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Timestamp: 2014-11-23 23:45:35
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RSS El régimen de bienes en el concubinato
Escrito por lospretores 19-05-2012 en General. Comentarios (20)	Como recibimos muchas preguntas acerca del régimen de bienes del concubinato, les acercamos ahora un fallo reciente sobre el tema.El fallo mantiene la jurisprudencia que ya existía, resolviendo que no existe un régimen de bienes conjuntos entre los concubinos.En su caso la solución para estas parejas es inscribir el bien adquirido de manera conjunta, o sea a través de un condominio. El Código Civil Argentino, en su art. 2673 señala que el “El condominio es el derecho real de propiedad que pertenece a varias personas, por una parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble”.A continuación les presentamos un extracto del fallo publicado en el Dial.com del día 14/06/2011. LOS PRETORES Resumen del FalloA+ A- | Guardar | Copiar | Imprimir | Enviar“B., A. contra L. J. sobre Cobro de pesos” - CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE ROSARIO (Santa Fe) - 25/04/2011RELACIÓN CONCUBINARIA. Efectos patrimoniales. Adquisición de bien mueble registrable. Titularidad registral unilateral. Inexistencia de sociedad de hecho. Carga de la prueba“El derecho argentino, a diferencia de otros ordenamientos de la legislación comparada, carece de una teoría general de la comunidad de intereses (…) Entre el condominio y la sociedad de hecho, la teoría clásica encuentra que la diferencia fundamental radica en la personalidad de la sociedad; en cambio el condominio no hace nacer un tercer sujeto de derechos, mientras la sociedad es un contrato, el condominio es un derecho real, sin perjuicio de que la sociedad supone una explotación común, mientras el condominio es una figura estática.”“Nada impide la existencia de condominio entre concubinos; en efecto, puede ocurrir que ambos hayan aportado para la compra de algunas cosas, que luego poseyeron en común, no obstante que frente a los terceros aparezcan como de titularidad de uno solo. Pero se debe partir de la premisa de que el concubinato no hace nacer, por sí mismo, un condominio y que la prueba debe analizarse con severidad, pues de otro modo el concubinato podría llegar a producir los mismos efectos patrimoniales que el matrimonio.”“La demandante no ha demostrado con grado de certeza el aducido aporte que dice realizado para la compra del bien registrable, en un contexto en el que se impone la exigencia y la estrictez, pues de otro modo la unión de hecho podría llegar a producir los mismos efectos patrimoniales que el matrimonio (…). Y, sobre-abundantemente, tampoco ha explicado ni acreditado la causa concreta por la cual la inscripción registral no refleja la realidad económica que le dio origen.”Citar: elDial.com - AA6C0DCopyright 2011 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina Tenencia de estupefacientes para consumo personal
Escrito por lospretores 14-03-2011 en General. Comentarios (2)	Tenencia de estupefacientes para consumo personal IntroducciónDesde Los pretores, queremos acercarnos nuevamente a nuestros queridos lectores para exponerles un tema sobre estupefacientes, si bien antiguo, constantemente toma diferentes matices.El tema es llamativo y presenta diferentes aristas, sin embargo nos abocaremos al “tenedor” de estupefacientes para consumo personal.Como sabemos la tenencia para consumo personal es de lege data legislada por ley 23.737 (1989) que prevé que:“será reprimido con prisión de uno a seis años “y” multa el que tuviere en su poder estupefacientes” (art. 14 ley 23.737)Ahora bien, si quién “tuviere en su poder estupefacientes”, y que “por [la] escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal, la pena será de un (1) mes a dos (2) años de prisión (art. 14 ley 23.737). Como observan la ley también sanciona al tenedor de estupefacientes para consumo personal. Conceptos previos Para mayor comprensión de los lectores del tema, precisaremos por exclusión el término estupefaciente. Así, la tenencia de la hoja de coca en su estado natural, destinada al coqueo o masticación, o su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo personal (art. 15 23.737). Antecedentes Hasta ese momento la corte tenía dos posturas antagónicas, la primera sentada en el caso COLAVINI dónde se pronunció a favor de la criminalización, la otra postura en los caso Bazterrica, y Capalbo en el que cambia de criterio. Y Ya en el último caso, el caso MONTALVO la corte vuelve a la primea postura al considerar legítima la incriminación de la tenencia para consumo personal. Caso ARRIOLA Recientemente (en tiempos de la C.S.J.N) nuestro máximo tribunal de justicia en el “caso ARRIOLA”[1] retoma el punto de vista del caso Bazterrica sobre cómo proceder ante el tenedor de estupefacientes para consumo personal. Este fallo se remonta al año 2006 en la Ciudad de Rosario, Santa fe, en circunstancia en que se varias personas habían tenido contacto en forma esporádica con una finca emplazada en la calle Nicaragua casi esquina Forest, donde se habían observado los movimientos típicos de la venta de estupefacientes al menudeo. En función de ello se realizó allí un allanamiento, que dio como resultado la detención de varios sujetos, que más tarde fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario: I) Sebastián Eduardo Arriola, como autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a la pena de seis años de prisión, multa e inhabilitación; II) Carlos Alberto Simonetti, como autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, a la pena de cuatro años de prisión, multa e inhabilitación; III) Mónica Beatriz Vázquez, como autora penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de en carácter de partícipe secundaria, a la pena de dos años y seis meses de prisión y multa IV) Gustavo Alberto Fares, Marcelo Ezequiel Acedo, Mario Alberto Villarreal, Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés Cortejarena, como autores del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal a la pena de un mes de prisión de ejecución condicional.Luego de varios recursos, llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de una Queja[2] la causa en relación a los hechos vinculados a Fares, Acedo, Villarreal, Medina y Cortejarena. A fares se le encontró y secuestro del bolsillo tres cigarrillos de marihuana de armado manual (con un peso de 0,283 gramos, 0,245 gramos y 0,161 gramos, cada uno; y dosis umbrales[3]: 0,8; 1,1 y 0,5, respectivamente). A Acedo se le secuestro tres cigarrillos de marihuana y de un cigarrillo de marihuana por parte de Mario Alberto Villarreal (con un peso de 0,25 gramos, 0,30, gramos, 0,27 gramos y 0,25 gramos; y de 10 dosis en total), incautados del bolsillo trasero izquierdo del pantalón que vestía el primero y del bolsillo derecho lateral del pantalón que vestía el segundo. A Medina y Cortejarena se le secuestro tres cigarrillos de marihuana de armado manual -cada uno de ellos- (con un peso de 0,31 gramos, 0,29 gramos, 0,29 gramos, 0,25 gramos, 0,26 gramos, 0,27 gramos, cada uno; y dosis umbrales: 0) al percatarse de la presencia policial, los imputados dejaron caer sobre la vereda dos paquetes de cigarrillos conteniendo el material posteriormente incautado.Su defensa interpuso la inconstitucionalidad del Art. 14, 2do párrafo, de la ley 23.737[4] por ser violatoria del principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, puesto que la conducta de los imputados se había llevado a cabo dentro del marco de intimidad constitucionalmente resguardado. Por otro lado, alegó que la escasa cantidad de droga encontrada no permitía inferir de manera alguna la potencialidad de la sustancia para generar dependencia física o psíquica en el consumidor, y menos aún podía afectar la pretendida salud pública. En este sentido sostuvo que la injerencia del poder sancionador en el ámbito de la libertad personal era abiertamente violatorio de las garantías constitucionales.La Corte resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 y dejar sin efecto la sentencia apelada. Expuso su posición. Desglose del fallo El quid de la cuestión está dirigido a cuestionar la validez constitucional de la figura legal que sanciona la tenencia de estupefacientes para consumo personal, por la afectación que tal incriminación ocasionaría al principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Es decir, si la tenencia de consumo personal excede o no el marco de las acciones privadas por ofender a moral y salud pública.En el caso Bazterrica se preciso los conceptos de “acciones privadas" como de “salud pública”.La Corte en el fallo que aquí comentamos se explayan sobre porqué cambiaron de opinión en cuanto a si es constitucional o no de esta ley, aduciendo de manera valorada que “en lo que aquí respecta han pasado diecinueve años de la sanción de la ley 23.737 y dieciocho de la doctrina "Montalvo" que legitimó su constitucionalidad. Este es un período, que por su extensión, permite descartar que un replanteo del thema decidendum pueda ser considerado intempestivo. Además que las “razones pragmáticas o utilitaristas en que se sustentaba "Montalvo" han fracasado”.“En efecto, allí se había sostenido que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente a las actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes y arribar a resultados promisorios que no se han cumplido (ver considerando 26 de Fallos: 313:1333), pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido se ha acrecentado notablemente, y ello a costa de una interpretación restrictiva de los derechos individuales.” Para fundar tales afirmaciones la Corte cita informe de ONU que demuestra un alto crecimiento de consumo en Argentina.También la Corte menciona que la reforma constitucional ha incorporado como norma vigente a tratados internaciones. Que entre ellos[5] el derecho a la privacidad que impide que las personas sean objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada. Con relación a tal derecho y su vinculación con el principio de "autonomía personal", a nivel interamericano se ha señalado que "el desenvolvimiento del ser humano no queda sujeto a las iniciativas y cuidados del poder público. También el principio de dignidad del hombre[6], tal principio de dignidad que consagra al hombre como un fin en sí mismo, se opone a que sea tratado utilitariamente.“Que la jurisprudencia internacional también se ha manifestado en contra del ejercicio del poder punitivo del Estado en base a la consideración de la mera peligrosidad de las personas. Implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, es decir, agrega a la imputación por los hechos realizados[7]”Por otro lado, la Corte señala que “en el ámbito de las Naciones Unidas tres convenciones acuerdan principios y mecanismos internacionales en la lucha contra las actividades vinculadas al narcotráfico… En términos generales, ellas prevén la colaboración judicial entre los Estados; el deber de los Estados de diseñar políticas tendientes a la erradicación de la producción, tráfico, oferta y demanda de estupefacientes ilícitos.”“Que no obstante ello, ninguna de las mencionadas convenciones suscriptas por la Argentina la compromete a criminalizar la tenencia para consumo personal”.Por su parte la Oficina de las Naciones Unidas sobre Droga y Control (UNODC), al elaborar los principios básicos de prácticas alternativas a la prisión, incluye expresamente, entre otros, a los consumidores de estupefacientes (Naciones Unidas Oficina de Droga y Crimen Handbook Básic Principles on Alternatives to Imprisonment, Criminal Justice Handbook Series, New York, 2007).-Que si bien el legislador al sancionar la ley 23.737, que reemplazó a la 20.771, intentó dar una respuesta más amplia, permitiendo al juez penal optar por someter al inculpado a tratamiento o aplicarle una pena, la mencionada ley no ha logrado superar el estándar constitucional ni internacional. El primero, por cuanto sigue incriminando conductas que quedan reservadas por la protección del artículo 19 de la Carta Magna; y el segundo, porque los medios implementados para el tratamiento de los adictos, han sido insuficientes hasta el día de la fecha.“Que en síntesis, después de la reforma constitucional han ingresado principios internacionales, que han impactado fuertemente en nuestro derecho constitucional. Ello se ha visto reflejado en diversos pronunciamientos de la Corte -algunos de los cuales hemos citado aquí-, que han generado una constelación o cosmovisión jurídica en la que el precedente "Bazterrica" encaja cómodamente. Por ello, las razones allí expuestas y los resultados deletéreos que hasta el día de la fecha demostró la aplicación del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, conducen a este Tribunal a declarar su incompatibilidad con el diseño constitucional, siempre con el alcance que se le asignara en el mencionado precedente "Bazterrica" -voto del juez Petracchi-“ Por su parte el Juez R. Lorenzetti dijo que:“Que la norma constitucional que protege la privacidad no habilita la intervención punitiva del Estado basada exclusivamente en la mera posibilidad de que el consumidor de estupefacientes se transforme en autor o partícipe de una gama innominada de delitos”En apoyo de sus argumentos cita derecho comparado, En este sentido, la ley brasileña 11.343, del 23 de agosto de 2006, instituyó el Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas y en su artículo 28 decidió contemplar la tenencia para consumo personal a la que no incrimina penalmente sino que aplica sustitutivos penales como la advertencia al tenedor sobre los efectos de las drogas, la prestación de servicios a la comunidad o la aplicación de medidas educativas de asistencia a cursos educativos. Que a su vez, ninguna de las convenciones suscriptas por el Estado Argentino en relación a la temática lo compromete a criminalizar la tenencia de estupefacientes para uso personal[8]Por su parte el Juez Fayt realizó un análisis de subsunción sobre si los hechos de este fallo exceden el marco de acción privada. “Que si bien las acciones privadas no son solamente aquellas que se llevan a cabo en el interior de un determinado ámbito espacial, este dato resulta, sin embargo, un elemento de juicio a tomar en consideración. Efectivamente, el análisis casuístico deja entrever que las conductas desarrolladas en lugares públicos son, en general aunque no siempre, más aptas para afectar la salud pública, y por lo tanto quedan fuera de la protección constitucional.Otro elemento que en los fallos citados ha sido significativo para determinar si la tenencia de drogas se trata de una acción privada está relacionado con la existencia de actos de exhibición en el consumo. Esto no se cumple cuando la acción ha sido descubierta no por la tenencia de la droga en sí sino por un hecho ajeno a esa conducta. Por último, también ha tenido incidencia la cantidad de sustancia estupefaciente que se encontró en poder de la/el imputada/o.-Este es el panorama completo en el que debe insertarse la decisión en la presente causa, pues en coincidencia con los argumentos expuestos en "Bazterrica" entiendo que cuando la tenencia de estupefacientes se ha llevado a cabo con recaudos tales como los mencionados, que restringen el alcance de sus efectos a la misma persona que la realiza, entonces la punición de dicha conducta sólo puede explicarse como un intento de proteger al individuo contra la propia elección de su plan de vida que se reputa indeseableEn el caso de Gustavo Alberto Fares, Marcelo Ezequiel Acedo y Mario Alberto Villarreal el hecho por el que fueron condenados guarda similitud con las circunstancias tomadas en cuenta por esta Corte en el precedente "Noguera", al que ya se ha hecho referencia más arriba, en el que la tenencia de droga destinada al propio consumo "no era ostensible, pues debieron revisarle las pertenencias de la procesada para encontrarlos".-En efecto, según se ha dado por cierto en la sentencia, la escasa cantidad de droga incautada estaba destinada al consumo personal y el hallazgo no fue producto de la realización de cualquier otro acto con la droga que excediese una tenencia reservada, vedada al conocimiento de terceros, y que los imputados mantuvieron así hasta ser requisados por el personal policial.Para finalizar el comentario resta decir que en Argentina los fallos que dictan los jueces sólo obligan a las partes[9] que intervienen en el.En efecto, la declaración de inconstitucionalidad en el caso ARRIOLA de la ley que castiga la tenencia para el consumo personal, sólo es para ese caso en concreto. La ley sigue vigente. Pues la única manera que deje de ser tal es mediante otra ley que la suprima o la modifique.A modo de conclusión, entiendo demasiado acertado el criterio de la Corte en modificar su criterio. No pasa mi defensa por defender el predominio de la libertad, sino por el de la justicia. Si el objetivo es el comercio de estupefacientes que sea ese su objeto, de lo contrario terminaremos en el utilitarismo destructivo para una sociedad justa al condenar al simple tenedor. Julio Javier Bravo Abogado Tel. 0351-156084520 Artigas 130, 2º piso, Of. 1 Córdoba, Argentina [1] A. 891. XLIV –“Arriola, Sebastián y otros s/ causa nº 9080″ – CSJN – 25/08/2009.[2] Recurso de queja: también denominado directo o de hecho, es el que se interpone ante el juez superior cuando se estima que el juez o tribunal inferior incurre en denegación de justicia, al negar la posibilidad pedida por una parte en el juicio de revisar el fallo dictado. Es un recurso de categoría especial, ya que es sólo un medio para obtener la concesión de otro recurso declarado inadmisible por un juez inferior.[3] Se entiende por dosis umbral aquella dosis mínima de una sustancia en su curva dosis-respuesta que causa la aparición de un cambio en el organismo. El intervalo que hay entre el nivel de dosis cero hasta la dosis umbral representa un margen de seguridad y refleja la capacidad efectiva del organismo para eliminar o biotransformar la sustancia; cuando dosis mayores sobrepasan esta capacidad comienzan a aparecer progresivamente los efectos adversos en el organismo.[4] Art 14 Ley 23.737: “Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de trescientos a seis mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes. La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal.” [5] artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 5º?de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[6] Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la Convención Americana[7] CIDH, Serie C Nº 126, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, sentencia del 20 de junio de 2005[8] Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988; el Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1917 y la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961[9] Sin perjuicio de las modernas teorías de los efectos erga onmes en los fallos v,gs.Caso HALABI (2009) CONCUBINATO: ¿qué derechos acuerda nuestra ley Argentina?
Escrito por lospretores 19-02-2011 en General. Comentarios (10)	A pedido de los lectores de Pretores, decidimos republicar este artículo de gran utilidida. El concubinato o las uniones de hecho son “relaciones sexuales prolongadas, entre dos personas, que no están unidas por el vínculo matrimonial”[1]. Se trata entonces de uniones entre personas que cohabitan (viven juntos) de manera estable como si fueran un matrimonio. Sus elementos configurativos son entonces dos: la estabilidad (permanencia) y la posesión del estado conyugal (actuar como un matrimonio). En nuestro ordenamiento jurídico no se encuentra regulado este instituto, y es por ello que NO PUEDE SER EQUIPARADO AL MATRIMONIO, no importando la cantidad de años de convivencia que se posean. No obstante la ley y la jurisprudencia han reconocido ciertos derechos a los concubinos. Entre ellos podemos mencionar los más importantes: · Indemnización a la concubina del trabajador fallecido contrato de trabajo· Pensión para la concubina del trabajador fallecido· Derecho a permanencia en el inmueble tras el fallecimiento del concubino locatario· Ciertos beneficios previsionales: pensiones, obra social Ahora bien, ya dejamos aclarado que las uniones de hechos no son consideradas como un matrimonio, tampoco en el momento de la disolución o ruptura de la convivencia le son aplicables los efectos legales que si se le atribuyen al matrimonio. Por ejemplo no existe sociedad conyugal alguna en las uniones de hecho, tampoco deben repartirse las ganancias obtenidas durante el matrimonio, entonces ¿cómo se resuelve la división de los bienes entre los concubinos? Ante la disolución del vínculo cada concubino conserva los bienes que ya poseía, esto quiere decir que si se trata de bienes registrables (casas, autos) la propiedad la tendrá quién tiene a su nombre el bien en el registro correspondiente. Si en cambio los bienes adquiridos se hubiesen inscriptos de manera conjunta por los concubinos, esto es formando un condominio, se aplicarán sus reglas, y cada concubino tendrá derecho a la cuota parte que tenga en el condominio. Lamentablemente en muchas ocasiones se producen injusticias, porque aunque ambos concubinos hayan contribuido a la compra de un bien, sucede que sólo uno lo inscribió a su nombre (habitualmente el hombre), dejando al otro sin derecho a reclamo alguno. Esto se debe a la falta de regulación del instituto en el Derecho Argentino. Estamos frente a situaciones de hecho que existen y frente a las cuáles el derecho debe darles una respuesta. Es por ello que abogamos por un cambio en nuestra legislación. Ab. Sánchez AlbornozBravo & Sánchez AlbornozArtigas 130,2ºpiso, Of. 1, Córdoba, ArgentinaTel: 0351 155445181[1] Diccionario Manual Jurídico. Editorial Abeledo Perrot. 1994. Pág 201.
Escrito por lospretores 16-02-2011 en General. Comentarios (5)	La representación en juicio La palabra representación contiene muchas definiciones, que si bien relacionadas, varían de acuerdo al ámbito en que ella se la utilice. A nosotros nos interesa ahora hablar de la representación desde un enfoque procesal: la representación para estar en juicio, y es así que señalamos que el art. 1448 del Código Civil expresa que consiste en que “...lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo”. Es imprescindible señalar que nuestros ordenamientos procesales exigen a quiénes actúen ante los tribunales deberán hacerlo con la dirección técnica de abogados matriculados (art. 80 Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba). Esto no sólo es un requisito para ingresar al juicio, sino también es un derecho de todos los justiciables, ya que es por demás aconsejable contar con el asesoramiento de un abogado de confianza a la hora de defender nuestros intereses. Dicha asistencia técnica, que ya señalamos es obligatoria, se concreta a través del instituto de la representación, representación que los representados (actores o demandados en el proceso civil) le otorgan a sus representantes (abogados matriculados en la jurisdicción correspondiente). La representación señalada puede llevarse a cabo a través de un patrocinio letrado o de un poder. El patrocinio letrado, implica el acompañamiento de un abogado en todos los actos procesales que se realicen en un proceso judicial, y se visualiza en la faz práctica a través de la firma del representado junto a la del representante en todos los escritos judiciales. La representación otorgada a través de poderes se denomina convencional, porque cada persona puede elegir de manera voluntaria quién representará sus intereses. Los poderes pueden ser de dos tipos:· Apud acta· Carta poderEl poder apud acta[1] es aquel mediante el cuál el representado le otorga los poderes de representación a un letrado en el mismo tribunal, ante el secretario del tribunal, que da fe del acto llevado a cabo en su presencia. En este sentido, un poder para pleitos faculta al abogado de una persona para que realice válidamente en nombre suyo todos los actos relativos a la tramitación de este procedimiento.Por otro lado mencionamos que también existe un segundo tipo de poder llamado “carta poder”. La carta poder es aquel documento que le permite a una persona obrar en nombre de otra persona, en este caso el abogado obrará en nombre de su cliente. De alguna manera se trata de la delegación de la persona que crea el mencionado documento o carta poder, o sea el interesado, a aquella otra persona, que sería el representante, a quien él decide otorgarle nada más y nada menos que su poder a la hora de obrar.Para finalizar queremos subrayar la importancia que ostenta la representación de nuestros intereses por un abogado matriculado y en el cual confiemos. La confianza es muy importante en la representación, porque el abogado que nos representará será quien haga valer nuestros derechos en juicio. Ab. Silvana G. Sánchez Albornoz M.P. 1-35799 C.S.J.N. T.503 F.693 Artigas 130, 2º piso, of 1 Córdoba - Argentina[1] . Proviene del latín y significa mediante acta, sobre acta, en el mismo expediente.
Escrito por lospretores 24-12-2010 en General. Comentarios (2)	Desde LOS PRETORES queremos desearles que estas fiestas hagan realidad los proyectos y los anhelos de todos. ¡FELICIDADES!, y¡¡Qué vivan un año 2011 de muchos éxitos, paz y felicidad!!