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Timestamp: 2019-06-25 14:08:12
Document Index: 237320647

Matched Legal Cases: ['artículo 131', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 302', 'artículo 14', 'artículo 41', 'artículo 302', 'artículo 41', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 447', 'artículo 1', 'artículo 447', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 131', 'artículo 404', 'artículo 404', 'artículo 404', 'artículo 404', 'artículo 404', 'artículo 129', 'artículo 342', 'artículo 342', 'artículo 342', 'artículo 342', 'artículo 404', 'artículo 404', 'artículo 404', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 404', 'artículo 342', 'artículo 342', 'artículo 342']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 259, de 23/06/1997
Año 1997 VI Legislatura Núm. 259
PRESIDENTE: DON JULIO PADILLA CARBALLADA
celebrada el lunes, 23 de junio de 1997
Ratificación de la Ponencia designada para informar el proyecto de Ley de asistencia jurídica al Estado e Instituciones Públicas. (Número de expediente 121/000032) (Página 7478)
Ratificación de la Ponencia designada para informar la proposición de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución forzosa. (Número de expediente 122/000028) (Página 7478)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del Informe elaborado por la Ponencia, del proyecto de Ley de asistencia jurídica al Estado e Instituciones Públicas. (Número de expediente 121/000032) (Página 7478)
Debate y votación del nuevo Dictamen de la Comisión sobre el proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento de la Cámara. (Número de expediente 121/000012) (Página 7484)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del Informe elaborado por la Ponencia, de la proposición de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución forzosa. (Número de expediente 121/000028) (Página 7488)
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--RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURIDICA AL ESTADO E INSTITUCIONES PUBLICAS. (Número de expediente 121/000032.)
En primer lugar, y de acuerdo con la Mesa, les informo que las votaciones de esta tarde no tendrán lugar antes de las diecinueve horas, de tal suerte que si llegado ese momento se hubieran concluido los debates se suspendería la sesión para que se celebrara la votación a las diecinueve horas. Si no fuese así, en torno a dicha hora llevaríamos a cabo una votación de lo que hasta ese momento se haya debatido, y con posterioridad se realizaría la votación del resto de los dictámenes cuyo debate no hubiera concluido.
En primer lugar, figura en el orden del día la ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas, votación que la Presidencia considera que se puede hacer por asentimiento de SS. SS. ¿Aprueban por asentimiento la ratificación de la ponencia? (Asentimiento.) Queda aprobada.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA PROPOSICION DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA DE EJECUCION FORZOSA. (Número de expediente 122/000028.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la ratificación de la ponencia designada para informar la proposición de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución forzosa.
Del mismo modo que en el punto anterior, se recaba el asentimiento de SS.
SS. sobre la ratificación de esa ponencia. (Asentimiento.) Queda ratificada.
--APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURIDICA AL ESTADO E INSTITUCIONES PUBLICAS. (Número de expediente 121/000032.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, figura en el orden del día el debate y aprobación, en su caso, con competencia legislativa plena, y a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas.
Teniendo en cuenta que en relación al texto del dictamen de la ponencia mantienen enmiendas el Grupo de Coalición Canaria, el Grupo Vasco (PNV), el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Socialista y el Grupo Popular, habrá una primera intervención de todos los grupos y, a continuación, podrán intervenir los portavoces del grupo que no mantiene enmiendas a este texto, así como los demás portavoces en un segundo grupo si desean fijar posición respecto a las enmiendas de los restantes grupos parlamentarios.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Comienzo por decir, para anotación del señor letrado de la Comisión, por si en la defensa de sus enmiendas este Diputado sufriera alguna contradicción con el informe de la ponencia, que así se me indique.
La enmienda número 1, al artículo 2, está recogida en el dictamen de la ponencia a través de una transaccional del Grupo Parlamentario Popular; por tanto, la damos por recogida y no se defiende. Igual decimos de nuestra enmienda número 2 dirigida al artículo 4.2.
Con respecto a la enmienda número 3, la mantenemos en la extensión con que fue planteada con respecto a los Servicios Jurídicos del Estado en las funciones que se le atribuyen con la nueva terminología de Abogacía del Estado, que se adoptó en la ponencia, pero con todo el contenido sobre lo que se refiere a los párrafos penúltimo y último de nuestra enmienda, que leo a continuación: La frase: «En la Administración periférica los servicios jurídicos...» queda sustituida por: «La Abogacía del Estado, por la singularidad de sus funciones, tendrá la consideración de servicios no integrados.» El último párrafo también lo mantenemos: «Los distintos servicios jurídicos, cualquiera que sea su ubicación, dependerán jerárquica y funcionalmente de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado.» Creo entender, señor Presidente, que en el trámite de ponencia esto fue recogido así. Por tanto, de ser esto cierto y figurar en el informe de la ponencia, el párrafo primero lo retiraríamos y el segundo lo mantendríamos, salvo alguna observación al respecto que nos hiciera el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
La enmienda número 4 está aceptada en el trámite de ponencia y, por tanto, no hay ninguna razón para someterla a votación. Lo mismo ocurre con la enmienda número 5, señor Presidente, que está en las mismas circunstancias. Había una enmienda número 6 nueva de adición a una disposición adicional tercera, que en la ponencia quedó recogida por una transaccional y que, por tanto, la damos por retirada y no la mantenemos aquí.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: En este trámite a mi grupo le quedan vivas las enmiendas números 12, 15 y 18, que muy brevemente expondré en cuanto a su contenido.
La enmienda número 12 hace referencia al artículo también 12, que regula la exención de depósitos o cauciones,
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en cuanto se recoge el principio de suficiencia presupuestaria a la hora de litigar las administraciones públicas. Hacíamos una salvedad a este principio, con una enmienda de contenido técnico, en garantía de los derechos de los ciudadanos. Sostenemos que esa exención de depósitos o cauciones sólo está justificada, con fundamento en la solvencia presupuestaria, cuando se pretende garantizar el derecho de las otras partes o la eficacia de las sentencias futuras. En los supuestos en que este depósito o caución tenga un contenido penalizador --y algunos de estos depósitos o cauciones quedan todavía en el ámbito del derecho social, en el ámbito de lo social--, creemos que la caución debe mantenerse. En cuanto tenga un contenido penalizador o disuasorio del ejercicio de acciones, entendemos que es garantía del derecho de los ciudadanos el que también las administraciones públicas deban depositar estas cauciones.
La enmienda número 15 tiene también un contenido parecido. En relación con los procesos civiles se recoge una previsión, que está también recogida respecto del contencioso-administrativo en el proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa, en cuanto a la paralización de las actuaciones para solicitar instrucciones respecto de la Administración actuante en el asunto de que se trate. En el texto del proyecto se justifica esta salvedad y contrasalvedad en la idea de la existencia de un interés general. Nosotros entendemos que el interés general es lo que justifica este beneficio de la posible paralización en favor de las administraciones públicas, y en aquellos casos en los que esto se deniegue entendemos que tendrá que ser un interés también público pero distinto del interés general, y que plasmábamos en nuestra enmienda en el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas por parte de las litigantes en el proceso de que se trate.
Finalmente, me resta por defender la enmienda número 18, que ésta sí tiene, como suele ser más habitual en el grupo al que pertenezco, un contenido competencial o de especificidades de las administraciones existentes en el ámbito vasco. Se trata de una enmienda referida a la disposición adicional quinta del proyecto, en la que se hacen extensivas las peculiaridades procesales recogidas en la ley a las comunidades autónomas. Nosotros recogíamos el que también se refiera a los territorios históricos, entes locales territoriales, así como a las entidades públicas dependientes de todos ellos, entendiendo que también actúan intereses públicos. Y las razones de que el Estado o las comunidades autónomas gocen de estos privilegios de igual manera deberán predicarse de las distintas administraciones que, repito, también cuando litigan están actuando en beneficio de intereses públicos, y esta defensa del interés debe justificar un tratamiento distinto. En todo caso, y para el supuesto de que se me ofreciese algún tipo de transacción en el trámite, puesto que quedó abierto en el informe de la ponencia, estaría dispuesta a retirar o a aceptar lo relativo a los entes locales territoriales, no así en cuanto a los territorios históricos, en la medida en que éstos, y así está reconocido por el propio Tribunal Constitucional, tienen una naturaleza dual, en parte son Administración local, pero en otra parte importante no, y son entidades con contenido político que gestionan las mismas competencias que en otros casos lo hacen las comunidades autónomas, y creo que deben gozar de idénticos privilegios procesales.
El señor SILVA SANCHEZ: El Grupo Catalán (Convergència i Unió) mantenía para este trámite de Comisión dos enmiendas. La número 48, por identidad de razón con la enmienda número 45, que fue retirada en trámite de ponencia, se retira. Y finalmente la enmienda número 49, que reclama del Gobierno la adopción de medidas organizativas necesarias para hacer efectivo el principio de unidad de doctrina, es una enmienda que no es exclusiva de nuestro grupo, que se encuentra precisamente en el fundamento último de la creación hace más de un siglo de la Dirección de lo Contencioso del Estado. Atendiendo a ese fundamento, debiera ser aprobada aquí mismo.
El resto de enmiendas han sido ya incorporadas en el trámite de ponencia.
La única que no fue retirada y, por tanto únicamente se mantiene para su sometimiento a votación, es la enmienda número 49.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Dado el ajetreo que tenemos esta tarde con estas precipitaciones y convocatorias múltiples, coincidentes en horarios también, voy a intentar ser tremendamente breve. En aras de esa brevedad, y como quiera que ya hicimos el debate de totalidad en el plenario, quiero dar por reproducidos los argumentos y la crítica a la oportunidad de este proyecto de ley del Partido Popular, falta de oportunidad a nuestro juicio, en una serie de aspectos que no voy a reproducir. Simplemente voy a defender las enmiendas que mantenemos vivas, en las que hemos trabajado para mejorar en la medida de lo posible ese proyecto. Han sido aceptadas una serie de enmiendas que agradecemos, pero seguimos haciendo constar, con carácter general, esos argumentos que en la enmienda a la totalidad dimos y pusimos de manifiesto en el Pleno.
(Rumores.) Dicho esto, mantenemos vivas la enmienda número 20, al artículo 1, apartado 1, párrafo primero, en dos aspectos que resumidamente consisten en mantener desde nuestro grupo que la competencia es del Servicio Jurídico del Estado y no de los abogados del Estado, si bien el Servicio Jurídico ejerce sus funciones a través de los abogados del Estado, que son el instrumento. El segundo aspecto que mantenemos en esta enmienda es que existe una contradicción con lo recogido en el artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que invierte los términos entendemos que de manera contradictoria, y no puede obviamente... (Rumores.) Es difícil, señor Presidente, con tanto eco poder hablar, porque se oyen demasiados comentarios. Agradecería que hubiera un poco más de silencio.
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El señor PRESIDENTE: Señorías, el orador reclama silencio para poder expresar coordinadamente sus ideas.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Decía que, a nuestro juicio, existe una contradicción en la redacción del proyecto de ley con el artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Obviamente una ley ordinaria, que ni siquiera debiera tener rango de ley en casi todo el contenido de esto que hoy se pretende aprobar, no puede contradecir una ley orgánica.
Mantenemos viva también la enmienda número 24 al artículo 4.1, en el sentido de que quede claro --porque al menos a nuestro grupo se le plantean serias dudas-- que sea de aplicación, como al resto de los funcionarios, y en los mismos términos y condiciones previstos, en la Ley reguladora del régimen de incompatibilidades de la Función pública.
Verbalmente se nos ha dicho en ponencia que por qué no. Como aquí hay bastantes redundancias y un montón de aspectos innecesarios que por vía reglamentaria se podían haber recogido, por qué no se recogen, si tenemos ese temor --como lo que abunda no daña, como se nos ha dicho en otros preceptos por el grupo mayoritario-- estas dos líneas y así quedará claro que también a los abogados del Estado se les aplicará la misma ley de incompatibilidades que al resto de los funcionarios.
Mantenemos viva --y nos parece de especial interés-- la enmienda número 27 al artículo 7 en lo que se refiere a la disposición de la acción procesal. Tal como viene en el proyecto en definitiva es el abogado del Estado el que va a tener la capacidad y la posibilidad de llevar a efecto la disposición de la acción procesal consistente en desistir de acciones o recursos, apartarse de querellas o allanarse a las pretensiones de la parte contraria. Parece evidente --al menos así nos lo parece a nosotros-- que la disposición de la acción procesal no puede tener otro sujeto activo de la misma que el titular material de la acción y no el instrumento a través del cual nos servimos para llevar a cabo la asistencia, el asesoramiento y la postulación en su caso. Desde el momento en que la materia se judicializa, si mantenemos la redacción del proyecto la competencia es del servicio jurídico y no del ministerio, en definitiva del titular del departamento, y estamos privando al auténtico titular material de la acción procesal de esa capacidad, de esa competencia a nuestro juicio irrenunciable. Además, tal como está redactado el proyecto, si esto se mantiene así, habría una clara contradicción, a nuestro juicio, con el artículo 5 en lo referido a la postulación que se mantiene en el titular del departamento, ¿por qué no la disposición de la acción procesal que es evidente y obviamente más importante? Nos parece que éste es un aspecto relevante y que debiera tomarse en consideración.
Mantenemos igualmente viva la enmienda número 33 en concordancia --y por tanto no voy a desarrollarla más en este momento-- con el contenido de nuestras enmiendas que pretendemos incorporar como disposiciones finales primera y segunda nuevas en relación con el artículo 14. Por eso, al llegar a las disposiciones finales primera y segunda comentaré brevemente estos aspectos.
En el mismo sentido mantenemos viva la enmienda número 35 en concordancia y coherencia con nuestras propuestas de disposición final primera y segunda nuevas.
La enmienda número 36 va en la línea, aunque no exactamente, con la número 18 del PNV. Donde dice «comunidades autónomas» --y lo solicitamos por los mismos argumentos que hemos expuesto y constan por escrito-- ampliamos también «y las corporaciones locales». Bien entendido que in voce en la ponencia hicimos una modificación de nuestra propia enmienda en el sentido de que lo correspondiente al artículo 11 no sería de aplicación a las corporaciones locales. Lo repetimos para que no quede ninguna duda.
Mantenemos también la enmienda número 37 que se refiere al artículo 14 y que estaría en concordancia con lo que nosotros proponemos como disposición final primera, nueva, y consistiría en trasladar el contenido --con alguna pequeña modificación-- del artículo 14 del proyecto al artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Civil actualmente sin contenido, y ello en base a los propios postulados del proyecto de ley, en el que se dice que se pretenden regular los privilegios procesales que afectan a todos los órganos jurisdiccionales. Pues bien, en el supuesto concreto --y supongo que de ahí vienen las reticencias de retirarlo y llevarlo al lugar en el que debería estar, porque quedaría la ley casi sin contenido, pero es que tiene bastante poco contenido-- de la seguridad jurídica --y así lo dice también el propio Consejo General del Poder Judicial en su informe-- debiera trasladarse, al referirse exclusivamente al proceso o procedimiento civil, a la Ley de Enjuiciamiento Civil. La redacción está ahí y en aras de la brevedad prometida la doy por reproducida.
En el mismo sentido va la enmienda número 38. El artículo 14.2 nuevamente habla de los interdictos, procedimientos del artículo 41 de la Ley Hipotecaria, aseguramiento de bienes litigiosos e incidentes con el plazo de suspensión de diez días. Pues bien, ya mencionábamos anteriormente que todos ellos deberían ir al artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y aquí al específico del artículo 41 de la Ley Hipotecaria, en el que solicitamos que se añada entre los párrafos tercero y cuarto actuales, por esas mismas razones que he mencionado con brevedad de seguridad jurídica y ordenación sistemática adecuada, así como por la propia filosofía de la exposición de motivos del proyecto de ley.
Finalmente, en cuanto a la disposición final primera --enmienda número 39-- pedimos que se fije un plazo, porque se habla de desarrollo reglamentario por parte del Gobierno sin recoger un plazo y decimos indicativamente --nos da igual que sean cinco que siete-- que el Gobierno en el plazo de seis meses deberá aprobar las normas reglamentarias de ejecución y desarrollo de la presente ley.
Ese es el contenido de las enmiendas que mantenemos vivas junto con otras cinco a la exposición de motivos. Parece ser --y las vamos a dar por defendidas--, como se me acaba de comunicar, que algunas de ellas van a ser aceptadas. Estaremos a la espera. Otras irían en relación con la aprobación o no de algunas de éstas que mantenemos vivas, porque en función de que fueran aprobadas las mantendríamos
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vivas igualmente para mejorar la redacción de esa exposición de motivos, lo cual sería improcedente en caso contrario.
Con esto doy por finalizada esta primera intervención. Creo que hemos cumplido con la brevedad prometida. Y dentro de la precipitación con la que se ha tramitado, esperamos la respuesta del portavoz del Partido Popular, esperando también --valga la redundancia-- que sean tenidos en consideración algunos de estos aspectos, que unos son lógicamente opinables, pero otros nos parecen absolutamente claros y que mejorarían un poquito más este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra el señor López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: El Grupo Parlamentario Popular únicamente mantiene viva la enmienda número 55 que es coincidente con otra presentada por el Grupo de Convergència i Unió, concretamente la número 49, enmiendas que son coincidentes, aunque por precisión terminológica debería añadirse el posesivo «sus» antes de «organismos autónomos». En todo caso, solicitamos que se incorpore la enmienda con la supresión del último inciso referido a «cuando las disposiciones aplicables así lo prevean».
En esta enmienda número 55 del Grupo Parlamentario Popular se recoge algo que consideramos fundamental, cual es el principio de unidad de doctrina, que constituye el eje estructural del modelo de asistencia jurídica que rige en nuestro país. La función de asistencia jurídica tiene una vertiente de proyección en fase procesal y de relación ulterior con los órganos jurisdiccionales que convierten al servicio jurídico del Estado en un auténtico puente entre la Administración, en la cual se incardina y de la cual forma parte, y los órganos jurisdiccionales.
Por otro lado, el sometimiento al Estado de Derecho por parte de la Administración en sus relaciones con los administrados, exige asimismo una unidad de respuesta ante situaciones similares, con independencia del área orgánica afectada por el principio de igualdad. Entendemos que se precisa una estructura interna fuertemente cohesionada, que asegure la efectividad práctica de este principio de unidad de criterio; por tanto, mantenemos esa enmienda con la modificación anteriormente expresada, dejando para más tarde la contestación a las enmiendas mantenidas vivas por los restantes grupos.
El señor PRESIDENTE: La Presidencia, no obstante, le rogaría que el texto modificado de la enmienda de su grupo, lo facilitase por escrito a la Mesa, a efectos de que así quede reflejado en el expediente relativo al trámite de este proyecto de ley en Comisión.
Si le fuera posible, señor López-Medel y a efectos, quizá, de abreviar el debate, sin perjuicio de explicar después las razones por las que el Grupo Popular aceptaría algunas enmiendas que los otros grupos mantienen, únicamente rogaría que indicara si acepta alguna de las enmiendas y después, en explicación de esa aceptación o rechazo, haríamos la segunda ronda de intervenciones. Por ello y a esos solos efectos, le ruego que, si es posible, indique a la Comisión y a la Presidencia, qué enmiendas de las planteadas por los restantes grupos parlamentarios acepta su grupo.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Señor Presidente, a esos efectos quiero manifestar que nosotros aceptamos la enmienda número 39, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista e igualmente la número 5, de Coalición Canaria, y la mantenida por nuestro propio grupo, la 55, en relación con la 49 de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Esto por lo que se refiere al articulado y a la exposición de motivos.
Las únicas enmiendas que se mantienen vivas son cinco del Grupo Parlamentario Socialista; nosotros proponemos la aceptación de las enmiendas 40, 41 y 44; sin embargo, se desestiman las enmiendas números 42 y 43.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, agradezco la posición del señor López-Medel. De las dos enmiendas que yo había anunciado previamente que manteníamos vivas para este trámite de Comisión, la enmienda número 5, referente a una disposición final segunda, sobre modificaciones presupuestarias del Ministerio de Economía y Hacienda, ha dicho el señor López-Medel que queda aceptada y no ha lugar más que a proceder a su votación en la forma que reglamentariamente se determine.
Por tanto, señor Presidente, solamente queda vivo el texto del párrafo segundo de nuestra enmienda número 3, dado que al comprobar la lectura del dictamen de la ponencia, el párrafo tercero, que era el penúltimo y el párrafo cuarto, que sería el último de nuestra enmienda original, han sido ya recogidos y aceptados con la corrección de transformar la expresión «servicios jurídicos» por «abogacía del Estado» en el texto de la ponencia.
Anuncio, señor Presidente, que retiramos el párrafo primero de nuestra enmienda número 3 y mantenemos el que dicte textualmente: «Los Servicios Jurídicos tendrán en los distintos Ministerios el carácter de servicios comunes y, por tanto, bajo las competencias de dirección, organización y funcionamiento que respecto a estos servicios otorga la legislación a los Subsecretarios», cambiando la expresión «servicios jurídicos» por «abogacía del Estado».
¿Por qué mantenemos esto, señor Presidente? Porque entendemos que el actual artículo 3 de la ponencia, entre el número 3, nuevo, hace referencia a la dirección del servicio jurídico del Estado y las unidades que lo forman (que, de paso, solicito a los servicios de la Cámara corrijan la sintaxis de esa expresión que es mala, ya que la expresión «y las unidades que la forman» debe ir entre comas), creemos que debe poner en el texto «con las unidades que la forman», porque después se vuelve a utilizar el verbo en singular, al decir desempeña sus funciones, puesto que se está refiriendo a la dirección del servicio jurídico.
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Dicho esto, señor Presidente, a efectos de corrección gramatical de la sintaxis, entre los números 3 y 4, nuevos, se produce un salto administrativo. El número 3 está haciendo referencia a la dirección del servicio jurídico del Estado; estamos en la cúpula dentro del departamento ministerial en que se integre, en este caso es el de Justicia, o el que se decida por el Gobierno. En el número 4 se ha dado un salto a los servicios de Administración periférica y entre el Ministerio en que está integrada orgánicamente la dirección del servicio jurídico y la Administración periférica --las delegaciones del Gobierno, por ubicarla en algún lugar--, hay un órgano intermedio que se llaman ministerios y los ministerios forman parte de la estructura básica y fundamental de la Administración civil del Estado. De ahí que nosotros consideremos pertinente y oportuno mantener nuestra enmienda, porque si no, con este texto legal parecería que en los ministerios no hay servicios de la abogacía del Estado, y de haberlos (como cualquier entendedor, por muy romo y lego que sea ante la lectura de este texto del proyecto comprenderá que en los ministerios hay abogacías del Estado), de alguien tienen que depender en su funcionamiento y dimensión. Hasta ahora la legislación clásica y tradicional española siempre encomendó esta responsabilidad como servicios comunes dentro de cada departamento, a las funciones y responsabilidades de la subsecretaría del departamento. De ahí que nosotros entendamos que como se produce un salto y hay un vacío entre el número 3, servicios centrales, y el número 4, servicios de Administración periférica de las abogacías del Estado en las comunidades autónomas, está faltando algo que organice el funcionamiento de la abogacía del Estado en la unidad orgánica fundamental de todo Gobierno, que son los departamentos ministeriales o ministerios. Estas son las razones que nos llevan, señor Presidente, a mantener, única y exclusivamente, el párrafo segundo de nuestra enmienda número 3.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Intervendré para manifestar la retirada de la enmienda número 12, referida a la exención de depósitos y cauciones, del artículo 12 también, y el mantenimiento de las otras dos enmiendas que sostenía.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Intervengo para manifestar nuestra disposición a votar la enmienda 55, del Partido Popular, coincidente con nuestra enmienda número 49. Podía optar por firmar la modificación conjuntamente; en cualquier caso, procederíamos a votar la enmienda 55, del Grupo Popular, retirando nuestra enmienda número 49.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor Presidente, nosotros no mantenemos ninguna enmienda a este proyecto de ley. Unicamente queremos hacer una intervencion de carácter global, llamando la atención de forma altamente positiva sobre cómo un proyecto de ley que cuando entró en la Cámara no se pudo calificar como de muy afortunado, a lo largo del trabajo que se ha desarrollado en la ponencia se ha ido rellenando de contenido y, en alguna medida, ha ido superando sus notorias insuficiencias. Basta repasar el informe de la ponencia para ver que del trabajo de la misma sólo cuatro artículos han quedado incólumes y el resto, por la colaboración de unos o de otros, todos ellos han tenido que ser objeto de modificación. En la medida que no tuviéramos más que una enmienda de totalidad, de oposición a admisión a trámite, hemos colaborado en dicha ponencia y procurado que aquellos defectos que señalábamos en nuestra enmienda de totalidad quedaran subsanados. En consecuencia, lógicamente, con el trabajo del resto de los grupos parlamentarios, nos felicitamos de que este proyecto de ley tenga ya una imagen absolutamente distinta y que efectivamente pueda permitir que por parte de nuestro grupo parlamentario se le dé el voto afirmativo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor López-Medel.
Perdón, no ha intervenido el Grupo Parlamentario Socialista, por tanto, tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor Presidente, tampoco pasaba nada (Risas.), porque vista la respuesta del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, lamentablemente en este caso no podemos agradecer la generosidad en la aceptación de las enmiendas. Eso sí, se ha aceptado una que consiste en que el Gobierno se compromete en el plazo de seis meses a llevar a cabo el desarrollo reglamentario y al margen de ésta, tan sólo se han aceptado tres enmiendas que se refieren a la exposición de motivos y que son de necesaria corrección por coherencia con las modificaciones introducidas en la propia Comisión.
Dicho esto, mantenemos vivas esas enmiendas en base a los propios argumentos que ya habíamos aportado tanto en Pleno como en ponencia y que obran por escrito.
Cumpliendo nuevamente con la brevedad prometida, nada más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Ahora sí, gracias señor Presidente.
Concluimos hoy la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, que fue remitido a la Cámara hace cuatro meses, tras la aprobación por el Consejo de Ministros.
Al proyecto de ley se presentaron dos enmiendas a la totalidad y, tras el debate y votación de las mismas, he de resaltar (lo ha puesto de relieve hace un momento el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya) el gran trabajo que se ha realizado en ponencia. La actitud de los
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intervinientes en estas fases previas ha sido muy abierta, muy sensata, con criterios positivos y huyendo siempre de posiciones maximalistas.
Fruto de ello ha sido el grandísimo número de enmiendas que se han incorporado a este texto, no sólo en la búsqueda de un consenso político sino en el deseo que creo ha sido una realidad, de mejorar el texto legal. Pese a ello, el Grupo Socialista, al que se aceptaron un gran número de enmiendas en ponencia, quiere remitirse al discurso formulado en su momento en relación con las enmiendas a la totalidad. Sin embargo, no hay más que comparar el texto remitido a esta Cámara inicialmente y los argumentos que se utilizaron en su momento con el texto que hoy vamos a someter a votación y las enmiendas que han quedado vivas para ver que muchas de las ideas esgrimidas en su momento --y utilizo el término esgrimidas en el sentido más propio de este deporte-- no han podido ser reproducidas ahora, porque las enmiendas correspondientes fueron retiradas, transaccionadas o aceptadas. No obstante, comprendo que es difícil pasar de una actitud crítica a una actitud positiva; que si se ha mantenido un enfrentamiento con el texto, a pesar de que éste se haya mejorado notablemente, es difícil cambiar de criterio, al menos públicamente. Por ello agradezco de manera muy especial la participación en los debates y la actitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que cambió de criterio. En cuanto al distanciamiento del Grupo Socialista, tengo que respetarlo, aunque, como he dicho, los argumentos utilizados en su momento en la defensa de la enmienda a la totalidad no procede que sean reproducidos aquí, por lo que me remito a lo dicho.
Antes de contestar a las enmiendas que se mantienen vivas, quiero señalar que el objetivo fundamental de la ley es delimitar las especialidades procesales del Estado y hacerlo de forma clara y precisa, incorporando reglas que hasta ahora venían recogidas en normas de rango inferior y de vigencia confusa. El Grupo Parlamentario Popular entiende que en el Estado de Derecho, donde la soberanía del pueblo es representada por el Parlamento, es muy positivo que sea precisamente en el ámbito parlamentario, y mediante una norma con rango formal de ley, donde se regulen las especialidades procesales del Estado, contribuyendo así a reforzar el principio de seguridad jurídica, al igual que el de legalidad, en el sentido formal del término.
Paso a contestar a las enmiendas declaradas vivas por los distintos grupos parlamentarios. Al artículo 1 se presenta la enmienda número 20, del Grupo Socialista, que tiene dos perspectivas. En cuanto a la primera, incurre en el error de pretender atribuir el asesoramiento y defensa en juicio al servicio jurídico del Estado y no a los abogados del Estado integrados en dicho servicio. Esto es realmente lo que hace, como viene recogido en el artículo 1.1 del proyecto de ley, el artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que el servicio jurídico no es más que una forma organizativa, pero sin ninguna personalidad jurídica. En ese sentido, como he dicho, la expresión utilizada por el artículo 1.1 del proyecto de ley es mucho más conforme con lo recogido en el artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que lo propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista.
Asimismo, y a propósito de la enmienda número 24, que hace referencia a las incompatibilidades, entendemos, como ha reconocido el propio portavoz del Grupo Socialista, que no aporta nada nuevo al proyecto de ley, proyecto de ley que regula las especialidades procesales pero no establece tratamientos personalizados para los funcionarios encargados de desarrollar estas importantes tareas de asesoramiento, representación y defensa en juicio del Estado. En todo caso, esa mención que pretende el Grupo Socialista no aporta nada nuevo a lo que ya es aplicable, a lo que es predicable y exigible en estos funcionarios o empleados públicos, siendo de aplicación el régimen general uniforme para todos los funcionarios.
En cuanto al tratamiento de los órganos constitucionales que se hace en la enmienda del Grupo Socialista, entendemos que el proyecto es respetuoso con la autonomía funcional de estos órganos constitucionales, teniéndose en cuenta, además, el propio estatuto del personal de las Cortes, norma que fue aprobada cuando el Grupo Socialista era el grupo mayoritario. En dicho estatuto y respecto a las Cámaras, se atribuye el asesoramiento, representación y defensa a los letrados de las Cortes. En todo caso, en el proyecto de ley se sigue confiando a los abogados del Estado la representación y defensa de los órganos constitucionales cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio, tal como sucede con el estatuto al cual he hecho referencia.
Al artículo 7 se plantea una enmienda, defendida con fuerza por el Grupo Socialista, sobre la disposición de la acción procesal. Nosotros entendemos que si el servicio jurídico es el encargado de la representación y de la defensa procesal del Estado, lo lógico es que sea la cabeza del mismo quien asuma la máxima responsabilidad y autoridad en la dirección técnica. Además, la redacción del precepto viene inspirada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En ese sentido, simplemente citaré la sentencia de 1.º de marzo de 1988, dadas las reiteradas manifestaciones de los órganos jurisdiccionales sobre la necesidad de flexibilizar los mecanismos relativos a la disposición de la acción procesal, a fin de evitar que el Estado se vea obligado al sostenimiento de posiciones procesales condenadas inexorablemente al fracaso, bien por falta de fundamento, bien por la reiterada jurisprudencia existente ya consolidada sobre ese tema. Además, la redacción contenida en el artículo 7, a propósito de la disposición de la acción procesal, fue sugerida en su momento por el Consejo General del Poder Judicial en su informe, página 26 y siguientes.
Por otra parte, quiero señalar que en este precepto la otra parte de la balanza es el ciudadano, de modo que si no se adoptan medidas mínimamente flexibilizadoras y que garanticen en todo caso la intervención del departamento, toda vez que se exige un informe previo y preceptivo del titular del departamento u organismo correspondiente, se estaría colocando a los ciudadanos en una posición de intentar retrasar, desde la perspectiva de la Administración, la satisfacción de intereses legítimos.
Además, hay veces en que la reiteración de condena en costas a la Administración por el mantenimiento de recursos insostenibles, dado que en algunos
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casos existe jurisprudencia consolidada, también provoca una saturación de los órganos jurisdiccionales, fundamentalmente del orden contencioso-administrativo.
La enmienda número 15, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al artículo 14, sobre la cuestión del interés general como criterio excepcional que permitiera no acordar la suspensión del juicio en los casos de tutela judicial efectiva o para protección de la misma, he de decir que, aun entendiendo el espíritu loable de esta enmienda, lo cierto es que esa excepcionalidad, tal y como viene planteada en el proyecto de ley, sólo puede justificarse en un interés general entendido como aquel que afecta a la generalidad de los ciudadanos o a las cosas públicas como pertenecientes o relativas a la generalidad de los administrados. Admitir esta enmienda supondría que, en la práctica, la excepción que está prevista, y que desearía el Grupo Parlamentario Vasco, se convirtiera en la regla general. Además, a propósito de los interdictos como procedimiento más expeditivo y más sumario, el propio Grupo Parlamentario Vasco admite la suspensión reducida a diez días, que se acordó mediante una medida transaccional, sin establecer ningún tipo de distinción. Si en estos procedimientos tan sumarios y tan expeditivos no se admiten excepciones, menos debe haberlas con carácter general.
Al artículo 14 hay también varias enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la nueva disposición adicional que se prevé, concretamente las enmiendas 33, 35, 37 y 38. Con estas enmiendas se pretende modificar la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, adaptándolas a lo que prevé el artículo 14 sobre suspensión del curso de los autos para elevar consulta a la dirección del servicio jurídico del Estado. Prima facie puede parecer que esto supondría más seguridad jurídica, no obstante entendemos que el efecto es el contrario, dada la redacción del precepto, ya que toda la regulación de la suspensión del curso de los autos se halla contenida en un solo texto. En ese sentido, consideramos más conveniente esta opción legislativa en vez de proceder a modificar la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil o cualquier otra ley procesal que pudiera existir en relación con la suspensión del curso de los autos. El hecho de que esa suspensión del curso de los autos se recoja en un solo texto legal refuerza la seguridad, facilita el conocimiento por todos los ciudadanos y evita la dispersión que se produciría si se tuvieran que modificar distintas leyes procesales.
A propósito de la disposición adicional quinta, estaban las enmiendas números 36, del Grupo Socialista, y la 18, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), respecto a la extensión de estas singularidades o especialidades procesales de las entidades locales, aunque parece que hay matices diferentes en cuanto a los dos grupos proponentes.
La justificación de las especialidades procesales, tal y como las ha entendido el Tribunal Constitucional, responde a una serie de peculiaridades y características que tiene la Administración que deben compensarse con reglas que faciliten la igualdad del trato. Esta diferenciación o estas características son predicables respecto a la Administración del Estado o respecto a las comunidades autónomas, pero no a los entes locales dada la gran diversidad o la tipología tan variada de entidades locales que existen en nuestro país. Las entidades locales no tienen la dispersión territorial que tiene la Administración del Estado o las comunidades autónomas a la hora de la representación y defensa en juicio y, además, la organización de sus servicios jurídicos tiene lugar de manera muy diferente a las otras dos administraciones a que antes me he referido.
En ese sentido, se recogen especialidades como la comunicación de las providencias en el despacho de los servicios jurídicos o también la suspensión del curso de los autos carecería de sentido aplicado a las entidades locales. Además, con frecuencia actúan a través de abogados propios y no integrados en servicios jurídicos interadministrativos como sucede con las otras dos administraciones a que me he referido.
Había olvidado hacer una referencia a la enmienda número 3, de Coalición Canaria. Entendemos que la aportación de esta enmienda, aun cuando ya la propia Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado atribuye al asesoramiento jurídico, o mejor dicho lo incardina dentro de lo que son las subsecretarías, por razones de sistemática vamos a aceptar la propuesta en cuanto a lo que es el apartado segundo, dado que el apartado primero de esa enmienda ya había sido retirado por el grupo proponente.
Sólo me resta concluir como empecé, valorando y reconociendo el trabajo de todos los ponentes en esta tramitación. Se presentaron 55 enmiendas al proyecto de ley y sólo han sido rechazadas 13, lo cual refleja no sólo el intento de acercamiento, sino también la posibilidad de mejorar los textos legales.
Por todo ello, termino reiterando la felicitación a todos los intervinientes.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este proyecto de ley de defensa jurídica del Estado, estaría en situación de poder ser objeto de votación. Sin embargo, como ha anunciado la Presidencia, ésta no tendrá lugar antes de las diecinueve horas; por tanto, en ese momento procederemos a la votación de este texto y de aquellos otros puntos del orden del día que teniendo que ser objeto de votación se encuentre en ese momento en condiciones de poder someterlos a dicho trámite.
Teniendo en cuenta el carácter excepcional del siguiente punto del orden del día, vamos a suspender la sesión durante unos minutos con el ruego a todos los portavoces de que se acerquen a la Mesa para determinar el modo en que se va a proceder al debate del texto del proyecto de ley de modificación de la ley Orgánica del Poder Judicial.
--DEBATE Y VOTACION DEL NUEVO DICTAMEN DE LA COMISION SOBRE EL PROYECTO
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DE LEY ORGANICA DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 131.2 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA. (Número de expediente 121/000012.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar la sesión con el punto 4 del orden del día, que es el debate y votación del nuevo dictamen de la Comisión sobre el proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, del 1 de julio, del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento de la Cámara.
La Mesa del Congreso, en comunicación que dirige a esta Presidencia, de fecha 12 de junio, indicaba que en esta reunión podrían tenerse en cuenta el texto resultante de la deliberación producida en el Pleno de la Cámara en su sesión correspondiente al día 5 de junio de 1997, las enmiendas presentadas en relación con dicho proyecto de ley y las enmiendas transaccionales que en su caso puedan formularse.
En el ejercicio de esa potestad reconocida por la Mesa de la Cámara, la Mesa de la Comisión había acordado que el nuevo dictamen de la Comisión mantuviera inalterado el texto de aquellos artículos que alcanzaron en el Pleno de la Cámara mayoría absoluta de votos favorables. Asimismo, se acordó que solamente se sometieran a deliberación y votación por la Comisión aquellas enmiendas que fueron votadas en el Pleno de la Cámara en la sesión celebrada el día 5 de junio, con exclusión por tanto de las que fueron retiradas con anterioridad a dicho trámite o en el transcurso de la propia sesión plenaria.
No obstante, algunos portavoces han hecho patente a la Mesa la posibilidad de incorporar en este debate alguna corrección técnica o alguna enmienda transaccional en relación con alguno de los artículos del dictamen. Teniendo en cuenta que el Reglamento de la Cámara establece que este debate se someterá a los criterios o normas procesales de los debates de totalidad, si alguno de los grupos quisiera proponer en este trámite alguna transaccional o alguna corrección técnica, en esa intervención que ha de desarrollarse con arreglo a los criterios de los debates de totalidad, puede anunciarlo, y naturalmente los demás grupos pronunciarse sobre esa posible propuesta de enmienda transaccional o de corrección técnica.
Por lo tanto, voy a conceder un primer turno de intervención en el que cada uno de los grupos puede manifestarse sobre las enmiendas a las que ya se había referido la Mesa de la Comisión, que son las relativas a los artículos primero, segundo y quinto de la ley, enmiendas 19, 20, 88, 89, 92 y 101, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, enmiendas 33, 34, 35 y 36, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y enmiendas 52, 53, 54, 56, 66, 67, 68, 70 y 72, del Grupo Parlamentario Socialista. Si en el curso de esta intervención algún grupo entiende que, aprovechando este trámite, debe plantear la posibilidad de alguna corrección técnica o enmienda transaccional, lo puede manifestar.
En ese caso, esta Presidencia interesa a los restantes grupos para que se pronuncien en relación a esa posible iniciativa de corrección técnica o de enmienda transaccional.
Por el orden de grupos parlamentarios, le corresponde intervenir en primer lugar al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en cuyo nombre tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Nosotros mantuvimos para su debate y votación en el Pleno unas enmiendas que no fueron aceptadas y que son las enmiendas a las que el señor Presidente se ha referido con los números 28, 88 y 89. Son estas tres enmiendas, según mis notas, las que fueron expuestas y defendidas en el Pleno.
En los mismos términos en que ya se defendieron y por economía procesal en este trámite de la Comisión, señor Presidente, las mantengo vivas para su votación, especialmente la número 28, porque nosotros entendíamos que el proyecto de ley penalizaba a los jueces y magistrados que figuraban en listas electorales, sacaran o no escaño o puesto en las entidades de representación democrática. Nos mantenemos en nuestro texto, e igualmente lo hacemos en las enmiendas números 88 y 89.
Con respecto a la propuesta sobre el artículo 404 bis --entiendo, señor Presidente, que usted ha dicho que nos pronunciemos--, quiero decir que el planteamiento que se propone es el mismo que habíamos hecho nosotros en nuestra enmienda original a este proyecto de ley sobre las remuneraciones de los señores magistrados del Tribunal Supremo, oponiéndonos a cualquier otro efecto. No queremos ningún efecto peyorativo en cuanto a la comparación de ningún órgano constitucional, pero que esto no signifique una marginación remunerativa de los magistrados del Tribunal Supremo, porque solamente tendrían derecho a una mejor remuneración por cuestiones de incompatibilidades señaladas en la ley o por una mayor laboriosidad en la agilización de los trámites judiciales. Para nosotros era una cuestión de fondo, de categoría profesional, por la alta responsabilidad que tienen encomendadas los magistrados del Tribunal Supremo y, por tanto, era cuestión de calidad. Por esa razón nos parece correcta la propuesta de atender a la naturaleza de sus funciones, sin entrar en más calificativos, porque ya están dichos, y nosotros la apoyaremos con nuestro voto favorable, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: La accidentada tramitación de este proyecto, en el que tantas veces he manifestado el criterio de mi grupo, me lleva a ser ahora extraordinariamente breve.
Llegados a este punto, mi grupo no mantenía en el Pleno ninguna enmienda porque habían sido objeto de aceptación o transacción --y, por tanto, de retirada-- en los sucesivos trámites de la elaboración del proyecto. Por tanto, mantengo el mismo criterio que entonces y no repetiré argumentación alguna, a pesar de que se sostenga que hay preceptos que se mantienen vivos. Respecto de la transacción
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o corrección técnica, que también así ha sido denominada, que pretende añadir una frase al artículo 404 bis, mi grupo se manifiesta favorable, puesto que goza del consenso de todos los grupos, según se ha expuesto en la reunión previa.
El señor SILVA SANCHEZ: El Grupo Catalán de Convergència i Unió vio aprobadas sus enmiendas 45 y 46 en la Comisión de Justicia que trató de esta ley y, por tanto, llegó al Pleno sin ninguna enmienda viva. En consecuencia, no desea en estos momentos la votación o el mantenimiento de ninguna de las enmiendas anteriores. En cualquier caso, manifiesta que presenta con los demás grupos la transaccional al artículo 404 bis, que supone añadir al final del mismo la coletilla de «atendiendo a la naturaleza de sus funciones».
Del mismo modo quiere manifestar que no ignora que una disposición de esta naturaleza, por mor de lo dispuesto en el Estatuto del ministerio fiscal en sus artículos 53 y 34, ha de tener obligatoriamente consecuencias respecto del régimen retributivo de los fiscales de Sala, de la misma manera que es posible que esta magistratura de ejercicio que configuramos a través de esta ley tenga o deba tener también consecuencias respecto de la situación tanto de los fiscales de Sala como de los fiscales destinados en el Tribunal Supremo. En cualquier caso, entendemos que es un asunto lo suficientemente complejo como para que sea abordado si acaso a través de enmiendas en el Senado y no aquí. Sin embargo, sí queremos recordar al menos la asimilación retributiva que efectúan los artículos 53 y 34 de los fiscales de Sala con los magistrados del Tribunal Supremo.
Mi grupo también es capaz, como Ulises con las sirenas, de soportar la tentación de presentar alguna enmienda para modificar el régimen transitorio de aquellos magistrados del Tribunal Supremo que en el momento de la entrada en vigor de la ley no se encuentren ejerciendo funciones en el Tribunal Supremo, como podrían ser aquellos que se encuentran en la Audiencia Nacional o aquellos que se encuentran en situación de excedencia, e incluso modificar el régimen transitorio para los presidentes de Sala del Tribunal Supremo. Entendemos que es algo que puede abordarse con mucha más tranquilidad y con mucha más coherencia en el propio Senado.
Señor Presidente, ésta es la posición que manifiesta mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Como es lógico, intervengo para solicitar que se den por reproducidas todas y cada una de las manifestaciones que a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley se han ido vertiendo en nombre de mi grupo parlamentario en la correspondiente defensa de la enmienda de totalidad, así como en el anterior trabajo de esta Comisión y posterior discusión en el Pleno de las enmiendas parciales, sobre las cuales no voy a hacer ya ninguna referencia porque no ha habido una nueva riqueza argumental que añadir a lo que ya se expuso en defensa de las enmiendas 33, 34, 35 y 36.
Sí nos gustaría añadir que en la azarosa tramitación de este proyecto de ley se han llegado a producir --y sinceramente nos gustaría que quedara constancia de que no nos ha producido la menor satisfacción-- algunas que otras manifestaciones con respecto a comportamientos de algunos magistrados que incluso han llegado --y por qué no decirlo claramente--, con la facilidad con que se critica a esta Casa, a aprovechar la ocasión para también repartir un poquitín de crítica a otros que generalmente no la reciben, hasta querer pedir ni más ni menos que el amparo de la Casa Real para que en un momento determinado dirimiera nadie sabe qué conflictos, equiparándolos a conflictos jurisdiccionales en algo que sinceramente no tiene esa importancia, pero detrás de lo cual subyacía en algunos ni más ni menos que la interpretación de que bastaba con que se pusieran de acuerdo ambos órganos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, para que ya por fin y definitivamente esta Comisión tuviera que acceder a lo que ambos convinieran. No nos parece que haya sido un modelo de comportamiento serio y riguroso, y nos gustaría que no se volviera a producir. Simplemente esto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Para empezar, mi grupo mantiene vivas para la votación todas las enmiendas que aparecen en el listado que nos han facilitado los servicios de la Cámara. No vamos a repetir argumentos que ya se dijeron en su momento, porque nos parece que el tema está suficientemente debatido, y anunciamos que mantenemos para su votación las enmiendas 52, 53, 54, 56, 66, 67, 68, 70 y 72.
Quedan, eso sí, dos cuestiones nuevas. Una de ellas, a la que ya han hecho referencia algunos portavoces de otros grupos parlamentarios, es la nueva redacción del artículo 404 bis. Sin embargo, señor Presidente, creo que hay un cierto error en este tema, porque no se trata de una corrección técnica. Sería una corrección técnica sobre la base de la enmienda in voce que se presentó en el Pleno, pero es que esto no figura en el dictamen de Comisión. Lo que recoge el dictamen de Comisión es lo que se aprobó en Comisión. La propuesta que hacemos todos los grupos del artículo 404 bis es nueva, cambia radicalmente, no se trata solamente de añadir una coletilla, sino de cambiar todo el precepto. Quiero anunciar que mi grupo está de acuerdo y va a votar favorablemente esa nueva propuesta del 404 bis, de la cual aquí se está hablando, que básicamente dice: De conformidad con el principio de seguridad jurisdiccional que se recoge en el artículo 129 de la Constitución y de acuerdo con el carácter de magistratura de ejercicio contemplado en la presente ley, las remuneraciones de los magistrados
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del Tribunal Supremo se establecerán en cuantía similar a las de los titulares de otros altos órganos constitucionales, atendiendo a la naturaleza de sus funciones. Es una redacción bastante diferente de la que consta en el dictamen de la Comisión, no es una simple modificación técnica, y creo que hay que tenerla en cuenta a esos efectos. No es solamente añadir una frasecita final; es cambiar todo el precepto, y yo creo que el precepto que se propone es mucho mejor que el que se recoge en el dictamen de la Comisión y, por tanto, señor Presidente, mi grupo lo votará favorablemente.
Además, señor Presidente, mi grupo quiere aprovechar la ocasión para presentar una enmienda transaccional, una enmienda in voce, como usted prefiera llamarla, en relación con la disposición transitoria tercera, 3 del dictamen de la Comisión. Me explicaré. Durante el debate en Comisión, el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular presentó todo un paquete de enmiendas transaccionales, que fueron aceptadas por los grupos a los que iban dirigidas, en las cuales se añadía un precepto nuevo que no estaba ni en el proyecto ni tampoco en estas enmiendas, el artículo 342 nuevo. Este artículo lo que hacía era fijar un mandato máximo de cinco años para los presidentes de Sala del Tribunal Supremo.
Consecuentemente, con dicho artículo 342 nuevo, que no estaba en el proyecto ni tampoco en ninguna de las enmiendas presentadas, se añadía una disposición transitoria tercera que establecía un régimen transitorio para los que actualmente fueran presidentes de Sala. Señor Presidente, mi grupo no acaba de ver --lo digo con toda sinceridad-- la necesidad de ese cambio, pero estoy de acuerdo en que puede haber argumentos a favor.
Quizás es bueno que los presidentes de Sala del Tribunal Supremo tengan un mandato limitado. No lo tienen los presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, por ejemplo; no lo tienen los presidentes de Sala de tribunales superiores de Justicia ni de audiencias provinciales. En todo caso, por economía de debate y porque también quedan trámites posteriores, no vamos a cuestionar ese artículo 342 nuevo, a pesar, repito una vez más, de que no estaba en el proyecto ni tampoco en ninguna de las enmiendas con las que se transaccionó. En cambio, señor Presidente, nosotros queremos en este momento plantear nuestras dudas respecto al régimen transitorio que establece la disposición transitoria tercera, 3, porque si la aceptásemos estaríamos aplicando este precepto de manera totalmente retroactiva.
Nuestro grupo, de conformidad con la posición que ha mantenido también en otros aspectos de esta ley, considera que no puede afirmarse una retroactividad tan absoluta. Por tanto, señor Presidente, nosotros presentamos una transacción que pretendería una retroactividad de grado medio. Estamos de acuerdo en que el mandato se limite a cinco años, estamos de acuerdo en que también afecte a los actuales presidentes de Sala, pero, eso sí, que ese mandato de cinco años comience a correr a partir de la entrada en vigor de la presente ley, porque lo contrario sería decirles a unos magistrados que fueron designados en su momento sin limitación de tiempo que ahora ya tienen que cesar, y esa aplicación retroactiva tan tremenda, tan brutal, nos parece excesiva. Aceptamos, por tanto, una retroactividad de grado medio, cual es la de que para estos actuales magistrados que son presidentes de Sala la duración de más de cinco años empezará a contar a partir de la entrada en vigor de la presente ley. En consecuencia, presentamos, señor Presidente, una transaccional en ese sentido y esperamos que pueda ser votada, porque no vemos que haya ningún impedimento reglamentario para hacerlo cuando se voten todas las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Señor Jover, ¿puede dar lectura de la transaccional para que conste?
El señor JOVER PRESA: La nueva redacción de la disposición transitoria tercera, 3, sería: Respecto de los actuales presidentes de Sala del Tribunal Supremo, el plazo previsto en el artículo 342 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada por la presente ley, iniciará su cómputo a partir de la entrada en vigor de la misma. Transcurridos los cinco años previstos, podrán optar a la reelección o quedar adscritos al Tribunal Supremo.
Esta última frase, señor Presidente, yo creo que no sería absolutamente necesaria, porque es evidente que pueden optar a la reelección, pero en todo caso nos parece que aclara el contenido del precepto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Nos encontramos ante un trámite realmente insólito, motivado por una circunstancia que, sin embargo, se da no diré que con frecuencia, pero sí de vez en cuando en esta Cámara, y es el hecho de que en una votación no se consiga un quórum determinado por inasistencia de algunos diputados. Aun así, en la sesión del Pleno --de cuya validez no creo que dude nadie de los aquí presentes-- hubo determinadas enmiendas que consiguieron el apoyo suficiente para considerarse aprobadas, y aprobadas están. Aquí la única votación que no prosperó fue una votación de conjunto, según dice el Reglamento, sobre todo el proyecto de ley, que por tanto afecta absolutamente igual a todos sus artículos. En ese sentido quiero recordar que ha habido una transaccional, a la que se ha hecho referencia, que fue aprobada ya en el Pleno, la relativa a las retribuciones de los magistrados del Tribunal Supremo, al igual que unas correcciones técnicas que sugirieron los propios servicios de la Cámara y que nuestro grupo hizo públicas en el Pleno y fueron también aprobadas. Obviamente, eso ya forma parte del dictamen.
La postura de nuestro grupo era que la posibilidad que prevé el Reglamento de que vuelva a Comisión un texto en estas circunstancias contempla un caso totalmente distinto del que se ha producido, un caso perfectamente posible, y sería aquél de un proyecto que, en razón de su contenido, contara con el apoyo político suficiente para ser aprobado por mayoría simple pero no contara con el apoyo político suficiente para lograr la mayoría cualificada
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de ley orgánica. No es el caso que nos ocupa. Sabemos muy bien que este proyecto ya en la última sesión del Pleno tenía el apoyo político suficiente para contar con una mayoría cualificada de ley orgánica, pero que no se materializó por determinadas ausencias. Cuando el problema está en el contenido, es lógico que se siga discutiendo sobre el contenido.
Cuando el problema es simplemente de número, y se ha indicado en las interesantes conversaciones que hemos mantenido con motivo de la última interrupción de esta sesión concedida por la Presidencia, quizás el Reglamento sería más razonable si hubiera previsto una repetición de la votación en un plazo determinado. En todo caso, en esa postura que lleva a mi grupo a retirar la única enmienda que tiene actualmente, porque las demás han sido aprobadas, y entendiendo que no hay que discutir más sobre el contenido, hace una sola excepción --consciente de la dimensión política que tienen las excepciones-- en relación a la propuesta conjunta de todos los grupos sobre el artículo 404 bis, que supone añadir al texto actualmente resultante de nuestro debate, que es el del Pleno, la frase final: «atendiendo a la naturaleza de sus funciones». Esto hay que hacerlo, como ya se ha indicado aquí por algunos otros portavoces, fundamentalmente para poner fin de una vez a una situación ajena a esta Cámara, que no está contribuyendo precisamente al prestigio de instituciones muy relevantes de nuestro sistema democrático a las que debemos ayudar también, a veces a lo mejor incluso por encima de la espontaneidad exuberante de algunos de sus miembros, a que mantengan el grado de confianza que los ciudadanos demandan. En razón de eso, nuestro grupo va a apoyar esa modificación. Por supuesto que cualquier otro grupo es muy libre de aprovechar la ocasión, como se ha dicho aquí con frase feliz, para proponer lo que estime conveniente, y evidentemente ello será sometido a las lecturas políticas que se merece. Ya se ha dicho aquí --además parece que el texto es especialmente revelador-- que se trata de evitar, con especial énfasis, la retroactividad de un precepto, pero no se evita la de otros. Por ejemplo, el caso que ya se ha puesto de relieve de los magistrados del Tribunal Supremo que actualmente no están en el Tribunal Supremo, que a lo mejor están en la Audiencia Nacional, por ejemplo, y que tienen sólo un año para volver al Tribunal Supremo, con lo cual o abandonan el puesto en el que están antes de terminar el tiempo tasado para su desempeño o dejan de ser magistrados del Tribunal Supremo.
Eso no preocupa para nada al Grupo Socialista. Al Grupo Socialista lo que le preocupa es la posibilidad de que un presidente de Sala del Tribunal Supremo --que puede, como muy bien han dicho, ser reelegido por este Consejo General del Poder Judicial-- tenga que someterse a esa reelección. Cada cual que saque sus consecuencias. Mi grupo, desde luego, va a rechazar esa enmienda, sin perjuicio de reconocer a cada cual la libertad de quedar en evidencia cada vez que lo estime oportuno.
El señor PRESIDENTE: Después de la deliberación que ha efectuado la Mesa, que ha reconsiderado el acuerdo que había tomado en relación al desarrollo de este debate, y en atención a las indicaciones de los portavoces de la Comisión, anuncio que naturalmente someteré a votación la modificación del artículo 404 bis que el proyecto pretende dar al artículo 404 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como la Mesa quiere verse vinculada por sus propios acuerdos en todas las ocasiones en las que, habiendo ya manifestado su voluntad, los portavoces no estaban conformes para determinar cuál sería el alcance de aquello que tenía que ser objeto de esta nueva votación del dictamen, lo que hace es remitir a la propia Comisión la decisión de si se va a proceder o no a la votación de la enmienda que el Grupo Socialista propone. Por lo tanto, haremos otra votación, que si resultara afirmativa llevaría, a su vez, a la votación de la enmienda, y si no, no se sometería el texto mismo de la enmienda a votación.
Por lo demás, las votaciones, como ya se había anunciado al comienzo de la sesión, tendrán lugar en torno a las siete de la tarde.
--APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DE LA PROPOSICION DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA DE EJECUCION FORZOSA. (Número de expediente 122/000028.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es el 5: Aprobación, con competencia legislativa plena, de la proposición de ley sobre reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución forzosa.
En relación con esta proposición de ley, hay una enmienda del Grupo Mixto, señora Lasagabaster, que no se encuentra en la sala.
Tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Para solicitar que se dé por defendida y se someta a votación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, no sé si me corresponde intervenir en este trámite, pero hay una mejora técnica, más que una auténtica enmienda in voce al propio texto, que yo querría proponer.
Simplemente hago constar a la Presidencia que querría proponer una mínima modificación terminológica de la redacción que figura en el informe de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: Como S. S. intervendrá en el turno de portavoces, en ese momento puede hacer su propuesta, sobre todo si se trata de una mejora gramatical, por lo que percibo del texto. Puede ser mediante una enmienda transaccional de todos los grupos.
Para defender las dos enmiendas mantenidas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, también nuestras enmiendas se dan por defendidas a efectos de que se sometan a votación.
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El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cárceles.
El señor CARCELES NIETO: Señor Presidente, para manifestar que se den por defendidas en los propios términos que están planteadas las enmiendas presentadas por el Grupo Popular.
Proponemos que las comunicaciones sean dirigidas por el juzgado en lugar de por el juez, porque consideramos que es un término técnicamente más correcto.
La enmienda número 3 propone la supresión, en el párrafo tercero del artículo único de la proposición, de lo siguiente: «En particular, si así se solicitare, el juez recabará tal información de la correspondiente autoridad tributaria o de la Seguridad Social.» También queríamos presentar una enmienda in voce de corrección técnica al título de la proposición de ley. En lugar de «Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución forzosa», propondríamos como título «Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución», suprimiendo la palabra «forzosa», porque consideramos que es una denominación puramente administrativa y poco civil. Como se trata de modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, proponemos que se corrija en dichos términos y así lo solicitamos al grupo proponente, Convergència i Unió.
No tenemos nada más que objetar respecto de las enmiendas, por lo que en el turno de portavoces haremos las manifestaciones correspondientes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, en aras de la brevedad, no se trata de hacer un gran discurso, pero sí creo que tendría poco sentido no destacar la profunda satisfacción que siente mi grupo por el consenso con el que en su momento fue admitida a trámite por unanimidad esta proposición de ley y el mismo consenso con el que, según todos los indicios, será aprobada con competencia legislativa plena en esta Comisión. Es un pequeño avance respecto a la situación actual, una pequeña mejora, como ya se dijo en su momento en el debate en el Pleno.
Aunque desde el punto de vista cuantitativo, en cuanto a extensión normativa, estemos hablando de una modificación de muy reducidas dimensiones --si se me permite la expresión--, puede tener grandes consecuencias para agilizar en un aspecto muy concreto la ejecución forzosa.
En coherencia con lo anteriormente expuesto, nosotros no tenemos inconveniente en que el título de la ley sea «Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución». La expresión «ejecución forzosa» tiene una cierta tradición y desde este punto de vista así fue titulada la proposición de ley, pero no haríamos de ello cuestión y si el grupo mayoritario prefiere que se titule «Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución», así lo dejaríamos.
Por otro lado, sí propondría, en nombre de mi grupo, una pequeña modificación que entiendo que no es más que de estilo. Si se estima que debe ser una transaccional, así lo haré. En el artículo único de la proposición de ley que debatimos, el párrafo tercero dice que a petición del acreedor, y en el supuesto de que el ejecutado no designare bienes o derechos suficientes sobre los que hacer la traba, el juzgado deberá dirigirse a todo tipo de registros públicos, etcétera. Nuestra propuesta sería decir que a petición del acreedor y, en el supuesto de que el ejecutado no designare bienes o derechos suficientes sobre los que hacer la traba, el juzgado acordará dirigirse a todo tipo de registros públicos. En lugar de decir «deberá dirigirse», nosotros proponemos que se diga «acordará», porque nos parece una expresión que, teniendo el mismo sentido respecto de lo imperativo de la obligación del juez, es más elegante en su estilo, sin modificar para nada el contenido.
Respecto a nuestra posición acerca de las otras enmiendas que están pendientes, por un lado, no tenemos inconveniente en votar favorablemente la enmienda número 1 del Grupo Mixto. Sí tenemos gravísimos inconvenientes en votar favorablemente la enmienda número 3 del Grupo Popular, puesto que dejaría absolutamente desvirtuado el sentido de la proposición de ley. Suprimir el párrafo que pretende la enmienda número 3, deja sin sentido la proposición de ley que, al fin y al cabo, sólo tiene un artículo y quitarle este párrafo es quitarle todo su núcleo. Por tanto, no sólo no la podemos votar a favor, sino que animamos a todos los grupos a que, si no quieren desvirtuar el sentido de esta ley, tampoco la voten favorablemente. No me extenderé más sobre el porqué de todo ello porque creo que salta a la vista de la sola lectura del contenido de la enmienda.
En cuanto a las enmiendas 4 y 5 del Grupo Parlamentario Socialista, fue objeto de debate en la Ponencia el contenido de las mismas. Suponen una modificación muy sustancial de lo que es el sentido de la proposición de ley, al convertir en una mera facultad ese tono obligatorio para el juez sobre la necesidad de dirigirse a todo tipo de registros públicos, aunque esa mera facultad quede reflejada mediante auto y, por tanto, después sea susceptible de recurso de apelación. Nos parece que ello tendría grandes consecuencias, pudiendo vaciar de contenido el propio sentido de la proposición, porque son las dos patas en las que se sujeta: una, el hecho de que sea obligatoria la actuación del juez; la otra, el hecho de hasta dónde puede llegar el juez, como es también la autoridad tributaria de la Seguridad Social. Si se quitan esas dos patas, se viene abajo el sistema que esta proposición de ley propone. Por tanto, desde esta perspectiva, tampoco podemos votarlas favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Señor Castellano, por el Grupo de Izquierda Unida.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Tomo la palabra con toda brevedad, señor Presidente, para anunciar que el informe de la Ponencia que nos ha sido facilitado será votado afirmativamente por este grupo. En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista, no podemos coincidir con su motivación por lo que ya se ha expuesto por algún otro interviniente.
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En segundo lugar, creemos que la obligación del juzgador de motivar todas las resoluciones judiciales consta ya expresamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PREDET I GRENZNER: Lamento no haber estado presente en un momento anterior por esta coincidencia de hoy, de la que ha quedado constancia en el «Diario de Sesiones», entre diversas comisiones sobre temas conexos. Reitero la disculpa por no estar en la sala en el momento de defender las enmiendas.
He de intervenir para indicar que vamos a aceptar --por tanto, retiramos las enmiendas números 4 y 5 que se refieren a la exposición de motivos-- la transacción ofrecida, porque nos han convencido, luego de madura reflexión, algunos de los argumentos indicados tanto en el trámite de Ponencia como en este momento en la Comisión, si bien entendemos que no es tan absolutamente clara la obligación de motivar. Todos --y me refiero a la última afirmación del portavoz del grupo de Izquierda Unida-- hemos recibido a lo largo de nuestra vida profesional --el señor Castellano muchas más que yo, porque lleva más años de ejercicio-- diversas providencias de no ha lugar por parte de los jueces sin motivación alguna, que no hay forma de explicar a nadie.
Entendemos que el «acordará» que se impone a través de la transacción obliga necesariamente a algún tipo de argumentación respecto al acuerdo tomado sobre las disposiciones de dirigirse a los registros públicos para llegar al conocimiento de la relación de bienes del deudor y poder trabar el embargo consiguiente. Por ello, aceptamos la transacción y nos queremos sumar también a las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para manifestar nuestra oposición a la enmienda número 3 del Grupo Popular, pues en el caso de aceptarse desvirtuaría totalmente la proposición de ley que estamos debatiendo, sobre la cual además reiteramos lo dicho en el Pleno, que difícilmente va a resolver por sí sola la totalidad de los problemas de ejecución forzosa. Esperamos que esta importante materia pueda ser rápidamente reformada en su conjunto como única garantía para los ciudadanos del cumplimiento efectivo de las sentencias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cárceles.
El señor CARCELES NIETO: A la vista de la posición que van tomando los distintos grupos parlamentarios, quisiéramos cooperar en esta proposición que trata de modificar el artículo 1.454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, quizá este trámite parlamentario no sea en este momento el idóneo, teniendo a la vista un nuevo debate muy próximo sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil en su conjunto.
No quisiéramos ser un obstáculo para el consenso de los grupos parlamentarios en mejorar el artículo 1.454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En virtud de lo cual, mi grupo parlamentario mantiene viva la enmienda número 2, que forma parte del informe de la Ponencia, donde se propone sustituir la palabra «juez» por «juzgado». Retiramos la enmienda número 3 presentada por nuestro grupo y estamos de acuerdo con la sugerencia hecha por el portavoz del Grupo de Convergència i Unió, señor Guardans, en cuanto a la modificación y corrección de estilo de carácter técnico, que pretende sustituir «deberá» por «acordará dirigirse».
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo tiene inconveniente en que se vote la corrección presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)? (Pausa.) Le rogaría al señor Guardans redactara por escrito el mismo texto, para que por lo menos quedara constancia en el acta correspondiente.
Se suspende la sesión hasta las diecinueve horas.
Vamos a proceder a las votaciones subsiguientes a los debates que han tenido lugar esta tarde.
Votaciones correspondientes al proyecto de ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 3 --en lo referido exclusivamente al párrafo segundo-- y 5.
Enmiendas números 15 y 18 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, tres.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Perdón, señor Presidente, solicitamos votación separada de la enmienda número 39.
Respecto a la exposición de motivos, ¿se solicita también votación separada?
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Sí, disculpe, señor Presidente, también solicitamos votación separada, en el mismo bloque que la 39, de las enmiendas números 40, 41 y 44.
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas números 39, 40, 41 y 44, del Grupo Socialista.
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Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, dos.
Enmienda número 55, del Grupo Popular, y enmiendas de corrección técnica que han sido aportadas a la Mesa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 14; abstenciones, dos.
Votamos el dictamen junto a la exposición de motivos tal como resulta de las enmiendas aprobadas, salvo que algún grupo solicite votación separada de la exposición de motivos.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Solicitamos votación separada de los artículos 1.1, 4, 7 y 14, en cuanto al articulado.
El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, los artículos 1.1, 4, 7 y 14 del dictamen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14.
Votamos el resto del dictamen, con la exposición de motivos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen del proyecto de ley referido, tramitado con competencia legislativa plena de esta Comisión.
A continuación, votamos el texto resultante del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
En primer lugar, votamos la enmienda número 28, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya números 33, 34, 35 y 36.
El señor JOVER PRESA: Solicitamos votación separada de la enmienda número 36.
El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 36, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 36.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 14.
El señor MARDONES SEVILLA: Solicito votación separada de la enmienda número 53.
El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda número 53, del Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
De conformidad con todos los grupos, votamos la enmienda transaccional consistente en adicionar al texto del artículo 404 bis del anterior dictamen aprobado por el Pleno el siguiente párrafo: «atendiendo a la naturaleza de sus funciones».
A pesar de lo que la Presidencia había anunciado antes de suspender la sesión, por razones técnicas, parece más conveniente proceder sin más a la votación de la enmienda transaccional del Grupo Socialista. Como saben SS. SS., dicha enmienda es transaccional con la 96 de Coalición Canaria a la disposición transitoria tercera, apartado 3 y tendría la siguiente redacción: «Respecto de los actuales presidentes de Sala del Tribunal Supremo, el plazo previsto en el artículo 342 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada por la presente ley, iniciará su cómputo a partir de la entrada en vigor de la misma. Transcurridos los cinco años previstos, podrán optar a la reelección o quedar adscritos al Tribunal Supremo.» Procedemos a la votación.
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¿Algún grupo desea que se vote por separado la exposición de motivos? (Pausa.) En consecuencia, votamos el texto resultante de la votación por el Pleno de este proyecto de ley, con la modificación resultante de las votaciones que han tenido lugar esta tarde en la Comisión, es decir, introduciendo esas modificaciones en el texto remitido por el Pleno en su día.
El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, si se vota todo el dictamen, mi grupo preferiría que se hiciese artículo por artículo, para así poder indicar cuáles son los preceptos de los que pedimos votación separada.
El señor PRESIDENTE: Había preguntado si querían votación separada.
El señor JOVER PRESA: Había hablado de la exposición de motivos, señor Presidente, pero no de lo demás.
El señor PRESIDENTE: Me refería a las dos cosas, pero no hay problema.
Entonces, vamos a votar artículo por artículo, bien entendido que es, naturalmente, con el resultado de las votaciones que han tenido lugar con anterioridad.
Votamos el artículo primero del dictamen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 14.
A continuación, corresponde someter a votación el artículo segundo.
El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, dentro de este artículo, mi grupo pide votación conjunta de los artículos 357, apartados 3, 4 y 5, y 358, que son aquellos a los cuales mantenemos enmiendas vivas.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, sometemos a votación los artículos números 357, apartados 3, 4 y 5, y 358, ambos dentro del artículo segundo del proyecto.
Sometemos a votación el resto del artículo segundo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del artículo segundo.
Votamos el artículo tercero.
A continuación sometemos a votación el artículo cuarto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, dos.
Vamos a votar el artículo quinto (nuevo).
El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, pedimos votación separada del artículo 342, al cual afectaba nuestra enmienda que ha sido rechazada.
El señor PRESIDENTE: Dentro del artículo quinto (nuevo), sometemos a votación el artículo 342.
Sometemos a votación el resto del artículo quinto (nuevo).
Votamos el artículo sexto (nuevo).
A continuación, vamos a votar la exposición de motivos.
El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, no hemos votado ni el artículo séptimo ni las disposiciones transitorias.
El señor PRESIDENTE: Parece que no procede esa votación.
El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, yo tengo aquí el dictamen de la Comisión y en él aparece un artículo séptimo (nuevo).
El señor PRESIDENTE: Sí aparece en el dictamen de la Comisión, pero lo que estamos votando --lo hemos dicho al principio-- es el resultado del proyecto de ley a su paso por el Pleno; posteriormente las correcciones técnicas sin duda debieron dar lugar a ese reajuste en el texto del proyecto de ley.
El señor JOVER PRESA: ¿Entonces ha desaparecido el artículo séptimo?
El señor PRESIDENTE: Ha desaparecido el artículo séptimo.
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El señor OLLERO TASSARA: Se ha convertido en el punto segundo del artículo sexto.
El señor PRESIDENTE: Justamente, porque eran dos enmiendas del mismo tenor.
El señor JOVER PRESA: En todo caso sí quedan por votar las disposiciones transitorias.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, corresponde someter a votación las disposiciones transitorias.
El señor OLLERO TASARA: Señor Presidente, yo quería sugerir que si quieren votación separada de alguna disposición transitoria, la pidan para no votarlas una a una.
El señor JOVER PRESA: La íbamos a pedir, señor Ollero. Pedimos votación separada de la disposición transitoria tercera, 3.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, votamos la disposición transitoria tercera, 3.
Sometemos a votación el resto de las disposiciones transitorias y disposición final.
Finalmente, votamos la exposición de motivos.
Por tanto, la totalidad del nuevo dictamen de este proyecto de ley ha quedado en los términos resultantes de las votaciones que se acaban de practicar.
A continuación, votamos la proposición de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución forzosa.
En primer lugar, votamos la enmienda al artículo único, número 1, párrafo tercero (nuevo), de la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; abstenciones, 35.
Señorías, a continuación votamos las enmiendas técnicas números 1 y 2, salvo que se solicite votación separada. La número 1 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y la número 2 ha sido presentada por el Grupo Popular. Son enmiendas técnicas transaccionales.
Votamos seguidamente el texto del dictamen y la exposición de motivos, salvo que algún grupo solicite votación separada de la misma.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad, con competencia legislativa plena, el texto del dictamen resultante de las anteriores votaciones sobre la proposición de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución forzosa.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: En materia de ejecución, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: He leído el texto tal como figuraba en la proposición de ley, no el texto resultante.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Pero como consecuencia de las enmiendas se debe llamar de ahora en adelante sólo de ejecución.
El señor PRESIDENTE: Le llamamos entusiásticamente de esa manera.
Eran las ocho y cinco minutos de la tarde.