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Timestamp: 2017-02-20 10:21:59
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Matched Legal Cases: ['artículo 296', 'artículo 32', 'artículo 71', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 84', 'artículo 81', 'artículo 36', 'artículo 81', 'artículo 82']

Orden de 3 de diciembre de 2001 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas a programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación orientados a dotar de capacidad operativa militar al avión de transporte C-295.
núm. 293 de 7 de diciembre de 2001
Vigencia desde 8 de diciembre de 2001. Esta revisión vigente desde 8 de diciembre de 2001.
Segundo. Tipos de proyectos.
Cuarto. Modalidad, financiación, características y cuantía máxima de las ayudas.
Octavo. Evaluación y selección de las solicitudes
Noveno. Trámite de audiencia propuesta de resolución y aceptación.
Duodécimo. Justificación y comprobación.
La versión básica del avión de transporte de capacidad media denominado C-295, ha sido diseñada y desarrollada por la empresa Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima (EADS-CASA), en el período 1997-2000. Este avión obtuvo en el año 2000 el certificado de aeronavegabilidad de tipo civil por parte de la Dirección General de Aviación Civil de España y la Federal Aviation Administration (F.A.A.) de los Estados Unidos de América.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus competencias de investigación científica y desarrollo tecnológico, considera conveniente apoyar mediante aportaciones reembolsables para este ejercicio, a los desarrollos tecnológicos específicos que permitan dotar al avión C-295 de las capacidades para su operación militar.
Estas ayudas se estiman necesarias para la protección de los intereses esenciales de la seguridad nacional, por lo que les es aplicable la exención del artículo 296.1.b) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
De conformidad con lo anterior, se hace pública la convocatoria de ayudas para este ejercicio a los proyectos destinados a dotar de capacidad operativa militar al avión C-295, en su virtud, dispongo:
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases y efectuar la convocatoria para el ejercicio 2001 de las ayudas destinadas a financiar actividades de I+D+I, para dotar de capacidad operativa militar al avión C-295 para las Fuerzas Armadas Españolas. Estas actividades podrán computarse a partir del día 1 de enero de 2001.
Los proyectos de I+D+I objeto de estas ayudas deberán estar orientados al desarrollo de tecnologías que permitan dotar de capacidad operativa militar al avión C-295. Específicamente, se considerarán en estos proyectos las siguientes actividades:
A los efectos de esta Orden, podrán ser beneficiarios de las ayudas cualquier empresa relacionada con el sector aeronáutico que cuente con capacidad demostrable para desarrollar proyectos programas de los señalados en el apartado anterior de esta Orden, en cualquier caso referidos a su aplicación al avión C-295.
1. Las ayudas previstas en la presente Orden consistirán en préstamos sin interés con cargo a las dotaciones presupuestarias del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
3. La cuantía de las aportaciones, cuando no cuenten con otras ayudas públicas podrá alcanzar el 85 % del coste total de los proyectos aprobados.
5. El tipo de interés aplicable será del 0 % anual, y el período máximo de amortización será de diecisiete años, de los cuales tres podrán ser de carencia.
Cuestionarios, con datos de la empresa solicitante (anexo II ) y datos del proyecto (anexo III)
Cuando la solicitud se firme en representación del beneficiario, se enviará acreditación del poder del firmante de la solicitud por cualquier medio válido en derecho, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 30/1992.
Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación de personas jurídicas y entidades en general, establecida en aplicación del Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre, si el solicitante es persona jurídica o el DNI si se trata de empresas individuales.
3. Si la documentación aportada fuera incompleta o presentara errores subsanables, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992 y previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley. Durante dichos diez días hábiles, el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento de concesión y notificar la resolución quedará suspendido, de conformidad con el apartado 5.a), del artículo 42 de la Ley 30/1992.
El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación anexa para el ejercicio presupuestario de 2001 comenzará el día de entrada en vigor de la presente Orden y finalizará transcurridos quince días desde dicha fecha.
1. El análisis y evaluación de las solicitudes que se concederán en régimen de concurrencia competitiva serán realizados por un Comité de Evaluación y Seguimiento que, presidido por el Director General de Política Tecnológica, contará como vocales al Subdirector General de Programas Estratégicos, al Subdirector General de Aplicaciones y Proyectos Industriales y a un representante designado por el Ministerio de Defensa. Actuará como secretario un funcionario de la Subdirección General de Programas Estratégicos. Para efectuar la citada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios, que están expresados por orden de importancia:
Relevancia tecnológica de los desarrollos contenidos en el proyecto.
Cooperación con otras empresas, con centros tecnológicos o con aquellas otras subcontratistas o suministradoras de equipos, especialmente cuando se trata de las de menor tamaño.
Fomento y, en su caso, apoyo a la participación de otras empresas en el proyecto.
Capacidad para difundir los conocimientos tecnológicos y procedimientos a otras empresas.
1. Una vez evaluada la solicitud se evacuará el trámite de audiencia de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La iniciación del mismo se notificará al interesado, concediéndosele un plazo de diez días para que formule las alegaciones y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes o, en caso de propuesta estimatoria, manifieste su aceptación o desistimiento.
2. La propuesta de resolución deberá expresar el nombre del solicitante y especificará la evaluación de acuerdo a las criterios de valoración previstos en la presente Orden.
Proyecto o actuación apoyado, así como el importe de los gastos sufragables.
Plazos en los que se debe justificar la realización del proyecto o actuación objeto de la ayuda concedida, así como la documentación e informes que se deben aportar. En el supuesto de concesión de ayudas a grandes empresas, la resolución exigirá, en todo caso, que la empresa beneficiaria presente anualmente un informe acreditativo de las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico adicionales de los que haya venido realizando antes de la concesión de la ayuda.
Obligación, por parte del perceptor de la ayuda, de expresar dicha circunstancia en sus referencias al proyecto o actuación y a los logros conseguidos.
Obligación o no del perceptor de la ayuda de prestar garantías, según se regula en el apartado decimocuarto.
Calendario por anualidades de los reintegros al Tesoro Público.
4. El plazo para la resolución del procedimiento y su notificación será de seis meses a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
1. La resolución del procedimiento de concesión de ayudas podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la hubiera dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992. Sin perjuicio de lo anterior, contra la resolución del procedimiento de concesión de las ayudas señaladas, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de dicha resolución, cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
Informe técnico en el que se describa la realización del proyecto o actuación y los datos e incidencias más significativos habidos en su ejecución.
Con el fin de cumplirlo requerido por el párrafo segundo del apartado 7 del artículo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y por las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987, el pago quedará condicionado a la aportación por los interesados de los justificantes y de las certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente al de la notificación del requerimiento de aportación de dichas certificaciones.
1. En aquellos casos en que se exija la constitución de garantías, de acuerdo con lo previsto en el apartado octavo, punto 2, de esta Orden, el beneficiario deberá constituir la correspondiente garantía por el importe del libramiento a efectuar a la que se añadirán los intereses de demora que pudieran producirse desde el momento del libramiento hasta la fecha en que finalice el plazo máximo de justificación de la realización del proyecto objeto de apoyo. Se considerará como tipo de interés de demora el previsto en el artículo 36 de la Ley General Presupuestaria.
2. El incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Orden y demás normas aplicables, así como las cuestiones que, en su caso, se establezcan en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, total o parcialmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas y los intereses legales correspondientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 81.9 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. Por otra parte, será de aplicación lo previsto en el artículo 82 de la citada Ley, si concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas.
3. La Dirección General de Política Tecnológica podrá acordar la ejecución de la garantía correspondiente.
Las ayudas a que se refiere la presenta Orden, además de lo previsto por la misma, se regirán por lo establecido en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesión de subvenciones públicas.
Anexos omitidos. Pueden consultarse en el Boletín Oficial del Estado número 293, de 7 de diciembre de 2001.