Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/772943421
Timestamp: 2020-08-07 01:04:49
Document Index: 83855312

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 347', 'artículo 44', 'artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 20', 'artículo 93', 'artículo 11', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 13', 'artículo 86', 'artículo 347', 'artículo 347', 'artículo 347']

Sentencia de Tutela nº 102/19 de Corte Constitucional, 8 de Marzo de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 772943421
LIBERTAD DE EXPRESION Y DERECHOS AL BUEN NOMBRE Y HONRA EN REDES SOCIALES. La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a una publicación hecha por la accionada en su cuenta de Facebook, a través de la cual afirmaba que la actora era la responsable de unos pasquines que circularon en el municipio de Campo de la Cruz (Atlántico), en los que se realizaban afirmaciones deshonrosas sobre sus habitantes. La accionante pide a la demandada que se retracte públicamente de las acusaciones hechas en su contra, toda vez que considera que mientras sigan circulando dichas publicaciones no cesarán las manifestaciones de rabia y desprecio hacia ella por parte de la comunidad. Así mismo, solicitó protección policiva para ella y para sus hijos. Se analizan los siguientes ejes temáticos: 1º. La procedencia de la acción de tutela. 2º. El derecho a la libertad de expresión y sus límites. 3º. Los derechos a la honra y al buen nombre. 4º. Los derechos a la vida y a la seguridad e integridad personal y, 5º. La protección a la imagen de los menores de edad. La Corte encontró que de la conducta de la parte demandada no se derivó la trasgresión de garantías constitucionales alegadas, por lo que NEGÓ el amparo invocado. No obstante, dispuso compulsar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, para que en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales investigue si los comentarios realizados por otros usuarios de la red social Facebook en el muro de la demandada deben ser tenidos en cuenta como amenazas contra la peticionaria. Lo anterior, con el fin de que se adopten las medidas que garanticen su seguridad e integridad personal y, si hay lugar a ello, se promueva el proceso tendiente a verificar quién o quiénes atenta(n) contra sus garantías individuales. Recibo Relatoria:
Acción de tutela formulada por K.L.P.E. en contra de L.G.O.
La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada D.F.R. y los magistrados C.B.P. y A.R.R. –quien la preside− en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la presente
En el proceso de revisión de los fallos del 27 de junio de 2018 y del 8 de mayo de 2018, proferidos por el Juzgado 2º Promiscuo del Circuito de Sabanalarga (Atlántico) y por el Juzgado Promiscuo Municipal de Campo de la Cruz (Atlántico), en segunda y primera instancias respectivamente, dentro de la acción de tutela promovida por K.L.P.E. en contra de L.G.O..
El proceso de la referencia fue escogido por la Sala de Selección de Tutelas Número Diez , mediante auto del 16 de octubre de 2018. Como criterios de selección se indicaron la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial (criterio objetivo) y la urgencia de proteger un derecho fundamental (criterio subjetivo), con fundamento en los literales a) y b) del artículo 52 del Acuerdo 02 de 2015.
El 20 de abril de 2018, la señora K.L.P.E. formuló acción de tutela en contra de la señora L.G.O., por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad personal, “los de los menores de edad” y, según se desprende del libelo, a la honra y al buen nombre. Pasan a reseñarse los aspectos centrales de la solicitud:
1.2. El 7 de abril de 2018 la señora K.L.P.E. tuvo conocimiento de que la señora L.G.O. había publicado en su cuenta de F. que ella –la accionante− era quien había hecho afirmaciones ignominiosas acerca de la población campocrucense.
1.3. La actora aduce que la accionada basó su acusación en una capture (fotos tomadas con mismo equipo electrónico o tecnológico), en la que figuran su nombre de usuario y su escrito de estado de W.; sin embargo asegura que dichos datos fueron copiados de forma idéntica a los de su número de teléfono celular, toda vez que el número que allí aparece es distinto del que ella usa, es decir, fue fijado su mismo usuario y estado en otro equipo electrónico.
1.4. La tutelante manifiesta que desde la publicación que de manera maliciosa hizo la demandada –quien es hermana de padre de sus hijos menores de edad−, se han desplegado en su contra y en contra de su familia una serie de amenazas y difamaciones −publicados también en la red social F.−, quedando expuesta a burlas y vilipendios en la comunidad, a causa del resentimiento de muchas personas que equivocadamente creen que ella es la autora de los referidos “pasquines”.
De acuerdo con el anterior recuento fáctico, la señora K.L.P.E. reclama la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad personal, “los de sus hijos menores de edad” y, según se desprende del libelo, a la honra y al buen nombre, y solicita al juez constitucional que, como consecuencia del amparo, se ordene a la señora L.G.O. retractarse públicamente de las acusaciones en su contra, pues considera que mientras sigan circulando dichas publicaciones no cesarán las manifestaciones de rabia y desprecio hacia ella por parte de la población de Campo de la Cruz.
Adicionalmente, la actora solicita protección policiva para ella y para sus hijos, y que se ordene a la accionada y otras personas que han reproducido comentarios difamatorios y amenazantes en su contra (señores Virginia Reales, S.M., M.C.M., G.M.R. y G.J.R.M.) que no se acerquen a ella ni a su núcleo familiar.
	Copias de los ‘pantallazos’ o captures de las conversaciones en la plataforma de F., en donde figuran las presuntas amenazas y ofensas contra la accionante .
	Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante .
	Copias de los registros civiles de nacimiento de los hijos menores de edad de la accionante, nacidos el 28 de noviembre de 2014 y el 12 de noviembre de 2015 .
La señora L.G.O. guardó silencio durante el término de traslado.
Mediante sentencia del 8 de mayo de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de Campo de la Cruz “denegó la acción de tutela”, tras considerar que la señora K.P. podía utilizar los mecanismos que ofrece la plataforma F. para denunciar los contenidos que considera maliciosos y que fueron publicados en el muro de la accionada, en tanto no se invadió el perfil de la actora. También –indicó− la interesada podía promover acciones policivas o una querella penal si estimaba que las conductas en cuestión afectaban sus bienes jurídicos tutelados.
(iii) se ordenó a la accionante que ampliara la información aportada en el escrito de tutela, indicando si aún existe la publicación en el muro de F. de la demandada, si además de las presuntas amenazas de las que afirma haber sido víctima a través del portal de F. y cuyas copias obran en el expediente, ha recibido nuevas amenazas o agresiones, por redes sociales o por otros medios, en razón de la acusación sobre ser la autora de los ‘pasquines’, y aportara las pruebas que tuviera a disposición sobre los mismos.
6.2.1. La Oficina de Peticiones, Quejas y Recursos de Servicios Postales Nacionales S.A. –472– informó que al oficio mediante el cual el Juzgado Promiscuo de Campo de la Cruz dispuso la notificación de la acción de tutela a la señora L.G.O. se le dio el tratamiento logístico de acuerdo a las características del servicio CERTIFICADO, y que tras rastrear la referida pieza postal se evidenció que la misma fue entregada el día 28 de abril de 2018 y recibida bajo la firma de Á.G. en la misma dirección aportada por la accionante en el escrito inicial.
6.2.2. El Comandante de Departamento de Policía de Atlántico afirmó que para la adopción de medidas de seguridad para la señora K.L.P.E., mediante comunicación del 21 de noviembre de 2018 se solicitó información a diferentes servidores de la institución que, en cumplimiento a la orden, establecieron comunicación telefónica con la actora. En el marco de estas averiguaciones, la demandante expresó que se encontraba trabajando en Santa Marta –negándose a suministrar a los funcionarios de la Unidad de Protección su dirección y datos de ubicación, no obstante lo cual se le informó el abonado telefónico del Grupo de Estudios de Seguridad con el fin de atender de manera rápida y oportuna los requerimientos relacionados con su seguridad–, así como también manifestó (la accionante) que algunos fines de semana se desplazaba hasta Campo de la Cruz, y que hasta el momento no ha presentado inconvenientes o situaciones donde se viera afectada su integridad física.
Cabe anotar que no obstante las pesquisas realizadas, se indicó que, de conformidad con el Decreto 1066 de 2015 , la implementación de medidas de protección a cargo de la Policía Nacional está prevista para la población que hace parte del programa de protección para víctimas y testigos en el ámbito de la Ley 975 de 2005 y para los servidores públicos en razón de su cargo, de manera que para el presente caso la competencia estaría en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, en su Dirección de Protección, una vez la interesada instaure la respectiva denuncia penal ante dicho ente.
6.2.3. En cumplimiento al auto de decreto de pruebas, la ciudadana K.L.P.E. se pronunció en los siguientes términos:
Aseguró que a 22 de noviembre de 2018 aún se encontraba las publicaciones cuestionadas en el muro de F. de la señora L.G.O., que datan de los días 7 y 8 de abril del mismo año, pero que habían sido retiradas las fotografías donde se exponía a sus hijos menores de edad. Tal situación –afirmó– le ha ocasionado un gran perjuicio, puesto que su vida ha perdido toda tranquilidad al punto que, por seguridad, decidió abandonar junto con su núcleo familiar el municipio de Campo de la Cruz.
Señaló que estar involucrada en hechos que calificó como “deplorables y denigrantes” incidió en que mermara su capacidad laboral y después fuera retirada de su empleo, en tanto no cumplía con sus funciones por estar permanentemente con la preocupación que le generaban las amenazas y las posibles conspiraciones que podían surgir por parte de personas que se hubieran sentido afectadas en su honra por los pasquines y que creyeran, con base en las acusaciones de la señora L.G.O., que ella era responsable de aquellas difamaciones.
Declaró que luego de las amenazas realizadas a través de F. que anexó junto con el escrito introductorio no ha recibido nuevas amenazas por ningún otro medio ni de forma personal, pero que continúa temiendo por su integridad, su vida y la de sus hijos. Agregó que “las amenazas son un delito fenomenológico, que para su materialización sólo necesita: (…) que alguien por cualquier medio atemorice, amenace a una persona, familia (…) (…) (sic) con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población (…) según las especificaciones encontradas en el artículo 347 de la Ley 599 de 2000”, por lo cual acude al juez constitucional para evitar un perjuicio mayor e irremediable.
Sostuvo que la accionada no expone prueba alguna en la que demuestre que ella (la señora K.P.) es la responsable de las acusaciones que le endilga, que le imputa unos hechos y lo divulga sin tener en cuenta las consecuencias adversas que podrían generarse a causa del mal recibimiento de esa publicación por parte de la comunidad y de cualquier persona que acceda a la red masiva F..
En cuanto a los denominados “pasquines”, la actora sostuvo que se trata de mensajes que se difundían a través de la red social W. en los que se difamaba a las personas, y que no podía anexar más información sobre el particular aparte de lo ya aportado al expediente.
6.2.4. La señora L.G.O., por su parte, guardó silencio en relación con el requerimiento efectuado por esta Corporación en el auto de decreto de pruebas del 19 de noviembre de 2018.
En el asunto bajo estudio, la señora K.L.P.E. reclama la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la honra y al buen nombre, y “los de los niños” –en referencia a sus hijos de 3 y 4 años de edad–, en vista de que la señora L.G.O. publicó en su muro de F. que era ella –la accionante− la responsable de unos “pasquines” que estaban circulando en el municipio de Campo de la Cruz en los que se realizaban “afirmaciones deshonrosas” sobre sus habitantes. La actora asegura que a partir de ese momento se generó un clima de animadversión en su contra que ha dado lugar a ofensas y amenazas por parte de diferentes personas.
Si tras este análisis se comprueba que la intervención de la justicia constitucional es procedente y hay cabida para un estudio de fondo, la Corte deberá determinar si los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad personal, “los de los menores de edad”, a la honra y al buen nombre invocados por la señora K.L.P.E. fueron vulnerados por parte de la señora L.G.O., al publicar en la red social F. que aquella era responsable de emitir unos denominados “pasquines” que presuntamente desacreditaban a algunos habitantes de municipio de Campo de la Cruz.
En el caso bajo estudio, se observa que la señora K.L.P.E. promueve la acción de tutela a nombre propio con el fin de que se garanticen sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la honra y al buen nombre, que estima vulnerados por habérsele atribuido a través de una red social la responsabilidad sobre unos “pasquines” que al parecer generaron un descontento entre varios residentes del municipio de Campo de la Cruz. Desde este punto de vista, no cabe duda de que la solicitud de amparo de los derechos propios cumple con las exigencias de la legitimación en la causa por activa.
Ahora bien: del escrito de tutela se desprende que la accionante también pide que la protección constitucional se extienda a sus dos hijos de 3 y 4 años de edad, dado que considera que ellos también se encuentran afectados por la publicación a que se alude. Demostrado como está el vínculo materno filial entre la tutelante y los niños –de conformidad con las copias de los registros civiles de nacimiento que fueron aportados al expediente –, es claro que la señora K.L.P.E. está en plena capacidad de obrar como representante de los menores en la presente actuación, no sin subrayar, además, que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la cláusula de protección preferente a niños, niñas y adolescentes consagrada en el artículo 44 de la Carta habilita a cualquier persona a instaurar acciones en su defensa.
Legitimación en la causa por pasiva. Este requisito de procedencia se encuentra regulado también por el artículo 86 Superior , el cual prescribe que el recurso de amparo puede interponerse contra autoridades públicas y, en precisas hipótesis, contra particulares, según sea el caso, por su presunta responsabilidad –ya por acción, ora por omisión− en la transgresión de los derechos fundamentales que suscita la reclamación.
En desarrollo de este precepto constitucional, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 prevé los eventos en los cuales los particulares pueden ser sujetos pasivos de la acción de tutela, entre los cuales se contempla la posibilidad de acudir a este mecanismo de protección cuando el solicitante se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del demandado.
A propósito de la indefensión, de vieja data la jurisprudencia constitucional la ha descrito como la imposibilidad o impotencia en que se encuentra alguien, en razón a determinadas circunstancias puntuales, para repeler el agravio a sus derechos, lo que quiere decir que “(…) no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate (...)” .
Bajo ese entendimiento, se observa que en el presente asunto se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva de la señora L.G.O., comoquiera que es la persona a quien se le atribuye el presunto hecho vulnerador –la publicación que responsabiliza a la actora de ser la autora de los “pasquines”− y quien, como titular del perfil de F. donde se fijó la publicación, tiene el manejo del sitio.
En el trámite de revisión la accionante informó a la Corte que las publicaciones en F. que, a su juicio, atentan contra sus derechos fundamentales y los de sus menores hijos se realizaron los días 7 y 8 de abril de 2018, y aún siguen exponiéndose en el perfil de la accionada .
La demanda constitucional de amparo, a su turno, fue radicada ante la autoridad judicial el 20 de abril de 2018 .
En primer lugar, en lo que atañe a los derechos a la vida y a la seguridad e integridad personal que la actora estima que están en peligro a raíz de los comentarios y presuntas amenazas colocados en el muro de la accionada en la red social F., a primera vista podría considerarse que está la vía de la acción penal para ventilar tal situación.
“La Corte ha referido que los fines del proceso penal dentro del Estado social de derecho están dados por la realización del ius puniendi en condiciones de justicia, en la pretensión principal de establecer, más allá de toda duda razonable, si una persona es o no responsable de la comisión de un delito. Es el proceso penal ‘un instrumento racional encaminado a determinar la posible responsabilidad penal de un individuo, cuya conducta habría injustamente vulnerado uno o varios derechos fundamentales (integridad personal, libertad individual, etc.) o bienes jurídicos constitucionalmente relevantes (salubridad pública, orden económico y social, etc.).’”
En segundo lugar, en lo que concierne a los derechos a la honra y al buen nombre, en línea con lo expuesto en precedencia, es pertinente recordar que la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que, aunque en apariencia la acción penal por los delitos de calumnia e injuria podría parecer un medio judicial adecuado para reivindicar los referidos bienes jurídicos, pueden presentarse situaciones en las que no se encuentren acreditados todos los elementos para la configuración de una conducta típica y sin embargo sí se produzca una lesión a la honra y al buen nombre. En tal sentido, como ya se anticipaba líneas arriba, el proceso penal y la acción de tutela se distinguen en importantes aspectos como su finalidad, los supuestos de responsabilidad que aplican en cada caso, el alcance de las facultades de que goza el juez y las maneras de restablecer los derechos conculcados, por lo que en este punto tampoco estaría enteramente comprobada la idoneidad del recurso judicial ordinario.
En concordancia, el Decreto 2591 de 1991 prevé como requisito de procedencia que, en los eventos que involucren informaciones u opiniones difundidas por medios de comunicación o informes periodísticos publicados en redes sociales –tal como lo ha entendido la jurisprudencia constitucional–, el tutelante que estima inexacta o errónea la información transmitida demuestre que solicitó la rectificación, bajo el supuesto de que el emisor ha actuado de buena fe pero no es infalible y que así se le proporciona la oportunidad de contrastar por sí mismo la versión del solicitante, ya sea para proceder a corregir el yerro en el que eventualmente haya incurrido o para sostenerse en su postura inicial .
En desarrollo de lo anterior, esta Corte ha anotado que la solicitud previa de rectificación como requisito de procedencia de la acción de tutela aplica cuando la información que se predica inexacta o errónea fue divulgada por medios de comunicación, personas que actúan en calidad de periodistas, o quienes sin ser comunicadores de profesión se dedican habitualmente a emitir información ; no así cuando lo hacer un particular que no ejerce alguna actividad periodística , como tampoco es aplicable tal requisito cuando la información publicada es veraz pero expone elementos propios de la vida íntima de las personas, afectando el derecho a la intimidad .
Conforme a lo expuesto, se deduce que en el caso bajo estudio la señora K.L.P.E. no estaba llamada a agotar el requisito de procedencia consistente en solicitar previamente la rectificación a la señora L.G.O., comoquiera que esta última no realizó las publicaciones que dieron origen a la acción de tutela en ejercicio de la profesión de periodista, ni se sostiene que tenga por oficio habitual la difusión de información, ni lo hizo a través de un medio de comunicación. Po lo demás, tampoco se alega que la información publicada sea veraz pero lesione la intimidad de la peticionaria.
Y, finalmente, en tercer lugar, en relación con los derechos de los niños, basta con señalar que la Carta ha dispuesto taxativamente en su artículo 44 el carácter prevalente de los derechos de los menores de edad, a lo que se añade el mandato superior que obliga al Estado a proteger especialmente a las personas que, por diversas causas, se hallan en una condición de mayor vulnerabilidad .
“[S]i bien la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, cuando con ella se busca salvaguardar derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, la aplicación de dichas reglas no deberá realizarse con la misma rigurosidad dado el interés del menor y el carácter prevalente sobre los derechos fundamentales de estos”.
Por lo demás, es pertinente mencionar que aunque la Ley 1098 de 2006 establece una obligación de protección a la infancia a cargo de la familia, la sociedad y el Estado, nuestro ordenamiento jurídico no prevé un mecanismo de defensa específico distinto a la acción de tutela que permita reclamar judicialmente el uso inadecuado y/o irresponsable de imágenes de niños, niñas y adolescentes .
Pues bien: desde la perspectiva que ofrecen las anteriores consideraciones, se observa que la solicitud de amparo promovida por la señora K.L.P.E. satisface los requisitos mínimos de procedencia, por lo que hay cabida a un estudio de mérito en torno a las pretensiones, de acuerdo con el esquema trazado al formular el problema jurídico.
En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho fundamental a la libertad de expresión está contemplado en el artículo 20 de la Constitución así como en los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , instrumentos que, por virtud del artículo 93 Superior, hacen parte del bloque de constitucionalidad.
De conformidad con dichas disposiciones, el derecho a la libertad de expresión se define como la garantía que tiene toda persona de buscar, recibir, expresar y difundir información, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin ser molestado y sin restricciones como la censura previa , salvo excepciones específicamente establecidas por ley, asociadas al respeto por los derechos de los demás, a la protección de la seguridad nacional, del orden público o de la salud o moral públicas, y a la defensa de principios y valores democráticos que proscriben ciertos contenidos considerados prohibidos, a saber: pornografía infantil, instigación pública y directa al genocidio, propaganda de la guerra y apología del odio, la violencia y el delito . Pero además de esta dimensión individual, el derecho a la libertad de expresión comprende una dimensión social que se vincula con el derecho de la colectividad a ser receptora de cualquier tipo de información conforme a condiciones de veracidad e imparcialidad.
Presunción de primacía de la libertad de expresión frente a otros derechos, valores y principios constitucionales en casos de conflicto. Cuandoquiera que el ejercicio de la libertad de expresión entre en conflicto con otros derechos, valores o principios constitucionales, su posición privilegiada exige que se haya de otorgar, en principio, una primacía a la libertad de expresión; dicha primacía cesará cuando se demuestre que el otro derecho, valor o principio constitucional adquiere mayor peso en el caso concreto, a la luz de las circunstancias generales en que el conflicto se ha suscitado, y con cumplimiento de las condiciones constitucionales que admiten la limitación de esta libertad. (…)
Sospecha de inconstitucionalidad de las limitaciones sobre la libertad de expresión y aplicación de un control de constitucionalidad estricto. Cualquier limitación estatal sobre la libertad de expresión, a través de los actos de cualquier autoridad pública –en ejercicio de funciones legislativas, administrativas, judiciales, policivas, militares o de otra índole-, se ha de entender como una intervención constitucionalmente sospechosa. (…)”
Dentro de la noción de libertad de expresión conviene identificar la faceta relacionada con la posibilidad de procurar y divulgar información propiamente dicha que, en la medida en que puede ser sometida a verificación, y es susceptible de ser verdadera o falsa, de otra faceta relacionada con la facultad de conocer y manifestar opiniones, que devienen de la libertad de pensamiento y están más próximas a apreciaciones, reflexiones o valoraciones sobre un tema, un fenómeno, una persona, etc., y que por lo tanto no necesariamente soportan un juicio de verdad o falsedad, pues están estrechamente relacionadas con una percepción más o menos subjetiva sobre el objeto o el acontecimiento . La distinción indicada cobra especial relevancia, pues, como esta Corte lo ha subrayado , mientras que la información ha de ajustarse a estándares de veracidad e imparcialidad, en contraste, la emisión de opiniones no tiene en principio límites.
Tratándose de la primera, esto es, la libertad de difundir información, este Tribunal ha señalado que conlleva una carga mayor para quien la ejerce, lo que se predica en particular respecto de los comunicadores y quienes tienen por oficio la difusión de información, en tanto se espera que la información divulgada al público atienda, como se ha dicho, a los principios de veracidad e imparcialidad, lo cual resulta compatible con la exigencia emanada de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión conforme a la cual “[l]a actividad periodística debe regirse por conductas éticas”. En esa dirección, la Corte ha sostenido:
A su vez, el principio de imparcialidad ‘envuelve una dimensión interpretativa de los hechos, la cual incluye elementos valorativos y está a mitad de camino entre el hecho y la opinión’. Si bien la Corte ha entendido que el Constituyente de 1991 no pretendió llegar al extremo de una imparcialidad absoluta, este principio ciertamente exige establecer distancia entre la noticia objetiva y la crítica personal, ya que el público tiene derecho a formar libremente su opinión y ‘no recibir una versión unilateral, acabada y ´pre-valorada´ de los hechos que le impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios, expuestos objetivamente.’” (negrillas del texto original)
“[L]a libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como aquellas consideradas inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono.”
A su vez, esta Corte ha sostenido que la prevalencia de la libertad de expresión se aplica en igual medida cuando se trata de medios de comunicación convencionales como en internet, no obstante lo cual el juez debe adoptar una perspectiva especial en atención a la capacidad amplificadora y a la gran velocidad con que se comparte la información a través de estos canales informáticos .
En este contexto, vale la pena destacar que la defensa de internet como espacio democratizador del derecho a la libertad de expresión y de fomento al pluralismo, ha sido resaltada de manera conjunta en los sistemas internacionales y regionales de promoción de derechos humanos. Así, en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, adoptada en 2011 por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), se ha recalcado que la libertad de expresión se aplica a internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación, dejando en claro que “los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación —como telefonía o radio y televisión— no pueden transferirse sin más a internet, sino que deben ser diseñados específicamente para este medio, atendiendo a sus particularidades”. Y también allí se ha subrayado que “[l]as restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba "tripartita")”.
Es importante relievar, a propósito del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en internet, que, como lo ha indicado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los intermediarios –categoría que abarca “desde los proveedores de servicios de Internet a los motores de búsqueda, y desde los servicios de blogs a las plataformas de comunidades en línea166, las plataformas de comercio electrónico, servidores web, redes sociales, entre otros” − han pasado hacer actores clave en la protección de la libertad de expresión y la privacidad, y pueden tener distintos niveles de control sobre la difusión de información en sus plataformas, no obstante lo cual no se les debe trasladar la responsabilidad por los contenidos publicados por sus usuarios. Lo contrario implicaría –según la Relatoría− una promoción del monitoreo, el filtrado y la censura que, a todas luces, sería incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los derechos a la honra y al buen nombre están contemplados en nuestro Texto fundamental en los artículos 21 y 15 constitucionales, respectivamente. En concordancia, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protegen la honra y la reputación contra injerencias y ataques arbitrarias, cuerpos normativos que, como se indicó en precedencia, integran el bloque de constitucionalidad.
Con el propósito de distinguir a qué aluden las citadas garantías, la jurisprudencia ha señalado que la honra se refiere a “la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad” ; al paso que el buen nombre es una noción que se relaciona con “la buena opinión o fama adquirida por un individuo en razón de la virtud y al mérito, como consecuencia necesaria de las acciones protagonizadas por él” ,
“[S]i bien es cierto el derecho a la honra y al buen nombre tienen una condición necesariamente externa, pues se predica de la relación entre el sujeto y los demás miembros de la sociedad, se diferencian en que, mientras el primero responde a la apreciación que se tiene de la persona a partir de su propia personalidad y comportamientos privados directamente ligados a ella, el segundo se refiere a la apreciación que se tiene del sujeto por asuntos relacionales ligados a la conducta que observa en su desempeño dentro de la sociedad.”
No obstante la anterior precisión conceptual, la Corte ha entendido que existe una relación de interdependencia material entre el derecho a la honra y el derecho al buen nombre, al punto que “la afectación de uno de ellos, generalmente, concibe la vulneración del otro” .
Para efectos de establecer cuándo una afirmación se reputa deshonrosa, esta Corte ha enfatizado que no cualquier expresión hiriente o chocante constituye per se un agravio de naturaleza iusfundamental y, en tal sentido, ha determinado que debe tratarse de opiniones o conceptos capaces de generar en la persona lo que se denomina un daño moral tangible, supuesto que implica que “deben tener la virtualidad de ‘generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho’” .
Por otro lado, es menester recordar que el artículo 20 de la Constitución, relativo al derecho a la libertad de expresión, prevé la rectificación en condiciones de equidad como garantía orientada a reivindicar de manera eficaz los derechos de la persona que resulte afectada por la divulgación de información falsa, errónea o tergiversada que desdibuje su imagen ante la sociedad, más allá de los rigores y las consecuencias generadas de la eventual declaratoria de responsabilidades civiles y penales. Según lo ha apuntado la Corte, se trata de “(i) un derecho que tiene el afectado por la información errónea o falsa para que ésta sea corregida o aclarada, por una parte; y (ii) una obligación del medio de comunicación de aclarar, actualizar o corregir la información emitida” .
‘La vulneración y la amenaza de los derechos fundamentales son dos causales claramente distinguibles: la primera requiere de una verificación objetiva que corresponde efectuar a los jueces de tutela, mediante la estimación de su ocurrencia empírica y su repercusión jurídico-constitucional; la segunda, en cambio, incorpora criterios tanto subjetivos como objetivos, configurándose no tanto por la intención de la autoridad pública o el particular, cuando sea del caso, sino por el resultado que su acción o abstención pueda tener sobre el ánimo de la persona presuntamente afectada. Para que se determine entonces la hipótesis constitucional de la amenaza requiere la confluencia de elementos subjetivos y objetivos o externos: el temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y la convalidación de dicha percepción mediante elementos objetivos externos, cuya significación es la que ofrecen las circunstancias temporales e históricas en que se desarrollan los hechos.’”
Por otro lado, es oportuno relievar que la jurisprudencia constitucional se ha ocupado de adoptar medidas para la salvaguarda de la vida, la seguridad y la integridad personal particularmente al abordar los riesgos inherentes a ciertas personas en razón de sus actividades o funciones en el conglomerado social, y cuando dicho riesgo se funda en motivos como la filiación política o la colaboración a miembros de un partido , la actividad sindical , el desarrollo de un servicio público (como la administración de justicia o la policía) , el desempeño de la docencia , la defensa de los derechos humanos , el haber resultado afectado de manera directa o indirecta por actos de violencia el marco del conflicto armado , o el hecho de ser líder social .
Con esta rúbrica, la Corte Constitucional ha sostenido que es viable la protección de la seguridad personal a través del recurso de amparo sólo cuando las personas son sometidas a riesgos extraordinarios o extremos, esto es, ante peligros y contingencias de cierta intensidad que no son legítimos ni soportables de acuerdo con el ordenamiento constitucional; teniendo en cuenta que la vida cotidiana en sociedad conlleva riesgos ordinarios que son jurídicamente soportables y que son asumidos por los individuos sin que ello implique una vulneración iusfundamental .
El valor que se le atribuye jurídicamente a la imagen de las personas está asociado a la relación que existe entre los rasgos exteriores que concretan la individualidad del ser humano, la personalidad y la dignidad, lo cual justifica que su utilización no esté librada al arbitrio de terceros. Bajo esa comprensión se ha desarrollado la noción del derecho a la propia imagen, definido por la jurisprudencia como la libertad del sujeto de decidir en qué eventos y bajo qué condiciones otras personas tienen la posibilidad de captar, publicar, reproducir o comercializar su imagen .
“‘[U]na consideración elemental de respeto a la persona y a su dignidad impiden que las características externas que conforman su fisonomía o impronta y que la identifican más que cualquiera otro signo externo en su concreta individualidad, puedan ser objeto de libre disposición y manipulación de terceros’, por lo cual, ‘con las limitaciones legítimas deducibles de las exigencias de la sociabilidad humana, la búsqueda del conocimiento y demás intereses públicos superiores, toda persona tiene derecho a su propia imagen, de donde resulta que sin su consentimiento, ésta no pueda ser injustamente apropiada, publicada, expuesta, reproducida o comercializada por otro’". Adicionalmente, cuando la imagen muestra a la persona en espacios o en desarrollo de actividades propias de la intimidad, la difusión sin previa autorización también vulnera el derecho a la intimidad.”
En tal sentido se ha sostenido que la propia imagen es un derecho autónomo y personalísimo, que fija límites a la actuación de los demás, y cuya vulneración puede comprometer también los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad .
En esa línea, la preservación de la imagen de los menores de edad frente a exposiciones ilegítimas ha sido prioridad en múltiples pronunciamientos de la Corte, el constatarse –por lo demás− que la utilización inadecuada o ilícita de dicha imagen repercute negativamente en otros derechos fundamentales. Tal ha sido la postura reiterada por la jurisprudencia al examinar controversias que envuelven el uso irregular de la imagen de los niños, por ejemplo: al difundirse en prensa de amplia circulación fotografías de las menores hijas de un artista junto con detalles de la intimidad familiar , al exponerse en diarios de manera morbosa y truculenta la fotografía de un niño fallecido en un desastre natural , al divulgarse en una obra literaria pormenores de conflictos familiares y judiciales con la exhibición en portada de las menores de edad implicadas , al explotarse económicamente con fines publicitarios la imagen de una niña sin la debida autorización previa , al presentarse de forma sensacionalista una noticia relacionada con presuntos actos sexuales abusivos contra una menor con fotografías de ella y de su abuela que permitían su identificación , al crearse una cuenta en F. a nombre de una niña por parte de uno de sus progenitores en la cual se compartían contenidos personales sin su consentimiento , al publicarse en periódicos notas periodísticas sobre presuntas agresiones sexuales sobre menores sin omitir los datos que conducían a la identificación de las víctimas , y al difundirse en un noticiero material audiovisual con imágenes que facilitaban la identificación del menor hijo de una funcionaria pública implicada en una querella policiva.
Vale la pena anotar que en el entorno de las redes sociales se maximiza el riesgo de exposición de la imagen de las personas como consecuencia del gran alcance de estas plataformas informáticas para difundir la información de manera masiva, lo cual conlleva la necesidad de adoptar medidas que reivindiquen las garantías iusfundamentales vulneradas, por ejemplo, cuando se evidencia un uso indebido de la imagen o cuando se publica sin la debida autorización del titular .
R., en el caso que ocupa la atención de la Sala en esta oportunidad la señora K.L.P.E. formula acción de tutela contra la señora L.G.O. porque esta última publicó en su perfil de la red social F. que ella (la actora) era la autora de unos llamados “pasquines” que circularon por el municipio de Campo de la Cruz (Atlántico) con presuntas afirmaciones deshonrosas sobre algunos de sus habitantes.
R. como están las condiciones mínimas de procedencia en relación con la legitimación en la causa por activa y por pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad respecto de algunos de los derechos invocados, tal como se verificó en el acápite respectivo, es viable emprender el estudio de fondo de la controversia.
La Sala se concentrará, en primer lugar, en el estudio de mérito de la solicitud de amparo en torno a la alegada vulneración de los derechos a la honra y al buen nombre de la señora K.L.P.E..
Ante tal constatación, la Sala encuentra que la falta de oposición a la acción de tutela por parte de la accionada impone aplicar la presunción de veracidad respecto de los hechos expuestos en la demanda en cuanto a la conducta del extremo pasivo, de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 .
Con fundamento en dicha disposición, entonces, debe darse por cierto que la señora L.G.O. publicó en su perfil de F. que la señora K.L.P.E. era responsable por unos supuestos “pasquines” que difamaban a algunos habitantes de Campo de la Cruz. Sin embargo, respecto de los “pasquines” no existe prueba alguna que permita conocer su contenido, pues las capturas de pantalla allegadas por la actora se limitan, básicamente, a las publicaciones de la accionada en su muro (única que los menciona) y a las réplicas o comentarios que hicieron otros usuarios de la red social F., ninguno de los cuales insinúa siquiera algo que tenga que ver con los referidos “pasquines”.
- Publicación en el muro de L.G. del 7 de abril de 2018:
- Publicación en el muro de L.G. del 8 de abril de 2018:
En la demanda de amparo constitucional la accionante relata que la reacción de algunas personas a lo publicado por la señora L.G.O. ha sido violenta, al punto que en aquella oportunidad otros usuarios de la red social hicieron comentarios en el muro de la accionada dirigiendo en su contra afirmaciones como las siguientes: “ya yo hubiese actuado de otra manera”, “me avisarán para ir al sepelio”, “el día que se metan con mi gran amigo […] mando la gente allá hacer una limpieza”, “yo le caigo a coñazo” –que, aclara, quiere decir golpes o trompadas−, “corte violento y coñazera” (sic), “esa mujer está desquiciada antes de meterla al kari hay que darle una puñera pero reventarle toda la boca hasta sacarle todo (sic) los dientes”.
A las anteriores afirmaciones de la demandada, la señora K.L.P.E. respondió lo siguiente, también a través de la plataforma de F.:
Sin embargo, en el caso concreto, fácilmente puede advertirse que no se trata de una controversia sobre libertad de información susceptible de exigir la observancia de los deberes específicos de veracidad e imparcialidad. Ello, en razón a un aspecto subjetivo y a uno objetivo, a saber: en primer lugar, las publicaciones a que se alude no fueron emitidas en ejercicio de una actividad periodística ni se alega que la señora L.G.O. tenga por oficio la difusión de información de interés público, y en segundo lugar, las manifestaciones de la citada no se presentan ante los receptores como una noticia de interés general con cierta pretensión de objetividad y neutralidad, sino que evidentemente se combinan en su discurso apreciaciones sobre hechos principalmente asociados a tensiones familiares con valoraciones subjetivas sobre las cualidades personales de la accionante.
De hecho, según la documental aportada, la accionada es la única que, dentro de una serie de comentarios desobligantes dirigidos hacia la tutelante, hace referencia a los “pasquines”. Esto merece una especial consideración, en la medida en que no es claro que la animosidad que algunas personas mostraron en sus comentarios de F. haya respondido necesariamente a la creencia de que la señora K.P.E. fuera la presunta autora de unos supuestos “pasquines”: nótese, por ejemplo, el hecho de que ninguno de los usuarios que replicaron a las publicaciones de la accionada hizo una mínima alusión a tales “pasquines”, o expresó –así fuera de manera indirecta– su descontento frente a los mismos, o insinuó haber sido afectado en su honra por aquellos supuestos cotilleos.
Cabría el interrogante sobre si, más bien, aquellos comentarios –al margen de su tono desagradable o provocador– fueron expresiones de apoyo o respaldo hacia la señora L.G.O. al exteriorizar en su muro de F. su despecho hacia la accionante, a propósito de los conflictos familiares en que al parecer se encuentran inmersas, teniendo en cuenta que en la utilización de redes sociales es usual que las personas muestren mediante distintos recursos (como íconos, imágenes, texto, etc.) su adhesión o rechazo hacia las publicaciones que hacen otros internautas.
La Sala no desconoce que el talante de las afirmaciones realizadas por la accionada puede ser considerado mortificante y displicente, y que, de acuerdo con algunos pronunciamientos de este Tribunal, la libertad de expresión no avala una suerte de “derecho al insulto” . En todo caso, es doctrina reiterada por esta Corte , tanto en pronunciamientos de las Salas de Revisión como de la Sala Plena, que no toda manifestación lesiva del amor propio equivale a una imputación deshonrosa. En ese sentido, de vieja data se ha sostenido:
“En el caso de los derechos al buen nombre y a la honra, la imputación que se haga debe ser suficiente para generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho. Por esta razón, la labor del J. en cada caso concreto, tomando en consideración los elementos de juicio existentes y el grado de proporcionalidad de la ofensa, es la de determinar si ocurrió una verdadera amenaza o vulneración de los derechos en comento.” (se destaca)
Para efectos de establecer lo que puede englobarse bajo este concepto de daño moral tangible, conviene acudir a la propia jurisprudencia constitucional. Esta Corte ha advertido la necesidad imperiosa de limitar el ejercicio de la libertad de expresión para privilegiar los derechos a la honra y al buen nombre cuando al afectado se le endilgan delitos o conductas sancionables por el derecho (especialmente cuando no existe una condena impuesta por la autoridad competente) , o cuando se le atribuyen comportamientos que, sin ser estrictamente punibles, suelen tener un grado significativo de reproche social, como por ejemplo el no pago oportuno de las deudas , o la participación en actos impúdicos en ambientes escolares , o la inducción a jóvenes al exhibicionismo, la pornografía y la inmoralidad en internet . A juicio de la Sala, la acción de difundir “pasquines” con murmuraciones indeterminadas sobre la gente no tiene la entidad suficiente para ser catalogada como un impacto tangible a la honra y al buen nombre susceptible de elevarse a nivel de violación iusfundamental. Como en otra ocasión lo sostuvo la Corte, “[h]a de tratarse de reales descalificaciones inadmisibles en una democracia constitucional” .
A diferencia del caso traído a colación por la señora K.P. como ejemplo, en el cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar el amparo de los derechos al buen nombre y a la honra concedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala Penal– dentro de la acción de tutela promovida por un columnista contra un senador de la República que lo calificó de “violador de niños” a través de una red social , en el caso de autos la afirmación de la accionada respecto de la accionante no está asociada a la comisión de una conducta penalmente relevante, al menos prima facie, y con una altísima censura social –como sí lo es, sin lugar a dudas, el abuso infantil–.
Los conflictos interpersonales son inherentes a la vida en sociedad; sin embargo, no todos ellos adquieren trascendencia para el derecho. En este contexto, es oportuno traer a colación lo señalado por esta Corporación retomando lo pronunciado, a su vez, por la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que si toda expresión que denota hostilidad o aflige el amor propio fuera justiciable, “habría que suponer que el legislador había tenido la pretensión de darle a la sociedad civil y política la austeridad de un claustro, lo que es inadmisible.”
Contrastadas estas exclusiones del bloque de constitucionalidad con las publicaciones que dieron origen a la presente contienda, la Sala estima que no puede considerarse que las manifestaciones de la señora L.G.O. se encuentren dentro de alguna de dichas hipótesis sustraídas de la presunción de protección constitucional.
De un lado, sobre la apología al odio, la señora K.P. asegura que por el hecho de habérsele atribuido la responsabilidad respecto de los denominados “pasquines”, se han despertado entre ciertos habitantes del municipio sentimientos de animadversión y resentimiento hacia ella, plasmados en diferentes comentarios en F..
“En aras de proteger a los pueblos y comunidades étnicas y a otros grupos minoritarios que han sido objeto de violaciones históricas de sus derechos fundamentales, nuestro ordenamiento constitucional ha establecido límites a la libertad de expresión. Como se dijo anteriormente, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José fue adoptado en nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 16 de 1972, y hace parte del bloque de constitucionalidad. En el numeral 5º del artículo 13 de este tratado se establece expresamente que los Estados partes deben prohibir, por ley, los discursos de odio (…)”
De lo anterior se deriva que las declaraciones de la accionada no encajan propiamente en lo que se designa como discurso de odio, pues nada de lo dicho por ella apunta a que su antipatía hacia la señora K.P. esté relacionada con su pertenencia a alguna población históricamente discriminada.
“[L]a Corte entiende que no es suficiente que se compruebe el carácter incitador del mensaje –que deberá estar previsto en la ley-, sino que también es necesario establecer que, dadas las condiciones particulares, el ofendido o la audiencia reaccionarán o reaccionaron violentamente y, finalmente, que existe una relación clara de causalidad entre uno y otro fenómeno. Tratándose de situaciones de amenaza, es decir, que se asume la posibilidad de una reacción violenta, la carga probatoria ha de ser aún más rigurosa, pues salvo que se compruebe que inequívocamente se va a producir el efecto indicado, la restricción resultaría inadmisible al comprometer la libertad de opinión. Así las cosas, de no demostrarse la causalidad, la existencia de un mensaje incitador y la verificación de una acción violenta en contra de ciertas personas, no puede conducir a una restricción o sanción del ejercicio de la libertad de opinión.”
Como consecuencia lógica de lo anterior, la Sala confirmará, pero por las razones aquí expuestas, la decisión de denegar el amparo a los derechos a la honra y al buen nombre invocados por la señora K.L.P.E. frente a la señora L.G.O..
En lo que respecta a este grupo de derechos, de entrada hay que advertir que las expresiones utilizadas por la señora L.G.O., aunque displicentes, no tienen la virtualidad para atentar materialmente contra la existencia de la señora K.L.P.E. y, en línea con lo sostenido en precedencia, tampoco pueden ser tenidas como instigadoras de actos de violencia.
Es oportuno anotar que, si bien la accionada tiene el manejo de la plataforma sobre la cual se divulgaron las publicaciones –en tanto titular del perfil de F.−, no puede predicarse que ejerza control alguno sobre las eventuales reacciones o comportamientos de intolerancia por parte de algunas de las muchas personas que pueden acceder a los contenidos a que se alude a través de estos canales informáticos, de manera que difícilmente podría establecerse un vínculo de causalidad entre sus dichos y la contingencia de que terceros pudieran llegar a tomar vías de hecho. En otras palabras, sin estar demostrada una incitación a la violencia por parte de la demandada, no pueden enrostrársele las conductas que eventualmente llegaran a desplegar otras personas.
En este punto, de acuerdo con las pruebas recaudadas por la Sala, hay que anotar que aspectos como (i) el hecho de que la señora K.P.E. ya no resida en el municipio donde se desencadenó la polémica por los supuestos “pasquines”; (ii) que –según sus propias afirmaciones– no hayan existido “amenazas” ni agresiones posteriores, por redes sociales o por otros medios, diferentes a los comentarios dejados en abril de 2018 sobre el muro de F. de la accionada; y, (iii) que la actora deliberadamente se haya rehusado a suministrar información como manera de cooperación con los agentes de la Policía Nacional que se comunicaron con ella con el ánimo de establecer su situación de riesgo y la adopción de medidas en cumplimiento a la medida provisional decretada por esta Corte, llevan a la Sala a presumir que –pese a que las publicaciones de la señora L.G.O. permanecen en su perfil de F.– las circunstancias no parecen sugerir un peligro apremiante, inminente y grave que haga imperativa la intervención del juez constitucional.
Así las cosas, no se aprecia que las publicaciones de la señora L.G.O. por sí solas configuren una vulneración o amenaza a la vida, a la integridad y a la seguridad de la señora K.P. que amerite impartir una orden a la demandada para que actúe o se abstenga de hacerlo, de conformidad con lo dispuesto el artículo 86 superior.
No obstante lo anterior, aunque no se haya constatado que el extremo pasivo hubiese transgredido los referidos bienes jurídicos de la tutelante, teniendo en cuenta que las amenazas son un delito contemplado en el artículo 347 del Código Penal , la Sala compulsará copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, para que sea el ente persecutor el que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, investigue si las publicaciones realizadas por otros usuarios de la red social F. en el muro de la señora L.G.O. deben ser tenidas como amenazas serias contra la señora K.L.P.E., a fin de que se adopten las medidas que garanticen su seguridad e integridad y, si hay lugar a ello, se promueva el proceso tendiente a verificar quién(es) atenta(n) contra sus garantías individuales.
Pasando al otro eje de análisis, la Sala debe ahora establecer si los derechos fundamentales de los menores hijos de la señora K.L.P.E. fueron conculcados al utilizarse, presuntamente, por parte de la accionada unas fotografías de los mencionados niños, junto con las publicaciones en las que le adjudica la autoría de los “pasquines”.
Revisado el legajo, se observa que en las capturas de pantalla que se aportaron con el libelo aparecen algunas imágenes de diferentes personas –incluida la que parece una fotografía de dos niños– que, aparentemente, pertenecen a los álbumes o colecciones de fotos de una cuenta de F. . Empero, no se muestra quién es el titular del perfil al que dichas imágenes se encuentran vinculadas, como tampoco se precisa quiénes son las personas que aparecen en tales fotografías, ni se dice por quién fueron tomadas y en qué circunstancias, ni por quién fueron publicadas en la red social.
En razón de lo anterior, la Sala no puede concluir que ese grupo de fotos están incorporadas al perfil de la señora L.G.O., como tampoco que los niños que figuran en la imagen son los hijos de la señora K.L.P.E., pues en ningún momento esta lo indicó de esa manera.
Nótese que en el acápite de la demanda constitucional de amparo que la actora intituló Medios Probatorios , la tutelante hace una descripción sobre las copias de las capturas de pantalla aportadas como prueba documental, señalando las publicaciones hechas por la demandada en su muro de F., y detallando las réplicas que, a su turno, hicieron otros usuarios de la plataforma. Sin embargo, omite por completo referirse a la captura de pantalla en la que se aprecia el grupo de fotografías a que se viene haciendo alusión.
Por lo demás, cabe recordar que los hijos de la accionante son, a la vez, hermanos de la accionada, según la propia señora K.P. lo ha manifestado, y no hay evidencia de que la relación conflictiva entre ellas se haya trasladado de igual manera al trato de la señora L.G.O. hacia los pequeños. En tal sentido, en gracia de discusión, si la accionada no guarda repulsión hacia sus hermanos, en principio no parecería extraña la hipótesis de que la citada almacenara y compartiera fotos de los menores en su perfil, como es usual que los usuarios de redes sociales hagan con imágenes de seres queridos como familiares y amigos, y ello sólo debería ser reprochado si llegara a utilizar esas imágenes con un ánimo malicioso, irrespetuoso o lesivo de sus derechos fundamentales.
Luego, no está probado que la señora L.G.O. haya usado fotos de sus hermanos en la publicación que difundió sobre la progenitora de estos, ni que los haya involucrado de alguna manera en la polémica surgida en la red social F. que se viene examinando, de suerte que no se vislumbra una colisión de derechos fundamentales en este sentido.
Por lo tanto, este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad. En consecuencia, al no constatarse vulneración alguna de los derechos de los niños, se negará también en cuanto a este aspecto la tutela invocada por la señora K.P.E. frente a la señora L.G.O..
Como corolario de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión procederá a confirmar la sentencia de tutela de segunda instancia del 27 de junio de 2018, dictada por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga (Atlántico) que, a su vez, confirmó la decisión de primera instancia del 8 de mayo de 2018, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Campo de la Cruz (Atlántico), en cuanto negó el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la protección de la imagen de los niños, al buen nombre y a la honra, invocados por la señora K.L.P.E. frente a la señora L.G.O..
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo analizado en precedencia y comoquiera que las amenazas son un delito contemplado en el artículo 347 del Código Penal, la Sala compulsará copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, investigue si los comentarios realizados por otros usuarios de la red social F. en el muro de la señora L.G.O. deben ser tenidos como amenazas serias contra la señora K.L.P.E., a fin de que se adopten las medidas que garanticen su seguridad e integridad personal y, si hay lugar a ello, se promueva el proceso tendiente a verificar quién(es) atenta(n) contra sus garantías individuales.
En esta oportunidad la Corte examinó la solicitud de amparo constitucional formulada por la ciudadana K.L.P.E. para la protección de sus derechos a la vida, a la seguridad e integridad personal, “los de los menores de edad”, a la honra y al buen nombre, en vista de que la señora L.G.O. publicó en su muro de la red social F. que ella (la actora) era la autora de unos llamados “pasquines” que circularon por el municipio de Campo de la Cruz (Atlántico) con presuntas afirmaciones deshonrosas sobre algunos de sus habitantes. Según la demandante, esto abrió paso a que se despertaran hacia ella sentimientos de animadversión entre varias personas que expresaron su inquina con comentarios ofensivos y amenazantes dejados en el perfil de F. de la accionada, lo cual la hace temer que se puedan tomar represalias contra ella y su familia.
De igual forma, con fundamento en las pruebas recaudadas, se constató que las circunstancias actuales de la accionante no sugieren un peligro apremiante, inminente y grave que haga imperativa la intervención del juez constitucional en defensa de los derechos a la vida y a la seguridad e integridad personal de la actora. Se estableció que las publicaciones realizadas por la accionada por sí solas no configuran una vulneración o amenaza a dichas garantías, habida cuenta de que, más allá de su tono displicente, no tienen la virtualidad para atentar materialmente contra la existencia de la señora K.L.P.E., ni pueden ser enmarcadas como instigadoras de actos de violencia.
No obstante, en consideración a las publicaciones efectuadas por otros internautas en el perfil de la demandada y comoquiera que las amenazas son un delito contemplado en el artículo 347 del Código Penal, se dispuso compulsar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, investigue si los comentarios realizados por otros usuarios de la red social F. en el muro de la señora L.G.O. deben ser tenidos como amenazas serias contra la señora K.L.P.E., a fin de que se adopten las medidas que garanticen su seguridad e integridad personal y, si hay lugar a ello, se promueva el proceso tendiente a verificar quien(es) atenta(n) contra sus garantías individuales.
Por otra parte, se estableció que no se presentó la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes alegada en el escrito introductorio, en la medida en que no hay prueba alguna en el expediente que permita inferir un uso ilegítimo de la imagen de los hijos de la actora por parte de la accionada, ni los menores resultaron involucrados en la polémica originada por las publicaciones de esta última en la red social F..
Primero.- CONFIRMAR la sentencia de tutela de segunda instancia del 27 de junio de 2018, dictada por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga (Atlántico) que, a su vez, confirmó la decisión de primera instancia del 8 de mayo de 2018, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Campo de la Cruz (Atlántico), por la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la protección de la imagen de los niños, al buen nombre y a la honra, invocados por la ciudadana K.L.P.E. frente a la señora L.G.O., de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia
Segundo.- Por Secretaría General, COMPULSAR copias del expediente T-6.997.990, contentivo de la acción de tutela formulada por K.L.P.E. contra L.G.O., a la Fiscalía General de la Nación, para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, investigue si los comentarios realizados por otros usuarios de la red social F. en el muro de la señora L.G.O. deben ser tenidos como amenazas contra la señora K.L.P.E., a fin de que se adopten las medidas que garanticen su seguridad e integridad personal y, si hay lugar a ello, se promueva el proceso tendiente a verificar quién(es) atenta(n) contra sus garantías individuales.
Accionante: K.L.P.E.
Accionada: L.G.O.
En el caso sub examine, la accionante solicitó que se ordenara a L.G.O. retractarse públicamente de las acusaciones que hizo en su contra, sobre la presunta autoría de unos pasquines ofensivos que circularon en el municipio. Ahora bien, a pesar de que la accionada no ejerce el periodismo, ni cumple ese rol dentro del grupo social, la difusión de la información se realizó de forma masiva, por medio de una publicación en la red social F.. En consecuencia, la accionante debió solicitar la rectificación previa que, en los términos de la jurisprudencia constitucional, es requisito de procedibilidad para esta clase de solicitudes de amparo.
Esta Corte ha reiterado que la solicitud de rectificación previa para la acción de tutela es extensible a la divulgación de información por otros canales , como el internet y las redes sociales. En estos casos, la rectificación puede solicitarse de conformidad con las características de la red social utilizada para la emisión del mensaje. Por lo anterior, la accionante debió solicitar a L.G.O., por medio de un inbox o un comentario en la publicación, que se retractara de sus acusaciones, previo a acudir al juez de amparo.