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Timestamp: 2018-08-21 13:44:04
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Matched Legal Cases: ['Artículo 20', 'Artículo 59', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 66', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113']

20. Dictamen 68/2010 del Consejo Consultivo de Aragón, de 13 de
03-intRevAAGL-2011
DICTAMEN 68/2010
Materia sometida a dictamen: Resolución de contrato suscrito entre
el Ayuntamiento de Bronchales (Teruel) y la Compañía mercantil X
(ulteriormente Y), relativo a la compraventa de un terreno de superficie 99.300 m2, clasificado como suelo urbanizable delimitado
(sectores SAU3 y SAU4 del PGOU), anteriormente identificado como las parcelas 2, 3, 4 y 5 del paraje denominado “Prados de Navazuelo” del término municipal del Bronchales.
Primero. Con fecha 28 de mayo de 2010 tuvo entrada en el Registro del Consejo Consultivo de Aragón solicitud de dictamen sobre la eventual resolución de un contrato de compraventa suscrito entre el Ayuntamiento de Bronchales (Teruel) y la Compañía mercantil X.
Segundo. El origen de las actuaciones se remonta, al parecer, al acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Bronchales, de fecha 5 de abril de 2002 mediante el cual se tomaba en consideración una moción de la Presidencia de la
Corporación en virtud de la cual se proponía enajenar mediante pública subasta una superficie de 9,83 Has de terrenos municipales al objeto de poder
promover en ellos la construcción de un balneario (complejo lúdico termal)
y un campo de golf, con la consiguiente creación de puestos de trabajo en tales instalaciones.
Tercero. Los terrenos a enajenar, según informe del Secretario de la Corporación de fecha 26 de abril de 2002, tenían la consideración de “patrimoniales” y su valoración, según certificación del Secretario de fecha 27 de abril
de 2002, representaba el 17,35 % de los recursos ordinarios del municipio,
según el presupuesto.
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 I pp. 441-458 I ISSN 1888-7392
Cuarto. Mediante acuerdo plenario de fecha 8 de mayo de 2002 se aprobó el
expediente para la enajenación de terrenos y el pliego de condiciones económico administrativas que habrían de regir el procedimiento selectivo, procediéndose también a valorar los terrenos, a establecer la afección de los ingresos
y dar cuenta a la Administración de la Comunidad Autónoma.
Quinto. Por resolución de la Dirección General de Administración Local y
Política Territorial de la Diputación General de Aragón, de fecha 16 de mayo
de 2002, se tomó nota del acuerdo municipal adoptado, estableciendo advertencias en cuanto al clausulado del pliego de condiciones y en cuanto al procedimiento selectivo.
Sexto. Mediante acuerdo plenario de fecha 4 de mayo de 2007, tras los diversos estudios llevados a cabo al efecto, fue aprobado finalmente el pliego de
condiciones para la enajenación de los terrenos que conformaban los sectores
SAU3 y SAU4 de suelo urbanizable delimitado del PGOU de Bronchales.
Séptimo. En el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel de fecha 25 de julio
de 2007, se expusieron al público las condiciones de la contratación.
Octavo. Mediante acuerdo plenario de fecha 30 de agosto de 2007 se procedió
a la adjudicación definitiva del contrato a la Compañía X. En el acuerdo de adjudicación se hacía constar que, de conformidad con la cláusula vigésima del
pliego de condiciones, la empresa adjudicataria debería destinar el terreno adquirido a la construcción de un complejo de ocio y termal, con posibilidad de
construcción de un campo de golf, comprometiéndose a realizar los correspondientes planes parciales y proyectos de impacto ambiental, reparcelación y
urbanización así como aquellos otros que resultaren necesarios con la finalidad de destinar los terrenos a las previsiones establecidas en el Plan General.
Noveno. En el mismo Pleno de 30 de agosto de 2007 y con el objeto de poder
dar efectividad al acuerdo de adjudicación, se aprobó también la licencia de
segregación de terrenos.
Décimo. Con fecha 5 de octubre de 2007 fue confeccionada escritura pública
de segregación, compraventa, y asunción de los compromisos establecidos en
Decimoprimero. Obra en la documentación remitida a este Consejo, un Auto
del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, de fecha 24 de julio de 2008,
en el que se pone de manifiesto que en fecha 15 de julio de 2008 fue solicitado concurso voluntario por parte de la Compañía Y (en la misma fecha fue soAnuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011
licitado también concurso voluntario en relación a otras seis sociedades del
grupo: F, I, T, J, P e M). Dicho Auto significa que según la documentación presentada por la solicitante, ésta se halla en situación de insolvencia inminente,
careciendo la sociedad de liquidez y no siendo previsible que pudiera obtenerla en los próximos meses, no pudiendo por ello, cumplir las obligaciones asumidas. Por ello y por los motivos que se expresan en la cuestionada
resolución, se declaró a Y en situación legal de concurso voluntario con arreglo las prevenciones establecidas en la Ley Concursal (no consta en el expediente remitido en que fecha, con que instrumento y merced a que causas se
produce la transformación de la Compañía X en Y).
Decimosegundo. El Pleno del Ayuntamiento de Bronchales, mediante acuerdo de fecha 23 de diciembre de 2008, siguiendo las indicaciones del bufete de
abogados de la Corporación, acordó iniciar expediente de resolución del contrato adjudicado, otorgando un plazo de audiencia de diez días a la contratista al objeto de que manifestase lo que pudiera convenirle a sus derechos.
Decimotercero. Por escrito de fecha 9 de marzo de 2009 es evacuado el trámite de audiencia concedido, entendiendo sustancialmente la contratista que
la relación que le une con el Ayuntamiento de Bronchales es de naturaleza jurídico privada y que, en consecuencia, no resultan utilizables preceptos de derecho publico para resolver un contrato de naturaleza privada.
Decimocuarto. Con fecha 4 de junio de 2009 es evacuado informe por parte de los abogados asesores de la Corporación. En dicho informe se alude a
otro anterior de fecha 19 de diciembre de 2008, no obrante en el expediente, en el que, al parecer, quedó puesto de manifiesto la existencia de causa
de resolución del contrato por motivo de haber sido declarado el adjudicatario en situación de concurso, poniendo de relieve en el segundo informe
emitido la procedencia de desestimar las alegaciones del contratista por razón de hallarnos ante un contrato administrativo y no ante un contrato privado de la Administración.
Decimoquinto. Mediante acuerdo plenario de fecha 5 de febrero de 2010 se
dio por enterada la Corporación del informe emitido por sus abogados, procediendo a desestimar las alegaciones presentadas por el contratista y acordando remitir el expediente a informe preceptivo de la Comisión Jurídica
Asesora del Gobierno de Aragón.
Decimosexto. En virtud de ulterior acuerdo de fecha 29 de abril de 2010, el
Pleno del Ayuntamiento de Bronchales formula propuesta concreta de resolver el contrato suscrito con la adjudicataria con incautación de la garantía
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011
definitiva y reclamación de daños y perjuicios, con elevación de dicha propuesta al Consejo Consultivo de Aragón para la evacuación de dictamen preceptivo, siendo dicha propuesta la que, debidamente trasladada a través del
Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, determina la emisión
del presente dictamen.
En relación a la competencia del Consejo Consultivo
Según la disposición transitoria 3ª del Estatuto de Autonomía de Aragón,
“hasta tanto se apruebe la ley prevista en el art. 58 de este Estatuto y se constituya el Consejo Consultivo de Aragón, la Comisión Jurídica Asesora continuará desempeñando sus actuales funciones”.
En fecha 8 de abril de 2009 resultó publicada en el Boletín Oficial de
Aragón la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, en
cuya Disposición Transitoria Primera, bajo la rúbrica de “Constitución del
Consejo Consultivo” se señala que “El Presidente y los miembros del Consejo
Consultivo deberán ser nombrados y tomar posesión de su cargo en el plazo
de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, momento en
el que se entenderá constituido el Consejo Consultivo, y la Comisión Jurídica
Asesora dejará de ejercer sus funciones”.
No obstante esta última previsión, el Consejo Consultivo de Aragón demoró su constitución hasta el 4 de marzo de 2010, siendo a partir de esta fecha cuando cesó en sus funciones la Comisión Jurídica Asesora y cuando ha
comenzado a desempeñar las suyas el Consejo Consultivo, entre las cuales, se
halla el ser consultado preceptivamente en la “resolución de los contratos administrativos cuando se formule oposición por parte del contratista” (art. 15.8
Ley 1/2009), como es ahora el caso, y de ahí que fuera correcta la remisión del
expediente al Consejo, aun cuando éste no se hubiera constituido, que lo hizo, además, previamente a que entrar el presente expediente en su registro (recordemos, no obstante ello, que el derogado art. 56.1.f del Texto Refundido de
la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, incluía, entre las competencias para la emisión de dictámenes preceptivos “la interpretación, modificación, resolución y declaración de nulidad de concesiones y otros contratos
administrativos” y que el anterior art. 59.3.a del Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio –TRLCAP–, atribuía también carácter preceptivo al dictamen
del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la respectiva
Comunidad Autónoma en los supuestos de resolución de los contratos administrativos, cuando se formule oposición por parte del contratista, al igual que
lo hace actualmente el art. 195.3.a de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público –LCSP–).
En relación a la competencia del Pleno o de la Comisión, ha de atenderse
al art. 20.1 de la Ley 1/2009, que establece la competencia residual de ésta en
aquellos asuntos no atribuidos expresamente al Pleno por el art. 19 de la Ley.
Sobre el procedimiento tramitado
por la Administración consultante
El procedimiento seguido fue adecuadamente iniciado por la decisión del
Pleno del Ayuntamiento de Bronchales, y en dicho procedimiento fue otorgado trámite de audiencia al interesado que resultó evacuado con abundancia de alegaciones presentadas, según consta en el expediente (en dicho trámite fueron puestas de manifiesto a la interesada las dos causas que se
invocaban como fundamento de la resolución: la situación de concurso y el
incumplimiento contractual). Finalmente, aparece debidamente confeccionada una concreta propuesta de resolución del Ayuntamiento Pleno. Es a la
vista de ello que formulamos las siguientes consideraciones.
Sobre la legislación contractual a observar
La legislación aplicable al contrato cuestionado viene integrada por lo contenidos del TRLCAP, dado que, según la disposición transitoria primera,
punto 2 LCSP, “Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos,
cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por
la normativa anterior”. Si tomamos en consideración que el contrato cuestionado resultó adjudicado en fecha 30 de agosto de 2007 y que la citada
LCSP no entró en vigor hasta el 30 de abril de 2008, fácilmente se concluirá la aplicabilidad del mencionado TRLCAP.
De este texto legal y en lo que concierne al ámbito de la resolución de los
contratos, podemos reseñar como más relevantes los siguientes preceptos:
Artículo 20. Prohibiciones de contratar
En ningún caso podrán contratar con la Administración las personas en quienes
concurra alguna de las circunstancias siguientes: b) Haber sido declaradas en
quiebra, en concurso de acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimiento
o sujeto a intervención judicial; haber iniciado expediente de quita y espera o de
suspensión de pagos o presentado solicitud judicial de quiebra o de concurso de
acreedores, mientras, en su caso, no fueren rehabilitadas.
Artículo 59. Prerrogativas de la Administración
1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar
los efectos de ésta. Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
Artículo 61. Invalidez de los contratos
Los contratos regulados en la presente Ley serán inválidos cuando lo sea alguno
de sus actos preparatorios o el de adjudicación por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo o de derecho civil a que se refieren los
Artículo 62. Causas de nulidad de Derecho administrativo
Son causas de nulidad de Derecho administrativo las siguientes: b) La falta de capacidad de obrar o de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, o el estar incurso el adjudicatario en alguna de las
prohibiciones o incompatibilidades señaladas en el art. 20 de esta Ley.
Artículo 66. Causas de invalidez de derecho civil
La invalidez de los contratos por causas reconocidas en el derecho civil, en cuanto resulten de aplicación a la contratación administrativa, se sujetará a los requisitos y plazos de ejercicio de las acciones establecidos en el ordenamiento civil,
pero el procedimiento para hacerlas valer se someterá a lo previsto en los artículos anteriores para los actos y contratos administrativos anulables.
Artículo 111. Causas de resolución
e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el
incumplimiento del plazo señalado en el art. 71.2, párrafo d).
Artículo 112. Aplicación de las causas de resolución
2. La declaración de quiebra, de concurso de acreedores, de insolvente o de fallido en cualquier procedimiento originará siempre la resolución del contrato. En los
restantes casos de resolución de contrato el derecho para ejercitarla será potestativo para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio de que en los supuestos de modificaciones en más del
20 por 100 previstos en los artículos 149, párrafo e); 192, párrafo c), y 214, párrafo c), la Administración también pueda instar la resolución.
Artículo 113. Efectos de la resolución
4. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le
será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.
5. En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía
Bien entendido que, en lo que atañe a las causas de resolución de los contratos y su operativa de funcionamiento, los preceptos de la LCSP se muestran
continuistas con los contenidos del TRLCAP. El art. 206.2 de aquella Ley mantiene como causa de resolución “la declaración de concurso o la declaración
de insolvencia en cualquier otro procedimiento”, si bien, la actual redacción
del art. 207.2 LCSP matiza que en el caso de concurso será tan solo imperativa la resolución en el supuesto de darse apertura a la fase de liquidación, pues,
antes de esta fase, según el art. 207.5, si la Administración así lo decidiese, podría proseguir la continuación del contrato si, a juicio de ésta, el contratista
prestase las garantías adicionales suficientes para poder hacerlo.
Sobre la naturaleza del contrato cuestionado
No obstante, la legislación antecitada sobre la resolución de los contratos,
concierne en esencia a la consideración de hallarnos ante un contrato administrativo. Si bien, precisamente la cuestión fundamental que entendemos
resulta planteada ante este Consejo Consultivo (a tenor de la oposición mostrada por el contratista) lo es el determinar si el peculiar contrato de comAnuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011
praventa suscrito por la adjudicataria lo fue de naturaleza pública o privada,
pues si fuese de esta segunda, devendrían inaplicables los preceptos citados.
a) Si nos hallásemos ante un contrato administrativo, al parecer, no le sería
dable al contratista el vislumbrar motivos oposición al objeto de impedir
el curso del procedimiento resolutorio utilizado o, al menos, no hallaría
motivos distintos a reclamar que la situación concursal no opera con automatismo y que la Administración, si lo desease, podría continuar con el
mantenimiento de la eficacia. Sin embargo, si nos hallásemos ante un contrato privado (ello es lo que pretende el contratista), la Administración se
vería precisada a acudir al orden jurisdiccional civil al objeto de que fuese la autoridad judicial la que declarase –si procediese– resuelto el contrato, evaluando la procedencia de ello ponderando la situación del mismo
contratista en concurrencia con el cumplimiento de otras obligaciones
que también a él le atañen.
En el primero de los casos, es el contratista el que debiera accionar
ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo si es que entendiese que no resulta acomodada al ordenamiento la decisión resolutoria
de la Administración (aunque –insistimos– no consta revelado motivo
esencial de oposición distinto a la invocación de la naturaleza privada del
contrato). A tenor de lo prevenido en el art. 67.1 de la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal, “los efectos de la declaración de concurso sobre los
contratos de carácter administrativo celebrados por el deudor con
Administraciones públicas, se regirán por lo establecido en su legislación
especial”. Y según el art. 7 TRLCAP, “Los contratos administrativos se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la
presente Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado. No obstante, los contratos administrativos
especiales, que se definen en el art. 5.2, párrafo b), se regirán por sus propias normas con carácter preferente. El orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan
entre las partes en los contratos administrativos”.
En el segundo de los casos, sin embargo, es la Administración la que
debería ocupar la posición actora ante el orden civil reclamando que fuese un tercero (el juez) el que declarase resuelto el contrato a la vista de la
situación, tanto particular como global del concursado (art. 67.2 de la citada Ley Concursal).
b) Al entender de este Consejo, es correcto el posicionamiento adoptado
por la Corporación local consultante asumiendo la naturaleza administrativa del contrato. Existe, en efecto, una primera causa que empuja a
considerar la naturaleza administrativa del contrato, cual es, la previsión
en la cláusula segunda del pliego de condiciones de dicha naturaleza
contractual como “administrativa especial”, expresando también su finalidad negocial consistente en “impulsar el desarrollo económico del
municipio con la consiguiente creación de empleo, mejorando la calidad
de servicio del en medio urbano”. De ahí que, aunque se optase por denominarlo contrato de compraventa, se introdujesen pactos que poco
tienen que ver con una compraventa de derecho privado, entre ellos, el
ubicado en la cláusula cuarta del contrato suscrito el 5 de octubre de
2007, en la que se hizo constar, en armonía y congruencia con el acuerdo de adjudicación y con las prevenciones establecidas a lo largo del
procedimiento administrativo de contratación, que “de acuerdo con lo
dispuesto en las condiciones que han regido la adjudicación, la empresa
adjudicataria deberá destinar la finca a la construcción de un complejo
de ocio y termal, con posibilidad de construcción de un campo de golf,
comprometiéndose a respetar las normas del sector vigentes, así como la
realización de los oportunos planes parciales, proyectos de urbanización
y reparcelación, impactos ambientales y todos los mecanismo legales
que lleven a la finalidad indicada en el plan general de ordenación urbana de Bronchales”.
Esta previsión nos facultaría a sacar a colación la clásica doctrina sobre la aceptación de las bases de un procedimiento selectivo. A tenor de
ella, las bases aceptadas constituyen la ley del contrato (sentencias del TS
de 4 de abril de 1961 –RA 1909–, 31 de marzo de 1975 –RA 2385 y 3 de
abril de 1990 –RA 3576– entre muchas otras) y habiendo devenidas en
firmes y consentidas (como es el caso), impiden el ser atacadas o que pueda irse contra ellas en un momento ulterior en el tiempo (STSJ de
Cataluña de 17 de febrero de 2006 –JUR 127822–, SAN de 8 de febrero de
2006 –JUR 119896–, STSJ de Canarias, Las Palmas, de 21 de abril de 2006
–JUR 173385–, STSJ de Extremadura de 28 de junio de 2004 –JUR
203217–, STSJ de Castilla La Mancha de 3 de junio de 2004 –JUR
180142–, STSJ de Andalucía, Sevilla, de 30 de enero de 2002 –RJCA 513–,
STS de Galicia de 6 de marzo y 12 de junio de 2002 –JUR 138044 y RJCA
1207–, STS de 24 de noviembre de 2003 –RA 8766–).
c) Ahora bien, dicha previsión se enfrenta a la cláusula vigesimocuarta del
pliego de condiciones en la que expresamente se disponía que “el contrato de compraventa, del que el presente pliego será parte integrante, tendrá carácter privado y se regirá en cuanto a sus efectos y extinción por sus
propias cláusulas y por las normas de derecho privado que les sean de
aplicación”, poniéndose así de manifiesto, precisamente lo contrario a lo
establecido previamente en otros fragmentos del clausulado del mismo
Esta contradicción evidente ha de ser salvada con arreglo a las pautas
aplicables en la interpretación y eficacia de los contratos, fundamentalmente en el Código Civil (CC). Con arreglo a ellas, hemos de considerar
que si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los
contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas (art. 1281 CC), debiéndose
evaluar la intención de los contratantes con arreglo a los actos de éstos,
coetáneos y posteriores al contrato (art. 1282 CC), atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del sentido de todas (art. 1285 CC).
Con estos parámetros (atendiendo a la intencionalidad de las partes y
a la realidad de lo pactado y no a las meras palabras) habría de ser calificado el contrato como “administrativo”, derivando ello con naturalidad
del patrón de medir establecido por el art. 5.2 TRLCAP, según el cual, en
plena sintonía y concordancia con la previsión del art. 19 LCSP, “son contratos administrativos: a) Aquéllos cuyo objeto directo, conjunta o separadamente, sea la ejecución de obras, la gestión de servicios públicos y la
realización de suministros, los de consultoría y asistencia o de servicios,
excepto los contratos comprendidos en la categoría 6 del art. 206 referente a contratos de seguros y bancarios y de inversiones y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por
objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos. b) Los de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que
tengan naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al giro o
tráfico específico de la Administración contratante, por satisfacer de forma
directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de
aquélla o por declararlo así una ley.
Para este Consejo, la prevención establecida por el art. 5.2 TRLCAP
(que, además de ser seguida por la Ley de Contratos del Sector Publico,
es también continuista con las legislaciones contractuales que le precedieron) no faculta a dudar sobre la naturaleza administrativa del contrato, y
así lo ha entendido la jurisprudencia a la que seguidamente aludiremos,
que también entiende que no es importante el nomen iuris para establecer
la disciplina normativa y efectos entre las partes (STS de 24 de noviembre
de 1981, en cita de las de 30 de noviembre de 1979, 18 de noviembre de
1980 y 7 de enero de 1981), pues los contratos se califican, no por el nomen iuris que les asignen las partes, sino por el contenido obligacional
pactado (SSTS de 10 de mayo de 1995, 28 de junio de 1997 y 5 de noviembre de 2002, entre otras muchas).
Existe en nuestro caso una insuficiencia de clausulado, al menos, en
aquello que concierne a las obligaciones asumidas por el contratista. Pero
entendemos que los antecedentes existentes y las obligaciones expresamente asumidas y reseñadas en el contrato, no es admisible el albergar dudas en cuanto a la vinculación del contrato a la satisfacción de intereses
generales clara y típicamente competencia de las entidades locales y que
ello determina la naturaleza administrativa del contrato.
Tanto en el ámbito civil, que es el que nutre esencialmente la teoría
general de la contratación, como en el de los contratos administrativos,
el principio de la autonomía de la voluntad y el régimen de libertad de
pactos sobre los cuales se erige nuestro derecho contractual (art. 1255
CC, art. 4 TRLCAP, art. 111 TRRL, art. 111 LPAP) y la realidad social de
cada momento y lugar, han configurado modalidades sui generis en torno a los contratos típicos, conocidas genéricamente como contratos atípicos, innominados o mixtos, no contemplados en normas específicas (o
no regulados individualizadamente o unitariamente en ellas), y alimentados en función de su contacto con las figuras que más se aproximen a
la realidad de lo pactado, no tanto en aplicación de la teoría de la absorción o de la prevalencia predicada por los tratadistas más antiguos (pues
implicaba la sumisión al contrato de mayor proximidad), ni siquiera
tampoco en atención a la más extendida y moderna teoría de la combinación, fundamentada en tener que atender más a los elementos concretos que al complejo global, como, en definitiva, utilizando con normalidad los propios instrumentos ofertados por el Derecho, aplicando la
analogía con los contratos más afines de acuerdo con la voluntad de las
partes y los contenidos de lo pactado (SSTS de 10 de junio de 1929 y 21
de marzo de 1986).
El límite a la contratación y a su clausulado, no lo constituye el obligado cumplimiento de las normas prevenidas para un contrato típico, sino el sometimiento a las reglas que hayan de derivar de cada una de las
modalidades contractuales aplicables en función de los pactos realizados
(pactos que podrán y habrán de ser –según disponen los arts. 4 TRLCAP
y 111 LPAP– los que se estimen por convenientes, siempre que no sean
contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios
de buena administración) y la finalidad legalmente obtenible. No otra cosa faculta el art. 6 TRLCAP para los contratos mixtos.
En nuestro caso, aunque se haya utilizado la denominación del contrato de compraventa, es obvio que las características que la conforman y
las obligaciones de futuro que se imponen al contratista (ver art. 1271 CC
y art. 189.2 de la Ley de Administración Local de Aragón) con fundamenAnuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011
to en el principio de autonomía de la voluntad y el que predica la libertad
de pactos, se vinculan paladinamente al tráfico de la Administración contratante por satisfacer de forma directa una finalidad pública específica
competencia de ésta, en los términos prevenidos por el art. 5.2.b TRLCAP
y 19.1.b LCSP y, por ende, determinan la naturaleza administrativa del
contrato y la adecuación al ordenamiento jurídico del procedimiento utilizado para resolverlo.
Para así confirmarlo, podemos remontarnos a este respecto a la STS
de 4 noviembre 1986 (RA 7747), según la cual, “Que teniendo por objeto
el contrato litigioso de la venta de parcelas por el Ayuntamiento para ser edificadas, tratando con ello de prestar un servicio que es de su competencia, según establecen el art. 101.2.a) de la Ley de Régimen Local y el Texto
refundido de la Ley del en los artículos 3.º.2.c), 3.º.4.a) y 5.º.4, su naturaleza administrativa resulta evidente, de acuerdo entre otras muchas, con las
sentencias del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1980 (RJ
1980\4489) y 12 de abril de 1984 (RJ 1984\1995), que reconocen dicha
naturaleza a todos los contratos celebrados por la Administración que tienen como finalidad la satisfacción directa o indirecta de una necesidad
pública, cuestión que queda fuera de duda si tenemos en cuenta que las
sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1976
(RJ 1976\4172) y 27 de septiembre de 1983 (RJ 1983\5771) examinan un
supuesto similar al que aquí se enjuicia”.
Doctrina, la citada, que es reproducida, entre otras, por la STS de 30
octubre 1990 (RA 8400), según la cual, “Como dice nuestra Sentencia de
13 de febrero de 1990 (RJ 1990\1430) es doctrina reiterada de este Tribunal –Sentencias de su Sala 1.ª de 11 de mayo de 1982 (RJ 1982\2566) y
30 de octubre y 16 de noviembre de 1983 (RJ 1983\5846 y RJ
1983\6117), 30 de abril de 1985 (RJ 1985\2008), 14 de marzo, 30 de abril
y 3 de octubre de 1986 (RJ 1986\1251 y RJ 986\2044), 9 de octubre de
1987 (RJ 1987\6931) y 11 de julio de 1988 (RJ 1988\5603), entre otras;
y de esta Sala de 23 de mayo y 7 de noviembre de 1988 (RJ 1988\3917 y
RJ 1988\8633) y 28 de junio, 17 y 24 de julio de 1989 (RJ 1989\4919, RJ
1989\5820 y RJ 1989\6107), también entre otras–, la de que para distinguir entre los contratos privados y los administrativos [...] hay que atender
básicamente al objeto o visión finalista del negocio, de suerte que una relación jurídica concreta ofrecerá naturaleza administrativa cuando ha sido
determinada por la prestación de un servicio público, entendiendo este
concepto en su acepción más amplia para abarcar cualquier actividad que
la Administración desarrolle como necesaria para satisfacer el interés general atribuido a la esfera específica de su competencia y por lo mismo corresAnuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011
pondiente a sus funciones peculiares; sentido lato que inspira el art. 4 de la
Ley de Contratos del Estado de 17 de marzo de 1973, cuya regla 2.ª comprende la relación típica que el órgano administrativo desarrolla en el ámbito de su competencia funcional; siendo esta doctrina igualmente aplicable a la contratación de las Corporaciones Locales como la evidencian
las 3 reglas del art. 109 del Texto Articulado Parcial de la Ley 41/1975
aprobado por R. D. 3046/1977, de 6 de octubre, aquí aplicable dadas las
fechas de los acuerdos impugnados en estos recursos; inspirándose en los
mismos criterios las disposiciones actuales art. 5, C de la Ley 7/1985, de
2 de abril, en relación con el 112,1 y 2 del R. D. Legislativo 781/1986, de
18 de abril; y según estas reglas, tienen carácter administrativo tanto los
contratos cuyo objeto directo sea la ejecución de obras y la gestión de servicios públicos a cargo de las Entidades Locales, como los distintos de las
de obras y servicios, de contenido patrimonial (préstamos, depósitos,
transportes, arrendamientos, compraventas, Sociedades o cualquier otro)
que por su vinculación directa al desenvolvimiento regular de un servicio público tienen carácter administrativo; señalando con claridad la Sentencia de la Sala 1.ª de este Tribunal de 30 de abril de 1986, que dada la
amplitud del concepto de servicios públicos, el concepto de contrato administrativo viene determinado doctrinalmente por la definición negativa o excluyente del servicio público, es decir, cuando el contrato no tiene por objeto
la gestión del dominio privado, patrimonial o mercantil de la Administración
[...] cualquier contrato otorgado por la Administración Pública Local o
Provincial que tenga por objeto la gestión directa o indirecta de esos servicios de su competencia (Municipal o Provincial), será un contrato administrativo; ya que como señala nuestra Sentencia de 29 de diciembre
de 1986 (RJ 1987\1676), cuando se trata de prestar un servicio de la competencia de la Administración, la naturaleza administrativa del contrato
es indudable, y la jurisprudencia reconoce la naturaleza administrativa a
todos los contratos celebrados por la Administración cuya finalidad sea
la satisfacción directa o indirecta de una necesidad pública de su competencia, como confirma el art. 3,a) de la Ley de nuestra Jurisdicción”.
Puede verse también, en este mismo sentido, la STS de 9 junio 1994
(RA 5152), a cuyo tenor, “La segunda cuestión consiste en decidir si, tal
como ha dicho ya la Jurisdicción Civil en decisión firme (Sentencia del
Juzgado de 1.ª Instancia núm. 18 de Madrid de fecha 22 septiembre
1986, confirmada en apelación por la Sala 1.ª de lo Civil de la entonces
Audiencia Territorial de Madrid, en Sentencia de 19 enero 1989) el contrato de compraventa de fecha 7 de enero de 1927 fue un contrato administrativo y, por tanto, la competencia para conocer sobre las incidencias
del mismo corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
no a la Jurisdicción Civil (eso fue lo que dijo también el señor Abogado
del Estado en su contestación a la demanda de aquel pleito civil, pese a
lo cual alega ahora en esta apelación la naturaleza civil de aquel contrato y, en consecuencia, la competencia de aquélla). En nuestra opinión, y
aceptando los razonamientos del Juez y Tribunal civiles, la compraventa
de 7 de enero de 1927 tiene el carácter de contrato administrativo, por su directa vinculación al desenvolvimiento regular de un servicio público [art.
4.2 de la Ley de Contratos del Estado de 8 abril 1965, reformado por Ley
5/1973, de 17 marzo, y art. 7.1,b) de su Reglamento aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 noviembre. En efecto, se trata de una compraventa de un bien inmueble para destinarlo a los fines propios de una determinada entidad administrativa, cual era la «Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas» (punto 5.º y estipulación 1.ª de la escritura de
venta), es decir, para los fines del servicio público de la educación, y, en concreto, para la creación de una Residencia Femenina de Estudiantes, lo que
en la terminología actual se conoce con el nombre de un Colegio Mayor
O, también, según la STS de 30 mayo 2000 (RA 5153), “Ha de destacarse que este contrato ha de ser prioritariamente regido según lo que
resulta del art. 112 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por las disposiciones de éste, de la restante legislación sobre contratos
del Estado, y por las demás normas del Derecho Administrativo, porque
ostenta un carácter y una naturaleza administrativa, obviamente derivada
de la evidente circunstancia del fin público a cuya satisfacción se orienta, la
construcción de viviendas en los términos mencionados, y de todos los antecedentes expuestos, como recoge con acierto la sentencia de Instancia
sobre la base de la jurisprudencia de esta Sala que cita, y sobre la base,
después, añadimos, de otras sentencias de la misma como las de 11 de
junio de 1996 (RJ 1996, 5148) y 23 de enero de 1998 (RJ 1998, 327), a
cuyo tenor, aunque se tratara de un contrato de compraventa , se sitúa en
el orden administrativo como permite el art. 7 de la Ley de Contratos del Estado, por [...] las demás circunstancias y características de la compraventa, que parecen requerir, en su conjunto, la especial tutela del interés público para el desarrollo del contrato y porque, además, dicha finalidad de
la compraventa se enmarca dentro de las competencias municipales, por lo
que la indiscutible naturaleza administrativa del contrato en cuestión
impone la consecuencia de que el conocimiento del litigio corresponde
a esta Jurisdicción Contencioso-Administrativa, lo que da lugar a la desestimación de ese primer motivo del recurso de casación”.
No otra doctrina podrá observarse en sentencias de 29 de septiembre de 1983 (RA 6946), 11 de junio de 1996 (RA 6123), 23 de enero de
1998 (RA 327), 2 de julio de 2001 (RA 8237) o 2 de marzo de 2004 (RA
2404). Y no otra doctrina podría ser seguida por los Tribunales Superiores de Justicia, según puede verse, entre otras, en sentencias del TSJ de
Aragón de 27 de junio de 2005 (JUR 137186 de 2006), del TSJ de Andalucía, Sevilla, de 15 de julio de 2008 (JUR 15600 de 2009), del TSJ de
Galicia de 5 de noviembre de 2008 (JUR 120302 de 2009), o del TSJ de
Castilla y León, Burgos, de 23 de enero de 2009 (JUR 71510). En definitiva y en resumen, como expone la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 noviembre 2009 (RJCA 308 de 2010), “Según doctrina reiterada del Tribunal Supremo, para distinguir entre los contratos privados y
los administrativos [...] hay que atender básicamente al objeto o visión
finalista del negocio, de suerte que una relación jurídica concreta ofrecerá naturaleza administrativa cuando ha sido determinada por la prestación de un servicio público, entendiendo este concepto en su acepción
más amplia para abarcar cualquier actividad que la Administración desarrolle como necesaria para satisfacer el interés general atribuido a la esfera específica de su competencia y, por lo mismo, correspondiente a sus
funciones peculiares [SS., Sala 1ª, 11.5.82 (RJ 1982, 2566), 5.10.83,
30.10.83, 16.11.83, 30.4.85, 14.3.86, 30.4.86, 3.10.86, 9.10.87, 11.7.88
ó 28.10.91; Sala 4ª 23.5.88 (RJ 1988, 3917), 7.11.88, 28.6.89, 17.7.89,
24.7.89, 13.2.90 ó 30.10.90; Sala 3ª, Sección 1ª, 13.2.90, 30.10.90 (RJ
1990, 8400), etc.], de esta manera el concepto de contrato administrativo
viene determinado en función de la presencia en la causa del mismo de un
fin público como elemento esencial”.
A la vista de ello, se comprenderá que debamos confirmar la procedencia del trámite administrativo emprendido tendente a la resolución de
un contrato al que, con arreglo a los criterios jurisprudenciales que han
sido expuestos, le fue atribuida adecuadamente naturaleza administrativa.
Sobre las causas de resolución del contrato
Como ya hemos señalado, la reacción principal del contratista en el trámite de
audiencia concedido, lo fue en defensa de la naturaleza privada del contrato y,
como hemos visto, en la comprensión de este Consejo Consultivo, a la vista
de la legislación y jurisprudencia existentes en contratos de compraventa con
cierta similitud al cuestionado en nuestro caso, debiera ser desechado el motivo de oposición alegado.
a) Ello significa que ha de atenderse al primero de los motivos señalados como causa de resolución del contrato, cual es la situación concursal del
Los preceptos anteriormente transcritos del TRLCAP (arts 20, 59, 61,
62, 66, 111 y 113) entendemos no dejen lugar a dudas sobre la situación
concursal como determinante de la resolución del contrato.
El art. 112.2 TRLCAP es taxativo al establecer que la declaración de
concurso “originará siempre la resolución del contrato” (de ahí la congruencia con el art. 20 TRLCAP que establece este mismo motivo como
prohibición para contratar, así como con el art. 62 TRLCAP que prevé la
nulidad del contrato realizado con contratista incurso en causa de prohibición de contratar). Y en este mismo contexto se desenvuelve la LCSP
(art. 207.2). Y si ciertamente el art. 4 Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de
abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo ha venido a modificar la LCSP y a mitigar los efectos de las situaciones concursales en los contratos públicos evitando la automaticidad de la
resolución contractual, ha de ponderarse que se trata de una norma no
aplicable por razones temporales y que, en cualquier caso, tampoco rechaza la resolución contractual, si bien faculta a evitarla potestativamente,
previa presentación de garantías añadidas.
b) Adicionalmente, existe una segunda causa de resolución (aunque parece quedar marginada en la proposición final), cual es la que atañe al incumplimiento del contrato por parte del contratista (arts. 66, 11.e y g
TRLCAP, arts. 1089 a 1091 y 1124 CC, cláusula 21 del pliego de condiciones). En este caso la causa que determina la resolución es potestativa
(art. 112 TRLCAP) y requiere analizar la existencia y circunstancias del
Según dicho contratista, no puede afirmarse que haya incumplido las
obligaciones contractualmente asumidas, al no haberse establecido en el
clausulado contractual un plazo definido para el desarrollo ejecución y
terminación del complejo de ocio y termal.
Mas, como se comprenderá, el alegato así presentado pretende abandonar a la voluntad del contratista la ejecución en el tiempo del contrato
cuando ello no viene admitido por nuestro ordenamiento. Ha de ser recordado a este respecto que la validez y el cumplimiento de los contratos
no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (art. 1256 C) y
que el cumplimiento de las obligaciones es siempre exigible (art. 1113
CC) y no puede quedar a la voluntad del deudor (art. 1115 CC). Si el
cumplimiento de una obligación no dispusiese de plazo, deberá ser cumAnuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011
plida con aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art.
1118 CC), debiendo acudirse, cuando no conste tal diligencia, a la exigible a un buen padre de familia, según la previsión y dicción contenidas en
el art. 1104 CC.
A diferencia de los plazos para solicitar licencia y acometer la realización de la obra, la cláusula 20 del pliego de condiciones no establece
término alguno para la redacción o la confección del planeamiento de
desarrollo del plan general y para la elaboración de los instrumentos de
gestión. Pero ello no significa que no estuvieran sujetos a un plazo razonable para su realización. Este Consejo no conoce la realidad de la situación de hecho y lo que haya podido actuar al respecto el contratista. Pero, si a fecha de hoy no consta atisbo alguno de actuaciones del
contratista tendentes a la confección y presentación para su aprobación
del planeamiento de desarrollo del plan general que posibilite su gestión
y ejecución (la fecha de la escritura de transmisión de los terrenos data
de 5 de octubre de 2007), entendemos que esta omisión integra o constituye con naturalidad un quebranto de la diligencia racionalmente exigible en función de las obligaciones asumidas y, en cualquier caso, de la
que sería exigible a un buen padre de familia para el cumplimiento de
una obligación como la pactada y asumida por el contratista y que ello,
por tanto, integra un incumplimiento del contrato que posibilita a la Administración el que pueda resolverlo, con independencia de que dicha
resolución derivase también, y no con carácter potestativo, de la mera situación de concurso en la que se ubica dicho contratista.
En la propuesta de resolución que resulta elevada a conocimiento de este
Consejo, se propugna que emitamos también criterio sobre la incautación de
la garantía definitiva y el resarcimiento de daños y perjuicios que pretenden
ser exigidos al contratista, si bien, al no obrar datos suficientes en la documentación que nos ha sido remitida, ni conocer tampoco en profundidad la realidad de la situación y las especificas actuaciones y omisiones del contratista, se
comprenderá la dificultad que ostentamos al objeto de poder emitir un pronunciamiento debidamente fundado al efecto. Nos limitaremos, por tanto, a
recordar que tanto incautación de la garantía como el resarcimiento de daños
y perjuicios requieren, a tenor de lo prevenido en el art. 113.4 TRLCAP, un incumplimiento culpable por parte del contratista.
En relación a ello y por lo que respecta a la primera de las causas a las que
anteriormente hemos aludido como determinantes de la resolución del contrato (el concurso), hemos de significar que no han sido expuestos datos ni argumentos sobre la existencia de culpa en la incidencia en la situación de
concurso (con independencia de que pudiera real efectivamente existir, si bien,
debieran ser expuestos), ni tampoco consta en la documentación que nos ha
sido remitida que el concurso haya sido declarado como culpable en los términos prevenidos por el art. 164 y concordantes de la Ley Concursal (que, en este caso particular, depende de la concurrencia de dolo o culpa grave).
Y en relación a la segunda de las causas determinantes de la resolución
contractual (no mencionada en último acto plenario incorporado), hemos
de recordar que, según los arts. 1118 y 1104 CC, más arriba ya citados, “la
culpa o la negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia debida que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar” (debiendo acudirse, en
ausencia de tales parámetros, a la diligencia exigible a un buen padre de familia), pareciendo aquí presentarse como una actuación negligente el no haber realizado actuación ni comunicación ni advertencia alguna a la Administración en orden a dar cumplimiento de las obligaciones asumidas, como
también parecen claros los perjuicios derivados de la imposibilidad de ejecutar las previsiones del planeamiento, de tener que acometer la resolución
y deber esperar a nuevos tiempos, diferentes circunstancias y diversos contratistas. Si bien, la adopción de algún acuerdo a este respecto, parece que
debiera requerir una indicación de hechos y datos y una breve argumentación razonada, previamente a determinar la incautación de la garantía y el
señalamiento de los perjuicios, al igual que la requeriría por la imputación
de culpa en la incidencia del concurso, debiendo así señalarse en la resolución administrativa que se adopte (art. 113.5 TRLCAP).
Por ello, el Consejo Consultivo de Aragón emite el siguiente DICTAMEN:
Que debe ser informada favorablemente la propuesta de resolución del
contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Bronchales (Teruel) y la Compañía mercantil X (o aquella otra que la sustituya en su posición contractual),
relativo a la compraventa de un terreno de superficie 99.300 m2, clasificado
como suelo urbanizable delimitado (sectores SAU3 y SAU4 del PGOU), anteriormente identificado como las parcelas 2, 3, 4 y 5 del paraje denominado “Prados de Navazuelo” del término municipal del Bronchales, sin perjuicio de la necesidad de razonar en el expediente la culpa del contratista en el
caso de acordarse también la incautación del garantía y la reclamación de daños y perjuicios.
dictamen - Consejo Consultivo de Castilla
CLASIFICACIÓN DE EMPRESA COMO CONTRATISTA DEL
TH-F-37 REVALUACION CONTRATISTAS SERVICIOS PROFESIONALES