Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17393
Timestamp: 2017-11-24 03:42:30
Document Index: 344615476

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Sentencia C-668 de 2005 Corte Constitucional
Fecha de Entrada en Vigencia: 28/06/2005
Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión "Para los contratos de rescate, el denunciante debe ofrecer primero a la Nación los objetos que por derecho le pertenezcan, y sólo después a otra entidades" contenida en el inciso final del parágrafo 1º del artículo 9º de la Ley 397 de 1997 "Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias".
Actor: Alvaro José Rodríguez Vargas
Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio del año dos mil cinco (2005)
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Alvaro José Rodríguez Vargas presentó demanda contra la expresión "Para los contratos de rescate, el denunciante debe ofrecer primero a la Nación los objetos que por derecho le pertenezcan, y sólo después a otra entidades", contenida en el inciso final del parágrafo 1º del artículo 9 de la Ley 397 de 1997 "Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias".
Mediante auto del 1° de diciembre de 2004, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista las expresiones acusadas para garantizar la intervención ciudadana, y se comunicó la iniciación del proceso al señor Presidente de la República y al Presidente del Congreso de la República, así como también a los Ministros del Interior y de Justicia, de Cultura y de Transporte, y a la Dirección General Marítima -DIMAR- del Ministerio de Defensa Nacional, a fin de que, de estimarlo oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de las norma acusada.
A continuación se transcribe el texto del artículo 9 de la Ley 397 de 1997, en el que se encuentra la disposición demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 43.102 del 7 de agosto de 1997. Se subraya lo demandado.
"Ley 397 de 1997
ARTICULO 9o. DEL PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO. Pertenecen al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación, por su valor histórico o arqueológico, que deberá ser determinado por el Ministerio de Cultura, las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos, restos humanos, las especies náufragas constituidas por las naves y su dotación, y demás bienes muebles yacentes dentro de éstas, o diseminados en el fondo del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental1 o zona económica exclusiva, cualesquiera que sea su naturaleza o estado y la causa o época del hundimiento o naufragio. Los restos o partes de embarcaciones, dotaciones o bienes que se encuentren en circunstancias similares, también tienen el carácter de especies náufragas.
Si como consecuencia de la denuncia se produce el rescate en las coordenadas geográficas indicadas por el denunciante, éste tendrá derecho a un porcentaje del valor bruto de las especies náufragas2 que será reglamentado por el Gobierno Nacional3, oído el concepto del Consejo Nacional de Cultura.
El Gobierno Nacional reglamentará lo dispuesto en este artículo".
El demandante afirma que el último inciso del parágrafo primero del artículo 9 de la Ley 397 de 1997 vulnera los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política.
En esos términos, considera que: "¿La preservación de la integridad del patrimonio arqueológico sumergido, en todas las etapas de su localización y rescate es parte integral de la formación de la identidad nacional, por ello permitir que parte de ese patrimonio pueda ser ofrecido por el denunciante a otras entidades, que pueden ser públicas o privadas, cuando la Nación, es indiscutiblemente dueña del mismo, por derecho superior, (¿), conduce por lo menos eventualmente, a un detrimento del bien cultural inalienable, vulnerando consigo el artículo 70 de la Constitución¿".
Así mismo, estima que el inciso acusado es ambiguo, pues contiene conceptos "etéreos", no definidos por la misma norma y que por ausencia de interpretación legal "generan incertidumbre dentro del régimen jurídico que regula el patrimonio cultural y arqueológico sumergido en Colombia".
Advierte que no se explica: "¿ ¿por qué razón el legislador extendió la participación de la figura del ¿denunciante¿ al desarrollo de la etapa del contrato de rescate? más aún, no se entiende ¿por qué, para los contratos de rescate, el legislador le estipuló al denunciante ¿como obligación legal- que debe ofrecer?, y ¿por qué no debe ofrecer el rescatista?, y lo anterior no tiene sustento en tanto que el ¿denunciante¿, al ser reconocido por un acto administrativo, y al poner en conocimiento de la autoridad competente las coordenadas dentro de las cuales puede hallarse un naufragio, -sus derechos y efectos jurídicos- de conformidad con el régimen normativo aplicable, queda condicionado a que se rescate dicho patrimonio sumergido dentro de las coordenadas por él suministradas, pero no se extiende más allá de eso¿".
Considera que se puede dar otra posible interpretación a la expresión acusada, en cuyo caso las razones de la inconstitucionalidad de la norma serían otras, pues se fundamentarían en las respuestas a las siguientes preguntas: "¿ ¿Qué es lo que debe ofrecer el denunciante?, más aún ¿Cuál es la razón objetiva, de orden constitucional o legal? por qué el denunciante debe ofrecer a la Nación objetos que por derecho le corresponden?, es decir, de conformidad con la lógica común, el denunciante, al ofrecer primero a la Nación los objetos que por derecho le pertenezcan, ¿recibe algo a cambio o en retribución de ese ofrecer?, y lo anterior, es razonable en el sentido de pensar que si cualquier persona ofrece a otra, cualquier bien o servicio, necesariamente debe recibir una contraprestación o ¿qué sentido tendría para el oferente ¿que en este caso, por mandato de la ley es el denunciante- hacer el ofrecimiento?...".
Precisa que el patrimonio cultural sumergido, no es una categoría autónoma, sino que de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 397 de 1997: "¿¿Pertenece al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación, por su valor histórico o arqueológico, que deberá ser determinado por el Ministerio de la Cultura¿, ello implica necesariamente, que el patrimonio cultural sumergido, está supeditado a los efectos jurídicos señalados expresamente por el Constituyente y por el legislador, a las categorías del Patrimonio Cultural de la Nación, si estamos en presencia del Patrimonio Cultural Sumergido, por su valor histórico, determinado por el Ministerio de la Cultura, o al Patrimonio Arqueológico de la Nación, si estamos en presencia del Patrimonio Arqueológico Sumergido, por su valor arqueológico, determinado por el Ministerio de Cultura¿".
El interviniente señala que en principio la normatividad del patrimonio cultural sumergido -PCS-, en tanto se le atribuya valor arqueológico, es la que corresponde en general al patrimonio arqueológico de la Nación, establecida en los artículos 63 y 72 constitucionales y en otras normas pertinentes, de forma tal que el régimen constitucional, legal y reglamentario aplicable al patrimonio arqueológico es aplicable también a los bienes del patrimonio sumergido de valor arqueológico.
En ese sentido, manifiesta que: "¿Hacen parte del patrimonio arqueológico los muebles e inmuebles originarios de culturas desaparecidas, los pertenecientes a la época colonial, los restos humanos y orgánicos relacionados con esta culturas, los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes, de acuerdo con lo que establece el artículo 6º de la Ley 397 de 1997. Los descritos en el artículo 9º de la Ley 397 de 1997 que correspondan a las características anteriores, son también del patrimonio arqueológico¿".
Reitera que: "¿la regulación respecto del patrimonio cultural sumergido se dirige en esencia y con exclusividad a reglar aspectos puramente formales en materia de procedimientos y competencias para su manejo, a la vez que a establecer unos específicos espacios de ubicación geográfica dentro de los cuales se ejercen competencias puntuales, sin que en general los aspectos de fondo se diferencien del régimen del patrimonio arqueológico cuando los bienes que conforman al primero (PCS) provienen de las épocas y orígenes del segundo (patrimonio arqueológico)¿".
Pone de presente que sobre la materia objeto de discusión, la jurisprudencia ya se ha pronunciado en diversas oportunidades, y en particular la Corte Constitucional en sentencia C-474 de 2003, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera -Subsección "A"- en el expediente 02-2704, y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá ¿Sala Civil-, en fallo del 15 de noviembre de 2001. Al respecto cita los apartes pertinentes de las referidas providencias.
En ese entendido, enfatiza que la inalienabilidad de los bienes referidos significa: "¿que los mismos se encuentran fuera del comercio jurídico y por lo tanto no pueden venderse o comprarse, tampoco pueden ser objeto de donación o traslación del dominio a través de la sucesión por causa de muerte. (¿) su compraventa es nula en forma absoluta por recaer sobre objeto ilícito y por encontrarse su enajenación, expresamente prohibida, en los términos de los artículos 1521, 1741 y 1866 del Código Civil¿".
En esos términos, manifiesta que: "¿dentro de las facultades de contratación de la administración pública es dable el pago retributivo de las actividades de prospección y rescate de especies náufragas o en general de cualquier clase de actividad de investigación o intervención de bienes arqueológicos o culturales que se realicen por encargo del Estado¿".
2. Instituto Colombiano de Antropología e Historia ¿ICANH-
La Directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ¿ICANH-, atendiendo la invitación hecha por esta Corporación, intervino en el presente proceso con el fin de solicitar que se declare la inconstitucionalidad del precepto demandado.
En ese entendido, manifiesta que: "¿El patrimonio cultural sumergido, (¿) hace parte del patrimonio arqueológico de la Nación y de los bienes que conforman la identidad nacional y en esa dirección su propiedad es de la Nación con las características restrictivas ya anotadas (inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad), por lo que ninguna persona particular puede apropiárselos, ni ninguna institución pública disponer de ellos, sentido éste que sin duda resulta contrario a la disposición legal demandada, la cual aparentemente permite a quien realice una actividad de rescate definir cuáles bienes pertenecen a la Nación y cuáles no¿".
Advierte que el denominado patrimonio cultural sumergido hace parte del patrimonio arqueológico de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 397 de 1997. Además señala la interviniente que la clasificación legal de los bienes de carácter arqueológico, se ajusta a lo previsto en las diversas normas internacionales relativas a la defensa, conservación y protección del patrimonio cultural, aprobados por Colombia, entre otras, i) Ley 14 de 1936"Por la cual se autoriza al Poder Ejecutivo la adhesión al tratado sobre la protección de muebles de valor histórico", ii) Ley 36 de 1936 "Por la cual se aprueba el Pacto de Roerich para la protección de las Instituciones artísticas y científicas y monumentos históricos", iii) Ley 45 de 1983 "Por la cual se aprueba la Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural", iv) Ley 63 de 1986 "Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales".
Así mismo aduce que: "¿los bienes sumergidos que hacen parte de ese denominado ¿patrimonio cultural sumergido¿ y que están enunciados en el artículo 9º de la Ley 397 de 1997, corresponden en su origen, época de creación y características técnicas a aquellos que en la ley general de cultura y en los tratados referidos se definen como de carácter arqueológico, por lo que les resulta aplicable al conjunto de disposiciones constitucionales y legales que definen la propiedad, manejo, régimen de protección y demás pertinentes al patrimonio arqueológico de la Nación, hoy básicamente establecidas en los artículos 63 y 72 de la Constitución Política, en los tratados internacionales mencionados, así como en los artículos 4°, parágrafo 1º, y artículos 5º, 6º, 10, 11 y 15 de la Ley 397 de 1997, la Ley 103 de 1931, algunas disposiciones de la Ley 163 de 1959, el Decreto 833 de 2002 (regulación reglamentaria integral y general del patrimonio arqueológico nacional)¿".
Finalmente, advierte que sobre la materia objeto de discusión, la jurisprudencia nacional ya se ha pronunciado en diversas oportunidades, y en particular la Corte Constitucional en sentencia C-474 de 2003, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera ¿Subsección "A" en el expediente 02-2704 y la Corte Suprema de Justicia ¿Sala de Casación Civil-, en sentencia del 18 de diciembre de 2001.
El Señor Procurador General de la Nación, allegó el concepto número 3758, recibido el 16 de febrero de 2005, en el que solicita a la Corte que declare la inexequibilidad de las expresiones acusadas, de conformidad con las siguientes consideraciones.
La Vista Fiscal recuerda que: "¿el patrimonio público es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que como un todo unitario se atribuye al Estado. Ese concepto entendido de manera amplia comprende tanto los bienes tangibles e intangibles que lo componen y pertenecen a todos los habitantes del territorio colombiano, dentro de los cuales se encuentra comprendido el patrimonio cultural y arqueológico, el espacio público y los bienes de uso público¿".
Así mismo señala que según el artículo 8º de la Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura: "¿a nivel nacional le corresponde a las entidades territoriales, con base en los principios de descentralización, autonomía y participación, la declaratoria y el manejo del patrimonio cultural y de los bienes de interés cultural en los ámbitos municipal, distrital y departamental, lo que se hace a través de las alcaldías municipales y de las gobernaciones y de los territorios indígenas, por lo que es indispensable que en los planes de desarrollo de las respectivas entidades se destinen recursos para la conservación y recuperación del patrimonio cultural¿".
Precisa que los bienes que forman parte del patrimonio arqueológico se rigen por lo previsto en el artículo 6º de la Ley 397 de 1997 y el Decreto Reglamentario No. 833 de 2002, normas según las cuales dichos bienes gozan de carácter testimonial y valor histórico en la medida en que hacen referencia a culturas desaparecidas, y por lo tanto son un elemento básico de identidad nacional, razón por la que ameritan una especial protección por parte del Estado.
Aclara que el legislador con el ánimo de incentivar la recuperación y protección del patrimonio cultural sumergido, estableció en el artículo 9º de la Ley 397 de 1997, lo relativo a la explotación y remoción de dicho patrimonio, estableciendo como requisito una previa autorización cuya característica es ser temporal y precisa, otorgada por el Ministerio de la Cultura, la División General Marítima (DIMAR) y el Ministerio de la Defensa Nacional, independientemente de que esta actividad la realicen personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros.
Afirma que: "¿El ordenamiento jurídico colombiano con el ánimo de proteger el patrimonio cultural de la Nación que representa la identidad nacional, tanto en la Constitución Política, como en la ley y los reglamentos, ha impuesto a los bienes de interés cultural que conforman dicho patrimonio cultural de la Nación un especial régimen de protección, es así como el artículo 63 superior establece, entre otros, que tanto ¿el patrimonio arqueológico de la Nación como los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles, e inembargables¿; el artículo 72 de la Carta Política establece que ¿el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, imprescriptibles e inembargables¿ y el artículo 10 de la Ley 397 de 1997 señala que: ¿Los bienes de interés cultural que conforma el patrimonio cultural de la Nación que sean propiedad de entidades públicas son inembargables, imprescriptibles e inalienables¿¿". Al respecto, cita un aparte de la sentencia C-474 de 2003.
Así mismo, señala que la expresión acusada es ambigua al confundir tres momentos: "¿el primero, el de la exploración y remoción del patrimonio cultural sumergido que requiere autorización previa del Ministerio de la Cultura, de la Dirección General y del Ministerio de Defensa Nacional y además debe estar supervisado por un grupo de arqueólogos submarinos debidamente acreditados por el Ministerio de Cultura, el segundo, el de la denuncia que por tratarse de bienes que hacen parte del patrimonio de la Nación es una obligación impuesta a quien realice el hallazgo (artículos 6º y 9º de la Ley 397 de 1997) por lo que debe ser anterior al momento en que se realice el contrato de rescate y, el tercero, el del contrato de rescate en el cual debe participar la Nación por ser ella la llamada a dar tal autorización, por tanto es inconstitucional que el denuncio se supedite a la existencia del contrato de rescate cuando esta es una obligación independiente de quién realice el hallazgo por tratarse de bienes que pertenecen al patrimonio cultural de la Nación¿".
Finalmente considera que no le asiste razón al demandante al solicitar a la Corte que modifique la parte motiva de la sentencia C-474 de 2003, con el argumento que los criterios sentados en esa providencia contienen yerros, en cuanto se estaría atribuyendo al patrimonio cultural de la Nación la categoría de inembargable, inalienable e imprescriptible, pues aclara que "el concepto de patrimonio cultural por sí sólo es un concepto amplio y general dentro del cual se encuentran los bienes de interés cultural que conforman la identidad nacional, y son estos últimos los que poseen las calidades establecidas en los artículos 63 y 72 de la Carta. Por lo anterior ha de entenderse que cuando en la sentencia se hace referencia a que estas características son propias del patrimonio cultural de la Nación, se está haciendo referencia a los bienes de interés cultural y al patrimonio arqueológico que conforman la identidad nacional y que son parte del patrimonio cultural de la Nación¿".
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma contentiva de la expresión acusada hace parte de una Ley de la República.
Para el actor dicho precepto desconoce: i) el carácter jurídico inalienable, imprescriptible e inembargable de los bienes que integran el patrimonio arqueológico sumergido (artículo 63 C.P.), dado que si todos los bienes de tal categoría le pertenecen por derecho propio a la Nación, no es posible que alguien pueda ofrecerlos a ésta o a cualquier entidad pública o privada; ii) el principio de identidad cultural (artículo 70 C.P.), en la medida en que la preservación de la integridad del patrimonio sumergido, en todas las etapas de su localización y rescate es parte integral de la formación de la identidad nacional y iii) el deber de protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico de la Nación y de los bienes culturales que conforman la identidad nacional, por cuanto es contrario a los mandatos constitucionales que surja algún derecho de propiedad particular sobre los mismos, originado en un mero contrato de rescate. El actor finalmente discrepa de algunos apartes de la parte motiva de la sentencia C-474 de 2003 de esta Corporación.
Los intervinientes en representación del Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, solicitan declarar la inexequibilidad de la disposición legal acusada, en cuanto estiman que el precepto demandado permite la disposición de bienes que sólo pertenecen a la Nación y que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Advierten que al patrimonio cultural sumergido se le debe aplicar el régimen constitucional, legal y reglamentario que corresponde al Patrimonio Arqueológico de la Nación, y que por disposición legal (artículo 4º de la Ley 397 de 1997) también deben ser considerados como bienes de interés cultural. Expresan que si bien el Estado, en los términos del artículo 9 ibídem, está facultado para contratar tareas de exploración, prospección, excavación, remoción y rescate de bienes del patrimonio cultural sumergido, ello no puede significar que se termine atribuyendo un derecho de propiedad sobre los bienes objeto del contrato de rescate a favor del denunciante. Recuerdan que la Corte en la sentencia C-474 de 2003 dejó claramente establecido el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable del patrimonio cultural sumergido.
Así las cosas, la Corte deberá establecer si el inciso acusado del artículo 9 de la Ley 397 de 1997 - que señala que "Para los contratos de rescate, el denunciante debe ofrecer primero a la Nación los objetos que por derecho le pertenezcan, y sólo después a otras entidades"- vulnera, respecto del patrimonio cultural sumergido a que en él se alude, la titularidad de la propiedad en cabeza de la Nación y el carácter jurídico inalienable, imprescriptible e inembargable que la Constitución reconoce al patrimonio arqueológico de la Nación así como a los bienes culturales que conforman la identidad nacional que hacen parte del patrimonio cultural de la Nación, así como los deberes de protección del Estado en este campo (arts. 63, y 72 C.P.)
3.1.1 Como lo ha puesto de presente esta Corporación en reiterada jurisprudencia4, la Constitución ampara el patrimonio cultural y arqueológico de la Nación y señala el especial régimen de protección al que se encuentra sometido. Así en el artículo 8° establece que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. De la misma manera señala en el artículo 63 que el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables5. Así mismo en el artículo 72 prevé que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado, al tiempo que señala que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles, así como que la ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. A ello cabe sumar que en el artículo 333 superior se establece que la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
La Corte en varias oportunidades ha destacado no sólo la importancia de este régimen particular de protección, sino también la obligación constitucional que asiste a todos, y en particular al Estado, de asegurar la conservación y recuperación de los bienes que conforman dicho patrimonio cultural y arqueológico, así como el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible que se reconoce a los bienes a que se alude en los artículos 63 y 72 superiores6.
Cabe señalar que en desarrollo de los mandatos constitucionales el legislador expidió la Ley 397 de 1997 "Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias", donde al tiempo que se definen los objetivos de la política estatal en materia de protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación (arts. 1, 2 y 6 de la Ley ) se define que se entiende por cada uno de ellos.
Así, el artículo 4° de la misma ley señala que el patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que tienen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular.
Por su parte, el artículo 6°, ibídem, señala que son bienes integrantes del patrimonio arqueológico aquellos muebles o inmuebles que sean originarios de culturas desaparecidas, o que pertenezcan a la época colonial, así como los restos humanos y orgánicos relacionados con esas culturas. Igualmente, forman parte de dicho patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes.
El Ministerio de Cultura determinará técnica y científicamente los sitios donde puede haber bienes arqueológicos o que sean contiguos a áreas arqueológicas, hará las declaratorias respectivas y elaborará el Plan Especial de Protección, en colaboración con las demás autoridades y organismos del nivel nacional y de las entidades territoriales7.
En el artículo 8° de la ley se establece el régimen de declaratoria y manejo del patrimonio cultural de la Nación. En dicho texto se prevé que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y previo concepto del Consejo de Monumentos Nacionales, es el responsable de la declaratoria y del manejo de los monumentos nacionales y de los bienes de interés cultural de carácter nacional.
Del análisis sistemático de las disposiciones constitucionales y legales a que se ha hecho referencia, se desprende que la Constitución y la ley diferencian i) los bienes que integran el patrimonio arqueológico de la Nación, ii) los bienes culturales que conforman la identidad nacional y hacen parte del patrimonio cultural de la Nación, y iii) los demás bienes que integran dicho patrimonio cultural de la Nación. Bienes todos que están bajo la protección del Estado (art. 72 C.P.)
Ahora bien, es claro igualmente que los bienes que forman parte del patrimonio arqueológico de la Nación regulados por el artículo 6° de la ley 397 de 1997, y a los que se refiere tanto el artículo 63 como 72 de la Constitución, no requieren ningún tipo de declaración como tales para que tengan el carácter de bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles. Tampoco requieren ningún tipo de declaración para tener ese carácter los bienes culturales que conforman la identidad nacional a que alude el artículo 72 superior. Los demás bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación, si bien están sometidos a la protección del Estado, de ellos no se predica el carácter de bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles a menos que la ley así lo establezca (art. 63 C.P.).
3.1.2. Ahora bien en lo que hace relación con el patrimonio cultural sumergido, debe recordarse que el artículo 9 de la Ley 397 de 1997 establece que pertenecen al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación, por su valor histórico o arqueológico, -que deberá ser determinado por el Ministerio de Cultura-, las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos, los restos humanos, las especies náufragas constituidas por las naves y su dotación, y los demás bienes muebles yacentes dentro de éstas, o diseminados en el fondo del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental o zona económica exclusiva, cualesquiera que sea su naturaleza o estado y la causa o época del hundimiento o naufragio. Los restos o partes de embarcaciones, dotaciones o bienes que se encuentren en circunstancias similares, también tienen el carácter de especies náufragas.
Ahora bien, en relación con el mencionado artículo 9 de la Ley 397 de 1997, cabe recordar que la protección específica del patrimonio cultural sumergido no sólo atiende al interés que en diversos textos internacionales se ha señalado para este tipo de bienes8, sino que la Corte ha puesto de presente que ello se enmarca dentro del deber del Estado de proteger el patrimonio cultural y arqueológico de la Nación a que se ha hecho referencia. En ese sentido, la Corte en sentencia C-191 de 1998 al pronunciarse en relación con la exequibilidad de la expresión "plataforma continental", contenida en el referido artículo 9º de la Ley 397 de 1997, señaló lo siguiente:
" (¿) 15. En ejercicio de su soberanía, el Estado colombiano decidió expedir la norma que se estudia, en virtud de la cual pertenecen al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación, las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos, los restos humanos, las especies náufragas constituidas por las naves y su dotación, y demás bienes muebles yacentes dentro de éstas, o diseminados en el fondo del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de la plataforma continental. Como quedó expuesto, la disposición estudiada no viola el derecho internacional público que integra el contenido normativo del artículo 101 de la Carta, toda vez que en todo el conjunto de normas que lo componen no se encuentra una sola que establezca expresamente la restricción a la que alude el demandante.
No obstante, la Corte debe indicar que la mencionada disposición no sólo no viola los preceptos constitucionales, sino que constituye desarrollo directo de mandatos superiores. En efecto, el artículo 72 de la Constitución Política de Colombia señala (1) que "el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado", (2) "que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles" y, (3) que corresponde al legislador establecer las regulaciones relativas a este tipo de bienes. De otro lado, el artículo 102 de la Constitución determina que "el territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación".
Conforme a lo anterior, el Estado colombiano no hace otra cosa que cumplir con imperativos mandatos constitucionales al regular los asuntos relativos al patrimonio cultural sumergido que se encuentre en su plataforma continental, la cual, como se vio, forma parte de su territorio. De este modo, es posible afirmar que las disposiciones del artículo 9° de la Ley 397 de 1997, relativas al patrimonio cultural sumergido que se encuentre en la plataforma continental colombiana constituyen el ejercicio legítimo de una competencia que la Constitución Política le otorga al legislador nacional y son desarrollo directo de mandatos que el propio texto constitucional le impone a este último. Por las razones anteriores, el aparte cuestionado del artículo 9° de la Ley 397 de 1997, será declarado exequible. (¿)".
En ese orden de ideas y dentro del marco de ese deber de protección, cabe precisar que el parágrafo primero del artículo 9 de la Ley 397 de 1997 -del que hace parte el inciso acusado- establece que toda exploración y remoción del patrimonio cultural sumergido, por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, requiere autorización previa del Ministerio de Cultura, y de la Dirección General Marítima -DIMAR- del Ministerio de Defensa Nacional, la cual será temporal y precisa.
En efecto, en dicha sentencia mediante la cual se declaró la exequibilidad condicionada de la expresión "éste tendrá derecho a un porcentaje del valor bruto de las especies náufragas", en el entendido de que el porcentaje a que tiene derecho el denunciante no puede ser pagado, total o parcialmente con las especies náufragas que integran el patrimonio arqueológico y cultural de la Nación, se expuso por la Corte lo siguiente:
"La inalienabilidad del patrimonio arqueológico y las recompensas por el rescate de especies
"a) Inalienables: significa que no se pueden negociar, esto es, vender, donar, permutar, etc.
c) Imprescriptibles: la defensa de la integridad del dominio público frente a usurpaciones de los particulares, que, aplicándoles el régimen común, terminarían por imponerse por el transcurso del tiempo, se ha intentado encontrar, en todas las épocas, con la formulación del dogma de la imprescriptibilidad de tales bienes (Cfr, GARRIDO FALLA, Fernando. Tratado de Derecho Administrativo. Volumen II. Novena edición. Editorial Tecnos. Madrid. 1.989, pág. 405 y ss.). Es contrario a la lógica que bienes que están destinados al uso público de los habitantes puedan ser asiento de derechos privados, es decir, que al lado del uso público pueda prosperar la propiedad particular de alguno o algunos de los asociados.9"
11- Una interpretación literal muestra que la interpretación del demandante no es la que mejor se ajusta a la redacción del aparte acusado. En efecto, la norma establece que si, como consecuencia de la denuncia del hallazgo, se produce el rescate, en las coordenadas geográficas indicadas, de una especie náufraga que, según la declaración del Ministerio de Cultura, hace parte del patrimonio arqueológico o cultural sumergido, entonces el denunciante tendrá derecho "a un porcentaje del valor bruto de las especies náufragas que será reglamentado por el Gobierno Nacional (subrayas no originales)". Nótese que la disposición habla del porcentaje del valor de las especies, y no de un porcentaje de las especies en sí mismas consideradas. Esto significa entonces que, como bien lo señalan los intervinientes, las especies rescatadas deben ser necesariamente cuantificadas, a fin de establecer su valor, y sobre este valor, conforme a la reglamentación expedida por el Gobierno, el denunciante tendrá derecho a un porcentaje.
13- Por todo lo anterior, la Corte concluye que el cargo del demandante se fundamenta en una interpretación equivocada de la expresión acusada. Con todo, ese entendimiento del actor no es totalmente irrazonable, por lo que, por razones de seguridad jurídica, la Corte considera necesario recurrir a una sentencia de constitucionalidad condicionada, que evite que esa expresión sea interpretada de una forma contraria al carácter inalienable del patrimonio arqueológico y cultural de la Nación. El aparte acusado será entonces declarado exequible, pero en el entendido de que el denunciante tiene derecho a una compensación, que sea un equivalente del valor de las especies náufragas, pero no tiene derecho a reclamar un porcentaje de las especies náufragas que integran el patrimonio arqueológico y cultural nacional. La norma es entonces exequible en el entendido de que el porcentaje a que tiene derecho el denunciante, no puede ser pagado, total o parcialmente, con las especies náufragas que integran el patrimonio arqueológico y cultural nacional."10
3.2 El contenido del inciso acusado
El inciso acusado se encuentra contenido al final del parágrafo primero del artículo 9 de la Ley 397 de 1997 "Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.
En dicho parágrafo, se señala que: i) toda exploración y remoción del patrimonio cultural sumergido, por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, requiere autorización previa del Ministerio de Cultura, y de la Dirección General Marítima ¿DIMAR- del Ministerio de Defensa Nacional, la cual será temporal y precisa; ii) si en ejercicio de la autorización se produjere un hallazgo, éste deberá ser denunciado ante tal Dirección, con el fin de que la misma acredite como denunciante a quien lo haya hecho, mediante acto reservado y debidamente motivado; iii) si como consecuencia de la denuncia se produce el rescate en las coordenadas geográficas indicadas por el denunciante, éste tendrá derecho a un porcentaje del valor bruto de las especies náufragas.
Ahora bien, el último inciso -acusado- del referido parágrafo establece que " Para los contratos de rescate, el denunciante debe ofrecer primero a la Nación los objetos que por derecho le pertenezcan, y sólo después a otras entidades."
Inciso éste que necesariamente debe ser objeto de análisis sistemático, tanto i) con la primera parte del artículo en el que para definir lo que se entiende por patrimonio cultural sumergido se señala que "Pertenecen al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación, por su valor histórico o arqueológico, que deberá ser determinado por el Ministerio de Cultura, las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos, restos humanos, las especies náufragas constituidas por las naves y su dotación, y demás bienes muebles yacentes dentro de éstas, o diseminados en el fondo del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental o zona económica exclusiva, cualesquiera que sea su naturaleza o estado y la causa o época del hundimiento o naufragio. Los restos o partes de embarcaciones, dotaciones o bienes que se encuentren en circunstancias similares, también tienen el carácter de especies náufragas" (subraya la Corte); ii) como con el segundo inciso del parágrafo segundo del mismo artículo que señala que "corresponderá al Ministerio de Cultura determinar el destino o uso de las especies náufragas rescatadas, pudiendo celebrar convenios de administración con entidades públicas o privadas que tengan como una de sus actividades principales la ejecución de programas culturales abiertos al público." (subrayas fuera de texto).
Para el demandante el inciso acusado vulnera los artículos 63 y 72 de de la Constitución, en cuanto permite que el denunciante de un hallazgo de un bien perteneciente al patrimonio arqueológico sumergido pueda ofrecer dicho bien inicialmente al Estado y luego a otras personas, lo que implicaría el reconocimiento para aquél de un derecho a disponer del mismo ¿derecho que ni si quiera se reconoce al mismo Estado- lo que contraviene el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de dichos bienes. Afirma así mismo que con ello se desconoce el deber de protección que tiene el Estado en relación con los bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación, tengan estos valor histórico o arqueológico, y que impiden que se desconozcan los efectos que en la Constitución y la ley se señalan para el patrimonio cultural sumergido.
El señor Procurador hace énfasis además en que la norma es ambigua al confundir tres momentos, a saber, la exploración y remoción de bienes sumergidos -que requiere autorización estatal-, la denuncia del hallazgo -que se establece como una clara obligación en la ley- y la celebración del contrato de rescate -que solamente podrá efectuarse previa la denuncia y en el que en ningún caso puede desconocerse el carácter inalienable imprescriptible e inembargable de los bienes a que aluden los artículos 63 y 72 superiores.
Al respecto, la Corte constata que efectivamente el inciso acusado comporta el desconocimiento de los artículo 63 y 72 de la Constitución, por cuanto con él se está reconociendo la posibilidad de que en un contrato de rescate se pacte que "el denunciante debe ofrecer primero a la Nación los objetos que por derecho le pertenezcan y solo después a otras entidades", lo que implica el reconocimiento de un derecho por parte del denunciante a disponer de los bienes objeto del rescate, que necesariamente ha de entenderse ¿por la ubicación del inciso dentro del parágrafo primero del artículo 9 de la Ley 397 de 1997- corresponden a bienes del patrimonio cultural sumergido sometido como se ha explicado a una precisa regulación constitucional y legal dentro de la cual se establece claramente el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de los bienes que se enuncian en dichos artículos 63 y 72, y que por tanto no son susceptibles de disposición ni siquiera por el propio Estado.
En efecto, si se está en presencia -como lo señala el actor- de bienes pertenecientes al patrimonio cultural sumergido, es decir de bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico de la Nación o de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación, que puedan ser calificados como bienes culturales que conforman la identidad nacional, independientemente de la clasificación que se haga de los mismos por parte del Ministerio de Cultura, es claro que el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de los mismos, impide que en relación con ellos se acepte que el denunciante "podrá ofrecer objetos que por derecho le pertenezcan primero a la Nación y luego solo a otras entidades", como lo señala la disposición demandada, pues es claro que en relación con dichos bienes en ningún caso se puede reconocer un derecho para el denunciante, dado el carácter inembargable, inalienable e imprescriptible de los mismos.
Declarar INEXEQUIBLES las expresiones "Para los contratos de rescate, el denunciante debe ofrecer primero a la Nación los objetos que por derecho le pertenezcan, y sólo después a otra entidades", contenida en el inciso final del parágrafo 1º del artículo 9º de la Ley 397 de 1997.
1 La expresión "la plataforma continental" fue declarada exequible en la Sentencia C-191/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
2 La Corte en la Sentencia C-474 de 2003 decidió: "Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada "éste tendrá derecho a un porcentaje del valor bruto de las especies náufragas", contenida en el inciso tercero del parágrafo primero del artículo 9° de la Ley 397 de 1999, en el entendido de que el porcentaje a que tiene derecho el denunciante, no puede ser pagado, total o parcialmente, con las especies náufragas que integran el patrimonio arqueológico y cultural nacional.
3 La Corte, en la misma sentencia C-474, declaró inexequible el aparte tachado.
4 Ver sentencias C-091/01, C-336/00, C-339/02 y C-474/03
5 ARTÍCULO 63 Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
6 Ver Sentencia C-474 de 2003,así como entre otras las sentencias C-339 de 2002. Fundamento 6.2, C-091 de 2001, y 366 de 2000 .
7 La norma precisa adicionalmente que en el proceso de otorgamiento de las licencias ambientales sobre áreas declaradas como Patrimonio Arqueológico, las autoridades ambientales competentes, consultarán con el Ministerio de Cultura, sobre la existencia de áreas arqueológicas y los planes de protección vigentes, para efectos de incorporarlos en las respectivas licencias y que el Ministerio de Cultura dará su respuesta en un plazo no superior a 30 días calendario.
8 Entre otras la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, suscrita en Montego Bay en el año de 1982, advierte en su artículo 149 que "Todos los objetos de carácter arqueológico e histórico hallados en la Zona serán conservados o se dispondrá de ellos en beneficio de toda la humanidad, teniendo particularmente en cuenta los derechos preferentes del Estado o país de origen, del Estado de origen cultural o del Estado de origen histórico y arqueológico." En la misma línea, el artículo 303-1 establece que "1. los Estados tienen la obligación de proteger los objetos de carácter arqueológico e histórico hallados en el mar y cooperarán a tal efecto". Ver S.P.V. del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra a la Sentencia C-474 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
9 Sentencia T-566 de 1992, Fundamento C-2. En el mismo sentido, ver sentencias T-572 de 1994, Fundamento 5 y C-183 de 2003, Fundamento 3.5.
10 Sentencia C-474/03 M.P. Eduardo Montealegre Linett S.P.V. Rodrigo escobar Gil; Eduardo Montealegre Linett; Marco gerardo Monroy Cabra; Álvaro Tafur Galvis.