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Timestamp: 2018-09-23 08:54:26
Document Index: 282256704

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 26', 'artículo 44', 'artículo 67', 'artículo 12', 'artículo 93', 'artículo 36', 'artículo 1', 'Artículo 91', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 68']

﻿ Sentencia T-203 de marzo 27 de 2009
SENTENCIA T-203 DE 27 DE MARZO DE 2009
CONTENIDO:REINTEGRO DE MENOR DE EDAD AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. A PESAR DE LOS MOTIVOS SU RETIRO, LA DUDA DEBE SER ATENDIDA DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LOS INTERESES DEL MENOR, PROCURANDO EN LO POSIBLE, GARANTIZAR SU PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO A LA EDUCACIÓN, DERECHO A LA EDUCACIÓN, ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
REVISTA TUTELA N°:114 DE JUNIO DE 2009, PG.990
Sentencia T-203 de marzo 27 de 2009
Sentencia T-203 de 2009
Ref.: Expediente T-2117287
Acción de tutela interpuesta por Lilian Marvel Martínez Acosta, en representación de Fabián Andrés Estévez Martínez, contra el Instituto San Bernardo de la Salle
Bogotá D.C., veintisiete de marzo de dos mil nueve.
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado 33 Civil Municipal y por el Juzgado 9º Civil del Circuito de la ciudad de Bogotá, en el trámite de la acción de tutela incoada por la señora Lilian Marvel Martínez, en representación de su hijo Fabián Andrés Estévez Martínez, contra el Instituto San Bernardo de la Salle.
Indica que la demandante, el día 6 de junio de 2008, formuló un acuerdo de pago en el que pedía abonar $ 50.000 mensuales de la suma de $ 560.000, cuando en realidad debía un valor mayor. Por tanto, explica que la propuesta no fue aceptada “por ir en contravía del equilibrio económico de la institución”. Añade que no es viable la entrega de notas, toda vez que “al colegio no le asiste la posibilidad de entregar un solo papel” hasta que el representante legal cancele el valor total de la deuda por los servicios que el plantel le prestó o hasta tanto se demuestre la ocurrencia de un hecho sobreviniente en los términos del Decreto 230 de 2002 y la Sentencia SU-624 de 1999 de esta corporación.
• Escrito firmado por la actora, dirigido al Instituto San Bernardo de la Salle, de fecha 6 de junio de 2008 (fl. 1, cdno. ppal.).
• Misiva firmado por la actora, dirigido al Instituto San Bernardo de la Salle, de fecha 20 de junio de 2008 (fl. 2, cdno. ppal.).
• Escrito firmado por la accionante, dirigido al colegio demandado, de fecha 13 de mayo de 2008 (fl. 3, cdno. ppal.).
• “Observador del estudiante” del alumno Fabián Estévez, correspondiente al año 2008, que realiza el Instituto San Bernardo de la Salle (fls. 6 y 7, cdno. ppal.).
• “Citación a padres de familia” que realizó el Instituto San Bernardo de la Salle al acudiente de Fabián Estévez (fl. 20, cdno. ppal.).
• Escrito realizado por la demandante, recibido por la secretaría de educación de la localidad Cadel, de fecha 19 de mayo de 2008 (fls. 23 al 25, cdno. ppal.).
• Escrito firmado por la accionante, dirigido al colegio demandado, de fecha 20 de mayo de 2008 (fl. 26, cdno. ppal.).
• Escritos dirigidos al colegio demandado, suscritos por el supervisor de educación de la localidad de Santa Fe, de fechas 21 y 29 de mayo de 2008 respectivamente (fls. 27 al 32, cdno. ppal.).
• Denuncia presentada por la demandante ante la Fiscalía General de la Nación en 3 de junio de 2008 (fls. 33 al 35, cdno. ppal.).
• Escritos realizados por Ramón Santafé Moros, rector del instituto accionado, dirigidos a la demandante, de fecha 12 de junio de 2008 (fls. 37 y 38, cdno. original).
El 1º de julio de 2008, el Juzgado 33 Civil Municipal de Bogotá dicta sentencia.
2.1. La demandante, mediante escrito de fecha 4 de julio de 2008, impugna el fallo del juez de primera instancia, reiterando los argumentos presentados en la demanda de tutela.
2.2. Rafael Yezid Sus Cabrera, obrando en calidad de director jurídico del Instituto San Bernardo la Salle, mediante escrito de fecha 7 de julio de 2008, igualmente señala su inconformidad por la decisión adoptada. Invoca que en virtud del artículo 6º del Decreto 230 de 2002, dictado por el Ministerio de Educación Nacional, tiene la facultad de retener de manera unilateral cualquier tipo de documentos, tales como certificados de estudios, notas y expedición de actas estudiantiles hasta que se configure el pago total de lo que adeuda la demandante o, en su defecto, hasta que ella pruebe un hecho sobreviniente que le impida cumplir la obligación.
Esta doctrina tiene sustento en tratados internacionales ratificados por Colombia, tales como el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1) y del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos (2) y el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
De igual manera, resulta más claro el rango fundamental que adquiere la educación cuando se trata de niños, tal y como se advierte de la lectura del artículo 44 superior. En este claramente se señala que la educación es un derecho fundamental de los niños, a quienes la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger con el objeto de garantizar su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos (3) .
Además, ha enfatizado esta corporación que en virtud del carácter fundamental de la educación, la acción de tutela resulta un instrumento adecuado para contrarrestar cualquier acción u omisión que provoque la vulneración o la limitación de las prerrogativas en las que se materializa este derecho (4) .
4.1. A luz del texto constitucional, el acceso y la permanencia son principios que cimientan el sistema educativo. Cualquier obstáculo injustificado que afecte estos aspectos carece de respaldo constitucional, toda vez que la educación exige una especial participación de todos sus actores (5) .
Ahora bien, el acceso y la permanencia en el sistema son dimensiones del derecho a la educación que, desde diversas perspectivas, deben ser asumidas por cada uno de sus agentes. Precisamente, el artículo 67 de la Constitución Nacional dispone que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación.
Si bien es cierto que la educación adquiere categoría fundamental, también lo es que se comporta como un derecho - deber, que implica obligaciones correlativas para todos y cada uno de los actores del proceso educativo. Necesariamente debe ir aparejada de la participación activa y responsable del estudiante, de los padres de familia, de los profesores, de los establecimientos educativos y del Estado.
4.2. Por ejemplo, los estudiantes, que son el centro del proceso educativo, tienen que participar intensamente en su propia formación integral (6) . Ellos pueden exigir calidad en la educación que se les imparta, pero igualmente se someten a las directrices internas que regulan las relaciones académicas, disciplinarias y administrativas, que son diseñadas para el logro de los fines que orientan el plantel con el cual se vinculan.
Dentro de la órbita de su autonomía, pero con plena sujeción a la Constitución y a la ley, las instituciones educativas podrán exigir el cumplimiento de ciertos deberes encaminados al aprendizaje de principios, valores y responsabilidades. Su observancia es indispensable para garantizar la permanencia de los estudiantes en la respectiva institución hasta la culminación de sus estudios. Si dichas condiciones académicas o disciplinarias son desatendidas, pueden ser aplicadas las sanciones que el mismo manual señala siempre y cuando se hagan respetando su derecho al debido proceso y a la defensa (7) , las cuales pueden tener suficiente entidad como para que el alumno sea retirado definitivamente del establecimiento o no sea aceptado nuevamente para el siguiente periodo escolar (8) .
“En efecto, para que el rector pudiera impedir el reintegro de la estudiante, ha debido existir previamente a la solicitud de reintegro, una sanción disciplinaria aplicada de conformidad con los procedimientos señalados en el Decreto 1398 de 1973, la Circular 42 y el reglamento interno del liceo, pues en estas normas se especifican, además de las faltas que afectan la disciplina y la conducta, el trámite legal para aplicar las sanciones disciplinarias, cuando dichas normas hayan sido transgredidas por los estudiantes; por lo tanto se concluye que no existe violación que merezca sanción para limitar el derecho a la educación de la estudiante Luz Carmenza Escudero, porque nunca se le sancionó legalmente, nunca se le comprobó el hecho imputado, solo se tomó una decisión personal de hecho infringiéndose la normatividad antes señalada y con ello el derecho a la educación a que tiene derecho” (9) (negrillas ajenas al texto original).
Ante una similitud fáctica, abordó nuevamente el tema en cuestión, al pronunciarse sobre la situación en la cual el colegio negó el reingreso de los actores, quienes suspendieron sus estudios temporalmente debido a inconvenientes económicos. En esta oportunidad, analizó las razones en las que se basó la decisión y determinó que esta se había originado por su condición de homosexuales. Además, de indicar que ello lesionaba los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, se señaló que se había violado igualmente sus derechos a la educación. Lo anterior por cuanto, no incurrieron en ninguna violación al manual de convivencia, que hubiere legitimado, definitivamente, la pérdida de la oportunidad de ser nuevamente admitidos (10) .
“La expulsión o el rechazo de la solicitud de reintegro de un estudiante debe basarse en razones objetivas, y ellas no existen cuando se advierte una contradicción entre lo expresado públicamente por una institución, a través de sus certificaciones, y lo manifestado en el momento en el que se niega la petición de retorno a la institución” (negrillas ajenas al texto original).
“Las autoridades universitarias no deben ser insensibles, dando aplicación ciega a las normas o escudándose en la autonomía universitaria y de espalda al drama humano que atraviesa uno de sus estudiantes, sino que en cada caso es necesario ponderar la trascendencia del problema frente al sacrificio que debe asumir la universidad con la permanencia de uno de sus educandos”.
Este mismo criterio fue trazado en anterior oportunidad, en la cual se indicó que era preciso determinar las reales circunstancias que rodean el retiro del estudiante, por cuanto “la Institución de educación superior, debe analizar todos los elementos de juicio que le permitan tomar la posición adecuada frente a un determinado caso, máxime cuando está de por medio el derecho fundamental de una persona a desarrollarse intelectual, cultural y científicamente, para poder ser alguien productivo, preparado y dispuestos a servirle a la sociedad” (11) .
Adicionalmente, no debe olvidarse que la jurisprudencia constitucional ha hecho particular énfasis en el principio pro infans derivado de la Carta, que se consagra como un instrumento jurídico valioso para la ponderación de derechos de rango constitucional, toda vez que en el evento en que se llegaren a encontrar en tensión, deberá escogerse aquella interpretación que otorgue la mayor protección y sea la más respetuosa de los derechos de los niños (12) . Entonces, la aplicación de los postulados que regulan la prestación del servicio público cuando interactúen menores de edad, se supeditará a la plena observancia de esta herramienta (13) .
El papel de los padres o, en su caso, de los tutores es trascendental para la formación del estudiante. En este sentido, es pertinente recordar que como la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, los progenitores son inicialmente responsables en la educación de sus hijos menores (14) .
Asimismo, son los padres o tutores quienes tienen el derecho de decidir para sus hijos menores la opción educativa que estiman más conveniente según sus creencias y sus expectativas (15) . El artículo 12 del Pacto de San José consagra que ellos tienen el derecho de que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que se encuentre acorde con sus propias convicciones. Pueden escoger entre la educación que se encuentra a cargo del Estado o la que está a cargo de los particulares, adquiriendo distintas cargas en razón a la naturaleza de una y otra.
Ahora bien, en el evento en que los padres o tutores acudan a instituciones privadas, asumirán las contraprestaciones que se acuerden en el respectivo contrato de prestación de servicios. Mediante la celebración del contrato, se asegura tanto el derecho a la educación como el derecho de las instituciones educativas a la remuneración por sus asistencias (16) .
Por regla general, ante la falta de pago de las pensiones educativas, las instituciones no podrán condicionar la entrega de los certificados de estudios hasta que se realice la cancelación de las deudas que tuvieren los estudiantes o sus padres o tutores con plantel, pues de lo contrario se impediría la continuación del proceso formativo (17) .
Sin embargo, esta protección no es absoluta, tal y como lo señaló la Sentencia SU-624 de 1999, reiterada desde entonces, toda vez que la prohibición de retener certificados no es extensiva a los menores cuyos padres o tutores tengan los recursos económicos pero sean renuentes a dar cumplimiento a las obligaciones pecuniarias a su cargo. De esta manera, explicó que ellos deben demostrar y probar al juez constitucional el acaecimiento de un hecho en el periodo lectivo que los afecta y que hace razonable la mora en el pago de los costos de la educación, así como las actuaciones que se hubieren dirigido a cancelar lo debido (18) .
De todos modos, la institución no puede retirar al estudiante durante el año lectivo (19) u obstaculizar su asistencia a clases (20) ; no obstante, con el fin de salvaguardar la viabilidad económica del colegio, este sí puede abstenerse de renovar la matrícula (21) .
— Según las copias del libro “observador del estudiante”, el alumno Fabián Andrés, el día 9 de mayo de 2008, estando en la ruta del colegio, se le llamó la atención por hacer señales a unos carros. Fue enviado a la coordinación y citaron a su acudiente para el día 13 de mayo de 2008 (fls. 6 y 7, cdno. ppal.).
En esta fecha la accionante presentó una misiva al colegio en donde informaba que retiraba a su hijo (fl. 3, cdno. ppal.). En el escrito de tutela alega que fue presionada para que presentara esta carta.
Es muy importante dejar en claro que el análisis de fondo del sub lite se efectuará al margen de dicha discusión, por cuanto no existe ningún elemento probatorio que permita establecer que fue víctima de coacción por parte de los miembros directivos del colegio. Sobre este punto la Sala estima que aún cuando dicho momento pudo ser tensionante para la demandante, de todos modos ella hubiera podido rehusarse a retirar a su hijo del plantel y hubiera podido exigir que se adelantara un proceso disciplinario por los llamados de atención que le imputaban. Sin embargo, no lo hizo. Por tanto, dado que la actora presentó denuncia por el delito de constreñimiento ilegal por estos hechos (22) , la Sala considera que es la justicia penal ordinaria, que en su debido momento y bajo el pleno respeto de las normas pertinentes, la que debe esclarecer si se configuró la supuesta coerción.
— El día 19 de mayo de 2008, la actora se dirigió a la supervisión de educación de Santa Fe, pidiendo su colaboración e informándole de los anteriores hechos (fl. 23, cdno. ppal.).
— El día 20 de mayo de 2008, solicitó el reintegro a clases del joven (fl. 2, cdno. ppal.). Alegó que el retiro era inconveniente e injusto, teniendo en cuenta que la posibilidad de encontrar otro colegio era exigua por la temporada del año, máxime cuando no había tenido llamados de atención por faltas graves y nunca había sido sancionado. Además, que su hijo, un joven de 15 años, necesitaba apoyo, comprensión y acompañamiento y no la exclusión del sistema educativo.
— El día 6 de junio de 2008, la señora Lilian se dirigió nuevamente al colegio. Esta vez, con el fin de presentar un acuerdo de pago para cancelar las pensiones adeudadas, proponiendo abonar mensualmente la suma de $ 50.000.00.
— El día 12 de junio de 2008, la institución da respuesta a las solicitudes de la demandante.
“Por una parte, manifestó que no era posible el reintegro, por cuanto el joven dejó de pertenecer a dicha comunidad educativa, en virtud de la carta de retiro voluntario. Explicó que: “De esta forma, la solicitud hecha por usted en el escrito petitorio, carece de objeto, ya que al no hacer parte de esta comunidad, por sustracción de materia no le son aplicables a su hijo las disposiciones del manual de convivencia. Por esta razón, no comparto su apreciación según la cual su hijo fue excluido de las clases sin que se hubiera surtido un proceso disciplinario que condujera al retiro del alumno puesto que, le repito su hijo no fue expulsado ni retirado del plantel por decisión de la institución sino por determinación unilateral de la familia”.
Por otro lado, no aceptó el acuerdo de pago propuesto por la actora, aduciendo que la institución había adquirido compromisos para brindar el servicio educativo al que estaba llamada. El colegio manifestó que la deuda ascendía a un mayor valor de lo que estimaba la demandante. Asimismo, le indicó que para poder expedirle los certificados de estudios era necesario que cancelara la totalidad de su obligación”.
Obsérvese que el día 21 de mayo de 2008, el supervisor de la localidad requirió al rector del colegio con la intención de que se protegiera y garantizara el derecho a la educación, al debido proceso y a la defensa, pues estimaba necesario el restablecimiento inmediato de los derechos y garantías del menor. Por ende, solicitó que se permitiera el ingreso a clases hasta tanto se concluyera la aplicación del debido proceso y se resolviera la petición que había elevado la señora Marvel al rector de fecha 20 de mayo de 2008 (fls. 27 y 28, cdno. ppal.).
El día 29 de mayo de 2008, nuevamente, el supervisor de educación se dirigió al rector y al presidente del consejo directivo del Instituto San Bernardo la Salle. Hizo alusión de que era de su conocimiento la carta de retiro que había presentado la actora, reseñando las aseveraciones que en ese sentido ella le había comunicado. En esta oportunidad la supervisión los volvió a requerir para que permitieran el ingreso a clases y se pronunciaran respecto de las afirmaciones de la demandante, de la situación del afectado y de otros estudiantes y del procedimiento a seguir para cada uno de ellos (fls. 29 al 32, cdno. ppal.).
En virtud de lo anterior, como en el presente asunto se vulneró el derecho a la educación de Fabián Andrés Estévez Martínez por el rechazo de la petición de reingreso, ello implica que el Instituto San Bernardo la Salle, debe acceder, si no lo ha hecho todavía y si la actora y el representado así lo desean, a su reingreso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del fallo para el presente o el siguiente periodo lectivo.
6.3. Por otra parte, no debe pasarse por alto que la peticionaria solicita que se le entreguen los reportes de notas.
El juez de primera instancia estimó que era necesario que se entregaran todos los certificados y documentos que tenía el colegio demandado, por cuanto ellos eran necesarios para matricular al representado en otro plantel. El juez de segunda señaló que no se había acreditado una situación fáctica que permitiera inferir que la demandante no podía atender la deuda que tiene con la institución accionada. No obstante, consideró que no se podía condicionar la cesión de los documentos en donde no se había presentado el incumplimiento. La Sala comparte los argumentos trazados por el ad quem, por cuanto si bien la demandante asevera que no tiene trabajo, no explicó ni otorgó algún elemento con el que se infiriera la ocurrencia de un hecho sobreviniente. Por tanto, no existe en el plenario algún indicio que explicara la imposibilidad del pago de los servicios educativos prestados.
En consecuencia, la decisión del juez de segunda instancia será confirmada sobre este aspecto. Se hace la salvedad de que el colegio no puede condicionar la entrega de los reportes de notas de los años lectivos y periodos donde sí fueron cubiertas las obligaciones pecuniarias de la señora Lilian Marvel Martínez (23) . Por consiguiente, la institución deberá entregar los certificados de estudio del menor Fabián Andrés Martínez Acosta correspondientes a los grados en los que cursó en la misma, así como los de los meses del año 2008 en los que la demandante cumplió sus compromisos económicos.
6.4. Ahora bien, con el fin de brindar una mayor divulgación dentro de la comunidad educativa de la institución demandada acerca de los derechos y deberes de los estudiantes, de los padres o tutores y de las instituciones educativas; y de hacerle un llamado de prevención al plantel para en lo sucesivo se abstenga de realizar actos como los que dieron lugar al ejercicio de la presente acción de tutela, se ordenará al Instituto San Bernardo de la Salle que entregue copia del presente fallo al representante y al personero de los estudiantes a los que se refiere los artículos 93 y 94 de la ley 115 de 1994. Además, el Instituto San Bernardo de la Salle deberá publicar en un lugar visible de dicha institución el texto completo de la presente providencia. La Secretaría de Educación de Bogotá, conforme a sus competencias, deberá hacer seguimiento acerca del cumplimiento de lo que se decide en el asunto objeto de revisión.
1. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de tutela dictada por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá, el día 20 de agosto de 2008, proferida dentro del trámite de la acción de tutela interpuesta por Lilian Marvel Martínez Acosta, en representación de Fabián Andrés Estévez Martínez, contra el Instituto San Bernardo de la Salle, en cuanto se denegó el reintegro solicitado. En su lugar, CONCEDER el amparo solicitado para proteger el derecho a la educación de Fabián Andrés Estévez Martínez.
2. ORDENAR al Instituto San Bernardo de la Salle que, a través de su representante legal o de quien haga sus veces, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de la presente providencia, si aún no lo ha hecho y si la actora y el menor representado así lo desean, permita continuar en la institución a Fabián Andrés Martínez Acosta, quien podrá matricularse para el presente o el siguiente periodo lectivo. Adicionalmente, si como resultado del incidente que dio lugar a esta acción de tutela quedó algún tipo de antecedente disciplinario, el colegio deberá eliminarlo de su registro.
3. CONFIRMAR la sentencia de segunda instancia en cuanto a que el Instituto San Bernardo de la Salle no puede condicionar la entrega de los reportes de notas de los años lectivos y períodos donde fueron cubiertas las obligaciones pecuniarias por los servicios educativos prestados al representado. Por tanto, el establecimiento educativo demandado deberá, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, entregar los certificados de estudio del menor Fabián Andrés Martínez Acosta correspondientes a los grados en los que cursó en la misma, así como los de los meses del año 2008 en los que la demandante cumplió sus compromisos económicos.
4. ORDENAR al Instituto San Bernardo de la Salle que a través de su representante legal o de quien haga sus veces, entregue copia del presente fallo al representante y al personero de los estudiantes de la institución a los que se refiere el artículo 93 y 94 de la Ley 115 de 1994. Además, el Instituto San Bernardo de la Salle deberá publicar en un lugar visible de dicha institución el texto completo de esta providencia por un término no inferior a diez (10) días.
5. ORDENAR el envío de una copia de la presente decisión a la Secretaría de Educación de Bogotá para que, conforme a sus competencias, haga seguimiento al cumplimiento de este fallo.
6. LÍBRESE por Secretaría, la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Magistrados: Jorge Iván Palacio Palacio—Juan Carlos Henao Peréz—Clara Elena Reales Gutiérrez.
(1) Aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
(2) Aprobado por la Ley 319 de 1996.
(3) Según el artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia por medio de la Ley 12 de 1991, se entiende por niño: “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
(4) Cfr. sentencias T-02 de 1992, T-202 de 2000, T-642 de 2001, T-1317 de 2001, T-029 de 2002, T-694 de 2002, T-341 de 2003, T-1159 de 2004, T-156 de 2005, T-767 de 2005, T-899 de 2005, T-544 de 2006, T-746 de 2007, T-805 de 2007, T-816 de 2007, T-865 de 2007, T-1027 de 2007, T-339 de 2008, entre muchas otras.
(5) Cfr. T-254 de 2007, T-156 de 2005, T-694 de 2002.
(6) Artículo 91 de la Ley 115 de 1994.
(7) Cfr. T-02 de 1992, T-596 de 1994, T-515 de 1995, T-642 de 2001, T-1236 de 2001, T-341 de 2003, T-156 de 2005, T-544 de 2006, entre muchas otras.
(8) Cfr. T-316 de 1994, C-555 de 1994, T-694 de 2002.
(9) T-420 de 1992.
(10) Cfr. T-101 de 1998.
(11) T-380 de 2003.
(12) El inciso primero del artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, prescribe: “artículo 3.1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
(13) Cfr. sentencias T-891 de 2007, T-805 de 2007, T-658 de 2007, T-348 de 2007, T-263 de 2007, T-1036 de 2006, T-671 de 2006, entre otras.
(14) Cfr. artículo 7º de la Ley 115 de 1994, al respecto, la Corte ha explicado que ellos tienen el deber de informarse acerca del rendimiento académico de sus hijos, su comportamiento, así como del rumbo que dé la institución educativa. Deberán, también, hacer parte en las acciones de mejoramiento, y contribuir solidariamente a la institución educativa para su formación. Ver T-642 de 2001.
(15) Cfr. inciso 5º del artículo 68 de la Constitución Nacional.
(16) Sobre dicho contrato, la Corte, en la Sentencia SU-624 de 1999, consideró “Un rasgo que diferencia a la educación pública de la privada, es que en esta última tiene presencia muy importante el carácter sinalagmático de los contratos, luego surgen obligaciones recíprocas entre el colegio y el educando y sus padres, una de las cuales es el pago de la educación por parte de estos y por parte del colegio la continuidad en la prestación del servicio. Ambas obligaciones dependen la una de la otra, y ninguna es concebida aisladamente. Significa lo anterior que la retribución es el equivalente a la prestación de un servicio”.
(17) Al respecto, la Sentencia SU-624 de 1999, estimó: “Es repudiable que un padre le de a su hijo un mensaje de incumplimiento, de mala fe, de la prevalencia de las necesidades innecesarias sobre la educación, y, lo que es mas grave: que deje en el hijo la idea de que hay que aprovecharse de los demás (del padre de familia que sí paga, de los maestros que le enseñan, del juez que lo protege); es decir, abusaría del derecho propio con el cínico aprovechamiento de quienes sí cumplen con su deber”.
(18) Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias T-038 de 2002, T-801 de 2002, T-439 de 2003 y T-135 de 2004, T-295, T-727 de 2004, T-845 de 2005, T-990 de 2005, T-1107 de 2005, T-1288 de 2005, y T-339 de 2008. En estas oportunidades, la Corte analizó si se cumplían las hipótesis que se hacen mención.
(19) Ver entre otras las sentencia T-037 y 038 de 1999.
(20) Sentencia T-452 de 1997.
(21) Sentencia SU-624 de 1999.
(22) El día 3 de junio de 2008, la demandante, presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, por el delito de constreñimiento ilegal contra el coordinador del colegio.
(23) Cfr. T-151 de 2002.