Source: http://jpdsocial.blogspot.com/2018/01/newsletter-laboral-numero-23.html
Timestamp: 2018-10-23 12:06:05
Document Index: 246861791

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'artículo 47', 'artículo 146', 'artículo 59', 'artículo 1969', 'artículo 18', 'artículo 215', 'artículo 28']

Jurisdicción Social: Newsletter laboral número 23
Newsletter laboral número 23
NÚMERO: 23 FECHA: 27/01/2018
Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. ir al texto
Acord del Consell de Govern de 26 de gener de 2018 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. ir al texto
Orden ESS/54/2018, de 25 de enero, por la que se garantiza el servicio de atención telefónica de urgencias y de emergencias que la empresa Eulen, SA presta en la empresa Endesa. ir al texto
Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, sobre registro, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Sociedad Anónima (código número 28001422011982) ir al texto
Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, sobre registro, depósito y publicación del acta de 27 de marzo de 2017, de la Comisión Negociadora por la que aprueban la modificación de diversos artículos del Convenio Colectivo de la empresa “ASG 10, Sociedad Limitada” (código número 28014912012009) ir al texto
STS 14/12/2017
Roj: STS 4804/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4804
No de Recurso: 217/2016
No de Resolución: 1004/2017
Resumen: Calendario laboral: se desestima la pretensión formulada en conflicto colectivo por la que se pedía que se declarase que el acuerdo de 2 de enero de 2013 no está vigente, a excepción del apartado 4.2 relativo a la IT y que los calendarios laborales debían fijarse con carácter anual conforme a lo regulado en el convenio colectivo.
No consta adaptación del convenio colectivo a las modificaciones derivadas del citado Acuerdo por lo que el convenio 2008-2009 despliega toda su eficacia normativa y fuerza vinculante derivada de los artículos 82 del Estatuto de los Trabajadores y 28.1 y 37.1 CE , señaladamente en lo referente al calendario anual. La incapacidad para llegar a las adaptaciones o a un nuevo convenio es lo que justifica que el pacto alcanzado con naturaleza transitoria pero sin una limitación temporal en forma de fecha prefijada, salvo en aquellos puntos en que así se acordó se mantiene en vigor.
Roj: STS 4782/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4782
No de Recurso: 312/2016
No de Resolución: 1006/2017
Resumen: Cesión ilegal: momento en que puede ejercitarse la acción para obtener la declaración de la existencia de cesión ilegal. El TS rectifica su doctrina anterior, que se desprende de la STS/4a de 29 de octubre de 2012 ; y concluye que la posibilidad de accionar para obtener la declaración de la existencia de cesión ilegal exige que la situación a calificar como tal esté vigente en el momento en que el trabajador ponga en marcha la reclamación judicial de su derecho, lo que se produce en el momento de inicio de los actos de evitación del proceso legalmente exigibles como requisito para la presentación de la demanda ante el Juzgado (conciliación).
STS 13/12/2017
Roj: STS 4802/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4802
No de Recurso: 254/2016 No de Resolución: 997/2017
Resumen: Contrato fijo discontinuo: se discute la duración de la campaña para el personal discontinuo al servicio de la empresa pública gallega encargada del operativo contra los incendios forestales (SEAGA). Los sindicatos sostienen que ha de concordar con los periodos que la actividad gubernativa declara como de peligro alto de incendios. La empleadora defiende que se supedite a la encomienda de gestión, desplegándose progresivamente el operativo. Se da la razón a la empleadora (SEAGA) y se interpreta que no es ajustada a derecho la condena a SEAGA para que contrate a todos sus trabajadores fijos- discontinuos, de gestión y de campo, a la vez y, en el futuro, desde el mismo momento en que esté vigente la encomienda.
De esa forma se introduce un condicionante (simultaneidad en el llamamiento) que contradice los términos de la encomienda y la propia ontología del trabajo fijo discontinuo, caracterizado porque la empresa realiza los llamamientos a medida que la organización productiva lo requiere.
STS 21/12/2017
Roj: STS 4824/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4824
No de Recurso: 280/2016
No de Resolución: 1066/2017
Resumen: Convenio colectivo: principio de correspondencia: vulneración existente y nulidad del convenio de empresa negociado por representantes de algunos, pero no todos, los centros de trabajo. Se plantea si es factible reconocer la validez como convenio colectivo de centro de trabajo al que ha sido firmado por la comisión como convenio nacional de empresa, una vez establecida su ilegalidad en ese ámbito territorial por haberse infringido el principio de correspondencia, y mantener su eficacia como convenio colectivo de los específicos centros de trabajo cuyos representantes unitarios hubieren formado parte de aquella comisión. La respuesa es negativa pues el TS ya se ha pronunciado en el sentido de entender que tan esenciales vicios en la configuración de la comisión negociadora resultan de todo insubsanables, ni siquiera reduciendo su ámbito a los centros de trabajo correspondientes a la representación unitaria que formó parte de la misma, " al no ser tal la voluntad de las partes ni la finalidad con la que se constituyó"
Reitera doctrina: SSTS de 07/03/2012, rec. 37/2011; y 9/06/2015, rec. 194/2014).
STS 15/12/2017
Roj: STS 4785/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4785
No de Recurso: 4025/2016 No de Resolución: 1013/2017
Resumen: Cosa juzgada: efecto positivo de la cosa juzgada de la sentencia firme dictada en un proceso en materia de recargo de prestaciones de la Seguridad Social que mantiene la infracción de la empresa en materia de seguridad e higiene en el trabajo, en otro proceso posterior se reclama por el trabajador la reparación del daño ocasionado por la empresa en relación con la contingencia, en este caso por enfermedad profesional. Aunque entre el proceso de recargo y el de reclamación de cantidad indemnizatoria existen diferencias, también concurren " elementos de identidad y entre ellos la relación de causalidad se sitúa en un plano en el que no cabe desconocer la identidad existente entre los dos institutos", como advierte la sentencia de contraste, " pues la relación causal entre el incumplimiento empresarial y las lesiones es un elemento común de las dos nociones que opera de la misma forma en ambas. En consecuencia, hay que concluir que puede afirmarse que si se aprecia el efecto de la cosa juzgada en las infracciones en las que la identidad puede cuestionarse, con mayor razón deberá apreciarse respecto a la relación de causalidad"
STS 20/12/2017
Roj: STS 4795/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4795
No de Recurso: 36/2017
No de Resolución: 1056/2017
Resumen: Cosa juzgada: existencia: se desestima el recurso por aplicación de la la cosa juzgada dado que las únicas cuestiones que suscita el recurso ya fueron resueltas por STS 19 de diciembre de 2011 (R. 64/2011 ) que dió respuesta a todas ellas y con cita de los Autos del Tribunal Constitucional 27/2010 , 54/2010 y 85/2011 , lo que corrobora la necesidad de estimar la excepción de cosa juzgada porque el recurso plantea cuestiones ya resueltas en proceso seguido entre las mismas partes, incluso la violación del principio de igualdad por recibir diferente y peor trato el personal laboral de los entes públicos que se resolvió entonces y la ha vuelto a estudiar el TC en su sentencia 143/2015
Roj: STS 4808/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4808
nº de Recurso: 259/2016
No de Resolución: 1048/2017
Resumen: Convenio colectivo: Instrucción administrativa que aplica el Decreto Ley 1/12, en cuya virtud se reduce el complemento de antigüedad reconocido en Convenio. Los recurrentes solicitan que dicha medida se aplique sólo a los trienios que venzan a partir de su entrada en vigor.
la entidad demandada forma parte del sector público y por este motivo resulta aplicable a sus trabajadores lo establecido en el Decreto- Ley 1/2012, así como en la posterior Ley 3/2012, y ulteriores Leyes de Presupuestos que hemos citado; los efectos jurídicos derivados de la aplicación de esta normativa conllevan la suspensión de lo previsto en el Convenio Colectivo de dicha entidad en materia de complemento de antigüedad.
El TS considera que no hay nada en el Decreto-Ley 1/2012, ni en la Ley 3/2012, que permita interpretar que la voluntad del legislador no era la de otorgar un tratamiento unitario a toda la antigüedad en su conjunto, sino la de limitar el nuevo régimen de cobro del complemento de antigüedad a los trienios ya devengados y excluir los que se generen con posterioridad a su entrada en vigor, o en sentido contrario, aplicarlo exclusivamente a los que vencen a partir de esa fecha, como postulan los recurrentes.
STS 19/12/2017
Roj: STS 4806/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4806
No de Recurso: 624/2016
No de Resolución: 1025/2017
Resumen: Derechos fundamentales: indemnización del daño moral: criterio aperturista. En los últimos tiempos esta doctrina de la Sala también ha sido modificada, en primer lugar atendiendo al criterio aperturista que actualmente informa el resarcimiento del daño moral [incluso se recomienda su aplicación en el ámbito de los incumplimientos contractuales por los PETL y por UNIDROIT: STS I 15/06/10 -rec. 804/06 -], y por la consideración acerca de la «inexistencia de parámetros que permitan con precisión traducir en términos económicos el sufrimiento en que tal daño [moral] esencialmente consiste ... [lo que] lleva, por una parte, a un mayor margen de discrecionalidad en la valoración ... y, por otra parte, "diluye en cierta medida la relevancia para el cálculo del quantum indemnizatorio" de la aplicación de parámetros objetivos, pues "los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados "no tienen directa o secuencialmente una traducción económica" [ SSTS/Ia 27/07/06 Ar. 6548 ; y 28/02/08 -rec. 110/01 -]» [ SSTS 21/09/09 -rcud 2738/08 -; y 11/06/12 -rcud 3336/11 -]. Y sobre todo, en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras el art. 179.3 LRJS , precepto para el que la exigible identificación de «circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada» ha de excepcionarse -éste es el caso de autos- «en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada»
Criterios a los que ciertamente se adelantaba la Sala al afirmar que «dada la índole del daño moral, existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión... lo que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas antisindicales...» ( SSTS 12/12/07 -rco 25/07 -; y 18/07/12 -rco 126/11 -).
Roj: STS 4799/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4799
No de Recurso: 3664/2016 No de Resolución: 1033/2017
Resumen: Desempleo: a efectos de determinar el tiempo de ocupación determinante de la duración de la prestación no es posible tener en cuenta el período de servicios prestados por persona extranjera en situación irregular ante la carencia de autorización de residencia y para trabajar. Por ello, se desestima la pretensión deducida por el actor de que se declarase su derecho a percibir prestación por desempleo durante 360 días, en lugar de los 180 días reconocidos, por considerar el asegurado que, además de los 660 días de ocupación computados por la Entidad Gestora - los transcurridos desde la obtención del permiso de trabajo hasta el despido -, debían tenerse en cuenta aquellos en los que prestó servicios para el mismo empresario sin estar en posesión de autorización administrativa para trabajar.
Roj: STS 4812/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4812
No de Recurso: 4254/2015 No de Resolución: 1019/2017
Resumen: Despido colectivo: Inexistencia de despido colectivo de los Orientadores/promotores de empleo contratados por el SPAE, aún superándose los umbrales numéricos del art.51.1 ET porque no cabe entender al no acudir al procedimiento de despido colectivo la Administración autonómica hubiese pretendido eludir los trámites y garantías del art. 51 ET, sino que muy contrariamente ha de afirmarse que el SAE se limitó -porque estaba obligado- a aplicar la Ley 35/2010.
La causa -material, que no formal- del cese es una concreta disposición legal -Ley 35/2010 y RD-Ley 13/2010- y no correspondía acudir al procedimiento de despido colectivo.
El cese de los trabajadores no obedeció a la iniciativa del empresario (art.51.1 ET) sino a la exclusiva iniciativa del legislador, pues desde el momento en que el art. 13 de la Ley 35/2010 dispone -para los Orientadores, como se ha dicho- que «[s]e prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2012 , el Plan Extraordinario... », y en que el art. 15 del RD-ley 13/2010 fija -para los Promotores- la finalización de los servicios « el 31 de diciembre de 2012 », está claro que el cese comunicado en aquella fecha límite a los Asesores/Promotores de Empleo contratados -o prorrogados- a virtud de las referidas normas no obedece a la voluntad de la Administración autonómica contratante, sino a exclusiva decisión legal, inaplicabilidad de la Directiva 98/59 al Sector público.
Roj: STS 4805/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4805
No de Recurso: 116/2017
No de Resolución: 1035/2017
Resumen: Despido colectivo: ajustado a derecho. Se desestiman las alegaciones de la mala fe negocial por parte de la empresa en relación a la conformación de la comisión negociadora, y respecto a la falta de entrega de la documentación al inicio del periodo de consultas, así como por la no facilitación de los criterios de selección de los trabajadores e inexistencia de la causa alegada.
El TS considera, al igual que la AN, que la empresa aportó la documentación pertinente en el período de consultas y negoció de buena fe, puesto que movió repetidamente su posición, variando los criterios de selección que le eran más útiles a favor de la voluntariedad y ampliando colectivos excluidos, redujo el número de despedidos y ofertó una indemnización superior que mantuvo aunque el período de consultas concluyó sin acuerdo; y en definitiva que el despido estaba justificado al acreditarse una plantilla sobredimensionada, estimando que la medida era idónea, razonable y proporcionada.
STS 11/01/2018
Roj: STS 89/2018 - ECLI: ES:TS:2018:89
No de Recurso: 726/2016
No de Resolución: 10/2018
Resumen: en un supuesto de trabajador con reducción de jornada por guarda legal de su hija el despido injustificado debe ser declarado nulo, y no improcedente.
Reitera doctrina: STS 25 de noviembre de 2014 (rcud 2344/2013 ), y en la más reciente de 18 de abril de 2017 (rcud. 2771/2015 )
STS 21/12/2107
Roj: STS 4811/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4811
No de Recurso: 4149/2015 No de Resolución: 1059/2017
Resumen: Elecciones sindicales: en la elaboración del censo en el proceso electoral del Ayuntamiento de Tafalla (laborales) se deberá tener en cuenta la fecha del preaviso electoral que tuvo lugar el 21 de noviembre de 2014, computando en su consecuencia las jornadas realizadas por los trabajadores temporales en alta en la empresa en tal fecha de 21 de noviembre de 2014, en el año inmediatamente anterior a la misma, resultando nueve el número de representantes a elegir
Roj: STS 4788/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4788
No de Recurso: 2364/2016 No de Resolución: 1036/2017
Resumen: FOGASA: Silencio positivo: FOGASA plantea la cuestión de la ineficacia del efecto positivo del silencio cuando el resultado del mismo pueda ser antijurídico, como lo es, a su juicio, que el trabajador acabe obteniendo una cantidad superior a la que resultaría de aplicar los topes del art. 33 ET . Señala que la posición jurídica del FOGASA es análoga a la de un fiador ex lege, citando al efecto la STS de 24 de abril de 2001 (rcud 2102/00 ) y argumenta que no resulta posible obtener por silencio administrativo licencias o autorizaciones contra legem. Se desestima la pretensión del FOGASA y se reitera la doctrina del TS . El hecho de que se hayan otorgado derechos superiores o no previstos legalmente, no significa que no puedan dejarse sin efecto; «pero, para ello, la propia ley ha previsto que tal operación únicamente puede efectuarse a través de los procedimientos revisorios previstos en las normas legales.
Reitera doctrina: SSTS de 16 marzo 2015 (rcud. 802/2014) y 4 octubre 2016 (rcud. 2323/2015), en las de Pleno de 20 de abril de 2017 (rcud 701/2016 y 669/2016) y posteriores, como la de 6 de julio de 2017 (rcud 1517/2016 ), 27 de septiembre de 2017 [rcud 1876/2016 ] y 11 de octubre de 2017 [rcud 863/2016 ], entre otras.
Roj: STS 4823/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4823
No de Recurso: 623/2017
No de Resolución: 1057/2017
Resumen: FOGASA: puede entenderse estimada por silencio administrativo positivo la solicitud presentada ante el FOGASA, aunque se pidan cantidades superiores a las legalmente establecidas. El hecho de que se hayan otorgado derechos superiores o no previstos legalmente, no significa que no puedan dejarse sin efecto; " pero, para ello, la propia ley ha previsto que tal operación únicamente puede efectuarse a través de los procedimientos revisorios previstos en las normas legales. El FOGASA, con fundamento en el entonces vigente artículo 62.1.f) LRJPAC (en la actualidad : artículo 47.1 f) LPAC ): «serán nulos de pleno derecho:... los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición», podrá iniciar el correspondiente procedimiento de revisión del acto presunto a través, en este caso, del artículo 146 LRJS en el que, además de las medidas cautelares que estime oportuno, deberá solicitar la nulidad del referido acto presunto ".
Reitera doctrina: SSTS de 16 marzo 2015 (rcud. 802/2014) y 4 octubre 2016 (rcud. 2323/2015), en las de Pleno de 20 de abril de 2017 (rcud 701/2016 y 669/2016) y posteriores, como la de 6 de julio de 2017 (rcud 1517/2016), 27 de septiembre de 2017 [rcud 1876/2016 ] y 11 de octubre de 2017 [rcud 863/2016 ], entre otras.
Roj: STS 4814/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4814
No de Recurso: 3765/2015 No de Resolución: 1063/2017
Resumen: Jurisdicción: el hecho de que una cláusula de no competencia postcontractual aparezca incluida en un contrato de compraventa de títulos societarios, propiedad de los trabajadores, no obsta a que la jurisdicción social sea la competente para conocer de la demanda de nulidad de la citada cláusula de no competencia formulada por los trabajadores.
Roj: STS 4800/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4800
No de Recurso: 282/2016
No de Resolución: 1062/2017
Resumen: MSCT: reducción de jornada en UNIPOST. Se declara ajustada a derecho
Documentación en período de consultas: la falta de entrega de cierta documentación no podría dar lugar a la nulidad del expediente cuando la no entregada no es la exigida legal o reglamentariamente exigible, ni es la reclamada en el período de consultas que por su naturaleza muestre la ineludible necesidad de su aportación. Interpretación finalista de las obligaciones de aportación documental e información.
Causa económica: justificada. La empresa demandada viene arrojando un resultado de pérdidas en su cuenta de resultados desde el año 2011, siendo de 4.172.000 euros en 2011, 5.517.000 en 2012, 9.377.000 euros en 2013, 4.688.000 euros en 2015, periodos en los que ha tramitado 4 ERTES.- La cifra de ventas fue de 93.945.000 euros en 2015 y de 78.376.000 euros en 2014.
Roj: STS 4797/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4797
No de Recurso: 24/2017
No de Resolución: 1067/2017
Resumen: Negociación colectiva: no vulneración de negociación colectiva en relación a libertad sindical, que se denunicaba pr el sindicato aduciendo falta de participación en la negociación. . El dato relevante de la participación del sindicato recurrente en el proceso de negociación que se retoma tras la sentencia de la Audiencia Nacional a la que venimos refiriéndonos. Siendo ello así, la nulidad del acuerdo no halla apoyo argumental, evidenciándose simplemente la disconformidad del sindicato con el resultado de la negociación, mas no aportando otros datos que permitan afirmar que su derecho a la libertad sindical se vio menoscabado, ni tampoco elementos que sirvan para examinar un eventual contenido lesivo del acuerdo.
Roj: STS 4803/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4803
No de Recurso: 34/2016
No de Resolución: 1024/2017
Resumen: Pagas extraordinarias: derecho de los trabajadores afectados por el presente Conflicto Colectivo al percibo de las pagas extraordinarias de Septiembre 2013, Marzo y Septiembre 2014 y Marzo 2015, condenando a la demandada «SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENERALES SL»
la minoración salarial llevada a cabo por la demandada no encuentra justificación en la referida DT Primera, pues si del inicial importe anual de 1.219.073,47 euros se ha pasado a los 1.183.580,29 euros, la diferencia entre ambas cifras -la reducción en el precio de la contrata- asciende a la cantidad de 35. 493.18 €, lo que significa una reducción porcentual del 2,91% respecto de la inicialmente pactada. Cifra muy alejada del 10% que requiere la DT Primera para que la empresa afectada pueda efectuar la reducción salarial que la previsión convencional contempla.
PERSONAL LABORAL ADMINSITRACIÓN PÚBLICA
Roj: STS 4798/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4798
No de Recurso: 252/2016
No de Resolución: 1064/2017
Resumen: Personal laboral Adminstración pública: derecho al disfrute, tras la publicación del Real Decreto-ley 10/2015, de las licencias por asuntos particulares incluidos los días adicionales de licencia por asuntos particulares por antigüedad, reponiéndose el sistema anterior que fue suspendido por el RDL 20/2012,
Reitera doctrina: TS/4a de 29 de noviembre de 2017 (rec. 281/2016 )
Roj: STS 4827/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4827
No de Recurso: 263/2016
No de Resolución: 1049/2017
Resumen: Prescripción: reducción salarial amparada en una ley declarada inconstitucional. Acción para reclamar las cantidades derivadas de la reducción. Las STC producen efectos ex nunc, esto es, desde su publicación en el BOE. El "dies a quo" para el cómputo del plazo prescriptivo de un año previsto en el artículo 59 del ET , coincide con el de la publicación de la sentencia del TC, pues antes no pudo accionarse contra una decisión empresarial de reducir las retribuciones fundada en un precepto legal, cual se deriva de lo dispuesto en el artículo 1969 del Código Civil . El no haberse accionado antes pidiendo la inconstitucionalidad de la norma no empece lo dicho, pues esa reclamación no era preceptiva al tener cobertura legal expresa la reducción salarial.
STS 30/11/2017
No de Recurso: 4105/2015
No de Resolución: 972/2017
Resumen: Prestación por maternidad: la filiación establecida en el extranjero e inscrita en un Registro Consular español, tras una gestación por sustitución, constituye una situación protegida a efectos del acceso a la prestación por maternidad de la Seguridad Social, en particular respecto del trabajador que ha acudido a esa práctica y, junto a su marido, aparece como progenitor legal del neonato.
Roj: STS 4810/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4810
No de Recurso: 3284/2016 No de Resolución: 1032/2017
Resumen: Reclamación previa: en los casos en que, por resolución del INSS, se declare la responsabilidad de una Mutua respecto de prestaciones por enfermedad profesional, la ausencia de reclamación previa en el plazo legal obsta para que dicha Mutua reinicie el procedimiento porque la previsión del art. 71 LRJS , limitando los efectos del defecto de formulación de demanda a la exclusiva caducidad del expediente y dejando intacto el derecho sustantivo, únicamente se refiere al reconocimiento/denegación de prestaciones y a las personas individuales interesadas, no a las entidades colaboradoras y a reclamaciones por imputación de responsabilidad.
Reitera doctrina: STS/4a/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), siendo la primera de ellas, precisamente, la sentencia de contraste aquí analizada, con doctrina reiterada por las STS/4a de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 , 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) y 13 octubre 2016 (rcud 3109/2015 )
STS 27/11/2017
Roj: STS 4786/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4786
No de Recurso: 468/2016 No de Resolución: 931/2017
Resumen: Renta activa de inserción: Renta Activa de Inserción denegada por entender el Servicio Público de Empleo estatal , SPEE que la unidad familiar cuenta con ingresos superiores al límite autorizado debido a que la esposa del beneficiario acredita en el mes de enero de 2014 una nómina ordinaria de 1.481,71€ y «complementaria» de 328,04€, habiendo formulado el actor solicitud el 26 de febrero de 2014.
"Las pagas extraordinarias correspondientes a los ingresos de alguno de los miembros de la unidad familiar lo son también de ésta y necesariamente han de computarse a los efectos de la fijación del importe de las "rentas de cualquier naturaleza" a que se refería el artículo 18.1 del Real Decreto 625/1985 y ahora el artículo 215.1 de la LGSS "
Reitera doctrina: STS/IV 23-julio-2002 (rcud 3255/2001 ), en interpretación primero del art. 18.1 Real Decreto 625/1985 (entre otras, SSTS/IV 8-noviembre-1993 -rcud 69/1993 , 24-marzo-1994 , 30- mayo-1994 , 3-junio-1994 , 28- junio-1994 , 12-julio-1994 , 16-enero-1995 , 16-mayo-1995 y 18-noviembre-1995 -rcud 3511/1993 )
Roj: STS 4809/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4809
No de Recurso: 3102/2016 No de Resolución: 1030/2017
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: responsabilidad del INSS y de la Mutua Gallega en los porcentajes de 67,64% al INSS y a la MUTUA GALLEGA en un porcentaje del 32,36% , con relación al abono de las prestaciones consecuencia del reconocimiento de la situación de ITP derivada de enfermedad profesional, prorrateo que obedece a la exposición al riesgo antes y después de enero de 2008.
Reitera doctrina: STS de 12 de marzo de 2013, recurso 1959/2012 ; 4 de marzo de 2014, recurso 151/2013 y 6 de marzo de 2014, recurso 126/2013
Roj: STS 4813/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4813
No de Recurso: 2898/2016 No de Resolución: 1029/2017
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: La cuestión suscitada se centra en determinar la entidad responsable en el pago de las prestaciones de incapacidad permanente, derivada de enfermedad profesional cuando el trabajador ha estado expuesto al agente causante de la misma antes y después de 2008, y bajo una cobertura de la contingencia con diferentes aseguradoras, y si la misma debe recaer exclusivamente sobre el INSS o, como petición subsidiaria, de forma compartida entre las aseguradoras que lo fueron durante el tiempo de exposición. Se concluye existe responsabilidad compartida del INSS y la Mutua demandante en el abono de la prestación de incapacidad permanente absoluta reconocida a D. Desiderio , en el 82,53% a cargo del INSS y el 17,47% a cargo de la Mutua demandante,
Reitera doctrina: SSTS de 4 y 10 de julio de 2017 [ rcud 913/2016 y 1652/2016 , respectivamente], seguidas de las SSTS 15 de noviembre de 2017 [rcud 446/2016 ], 22 de noviembre de 2017 [rcud 1210/16 y 3636/2016 ] y 28 de noviembre de 2017 [rcud 29762016],
Roj: STS 4817/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4817
No de Recurso: 335/2016
No de Resolución: 1037/2017
Resumen: Subrogación convencional: en un supuesto de subrogación empresarial por sucesión de contratas operada por mandato del convenio colectivo, que exonera de responsabilidad a la empresa entrante por deudas salariales contraídas por la empresa saliente antes de la transmisión, la empresa que se hace cargo de la plantilla en aplicación del convenio responde o no de aquéllas deudas salariales.
Cuando no se dan los requisitos legalmente previstos la subrogación puede producirse por mandato del convenio colectivo y para estos supuestos no se aplica el régimen previsto en la Ley, sino el previsto en el convenio con sus requisitos y consecuencias de la cláusula del convenio aplicable.
En el convenio colectivo de aplicación se libera de toda responsabilidad en el pago deudas salariales de la anterior empleadora a la nueva empresa, lo que corrobora el último párrafo del art. 33 del vigente Convenio colectivo de Limpieza, precepto que, incluso, señala que se trata de una sucesión no regulada por el art. 44 del ET .
Reitera doctrina: SSTS 1 de junio de 2016 (R. 2468/2014 ) y 3 de mayo de 2016 (R. 3165/2014 ) entre otras con la misma doctrina.
Roj: STS 4807/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4807
No de Recurso: 238/2016
No de Resolución: 1046/2017
Resumen: Vacaciones: la fórmula de cálculo que para la integración de los incentivos en la retribución vacacional que diseña el convenio colectivo no sólo no resulta contraria a la normativa aplicable ( artículos 7 Directiva 2003/83/CE ; 7.1 del Convenio 132 OIT y 38 ET), sino que resulta perfectamente compatible con la finalidad que persigue dicha normativa consistente en la equiparación de la retribución del tiempo de trabajo con la que debe percibir un trabajador durante su período vacacional.
El precepto convencional que resulta de aplicación para la resolución de la controversia aquí planteada es el siguiente: El artículo 28.4.1.c) en el que bajo el "epígrafe regulación de la percepción de incentivos" se establece lo siguiente: «El incentivo de ventas en periodo vacacional y en situación de baja por maternidad o accidente de trabajo, se calculará en función de la media del incentivo percibido en los doce meses anteriores. La percepción de incentivos en caso de enfermedad común o accidente no laboral, queda sujeta al régimen de prestaciones de la Seguridad Social; en el caso de periodos de baja por enfermedad inferiores al mes, los objetivos se ajustaran a los días trabajados»
Roj: STS 4796/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4796
No de Recurso: 276/2016
No de Resolución: 1065/2017
Resumen: Vacaciones: retribución de las vacaciones. Derecho a percibir en concepto de salario correspondiente al periodo de vacaciones anuales retribuidas por los conceptos de Plus de Actividad Madrid 112 y de Nocturnidad en cuantía equivalente al término medio de lo que perciben durante los demás meses del año por esos mismos pluses.
En el caso de los dos complementos debatidos estamos ante una percepción de clara naturaleza salarial y que se devenga siempre que concurran los presupuestos contemplados por el convenio colectivo. La argumentación jurídica de la Sala de instancia es acertada y concordante con nuestra doctrina. Puesto que no tienen la consideración de concepto salarial de carácter extraordinario, ni han sido establecidos para remunerar actividades extraordinarias, sino que retribuyen actividades ordinarias, habituales, procede su inclusión en el cálculo de la citada retribución.
Roj: STS 4784/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4784
Recurso: 203/2017 No de Resolución: 995/2017
Resumen: Viudedad: el TS considera que no existe constancia de la inscripción de la pareja de hecho en un registro especializado ni de su constitución en documento público, y que es irrelevante a tales efectos que exista una sentencia que decreta una orden de alejamiento del causante por delito de amenazas en el ámbito familiar y otra sentencia en la que se atribuye a la actora la guardia y custodia de los hijos y el uso de la vivienda, porque dichas resoluciones judiciales no pueden considerarse como documento oficial de reconocimiento a la previa existencia de convivencia cuyo cese se acuerda, en los términos que exige el art.221.2 LGSS. En definitiva, una sentencia con orden de alejamiento y otro con atribución de guarda y custodia de los hijos y uso de vivienda, no se consideran documento públicos a efectos de acreditar la constitución de pareja de hecho.
Reitera doctrina: SSTS 11-5-16 (Rec. 2585/14 ), 1-6-16 (Rec. 207/15 ); 21-7-16 (Rec. 2713/14 ); 8-11-16 (Rec. 3469/14 ); y 7-12-16 (Rec. 3765/14 ), doctrina que ha sido aceptada por las SSTCO 40/14 , 44/14 , 45/14 y 60/14 .
Roj: STS 4783/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4783
No de Recurso: 2895/2016 No de Resolución: 1010/2017
Resumen: Viudedad: tras la redacción dada a la Disposición Transitoria 18a de la LGSS por la Ley 26/2009, de 26 de diciembre, que, a efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad, exonera del cumplimiento del requisito de ser acreedoras de pensión compensatoria a las personas cuya separación judicial o divorcio se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, cabe interpretar que tal dispensa no resulta aplicable a quienes, reuniendo las demás condiciones exigidas por la mencionada norma intertemporal, antes del 1 de enero de 2008 cesaron en la convivencia matrimonial y presentaron demanda de divorcio en la que interesaban la adopción de medidas provisionales, acordadas por resolución dictada también antes de la fecha indicada, aunque la sentencia de divorcio contencioso sin convenio regulador recayera con posteridad a la misma.
El legislador es perfectamente conocedor del itinerario procesal por el que se rigen los procedimientos de separación y divorcio, y podía por ello modular el alcance de esta disposición transitoria, retrotrayendo sus efectos al inicio del proceso judicial, o al de la adopción de las pertinentes medidas provisionales o previas a la interposición de la demanda, puesto que la finalidad de dicha disposición no es otra que la de paliar los efectos sorpresivos de un cambio normativo que no se podía prever por los afectados, pero ha optado sin embargo por imponer la fecha de la sentencia como la referencial temporal que condiciona su aplicación.
Roj: STS 4820/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4820
No de Recurso: 1911/2016 No de Resolución: 1042/2017
Resumen: Viudedad: interpretación que ha de darse a lo establecido en la DT 18 LGSS 1994, que regula los requisitos necesarios para que el reconocimiento del derecho a pensión de viudedad, de la persona divorciada o separada judicialmente del causante, no quede condicionado a que ésta sea acreedora de pensión compensatoria, en los supuestos de separación judicial o divorcio anteriores al 1-1-2008. Supuesto de sentencia posterior a 01/01/2008, pero que podría haberse dictado antes de no existir cierta demora judicial.
En las específicas condiciones y circunstancias, donde el convenio en cuestión tuvo lugar el 22 de noviembre de 2007 y el 12 de diciembre siguiente se interpuso la demanda, seguida de la también referida ratificación conyugal, a nada de lo cual se halló impedimento alguno en ningún momento del procedimiento civil incoado, puede entenderse que siquiera sea en el meramente abstracto y teórico contexto normativo, la sentencia puede producirse casi simultáneamente a la demanda debidamente ratificada y que siendo ése el espíritu y finalidad de la norma procesal, ha de estimarse que se cumple la condición cronológica a los estrictos efectos litigiosos aunque dicha resolución tenga lugar más tarde, puesto que lo que ésta hace, como se ha anticipado, es limitarse a homologar lo pretendido por las partes y expuesto al órgano jurisdiccional con todos los elementos necesarios a tal fin antes de transcurrir el plazo legal para que se alcance el objetivo prestacional
Roj: STS 4801/2017 - ECLI: ES:TS:2017:4801
No de Recurso: 1480/2016 No de Resolución: 1015/2017
Resumen: Viudedad: el cónyuge supérstite que concurre con el divorciado tiene derecho a que la cuantía de su pensión de viudedad (proporcional al tiempo de convivencia con el fallecido) incorpore el importe en que disminuya la pensión del ex consorte por superar el montante de la pensión compensatoria de la que fuera acreedor.
Con la regulación actual, a partir del hecho causante se genera una pensión completa que debe repartirse entre sus beneficiarios, de acuerdo con el criterio de proporcionalidad convivencial. Da la impresión de que la LGSS primero equipara a los sujetos concurrentes (proporcionalidad), pero inmediatamente introduce una doble corrección: cuantía mínima del 40% (para el cónyuge o pareja conviviente) y tope máximo de la pensión compensatoria (para el excónyuge).
De ese modo, opera una especie de vasos comunicantes porque la bajada o subida de la pensión percibida por cada uno de los beneficiarios repercute en el otro. Esta concepción justifica la aplicación del principio de coherencia como argumento de interpretación, que conduce asimismo a la solución apuntada: cuando la pensión del excónyuge debe minorarse porque supera el importe de la compensatoria, esa misma porción minorada se traslada a la pensión del cónyuge (o pareja) conviviente.
Dicho de otro modo: carecería de sentido que, en unas mismas condiciones, el cónyuge percibiera la pensión íntegramente en caso de no concurrir con otro sujeto y que en caso de darse tal concurrencia el resultado fuera que una parte de la pensión no se abona a ninguno de los beneficiarios.
STEDH 23/01/2018. Caso Akarsubaşı y Alçiçek c. Turquía
Resumen: Libertad de reunión y asociación: Los demandantes son funcionarios y miembros de la sección local de Egitim-Sen, sindicato de trabajadores de la educación y científicos.
El caso trata sobre las multas impuetas a los demandantes por haber pegado en un muro exterior de un liceo una pancarta de huelga en la que se leía " Huelga en este centro trabajo", con ocasión de una jornada de movilización nacional organizada en diciembre de 2011.
El TEDH considera vulnerado el derecho a la liberta de reunión y asiciación del art.11 CEDH.
STEDH 23/01/2018. Caso Güç. c. Turquía
Resumen: Presunción de inocencia (art.6.2 CEDH). El caso trata sobre la demanda relativa al cese como funcionario del demandante basado en acusaciones según las cuales había abusado de una alumna de 9 años en 2006, época en la que estaba empleado como conserje en un centro escolar.
En 2008, fue absuelto de las acusación de delito sexual en cuestión. Sin embargo, en el intervalo, había sido despedido por acoso, decisión que confirmó el Consejo de estado en 2009, sin citar la absolución.
El TEDH considera que no hubo vulneración de la presunción de inocencia.
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Publicado por JpD Comisión Social en 11:15