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Timestamp: 2016-10-25 22:44:13
Document Index: 7942837

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 295', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 28', 'artículo 21', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 87', 'Artículo 13']

⭐PROYECTO DE LEY DE RECUPERACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS PUBLICOS AGRARIOS DE LA SEGUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA EN ANDALUCIA
PROYECTO DE LEY DE RECUPERACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS PUBLICOS AGRARIOS DE LA SEGUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA EN ANDALUCIA
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Alba Montes Chávez
1 PROYECTO DE LEY DE RECUPERACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS PUBLICOS AGRARIOS DE LA SEGUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA EN ANDALUCIA2 EXPOSICION DE MOTIVOS La recuperación de la memoria histórica en relación con la Reforma agraria desarrollada por la Segunda República en Andalucía, se plantea como un proceso de dignificación y de recuperación de uno de los más brillantes periodos en materia social de nuestra historia reciente. El advenimiento de la Segunda República, se produce en un entorno socioeconómico totalmente adverso, caracterizado por una coyuntura comercial internacional regresiva a causa de crisis económica mundial Los legisladores de la Segunda República se plantearon la necesidad de impulsar un cambio de estructuras agrarias que afectaría a la mayor parte del territorio nacional, con especial relevancia en el tercio meridional, que salvo los procesos desamortizadores, no se había acometido desde las Cortes de Cádiz, incidiendo además en la compleja cuestión social que de ella se generaba, siendo el sector agrario con mucho la mayor fuente de empleo de la España de la época. La España republicana fue uno de los últimos Estados europeos que en el período de entreguerras se impulsó un proceso de Reforma agraria. El propósito del legislador republicano fue intentar corregir las desigualdades sociales y el atraso endémico del campo español, desarrollando una intensa labor para conseguir el derecho a la tierra para los trabajadores agrarios que carecían de ella, fenómeno que fue especialmente dura en regiones como la andaluza, a la búsqueda de conseguir ratios de soberanía alimentaria y articulando una economía rural que hasta ese momentos estaba caracterizada por una escasa capacidad de consumo, en paralelo se dotó a los trabajadores agrarios de un marco social avanzado, con medidas de modernización técnica como el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, o la creación del Centro de Investigación Vinicola. Pero la brevedad de la existencia de la República, unida al freno constante de las clases conservadoras, provoco que su aplicación quedase inconclusa, La Ley de Reforma Agraria del nueve de septiembre de 1932 (Gaceta de Madrid núm 265 de 21 de septiembre de 1932), puede considerarse como uno de los proyectos más ambiciosos de la Segunda República, desarrollada para poner fin a un problema estructural causante de todo tipo de conflictos sociales y políticos, que no era otro que la3 enorme desigualdad que se daba en el tercio sur de España producto de la coexistencia de enorme latifundios con una enorme masa de jornaleros, trabajadores agrarios sin tierra, que vivían en condiciones de mera supervivencia. El método escogido por el legislador, fue la expropiación de los latifundios mediante métodos de compensación y su entrega a los jornaleros a través de un proceso de colonización La génesis de la Ley de Bases de Reforma de 1932 no puede aislarse de los distintos influjos doctrinales, internos y externos, que configuraron la matriz política del reformismo agrario, destacando los procesos de colonización y repoblación interna llevados a cabo con distinta fortuna desde la época de los Ilustrados. Joaquín Costa y su monumental obra Colectivismo agrario en España o el proyecto de Reforma Agraria de Santiago Alba presentado a las Cortes el 24 de septiembre de 1916, así como por los dos proyectos que sobre la materia se llevaron a cabo ya en el Siglo XX. La Ley de colonización y repoblación interior de González Besada de 30 de agosto de 1907 (Gaceta de Madrid núm 251 de 8 de septiembre de 1907). El Real Decreto de Pósitos de 7 de enero de 1927 (Gaceta de Madrid núm 12 de 12 de enero de 1927) La Ley de Bases de Reforma de 1932 fijaba como objetivo prioritario de la reforma las catorce provincias de la España latifundista: Andalucía, Extremadura, el sur de La Mancha y la provincia de Salamanca. La Ley establecía la expropiación con indemnización de los señoríos jurisdiccionales, las tierras incultas o deficientemente cultivadas, las arrendadas durante doce años, o las situadas en las cercanías de las pequeñas poblaciones, cuyo propietario tuviera cierto nivel de rentas, y aquellas susceptibles de ser puestas en regadío. El organismo encargado de desarrollar la Ley de Bases sería el Instituto de Reforma Agrario, IRA, con personalidad jurídica y de autonomía económica para el cumplimiento de sus fines. Estaba regido por un Consejo compuesto de técnicos agrícolas, juristas, representantes del Crédito Agrícola oficial, propietarios, arrendatarios y obreros de la tierra. Con la llegada de la CEDA al poder y tras el paso de Giménez Fernández por la cartera de Agricultura, Nicasio Velayos presentó un proyecto aprobado en un tiempo relativamente corto en relación con la reforma anterior por el que se modificaba la Ley de4 Bases, culminado en la Ley de Reforma de la Reforma Agraria de 1 de agosto de 1935 (Gaceta de Madrid núm 222 de 10 de agosto de 1935) la nueva Ley de Reforma agraria supuso la congelación del proceso iniciado en el bienio anterior. Tras el triunfo en febrero de 1936 de un conjunto de fuerzas progresistas, denominado Frente Popular, y la llegada al Ministerio de agricultura a Mariano Ruiz Funes se dan los pasos para reponer la Ley de Bases tal como fue concebida, así se aprobaba el Decreto de 30 de Marzo del corriente año de 18 de junio de 1936 (Gaceta de Madrid nº 171 de 19 de junio de 1936), que en su artículo único exponía: queda derogada la Ley de 1 de agosto de 1935, mandada a publicar por decreto de 9 de noviembre del mismo año, y todas las disposiciones complementarias de la misma, y en suspenso la tramitación de los recursos a que se refiere el artículo 5º de la mencionada Ley hasta tanto que se dicten las normas legales pertinentes. Se declara en vigor la Ley de Reforma agraria de 9 de septiembre de 1932 y los artículos 1º y 2º y primer párrafo del artículo 4º del Decreto de 20 de marzo de 1936 Por lo que la Ley de Reforma agraria de 1932 volvía a estar plenamente en vigor. El otro proceso de expropiación de tierras fue el denominado como de los Encartados fruto del fallido Golpe de Estado del 10 de agosto de 1932 conocido como la Sanjurjada. El Gobierno de la República dictó la denominada como Ley de Encartados de 24 de agosto de 1932 (Gaceta de Madrid núm 238 de 25 de agosto de 1932) por la que se disponía la expropiación, de bienes y derechos de cuantas personas naturales y jurídicas han intervenido en el pasado complot contra el Régimen. En su articulo primero, y de acuerdo con el párrafo segundo del articulo 44 de la Constitución se acordaba entre otras propiedades la expropiación sin indemnización, y en beneficio del Estado, de todas las fincas rústicas y derechos reales impuestos sobre fincas rústicas, cualesquiera que sean su extensión y cultivo, que sean propiedad de cuantas personas naturales y jurídicas han intervenido en el pasado complot contra el Régimen, ocurrido en los días 9, 10 y 11 del presente mes, y situadas en todo el territorio de la República. Las personas incursas conocidas como encartados se publicaron en la Orden de 10 de octubre disponiendo se publique la primera relación de las personas incursas en las5 disposiciones de la Ley de 24 de Agosto de 1932 (Gaceta de Madrid núm 285 de 11 de octubre de 1932), referente a la expropiación, sin indemnización de los bienes rústicos de las personas que han intervenido en el complot de 10 del referido mes de Agosto por haber prestado acatamiento o ayuda a los rebeldes. En la Orden de 22 de diciembre de 1932 (Gaceta de Madrid núm 359 de 24 de diciembre de 1932) disponiendo que se publique la segunda relación de las personas comprendidas en las disposiciones del artículo 2.º de la Ley de 24 de Agosto del corriente año, sobre expropiación, sin indemnización, de los bienes rústicos de las personas comprometidas en el complot que originó los sucesos del 10 del referido mes de Agosto. La Ley de amnistía de 24 de abril de 1934 (Gaceta de Madrid núm 115 de 25 de abril de 1934) en su punto 3º amnistiaba los delitos de sedición y rebelión quedando nulas y sin efecto las expropiaciones sin indemnización de fincas rústicas y derechos reales constituidos sobre ellas que se hayan llevado a efecto por aplicación de lo dispuesto en la Ley de 24 de agosto de 1932, restituyéndose los bienes objeto de las mismas a los expropiados Pero la inmensa mayoría de las fincas afectadas por Ley de 24 de Agosto de 1932 (Gaceta de Madrid núm 285 de 11 de octubre de 1932), fueron finalmente expropiadas aplicando la Ley de Bases de 1932 y sus posteriores modificaciones. Hasta su autodisolución en la Declaración conjunta de la Presidencia y del Gobierno de la República Española en exilio fechada en París el 21 de junio de 1977, la República Española fue un régimen democrático reconocido internacionalmente por numerosos Estados, encarnando la lucha de todos los españoles en defensa de la Democracia frente a la dictadura. La legislación franquista se constituyó en una confiscación de bienes públicos a favor de una minoría. Las retrocesiones de fincas, comenzaron a medida de que el ejército franquista comenzaba a ocupar territorios, convirtiéndose en la mayoría de los casos en una simple ocupación manu militari por sus antiguos dueños, sin que mediara ningún proceso legal, ni control alguno del Estado, ejerciéndose una enorme represión sobre los colonos que habían sido instalados en virtud de las leyes de la Segunda República, a los que se les denomino como cultivadores arbitrarios, siendo considerados6 directamente como enemigos del Movimiento Nacional como castigo por haberse atrevido a cuestionar el orden establecido. El Decreto 71 de la Junta de Defensa Nacional de 28 de agosto de 1936 (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional núm 14 de 30 de agosto de 1936), en el que se anuncia el inicio de la que será la política agraria del Nuevo Estado, acomete un proceso de clarificación de la titularidad de las fincas, poniendo fin a la Reforma Agraria emprendida por la República, con el objetivo de planificar la siembra para el año agrícola , permitiendo que en algunos casos continuase la ocupación previa expurgo de sus ocupantes. El Decreto 128 de la Junta de Defensa Nacional, de 24 de septiembre de 1936, (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional 29,.de 26 de septiembre de 1936), por el que se dictan normas a las que habrán de sujetarse los planes de aplicación ejecutados en las fincas intervenidas por el Instituto de Reforma Agraria, como rectificación prevista en el artículo 2º del Decreto núm. 74 concretando aún más la devolución de fincas a sus antiguos propietarios y, la reinstalación de los antiguos arrendatarios y aparceros en las condiciones anteriores a la intervención del Instituto de Reforma Agraria. El Decreto 133 de la Junta de Defensa Nacional de 25 de septiembre de 1936 (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional núm 30, de 28 de septiembre de 1936), radicaliza las posiciones sobre las fincas no devueltas a sus propietarios tras la aplicación el Decreto 128, obligando a los asentados a renunciar a su ocupación y ofreciendo la posibilidad a los propietarios de recuperarlas en plena disposición sin indemnización alguna por las mejoras realizadas por los colonos. En enero de 1938 se crea el Ministerio de Agricultura, que se reorganiza por el Decreto de 6 de abril de 1938, (BOE núm 534, de 8 de abril de 1938), por el que se crea el Servicio de Reforma Económica y Social de la Tierra (SNREST), organismo al que se le asignan las funciones de parcelación y concentración parcelaria, patrimonio familiar, acceso a la propiedad, racionalización del sistema de explotación, mejoras permanentes, vías pecuarias y rurales, transformación de secano en regadío, embellecimiento de la vida rural, además de encargarse del crédito y seguro agrario.7 El 3 de mayo de 1938 se dicta la Ley de Recuperaciones Agrícolas (BOE núm 562, 6 de mayo de 1938), por la que se crea el Servicio de Recuperación Agrícola (SRA) dependiente del SNREST, su precedente se remonta a la Junta Provincial Administradora de Bienes Ausentes de Toledo y otros organismos similares que se habían constituido en otras provincias Según la Memoria del Servicio, los dos fines por los que se creó el SRA fueron: Recabar los bienes usurpados por el marxismo a los agricultores, o abandonados por éstos durante su éxodo forzado, y conseguir que la inevitable depresión agrícola, secuela de la guerra, no se dejase sentir intensamente en la nueva España forjada por la victoria del Caudillo El Servicio de Recuperación Agrícola (SRA) se erigía como el organismo responsable de organizar y recuperar el espacio agrario, convirtiéndose en el órgano gestor de todas aquellas tierras, ganados y material agrícola que por los efectos de la guerra no tenían propietario o se encontraban ausentes. Los antiguos propietarios, comenzaron a acudir al SRA, con apremiantes demandas para que a la mayor posible se les devolvieran las fincas que les habían sido arrebatadas por los rojos Según la Ley por el que se creó, el SRA tenían carácter transitorio, desapareciendo tras la promulgación del Decreto de 5 de noviembre de 1940, (BOE núm 321, de 16 de noviembre de 1940). por el que se dictan normas. para la.extinción y liquidación definitiva del Servicio de Recuperación Agrícola, poniéndose fin a la Reforma Agraria impulsada por la Segunda República española. El Estado surgido tras la victoria en la Guerra Civil fue condenado en en la Conferencia de San Francisco el de 19 de junio de 1945 al ser de origen ilegítimo y antidemocrático y estar vinculado a las derrotadas fuerzas del Eje. Poco después en la Declaración de Postdam se condenó nuevamente al régimen de Franco impidiendo su futuro ingreso en la ONU el cual, habiendo sido fundado con el apoyo de las potencias del Eje no poseía en atención a sus orígenes, sus antecedentes y su íntima relación con los Estados agresores, las cualidades necesarias para justificar su ingreso en el seno de las Naciones Unidas En 2006 la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó por unanimidad las múltiples y graves violaciones de los derechos humanos cometidas en España durante el régimen franquista de 1939 a 1975, pidiendo al8 Comité de Ministros del Consejo de Europa que adoptase una condena similar a nivel internacional y que declare el 18 de julio de 2006 como jornada oficial de condena del régimen de Franco. Aunque el artículo 295 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, define que el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si es competente en materia de violación de los derechos humanos como atestiguan en casos similares véase, entre otras, la sentencias de la Gran Sala, (ex-rey de Grecia y otros contra Grecia, 25701/94, 89). En paralelo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recientemente numerosos Estados miembros de la Unión Europea y victimas de dictaduras han desarrollado leyes para restituir bienes y derechos requisados por regímenes antidemocraticos como el caso de la Ley núm 165 de 16 de mayo de 2013 sobre medidas para concluir el proceso de restitución en especie o mediante equivalente de los bienes inmuebles adquiridos ilícitamente durante el régimen comunista en Rumanía, (publicada en el Diario Oficial núm 278 de 17 de mayo de 2013) La presente Ley solo se aplicará a las expropiaciones de fincas rústicas llevadas a cabo en el periodo que abarca desde el 1 de abril de 1931 al 18 de julio de 1939, durante la Guerra Civil se impulsó y continuó con el proceso reformista, pero debido a que dicho periodo esta afectado por la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía (BOE de 17 de octubre de 1977) que en su artículo 2.a incluye los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de Justicia Militar. Pero no se debe obviar que numerosos organismos internacionales en materia de Derechos Humanos se han dirigido al Gobierno de España para su derogación como en 2009, el Comité de Derechos Humanos órgano formado por expertos independientes que vigila el cumplimiento de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, transmitió a las autoridades de nuestro país su recomendación de que considerase la derogación de la Ley de Amnistía, recordando que los delitos de lesa humanidad no prescriben, más recientemente, en febrero de 2012 el representante de la Oficina del Alto Comisionado de9 las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió formalmente al Estado español la derogación de la ley, argumentando que incumplía la normativa internacional sobre Derechos Humanos. En el caso de que a través de procesos políticos o judiciales se allane la posibilidad de poder recuperar las fincas expropiadas por el Gobierno legítimo de la Segunda República durante el periodo de la Guerra Civil, se procederá a desarrollar un marco jurídico similar y adaptado a esa etapa de la Historia del Estado español. La Andalucía democrática tiene una importante deuda con todos/as aquellos/as que por causa de su compromiso con la libertad, con la mejora de las condiciones sociales y con la defensa de un Estado y social y democrático para nuestro Pueblo, fueron víctimas de un Régimen condenado por las doctrinas de las Naciones Unidas sobre crímenes contra la Humanidad por el mero hecho de defender a través de la Reforma agraria un cambio en unas estructuras agrarias ineficientes y socialmente inaceptable sufrieron asesinato, torturas, desapariciones, encarcelamientos, trabajos forzados, entre ellos Blas Infante, víctima del fascismo como consecuencia de su defensa del andalucismo y de los trabajadores sin tierra,. Sirva esta Ley como denuncia del olvido que durante la Transición quedó sumida la labor reformadora llevada a cabo durante la Segunda República especialmente en materia social y en concreto en los procesos de lucha contra la acaparación de tierras.10 Artículo 1.- Objeto. El objeto de la Ley es establecer el régimen jurídico que permita la recuperación de los bienes públicos agrarios, que siendo expropiados a la luz de la legalidad durante la Segunda República, fueron fraudulentamente devueltos por la dictadura franquista a sus antiguos propietarios o a terceros. Artículo 2.- Condición de los bienes públicos agrarios expropiados durante la Segunda República Los bienes públicos agrarios expropiados durante la Segunda República, tienen la condición de bienes de dominio público afectados por Ley a un servicio público como fue el asentamiento de jornaleros en fincas públicas, por lo que de acuerdo con el articulo de la Constitución Española, el artículo 6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. (BOE núm. 264, de 4 de noviembre) y del artículo 18 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm de 9 de mayo) son inalienables, imprescriptibles e inembargables. En ningún caso la recuperación de los bienes públicos agrarios de la Segunda República en Andalucía, puede entenderse como un proceso de expropiación de acuerdo con el artículo 33.3 de la Constitución española. Los bienes públicos agrarios expropiados durante la Segunda República que serán incorporados al Patrimonio Agrario Andaluz, quedando afectados por la presente Ley, con la condición de uso privativo de bienes de dominio público. Articulo 3.- Traspaso de competencias en materia de Reforma agraria El artículo 3.b de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía define entre otros como bienes de dominio público a aquellos bienes y derechos que sean transferidos a la Comunidad Autónoma y se afecten a un uso o servicio público. Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, Estatuto de Autonomía para Andalucía en su articulo 18.1 otorgaba a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131, 149.1, 11 y 13 de la Constitución, la competencia11 exclusiva sobre reforma y desarrollo del sector agrario. El Real Decreto 1129/1984, de 4 de abril sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de reforma y desarrollo agrario publicado conjuntamente en el BOE núm. 144, de 16.de junio de 1984 y en el BOJA núm. 83 de 7 de septiembre de 1984 en su artículo segundo traspasa a la Comunidad Autónoma de Andalucía los servicios del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y los bienes, derechos y obligaciones, y el personal y créditos presupuestarios. La Junta de Andalucía a través de estas disposiciones legales se constituyo como heredera de los bienes y derechos derivados de las acciones de Reforma agraria desarrollada por el Estado, incluidas las realizadas durante la Segunda República. Articulo 4.- La recuperación de los bienes públicos agrarios de la Segunda República en Andalucía. El artículo 28 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, mandata a las Administraciones públicas a proteger y defender su patrimonio. Procurando su inscripción registral, y ejerciendo las potestades administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para ello. El artículo 21 de Ley Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía otorga a esta, la posibilidad de recuperar en cualquier momento la posesión de los bienes demaniales que se hallen indebidamente en posesión de terceros. La recuperación material del bien se producirá una vez adoptado el oportuno acuerdo que le sirva de fundamento. El acuerdo final será ejecutorio y recurrible en vía contencioso-administrativa, pero la decisión de fondo sobre la titularidad del bien o derecho sólo corresponde a la jurisdicción ordinaria, a la que el interesado o la Administración pueden acudir si lo consideran oportuno. No se admitirán interdictos contra la Administración en esta materia. La Junta de Andalucía en virtud de las competencias que tiene asumidas a través de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía, inicia un proceso de recuperación de bienes de titularidad pública, en concreto las fincas rusticas radicadas en nuestra Comunidad Autónoma expropiadas durante la Segunda República, de acuerdo12 con el concepto de imprescriptibilidad enunciado en el artículo de la Constitución española. Artículo 5.- Localización de las fincas afectadas La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tiene la facultad de investigar e inspeccionar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente formen o puedan formar parte de su Patrimonio, a fin de determinar la titularidad de los mismos, cuando ésta no les conste de modo cierto, así como los usos a que son destinados. Corresponde a los órganos competentes de la administración de la Junta de Andalucía el establecimiento de las medidas para la recuperación e identificación de los bienes y derechos públicos agrarios de la Segunda República en Andalucía Artículo 6.- Procedimiento de investigación de los bienes y derechos públicos agrarios de la Segunda República en Andalucía. El procedimiento para la investigación de los bienes y derechos públicos agrarios de la Segunda República en Andalucía se regulará reglamentariamente con sujeción a las siguientes normas: 1.-El procedimiento se iniciará de oficio, por el Director General de Patrimonio, por iniciativa propia, por orden superior, moción razonada de otros órganos o por denuncia de particulares; en este caso, por el órgano directivo que tenga asignadas las funciones patrimoniales, previo informe técnico-jurídico del Servicio de Patrimonio, se resolverá acerca de su admisibilidad, acordándose, en consecuencia, el inicio del procedimiento o el archivo de aquélla, dándose traslado del resultado al denunciante. 2.- La resolución de inicio del procedimiento se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de utilizar adicionalmente otros medios de difusión, y se dará traslado de la misma al Ayuntamiento en cuyo término municipal radique el bien, para su exposición al público en el tablón de edictos. 3.- Todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, están obligadas a colaborar a los fines señalados en este precepto. La falta de colaboración, o el entorpecimiento de la acción investigadora, serán sancionados conforme a lo dispuesto13 en esta Ley. Artículo 7.- Tipo de fincas rústicas recuperables. Tras localizar las fincas y derechos afectados por esta Ley, se procederá de la siguiente manera: 1.-Aquellas fincas rústicas, que vía herencia continúen con los mismos propietarios o se hayan transformado en sociedad, pero en la que los descendientes de los propietarios a los que se les expropió la finca, tengan la mayoría de las acciones de dicha sociedad, se procederá a su recuperación, teniendo sus ocupantes derecho a recibir la indemnización que reglamentariamente se acuerde en desarrollo de la presente Ley, por las mejoras llevadas a cabo en la finca, en cuya valoración se tendrá en cuenta como minusvalía las mejoras de todo tipo que se hayan realizado con fondos públicos a través de alguna linea de subvención. 2.- Aquellas fincas rústicas cuyos ocupantes la hayan adquirido a los antiguos propietarios o a terceros, estos tendrán derecho a una indemnización que reglamentariamente se acuerde en desarrollo de la presente Ley de acuerdo con el valor catastral de la misma. Dicha compensación económica en ningún caso tendrá la condición de expropiación. 3.- Aquellas fincas que se hayan parcelado a través de un proceso de segregación en más de diez propietarios y cuyas parcelas resultantes sean inferiores a 100 hectáreas en secano y 30 en regadío, serán gravadas por una sola vez con una tasa que reglamentariamente se acuerde de acuerdo al valor catastral de la misma que se repartirá de manera proporcional entre los actuales propietarios. 4.-Aquellas fincas rústicas que por su cercanía a núcleos de población, se hayan transformado en suelo urbano, estarán libres de cualquier gravamen. 5.- En el caso que los propietarios de las fincas rusticas objeto de la presente Ley no hubieran recibido en todo o en parte la justa indemnización que por principio se les reconoció por la Segunda República en el desarrollo de sus competencias sobre expropiación y Reforma agraria, se procederá por parte de la Comisión Técnica a calcular el faltante actualizando el importe a la actualidad según el Índice del Valor Constante de la14 Peseta y Euro elaborado por el Banco de España. 6.- Reglamentariamente se regulará el tratamiento de los trabajadores que desarrollen su actividad en las fincas recuperadas, así como los derechos y obligaciones que en cada caso se pudieran haberse generado. Artículo 8.- Acuerdo de recuperación de los bienes públicos agrarios de la Segunda República en Andalucía. Cuando se considere suficientemente acreditada la titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre el bien o derecho, el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública y, previo informe del Comité Técnico para la recuperación e identificación de los bienes y derechos públicos agrarios de la Segunda República en Andalucía, emitirá mediante Decreto el Acuerdo de Recuperación, de cada finca rústica, que incluirá la tasación de la indemnización si procede, procediéndose a su inclusión en el Inventario del Patrimonio de la Comunidad Autónoma y a su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como a la adopción, en su caso, de cuantas medidas sean procedentes para obtener su posesión El Acuerdo de Recuperación será ejecutorio y recurrible en vía contencioso-administrativa. Artículo 9.- Comité Técnico para la recuperación e identificación de los bienes y derechos públicos agrarios de la Segunda República en Andalucía Se crea el Comité Técnico para la recuperación e identificación de los bienes y derechos públicos agrarios de la Segunda República en Andalucía, como un equipo multidisciplinar dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 1.- Sus funciones serán la localización, delimitación y valoración si procede de de los bienes y derechos públicos agrarios de la Segunda República en Andalucía, así como la gestión y el asesoramiento en los distintos casos. 2.- El Comité Técnico estará compuesto por: -Dos historiadores de reconocido prestigio en historia agraria andaluza. -Dos miembros pertenecientes al Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma de la Junta de Andalucía. Dos miembros del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía15 Dos miembros del Jurado Provincial de Expropiación de la provincia en la que se encuentre situada la finca. Dos miembros de la Dirección General de Patrimonio. Dos miembros de la Dirección General de Administración Local. Dos representantes de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias Un miembro de las Reales Academias de Legislación y Jurisprudencia de Andalucía Un miembro del Colegio Notarial de Andalucía Un miembro del Colegio de Registradores de la Propiedad de Andalucía Lo presidirá el Director General de Patrimonio de la Junta de Andalucía, ejerciendo como secretario el Secretario General Técnico de la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley, se nombrará la Comisión Técnica para la recuperación e identificación de los bienes y derechos públicos agrarios de la Segunda República en Andalucía y, se dictara su reglamento de funcionamiento. Artículo 10.- La inscripción registral La inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes y derechos públicos agrarios de la Segunda República en Andalucía, se practicará de conformidad con lo prevenido en la legislación hipotecaria, en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. (BOE núm. 264, de 4 de noviembre) y la Ley 4/1986, de 5 de mayo de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm 40 de 9 de mayo) El Decreto el Acuerdo de Recuperación emitido por el Consejo de Gobierno será título suficiente para proceder a la inscripción a favor de la Administración pública en los los bienes y derechos públicos agrarios de la Segunda República en Andalucía. El acuerdo de iniciación del procedimiento de recuperación e identificación de los bienes y derechos públicos agrarios de la Segunda República en Andalucía se comunicará al Registro de la Propiedad correspondiente a fin de que, por medio de nota al margen de la inscripción de dominio, se tome razón de su incoación.16 Artículo 11.- Deslinde y Amojonamiento En el caso de que la finca recuperada se haya agregado a otras, el Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente procederá a acometer el deslinde y amojonamiento de los bienes de dominio público. Mientras se tramite el deslinde administrativo, no podrán sustanciarse procedimiento de deslinde judicial ni juicios posesorios sobre el mismo objeto. Artículo 12.- Desahucio de los ocupantes 1.- La extinción de los derechos constituidos sobre los bienes y derechos públicos agrarios de la Segunda República en Andalucía, previa indemnización o sin ella, según proceda, en virtud del Acuerdo de Recuperación previa incoación de expediente en el que se dará audiencia a los interesados. 2.- El acuerdo a que se refiere el punto anterior sé notificará a los interesados y, si no hubiera lugar a indemnización, se les requerirá para que desalojen la finca en el plazo señalado por el Acuerdo de Recuperación, que no será inferior a un mes. 3.- En el caso de que hubiese lugar a indemnización, se intentará una avenencia con los interesados o sus representantes legales, a cuyo efecto se les requerirá para que, en el plazo de quince días siguientes contados desde la notificación, formulen proposición sobre la cuantía de aquélla y el plazo necesario para desalojar la finca, con advertencia de que, en todo caso, deberán desalojarla en el plazo de cinco meses. 4.- Si la Consejería de Hacienda y Administración Pública considera atendible la proposición formulada para la determinación de la cuantía de la indemnización, se cumplirá en los términos en que fuese aceptada. 5.- Cuando no se llegase a una avenencia, el importe de la indemnización se fijará con arreglo a las previsiones contenidas en la legislación sobre expropiación forzosa. Sin embargo, la fijación de la indemnización por mutuo acuerdo puede verificarse en cualquier momento del expediente hasta que el Comité Técnico para la recuperación e identificación de los bienes y derechos públicos agrarios de la Segunda República en Andalucía decida acerca del justo precio y, producido el mutuo acuerdo, quedarán sin efecto las actuaciones que se hubieran verificado en relación con la determinación del mismo.17 6.- Fijado el importe de la indemnización y abonado el mismo, o consignado en la Caja General de Depósitos si el interesado se negare a recibirlo, los titulares de derechos personales relativos a la ocupación de la finca deberán desalojarla dentro del tiempo que reste hasta el vencimiento del plazo de cinco meses a que se refiere el punto 3 del presente artículo. 7.- Llegado el momento previsto para la desocupación del bien, sin que se efectuare, la Consejería de Hacienda y Administración Pública requerirá al interesado para que lo desaloje en el plazo de diez días, y si a pesar de ello no lo desaloja, se procederá a ejecutar el desahucio por vía administrativa. 8.-A tal efecto, pasados ocho días siguientes a la expiración del plazo mencionado en el punto anterior, sin que el interesado haya efectuado el desalojo, la Consejería de Hacienda y Administración Pública le apercibirá de lanzamiento si en el plazo de cinco días no realiza aquél, y transcurridos éstos sin llevarse a efecto, dictará resolución escrita ordenando el lanzamiento y señalando el día en que tendrá lugar, de la que se entregará copia al interesado. 9.-El día fijado para el lanzamiento, éste se ejecutará por la Consejería de Hacienda y Administración Pública por sus propios medios y con los auxilios a que, en su caso, hubiere lugar. Para llevar a efecto el lanzamiento, en los casos previstos en el artículo 87.2 de la Ley 0rgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se requerirá la autorización a que tal precepto se refiere Los derechos de ocupación se extinguirán, sin derecho a indemnización, por extinción de el título bajo el cual se hubiere realizado la cesión, por extinción de la relación de empleo, o por cese en el servicio activo distinto de la situación de suspensión provisional. Artículo 13.- Nulidad de las dispositivos judiciales y administrativas. En el plazo de tres meses tras la entrada en vigor de esta ley, la Junta de Andalucía iniciará acciones administrativas o judiciales para la anulación de cualquier acto administrativo o judicial realizados desde un régimen ilegal por el que se hubiese permitido retroceder la propiedad de fincas legalmente expropiadas a sus antiguos18 dueños o a terceros. Articulo 14.- Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma procedentes de los bienes públicos agrarios expropiados durante la Segunda República La Dirección General de Patrimonio confeccionará un Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma procedentes de los bienes públicos agrarios expropiados durante la Segunda República. Articulo 15.- Incorporación de los bienes públicos agrarios expropiados durante la Segunda República al Inventario de fincas del Patrimonio Agrario Andaluz. La Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente, generara un inventario de fincas rústicas procedentes de los bienes públicos agrarios expropiados durante la Segunda República, que se incorporarán al Patrimonio Agrario Andaluz. El inventario, además de los datos censales incluirá información sobre aprovechamientos, capacidades y proyecciones de creación de empleo. Articulo 16.- Titularidad de las Fincas recuperadas El ejercicio de facultades de titularidad sobre los bienes raíces recuperados y sobre los derechos que les son inherente, estarán atribuidos a la Consejería de Hacienda y Administración pública. Articulo 17.- Medidas provisionales Durante la sustanciación de los expedientes regulados en los artículos anteriores, la Administración de la Junta de Andalucía podrá adoptar las medidas provisionales que considere oportunas para salvaguardar la efectividad del acto administrativo que en su día se genere. Disposición adicional Cualquier ingreso o derecho que pudiera recabarse por la aplicación de la presente Ley se incorporará al Fondo Andaluz Antilatifundista. Disposición final Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley Mostrar más
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