Source: https://www.slideshare.net/kirurzun/estatuto-empleado-pblico-7-2007
Timestamp: 2017-09-24 07:21:29
Document Index: 175096237

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 103', 'artículo 149', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 20', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 63', 'Artículo 11', 'artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 46', 'Artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 55', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 24', 'artículo 24', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 24', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo21', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'artículo 37', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'artículo 37', 'artículo 83', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'artículo 38', 'artículo 37', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49']

Estatuto empleado público 7 2007
Derechos y deberes de los empleados... by Albert Calderó 23037 views
1. RCL 2007768 Legislación (Disposición Vigente a 5/4/2011) Ley 7/2007, de 12 abrilJEFATURA DEL ESTADOBOE 13 abril 2007, núm. 89, [pág. 16270];EMPLEADO PÚBLICO. Estatuto Básico del Empleado Público Texto: EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEl Estatuto Básico del Empleado Público establece los principios generales aplicables al conjunto de lasrelaciones de empleo público, empezando por el de servicio a los ciudadanos y al interés general, ya quela finalidad primordial de cualquier reforma en esta materia debe ser mejorar la calidad de los serviciosque el ciudadano recibe de la Administración.El Estatuto Básico del Empleado Público contiene aquello que es común al conjunto de los funcionariosde todas las Administraciones Públicas, más las normas legales específicas aplicables al personal laborala su servicio. Partiendo del principio constitucional de que el régimen general del empleo público ennuestro país es el funcionarial, reconoce e integra la evidencia del papel creciente que en el conjunto deAdministraciones Públicas viene desempeñando la contratación de personal conforme a la legislaciónlaboral para el desempeño de determinadas tareas. En ese sentido, el Estatuto sintetiza aquello quediferencia a quienes trabajan en el sector público administrativo, sea cual sea su relación contractual, dequienes lo hacen en el sector privado.El Estatuto Básico es un paso importante y necesario en un proceso de reforma, previsiblemente largo ycomplejo, que debe adaptar la articulación y la gestión del empleo público en España a las necesidades denuestro tiempo, en línea con las reformas que se vienen emprendiendo últimamente en los demás paísesde la Unión Europea y en la propia Administración comunitaria.Las Administraciones y entidades públicas de todo tipo deben contar con los factores organizativos queles permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración, que se va consolidandoen el espacio europeo, y contribuir al desarrollo económico y social. Entre esos factores el más importantees, sin duda, el personal al servicio de la Administración.El sistema de empleo público que permite afrontar estos retos es aquel que hace posible atraer losprofesionales que la Administración necesita, que estimula a los empleados para el cumplimientoeficiente de sus funciones y responsabilidades, les proporciona la formación adecuada y les brindasuficientes oportunidades de promoción profesional, al tiempo que facilita una gestión racional y objetiva,ágil y flexible del personal, atendiendo al continuo desarrollo de las nuevas tecnologías.Para eso, la legislación básica de la función pública debe crear el marco normativo que garantice laselección y la carrera sobre la base de los criterios constitucionales de mérito y capacidad y queestablezca un justo equilibrio entre derechos y responsabilidades de los empleados públicos. Además, lalegislación básica ha de prever los instrumentos que faculten a las diferentes Administraciones para laplanificación y ordenación de sus efectivos y la utilización más eficiente de los mismos.Ahora bien, en nuestro país específicamente, esta legislación debe tener en cuenta el amplio proceso dedescentralización administrativa que ha tenido lugar durante las últimas décadas. En virtud de él, laAdministración General del Estado es, de los tres niveles territoriales de gobierno, la que cuenta en laactualidad con menor número de empleados. La progresiva y drástica reducción de sus efectivos, unida alos cambios en las funciones que realiza, no puede dejar de afectar a la estructura y articulación de lafunción pública a su servicio. En paralelo, la emergencia de las Administraciones autonómicas, que hoycuentan prácticamente con la mitad de los empleados públicos del país, ha hecho aflorar sus propiosproblemas y necesidades de gestión de personal. Algo semejante puede decirse de las entidades locales,que presentan por lo demás hondas diferencias entre ellas, en las que el número de empleados ha
2. experimentado también un importante crecimiento.Quiere eso decir que el régimen de la función pública no puede configurarse hoy sobre la base de unsistema homogéneo que tenga como modelo único de referencia a la Administración del Estado. Por elcontrario, cada Administración debe poder configurar su propia política de personal, sin merma de losnecesarios elementos de cohesión y de los instrumentos de coordinación consiguientes. Por tanto, ladensidad de la legislación básica en materia de función pública debe reducirse hoy en día, en comparacióncon épocas pasadas, teniendo en cuenta en todo caso las determinaciones de los Estatutos de Autonomía yla doctrina establecida por el Tribunal Constitucional.De otra parte, la apertura de mayores espacios a la autonomía organizativa en materia de personal estambién necesaria para posibilitar la regulación diferenciada de los sectores del empleo público que lorequieran. Asistimos hoy, en efecto, a una gradual multiplicación de las formas de gestión de lasactividades públicas dentro de cada nivel territorial de gobierno, que persigue responder adecuadamente alas exigencias que plantea, en cada caso, el servicio eficaz a los ciudadanos. La organización burocráticatradicional, creada esencialmente para el ejercicio de potestades públicas en aplicación de las leyes yreglamentos, se ha fragmentado en una pluralidad de entidades y organismos de muy diverso tipo,dedicadas unas a la prestación de servicios directos a la ciudadanía y otras al ejercicio de renovadasfunciones de regulación y control. Esta diversidad de organizaciones ha contribuido igualmente a laheterogeneidad actual de los regímenes de empleo público. La correcta ordenación de este último requieresoluciones en parte diferentes en unos y otros sectores y, por eso, la legislación general básica no puedeconstituir un obstáculo ni un factor de rigidez. Antes al contrario, ha de facilitar e impulsar las reformasque sean necesarias para la modernización administrativa en todos los ámbitos.En fin, la manifestación más significativa de esa tendencia a la diversidad viene siendo el recurso pormuchas Administraciones Públicas a la contratación de personal conforme a la legislación laboral. Si bienpor imperativo constitucional no puede ser éste el régimen general del empleo público en nuestro país, niexisten razones que justifiquen hoy una extensión relevante de la contratación laboral en el sector público,no debe desconocerse que un porcentaje significativo de los empleados públicos tienen la condición depersonal laboral, conforme a la legislación vigente. La flexibilidad que este régimen legal introduce en elempleo público y su mayor proximidad a los criterios de gestión de la empresa privada explican lapreferencia por él en determinadas áreas de la Administración.Esta dualidad de regímenes, presente también con unas u otras peculiaridades en la mayoría de losEstados europeos, suscita no obstante algunos problemas jurídicos y de gestión de personal, que nopueden dejar de contemplarse y regularse, en sus aspectos esenciales, por una ley que aspira a ordenar elsistema de empleo público en su conjunto. Es más, como la experiencia demuestra y la jurisprudencia delos Tribunales subraya, la relación laboral de empleo público está sujeta a ciertas especificidades y poreso algunos principios, como los de mérito y capacidad en el acceso, y ciertas normas de derecho público,como el régimen de incompatibilidades, vienen siendo de aplicación común al personal estatutario y allaboral. Más aun, la negociación colectiva del personal al servicio de las Administraciones Públicas,aunque separada para uno y otro tipo de personal hasta este momento, ha tenido como consecuencia unacreciente aproximación de las condiciones de empleo que les afectan. Por eso, sin merma de la aplicaciónde la legislación laboral general en lo que proceda y siguiendo las recomendaciones de los expertos,conviene regular en el mismo Texto Legal que articula la legislación básica del Estado sobre la funciónpública aquellas peculiaridades de la relación laboral de empleo público. El presente Estatuto contiene,pues, también las normas que configuran esta relación laboral de empleo público, en virtud de lacompetencia que atribuye al Estado el artículo 149.1.7ª de la Constitución.En desarrollo de este Estatuto Básico, el legislador estatal y el de las Comunidades Autónomas, en elámbito de sus respectivas competencias, habrán de aprobar o modificar las leyes de función pública desus Administraciones, así como las normas aplicables a la Administración local, respetando en este últimocaso la autonomía organizativa de las entidades locales. Dichas Leyes podrán ser, asimismo, generales oreferirse a sectores específicos de la función pública que lo requieran. Entre estas últimas habrá quecontar necesariamente las que afecten al personal docente y al personal estatutario de los servicios desalud, constituyendo, en relación a este último colectivo, Norma vigente la Ley 55/2003, de 14 dediciembre (RCL 20032934), del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, yasimismo su normativa de desarrollo, con independencia de la vocación universal de aplicación y deNorma de referencia, en definitiva, del Estatuto Básico del Empleado Público. Por lo que se refiere alpersonal laboral, en lo no dispuesto por el Estatuto Básico, que regula las especialidades del empleopúblico de esta naturaleza, habrá de aplicarse la legislación laboral común.
3. La negociación colectiva de los funcionarios públicos y del personal laboral, en los términos quecontempla el presente Estatuto, habrá de contribuir finalmente a concretar las condiciones de empleo detodo el personal al servicio de la Administración, como ya sucede en la actualidad.Se empieza por un conjunto de principios generales exigibles a quienes son empleados públicos. Acontinuación se incluye un listado de derechos básicos y comunes de los empleados públicos,diferenciando eso sí el más específico derecho de los funcionarios de carrera a la inamovilidad en sucondición, que no debe contemplarse como un privilegio corporativo sino como la garantía másimportante de su imparcialidad. El Estatuto actualiza ese catálogo de derechos, distinguiendo entre los decarácter individual y los derechos colectivos, e incorporando a los más tradicionales otros de recientereconocimiento, como los relativos a la objetividad y transparencia de los sistemas de evaluación, alrespeto de su intimidad personal, especialmente frente al acoso sexual o moral, y a la conciliación de lavida personal, familiar y laboral.Por primera vez se establece en nuestra legislación una regulación general de los deberes básicos de losempleados públicos, fundada en principios éticos y reglas de comportamiento, que constituye unauténtico código de conducta. Estas reglas se incluyen en el Estatuto con finalidad pedagógica yorientadora, pero también como límite de las actividades lícitas, cuya infracción puede tenerconsecuencias disciplinarias. Pues la condición de empleado público no sólo comporta derechos, sinotambién una especial responsabilidad y obligaciones específicas para con los ciudadanos, la propiaAdministración y las necesidades del servicio. Éste, el servicio público, se asienta sobre un conjunto devalores propios, sobre una específica «cultura» de lo público que, lejos de ser incompatible con lasdemandas de mayor eficiencia y productividad, es preciso mantener y tutelar, hoy como ayer.Seguidamente el Estatuto Básico define las clases de empleados públicos -funcionarios de carrera einterinos, personal laboral, personal eventual- regulando la nueva figura del personal directivo. Esteúltimo está llamado a constituir en el futuro un factor decisivo de modernización administrativa, puestoque su gestión profesional se somete a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad y control deresultados en función de los objetivos. Aunque por fortuna, no han faltado en nuestras Administracionesfuncionarios y otros servidores públicos dotados de capacidad y formación directiva, conviene avanzardecididamente en el reconocimiento legal de esta clase de personal, como ya sucede en la mayoría de lospaíses vecinos.Por lo que se refiere a los funcionarios, se hace preciso modificar su clasificación actual, teniendo encuenta la evolución que ha experimentado en los últimos años nuestro sistema educativo y en previsión,particularmente, del proceso abierto de reordenación de los títulos universitarios. La clasificación en tresgrandes grupos, con sus subgrupos, se efectúa en función del título exigido para su ingreso,estableciéndose un grupo A, con dos subgrupos A1 y A2; un grupo B y un grupo C, a su vez con lossubgrupos C1 y C2.Por otra parte, el Estatuto refuerza las garantías de transparencia en lo relativo al número y retribucionesdel personal eventual y contiene algunas normas para combatir la excesiva tasa de temporalidad en elempleo público que se ha alcanzado en algunas Administraciones y sectores.En cualquier caso, por lo que se refiere a la ordenación del empleo público, así como al sistema deestructuración del mismo en cuerpos, escalas, clases o categorías y a los instrumentos de clasificación delos puestos de trabajo, el Estatuto Básico pretende ser escrupulosamente respetuoso de las competenciaslegislativas de las Comunidades Autónomas, así como de la autonomía organizativa de éstas y de lasAdministraciones locales. Sobre la base de unos principios y orientaciones muy flexibles, la Ley remite alas leyes de desarrollo y a los órganos de gobierno correspondientes el conjunto de decisiones que habránde configurar el empleo público en cada Administración.En materia de acceso al empleo público ha sido preocupación esencial garantizar en la mayor medidaposible la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como la transparencia de losprocesos selectivos y su agilidad, sin que esto último menoscabe la objetividad de la selección. Ello no es,por cierto, incompatible con unas mayores posibilidades de apertura de nuestro empleo público aciudadanos que carezcan de la nacionalidad española, en aplicación del Derecho comunitario o porrazones de interés general, ni con la necesaria adopción de medidas positivas para promover el acceso depersonas con discapacidad. En particular se hace hincapié en las garantías de imparcialidad yprofesionalidad de los miembros de los órganos de selección, para asegurar su independencia en elejercicio de las potestades que les corresponden y de ahí, que, como es regla en otros ordenamientos, se
4. establezcan determinados límites a su composición. A ello se añade el criterio favorable a la paridad degénero, en coherencia con la mayor preocupación actual de nuestro ordenamiento por garantizar laigualdad real entre hombres y mujeres.Criterios semejantes, esenciales para mantener el mayor grado de profesionalidad de nuestro empleopúblico, se han de aplicar también a la carrera de los funcionarios y a la provisión de los puestos detrabajo. Pero además, en estas materias es preciso introducir algunas otras reformas, que pretendenmejorar la eficacia del sistema y los estímulos y expectativas de los funcionarios. Sin imponerlo a todaslas Administraciones Públicas, el Estatuto Básico permite que se configuren modelos de carrerahorizontal, desvinculada de los cambios de puesto de trabajo y basada en el desarrollo de lascompetencias y en el rendimiento. De esta manera podrá reducirse la inflación orgánica y la excesivamovilidad voluntaria del personal, que ha acabado por caracterizar al modelo en vigor, ya que concentratodas las oportunidades de carrera en el desempeño sucesivo de puestos de trabajo. Ello no obstante, elEstatuto permite también continuar con esta modalidad de carrera en aquellas Administraciones o áreasdel empleo público en que se considere conveniente y adoptar otras que combinen elementos de carrerahorizontal y vertical.Elemento fundamental de la nueva regulación es, en cualquier caso, la evaluación del desempeño de losempleados públicos, que las Administraciones Públicas deberán establecer a través de procedimientosfundados en los principios de igualdad, objetividad y transparencia. La evaluación periódica deberátenerse en cuenta a efectos de la promoción en la carrera, la provisión y el mantenimiento de los puestosde trabajo y para la determinación de una parte de las retribuciones complementarias, vinculadasprecisamente a la productividad o al rendimiento. Generalizando algunas experiencias que ya existen enel ámbito de nuestras Administraciones Públicas, se introduce así un factor de motivación personal y decontrol interno, que es común a las reformas del empleo público que se han adoptado o se estánarticulando en el ámbito europeo. Es obvio, en efecto, que las oportunidades de promoción y, en algunamedida, las recompensas que corresponden a cada empleado público han de relacionarse con la manera enque realiza sus funciones, en atención a los objetivos de la organización, pues resulta injusto y contrario ala eficiencia que se dispense el mismo trato a todos los empleados, cualquiera que sea su rendimiento y suactitud ante el servicio.De ello deriva que la continuidad misma del funcionario en su puesto de trabajo alcanzado por concursose ha de hacer depender de la evaluación positiva de su desempeño, pues hoy resulta ya socialmenteinaceptable que se consoliden con carácter vitalicio derechos y posiciones profesionales por aquellos que,eventualmente, no atiendan satisfactoriamente a sus responsabilidades.Pero, a su vez, resulta necesario facilitar la promoción interna de todos los empleados que adquieran lascompetencias y requisitos necesarios para progresar en su carrera, desde los niveles inferiores a lossuperiores, de manera que no se limiten las oportunidades de quienes tienen interés y deseo de alcanzarcon su dedicación y esfuerzo las mayores responsabilidades. También se han de establecer instrumentosde colaboración que faciliten la movilidad voluntaria de los funcionarios entre distintas Administraciones,lo que constituye una justa y extendida reivindicación de los empleados públicos. En fin, es precisoflexibilizar las reglas de movilidad funcional y, en su caso, geográfica, del personal por necesidades delservicio, con las oportunas garantías y compensaciones, cuando procedan. A todas estas necesidadesresponden determinados preceptos de la nueva Ley.La gestión de personal, conforme a todas estas reglas y las que las desarrollen con la misma finalidad,podrá ganar en eficiencia y equidad, lo que ha de traducirse tarde o temprano en una mejora de losservicios.Consecuentemente con lo anterior, pero también a la vista de la experiencia de los últimos años, la nuevaLey debe introducir algunas modificaciones en el sistema retributivo de los funcionarios públicos.En esta materia, el Estado, a través de las Leyes de Presupuestos Generales, debe mantener lascompetencias que le permitan ejercer un control sobre el gasto de personal, que es un componenteesencial del gasto público y, por ende, de la Hacienda general. Se atiende así a la reiterada doctrinaestablecida al efecto por el Tribunal Constitucional. Pero ello no obsta al reconocimiento de una mayorautonomía en la determinación de una parte de las retribuciones, las de carácter complementario, quepueden variar legítimamente en unas y otras Administraciones, como ya sucede hoy en día en la práctica.Antes bien, la flexibilidad con que se regula la carrera de los funcionarios públicos en el Estatuto Básicoimplica un margen de libre decisión para que tanto las Leyes de Función Pública de la Administración
5. General del Estado como las de las Comunidades Autónomas adapten el sistema retributivo a lamodalidad de carrera por la que opten en cada caso.En coherencia con ello, las retribuciones complementarias podrán vincularse al grado, nivel o categoríaalcanzado en la carrera, a las características del puesto de trabajo que se desempeña y al rendimiento,iniciativa, interés o esfuerzo aplicado al desempeño. Además, el Estatuto satisface una antigua ypermanente reivindicación de los funcionarios determinando que la cuantía de las pagas extraordinariascomprende una mensualidad completa de las retribuciones básicas y de las complementarias de carácterfijo, derecho que ya disfrutan hoy en muchos casos los empleados con contrato laboral.En materia de situaciones administrativas, el nuevo Texto Legal simplifica y reordena la regulaciónactual, estableciendo un conjunto de reglas comunes para todos los funcionarios de carrera. Sin embargo,reconoce la posibilidad de que, por ley de las Comunidades Autónomas se puedan introducir supuestosdistintos, conforme a sus necesidades.Especial referencia merece el capítulo dedicado a la negociación colectiva y a la participación yrepresentación institucional de los empleados públicos. En esta materia se ha hecho un importanteesfuerzo, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos, para clarificar los principios, el contenido,los efectos y los límites de la negociación colectiva y para mejorar su articulación, a la vista de laexperiencia de los últimos años y de la doctrina legal establecida por el Tribunal Constitucional y por elTribunal Supremo.El Estatuto recalca los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad de la negociación,buena fe, publicidad y transparencia que han de presidir la negociación. Introduce o consolida novedadesde relieve en orden a la estructura de la negociación colectiva, mediante la creación de una Mesa Generalde las Administraciones Públicas, en la que estén representadas todas ellas, para negociar los proyectos delegislación básica y otras cuestiones de interés general, legitimando la negociación colectiva en ámbitossupramunicipales y permitiendo negociar en una misma Mesa las condiciones de empleo comunes alpersonal funcionario y al personal laboral. Define con mayor precisión que la legislación hasta ahoravigente las materias que han de ser objeto de negociación y las que quedan excluidas de la misma yclarifica los efectos jurídicos de los Pactos y Acuerdos, en particular cuando versan sobre materias quehan de ser reguladas por ley, supuesto en el que el órgano de gobierno competente queda vinculado apresentar el proyecto de ley correspondiente, o cuando pueden sustituir lo dispuesto por normasreglamentarias o por otras decisiones de los órganos de gobierno o administrativos, supuesto en quetienen eficacia directa, en su caso tras su aprobación o ratificación. Asimismo se precisa la solución legalaplicable para el caso de que no se alcance el acuerdo en la negociación colectiva. En fin, se regula lavigencia de los Pactos y Acuerdos, que sólo pueden ser válidamente incumplidos por la Administraciónpor causa excepcional y grave de interés público, derivada de circunstancias imprevistas cuando sefirmaron.La Ley recoge también la regulación vigente en materia de representación del personal funcionario y elrégimen electoral correspondiente. Se incorporan a ella algunas mejoras técnicas y se reduce en algunosaspectos el contenido de la legislación básica, pero sin desconocer la competencia que al Estadocorresponde para regular estos aspectos intrínsecamente vinculados al ejercicio de los derechos sindicales.Se establece, por último, la posibilidad de acudir a medios extrajudiciales de solución de los conflictoscolectivos que puedan surgir en la interpretación y aplicación de los Pactos y Acuerdos, ya sea lamediación, obligatoria a instancia de una de las partes, o el arbitraje voluntario.En cuanto al régimen disciplinario, el Estatuto, de conformidad con su carácter básico, se limita a ordenarlos principios a que debe someterse el ejercicio de esta potestad pública respecto de los empleadospúblicos, tipifica las infracciones muy graves y amplía el abanico de posibles sanciones. Por lo demás seremite ampliamente a la legislación que, en su desarrollo, dicten el Estado y las Comunidades Autónomasen el ámbito de sus respectivas competencias.En su Título final se establecen los órganos e instrumentos de cooperación entre las AdministracionesPúblicas que, sin merma de su respectiva autonomía, se consideran esenciales para garantizar lacoherencia y comunicación del sistema de empleo público en su conjunto. Se ha optado en este caso porsuprimir el Consejo Superior de la Función Pública, dada la escasa operatividad que ha tenido este órganoy porque las funciones de que fue dotado hace más de veinte años han sido ya sustituidas en la prácticapor la actividad de los órganos de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y por las
6. Mesas de Negociación y otras vías de participación de las organizaciones sindicales. En la ConferenciaSectorial correspondiente y en la Comisión de Coordinación del Empleo Público se prevé la presencia deuna representación de la Administración Local que, no en vano, integra en la actualidad aproximadamentela cuarta parte de los empleados públicos.La mayor autonomía de que cada Administración debe disponer para la ordenación y gestión de supersonal, en los términos de este Estatuto, ha de ser complementada por una cooperación más intensaentre todas ellas, al efecto de resolver los numerosos problemas comunes, en beneficio de los ciudadanosy del conjunto de los empleados públicos.Por otro lado aunque este Estatuto mantiene en vigor el sistema de incompatibilidades actual se hacenecesario adecuarlo en parte al nuevo régimen jurídico establecido en nuestro Estatuto. En ese sentido, laDisposición Final Tercera refuerza la total incompatibilidad del personal directivo, incluido el sometido ala relación laboral de carácter especial de alta dirección, para el desempeño de cualquier actividadprivada. Y además se incluye en el personal sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (RCL 198514;ApNDL 6601), de Incompatibilidades al servicio de las Administraciones Públicas, al personal al serviciode Agencias, así como de Fundaciones y Consorcios en determinados supuestos de financiación pública,como consecuencia de la aparición de nuevas figuras y entes.El artículo 103.3RCL 19782836 de la Constitución (RCL 19782836; ApNDL 2875) establece que laLey regulará el estatuto de los funcionarios públicos y su artículo 149.1.18ª atribuye al Estado lacompetencia sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones Públicas.Pese a estas previsiones constitucionales no se ha aprobado hasta la fecha una ley general del Estado que,en cumplimiento de las mismas, regule de manera completa las bases de dicho régimen estatutario.Esta carencia se explica sobre todo por la dificultad que entraña abordar una reforma legislativa delsistema de empleo público de alcance general, habida cuenta de la diversidad de Administraciones y desectores, de grupos y categorías de funcionarios a los que está llamada a aplicarse, ya sea de maneradirecta o, al menos, supletoria.De hecho son escasas en nuestro país las ocasiones históricas en las que se ha emprendido y culminadoesta tarea, con mayor o menor fortuna. Conviene recordar ahora la regulación o «nuevo arreglo» de losempleados públicos impulsado por el Ministro de Hacienda Luis López Ballesteros, que estableció elReal Decreto de 3 de abril de 1828, precedido de otras normas para los funcionarios de la Real Hacienda.También debe hacerse mención del Estatuto de Bravo Murillo, aprobado por Real Decreto de 18 de juniode 1852, de la Ley de Bases de 22 de julio de 1918 y su Reglamento de 7 de septiembre, que contienen eldenominado Estatuto de Maura, y, finalmente, de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, articuladapor Decreto de 7 de febrero de 1964 (RCL 1964348; NDL 14563), en desarrollo de la Ley de Bases109/1963, de 20 de julio (RCL 19631422; NDL 14561).Hay que añadir, no obstante, que después de la Constitución han visto la luz reformas del régimen legalde los empleados públicos que no por parciales fueron de menor trascendencia que aquéllas. Entre ellasdestaca la introducida por la Ley 30/1984, de 2 de agosto (RCL 19842000, 2317, 2427; ApNDL 6595),de Medidas para la Reforma de la Función Pública, una regulación que tiene ya carácter de legislaciónbásica y que nació con pretensiones de provisionalidad, aunque ha estado en vigor durante más de dosdécadas, Ley ésta que ha configurado un modelo de función pública muy distinto a los anteriores,estructurado en torno al puesto de trabajo. Esta reforma fue completada por la Ley 53/1984, de 26 dediciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y, más tarde,por la Ley 9/1987, de 12 de junio (RCL 19871450), que regula el sistema de representación de losfuncionarios públicos y su participación y negociación colectiva para la determinación de sus condicionesde empleo. Estas tres Normas legales han venido constituyendo hasta ahora el núcleo esencial de lalegislación básica del Estado en la materia y, a su vez, han sido modificadas puntualmente,complementadas o desarrolladas por múltiples normas de distinto rango elaboradas por el Estado y por lasComunidades Autónomas.La dispersión de la legislación básica en varios textos aconsejaba, desde hace tiempo, su refundición en elmarco de un modelo coordinado para las políticas de personal. Pero, además, desde que se aprobó lalegislación de los años ochenta nuestra sociedad y nuestras Administraciones Públicas han experimentadomuy profundas transformaciones que, junto a la experiencia acumulada desde entonces, hacíanimprescindible una nueva reforma general. Así se intentó en 1999 mediante la presentación de unProyecto de Ley de Estatuto Básico de la Función Pública, que no llegó a tramitarse. Y así se lleva a cabo
7. definitivamente mediante el presente texto, que ha sido elaborado tras un intenso período de estudio yreflexión, encomendado a la Comisión de expertos constituida al efecto y tras un no menos sostenidoproceso de discusión y diálogo con los representantes de las Comunidades Autónomas y de otrasAdministraciones y con los agentes sociales y organizaciones profesionales interesadas. De uno y otro sededuce la existencia de un consenso generalizado a favor de la reforma y numerosas coincidencias sobreel análisis de los problemas que hay que resolver y acerca de las líneas maestras a las que dicha reformadebe ajustarse. TÍTULO I Objeto y ámbito de aplicaciónArtículo 1.Objeto.1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionariospúblicos incluidos en su ámbito de aplicación.2. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de lasAdministraciones Públicas.3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuación:a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional.c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres.e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en lacondición de funcionario de carrera.f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos.g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos.h) Transparencia.i) Evaluación y responsabilidad en la gestión.j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas.k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de lascondiciones de empleo.l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público.Artículo 2.Ámbito de aplicación.1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de lassiguientes Administraciones Públicas:-La Administración General del Estado.-Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.-Las Administraciones de las Entidades Locales.-Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídicapropia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.
8. -Las Universidades Públicas.2. En la aplicación de este Estatuto al personal investigador se podrán dictar normas singulares paraadecuarlo a sus peculiaridades.3. El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislaciónespecífica dictada por el Estado y por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivascompetencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto el Capítulo II del Título III, salvo elartículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84.4. Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendidoel personal estatutario de los Servicios de Salud.5. El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas noincluido en su ámbito de aplicación.Artículo 3.Personal funcionario de las Entidades Locales.1. El personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación estatal que resulte deaplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, conrespeto a la autonomía local.2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación de lasComunidades Autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 demarzo (RCL 1986788), de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.Artículo 4.Personal con legislación específica propia.Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislaciónespecífica al siguiente personal:a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las ComunidadesAutónomas.b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los Órganos Estatutariosde las Comunidades Autónomas.c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración deJusticia.d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.f) Personal retribuido por arancel.g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.h) Personal del Banco de España y Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito.Artículo 5.Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas ysupletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto.Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.Artículo 6.Leyes de Función Pública.En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades
9. Autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las Leyes reguladoras de la Función Pública dela Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas.Artículo 7.Normativa aplicable al personal laboral.El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislaciónlaboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que asílo dispongan. TÍTULO II Clases de personal al servicio de las Administraciones PúblicasArtículo 8.Concepto y clases de empleados públicos.1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas alservicio de los intereses generales.2. Los empleados públicos se clasifican en:a) Funcionarios de carrera.b) Funcionarios interinos.c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.d) Personal eventual.Artículo 9.Funcionarios de carrera.1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a unaAdministración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para eldesempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en elejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de lasAdministraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos queen la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.Artículo 10.Funcionarios interinos.1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, sonnombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se déalguna de las siguientes circunstancias:a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.b) La sustitución transitoria de los titulares.c) La ejecución de programas de carácter temporal.d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de docemeses.2. La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles querespetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63,
10. cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes desempeñadaspor funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que seproduce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición,el régimen general de los funcionarios de carrera.Artículo 11.Personal laboral.1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de lasmodalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidospor las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempoindefinido o temporal.2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criteriospara la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral,respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9.2.Artículo 12.Personal eventual.1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realizafunciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido concargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos degobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El númeromáximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condicionesretributivas serán públicas.3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de laautoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o parala promoción interna.5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, elrégimen general de los funcionarios de carrera. SUBTÍTULO I Personal directivoArtículo 13.Personal directivo profesional.El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, en desarrollode este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios paradeterminar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios:1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las AdministracionesPúblicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará acabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia,responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sidofijados.
11. 4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración demateria objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley. Cuando el personal directivo reúna lacondición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. TÍTULO III Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos CAPÍTULO I Derechos de los empleados públicosArtículo 14.Derechos individuales.Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con lanaturaleza jurídica de su relación de servicio:a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo conla progresión alcanzada en su carrera profesional.c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales deigualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes deevaluación.d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a serinformado por sus superiores de las tareas a desarrollar.f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan antecualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargospúblicos.g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidadesprofesionales, preferentemente en horario laboral.h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmentefrente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientaciónsexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstanciapersonal o social.j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación.p) A la libre asociación profesional.q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
12. Artículo 15.Derechos individuales ejercidos colectivamente.Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:a) A la libertad sindical.b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de lacomunidad.d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cadacaso.e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto. CAPÍTULO II Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeñoArtículo 16.Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios decarrera.1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional.2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progresoprofesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento de lacualificación profesional de sus funcionarios de carrera.3. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carreraprofesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada osimultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades:a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptosanálogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b)del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto.b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por losprocedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del Título V de este Estatuto.c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, oGrupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, deacuerdo con lo establecido en el artículo 18.d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupoprofesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.4. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontaly vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.Artículo 17.Carrera horizontal de los funcionarios de carrera.Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán regular la carrerahorizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes reglas:a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la remuneración a cadauno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en aquellos supuestosexcepcionales en los que se prevea otra posibilidad.
13. b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, losconocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otrosméritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.Artículo 18.Promoción interna de los funcionarios de carrera.1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de losprincipios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como los contemplados en el artículo 55.2de este Estatuto.2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, almenos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en elsupuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.3. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto articularán los sistemas pararealizar la promoción interna, así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podránacceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.Asimismo las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrándeterminar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes aotros de su mismo Subgrupo.4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en losprocesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional.Artículo 19.Carrera profesional y promoción del personal laboral.1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional.2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de losprocedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los Convenios Colectivos.Artículo 20.La evaluación del desempeño.1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de susempleados.La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conductaprofesional y el rendimiento o el logro de resultados.2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia,objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de losempleados públicos.3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesionalhorizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribucionescomplementarias previstas en el artículo 24 del presente Estatuto.4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación deldesempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine,dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada.5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas delapartado c) del artículo 24 del presente Estatuto y el cese del puesto de trabajo obtenido por elprocedimiento de concurso requerirán la aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos quepermitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo. CAPÍTULO III Derechos retributivos
14. Artículo 21.Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos.1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribucionescomplementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral,deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos.2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masasalarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para elpersonal.Artículo 22.Retribuciones de los funcionarios.1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias.2. Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo oescala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste notenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidas los componentesde sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo,la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.4. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad deretribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquellas a las que serefieren los apartados c) y d) del artículo 24.5. No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las AdministracionesPúblicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, auncuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.Artículo 23.Retribuciones básicas.Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradasúnica y exclusivamente por:a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste notenga Subgrupo.b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo declasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.Artículo 24.Retribuciones complementarias.La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por lascorrespondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para eldesempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimientoo resultados obtenidos.d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.Artículo 25.Retribuciones de los funcionarios interinos.1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias
15. correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo.Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) y d) delartículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre.2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor delpresente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.Artículo 26.Retribuciones de los funcionarios en prácticas.Las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones de los funcionarios en prácticas que, comomínimo, se corresponderán a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tengaSubgrupo, en que aspiren a ingresar.Artículo 27.Retribuciones del personal laboral.Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el conveniocolectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el artículo21 del presente Estatuto.Artículo 28.Indemnizaciones.Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.Artículo 29.Retribuciones diferidas.Las Administraciones Públicas podrán destinar cantidades hasta el porcentaje de la masa salarial que sefije en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado a financiar aportaciones a planesde pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia dejubilación, para el personal incluido en sus ámbitos, de acuerdo con lo establecido en la normativareguladora de los Planes de Pensiones.Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros tendrán atodos los efectos la consideración de retribución diferida.Artículo 30.Deducción de retribuciones.1. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada darálugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador.2. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientesal tiempo en que hayan permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectuétenga carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales. CAPÍTULO IVDerecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reuniónArtículo 31.Principios generales.1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participacióninstitucional para la determinación de sus condiciones de trabajo.2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a negociar la determinaciónde condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública.3. Por representación, a los efectos de esta Ley, se entiende la facultad de elegir representantes y
16. constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre lasAdministraciones Públicas y sus empleados.4. Por participación institucional, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a participar, a través delas organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos quelegalmente se determine.5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva a cabo a través de losórganos y sistemas específicos regulados en el presente Capítulo, sin perjuicio de otras formas decolaboración entre las Administraciones Públicas y sus empleados públicos o los representantes de éstos.6. Las Organizaciones Sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública estánlegitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resolucionesde los órganos de selección.7. El ejercicio de los derechos establecidos en este Capítulo deberá respetar en todo caso el contenido delpresente Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en el mismo.8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas tendránen cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificadospor España.Artículo 32.Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral.La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboralse regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este Capítulo que expresamente lesson de aplicación.Artículo 33.Negociación colectiva.1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a losprincipios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad ytransparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a lasOrganizaciones Sindicales en los artículos 6.3.c)RCL 19851980; 7.1 y 7.2RCL 19851980 de la LeyOrgánica 11/1985, de 2 de agosto (RCL 19851980; ApNDL 13091), de Libertad Sindical y lo previsto eneste Capítulo.A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes,por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, lasOrganizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las Organizaciones Sindicales másrepresentativas de Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 omás de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidadeselectorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución.2. Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de negociacióncolectiva a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica, que ostentarán surepresentación en la negociación colectiva previas las instrucciones políticas correspondientes y sinperjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno o administrativos concompetencia para ello.Artículo 34.Mesas de Negociación.1. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una Mesa Generalde Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de lasComunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales.2. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la de las EntidadesLocales de ámbito supramunicipal. A tales efectos, los municipios podrán adherirse con carácter previo ode manera sucesiva a la negociación colectiva que se lleve a cabo en el ámbito correspondiente.
17. Asimismo, una Administración o Entidad Pública podrá adherirse a los Acuerdos alcanzados dentro delterritorio de cada Comunidad Autónoma, o a los Acuerdos alcanzados en un ámbito supramunicipal.3. Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas concondiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito.4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas podrán constituirseMesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizacionesadministrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a sunúmero.5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionarios delsector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que éstaexplícitamente les reenvíe o delegue.6. El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo, fijen laAdministración correspondiente y la mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo, el procesose iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lopromueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan.7. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarsemutuamente la información que precisen relativa a la negociación.Artículo 35.Constitución y composición de las Mesas de Negociación.1. Las Mesas a que se refiere el artículo anterior quedarán válidamente constituidas cuando, además de larepresentación de la Administración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas lasOrganizaciones Sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, talesorganizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganosunitarios de representación en el ámbito de que se trate.2. Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composición de lasMesas de Negociación, serán acreditadas por las Organizaciones Sindicales interesadas, mediante elcorrespondiente certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada dos años a partir de lafecha inicial de constitución de las citadas Mesas.3. La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes negociadoras que podráncontar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán con voz, pero sin voto.4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición numérica de las Mesascorrespondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda superar el número de quincemiembros.Artículo 36.Mesas Generales de Negociación.1. Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. La representaciónde éstas será unitaria, estará presidida por la Administración General del Estado y contará conrepresentantes de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de la FederaciónEspañola de Municipios y Provincias, en función de las materias a negociar.La representación de las Organizaciones Sindicales legitimadas para estar presentes de acuerdo con lodispuesto en los artículos 6RCL 19851980 y 7RCL 19851980 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 deagosto, de Libertad Sindical, se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a losórganos de representación del personal, Delegados de Personal, Juntas de Personal y Comités deEmpresa, en el conjunto de las Administraciones Públicas.2. Serán materias objeto de negociación en esta Mesa las relacionadas en el artículo 37 de este Estatutoque resulten susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica, sin perjuicio de los acuerdosa que puedan llegar las Comunidades Autónomas en su correspondiente ámbito territorial en virtud de suscompetencias exclusivas y compartidas en materia de Función Pública.
18. Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de lasAdministraciones Públicas el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de lasAdministraciones Públicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales delEstado de cada año.3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personalfuncionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, se constituirá en la AdministraciónGeneral del Estado, en cada una de las Comunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta y Melilla yEntidades Locales una Mesa General de Negociación.Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobrerepresentación de las Organizaciones Sindicales en la Mesa General de Negociación de lasAdministraciones Públicas, tomando en consideración en cada caso los resultados obtenidos en laselecciones a los órganos de representación del personal funcionario y laboral del correspondiente ámbitode representación.Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las Organizaciones Sindicales que formenparte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieranobtenido el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbitocorrespondiente a la Mesa de que se trate.Artículo 37.Materias objeto de negociación.1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cadaAdministración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las AdministracionesPúblicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las ComunidadesAutónomas.b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas declasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.e) Los planes de Previsión Social Complementaria.f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas.h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.i) Los criterios generales de acción social.j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulaciónexija norma con rango de Ley.l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional ygeográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, enaquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades
19. de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicoscontempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con lasOrganizaciones Sindicales a que se refiere este Estatuto.b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los serviciospúblicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos yprocedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.Artículo 38.Pactos y Acuerdos.1. En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las AdministracionesPúblicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las Organizaciones Sindicaleslegitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichasAdministraciones.2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencialdel órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbitocorrespondiente.3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las AdministracionesPúblicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos.Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de formadefinitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personalincluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación oderogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de Ley que, en consecuencia, sólopueden ser determinadas definitivamente por las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de lasComunidades Autónomas, su contenido carecerá de eficacia directa. No obstante, en este supuesto, elórgano de gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa procederá a la elaboración, aprobación yremisión a las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas delcorrespondiente proyecto de Ley conforme al contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubieraacordado.Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a incorporar loacordado en el Proyecto de Ley correspondiente, se deberá iniciar la renegociación de las materiastratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes.4. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional,territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos.5. Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la composición yfunciones que las partes determinen.6. Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina Públicaque cada Administración competente determine y la Autoridad respectiva ordenará su publicación en elBoletín Oficial que corresponda en función del ámbito territorial.7. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación prevista en elúltimo párrafo del apartado 3 del presente artículo y una vez agotados, en su caso, los procedimientos desolución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno de las AdministracionesPúblicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas enlos apartados 11, 12 y 13 del presente artículo.8. Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, contengan materias ycondiciones generales de trabajo comunes al personal funcionario y laboral, tendrán la consideración y
20. efectos previstos en este artículo para los funcionarios y en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadorespara el personal laboral.9. Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación con las competencias de cadaAdministración Pública, podrán establecer la estructura de la negociación colectiva así como fijar lasreglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de distinto ámbito y loscriterios de primacía y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras.10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causagrave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, losórganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento dePactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de lascausas de la suspensión o modificación.11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediaradenuncia expresa de una de las partes.12. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se producirá enlos términos que los mismos hubieren establecido.13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectosque expresamente se acuerde mantener.Artículo 39.Órganos de representación.1. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y lasJuntas de Personal.2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, surepresentación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado,y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50funcionarios.4. El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada ComunidadAutónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas. Previo acuerdo con las OrganizacionesSindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de LibertadSindical, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o establecerunidades electorales en razón del número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuraciónde las mismas a las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que seconstituyan.5. Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número defuncionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia conlo establecido en el Estatuto de los Trabajadores:De 50 a 100 funcionarios: 5.De 101 a 250 funcionarios: 9.De 251 a 500 funcionarios: 13.De 501 a 750 funcionarios: 17.De 751 a 1.000 funcionarios: 21.De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75.6. Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarán su
21. propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente Estatuto ylegislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órganoscompetentes en materia de personal que cada Administración determine. El reglamento y susmodificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos, dos tercios de sus miembros.Artículo 40.Funciones y legitimación de los órganos de representación.1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes funciones, en susrespectivos ámbitos:a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución delas retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora delrendimiento.b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total oparcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos detrabajo.c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, asícomo en el régimen de vacaciones y permisos.e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención deriesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante losorganismos competentes.f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidasprocuren el mantenimiento e incremento de la productividad.2. Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso, losDelegados de Personal, mancomunadamente, estarán legitimados para iniciar, como interesados, loscorrespondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicialen todo lo relativo al ámbito de sus funciones.Artículo 41.Garantías de la función representativa del personal.1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representanteslegales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientesgarantías y derechos:a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca elnormal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarioshabituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en lalegislación vigente.b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales.c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante eltiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia alinteresado regulada en el procedimiento sancionador.d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo,de acuerdo con la siguiente escala:Hasta 100 funcionarios: 15.De 101 a 250 funcionarios: 20.De 251 a 500 funcionarios: 30.De 501 a 750 funcionarios: 35.
22. De 751 en adelante: 40.Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma candidatura que así lomanifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la Jefatura de Personal ante laque aquélla ejerza su representación, a la acumulación de los créditos horarios.e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandatorepresentativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando laextinción que tenga lugar por revocación o dimisión.2. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal no podrán ser discriminados en suformación ni en su promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación.3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano colegiado, así como losDelegados de Personal, en su caso, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos en quela Administración señale expresamente el carácter reservado, aun después de expirar su mandato. En todocaso, ningún documento reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estrictoámbito de la Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega.Artículo 42.Duración de la representación.El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso, será decuatro años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesenpromovido nuevas elecciones, sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen aefectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.Artículo 43.Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal.1. Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal, conforme a lo previstoen el presente Estatuto y en los artículos 6RCL 19851980 y 7RCL 19851980 de la Ley Orgánica11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical:a) Los Sindicatos más representativos a nivel estatal.b) Los Sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma, cuando la unidad electoralafectada esté ubicada en su ámbito geográfico.c) Los Sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10 por 100 de losrepresentantes a los que se refiere este Estatuto en el conjunto de las Administraciones Públicas.d) Los Sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10 por 100 en la unidad electoral en laque se pretende promover las elecciones.e) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario.2. Los legitimados para promover elecciones tendrán, a este efecto, derecho a que la AdministraciónPública correspondiente les suministre el censo de personal de las unidades electorales afectadas,distribuido por Organismos o centros de trabajo.Artículo 44.Procedimiento electoral.El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personalse determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales:-La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que podrá emitirse por correoo por otros medios telemáticos.-Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. Notendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyonombramiento se efectúe a través de Real Decreto o por Decreto de los Consejos de Gobierno de lasComunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
23. -Podrán presentar candidaturas las Organizaciones Sindicales legalmente constituidas o las coaliciones deéstas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos seaequivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir.-Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido,y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario.-Los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se constituyan para la dirección y desarrollo delprocedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultadosreguladas en la normativa laboral.-Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contralas denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán plantearse directamente ante lajurisdicción social.Artículo 45.Solución extrajudicial de conflictos colectivos.1. Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones paritarias previstas en elartículo 38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación einterpretación de los Pactos y Acuerdos, las Administraciones Públicas y las Organizaciones Sindicales aque se refiere el presente Capítulo podrán acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas desolución extrajudicial de conflictos colectivos.2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los derivados de la negociación,aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos sobre las materias señaladas en el artículo 37,excepto para aquellas en que exista reserva de Ley.3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. La mediación seráobligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador omediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas.Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a untercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de lamisma.4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la misma eficaciajurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el presente Estatuto, siempre que quieneshubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permitaacordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo previsto en este Estatuto.Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente cabrá recurso contra la resoluciónarbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitosy formalidades establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos asu decisión, o que ésta contradiga la legalidad vigente.5. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que reglamentariamente sedeterminen previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales representativas.Artículo 46.Derecho de reunión.1. Están legitimados para convocar una reunión, además de las Organizaciones Sindicales, directamente oa través de los Delegados Sindicales:a) Los Delegados de Personal.b) Las Juntas de Personal.c) Los Comités de Empresa.d) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 delcolectivo convocado.
24. 2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre elórgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas.La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes de la mismaserán responsables de su normal desarrollo. CAPÍTULO V Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacacionesArtículo 47.Jornada de trabajo de los funcionarios públicos.Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de susfuncionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.Artículo 48.Permisos de los funcionarios públicos.1. Las Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión de permisos a los funcionariospúblicos y sus requisitos, efectos y duración. En defecto de legislación aplicable los permisos y suduración serán, al menos, los siguientes:a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado deconsanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cincodías hábiles cuando sea en distinta localidad.Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo gradode consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la mismalocalidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine.d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de sucelebración.e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionariasembarazadas.f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo quepodrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal enmedia hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la mismafinalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso deque ambos trabajen.Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuidoque acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados acontinuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante unmáximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducirsu jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de susretribuciones.h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doceaños, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que nodesempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con ladisminución de sus retribuciones que corresponda.
25. Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hastael segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad nopueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho asolicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, porrazones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de estederecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre losmismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personaly por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.k) Por asuntos particulares, seis días.2. Además de los días de libre disposición establecidos por cada Administración Pública, los funcionariostendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un díaadicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.Artículo 49.Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón deviolencia de género.En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas:a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliaráen dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en lossupuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que seis semanassean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podráhacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descansoobligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el períodode descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada eininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el dela madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido,aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre ensituación de incapacidad temporal.En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder delas dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del serviciolo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen.En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato debapermanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como elneonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque laAdministración.b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá unaduración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en elsupuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en lossupuestos de adopción o acogimiento múltiple.El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa o judicialde acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningúncaso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de disfrute de este permiso.En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, quepodrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos ininterrumpidos.