Source: https://es.scribd.com/document/171702139/1%C2%BA-Indebido-Proceso-Human-Right-Watch-c
Timestamp: 2019-04-19 22:45:53
Document Index: 346376382

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 26', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 476', 'Artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 14', 'Artículo 140', 'artículo 139', 'artículo 144', 'artículo 145', 'Artículo 16', 'artículo 373', 'artículo 14', 'artículo 40', 'artículo 14', 'Artículo 541', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 14', 'Artículo 195', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14']

1º.- Indebido Proceso Human Right Watch c+
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HISTORIA PUEBLO MAPUCHE.docx
Este informe ha sido publicado conjuntamente por Human Rights Watch y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
octubre 2004 Vol. 16, No. 5(B)
INDEBIDO PROCESO:
I. RESUMEN ................................................................................................................................ 1 II. RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 9 Sobre los juicios antiterroristas ............................................................................................... 9 Sobre la justicia militar ........................................................................................................... 11 Sobre operaciones policiales.................................................................................................. 11 III. ANTECEDENTES .......................................................................................................... 12 Políticas gubernamentales...................................................................................................... 14 La proliferación de las plantaciones de pinos y eucaliptos en las tierras ancestrales mapuche ............................................................................................................... 15 Movilización mapuche ........................................................................................................... 17 Presión para una acción gubernamental más firme ........................................................... 19 Los “terroristas” de Chile ...................................................................................................... 21 El nuevo sistema de justicia penal de Chile ........................................................................ 23 IV. JUICIOS ANTITERRORISTAS ...................................................................................... 25 Delitos terroristas.................................................................................................................... 25 Restricciones al debido proceso............................................................................................ 32 Detención preventiva ............................................................................................................. 33 Testigos “sin rostro” .............................................................................................................. 36 Intervenciones de la Corte Suprema.................................................................................... 40 Asociación ilícita terrorista: ¿non bis in ídem? ................................................................... 43 ¿Persecución del delito o persecución política?.................................................................. 46 V. MALTRATO Y BRUTALIDAD POLICIAL................................................................. 50 Malos tratos durante allanamientos policiales .................................................................... 51 Maltrato después de la detención ......................................................................................... 56 VI. JUSTICIA MILITAR .......................................................................................................... 57 Los obstáculos presentados por los tribunales militares a los mapuche que buscan resarcimiento por los abusos policiales .................................................................. 57 Alex Lemún Saavedra............................................................................................................. 58 Alberto Coliñir Painemil ........................................................................................................ 60 Daniela Ñancupil .................................................................................................................... 61 El uso de los tribunales militares contra los mapuche acusados de violencia contra la policía ....................................................................................................................... 61 VII. AGRADECIMIENTOS ................................................................................................... 66
el uso de tribunales militares para tratar los abusos policiales denunciados contra los mapuche— tribunales que han actuado como garantes de la impunidad de los que abusan de los derechos de los indígenas—impide que los mapuche. Esto significa que. Sin embargo. El uso injustificado de los cargos de terrorismo hace que los líderes mapuche estén en detención 1 HUMAN RIGHTS WATCH. En la actualidad hay 16 personas. Mientras que los niveles de vida del resto del país siguen mejorando. entre ellas cinco de los ya condenados. el recurso de dicho gobierno a leyes antiterroristas para ocuparse de las comunidades mapuche organizadas ha conllevado restricciones de las garantías procesales que los delitos cometidos no justifican de ningún modo. Los juicios plantean serias preocupaciones con respecto a las garantías procesales. Sin embargo. cuyos derechos han sido violados. los mapuche del sur viven en un entorno empobrecido. NO. El nivel de violencia en la zona ha disminuido desde 2002. antes de que se dejaran sin efecto los cargos. Todos ellos están cumpliendo condenas de hasta diez años de prisión por incendio o amenazas de incendio—delitos tipificados en la ley antiterrorista—cometidos contra propiedades de propietarios de fundos y empresas forestales. además. El gobierno del Presidente Ricardo Lagos insiste en que no hay terrorismo en Chile. muchos sienten ahora la carga adicional de la persecución política. Muchos otros activistas y sospechosos mapuche. algunos por más de un año. Además de la discriminación que llevan sufriendo por años. 5 (B) . algunos de los acusados podrían pasar hasta 25 años en prisión.I. a la espera de finalización de otro juicio por asociación ilícita terrorista. Para cualquier líder de la presunta asociación. VOL. Desde principios de 2002. los éxitos del gobierno tienen un alto precio para los mapuche. obtengan resarcimiento. RESUMEN La estrategia empleada por el gobierno chileno para frenar la inestabilidad desencadenada por los conflictos de tierras en las regiones del sur del país está aparentemente dando frutos. si vuelven a ser condenados. el delito acarrea una pena mínima de 15 años de cárcel. Augusto Pinochet. 16. que por siglos habitaron la región como un pueblo independiente. y la organización mapuche que el gobierno hace responsable de los peores actos de violencia aparentemente ha sido desarticulada. Al mismo tiempo. han permanecido en detención preventiva por largos períodos. siete mapuche y una activista pro mapuche han sido acusados y condenados conforme a una versión modificada de la ley antiterrorista implantada por el gobierno militar del Gen.
Durante varias décadas. Algunas se han beneficiado de un programa oficial de compra y entrega de tierras para los pueblos indígenas. novena y décima regiones de Chile. respectivamente). el pueblo mapuche comparte ampliamente estas quejas y demandas. Aunque el número de comunidades presuntamente involucradas en actos ilegales es pequeño (2. los tribunales militares aseguraron la impunidad a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar. Los tribunales militares ejercen una jurisdicción exclusiva en las investigaciones de los abusos cometidos por Carabineros. VOL. 5 (B) 2 . Araucanía. HUMAN RIGHTS WATCH. con medidas tales como la ocupación de tierras y la quema de bosques. en vigor desde 2000 en la región más afectada por los conflictos. se pueden admitir pruebas fundamentales facilitadas por testigos “sin rostro” cuya identidad se oculta a la defensa. por lo tanto. En la actualidad. la jurisdicción militar frente a los abusos cometidos por miembros de la fuerza pública sigue constituyendo un obstáculo a una investigación imparcial y transparente de tales hechos.4 por ciento según el Ministerio del Interior). Aparte de los problemas relativos al debido proceso que presentan estos juicios que se debaten en los tribunales ordinarios. Las investigaciones del ministerio público pueden mantenerse en secreto durante un período de hasta seis meses. los empresarios agrícolas y las grandes empresas forestales han convertido gran parte de la zona en plantaciones masivas de pinos y eucaliptos. que muchos mapuche consideren que el nuevo sistema procesal penal de Chile. NO. los mapuche han sufrido abusos durante incursiones policiales a comunidades sospechosas de apoyar actividades ilegales o dar refugio a quienes participan en ellas. pero los recursos de que dispone este programa han sido insuficientes para satisfacer las necesidades de los mapuche. 16. los mapuche acusados de violencia contra la policía son juzgados en tribunales militares en procesos que no cumplen los requisitos básicos de independencia e imparcialidad. No es de extrañar.preventiva durante meses. y Los Lagos (en la octava. los mapuche habitan principalmente en Bío Bío. En un juicio oral. ofrezca ventajas para todos menos ellos. la policía uniformada que forma parte de las fuerzas armadas. maquinaria y vehículos. Desde mediados de los noventa. Las comunidades mapuche son enclaves empobrecidos y discriminados cuyos niveles de vida están bastante por debajo del promedio en todos los indicadores sociales. En el pasado. Desde que explotaran los conflictos de tierras en Chile a mediados de los noventa. algunas comunidades han recurrido a acciones ilegales contra las empresas forestales para promover sus demandas. El pueblo indígena más numeroso de Chile.
Excepcionalmente. los guardias forestales y propietarios de tierras. Otros son mapuche más jóvenes que 3 HUMAN RIGHTS WATCH. con ataques incendiarios contra bosques. y sus disposiciones han sido endurecidas en cierto modo desde la llegada de la democracia. Además de numerosas investigaciones criminales realizadas de acuerdo con las disposiciones del Código Penal. Dicha ley es un legado del gobierno militar (1973-1990). el gobierno de Eduardo Frei (19942000) inició algunos enjuiciamientos contra los mapuche conforme a la Ley de Seguridad del Estado. ocupar puestos de enseñanza. ejercer responsabilidades en sindicatos o empresas ni practicar el periodismo durante un período de 15 años. la rebelión y la violencia política. VOL. El General Pinochet la introdujo en 1984 para enfrentar las acciones de los grupos políticos armados que llevaban a cabo secuestros. NO. lo que incluye la quema de vehículos forestales cuyos ocupantes apenas lograron ponerse a salvo. una ley de 1958 destinada a combatir la subversión. el gobierno de Lagos recurrió a la ley antiterrorista como alternativa más poderosa. Sin embargo. además de amenazas de cometer dichos actos. Los peores actos de los que se acusa a los mapuche son efectivamente delitos considerados en el Código Penal. Con el aumento del número de incidentes violentos en la zona y la presión creciente de los agricultores para una respuesta oficial más firme. iniciando al menos seis procesos de este tipo contra líderes presuntamente participes en acciones ilegales.El uso de la ley antiterrorista en el conflicto de tierras comenzó con el actual gobierno del Presidente Lagos. los condenados por terrorismo no pueden ostentar un cargo público. De acuerdo con la Constitución de Chile. Muchos de los mapuche que están siendo juzgados por terrorismo son agricultores pobres y líderes tradicionales de sus comunidades. Están relacionados con la destrucción de propiedad privada. asesinatos y ataques contra comisarías de policía con rifles de asalto y lanzagranadas. las acciones de los mapuche no han cobrado ni una sola vida. se ha condenado en el pasado a unos cuantos mapuche por violencia contra las personas. después de diez años de ocupaciones de tierras y violencia esporádica. camiones y maquinaria de compañías madereras y. Es más. en ciertos casos. no tienen derecho a un indulto presidencial. lo que incluye enfrentamientos entre las comunidades indígenas y la policía. Duplica las condenas normales para algunos delitos. casas habitadas. 5 (B) . 16. dificulta la libertad provisional. Estos testigos comparecen en el juicio detrás de una pantalla para que los acusados y el público no puedan verlos. edificios. Es la ley más dura de la legislación chilena. permite que el ministerio público retenga pruebas a la defensa durante un plazo de hasta seis meses y que los acusados sean condenados basándose en el testimonio de testigos anónimos.
Las pérdidas económicas provocadas por los ataques incendiarios. se da ampliamente por entendido que el término sólo se aplica a los crímenes más graves relacionados con la violencia política. que en muchos casos datan de varias generaciones. comuna de Temuco. Las armas que emplean a veces son rudimentarias. No obstante. son considerables. Mapuche enfrentando a la policía con Wetruves (Boleadores) en el fundo El Carmen del Forestal Bosques Arauco. por no mencionar la matanza y la destrucción indiscriminadas de los atentados del 11 de HUMAN RIGHTS WATCH. estudiado en universidades y que han regresado para organizar a sus comunidades en torno a las demandas de tierras. los delitos cometidos son delitos contra la propiedad y no se ajustan al concepto de terrorismo que se deduce de los tratados internacionales como la Convención Interamericana Contra el Terrorismo. © 2003 Archivo Periódico Azkintuwe Aunque la comunidad internacional no se ha puesto de acuerdo en una definición precisa de terrorismo. Schmid a la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas en 1992: “El terrorismo es el equivalente de un crimen de guerra en tiempo de paz”.P. atentados suicidas con bomba y secuestros de aviones. VOL. en la definición ofrecida por el experto en terrorismo A. Febrero 13 de 2001. 16.han vivido en áreas urbanas. 5 (B) 4 . NO. En la visión popular. tales como boleadoras. palos y piedras y en muy pocos casos escopetas. según se estima. Esta idea queda elocuentemente recogida. que se refiere a graves violaciones contra las personas. en la mayoría de los casos. por ejemplo. el terrorismo evoca imágenes de rehenes civiles inocentes capturados en edificios asediados.
septiembre de 2001. También conceden al ministerio público hasta seis meses para acumular pruebas antes de entregarlas a la defensa. además del público en general. NO. Según el Ministerio Público y el gobierno. también debilita algunas de las garantías del debido proceso que se aseguran a todos los inculpados en cualquier procedimiento. la imparcialidad y la transparencia de los procesos penales. La invocación por el Gobierno de Chile de la ley antiterrorista para ocuparse de los delitos cometidos por los mapuche. El uso de testigos “sin rostro” es uno de sus aspectos más inquietantes. El interés procesal no es una excusa para aplicar una legislación que no se ajuste al tipo de delito y que limita seriamente los derechos de los acusados. Human Rights Watch teme que el actual clima internacional haya propiciado el uso injustificado por parte del gobierno del Presidente Lagos de la ley antiterrorista chilena. Para un gobierno presionado por demostrar resultados. el gobierno ha revertido los logros en materia de garantías procesales que deberían beneficiar a los mapuche igual que al resto de los acusados. se introdujo un nuevo Código de Procedimiento Penal en la Araucanía. VOL. gravedad no solamente es inapropiada sino que refuerza los prejuicios existentes contra el pueblo mapuche. En diciembre de 2000. la región más afectada por el conflicto de tierras. El nuevo código reemplazó el antiguo procedimiento inquisitorial por un sistema acusatorio y los procedimientos escritos por juicios orales en tribunales abiertos. Desafortunadamente. en el contexto de conflictos de tierra. Debilita la capacidad de la defensa 5 HUMAN RIGHTS WATCH. Las disposiciones especiales de la ley antiterrorista permiten superar este obstáculo al ocultar a los acusados y a sus abogados. gobiernos de países de todo el mundo están intentando usar medidas antiterroristas o de seguridad nacional para evitar el escrutinio internacional de prácticas dudosas en materia de derechos humanos. Ha mejorado considerablemente la justicia. 16. A pesar de que la ley antiterrorista contiene garantías para prevenir los abusos a los derechos de los detenidos. 5 (B) . al utilizar la legislación antiterrorista. que no alcanzan esta. debido en parte a la reticencia de los testigos a declarar debido a la intimidación o el temor a represalias. Sin embargo. el uso de la ley antiterrorista parece destinado a remediar la baja tasa de condenas derivadas de las investigaciones criminales en curso. la “guerra” contra el terrorismo liderada por Estados Unidos se ha convertido en una excusa para algunos gobiernos que quieren desviar la atención de su tratamiento con mano dura de los disidentes internos. la identidad de los testigos. Hoy en día. con las leyes ordinarias los fiscales tuvieron dificultades para obtener suficientes pruebas para condenar a los responsables de estos ataques incendiarios.
La Corte Suprema de Chile ha inclinado aún más la balanza en favor de la acusación al revertir fallos o resoluciones de los jueces que han defendido las garantías procesales de acusados mapuche. dos jefes comunitarios mapuche (“loncos”).” en el cual los acusados eran Pascual Huentequeo Pichún Paillalao y Segundo Aniceto Norín Catriman. Solamente en circunstancias excepcionales. cuando existe un peligro claro y específico para el testigo y se han agotado todos los otros medios de protección posibles. -que constituye una interpretación autorizada del Pacto-. Es posible que los propios testigos tengan antecedentes penales o rencillas personales o animosidad política contra los acusados. 5 (B) 6 . Los tres estaban acusados de quemar bosques y casas patronales en dos fundos cerca de Traiguén. NO. la corte anuló un fallo unánime en el llamado “caso de los loncos. de que no se habían evaluado adecuadamente las pruebas en la sentencia. y las autoridades regionales. Indudablemente. el fiscal. VOL. Según la Observación General 13 (21). los testigos pueden simplemente mentir con impunidad. Ex Ministro de Agricultura que forma parte actualmente del Tribunal Constitucional. El artículo 14(3) (e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que el acusado tendrá derecho “[a] interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo”. existen circunstancias en las que podría ser legítimo ocultar a la prensa y al público en general la identidad de los testigos de la acusación. Es más. en caso de testimonio malicioso. En julio de 2003. o una necesidad acuciante de protegerles a ellos o a sus familias frente a las represalias y de salvaguardarles del estigma que conlleva su aparición pública.para refutar las pruebas presentadas por la acusación. La Corte Suprema ordenó que se volviera a celebrar el juicio después de aceptar el argumento de Figueroa. La aplicación de este principio de igualdad procesal en todo proceso penal es un principio fundamental del juicio justo. HUMAN RIGHTS WATCH. Puede existir una verdadera preocupación por el bienestar físico y psicológico de los testigos. y Patricia Troncoso Robles. ya que la identidad y la conducta de los testigos tienen una relevancia directa para su credibilidad. en circunstancias extremas. sin embargo. la defensa no puede acusar de perjurio a testigos que no puede identificar. Más aún.el propósito de esta disposición es “garantizar al acusado las mismas facultades jurídicas para obligar a comparecer a testigos e interrogar y repreguntar a éstos de que dispone la acusación”. uno de los cuales pertenece a Juan Agustín Figueroa. una simpatizante. podría ocultarse la información sobre la identidad de los testigos de cargo a los acusados y a sus abogados. En septiembre de 2003 otro tribunal condenó posteriormente a los loncos a cinco años de prisión por “amenaza terrorista”. 16.
al parecer. En este informe se documentan tres casos de este tipo ocurridos en 2004. Partiendo simplemente de estos hechos. Además de las violaciones de los derechos humanos que conlleva el uso de la ley antiterrorista. así como durante protestas en ciudades de la Araucanía. que generalmente son mujeres). no tienen necesariamente una formación jurídica. especialmente en Temuco. 5 (B) . 16. Algunos de los peores casos se produjeron en 1999 en Temulemu (la comunidad de origen de uno de los loncos condenados en el “caso de los loncos”. Dicha oficina podría suponer una importante contribución a la mejora del respeto por los derechos humanos en las regiones afectadas por los conflictos de tierras. dichos tribunales carecen de la independencia mínima para garantizar un juicio justo. VOL. NO. los mapuche han sido frecuentemente víctimas del maltrato físico y trato degradante por parte de la policía. ofreciendo a las víctimas una oportunidad de resarcimiento independiente de los tribunales y ayudando a mediar en bandos rivales. los que buscan justicia y resarcimiento por los abusos cometidos por la policía no tienen acceso a un tribunal independiente e imparcial. y también están sujetos a la cadena de mando militar. para crear una defensoría del pueblo o procuraduría de derechos humanos. el homicidio o el uso injustificado de la fuerza por parte de Carabineros. Una característica inquietante de estos incidentes ha sido el maltrato a mujeres y personas ancianas. los jueces del fuero militar son oficiales de servicio de las fuerzas armadas. Como están las cosas. En la práctica. especialmente loncos y machis (curanderas. los insultos racistas y la destrucción o robo de artículos domésticos siguen siendo comunes durante dichas operaciones. la gran mayoría de 7 HUMAN RIGHTS WATCH.En el caso Poluco Pidenco. si se cometen durante actos de servicio o en recintos militares. el uso desproporcionado e indiscriminado de armamento antimotines como escopetas. Actualmente. El gobierno tampoco ha avanzado significativamente los planes anunciados antes de las elecciones que pusieron fin al gobierno militar en 1989. antes señalado) y en 2000 en la comunidad vecina de Temucuicui. la Corte Suprema descalificó e inhabilitó a una jueza que había insistido que la ley antiterrorista no era aplicable y había ordenado al ministerio público que revelara a la defensa los nombres de testigos protegidos. Los tribunales militares siguen imponiendo su jurisdicción exclusiva sobre abusos tales como la tortura. Estas dos decisiones altamente cuestionables de la Corte Suprema arrojan dudas sobre la imparcialidad de este órgano con respecto a los casos de mapuche. Al igual que los policías acusados. Las golpizas durante los arrestos. Esto ha ocurrido durante operaciones para desalojar a ocupantes de tierras en disputa y durante allanamientos en comunidades para capturar a sospechosos y obtener pruebas. Carabineros no cuenta con ningún mecanismo para vigilar el respeto por las normas de derechos humanos durante las operaciones policiales en las zonas afectadas por conflictos de tierras.
5 (B) 8 . Algunas de estas investigaciones se han prolongado durante más de dos años sin un fallo. 16. La reforma del sistema de justicia militar. el fiscal militar de Angol ha formulado cargos en seis casos. El uso de tribunales militares en tales casos viola las garantías del debido proceso contenidos en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. VOL. un mapuche de 17 años que en noviembre de 2002 recibió un perdigón de escopeta que fuera disparado por un oficial de Carabineros durante la ocupación de una propiedad forestal cerca de Ercilla.las denuncias en contra de Carabineros por malos tratos o uso excesivo de la fuerza no dan resultado. es una tarea que no debe postergarse más tiempo. No había pruebas fiables que sustentaran la versión del oficial de que habían disparado contra el contingente policial. También el gobierno debe adoptar todas las medidas necesarias para acabar con la jurisdicción de los tribunales militares sobre los civiles. quien murió en un hospital cinco días después. El proyectil se alojó en el cerebro de Lemún. Aunque un fiscal militar presentó cargos contra el policía. el fiscal instructor habitualmente traslada el caso al fuero militar. Ha llegado el momento de que el gobierno del Presidente Lagos observe con la mayor seriedad su obligación de garantizar un recurso efectivo para las víctimas de abusos policiales asegurando que los tribunales ordinarios tengan competencia sobre los delitos relacionados con violaciones de los derechos humanos. Las investigaciones se prolongan entonces durante años sin resolución o se sobreseen. Apenas surgen pruebas de la participación de policías en servicio. y casi nunca se enjuicia a los responsables. los tribunales militares ejercen la jurisdicción exclusiva sobre los civiles acusados de violencia contra la policía. Durante los últimos dos años. HUMAN RIGHTS WATCH. enfrentamientos y opción de tierras. el fiscal militar de Temuco ha instruido siete procesos contra mapuche por delitos de violencia contra Carabineros durante protestas. la Corte Marcial (corte militar de apelaciones) aceptó la defensa del Mayor Treuer de que había actuado en legítima defensa y ordenó retirar los cargos. el fiscal militar de Valdivia en tres. Además. por “violencia innecesaria con resultado de muerte”. una demanda emblemática de las organizaciones de derechos humanos durante el gobierno militar. Un ejemplo claro de esta impunidad es el caso de Alex Lemún Saavedra. el Mayor Marco Aurelio Treuer. NO.
“asociación delictuosa”) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”. Rodolfo Stavenhagen. Prevenga el uso injustificado de la ley antiterrorista mediante la reforma de las disposiciones actuales del Código de Procedimiento Penal que permiten que cualquier persona formule una acusación de terrorismo. presentado de conformidad con la resolución 2003/56 de la Comisión. la libertad o la integridad física. NO. 17 de noviembre de 2003..3. RECOMENDACIONES Sobre los juicios antiterroristas Los enjuiciamientos por terrorismo son una respuesta injustificada a los actos criminales de violencia cometidos en el contexto de los conflictos de tierras relacionados con los mapuche en Chile.II. Dada la especial • • • Consejo Económico y Social. Rodolfo Stavenhagen. y solamente cuando las otras condiciones específicas de la ley sean cumplidas.4/2004/80/Add. ordene un nuevo juicio donde se cumplan las garantías al debido proceso. Sr. Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas ha declarado: “No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (“amenaza terrorista”. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. a no ser que se hayan cometido delitos graves contra la vida. E/CN. Realice una revisión completa e imparcial de los procesos en que los Mapuche han sido juzgados y condenados por terrorismo con el fin de verificar que se haya respetado el principio del debido proceso y. La aplicación de la ley antiterrorista tiene graves consecuencias para las garantías procesales de los acusados y puede socavar seriamente el principio de presunción de inocencia base del nuevo Código de Procedimiento Penal. la libertad o la integridad personal sean considerados crímenes de terrorismo. 1 9 HUMAN RIGHTS WATCH.1 Human Rights Watch insta al gobierno del Presidente Lagos a que: • Se abstenga de abrir nuevos procesos contra mapuche de acuerdo con la ley antiterrorista. para 70. 5 (B) . VOL. 16. de ser necesario. Proponga las modificaciones necesarias a la ley antiterrorista para asegurar que únicamente los crímenes más graves contra la vida.
el acusado. el fiscal y las partes del Estado deben tener estrictamente prohibido violar esta orden divulgando información confidencial a la prensa o el público. Todas las decisiones relativas a la protección de los testigos de la acusación que afecten al desarrollo del juicio deben estar sujetas a apelación. el gobierno y la fiscalía general deben tener facultades exclusivas para iniciar procesos por terrorismo.severidad de la ley antiterrorista. Sin embargo. En circunstancias excepcionales. independientemente de lo polémicas que sean. Resumen ejecutivo. VOL. NO. Esto debe incluir la identificación directa o indirecta de los testigos. la acusación tiene que agotar otros medios de protección que no socaven los derechos de los acusados.2 Intentar promover un debate público. sus nombres siempre pueden ponerse confidencialmente a disposición de los acusados y sus abogados. sobre las maneras de resolver los problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas de Chile. En consecuencia el gobierno debe: • Acatar la recomendación del Relator Especial de la ONU de que “se tomen todas las medidas necesarias para evitar la criminalización de las legítimas actividades de protesta o demandas sociales”. En los casos en que los tribunales decreten la confidencialidad. cuando se pueda demostrar un peligro claro y específico para el testigo. se pueden mantener en secreto los nombres de testigos de la acusación y se puede prohibir su divulgación a la prensa o el público. Para garantizar el respeto por las garantías procesales y el derecho a la defensa. • 2 Ibíd.. 5 (B) 10 . las autoridades políticas y judiciales deben asegurarse de que se aplican los siguientes principios con respecto a los testigos protegidos: • Incluso cuando el tribunal acepta proteger la identidad de los testigos de la acusación frente a la prensa y el público. con la participación de las partes interesadas. salvo en las circunstancias más extremas. 16. HUMAN RIGHTS WATCH. • • Los actos criminales nunca deben confundirse con actividades legítimas de protesta o la expresión de opiniones sobre un conflicto.
Sobre la justicia militar La reforma de la amplia jurisdicción actual de los tribunales militares es una obligación largamente postergada del Estado chileno. Exigir a las autoridades de la justicia militar que publiquen los resultados de las investigaciones judiciales militares sobre los presuntos abusos cometidos por Carabineros desde el inicio de los conflictos relacionados con las tierras en las regiones de Bío Bío y la Araucanía. NO. sean investigados por fiscales ordinarios y juzgados en tribunales ordinarios. Los civiles deben ser juzgados sólo y exclusivamente por tribunales penales ordinarios de acuerdo con las disposiciones del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. • • • Sobre operaciones policiales El gobierno puede adoptar varias medidas para prevenir la conducta abusiva de Carabineros durante la ejecución de operaciones en comunidades mapuche. el arresto ilegal y la tortura y el maltrato a detenidos. 16. el uso excesivo o injustificado de la fuerza. Introducir las reformas necesarias para que los abusos contra los derechos humanos cometidos por Carabineros. VOL. 5 (B) . Trasladar a los tribunales ordinarios las investigaciones de presuntos abusos contra los derechos humanos que siguen en curso en los tribunales militares. como los homicidios. La reforma es necesaria tanto para garantizar las garantías procesales y el juicio justo. como para ofrecer acceso a una justicia imparcial a los afectados por la conducta abusiva de oficiales policiales o militares. El gobierno debe: • Presentar proyectos legislativos para eliminar del Código de Justicia Militar todos los delitos que permitan el procesamiento de civiles. En tal sentido recomendamos que: 11 HUMAN RIGHTS WATCH.• Introducir las reformas legislativas y políticas que sean necesarias para alcanzar el mismo objetivo.
el 32 por ciento de la población indígena de Chile viven en condiciones de pobreza. 5 (B) 12 . y 87 por ciento de los indígenas que viven en Chile son mapuches. • • • • III. con total garantía de independencia. Estos procedimientos deben basarse en las normas internacionales relevantes. Realice una revisión de los procedimientos operativos y las reglas de intervención de la policía durante operaciones en áreas conflictivas. Se calcula que su número actual es de unos 600. 16. Proponga leyes para el establecimiento de una Defensoría del Pueblo en materia de derechos humanos como se contempló en el programa electoral de 1989 de la coalición gobernante. HUMAN RIGHTS WATCH.• Curse instrucciones estrictas a Carabineros para que traten a los miembros de estas comunidades con respeto y sancionen severamente el uso injustificado de la fuerza o cualquier abuso verbal o comentario racista por parte de agentes de policía.000. Recomiende a la Dirección General de Carabineros que publique periódicamente los resultados de las investigaciones internas sobre prácticas abusivas por parte de agentes de policía y las medidas adoptadas. especialmente con respecto al uso de la fuerza letal. ANTECEDENTES El pueblo mapuche es una de los segmentos más pobres de la población chilena.3 Según una encuesta socioeconómica oficial. Considere el establecimiento de una oficina de derechos humanos en las regiones de Bío Bío y la Araucanía bajo el auspicio de Carabineros para tramitar quejas contra la policía y establecer un diálogo con las comunidades mapuche. en comparación con el 20 por ciento de la población 3 Alrededor del 4. VOL. NO.6 por ciento de los 15 millones de habitantes de Chile pertenecen a un pueblo indígena. Los miembros de esta oficina deben participar como observadores durante misiones policiales. tales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Por lo tanto combina las medidas de la esperanza de vida. 5 (B) . (Citado en PNUD. una vigésima parte aproximadamente del territorio que ocupaban originalmente. 6 5 4 Los Derechos de los Pueblos Indígenas. Informe sobre Desarrollo Humano 2004: La libertad cultural en el mundo diverso de hoy). los propietarios privados acumularon grandes latifundios. La política de dividir tierras indígenas en parcelas individuales tuvo su apogeo durante el gobierno militar (1973-1990).pdf (consultado el 27 de septiembre de 2004). los mapuche resistieron ferozmente al dominio español y a finales del siglo XVI los habían expulsado de la Araucanía. tiene la peor puntuación en el Índice de Desarrollo Humano. donde las protestas mapuche han sido más marcadas.4 Las condiciones socioeconómicas en la Araucanía. tienen la peor puntuación de todos.000 reducciones comunales. Universidad de la Frontera (Santiago: LOM. 13 HUMAN RIGHTS WATCH.no indígena. Capítulo 6. El Índice de Desarrollo Humano se concentra en tres dimensiones mensurables del desarrollo humano: vivir una vida larga y saludable. la matriculación escolar. el pueblo mapuche ocupaba una enorme franja de territorio que alcanzaba desde el río Limarí en el norte a la Isla de Chiloé en el sur y del Océano Pacífico en el oeste a las pampas del este en lo que hoy en día es territorio argentino.5 Las mujeres mapuche de la región. pp. con una extensión total de unas 500. Durante más de 200 años. Al lado de las comunidades. disponer de educación y tener un nivel de vida digno. Los habitantes fueron finalmente confinados en unas 3.6 Antes de la llegada de los conquistadores. cuando unas 2. se encuentran entre las peores del país. capítulo 6 (4) (4).000 hectáreas. por el contrario. 265-274. Una campaña militar de 30 años para anexar el territorio acabó en 1883 con la subyugación de los mapuche.org/reports/global/2004/pdf/hdr04_backmatter_1. es decir. Los que vivían al norte del río Bío Bío aceptaron la presencia española y fueron rápidamente asimilados dentro del sistema de encomienda impuesto por la corona. Entre 1931 y 1971. 2003).undp. NO. Después de obtener la independencia de España en 1810. la alfabetización y los ingresos. que fueron consiguiendo mediante la subasta de terrenos públicos.000 comunidades mapuche se vieron Los hechos citados en este capítulo han sido extraídos de Los Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile: Informe del Programa de Derechos Indígenas. En el sur. lo que supuso para los mapuche una pérdida de otras 100. De todas las regiones chilenas. VOL. unas 832 comunidades fueron divididas y mucha de la tierra se vendió o pasó a manos de personas no indígenas de otros lugares. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) utiliza el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para clasificar a los países en función del desarrollo humano. esta parte de Chile fue autónoma del resto del país y coexistió en una paz incómoda con el Estado chileno. que suelen estar en la primera línea de las protestas.000 hectáreas. http://hdr. 16. la mayoría de los mapuche en Chile trabajaban de peones en las propiedades agrícolas de propietarios privados. Instituto de Estudios Indígenas. o una quinta parte del territorio que les quedaba.
Entre los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por el Convenio 169 de la OIT se encuentran “el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. NO. Malleco y Cautín.8 Las otras dos iniciativas—una reforma constitucional que reconoce la existencia de los pueblos indígenas en Chile y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes— nunca llegaron a concretarse. Chile es el único país de la región latinoamericana con una población indígena considerable que aún no lo ha hecho.” y creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Venezuela. cuando la 7 8 En el censo de 1992.7 Además. creencias. y Brasil han ratificado el Convenio.523 de octubre de 1993 impuso al Estado el respeto.000 hectáreas de tierras en las provincias de Arauco. México. fueron vendidas a precios irrisorios a grandes compañías forestales. Honduras. El artículo 7 (1) del Convenio declara que “los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Bolivia. Guatemala. cerca del 80 por ciento de los mapuches se registraron como población urbana. instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. en la medida en que éste afecte a sus vidas. Costa Rica. y muchos emigraron a las ciudades. Perú. VOL. Argentina. aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”. Colombia. social y cultural.afectadas. El director de la CONADI es nombrado por el presidente. Políticas gubernamentales Con el regreso del régimen democrático en 1990. la protección y la promoción de los derechos y las culturas indígenas y la salvaguardia de las tierras indígenas. 5 (B) 14 . 9 HUMAN RIGHTS WATCH. El proyecto de ley presentado originalmente por el gobierno fue modificado. 16. dichos pueblos deberán participar en la formulación. subvencionar la compra de tierras adicionales para comunidades afectadas por la escasez de tierras y financiar mecanismos para permitir la solución de los conflictos de tierras y el suministro de agua. La Ley 19. Ecuador.9 Los defensores de los derechos indígenas consideran que las reformas legales introducidas no llegan a cumplir las aspiraciones de los pueblos indígenas de Chile. en la medida de lo posible. unas 415. compuesto por 16 personas. Entre las funciones de la CONADI se encuentran administrar el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. su propio desarrollo económico. que el Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria del Presidente socialista Salvador Allende había acumulado para su redistribución. y de controlar. Paraguay. el gobierno de Patricio Aylwin emprendió tres iniciativas importantes para reestructurar la relación entre el Estado y los pueblos indígenas del país. estableció “áreas de desarrollo indígena. Ninguna de las dos pudo superar las objeciones de los congresistas de la oposición que las han ido combatido hasta ahora. está integrado por ocho representantes indígenas propuestos por comunidades y asociaciones indígenas y designados por el presidente. Además. La vida de los mapuche rurales se empobreció aún más. y su consejo de gobierno.
10 15 HUMAN RIGHTS WATCH.10 A pesar de este logro notable. las tierras mapuche se vieron profundamente afectadas por la expansión de las inversiones forestales. 2003. la ley se refirió a ellos sólo como etnias y comunidades. En lugar de considerarlos como pueblos con derechos colectivos.000 hectáreas. mayo de 2003. 16. beneficiando a 3. Sólo dos compañías chilenas. fomentaba la violencia. y MIDEPLAN (Ministerio de Planificación y Cooperación). como el derecho a ser consultados antes de que los trasladen de sus tierras y el derecho a controlar los recursos naturales en su territorio. La proliferación de las plantaciones de pinos y eucaliptos en las tierras ancestrales mapuche A pesar de su importancia. Se calcula que. 5 (B) .697 familias. la ira por lo que consideraban un saqueo de su medio de vida ha estallado en protestas públicas. NO. 1. Durante los noventa.5 millones de hectáreas del territorio ancestral mapuche habían sido sembradas con pinos y eucaliptos comerciales. la mayoría de los cuales rodeaban comunidades mapuche. 291. Mininco y Arauco. Además. aseguró la propiedad mapuche de 120. las iniciativas gubernamentales de reforma fueron insuficientes para mitigar los efectos negativos del desarrollo económico sobre las comunidades mapuche. el Presidente Lagos advirtió que aquellos que utilicen la violencia u ocupen tierras no podrían beneficiarse de este programa en el futuro. erosionaban el suelo y bloqueaban la luz del sol necesaria para sostener la rica vegetación de los bosques nativos de que dependen los mapuche para sus necesidades medicinales y rituales. Se quejaron de que las plantaciones de pinos secaban sus recursos acuíferos. en Los Derechos de los Pueblos Indígenas.617 familias. el fondo de tierras y aguas de la CONADI asignó recursos para aumentar las tierras mapuche en unas 50. En marzo de 2002. Al mismo tiempo. se calcula que existe una demanda mapuche por tierras todavía insatisfecha de 150. Durante más de una década. acumulaban más de un millón de hectáreas de bosques exóticos. las compañías sólo emplearon a un número limitado de mapuche.000 hectáreas por lo menos. en el año 2000. los proyectos hidroeléctricos y la construcción de carreteras. Los miembros de las comunidades se opusieron firmemente a la invasión de las compañías forestales. Desde el Parlamento se acusó al gobierno de conceder equivocadamente tierras a grupos que usaban la presión violenta. Hasta el 2000. p. VOL. según insistieron. beneficiando a unas 4. una política que.000 hectáreas adicionales ya ocupadas por mapuche en forma ancestral. ocupaciones de tierras CONADI. el año más reciente en que se dispone de estadísticas sobre el pueblo mapuche.oposición parlamentaria objetó varios principios considerados fundamentales por los pueblos indígenas.
HUMAN RIGHTS WATCH. El proyecto recibió luz verde contra la voluntad expresa de dos comunidades indígenas directamente afectadas y del pueblo mapuche en general. Algunas comunidades llegaron a acuerdos con las autoridades gubernamentales para comprar tierras forestales a través de la CONADI. las compañías forestales denunciaron a los líderes mapuche ante los tribunales y contrataron en guardias armados para proteger sus plantaciones e instalaciones. En octubre de 2003. en muchas áreas. proyecto administrado por la compañía nacional de electricidad Endesa. la relación entre las comunidades y las empresas forestales y el gobierno continuaba deteriorándose. que fueron puestas a disposición del fiscal militar de Chillán.11 Las fuerzas de seguridad disolvieron muchas de las protestas. VOL. como se señaló antes. Como ha argumentado recientemente una destacada ecologista chilena. vehículos y maquinaria forestales. la aprobación del proyecto de Ralco 11 En diciembre. bloqueos de carreteras e incendios de árboles. Sin embargo. cinco mujeres pehuenche presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La construcción de la represa en Ralco. Chile aún no ha hecho. tierra ancestral del pueblo mapuche-pehuenche. regular los derechos de agua e instaurar programas de educación bilingüe. golpeando indiscriminadamente a niños. 16. además de una variedad de medidas para fortalecer la protección de los derechos indígenas en Chile. Seis familias pehuenche que se negaron a aceptar el reasentamiento propuesto por el gobierno lideraron las protestas contra Ralco.forestales. El acuerdo incluyó compensación económica para las denunciantes y sus familias. Chile alcanzó un acuerdo amistoso auspiciado por la Comisión con las familias pehuenche afectadas. Carabineros disolvió violentamente a un grupo de familias de la comunidad de Quepuca Ralco que estaban bloqueando una carretera de acceso al lugar de la construcción. entre ellas la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Dos directores de la CONADI que se habían opuesto a la represa de Ralco fueron despedidos en un breve lapso de tiempo. mujeres y ancianos y deteniendo a unas 50 personas. lo cual. NO. no pudo seguir adelante hasta que el entonces Presidente Eduardo Frei intervino para obtener la aprobación de la agencia nacional de medioambiente y de la CONADI. Estos conflictos son el trasfondo de los enjuiciamientos discutidos en este informe. En marzo de 2002. 5 (B) 16 . recabando un amplio apoyo de organizaciones ecologistas y de derechos indígenas de todo Chile. En respuesta. Otro acontecimiento profundamente conflictivo fue la construcción de un proyecto hidroeléctrico de gran escala en la cuenca alta del río Bío Bío.
a veces con violencia indiscriminada e insultos racistas.asp?id_noticia=144471 (consultado el 17 de septiembre de 2004).pasando por encima de las familias indígenas afectadas dañó profundamente la credibilidad del gobierno ante el pueblo mapuche. 13 De hecho. bosques y cultivos y el sabotaje de maquinaria y equipo agrícola. S680-12.pdf (consultado el 30 de junio 2004). http://www. la policía no distingue entre la protesta pacífica y las acciones ilegales que plantean una verdadera amenaza al orden público reprimiendo ambas con la misma dureza. Con algunas excepciones notables. 9 de julio de 2003.cl/modulos/noticias/constructor/noticia. tala de árboles. ocupación de tierras disputadas. 16. La expresión más clara de este punto de vista puede encontrarse en un resumen de los argumentos presentados por Alberto Espina. Legislación. 12 Sara Larraín. las comunidades y los grupos políticos mapuche han intentado atraer la atención nacional e internacional a su causa y presionar para que les devuelvan las tierras que. incendio de casas patronales. políticos y la prensa. Son considerados con frecuencia agitadores violentos que se oponen al desarrollo económico del país y defienden la secesión de la Araucanía del resto del Estado.lyd.12 Movilización mapuche Desde 1992. Boletín No. huelgas de hambre y ocupaciones de edificios públicos— a actos en los que se ha usado la fuerza. ante la Comisión de Constitución. 5 (B) . VOL. NO. 13 17 HUMAN RIGHTS WATCH. como cortes de carreteras. El Mostrador. los mapuche quieren una mayor autonomía en la administración de sus asuntos dentro de su territorio ancestral. Justicia y Reglamento del Senado. Senador de la Novena Región. según ellos. 17 de septiembre de 2004 (http://www.com/programas/comunicaciones/mapuche/informe_comision_c_map.elmostrador. Las actividades de protesta han ido desde las manifestaciones pacífica tradicionales—como marchas. pero no propugnan la secesión. Con frecuencia. les han arrebatado ilegalmente las empresas forestales y los dueños de fundos de la zona. los activistas mapuche suelen enfrentarse a una actitud desfavorable e incomprensiva de las autoridades del gobierno. Documentamos algunos casos de abuso policial en el Capítulo V de este informe. “La lecciones de Ralco”.
(Intervención del diputado Francisco Bayo. 5 (B) 18 .) 14 HUMAN RIGHTS WATCH. casi todos los que se enfrentan actualmente procesos criminales son mapuche de las comunidades directamente afectadas por los conflictos. los periodistas de los principales diarios y revistas siguen destacando la “infiltración” de las comunidades mapuche. Provincia de Malleco.Tanque de Carabineros al interior de la comunidad Temucuicui. reforzando la opinión de los mapuche como subversivos y terroristas. la prensa informó que algunos de los grupos revolucionarios de izquierda que habían liderado la resistencia armada contra el gobierno militar habían logrado infiltrarse en las organizaciones indígenas y estaban orquestando ahora las acciones ilegales. Diciembre de 2001. VOL.14 Independientemente de los méritos históricos de tales apreciaciones. En un debate especial sobre el “conflicto mapuche” en la Cámara de Diputados en junio de 2002. un parlamentario argumentó que “[e]l terrorismo se expande en sectores rurales de la Novena Región y en la parte sur de la Octava Región”. casi todos los numerosos acusados que se enfrentan ahora a un proceso penal son mapuche de las comunidades directamente afectadas por los conflictos. NO. En la cobertura mediática de los conflictos de tierra. 16. © 2003 Archivo Periódico Azkintuwe A finales de los noventa. un producto de la “instrumentalización” de los mapuche por partes de los grupos radicalizados. Sin embargo.
Además. ocupación de tierras.15 La intención de los procesos de acuerdo con esta ley es proceder más rápidamente que en los enjuiciamientos penales ordinarios. Oscar Eltit. Provincia de Malleco. El Ministerio del Interior o un Intendente inician el enjuiciamiento y un juez de la corte de apelaciones se encarga de la instrucción y el juicio conforme a reglas especiales que se aplican a los tribunales militares en tiempos de paz. © 2003 Archivo Periódico Azkintuwe Durante el gobierno de Frei. 5 (B) . VOL. robo. Carabineros al interior de la comunidad Temucuicui. ordenó el enjuiciamiento conforme a la LSE a los mapuche responsables del incendio de tres camiones cargados de madera propiedad de Arauco en Lumaco. en respuesta a la petición oficial de la compañía forestal Arauco. numerosos mapuche enfrentaron cargos tales como incendio. Diciembre de 2001. Estas reglas establecen plazos fijos para cada fase del juicio. conceden a los jueces 15 En diciembre de 1997. Fueron arrestados 12 y 5 fueron finalmente condenados de acuerdo con la LSE y sentenciados a tres años de cárcel por desorden público. NO. funcionarios públicos abrieron tres procesos diferentes con arreglo a la Ley de Seguridad del Estado (LSE). de los agricultores del sur y de las compañías forestales para que adoptaran mayor firmeza contra los manifestantes mapuche. 16.Presión para una acción gubernamental más firme Con el aumento del número de incidentes violentos. el Intendente de la Araucanía. secuestro o lesiones. los gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) y del actual Presidente Ricardo Lagos se vieron sometidos a una presión creciente de la oposición en el Congreso. 19 HUMAN RIGHTS WATCH.
dicha seguridad está amenazada desde hace mucho tiempo… El término ‘seguridad’ es entendido por el pueblo mapuche de manera diferente a como se concibe por el Estado chileno”. Apéndice 2. Según el resumen de la comisión. Marcial Colín. 419. La gran mayoría (85 por ciento) estaban a la espera de juicio bajo algún tipo de condición. HUMAN RIGHTS WATCH. Informe de la Comisión de Constitución. Alberto Espina. 5. En lugar de rastrear los orígenes del conflicto y examinar estrategias para abordarlo. José Miguel Insulza. un líder mapuche de Villarica. Justicia y Reglamento. Por recomendación de uno de los miembros de la comisión que no estaba de acuerdo con las conclusiones del informe. sintetizó el problema. explicó. p. En octubre de 2003. Legislación. el gobierno de Lagos ha optado por enjuiciar por delitos de terrorismo a los que considera cabecillas de las acciones de fuerza. p. “Situación Procesal de los mapuche imputados y/o condenados en el marco del conflicto territorial”. Aunque no justificaron la violencia. se reunió durante más de un año para discutir el aspecto de seguridad pública del conflicto. En lugar de utilizar la LSE.18 16 17 18 Informe de la Comisión de Constitución. En un debate en el Senado de marzo de 2002. instó a que se combatiera a los grupos mapuche “[c]on todo el rigor de la ley. encabezado por Espina. el informe fue esencialmente un vehículo para las quejas de los agricultores. 5 (B) 20 . pero sólo se invitó a un representante de los mapuche. 79.16 Una comisión especializada del Senado. el Senador Rafael Moreno. 16.17 El Ministro del Interior. Colín dijo: “[e]l análisis del tema de la seguridad ciudadana resulta problemático en la Araucanía porque. Los Derechos de los Pueblos Indígenas. Legislación. Ante el comité testificaron 15 agricultores prominentes cuyas propiedades habían sufrido repetidos ataques. p. como fianza. Un borrador publicado en mayo de 2003 suscitó un debate debido a su dureza y parcialidad. Justicia y Reglamento. ya que sus conductas han creado un estado de inseguridad y temor que es incompatible con el pleno funcionamiento del Estado de Derecho”.mayor discreción en la evaluación de las pruebas y limitan el derecho a apelar. la comisión acordó escuchar a algunos líderes mapuche. en concepto de los mapuche. NO. todos los mapuche hablaron del saqueo de las tierras de su pueblo y la negativa del Estado a reconocer sus tradiciones y su cultura. defendió la gestión del gobierno y presentó una larga lista de acciones legales emprendidas por el Estado contra los responsables de los ataques. El resultado fue un informe de 160 páginas publicado el 9 de julio de 2003. VOL. así como las medidas policiales para proteger a las víctimas. pero no estaban detenidos. 200 mapuche se enfrentaban a cargos por delitos cometidos durante las acciones de protesta. el senador por la Araucanía.
organización mapuche cuyos orígenes se remontan a una reunión de febrero de 1998 organizada por la Coordinadora Territorial Lafkenche. 20 19 Weftun. © 2003 Archivo Periódico Azkintuwe En el encuentro estuvieron presentes el Consejo de Caciques de Osorno. Nehuen Mapu. que incluye varios grupos mapuches.20 Manifestación mapuche en comunidad Juan Maril de Puren. VOL. como Liwen. el Consejo de Todas las Tierras y la Coordinadora de Organizaciones e Instituciones Mapuche de Temuco). Noviembre 13 de 2001.Los “terroristas” de Chile Se dice que todos menos uno de los sentenciados o acusados de terrorismo pertenecen o han pertenecido a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM). la publicación oficial de la CAM. noviembre de 2001. y estudiantes mapuche de Temuco y Concepción. NO. Xen Xen. 5 (B) . formado por comunidades que defienden reclamaciones de tierras. a la que asistieron muchas organizaciones mapuche. Esta lista procede de Weftun. enero de 2002. 16. se comprometió a apoyar a todas las comunidades en conflictos de tierras y ofreció incorporarlas a la organización si ellas y sus líderes lo aprobaban.19 La CAM se creó en una segunda reunión celebrada en 1998 en Tranakepe. y la Asociación Ñancucheo de Lumaco. Santiago. El grupo. 21 HUMAN RIGHTS WATCH. También estuvieron presentes algunos miembros de Meli Witran Mapu y de la Coordinadora Mapuche. Tirúa. ambos con sede en la capital. Aukinco Domo. Los comuneros exigen el retiro de las fuerzas policiales estacionadas en el Fundo El Rincón de propiedad de la Compañía Forestal Mininco.
). VOL.. Realizó una serie de recomendaciones para el diseño de una nueva política orientada a “avanzar hacia un nuevo trato de la sociedad chilena y su reencuentro con los pueblos “La lucha mapuche es nacionalista. han sido convencidas por el Estado. no pudimos acceder a la página Web de la CAM hasta el 1 de octubre de 2004. Sitio Web oficial de la Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco.weftun. La organización actualmente se ha visto significativamente debilitada desde el encarcelamiento de sus líderes en 2002. publicada en el periódico Resumen Latinoamericano nº 58 marzo-abril 2002 con un dirigente de la Coordinadora Arauko-Malleko). en enero de 2001. lo que significa que el objetivo de las ocupaciones de tierras es que sean permanentes.net/ (consultado el 18 de agosto de 2004.net/ (consultado el 18 de agosto de 2004). 22 21 Planteamiento Político-Estratégico de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco . en realidad.el Territorio Usurpado”. También critica a organizaciones mapuche más moderadas que. La comisión. http://www. http://www. “Principales Razones de Arauco-Malleco: Recuperar ahora.21 En esencia. Llama a “la reconstrucción de la nación mapuche” y ha adoptado una estrategia de “control territorial”. la CAM también ha discrepado con los partidos de izquierda.cjb. integrada por una veintena de representantes indígenas y no indígenas y presidida por el ex Presidente Patricio Aylwin.Malleco (CAM) http://www. En este contexto de conflicto. NO. Traiguen y Lumaco en la Araucanía.. según dice. la comisión se ocupó de asuntos relacionados con la historia de los pueblos indígenas y su relación con el Estado y la sociedad chilena. así como de algunas partes de la región del Bío Bío. en lugar de meramente simbólicas.. En su informe final. a los que ha criticado por intentar manipularla. La CAM alberga la esperanza de que esta forma de actuación se propague a otras zonas y cambie el equilibrio de fuerzas a favor de los mapuche.23 Está claro que entre aquellas acciones que sus miembros consideran defensivas pueden haber. fue establecida para asesorar al gobierno y proponer una nueva política que abordara los problemas fundamentales de los pueblos indígenas en Chile.weftun. No obstante.La mayor parte del respaldo a la CAM procede de las comunidades mapuche de los distritos de Collipulli.net/ (consultado el 18 de agosto de 2004). el Presidente Lagos creó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato.cjb. anticapitalista y revolucionaria” (entrevista de Osvaldo González. La CAM reconoce acciones violentas limitadas “al ámbito de la defensa del Territorio y de la autodefensa de las comunidades”. esto conlleva lo que la CAM llama la “recuperación productiva” de las tierras disputadas. publicado en octubre de 2003. 16. 23 HUMAN RIGHTS WATCH. 5 (B) 22 .weftun.22 Aunque se dice que algunos de sus miembros proceden del Partido Comunista y los grupos radicales de izquierdas que participaron en la oposición armada contra la dictadura de Pinochet.cjb. acciones criminales que ameritan investigación y sanción penal.
La detención preventiva era la norma. La preocupación por los continuos conflictos de tierras también motivó la visita a Chile. en julio de 2003. El nuevo sistema. no abordó los conflictos generados desde la promulgación de la Ley No. entró en vigor en diciembre de 2000 en la Araucanía y Coquimbo (Cuarta Región. la investigación era secreta. en el norte de Chile).24 El nuevo sistema de justicia penal de Chile Cada uno de los juicios antiterroristas concluidos o aún en curso se ha celebrado con arreglo al nuevo Código de Procedimiento Penal de Chile. 19. que se describen en este informe. Santiago. hasta 2005. VOL. sin embargo. 5 (B) . Sin embargo. Y agregó que “no deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (“amenaza terrorista”. en lugar de la excepción. formulara los cargos y dictara la sentencia y la pena limitaba considerablemente las posibilidades de la defensa.”asociación ilícita”) a hechos relacionados con la lucha por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”. pp. aprobado en octubre de 2000. 56 y 87. la prensa no tenía acceso directo a los procedimientos y los acusados indigentes no tenían prácticamente acceso a una 24 Informe del Relator Especial Rodolfo Stavenhagen. del Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas. sustituyen a los procesos escritos e inquisitoriales. El hecho de que un solo juez realizara la investigación. iniciativas que hasta ahora no se han emprendido. el Relator constató que “a pesar de haberse producido importantes avances en el país en materia indígena durante los últimos diez años. Rodolfo Stavenhagen. no se introducirá en la capital. públicos y contradictorios con protección de las garantías procesales del acusado.indígenas” con medidas tales como la introducción de reformas jurídicas y políticas y la ratificación del Convenio 169 de la OIT.253 de 1993. En materia de justicia. El nuevo código. 16. Además propuso que “el gobierno de Chile considere la posibilidad de declarar una amnistía general para los defensores de derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas”. 23 HUMAN RIGHTS WATCH. NO. En su informe. El viejo sistema incorporaba limitaciones a los derechos al debido proceso y una defensa legal. señaló que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legitimas actividades de protesta o demanda de las organizaciones y comunidades indígenas”. estos continúan viviendo una situación de marginación y negación que los mantiene apartados significativamente del resto del país”. Los juicios orales. La mayoría de los juicios se celebraban por escrito.
el ministerio público puede realizar las investigaciones criminales en secreto durante largos períodos. al menos en parte. No sólo se ha transformado el aparato institucional de la justicia chilena. quienes representan a los acusados ante un tribunal compuestos por tres personas. Conforme a la ley antiterrorista. Es de destacarse que la Defensoría Pública otorga por primera vez asesoría legal profesional a los acusados que lo necesiten. a los mapuche acusados de delitos de terrorismo. a no ser que sea estrictamente necesario. Nuevos edificios modernos y bien equipados albergan la sede de los tribunales. con sede en Temuco. Los abogados de la Defensoría Penal Mapuche.representación legal competente. violación u otros delitos graves contra la integridad física gozan de más garantías que los acusados mapuche y reciben frecuentemente condenas más leves. De acuerdo con el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. el ministerio público y la defensoría en la ciudad de Temuco. 5 (B) 24 . Sin embargo. Los acusados tienen derecho a solicitar su libertad a la espera del juicio y a que se revise periódicamente su detención preventiva. Chile tiene que asegurarse de que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley”. la libertad provisional suele denegarse durante meses. Durante la fase previa al juicio. los acusados no pueden saber los nombres de muchos de sus acusadores. examinen sus computadoras e intervengan sus teléfonos que en las investigaciones criminales normales. los mapuche pueden solicitar un intérprete bilingüe. 16. un “juez de garantía” supervisa la imparcialidad de la investigación criminal y tiene que asegurarse de que los acusados no permanezcan detenidos. sino que también ha habido una inversión sustancial en infraestructura. a veces durante plazos que exceden la condena dictada finalmente. la aplicación de la legislación antiterrorista a los mapuche involucrados en conflictos de tierras constituye un trato selectivo y desigual. han defendido los derechos de sospechosos mapuche y han litigado frecuentemente con éxito en su defensa. los fiscales asignados a un Ministerio Público autónomo realizan investigaciones criminales y se enfrentan a abogados preparados de la Defensoría Penal Pública. NO. Los fiscales niegan fervientemente que exista discriminación. las garantías de que disponen los acusados en juicios penales ordinarios de acuerdo con el nuevo sistema son negadas. Desafortunadamente. HUMAN RIGHTS WATCH. en tanto los delincuentes responsables de homicidio. En cualquier momento del proceso. y los jueces tienen facultades mucho más amplias para permitir que los fiscales intercepten su correspondencia. De acuerdo con el nuevo sistema. Los procesos son abiertos al público y la prensa. VOL.
En el preámbulo del proyecto de ley presentado en 1991 por Aylwin se define el terrorismo como “atentar contra la vida. 5 (B) . El uso de la ley para reprimir la disidencia no violenta acabó con el regreso de la democracia en marzo de 1990. En mayo de 2002.314) en 1984 otorgando a su gobierno un arma jurídica integral para enfrentar la creciente oposición violenta y no violenta a la dictadura militar. empleada para frenar las audaces acciones armadas de los grupos guerrilleros urbanos de izquierdas a mediados de los ochenta—hubo un atentado fallido contra la vida de Pinochet en 1986 en el que murieron cuatro de sus guardaespaldas—también se utilizaba como mecanismo de intimidación a los disidentes no violentos. Algunas de sus disposiciones violan garantías procesales fundamentales protegidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. JUICIOS ANTITERRORISTAS El uso de la ley antiterrorista es inapropiado en casos de conflictos de tierras y priva a los acusados de una gama de garantías procesales. las reformas de Aylwin eliminaron sus connotaciones políticas y lo tipificaron simplemente como un delito violento gravísimo contra las personas. Delitos terroristas Aunque la ley cobró vida bajo el régimen de Pinochet. El General Pinochet introdujo la ley antiterrorista chilena (Ley No. fueron paradójicamente las reformas del gobierno de Aylwin las que la convirtieron en lo que los fiscales llegaron a considerar un instrumento adecuado para tratar el tipo de delitos que han caracterizado los conflictos de tierras en el sur. 16. tales como el derecho de los acusados a interrogar a los testigos en las mismas condiciones que la acusación. como parte de una iniciativa más amplia para hacer que la legislación sobre seguridad pública heredada del gobierno militar fuera compatible con las normas de derechos humanos. pero la Ley 18.IV. la ley volvió a modificarse para armonizar sus disposiciones con el nuevo Código de Procedimiento Penal.314 siguió usándose hasta mediados de los noventa contra los restantes grupos guerrilleros urbanos de izquierdas. La ley. NO. VOL. Frente a una situación en la que el gobierno militar había tratado esencialmente el terrorismo como un delito político o ideológico. la integridad física o la libertad de las personas por medios que produzcan o puedan 25 HUMAN RIGHTS WATCH. el gobierno de Aylwin introdujo importantes enmiendas a la ley. En enero de 1991. 18.
envío de efectos explosivos. sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas. o de personas internacionalmente protegidas. 5 (B) 26 . el Ministro del Interior interpuso una denuncia con arreglo a la ley antiterrorista contra los responsables del incendio de un autobús durante una huelga general organizada por la principal federación sindical de Chile. 28 HUMAN RIGHTS WATCH. 14 de agosto de 2003. 18. “Paro: Gobierno recurre a ley antiterrorista por incidentes”.9. sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados.314. Artículo 2 de la Ley No.19. pero difícilmente se podía presuponer que fuera un acto premeditado destinado a sembrar el terror. citado en Antonio Bascuñán Rodríguez. Informe en Derecho. mutilación. incluyendo hasta sus “Historia de la Ley No. 18. La Nación. 15 de agosto de 2003. militar. Por ejemplo. 15 de octubre de 2003.26 La ley declara que en ciertos casos. aeronave. la intención de sembrar el terror puede deducirse del uso de armas de destrucción indiscriminada o masiva. con el objeto de causar temor a una parte o a toda la población”. todos los delitos violentos contra el orden público asociados con protestas callejeras podrían conllevar condenas por terrorismo.027. pp. colocar. El delito de incendio terrorista. VOL. judicial. incendio y estragos. lesiones. el atentado en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de otra autoridad política. el incendio.producir un daño indiscriminado. La Nación. tales como explosivos. lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios que puedan causar daño. retención de una persona en calidad de rehén. Departamento de Ciencias Penales. 25 De acuerdo con la ley. descarrilamiento. la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). son a veces insuficientemente rigurosos en lo que califican de terrorismo. que pueden abrir una investigación de acuerdo con la ley antiterrorista. ferrocarril. bus u otro medio de transporte público en servicio. Juan Manuel Ugalde. policial o religiosa. Biblioteca del Congreso Nacional [1997]”.314. De otro modo. dispositivos incendiarios y armas químicas o biológicas. “Gobierno desata ofensiva judicial post paro”. el delito conllevó un acto violento grave. y asociación ilícita para cometer cualquier de estos delitos. una escalada drástica e inapropiada de la respuesta estatal. 26 27 25 Artículo 1 de la Ley No. los delitos terroristas se cometen: [c]on la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie. De otro modo. apoderarse o atentar en contra de una nave. En este caso. 5. el fiscal tiene la responsabilidad de demostrar una intención terrorista. en agosto de 2003. Universidad de Chile. NO. Facultad de Derecho.27 Los siguientes actos son algunos de los enumerados como posibles delitos de terrorismo: homicidio. 16. secuestro.28 El delito más cuestionable de los incluidos en esta lista es precisamente uno de los que se aplican con mayor frecuencia a los mapuche—es decir. Los funcionarios del gobierno.
Sus elementos fundamentales incluyen los ataques deliberados contra civiles. teniendo en cuenta la considerablemente mayor gravedad de los delitos contemplados por las convenciones internacionales sobre el terrorismo. NO. todas las cuales conllevan violencia y posible daño a personas. Schmid ante la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas en 1992. VOL. La inclusión de este tipo menos grave de incendio dentro de la lista de delitos de terrorismo es altamente cuestionable. 5 (B) . la toma de rehenes y el asesinato de prisioneros.html (consultado el 24 de junio de 2004).unodc. el terrorismo es un atentado contra los principios fundamentales de la ley. Citado en Oficina de las Naciones Unidas para la Lucha contra las Drogas y la Delincuencia.29 La ley antiterrorista en vigencia durante el gobierno militar no hacía referencia alguna al delito de incendio. etc. 27 HUMAN RIGHTS WATCH.formas menos graves. sino que fue introducido durante el debate del proyecto en una comisión de la Cámara de Diputados. Se trata del único delito violento dentro de la ley antiterrorista que no acarrea una amenaza directa o deliberada contra la vida. el secuestro de aviones.31 La mayoría de los 12 convenios y protocolos de las Naciones Unidas sobre terrorismo se ocupan de cada una de sus formas específicas (la toma de rehenes. como declaró el experto en terrorismo A. ataques a la navegación marítima. En este tratado el terrorismo se define como: Cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las 29 30 31 Artículo 476 (3) del Código Penal. El derecho internacional considera extraordinariamente graves los delitos terroristas: “el equivalente de un crimen de guerra en tiempo de paz”.P. mieses. no en el referente a los delitos contra la persona. “El delito de incendio terrorista. monte. Programa Global contra el Terrorismo. Los delitos bajo la ley antiterrorista incluyen incendiar edificios desocupados y “bosques. las bombas. el orden y los derechos humanos. la libertad o la integridad física. pastos. La única convención que incluye una definición del terrorismo es el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. 9.” p. cierros o plantíos”.30 El incendio está tipificado en el Código Penal en un capítulo que se ocupa de los delitos contra la propiedad. En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan: “Por su propia naturaleza. y la resolución pacífica de disputas sobre los que se han establecido la Organización de las Naciones Unidas”.).org/unodc/terrorism. Tampoco lo contemplaba el proyecto inicial presentado por el gobierno de Aylwin. artículo de la página Web en http://www. 16. Antonio Bascuñán Rodríguez.
profesional. concluido en Estrasburgo el 27 de enero de 1977.32 La Convención Interamericana contra el Terrorismo. pueden quedar inhabilitados por un plazo de 15 años para ejercer funciones o cargos públicos. y todo delito que conlleve el uso de una bomba.36 Los acusados de terrorismo pierden el derecho a voto. Convención Interamericana contra el Terrorismo. empresarial. para ejercer funciones de enseñanza. Convenio Europeo sobre la Represión del Terrorismo. en cualquiera de sus formas. Artículo 9 de la Constitución de Chile. arma de fuego automática o una carta o paquete bomba si su empleo pone en peligro a personas. adoptada en junio de 2002 y firmada por 33 países. sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.33 Los delitos considerados sujetos a extradición por el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo también están relacionados con atentados contra la vida. artículo 2. Las consecuencias para los condenados son graves. sindical. estudiantil o gremial en general. por su naturaleza ó contexto. entre ellos Chile. Incluyen el secuestro de aeronaves. Sólo pueden obtener la libertad bajo fianza con el consentimiento expreso por votación 32 33 34 Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. cuando.34 La Constitución de Chile considera expresamente que “[e]l terrorismo.hostilidades en una situación de conflicto armado. todos conllevan violencia grave contra las personas. salvo para conmutar una pena a muerte por presidio perpetuo. ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal. la libertad y la integridad física. no tienen derecho a ningún indulto gubernamental. 5 (B) 28 . artículo 1. 2003. NO. La Constitución reserva a los terroristas condenados sanciones especiales que superan con creces las aplicables a los delincuentes ordinarios. Es más. el propósito de dicho acto. Como se ha señalado anteriormente. Ibíd. artículo 2 (1) (a) y (b). el secuestro y la toma de rehenes. la integridad física y la libertad de personas internacionalmente protegidas. actos ilegales contra la seguridad de la aviación civil. 35 El uso de la legislación antiterrorista para tratar delitos de menor gravedad es incompatible con este claro principio constitucional. es por esencia contrario a los derechos humanos”. para desempeñar funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones. cohete. 16. VOL. Además de las penas más duras de prisión que reciben. 35 36 HUMAN RIGHTS WATCH. granada. atentados contra la vida. se refiere exclusivamente a los delitos recogidos en las convenciones y los protocolos de las Naciones Unidas ya mencionados.
publicado por la Oficina del Coordinador de Antiterrorismo. Vives respondió: Magistrado. pero en Chile sí se han cometido delitos terroristas y esa son cuestiones completamente diferentes… Hay dos personas que ya fueron condenadas por amenazas terroristas. han presentado cargos de terrorismo contra mapuche. alto funcionario del Ministerio del Interior. 16. corporaciones. En el informe no se menciona la aplicación de la legislación antiterrorista en conflictos de tierras en el sur de Chile. pero sólo mediante una ley especial que requiere la mayoría absoluta en el Congreso. Trascripción judicial con fecha del 10 de agosto de 2004. Esta es la opinión de Jorge Vives. 29 HUMAN RIGHTS WATCH. NO. Las autoridades de gobierno siguen insistiendo en que. se les puede restituir la ciudadanía. y hasta el alcalde de Temuco.37 Si son condenados. el Ministerio del Interior. 29 de abril de 2004. como observamos a continuación) el hecho que cualquier persona pueda querellarse invocando la ley antiterrorista aumenta el riesgo de acusaciones arbitrarias. ocho personas en Chile hayan sido condenadas por delitos de terrorismo en 2003 y 2004. Cuesta entender como es posible que. 18. cualquier persona puede denunciar que se ha cometido un delito de terrorismo contra ella. VOL.314. pero decir que hay personas que han cometido delitos terroristas no nos puede llevar a decir que en Chile hay terrorismo. el Departamento de Estado declaró que “[n]o se produjeron incidentes de terrorismo explícito en Chile en 2003”. pierden la ciudadanía. el gobierno regional respectivo. Patterns of Global Terrorism 2003. En un examen mundial de la actividad terrorista en 2003. y sigan pesando cargos de terrorismo sobre otros 11. es muy simple. De acuerdo con las leyes vigentes en Chile. algunos particulares. si no hay terrorismo en Chile. Artículo 14 de Ley No.38 La posición del gobierno sobre el uso de la ley es bastante ambigua.40 La conclusión más obvia es que los condenados o acusados no son realmente 37 38 39 40 Artículos 16(2) y 19(7)(e) de la Constitución.39 El Departamento de Estado de Estados Unidos también considera que no hay terrorismo en Chile. A pesar de que un juez debe resolver fundadamente que el delito sea investigado como un acto de terrorismo (cuyo efecto es otorgar mayores poderes al ministerio público. En Chile no hay terrorismo. Una vez cumplida la condena. 5 (B) . copia en los archivos de Human Rights Watch. Cuando un juez del caso Poluco Pidenco le preguntó sobre el tema. En los últimos años.unánime de todos los miembros de un tribunal superior. Departamento de Estado de Estados Unidos. a pesar de celebrarse juicios por terrorismo. no hay terrorismo en Chile.
a pesar de haber hallado que las pruebas eran insuficientes para condenar a los acusados. 5 (B) 30 . sin respetar la institucionalidad y legalidad vigente”. el Tribunal de Juicio Oral de Angol concluyó que los delitos terroristas estaban “[a]creditados más allá de la duda razonable”. más bien. 41 Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Angol.terroristas y. inestabilidad y temor en diversos sectores de la octava y novena regiones”. Un buen ejemplo de ello es el “juicio de dos loncos” descrito anteriormente en que tres individuos fueron acusados de prender fuego a dos casas patronales y plantaciones de pinos de la hacienda Nancahue. situación que es pública y notoria y que estos jueces no pueden desatender”. los tribunales chilenos rara vez han cuestionado el uso de la ley antiterrorista para procesar los delitos que han caracterizado los conflictos de tierras. En el primer juicio de abril de 2003. La recuperación de las tierras mapuche se hizo “[p]or vías de hecho. El tribunal reinstauró finalmente los cargos de terrorismo y condenó a cinco acusados. El tribunal afirmó que los métodos y la estrategia utilizados en el ataque “[t]enían una finalidad dolosa de causar un estado de temor generalizado en la zona. concertadas y preparadas por grupos radicalizados que buscan crear un clima de inseguridad. NO.41 En el caso Poluco Pidenco—que se expone más adelante—la Corte Suprema descalificó e inhabilitó al único juez que había rechazado los cargos de terrorismo presentados por el ministerio público. son perseguidos de acuerdo con una ley inadecuada dado la naturaleza de los hechos delictivos. 14 de abril de 2003. mediante acciones de fuerza “[p]reviamente planificadas. C/ Pascual Huentequeo Pichún Paillalao y otros. HUMAN RIGHTS WATCH. Ni siquiera los tribunales que han absuelto a acusados de terrorismo se han cuestionado la aplicación de esta ley. 16. VOL. cerca de Traiguén en diciembre de 2001. Sin embargo.
En diciembre de 2003.Marcha de las comunidades de Traiguén enfrente al Tribunal de Angol. sin embargo. Marzo 31 de 2003. de la Corte de Apelaciones de Concepción. apoyándose en la debilidad de las pruebas. durante el primer juicio de lonkos. VOL. A la derecha. El proceso se inició bajo la ley antiterrorista por requerimiento del gobernador de la región de Bío Bío. que todavía estaba vigente en la región de Bío Bío en el momento de los hechos. NO. condenó a Ancalaf a diez años y un día de presidio al hallarlo responsable en cada uno de los tres incidentes. el pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción lo absolvió de los primeros dos delitos y rebajó la condena a cinco años y un día. el 31 HUMAN RIGHTS WATCH. se mencionó el uso de artefactos incendiarios para quemar los camiones. En Junio de 2004. © 2003 Archivo Periódico Azkintuwe También se condenó al dirigente mapuche Víctor Ancalaf con arreglo a la ley antiterrorista. Enrique Krausse Salazar. A diferencia de los otros casos analizados en este informe. por quemar a cuatro camiones y una retroexcavadora pertenecientes a la compañía eléctrica Endesa en tres incidentes que ocurrieron en septiembre de 2001 y marzo de 2002. el Juez Diego Simpértegui. 5 (B) . lonko Aniceto Norin y la machi Maria Ancamilla. este juicio por terrorismo se llevó a cabo con apego a los procedimientos del antiguo sistema procesal penal. Entre las razones citadas por el tribunal. durante las protestas en contra de la represa de Ralco. El tribunal confirmó la condena por terrorismo en el tercer incidente. 16.
NO. el uso de la ley antiterrorista puede socavar la presunción de inocencia. se discuten tres restricciones del debido proceso que se producen habitualmente en los juicios antiterroristas: la extensión de la detención preventiva. 43 HUMAN RIGHTS WATCH. 42 Corte de Apelaciones de Concepción. 5 (B) 32 . En las siguientes secciones. y sólo pueden ordenar la intervención de los teléfonos del acusado y los sospechosos. la ley otorga ventajas a la acusación en el manejo de las pruebas. Una vez acusado de un delito terrorista. sus funcionarios parecen compartir el mismo punto de vista de los funcionarios del gobierno con respecto al uso de esta ley. En varios casos relacionados con acusados de terrorismo mapuche. aunque en este período el detenido puede recibir la visita de un abogado. los jueces pueden autorizar dichas facultades durante sólo dos meses. Los detenidos pueden estar recluidos hasta diez días antes de ponerlos a disposición de un juez o acusarlos formalmente. entre otras razones. los jueces citan los cargos por terrorismo para justificar el rechazo de las peticiones de la defensa de la puesta en libertad bajo fianza del acusado. 4 de junio de 2004. Un recurso de queja presentado por la defensa de Ancalaf a la Corte Suprema sostuvo. que la Corte de Apelaciones de Concepción había cometido un abuso al interpretar y aplicar incorrectamente la ley anti-terrorista. los fiscales pueden solicitar al juez permiso para intervenir teléfonos. salvo el abogado. Fallo. interceptar correspondencia. Restricciones al debido proceso La Ley 18. 16. las visitas pueden restringirse. El recurso todavía está pendiente de una resolución.314 dispone de instrumentos especiales para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se ocupen de los delitos terroristas. En las investigaciones criminales normales. se pueden mantener pruebas en secreto durante un máximo de seis meses. en ciertas circunstancias. y. La naturaleza de la acusación de terrorismo propicia por si misma que el acusado sea mantenido en prisión preventiva durante meses. el uso de testigos de la acusación anónimos o “sin rostro” y el peligro de juzgar dos veces el mismo delito. VOL. si el fiscal considera que la seguridad física de testigos corre peligro. correos electrónicos y otras comunicaciones con cualquier persona. más tiempo del que estaría encarcelado si fuera acusado de delitos similares con arreglo al Código Penal. Se trata de una semana más del tiempo permitido en el caso de los detenidos por delitos ordinarios. durante un período indefinido.43 Todas estas facultades se han empleado en casos relacionados con mapuche.supuesto motivo de causar miedo y la intención de obtener una decisión del gobierno (en contra de Ralco). Como señalamos más adelante.42 Aunque la Fiscalía General es autónoma. Además. especialmente por el largo período en el que puede mantenerlas en secreto y la admisión de testimonios de testigos anónimos.
Al decidir investigar un delito como un acto terrorista. 16. si se solicita una vista después de que hayan transcurrido más de dos meses desde la última vista de este tipo. se enfrente a largos períodos de prisión preventiva por la agravante de la calificación de terrorista.45 Entre los hechos considerados por el tribunal se encuentran el número de delitos cometidos y la gravedad de la pena que acarrean. claramente. 46 45 44 Artículo 140. De hecho. si bien la formalización constituye una facultad unilateral del fiscal que no es posible impugnar. 5 (B) . Según el artículo 139 del Código de Procedimiento Penal. si el fiscal puede demostrar que el delito es grave—incendio terrorista. Como ha señalado el Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de la Frontera: En este sentido. por ejemplo—es probable que los jueces aprueben una orden para el encarcelamiento del acusado sin más preguntas. Una vez transcurridos seis meses desde la última vista.46 Pero. la mayoría lo han hecho en los casos de mapuche acusados de actos terroristas. el fiscal aumenta la probabilidad de que el sospechoso permanezca en prisión durante todo el período previo al juicio. Los cargos formales que fundamentan la investigación tienen un peso decisivo en cuestiones tan cruciales como la libertad del acusado o el acceso de su abogado a las pruebas de la acusación. El nuevo Código de Procedimiento Penal permite revisiones periódicas de las órdenes de prisión preventiva en las que el acusado puede obtener eventualmente la libertad provisional. no parece lógico permitir que mediante su uso el fiscal pueda obtener y mantener arbitraria y artificialmente la prisión preventiva de una persona.Detención preventiva Es probable que un detenido por cargos de terrorismo.44 De acuerdo con el nuevo código. 141 del Código de Procedimiento Penal 33 HUMAN RIGHTS WATCH. El tribunal puede no ordenar la prisión preventiva cuando sea desproporcionada con respecto a la gravedad del delito o la pena. como ha De hecho. o una parte considerable de éste. los abogados defensores han criticado a los fiscales por exagerar los cargos para prolongar injustamente el período de detención preventiva. “[l]a prisión preventiva sólo procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueren insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento. De hecho. VOL. NO. aunque sea absuelto posteriormente. incluso en los juicios penales ordinarios. el tribunal debe estar de acuerdo (artículo 144). el propio tribunal tienen que ordenar una vista para decidir si debe continuar el encarcelamiento (artículo 145). la detención preventiva sólo es admisible cuando el juez considere necesario garantizar el éxito de la investigación o cuando el acusado sea considerado peligroso.
La comunidad empezó a movilizarse para reclamar las tierras a principios de 2001. 47 Los Derechos de los Pueblos Indígenas. pero para entonces ya había estado 18 meses en prisión preventiva acusado de terrorismo. confesó que había participado en el incendio de los cultivos. 23 de enero de 2004. el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco retiró los cargos contra Huaiquín por falta de pruebas y los sustituyo por la acusación de “desórdenes públicos”. las investigaciones criminales comienzan con una vista judicial. esta vez acusado de asociación ilícita terrorista. testificó Llanca. situado a unos 12 km. La gravedad de los cargos impidió conceder la libertad a Llanca hasta julio de 2003—su libertad provisional fue denegada en tres ocasiones. pero el tribunal concluyó que las pruebas eran débiles y. p. en enero de 2004. pero volvieron a arrestarlo el 4 de diciembre de 2002. en la que el fiscal explica al acusado. VOL.pdf (consultado el 22 de junio de 2004). 5 (B) 34 .47 Los casos de Jorge Huiaquín Antinao y Juan Luis Llanca ilustran los abusos inherentes a la detención preventiva contemplada por la ley antiterrorista. comuna de Nueva Imperial.49 El fiscal formuló cargos contra Llanca de acuerdo con la ley antiterrorista. Recibió una condena condicional de cinco años. La audiencia concluye con una acusación formal que constituye la base del juicio. “Lo de quemar salió en el momento producto de la actuación de Carabineros. lleva intentando desde 1932 recuperar 428 hectáreas de tierras ocupadas ahora por propietarios privados y la compañía forestal Mininco. robo con fuerza. Jorge Huaiquín Antinao. tala ilegal de árboles e incendio. daños. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. El fiscal retiró finalmente la acusación de terrorismo después de que Llanca.cl/archivos/1087499109. fue detenido el 11 de enero de 2002 por su presunta participación en el incendio de un cultivo en la hacienda privada El Ulmo. después de haber permanecido otros ocho meses en prisión preventiva acusado de terrorismo. un hombre de 29 años de la comunidad Agustín Chiguaicura. Desórdenes Públicos. El fiscal solicitó 300 días de prisión. por que se metieron a nuestras tierras”. de Victoria. cometidos presuntamente durante la ocupación de un fundo vecino en disputa. HUMAN RIGHTS WATCH. absolvió de todos los cargos a Huaiquín y a otra persona acusada junto con él. fue detenido el 15 de abril de 2002 acusado de cometer cinco delitos graves: usurpación violenta. Recuperó la libertad en septiembre de 2003. Temuco. El Mostrador. Tras cuatro meses en prisión preventiva. las acusaciones y los cargos en que se basa la investigación. “Temuco: Tribunal Oral absuelve a dirigentes mapuches”. NO. 16. En este momento. la sentencia íntegra puede consultarse en http://www. Juan de Dios Puel Tralma. 49 48 Domingo Trangol. de la comunidad mapuche de Domingo Trangol.ocurrido en el caso de los mapuche impugnados en el marco de los conflictos.defensoriapenal. denominada audiencia de formalización. que hasta entonces había ejercido su derecho a guardar silencio.48 Juan Luis Llanca. obtuvo la libertad provisional el 21 de agosto de 2002. 235. en presencia del juez de garantía. De acuerdo con el nuevo código de procedimiento penal de Chile.
toda persona: [t]endrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Salvo que se use como una medida excepcional. Caso No. Art.L. 52 50 51 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 5 (B) . Doc. Asamblea General de las Naciones Unidas. 8: Derecho a la libertad y seguridad de las personas (Art. la prisión preventiva se ha convertido en la norma. La presunción de inocencia se torna cada vez más vacía y finalmente se convierte en una burla cuando la detención previa al juicio es excesivamente prolongada dado que.6. la detención preventiva prolongada puede afectar la presunción de inocencia.III.245a. OEA/Ser.245.org/annualrep/95span/cap.argentina11. Quincuagésimo octavo período de sesiones Tema 119 b) del programa provisional. 52 35 HUMAN RIGHTS WATCH. 9:3. a pesar de la presunción. y con frecuencia dura más de un año. 11. castigo severo que legítimamente se impone a los que han sido condenados. para 41./V/II.htm (consultado el 10 de septiembre de 2004). 16. 8 de agosto de 2003. 28 de febrero de 1996. pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio. 1982. A/58/266. HRI/GEN/1/Rev.91. se está privando de la libertad a una persona todavía inocente.50 El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas interpreta que este requisito implica que la “prisión preventiva debe ser excepcional y lo más breve posible”. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. informe del Secretario General. http://www. 9). en su caso. VOL. o en cualquier momento de las diligencias procesales y. Véase también. Observación General No. 30 de junio. http://ods-ddsny. incluidos distintos criterios para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales.org/doc/UNDOC/GEN/N03/464/18/PDF/N0346418. para la ejecución del fallo. Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.un. 7 rev. en lugar de la excepción. En el caso Giménez. Párrafo 3. 1 de marzo de 1996. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.cidh.De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Capítulo II.51 En virtud de la ley antiterrorista que se aplica actualmente en Chile. NO. Cuestiones relativas a los derechos humanos. 1995. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentó que: [a]umenta el riesgo de que se invierta el sentido de la presunción de inocencia cuando la detención previa al juicio es de duración no razonable.pdf?OpenElement (consultado el 10 de septiembre de 2004). piedra angular del nuevo sistema de justicia penal chileno.
La prensa no puede publicar sus nombres o detalles que puedan facilitar su identificación.314. el uso de testigos no identificables es una limitación inaceptable del derecho a la defensa. bajo riesgo de sanción. el uso de testigos cuya identidad se oculta al acusado y sus abogados defensores limita seriamente el alcance de la defensa. y pueden ser interrogados en un lugar secreto. Una de las garantías más importantes contra el perjurio es la capacidad de la defensa para interrogar a los testigos sin que se restrinja su acceso a la información pertinente. 5 (B) 36 . 54 HUMAN RIGHTS WATCH. 53 La identidad de estos testigos puede eliminarse de todos los documentos del caso. VOL. En principio. Además.Testigos “sin rostro” De acuerdo con la ley antiterrorista. si fuera necesario. como los denomina la ley. aunque la ley prohíbe explícitamente la presentación de dicho testimonio en el proceso judicial a no ser que la defensa haya tenido la oportunidad de interrogar al testigo. Las modificaciones de la ley antiterrorista introducidas en 2002 prevén medidas para proteger a testigos fundamentales de la acusación y a sus familiares o seres queridos si el ministerio público considera que se encuentran en peligro físico.54 El problema no es que la defensa no pueda interrogar a estos testigos protegidos. Los factores relevantes pueden incluir el posible parentesco u otra relación con los acusados. antecedentes penales. los testigos ocultos hablaron a través de micrófonos que distorsionaban la voz.53 La ley permite que estos testigos presenten pruebas en el tribunal “[p]or cualquier medio idóneo que impida su identificación física normal”. Artículo 16 de Ley No. de acuerdo con el artículo 373 del nuevo Código de Procedimiento Penal. las víctimas u otros testigos de la acusación. se puede incluir la dirección del tribunal en lugar de su dirección persona. historial profesional. y aumenta el riesgo de condenas impugnables. Se pueden asignar guardaespaldas a los “testigos protegidos”. o detalles médicos tales como si el testigo tiene limitaciones de visión o sufre problemas de memoria. y en caso de extrema urgencia se les puede suministrar una nueva identidad. De hecho puede hacerlo. Ambos procedimientos están siendo utilizados en el juicio que se desarrolla actualmente en Temuco por asociación ilícita terrorista. Si fuera necesario se les puede dar dinero para ayudarles a trasladarse de casa o para otros fines. ni fotografiarles ni filmarles. sus abogados o el público. Aniceto Norín y Patricia Troncoso. NO. Estos testigos comparecen en el tribunal detrás de biombos que impiden que los vean los acusados. 16. al negársele información sobre los nombres y los datos personales de los testigos. No obstante. la defensa no puede examinar su credibilidad. En el juicio contra Pascual Pichún. sustituyéndose por un nombre en código. Es particularmente grave si las pruebas que presentan son cruciales para la acusación y una condena pudiera depender de ellas. 18. el hecho de no garantizar la plena protección del derecho a la defensa podría conllevar la anulación de todo el proceso por violación de derechos constitucionalmente protegidos.
no está en consonancia con el artículo 14 del Pacto. Párrafo 21. el propósito de esta disposición es “garantizar al acusado las mismas facultades jurídicas para obligar a comparecer a testigos e interrogar a éstos sobre la acusación”. 22 de octubre de 2002. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el derecho a examinar testigos podría. en principio. los jueces han entregado esta información a la defensa. la suficiencia de motivos ofrecidos para ocultar información sobre la identidad de los testigos. Aunque los fiscales deben suministrar a los jueces los nombres y direcciones de los testigos protegidos—que se entregan en un sobre sellado. 12-16). el juez de garantías puede rechazar los motivos ofrecidos en la acusación para ocultar la identidad de los testigos. 1 corr. 5 (B) .g].%20 13%20Art.56 En su reciente informe sobre terrorismo y derechos humanos. entre otras cosas. CCPR/C/21/Rev. señala que las debilidades de los testigos “nunca pueden servir de base para comprometer la protección inderogable del acusado al debido proceso y cada situación debe ser detenidamente evaluada en sus propios méritos dentro del contexto del sistema judicial particular de que se trate”.. los abogados defensores consultados por 55 Comité de Derechos Humanos. Otras consideraciones relevantes consisten en que la defensa pueda interrogar a los testigos anónimos y que el propio tribunal conozca su identidad. 143-147). Disponible online en http://www. Observaciones finales sobre el informe presentado por Colombia de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 57 En el nuevo sistema penal chileno. D[1. y en particular los apartados b) y e) del párrafo 3.76. Según la Observación General 13 (21). OEA/Ser. En algunos casos. En opinión de la Comisión. restringirse “en situaciones limitadas”.55 El artículo 14 (3) (e) del Pacto declara que los acusados tendrían derecho “[a] interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo”. ni con la Observación General 13 (21) del Comité”.hchr. CCPR/C/79/Add. se debe considerar. A/39/40 (1984) Anexo VI (pp.1. En sus Observaciones Finales sobre Colombia. 57 56 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 5 rev.L/V/II.116 Doc.html (consultado el 22 de junio de 2004). 37 HUMAN RIGHTS WATCH. “que permite la existencia de jueces sin rostro y de testigos anónimos. Observación General 13(21). 16. Comité de Derechos Humanos. Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos. VOL. NO.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/cdedh/Observacion%20Gral. el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que el sistema judicial regional de Colombia.Los organismos internacionales de derechos humanos han expresado la opinión de que el uso de testigos anónimos viola las normas internacionales con respecto al debido proceso. sin embargo. 5 de mayo de 1997. (pp.org. Sin embargo.%2014%20PDCP.
NO. Véase también Felipe Marín Verdugo. Como se ha señalado. 16. 59 60 61 58 Informe del Relator Especial Rodolfo Stavenhagen. Año 3. En otro caso. antes mencionado. ya que la mayoría de ellos viven en sus propias comunidades o cerca de ellas.59 El uso de testigos sin rostro se está convirtiendo en habitual con la multiplicación de los juicios contra mapuche de acuerdo con la ley antiterrorista. párrafo 35. Esta limitación puede tener graves consecuencias. 24 de junio de 2004. su anonimato les protege de dicho escrutinio. 14-20 de abril de 2003.60 La comparecencia de dos testigos sin rostro en el juicio de los loncos suscitó un debate en la prensa sobre las garantías procesales en los juicios antiterroristas. señaló en el informe sobre su visita a Chile en 2003 que el sistema de testigos protegidos anula algunas de las ventajas de los juicios orales y “establece un gran desequilibrio en la valoración de las pruebas testimoniales y otras (documentales y materiales)”. Sin embargo.’” La Semana Jurídica.58 El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Rodolfo Stavenhagen. Dos testigos sin rostro comparecieron en el juicio de los loncos en abril de 2003. Defensora Pública en Temuco. Diez mapuche y un Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Sandra Jelves. un juez ordenó al fiscal facilitar a la defensa los nombres de los testigos protegidos.Human Rights Watch no lo consideraron una salvaguardia efectiva.61 Cuando los abogados defensores de los loncos se quejaron a los jueces de que no podrían defender efectivamente a sus clientes si se ocultaban los nombres de testigos clave. Temuco. el tribunal aceptó que el debido proceso era un derecho garantizado por la Constitución y ordenó que se revelaran los nombres de los testigos a los abogados. “Testigos sin rostro y violación al derecho a la defensa”. ya que es probable que los acusados sepan mucho más sobre estos testigos que sus abogados. quedando pendiente el juicio de los otros ocho) acusados de “asociación ilícita terrorista”. La defensa es la única que puede realizar una investigación para impugnar la credibilidad de un testigo de la acusación. Entrevista de Human Rights Watch con el fiscal Francisco Rojas. VOL. 6 de abril de 2003. 5 (B) 38 . Alrededor de 38 testigos comparecerán en el juicio de 16 presuntos miembros de la CAM (ocho están siendo enjuiciados en este momento. así como la cantidad de dinero gastada en ellos. El Mercurio. 13 de agosto de 2004. que comenzó el 4 de octubre de 2004. 127. No. En el nuevo sistema acusatorio los jueces no investigan y dicha función depende exclusivamente de la fiscalia y la defensa. los abogados no pudieron revelar los nombres a sus clientes. “Tribunal oral absolvió a Mapuches: debate genera declaración de los denominados ‘testigos sin rostro. HUMAN RIGHTS WATCH.
65 Los que denuncian o son abordados por la policía o suelen pertenecer a familias con antiguas rencillas con los acusados. que estaban bajo la protección de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos. Entrevista de Human Rights Watch con Esmirna Vidal. NO. un periódico electrónico de Temuco publicó un informe confidencial de la fiscalía regional a la juez de garantía. Aparte de policías y trabajadores forestales. los testigos protegidos suelen ser miembros de las mismas comunidades mapuche que los acusados. los testigos de la fiscalia incluyeron a diez mapuche de las mismas comunidades. “Más de 20 millones se gastó en testigos sin rostros”. les da poder dentro de las comunidades. instala alarmas de emergencia. 63 64 65 66 Trascripción judicial oficial con fecha del 11 de agosto de 2004. y consideran esencial el anonimato para darles confianza frente a las posibles amenazas e intimidación de los activistas mapuche y sus simpatizantes. 39 HUMAN RIGHTS WATCH. El Gong. Un representante de Human Rights Watch estuvo presente en el juicio los días 9 y 11 de agosto de 2004. estas circunstancias ofrecen un caldo de cultivo para acusaciones malintencionadas basadas en el resentimiento. en los archivos de Human Rights Watch. la identidad de estos testigos es frecuentemente conocida por los comuneros. Nancy Germany. en el que se detallaban gastos por un total de más de 20 millones de pesos (más de 30. Fiscal Regional de la Novena Región. además de los recursos que reciben.64 Dentro de las comunidades. 18 de agosto de 2004. 16. Según los abogados defensores.62 En la práctica. por ejemplo. La protección de las autoridades. En el caso Poluco Pidenco. 27 de mayo de 2004. el 17 de agosto de 2004. VOL. una vez conocidos los nombres de los testigos protegidos la defensa comprobó que varios de ellos tenían antecedentes penales por posesión de armas y amenazas.000 dólares) empleados en la protección de diez testigos del caso.simpatizante habían sido acusados de “incendio terrorista” en conexión con un incendio ocurrido en 2001 en la propiedad Poluco Pidenco de la compañía forestal Mininco. Comuneros son los miembros de una comunidad indígena. y pudo cuestionar su credibilidad. la venganza o la avaricia. refuerza sus puertas y ventanas.63 La policía asigna guardaespaldas a estos testigos e instala barreras fuera de sus casas. si es necesario. les suministran teléfonos celulares y. los traslada fuera de su comunidad a viviendas rentadas. Después del anuncio de la sentencia en el caso Polunco Pidenco. Los fiscales les ofrecen protección a cambio de información de primera mano.66 A pesar de que el 62 La Unidad de Atención a Víctimas y Testigos es una unidad del Ministerio Público encargada de proteger a testigos considerados en riesgo de ataque o intimidación. 5 (B) .
El tribunal concluyó unánimemente que las pruebas eran poco convincentes. Código: 00837 R. la Corte Suprema ordenó que se volviera a celebrar el juicio. el tribunal tiene la responsabilidad de demostrar la culpabilidad y para ello tiene que explicar en detalle sus motivos. el principio fundamental en el que se basa el nuevo código de procedimiento penal de Chile. VOL.C.: 21-2004. Juicio Oral en lo Penal de Calama.U. En julio del mismo año. Nadie tiene que demostrar la inocencia. 11 de agosto de 2003. 22 de agosto de 2004. Milton Juica.I. mientras que sí estaba obligada a explicar exactamente sus motivos para aceptar pruebas para una condena. 16. Una sentencia posterior de la Corte Suprema sobre otro recurso de anulación se apoyó en la doctrina de Juica. En abril de 2003 en el “juicio de los loncos”. Delito: Incendio. R. párrafo 18.68 Además. 5 (B) 40 . el 25 de agosto de 2003. el mismo magistrado 67 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol. Uno de los cinco magistrados. Rol Único 0200011127-1. el tribunal absolvió a Pascual Pichún. confirmando la opinión del fiscal y las víctimas de que el veredicto no tenía validez porque el tribunal no había declarado claramente sus motivos para rechazar las pruebas de la acusación. durante un debate que siguió a la presentación de un libro en la Universidad Católica de Temuco. Enrique Cury. es un ejemplo de los temas que a la defensa debería permitirse plantear si existieran juicios justos en tales casos. NO. la Corte Suprema revocó las conclusiones de un tribunal que había fallado por unanimidad después de revisar meticulosamente durante 12 días las pruebas en una sesión abierta. La idea subrayada por Juica proviene de la presunción de inocencia. y no en el principio aplicado por los magistrados en el caso de los loncos. En el fallo en contra de un recurso solicitando la anulación de una condena en un caso de violación.tribunal eventualmente rechaza los cuestionamientos. 67 Intervenciones de la Corte Suprema En dos ocasiones en que los jueces han dictado fallos a favor de acusados mapuche en casos de terrorismo. la misma sala de la Corte Suprema dictaminó en agosto de 2003 que el criterio de las pruebas que deben ofrecerse para descartar evidencias es menos riguroso que el que debe ofrecerse para establecer su validez. Después de las audiencias que duraron unas cuantas horas.: 0100086594-2. la Corte Suprema ha revocado las sentencias con decisiones altamente controversiales. Los magistrados alegaron que el tribunal no le había dado la importancia adecuada a todas las pruebas aportadas por la acusación. la ley no requería que el tribunal especificara en la sentencia las razones para rechazar las pruebas de la acusación. disintió de este fallo. de los cargos de incendio terrorista y amenazas.T. C/ José Benicio Huenchunao Mariñan y Otros. Aniceto Norín y Patricia Troncoso. En su opinión. 68 HUMAN RIGHTS WATCH.
69 Segundo juicio de los lonkos en el Tribunal de Angol. 16. NO. VOL. © 2003 Archivo Periódico Azkintuwe Comentando el nuevo juicio que se celebró debido a la sentencia revocada. el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. vestidos con makun y trarilonko tradicional. 5 (B) .. Agosto 09 de 2003. dejar de expresar su inquietud ante esta singular situación. Martínez asistió al debate. 41 HUMAN RIGHTS WATCH. En la imagen. abogado de la Defensoría Publica de la Araucanía. Rodolfo Stavenhagen. Temuco. en la cual podría vulnerarse el derecho al debido proceso. y se pudiera poner en cuestión la imparcialidad de un órgano tan respetado como es la Corte Suprema de Justicia.70 Entrevista de Human Rights Watch con José Martínez Ríos. que se da en el marco de un conflicto social. párrafo 40. señalo que había cambiado su opinión y que el argumento esgrimido por el Ministro Juica era correcto. Pascual Pinchun y Aniceto Norin.. 70 69 Informe del Relator Especial. declaró que no podía: .ponente de la sentencia que revocó la absolución de los loncos. 5 de octubre de 2004.
net/publicaciones/comunicados/denunciafiscales. “Muchos comuneros no quieren participar de estas cosas. las cuales formaban realmente la base del cargo de terrorismo. En una decisión emitida en enero de 2004. resultando gravemente herido por atacantes desconocidos cuando salía de su casa en la comunidad de San Ramón. después de que dieran negativo en una prueba de nitrato. que la Corte de Apelaciones de Temuco declaró inadmisible. pero la Jueza Germany ordenó su puesta en libertad en septiembre.Otra decisión cuestionable de la Corte Suprema se produjo en la investigación del caso Poluco Podenco. 10 de agosto de 2004. Sin embargo. copia en los archivos de Human Rights Watch Artículo 541 del Código Orgánico de Tribunales. Temuco.72 La fiscalía presentó un recurso de queja contra la jueza.htm (consultado el 22 de julio de 2004). 73 74 75 72 71 Fallo de la Corte Suprema. publicado en el periódico electrónico El Gong el 7 de julio de 2004. corregir por sí las faltas o abusos que cualesquiera jueces o funcionarios del orden judicial cometieren en el desempeño de su ministerio”. 16. fue golpeado y baleado. la Jueza Germany se negó a incorporar a la acusación cuatro páginas que contenían argumentos y pruebas respaldando los cargos de terrorismo. la Sala de lo Penal de la Corte Suprema declaró que. La ley estipula que la acusación sólo puede hacer referencia a los hechos y las personas mencionadas en la audiencia de formalización. 18 de marzo de 2004. aunque la naturaleza de los cargos puede ser diferente (Artículo. Los representantes de la comunidad mapuche de Chekenko emitieron una declaración dos días después del ataque en la que acusaron a Licán de amenazar a miembros de la comunidad con una pistola. Ordenó que se restituyeran los cargos por ley antiterrorista e inhabilitó a la jueza. El fiscal llevó la queja ante la Corte Suprema. HUMAN RIGHTS WATCH.71 La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó su decisión. http://www. la Corte Suprema también decidió que el recurso era inadmisible. “Declaración de Chekenko y San Ramón”. En el caso Poluco Pidenco. 259 (3) del Código de Procedimiento Penal). Respondiendo a una petición de la defensa. Dos comuneros asociados con los acusados en el caso fueron detenidos por intento de asesinato. Luis Licán Montoya.74 Esta decisión consternó a los que ejercían la defensa de los mapuche. 5 (B) 42 . El delito contra Licán todavía no se ha esclarecido. a pesar de ser inadmisible la queja. La Jueza Nancy Germany había rechazado la calificación del ataque incendiario como un delito terrorista presentada por la fiscalía y denegó sus peticiones de protección y anonimato de testigos. Mapuexpress. NO.75 Unos días después. la Jueza Germany efectivamente había excedido en el ejercicio de sus facultades. un testigo. la defensa argumentó que el fiscal había violado esta norma al incluir en la acusación referencias a hechos que no se habían mencionado en la audiencia de formalización. jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Pública.73 La Corte invocó una ley que rige las funciones de los tribunales en el sentido que “la Corte Suprema puede además siempre que lo juzgare conveniente a la buena administración de justicia. VOL. “Envió un mensaje muy duro a los jueces”. en un fallo polémico. argumentando que contenían elementos no presentados en la audiencia de formalización de los cargos. Entrevista de Human Rights Watch con José Martínez. La Jueza Germany ordenó al fiscal que eliminara estas secciones de la acusación.mapuexpress. comentó un funcionario superior de la Defensoría Pública a Human Rights Watch. pero los fiscales los citan a declarar y luego le piden que cooperen con los fiscales para cumplir sus objetivos se les entrega una cantidad de dinero. celulares y se le dice que siempre tendrán protección de todo tipo ante el resto de los comuneros”.
Mario Garrido Montt. según se informó en la prensa. para reclamar respeto a la Jueza Germany. fechada el 18 de marzo de 2004. 77 Espina habría comentado de que “[l]a interpretación que hacen los jueces de garantía vulneran el tenor literal y el espíritu de la ley antiterrorista que nosotros dictamos en el Parlamento”. Es muy probable que la Corte Suprema haya sufrido presiones políticas para intervenir a favor de la acusación en el caso de Poluco Podenco. 5 (B) . no estén sujetos a ningún control judicial efectivo. En abril de 2003. El resultado final de la intervención de la Corte Suprema fue la restitución de los cargos de terrorismo y que. la Corte Suprema alegó que una juez de garantías no tiene facultades para decretar la validez de los cargos presentados por el fiscal. La Jueza Germany no accedió a nuestras solicitudes para una entrevista. donde se entrevistó con la Jueza Germany y la reprendió por el manejo del caso.En su fallo sobre el recurso contra la Jueza Germany.76 La decisión de la Corte despierta la preocupación de que los fiscales que abusen de su autoridad al determinar en qué cargos debe basarse una investigación criminal. NO. lo cual es un asunto a decidir en el juicio. El Gong. Copia en archivos de Human Rights Watch. 16 de abril de 2003. 76 Fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema.79 Asociación ilícita terrorista: ¿non bis in ídem? En octubre de 2004. 16 líderes destacados y simpatizantes de la CAM serán juzgados por “asociación ilícita terrorista”. El Senador Espina se quejó de que los juicios serían inútiles si “los testigos no se atreverían a dar testimonio sin protección. Senador para la Araucanía y un defensor decidido de los juicios por ley antiterrorista.000 dólares). El caso plantea otra cuestión relacionada con el debido proceso: el derecho a no ser juzgado más de una vez por el mismo delito. El tribunal los condenó a diez años y un día de prisión y les ordenó pagar una indemnización a las víctimas de 425 millones de pesos (unos 679. VOL. el 22 de octubre de 2003. 78 79 Varias fuentes que pidieron no ser identificados informaron a Human Rights Watch de este incidente. un miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema. también conocido como non bis in ídem. en septiembre de 2003. disponible online http://www. Alberto Espina. aprovechó una visita administrativa de rutina a Temuco para desplazarse especialmente al pueblo de Collipulli. el 17 de agosto de 2004. los cinco acusados fueran hallados culpables. criticó duramente la decisión de la Jueza Germany de negar la protección y el anonimato de los testigos.cl/one_news. 43 HUMAN RIGHTS WATCH. “Califican de ‘mano blanda’ a cuestionada jueza de Collipulli. el Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena se reunió con el entonces Presidente de la Corte Suprema.” La Segunda. En los meses anteriores a la queja contra la jueza en la prensa se difundieron opiniones críticas de su conducta expresadas por personas de gran influencia. para 6. Nibaldo Segura.78 Se comenta en los círculos judiciales de Temuco que.diarioelgong. 16.asp?IDNews¨=10921 (consultado el 24 de junio de 2004).”77 El 21 octubre de 2003.
Los 16 fueron arrestados en un allanamiento coordinado de la policía en diciembre de 2002. atentando. 2002. el fiscal alegó que el grupo se reunía regularmente en la casa de Temuco de dos de los acusados. y provocadores del conjunto de actividades ilícitas que desarrolla la asociación”. Están acusados de “asociación ilícita terrorista”—es decir. camiones de transporte de madera. 5 (B) 44 . registros e inspección de discos duros de computadoras. casas patronales de predios particulares. En el ámbito rural las actividades de esta agrupación se han dirigido a provocar daños calificados. integridad física y psíquica de los propietarios. 6 de diciembre. robos. 16. maquinaria pesada. las familias de éstos e incluso de aquellos comuneros que no adhieren a sus planteamientos. La admisión en el proceso por asociación ilícita de pruebas relacionadas con incidentes sobre los que otros tribunales han dictado previamente sentencia. plantea otra cuestión con respecto al debido proceso. Traiguén y Nueva Imperial. empleando armas de fuego y contundentes. con ataque a personal uniformado. Ruc N° 0200142499-0. Collipulli. voceros. puentes y otros. Rit N° 5694-2002. hurtos. intervención de teléfonos. incendios forestales en predios pertenecientes a empresas del rubro y a particulares. VOL. después de una investigación de ocho meses de la fiscalía regional de Temuco. entre ellos el caso de los loncos y Poluco Pidenco. El fiscal resumió estas acciones criminales como sigue: En el ámbito urbano las actividades de esta agrupación se traducen en la organización para cometer una serie de desórdenes públicos. contra la vida. José Llanquileo y Angélica Ñancupil. HUMAN RIGHTS WATCH. llegando a afectar incluso la integridad física y psíquica de particulares. que se inició el 8 de octubre de 2004 en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco. NO. incluso. podría violar el principio de non bis in ídem. la destrucción por incendio de más de 600 hectáreas de pino y eucalipto. incendiándose además plantaciones y sementeras de trigo y otros cereales. En la audiencia de formalización el 6 de diciembre de 2002. que han significado.80 El juicio. Ercilla. sus trabajadores. a los que describió como “[l]íderes. que incluyó vigilancia encubierta. si se emplean para condenar a los 80 Audiencia de Formalización. de participar en una asociación criminal dedicada a la planificación y ejecución de actos terroristas en diferentes partes de la Araucanía durante un período de varios años. con daños a la propiedad pública y privada. sólo en el último año. Pasó a enumerar una lista de incidentes de los que era responsable el grupo en las comunas de Temuco.
daños. y haya resultado condenada o absuelta. Chile ratificó el Pacto en 1976 y la Convención Americana en 1990. Centro por la Justicia y el derecho Internacional y la Clinica de Derechos Humanos Allard K. delito por lo cual el fiscal ha solicitado una condena de 15 años de cárcel. violando una vez más el principio de non bis in ídem. Traducido por Human Rights Watch. El artículo 8 (4) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos declara que “[e]l inculpado absuelto por una sentencia en firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”. El enjuiciamiento por delitos sobre los cuales otros tribunales ya se han pronunciado podría perjudicar a los que ya han sido juzgados por esos mismos hechos. A pesar de que el tribunal lo consideró un delito ordinario y halló inocente a Huaiquín. 5 (B) . no como actos de terrorismo. tala ilegal de árboles e incendio”) ahora esos mismos hechos forman parte de la actual acusación en su contra por asociación ilícita terrorista. de la comunidad Agustín Chiguaicura. VOL. 16. Santafe de Bogotá. no será juzgada otra vez”. Los tribunales tienen que respetar este principio fundamental del debido proceso. Un buen ejemplo es el caso de Jorge Huaiquín. los delitos por los cuales se le formalizó la acusación (“usurpación violenta. aparte de los dos casos mencionados. Colombia. en ausencia de otras pruebas que los impliquen con la presunta asociación ilícita. o si no 81 "Excepciones a la aplicación del prinicpio de non bis in idem desde una perspectiva de Derecho Intercaional".que ya han sido juzgados por estos delitos. Asimismo. El artículo 14: 7 declara: Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia en firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. 81 Este principio es una de las garantías procesales fundamentales contempladas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. absuelto en enero de 2004 de los cargos de “desorden público” cometidos presuntamente durante la ocupación de un fundo particular colindante (véase anteriormente. otros delitos enumerados en la acusación han sido juzgados previamente de acuerdo con el Código Penal. es decir. robo con fuerza. que cuando una parte acusada haya sido juzgada una vez por un tribunal de máxima instancia. comuna Nueva Imperial. p. 20). documento que fue publicado en la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. 45 HUMAN RIGHTS WATCH. Lowenstein de la Facultad de Derecho de la Universdidad de Yale. Septiembre 27 de 2002. “La frase non bis in ídem significa que nadie será juzgado dos veces por el mismo delito. NO.
Temuco. En una conversación con el periódico El Mercurio tras las condenas en el caso Poluco Pidenco. Jorge Correa Sútil. Subsecretario del Interior. las pruebas contra la CAM incluyen testimonios como el siguiente: La marcada presencia de esta asociación se ha hecho posible a través de la comisión de los ilícitos antes descritos y el empleo de modernos y 82 83 Entrevista de Human Rights Watch con Francisco Rojas. 16. es una orgánica que presenta una estructura jerárquica funcional… De hecho. HUMAN RIGHTS WATCH. Además de un diagrama de la organización. 5 (B) 46 . 13 de agosto de 2004. y no perseguir a organizaciones políticas que defienden objetivos legítimos dentro de la ley. y no solamente algunas de las personas que integran su liderazgo. aseguró a Human Rights Watch un representante de la Fiscalía Regional de Temuco. “Gobierno avala condena a mapuches”. NO.el Estado chileno estará violando sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 22 de agosto de 2004. muchas de las investigaciones se han propuesto demostrar que la CAM es una organización formada con el propósito de cometer delitos. sino que inculpamos a aquellos individuos que atribuyéndose el nombre de la Coordinadora cometen delitos”.82 Según la formalización: En el transcurso de la investigación el ministerio público ha podido determinar que ha actuado bajo el amparo de la denominada Coordinadora de Comunidades en conflicto “Arauco Malleco”. Fiscalía Regional. VOL. Las declaraciones del gobierno también indican que su objetivo principal es la CAM. ¿Persecución del delito o persecución política? Los funcionarios del Ministerio Público responsables del caso de asociación ilícita terrorista insisten en que su intención es encontrar y enjuiciar a los responsables de delitos violentos cometidos en el contexto de las protestas de tierras. El Mercurio. obtenido por la policía en la computadora de uno de los acusados. afirmó que la desarticulación de la Coordinadora era el resultado de una operación exitosa y sistemática del servicio de inteligencia de la policía denominada “Operación Paciencia”. “No perseguimos a la Coordinadora.83 Los términos en los que se hace referencia a la CAM en el auto de procesamiento dejan poco lugar a dudas de que esta organización ha estado en la mira del gobierno.
Las comunidades “intervenidas” por la asociación son simplemente las comunidades de procedencia de los miembros de la CAM. precisando incluso el perfil de las víctimas y el estado de los procesos judiciales que se han originado por los actos ilícitos.costosos medios de difusión. sino con su posición dentro de la organización. el predio sobre el cual recaen los ilícitos. aceptó un recurso presentado por la defensa. Los fiscales alegaron. de manera equivocada. 16. 47 HUMAN RIGHTS WATCH. casi siempre en defensa de las demandas territoriales mapuche. NO. y que era por lo tanto totalmente distinto de la investigación anterior. y que el juicio debía ser conocido por el tribunal local de Cañete que había iniciado la investigación. En la primera se explicita cada una de las comunidades intervenidas por la asociación (sic). y cinco años para los miembros de menor rango. en la región de Bío Bío. la Corte de Apelaciones de Temuco aceptó por unanimidad esta posición sorprendente y ordenó a la Jueza Uribe que reanudara el caso. Este tribunal había empezado a investigar a la CAM por el mismo delito de asociación ilícita en 1999. 5 (B) . que el actual proceso no juzgaba a la CAM como tal. Dicho debate es claramente legal y debe estar salvaguardado en una sociedad democrática. En abril. La defensa alegó que el delito de asociación ilícita debía datar del año de formación de la CAM (1998). El 30 de marzo. por otro lado. con fecha de 6 de diciembre de 2002. El uso de la palabra “intervenidas” implica. a pesar del argumento de la fiscalia. su propietario y cabida y lo más importante sus pretensiones reivindicatorias. El fiscal y el gobierno han solicitado una condena de 15 años de prisión para los acusados de liderar el grupo. que los acusados son ajenos a las comunidades. De nuevo. y se declaró incompetente para seguir instruyendo el caso. Muchas organizaciones mapuche tienen páginas Web que informan en detalle sobre conflictos de tierras. sino una conspiración de un grupo de personas dentro de ella. Rit n° 5694-2002.84 El lenguaje empleado en este extracto de la formalización de cargos es tendencioso. No obstante. la dureza de los cargos no está relacionada con la gravedad de los actos individuales de los que se les acusa. la jueza de garantías de Temuco. como se ha señalado. la mayoría de las pruebas 84 Audiencia de Formalización de la Investigación. Ruc n° 0200142499-0. También implica una intención criminal. como el debate promovido en su sitio Web. antes de la entrada en vigor del nuevo Código de Procedimiento Penal. mientras que muchos de ellos son líderes o voceros comunitarios tradicionales. Isabel Uribe. que el fiscal también detecta en otras actividades de la CAM. VOL. en el que alegaba que el caso debía ser transferido a un tribunal en Cañete. Entre ellos la página Web oficial de la CAM y una edición impresa de la misma.
16. pero incumplió las medidas cautelares que pesaban sobre ella y se enfrenta ahora a una orden nacional e internacional de detención por terrorismo. NO. El Mercurio. en lugar de disuadir. Se ha presentado a las elecciones para el consejo municipal de Ercilla por el Partido Comunista. tiempo durante el cual sufrió episodios de depresión clínica. 24 de agosto de 2004. Sus comunidades siguen siendo allanadas por la policía. Universidad de la Frontera. HUMAN RIGHTS WATCH. Instituto de Estudios Indígenas. pero lo haré cuando el Estado me dé las garantías de un justo proceso. 85 La satisfacción del gobierno por el alivio de las tensiones en el sur a consecuencia de la persecución de la CAM puede ser prematura. Dijo a un reportero de El Mercurio: “Me voy a presentar a la justicia.86 A pesar de la iniciación del nuevo sistema de justicia penal y sus beneficios incuestionables para los derechos de los acusados. 85 Programa de Derechos Indígenas. la actividad política clandestina.php?name=News&file=article&sid=81 (consultado el 24 de agosto de 2004). VOL. que insulta y maltrata a los habitantes (véanse los casos descritos en el siguiente capítulo). 86 87 Mireya Figueroa. Al perseguir de esta manera a grupos políticos. En la entrevista. Las Nuevas Contradicciones de la Justicia. y así es como los funcionarios del gobierno lo han presentado al público. 87 Por lo menos ocho mapuche se encuentran actualmente fugitivos de la justicia porque están seguros de que no van a recibir un juicio justo. “La Coordinadora está casi desarticulada”. 23 de agosto de 2004. Figueroa negó tener conexión alguna con la CAM.presentadas en el juicio están directamente relacionadas con la organización CAM. No quiero evadirla. se fomenta. disponible online at: http://www. pasó más de un año detenida por terrorismo en relación con los casos Poduco Pilenco y de Asociación Ilícita. el uso sistemático de testigos protegidos contribuye a la polarización de las comunidades. los cargos por terrorismo hacen que muchos mapuche desconfíen y teman al sistema de justicia más que antes. de 42 años. 5 (B) 48 .derechosindigenas. en lugar de subsanar las divisiones dentro de ellas. Además. Cuando no hayan testigos sin rostros ni pagados”.cl/modules. Fue finalmente puesta en libertad. El Mercurio.
La dirigente mapuche. 49 HUMAN RIGHTS WATCH. La Corte absolvió a Herdener de todos los cargos. los tribunales han sido indulgentes con los responsables de dichos ataques. el abogado de Herdener habló de la consabida peligrosidad de los mapuche para respaldar el argumento de su cliente de que había actuado en defensa propia. adorno tradicional de plata usado por las líderes mapuche. en septiembre de 2000. Marzo 08 de 2003. 229. Un buen ejemplo de ello es la absolución de Alejandro Herdener. la imparcialidad en la aplicación de la ley tiene que hacerse realidad. Ella tiene en la cabeza un trapelacucha. acusado de disparar contra un mapuche. 16. © 2003 Archivo Periódico Azkintuwe Para que se supere esta sospecha en el sistema de justicia. En un juicio ante la Corte de Apelaciones de Temuco. VOL. 5 (B) . pero sobrevivió al ataque. Cheuquelén recibió tres impactos de bala y resultó gravemente herido. Sin embargo. Mireya Figueroa es llevada bajo custodia policial a la Corte de Apelaciones de Temuco. lo que indicaba que no había disparado ningún tiro de advertencia. p. por ejemplo procurando el enjuiciamiento imparcial de los responsables de ataques físicos contra los mapuche. las pruebas forenses demostraron que la pistola de Herdener había sido disparada tres veces.88 88 Los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lamentablemente. NO. Luis Cheuquelén. Herdener argumentó que había disparado en defensa propia después que un grupo de mapuche que estaba intentando atacarlo ignorara un disparo de advertencia al aire.
Los casos de tortura contra mapuche bajo custodia policial después de su detención han disminuido significativamente desde la entrada en vigor del nuevo Código de Procedimiento Penal en la Araucanía. el Programa de Derechos Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera continúa recibiendo informes ocasionales de palizas a detenidos en el momento del arresto o poco después del mismo. las fuerzas de orden público tienen que asegurarse de que la fuerza sólo se usa cuando lo justifique la situación y de manera estrictamente proporcional al riesgo físico que corren. VOL. Desde que el gobierno empezó su campaña contra grupos radicales mapuche a finales de 2001. continúan maltratando físicamente e insultando a los residentes. NO. refuerzas los malos sentimientos y fomentan las reacciones violentas de los afectados. El desequilibrio existente entre el enjuiciamiento de los mapuche que quebrantan las leyes. la mayoría de las denuncias no se resuelven y no se sanciona finalmente a los responsables de los abusos. HUMAN RIGHTS WATCH. Recientes testimonios de testigos oculares indican que cuando numerosos efectivos de Carabineros allanan las comunidades mapuche para realizar detenciones. Sin embargo. todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza o maltrato físico por parte de Carabineros son investigadas por fiscales militares y juzgadas en procesos escritos generalmente secretos ante tribunales militares. niños y ancianos.V. Los agentes de policía que tratan a los mapuche con falta de respeto o utilizan insultos o calificativos racistas no sólo cometen un delito sancionable por la ley. De hecho. 5 (B) 50 . y la impunidad de que gozan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. a pesar de que los malos tratos no llegan a constituir tortura. la disminución parece deberse a un cambio en la intensidad del conflicto de tierras. MALTRATO Y BRUTALIDAD POLICIAL Siempre que se enfrenten a protestas mapuche. De acuerdo con la legislación chilena. ha disminuido el número de denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros en respuesta a las ocupaciones de tierras y otras formas de protesta mapuche. más que en una reforma clara de los procedimientos operativos y la conducta de la policía. que los maltratan. No obstante. también exacerban las tensiones existentes. es una muestra reveladora del trato desigual que el sistema judicial dispensa a los mapuche. Estos tribunales no ofrecen a las víctimas de abusos policiales las garantías para una investigación justa e imparcial. 16. incluyendo a mujeres.
Programa de Derechos Indígenas. “Me llevaron presa. Mirando desde su puerta. José Osvaldo Cariqueo Saravia. Cada vez los encuentran durmiendo cuando llegan. (inédito). El Mercurio. se encuentra actualmente con orden de detención. me pasaron arrastrando por un montón de piedras. ¿Carabineros tendrán derecho a pegarle a una mujer vieja?”90 Las mujeres. dijo al Programa de Derechos Indígenas en 2003 que la policía había allanado la comunidad cinco veces en busca de sus hijos. una machi de su comunidad. acusado de asociación terrorista e incendio terrorista en el caso del fundo Poluco Pidenco. Su madre dijo a Human Rights Watch: “Tiene malos recuerdos. Comuna de Ercilla. Agosto de 2003. los pinos cubren los montes hasta llegar al horizonte. Tenemos apoyo de Orígenes y del Banco Internacional de Desarrollo. se ha quedado con su hijo de 15 años. han empezado a cumplir una condena de diez años de prisión dictada el 21 de agosto de 2004. Juan y Patricio Marileo Saravia. VOL. José Osvaldo Cariqueo no compareció en el juicio y se dictó una orden nacional e internacional para su detención. Allanamientos policiales en la comunidad José Guiñón. “Eran más de 200 Carabineros”. Sus dos hermanos.Malos tratos durante allanamientos policiales La cabaña de madera de Adriana Loncomilla en la comunidad José Guiñón se encuentra al lado de la vasta plantación de árboles de Poluco Pidenco. Lo sacaron afuera y le torcieron el brazo. Tras la huida de su esposo y el encarcelamiento de sus cuñados. ¿Estaría un terrorista durmiendo en su casa?”. 91 Entrevista de Human Rights Watch con Adriana Loncomilla. Instituto de Estudios Indígenas. por el ataque incendiario. una mujer de voz suave con un delantal de flores. El esposo de Adriana. los niños y los ancianos se llevan la peor parte de las incursiones de la policía. “Esta tierra nos la compró CONADI de la empresa forestal Cautín. 16. 51 HUMAN RIGHTS WATCH. recordó. “No tenemos conflicto con [la empresa forestal] Mininco”. 5 (B) . La última vez que llegaron Carabineros el 21 de julio. y tres hijos menores. Hasta ayudamos [al Senador] Espina en su campaña electoral”. 89 Lorenza Saravia. Jorge trató de defenderme. Jorge. Adriana. Jorge está siendo tratado por un psicólogo. me tiraron al furgón como a un saco de papas y me pegaron como dos palmetazos en la cara. Ercilla. sector San Ramón. 91 89 90 “Juicio por Incendio Terrorista: Caza de Mapuches rebeldes”. un lonco de la comunidad. Comunidad José Guiñón. prosiguió diciendo Adriana. Universidad de la Frontera. NO. 30 de julio de 2004. de 86 años y madre de los tres hermanos. 11 de agosto de 2004.
NO. Enero de 2000. la policía llegó a José Guiñón alrededor de las cinco de la tarde para investigar una denuncia presentada por Queipul contra Adriana y su familia. VOL. que acompañaba a su madre. golpeando accidentalmente a Jorge. tres o cuatro HUMAN RIGHTS WATCH. La casa de Queipul está protegida por una valla metálica y puede verse desde el camino que lleva a casa de Adriana.Una mujer es arrastrada por Carabineros durante un operativo de la policía en la comunidad de Juan Currin. uno de los testigos contra su marido y sus cuñados que está recibiendo protección policial. 16. Según la declaración de Adriana. Sentí un disparo y pensé que eran cazadores. se dirigió donde estaba el funcionario del ministerio público para preguntarle qué estaba pasando. 5 (B) 52 . el fiscal se subió abruptamente a su vehículo y se fue del lugar. © 2003 Archivo Periódico Azkintuwe A menos de 100 metros de distancia vive Juan Ignacio Queipul. Las relaciones con la familia de Adriana no son buenas. A mi me baleó la casa. acusándoles de haber destruido una valla de su propiedad. al no poder encontrar a sus dos cuñados Juan y Patricio Marileo Saravia. Según la declaración firmada por Adriana. Se puso la denuncia. Pensando aparentemente que Jorge había intentado atacar el vehículo del fiscal. Encontraron las municiones pero no ha pasado nada”. el 7 de julio de 2004. Explicó: “Cuando nosotros empezamos a dialogar con Cautín y CONADI. ellos se picaron. y temiendo que los hubieran arrestado (de hecho así era). en Temuco. En respuesta. querían entrar en el negocio pero nosotros no queríamos.
lonco de la comunidad de Temulemu. lo patearon. Según la descripción de Adriana: Cuando vinieron a allanar. Adriana empezó a gritar con desesperación. cuando gritó a la policía que Jorge no pretendía hacer daño y que lo dejaran en paz. declarando que su arresto había sido ilegal. Los allanamientos policiales han sido frecuentes en otras comunidades afectados por conflictos de tierras. lo que provocó que dos policías le propinaran puñetazos y patadas. José fue detenido durante una semana y un fiscal militar lo acusó de maltrato de obra. recibió el impacto de un balín disparado por un carabinero durante un anterior allanamiento policial. NO. un tribunal de Collipulli ordenó poner en libertad inmediata a los cuñados de Adriana. Los Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile. p. el 15 de agosto de 2003. y como vio hartos Carabineros. Universidad de la Frontera. y se reían.92 Testigo de esta violencia no provocada. Comuna de Ercilla.93 Mientras tanto. 93 94 53 HUMAN RIGHTS WATCH.94 Luis Licán murió meses después del allanamiento. Luis Licán. cerca 92 En lo principal interpone denuncia por violencia innecesaria. apuntándole con sus armas. No existen pruebas claras que conecten su muerte con este maltrato durante el allanamiento. (…) Después que lo botaron a balinazos. Allanamientos policiales en la comunidad José Guiñón. él iba pasando a su casa. En Programa de Derechos Indígenas. Juan y Patricio Marileo Saravia. Atemorizado por la presencia de un gran contingente de policía en la comunidad. lo pisaron y le seguían pegando. le dio susto y salió arrancando. Después iba como un pollo herido. Jorge y José Necúl fueron puestos a disposición de la policía en Angol. Está casada con Pascual Pichún. Agosto de 2003. le dejaron el cuerpo lleno de balines. el sobrino de Adriana. sector San Ramón.agentes se abalanzaron sobre él y lo inmovilizaron en el suelo. La policía atacó también a José Necul Cariqueo. y los Carabineros a punta de balinazos lo botaron. Programa de Derechos Indígenas. güevón”. 5 (B) . aunque la comunidad está convencida de la relación. copia en los archivos de Human Rights Watch. con la sangre chorreando cuando se lo llevaron a Collipulli. Instituto de Estudios Indígenas. Flora Collonao ha experimentado al menos siete allanamientos como éste. 27 de julio de 2004. Fiscal Letrado del Ejército y Carabineros. 16. un anciano miembro de la comunidad de José Guiñón. VOL. según su declaración. Licán recibió el disparo cuando salió corriendo. (inédito). le decían los Carabineros: “arráncate ahora puh.256.
96 95 Los allanamientos del domicilio de la familia Pichun de Temulemu y el ‘encauzamiento’ del denominado conflicto mapuche.info. 96 Desde 2002. NO. “Loncos eluden cerco de la policía”. Y adonde se ha visto eso. También se ha venido informado durante todo el conflicto de tierras del uso excesivo de la fuerza durante operaciones policiales para desalojar a mapuche que ocupan tierras en disputa. Programa de Derechos Indígenas. http://mapuche. me tiraron como animal arriba de la camioneta. obtuvieron la libertad condicional.html (consultado el 29 de agosto de 2004). 5 (B) 54 . sector de Chekenko.95 En marzo de 2004. condenados en enero de 2003 a cinco años de prisión por incendiar un camión de la hacienda de Figueroa. le hablé: "¿Que es lo que pasaba?". HUMAN RIGHTS WATCH. Uno de dichos incidentes se saldó con la primera muerte provocada por la actuación policial durante los conflictos en la Araucanía (el caso de Alex Lemún.de Traiguén. “Andamos buscando a tus hijos”. 17 de marzo de 2004.000 dólares). Centro de Documentación Mapuche. el jueves 11 de marzo en la mañana. en particular el empleo de escopetas en circunstancias que no lo justifican. ellos supuestamente son personas educadas. Cuando llegó investigaciones me esposaron. Desde entonces. Iván Fredes. pero de la manera que nos tratan pareciera que no. y Aylla Varela. pero el tribunal de Traiguén ordenó la suspensión de su condicionalidad y su reingreso a prisión porque los hermanos no habían podido pagar a Figueroa una compensación de seis millones de pesos (casi 10. Flora Collonao describió uno de estos allanamientos: Hicieron de nuevo un allanamiento. Universidad de la Frontera.com/mapu/afppm040429. la casa familiar de los Pichún-Collonao había recibido siete visitas de la policía que operaba en grandes grupos con apoyo aéreo de helicópteros y vigilando permanentemente las carreteras de acceso a la comunidad. Ercilla. Rafael y Pascual. 14 de enero de 2004. que se discute a continuación). La policía llega diciendo: “Levántese mierdas de la cama". Sus dos hijos. los Carabineros están intentando detenerlos. Me levanté. Me quebraron el vidrio. se han denunciado otros incidentes relacionados con el maltrato y el abuso verbal por parte de Carabineros durante operaciones de detención de mapuche en las comunidades de José Millacheo Levio. Instituto de Estudios Indígenas. El Mercurio. Temuco. me desarmaron la puerta. 16. VOL. me dijo.scorpionshops. No alcancé a abrir la puerta. que ahora cumple una condena de cinco años por “amenazas terroristas” contra Juan Agustín Figueroa. sector de Caillín. “Gobierno chileno ordena encarcelar a personas por deudas”. y ellos a puras patadas me abrieron la puerta.
Los Carabineros han sido conscientes de estos problemas durante varios años, aunque se han manifestado muy poco públicamente sobre las medidas que pudieran haberse adoptado para prevenirlos. En un artículo revelador publicado en el periódico La Tercera se citan extractos de una carta enviada el 12 de junio de 1999, por el jefe de la Novena Zona de Carabineros, General Mauricio Catalán, a la Prefectura de Cautín. La carta, basada parcialmente en imágenes de video de la policía y la prensa, señalaba: Trato grosero, ofensivo, vejatorio y altanero, tanto de los señores jefes, oficiales y personal, hacia los subvertores (sic) del orden, especialmente de la etnia mapuche. Se puede apreciar con absoluta claridad que el personal de Carabineros llega al lugar de los hechos con un ánimo confrontacional predispuesto e incluso en más de algún procedimiento ha sido la actuación policial desmedida y prepotente la que ha provocado la reacción de los mapuche, situación que es inaceptable en nuestra institución. Junto con las críticas al escaso control ejercido por los oficiales superiores sobre sus hombres en estas operaciones, la carta señala que el uso de escopetas antimotines es con frecuencia indiscriminado y que los agentes ignoran el concepto de la defensa legítima, “[t]oda vez que se sigue disparando cuando ya los subvertores se han dado a la fuga”. 97 Los recientes incidentes sugieren que los Carabineros siguen comportándose de la manera criticada por el General Catalán. En julio de 2004, los agentes que investigaban las denuncias de que mapuche habían provocado un incendio en la casa del hermano de un destacado propietario de tierras, Jorge Luchsinger, allanaron las casas de dos familias mapuche en Truf Truf, cerca de Temuco. Sólo estaban presentes mujeres, niños y ancianos en el momento de los allanamientos. El 25 de julio de 2004, un contingente de unos 50 policías que se desplazaron en un autobús y medios de transporte para personal armado llegaron a la casa de Irma Lleuvul Cherquián, en Itinento, distrito de Padre de las Casas, cuando se encontraba sola con sus cuatro hijos. La policía, armada con subametralladoras y acompañada por un fiscal—al parecer en busca de un sospechoso— desordenó toda la casa, rompiendo muebles y material escolar de los niños. No dieron ninguna explicación por su acción, ni mostraron una orden de registro. Durante el allanamiento desaparecieron dos anillos de oro que le habían dejado a Irma Lleuvul sus abuelos y 40.000 pesos (unos 60 dólares) guardados en un sobre. Ese mismo día, unos 30 policías allanaron la casa de Rosa Quidel Chicahual, de 70 años, y Alberto Catrilaf Parra, de 65 años, que estaban con sus tres hijos menores. Los policías amenazaron a la
Fredy Palomera / Temuco y Pedro Lezaeta, “Documento revela mea culpa de Carabineros en maltrato a mapuches”, La Tercera, 24 de noviembre de 2000.
HUMAN RIGHTS WATCH, VOL. 16, NO. 5 (B)
pareja con sus armas, los empujaron y los acorralaron con sus escudos mientras registraban la casa. Esta vez tampoco mostraron ninguna orden de detención o registro.98
Maltrato después de la detención Como se mencionó anteriormente, las denuncias de tortura a detenidos han disminuido en forma significativa desde el nuevo Código de Procedimiento Penal, pero se continúan recibiendo ocasionalmente informes del maltrato a detenidos mapuche durante o poco después de la detención.99
Varias disposiciones del Código protegen los derechos de detenidos y acusados. En primer lugar un juez de garantías tiene que revisar todas las detenciones antes de transcurridas 24 horas en una audiencia pública con presencia del acusado, su abogado y el fiscal. El Código también prohíbe el uso de cualquier método de interrogatorio que “menoscabe o coarte la libertad del imputado para declarar”. Prohíbe explícitamente “todo método que afecte la memoria o la capacidad de comprensión y de dirección de los actos del imputado, en especial cualquier forma de maltrato, amenaza, violencia corporal o psíquica, tortura, engaño, o la administración de psicofármacos y la hipnosis”.100 El juez de garantías puede tomar medidas para garantizar la protección del acusado en cualquier etapa del proceso y, si estas medidas son insuficientes para corregir el problema, puede ordenar la suspensión del proceso. Las confesiones extrajudiciales no ayudan a la acusación o la policía, ya que el nuevoCcódigo de Procedimiento Penal las descarta si no son ratificadas por el acusado durante el juicio. Los acusados pueden adherirse a su derecho a no hablar, como han hecho muchos acusados mapuche en la práctica. Como protección final y como último recurso, la Corte Suprema puede anular juicios que hayan incumplido de manera significativa los derechos de los acusados garantizados por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile.
“La represión continúa en Xuf Xuf”, El Gong, 9 de agosto de 2004. http://www.diarioelgong.cl/news/one_news.asp?IDNews=24232 (consultado el 22 de septiembre de 2004); Declaración Pública Ayjarrewe de Xuf Xuf, julio de 2004, www.derechosindigenas.cl (consultado el 22 de septiembre de 2004).
Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, 2004 (Santiago: Facultad de Derecho Universidad Diego Portales, May 2004), pp.159-160; Programa de Derechos Indígenas, Los Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile, pp. 251-252. Artículo 195 del Código de Procedimiento Penal.
Sin embargo, estos controles parecen ser menos efectivos para prevenir el maltrato en el momento de la detención o poco después de ella, especialmente si el detenido sale en libertad antes de transcurridas 24 horas. Según un estudio, la mayoría de las denuncias de malos tratos policiales presentadas en 2002 estaban relacionadas con incidentes que habían tenido lugar durante este período limitado, como cuando los detenidos están siendo trasladados en vehículos policiales a una comisaría.101
Los obstáculos presentados por los tribunales militares a los mapuche que buscan resarcimiento por los abusos policiales El contraste entre los procedimientos que se están aplicando ahora en los tribunales penales ordinarios y el sistema anacrónico de la justicia militar es muy marcado en la Araucanía, donde coexisten muy de cerca. Partiendo de la experiencia de los abogados que se han especializado en el litigio de casos de mapuche en tribunales militares, el Programa de Derechos Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera ha descrito los obstáculos que plantea el sistema de justicia militar:
Se trata de procesos muy largos, burocráticos, donde prácticamente no existe derecho a la defensa. Ello, porque el período de investigación es secreto y no existen instancias frente a las cuales hacer valer argumentos y evidencias, sino cuando ya se encuentra formada la convicción del juez… En la mayoría de los casos que involucran a mapuche, los Carabineros desarrollan una investigación interna que es considerada como parte del sumario y constituye un antecedente fundamental para el
Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, 2003 (Santiago: Facultad de Derecho Universidad Diego Portales, enero de 2003), pp. 116-119.
p. sigue sin existir un proyecto de ley integral en el Congreso que limite la competencia de los tribunales militares.Fiscal y para el Juez. También propone incluir en la jurisdicción civil el delito de “maltrato de obra” (art. 1998). Universidad Diego Portales. cuando sea cometido por un civil. casi el 70 por ciento de los casos juzgados por los tribunales militares estuvieron relacionados con civiles. Competencia y Organización (Santiago: Escuela de Derecho. y algunos 102 103 Los Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile. cercana a Ercilla y propiedad de la compañía forestal Mininco.102 Han pasado 15 años desde que el Presidente de la Corte Suprema. Cuadernos de Análisis Jurídico. lo que implica que tenía que ser debatido en el plazo de una semana. Estos siguen tipificados como delitos militares si son cometidos por miembros de las fuerzas armadas en servicio activo. en el momento de escribir este informe no se había aprobado todavía el proyecto de ley. 103 Cuando en 1998 el Congreso aprobó una ley para tipificar la tortura como un delito específico dentro del código penal. 40. se enfrentaron a ellos y los insultaron. Esta investigación es realizada por el superior del (los) funcionario(s) involucrado(s). VOL. ya sea como acusados o víctimas. 16. Durante el período de 1990 a 1996. 73-78. Regimen Disciplinario. o en instalaciones militares o policiales. Universidad Diego Portales. Hasta hace muy poco. Jaime Couso Salas. puesto que la condena eventual de uno o varios Carabineros por denuncias de torturas o malos tratos puede provocar un daño a la imagen institucional. perdió la oportunidad de trasladar la competencia sobre los delitos de tortura y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía a los tribunales penales ordinarios. El proyecto de ley incluye una propuesta para trasladar a la jurisdicción civil el de sedición. criticó la falta de independencia de los jueces militares. 416 del Código de Justicia Militar). el Mayor Marco Aurelio Treuer y otros dos Carabineros entraron en el fundo Santa Alicia. la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para eliminar el delito de “desacato” de la legislación chilena. pero los mapuche detectaron al grupo. en Hacía una Reforma de la Justicia Militar: Delito Militar. Jorge Mera (ed). Octubre de 2002). que había sido ocupada por un grupo de familias mapuche. en un discurso de apertura del año judicial al final de régimen militar. En diciembre de 2003. tales como las enmiendas para sacar de la jurisdicción militar el delito de maltrato de obra contra Carabineros. lo que afecta nuevamente la posibilidad de esclarecimiento de los hechos investigados. (Santiago: Escuela de Derecho. 244-245. Cuadernos de Análisis Jurídico No. En julio. Justicia Militar y Estado de Derecho. 104 HUMAN RIGHTS WATCH. no se habían propuesto siquiera reformas parciales. p.104 Alex Lemún Saavedra Un claro ejemplo de las deficiencias del sistema de justicia militar es que no enjuiciara al oficial de Carabineros presuntamente responsable del asesinato con arma de fuego del joven de 17 años Alex Lemún Saavedra. Luis Maldonado. Treuer fue enviado a observar la situación en el fundo. Sin embargo. “Competencia de la Justicia Militar: una Perspectiva Política Criminal. 5 (B) 58 . El 7 de noviembre de 2002. Sin embargo. NO. el gobierno dio “extrema urgencia” al proyecto de ley. a pesar de una serie de estudios académicos.
no existía un peligro real e inminente para su integridad y la de sus subordinados que justificara efectuar disparos con la escopeta de la forma que se hizo. Angol. NO.lanzaron aparentemente piedras con boleadoras. 105 Treuer y su escuadrón usaron gases lacrimógenos y dispararon numerosas balas de goma para repeler el ataque. A parte de la policía. y había decidido utilizar munición real para protegerles. 59 HUMAN RIGHTS WATCH. El padre de Alex. La corte estaba aparentemente satisfecha con la versión ofrecida por Treuer en su defensa de que había oído un disparo y una bala había pasado cerca de él y sus hombres. Treuer apeló a la Corte Marcial. Human Rights Watch ha sabido que Treuer ha sido trasladado fuera de la región de la Araucanía a la ciudad de Rancagua. tras una detallada investigación interna por parte del Cuerpo de Carabineros e Investigaciones. VOL. que decidió que se retiraran los cargos. El 29 de agosto de 2003. pero sigue de servicio en Carabineros. No se encontraron pruebas materiales que demostraran que los mapuche habían disparado realmente un arma: no se halló ningún casquillo de bala a parte de los usados por la policía. razón por lo que la violencia ejercida en el momento de los hechos fue del todo innecesaria y no encuentra motivo racional que la justifique. y Alex Lemún dio negativo en una prueba de parafina. La familia Lemún no ha recibido ninguna compensación por la pérdida de su hijo. Durante el enfrentamiento. 5 (B) . y murió en un hospital de Temuco cinco días después. Los intentos de los abogados que representan a la familia Lemún para que se revoque el fallo de la Corte Marcial y persuadir al fiscal militar de que reanude el enjuiciamiento no han logrado su objetivo. 16. disparado por Treuer. Dos semanas después. El fiscal concluyó que: [a]l efectuarse el disparo mortal. por parte del mayor Treuer. Edmundo Lemún. Entrevista de Human Rights Watch con Edmundo Lemún Necul. ningún otro testigo respaldó la versión de los hechos presentada por Treuer. (la policía de civil encargada de las investigaciones criminales). el fiscal militar de Angol formuló cargos contra Treuer por “violencia innecesaria con resultado de muerte”. el fiscal regional de Temuco anunció que el caso se trasladaría a un fiscal militar ya que las pruebas indicaban que un oficial de Carabineros podría ser el responsable. 9 de agosto de 2004. Alex Lemún recibió en la cabeza el impacto de un perdigón de plomo de una escopeta calibre 12. dijo a Human Rights Watch que no entendía como su muerte podía quedar sin castigo.106 105 106 Testimonio del Mayor Marco Aurelio Treuer.
la policía lo obligó a mantenerse de pie esposado a un poste del patio toda la mañana. Después se lo llevaron a una oficina del edificio. A Alberto Coliñir le propinaron puñetazos.nodo50. cuando estaban durmiendo en sus casas de las comunidades de Quefquehuenu y Ñinqueleo. Pedro Cayuqueo. su hermano y otras cuatro personas. Coliñir se desmayó. los Carabineros detuvieron a Coliñir. El 16 de diciembre de 1999.htm “Texto de la denuncia de siete mapuches que sufrieron torturas”. dejaron a Ruperto Coliñir. en la Araucanía. obtuvo asilo político en el Reino Unido. cerca de la ciudad de Padre Las Casas. Después. Equipo Nizcor. http://www. Golpearon a algunos de los detenidos en presencia de sus mujeres e hijos. Además.html (consultado el 31 de agosto de 2004).org/nizkor/espana/doc/endesa/denuncia.109 Pino informó a un juez de inmigración británico que sus colegas agentes de policía le habían hablado de la tortura a Coliñir. 16. 253.Alberto Coliñir Painemil Otro caso que ilustra el hecho de que los tribunales militares no enjuician a agentes de policía responsables de graves abusos contra detenidos mapuche es el de Alberto Coliñir Painemil. un oficial de Carabineros que había recibido presuntamente amenazas de muerte de sus superiores por quejarse de los abusos policiales en general. que no mostraron a los detenidos. junto con su padre. no estaban uniformados y usaron la fuerza para allanar las casas a altas horas de la noche. “Ex policía denuncia tortura a mapuches”.org/kolectivolientur/justicia_inglesa. disponible en linea http://www. Julio Pino Urbina. Cuando recobró el conocimiento. donde lo sometieron a una tortura conocida como el “submarino seco” (le coloca una bolsa de plástico sobre la cabeza de la víctima haciéndole que pierda la respiración). El abogado de Coliñir presentó pruebas médicas que incluían una fotografía de rayos x que mostraba una costilla rota y un informe médico en el que se describían extensas contusiones. VOL. la orden de detención que temían en su poder y.justicia_inglesa. 12 de septiembre de 2003. En agosto de 2003. el hermano de Alberto. contenía instrucciones para el arresto de sólo tres de ellos. 107 108 Los Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile. El modo de proceder fue irregular por varios motivos: los policías viajaban en un vehículo sin distintivos. p. 107 Tras llegar a la comisaría de Padre Las Casas. NO. Kolectivo Lientur.derechos. los líderes mapuche de las comunidades afectadas presentaron una denuncia ante el fiscal militar de Temuco. 108 El 23 de diciembre de 1999.htm (consultado el 31 de agosto de 2004). Tras aplicarle repetidamente la bolsa. Sin embargo. el tribunal militar de Valdivia sobreseyó el caso por falta de pruebas de que se había cometido un delito. 109 HUMAN RIGHTS WATCH. esposado y boca abajo en el suelo durante por lo menos cuatro horas. sus interrogadores persistieron aplicándole electrochoques mientras le preguntaban por los nombres de personas involucradas en acciones mapuche y ocupaciones de tierras. 5 (B) 60 . patadas y golpes con un objeto de goma. en 2001.
Las circunstancias anteriores a los disparos eran poco claras. 111 110 Los Derechos de los Pueblos Indígenas.diarioelgong.Basándose en parte en las denuncias hechos por Urbina.111 El uso de los tribunales militares contra los mapuche acusados de violencia contra la policía Los retrasos burocráticos y la falta de transparencia son igualmente evidentes en los procesos de los tribunales militares que investigan los ataques contra miembros de Carabineros. Uno de ellos salió y disparó su escopeta a Daniela.asp?IDNews=22690 (consultado el 31 de agosto de 2004).cl/news/one_news. 16. personas no identificadas con ropa de civil secuestraron a Daniela durante varias horas poco después de que su abogado defensor. Los dos agentes. en agosto de 2004. que destruyéndolo totalmente. los fiscales militares están investigando actualmente al menos 15 denuncias de violencia por parte de mapuche contra Carabineros (siete en Temuco. los abogados representantes de las víctimas pidieron a la Corte Marcial que reabriera la investigación y el caso contra los cuatro policías presuntamente responsables de los abusos. nadie ha sido acusado del secuestro de Daniela ni de la destrucción del automóvil de Madariaga. Aunque se identificó a los ocupantes del autobús y a los que estaban autorizados para llevar un arma. 61 HUMAN RIGHTS WATCH. declararon que los miembros de “Corte Marcial Sobresee Causa por Torturas Contra Carabineros de Padre Las Casas”. que no llevaban uniforme en ese momento. obstaculizando la investigación. la policía detuvo el autobús. para arrestar a Llanca. El Gong. Posteriormente. En conjunto. En uno de los casos que sigue investigándose está implicando José Llanca. cerca de Ercilla. Sin embargo. También amenazaron con matar a Madariaga si no retiraba el caso contra la policía. Carabineros que regresaban de un desalojo de tierras en el distrito de Galvarino hirieron a tiros a Daniela Ñancupil. Jaime Madariaga. la Corte Marcial confirmó la decisión del tribunal de sobreseer la causa. En julio de 2002. nadie ha sido acusado del ataque. A los pocos días. 5 (B) . NO. Sus secuestradores le vendaron los ojos y le preguntaron por la participación de miembros de su familia en la CAM. VOL. hubiera presentado una petición de cargos contra el policía responsable del ataque de enero de 2001. seis en Angol y al menos tres en Valdivia). una muchacha mapuche de 13 años. 13 de agosto de 2004. y los agentes que viajaban el autobús han sido trasladados a otras partes del país. 248. uno de los mapuche acusados de atacar a dos Carabineros en un incidente confuso que tuvo lugar el 24 de abril de 2003. Hasta el día de hoy. que se encuentra a unos ocho kilómetros del lugar de la ocupación. llegaron al fundo Ginebra.110 Daniela Ñancupil En enero de 2001. que era buscado por incendio. http://www. p. personas sin identificar prendieron fuego al vehículo de Madariaga. Al pasar por delante de la casa de Daniela.
incluidos los niños. Llanca. las versiones de la policía y de los mapuche sobre lo ocurrido difieren radicalmente. 5 (B) 62 . “Todo fue como en una guerra” El Gong. el 10 de junio de 2003. donde se había refugiado. que todavía se encontraba débil por las heridas. rompieron las ventanas y amenazaron con matar a todos. derribaron la puerta. que se encuentra ahora en prisión en Temuco a la espera del juicio por asociación terrorista. Los Derechos de los Pueblos Indígenas. un escuadrón numeroso de policías. Al menos diez Carabineros golpearon presuntamente al líder estudiantil Julio Marileo en la cara y el cuerpo después de que la policía lo hubiera sacado de una de las oficinas. Como en el caso de Llanca. documento inédito. VOL.diarioelgong. donde se habían refugiado. El Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de la Frontera. NO. Un ejemplo de ello fue el desalojo violento. contó al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas una versión muy diferente de los hechos. “El caso de José Llanca Ailla”. Cuando más mapuche acudieron a enfrentar a la policía. todavía no ha concluido la investigación del fiscal militar.asp?IDNews=12110 (consultado el 22 de septiembre de 2004). octubre de 2004. Un año y cinco meses después. Llanca. Es evidente la necesidad de que un tribunal independiente que pueda examinar las pruebas de ambas partes con imparcialidad se ocupe de estos casos. los atacaron después de abrir por la fuerza la puerta de la casa del cuidador.112 Los fiscales militares están investigando otros incidentes relacionados con la presunta agresión por parte de mapuche contra la policía y la agresión policial contra mapuche. concluyó que la policía había intervenido con una fuerza excesiva. rodearon la casa de la hermana de Llanca. 16. 11 de junio de 2003. Existe copia en los archivos de Human Rights Watch. investigando los cargos de violencia contra la policía y el uso de bombas molotov. p. hasta que perdió la conciencia y estuvo cubierto de sangre. Llanca intentó deshacerse de ellos con un palo pero los policías lo redujeron y continuaron golpeándolo y pateándolo durante unos 15 minutos. Se informó que la policía había golpeado también a varios de los estudiantes heridos durante su traslado en autobús al hospital. 252. Dijo que. entre ellos Llanca. se entregó. Fueron detenidos 29 estudiantes y resultaron heridos cinco estudiantes y varios policías durante la operación de desalojo del edificio.cl/news/one_news. Se informó que los dos agentes habían sido apuñalados y golpeados y que Llanca había sido golpeado en la cara con una pala. El 6 de mayo de 2003. que incluía a agentes de Carabineros e Investigaciones. cuando estaba sembrando en un campo ubicado cerca a la casa patronal de la hacienda Ginebra. 113 112 HUMAN RIGHTS WATCH. mientras tanto. montaron a Llanca en un caballo y éste logró escapar.113 Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. varios Carabineros se le echaron encima y lo arrestaron. de estudiantes mapuche de la oficina de la CONADI que estaban ocupando en Temuco.la comunidad. que entrevistó a los estudiantes e inspeccionó el edificio después de los hechos. El fiscal militar de Temuco continúa. http://www.
En su Observación General No. así como decisiones en casos individuales. VOL. 115 114 63 HUMAN RIGHTS WATCH. 30 de marzo de 1999. Perú (1996). 16. 13. el Comité señaló en sus observaciones finales en 1999: La jurisdicción amplia de los tribunales militares para conocer de todos los casos relacionados con el enjuiciamiento de personal militar y sus facultades de fallar causas pertenecientes a los tribunales civiles contribuyen a la impunidad de que goza dicho personal y que impide su castigo por violaciones graves de los derechos humanos. acusado de delitos de carácter exclusivamente militar. tales como Argelia (1992). Polonia (1999) y Camerún (1999). http://www. Por consiguiente: El Comité recomienda que se enmiende la ley para limitar la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar solamente. Rusia (1994). 13 de abril de 1984. 13: Igualdad ante los tribunales y derecho de toda persona a ser oída públicamente por un tribunal competente establecido por la ley (Art. Observación General No. la posición del Comité de Derechos Humanos respecto a los tribunales militares se fue afirmando aún más. 114 Durante los noventa. 14). 115 Otros organismos de vigilancia de los derechos humanos como el Comité contra la Tortura. el Comité de Derechos Humanos sostuvo que. Colombia (1993). NO. la persistente jurisdicción de los tribunales militares chilenos para procesar a civiles no es acorde con el artículo 14 del Pacto. 5 (B) . Rechazó su uso para juzgar a civiles en cualquier circunstancia o para juzgar a personal militar por infracciones que no fueran las cometidas en el ejercicio de funciones militares.unhchr. CCPR/C/79/Add.ch/tbs/doc. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Chile. el Comité sobre los Derechos del Niño y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias han adoptado una posición similar. Esta jurisprudencia incluye las observaciones finales del Comité respecto a los informes presentados por Estados Partes del Pacto. En el caso de Chile. aunque el Pacto no prohibía los tribunales militares. párrafo 9.nsf/(Symbol)/bb722416a295f264c12563ed0049dfbd?Opendocument (consultado el 22 de septiembre de 2004). emitida en 1984.Durante los últimos 15 años ha surgido una doctrina clara derivada de la jurisprudencia de los organismos internacionales de derechos humanos que afirma que la competencia de los tribunales militares sobre los civiles viola las garantías procesales protegidas por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además. su uso para juzgar a civiles tenía que ser “muy excepcional y ocurrir en circunstancias que permitan verdaderamente la plena aplicación de las garantías previstas en el artículo 14”.104.
a fortiori. Durand y Ugarte v. 5 (B) 64 . La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado también en contra del juicio de civiles en tribunales militares. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria. sentencia del 30 de mayo de 1999. Castillo Petruzzi et al. La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas declara expresamente que los miembros de las fuerzas armadas u otros actores del Estado implicados en desapariciones forzadas no disfrutarán del fuero militar. p. el cual. 52.118 Comisión Internacional de Juristas. Perú: En un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales. Así. el debido proceso. 113. se ve afectado el derecho al juez natural y. sentencia del 16 de agosto de 2000. 68. Series C No. v. a su vez. la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter.El sistema interamericano de protección de los derechos humanos limita específicamente la jurisdicción militar sobre las violaciones de los derechos humanos. 2004). se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. párrafos 117 y 118. Corte Interamericana de Derechos Humanos. vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. NO. VOL. Peru. Series C No. Peru. párrafo 128. La corte señaló.116 La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha opuesto al uso de tribunales militares para juzgar a personal militar en casos de violaciones de los derechos humanos. En un caso relacionado con el juicio ante un tribunal militar peruano de un ciudadano chileno acusado de traición. debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. 117 Las violaciones de los derechos humanos no pueden considerarse delitos relacionados con las funciones asignadas por ley a las fuerzas militares bajo ninguna circunstancia. con respecto a la investigación por parte de un tribunal militar de la masacre carcelaria ocurrida en El Frontón. Fuero militar y derecho internacional: Los tribunales militares y las graves violaciones a los derechos humanos (Ginebra: Comisión Internacional de Juristas. 16. la corte argumentó: En efecto. 118 117 116 HUMAN RIGHTS WATCH. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
de tribunales militares debe estar limitada al enjuiciamiento de miembros de las Fuerzas Armadas en servicio militar activo. Ha llegado el momento de que el gobierno chileno introduzca las reformas necesarias para limitar la jurisdicción de los tribunales militares a las infracciones del reglamento militar. VOL.htm (consultado el 3 de septiembre de 2004). párrafo 1. la Comisión señaló: En cuanto a los aspectos jurisdiccionales. NO. los civiles no deben ser sometidos a la jurisdicción de tribunales especiales. La utilización. Informe Anual de la Comisión de Derechos Humanos (1998) OEA/Ser. capítulo VII. http://www.cidh.org/annualrep/98span/Capitulo%207. traslade las investigaciones de delitos cometidos por civiles a los tribunales ordinarios y ofrezca a los civiles condenados por tribunales militares la oportunidad de que su caso sea revisado por un tribunal competente. regidos por el derecho común y la justicia ordinaria.119 La opinión de la comunidad internacional sobre el tema de los tribunales militares es consistente. En todo caso. En sus recomendaciones a los Estados Miembros incluidas en su Informe Anual de 1998. 5 (B) . la Comisión le recuerda a los Estados miembros que los ciudadanos deben ser juzgados por sus jueces naturales. 16. 119 65 HUMAN RIGHTS WATCH. Por lo tanto. 16 de abril de 1999.102. por las faltas o delitos de función.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha adoptado reiteradamente la opinión de que los tribunales militares no cumplen los requisitos de independencia e imparcialidad de los tribunales de justicia. por ejemplo. esta jurisdicción especial debe excluir los delitos de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos.L/V/II.
Anne Manuel. Karinna González. 16. José Aylwin y Rodrigo Lillo. Wilder Tayler. Human Rights Watch quisiera dar las gracias a los mapuche que compartieron sus preocupaciones con nosotros en el curso de la investigación. aportó un apoyo valiosísmo a la investigación y la producción. investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch. Eduardo Mella. Alison Epting. NO. en practices en Human Rights Watch. fiscales. de la División de las Américas. Subdirector de Programas y José Miguel Vivanco. Ximena Casas y Jennifer Nagle. Sebastian Brett. y Danko Jaccard del equipo de investigación y legal del Observatorio aportaron una ayuda valiosa a la investigación. También queremos agradecer a las autoridades del gobierno. AGRADECIMIENTOS Este informe ha sido publicado conjuntamente por Human Rights Watch y el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Director Ejecutivo de la División de las Ameritas de Human Rights Watch editaron el informe. director y director legal respectivamente. HUMAN RIGHTS WATCH. jueces y a los abogados del la Defensoría Pública que se entrevistaron con nosotros. Joseph Saunders. Director Legal y de Políticas de Human Rights Watch. consultora de la División de las Américas. del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas. ayudaron con la producción. comentaron los borradores en detalle.VII. escribió el informe. VOL. 5 (B) 66 .
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