ha de resultar mayor que la calculada, en cuyo caso la ampliación podrá hacerse por hasta el importe de la diferencia.
Artículo 75°-(Sin reglamentación).
Artículo 76°-(Decreto-Ley n°7808/71). La presente ley entrará en vigencia cuando lo determine su reglamentación, lo que podrá exceder del plazo de 300 días a partir de su promulgación.
Artículo 76°-(Sin reglamentación).
Artículo 77°-Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Oficial y archívese.
Artículo 77°-(Sin reglamentación).
CAPITULO PRELIMINAR Alcances de la Ley ………………………………………………………
CAPITULO I Del Presupuesto General Título I Contenido ………………………………………………………………
Título II Estructura ………………………………………………………………
Título III Procedimiento …………………………………………………………
CAPITULO II De la Ejecución del Presupuesto Título I De las Autorizaciones a Gastar ………………………………………
Título II De los Recursos ………………………………………………………