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Timestamp: 2019-02-23 15:44:49
Document Index: 192367545

Matched Legal Cases: ['artículo 243', 'artículo 243', 'Artículo 407', 'Artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 273', 'Artículo 407', 'Artículo 407']

La obligación de expresar en el fallo los motivos de hecho y de derecho en los cuales se fundamenta, tal como lo ordena el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tiene dos propósitos esenciales: uno político, que consiste en permi
LA VERDAD Y LOS ENUNCIADOS JURÍDICOS
Luis Aquiles Mejía Arnal
Publicado en la Revista de Derecho Nº 2
Caracas, 2000.
Es posible plantear sobre el tema al menos tres preguntas diferentes:
1) ¿Son susceptibles de ser calificadas de verdaderas o falsas las disposiciones de ley?
2) ¿Tiene valor veritativo el mandato individual que emana de la sentencia?
3) ¿Los motivos que sustentan la decisión pueden ser verdaderos o falsos?
La respuesta más frecuente a la primera pregunta es negativa. Para von Wrigth, las leyes del estado son prescriptivas. Establecen reglamentos para la conducta e intercambio humano. No tienen valor veritativo. Su finalidad es influenciar la conducta. Cuando los hombres desobedecen las leyes, la autoridad que las respalda trata, por lo pronto, de corregir la conducta de los hombres; consideración que conduce a la afirmación de que la proposición jurídica, como tal, no es ni verdadera ni falsa, pues no representa una afirmación, sino un mandato, no está sujeta al criterio de la verdad, sino al de la "justeza" de un orden jurídico, a la justicia.
La respuesta contraria puede fundamentarse en una exigencia de coherencia del derecho positivo con supranormas que determinan el sentido del derecho en un sistema dado. Una respuesta positivista afirma que la Constitución tiene un valor normativo y que todo el ordenamiento jurídico no sólo tiene que ser conforme con el mandato constitucional, sino que, además, debe ser interpretado conforme al sentido constitucional.
Enseña Fix Zamudio (1965) que la integración de la norma se realiza en todos los casos de aplicación del Derecho por el juzgador, y no sólo en el supuesto de la existencia de las llamadas lagunas. La aplicación del Derecho Positivo no es ya una labor de fiel entendimiento de la norma; ni siquiera una actividad puramente interpretativa, sino que es integradora de la regla a ser aplicada, actividad esta que deberá considerar, además de los elementos antes señalados, el resto del ordenamiento jurídico, en cuya cúspide se encuentra la Constitución. Entendida así la actividad jurisdiccional, no puede el juez, ante la ley contraria a los derechos humanos, o cuya aplicación irreflexiva conduzca a una lesión de tales derechos, limitarse a aplicarla justificándose en el viejo aforismo dura lex, sed lex; sino que deberá escoger entre varias interpretaciones, aquella que se dirige a una solución justa; aquélla que no lesiona los intereses de mayor valor en juego; y si dentro del ámbito de la norma no cabe una interpretación que conduzca a tal resultado, deberá desaplicarla por inconstitucional (Mejía 1992).
El iuspublicismo español ha seguido, en general, esta tesis en los últimos años. García de Enterría (1994) explica que la supremacía de la Constitución sobre todas las normas y su carácter central en la construcción y en la validez del ordenamiento en su conjunto, obligan a interpretar éste en cualquier momento de su aplicación –por operadores públicos o por operadores privados, por tribunales o por órganos legislativos o administrativos– en el sentido que resulta de los principios y reglas constitucionales, tanto los generales como los específicos referentes a la materia de que se trate.
A diferencia del positivista, el iusnaturalista supone la existencia de una naturaleza humana inmanente de la cual se deducen reglas de comportamiento. Este criterio permite valorar el derecho positivo y medir la intrínseca justicia del mismo (Del Vecchio 1964).
Ahora bien, para considerar que las reglas legales pueden ser verdaderas o falsas, no basta adherir la tesis de su conformidad con un valor superior, positivo o ideal; es necesario establecer en qué sentido se afirma la existencia de las reglas legales y de la Constitución, o cuál es el valor ontológico de la afirmada naturaleza humana. En este último caso, aun los creyentes en la existencia de una naturaleza humana eterna, se verían constreñidos a aceptar que existe no en el mismo sentido que existen las percepciones sensoriales, o los objetos materiales comúnmente percibidos, sino como se afirmaría la existencia de las entidades abstractas eternas como números, los juegos, y proposiciones. (Cf. Kukla 1998)
Al tratar de relacionar los enunciados de ley con entidades abstractas, la verdad de las reglas legales se definiría como una relación de coherencia lógica entre el enunciado legal y un sistema de enunciados o creencias, y el signo de la falsedad consistiría en la imposibilidad de conectar el enunciado de ley con el sistema, lo cual presenta dos grandes dificultades. La primera consiste en que no hay razón alguna para suponer que sólo es posible un cuerpo coherente de creencias. La otra objeción a esta definición de la verdad es que supone conocido lo que entendemos por coherencia, mientras que, de hecho, la coherencia presupone la verdad de las leyes lógicas. “Por estas dos razones, la coherencia no puede ser aceptada como algo que nos dé el sentido de la verdad, aunque sea con frecuencia una prueba muy importante de la verdad”. (Russell 1975, pág. 108)
Adoptaremos, como menos problemática, la tesis de que los enunciados de ley, y las proposiciones a las cuales se refieren, no son proposiciones teóricas que describen la realidad, sino que poseen una validez –sistémica, fáctica o axiológica– (Aarnio, 1991).
1.1. A menudo, la validez sistémica de una norma jurídica es formal. Según Wróblewski (1979, 207), una norma es válida en el sentido sistémico si satisfacen las siguientes cuatro condiciones: (a) ha sido aceptada y promulgada según el procedimiento debido, (b) no ha sido derogada, (c) no contradice otra norma vigente del mismo sistema y (d) si hay una contradicción, existe una regla aceptada para solucionar el conflicto.
Este criterio coincide con el planteamiento de una relación, que es al menos de coherencia, de la norma con el ordenamiento jurídico general y en especial con la Constitución como norma de superior jerarquía, a la cual deben amoldarse todas las otras reglas legales. La Constitución, a su vez deriva su validez de una norma fundante:
A fin de dilucidar esta cuestión, aceptemos la siguiente distinción: validez sistémica externa en el sentido formal y validez sistémica externa en el sentido material. Desde el punto de vista puramente formal, lo esencial es cómo justificar la norma fundamental misma por medio de criterios "externos". Cuando se trata este tipo de validez formal, se llega al problema de la legitimidad del sistema normativo mismo como orden jurídico. El interés en justificar (legitimar) la norma fundamental es claramente de naturaleza social. La Constitución y la norma fundamental en la que se basa (sistema normativo como jerarquía normativa) tienen también que ser legitimadas desde el punto de vista social y, lo que es importante, legitimadas como orden jurídico. (Aarnio 1991, 74)
En el mismo sentido, la “regla de reconocimiento” de Hart (1998, 118) especifica alguna característica o características cuya posesión por una regla cuya existencia debe ser determinada, debe ser considerada como una indicación afirmativa indiscutible de que se trata de una regla del grupo que ha de ser sustentada por la presión social que éste ejerce. La existencia de tal regla de reconocimiento puede asumir una enorme variedad de formas, simples o complejas. Ella puede consistir simplemente en que en un documento escrito o en algún monumento público hay una lista o texto de las reglas válidas. “Lo que es crucial es el reconocimiento de la referencia a la escritura o inscripción como revestida de autoridad”.
En un sistema jurídico desarrollado las reglas de reconocimiento son, por supuesto, más complejas; en lugar de identificar las reglas exclusivamente por referencia a un texto o lista, ellas lo hacen por referencia a alguna característica general poseída por las reglas primarias. Esta puede ser el hecho de haber sido sancionadas por un cuerpo específico, o su larga vigencia consuetudinaria, o su relación con las decisiones judiciales. Además, cuando más de una de tales características generales son consideradas como criterios de identificación, pueden establecerse normas para su posible conflicto estructurándolas en un orden de superioridad, como ocurre, por ejemplo, con la usual subordinación de la costumbre o del precedente a la ley, que es considerada una "fuente superior" de derecho. (...) Al proporcionar una marca o signo con autoridad introduce, aunque en forma embrionaria, la idea de un sistema jurídico. Porque las reglas no son ya un conjunto discreto inconexo, sino que, de una manera simple, están unificadas. Además, en la operación simple de identificar una regla dada como poseedora de la característica exigida de pertenecer a una lista de reglas a la que se atribuye autoridad, tenemos el germen de la idea de validez jurídica. (Hart 1998, 118)
En nuestro sistema judicial, muchas de estas reglas de reconocimiento están contenidas en la Constitución, por lo cual la validez de la norma, en sentido formal, estaría siempre sujeta al reconocimiento constitucional, o a su sujeción a normas de superior jerarquía, por orden constitucional.
El concepto de validez externa, en sentido material, conduce a la relación de coherencia del ordenamiento jurídico con exigencias morales mínimas, con las anotadas dificultades que implica su utilización como criterio de verdad. Este concepto puede conducir a negar valor, incluso formal a ordenamientos radicalmente injustos. “Recordemos, por ejemplo, los órde­nes jurídicos durante los regímenes de Hitler o de Pol Pot. En estas situacio­nes uno se ve enfrentado con serios problemas de aceptabilidad del orden ju­rídico. En el caso extremo, todo el sistema de normas tiene que ser rechazado como orden jurídico.” (Aarnio 1991, 76)
1.2. La validez fáctica del ordenamiento jurídico, denominada frecuentemente “eficacia” de la norma, depende de que los ciudadanos, y sobre todo las autoridades, las sigan frecuentemente.
Una típica concepción de la eficacia es la representada por el Realismo jurídico, llamado también Instrumentalismo pragmático. Su concepción básica ha sido descrita muy bien por las famosas palabras de Oliver Wendell Holmes: "Lo que yo entiendo por derecho son las profecías de lo que harán realmente los jueces, y no otra cosa más pretenciosa". De acuerdo con esta posición, lo que se propone investigar la ciencia del derecho es la práctica de las autoridades y, especialmente, predecir lo que las autoridades que aplican el derecho harán en el futuro. Este punto de vista ha sido a veces descrito hablando del llamado problema del "hombre malo”. Siempre es posible descubrir el contenido de una ley colocándose en la posición de quien la viola (el "hombre malo") y preguntándose no por el contenido de reglas abstractas sino acerca de las sanciones que las autoridades impondrían en el caso del violador de la ley. (Aarnio 1991, 78)
La norma es válida si las autoridades, muy especialmente los tribunales, se comportan como exige la norma. Con ello cambia el ángulo del enfoque, pues no estaríamos tratando de ver la realidad desde la regla, sino desde el punto de vista del ciudadano o del dogmático jurídico, que trata de predecir cómo decidirán los jueces. Se trata, entonces de afirmaciones sobre cuál es el derecho aplicable a un caso concreto, o sea de enunciados normativos. Un enunciado normativo es aquél que tiene como resultado que algo deba hacerse, o pueda hacerse, o tenga que no hacerse, con un fundamento veritativo, que es la existencia de una norma que ordene, permita o excluya una determinada conducta. "En términos generales, el fundamento veritativo de un enunciado normativo es la existencia de una norma" (Von Wrigth 1979, 120). Los enunciados normativos describen un estado de cosas, a diferencia de las normas jurídicas las cuales tienen un valor prescriptivo: ordenan una conducta.
En el párrafo anterior, al hablar de dogmáticos jurídicos, se hace referencia a los estudiosos del derecho, o más precisamente, de la dogmática jurídica. Niiniluoto (1997) la define como el estudio del orden jurídico dentro de alguna comunidad y denomina “proposiciones normativas” a los enunciados acerca de la validez de las normas en una determinada comunidad C.
Como imperativos, las normas jurídicas (o las oraciones que expresan normas jurídicas) no son ni verdaderas ni falsas. Sin embargo, las proposiciones normativas [norm propositions], es decir, los enunciados que dicen que ciertas normas son válidas en C, son verdaderas o falsas. De modo que, si la tarea de la dogmática jurídica es formular y establecer proposiciones normativas acerca del orden jurídico en C, la dogmática jurídica es una ciencia descriptiva. (Niiniluoto 1979, 219)
Estas afirmaciones sobre lo que es derecho en una comunidad hacen referencia a un estado de cosas como existente, por tanto: "Es posible formular las condiciones de verdad de las pro­posiciones normativas en términos de la teoría de la corres­pondencia de la verdad (en su versión moderna tarskiana)" (Niiniluoto 1979, 220). Son enunciados que se refieren a un estado particular de cosas, cuya realidad puede ser aceptada, de manera análoga aunque no exacta, como generalmente se acepta la existencia de los objetos materiales comúnmente percibidos.
La concepción semántica de la verdad, expuesta por Tarski entre 1929 y 1933, concibe ésta como una relación de denotación entre los términos de un enunciado y las partes de un estado de cosas, a partir de la cual construye una teoría de la correspondencia, en lenguaje formalizado. El problema de la definición de la verdad adquiere un significado preciso y puede ser resuelto de una manera rigurosa, solamente para aquellos lenguajes cuya estructura haya sido claramente especificada, o sea el lenguaje formalizado de las ciencias deductivas; pero los resultados obtenidos en el lenguaje formalizado tienen, de cierta manera, validez el lenguaje natural. (Tarski 1983, 165)
La validez trata de enunciados acerca de estados de cosas sociales. De modo que una proposición normativa es verdadera, si y sólo si expresa un estado de cosas social real, es decir, expresa un hecho social (Niiniluoto 1979, 222).
Uno de los problemas más difíciles que surge aquí consiste en la respuesta a la pregunta de qué es aquello con lo que se debe corresponder el enunciado para ser verdadero; en pocas palabras: qué es un hecho. (Alexy 1997, 110)
Prescindiendo de las posiciones que exigen una imposible coincidencia de todos los factores sociales en la verdad de un enunciado, según la teoría de la verdad como correspondencia, sólo se puede designar un enunciado como verdadero si existe el estado de cosas que el enunciado expresa. Un estado de cosas que existe es un hecho. La verdad se puede, pues, definir como concordancia entre enunciados y hechos.
En conclusión, los enunciados que formulan la dogmática jurídica, o los jueces, o los ciudadanos sobre qué es el derecho en un caso concreto, son susceptibles de ser verdaderos o falsos.
1.3. La validez axiológica se vincula con el derecho natural, ya referido. Valores tales como la justicia no son meramente la pauta de una orden jurídico (positivo), sino que constituyen la base que confiere al sistema de normas su validez jurídica última. Una norma, a pesar de que nunca ha sido formalmente derogada, ya no responde a un sistema de valores generalmente aceptado. “No todas las normas jurídicas que son formalmente válidas poseen, por lo tanto, una garantía de aceptabilidad axiológica. Aquí podemos encontrar el núcleo de la validez axiológica.” (Aarnio 1991, 83)
1.4. En suma, de los tres conceptos de validez expuestos por Wróblewski, solo dos –validez sistémica y validez axiológica– se refieren a la específica validez de la norma legal, las cuales, desde otro punto de vista, sólo son susceptibles de tener una valor de verdad como coherencia a un sistema, positivo o axiológico. El otro planteamiento, de la validez fáctica o validez como eficacia, se refiere más bien a las opiniones que expresan los dogmáticos jurídicos sobre qué es el derecho en una comunidad dada, formulando enunciados susceptibles de ser verdaderos o falsos por correspondencia semántica entre enunciados normativos y un estado de cosas social.
La respuesta a la segunda pregunta, sobre el valor veritativo del mandato individual que emana de la sentencia, está estrechamente ligada a la consideración de que las órdenes o mandatos no describen un estado de cosas existente, con el cual puedan ser relacionados, sino que constituyen prescripciones, o lineamientos de conducta susceptibles de ser o no ser obedecidos.
Se requiere precisar que el mandato que emana de la sentencia, contenido en su parte dispositiva, no debe ser confundido con la decisión judicial en su totalidad, la cual comprende, en nuestra tradición jurídica, y en nuestro derecho positivo, tres partes: narrativa, motiva y dispositiva.
El dispositivo del fallo, que contiene la orden específica a ser cumplida, o la desestimación de la pretensión, puede ser aislado del fundamento de lo decidido, al punto de que, en determinados sistemas judiciales, está ausente. Por ejemplo Carlos III prohibió a los jueces fundamentar sus fallos y tal fue el sistema seguido en las colonias británicas. El ministro Lord Mansfield dijo al gobernador de una colonia, quien no era versado en la ley: “No hay ninguna dificultad para fallar en un juicio; sólo hay que oír ambas partes pacientemente, luego reflexionar lo que la justicia exige y, por último, decidir de acuerdo con esto; pero nunca dé las razones de su fallo, pues probablemente su juicio será correcto, pero con seguridad sus razones serán erradas.” (Nagel 1981)
Entonces, el dispositivo del fallo es mandato puro. García Bacca (1959, 38), opina que "Mandar" no es función extensiva o de verdad, sino función intensiva, y “el principal carácter de las funciones intensivas consiste en que los enunciados afectados de tales funciones no son ni verdaderos ni falsos por sólo su contenido, como lo son los enunciados afectados de funciones simplemente extensionales.", como lo sería, por ejemplo, sumar. Las formas jurídicas, claramente deductivas, fundamentales para el Derecho, no son, desde su punto de vista, lógicas, sino logoides: adoptan formas parecidas a las formas lógicas, sin ser tales, por no tener ni su rigurosidad, ni la posibilidad de ser afirmadas como verdaderas o falsas.
Se preguntaba García Bacca (1959, 40): "¿No habrá una especial lógica intensiva, fuera o más allá de la clásica o moderna extensiva?". Se trataría de una lógica modal, en la línea de la lógica deóntica, propuesta por Von Wrigth (1979), y seguida entre otros por Jaako Hintikka. Este último utiliza para la construcción de un cálculo de predicados deónticos, la denominada "semántica de los mundos posibles", en la cual la noción de satisfacción de una fórmula es definida como la posibilidad de incrustar tal fórmula en un conjunto modelo que sea miembro de algún sistema modelo. Este sistema permite un cálculo deóntico que dé cuenta de las relaciones lógicas entre normas. (Gaona 1999).
Como hipótesis de trabajo, resulta más conveniente ceñirse a la afirmación inicial de que el mandato que emana del fallo constituye pura orden, respecto a la cual no se puede afirmar verdad o falsedad.
Pasemos ahora a la tercera pregunta: ¿Los motivos que sustentan la decisión pueden ser verdaderos o falsos?
3.1. Hasta ahora hemos constatado que el valor de verdad de las disposiciones de ley y de los mandatos judiciales es, al menos, discutible, y su aceptación generalmente, aunque no siempre, implica un concepto de verdad que excluye la correspondencia de la norma con un estado de cosas materialmente existente.
La obligación de expresar en el fallo los motivos de hecho y de derecho en los cuales se fundamenta, tal como lo ordena el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tiene dos propósitos esenciales: uno político, permitir a las partes y a la comunidad entender las razones de la decisión, de manera tal que la sentencia se cumpla no sólo por el peso de la autoridad de la cual emana, sino también porque convenza con la fuerza de la razón; y uno procesal, permitir el control de legalidad por el Juez Superior y muy especialmente por la Sala de Casación Civil, la cual al resolver el recurso por infracción de ley debe limitarse a lo expresado en el fallo de Alzada, salvo los casos de excepción en los cuales puede extender su examen al establecimiento y apreciación de los hechos.
Dicho requisito se cumple mediante la expresión de los motivos de hecho y de derecho que conducen a la declaratoria final que resuelve la controversia sometida a la jurisdicción. Afirmaremos, de modo preliminar, que tales motivos constituyen juicios, en el sentido lógico, expresados mediante enunciados jurídicos, organizados deductivamente, en forma silogística, a partir de una premisa mayor construida por al juez.
Cada vez que el juez determina qué es el derecho en el caso concreto, el razonamiento, expresado en la sentencia comienza con una premisa mayor construida por el juez, a partir de la ley.
Afirma Henke (1979) que la premisa mayor legal y la premisa menor coinciden solamente en los casos "lisos y llanos", el juez tiene que clarificar por lo pronto el sentido de la ley dentro del marco de un llamado "silogismo de concepto singular" o sea interpretar la ley con vistas al elemento de figura legal dudoso. La interpretación se cumple desenvolviendo el elemento de figura legal mediante premisas mayores judiciales (proposiciones incidentes). Estas proporcionan al juez el módulo especial para determinar si el caso en cuestión puede ser subordinado a la ley.
En otras palabras, tendríamos casos fáciles, en los cuales la premisa mayor del razonamiento es la norma legal y casos difíciles, en los cuales construye el juez la premisa. Sin embargo, en derecho civil, lato sensu, tal distinción resulta de poca utilidad, y como veremos luego, es inexacta.
Entre quienes colocan la ley como premisa mayor del silogismo judicial es frecuente la utilización de ejemplos tomados del derecho penal, pues la vigencia absoluta del principio de legalidad de la pena y la prohibición de la analogía obligan a redactar la norma legal como una proposición jurídica completa, con la forma "Si es A debe ser B". Como ejemplo se puede citar: "El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona, será penado con presidio de doce a dieciocho años"[1]. (Artículo 407 del Código Penal)
Tal redacción no es preponderante en los códigos civiles, en los cuales el supuesto de hecho frecuentemente está ubicado en un artículo de ley, la consecuencia jurídica en otra, la definición del concepto, en los poco usuales casos en los cuáles éste es definido por la ley, en un tercero, y todavía encontraremos excepciones y causas que excluyen la excepción en otras disposiciones legales; o sea, en todos estos casos el juez tendría, al menos, que integrar la norma jurídica a ser aplicada.
Uno de los pocos casos fáciles en derecho civil, consistiría en la aplicación del precepto "Es mayor de edad quien haya cumplido dieciocho (18) años. (aparte) El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, con las excepciones establecidas por disposiciones especiales." (Artículo 18 del Código Civil), que ofrece poco campo a la interpretación.
Sin embargo, lo evidente del significado de la disposición de ley no excluye la elaboración por el juez de la proposición jurídica que afirma la mayoría de edad para quien haya cumplido 18 años, como la trivialidad de la afirmación de que todos los hombres son mortales, o que hay cisnes blancos no conduce a confundir la proposición con el objeto a la cual se refiere: el artículo 18 del Código Civil, en el caso de la proposición del juez, la mortalidad del hombre o la existencia de al menos un cisne blanco, en los ejemplos contrastados.
Al afirmar el juez que de acuerdo con el derecho, si alguien ha cumplido 18 años es mayor de edad, deja poco margen al error, por la simplicidad de la norma, pero aun cabría discutir el momento en que se cumplen los años, lo cual se facilita por la costumbre de celebrarlos, que no parece aclarar cuándo termina el siglo, de ahí que numerosas personas se apresten a celebrar el fin del siglo y del milenio, el 31 de diciembre de 1999, o sea al iniciarse el último año del período y no al finalizar éste.
3.2. Las aseveraciones del juez sobre el contenido del derecho, al construir la premisa mayor judicial, pueden ser verdaderas o falsas, aun en los casos fáciles, por lo cual son "enunciados normativos", en el sentido de Von Wrigth (1979), arriba señalado, sólo que son enunciados que emanan de una autoridad y sostienen una decisión que tendrá valor imperativo, como cosa juzgada material, y será ley de las partes, en los límites de la controversia decidida (Artículo 273 del Código de Procedimiento Civil). Pero lo que alcanza valor de cosa juzgada es el mandato, el dispositivo, los motivos no son más que afirmaciones acerca del derecho, dirigidas a sustentar la decisión, permitiendo el control de legalidad.
Así pues, la dificultad que encuentra Atienza (1997, 33), de que en el derecho los argumentos que se efectúan parten muchas veces de normas, esto es, tratan con un tipo de enunciados, respecto de los cuales no parece que tenga sentido predicar verdad o falsedad, puede quedar superada con la consideración de que el razonamiento deductivo judicial no parte de la norma legal, sino de un enunciado normativo respecto al cual, en cierto sentido, se le puede adjudicar un valor de verdad.
Tal como quedó expuesto en 1.2. (validez fáctica del derecho), los dogmáticos jurídicos formulan enunciados sobre qué es el derecho, en cuestiones concretas de aplicación de la ley. En el mismo sentido, el juez, al elaborar la premisa mayor judicial, formula enunciados normativos, acerca de la realidad. “Las proposiciones normativas son enunciados acerca de estados de cosas sociales. De modo que una proposición normativa es verdadera, si y sólo si expresa un estado de cosas social real, es decir, expresa un hecho social”. (Niiniluoto 1997, 222).
Pero no todo queda en una simple descripción de un estado de cosas social, que consistiría en la convicción de la comunidad jurídica sobre lo que es el derecho, pues la motivación sustenta una proposición normativa que se traducirá luego en el mandato que constituye la ley singular, expresada en el dispositivo del fallo. Por ello no podemos soslayar que:
La circunstancia de que las proposiciones jurídicas expresan, en ciertos contextos, razones operativas para justificar una decisión, implica que una noción normativa de derecho está presupuesta no sólo en proposiciones que se refieren a estándares, que todavía no satisfacen las condiciones estipuladas por la práctica judicial de reconocimiento, sino también en proposiciones que se refieren a leyes, precedentes, etc., que satisfacen tales condiciones. Porque también es el caso que una proposición que se refiere a un estándar comúnmente reconocido es generalmente interpretada como que expresa una razón operativa para una decisión, lo que no ocurriría si tal proposición fuera interpretada bajo un concepto descriptivo de derecho. En estos casos, las proposiciones en cuestión tienen también fuerza normativa y presuponen una concepción valorativa acerca de la legitimidad de los estándares que mencionan. (Nino 1985, 167)
3.3. La teoría de la argumentación jurídica proporciona herramientas para determinar cómo se relaciona la fundamentación de la decisión con un estado de cosas social respecto al cual se puede considerar verdaderos o falsos los motivos aducidos por quien sentencia.
El discurso jurídico, en el proceso, no es libre, sino que está limitado temporalmente y está reglamentado por medio de las reglas procesales. Las partes pueden orientarse según sus intereses. Con frecuencia, quizás como regla, no se trata de que la sentencia sea correcta o justa para las partes, sino ventajosa. (Alexy 1997, 206)
La reflexión que antecede en nada afecta la consideración de que los enunciados normativos pueden ser calificados de verdaderos o falsos, sólo influye en grado de certeza de la determinación de verdad. En lo que sigue se hablará de una "pretensión de corrección", que puede referirse a la consistencia lógica interna de los argumentos o justificación interna, cuya validez dependerá del acatamiento de los principios de la lógica formal, o a la justificación externa, o sea a su relación con estados de cosas externos a la decisión judicial.
El objeto de la justificación externa es la fundamentación de las premisas usadas en la justificación interna.
A título de ejemplo, formalizaremos la disposición legal sobre el homicidio simple: “El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona, será penado con presidio de doce a dieciocho años.” (Artículo 407 del Código Penal):
("x) (Ix Ù Mx ® Px) donde I es la intención, M dar muerte a alguna persona y P la sanción, cuya determinación precisa será objeto de otro razonamiento. Se obtuvo una representación de la premisa mayor del razonamiento construido por el juez para fundamentar su sentencia mediante un silogismo que sigue las reglas del modus ponens, asi:
1. ("x) (Ix Ù Mx ® Px) Pr
2. Ij Ù Mj Pr
3. (Ij Ù Mj ® Pj ) EU 1
4. Pj PP 2,3
El razonamiento será internamente válido, si es correcto desde el punto de vista de la lógica formal; pero también será necesario, para su validez interna la corrección de la premisa menor, en cuanto a la calificación de los actos de José, como intencionales y constitutivos de la definición legal de dar muerte a otro. La corrección de la premisa mayor y del establecimiento de los hechos en la premisa menor, o sea el dar por demostrado que José se comportó de una manera determinada, forman parte de la justificación externa.
Esta exposición se referirá, exclusivamente, a los motivos de derecho, que sustentan la construcción de la premisa mayor judicial, y no al establecimiento de los hechos por el juez. Dichos motivos tienen una garantía de corrección en el respeto a las formas de argumentos y las reglas de justificación externa, que pueden clasificarse de acuerdo con Alexy (1997, 223) en seis grupos: reglas y formas (1) de interpretación, (2) de la argumentación dogmática, (3) del uso de los precedentes, (4) de la argumentación práctica general y (5) de la argumentación empírica, así como (6) las llamadas formas especiales de argumentos jurídicos.
Dicho de otra manera, el valor de verdad de la premisa mayor judicial dependerá: (1) de la sujeción a reglas y formas de interpretación, cuya aceptación constituye un estado de cosas social; (2) del atento examen de las enseñanzas de la doctrina, para determinar cuál es la solución preponderante de la cuestión debatida en la comunidad jurídica, que también constituye un hecho social; (3) del uso de los precedentes jurisprudenciales, o sea de las anteriores soluciones dadas por los jueces a cuestiones similares a la debatida, una vez más un hecho social; y (4) del respeto a los principios y reglas de la argumentación práctica general, de la argumentación empírica, y de las formas especiales de argumentación jurídica, cuya aceptación por la comunidad de juristas, y en el caso de las máximas de experiencia, por la comunidad general, es un estado de cosas que expresa un hecho social.
3.4. A pesar de la muy extendida negación del valor de verdad del derecho, la ley procesal adjudica un valor veritativo a los razonamientos que sustentan la sentencia al establecer:
Se declarará con lugar el recurso de casación:
2º Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, o aplicado falsamente una norma jurídica; cuando se aplique una norma que no esté vigente, o se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté; o cuando se haya violado una máxima de experiencia.
En los casos de este ordinal la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia.
El error de interpretación resulta de una falta de correspondencia, en el sentido aceptado por Niininluoto, arriba expuesto, entre los motivos expresados por el juez, y el texto de la ley, tal como ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina, o del desacato de los principios y reglas de la argumentación.
La falsa aplicación, en su forma pura, constituye un error interno del razonamiento, por una falta de concordancia entre el supuesto abstracto, tal como fue construido por el juez, y los hechos establecidos.
La aplicación de una norma no vigente, y la falta de aplicación de normas vigentes, constituyen un desconocimiento del hecho social de la promulgación de la norma.
Por último, la violación de máximas de experiencia resulta de una falta de correspondencia entre los motivos que sustentan la decisión y las creencias comunes en una sociedad dada, lo cual, evidentemente, es un estado de cosas social.
La disposición final: "En los casos de este ordinal la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia", demuestra la diferencia, antes anotada, entre los motivos y el dispositivo. Lo que se examina en el recurso de casación por infracción de ley, son los fundamentos de lo decidido, para determinar su verdad o falsedad, y casar (anular) o no el fallo.
En conclusión, los motivos de derecho que sustentan su decisión pueden ser verdaderos o falsos, de acuerdo con una relación de correspondencia con un estado de cosas social, que expresa un hecho social en una comunidad determinada, y así es reconocido por la ley, al regular la nulidad o casación del fallo por infracción de ley.
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[1]Artículo 407 del Código Penal.