Source: http://pedrocorvinosabogado.es/2015/12/
Timestamp: 2017-02-25 04:35:27
Document Index: 389515490

Matched Legal Cases: ['artículo 87', 'artículo 26', 'artículo 9', 'artículo 302', 'artículo 1447', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 278', 'artículo 302', 'artículo 302']

Diciembre 2015 - Abogado administrativo Zaragoza
Home	Sobre los nuevos impuestos energético-ambientales en Aragón
By pedro|Derecho de la Energía, Derecho del Medio Ambiente|0 Comments	Read More
“Esta doctrina, sin embargo, ha de ser matizada, pues, tratándose de supuestos en los que la inscripción registral viene ordenada por una resolución judicial firme, cuya ejecución se pretende, la decisión acerca del cumplimiento de los requisitos propios de la contradicción procesal, así como de los relativos a la citación o llamada de terceros registrales al procedimiento jurisdiccional en el que se ha dictada la resolución que se ejecuta, ha de corresponder, necesariamente, al ámbito de decisión jurisdiccional. E, igualmente, será suya la decisión sobre el posible conocimiento, por parte de los actuales terceros, de la existencia del procedimiento jurisdiccional en el que se produjo la resolución determinante de la nueva inscripción. Será, pues, el órgano jurisdiccional que ejecuta la resolución de tal naturaleza el competente para — en cada caso concreto— determinar si ha existido —o no— la necesaria contradicción procesal excluyente de indefensión, que sería la circunstancia determinante de la condición de tercero registral, con las consecuencias de ello derivadas, de conformidad con la legislación hipotecaria; pero, lo que no es aceptable en el marco constitucional y legal antes descrito, es que —insistimos, en un supuesto de ejecución judicial como en el que nos encontramos— la simple oposición registral —con remisión a los distintos mecanismos de impugnación de la calificación—, se conviertan automáticamente en una causa de imposibilidad de ejecución de la sentencia, pues los expresados mecanismos de impugnación registral han de quedar reservados para los supuestos en los que la pretensión registral no cuenta con el indicado origen jurisdiccional” (fundamento jurídico séptimo)
By pedro|Derecho Urbanístico e Inmobiliario, Proceso Contencioso-Administrativo|0 Comments	Read More
Las entidades comercializadoras han cuestionado también que el acceso a la curva de carga horaria de cada consumidor quede condicionado al consentimiento expreso del consumidor, que deberá ser recabado por el distribuidor. Y proponían que, por defecto, estos datos fusen accesibles a todos los comercializadores y solo limitar el acceso en aquellos casos en que el interesado solicitase expresamente la confidencialidad de los datos. La AEPD y el Consejo de Estado han mantenido al respecto que cualquier cesión a terceros de los datos de consumo horario ha de quedar sometida al previo consentimiento del interesado, resultando además justificado que ese consentimiento sea expreso, “habida cuenta de lo invasivo de la cesión de los mencionados datos“.
By pedro|Derecho de la Energía, Protección de datos|0 Comments	Read More
Ranking de páginas jurídicas españolas (diciembre 2015)
En la web de Notarios y Registradores se acaba de publicar la decimoquinta oleada –diciembre de 2015- del ranking de páginas jurídicas españolas, elaborado a partir de los datos que ofrece el contador universal ALEXA. El ranking es muy completo y aparecen un buen número de webs jurídicas españolas, institucionales, de revistas jurídicas y de despachos profesionales.
En esta ocasión aparece por vez primera este blog y se encuentra entre los que tienen una difusión considerable. El blog se ha incorporado al ranking tras la publicación de la oleada, con una calificación según el contador ALEXA de 10889, por lo que se situaría en el puesto 50 del ranking. Si se excluyen del ranking las páginas institucionales –BOE, Congresos de los Diputados, Senado … -, este blog ocupa el puesto 36, como se comprueba en el cuadro que aparece al final.
Reconozco sin rubor que me hace ilusión comprobar que el blog y lo que en él se publica suscita algún interés. Agradezco a los que dedican una parte de su tiempo a leer lo que se publica; es un estímulo para seguir publicando y, por qué no, para ir introduciendo mejoras que hagan más atractiva la web y el blog. Aprovecho para dar las gracias a José María Agüeras por sus colaboraciones.
Para acabar, quiero decir que entre los primeros 100 puestos del ranking se encuentran blogs de prestigio y calidad, con algunos de los cuales suelo colaborar: Noticias Jurídicas (334); Legaltoday (3860); ¿Hay Derecho? (9651) y Administración Pública (17352) Me alegro también por la difusión que están teniendo estos blogs.
PUESTOACTUAL
ALEXAESPAÑA
Sepin 3747
Mundo juridico 4099
Justanswer.es 5741
Laboral – Social 8758
Derecho romano 9096
Lawyerpress 10177
Pedro Corvinos D. Público
By pedro|Noticias jurídicas|0 Comments	Read More
Precio fijo, precio variable y precio cierto en los contratos del sector público
Es objeto de este artículo tratar de dar respuesta a una interesante cuestión: ¿Es compatible con el principio de precio cierto del contrato, la determinación del precio en términos de porcentaje sobre el rendimiento, ahorro o magnitud similar a obtener por la administración como resultado de la ejecución del contrato?
El principio de precio cierto se configura en nuestra legislación a través del artículo 87 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), el cual dispone que “1…/…la retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en euros…/…2. El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato…/…” Asimismo, el artículo 26, cuando regula el contenido mínimo del contrato, señala como mención obligatoria, ya sea en el contrato o en los pliegos “f) El precio cierto, o el modo de determinarlo.”
En definitiva, el legislador viene a establecer con carácter general dos sistemas de determinación del precio del contrato:
Precio unitario, definido además específicamente en el artículo 9.3 a) para los contratos de suministro, y en el artículo 302 y D.A. 34ª para los contratos de servicios.
Sin embargo, con frecuencia hemos tendido a identificar precio cierto con precio necesariamente fijo -como lo son, en efecto, el precio a tanto alzado y el precio unitario-. Lo que analizaremos a continuación es la posibilidad de determinar el precio del contrato en términos de porcentaje del rendimiento que la Administración contratante obtenga como resultado de la ejecución del contrato, es decir, si es compatible con el principio de precio cierto del contrato la configuración del precio como magnitud variable e, incluso, indeterminada en el momento de celebración del contrato, aunque determinable a posteriori.
Para ello debemos analizar en primer lugar el concepto de precio cierto del contrato, que adolece de falta de definición en la legislación administrativa pero sobre el cual ya tuvo ocasión de pronunciarse el Consejo de Estado, que en Dictamen de 4 de marzo de 1993 señala que, si bien los contratos administrativos han de tener un precio cierto, «precio cierto no es precio fijo, pues con referencia a aquél lo que ha dispuesto la legislación (administrativa o civil) es la certeza de la concurrencia del precio, no de sus contingencias». Acudiendo al derecho privado, el artículo 1447 del Código Civil establece que para que el precio se tenga por cierto “bastará que lo sea con referencia a otra cosa cierta, o que se deje su señalamiento al arbitrio de persona determinada, que no puede ser ninguna de las partes contratantes.”
En este mismo sentido, el Informe 2/2013, de 28 de junio, de la Junta consultiva de contratación administrativa de las Islas Baleares, señala: “la obligación de que el precio sea cierto significa que el precio o, en cualquier caso, los elementos que lo integran deben estar determinados en el momento en que se perfeccione el contrato o deben ser determinables en un momento posterior.” También la jurisprudencia contencioso-administrativa se ha manifestado en este mismo sentido, y así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2005, señala: “Por tanto, con carácter previo a la aprobación del expediente (art. 70 LCAP) deberá haberse determinado con exactitud el precio, más la certitud no parece razonablemente exigible de la totalidad del precio sino que la certidumbre se predica de los elementos que lo integran.”. Parece claro, por tanto, a la vista de los pronunciamientos doctrinales y judiciales, que el precio cierto del contrato no tiene por qué encuadrarse necesariamente en una de las dos modalidades típicas –tanto alzado o unitario, fijos ambos– previstas en el artículo 87.2 TRLCSP. Nos centraremos a continuación dos importantes pronunciamientos de la Junta consultiva de contratación administrativa (JCCA) en los que analiza expedientes de contratación en los cuales, en efecto, el precio se determina con carácter variable, en términos de porcentaje.
El primero de ellos es el Informe 52/09 de 26 de febrero de 2010, emitido en relación a la contratación por parte de un Ayuntamiento de un servicio de colaboración en materia de inspección tributaria, en el que la retribución del contratista consiste, única y exclusivamente, en un porcentaje sobre el importe efectivamente cobrado en los expedientes que tramite: pues bien, la JCCA considera que un precio determinado mediante porcentaje de rendimiento no es sino un sistema de precios variables permitido expresamente por el artículo 87.4 TRLCSP: “4. Los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento…/…debiendo determinar con precisión los supuestos en que se producirán estas variaciones y las reglas para su determinación.” De tal forma que si la cuantía del precio depende del cumplimiento del objetivo de incrementar la recaudación del Ayuntamiento, se trata de un objetivo perfectamente definido y que cumpliría la exigencia adicional del artículo 87.4, donde el supuesto de producción es el incremento en la recaudación y la regla para la determinación del precio, un porcentaje sobre ese incremento. Resultando, por tanto, un precio determinable que, aunque variable, cumple con el principio del precio cierto.
El segundo pronunciamiento de la JCCA en relación a esta cuestión tiene lugar mediante Informe 59/11 de 1 de marzo de 2012, en el que la cuestión planteada es la posibilidad de fijar el precio de un contrato para la implantación de un Proyecto de mejora de la eficiencia energética mediante un porcentaje sobre los ahorros que se generen. La JCCA aplica la doctrina contenida en su Informe 52/09, concluyendo que fijar el precio en un porcentaje sobre el ahorro obtenido por diferencia entre el consumo de energía antes y después de la implantación del proyecto, y siempre que cumpla el requisito de verificable, medible o estimable, “puede cumplir con la doctrina expuesta en el informe citado…/…el precio, si bien no es fijo, resulta determinable si se introducen los correspondientes parámetros que permitan cuantificar su variación en base a los ahorros de consumo energético verificados.”; en definitiva, por tanto, admite de nuevo un sistema de determinación del precio variable, pero determinable y por tanto, cierto.
La JCCA sienta además una importante conclusión en este Informe, pues generaliza la posibilidad de aplicación del sistema de precios variable previsto en el artículo 87.4 a cualquier contrato de servicios, al señalar al respecto de dicho sistema que: “si bien resulta especialmente aplicable a los contratos de colaboración público-privada en los que se prevé expresamente la remuneración variable asociada a determinados objetivos de rendimiento, igualmente son aplicables para el caso de que los contratos sean calificados como mixtos, de suministro y servicios, o bien como contrato de servicios”. Recuerda la Junta que el artículo 278 LCSP –actual artículo 302 TRLCSP- establece que el precio de los contratos de servicios “podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades“, definición que considera perfectamente compatible con el sistema de determinación del precio analizado, señalando al respecto que “dicha previsión-en referencia al artículo 302 TRLCSP – no está en modo alguno en contradicción con lo expuesto, ya que deja abierta la posibilidad a que el precio sea fijo o variable por referencia a parámetros que permitan su determinación, siguiendo la regla general expuesta.”