Source: http://jubilacionesya.fullblog.com.ar/tag/perez/
Timestamp: 2017-05-27 02:23:28
Document Index: 345840452

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 116', 'artículo 21', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 53']

perez - Estudio Juridico Dra. Silvana Perez Villar & Asoc
ReportarEditar¡Crea tu blog!¿Buscas páginas de perez?
« BlogEntradas por tag: perezMostrando 1 a 10, de 12 entrada/s en total:
FALLOEXP 84169/9VITIELLO RAFAEL C/ ANSES S/ REAJUSTE DE HABERESMar del Plata, abril de 2011.-AUTOS Y VISTOS: Estos caratulados "VITIELLO RAFAEL C/ANSES S/ REAJUSTE DE HABERES Expte N° EXP 84169/9" de trámiteante la Secretaría Civil y Comercial N° 1 de éste Juzgado Federal N° 2 de Mar delPlata, traídos a despacho a los fines de dictar SENTENCIA DEFINITIVA y decuyo examen;RESULTA: I) Que a fs. 25/34 se presenta la actora por intermediode su letrada apoderada, la Dra. Alicia Mabel González, e interpone demanda contrala ANSES, con el objeto de impugnar la resolución administrativa RBO-F 3171 defecha 19 de junio de 2006 en el expediente Nº 024-20-93543790-4-357-000001solicitando se haga lugar al recálculo del haber inicial y posterior reajuste de suprestación de jubilación ordinaria, ordenando el pago de las diferencias con más laactualización monetaria y los intereses desde que cada suma es debida hasta suefectivo pago. ----------------------------------------------------------------------------------------Asimismo solicita la declaración de inconstitucionalidad de lasresoluciones de ANSES 918/94, 63/94 y 140/95, por limitar las actualizaciones de lasremuneraciones históricas al mes de marzo de 1991.------------------------------------------Respecto de las rentas autónomas, solicita la actualización conformelos precedentes "Volenté" y "Rodríguez" de la CSJN, determinándose la equivalenciaentre el aporte mensual histórico, la renta presunta y el haber mínimocontemporáneo.--------------------------------------------------------------------------------------Párrafo aparte solicita la declaración de inconstitucionalidad delartículo 7 inc. 2 de la Ley 24.463, durante el período de su vigencia, atento la omisióndel Congreso de la Nación en su obligación de legislar, (período 1995-2007), , cita ensu apoyo los precedentes "Eliff" y "Badaro".--------------------------------------------------Requiere que se cumplimente con las garantías establecidas en los arts.1 y 2 de la Ley 26.425, siendo su mandante beneficiario del régimen de capitalización,con jubilación ordinaria, bajo la modalidad de retiro fraccionado, solicitando lainclusión, en el recálculo del haber inicial, de la totalidad de los años aportados.--------Señala que su mandante obtuvo su jubilación con fecha 12/11/2007,bajo la vigencia de la Ley 24.241, como afiliado al régimen de capitalización.------------Indica que con fecha 16/06/2009, solicitó el reajuste de lasprestaciones de su haber previsional (PBU - PC), por considerar que no se hanrespetado las disposiciones de la Ley 24.241 en cuanto a la actualización de lasremuneraciones consideradas en el cómputo y la actualización del AMPO/MOPRE,PODER JUDICIAL DE LA NACIONde la PBU y la reliquidación de la PAP, atento la sanción de la Ley 26.425. Dichoreclamo fue rechazado por cuanto ello motivó la presente acción.-------------------------Indica que el titular acreditó al sistema 46 años de servicios conaportes, de los cuales 32 años y 9 meses, fueron prestados bajo relación dedependencia e ingresados por el régimen de reparto y los 13 años restantes en elrégimen de capitalización como autónomo, categorías E, F y III.--------------------------Indica que el haber original fue determinado en la suma de $ 843,84,en concepto de PBU-PC y suplemento por movilidad y $ 243,74 de J. O., a cargo dela AFJP. Manifiesta que por aplicación de la Ley 23.928, las remuneraciones tomadasen cuenta para la determinación del haber inicial se congelaron al mes de marzo de1991.---------------------------------------------------------------------------------------------------Respecto de los 155 meses aportados como autónomo, se consideróuna base promedio de $ 1392,47, entendiendo que debió aplicarse la teoría de laequivalencia y en consecuencia se hubiese fijado dicho monto en la suma de $4.065,43.-----------------------------------------------------------------------------------------------Se agravia por cuanto la entrada en vigencia del nuevo régimenprevisional (SIPA) ha considerado el mejor valor de la cuota del fondo de la AFJPentre los meses 02 a 09 del año 2008, entendiendo que dicho monto no representa elvalor de la PAP, indicando que de haber permanecido en reparto, el monto a percibirrepresentaría $1356,60 y con las remuneraciones y rentas actualizadas de $3029,53.----Continúa explicando los componentes del haber previsional, encuanto a la PBU, manifiesta que siendo el caso de marras un beneficio otorgado en11/2007, la falta de actualización de dicha unidad produce un defasajeimportantísimo, y un crecimiento del haber inicial. Solicita la declaración deinconstitucionalidad de los arts. 4 y 13 de la Ley 26.417, por ser lesivos del art. 14 bisde nuestra Carta Magna, y causar su aplicación grave perjuicio a su mandante.----------En lo atinente a la PC y PAP, hace referencia al art. 24 de la Ley24.241, por cuanto habla del promedio de remuneraciones actualizadas de los últimos120 meses con aportes. Cita el precedente "Eliff", hace mención a la Res. 298/08 y135/08, indicando que no determinan ningún tipo de mejora en el haber de sumandante. Solicita la no aplicación de la Ley 23928 y de las Res. de la ANSeS 918/94y 63/94, y se de cabal cumplimiento con la normativa del art. 24 inc. A) y c) y 30 dela Ley 24.241.-----------------------------------------------------------------------------------------Vuelve sobre la actualización de las rentas autónomas y ladeterminación de la PAP, cita jurisprudencia, a saber "Volonté Luis" "RodríguezEmilio" y "Makler Simón". Manifiesta que en el caso de marras, atento tratarse deaportes posteriores a 07/1994 no fueron incluidos en su haber inicial, determinandoel saldo de su cuenta individual en valor de jubilación ordinaria, en consecuenciarequiere, a los fines de no violentar el derecho de igualdad previsto por el art. 16 de laCN, que se determine la PAP con los 13 años de aportes autónomos.--------------------Se detiene sobre el concepto de movilidad, sosteniendo que susentido, consagrado en el art. 14 bis de la C.N, es mantener en igual grado dedignidad a la persona a lo largo de toda su vida, vuelve sobre el precedente "Sanchez"PODER JUDICIAL DE LA NACIONy lo transcribe en parte. Indica que al sancionarse la Ley 24.241, se determinóconforme los arts. 32 y 160, el nuevo sistema de movilidad, en función de la variacióndel AMPO, luego reemplazado por el MOPRE, ello tiene relevancia sobre ladeterminación de la PBU y PC y a partir de la Ley 26.222 también sobre la PAP.Continua relatando que dichos artículos fueron modificados por la Ley 24.463 yplantea la inconstitucionalidad del art. 7 punto 2 de la norma citada. Hace referenciaal fallo "Eliff Alberto" por cuanto re mite al precedente "Badaro Adolfo Valentín",requiriendo su aplicación al caso.-----------------------------------------------------------------Tras mencionar la nueva fórmula de determinación de la movilidad enla Ley 26.417, se agravia de la citada Ley toda vez que elimina el MOPRE,modificando el cálculo de la PBU, estableciendo para la misma un monto fijo de $326(art. 4), indica que de aplicarse esta normativa en el presente caso, la PBU de sumandante se vería reducida en mas de un 50%, por ello solicita que laredeterminación de la PBU se efectúe conforme las pautas vigentes al momento deadquisición del derecho y el índice de actualización se fije sobre el importe de la PBUredeterminada, peticionando la declaración de inconstitucionalidad de la norma.-------Manifiesta que la norma no procura recomponer los haberes de laspersonas hacia atrás, con lo cual su mandante posee un haber depreciado, que no serecupera merced a la futura movilidad. Detalla los componentes de la fórmula demovilidad, acepta su aplicación con las reservas planteadas.---------------------------------Solicita el cumplimiento de las garantías establecidas en la Ley 26.425,garantizándosele idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimenprevisional público, sostiene que ello no se ha cumplido por cuanto percibe un 50 %menos que un beneficiario del régimen de reparto con idénticas remuneraciones yaños de servicios.------------------------------------------------------------------------------------Ofrece prueba, funda en derecho, hace expresa reserva del casofederal, solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 21 de la Ley 24.463,solicitando la condena en costas a la demandada, por entender que dicha disposiciónviolenta los arts. 16 y 17 de la C. N., solicitando se haga lugar a la demanda, conimposición de costas a la accionada.-------------------------------------------------------------II) Que a fs. 47/54 se presenta la Administración nacional de laSeguridad Social por intermedio de su letrada apoderada Dra. Claudia Marcela Falconicontestando la demanda en legal tiempo y forma.---------------------------------------------Tras la negativa procesal de rigor, deja opuesta excepción deprescripción respecto del reclamo de haberes anteriores a dos años al pedido dereajuste.-----------------------------------------------------------------------------------------Manifiesta que el actor obtuvo su beneficio jubilatorio con lanormativa prevista en la ley 24.241, explicando que la norma puede ser analizadaen el marco en que ha sido dictada pero nunca puede ser sustituida totalmente, yaque la actividad- sustitución normativa- resulta ajena al control deconstitucionalidad que tiene el poder judicial.---------------------------------------------PODER JUDICIAL DE LA NACIONSeguido cita doctrina judicial de CSJN en apoyo a esta postura yrealiza un análisis de la ley 24.241, explicando la naturaleza mixta compuesta porel régimen de reparto y el de capitalización.-----------------------------------------------Hace una mera reseña histórica de la relación de las leyes 18.037 y18.038 y la implicancia que tuvo en la ley 24.241, relacionando las modificacionesefectuadas en esta última y las innovaciones, a saber:- la cobertura de lascontingencias de vejez, invalidez y fallecimiento en actividad, la implementacióndel régimen mixto, la explicación del régimen de reparto y el de capitalización ysus diferencias intrínsecas.-------------------------------------------------------------------Acápite aparte la ANSES señala los beneficios de la ley 24.241,como el hecho de no exigir el cese de la actividad para acceder a la jubilaciónordinaria (PBU, PC, PAP), citando la reforma al Art. 24 de la ley 24.241 por eldecreto 679/95, mencionando también el régimen eminentemente solidario.---------En lo atinente a las prestaciones del régimen previsional hacemención a la jubilación ordinaria o por vejez y su relación con las tres prestacionescomponentes de la misma: PBU, PC, PAP y la prestación por avanzada edad.-------Alude al sistema de movilidad actual establecido en la ley 24.463enfatizando las facultades otorgadas al poder legislativo, citando jurisprudenciacomo el fallo SANCHEZ y JADES ZARATE.--------------------------------------------Defiende la constitucionalidad de las leyes 24.241 y 24.463adentrándose en el marco histórico de la sanción de la ley 24.241, así comenta queel sistema previsional argentino viene operando como de reparto puro distributivoy esta característica ha sido expresamente ratificada por la ley 24.463, ademásenumera los decretos y leyes que tuvieron nacimiento en ese momento, debido a lasituación de emergencia imperante y cita el fallo de la CSJN, ROLON ZAPPA.----Explica el sentido de la solidaridad previsional de la ley 24.463entendida como la distribución de las riquezas para el conjunto de los ciudadanosy la redistribución de los recursos legalmente recaudados entre los beneficiarios,privilegiando la justicia distributiva.--------------------------------------------------------Efectúa consideraciones sobre los fallos SANCHEZ MARIA DELCARMEN, GONZALEZ ELISA y BADARO ADOLFO.------------------------------Por último esboza una breve consideración sobre la nueva ley demovilidad jubilatoria, explicando la fórmula utilizada por dicha normativa, y sobreel nuevo sistema previsional argentino, ley 26.425 que instituyó el SIPA (SistemaPrevisional Argentino), manifestando que éste se financiará a través de un sistemasolidario de reparto.---------------------------------------------------------------------------Ofrece prueba, solicita se desestime la prueba pericial ofrecida porla parte actora, funda en derecho, hace expresa reserva del caso federal,peticionando finalmente que se desestime la acción con costas por su orden deacuerdo a lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 24.463.------------------------------------PODER JUDICIAL DE LA NACIONIII) Que a fs. 55 se declaró la causa como de puro derecho, y a fs. 59se llamó autos para dictar sentencia, providencia que a la fecha se encuentra firme yconsentida, y estos caratulados en condiciones de ser fallados.-----------------------------Y CONSIDERANDO: I) Que la parte actora se presenta ante estosestrados judiciales afirmando impugnar la resolución denegatoria al pedido derecálculo y reajuste del haber jubilatorio, dictada en el expediente administrativo Nº024-20-93543790-4-357-1 registrada bajo el Nº RBO-F 03171/09 del 19 de Junio de2009, cuya copia obra en autos.-------------------------------------------------------------------Que el Sr. Vitiello Rafael adquirió su prestación previsional en el expedienteadministrativo Nº 024-20-93543790-4-009-1 estableciéndose como fecha inicial deadquisición del derecho e inicio de pago el día 12/11/2007, todo ello conforme lasdisposiciones de la Ley 24.241, siendo mixta la naturaleza de los aportesefectuados.-------------------------------------------------------------------------------------------II) A) Que en lo relativo al RECÁLCULO DEL HABERINICIAL, corresponde resolver la impugnación relativa a los coeficientes deactualización de remuneraciones consideradas en relación de dependencia, quedado el mecanismo de cálculo de las prestaciones acordadas al accionante poseerelevancia en orden a la prestación compensatoria (PC) y a la prestación adicional porpermanencia (PAP). --------------------------------------------------------------------------------Respecto del recálculo de la Prestación Básica Universal, no obstantelo resuelto en anteriores oportunidades, una reevaluación de la cuestión me haceseguir el criterio sentado por la Cámara Federal de la Seguridad Social en causa"Pérez, José c/ Anses s/ reajuste de haberes" (sala I, sentencia del 10/03/2009). -Es que al crearse el denominado Módulo Previsional (MOPRE) quesustituyera al Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO) se remitió su valor alque fije anualmente la autoridad de aplicación de acuerdo a las posibilidadesemergentes del Presupuesto de la Administración Nacional para cada ejercicio (art. 21de la Ley 24.241 en su texto anterior). Siendo así, y tal lo señala la Alzada, el valor delAMPO/MOPRE creció de $:61 (monto fijado por la Res. S.S.S. nro. 9/94) hasta lasuma de $:80 (fijado por la Res. Nro. 27/97), y desde entonces su importe semantuvo sin ningún tipo de modificación, a pesar de los cambios económicosproducidos desde la salida de la convertibilidad en el año 2002.----------------------------Sólo la sanción de la Ley 26.417, sancionada con posterioridad a laobtención del beneficio previsional por el accionante, modificó la situación,estableciendo el valor de la PBU en $:326 (art. 20 de la Ley 24.241, texto según Ley26.417).------------------------------------------------------------------------------------------------En consecuencia, y en razón del evidente perjuicio que se ha generadoen el cálculo del haber inicial del Sr. Vitiello, corresponde, y tal cual lo resolviera elprecedente citado, ordenar el ajuste de la PBU con los parámetros expuestos por elAlto Tribunal en autos "Badaro, Adolfo V. c/ Anses s/ reajustes varios",sentencia del 26/11/2007.-------------------------------------------------------------------------PODER JUDICIAL DE LA NACIONEn relación a la PC, dispone el art. 24 de la Ley 24.241 (texto segúnLey 26.417) que: "el haber mensual de la PC se determinará de acuerdo a lassiguientes normas: a)- si todos los servicios computados lo fueren en relación dedependencia, el haber será equivalente al uno y medio por ciento (1,5 %) por cadaaño de servicio con aportes o fracción mayor de seis (6) meses, hasta un máximo detreinta y cinco (35) años, calculado sobre el promedio de las remuneraciones sujetas aaportes y contribuciones actualizadas y percibidas durante el período de diez (10)años inmediatamente anterior a la cesación de servicios. No se computarán losperíodos en que el afiliado hubiere estado inactivo, y consecuentemente no hubierepercibido remuneraciones. Facúltase a la Secretaría de Seguridad Social delMinisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a dictar las normasreglamentarias que establecerán los procedimientos de cálculo delcorrespondiente promedio.----------------------------------------------------------------------Con relación al lapso de los 120 meses anteriores al cese a considerar,en lo que a coeficientes de actualización respecta, la Resolución Nro. 918/94 deANSES dispone que "las remuneraciones a considerar de los afiliados cuyosbeneficios se acuerden conforme el Libro I de la Ley 24.241, sus modificatorias ycomplementarias serán actualizadas según los coeficientes aprobados por ResoluciónNro. 63/94 de ANSES", que prevé en su Anexo I una tabla de coeficientes que -conforme precisó la Resolución 140/95 de ANSES dictada con posterioridad -equivale al índice de salarios básicos de convenio de la industria y la construcción(promedio general personal no calificado) base marzo de 1991.---------------------------La ANSES para determinar el haber inicial aplicó dichos coeficientespara actualizar las remuneraciones históricas consideradas para efectuar el cálculo dela PC, y por tanto de la PAP, hasta el año 1991.-----------------------------------------------Dicho cálculo sin embargo se ajustó a la reglamentación aplicable,pues los índices previstos en la Resolución 140/95 llegan únicamente hasta esa fecha(02/91), mas tal proceder no equivale a sostener la razonabilidad de las normasreglamentarias frente a los principios que rigen en la materia, plasmados no sólo en laLey 24.241, cuyo artículo 24 prevé actualizar remuneraciones anteriores al cese sinotro límite temporal, sino en la propia Constitución Nacional.------------------------------Ahora bien, en el precedente "Zagari, José María c/ Anses s/reajustes varios" (véase Revista de Jubilaciones y Pensiones, Año 16, Marzo/Abril2006, Nro. 91, p. 114/117) indicó la Alzada que: "El restrictivo criterio impuesto porla normativa reglamentaria en cuestión, en cuanto dispone que la actualización de loshaberes percibidos por quienes obtuvieron su prestación por el régimen de la Ley24.241 corresponde efectuarla sólo hasta marzo de 1991, y ello por aplicación de laley 23.928 (texto hoy según Ley 25.561) resulta inadmisible, puesto que implica unclaro exceso en la facultad reglamentaria por parte de la autoridad administrativa".-----Por su parte ha señalado la Corte Suprema de Justicia, que "...laactualización de las remuneraciones a fin de calcular el valor de las prestaciones no sehalla comprendida en la genérica derogación de normas que establecían o autorizabancláusulas indexatorias contenida en el art. 10 de la citada ley de convertibilidad"PODER JUDICIAL DE LA NACION(CSJN, "Eliff, Alberto José c/ Anses s/ reajustes varios", sentencia del 11 deagosto de 2009).--------------------------------------------------------------------------------------Trasladando dichas pautas al caso que nos ocupa, la actualización encuestión deberá extenderse hasta la fecha de adquisición del beneficio del Sr. VitielloRafael, acaecido el 12/11/2007.------------------------------------------------------------------En cuanto al planteo que hiciera la parte actora, respecto de laexclusión de la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) en cálculo del haberinicial correspondiente al beneficio de su mandante, cabe efectuar algunasconsideraciones en particular, en primer término me detendré sobre el concepto de laPAP, considerando que es la suma de dinero que perciben los afiliados al Sistema, queacrediten los requisitos para acceder a la PBU y no se encuentren percibiendo retiropor invalidez, cualquiera fuere el régimen otorgante (Tratado de la Seguridad Social TomoII, Bernabé Lino Chirinos, Ed. LA LEY). Siguiendo en este orden de ideas, y teniendoen cuenta que el art. 3º de la Ley 26.425 prevé que los servicios prestados en relaciónde dependencia o en calidad de trabajador autónomo correspondientes a los períodosen que el trabajador se encontraba afiliado al régimen de capitalización seránconsiderados a los efectos de la liquidación de los beneficios establecidos en el art. 17de la Ley 24.241 y sus modificatorias como si hubiesen sido prestadas al régimenprevisional público, y que el art. 16 de la misma Ley establece que los afiliados alSIPA tendrán derecho a la percepción de una prestación adicional por permanenciaque se adicionará a las prestaciones establecidas en los incisos a) y b) del art. 17 de laLey 24.241, corresponde a fin de resguardar el derecho de igualdad, previsto en el art.16 de nuestra C. N. y de dar cabal cumplimiento con lo dispuesto en el art. 1 de la Ley26.425, garantizando a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalizaciónidéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público,en cumplimiento del mandato previsto por el art. 14 bis de la C. N., que se recalculeel haber inicial del Sr. Vitiello incluyendo la Prestación Adicional por Permanencia,cuyo haber mensual que se adiciona a la PBU y PC y se determina computando el1,5 % por cada año de servicio con aportes al SIJP en igual forma y metodología quela establecida para la prestación compensatoria (art. 30 inc. b)- Ley 24.241 modif. porley 26.222).--------------------------------------------------------------------------------------------B) En orden a los APORTES AUTÓNOMOS con relevancia para elcálculo de la PC del accionante, que según detalle del beneficio de fs. 253/4 delAdministrativo ascienden a 154 meses, la demanda afirma que el congelamiento delMOFPRE afectó el valor de la renta de los trabajadores autónomos, indicando queprodujo un detrimento del haber inicial al no respetarse la intención del legislador alcrearse las categorías que permitían obtener mayores ingresos a quienes efectuaronmayores aportes con miras a obtener un mejor haber.----------------------------------------Huelga recordar que al reglamentarse el tema de las categorías, luegode la sanción de la Ley 24.241, con el Decreto 433/94, los montos a ellas asignadosguardaban la misma proporción con el haber mínimo ($ 150), que la establecida en elart. 10 de al Ley 18.038, vinculándose la categoría mínima a la remuneración mínimasujeta a aportes que equivalía a tres (3) AMPO. La intención de la reglamentación,PODER JUDICIAL DE LA NACIONcomo en las reformas de 1980 y 1988, fue vincular al haber mínimo con la rentapresunta de las categorías y el respectivo aporte, para que al momento de calcularse elhaber inicial éste reflejara el esfuerzo contributivo de los autónomos. Además, seligaban las categorías con los aumentos de los jubilados mediante la aplicación delAMPO, conforme lo establecida el art. 8 del Decreto 433/94 prealudido (Conf.Guillermo J. Jáuregui, "Reajuste de haberes autónomos en la Ley 24.241", Revista deJubilaciones y Pensiones, Año 16 - Julio/Agosto 2006 - N° 93, p. 359), de ahí lodenunciado por el accionante.--------------------------------------------------------------------Si bien en principio en función del art. 8 del Decreto 433/94 seincrementaron las rentas conforme la evolución del AMPO (Decretos 1262/64,Resoluciones Conjuntas 41/94 SSS-103/04 SIP, 1132/95 SSS y 36/95 SIP, 46/95SSS-13/95 SIP y 32/06 SH-264 SSS, R.G. 3990/95 AFIP), el mecanismo se alterócon el Decreto 978/96, que aumentó un 30 % el monto de las categorías existentes,pese a que aquél no había aumentado, aplicando luego la Resolución Conjunta 178-97SH- 29/97 SSS dicho valor la variación del referente del 5,26 %, habiéndose dadoentre el período 1997/2003 la máxima equivalencia histórica entre las rentas presuntasautónomas y el haber mínimo contemporáneo.------------------------------------------------Ahora bien, como explica Jáuregui, frente a la evolución del habermínimo jubilatorio (08.91: $ 150, 07/03: $ 220, 01/04: $ 240, 09/04: $ 260, 09/04: $09/04: $ 308, 07/05: $ 350, 11/05: $ 390 y 06/06: $ 470) el valor de las categoríasexpresadas en mínimos cayó mucho, y como ocurrió en el pasado, el aumentoconstante de aquél, no trasladado a las categorías, produjo el mismo fenómeno deinequidad que ocurrió con la Ley 18.038, ya que los haberes no guardan debidaproporción con el esfuerzo contributivo de los autónomos, pues volvieron a seralcanzados por el haber mínimo beneficiarios que hicieron aportes por montossuperiores a estos (Ob. cit. p. 360/361).---------------------------------------------------------En el marco de la Ley 18.038 (t.o. 1974) la Corte expuso su criterioen los precedentes "Volonté, Luis M." (CSJN, 28/03/85, E.D. t. 114, p. 179, Fallos307:274) y 'Recurso de hecho deducido por Emilio Rodríguez' en la causa"Rodríguez, Emilio s/ jubilación" (30/10/89, R. 474.XXI.; Fallos 312:2089), ymás recientemente en "Makler, Simón c/ ANSeS s/ inconstitucionalidad ley24.463" (20/05/03, M. 427.XXXVI). -----------------------------------------------------------Mas en torno al puntual planteo que nos ocupa, ligado a la debidaactualización o equivalencia del haber con lo efectivamente aportado, la Sala III en"Morales, César Alfredo c/ ANSES s/ Reajustes Varios" (sent. def. 121.112 del17/08/08, Boletín de Jurisprudencia 47, causa originaria de este Juzgado y Secretaría),amén de remitir a "Malker", ahonda en el planteo atinente a la equiparación de lascategorías aportadas, coligiendo que los argumentos vertidos en aquél "... tienenvigencia para la aplicación del art. 24 inc. b)- de la ley 24.241, pues conducen aestablecer el monto representativo del promedio actualizado de los ingresoscorrespondientes a 'todos los servicios con aportes computados' a los que alude esadisposición a la fecha del último período cotizado, mediante un sencillo cálculo queconsiste en multiplicar el guarismo que representa esa proporción (entre categoríasPODER JUDICIAL DE LA NACIONaportadas e ingreso de la categoría mínima) por el haber mensual de categoría mínimavigente al último mes cotizado" (véase voto del Dr. Fasciolo, el subrayado mepertenece).--------------------------------------------------------------------------------------------En esa línea, es decir, con la finalidad de remediar el desajuste de lasrentas de las categorías con relación al haber mínimo, puntualmente respecto de losvalores vigentes a la fecha de la solicitud a considerar conforme lo dispuesto por elart. 4 del Decreto 679/95, cuestión principal a resolver en el régimen que nos ocupa,la Sala II del mismo tribunal en "Failembogen, Indy c/ ANSeS s/ reajustesvarios" (sent. def. 128.978 del 11/03/09, Boletín de Jurisprudencia Nro. 50, oRevista de Jubilaciones y Pensiones, Año 19, Marzo/Abril 2009 - N° 109, p.123/124), expuso en atención al criterio fijado en "Makler" que a los efectos delcálculo del haber del trabajador autónomo expone que deben tomarse enconsideración la totalidad de los aportes realizados a fin de que se reflejeadecuadamente el esfuerzo contributivo realizado, establece que debenconfeccionarse una planilla con arreglo a las siguientes pautas: a) en una primeracolumna la categoría aportada en cada período; b) el monto del haber mínimocorrespondiente al período aportado; c)- cantidad de haberes mínimoscorrespondientes a la categoría aportada en cada período histórico; d)- la suma de losvalores consignados en c. Este total deberá ser dividido por la cantidad de mesesaportados a fin de determinar el haber mínimo promedio efectivamente aportado,valor que será multiplicado por el haber mínimo vigente al tiempo de obtenerse laprestación (véase voto del Dr. Herrero al que adhiere la Dra. Dorado, el subrayadome pertenece), sistema de recálculo que corresponde aplicar al caso.----------------De tal forma, el organismo previsional deberá reliquidar la porciónautónoma correspondiente a la PC liquidada al accionante a partir de la actualizaciónadministrativa obtenido en función del valor vigente de la categoría (renta dereferencia) aportada al momento de la solicitud, conforme las pautas brindadas en elfallo que antecede, y precedentes del Alto Tribunal.-------------------------------------------III) En cuanto al pedido de REAJUSTE, siendo que la actora solicitala aplicación de los precedentes SANCHEZ, ELIFF y BADARO, respecto de losperíodos posteriores al mes 11/2007 (FIP: 12/11/2007), cabe efectuar algunasconsideraciones al respecto.------------------------------------------------------------------------En primer lugar cabe recordar que A PARTIR DEL 1° DE ABRILDE 1995, la movilidad del haber surge por aplicación de lo establecido por elentonces vigente el art. 7 ac. 2' de la Ley 24.463.-----------------------------------------------Cabe recordar al respecto que el Máximo Tribunal en la sentencia del26/11/07 que dictara en la causa "Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/ reajustesvarios" (B. 675. XLI), tras declarar la inconstitucionalidad del art. 7, inc. 2, de la ley24.463, dispone que la prestación del actor se ajuste, a partir del 01/01/02 y hasta el31/12/06, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaboradopor el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.--------------------------------------------Si bien esta solución fue extendida en el tiempo por la Sala II de laCámara Federal de la Seguridad Social en autos "Cirillo, Rafael C/ A.N.Se.S. s/PODER JUDICIAL DE LA NACIONreajustes varios" del 18/04/2008, (criterio que he compartido), lo cierto es que fuerevocada por la Corte Suprema en sentencia del 27 de mayo de 2009, en criterio queevidentemente no alcanza sólo al caso mencionado, sino que se extiende a otros decaracterísticas análogas, conforme lo ha demostrado el Tribunal en su aplicaciónposterior.----------------------------------------------------------------------------------------------En tal sentido, la necesidad de seguir la regla del precedente hacen queopte aquí por conformar esta sentencia a tal decisión, máxime cuando ello puederedundar en una reducción de la litigiosidad en la materia, atento el compromisoautoasumido por el organismo previsional demandado de consentir aquellassentencias que se ajusten al criterio sentado por la Corte Suprema en el caso "Badaro"(Res. SSS 955/2008).--------------------------------------------------------------------------------IV) No obstante, serán aplicables al haber de la accionante losincrementos previstos por la Ley 26.198 para el año 2007, así como los Dtos.1346/07 y 279/08.----------------------------------------------------------------------------------Es que mediante la Ley 26.198 (Presupuesto de la AdministraciónNacional para el ejercicio 2007) el congreso ejerce por primera vez las facultadesreservadas por la ley de solidaridad previsional (Ley 24.463) y de tal forma establece elincremento anual de las prestaciones, constituyendo una movilidad mínimagarantizada.-------------------------------------------------------------------------------------------En tal sentido fijó en el 13% la movilidad para las prestaciones,estableciendo la suma de $530 el haber mínimo que desde el 01/09/2007 fue elevadoa $596 por el Dec. 1346/07, en paralelo con todas las jubilaciones y pensiones del12.5%, y a la suma de $655 a partir del 1º de marzo de 2008, y de $ 690, a partir del 1ºde julio de 2008 por Dec. 279/08.---------------------------------------------------------------Cabe señalar también que el 15/10/2008 el Poder Ejecutivo Nacionalpromulgó la Ley Nº 26.417 que establece finalmente un mecanismo de movilidad delas Prestaciones del Régimen Previsional Público, que regirá a partir de su entrada envigencia, tal como lo establece la Res. (Sec. Seguridad Social) 6/2009, en su artículo 1(01/03/2009).----------------------------------------------------------------------------------------Dicho régimen resulta de aplicación para los beneficiarios quecomprenden el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Así se reglamentanlos artículos 24 (Haber de la prestación) y 32 (Movilidad de las prestaciones) de la ley24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) a fin de fijar las pautas deelaboración del índice de movilidad y de los coeficientes de actualización de lasremuneraciones conforme las previsiones de la ley 26417.-----------------------------------Asimismo, frente al incremento que se produzca en el haber máximoconforme a la evolución del índice de movilidad, se adecua la escala de deduccióndeterminada por el inciso 2) del artículo 9 de la ley 24.463, para los supuestosalcanzados por la misma, en concordancia con el nuevo importe máximo.---------------Conforme lo precedentemente expuesto, corresponde aplicar la citadanormativa a fin de reajustar los períodos posteriores a la adquisición del beneficio.-----En relación al planteo de inconstitucionalidad, esgrimido en el escritode demanda, dirigido contra el art. 4 de la Ley 26.417, adentrándome en su análisis,PODER JUDICIAL DE LA NACIONobservo una disconformidad en torno al monto que fija la citada Ley en el cálculo dela PBU, sin embargo el perjuicio planteado no ha sido debidamente acreditado enautos. Debe recordarse que los jueces no están llamados a emitir juicios de opiniónsobre lo actuado por los otros poderes del Estado, sino a resolver en todas aquellas'causas' que les sean sometidas a su jurisdicción, en los términos del artículo 116 CN yart. 2 Ley 27.------------------------------------------------------------------------------------------En este sentido ha afirmado la Corte Suprema que: "No se está enpresencia de una "causa" cuando se procura la declaración general y directa deinconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes." (Asociación deTestigos de Jehová c/ Consejo Provincial de Educación del Neuquén s/acción de inconstitucionalidad. 09/08/2005 Fallos: 328, 2966).------------------------En consecuencia no existe mérito que justifique al suscripto evaluaraquí su constitucionalidad. ------------------------------------------------------------------------V) Seguido, cabe considerar que en el sub examine, la ANSES alcontestar demanda opone la prescripción bienal prevista en el Art. 82 tercer párrafode la Ley 18.037, por aplicación del art. 156 de la ley 24.241 aplicable al caso deacuerdo a la doctrina sustentada por la C.S.J.N. en el caso "Jaroslavsky, Bernardo",sentencia del 18/04/85.---------------------------------------------------------------------------Considerando que: "La prescripción no se declara de oficio, sino quedebe ser opuesta en la primera presentación judicial por quien pretenda valerse deella...." (Conf. C.F.S.S., Sala II, Sent. 77924, del 04/02/00, en autos "Michelis, JuanFrancisco c/ A.N.Se.S.", véase Boletín de Jurisprudencia Nro. 27 C.F.S.S.), toda vezque la solicitud de reajuste se formaliza con la interposición del reclamoadministrativo, en el caso de marras solo obra agregada la resolución que deniega lasolicitud administrativa de recálculo y reajuste del haber previsional, teniendo encuenta que la misma fue resuelta con fecha 19/06/2009, que retrotrayéndonos dosaños desde entonces, y estando al tanto que la parte actora adquirió su beneficio confecha 12/11/2007, concluyo en rechazar el planteo de la demandada, toda vez quemal podría operar la prescripción sobre períodos anteriores a la calidad debeneficiario de la actora.----------------------------------------------------------------------------VI) Seguido, corresponde resolver los planteos deinconstitucionalidad que el accionante dirige contra la Ley 24.463.------------------------En relación al Art. 7 apartado 2 de la ley 24.463 remitiéndome a losfundamentos que fueran expuestos por la C.S.J.N. en autos "Badaro, AdolfoAgustín c/ ANSES s/ reajustes varios" (B. 375.XLI, del 08/08/06, Fallos329:3089 y aclaratoria del 26/11/2007) a la que adhiriera en lo pertinente estedecisorio, en los términos allí establecidos, a los que por haberlos citado remito,corresponde en el caso, declarar la inconstitucionalidad del art. 7 apart. 2 de laLey 24.463.-------------------------------------------------------------------------------------------Por último, respecto del planteo de inconstitucionalidad que elaccionante dirige contra el artículo 21 de la Ley 24.463, cabe tener presente que sinperjuicio de la opinión que el suscripto pudiere tener frente a situaciones de extremaparticularidad, a fin de resguardar el principio de seguridad jurídica correspondePODER JUDICIAL DE LA NACIONsujetarse al criterio sentado por el Superior, rechazando en consecuencia, lainconstitucionalidad peticionada. Cabe recordar que la C.S.J.N. tiene dicho queestablecer un régimen específico de imposición de costas no resultaría violatorio de laigualdad ante la ley, del derecho de propiedad, ni del principio de reparación integral(Conf. C.F.S.S., Sala I, Sent. 79.461 del 16/02/98, autos "Benitez, Hualberto c/ANSES", Boletín de Jurisprudencia C.F.S.S. Nro. 21; ver también C.F.S.S., Sala II,Sent. 46.688 del 16/02/98, autos "Tisera, Juan Carlos c/ ANSES", Boletín deJurisprudencia C.F.S.S. Nro. 21; C.S.J.N., "Nación Argentina v. Textil EscaladaS.A." Fallos 312:2444; Fallos 324:2360, causa "Alfredo Arenas v. A.N.Se.S.", defecha 09/08/01, y Fallos 325:274 y 325:970).---------------------------------------------------VII) A pesar de lo antedicho, cabe dejar en claro que conforme se hafallado: "El mecanismo de cumplimiento de sentencias previsto en el art. 22 de la ley24.463, resulta de aplicación a las retroactividades emergentes de lospronunciamientos sobre reajustes (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 02.12.98, "Arisa,Ángel Umberto"). Pero de esa doctrina se excluye el nuevo haber resultante delrecálculo ordenado en la sentencia, el cual deberá comenzar a pagarse dentro de los120 días (conforme art. 2 de la Ley 26.153, modificatoria de la ley 24.463) de quedarfirme la misma, porque teniendo en cuenta (...) el carácter alimentario del beneficio,su reducción puede insolventar o menguar sustancialmente el patrimonio de aquél, yde esta forma, hacer ilusorio el derecho que legalmente le corresponde" (Conf.C.F.S.S., Sala I, Sent. 84.739, del 29/03/00, en autos "Jamardo de Muti, MaríaCarolina c/ A.N.Se.S.", véase Boletín de Jurisprudencia Nro. 27 Excma. C.F.S.S.).--El plazo de 120 días habrá de contarse a partir de la recepciónefectiva del expediente administrativo correspondiente, conforme lo disponeactualmente el art. 22 de la Ley 24.463, modificado por la Ley 26.153.--------------VIII) Por último frente a las diferencias emergentes de la liquidación apracticarse y sus accesorios, que corresponderá liquidar desde que cada suma fuedebida conforme la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de laRepública Argentina (conf. Art. 10, D.941/91, C.S.J.N. L.44 XXIV "López Antonioc. Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.", 10.6.92 y "Fallos" 303:1769;311:1644, citados por la C.F.S.S. en el fallo citado ut supra), deberán respetarse lasdisposiciones del Capítulo VI de la Ley 26.546 (Arts. 34/40) de Presupuesto deGastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2010, cuyasdisposiciones rigen para el presente año conforme lo dispuesto por Decreto2054/2010, publicado en el Boletín Oficial el 29/12/2010.----------------------------------IX) Por todo lo expuesto, jurisprudencia, doctrina y normas legalescitadas y en virtud de lo dispuesto por el art. 15 de la Ley 24.463, y 163 y 377 delCPCCN.-----------------------------------------------------------------------------------------------FALLO: I) HACIENDO PARCIALMENTE LUGAR a laDEMANDA incoada por VITIELLO RAFAEL contra la ADMINISTRACIONNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-----------------------------------------------II) Aún así, SE ORDENA al organismo que proceda aPODER JUDICIAL DE LA NACIONRECALCULAR EL HABER INICIAL del accionante, conforme las pautasemergentes de los Considerandos precedente.-------------------------------------------------III) RECHAZANDO la DEMANDA en lo que hace al reclamo deREAJUSTE por movilidad.------------------------------------------------------------------------IV) RECHAZAR por improcedente la EXCEPCIÓN DEPRESCRIPCIÓN planteada.--------------------------------------------------------------------V) Las diferencias resultantes que emerjan de las liquidaciones apracticarse, deberán abonarse al reclamante dentro de los ciento veinte días (120)contados a partir de la recepción efectiva del expediente administrativocorrespondiente (art. 22 de la Ley 24.463).------------------------------------------------------VI) Los intereses deberán sujetarse a las disposiciones individualizadasen el Considerando VIII de esta sentencia.-----------------------------------------------------VII) Impónganse las COSTAS en el orden causado (art. 21 Ley24.463) y REGÚLENSE LOS HONORARIOS DE LA LETRADA de laaccionante, Dra. Alicia Mabel González en el 15% de las sumas que por todoconcepto resultan a favor del reclamante, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 8 dela Ley 21.839, con más el 10 % en concepto de aportes previsionales; debiendoestarse al art. 2 de la Ley 21.839 en relación a los emolumentos de los letrados delorganismo demandado. La estimación efectuada no incluye IVA. (Arts. 7, 8, 10, 38,47 de la Ley 21.839 y modificatorias, Ley 24.432, Leyes 6.716 y 23.987).Oportunamente, ARCHÍVESE.-----------------------------------------------------------------Eduardo Pablo JIMENEZJUEZ FEDERAL... Continuar leyendo
La Cámara Federal de la Seguridad Social, integrada por los vocales Martín Laclau, Néstor Fasciolo y Juan Poclava Lafuente, revocó una sentencia de primera instancia que le había denegado a la actora el beneficio de una pensión por fallecimiento.La Sala III del Tribunal de Apelaciones señaló que el beneficio de una pensión, solicitado por la actora, era procedente pues "el causante posee una importante tasa de aportación que de no haber fallecido en forma prematura, le habría permitido superar con holgura los años de servicios con aportes requeridos para su jubilación".Una mujer, ocurrida la muerte de su esposo, solicitó ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) una pensión por fallecimiento. Sin embargo, la entidad pública le negó el beneficio peticionado, mediante la resolución administrativa correspondiente.Entonces, la viuda acudió ante la Justicia de la Seguridad Social para reiterar el pedido de una pensión. El magistrado de primera instancia le negó el beneficio requerido y ratificó lo dispuesto por la resolución de la ANSES. En consecuencia, la actora apeló la sentencia del juez de grado.En primer lugar, la Cámara de la Seguridad Social manifestó que "las disposiciones contenidas en el artículo 95 y concordantes de la Ley 24.241 y su reglamentación, sucesivamente implementada a través de los decretos 1120/94, 136/97 y 460/99, se orientan a evitar la indebida captación de beneficios".Luego, el Tribunal Federal indicó que correspondía "dejar sin efecto la sentencia que rechazó la acción interpuesta y confirmó la resolución administrativa que había denegado el beneficio de pensión por fallecimiento, y consecuentemente, reconocer el derecho al mismo"."El causante comenzó a trabajar a corta edad (18 años) y a su fallecimiento ya acreditaba 26 años de servicios con aportes, lo que revela una importante tasa de aportación que de no haber sido interrumpida por su prematuro deceso, le habría permitido superar con holgura los 30 años de servicios con aportes al cumplir los 65 años de edad, requeridos para la prestación por vejez", precisó la Cámara de la Seguridad Social.Acto seguido, el Tribunal de Apelaciones explicó que "si quien aportó al sistema previsional en forma prolongada pero durante la última fase de su vida activa no pudo efectuar regularmente sus aportes, falleciendo a edad temprana, exhibe una situación que no puede ser soslayada por el juzgador".Las circunstancias descriptas por la Cámara dieron lugar, entonces, a que ésta exprese que correspondía "declarar la inconstitucionalidad del artículo 95 de la Ley 24.241 y de las reglamentaciones contenidas en los decretos 1120/1994, 136/1997 y 460/1999".Por tales razones, el Tribunal Federal de la Seguridad Social decidió admitir el recurso de apelación interpuesto por la actora -solicitante del beneficio de pensión por fallecimiento- y revocar la sentencia de primera instancia.En consecuencia, la Cámara reconoció el derecho de la demandante a percibir la pensión requerida y condenó a la ANSES a cumplir con el otorgamiento del beneficio dentro del plazo de 120 días desde que la sentencia quedó firme.FALLO... Continuar leyendo
Aquellos nuevos jubilados y pensionados, junto al cobro del primer haber, percibirán la suma correspondiente al retroactivo desde el momento en que se confirma el turno para el inicio del trámite jubilatorio.La entidad bancaria podrá requerir la documentación complementaria que estime conveniente en el momento de presentarse el beneficiario titular o su apoderado, para luego, por única vez, acreditar los fondos en una caja de ahorro.Esta cuenta, a este único efecto, será sin costo alguno para el beneficiario. Una vez cobrado el primer pago, el beneficiario puede optar por mantener dicha cuenta abierta (con el consiguiente costo que esto implica) o cerrarla definitivamente.... Continuar leyendo
· Pensión por viudez o invalidez
La Corte Suprema redujo los años de aportes necesarios para para acceder a la pensión por invalidez y viudez, lo que beneficia a mucha gente que ahora podrá reclamar la pensión si se invalidó o si el cónyuge fallecido no aportó en los últimos años pero lo hizo parcialmente durante los años en que estuvo activo.De acuerdo a las normas previsionales, para que un afiliado tenga derecho al retiro por invalidez o su cónyuge al beneficio de pensión se deben reunir varias condiciones:Para tener derecho a una pensión del 70% del Ingreso Base: el afiliado debe reunir 30 meses de aportes en los últimos 36 meses anteriores a la solicitud de invalidez o a la fecha de fallecimiento. Y si solo se reúne 18 meses de aportes en ese lapso se lo considera afiliado irregular con derecho, con una pensión del 50% del Ingreso Base.Ese requisito no rige si el afiliado ya tiene aportes por 30 años de servicios ya que se lo considera afiliado regular. Y si tiene 15 años con aportes, se lo considera afiliado irregular con derecho siempre que tenga 12 meses de aportes en los últimos 60 meses anteriores a la solicitud de invalidez o la muerte.Con estos requisitos, mucha gente queda fuera de la cobertura de pensión porque el trabajador activo se incapacita o muere sin reunir los meses o años de aportes exigidos por estar sin trabajo en los últimos años.Muchos trabajadores dejan de trabajar cuando comienza una enfermedad y luego de algunos años al ocurrir el deceso son afiliados irregulares sin derecho y no generan pensión.Ahora la Corte, en la causa" Pinto Angela contra ANSeS", flexibilizó esas condiciones.Determinó que si una persona aportó durante el 63% de su vida activa, su cónyuge es considerado aportante regular -70% de pensión- y con la mitad es irregular con derecho a pensión del 50%.Este nuevo criterio surge de lo siguiente: un varón puede aportar a lo largo de su vida activa 47 años (desde los 18 hasta los 65 años). Y con 30 años -o el 63% de esos 47 años- tiene derecho a la pensión, como aportante regular. Y con 15 años (la mitad) es considerado afiliado irregular con derecho a pensión.La Corte Suprema sostiene que esas proporciones deben aplicarse al trabajador hasta el momento en que fallece. (Por ejemplo: si muere a los 55 años, en su vida activa desde los 18 años pudo aportar 37 años. En consecuencia con 23 años de aportes -63% de 37- es afiliado regular con aportes. Y con la mitad -11 años- se lo considera afiliado irregular con derecho y genera un pensión para el cónyuge.)En el caso de las mujeres el cálculo varía porque pueden jubilarse a los 60 años por lo que las proporciones son distintas. Pero también sustancialmente menores a las que rigen en la actualidad.... Continuar leyendo
· Pensión por fallecimiento de afiliado en actividad
Usted tiene tiempo de realizar el trámite hasta el primer año de ocurrido el fallecimiento, se le reconocerá el retroactivo al mes correspondiente. Pasada esta fecha, podrá iniciar el trámite pero no se le reconocerá el retroactivo.La ANSeS mediante Resolución DE Nº 671 de fecha 19 de agosto de 2008 declaró incluidos a los convivientes del mismo sexo en los alcances del artículo 53 de la Ley Nº 24.241, como parientes con derecho a pensión por fallecimiento del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad del Régimen Previsional Público o del Régimen de Capitalización, que acredite derecho a percibir el componente público, la convivencia mencionada se acreditará según los medios probatorios que establece el Decreto Nº 1290/94 para los casos en que el causante se encontrare a su deceso comprendido en dicho régimen.Requisitos del Solicitante (Viuda/o-Conviviente) Viuda/o del causante. Conviviente del causante: deberá a acreditar haber convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Dicho plazo se reduce a dos (2) años cuando existan hijos reconocidos por ambos convivientes. Hijo/a soltero hasta 18 (dieciocho) años y que no goce de otro beneficio. Hija viuda hasta 18 (dieciocho) años y que no goce de otro beneficio. Hijo/a incapacitado sin límite de edad, si al momento del fallecimiento del causante se encontraban incapacitados para el trabajo y a cargo del causante o incapacitados a la fecha en que cumplieran dieciocho (18) años de edad. Requisitos del Causante Cumplir con la condición de aportante regular o irregular, de conformidad con las disposiciones de los Decretos 1120/94, 136/97 y 460/99 (ver legislación Vigente)Aportante regular e irregular con derecho para Pensión por Fallecimiento de un Afiliado en ActividadCalidad de Aportante RegularHaber aportado como mínimo treinta (30) meses dentro de los treinta y seis (36) meses anteriores al fallecimiento.Acreditar el mínimo de años de servicios exigidos por el régimen común (30 años) o diferencial conforme al decreto o ley en el que se encuentre incluidos, para acceder a PBU/ PC/ PAP. De no reunir este requisito, podrá completar los 30 años de servicios con aportes mediante la adhesión a la moratoria Ley 24.476 y así adquirir la calidad de Aportante Regular.... Continuar leyendo
Expte Nº 38617-1 - "Zamagni Graciela del Carmen c/ GCBA s/ otros procesos incidentales" - CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - SALA II - 07/06/2011RÉGIMEN DE RECIPROCIDAD JUBILATORIA. Art. 3º del decreto 1415/89, reglamentario del 8820/62. Trámite para la obtención del beneficio previsional. Vencimiento del plazo. Posibilidad de que el empleador disponga el cese en las funciones. Demora imputable al Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. MEDIDA CAUTELAR. Procedencia. Obligación del GCBA de dejar sin efecto la cesantía y abonar haberes caídos"... A partir de los argumentos y del análisis de la prueba documental aportados por la amparista, puede concluirse que el acto cuestionado (resolución Nº 2976/MEGC/10), en tanto desconocería circunstancias de hecho relevantes a la hora de juzgar el transcurso de los plazos legalmente previstos, permite fundar, en forma suficiente, la verosimilitud del derecho invocado. En efecto, a pesar de que resultaría correcto la ponderación relativa al cumplimiento del plazo de un (1) año para finalización de los trámites tendientes a la obtención del beneficio previsional en trámite (art. 3º del decreto Nº 1415/89, reglamentario del decreto 8820/62), no lo es menos que la norma aludida señala que "[v]encido dicho término, el empleador podrá disponer el cese en las funciones aunque el interesado no hubiera obtenido aún el beneficio, o su liquidación" (el destacado no obra en el original). Pues bien, frente a esa posibilidad con la que cuenta la Administración, adquieren relevancia los elementos que rodean al caso particular y que, en el presente, permitirían considerar que la aplicación estricta de la opción que acuerda la norma no resulta razonable o, a los efectos de la cautelar requerida (art. 189 del CCAyT), irreparablemente dañosa para la actora. Ello así por cuanto, desde esta lectura preliminar de la cuestión sometida a debate, puede advertirse que, según los términos de la primera parte del art. 3º antes mencionado, mientras la amparista habría cumplido con la exigencia allí contenida de proseguir con los trámites jubilatorios (ver, fundamentalmente, solicitud de reajuste de jubilación), la finalización de ese procedimiento ya no le resultaría imputable, en tanto incumbencia del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. En resumidas cuentas, en tanto se encontraría acreditado el inicio y la prosecución de los trámites aludidos por parte de la actora y, a su vez, que su conclusión dependería, no ya de la demandante, sino de la actividad de un organismo estatal, la rígida aplicación de la solución prevista por la parte final del art. 3º del decreto 1415/89 en la que se funda la resolución impugnada configura un marco de apreciación que conduce a admitir la pretensión cautelar esgrimida."... Continuar leyendo
· Jubilación para Extranjeros
En el caso de persona extranjeras residentes en la Argentina, el proceso o trámite para obtener el beneficio jubilatorio a través de la llamada "jubilación sin aportes" o "jubilación de ama de casa" tiene una gran similitud con el caso de nacionales, la única diferencia se plantea al momento de determinar la "FECHA DE INICIO" del plan jubilatorio...La Fecha de Inicio, es aquel momento en la vida natural de la persona a partir del cual la ley, la "habilita" a "adquirir o comprar", utilizando el SICAM, los años de servicio con aportes que requiere para jubilarse.En el caso específico de nacionales (nacionalidad argentina), tal fecha está fijada desde el instante en que la persona cumplió los 18 años de edad...... Continuar leyendo
publicado por jubilacionesya a las 22:02 · 922 Comentarios · Recomendar