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Timestamp: 2018-08-15 21:14:08
Document Index: 378827698

Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 147', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 3', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 267', 'artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 147', 'artículo 93', 'artículo 93']

Cabecera: Extranjería. Expulsión del territorio nacional. Extranjeros residentes. Expulsión por condena penal. Doctrina sobre el artículo 57.2 LOEX. Reiteración de la doctrina establecida en nuestras sentencias 893 y 962/2018.
Número Sentencia: 1135/2018 Número Recurso: 1214/2017
Numroj: STS 2782:2018
Ecli: ES:TS:2018:2782
Voces sustantivas: Accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, Circunstancia atenuante, Circunstancias agravantes, Circunstancias modificativas, Coacciones, Delito de obstrucción a la justicia, Delitos de lesiones, Extranjería, Infracciones y sanciones, Ipso iure, Prestación por incapacidad, Recurso de alzada, Responsabilidad penal, Seguridad ciudadana, Amenazas, Cancelación, Derechos y libertades de los extranjeros, Expediente administrativo, Edad, Expulsión de extranjeros, Expulsión del territorio español, Grado de ejecución, Mala fe, Presunciones, Principio de seguridad jurídica, Prescripción de las infracciones, Prestación contributiva por desempleo, Principio de proporcionalidad, Privación de libertad, Reincidencia, Resoluciones administrativas, Responsabilidades penales, Régimen sancionador, Trabajos en beneficio de la comunidad, Tentativa, Adopción, Antecedentes penales, Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, Delito de violencia doméstica, Embargo, Hijos menores, Individualización de la pena, Infracciones muy graves, Interpretación literal, Interpretación sistemática, Marcas, Nacionalidad, Plazos, Reincidencia, Reinserción social, Seguridad pública
Voces procesales: Procedimiento abreviado, Recurso de apelación, Recurso de casación, Admisión del recurso, Admisión del recurso de casación, Condena en costas, Escrito de interposición del recurso, Infracción del ordenamiento, Interés casacional, Principio de proporcionalidad, Sentencias condenatorias, Providencias, Ratio decidendi
[anterior] Sentencia núm. 1.135/2018
[anterior] Fecha de sentencia: 03/07/2018
[anterior] Número del procedimiento: 1214/2017
[anterior] Fecha de Votación y Fallo: 27/06/2018
[anterior] Ponente: Excmo. Sr. D. Jose Juan Suay Rincon
[anterior] Procedencia: T.S.J.COM.VALENCIANA CON/AD
[anterior] Transcrito por: Jas
[anterior] R. CASACION núm.: 1214/2017
[anterior] Sentencia núm. 1135/2018
[anterior] D. Cesar Tolosa Tribiño
[anterior] En Madrid, a 3 de julio de 2018.
[anterior] Esta Sala ha visto el recurso de casación nº 1214/2017 interpuesto por la Administración General del Estado, representada y asistida por el Abogado del Estado, contra la sentencia nº 875/2016 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana en fecha 28 de octubre de 2016 , en el recurso de apelación nº 884/2015, sobre extranjería; ha sido parte recurrida don Alonso , representado por el procurador de los tribunales don Ángel Luis Rodríguez Velasco y defendido por la letrado doña Elvira Lourdes Fraile Azpeitia.
[anterior] Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Jose Juan Suay Rincon.
[anterior] PRIMERO.- En el recurso de apelación nº 884/2015, seguido en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, el 28 de octubre de 2016 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
[anterior] "1.- Estimar el recurso de apelación número 884/2015, interpuesto por D. Alonso contra la sentencia nº 186/15, de 22 de junio de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Dos de Castellón en el recurso contencioso-administrativo abreviado número 5/2015 seguido ante ese Juzgado.
[anterior] 2.- Revocar la sentencia de instancia.
[anterior] 3.- Estimar el mencionado recurso contencioso-administrativo número 5/2015, deducido por D. Alonso frente a la resolución del Subdelegado del Gobierno en Castellón de 21 de octubre de 2014, por la que se impuso a aquél la expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada en el espacio Schengen por un periodo de cinco años, por estar incurso en la causa de expulsión prevista en el art. 57.2 de la L.O. 4/2000 .
[anterior] 4.- Anular, por ser contraria a derecho, la indicada resolución del Subdelegado del Gobierno en Castellón de 21 de octubre de 2014.
[anterior] 5.- No hacer expresa imposición de costas procesales de esta segunda instancia."
[anterior] SEGUNDO.- La Administración recurrente preparó recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, que la Sala sentenciadora tuvo por preparado por auto de 2 de marzo de 2017 , ordenando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo.
[anterior] TERCERO.- Recibidas las actuaciones, y personada la Administración General del Estado como parte recurrente, y D. Alonso , como parte recurrida, pasan al ponente para que proponga a la Sala la resolución que proceda; y por auto de 23 de octubre de 2017 la Sección Primera de esta Sala acordó admitir a trámite el recurso de casación preparado por el Sr. Abogado del Estado contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 28 de octubre de 2016, dictada en el recurso de apelación número 884/2015 , que revocó la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Castellón dictada -22 de junio de 2015 - en el procedimiento abreviado nº 5/2015.
[anterior] CUARTO.- Por diligencia de ordenación de 31 de octubre de 2017 se dispuso la remisión de las actuaciones a esta Sección Quinta para su tramitación y decisión, y por otra de 17 de noviembre de 2017, se confirió a la parte recurrente el plazo de treinta días para presentar su escrito de interposición.
[anterior] QUINTO.- Por escrito de 24 de noviembre de 2017 el Abogado del Estado, en la representación que ostenta de la parte recurrente, con exposición razonada de las infracciones normativas y/o jurisprudenciales identificadas en el escrito de preparación, precisa el sentido de las pretensiones que deduce y los pronunciamientos que solicita, terminando por interesar el dictado de una sentencia que, estimando el recurso de casación interpuesto, revoque la sentencia recurrida y declare que el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería , ha de ser aplicado teniendo en cuenta la pena en abstracto y no la pena en concreto impuesta al extranjero.
[anterior] SEXTO.- Por providencia de 19 de diciembre de 2017 se acordó dar traslado a la parte recurrida a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo. Siendo evacuado el trámite conferido por D. Alonso mediante escrito de fecha 5 de febrero de 2018, en el que solicitó a la Sala que dicte sentencia que declare no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia nº 875 de 28 de octubre de 2016 en el recurso de apelación número 884/2015 , confirme en todos sus pronunciamientos la resolución recurrida y declare que el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería , de 11 de enero, ha de ser aplicado teniendo en cuenta la pena en concreto impuesta al extranjero y no la pena prevista en abstracto para el delito por el Código Penal en el tipo legal correspondiente; declaraado, asimismo, que no procede imponer a don Alonso la medida de expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada en el espacio Schengen por un periodo de cinco años, ya que el recurrente ha sido condenado por delito de lesiones del artículo 147 del Código Penal a una pena concreta inferior a un año, por lo que no está incurso en la causa de expulsión prevista en el citado artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería , de 11 de enero; con expresa imposición en costas a la parte recurrente.
[anterior] SÉPTIMO.- Atendiendo a la índole del asunto, se consideró innecesaria la celebración de vista pública, declarando concluso el procedimiento y, mediante providencia se señaló para votación y fallo el 27 de junio de 2018, en que tuvo lugar.
[anterior] PRIMERO.- El presente recurso de casación tiene por objeto la anulación de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, el 28 de octubre de 2016 , por la que se estimó el recurso de apelación interpuesto por D. Alonso contra la sentencia de 22 de junio de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Castellón ; y por la que, en su consecuencia, revocándose esta última sentencia, se estimó el recurso contencioso- administrativo deducido frente a la resolución del Subdelegado del Gobierno en Castellón de 21 de octubre de 2014, por la que se impuso la expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada en el espacio Schengen por un periodo de cinco años, por estar incurso en la causa de expulsión prevista en el art. 57.2 de la Ley Orgánica, anulándose consiguientemente por contraria a derecho dicha resolución.
[anterior] SEGUNDO.- La sentencia impugnada en casación, por las razones que expone en su FD 1º, considera que ha de prosperar el recurso de apelación sobre el que ha pronunciarse:
[anterior] "La Sala, tras el examen tanto del expediente administrativo obrante en autos como de las actuaciones practicadas en la primera instancia judicial, entiende, como ya puso de relieve a las partes en la providencia de 7 de octubre de 2016, y por los motivos apuntados en esa providencia, que procede la estimación del recurso de apelación.
[anterior] Para aplicar el art. 57.2 de la L.O. 4/2000 ha de estarse a la pena atribuida en concreto al extranjero por la sentencia condenatoria tenida en cuenta por la Administración para la aplicación de la medida de expulsión contemplada en dicho art. 57.2, y no a la pena prevista en abstracto para el delito por el Código Penal en el tipo legal correspondiente. Este es el criterio mayoritario sostenido últimamente por esta Sala y Sección, que llevado al caso de autos conduce a concluir que, puesto que la sentencia condenatoria tomada en consideración por la Administración para acordar la expulsión de D. Alonso impuso a éste una pena privativa de libertad de duración inferior a un año, no concurren los requisitos exigidos por el referido art. 57.2 de la L.O. 4/2000 .
[anterior] A tenor de lo fundamentado procede estimar el recurso de apelación interpuesto por el apelante, revocar la sentencia apelada y estimar el recurso contencioso- administrativo de instancia, anulando la resolución administrativa impugnada, por no ser ajustada a derecho."
[anterior] Ha lugar, consiguientemente, a dicho recurso, sin imposición de condena en costas (FD 2º).
[anterior] TERCERO.- Preparado recurso de casación, vino éste a admitirse a trámite por auto de la sección primera de este Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2017 , que vino a concretar que la cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia que motivó la admisión del recurso consistía en determinar si el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y, en concreto, su inciso "que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año", debe ser interpretado en el sentido de que se refiere a la pena en abstracto asignada al tipo en el Código Penal, o bien a la pena efectivamente impuesta en cada caso; identificándose como la norma jurídica que, en principio, será objeto de interpretación el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
[anterior] CUARTO.- Planteada en estos términos, la cuestión de interés casacional suscitada con ocasión del presente recurso es así coincidente con la resuelta por nuestras precedentes sentencias 893/2018, de 31 de mayo RC 1321/2017 y 962/2018, de 11 de junio RC 1202/2017 . Esta última es, sobre todo, la que procede tomar en consideración, a los efectos de solventar la controversia en el supuesto de autos, toda vez que la resolución impugnada a la sazón parte de la misma consideración de que en la interpretación del artículo 57.2 de la Ley de Extranjería es a la pena atribuida en concreto al extranjero a lo que hay que estar para aplicar la medida de expulsión dispuesta por dicho precepto (se trata además de la misma Sección y Sala del mismo Tribunal Superior de Justicia: en realidad, su contenido se corresponde con la que ahora es objeto de nuestra consideración); y es por eso por lo que el Abogado del Estado promueve el consiguiente recurso de casación con base en la misma línea argumental.
[anterior] A) Así las cosas, en nuestra Sentencia 962/2018 tuvimos ocasión ya de fundamentar nuestro criterio en relación con dicha cuestión en el sentido que ahora dejamos reproducido:
[anterior] " FUNDAMENTOS DE DERECHO
[anterior] PRIMERO.- Se impugna en este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 1013/2016, de 7 de diciembre, dictada en el Recurso de Apelación 752/2015 , seguido contra la anterior sentencia 264/2015, de 17 de junio, que dictó el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Alicante en el Procedimiento abreviado 609/2014, sobre sanción de expulsión del territorio español.
[anterior] En consecuencia, la sentencia 1013/2016, de 7 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-administrativo estimó el Recurso de Apelación 752/2015 , formulado, por el propio recurrente, contra la anterior sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo que, por su parte, había desestimado el Recurso contencioso-administrativo 609/2014, deducido contra la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, de fecha 7 de octubre de 2014, que acordaba la expulsión del recurrente del territorio español con prohibición de entrada en el espacio Schengen durante un periodo de 5 años.
[anterior] "La Sala, tras el examen tanto del expediente administrativo obrante en autos como de las actuaciones practicadas en la primera instancia judicial, entiende, por los motivos que se pasan a exponer, que procede la estimación del recurso de apelación.
[anterior] Para aplicar el art. 57.2 de la LO. 4/2000 ha de estarse a la pena atribuida en concreto al extranjero por la sentencia condenatoria tenida en cuenta por la Administración para la aplicación de la medida de expulsión contemplada en dicho art. 57.2, y no a la pena prevista en abstracto para el delito por el Código Penal en el tipo legal correspondiente. Este es el criterio mayoritario sostenido últimamente por esta Sala y Sección, que llevado al caso de autos conduce a concluir que, puesto que la sentencia condenatoria tomada en consideración por la Administración para acordar la expulsión de D. Jose Pablo -titular de una autorización de residencia permanente- impuso a éste una pena privativa de libertad de duración inferior a un año (seis meses de prisión, como autor de un delito de violencia domestica tipificado en el art. 173.2 del Código Penal ), no concurren los requisitos exigidos por el referido art 57.2 de la LO. 4/2000 .
[anterior] A tenor de lo fundamentado procede, sin más, estimar el recurso de apelación, revocar la sentencia apelada y estimar el recurso contencioso-administrativo de instancia, anulando la resolución administrativa impugnada, por no ser ajustada a derecho".
[anterior] SEGUNDO.- Apela el Abogado del Estado a una interpretación literal del artículo 57.2 de la LOEX, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Código Civil , citando al respecto sentencias de los diferentes Tribunales Superiores partidarios de tal interpretación ( SSTSJ de Castilla y León, Sala de Valladolid, Sección Tercera, 2275/2014, de 7 de noviembre ; Murcia, de 10 de octubre de 2014, RA 83/2014 ; Castilla La Mancha, 23 de octubre de 2015 , RA 16/2014 ---que reitera la anterior de 15 de octubre de 2015, RA 33082013- --); y País Vasco de 19 de julio de 2016 (RA 93/2016).
[anterior] TERCERO.- Frente a ello, el extranjero recurrido considera que el artículo 57.2 de la LOEX no resulta de aplicación al caso, teniendo además en cuenta que dicho precepto, en su aplicación a los residentes de larga duración, debe de ser interpretado de conformidad con la Directiva 2003/109/CE (artículos 9 y 12), y, por ello, la medida de expulsión no puede ser aplicada automáticamente, debiendo valorarse la amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, así como las circunstancias que en dichos preceptos se describen, entre otras, las relativas a los vínculos de esa persona con el Estado de residencia. A tal efecto, cita las SSTSJ de Madrid 1023/2016, de 5 de octubre (Sección 9ª), RCA 1267/2015 , y la 654//2017, de 27 de septiembre (Sección Segunda), RCA 84/2017 .
[anterior] "Y, efectivamente, esta misma Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones sobre la cuestión, así en la sentencia de 12 de mayo pasado, dictada en el rollo de apelación 3322/2016 (recurso 411/2015 del Juzgado número DOS de Algeciras), entendiendo que la pena es la pena-tipo, la prevista en abstracto por la Ley para el delito de que se trate, sin consideración a la concreta pena impuesta, pues el precepto no se refiere a la conducta sino al delito, criterio seguido igualmente por otras Salas de distintos Tribunales Superiores)".
[anterior] (...) Es el delito el que tiene que estar penado con un año de prisión, como mínimo, y no que sea la pena efectivamente impuesta la que marque la causa de expulsión".
[anterior] 3. SSTSJ de la Comunidad Valenciana (Sección Primera) 891/2016, de 7 de noviembre y 20 de septiembre de 2017 (RA 929/2015), similares a la de autos:
[anterior] (La segunda de las citadas, a mayor abundamiento, cita y reproduce la del Pleno del TSJ de Madrid 420/2017, de 6 de junio , RA 970/2016).
[anterior] Llegamos así al artículo 57 ---dedicado a la "Expulsión del territorio" , obviamente, sólo, de los infractores que sean extranjeros--- cuyo apartado 2 estamos obligados a interpretar. El mismo, sin embargo, está compuesto por once apartados, de los que destacamos los que aquí nos interesan:
[anterior] 2. En el apartado 3 se dispone ---en principio, tanto para el supuesto del apartado 1 como para el del apartado 2, al que luego nos referiremos--- la imposibilidad de "imponerse conjuntamente las sanciones de expulsión y multa" . Esto es, que tanto la "sanción (de) ... expulsión del territorio español" que se contempla por el legislador para las infracciones muy graves y graves del apartado 1 del artículo 57 (en lugar de la multa), así la "causa de expulsión" prevista (con exclusividad) para el supuesto que nos ocupa del artículo 57.2 de la LOEX, no pueden imponerse conjuntamente. Así lo puso de manifiesto la STJUE de 23 de abril de 2015 (Asunto C-38/14 , Zaizoune) que tuvo por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE , por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco ( ATSJPV de 17 de diciembre de 2013 ), en relación con los artículos 6, apartado 1 , y 8, apartado 1 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, que fueron interpretados en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro, que, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de dicho Estado, impone, dependiendo de las circunstancias, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre sí.
[anterior] En dicho contexto, tenemos que inclinarnos por la interpretación conocida como de la "pena abstracta" o "pena tipo" , debiendo tomarse en consideración la pena prevista en el Código Penal español, para la conducta dolosa constitutiva de delito, por la que el ciudadano extranjero haya sido condenado en España o fuera de ella; teniendo en cuenta que dicha pena ha de ser la de privación de libertad "superior a un año" . Tal criterio supondría que, en supuestos como el de autos, aunque el actor fuera objeto de una pena privativa de libertad inferior al año, sin embargo, en cuanto lo fue por un delito al que la ley ---Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal--- le atribuía una sanción de mayor duración genéricamente al año, sí resulta posible aplicar la medida de expulsión.
[anterior] e) Con la excepción de que "los antecedentes penales hubieran sido cancelados".
[anterior] Como han puesto de manifiesto los Tribunales que ha seguido esta interpretación "el precepto no se refiere a la conducta sino al delito", por ello la decisión se debe adoptar "sin considerar si el hecho se consumó o quedó en tentativa o la incidencia de determinadas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (pues) [e]n otro caso, la aplicación del precepto en cuestión quedaría al arbitrio de que la acusación solicite mayor o menor pena o de que el Tribunal del orden penal la imponga en efecto por encima o no de dicho umbral" . Esto es, que "[n]o prevé este precepto una posibilidad de opción, como sucede con el párrafo 1 del mismo art. 57, pues en el supuesto citado la expulsión procede en todo caso si concurre la circunstancia expresada".
[anterior] NOVENO.- En el supuesto de autos, según la ejecutoria 604/2010, del Juzgado de lo Penal nº 4 de Alicante, el recurrido fue condenado como autor criminalmente responsable de un delito de violencia doméstica y de género, maltrato habitual, previsto en el artículo 173.2 del Código Penal ---aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre---, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de seis meses de prisión y accesorias.
[anterior] En la redacción vigente en el momento de los hechos, y aplicada por la sentencia, el artículo 173.2 sancionaba el citado delito de violencia con pena "de prisión de seis meses a tres años". Pena que, con posterioridad a los hechos, no variaría en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo , por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y que, por tanto, continuaría siendo sancionado con la pena de "seis meses a tres años de prisión" .
[anterior] DÉCIMO.- De acuerdo, pues, con todo lo expuesto, rechazamos la interpretación realizada por la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana, y, modulamos la interpretación que mantiene el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 4 de los de Alicante, considerando como interpretación más acertada del artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) ---y, en concreto, su inciso "delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año"--- la que señala que debe ser interpretado en el sentido de que el precepto se refiere a la pena prevista en abstracto en el Código Penal para el delito correspondiente, si bien, sólo en aquellos supuestos en los que la totalidad de la pena establecida en el Código Penal sea "una pena privativa de libertad superior a un año" , esto es, excluyendo aquellos delitos en los que, con independencia de máximo previsto para la pena de privación de libertad, el mínimo, igualmente previsto, es de un año o menos.
[anterior] Esta, pues, es la doctrina que resulta procedente establecer, como doctrina jurisprudencial, y que es reiteración de la ya establecida en la reciente STS 893/2018, de 31 de mayo (RC 1321/2017 ).
[anterior] DÉCIMO PRIMERO.- La interpretación del artículo 57.2 de la LOEX que se acaba de establecer conduce a la estimación de las pretensiones que la Abogacía del Estado deduce en el escrito de interposición del recurso ---en relación con la doctrina que solicita se fije---, pero ello, como hemos expuesto, con la matización que hemos efectuado de la interpretación realizada en la sentencia dictada por el Juzgado de Instancia, anulada por la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, siendo, pues, correcta la doctrina establecida por el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 4 de los de Alicante, si bien necesitando del complemento o matización expresados.
[anterior] Todo lo cual lleva a la estimación del recurso de casación interpuesto, fijando la doctrina expuesta, y, en consecuencia, debiendo procederse a la anulación de la STSJ de la Comunidad Valenciana, con la consiguiente reviviscencia de la dictada por el Juzgado de lo Contencioso administrativo, que, sin embargo, también anulamos de conformidad con la doctrina expuesta.
[anterior] Por todo ello dejamos sin efecto y anulamos la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Alicante de fecha 7 de octubre de 2014 que acordaba la expulsión del recurrente del territorio español, con prohibición de entrada en el espacio Schengen durante un periodo de 5 años; expulsión y prohibición que dejamos sin efecto.
[anterior] DÉCIMO SEGUNDO.- No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes, de manera que, como determina el artículo 93.4 de la LRJCA , cada parte abonara las causadas a su instancia y las comunes por mitad.
[anterior] Por otra parte, dejamos sin efecto las condenas de costas impuestas en la instancia por el Juzgado, de conformidad con el mismo artículo 93.4 de la LRJCA, que se remite al 139.1 de la misma ley ."
[anterior] B) Y no cumple ahora sino resolver del mismo modo; por lo que la cuestión de interés casacional que precisaba ser esclarecida ha de serlo en el sentido de que el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería " debe ser interpretado en el sentido de que el precepto se refiere a la pena prevista en abstracto en el Código Penal para el delito correspondiente, si bien, sólo en aquellos supuestos en los que la totalidad de la pena establecida en el Código Penal sea "una pena privativa de libertad superior a un año", esto es, excluyendo aquellos delitos en los que, con independencia de máximo previsto para la pena de privación de libertad, el mínimo, igualmente previsto, es de un año o menos ."
[anterior] Y procede, en su consecuencia, con base en esta doctrina, casar y anular la sentencia impugnada con ocasión de este recurso de casación ( sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 28 de octubre de 2016 ), por el criterio alternativo a que ella se acoge (es la pena atribuida en concreto al extranjero a lo que hay que estar para aplicar la medida de expulsión dispuesta por el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería : lo mismo dicha sentencia como otras resoluciones del mismo órgano jurisdiccional y de otros).
[anterior] Y, asimismo, hemos de anular la resolución dictada en primera instancia en el caso que nos ocupa ( sentencia del Juzgado nº 2 de Castellón, de 22 de junio de 2015 ), porque, si bien se sirve como punto de partida del empleo del criterio que tenemos por correcto -esto es, la consideración de la pena prevista en abstracto para el delito por el que se condena al extranjero, a los efectos de aplicar el artículo 57-2 de la Ley de Extranjería -, no tiene en cuenta que dicha pena ha de ser superior a un año "en todo su ámbito o espectro sancionador", lo que no es el caso.
[anterior] En efecto, comoquiera que, en relación con el delito de lesiones tipificado por el artículo 147 del Código Penal , que es el delito por el que se condena al extranjero concernido en el supuesto de autos, la pena prevista en abstracto para dicho delito era de prisión 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses, procede, así las cosas, estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto en primera instancia; y anular asimismo la resolución administrativa impugnada con ocasión de dicho recurso.
[anterior] QUINTO.- No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes, de manera que, como determina el artículo 93.4 de la LRJCA , cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.
[anterior] Por otra parte, dejamos sin efecto la condena de costa impuesta en la instancia por el Juzgado, de conformidad con el mismo artículo 93.4 de la LRJCA, que se remite al 139.1 de la misma Ley .
[anterior] Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido de acuerdo con la interpretación de la norma efectuada en el FJ 4º:
[anterior] 1º. Declaramos haber lugar, y, por tanto, estimamos el Recurso de Casación nº 1214/2017, interpuesto por el Abogado del Estado, contra la sentencia 875/2016, de 28 de octubre, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el Recurso de apelación 884/2015 , seguido contra la sentencia 186/2015, de fecha 22 de junio, que dictó el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Castellón en el Procedimiento abreviado 5/2015.
[anterior] 2º. Casamos y anulamos las citadas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y del Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 2 de los de Castellón.
[anterior] 3º. Estimamos el Recurso Contencioso-administrativo interpuesto por don Alonso contra Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Castellón de fecha 21 de octubre de 2014 que acordaba la expulsión del recurrente del territorio español, con prohibición de entrada en el espacio Schengen durante un periodo de 5 años. Resolución que anulamos.
[anterior] D. Jose Manuel Sieira Miguez. D. Rafael Fernandez Valverde D. Octavio Juan Herrero Pina
[anterior] D. Juan Carlos Trillo Alonso, D. Wenceslao Francisco Olea Godoy,
[anterior] D. Jose Juan Suay Rincon D. Cesar Tolosa Tribiño,
[anterior] PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Jose Juan Suay Rincon, estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.