Source: https://aldiachile.microjuris.com/2018/09/03/jurisprudencia-destacada-ano-2018-n12/
Timestamp: 2019-01-16 07:41:44
Document Index: 309143876

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 1489', 'artículo 1489', 'artículo 1489', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 1545', 'artículo 454', 'artículo 454', 'artículo 1698', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 477', 'artículo 4', 'artículo 162', 'artículo 159', 'artículo 63', 'artículo 62']

Jurisprudencia Destacada Año 2018 N12 – Microjuris - Chile
Jurisprudencia Destacada Año 2018 N12
JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 12 DE 2018
SUBVENCIÓN ESCOLAR -REGISTRO DE ASISTENCIA
Senoceain Mella, Luis c/ Ilustre Municipalidad de Concepción
Voces: CIVIL – MUNICIPALIDADES – CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – INDEMNIZACION DE PERJUICIOS – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – EDUCACION SUBVENCIONADA – LIBRO DE ASISTENCIA – RECURSO DE CASACION EN LA FORMA – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO
Corresponde rechazar la demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios fundada en el no pago de subvención escolar, pues el artículo 13 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del año 1996 del Ministerio de Educación, determina que el registro de asistencia de alumnos constituye el requisito establecido a partir del cual se desarrolla el cálculo matemático del pago por la subvención correspondiente, lo cual no fue acreditado según lo establecido por los jueces del fondo. La carga de la prueba de ese elemento de juicio corresponde al demandante, desde que, si bien el contrato estatuye la naturaleza de los servicios educacionales sobre la base de un listado de alumnos entregados por la misma Municipalidad, la modalidad de pago no está entregada libremente a los contratantes sino que está determinada precisamente por la ley.
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que rechazó su demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, derivado del no pago de subvenciones escolares. Esto, debido a que, la sentencia impugnada se ajusta a derecho al rechazar la demanda, toda vez el artículo 13 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del año 1996 del Ministerio de Educación, determina que el registro de asistencia de alumnos constituye el requisito establecido a partir del cual se desarrolla el cálculo matemático del pago por la subvención correspondiente, lo cual no fue acreditado según lo establecido por los jueces del fondo. La carga de la prueba de ese elemento de juicio corresponde indudablemente al demandante, desde que, si bien el contrato estatuye la naturaleza de los servicios educacionales sobre la base de un listado de alumnos entregados por la misma Municipalidad, la modalidad de pago no está entregada libremente a los contratantes sino que está determinada precisamente por la ley. Las sentencias del grado no establecieron justamente el cumplimiento de ese requisito para los períodos que son demandados y, por lo tanto, no permiten desarrollar el cálculo previsto en el artículo 13 del D.F.L antes citado, derivando de ello la imposibilidad de determinar el monto de pago de la subvención escolar correspondiente a dicho contrato.
2.- La asistencia de los alumnos, como lo establece el artículo 13 del D.F.L N° 2 del año 1996 del Ministerio de Educación, es la base de cálculo de la subvención, condición que no puede ser subsanada por la misma demandada, ni aun con el reconocimiento expreso de la obligación, atendida que se trata de una obligación especialmente regulada, respecto de la cual los órganos públicos no tiene posibilidad de disposición.
3.- La determinación de los elementos de cálculo de pago de la subvención escolar están fijados por la ley, por lo cual los jueces del fondo no realizaron una labor de interpretación, sino más bien de aplicación de las normas que regulan su pago. Si bien entre las partes prima la autonomía de la voluntad, es decir, la libertad para contratar y fijar el alcance y contenido de sus derechos y obligaciones correlativas, un reconocido límite a dicho principio está precisamente en la ley. En determinados contratos, dada la naturaleza de las obligaciones y el componente público de los recursos que se destinan a su cumplimiento -como es el caso- algunos de sus elementos no quedan entregados libremente a la disposición de las partes y no puede el recurrente separar las cláusulas del contrato suscrito, de las normas legales que regulan la materia.
4.- Corresponde rechazar el recurso de casación en la forma interpuesto por la parte demandante, pues la sentencia, al estimar la necesidad de acreditar la asistencia por medio de los registros correspondientes, no hace sino aplicar la ley, lo cual en ningún caso podría ser considerado como extensivo a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, por cuanto no le cabe sino aplicar la ley en la determinación del monto de la subvención a pagar en un asunto especialmente regulado dada la naturaleza de la prestación y del contrato.
CONTRATACIÓN PÚBLICA – DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA
Moreno c/ Ilustre Municipalidad de San Pedro de La Paz
Voces: CIVIL – MUNICIPALIDADES – CONSTRUCCIÓN DE OBRA – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – RESOLUCIÓN DEL CONTRATO – DAÑO MORAL – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO
Aun cuando se haya accedido a la acción de cumplimiento de contrato en contra de la municipalidad, las obligaciones del demandante solo fueron cumplidas de forma parcial, atendido que las obras no fueron completamente terminadas a la fecha fijada por las partes, de tal forma que el Vale Vista entregado por la contratista en garantía, entre otros supuestos, del cumplimiento oportuno de sus obligaciones, no correspondía que fuera devuelto, dadas las circunstancias. En estas condiciones, al disponer el fallo impugnado la devolución de su importe a la parte actora, ha infraccionado el artículo 1489 del Código Civil.
1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandada en contra de la resolución que confirmó el fallo de primera instancia, haciendo lugar a la demanda por cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios. Esto, dado que los jueces de fondo han infringido lo dispuesto en el artículo 1489 del Código Civil, al disponer la devolución del vale vista entregado en garantía a la demandada. Ha resultado ser un hecho indiscutido del proceso, el que las obras finales se entregaron con algún nivel de retraso, de tal forma que el Vale Vista entregado por la contratista en garantía del cumplimiento oportuno de sus obligaciones, no correspondía que fuera devuelto a quien lo tomó, por configurarse la hipótesis de incumplimiento de la obligación garantizada. En estas condiciones, el fallo impugnado ha infraccionado el artículo 1489 del Código Civil, en tanto este valor del vale vista no cubría obligaciones que la demandada debiera satisfacer en virtud del cumplimiento del contrato, evento en el que tal decisión excedió, a su respecto, los márgenes del citado texto legal.
2.- Habiendo optado la actora por impetrar el cumplimiento del contrato, cabe consignar que esta acción ha tenido como fundamento el cumplimiento sólo parcial de la contraparte, ante lo que el fallo atacado dispuso los pagos que se consignan en lo resolutivo del fallo confirmado. Sopesaron los jueces la entidad del incumplimiento de la demandada que significaba no haber satisfecho el estado de pago N° 2 lo que implicaba haber cumplido la actora con el 94,93% de la obra contratada, versus las alegaciones de incumplimiento que reprochó la Municipalidad a la demandante, enlazadas a circunstancias fácticas que el tribunal tuvo por no establecidas. Considerando que, de conformidad a los hechos que se tuvieron por asentados, y que no impugnó el recurrente por la vía de denunciar vulneración de normas reguladoras de la prueba, es inconcuso que la demandante cumplió con sus obligaciones en términos tales que resultaba improcedente para la demandada retener el Estado de Pago N°2, pues se acreditó los respectivos paraderos -objeto de la contratación- estaban terminados y en uso, razón por la que las alegaciones formuladas por el recurso, en relación al incumplimiento a la ejecución íntegra y correcta de las obras, por parte de la actora, deben ser desestimadas.
3.- No obstante estar generalmente aceptado que es procedente el resarcimiento del daño moral en materia contractual, tal concepción ha sido delineada con contornos específicos que perfilan los supuestos que la hacen procedente, y entre ellos, la previsibilidad, y el daño directo a un bien, o interés moral del acreedor, lo que de algún modo se relaciona con la naturaleza de la vinculación. Tales aspectos han sido recogidos acertadamente por el fallo atacado, y a ello cabe añadir que en la especie resulta ser aún más remota, que en otros casos, la posibilidad de la previsibilidad requerida, ello en tanto la demandada Municipalidad estaba ligada a un tercero, la Subsecretaria de Desarrollo Regional, a través del Convenio de Transferencia de Recursos lo que claramente tenía incidencia en la forma y modalidades en que habría de desplegarse la conducta del ente edilicio, en relación al contrato sub lite.
RENOVACIÓN DE PATENTE MUNICIPAL – CONFIANZA LEGÍTIMA
Bichara c/ Ilustre Municipalidad de Santiago
Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – DERECHO DE PROPIEDAD – PATENTE DE ALCOHOLES – SEGURIDAD JURIDICA – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO
El actuar de la municipalidad recurrida de haber caducado las patentes del actor aun habiéndole conferido plazo para adjuntar los documentos que estimaba faltantes, aparece como desprovisto de un fundamento razonable y es contradictorio con la conducta que venía observando precedentemente frente a la renovación de las patentes de alcoholes, contradicción que queda de manifiesto si se advierte en que, mientras el concejo municipal y el alcalde decidían poner término a las patentes, la Subdirección de Rentas y Finanzas del municipio le confería plazo al recurrente para adjuntar una determinada documentación en el marco del proceso de renovación de las patentes.
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación, revocando la sentencia y acogiendo el recurso de protección deducido en contra de la municipalidad por la decisión de haber caducado dos patentes de alcoholes del recurrente. Esto, debido a que, la recurrida, al haber caducado las patentes del actor aun habiéndole conferido plazo para adjuntar los documentos que estimaba faltantes, defraudó,la legítima confianza que ella misma generó en él en orden a que, cumpliendo la exigencia establecida, conservaría sus patentes. Esa legítima expectativa generada en el recurrente constituye una manifestación de la noción de seguridad jurídica y certeza en la situación que detenta cada ciudadano ante la Administración, en que se basan, entre otras, las garantías que se consignan en los numerales 2, 3, 16 inciso tercero, 20 inciso segundo y 22 del artículo 19 de la Carta Política. De esta forma, el proceder de la recurrida aparece desprovisto de un fundamento razonable, y más bien se muestra como una decisión apoyada en una voluntad orientada a poner término a las patentes del recurrente por motivos que no se condicen con los esgrimidos para actuar de ese modo. Además, el actuar de la recurrida es contradictorio con la conducta que venía observando precedentemente frente a la renovación de las patentes, contradicción que queda de manifiesto si se repara en que, mientras el concejo municipal y el alcalde decidían poner término a las patentes, la Subdirección de Rentas y Finanzas del municipio le confería plazo al recurrente para adjuntar una determinada documentación en el marco del proceso de renovación de las patentes.Así, la conducta arbitraria de la recurrida obstaculiza indebidamente la actividad económica que lleva adelante el recurrente y le priva de su propiedad sobre las referidas patentes, afectando los derechos constitucionales que le aseguran los números 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
CONTRATACIÓN PÚBLICA – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
Xinergia Laboral Servicios Transitorios Limitada c/ Ilustre Municipalidad de Vitacura
Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – MULTA – BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – RECLAMACIÓN JUDICIAL – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO
No existe ilegalidad en la imposición de una multa a la contratante que ha incumplido lo dispuesto en el contrato suscrito con la Municipalidad, sobre todo considerando que dichas sanciones, junto a sus presupuestos fácticos, se encuentran debidamente contemplados tanto en el contrato referido como en las bases administrativas de la licitación pública, las que deben entenderse incorporadas al primero.
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la reclamante en contra de la sentencia que confirmó la multa interpuesta por la Municipalidad, por incumplimiento del contrato celebrado entre las partes. Esto, dado que los sentenciadores aplicaron adecuadamente el estatuto que regía la relación entre las partes, pues resuelven sobre la base de que los contratantes sometieron sus relaciones jurídicas a lo establecido en el contrato que al efecto celebraron, en el que se deben entender incorporadas las Bases Administrativas, de lo que se sigue que este último instrumento forma parte de la ley del contrato y, por consiguiente, no se puede estimar que la recurrida haya cometido un acto ilegal si, como ha quedado dicho, la multa objeto del reclamo aparece, a los efectos de la presente acción, aplicada en atención a lo previsto en la normativa contractual acordada y el artículo 1545 del Código Civil, cuya vulneración, en todo caso, no fue invocada como fundamento del arbitrio.
2.- Las partes suscribieron un «Contrato de Servicios de Digitación para el proceso de permisos de circulación 2016», en el que se deben entender incluidas las Bases Administrativas que formaron parte de la licitación respectiva; habiendo establecido los contratantes en la cláusula novena de dicho contrato – reflejo de lo estatuido en el número 12 de las Bases de Licitación- multas por los incumplimientos en que incurriere la empresa debido a, entre otros motivos, falta de las personas necesarias para completar la dotación, retrasos y otros motivos. Por tanto, no incurre en ilegalidad la autoridad comunal al aplicar la multa contemplada en las reglas que las mismas partes se otorgaron, sobre todo si se considera que la actora no ha contradicho la ocurrencia de los hechos que se le imputan y que justificaron la aplicación de las sanciones contra las que reclama.
Núñez Ramírez, Julio c/ Ilustre Municipalidad de La Serena
Voces: LABORAL – ACCIDENTE DE TRABAJO – INDEMNIZACION DE PERJUICIOS – LUCRO CESANTE – INCAPACIDAD LABORAL – PRESUNCIONES – CAUSALES DEL RECURSO – PONDERACION DE LA PRUEBA – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO
Sala: Extraordinaria
Del artículo 454 Nº 3 del Código se colige que si concurren las hipótesis señaladas en la norma, el tribunal adquiere la facultad de aplicar la sanción allí establecida, que consiste en tener por presuntamente efectivos los hechos señalados por el demandante en su escrito pretensor. Por lo tanto, en la especie, los hechos asentados de este modo no surgen de un mecanismo de apreciación de la prueba sino de una presunción a la que arriba el juez a través de hacer efectiva dicha sanción; y estando el recurso fundado en una indebida apreciación de la prueba bajo la acusación de no respetarse las normas de la sana crítica, resulta ello inconsistente, por cuanto la prueba surgida a través de la presunción nunca llegó a apreciarse, con lo cual el reproche carece de sustento, y la causal de nulidad esgrimida se desvanece.
1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia que acogió la demanda de indemnización por accidente de trabajo. Esto, debido a que, del artículo 454 Nº 3 del Código se colige que si concurren las hipótesis señaladas en la norma, el tribunal adquiere la facultad de aplicar la sanción allí establecida, que consiste en tener por presuntamente efectivos los hechos señalados por el demandante en su escrito pretensor. Por lo tanto, en la especie, los hechos asentados de este modo no surgen de un mecanismo de apreciación de la prueba sino de una presunción a la que arriba el juez a través de hacer efectiva dicha sanción; y estando el recurso fundado en una indebida apreciación de la prueba bajo la acusación de no respetarse las normas de la sana crítica, resulta ello inconsistente, por cuanto la prueba surgida a través de la presunción nunca llegó a apreciarse, con lo cual el reproche carece de sustento, y la causal de nulidad esgrimida se desvanece.
2.- Se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la indemnización por lucro cesante. Esto, debido a que, el lucro cesante que se demanda se basa en la pérdida de capacidad de ganancia que habría experimentado el trabajador a raíz de la secuela dañosa del siniestro. Sin embargo, tal como lo sanciona el tribunal a quo, no existe antecedente alguno que permita establecer una eventual incapacidad del actor para el trabajo. No existe declaración de invalidez, como tampoco puede existir una determinación del porcentaje de esa pérdida, dictaminado por la entidad autorizada por la ley para tal efecto, máxime si dicha determinación —si la hubiere— solamente tendría efectos en el marco de las prestaciones de seguridad social, y no determina que tales efectos trascienda fatalmente al ámbito de la responsabilidad civil contractual. Siendo así, conforme a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, correspondió a la parte demandante acreditar la existencia y monto del lucro cesante, sin que a juicio del tribunal llamado por la ley a sopesar la prueba, haya logrado tales convicciones.
Lorca c/ Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda
Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – PRIMACIA DE LA REALIDAD – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO
No es posible considerar que las labores de la actora se hayan desplegado conforme las exigencias de la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, desde que el ejercicio de labores que se extienden durante varios años bajo condiciones de subordinación y dependencia, no pueden considerarse como sujeta a las características de especificidad que señala dicha norma, o desarrollados en las condiciones de temporalidad que indica, por lo que corresponde aplicar el Código del Trabajo, concluyendo que el vínculo existente entre las partes, es de orden laboral.
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que desestimó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra de la sentencia que rechazó la demanda que solicitaba la declaración de existencia de la relación laboral, el despido injustificado y la nulidad del mismo, estimando, la sentencia impugnada que las labores desarrolladas por la actora se enmarcan en contratos de honorarios suscritos al alero del artículo 4° de la Ley N° 18.883. Al respecto, se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia, pues las circunstancias (vinculación mediante suscesivos decretos alcaldicios que autorizaron la contratación de la actora bajo la modalidad a honorarios, en la Oficina de la Vivienda de la demandada y en el proyecto «Entidad Patrocinadora Gestión Inmobiliaria Social», en cuya virtud prestaba asesoría y atendía público, en horario determinado y cumpiendo jornada, con salidas a terreno, recibiendo una contraprestación mensual por tales servicios, emitiendo boletas e informes asociados a las labores prestadas, sujetándose a la dependencia e instrucciones de su jefatura) revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de lo realidad concreta, tuvo dicha relación, al constituir indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículos 7° del Código del Trabajo, una relación sometida a su regulación, que configuran una evidente prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación y por la cual la demandante recibía a cambio una remuneración. Inferencia que obtiene mayor fuerza si se considera que se trata del desempeño de servicios que se prolongaron en el tiempo sin solución de continuidad, lo que impide considerar que su incorporación se haya desplegado conforme las exigencias de la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, desde que el ejercicio de labores que se extienden durante varios años y en las condiciones señaladas, no pueden considerarse como sujeta a las características de especificidad que señala dicha norma, o desarrollados en las condiciones de temporalidad que indica, por lo que corresponde aplicar el Código del Trabajo, concluyendo que el vínculo existente entre las partes, es de orden laboral. En consecuencia, se infringe en la especie el artículo 4° de la Ley N° 18.883, como, asimismo, los preceptos contenidos en los artículos 1 y 7 del Código del Trabajo, por lo que procedía acoger el recurso de nulidad que se fundó en la causal de nulidad del artículo 477 del cuerpo legal citado.
2.- Conforme al artículo 4 de la Ley N° 18.883, el contrato a honorarios se erige como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la administración municipal puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual. En consecuencia, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 1º y 4º de la Ley N° 18.883, las municipalidades, para cumplir las funciones públicas que la ley les asigna, cuentan con una dotación permanente y otra transitoria, conformada por los funcionarios de planta y a contrata, respectivamente, y, además, aquélla compuesta por las personas que sirven labores en calidad de contratados a honorarios. Los trabajos que se efectúan conforme a esta última calidad jurídica constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato.
3.- Debe entenderse que son labores accidentales y no habituales de la municipalidad aquéllas que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos las labores puntuales, es decir, aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente municipal, pero, bajo ningún concepto, se pueden desarrollar las labores permanentes conforme dicha modalidad.
4.- Se rechaza la demanda de nulidad del despido, pues no obstante asentirse la mora previsional al haberse controvertido por la parte demandada la naturaleza laboral del vínculo, no procede el castigo que contempla el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, por cuanto al ampararse la contratación a honorarios en una fórmula contemplada por la ley, que aunque en los hechos no fue tal, sino una laboral, opera a favor de la parte demandada una razón que la exime de las consecuencias propias de esa vinculación establecida, ya que el basamento legal en el cual se celebraron los sucesivos contratos, les otorgaban una presunción de legalidad, debiendo considerarse, además, que en el contexto que se desarrolla el proceso, tal punición se desnaturaliza, por cuanto las municipalidades no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren de un pronunciamiento condenatorio. (De la sentencia de reemplazo).
LABORAL – CONTRATO A PLAZO
Sazo c/ Ilustre Municipalidad de Arica
Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – MUNICIPALIDADES – DISCRIMINACIÓN LABORAL – CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO – DESPIDO JUSTIFICADO – DECRETO ALCALDICIO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECHAZO DE LA DEMANDA
Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Arica
Ya que el contrato de trabajo que unía a las partes se encontraba sujeto a un plazo fijo, y no había sido generado en la trabajadora ningún tipo de confianza legítima en cuanto a la continuidad de la prestación de servicios una vez que llegara la fecha pactada, el término de la relación laboral por la llegada del plazo no constituye un acto irregular, ilegal o arbitrario.
1.- Corresponde rechazar la denuncia de tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido, interpuesta por la trabajadora en contra de la Municipalidad. Esto, dado que, habiéndose reconocido por la denunciante que el vinculo laboral que la unía con la Municipalidad se encontraba sujeto a un plazo fijo, según lo dispuesto en el artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo, el requisito de fundar el término de la relación laboral alegada, con argumentaciones distintas a la llegada de este plazo, no resulta exigible. Esto, ya que los contratos a plazo fijo son aquellos cuyo período de vigencia ha sido previamente pactado por los contratantes, conociendo por tanto estos de antemano el motivo y la oportunidad en que se producirá su extinción. Por lo tanto, la notificación de la llegada del plazo, con el consiguiente término de la relación laboral, no constituye un acto irregular, ilegal o arbitrario por parte del empleador.
2.- Como se señala en el informe emitido por la Contraloría Regional, en cuanto a la confianza legítima alegada, dicho principio implica que la reiteradas renovaciones de las contrataciones, desde la segunda renovación al menos, general en los servidores que se desempeñan sujetos a esta modalidad, la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro, por lo que para adoptar una determinación diversa, es menester que la autoridad emita un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan tal decisión. Sin embargo, en la especie no se advierte que la entidad edilicia haya expresado su voluntad publica en el sentido de disponer la prórroga de la contratación de la peticionaria, sin que conste, además, que tal determinación le fuere notificada a la recurrente. Considerando, además, el principio de escrituración de los actos administrativos es dable concluir que, aun cuando en la providencia escrita invocada por la denunciante contuviera una declaración de voluntad en orden a renovar el contrato de trabajo de la recurrente, no consta que la misma le haya sido notificada personalmente por el jefe superior del servicio, por lo que no aparece vulnerado el principio de certeza jurídica.
3.- El hecho que la actora hubiera decidido cambiar de trabajo de Agente Regional de la Superintendencia de Seguridad Social al cargo de Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad, correspondió a un riesgo que la propia demandante asumió, el cual en caso alguno puede ser atribuido a la entidad edilicia, más aún, si la actora aceptó voluntariamente que su vínculo contractual se iniciara mediante la suscripción de un contrato a plazo fijo. Para finalizar, las expectativas personales de un trabajador en cuanto a que su contrato de plazo fijo pueda eventualmente transformarse en uno de naturaleza indefinida, resulta una circunstancia que no se encuentra protegida por el legislador. 4- Según lo indicado por la Contraloría Regional sobre el reclamo de la peticionaria en orden a que el alcalde subrogante no tendría la atribución contenida en la letra c) del artículo 63 de la Ley N°18.965, de nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia, es dable aclarar, que al tenor de lo dispuesto el artículo 62 de dicha normativa, el Alcalde, en caso de ausencia o impedimento no superior a 45 días, será subrogado en sus funciones por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la Municipalidad. Así, es necesario considerar que quienes asumen en calidad de alcaldes subrogantes están plenamente facultados para ejercer las funciones administrativas propias del titular. Mas aún y sin perjuicio de lo expresado, en este caso el alcalde subrogante se limitó a notificar a la recurrente el término de la relación contractual por el vencimiento del plazo al cual estaba sujeta, no advirtiéndose irregularidad en dicha actuación.
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