Source: https://www.scribd.com/doc/301710420/Delitos-Contra-La-Administracion-Publica
Timestamp: 2018-09-23 22:07:17
Document Index: 145774564

Matched Legal Cases: ['artículo 302', 'Artículo 30', 'artículo 12', 'Artículo 56', 'artículo 345', 'artículo 209', 'artículo 301', 'Artículo 209', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 301', 'Artículo 123', 'Artículo 20', 'artículo 351']

Uploaded by Obert Alejandrortiz Rodriguez
Una investigación realizada en Colombia sobre los Delitos contra la Administración Pública
La Violencia Posconflicto
Revista ENTORNOS Volumen
26. Núm. 2. Septiembre
LESIONES A LA PROTECCIÓN JURÍDICO PENAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. EL NUEVO SISTEMA PENAL
ACUSATORIO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL HUILA,
CAQUETÁ Y PUTUMAYO 2005-2011
PREJUDICE TO THE CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF THE PUBLIC
ADMINISTRATION. THE NEW ACCUSATORY CRIMINAL SYSTEM IN THE
DEPARTMENTS OF HUILA, CAQUETÁ AND PUTUMAYO 2005-2011
Obert Alejandro Ortiz Rodríguez*
Se documentó la efectividad del nuevo sistema penal acusatorio, Ley 906 de 2004, sobre delitos contra
la Administración Pública en los departamentos del Huila, Caquetá y Putumayo, al realizar encuestas y
entrevistas a Fiscales y análisis de estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de
la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la
República y Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Este ejercicio comparativo
permitió conocer que el Peculado es el delito más cometido en estos tres departamentos de Colombia.
También, que la efectividad del sistema penal acusatorio se presenta únicamente en delitos con flagrancia.
Se evidenció que las debilidades por carencia de capacitación y talento humano y de recursos tecnológicos dificultan la tarea investigativa, la identificación del bien jurídico tutelado y del sujeto activo que lo
comete, así como la realización de la adecuación típica, antijurídica y culpable. Actualmente no existe un
estudio sobre el comportamiento de estos delitos en los departamentos objeto de la investigación.
Palabras clave: Administración Pública, Función Pública, Función Administrativa, Servicio Público,
Servidores Públicos, Sistema Penal Acusatorio, Delitos.
The effectiveness of the new accusatory penal system, Act 906 of 2004 on crimes against the public
administration in the departments of Huila, Caquetá and Putumayo was documented through surveys and
interviews with prosecutors and analysis of statistics from the Attorney General’s Office, the Higher Council of
the Judiciary, the Supreme Court of Justice, the Office of the Procurator-General of the Nation, the office of the
General Comptroller of the Republic and the Transparency Secretariat of the Presidency of the Republic
This comparative exercise envisioned that the Embezzlement is the most common crime in these three
departments of Colombia. It was also known that the effectiveness of the accusatory criminal system
occurs only in flagrant offenses. It became clear that training deficiency, lack of human talent and
technological resources hinder investigative work, the identification of the protected legal interest and the
Artículo recibido: 20/06/2013 Aprobado: 31/07/2013
Abogado, Especialista en Gestión Pública y Docente catedrático de la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP, Territorial Huila, Caquetá
y Putumayo, Neiva, Colombia. Universidad Surcolombiana y en Universidad Cooperativa de Colombia también como Director del Centro de
Investigaciones Socio Jurídicas, Sede Arauca. Email: alejandrortizr@gmail.com
Revista ENTORNOS. Vol. 26, núm. 2. Universidad Surcolombiana.345
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, 2013, pp. 345-359
OSORIO ISAZA. la tercera fase. al tiempo que la efectividad de la acción penal. L. Reflexiones jurídicas económicas y sociales de la reforma. Código de Procedimiento penal Colombiano sin el componente del Sistema Penal Acusatorio. Cúcuta. Por tanto.Revista ENTORNOS Volumen 26. el Departamento del Putumayo cuenta con una población de 333. 6. Cali. cabe destacar los trabajos: BELTRAN. Núm. el prevaricato. 7. diferentes a las concebidas con la Ley 600 de 20003 para el abordaje de las investigaciones derivadas por violación a los delitos tipificados en el Código Penal. Código Penal Colombiano. «Delitos contra la Administración Pública. El artículo 302. el abuso de autoridad. I. cuenta para el año 2012 con una población de 459. mediante la Ley 906 de 2004 (código de Procedimiento Penal) expedida por el Congreso de la República. F. el cual inició a partir del 1 de enero de 2005 en una primera fase que involucró a los Distritos de Bogotá y el eje cafetero (Armenia. Caquetá7 y Putumayo8. Ley 599 de 2000 expedida por el Congreso de la República.943 habitantes.111. (2004). el cohecho. el tráfico de influencias. Cundinamarca. Según proyecciones del Departamento Nacional de Estadísticas tomando como referencia el censo 2005. Caquetá y Putumayo entró a regir a partir del 1o. (2010). 4. Titulo XV. la concusión. Public Service. de enero de 2007. El sistema penal acusatorio: Primeras implicaciones en la seguridad de la ciudad. 2. 3.247 habitantes. 346 . (2005). Key words: Public Administration. los delitos contra los servidores públicos y la utilización indebida de información e influencias derivadas del ejercicio de función pública. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.C. (2007). departamentos y ciudades del país en lo relacionado con los Delitos Contra la Administración Pública5 del cual hacen parte el peculado. Florencia. (2008). Ley 599 de 20004 y demás normas modificatorias o concordantes con el fin de propender en forma esencial a garantizar la materialización de los derechos de los ciudadanos. Bogotá D. Santa Rosa de Viterbo. desde el 1 de enero de 2007 en las direcciones seccionales de Antioquia. 2004 ESPITIA GARZON. Sistema penal acusatorio. Manizales y Pereira). 5. se estableció la gradualidad para la implantación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en todo el país. la celebración indebida de contratos. en Colombia se sentó las bases de una reforma sustancial y estructural en el ordenamiento penal y se implementó el Sistema Penal Acusatorio1 fundamentado en el modelo de la oralidad.515 habitantes. En la literatura jurídica. A. Mediante la Ley 906 de 2004. como medida para contrarrestar la ineficacia del proceso penal frente a las altas cifras de impunidad. (2005). Buga. cuenta con una población para el 2012 de 1. Medellín. Por lo que respecta a los estudios relativos al Sistema Penal Acusatorio y su implementación en Colombia. Bogotá. San Gil y Tunja. el objetivo del presente artículo es dar a conocer los resultados de la investigación en cuanto a la identificación y clasificación de las lesiones a la protección jurídico penal de la Administración Pública en los departamentos del Huila6. Santa Martha. Ley 600 de 2000. Public Servants. 8. Sistema penal acusatorio. Fiscalía General de la Nación. Neiva. Bogotá: Secretaría de Gobierno. Accusatory Criminal System. El juicio oral en el proceso penal acusatorio. Instituciones de derecho procesal penal: sistema acusatorio. SALA ADMINISTRATIVA. lentitud en los procesos judiciales y ausencia o deficiencia en las investigaciones como principales argumentos. Sincelejo. Se refiere explícitamente a los delitos tipificados en el Código Penal Colombiano. Mocoa. Crimes. pero en los Departamentos del Huila. Civil Service. modificatorio de los artículos 250 y 252 de la Constitución Política de 1991. Artículos 397 al 434. la segunda fase comenzó el 1 de enero de 2006 en las direcciones seccionales de Bucaramanga. Colombia: Fiscalía General de la Nación. Administrative Function. Yopal. ABC del Sistema Penal Acusatorio. la usurpación y abuso de funciones públicas. There is currently no study on the behavior of these crimes in the departments under investigation. Legis. Popayán. Ley 599 de 2000. Artículo 30. por supuesto. Introducción Mediante Acto Legislativo No. se carece de un estudio o análisis riguroso sobre el comportamiento en cada uno de los municipios. 2. Cartagena y Quibdó con lo cual queda definitivamente cubierto todo el territorio nacional. a partir del 1 de enero de 2008 compuesta por las direcciones seccionales de Barranquilla. Riohacha. VILLEGAS ARANGO. BERNATE OCHOA. Según proyecciones del Departamento Nacional de Estadísticas tomando como referencia el censo de 2005. Montería. lo cual requirió un cambio paradigmático en las prácticas procedimentales. en el 1. 03 del 19 de diciembre de 2002. el Sistema Penal Acusatorio en Colombia se implementó en forma gradual por ciudades y Departamentos. Villavicencio y una última fase. and the characterization of the offence. F. Bogotá: Universidad del Rosario. Según las proyecciones del Departamento Nacional de Estadísticas tomando como referencia el censo 2005. el enriquecimiento de servidores públicos. Ibagué. Septiembre de 2013 perpetrator who commits it. Pasto.
Los tipos penales tipificados en el título XV de la Ley 599 de 2000. En la Declaración. rebelión. No. También. artículos 397 al 434 que atentan o lesionan a la administración pública. desaparición forzada. Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública. por aplicación oficial diferente frente a recursos de la seguridad social. GÓMEZ MÉNDEZ. M. sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos. C. enriquecimiento ilícito. según Maggiori (1955) estas conductas eran denominadas delitos de los funcionarios. 35606. Tráfico de influencias de particular. secuestro. 347 . Revelación de secreto. En la antigüedad. Radicación 792 de 1996. los diputados votaron el texto final el día 26 de agosto de ese año. Citado por Juan José Sánchez González en La Administración Pública como Ciencia. G. Interés indebido en la celebración de contratos. y cuya soberanía es reconocida por otros Estados» (Vidal.: Delitos contra la administración pública. CONSEJO DE ESTADO. 2. Empleo ilegal de la fuerza pública. una estructura.J. La Declaración de los derechos del hombre y el del ciudadano de 1789. concierto para delinquir. 7 de versión digital: www. Disponible en: www. p. homicidio. UAM. Léxico de Política. p 16. y GÓMEZ PAVAJEAU. inspirada en la declaración de independencia estadounidense de 1776 y en el espíritu filosófico del siglo XVIII. Abuso de autoridad por omisión de denuncia. p. necesariamente debe evocarse la evolución del derecho penal.pdf. GUERRERO OROZCO. A. uno de los textos fundamentales votados por la Asamblea Nacional Constituyente formada tras la reunión de los Estados Generales durante la Revolución Francesa. desplazamiento forzado. 2001. 2000. secuestro extorsivo. 1997. Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. por uso. Clásicos de la Teoría de la Administración Pública. 10. decisión que recoge pronunciamientos del 25 de febrero de 2003 y del 30 de septiembre de 1975.P: ALFONSO REYES ECHANDÍA.omarguerrero.P. Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Septiembre de 2013 periodo comprendido 2005-20119 bajo el nuevo sistema penal acusatorio. CH. F.com/bonnin/libros/ TAE. constituye. Corresponde al periodo que abarca la implementación del Sistema Penal Acusatorio en Colombia. Fraude de subvenciones. asentado sobre un territorio determinado. Asesoramiento y otras actuaciones ilegales. disposición que es observada. Año 2. Enriquecimiento ilícito. extorsión. percibida y esperada por la comunidad» se debe acudir a diferentes doctrinantes. 3. Cap. por dar u ofrecer). Tras largos debates. y culposo frente a recursos de la seguridad social integral). BONNIN. O. (1997).libertaexpresa. Universidad Externado de Colombia 2008. aprobada en 1791. 2006). (1921). Cap. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. la resistencia a la opresión. 1994. FCPyS-UNAM. (1985) al evocar que el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 178913 sirvió como antecedente del 9. 12. Tráfico de influencias de servidor público. Simulación de investidura o cargo.Revista ENTORNOS Volumen 26. por aplicación oficial diferente. ROBERTO SUÁREZ FRANCO. reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley y la Justicia y afirma el principio de la separación de poderes. Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Abuso de función pública. lavado de activos. 13. PP 31-73. Núm. Soborno transnacional y. Plaza y Valdés editores. culposo. Concusión. CH. El principio de base de la Declaración fue adoptado antes del 14 de julio de 1789 y dio lugar a la elaboración de numerosos proyectos. Omisión del agente retenedor o recaudador.: Elementos de Ciencia Administrativa. ha encontrado sus fuentes a lo largo de la historia de la humanidad (Bersarión. 1 pág. claro está. política y jurídicamente constituido. Usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas. tortura. el cual.P: FEDERICO ESTRADA VÉLEZ y del 7 de junio de 1983 M. Por lo que respecta al significado de Administración Pública para los objetivos de este trabajo de investigación.pdf. Perturbación de actos oficiales. Esto hace necesario consultar a GUERRERO OROZCO. que cumple sus funciones con base en un orden previamente establecido. Principios de Administración Pública. la seguridad. Intervención en política. DEBBASCH. Omisión de apoyo.: FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO). México. Puede entenderse como Estado un conglomerado social. Usurpación de funciones públicas. Revista Venezolana de Gerencia. encontramos: Peculado (por apropiación. El Rey Luis XVI la ratificó el 5 de octubre de 1789 y sirvió de preámbulo a la primera Constitución de la Revolución Francesa. solo fue posible hablar de delitos de los funcionarios con el aparecimiento del Estado 12 moderno y sus instituciones. marca el fin del Antiguo Régimen y el principio de una nueva era y. O. ESAP. Prevaricato por acción. F. planteamiento reforzado por Sáinz de Robles Santa Cecilia. 1-6. la propiedad. GONZÁLEZ. Marco referencial Al abordar el estudio o análisis de las conductas punibles10 contra la Administración Pública11.org/articulos7ClasicosAP. 25. a la jurisprudencia y al poco desarrollo conceptual plasmado en el contenido de la Constitución Política y al desarrollo legislativo que lo evoca. pues como lo advierte Von Liszt. o cualquiera de las conductas contempladas en el título II del Código Penal. junto con los decretos del 4 y el 11 de agosto de 1789 sobre la supresión de los derechos feudales. 1997: pp. Utilización indebida de información oficial privilegiada. sin considerarlas con posterioridad como el único origen de los delitos en particular que lesionan a la Administración Pública. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. entendida esta como «una organización. un andamiaje en movimiento permanente. Circunstancia de agravación punitiva cuando las conductas se realicen en actuaciones judiciales o administrativas que se adelanten por delitos de genocidio. «Administración pública». narcotráfico. III p 111. Prevaricato por omisión. 9-18. Sala de Casación penal (Proceso No. Cohecho (propio. A. Ciencia Administrativa. Violencia contra servidor público. fecha de expedición 8 de marzo de 1996 y autorizada su publicación el 14 de marzo del mismo mes y año. FLACSO. Introducción. Sala de Consulta y Servicio Civil.P. terrorismo. C. impropio. Destino de recursos del tesoro para el estímulo o beneficio indebido de explotadores y comerciantes de metales preciosos. 86-87). Acuerdos restrictivos de la competencia. 1975. Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública. M. se definen los derechos «naturales e imprescriptibles» como la libertad. Utilización de asunto sometido a secreto o reserva. Cita de Omar Guerrero en Teoría Administrativa del Estado. 11.
CASTRO CUENCA. Francia los tipifica como «de los atentados a la Administración Pública cometidos por personas que ejercen una función pública» y «de los atentados a la Administración Pública cometidos por particulares». Volumen III. CREUS.: Universidad del Rosario. han incorporados ciertas conductas punibles atentatorias contra la Administración Pública como bien jurídico tutelado. C. Parte especial.: Temis.°. Septiembre de 2013 Código de Napoleón de 181014 en el que tomó fuerza su delimitación en sede de delitos. Frente a esta dicotomía. (1981). (2011). P.Revista ENTORNOS Volumen 26. Capítulo II «Delitos cometidos por particulares». en el Capítulo V «De la usurpación de funciones públicas y del intrusismo» del Título XVIII «De la falsedad». XVII Congreso Latinoamericano. C. Documento recuperado de Internet en la página: http://www. Título XI «Dos crimes 348 . (2012). Manual de derecho penal parte especial.alfonsozambrano.com/memorias/. GARCIA NAVARRO. IX Iberoamericano I Primero Nacional de Derecho Penal y Criminología. J. Recuperado del página de internet el día 20 de octubre de 2012: www. OLIVEROS ROSELLO. Subcomisión a: Delitos de la administración pública cometidos por particulares. Código Penal de Brasil. 16.mx/libros/4/1723/7.: Doctrina y Ley. Eugenio Raúl Zaffaroni. en cuanto al Código Penal italiano de 1930 hizo lo propio y los denominó delitos contra la administración pública en su artículos 347 y ss. ASUA BARARRITA. pero que toma su verdadero impulso o presencia es con el Código Penal Prusiano de 185115 y que contempló los delitos de los servidores del Estado y contra el Estado. Italia los incorpora como «Delitos contra la Administración Pública» y los subclasifica en «Delitos de los Funcionarios Públicos y de los Particulares Contra la Administración Pú- 14. (2007). F. los que se fundamentaron en la infracción de deberes y por otro.. Derecho penal. desde los Códigos de 1822 y 1850 hasta el vigente Código de 1995 ha mantenido la incorporación de estas conductas. De la estructura general del Código y de sus disposiciones en particular queda claro que «el código quiere proteger. centrado en la persona del Emperador». p. COBO DEL ROSAL. (2009). la legislación penal.C. Delitos contra la Administración Pública. ROXIN. Función Administrativa y delitos contra la Administración Pública.C. La ubicación del interviniente en los delitos que protegen el bien jurídico de la administración pública.: Este código. GIUSEPPE MAGGIORE: Derecho penal. Parte general.f. Bogotá D. C.: Universidad Externado de Colombia.scribd.pdf. y. más concretamente lo que ha facilitado la denominación en delitos contra la Administración Pública (Burgoa. Capítulo II «Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral». Manual de derecho penal parte general y especial. Cómo lo afirma Von Liszt.). 15..C. (s.com/doc/60144855/zaffaroni-2000-los-codigos-penales-de-latinoamerica.doc. PABÓN PARRA.: sistematización de los Delitos contra la Administración Pública en Europa y América Latina. Bogotá D. como lo es la Administración Pública. ante todo. (2001). Especial delitos cometidos en la contratación pública. L. de riesgo general. sí es importante referenciarlos porque constituyen la luz para entender por qué. Valletta Ediciones. trad. FERREIRA DELGADO. Madrid: Dykinson. Bogotá D. (2010).: Leyer. (s. Parte especial.C. E. Delitos contra la Administración pública: comentarios a los Artículos 237 a 281 del código penal. en su gran mayoría ha seguido la línea francesa e italiana. Título II «Delitos contra la función pública». al Estado y su voluntad de poder. como los es el correcto o normal funcionamiento de la Administración Pública. Temis. Madrid: Consejo General del Poder Judicial. Argentina: Astrea. Es importante manifestar como cada uno de los Códigos que de alguna manera han sido referentes para diferentes Estados en sus legislaciones penales. Delitos contra la Administración de Justicia. Manual de derecho penal. que si bien. NARVÁEZ ENRIQUEZ. referenciamos: ARBOLEDA VALLEJO. 17. Derecho penal especial. E. Bogotá 1955.juridicas. Derecho penal especial. FIGUEROA FONSECA. Argentina./Ponencia16. Paralelo a este discurrir histórico.: La imputación de la usurpación de funciones: Delitos contra la Administración Pública cometida por particulares. (1997). H. Librería el profesional. (2009). así: el Código Penal de Argentina. F.C. En estos temas se centran distintos tratadistas en derecho penal. y. Trabajo de investigación para optar al título en magíster en derecho penal. en José Luis González Cussac. Título XI «Delitos contra la administración pública». Tratado de Derecho Penal. Lecciones de derecho penal. Documento Recuperado en Internet el día 15 de septiembre en la Página web: http:// info5. Cívitas. M. Delitos contra la Administración Pública. p. Ecuador. Parte especial.. ahora. (1997). A. GÓMEZ MÉNDEZ. pertenecían a un derecho protector de la función16. fue indiscutible. G. (2006). BARRETO ARDILA. Así. CASTRO CUENCA. Derecho Penal Español. Parte especial. Instituto Vasco de Administración Pública. 38. 2007. Bogotá D. Por un lado. Facultad de derecho. A. Es así como: El Código Penal francés vigente de 1993 recoge estas conductas en sus artículos 433-12° y 433-13°. contra la hacienda pública. también surgió el debate en cuanto si estos delitos se enmarcaban en un «derecho penal de clase o del funcionario» o si por el contrario. Los delitos de los funcionarios públicos en el Código Penal de 1995. el Código Penal alemán de 1871. (2005). que para el caso de Alemania estos delitos se denominan «Infracciones Penales en el Cargo» o «Delitos en la Administración» (Straftaten in Amte). Buenos Aires. y la legislación española. En Latinoamérica. Código Penal de Bolivia. E). G. de Diego Manuel Luzón Peña. es que los Estados fueron consolidando sus sistemas penales. Derecho penal. y la influencia del Código penal Francés vigente. Madrid: Dykinson. MUÑOZ CONDE. M. Valencia: Tirant lo Blanch.: Temis. C.C. Rep. TOCORA.. las ubicó dentro de la sección séptima «Delitos contra el orden público». los que defendieron su unidad y compatibilización con el sistema común de los ciudadanos. BURGOA. (2004). Derecho penal español. finalmente alcanzó sanción real el 14 de abril de 1851 y entro en vigor el 1 de julio del mismo año. Derecho penal y el servidor público. Bogotá D. 2005. Tomo II. Corrupción y delitos contra la Administración Pública. Comisión 3: Dogmática. Madrid. (2008). no es nuestro objeto de investigación. Bogotá D. Editoriales de Derecho Reunidas. tras profundos debates. COBO DEL ROSAL. S.). (2011). M. L. La malversación en el Código Penal de 1995. F. las faltas y legislación penal especial. Núm.C.. de los funcionarios públicos en el ejercicio de los cargos. (2011).f.). Parte especial. 2.A. Cobo del Rosal (Coord. y. en ese ejercicio de incorporar una normatividad penal que proteja el bien jurídico tutelado17. Universidad Externado de Colombia. Parte especial. Leyer.unam. En algunos países.: Universidad Nacional de Colombia. es tan importante la protección del bien jurídico tutelado. L. Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal. 140. Bogotá D. Tomado del texto: Los Códigos Penales de Latinoamérica. E. Trabajo de grado. ESCOBAR LÓPEZ.
y.: Doctrina y Ley. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. CASTRO CUENCA. DONNA. Código Penal de Costa Rica. La ubicación del interviniente en los delitos que protegen el bien jurídico de la administración pública. (1995).A. Editoriales de Derecho Reunidas. (2003). Delitos contra la Administración Pública. (2004). Especial delitos cometidos en la contratación pública.). RODRÍGUEZ LÓPEZ. (2005). Delitos contra la Administración Pública. Capítulo II: «De la usurpación de funciones. Delitos contra la Administración Pública. UNAULA. no solo para el caso Colombiano. Delitos contra la Administración Pública en la Jurisprudencia. títulos y nombres». Delitos Contra la Administración Pública. E. (s. 18. Manual de derecho penal parte especial. Título XV «Delitos contra la administración pública». Ley 599 de 2000. REYNA ALFARO. (2003). y. Título XIII: «Delitos contra la autoridad pública». Código Penal de Puerto Rico (2004). La responsabilidad penal en los contratos administrativos.: Universidad Externado de Colombia. a fin de lograr la verificación de la lesividad dirigida a los distintos objetos de protección contra a administração pública. Delitos contra la Administración Pública integrado con la Ley 190 de 1995. BERNAL PINZON. H. Madrid: Dykinson. Capítulo VI «De la usurpación de funciones.: Universidad Externado de Colombia. Los delitos contra la Administración Pública: teoría General. contra la hacienda pública. insignias y siglas. VAZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS. Bogotá D. Universidad Externado de Colombia. Función Administrativa y delitos contra la Administración Pública. jurídicos y financieros de los delitos contra la Administración Pública. PARRA GUTIERREZ. Delitos contra la Administración Pública: Código penal de 1980.: Escuela Superior de Administración Pública . los denominó «Delitos contra la Administración Pública»18. Título III «De los delitos contra la cosa pública». M. S. C. E. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. L. MOLINA ARRUBLA. CENTRO DE ESTUDIOS CEAC. Biblioteca Jurídica Dike. A. «Delitos contra la administración pública». E. Bogotá D.f. Asociación para delinquir. Derecho Penal Español. Librería el Profesional. Bogotá D. Delitos contra la Administración Pública. GÓMEZ MÉNDEZ.C. SALAZAR SÁNCHEZ. (2012). G. PEÑA OSSA. Tomo II. Estudio histórico y dogmático. NAVARRO GARCIA. MARTÍNEZ CÁRDENAS. Título III: «De los delitos contra la administración pública». (1998).Revista ENTORNOS Volumen 26. ESCOBAR LÓPEZ.f. (2001). Delitos contra la Administración Pública. (2011).C.). F. España los rubrica como «Delitos contra la Administración Pública». (1965). W. Delitos contra la Administración Pública. y. No obstante. Comares. Editora Jurídica Grijley. M. Grijley. F. G. Ciencia y Derecho. FERREIRA DELGADO. TEMIS. Derecho penal y el servidor público. L. Título IV «De los crímenes y simples delitos contra la fe pública. R. (2009). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.. De los Delitos contra la Contratación Estatal. Delitos contra la Administración Pública. Universidad de Santiago de Compostela. Septiembre de 2013 blica». C. (1998).. Núm. (1997). Aspectos investigativos.: Temis. E. Doctrina y Jurisprudencia. M. Delitos contra la Administración Pública. Delitos contra la Administración Pública. N. encontramos amplia jurisprudencia que se refieren a cada uno de los tipos penales que encierra estas conductas punibles. Delitos contra la Administración Pública. Temis. MORILLAS CUEVA. se debe expresar sobre la influencia española en ciertos Códigos Penales como el de Chile. Argentina: Astrea. NARVÁEZ EMRIQUEZ. Contratación indebida. (2005). P. M. E. Parte especial. A. (2005). Delitos contra la Administración Pública. En esa tarea de adecuación típica en el Código Penal emprendida por Colombia para responder a los principios de un Estado social de derecho y mantener incólume el bien jurídico tutelado. (2002). Bogotá D. Biblioteca Jurídica Dike. SANGUINO MADARRIAGA. Delitos contra la Administración Pública.C. Santa Fé: Rubinzal – Culzoni. Lima: Jurista Editores. Leyer. «el correcto funcionamiento de la administración pública» y en el caso concreto de una posible violación. URIBE GARCIA. L. L. de riesgo general. MIR PUIG. PABÓN PARRA.f. Análisis dogmático de los Títulos III y IV del Decreto Ley 100 de 1980. Delitos contra la Administración Pública. Delitos contra la Administración Pública. Bogotá D. Portugal los incorpora como «Delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas». Delitos contra la Administración Pública (1) en Manuel Cobo del Rosal (Coord. Bosch S. es decir.: Nueva Jurídica. divisas. Bogotá D. Código Penal de Venezuela. (2004). (2008). Capítulo I «Delitos contra el ejercicio gubernamental». C. 349 . (2008). F. Trabajo de grado. J. CREUS. SANTOFIMIO GAMBOA. (2001). Bogotá D.C. Código Penal de Uruguay. dentro de los ejemplos a presentar.C. Bogotá D. Delitos contra la Administración Pública. Colombia. uniformes. Sección primera «De los delitos contra el ejercicio del cargo público». en el Título XVIII. (2012). Argentina los introduce como «Los Delitos Contra la Administración Pública». Código Penal de Colombia. Artículos 397 y ss. (2008). (s. C. Trabajo de investigación para optar al título en magíster en derecho penal. J. S.. 2. Y el código Peruano de 1991. de los funcionarios públicos en el ejercicio de los cargos. ROJAS VARGAS. (1981). Delitos contra la Administración Pública.ESAP. Brasil los establece como «De los delitos contra la Administración Pública» y recientemente. Temis. Tratado de derecho administrativo. C. J. Delitos contra la Administración Pública. COBO DEL ROSAL. Código Penal de Ecuador. Corrupción y delitos contra la Administración Pública. (1986). grados jerárquicos. Capítulo III «De la usurpación de funciones públicas y títulos». E. (1997). FIERRO MÉNDEZ. (2005). L. CANCINO MORENO. Régimen del servidor público. Instituto Nacional de la Administración Pública. A.). (2004). GÓMEZ MÉNDEZ. Título XIII «Falsedad»). C. Delitos contra la Administración Pública.A. (2000). del falso testimonio y del perjurio») y el Código Penal Federal de México (Capítulo VII «Usurpación de funciones publicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones. Delitos contra la Administración pública: comentarios a los Artículos 237 a 281 del Código Penal. (2009). A. (s. VIZUETA FERNÁNDEZ. FERREIRA DELGADO. L. mediante Ley 599 de 2000 en su Título XV. Facultad de derecho.: Leyer. Sobre los delitos contra la Administración Pública. A. (2008). (1994). C. Bosch S. de las falsificaciones. (1995). Cercado de Lima: Iustitia. MOLINA ARRUBLA. (2000). F. Leyer.: Universidad Nacional de Colombia. SALAZAR REYES. J. CASTRO CUENCA. CUSGEN OLARTE. C. títulos u honores». Título IV «Delitos contra la administración pública». Instituto Vasco de Administración Pública. Bogotá D. México los establece como «Delitos contra el Servicio Público cometidos por servidores públicos» y «Delitos contra el servicio público cometidos por particulares» y por supuesto. Delitos contra la Administración de Justicia.: Universidad del Rosario.C.C. (2008).A. S. MOLINA ARRUBLA. SALINAS SICCHA. FIGUEROA FONSECA. Delitos contra la Administración Pública.C. Delitos contra la Administración Pública.C. sino diferentes autores dentro de los cuales encontramos: ASUA BARARRITA. P. E. Leyer.).. (1985). (2004). Capítulo. GANZENMÜLLER. (2003). Título IV «Delitos contra la función gubernamental». las faltas y legislación penal especial. Jurista Editores. Delitos contra la Administración Pública de conformidad con el Código Penal de 2000.
Publicado en la Revista: Estudios Socio Jurídicos. Servidores Públicos y también el de Administración Pública. no solo ha requerido un esfuerzo en la normatividad sino en la jurisprudencia y doctrina para comprender y adaptar conceptos que permean su contenido como son la Función Pública. Así mismo. Núm. con la Constitución de 1863 al de Estados Unidos de Colombia. la afectación del bien jurídico tutelado. influenciado por sistemas foráneos. en esa corriente renovadora.. en mantener. Materiales y métodos El proceso de investigación se fundamentó en un estudio empírico utilizando un cuestionario estructurado de 10 preguntas. el de 1890 los abordó como «Delitos contra la Hacienda Pública».Revista ENTORNOS Volumen 26. prácticamente da partida a un Código Penal más sólido y dura vigente hasta la expedición del Decreto Ley 100 de 1980. conservar y preservar el correcto funcionamiento de la Administración Pública frente a un fenómeno de delincuencia cada vez más especializada y organizada que busca.: «Desarrollo del pensamiento jurídico colombiano. cuando aún nos denominábamos República. Septiembre de 2013 que este bien jurídico encierra.Ley 599 de 2000 para estos delitos. los denominó «Delitos contra la hacienda del Estado». este último Código. 21. para posteriormente examinar su desaparición como Código Penal vigente. El profesor de Derecho Penal de la Universidad del Rosario. 85-107. No. Código Penal del 27 de junio de 1837 (inspirado en los Códigos Penales de Francia de 1832 y el de España que estaba vigente). como «Delitos contra la Administración Pública». son el resultado de ajustes en la política criminal del Estado para responder en cada etapa histórica. 350 . convirtiéndose en el nuevo Código Penal Colombiano que duró vigente hasta la expedición de Ley 95 de 1936. B. en su artículo de carácter histórico «El código Penal Colombiano de 1890». Ampliamente es abordado este tema en el resultado de investigación efectuado por GOMEZ. de particulares relacionados con el ejercicio de dichas funciones» y «Delitos contra los funcionarios o empleados públicos». Francisco Bernate Ochoa. se expide un nuevo Código Penal para los Estados Unidos de Colombia. Desde la expedición del Código Penal de 183719. Esta disposición de carácter legislativo. duró vigente hasta el año 2000 cuando se expidió la ley 599/2000. adoptó la misma denominación de estos delitos establecidos en el Código de 1936. se advierte que el de 1837. así como los principales postulados de la Escuela Clásica del derecho penal. precisamente.junio de 2006. el de 1980. una vez aprobada la Constitución de 1886 hasta la expedición de la Ley 57 de 188722. 20. Servicio Público. aplicado a los Fiscales que por competencia conocen y realizan la investigación en delitos contra la Administración Pública. muestra la historia de este estatuto. este cuestionario fue aplicado a Jueces de los Departamentos del Huila. Tradición que continuaron los posteriores Códigos Penales en virtud del cambio de modelo Federal adoptados por las Constituciones de 1858 y 186320. Mediante Ley 112 del 26 de junio de 1873 se expidió el nuevo Código Penal para los Estados Unidos de Colombia. Al analizar el contenido de cada uno de estos Códigos para determinar los tipos penales relacionados con la protección a la Administración Pública. 24. También. valiéndose del Derecho Administrativo. 24. la Unidad de Estadísticas del 19. incluso. La Constitución de 1858 dio paso a la Confederación Granadina y luego. así como al Director de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación y a fiscales delegados de esta Unidad. «Delitos de los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. ya se contemplaba los delitos que protegieran a la Administración Pública. Artículos 397 al 434. 2. Esta codificación no duró mucho porque el 18 de octubre de 1890 se expidió la Ley 19 que reproduce el Código Penal de 1837. los clasificó en el Título III. Perspectiva histórica del derecho penal en Colombia». marca el punto de partida de nuestro derecho penal y desde ese instante. Ley 57 de 1887 adoptó el Código Penal de la República de Colombia ya actualizado con el nuevo espíritu constitucional de la Constitución de 1886. «Mala Conducta» y «Abuso de Autoridad y «Delitos contra el Servicio Público». el de 1936. 22. 23. el cual dura vigente. Función Administrativa. Sin embargo. Es necesario indicar con este breve recorrido histórico23 de la Legislación Penal Colombiana24. julio-diciembre de 2004. Universidad Libre de Bogotá. enero. que los tipos penales tipificados en el Título XV de la Ley 599 de 2000. se verificó la estadísticas que proporcionó para la presente investigación la Dirección Nacional de Fiscalías. como resultado del ajuste normativo exigido por la Constitución Política de 1991 que promovió el tránsito del Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho. Pp. En 187321. en aras de señalar la influencia que la misma tuvo en sus contenidos y la aplicación que en la práctica judicial tuvo tal estatuto. Caquetá y Putumayo encargados de fallar estos procesos y a Defensores Públicos. Publicado en la Revista «Diálogos de Saberes». tradición que acogió el Nuevo Código Penal . Caquetá y Putumayo. especialmente de los Departamentos del Huila.
mientras que el porcentaje restante del 47. enriquecimiento ilícito. Función pública. en 61. prevaricato por acción.6%. un 4. En cuanto a la agilidad del Sistema Penal Acusatorio.8% los relacionados con el Artículo 56 de la ley 80 de 1993 y el 14. admitió que sí están 25. Bien Jurídico Tutelado y Delitos contra la Administración Pública. octubre y noviembre de 2012. antijurídica y culpable en Delitos contra la Administración Pública. para los Fiscales encuestados quienes más cometen delitos contra la Administración Pública. En el estudio. entre otros aspectos. la contextualización del cuestionario. 2. Servicio Público. Función Administrativa. la Relatoría de la Corte Suprema de Justicia. el 66. prevaricato por acción. De otra parte. Así mismo. la Contraloría General de la República. la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Septiembre de 2013 Consejo Superior de la Judicatura. Núm. la Procuraduría General de la Nación y. 2001. La metodología cuantitativa consistió en la recolección de la información existente en las Unidades de Estadísticas de la Fiscalía General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura sobre el comportamiento de Delitos contra la Administración Pública en los Departamentos del Huila. peculado (por apropiación. se utilizó la metodología cualitativa por medio de la revisión bibliográfica. omisión del agente retenedor o recaudador y concusión. así como de la conceptualización consultada y antes indicada. por aplicación oficial diferente frente a recursos de la seguridad social) cohecho propio y asociación para la comisión de un delito contra la Administración Pública. ni persona privada de la libertad. la transcripción en audio de la entrevista realizada al Director de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación.9% son los servidores públicos en general. interés indebido en la celebración de contratos. La contextualización del cuestionario y procesos de observación. el aplazamiento de audiencias.8% manifestó que sí lo están.: La Administración: entre tradición y renovación. O. admitió diferentes razones en esta tarea investigativa como la escasez de personal idóneo y calificado. El método empleado para realizar el estudio fue el Analítico Descriptivo el cual consiste en descomponer y explorar el objeto de estudio partiendo de lo simple a lo complejo (Aktouf.Revista ENTORNOS Volumen 26. Con relación a la dificultad para realizar la adecuación típica. el 52. se hizo con base en entrevistas informales para determinar la percepción sobre la efectividad del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en los Delitos Contra la Administración Pública. Caquetá y Putumayo en el periodo comprendido 2005 al 2011 y se efectuó en los meses de septiembre. Resultados Se pudo establecer que la tendencia en cuanto a los 5 delitos más cometidos y que son de competencia y conocimiento de los Fiscales. Artes Gráficas del Valle.4% de los encuestados manifestó tener claridad sobre estos tres institutos a la hora de conducir sus procesos investigativos. 351 . por aplicación oficial diferente. están suficientemente preparados en el sistema penal acusatorio. En lo referente a la identificación y concreción plena del bien jurídico tutelado o protegido en los delitos contra la Administración Pública.8% que respondió bastante y totalmente de acuerdo. el porcentaje restante admite algunas razones que impiden este cometido. la percepción de los Fiscales en un 76. 2001)25. los delitos contra la Administración Pública que presentan mayor dificultad para investigar por la complejidad de aducir prueba en el juicio oral cuando no hay flagrancia.7%.2% osciló en el rango de poco de acuerdo y totalmente en desacuerdo con relación a un 23. la dificultad en el tratamiento y recolección de las pruebas. AKTOUF. No obstante. Servidor Público.3%. un 23. Al indagar a los Fiscales en cuanto a si los Jueces que han tenido la conducción de investigaciones sobre delitos contra la Administración Pública. en su orden de mayor a menor transgresión son: el peculado por apropiación. los Retenedores y Recaudadores de impuestos. Nuevo Sistema Penal Acusatorio. violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades o incompatibilidades. procesos de observación y entrevista. un 66. Cali. se encontró: contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. La revisión bibliográfica consistió en estudiar la conceptualización sobre Administración Pública. contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.7% de los Fiscales manifestó no tener dificultad en el proceso investigativo por cuanto es indispensable y es el fin de la investigación penal.
en cuanto al número de delitos en particular registrados por Departamentos. No obstante. concusión: 29. Se desprende de la información anterior. 2008 (4). Información suministrada por la Procuraduría General de la Nación-GEDIS y Misional SIM. generado el 19 de noviembre de 2012. 2008 (7). Núm. en cuanto a las sentencias proferidas en el mismo lapso de tiempo (2005 al 2011) sobre Delitos contra la Administración Pública. 2009 (67). también la Procuraduría General de la Nación adelantó procesos disciplinarios por conductas violatorias a la Ley 734 de 2002 derivados de presuntos delitos cometidos contra la Administración Pública. 2012 (132) para un total de 437 delitos en calidad de procesos activos. que de la totalidad de Sentencias proferidas con la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio. tenemos: en el Departamento del Huila. en el Departamento del Caquetá. 2012 (30) para un total de 599 delitos. También. enriquecimiento ilícito: 23. En cuanto al departamento del Putumayo para los años 2008 (10). 2010 (239) 2011 (206). en el periodo comprendido entre el 2007 al 2011 en el Huila se dieron 45 fallos. 352 . en inactividad permanecieron 1300 delitos así: año 2007 (125).Revista ENTORNOS Volumen 26. el comportamiento es el siguiente: En el Putumayo: Peculado: 173. 2009 (41). 2012 (77) para un total de 1554 delitos. 2010 (297) 2011 (353). 2008 (114). En el caso del departamento del Huila para los años 2007 (25). 2009 (249). solo se muestra la totalidad de los casos registrados en el SPOA como Delitos contra la Administración Pública. violencia contra servidor público: 192 y otros delitos contra la Administración Pública: 71. 2009 (36). 2012 (353) para un total de 1454 delitos en calidad de procesos activos. prevaricato: 54. abuso de autoridad por omisión de denuncia: 21. pues de conformidad con datos del Sistema de información de Gestión Disciplinaria-GEDIS26 entre decisiones y procesos registrados una totalidad para el Departamento del Huila de 65. violación al régimen legal o inconstitucional de inhabilidades e incompatibilidades: 18. abuso de Función Pública: 23 y abuso de autoridad por Acto Arbitrario o Injusto: 200 y otros delitos varios contra la Administración Pública: 51. cohecho: 40. 2012 (94) para un total de 2754 delitos. sobre casos registrados en las vigencias anuales del 2005 al 2011. 2010 (96) 2011 (177). Caquetá y Putumayo. En el Caquetá: abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto: 169. En los datos proporcionados por la Unidad de Estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura. Paralelo a la tarea realizada por la Fiscalía General de la Nación y los Jueces de la República en los Departamentos del Huila. contrato sin el cumplimiento de requisitos legales: 134. competencia de la Ley 906 de 2004 proporcionados por la Dirección Nacional de Fiscalías de la Fiscalía General de la Nación. Caquetá y Putumayo. abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto: 86. cohecho: 50. Caquetá 31 y Putumayo 2. tenemos: En el departamento del Caquetá para los años 2008 (11). 2008 (21). desconocimiento y complejidad del sistema. concusión: 35. omisión del Agente Retenedor o Recaudador: 224. interés indebido en la celebración de contratos: 291. 2012 (269) para un total de 594 delitos en calidad de procesos activos. concusión: 67. contratos sin el cumplimiento de requisitos legales: 122. En el Huila: violencia contra servidor público: 186. solo en el 2010 (1) y en el 2011 (1). 2009 (253). 2010 (115) 2011 (113). 2008 (169). interés indebido en la celebración de contratos: 16 y violación al régimen legal o inconstitucional de inhabilidades e incompatibilidades: 10. de hecho ocurridos en los Departamentos del Huila. 2009 (260). 2007 (5). 2010 (6) y 2011 (12) y. De la misma forma. En la escala anterior. peculado: 410. violencia contra servidor público: 37. 2010 (11) y 2011 (22). 2010 (2407) 2011 (245). omisión del agente retenedor o recaudador: 985. Dadas las competencias de la Contraloría General de la República. prevaricato: 194.6% que no lo están por falta de entrenamiento. contratos sin el cumplimiento de requisitos legales: 125. por delitos contra la Administración Pública. abuso de función pública: 10. Con relación a estadísticas de datos exportados del SPOA (Sistema Penal Acusatorio). peculado: 383. Septiembre de 2013 parcialmente capacitados y un 28. 2009 (6). para el Departamento del Caquetá 37 y el Departamento del Putumayo de 82. 2. tráfico de influencias de servidor público: 10. en el 2007 (2). A su vez. 2009 (1). en inactividad permanecieron 960 delitos así: año 2007 (75). prevaricato: 281. en el Departamento del Putumayo. 2008 (155). 2010 (43) 2011 (29). también se emitieron Fallos de Responsa- 26. permanecieron en inactividad 162 delitos así: año 2007 (3).
Septiembre de 2013 bilidad Fiscal27. pero también tiene que medirse en función del número de funcionarios y de personal que tiene la Fiscalía para asumir este tipo de investigaciones. delitos. analizadas y estudiadas. los anteriores datos se validan con el levantamiento de indicadores y cruce de información realizada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República28. de carecer de recursos tecnológicos y de 27. 2010 (6) y 2011 (2). Pero. Departamento del Caquetá 2008 (12). sobre los objetivos de la investigación a fin de validar la efectividad del Nuevo Sistema Penal Acusatorio con relación al anterior sistema. 2. digamos. en donde se encuentran involucradas personas de una elevada posición social. derivados de presuntos delitos contra la Administración Pública. en el 2008 (1). así: Departamento del Huila. la respuesta al fenómeno de corrupción. el cual muestra el indicador relacionado con la totalidad de Sentencias penales en el periodo 2008 y 2011 y las específicas por delitos contra la Administración Pública. esto es de personal y de logística e infraestructura». En la misma forma. M. fue corroborada por la totalidad de los Fiscales encuestados. MONTES GIRALDO. Información suministrada por escrito por la Contraloría General de la República para el proyecto de investigación. Si la Fiscalía contara con los recursos de personal y de infraestructura y de logística necesarias seguramente podría estar al tanto y dando plena respuesta a toda la necesidad. 29. obviamente hay que medirse a través de resultados que se dan. Caquetá 32 y Putumayo 6. vuelvo y repito. Eso conlleva a que la labor del Fiscal. a fin de contrastar en la entrevista con el Director de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. en el entendido que el Nuevo Sistema Penal Acusatorio no ha sido ágil y efectivo por la carencia de personal especializado. estuve en Washington y en Tegucigalpa pudiendo compartir con Fiscales de todos los países de América Latina y me encuentro que Colombia es el país que está más avanzado a nivel de legislación y de instrumentos para atacar la corrupción. Por lo que entonces. dada la complejidad. continuó: «Es que este es un problema estructural de todos los países pobres. en donde se encuentran involucrados grandes sumas de dinero y por lo tanto. 2009 (1).Revista ENTORNOS Volumen 26. Núm. y en el Departamento del Putumayo. Instalaciones Unidad Nacional Anticorrupción. urgencia y requerimiento de justicia. cuando quiera que se trata de tomar decisiones frente a procesos de mucha complejidad y de mucha importancia y que deben ser decisiones. Indicadores en población. la información proporcionada permitió verificar los datos relacionados con Fallos por investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación y los Fallos con Responsabilidad Fiscal por parte del Contraloría General de la República en cada uno de estos departamentos ya expuestos en apartes anteriores. 2009 (11). manifestó: «Tanto uno como otro sistema son buenos. al referenciar las estadísticas antes indicadas. así: Departamento del Huila 2008 (20). (2012)29 en entrevista otorgada. investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación. Hace poco. Finalmente. en Colombia falta personal. Entonces no podemos exigirle a funcionarios que actúen como máquinas.C. así como por la falta de capacitación y entrenamiento a los que actualmente tienen a cargo la labor de investigar y sancionar estas conductas punibles contra la Administración Pública. con motivo de la presente investigación a fin de corroborar estadísticas y percepción sobre la efectividad y eficacia del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en Delitos contra la Administración Pública. tenga que ser más diligente y más dispendiosa y más fundamentada. M. Caquetá y Putumayo a partir de la fecha de su implementación. que tenemos unas limitantes de tipo físico intelectual. al igual que en esos otros países. 353 . además. 28. 87. procesos disciplinarios y fiscales. Ley 600 de 2000. frente a los delitos contra la Administración Pública en el Huila. Bogotá D. son eficientes para investigar. Ahora bien. No se puede olvidar que también los funcionarios somos seres humanos. Entrevista otorgada y grabada en audio en su despacho. Pero esto no es de sistema. Septiembre 25 de 2012. Entonces estamos hablando de investigaciones muy complejas. Igualmente. la especialidad de los asuntos y los abogados que están ejerciendo la defensa de los procesados. Jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. también nos encontramos con abogados defensores de las más altas calidades y las más altas capacidades. Montes Giraldo. esto es. periodo 2005-2011 proporcionados por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en el mes de octubre de 2012. 2009 (38) 2010 (38) y 2011 (21). el problema de esto es la falta de personal. con relación a las Sentencias emitidas por los Jueces de la República. Es decir. La anterior afirmación. 2010 (19) y 2012 (1). Este no es un problema solamente de Colombia. se requiere de mayor atención y de mayor estudio».
Revista ENTORNOS Volumen 26. 34. La persona es sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho. que aquí se clasifican a los miembros de la fuerza pública. Universidad Externado de Colombia. A. Es decir. 15187 del 17 de julio de 2003. 2. así como el juzgador en la identificación del sujeto activo. recoge en términos similares la redacción del artículo 345 de la Ley 600 de 2000. entre otros aspectos. un acto de nombramiento o elección. se entiende que hay flagrancia cuando: «1. 16408 del 25 de abril de 2002. celeridad. son para los efectos penales equiparables y sus actos tienen validez. Núm. Funciones Administrativas. Septiembre de 2013 infraestructura en sus diferentes sedes para el adecuado desempeño. 111. es cuando el siste- 30. la exigencia de servidor público pasa a un segundo plano cuando quiera que quién comete un delito contra la Administración Pública sea un particular. los funcionarios y trabajadores del Banco de la República. Por supuesto.: Delitos contra la Administración Pública. economía. De la misma forma. Pero son los artículos 123 de la Constitución Política y 20 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano) que nos referencian quiénes son los Servidores públicos30. De esta clasificación. de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un delito o participado en él. los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria. imparcialidad y publicidad. el cual a su vez se fundamentó en el criterio jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional en la sentencia C-024 de 1994. Puede darse el caso en que estas conductas sean cometidas por sujetos activos determinados o indeterminados por la vía de la participación o incluso de la autoría31. esto es. además de la carencia de personal especializado y que fue reiterativo en los instrumentos utilizados. bien por que ejerza funciones públicas en forma permanente o transitoria o porque administre o recaude recursos del Estado. 33. Función Pública. apoyado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia abordando el tema de la flagrancia de la siguiente manera: En términos generales. lo constituye la falta de conocimientos y entrenamiento. de hecho o incluso un usurpador33. deben ostentar la calidad de servidor público. tenemos que son Servidores Públicos: los miembros de las corporaciones públicas. el de Hecho como aquél que ha adquirido su investidura oficial de manera irregular y el Usurpador como la persona que ejerce funciones públicas sin que previamente figure. Delitos específicos contra la Administración Pública y el alcance de los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política34 a fin de conducir y llevar a buen términos investigaciones por los delitos que aquí se han referenciado. se desprende que: el Funcionario de Derecho como aquel que desempeña sus funciones en ejercicio de una investidura legítima y regular. La persona es sorprendida y capturada con objetos instrumentos o huellas. 35. La definición de flagrancia contenida en el artículo 301 de la Ley 906 de 2004. GÓMEZ MÉNDEZ. al menos. 3. los sujetos activos que los transgreden son calificados. El Artículo 209 de la Constitución Política establece: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. C. la delegación y la desconcentración de funciones. si quién comete un conducta punible contra la Administración Pública es un funcionario de derecho. una de los principales aspectos por las que el Sistema Penal Acusatorio no es efectivo. también pueden ser cometidas por acción o por omisión al tenor del artículo 25 del Código Penal (Ley 599 de 2000)32 y transgredir el correcto o normal funcionamiento de la Administración Pública como bien jurídico protegido. no solo el conocimiento y competencia que deben tener los Fiscales o equipo investigador. eficacia. El hecho de establecerse que solo en los casos cuando se presenta la detención efectiva de un sujeto activo de estas conductas punibles y se configure la flagrancia35. 2008. 19761 del 15 de abril de 2004. Servicios Públicos. La administración pública. 2. 32.A. en todos sus órdenes. se les investigará penalmente por sus conductas. en forma excepcional. los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territoriales y por servicios. 354 . 23616 del 9 de marzo de 2006. Ley 599 de 2000. sino también la delimitación plena de lo que significa la Administración Pública. De los resultados obtenidos en la investigación. los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren recursos del Estado. moralidad. «La Conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. estas conductas punibles. y GÓMEZ PAVAJEAU. tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. instrumentos o huellas. Pp. de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible. Se suma a los anteriores parámetros. Artículo 25. 22907 del 29 de junio de 2006 y 26405 del 12 de diciembre de 2006 de la Corte Suprema de Justicia. Dicho de otro modo. Discusión de resultados En los delitos contra la Administración Pública también conocidos como Delitos Especiales o de Infracción de Deber. Acción y Omisión. mediante la descentralización. 31. Del contenido de los Radicados 9921 del 14 de marzo de 2002. precisamente en las áreas arriba mencionadas y en el tratamiento específico de cada uno de las conductas punibles que conforman el capítulo de delitos contra la Administración Pública. el concepto de flagrancia se refiere a aquellas situaciones en donde una persona es sorprendida y capturada en el momento de cometer un hecho punible o cuando es sorprendida y capturada con objetos. con el artículo 301 de la Ley 906 de 2004. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer el delito. Sistema Penal Oral Acusatorio. De conformidad con el Artículo 123 de la Constitución Política y el Artículo 20 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano).
comercial. lo cual entraña la libertad de conciencia y se diluye la posibilidad de probar el dolo. la lealtad de funcionarios que protegen a los indiciados. 355 . lo virtuoso que sería la oralidad. es decir. La Justicia Premial es parte del nuevo modelo procesal instaurado en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 y que consagró diferentes modos consensuales entre la Fiscalía y el imputado o procesado que buscan anticipar la terminación del proceso y que los denomina indistintamente preacuerdos o acuerdos y. parte estructural de la solución de los conflictos que conoce el derecho penal (Proceso No. constituyen aspectos sustanciales y que fracturan la labor investigativa. la protección de los derechos tanto de las víctimas como de los procesados y la igualdad de armas. no solo del derecho penal. económico y financiero. Jueces. el aplazamiento injustificado de audiencias y las demoras en la investigaciones. Cuando los hechos presentan concurso aparente de hecho punibles y se corre el riesgo de afectar en su resolución el «non bis in ídem».P. 36. el hecho de los jueces penales municipales con funciones de control de garantías que no están lo suficientemente capacitados. el hecho de existir algunos de los tipos penales confusos y con vacíos desde el punto de vista normativo. se está admitiendo ciertas justificaciones que dejan entrever que no está funcionando en los términos previstos en la Ley 906 de 2004. Sala de Casación Penal. contractual. ausencia de experticia para perseguir a los testaferros. derecho administrativo. 2. el desplazamiento de testigos. Lo que ha ocurrido. la congestión por procesos en delitos contra la Administración Pública no cede terreno. De otra parte. entonces. la complicación para demostrar el concierto por el encubrimiento de los presuntos autores. especialmente con relación al ataque frontal en cuanto a los delitos contra la administración Pública. mercado de valores. M. relaciones existentes entre investigadores y procesados y. Dr. se surten la libre apreciación. es manifiesta y reiterativa la carencia de policía judicial idónea para la especialidad. el incremento en denuncias en forma genérica que no aportan elementos materiales probatorios para orientar la identificación del sujeto calificado. la falta de claridad en la acusación respecto de los elementos constitutivos relacionados con el tipo penal. desconocimiento de la norma vigente y aplicable a los asuntos del Sistema Penal Acusatorio y de Delitos contra la Administración Pública. la dificultad en la aplicación de la justicia premial36 no hace llamativo la credibilidad en el sistema.Revista ENTORNOS Volumen 26. el dolo o el interés que se disfraza muy bien. la no permanencia de la prueba y la dificultad para el recaudo de las mismas. la multiplicidad de audiencias de las cuales algunas son innecesarias. excesiva carga laboral de los actuales Fiscales y Jueces que les impide una dedicación exclusiva y continua de dichas actividades. Policía Judicial. contabilidad. aún. así como de términos y ausencia de claridad frente a la forma de recaudar elementos probatorios en las conductas punibles contra la Administración pública. sea en gran medida. ingeniería y demás disciplinas necesarias para salirle al paso en delitos que exigen esta experticia y sujetos activos de elevada posición social y con defensores de altas calidades. Investigadores especializados en distintas ramas del saber. como resultado de los instrumentos utilizados en la investigación. 24531. la falta de Fiscales. en consecuencia. resumen la complejidad para el sistema y no lo hace muy apropiado para generar resultados en materia de justicia. es apropiado para referir. aunado a la falta de recursos de toda índole para cumplir los cometidos del Sistema Penal Acusatorio. Este término. evidencias físicas y trabas que pone la misma Administración Pública para la entrega de documentos y soportes necesarios a disposición de los investigadores por su duplicidad de funciones. la demora en la realización del juicio. aún más. cuando estás provienen de zonas apartadas a los lugares donde se cursa la investigación. Peritos. Núm. la rotación continua de Fiscales e incluso de Jueces. sino en presupuesto público. no superar la cultura documental del anterior sistema (Ley 600 de 2000). por lo siguiente: es complejo aducir prueba en el juicio. la ausencia de manuales de funciones y competencias para determinar cuándo un superior ordena a un subalterno realizar ciertas conductas que se constituyen en posteriores delitos y que no quedaron escritas. Corte Suprema de Justicia. En algunos casos. la agilidad del sistema. normas en blanco que remiten a otras normas de la cuales existen diferentes criterios de apreciación y. el poder político o económico que estos representan. puesto que se evidencia que prima más los formalismos que lo sustancial. Sigifredo Espinoza Pérez del 4 de mayo de 2006). la inexistencia de Coordinación entre el Fiscal especializado y Jueces que no tienen igual o mejor experticia en la materia de la investigación frente al tema que se está abordando. Septiembre de 2013 ma se hace más ágil. la falla en la recolección de elementos materiales probatorios. es que ha imperado la complejidad. el hecho de.
Septiembre de 2013 Lo importante. creación de una Unidad en la rama judicial similar a la de la Fiscalía General de la Nación con competencia directa en conductas punibles contra la Administración Pública. Autoridades de Transito. Finalmente. Caquetá y Putumayo no han permeado sustancialmente en la modificación de paradigmas por parte de Fiscales y Jueces a fin de hacer más efectivo los resultados de las investigaciones y. en otras palabras. artes y técnicas. 688 de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. lo cual dificulta a la labor investigativa para quienes deben estar concentrados en los alcances de la ley 906 de 2004. Es decir. Conclusiones Los fundamentos esenciales del Sistema Penal Acusatorio en los delitos contra la Administración Pública en los departamentos del Huila. la apropiación del Sistema. 2. Así mismo. de hechos ocurridos con anterioridad a la Ley 906 de 2004. entre activos e inactivos con los que cuenta la Fiscalía General de la Nación en los Departamentos del Huila. implementación de procesos más rígidos de filtro en la recepción de denuncias sobre casos de conductas punibles contra la Administración Pública. son las acciones o estrategias a través de una política pública o acciones concretas que permita el fortalecimiento a una permanente capacitación de quienes tienen la responsabilidad de investigar y sancionar a los que cometen delitos contra la Administración Pública. Núm. disciplinaria y penal. Del cúmulo de 4907 procesos por delitos contra la Administración Pública. no solo en los Departamentos objeto de la investigación. una jurisdicción especial para la investigación y juzgamiento de estos delitos más adecuado (no similar) al esquema de la Ley 600 de 2000. 415 de violencia contra el Servidor Público. Contralores y Procuradores a fin de contribuir de manera eficiente en el ataque a las conductas punibles contra la Administración Pública. Se deben crear mecanismos de cooperación interdisciplinaria con otras entidades públicas o privadas para la recolección. ante todas estas situaciones que afectan la adecuada aplicación del sistema penal acusatorio. bajo el imperio de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal). sino en el país. aún se continua en la recepción de denuncias. mayor concentración en la materia mediante una mejor asignación de Fiscales y Jueces especializados en Administración Pública y dedicados exclusivamente a actuar y castigar estas conductas punibles. embalaje y custodia de material probatorio relacionados con miembros de la Procuraduría General de la Nación. impulso de estrategias para facilitar que la documentación aportada y los peritos de los entes de Control apoyen con sus conceptos en la etapa de juicio para no repetir actuaciones o peritajes. 131 de concusión y. acumulados entre 2010 y 2011. confrontados con las 78 Sentencias en el mismo periodo por delitos contra la Administración Pública reportados por 356 .Revista ENTORNOS Volumen 26. Es decir. se requiere el impulso a una reforma de la legislación vigente respeto a ciertos delitos que se desnaturalizan con el solo reintegro de lo apropiado. fortalecimiento de mecanismos de instancias de control para que no todo se convierta en resorte penal. de los cuales 966 corresponden al Peculado. se debe disponer de una base de datos actualizada con los soporte de hoja de vida de todos los servidores públicos para obtener información de primera fuente que permita rápidamente la individualización. Caquetá y Putumayo. como tal. 1209 de Omisión de Agente Retenedor o Recaudador. Cuando estamos ad portas de cumplir 8 años de la implementación el Sistema Penal Acusatorio en Colombia y 5 años en los Departamentos del Huila. entidades que ejercen función de Control y Vigilancia y Alcaldías y mayor estabilidad o posibilidad de carrera ad- ministrativa para Personeros. Caquetá y Putumayo registrados desde el 2007 al 2011. para facilitar la utilización conjunta de los medios de conocimiento en los diferentes ámbitos. refuerzo del sistema de defensoría pública para estos delitos en el evento de la inasistencia del abogado de confianza a fin de evitar aplazamientos de audiencias. mayor flexibilidad en el excesivo formalismo sobre la incorporación o trasladado a juicio de la prueba documental y armonizar los estándares en la obtención e incorporación de las evidencias en materia fiscal. así como la creación de un Cuerpo Técnico conformado por investigadores y peritos especializados en distintas ciencias. Contraloría. diseño de mecanismos que aseguren la cumplida realización de las audiencias previendo el cambio intempestivo de defensores y supeditando el aplazamiento a casos excepcionales. en el mal uso del sistema oral acusatorio. con apoyo exclusivo y constante a las Unidades o Fiscalías encargadas de este tipo de delitos. 488 de abuso de autoridad . 599 de Prevaricato.
Bogotá D. S. (s. M. Castro Cuenca. Septiembre de 2013 la Unidad de Análisis Estadísticos. 2001. Bernal Pinzón. Cusg En Olarte. Y. TEMIS. julio-diciembre. no solo ponen en evidencia que el sistema no está funcionando con agilidad. Asua Bararrita. E. 2005. L. 2005. Santa Fé: Rubinzal . 2004. 1986. Manual de derecho penal parte general y especial. las 188 Sentencias que posee en sus indicadores la Secretaría de Transparencia de la República. 1995. Castro Cuenca. E. Delitos contra la Administración Pública. jurídicos y financieros de los delitos contra la Administración Pública. A. 2010. está en crisis. Donna. 1994. de riesgo general.). Lecciones de derecho penal. F. C. Madrid: Dykinson. G. Análisis dogmático de los Títulos III y IV del Decreto Ley 100 de 1980. E. Bogotá: Universidad del Rosario. Delitos contra la Administración Pública.C. Temis. Documento Recuperado en Internet el día 15 de septiembre en la Página web: http://info5. Bernate Ochoa. El sistema penal acusatorio: Primeras implicaciones en la seguridad de la ciudad. F. Sistema penal acusatorio. las faltas y legislación penal especial.C.). Espitia Garzón. Cobo del Rosal. Delitos contra la Administración Pública. Bogotá D.C. H. sino que el Sistema Penal Acusatorio en esta región del país. J. Parte especial.Culzoni.A.: Universidad del Rosario. Creus. C. 1985. Legis. Corporación Excelencia en la Justicia. Función Administrativa y delitos contra la Administración Pública. Ferreira Delgado. Delitos contra la Administración Pública. Delitos contra la Administración de Justicia. E.. de la Rama Judicial y del alto gobierno. Beltrán. 2008. Aspectos investigativos. C. Bogotá D.unam. 1981. Ferreira Delgado.mx/libros/4/ 1723/7.juridicas.pdf Cancino Moreno. 2010. Revista: Estudios Socio Jurídicos. Escobar López. Asociación para delinquir. Consejo Superior de la Judicatura. Bogotá D. Leyer. A. Núm. Balance de los primeros 5 años de funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio en Colombia. 2009. 2004. Referencias bibliográficas Arboleda Vallejo. Argentina: Astrea.f. Universidad Externado de Colombia. Sala administrativa. F.C. 1965. de los funcionarios públicos en el ejercicio de los cargos. Universidad Externado de Colombia. Especial delitos cometidos en la contratación pública. 2011.Revista ENTORNOS Volumen 26. ABC del Sistema Penal Acusatorio. Bogotá: Secretaría de Gobierno. 2007. Burgoa. 2011.: Temis.: sistematización de los Delitos contra la Administración Pública en Europa y América Latina. F. Instituciones de derecho procesal penal: sistema acusatorio. Es necesaria una urgente intervención desde la alta dirección de la Fiscalía General de la Nación. Editoriales de Derecho Reunidas. Biblioteca Jurídica Dike.para que a través de estrategias impulsadas desde la Política Criminal del Estado se contribuya con una solución en el menor tiempo posible a los aspectos aquí planteados. M. G.: Leyer. 2011. Tomo II. I. 2. Manual de derecho penal parte especial. (s. M. Parte especial. Delitos contra la Administración pública: comentarios a los Artículos 237 a 281 del Código Penal. 1997. F. C. Delitos contra la Administración Pública.f.Ministerio de Justicia y del Derecho. Temis. S. Delitos Contra la Administración Pública. Bernate Ochoa. Bogotá D. Cobo del Rosal.. Corrupción y delitos contra la Administración Pública. Centro de estudios CEAC. Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y. S. 357 . El código penal Colombiano de 1890. Delitos contra la Administración Pública. contra la hacienda pública.C. Barreto Ardila. Instituto Vasco de Administración Pública. Derecho penal español.
Manual de derecho penal. Gómez Méndez. Diálogos de saberes. Y. García Navarro. (Enero . IX Iberoamericano I Primero Nacional de Derecho Penal y Criminología. Delitos contra la Administración Pública. Leyer. Volumen III. Delitos contra la Administración Pública. 358 . Septiembre de 2013 Ferreira Delgado. L. y. 2012. 1997. 2005. Delitos contra la Administración Pública: Código penal de 1980. 1955. Bogotá. Giuseppe Maggiore: Derecho penal. Facultad de derecho. Valencia: Tirant lo Blanch. Parra Gutiérrez. 2005. B. (s. Morillas Cueva.C.)./Ponencia16. Ganzenmüller. Bogotá D. 2004. 1995. M. Ciencia y Derecho. La responsabilidad penal en los contratos administrativos. 1997. 87-107. Trabajo de grado. Régimen del servidor público. 2000. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. P. A. Madrid: Dykinson. 2008.: Universidad Externado de Colombia. Peña Ossa. y.). Delitos contra la Administración Pública integrado con la Ley 190 de 1995. Parte especial. Jurista Editores. Librería el Profesional. Bogotá D. F. W. C. La malversación en el Código Penal de 1995. alfonsozambrano. Bogotá D. A. Rústica.C. J. Delitos contra la Administración Pública. L..com/memorias/. Pabón Parra. Fiscalía General de la Nación. Molina Arrubla. Parte especial. Bogotá D. E. 2005.: Doctrina y Ley. Ecuador. L. P. 1998. XVII Congreso Latinoamericano.C. Rojas Vargas. Bosch S.: Universidad Externado de Colombia.: Doctrina y Ley.: Escuela Superior de Administración Pública .doc. Mir Puig. Bogotá D. Desarrollo del pensamiento jurídico colombiano. Biblioteca Jurídica Dike. Pabón Parra. Los delitos contra la Administración Pública en el Nuevo Código Penal. I.Revista ENTORNOS Volumen 26. Molina Arrubla. L. C. Delitos contra la Administración Pública. M. Hernández Gómez.A.: Temis.C. Martínez Cárdenas. A. Recuperado de la página de internet el día 20 de octubre de 2012: www. C. J.. Osorio Isaza. E. F.C. Parte especial.A. H. Madrid: Consejo General del Poder Judicial. Derecho penal. M. Núm. Leyer. en José Luis González Cussac. Rodríguez López. Delitos contra la Administración Pública. Derecho penal y el servidor público. 2008. Delitos contra la Administración Pública de conformidad con el Código Penal de 2000.: Universidad Nacional de Colombia. Figueroa Fonseca. Delitos contra la Administración Pública. Reflexiones jurídicas económicas y sociales de la reforma.). 2008. E. Bosch S. Derecho Penal Español. Reyna Alfaro. 2005. Sistema penal acusatorio. Grijley. Parte especial. (s.C. La imputación de la usurpación de funciones: Delitos contra la Administración Pública cometida por particulares. Gómez Méndez. 2002. F. Fierro Méndez. 2000. Delitos contra la Administración Pública. E. Perspectiva histórica del derecho penal en Colombia.ESAP. C.. Bogotá D. 1998. Delitos contra la Administración Pública histórico y dogmático. La ubicación del interviniente en los delitos que protegen el bien jurídico de la administración pública. 2. Subcomisión a: Delitos de la administración pública cometidos por particulares.. Temis. Bogotá D. P. Los delitos de los funcionarios públicos en el Código Penal de 1995. Delitos contra la Administración Pública. Oliveros Rosello. Narváez Enriquez. 2004.f. 2011. Leyer. Delitos contra la Administración Pública (1) en Manuel Cobo del Rosal (Coord.f. 2001. Muñoz Conde. Trabajo de investigación para optar al título en magíster en derecho penal. Delitos contra la Administración Pública. Molina Arrubla. Pública.Junio de 2006). 2007. 2005. L. Derecho penal especial. 2006. Doctrina y Jurisprudencia.C. Comisión 3: Dogmática. C.
2009. Delitos contra la Administración Pública. 2009. Delitos contra la Administración Pública. Tratado de derecho administrativo. Cercado de Lima: Iustitia. N. Delitos contra la Administración Pública. L.. Santofimio Gamboa. Núm. Uribe García. Bogotá. J. A. Madrid: Civitas. Editora Jurídica Grijley. Delitos contra la Administración Pública. 2008. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. 2003. Vizueta Fernández. Lima: Jurista Editores. Bogotá D. 2003. Derecho penal especial. Parte general. trad. Vazquez-Portomeñe Seijas. Colombia: Fiscalía General de la Nación. Septiembre de 2013 Roxin. 2008. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Instituto Nacional de la Administración Pública. C. Sanguino Madarriaga.. Los delitos contra la Administración Pública: teoría General. Tocora. De los Delitos contra la Contratación Estatal. R. UNAULA. Villegas Arango. Delitos contra la Administración Pública en la Jurisprudencia. 2004.C. El juicio oral en el proceso penal acusatorio. Contratación indebida.Revista ENTORNOS Volumen 26. Comares. 2003. L. Salinas Siccha. de Diego Manuel Luzón Peña. Librería el profesional. 2004. A. S. 2012. Salazar Reyes. Salazar Sánchez.: Nueva Jurídica. Universidad de Santiago de Compostela. J. 359 . Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal. F. 1997. Derecho penal. 2.
More From Obert Alejandrortiz Rodriguez