Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-843-de-noviembre-11-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0e3607d485dc01bce0530a01015101bc&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-20 08:22:18
Document Index: 260886131

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 14', 'artículo 20', 'artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 53', 'artículo 26', 'artículo 20', 'artículo 37', 'artículo 29', 'artículo 86', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 53', 'Artículo 111', 'artículo 86', 'artículo 20', 'artículo 37', 'artículo 111']

﻿ Sentencia T-843 de noviembre 11 de 2014
SENTENCIA T-843 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:APLICACIÓN EXTENSIVA DE LA NORMA SOBRE TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE LA LIBRETA MILITAR. SE RECONOCE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, TRABAJO Y LIBERTAD DE ESCOGER PROFESIÓN DEL PETICIONARIO, ANTE NEGATIVA POR PARTE DEL EJERCITO NACIONAL EN LIQUIDAR LA CUOTA DE COMPENSACIÓN MILITAR, ETAPA PREVIA A LA EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE LA LIBRETA MILITAR, BAJO EL ARGUMENTO QUE EL ACTOR NO APORTÓ FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DE SU PADRE, SIN TENER EN CONSIDERACIÓN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DEL MISMO, ESTO ES QUE SU PROGENITOR LO ABANDONÓ EN SU INFANCIA Y NO SE TIENE INFORMACIÓN DE ÉL. SE ACLARA QUE LA APLICACIÓN ESTRICTA DE LA NORMA QUE REGULA EL TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DE LA LIBRETA MILITAR, SIN CONSIDERAR LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DEL PRESENTE CASO, AFECTA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACCIONANTEPUES SI BIEN ES CIERTO LA NORMA QUE EXIGE LA PRESENTACIÓN DE LA FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DEL PADRE PERSIGUE UN FIN CONSTITUCIONAL, NO ES MENOS CIERTO QUE EXISTEN DOCUMENTOS IGUALMENTE IDÓNEOS FIJADOS EN LA MISMA NORMA PARA EFECTOS DE CUMPLIR EL FIN DE LA MISMA Y QUE SON MENOS RESTRICTIVOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE AQUELLOS CIUDADANOS QUE SON: MAYORES DE 25 AÑOS, QUE TIENE PLENA CAPACIDAD LABORAL, QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL SISBEN Y QUE NO TIENEN RELACIÓN O INFORMACIÓN ALGUNA DE SU PROGENITOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL TRABAJO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, EJÉRCITO NACIONAL, LIBRETA MILITAR, CUOTA DE COMPENSACIÓN MILITAR, COMPENSACIÓN MILITAR
Sentencia T-843 de noviembre 11 de 2014
Ref.: Expediente T-4.431.753
1.1.3. Pretensión. Que la accionada proceda a liquidar la cuota de compensación militar, para que así expida y entregue la libreta militar(1).
1.2.1. El ciudadano Andrés Hernández Rodríguez de 36 años(2), se presentó en la Octava Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional con el fin de realizar los trámites para la expedición de la libreta militar. En esa oportunidad fue atendido por el Capitán Darwin Jaramillo, quien le informó cuáles eran los requisitos que debía acreditar para acceder a dicho documento, entre los que se encuentra aportar la fotocopia de la cédula de ciudadanía de su padre, la cual afirma el actor que no puede obtener porque su progenitor lo abandonó desde que era un niño de 3 años.
1.2.2. Aduce el actor que intentó por diferentes medios obtener la fotocopia de la cédula de su padre, acudió a despachos parroquiales, notarias y registradurías, sin conseguir resultados favorables. Por esta razón, presentó a la entidad accionada una declaración extrajuicio, en la que dos de sus conocidos manifestaron que desde hace 33 años él no había tenido ninguna clase de convivencia con su padre Otoniel Hernández y que en la actualidad no tenía conocimiento del paradero del mismo, de hecho no sabía si estaba vivo o muerto(3). No obstante, el funcionario mencionado se negó a liquidar la cuota de compensación militar por no allegar el documento referido.
1.2.3. El 13 de febrero de 2014, el accionante radicó derecho de petición ante la Defensora del Pueblo de Armenia (Quindío), para que esta interviniera en su nombre ante el comandante de la Octava Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional e hiciera valer su derecho a la igualdad con la expedición de la libreta militar(4).
1.2.4. El 13 de marzo de 2014, el comandante de la Octava Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional, en respuesta a la gestión realizada por la defensora del pueblo regional Quindío, manifestó que una vez verificada la base de datos, el accionante se encuentra clasificado sin recibo, estando a la fecha listo para definir situación militar, por lo cual deberá acercarse al Distrito Militar No.39 aportando los siguientes documentos: “fotocopia de la cédula de ciudadanía del joven y de sus padres (…); para proceder a la liquidación de su cuota de compensación militar y expedición de recibos los cuales una vez pagados se procederá a la elaboración y posterior entrega de su tarjeta militar”(5). Por último, informó que la única manera que no está obligado a aportar la documentación de ambos padres será: (i) en caso de que los padres sean separados (sentencia de divorcio); (ii) si es unión marital de hecho (liquidación de la sociedad conyugal); y (iii) en caso de fallecimiento de uno de los padres (certificado de defunción)(6).
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Civil-Familia-Laboral, notificó al comandante de la Octava Brigada, Distrito No.39, del Ejercito Nacional, sin embargo, la entidad dejó vencer el término de traslado en silencio(7).
Mediante oficio del 14 de octubre de 2014 la Secretaría General de esta Corporación remitió al despacho del magistrado sustanciador el escrito recibido en esa dependencia el 10 de octubre del mismo año, en el cual el ciudadano Andrés Hernández Rodríguez manifestó que necesita definir su situación militar para conseguir un trabajo que le permita aportar lo necesario para garantizar la subsistencia de su núcleo familiar que es de escasos recursos económicos. Para sustentar tal afirmación, el accionante adjuntó fotocopia de su carné de afiliación de la EPS Caprecom, Régimen subsidiado, en el cual se registra que el nivel socioeconómico del afiliado es nivel 1.(8)
La Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas, con base en la Constitución Política —artículos 86 y 241.9— y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 —arts. 31 a 36(9).
2. Procedencia de la demanda de tutela(10).
2.2. Legitimación activa. El accionante, en calidad de titular de los derechos presuntamente vulnerados interpuso la acción de tutela de forma directa (C.P., art. 86, D. 2591/91, art. 1º y art.10).
2.3. Legitimación pasiva. El Ejército Nacional, Octava Zona de Reclutamiento, es una entidad de naturaleza pública, por tanto, la solicitud de amparo es procedente. (C.P., art. 86, D. 2591/91, art. 1° y art. 13).
2.4. Inmediatez. La Sala considera que esta acción de tutela cumple con el requisito de la inmediatez. Ello por cuanto entre la conducta que causó la vulneración (oficio del 13 de marzo de 2014 –que fue comunicado por la Defensoría del Pueblo el 25 de marzo del mismo año- mediante el cual la accionada le informó al actor que debía aportar la fotocopia de la cédula de su padre(11)) y la fecha de interposición de la acción de tutela (28 de marzo del año en curso(12)) transcurrieron tan sólo tres (3) días, es decir, un término prudente y razonable para el ejercicio de la acción constitucional.
2.5.3. En efecto, la libreta militar, o tarjeta de reservista (L. 48/93, art. 30 ), es un documento público que tiene una doble connotación, por un lado, es la concreción del cumplimiento de la obligación legal que tiene todo varón colombiano de definir su situación militar, y por el otro, representa un elemento que permite el disfrute y goce de ciertos derechos, como el acceso al trabajo mediante el cual es posible obtener los recursos para la manutención, el acceso a la educación superior, el derecho a la libre locomoción, entre otros; lo que quiere decir que el no otorgamiento de este documento puede en la práctica dificultar o restringir el ejercicio de tales derechos, máxime, si el sujeto que solicita su expedición se encuentra en precarias circunstancias económicas que lo someten a un estado de vulnerabilidad. Por esta razón, se considera que el mecanismo ordinario de defensa judicial (nulidad y restablecimiento del derecho) no es eficaz para evitar la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales que se puede generar con ocasión de la controversia suscitada sobre la expedición de la libreta militar, por cuanto las garantías iusfundamentales de quien pretende definir su situación militar pueden verse afectadas durante el tiempo prolongado que le tome al juez resolver el proceso ordinario.
3.1.1. El artículo 29 de la Carta Política define el derecho fundamental al debido proceso como “el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción”. Por lo anterior, es claro que la Constitución reconoce expresamente que el alcance y ámbito de protección de éste derecho fundamental no se limita a las actuaciones judiciales, sino que se hace extensivo, de igual forma, a las actuaciones que adelanta la administración(13).
3.1.4. En cuanto a la etapa inicial de inscripción, el Decreto 2048 de 1993, “por el cual se reglamenta la Ley 48 de 1993 sobre el servicio de reclutamiento y movilización”, establece que la inscripción de los soldados regulares se efectuará entre el 01 de enero y el 31 de diciembre, lapso en el cual se determinará el contingente del cual hará parte el conscripto(14). Para este fin el decreto referido en su artículo 14 enuncia cuales son los documentos que deberán allegarse por el interesado(15).
3.1.5. Una vez hecha la inscripción, el interesado se someterá a tres exámenes médicos con el fin de determinar su condición sicofísica para prestar el servicio(16); posteriormente, los jóvenes aptos se someten a un sorteo y así se eligen los que van a ingresar al servicio militar; luego, de conformidad con el artículo 20 de la mencionada Ley, "cumplidos los requisitos de ley, los conscriptos aptos elegidos se citan en el lugar, fecha y hora determinados por las autoridades de Reclutamiento, con fines de selección e ingreso, lo que constituye su incorporación a filas para la prestación del servicio militar. Por último, se clasifican aquellos que por razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo hayan sido eximidos de la prestación del servicio (bajo banderas). En relación con esta última etapa el artículo 22 de la citada Ley establece para el inscrito que no ingrese a las filas y sea clasificado, el deber de cancelar con cargo al Tesoro Nacional una "cuota de compensación militar".
3.1.7. En ese orden, la Ley 1184 de 2008 hace una distinción entre los sujetos que al momento de la clasificación sean menores o mayores de 25 años, y a su vez dentro de este grupo (mayores de 25 años), entre aquellos que pertenecen o no a los niveles 1, 2 o 3 del Sisbén. Así, el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley referida dispone que en el evento en que el inscrito al momento de la clasificación sea mayor de 25 años, que no ingrese a filas y sea clasificado, la base gravable de esa contribución ciudadana, especial, pecuniaria e individual, está constituida por el total de los ingresos mensuales y el patrimonio líquido del interesado, existentes a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha en que se efectúa la clasificación; mientras que, para el sector de la población perteneciente a los niveles 1, 2 o 3 del Sisbén la norma prescribe que se aplicará lo previsto en el artículo 6° de esta Ley, es decir, la exoneración del pago de la cuota de compensación militar(17). Conforme a esto, el Decreto 2124 de 2008, “por el cual se reglamenta la Ley 1184 de 2008 por la cual se regula la cuota de compensación militar”, en su artículo 2° establece que los ciudadanos que pertenezcan a los niveles 1, 2, y 3 del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios (Sisbén), deberán acreditarlo con la presentación del respectivo certificado o del carné expedido por la autoridad competente(18).
3.1.8. Por otro lado, el artículo 8° del Decreto 2124 de 2008 hace un listado de los documentos básicos que se tendrán en cuenta para efectos de la liquidación de la cuota de compensación militar, dependiendo de la situación particular económica del núcleo familiar del interesado o de quien dependa económicamente el que no ingrese a filas y sea clasificado, entre los cuales se encuentran: “Documentos para establecer identidad y núcleo familiar: a) Registro civil de nacimiento del conscripto y de sus padres (fotocopia serial del libro); b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del conscripto y de los padres; c) Sentencia de divorcio; d) Liquidación sociedad conyugal; e) Certificado de defunción, en caso de fallecimiento de uno de los padres”. El mismo artículo continúa señalando que cuando no proceda la liquidación con fundamento en los ingresos y patrimonio del núcleo familiar, el clasificado deberá presentar los documentos que efectivamente demuestren su real dependencia económica(19).
3.2.2.2. La Corte ha considerado que el trabajo definido constitucionalmente como un derecho, implica una concepción fundada en la libertad del individuo para seleccionarlo, por lo que, salvo las restricciones de ley, es la realización de una actividad libremente escogida por la persona, sin que puedan impedírselo los particulares ni el Estado a quien, por el contrario, le compete adoptar las políticas y medidas tendientes a su protección y garantía(20). De ahí que, el legislador no está facultado para imponer límites al trabajo, entendido éste como la facultad de las personas de ejercer libremente la actividad a la cual deseen dedicarse, pero sí puede regular este derecho para determinar su contenido y delimitar sus alcances, siempre bajo condiciones dignas y justas -como se señaló antes- y teniendo en cuenta los principios mínimos establecidos en el artículo 53 de la Constitución(21).
3.2.3. Por otro lado, esta Corporación ha destacado que en “íntima relación” con el derecho al trabajo se encuentra el derecho a escoger profesión u oficio(22), contemplado en el artículo 26 y definido como “uno de los estandartes de la dignidad de la persona”, por cuanto, fuera de su relación con otros derechos fundamentales, le permite a la persona “diseñar en forma autónoma su proyecto de vida en una de las facetas más importantes de la condición humana”(23). Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que “el derecho a la libertad de escoger profesión u oficio (C.P., art. 26), (…), “consiste en esencia en la posibilidad de optar sin coacciones ni presiones por la actividad lícita, profesional o no, a la que habrá de dedicarse la persona teniendo en cuenta su vocación, capacidades, tendencias y perspectivas”(24). El mismo presenta una naturaleza subjetiva y no tiene un carácter absoluto, ya que puede estar sujeto a ciertos requisitos legales(25) acerca de “la obligación de competencia o habilitación requeridas de acuerdo con cada actividad".(26)”
3.2.5. Lo anterior ocurre en el caso de la libreta militar, mediante el cual se acredita el cumplimiento de la obligación de la definición de la situación militar, en la medida que este documento condiciona el ingreso al mercado laboral de los hombres colombianos. Ello por cuanto la ley dispone que sin el cumplimiento de este deber legal está prohibido para el ciudadano la celebración de contratos con cualquier entidad pública, el ingreso a la carrera administrativa, la toma de posesión de cargos públicos, y la obtención del grado profesional en cualquier centro docente de educación superior.(27)
4.2. De las pruebas que reposan en el expediente, se observa que el actor solicitó colaboración para concluir su trámite de expedición de la libreta militar a la Defensoría del Pueblo – Regional Quindío, quien en representación del peticionario solicitó a la accionada no tener en cuenta la documentación de su padre para la liquidación de su cuota de compensación militar; petición que fue respondida por el comandante de la Octava Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional en el sentido que una vez verificada la base de datos, el accionante se encuentra clasificado sin recibo, estando a la fecha listo para definir situación militar, por lo cual deberá acercarse al Distrito Militar No.39 y aportar diferentes documentos, entre los cuales se encuentra la fotocopia de la cédula de ciudadanía de sus padres(28).
4.3. Por su parte, el comandante de la Octava Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional no contestó la acción de tutela, razón por la cual, la Sala dará aplicación a la presunción de veracidad contenida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991(29) y entrará a resolver de plano.
4.4.2. En virtud de la ley, la libreta militar se constituye en un requisito o presupuesto que restringe de forma justificada y legítima el pleno ejercicio de derechos fundamentales como el trabajo y el derecho a la libertad de escoger de profesión y oficio. Esto si se tiene en cuenta que prescribe la ley que todo ciudadano que no acredite la definición de la situación militar tiene prohibida la celebración de contratos con cualquier entidad pública, el ingreso a la carrera administrativa, la toma de posesión de cargos públicos y la obtención del grado profesional en cualquier centro docente de educación superior; asimismo, la vinculación laboral con cualquier empresa nacional o extranjera, oficial o particular, establecida o que en lo sucesivo se establezca en Colombia, so pena que haya lugar a la imposición de la sanción que señala el artículo 37 de la Ley 48 de 1993(30).
4.4.3. En el caso concreto, la autoridad accionada certificó que el actor se encuentra en la última etapa del procedimiento administrativo, es decir clasificado sin recibo, estando listo para definir la situación militar, para lo cual le solicitó que aportara la fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres, entre otros documentos, para proceder a liquidar la cuota de compensación militar y expedición de recibos, los cuales una vez sean cancelados, se procederá a la elaboración y posterior entrega de su libreta militar(31).
4.4.6. Este es el caso del accionante, (i) quien tiene 36 años de edad; (ii) plena capacidad para trabajar; (iii) se encuentra en el Sisbén(32); y (iv) no tiene relación alguna con su padre, debido a que lo abandonó a los tres años de edad; supuesto fáctico que probó con una declaración extrajuicio, en la cual dos vecinos dan fe de la veracidad de estos hechos. Al concurrir los anteriores supuestos, estima la Sala que la finalidad de la norma puede verse satisfecha con la presentación de otros documentos enunciados en la ley y, no necesariamente con la presentación de la fotocopia de la cédula del padre, como lo pretendía hacer la entidad accionada, máxime cuando el mismo interesado informó oportunamente al comandante de la Octava Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional que a pesar de sus múltiples esfuerzos(33), no fue posible aportar el documento aludido por los motivos ya expuestos. Por lo anterior, concluye la Sala que la negativa de la entidad se soporta en una aplicación estricta y caprichosa de la norma (literal b. del art. 8º del Decreto 2124 de 2008) que no atiende a las circunstancias especiales de un sujeto que pertenece al sector vulnerable de la población y, que necesita de la libreta militar para ingresar libremente y sin restricciones al mercado laboral para contribuir económicamente a los gastos de su hogar.
1.2. Al respecto, la Sala de Revisión encuentra que la aplicación en estricto sentido de la norma (lit. b del art. 8º del D. 2124/2008), que dispone que se tendrá en cuenta la fotocopia de la cédula del padre para la liquidación de la cuota de compensación militar, sin consideración de las circunstancias especiales del accionante, esto es que (i) tiene 36 años de edad, (ii) plena capacidad para trabajar, (iii) pertenece al Sisbén y, (iv) no tiene relación alguna con su padre, debido a que lo abandonó a los tres años de edad; vulnera el derecho fundamental al debido proceso administrativo y en consecuencia los derechos al trabajo (C.P., art. 25) y a la libertad de escoger profesión u oficio (C.P., art. 26). Por lo tanto, procede la inaplicación de dicha norma por la incompatibilidad que presenta con el ordenamiento superior (C.P., art. 4º) y con el fin de materializar la protección real y efectiva de las garantías ius fundamentales mencionadas.
1. REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío, Sala Civil-Familia-Laboral, del 10 de abril de 2014, que denegó la acción de tutela y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio del ciudadano Andrés Hernández Rodríguez.
2.- ORDENAR a la Octava Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia de trámite a la liquidación de la cuota de compensación militar, sin que para este fin exija al accionante la presentación de la fotocopia de la cédula del padre; asimismo, deberá tener en cuenta que el accionante se encuentra incluido en el Sisbén para la aplicación de las debidas exenciones legales. Una vez surtida esta actuación, la entidad accionada deberá expedir y entregar al accionante dentro del término más corto posible la correspondiente libreta militar.
(1) Lo anterior se infiere del escrito de tutela y de lo manifestado por el actor en el acápite de pretensiones, a saber: “Tutelar mis derechos fundamentales: a no ser discriminado de tener un hogar sin padre y haber sido abandonado desde niño por mi padre y no saber nada de él durante 30 años. Al derecho al trabajo, por cuanto sin libreta militar no me dan trabajo en ninguna empresa ni entidad”. Folio 2 y 3. En adelante, cuando se cite un folio se entenderá que hace referencia al cuaderno principal del expediente de tutela, salvo que se haga manifestación en contrario.
(2) Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Andrés Hernández Rodríguez, con fecha de nacimiento del 30 de enero de 1978. Folio 4.
(3) Fotocopia del acta de declaración bajo juramento para fines extraprocesales expedida por la Notaría Única del Círculo de Montenegro, Quindío, el 10 de febrero de 2014. En este documento los señores Luis Eiger Martínez Hurtado y Yhoan Andrés Zuluaga manifestaron bajo la gravedad de juramento que conocen de trato vista y comunicación al señor Andrés Hernández y, dan fe que en la actualidad y desde hace 33 años este no tiene ninguna clase de convivencia con su padre el señor Otoniel Hernández; asimismo, que en la actualidad el accionante no tiene conocimiento del paradero de su padre y además no se sabe si es encuentra vivo o muerto. Folio 8.
(4) Escrito del derecho de petición presentado por el ciudadano Andrés Hernández ante la Defensoría del Pueblo del Quindío, con fecha de recibido del 13 de febrero de 2014. Folio 7.
(5) Folios 10 y 11.
(6) Oficio 248 del 13 de marzo de 2014, expedido por el comandante de la Octava Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional, en el cual señala que “una vez verificada la base de datos de reclutamiento, se pudo evidenciar que [el accionante] se encuentra CLASIFICADO SIN RECIBO, estando a la fecha listo para definir situación militar , de acuerdo con lo anterior deberá acercarse al Distrito Militar 39, aportando los siguientes documentos: fotocopia de la cédula de ciudadanía del joven y de sus padres, registro civil de nacimiento del joven, fotocopia del acto de grado y diploma, declaraciones de renta, certificado de ingresos y retenciones de papá y mamá, en caso de ser trabajadores independientes constancia de sueldos dada por un contador público quien debe anexar copia de la tarjeta profesional, fotocopia de la cédula y carta de junta de contadores, certificación salarial de ambos padres expedida por la empresa empleadora en caso de ser trabajador dependiente, certificado de Agustín Codazzi e instrumentos públicos de los padres; para proceder a la liquidación de la cuota de compensación militar y expedición de recibos, los cuales una vez sean cancelados se procederá a la elaboración y posterior entrega de su tarjeta militar.” (subrayado fuera del original) En la parte final del escrito se indicó que: “El artículo 29 del Decreto 2048 de 1993 reza: para demostrar las exenciones previstas en la ley, es requisito indispensable aportar la prueba documental y sumaria sobre su existencia”. Folio 10 y 11.
(8) Folios 12 a 14 del cuaderno No.2.
(9) En auto del veinticinco (25) de julio de 2014 de la Sala de Selección de tutela 7 de la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de la providencia en cuestión y se procedió a su reparto.
(10) Constitución Política, artículo 86.
(11) Folios 10 y 11.
(13) Sobre el particular, en la Sentencia T-1082 de 2012 se reiteró lo siguiente: “El debido proceso es un derecho fundamental que tiene una aplicación concreta no sólo en las actuaciones judiciales sino también en las administrativas. La garantía fundamental del debido proceso se aplica a toda actuación administrativa desde la etapa de inicio del respectivo procedimiento hasta su terminación, y su contenido debe asegurarse a todos los sujetos. En este sentido, la actuación de las autoridades administrativas debe desarrollarse bajo la observancia del principio de legalidad, marco dentro del cual pueden ejercer sus atribuciones con la certeza de que sus actos podrán producir efectos jurídicos. De esta manera, se delimita la frontera entre el ejercicio de una potestad legal y una actuación arbitraria y caprichosa. Ahora bien, en los casos en los que la actuación de las autoridades respectivas carezcan de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de las personas, nos encontramos frente a lo que se ha denominado como vía de hecho, y para superarla es procedente excepcionalmente la acción de tutela”.
(14) Decreto 2048 de 1993, artículo 13.
(15) El artículo 14 del Decreto 2048 de 1993 señala que los documentos que debe aportar el interesado son: “a) Una fotografía de 2.5 x 4.5 cmts. de frente, con fondo azul claro; b) Dos fotocopias autenticadas de la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad; c) Declaración de renta de los padres o certificación de ingresos; d) Fotocopia autenticada de las cédulas de ciudadanía de los padres; e) Registro civil de nacimiento”.
(16) Ley 48 de 1993, artículo 15. Exámenes de aptitud sicofísica. El personal inscrito se someterá a tres exámenes médicos. Artículo 16. Primer examen. El primer examen de aptitud sicofísica será practicado por oficiales de sanidad o profesionales especialistas al Servicio de las Fuerzas Militares en el lugar y hora fijados por las autoridades de Reclutamiento. Este examen determinará la aptitud para el servicio militar, de acuerdo con el reglamento expedido por el Ministerio de Defensa Nacional para tal fin. Artículo 17. Segundo examen. Se cumplirá un segundo examen médico opcional, por determinación de las autoridades de Reclutamiento o a solicitud del inscrito el cual decidirá en última instancia la aptitud sicofísica para la definición de la situación militar. Artículo 18. Tercer examen. Entre los 45 y 90 días posteriores la incorporación de un contingente, se practicará un tercer examen de aptitud sicofísica para verificar que los soldados no presenten inhabilidades incompatibles con la prestación del servicio militar.
(17) El artículo 6º de la Ley 1184 de 2008 establece: “Quedan exentos del pago de la Cuota de Compensación Militar los siguientes:
Quien demuestre mediante certificado o carné expedido por la autoridad competente pertenecer al nivel 1, 2 y 3 del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios - Sisbén. (…)”
(18) Continua el inciso 2º del artículo 2º del Decreto 2124 de 2008: “No obstante lo anterior, la Dirección de Reclutamiento verificará la condición de los ciudadanos que pretendan ser beneficiarios de la misma, con base en los registros oficiales (base consolidada depurada nacional), que facilite el Grupo de Calidad de Vida e Impacto de los Programas Sociales, del Departamento Nacional de Planeación, o de quien haga sus veces y quien no se encuentre registrado en la base consolidada depurada nacional del Departamento Nacional de Planeación no tendrá derecho a la exoneración del pago de la cuota de compensación militar”.
(19) El artículo 8º del Decreto 2124 de 2008 señala cuáles son los documentos para establecer patrimonio, a saber:
(20) Corte Constitucional Sentencia C-307 de 2013.
(21) El artículo 53 de la Constitución Política establece que: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
(22) Corte Constitucional Sentencia C-393 de 2006 y C-398 de 2011.
(23) Corte Constitucional Sentencia C-819 de 2010 y C-398 de 2011.
(24) Corte Constitucional Sentencia T-624 de 1995, reiterado en la Sentencia T-689 de 2005.
(25) Corte Constitucional Sentencia T-308 de 1995, reiterado en la Sentencia T-689 de 2005.
26 Corte Constitucional Sentencia T-610 de 1992, reiterado en la Sentencia T-689 de 2005.
(27) Artículo 111 del Decreto 2150 de 1995 “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
(28) Folio 10 y 11.
(29) Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. El artículo 20 establece: “Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación”.
(30) El artículo 37 de la Ley 48 de 1993 fue parcialmente derogado por el artículo 111 del Decreto 2150 de 1995 en lo que respecta a la vinculación laboral a las empresas privadas de los ciudadanos que no hayan definido la situación militar.
(31) Folios 10 y 11.
(32) El accionante aportó en el trámite de revisión de la acción de tutela, fotocopia del carné de afiliación de la EPS Caprecom – Régimen Subsidiado, en el cual se registra que el nivel socioeconómico del ciudadano Andrés Hernández Rodríguez es nivel 1.
(33) El ciudadano Andrés Hernández informó en el escrito de tutela cuáles fueron las gestiones que realizó para conseguir la fotocopia de la cédula de su padre, a saber: “Señor Juez, le informo que a partir de ese momento empecé a tocar puertas de despachos parroquiales, notaria y resgistradurías tratando de conseguir por lo menos el número del documento y no fue posible porque en ningún lado figura, si siquiera en mi registro civil (…)”. Folio 2.