Source: http://dchoconstitucionalypolitico.blogspot.com/
Timestamp: 2018-03-21 05:05:51
Document Index: 209970317

Matched Legal Cases: ['artículo 69', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 24', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'in fine', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 25', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 32', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 121', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 32', 'artículo 47', 'artículo 13', 'artículo 75', 'artículo 129', 'artículo 6']

La herramienta constitucional del "desafuero"
Principales desafueros en la Cámara de Diputados de la Nación
Manuel González Bonorino
Rodolfo Moreno (h)
Daniel Bosano Ansaldo
Silvano Santandar, Miguel Yadarola y Zavala Ortíz
Las inmunidades básicas de los legisladores en nuestro sistema son tres: la inmunidad de expresión, la inmunidad contra el arresto y las limitaciones al proceso que están vinculadas con lo que denominamos desafuero, en esto orden de ideas se puede decir que “la idea del privilegio parlamentario supuso la protección de un núcleo básico de actividad que se encontraba básicamente formado por las opiniones y los votos emitidos por los legisladores en las cámaras legislativas”[1].
El artículo 69 sobre la “inmunidad de arresto” dice: “Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto en el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.
Las fuentes principales de esta norma constitucional es el proyecto de Alberdi: “El orador es inviolable, la tribuna es libre; ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. Continúa en el artículo siguiente que dice que “Sólo pueden ser arrestados por delitos contra la Constitución”.
El art. 1° sección 6ta. de la Constitución de los Estados Unidos versa: “Los senadores y representantes recibirán por sus servicios una remuneración que será fijada por la ley y pagada por el tesoro de los EE. UU. En todos los casos, exceptuando los de traición, delito grave y perturbación del orden público, gozarán del privilegio de no ser arrestados durante el tiempo que asistan a las sesiones de sus respectivas Cámaras, así como al ir a ellas o regresar de las mismas, y no podrán ser objeto en ningún otro sitio de inquisición alguna con motivo de cualquier discusión o debate en una de las Cámaras”.
Como dijo el miembro informante de la Ley 25.320 Diputada Carrio en el año 2000 en referencia al arresto de un congresista: “En consecuencia, nos encontramos con que esta iniciativa es la única forma de preservar la exención de arresto dispuesta en la Constitución, por un lado, y permitir el avance del proceso, por el otro. En primer término, me referiré a la solución que este proyecto brinda en relación con los legisladores sometidos al procedimiento de suspensión por desafuero. El juez puede llamar a todos a declaración indagatoria, y es obvio que ahí se presenta el deber ético de cualquier legislador de la Nación de presentarse ante la justicia. El juez está en condiciones de avanzar en toda la causa hasta su conclusión, pero pueden surgir dos circunstancias: que un legislador se niegue a prestar declaración indagatoria, es decir, se niegue a colaborar en la búsqueda de la verdad y la justicia. En ese caso el juez debería arrestarlo y llevarlo por la fuerza pública para lo cual deberá pedir el consentimiento de la Cámara, pero esto le clarifica la situación al propio cuerpo, porque si un legislador se niega a colaborar con la Justicia –salvo que se trate de una operación de chantaje claramente demostrado- el desafuero corresponde inmediatamente y no hay cámara que lo deniegue, porque es el propio legislador el que se pone en situación de ser desaforado por no colaborar con la Justicia y con el avance del proceso judicial. Por otra parte, puede pasar que el legislador se presente a declarar y el juez tenga que calificar su conducta, para lo cual cuenta con diez días para dictar el auto de procesamiento. En ese caso si el procesamiento implica, por ejemplo, un cohecho calificado, el juez tiene que dictar el procesamiento con la prisión preventiva e inmediatamente pedir para su ejecución de arresto el desafuero del legislador en forma inmediata, y no habrá cámara legislativa que pueda proteger a algún legislador de una prisión preventiva con orden de arresto. El sistema permite avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia. Además focaliza el juicio de la Cámara en aquellos casos donde se ha dictado prisión preventiva o existe una negativa clara del legislador a presentarse. Tengo la íntima, profunda y cierta convicción de que es la primera norma que posibilita el avance de la verdad. Probablemente algunos querrán usarla tácticamente, pero eso sólo les puede durar diez días ya que concluye al dictarse el procesamiento con prisión preventiva”.
En lo que respecta a la cuestión del congresista De Vido, vamos a abordar la cuestión del “Desafuero”, así el Art. 70.- “Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”.
En referencia a este tema, el Congreso de la Nación tiene una historia sobre esta cuestión como lo señalamos oportunamente, así en 1902 el Juzgado de Paz de la Plata eleva a la Cámara de Diputados un expediente seguido al Diputado González Bonorino por violación a la ley electoral, una vez leída la resolución de la causa esta pasa a la comisión de asuntos constitucionales, la cual se expide y por mayoría no hace lugar al desafuero.
En referencia a este pedido de desafuero el Diputado Mariano de Vedia se expreso por el informe de la minoría: “nuestra opinión es que la Cámara sólo debe examinar el mérito del sumario instruido en esta ocasión –uso los términos constitucionales-, con el propósito de comprobar, de verificar si se hallan o no en peligro la existencia, la seguridad, la independencia o el honor del poder legislativo, al que por medio de este privilegio, de esta inviolabilidad, que constituye propiamente una razón de orden público, una garantía basada sobre el interés general y no sobre el interés privado- se ha querido poner al abrigo de los acechos de los otros poderes, a cubierto de las pasiones o animosidades de los partidos y fuera de los demás ciudadanos, comprometidos y a veces enconados en las luchas electorales (…) No nos incumbe examinar la naturaleza de ese delito, ni la responsabilidad del acusado, ni los elementos de prueba acumulados o no contra él, ni la justicia del procedimiento –todo lo que pertenece a los tribunales inferiores- todo lo cual pertenece a los tribunales ordinarios (…) Si el proceso no ataca la existencia, la independencia, el honor de la cámara, esta tiene el deber de allanar el privilegio, de facilitar la acción de la justicia, de hacer efectiva la igualdad ante la ley…”.
En noviembre del año 1991 el informe elaborado sobre el desafuero del Diputado Aníbal Reinaldo se expreso: “(…) el desafuero sólo es procedente cuando se requiere la privación de la libertad física del legislador para la sustanciación de la causa o para la ejecución de la sentencia. Todo tramite anterior, mientras no se requiere la privación de la libertad corporal del legislador, no admite desafuero, porque no se justifica, ya que hasta esa instancia el juez puede continuar la causa sin interferir en la labor del legislador ni en sus fueros”, claramente, no da lugar a ninguna discusión, y frente a la resolución del Juez Federal Bonadio, el cual requiere el procesamiento con prisión preventiva, da lugar en forma inmediata al “desafuero”.
En el debate de la Ley 25.320 se dijo en el recinto: “…Nosotros sólo tenemos como privilegio la exención de arresto; el juez puede tomar indagatoria y en consecuencia no procede el desafuero. Esto terminaba en la siguiente situación: un juez que paralizaba la causa porque decía que no podía tomar indagatoria si el legislador no estaba desaforado, y una Cámara que le decía que sí podía tomar indagatoria y por lo tanto denegaba el desafuero. Para la búsqueda de la verdad y la justicia no había trampa más mortal que esta trama, porque finalmente el juez detenía la investigación, la Cámara no disponía el desafuero, y en realidad los expedientes quedaban paralizados”.
En definitiva, de lo solicitado por el Juez Bonadio en la Causa Nro. 10456/14, no existe lugar a duda, y el desafuero es procedente, ya que se reúnen las causales enumeradas en el texto constitucional, y concluidos los parámetros establecidos en el CPPN, en los meritos del expediente judicial, se desprende que el “procesamiento con prisión preventiva” amerita con carácter urgente el desafuero del congresista De Vido, por cuanto, no sólo se debe cumplir con la requisitoria judicial, sino que además, la Cámara por su propia dignidad debe consentir el desafuero.
[1] Conf. RACIMO, Fernando, “El Perímetro Externo De La Inmunidad Parlamentaria”, LA LEY 2004-D, 48.
Publicado por Diego Hernán Armesto en 13:25 No hay comentarios:
Un feriado para reflexionar
Cada día feriado en nuestra sociedad ha adquirido un particular significado que pasa por revisar febrilmente el almanaque, hacer cálculos en cuanto a la disponibilidad financiera, y planificar después para disfrutar de un nuevo descanso “puente” o simplemente de un fin de semana largo. Claramente, se perdió el sentido y finalidad de los mismos, ya nadie se preocupa y ocupa de rendir un homenaje sincero o recordar cabalmente a nuestros próceres, o a reflexionar sobre algún acontecimiento histórico que haya merecido tal distinción.
En pocos días más festejaremos un nuevo 1º de mayo, fecha que por Ley 25.863 se declaró como Día Nacional de la Constitución Nacional en conmemoración de su sanción, acaecida el mismodía, pero de 1853, en la ciudad de Santa Fe.
Sería razonable y saludable desde el punto de vista cívico, que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones y el Consejo Federal de Cultura y Educación, promuevan la inclusión de jornadas alusivas a éste día nacional en los respectivos calendarios escolares y académicos de los niveles medio y superior, que se encuentra establecida en la mencionada ley, pero que al día de la fecha se encuentra incumplida.
Pero, más allá de toda crítica, resultaría valioso reflexionar sobre los significados, importancia y efectividad de los postulados normativos de nuestra Constitución, particularmente sobre la consagración de derechos y garantías de sus habitantes, la definición y observancia de los valores democráticos. Allí radica su real valor como “carta de navegación” de nuestra comunidad, como un verdadero contrato social por el cual se limita al poder, se ordena el mismo, se garantizan nuestros derechos y libertades, y así el pueblo encuentra un marco jurídico superior en donde puede desarrollar sus esperanzas e ideales.
La Constitución debe ser entendida como una herramienta de progreso para la conformación de una verdadera República. Es por ello, que esta fecha debe ser un tributo a aquellos hombres que buscaron brindarnos un texto que nos sirva para crecer como pueblo y ser una Nación moderna, civilizada y plena de libertades.
El texto fundamental, posee dentro de su articulado una amplia protección a los derechos de todos y las garantías para hacerlos efectivos; la “progresividad” de los derechos nos obliga a comprender el alcance de los mismos, y la amplitud de la protección a cada uno de los habitantes de la República, y de esta forma comprender en las palabras del constituyente quien afirmó que la Constitución Argentina es el pueblo de la Nación hecho Ley. Ésta es la más perfecta síntesis de nuestro texto fundacional y la justificación más precisa de conmemorar su sanción.
En suma, éste debe ser un mensaje para todos, sin excepción: la Constitución debe honrarse, respetarse y obedecerse todos los días, por cuanto en ella está expresada la soberanía popular, que no es más ni menos que la voluntad del pueblo que habita la Nación argentina. Esta fecha nos debe invitar a debatir y reflexionar, a entender que, para vivir en libertad, donde se respeten cada uno de nuestros derechos, es necesario atenernos al mandato constitucional, para algún día vivir plenamente en un Estado Constitucional y Convencional de Derecho.
Publicado por Diego Hernán Armesto en 8:00 No hay comentarios:
EL "RECHAZO" DE LA BICAMERAL
Distintas voces hicieron tronar los portales de noticias, la comisión bicameral de Trámite Legislativo, “rechazó y aprobó un dictamen de mayoría para derogar el decreto de la actual Administración de Gobierno, que fijó un aumento en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias”, tal información es completamente errónea, las razones de tal equivocación se desprende de dos reglas, las propias de la Comisión Bicameral y la Ley que reglamenta este procedimiento.
Así, el Reglamento de la Bicameral establece en su ARTÍCULO 7º -Dictámenes de Mayoría y de Minoría. Se considerará que una decisión ha sido adoptada por mayoría, cuando la misma haya resultado suscripta por la mitad más uno de los miembros conforme lo dispuesto por el artículo 8º de la ley 26.122. En caso que hubiera unanimidad de criterios de los miembros de la Comisión respecto de las observaciones, propuestas o recomendaciones a informar a las Cámaras se producirá un único Dictamen. Si las opiniones de los miembros de la Comisión se encontraren divididas, la minoría podrá presentar su Dictamen a las Cámaras, munido del informe escrito correspondiente y sostenerlo en la discusión. Si hubiera dos dictámenes con igual número de firmas, el Dictamen de la mayoría será el que lleva la firma del Presidente de la Comisión o de quién presida el pleno de las Comisiones.
En primer lugar, resulta fundamental reseñar que la Comisión Bicameral está constituida por ocho senadores y diputados del Frente para la Victoria, seis de Cambiemos, uno del massismo y el restante del interbloque del Peronismo Federal, dando un total de 16 miembros, esta conformación y en atención a lo expresado en el “Reglamento” de la misma, obliga que para que exista un “dictamen de mayoría” se reúnan 9 voluntades, en tal sentido no existe razón alguna para sostener que la Comisión dictaminó con “mayoría”, ya que esta es inexistente. Vamos a buscar claridad sobre esta cuestión, el FPV sólo dictamino con 8 miembros, el oficialismo intento avalar el DNU con 7 miembros, y el FR se abstuvo, en tal sentido y lo podemos afirmar NO EXISTE DICTAMEN ALGUNO DE MAYORÍA.
En segundo término, la Ley 26.122 en su ARTÍCULO 24 dice: El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.
Conforme la manda de segundo grado, el Decreto deja de tener eficacia al momento que “ambas Cámaras lo rechacen”, en tal sentido la norma dictada por el Poder Ejecutivo se encuentra vigente y no existe razón alguna para que no surta los efectos establecidos en el mismo.
Publicado por Diego Hernán Armesto en 17:37 No hay comentarios:
En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -ahora de 5 miembros- se pronunció a favor del acceso a la información pública, dándole un nuevo respaldo al ejercicio de este derecho, al confirmar dos fallos de Cámara que condenan al Estado Nacional a proveer informes en el marco de las causas contra la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
El primer caso encuentra su origen en dos pedidos de información que, en los términos de lo estipulado por el Decreto 1172/03, fueron presentados ante la IGJ en febrero y marzo de 2012 por el entonces Diputado Ricardo Gil Lavedra, en los cuales se requería al organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que informara sobre la situación de las empresas Ciccone Calcográfica S.A. y The Olf Fund.
Cabe recordar aquí que la IGJ lleva a cabo una tarea fundamentalmente registral: es la encargada de anotar y fiscalizar a las sociedades comerciales, sociedades extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones que se constituyen en el ámbito de la CABA; ejercer el control federal de las sociedades de ahorro; implementar el Registro Nacional de Sociedades e inscribir en el Registro Público de Comercio a las sociedades comerciales nacionales y extranjeras, las matrículas de los comerciantes y de los auxiliares de comercio.
Ahora bien, desde la sanción del Dictamen 7/2012 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que insta a la IGJ a verificar la existencia de un interés legítimo por parte del requirente para brindar información, el organismo se caracteriza por no responder solicitud alguna. Consecuentemente, el silencio de la administración motivó la presentación de una acción de amparo por parte del ex legislador, que contó con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) “porque consideramos necesario cuestionar esos criterios erróneos, que vemos de manera creciente en las respuestas que ofrecen las autoridades nacionales a los pedidos de acceso a la información pública”.
A diferencia de la resolución de primera instancia, que negó el recurso al considerar que Gil Lavedra carecía de legitimación activa en el ejercicio del derecho -por contar con “canales institucionales específicos” propios de su cargo como Diputado-; la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal argumentó que “en su condición de ciudadano, se hallaba legitimado para acceder a la información requerida”, motivo por el cual revocó la sentencia.
Por su parte, la CSJN rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional y dejó firme la sentencia de segunda instancia. Tomando en consideración el precedente ADC c/EN-PAMI y CIPPEC c/EN-Min. Desarrollo Social, la Corte sostuvo que el acceso a la información pública tiene por sujeto del derecho a “toda persona” sin distinción: “la legitimación activa es amplia, de conformidad con el principio de máxima divulgación”. En el fallo, la Corte entendió que el Estado omitió criticar la interpelación realizada por la Cámara sobre las leyes y reglamentaciones específicas en materia de sociedades comerciales -que asignan un carácter público a la información objeto del reclamo- y careció de fundamentos idóneos para demostrar que lo solicitado podía considerarse como información reservada o exceptuada de publicidad en los términos del Decreto 1172/03.
En el segundo caso, los Diputados Manuel Garrido y Gil Lavedra interpusieron una acción de amparo contra el Ministerio de Planificación, a los fines de que éste entregue la información vinculada al dictamen de evaluación para la construcción de las represas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic” en la Provincia de Santa Cruz, que fuera solicitada en agosto de 2013 mediante pedido formal y expresamente denegada por el hecho de ser legisladores.
En los fundamentos de la negativa se explicita que el derecho regulado por el Decreto 1172/03 “está dirigido a los ciudadanos, en su carácter de tal, que no cuentan con un acceso o vía especifica para requerir o solicitar información a la Administración Pública y sus dependencias...En tal sentido, en atención a que los requirentes resultan ser Diputados Nacionales existe un canal específico de comunicación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”.
Contrariamente a esta postura, el fallo de primera instancia admitió la acción de amparo y ordenó a Julio De Vido que pusiese a disposición de los accionantes la información requerida en un plazo de diez días -resolución que fue, luego, confirmada, por la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal-. Llegado el caso a la Corte, ésta hizo uso de los mismos argumentos que en el fallo anteriormente citado y rechazó el recurso extraordinario y la queja presentados por el Estado Nacional, dejando firme la sentencia de la Cámara.
Ahora bien, más allá de celebrar el respaldo que el Máximo Tribunal ha dado nuevamente a este derecho humano fundamental convencional y constitucionalmente consagrado, es preciso reflexionar sobre dos cuestiones que se ponen de manifiesto en los casos arriba reseñados. Por un lado, es preocupante la denuncia esgrimida por los legisladores respecto de que los proyectos de pedidos de informes presentados al Congreso “son sistemáticamente ‘cajoneados’; o, en los pocos casos en que logran convertirse en resoluciones, son luego olímpicamente ignorados por el Poder Ejecutivo”. Y, por el otro, es de suma gravedad que el Estado Nacional considere que el carácter de legislador obtura la condición de ciudadano en el ejercicio de un derecho que, sustentado en el principio de publicidad de los actos de gobierno, constituye uno de los pilares de todo gobierno republicano.
El acceso a la información pública es una precondición de todo sistema democrático de gobierno en tanto permite, entre otras cuestiones, el control de la gestión del Estado por parte de los ciudadanos. Es decir, la información en manos del Estado, que le pertenece al pueblo soberano es pública y debe ser directamente accesible. La sentencia de la CSJN es un avance en la materia, pero aún adolecemos de una ley que garantice este derecho a nivel nacional. En este sentido, debemos dar un paso hacia una democracia más transparente y participativa, donde toda persona tenga plenamente garantizado el derecho a saber y terminar con la cultura del secreto.
Diego H. Armesto
Abogado. Profesor de Elementos de Derecho Constitucional (UBA).
María Clara Güida
Profesora de Ciencias de la Comunicación Social (UBA).
Publicado por Diego Hernán Armesto en 15:04 No hay comentarios:
La omnipotencia del Estado...
El presente análisis versa sobre el paquete de leyes que el Poder Ejecutivo remitió al Honorable Senado de la Nación y que la próxima semana será tratado en la Cámara de Diputados de la Nación, así se deben tener presentes los siguientes: a.- “Sistema de Resolución de Conflictos en relaciones de Consumo” (Expte. 298-PE- 2014); b.- “Creación del observatorio de precios y disponibilidad de insumos bienes y servicios” (Expte. 299 –PE- 2014); y c.- “Nuevas regulaciones de las Relaciones de Producción y Consumo” (Expte. 300 – PE- 2014).
Cabe destacar ante todo que este paquete de proyectos viene a reforzar una de las características propias de esta Administración de Gobierno de darle una impronta caprichosa a las palabras y, así, otorgarle un sentido que poco tiene que ver con el real significado de las mismas. Al igual que bajo la bandera de democratizar la justicia sólo se buscó disciplinarla y bajo el lema de democratizar y pluralizar las voces sólo se persiguió acallar las críticas, en este caso la democratización de las relaciones de consumo sólo esconde el control más absoluto de las mismas tanto a nivel vertical como horizontal.
Hecha esta salvedad, los proyectos presentados parecieran ser parte de un modelo que intenta regular la “Iniciativa Privada” y la “Libertad Económica”, violando de manera flagrante la Constitución Nacional y el Derecho Convencional.
El modelo constitucional argentino fue pensado desde sus inicios como un régimen jurídico en el que se protege el derecho individual de la propiedad: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley” (art. 17 CN). La redacción de este artículo encuentra su origen en fuentes internas y externas, entre las que destacan el Estatuto Provisional de 1815, el Reglamento de 1819 y las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos[1].
En tal sentido, esta protección de la libertad individual de la propiedad hace al libre ejercicio de la empresa, razón por la cual el Estado no puede “entrometerse” arbitrariamente en la esfera propia de la empresa, ya que ello sólo redunda en una afectación de la producción, el trabajo y el capital. Alberdi sostenía que: “La propiedad, como garantía de derecho público, tiene dos aspectos: uno jurídico y moral, otro económico y material puramente. Considerado como principio general de la riqueza y como un hecho meramente económico”[2] por ello la Constitución Argentina la consagra, por ello, “la economía política más adelantada y perfeccionada no podría exigir garantías más completas a favor de la propiedad, como principio elemental de riqueza. (…) Se ha visto que la riqueza, o bien sea la producción, tiene tres instrumentos o agentes que le dan a luz: el trabajo, el capital y la tierra. Comprometed, arrebatad la propiedad, es decir, el derecho exclusivo que cada hombre tiene de usar y disponer ampliamente de su trabajo, de su capital y de sus tierras para producir lo conveniente a sus necesidades o goces, y con ello no hacéis más que arrebatar a la producción sus instrumentos, es decir paralizarla en sus funciones fecundas, hacer imposible la riqueza”[3].
En tal sentido, los proyectos propuestos por el Poder Ejecutivo afectan lisa y llanamente la “propiedad”, puesto que alteran los aspectos jurídicos, económicos y materiales de la misma. De la lectura de los proyectos se confirma que la ineficiencia del Estado y su burocracia sólo afectarían negativamente el desarrollo privado: la fuerte intervención estatal, combinada con la gran discrecionalidad de la que dispondría la autoridad de aplicación de ser aprobada la ley sólo conllevaría a amedrentar al privado y a disminuir la inversión, con consecuencias aún más negativas en materia de abastecimiento de aquellas que supuestamente se busca paliar con este paquete de reformas.
La reforma constitucional de 1994 incorporó junto a la defensa de la competencia, los derechos de usuarios y consumidores de bienes y servicios (Art. 42) [4], lo cual sumado al derecho de asociarse y de ejercer toda industria lícita (Art. 14)[5], da una señal clara y concreta sobre la concepción constitucional en materia de “libertad de empresa”.
Ahora bien, el Proyecto de ley PE 299/14 “Creación del observatorio de precios y disponibilidad de insumos bienes y servicios” tiene por objeto la creación de un Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios como organismo técnico de asistencia de la Secretaría de Comercio -en cuyo ámbito se crea- en la tarea de monitorear, relevar y sistematizar precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios producidos, comercializados y prestados en territorio argentino.
De acuerdo con el artículo 2º, la conducción del Observatorio estará a cargo del Secretario de Comercio -en calidad de Presidente-, junto a 7 representantes del PEN -Jefatura de Gabinete de Ministros, Min. Interior y Transporte, Min. Industria, Min. Agricultura, Ganadería y Pesca, Min. Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Min. Ciencia, Tecnología e innovación Productiva, Min. Economía y Finanzas Públicas- y 3 representantes de asociaciones de usuarios y consumidores -legalmente constituidas y registradas. Cabe destacar que la elección de estos últimos quedará a cargo de la propia Secretaría de Comercio, quien con total discrecionalidad podrá disponer de dicha selección puesto que el proyecto no establece mecanismo alguno para ello. No se garantiza un procedimiento claro y transparente de selección de dichos representantes, así como tampoco se precisa la temporalidad de ejercicio del cargo ni si existen posibilidades de reelección o si habrá rotación entre los representantes de las distintas asociaciones. Tampoco se establece la mayoría requerida para las votaciones del directorio.
El proyecto también establece en dicho artículo que el Secretario de Comercio podrá convocar, cuando estime necesario, a los representantes de los ministerios y asociaciones, cuya concurrencia será obligatoria. Se estipula que deberán estar presentes al menos 1 representante ministerial y 1 de las asociaciones. Empero, no se precia en qué casos se podrá solicitar la intervención de dichos representantes. La redacción es sumamente laxa y habilita a la toma de decisiones sobre cuestiones que no se especifican con tan sólo 3 miembros de un total de 11.
Asimismo, el artículo prevé la participación de “organismos de apoyo” -cuya integración será establecida por la reglamentación- para el desarrollo de las tareas de monitoreo, relevamiento y sistematización de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios. Sin embargo, no queda claro cuáles serán dichos organismos ni de qué tipo, así como tampoco cuál será su nivel de injerencia en las tareas mencionadas.
El artículo 3º establece que el observatorio podrá recomendar a la Secretaría de Comercio el requerimiento de “a) toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; b) informes a organismos públicos o privados”, abriendo la posibilidad de requerir cualquier tipo de información referida a la actividad de la empresa o sujeto bajo estudio. Asimismo, el Observatorio podrá recomendar a la Secretaría la publicación de precios y disponibilidad de productos y servicios -algo que ya se encuentra contemplado en las consideraciones del artículo 4º de la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor-, la cual dispondrá su publicación total o parcial. No se explicita aquí dónde se realizará la publicación de esa información ni con qué periodicidad será actualizada la misma.
El artículo 4º establece que el monitoreo y relevamiento de información será realizado de oficio por el Observatorio, quien además podrá ser requerido por la Secretaría de Comercio para llevar a cabo el seguimiento de insumos, bienes o servicios determinados. No se estipulan al respecto consideraciones excepcionales para dicha objetivación particular de monitoreo.
El artículo 5º entiende que el Observatorio deberá emitir un dictamen -del cual no se precisa si es o no de carácter vinculante- e informar a la Secretaría en aquellos casos donde detecte “actos o conductas que pudieran generar distorsiones en el mercado y en los procesos de formación de precios”. Asimismo, conforme al artículo 6º, deberá realizar un dictamen técnico previo al ejercicio de de las potestades previstas en el artículo 2º inc. a), b), c) y d) de la Ley 20.680 -la cual está siendo modificada mediante el proyecto sobre “Nuevas regulaciones de las Relaciones de Producción y Consumo”-. , motivo por el cual no debe leerse aquí la redacción de la ley actual sino la del expediente PE 300/14, junto a la cual busca aprobarse este proyecto-.
De esta manera, la Secretaria de Comercio, puede: “a) Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de esta medidas; b) Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción, a excepción de las cuestiones relativas a infracciones a los deberes formales previstos en la Ley 11.683, y sus modificatorias; c) Disponer la continuidad de la producción, industrialización, comercialización, transporte y distribución o prestación de servicios, como también la fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciera la Autoridad de Aplicación; (…); d) acordar subsidios, cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento y/o la prestación de servicios”[6].
Finalmente, un detalle no menor: el observatorio que este proyecto crea es de “insumos, bienes y servicios”, con lo que está sumamente amplia clasificación incluye de plano a los servicios públicos, como las telecomunicaciones, y podría llegar a incluir, también, los servicios de comunicación audiovisual. Aunque el foco de la norma se encuentra puesto fundamentalmente en otras actividades comerciales, no debe descartarse la posibilidad de que una interpretación literal de la letra de la ley pueda considerar incluidos a este tipo de servicios.
Los servicios de comunicación audiovisual son definidos en el artículo 4º de la Ley 26.522 como “la actividad cultural cuya responsabilidad editorial corresponde a un prestador de un servicio de comunicación audiovisual, o productor de señales o contenidos cuya finalidad es proporcionar programas o contenidos, sobre la base de un horario de programación, con el objeto de informar, entretener o educar al público en general a través de redes de comunicación electrónicas. Comprende la radiodifusión televisiva, hacia receptores fijos, hacia receptores móviles así, como también servicios de radiodifusión sonora, independientemente del soporte utilizado, o por servicio satelital; con o sin suscripción en cualquiera de los casos”.
Son considerados como un servicio de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. Esta condición importa la preservación y el desarrollo de las actividades previstas en la Ley 26.522 como parte de las obligaciones del Estado Nacional establecidas en el Art. 75, inc. 19 de la CN. A tal efecto, la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión (artículo 2º de la Ley 26.522).
Atento a esta consideración, nada obsta para que la futura Súper Secretaría decida intervenir en esta área, requiriendo la documentación de las empresas prestatarias de estos servicios de interés público en aquellos casos de percibir “actos o conductas que pudieran generar distorsiones en el mercado” y en aras de la defensa de la “libertad de expresión”. No sería la primera vez que, bajo la bandera de garantizar un derecho, se busque cercenar otro.
Claramente, los proyectos propuestos no solo afectan la “propiedad” y la “libertad de empresa”, sino que además atenta contra la “libertad económica”, que guarda estrecha relación con las libertades antes nombradas, por cuanto “abarca toda la actividad humana destinada a generar riquezas mediante el desarrollo de factores productivos[7]”. Al respecto, Alberdi nos enseñaba que “Los Estados son ricos por la labor de sus individuos, y su labor es fecunda porque el hombre es libre, es decir, dueño y señor de su persona, de sus bienes, de su vida, de su hogar”[8].
El Art. 2° in fine del Proyecto 300/14 deja por sentada la “omnipotencia” del Estado, ya que no sólo es la Secretaria de Comercio quien puede llevar adelante la aplicación de la Ley, sino también “los Gobernadores de Provincia y/o el Jefe de Gobierno de la Ciudad, por sí o por intermedio de los organismos y/o funcionarios que determinen, podrán fijar –dentro de sus respectivas jurisdicciones- precios máximos y las pertinentes medidas complementarias (…)”. En tal sentido “La omnipotencia del Estado o el poder omnímodo e ilimitado de la Patria respecto de los individuos que son sus miembros tiene por consecuencia necesaria la omnipotencia del Gobierno en que el Estado se personifica, es decir, el despotismo puro y simple. Y no hay más medio de conseguir que el Gobierno deje o no llegue a ser omnipotente sobre los individuos de que el Estado se compone, sino haciendo que el Estado mismo deje de ser ilimitado en su poder respecto del individuo, factor elemental de su pueblo”[9].
El Art. 3° que modifica el Art. 4° de la Ley 20.680 establece quiénes serán pasibles de sanciones. Éstas son muy variadas y van desde “elevar artificial o injustificadamente los precios, la destrucción de mercadería, hasta negar la venta de bienes o prestación de servicio”, dejando librado a la Secretaría de Comercio la imposición de las mismas en forma discrecional (puesto que no es claro el mecanismo por el cual corresponde la aplicación de unas u otras sanciones “dependiendo la gravedad del caso”). De esta manera la “omnipotencia del Gobierno en que ella se personaliza, es no solamente la negación de la libertad, sino también la negación del progreso social, porque ella suprime la iniciativa privada en la obra de ese progreso”.
A lo largo de su articulado, la Constitución establece claramente que en nuestro país rige la libertad económica, por lo cual la injerencia del Estado planteada en estos proyectos por el Poder Ejecutivo Nacional afecta de manera directa y alarmante esa libertad.
Esta actitud profundamente intervencionista asumida por parte del Poder Ejecutivo afecta la manda constitucional y especialmente en lo establecido en el Art. 75 inc. 18: “Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo”. Del mismo modo, se ve afectado también Art. 75 inc. 19: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen. Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”.
El Estado Constitucional y Convencional de Derecho nos invita a repensar el “mercado” desde una nueva perspectiva: ya no solamente desde lo individual, sino también desde el punto de vista de un derecho humano fundamental de carácter colectivo, el que permite indefectiblemente el desarrollo y el progreso de la sociedad en su conjunto.
En conclusión, el proyecto de Ley 300/2014 sobre la modificación de la Ley de Abastecimiento busca solamente el “fortalecimiento de la Secretaria de Comercio” creando, de este modo, un súper organismo con atribuciones sumamente discrecionales que afectan la libertad económica y el desarrollo individual de la economía.
Dicho proyecto introduce elementos que afectan claramente la libertad individual y dan lugar a la “omnipotencia” del Gobierno en detrimento del desarrollo privado, interpretando y entendiendo que el “Estado”, y en este caso el “Gobierno”, es omnipotente y omnipresente. Esta interpretación concibe al Estado como el único que puede llevar sobre sus espaldas el desarrollo y el progreso de la sociedad. Pareciera que las normas y las políticas vigentes en la actualidad van camino a entender que el Estado es el motor de la producción, del desarrollo y del crecimiento, lo que uno entiende que es muy desacertado.
En suma, estos proyectos -y especialmente el 300/14- contradicen el sistema económico establecido en la Constitución Nacional, alterando la libertad de mercado, el sistema económico, debido a que la fuerte intervención estatal o del gobierno allí prevista hace desaparecer toda posibilidad de inversión tanto interna como externa, del mismo modo que también pone en tela de juicio la seguridad jurídica, la cual se ha transformado en una “entelequia” en el régimen jurídico político de Argentina.
*Análisis realizado por Diego Hernán Armesto y María Clara Guida .
[1] Ver GIL DOMINGUEZ, Andrés F., “Constitución Socioeconómica y derechos Económicos, sociales y culturales”, Ed. AD HOC, Bs. As., 2009, p. 69.
[2] Conf. ALBERDI, Juan Bautista, “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina”, Ed. EMECE, Bs. As., 2010, p. 27
[3] Conf. ALBERDI, Juan Bautista, op. cit.
[4]Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.
[5]Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
[6] Actualmente la Ley 20.680 establece: a) Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, precios máximos y/o márgenes de utilidad y/o disponer la congelación de los precios en los niveles vigentes o en cualquiera de los niveles anteriores; b) Fijar precios mínimos y/o de sostén y/o de fomento; c) Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción; (Nota Infoleg: Por art. 15 de la Ley Nº 24.765 B.O. 13/01/1997 se suspende la aplicación del presente inciso en materia de infracciones a los deberes formales previstos en la ley 11.683 (texto ordenado en 1978) y sus modificaciones.) d) Obligar a continuar con la producción, industrialización, comercialización, distribución o prestación de servicios, como también a fabricar determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación. Esta última, a los efectos de la fijación de dichos niveles o cuotas mínimas, tendrá en cuenta, respecto de los obligados, los siguientes datos y elementos:1. Volumen habitual de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios. 2. Capacidad productiva y situación económica. Los que resulten obligados por la aplicación de la presente norma y que estimen que a consecuencia de ello sufrirán grave e irreparable perjuicio económico, podrán solicitar la revisión parcial o total de las medidas que los afectan mediante un trámite que establecerá la reglamentación. Sin embargo, ello no los excusará de dar estricto cumplimiento a las obligaciones impuestas, en tanto no se adopte resolución en relación a su petición, la cual deberá dictarse dentro de los quince (15) días hábiles del reclamo. En caso contrario quedará sin efecto la medida.
[7] Conf. BADENI, Gregorio, “Tratado de Derecho Constitucional”, Ed. LL, Bs. As., 2004, p. 632
[8] Conf. ALBERDI, Juan Bautista, “La Omnipotencia del Estado es la Negación de la Libertad Individual”, http://www.casi.com.ar/sites/default/files/Alberdi%20La%20omnipotencia%20del%20Estado%20es%20la%20negaci%C3%B3n%20de%20la%20libertad%20individual.pdf, 10/08/2014
[9] Conf. ALBERDI, Juan Bautista, “La Omnipotencia del Estado es la Negación de la Libertad Individual”, op. cit.
Publicado por Diego Hernán Armesto en 15:31 No hay comentarios:
Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Todas las personas pueden ejercer los derechos establecidos en el artículo anterior sin ningún tipo de discriminación por motivos de raza, etnia, religión, género, orientación sexual, idioma, edad, ideología, opiniones políticas o de cualquier índole, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier otra circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo.
Artículo 4°.- Las libertades de imprenta, prensa y expresión deben ejercerse respetando los valores, principios y derechos fundamentales que reconocen la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente el sistema democrático y republicano de gobierno, la división de poderes, la independencia judicial y los derechos al honor, la privacidad, la intimidad, la identidad y la propia imagen, así como la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas y la protección psíquica, física y moral de los menores de edad.
Artículo 5°.- En aquellos casos expresamente previstos en el presente Decreto, otras leyes o Tratados Internacionales de jerarquía constitucional, podrá prohibirse la difusión a posteriori de ciertas expresiones, información, opiniones o ideas. Esta prohibición deberá ser resuelta por la autoridad judicial competente, con criterio restrictivo y favorable a las libertades de imprenta, prensa y expresión, y su ejecución requerirá sentencia definitiva, salvo en los casos que aquí expresamente se prevean.
Las expresiones, información, opiniones o ideas que instrumenten, promuevan, propaguen, hagan apología o inciten la actividad sexual ilegal de los niños, su prostitución o explotación sexual o material y/o espectáculos de pornografía infantil son las únicas que podrán ser censuradas o prohibidas por orden judicial no definitiva en forma previa a su difusión.
Artículo 6°.- Queda prohibida la propaganda a favor de la guerra o la tortura, así como cualquier incitación a la violencia y toda apología del odio nacional, racial, religioso, ideológico, deportivo, político, etario, de género, de orientación sexual o social o cualquier otra acción discriminatoria contra cualquier persona o grupo de personas.
Para suspender la difusión de este tipo de propaganda, incitación o apología resulta necesaria una orden judicial, encontrándose legitimada cualquier persona domiciliada o visitante de la Ciudad, o persona jurídica en ella domiciliada. Como excepción, para ejecutar esta orden judicial no será necesario que la misma se encuentre firme.
Artículo 7°.- La protección al honor, la intimidad, la identidad o a la propia imagen no podrá impedir, inhibir ni restringir la investigación ni la difusión de información de interés público.
Cuando quien demande la protección al honor, la privacidad, la intimidad, la identidad o a la propia imagen sea un funcionario público, una persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público deberá evitarse que tal reclamo constituya una presión indirecta que desaliente el pleno ejercicio y goce de las libertades de imprenta, prensa y expresión.
Artículo 8°.- Queda prohibido:
1) Censurar o controlar previamente la veracidad, oportunidad o imparcialidad, revisar, aprobar, intervenir, interferir, obstaculizar, modificar, alterar, sugerir o imponer la línea editorial, noticias, información, contenidos, grillas, programas u opiniones que difundan los habitantes de la Ciudad y los medios de comunicación en ella domiciliados, cualquiera sea su soporte o modalidad.
También quedan prohibidas las conductas anteriormente descriptas respecto de los periodistas que se domicilien en la Ciudad o ejerzan su actividad y sus libertades de imprenta, prensa y expresión mediante medios de comunicación o desde instalaciones en ella domiciliados.
Artículo 9°.- Queda prohibido obligar a periodistas a entregar sus apuntes, anotaciones y archivos personales y profesionales, o a revelar sus fuentes de información o los proyectos que tengan en marcha, debiendo respetarse su ética y secreto profesional.
Artículo 10.- El ejercicio de la actividad periodística no está sujeto a colegiación obligatoria, ni se podrá exigir ningún título ni habilitación profesional para ello.
Artículo 11.- No podrá ser suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada la actividad profesional de los periodistas, productores y editores que se domicilien en la Ciudad o ejerzan su actividad en la misma, ni la de los medios de comunicación que en ella tengan su domicilio o instalaciones, cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen para la difusión de información, opiniones o ideas.
Artículo 12.- A efectos de favorecer la pluralidad y la diversidad en la emisión de expresiones, información, opiniones e ideas y ampliar el efectivo derecho de los habitantes y visitantes de la Ciudad a buscar, recibir y acceder información a expresiones, información, opiniones e ideas de su libre elección, los medios de comunicación aquí domiciliados, cualquiera sea su soporte o modalidad, estarán sujetos a las leyes de defensa de competencia de carácter general que dicte el Gobierno Nacional, siempre y cuando no restrinjan arbitraria o irrazonablemente sus libertades de imprenta, prensa y expresión.
Pero estarán exceptuados de aquellas dictadas exclusivamente para medios de comunicación.
La limitaciones dispuestas por las leyes de defensa de la competencia para los medios de comunicación privados serán de aplicación en el ámbito de la Ciudad también para los medios de comunicación estatales pertenecientes al Gobierno de la Ciudad o de otras jurisdicciones que difundan expresiones, información, opiniones o ideas, desde instalaciones ubicadas en el territorio de la Ciudad.
Artículo 13.- Las autoridades de la Ciudad no podrán dictar actos administrativos, ni admitir la aplicación en el territorio de la Ciudad respecto de sus habitantes, visitantes o de las personas jurídicas aquí domiciliadas, de leyes ni actos administrativos de ninguna otra jurisdicción que, directa o indirectamente, afecten las libertades de imprenta, prensa y expresión tuteladas por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni ninguno de los derechos y garantías establecidas por la presente ley.
Artículo 14.- No podrán restringirse las libertades de imprenta, prensa y expresión de los medios de comunicación con domicilio o instalaciones en la Ciudad, ni el derecho al libre acceso a la información de las personas de la Ciudad por vías indirectas tales como el abuso de controles oficiales, la imposición de aranceles, impuestos, regulación o cargas extraordinarias para la producción o importación de papel para medios gráficos, de enseres, equipos, insumos y aparatos necesarios para la difusión de expresiones, información, opiniones o ideas por cualquier soporte o modalidad.
La enumeración antedicha es meramente enunciativa, y cualquier interpretación deberá ser favorable al pleno goce y ejercicio de las libertades de imprenta, prensa y expresión y al derecho a la búsqueda y acceso a la información diversa, plural y libremente elegida.
Artículo 15.- No podrán imponerse sanciones administrativas de ningún tipo a los habitantes y visitantes de la Ciudad ni a las personas jurídicas en ella domiciliadas por la difusión por cualquier medio de expresiones, información, opiniones o ideas.
Artículo 16.- Los inmuebles, registros marcarios, licencias de comunicación audiovisual, instalaciones, equipos, maquinarias, materiales, enseres, insumos, suministros ni todo activo o bien necesario para la difusión de expresiones, información, opiniones o ideas, que pertenezcan a periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, con domicilio en la Ciudad o que se encuentren en ella instalados, estarán protegidos inclusive frente a expropiaciones por motivos de interés o utilidad pública, decomisos, confiscaciones, embargos, secuestros y ejecuciones administrativas.
Las deudas que con los organismos públicos tengan los periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, originadas en cualquier tipo de sanción o multa administrativa o de origen tributario sólo podrán ser ejecutadas judicialmente contra activos que no resulten, directa o indirectamente, imprescindibles para el ejercicio de tal actividad.
Artículo 17.- No se podrá intervenir, desapoderar, despojar, reasignar, transferir ni ofertar pública o privadamente, sin la aprobación voluntaria y expresa de sus propietarios, ningún medio de comunicación ni ningún inmueble, instalación, registro marcario, licencia de comunicación audiovisual, equipo, maquinaria, enser, insumo, suministro ni ningún activo o bien, material o inmaterial, necesario, directa o indirectamente, para la libre difusión de expresiones, información, opiniones o ideas.
Las acciones o cuotas sociales de las sociedades que, directa o indirectamente, sean propietarias de medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, domiciliados en la Ciudad no se podrán expropiar, confiscar, decomisar, reasignar, ceder ni transferir sin la aprobación voluntaria y expresa de sus titulares.
Los derechos políticos correspondientes a las acciones de las sociedades que, directa o indirectamente, controlen medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, domiciliados en la Ciudad, cuentan con la más amplia protección y nadie podrá interferir en su ejercicio regular.
Artículo 18.- Ninguna autoridad pública podrá intervenir en manera alguna, ni designar ni interventores ni administradores coadyuvantes, ni veedores con o sin derecho a veto, ni participar, ni directa ni indirectamente, en la dirección, gerenciamiento o control societario de los medios de comunicación con domicilio en la Ciudad, cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen para difundir sus expresiones, información, opiniones o ideas, ni tampoco interferir en manera alguna en sus decisiones editoriales ni empresariales ni apartar ni separar ni remover ni siquiera temporalmente sus órganos de administración.
Artículo 19.- Los acreedores privados sólo podrán embargar preventivamente y posteriormente ejecutar, los activos y bienes, materiales o inmateriales, que los periodistas o medios de comunicación domiciliados en la Ciudad, cualquiera sea su soporte o modalidad, necesiten para realizar la difusión de expresiones, información, opiniones o ideas, cuando no existan otros activos o bienes sobre los que hacerlo.
En ningún caso corresponderá el secuestro preventivo, ni la intervención judicial, ni ninguna otra medida cautelar sobre los activos o bienes necesarios para el ejercicio de la actividad.
Artículo 20.- Las instalaciones de medios de comunicación ubicadas en el territorio de la Ciudad necesarias para la difusión de información, opiniones o ideas, mediante cualquier soporte o modalidad de información, no podrán ser clausuradas ni sus equipos decomisados por la administración pública salvo mediante orden judicial que se encuentre firme.
Cuando la orden judicial se funde en la existencia de peligro grave, inminente y concreto para la seguridad física de las personas, no será necesario que se encuentre firme.
Artículo 21.- Corresponde a la Ciudad la jurisdicción de todas las materias relativas a los medios y servicios de difusión orales, gráficos, electrónicos o de cualquier otro tipo, de los medios de comunicación en ella domiciliados o cuyas instalaciones se encuentren en la Ciudad, cualquiera sea su soporte o modalidad, con excepción de aquellos que ocupen espacio radioeléctrico los que estarán regulados por la ley federal correspondiente, en la medida que dicha regulación no afecte las libertades de imprenta, prensa y expresión de los habitantes de la Ciudad ni de las personas físicas en ella domiciliadas.
Artículo 22.- Al tratarse la protección a las libertades de prensa, imprenta y expresión de una facultad expresamente atribuida a la Ciudad por la Constitución Nacional, y no habiendo sido delegada ni resultando delegable, los bienes y activos, materiales o inmateriales, que periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, necesiten para ejercer su actividad y se encuentren en el territorio de la Ciudad no estarán sujetos a aquellas leyes o actos administrativos dictados por otras jurisdicciones que coarten, restrinjan o limiten, directa o indirectamente, dichas libertades ni que afecten, obstaculicen, comprometan o de cualquier forma perturben la libre expresión, circulación, acceso o elección de información, opiniones o ideas.
Artículo 23.- Lo dispuesto en el presente Decreto no afecta, altera, suspende ni restringe en manera alguna lo dispuesto por la Ley N° 2.936 y sus modificatorias.
Artículo 24.- Para todos los efectos relacionados con la aplicación e interpretación de la presente:
1) El término “todas las personas” deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye tanto a las físicas como a las jurídicas, a los habitantes como a los visitantes, a quienes ejerzan los derechos aquí reconocidos desde y en el territorio de la Ciudad.
2) El término “ninguna autoridad pública” deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye a todas las autoridades administrativas y públicas de la Ciudad y de cualquier otra jurisdicción, así como a todas las reparticiones autárquicas y organismos descentralizados o no de cualquier nivel y jurisdicción.
3) El término “difusión” deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye cualquier forma de manifestación, publicación, transmisión, propagación, exhibición o divulgación de expresiones, información, opiniones o ideas.
4) El término “expresión” deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye las artísticas, literarias, satíricas, culturales, intelectuales, filosóficas, políticas, económicas, científicas, religiosas, sociales y cualquier otra.
5) Los términos “información”, “opinión” e “idea” deberán ser considerados en el sentido más amplio e incluyen imágenes, sonidos, noticias, críticas, pensamientos y enseñanzas.
6) El término “periodista” deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye a cualquier persona que difunda expresiones, información, opiniones o ideas por algún medio de comunicación.
7) El término “medio de comunicación” deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye cualquier soporte o modalidad, sea oral, gráfico, audiovisual, electrónico, cibernético, entre otros.
Artículo 25.- Corresponde al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la jurisdicción en toda materia relativa a los derechos y garantías a que se refiere el presente Régimen.
Una ley especial establecerá la organización y composición del fuero correspondiente, que tendrá competencia para conocer respecto de toda acción vinculada con la aplicación del presente Régimen u originada en la Ley N° 104 de Acceso a la Información.
La competencia en materia penal, contravencional y de faltas seguirá siendo ejercida por los magistrados del fuero respectivo.
En razón de la materia, en ningún caso será competente la jurisdicción federal para entender en la aplicación del presente Régimen.
Los procesos se regirán por el Código Contencioso Administrativo y Tributario o por la Ley N° 2.145 de Amparo, según corresponda.
Las decisiones serán recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme la normativa que rige su competencia.
Artículo 26.- Hasta tanto se constituya el fuero a que se refiere el artículo 25, su competencia corresponderá al Tribunal Superior de Justicia.
Lo dispuesto por los artículos 14, 32, 121 y 129 de la Constitución Nacional, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 1°, 6°, 10, 11, 12 inciso 2, 32 y 47 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Expediente Nº 1736097/2013; y
Que las libertades de prensa y de expresión son garantías constitucionales expresamente consagradas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en consonancia con las prescripciones de la Constitución Nacional, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y normas concordantes de otros Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional;
Que tales garantías –de enorme importancia en sí mismas- constituyen además la salvaguarda de las restantes libertades y derechos constitucionales, resultando asimismo esenciales para la existencia del sistema republicano, en tanto constituyen herramientas necesarias tanto para el pleno ejercicio de los derechos como también para el debido control de los actos de gobierno, haciendo posible su conocimiento por los ciudadanos;
Que el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra el derecho a publicar ideas por la prensa sin censura previa; derecho que ha sido interpretado por la doctrina y la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal en forma amplia, abarcativa de cualquier tipo de contenido (ideas, noticias, opiniones, expresiones artísticas o culturales, entre otras) y de medio o soporte técnico (prensa escrita, radio, televisión, Internet, cine, etc.);
Que la doctrina ha afirmado que la libertad de expresión “es el derecho a hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar un conjunto de ideas, opiniones, críticas, imágenes, creencias, etc … a través de cualquier medio: oralmente, mediante símbolos y gestos, en forma escrita, a través de la radio, el cine, el teatro y la televisión, etc.” (Bidart Campos, Germán; Manual de la Constitución Reformada)
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado en forma reiterada y uniforme que la protección de las libertades de imprenta, prensa y expresión resulta superlativa por ser uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y del sistema democrático y republicano de gobierno;
Que en este sentido se ha dicho que “Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen más entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia desmedrada o puramente nominal. Incluso no sería aventurado afirmar que, aun cuando el art. 14 enuncie derechos meramente individuales, está claro que la Constitución, al legislar sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica.” (Fallos, 248:291, JA 1960 – VI – 454, “Abal c Diario La Prensa”;
Que el artículo 32 de la Ley Fundamental nacional dispone que “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”;
Que dicho precepto fue incorporado por la Convención que reformó la Constitución Nacional en 1860, inspirado en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y motivado en el temor de que las amplias facultades otorgadas al Congreso para reglamentar la libertad de prensa reconocida por el artículo 14 de la Constitución de 1853, pudiesen conducir a su restricción, desnaturalizando tal garantía;
Que en el Preámbulo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se destacan como objetivos esenciales los de “promover el desarrollo humano en una democracia fundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y los derechos humanos, reconociendo la identidad en la pluralidad …”;
Que el artículo 1°, último párrafo, de la Ley Fundamental de la Ciudad establece expresamente –en forma concordante con el artículo 121 de la Constitución Nacional- que “La Ciudad ejerce todo el poder no conferido por la Constitución Nacional al Gobierno Federal”;
Que en la Ciudad rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen, conforme dispone el artículo 10 de la Constitución local;
Que a su vez el artículo 11 establece: “Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad”;
Que la norma citada no sólo consagra el derecho a la igualdad, a la diversidad, a la pluralidad y a la no discriminación, sino que promueve políticas activas en la remoción de los obstáculos que puedan afectar tales derechos;
Que el derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura se encuentra garantizado por el apartado 2 del artículo 12 de la Constitución local;
Que por su parte el artículo 32 garantiza la democracia cultural, asegura la libre expresión artística y prohíbe toda censura;
Que dicha norma contiene, entre otras, previsiones positivas relativas al acceso a los bienes culturales, el desarrollo de las industrias culturales del país, la capacitación profesional de los agentes culturales, la calidad y jerarquía de las producciones artísticas, la actividad de los artistas nacionales, la protección y difusión de las manifestaciones de la cultura popular y de su identidad pluralista y multiétnica y sus tradiciones;
Que la Constitución la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dedica el Capítulo Decimosexto del Título Segundo del Libro Primero, a las políticas especiales en materia de Comunicación;
Que en ese sentido el artículo 47 dispone en lo pertinente que “La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emisores y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garantiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional de los periodistas”;
Que corresponde aquí recordar la vigencia de Tratados Internacionales sobre la materia, que gozan de jerarquía constitucional y dan especial y específica protección a la libertad de expresión, resaltando su carácter de esencial para el sistema republicano y democrático;
Que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), incorporado con rango constitucional conforme las previsiones del inciso 22 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, expresamente prevé en su parte pertinente que “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección; 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas; 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”;
Que similares disposiciones contienen otros tratados internacionales de rango constitucional;
Que el Derecho Internacional entiende que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático, y que la libertad de prensa es esencial para el pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, no siendo una concesión del Estado sino un derecho fundamental;
Que el Derecho Provincial comparado registra numerosas previsiones constitucionales locales, que amplían y mejoran respecto de la Constitución Nacional las garantías de los derechos antes referidos;
Que en ese marco, la efectiva garantía de los ya referidos derechos que consagra la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requiere del acabado ejercicio de la autonomía que surge del artículo 129 de la Constitución Nacional, y cuya preservación impone el artículo 6° de la Ley Fundamental local;
Que ello adquiere especial relevancia ante el dictado por el Gobierno Nacional de actos y normas que podrían avasallar tales derechos y garantías;
Que tal como sostuviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la prensa ha recibido protección constitucional como dimensión política de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión, pasando a ser un elemento integrante del estado constitucional moderno;
Que ello importa asimismo para ella el derecho -e incluso el deber- de ser independiente, a la vez que responsable ante la justicia de los delitos o daños cometidos mediante su ejercicio;
Que la importancia de los medios de comunicación en la sociedad actual ha sido reconocida por el Congreso Nacional, que mediante el dictado de la Ley Nacional N° 25.750 –Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en el año 2003- ha otorgado una especial protección a la actividad en términos generales;
Que numerosas constituciones provinciales han incorporado previsiones en defensa de las libertades de imprenta, prensa y expresión, tales como las de Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis y Santiago del Estero, entre otras;
Que las recientes restricciones a la libertad de prensa no sólo afectan el derecho subjetivo de dar y recibir información, sino que limitan las posibilidades de un adecuado ejercicio de las demás libertades constitucionalmente consagradas, en la medida en que impiden el acceso a información relevante y a argumentos plurales, y se constituyen en un serio obstáculo a la deliberación pública abierta, no discriminada, vigorosa y desinhibida;
Que el adecuado ejercicio de esos derechos resulta imprescindible en toda sociedad democrática, pero muy en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la diversidad y pluralidad en su conformación exige un especial cuidado a la hora de resguardar la existencia de los canales y medios de comunicación apropiados para esas manifestaciones;
Que en los últimos días se han registrado ataques contra dos de los pilares de un sistema democrático: la independencia de la Justicia y la libertad de prensa;
Que no hay democracia sin libertad de expresión, ni libertad de expresión sin libertad de prensa;
Que las amenazas y hostigamiento a que han sido sometidos periodistas y medios de comunicación, evidencian una situación de peligro inminente para una de las más importantes libertades que garantiza el Estado de Derecho;
Que más allá de la gravedad individual de cada uno de estos hechos, es el conjunto de ellos lo que permite afirmar la seriedad de la situación en materia de libertad de expresión;
Que ello resulta especialmente grave en la Ciudad de Buenos Aires, particularmente activa y de vanguardia en materia de derechos;
Que en resguardo de los derechos y garantías constitucionales en juego deben adoptarse las previsiones legales necesarias, en pos de su efectiva preservación;
Que a tales fines resulta imperioso que en forma urgente se dicte un régimen legal de defensa y resguardo de la libertad de expresión en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Publicado por Diego Hernán Armesto en 18:31 No hay comentarios: