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Timestamp: 2018-08-16 20:28:25
Document Index: 146366626

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 75', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6']

Real Decreto 371/1987, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto-Ley 2/1986, de 23 de mayo, de estiba y desestiba. TITULO II. Gestión del servicio público
La gestión del servicio público de estiba y desestiba de buques se realizará de forma indirecta por personas naturales o jurídicas mediante contrato, en los términos previstos en la legislación de contratos del Estado, y de acuerdo con las bases para la gestión del servicio público que se fijarán por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (artículo 4.º del Real Decreto-Ley).
Estas bases deberán contener, como mínimo, las siguientes menciones:
a) La exigencia de requisitos de infraestructura y solvencia técnica y económica, y de niveles adecuados en la plantilla de personal propio para el acceso por las empresas estibadoras a la citada gestión.
b) La obligatoriedad para las empresas estibadoras de observar en el desarrollo de las operaciones de gestión un rendimiento mínimo.
c) La asunción por las empresas estibadoras de cuantas responsabilidades les puedan corresponder frente a la Administración, frente a los trabajadores portuarios, frente a los destinatarios del servicio y frente a terceros afectados en el desarrollo de las operaciones de estiba y desestiba.
d) La fijación como causas de extinción del contrato, además de las contenidas en el artículo 75 de la Ley de Contratos del Estado, de las siguientes: El incumplimiento de los requisitos de infraestructura y solvencia exigidos para el acceso a la gestión; el incumplimiento de las obligaciones asumidas sobre utilización temporal de trabajadores portuarios y la efectiva consecución de los rendimientos mínimos fijados; la pérdida de la condición de socio de la sociedad estatal correspondiente, y el incumplimiento de las limitaciones tarifarias.
Todas las personas que deseen intervenir en la gestión del servicio público de estiba y desestiba deberán participar en el capital de las Sociedades Estatales reguladas en el título III del Real Decreto-Ley 2/1986. Tales personas, a efectos de esta norma se denominarán empresas estibadoras (artículo 5.1 del Real Decreto-Ley).
El nivel de participación en el capital social se determinará en los Estatutos de cada Sociedad teniendo en cuenta, al menos, los siguientes criterios objetivos:
a) Plantilla de trabajadores fijos disponibles, tanto en la infraestructura administrativa como para la realización de las tareas portuarias.
b) Inversión en medios mecánicos.
c) Cánones anuales por ocupación de superficie y por utilización de obras e instalaciones del puerto.
d) Volumen anual de mercancías manipuladas.
e) El grado de participación en el tráfico portuario en los distintos puertos del Estado.
f) El volumen anual de salarios abonados en la actividad portuaria (artículo 5.2 del Real Decreto-Ley).
La concurrencia de estos criterios será exigible tanto en el momento de su constitución, como durante la existencia de dichas Sociedades.
El nivel de participación inicialmente establecido se revisará en los plazos que se determinen en los Estatutos de constitución de la sociedad estatal, por aplicación de los anteriores criterios (artículo 5.3 del Real Decreto-Ley).
1. Las tarifas máximas exigibles por los servicios prestados por las empresas estibadoras serán fijadas por la administración portuaria competente (artículo 6.1, del Real Decreto-Ley).
2. Las bases para la fijación de las tarifas máximas exigibles para los servicios prestados por las empresas estibadoras serán establecidas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta conjunta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, previo informe del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, oída la Junta Superior de Precios.
3. Para la fijación de estas tarifas máximas se tendrá en cuenta la valoración de los factores como los tipos de carga, los rendimientos, la competitividad internacional y la coordinación intermodal de los transportes nacionales, utilizándose la estructura clasificadora dimanante de la integración de los siguientes criterios: Medio de carga y descarga, tipo y medida de la unidad de transporte y naturaleza de la mercancía transportada.
4. Las tarifas máximas se establecerán, para cada puerto, por acuerdo del Consejo o Junta de la entidad u organismo portuario respectivo, oído el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma con competencia en materia de fijación de precios.