Source: https://www.scribd.com/doc/126870130/Noticias-Uruguayas-sabado-23-de-febrero-del-2013
Timestamp: 2016-10-22 14:42:45
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Noticias Uruguayas sábado 23 de febrero del 2013
BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet Musicsábado, 23 de febrero de 2013URUGUAY: LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (SCJ) ACABA DE CONSUMAR EL GOLPE "BLANDO LEGAL"//Resolución de la SCJ provocará archivo de causas por delitos durante la dictadura//La SCJ cierra definitivamente investigaciones por derechos humanos//Suprema Corte no irá al Parlamento//Veja y Al Jazeera atacan a Mujica y a la Justicia uruguaya//PIT-CNT,FA,Familiares,HIJOS, organizaciones DDHH, FEUU,FUCVAN,CRYSOL organizaciones sociales convocan a concentración// LOS IMPUNES Y SUS CÓMPLICES CIVILES, NO PASARÁN!!!! PARTIDO COMUNISTA DE URUGUAY//PVP denunciará a la SCJ ante la Corte Interamericana//BAJO LA TOGA Y SIN PELUQUÍN. ¿QUIÉNES SON LOS MINISTROS DE LA SCJ? //Huidobro vuelve a buscar al "traidor"//Las suspicacias del avión de Airclass
Se acaba de consumar lo que ya se venía previendo: la Corte Suprema de INjusticia acaba de cerrar PARA SIEMPRE - SEGUN ELLOS - las investigaciones y procesos por los delitos de lesa humanidad y todas las violaciones a los DDHH. Y lo hace pisoteando la voluntad manifiesta de LA MITAD DEL ELECTORADO QUE EN SU MOMENTO SE PRONUNCIÓ POR TERMINAR CON LA IMPUNIDAD. Y los dinosaurios todavía se atreven a hablar en nombre de la democracia y del interés ciudadano. Qué hipócritas !. Con ello se ha hecho realidad el GOLPE BLANDO estilo Honduras y Paraguay. Se acaba de LEGALIZAR EL FASCISMO, la SCJ acaba de resolver que NO ES ILEGAL asesinar personas por motivos políticos, asesinar prisioneros políticos, secuestrar y hacer desaparecer a opositores políticos, robar bebés de presuntos opositores al régimen, así como tampoco es ILEGAL la tortura masiva contra los prisioneros, las violaciones de los mismos, el encierro de los prisioneros en condiciones inhumanas durante mas de un decenio. La SCJ ha saltado al campo del fascismo MILITANTE tomando resoluciones e interviniendo en el proceso político. La SCJ cree que con ello cierra PARA SIEMPRE la investigación de todas las tropelías e ilegalidades del período dictactorial. Con esto acaba de LEGALIZAR AL FASCISMO.
La SCJ pasa DE HECHO Y POR RESOLUCIÓN a ser culpable de asistencia a la asociación ilicita para delinquir (la integrada por mafia militar secuestradora, desaparecedora y ladrona de bebés), la SCJ pasa a ser culpable del delito de incitación al delito de lesa humanidad en la medida que lo acaba de declarar IMPUNE, la SCJ es culpable de asistencia al atentado a la Constitución (ya no en grado de conspiración sino de CONSUMACIÓN), la SCJ ha tomado resoluciones atentatorias contra todas las resoluciones internacionales sobre CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, la SCJ viola esas disposiciones internacionales así como las convenciones internacionales contra la tortura, contra la desaparición forzada de personas y por crímenes de guerra y tratamiento a los prisioneros de guerra, Convenciones y tratados RATIFICADOS POR URUGUAY. La SCJ desde el ángulo del derecho internacional viola gravemente dichos tratados pertinentes que han sido firmados y ratificados por Uruguay. La SCJ se coloca en una situación muy dudosa desde el punto de vista del derecho internacionalmente aceptado ya que como es sabido estos tratados y convenciones están por encima de las disposiciones que cada país pueda hacer sobre los tópicos de referencia. Políticamente y en lo nacional la SCJ sella una alianza con los pandilleros fascistas de las FFAA y pasa a actuar activamente junto a la ultraderecha que pretende, una vez más, sepultar los CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD a través de volver a hacer regir la IMPUNIDAD. En la medida que tales crimenes son de inspiración fascista las SCJ están aprobando la impunidad para el fascismo y de hecho ayudarlo a eludir sus responsabilidades penales. Aunque la SCJ se haga llamar democrática o se autodenomine legal, esa es la realidad. La SCJ como también ya se habia adelantado esta sostenida por el conjunto de la derecha nacional, derecha en la que muchos sectores de una u otra manera no quieren ver que se investiguen a fondo las complicidades civiles durante el período dictatorial, que era el de una dictadura cívico-militar. Las FFAA apuntalan también este proceso de ocultamiento de la verdad y por la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus integrantes en el período pasado, entre otras cosas ocultando los archivos y registros y desinformando, utilizando para ello los métodos mafiosos de la "ley del silencio". Este proceso está también sostenido por el imperialismo yanqui cuyo objetivo es hacer de Uruguay un centro de bases militares para la agresión a los países hermanos en la región, para reprimir protestas populares en Uruguay y como base para operaciones militares cuyo fin es robarse los recursos naturales de TODOS LOS PAÍSES DE LA REGIÓN
INCLUYENDO AL URUGUAY. La utilización de las SCJ como supuestos árbitros con el derecho a la última palabra ya se ha aplicado para supuestamente legalizar los golpes militares en Honduras y en Paraguay. Lo que la SCJ hace hoy en día es implementar un golpe blando "legal". Este proceso se ha visto favorecido por la actitud del Frente Amplio durante sus dos gobiernos. Impidiendo investigaciones y juicios, manteniendo la impunidad, saboteando el plebiscito de la rosada, torpedeando las votaciones en el parlamento, incluyendo la presencia a última hora del Presidente para intentar frenar a sus propios parlamentarios. Y como remate EL LLAMADO PÚBLICO DEL PRESIDENTE MUJICA A QUE LA SCJ INTERVINIERA SACANDO A LA JUEZA MOTA. Fué el Presidente Mujica quién los llamó a tomar medidas, quién fué el inspirador ideológico de la purga contra la jueza Mota no es otro que el Presidente Mujica. La SCJ cuando se decide a intervenir (después de garantizarse los apoyos políticos y militares) purga a Mota, le veta el impuesto-migajas en el agro de Mujica y por último DECLARA LA IMPUNIDAD PARA LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD. Todo en de una semana. El Presidente Mujica no puede desentenderse de su responsabilidad en estas decisiones de la SCJ ya que fué él mismo quien los llamó a tomar medidas. Aquí están a la vista los resultados de tal llamado. Para el movimiento cívico por los DDHH y por la verdad y la justicia se abre un período negro. Ya que la SCJ al haber quemado todas las naves ante el movimiento democrático anuncia que seguirá en esa línea. Ya lo hemos visto en Honduras y Paraguay en donde a partir de la legalización del "golpe blando" han continuado cobijando y "legalizando" todo tipo de violaciones a la ley y a la Constitución en comandita con la derecha oligárquica, el imperio y las FFAA nacionales. En consecuencia se hace mas necesario que nunca la puesta en marcha de un MOVIMIENTO AMPLIO Y UNITARIO, DESDE LA BASE, SIN TUTELAJES NI CAPITANÍAS PARTIDARIAS, en defensa de la democracia, de las libertades públicas y de los DDHH, hoy y para el futuro, comenzando por la tarea de volver a voltear la impunidad y esta vez de manera completa para que se juzge y condene a los criminales de lesa humanidad que hoy han sido declarados impunes. Para que se sepa la suerte de los desaparecidos, de los bebés robados, y que sean juzgados los responsables de asesinatos, de asesinatos de prisioneros, de las torturas, las violaciones y los saqueos. Se necesita una amplia unidad. Para hacerla posible - como ha sido siempre en nuestra historia - es el pueblo mismo el que tiene que ser el
protagonista y quien decida, no frentes cuoteados partidariamente, debe de ser un movimiento amplio, desde abajo, para tener presencia permanente en la calle marcando a fuego al fascismo al que si no se lo detiene ahora después costará enormes esfuerzos y luchas prolongadas. Los desaparecidos,los bebés robados, los asesinados , los torturados, no pueden ser moneda de cambio para satisfacer intereses politiqueros partidarios y menos aun electoralistas. Debe de ser un movimiento auténtico cuyos únicos fines son las indicadas banderas de Verdad y Justicia. Jorge Zabalza por el Blog Zurdatupa Alberto Cabrera por el Blog El Muerto Alberto Vidal por el Blog Noticias Uruguayas
La Suprema Corte de Justicia declaró hoy inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad, según confirmó a EL PAÍS digital el vocero del organismo Raúl Oxandabarat. El vocero indicó que por cuatro votos contra uno, los ministros del organismo declararon que "los artículos 2 y 3 fueron declarados inconstitucionales", no así el artículo uno. En el artículo 2° se establece que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los "cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986". En el tercero se establece que "No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley" Expertos en el tema dijeron que la decisión determinará que a partir de ahora las causas judiciales abiertas en las que no hay militares procesados por delitos cometidos en dictadura, deberán ser archivadas al entenderse que los mismos prescribieron. Esto implica que en las causas donde ya hubo procesados se podrá seguir investigando. Esto no comprenderá a nuevos individuos sino que a la misma persona se le podrán imputar más causas. En tanto, las causas que están abiertas deberán cerrarse y ser
archivadas. El ministro que no dio su voto fue Ricardo Pérez Manrique. Oxandabarat recordó que los fallos de la Corte no tienen alcance general y explicó que el organismo declara inaplicables artículos de una norma o una norma completa. "La suerte de cada uno de los procedimientos o de los juicios en los que se investigan delitos de dictadura dependen del juez de la causa y en eso no puede intervenir SCJ. Por lo que no se puede saber en este momento qué va a pasar". El País Digital
254. En consecuencia, el Estado (uruguayo) debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo. Corte Interamericana de Derechos Humanos - OEA (Sentencia Gelman v. Uruguay, 24 de febrero de 2011).
viernes, 22 de febrero de 2013 Blog El Muerto
A partir de ahora las causas judiciales abiertas en las que no hay militares procesados por delitos cometidos en dictadura, deberán ser archivadas al entenderse que los mismos prescribieron. El ministro que no dio su voto fue Ricardo Pérez Manrique.
La Suprema Corte de Justicia declaró este viernes inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad. Luego de varias reuniones en las que los ministros debatieron si declarar inconstitucional la norma o declararla inaplicable, por 4 votos contra 1 los ministros declararon inconstitucional algunos artículos de la norma. Con esta decisión las causas judiciales abiertas en las que no hay militares procesados deberán archivarse porque se entienden que los delitos prescribieron. El principal argumento que en el que coincidieron los ministros es que la ley penal no puede aplicarse reatroactivamente. La ley 18.831 restableció en el artículo 1 el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986. Además estableció que no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley. Por último declaró que los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte. Este viernes los miembros de la Corte darán a conocer la primera sentencia.
Suprema Corte ratificó sentencia anterior y falló en contra de los artículos 2 y 3 de la norma. Se restablece la Caducidad y cada juez determinará si reabre las causas La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley Interpretativa de la Caducidad en sus artículos 2 y 3, dijeron a Subrayado fuentes de la corporación. Esto implica el cierre de decenas de causas que habían sido reabiertas La votación fue cuatro a uno entre los ministros de la Corte. El hecho queda en manos de cada juez, quien interpretará en cada caso lo que acaba de fallar la SCJ. La ley Nº 18.831 había sido aprobada en 2011 en medio de fuertes controversias entre integrantes de la bancada de gobierno. La norma eliminó la prescripción de los delitos cometidos durante de la dictadura y abrió investigaciones que habían sido canceladas a partir de la aprobación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado del año 1986. La Suprema Corte ratificó en una sentencia –de fecha 6 de mayo de 2011– que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes y no de lesa humanidad por lo cual deben prescribir. La decisión de hoy ratifica esta postura. Una de las discusiones es si la Ley Interpretativa viola disposiciones constitucionales ya que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. El hecho se produce una semana después que el máximo órgano judicial trasladó a la jueza Mariana Mota a la órbita civil en una decisión que despertó controversias y manifestaciones contra la independencia dl Poder Judicial en Uruguay.
Mota era la magistrada que más causas de lesa humanidad manejaba. Se estima que tenía a su cargo más de 40 causas. Su traslado no fue justificado oficialmente, aunque trascendió que había fuertes tensiones entre los ministros y Mota a raíz de varios temas como su presencia en la marcha de los desaparecidos del 20 de mayo de 2012. En el ámbito judicial se consideró perjudicial para la necesaria imparcialidad de la magistrado. La ley restablece la vigencia de la ley de 1986. Este es el texto de la ley: Artículo 1º.- Se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986. Artículo 2º.- No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley. Artículo 3º.- Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte. Artículo 4º.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.
La SCJ cierra definitivamente investigaciones por derechos humanos El fallo hace caer la ley interpretativa de la caducidad que aprobó el gobierno y entiende que los delitos prescribieron
+ - 22.02.2013, 14:33 hs - ACTUALIZADO 15:07 Texto: -A / A+ La Suprema Corte de Justicia declinó la invitación que el Parlamento le hizo para dar explicaciones sobre el traslado de la jueza Mariana Mota. Los magistrados tomaron esta decisión por unanimidad informó a El Observador el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat. Jorge Ruibal Pino, presidente de la Suprema Corte, le comunicó a Pablo Iturralde, presidente de la Comisión, por teléfono la decisión tomada. La misma fue también enviada por en una carta (ver arriba). El traslado de la jueza Mota ha tomado relevancia a nivel nacional e internacional. Ayer, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) establece en un comunicado enviado este jueves que el traslado de la jueza Mariana Mota de la Justicia Penal a la Civil no sigue "estándares para los nombramientos y permanencia" en el cargo de juez establecidos por la normativa internacional”. Mientras tanto, varios medios internacionales han hecho eco del caso.
Por cuatro votos de los cinco ministros, la norma caerá con lo que las causas judiciales que están abiertas, donde no hayan sido ya procesados los militares deberán archivarse, en el entendido que los delitos prescribieron. Los magistrados entienden como argumento principal, que las leyes penales no pueden ser aplicadas retroactivamente. Cuando el Estado recobró (y pierde) su pretensión punitiva El artículo primero de la Ley 18.831 estableció que los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado, hasta el 1º de marzo de 1985, volvían al régimen del pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, lo que había sido dado de baja por la llamada “ley de caducidad”. Los delitos en cuestión eran los comprendidos en el artículo 1º de la Ley 15,848, cometidos “por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”. También vuelven a estar vigentes los plazos procesales, de prescripción y de caducidad, entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de la norma ahora inconstitucional. En cuanto a los crímenes considerados de lesa humanidad, se actuará de conformidad a los tratados internacionales de los que la República es parte, aunque
no existe detalle sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuyo amparo debería recurrirse ahora para investigar a los militares.
Veja y Al Jazeera atacan a Mujica y a la Justicia uruguaya El traslado de la juez trascendió fronteras y provocó reacciones adversas
El caso del traslado de la jueza Mariana Mota ha trascendido fronteras. Un artículo en Veja de Brasil y otro en la cadena internacional de noticias, Al Jazeera, critican con dureza la democracia uruguaya y su forma de lidiar con los Derechos Humanos, Mujica “aplasta” jueza que enfrenta torturadores escribe Veja Una de las más respetadas publicaciones de política y actualidad de Brasil, Veja, publicó el pasado martes un artículo que reconstruye lo sucedido con la jueza Mariana Mota y, sin titubeos, titula que el presidente Mujica “aplastó” a la trasladada jueza. Fue escrito por el respetado periodista Luiz Cláudio Cunha, de larga trayectoria que se desempeñó en O Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, O Globo, Correio Braziliense, Zero Hora, Diário da Indústria e Comércio, y las revistas Veja, IstoÉ. Se hizo precisamente conocido por sus reportajes investigativos sobre las dictaduras en el cono sur, el Plan Condor y los Derechos Humanos. Un trabajo relacionado, realizado junto con el fotógrafo J.B Scalco le rindió el Premio Esso de Periodismo, uno de los principales en la materia, en Brasil. El artículo, se titula “José Mujica, el presidente exguerrillero de Uruguay, aplasta jueza que enfrenta a los torturadores de la dictadura”. Y lo plantea al público de su país de la siguiente manera. “Cierre los ojos e imagine la siguiente tragedia en tres actos: Acto 1- La presidenta Dilma Rousseff, exguerrillera y presa política, es presionada por oficiales ligados a la línea dura del régimen militar, irritados con un juez de San Pablo que reconoce la muerte por torturas del periodista Vladimir Herzog en los sótanos del DOI-CODI (órgano de inteligencia del ejército brasilero en donde se lo torturó). Acto 2. La presidenta Dilma Rousseff cede a la presión de los cuarteles, busca una revista semanal, cobra difusión y logra públicamente una reacción del Tribunal Supremo Federal en contra del magistrado que incomoda.
Acto 3. Sumiso, el Tribunal Suprema Federal, acata la queja del Palacio de Planalto (la Torre Ejecutiva) y castiga al juez que termina siendo trasladado a un inofensivo tribunal de causas menores, lejos de los derechos humanos, reforzando el blindaje de los torturadores y asegurando la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Ahora abra los ojos porque ese drama, está claro, no sucedió en Brasil. Pero acaba de asombrar a Uruguay, que llega al fondo del pozo de una guerra aparentemente perdida en el área crucial de los derechos humanos, gracias a un personaje hasta entonces insospechado: el ex líder de la guerrilla tupamara, el expreso político y actual presidente de la República, 'José “Pepe” Mujica'". En el artículo se destaca cómo se sucedieron los hechos con la jueza Mota y destaca cada uno de sus casos más conocidos. Dice que la SCJ, “reaccionando al dedo rígido y la lengua venenosa de Mujica, los cinco ministros removieron a la jueza Mariana Mota de repente. El largo artículo, de casi 15.000 caracteres, anda por cada uno de los detalles de la destitución y de la carrera de la jueza. Finaliza diciendo que “Uruguay guardará para siempre el ejemplo de lucha de Mariana Mota. Ningún uruguayo jamás olvidará cómo José Mujica aplastó su propia biografía. Un peso Um peso abrumador en la conciencia del país. Como un dinosaurio”. Los oscuros años de la dictadura continuarán dejando una larga nube” escribe Al Jazeera Este viernes, la cadena árabe Al Jazeera publica “La cultura de impunidad en Uruguay continúa con la frente en alto”. El artículo fue escrito por Francesca Lessa y PierreLouis Le Goff ambos investigadores de Derechos Humanos en la Universidad de Oxford. Establecen que “el traslado de la jueza Mariana Mota muestra que la cultura de impunidad en el país de los crímenes de impunidad, todavía se mantienen”. Y dicen que si bien en los últimos años Uruguay ha ganado aplausos por sus políticas progresistas que “la habían vuelto a colocar como la Suiza de América”, esta posición “cambió radicalmente el 13 de febrero cuando sin explicación mediante la Suprema Corte de Justicia decidió transferir a la Jueza Mariana Mota de su jurisdicción Penal a lo Civil. De la misma forma que en la nota de la publicación brasilera, se recorre la historia reciente del Uruguay y los casos que trató la jueza Mota. “Por remover a Mota, la Justicia uruguaya ha demostrado que se está descarrilándose de sus esfuerzos por hacer justicia ante los crímenes militares, más allá de la revocación de la Ley de Caducidad en octubre de 2011. Y finaliza estableciendo si Uruguay quiere mantener su imagen de “Suiza de América”, es fundamental que la independencia de los jueces como Mota, además de la ley, sea
respetada. Jueces como Mota deben ser apoyados y acompañados en la pelea por la justicia, y no derrocados de sus trabajos. Sin esto, los oscuros años de la dictadura continuarán dejando una larga nube”
La Suprema Corte de Injusticia acaba de declarar inconstitucional la ley interpretativa de la ley de impunidad. Al parecer, el argumento central sería la no retroactividad de la ley penal. Sin embargo, no hay duda que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura formaron parte de un ataque generalizado y
sistemático contra una población civil (en especial contra militantes de izquierda y dirigentes sindicales). Quiere decir que, aún en el caso de que la Justicia tipificara el delito de homicidio, por las circunstancias en que fue cometido lo transforman en un delito de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptible. Lo mismo para los casos de tortura o cualquier otra violación de los derechos humanos cometida durante el período dictatorial, que ya eran delito en la jurisprudencia internacional en Tratados que habían sido ratificados por nuestro país. Seguramente la Corte se referirá en su resolución a lo consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”. Lo que no tiene en cuenta la SCI (Suprema corte de Injusticia), es que el derecho aplicable en estos casos es el derecho internacional. El numeral 2 del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre dice que
“Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional”. Esto es, puede que el delito no esté aún tipificado en el
derecho nacional (interno), pero si está tipificado en el derecho internacional, entonces el que comete el delito puede y debe ser condenado. En su resolución de 1969 sobre el castigo de quienes hayan cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (Resolución 2583 – XXIV), la Asamblea General de las Naciones Unidas consideró que la "investigación rigurosa", así como la sanción de los responsables "son un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, y para fomentar la confianza (...) y contribuir a la paz y la seguridad internacionales”. Y no hay ninguna duda que al integrar la ONU, los Estados están obligados a cumplir con sus disposiciones. La página de las Naciones Unidas, en la Dependencia de Información al Público dice lo siguiente: “Los Artículos de la Carta tienen el valor de legislación internacional positiva ya que la Carta es un tratado y por lo tanto un documento vinculante. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben cumplir de buena fe las obligaciones que han contraído a través de la Carta, incluyendo la de fomentar el respeto de los derechos humanos y la de cooperar con las Naciones Unidas y con otras naciones para alcanzar este fin”. Por cierto,
el Pacto internacional sobre derechos humanos ya era ley en nuestro país desde 1969 (Ley Nº 13751) y había sido sucrito en 1967.
Paradojalmente, en el país que hoy preside el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Uruguay), los ciudadanos no podrán acceder a la justicia en esa materia en su propio país (que algunos vuelven a calificar como la Suiza de América), y no tendrán otro camino que recurrir a tribunales internacionales, porque en su patria la justicia les está vedada. Publicado por José Luis Perera en 07:59 2 comentarios: Enlaces a esta entrada
Últimas del 21/2 Yo estuve sin estar porque vivo al norte.... Estuve por el futuro,por la esperanza. Estuve porque sólo guardando la memoria,buscando y conociendo la verdad, haciendo justicia podremos caminar hacia un mundo mejor. Estaré siempre. María Elia Topolansky ci. 957 907-8
------------------------------------No estaba en Montevideo,trabajo en el interior,pero sí estuve y voy a estar apoyando a la Jueza Mota.Estrella Núñez. C I 962.609-5. --------------------------------------
representado por muchos cros y cras que conozco y que se que fueron. Frente a la pretensión de criminalizar a los manifestantes, debemos plantarnos con firmeza y dignidad ¡ La impunidad no pasara! JORGE MAIKI
--------------------------------------Yo estuve y me siento culpable de no haber entrado; eso fue porque no pude quedarme hasta el final. Me comprometo a seguir luchando contra la impunidad hasta merecer la condecoración de la judicialización de mi protesta por parte de la Suprema Corte de injusticia. Gonzalo Abella CI 1 110 149 7. ---------------------------------------
Yo estuve apoyando a la jueza Mariana Mota en la SCJ el 15/2/2013 Hector Valentín Corbalan nuevos
Mis motivos… A pesar de mis 63 años, todavía no he perdido mi capacidad a indignarme contra injusticia. César Martinez-Barbosa CI 1.082.600 A -----------------------------------------------No pude estar, pero hubiera querido, por todas las razones mil veces reiteradas y porque es decepcionante la imagen que la SCJ da de la justicia uruguaya, que parece todavía atrapada en la paranoia que alimentó la dictadura y los primeros gobiernos que la sucedieron. Jorge Angeloni -----------------------------------------------Yo también estuve. Ivonne KlinglerPublicado por Solidaridad con Mariana Mota en 18:19 No hay comentarios: Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebook
El 13 de febrero del 2013 amanecí con la triste noticia que la Jueza Mariana Mota sería trasladada. Conozco muy bien a la Sra. Mota, tenía el expediente de la causa por homicidio político de mi padre, luego que fuera archivado en otro juzgado en dos oportunidades a pesar que el SCJ de entonces, había sentenciado que el caso estaba excluido de la Ley de Caducidad. Me tomó con sorpresa, a pesar de que tengo bien claro que se está obstaculizando toda investigación sobre los derechos humanos violados en dictadura. Tanto así, que el juzgado había mandado a pedir, al Ministerio de Defensa Nacional, los expedientes de los militares del km. 14 de Camino Maldonado que estaban en el momento que mi padre fallece, y nunca fueron enviados (como en tantos otros casos). El traslado de la jueza, implica otro duro golpe a los derechos humanos, implica que las causas se posterguen en el tiempo, implica que los criminales y sus cómplices vayan envejeciendo y muriendo, pero también nuestras viejas… Implica que el período de tiempo para que los crímenes de lesa humanidad sean juzgados, se vaya acortando. En definitiva… es uno de sus propósitos. También estuve el 15 de febrero en la puerta de la SCJ apoyando a la Jueza, codo a codo con todas las personas que tienen memoria y dignidad, porque no hay justificación posible para tal acto de impunidad y debíamos unirnos ante semejante golpe. Estuve como uruguaya, como demócrata, como denunciante, como víctima, como hija… Estuve porque a pesar de todo creo en la justicia, no en ésta, sino en la verdadera. Estuve con el ama desgarrada, con dolor, impotencia, decepción e indignación, pero sin odio, porque no soy igual que ellos, soy superior. No quiero venganza, porque ella no me devolvería nada, pero exijo Verdad y Justicia en el más amplio sentido de la palabra. Estuve, porque el amor por el prójimo, por el más débil, por el que sufre y sobre todo por mi padre, me lleva a estar presente ante cada acto de injusticia Verdad, Justicia, Juicio y Castigo por los desaparecidos, los asesinados, los torturados, los exiliados y los que debieron esconderse e inventar otra vida por pensar distinto. Pido por todas las familias destrozadas, generación tras generación, por todos ellos, por todos nosotros, por nuestros hijos y los que vendrán. Estuve para gritar en cuerpo y alma que no voy a permitir que otra vez sean pisoteados mis derechos, nuestros derechos. Estoy y estaré siempre contra los atropellos y contra la impunidad, que está
agazapada esperando relucirse ante tanta arbitrariedad. ¿Cómo pueden los jueces, fiscales y abogados hacer su trabajo con ética y responsabilidad ante la presión, persecución, hostigamiento y acoso ejercido por Ministros de la SCJ y determinados integrantes del Poder Ejecutivo? ¿Cómo podemos cerrar el pasado y avanzar hacia adelante, cuando no se respeta lo más esencial? La vida y los derechos. ¿Cómo estaremos seguros de transitar en democracia, cuando ésta debería ir fuertemente tomada de la mano de la justicia? En un país donde la libertad se obtuvo a sangre y fuego, dejando una estela de horror y la vida de muchos uruguayos por el camino, hoy, la misma “Justicia” obstruye los senderos para llegar a ella. Cómplice de otros que hicieron pactos y acuerdos en el pasado y hoy traicionan a sus propios “compañeros”. Quiero un Uruguay mejor para todos. Sé muy bien diferenciar los problemas sociales y económicos de cada gobierno nacional. Jamás voy a apoyar a blancos y colorados, que nos llevaron a la más profunda miseria en estos sentidos. Creo tener un pensamiento socialista, pero soy totalmente crítica y lo digo. No voy a apoyar a ningún político, ni sector, ni gobierno, que no respete nuestro derecho a defender la verdad y la justicia, porque este derecho es fundamental para que “ese Uruguay” sea posible.
Date: Fri, 22 Feb 2013 18:46:55 +0100 Montevideo, 22 de febrero de 2013. Ante el reciente fallo de inconstitucionalidad dictado por la Suprema Corte de Justicia, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos adhiere a la convocatoria del Frente Amplio, PIT-CNT y organizaciones sociales para concentrarse el próximo lunes 25 de febrero a las 18.30 hs. en Plaza Libertad, en rechazo a tan lamentable decisión que continúa perpetuando un régimen de impunidad en materia de graves violaciones a los DD.HH. Asimismo invitamos a redoblar esfuerzos participando en la actividad ya prevista en el Velódromo Municipal, el lunes a partir de las 19.45 hs. Ponete la camiseta! POR VERDAD, MEMORIA, JUSTICIA y NUNCA MÁS TODOS SOMOS FAMILIARES Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
FA, PIT-CNT y Familiares convocan a concentración
contra fallo de la Suprema Corte
Suprema Corte de Justicia La concentración a la que convoca la izquierda es para el próximo lunes 25 a la hora 19 en Plaza Libertad en silencio, limitándose a cantar el Himno Nacional y portando pabellones nacionales. El fallo de la Corte de Justicia provocó que el Partido Por la Victoria del Pueblo impulse la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tema será analizado por la Mesa Política del Frente Amplio y se descarta que contará con el respaldo de toda la izquierda. “Reaviva el dolor de la sociedad” En ese marco, la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, declaró a Montevideo Portal que el fallo de la SCJ “reaviva el dolor de la sociedad sobre los hechos ocurridos durante la dictadura, así como las resistencias hacia la investigación de los hechos”. “La idea es encontrarnos todos los que hemos trabajado en esto, con banderas uruguayas y cantando el himno”, explicó la legisladora. Por otro lado, explicó que durante la reunión de este viernes de la Mesa Política del FA, se comentó que “existía la posibilidad” de que el fallo de la SCJ se diera a conocer en la
jornada. Sin embargo, la movilización se confirmó una vez terminada la sesión, cuando la corporación oficializó el dictamen.
DECLARACIÓN PÚBLICA El Servicio Paz y Justicia de Uruguay manifiesta la más profunda consternación e indignación frente al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831 que habilitaba al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Esta decisión constituye un gravísimo retroceso a la aplicación de la justicia frente a los horrores ocurridos en nuestro pasado reciente e incumple manifiestamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman que obliga al Estado uruguayo a garantizar la investigación y a juzgarlos. Así como en 1987 apoyamos los valientes pronunciamientos de la Dra. Jacinta Balbela y el Dr. Nelson García Otero declarando la inconstitucionalidad de Ley de Caducidad queremos destacar, en esta oportunidad, el fallo discorde del Dr. Ricardo C. Pérez Manrique que no dio lugar a la inconstitucionalidad de los artículos arriba mencionados. Por último, reafirmamos que no renunciaremos a la búsqueda de verdad y justicia ante las violaciones a los derechos humanos y a nuestra permanente lucha contra la impunidad. Montevideo. 22 de febrero de 2013
22.02.2013 20:24 Macarena Gelman afirmó que “Uruguay se merece otro tipo de Justicia” en relación al fallo de la Suprema Corte sobre las prescripciones de delitos de la dictadura. Según Gelman, el fallo es "seriamente cuestionable" y no es un “hecho aislado”, por lo que “hay que analizar qué está ocurriendo con la justicia uruguaya”. Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija de la detenida desaparecida María Claudia García, dijo este viernes que Uruguay "se merece otro tipo de justicia", después de que la Suprema Corte declarara inconstitucional la ley que impide la prescripción de delitos de la dictadura. En declaraciones a la agencia EFE, Macarena Gelman señaló como "seriamente cuestionable" la decisión del Suprema Corte, sobre la que no cabe recurso alguno, y dijo que va en contra de "hacer justicia por los delitos de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas". Según el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitido este viernes, la ley 18.831, aprobada por el Parlamento hace dos años y que obligaba a los jueces a considerar los crímenes de la dictadura como delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, es inconstitucional porque no puede aplicarse de forma retroactiva. "No puedo saber hoy qué puede pasar más adelante, pero sí es seguro que hay que analizar qué está ocurriendo con la justicia uruguaya, porque este no es un hecho aislado", apuntó la joven ante el fallo. Macarena es nieta del poeta argentino Juan Gelman y sus padres fueron secuestrados en el marco del "Plan Cóndor", un sistema de cooperación entre las dictaduras del Cono Sur en los años setenta y ochenta del siglo pasado. Su padre fue asesinado y su madre permanece desaparecida desde 1976, después de dar a luz en cautividad a Macarena, que fue entregada a un policía y su esposa y que no supo su verdadera identidad hasta los 23 años. Para Gelman, que ahora tiene 36 años, hechos como el reciente traslado a un tribunal civil de la jueza Mariana Mota, que tenía a cargo medio centenar de expedientes de la dictadura, forman también parte de una situación que hace pensar "si el Poder Judicial, desde la dictadura hasta hoy, se está comportando como debe". Además, apuntó que, pese a que el pronunciamiento de la Corte de este viernes se
refiere a un caso particular, "genera un antecedente que no es positivo". En ese sentido, portavoces de la SCJ aclararon a Efe que la decisión emitida hoy no implica el archivo automático de todas las causas abiertas por aquellos crímenes, ya que la decisión se refiere solo a un caso concreto y por tanto los jueces tienen "independencia para aplicar lo que quieran" en los procesos que llevan adelante. Por su parte, Gelman dijo esperar "una respuesta rápida del Estado uruguayo, de sus tres poderes", para subsanar el obstáculo impuesto por esa decisión "entre otras razones porque internacionalmente está comprometido a hacerlo". Precisamente, el Estado uruguayo reconoció el año pasado, en virtud a una sentencia impuesta en 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su responsabilidad por el caso Gelman, y se comprometió a suprimir todos los obstáculos legales para el esclarecimiento de los hechos. (en base a EFE)
Estimados Compañeros de los diferentes Gremios y Federaciones. En estos instantes se está comunicando a la opinión pública que la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional la “Ley interpretativa de la caducidad” (ley 18.831 en lo que con independencia de mayores consideraciones jurídicas se constituye en una nueva afrenta, junto al traslado de la jueza Mariana Motta) al objetivo democrático de nuestro pueblo hacia la verdad y la justicia. Como una decisión de este tipo no puede. No debe permanecernos indiferentes es que convocamos a una gran concentración de masas el lunes 25 de febrero a las 19 H en La Plaza Libertad. Por ahora las organizaciones convocantes además de nuestro PIT-CNT, son el FA, la FEUU, FUCVAN, Crysol, Madres y Familiares de detenidos desaparecidos, hijos, etc. . Con seguridad mas y mas organizaciones se irán adhiriendo.
Todos a la calle Nuevamente por Memoria Verdad y Justicia. Nunca mas dictadura! Lunes 19 Hs a la Plaza Libertad!
Marcelo Abdala Fernando Pereira Coordinadores
Desde la FEUU y en nombre de todos los ciudadanos de este país que aun consideran válido reclamar Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más, queremos dejar algo bien en claro: a esos políticos que ahora dicen que “no es tan grave”, que “no se acaba el mundo” , a ellos les pedimos que tengan respeto por este pueblo, sus muertos, sus desaparecidos y todas las víctimas, directas e indirectas, del Terrorismo de Estado. Y que tengan claro que este pueblo nunca se va a confundir: de un lado estarán los represores, los asesinos, los violadores, sus cómplices civiles y empresariales de ayer, los cómplices de hoy en el Poder Judicial y en el poder político. Del otro lado y luchando contra ellos siempre estará la FEUU, como parte de una sociedad que desde hace más de 30 años exige Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más Terrorismo de Estado. Este lunes a las 19 hs nos vemos en la Plaza Libertad, por Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más
PIT - CNT: resolución de la Corte "atenta contra el anhelo democrático de nuestro pueblo" Abdala dijo que el traslado de Mota y la declaración de la SCJ "pueden tener alguna relación"
El coordinador general del PIT - CNT, Marcelo Abdala, dijo este viernes que la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de declarar inconstitucional la ley interpretativa de Caducidad, y el traslado hace una semana de la jueza Mariana Mota al juzgado civil, " atenta contra el anhelo democrático de nuestro pueblo que se avance en forma consecuente en verdad y justicia". Por este motivo, la central obrera anunció que se sumarña a la manifestación que
liderará el Frente Amplio el próximo lunes 25 de febrero en Plaza Libertad, junto a otras organizaciones sociales, por esta causa. Si bien Abdala prefirió no hacer "valoraciones de carácter jurídico" por esta resolución de la Corte, el dirigente sindical se refirió "al contexto" en que se toma esta resolución. "Cuando dos acontecimientos están tan cercanos en el tiempo, pueden sí tener alguna relación", manifestó. "Que quede muy claro para la Suprema Corte de Justicia, o quien sea, que nuestro pueblo va a seguir bregando por verdad y justicia como siempre lo ha hecho", agregó.
A través de un comunicado, la INDDHH expresa que el traslado de la jueza Mariana Mota de la Justicia Penal a la Civil “no sigue estándares para los nombramientos y permanencia en el cargo de juez establecidos por la normativa internacional”. Asegura que de acuerdo a un informe de la oficina de la ONU “una de las prácticas que afectan la independencia o imparcialidad del Poder Judicial es el sistema de ascensos o movilidad”. “Los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura establecen que los criterios deben ser objetivos”, expresa el organismo. Asimismo indica que “la estabilidad en el cargo es una garantía esencial de la independencia judicial y las decisiones de ascenso deben estar basadas en los mismos criterios objetivos que para la designación, y deben ser el resultado de un procedimiento transparente y equitativo”. Estado de derecho La INDDHH recuerda que “durante más de 30 años la sociedad uruguaya ha avanzado en sus los esfuerzos realizados para fortalecer el estado de derecho y consolidar la democracia”. “Ese proceso da muestras de haber comenzado lenta, pero constantemente, a detenerse. En otras palabras, el freno le ha ganado al impulso”, denuncia. “El traslado de la doctora Mota genera el riesgo de que las causas a su cargo por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado pudieran no avanzar con la necesaria celeridad de una pronta y eficiente administración de justicia. Naciones Unidas recuerda que „un importante componente de la imparcialidad es la garantía de un juicio en un tiempo razonable. Las demoras en los procesos penales no pueden justificarse por la complejidad del caso o con el comportamiento de las partes. Cuando las demoras son basadas en la falta de recursos o falta de financiación, deben proveerse recursos complementarios para la administración de justicia‟”, indican el comunicado. También aseguran que la información sobre las causas del traslado de la doctora Mota “nunca fueron comunicadas con claridad por parte de la Suprema Corte de Justicia, de forma tal que toda la ciudadanía tuviera pleno conocimiento de cuales fueron las motivaciones de la decisión”. También recuerdan un caso “similar” cuando el Fiscal Letrado del Crimen Organizado, Ricardo Perciballe, “especializado en una materia tan delicada, fue trasladado a una Fiscalía Civil”. Ante esta situación proponen que “es necesario comenzar a construir en el país una agenda que logre los mayores acuerdos y consensos para seguir fortaleciendo nuestro estado de derecho y sus instituciones” Proponen trabajar sobre una agenda que incluya, entre otras medidas: “la creación del Consejo Superior de la Magistratura, la creación del Tribunal Superior Constitucional, la reforma del Ministerio Público y Fiscal y la definitiva sanción del nuevo Código del Proceso Penal”.
PARTIDO COMUNISTA DE URUGUAY Comité Central Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucionales dos artículos de la Ley que declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, el PCU declara: 1) Rechazamos la decisión de la Suprema Corte de Justicia que va contra de todos los avances en materia de DDHH en nuestro país y contra toda la jurisprudencia internacional al respecto. Esta SCJ tiene que hacerse responsable de colocar al Uruguay como un Estado violador de los DDHH. 2) Rechazamos la decisión de la Suprema Corte de Justicia también por sus motivaciones políticas, que las tiene y son inocultables. No es un hecho aislado, se inscribe dentro de un conjunto de decisiones y de inacciones conducentes a un solo objetivo: garantizar la impunidad de los violadores de los derechos humanos. Entre ellas recordamos, el desplazamiento de la jueza Mariana Mota, el desplazamiento del fiscal Percibale, la falta absoluta de medidas para hacer más ágiles las causas judiciales que se abrieron luego de la votación de la Ley que hoy declararon inconstitucional, la negativa a crear juzgados especiales o un departamento de seguimiento. 3) Con esta decisión la Suprema Corte de Justicia asume la responsabilidad institucional de violar la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que ordenó al Estado uruguayo, del cual es parte la SCJ, garantizar la investigación y la condena a los crímenes de lesa humanidad y remover todos los obstáculos jurídicos, incluido el de las prescripciones. La SCJ defiende, por intereses políticos, un concepto de derecho arcaico, superado y en desuso, y va contra toda la jurisprudencia y los convenios internacionales. Todo eso para defender la impunidad. 4) Somos respetuosos de las leyes, defendimos con nuestra sangre la libertad y la democracia, pero no confundimos estos valores con quienes
circunstancialmente ocupan un puesto. Esta SCJ es responsable de defender la impunidad de los peores delincuentes de la historia nacional, de desaparecedores, asesinos, torturadores, violadores y secuestradores de niños. Esta SCJ ha demostrado ser funcional a los terroristas de Estado. Esta SCJ ha tomado partido a favor de la impunidad y de los impunes. 5) Destacamos que los integrantes de esta SCJ, individualmente, nunca hicieron nada durante todo su desempeño en el sistema judicial para enfrentar la impunidad, nunca investigaron, nunca hicieron absolutamente nada. Nos interesaría saber que van a decir de la Ley de Caducidad que ahora revivieron con su fallo, esa si inconstitucional, declarada nula internacionalmente y violatoria de la separación de poderes. Pasaron dos décadas callados: ¿Van a seguir callados? 6) Reclamamos que la SCJ le explique a las víctimas del terrorismo de Estado, a sus familiares y a todo nuestro pueblo que van a hacer sobre la Ley de Impunidad. Los responsabilizamos por la suerte de los juicios sobre nuestros 182 desaparecidos, 150 muertos en tortura y más de 10 mil torturadas y torturados. 7) Apoyaremos todas las iniciativas para recusar y anular este fallo impresentable, tanto a nivel nacional como internacional. 8) Llamamos al pueblo uruguayo a movilizarse y salir a la calle a defender la verdad y la justicia. Aunque la SCJ tenga el vergonzoso comportamiento que ha exhibido y ceda a las presiones de los impunes y del poder. Aunque los terroristas de Estado y sus defensores políticos hoy festejen, nada terminó: Habrá verdad y justicia, los impunes no pasarán. Comité Ejecutivo Nacional del PCU Montevideo 22 de febrero de 2013
Tal como había adelantado esta semana, el diputado Luis Puig del Partido por la Victoria del Pueblo, dijo a EL PAÍS digital que promoverá la denuncia de la Suprema Corte de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la declaración
de inconstitucional de dos artículos de la ley sobre imprescriptibilidad de los crímenes. El tema fue elevado hoy a la mesa política del Frente Amplio en busca de su respaldo. De prosperar, Puig afirmó que "todas las organizaciones sociales se pondrán a trabajar en busca de los afectados y víctimas por la normativa" que son los que pueden concretar la denuncia. "La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mandata a los tres poderes del Estado a que no se puede aplicar ningún obstáculo que imposibilite el accionar de la Justicia y habla a texto expreso de la prescriptibilidad de los crímenes, de la irretroactividad de la ley y de ningún otro obstáculo", dijo Puig. En este sentido, declarar inconstitucional la ley interpretativa de caducidad para "el PVP es un incumplimiento absoluto de las disposiciones de la Corte" ya que "la ley que aprobó la imprescriptibilidad de los crímenes establece claramente que son delitos de lesa humanidad y no se puede aplicar mecanismos de prescripción y demás". "Estamos planteando que el Frente Amplio respalde a las víctimas que van a haber cerrado sus caminos de Justicia en el país a partir de una actitud que levanta murallas a favor de los poderosos e impunes", dijo Puig quien considera que la Suprema Corte de Justicia "desconoce el mandato de la Corte y se pone del lado de asesinos y torturadores" lo que da "vergüenza". Puig espera que con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre un caso se genere "una catarata" de recursos "ya que el mensaje de la Corte fue la voz de aura en este tema". El legislador considera que la Corte "cedió a la presión de los militares y los representantes de los terroristas de Estado" y criticó al diputado de Rocha José Carlos Cardoso a quien calificó como "uno de los que le hace los mandados a asesinos y torturadores". El diputado José Carlos Cardoso dijo a través de su cuenta de Twitter: "Que se critique una decisión judicial, es libre expresión del pensamiento. El tema es respetar esa decisión. Atento estaremos a represalias". Agregó además si "¿habrá alguien del Frente Amplio que declare "debimos ir por la derogación simple de la ley y no por el mamarracho que impulsaron en el parlamento?". Y acotó: "Les ataco la más peligrosa de las combinaciones, autoritarismo+soberbia+desesperación". Para Puig "hay claramente una actitud de la Suprema Corte de Justicia que no se condice con el papel que debe cumplir. Este dictamen está directamente relacionado con el traslado de (la jueza Mariana) Mota preparando este segundo paso". El País Digital
La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, no tardó en transmitir su sentimiento ante la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la caducidad. "Dolor por inconstitucionalidad. El lunes a las 19 en silencio en la Plaza Libertad", publicó en la red social Twitter. Por su parte, el vicepresidente de esa fuerza, Juan Castillo, dijo que "es una barbaridad lo que está ocurriendo".
Y añadió: "Estamos preocupados por la resolución. Lo que estamos trabajando es para convocar a una concentración del pueblo uruguayo. Es increíble que sigan existiendo artilugios que permitan a los violadores de DDHH permanecer impunes. El mensaje que se está dando para las víctimas y familiares es terrorífico". La convocatoria es para el lunes a las 19 horas, el FA se va a sumar, pero está organizado por organizaciones sociales. Por su parte, el senador comunista, Eduardo Lorier: "Lo que preveíamos pasó: se acaba de declarar inconstitucional el núcleo esencial de la ley interpretativa que anuló la ley de caducidad. Habrá una gran respuesta de masas, multitudinaria, convocada por el PITCNT, la FEUU y el FA el próximo lunes a las 19 horas en la Plaza Libertad. Nadie puede faltar". El diputado socialista Julio Bango dijo que "es un fallo que hace la Corte y obviamente es respetable, pero creo que el fallo nos ocasiona problemas porque va en contra de lo afirmado por la Comisión de Derechos Humanos". FAMILIARES. Ignacio Errandonea, miembro de la asociación de Familiares de Desaparecidos, dijo a EL PAÍS digital que lo sorprende la "contradicción" de la Suprema Corte de Justicia. "No sé qué es lo que pretende", aseguró. Errandonea comentó, además, que "habrá que ver caso por caso" porque "hay muchas causas que deberían continuar" ya que fueron liberados por decreto de Presidencia. "Hay algunas causas que no se reabrieron porque no tuviera más vigencia de ley de caducidad sino porque un decreto de Presidente de la República (de junio de 2011) le sacó la protección de la ley", recordó. Otro de los aspectos que a su entender "habrá que ver" con este fallo de la Suprema Corte de Justicia es como se "arregla el Estado frente a los compromisos que se tienen a nivel internacional". El País Digital
FA une caso Mota con caducidad y va al choque directo con la SCJ Amenazan con un juicio político a los ministros de la corporación judicial
En la izquierda ardió la pradera con el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucional dos artículos de la ley interpretativa de Caducidad. Los primeros en reaccionar fueron los dirigentes del MPP, pero el Frente Amplio está todo decidido a ir a fondo en un choque cada vez más profundo con la corporación judicial. Desde la oposición acusan a la izquierda de entrometerse con un poder independiente. En el oficialismo vinculan la declaración de inconstitucionalidad, que cerrará todas las causas judiciales de Derechos Humanos, con el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal –donde tenía 50 expedientes sobre delitos de la dictadura– a un juzgado civil. En la misma reunión de ayer en la que la Suprema Corte de Justicia se pronunció sobre la ley interpretativa de la ley de Caducidad, los magistrados decidieron por unanimidad no aceptar la invitación hecha por del Parlamento para que dieran explicaciones sobre el traslado de Mota. Se comprometieron sí a enviar un informe por escrito en el que argumentarán el traslado. Si esa respuesta no les satisface, el MPP propondrá que el Frente Amplio inicie un juicio político contra la corporación judicial por considerar que se violó la Constititución con el caso Mota. El artículo 246 de la Carta Magna sostiene que antes de trasladar a un juez, la SCJ debe “oír al fiscal de Corte”. La corporación judicial no realizó nunca esa tarea y argumenta que el Tribunal de lo Contencioso Administativo (TCA) ha fallado a favor de la Corte cada vez que los jueces trasladados interpusieron recursos. El Frente Amplio con sus votos podría iniciar el juicio político, pero no tiene las mayorías necesarias para hacer caer a la Corte de Justicia, ya que se necesitan dos tercios del Senado. Legisladores blancos y colorados se reunieron en la tarde de ayer en el Parlamento para estudiar el anuncio juicio político. Si bien no llegaron a un acuerdo sobre el tema, coincidieron que ninguno apoyará un juicio político a la SCJ si finalmente se concreta. El senador Pedro Bordaberry dijo a El Observador que lo que más le “preocupa” es que “el partido del presidente de la República, que tiene como vocero a la señora del presidente y primera senadora del
Frente Amplio”, Lucía Topolansky, diga que le harán un juicio político a la SCJ. “Obviamente que el presidente no podrá decir que no está de acuerdo con eso o que no está detrás de eso, porque su mujer y su grupo político es el que propone el juicio, y eso es muy grave desde el punto de vista institucional en cuanto a que un poder ataca a otro”. Conocido el fallo judicial de la Caducidad, el MPP salió con todo. La senadora y primera dama, Topolansky convocó a al Secretariado Ejecutivo del sector que a media tarde emitió un comunicado. “Entendemos que con estas resoluciones la mayoría de la SCJ es responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay”, dice el texto. El comunicado une este asunto con el traslado de Mota. “Resulta ineludible vincular dicho acto con la posterior declaración de inconstitucionalidad”.En diálogo con El Observador, el senador Ernesto Agazzi fue más allá. “Ahora entendemos por qué el traslado se hizo tan rápido y sin la vista del fiscal de Corte”, dijo el senador. En la misma línea la senadora Lucía Topolansky dijo a El Observador que las razones del traslado “no están claras” por lo que se recorrerán los caminos legales para “determinar la responsabilidad” de la SCJ en las decisiones adoptadas. Estos dos golpes no fueron los únicos que hicieron levantar la temperatura en el FA. Hace dos semanas la SCJ declaró inconstitucional el impuesto a la concentración de la tierra, algo que posteriormente generó una crisis política interna en el gobierno (ver páginas 2 a 4).
La Mesa Política del Frente Amplio aseguró, luego de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la ley que crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (IRPF) que "tendrá en cuenta los diversos conceptos" del organismo judicial para "plasmar una norma adecuada, precisa y coherente con el ordenamiento jurídico nacional, que conduzca a que paguen más los que tienen más". En una declaración aprobada por unanimidad, la fuerza político reafirma su "compromiso" con una con una política de tierras que desestimule su concentración y democratice su uso eficiente y sustentable por los productores y trabajadores rurales. Además, respaldó que la utilización de los ingresos recaudados tanto por el gobierno nacional como por los gobiernos departamentales se destinen para responder a las necesidades de caminería rural y proveer recursos para que el Instituto Nacional de Colonización disponga de tierras para los pequeños y medianos productores. El País Digital
El sector mayoritario del Frente Amplio, el MPP indicó este viernes en un comunicado que la resolución en mayoría de la Suprema Corte de Justicia, de definir como inconstitucional la declaración de imprescriptibilidad de los delitos cometidos en dictadura es “un obstáculo en el camino de la búsqueda de la verdad y justicia”. Asimismo, el MPP considera que con dicha resolución, “la mayoría de la SCJ es responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República”. En ese sentido, el sector mayoritario del Frente Amplio asegura que “recorrerá los caminos legales conducentes para determinar la responsabilidad de la SCJ en las decisiones adoptadas”. “Defender la impunidad de los peores delincuentes” Por su parte, el PCU también rechazó el dictamen de la Corte de Justicia, y expresó que la corporación “asume la responsabilidad institucional de violar la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH la que ordenó al Estado, del cual es parte la SCJ, garantizar la investigación y la condena a los crímenes de lesa humanidad”. El PCU expresa en un comunicado que con la decisión de la mayoría de la Corte de Justicia pretende “defender la impunidad de los peores delincuentes de la historia nacional”. “Individualmente nunca hicieron nada para enfrentar la impunidad, nunca investigaron,
pasaron dos décadas callados. ¿Van a seguir callados?”, cuestionan. En ese sentido expresan que ellos serán responsables de “la suerte de los juicios y de explicar a los familiares la decisión”. Indican que se basarán en “todas las iniciativas para recusar y anular este fallo impresentable, tanto a nivel nacional como internacional”. Por su parte, El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) anunció que denunciará a la SCJ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El lunes habrá una marcha y concentración en Plaza Libertad en contra del fallo, a la cual convocan el Frente Amplio, el PIT-CNT y la organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Este viernes se conoció la decisión de la SCJ de declarar inconstitucionales los dos primeros artículos de la Ley 18.831 que declara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura cívico – militar (1973-1985). Tras la decisión de la SCJ, el PVP anunció que presentarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como días pasados ya lo había anunciado el diputado del sector, Luis Puig. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mandata a los tres poderes del Estado a que no se puede aplicar ningún obstáculo que imposibilite el accionar de la Justicia y habla a texto expreso de la prescriptibilidad de los crímenes, de la irretroactividad de la Ley y de ningún otro obstáculo”, expresó Puig este viernes. Es por ese motivo que para el PVP, declarar inconstitucional la Ley interpretativa de la Caducidad es un “incumplimiento absoluto de las disposiciones de la Corte Interamericana ya que la Ley que aprobó la imprescriptibilidad de los crímenes establece claramente que son delitos de lesa humanidad y no se puede aplicar mecanismos de prescripción y demás”. “Del lado de asesinos y torturadores” El parlamentario pretende que el Frente Amplio “respalde a las víctimas que van a ver cerrados sus caminos de Justicia a partir de una actitud que levanta murallas a favor de los poderosos e impunes”. Por ello el PVP remitió su decisión a la Mesa Política del Frente Amplio, pero el fallo de la SCJ fue posterior a la sesión del órgano de conducción de la izquierda que se reunió más temprano. Puig añadió que la SCJ “desconoce el mandato de la Corte Interamericana y se pone del lado de asesinos y torturadores”. También denunció que hay una actitud de la SCJ que “no se condice con el papel que debe cumplir, porque esta sentencia está relacionada con el traslado de la jueza Mariana Mota”, quien tenía a su cargo el estudio de más de 50 casos de violaciones a las derechos humanos por parte de la dictadura.
El Movimiento de Participación popular (MPP) rechaza la sentencia emitida esta tarde por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inconstitucional los artículos 2 y 3 de la ley interpretativa de la Caducidad. El senador, Ernesto Agazzi, dijo a El Observador que la resolución pone “un obstáculo” para el esclarecimiento de los crímenes ocurridos en la dictadura y “es una actitud muy peligrosa” de la SCJ. “La mayoría de Corte está siendo un problema para el ordenamiento jurídico interno y el ordenamiento jurídico internacional”. Con esta decisión las causas judiciales abiertas en las que no hay militares procesados deberán archivarse porque se entienden que los delitos prescribieron. Por otra parte, Agazzi sostuvo que el traslado de la jueza, Mariana Mota de un Juzgado Penal a otro Civil tiene “una relación directa”. “Ahora entendemos por qué el traslado se hizo tan rápido y sin la vista del Fiscal de Corte”, afirmó. Para la senadora Lucía Topolansky las razones de la SCJ “no están claras”. “Hoy la Corte declinó la posibilidad de ir a la Comisión de Constitución y Legislación, pero tampoco mandó una explicación por escrito así que de algún modo negó el diálogo”, dijo a El Observador. En el MPP son partidarios de iniciar un juicio político a la Corte, si se considera que el traslado de la jueza Mota fue sin fundamentos.
En medio de la confusión: A NO OLVIDARLO ! Así empezó, con el llamado de Mujica a la SCJ
22.02.2013 16:30 El MPP denunciará a la Suprema Corte de Justicia por no cumplir con la Constitución en el traslado de la jueza Mariana Mota, relacionando el hecho con el fallo sobre la prescripción de delitos de la dictadura. El diputado Aníbal Pereyra dijo a Montevideo Portal que "hay mecanismos para que la Corte diga lo que no quiere decir". Tras una reunión urgente del Secretariado - convocada por la senadora Lucía Topolansky tras enterarse de la decisión de la Justicia - el MPP emitió un comunicado en el que rechaza la sentencia "que impide a que los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar sean considerados delitos de Lesa Humanidad". Al respecto, el sector mayoritario dentro del FA entiende que la decisión "es un obstáculo en el camino de la búsqueda de Verdad y Justicia legítimamente reclamado por el conjunto de las organizaciones sociales y víctimas del Terrorismo de Estado". "Entendemos que con estas resoluciones la mayoría de la SCJ es responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también, de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República", agrega. El diputado Aníbal Pereyra, integrante del Secretariado, explicó a Montevideo Portal que la intención del MPP es que la Suprema Corte responda si dio vista del traslado al fiscal de Corte Jorge Díaz, tal como establece el artículo 246 de la Constitución. Pereyra criticó la negativa de la SCJ a concurrir al Parlamento y fustigó los argumentos utilizados por sus ministros para no concurrir. "Hay mecanismos para que la Corte diga lo que no quiere decir", remarcó el legislador, aclarando que el MPP todavía está en la etapa de analizar y "recorrer caminos legales" en este sentido. Según Pereyra, el primer paso será ampliar el pedido de informes que ya se elevó a la SCJ por el traslado de Mota, aunque la dirigencia emepepista ya maneja "otro mecanismo". Pereyra reconoció que la Constitución prevé la realización de un "juicio político" a la Suprema Corte, una posibilidad manejada este viernes por la propia senadora Topolansky, en declaraciones a Subrayado. En cuanto al fallo de inconstitucionalidad de la ley 18.831, el diputado consideró que se debe respetar la resolución, aunque advirtió que "se pueden relacionar los hechos y pensar que en una semana hicieron dos movidas contrarias a la investigación de casos de violación de derechos humanos". El legislador remarcó que en su sector "somos muy respetuosos de la separación de poderes" y sostuvo que "el Frente Amplio es el único partido que no promovió una manifestación contra la Suprema Corte", afirmando que, cuando se decidía la inconstitucionalidad del IRPF, "los otros tres partidos con representación parlamentaria llamaron a manifestarse contra la Corte". Montevideo Portal
22 de Febrero de 2013 La Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad porque no se puede aplicar una ley retroactivamente. ¿Pero qué es una ley que es dictada para proteger delitos cometidos en el pasado? La lógica retroactiva La Suprema Corte de Justicia de Uruguay acaba de dictaminar la inconstitucionalidad de una ley interpretativa que limitaba la aplicación de la llamada “Ley de Caducidad” (ley 18.831), por lo cual muchos violadores a los derechos humanos de la pasada dictadura quedaron protegidos apenas comenzó el nuevo periodo democrático en los ochenta. Es curioso que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional una ley interpretativa sobre otra ley dictada en 1986. El principal argumento de la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional una ley que debía enmendar otra ley dictada en 1986, consistió en que una “ley penal no puede aplicarse retroactivamente”. Lo cual es lógico y común en cualquier país. Sin embargo me quedan dos perplejidades: 1) ¿Cómo es posible que un derecho natural (como lo es el derecho a la justicia) que preexiste a toda ley, pueda ser cancelado por una ley aprobada en un parlamento? 2) La ley de 1986 establece la “caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”. Es decir que la ley se refiere a hechos y delitos pasados y nada comunes, delitos que ocurrieron antes de la cuestionada ley. Entonces, ¿cómo es posible que en algunos casos una ley se pueda aplicar retrospectivamente? ¿Qué es una ley de indulto sino la aplicación retroactiva de nuevas reglas sobre delitos que fueron cometidos contra las leyes del momento? ¿O el
secuestro, la tortura y el asesinatos habían sido legalizados formalmente por la dictadura o por el régimen anterior? A ello hay que sumar el hecho que no estamos hablando de delitos financieros o impositivos sino de violaciones a los derechos humanos, aunque la Corte Suprema los haya declarado “delitos comunes” para evitar esta imprescriptividad. Ahora, si los crímenes fueron “delitos comunes”, ¿por qué se necesitaba una Ley de Caducidad? ¿Es que algunas personas no son tan comunes para ir a la cárcel aunque cometan delitos comunes? ¿Estamos en una sociedad estamental al viejo estilo, cuando se aplicaban distintas leyes a distintas clases sociales, o simplemente ante los largos tentáculos de una vieja dictadura? ¿O es que las leyes pueden ser aplicadas retrospectivamente para perdonar a criminales que violaron los derechos humanos pero no pueden ser aplicadas retroactivamente para condenarlos, como en cualquier sociedad decente y civilizada? (*) Jorge Majfud es un escritor e intelectual uruguayo, elegido por Foreign Policy como "el más influyente en Latinoamérica". Reside en Jacksonville, Florida y es docente de la Universidad de Georgia.
Preocupados ante lo que definen como ataques del oficialismo a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y las instituciones, representantes de la oposición se reúnen en el
Parlamento para analizar la situación generada tras el fallo de la SCJ, que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad. Estaba previsto que del encuentro participaran los colorados Pedro Bordaberry, Ope Pasquet y José Amorín Batlle, el nacionalista Luis Alberto Heber y el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. El País Digital
Como en la mayoría de los temas polémicos, legisladores de partidos del oficialismo y la oposición salieron en sus cuentas de Twitter a expresar sus opiniones sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad. La decisión del máximo órgano judicial del país provocó una ola de rechazo y duras acusaciones por parte de sectores del partido de gobierno. La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, escribió sentir "dolor por la inconstitucionalidad" y llamó a participar de la marcha convocada para el lunes en Plaza Libertad. El diputado por el MLN, Alejandro Sánchez, dijo por su parte en la red social que "los dinosaurios amantes de la impunidad pretenden negarnos la justicia". Y Kintto Lucas, que se desempeñara como viceanciller de Ecuador entre 2010 y 2012 escribió varios tuis sobre el tema. Principalmente llamó a que el Parlamento uruguayo asuma su función e inicie "juicio político a quienes han politizado la Suprema Corte de Justicia". "El rescate de la República es no partidizar la Corte Suprema de Justicia como se está haciendo", agregó. RESPUESTAS. Pero desde el otro lado del mostrador, legisladores de la oposición rechazaron las declaraciones de los integrantes del oficialismo. El senador colorado Ope Pasquet escribió que "no respetan al pueblo cuando vota, ni a los jueces cuando dictan sentencia; se creen por encima de la Constitución". El también senador colorado José Amorín Batlle llamó a la "independencia de Poderes" y a que la "institucionalidad" sea respetada. Además recordó que "cuando votaron la ley, sabían que la SCJ debería decidir. Ahora respeto". Por otro lado calificó como "intolerable la presión y ataque a la SCJ" y dijo que "defender a la Justicia es defender la Constitución y la República" para concluir que "los fallos hay que acatarlos". Por último, la diputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa, escribió que "el FA debe asumir
que con la mayoría parlamentaria no se puede hacer cualquier cosa" y agregó que "hay que respetar la Constitución". El País Digital
Montevideo, 18 de febrero 2013 Sr. Presidente de la Asamblea General Cdor. Danilo Astori Los y las abajo firmantes somos ciudadanos y ciudadanas de la República Oriental del Uruguay que expresamos nuestra profunda preocupación por los sucesos de los últimos días. En especial por las versiones de prensa sobre un posible pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia declarando la inconstitucionalidad de la ley 18.831. Esto sería una nueva y trágica burla a los acuerdos internacionales y a los justos reclamos que durante años hemos sostenido miles de compatriotas. Dicha ley fue la que restituyó a nuestra sociedad el derecho al accionar de la justicia y la real independencia del Poder Judicial, luego de 25 años de sometimiento de su accionar en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado al Poder Ejecutivo de turno. El intempestivo traslado de la Jueza Mariana Mota, reconocida profesional de larga trayectoria, que venía desarrollando la investigación judicial de unas 50 causas de
delitos del terrorismo de Estado, ha provocado malestar y desconfianza en la ciudadanía. Ese traslado no fue solicitado por la magistrada y es público que no estaba de acuerdo con el mismo. La decisión de la SCJ redunda en un nuevo e injustificable rezago de procesos judiciales que han sido paralizados por décadas. El respeto y la garantía de no sanción, remoción injustificada o arbitraria de jueces es la garantía de una actuación independiente de la justicia. Es allí donde reside la real independencia del Poder Judicial y no en las eventuales cinco personas, que por acuerdos políticos, se constituyen en ministros de la SCJ. Consideramos que la sombra de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18.831, representa un episodio significativo y representativo de las tantas amenazas y trabas sostenidas desde la restauración democrática. Se siguen acumulando los obstáculos burocráticos, las carencias de procesos claros y de oficinas especializadas para el acompañamiento las víctimas denunciantes de crímenes terribles, se perpetúa la vulnerabilidad del Estado democrático en la escasa trasparencia de los procesos judiciales. Nos preguntamos: ¿Podremos como sociedad romper el largo destino de impunidad, silencio y complicidad que nos legó la dictadura? ¿Seremos capaces de construir y fortalecer los mecanismos que desarrollen un Poder Judicial eficaz y transparente? ¿Será necesaria la remoción de los actuales ministros de la SCJ el único camino para que estos avances sean posibles? Por una real independencia de jueces y fiscales. Por una democracia construida sobre la Verdad y la Justicia. Colectivo de denunciantes octubre de 2011 Contacte el autor de la petición
de Letras desde el Sur, el viernes, 22 de febrero de 2013 · CARAS Y CARETAS - 22/02/2013. Página 10. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia quedaron expuestos al trasladar sin explicaciones a la jueza Mariana Mota. Los procedimientos del Poder Judicial son tema de debate en el Parlamento. La historia de cada uno de los cinco miembros del organismo de Justicia ayuda a explicar sus acciones. La mayoría se formó en la dictadura. La cultura de la impunidad asoma bajo las togas. El traslado de la jueza Mariana Mota provocó reacciones a nivel local e internacional, pero por sobre todas las cosas lesionó la credibilidad individual de los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quienes dejaron en evidencia la discrecionalidad existente en un Poder Judicial que también ha sido víctima de una cultura de impunidad que lo sometió a la justicia militar en 1972, cuando se aprobó la Ley de Seguridad del Estado, y lo volvió a avasallar en 1986 al subordinarlo al Poder Ejecutivo con la ley de caducidad.
La indignación ciudadana que se expresó el viernes 13 en el edificio del Poder Judicial, ubicado, paradójicamente, sobre el Pasaje de los Derechos Humanos, continuación peatonal de la calle que recuerda al asesinado Héctor Gutiérrez Ruiz, dio lugar a múltiples comunicados de organizaciones sociales y no gubernamentales, que no dudaron en adjudicar segundas intenciones a los ministros que decidieron sacar a la jueza Mota de la instrucción de medio centenar de causas relacionadas con crímenes de lesa humanidad. El propio canciller Luis Almagro advirtió que lo ocurrido era un retroceso para la imagen del país, que en esos días era observado (hubo una reunión al respecto en Washington] por su incumplimiento de la sentencia que sobre el caso Gelman le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que, anunció el diputado Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo), volverá a tomar cartas en el asunto si la SCJ termina por declarar inconstitucional la Ley 18.831 e impone la prescripción de los delitos de la dictadura. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, que actúa junto a la Federación Internacional de Derechos Humanos, y la Organización Mundial contra la Tortura, en la órbita de la Organización de Naciones Unidas (ONU), también expresó su preocupación por el caso Mota, quien recibió cartas solidarias con firmas de personalidades de todo el mundo y la creación de un blog que se sumó a un grupo de Facebook en el que miles de personas le expresaron apoyo. DESIGNACIONES Y ASCENSOS Mientras en el Parlamento la bancada del Frente Amplio decidió, a pedido de José Bayardi (Vertiente Artiguis-ta] y amparado en el artículo 118 de la Constitución, "invitar" a la SCJ paraque dé explicaciones del traslado (resuelto con tanto apresuramiento que habrían omitido dar cuenta al fiscal de Corte, como obliga el artículo 246 de la propia carta magna), los dirigentes de la oposición admitieron que deben discutirse los mecanismos de ascenso y designación que, con poca claridad, se manejan hoy en la Justicia.La postura pública asumida por los miembros de la SCJ, quienes solicitaron el desalojo policial de los presentes en el acto en el que Mota juraba como jueza civil, a quienes denunciaron por "asonada" (el delito por el que fue preso el general Liber Seregni) ante la jueza Gabriela Merialdo, llevó a la opinión pública a preguntarse quiénes eran son integrantes de un organismo del Estado que no son electos por la ciudadanía y que, ante la falta de acuerdos políticos para la designación de sus miembros, ingresan al cuerpo por antigüedad, en forma similar al orden de derechas de los militares.En particular, el presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, y el ministro Jorge Chediak fueron blanco de críticas en las redes sociales por sus declaraciones. Ruibal dijo que Mota no tenía "asuntos más importantes" que los otros jueces y pintó una sombra de sospecha sobre la jueza porque aún tenía trámites pendientes (algo que provocó una respuesta pública de la propia Mota que lo desmintió); Chediak, por su parte, dijo que "para la Corte se apartó de su deber ético, porque no hay que exponerse a que un tercero imparcial pueda llegar a dudar de la imparcialidad del magistrado, lo cual violaría el Código Iberoamericano de Ética Judicial".Si algo faltaba para que la SCJ quedara expuesta, esta semana el organismo declaró inconstitucional el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR) y agregó otra perla a su collar de desencuentros con las políticas del gobierno (ya había sucedido con el IRPF a jubilados
y militares), el impuesto bromatológico de Montevideo, y aún debe resolver si fue inconstitucional la ley de quiebra de Pluna. AQUÍ ESTÁN, ELLOS SON... Jorge Ruibal Pino (6 de junio de 1945, Montevideo] se inició como fiscal de la dictadura en Rivera en 1977, estuvo en Carmelo en 1978, año en que se sospecha que por allí se trasladó a los militantes de los Grupos de Acción Unificadora, Partido Comunista Revolucionario, Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y Partido Socialista de los Trabajadores desaparecidos a fines de año en Argentina. En 1979 fue nombrado juez en Colonia, luego en Maldonado y en Montevideo. En democracia pasó a un juzgado civil y a un tribunal de apelaciones para llegar a la SCJ en 2007. Ruibal Pino fue el juez que amparó en la ley de caducidad el caso de desaparición del maestro Julio Castro, denunciado en 1985, aunque no hubo una resolución al respecto hasta 1989. Como ministro de apelaciones confirmó, en 2006, el procesamiento por "sedición" de los activistas que en la Ciudad Vieja repudiaron la IV Cumbre de las Amé-ricas en Mar del Plata. Ya como integrante de la SCJ, redactó la sentencia sobre Gavazzo y Arab que en 2011 consideró que las violaciones a los derechos humanos en la dictadura son delitos comunes y no crímenes de lesa humanidad. Jorge Tomás Larrieux Rodríguez (26 de noviembre de 1946, Montevideo) ingresó al Poder Judicial en 1980 en Colonia y luego fue asignado a Florida, Maldonado, Salto y Tacuarembó. En 1986 se trasladó a Durazno y fuedesignado como juez suplente y secretario letrado de la Suprema Corte. Durante el período de gobierno de Luis Alberto Lacalle llegó a un tribunal de apelaciones, donde permaneció hasta 2008, cuando accedió a la SCJ en el marco de un acuerdo político entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. Su voto cambió la constitucionalidad del IRPF. Fue el redactor de la sentencia contra el ICIR. En el gobierno de Tabaré Vázquez había protagonizado un incidente con el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa por filtraciones a la prensa en un juicio en su contra. Fue el único que se opuso a anular la condena del director de Aduanas, Víctor Lissidini, y presidía la SCJ cuando en otro escándalo judicial renunció el juez Federico Álvarez Petraglia. Jorge Omar Chediak González (7 de octubre de 1951) entró al Poder Judicial en 1978, también en Colonia. Estuvo en Durazno, Salto y Maldonado, hasta llegar a la capital y en 1993 pasó a integrar tribunales de alzada. Fue docente y tuvo actividad gremial. Llegó a la SCJ en setiembre de 2009 a propuesta del Partido Nacional. Se pronunció por mayores penas a los menores y por la reforma del Código del Proceso Penal, al que calificó de "impresentable". Reconocido por la colectividad libanesa, Chediak quedó expuesto como presidente de la Masonería en Montevideo en el libro sobre el tema del diputado Fernando Amado (Vamos Uruguay, Partido Colorado], quien lo coloca como miembro de la hermandad junto a José Ruibal Pino. Amado explicó que al mismo tiempo que integra la SCJ Chediak es presidente del Tribunal Masónico y como tal realizó una denuncia penal por robo contra una fracción de la logia ante el juez Rolando Vomero y la fiscal Mirtha Guianze. Ricardo César Pérez Manrique (17 de mayo de 194?) se recibió de procurador en 1924 y ejerció en Argentina, donde permaneció hasta 1989, cuando ingresó a la magistratura en Bella Unión y luego en Mercedes. Fue secretario letrado de la SCJ en 1992 y en 2000 pasó a un tribunal de apelaciones. Especializado en infancia y juventud, presidió la
Asociación de Magistrados de Familia y tiene múltiples contactos en el exterior. Designado en 2012 para la SCJ, se opuso a mantener los antecedentes de los menores, es favorable a modificar el sistema de adopciones y opina que la baja de la imputabilidad a los 16 años sería inconstitucional. Julio César Chalar Vecchio (sin datos) ingresó al Poder Judicial en 1923 como oficial de un juzgado de paz. En 1929 fue designado subdirector del Departamento de Jurisprudencia de la SCJ y entre 1980 y 1985 ejerció como fiscal letrado de Durazno. En 1985 asumió como juez penal de ?" Turno en Montevideo (el juzgado del que quitan a Mota] y en 1993 llegó a un tribunal de apelaciones hasta su designación en la SCJ el 4 de diciembre de 2012. Como ministro de apelaciones Chalar apoyó al ex ministro de Corte Jorge Marabotto en un juicio contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales, ordenó el desalojo de una ocupación rural en Paysandú y revocó el fallo que prohibió los celdarios llamados "latas" en el penal de Libertad.
El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, volvió a hablar de un "traidor" entre los mandos principales del gobierno, luego de que se conocieran detalles del Consejo de Ministros convocado en la tarde del miércoles por el presidente José Mujica. Huidobro dijo al programa Cría Cuervos de CX 30 que está "haciendo una investigación psicológica para saber quién es este señor X" que "pasa información sesgada" a los medios. Según supo El País, el ministro apunta hacia una persona del círculo más cercano del presidente Mujica. "Estoy lastimado, porque hoy veo en la prensa a un traidorzuelo que pasa información sesgada y ni siquiera textual, la pasa editada, elaborada, con el fin de conseguir ciertos objetivos que son divisionistas. No debe ser consciente, porque si no sería un traidor, no un traidorzuelo. El gabinete, el gobierno, el Frente Amplio y hasta la prensa son rehenes de este personaje. Se repiten versiones de este personaje fantasmal, que lo hace asiduamente y que es uno de los que ha provocado esta situación", señaló el jerarca. Luego, añadió: "Si se reuniera todo lo que esta fuente ha enviado a lo largo de meses y años a Búsqueda y El Observador, preponderantemente, se hacen tres tomos de un libro y se puede concluir quién es". Para el ministro, "es probable que a esta persona le paguen con dinero o con favorzuelos por filtrar información". En noviembre de 2011, Huidobro ya había hablado de la presencia de un "traidor" en el Consejo de Ministros. En ese entonces, calificó de "traidorzuelo desechable" a un funcionario que, bajo el anonimato, contó a Búsqueda unos comentarios formulados por él en una reunión privada y en referencia a Tabaré Vázquez. El ministro afirmó en ese entonces: "Con desagrado por el pésimo gusto, leo ahora en la prensa una versión interpretada, seleccionada y cuidadosamente extraída de contexto, de mis dichos en el recogido ámbito de un Consejo de Ministros". Luego, agregó: "El traidorzuelo desechable que perpetró tal felonía amén de no dar la cara, procuró dañar al país, al gobierno, al Frente Amplio". Además, agregó: "La cobardía y malevolencia es mayor todavía porque se produce sabiendo que para aclarar y contextualizar, yo debería ventilar asuntos que deben permanecer en el Consejo".
Eleuterio Fernández Huidobro Tras el Consejo de Ministros de este miércoles y las versiones de prensa casi idénticas sobre la dura discusión que mujiquistas y astoristas mantuvieron en el encuentro, donde incluso el ministro de Economía, Fernando Lorenzo dejó una incógnita sobre su futuro en el cartera, el ministro de Defensa, Fernández Huidobro advirtió que está “haciendo una investigación psicológica para saber quién es este Señor X”, que filtra información a la prensa. En junio pasado, cuando los medios de comunicación anunciaron la salida del exministro de Turismo, Héctor Lescano, antes que el presidente José Mujica lo comunicara al interesado, el mandatario se había referido al mismo personaje, llamándolo el “duende de las redacciones”. “Con el paso del tiempo el duende de las redacciones parece que se mudó a las oficinas del Estado. ¿Por que digo esto?, Porque nosotros teníamos pensado algún cambio para el mes de julio. Pero tomó conocimiento público con un paquete de especulaciones que poco tenían que ver con la realidad”, aseveró Mujica en aquella oportunidad, dando lugar a una serie de especulaciones sobre quién podría ser el responsable. Casi nueve meses más tarde, la incógnita sobre el personaje permanece en el gobierno y el ministro de Defensa está dispuesto a ponerle un final. “Estoy lastimado, porque hoy veo en la prensa a un traidorzuelo que pasa información sesgada y ni siquiera textual, la pasa editada, elaborada, con el fin de conseguir ciertos objetivos que son divisionistas”, señaló Fernández Huidobro en declaraciones al programa Cría Cuervos, de radio Uruguay, que recoge Montevideo Portal. El ministro aventuró que este “señor X” “no debe ser consciente (de las divisiones que genera con sus declaraciones), porque si no sería un traidor, no un traidorzuelo. El
gabinete, el gobierno, el FA y hasta la prensa son rehenes de este personaje”, afirmó. “Se repiten versiones de este personaje fantasmal, que lo hace asiduamente y que es uno de los que ha provocado esta situación”, agregó. En referencia al Consejo de Ministros de este miércoles, el secretario de Estado señaló que las versiones vertidas a la prensa están “tergiversadas”. “Nosotros tuvimos una discusión de la que he tenido muchísimas, porque en el Frente Amplio somos gente de discutir y a veces de discutir duro, pero de frente, y ninguno sale a contarle a medios de la derecha una versión tergiversada, con mucha mala leche, para seguir creando problemas”, aseguró. “Si se reuniera todo lo que esta fuente ha enviado a lo largo de meses y años a Búsqueda y El Observador, preponderantemente, se hacen tres tomos de un libro y se puede concluir quién es”, manifestó, al tiempo que apuntó: “Es probable que a esta persona le paguen con dinero o con favorzuelos por filtrar información a la prensa”. En este sentido, negó que dentro del gabinete exista el grupo de los que siguen al vicepresidente Danilo Astori y de los que responden al presidente. “No hay eso del astorismo y mujiquismo dentro del Consejo de Ministros, sería un insulto para comunistas y socialistas”, aseveró.
En declaraciones al programa Cría Cuervos, de CX30, el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro aseguró que está "haciendo una investigación psicológica para saber quién es este señor X" que "pasa información sesgada" a los medios de prensa sobre lo que ocurre en los Consejos de Ministros. "Estoy lastimado, porque hoy veo en la prensa a un traidorzuelo que pasa información sesgada y ni siquiera textual, la pasa editada, elaborada, con el fin de conseguir ciertos objetivos que son divisionistas. No debe ser consciente, porque si no sería un traidor, no un traidorzuelo. El gabinete, el gobierno, el Frente Amplio y hasta la prensa son rehenes de este personaje. Se repiten versiones de este personaje fantasmal, que lo hace asiduamente y que es uno de los que ha provocado esta situación", señaló el jerarca. Y añadió: "Si se reuniera todo lo que esta fuente ha enviado a lo largo de meses y años a Búsqueda y El Observador, preponderantemente, se hacen tres tomos de un libro y se puede concluir quién es". A juicio de Fernández Huidobro "es probable que a esta persona le paguen con dinero o con favorzuelos por filtrar información a la prensa". Consultado puntualmente sobre el Consejo de Ministros realizado ayer por la tarde en la Residencia de Suárez , Fernández Huidobro señaló: "Nosotros tuvimos una discusión de la que he tenido muchísimas, porque en el Frente Amplio somos gente de discutir y a veces de discutir duro, pero de frente, y ninguno sale a contarle a medios de la derecha
una versión tergiversada, con mucha mala leche, para seguir creando problemas". "No hay eso del astorismo y mujiquismo dentro del Consejo de Ministros, sería un insulto para comunistas y socialistas", aseveró. El País Digital
Montevideo, Uruguay. 6 de Junio de 2012. A 6 meses del "accidente" de la aeronave de la compañía Airclass, se debate en el ámbito judicial si el Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea y Marina deberían continuar con el rescate de todas las partes del accidente. No se rescató el 100% de las partes. Según Héctor Bado, no se llegó a los 2500 kilos de material recuperado de un avion de unos 7000 kilos de peso. Lo que en cierta forma comparte la Juez Dra. Mariana Mota en que se debe continuar con el rescate de todas las partes para hacer un "peritaje completo". Una parte dice que se debe rescatar todo. La otra parte dice que no es necesario. El peritaje sería incompleto según una parte y según el Estado es suficiente con lo recuperado.
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