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Timestamp: 2019-07-19 15:13:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 325', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 57', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 24', 'artículo 5']

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II. EL EJERCICIO PROCESAL DE ACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO
III. EL ARBITRAJE DE CONSUMO. CONCEPTO
IV. PREVISIONES LEGALES DE SUMISIÓN A ARBITRAJE DE CONSUMO
V. EL SISTEMA GENERAL ARBITRAL DE CONSUMO
3. Las Juntas arbitrales de consumo
La noción de consumidor ha alcanzado en los últimos tiempos una notable importancia en el ámbito del Derecho Civil, como figura en torno a la cual se ha desarrollado el llamado Derecho de Consumo a modo de ramo especializado derivado de aquél.
El consumidor se presenta así como un sujeto de derecho, cuya especial posición, que la Ley presume débil o de peor condición a la de la otra parte contratante, lleva a excepcionar las tradicionales reglas del Derecho Civil acerca de la libertad de contratación y la vinculación a lo pactado, en los casos en que éste intervenga, habiéndose desarrollado en torno al mismo una batería de disposiciones con cierta pretensión de cuerpo legal.
Como primera aproximación, podemos destacar la noción de consumidor que apunta el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: "son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, así como las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial."
No es nueva esta idea, sino que ya aparecía en el artículo 325 del Código de Comercio para distinguir la compraventa mercantil de la civil, estableciendo que será mercantil la compraventa de cosas para revenderlas, bien en la misma forma en que se compraron, bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la venta.
En la misma línea define el artículo 2 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, al establecer que se entenderá por consumidor a la persona física que, en las relaciones contractuales que en ella se regulan, actúa con un propósito ajeno a su actividad empresarial o profesional. En idénticos términos se conceptúa el consumidor en el artículo 5 de la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
El sistema legal español de protección del consumidor y usuario trae causa de las Directivas de la Comunidad europea que habían sido objeto de transposición al derecho interno.
Téngase en cuenta, a partir del 13 de junio de 2014, la Directiva 2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores. La nueva Directiva deroga la normativa europea vigente sobre la protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, estableciendo un nuevo marco legal en esta materia, al tiempo que modifica la normativa europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, pretendiendo un nuevo impulso a la protección de los consumidores y usuarios europeos. La Ley 3/2014 incorpora dicha normativa a la legislación española, señalando en su Disposición Transitoria única que resulta aplicable a los contratos con consumidores y usuarios precisamente a partir del 13 de junio de 2014.
Son numerosas las leyes en que se plasma dicha protección a los consumidores, entre otras, la Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias.
Ya la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora del procedimiento contencioso-administrativo, reconoce la legitimación colectiva, así como la Ley de la Jurisdicción Social 36/2011, que reconoce a los sindicatos para el ejercicio de determinadas acciones.
Finalmente, la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 da cabida al ejercicio de este tipo de acciones colectivas, estableciendo reglas generales en materia de capacidad, representación y legitimación, intervención de terceros, y ejecución de sentencias de condena sin determinación individual de los beneficiados, por parte de consumidores y usuarios.
Sin embargo, la tutela judicial se presenta como uno de los mecanismos de cauce de resolución de conflictos, existiendo alternativas a la misma, sin perjuicio de que siempre queda a salvo la vía jurisdiccional, como veremos.
Como medida alternativa a la resolución de conflictos se presenta en materia de consumo, el arbitraje, con la finalidad de obtener una protección más rápida y eficiente; aunque no siempre se cumple ese objetivo, si se considera que el laudo arbitral es revisable en vía jurisdiccional, sin que quepa su renuncia, de modo que el arbitraje se presenta así como un paso previo que puede incluso retrasar la resolución de un conflicto; y por otro, que la ineficiencia del sistema jurisdiccional tiene como principal causa la falta de medios materiales y humanos, siendo un poco absurdo que se destinen recursos para establecer otros órganos que vengan en definitiva, a cumplir la labor de los jurisdiccionales, sin que se remedien las carencias que afectan a éstos y perjudican no sólo a los consumidores, sino a todas las personas.
En cualquier caso, la vía arbitral ha sido impulsada en esta materia por la Comunidad Europea por medio de estudios y recomendaciones. En particular, la Recomendación 98/257 sobre los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los conflictos en materia de consumo, la Recomendación de 4 de abril de 2001, sobre la misma materia, y el Informe del Parlamento Europeo sobre las alternativas en la solución de conflictos en derecho civil y mercantil, de 21 de febrero de 2003.
El artículo 57 de la Ley de Consumidores y Usuarios de 2007 define el Sistema Arbitral de Consumo como "el sistema extrajudicial de resolución de resolución de conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios a través del cual, sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, se resuelven las reclamaciones de los consumidores y usuarios, siempre que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte o existan indicios racionales de delito".
Por su parte, el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero (modificado por Real Decreto 863/2009, de 14 de mayo), por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo considera a éste como el arbitraje institucional de resolución extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos surgidos entre los consumidores o usuarios y las empresas o profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor (artículo 1 RD 231/2008, de 15 de febrero).
De su ámbito de aplicación quedan excluidos los conflictos que versen sobre intoxicación, lesión, muerte o aquéllos en que existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos (artículo 2 RD 231/2008, de 15 de febrero).
La organización del Sistema Arbitral de Consumo queda integrada, conforme al Reglamento, por las Juntas Arbitrales de Consumo (que son: la Junta Arbitral Nacional y las Juntas Arbitrales territoriales); la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo; el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo y los órganos arbitrales (artículo 4 RD 231/2008, de 15 de febrero).
Las principales novedades que introduce el Real Decreto 863/2009 consisten en la regulación del arbitraje de consumo electrónico, esto es, el que se sustancia íntegramente por medios electrónicos, y del arbitraje de consumo colectivo, que es el que tiene por objeto resolver en un único procedimiento arbitral de consumo los conflictos que, con base en el mismo presupuesto fáctico, hayan podido lesionar los intereses colectivos de los consumidores y usuarios, afectando a un número determinado o determinable de éstos.
Su regulación se encuentra en los artículos 57 y 58 LGDCU.
El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, dispone que previa audiencia de los sectores interesados y de las asociaciones de consumidores y usuarios, el Gobierno establecerá un sistema arbitral que, sin formalidades especiales atienda y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes las quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios, siempre que no concurra intoxicación, lesión o muerte, ni existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y de la judicial de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución.
Los órganos de arbitraje estarán integrados por representantes de los sectores integrados, de las organizaciones de consumidores y usuarios y de las administraciones públicas dentro del ámbito de sus competencias.
No son vinculantes para los consumidores los convenios arbitrales suscritos con un empresario antes de surgir el conflicto. La suscripción de dicho convenio, tiene para el empresario la consideración de aceptación del arbitraje para la solución de las controversias derivadas de la relación jurídica a la que se refiera, siempre que el acuerdo de sometimiento reúna los requisitos exigidos por las normas aplicables.
Como vemos, el precepto legal habilita al Gobierno para el desarrollo reglamentario de un sistema de arbitraje de consumo, sobre la base de unos principios ya consagrados en la Ley de Arbitraje: la sumisión a arbitraje es siempre voluntaria; en otro caso, se quebraría el derecho constitucional y fundamental a la tutela judicial efectiva. Además, el convenio arbitral debe constar por escrito.
Son varias las previsiones legales de creación de sistemas arbitrales específicos en materia de consumo.
• Así, la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, crea la Comisión nacional de la competencia, entidad de derecho público que tiene encomendadas funciones en materia de defensa de la competencia. Entre dichas funciones, se cuenta la de arbitraje, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos de las Comunidades Autónomas en sus ámbitos respectivos, tanto de derecho como de equidad, que le sean sometidas por los operadores económicos en aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, así como aquéllas que le encomienden las leyes.
• También la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico prevé expresamente la sumisión a arbitraje al disponer que el prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán someter sus conflictos a los arbitrajes previstos en la legislación de arbitraje y de defensa de los consumidores y usuarios, y a los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos que se instauren por medio de códigos de conducta u otros instrumentos de autorregulación.
En los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos, podrá hacerse uso de medios electrónicos, en los términos que establezca su normativa específica.
No obstante, se ha de tomar en consideración que los "procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos" habrán de ser establecidos necesariamente por la Administración, so pena de nulidad que declaraba la Ley General, por lo que queda escaso margen a la autorregulación.
• En materia financiera, la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores dispone que el proveedor y el consumidor podrán someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante adhesión de aquéllos al Sistema Arbitral del Consumo, o a otros sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, que figuren en la lista que publica la Comisión Europea sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos con consumidores y que respete los principios establecidos por la normativa comunitaria, así como a los mecanismos previstos en la legislación sobre protección de los clientes de servicios financieros.
Los órganos arbitrales de consumo o los órganos previstos en la legislación sobre protección de los clientes de servicios financieros, que intervengan en la resolución de reclamaciones sobre servicios financieros prestados a distancia, habrán de cooperar en la resolución de los conflictos de carácter transfronterizo que se produzcan a nivel intracomunitario, a través de la "red transfronteriza de denuncia extrajudicial sobre servicios financieros" (FIN NET) o cualquier otro mecanismo habilitado al efecto.
En este caso, sí se prevé que los órganos arbitrales tengan una cobertura pública, a nivel de la Comunidad Europea.
Regulado en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, el arbitraje general de consumo tiene por objeto atender y resolver con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes las quejas o reclamaciones de los consumidores y usuarios, en relación a sus derechos legalmente reconocidos, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y de la judicial.
Quedan excluidas del conocimiento de los órganos arbitrales:
- Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución.
Aquellas en las que concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito.
La sumisión a arbitraje debe cumplir, en primer término, las previsiones generales de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, sobre el convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual.
El artículo 5 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, define las Juntas Arbitrales de Consumo como los órganos administrativos de gestión del arbitraje institucional de consumo y prestan servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría, tanto a las partes como a los árbitros.
Entre las funciones de las Juntas Arbitrales de Consumo pueden citarse:
f) Asegurar el recurso a la mediación previa al conocimiento del conflicto por los órganos arbitrales.
Las Juntas Arbitrales de Consumo están integradas por su presidente y el secretario, cargos que deberán recaer en personal al servicio de las Administraciones públicas, y por el personal de apoyo adscrito a dicho órgano. El presidente y el secretario de la Junta Arbitral de Consumo serán designados por la Administración de la que dependa la Junta, publicándose su nombramiento en el diario oficial que corresponda al ámbito territorial de la Junta Arbitral de Consumo.