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Timestamp: 2020-08-10 06:26:28
Document Index: 197584593

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 67', 'artículo 46', 'artículo 2', 'artículo 111', 'artículo 67', 'artículo 46', 'artículo 67', 'artículo 112', 'artículo 25', 'artículo 9']

Sentencia nº 1 de Suprema Corte de Justicia, del 4 de Abril de 2001. - Jurisprudencia - VLEX 360653878
Sentencia nº 1 de Suprema Corte de Justicia, del 4 de Abril de 2001.
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces J.S.I., R.L.P., Primer Sustituto de P.; M.T., J.G.C.P., J.L.V., J.I.R., E.R.P., D.M.R. de G., J.A.S., V.J.C.E., A.R.B.D., E.H.M. y E.M.E., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 4 de abril del 2001, años 158º de la Independencia y 138º de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:
Sobre la acción en inconstitucionalidad intentada por Plantaciones Tropicales, S.A., entidad comercial organizada de acuerdo con las leyes dominicanas, con su domicilio en la calle B.N. 259, Ciudad Nueva, de esta ciudad, y A.R., norteamericano, mayor de edad, soltero, cédula de identidad y electoral No. 001-1447893-6, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la Resolución de la Junta Monetaria, del 2 de julio de 1998, los 4 pagarés notariales suscritos por los impetrantes los días 2, 3, 4 y 5 de diciembre de 1997, a favor de Bursátil Internacional, S.A. y la Sentencia No. 277 dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 26 de julio de 1999;
Vista la instancia dirigida a la Suprema Corte de Justicia, el 21 de febrero del 2000, suscrita por el Dr. L.P.M.M., que concluye así: "PRIMERO: Validar la presente instancia; SEGUNDO: Declarar la inconstitucionalidad y por vía de consecuencia la nulidad de la resolución de la Junta Monetaria, dictada en fecha 2 de julio del año 1998, que fija el valor del peso frente al dólar de los Estados Unidos de América, por ser contraria a los artículos 46 y 112 de la Constitución y los artículos 1 y 9 de la Ley Monetaria No. 1528 del año 1947, modificada por la Ley No. 764 del 12 de julio del año 1978; TERCERO: Declarar nulos los pagarés notariales de fecha 2, 3, 4 y 5 de diciembre del año 1997, por ser contrarios al artículo 2 de la Ley Monetaria No. 1528 del año de 1947, y a los artículos 46 y 111 de la Constitución de la República; CUARTO: Declarar inconstitucional y por vía de consecuencia nula la Sentencia No. 277/99 de fecha 26 de julio del año 1999, dictada por la Cámara de lo Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por violar los artículos 1, 2 y 9 de la Ley Monetaria No. 1528, modificada por la Ley No. 764 del 12 de julio de 1978 y Arts. 46, 111 y 112 de la Constitución";
Visto el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, del 11 de abril del 2000, que termina así: "Declarar inadmisible la acción en declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad de la Sentencia No. 277/99 dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, incoada por el Dr. L.P.M.M., a nombre y representación de Plantaciones Tropicales, S.A. y A.R."; La Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y visto los textos legales invocados por el recurrente, artículos 67 inciso 1ro., de la Constitución de la República, y 13 de la Ley No. 156 de 1997;
Considerando, que el ministerio público en su dictamen estima que la presente acción en inconstitucionalidad y en declaratoria de nulidad de la Sentencia No. 277-99, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por tratarse de una decisión judicial, no contraría a ninguna disposición constitucional por lo que debe ser declarada inadmisible;
Considerando, que el artículo 67, inciso 1ro. de la Constitución de la República, dispone que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley, conocer en única instancia sobre la constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de la parte interesada; que el artículo 46 establece que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la Constitución;
Considerando, que los impetrantes han presentado por vía principal una acción en inconstitucionalidad contra la sentencia arriba expresada cuyo dispositivo es el siguiente: "PRIMERO: Rechaza las conclusiones incidentales planteadas por la parte demandada A.R. y Plantaciones Tropicales, S.A., por los motivos indicados precedentemente; SEGUNDO: Acoge las conclusiones presentadas por la parte demandante Dr. A.R., por ser justas y reposar sobre prueba legal; y en consecuencia: A) Condena a Plantaciones Tropicales, S.A., a pagarle al Dr. A.R., la suma de Treinticinco Mil Novecientos Setenticinco Dólares Norteamericanos con 96/100 (US$ 35.975.96) o su equivalente en pesos dominicanos según la tasa oficial; B) Condena a la parte demandada al pago de los intereses legales de dicha suma, a partir de la demanda en justicia; C) Condena a la parte demandada al pago de los intereses legales de dicha suma, a partir de la demanda en justicia; D) Condena a la parte demandada al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. M.C.V., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad";
Considerando, que para fundamentar su instancia, los impetrantes alegan: a) que los días 2, 3, 4 y 5 de diciembre de 1997, Plantaciones Tropicales y A.R., suscribieron 4 pagarés notariales a favor de Bursátil International, S.A. por la suma total de RD$35,975.96 (Treinta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cinco Pesos con Noventa y Seis Centavos) o sea en moneda dominicana de acuerdo con las expresiones textuales que figuran en esta instancia, y repetidas en idéntico tenor en las páginas 2, 5 y 6 del mismo escrito; b) que por el desarrollo de sus pretensiones se advierte que los impetrantes están impugnando pagarés firmados por ellos, en moneda norteamericana, es decir por US$35,975.96 (Treinta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cinco Dólares con Noventa y Seis Centavos), moneda por las cuales fueron condenados tanto por la sentencia del 26 de julio de 1999 de la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional como por la sentencia del 12 de enero del 2000, de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aunque con la especificación de ser una condenación que puede ser pagada en pesos dominicanos según la tasa oficial, conforme a los dispositivos de ambas sentencias copiadas integramente en la instancia de que se trata; c) que los pagarés en cuestión violan el artículo 2 de la Ley Monetaria No. 1528 del año 1947, como también violan el artículo 111 de la Constitución; d) que en fecha 2 de julio de 1998 fue fijado por resolución de la Junta Monetaria el valor del peso dominicano con respecto al dólar norteamericano a razón de 15.33 pesos dominicanos por cada dólar, lo cual contradice los artículos 1 y 9 de la Ley Monetaria No. 1528 de 1947 modificados por la Ley No. 764, del 12 de abril de 1978, que dice así: "Art. 1.- La unidad monetaria de la República Dominicana será el "peso oro", equivalente a un dólar de los Estados Unidos de América, cuyo símbolo será el siguiente: "RD$". El peso se dividirá en cien partes iguales denominadas "centavos". El símbolo del centavo será "ct"; "Art. 9.- La paridad del peso oro corresponderá a la del dólar de los Estados Unidos de América. Los tipos legales de cambio de las monedas extranjeras libre y efectivamente convertibles corresponderán al resultado de los mecanismos establecidos por el Convenio del Fondo Monetario Internacional", así como los artículos 111 y 112 de la Constitución de la República, de los cuales el primero parcialmente dice así: "Art. 111.- La unidad monetaria nacional es el peso oro. P.I.- Sólo tendrían circulación legal y fuerza liberatoria los billetes emitidos por una entidad emisora única y autónoma, cuyo capital sea de la propiedad el Estado, siempre que estén totalmente respaldados por reservas en oro y por valores reales y efectivos, en las proporciones y condiciones que señale la ley y bajo la garantía ilimitada del Estado. P.I..- La regulación del sistema monetario y bancario de la Nación corresponderá a la entidad emisora, cuyo órgano superior será una Junta Monetaria, compuesta de miembros que serán designados y sólo podrán ser removidos de acuerdo con la ley, y responderán del fiel cumplimiento de sus funciones de conformidad con las normas establecidas en la misma", y el segundo que dice así: "Art. 112.- Toda modificación en el régimen legal de la moneda o de la banca requerirá el apoyo de los dos tercios de la totalidad de los miembros de una y otra cámara, a menos que haya sido iniciada por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Junta Monetaria o con el voto favorable de ésta"; e) que los recurrentes plantean que sus argumentos están debidamente justificados por decisiones jurisprudenciales por lo cual reproducen una parte de la sentencia dictada por esta Suprema Corte de Justicia el 20 de junio de 1994, pero en la parte que corresponde a los alegatos presentados en ese caso por el recurrente y no a la decisión del tribunal, la cual se basó en la falta de motivos, por estimar insuficientes, vagas e imprecisas las exposiciones que se produjeron para la determinación de las reglas legales concernientes a la devaluación de la moneda nacional, y en consecuencia casó la sentencia;
Considerando, que la presente acción en inconstitucionalidad que abarca, para que sean declarados como tales, a una resolución de la Junta Monetaria, varios pagarés notariales y una sentencia de la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cita determinadas leyes dictadas por el Congreso Nacional que son, a juicio de los impetrantes, violadas por esos actos;
Considerando, que la acción sobre la constitucionalidad de las leyes que permite ejercer el artículo 67, inciso 1 de la Constitución, es aquella que puede ser intentada contra los actos de los poderes públicos a que se refiere el artículo 46 del mismo Estatuto Orgánico, cuando son contrarios a alguna de sus disposiciones y de la cual conoce por vía directa, la Suprema Corte de Justicia; que cuando uno de esos actos vulnera a la ley emanada del Congreso o cualquier otra norma con este carácter, no se está frente a una cuestión de inconstitucionalidad sino de ilegalidad cuya sanción no corresponde a la Suprema Corte de Justicia al amparo del citado artículo 67, inciso 1 de la Constitución, sino de los tribunales del orden judicial cuando conocen de litis entre partes, por lo que resulta inadmisible la acción de que se trata en cuanto a la violación a la ley que atribuyen los impetrantes de los actos de que se ha hecho mención anteriormente;
Considerando, que en cuanto a la no conformidad con la Constitución de los citados actos, y específicamente a la violación a sus artículos 46, 111 y 112, ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, por su sentencia de esta misma fecha, dictada con motivo de un recurso de casación interpuesto en base a la alegada incapacidad del Banco Central de la República Dominicana para regular la tasa cambiaria del mercado de divisas con respecto a la moneda nacional, que, "si bien es cierto, como se ha visto, que el cambio o modificación del régimen legal de la moneda nacional requiere para su validez que el Congreso Nacional así lo disponga mediante ley dictada con ese objeto, como ocurrió cuando se sustituyó, mediante la Ley No. 764, del 12 de abril de 1978, la paridad del peso oro dominicano con un contenido de setecientos treinta y seis mil seiscientos sesenta y dos millonésimas (0.736662) de gramo de oro fino, por la del dólar de los Estados Unidos de América, no lo es menos, que cuando el Banco Central, a través de la Junta Monetaria, resuelve fijar tasas cambiarias con carácter provisorio y revisable en relación con nuestra moneda y emite para conocimiento general los avisos correspondientes, no vulnera con ello la prohibición constitucional contenida en el artículo 112 de la Carta Fundamental, en virtud de la cual sólo mediante ley puede ser modificado el régimen legal de la moneda o de la banca, pues en ese caso el Banco Central no hace más que ejercer las facultades que le reconocen los literales c) y r) del artículo 25 de la Ley Orgánica del Banco Central de la República Dominicana No. 6142, del 29 de diciembre de 1962, a cuyo tenor dicha entidad tiene la atribución, primero, de dictar las regulaciones a las que deberán ajustarse las operaciones del mercado de compra y venta de divisas, alrededor del cual se forma un tipo de cambio variable que es lo que se ha dado en llamar devaluación cuando se requiere, como en el caso, más cantidad de peso oro para adquirir el dólar; y, segundo, la de resolver cualquier otro asunto relacionado con la política monetaria, crediticia y cambiaria; que de esto resulta que la fijación del tipo o tasa de cambio oficial bajo el cual debe operar el mercado de divisas, es, por sus frecuentes fluctuaciones derivadas principalmente de las necesidades del comercio exterior, responsabilidad de las autoridades monetarias, y no de la ley, para lo cual aquellas deben ceñirse o atenerse, conforme al artículo 9 de la Ley Monetaria vigente, al resultado de los mecanismos establecidos por el Convenio del Fondo Monetario Internacional, del que es signataria la República Dominicana y que es parte de nuestro derecho positivo por haber sido adoptado por los poderes públicos de la Nación y cuya ejecución, en lo que concierne al país, está a cargo del Banco Central, lo que no implica, en modo alguno, que la referida actuación reguladora constituya una modificación en el régimen legal de la moneda y, por tanto, una violación a los artículos 111 y 112 de la Constitución y 1, 2 y 9 de la Ley Monetaria No. 1528, modificada, del 9 de octubre de 1947, por lo que procede declarar inadmisible la presente acción en inconstitucionalidad en cuanto se refiere a las Leyes Nos.1528, de 1947, modificada, y rechazar dicha acción en lo que concierne a los artículos 46, 111 y 112 de la Constitución.
Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible la acción en inconstitucionalidad incoada por Plantaciones Tropicales, S.A., contra la Resolución de la Junta Monetaria, del 2 de julio de 1998, los cuatro pagarés notariales suscritos por los impetrantes los días 2, 3, 4 y 5 de diciembre de 1997 a favor de Bursátil International, S.A., y la Sentencia No. 277 dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 26 de julio de 1999; Segundo: Rechaza la indicada acción en lo que concierne a los artículos 46, 111 y 112 de la Constitución; Tercero: Ordena que la presente sentencia sea comunicada al Magistrado Procurador General de la República, para los fines de lugar, a la parte interesada, y publicada en el Boletín Judicial para su general conocimiento.
Firmado: J.S.I., R.L.P., M.T., J.G.C.P., J.L.V., J.I.R., E.R.P., Dulce M.R. de G., J.A.S., V.J.C.E., A.R.B.D., E.H.M., E.M.E. y G.A.. Secretaria General.
Sentencia nº 10 de Corte Suprema de Justicia - Primera, del 20 de Abril de 2005.