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Timestamp: 2019-01-22 04:45:22
Document Index: 318430626

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 24', 'artículo 22', 'artículo 46', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 7']

﻿ Sentencia SL2984-2015 de febrero 25 de 2015
SENTENCIA SL2984-2015 DE 25 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:RECAUDO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ESTÁ EN CABEZA DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS, NO SON CARGA DEL COTIZANTE. CORRESPONDE A LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EL DEBIDO RECAUDO DE LAS COTIZACIONES DE LOS APORTANTES, PARA LO CUAL ESTÁN REVESTIDAS DE LAS ACCIONES DE COBRO COACTIVO, CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 100 DE 1993, EN ESTAS SITUACIONES NO PUEDEN VERSE AFECTADOS, LOS DERECHOS DEL AFILIADO NI DE SUS BENEFICIARIOS, LAS ADMINISTRADORAS ESTÁN EN LA OBLIGACIÓN DE DEMOSTRAR LA GESTIÓN PARA OBTENER EL RECAUDO DE LAS COTIZACIONES REPORTADAS POR LOS EMPLEADORES, ENCARGADOS DE REALIZAR LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES PARA CUBRIR EL PAGO DE SALUD (EPS), RIESGOS PROFESIONALES (ARP), Y PENSIONES, PARA SU RESPECTIVO TRASLADO A LAS ADMINISTRADORAS, LOS EMPLEADORES QUE NO REPORTAN EL PAGO, ADEMÁS DE TENER UNA CONDUCTA MOROSA, PUEDEN CONSTITUIR OTRA DE CARÁCTER PUNIBLE, SEGÚN LO DISPONE EL ART. 7º DE LA LEY 828 DE 2003 POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS PARA EL CONTROL A LA EVASIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS CUALES TENDRÁ CONOCIMIENTO AL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:RECURSO DE CASACIÓN, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE BENEFICIOS, CLASES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL, MORA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SALUD, MORA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CLASES DE SUSTITUCIÓN PENSIONAL, DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, MORA EN EL PAGO DE PENSIÓN, MUERTE DEL COTIZANTE DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD, BENEFICIARIO DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:522 DE JUNIO DE 2015, PÁG.1055
Sentencia SL2984-2015 de febrero 25 de 2015
Rad.: 44705
SL2984-2015
Interpuesto por la demandada BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Pretende la accionada que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia revoque la decisión del a quo y, en su lugar, absuelva a la entidad demandada de todas las pretensiones de la demanda.
En subsidio, y de llegarse a considerar que procede la condena impuesta a BBVA Horizonte S.A., solicita a la Sala que en sede de instancia, case parcialmente la sentencia recurrida y, en su lugar, disponga la “condena concurrente” contra Seguridad Segal Ltda.
Con tal objeto formuló dos cargos que dentro de la oportunidad legal no fueron replicados, y que a continuación se estudian de manera conjunta, por cuanto, a pesar de enfocarse por vías distintas, denuncian similar cuerpo normativo, se valen de argumentación que se complementa y persiguen la misma finalidad.
Acusa la sentencia impugnada de violar en forma indirecta, en la modalidad de aplicación indebida los artículos “13, 17, 22, 23, 46, 47, 78 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 55, 56, 193 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo, a consecuencia de los errores evidentes de hecho originados en la falta de apreciación y en la apreciación errónea de las pruebas que adelante se señalan”.
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el señor José Fernando Zea Agudelo al momento de su deceso acreditaba 26 semanas de cotización al sistema de pensiones durante el año inmediatamente anterior.
2. No dar por demostrado, estándolo, que a la fecha de la ocurrencia del deceso, el afiliado causante solo tenía cotizadas al sistema durante el año inmediatamente anterior 6.2 semanas.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la exempleadora Seguridad Segal Ltda. cumplió con su obligación de consignar los aportes al régimen de pensiones en los términos y fechas legales exigidos.
4. No dar por establecido, estándolo, la actuación de mala fe de la codemandada Seguridad Segal Ltda. al consignar los aportes con destino al régimen de pensiones, con posterioridad a la fecha del fallecimiento del causante
Enuncia como pruebas indebidamente apreciadas:
1. Oficio CJB-04-5541 de 24 de junio de 2004 de Horizonte S.A. a la demandada a folios 11 a 16, y 78 a 83.
2. Autoliquidación de aportes de la exempleadora Seguridad Social (sic) Ltda., a folios 37 a 44.
1. Formato para ser utilizado para afiliados no cotizantes, a folio 85.
2. Nóminas de la demandada Seguridad Segal Ltda. de los meses octubre de 2001 a mayo de 2002, a folios 202 a 250.
Para su demostración refiere que el ad quem dejó de lado la obligación del empleador de pagar los aportes al sistema de pensiones que el artículo 22 de la Ley 100 de 1933 le impone, que dicho deber proviene de lo establecido en los artículos 55, 56, 193 y 259, del Código Sustantivo del Trabajo; que la decisión únicamente se apoyó en las facultades legales que tiene la administradora de pensiones para obtener el recaudo efectivo y puntual de aportes atrasados y, que le concierne al empleador atender las prestaciones que derivan de la relación de trabajo cuando por su culpa o mala fe no lo hace” en referencia al pago de los aportes de seguridad social”.
A continuación, se ocupó de cada una de las pruebas documentales denunciadas, en las cuales —afirma—, se evidencia que la recurrente fue explícita al señalar que el causante fallecido no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, toda vez que durante el año anterior a la muerte del causante solo alcanzó a cotizar un total de 6.2 semanas; que la empleadora actuó de mala fe, pues pese a que le descontó al trabajador fallecido el monto de los aportes, no efectuó las correspondientes consignaciones como lo obliga la ley; que además, pagó tardíamente y con posterioridad a la muerte del causante los aportes adeudados y, que el juzgador únicamente consideró para su pronunciamiento las acciones de cobro de la administradora de pensiones, “dejando de lado la obligación patronal consignada en la ley”.
Para afincar su postura, reprodujo apartes de las Sentencia CSJ SL, 29 jun. 2001, rad. 15660.
Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley por la vía directa, en la modalidad de falta de aplicación de “los artículos 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23 y 78 de la Ley 100 de 1993, y artículos 55, 56, 193 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo, que condujo a aplicar indebidamente los artículos 46, 47 literales a y b de la Ley 100 de 1993”.
En la demostración del cargo sostiene la censura que, independiente de toda consideración fáctica, el ad quem incurrió en violación directa de la ley al fundamentar su decisión solamente en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, el cual consagra las acciones de cobro en cabeza de las entidades administradoras de pensiones, como si el sistema general de pensiones se basara exclusivamente en dicha disposición, de modo tal que deja de lado la obligación que tiene el empleador de realizar las cotizaciones por la contratación del trabajador; que olvidar tal conjunto de normas “hace restringir el radio de acción de la obligación patronal; como que el patrono o empleador pasa a una segunda categoría, quedando siempre como la obligada ante el trabajador la administradora de pensiones”, lo cual constituye una forma de fomentar la cultura del no pago del empleador, cuyas obligaciones se derivan del Código Sustantivo del Trabajo y de la Ley 90 de 1946.
Transcribe apartes de las sentencias CSJ SL, 4 mar. 2003, rad. 19610, CSJ SL, 30 ago. 2000, rad. 19818 y aduce que si bien tal jurisprudencia de esta corporación se modificó con base en criterios sociales de protección a los trabajadores afiliados no responsables por la mora del empleador y de la ausencia de acciones de cobro por las entidades administradoras, lo cierto es, que resulta necesario rectificar este criterio o, por lo menos, morigerarse, en beneficio del sistema en general.
Luego de copiar apartes de la Sentencia C. Const. T-606 de 1996, señaló:
Obsérvese cómo la jurisprudencia citada parte del principio según el cual el trabajador no está llamado a sufrir las consecuencias de la negligencia e irresponsabilidad del empleador moroso en la pago de los aportes al sistema. Por el contrario, para garantizar los derechos que constitucional y legalmente han sido establecidos en su favor, afirma que el pago de la prestación debe cubrirse por parte del empleador incumplido.
Es allí justamente a donde debe retornar la jurisprudencia para impedir y frenar el reiterado proceder doloso del empleador que descuenta, mes a mes, de los salarios de sus trabajadores los porcentajes correspondientes al sistema de pensiones y no obstante ello, incurriendo en conductas de tipo penal, se abstiene de cumplir, mes a mes, con su obligación legal de consignarlos en la AFP correspondiente.
La Corte debe comenzar por resaltar que, para confirmar la sentencia condenatoria de primer grado, el tribunal estableció que dada la fecha del deceso del causante, las normas que regulan el tema son los “artículos 73 y 74 de la Ley 100 de 1993”, por lo que, en consecuencia, para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes, tenía que haber dejado acreditadas al menos 26 semanas en el último año de servicios anterior a dicho suceso.
Ahora bien, igualmente resulta indiscutido que cuando el afiliado al sistema pensional José Fernando Zea Agudelo, dejó de laborar al servicio de su empleador demandado, el 28 de mayo de 2002, este se encontraban en mora de pagar a la administradora BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. el monto de los aportes a pensiones de los meses de diciembre de 2001 a mayo de 2002, pues su cancelación se efectuó de manera extemporánea, el 30 de abril de 2004, esto es, con posterioridad a su fallecimiento, ocurrido el 11 de agosto de 2002, tal como lo asentó el ad quem (fl. 19 del cdno. del tribunal).
Bajo tales supuestos, no incurrió el juez de apelaciones en los errores de hecho de que lo acusa la censura en el primer cargo, pues no desconoció el incumplimiento de la empleadora en cuanto a la no consignación de aportes en el fondo de pensiones en los términos y fechas exigidos por ley, ni de que esta se encontraba en mora al momento del fallecimiento del afiliado, razón por la cual, no contaba con 26 semanas en el último año de servicios anterior al deceso.
Tampoco incurrió en ningún error de hecho sobre las pruebas enlistadas, en tanto se itera, no desconoció que el empleador había pagado de manera extemporánea los aportes de los meses de diciembre de 2001 a mayo de 2002, pues precisamente el hecho de la mora en el pago de los aportes pensionales por parte de la empleadora y la falta de acciones de cobro por parte de la AFP demandada, fue lo que lo condujo a conceder la prestación deprecada, al señalar que debía “contarse como si todo el período en que el causante estuvo laborando para la empresa empleadora y estuvo afiliado con la AFP demandada, esto es, del 1 de octubre de 2001 al 28 de mayo de 2002 se hubieran efectuado cotizaciones” lo que equivaldría a 34 semanas, con las cuales se supera el presupuesto de las 26 semanas de cotizaciones en el año anterior a la muerte.
En lo que concierne a las inconformidades jurídicas del segundo ataque, esto es, que la responsabilidad en caso de mora en el pago de aportes es del empleador y no del fondo demandado, es de señalar que tal como lo ha sosteniendo esta Sala, corresponde a las entidades encargadas de la administración del sistema de seguridad social el debido recaudo de las cotizaciones de los aportantes, para lo cual están revestidas de las acciones de cobro coactivo, contempladas en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, dado que en estas situaciones no pueden verse afectados, de ninguna manera, los derechos del afiliado ni de sus beneficiarios, los cuales constituyen el fin último del sistema general de la seguridad social.
Así, en Sentencia CSJ SL 763-2014, esta Sala reiteró lo dicho en la Providencia CSJ SL, 30 abr. 2013, rad. 46079, en la que luego de hacer un recuento de la línea jurisprudencial concluyó:
Así las cosas, no incurrió el ad que[m] en el error endilgado por la censura, al haber confirmado la decisión de su inferior, frente a la condena del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a Protección S.A., toda vez que la administradora no demostró haber hecho ninguna gestión para obtener el recaudo de las cotizaciones correspondientes a lo corrido del año 2005 hasta la fecha de la ocurrencia del siniestro —27 de junio de 2005—.
De acuerdo con la anterior jurisprudencia y comoquiera que no existe razón alguna para variarla, se tiene que el ad quem no incurrió en un entendimiento equivocado al ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en cabeza de la entidad administradora, pues lo cierto es que fueron nulas las gestiones de cobro a cargo de esta, en tanto la cancelación de los aportes insolutos, aunque extemporáneos —dado que se realizaron después del fenecimiento del vínculo laboral y del fallecimiento del afiliado—, se efectuaron de manera espontánea, por iniciativa de sus deudores a ciencia y paciencia de la acreedora, de tal suerte que tampoco procede una condena en concurrencia entre la administradora y el empleador incumplido, tal como la pretende, de manera subsidiaria, el recurrente con su ataque.
Pese a que los cargos no prosperan, advierte la Sala que además de la incuestionable mora del empleador frente al fondo de pensiones recurrente, descontaba del sueldo mensual de su extrabajador José Fernando Zea Agudelo el porcentaje de ley destinado a sufragar los aportes a pensiones y que, no obstante, omitió trasladarlos a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., tal y como de ello dan cuenta tanto la demanda como su contestación.
En efecto, en dichas piezas procesales, se lee, en su orden, en el hecho cuarto, que al causante “se le descontaba de su salario, la proporción establecida en la ley para cubrir el pago de salud (EPS), riesgos profesionales (ARP), y pensión (vejez, invalidez y sobrevivientes) desde el momento de su vinculación por parte de la empresa Seguridad Segal Ltda., hasta el momento del rompimiento del vínculo laboral” (fl. 18), frente a lo cual Seguridad Segal Ltda., contestó: “No es cierto, al señor Fernando Zea Aguelo (sic), (Q.E.P.D.), únicamente se le hicieron los descuentos para la seguridad social pensione (sic) y salud, en el porcentaje que ordena la ley para el trabajador” (fl. 33) (resaltado fuera del texto original).
Ello significa que la conducta de la empleadora, además de morosa, probablemente pudo constituir otra de carácter punible, según lo dispone el artículo 7º de la Ley 828 de 2003 “Por la cual se expiden normas para el control a la evasión del sistema de seguridad social”, que a la letra reza:
“ART. 7º—Conductas punibles. El empleador que argumentando descontar al trabajador sumas correspondientes a aportes parafiscales no las remita a la seguridad social y, al ICBF, Sena y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, será responsable conforme las disposiciones penales por la apropiación de dichos recursos, así como por las consecuencias de la información falsa que le sea suministrada al sistema general de seguridad social. Será obligación de las entidades de seguridad social, y de las cajas de compensación familiar, ICBF y Sena y de las autoridades que conozcan de estas conductas, correr traslado a la jurisdicción competente”.
Siendo ello así, estima necesario esta Sala de la Corte dar traslado de las presentes diligencias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que adelante las investigaciones a que haya lugar.
Por lo anterior se le ordenará a la secretaría de la Sala, compulsar copias de estas diligencias a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de octubre de 2009, en el proceso ordinario adelantado por Claudia Patricia Saavedra Gómez contra el BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. y Seguridad Segal Ltda.