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Timestamp: 2019-08-17 21:03:38
Document Index: 338259876

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 86', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 55, de 02/12/2004
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 55
Sesión plenaria núm. 51
celebrada el jueves, 2 de diciembre de 2004
-Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad. ("BOE" núm. 271, de 10 de noviembre de 2004.) (Corrección de errores en "BOE" núm. 280, de 20 de noviembre de 2004 y núm. 282, de 23 de noviembre de 2004.) (Número de expediente 130/000008.) ... (Página 2623)
Propuestas de Resolución relativas a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2003:
- Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, correspondiente al año 2003. (Número de expediente 245/000002.) ...
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 2623)
Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad ...
(Página 2623)
Presenta el Real Decreto-ley el señor ministro de Defensa (Bono Martínez), en nombre del Gobierno. Pide el voto afirmativo de la Cámara para la convalidación de este real decreto con el fin de poder hacer frente a las indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridadon Considera que es un acto de justicia porque es una medida para dar protección a españolas y españoles que participen en misiones internacionales relacionadas con la paz y con la seguridad y permite que, desde la subsecretaría, se tenga en cuenta también a aquellos ciudadanos extranjeros que sirvan en las Fuerzas Armadas españolas y tengan la circunstancia que en el propio decreto-ley se establece para poder percibir los beneficios que en él se recogen. Explica el contenido del decreto y termina afirmando que, de convalidarse el real decreto-ley, se estará pagando una deuda contraída no sólo en términos económicos, sino también de memoria, de reconocimiento y de honor.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Replica el señor ministro de Defensa.
En un segundo turno intervienen el señor Ayala Sánchez y el señor ministro de Defensa.
Antes de proceder a la votación, el señor presidente comunica a la Cámara que se repartirán las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que aparecen con los números 14 a 19, relativas a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2003, que fueron traspapeladas, y pide el consentimiento de la Cámara para poder tramitarlas, lo que se aprueba por asentimiento.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, se convalida por 317 votos a favor y una abstención.
Propuestas de resolución relativas a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2003 ... (Página 2639)
Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, correspondiente al año 2003 ... (Página 2639)
Defienden las propuestas de resolución y las enmiendas presentadas los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santaella Porras, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Hermosín Bono, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas intervienen el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y el señor Santaella Porras, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a las votaciones de las enmiendas y de las propuestas de resolución presentadas.
- REAL DECRETO-LEY 8/2004, DE 5 DE NOVIEMBRE, SOBRE INDEMNIZACIONES A LOS PARTICIPANTES EN OPERACIONES INTERNACIONALES DE PAZ Y SEGURIDAD. (Número de expediente 130/000008.)
Punto VI del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y de seguridad.
Para la exposición de las razones que han obligado a la promulgación del decreto-ley, tiene la palabra el representante del Gobierno, el señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señoras y señores diputados, comparezco esta mañana en nombre del Gobierno para solicitar su voto a fin de poder convalidar el real decreto-ley de indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y de seguridad.
Comenzaré diciendo a SS.SS. que este real decreto-ley no es fruto de liberalidad partidaria alguna, más bien es un acto de justicia que espero y deseo que cuente con la unanimidad de SS.SS. Este real decreto-ley es una medida para dar protección a españolas y españoles que participen en misiones internacionales relacionadas con la paz y con la seguridad, y es también un real decreto-ley que, aun cuando literalmente no lo recoge, permite que desde la Subsecretaría de Defensa se tenga también en cuenta a aquellos ciudadanos extranjeros -no españoles, por tanto- que sirvan en la Fuerzas Armadas españolas y se dé en ellos la circunstancia que en el propio decreto-ley se establece para poder percibir los beneficios que en él se recogen. Se trata de una disposición que viene a reconocer los sacrificios de quienes hacen de la defensa de la paz una profesión o incluso una causa de su propia vida. Son muchos quienes así actúan y lo seguirán haciendo, con decreto o sin él. En el caso concreto del personal militar, han sido casi 60.000 los efectivos que han participado en las 40 misiones en el exterior desde el año 1989, cuando abordamos la primera, concretamente en Angola.
Es obligado, y así está específicamente determinado, que el Gobierno exponga y justifique la urgencia de la medida. ¿Cuáles han sido, por tanto, las razones que han determinado esta urgencia? Han sido varias, pero deseo destacar que ha habido una que no ha existido, y concretamente me refiero a que no ha habido apremio o exigencia de los familiares de las víctimas del Yak-42, cuyo drama ciertamente es el que ha instado, en principio, a la elaboración de este real decreto-ley. Me he reunido como ministro de Defensa varias veces con las familias y con sus abogados y me han trasladado muchas emociones y demandas, pero quiero hacer justicia, señoras y señores diputados, en el Parlamento, asegurándoles que jamás, ni las familias ni los abogados, me han planteado cuestiones de indemnización o de dinero.
¿Cuáles son por tanto las razones de urgencia de este decreto-ley? En primer lugar, su necesidad. El Gobierno ha querido, que con la máxima urgencia, se dé una cobertura por daños que pueden sufrir los españoles participantes en operaciones de paz fuera de nuestras fronteras, y ese es el objetivo. Y, señoras y señores diputados, deben saber que esa necesidad no es caprichosa, en la medida en que las compañías de seguros no son proclives a asegurar la vida u otras contingencias de invalidez cuando nuestros soldados trabajan en situaciones de riesgo. Así son las cosas y así deben saberse.
En segundo lugar, la confianza que quienes trabajan en el exterior merecen que les garanticemos los gobernantes. Hoy, por ejemplo, señoras y señores diputados, tenemos 1.881 militares en el exterior. Hasta la fecha, como les digo, han sido más de 60.000. Son personas que, cuando sucede o sucedió un accidente o cuando se produjo la baja de un compañero, no volvieron a España a esperar que se redactara o se convalidara una norma como la que hoy nos ocupa que les pudiese amparar. Son, en muchos casos, no sólo militares; son también cooperantes que, con un interés desinteresado, suelen dejar una vida cómoda para comprometerse con los más desfavorecidos del planeta. Se trata de personas que aman la vida y quizá por eso son capaces de arriesgarla por los demás. Quienes participan en nuestras misiones de paz son personas que merecen trabajar con la confianza de que nadie les va a someter a riesgos mayores de los estrictamente necesarios. Y merecen también, ellos y sus familiares, no quedar desamparados en caso de fatalidad. En ese sentido, este real decreto-ley viene a cumplir la función del seguro que unas veces se pierde y otras veces resulta imposible contratar para nuestros soldados, cooperantes, diplomáticos o personas que trabajan en situación de riesgo extremo.
Esta norma pretende darles esa confianza a la que creemos que tienen derecho, dársela al menos a los que hoy están fuera y dársela cuanto antes. Esta es la tercera razón de la urgencia: la inmediatez, la conveniencia de reconocer cuanto antes estas indemnizaciones y pensiones.
Las más antiguas de las recogidas en el real decreto-ley que hoy traigo a su convalidación vienen del año 1987, pero no porque no se hubieran reconocido antes no existía una deuda que teníamos que saldar. Tardamos demasiado, señoras y señores diputados; la Administración tarda demasiado en hacer justicia a quienes lo necesitan y lo merecen. Sus señorías recuerdan,
sin duda, la fecha de la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Fue 1999, y cualquiera podría preguntarse qué dificultades hubo para sacar antes una ley que, finalmente, todos hemos aprobado por unanimidad. Esas son las razones de la urgencia.
En cuanto al contenido del real decreto-ley, deseo trasladarles que los destinatarios a quienes el mismo dirige sus beneficios son: militares españoles, policías y guardias civiles, funcionarios o personal no funcionario al servicio de las administraciones públicas, cooperantes y periodistas. En cuanto a las indemnizaciones previstas para el futuro, una vez que el real decreto-ley entre en vigor, son muy precisas. Sus señorías las tienen en su artículo 2, donde se recogen los sujetos, las personas que pueden generar derecho -militares, policías, guardias civiles y funcionarios-e igualmente, y con el mismo derecho, en la disposición adicional primera referida a cooperantes o miembros de ONG y periodistas. Esto respecto del futuro.
Respecto del pasado, hemos creído conveniente -y yo creo que esta conveniencia nace de la prudencia- que las indemnizaciones se fijen sobre la base de un listado de personas beneficiarias. Se ha establecido una indemnización por muerte de 140.000 euros a un listado de personas que incluye a 90 miembros de las Fuerzas Armadas, seis policías y guardias civiles, incluidos en ellos una gran invalidez, tres diplomáticos y siete periodistas. En el real decreto-ley se reconocen, además, cinco casos de pensión excepcional con arreglo al régimen de clases pasivas del Estado a lo que podríamos llamar, aun cuando el real decreto no lo dice, "viudas de hecho" de otros tantos militares fallecidos. Señorías, creo que es la primera vez que en España una norma con carácter de ley viene a reconocer pensión o derecho a personas que, no estando ligadas por el vínculo matrimonial -civil o canónico-, han quedado desamparadas por la muerte de su cónyuge de hecho. Me parece que la razón está justificada, si bien es cierto que el decreto no las denomina de este modo, porque entendemos que la regulación de las uniones de hecho que emergen con derecho ante el ámbito civil debería serlo por ley ordinaria y, muy probablemente, tipificada en el Código Civil. Pero sí les destaco que es la primera vez que así se recoge en un texto con valor de ley.
Es voluntad del Gobierno que todos los grupos parlamentarios, a quienes he consultado uno por uno personalmente, podamos ampliar los beneficios de este real decreto-ley, en lo que al pasado se refiere, a quienes no estando en los listados personales de este real decreto-ley reúnan las mismas circunstancias que las personas que sí se han relacionado. La misma generosidad que ha informado su elaboración informará también la resolución por parte del Gobierno, para evitar un agravio injusto en caso de olvido o postergación de personas que, no relacionadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del real decreto-ley, sin embargo, por justicia, tengan derecho a integrar esos listados. Venimos, pues, a pagar una deuda contraída no sólo en términos económicos, sino también de memoria, de reconocimiento y de honor. Un pueblo que no reconoce el esfuerzo de quienes, en su nombre, están dispuestos a arriesgar hasta su propia vida, una comunidad humana que ignora a quienes trabajan por ella no merece la generosidad de los que a diario la defienden. Este real decreto-ley quiere venir a hacer justicia a quienes así actuaron en el pasado y murieron y a quienes en el futuro tengan comportamientos similares.
Muchas gracias por el voto favorable que puedan dar y que les solicito para la convalidación de este real decreto-ley. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Defensa.
¿Algún grupo quiere ejercitar su derecho de turno en contra? (Pausa.)
Si no es así, pasamos a fijar posición.
En primer lugar, Grupo Mixto, señor Rodríguez.
El Bloque Nacionalista Galego va a dar su apoyo a este real decreto-ley y lo hace teniendo en cuenta que es muy importante hacer justicia, que es muy importante el reconocimiento del que ha hablado el señor ministro y también que es muy importante que quede abierta la posibilidad de ampliar a todas las personas que en el pasado hayan podido pasar por semejantes circunstancias y, por tanto, que no queden excluidas por un real decreto-ley cerrado.
Nuestro apoyo es incondicional a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los militares que padecieron o bien muerte o bien algún tipo de deficiencia física por las situaciones o por actuaciones donde la presencia del Estado español con sus ejércitos ha provocado este tipo de problemas. A los miembros de las fuerzas de seguridad, a los funcionarios en general y también a los diplomáticos, si son funcionarios del Estado y, por supuesto, a los periodistas, sobre los cuales hemos tenido en este Congreso de los Diputados debates muy importantes, en concreto en relación con los señores Couso o Anguita, y a las personas que puedan pertenecer a organizaciones o a ONG de carácter privado.
Para nosotros es muy importante este reconocimiento, esta acción de justicia. Hubiésemos deseado incluso que las indemnizaciones pudiesen ser más elevadas y, sobre todo, que en muchos casos pudiesen ser amparados con pensiones del Estado, en supuestos en que no son funcionarios de la Administración pública. Pero las reglas de juego son así y, por tanto, no vamos a discutir esa cuestión.
Sí nos gustaría acabar diciendo que este reconocimiento no nos debe llevar a olvidar el hecho de que la presencia internacional del Estado español siempre
sería mucho mejor que fuese notoria, no precisamente por actuaciones de carácter militar. Nos preguntamos desde el Bloque Nacionalista Galego si siempre se está colaborando a misiones de paz y de seguridad, si siempre se persigue el objetivo de la libertad, de la justicia y del progreso y si no sería bueno que, en todo caso, todas estas actuaciones solamente pudieran ser cubiertas, justificadas o legitimadas por una organización internacional como la ONU. Mientras tanto, sin duda alguna, tendremos que diferenciar entre los derechos de las personas, el dolor de sus familias, para lo que estamos dispuestos a dar nuestro apoyo incondicional, y lo que es la situación política del mundo, que deja mucho que desear.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.
Señoras y señores diputados, señor ministro de Defensa, mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley. Usted nos ha pedido un voto basándolo fundamentalmente en una cuestión de justicia y no de magnanimidad, digamos, mal entendida. En esa línea quiero desarrollar mi fijación de posición en la explicación de voto que, como he adelantado, será favorable.
Me había llamado la atención -lo digo aquí nada más que para las correcciones oportunas- que al publicarse en el Boletín Oficial del Estado figuraba bajo el epígrafe de Ministerio de Justicia.
Verdaderamente estamos haciendo una labor de justicia, pero después la corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado ha venido por vía de la jefatura del Estado y el documento que se nos repartió en su día de entrada en la Cámara y que remite el Gobierno viene con los sellos de la presidencia del Gobierno, como debía ser. Pero yo me congratulo, y lo celebro, porque considero que era el ministro de Defensa el más justificado para intervenir, entre cualquiera de los ministerios y ministros proponentes, como viene al final de la exposición de motivos del real decreto-ley que nos convoca hoy aquí.
En esta línea, señor ministro, quiero destacar que es acertado, en primer lugar, hacer esta cobertura, con lo que ocurrió con los seguros inseguros del accidente del Yakolev-42, que no puede volver a ocurrir. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestros funcionarios civiles, cualquiera que en nombre de España, de uniforme o de paisano, vaya a una misión internacional, tiene que llevar una cobertura, igual que una brigada paracaidista lleva su paracaídas para evitar un accidente que no sea debido a la propia peligrosidad de la misión. Esto verdaderamente honra a un gobierno democrático y debemos ir siempre por esta línea. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestros servidores públicos, ONG, cobertura diplomática, cobertura económica, cobertura de seguridad para ellos y para sus familias y aquí viene un principio de justicia y de solidaridad al respecto.
Considero muy acertado que en los beneficiarios, individuales fundamentalmente, se hayan hecho esas escalas: personal militar, fuerzas de orden público, policía nacional, Guardia Civil que va en misiones de policía de colaboración, cuerpo diplomático, funcionarios de las administraciones públicas que van como cooperadores de los distintos ministerios civiles al exterior e incluir también a las ONG que están prestando, en nombre de España, un gran papel, así como periodistas o cualquier ciudadano español que vaya en esas situaciones.
También quiero destacar que entre los beneficiarios se haya recogido a personas que, no teniendo el vínculo matrimonial ni por lo religioso ni por lo civil, son parejas de hecho. Con los vetustos reglamentos militares, como alguna disposición de las reales ordenanzas, se habría impedido a los familiares, a los derechohabientes, a sus compañeros o compañeras que al no tener ese vínculo no habrían tenido derecho a percibir las percepciones que aquí se contemplan. Por tanto, en el apartado a) del artículo 5 se habla de los beneficiarios y se vienen a recoger todas las situaciones de derecho o de hecho en la pareja, y es en virtud de esta disposición cuando los familiares, sus deudos tienen los derechos que se reconocen a todos.
Dicho esto y dado que mi grupo no entiende que este decreto pudiera tramitarse como proyecto de ley, con el fin de agilizar este asunto, sí quiero llevar a la sensibilidad del señor ministro unas ideas, unas reflexiones a este respecto. El personal militar (recojo aquí un compromiso que la pasada sesión de Pleno me hizo cuando le preguntaba para cuándo el desarrollo de la Ley 17/1999, disposición final séptima, de que el Gobierno remitirá a la Cámara tanto el proyecto de ley, a que se comprometió, de los criterios de la defensa nacional, como los derechos y obligaciones de los militares), señor ministro, está esperando también que en esos derechos y obligaciones de los militares podamos reconocer algo que esta disposición que discutimos hoy no viene a cubrir, que son las muertes en acto de servicio. Debemos regularlo para que la familia del militar -quede él con invalidez permanente o parcial o fallezca- tenga también una actualización, porque esta es una indemnización y por una sola vez. Le sugiero, señor ministro, que el ministerio estudie recoger entre los derechos y deberes de los militares profesionales el reconocimiento económico de los muertos en acto de servicio.
También debemos actualizar vetustas ordenanzas militares que incluso con el régimen anterior discriminaban a los militares mutilados, sirvieran en el ejército franquista o en el ejército republicano, que unos tenían derecho a llamarse caballeros mutilados de guerra por
la patria y otros no tenían este derecho hasta que la democracia los fue poniendo en su sitio. Pues bien, ahí caben, igual que en el personal civil, los muertos en acto de servicio, cuyos familiares tienen que tener acceso a unas pensiones. Le brindo esta sugerencia porque podíamos trabajar en esa línea de considerar a los muertos en acto de servicio y después los militares mutilados por la patria.
En el artículo 1.º de este real decreto-ley se habla de los ciudadanos españoles. Como en el ejército hay soldados profesionales que no tienen nacionalidad española, pero que se juegan también la piel y la vida en operaciones de los contingentes españoles en misiones de paz en el extranjero, y dado que en la legislación militar existe posibilidad de acceso de ciudadanos de países con los que España mantuvo o mantiene lazos culturales, históricos, etcétera, llamaría la atención de que en un accidente puedan morir soldados que no tienen la nacionalidad española pero que han jurado defender la bandera de España, que van con uniforme español, que llevan la bandera de España en su bocamanga o en su hombrera, y no tengan los derechos pertinentes, porque han ido en unidades de mando y de responsabilidad españolas.
Estas eran las sugerencias que le quería trasladar, porque podemos ir perfeccionando desde el Ministerio de Defensa esto, incluyendo también algo que se ha reconocido y que se viene a reconocer en este derecho que requiere actualización -sé que el señor ministro tiene la sensibilidad de modernizar y actualizar vetustas ideas que a veces, digamos, tienen un ámbito histórico que ya no se sostiene-, que son los empleos honoríficos.
A veces el militar tiene una satisfacción con algo que no le cuesta económicamente nada a la Administración, que es el ascenso, el empleo honorífico, sobre todo los que quedan lesionados gravemente en estos accidentes que pueden ocurrir. Esta es una línea que le brindo, señor ministro, con el mejor espíritu de colaboración y de entendimiento, para que cuando usted, en nombre del Gobierno, traiga aquí el proyecto de ley de reconocimiento de derechos y de obligaciones de los militares, desde empleos honoríficos, medallas, mutilados de guerra en servicio por España, tengamos esa cobertura que me consta que la democracia y el señor ministro -que en esto tiene que ser, digamos, más que ministro político con una sensibilidad democrática- quieren dar a todos los servidores de España, con uniforme o de paisano que van a estas misiones de paz.
Fijación de posición Izquierda Verde, señor Herrera.
Señor ministro, nuestro grupo cree que ya era hora, como usted bien ha dicho, que el Estado, que el Gobierno asumiese las responsabilidades en las misiones de paz, o algunas no de paz, pero en las que hemos participado en el extranjero.
Nuestro grupo valora positivamente la propuesta que afecta a militares españoles, a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a personal al servicio de las administraciones públicas, pero a nuestro grupo también se le plantean dos dudas, una de ellas aparecida hoy en un diario de tirada nacional, que lo que plantea es que precisamente se da la situación extraordinaria en la que militares extranjeros que participan en las Fuerzas Armadas no pueden ser objeto de indemnizaciones precisamente por el marco legal existente. Esto podría llevar a circunstancias un tanto anómalas, ya que estos militares, que hoy son más de mil, pero que en el futuro se prevé que puedan ser muchos más, podrían participar en estas operaciones de paz, o algunas no de paz, y precisamente no recibir indemnización alguna, cosa que sí que harían aquellos que están con ellos sobre el terreno. Por tanto, nuestro grupo le plantea al Gobierno el compromiso de solventar esto de forma más o menos inmediata. Sabemos, y así nos lo ha explicado el portavoz socialista en materia de defensa, que hay un problema legal para que esto se solvente, pero lo que nuestro grupo le plantea es que precisamente desde el Gobierno asuman el compromiso inmediato de cambiar el marco legal para que todas las personas que participen en misiones de paz en el extranjero tengan igualdad de condiciones, independientemente de si son o no españoles. De hecho, en el mismo artículo de este diario de tirada nacional hablan de un caso, el de Mirko Mikulcic, croata que contrató el Ejército español para tareas de traducción en misión en Bosnia-Herzegovina, que murió y su viuda no recibe indemnización alguna.
Nuestro grupo plantea que el real decreto obedece a razones de urgencia, pero le pide una explicación desde esta tribuna que satisfaga nuestras preocupaciones, unas preocupaciones compartidas por todo hijo de vecino, porque la verdad es que no puede ser que haya esta discriminación en función de la condición nacional de unos y de otros. Por ello nuestro grupo plantea la modificación legal oportuna y en el más breve tiempo posible.
Segundo elemento que también nos preocupa, las misiones en las que participan cooperantes en el extranjero, algunas misiones y algunas tareas que no están estrictamente avaladas por el Gobierno. Le pondré un ejemplo que deja claro que es misión de paz. En Colombia durante muchos años han sido cooperantes los que acompañaban a líderes sindicales, a algunos líderes políticos para garantizar su seguridad. Usted sabe que la situación en Colombia durante muchos años ha sido dramática -y continúa siéndolo de hecho- y hay personas que se dedican a acompañar a gente amenazada por el desarrollo exclusivamente de sus responsabilidades
políticas, sindicales, profesionales, etcétera. Pues bien, nuestro grupo cree que casos como este -pero podríamos poner muchos más ejemplos- requieren de una especial atención y cuidado por parte del Gobierno. Por eso nuestro grupo emplaza al ministro y al Gobierno a que amplíen el abanico, porque precisamente las misiones de paz se pueden desarrollar de muchas maneras, de muchos modos. Lo cierto es que hoy la sociedad civil, mediante la cooperación, mediante la participación en determinados procesos de paz -que no necesariamente tienen que ser liderados por el Gobierno-, realiza tareas de paz y el real decreto lo que no hace es precisamente eso, solventar todos y cada uno de los casos. Por eso, el segundo elemento que le plantea mi grupo parlamentario es que, a corto plazo, vea cuál es la solución que da el Gobierno para aquellos cooperantes que, participando en la reconstrucción de sociedades partidas por la mitad por una situación bélica o por otras circunstancias, se juegan la vida y a veces llegan a situaciones extraordinarias y dramáticas.
Y tercer elemento, la memoria económica. Usted sabe que este tema ha sido objeto de debate y discusión, sin ir más lejos el pasado lunes en esta casa. Nuestro grupo sabe que la memoria económica simplemente lo que hacía era justificar el porqué se había ido a determinadas misiones que para nosotros no eran -y creo que para ustedes tampoco- precisamente misiones de paz. Les pediría que, sabiendo que no es objeto estricto del real decreto, sabiendo que la memoria económica explica por qué se estaba allí, sean más delicados y estén más atentos a la redacción de la misma.
Lo digo porque a veces sus portavoces son muy estrictos cuando cometemos algún desliz en alguna proposición de ley, y creo que a la hora de explicar en la memoria económica por qué estábamos en un sitio u otro, también se tendría que ser, si me permite la expresión, algo más fino. A la hora de explicar, por ejemplo, los motivos por los que estábamos en Irak, sé cuáles fueron los argumentos del Gobierno anterior, pero nuestro grupo, al igual que su Gobierno, esos argumentos no los comparte. Sabemos que se discutió en Consejo de Ministros, pero el aval de Naciones Unidas, qué quiere que le diga, nuestro grupo entiende que brillaba por su ausencia.
Por todos estos motivos le planteo estos tres elementos: la mejora de la memoria económica, poder solventar la situación de los cooperantes y, sobre todo, que nos dé una solución para que en un tiempo relativamente breve aquellas personas que están contratadas por el Estado, sea por el ejército o por diferentes administraciones, y que están trabajando en misiones de paz, de reconstrucción postbélica, independientemente de su nacionalidad, tengan derecho a estas indemnizaciones.
A continuación, para fijar su posición, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, señorías, señor ministro, intervengo en nombre del Grupo Vasco para garantizar que también mi formación política dará el sí a la convalidación de este real decreto-ley. Nos parece que contiene la obligación de indemnizar por deber de justicia, sin asumir por ello el criterio de responsabilidad patrimonial alguna por parte del Estado. Se basa en la idea de solidaridad de la sociedad con quien ha padecido unos daños, con los perjudicados, con quien ha sufrido unos daños injustos.
El instrumento normativo utilizado es el real decreto-ley, que por obligación constitucional ha de venir a la Cámara acompañado de una memoria, que nunca ha sido tan famosa ni tan conocida como esta tras haber sido objeto de cita por parte del ex presidente Aznar en su comparecencia en la Comisión del 11-M. Se ha criticado también el contenido por quien me ha precedido en el uso de la palabra en nombre de Izquierda Verde, pero debo manifestar que esta diputada entendió su contenido como garantía del cumplimiento del deber de obediencia debida en quienes iban a ser objeto de indemnización y que la calificación que se daba a las operaciones concretas era la que en su día merecieron por parte del Gobierno que las autorizó u ordenó. Por tanto, creemos que en ningún caso se puede dar valor de verdad a lo que diga la memoria, sino que simplemente la calificación que en la memoria se contiene es la que en su momento tuvieron las operaciones concretas dadas por el Gobierno a quien correspondió autorizarlas. No puede una memoria hecha con posterioridad convertir en verdad lo que luego ha resultado que no se produjo de esa manera o en esas circunstancias.
He indicado que el decreto-ley se basa en la idea de solidaridad con quienes han padecido unos determinados daños y el propio señor ministro ha enlazado esta norma con otras que con anterioridad se han aprobado en esta Cámara y que tienen la misma base o la misma justificación, en concreto con la Ley 32/1999, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. En esta norma se consideraban indemnizables los daños padecidos por quienes hubieran sufrido daños efectuados por grupos o bandas que tuviesen por finalidad alterar el orden constitucional interno. Verán por qué hago estas manifestaciones al objeto de acreditar qué colectivos han quedado en descubierto después de las sucesivas modificaciones que ha tenido esta norma y de lo que se contempla ahora en el real decreto-ley.
Se pretendió por alguno de los proponentes de esta norma -en concreto yo misma cuando participé en nombre de mi grupo- que en la misma pudiesen tener cabida las indemnizaciones de las personas que hubiesen padecido daños en defensa de los derechos fundamentales, luego constitucionalizados, durante el periodo de la transición. En la práctica no fue así y, sin embargo, con posterioridad, sí se ha adoptado una decisión al respecto de esa índole por esta Cámara en esta legislatura, fruto de dos proposiciones de ley, una del
Grupo Mixto y otra presentada por mi propia formación política. El grupo mayoritario, el Grupo Socialista, nos ofrecía una transacción, que fue objeto de aprobación el 8 de junio de 2004, en la que el Gobierno se compromete a indemnizar a las personas contenidas en ese colectivo que hubiesen padecido daños en defensa de los derechos fundamentales durante la transición. Podría haberse utilizado ya un decreto-ley, como se ha hecho en este caso, porque también hay razones de urgencia, razones de justicia, razones de deuda que saldar, en expresión que ha utilizado el propio señor ministro, respecto de esos colectivos. De junio a aquí, señorías, me permito hacer el llamamiento al Gobierno a que considere también la necesidad o el deber de justicia para con estos colectivos.
Enlazo ahora, además, con lo que ya es contenido propio del decreto-ley.
Con posterioridad, la Ley 32/1999, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, fue objeto de una modificación en lo que, creíamos la mayoría de los grupos políticos firmantes, se refería única y exclusivamente a impedir que en el futuro pudiesen ser objeto de condecoración quienes se habían distinguido por la violación de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. En concreto, y hablando claro, evitar que pudiera haber más condecoraciones a melitones manzanas. En esta norma, y sin contar con la formación política a la que represento, por parte del Grupo Popular se introdujo una enmienda, que es la que me permite enlazar con el contenido del decreto-ley que hoy examinamos. Se dice, en concreto en su disposición adicional segunda, que también van a ser indemnizadas aquellas personas que hayan sufrido daños fuera del territorio nacional cometidos por persona o personas cuya actividad terrorista no se desarrolle principalmente en España. Se dice que se podrá conceder ayuda a los españoles víctimas de tales actos, en los términos que reglamentariamente se determinen. Se está protegiendo, por tanto, a personas que han padecido daños o que han sufrido la muerte, no como consecuencia de lo que se venía llamando en la jurisprudencia acciones terroristas, a las que me he referido en principio, porque estos grupos no pretenden subvertir el orden constitucional español, sino que pretenden otro tipo de terrorismo, el terrorismo internacional, y en concreto se pretendía proteger a los españoles que habían sido víctimas de los atentados de las Torres Gemelas, porque se dice que lo previsto en esta disposición será aplicable a los actos ocurridos a partir del 1 de septiembre de 2001. Nos encontramos entonces, señorías, con una paradoja: los españoles sin vínculo funcionarial, sin estar cumpliendo ninguna misión humanitaria ni de paz, que a partir del 1 de septiembre del año 2001 padeciesen una acción de este estilo, sí tienen indemnización. Sin embargo, parecería, a tenor del contenido del real decreto-ley que hoy examinamos, que a partir de la aprobación de la Constitución, que es la fecha que tiene como comienzo de su efectividad, es necesario el vínculo funcionarial o el estar desempeñando acciones de paz. En la propia relación de beneficiarios que se contiene en la norma se engloba al personal de la Embajada de Guatemala en la acción terrorista, en el asalto a esta embajada llevado a cabo en el año 1980 y se incluye únicamente a quienes tenían ese vínculo funcionarial, no a otra ciudadana española que padeció muerte en semejante acto. Simplemente la no tenencia de ese vínculo administrativo hace que no pueda tener derecho a la indemnización en este momento. La exposición de motivos del decreto-ley habla de que se pretende que no se pueda producir injusticia o agravio a favor de personas que por cualquier causa no estuvieren incluidas en la norma. Amparándonos en esta previsión de la exposición de motivos, pedimos al Gobierno que tenga en consideración circunstancias como las que he mencionado. No puede ser que por un mismo acto terrorista la tenencia o no de vínculo funcionarial le deje a uno dentro o fuera de la posibilidad de resarcimiento; no puede ser que la fecha del 1 de septiembre del año 2001 le haga a uno de mejor condición que los hechos acaecidos con anterioridad.
Estas circunstancias de justicia son las que pido -por supuesto vamos a votar a favor de la convalidación del decreto-ley- que se tengan en consideración para su aplicación. De la misma manera que no puedo concluir sin hacer el recordatorio de que desde junio de este año el Gobierno nos debe otra norma en la que se tenga en cuenta a las personas que padecieron daños en defensa de los derechos fundamentales durante la transición. Si quieren, por decreto-ley y si no, estaremos en condiciones de abordar, por el procedimiento legislativo más rápido posible, la tramitación de una norma de este estilo. Recuerdo al Gobierno, por tanto, la deuda para con esta Cámara y simplemente vuelvo a reiterar que el deber de solidaridad nos lleva a votar que sí a la convalidación pura y simple de este decreto-ley.
Señor Tardá, Grupo de Esquerra Republicana.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana se sorprendió al leer el real decreto que hoy debatimos porque no encontró incluidas en él a las víctimas del síndrome de los Balcanes. La Oficina del Defensor del Soldado denunció, cuando este tema salió a la luz pública, que habían muerto cinco soldados españoles y que otros once estaban afectados. El ministro de Defensa, Trillo, no obstante nunca lo reconoció, ya que, siguiendo las directrices del Gobierno estadounidense, consideró que no había pruebas fehacientes de relación causa-efecto entre estas muertes y el uranio empobrecido, al cual se achacó ser el causante del llamado síndrome de los Balcanes. El ministro Trillo afirmó entonces,
en su comparecencia en la Comisión de Defensa del 16 de enero de 2001, que esa casualidad se debió simplemente a una coincidencia estadística, ya que los estudios realizados por el Estado español en las tropas no habían detectado más casos en las pruebas realizadas. En aquella comparecencia los grupos de la oposición, y entre ellos el Grupo Socialista, pusieron en cuestión las pruebas y emplazaron al Gobierno a seguir investigando, dado el tiempo de latencia en los afectados, que puede provocar que la enfermedad se haga evidente años más tarde de la contaminación.
Por otro lado, el entonces ministro de Defensa argumentó que la OMS no había hallado base científica para establecer una relación causa-efecto entre el uranio empobrecido y las enfermedades detectadas en los soldados. Ello requiere dos matizaciones. La primera, que el hecho de que hasta el momento no se haya hallado esa relación no significa que no exista, ya que la casualidad, como demostraré más adelante, es demasiado grande para pensar en el azar. En segundo lugar, y relacionada con la primera, hay que señalar que la Organización Mundial de la Salud reconoció que podría suponer una amenaza, aunque limitada, para la salud y afirmó que no existían conclusiones definitivas y que se debía seguir investigando. En ese sentido, el asesor más destacado de la OMS en radiación hasta que se jubiló en el año 2003, el doctor Keith Baverstock, junto con dos especialistas más en la materia, realizó un estudio en el que denunciaba que el uso masivo de armas con uranio empobrecido podría plantear una amenaza única para la salud de la población civil, advirtiendo que tanto adultos como niños podrían contraer cáncer después de respirar polvo que contenga uranio empobrecido, que es radioactivo y químicamente tóxico. Sin embargo, el informe no vio nunca la luz pública, según este profesor, porque se sospecha que la Organización Mundial de la Salud recibía presiones por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica.
No obstante, vamos a ver las casualidades en las zonas de Kosovo y Bosnia, donde estuvieron las tropas españoles y donde se produjo el síndrome de los Balcanes. En Bosnia los casos de tumores y leucemia se han triplicado, repito triplicado, en los últimos años, según el Instituto Superior de Sanidad Bosnio. En Kosovo, en el triángulo negro que forman Belgrado-Pancevo-Novisat, las muertes por tumor o leucemia aumentaron de 2.000 casos anuales antes de la guerra a 10.000 después de ésta, en pocos años. Pero hay más casualidades en zonas de intervención norteamericanas con el mismo armamento en los últimos años. Por poner un ejemplo, el oncólogo Jawad Al Ali, iraquí, que estudió en el Reino Unido, constata en sus estudios y en su experiencia hospitalaria que de 1989 a 2001 se pasó de 11 anormalidades, por cada 100.000 nacimientos, a 116, un mil por ciento más y que mientras en 1989 murieron 34 personas de cáncer, en 2001 murieron 603. La guerra de 2003 todavía aumentó exponencialmente estas cifras. Está además documentado con fotografías ilustrando los tipos de deformidades y de tumores de nacimiento que observó en un hospital justo antes de la guerra de 2003. Este tipo de enfermedades y deformidades también coinciden en las tropas atacantes.
En una reunión para Afganistán del Tribunal Penal Internacional, llevada a cabo en Tokio, en diciembre de 2003, se afirmó que más de 240.000 veteranos de la guerra del Golfo están en inhabilidad médica permanente y más de 11.000 ya murieron, a los cuales por cierto se denunciaba que se les ha denegado asistencia médica, la realización de pruebas e indemnizaciones por las enfermedades relacionadas con la exposición al uranio empobrecido desde 1991. Asimismo, en un estudio del Gobierno de Estados Unidos, conocido por el Departamento de Asuntos de Veteranos, en el 67 por ciento de los bebés de veteranos posteriores a la guerra del Golfo se encontraron defectos de nacimiento o enfermedades serias.
Nacieron sin ojos, oídos, órganos y otras piezas o brazos o con dedos fundidos, daño en las tiroides u otras malformaciones de órganos. Si esta es la incidencia que el armamento ha causado en los militares estadounidense, imaginémonos cuál es la incidencia que ha causado en la población civil de las regiones bombardeadas.
Permítanme que haga un inciso aquí para expresar la base científica de este conjunto de malformaciones en los nacimientos, que se basan en dos aspectos fundamentales: Primero, cómo ataca la contaminación por uranio empobrecido al ADN y, segundo, cómo demuestran los estudios realizados a veteranos de la guerra del Golfo, porque los subproductos radioactivos no sólo se excretan a través de la orina, sino también a través del semen.
Interesantes casualidades, ¿no les parece? Y más cuando un informe de 1999 sobre la salud de los obreros de la industria transformadora de uranio, auditado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, reconoce que, siendo el uranio 238 y sus subproductos emisores radiactivos del tipo alfa y beta, que son cancerígenos, puede dañar las células de pulmones, huesos e hígado causando tumores en ellos.
Pero vamos a ver las coincidencias con los soldados españoles contabilizados por la Oficina del Defensor del Soldado. Dicha oficina contabilizó cinco militares españoles fallecidos y once afectados por el síndrome de los Balcanes. Los militares fallecidos serían un coronel aquejado de leucemia, un capitán que padecía un tumor cerebral y que estuvo en Bosnia en 1999, otro militar fallecido por leucemia, otro que murió aquejado de cáncer de estómago y finalmente otro que estuvo en Mostar en 1998 y falleció en junio de 1999, tras padecer cáncer de riñón.
Entre los afectados, el caso de un soldado de Sevilla aquejado de cáncer de colon y pelvis, uno de Ávila y otro de Zaragoza con un linfoma de Hodking, un cabo de artillería de Palencia con un linfoma de Burkitt, otro soldado de Madrid con un linfoma
y uno de Palma del Río, en Andalucía, con cáncer de testículos. Cuando la Oficina del Defensor del Soldado lo denuncia en 2001, contándose cinco muertes, quedaban todavía pendientes de diagnóstico muchos otros casos.
La Conferencia de Hamburgo afirmó que los síntomas de contaminación interna por uranio entre civiles de Irak y Afganistán son idénticos a los síntomas de los veteranos de Estados Unidos y de la coalición que padecen la enfermedad de la guerra del Golfo. Entendemos que son coincidentes con los casos españoles, creemos que las casualidades antes enumeradas son demasiado azar, tanto que, reiterando una expresión que se ha hecho famosa este año en el Congreso, blanco y en botella, leche. Y que conste que nosotros no culpamos al uranio empobrecido, aunque es el principal sospechoso -somos políticos y no científicos-, lo que decimos es que las casualidades son muchas y que, bien sea a causa del uranio empobrecido, el nitrógeno, el cadmio o el plutonio, como denunció el Gobierno alemán, y bien solos o combinados con otros elementos químicos o con unas facultades genéticas o biológicas determinadas, lo que nos parece innegable es que la contaminación producida por armamento utilizado en la guerra de los Balcanes, Irak o Afganistán, aunque hay otros casos como Palestina, es causa de enfermedades graves, malformaciones en recién nacidos y muertes. Así, nosotros reivindicamos el estudio de las denuncias y de los posibles casos ocurridos después de un período de latencia de la contaminación y la posterior incorporación de las víctimas a las indemnizaciones de este real decreto, y ya anunciamos la presentación próxima de iniciativas que profundicen en todo aquello que nuestro grupo parlamentario, Esquerra Republicana, ya ha denunciado y específicamente respecto al uranio empobrecido. Fíjense que la preocupación por estos militares españoles la realiza el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que cuestiona al Ejército español, primero por ejército y después porque la Constitución le da poderes para invadir Cataluña en caso de que la mayoría de nuestro pueblo decidiera independizarse. Quiero aprovechar para instarles a modificar en la próxima reforma constitucional el artículo 8 de la Constitución para no utilizar el ejército contra un pueblo que libre y democráticamente decide su destino.
(Termina su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: "I novament els recordem el dret que se'ns nega a expresar-nos en llengua catalana en aquesta cámara. Reclamem el reconeixement d'aquest dret per als diputats d'Esquerra Republicana i per als diputats catalanoparlants que així ho desitgin a emprar la nostra llengua.")
Tiene la palabra, por el Grupo de CiU, el señor Campuzano, para fijar la posición.
Señorías, señor ministro, anuncio el voto favorable de Convergència i Unió a la convalidación de este real decreto, tal como han anunciado el resto de los portavoces que han hablado hasta ahora. Estamos ante un real decreto que establece un sistema de indemnizaciones cuando se produzca la muerte o daños físicos o psíquicos de ciudadanos españoles con motivo de la participación en operaciones de mantenimiento de la paz, asistencia humanitaria o en otras de carácter internacional, indemnizaciones de carácter extraordinario y con carácter retroactivo. Algunas de las personas que se benefician de este régimen de indemnizaciones extraordinarias fallecieron en la década de los ochenta. Es un real decreto que en concreto en su artículo 2, donde se define el ámbito personal, establece que se van a poder beneficiar de estas medidas militares, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal al servicio de las administraciones públicas, y en su disposición adicional primera incorpora también en este mismo régimen a españoles integrados en programas impulsados por organizaciones no gubernamentales y también a periodistas. En la disposición adicional tercera se establecen los nombres concretos de las primeras personas que se van a beneficiar de este régimen.
Nos parece una medida razonable. El propio señor ministro lo ha expresado en términos de justicia, tanto de justicia material como de justicia moral. No vamos a poder devolver la vida a estos ciudadanos, seguramente no vamos a poder consolar a sus familiares, pero vamos a hacer un gesto de justicia material y moral que mi grupo debe aplaudir. Eso se produce en un triple contexto: un incremento considerable en estos últimos años de la presencia de ciudadanos españoles en operaciones de estas características y, como consecuencia de esa mayor presencia en el exterior, un número mayor de fallecimientos y de heridos en este tipo de operaciones, y además, señorías, la alarma social causada por la pésima gestión del anterior Ejecutivo del escándalo del Yakolev, con la falta de sensibilidad que se mostró frente aquella situación y frente a los propios familiares. Por tanto, en este sentido, mi grupo no tiene ninguna duda a la hora de apoyar esta iniciativa del Gobierno, pero sí queremos trasladarle algunas preocupaciones.
En primer lugar -y el portavoz de Izquierda Verde, señor Herrera, así se lo manifestaba-, en el propio real decreto se establece que van a ser beneficiarios de estas medidas ciudadanos españoles; y ahí se nos suscita la duda, que algún medio de comunicación también reflejaba esta mañana, de qué va a suceder con el
número cada vez más importante de ciudadanos extranjeros que se están incorporando a las Fuerzas Armadas, participando en operaciones militares legitimadas por el sistema de Naciones Unidas, de OTAN o incluso la reciente participación española en la guerra de Irak. Es evidente que desde la perspectiva de la justicia material y la justicia moral a la que responde este real decreto, esas personas deberían quedar de alguna manera también cubiertas bajo ese régimen. En este sentido, quiero trasladarle nuestra preocupación en relación con esta cuestión.
En segundo lugar, el real decreto ni en su artículo segundo ni en su disposición adicional primera hace referencia a las personas que en calidad de misioneros participan en operaciones internacionales no puntuales, sino con la presencia prolongada en el tiempo y que pueden vivir, y de hecho han vivido, situaciones tan dramáticas como las que han podido vivir militares, policías, periodistas, miembros de ONG o funcionarios de las administraciones. En ese sentido, nuestro grupo entiende que el Gobierno o bien hace una interpretación amplia del punto a) de la disposición adicional primera, donde se establece ese régimen que incluye a cooperantes, o quizás deberá introducir una nueva normativa, una referencia explícita a los misioneros. Y luego daré algunas cifras indicativas de la dimensión de lo que estamos hablando.
Además, en la disposición que establece ese primer listado de personas concretas que van a recibir estas indemnizaciones figuran miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, periodistas y diplomáticos, no figura ningún misionero ni ningún cooperante. Mi grupo quiere trasladarle a la Cámara esta preocupación que le manifestamos, que nos llegó a través del Forum internacional por la verdad y la justicia del África de los Grandes Lagos. Entre 1994 y el 2002 fueron considerables los ciudadanos catalanes y españoles muertos, asesinados en este contexto. El señor Joaquim Vallmajo i Sala, misionero en África; los señores Servando Mayor García, Julio Rodríguez Jorge, Miguel Ángel Isla Lucio y Fernando de la Fuente de la Fuente, maristas asesinados en los Grandes Lagos; los cooperantes de Médicos del Mundo María Flors Sirera Fortuny, Manuel Madrazo Osuna y Luis Valtueña, asesinados en los Grandes Lagos en enero de 1999; Isidro Uzcudun Pouso, sacerdote y misionero vasco, también asesinado en esa misma zona el junio de 2000, y José Ramón Amunarriz, misionero durante 30 años en Ruanda y muerto en accidente de carretera en extrañísimas circunstancias.
Especialmente dramático es el caso de los cuatro maristas que un día antes de ser asesinados a través de una emisora de radio manifestaban su compromiso con la gente que huía en esa zona y que en las siguientes semanas fue masacrada.
Señor ministro, mi grupo le expresa su preocupación por estos misioneros y cooperantes que operan en los Grandes Lagos y también en otros lugares del mundo. Cuando en las últimas semanas mi grupo ha planteado su preocupación en relación con esta cuestión a los representantes de esa sociedad civil en el ámbito de la cooperación, la gente nos ha dado nombres de personas asesinadas en Bolivia o en El Salvador. En este sentido, mi grupo ha planteado una iniciativa concreta dirigida al Gobierno del Estado que incluye el listado de cooperantes y misioneros muertos desde 1967 para que disponga de esa información. En las próximas horas vamos a registrar una proposición no de ley instando al Gobierno a que, en un plazo razonable, pueda efectuar un estudio informativo sobre esta realidad que permita incorporar a estas personas en ese régimen. Esa justicia material y moral en la que se fundamenta esta propuesta del Gobierno debe abarcar también a misioneros y cooperantes en un contexto, señor ministro -y eso no le compete a usted sino a su colega el señor Moratinos-, en el que desde la aprobación de la Ley de cooperación al desarrollo de 1998 tenemos pendiente el desarrollo del estatuto del cooperante y en el que aún hoy cooperantes y misioneros que participan en operaciones internacionales, con una presencia continuada en el exterior y viviendo situaciones realmente difíciles que les llevan incluso a la muerte, no tienen un sistema de protección suficiente. Aprovecho por tanto, señor ministro -insistiendo en que no es su responsabilidad-, para instar al Gobierno y muy especialmente al Grupo Socialista a dar pronta respuesta a la necesidad de articular ese estatuto del cooperante.
Finalmente, mi grupo no va a entrar en el debate sobre la memoria de este real decreto. La sociedad española ha resuelto clarísimamente esta cuestión. Nadie puede tener dudas sobre el carácter ilegítimo de aquella guerra, ni nadie puede tener dudas políticas sobre la posición del Gobierno en relación con esta cuestión. El Gobierno ha tomado las decisiones políticas pertinentes fundamentadas precisamente en la ilegitimidad de esa guerra. Montar bronca política en relación con este real decreto está en los límites de la inmoralidad. Hay que aplaudir al Gobierno por este real decreto y en aquello que nos preocupa y que es mejorable trasladarle la necesidad de que articule las medidas necesarias para dar esas respuestas. Es ese el estilo de política que estoy seguro de que el conjunto de los ciudadanos nos reclaman a todos -a los grupos de la oposición, al Gobierno y al grupo que sustenta al Gobierno- y es de la única manera que podemos construir políticas que los ciudadanos entiendan y compartan puesto que son las que esperan. Mi grupo siempre ha entendido que bajo la bronca no se puede construir nada y que, por tanto, tan sólo desde la aportación positiva podemos dar respuesta a las expectativas que los ciudadanos tienen en relación con nuestras actividades en este Parlamento. Estoy seguro de que hoy vamos a poder compartir con el señor ministro este análisis.
Grupo Parlamentario Popular, señor Ayala.
Señor ministro, desde antes, pero fundamentalmente desde 1989, España ha participado en operaciones de ayuda humanitaria, sostenimiento de la paz y seguridad internacionales y contra el terrorismo internacional. España hasta hace unos meses ha ido alcanzando mayor prestigio internacional, mayor relevancia en los foros de decisión supranacionales, manteniendo con rigor y seriedad posturas vinculadas al respeto al orden y a la estabilidad internacionales. Por ello y para ello ha sido fundamental la preparación y entrega de nuestras tropas y de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han participado con sacrificio y profesionalidad, siendo ejemplo para el resto de las naciones. Bien es verdad que en esas labores el riesgo es importante y evidente, y se pueden producir y se producen hechos luctuosos inevitables que afectan al corazón mismo de nuestras familias con la pérdida o lesión de alguno de sus miembros. Vaya por tanto mi reconocimiento, el del grupo parlamentario y el de todo el Partido Popular, a todas esas personas que han dado su vida o que se han lesionado gravemente por España y por mantener el prestigio y el reconocimiento de nuestra nación en cumplimiento de las decisiones políticas de los distintos gobiernos que han acordado -repito- desde 1989 la realización de misiones internacionales.
Creo, señores diputados, señor ministro, que a pesar de algunas manifestaciones que se han hecho aquí hay debates que no debemos reabrir.
Desde luego, esa no es nuestra intención y al parecer tampoco la del señor ministro, de lo cual nos alegramos. Por eso, el reconocimiento expreso en la página 20 de la memoria económica del Real Decreto-ley de que la operación Libertad iraquí, de abril de 2003, estaba amparada en la Resolución 1441 de 2002 y las 1483 y 1511 de 2003 para enviar dos tipos de unidades con la misión de ayuda humanitaria y restablecimiento de la seguridad es de agradecer. Es evidente que si no fuera así, si no estuviera establecido y reconocido, esta operación hubiera sido incluida en la página 21 cuando se refiere a operaciones no amparadas por resoluciones de la ONU y en la que existen algunas de gobiernos anteriores. Es de agradecer porque trae al ámbito del Congreso de los Diputados, al ámbito político por excelencia, al debate parlamentario, lo que hasta ahora estaba siendo sistemáticamente negado. No obstante, de otra forma también oficial ya se había hecho antes en su ministerio. En la Revista Española de Defensa, suplemento de junio de 2004, bajo la dirección de su equipo, ya habían querido creer lo que hasta ese momento no querían creer y que es evidente: En Um Qasr, 9 de abril de 2003, el apoyo humanitario con hospital de campaña, tratamiento a 5.238 pacientes, 1.100 intervenciones, entrega de 14 toneladas de alimentos, leche, azúcar, etcétera, la construcción y acondicionamiento de tres escuelas y una fábrica, la red de saneamiento, una planta potabilizadora, la reconstrucción de la vía férrea; y en Diwaniya el abastecimiento a ciudades, la puesta en marcha de hospitales, fábricas y escuelas, la construcción de medio millar de viviendas, formación de ayuntamientos y juzgados, la mejora de la seguridad ciudadana, la rehabilitación de 30 escuelas y 20 centros sanitarios, la reparación de un hospital materno-infantil y la entrega de cuatro ambulancias y una clínica móvil de asistencia sanitaria a zonas rurales. Por tanto ya quedaba claro.
Además, en la misma revista se matizan las palabras que el presidente del Gobierno dijo con rotundidad en este Congreso, el día 27 de abril, sobre el debate de Irak: No debimos de ir a Irak y por ello debíamos haber vuelto cuanto antes. Pues sí, señor Bono, su revista apostilla a su presidente: No debimos ir a Irak a hacer hospitales, escuelas, viviendas, dar asistencia quirúrgica, ambulancias, repartir alimentos y agua y garantizar la seguridad, y por eso debíamos volver cuanto antes de hacer hospitales, escuelas, viviendas, dar asistencia quirúrgica, ambulancias, repartir alimentos y agua y garantizar la seguridad. Ese gasto militar que usted dijo en esta Cámara, el día 2 de junio, que mejor habría servido para hacer 10 hospitales, dar 60.000 becas o construir 60 residencias de ancianos, ha servido para hacer hospitales, escuelas, viviendas, dar asistencia quirúrgica, ambulancias, repartir alimentos y agua y garantizar la seguridad. Por tanto, nuestro agradecimiento a este expreso reconocimiento de una situación que nunca debería haberse llevado a debate en los términos en que se llevó.
El real decreto-ley, cuya convalidación analizamos hoy, complementa actuaciones anteriores de los gobiernos de distinto signo que desde 1989 vienen ordenando estas misiones y reforzando la atención que el Estado debe tener con sus ciudadanos puestos en peligro por defender nuestro prestigio internacional. Faltaríamos a la verdad si no reconociéramos que todos los gobiernos sin excepción han mostrado y demostrado su preocupación por las víctimas y sus familiares, y concretamente el Partido Popular que tomó decisiones que han mejorado sustancialmente la cobertura de los españoles en estas misiones. Ahora se complementa de forma adecuada aunque, a nuestro entender, con algún fallo que otros compañeros han señalado y que debería subsanarse posteriormente. No se trata de hacer una norma que provoque una confianza falsa, sino que se ha de hacer una norma con vocación de perdurabilidad, una norma con rigor jurídico que analice y dé cobertura a todos los riesgos en presencia.
Respecto a las indemnizaciones con carácter retroactivo y a las pensiones excepcionales nada vamos a decir, sino a mostrar nuestro apoyo votando afirmativamente el real decreto en conciencia y en atención, por
una vez, a la petición de comprensión que el ministro hace a la sociedad española, eso sí, con los riesgos que el propio ministro conoce. Sólo queríamos solicitar la inclusión del capitán del Ejército del Aire, don Francisco Javier Pérez Navarro, fallecido en accidente aéreo en Bariloche, Argentina, apagando un incendio en misión humanitaria, y también la del teniente desaparecido en una misión en el Estrecho. Más allá de esta excepcionalidad, existe alguna deficiencia en el régimen general que se va a aplicar a partir de ahora. En el ámbito personal, se ha dicho que se va a incorporar a los extranjeros. Evidentemente, hay que incorporar a aquellos que forman parte de nuestro ejército profesional que no hayan querido o no hayan podido adquirir la nacionalidad española.
Parece razonable, máxime cuando se va a incrementar el porcentaje hasta el 7 por ciento para estos militares extranjeros. La disposición adicional primera no da cobertura a extranjeros que se integren en un programa o acción desarrollada por organizaciones no gubernamentales que sean autorizados expresamente por Defensa, tampoco a los periodistas extranjeros amparados por una acreditación individual y específica del Ministerio de Defensa, y creemos que se debían incorporar. Tampoco están incluidos en el apartado a) del artículo 2 los miembros de las tripulaciones de compañías aéreas que presten el servicio de traslado, es decir, las tripulaciones de los aviones de compañías aéreas nacionales que trasladan a nuestros soldados, por lo que no se podrían beneficiar de estas indemnizaciones. En el artículo 2 c) tampoco está el personal propio de las empresas con las que el Ministerio de Defensa haya formalizado contratos de prestación de servicios determinados, como puede ser el de catering, y que tengan que desplazarse al exterior. De la misma manera, creemos que la definición de beneficiario en la persona que hubiera convivido con ella de forma continuada con relación análoga de afectividad es un concepto jurídico demasiado indeterminado y que incluso va más allá de las proposiciones de ley que se están tramitando en el Congreso, por lo que debía ser adaptado y mejorado.
Dicho esto, señor ministro, no podemos dejar pasar por alto algo a lo que usted no ha hecho referencia pero que se ha convertido en práctica oficial antes de sus comparecencias, y es que la prensa afín a su partido siempre publica algo negativo como saluda antes de sus intervenciones o de las de otros ministros. Se hacía ayer con la crítica al señor Álvarez-Cascos y hoy se hace con la crítica al anterior ministro de Defensa. Hay que recordar aquí -usted lo sabe y no se ha dicho- que los soldados españoles tienen un seguro de más de 69.100 euros, que hay reaseguros contratados que se pagan en todo caso y también indemnizaciones por daños cuantificables que se han de sumar a las anteriores. Hay declaraciones apostilladas del señor ministro en estas noticias y con toda tranquilidad debo señalar que parece que a veces se dicen unas cosas y luego se hacen otras. Me gustaría que nos señalara cuál es el seguro de sus correlativos de la OTAN en sus reuniones, aunque usted no asista, y también si quiere decir -o lo digo yo- cuál es el seguro del presidente del Gobierno o de los vicepresidentes cuando viajan al extranjero. El señor Trillo parece que estaba asegurado contra todo lo que no practica. Sin embargo, usted -y yo me alegro de que no le pase nada- está asegurado hasta el 31 de diciembre, por ejemplo, hasta cuando va de cacería con Bush padre. (Un señor diputado: ¡Demagogo!) El señor Trillo estaba asegurado contra todo menos contra las prácticas de su sucesor utilizando los documentos que ordenada y lealmente le dejó en tres estanterías de su despacho. (Rumores.) No obstante, señor ministro, vamos a votar favorablemente la convalidación del real decreto-ley porque distinguimos unas cosas de las otras y en la confianza de que se mejorarán las coberturas previstas en los casos que hemos apuntado.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posición, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cuadrado.
Señorías, estamos acostumbrados últimamente a que los debates sean, en primer lugar, sobre una cuestión en concreto que se trae al Pleno, en este caso el real decreto de indemnizaciones, y en segundo lugar un debate extra sobre las obsesiones del Partido Popular. (Rumores.) Vamos a debatir fundamentalmente sobre lo que el señor ministro de Defensa ha calificado como saldar una deuda, porque esa es la cuestión importante.
El pasado 21 de octubre, en un pleno del Congreso de los Diputados, decía el señor ministro de Defensa lo siguiente: Antes de fin de mes propondré al Consejo de Ministros la aprobación de un decreto-ley que establecerá indemnizaciones a las que podrán acogerse militares, periodistas, diplomáticos, policías, guardias civiles, así como cooperantes miembros de ONG que desarrollen su labor en el marco de las operaciones de paz y cumplan determinados requisitos. La cuantía económica -decía el señor ministro- guardará similitud con la existente para las víctimas del terrorismo y los derechos que se reconocerán en este decreto-ley tendrán carácter retroactivo. Pues bien, señorías, compromiso adquirido, compromiso cumplido. Esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hace el Gobierno socialista en este importante trámite parlamentario.
Señorías, la sociedad española ha adquirido un importante compromiso con las misiones de mantenimiento de la paz, con las de ayuda humanitaria, con aquellas operaciones que tienen que ver con la seguridad en el mundo y con el restablecimiento de situaciones que no son deseables para ninguna sociedad. Y ese
importante compromiso de la sociedad española se traduce en misiones en el exterior que afectan a militares españoles, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de nuestro país, a cooperantes, a organizaciones no gubernamentales, a muchos españoles, a muchos componentes de nuestra sociedad en ese tipo de compromisos o de misiones, hasta el punto de que en las encuestas se reitera permanentemente que la sociedad española tiene una actitud mucho más favorable a este tipo de misiones que el conjunto de las sociedades en el mundo; incluso hay una distancia importante en relación con este tema. A esto es a lo que responde este real decreto que no existía. No existía una norma jurídica para indemnizar a este tipo de víctimas, para indemnizar en este tipo de situaciones que son de gran interés para la sociedad española pero que muchas veces tienen un coste importantísimo en vidas humanas, dramático, como es el caso.
Jurídicamente este real decreto es absolutamente riguroso y no se ha planteado ninguna reserva con respecto a las normas que establece, pero en el propio real decreto hay la posibilidad de incorporar algún tipo de situación que no esté específicamente prevista, porque aquí se ha leído, pero conviene tenerlo en cuenta -es cierto, señor Campuzano-, que el listado se incluye en la disposición adicional tercera, pero para no producir injusticia o agravio en favor de aquellas personas que por cualquier causa no se hubieran incluido y en las que concurrieran las mismas circunstancias puede contemplarse. Bienvenida sea cualquier iniciativa en ese sentido porque en una materia como esta conviene que no haya ningún olvido, que no haya ninguna situación que no sea contemplada y, efectivamente, una de ellas es la de aquellos no nacionales que participan como militares con las Fuerzas Armadas españolas en misiones de paz en el exterior o en misiones que se aprueban por el Estado español para participar en cualquier país en el exterior. No es que haya un olvido en el real decreto, es que se trata de un asunto que desde el punto de vista jurídico debe resolverse de otra forma, y efectivamente habrá que resolverlo de otra forma, pero es verdad -y mi grupo participa de esa opinión- que un no nacional que acompaña a una misión española con otros militares españoles también debe tener derecho a una indemnización cuando se produce un accidente desgraciado. Por tanto, no es este real decreto el que puede solucionar ese problema, pero sí existe la voluntad expresa del Grupo Socialista de que se contemple la indemnización en las mismas circunstancias.
Este es el real decreto. El Grupo Socialista se alegra de que se produzca el pago de esta deuda, de que se produzca la recuperación de una situación que era necesario que se contemplara por el Estado español, por la sociedad española, pero luego ha habido aquí una intervención en la que con el epígrafe de no conviene reabrir el debate se reabren todos los debates. Señorías, un real decreto puede dar respuesta a una situación de indemnización de ciudadanos que al servicio de la sociedad española en una misión en el exterior y tienen la desgracia de morir o de tener un accidente grave, y para eso se hace este real decreto. Pero, señorías, este real decreto nunca podrá curar los problemas de ansiedad, a veces incluso de obsesión enfermiza del Partido Popular con la guerra de Irak.
Señorías, tendrán que curarla de otra manera porque no hay real decreto, no hay comisión de investigación que cure la ansiedad que tiene el Partido Popular, el problema que tiene el Partido Popular con esta cuestión. Vayan no a una comisión ni a un pleno del Congreso de los Diputados, sino a la calle, y allí podrán comprobar que ustedes son los únicos que mantienen esta obsesión. Ustedes se podrán preguntar y no encontrar respuesta a esta pregunta: ¿Por qué la sociedad española cuando se le pregunta si hay que ir a la guerra de Irak dice que no mayoritariamente, masivamente dice que no? ¿Por qué cuando a la sociedad española se le pregunta si la guerra de Irak soluciona algún problema en relación con el terrorismo internacional dice todo lo contrario, dice que ha agravado en más de un 80 por ciento los problemas de terrorismo en Irak y en el mundo en general? Ustedes son los únicos que no entienden por qué la sociedad española dice eso reiteradamente, una y otra vez. ¿Y por qué cuando les preguntan si hay que ir a una misión de paz masivamente la sociedad española dice que sí, por ejemplo, a Afganistán? Ustedes tienen un problema de interpretación, tienen un problema de adaptación a lo que piensa la sociedad española. Adáptense pronto y no mareen tanto con este problema, porque es un problema que tienen ustedes, no nosotros ni ninguno de los grupos que ha planteado esta cuestión. Esa obsesión del Grupo Popular les lleva a hacer un planteamiento realmente extravagante. El señor Campuzano decía -y tiene razón- que rozaba el límite de lo moral, que podía llegar incluso a considerarse inmoral.
¿Cómo considerarían SS.SS. lo siguiente? Estamos discutiendo si una viuda tiene derecho o no a una indemnización por un militar español que murió en una misión militar en el exterior; eso es lo que discutimos, señorías.
Y aprovechando que discutimos eso el Grupo Popular, que dice que no quiere reabrir ningún debate, nos dice que el Partido Socialista, el Gobierno socialista ha rectificado su posición sobre Irak porque ciertos beneficiarios tienen derecho a cobrar una indemnización ya que el Gobierno español legítimo acordó en Consejo de Ministros que militares españoles fueran a Irak, y lo acordó en unas determinadas condiciones que competen al Gobierno que lo aprobó en su momento. Y aprovechando que se establece este texto concreto en la memoria económica dicen: Aquí está, os hemos pillado, habéis cambiado sobre la guerra de Irak y por tanto teníamos razón nosotros. Para ustedes, su obsesión. Para nosotros, este real decreto recupera una situación injusta que a partir de ahora no se va a mantener, pero el real decreto no cura su enfermedad, señorías.
El señor PRESIDENTE: El Gobierno tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señoras y señores diputados, muchas gracias señor Cuadrado por el apoyo manifestado al contenido del real decreto ley y también por los argumentos que ha tenido a bien utilizar.
Gracias al señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, por el apoyo que ha manifestado y también por el contenido de su intervención, con la que estoy básicamente de acuerdo, y aprovecho para reconocer -y no como mera cortesía- que por suerte son muchos los españoles, y no sólo uniformados, los que tienen una presencia en el exterior a la que les conduce una vocación de generosidad, cualquiera que sea el impulso que a ello les lleva, y el real decreto-ley también quiere ser un reconocimiento moral al honor que merecen esos españoles que con interés desinteresado y no siempre, aunque mayoritariamente sí, vestidos de uniforme representan o son los mejores embajadores de nuestro país.
Hablaba S.S. sobre las dudas acerca de la legalidad en las misiones que oficialmente representan a España en el exterior. Esas dudas, señor diputado, puede tenerlas y despejarlas en el ámbito de su juicio personal, pero respecto a lo que ocurre en este momento, a esos 1.881 soldados de España que hoy están fuera cumpliendo una misión, debo decirle, porque es cierto, que están cumpliendo misión no sólo de Naciones Unidas sino a solicitud de Naciones Unidas. Por tanto, se ha producido aquí un cambio tan significativo que las misiones que con posterioridad a la toma de posesión del Gobierno del presidente Zapatero han sido ordenadas hacia el exterior, han contando y cuentan no sólo con la instrucción del Gobierno sino incluso con la aprobación del Congreso de los Diputados.
Gracias también, señor Mardones, por sus palabras, y no quriendo sino rendir un tributo de justicia a compañeros ministros del gabinete, deseo decirle que este es un Real Decreto-ley que ha firmado la señora vicepresidenta por la razón de que hemos sido nueve los ministros proponentes. De ahí que haya podido haber en algún momento, para S.S., alguna pequeña disfunción acerca de en qué apartado del Boletín Oficial se publicaba una corrección de errores o el propio texto del real decreto. Pero lo que es necesidad se convierte en virtud por el hecho de que sean nueve ministros los proponentes del real decreto-ley.
Lleva también razón S.S. cuando dice que, si las ordenanzas militares fuesen el único elemento que rigiera a la hora de ordenar el sistema indemnizatorio, hoy no podríamos haber dado una pensión a las cinco personas, en este caso mujeres, que tenían una relación de convivencia, de afectividad y de permanencia en esa relación análoga a la del matrimonio, y que no se dio con anterioridad alegando, no sé si las ordenanzas; pero sí le digo, señor Mardones, y le agradezco también que por su insistencia, al menos en el caso de alguna viuda de hecho, hayamos podido saltar por encima de unas ordenanzas que no están hechas para que nos sometamos a ellas siempre, sino para que incluso las modifiquemos si es menester, ya que las ordenanzas están para servir a los militares y no los militares para servir a las ordenanzas. Por eso, por primera vez en la historia de nuestro país, en una norma con carácter de ley, se reconoce pensión a personas que son parejas de hecho; además le digo que cualquier otro argumento que pudiera esgrimirse, incluso el de las ordenanzas, nos ha parecido de inferior rango que el del sentido común y el de la estricta justicia conmutativa.
También habla S.S. de algo que cuando se traiga al Congreso no habrá dificultad en reconocerlo como la ley Mardones, la ley de derechos y obligaciones de los militares. Le he dicho, señoría, y lo reitero por el interés que en este asunto ha puesto, que no es voluntad del Gobierno reconocer el derecho de sindicación en las Fuerzas Armadas, coincidiendo con S.S., pero que una vez aprobada la ley de la Defensa Nacional, cuyos criterios básicos han de informar los derechos y deberes de los militares, pienso proponer al Consejo de Ministros un proyecto de ley para que sea remitido a la Cámara sobre este particular. En él se establece que la relevancia económica que pudiera tener la muerte en acto de servicio se regule y reconozca de manera tasada y reglada; igualmente para los mutilados.
Respecto de los soldados de nacionalidad extranjera que prestan servicio en las Fuerzas Armadas de España, asunto por el que S.S. se ha preocupado al igual que otros señores diputados como el señor Herrera de Izquierda Verde, el señor Tardá de Esquerra Republicana, el señor Campuzano de Convergència i Unió, quisiera decirles lo siguiente. El Gobierno es perfectamente consciente de que los beneficios reconocidos en este real decreto-ley que hoy puede ser convalidado, afectante a miembros de las Fuerzas Armadas de España en misiones de paz o de interposición en el exterior, económicamente no deberían dejar de predicarse para soldados extranjeros que sirven en igualdad de condiciones en esas mismas misiones. Por esa causa, puedo decirles que el señor subsecretario del Ministerio tiene prevista la corres- pondiente instrucción para que, con cargo al fondo de acción social del Ministerio, se cubra esa contingencia en el caso de soldados extranjeros que sirven, sin embargo, en las Fuerzas Armadas de España, y que no se produzca la más mínima discriminación.
Si no se ha introducido en el real decreto-ley no ha sido, como alguien insinuó -no hoy sino anteriormente- en medios de comunicación, por olvido o postergación, sino sencillamente porque nos ha parecido que del artículo 86 de la Constitución, habilitante para dictar decretos-leyes, se habla de extraordinaria y urgente necesidad de disposiciones legislativas que no podrían
afectar a instituciones básicas del Estado y a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos. Nos ha parecido que, consiguiendo el mismo fin del modo en que les planteo, no entrábamos a regular derechos de extranjeros en un real decreto-ley que alguien podría tachar, quizá con una interpretación muy escrupulosa, de no acorde con la voluntad constitucional. Pero este es un asunto felizmente resuelto por la voluntad del ministerio en orden comunicada -no publicada- de 19 de noviembre de 2004. Aquí no se produce el agravio en cuanto a las viudas de hecho -entre comillas-, tampoco se produce el agravio que se alegó en la prensa para no reconocer el derecho de los soldados de nacionalidad extranjera en nuestras Fuerzas Armadas.
Muchas gracias también al señor Herrera, de Izquierda Verde, por el apoyo manifestado. Respecto del compromiso que solicitaba en términos de urgencia, creo que lo expresado en respuesta al señor Mardones puede ser suficiente en cuanto a la pretensión por la que me requería. Hablaba también de cooperantes que no estarían avalados por este real decreto-ley. Quiero decirle, señor Herrera, que el real decreto-ley, como bien sabe S.S., establece una clara división entre el pasado y el futuro a partir de la publicación del mismo. Respecto del pasado, hemos hecho un listado del que el propio real decreto-ley dice en su preámbulo que podrá ser ampliado para no producir situaciones de injusto agravio. Nuestra disposición es la de ampliar ese listado en circunstancias del pasado en todos aquellos casos que se nos puedan presentar, pero de cara al futuro el propio real decreto-ley establece que todos aquellos periodistas que aspiren a estar dentro del ámbito de su aplicación tienen que estar acreditados por el Ministerio de Defensa, si acompañan a las tropas, o por el Ministerio del Interior. Parece razonable que esto sea así y este tema también se consultó con la Asociación de la Prensa.
Respecto a la memoria económica, a la que hacía referencia S.S., y a la que también se ha referido el señor Ayala, quisiera decirles que este real decreto-ley es también el cumplimiento de un compromiso electoral del Gobierno que menciono, pero que no subrayo. El Gobierno actual concibe la participación de España en misiones exteriores exclusivamente en términos de absoluta legalidad internacional. Además, aun antes de que exista una ley que lo exija, por decisión del señor presidente del Gobierno, no saldrán soldados españoles del territorio español sin que participe en la decisión de despliegue el Parlamento de España; así es como se concibe. Esta consideración vale para las misiones en curso y para las venideras, pero es irrelevante para quienes, antes de ahora, perdieron su vida en nombre de España, fuera cual fuese el acierto o la polémica con que el Gobierno envió esas tropas. La memoria económica que acompañamos al texto, reprodujo fundamentalmente los argumentos esgrimidos de manera oficial por el Gobierno que decidió el despliegue de las tropas. El actual Gobierno, cuya posición al respecto está meridianamente clara, trasladó a esta Cámara formalmente dicha calificación, con independencia de su parecer al respecto; tan formalmente la trajimos en la memoria como realmente nos trajimos a nuestras tropas de Irak. Puede que a alguien no le parezca razonable.
¿Habría sido mejor que el Gobierno actual, al tramitar el real decreto-ley, hubiese anotado su propio juicio sobre la operación de Irak, por ejemplo, en la que nuestros soldados participaron con independencia del modo como se justificase esa presencia? Reconozco que puede discutirse, pero en tal caso no estaríamos discutiendo lo que es esencial. Lo esencial es que, en esta misma semana, concretamente el día 29, se cumplió el primer aniversario de la desaparición de varios agentes de nuestra Inteligencia en una emboscada en Irak. Yo me pregunto, señoras y señores diputados, ¿qué diferencia hay entre un soldado o un agente del CNI que, siguiendo las órdenes de su Gobierno, comparece disciplinadamente en un conflicto, aunque la decisión tenga a más del 90 por ciento de la ciudadanía en contra, y aquel otro que acude en loor de multitudes? Creo que absolutamente ninguna diferencia. A los efectos del real decreto-ley lo importante es que cumplieron órdenes de gobiernos, en este caso distintos, que mantienen criterios distintos sobre la presencia de España en el exterior. En definitiva, ni una memoria, ni una revista, ni una intervención convierten en legal lo que fue ilegal, ni convierten en moral lo que el Papa dijo que era inmoral. (Aplausos.) En cualquier caso, el ministro de Defensa se propone remitir escrito sobre lo que verbalmente manifiesto para que así se una, si procede, a esa memoria y quede bien clara la posición no ya sólo del Gobierno socialista actual sino probablemente, y creo no equivocarme, de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles de ahora y de antes; incluso, señor Ayala, yo creo que, descontando a los dirigentes, de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles que dieron su voto al Partido Popular.
En relación con la señora Uría, quiero decir que agradezco también el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. En cuanto a la memoria, me remito a lo dicho hasta este momento. Este real decreto-ley no aspira a ser omnicomprensivo en todos los aspectos que S.S. señala y que, aun cuando le valga de poco, mi opinión personal es coincidente con las consideraciones que hacía S.S. e incluso las que particularmente ha hecho llegar al ministerio.
El real decreto-ley solamente establece las indemnizaciones de futuro para misiones en el exterior a las que el Gobierno aplique justamente los efectos que se nombran en los artículos 1 y 2 del mismo. Sin embargo, señoría, de cara a reconocer circunstancias del pasado, no me parecería disparatada la posibilidad, que se apunta en el preámbulo o exposición de motivos, de ampliar el listado en circunstancias iguales a las que padecieron los que allí se relacionan, pudiésemos incluir el caso de aquellos ciudadanos o ciudadanas que
creyésemos que en justicia les corresponde la indemnización, con independencia de que no hayan sido en este punto incluidos en esos listados. Le manifiesto, por tanto, lo que a mi alcance está: la mejor disposición para que la justicia, incluso en términos de epieikeia, podamos incluirla en un decreto posterior, para esas personas algunas de las cuales mencionaba S.S.
Respecto de algún tema puntual que señalaba sobre personal diplomático o asimilado, debe comprender también, señora diputada, que no corresponde al Ministerio de Defensa establecer el juicio, sino más bien al de Exteriores, pero sé que no existirá diferencia de criterio a este respecto.
He escuchado al señor Tardá con interés y con preocupación, compartiendo la suya, respecto de los daños que pueda causar el uranio cuando se introduce en el armamento. Sabe S.S., incluso creo que así lo ha manifestado, que no era objeto de este real decreto-ley el tratamiento específico del contenido que ha dado a su intervención respecto del armamento con uranio. Creo que deberíamos estudiar también si se ha producido alguna de esas circunstancias, que no corresponde al Gobierno juzgar, sino a otras instancias, probablemente judiciales, pero que no tendríamos dificultad porque no se cualifica la indemnización por razón del origen del daño. El origen del daño puede ser cualquiera, pero si la consecuencia del siniestro queda acreditada no tendríamos dificultad -particularmente no la tendría- en asumir los nombres de las personas que hayan sufrido el siniestro, cualquiera que sea el origen del mismo, siempre que se den las circunstancias que en el real decreto se establecen.
Por último respecto del señor Tardá, hablaba S.S. del deseo y del gusto con el que modificaría el artículo 8 de la Constitución española. Por cortesía y con sinceridad, le respondo que antes de modificar el artículo 8 el ministro de Defensa que le contesta, y como opinión meramente personal, modificaría otros artículos de la Constitución, concretamente los que ha anunciado el señor presidente del Gobierno. Aunque no quiero abrir ningún debate al respecto, no debo, como ministro de Defensa, dejar pasar una consideración que espero reciba con la misma amabilidad con que yo he recibido la suya. Al ministro de Defensa no le incomoda y no le molesta que nuestra Carta Magna diga: "Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional." Me gusta, señor diputado, este artículo 8 de la Constitución y no estoy dispuesto a promover su modificación.
Respecto de la intervención del señor Campuzano, quisiera darle las gracias por el apoyo producido y contestar a las preocupaciones que me manifestaba. En primer lugar, sobre los extranjeros que sirven en las Fuerzas Armadas españolas, espero que la explicación dada con motivo de mi contestación al señor Mardones resulte suficiente. En segundo lugar, S.S. se ha preocupado, y se lo agradezco, por los cooperantes, que ha calificado de misioneros, y que no han sido postergados ni olvidados en el real decreto-ley si bien es cierto que no se mencionan. Puedo decirle, y decirle con verdad, que he tenido el honor de entrar en contacto con el presidente de la Conferencia Episcopal Española y con el secretario general de la misma, el padre Martínez Camino, para que nos facilitasen información acerca de misioneros españoles a los que les pudiese ser de aplicación el presente real decreto-ley. No se han incluido, señor diputado, porque estamos esperando que se pueda hacer un listado omnicomprensivo por parte de la Iglesia católica o de otras confesiones; pero la voluntad está expresada, ha sido expresada, se la expreso a S.S., y creo que resultaría tremendamente injusto, en un decreto-ley de esta naturaleza, no incluir a quienes no dudo en calificar como españoles y españolas con un nivel de generosidad, de interés desinteresado, tanto en percepciones económicas como en tantas otras cuestiones, que no digo que superen a los demás, pero que ellos, desde luego, en generosidad no son superados por ningún otro colectivo, y estarán en esos listados por la habilitación que el texto del preámbulo concede al Gobierno, y así quedó de manifiesto.
Yo le quisiera dar las gracias singularmente por el tono utilizado e incluso por haber puesto en valor la posibilidad conciliadora en el Congreso de los Diputados, cuyo presidente recientemente manifestaba que presidía la casa más animada de Madrid. Esto, que ciertamente es positivo, a veces no lo es tanto, cuando podría dar la impresión, como puede algunos días -hoy, por suerte, no- de que quizá también es el único local de Madrid donde, en ocasiones, no se puede hablar aunque sea el Parlamento. Por eso yo le agradezco los esfuerzos que ha hecho y la puesta en valor de la posibilidad de que en el Parlamento parlamentemos, a ser posible, con sosiego y sin faltarnos al respeto.
En cuanto a la intervención del señor Ayala, del Grupo Popular, doy por reproducido, en contestación al mismo, lo dicho a los demás señores diputados respecto de la memoria económica. Por lo que se refiere a nuestra posición sobre la guerra de Irak no hemos cambiado de criterio.
Es público y notorio. La memoria económica es un argumento, desde mi punto de vista, escaso para intentar acreditar un cambio de criterio cuando el cambio de criterio no se ha producido; pero no reabro debate.
Ahí dejo nuestra posición, que no se ha modificado, respecto de lo que consideramos ilícito e ilegal, el envío de tropas españolas a Irak. Habla S.S. de que en mi revista... Probablemente ha cometido un exceso propio de la tribuna, cuando se expresa uno con la cortesía con que S.S. lo ha hecho. Porque la Revista de la Defensa no es la revista del ministro.
Esto es evidente. Se publiquen editoriales firmados o por acróstico, la Revista de la Defensa no es la revista del ministro.
Así lo he podido decir y así lo reitero. Respecto de los dos oficiales que S.S. ha mencionado, uno formalmente desaparecido cuyo cadáver no ha sido encontrado todavía, en el supuesto lamentablemente previsible de que así se haya producido, y el capitán que murió en Argentina y que ayer se mencionaba con peor intención de la de S.S., quiero simplemente invocarle que están recogidos en la normativa indemnizatoria del ministerio, pero en el presente real decreto-ley sabe que tienen que participar en misiones de paz o de interposición y que, además, el Gobierno haya hecho a estos efectos una declaración específica. Como puede imaginar, les menciono solo para recordar su memoria y para poner en valor su honor en el modo de servir a España y en el modo de morir sirviéndola. En cuanto a las tripulaciones de los aviones, señor diputado, no podemos entrar en cuanto a las tripulaciones de aviones extranjeros. Sobre las tripulaciones de aviones españoles, tenemos que buscar una fórmula no de real decreto-ley, me da la impresión, porque se está intentando reconocer por colectivos a aquellos servidores del Estado que con carácter permanente participan en misiones de esta naturaleza. No es el caso, pero sí es el caso que nos preocupemos individualizadamente y le agradezco, por tanto, su aportación, que si no le parece mal podremos estudiar con más profundidad en un decreto que no tenga la categoría o el rango de ley.
Por último, quiero señalarle que decir prensa afín, como ha dicho usted, a mi partido o a mi Gobierno, no es quizá una apreciación justa. En cualquier caso, no deseo entrar en polémica con su señoría. Sí quiero decirle que, respecto de la noticia del seguro publicada hoy en el diario El País, me han preguntado a la entrada. He dicho lo que le voy a repetir ahora a usted y al Congreso de los Diputados: que tratándose de un asunto referido personalmente a mi antecesor no deseaba hacer juicio negativo alguno. Y para su propia información, le diré que no soy cazador y que he asistido a una reunión con el padre del actual presidente de los Estados Unidos porque me invitaron, pero que yo no soy cazador ni cacé con él y, si le interesa, tampoco puse los pies encima de la mesa.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Ayala Sánchez pide la palabra.)
El señor AYALA SÁNCHEZ: Creo que el ministro ha reabierto el debate con las cuestiones que ha manifestado y, por tanto, solicito un turno de intervención muy breve. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, si el ministro hubiera entrado en un procedimiento contradictorio usted sabe que este presidente no tendría inconveniente en reconocerlo. Creo sinceramente que no es el caso, pero de cualquier modo haga una intervención muy breve.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente, muy brevemente y en el sentido que le he indicado anteriormente. Mi grupo no tiene ninguna obsesión con lo que es claro y evidente, y la mejor demostración de que nuestros ejércitos no fueron a la guerra fue precisamente lo que hicieron y aquí ha quedado acreditado, de la misma manera que todas las actuaciones de nuestras tropas han tenido fiel reflejo en la memoria económica por razón de estricta legalidad manifestada; manifestación que se recoge también con el respaldo del Consejo de Ministros a la hora de que aquellas otras operaciones que se realizaron, concretamente en 1989 y en 1990 en la operación del Golfo Pérsico, al no tener el respaldo de las Naciones Unidas, así han sido reflejadas y no les genera ninguna diferencia en cuanto a las coberturas que el decreto prevé. La gente ha creído que hemos ido a la guerra cuando se les ha convencido de que hemos ido a la guerra, pero no hemos ido a la guerra, porque está expresamente reconocido de modo oficial y por parte del Ministerio de Defensa.
El señor ministro desearía concretar, y ya cerraríamos el debate, pero brevemente, por proteger el uso de palabra, porque he llamado a votar y están llegando los señores diputados. Lo digo porque, si no, habrá mucha molestia en breves minutos. Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, y con la máxima cortesía al diputado señor Ayala para decirle que por más que nos esforcemos los ministros, los diputados, los periódicos o las emisoras de radio, se dice en derecho que los hechos públicos y notorios no precisan prueba; y que el Gobierno anterior envió tropas a Irak en contra de la opinión de los españoles y de las Naciones Unidas es algo que no merece prueba; quizá lo único que merecería sería pedir perdón a los españoles que no representaron. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Damos por concluido el debate.
Señorías, permítanme, mientras se incorporan las señoras y señores diputados a sus escaños, solicitar a los distintos grupos parlamentarios una demanda que es necesaria y del siguiente tenor. En relación con las propuestas de resolución presentadas por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida, por causas de distribución no figuraban las que aparecen con los números 14 a 19. Por ello no fueron objeto en su momento de reparto a los distintos grupos parlamentarios. Se ha repartido esta mañana a los distintos grupos parlamentarios la hoja que contiene dichas propuestas de resolución
y esta Presidencia ha ofrecido en su caso un plazo adicional de enmiendas circunscrito solamente a las propuestas en cuestión. Los servicios han efectuado la oportuna consulta y como parece deducirse por parte de los grupos parlamentarios que no existen objeciones para que se puedan tramitar estas enmiendas, se trata en este momento de comprobarlo. ¿Es así? (Asentimiento.) En consecuencia, se podrán tramitar las enmiendas de Izquierda Verde y se abre este plazo para que el resto de los grupos parlamentarios que evidentemente no las conocían porque simplemente se traspapelaron, eso ocurre a veces en los parlamentos, puedan ejercer su derecho de enmiendas. Muchas gracias.
Señorías, vamos a proceder a la votación relativa a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 317; abstenciones, una.
¿Desea algún grupo parlamentario que se tramite el real decreto-ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Denegaciones.) Muchas gracias.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN RELATIVAS A LA MEMORIA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003.
- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003. (Número de expediente 245/000002.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto VII del orden del día, propuestas de resolución relativas a la memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2003. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Para la defensa de las propuestas de resolución, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Rodríguez. (Rumores.)
Por favor, el señor Rodríguez va a intervenir. Les ruego que guarden silencio. (Pausa.)
El Bloque Nacionalista Galego presentó cuatro propuestas de resolución que tienen una importancia fundamental para la consolidación de un Estado de derecho especialmente en materia lingüística y de derechos civiles.
Empezaré por comentar una de nuestras resoluciones que, aunque seguramente se pretextará diciendo que no tiene mucho que ver con la memoria del Consejo General del Poder Judicial, sí tiene que ver con la actitud y la posición de los jueces que están al frente de los registros civiles. Sin duda, hay una Dirección General de los Registros y del Notariado, pero no cabe duda de que la formación, la actitud y la consideración hacia el pluralismo lingüístico de los jueces es muy determinante incluso a la hora de interpretar normas o resoluciones de carácter interno que se emiten desde esa Dirección General de los Registros y del Notariado. Para el Bloque Nacionalista Galego la Ley 40/1999, que se refiere al Registro Civil en cuanto a poder adaptar los apellidos a su forma originaria, es especialmente preocupante porque está afectando a los derechos de bastantes personas, al menos en Galicia.
No cabe duda de que una de las cuestiones que más trabajo cuesta a las autoridades del Estado español es reconocer que a lo largo de siglos -básicamente desde el siglo XV hasta hoy, aunque también desde un poco antes- ha habido un proceso de transformación y en muchos casos de deturpación clara de las formas antroponímicas originarias que, lógicamente, estaban en conexión con la lengua y la cultura de cada país.
Pues bien, nosotros hicimos un esfuerzo en 1996, durante la primera legislatura y con el Gobierno del Partido Popular y afortunadamente se reformó esta ley para que en el Registro Civil fuera fácil adaptar estos apellidos que estaban deturpados, transformados, a sus formas originarias. Desgraciadamente como pasa muchas veces con las leyes que se hacen correctamente, después viene la Administración y busca una serie de subterfugios para impedir su aplicación en el espíritu y en la letra, con corrección, lo que está provocando que muchas personas que se amparan en la modificación legal de 1999 y van al Registro Civil nada menos que para cambiar apellidos que tienen su forma originaria muy clara -por ejemplo, Puente tiene su forma originaria en Ponte, en el caso gallego, o bien Janeiro, que es un auténtico barbarismo, la tiene en Xaneiro, o bien Villameá, que la tiene en Vilameá, o bien Otero, que la tiene en Outeiro- se puedan encontrar ante el caso de que en algún Registro Civil de alguna provincia se lo impidan aduciendo un pretexto bárbaro, prepotente y, desgraciadamente tengo que decirlo, ignorante: son apellidos en las formas españolizadas y son apellidos del acervo nacional. Realmente es increíble que unos jueces puedan interpretar esto -vuelvo a repetir- con tanta prepotencia, con tanta violación de la ley, pero, sobre todo, con tanta ignorancia, y tengo que decirlo así de contundente.
No es difícil entender que Villameá no es español, para ser español tendría que ser Villamediana, en todo caso es una españolización de Vilameá. No es difícil entender que el origen del apellido españolizado Otero está en el Outeiro gallego -por cierto, la Ley Otero era gallega y tenía su apellido españolizado y transformado- e igualmente hay pruebas contundentes respecto del caso de Xaneiro al que ponerle una jota fue una españolización fonológica. Por lo tanto, es terrible tener que andar discutiendo aún en el año 2004 estas cuestiones que son de derechos elementales, y, por eso, lo quiero dejar aquí muy claro.
Igual que la segunda, que depende también de los funcionarios o jueces que están al frente del Registro Civil. Se trata de la imposibilidad que existe muchas veces de ciudadanos que se quieren casar por lo civil y se encuentran con que no hay manera de que haya un juez o un funcionario que los case en la lengua que ellos eligen y si no tienen que esperar 15 días, 20 días, y así sucesivamente. Evidentemente, algo tendrá que decir el Poder Judicial sobre esto, y no solamente su formación ni traducirlo únicamente en términos de burocracia de la Administración, que, en todo caso, espero que cambie.
Las otras dos hacen referencia específicamente a dos problemas directamente vinculados a la formación de los jueces y a la actitud de la Administración de Justicia. Me refiero en concreto al hecho de que el Consejo General del Poder Judicial debe de colaborar con las administraciones competentes en materia de justicia para que, por lo menos, por el hecho de usar la lengua oficial propia de una comunidad no se dilaten ni se dificulten los procesos presentados ante los órganos jurisdiccionales, de tal manera que si algo tiene que surtir efecto fuera del territorio con lengua propia, las traducciones o las resoluciones oportunas o los trámites administrativos se realicen en igualdad de condiciones que si uno lo presenta en español.
Otro hecho fundamental, señorías: es imposible que la Administración de Justicia se adapte a la realidad social, cultural y lingüística si los jueces y magistrados con plazas en las comunidades autónomas con lengua propia cuando desempeñan sus cargos y funciones no tienen ningún deber o ninguna predisposición a aprender la lengua del país. Así es imposible que realmente los ciudadanos que tenemos el derecho a ejercer cualquier acto judicial en nuestra lengua seamos atendidos debidamente. Este es un debate continuo y no se puede pretextar que es un cuerpo de carácter estatal para que no tenga algún tipo de obligaciones. Por lo tanto, esperamos que, cuando menos, las dos que son claramente referenciales al órgano del poder de los jueces tengan alguna consideración -como he visto que alguna la tiene- en los debates finales que vamos a celebrar y, por lo tanto, en la votación que se ejerza finalmente.
Acabo diciendo que esperamos que estos debates constantes terminen teniendo alguna eficacia práctica y de carácter normativo y generalizado y que no quede al albur y al capricho de los administradores de justicia, quienes considero forman parte también de una Administración que se debe someter a las normas, al Estado de derecho y, en concreto, al respeto por el pluralismo lingüístico.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de las propuestas de resolución y las enmiendas que ha presentado su grupo, tiene la palabra el señor Mardones.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha presentado solamente una propuesta de resolución, clasificada con el número 5, que trae causa del informe de la memoria del año 2003, presentada por el Consejo General del Poder Judicial y expuesta por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Supremo. En lo que se refiere al análisis de lo acaecido en la Administración de Justicia en Canarias, nuestra comunidad autónoma es de las primeras de España, junto con la Comunidad Autónoma de Madrid, en una situación poco elogiable, pues se detecta una alta litigiosidad. Esto afecta inmediatamente al deseo de que la justicia impartida por los órganos jurisdiccionales sea ágil y rápida, se lleven a buen término las causas incoadas y no se produzcan embotellamientos debido a la acumulación. Este aumento de la litigiosidad en Canarias está produciendo en los órdenes jurisdiccionales, sobre todo en el orden civil, penal y contencioso-administrativo, una serie de inconvenientes no deseados que es necesario corregir, bien con la participación de los órganos del Consejo General del Poder Judicial, bien con la competencia jurisdiccional-administrativa transferida a la comunidad autónoma de Canarias o por el propio Ministerio de Justicia.
Por lo tanto, es necesario que estas tres organizaciones -Comunidad Autónoma de Canarias, Ministerio de Justicia y Consejo General del Poder Judicial- colaboren y coadyuven. En este caso, como se trata de la memoria del Consejo General del Poder Judicial, instamos al mismo a que, en el ámbito de sus competencias, realice todas las acciones necesarias en cooperación con la comunidad autónoma -sobre todo, a través de la Consejería de Justicia y del ministerio-, para subsanar las deficiencias provocadas por la alta litigiosidad, debidas muchas veces a una carencia de las estructuras materiales y humanas que se requieren, como jueces, magistrados, fiscales, instalaciones, presupuesto, etcétera.
Señor presidente, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a nuestra propuesta de resolución número 5, que introduce lo siguiente: El Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de sus
competencias. Esto es obvio y lo aceptamos plenamente. Por lo tanto, aceptamos esta enmienda de adición que ofrece el Grupo Parlamentario Socialista sobre nuestro soporte.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Mardones.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro.
Todas las propuestas de resolución a esta memoria del Consejo General del Poder Judicial, correspondiente a la actividad de los juzgados y tribunales del año 2003, ponen de relieve que la gestión en la política judicial llevada a cabo en los últimos años es manifiestamente mejorable.
En ese sentido, me gustaría indicar también que las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular -grupo que se encontraba en el Gobierno en dicho año-, son más humildes y realistas que las que nos regaló en fecha reciente respecto al ejercicio anterior.
Las propuestas de resolución que presentamos pretenden sumar diversos aspectos, formales y de fondo, sobre los que creemos importante que se pronuncie el Consejo General del Poder Judicial y, fundamentalmente, actúe sobre los mismos de forma eficaz. Además, como habrán advertido, algunas de las propuestas de resolución no son novedosas e incluso ya han sido aprobadas en los debates de memorias referentes a ejercicios pasados, si bien su escasa efectividad e importancia nos obliga a seguir insistiendo. Sin ir más lejos, reiteramos una propuesta compartida por otros grupos parlamentarios que siempre se manifiestan, que sin duda vendría a reforzar el control parlamentario de las actuaciones del Consejo General del Poder Judicial, ajustando este control en el tiempo y, por tanto, haciéndolo más eficaz. Se trata de la conveniencia de que las sucesivas comparecencias del presidente para la presentación de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo se celebrase de forma inmediata a la apertura del correspondiente año judicial. Junto a esta propuesta de resolución, igualmente para fomentar el control parlamentario, se defiende la necesidad de hacer extensivas estas comparecencias a los distintos vocales encargados de áreas concretas, para informar sobre aquellos asuntos que los grupos parlamentarios consideremos de mayor interés para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia. Ello también redundaría en la misma idea: mejorar, enriquecer y complementar el trabajo parlamentario.
Antes de pasar a desgranar las propuestas que tienen como objetivo la mejora del servicio público de justicia y de la política judicial, quisiera hacer constar una breve mención a una propuesta que defendemos hoy en este Pleno y sobre la que no nos extenderemos, ya que la hemos defendido en recientes debates, relativa a la política de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y del propio funcionamiento del mismo. Nos referimos, evidentemente, a la necesidad de que el presidente del Consejo ejerza la función moderadora y arbitral que hasta ahora no ha desempeñado. Así se lo manifestamos personalmente a él en la comparecencia y así se lo pedimos mediante resolución.
Sometemos a la aprobación de esta Cámara un bloque de propuestas que se centra en la necesidad de mejorar la Administración de Justicia como servicio público. Desde la perspectiva de nuestro grupo parlamentario siguen siendo objetivos de primer orden la consecución de una efectiva independencia y el desempeño de un papel ajustado al orden constitucional por parte del Poder Judicial, así como una transformación radical de la Administración de Justicia para el cumplimiento de la misión que le es propia, sin los retrasos y dilaciones que la incardinan en los niveles más bajos de confianza y respetabilidad ciudadana. En este sentido apostamos claramente por una justicia eficaz, equilibrada, sensible a los cambios sociales y moderna en su funcionamiento, que sea capaz de ofrecer a los ciudadanos un servicio próximo y de calidad. Para alcanzar este fin es fundamental profundizar en la democratización de la justicia y la participación ciudadana, sensibilizando a la sociedad en la idea de justicia como servicio público. En este sentido es necesario que el Consejo General del Poder Judicial, en colaboración con el Gobierno y las comunidades autónomas, profundicen en el objetivo de mejora y modernización de la Administración de Justicia. Y, asimismo, que el Consejo colabore en el desarrollo de las iniciativas y actuaciones que se lleven a cabo en el desarrollo de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia.
Otro bloque de propuestas hace referencia a cambios necesarios en la política judicial desde una perspectiva progresista, con son incrementar los esfuerzos para conseguir una mayor especialización y sensibilización de todos los operadores de la Administración de Justicia frente al grave fenómeno de la violencia contra las mujeres. Igualmente, se debe incrementar la formación especializada en las áreas de contenido multidisciplinar, como son el derecho de familia, derecho de menores y juzgados de vigilancia penitenciaria. Hay que llevar a cabo un estudio de las necesidades de planta en materia de juzgados de incapacidades, cuya planta actual es incapaz de asumir la compleja realidad social y la tutela judicial efectiva de derechos que en definitiva afectan al núcleo de la vida de las personas. Con ser importante todo lo expuesto hasta aquí, ahora mismo la prioridad es la de los juzgados de lo mercantil. Es necesaria la especialización de la segunda instancia en materia de familia, menores y vigilancia penitencia,
también por la naturaleza de los asuntos a resolver, al modo de esa nueva jurisdicción de lo mercantil y, en particular, en la jurisdicción de menores, donde la primera instancia es especializada y no así la segunda instancia. Igualmente se debería realizar un estudio sobre la incidencia de las sucesivas reformas del Código Penal en la población penitenciaria referido únicamente al aspecto que forma parte de su ámbito competencial, con el objetivo de poder valorar la planta penal y la de vigilancia penitenciaria, es decir, los ámbitos que corresponden al Poder Judicial.
Entendemos igualmente necesaria una actuación del Consejo que aborde el control jurisdiccional de los extranjeros internos en centros de detención por expedientes administrativos de expulsión, dado que en este momento carecen del control jurisdiccional adecuado.
Finalmente, presentamos resoluciones vinculadas con la formación, esto es, los compromisos recogidos y aprobados por una amplísima mayoría en esta Cámara en la proposición no de ley aprobada el 21 de septiembre de 2004, como las relativas a la necesidad de incrementar las actuaciones para la formación inicial y continua de forma que el funcionamiento de la Administración de Justicia sea más eficaz y de mayor calidad; la necesidad de colaborar en materia de formación inicial y continua con el ministerio fiscal estableciendo los criterios comunes de formación en la carrera judicial y fiscal y garantizanado que la formación comprenda el conocimiento y uso de las lenguas oficiales y el derecho propio de las distintas comunidades autónomas; también garantizar una mayor pluralidad a la hora de establecer criterios formativos estableciendo criterios conjuntos de formación, de manera que en la planificación de las líneas generales de formación intervendrían el Ministerio de Justicia, el fiscal general del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Todo ello con la idea de mejorar la Administración de Justicia y que por fin sea un servicio público de calidad próximo al ciudadano y que resuelva los problemas, tal y como pretende la ciudadanía, que por eso estamos hoy aquí.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Para la defensa de la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
Señorías, el "Diario de Sesiones" es testigo año tras año del escaso entusiasmo que suscita en mi formación política este trámite. El engarce que siempre pedimos entre el órgano de gobierno de los jueces y el órgano legislativo no se produce en modo alguno por la presentación anual de la memoria, que es una mera explicación del presidente del Consejo General del Poder Judicial, y mucho menos con estas propuestas de resolución, puesto que cualquiera sabe que esta Cámara no puede instar al Consejo General del Poder Judicial a absolutamente nada. Además, examinado el contenido de lo que se propone, muchas de las cuestiones hacen referencia más a tarea legislativa, propia de esta Cámara, que podemos poner en marcha, y así lo solemos hacer, mediante mociones, proposiciones no de ley e incluso poniendo en marcha la mera maquinaria legislativa, lo que, perteneciendo a la oposición, normalmente, dado que las legislaturas transcurren sin que se tomen en cuenta, conduce a la más absoluta melancolía. Más melancolía produce todavía ver una lista de buenas intenciones -o una lectura de agravios, depende del punto de vista desde el que se mire- referidas al funcionamiento de la justicia. En eso sí estoy de acuerdo con la representante de Izquierda Verde cuando dice que el número de cuestiones a las que se insta o se pretende instar al Consejo denotan que muchas cosas funcionan mal en la justicia, en la justicia como poder y en la justicia como servicio público. Desde luego, de la lectura de aquello a lo que se le insta quedan claros la falta de medios, los retrasos, las inejecuciones de sentencia, que año tras a año nos llevan a intentar hacer un listado de cuestiones a mejorar en este ámbito. También están esas otras cuestiones que tanta gracia suscitan en esta diputada, que son aquellas en las que nos felicitamos los ponentes -nosotros a nosotros mismos- diciéndonos: Qué bien hicimos algunas leyes.
En este caso es el Grupo Popular el que dice que actuamos magníficamente bien cuando aprobamos la ley referida a los juicios rápidos o la orden de protección. Insisto, como ponente que fui de ambas normas, yo también me felicito, felicito a todos los ponentes por lo bien que se hizo, pero eso no es instar al Consejo General del Poder Judicial a absolutamente nada.
Sí hay una cuestión que este año es nueva o relativamente nueva, y que aparece con mucha frecuencia en las propuestas de resolución de varias de las formaciones políticas, que me parece especialmente relevante y que, como todas las cuestiones, iba a ser objeto de votación por parte de nuestra formación política, y es el llamamiento que se hace al mal funcionamiento en materia de cooficialidad de lenguas en relación con la Administración de Justicia. Si la queja es constante respecto a muchas cuestiones, y esta Cámara es testigo de que respecto al uso de lenguas distintas del castellano un día y otro se hacen reclamaciones al presidente de la Cámara, en materia de Administración de Justicia la propia Comisión que se encarga del seguimiento de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias hacía un balance ciertamente negativo respecto al uso de lenguas distintas del castellano en la Administración de Justicia.
Por eso nos parece especialmente evidente la queja que existe en varias de las formaciones políticas -creo recordar que en todas- y tengo también conocimiento
de que se ha llegado a alguna transacción en esta cuestión.
Quiero también aprovechar el momento para hacer un llamamiento al grupo mayoritario para que se ponga ya en marcha, una vez que ha llegado el informe del Consejo General del Poder Judicial, la proposición del Parlamento de Cataluña, que tomamos en consideración al comienzo de la legislatura, en la que se contempla la posibilidad de que las lenguas distintas del castellano puedan ser consideradas como requisito y no sólo como mérito respecto al personal que sirve en la Administración de Justicia, de tal forma que mejoremos o avancemos en la idea de que los ciudadanos puedan moverse ante la justicia en esta lengua.
Una única propuesta ha hecho mi formación política, que en realidad, coherentemente con lo que es nuestro criterio de que a nada puede instar un órgano legislativo al órgano de gobierno de los jueces, no les pide nada, simplemente les dice que valoren o analicen algo que ya pregunté en su momento al propio presidente del Consejo General del Poder Judicial en su comparecencia en esta Cámara, y es por qué, si la memoria del consejo contiene de una manera absolutamente exhaustiva el contenido de los informes que se aprueban, no se manifiesta en la memoria cuál ha sido el resultado de la votación y se traslada también una breve exposición del contenido de los votos particulares. Se trataría, señorías, de trasladar a la memoria lo que es realidad en los debates y lo que todos los días nos comentan los medios de comunicación sobre la existencia de bloques dentro del Consejo que disienten del parecer mayoritario. Desde la perspectiva de esta diputada y de mi formación política, creemos que tan fundado en derecho pretende ser el informe mayoritario como los votos particulares, con lo cual sería de interés para todos los ciudadanos, pero singularmente para los usuarios del derecho, que se haga constar el contenido de los votos particulares porque enriquecería el posterior debate en esta Cámara, aunque los diputados ponentes solemos tener conocimiento de ellos, y sobre todo podría ayudar a la interpretación posible de determinados preceptos. Únicamente eso planteamos como propuesta de resolución. Nos parece que una memoria del Consejo que incluye actividades tan exhaustivas como hacer constar que en este año se habían arreglado los ascensores, no debiera rehusar una petición que creemos tan sensata como esta, como contar el parecer que ha llevado a la formación de la voluntad mayoritaria dentro del Consejo y también en qué han basado su criterio los disidentes. Pese a no haber presentado más que esta propuesta, pese a lo escéptico de nuestro planteamiento al respecto, pongo en conocimiento de la Cámara que mi formación política, aun conocedora de la escasa trascendencia que va a tener para el mejor funcionamiento de la justicia como poder o como servicio público, hará gala de votación de casi todas las propuestas de resolución de las demás formaciones políticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Uría.
Para defender sus propuestas de resolución, por el grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, vista la memoria del Consejo General del Poder Judicial sobre el funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de justicia referida al año 2003, defenderé, en nombre de mi grupo, con el escaso entusiasmo con que lo han hecho algunos de los oradores que me han precedido, las propuestas de resolución que hemos presentado, siempre con el objetivo y la buena intención de mejorar la eficacia del servicio público de la Administración de Justicia y del órgano de gobierno que es el Consejo General del Poder Judicial, no obstante conscientes de que este trámite supone, poco más o menos, una carta a los reyes.
Desde Esquerra Republicana recogemos en la propuesta de resolución número 20 la necesidad de instar al Consejo General del Poder Judicial a impulsar la supresión del carácter estatal de los cuerpos de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Enlazando con la última propuesta de resolución de nuestro grupo, nos parecería lógico que el ministerio apoyara a los gobiernos autonómicos con competencias en materia de justicia que han manifestado su deseo de asumir competencias legislativas respecto al personal al servicio de la Administración de Justicia. Como hemos manifestado en otras ocasiones, los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia son una pieza clave en el funcionamiento del servicio, pero la actual situación estatutaria en la que se encuadran los cuerpos estatales dificulta frecuentemente una gestión adecuada de sus capacidades y de su disponibilidad. Hemos manifestado ya también la necesidad de promover una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue tomada en consideración, que suprima el carácter estatal de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, atribuyendo de esta forma la posibilidad de que las comunidades autónomas que hayan adoptado las denominadas cláusulas subrogatorias en materia de gestión y/o administración de la Administración de Justicia tengan las facultades que se atribuyen al Gobierno. Por tanto, desde Esquerra Republicana consideramos necesaria la asunción de competencias legislativas respecto al personal al servicio de la Administración de Justicia por las comunidades autónomas con la denominada cláusula subrogatoria en materia de justicia, para que pueda asumir con garantía de éxito mejor rendimiento y más eficacia en el trato con el personal no judicial de la Administración de Justicia. Es una adecuación, en definitiva, del Poder Judicial a la organización territorial del Estado. Se trata simplemente de repartir el gobierno
del Poder Judicial en consonancia con la distribución actual de los diferentes ejecutivos, que entendemos que debería contar con el impulso y el apoyo del gobierno del Poder Judicial, tal y como proponemos en nuestras resoluciones que se corresponden con la numeración 20 y 24.
La segunda de nuestras propuestas de resolución, con el número 21, y que coincide con la del Grupo Socialista, reitera al Consejo General del Poder Judicial la necesidad de llevar a cabo las actuaciones necesarias que favorezcan la igualdad de género en los órganos de gobierno de juzgados y tribunales y en los nombramientos para la provisión de plazas, de tal manera que la presencia de mujeres sea proporcional, como mínimo, a la presencia de mujeres en la carrera judicial. Nos sorprende observar en la memoria que en los nombramientos discrecionales que se han realizado en el Consejo en 2003 han sido casi inexistentes los nombramientos de mujeres, que debían ser proporcionales como mínimo a la presencia de estas en la carrera judicial.
En tercer lugar, planteamos en la propuesta número 22 que el Congreso de los Diputados inste al Consejo a recoger en la memoria sobre el estado y funcionamiento de los juzgados y tribunales de justicia los datos precisos para el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Administración de Justicia y las quejas por vulneración de derechos lingüísticos, puesto que es una cuestión básica para poder controlar, mejorar y prevenir vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva por motivos lingüísticos así como para favorecer efectivamente su uso.
Finalmente, en la propuesta de resolución número 23 planteamos, coincidiendo, por lo que he visto, con el Grupo Socialista, instar al Consejo General del Poder Judicial a limitar su actividad a las funciones de inspección, nombramientos, selección, formación y perfeccionamiento de jueces y magistrados y demás competencias que le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial, absteniéndose de instrumentalizar políticamente sus funciones mediante valoraciones políticas e ideológicas, de manera que no se obstaculice la función legislativa. Dentro de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial se encuentran las atribuciones decisorias de propuesta de nombramientos, inspección, estatuto de jueces y magistrados, y reglamentaria, y las de informe o audiencia, que se limitan a que estas Cortes y el Gobierno oigan al Consejo. Las Cortes oímos al Consejo mediante la presentación de esta memoria y el Gobierno a través de los informes sobre los anteproyectos de ley y disposiciones generales que afecten al Poder Judicial, sus miembros, personal no judicial, juzgados, tribunales, normas procesales, leyes penales y normas de régimen penitenciario. Pero, a nuestro entender, estos informes deben limitarse a cuestiones estrictamente técnico-jurídicas y no a valoraciones que entren en el ámbito de la política, ya que las valoraciones políticas sobre las leyes corresponden al poder legislativo y deben circunscribirse a las Cámaras legislativas y a los gobiernos.
Por lo que se refiere a las cuatro propuestas de resolución del Grupo Mixto, votaremos favorablemente puesto que recogen las inquietudes de nuestro grupo frente a las declaraciones en los registros civiles relacionadas con los derechos lingüísticos de la ciudadanía, tanto en los procedimientos de cambios de apellidos como en la celebración de matrimonios como en los procesos judiciales así como en la formación lingüística y en el derecho propio que tan reiteradamente repetimos que es necesario en la justicia.
Votaremos favorablemente la propuesta de resolución número 5, de Coalición Canaria, puesto que nos parece necesario que se establezcan las medidas pertinentes para resolver los problemas derivados de la alta litigiosidad en Canarias y puesto que coincide plenamente con la preocupación que nos produjo ver en los gráficos y mapas que recogen la memoria cómo los juzgados y tribunales del País Valenciano, Cataluña, Islas Baleares, Canarias y Madrid eran los órganos con más alta litigiosidad y asuntos pendientes y acumulados, sin que se resuelva el problema y vulnerando una vez más los derechos de la ciudadanía a una justicia ágil y eficaz.
Por lo que se refiere a las propuestas de resolución números 6 a 18 y 50 a 55, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, votaremos también a favor, tal como hicimos en junio, puesto que vuelven a recoger muchas de las propuestas de resolución que esta Cámara acordó en junio de este año. También nos parece muy adecuada la propuesta de resolución número 19, del Partido Nacionalista Vasco, puesto que siempre es interesante que en el apartado de estudios e informes se recojan los resultados de votaciones y votos particulares, introduciendo brevemente su contenido de manera que se plasme la pluralidad en el seno del gobierno del Poder Judicial.
Respecto a las propuestas de resolución números 25 a 35, del Grupo Parlamentario Socialista, anuncio también que votaremos a favor puesto que coinciden con iniciativas presentadas en esta Cámara, incluso con propuestas realizadas por nuestro grupo o por el de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y otras reiteran propuestas de resolución ya hechas en relación con la memoria del Consejo del año 2002.
Por lo que se refiere a la propuesta de resolución número 36, del Grupo Popular, nuestro grupo votará en contra puesto que consideramos que no se puede constatar el éxito de los juicios rápidos. Es más, consideramos que deben ser objeto de debate y reconsideración los planteamientos y procedimientos que regulan en la actualidad los juicios rápidos.
Entendemos que deben revisarse y modificarse los plazos a la defensa y de celebración de los juicios rápidos, puesto que consolidan un sistema de precipitación en la justicia que puede estar vulnerando garantías básicas de la ciudadanía ante la justicia. No obstante, nuestra posición sobre el resto
de las propuestas de resolución números 37 a 41, del Grupo Popular, en principio será favorable, aunque en la propuesta número 39 no nos parece adecuado el término violencia doméstica, sino que creemos que es más correcto el término violencia de género, en la línea y en los términos que recoge la reciente ley.
Finalmente, anuncio que nuestro grupo votará favorablemente las propuestas de resolución números 42 a 49, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), puesto que reiteran nuestras exigencias respecto a los requisitos lingüísticos y organización autonómica de la Administración de Justicia, manifestadas ante esta Cámara en otro tipo de iniciativas. Compartimos la necesidad de regularizar las retribuciones pendientes de jueces sustitutos y magistrados suplentes, tal y como hemos manifestado al Gobierno mediante una pregunta parlamentaria para respuesta escrita. Consideramos que es una situación injusta que se debe atajar lo antes posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Cerdà.
Para la defensa de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Honorable presidente, señoras y señores diputados, señor ministro de Justicia, a quien agradezco expresamente su presencia en este debate, hoy el Pleno de la Cámara se va a pronunciar sobre la memoria que anualmente debe presentar ante las Cortes Generales el Consejo General del Poder Judicial. Tuvimos el correspondiente debate en la Comisión de Justicia; fue un debate en algún momento tenso, pero fue, señorías, un debate útil. Desde un punto de vista institucional es necesario celebrar el debate que hoy estamos llevando a cabo en el Pleno, es la conclusión final, a través de unas recomendaciones, de unas propuestas de resolución que hoy elevamos al Consejo y que esperamos en Convergència i Unió que puedan ser objeto de un amplio consenso entre los grupos. Los consensos son necesarios en el ámbito del Poder Judicial y de la Administración de Justicia. Apelo a esa necesidad de consenso. En el debate del jueves pasado tuve ocasión de referirme a ello. Hubo grupos parlamentarios que claramente apostaban por que esta sería una legislatura en la que no serían posibles los consensos en el ámbito de la Administración de Justicia. Mi grupo espera que finalmente podamos llegar a acuerdos. Ese es el anhelo que tiene mi grupo parlamentario, y con ese propósito, señorías, hemos presentado hoy diversas propuestas de resolución, concretamente ocho, que paso a defender, y después me referiré también a las enmiendas presentadas a resoluciones de otros grupos.
Mi grupo plantea ocho propuestas. Dos de ellas van ligadas a acuerdos que ya han tenido lugar en esta Cámara previamente, pero es bueno que el Consejo General del Poder Judicial sea consciente del alcance de los mismos. Concretamente, nuestra primera propuesta, la número 42, se refiere al compromiso que obtuvimos mayoritariamente en esta Cámara con el objetivo de que el conocimiento de la lengua y el derecho propio sean un requisito en el ámbito de la Administración de Justicia, en los términos que finalmente resulten de la tramitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través de la proposición de ley presentada por el Parlament de Catalunya y que fue tomada en consideración por el Pleno el pasado mes de junio. Por tanto, hay un compromiso y es bueno que ese compromiso se traslade a las propuestas de resolución. Entendemos básica esa consideración como requisito, y así lo acordamos en el Pleno en el que se tomó en consideración la proposición de ley. Lo que pide mi grupo es que ese compromiso se plasme de alguna manera en las resoluciones finales. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la propuesta de resolución número 42. En los términos en los que está redactada mi grupo no puede aceptarla. Para intentar buscar el acuerdo que sí alcanzamos en el Pleno del pasado mes de junio, mi grupo parlamentario ha optado por presentar una enmienda a las propuestas de Izquierda Unida que versan sobre el mismo objeto, buscando un texto transaccional que pueda suponer un acuerdo mayoritario en el Pleno del Congreso de esta mañana. Si así fuera, no someteríamos a votación la literalidad de la propuesta número 42, con el compromiso mayoritario de aceptar nuestra enmienda a la propuesta de resolución número 50 del Grupo de Izquierda Unida. En este caso, votaríamos la propuesta número 50, lo que supondría en el fondo trasladar el espíritu transaccional de esa enmienda. Si esto fuera así, mi grupo anuncia que no sometería a votación la propuesta número 42, pero con el compromiso de aprobar la propuesta número 50, del Grupo de Izquierda Unida, con la redacción que hemos aportado desde Convergència i Unió. Esta sería, señorías, una buena solución.
Aceptamos la transacción que nos propone el Grupo Socialista a nuestra propuesta número 43. Cuando el presidente del Consejo General del Poder Judicial compareció ante la Comisión de Justicia, entendimos que el proceso monitorio requería un estudio sobre la posibilidad de ampliarlo de acuerdo con lo que las directivas comunitarias nos están sugiriendo.
Entendemos que la transacción puede ser útil y por tanto la aceptamos, porque lo que queríamos conseguir a través de esta propuesta era que esto quedara plasmado en las resoluciones finales que hoy vamos a aprobar.
También es importante nuestra propuesta número 44, que trata de regularizar la actual situación de los jueces sustitutos y suplentes, con objeto de liquidar las retribuciones pendientes que se les adeudan hasta esta
fecha. Que exista este mandato es positivo, como lo es también nuestra propuesta número 45, en la que solicitamos al Consejo que en sus futuras memorias se recoja un apartado específico en el que se incluyan datos referentes a la movilidad de magistrados y jueces en los distintos órdenes y órganos jurisdiccionales. Es una información que puede ser útil para los trabajos y para los análisis de futuro que debemos realizar en cada momento en el ámbito de la Administración de Justicia.
Gran importancia tiene, señorías, nuestra propuesta número 46, muy ligada al debate que tendremos el próximo día 9 en esta Cámara y al que tuvimos el pasado jueves. Es una propuesta que trata de garantizar que los principios de mérito y capacidad estén presentes en los nombramientos en todo momento. Es una propuesta importante que va en el sentido de lo que acordamos en el Pleno el pasado jueves y que no prosperó pues tenía carácter orgánico y la votación no alcanzó los 176 diputados. Sin embargo, el espíritu de esta propuesta ya se había incorporado en el texto final de la ley que se sometió a votación. El Grupo Socialista nos presenta una enmienda en este sentido que mi grupo acepta en aras del consenso. Por tanto, votaremos la propuesta con el texto que nos aporta el Grupo Socialista.
Las propuestas números 47 y 48 las doy por defendidas en sus propios términos para no alargar el debate. Cada una de ellas es importante para tener conciencia de las quejas de los ciudadanos y tener en cuenta también el alto número de revocaciones que se producen en el orden jurisdiccional civil.
Y paso ya, para terminar la defensa inicial de mis propuestas, a la de otra importante, la número 49. Esta propuesta, señorías, no hace más que trasladar nuestras enmiendas iniciales a la proposición no de ley que acordamos el pasado 21 de septiembre en el Pleno. El espíritu de esta propuesta es trasladar ese mensaje al Consejo. Soy consciente de que esas enmiendas fueron objeto de una transacción final. Por tanto, mi grupo esperaba que la enmienda a la literalidad de nuestra propuesta 49 hubiese sido en los términos acordados en la transacción presentada el pasado 21 de septiembre. Como no ha sido así, y para poder salvar el texto, mi grupo parlamentario ha planteado una segunda enmienda a las de Izquierda Unida, en concreto a la número 54, en la que trasladamos a esa propuesta de Izquierda Unida el contenido literal de lo que acordamos en esta Cámara el pasado 21 de septiembre, de tal manera que si se acepta también esta enmienda no someteríamos a votación la literalidad de nuestra propuesta número 49. De esta forma creemos que seríamos capaces de obtener hoy un alto grado de consenso. Este es el planteamiento que realiza Convergència i Unió. En esta propuesta última que defendemos volvemos a recordar la proposición de ley del Parlament de Catalunya en los términos que salga del debate en este Pleno, pero el Consejo General del Poder Judicial deberá ayudar al desarrollo y cumplimiento de esa proposición de ley cuando finalmente se convierta en ley orgánica y vincule a todos. Cuando sea publicada en el BOE, el Consejo General del Poder Judicial deberá contribuir a ese desarrollo y al principio de lealtad institucional y lo que para nosotros es una apuesta decidida, que espero que el señor ministro de Justicia, como ha anunciado ya en otras ocasiones, comparta con nosotros, que es situar al Poder Judicial en el ámbito autonómico, dar más competencias a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas e incrementar las competencias de sus salas de gobierno. Sabe que nuestro grupo es mucho más ambicioso en este aspecto, pero celebramos de entrada que haya esa predisposición a tener en cuenta la mayor vocación autonómica que debemos dar a la estructura del Poder Judicial. Por tanto, señor ministro, entendemos que podemos llegar finalmente a un buen grado de consenso en este aspecto. No es así respecto a los cuerpos nacionales. Sobre esto no estamos de acuerdo y lo lamento. En el ámbito de los cuerpos nacionales hay un gran acuerdo entre el PP y el PSOE. No lo toquemos, no lo suprimamos. La voluntad del Parlament de Catalunya era suprimir ese carácter de cuerpos nacionales. No tiene ningún sentido para nosotros en la actual estructuración de las competencias de la administración de la Administración de Justicia. Hay muchas comunidades autónomas competentes en las que no deben pervivir esos cuerpos nacionales. Como no estamos de acuerdo, ya anuncio que mi grupo votará a favor de todas las propuestas de resolución presentadas que entendemos que están encaminadas al consenso, excepto una, la número 38, del Grupo Parlamentario Popular. En esa propuesta de resolución se habla del pleno desarrollo del nuevo modelo de la oficina judicial, y en ese desarrollo concreto no estamos acuerdo ya que se basa en la pervivencia de esos cuerpos nacionales que mi grupo no comparte. Muchas veces hemos tenido ocasión, no mi grupo sino otros grupos nacionalistas de la Cámara, de pedir expresamente que se supriman. Quiero recordar una vez más, y ya termino, señor presidente, que la voluntad del Parlament de Catalunya fue superar ese carácter de cuerpos nacionales con la proposición de ley que se tomó en consideración el pasado mes de junio, aunque sí que es verdad que en el debate de su toma en consideración hubo algunas matizaciones por parte de grupos que votaron a favor de esa toma en consideración, aunque avanzaron que presentarían enmiendas. No lo encontramos positivo, no lo compartimos y no estamos de acuerdo. En lo demás, esperamos que este debate contribuya a generar un consenso en el ámbito del Poder Judicial que en estos momentos es tan necesario.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Tiene la palabra, para defender sus propuestas de resolución, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, señor Santaella.
El señor SANTAELLA PORRAS: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna para defender las propuestas de resolución de mi grupo como consecuencia de la presentación de la memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2003. Hace escasamente cinco meses y medio, no ha llegado a seis, concretamente el 17 de junio, se debatían en este mismo trámite las propuestas referidas a la memoria del 2002. Creo que ha sido ya un avance y, efectivamente, ha sido el cumplimiento de una de las propuestas de resolución que se aprobaron en el 2002. En aquel debate algunos portavoces -creo recordar en concreto a la señora Uría o al señor Jané- se planteaban algo sobre lo que hoy también han hecho referencia, es decir, sobre si estas propuestas de resolución cara al Consejo General del Poder Judicial son una recomendación o son una instancia, es más, se remitían incluso al presidente de la Cámara preguntando que carácter, que naturaleza jurídica iban a tener estas propuestas de resolución al estar en estos momentos estudiándose la modificación del Reglamento. Además, en ese debate se hacía con fina ironía parlamentaria algunas críticas porque precisamente en la memoria del 2002, como esta que vamos a analizar del 2003, el Consejo General del Poder Judicial ponía de manifiesto los avances claros que se habían tenido en la materia como consecuencia del Pacto de Estado por la justicia. Fíjense la ironía hoy, después de oír en Comisión -y me gustaría que se trasladara al "Diario de Sesiones"- lo que manifestaba el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Decía: El año 2003 ha sido el momento de fructificación de muchas de las reformas proyectadas en el Pacto de Estado por la justicia, suscrito en primavera de 2001, acuerdo que en opinión de esta presidencia y del Consejo General del Poder Judicial ha determinado la mayor transformación de nuestra Administración de justicia desde el advenimiento del régimen constitucional. Causa por la que, una vez más, vuelvo a hacer votos para un nuevo alcance de los consensos necesarios, con la finalidad de que las transformaciones que la justicia pueda necesitar no queden al albur de las mayorías coyunturales.
Es verdad, se avanzó mucho en el 2002, se avanzó mucho en el 2003, pero creo que el clima que hoy tenemos en el debate de la memoria del año 2003 no augura buenos tiempos. En aquellos momentos -2003-, estábamos hablando de que había un clima de esperanza y de compromiso de todos los grupos parlamentarios con la justicia, que existía un común denominador, primero, entre el grupo mayoritario, que era el Grupo Popular, y el Grupo Socialista, al que después se adhirieron otros grupos, consistente en agilizar, en modernizar y en avanzar en la justicia. Había una conciencia común de todos los grupos parlamentarios que había permitido en esos años que el Consejo General del Poder Judicial tuviera las competencias que tenía, la Cámara las que debía y entre todos un mutuo respeto. Pero, señorías, fíjense en el momento en el que hoy vamos a debatir nuevas propuestas de resolución.
Hoy preguntaría al señor Jané y a la señora Uría, en cuanto a aquellas reflexiones que hacían sobre instar o sobre recomendar, ¿qué podríamos decir hoy al Consejo General del Poder Judicial en este clima? ¿Que queremos colaborar? ¿Que queremos el consenso? En la primera comparecencia el señor ministro decía, lo comprometo, lo comprometo.
Comprometía un consenso, pero no sólo con los grupos, con el Consejo, con la sociedad. ¿Dónde está ese compromiso? El señor Astarlao decía en el debate de la memoria del 2002 que se estaban encendiendo las alarmas porque se avecinaba un clima de enfrentamiento. Las alarmas están apagadas ya. Se han apagado. La han roto ustedes. Han creado el clima de crispación que nadie quería en estos momentos. Lamentablemente el señor Astarloa tenía toda la razón porque el enfrentamiento lo tenemos servido y no sólo con el Consejo General del Poder Judicial, sino también con los grupos parlamentarios en esta Cámara. Yo les voy a decir una cosa: si siguen ustedes por ahí, buenos van a ser los momentos de la justicia con don Fernando Ledesma. Y no queremos recordarlos. Les voy a decir una cosa. Lo que no se puede, eso en Andalucía lo sabemos muy bien y el señor ministro estudió en Granada, bajo ningún concepto es soplar y sorber al mismo tiempo. Ustedes están queriendo soplar y sorber al mismo tiempo y eso es imposible.
Presentamos seis propuestas de resolución, haciendo un paréntesis en este clima y en este debate que ustedes están manteniendo en estos momentos, no solo al Consejo General del Poder Judicial, a esta Cámara y a la sociedad. Constatando el éxito que se había alcanzado en el proceso de implantación de los juicios rápidos, en esto no coincidimos con algún grupo como ya se ha puesto de manifiesto, instamos a continuar con dicho esfuerzo en los juicios rápidos por delitos y a elaborar un plan de implantación de los juicios rápidos en el ámbito de la jurisdicción civil. Instamos igualmente al Consejo del Poder Judicial a realizar un informe sobre la actuación de los nuevos juzgados mercantiles desde su entrada en funcionamiento, así como un estudio sobre las medidas a adoptar en materia de planta judicial y de formación para garantizar el adecuado funcionamiento de la jurisdicción especializada sobre la base de criterios de eficacia y de eficiencia. Instamos igualmente para que, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, se adopten las medidas necesarias para profundizar en el pleno desarrollo del nuevo modelo de la oficina judicial. Instamos para que el Consejo del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia sigan colaborando para la erradicación de la lacra social y, en particular, adoptando, junto con las comunidades autónomas, los mecanismos de coordinación que favorezcan el buen funcionamiento de la ley integral de violencia de género.
Instamos igualmente a que se ponga en marcha un plan de transparencia judicial
que garantice el derecho a recibir información actualizada sobre la actividad de todos los tribunales de España y la previsión sobre la duración de cualquier procedimiento que se inicie ante ellos. Por último, en la sexta proposición instamos al Consejo General del Poder Judicial a continuar esta práctica y a propiciar planes coyunturales que permitan acabar con la pendencia.
No quiero terminar mi intervención sin referirme a lo que manifestaba en Comisión el presidente del Consejo General del Poder Judicial, al decir: naturalmente que estoy de acuerdo con el consenso y de ahí que haya predicado, en todas las partes que lo he hecho, la adhesión absoluta y total al pacto que se firmó en mayo de 2001 para la reforma de la justicia, pacto que entiendo se tiene que reactivar, y todo aquello que allí estaba y que está se debe poner en marcha, todo aquello que se consideró bueno con un afán de permanencia y con independencia de quien estuviera en el poder en cada momento.
No se podían orillar aquellos pactos y aquellos consensos. En este clima que ustedes han creado es difícil que nosotros podamos tener un entendimiento y un diálogo, pero quiero decirle al presidente que ojalá se pusiera en marcha, y a ustedes que cambien de política porque podríamos y deberíamos encontrarnos en la mejora de la justicia, que sería un gran servicio para todos los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Santaella.
Tiene ahora la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Hermosín.
La señora HERMOSÍN BONO: Gracias, señor presidente.
Señorías, yo no voy a entrar en la virtualidad o no que tiene este debate, que algunos portavoces lo han hecho, no solamente hoy, sino también en el pasado mes de junio, pero en cualquier caso creo que es un debate importante, que tiene una gran virtualidad y que nos permite a los distintos grupos señalar nuestras preocupaciones, en muchos casos bastante comunes, para un mejor funcionamiento de la justicia y para poder instar al órgano de gobierno de jueces y magistrados, el Consejo General del Poder Judicial, toda una serie de recomendaciones que mejoren su propia actividad y, por tanto, que la memoria del Consejo, que es lo que estamos analizando en este trámite, sea un instrumento mucho más transparente y más eficaz. Creo que en el fondo eso es lo que perseguimos todos los grupos, una justicia de una mayor calidad en nuestro país.
El Grupo Socialista ha presentado once propuestas de resolución, algunas de las cuales también se han debatido y aprobado de manera similar en la Cámara el 17 de junio como consecuencia de la presentación de la memoria del año 2002, pero en cualquier caso me referiré, aunque brevemente, al contenido. Hay dos objetivos fundamentales en nuestras resoluciones, unas dirigidas directamente a la actividad propia del Consejo y otras más genéricas en el sentido de que esa actividad mejore la situación de los tribunales y que, a través de la mejora de la forma de realizar la memoria, se conozca mucho mejor.
Nuestra primera resolución va referida a los nombramientos del Consejo, y se le insta para que evite la aplicación exclusiva del sistema de mayorías en la elección de las personas para cargos judiciales. La siguiente, que coincide con otra de Esquerra Republicana de Catalunya, insta al Consejo a que no utilice la competencia que le corresponde por ley de informar determinadas normas para emitir opiniones políticas que comportan en muchas ocasiones una defensa cerrada de posiciones partidistas y ocasionalmente un intento de interferencia en las facultades que exclusivamente corresponden al Parlamento.
La número 27 va referida a la necesidad de establecer -me parece que esta es una resolución importante cuando se culmine por fin- el nuevo modelo de valoración de actividades de jueces y magistrados, que nos permitirá no sólo una medición cuantitativa del trabajo de los jueces, sino también saber el trabajo que efectivamente realizan y por el que son retribuidos.
La ley de retribuciones -recordemos- establecía incrementos salariales en la actividad judicial vinculada a la productividad.
La resolución 28 insta al Consejo a que culmine el diseño y el desarrollo del servicio de inspección. Me parece un tema de vital importancia para poder tener un grado de conocimiento de la actuación de los órganos judiciales y, una vez obtenido el mismo, poder actuar en el ámbito que se considere oportuno.
La resolución 29 está vinculada a un tema que se ha sacado en este debate y que es de mucha actualidad, como es el uso de las lenguas cooficiales en la Administración de justicia, pero quiero dejar claramente planteado que no es una preocupación exclusivamente de los grupos nacionalistas catalanes o gallegos, sino que al Grupo Socialista nos interesa también que esos derechos se mejoren y, por tanto, hemos vinculado también la resolución 29 a un mayor y mejor conocimiento de las lenguas cooficiales en los territorios que las tienen. Hay otra resolución que también coincide con una de Esquerra, en el tema de los nombramientos discrecionales, para promover la presencia de mujeres y evitar situaciones como las que actualmente se dan en muchísimos casos; por ejemplo, en el Tribunal Supremo, con más de 80 magistrados, sólo tres son magistrados mujeres. En el resto de las propuestas no me voy a detener mucho más. Lo que pretenden es que la memoria recoja una información que les permita a los parlamentarios o a cualquier ciudadano tener un conocimiento lo más aproximado posible a la realidad de la
actividad judicial sin que la estadística distorsione esa realidad. Voy a comentar brevemente también las resoluciones del resto de los grupos y la posición del Grupo Socialista ante las mismas.
El Grupo Mixto, BNG, tiene dos primeras resoluciones, la 1 y la 2, y sin entrar en el contenido de las mismas podríamos estar bastante de acuerdo, sobre todo en la número 2, pero entiendo que no son competencia del Consejo y por tanto me parece que no se deben debatir ni aprobar en este marco. Sí estamos de acuerdo con la número 3. Hemos hecho una transaccional, que vamos a transar también con la que ha explicado el portavoz de CIU, a la número 4 que también le afecta al Grupo Mixto.
Vamos a aceptar también la enmienda del Grupo de Coalición Canaria con una transaccional, que creo que ha dicho su portavoz que aceptaban.
Estamos de acuerdo en la enmienda del Grupo Nacionalista Vasco. Por lo que se refiere a Esquerra Republicana, estamos de acuerdo con tres de sus resoluciones, que vamos a votar favorablemente, no así la primera y la quinta, fundamentalmente porque el tema de cuerpos estatales o no o incluso en materia de personal no es competencia del Consejo, más bien del ministerio. En cuanto al Grupo de Izquierda Unida, coincidimos en muchas de sus propuestas, que vamos a aceptar. Hemos planteado dos transaccionales, que creo que han sido aceptadas, y hay tres resoluciones en las que no estamos de acuerdo también por razón de competencia. En cuanto al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ya ha explicado su portavoz que hemos intentado llegar a una coincidencia entre las resoluciones, tal como él lo había expresado, y las transaccionales que el Grupo Socialista ha presentado a varias de sus resoluciones. Hemos llegado a un acuerdo que nos va a situar en el mismo texto prácticamente o muy similar al que ya se debatió en esta Cámara tanto en el debate de la PNL del 21 de septiembre, como en el debate de la anterior memoria.
Por tanto, vamos a votar favorablemente parte de sus enmiendas y otras están transaccionadas, a las que también ha mostrado su acuerdo el portavoz de CIU. Igualmente, vamos a votar las dos enmiendas de Izquierda Unida que transaccionan esas resoluciones de CIU, en las que hemos llegado a un alto grado de consenso.
Finalmente, en cuanto a las resoluciones del Grupo Popular, buena parte de la intervención de su portavoz la ha dedicado a hablar del clima, pero tanto ha hablado del clima que yo no me he enterado si ha manifestado qué le parecen las resoluciones tanto del Grupo Socialista como las de otros grupos. No he oído absolutamente nada sobre si le parecen aceptables o no las resoluciones del Grupo Socialista. No comparto en absoluto el tono de alabanza a todo lo hecho que se utiliza en algunas de las propuestas de resolución del Grupo Popular, puesto que la realidad de la Administración de justicia no es que todo funciona a la perfección y que los juicios rápidos son la maravilla de las maravillas. No es así, pero en cualquier caso, me parece que lo que se dice también obedece en cierta medida a una serie de reformas legislativas que se aprobaron con mucho esfuerzo de las comunidades autónomas y menos esfuerzo presupuestario del propio Ministerio de Justicia en su momento, en el año 2003, pero que finalmente se llevaron a cabo. Por lo tanto, yo no tengo ningún problema para votar las propuestas del Grupo Popular porque, coincidiendo con muchas de las del Grupo Socialista, creo que en el fondo todos buscamos una mejor Administración de justicia y un mejor funcionamiento de la misma. No he oído qué va a hacer el Grupo Parlamentario Popular, pero sospecho, a pesar de tanto hablar de clima (creo que esta mañana hemos tenido aquí un debate sereno y reflexivo en el que los grupos hemos intentado trabajar de una manera rigurosa para llegar a acuerdos parlamentarios que mejoren la Administración de justicia en todos los ámbitos, también en los que preocupan más a unos grupos que a otros), que ese clima se dé en el mismo. Por el contrario, se ha nombrado aquí, por supuesto, al magnífico y dignísimo ex ministro de Justicia Fernando Ledesma y se ha comentado también que el portavoz de justicia en el anterior debate hablaba de que antes había un clima de esperanza. Lo que había antes era que el Gobierno del Partido Popular tuvo la suerte de contar con una oposición responsable y leal que no sólo llegaba a acuerdos, sino que instaba al Gobierno a hacer esos acuerdos y que mantuvo un acuerdo por la justicia, que después se instrumentalizó por el Gobierno del Partido Popular como propaganda política. Eso fue lo que ocurría en otros tiempos, que había una oposición leal y constructiva.
Ahora que ustedes hablan de consenso y el señor Santaella ha dicho que lo quiere, parece que hay que tener consenso en todas partes menos en una, menos en el Consejo General del Poder Judicial. Parece que SS.SS. no quieren que haya consenso dentro del Consejo, porque eso es todo lo que estamos debatiendo -no en este debate, pero se ha discutido aquí-, y ese consenso es el que SS.SS. no quieren que se produzca pero que la mayoría de la Cámara sí va a conseguir. En cualquier caso, no sé qué va a hacer el Grupo Popular con las propuestas del Grupo Socialista y de otros grupos, con las que en realidad buscamos mayor transparencia y eficacia y una justicia de calidad, pero sepan que nosotros no vamos a caer en el modelo de la bronca, del obstruccionismo y de una oposición destructiva, no como la oposición que ustedes tuvieron la suerte de tener durante unos cuanto años.
¿Algún grupo quiere utilizar su turno para la aceptación o rechazo de enmiendas? (Pausa.)
Grupo de Convergència i Unió.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, mi grupo parlamentario acepta la enmienda transaccional que presenta el Grupo Socialista a nuestra propuesta de resolución 43. Acepta también la enmienda transaccional del Grupo Socialista a nuestra propuesta de resolución 46. Nuestro grupo no puede aceptar el texto transaccional que ofrece el Grupo Socialista a nuestras propuestas de resolución 42 y 49, pero a través de las enmiendas presentadas por nuestro grupo a las propuestas de resolución del Grupo de Izquierda Unida hemos llegado a un punto de acuerdo por el cual, si se aceptan nuestras enmiendas a las propuestas de Izquierda Unida, mi grupo no sometería a votación la propuesta 42 y 49 en su literalidad, entendiendo que eso se traslada a las dos enmiendas que ha presentado mi grupo y que pueden ser aprobadas hoy.
Este es el sentido de nuestro voto y agradecemos a los distintos grupos el ánimo de consenso que en la votación se reflejará en la aceptación de estas propuestas.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Únicamente quiero manifestar que aceptamos las enmiendas porque vienen a enriquecer las resoluciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias por su brevedad, señora Navarro.
¿El Grupo Popular quiere intervenir? El señor Santaella.
Intervengo para decir que mi grupo acepta la enmienda que Convergència i Unió plantea a nuestra propuesta de resolución número 40.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señora Hermosín, ¿quiere usted intervenir en este turno? (Pausa.)
Hemos llamado a votación, vamos a proceder a la misma. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Tomen asiento, señorías.
Vamos a proceder a la votación de las propuestas de resolución relativas a la memoria del Consejo General del Poder Judicial, correspondiente al año 2003. Las propuestas de resolución van a ser votadas con las enmiendas que han sido aceptadas previamente.
Respecto al Grupo Parlamentario Mixto, quisiera que me confirmaran si retiran la propuesta de resolución número 4.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sí, señor presidente, porque consideramos que está integrada en la transacción que se hizo entre el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comenzamos con la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Mixto.
Votación separada para la propuesta de resolución número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 30; en contra, 282; abstenciones, una.
Propuesta de resolución número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 30; en contra, 157; abstenciones, 126.
Propuesta de resolución número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 185; en contra, cinco; abstenciones, 123.
Propuesta de resolución número 5, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 311; abstención, una.
En el caso del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds habrá cuatro votaciones separadas.
En primer lugar, las proposiciones 6, 7, 50, 51, 52 y 54.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 187; en contra, 126.
A continuación, propuesta número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 314.
Votación de las propuestas de resolución números 14 y 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 31; en contra, 157; abstenciones, 124.
A continuación se vota el resto, es decir, las propuestas números 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18 y 55.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 186; en contra, dos; abstenciones, 128.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Propuesta de resolución número 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 186; en contra, 130.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores.)
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Tres votaciones separadas. En primer lugar, propuesta de resolución número 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 25; en contra, 290; abstenciones, una.
Propuestas números 21, 22 y 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 187; en contra, 129.
Finalmente, votación de la propuesta de resolución número 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 29; en contra, 287; abstenciones, una.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tres votaciones separadas. En primer lugar, propuesta de resolución número 43.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 187; en contra, cinco; abstenciones, 123.
En segundo lugar, votamos la propuesta número 46.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 188; en contra, 128.
Finalmente, votamos en bloque el resto de las propuestas. (La señora Torme Pardo pide la palabra.)
Adelante, señora Torme.
La señora TORME PARDO: Quería que me confirmara qué propuestas de resolución se incluyen en este resto. Nosotros habíamos hecho una petición de votación separada y entendemos que ahora se van a votar las propuestas números 44, 45, 47 y 48. ¿Es así?
El señor PRESIDENTE: Los servicios de la Cámara me dicen que es así.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 313; en contra, uno.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Se han pedido cuatro votaciones separadas. En primer lugar, propuesta número 36.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 302; en contra, 13; abstenciones, dos.
Propuesta de resolución número 38.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 291; en contra, 20; abstenciones, una.
Propuesta de resolución número 41.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 310; en contra, cinco; abstenciones, una.
Finalmente, en bloque, resto de propuestas de resolución del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 313; abstenciones, cuatro.
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Dos votaciones separadas. En primer lugar, propuestas de resolución números 25 y 26.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 191; en contra, 124; abstenciones, una.
Votamos, en bloque, el resto de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 185; en contra, tres; abstenciones, 127.
Corrección de error.-En el "Diario de Sesiones" número 53, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el pasado martes, 30 de noviembre, en la intervención del señor Moscoso del Prado Hernández -página 2548, segunda columna, línea 53-, donde dice: "suspensión total y completa de las sociedades..." debe decir: "suspensión total y completa de las actividades..." También en la misma intervención, en la página 2549, primera columna, línea 35, donde dice: "denunciar en el futuro a entidades nucleares..." debe decir: "denunciar en el futuro actividades nucleares..."