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Timestamp: 2018-10-21 06:25:50
Document Index: 103635708

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 33', 'artículo 33', 'artículo 59', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 33', 'artículo 28', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33']

﻿ Sentencia 2014-00218 de mayo 18 de 2016
SENTENCIA 2014-00218 DE 18 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:ABOGADO ES EXCLUIDO DE LA PROFESIÓN POR NO ANALIZAR DOCUMENTOS ALLEGADOS POR SU CLIENTE. SE CONFIRMA UNA SENTENCIA APELADA, EN LA CUAL SE SANCIONA A UN ABOGADO CON LA EXCLUSIÓN DE LA PROFESIÓN POR SER AUTOR DE LA FALTA A LA ÉTICA PROFESIONAL ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 1123 DEL 2007. SE ASEGURA QUE EL DISCIPLINADO, ERA EL ENCARGADO DE REVISAR LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LOS PODERDANTES Y DETERMINAR SI APLICABAN O NO PARA DAR INICIO A UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO Y/O JUDICIAL. TAMBIÉN DEBÍA CORROBORAR QUE LOS DOCUMENTOS ESTUVIERAN ACORDES CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA PODER TRAMITARLOS. SE DETERMINA QUE LA ACTUACIÓN DEL ABOGADO SE COMETIÓ A TÍTULO DE DOLO, POR CUANTO EVIDENCIÓ QUE EL OBJETIVO DEL TOGADO ERA DEFRAUDAR A UNA ENTIDAD PÚBLICA.
Sentencia 2014-00218 de mayo 18 de 2016
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
Rad.: 630011102000201400218 01/A
Aprobado según acta Nº 43, de la misma fecha.
Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer la apelación interpuesta contra la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío,(13) el 24 de abril de 2015, mediante el cual sancionó con exclusión, al abogado FABIÁN ALBERTO MONTOYA CALDERÓN, como autor responsable de las faltas a la ética profesional prevista en el numeral 11 del artículo 33, de la Ley 1123 de 2007; de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.
Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.
En consecuencia, procederá esta Sala a revisar cada uno de los argumentos expuestos por el apoderado de confianza.
Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo por faltar contra la recta y leal realización de la justicia y fines del Estado, consagrado en el artículo 33, numeral 11, de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:
“(...). ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado. (...). 11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas. (...)”.
De la compulsa, y las demás pruebas allegadas al proceso, se tiene que el abogado FABIÁN ALBERTO MONTOYA CALDERÓN, utilizo la Resolución Nº GNR 05662 del 29 de enero de 2013, como elemento probatorio para tramitar inicialmente una pensión a favor del señor CARLOS ENRIQUE GIL BENJUMEA, y además en actuación judicial correspondiente al proceso laboral ordinario Nº 201200367-01, de reconocimiento retroactivo de la misma, conducta que de conformidad con las pruebas le es atribuible al disciplinado y que encuadra dentro de la descripción de los deberes del abogado descritas en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 123 de 2007, y por tanto, transgrede la falta contemplada en el numeral 11 del artículo 33, ibídem, a la cual no se dirigirá la atención habida cuenta que no fue objeto de apelación y que efectivamente el abogado reconoció que las había utilizado sin saber que eran falsas, así pues, la conducta y falta deben ser objeto de confirmación.
En cuanto a la responsabilidad atribuible al investigado se tiene que no participó en el trámite y elaboración como efectivamente lo asegura en su apelación, y acorde con los testimonios y pruebas recaudadas, sin embargo, es necesario ahondar en el hecho de la intencionalidad y responsabilidad que le asiste al disciplinado, téngase en cuenta que quien era el coordinador del bufet de abogados era el disciplinado, era quien revisaba si aplicaban o no para poder dar inicio a un trámite administrativo y judicial, y quien corroboraba que los documentos estuvieran acordes con la legislación para poder tramitarlos, luego le asistía el deber inicialmente de determinar con documentos cual era el real estado del paciente y en coso de no tenerlos ordenar que se realizaran, para de esta forma una vez recaudados nuevamente corroborar que se encontraran todos los elementos necesarios para acudir al trámite de reclamación; todo lo anterior era su responsabilidad, acorde con los testimonios y pruebas recaudadas y por la misma versión del disciplinado.
Para la Sala no resulta creíble que el único responsable era el señor LUIS FERNADO GÓMEZ YARA, tramitador, pues, una vez le entregaba al señor GÓMEZ YARA los documentos para que se hiciera el trámite ante la junta médica, ya debía contar con el soporte de la EPS o IPS, con los exámenes preliminares para que la junta pudiera entrar a hacer su trabajo, documentos que el abogado recaudaba de su cliente y en caso de no contar con ellos debía indicarle al cliente que debía previamente conseguirlos, sin embargo, en este caso sin mediar poder especial, el señor Gómez Yara, tramitó ante la Junta Medica Regional de Pereira, los documentos del señor CARLOS ENRIQUE GIL BENJUMEA, sin poder otorgado por él, de otra parte, realizar el trámite administrativo ante la Junta Médica Regional, sin el lleno de los requisitos de invalidez que hubieran certificado las EPS o IPS, era una responsabilidad que solo se le puede atribuir al disciplinable, ya que era el responsable que todos los trámites se hicieran acordes con los requerimientos legales; Si posterior a cuando llegaban los certificados quien tenía la función de verificar su contenido, hablar con el cliente para efectos de contrastarlos, poder realizar el trámite y no enterase que fue directamente ante la Junta y sin el poder que debió otorgársele al tramitador, y mucho más, si este procedimiento ante la Junta debe citarse al evaluado, para determinar su estado y que a éste solo lo revisó un médico supuesto de la junta, no resulta creíble.
Así las cosas las argumentaciones dadas por el apelante, no son de recibo para esta Sala, habida cuenta que al profesional por su experiencia y responsabilidad en la cadena era el determinador, en todos los asuntos y le correspondía corroborar cada uno de los elementos necesarios para la presentación de este tipo de reclamaciones, se observa que el objeto o propósito del togado, era el de defraudar a una entidad pública tanto con el trámite de la pensión, como con la demanda que presentó para reclamar el reajuste y retroactividad de la misma; por lo anterior, la responsabilidad atribuida a título doloso hecha por al primera instancia deberá ser confirmada.
En lo atinente a la dosificación de la sanción, de exclusión, la Sala mantendrá la impuesta por el a quo, pues, obedeció a un criterio razonado y razonable, teniendo en cuenta la trascendencia social de la conducta, atendiendo precisamente al impacto negativo que genera en la sociedad los comportamientos del investigado; analizados los antecedentes disciplinarios anteriores a la comisión de la falta; y la modalidad de dolosa de la conducta endilgada, acorde con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío,(14) el 24 de abril de 2015, mediante el cual sancionó con exclusión, al abogado FABIÁN ALBERTO MONTOYA CALDERÓN, como autor responsable de las faltas a la ética profesional prevista en el numeral 11 del artículo 33, de la Ley 1123 de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la Secretaría Judicial de la Sala de instancia, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.
Magistrados: José Ovidio Claros Polanco, Presidente—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—Julia Emma Garzón de Gómez—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.
Prescribe: Junio 19 de 2019
TEMA: ABOGADO EN APELACIÓN
ABOGADO: FABIÁN ALBERTO MONTOYA CALDERÓN
HECHOS: Compulsa de copias ordenada por la sala civil familia laboral del Tribunal Superior de Armenia, por irregularidades en el proceso # 2012-0367 del Juzgado 1 Laboral del Circuito de Armenia. Rad: 2014-0218.
PRIMERA INSTANCIA. Sanciono con exclusión de la profesión por encontrarlo responsable de la falta establecida en el artículo 33 numeral 11 de la Ley 1123 de 2007 a título de dolo.
PROYECTO: CONFIRMA
VOTACIÓN DR. CLAROS POLANCO DRA. GARZÓN DE GÓMEZ DR. LIZCANO RIVERA DRA. LÓPEZ MORA DR. RUIZ OREJUELA DR. SANABRIA BUITRAGO DR. OSUNA PATIÑO
CIRCULA A
13 Magistrados: Álvaro León Obando Moncayo, ponente y Álvaro Fernán García Marín.
14 Magistrados: Álvaro León Obando Moncayo, ponente y Álvaro Fernán García Marín.