Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-navarra-960508-30-06-2000-92451
Timestamp: 2020-08-12 04:24:58
Document Index: 296670620

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 121', 'artículo 145', 'artículo 117']

Resolución de TEAF Navarra, 960508, 30-06-2000 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 960508 de 30 de Junio de 2000
Solicita el interesado en primer lugar, que se aplique la normativa del Estado por la que prescribe el acta inspectora y las liquidaciones basadas en ella, si se paralizan las actuaciones durante más de seis meses, a la vez que se tomen en consideración los gastos deducibles que alega, cuya negativa no ha sido suficientemente justificada. No cabe aplicar en Navarra la normativa del Estado, por cuanto las atribuciones de las Secciones Inspectoras de ambas Haciendas son muy distintas, pero se estima parcialmente el recurso, al omitir las actas inspectoras elementos esenciales en cuanto a las partidas de gastos, ordenándose la retrotracción del expediente al momento inmediatamente anterior al de la extensión del Acta de Inspección.
1º) Posibilidad de prescripción de actuación inspectora si se suspenden las actuaciones durante más de seis meses. 2º) Nulidad de acta inspectora por omisión de elementos esenciales que produce indefensión en el contribuyente.
Visto escrito presentado por Don (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en Pamplona, en relación con liquidación derivada de Acta suscrita en disconformidad por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1988.
PRIMERO.- Por la Inspección de la Hacienda de Navarra se iniciaron actuaciones tendentes a la comprobación y, en su caso, regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo en relación con el Impuesto y año de referencia, derivando en el Acta suscrita en disconformidad número (?), que contenía la correspondiente propuesta inspectora.
SEGUNDO.- A la vista del Acta, del preceptivo informe ampliatorio de la Inspección y de las alegaciones del interesado, dio la Sección gestora en dictar acto administrativo confirmatorio de aquella propuesta inspectora, girándose a continuación la oportuna liquidación. Y contra dichos actos administrativos viene ahora el interesado a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (?) de 1996, señalando que debe aplicarse supletoriamente la normativa del Estado en materia de interrupción de las actuaciones inspectoras por plazo superior a seis meses; que no se halla suficientemente justificada la consideración de determinadas amortizaciones como excesivas, singularmente en lo que se refiere a los equipos informáticos, dadas las especiales circunstancias de obsolescencia que concurren en este tipo de inmovilizado; que, a su juicio, están suficientemente justificados los gastos de locomoción en que ha incurrido el sujeto pasivo, tanto en lo que se refiere a la realidad de los desplazamientos realizados como en lo relativo a la cuantía por kilómetro, que debe ser la misma que se recoge en la normativa vigente para los rendimientos de trabajo; que, a su juicio, se hallan también suficientemente justificados los gastos satisfechos a la comunidad de propietarios para lo que aporta la oportuna documentación. Solicita, pues, la anulación de todas las actuaciones por haber prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria a través de la oportuna liquidación o, en su defecto, la toma en consideración de los gastos deducibles a los que más arriba se ha aludido.
PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento, aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, de 19 de junio de 1981, habiendo sido interpuesto en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.
SEGUNDO.- A propósito de la pretensión de que se declare invalidez del acta de inspección por haber transcurrido más de seis meses desde el momento en que la tal se extendió y hasta que se dictaron la oportuna liquidación de ella derivada. Ciertamente ha venido a señalar el Tribunal Supremo, en Sentencia que el recurrente cita, de 28 de febrero de 1996 (aunque con un muy atendible voto en contra del magistrado Alfonso Gota Losada), que el artículo 31.4.a) del Reglamento de Inspección de régimen común está contemplado no sólo lo que tradicionalmente han sido las actuaciones inspectoras propiamente dichas sino también la subsiguiente actividad de gestión liquidadora llevada a cabo por el Servicio de Inspección en relación con esas actuaciones. Y, según ello, si, iniciada una actuación inspectora antes (obviamente) de haberse producido la prescripción extintiva (o, por mejor decir, caducidad) del derecho (o, mejor, facultad) de la Hacienda Pública para determinar una deuda tributaria mediante correspondiente liquidación, se suspenden durante más de seis meses las actuaciones (en la ya dicha global consideración de las estrictamente inspectoras y de las subsiguientes de liquidación también encomendadas al Servicio), ocurrirá que, si entretanto se ha completado el plazo de cinco años de prescripción extintiva, desaparecerá aquel carácter, interruptor de ésta, que tuvo la iniciación de las actuaciones inspectoras, de suerte que, si no se han dado otros hechos interruptores, el transcurso de aquel plazo se habrá consumado y habrá llegado a alcanzarse la real y efectiva prescripción extintiva. Obviamente, todo ello resulta ser una consecuencia del empeño en encomendar a la Inspección funciones y competencias (las de practicar liquidaciones tributarias) que hasta entonces le habían sido ajenas; competencias, en fin, que, atribuidas que le fueron de modo no muy regular en un principio (Real Decreto 412/1982, de 12 de febrero, que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo), acabaron siendo definitivamente fijadas por la Ley 10/1985, de modificación parcial de la Ley General Tributaria. Ahora bien: en Navarra no se ha dado una similar atribución de esas funciones liquidadoras al Servicio de Inspección. Es decir, en Navarra se ha optado con absoluta claridad por mantener para la Inspección las estrictas funciones (de investigación y de comprobación) que tradicionalmente ha venido ostentando el Servicio, sin el añadido de funciones liquidadoras; ese designio de la normativa navarra resultaría torcido por vía de una imposible aplicación supletoria (tal como el recurrente pretende) de la específica normativa que en el Estado regula semejante materia. Problemático resultaría, por otra parte, pretender que, ante la falta de señalamiento, en la normativa de Navarra, de un plazo similar al de aquel artículo 31.4.a) del Reglamento de Inspección del Estado, hubiere de traerse al respecto (y también con carácter supletorio) la normativa procedimental general (la de Navarra o, en hipotética segunda supletoriedad, la del Estado) con plazos eventualmente más breves de ultimación de actuaciones, bien entendido que, en todo caso, la pretendida invalidez del acta aquí examinada no tendría apoyo alguno, habida cuenta de que la correspondiente normativa navarra, como se ha dicho, no aglutina en manos de la Inspección las actuaciones inspectoras y las subsiguientes actuaciones liquidadoras. Sí transcurrieron más de seis meses entre la extensión del acta y la adopción, por parte de la Sección gestora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de correspondiente Acuerdo fundamentador de la liquidación a practicar en el caso; pero ello ya no fueron actuaciones inspectoras, que se ultimaron con el acta y el informe adicional, de la misma fecha que aquélla; y, aun en el supuesto de hallarse establecido un plazo para que la Sección gestora realice sus actuaciones, estaría por ver si un tal plazo hubiere de serlo de caducidad. En fin, principalmente y sobre todo ha de decirse que, aun en el supuesto de que en Navarra se hubiese dictado una normativa del mismo corte que la de régimen fiscal común (por un lado, atribución al Servicio de Inspección de funciones de inspección y comprobación y de práctica de subsiguientes liquidaciones; por otro, plazo máximo para la suspensión injustificada de las actuaciones de la Inspección), tendríamos que ello en modo alguno habría significado la invalidez de actuaciones inspectoras pretendida por el recurrente, pues una tal normativa (que contuviese un precepto de contenido coincidente con el del artículo 31.4.a) del Reglamento de Inspección del Estado) sólo estaría hablando de posible carencia de virtualidad interruptora de la prescripción extintiva por parte de un acta (de su incoación) y no de invalidez o de ineficacia del acta a otros efectos; se estaría hablando simplemente de que el decurso del plazo de prescripción no se vería en absoluto afectado por unas actuaciones inspectoras viciadas por una semejante suspensión, con lo que, en el caso de no darse otros distintos hechos interruptores de la prescripción extintiva, ésta vendría a alcanzarse de modo natural y desconectada del hecho de haberse iniciado tales actuaciones inspectoras.
TERCERO.- Antes de entrar en las alegaciones formuladas por el interesado acerca de las cuestiones que afectan propiamente al fondo de los actos administrativos impugnados, resulta procedente, dado el carácter revisor de las funciones atribuidas a este Organo, abordar a continuación lo referente a una hipotética invalidez de las actuaciones llevadas a cabo y de las liquidaciones en ellas basadas, y ello en relación con el punto de no haberse dado concreción en cuanto a algunas cifras de gastos (innominados) cuya deducibilidad queda rechazada en el acta y en las liquidaciones, de forma tal que con ello se produce correspondiente aumento de las bases imponibles. Y a este respecto resultan muy de tener en cuenta los razonamientos que, en pro de la invalidez de lo actuado, se contienen en diversas Sentencias y Resoluciones que han venido siendo de reiterada cita por este Organo en ocasiones anteriores. Así el pronunciamiento del Tribunal Económico Administrativo Central de 6 de abril de 1994, que, por referencia al artículo 121.2 de la Ley General Tributaria en su formulación entonces vigente, señalaba que su inobservancia "no sólo produce la indefensión del contribuyente al desconocer los motivos que llevaron a la Inspección a practicar la liquidación impidiendo su efectiva impugnación, sino que obstruye el ejercicio de las funciones revisoras que tiene encomendadas este Tribunal, impidiéndose conocer si el acta y liquidación girada lo fue o no con arreglo a Derecho, defecto, por otra parte, que deriva de la exigencia del artículo 145 de aquella Ley General en cuanto que exige la constancia en el acta de los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo; que en el presente caso el actuario se limitó a rectificar el criterio de imputación de los ingresos y gastos expresados y comunicados a la Administración por el interesado, sin señalar el porqué de tal rectificación; motivos que obligan a este Tribunal a declarar la nulidad del acto administrativo enjuiciado, por los defectos formales advertidos, y ello sin perjuicio de las nuevas actuaciones inspectoras que procedan, en su caso". Similarmente la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 16 de marzo de 1993, que establece que "al ser las actas los documentos en los que se deben fundamentar las liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones inspectoras, en las mismas deben constar, obligatoriamente, todos los elementos cuantitativos de la deuda tributaria, sin que pueda existir válidamente omisión de ninguno y sin que en ningún momento se pueda producir duda que conlleve la indefensión del interesado. La determinación de los elementos esenciales del hecho imponible y la posterior cuantificación económica de la deuda tributaria debe quedar expresamente delimitada, en el sentido de que no exista la menor duda de dónde proceden los elementos del hecho imponible y, asimismo, las cifras consignadas en el acta", agregando que "cualquier infracción de las normas citadas anteriormente (se refiere a los artículos 140 a 146 de la Ley General Tributaria y al correspondiente Reglamento General de la Inspección de los Tributos, de régimen común) conllevará la nulidad del acta por afectar al principio constitucional de presunción de inocencia, al provocar la indefensión del interesado". Así también una Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de 23 de noviembre de 1993, según la cual, tras señalar que la cuantificación del hecho imponible en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas precisa el cómputo de las correspondientes y bien distintas partidas positivas y negativas que en el caso se den, lo que implica constancia en las actas de los hechos resultantes de la actuación de la Inspección, exigencia que alcanza también a las actas firmadas en conformidad, en que el interesado acepta su contenido, muestra que en el supuesto objeto de su consideración "el acta de conformidad impugnada se limita, en el aspecto que ahora se examina, a incrementar la base imponible declarada señalando la cifra de ingresos y la de costes y gastos, omitiendo la descripción de los mismos y la cita de las normas que niegan su deducibilidad quedando subsumidos los hechos en normas que el actuario entiende de aplicación pero que no explicita, produciendo indefensión no subsanada por la conformidad del interesado, que carece de validez conforme al artículo 117.2 LGT e impidiendo la comprobación de posibles errores materiales (o la revisión de) la indebida aplicación de normas jurídicas, motivos que obligan a este Tribunal a declarar la nulidad de la citada acta por los defectos formales advertidos, y ello sin perjuicio de las nuevas actuaciones inspectoras que procedan". En fin, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 20 de junio de 1994, abunda en la consideración de que "la omisión en las actas de los elementos esenciales del hecho imponible no solamente produce indefensión al contribuyente sino que impide el ejercicio de las funciones que en vía de gestión permiten a los órganos competentes rectificar errores en la apreciación de los hechos o (corregir una) indebida aplicación de las normas jurídicas, y que se extiende a la vía de reclamación. La consecuencia no puede ser otra que la anulación de las actas". Y en el caso aquí traído resulta que se incurrió en los dichos defectos en cuanto a unas partidas de gastos que, no concretados y sí calificados como no deducibles, dieron lugar a una determinada cuantificación del hecho imponible: dieron lugar a unos determinados importes de bases imponibles. En definitiva, que se incurrió en supuesto de invalidez del acta, tal como la cuestión se analiza en los textos, arriba transcritos, de las Sentencias y Resoluciones citadas, cuyo criterio hace suyo este Organo; y, por tanto, resulta procedente anular la dicha acta relativa a Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 1988, así como el subsiguiente acuerdo de la Sección gestora y las consiguientes liquidaciones que en aquélla se fundaron.
Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar en parte el recurso de alzada interpuesto por Don (?) contra liquidación derivada de Acta suscrita en disconformidad número (?) por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y año 1988, declarándose la nulidad de dicha Acta y del Acuerdo de la Sección gestora de (?) de 1996, así como de las consiguientes liquidaciones practicadas por el indicado Impuesto y año, y ordenándose la retrotracción del expediente al momento inmediatamente anterior al de extensión del Acta, a fin de formular ésta con la debida especificación en cuanto a las partidas de gastos supuestamente no deducibles en relación con dicho año.
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 20/12/1996 Núm. Resolución: 951286
Resolución de TEAF Navarra, 970275, 11-12-2000
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 11/12/2000 Núm. Resolución: 970275
Resolución de TEAF Navarra, 970586, 27-04-2001
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 27/04/2001 Núm. Resolución: 970586