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Timestamp: 2018-10-21 17:48:35
Document Index: 227443825

Matched Legal Cases: ['artículo 140', 'artículo 53', 'artículo 230', 'artículo 260', 'artículo 289', 'artículo 21', 'artículo 178', 'artículo 90', 'artículo 1', 'artículo 145', 'artículo 91', 'artículo 36', 'artículo 260', 'artículo 21', 'artículo 178', 'artículo 19', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 177', 'Artículo 488', 'Artículo 489', 'artículo 90', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 91', 'artículo 1', 'artículo 92', 'artículo 11']

﻿ SENTENCIA T-98 DE FEBRERO 4 DE 2005
SENTENCIA T-98 DE 04 DE FEBRERO DE 2005
CONTENIDO:PENSIÓN DE JUBILACIÓN. INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL. (REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA)
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Sentencia T-98 de febrero 4 de 2005
Sentencia T-98 de 2005
Ref.: Expediente T-970700
Precisa que al momento de retirarse, su salario equivalía a más de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales de la época, y que la pensión que comenzó a disfrutar equivalía tan sólo a tres (3) salarios mínimos, perdiendo de esta manera casi un 80% de su ingreso.
Por último indica que presentó esta misma acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, y que esta rechazó de plano su solicitud de amparo por considerarla improcedente y no accedió a enviar copia de la actuación a la Corte Constitucional.
3.1. Mediante auto de 1º de abril de 2004, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca admitió la demanda de tutela presentada por el señor Manuel José González Alarcón y dispuso correr traslado a la entidad demandada, así como informar de la demanda a Citibank Colombia por tratarse de un tercero con interés legítimo en el resultado del proceso.
Indicó el representante de la entidad que la acción de tutela resulta improcedente para controvertir decisiones judiciales, máxime cuando estas emanan de una corporación que, como la Corte Suprema de Justicia, es órgano de cierre dentro de su jurisdicción.
3.3. En memorial presentado el mismo 12 de abril de 2004, el Citibank Colombia solicitó la nulidad de lo actuado en tutela, por considerar que, de acuerdo con el Decreto 1382 de 2000, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca carecía de competencia para adelantar el proceso y dictar un fallo de tutela.
3.4. El 15 de abril de 2004, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca las razones por las cuales lo consideraba incompetente para asumir el conocimiento y darle trámite a la presente acción.
Señaló que el citado decreto es constitucional y válido, y que el Consejo de Estado así lo declaró en sentencia de 18 de julio de 2002. Como conclusión y de conformidad con el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil —alegó la Sala Laboral— se presentaba una nulidad por falta de competencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
3.5. Mediante auto del 21 de abril de 2004 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca ordenó integrar el contradictorio con los magistrados de la Sala de Decisión Laboral respectiva del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el juez 16 laboral del circuito de la misma ciudad, como interesados en el resultado del proceso y para evitar una nulidad. Ninguno de los funcionarios aludidos se pronunció en relación con el objeto de la presente tutela.
— Copia de la demanda presentada ante el Juez Laboral del Circuito de Bogotá dentro del proceso laboral de Manuel José González Alarcón contra Citibank Colombia (fls. 15-23, cdno. de primera instancia).
— Copia de la sentencia proferida por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá el 5 de mayo de 2000 (fls. 48-52, cdno. de primera instancia).
— Copia de la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 22 de septiembre de 2000 (fls. 53-60 cdno. de primera instancia).
— Copia de la sustentación del recurso de casación presentado ante la Corte Suprema de Justicia por el señor González Alarcón (fls. 61-80, cdno. de primera instancia).
— Copia de la sentencia de casación proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 3 de mayo de 2001 (fls. 94-119, cdno. de primera instancia).
— Copia del auto en el que el 25 de febrero de 2004 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la tutela instaurada por Manuel José González Alarcón contra la Sala de Casación Laboral de esa misma corporación (fls. 139-145, cdno. de primera instancia).
— Un cuaderno de 308 folios que contiene la integridad del proceso laboral que se tramitó ante el juzgado 16 laboral del circuito y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
— Un cuaderno de 101 folios que contiene la integridad del trámite del recurso de casación que se surtió ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
En relación con la vulneración de derechos fundamentales alegada por el señor Manuel José González Alarcón, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria estimó que la demanda había sido presentada pasando por alto los principios de inmediatez y eficacia, ya que habían transcurrido casi tres años entre el momento en el que se produjo la sentencia de casación y aquel en el que por primera vez se había intentado la acción tutela, por lo que esta debía ser declarada improcedente.
En lo que se refiere a la oportunidad para interponer la acción, señaló que solo se había creado a partir de la expedición de la Sentencia SU-120 de 2003, y que en tal fallo se había otorgado el amparo en situaciones en las que el transcurso del tiempo había sido aun mayor que en el presente.
La Sala Jurisdiccional-Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante fallo de 31 de mayo de 2004, revocó la sentencia de primera instancia, otorgó la tutela de los derechos fundamentales del actor y ordenó a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo, dictara nueva sentencia de casación de conformidad con las razones y términos expuestos en la parte motiva de su fallo.
4.1. El 6 de julio de 2004, el demandante dentro del proceso de la referencia solicitó la aclaración de la sentencia proferida por el Consejo Superior de la Judicatura el 31 de mayo de 2004.
Quiso el actor que se determinara si algunas expresiones consignadas en el fallo implicaban que este dejaba sin efectos la sentencia de casación de 3 de mayo de 2001.
4.2. En auto de 28 de julio de 2004, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió negar la solicitud de aclaración de la sentencia, por considerar que no se reunían los presupuestos para que procediera, ya que no existía contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva de la sentencia.
En el presente caso la Sala deberá establecer si se violaron o no los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a otros que puedan hallarse en conexidad con estos, como la seguridad social, la remuneración mínima, vital y móvil del señor Manuel José González Alarcón, al haber dictado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sentencia de 3 de mayo de 2001 por medio de la cual no casó la sentencia de segunda instancia dentro del proceso laboral ordinario, que negó al señor González Alarcón la indexación de la primera mesada pensional.
3. Indexación de la primera mesada pensional. Reiteración de jurisprudencia (1) .
La Sentencia SU-120 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis. S.V. Jaime Araújo Rentería, Clara Inés Vargas Hernández), estudió el tema de la indexación de la primera mesada pensional de varias personas que, luego de haber agotado las instancias de las que disponían en la jurisdicción ordinaria, no pudieron satisfacer su pretensión. En aquella oportunidad la Corte Constitucional concedió el amparo de los derechos a la igualdad, el debido proceso, la seguridad social y a la favorabilidad, de tres (3) personas que habían acudido a la jurisdicción ordinaria y habían hecho uso del recurso extraordinario de casación, buscando el pago indexado de su primera mesada pensional, pero que no habían obtenido decisiones favorables a sus pretensiones, en contraposición a casos que tenían los mismos supuestos fácticos y en donde la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sí había reconocido la indexación.
En aquella oportunidad la Corte explicó que, a la luz de lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, cuando existan dos o más fuentes formales de derecho aplicables a una situación laboral, deberá preferirse aquella que sea más favorable al trabajador. De igual forma, indicó la corporación que, ante dos o más interpretaciones posibles de una norma, deberá preferirse la que lo beneficie. Así mismo señaló que, con base en el artículo 230 de la Constitución, el principio pro operario es un referente obligado del juez para dirimir cuestiones del derecho laboral no contempladas expresamente en el ordenamiento, con miras a proteger a la parte débil de ese tipo de relaciones. Precisó que el sentido protector del derecho del trabajo se refleja en la solución de conflictos normativos, en la interpretación de preceptos dudosos, y en la solución de situaciones no reguladas en beneficio de la parte débil de la relación, porque las normas laborales tienen como fin último el equilibrio de las relaciones del trabajo, objetivo que comporta inclinar la relación en beneficio del estado de inferioridad económica del trabajador, por ser este el que genera la injusticia que se pretende corregir.
Sobre el tema, la Corte expuso: i) que no existe normatividad que establezca con precisión la base para liquidar la pensión de jubilación de quien se retire o sea retirado del servicio sin cumplir la edad requerida —el inc. segundo del art. 260 del CST, derogado expresamente por el art. 289 de la L. 100/93 pero aplicable a los casos en que hubo reconocimiento de la pensión antes de la vigencia de este último, no la precisa—; ii) que ninguna disposición ordena expresamente indexar esta base salarial; iii) que no existe precepto que excluya o prohíba tal indexación. No obstante —concluyó la Corte— existe un principio constitucional claro, esto es que el “Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales” —C.P., art. 53—, y suficientes disposiciones del ordenamiento que denotan un afán permanente del legislador por compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. En este orden de ideas —consideró— es de incumbencia del juez evaluar la situación concreta de las personas que aspiran a acceder a la pensión en las condiciones anotadas y remediar la injusticia que se deriva de la omisión legislativa anotada, obrando en todo conforme lo habría hecho el legislador, de haber considerado la situación específica, es decir conforme con la Constitución Política.
La Corte concluyó entonces que era misión de la entidad demandada determinar el referente para resolver las situaciones planteadas por los demandantes, sobre la base salarial para liquidar la primera mesada pensional, y que tenía que proceder como lo indican las normas relativas al tema, comoquiera que el legislador, de haber considerado las particularidades que los actores afrontan, habría optado por la indexación del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios —CST, art. 260—, o por el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios o rentas sobre los cuales el afiliado había cotizado durante los 10 años anteriores al reconocimiento, según el caso.
Agregó la corporación, para dar mayor claridad al argumento, que la legislación colombiana prevé este tipo de soluciones: i) con el trabajador que es despedido después de diez o más años de trabajo, sin poder aspirar a una mesada pensional, ii) para liquidar las pensiones, reajustes y sustituciones de los ex congresistas, y iii) con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes del sector público del orden nacional, financiadas con recursos del presupuesto nacional, del Instituto de Seguros Sociales, así como las de los pensionados de las Fuerzas Armadas Militares y de la Policía Nacional. De igual forma, señaló que la equidad, la jurisprudencia constitucional y los principios generales del derecho laboral llevan a concluir que aquellos vacíos dejados por el legislador no pueden ser colmados arbitrariamente por el juez, sino que por el contrario, este último debe acudir a los criterios auxiliares de la actividad judicial (C.N., art. 230).
En síntesis, predicó la Corte Constitucional que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no podía liberar a quienes estaban obligados a pagar la pensión, de hacerlo en una proporción igual al 75% del promedio real del salario devengado en el último año de trabajo. Las decisiones en este sentido tomadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desconocen la prevalencia del derecho sustancial, en cuanto no se sujetan a los dictados constitucionales de la igualdad, favorabilidad, y conservación del poder adquisitivo de las pensiones, y no se sustentan en la equidad, además de pasar por alto los principios generales del derecho laboral (C.P., arts. 13, 48 y 53).
4.1. El señor Manuel José González Alarcón demanda en tutela a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por considerar que esta ha incurrido en vía de hecho y violado sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, al no casar, el 3 de mayo de 2001, la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio de la cual este confirmó la negación que el juzgado 16 laboral del circuito de esa ciudad hiciera de su pretensión en el sentido de que se obligara al demandado, Citibank Colombia, a pagar la indexación de su primera mesada pensional.
4.2. La Sala advierte que este caso presenta identidad fáctica con aquellos en los que la Corte Constitucional ha decidido otorgar el amparo deprecado, dejar sin efecto las sentencias que contienen las vías de hecho y ordenar a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que dicte nuevos fallos reconociendo la indexación de la primera mesada pensional.
4.3. La Sala reitera lo tantas veces sostenido por la corporación, en el sentido de que calcular el monto de la mesada pensional con base en un ingreso que el ex trabajador percibió años antes de que finalmente le fuera reconocida la pensión, contraría el mandato superior de equidad, el derecho a percibir una pensión mínima vital calculada teniendo en consideración los fenómenos inflacionarios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo del dinero, así como también compromete los derechos fundamentales al debido proceso, y a la igualdad del pensionado cuando, aun después de haber agotado todos los medios de justicia ordinaria de los que disponía, el trabajador encuentra que la violación de sus derechos goza de la legitimidad aparente que le otorga un fallo judicial.
4.4. También debe la Sala indicar que no comparte el argumento sostenido por la primera instancia, de conformidad con el cual el amparo constitucional se toma improcedente por el lapso de tiempo transcurrido entre la vulneración del derecho fundamental y la instauración de la acción de tutela. Aunque la falta de inmediatez de la solicitud de protección implica su negación, en tanto esta acción constitucional no es un medio adicional para revivir procesos concluidos o para subsanar la inactividad de las partes, en casos como el presente deben tomarse en consideración cuestiones adicionales.
4.5. Por último debe anotar la Sala que, aunque la decisión que se revisa es ajustada en sus consideraciones en lo que respecta a la vulneración de los derechos fundamentales del actor, esta Corte deberá dar una orden diferente a la impartida por el Consejo Superior de la Judicatura.
Debe considerar la Sala que con ocasión de la decisión contenida en la Sentencia SU-120 de 2003, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifestó mediante varias providencias que mantendría las sentencias de casación que la Corte Constitucional había dejado sin efecto, negándose a cumplir lo dispuesto por esta (2) .
4.6. La base para la liquidación de la pensión es el 75% del salario promedio del último año, conforme a lo dispuesto en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo (3) , derogado expresamente por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993. La primera disposición es aplicable porque estaba vigente al causarse el derecho a la pensión del actor, el 10 de diciembre de 1980.
4.7. Ahora bien, es necesario que la Sala establezca con base en qué criterios deberá indexarse la primera mesada pensional del señor Manuel José González Alarcón.
Lo primero que debe señalarse es que la Sala considera, por aplicación analógica del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 (4) que así lo prevé, que el factor de actualización para la primera mesada pensional del señor Manuel José González Alarcón debe ser el índice de precios al consumidor. Para aplicar tal factor, se empleará la fórmula utilizada por el Consejo de Estado (5) en desarrollo del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (6) y que se expondrá en la parte resolutiva de este fallo.
Es necesario recordar aquí que a partir de la vigencia de la Ley 794 de 2003, los indicadores económicos nacionales, tales como el índice de precios al consumidor, son hechos notorios (7) y como tales, no requieren prueba (8) , por lo que no se exigirá en la aplicación de la fórmula que el DANE certifique el IPC.
De igual manera, la Sala declarará probada la excepción de prescripción, propuesta por la parte demandada en el proceso laboral, en relación con los montos adeudados y actualizados correspondientes al período antecedente a los tres (3) años inmediatamente anteriores a la reclamación del derecho a la indexación de la primera mesada pensional que hiciera el demandante a su empleador el día 29 de mayo de 1997, según consta en los folios 23 y 24 del cuaderno que contiene las actuaciones de primera y segunda instancia del proceso ordinario laboral de Manuel José González Alarcón contra Citibank Colombia. En consecuencia, este deberá pagar los montos adeudados y actualizados no prescritos, es decir, los comprendidos entre el 29 de mayo de 1994 y la fecha de notificación de este fallo.
Lo anterior porque establecen los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo que la prescripción en materia laboral es de tres (3) años contados desde cuando la respectiva obligación se haya hecho exigible (9) y que el simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual comienza a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente (10) .
Además debe considerarse que con la presentación de la demanda laboral por parte del señor González Alarcón el 1º de diciembre de 1997, también opera la interrupción judicial contemplada en el artículo 90 (11) del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 41 del Decreto 2282 de 1989, que se aplica por remisión del artículo 145 del Código Procesal Laboral, por no existir norma especial en este. Dicha interrupción opera a partir de la fecha señalada, ya que se constata en el expediente (fl. 147) que el demandado fue notificado del auto admisorio de la demanda el 15 de enero de 1998, fecha que se encuentra dentro de los 120 días señalados en la norma.
Dado que en la presente sentencia de revisión de tutela se dejan sin efectos los fallos absolutorios del demandado que fueron dictados en el proceso laboral, no opera la hipótesis contenida en el numeral 3º del artículo 91 (12) del Código de Procedimiento Civil y, por ende, la interrupción ocurrida el 1º de diciembre de 1997 es eficaz e impide que se consume la prescripción en el tiempo posterior. Así mismo, como entre el 29 de mayo de 1997, fecha del reclamo hecho al empleador, y el 1º de diciembre de 1997, día en que comienza la interrupción judicial, transcurrieron menos de tres (3) años —término de prescripción laboral, según lo visto— no hubo prescripción de mesadas pensionales adicionales a las prescritas antes de la interrupción extrajudicial.
Después establecerá la diferencia resultante entre lo que debía pagar y lo que efectivamente pagó como consecuencia del reconocimiento de la pensión. De dichas sumas no se descontarán los aportes que por ley corresponda hacer al pensionado al sistema de seguridad social en salud, pues existe prueba en el expediente de que estos fueron pagados (13) .
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 31 de mayo de 2004 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el sentido de conceder la tutela solicitada por Manuel José González Alarcón contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con citación oficiosa de Citibank Colombia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá.
2. REVOCAR la orden de dictar una nueva sentencia de casación, impartida a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el fallo anteriormente enunciado.
3. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de casación proferida el 3 de mayo de 2001 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 22 de septiembre de 2000 y la dictada el 5 de mayo de 2000 por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario iniciado por Manuel José González Alarcón contra Citibank Colombia.
4. DECLARAR probada la excepción de prescripción, propuesta por la parte demandada en el proceso laboral, en relación con los montos adeudados y actualizados correspondientes al período antecedente al 29 de mayo de 1994.
5. ORDENAR al Citibank Colombia que en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación del presente fallo:
6. ORDENAR al Citibank Colombia pague al señor Manuel José González Alarcón los montos adeudados y actualizados no prescritos, o sea, los comprendidos entre el 29 de mayo de 1994 y la fecha de notificación de este fallo, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo señalado en el numeral anterior.
7. LÍBRESE por secretaría la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
(1) En relación con el tema de la indexación de las mesadas pensionales, se pueden consultar, entre otras, las sentencias SU-120 de 2003, T-663 de 2003, T-1169 de 2003, T-805 de 2004, T-1197 de 2004.
(2) Ver Auto 141 B de 2004.
(3) El artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo señalaba: “ART. 260.—Derecho a la pensión.
(4) Señala el artículo 21 de la Ley 100 de 1993: “ART. 21.—Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo”.
(5) Sentencias 25000 23 25 0001999 6877 01 y 25000 23 25 000 1998 4042 01, M.P. Ana Margarita Olaya Forero.
(6) El artículo 178 del Código Contencioso Administrativo indica: “ART. 178.—Ajuste de valor. La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas solo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor”.
(7) El artículo 19 de la Ley 794 de 2003, por medio del cual se modificó el artículo 191 del Código de Procedimiento Civil, señala: “ART. 19.—El artículo 191 del Código de Procedimiento Civil, quedará así: ART. 191.—Notoriedad de los indicadores económicos. Todos los indicadores económicos nacionales se consideran hechos notorios”.
(8) El inciso 2º del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil señala: “Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
(9) Artículo 488 Código Sustantivo del Trabajo.
(10) Artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo.
(11) Señalaba el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 41 del Decreto 2282 de 1989, vigente para la época: “ART. 90.—La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro de los ciento veinte días siguientes a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado...”.
Este artículo fue modificado posteriormente por el artículo 10 de la Ley 794 de 2003.
(12) Señalaba el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, vigente para la época: “ART. 91.—No se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad, en los siguientes casos: 1. Cuando el demandante desista de la demanda. 2. Cuando se produzca la perención del proceso. 3. Cuando el proceso termine por haber prosperado alguna de las excepciones mencionadas en el numeral 7º del artículo 92, o con sentencia que absuelva al demandado o que sea inhibitoria. 4. Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda”.
Este artículo fue modificado posteriormente por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003.
(13) Folios 167-175 del cuaderno que contiene la actuación del proceso laboral en primera y segunda instancia.