Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4560
Timestamp: 2020-04-08 02:40:10
Document Index: 222146641

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'in fine', 'Artículo 2', 'Artículo 149', 'Artículo 2', 'Artículo 18', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 2']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 24/2002
SENTENCIA 24/2002, de 31 de enero
ECLI:ES:TC:2002:24
1. El Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno de la Nación, mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 29 de julio de 1996, con invocación expresa del art. 161.2 CE, formuló recurso de inconstitucionalidad contra los preceptos de la Ley del Principado de Asturias 1/1996, de 26 de abril, de los que se hace mérito en el encabezamiento de esta Sentencia.
a) Comienza el Abogado del Estado reseñando el contenido y alcance de los preceptos impugnados que, según su parecer, exceden el marco competencial resultante de las reglas 13 y 18 del art. 149.1 CE.
Por su parte, el art. 1 de la Ley prevé los instrumentos para el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2.1, determinando que "para dotar los fondos destinados a revisar las relaciones de puestos de trabajo y catálogos de personal en cumplimiento del Acuerdo entre la Administración del Principado de Asturias y los sindicatos para el periodo 1995-1997 sobre condiciones de trabajo de los empleados públicos del Principado, se concede, por importe de 25.000.000 de pesetas, el crédito extraordinario 31.01.126G-166. 'Cuotas sociales' y se suplementa en 140.000.000 de pesetas el crédito 31.01.126G-180. 'Provisión social y de personal', según figura en el anexo I".
b) Consignado el contenido de los preceptos legales autonómicos, pasa el Abogado del Estado a exponer las razones por las cuales incurren en extralimitación del ámbito dentro del cual ejerce sus competencias la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
c) El presente recurso de inconstitucionalidad se dirige contra el art. 2.1 a) de la Ley del Principado de Asturias, en la parte en la que destina el suplemento de crédito que aprueba el art. 1 a cumplir "lo estipulado para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo en el Acuerdo entre la Administración del Principado y los Sindicatos para el periodo 1995-1997".
d) Por lo expuesto, el Abogado del Estado concluye su escrito solicitando la declaración de inconstitucionalidad del art. 2.1 a) de la Ley del Principado de Asturias 1/1996, de 26 de abril, de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos destinados a atender la actualización de retribuciones, modificación de plantillas y otras obligaciones del personal al servicio de la Administración, Organismos Autónomos y Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la parte que destina el suplemento de crédito a "lo estipulado para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo en el Acuerdo entre la Administración del Principado y los Sindicatos para el periodo 1995-1997" y, por conexión, del art. 1.
2. La Sección de Vacaciones de este Tribunal, mediante providencia de 1 de agosto de 1996, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad; dar traslado de la demanda y documentos presentados, de conformidad con el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a la Junta General y al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por conducto de sus respectivos Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días pudiesen personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes; tener por invocado el art. 161.2 CE, lo que, a tenor del art. 30 LOTC, produjo la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada para las partes desde la fecha de interposición del recurso y para los terceros desde el día en que se publicase la suspensión en el "Boletín Oficial del Estado"; y, por último, publicar la incoación del recurso y la suspensión acordada en los Boletines Oficiales del Estado y del Principado de Asturias.
3. Por escrito presentado el 6 de septiembre de 1996, el Presidente del Senado interesó que se tuviera por personada a dicha Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. El 13 de septiembre de 1996 el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó que la Mesa de la Cámara, en su reunión del día 11 de septiembre de 1996, había acordado no personarse ni formular alegaciones en el presente proceso constitucional.
4. El Letrado del Principado de Asturias, en representación procesal de dicha Comunidad Autónoma, formuló, mediante escrito registrado el 17 de septiembre de 1996, las alegaciones que ahora se sintetizan:
a) En primer lugar reseña que el recurso carece de objeto puesto que la Ley que regula el incremento de las retribuciones de los empleados del Principado de Asturias no es la Ley 1/1996, de 26 de abril, sino la 2/1996, de 25 de junio, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 1996. Es esta Ley y no la concretamente impugnada la que establece de modo expreso el incremento cuestionado, ajustándose en ello a lo establecido en el Real Decreto-ley 12/1995. Si lo que el Gobierno de la Nación pretende es evitar una desviación de las retribuciones del personal al servicio de la Comunidad Autónoma por encima de los límites fijados en este Decreto-ley, dicha pretensión queda suficientemente satisfecha en los arts. 17.1 y 18.1 de la meritada Ley 2/1996. El primero de estos preceptos dispone:
b) Con independencia de lo anterior, el Letrado del Principado de Asturias entiende que no parece aventurado cuestionar el carácter básico del art. 4 del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre.
En este sentido, se recuerda que no pueden pasarse por alto las notables diferencias que se aprecian en la norma invocada en la demanda por contraste con su precedente -el art. 18 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995-, al que parcialmente se remite el art. 4 del Real Decreto-ley 12/1995. En el mencionado art. 18 el legislador estatal ha dejado constancia expresa de su voluntad de atribuirle carácter básico y su obligatorio reflejo en las normas autonómicas o en los presupuestos de las entidades locales. Así, lo primero se plasma en el título o enunciado mismo del precepto ("Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gasto de personal al servicio del sector público"); lo segundo deriva del apartado 5 del precepto. Por el contrario, en el Real Decreto-ley ni figura expresamente su carácter básico ni se establece que los criterios fijados en su art. 4 han de reflejarse en las normas presupuestarias de las entidades territoriales infraestatales.
Consecuentemente, es perfectamente lícito deducir y sostener que para el legislador -en este caso el Gobierno de la Nación en ejercicio de la potestad reconocida en el art. 86.1 CE-, la referida norma no tiene carácter básico.
c) Si el examen se ciñe a la disposición autonómica concretamente impugnada, a juicio del Letrado del Principado de Asturias, tampoco se aprecia en ella, con la debida claridad, su oposición al precepto estatal invocado por contraste.
5. Próximo a finalizar el plazo de los cinco meses que determina el art. 161.2 CE desde que se produjo la suspensión de los preceptos impugnados en este proceso, la Sección Primera de este Tribunal Constitucional acordó, mediante providencia de 25 de noviembre de 1996, oír al Abogado del Estado y al Letrado del Principado de Asturias para que, en el plazo común de cinco días, pudieran exponer lo que estimasen pertinente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión.
6. Por providencia de 29 de enero de 2002 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 31 del mismo mes y año.
1. Son objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, promovido por el Presidente del Gobierno, el art. 2.1 a), inciso final, y, por conexión, el art. 1 de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 1/1996, de 26 de abril, de concesión de créditos extraordinarios y suplemento de créditos destinados a atender la actualización de retribuciones, modificación de plantillas y otras obligaciones de personal al servicio de la Administración, Organismos Autónomos y Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Por su parte, el art. 1 prescribe que "para dotar los fondos destinados a revisar las relaciones de puestos de trabajo y catálogos de personal en cumplimiento del Acuerdo entre la Administración del Principado de Asturias y los Sindicatos para el período 1995/1997 sobre condiciones de trabajo de los empleados públicos del Principado, se concede, por importe de 25.000.000 pts., el crédito extraordinario 31.01.126G-166 'Cuotas sociales', y se suplementa en 140.000.000 pts. el crédito 31.01.126G-180 'Provisión social y de personal', según figura en el anexo I".
2. Las alegaciones formuladas por la representación del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias hacen necesario que, antes de entrar en el enjuiciamiento de las cuestiones de fondo suscitadas en el presente proceso constitucional, examinemos la posible pérdida de su objeto.
3. Para resolver adecuadamente la cuestión ahora planteada es preciso referir, con carácter previo, el contexto normativo en el que se enmarca la Ley del Principado de Asturias 1/1996 objeto del recurso de inconstitucionalidad sometido a nuestra consideración. Esta tarea previa resulta necesaria para poder apreciar en qué medida la posterior Ley 2/1996, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 1996, tiene el efecto que apuntan las tesis del ejecutivo autonómico.
a) La aplicación en las retribuciones del personal de la Administración, organismos autónomos y Servicio de Salud del Principado de Asturias de los incrementos consolidables resultantes de lo dispuesto en el art. 4.2 del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, y de lo estipulado para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo en el Acuerdo entre la Administración del Principado y los Sindicatos para el período 1995/1997.
b) La aplicación de los incrementos previstos en el apartado anterior a las retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración del Principado de Asturias.
c) La creación de 32 nuevas plazas en las plantillas de personal funcionario y laboral de la Administración del Principado de Asturias, con arreglo al detalle del anexo II."
4. Una vez expuesto el contexto normativo en el que han de integrarse los preceptos impugnados de la Ley del Principado de Asturias 1/1996, tal y como se plantea en este proceso, es llegado el momento de determinar si la posterior aprobación de la Ley 2/1996, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio de 1996, ha privado de objeto al presente proceso constitucional conforme sostiene la representación procesal del Consejo de Gobierno de dicha Comunidad Autónoma.
Antes al contrario, la autorización de créditos extraordinarios y suplementos de crédito llevada a cabo por la Ley 1/1996 tiene por objeto dar efectividad al incremento que había de aplicarse sobre las retribuciones totales de 1995, equivalente a un 0,8 por 100 según se indica en el preámbulo de la propia Ley. Como quiera que dicho incremento tiene carácter consolidable, pues así se afirma expresamente tanto en el preámbulo de dicha Ley como en su art. 2.1 a), ello depara como consecuencia que el nuevo incremento retributivo establecido en los preceptos reseñados de la Ley 2/1996 toma como base del cálculo las retribuciones percibidas durante el año 1995 acrecentadas -según la cuantificación consignada en el preámbulo de la Ley autonómica- en 0,8 puntos porcentuales. De donde resulta que no cabe hablar de carencia de objeto en el presente recurso de inconstitucionalidad.
5. Entrando ya en el examen de la cuestión de fondo suscitada en este proceso constitucional, interesa comenzar recordando la doctrina que este Tribunal ha venido elaborando acerca de la vinculación de los legisladores autonómicos a los límites retributivos en el sector público fijados por el Estado. Dicha doctrina se contiene en las SSTC 63/1986, de 21 de mayo; 96/1990, de 24 de mayo; 237/1992, de 15 de diciembre; 171/1996, de 30 de octubre; 103/1997, de 22 de mayo, y en la reciente 62/2001, de 1 de marzo.
De acuerdo con dicha doctrina, entre las bases del régimen estatutario de la función pública a las que se refiere el art. 149.1.18 CE cabe incluir, entre otras, las previsiones relativas a las retribuciones de los funcionarios, comunes a todas las Administraciones públicas, lo que, a su vez, hallaría fundamento en los principios constitucionales de igualdad y solidaridad (en particular, SSTC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3; 237/1992, de 15 de diciembre, FJ 4, y 103/1997, de 22 de mayo, FJ 2). Ahora bien, como hemos advertido en la STC 62/2001, FJ 2, este título no respalda la competencia del Estado para fijar límites o topes máximos, de carácter global a los incrementos retributivos del personal al servicio de las Administraciones públicas. No sólo porque la noción de "personal al servicio del sector público" empleada a este respecto en las distintas Leyes de Presupuestos tiene un alcance subjetivo más amplio que la de "funcionarios" utilizada por el citado art. 149.1.18 CE, sino también -y fundamentalmente- porque, en lo que se refiere al elemento objetivo de la competencia estatal, el "régimen estatutario" de dichos funcionarios, hemos indicado que "cualquiera que sea la extensión otorgada a este concepto, no puede incluirse en él una simple medida coyuntural y de eficacia limitada en el tiempo que, aunque produzca un efecto directo sobre la cuantificación de los derechos económicos de los funcionarios, tiene un fundamento y una finalidad extraños a la relación de servicio, en cuanto constituye una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión relativa de uno de los componentes esenciales del gasto público" (STC 63/1986, de 21 de mayo, FJ 11). Dicho de otro modo, en tanto la definición de los diversos conceptos retributivos de los funcionarios públicos se incardina en la competencia atribuida al Estado por el art. 149.1.18 CE, su cuantificación o el establecimiento de límites a la misma, con lo que ello supone de limitación de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas en su vertiente de poder de gasto, debe reconducirse tanto al título competencial contenido en el art. 149.1.13 CE como al principio de coordinación al que se refiere el art. 156.1 CE, en este último caso con el alcance previsto en el art. 2.1 b) LOFCA (SSTC 103/1997, FJ 1, y 62/2001, FJ 4).
6. Sintetizada la doctrina constitucional relevante para la resolución del caso, procede examinar las alegaciones formuladas por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para desvirtuar la pretensión de inconstitucionalidad deducida por el Abogado del Estado, las cuales, caso de ser aceptadas, impedirían la aplicación al presente supuesto de dicha doctrina constitucional.
7. Por otro lado, sostiene el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias que el art. 4.1 del Real Decreto-ley, a diferencia de lo que sucedía con el art. 18 de la Ley 41/1994, no determina expresamente la inaplicación de los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en dicho precepto, de donde debería concluirse la plena aplicabilidad de tales acuerdos. Siempre a juicio del Ejecutivo autonómico, esta apertura de las posibilidades de incrementar las retribuciones de los empleados públicos por vía convencional sería coherente con el hecho de que en el art. 1 del propio Real Decreto-ley 12/1995 se contenga una excepción evidente al incremento general uniforme del 3,5 por 100 y con la creación, mediante Resolución del Consejo de Ministros de 16 de septiembre de 1994, de un fondo estatal de características similares al establecido por el Acuerdo alcanzado por la Administración del Principado de Asturias y los Sindicatos el 15 de marzo de 1995.
8. Finalmente, sostiene el Consejo Ejecutivo del Principado de Asturias, con invocación expresa de la doctrina establecida en la STC 63/1986, de 21 de mayo, que los suplementos de crédito autorizados por la Ley 1/1996 no pasan de ser meras consignaciones presupuestarias. O lo que es igual, se trata de una simple autorización de gasto y no del establecimiento de un incremento retributivo determinado que, en todo caso, tendría su origen en el ya indicado Acuerdo suscrito entre la Administración autonómica y los Sindicatos el 15 de marzo de 1995.
A este respecto debemos comenzar poniendo de manifiesto que la cita de la doctrina de este Tribunal a propósito de la autorización presupuestaria de gasto realizada por la representación procesal del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias parece desconocer la matización que del sentido y alcance de la misma se lleva a cabo en la STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 5. Allí, tras recordarse la distinción entre fuente jurídica del gasto público y fuente de la obligación, efectuada por la STC 63/1986, de 21 de mayo, FJ 6, y reiterada por la STC 146/1986, de 25 de noviembre, FJ 8, tuvimos ocasión de advertir que "esa doctrina no puede ser aplicada de manera mecánica para negar la posibilidad (ya apuntada explícitamente en las SSTC 95/1986, FJ 5, y 88/1987, FJ 2) de que las Comunidades Autónomas impugnen las partidas del estado de gastos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado cuando lo que se cuestiona -como ahora acontece y era también el caso del conflicto positivo de competencia resuelto por la STC 146/1986- es la competencia misma del Estado para, mediante el ejercicio de su poder financiero, centralizar en organismos de la Administración estatal los fondos destinados a subvenciones o ayudas en materias de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas".
9. El rechazo de las alegaciones formuladas por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en defensa de la constitucionalidad de los preceptos impugnados de la Ley 1/1996 determina la aplicabilidad a los mismos de la doctrina que hemos resumido en el fundamento jurídico quinto de esta Sentencia y, en su virtud, la declaración de inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del art. 2.1 a) en la parte que destina el suplemento de crédito a "lo estipulado para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo en el Acuerdo entre la Administración del Principado y los Sindicatos para el período 1995/1997". Este precepto, en cuanto materializa un incremento - cuantificado por el preámbulo de la propia Ley en el 0,8 por 100- en las retribuciones de los empleados públicos autonómicos, a aplicar sobre las retribuciones totales de 1995 con carácter consolidable, altera la base sobre la que se calcula el posterior incremento del 3,5 por 100 acordado por la Ley 2/1996, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias.
10. Sentado esto debemos avanzar que la declaración de inconstitucionalidad no puede extenderse al art. 1 de la Ley autonómica al no apreciarse la relación de conexión a la que se refiere el Abogado del Estado en el escrito rector de este proceso constitucional cuando precisa que el indicado precepto legal es objeto de impugnación "en cuanto aprueba el suplemento de crédito que sirve de sustento a la medida contenida en su artículo 2 a) y sólo en ese aspecto".
En este sentido debemos señalar que mediante la autorización del crédito extraordinario y suplemento de crédito consignados en el art. 1 de la Ley 1/1996 se pretende hacer frente a las consecuencias retributivas -aquí en su vertiente de provisiones y cuotas sociales y de personal- resultantes de la operación de revisión de las relaciones y catálogos de puestos de trabajo llevada a cabo en aplicación del Acuerdo antes referido. Se trata, por tanto, de una finalidad distinta de la perseguida en el art. 2.1 a) in fine, con la que no aparece vinculada desde una perspectiva lógica -por las razones ya expuestas- ni presupuestaria o cuantitativa.
1º Declarar inconstitucional y nulo el art. 2.1 a), inciso final -que dice "y de lo estipulado para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo en el Acuerdo entre la Administración del Principado y los Sindicatos para el período 1995/1997"- de la Ley del Principado de Asturias 1/1996, de 26 de abril de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito destinados a atender la actualización de retribuciones, modificación de plantillas y otras obligaciones del personal al servicio de la Administración, Organismos Autónomos y Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Número y fecha BOE [Núm, 52 ] 01/03/2002 Corrección 1
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 3079-1996
Fecha de resolución 31/01/2002
Promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley del Principado de Asturias 1/1996, de 26 de abril, de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito destinados a atender la actualización de retribuciones, modificación de plantillas y otras obligaciones del personal.
La norma autonómica ha de reputarse inconstitucional, no porque ignore los topes máximos establecidos por el Estado a los incrementos retributivos de los empleados del sector público, sino porque modifica la base sobre la que han de computarse [FJ 9].
No se aprecia relación de conexión entre el precepto que dio lugar a los incrementos retributivos, cuya inconstitucionalidad hemos apreciado, y el que autoriza créditos para hacer frente a las consecuencias retributivas resultantes de la operación de revisión de las relaciones y catálogos de puestos de trabajo de la Administración autonómica [FJ 10].
El análisis de la constitucionalidad de los preceptos legales impugnados habrá de efectuarse por contraste con lo dispuesto en el art. 149.1.13 CE, teniendo siempre presente el principio de coordinación de las Haciendas públicas, consagrado por el art. 156.1 CE [FJ 5].
Doctrina constitucional acerca de la vinculación de los legisladores autonómicos a los límites retributivos en el sector público fijados por el Estado (SSTC 63/1986, 237/1992, 62/2001) [FJ 5].
Doctrina constitucional sobre la garantía formal de la normativa básica estatal (SSTC 69/1988, 80/1988, 223/2000) [FJ 6].
Ninguna duda suscita la vocación básica de la limitación de incrementos salariales fijada en el art. 4.1 del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, y el consecuente sometimiento al mismo del legislador autonómico [FJ 6].
El art. 4.1 del Real Decreto-ley 12/1995 fue aprobado para dar respuesta a las necesidades derivadas de una situación de prórroga presupuestaria. Lo que, entre otros extremos, obliga a integrar sus previsiones con las recogidas en el art. 18 de la Ley de presupuestos generales del Estado para 1995, que establecía expresamente la inaplicabilidad de las cláusulas de origen convencional que implicasen crecimientos retributivos superiores a los autorizados por la Ley de presupuestos [FJ 7].
Esta regla no puede estimarse alterada como consecuencia de la devolución al Gobierno de la Nación del Proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado para el ejercicio de 1996 [FJ 7].
Distinción entre la fuente jurídica del gasto público y la fuente de la obligación (STC 63/1986) [FJ 8].
No cabe negar de antemano la posibilidad de que una determinada partida o consignación presupuestaria autorizada por el legislador autonómico sea objeto de un proceso constitucional [FJ 8].
Los procesos constitucionales con contenido competencial no pierden su objeto por la derogación, sustitución o modificación de la norma impugnada, pues lo relevante es determinar si ha cesado o no la controversia competencial (STC 290/2000) [FJ 4].
Artículo 2.1 a) (anula parcialmente)
Artículo 149.1.13, ff. 1, 5, 7, 9
Artículo 2.1 b), f. 5
Ley de la Junta General del Principado de Asturias 6/1986, de 31 de mayo. Régimen económico y presupuestario
Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre. Aprueba el Reglamento de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 19 de septiembre de 1994. Publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de septiembre de 1994, por el que se aprueba el acuerdo administración-sindicatos para el periodo 1995-1997 sobre condiciones de trabajo en la función pública
Ley de la Junta General del Principado de Asturias 3/1994, de 29 de diciembre. Presupuestos generales para 1995
Artículo 18.2.2, f. 7
Resolución de la Consejería de Interior y Administraciones Públicas del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de 20 de marzo de 1995. Acuerdo con las organizaciones sindicales sobre condiciones de trabajo de los empleados públicos para el periodo 1995-1997
En general, ff. 1, 3, 8, 10
Artículo 3, ff. 7, 8
Artículo 4, ff. 2 a 4
Artículo 4.1, ff. 6, 7
Decreto del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 188/1995, de 28 de diciembre. Prórroga de los presupuestos generales del Principado de Asturias para 1996
En general, ff. 2 a 4, 7 a 9
Preámbulo, ff. 3, 4, 6, 9
Artículo 1, ff. 1, 3, 10
Artículo 2.1 a), ff. 1, 3, 4, 7, 9, 10
Ley de la Junta General del Principado de Asturias 2/1996, de 25 de junio. Presupuestos generales para 1996
En general, ff. 2 a 4, 9
Decreto del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 17/1996, de 16 de mayo. Retribuciones del personal funcionario incluido en las relaciones de puestos de trabajo
Coordinación presupuestaria entre el Estado y las Comunidades AutónomasCoordinación presupuestaria entre el Estado y las Comunidades Autónomas, f. 5
Hacienda generalHacienda general, f. 5
Inconstitucionalidad por conexiónInconstitucionalidad por conexión, f. 10
Pervivencia del objeto del recurso de inconstitucionalidadPervivencia del objeto del recurso de inconstitucionalidad, f. 4
Prórrogas presupuestariasPrórrogas presupuestarias, f. 7
Recurso de inconstitucionalidadRecurso de inconstitucionalidad, f. 8
Derechos y deberesDerechos y deberes, ff. 6 a 10
Leyes de presupuestosLeyes de presupuestos, ff. 7, 8
Principado de AsturiasPrincipado de Asturias, ff. 6 a 10