Source: http://estadodedesecho.blogspot.com/2010/02/
Timestamp: 2017-06-22 16:24:34
Document Index: 241421307

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 22', 'artículo 5']

ESPAÑA: ESTADO DE DESECHO: 02/01/2010 - 03/01/2010
PENSIONAZO VI
El presidente del Senado, JAVIER ROJO, ha asegurado que las pensiones de los políticos no tienen que entenderse como "privilegios" sino como "excepcionalidades", y considera que cualquier modificación de las mismas debe estudiarse en el marco del actual debate sobre el sistema de pensiones. Véase el siguiente enlace:
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/ojo-dice-que-las-pensiones-los-politicos-deben-verse-como-excepcionalidades?page=1
Esta afirmación supone un insulto a todos los ciudadanos, a todos los contribuyentes. Normalmente, todas las personas tienen padre conocido ¿constituirá este sujeto la excepción?. Porque hay que tener la cara más dura posible para realizar una afirmación que, realmente, es un insulto a los trabajadores a los que se quiere ampliar su vida laboral y a los pensionistas, que han visto mermados sus ingresos en este ejercicio. Es evidente que la excepcionalidad viene determinada por la propia normativa que rige las pensiones y otras ayudas a diputados y senadores. Normativa realmente diferente que la aplicada a los ciudadanos-contribuyentes-votantes. Para conocer esta normativa nada mejor que publicarla.
Su publicación oficial: BOLETIN GENERAL DE LAS CORTES GENERALES, Serie A, Actividades Parlamentarias, número 278, de 14 de julio de 2006
“Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en su reunión conjunta del día de hoy, han aprobado el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex-parlamentarios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2006.—P. D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Manuel Alba Navarro.
Por otra parte, la dedicación a la actividad política parlamentaria obliga, en muchas ocasiones, a quien forma parte de las Cámaras a dejar la que ha sido su ocupación habitual, de modo que, cuando se produce el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversas dificultades; quizá la más relevante de las mismas es la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario, pero no hay que desdeñar la necesidad de reciclaje profesional, de reanudación de las actividades industriales o mercantiles, y otras circunstancias semejantes. Con esta finalidad se establece una indemnización por cese, graduada en función de los años de dedicación a las Cámaras, y que, con límites estrictos, permite afrontar las dificultades reseñadas. En este mismo orden, se regula la percepción de una indemnización que permita hacer frente al período de transición que se da entre la disolución de las Cámaras y la constitución de las mismas tras las elecciones, en el que no es evidente si se va a continuar en el desempeño del cargo pues ello depende de la voluntad de los ciudadanos. Es también digno de reseñar que este tipo de indemnizaciones se dan en la mayoría de los parlamentos de los Estados de nuestro entorno.
Artículo 1. Las Cortes Generales abonarán con cargo a su Presupuesto una pensión a quienes hayan sido miembros del Congreso de los Diputados o del Senado, en los términos que se establecen en el presente Reglamento.
Artículo 2. Tendrán derecho a obtener la pensión parlamentaria los ex-parlamentarios que hayan tenido la condición de Diputados o de Senadores durante al menos siete años, siempre que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a) De siete a nueve años de mandato, el 80 por ciento.b) Por más de nueve años y hasta once años de mandato, el 90 por ciento.c) Por más de once años de mandato, el 100 por ciento.
Artículo 5. El Letrado Mayor de las Cortes Generales someterá a la reunión conjunta de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado las propuestas de concesión de las pensiones parlamentarias. Las Mesas podrán delegar el acuerdo de concesión en el Presidente del Congreso de los Diputados o del Senado sin perjuicio de su ratificación ulterior por aquéllas.
Artículo 7. El ex-parlamentario que, en el momento de su cese, haya cumplido 55 años o los cumpla en el año en que se produzca la disolución de la Cámara y carezca de una actividad profesional o laboral permanente por cuenta propia o ajena, tendrá derecho a que por las Cortes Generales se le mantenga en situación de alta en la Seguridad Social hasta que complete el periodo de cotización necesario para causar el derecho a la pensión de jubilación, de acuerdo con el convenio que las Cortes Generales y la Seguridad Social tengan suscrito.
Artículo 8. Una vez concluido el derecho a percibir la indemnización por cese de actividad que se regula en el Capítulo Tercero, en caso de carencia de ingresos o de patrimonio suficientemente probada, el ex-parlamentario al que las Cortes Generales mantengan en situación de alta en la Seguridad Social tendrá, además, derecho a percibir una ayuda equivalente al sesenta por ciento de la asignación constitucional hasta que complete el periodo de cotización necesario para causar el derecho a la pensión de jubilación. La percepción de la ayuda concluirá cuando cesen las circunstancias que la motivaron. A tal efecto, y sin perjuicio de que el beneficiario lo comunique, se procederá a una revisión anual de las ayudas concedidas.
Artículo 9. 1. Los ex-parlamentarios a los que la duración de su mandato no les permita obtener la pensión parlamentaria, así como, en su caso, sus cónyuges viudos o sus hijos menores de 25 años, podrán solicitar a las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado la concesión de una ayuda económica.
Artículo 11. 1. Los miembros de las Cortes Generales que causen baja por disolución de las Cámaras tendrán derecho a percibir una indemnización de transición en un pago único y en la cuantía que determine la Mesa de la respectiva Cámara con cargo al Presupuesto de la misma. 2. No tendrán derecho a la misma los parlamentarios que formen parte de la Diputación Permanente como miembros titulares o como suplentes.
Artículo 12. Quienes hayan sido miembros de las Cortes Generales y tras la constitución de las Cámaras no obtengan nuevo mandato en las mismas, tendrán derecho a una indemnización por cese que la Cámara que corresponda abonará con cargo a su Presupuesto en la cuantía y los términos que se precisan en los artículos siguientes. Este derecho corresponderá también a quién habiendo sido Senador designado por una Comunidad Autónoma, cese en dicha condición sin obtener un nuevo mandato.
Artículo 13. 1. La cuantía de la indemnización por cese será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades.
Artículo 14. 1. No tendrá derecho a la indemnización por cese el ex-parlamentario que haya permanecido en el cargo durante un tiempo inferior a dos años, sin perjuicio de que dicho periodo de tiempo pueda sumarse al de posteriores mandatos.
a) El ex-parlamentario que continúe formando parte de una asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma.b) El ex-parlamentario que tenga reconocido derecho a indemnización por la asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma o por otra Cámara parlamentaria de la que haya sido miembro.c) El ex-parlamentario que desempeñe un cargo público electo o de libre designación con retribución salarial o tenga reconocido derecho a una indemnización por el desempeño de un cargo público electo o de libre designación.
Artículo 15. Mientras dure la indemnización por cese, no se podrá percibir la pensión parlamentaria establecida en el artículo 1, ni la ayuda prevista en el artículo 8.
3. Las restantes prestaciones previstas en este Reglamento entrarán en vigor el día siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.”______________________________Corrección publicada en el BOLETIN GENERAL DE LAS CORTES GENERALES, Serie A, Actividades Parlamentarias, número 307, de 10 de octubre de 2006.
“Advertido error en la publicación del Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex-parlamentarios, aprobado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión del día 11 de julio de 2006 («BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 278, de 14 de julio de 2006), se subsana a continuación.
En la pág. 3, columna derecha, artículo 14.2.c, donde dice:
«c) El ex-parlamentario que desempeñe un cargo público electo o de libre designación con retribución salarial o tenga reconocido derecho a una indemnización por el desempeño de un cargo público electo o de libre designación».
«c) El ex-parlamentario que desempeñe un cargo público electo o político de libre designación con retribución salarial o tenga reconocido derecho a una indemnización por el desempeño de un cargo público electo o político de libre designación».”_______________________________Modificación publicada en el BOLETIN GENERAL DE LAS CORTES GENERALES, Serie A, Actividades Parlamentarias, número 473, de 2 de enero de 2008
“Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus reuniones del día 18 de diciembre de 2007, por el que se modifica el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex-parlamentarios.
Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus reuniones del día 18 de diciembre de 2007, han aprobado la modificación del Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex-parlamentarios, de 11 de julio de 2006. En consecuencia, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2007.—P. D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Manuel Alba Navarro.
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PENSIONES PARLAMENTARIAS Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EX-PARLAMENTARIOS, APROBADO POR LAS MESAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO EN SU REUNIÓN DEL DÍA 11 DE JULIO DE 2006
Artículo único. Modificación del artículo 12.
El artículo 12 del Reglamento queda redactado en los siguientes términos:
«Quienes hayan sido miembros de las Cortes Generales y cesen en dicha condición tendrán derecho a una indemnización por cese que la Cámara que corresponda abonará con cargo a su Presupuesto en la cuantía y los términos que se precisan en los artículos siguientes.»
1. La presente modificación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.2. No obstante, quienes hayan perdido su condición de miembros de las Cortes Generales con posterioridad al día 15 de julio de 2006, fecha de entrada en vigor del Reglamento, podrán solicitar la indemnización por cese.”
Hasta aqui la normativa por la que se regulan las pensiones de diputados y senadores.
Llama la atención que se incluya su publicación dentro de la denominada SERIE A, Actividades parlamentarias. Deben ser de las pocas actividades a las que aporten plena dedicación. Había cierta urgencia en aprobar esta segunda modificación, pues se acercaban las elecciones generales y, ¡claro!, los “representantes del pueblo” no estaban dispuestos a perder la oportunidad que se les brindaba. Esto no es excepcional, es normal dentro de la denominada “casta política”. Ya, en la exposición de motivos comienzan diciendo que la normativa tiene por objeto situar a los parlamentarios españoles en un nivel equiparable a la media de los países de nuestro entorno. Y los trabajadores y pensionistas ¿tenemos el mismo derecho a equipararnos a los trabajadores y pensionistas europeos, tales como los alemanes, por poner un ejemplo?. Lo normal hubiera sido la equiparación a los pensionistas españoles. Lo excepcional, por antisocial y discriminatoria, es lo aprobado.
Hacen también referencia a la existencia de una laguna normativa. MIENTEN COMO BELLACOS. La existencia de una laguna implica (como cualquier jurídico sabe) la ausencia de una norma aplicable. Las pensiones, que se sepa, ya estaban reguladas en nuestro Ordenamiento; la pretendida laguna es una ficción, una invención de estos políticos que debieron adecuar el régimen de pensiones de los parlamentarios al general de todos los ciudadanos, sin privilegios ni excepcionalidades de tipo alguno. Bien se pudo acudir a dicha normativa general como Derecho supletorio, o bien aplicando dicha norma general por analogía. Pero siempre dentro del marco general, el aplicable a todos los ciudadanos, sin arbitrariedades de ningún tipo.Ya, entrando en el contenido de la norma, habría que indicarle al señor RAJOY, para cuando le pregunten, que sepa lo que ha votado; que lea el artículo 2, en relación con los 7 años. Pero si quiere, lea la disposición adicional segunda que permite cobrar de por vida al “asesino de Paracuellos”. El PP gobernó con mayoría absoluta y no modificó nada. El PP es cómplice de esta situación de tropelía
La excepcionalidad que afirma el insultante ROJO radica en la compatibilidad de las pensiones de diputados, senadores y altos cargos, pues pueden compatibilizar dos y tres salarios con cargo al Erario Público, en tanto que el ciudadano corriente nunca podrá percibir más de un salario del Erario Público. Ya se encargó el anterior desgobierno de FELIPE GONZÁLEZ de acabar con ese “privilegio” mediante el denominado complemento a mínimos. Por si algunos no lo recuerdan,, al llegar al poder el PSOE, muchos pensionistas cobraban la pensión de jubilación y, además, la de viudedad; en el primer caso porque ellos mismos habían cotizado; en el segundo por las propias cotizaciones de sus cónyuges. El gobierno socialista “robó” a los pensionistas, de manera que se quedaron sin una de ellas, dejándoles una miserable cantidad que, sumada a la única pensión que, a partir de entonces iban a percibir, permitía alcanzar el importe de la pensión mínima legalmente establecida; esa miseria era y es el complemento a mínimos. Es decir, un trabajador cotiza durante su vida laboral para atender diversas contingencias futuras, como la pensión de jubilación o, la viudedad y al final se le despoja de algo por lo que se cotizó. Había que atender otras prestaciones, como el PER, y había que sacar el dinero de alguna parte. Por cierto, el complemento a mínimos no tiene carácter consolidable y puede ser absorbido en cualquier momento. Con motivo de las elecciones generales del 9 de marzo de 2008, todos los diputados y senadores, a excepción de los que formaban parte de las diputaciones permanentes del Congreso y el Senado, cobraron una indemnización cercana a los 8.743 euros cada uno, en concepto de “finiquito”, por la disolución del Parlamento. Para los diputados elegidos por Madrid, esa cantidad fue de 7.059 euros. También se aplicó a los senadores.
Esos importes equivalían al salario que habrían de percibir todos ellos durante los 53 días que mediaron entre la disolución de las Cortes y la víspera de las elecciones. La base de cálculo fue la denominada “asignación constitucional” o salario base de los parlamentarios, fijado entonces en 3.126 euros, a los que había que sumar otros 1.823 euros para los elegidos por circunscripciones de fuera de Madrid y 870 para los elegidos por la circunscripción de Madrid.
Para aquellos diputados y senadores que no se presentarían en el nuevo proceso electoral o para aquellos que no resultaran elegidos y, por tanto, no consiguieran escaño, se establecía una indemnización equivalente a una mensualidad de la “asignación constitucional” por cada año que hubieran conservado su escaño, con un límite de 24 mensualidades. Tal fue el caso de diputados que dejaron el Parlamento como JOSÉ ANTONIO LABORDETA (Cha), FRANCISCO RODRÍGUEZ (BNG), BEGOÑA LASAGABASTER (EA), LUIS MARDONES (CC), o JAIME IGNACIO DEL BURGO (PP), o del senador JUAN JOSÉ LABORDA (PSOE). Los servicios de las Cortes Generales calcularon que cada diputado o senador cesante podría ingresar una media 23.360 euros
Además, los parlamentarios que se jubilaron recibieron o pudieron recibir una tercera ayuda para compensar a aquellos que no cobrarían la pensión máxima, aun cuando hubiesen cotizado al efecto durante su período en el escaño. La ayuda consiste en estos casos en el abono por las Cortes Generales de la diferencia para que puedan obtener la pensión máxima, percibiéndola en su totalidad si fueron parlamentarios más de 11 años, el 90% si ocuparon el escaño entre 9 y 11 años, y el 80% si lo ocuparon entre 7 y 9 años. Si el ex parlamentario resultaba mayor de 55 años y carecía de una actividad profesional o laboral permanente por cuenta propia o ajena, las Cortes Generales los mantiene en situación de alta en la Seguridad Social hasta completar el período necesario para lograr la pensión de jubilación; dicha aportación podría llegar a los 10.000 euros anuales. Se desconoce el coste de todas esas partidas, si bien antes de las elecciones se calculaba un coste de 14 millones de euros.
Evidentemente, otra excepcionalidad; cualquier trabajador que resulte despedido, no verá jamás una indemnización de ese estilo; a lo más que tendrá derecho es a cobrar el subsidio de desempleo y no, precisamente, hasta que encuentre otro trabajo. Y no precisamente cobrando el máximo posible. Lo peor es que creen las metiras que dicen.
Sin olvidar, otra excepcionalidad más sangrante, si cabe; a los ciudadanos se les exige un período de cotización de 35 años para poder cobrar la totalidad de la pensión; a los diputados, senadores y miembros del gobierno les basta con jurar el cargo y permanecer 7 años en su ejercicio para poder acceder a la pensión máxima de jubilación.
Váyanse al carajo, señores políticos, y dejen en paz a los ciudadanos, que bastante tenemos con soportales a diario. Y no insulten, porque si empezamos con los insultos mal vamos.
No tengo más remedio que seguir: mientras diputados y senadores no equiparen sus ingresos al salario mínimo (ahora IPREM), seguiré insistiendo; mientras no se acabe con este tipo de actuaciones de despilfarro, harto de que me roben, de que roben al contribuyente, reivindico la vuelta de JUAN CABALLERO “EL LERO”, JOSÉ MARÍA PELAGIO HINOJOSA COBACHO “EL TEMPRANILLO”, JOAQUÍN CAMARGO GÓMEZ “EL VIVILLO”, FRANCISCO RÍOS GONZÁLEZ “EL PERNALES”, LUIS CANDELAS, ANTONIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ “EL NIÑO DEL ARAHAL”, JUAN MINGOLLA GALLARDO “PASOS LARGOS”, ANTONIO LÓPEZ MARTÍN “EL NIÑO DE LA GLORIA”, JUAN MUÑOZ “EL CANUTO”, ANTONIO SÁNCHEZ “EL REVERTE”, FRANCISCO DE VILLENA, PACO “EL SASTRE”; según la historia todos ellos robaban a los ricos para darlo a los pobres. Eso sí, eran perseguidos por la Guardia Civil. En la actualidad, el perseguido es el contribuyente.
PENSIONAZO V
FINANCIACION DE LOS PARTIDOS: REMEDO, PRESUMIBLEMENTE LEGAL, AUNQUE ABSOLUTAMENTE INMORAL, DEL BANDOLERISMO ESPAÑOL A finales del siglo XIX y comienzos del XX, una serie de personajes actuaban por la Serranía de Ronda, Montes de Toledo, Sierra pobre de Madrid, etc; eran conocidos por bandoleros. Calaron en el pueblo llano porque el pueblo llano siempre afirmó de ellos que robaban a los ricos para dárselo a los pobres. Y para pobre, claro, el pueblo llano.
Desde luego, fueron auténticos precursores en materia de redistribución de la renta; para que tomen nota los estudiosos de la hacienda pública y del derecho financiero y tributario.
El régimen de ingresos, esto es, la financiación de los partidos políticos en España se regula en el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (BOE. núm. 160 de 5 de julio), que establece: “Uno. Recursos procedentes de la financiación pública: a) Las subvenciones públicas por gastos electorales, en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General y en la legislación reguladora de los procesos electorales de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos. b) Las subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento, reguladas en la presente Ley. c) Las subvenciones anuales que las Comunidades Autónomas establezcan para gastos de funcionamiento en el ámbito autonómico correspondiente, así como las otorgadas por los Territorios Históricos vascos y, en su caso, por las Corporaciones Locales. d) Las subvenciones extraordinarias para realizar campañas de propaganda que puedan establecerse en la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum. e) Las aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las Administraciones Locales. Dos. Recursos procedentes de la financiación privada: a) Las cuotas y aportaciones de sus afiliados. b) Los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio, los beneficios procedentes de sus actividades promocionales, y los que puedan obtenerse de los servicios que puedan prestar en relación con sus fines específicos. c) Las donaciones en dinero o en especie, que perciban en los términos y condiciones previstos en la presente Ley. d) Los fondos procedentes de los préstamos o créditos que concierten. e) Las herencias o legados que reciban.”
En relación con los recursos públicos, es el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Política Interior, quien se encarga de la tramitación y resolución de los expedientes de las subvenciones por gastos electorales establecidas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), y la tramitación y resolución de las subvenciones estatales anuales reguladas en la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Las competencias de dicha Dirección General vienen conferidas por el Real Decreto 1907/1995, de 24 de noviembre, por el que se regula la tramitación de las subvenciones estatales anuales y por gastos electorales a las formaciones políticas (BOE. nº 298, de 14 de diciembre). Además, en el año 2005, para sufragar los gastos ocasionados por la explicación y divulgación pública del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, se promulgó el Real Decreto 6/2005, de 14 de enero, por el se regulaba la concesión de ayudas extraordinarias a los grupos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados de acuerdo con el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Este Real Decreto, en su artículo 5.2, designa a la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior como órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas. Cabe distinguir tres tipos de actuaciones:
1. Subvenciones reguladas por la LOREG, con un procedimiento de tramitación común: a. Elecciones de Diputados y Senadores (Elecciones Generales). b. Elecciones Municipales. c. Elección de Cabildos. d. Elecciones al Parlamento Europeo. Estas subvenciones están dirigidas a compensar a las formaciones políticas el incremento de gastos que les ocasiona la celebración de los procesos electorales mencionados. Para tener derecho a este tipo de subvenciones alguno de los candidatos presentados por la formación política debe resultar elegido. Mediante las subvenciones por gastos electorales, se subvenciona tanto los resultados obtenidos, como, en su caso, los envíos electorales realizados y justificados. 2. Subvenciones reguladas por la Ley de Financiación de Partidos Políticos (ambas con un procedimiento de tramitación común): a. Subvenciones anuales no condicionadas, dirigidas a financiar las actividades de funcionamiento ordinario de las formaciones políticas. b. Subvenciones para sufragar gastos de seguridad, dirigidas a financiar los gastos de seguridad que se ocasionen con la actividad política e institucional de las formaciones políticas. Para tener derecho a estos dos tipos de subvenciones se ha de obtener al menos un escaño en el Congreso de los Diputados. Son solamente las Elecciones de Diputados las que tienen incidencia en el nacimiento del derecho a estas subvenciones. 3. Ayudas extraordinarias previstas en el apartado d) de la Ley de financiación de Partidos Políticos, de acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades del referéndum. Hasta la fecha solamente se ha celebrado un referéndum con derecho a esta subvenciones con motivo de sufragar los gastos ocasionados por la explicación y divulgación pública del tratado por el que se establece una Constitución para Europa, siendo reguladas por el Real Decreto 6/2005, de 14 de enero, para (B.O.E. nº 15, de 18 de enero). Para tener derecho a estas ayudas se exigió poseer, al menos, un escaño en el Congreso de los Diputados. Son solamente las Elecciones de Diputados las que tienen incidencia en el nacimiento del derecho de estas ayudas."_____________________Fuente: Ministerio del Interior 1. SUBVENCIONES DE LA LOREG.
a) Elecciones generales.
Una Orden del Ministerio de Economía y Hacienda (Orden EHA/20/2008, de 17 de enero), firmada por el ínclito PEDRO SOLBES, publicada en el BOE del 18 de enero de 2008, páginas 3684-3685, venía a “actualizar” las cantidades que percibirán los partidos políticos y otras formaciones que se presentaban a las elecciones de marzo de 2008.
Así, por cada escaño conseguido en el Congreso o en el Senado, pasaban a percibir 21.167,64 euros. Con los resultados obtenidos en las elecciones de marzo de 2008, el PP obtuvo 153 diputados y 101 senadores; en total, 153+101 = 254 x 21.167,64 euros = 5.376.580,56 euros. El PSOE, 169 diputados y 88 senadores, en total, 169+88 = 257 x 21.167,64 euros = 5.440.083,48 euros. IU, con sólo 2 diputados (y son ya demasiados), 2 x 21.167,64 euros = 42.335,28 euros. Estos datos sólo se refieren a aquellos partidos que se presentaron en el ámbito nacional o estatal. Por cada voto obtenido para el Congreso, y siempre que se obtuviera al menos un escaño, se dota con 79 céntimos de euro (132 pesetas). Para el Senado ese importe se reduce a 32 céntimos de euro (unas 55 pesetas). El PSOE, según datos del Ministerio del Interior obtuvo 11.064.524 votos para el Congreso luego, 11.064.524 x 0,79 euros = 8.740.973,96 euros. El PP, siguiendo los datos ofrecidos por dicha fuente, obtuvo 10.169.973 votos,, luego, 10.169.973 x 0,79 euros = 8.034.278,67 euros. IU obtuvo 963.040 votos, por lo que 963.040 x 0,79 = 760.801,6 euros.
Suma y sigue. Para el Senado, según datos de la fuente citada, el PP obtuvo por el total de sus candidaturas, 20.476.071 votos, por lo que 20.476.071 x 0,32 euros = 6.552.342,72 euros. El PSOE obtuvo por el total de sus candidaturas 12.228.854 votos, luego 12.228.854 x 0,32 euros = 3.913.233,28 euros. Hay que tener en cuenta que para el Senado, IU no obtuvo representación y que en Cataluña, PSC-PSOE e IU iban en una candidatura con ERC
Los anteriores importes aproximados y salvo error u omisión.
También fija la Orden ministerial en cuestión el límite para gastos electorales en 37 céntimos de euro, pero aquí ya no por elector, sino por habitante; o sea, se refiere a la población de derecho, esto es, a la fecha de las elecciones de marzo de 2008, 45.200.737 habitantes, por lo que 45.200.737 x 0,37 = 16.724.272,69, cantidad ésta en la que quedaría fijado el límite de gastos electorales
Esto es, el Estado, o sea, el contribuyente, que se ve así afiliado obligatoriamente al régimen de partidos únicos, subvenciona a estos partidos y formaciones con 21 céntimos de euro por cada elector en cada circunscripción donde se presenten por el concepto de envío de correo electoral. El mío que lo omitan y que me den lo 21 céntimos por partido. Eso si, se les exige que la lista obtenga votos suficientes para constituir grupo parlamentario, ya sea en el Congreso o en el Senado. Si logra constituir grupo parlamentario en ambas cámaras, “sólo” cobran una vez. Aquí se debe entender que como los partidos se dirigen a todos los electores, con independencia del voto posterior, habrá que contabilizar el total del censo o cuerpo electoral que, según la misma fuente anterior, estaría en marzo de 2008 en 35.073.179 electores. O sea, que por este concepto PSOE y PP habrán percibido, cada uno, 7.365.367,59 euros; IU no ha obtenido grupo parlamentario. Esta cantidad subvencionada no estará incluida dentro del límite indicado anteriormente, siempre que se haya justificado la realización efectiva de la actividad a que se refiere este apartado Con la normativa vigente, sumemos, pues, las anteriores cantidades y tendremos:
PSOE: 5.440.083,48 + 8.740.973,96 + 3.913.233,28´= 18.094.290,72 euros PP: 5.376.580,56 + 8.034.278,67 + 6.552.342,72 = 19.963.201,95 euros Estas cantidades reflejarían las aportaciones directas en función de escaños y votos.
Sumemos ahora la partida de 7.365.367,59 euros destinada al envío de correo a los electores:
PSOE: 18.094.290,72 +7.365.367,59 = 25.459.658,31 euros
PP: 19.963.201,95´+ 7.365.367,59 = 27.328.569,54 euros
La duda viene representada por el límite de gastos, establecido, según los datos, en 16.724.272,69 euros. Me inclino a pensar que esta partida hay que sumarla a las aportaciones directas anteriores. De lo contrario no se entendería la normativa; bastaría con aplicar el criterio del límite para adjudicar a cada partido los importes correspondientes, con abstracción de las otras condiciones. En tal caso tendríamos: PSOE: 25.459.658,31 + 16.724.272,69 = 42.183.931 euros
PP: 27.328.569,54 + 16.724.272,69 = 44.052.842,23 euros
Si, por el contrario, el tope máximo de subvención viene determinado por dicho límite, entonces ambos partidos, PSOE y PP habrán debido ingresar por concepto de subvenciones electorales el importe del límite de gasto electoral subvencionado más el importe de la partida de gastos de envío de correo, esto es:
16.724.272,69 + 7.365.367,59 = 24.089.640,28 euros
En el supuesto de que la partida del límite incremente las aportaciones a los partidos, entre ambos ingresarían más de 86 millones de euros. En caso contrario supondría “sólo” 48 millones de euros. b) Elecciones municipales.
La norma en este caso establece:
a) Una subvención de 253,78 euros por cada concejal electo.
b) Una subvención de 0,51 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura, uno de cuyos miembros, al menos, hubiera sido proclamado concejal.
Se establece un límite de gastos electorales, que resulta de multiplicar por 0,11 euros el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido, federación, coalición o agrupación. Por cada provincia, aquellos que concurran a las elecciones en, al menos, el 50 por 100 de sus municipios, podrán gastar, además, otros 140.877,24 euros por cada una de las provincias en las que cumplan la referida condición.
Fuera de los límites anteriores, se abona en concepto de subvenciones por envíos de propaganda electoral 0,20 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya obtenidos representación en las Corporaciones Locales de que se trate, siempre que la candidatura de referencia hubiese presentado listas en el 50 por 100 de los municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia correspondiente y haya obtenido, al menos, representación en el 50 por 100 de los mismos.
En las elecciones locales de 2007, el PSOE obtuvo 24.029 concejales; el PP 23.348.
La población de derecho ascendía a 44.701.994 habitantes; el censo electoral a 35.153.752 electores.
Sólo aplicando la subvención general de 253,78 euros por concejal electo, tendríamos:
PSOE: 24.029 x 253,78 euros = 6.098.079,62 eurosPP: 23.348 x 253,78 euros = 5.925.255,44 euros
En el apartado de elecciones municipales los cálculos son más complejos por la propia estructura de este tipo de elecciones y de la cantidad de municipios en que se celebran, lo que dificulta contrastar las condiciones de la norma aplicable.
c) Elecciones al parlamento europeo.
- Subvención de 27.658,58 euros por cada escaño obtenido; - Subvención de 0,92 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido escaño de diputado. Se establece un límite máximo de gastos electorales, que resulta de multiplicar 0,16 euros por el número de habitantes correspondientes a la población de derecho en las secciones electorales donde se haya solicitado que se efectúe la difusión de las papeletas
Fuera de dichos límites, además, se establecen las siguientes subvenciones por envíos de propaganda electoral:
- 0,13 euros por elector, siempre que la candidatura hubiera obtenido al menos 1 diputado y como mínimo un 15 por 100 de los votos válidos emitidos. - 0,10 euros por elector, siempre que la candidatura hubiera obtenido al menos 1 diputado y como mínimo un 6 por 100 de los votos válidos emitidos. - 0,02 euros por elector, siempre que la candidatura hubiera obtenido al menos 1 diputado y como mínimo un 3 por 100 de los votos válidos emitidos. - 0,01 euros por elector, siempre que la candidatura hubiera obtenido, al menos, 1 diputado y como mínimo un 1 por 100 de los votos válidos emitidos.
En las pasadas elecciones al parlamento europeo de 2009, los resultados de los dos grandes partidos fueron:
PP: 6.670.377 votos; 42,12% de los votos válidos; 23 diputadosPSOE: 6.141.784 votos; 38,78% de los votos válidos; 21 diputados.
La población de derecho ascendía a 46. 157.822 habitantes y el censo electoral a 35.492.567 electores. En consecuencia: a) PP: 23 x 27.658,58 euros = 636.147,34 euros
PSOE: 21 x 27.658,68 euros = 580.830,18 euros
PP: 6.670.377 x 0,92 euros = 6.136.746,84 euros
PSOE = 6.141.784 x 0,92 euros = 5.650.441,28 euros
PP: 636.147,34 + 6.136.746,84 = 6.772.894,18 euros
PSOE: 580.830,18 + 5.650.441,28 = 6.231.271,46 euros
Suponiendo que ambos partidos hayan llegado a la totalidad de habitantes, tendríamos
46.157.822 x 0,16 euros = 7.385.251,52 euros, que sería el límite de gastos electorales.
En ambos casos se da por sentado que se cumple la primera de las condiciones establecidas para las subvenciones por envío de propaganda electoral.
46.157.822 x 0,13 euros = 6.000.516,86 euros para cada uno de los dos grandes partidos.
Tendríamos, por tanto, salvo error u omisión:
PP: 6.772.894,18 + 6.000.516,86 = 12.773.411,04 euros
PSOE: 6.231.271,46 + 6.000.516,86 = 12.231.788,32 euros
De conformidad con el criterio seguido para las elecciones generales, habría que sumar a estos importes el correspondiente a la partida de límite de gastos electorales, esto es, 7.385.251,52 euros, por lo que
PP: 12.773.411,04 + 7.385.251,52 = 20.158.662,56 euros
PSOE: 12.231.788,32 + 7.385.251,52 = 19.617.039,84 euros
2. SUBVENCIONES REGULADAS POR LA LEY DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS
a. Subvenciones anuales no condicionadas, dirigidas a financiar las actividades de funcionamiento ordinario de las formaciones políticas. Desde el último proceso electoral en 2008 constan las siguientes Resoluciones de la Dirección General de Política Interior, dependiente del Ministerio del Interior, para atender los gastos de funcionamiento ordinario de las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados (son partidas trimestrales, como se puede observar, haciéndose referencia en esta relación al trimestre que se abona):
1. De 1 de julio de 2008, (BOE núm. 167 de 11/7/2008, págs. 30634-30635-2º trimestre 20082. De 20 de octubre de 2008, (BOE núm. 268 de 6/11/2008, pág 44372)-3er trimestre 20083. De 12 de enero de 2009, (BOE núm. 23 de 27/1/2009, pág 9349)-4º trimestre 20084. De 6 de abril de 2009, (BOE núm. 96 de 20/4/2009, pág 35872)-1er trimestre 20095. De 1 de julio de 2009, (BOE núm. 173 de 18/7/2009, pág 60336)-2º trimestre 20096. De 1 de octubre de 2009, (BOE núm. 246 de 12/10/2009, pág 86223)-3er trimestre 20097. De 15 de enero de 2010, (BOE núm. 26 de 21/1/2010, pág 8929)-4º trimestre 2009
PP: 10.123.026,31+8.163.730,89+8.163.730,97+8.515.651,17+8.515.651,17+8.515.651,17+8.515.651,14
PSOE: 9.582.383,75+7.727.728,83+7.727.728,88+8.060.854,02+8.060.854,02+8.060.854,02+8.060.853,98PSC-PSOE: 1.678.918,33+1.353.966,39+1.353.966,42+1.412.332,89+1.412.332,89+1.412.332,89+1.412.332,83CiU: 739.100,54+596.048,82+596.048,86+621.743,16+621.743,16+621.743,16+621.743,19IU: 536.437,77+432.611,10+432.611,14+451.260,03+451.260,03+451.260,03+451.259,97ERC: 280.323,99+226.067,73+226.067,76+235.813,02+235.813,02+235.813,02+235.813,01PNV: 338.024,65+272.600,52+272.600,54+284.351,73+284.351,73+284.351,73+284.351,77CC-PNC: 160.055,12+129.076,71+129.076,74+134.640,93+134.640,93+134.640,93+134.640,92IC-V: 142.706,24+115.085,67+115.085,75+120.046,80+120.046,80+120.046,80+120.046,74BNG: 184.803,24+149.034,87+149.034,88+155.459,43+155.459,43+155.459,43+155.459,44UPN-PP: 132.920,59+107.194,02+107.194,04+111.814,92+111.814,92+111.814,92+111.814,92NB: 63.763,48+51.422,16+51.422,18+53.638,86+53.638,86+53.638,86+53.638,86UPyD: 222.823,98+179.696,76+179.696,77+187.443,09+187.443,09+187.443,09+187.443,08
En 2009 se ha producido una división de estos ingresos en CiU, de manera que se distinguen dos partidas, una para Convergencia Democrática de Cataluña y otra para Unió Democrática; aquí se ha mantenido en la anterior relación la estructura originaria
b. Subvenciones para sufragar gastos de seguridad, dirigidas a financiar los gastos de seguridad que se ocasionen con la actividad política e institucional de las formaciones políticas. Para tener derecho a estos dos tipos de subvenciones se ha de obtener al menos un escaño en el Congreso de los Diputados. Son solamente las Elecciones de Diputados las que tienen incidencia en el nacimiento del derecho a estas subvenciones. Desde el último proceso electoral en 2008 constan las siguientes Resoluciones de la Dirección General de Política Interior, dependiente del Ministerio del Interior, para atender dichos gastos de seguridad.
1. De 1 de julio de 2008, (BOE núm. 167 de 11/7/2008, pág 30635-2º trimestre 20082. De 20 de octubre de 2008, (BOE núm. 268 de 6/11/2008, pág 44372)-3er trimestre 20083. De 12 de enero de 2009, (BOE núm. 23 de 27/1/2009, pág 9350)-4º trimestre 20084. De 6 de abril de 2009, (BOE núm. 96 de 20/4/2009, pág 35873)-1er trimestre 20095. De 1 de julio de 2009, (BOE núm. 173 de 18/7/2009, pág 60337)-2º trimestre 20096. De 1 de octubre de 2009, (BOE núm. 246 de 12/10/2009, pág 86222)-3er trimestre 20097. De 15 de enero de 2010, (BOE núm. 26 de 21/1/2010, pág 8930)-4º trimestre 2009
PP: 519.761,01+419.162,10+419.162,13+437.231,25+437.231,25+437.231,25+437.231,28PSOE: 492.002,03+396.775,83+396.775,85+413.879,97+413.879,97+413.879,97+413.879,92PSC-PSOE: 86.203,11+69.518,64+ 69.518,63+72.515,43+72.515,43+72.515,43+72.515,42CiU: 37.948,69+30.603,78+30.603,80+31.923,06+31.923,06+31.923,06+31.923,02IU: 27.543,10+22.212,18+22.212,15+23.169,69+23.169,69+23.169,69+23.169,69ERC: 14.393,09+11.607,33+11.607,29+12.107,70+12.107,70+12.107,70+12.107,64PNV: 17.355,69+13.996,53+13.996,50+14.599,86+14.599,86+14.599,86+14.599,88CC-PNC: 8.217,93+6.627,36+6.627,39+6.913,05+6.913,05+6.913,05+6.913,10IC-V: 7.327,17+5.909,01+5.909,01+6.163,74+: 6.163,74+6.163,74+6.163,72BNG: 9.488,61+7.652,10+7.652,13+7.981,98+7.981,98+7.981,98+7.981,97UPN-PP: 6.824,75+5.503,83+5.503,79+5.741,07+5.741,07+5.741,07+5.741,09NB: 3.273,90+2.640,24+2.640,24+2.754,06+2.754,06+2.754+2.754,05UPyD: 11.440,78+9.226,44+9.226,40+9.624,15+9.624,15+9.624,15+9.624,19
De conformidad con los datos anteriores, por los conceptos de funcionamiento de los partidos y seguridad de los mismos, vinieron a ingresar, respectivamente:
PP: 60.513.092,82 + 3.107.010,27 = 63.620.103,09 eurosPSOE: 57.281.257,50 + 2.941.073,54 = 60.222.331,04 eurosPSC-PSOE: 10.036.182,64 + 515.302,09 = 10.551.484,73 eurosCiU: 4.418.170,89 + 226.848,47 = 4.645.019,36 eurosIU: 3.206.700,07 + 164.646,19 = 3.371.346,26 eurosERC: 1.675.711,55 + 86.038,45 = 1.761.750,00 eurosPNV: 2.020.632,67 + 103.748,18 = 2.124.380,85 eurosCC-PNC: 956.772,28 + 49.124,93 = 1.005.897,21 eurosIC-V: 853.064,80 + 43.800,13 = 896.864,93 eurosBNG: 1.104.710,72 + 56.720,75 = 1.161.431,47 eurosUPN-PP: 794.568,33 + 40.796,67 = 835.365,00 eurosNB: 381.163,26 + 19.570,55 = 400.733,81 eurosUPyD: 1.331.989,86 + 68.390,26 = 1.400.380,12 euros
El total de ambas partidas para el período comprendido entre el segundo trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2009, ha sido: a) Para gastos de funcionamiento interno de los partidos: 144.574.017,39 eurosb) Para gastos de seguridad de los partidos: 7.423.070,48 euros
En la anterior entrega del PENSIONAZO III, se afirmaba que para gastos de seguridad se destinaban 1.000 millones de euros; la referencia era a 1.000 millones de pesetas, no de euros tal como se indica, sobre la base de cálculo adoptada para el período segundo semestre 2008 y 2009 en su totalidad; el cálculo correcto es 1.235.095.005 pesetas, para el período más arriba indicado
La partida de gastos de funcionamiento interno supone en pesetas 24.055.092.457 pesetas
En toda esta marea de cifras, falta completar los ingresos por las elecciones locales, las autonómicas, las ayudas otorgadas en este caso por las propias Comunidad Autónomas y otro tipo de ayudas que pueden conceder los grupos parlamentarios a los partidos; o sea, ellos mismos se autoconceden sin descaro alguno las ayudas que precisen. Sin contar los ingresos derivados a asociaciones, fundaciones u otro tipo de organizaciones ligadas a los propios partidos políticos.
El presupuesto de las Cortes Generales para el 2010, que integra al Congreso, Senado, Junta Electoral Central y Defensor del Pueblo, asciende en miles de euros a 231.043,22, esto es, 231.043.220 euros o lo que es lo mismo, 38.442.357.203 pesetas, desglosado en: a) Cortes Generales: 57.237.490, b) Congreso de los Diputados: 98.198.050, c) Senado: 59.117.280, d) Junta Electoral Central: 567.900, e) Defensor del Pueblo: 15.886.500. Esto forma parte también de la ignominia y el despilfarro que supone la partitocracia. Por descontado, no se consideran los sueldos de alcaldes y concejales de los más de 8.000 municipios españoles. Ni los de los altos cargos y parlamentos de las Comunidades Autónomas. En concreto, siguiendo el libro "La Casta, el increible chollo de ser político en España", cuyo autor es DANIEL MONTERO BEJARANO en España (o lo que queda de ella, aunque para estos menesteres todos son españoles), contamos con:
8.112 alcaldes65.896 concejales1.206 parlamentarios autonómicos.1.031 diputados provinciales.650 diputados y senadores139 responsables de Cabildos y consejos insulares13 consejeros del Valle de Arán.Total: 77.057 cargos políticos.
A los que hay que añadir los altos cargos de Ministerios y Comunidades Autónomas más los enchufados de turno. El número de 80.000 se queda corto.
Para viajes, los diputados gozan de una partida presupuestaria cercana a los 5 millones de euros.
El despilfarro en Corporaciones Locales está a la orden del día. Ásí, el Alcalde de Madrid, goza de un coche de gama alta cuyo precio (arrendamiento hasta el 2011) asciende a 591.624 euros y se dota una partida para viajes y desplazamientos de 150.000 euros.
14 de los 17 presidentes autonómicos poseen vehículos de gama alta de una conocida marca alemana.
El gobierno valenciano de Camps dispone de 200 vehículos, en su mayoría de una marca sueca, cuyo precio por vehículo asciende a 40.000 euros.
El gobierno andaluz, dirigido hasta hace poco por Chaves, dispone de 234 vehículos.
Son datos ofrecidos en dicho libroPero, como siempre, no paga el Estado, que es la GRAN MENTIRA, pagamos los contribuyentes, a los cuales se nos somete a una afiliación obligatoria, no consentida.
La diferencia con VIVILLO, PERNALES, TEMPRANILLO, EL NIÑO DEL ARAHAL, CANDELAS, PASOS LARGOS, etc... es que éstos robaban a los ricos para darlo a los pobres en tanto que los políticos exprimen a los contribuyentes para enriquecerse ellos.
No hay economía que resista tamaño despilfarro.
Ejemplo del despilfarro y del descontrol del socialismo (da igual el lugar en que gobiernen, son todos iguales).
Euskadi.net, el portal de las Administraciones vascas, publica lo siguiente, veáse el enlace: http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/contratacion/12_12s_2010/es_lehe_10/lehe_2010.html
Contratación de la formación en euskera del Lehendakari. Sección I: IntroduciónSección II: Poder adjudicadorSección III: Objeto del contratoSección IV: Información de carácter técnico, económico y financieroSección V: Estados de tramitación
Sección I: Introdución Fecha de publicación 29/01/2010 Estado de tramitación En plazo de presentación Sección II: Poder adjudicador Poder adjudicador Gobierno VascoEntidad impulsora Presidencia del Gobierno - LehendakaritzaOrgano de contratación Secretario General de la PresidenciaEntidad que tramita el expediente Presidencia del Gobierno - LehendakaritzaMesa de contratación Mesa de Contratación - PresidenciaObtención de información LEHENDAKARITZA Dirección de Servicios Tfno. 945018156 Sección III: Objeto del contrato Tipo de contrato ServiciosMateria del contrato ServiciosCódigo del expediente 12/12S/2010 Objeto del contrato Formación en euskera del Lehendakari de Euskadi. ¿Contrato cubierto por el acuerdo sobre contratación pública? Si La contratación se divide en lotes No ¿ Se aceptan variantes ? No Valor estimado Total incluidas prórrogas 73.200 euros. IVA del valor estimado : 0 euros. Valor contrato inicial (primer año) 36.600 euros. IVA del valor contrato inicial : 0 euros. Duración del contrato o plazo de ejecución Hasta el 31 de diciembre de 2010. Tipo de tramitación Ordinaria Procedimiento de tramitación Negociado Forma de tramitación Concurso público Lugar de presentación de solicitudes Se señala en la invitación realizada. Fecha límite de presentación 12/02/2010 hasta la(s) 10:00 Observaciones Empresa invitada: ULIBARRI EUSKALTEGIA. Sección IV: Información de carácter técnico, económico y financiero Depósitos y garantías exigidos Valor garantía definitiva : 5% del importe de aceptado. Clausulas administrativas particulares Se ha enviado con la invitación. Pliego de bases técnicas Se ha enviado con la invitación. Sección V: Estados de tramitación Y la noticia ofrecida por La Gaceta el pasado día 4:
“López presupuesta 36.600 euros para sus clases de euskera de un año
El Gobierno vasco prevé gastarse 73.200 euros en clases de euskera para el lehendakari Patxi López durante dos años. Ésa es la más que sorprendente cantidad que ha presupuestado oficialmente el Ejecutivo autonómico en un concurso público para la euskaldunización del mandatario. El coste de su primer año de formación asciende a 36.600 euros. Desde el Gobierno vasco explican a LA GACETA que “aunque la cifra parezca una barbaridad, lo que se contratan son cuatro horas diarias de disponibilidad a un profesor” de euskera. Justifican el gasto por la complicada agenda del lehendakari. Patxi López “recibirá hora y media de clase diaria”, pero para ello, argumentan, deben poder contar con la disponibilidad de un profesor durante cuatro horas al día. El socialista quiere intentarlo una vez más con el euskera. Cuando llegó a Ajuria Enea “asumió el compromiso de hacer el esfuerzo de aprender” vasco, explican. El estudio del euskera después de la infancia resulta sumamente difícil, al tratarse de una lengua no indoeuropea con una gramática completamente ajena a la del castellano. El Gobierno vasco publicó el pasado 29 de enero en el portal en la Red de las Administraciones vascas (Euskadi.net) las bases del concurso para la “contratación de la formación en euskera del lehendakari”. En un principio nada extraño, el mismo ex lehendakari nacionalista Juan José Ibarretxe también dedicó parte de su tiempo a dar un empujón a su precario manejo del euskera (otros destacados políticos nacionalistas aún tienen nociones más básicas que las de estos dos presidentes regionales a la hora de asumir su cargo). Ahora bien, cuando se lee la convocatoria del concurso y se da con el valor estimado (“incluidas prórrogas”) llega la sorpresa: 73.200 euros por dos años de clases. El valor inicial del contrato, para el primer año, se fija en 36.600 euros, más de seis millones de las antiguas pesetas, para los cursos del socialista “hasta el 31 de diciembre de 2010” –y desde abril, tal y como informan en el Gobierno vasco–.
“Formación” La licitación, impulsada por la propia Presidencia del Gobierno, define el objeto del contrato como “formación en euskera del lehendakari”. El plazo para la presentación de candidaturas para este concurso público concluye el próximo día 12 a las 10 de la mañana, y en las observaciones que se presentan ya figura una empresa invitada: la academia de lengua vasca Ulibarri Euskaltegia, con sede en Bilbao. En el Ejecutivo vasco tratan de minimizar el impacto del precio de las lecciones de euskera del lehendakari apelando a la “necesaria disponibilidad” de cuatro horas diarias del profesor. De hecho, sacan pecho y esgrimen que la convocatoria “muestra la transparencia” de la actuación de este Gobierno, que contraponen al Gabinete de Ibarretxe, “que llegó a tener tres profesores y no se sabe su coste”.
Si el precio del curso para el aprendizaje de euskera de Patxi López ya es llamativo, lo es aún más tras conocer las tarifas públicas de la academia invitada. Las tasas de Ulibarri Euskaltegia para un curso completo de cuatro horas semanales en grupo durante un trimestre tan sólo cuestan 430 euros (dos años costarían 3.440 euros) y, por ejemplo, el mismo centro ofrecía un curso entre octubre y junio por 1.240 euros. Estos es, cada hora de clase de euskera en esta academia vale 1,95 euros en el caso la opción trimestral, y 1,88 euros en el de octubre a junio.
En el Gobierno vasco calculan que cada hora disponible del profesor de euskera cuesta “unos 50 euros”; esto es, el coste que se asume diariamente por hora y media de clase es de 200 euros. Desde el euskaltegi (academia de euskera) citado en la convocatoria del Ejecutivo vasco también ofrecen otros servicios, como cursos intensivos o internados. Esta sociedad cooperativa de enseñanza (“el primer centro de Euskal Herria que imparte euskera a nivel profesional desde 1975”, según publicitan), oferta dos semanas de inmersión lingüística con con clases diarias de 08:30 a 14:00, y de 16:00 a 19:00 en Aranzazu (Guipúzcoa) y Lezaun (Navarra) por 530 euros.
Patxi López, tal y como él mismo ha declarado, se ha puesto el reto de ser capaz de participar en un debate político hablando euskera. “Mi intención es dominar el euskera, por lo menos, como para ser capaz de hacer entrevistas”, declaraba en agosto del año pasado. Otro intento A este costoso empujón al euskera de López se suman otros intentos. Hace años, junto a otros 24 funcionarios y diputados del Parlamento vasco, participó en un curso de la lengua. No las aprovechó. En abril de 2005, la mesa de la Cámara autonómica solicitó un informe para conocer el fruto de estos cursos, y según el supervisor, “Patxi no hizo nada” y quedó en el nivel uno. No fue el único, otros como el popular Carmelo Barrio también obtuvieron un bajo rendimiento. No se trataba de clases presenciales, sino de un método de aprendizaje individual.
Asimismo, antes de las últimas elecciones, Patxi López también había retomado sus clases de euskera. En esta segunda ocasión lo hizo desde la misma sede de los socialistas vascos junto al portavoz del PSE-EE José Antonio Pastor. Casualmente, la sede bilbaína de los socialistas vascos se encuentra a unos cinco minutos andando de Ulibarri Euskaltegia, la academia que ya figura como invitada en el concurso público para las clases del lehendakari.
LA GACETA ha intentado, sin éxito, recabar información directa de esta academia. Y desde el Gobierno vasco, a la pregunta de si el euskaltegi del concurso es el mismo que el que impartió las clases a López en la sede socialista, responden que “puede ser”, destacando que “si él ya se encuentra cómodo con un profesor” sería normal que continuara con el mismo”.
La anterior noticia de La Gaceta se comenta por sí sola. Todos los españoles deberíamos estar reclamando en nuestras respectivas Comunidades Autónomas que nos financien un tipo de curso similar, ya sea de japonés, inglés, alemán o chino, por poner un ejemplo. ¿En qué criterios fundamentarían una resolución desfavorable? El caso del lehendakari (alguno los denomina “lindacara”) no supone un caso único; allá donde el poder lo ocupe un socialista o u comunista es probable que esta circunstancia se repita en cualquiera de las fórmulas posibles; es su “modus operandi”. La sangría económica y el despilfarro continúan en manos de quienes exigen sacrificios a los trabajadores y a los pensionistas. ¡Hay que tener poca vergüenza! No tengo más remedio que seguir: mientras diputados y senadores no equiparen sus ingresos al salario mínimo (ahora IPREM), seguiré insistiendo; mientras no se acabe con este tipo de actuaciones de despilfarro, harto de que me roben, de que roben al contribuyente, reivindico la vuelta de JUAN CABALLERO “EL LERO”, JOSÉ MARÍA PELAGIO HINOJOSA COBACHO “EL TEMPRANILLO”, JOAQUÍN CAMARGO GÓMEZ “EL VIVILLO”, FRANCISCO RÍOS GONZÁLEZ “EL PERNALES”, LUIS CANDELAS, ANTONIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ “EL NIÑO DEL ARAHAL”, JUAN MINGOLLA GALLARDO “PASOS LARGOS”, ANTONIO LÓPEZ MARTÍN “EL NIÑO DE LA GLORIA”, JUAN MUÑOZ “EL CANUTO”, ANTONIO SÁNCHEZ “EL REVERTE”, FRANCISCO DE VILLENA, PACO “EL SASTRE”; según la historia todos ellos robaban a los ricos para darlo a los pobres. Eso sí, eran perseguidos por la Guardia Civil. En la actualidad, el perseguido es el contribuyente.