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Timestamp: 2020-07-13 15:18:02
Document Index: 355861673

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 335', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 335', 'artículo 25', 'artículo 104', 'artículo 252', 'artículo 336', 'artículo 252', 'artículo 252', 'artículo 252', 'artículo 252', 'artículo 35']

Sentencia nº 1592 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Noviembre de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 593351310
Número de Expediente: 14-0007
Magistrado Ponente: J.J.M.J.
Exp. 14-0007
El 20 de diciembre de 2013, el abogado J.C.P.-Rísquez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 41.184, actuando con el carácter de co-apoderado judicial de SCHLUMBERGER VENEZUELA, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 02 de noviembre de 1990, bajo el n.° 73, Tomo 37-A-Pro, consignó ante esta Sala, escrito contentivo de la solicitud de revisión constitucional de la sentencia n.° 00799, dictada por la Sala Político Administrativa, el 09 de julio y publicada el 10 de julio de 2013, mediante la cual declaró nula la decisión dictada el 26 de abril de 2010, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por lo que resultó improcedente conocer el recurso de apelación interpuesto; válidas las demás actuaciones procesales cumplidas en el curso del proceso ante el referido Juzgado Superior; sin lugar el recurso de nulidad ejercido por los apoderados judiciales de Schlumberger Venezuela, S.A., contra el oficio n.° GF/O/2008-000195 del 6 de mayo de 2008, emitido por la Gerencia de Fiscalización del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), mediante el cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración presentado el 18 de abril de 2008 por la referida empresa y ratificó el contenido del oficio n.° 000015 del 16 de enero de 2008, que determinó a cargo de la recurrente la obligación de pagar la cantidad actual de un millón ochocientos quince mil novecientos noventa y un bolívares con dos céntimos (Bs. 1.815.991,02) por diferencia de aportes dejados de pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y el monto de doscientos treinta y cinco mil setecientos trece bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs. 235.713,43) por rendimientos, para un total de dos millones cincuenta y un mil setecientos cuatro bolívares con cuarenta y cinco céntimos (Bs. 2.051.704,45), durante los ejercicios fiscales comprendidos entre los años 2005, 2006 y 2007; en consecuencia el acto administrativo quedó firme.
Por auto del 07 de enero de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado J.J.M.J., quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.
Revisadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, pasa la Sala a decidir, previas las consideraciones siguientes:
El solicitante expresó, que la sentencia objeto de la presente solicitud de revisión constitucional, vulneró la cosa juzgada y los derechos a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y al debido proceso, establecido en los artículos 26 y 49, numerales 1 y 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, basándose en lo siguiente:
Que la Sala Político Administrativa, conoció y decidió a favor de Schlumberger Venezuela, S.A. el recurso contencioso tributario interpuesto contra el oficio n.° 000015, emitido por la Gerencia de Fiscalización del Banavih, el 16 de enero de 2008 “que estableció a cargo de la recurrente la obligación de pagar Dos Millones Cincuenta y Un Mil Setecientos Cuatro Bolívares con Cuarenta y Cinco Céntimos (Bs. 2.051.704,45): El reparo había sido impuesto por la supuesta diferencia de aportes dejados de pagar al FAOV durante los ejercicios fiscales comprendidos entre los años 2005, 2006 y 2007”.
Reiteró el solicitante, que en la sentencia dictada el 26 de abril de 2011 por la Sala Político Administrativa, se puso fin a la controversia suscitada entre Schlumberger de Venezuela, S.A. y Banavih, confirmando la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que determinaba que Schlumberger Venezuela, S.A., había efectuado sus aportes correctamente “por lo que el monto pagado bajo protesto de Bs. 2.051.704,45 fue calificado como un crédito fiscal a su favor”.
Alegó, que:
(…) En fecha 9 de julio de 2013, es decir, más de dos (2) años después de haber culminado el proceso y de haber quedado definitivamente firme la sentencia de la SPA (sic) del TSJ (sic) ocurrió algo sorprendente, y es que la SPA del TSJ emitió una nueva sentencia sobre el caso, ahora declarando sin lugar el Recurso de Nulidad intentado por SCHLUMBERGER (sic). Es decir, ignoró absolutamente el hecho que dicha causa había sido sentenciada por la misma Sala, y que había generado cosa juzgada y derechos subjetivos a favor de SCHLUMBERGER (sic).
Indicó, que la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa se basó en la sentencia n.° 1771, dictada por la Sala Constitucional el 28 de noviembre de 2011, que “fijó el criterio vinculante según el cual los aportes al FAOV son parte del régimen prestacional de vivienda y hábitat y del sistema de seguridad social, y no responden al concepto de parafiscalidad, por tanto se encuentran al margen del sistema tributario”.
Que el carácter extensivo ordenado por la Sala Constitucional, “debe interpretarse en consonancia con el resto de los derechos y principios constitucionales, así como con la doctrina constitucional que de forma reiterada y pacifica ha emanado de esta Sala. De esta manera, la orden proferida por la Sala de hacer extensiva la decisión a todas aquellas sentencias que versen sobre la materia, no podría incluir aquellas sentencias definitivamente firmes”.
Sostuvo el solicitante que:
(…) la interpretación que debe darse al carácter extensivo de la sentencia N° 1771 de fecha 28 de noviembre de 2011, dictada por la SC (sic) del TSJ (sic) es que: (i) resulta aplicable a todos los juicios nuevos, (ii) resulta aplicable a todos los juicios que ya estén en trámite. Incluso aquellos juicios que hayan sido sentenciados en primera instancia, en cuyo caso, consideramos que debían reponerse al estado de sentenciar nuevamente para garantizar el principio de la doble instancia. No obstante, aquellos juicios terminados, archivados, en los que ya hubo sentencia definitivamente firme, no podría el Tribunal, en este caso, la SPA del TSJ reabrir el juicio para decidirlo de nuevo pues ya operó la cosa juzgada, que en un Estado de Derecho, es inquebrantable.
Que la Sala Constitucional reconoció que la cosa juzgada es inquebrantable y de extrema protección según lo establecido en el artículo 49, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como se expresó en la sentencia n.° 1871, del 01 de diciembre de 2011, caso: A.A..
Asimismo sostuvo el solicitante:
Que la SC (sic) del TSJ (sic) reconoce que la cosa juzgada es inquebrantable y sólo ha permitido una Revisión Constitucional del fallo bajo circunstancias extraordinarias cuando hayan sido vulnerados principios y derechos constitucionales. Sin embargo, la competencia para ejercer esta revisión la tiene únicamente la SC (sic) del Tribunal Supremo de Justicia (sic), por lo que la SPA (sic) del Tribunal Supremo de Justicia (sic) no podría, como lo hizo en este caso, anular su propia sentencia definitivamente firme ni siquiera bajo el pretexto de que está aplicando una sentencia de la SC (sic) del TSJ, pues ello violenta la cosa juzgada, y los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la defensa.
Concluyó expresando que fue vulnerada la cosa juzgada, por cuanto el criterio vinculante fue dictado en noviembre de 2011 y la sentencia que quedó definitivamente firme fue dictada en abril de 2011.
En cuanto a la violación de la confianza legítima y la seguridad jurídica, derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en los artículos 21 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, indicó que las sentencias nros 401, del 19 de marzo de 2004, caso: Servicios La Puerta, S.A.; 438, del 04 de abril de 2001, caso: Siderúrgica del Orinoco, C.A.; 3702, del 19 de diciembre de 2003, caso: S.G.; 3057, del 14 de diciembre de 2004, caso: Seguros Altamira, C.A.
Sostuvo, el apoderado actor, que según el principio de igualdad ante la ley, no es admisible que un criterio interpretativo de carácter singular emitido por un órgano administrativo o judicial pretenda limitar o negar derechos de manera irrazonable cuando esos mismos derechos han sido otorgados a otros en circunstancias similares y ante la aplicación de las mismas normas (Briceño León, Humberto. “El Valor del precedente en el Derecho Administrativo Venezolano”. Derecho Procesal Administrativo. Vadell Editores, Valencia, 1995, pág. 72).
Que de acuerdo a lo expresado anteriormente, los principios de igualdad ante la Ley, así como el de seguridad jurídica y el de confianza legítima, obligan a la Administración y a los órganos jurisdiccionales a aplicar a cada caso nuevo, el mismo criterio interpretativo y que si hubiese cambios de criterio, serían aplicables a futuro, a fin de proteger la expectativa del que acude al órgano administrativo o jurisdiccional, de que le será aplicado el criterio que ha sido utilizado en casos similares.
Refirió, que el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “establece el carácter vinculante que poseen las interpretaciones que establezca la SC del TSJ sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, lo que a su vez protege dos principios jurídicos fundamentales como son la seguridad jurídica y la confianza legítima, contenidos dentro del derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva previstos en los artículos 21 y 26 de la CRBV”.
Que en el presente caso se ha perjudicado la confianza legítima y seguridad jurídica de Schlumberger Venezuela, S.A. respecto a las personas e instituciones que colaboran en el funcionamiento de la administración de justicia “ello en virtud de la decisión de la SPA del TSJ dictada en clara contravención con el criterio vinculante de esta SC del TSJ (…) según la cual los aportes al FAOV constituían contribuciones parafiscales a los cuales debía aplicarse las normas tributarias”.
Que la Sala Político Administrativa venía estableciendo reiteradamente que la base imponible para efectuar los aportes era el salario normal devengado por el trabajador.
Insistió, que el criterio establecido por la Sala se hace extensible a las sentencias que hayan contrariado el criterio por orden de la propia Sala Constitucional, “pero es el caso, que para la fecha en que esta SC del TSJ dictó la sentencia que cambió el criterio, ya el p.d.S. (sic) había culminado 7 meses antes por sentencia definitivamente firme de la SPA del TSJ”.
Finalmente, aseveró que se estaría aplicando retroactivamente el viraje jurisprudencial y por tanto, violentando la confianza legítima de su representada, así como la tutela judicial efectiva.
El 09 de julio de 2013, la Sala Político Administrativa dictó sentencia n.° 00799, y publicada el 10 de ese mismo mes y año, en la cual declaró:
1) Dejó sin efectos jurídicos la sentencia n.° 00516, dictada por la referida Sala el 27 de abril de 2011, atendiendo al criterio vinculante de la Sala Constitucional, contenido en el fallo n.° 1771, del 28 de noviembre de 2011; 2) Nula la sentencia definitiva n.° 1703, del 26 de abril de 2010, dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por lo que resultó improcedente conocer del recurso de apelación ejercido; 3) Válidas las demás actuaciones procesales cumplidas en el curso del proceso ante el referido Juzgado Superior; 4) Sin lugar el recurso de nulidad ejercido por los apoderados judiciales de Schlumberger Venezuela, S.A. contra el oficio signado con el alfanumérico GF/O/2008-000195, del 06 de mayo de 2008, emitido por la Gerencia de Fiscalización del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), mediante el cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración presentado el 18 de abril de 2008, por la referida empresa y ratificó el contenido del oficio n.° 000015 del 16 de enero de 2008, que determinó a cargo de la recurrente la obligación de pagar la cantidad de un millón ochocientos quince mil novecientos noventa y un bolívares con dos céntimos (Bs. 1.815.991,02) por diferencia de aportes dejados de pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y el monto actual de doscientos treinta y cinco mil setecientos trece bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs. 235.713,43) por rendimientos, para un total de dos millones cincuenta y un mil setecientos cuatro bolívares con cuarenta y cinco céntimos (Bs. 2.051.704,45), durante los ejercicios fiscales comprendidos entre los años 2005, 2006 y 2007; en consecuencia el acto administrativo quedó firme; basándose en las consideraciones siguientes:
(…) En atención a la sentencia Nro. 1771 del 28 de noviembre de 2011 de la Sala Constitucional de este M.T. y con ocasión de emitir esta Sala político-Administrativa (sic) el nuevo pronunciamiento, se observa que en reciente sentencia N° 00739 del 21 de junio de 2012, caso: Banco del Caribe, C.A. Banco Universal Vs. Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), esta Sala, además de acoger la doctrina judicial de la Sala Constitucional respecto a la naturaleza no tributaria de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y su imprescriptibilidad, declaró que “la competencia para conocer los recursos de nulidad incoados contra los actos administrativos emanados del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) y de cualquier otro ente púbico encargado de la administración de dicho Fondo, en ejercicio de las facultades de control, inspección, y supervisión atribuidas, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa ordinaria o general”, concretamente, a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, hoy Juzgados Nacionales, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 24, numeral 5, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. (Destacado de esta Sala).
Resuelto lo anterior, pasa esta Sala a conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la sociedad de comercio Schlumberger Venezuela, S.A., tomando en cuenta la doctrina judicial vinculante fijada por la Sala Constitucional del M.T., no sin antes estimar desde este escenario que las actuaciones procesales llevadas a cabo en el curso del juicio de instancia -salvo la sentencia definitiva anulada-, se encuentran ajustadas a derecho por haberse salvaguardado en ellas el derecho a la defensa y al debido proceso de las partes, pues la tramitación del recurso contencioso administrativo de nulidad y la del recurso contencioso tributario, en ningún modo son incompatibles, por ser estos dos recursos medios clásicos de impugnación en sede jurisdiccional de actuaciones emanadas de la Administración. En el primer caso, actos administrativos derivados de la aplicación de leyes administrativas y, en el segundo caso, actos administrativos tributarios, como resultado de la aplicación de normas tributarias, conforme a las disposiciones legales que regulan a ambos recursos, vale decir, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004 (aplicable para el momento de la interposición del “recurso contencioso tributario”), la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (vigente para la oportunidad de decidir el presente recurso) y el Código Orgánico Tributario de 2001; razón por la cual esta Alzada valida los aludidos actos procesales (Vid. sentencias de esta Sala Político-Administriva (sic) Nros. 01527 del 12 de diciembre de 2012, caso: ACBL de Venezuela, C.A. y 00154 del 14 de febrero de 2013, caso: S.d.V., S.A.). Así se declara.
Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca los fallos que hayan sido dictados tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al artículo 25, numeral 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como por los demás Tribunales de la República de acuerdo a lo establecido en el artículo 25, numeral 10 “eiusdem”, pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del texto Fundamental.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, por cuanto fue propuesta ante esta Sala la solicitud de revisión de la sentencia n.° 00799, dictada, el 09 de julio 2013, y publicada el 10 del mismo mes y año, por la Sala Político Administrativa, esta Sala se declara competente para conocerla. Así se declara.
En la oportunidad para decidir, esta Sala observa que se ha solicitado la revisión de la sentencia n.° 00799, dictada por la Sala Político Administrativa el 09 de julio de 2013 y publicada el 10 de ese mismo mes y año, en la cual decidió:
- Dejar sin efectos jurídicos la sentencia n.° 00516 dictada por la referida Sala el 27 de abril de 2011, atendiendo al criterio vinculante de la Sala Constitucional, contenido en el fallo n.° 1771, del 28 de noviembre de 2011;
- Declarar nula la sentencia definitiva n.° 1703, del 26 de abril de 2010, dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por lo que resultó improcedente conocer del recurso de apelación ejercido;
- Que eran válidas las demás actuaciones procesales cumplidas en el curso del proceso ante el referido Juzgado Superior;
- Sin lugar el recurso de nulidad ejercido por los apoderados judiciales de Schlumberger Venezuela, S.A. contra el oficio signado con el alfanumérico GF/O/2008-000195, del 06 de mayo de 2008, emitido por la Gerencia de Fiscalización del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), mediante el cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración presentado el 18 de abril de 2008, por la referida empresa y ratificó el contenido del oficio n.° 000015 del 16 de enero de 2008, que determinó a cargo de la recurrente la obligación de pagar la cantidad de un millón ochocientos quince mil novecientos noventa y un bolívares con dos céntimos (Bs. 1.815.991,02) por diferencia de aportes dejados de pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y el monto actual de doscientos treinta y cinco mil setecientos trece bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs. 235.713,43) por rendimientos, para un total de dos millones cincuenta y un mil setecientos cuatro bolívares con cuarenta y cinco céntimos (Bs. 2.051.704,45), durante los ejercicios fiscales comprendidos entre los años 2005, 2006 y 2007; en consecuencia el acto administrativo quedó firme.
En efecto, la representación de la solicitante alegó que la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa, objeto de la presente revisión, vulneró los principios constitucionales a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima y a la tutela judicial efectiva.
En tal sentido, hasta la fecha, la jurisprudencia ha sido reiterada en señalar la facultad discrecional de esta Sala Constitucional para revisar sentencias emanadas de otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia, todo lo cual fue recogido expresamente por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Al respecto, la sentencia n.° 93, del 06 de febrero de 2001, caso: Corpoturismo, señaló lo siguiente:
(…) esta Sala, al momento de ejecutar tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, de acuerdo a una interpretación uniforme de la Constitución, y en consideración de la garantía de la cosa juzgada, está obligada, a ser excesivamente prudente en cuanto a la admisión y procedencia de recursos que pretendan la revisión de sentencias que han adquirido dicho carácter de cosa juzgada judicial…
Esta Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión, (...) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales (…).
Atendiendo a lo expuesto, esta Sala observa que la decisión dictada por la Sala Político Administrativa, de anular la decisión emitida, el 26 de abril de 2010, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, lo hizo atendiendo estrictamente a la sentencia de esta Sala n.° 1771 del 28 de noviembre de 2011, en la cual se determinó la no compatibilidad de la naturaleza de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) con el concepto de parafiscalidad y, por tanto, se consideraron los referidos aportes al margen de las normas del Derecho Tributario.
Es así como, en cumplimiento de lo ordenado por esta m.i. constitucional en la referida sentencia n.° 1771, del 28 de noviembre de 2011, en la cual esta Sala acordó el carácter extensivo de dicha decisión, aplicable a todos aquellas casos que versen sobre la misma materia y que hubiese contrariado el criterio establecido por esta Sala en cuanto a los aportes que corresponden al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV), la Sala Político Administrativa dictó nuevo pronunciamiento conforme a la normativa aplicable y analizó los alegatos formulados por las partes, desestimando en forma razonada los vicios denunciados por la empresa SCHLUMBERGER VENEZUELA, S.A.
Por tanto, esta Sala estima que el fallo objeto de la presente solicitud de revisión no viola principios ni garantías constitucionales, así como tampoco contradice criterio alguno de esta M.i. constitucional, pues dio fiel cumplimiento a lo ordenado en la sentencia n.° 1771/2011 antes mencionada, siendo que la lectura detenida del escrito de revisión, evidencia una inconformidad de dicha empresa con la decisión dictada en esta oportunidad por la Sala Político Administrativa, que le fue adversa a sus intereses, al declarar, finalmente, sin lugar el recurso ejercido contra el acto emanado del BANAVIH, que determinó la obligación de pagar la cantidad actual de un millón ochocientos quince mil novecientos noventa y un bolívares con dos céntimos (Bs. 1.815.991,02) por diferencia de aportes dejados de pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y el monto actual de doscientos treinta y cinco mil setecientos trece bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs. 235.713,43) por rendimientos, para un total de dos millones cincuenta y un mil setecientos cuatro bolívares con cuarenta y cinco céntimos (Bs. 2.051.704,45), durante los ejercicios fiscales comprendidos entre los años 2005, 2006 y 2007; y en consecuencia, dejar firme el acto administrativo antes referido.
De esta forma, visto que la solicitud de revisión es potestativa de la Sala, resulta evidente que el presente caso no contribuirá a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, y menos aun cuando, en este caso, ya que no se dan ninguno de los supuestos de procedencia de la revisión constitucional que establece el artículo 25, numeral 11, del de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Por estos motivos, esta Sala considera que la presente solicitud de revisión constitucional se debe declarar no ha lugar. Así se declara.
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara: NO HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional de la sentencia n.° 00799, dictada por la Sala Político Administrativa, el 09 de julio y publicada el 10 de julio de 2013, mediante la cual declaró nula la decisión dictada el 26 de abril de 2010, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por lo que resultó improcedente conocer el recurso de apelación interpuesto; válidas las demás actuaciones procesales cumplidas en el curso del proceso ante el referido Juzgado Superior; sin lugar el recurso de nulidad ejercido por los apoderados judiciales de Schlumberger Venezuela, S.A., contra el oficio n.° GF/O/2008-000195 del 6 de mayo de 2008, emitido por la Gerencia de Fiscalización del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), mediante el cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración presentado el 18 de abril de 2008 por la referida empresa y ratificó el contenido del oficio n.° 000015 del 16 de enero de 2008, que determinó a cargo de la recurrente la obligación de pagar la cantidad de un millón ochocientos quince mil novecientos noventa y un bolívares con dos céntimos (Bs. 1.815.991,02) por diferencia de aportes dejados de pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y el monto de doscientos treinta y cinco mil setecientos trece bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs. 235.713,43) por rendimientos, para un total de dos millones cincuenta y un mil setecientos cuatro bolívares con cuarenta y cinco céntimos (Bs. 2.051.704,45), durante los ejercicios fiscales comprendidos entre los años 2005, 2006 y 2007; en consecuencia el acto administrativo quedó firme.
Exp. N° 14-0007
Quien suscribe, Magistrada L.E.M.L., conforme a la atribución que le reconoce el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, presenta el voto salvado que sigue respecto del fallo que antecede, en el cual la mayoría sentenciadora declaró NO HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional de la sentencia n.° 799, dictada el 9 de julio y publicada el 10 de julio de 2013, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
Para quien disiente, la Sala coherente con su pacífica y reiterada jurisprudencia debió declarar ha lugar la solicitud de autos, toda vez que la decisión impugnada en revisión constitucional, previa a las consideraciones de fondo que posteriormente efectúa en la motivación del fallo, dejó “sin efectos jurídicos” la sentencia dictada por la misma Sala el 27 de abril de 2011 y que había resuelto con anterioridad el recurso de apelación contra el fallo de fecha 26 de abril de 2010, dictado por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fundándose para proceder a decidir nuevamente el referido caso en la sentencia de esta Sala Constitucional n.° 1171 del 28 de noviembre de 2011.
Al efecto, se aprecia –en primer lugar- que la Sala Político Administrativo anuló una sentencia definitiva dictada por ella misma y en el mismo caso [en la cual se había resuelto la apelación 2 años antes -27 de abril de 2011-], contrariando de manera clara y evidente lo establecido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil cuando dispone: “Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado”.
Así, se aprecia que tanto la sentencia impugnada como la decisión de la cual se disiente, tergiversa los conceptos jurídicos de la sentencia dictada por esta Sala y finalmente, los limites jurisdiccionales del juez contencioso administrativo, el cual no posee las facultades de revisión constitucional, por ser exclusivas de esta Sala Constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 336 del Texto Constitucional y 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia-
En este orden de ideas, se advierte que de haberse estimado que el punto n.° 3 del dispositivo del fallo n.° 1771/2011, mediante la extensión de los efectos, no la facultaba para proceder a la declaratoria de nulidad de una sentencia definitiva previamente dictada por ella, y en la cual ya no tenía competencia, atendiendo al o establecido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, sino que debió efectuar una serie de consideraciones sobre su competencia previa; en atención a que en el referido caso se había dictado sentencia definitivamente firme, cuestión que no fue advertida de manera expresa y categórica, ya que de haberse estimado lo mismo, se habrían denotado las evidentes lesiones constitucionales que acarrea que un mismo órgano jurisdiccional pueda anular sus propios fallos después de haberse emitido un pronunciamiento sobre los mismos.
Así, lejos queda la discusión sobre un cambio intempestivo de la jurisprudencia o la aplicación de un criterio de manera retroactiva, ya que lo se encuentra objeto de discusión en la presente revisión constitucional, implica la reapertura por un mismo órgano jurisdiccional, de manera oficiosa, de un caso previamente decidido, declarándose la cesación de los efectos de una decisión con carácter de definitivamente firme, sin que se tenga competencia para ello, o sea objeto de una revisión constitucional por parte de la Sala Constitucional.
Además, debe destacarse que en aquellos casos donde ha fijado la extensión de efectos de sus fallos, tal petición es efectuada ante la propia Sala, es decir, en el presente caso, sería la Sala Constitucional, por cuanto es ésta la competente para verificar la similitud de los presupuestos como consecuencia de la fase de ejecución, razón por la cual, la competencia para determinar los efectos anulatorios de un caso ya decidido por otra Sala o que quede “sin efectos jurídicos” como paradójicamente afirma la Sala Político Administrativa, le corresponde con carácter exclusivo a la Sala Constitucional mediante la solicitud de revisión, salvo el supuesto que haya sido dictada por un superior, en cuyo caso la precitada Sala Político si podía declarar la nulidad por poseer la competencia para ello.
En este orden de ideas, conviene destacar sentencia de esta Sala n.° 4608/2005, en la cual en un caso similar al de autos, dispuso:
La solicitante denunció que tal decisión vulneró sus derechos constitucionales a la defensa y a la tutela judicial efectiva, por cuanto infringió lo establecido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que prohíbe a los jueces reformar o revocar una sentencia después de pronunciada.
Ahora bien, respecto a la revisión del fallo objeto de la presente solicitud, la Sala estima oportuno atender a lo establecido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala lo siguiente:
‘Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.(Resaltado de la Sala)
Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.’
De la norma procesal antes transcrita se extrae, la imposibilidad de que un tribunal revoque o reforme su propia decisión -sea definitiva o interlocutoria sujeta a apelación-, lo cual responde a los principios de seguridad jurídica y de estabilidad e inmutabilidad de las decisiones judiciales. (vid. sentencia 2035/2001 caso: Henders Socorro)
Sin embargo, valoró el Legislador que ciertas correcciones, en relación con el fallo que haya sido dictado, sí le son permitidas al tribunal, por cuanto no vulneran los principios antes mencionados, sino, por el contrario, permiten una eficaz ejecución de lo que decidió. Estas correcciones al fallo, conforme al único aparte del citado artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se circunscriben a: i) aclarar puntos dudosos; ii) salvar omisiones; iii) rectificar errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia; iv) dictar ampliaciones, lo cual debe hacerse dentro del plazo legal y a solicitud de parte. (vid. sentencia 2114/2003 caso: G.C.S. y M.D. de Castillo)
Bajo esa premisa, la Sala observa, que en el caso de autos la Sala de Casación Civil erró al anular una decisión dictada por ella misma, y contrarió la prohibición expresa que existe para los jueces de reformar una sentencia una vez dictada, y menos aún de anularla, pues tal situación abriría las puertas a un caos que incidiría en inseguridad jurídica para los justiciables.
Así, se estima que la Sala de Casación Civil violentó los derechos constitucionales de la solicitante y se apartó de la doctrina vinculante de la Sala Constitucional, pues al dejar sin efecto y sin ningún valor jurídico una decisión definitivamente firme dictada por ella, quebrantó el equilibrio procesal, lo cual se traduce en indefensión de la ciudadana Maritza Biatriz Escalona Pérez
En consecuencia, se observa que en el presente caso, a diferencia de lo expresado por la mayoría sentenciadora, debió -a fin de garantizar lo dispuesto por esta Sala en el fallo n.° 1171/2011-, extender los efectos del referido fallo, previa declaratoria ha lugar la revisión constitucional, en virtud de la violación patente y flagrante al principio a la seguridad jurídica y a la inmutabilidad de la cosa juzgada, ya que el presente caso había sido decidido con anterioridad -2011- por la propia Sala Político Administrativa, y como consecuencia de ello, proceder a la subsiguiente anulatoria de la sentencia objeto de revisión y decidir el presente caso, sin reponer la causa, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, declarando la firmeza de los actos impugnados, al no requerir una nueva actividad probatoria en el presente caso.
Exp. Nº 14-0007