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Timestamp: 2018-08-18 08:02:59
Document Index: 263130351

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 83', 'artículo 273', 'artículo 23', 'artículo 130', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 24']

SENTENCIA S-122 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1991
CONTENIDO:CADUCIDAD DE LA ACCIÓN SE CUENTA A PARTIR DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN ADMINISTRATIVA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:244 DE ABRIL DE 1992, PÁG.294
SE CUENTA A PARTIR DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO
Ref.: Expediente Nº S-122. Recurso extraordinario de súplica.
Actor: Hugo Posada Granados.
Santafé de Bogotá, D. C., veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y uno.
Se resuelve el recurso extraordinario de súplica interpuesto por el actor contra la sentencia proferida por la Sección Primera de la corporación el 29 de junio de 1989, mediante la cual la Sección revocó la sentencia del a quo y se declaró inhibida para proferir fallo de mérito, por caducidad de la acción.
Sostiene el recurrente que al adoptar la decisión impugnada, la Sección Primera ''''desconoció y por ende transgredió la jurisprudencia anterior de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo relacionada con la notificación de los actos administrativos, la eficacia de la misma, el término para computar los plazos de caducidad establecidos por la ley, y los referentes al contencioso contractual, en la modalidad de actos separables" contenida en las siguientes sentencias:
1. Sentencia de 7 de marzo de 1988, expediente Nº R-018, Consejero Ponente Dr. Antonio de Irisarri Restrepo, en la cual se transcribe una providencia de la Sección Tercera del mismo Consejero Ponente.
Esta jurisprudencia aduce el censor, fue mantenida por la Sala Plena en sentencia de 21 de septiembre de 1988, expediente R-083. Consejero Ponente Dr. Miguel González Rodríguez.
2. Sentencia de septiembre 7 de 1988, expediente A-060, Consejero Ponente Dr. Carlos Betancur Jaramillo.
En la sentencia de 7 de marzo de 1988, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo dijo:
"De lo anterior se colige que el término de caducidad debe contarse así: ...
d) A partir de la notificación:
1. De la decisión cuestionada, cuando contra ella no procede ningún recurso por la vía gubernativa (art. 62 ord. 1º C.C.A.).
2. De la decisión que se haya tomado respecto de los recursos interpuestos oportunamente (C.C.A., arts. G2 ord. 2º y 44 inc. 1º).
Del examen de los arts. 63 y 51 inciso cuarto, del C.C.A., se colige que el término de caducidad también empieza a correr respecto de los actos contra los cuales proceden recursos de los que el interesado no hizo uso, a partir del día siguiente al vencimiento del lapso hábil para impugnarlos por la vía gubernativa, porque ésta es una forma de que el acto administrativo quede en firme".
En la de 21 de septiembre de 1988, luego de transcribir lo pertinente del fallo del 7 de marzo, expresó:
"La corporación considera que las anteriores concepciones jurisprudenciales deben mantenerse, ahora con mayor razón en presencia de lo dispuesto en el inciso 2º del art. 136 del Decreto-Ley 01 de 1984, que hizo mención expresa de la comunicación del acto administrativo, pero sin prescindir de la ejecución del mismo como momento a partir del cual empieza a correr el término de caducidad de una acción de restablecimiento del derecho. Sin embargo, cabe precisar lo que allí se dijo sobre el aspecto de ejecución del acto, en el siguiente sentido: el término de caducidad de la acción de restablecimiento del derecho de carácter laboral-administrativo debe contarse a partir de la ejecución del acto, y no de la fecha de su comunicación, cuando quiera que el funcionario público separado del servicio continúa en él con la adquiescencia (sic) de la administración pública en donde presta sus servicios y por ello se le cancelan salarios y se le reconoce dicho lapso para efectos prestacionales, como en el caso que nos ocupa, pues es en ese momento en que hace dejación del empleo y deja de percibir salarios y prestaciones sociales, cuando realmente sufre el perjuicio cuyo resarcimiento busca a través de la acción contenciosa pertinente.
En otras palabras, la ejecución del acto no sólo juega papel para efectos del término de caducidad de la acción, cuando la administración no dio oportunidad de ejercer los recursos existentes y ejecuta respecto del administrado el acto sin haberlo notificado, ni comunicado, ni publicado según el caso, sino igualmente cuando el acto administrativo, comunicado, notificado o no, sólo es ejecutado por la Administración tiempo después de haberlo puesto en conocimiento del empleado público separado del servicio por declaratoria de insubsistencia, revocación del nombramiento, destitución, etc., y hasta entonces reconoce al servidor público sus salarios y las prestaciones sociales que corresponda, pues, se repite, es esa ejecución la que determina el perjuicio que se busca restablecer con la acción judicial".
Y en el fallo de 7 de septiembre de 1988 sostuvo:
"Cuando la administración de cualquier manera impide el normal ejercicio de los controles gubernativos (y una forma sería la de no hacer nada para notificar personalmente la decisión administrativa), la ley abre la posibilidad de acudir ante la jurisdicción sin más requisitos.
Si se le entorpece el ejercicio de los citados controles por la no notificación del acto o su defectuosa notificación, la notificación por conducta concluyente, que constituye una preciosa garantía procesal para el administrado y en cierta forma una sanción para la administración incumplida, le permite a aquel, a su opción, interponer los recursos gubernativos de ley a partir de su conocimiento o acudir directamente a la jurisdicción administrativa''''.
La sentencia objeto del recurso que se decide, declaró que a la fecha de presentación de la demanda ya había transcurrido el término de cuatro meses de caducidad de la acción. Reflexionó así la sentencia:
''''j) No siendo obligatorio el recurso de reposición para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y no habiendo sido interpuesto tal recurso, tampoco obliga tener presente el término de cinco días de ejecutoria o de interposición del recurso de que hablaba el artículo 14 del Decreto 2733/59. Cuestión muy diferente ocurriría si se hubiera interpuesto el recurso repositorio.
La notificación es la diligencia por la cual la Administración pone en conocimiento de la parte interesada el contenido del acto administrativo de que se trate y difiere sustancialmente de la ejecutoria de éste, la cual se traduce en la firmeza de la providencia. Por eso es ejercicio mental inútil pretender confundir y refundir el alcance de los dos fenómenos procesales, como lo hace el fallo recurrido''''.
Revocó por consiguiente la sentencia de mérito dictada por el Tribunal de primera instancia y se declaró inhibido para conocer en el fondo por caducidad de la acción.
Como puede apreciarse, la sentencia recurrida analizó un punto específico: desde cuándo corre el término de caducidad de la acción contencioso subjetiva en los casos en que el administrado no interpone contra el acto el recurso de reposición que siendo procedente no obliga para el ejercicio de la acción; de manera que la confrontación entre lo allí expuesto con la jurisprudencia sostenida en sentencia de 7 de septiembre de 1988, referente a la posibilidad de acudir a la jurisdicción sin agotar la vía gubernativa interponiendo los recursos de ley, cuando la administración en alguna forma ha entorpecido su formulación, es improcedente.
No sucede lo mismo con la sentencia de 7 de marzo de 1988 en la que aun cuando se decidió punto diferente (si a la luz del art. 83 de la Ley 167 de 1941 el término de caducidad podía o no contarse a partir de la fecha de comunicación del acto) al transcribir un auto de Sala de Decisión de la Sección Tercera, se trató tangencialmente el mismo tema en forma distinta a lo concluido en el fallo suplicado.
En efecto, mientras que en la sentencia de Sección se hace distinción entre el conocimiento del acto por parte del interesado y su firmeza, para concluir que es el primero y no la segunda el que marca la iniciación del término de caducidad y por consiguiente cuando no se interpone el recurso de reposición gubernativo, no obliga tener presente el término de cinco días de ejecutoria o interposición del recurso de que hablaba el art. 14 del Decreto 2733 de 1959, el fallo de Sala Plena sostiene que en estos casos el plazo de caducidad empieza a correr a partir del día siguiente al vencimiento del lapso hábil para impugnar el acto, porque ésta es una forma de que el acto administrativo quede en firme.
Y no obstante que la reflexión de la Sala Plena se apoya en el examen de los artículos 63 Y 51 inciso cuarto del CCA (D. 01 de 1984) y la Sección en los arts. 14 y 15 del Decreto 2733 de 1959, la confrontación es posible, toda vez que los artículos 63 y 51 del nuevo código reprodujeron en esencia lo pertinente de los artículos 14 y 15 del Decreto 2733 de 1959.
Igual sucede con el fallo de 21 de septiembre de 1988, pues en éste se sostiene además que en casos en los que la ejecución es tardía, el término de caducidad de la acción de restablecimiento del derecho no se cuenta a partir de la notificación o comunicación sino de la ejecución porque es cuando se produce el perjuicio que se busca restablecer.
En resumen, sostuvo la Sección que el inicio del término de caducidad es el día en que el interesado tiene conocimiento del acto, y la Plena, que cuando no se interpone el recurso de reposición, la caducidad corre no desde la notificación del acto sino desde cuando queda en firme, y que se debe partir no de la notificación sino de la ejecución del acto, cuando éste es ejecutado tiempo después de haberlo puesto en conocimiento del empleado, pues la ejecución es la que determina el perjuicio cuyo resarcimiento se busca.
La contrariedad entre lo sostenido por la Sección y la jurisprudencia de la Sala Plena invocada resulta por tanto ostensible.
Este hecho sin embargo no da lugar a que se infirme la sentencia, sino a que se rectifique la jurisprudencia contrariada, toda vez que reexaminado el punto, la Sala considera que ello procede por las siguientes razones:
La caducidad, ha dicho la doctrina y la jurisprudencia, es una institución jurídica que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de consideraciones que no sean el solo transcurso del tiempo. Su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la ley la que al señalar el término y el momento de su iniciación, indica el término final invariable o dies fatalis.
El artículo 83 del antiguo Código Contencioso Administrativo (Ley 167 de 1941) disponía que la acción contencioso subjetiva "prescribía" al cabo de cuatro meses a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto, sin referirse en forma alguna a su ejecutoria, como sí lo hacía en el artículo 273 para el juicio de impuestos, para el cual el término de "prescripción'''' era de tres meses contados ''''desde la fecha de ejecutoria de la última decisión".
El nuevo código (D. 01/84) dispuso la misma regla, adicionándola solamente con la comunicación, expresión que fue suprimida luego por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989.
De manera que, salvo lo que antes se disponía para el juicio de impuestos, el legislador invariablemente ha partido para el cómputo del término de caducidad de la acción contencioso subjetiva, de la fecha en la que el interesado tiene conocimiento del acto, bien por notificación, comunicación o publicación, y en defecto de éstas, de la ejecución, pues si el particular no es informado de él por la administración, es entonces cuando razonablemente se presume enterado de su exlstencia.
Y si el texto de la ley es tan claro, no le es permitido al intérprete deducir de otras normas (arts. 63 y 51 ) una fecha distinta de iniciación del plazo, ni extenderlo, por consideraciones que no fueron previstas por la ley.
Para que se dé el fenómeno jurídico de la caducidad, sólo bastan dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción. Iniciado el término con la publicación, notificación o comunicación (hoy no se habla de comunicación) lo que ocurra de ahí en adelante no tiene virtualidad alguna para modificar el plazo perentorio y de orden público señalado por la ley. El término se cumple inexorablemente.
Por ello, la firmeza del acto, que es una circunstancia diferente y posterior a su conocimiento, no incide en el cómputo del plazo. Tampoco tiene incidencia la ejecución, a menos que se tome ésta como figura sustitutiva a falta de publicación, comunicación o notificación. Legalmente informado el acto, empieza a contarse el término para que el afectado pueda accionar, independientemente de su firmeza o de que se ejecute o no, sin que pueda entenderse prorrogado por el término que debe correr para que quede en firme ni interrumpido por su ejecución.
Queda así rectificada la jurisprudencia de la Sala contenida en las sentencias de 7 de marzo 21 de septiembre de 1988.
Devuélvase a la Sección Primera para lo de su cargo.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión del diez y nueve (19 de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991).
Consuelo Sarria Olcos, Presidente—Jaime Abella Zárate—Reynaldo Arciniegas Baedecker— Joaquín Barreto Ruiz—Carlos Betancur Jaramillo, salvo el voto—Guillermo Chahín Lizcano salva voto—Juan de Dios Montes Hernández, salvo voto—Miren de la Lombana de Magyaroff— Clara Forero de Castro—Amado Gutiérrez Velásquez—Luis Eduardo Jaramillo Mejía—Álvaro Lecompte Luna, salvo el voto—Carmelo Martínez Conn, salva voto—Dolly Pedraza de Arenas— Jorge Penen Deltieure, salvo el voto—Daniel Suárez Hernández, salvo voto—Julio César Uribe Acosta, con salvedad de voto—Diego Younes Moreno.
Como tuve oportunidad de expresarlo cuando se discutió en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el proyecto de sentencia proferida en este proceso —S-122—, no comparto el criterio mayoritario según el cual el recurso extraordinario de súplica no prospera cuando la Sala acoge como jurisprudencia la contenida en la sentencia objeto del recurso sin que se diera el requisito procesal de haber sido adoptada en su momento por la Sala Plena, conforme a lo dispuesto en los artículos 24 del Decreto-Ley 528 de 1964, 2º de la Ley 11 de 1975 Y 13 del Reglamento del Consejo de Estado, en concordancia con el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 21 del D.E. 2304 de 1989.
Las razones de tal disentimiento aparecen consignadas en el salvamento de voto fechado el 26 de noviembre de 1990, en el expediente Nº S-030 en los siguientes términos:
"El recurso extraordinario de súplica fue consagrado en la Ley 11 de 1975, artículo 2º, con el objeto de lograr el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto-Ley 528 de 1964, cuyo artículo 24 dispuso que las salas o secciones de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado deben reunirse cuando alguna de ellas pretenda modificar " . . . alguna jurisprudencia ... " de la Sala Plena. El recurso sobrevivió a las reformas del Código Contencioso Administrativo hechas con base en las facultades extraordinarias dadas en las leyes 58 de 1982 y 30 de 1987.
Pues bien, la segunda alternativa desvirtúa el objeto y la naturaleza del recurso. El primero, tendiente a evitar que las secciones produzcan autos interlocutorios y sentencias que a espaldas de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo modifiquen su jurisprudencia. La segunda, a asegurarle a las partes su derecho a que estas decisiones—autos interlocutorios y sentencias—se profieran dentro de los parámetros legales, en cuanto éstos regulan la manera como en cada caso debe producirse cambio de jurisprudencia.
Corolario lógico de lo anterior es que si al momento de la interposición del recurso la providencia suplicada desconoció jurisprudencia vigente de la Sala Plena, el recurrente adquirió el derecho a la prosperidad del recurso, contenida en la providencia objeto del recurso. Lo contrario, que es lo que se afirma en la segunda alternativa, significa ir en contravía del objeto y la naturaleza del recurso y de elementales normas de justicia y equidad que informan la razón de ser de las normas de procedimiento, especialmente aquellas que disponen "... que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial".
En sana lógica jurídica, que debe corresponder a una hermenéutica correcta, la Sala Plena debe modificar su posición en el sentido de que el recurso prospera sin perjuicio de acoger la nueva jurisprudencia, puesto que ésta únicamente produce efectos hacia el futuro. Pero decirle al recurrente que tiene razón pero que el recurso no prospera, es actitud contradictoria que demerita la razón de ser del recurso extraordinario de súplica".
Noviembre 25 de 1991.
Con todo respeto me aparté de la decisión mayoritaria consignada en la sentencia de 21 de noviembre de 1991, por las siguientes razones:
1. En la página 7 de la sentencia (fl. 139 del recurso extraordinario) se dice que
"... la contrariedad entre lo sostenido por la sección y la jurisprudencia de la Sala Plena invocada resulta por tanto ostensible.
Este hecho sin embargo no da lugar a que se infirme la sentencia, sino a que se rectifique la jurisprudencia contrariada, toda vez que reexaminado el punto, la Sala considera que ella procede por las siguientes razones".
El fallo del cual me aparto, básicamente, después de recordar qué debe entenderse por caducidad de la acción, envuelve nueva doctrina compendiada en el siguiente párrafo:
''''De manera que, salvo lo que antes se disponía para el juicio de impuestos, el legislador invariablemente ha partido para el cómputo del término de caducidad de la acción contencioso subjetiva, de la fecha en la que el interesado tiene conocimiento del acto, bien por notificación, comunicación o publicación, y en defecto de éstas, de la ejecución, pues si el particular no es informado de él por la administración, es entonces cuando razonablemente se presume enterado de su existencia" (fl. 140).
Así las cosas, fácil resulta concluir que el recurso extraordinario de súplica estaba llamado a prosperar, dado que al proferirse sentencia por la Sección Primera el 29 de junio de 1989, se encontraba vigente jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa, acogida por sentencia de 7 de marzo de 1988, que resultó violada por aquella.
En otros términos, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sí puede rectificar, modificar o cambiar sus jurisprudencias, pero los efectos jurídicos de dichas innovaciones, como apenas lo impone la lógica elemental, lo serán hacia el futuro, mas nunca para aplicársela a situaciones pretéritas.
2. El término que la ley señala para incoar las diversas acciones, entratándose del enjuiciamiento de actos administrativos respecto de los cuales debe previamente agotarse la vía gubernativa, no podrá comenzar a correr hasta tanto hubiere transcurrido el plazo que la ley adscribe para hacer uso de los recursos por dicha vía, o hasta tanto se notifique la decisión desatando dicho recurso. Ese es el claro, genuino e incontrovertible sentido del penúltimo inciso del art. 51 del Decreto 01 de 1984, cuando prescribe:
"Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuestos los recursos procedentes, la decisión quedará en firme".
De otro lado, el principio general que rige el recurso de reposición, es el de que éste puede ser renunciado, o lo que es igual, opcional para el administrado. De donde, entonces, dicha opción se extiende hasta el último día del plazo para recurrir. Y, es desde entonces, cuando se iniciará el término para demandar y no desde la notificación, publicación o comunicación como equivocadamente, en mi sentir, lo dice la sentencia que obligó a separarme de la mayoría de la Sala.
Diciembre 2 de 1991.
Con toda consideración me separo de la decisión mayoritaria de la Sala, pues en el fallo se reconoce que hay contrariedad "...entre lo sostenido por la Sección y la jurisprudencia de la Sala Plena invocada ...", pero no obstante esta realidad, el recurso no prospera, porque la corporación opta por cambiar de perspectiva jurisprudencial. Sobre el particular reitero mi posición sobre la materia, en el sentido de que estimo que, por razones de justicia, de seguridad jurídica y de certeza, la Sala Plena no puede cambiar la jurisprudencia en que se apoya el recurso de súplica, pues ello equivaldría a sorprender al impugnante en pleno debate procesal, máxime si al proceder así comete una injusticia. Cuando el fallador encuentre que se impone un cambio de jurisprudencia, debe anunciarlo en el fallo que confirma la anterior, pero nada más. En esta materia hago mías las palabras del gran jurista americano Holmes, cuando afirma:
"Si un grupo de casos trata el mismo punto, la partes esperan la misma decisión. Sería una gran injusticia decidir casos semejantes según principios opuestos. Si un caso se decidió en mi contra ayer cuando yo era el demandado, buscaré la misma sentencia hoy que soy el demandante. Decidir en forma diferente haría surgir un sentimiento de resentimiento y agravio en mi pecho, sería una infracción material y moral de mis derechos" (Cita de Benjamín Cardozo. La Naturaleza de la Función Judicial. Arayu, página 21).
Diciembre 11 de 1991.
Me separo, con todo respeto, de la decisión mayoritaria de 21 de noviembre de 1991, por cuanto ella desconoce abiertamente la normatividad contemplada en el C.C.A.
La armonización de los artículos 135, 136, 63 y 51 de ese estatuto permite, con toda facilidad llegar a la conclusión contraria (la no caducidad) y aceptar que sí se dio el cambio jurisprudencial y que la rectificación de la jurisprudencia no tiene ninguna razón valedera.
Comparto, entonces, lo sostenido en sus salvamentos de voto por los señores consejeros Suárez Hernández y Uribe Acosta.
La decisión mayoritaria hace una ligera interpretación literal de. los distintos textos y recorta ilegalmente el término de caducidad establecido en la ley, en cinco días.
Sigue siendo para el suscrito un principio inconcuso que la oportunidad para la impugnación de un acto administrativo, sea o no susceptible de recursos gubernativos, nacerá a partir de su firmeza. Firmeza que deberá entenderse, en síntesis así:
a) Si no tiene recursos, quedará en firme a partir del día siguiente de su notificación.
b) Si es susceptible de reposición y apelación y se interponen y deciden, su ejecutoria se entenderá a partir de la notificación del acto que decide la apelación.
c) Si el acto no tiene sino reposición y se interpone y decide, la ejecutoria se entenderá a partir de la notificación del auto que la decide.
d) En la hipótesis precedente, si no se interpone la reposición, se entenderá en firme no a partir de la notificación sino al vencimiento de los cinco días que tiene el interesado para interponer el recurso. Esos cinco días se los otorga la ley, son una garantía procesal y sólo al final de los mismos se sabrá si la ejecutoria se dará al día siguiente del vencimiento de dicho término o si se prolongará hasta la definición del recurso que finalmente interpuso el interesado.
No se desarrolla el punto frente al silencio porque carece de importancia en el presente asunto.
Con la tesis de la mayoría, con la errónea apreciación de que como el recurso de reposición es facultativo la caducidad empezará a partir de la notificación del acto inicial, quedan en pie estos interrogantes:
¿Qué sucederá cuando el último día de los cinco el interesado decide interponer reposición? ¿Quiere esto decir que corrieron simultáneamente el término de cinco días para su interposición y el de caducidad para su impugnación jurisdiccional? ¿Podrá decirse que el término de caducidad ya iniciado se interrumpe con la formulación del recurso?
Si esto es así, ¿cómo queda el principio de que la caducidad ni se interrumpe ni se suspende?
Enero 28 de 1992.
Como comparto los planteamientos expresados en su salvamento de voto por el doctor Julio César Uribe Acosta, los cuales recogen de una forma clara y precisa los argumentos que yo también tuve para apartarme de la decisión mayoritaria, en aras de la brevedad y con la venia del distinguido consejero, adhiero a dicho salvamento.
Enero 30 de 1992.
Dado que el suscrito magistrado se aparta, muy respetuosamente, de los criterios que llevaron a la mayoría a declarar no próspero el recurso extraordinario de súplica en el asunto de la referencia, por los mismos motivos que explican en sus salvamentos de voto los doctores Suárez Hernández, Uribe Acosta y Betancur Jaramillo, gracias a la brevedad y con la venia de ellos, adhiere a éstos, igual que lo hiciera el doctor Guillermo Chahín Lizcano.
Febrero 3 de 1992.
Con toda consideración por el criterio de la mayoría de la Sala, me aparto de él en cuanto consigna que no se requiere que transcurra el término del recurso de reposición, cuando éste es el único recurso viable para que se produzca la ejecutoria y comience a contarse el término de caducidad, toda vez que contradice un principio lógico relativo a la firmeza de los actos administrativos, cual es de que éstos no pueden adquirir firmeza, sino cuando se hayan resuelto los recursos interpuestos respecto del mismo, o cuando hubieren transcurrido los términos respectivos sin interponer los que fueren procedentes, sean éstos de reposición o apelación, puesto que la misma razón habría para sostener que no se requiere que transcurra el término de la apelación para que el acto quede en firme, como se sostiene respecto del de reposición.
Es por esta razón que adhiero a lo expuesto en su salvamento de voto por el doctor Carlos Betancur Jaramillo, en aras de la brevedad.
Febrero 5 de 1992.
Comparto en su integridad las razones expuestas por el señor consejero doctor Daniel Suárez Hernández (folios 148 a 150), a cuyo salvamento de voto me acojo totalmente.
Febrero 10 de 1992.