Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32018R1971
Timestamp: 2020-05-27 17:12:46
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Reglamento (UE) 2018/1971 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por el que se establecen el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE), por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/2120 por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1211/2009Texto pertinente a efectos del EEE.
REGLAMENTO (UE) 2018/1971 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se establecen el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE), por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/2120 por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1211/2009
La Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) tiene por objeto crear un mercado interior de las comunicaciones electrónicas en la Unión, garantizando al mismo tiempo un nivel elevado de inversión, innovación y protección de los consumidores a través de una mayor competencia. Dicha Directiva también encomienda al Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (en lo sucesivo, «ORECE») un número significativo de nuevos cometidos, como la formulación de directrices en diversos ámbitos, la presentación de informes sobre cuestiones técnicas, el mantenimiento de registros, listas o bases de datos y la elaboración de dictámenes sobre procedimientos del mercado interior para proyectos de medidas nacionales relativas a la regulación del mercado.
El Reglamento (UE) n.o 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) completa y apoya, por lo que respecta a la itinerancia en la Unión, las normas previstas en el marco regulador de las comunicaciones electrónicas y establece determinados cometidos del ORECE.
El Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) determina unos cometidos adicionales para el ORECE en relación con el acceso a una internet abierta. Además, las directrices del ORECE de 30 de agosto de 2016 sobre la aplicación por parte de los reguladores nacionales de las normas de neutralidad de la red europea han sido bien acogidas, en tanto valiosas aclaraciones para garantizar una internet sólida, libre y abierta que asegure la aplicación coherente de las normas que amparan el trato equitativo y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a internet y en los derechos conexos de los usuarios finales.
Habida cuenta de la necesidad de garantizar el desarrollo de unas prácticas reguladoras y una aplicación coherente del marco reglamentario de la Unión para comunicaciones electrónicas, la Comisión estableció, mediante la Decisión 2002/627/CE (6), el Grupo de entidades reguladoras europeas de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (en lo sucesivo «GRE») para asesorarle y asistirle en la consolidación del mercado interior para redes y servicios de comunicaciones electrónicas y, en general, para servir de conexión entre las autoridades nacionales de reglamentación y la Comisión.
El ORECE y la Oficina se establecieron mediante el Reglamento (CE) n.o 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). El ORECE sustituyó al GRE, y su finalidad era contribuir, por una parte, al desarrollo y, por otra, a la mejora del funcionamiento del mercado interior de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, procurando velar por la aplicación coherente del marco reglamentario de las comunicaciones electrónicas. El ORECE actúa como un foro para la cooperación entre las autoridades nacionales de reglamentación, y entre las autoridades nacionales de reglamentación y la Comisión, en el ejercicio de todas sus responsabilidades con arreglo al marco regulador de la Unión. El ORECE fue creado para proporcionar conocimientos especializados y para actuar con independencia y transparencia.
El ORECE sirve asimismo de órgano de reflexión, debate y asesoramiento en el ámbito de las comunicaciones electrónicas para el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.
La Oficina se creó como un organismo de la Comunidad con personalidad jurídica para el desempeño de los cometidos previstos en el Reglamento (CE) n.o 1211/2009, en particular la prestación de servicios de asistencia profesional y administrativa al ORECE. Para poder apoyar de forma eficaz al ORECE, se dotó a la Oficina de autonomía jurídica, administrativa y financiera.
En virtud de la Decisión 2010/349/UE (8), los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros decidieron que la Oficina tuviera su sede en Riga. El acuerdo de sede entre el Gobierno de la República de Letonia y la Oficina entró en vigor el 5 de agosto de 2011.
En su comunicación de 6 de mayo de 2015 titulada «Una estrategia para el mercado único digital de Europa», la Comisión preveía presentar propuestas en 2016 para una revisión ambiciosa del marco regulador de las comunicaciones electrónicas centrada, entre otros aspectos, en un marco regulador institucional más eficaz a fin de adaptar la normativa de comunicaciones electrónicas a los fines previstos en el marco de la creación de las condiciones apropiadas para el mercado único digital. Ello incluye el despliegue de redes de muy alta capacidad, una gestión más coordinada del espectro radioeléctrico para las redes inalámbricas y la creación de condiciones de competencia equitativas para las redes digitales avanzadas y los servicios innovadores. Dicha Comunicación señalaba que la evolución del mercado y el entorno tecnológico hacen necesario reforzar el marco institucional, consolidando el papel del ORECE.
En su resolución de 19 de enero de 2016 titulada «Hacia un Acta del Mercado Único Digital», el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que integrara en mayor medida el mercado único digital garantizando el establecimiento de un marco institucional más eficaz.
El ORECE y la Oficina han contribuido favorablemente a la aplicación coherente del marco regulador de las comunicaciones electrónicas. No obstante, sigue habiendo importantes disparidades entre los Estados miembros en lo que se refiere a las prácticas reguladoras, lo que afecta a las empresas que realizan negocios transfronterizos o que están activas en un número importante de Estados miembros, en particular en aquellas zonas en las que las directrices del ORECE existen pero podrían desarrollarse en mayor medida. Para seguir contribuyendo al desarrollo del mercado interior de las comunicaciones electrónicas en el conjunto de la Unión, así como a la promoción del acceso a las redes de muy alta capacidad, y su adopción, a la competencia en el suministro de redes, servicios y recursos asociados de comunicaciones electrónicas y de los intereses de los ciudadanos de la Unión, el presente Reglamento tiene por objeto reforzar el papel del ORECE. Dicho papel reforzado completaría el mayor papel desempeñado por el ORECE después de la entrada en vigor de los Reglamentos (UE) n.o 531/2012 y (UE) 2015/2120 y la Directiva (UE) 2018/1972 .
A la luz de la evolución de la tecnología y del mercado, que a menudo conlleva una mayor dimensión transfronteriza, y de la experiencia adquirida hasta la fecha a la hora de intentar garantizar la aplicación coherente en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, es necesario basarse en los trabajos del ORECE y de la Oficina. Su gobernanza y actividades deben ser sencillas y adecuadas para desempeñar los cometidos que les hayan sido encomendados. Teniendo en cuenta los procedimientos establecidos y la serie de nuevos cometidos asignados al ORECE y a la Oficina y con vistas a reforzar su eficacia, es necesario prever un mayor grado de estabilidad en su gestión y simplificar el proceso de toma de decisiones.
El ORECE debe actuar como punto de referencia y generar confianza en virtud de su independencia, la calidad de su asesoramiento e información, la transparencia de sus procedimientos y métodos de funcionamiento, y su diligencia en el desempeño de sus cometidos. La independencia del ORECE no debe ser obstáculo para que su Consejo de Reguladores delibere basándose en proyectos elaborados por los grupos de trabajo.
El nuevo nombre oficial de la Oficina debe ser «Agencia de apoyo al ORECE» (en lo sucesivo, «Oficina del ORECE»). La denominación «Oficina del ORECE» debe utilizarse como nombre abreviado de la Agencia. La Oficina del ORECE debe disfrutar de autonomía jurídica, administrativa y financiera. A tal efecto, es necesario y conveniente que la Oficina del ORECE sea un organismo de la Unión dotado de personalidad jurídica, y que ejerza las competencias que le hayan sido conferidas. Como agencia descentralizada de la Unión, la Oficina del ORECE debe funcionar dentro de los límites de su mandato y del marco institucional existente. No debe considerarse que representa la posición de la Unión en el exterior ni que impone a la Unión obligaciones jurídicas.
Además, las normas por las que se rija y funcione la Oficina del ORECE deben ajustarse, en su caso, a los principios de la Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea, de 19 de julio de 2012, sobre las agencias descentralizadas.
Las instituciones de la Unión y las autoridades nacionales de reglamentación deben beneficiarse de la asistencia y el asesoramiento del ORECE, incluso sobre las correspondientes repercusiones reguladoras de cualquier cuestión relativa a la dinámica general de los mercados digitales o en lo que respecta a sus relaciones, debates e intercambios con terceros sobre las mejores prácticas en materia de regulación, y a la difusión de estas a terceros. Además de su contribución a la consulta pública de la Comisión, el ORECE debe asesorar a la Comisión, cuando así se le solicite, en la preparación de propuestas legislativas. El ORECE debe asimismo ser capaz de prestar asesoramiento al Parlamento Europeo y al Consejo a petición de estos o por propia iniciativa.
El ORECE, como organismo técnico con conocimientos especializados en comunicaciones electrónicas y compuesto por representantes de las autoridades nacionales de reglamentación y de la Comisión, es el más indicado para desempeñar cometidos como, por ejemplo, contribuir a la eficacia de los procedimientos del mercado interior para proyectos de medidas nacionales por lo que respecta a la regulación del mercado, proporcionar a las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes las directrices necesarias para garantizar unos criterios comunes y un enfoque regulador coherente y mantener determinados registros, bases de datos y listas a escala de la Unión. Ello se entiende sin perjuicio de los cometidos definidos para las autoridades nacionales de reglamentación, que son las autoridades más cercanas a los mercados de las comunicaciones electrónicas y a las condiciones locales.
A fin de llevar a cabo sus cometidos, el ORECE debe seguir poniendo en común los conocimientos especializados de las autoridades nacionales de reglamentación. El ORECE debe tratar de garantizar la participación de todas las autoridades nacionales de reglamentación en el desempeño de sus cometidos reguladores y su funcionamiento. Para reforzar el ORECE, hacerlo más representativo, y salvaguardar sus conocimientos especializados, su experiencia y su competencia sobre la situación específica de la totalidad de los mercados nacionales, cada Estado miembro debe garantizar que su autoridad nacional de reglamentación disponga de recursos financieros y humanos suficientes para participar plenamente en los trabajos del ORECE.
A la luz de la convergencia creciente entre los sectores proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas y de la dimensión horizontal de las cuestiones reglamentarias relacionadas con su desarrollo, el ORECE y la Oficina del ORECE deben poder cooperar, sin perjuicio del papel que desempeñen, con las autoridades nacionales de reglamentación, otros organismos, oficinas, agencias y grupos consultivos de la Unión, en particular el Grupo de política del espectro radioeléctrico, creado por la Decisión 2002/622/CE de la Comisión (9), el Supervisor Europeo de Protección de Datos, establecido por el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), el Comité Europeo de Protección de Datos establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), el Grupo de entidades reguladoras europeas para los servicios de comunicación audiovisual, establecido por la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (12) , la Agencia de Seguridad de las Redes de la Información de la Unión Europea, creada por el Reglamento (UE) n.o 526/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (13), la Agencia del GNSS Europeo creada por el Reglamento (UE) n.o 912/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores, creada en virtud del Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), la Red Europea de Competencia y organizaciones europeas de normalización, así como con los comités existentes (como el Comité de Comunicaciones y el Comité del Espectro Radioeléctrico). El ORECE y la Oficina del ORECE también deben ser capaces de cooperar con las autoridades competentes de los Estados miembros responsables de la competencia, la protección de los consumidores y la protección de datos, y con las autoridades competentes de terceros países, en particular con las autoridades reguladoras competentes en el ámbito de las comunicaciones electrónicas o con grupos de esas autoridades, así como con organizaciones internacionales cuando sea necesario para el desempeño de sus cometidos. El ORECE debe igualmente poder consultar a las partes interesadas mediante consulta pública.
El ORECE debe tener derecho a establecer con organismos, oficinas, agencias y grupos consultivos competentes de la Unión, con autoridades competentes de terceros países y con organizaciones internacionales acuerdos de trabajo, que no deben crear obligaciones jurídicas. El objetivo de dichos acuerdos de trabajo podría ser, por ejemplo, desarrollar relaciones de cooperación o cambiar impresiones sobre cuestiones de regulación. La Comisión debe garantizar que los acuerdos de trabajo necesarios sean coherentes con la política y las prioridades de la Unión, y que el ORECE opere dentro del marco de su mandato y del marco institucional existente y no se considere que representa la posición de la Unión en el exterior o que impone a la Unión obligaciones internacionales.
El ORECE debe estar compuesto por el Consejo de Reguladores y grupos de trabajo. La rotación del cargo de presidente del Consejo de Reguladores debe garantizar la continuidad de los trabajos del ORECE. Conviene igualmente fomentar una rotación de los papeles de vicepresidentes representantes de diversas autoridades nacionales de reglamentación.
El ORECE debe poder actuar en interés de la Unión con independencia de toda intervención exterior, en particular de presiones políticas o injerencias comerciales. Por lo tanto, es importante garantizar que las personas nombradas en el Consejo de Reguladores gocen de las máximas garantías de independencia personal y funcional. El responsable de una autoridad nacional de reglamentación o un miembro de su órgano colegiado, o los suplentes de estos, deben gozar de ese mismo nivel de independencia personal y funcional. Concretamente, deben actuar con independencia y objetividad, no solicitar ni aceptar instrucciones en el ejercicio de sus funciones y estar protegidos contra el despido arbitrario. La función del suplente del Consejo de Reguladores también podrá desempeñarla el responsable de la autoridad nacional de reglamentación, un miembro de su órgano colegiado, el sustituto de estos o bien otro miembro del personal de la autoridad nacional de reglamentación, que actúe en nombre del miembro del Consejo de Reguladores sustituido y de conformidad con el ámbito de su mandato.
La experiencia ha demostrado que la mayor parte de los cometidos del ORECE se ejecutan mejor mediante grupos de trabajo de expertos, que siempre deben garantizar el tratamiento equitativo de todas las opiniones y contribuciones de las autoridades nacionales de reglamentación. Por lo tanto, el Consejo de Reguladores debe encargarse de la constitución de los grupos de trabajo y del nombramiento de sus presidentes. Las autoridades nacionales de reglamentación deben responder con prontitud a las candidaturas para garantizar la rápida creación de determinados grupos de trabajo, en particular los relacionados con procedimientos que deban respetar plazos. En los grupos de trabajo deben poder participar expertos de la Comisión. El personal de la Oficina del ORECE debe proporcionar apoyo a los grupos de trabajo y contribuir a sus actividades.
De ser necesario, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, el Consejo de Reguladores y el Consejo de Administración deben poder invitar a cualquier persona cuya opinión pueda ser de interés a participar, en calidad de observador, en sus reuniones y en las reuniones de los grupos de trabajo.
Cuando corresponda, y en función de la asignación de cometidos a las autoridades en cada Estado miembro, las opiniones de otras autoridades competentes deben tenerse en cuenta en el grupo de trabajo pertinente, por ejemplo mediante consultas a escala nacional o invitando a aquellas otras autoridades a las reuniones pertinentes en las que se requieran sus conocimientos. En cualquier caso, debe mantenerse la independencia del ORECE.
El Consejo de Reguladores y el Consejo de Administración deben operar en paralelo; el primero decide principalmente sobre cuestiones normativas y el segundo sobre cuestiones administrativas, como el presupuesto, el personal y las auditorías. En principio, y además de los representantes de la Comisión, los representantes de las autoridades nacionales de reglamentación en el Consejo de Administración deben ser las mismas personas que las designadas para formar parte del Consejo de Reguladores, pero las autoridades nacionales de reglamentación deben poder designar a otros representantes que cumplan los mismos requisitos.
Las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos eran ejercidas anteriormente por el vicepresidente del Comité de gestión de la Oficina. El presente Reglamento dispone que el Consejo de Administración delegue competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el director, que está autorizado a subdelegar esas competencias. Esto contribuirá a la gestión eficiente del personal de la Oficina del ORECE.
El Consejo de Reguladores y el Consejo de Administración deben celebrar al menos dos reuniones ordinarias al año. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida y el mayor papel del ORECE, el Consejo de Reguladores y el Consejo de Administración pueden tener que celebrar reuniones suplementarias.
El director debe seguir siendo el representante de la Oficina del ORECE para las cuestiones de índole jurídica y administrativa. El Consejo de Administración debe nombrar al director, con arreglo a un procedimiento de selección abierto y transparente, a fin de garantizar una evaluación rigurosa de los candidatos y un nivel elevado de independencia. El mandato del director administrativo de la Oficina era anteriormente de tres años. Es necesario que el director tenga un mandato suficientemente largo para garantizar la estabilidad y la consecución de una estrategia a largo plazo para la Oficina del ORECE.
El Reglamento Delegado (UE) n.o 1271/2013 de la Comisión (16) debe aplicarse a la Oficina del ORECE.
La Oficina del ORECE debe prestar toda la asistencia profesional y administrativa necesaria para el trabajo del ORECE, en particular apoyo financiero, organizativo y logístico, y debe contribuir a la labor normativa del ORECE.
Para garantizar la autonomía y la independencia de la Oficina del ORECE y respaldar el trabajo del ORECE, conviene dotar a la Oficina del ORECE de un presupuesto propio, la mayor parte del cual debe provenir de una contribución de la Unión. El presupuesto debe ser suficiente y debe reflejar los cometidos adicionales asignados y el papel reforzado del ORECE y de la Oficina del ORECE. La financiación de la Oficina del ORECE debe estar sujeta a un acuerdo de la autoridad presupuestaria, según se establece en el punto 31 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (17).
La Oficina del ORECE debe contar con personal suficiente para desempeñar sus funciones. Todos los cometidos asignados a la Oficina del ORECE, en particular los servicios de apoyo profesional y administrativo que respaldan al ORECE en el desempeño de sus cometidos reguladores, junto con el cumplimiento de los reglamentos financiero, de personal y demás normas aplicables, así como el peso creciente de los cometidos operativos que debe desempeñar la Oficina del ORECE frente a los administrativos, deben ser debidamente evaluados y quedar reflejados en la programación de los recursos.
A fin de seguir ampliando la aplicación coherente del marco regulador de las comunicaciones electrónicas, el Consejo de Reguladores, los grupos de trabajo y el Consejo de Administración deben estar abiertos a la participación de las autoridades reguladoras de terceros países competentes en el ámbito de las comunicaciones electrónicas en los que esos terceros países hayan celebrado acuerdos con la Unión a tal efecto, como los Estados EEE AELC y los países candidatos.
De conformidad con el principio de transparencia, el ORECE y la Oficina del ORECE deben publicar en su página web, cuando proceda, información sobre su trabajo. En particular, el ORECE debe hacer públicos todos los documentos finales expedidos en el desempeño de sus cometidos, como dictámenes, directrices, informes, recomendaciones, posiciones comunes y buenas prácticas, así como cualquier estudio que le sea encargado para respaldar sus cometidos. El ORECE y la Oficina del ORECE deben asimismo publicar listas actualizadas de sus cometidos y listas actualizadas de los miembros, suplentes y otros participantes en las reuniones de sus instancias organizativas y las declaraciones de intereses realizadas por los miembros del Consejo de Reguladores, los miembros del Consejo de Administración y el Director.
El ORECE, con el respaldo de la Oficina del ORECE, debe poder participar en actividades de comunicación dentro de su ámbito de competencia, que no deben ir en detrimento de sus cometidos básicos. El contenido y la aplicación de la estrategia de comunicación del ORECE deben ser coherentes, objetivos, pertinentes y estar coordinados con las estrategias y actividades de la Comisión y de las demás instituciones, a fin de tener en cuenta la imagen global de la Unión. Las actividades de comunicación de la Oficina del ORECE deben llevarse a cabo de conformidad con los planes de comunicación y difusión adoptados por el Consejo de Administración.
Para desempeñar eficazmente sus cometidos, el ORECE y la Oficina del ORECE deben tener derecho a solicitar toda la información necesaria a la Comisión, a las autoridades nacionales de reglamentación y, en última instancia, a otras autoridades y empresas. Las solicitudes de información deben estar motivadas, ser proporcionadas y no suponer una carga excesiva para los destinatarios. Las autoridades nacionales de reglamentación deben cooperar con el ORECE y la Oficina del ORECE y deben proporcionarles información precisa y oportuna para que el ORECE y la Oficina del ORECE puedan cumplir sus cometidos. Además, en virtud del principio de cooperación leal, el ORECE y la Oficina del ORECE deben compartir toda la información necesaria con la Comisión, las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes. Cuando proceda, debe garantizarse la confidencialidad de la información. A la hora de evaluar si una solicitud está debidamente justificada, el ORECE debe tener en cuenta si la información solicitada está relacionada con el desempeño de cometidos que se atribuyen exclusivamente a las autoridades pertinentes.
La Oficina del ORECE debe crear un sistema común de información y comunicación para evitar la duplicación de las solicitudes de información y facilitar la comunicación entre todas las autoridades interesadas.
Con el fin de garantizar un nivel alto de confidencialidad y evitar conflictos de intereses, las normas en esas materias que se apliquen a los miembros de las instancias organizativas del ORECE y de la Oficina del ORECE deben aplicarse a sus suplentes.
Dado que el presente Reglamento otorga nuevos cometidos al el ORECE y a la Oficina del ORECE y que otros actos jurídicos de la Unión pueden otorgarles cometidos adicionales, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación periódica de la actividad del ORECE y de la Oficina del ORECE y de la eficacia de su estructura institucional en un entorno digital cambiante. Si, tras el resultado de dicha evaluación, la Comisión encuentra que la estructura institucional no es adecuada para desempeñar los cometidos del ORECE y de la Oficina del ORECE, y, en particular, para garantizar la aplicación coherente del marco regulador de las comunicaciones electrónicas, explorará todas las opciones posibles para mejorar dicha estructura.
La Oficina del ORECE establecida por el presente Reglamento sucede a la Oficina que fue creada como un organismo comunitario con personalidad jurídica por el Reglamento (CE) n.o 1211/2009 en todo lo que se refiere a derechos de propiedad, acuerdos, entre ellos el acuerdo de sede, las obligaciones legales, los contratos de trabajo, y los compromisos y pasivos financieros. La Oficina del ORECE debe hacerse cargo del personal de la Oficina, cuyos derechos y obligaciones no deben verse afectados. Al objeto de garantizar la continuidad del trabajo del ORECE y la Oficina, sus representantes, a saber, el presidente y los vicepresidentes del Consejo de Reguladores, el Comité de Gestión y el director administrativo, deben seguir en el cargo hasta que finalice su mandato.
Un número importante de consumidores de la mayoría de los Estados miembros sigue recurriendo a las comunicaciones internacionales tradicionales, como por ejemplo las llamadas telefónicas y los mensajes SMS, a pesar de que un número cada vez mayor de consumidores tiene acceso a servicios de comunicación interpersonal independientes de los números para sus necesidades de llamadas internacionales, con costes inferiores a los de los servicios tradicionales o sin pago dinerario.
En 2013, la Comisión propuso un reglamento con evaluación de impacto que incluía una disposición con medidas reglamentarias aplicables a las comunicaciones dentro de la Unión. El ORECE y la Comisión, por medio de un estudio de la Comisión y del Eurobarómetro, recopilaron de 2017 a 2018 nuevos datos sobre el mercado de las comunicaciones dentro de la Unión. Como muestra dicha información, sigue habiendo diferencias de precio importantes, tanto para las comunicaciones fijas como para las móviles, entre las comunicaciones vocales y de SMS nacionales y las que terminan en otro Estado miembro, en un contexto de variaciones de precios significativas de un país a otro y entre proveedores y paquetes de tarifas, así como entre comunicaciones vocales fijas y móviles. Con frecuencia los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales basadas en numeración disponibles al público cobran precios por consumo de comunicaciones dentro de la Unión que exceden con mucho los precios de las tarifas nacionales más costes adicionales. En promedio, el precio normal de una llamada fija o móvil dentro de la Unión tiende a triplicar el precio normal de una llamada nacional, y el precio normal de un mensaje SMS dentro de la Unión tiende a ser más del doble que el SMS nacional. Sin embargo, esas medias aritméticas ocultan diferencias significativas de un Estado miembro a otro. En algunos casos, el precio normal de una llamada dentro de la Unión puede llegar a multiplicar por ocho el precio normal de las llamadas nacionales. Como consecuencia de lo anterior, los clientes de varios Estados miembros se ven expuestos a unos precios muy elevados para las comunicaciones dentro de la Unión. Esos elevados precios afectan principalmente a los consumidores, y en particular a los que no realizan frecuentemente tales comunicaciones o tienen un volumen de consumo bajo, que constituyen la inmensa mayoría de los consumidores que efectúan comunicaciones dentro de la Unión. Al mismo tiempo, varios proveedores presentan ofertas particularmente atractivas a los clientes y clientes empresariales que tienen un consumo importante de comunicaciones dentro de la Unión. A menudo, dichas ofertas no se cobran con arreglo al consumo real sino que pueden consistir en un cierto número de minutos de llamada o mensajes SMS dentro de la Unión por una tarifa mensual fija (ofertas complementarias) o la inclusión de un cierto número de minutos de llamada o de mensajes SMS dentro de la Unión en la asignación mensual de minutos de llamada o mensajes SMS, bien sin recargo alguno o con un pequeño recargo. No obstante, las condiciones de esas ofertas a menudo carecen de atractivo para aquellos consumidores que utilizan un volumen ocasional, impredecible o relativamente bajo de comunicaciones dentro de la Unión. En consecuencia, dichos consumidores se arriesgan a pagar precios excesivos por sus comunicaciones dentro de la Unión, por lo que deben ser protegidos.
Además, los precios elevados de las comunicaciones dentro de la Unión suponen un obstáculo al funcionamiento del mercado interior por cuanto disuaden de la búsqueda y adquisición de bienes y servicios de un proveedor situado en otro Estado miembro. De ahí la necesidad de establecer unos límites específicos y proporcionados al precio que los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales basadas en numeración disponibles al público puedan cobrar a los consumidores por las comunicaciones dentro de la Unión, con el fin de eliminar estos precios elevados.
Cuando los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales basadas en números disponibles al público cobren a sus consumidores las comunicaciones dentro de la Unión con tarifas basadas total o parcialmente en el consumo de dichos servicios, incluso en los casos de deducción por consumo de una asignación mensual o de prepago para dichos servicios, esas tarifas no deben superar 0,19 EUR por minuto de llamada y 0,06 EUR por SMS. Esos límites corresponden a los precios máximos que se aplican en la actualidad, respectivamente, a las llamadas y mensajes SMS itinerantes regulados. En itinerancia dentro de la Unión, los consumidores gozan de la protección de la eurotarifa de llamadas vocales y de la eurotarifa SMS que han sido sustituidas gradualmente por la itinerancia «como en casa». Esos límites se consideran una referencia adecuada también para fijar la tarifa máxima de las comunicaciones dentro de la Unión reguladas (en lo sucesivo, «comunicaciones intracomunitarias reguladas») durante cinco años a partir del 15 de mayo de 2019. El nivel actual del límite representa una red de seguridad sencilla, transparente y comprobada de protección contra los precios elevados y es adecuado como límite para los precios al por menor de todas las comunicaciones intracomunitarias reguladas. Las llamadas itinerantes dentro de la Unión y las llamadas dentro de la Unión tienen la misma estructura de costes.
Los límites deben permitir a los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales basadas en numeración disponibles al público recuperar sus costes, lo que garantiza una intervención proporcionada tanto en el mercado de telefonía móvil como en el de telefonía fija. Los límites se aplicarán directamente solo a las tarifas basadas en el consumo real. Deben tener un efecto disciplinario también sobre las ofertas que incluyen un determinado volumen de comunicaciones dentro de la Unión sin cobrarlas por separado, pues los consumidores pueden optar por cambiar a una tarifa basada en el consumo para sus comunicaciones dentro de la Unión. A los volúmenes de comunicaciones dentro de la Unión que superen los incluidos en un paquete y se cobren por separado debe aplicárseles el límite. La medida debe garantizar, de modo proporcionado, que los consumidores con un bajo nivel de consumo de comunicaciones dentro de la Unión queden protegidos de los precios elevados y, al mismo tiempo debe tener solo una incidencia limitada sobre los proveedores.
Los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales basadas en numeración disponibles al público deben poder proponer a sus consumidores ofertas tarifarias alternativas para las comunicaciones internacionales con diferentes tarifas para las comunicaciones intracomunitarias reguladas, y los consumidores deben ser libres de optar explícitamente por dichas ofertas, y de retractarse en todo momento y gratuitamente, incluso para ofertas que los consumidores hubieran suscrito antes de la entrada en vigor de tales disposiciones. Solo las ofertas alternativas de comunicaciones internacionales, como por ejemplo las que abarcan a todos o parte de los terceros países, cuando son aceptadas por un consumidor, deben poder liberar a un proveedor de su obligación de no superar los precios límite para las comunicaciones intracomunitarias reguladas. Otras ventajas que ofrecen los proveedores a los consumidores, como las subvenciones a los equipos de terminales o los descuentos en otros servicios de comunicaciones electrónicas, forman parte de la interacción competitiva normal, por lo que no deben afectar a la aplicabilidad de los precios límite para las comunicaciones intracomunitarias reguladas.
Un precio límite para las comunicaciones intracomunitarias reguladas podrá afectar a algunos proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales basadas en numeración disponibles al público significativamente más que a la mayoría de los demás proveedores de la Unión. Tal podría ser, en particular, el caso de aquellos proveedores que obtengan una parte significativa de sus ingresos o resultados de explotación con las comunicaciones dentro de la Unión o cuyos márgenes nacionales sean bajos en comparación con las referencias del sector. La compresión de sus márgenes por lo que respecta a las comunicaciones intracomunitarias reguladas podría impedir a un proveedor sostener su modelo de fijación de precios nacionales. Tales supuestos son altamente improbables por cuanto los precios máximos son claramente superiores a los costes de la prestación de comunicaciones dentro de la Unión. No obstante, con el fin de responder a dichos supuestos excepcionales de manera proporcionada, las autoridades nacionales de reglamentación deben estar capacitadas para conceder excepciones a instancias del proveedor, en casos justificados y excepcionales.
Las excepciones deben concederse solo si el proveedor puede demostrar, con respecto a una referencia pertinente establecida por el ORECE, que se ve significativamente más afectado que la mayoría de los demás proveedores de la Unión y que esa incidencia podría debilitar significativamente la capacidad del proveedor de mantener su modelo de cobro de las comunicaciones nacionales. Cuando una autoridad nacional de reglamentación conceda una excepción, debe determinar el nivel máximo de precios que el proveedor podrá aplicar a las comunicaciones intracomunitarias reguladas y que le permitirían mantener un nivel de precios competitivo para las comunicaciones nacionales. Cualquier excepción de este tipo debe limitarse a un año y prorrogarse si el proveedor demuestra que siguen cumpliéndose las condiciones de la excepción.
En aras del principio de proporcionalidad, la aplicación del límite de precios para las comunicaciones intracomunitarias reguladas debe tener una limitación temporal y caducar a los cinco años de su entrada en vigor. Tal limitación de la vigencia debe permitir valorar adecuadamente los efectos de las medidas y evaluar hasta qué punto sigue siendo necesario proteger a los consumidores.
Con el fin de garantizar una protección constante, puntual y de la máxima eficacia en toda la Unión a los consumidores afectados negativamente por las importantes diferencias de precios de las comunicaciones dentro de la Unión, esas disposiciones deben ser directamente aplicables y consagradas en un reglamento. El reglamento más adecuado a tal fin debe ser el Reglamento (UE) 2015/2120, que fue adoptado tras una evaluación de impacto, que proponía, entre otras, una disposición relativa a las comunicaciones dentro de la Unión, por ser un medio necesario para completar el mercado interior de las comunicaciones electrónicas. Los impactos probables sobre los ingresos de los proveedores que genere la prestación de comunicaciones dentro de la Unión quedarán más limitados por la aplicación de la eurotarifa de llamadas vocales y de la eurotarifa SMS de itinerancia como límite tanto para las comunicaciones fijas como para las móviles, que sirve como mecanismo de seguridad; así como al quedar acreditado, en el análisis del ORECE de 2018, un considerable descenso de los correspondientes volúmenes de tráfico fijo afectados por la medida en el período intermedio. Por lo tanto, dichas disposiciones deben introducirse como modificación del Reglamento (UE) 2015/2120, que también debe adaptarse para garantizar que los Estados miembros adopten normas sobre las sanciones por infracción de dichas disposiciones.
Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, garantizar la aplicación coherente del marco regulador de las comunicaciones electrónicas, en particular en relación con los aspectos transfronterizos y mediante procedimientos eficaces del mercado interior para proyectos de medidas nacionales, y garantizar que los consumidores no paguen precios excesivos por comunicaciones interpersonales basadas en numeración desde el Estado miembro del proveedor nacional del consumidor a cualquier número fijo o móvil de otro Estado miembro, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
El presente Reglamento modifica y extiende el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1211/2009. Dado que las modificaciones que deben hacerse son de naturaleza sustancial, conviene, en aras de la claridad, proceder a la derogación de dicho Reglamento. Las referencias al Reglamento derogado deben entenderse como hechas al presente Reglamento.
2. El ORECE y la Oficina del ORECE sustituirán y sucederán, respectivamente, al Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas y a la Oficina, tal como se establecieron por el Reglamento (CE) n.o 1211/2009.
Personalidad jurídica de la Oficina del ORECE
Objetivos del ORECE
1. El ORECE desarrollará su actividad dentro del ámbito de aplicación de los Reglamentos (CE) n.o 531/2012 y (UE) 2015/2120 y de la Directiva (UE) 2018/1972 .
Cometidos reguladores del ORECE
asistir y asesorar a las autoridades nacionales de reglamentación, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión y cooperar con las autoridades nacionales de reglamentación y la Comisión, previa solicitud o por iniciativa propia, sobre cualquier cuestión técnica relativa a las comunicaciones electrónicas en el marco de sus competencias;
asistir y asesorar a la Comisión, previa solicitud, respecto de la preparación de propuestas legislativas en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, en particular sobre cualquier propuesta de modificación del presente Reglamento o de la Directiva (UE) 2018/1972;
emitir los dictámenes previstos en el Reglamento (UE) n.o 531/2012 y en la Directiva (UE) 2018/1972, en particular sobre:
la resolución de litigios transfronterizos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Directiva (UE) 2018/1972;
los proyectos de medidas nacionales relativas a los procedimientos del mercado interior para la regulación del mercado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, 33 y 68 de la Directiva (UE) 2018/1972;
los proyectos de decisiones y recomendaciones relativas a la armonización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 93 de la Directiva (UE) 2018/1972;
la conectividad de extremo a extremo entre los usuarios finales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, apartado 2, de la Directiva (UE) 2018/1972;
la determinación de la tarifa única máxima de terminación de llamadas de voz en redes móviles en la Unión y de una tarifa única máxima de terminación de llamadas de voz en redes fijas en la Unión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Directiva (UE) 2018/1972;
el modelo de contrato resumido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Directiva (UE) 2018/1972;
la aplicación y el funcionamiento nacionales de la autorización general y su repercusión en el funcionamiento del mercado interior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado 3, de la Directiva (UE) 2018/1972;
cuando sea pertinente, el mercado y la evolución tecnológica en relación con los distintos tipos de servicios de comunicaciones electrónicas y su repercusión en la aplicación de la parte III, título III, de la Directiva (UE) 2018/1972 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado 1, de dicha Directiva;
establecer directrices sobre la aplicación del marco regulador de la Unión para las comunicaciones electrónicas, como previsto en particular en los Reglamentos (UE) n.o 531/2012 y (UE) 2015/2120 y en la Directiva (UE) 2018/1972 sobre:
la plantilla de notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva (UE) 2018/1972;
la aplicación coherente de las obligaciones por lo que se refiere a las previsiones y estudios geográficos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Directiva (UE) 2018/1972;
criterios pertinentes a fin de promover la aplicación coherente del artículo 61, apartado 3, de la Directiva (UE) 2018/1972;
enfoques comunes para la determinación del punto de terminación de la red en diferentes topologías de red, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, apartado 7, de la Directiva (UE) 2018/1972;
enfoques comunes para satisfacer la demanda transnacional de los usuarios finales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Directiva (UE) 2018/1972;
los criterios mínimos de una oferta de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Directiva (UE) 2018/1972;
el fomento de la aplicación coherente por parte de las autoridades nacionales de reglamentación de las condiciones establecidos en el artículo 76, apartado 1, y de los criterios establecidos en el anexo IV de la Directiva (UE) 2018/1972;
los criterios que debe cumplir una red para ser considerada de muy alta capacidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Directiva (UE) 2018/1972;
los criterios comunes para la evaluación de la capacidad para administrar los recursos de numeración y el riesgo de agotamiento de los recursos de numeración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Directiva (UE) 2018/1972;
los parámetros de calidad del servicio pertinentes, los métodos de medición aplicables, el contenido y el formato de publicación de la información y los mecanismos de certificación de la calidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Directiva (UE) 2018/1972;
la manera de evaluar si la eficacia de los sistemas de alerta públicos a que se refiere el artículo 110, apartado 2, de la Directiva (UE) 2018/1972 es equivalente a la eficacia de los previstos en el apartado 1 de dicho artículo;
el acceso al por mayor a los servicios de itinerancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 8, del Reglamento (UE) n.o 531/2012;
la aplicación de las obligaciones de las autoridades nacionales de reglamentación por lo que se refiere al acceso a una internet abierta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/2120;
los parámetros a tener en cuenta por las autoridades nacionales de reglamentación en su evaluación de la sostenibilidad de los modelos de tarificación nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 bis, apartado 6, del Reglamento (UE) 2015/2120;
publicar otras directrices que garanticen la aplicación coherente del marco regulador para las comunicaciones electrónicas y decisiones reguladoras coherentes por parte de las autoridades nacionales de reglamentación, por propia iniciativa o previa petición de una autoridad nacional de reglamentación, del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión, en particular para cuestiones reguladoras que afecten a un número importante de Estados miembros o que tengan una dimensión transfronteriza;
cuando sea pertinente, participar en el foro de revisión por los pares sobre el proyecto de medidas relativas a los procedimientos de selección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Directiva (UE) 2018/1972;
participar en asuntos relativos a sus competencias que se refieran a la regulación del mercado y a la competencia relacionados con el espectro radioeléctrico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva (UE) 2018/1972;
realizar análisis de los mercados transnacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Directiva (UE) 2018/1972, y de la demanda transnacional de los usuarios finales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de dicha Directiva;
supervisar y recoger información y, cuando sea pertinente, hacer pública información actualizada sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.o 531/2012, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 16 y 19;
informar sobre cuestiones técnicas en el ámbito de su competencia, en particular sobre:
la aplicación práctica de los dictámenes y directrices a que se refieren las letras c), d) y e);
las mejores prácticas de los Estados miembros para apoyar la determinación del servicio de acceso adecuado a internet de banda ancha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Directiva (UE) 2018/1972;
la evolución de las pautas de precios y consumo tanto para los servicios nacionales como para los itinerantes, la evolución de las tasas efectivas al por mayor por itinerancia para el tráfico no equilibrado, la relación entre los precios al por menor, las tarifas mayoristas y los costes mayoristas de los servicios de itinerancia, así como sobre la transparencia y comparabilidad de las tarifas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 531/2012;
los resultados de los informes anuales facilitados por las autoridades nacionales de reglamentación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2015/2120, mediante la publicación de un informe de síntesis anual;
la evolución del mercado en el sector de las comunicaciones electrónicas, anualmente;
formular recomendaciones y posiciones comunes, y difundir las mejores prácticas en materia de regulación dirigidas a las autoridades nacionales de reglamentación a fin de promover la aplicación coherente y mejor del marco reglamentario de las comunicaciones electrónicas;
crear y mantener una base de datos de:
las notificaciones transmitidas a las autoridades competentes por las empresas que estén sujetas a una autorización general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva (UE) 2018/1972;
los recursos de numeración con derecho de uso extraterritorial dentro de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, apartado 4, párrafo cuarto, de la Directiva (UE) 2018/1972;
cuando sea pertinente, los números E.164 de emergencia de los Estados miembros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109, apartado 8, párrafo tercero, de la Directiva (UE) 2018/1972;
evaluar las necesidades de innovación en materia de regulación y coordinar acciones entre las autoridades nacionales de reglamentación para permitir el desarrollo de nuevas comunicaciones electrónicas innovadoras;
promover la modernización, coordinación y normalización de la recogida de datos por las autoridades nacionales de reglamentación; esos datos se publicarán en un formato abierto, reutilizable y legible por máquina en el sitio web del ORECE y en el Portal Europeo de Datos, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual, de las normas relativas a la protección de los datos personales y del nivel de confidencialidad necesario;
desempeñar otros cometidos que le asignen los actos jurídicos de la Unión, en particular los Reglamentos (UE) n.o 531/2012 y (UE) 2015/2120 y la Directiva (UE) 2018/1972 .
prestar al ORECE servicios de asistencia profesional y administrativa, en particular para el cumplimiento de sus cometidos reguladores en virtud del artículo 4;
recoger información de las autoridades nacionales de reglamentación e intercambiar y transmitir información relacionada con los cometidos reguladores asignados al ORECE en virtud del artículo 4;
elaborar, sobre la base de la información mencionada en la letra b), proyectos de informes periódicos sobre aspectos específicos de la evolución del mercado europeo de las comunicaciones electrónicas, tales como la itinerancia y los informes de evaluación comparativa, que deberán presentarse al ORECE;
difundir las mejores prácticas en materia de reglamentación entre las autoridades nacionales de reglamentación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra k);
asistir al ORECE en la creación y mantenimiento de los registros y las bases de datos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra l).
asistir al ORECE para crear y administrar un sistema de información y comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41;
asistir al ORECE para realizar consultas públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 5;
ayudar en la preparación de los trabajos y proporcionar otro tipo de asistencia administrativa y en relación con el contenido para velar por el buen funcionamiento del Consejo de Reguladores;
ayudar a constituir grupos de trabajo, previa solicitud del Consejo de Reguladores, contribuir a la labor reguladora y ofrecer apoyo administrativo para velar por el buen funcionamiento de dichos grupos;
desempeñar los demás cometidos que le asignan el presente Reglamento u otros actos jurídicos de la Unión.
Estructura organizativa del ORECE
un Consejo de Reguladores;
Independencia del Consejo de Reguladores
Cometidos del Consejo de Reguladores
desempeñar los cometidos reguladores del ORECE establecidos en el artículo 4 y, por consiguiente, adoptar los dictámenes, directrices, informes, recomendaciones y posiciones comunes, y difundir buenas prácticas a que se refiere dicho artículo; podrá basarse para ello en los trabajos preparatorios realizados por los grupos de trabajo;
adoptar las decisiones administrativas relativas a la organización de los trabajos del ORECE;
adoptar el programa de trabajo anual del ORECE a que se refiere el artículo 21;
adoptar el informe anual sobre las actividades del ORECE a que se refiere el artículo 22;
adoptar las normas para la prevención y gestión de los conflictos de interés a que se refiere el artículo 42, así como por lo que respecta a los miembros de los grupos de trabajo;
adoptar las normas detalladas sobre el derecho de acceso a los documentos en posesión del ORECE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36;
adoptar y actualizar periódicamente los planes de comunicación y difusión a que se refiere el artículo 37, apartado 2, basándose en un análisis de las necesidades;
adoptar su reglamento interno por mayoría de dos tercios de sus miembros y hacerlo público;
autorizar, conjuntamente con el director, la celebración de acuerdos de trabajo con organismos, oficinas, agencias y grupos consultivos competentes de la Unión, con autoridades competentes de terceros países y con organizaciones internacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35;
constituir grupos de trabajo y nombrar a sus presidentes;
facilitar directrices al director de la Oficina del ORECE respecto del desempeño de los cometidos de la Oficina del ORECE.
Presidente y vicepresidentes del Consejo de Reguladores
Reuniones del Consejo de Reguladores
Normas de votación del Consejo de Reguladores
El presidente podrá delegar el derecho a voto en cualquier caso. El presidente participará en las votaciones, salvo que haya delegado el derecho a voto.
Estructura organizativa de la Oficina del ORECE
Funciones administrativas del Consejo de Administración
formular orientaciones generales para las actividades de la Oficina del ORECE y adoptar anualmente el documento único de programación de la Oficina del ORECE por mayoría de dos tercios de sus miembros, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23;
adoptar, por mayoría de dos tercios de sus miembros, el presupuesto anual de la Oficina del ORECE y ejercerá otras funciones relacionadas con el presupuesto de la Oficina del ORECE en virtud del capítulo VII;
adoptar, hacer pública y proceder a una evaluación del informe anual consolidado sobre las actividades de la Oficina del ORECE a que se refiere el artículo 27 y, a más tardar el 1 de julio de cada año, remitir tanto el informe como su evaluación al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas;
adoptar las normas financieras aplicables a la Oficina del ORECE de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29;
adoptar una estrategia de lucha contra el fraude proporcional a los riesgos de fraude, teniendo en cuenta los costes y beneficios de las medidas que deban aplicarse;
asegurar un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendaciones resultantes de los informes de auditoría y evaluaciones internas o externas, así como de las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF);
adoptar normas para la prevención y gestión de los conflictos de interés a que se refiere el artículo 42, apartado 3;
adoptar su reglamento interno;
adoptar normas de desarrollo para dar efecto al Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y al Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (18), de conformidad con el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios;
no obstante lo dispuesto en la decisión a que se refiere el párrafo primero del apartado 2, ejercer respecto al personal de la Oficina del ORECE las competencias atribuidas por el Estatuto de los funcionarios a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y por el Régimen aplicable a los otros agentes a la autoridad facultada para proceder a la contratación (en lo sucesivo, «competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos»);
designar al director y, cuando proceda, ampliar su mandato o cesarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32;
nombrar a un contable, sujeto al Estatuto de los funcionarios y al Régimen aplicable a los otros agentes, que gozará de plena independencia en el ejercicio de sus funciones.
adoptar todas las decisiones sobre el establecimiento de las estructuras internas de la Oficina del ORECE y, cuando sea necesario, sobre su modificación, teniendo en cuenta las necesidades de la actividad de la Oficina del ORECE, así como la buena gestión financiera.
Presidente y vicepresidentes del Consejo de Administración
Votaciones en el Consejo de Administración
3. El presidente podrá delegar el derecho a voto en cualquier caso. El presidente participará en las votaciones, salvo que haya delegado su derecho a voto.
administrar los asuntos corrientes de la Oficina del ORECE;
ejecutar las decisiones administrativas adoptadas por el Consejo de Reguladores y el Consejo de Administración;
preparar y presentar al Consejo de Administración el documento único de programación a que se refiere el artículo 23;
asistir al Consejo de Reguladores en la elaboración del programa anual de actividades del ORECE a que se refiere el artículo 22;
asistir al Consejo de Reguladores en la elaboración del programa de trabajo anual del ORECE a que se refiere el artículo 21;
ejecutar el documento único de programación e informar sobre su ejecución al Consejo de Administración;
elaborar el proyecto de informe anual consolidado sobre las actividades de la Oficina del ORECE a que se refiere el artículo 27 y presentarlo al Consejo de Administración para su evaluación y adopción;
preparar un plan de acción en función de las conclusiones de los informes de auditoría internos o externos y de las evaluaciones, así como de las investigaciones llevadas a cabo por la OLAF, e informar al menos una vez al año al Consejo de Administración sobre los avances realizados;
proteger los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal mediante la realización de controles efectivos y, si se detectan irregularidades, la recuperación de las cantidades abonadas indebidamente y, en su caso, la imposición de medidas administrativas efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas sanciones financieras;
establecer una estrategia antifraude para la Oficina del ORECE y someterla a la aprobación del Consejo de Administración;
elaborar un proyecto de normas financieras aplicables a la Oficina del ORECE;
preparar el proyecto de estado de previsiones de ingresos y gastos de la Oficina del ORECE y ejecutar su presupuesto
autorizar, conjuntamente con el Consejo de Reguladores, la celebración de acuerdos de trabajo con organismos, oficinas, agencias y grupos consultivos competentes de la Unión, y con autoridades competentes de terceros países y con organizaciones internacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35;
Programa de trabajo anual del ORECE
Informe anual de actividades del ORECE
1. Cada año, el director elaborará un proyecto de documento de programación que contenga una programación anual y plurianual (en lo sucesivo, «documento único de programación») de conformidad con el artículo 32 del Reglamento Delegado (UE) n.o 1271/2013, que tenga en cuenta las directrices establecidas por la Comisión.
8. En cualquier proyecto inmobiliario que pueda tener repercusiones importantes para el presupuesto de la Oficina del ORECE, se aplicará el Reglamento Delegado (UE) n.o 1271/2013.
cualquier contribución financiera voluntaria de los Estados miembros o de las autoridades nacionales de reglamentación;
las tarifas de publicaciones y cualesquiera servicios prestados por la Oficina del ORECE;
cualquier contribución de terceros países o de las autoridades de reglamentación competentes en el ámbito de las comunicaciones electrónicas de terceros países que participen en los trabajos de la Oficina del ORECE, tal como prevé el artículo 35.
Informe anual de actividades consolidado
El Consejo de Administración adoptará informes anuales de actividades consolidados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento Delegado (UE) n.o 1271/2013, teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Comisión.
8. El director presentará al Parlamento Europeo, previa solicitud de este, de conformidad con el artículo 165, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (19), cualquier información necesaria para el correcto desarrollo del procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio de que se trate.
El Consejo de Administración adoptará las normas financieras aplicables a la Oficina del ORECE, previa consulta a la Comisión. Estas normas financieras no podrán apartarse del Reglamento Delegado (UE) n.o 1271/2013, salvo si las exigencias de funcionamiento de la Oficina del ORECE lo requieren y la Comisión lo autoriza previamente.
Número de miembros del personal de la Oficina del ORECE
Cooperación con organismos de la Unión, terceros países y organizaciones internacionales
Acceso a documentos y protección de datos
1. El Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (20) se aplicará a los documentos en poder del ORECE y de la Oficina del ORECE.
2. El Consejo de Reguladores y el Consejo de Administración adoptarán normas concretas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 a más tardar el 21 de junio de 2019.
2. Previa solicitud motivada de la Comisión o de una autoridad nacional de reglamentación, el ORECE o la Oficina del ORECE facilitarán de forma oportuna y precisa toda la información necesaria para que la Comisión, la autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente puedan llevar a cabo sus cometidos, conforme al principio de cooperación leal. Cuando el ORECE o la Oficina del ORECE consideren confidencial la información, la Comisión, la autoridad nacional de reglamentación o cualquier otra autoridad competente garantizarán dicha confidencialidad de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho nacional, en particular con el Reglamento (CE) n.o 1049/2001. La confidencialidad comercial no debe impedir el intercambio oportuno de la información.
una plataforma común de intercambio de información que proporcione al ORECE, a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación la información necesaria para la aplicación coherente del marco regulador de comunicaciones electrónicas de la Unión;
una interfaz específica para solicitudes de información y notificación de aquellas solicitudes a que se refiere el artículo 40, para el acceso del ORECE, la Oficina del ORECE, la Comisión y las autoridades nacionales de reglamentación;
una plataforma para la pronta identificación de las necesidades de coordinación entre las autoridades nacionales de reglamentación.
1. Con el fin de facilitar la lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilícitas con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (23), a más tardar el 21 de junio de 2019, la Oficina del ORECE se adherirá al Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (24) y adoptará las disposiciones apropiadas aplicables a todo el personal de la Oficina del ORECE, utilizando el modelo que figura en el anexo de dicho Acuerdo.
3. La OLAF podrá realizar investigaciones, en particular controles y verificaciones in situ, de conformidad con las disposiciones y los procedimientos previstos en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y en el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo (25), con vistas a establecer si ha habido fraude, corrupción u otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en relación con un convenio o decisión de subvención o con un contrato financiado por la Oficina del ORECE.
1. El Reglamento n.o 1 (26) será aplicable a la Oficina del ORECE.
Acuerdo relativo a la sede y condiciones de funcionamiento
1. La Oficina del ORECE será la sucesora de la Oficina que fue establecida por el Reglamento (CE) n.o 1211/2009 en todo lo que se refiere a propiedad, acuerdos, obligaciones legales, contratos de trabajo, compromisos financieros y responsabilidades.
2. Con efectos a partir del 20 de diciembre de 2018, el director administrativo nombrado en virtud del Reglamento (CE) n.o 1211/2009 actuará como director con las funciones establecidas en el presente Reglamento. Las demás condiciones del contrato del director administrativo no se modificarán.
4. El Consejo de Reguladores y el Consejo de Administración a que se refieren los artículos 7 y 15 del presente Reglamento estarán compuestos por los miembros del Consejo de Reguladores y del Consejo de Administración a que se refieren los artículos 4 y 7 del Reglamento (CE) n.o 1211/2009, hasta que se nombre a nuevos representantes.
5. El presidente y los vicepresidentes del Consejo de Reguladores y del Consejo de Administración que hayan sido nombrados con base en el Reglamento (CE) n.o 1211/2009 permanecerán en el cargo como presidente y vicepresidentes del Consejo de Reguladores mencionados en el artículo 10 del presente Reglamento y como presidente y vicepresidentes del Consejo de Administración mencionados en el artículo 17 del presente Reglamento hasta el término de su mandato de un año. Los nombramientos del presidente y los vicepresidentes del Consejo de Reguladores y del Comité de gestión con base en el Reglamento (CE) n.o 1211/2009, que estén efectuados antes del 20 de diciembre de 2018 pero prorrogados hasta después de esa fecha, serán respetados.
6. El procedimiento para la aprobación de la gestión del presupuesto, aprobado con arreglo al artículo 11 del Reglamento (CEE) n.o 1211/2009, se llevará a cabo de conformidad con las normas establecidas en dicho Reglamento.
Modificaciones del Reglamento (UE) n.o 2015/2120
El Reglamento (UE) n.o 2015/2120 se modifica como sigue:
«Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y tarifas al por menor para comunicaciones intracomunitarias reguladas y se modifican la Directiva 2002/22/CE y el Reglamento (UE) n.o 531/2012».
En el artículo, 1 se añade el apartado siguiente:
«3. El presente Reglamento establece asimismo normas comunes destinadas a garantizar que los consumidores no paguen precios excesivos por servicios de comunicaciones interpersonales basadas en números originarias del Estado miembro del proveedor nacional del consumidor y que terminan en cualquier número fijo o móvil de otro Estado miembro.».
En el artículo 2, párrafo segundo, se añaden los puntos siguientes:
«3) “comunicaciones intracomunitarias reguladas”, cualquier servicio de comunicaciones interpersonales basadas en números que tenga su origen en el Estado miembro del proveedor nacional del consumidor y que termine en cualquier número fijo o móvil del plan nacional de numeración de otro Estado miembro, y que se cobre total o parcialmente en función del consumo real.
4) “servicios de comunicaciones interpersonales basadas en numeración”, servicios de comunicaciones interpersonales basadas en numeración tal como se define en el artículo 2, punto 6, de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (*1).
(*1) Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DO L 321 de 17.12.2018, p. 36).»."
Tarifas al por menor para comunicaciones intracomunitarias reguladas
«Los Estados miembros establecerán normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones al artículo 5 bis y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las normas y medidas establecidas para garantizar la aplicación del artículo 5 bis a más tardar el 15 de mayo de 2019 y le notificarán sin demora cualquier modificación posterior que les afecte.».
En el artículo 10, se añade el apartado siguiente:
«5. El artículo 5 bis expirará el 14 de mayo de 2024.».
Queda derogado el Reglamento (CE) n.o 1211/2009.
(1) DO C 125 de 21.4.2017, p. 65.
(2) Posición del Parlamento Europeo de 14 de noviembre de 2018 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 4 de diciembre de 2018.
(3) Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (véase la página 36 del presente Diario Oficial).
(4) Reglamento (UE) n.o 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (DO L 172 de 30.6.2012, p. 10).
(5) Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) n.o 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (DO L 310 de 26.11.2015, p. 1).
(6) Decisión 2002/627/CE de la Comisión, de 29 de julio de 2002, por la que se establece el Grupo de entidades reguladoras europeas de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 200 de 30.7.2002, p. 38).
(7) Reglamento (CE) n.o 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Oficina (DO L 337 de 18.12.2009, p. 1).
(8) Decisión adoptada de común acuerdo entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 31 de mayo de 2010, por la que se fija la sede de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) (2010/349/UE) (DO L 156 de 23.6.2010, p. 12).
(9) Decisión 2002/622/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2002, por la que se crea un Grupo de política del espectro radioeléctrico (DO L 198 de 27.7.2002, p. 49).
(10) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
(12) Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).
(13) Reglamento (UE) n.o 526/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo a la Agencia de Seguridad de las Redes de la Información de la Unión Europea (ENISA) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 460/2004 (DO L 165 de 18.6.2013, p. 41).
(14) Reglamento (UE) n.o 912/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, por el que se crea la Agencia del GNSS Europeo, se deroga el Reglamento (CE) n.o 1321/2004 del Consejo, relativo a las estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite, y se modifica el Reglamento (CE) n.o 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 276 de 20.10.2010, p. 11).
(15) Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores («Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores») (DO L 364 de 9.12.2004, p. 1).
(16) Reglamento Delegado (UE) n.o 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 7.12.2013, p. 42).
(17) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(18) Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO L 56 de 4.3.1968, p. 1).
(19) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014, (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
(20) Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).
(21) Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comisión (DO L 72 de 17.3.2015, p. 41).
(22) Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
(25) Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
(26) Reglamento n.o 1 por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 17 de 6.10.1958, p. 385).
Reglamento (CE) n.o 1211/2009
Artículo 3, apartado 4, artículo 4, apartado 1, letras a) y b)
Artículo 7, apartados 1, 2 y 4, artículo 8, apartados 1 y 2
Artículo 11, apartados 4 y 5 y artículo 36
Artículos 20 y 31
Artículo 16, apartado 1, letra k)
Artículos 30 y 34
Artículo 16, apartado 1, letra j)