Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ct-d68-2009.tp.html
Timestamp: 2017-09-26 14:26:48
Document Index: 230669180

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 7', 'artículo 22', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 18', 'artículo 15', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 27', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 22']

Decreto 68/2009, de 24 de septiembre, por el que se regulan determinadas ayudas para favorecer el acceso a la vivienda en Cantabria durante el período 2009-2012. TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES.
1. El presente Decreto regula los requisitos y condiciones para el acceso a las ayudas públicas y para la declaración como actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el período 2009-2012.
2. Será aplicable a las citadas actuaciones lo establecido en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y en el presente Decreto.
1. Las ayudas y subvenciones reguladas en el presente Decreto que se concedan por la Comunidad Autónoma de Cantabria se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 04.05.261A.484 «Ayudas a inquilinos para pagos de rentas de viviendas», 04.05.261A.771 «Adquisición y habilitación de suelo, promoción de viviendas de protección oficial y rehabilitación de viviendas para alquilar », y 04.05.261A.781 «Adquisición y rehabilitación de viviendas y edificios», de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2009; y para las anualidades sucesivas a las que se extienda la vigencia del presente Decreto, se imputarán a las aplicaciones presupuestarias que a tal efecto se habiliten en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. Dichas actuaciones podrán financiarse, igualmente, con cargo a otras partidas diferentes que dispongan de crédito adecuado y suficiente.
1. Corresponde al Director General de Vivienda y Arquitectura la resolución de los expedientes que tengan por objeto la calificación de actuaciones protegidas en materia de vivienda, el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a las ayudas al inquilino, a la subsidiación de los prestamos convenidos y a las ayudas estatales directas a la entrada, en materia de vivienda.
2. Corresponde al Gobierno de Cantabria, previa consignación presupuestaria para este fin, conceder las ayudas y subvenciones cuyo importe supere los límites que a tal efecto establezcan las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En los demás supuestos, será órgano competente el Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo para la concesión de subvenciones incluidas en los Planes de Vivienda y Suelo.
1. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura ejercerá las facultades de inspección sobre las actuaciones protegidas con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y de los compromisos de los beneficiarios de las mismas. Estas facultades se extenderán a actuaciones de colaboración, si fuere necesario, con otras Administraciones y Registros Públicos, y en particular con las Agencias Estatal y Cántabra de Administración Tributaria, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, los Centros de Gestión Catastral y el Registro de la Propiedad.
2. La solicitud de calificación de cualquier actuación como protegida, así como la de ayudas financieras, al amparo del presente Decreto, implicará la autorización expresa, del solicitante, a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura para recabar toda la información necesaria para la comprobación, en su caso, del correcto destino de las ayudas concedidas.
3. La autorización a que se refiere el apartado anterior estará referida a todos los miembros de la unidad familiar, en aquellos casos en que la solicitud de calificación o de ayuda esté condicionada al número, ingresos y demás circunstancias valorables de los miembros que forman parte de la misma.
4. No obstante lo anterior, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento para recabar los datos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, debiendo aportar en tal caso la certificación o declaración responsable a la que se refiere el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
La negativa a otorgar la autorización respecto de los restantes datos que se requieran para comprobar el correcto destino de las ayudas concedidas habilitará a la Administración para declarar el desistimiento del solicitante, previa resolución dictada al efecto.
1. La solicitud de calificación de cualquier actuación como protegida, así como la de ayudas financieras, al amparo del presente Decreto, irá acompañada de una autorización expresa a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, para recabar toda la información necesaria en la gestión del expediente, en particular, la de los datos de carácter tributario o económico, que fueran legalmente pertinentes, en el marco de la colaboración que se establezca con otras Administraciones y Registros Públicos, y en particular con las Agencias Estatal y Cántabra de Administración Tributaria, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, los Centros de Gestión Catastral y el Registro de la Propiedad.
2. Igualmente, en el supuesto previsto en el apartado tercero del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la solicitud de calificación de cualquier actuación como protegida, así como la de ayudas financieras, al amparo del presente Decreto, irá acompañada de una autorización expresa a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura para que pueda proceder al tratamiento informático de los datos de carácter personal en la medida que resulte necesaria para la gestión del expediente, incluyendo la posibilidad de encargar su tratamiento a terceros que actúen por cuenta de la Administración Pública responsable del fichero, con las garantías establecidas en dicha Ley y sus normas de desarrollo, especialmente en lo relativo a seguridad, secreto, comunicación y respeto a los derechos de acceso y rectificación de los datos.
3. Las autorizaciones a que se refieren los apartados anteriores estarán referidas a todos los miembros de la unidad familiar, en aquellos casos en que la solicitud de calificación o de ayuda esté condicionada al número, ingresos y demás circunstancias valorables de los miembros que forman parte de la misma.
4. De conformidad con el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, la negativa del solicitante a otorgar la autorización a que se refiere el apartado primero de este artículo, conllevará la obligación, por parte del mismo, de acreditar documentalmente cuantos datos, requisitos y condiciones sean exigibles para la tramitación y resolución de su expediente.
1. Los demandantes de viviendas acogidas a este Decreto deberán reunir, con carácter general las condiciones establecidas en este Decreto y en el artículo 3 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
2. Las condiciones incluidas en el apartado anterior deberán cumplirse en el momento en que el interesado realice la inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda, sin perjuicio de que la Administración sólo esté obligada a su comprobación en el momento de la solicitud de visado de los contratos o de las ayudas.
Además de los previstos en el artículo 1 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009- 2012, tendrán derecho a protección preferente las personas que en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 29/1994 de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, se vean privadas del derecho de subrogación «mortis causa» que les reconocía el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigibles, en cuanto a ingresos máximos establecidos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
1. A efectos de lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009- 2012 se establecen para toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, respecto de la cuantía de los ingresos familiares, los siguientes coeficientes multiplicativos correctores, en función del número de miembros de la unidad familiar:
5 o más 0,70
2. En caso de que algún miembro de la unidad familiar esté incluido en alguno de los colectivos preferentes a que se refiere el artículo 7 de este Decreto, el coeficiente corrector aplicable será el del tramo siguiente al que le hubiera correspondido.
3. A efectos de lo establecido en este Decreto tendrán la consideración de ingresos familiares mínimos, los rendimientos familiares brutos procedentes de una fuente regular de ingresos.
4. Los ingresos familiares se acreditarán mediante la presentación de copia de la correspondiente declaración o declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas presentada por cada uno de los miembros de la unidad familiar relativa al último período impositivo con plazo de presentación vencido, en el momento de la solicitud.
5. Para acreditar los ingresos familiares mínimos, en caso de que el solicitante o cualquiera de los miembros de la unidad familiar acceda al mercado laboral en el mismo año de la solicitud se deberá aportar el contrato de trabajo, visado por el servicio de empleo correspondiente, y un certificado de la empresa sobre todos los conceptos económicos abonados a la persona trabajadora o aportar las nóminas percibidas. En caso de que el solicitante o cualquiera de los miembros de la unidad familiar perciba algún tipo de pensión o subsidio se deberá aportar el certificado de prestaciones públicas percibidas emitido por el organismo competente.
6. En el caso de que el solicitante no haya presentado declaración o no esté obligado a ello deberá presentar una declaración responsable de los ingresos percibidos en dicho período.
1. La venta, arrendamiento y adjudicación de las viviendas acogidas a este Decreto sólo podrá efectuarse a demandantes debidamente inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda, regulado en la Orden OBR/8/2006, de 27 de diciembre, por la que se regula la Organización y el Funcionamiento del Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma.
2. Este Registro, se coordinará con los análogos registros municipales, para lo cual se habilita a la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo a la firma de cuantos convenios sean necesarios para su implantación en colaboración con los distintos Ayuntamientos de Cantabria.
1. Los datos de los solicitantes de actuaciones protegidas contenidos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda serán aportados por los propios interesados, acompañando al efecto, declaración responsable en la que se comprometan a actualizar o comunicar cualquier cambio en las circunstancias económicas, personales y familiares inicialmente facilitadas.
2. La solicitud de inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda, previa autorización de las personas interesadas, facultará a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura para que pueda recabar la información que fuera legalmente pertinente y para que pueda proceder al tratamiento de los datos de carácter personal en la medida que resulte necesaria para la gestión de su expediente, incluyendo la posibilidad de encargar su tratamiento a terceros que actúen por cuenta de la Administración Pública responsable del fichero, con las garantías establecidas en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus normas de desarrollo, especialmente en lo relativo a seguridad, secreto, comunicación y acceso a los datos.
1. La comprobación de la veracidad de los datos objeto de registro podrá hacerse en cualquier momento a través de inspecciones realizadas por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura y a través de las funciones coadyuvantes de los registros y archivos informatizados de las distintas Administraciones Públicas, órganos judiciales y registros civiles y mercantiles con los que se relaciona.
Las personas que se encuentren inscritas en el Registro Público de Demandantes podrán solicitar su baja en cualquier momento y ésta se producirá necesariamente, cuando hayan conseguido el acceso en propiedad a la Vivienda.
2. La detección o constatación de cualquier aportación de datos falsos o no actualizados conllevará necesariamente la baja el Registro Público de Demandantes, previa resolución, dictada al efecto, por el Director General de Vivienda y Arquitectura.
1. Todo sorteo público de viviendas de protección oficial acogidas a este Decreto habrá de efectuarse entre los cupos de demandantes debidamente inscritos en el mencionado Registro, en el momento de su convocatoria pública. La Dirección General del Vivienda y Arquitectura emitirá certificación previa, al efecto, en el que constará una relación detallada de los demandantes inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Cantabria que hayan solicitado una vivienda protegida preferentemente en el municipio donde se van a construir las mismas en la que figure, al menos, el número de inscripción, el nombre, los apellidos, el número del Documento Nacional de Identidad, la dirección y en su caso un número de teléfono de contacto.
2. Cualquier convocatoria de un sorteo público de viviendas de protección oficial acogidas a este Decreto irá acompañada de una relación de solicitantes en la que conste expresamente el nombre, apellidos y número del Documento Nacional de Identidad de los inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Cantabria que participen en el mismo que deberá coincidir exactamente con la de la certificación emitida por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
3. Realizado el sorteo, se publicará la relación de adjudicatarios de cada vivienda, así como de los suplentes si los hubiere.
1. Además de las ayudas reguladas en el artículo 13 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, la Comunidad Autónoma de Cantabria concederá, con cargo a sus presupuestos, subvenciones a la vivienda y otras ayudas autonómicas directas, destinadas a facilitar el pago de la entrada, para el primer acceso a la vivienda en propiedad.
2. Para que sean concedidas las subvenciones y ayudas a que se refiere el apartado anterior, será preciso que el Director General de Vivienda y Arquitectura haya reconocido el cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a dichas ayudas, dentro de las condiciones y límites cuantitativos establecidos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009- 2012, y en el presente Decreto.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas quienes, además de no estar incursos en las prohibiciones que establece el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, cumplan los requisitos y condiciones previstas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y en este Decreto, exigibles en general y para cada tipo de actuación protegida.
1. La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso de gasto correspondiente, a través de la acumulación en un solo acto de las fases de autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación.
2. Con la concesión de la subvención se expedirá un documento contable de autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación, con solicitud de orden de pago al Consejero de Economía y Hacienda.
3. La fiscalización de las resoluciones de concesión de subvenciones se realizará de acuerdo con la normativa financiera vigente.
1. Las solicitudes de calificación de actuaciones protegidas y las de financiación de dichas actuaciones se formalizarán obligatoriamente en los modelos oficiales establecidos.
2. Cada tipo de actuación o de ayuda exigirá a su solicitante la presentación de una documentación específica regulada, para cada caso, en el presente Decreto, así como en su caso las autorizaciones reguladas en los artículos 4 y 5 del presente Decreto. Sin perjuicio de lo anterior todo solicitante podrá acompañar, en prueba de su mejor derecho, cuantos documentos considere convenientes.
3. Igualmente cada solicitante de ayudas financieras suscribirá y aportará en cada caso, la declaración responsable a que hace referencia el apartado 7 del artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
4. El plazo máximo para la solicitud de calificación de actuaciones protegidas y las de ayudas financieras será el que se establezca en este Decreto para cada tipo de actuación o ayuda.
1. El procedimiento de financiación de actuaciones protegidas reguladas por el presente Decreto se considerará en todo caso iniciado de oficio.
2. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones reguladas en este Decreto corresponderá a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
3. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos, así como los requisitos y condiciones establecidos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, en este Decreto y en los correspondientes Convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Cantabria.
4. Una vez comprobado por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura el cumplimiento por parte del solicitante, de los requisitos exigidos en el apartado anterior, previo informe del servicio competente, el Director General de Vivienda y Arquitectura dictará resolución de reconocimiento o denegación, en su caso, del cumplimiento de los requisitos que en cada caso habiliten para acceder a las ayudas financieras y a la financiación cualificada correspondiente.
5. En el supuesto de que dicha resolución fuese favorable y el órgano competente para la concesión de las ayudas fuese el Ministerio de Vivienda, el interesado podrá acudir con la misma, a cualquiera de las entidades de crédito reguladas en el artículo 18 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, para gestionar su cobro, en el plazo establecido.
6. En el supuesto de que la Administración competente para la concesión de las ayudas fuese la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Director General de Vivienda y Arquitectura, conforme a las disponibilidades presupuestarias, elevará propuesta de concesión o denegación, en su caso, de las ayudas que en cada caso procedan, al órgano competente.
Transcurrido el plazo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o en la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, según resulten de aplicación, desde la presentación de las solicitudes de ayudas reguladas en este Decreto sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderán desestimadas por silencio administrativo.
De conformidad con el artículo 15 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, la gestión y distribución de las subvenciones podrá instrumentarse a través de entidades financieras o de la empresa pública Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria Sociedad Limitada, como entidades colaboradoras.
A tal fin, se podrán formalizar tantos convenios de colaboración como resulte necesario, entre la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo y dichas entidades colaboradoras, en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por las partes.
El incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en este Decreto para cada una de las actuaciones protegidas objeto de ayudas a la vivienda, incluyendo la no obtención de la calificación definitiva de las actuaciones, conllevará, en todo caso, según la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, la pérdida, en su caso, de la condición de préstamo convenido y la interrupción de la subsidiación otorgada, así como el reintegro de las cantidades satisfechas en concepto de ayudas a la vivienda, incrementadas con los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente los fondos percibidos, o se acuerde por la Administración la procedencia del reintegro, sin perjuicio de las sanciones que correspondan, de conformidad con la naturaleza de la infracción cometida.
1. En desarrollo de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, los precios máximos de venta y referencia por metro cuadrado de superficie útil, para las viviendas protegidas de nueva construcción en la Comunidad Autónoma de Cantabria que figurarán necesariamente en la calificación provisional de las mismas, serán los siguientes:
a) Para las viviendas de protección oficial de régimen especial, dependiendo del área geográfica donde se ubiquen, será el resultado de aplicar al Módulo Básico Estatal el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,50.
b) Para las viviendas protegidas de régimen general, dependiendo del área geográfica donde se ubiquen, será el resultado de aplicar al Módulo Básico Estatal el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,60.
c) Para las viviendas protegidas de régimen concertado, dependiendo del área geográfica donde se ubiquen, será el resultado de aplicar al Módulo Básico Estatal el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,80.
2. A efectos de lo establecido en la letra b) del apartado quinto del artículo 10 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, podrá modificarse el precio máximo establecido en la calificación provisional si la vivienda no se vendiera ni arrendara en el plazo de un año, desde la calificación definitiva, en cuyo caso el precio será el máximo que corresponda a las viviendas protegidas del mismo régimen que se califiquen provisionalmente en la fecha en que tenga lugar el contrato de compraventa, en el correspondiente área geográfica y ámbito territorial.
3. En el precio máximo estarán incluidas las cantidades por las obras o modificaciones del proyecto objeto de calificación provisional, incluso las que se exijan para la adaptación, en su caso, a las ordenanzas o normativa básica de la edificación.
4. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, no se visarán los contratos de compraventa o arrendamiento en los que figuren cláusulas y estipulaciones que establezcan precios y rentas superiores a los máximos autorizados en este artículo y al resto de la normativa aplicable para las viviendas de protección oficial.
1. La Comunidad Autónoma de Cantabria constituye un área geográfica a efectos del cálculo del precio máximo de venta y de referencia de las viviendas y alojamientos protegidos regulados en el presente Decreto.
2. La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, mediante Orden, podrá crear áreas geográficas homogéneas en atención a los distintos factores locales que intervienen en la formación del precio de viviendas y alojamientos. Del mismo modo, fijará los distintos coeficientes correctores a aplicar, en cada caso, al Módulo Básico Estatal para determinar los precios máximos de venta y referencia de dichas áreas.
En los ámbitos territoriales de precio máximo superior de la Comunidad Autónoma de Cantabria se incrementa el precio máximo de venta de todas las viviendas acogidas a este Decreto en los siguientes porcentajes:
a) Del grupo A: El 60 por ciento de incremento, para las viviendas protegidas de nueva construcción, salvo las de régimen concertado; y el 120 por ciento, para las viviendas libres usadas y las viviendas protegidas de régimen concertado.
b) Del grupo B: El 30 por ciento para las viviendas protegidas de nueva construcción, salvo las de régimen concertado; y el 60 por ciento, para las viviendas libres usadas y las viviendas protegidas de régimen concertado.
c) Del grupo C: El 15 por ciento para las viviendas protegidas de nueva construcción, salvo las de régimen concertado; y el 30 por ciento, para las viviendas libres usadas y las viviendas protegidas de régimen concertado.
En desarrollo del artículo 8 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, la superficie útil máxima de las viviendas será de 90 metros cuadrados.
1. Las viviendas y alojamientos protegidos que se acojan a las medidas de financiación establecidas en este Decreto tendrán el régimen de protección, establecido en el artículo 6 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, sin posibilidad de descalificación voluntaria, incluso en el supuesto de subasta y adjudicación de las viviendas por ejecución judicial del préstamo.
2. En desarrollo de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 6 del Real Decreto 2066/2008 de 12 de diciembre por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 la adquisición protegida de las viviendas usadas en propiedad implicará que los precios de venta en las siguientes transmisiones de aquéllas estarán limitados a los precios máximos, determinados conforme a lo establecido en este Decreto, durante un período de 15 años desde la fecha de adquisición, o a la duración del préstamo convenido, si fuera superior.
1. En desarrollo de lo establecido en la letra b) del apartado primero del artículo 5 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, la prohibición de transmitir o de ceder el uso de las viviendas, antes del transcurso de diez años, desde la fecha de adquisición, podrá dejarse sin efecto en los siguientes supuestos, previa autorización del Director General de Vivienda y Arquitectura:
a) Por necesidad de cambio de localidad de residencia del titular de la vivienda.
b) Familias numerosas que necesiten adquirir una vivienda de mayor superficie por el incremento del número de miembros de su unidad familiar; u otra vivienda más adecuada a sus necesidades específicas, por discapacidad sobrevenida de uno de sus miembros.
c) Personas mayores de 65 años, que deseen trasladar su domicilio habitual y permanente.
d) Personas con discapacidad y las víctimas de la violencia de género o del terrorismo que deseen trasladarse a otro alojamiento más adecuado a sus necesidades específicas.
e) Aquellas personas que por sus circunstancias personales justificadas necesiten trasladar su domicilio habitual y permanente a otra vivienda de menores dimensiones.
f) Familias propietarias de una vivienda de un solo dormitorio, que necesiten otra de mayor superficie por el incremento del número de miembros de su unidad familiar.
g) Los matrimonios o parejas de hecho en los que ambos cuenten con una vivienda protegida, respecto de aquélla por la que opten que deje de ser el domicilio habitual y permanente de uno de ellos.
2. En todos estos supuestos, se requerirá la cancelación previa o simultánea del préstamo convenido y, si se hubieran obtenido ayudas financieras, el reintegro de las mismas a la Administración concedente, más los intereses legales.
3. Una vez transcurridos diez años desde la formalización de la compraventa, la transmisión ínter vivos o la cesión del uso de la vivienda a que se refiere este artículo, conllevará la pérdida de la condición de convenido del préstamo, en su caso, pudiendo la entidad concedente decidir su resolución.
4. La prohibición de disponer y las limitaciones establecidas en este artículo se ajustarán a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
5. A los efectos del oportuno control administrativo cuando se eleve el contrato de compraventa a escritura pública, el adquirente deberá depositar copia de la misma, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, en la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, en el plazo de dos meses desde dicha inscripción.
6. Los Registradores de la Propiedad comunicarán a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura los datos de las escrituras cuya inscripción suspendan o denieguen relativas a estas viviendas, cuando ello implique un cambio de uso o transmisión antes del vencimiento de los plazos referidos en los apartados anteriores.
1. Los titulares de viviendas calificadas como protegidas conforme a este Decreto comunicarán a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, de conformidad con la normativa reguladora del Registro de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la decisión de enajenarlas, expresando el precio y forma de pago proyectados, las condiciones esenciales de la transmisión, así como, los datos del interesado en la adquisición.
2. La solicitud de autorización de venta se realizará mediante la presentación, ante la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, del formulario oficial suministrado por la Administración, al que se acompañará la documentación acreditativa de las circunstancias excepcionales reguladas en el artículo 27 de este Decreto, en que se fundamente dicha solicitud de autorización.
3. Previo informe del Servicio competente, el Director General de Vivienda y Arquitectura, concederá o denegará la autorización de venta solicitada, mediante resolución motivada que se notificará a los interesados en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el Registro de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura En el caso de que transcurrido dicho plazo no se haya notificado resolución expresa, los interesados podrán entender estimada su solicitud por silencio administrativo.
4. En todas las resoluciones por las que se autorice la venta de las viviendas a las que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y mientras subsista su régimen de protección, se impondrá al vendedor en cada sucesiva transmisión, la condición de pactar expresamente con el comprador los derechos convencionales de tanteo y retracto a favor de las entidades y de conformidad con lo establecido en los artículos 29 y 30 de este Decreto.
5. A tal efecto, y una vez perfeccionada la transmisión, el vendedor autorizado deberá notificarla a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, acompañada de una copia de la escritura pública de compraventa de la vivienda, en el plazo de diez días contados a partir de la elevación a público del documento de compraventa.
6. Si la escritura pública de compraventa no contuviera la cláusula de tanteo y retracto a la que se refiere el apartado tercero o bien el vendedor incumpliese con la obligación de notificar en tiempo y forma a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura la compraventa realizada, se cumplirá la condición resolutoria del acto de autorización de venta, quedando dicho acto administrativo sin efecto y pasando a considerarse no autorizada la transmisión efectuada.
1. En virtud de lo establecido en el apartado segundo del artículo 5 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene sobre todas las viviendas calificadas como protegidas financiadas conforme a este Decreto, con destino a su venta, derechos preferentes de tanteo y retracto ejercitables mientras se mantenga su régimen de protección durante el plazo de 10 años desde la fecha de formalización de la escritura pública de transmisión, ya sea la segunda o sucesivas, o desde la fecha de la calificación definitiva para las viviendas unifamiliares para uso propio, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1.507 y siguientes del Código Civil.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se establecen derechos de tanteo y de retracto a favor de las siguientes entidades cuando las viviendas se promuevan por ellas:
d) Las agencias o sociedades públicas de alquiler legalmente creadas.
3. Estos derechos de adquisición preferente se podrán ejercitar sobre las viviendas de protección pública, cualquiera que sea su régimen, en las segundas y sucesivas transmisiones onerosas «inter vivos», voluntarias o como consecuencia de un procedimiento de ejecución judicial.
1. Una vez recibida en el registro de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura la solicitud de autorización de venta a la que se refiere el artículo 28 del presente Decreto, el Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo podrá ejercitar el derecho de tanteo, mediante resolución motivada que se notificará a los interesados.
2. El plazo para el ejercicio del derecho de tanteo de dos meses comenzará a contar a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud de autorización de venta, salvo que la misma fuera incompleta o defectuosa. En este último caso se requerirá al interesado para la subsanación de su solicitud, y no comenzará a computarse el plazo de dos meses anteriormente indicado hasta que no se reciba en el registro de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura la documentación por la que se proceda a la subsanación.
3. Antes de que finalice el plazo para el ejercicio del derecho de tanteo, el Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, podrá notificar al interesado la renuncia a su ejercicio, en cuyo caso la transmisión podrá llevarse a cabo dentro de los seis meses siguientes a dicha notificación.
4. Transcurrido el plazo de los seis meses a que se refiere el apartado anterior, sin que la transmisión se haya realizado, será preciso volver a comunicar, a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, nuevamente, cualquier decisión de enajenación por parte de su titular, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 28. En este caso, el Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo podrá, nuevamente, ejercer el derecho de tanteo, en los términos previstos en el apartado 2 de éste artículo.
5. Toda transmisión realizada transcurrido ese plazo, y sin una nueva solicitud de autorización de venta se entenderá efectuada contraviniendo el deber del titular previsto en el apartado 1 del artículo 28 y podrá dar lugar al ejercicio del derecho de retracto.
6. Una vez dictada la resolución por el Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, ejercitando el derecho de tanteo, los titulares de las viviendas sobre las que se ejercita, formalizarán la escritura pública de compraventa a favor del Gobierno de Cantabria o de las entidades a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior, en el plazo de dos meses a contar desde la notificación de dicha resolución.
7. El derecho de retracto podrá ejercitarse por el Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo cuando:
No se haya formalizado la solicitud de autorización de venta de la vivienda.
Se haya omitido en la misma cualquiera de los requisitos establecidos en el apartado primero del artículo 28.
Se haya producido la transmisión después de haber transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere apartado 3 de este artículo.
Se haya producido la transmisión antes de que prescriba el derecho de tanteo.
Se haya realizado la transmisión en condiciones distintas de las que se especificaron en la solicitud de autorización de venta a que se refiere el apartado 1 del artículo 28.
8. El derecho de retracto se ejercitará, mediante resolución motivada del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, en el plazo de dos meses, contados desde el momento en que la Dirección General de Vivienda y Arquitectura tuviera conocimiento fehaciente de la transmisión efectuada y de sus condiciones.
9. Una vez dictada la resolución por el Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, ejercitando el derecho de retracto, los titulares de las viviendas sobre las que se ejercita, formalizarán la escritura pública de compraventa a favor del Gobierno de Cantabria o de las entidades a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior, en el plazo de dos meses a contar desde la notificación de dicha resolución.
10. El derecho de tanteo y retracto se ejercerá por el precio que figure en la solicitud de autorización prevista en el apartado primero del presente artículo, en la escritura o en el contrato de adquisición, en su caso.
11. Las condiciones y plazos a los que se refiere el presente artículo serán de aplicación a las restantes entidades previstas en el artículo 29.2, adaptándose el procedimiento de ejercicio de los derechos a las peculiaridades derivadas de su organización propia.
1. Sin perjuicio de los derechos de tanteo y retracto, para las segundas o sucesivas transmisiones «inter vivos», las viviendas protegidas contempladas en el presente Decreto podrán ser ofrecidas, por sus propietarios, en venta a la Comunidad Autónoma, durante todo el período de tiempo que dure el régimen de protección.
2. El procedimiento se iniciará por el titular de la vivienda, mediante la presentación de la correspondiente solicitud, en el formulario facilitado al efecto por la Administración, dirigida al Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, señalando la intención de ofrecer en venta su vivienda, expresando el precio y forma de pago en el que estaría dispuesto a hacerlo, que en ningún caso podrá ser superior al precio máximo de venta señalado en el artículo 22 de este Decreto.
3. La Comunidad Autónoma resolverá, de forma motivada, lo que resulte procedente en virtud del estado de la vivienda, de la demanda de viviendas en el ámbito en que aquélla se ubique, de los créditos presupuestarios disponibles y de las orientaciones generales de la política de vivienda del Gobierno.
4. La contestación al ofrecimiento deberá producirse dentro del plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su recepción, mediante resolución del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, entendiéndose rechazado en caso de no producirse en el plazo señalado.
5. Una vez aceptada la oferta por el Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, los titulares de las viviendas deberán formalizar, en el plazo de dos meses a contar desde la notificación de la resolución a que se refiere el apartado anterior, la escritura pública de compraventa a favor del Gobierno de Cantabria.
1. Antes de ser elevados a escritura pública los contratos de compraventa de viviendas protegidas deberán obtener el correspondiente visado del Director General de Vivienda y Arquitectura.
2. Igualmente, los contratos de arrendamiento de las viviendas protegidas para arrendamiento, reguladas en el presente Decreto, deberán obtener el correspondiente visado del Director General de Vivienda y Arquitectura.