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Timestamp: 2020-05-25 01:10:47
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Reformas del artículo 27 constitucional
N uestra constitución Política es la fuente primordial de los de- rechos y garantías fundamentales de los mexicanos y, dentro
de éstos, los que se refieren a la cuestión agraria. estos últimos están regulados en el artículo 27 constitucional, que sergio García ramírez 1
define como “la norma nuclear de la materia agraria [porque] recoge
las decisiones políticas fundamentales de la nación mexicana en cuanto
a la propiedad y la cuestión agraria, es decir, la tenencia y el aprovecha- miento de la tierra”. Desde su promulgación en 1917 a la fecha, este precepto ha sido modificado en numerosas ocasiones, con la finalidad de ajustar su texto
a las orientaciones políticas de los diversos regímenes gubernamenta-
les posteriores, lo cual define el perfil histórico de la cuestión agraria nacional y la evolución que ha registrado el programa de la reforma agraria impulsado por la revolución de 1910, al mismo tiempo que identifica las características del moderno derecho agrario mexicano, resultante de este largo proceso. a continuación se enuncian las dife- rentes reformas hechas a esta norma constitucional. Decreto del 30 de diciembre de 1933, publicado el 10 de enero de
1934, por el que se reforma el artículo 27 de la constitución y se abro-
1 sergio García ramírez, Elementos de derecho procesal agrario, méxico, Porrúa, 1993, p. 15.
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ga la ley agraria de 1915. 2 esta reforma modifica el párrafo tercero
y establece que el fraccionamiento de los latifundios se orientará al
desarrollo de la pequeña propiedad agrícola. asimismo, sustituye los conceptos de pueblos, rancherías y comunidades, por el de núcleos de po- blación. además, se restructura el texto del artículo 27, intercambian- do las fracciones Vi y Vii, y adicionando las fracciones Viii a XViii,
al incorporar algunos preceptos de la ley agraria de 1915, que deroga,
relativos a la nulidad de las enajenaciones de tierras, aguas y montes
pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunida- des, realizadas en contravención a la ley del 25 de junio de 1856; las
operaciones a través de las cuales se hubieran invadido y ocupado ile- galmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos; la dotación obligatoria con tierras y aguas suficientes para atender las necesidades de la población, autori- zando la expropiación por cuenta del gobierno federal de los terrenos que se requiera para ese fin, tomándolos de los que se encuentren in- mediatos a los pueblos interesados. Para atender las solicitudes de los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no pudieren lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos o porque hubieren sido enajenados legalmente, se crea una dependencia directa del ejecutivo Federal en- cargada de la aplicación de las leyes agrarias; un cuerpo consultivo in- tegrado por designación del presidente de la república; una comisión mixta en cada estado, compuesta de representantes de la federación, de los gobiernos locales y de los campesinos; comités particulares ejecu- tivos para cada uno de los núcleos de población solicitantes de tierras,
y comisariados ejidales para cada uno de los núcleos de población que
sean dotados. igualmente, se regulan los procedimientos para la tramitación de las solicitudes de restitución y dotación de tierras, bosques y aguas, estableciendo las facultades de las autoridades y órganos agrarios pre-
vistos en la propia constitución, señalados con anterioridad. se limita el derecho de los propietarios afectados por las resoluciones dictadas
2 dof . Diario Oficial de la Federación, Decreto de reformas a la constitución Política de los estados unidos mexicanos, 10 de enero de 1934.
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en favor de los pueblos, señalando que “no tendrán ningún derecho ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio de amparo”. sin embargo, se les concede la prerrogativa de acudir al gobierno federal para que les sea pagada la indemnización correspondiente, que deberán ejercer dentro del plazo de un año a partir de la fecha de publicación de la resolución en el Diario Oficial de la Federación. se previene se excluyan de las afectaciones agrarias las pequeñas propiedades agrícolas en explotación. Decreto del 24 de noviembre de 1937, publicado el 6 de diciembre de ese año, 3 por el que se adiciona la fracción Vii del artículo 27 cons- titucional, para reconocer el derecho de los núcleos de población co- munal para disfrutar en común las tierras, los bosques y las aguas que les pertenezcan o que se les restituyeren. también declara que serán de jurisdicción federal todas las controversias por límites de terrenos co- munales, cualquiera que fuera su origen. asimismo, establece la facul- tad del ejecutivo federal para resolver en definitiva estos expedientes y el recurso de inconformidad ante la suprema corte de Justicia de la nación, como medio de impugnación. Decreto 4 del 27 de diciembre de 1939, publicado el 9 de noviembre de 1940, por el que se reserva a la nación la explotación de los recursos asociados al petróleo y se establece que no se otorgarán concesiones sobre los mismos. Decreto 5 del 15 de enero de 1945, publicado el 21 de abril de ese año, por medio del cual se declaran propiedad de la nación determina- dos bienes en materia hidráulica. Decreto 6 del 31 de diciembre de 1946, publicado el 12 de febrero de 1947, que reforma las fracciones X, XiV y XV. establece la procedencia del juicio de amparo para los propietarios afectados por resoluciones
3 dof. Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma la fracción Vii del artículo 27 de la constitución Política de los estados unidos mexicanos, 6 de diciembre de
4 dof. Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma el artículo 27 de la consti- tución Política de los estados unidos mexicanos, 9 de noviembre de 1940.
5 dof. Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma el artículo 27 de la consti- tución Política de los estados unidos mexicanos, 21 de abril de 1945.
6 dof. Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma el artículo 27 de la consti- tución Política de los estados unidos mexicanos, 12 de febrero de 1947.
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agrarias que cuenten con certificado de inafectabilidad. asimismo, se fija la superficie considerada como pequeña propiedad agrícola y ga- nadera, y la unidad mínima de dotación individual en los ejidos de 10 hectáreas.
Decreto 7 del 22 de noviembre de 1948, publicado el 2 de diciembre del mismo año, que reforma la fracción i, autorizando a los gobiernos extranjeros a adquirir en propiedad bienes inmuebles destinados al ser- vicio de sus embajadas o legaciones. Decreto 8 del 6 de enero de 1960, publicado el 20 del mismo mes y año, por medio del cual se modifican los párrafos cuarto, quinto, sexto
y séptimo y la fracción i, declarando propiedad de la nación las aguas
marinas interiores, así como su dominio sobre la plataforma continen- tal y los zócalos submarinos, además se faculta a la federación a crear
reservas naturales. Decreto 9 del 23 de diciembre de 1960, publicado el 29 del mismo mes y año, por el que se modifica el párrafo sexto, declarando de com- petencia exclusiva de la nación a la materia eléctrica. Decreto 10 del 7 de octubre de 1974, publicado el 8 de ese mismo mes
y año, mediante el cual se reforman las fracciones Vi, Xii y XVii, su-
primiendo el concepto de territorios, como resultado de la erección de los estados de baja california sur y Quintana roo. Decreto 11 del 4 de febrero de 1975, publicado el 6 del mismo mes y año, por el que se adicionan los párrafos sexto y séptimo, reconociendo el derecho de la nación para aprovechar la energía nuclear para fines pacíficos y restringe el otorgamiento de concesiones y contratos de mi- nerales radioactivos.
7 dof. Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma el artículo 27 de la consti- tución Política de los estados unidos mexicanos, 2 de diciembre de 1948.
8 dof. Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma el artículo 27 de la consti- tución Política de los estados unidos mexicanos, 20 de enero de 1960.
9 dof. Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma el artículo 27 de la consti- tución Política de los estados unidos mexicanos, 2 de diciembre de 1948.
10 dof. Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma el artículo 27 de la consti- tución Política de los estados unidos mexicanos, 7 de octubre de 1974.
11 dof. Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma del artículo 27 de la consti- tución Política de los estados unidos mexicanos, 6 de febrero de 1975.
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Decreto 12 del 26 de enero de 1976, publicado el 6 de febrero del mismo año, que reforma el párrafo octavo, estableciendo una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas. Decreto 13 del 29 de enero de 1976, publicado el 6 de febrero del mis- mo año, por el que se modifica el párrafo tercero. Declara el derecho de la nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público y para regular el aprovechamiento de los recur- sos naturales en aras de una justicia distributiva de la riqueza pública, para procurar la conservación de dichos recursos e impulsar el desarrollo equilibrado del país. igualmente, se otorgan facultades a la federación para ordenar los asentamientos humanos y establecer reservas territoria- les para la realización de obras de infraestructura y apoyar el crecimiento de los centros de población, así como para el fraccionamiento de los la- tifundios, el desarrollo y la protección de la pequeña propiedad agrícola. Decreto 14 del 2 de febrero de 1983, publicado al día siguiente, me- diante el cual se adicionan las fracciones XiX y XX, para reconocer la necesidad de impartir una justicia agraria honesta y expedita, garanti- zar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, ejidal, comunal y la pequeña propiedad. establece también la asesoría legal a los campesi- nos, obligando al estado a promover el desarrollo rural integral. sergio García ramírez 15 refiere que esta reforma introduce el tema de la justicia agraria en la constitución, aunque la obligación a que se
] en la ins-
alude en el texto reformado no “culmine necesariamente [
tauración de tribunales”, ya que la solución de las controversias agrarias siguió estando encomendada a órganos administrativos.
Decreto 16 del 29 de julio de 1987, publicado el 10 de agosto del mis- mo año, que modifica el párrafo tercero para incorporar la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
12 dof. Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma el artículo 27 de la consti- tución Política de los estados unidos mexicanos, 6 de febrero de 1976.
13 dof. Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma el artículo 27 de la consti- tución Política de los estados unidos mexicanos, 6 de febrero de 1976.
14 dof. Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma el artículo 27 de la consti- tución Política de los estados unidos mexicanos, 3 de febrero de 1983.
15 sergio García ramírez, op. cit., pp. 32-34.
16 dof. Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma el artículo 27 de la consti- tución Política de los estados unidos mexicanos, 10 de agosto de 1987.
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Decreto 17 del 3 de enero de 1992, publicado el 6 del mismo mes y año, por el cual se reforman el párrafo tercero y las fracciones i V, V i , Vii, XV, XVii y XiX, y se derogan las fracciones X a XiV y XVi del ar- tículo 27, para cancelar el derecho de los núcleos agrarios al reparto de
la tierra. se autoriza a las sociedades mercantiles a adquirir en propiedad
terrenos rústicos hasta por 25 veces el límite de la pequeña propiedad.
asimismo, se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos agrarios
y se garantiza la propiedad de sus tierras, tanto para el asentamiento
humano como para sus actividades productivas, así como la integridad de las tierras de los grupos indígenas. se autoriza el aprovechamiento por terceros de las tierras ejidales y comunales, la transmisión de los derechos parcelarios, la adquisición del dominio pleno y la enajenación de parcelas. también se suprime la existencia de una dependencia di- recta del ejecutivo para el manejo de las cuestiones agrarias y desapa- recen el cuerpo consultivo agrario y las comisiones agrarias mixtas, se eliminan las menciones a los comités particulares ejecutivos y de los comisariados ejidales, aunque se conserva esta figura como órgano de representación de los núcleos agrarios. al dar por terminadas las accio- nes de reparto de tierras, se suprime la disposición que impedía a los propietarios oponerse a las afectaciones correspondientes. la reforma prohíbe los latifundios y regula los límites de la propie- dad particular; respeta las calidades previstas en el texto anterior y per- mite la transformación de la propiedad, como resultado de las mejoras realizadas por el propietario, sin que por ello se considere que se rebase la superficie permitida. Finalmente, se incorpora a la fracción XiX lo dispuesto en el texto de la anterior fracción Vii, que declara como ju- risdicción federal las controversias agrarias, instituye la integración de tribunales autónomos y de plena jurisdicción para la administración de este tipo de justicia, e indica la forma de su designación y el estable- cimiento de un órgano de procuración de justicia agraria.
martha chávez Padrón 18 señala que esta reforma constitucional realizada en 1992 no tuvo su origen en un contexto meramente nacio-
17 dof. Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma el artículo 27 de la consti- tución Política de los estados unidos mexicanos, 6 de enero de 1992.
18 martha chávez Padrón, El derecho agrario en México, méxico, Porrúa, 1999, pp. 307-308.
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nal como las anteriores, al referir que en la lViii asamblea de la con- federación Patronal mexicana (coparmex), que se celebró en marzo de 1991, se dio a conocer que la cuestión agraria sería incluida en las negociaciones para la suscripción de un tratado de libre comercio en- tre los gobiernos de méxico, estados unidos y canadá. al respecto, se refiere a las declaraciones del presidente de la república al anunciar que se promoverían modificaciones a la legislación agraria para permitir la libre asociación en el campo, para impulsar su modernización. en efecto, en la iniciativa de reformas 19 enviada al congreso por el presidente carlos salinas de Gortari, se indica que el méxico surgido del movimiento revolucionario y que dio origen a la reforma agraria había cambiado, por lo cual “hoy el campo exige una nueva respuesta para dar oportunidad de bienestar a los modos de vida campesina y fortalecer nuestra nación”. la exposición de motivos destaca como prioritaria una transformación del campo, que impulse la producción, la iniciativa y la creatividad de los campesinos, así como el bienestar de sus familias. en la propuesta de reformas se plantea la necesidad de “un pro- grama integral de apoyo al campo para capitalizarlo, abrir opciones productivas y construir medios efectivos que protejan la vida en co- munidad”. reconoce como causas de una baja inversión de capital en el sector agropecuario la falta de certeza en la tenencia de la tierra, la existencia del minifundio, el estancamiento de los rendimientos y la rentabilidad de muchos cultivos, lo cual hacía indispensable que a la inversión del sector público se sumara la del sector privado. Para lo- grar dichos objetivos se consideró prioritario “el fin del reparto agra- rio”, al señalar que ya no había tierras para satisfacer la demanda de los campesinos, lo que repercutía en la pulverización de las unidades existentes, por lo que había que revertir el minifundismo y consolidar los resultados del reparto efectuado. al finalizar los programas de reparto, se permite a las asociaciones y a las sociedades mercantiles adquirir tierras rústicas para fomentar la capitalización en el cam- po y se instituye la pequeña propiedad forestal. adicionalmente, se
19 Presidencia de la república, iniciativa de reformas al artículo 27 de la constitución Política de los estados unidos mexicanos, méxico, 7 de noviembre de 1991.
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contempla la constitución de sociedades propietarias de tierras y se autoriza la enajenación y adquisición del dominio pleno de las tierras parceladas de los ejidatarios. Finalmente, se señaló la necesidad de impulsar la nueva etapa de “la reforma agraria mediante la superación del rezago agrario”, proveyen- do a la resolución de las controversias en el medio rural, promoviendo la conciliación y apoyando la gestoría y la procuración agrarias. Para esos fines se propone también, de manera destacada, la creación de los tribunales agrarios. martha chávez Padrón 20 anticipa que, como resultado de las re- formas que se comentan, se “diseñó el acceso de los extranjeros a las tierras rústicas mexicanas” y advierte los riesgos de que la ley agraria pueda aplicarse a las tierras ubicadas en las franjas fronterizas, litorales e islas adyacentes del país. al contrastar los textos anterior y actual del precepto constitucional, señala que si bien se reconoce personalidad jurídica a los núcleos de población, ejidales y comunales, se excluyó a los que de hecho o por derecho guardan el estado comunal, los cuales siguen estando reconocidos en el artículo 107 fracción ii de la misma constitución. isaías rivera rodríguez, 21 al revisar el texto de la iniciativa y del precepto modificado, destaca que en ella se reconoce la trascendencia del reparto agrario y que aunque la propia iniciativa “desconoce el su- puesto fracaso de la reforma agraria, señala que la realidad demográ- fica, económica y social del campo obliga a elaborar nuevas respuestas para lograr los mismos fines nacionalistas”. hilario bárcenas chávez 22 comenta que es muy clara la intención de la reforma constitucional de poner fin al reparto de tierras; además, se propone “ampliar la justicia social y la libertad del campesino […] busca promover cambios que alienten una mayor participación de los productores del campo en la vida nacional”. también menciona que al establecerse los tribunales agrarios para la impartición y administra-
20 martha chávez Padrón, op. cit., pp. 313-316.
21 isaías rivera rodríguez, El nuevo derecho agrario mexicano, méxico, mcGraw-hill, 1999, pp. 68-87.
22 hilario bárcenas chávez, Derecho agrario y el juicio de amparo, méxico, mcGraw-hill, 1999, pp. 149-168.
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ción de la justicia en el campo, “se obtiene así lo que fue el viejo anhelo que se tenía desde el Plan de ayala”. sergio García ramírez 23 alude al fin del reparto derivado de la re- forma al señalar que “persiste la posibilidad —que escasamente se pre- senta en la práctica— de restitución de tierras, pero ya no existe —como ocurrió en la etapa del reparto agrario permanente— el derecho de los campesinos a la dotación de tierras, a la ampliación de ejidos y, en todo caso, al acomodo en otras propiedades ejidales bajo el concepto de nuevos centros de población”. sin embargo, comenta que se mantiene en el texto la limitación de la propiedad privada y el fraccionamiento de los latifundios, y que siguen teniendo presencia constitucional “el ejido
y la comunidad, sujetos a la protección de la ley, lo cual implica —si se
traslada esa protección de la persona moral ‘núcleo de población’ a las personas físicas de sus integrantes, bajo el signo de las garantías ‘indi- viduales’— la protección a ejidatarios y comuneros. Persiste el proyecto promotor del desarrollo en el agro mexicano”.
Decreto 24 del 27 de enero de 1992, publicado el día siguiente, por el cual se modifican las fracciones ii y iii, otorgando la capacidad para adquirir, poseer o administrar los bienes que sean necesarios para su objeto, a las asociaciones religiosas, así como a las instituciones de be- neficencia pública y privada. Decreto del 10 de octubre de 2011, publicado el día 13 de ese mes y año, por el que se reforma, junto con el artículo 4, el 27 de la constitu- ción, para establecer que el desarrollo rural integral y sustentable tam- bién tendrá entre sus fines que el estado garantice el abasto suficiente
y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 25 Decreto del 10 de junio de 2013, publicado el día siguiente, se refor- man diversos artículos de la constitución en materia de telecomuni- caciones, incluido el 27, con la finalidad de que las concesiones para la
23 sergio García ramírez, op. cit., pp. 31-37.
24 dof. Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma el artículo 27 de la consti- tución Política de los estados unidos mexicanos, 28 de enero de 1992.
25 dof. Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se adiciona un párrafo terce- ro al artículo 4 recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la constitución Política de los estados unidos mexicanos, 13 de octubre de 2011.
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explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos relacionados con la radiodifusión y las telecomunicaciones, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, sean otor- gadas por el instituto Federal de telecomunicaciones. 26 Decreto del 20 de diciembre de 2013, publicado en la misma fecha, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos constitu- cionales en materia de energía, 27 entre ellos el 27, autorizando al esta- do para que la realización de las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos se pueda efectuar a través de asig- naciones a empresas productivas del estado o a través de contratos con particulares, en los términos de la ley reglamentaria. Finalmente, por decreto del 29 de enero de 2016, publicado el mismo día, por medio del cual se reforman y derogan diversas dis- posiciones de la constitución, incluyendo el artículo 27, en materia de reforma política, para el efecto de que se reconozca como entidad federativa a la ciudad de méxico, antes Distrito Federal. 28
Texto vigente del artículo 27 constitucional
artículo 27. la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los par- ticulares, constituyendo la propiedad privada. las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular,
26 dof . Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman y adicionan di- versas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la constitución Política de los estados unidos mexicanos, en materia de telecomunicaciones, 11 de junio de 2013.
27 dof . Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman y adicionan di- versas disposiciones de la constitución Política de los estados unidos mexicanos, en materia de energía, 20 de diciembre de 2013.
28 dof . Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se declaran reformadas y dero- gadas diversas disposiciones de la constitución Política de los estados unidos mexica- nos, en materia de la reforma política de la ciudad de méxico, 29 de enero de 2016.
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en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales suscep- tibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos
y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el
fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos na- turales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloi- des utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los produc- tos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación nece- site trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho internacional. son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación na- tural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos
y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se
su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacio-
nal; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos
o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte
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de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas,
cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de
república; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas,
estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la re- pública y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la república con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se
extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrien- tes interiores en la extensión que fija la ley. las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción
y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás
aguas de propiedad nacional. cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la pro- piedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los estados. en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifu- sión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el instituto Federal de telecomunicaciones. las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuar- to, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otor- gamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. el Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas na- cionales y suprimirlas. las declaratorias correspondientes se harán por el ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. corresponde exclusiva- mente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléc- trica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que
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el estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los parti- culares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o ga-
seosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescrip- tible y no se otorgarán concesiones. con el propósito de obtener ingresos para el estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo
y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del
estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones
o contratos las empresas productivas del estado podrán contratar con parti-
culares. en cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. corresponde también a la nación el aprovechamiento de los combus- tibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. el uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos. la nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar
territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del congreso. la zona económica exclusiva se extenderá
a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual
se mide el mar territorial. en aquellos casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros estados, la delimi- tación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos estados. la capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la na- ción, se regirá por las siguientes prescripciones:
i. sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las socieda- des mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. el estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la secretaría de relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los
extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.
164 • Reformas del artículo 27 constitucional
reciprocidad, podrá, a juicio de la secretaría de relaciones, conceder autoriza- ción a los estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones.
ii. las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del
artículo 130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer
o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su
objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria;
iii. las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por
objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de
la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto
lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que de- termine la ley reglamentaria;
iV. las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de
terrenos rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. en ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras
dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que
la respectiva equivalente a veinticinco veces los límites señalados en la fracción
XV de este artículo. la ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el nú- mero mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. en este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondien-
te a terrenos rústicos, será acumulable para efectos de cómputo. asimismo, la
ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades. la propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para
el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción;
V. l os ba ncos debidamente autorizados, conforme a las leyes de ins - tituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero
no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo.
Vi. los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de
toda la república, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los
bienes raíces necesarios para los servicios públicos. las leyes de la Federación y de los estados en sus respectivas jurisdic- ciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación
Jorge J. Gómez de Silva Cano • 165
de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad admi- nistrativa hará la declaración correspondiente. el precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. el exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas. el ejercicio de las acciones que corresponden a la nación, por virtud de las disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autorida- des administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada. Vii. se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. la ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano
regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y
provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de
sus pobladores. la ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratán- dose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. en caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.
166 • Reformas del artículo 27 constitucional
Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser
titular de más tierra que la equivalente al 5 % del total de las tierras ejidales. en todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV. la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal
o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. el comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria; Viii. se declaran nulas:
a) todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a
los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes
políticos, Gobernadores de los estados, o cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes
y disposiciones relativas;
b) todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y
montes, hechas por las secretarías de Fomento, hacienda o cualquiera otra
autoridad federal, desde el día primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pue- blos, rancherías, congregaciones o comunidades, y núcleos de población.
c) todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenacio-
nes o remates practicados durante el período de tiempo a que se refiere la
fracción anterior, por compañías, jueces u otras autoridades de los estados
tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a núcleos de población. Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de dominio por más de diez años cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas. iX. la división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos, materia de la división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres cuartas partes de los terrenos.
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se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos. se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por in- dividuo la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señala- dos por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley. cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras
en sus tierras y éstas se destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los límites a que se refieren los pá- rrafos segundo y tercero de esta fracción que correspondan a la calidad que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora;
XVii. el congreso de la unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los procedimien- tos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones iV y XV de este artículo. el excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario den- tro del plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. si transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deberá ha-
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cerse mediante pública almoneda. en igualdad de condiciones, se respetará
el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria. las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando
los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno; XViii. se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los Gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de
la nación, por una sola persona o sociedad, y se faculta al ejecutivo de la
unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el in- terés público. XiX. con base en esta constitución, el estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de te- rrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el ejecutivo Federal y designados por la
cámara de senadores o, en los recesos de ésta, por la comisión Permanente. la ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y XX. el estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural inte- gral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campe- sina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional,
y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la
tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capaci- tación y asistencia técnica. asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. el desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo an- terior, también tendrá entre sus fines que el estado garantice el abasto sufi- ciente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.
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