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Timestamp: 2019-09-15 17:37:55
Document Index: 246575020

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 198', 'Artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 197', 'Artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 200', 'artículo 1', 'artículo 197', 'artículo 200', 'artículo 248', 'artículo 255', 'artículo 256', 'artículo 264', 'artículo 211', 'artículo 186', 'artículo 189']

Capitulo 10 del libro de la asignatura Etica y legislación del Grado en ingeniería informatica de la UNED
saveSave Ética y legislación capitulo 10 For Later
Ética y legislación capitulo 2
Ética y legislación capitulo 6
Expo Sic Ion Acurio Del Pino
CAPITULO DECIMO______
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Debemos comenzar realizando una aclaración terminológica: aunque en muchas ocasiones se utiliza la expresión delitos informáticos para hacer referencia a aquellas conductas que a través de medios tecnológicos o in­ formáticos conculcan lo establecido en el ordenamiento jurídico (tanto las que responden a los tipos delictivos legalmente establecidos como las que pertenecen a la esfera de las faltas, las meras infracciones administrativas, los ilícitos civiles, etc.), conviene precisar que, en sentido estricto, únicamente son delitos informáticos aquellas conductas ilícitas tipificadas como tales en las correspondientes leyes penales.
Por ello, algunos autores abogan por utilizar la denominación Delin­ cuencia o Criminalidad informática, que al ser más genérica permite englobar las diferentes modalidades delictivas vinculadas con las nuevas tecnologías. Asimismo, hay que tener en cuenta que este tipo de delitos se caracterizan por la dificultad que entraña su descubrimiento, persecución y prueba, debi­ do a la propia vulnerabilidad de los sistemas y al elevado nivel de especializa- ción que tienen los sujetos que los perpetran (se ha llegado a catalogar estas conductas como «delitos de cuello blanco»).
Pues bien, como se ha expuesto en los capítulos anteriores, a pesar de que a lo largo de los años noventa del pasado siglo surgieron diferentes normativas sobre protección del derecho a la intimidad y protección de da­ tos que intentaban establecer una regulación específica para estas cuestiones la regulación en materia de infracciones y sanciones se limitó al estableci­ miento de las correspondientes responsabilidades civiles y administrativas - mediante la imposición de sanciones pecuniarias y responsabilidades dis­ ciplinarias según que la actuación irregular fuera cometida por particulares o funcionarios-, sin incluir referencia alguna a posibles sanciones penales.
En el caso español esta situación provocó la existencia de un vacío normativo que dejaba en suspenso el sistema de garantías penales de los
DERECHO E INFORMÁTICA: ÉTICA Y LEGISLACIÓN Juan Carlos Menéndez Mato y Ma Eugenia Gayo Santa Cecilia
derechos frente a la utilización de las nuevas tecnologías en general, y de la informática en particular. Y es que el ordenamiento jurídico penal espa­ ñol vigente en aquellos momentos (el Código penal de 1973) no tomaba en consideración la comisión de delitos a través de medios informatizados, ni tampoco tipificaba la utilización ilegítima de la informática como medio de lesión de otros bienes jurídicos protegidos por el propio Código.
Sin embargo, era evidente que el imparable desarrollo de las tecnologías informáticas abría las puertas a nuevas posibilidades de delincuencia hasta entonces inimaginables, al ser la informática un instrumento idóneo (por su capacidad para el almacenamiento de datos, accesibilidad a los mismos y posible manipulación) para la comisión de diversas modalidades delictivas.
Acciones como la destrucción de programas o datos, el acceso y la uti­ lización indebida de información privada, la manipulación de equipos con ánimo de lucro, etc., pueden llegar a reportar grandes beneficios económicos y/o causar importantes daños materiales o morales. Y como, lo que se pretende en la mayoría de las ocasiones es la obtención de réditos económicos, estas actividades delictivas suelen afectar fundamentalmente a aquellos sistemas y empresas en los que resulta más o menos sencillo convertir transacciones frau­ dulentas en dinero, como es el caso de los Bancos o de las compañías de segu­ ros, cuyos sistemas automatizados presentan unas características que les hacen más vulnerables: tratan grandes volúmenes de datos e interviene poco personal lo que impide verificar todas las partidas; existe una sobrecarga de los registros magnéticos, resulta difícil distinguir entre el mero error y el fraude, etc.
En el caso de España, con la aprobación en 1995 de un nuevo Códi­ go Penal1 quedaron resueltas algunas de las lagunas jurídicas existentes en esta materia por lo que se comenzó a hacer frente con mayor eficacia a estas nuevas amenazas, aunque, como rápidamente quedó en evidencia, resultaba imposible abarcarlas todas, debido a los incesantes cambios en el ámbito tec­ nológico que permiten sustituir y trasformar las acciones ilícitas en otras que no puedan ser subsumidas en lo contemplado por la normas.
En este sentido conviene tener presente que en el ámbito del Derecho Penal rige el principio «Nullum crimen sine lege previa» que impide sancionar aquellos
1 Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre, del Código Penal. BOE n° 281, de 24 de no­ viembre de 1995, que en las cuestiones que se van a analizar en estas páginas ha sido modi­ ficada por la L.O. 5/2010, de 22 de junio y, más recientemente por algunas de las disposicio­ nes contenidas en la L.O. 3/2011 de 28 de enero.
actos que, en el momento de su comisión, no están expresamente contemplados en las normas jurídicas. Y además, el ordenamiento jurídico español prohíbe el uso de la analogía (que supone aplicar las consecuencias jurídicas previstas para un determinado supuesto a otro supuesto distinto que carece de regulación) para colmar las posibles lagunas o vacíos en el ámbito penal.
Otro de los problemas que se plantea en relación con los delitos in­ formáticos o telemáticos es que en muchas ocasiones el ilícito penal se ini­ cia en un país pero el resultado se produce en otro diferente -los llamados cíberdelitos-, lo que provoca numerosos problemas, hasta el punto de hacer imposible su represión por la falta de uniformidad de las legislaciones de los países implicados o, incluso, por la ausencia de regulación.
Una persecución y castigo eficaz de estos delitos requiere lograr una armonización internacional de los tipos penales, la construcción de espacios judiciales únicos, una adecuada cooperación policial, un correcto auxilio ju­ dicial y el establecimiento de convenios de extradición. Por ello, en 2001 el Consejo de Europa aprobó el texto del Convenio sobre Ciberdelincuencia, el primer instrumento internacional que pretende armonizar en el ámbito penal las diferentes legislaciones en materia de delitos informáticos, algo que, por ahora, está muy lejos de ser alcanzado. Con posterioridad, y en el ámbi­ to del Derecho comunitario, se aprobó la Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo, sustituida recientemente por la Directiva 2013/40/UE que tiene por objeto luchar contra la delincuencia informática y promover la seguridad de la información.
Asimismo, conviene señalar que en la vigente normativa penal españo­ la no existe una figura típica a la que se pueda denominar delito informático, y por tanto el Código penal no dedica un Título específico para regular todas las acciones típicas y antijurídicas realizadas a través de medios informáticos, sino que, a lo largo de las diferentes disposiciones, y según cuál sea el bien jurídico protegido, se reseña la utilización de las tecnologías de la informa­ ción para la comisión de las conductas ilícitas. Por tanto, como analizaremos a lo largo de este capítulo, se tipifican por separado los ataques contra el De­ recho a la intimidad, las falsedades documentales, el sabotaje informático, el fraude informático, las infracciones a la propiedad intelectual, etc.
Por último, hay que destacar que la actual legislación penal incorpora el concepto de documento electrónico, cuestión ésta de gran trascendencia, pues no existía acuerdo doctrinal ni jurisprudencial sobre si los documen­ tos contenidos en soporte informático tenían o no valor probatorio. Así, lo dispuesto en el artículo 26, que establece que « a los efectos de este Código se
considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica
«, debe ser tenido en cuenta para analizar e interpretar adecuadamente lo establecido en las restantes disposiciones penales en materia de Derecho in­
formático.
DELITOS C O N TR A LA INTIMIDAD Y LA INVIOLABILIDAD DOMICILIO
El Título X del Libro II del Código contiene la regulación en materia de los denominados D e u t o s c o n tr a
in t im id a d ,
im a g en
Concretamente, en los artículos 197y siguientes se tipifican las intromi­ siones en el ámbito de la intimidad cometidas, entre otros medios, a través de la utilización de la informática. La doctrina entiende que el bien jurídico protegido no es la intimidad en el sentido lato del término, sino más con­ cretamente lo que podríamos denominar esfera íntima o privacidad, es decir aquellas informaciones o datos que el sujeto quiere y puede mantener fuera del alcance general.
Pueden ser sujetos activos de estos delitos cualquier persona física o ju­ rídica-aunque existe un principio de especialidad en el artículo 198 y siguien­ tes-, cuando las conductas son realizadas por autoridad, funcionario o agente de éstos (que actúen prevaliéndose de su cargo y sin que medie una causa o investigación judicial) o por profesionales sometidos al secreto profesional.
El apartado primero del art. 1972 contiene el tipo básico en materia de descubrimiento de secretos y vulneración de la intimidad, exigiéndose la concu­ rrencia de los siguientes requisitos:
1. el apoderamiento del documento (papeles, cartas o mensajes de correo electrónico) o la interceptación de las telecomunicaciones -incluyendo las inalámbricas- o las imágenes, directamente o por mecanismos téc­ nicos de escucha y/o grabación.
2 Artículo 197,1: «El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su con­ sentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus comunicaciones o utilice artificios técnicos de es­ cucha, trasmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y veinticuatro meses».
multa de doce a
1.a criminalidad informática y los delitos informáticos
2. la falta de consentimiento del afectado, ya que el carácter de íntimo o secreto es determinado por la propia voluntad del interesado o parti­ cular, es decir, cada sujeto es libre de decidir qué aspectos de su vida quiere que queden al margen del conocimiento de los demás. Por ello, tratándose de conversaciones telefónicas grabadas incluso con el co­ nocimiento del sujeto, su posterior divulgación requiere autorización expresa.
3. que la conducta se realice con la finalidad de descubrir los secretos o vulnerar la intimidad del otro.
En el apartado segundo del mismo artículo 197, y tomando en conside­ ración las prescripciones de la legislación nacional e internacional en materia de protección de datos, se tipifica con igual pena el apoder amiento, utilización y modificación de datos reservados de carácter personal y familiar3. Según este precepto, concurriendo la falta de consentimiento, son conductas punibles tanto las mencionadas anteriormente (apropiación e interceptación) como el mero acceso a los datos, con lo que se está ampliando el ámbito de seguridad jurídica de los ciudadanos al tipificar como delitos conductas que implican abusos informáticos contra la libertad informática (a la que se hizo referencia en el capítulo séptimo) y cuya realización, hasta la aparición del CP de 1995, únicamente era castigada con una sanción administrativa en aplicación de la normativa sobre protección de datos.
Lo establecido en este articulo debe ponerse en relación con las disposiciones contenidas en la l.OPD de 1999, pues es en ella donde se establece qué son datos de carácter personal así como las directrices sobre el consentimiento en la cesión de los datos, etc.
La regulación contenida en el apartado 3 del artículo 197 se ha incor­
porado recientemente4 para dar cumplimiento
a un acuerdo legislativo euro­
peo, la Decisión Marco 2005/222 JAI ’. En ella, tras destacar la creciente ame-
3 Artículo 197, 2: Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autoriza­ do, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero».
4 Introducido por la L.O. 5/2010 de 22 de junio.
5 Esta Decisión Marco de 24 de febrero de 2005 recoge el contenido de varios artículos del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia de 2001.
naza que la delincuencia organizada supone para los sistemas de información y el riesgo de ataques terroristas contra la seguridad informática, la UE insta a que los Estados miembros sancionen aquellas conductas que atenten contra la seguridad de los sistemas y las redes, incluyendo en esa exigencia de res­ ponsabilidad a las personas jurídicas (sociedades, empresas y asociaciones) por la posibles conductas realizadas por sus empleados.
Aunque la Unión Europea no exigía que esas responsabilidades tuvieran que ser necesariamente de carácter penal, al optar por ellas el legislador español se ha unido a la tendencia mayoritaria en Europa y EEUU.
De manera que, en el art. 197,3 se está tipificando la intrusión informá­ tica, entendiendo que dicha conducta puede revestir dos modalidades:
el mero acceso no consentido, que se realiza vulnerando las medidas de seguridad establecidas, y
el hecho de permanecer dentro del sistema en contra de la voluntad de quien tiene el derecho a poder excluir al intruso.
Tratándose de la primera modalidad (mero acceso) para que se deriven consecuencias penales se exige la concurrencia de dos requisitos:
1. el simple acceso no autorizado o ilícito a sistemas informáticos ajenos, puesto que la sanción se impone por el hecho de acceder, de forma directa o remota, obteniendo algún tipo de control sobre los procesos del sistema (que permita conocer los datos o utilizar los programas), y ello con independencia de si se producen o no daños.
2. la vulneración de los sistemas y medidas de seguridad existentes y, con­ cretamente, las medidas internas del sistema, tanto de software como de hardware (contraseñas de acceso, firewall, medidas de bloqueo del sistema, uso de sistemas de Spyware, etc.)
La redacción de este artículo suscita dudas y puede plantear algunos problemas, como es el caso de una petición de «ftp» para ver el contenido de una carpeta en un servidor. ¿Supondría la realización del tipo penal descrito, aunque los datos no sean leídos o descargados? Incluso se ha llegado a defen­ der que no todas las intrusiones son destructivas o provocan daños, puesto que hay quienes entran en sistemas o programas por curiosidad, y si descu­ bren agujeros, fallos o debilidades, lo comunican o lo arreglan ellos mismos. Por todo ello habrá que tener en cuenta la interpretación que realicen los jueces y Tribunales cuando tengan que enfrentarse a la tarea de aplicación de estas normas.
En la segunda modalidad contenida en este precepto se trataría de realizar inicialmente un acceso lícito y consentido, pero con posterioridad cuando el titular revoca el consentimiento otorgado, aquel que accedió líci­ tamente permanece en el sistema en contra de la voluntad del titular, a pesar de haber sido requerido para que lo abandone.
El apartado 4 del artículo 197 contiene un tipo penal cualificado o agra­ vado, al considerar que se produce un mayor menoscabo de la intimidad cuando, además de los comportamientos mencionados en los apartados an­ teriores (apoderamiento, utilización, manipulación y acceso), se produce la divulgación o revelación de lo descubierto. Por tanto la norma engloba dos supuestos distintos:
1. que el sujeto de forma ilícita acceda, se apodere, utilice o manipule los documentos, datos, imágenes o programas (no es necesario la realiza­ ción de todas las conductas siendo suficiente con que se realice sólo alguno de los comportamientos señalados) y los difunda, revele o ceda a terceros no autorizados.
2. que el sujeto realice una acto de difusión, revelación o cesión de datos, hechos o imágenes concernientes a la intimidad de otro, sin haber par­ ticipado en el apoderamiento o manipulación, pero conociendo que tienen un origen ilícito.
También se contiene una figura agravada o cualificada en el apartado 5 del artículo 197 cuando el apoderamiento, utilización, difusión o cesión sea realizado por « las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros». Este precepto ha dado virtualidad práctica a lo establecido en el art. 10 de la LOPD que con­ templa el deber de secreto que obliga tanto al responsable del fichero como a los demás sujetos intervinientes en el tratamiento de datos6, al imponer res­ ponsabilidades penales a todos aquellos que lo violen o conculquen.
Además, la normativa penal contempla en el artículo 197.6 dos situa­ ciones que se consideran como agravantes del tipo básico (considerando
como tal el descrito
al analizar lo dispuesto en el art. 197.
1 y 2) que son:
6 Art. 10 I.OPD (LO
15/1999 de 13 de diciembre): «tí responsable Jet fichero y quienes interven­
gan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun des­ pués de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo».
1. que el afectado por la vulneración sea un menor de edad o un incapaz (según el concepto establecido en art. 25 del propio código)7
2. que cualquiera de las conductas ilícitas afecten a los considerados por el art. 7 LOPD como datos sensibles o especialmente protegidos (ideolo­ gía, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual), reforzando así las garantías establecidas por la Ley Orgánica 15/1999 que conside­ ra como infracción muy grave las conductas que atentan contra los datos sensibles, sancionándolas únicamente con multas.
También se incluye como figura cualificada la realización con fines lucrativos de las conductas ilícitas que atenten contra la intimidad (art. 197. 7) sin que sea necesario que se haya conseguido realmente ningún beneficio económico, ya que es suficiente con la acreditación de dicha finalidad.
Finalmente, el artículo 200 dispone que son de aplicación los precep­
tos anteriormente analizados (arts. 197 a 199) cuando resultan afectados los datos reservados de las «personas jurídicas, sin el consentimiento de sus repre­ sentantes», lo que supone atribuir relevancia jurídico-penal a la vulneración de la intimidad de las sociedades, asociaciones, etc., al menos en lo que se refiere al descubrimiento, revelación y cesión de sus datos. Esta regulación plantea una paradójica situación, ya que el artículo 1 de la LOPD no incluye en su ámbito de protección a la personas jurídicas (que quedan, por tanto, excluidas de las garantías previstas en dicha normativa) pero, en cambio, sí quedan protegidas por la vía penal, a través de lo establecido en los artículos anteriormente analizados. Y también mediante lo contemplado en los artícu­
los 278 a 280, que
dentro de los D elitos relativos al mercado y a
los consumi­
dores castigan el descubrimiento, la difusión, revelación o cesión de los secre­ tos de empresa realizado a través del apoderamiento de datos, documentos electrónicos, soportes informáticos o empleando los artificios señalados en el artículo 197. Debido a esta doble regulación, algunos autores han señalado que el artículo 200 CP debe interpretarse en sentido restrictivo, de forma que la mención a los datos reservados de las personas jurídicas se entienda hecha sobre aquellos datos con trascendencia en la intimidad de las personas físicas que las integran, por ejemplo de los datos de los socios, directivos o empleados de la empresa.
7 Art.25 C.P: «A los efectos de este Código se considera incapaz a toda persona, haya sido o no declarada su incapacitación, que padezca una enfermedad de carácter persistente que le impida gobernar su persona o bienes por sí misma».
DELITOS C O N TR A EL PATRIMONIO Y C O N TR A EL O RD EN
EC O N O M IC O : ESTAFAS, DEFRAUDACIONES Y D A Ñ O S
La informatización de las transacciones financieras, comerciales y ban- carias y la generalización de los pagos a través de procedimientos electróni­ cos han dado lugar a la aparición de nuevas modalidades delictivas dentro del ámbito de los delitos económicos. Además, el gran desarrollo alcanzado en las redes de comunicación, que permiten una rápida transmisión de da­ tos, facilita la comisión o realización de estos delitos
Hoy en día, un sujeto con los conocimientos adecuados puede, desde su propio domicilio o lugar de trabajo, efectuar modificaciones que le reporten beneficios económicos o patrimoniales en perjuicio de terceros, disponiendo únicamente de un terminal y un instrumento de transferencia de datos adecuado.
De ahí que la actual normativa penal incluya lo que podríamos llamar fraudes o estafas informáticas, al penalizar tanto las estafas realizadas a través de manipulaciones informáticas como la fabricación de programas o aplica­ ciones informáticas con esos fines.
La estafa mediante manipulación informática (Phishing) se regula en el apar­ tado a) del art. 248. 2 que señala como reos de estafa a quienes «con ánimo de lu­ cro, y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante consigan la trasferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de terce­ ro «. Se trata de un supuesto peculiar de estafa que se configura por la existen­ cia de una manipulación informática, entendiendo por tal tanto la introducción, alteración, borrado o supresión indebida de datos informáticos (especialmente los datos de identidad) como la interferencia ilícita en el funcionamiento de un programa o sistema informático, y que produce como resultado que el infrac­ tor trasfiere de forma real y en peijuicio de terceros, un elemento patrimonial evaluable económicamente, es decir, un activo patrimonial.
Las manipulaciones más usuales se producen normalmente mediante la introducción de datos falsos, alteración de los programas o utilización de bombas lógicas, caballos de Troya u otras técnicas que provocan la realiza­ ción automática de transferencias bancarias, ingresos o reconocimiento de créditos en favor de quien realiza la alteración o modificación.
Por otra parte, el apartado h) del artículo 248.2 castiga la elaboración, difusión e incluso la mera tenencia de programas o aplicaciones que per­ mitan la comisión de las estafas, aun cuando no se hayan utilizado, siendo suficiente con que estén específicamente destinados a tal fin. Aunque estos comportamientos en sí mismos no pueden ser considerados como estafas, el
legislador ha querido sancionarlos al considerarlos como actos preparatorios, en la medida en que sirven para la realización de un fin ilícito.
Dentro del apartado de los fraudes, y concretamente dentro del ámbito de las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas, nos encontra­ mos con el artículo 255 que sanciona la realización de aquellas conexio­ nes ilícitas que permitan realizar un aprovechamiento ilegitimo de las
telecomunicaciones. A su vez, el artículo 256 castiga al « que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su
titular, ocasionando a éste un
perjuicio...»,
es decir, se castiga el uso no au­
torizado de un terminal de telecomunicación (teléfono, fax, télex, correo electrónico) que pertenece a otro sujeto causándole, por tanto, un per­ juicio económico. Si bien estos artículos están pensados para los fraudes telefónicos, realizando una interpretación extensiva se podrían conside­ rar incluidos los supuestos de conexiones con proveedores de servicios o acceso a redes realizados mediante equipos informáticos conectados a través de redes de comunicaciones.
Por lo que se refiere a la regulación del Delito de Daños, el Código Pe­ nal vigente ha dado carta de naturaleza a los daños informáticos y al sabotaje informático, puesto que el artículo 264 contempla expresamente tanto «los da­ ños sobre los datos o programas» como «los ataques que impidan que un sistema pueda funcionar correctamente».
Por tanto, se recogen dos modalidades delictivas diferentes:
1. causar daños a los programas informáticos o documentos electróni­ cos mediante la destrucción o inutilización del soporte físico o lógico (hardware y/o software), a fin de impedir que pueda accederse a la información procesada o almacenada, (art. 264.1). Dado que pueden darse diferentes formas de comisión del delito, conviene diferenciar cuando se trata de dañar el equipo informático con el fin de producir daños en los datos o informaciones que en él se contienen -conducta que encajaría con lo establecido en el art.264- y los meros daños pro­ ducidos en el hardware -por ejemplo, causar destrozos en un ordena­ dor ajeno- que se castigarían como un simple delito de daños del art. 263 («causar daños en propiedad ajena»),
2. obstaculizar o interrumpir, a través de diferentes medios, el funciona­ miento de sistemas informáticos ajenos: el sabotaje informático contem­ plado en el art. 264.2.
De lo establecido en este precepto cabe deducir que están incluidas en el tipo penal, entre otras, las siguientes conductas:
a) la destrucción de la información, contenida en un determinado sopor­ te lógico, realizada desde el propio ordenador o desde otro distinto a través de una red;
b) la destrucción del soporte físico en el que se contiene la información;
c) la utilización de programas que, resultando desconocidos para el usua­ rio-propietario, inutilicen, deterioren o destruyan la información o in­ utilicen e impidan el funcionamiento del sistema. En definitiva, se está penalizando la utilización de bombas lógicas, virus informáticos u otros procedimientos que tengan como finalidad la producción de los resul­ tados mencionados.
Existen algunas formas de destrucción de ficheros (utilizando coman­ dos como delete, erase o borrar archivo) que no implican su desaparición fí­ sica sino que únicamente provocan su «aparente desaparición». Así, aunque el fichero no figure en los listados de archivos existentes sigue existiendo, y prueba de ello es que puede ser recuperado utilizando los adecuados proce­ dimientos. Por ello, el borrado, daño, deterioro o supresión al que se refiere el art. 264, debe entenderse como una desaparición completa y definitiva de los datos, programas o documentos que impida la recuperación íntegra de los mismos. Y la alteración ha de entenderse en el sentido de que los datos afectados acaben teniendo un contenido distinto al original, que modifique su funcionalidad. En definitiva, las diferentes acciones que pueden realizarse (borrado, deterioro o inutilización) deben suponer una alteración definitiva de la integridad de los datos, haciendo imposible su utilización o su restau­ ración al estado en el que inicialmente se encontraban.
Para concluir este apartado hay que señalar que, el ordenamiento pe­ nal establece un tipo agravado cuando los daños informáticos indicados en el
art. 264 se produzcan mediante «incendios, explosiones o utilizando otro medio de potencia destructiva o poniendo en peligro la vida o integridad de las personas»
(art.266, 2).
DELITOS C O N TR A LA PRO PIED A D INTELECTUAL
Con carácter general, el Derecho penal español protege el derecho a la
propiedad intelectual (los derechos de autor) al sancionar a «quien con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique en
_ Juan Carlos Menéndez Mato y Ma Eugenia Gayo Santa Cecilia
todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su trasformación, in­ terpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspon­ dientes derechos de la propiedad intelectual o de sus cesionarios»(art. 270.1 CP).
Como se indicó en el capítulo anterior, al hablar de propiedad intelec­ tual se está haciendo referencia al derecho que asiste a los creadores de obras literarias, artísticas o científicas -siempre que sean originales y con indepen­ dencia del medio o soporte a través del que se expresen- a disponer de ellas a su voluntad, autorizando o no su reproducción, explotación, difusión, etc. Este derecho a la propiedad intelectual se conoce como «derechos de autor».
La regulación penal en esta materia tiene por objeto tutelar los dere­ chos de carácter patrimonial que corresponden al autor y, por tanto, la nor­ mativa jurídico-penal se limita a sancionar las violaciones de los derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y trasforma- ción de la obra), sin tomar en consideración los derechos morales, salvo que su vulneración tenga trascendencia económica (conviene recordar lo indicado en el capítulo noveno respecto al contenido de los derechos de autor).
Es decir, la protección penal sólo se otorga si el sujeto pasivo (el titular de los derechos vulnerados) ha sufrido o pudiera sufrir pérdidas económi­ cas -de ahí la expresión utilizada en el precepto «en perjuicio de terceros»— y siempre que el sujeto activo (el que comete el delito) actúe «con ánimo de lucro», es decir, con el propósito de obtener un beneficio, ventaja o utilidad patrimonial.
Para salvaguardar esos derechos, el legislador ha tipificado como con­ ductas ilícitas la reproducción, el plagio, la distribución y comunicación pú­ blica, la importación y exportación fraudulenta y el almacenamiento de las obras o creaciones protegidas (art. 270 en sus apartados 1 y 2 C.E)
Hay que recordar que, como se ha señalado en el capítulo anterior, el Derecho español considera a los programas de ordenador como creaciones susceptibles de ser protegidas por el derecho a la propiedad intelectual, y por tanto para su protección desde el punto de vista penal resultan de aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 270 y siguientes del Código Penal, que deberán interpretarse en relación con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual.
Son objeto de protección penal tanto el «programa fuente» como el «programa-objeto», la documentación preparatoria, la documentación téc-
nica y los manuales de uso, así como las versiones sucesivas del programa y los programas derivados. Quedan excluidas las ideas y los principios básicos del programa, incluso los que sirven de fundamento a sus interfaces, y ob­ viamente, aquellos programas creados con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informático.
Resulta conveniente aclarar en qué casos incurre en responsabilidad criminal el sujeto que reproduce y/o distribuye copias fraudulentas de un programa.
En principio hay que entender que, al margen de lo expresamente pre­ visto en la Ley de Propiedad Intelectual, la copia, instalación o utilización de cualquier programa de ordenador sin consentimiento del titular del derecho supone una reproducción ilegal que debe ser castigada según lo establecido en la normativa sobre propiedad intelectual. Por tanto, la copia no autoriza­ da, la cesión onerosa o gratuita a tercero o la instalación más allá de las po­ sibilidades cubiertas por la licencia de uso, son conductas sancionables que darán lugar a las correspondientes responsabilidades civiles.
Sin embargo, si esas mismas conductas (copia, instalación o utiliza­ ción) se realizan «con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero», supondrán un acto ilícito desde el punto de vista penal que, por tanto, habrá de ser castiga­ do según las disposiciones previstas en el Código Penal.
En los últimos años la protección penal de los programas de ordenador se ha visto ampliada con la regulación contenida en el art. 270.3 CP, que cas­ tiga la fabricación, importación, puesta en circulación o posesión de «cual­ quier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador. Se trata de impedir la creación y uso de dispositi­ vos físicos o lógicos específicamente dirigidos a desproteger los mecanismos anti-copia incorporados en los programas de ordenador, con el fin de efec­ tuar reproducciones, instalaciones o copias no autorizadas de los mismos.
Sin embargo, para que dichas conductas sean penalmente exigióles, el medio o dispositivo debe servir «específicamente» para ese fin de vulnerar la protección anti-copia y, por tanto, no podrán aplicarse las sanciones previs­ tas cuando se trate de medios que, además de suponer la posibilidad de des­ proteger programas, incluyan otras utilidades distintas, como, por ejemplo, la compresión/descompresión de ficheros, la encriptación/desencriptación, los fórmateos especiales, etc.
DERECHO E INFORMÁTICA: ÉTICA Y LEGISLACIÓN ____ Juan Carlos Menéndez Mato y Ma Eugenia Gayo Santa Cecilia
Por último, conviene indicar que en los supuestos en que exista con­ dena por delito contra la Propiedad Intelectual, se podrá decretar la publi­ cación de la sentencia, a costa del infractor, en un periódico oficial (BOE, BOCAM, u otros).
LAS NUEVAS TECN O LO G ÍA S C O M O O T R O S T IPO S DELICTIVOS
DE REALIZACIÓN DE
En los apartados anteriores se han analizado aquellos delitos en los que el bien jurídico protegido (el objeto de la protección penal) son los elementos informáticos o telemáticos (datos, documentos electrónicos, programas de ordenador, sistemas informáticos), y, en consecuencia, lo que se castiga es su vulneración o lesión.
Pero hay que tener en cuenta que las normas penales también contem­ plan el uso de las TICs como simples medios o instrumentos que sirven y se utilizan para la comisión de conductas delictivas, y, en este sentido, lo que se castiga es el hecho realizado (amenazar, falsificar, calumniar, etc.) con inde­ pendencia del mecanismo que se haya utilizado para llevarlo a cabo.
Aunque hoy en día la mayoría de los delitos pueden ser cometidos me­ diante la utilización de las modernas tecnologías de la información y comu­ nicación, vamos a destacar únicamente aquellos en los que la participación de instrumentos informáticos o telemáticos resulta más evidente.
f a ls e d a d e s
Para proteger la seguridad del tráfico jurídico, el Código penal español regula en los artículos 386 y siguientes la falsificación de moneda y efectos timbrados, de documentos públicos, oficiales y mercantiles, certificados, do­ cumentos privados, tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje.
Es evidente que la utilización de instrumentos electrónicos o sistemas informáticos, y, concretamente, el uso de sofisticados programas de ordena­ dor facilitan la realización de estos delitos y mejoran los resultados que se obtendrían con la utilización de otros medios.
Por ello, el Código contiene una disposición general, aplicable a todos
los tipos de falsedades, que sanciona -con la misma pena establecida para
autores de falsedad-, « la fabricación o tenencia de útiles, materiales, ins­
trumentos, sustancias, máquinas, programas de ordenador o aparatos específica­ mente destinados a la comisión de los delitos descritos en los capítulos anteriores».
Es decir, se castiga por igual la realización de la conducta delictiva y la mera creación o posesión de aparatos electrónicos o informáticos, siempre que se utilicen específicamente con fines ilícitos.
B. Delitos contra el Honor
La protección penal del derecho al honor se articula mediante la regula­ ción de los delitos de Calumnias e Injurias. Se considera Calumnia la imputación o atribución a una persona de un hecho delictivo a sabiendas de que es falso; las Injurias consisten en la imputación de hechos o la formulación de juicios de valor despectivos respecto a un sujeto, que lesionan su dignidad y perjudican su fama.
Las sanciones son diferentes según que las calumnias e injurias se hagan con
o sin publicidad. El artículo 211 define en qué casos se entiende que existe publi­ cidad en la comisión de estos delitos, ya que la concurrencia de este hecho implica una agravante en la tipificación de la conducta. Concretamente, se establece que «
la calumnia e injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante».
Cabe entender que los medios informáticos y telemáticos pueden con­ siderarse «medios de eficacia semejante», pues es indudable que hoy en día la difusión de un mensaje calumnioso o injurioso a través de una red informá­ tica -pública o privada-, del correo electrónico, de aplicaciones o programas que permiten el intercambio de mensajes entre usuarios o de las redes socia­ les, puede dañar gravemente el honor de las personas
Bajo esta denominación se incluyen diferentes conductas, tradicional­ mente contempladas en las normas penales, que en los últimos años han ido aumentando como consecuencia del desarrollo y uso generalizado de las TICs.
El artículo 186 castiga la venta, difusión y exhibición de material por­ nográfico a menores o incapaces «a través de cualquier medio directo». Es in­ dudable que el correo electrónico, los sistemas de mensajería instantánea o las redes sociales son medios eficaces para la realización de estas prácticas, que suelen realizarse bajo la cobertura de»falsas identidades».
Por su parte el artículo 189.1 sanciona:
a) la utilización de menores e incapaces en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, y en la elaboración en cualquier soporte de material pornográfico.
b) la producción, venta, distribución o exhibición «por cualquier medio» de material pornográfico en el que se hayan utilizado menores.
En ambos casos, la utilización de las Redes sociales, para la obten­ ción del material, el uso de programas informáticos para su manipulación así como de Internet para lograr su difusión, exhibición y venta, son ins­ trumentos que indudablemente favorecen y facilitan la realización de esas conductas.
Como conclusión, cabe señalar que las TICs son un potente motor para el progreso de las sociedades y, por tanto, su adecuada utilización repor­ ta beneficios a nivel individual (mejorando la calidad de vida de los sujetos) y colectivo (contribuyendo al desarrollo científico, económico, social, etc.). Pero como los usos inadecuados no pueden ser totalmente eliminados, ni siquiera mediante el Derecho, resulta necesario concienciar a los sujetos a través de la educación y la cultura, para intentar erradicar las malas prácticas y las vulneraciones de los derechos.
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La presente obra nace con la pretensión de ofrecer un estudio genérico de las principales relaciones que median entre la In­ formática y el Derecho, sin renunciar, en algunas ocasiones, a realizar una mayor profundización en el análisis. Se abordarán cuestiones relacionadas con Internet, la Sociedad de la Infor­ mación, el comercio electrónico, la contratación desde Internet, las firmas electrónicas, los documentos electrónicos y su valor probatorio, los códigos deontológicos o de conducta, la protec­ ción de los datos personales, la protección jurídica del software y otras creaciones electrónicas, y la criminalidad informática y los principales tipos delictivos en este ámbito. Resulta evidente que el entorno informático evoluciona mucho más rápido que el jurídico, desborda el ámbito territorial estatal y alcanza una neta vocación internacional y multidisciplinar. Por estos moti­ vos, las relaciones que median entre el Derecho y la Informática han sido estudiadas teniendo presentes, además de las normas nacionales, la regulación europea e internacional al uso; asimis­ mo, se han abordado cuestiones propias del derecho público, del derecho privado o del ámbito de la ética jurídica.
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