Source: https://boe.vlex.es/vid/entrada-permanencia-nacionales-europeas-18146781
Timestamp: 2019-10-15 08:36:47
Document Index: 357322792

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 48', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 27', 'artículo 4', 'artículo 26']

Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 18146781
Marginal: BOE-A-1992-15288
Norma citada en: 751 sentencias, 37 artículos doctrinales, 28 disposiciones normativas, 11 resoluciones administrativas
Con posterioridad, El Consejo de las Comunidades Europeas aprobó el Reglamento cee número 2194/1991, de 25 de junio, relativo al período transitorio aplicable a la libre circulación de los trabajadores entre España y Portugal por una parte, y los otros Estados miembros, por otra, adelantando el final de dicho período transitorio al 31 de diciembre de 1991 y para el casó de Luxemburgo al 31 de diciembre de 1992. El Consejo aprobó igualmente las directivas 90/364/cee, relativa al Derecho de residéncia; 90/365/cee, relativa al Derecho de residéncia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer una actividad profesional; y 90/366/cee, relativa al Derecho de residéncia de los estudiantes, Todas Ellas de 28 de junio de 1990, cuyas Disposiciones han de ser incorporadas al Derecho interno a más tardar el 30 de junio de 1992.
La consiguiente modificación de la situación preexistente hace conveniente la adopción de una nueva disposición sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas, que incorpore al tiempo aquéllos cambios que la experiencia en la aplicación del Real Decreto 1099/1986 ha hecho aconsejables.
Está nueva disposición afecta a las competencias de distintos departamentos ministeriales, por cuya razón, aparte de la tramitación prevenida para la aprobación de las Disposiciones generales, ha sido objeto de informe favorable por parte de la comisión Interministerial de extranjería, en cumplimiento de la función de coordinación encomendada a la misma por el Real Decreto 511/1992, de 14 de mayo.
En su virtud, a propuesta de los ministros de asuntos exteriores, del interior, y de trabajo y Seguridad Social, con la aprobación del ministro para las administraciones públicas, de acuerdo con El Consejo de estado, y previa deliberación del consejo de ministros en su reunión del día 26 de junio de 1992,
1. El presente Real Decreto regula las formalidades administrativas para el ejercicio de los derechos de entrada y permanencia en España, por parte de nacionales de los Estados miembros de las Comunidades Europeas.
El presente Real Decreto se aplicará también, cualquiera que sea su nacionalidad, a los familiares de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de las Comunidades Europeas, que a continuación se relacionan:
A) a su cónyuge, siempre que no estén separados de hecho o de Derecho.
B) a sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de hecho o de Derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
C) a sus ascendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de hecho o de Derecho, que vivan a sus expensas, con la excepción de los ascendientes de los estudiantes y de sus cónyuges, que no tendrán Derecho de residéncia.
La entrada, permanencia y trabajo en España de los nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas que no acrediten la concurrencia de los Requisitos prevenidos en el presente Real Decreto, se regirán por los preceptos de La Ley orgánica 7/1985, de 1 de Julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, y normas reglamentarias vigentes sobre la materia.
1. Las personas a las que se refiere el presente Real Decreto, tienen Derecho a entrar, salir, circular y permanecer líbremente en territorio español, previó el cumplimiento de las formalidades previstas por éste y sin perjuicio de los límites establecidos en el capítulo iii.
2. Asimismo, estás personas, exceptuando a las contempladas en el número c) del artículo 2, tienen Derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena cómo por cuenta propia, en las mismas condiciones que los nacionales españoles, sin perjuicio de la limitación establecida en el número 4 del artículo 48 del tratado cee, en lo que hace referencia a los empleos en la administración pública.
3. El ejercicio de los derechos a que se refieren los números anteriores, requerirá, en los supuestos y en la forma prevenida en esté Real Decreto, la documentación de los titulares mediante una tarjeta de residéncia.
1. La entrada en territorio español se efectuará mediante la presentación del Pasaporte o, en su casó, de la tarjeta de identidad, en vigor y en el que conste la nacionalidad del titular.
2. Los familiares que no posean la nacionalidad de uno de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, necesitarán, además, el correspondiente visado, sin perjuicio de lo previsto en tratados o convenios internacionales. Su expedición será gratuita. Artículo 6.
1. En los supuestos en que la permanencia en España, cualquiera que sea su finalidad, sea de duración inferior a tres meses, para documentar aquélla bastará la propia tarjeta de identidad o Pasaporte, en virtud del cuál se haya efectuado la entrada en territorio español.
2. Si la permanencia en España de nacionales de otros Estados miembros de las Comunidades Europeas fuese de duración superior a tres meses e inferior a un año, se expedirá a los interesados una tarjeta temporal de residéncia, de vigencia Limitada a la duración de aquélla.
3. La situación de residéncia, por un período superior a un año, se acreditará mediante la obtención de una tarjeta de residéncia de nacional de un estado miembro de las Comunidades Europeas, con cinco años de vigencia y renovable automáticamente.
4. A los miembros de la familia que no ostenten la nacionalidad de uno de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, se les expedirá una tarjeta de residéncia de idéntica vigencia que la de la persona de la que dependan.
5. A los familiares de españoles se les expedirá, en todo casó, una tarjeta de residéncia con cinco años de vigencia.
6. La situación del nacional comunitario que trabaja en España, manteniendo su residéncia en el territorio de otro estado miembro de las Comunidades Europeas, al que regrese, en principio, todos los días o por lo menos una vez por semana, se acreditará mediante la expedición de una tarjeta de trabajador fronterizo, válida para cinco años y renovable automáticamente.
1. Salvo lo dispuesto en los números siguientes de esté artículo, la vigencia de las tarjetas y su renovación quedará condicionada al hecho de que su titular continúe encontrándose en alguno de los supuestos que dan Derecho a su obtención.
2. Las ausencias que no se prolonguen más de séis meses consecutivos, o que sean debidas al cumplimiento de obligaciones militares, no afectarán a la validez de las tarjetas.
3. Cuándo la tarjeta de residéncia haya sido expedida en basé a la realización de actividades por cuenta propia o ajena, aquélla no podrá ser retirada ni dejar de ser renovada por el sólo hecho de que el titular no esté ejerciendo dichas actividades, cuándo ello sea debido a enfermedad o accidente, o bien esté en situación de desempleo involuntario, debidamente constatado por la oficina del Instituto Nacional de empleó correspondiente. En esté último casó, cuándo se trate de la Primera renovación de la tarjeta de residéncia y el titular de la misma haya permanecido en dicha situación de desempleo durante más de Doce meses consecutivos, la vigencia de dicha tarjeta podrá ser Limitada, sin que pueda ser inferior a Doce meses.
4. En los supuestos de realización de estudios, la vigencia de la tarjeta de residéncia podrá limitarse a la duración de la formación o, si ésta durará más de Doce meses, a un año, en cuyo casó la tarjeta será renovable anualmente.
5. Igualmente, se podrá limitar la vigencia de la Primera tarjeta de residéncia, sin que pueda ser inferior a dos años, cuándo el solicitante no pretenda realizar actividades lucrativas ni estudios.
1. Se expedirá o renovará automáticamente la tarjeta de residéncia a los nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas que hayan desarrollado una actividad económica por cuenta propia en territorio español y:
B) hayan cesado en el desempeño de su actividad cómo consecuencia de incapacidad permanente para el trabajo, habiendo residido en España durante más de dos años sin interrupción.
No será necesario acreditar tiempo alguno de residéncia si la incapacidad resultare de accidente de trabajo o de enfermedad profesional que dé Derecho a una pensión de la que sea responsable, total o parcialmente, un organismo del estado español.
C) después de tres años de actividad y de residéncia continuadas en territorio español, desempeñen su actividad en otro estado miembro de las Comunidades Europeas y mantengan su residéncia en España, regresando a territorio español al menos una vez por semana.
2. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la cee número 1251/1970, de la comisión, de 29 de junio, se expedirá o renovará automáticamente la tarjeta de residéncia a los nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas que, habiendo ocupado un empleó en territorio español, reúnan los Requisitos señalados en el número anterior.
3. También se expedirá o renovará la tarjeta de residéncia a los familiares de quiénes reúnan los Requisitos señalados en los números 1 y 2 que residan con ellos en España.
4. Si los interesados hubieran fallecido en el cursó de su vída activa, antes de haber adquirido el Derecho a residir en territorio español con carácter permanente, las autoridades competentes expedirán o renovarán la tarjeta de residéncia a los miembros de su familia cuándo concurra alguna de las siguientes condiciones:
C) que el cónyuge supérstite, siempre que no estuviere separado de hecho o de Derecho fuera ciudadano español y hubiera perdido la nacionalidad española cómo consecuencia de su matrimonio con el interesado.
5. Se expedirá o renovará la tarjeta de residéncia a los miembros de la familia, sin necesidad de que se cumplan las condiciones previstas en el número anterior, cuándo el interesado hubiese fallecido después de haber adquirido el Derecho a residir en territorio español con carácter permanente.
6. Para el ejercicio del Derecho de residéncia, en los supuestos contemplados en los números anteriores, el beneficiario dispondrá de un plazo de dos años, contados a partir del día en que, por aplicación de lo en ellos dispuesto, adquieran el Derecho a obtenerla.
Las Solicitudes de expedición de las tarjetas previstas en el artículo 6 deberán presentarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de entrada en España y serán tramitadas por la oficina de extranjeros de la Provincia dónde pretenda permanecer o fijar su residéncia el interesado o, en su defecto, por la correspondiente comisaría provincial de policía.
A) si es trabajador por cuenta ajena, copia del contrató de trabajo o certificado de trabajo.
B) si realiza actividades económicas por cuenta propia, documentación justificativa de que reúne los Requisitos y, en su casó, de que ha solicitado las autorizaciones necesarias para el ejercicio de dichas actividades por españoles, de acuerdo con la legislación vigente en España. En particular, justificará el alta en el impuesto de actividades económicas; y la disposición de las autorizaciones y altas en los registros establecidos por la dirección general de transacciones exteriores del Ministerio de economía y Hacienda.
- Se encuentra en posesión de los títulos, diplomas o certifidados Exigidos para la prestación de los servicios de que se trate.
- Se encuentra legalmente establecido y ejerciendo habitualmente las actividades en cuestión en el país de origen o procedencia.
D) si se trata de trabajador fronterizo, certificado de residéncia en otro estado miembro de las Comunidades Europeas y los documentos que correspondan a su actividad.
E) si pretende residir en España sin realizar actividades lucrativas y no disfruta del Derecho de residéncia en virtud de otras Disposiciones, habrá de acreditar que dispone de recursos suficientes para el período de residéncia que solícita, o que dichos recursos los va a recibir periódicamente, y que tiene suscrito un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos.
F) si pretende residir en España tras haber dejado de ejercer en cualquiera de los Estados miembros de las Comunidades Europeas una actividad cómo trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia y no disfruta ya del Derecho de residéncia, deberá acreditar que dispone de una pensión de invalidez, de jubilación o de prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional que le proporcionen los recursos suficientes para el período de residéncia que solícita, y que tiene suscrito de un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos.
G) si pretende residir en España para realizar estudios y no disfruta del Derecho de residéncia con arreglo a otras Disposiciones, deberá acreditar que se encuentra matriculado cómo estudiante en centros o establecimientos, oficiales o reconocidos, para recibir, con carácter principal, una formación que habilite para el ejercicio de una profesión; que dispone de los recursos suficientes para sufragar el coste de sus estudios, así cómo los Gastos de estancia para el período de residéncia que solícita, o que dichos recursos los va a percibir periódicamente, y que tiene suscrito un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos.
H) cuándo así lo aconsejen razones de orden público, seguridad pública o salud pública, podrá exigírsele la presentación de certificado médico acreditativo de su estado de salud.
2. A los efectos prevenidos en las letras e), f) y g) del número anterior, los recursos de los solicitantes se considerarán suficientes cuándo superen el nivel de la pensión mínima de jubilación para mayores de sesenta y cinco años establecida por la Seguridad Social española.
3. Cuándo los interesados sean familiares de las personas señaladas en los números anteriores, con el alcance previsto en el artículo 2, deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten:
C) cuándo se trate de familiares de los residentes contemplados en las letras e), f) y g) del número 1, los recursos y el seguro de enfermedad allí mencionados habrán de ser suficientes para el titular y sus familiares de acuerdo con las reglas establecidas en las mismas.
D) los familiares que no posean la nacionalidad de un estado miembro de las Comunidades Europeas, además de los documentos anteriores, el visado de residéncia en el Pasaporte, de cuya presentación podrá dispensarse por razones excepcionales.
2. En todo casó y con objeto de poder valorar correctamente la concurrencia de los Requisitos necesarios para el ejercicio de actividades lucrativas por cuenta propia, el órgano instructor se podrá interesar informe de los servicios de la administración general del estado, de la administración autonómica o de la administración local, así cómo de la administración institucional y de los colegios profesionales, competentes por razón de la materia.
3. La resolución relativa a la Primera tarjeta deberá ser adoptada dentro de los séis meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
4. Las Solicitudes de tarjetas temporales de residéncia se tramitarán con carácter preferente, por el procedimiento de urgencia, reduciéndose los plazos a la mitad.
5. La tramitación de la solicitud de expedición de las tarjetas de residéncia no será obstáculo a la permanencia provisional de los interesados en España, ni al desarrolló de sus actividades.
2. Con estás Solicitudes se acompañarán los documentos prevenidos en el artículo 10, que acrediten la concurrencia de los Requisitos necesarios en el momento de la presentación, exceptuándose el certificado médico acreditativo de su estado de salud y, en su respectivos casos, el visado y el certificado acreditativo del parentesco cuándo se trate de ascendientes o descendientes.
Las tarjetas previstas en el artículo 6, cualquiera que sea su duración, así cómo sus renovaciones, se expedirán, cuándo resulten acreditados los Requisitos prevenidos, con arreglo a los modelos que se determinen por el Ministerio del interior, y previó abonó por los interesados de una Tasa fiscal, conforme a las previsiones de La Ley 8/1989, de 13 de abril, sobre Tasas y precios públicos, cuya cuantía será equivalente a la exigible por la obtención o renovación del documento nacional de identidad.
Medidas aplicables por razones de orden público, seguridad pública
Las medidas relativas a la entrada en España, expedición y renovación de tarjetas de residéncia o sus denegaciones, sanciones y expulsión del territorio español de las personas incluídas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, determinadas por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, habrán de adoptarse con sujeción a lo dispuesto en el presente capítulo.
Cuándo así lo impongan razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública, se podrá adoptar alguna de las medidas siguientes:
B) podrán ser revocadas, de oficio o a instancia de parte, cuándo dejen de subsistir las razones que motivaron su adopción.
D) cuándo se adopten por razones de orden público o de seguridad pública deberán estar fundadas exclusivamente en el comportamiento personal de quién sea objeto de las mismas.
3. La caducidad del documento de identidad o Pasaporte que haya amparado la entrada en España y la expedición, en su casó, de la tarjeta, no podrá ser causa de la expulsión del territorio español.
B) la drogadicción, cuándo ponga en peligro el orden público o la seguridad pública en los términos previstos en la legislación vigente.
C) otras Enfermedades infeccionas o parasitarias contagiosas en la medida que sean, en España, objeto de Disposiciones de protección respecto a los nacionales españoles.
1. La omisión de la solicitud de la tarjeta, en los casos en que exista el Derecho a su obtención, o de su renovación, así cómo la falta de comunicación relativa a la modificación de las circunstancias que motivaron su concesión, sólo podrán ser sancionadas con multa, que deberá ser proporcionada a la gravedad de la infracción, teniendo en cuenta el grado de voluntariedad, la reincidencia, en su casó, y la capacidad económica del infractor, y no podrán dar lugar a la expulsión del territorio español.
2. En ningún casó la cuantía de la multa podrá exceder de 2.000.000 de pesetas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de La Ley orgánica 7/1985, de 1 de Julio, o de la cantidad que determine el Gobierno, en uso de la autorización contenida en la disposición adicional Primera de dicha ley, teniendo en cuenta las variaciones del índice de precios al consumo.
1. No se podrá denegar la renovación de la tarjeta ni ordenar la expulsión de su titular, salvo casos de urgencia debidamente justificada, sin previó dictamen de la dirección general del Servicio jurídico del estado o, en su casó, del correspondiente Servicio jurídico del estado en la Provincia.
2. Salvo casó de urgencia, debidamente justificada, dicho plazo no será inferior a quince días, si el interesado no es titular de tarjeta, o a un mes, en casó contrario.
Se modifica el artículo 4 del Real Decreto 1521/1991, de 11 de octubre, sobre creación, competencias y Funcionamiento de las Oficinas de extranjeros queda redactado del siguiente modo:
‹El titular de la oficina de extranjeros será nombrado por resolución conjunta de los subsecretarios del interior y de trabajo y Seguridad Social, a propuesta del Delegado del Gobierno o Gobernador civil de la Provincia en que esté ubicada la oficina, por el procedimiento de libre designación, entre funcionarios de Carrera de los Grupos a o b de la administración del estado, dentro de los límites establecidos en el artículo 26 del reglmento general de provisión de Puestos de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios Civiles de la administración del estado, aprobado por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero.›
‹El cónyuge de un español o de un extranjero residente en España, siemper que no estén separados de hecho o de Derecho.›
Los permisos de residéncia, permisos de trabajo y residéncia y tarjetas de estudiante, de los que sean titulares las personas incluídas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto que tengan validez en la fecha de entrada en vigor del mismo, conservarán dicha validez durante el tiempo para el que hubieran sido expedidos, sin perjuicio del Derecho de sus titulares a optar por la obtención de la
Documentación regulada en esté Real Decreto.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda, queda derogado el Real Decreto 1099/1986, de 26 de mayo, sobre entrada, permanencia y trabajo en España de ciudadanos de Estados miembros de las Comunidades Europeas, y cuántas otras Disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Las normas de carácter general, relativas a la entrada, permanencia, trabajo y establecimiento de extranjeros, contenidas en La Ley orgánica 7/1985, de 1 de Julio, y las normas reglamentarias vigentes sobre la materia serán aplicables a los supuestos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, con carácter supletorio y en la medida en que no se opongan a lo dispuesto en los tratados constitutivos de la cee y en sus modificaciones, así cómo en el Derecho derivado de los mismos.
Se autoriza a los ministros de asuntos exteriores, del interior y de trabajo y Seguridad Social para dictar, conjunta o separadamente, en el ámbito de sus competencias, las Disposiciones que sean necesarias para la aplicación y desarrolló de lo dispuesto en el presente Real Decreto.
DECRET 281/1995, d'11 d'octubre, pel qual s'autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials al centre docent d'ensenyament superior Abat Oliba, adscrit a la Universitat de Barcelona.
DECRET 195/1999, de 13 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de radioteràpia.