Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-28476-de-octubre-31-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_d13c8bdfcae10060e0430a0101510060&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-21 02:13:37
Document Index: 178749415

Matched Legal Cases: ['artículo 680', 'artículo 373', 'artículo 29', 'artículo 680', 'artículo 68', 'artículo 75', 'artículo 32', 'artículo 220', 'artículo 192', 'artículo 220', 'artículo 192', 'artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 220']

﻿ Sentencia 28476 de octubre 31 de 2012
SENTENCIA 28476 DE 31 DE OCTUBRE DE 2012
CONTENIDO:ACCIÓN DE REVISIÓN EN CASOS DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA ACCIÓN DE REVISIÓN PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA, LA PRECLUSIÓN Y LA CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO DICTADAS EN CASOS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS O INFRACCIONES GRAVES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, EN DONDE UNA INSTANCIA INTERNACIONAL COMPETENTE HAYA VERIFICADO EL INCUMPLIMIENTO ESTATAL FRENTE A SU OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR DICHOS HECHOS. ESTE CRITERIO APLICA PARA HECHOS OCURRIDOS EN CUALQUIER ÉPOCA.
TEMAS ESPECÍFICOS:INSPECTOR DE POLICÍA MUNICIPAL, JUSTICIA PENAL MILITAR, DEMANDA DE REVISIÓN, HOMICIDIO, LESIÓN PERSONAL, SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
Sentencia 28476 de octubre 31 de 2012
Bogotá, D.C., treinta uno de octubre de dos mil doce.
1. El 13 de abril de 1992 el abogado Oscar Iván Andrade Salcedo, junto con su familia y amigos, viajaba en un vehículo Toyota de placas SKC 297 rumbo al municipio de Ocaña (Norte de Santander), cuando en el sitio conocido como el “Alto del Pozo” fueron atacados con granadas y tiros de fusil por una patrulla mixta de contraguerrilla integrada por miembros de la Policía Nacional(1).
2. Como consecuencia de la agresión fallecieron Oscar Iván Andrade Salcedo y Faride Herrera, sufrieron lesiones Astrid Leonor Álvarez, Gloria Beatriz y Juan Felipe Rúa. Los policiales autores de la ofensiva recogieron a las víctimas y las llevaron al hospital de este municipio(2).
1. El 14 de abril de 1992, por denuncia de la familia de Faride Herrera, el Juzgado 16 de Instrucción Criminal inició preliminares en contra de responsables por los delitos de homicidio y lesiones personales(3).
2. El 19 de junio de 1992, el Juzgado 12 de Instrucción Criminal abrió la investigación contra el mayor César Emilio Camargo Cuchía, el capitán Eduardo Guzmán, y los agentes Roberto Rosero Montero, Henry Sánchez Bueno y Oscar Oviedo Cáceres(4).
3. El 12 de febrero de 1993, la Fiscalía Primera Especializada de Cúcuta, les dictó medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos anotados(5).
4. En este estado del proceso, el Comando de Policía Norte de Santander propuso colisión de competencia a la Fiscalía, quien en auto del 15 de febrero de 1993 no la aceptó y remitió las diligencias al Consejo Superior de la Judicatura(6), el que la asignó a la Justicia Penal Militar(7) cuyo comandante general distinguió al Inspector General de la Policía como funcionario de primera instancia(8), quien calificó el mérito probatorio y convocó a los implicados a consejo verbal de guerra, cuyo veredicto mayoritario fue absolutorio.
5. Declarado contraevidente, se realizó el segundo consejo verbal de guerra el 13 de diciembre de 1994, a cuyo término los vocales emitieron de nuevo fallo de no responsabilidad. En consecuencia, el juez de primera instancia mediante sentencia del 20 del mismo mes y año absolvió a los procesados con base en el artículo 680 del otrora Código Penal Militar, el cual establecía: “El veredicto del segundo consejo es definitivo”.
6. El 27 de febrero de 1995, el Tribunal Superior Militar confirmó la decisión por vía de consulta(9) y aseveró que no obstante la probanza condujera a concluir lo contrario(10), los veredictos mayoritarios de los vocales lo obligaban, porque así lo ordenaba la ley, veamos:
“Es así que nos encontramos ante un imperativo legal, aquel a que nos contrae la disposición citada en acápite precedente, sin que sea posible hacer juicios de valor, dado lo omnímoda que es la decisión que se toma, imponiéndose desde luego la aceptación de los veredictos absolutorios que en forma mayoritaria se alcanzaron, por lo definitivos y determinantes, sin que se pueda adoptar otra determinación diferente por parte de este colegiado, que la de impartirle confirmación al fallo que exonera de toda responsabilidad a los policiales justiciables, sin importar desafortunadamente, que las pruebas que se incorporaron al plenario durante la etapa de instrucción, hagan demostración contraria”.
“Así las cosas la sentencia absolutoria será causa de confirmación, pero porque así lo ordena la ley, no porque al abrigo de las probanzas allegadas, se haya demostrado la inocencia o no responsabilidad de los encausados”(11) (resaltado fuera del texto).
3. El 3 de marzo de 1997, durante el curso de una audiencia celebrada en su 95º período de sesiones, la comisión se puso a disposición de las partes para lograr la solución amistosa del asunto. En ésa fecha se suscribió un acta de entendimiento en virtud de la cual se acordó la creación de un “Comité de trabajo para la búsqueda de una solución amistosa en los casos de Roison Mora y Faride Herrera y otros”, este comité estaría integrado por delegados de la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en representación del Estado y miembros del colectivo de abogados “José Alvear Restrepo” y de la Comisión Colombiana de Juristas a nombre de los peticionarios.
5. Durante el 96º período ordinario de sesiones de la comisión, el comité de trabajo presentó un informe donde se establecían los hechos, se detallaban los trámites seguidos en el ámbito interno y se presentaban una serie de conclusiones. El informe aprobado por consenso incluye el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, así como recomendaciones de tipo general relacionadas con problemas de orden jurídico en materia de justicia penal militar, actuación de las instituciones de investigación y control y vinculación de agentes del Estado en graves violaciones de derechos humano.
7. Finalmente, el 27 de mayo de 1998 los representantes del Estado y los peticionarios suscribieron el acuerdo de solución amistosa en el que se denominó caso 11.531 “Faride Herrera Jaime y otros”, donde el gobierno se comprometió:
3. Teniendo en cuenta la obligación del Estado colombiano adquirida conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante Convención) de investigar, juzgar, sancionar y reparar a las víctimas y a sus familiares, y la no procedencia de alegar razones internas para eludir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales; el Gobierno de Colombia se compromete a continuar estudiando los mecanismos internos que conforme al ordenamiento vigente le permitan satisfacer los derechos de las víctimas en materia de derecho a la justicia (Convención, arts. 8º y 25) y a informar a los peticionarios y a la CIDH.
Debe entenderse el compromiso que adquiere el gobierno en la implementación de las recomendaciones como “…una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que…no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”(Corte IDH. Caso Godínez Cruz, sent. ene. 20/89, Serie C Nº 5, párr. 188).
6. El Gobierno de Colombia y los peticionarios se comprometen a presentar en cada una de las sesiones ordinarias de la CIDH un informe detallado sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos. La CIDH determinará hasta cuando subsiste la obligación”(12) (resaltado fuera de texto).
8. Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante informe 46 de marzo 9 de 1999, aprobó el citado acuerdo en los siguientes términos:
“1. Aprobar los términos del acuerdo de solución amistosa suscrito el 27 de mayo de 1998”.
“2. Instar al Estado a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos pendientes”.
“3. Continuar con la supervisión del cumplimiento de los compromisos asumidos con relación de la memoria histórica de las víctimas y el acceso a la justicia”(13).
9. La directora de derechos humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 10 de enero del 2007 solicitó a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en asuntos penales, “adelantar estudio de viabilidad para ejercer la acción de revisión en el caso de la referencia”(14).
En respuesta, el 27 de septiembre de 2007 se comisionó al Procurador 30 Judicial Penal II para promover acción de revisión contra la decisión absolutoria del Tribunal Superior Militar(15).
Afirmó el Ministerio Público que si bien el artículo 373 del Código de Justicia Penal Militar, advierte que las sentencias absolutorias emitidas por la Justicia Castrense están excluidas de la acción de revisión, es claro el alcance dado por el alto tribunal a la causal 3º al disponer que tal artículo debe interpretarse de conformidad con las reglas fijadas en ese fallo.
Refirió que a solicitud de la Comisión Colombiana de Juristas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino frente al Estado colombiano para que se llegara a un acuerdo amistoso en el denominado caso 11.531 de “Faride Herrera y otros” en cuyo cumplimiento el Presidente Samper reconoció públicamente la responsabilidad del Estado de la siguiente manera:
“En los hechos de (…) Faride Herrera (y otros) expreso mis reconocimientos a las familias que en un acto de tolerancia y perdón, han creído en nuestra justicia y en el deseo del Estado para prevenir la violencia de los servidores públicos”.
“(…) ofrezco en este acto de contrición, disculpas a las familias de las víctimas por estos actos de violencia (…) (que) ponen de presente una meta para que esta historia no se repita, para que se prevengan este tipo de situaciones y para que se castigue a los que de manera hostil y terca continúan ejerciendo el imperio de la violencia”.
En ese orden consideró pertinente la aplicación de la causal en cita, atendiendo a que el origen de la demanda deviene de una recomendación de una instancia de vigilancia de los derechos humanos, donde señala en este caso un incumplimiento grave del país de investigar seria e imparcialmente las infracciones al derecho internacional humanitario, según se expresó en el informe 46 del 9 de marzo de 1999.
Señaló que aunque a la fecha de ocurrencia de los hechos, 13 de abril de 1992, no había entrado en vigor la Ley 600 de 2000 a cuyo amparo se impetró la revisión, “lo relevante no es la legislación vigente al momento de los hechos, sino el marco constitucional en que ocurrieron los mismos y se impulsó la investigación objeto de la acción de revisión”, reiterando lo expresado por la Corte Suprema en su radicado 26077.
3. La defensa de Henry Sánchez Bueno, Eduardo Guzmán, Oscar Oviedo Cáceres(16), al igual que la de Roberto Rosero Montero solicitaron negar la revisión reclamada por la Procuraduría, toda vez que: i) la sentencia de la Corte Constitucional C-004 de 2000 no tiene efectos retroactivos, pues en caso contrario se desconocería el principio de favorabilidad, legalidad amparados por el artículo 29 de la Carta. ii) No hubo incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar en forma seria e imparcial los delitos acaecidos en el “Alto del Pozo”, ya que el Estado colombiano indagó los hechos analizándolos con el material probatorio recaudado, iii) La decisión ajustada a derecho según el artículo 680 del Decreto 2550 de 1988, Código Penal Militar aplicable al caso, donde el veredicto del segundo consejo verbal de guerra es obligatorio, razón por la cual los funcionarios no tuvieron otra opción que aceptar el fallo del jurado de conciencia y proferir la sentencia absolutoria.
4. El defensor de César Emilio Camargo Cuchía igualmente pidió negar la revisión ya que el proceso se surtió de manera imparcial siendo evidente que: i) la práctica de las pruebas desde las diligencias preliminares hasta cuando se impuso medida de aseguramiento, se realizó ante la justicia ordinaria. ii) en la prueba pericial realizada al vehículo de la Policía y al de la víctima se dijo que fueron alcanzados por proyectiles de fusil y de pistola diferentes a los calibres usados por la Policía Nacional, además que la trayectoria del ángulo de entrada demuestra la imposibilidad de que los disparos hubiesen sido efectuados por los policiales, iii) las pruebas allegadas al proceso nunca fueron cuestionadas, iv) el proyectil extraído de Faride Herrera no solamente es disparado por fusiles Galil sino por otras armas que también dejan estría de estopiro como el G-3, el FAL antiguo, el fusil M-14 etc., armas igualmente utilizadas por la guerrilla(17), quienes según testimonios obrantes en el proceso tenían asiento en el sitio “la curva” que de Cúcuta conduce a Ocaña.
1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer de la presente demanda de revisión, en vista de que va dirigida contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior Militar. Lo anterior, con base en las distintas disposiciones procesales, que desde el Decreto 2700 de 1991 artículo 68, Ley 600 de 2000 artículo 75, hasta la actual Ley 906 de 2004 artículo 32, le han atribuido a la Corte Suprema de Justicia la facultad para conocer de las acciones de revisión dirigidas contra las sentencias de los tribunales del país.
“Por lo tanto, no es dable discutir la legitimidad que ampara al Procurador 7º Judicial II de Bogotá para incoar la demanda de revisión en este asunto, en cumplimiento de la comisión expresa del Procurador General de la Nación”(18) (resaltado fuera del texto).
En conclusión, en tratándose de la causal de revisión prevista en el artículo 220, numeral 3º, de la Ley 600 de 2000, o la consagrada en el artículo 192, numeral 4º, de la Ley 906 de 2004, cuando ella se fundamenta en una decisión de un organismo internacional de vigilancia y control de derechos humanos reconocido por Colombia, de acuerdo con las facultades que constitucional, legal y reglamentariamente se han dado a la Procuraduría General de la Nación, su titular, o el funcionario de esa entidad comisionado por éste, están legitimados para promover, como aquí ocurrió, la acción de revisión (…)(19) (resaltado fuera del texto).
1. Alcance de la causal 3º de revisión en la Ley 600 de 2000 de conformidad con la Sentencia C-004 de 2003..
La causal 3ª de revisión contemplada en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000, establece la posibilidad de revisar las decisiones judiciales definitivas entre otros casos:
Este motivo de revisión, fue interpretado de manera amplia y condicionada por la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-004 de 2003, a fin de garantizar a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, en consecuencia dijo:
a) “La acción de revisión por esta causal también procede en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria, siempre y cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, y un pronunciamiento judicial interno o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, haya constatado la existencia del hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates”.
b) Igualmente procede “contra la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria, en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o un aprueba no conocida al tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o una decisión de un instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones”, (resaltado fuera de texto), postura luego consagrada de manera independiente en el numeral 4º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004.
Ahora bien, pese a que la interpretación condicionada e integradora de la Corte Constitucional en relación con la causal 3 de revisión de la Ley 600 de 2000 es del año 2003, y que con base en ella se estructuró la causal 4º en la Ley 906 de 2004, este criterio es aplicable a los hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de las leyes o del desarrollo jurisprudencial mencionado, pues como en reiteradas oportunidades lo ha dicho esta corporación, lo que debe definirse, antes que la legislación procesal vigente para el momento de los acontecimientos, es, el marco constitucional en que ocurrieron los mismos y se impulsó la cuestionada investigación, que no es otro diferente al que actualmente nos rige(20).
Sobre el punto la misma Corte Interamericana señaló en sentencia del 8 de diciembre de 1995(21), que al término “recomendaciones” no le fue asignado un significado especial en la Convención Americana, por tanto debe ser interpretado en su sentido corriente, es decir no corresponde a una decisión jurisdiccional obligatoria cuyo incumplimiento derive en responsabilidad para el estado.
En consecuencia, como las recomendaciones de la Comisión Interamericana carecen de fuerza vinculante, “no bastan por sí mismas para tener por acreditado el quebranto de garantías fundamentales, aunque sí permiten examinar el procedimiento adelantado en el país, pero en el entendido de que corresponde única y exclusivamente a esta colegiatura determinar si tuvo o no lugar la aducida violación de derechos”(22).
3.1. Requisitos a probar para establecer la causal invocada.
a) Que se trate de un fallo absolutorio, de cesación de procedimiento o preclusión de la investigación;
c) Que por medio de decisión de órgano internacional de control de derechos humanos reconocido por Colombia, se constate el incumplimiento de las obligaciones Estatales en la investigación de forma seria e imparcial de las conductas lesivas de derechos humanos y del DIH.
3.1.1. En relación con el primer requerimiento, el asunto no presenta dificultad al ser clara la absolución emitida por los juzgadores castrenses(23) como por el Tribunal Superior Militar(24), quien bajo el grado jurisdiccional de consulta benefició a los exmiembros de la Policía Nacional: César Emilio Camargo Cuchía, Eduardo Guzmán López, Oscar Oviedo Cáceres, Henry Sánchez Bueno y Roberto Rosero Montero, toda vez que no podía fallar en contra de los veredictos mayoritarios de los vocales, aunque la probanza condujera a concluir lo contrario como así lo refirió:(25)
“Así las cosas la sentencia absolutoria será causa de confirmación, pero porque así lo ordena la ley, no porque al abrigo de las probanzas allegadas, se haya demostrado la inocencia o no responsabilidad de los encausados”(26) (resaltado fuera del texto).
3.1.2. En lo que hace a la segunda exigencia, debe entenderse por violación a los Derechos Humanos “toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier persona y en cualquier tiempo, uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el derecho internacional de los derechos humanos”(27).
También se le atribuyen al Estado las conductas violatorias de derechos humanos realizadas por particulares, cuando ellas se producen por incumplimiento de las obligaciones de los agentes si para el momento ostentaban la posición de garantes(28).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 29 de julio de 1988, afirmó que “todo menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la convención que pueda ser atribuido, según las reglas del derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma convención”.
Para el caso en estudio se observa que el comportamiento de los policiales al atacar con granadas y tiros de fusil el vehículo en el que se trasladaban civiles indefensos, constituye infracciones a los derechos humanos y al DIH, toda vez que causaron la muerte de Faride Herrera y Oscar Iván Andrade, y lesiones a Astrid Leonor Álvarez, Gloria Beatriz y Juan Felipe Rúa, supremos derechos base de protección de toda la legislación internacional, y mencionado en la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) artículo 4º: “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”;
En consecuencia, el asunto debió tramitarse por la jurisdicción ordinaria y por ello, carecían de competencia el juzgado de primera instancia, Comando de Policía y el Tribunal Penal Militar, representando una ostensible violación del principio del juez natural, señalado en el inciso 2º del artículo 29 de la Carta Política y el artículo 6º Ley 599 y Ley 600 de 2000.
3.1.3. Finalmente, el requisito según el cual un órgano internacional de control de derechos humanos reconocido por Colombia, haya constatado el incumplimiento de las obligaciones Estatales en la investigación de forma seria e imparcial de las conductas lesivas de derechos humanos, se cumple pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(29)es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de la que es miembro Colombia, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA, del Estatuto de la CIDH y de la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada por el Congreso de Colombia mediante la Ley 16 de 1972 y ratificado el 31 de julio de 1973.
La comisión en su papel de conciliador, tuvo la oportunidad de constatar el incumplimiento Estatal en el deber de investigar seria e imparcial las conductas lesivas de derechos humanos respecto del caso “Faride Herrera y otros”, es así como señaló: “El comité de trabajo concluyó que tanto la falta de actividad del ministerio público representado en este caso por la Procuraduría General de la Nación —como las actuaciones abiertamente dilatorias de la Policía Nacional, obstaculizaron el esclarecimiento de los hechos por la justicia ordinaria y contribuyeron a la manipulación y destrucción de importantes elementos probatorios. Entre esta manipulación se cuenta la necropsia del cuerpo de Oscar Iván Andrade Salcedo, que fue llevada a cabo en forma negligente”.
“Así las cosas la sentencia absolutoria será causa de confirmación, pero porque así lo ordena la ley, no porque al abrigo de las probanzas allegadas, se haya demostrado la inocencia o no responsabilidad de los encausados”(30) (resaltado fuera del texto).
“Es así como mediante la prueba documental, no solamente con las actas de necropsia y del levantamiento de los cadáveres de Oscar Iván Andrade Salcedo y Faride Herrera Jaime y los dictámenes médico-legales expedidos por lesiones personales a Juan Felipe Rúa Álvarez, Gloria Beatriz Álvarez y Astrid Leonor Álvarez Jaimez sino además con las diligencia se Inspección Judicial practicadas a los vehículos en que se movilizaban las víctimas donde se encontraron huellas de sangre e impactos de arma de fuego de largo alcance y las fotografías que se tomaron a los mismos vehículos son muestra de la responsabilidad en que incurrieron los miembros de la Policía juzgados en audiencia pública y de los cuales ahora nos ocupamos.
En cuanto a la prueba testimonia. Tenemos que la mayoría de los testigos coinciden en manifestar que los miembros de la Policía dispararon sus armas de fuego alegando que se trataba de un ataque guerrillero y es así como Carmen Esperanza Álvarez Jaimes habla de las explosiones, ráfagas por unos diez minutos, que venían balas de la parte izquierda y se veía como una fiesta de navidad, que se encontraron con un camión de la Policía y que sus miembros se encontraban de civil, algunos con pasamontañas, que en el momento en que dejaron de disparar se acercó un tipo de civil, gritó que eran mujeres y niños y el civil dijo “ la embarramos y que éste se tapaba el rostro con una toalla…”.
En relación con el momento a parir del cual se debe rescindir el fallo, la Corte ha limitado la invalidación total de lo adelantado en la fase instructiva, a los casos específicos en los que, contando con fuero la persona, la investigación se adelantó por funcionario instructor incompetente, en los demás la actuación se retrotrae a partir del auto de cierre de la investigación inclusive pues no fue el fiscal competente el que lo emitió, sobre el punto dijo: “Evidenciado que el asunto ahora sometido a examen, no comporta el presupuesto de tratarse de persona aforada el encartado —todo lo contrario, como se ha referenciado a lo largo de esta providencia—, la decisión de nulidad no tiene por qué abarcar la investigación en su desarrollo, sino apenas los momentos procesales en los cuales se demanda de competencia objetiva del fiscal, vale decir, el cierre instructivo y consecuente calificación del mérito de la instrucción.
No son necesarias mayores precisiones, dada la claridad de lo antes reseñado, tornándose imperiosa la declaratoria de nulidad a partir del auto de cierre investigativo, inclusive, pues, no fue el fiscal competente quien emitió esta providencia y la calificatoria, ni era del resorte del Juzgado de Primera Instancia, Comando de Policía Bacatá, adelantar la fase de enjuiciamiento”(31) (resaltado fuera de texto).
Respecto del término de prescripción, se empezará a contar de nuevo a partir de la recepción del proceso por parte de la fiscalía competente, sin que haya lugar a considerar para este efecto el tiempo transcurrido desde la ejecutoria de la absolución, pues es sabido que ejecutoriada una sentencia no puede prescribir porque el proceso ha concluido, tampoco el lapso que tomó la Corte para decidir esta acción de revisión(32), por cuanto se trataba de reexaminar un proceso ya terminado, púes el fallo rescindente no prolonga el proceso, sino que da lugar a uno nuevo.
3.1.4. Respuesta a los alegatos.
Le asiste razón al Ministerio Público al considerar que se impone la revisión de las sentencias absolutorias proferidas en las instancias militares, pues se cumplieron a cabalidad los presupuestos señalados en la Sentencia C-004 de 2003 atinentes a la causal 3ª de revisión, toda vez que emitieron en procesos por violación de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, donde una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano aceptó su competencia, observó un incumplimiento protuberante del las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones.
En relación con los alegatos de los defensores quienes al unísono señalan la imposibilidad de aplicar retroactivamente la Sentencia de Constitucionalidad C-004 de 2003 por ser desfavorable a los absueltos, se tiene que el Tribunal Supremo no expulsó ninguna norma del ordenamiento jurídico, sino que reinterpretó la causal tercera del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, de conformidad con el bloque de constitucionalidad, en salvaguarda del derecho a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, junto con la obligación del Estado en sancionar estas conductas en desarrollo de un orden justo.
Magistrados: José Leonidas Bustos Martínez—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Maria Del Rosario González Muñoz—Gustavo Enrique Malo Fernández—Luis Guillermo Salazar Otero—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier Zapata Ortiz.
(1) Folio 16, cuaderno de revisión 1.
(2) Folio 3, ibídem.
(3) Folio 4, ibídem.
(4) Folios 153 y 154, ibídem.
(5) Folios 480-493, cuaderno 2.
(6) Folios 536-537, cuaderno 2.
(7) Folio 743-749, cuaderno 3.
(8) Folio 1431, cuaderno 5.
(9) Folio 2774, cuaderno 10.
(10) Folio 2656-2669, cuaderno 9.
(11) Folios 33, 34, cuaderno 1 de revisión.
(12) Folio 82 y 83, cuaderno 2 de revisión.
(13) Folio 86, cuaderno de revisión 1 de revisión, y folio 15, cuaderno de revisión 2 de revisión.
(14) Folio 71, ibídem.
(15) Folio 87, ibídem.
(16) Folios 53-59, cuaderno de revisión 2.
(17) Folio 125, ibídem.
(18) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 1º de noviembre de 2007, radicación 26077; reiterada en la sentencia del 6 de marzo de 2008, radicación 26703.
(19) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 4 de mayo de 2011, radicación 31091.
(20) Sentencia del 1º de noviembre de 2007, radicación 26077.
(21) Caso Caballero Delgado y Santana contra Colombia.
(22) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de revisión, radicación 30380.
(23) Folios16-29, cuaderno 1 de revisión.
(24) Folios 30-35, cuaderno 1 de revisión.
(25) Folios 33, 34, ibídem.
(26) Folios 33, 34, ibídem.
(27) Defensoría del Pueblo, “Algunas Precisiones sobre la Violación de los Derechos Humanos en Colombia”, Serie Textos de Divulgación, Nº 2.
(28) Sentencia del 15 de septiembre de 2005 en el caso de la “Masacre de Mapiripán”.
(29) Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH). El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, que proclama los “derechos fundamentales de la persona humana” como uno de los principios en que se funda la organización.
(30) Folios 33, 34, cuaderno 1 de revisión.
(31) Corte Suprema de Justicia Sala fallo de revisión del 10 de noviembre de 2007, radicación 26077.
(32) Corte Suprema de Justicia Sala Penal, sentencia del 15 de junio de 2006, radicación 18769.