Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2006/05/registro-oficial-19-de-mayo-del-2006-suplemento
Timestamp: 2020-07-14 00:22:19
Document Index: 257279788

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 260', 'artículo 37', 'artículo 274', 'artículo 37', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 274', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 274', 'artículo 16', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 24', 'artículo 37', 'artículo 274', 'artículo 143', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 224', 'artículo 224', 'artículo 199', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 200', 'artículo 24', 'artículo 192', 'artículo 8', 'artículo 187']

Registro Oficial. 19 de MAYO del 2006 Suplemento
Viernes, 19 de mayo de 2006 - R. O. No. 274
0007-04-DI y 0001-05-DI Deséchase la declaratoria de inaplicabilidad de los artículos 21 y 37 numeral 1 de la Ley de Migración presentada por el Tribunal Segundo de lo Penal de Loja y por el Juez Segundo de lo Penal de Cotopaxi..
0012-04-AA Deséchase la demanda de inconstitucionalidad de los actos administrativos, propuesta por el Coronel de Policía en servicio activo Nilo Flaberto García Yere.
0017-2004-TC Declárase la inconstitucionalidad de la frase "...de las sentencias y autos dictados por las Cortes Especiales de las Fuerzas Armadas y la Policía", contenida en el inciso tercero del artículo 2 de la Ley de Casación.
0040-04-TC Deséchase la demanda de inconstitucionalidad propuesta por el Diputado José Luis Columbo Cachago.
0371-04-RA Confírmase la resolución del Tribunal de instancia y concédese el amparo presentado por la señora Magolia Canticuz Pascal y otros..
0905-04-RA Confírmase la resolución dictada por el Juez Vigésimo de lo Civil de Pichincha y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el General de Policía en Servicio Pasivo Luis Alfonso Andrade López
0004-05-TC Deséchase la demanda de inconstitucionalidad propuesta por el señor Jaime Ortiz Frías, representante legal de la Cámara Provincial de Turismo de Galápagos.
0106-2005-RA Revócase la resolución del Tribunal de instancia y concédese la acción de amparo propuesta por el señor Jorge Cortez Pinzón, por carecer de motivación.
0002-06-DI Declárase inconstitucional y suspéndese la aplicación con carácter general y obligatorio del artículo 260 del Código Civil Codificado..
0046-2005-HC Confírmase la resolución emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (E) y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por la señora Jessica Paola Mendoza Mera.
0049-2005-HC Confírmase lo resuelto por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por el señor Raúl Marín.
0054-2005-HC Confírmase la resolución venida en grado y niégase el hábeas corpus propuesto por el ciudadano Freddy Rolando Togan Estacio.
0073-2005-HC Confírmase la resolución emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (E) y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por el señor Edison Vinicio Jaramillo Herrera.
167-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por Edgar Rafael Gaibor Navarro y otro.
0014-2006-HC Confírmase la resolución emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por el señor Floresmilo Villalta.
0015-2006-HC Confírmase la resolución venida en grado y niégase el hábeas corpus propuesto a favor de Jhon Fernando Torres Giraldo.
0020-2006-HC Confírmase la resolución emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por la señora Petita Bone Bone.
- Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe: Que crea el Departamento del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (DMADS).
Nro. 0007-04-DI\n y 0001-05-DI
En el caso Nro. 0007-04-DI y 0001-05-DI
ANTECEDENTES del Caso Nro. 0007-04-DI: El Tribunal Segundo\n de lo Penal de Loja, remite a este Tribunal el informe sobre\n la declaratoria de inaplicabilidad del artículo 37 numeral\n 1 y 21 de la Ley de Migración, por ser contrario a los\n preceptos de los artículos 17,18, 37, 38 y 40 de la Constitución\n Política de la República, en uso de su facultad\n contenida en el artículo 274 de la Norma Suprema. Dicha\n declaratoria se emite mediante sentencia de 18 de octubre de\n 2004, al resolver el recurso de apelación presentado por\n la acusada Carolina Andrea Rodríguez Rodríguez,\n del auto de llamamiento a juicio dictado por el Juez Segundo\n de lo Penal de Loja, dentro de un juicio penal No. 062-2003,\n por infracción a la Ley de Migración.
Al avocar conocimiento del juicio penal No. 062-2003, el Tribunal\n Penal, realizando un estudio pormenorizado de la defensa de la\n entonces acusada en la Audiencia Pública Oral de Juzgamiento,\n consideró las normas constitucionales contenidas en los\n artículos 17, 18, 37, 38 y 40 de la Carta Magna, debiendo\n destacarse que las dos primeras disposiciones constitucionales\n garantizan en general a todos los habitantes del Estado, sin\n discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio del\n goce de los derechos humanos puntualizados en la Constitución,\n así como en las declaraciones, convenios y más\n instrumentos internacionales vigentes, y que deben ser directa\n e inmediatamente aplicables por las autoridades correspondientes,\n sea Juez o Tribunal, y que las tres disposiciones constitucionales\n restantes reconocen y protegen a la familia, ya que ésta\n constituye la célula fundamental de la sociedad, haciendo\n hincapié sobre la unión estable y monogámica,\n así no exista el vínculo matrimonial, que se trate\n de un hogar formado mediante unión de hecho, generando\n de ese modo los mismos derechos y obligaciones que los hogares\n constituidos por el matrimonio;
Que en el presente caso se debe tomar en cuenta que Carolina\n Rodríguez Rodríguez está unida en matrimonio\n a un ciudadano ecuatoriano, de cuya unión matrimonial\n existe un menor de edad Diego Fernando Arboleda Rodríguez,\n nacido en Loja el 28 de mayo de 2004, al mismo que sus padres\n le deben todo el afecto, cariño y protección que\n debe proporcionarse a un hijo, sobre todo si es un vástago\n de tierna edad. De allí que Carolina Andrea Rodríguez,\n en su afán de arreglar su residencia legal en este país,\n encontró a su esposo, que no es otro aquel que la acogió\n en su domicilio ubicado en la ciudad de Loja, el mismo que antes\n que naciera el niño, mediante instrumento público\n otorgado en Quito ante el Notario Décimo Sexto el 8 de\n Agosto de 2003, en forma libre y voluntaria, concedió\n toda clase de garantías y protección a favor de\n su esposa de nacionalidad chilena para que incluso obtenga su\n visa de inmigrante, a fin de que resida legalmente en el Ecuador,\n dando de ese modo cumplimiento a lo dispuesto en el artículo\n 10, parágrafo VI de la Ley de Extranjería;
Que si bien la Fiscalía para obtener la deportación\n de Carolina Rodríguez Rodríguez se basó\n en lo dispuesto en el artículo 37, numeral 1 de la Ley\n de Migración antes aludida, también es cierto que\n el Tribunal Penal se acogió a lo dispuesto en el artículo\n 274 de la Constitución de la República, que tiene\n relación con los artículos 272 y 273 de la misma\n Constitución, declarando por tanto, inaplicable el artículo\n 37 numeral 1 de la Ley de Migración, porque dicho precepto\n se considera contrario a las normas constitucionales invocadas,\n ya que, de acatar y poner en ejecución lo prescrito en\n la disposición legal señalada, se habría\n producido la desintegración del hogar formado por Carolina\n Andrea Rodríguez Rodríguez con su esposo Rodrigo\n Arboleda Jiménez, y lo más grave, su tierno hijo\n habría quedado desprotegido y, por qué no decirlo,\n abandonado por uno de sus padres por ese rompimiento del hogar,\n situación que jamás podía permitirse, pues\n las normas constitucionales relacionadas garantizan y protegen\n ampliamente la unidad familiar, lo que se confirma con lo puntualizado\n en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que\n en el artículo 16, numeral 3 proclama a la familia como\n el elemento natural y fundamental de la sociedad;
Que así mismo, la Convención Americana sobre\n Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, en\n su artículo 17 habla sobre la protección a la familia\n por parte de la sociedad y el Estado, añadiendo en su\n artículo 19 que todo niño tiene derecho a medidas\n de protección que su condición de menor requiere\n por parte de su familia, la sociedad y el Estado. Por lo que\n recalcan que, de haberse producido la deportación de Carolina\n Rodríguez Rodríguez, ésta habría\n tenido que forzosamente abandonar el país, llevando consigo\n a su tierno hijo;
Que en tales condiciones, el Tribunal Penal, de conformidad\n con el artículo 274 de la Constitución de la República,\n y por los razonamientos hechos en la sentencia expedida, declaró\n inaplicable el artículo 37 numeral 1 de la Ley de Migración,\n absolviendo a Carolina Andrea Rodríguez Rodríguez,\n como única manera de evitar la desintegración de\n su hogar, declarando también inaplicable el artículo\n 21 de la Ley de Migración.
ANTECEDENTES DEL CASO 001-2005-DI: El Juez Segundo de lo Penal\n de Cotopaxi remite a este Tribunal el informe sobre la declaratoria\n de inaplicabilidad del artículo 37 numeral 1 de la Ley\n de Migración, por ser contrario a los preceptos de los\n artículos 23 numeral 3 y 24 de la Constitución\n Política de la República, en uso de su facultad\n contenida en el artículo 274 de la Carta Fundamental.\n Dicha declaratoria se emite mediante auto de 17 de enero de 2005,\n al resolver la causa penal No. 156-2004 seguida contra Gabriel\n Rafael Guevara.
El Juez Segundo de lo Penal de Cotopaxi, señala: Que\n la Constitución Política prevé en su artículo\n 23 numeral 3 la igualdad ante la Ley; que el artículo\n 37 de la Ley de Migración dispone: "En la forma que\n se ejerce la acción penal para los infractores que constituyen\n delitos comunes, serán reprimidos con prisión de\n seis meses a tres años y multa de dos mil a veinte mil\n sucres: 1.- El extranjero que habiendo sido excluido o deportado\n del territorio ecuatoriano, ingrese o pretenda ingresar nuevamente\n al país sin la autorización prevista en el artículo\n dieciséis de esta Ley"; como se analizó anteriormente\n el contenido histórico de esta ley se verifica en un Estado\n represor para la comunidad extranjera que, se entendía,\n constituían una carga y un peligro social para el Ecuador;
Que en el afán de controlar el flujo migratorio en\n la mayor parte de países receptores se han implementado\n controles que van desde la expedición de visas previas\n para su ingreso, hasta crear figuras delictivas para sancionar\n conductas que no tienen nada que ver con especificaciones dolosas,\n es decir, no importa técnicamente que si constituye o\n no infracción, lo que logra trascendencia es impedir que\n más personas se constituyan en una "carga" para\n un determinado Estado;
Que uno de los criterios técnicos para incorporar en\n el catálogo penal la imposición de penas frente\n a un ilícito, es el de proporcionalidad, que significa\n una distribución equitativa entre el daño causado\n y la esfera sancionadora que le corresponde al Estado; pero observamos\n a diario una falta de equilibrio entre estas consideraciones,\n que permite vislumbrar actitudes, que si bien son legales, se\n constituyen en injustas, denotando, no una verdadera aplicación\n del criterio punitivo como medida preventiva, sino que al contrario\n un exceso vindicativo con sectores lastimosamente vulnerables,\n imperando el criterio solo de cuello de botella y logrando dejar\n en la impunidad a otros sectores que pueden causar más\n daño que simples omisiones de carácter administrativo;
Que los requisitos que se crean para condicionar la permanencia\n como es en el caso ecuatoriano es el no obtener visado o en su\n defecto de que se les haya caducado su permiso de ingreso; pero\n si hablamos de una comunidad Andina como un espacio que va rompiendo\n esquemas de control, incluso de ingreso, al no solicitar autorización\n previa, y solamente movilizarse con un instrumento de identificación,\n denota un contrasentido regular la temporalidad de su permanencia\n solo en base de una exigencia mínima, ya que incluso para\n prolongar su estadía el migrante tiene que sufrir las\n consecuencias de otro tipo de abusos otorgados por periodos excesivos\n para nuevamente regularizar su estadía en territorio ecuatoriano;\n más aún cuando el artículo 16 de la Ley\n de Migración dispone que para el ingreso de aquel que\n ya sufrió una previa deportación por el antecedente\n expuesto, puede solamente regresar a nuestro Estado por una decisión\n expresa del Consejo Consultivo de Política Migratoria,\n transmitida por el Departamento Consular a los funcionarios del\n servicio exterior ecuatoriano y al Servicio de Migración\n de la Policía Civil Nacional, es decir, nuevamente victimizados\n en actitudes eminentemente burocráticas. Con estos controles\n se atenta contra la libertad de trabajo, sobre todo cuando se\n establece que entre connacionales y extranjeros se expide iguales\n derechos y obligaciones, en un criterio del ciudadano del mundo\n ya expuesto, tipificando exclusivamente la calidad laboral del\n extranjero; y,
Que dentro del trámite establecido en la Ley de Migración\n para realizar la deportación de un ciudadano extranjero,\n que haya infringido reglamentación administrativa, se\n prevé un mecanismo totalmente inquisitivo, que permite\n el abuso de la autoridad pública, ya que si bien se lo\n interpreta como un acto contravencional que puede incoarse incluso\n de oficio, no le permite al investigado aportar pruebas que puedan\n impedir su salida del territorio nacional, ya que éstas\n únicamente pueden verificarse en una sola audiencia, donde\n se decidirá su situación, procedimiento carente\n de los principios dispositivos y de equilibrio procesal, sobre\n todo cuando la situación de los "irregulares"\n en el campo laboral incluso demoran años en los Ministerios\n de Trabajo y Relaciones Exteriores, por lo que establece una\n desventaja para asumir una verdadera defensa en el campo judicial,\n sobre todo si se considera que solo por el hecho de no poseer\n documentación para el ejercicio de un trabajo digno, se\n incorpore estigmas de "carga pública" para el\n Estado ecuatoriano;
A fojas 32 y 33 y vta., satisfaciendo el traslado del Tribunal,\n el Dr. Carlos Larrea Estrada, Subsecretario Jurídico de\n la Presidencia de la República y como Delegado del Presidente\n de la República, manifiesta que el artículo 37\n de la Ley de Migración no contraviene las disposiciones\n constitucionales, ya que la norma establece sanción para\n los extranjeros que hubieren sido deportados y que ingresen al\n país sin obtener la resolución expresa del Consejo\n Consultivo de Política Migratoria, razón por la\n cual solicita se deseche el pedido formulado;
A fojas 36 a 40, el Presidente del Congreso Nacional, expone\n que habiendo estudiado con minuciosidad el fallo que absuelve\n a la ciudadana chilena Carolina Andrea Rodríguez Rodríguez,\n lo considera justo y acertado en lo referente a su absolución,\n por cuanto se evidencia que la acusada, más bien ha sido\n víctima de una serie de inequidades por parte de uno de\n los jueces de instrucción y que, en cuanto a la inaplicabilidad\n de la norma contenida en el artículo 37 de la Ley de Migración,\n manifiesta que, en el no consentido caso de que el Tribunal Constitucional\n declare inaplicables las normas impugnadas, se habría\n eliminado la infracción y, consecuentemente, no podría\n juzgarse según lo contemplado en el artículo 24\n numeral 1 de la Ley Suprema, que prevé que nadie podrá\n ser juzgado por un acto u omisión que al momento de cometerse\n no esté legalmente tipificado como infracción penal,\n administrativa o de otra naturaleza; razón por la cual,\n se pronuncia por la improcedencia de la segunda parte del fallo\n del Tribunal Penal de Loja y reitera la necesidad de la vigencia\n de los artículos 37 numeral 1 y 21 de la Ley de Migración.
PRIMERO.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver con carácter general y obligatorio sobre las\n declaratorias de inaplicabilidad que realice cualquier juez o\n tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 274 de la Constitución de la República;
SEGUNDO.- No se advierte omisión de solemnidad sustancial\n alguna que pueda incidir en la resolución de la causa,\n por lo que se declara su validez;
TERCERO.- La declaratoria de inaplicabilidad emitida por el\n Tribunal Segundo de lo Penal de Loja y Juez Segundo de lo Penal\n de Cotopaxi, hace relación a los artículos 37 numeral\n 1 y 21 de la Ley de Migración;
CUARTO.-Los artículos impugnados establecen, en su\n orden, "En la forma que se ejerce la acción penal\n para las infracciones que constituyen delitos comunes, serán\n reprimidos con prisión de seis meses a tres años\n y multa de dos mil a veinte mil sucres: 1.- El extranjero que\n habiendo sido excluido o deportado del territorio ecuatoriano,\n ingrese o pretenda ingresar nuevamente al país sin la\n autorización prevista en el artículo dieciséis\n de esta Ley"y, " Todos los juzgados y tribunales que\n ejerzan jurisdicción penal en la República, a través\n de sus actuarios, deberán notificar al Intendente General\n de Policía de la respectiva provincia, todas las sentencias\n condenatorias que se dicten contra extranjeros, una vez que se\n ejecutoríen.";
QUINTO.- De la revisión de los casos acumulados se\n aprecia que:
a) En el caso 007-2004-DI, la ciudadana chilena Carolina Andrea\n Rodríguez Rodríguez ingresó al país\n en el año 1994 cuando era menor de edad, junto a su madre\n también chilena, quien falleció en la ciudad de\n Loja el año 1995, quedando entonces bajo el cuidado de\n otra persona, habiendo estudiado en un plantel educativo de la\n ciudad de Loja, pero que por su dura situación económica\n abandonó sus estudios y procuró legalizar su permanencia\n en nuestro país, siendo deportada por orden del Intendente\n de Policía de Loja, luego de lo cual ha ingresado nuevamente\n al país sin la autorización del Consejo Consultivo\n de Política Migratoria transmitida por el Departamento\n Consular a los funcionarios del Servicio Exterior Ecuatoriano\n y al Servicio de Migración de la Policía Nacional.
b) En el caso No. 001-2005-DI, el ciudadano peruano Gabriel\n Rafael Guevara ingresó al Ecuador en el mes de Junio de\n 2004, siendo deportado a su país de origen; pero que reingresó\n al Ecuador, siendo detenido el 9 de julio de 2004 cuando realizaba\n actividades de comercio (venta de aguas frescas) en la ciudad\n de Latacunga.
SEXTO.- Procesalmente, en ambos casos, se advierte que tanto\n la ciudadana chilena Carolina Andrea Rodríguez Rodríguez\n como el ciudadano peruano Gabriel Rafael Guevara, han cometido\n la infracción tipificada en el artículo 37 numeral\n 1 de la Ley de Migración;
SÉPTIMO.- El Tribunal Segundo de lo Penal de Loja y\n el Juez Segundo de lo Penal de Cotopaxi, con absoluta independencia,\n indudablemente, han aplicado el principio de la sana crítica\n que consiste en que el juez debe apreciar la prueba y los antecedentes\n de la causa, de manera provechosa para la finalidad del proceso;\n el juez debe ceñirse a la recta inteligencia, al conocimiento\n exacto y reflexivo de los hechos y a la lógica, para examinar\n las pruebas actuadas en el proceso y de esta manera llegar con\n entera libertad a la decisión que más se ajusta\n a su íntima convicción. Ni el Código de\n Procedimiento Civil Codificado, ni el Código Adjetivo\n Penal, dan reglas sobre la sana crítica, pero, el artículo\n 119 del Código Adjetivo Civil señala: " La\n prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con\n las reglas de la sana crítica..". En la sana crítica,\n el juez debe fundamentar su fallo, es decir razonar delante de\n la prueba y con la prueba, teniendo en cuenta que existe una\n unidad y por tal no se puede analizar las pruebas en forma separada;
OCTAVO.- Como lo ha señalado esta Magistratura, la\n Constitución de la República es un todo orgánico\n y el sentido de sus normas debe ser determinado e interpretado\n de tal manera que exista entre ellas la debida correspondencia\n y armonía, debiendo excluirse, definitivamente, cualquier\n interpretación que conduzca a anular o privar de eficacia\n a algunos de sus preceptos. De este modo, la facultad de inaplicabilidad\n con efectos generales, prevista en el artículo 274 de\n la Carta Fundamental consagra el control concentrado, abstracto\n y a posteriori de constitucionalidad del ordenamiento jurídico\n secundario, a través del cual el Tribunal Constitucional\n debe, exclusivamente, confrontar el contenido de la normativa\n declarada inaplicable con el texto de la Constitución;
NOVENO.- Así las cosas, el Estado ecuatoriano, en ejercicio\n de su soberanía y a fin de precautelarla, dicta políticas\n y leyes migratorias tendentes a normar el ingreso, permanencia\n y salida de todo ciudadano extranjero o connacional. Así\n mismo, debe señalarse que la normativa pertinente a migración\n y extranjería corresponde a la esfera del Derecho Público,\n y, en esta situación, el Estado ecuatoriano, así\n como tiene el derecho de permitir el ingreso de ciudadanos extranjeros\n que aporten positivamente en los campos económicos, culturales\n o científicos, también tiene la potestad y el deber\n de negarse a recibirlos, cuando su presencia sea nociva a los\n intereses del Estado y sus instituciones;
DECIMO.- Lo preceptuado en los artículos 37 numeral\n 1 y 21 de la Ley de Migración no contraviene en modo alguno\n las disposiciones contenidas en la Constitución de la\n República; por el contrario observa el mandato de los\n artículos 13, 23 y 24 del texto constitucional y los artículos\n 1 y 2 del Código de Derecho Internacional Privado (Codificación\n 1220, Registro Oficial, Suplemento No. 153 de 25 de noviembre\n de 2005) y 2 de la Ley de Extranjería, sustituido por\n el artículo 143 del Decreto Ley 2001-1, Suplemento del\n Registro Oficial No. 144 de 18 de agosto de 2000, y garantiza\n el cumplimiento de la ley por parte de todos quienes habitan\n en nuestro territorio, como lo dispone el artículo 13\n del Código Sustantivo Civil. Admitir la inaplicabilidad\n de las disposiciones legales señaladas, con efectos generales,\n implicaría eliminar del ordenamiento jurídico el\n tipo penal que sanciona la entrada ilegal de los extranjeros\n al Ecuador, lo cual podría ocasionar consecuencias inconvenientes\n para la seguridad interna del Estado, pues ingresarían\n todo tipo de personas sin control de ninguna clase, corriendo\n riesgos con el ingreso de ilegales que puedan atentar contra\n la ley y las buenas costumbres.
1.- Desechar la declaratoria de inaplicabilidad de los artículos\n 21 y 37 numeral 1 de la Ley de Migración presentada por\n el Tribunal Segundo de lo Penal de Loja y por el Juez Segundo\n de lo Penal de Cotopaxi.-
2.- Publicar la presente resolución en el Registro\n Oficial.- Notifíquese.-"
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con nueve\n votos a favor (unanimidad) correspondientes a los doctores Jorge\n Alvear Macías, José García Falconí,\n Jacinto Loaiza Mateus, Juan Montalvo Malo, Tarquino Orellana\n Serrano, Carlos Soria Zeas, Enrique Tamariz Baquerizo, Manuel\n Viteri Olvera, y Santiago Velázquez Coello , en sesión\n del día martes dieciocho de abril de dos mil seis.- Lo\n certifico.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- .Es fiel copia del original.- Quito,\n a, 26 de abril del 2006.- f.) El Secretario General.
Nro.\n 0012-04-AA
En el caso Nro. 0012-04-AA
ANTECEDENTES: El presente caso viene a conocimiento del Tribunal\n Constitucional, mediante demanda interpuesta por el Coronel de\n Policía en servicio activo Nilo Flaberto García\n Yere, con informe de procedibilidad del Defensor del Pueblo,\n y fundamentado en los artículos 276 numeral 2, 277 numeral\n 5, y 278 de la Constitución Política de la República.\n Solicita se declare la inconstitucionalidad de los actos administrativos\n contenidos en las siguientes resoluciones: Resolución\n del Consejo Superior de la Policía Nacional, publicada\n en la Orden General No. 037 de 21 de febrero de 1992; Resolución\n No. 212 CGPN de 10 de diciembre de 1996, publicada en la Orden\n General No. 036 de 26 de febrero de 1997; Resolución No.\n 97-023-CGPN de 21 de febrero de 1997; y, Resolución No.\n 2001-373-CGPN de 21 de septiembre de 2001, publicada en la Orden\n General No. 199 de 16 de octubre de 2001, mediante las cuales\n se niegan las condecoraciones Policía Nacional de tercera,\n segunda y primera categoría por haber cumplido, 15, 20\n y 25 años de servicio.
Señala que en la Orden General No. 037 de 21 de febrero\n de 1992, se publica la Resolución del Consejo Superior\n de la Policía Nacional mediante la cual se le niega la\n calificación de idoneidad para recibir la condecoración\n de tercera categoría por haber cumplido quince años\n de servicio activo y efectivo, por encontrarse enjuiciado por\n presunto delito de abuso de facultades, juicio penal que se siguió\n en el Juzgado Segundo del Cuarto Distrito de la Policía\n Nacional cuya resolución final fue la concesión\n de sobreseimiento definitivo.
Que el Consejo de Generales de la Policía Nacional\n con Resolución No. 212 CGPN adoptada el 10 de diciembre\n de 1996 resolvió no calificarlo idóneo para recibir\n la condecoración de segunda categoría que se la\n otorga por haber cumplido veinte años de servicio activo\n y efectivo en la institución.
Que mediante Resolución No. 2001-373-CGPN publicada\n en la Orden General 199 de 16 de octubre de 2001 el Consejo de\n Generales le niega la condecoración de Primera Clase.
Que acudió ante el Consejo de Generales para solicitar\n se proceda a calificarlo para recibir las condecoraciones de\n tercera y segunda categoría, en razón de haber\n sido sobreseído definitivamente en el juicio penal y que\n fue la causa para negarle las condecoraciones de tercera, segunda\n y primera categoría.
Que, pese a las negativas referidas, se le otorgaron las condecoraciones\n al Mérito Profesional de Gran Caballero y tres condecoraciones\n más, aplicando en este caso lo determinado en el artículo\n 5 literal a) del Reglamento vigente de Condecoraciones y en la\n Orden General No. 055 de 21 de marzo de 2000. Le califican idóneo\n como alumno del XXVL Curso de Estado Mayor, requisito indispensable\n para ascender a los grados de Coronel y General, así como\n le calificaron para percibir el sueldo de Teniente Coronel con\n efecto retroactivo a partir del 20 de junio de 1999 y posterior\n rectificación de fecha de ascenso, publicada en la Orden\n General No. 194 de 8 de octubre de 2001 y el ascenso al grado\n de Coronel con fecha retroactiva de 20 de junio de 2003. Que\n se ha violentado los artículos 186; 272; 23 numerales\n 3 y 8; y, 24 numerales 1, 2, 3, 7, 10 y 13 de la Constitución\n Política del Estado; y, 19 del Reglamento de Condecoraciones.
La Tercera Sala del Tribunal Constitucional, luego del sorteo\n correspondiente, avoca conocimiento de la causa y corre traslado\n con el contenido de la demanda al Comandante General de la Policía\n Nacional.
El Comandante General y Presidente del Consejo de Generales\n de la Policía Nacional, en su contestación alegó\n la falta de legítimo contradictor pasivo. Que el actor\n al demandar al Comandante General de la Policía Nacional\n pretende invalidar, vía inconstitucionalidad, resoluciones\n adoptadas por el Consejo Superior de la Institución, de\n cuyo organismo no es parte integrante.
Que la actuación ilegal y antirreglamentaria del Coronel\n Nilo García ha provocado la adopción de resoluciones\n amparadas en la ley y los Reglamentos institucionales, que han\n confluido para las reiteradas negativas de conceder condecoraciones\n al quejoso. Que el accionante no estuvo apto ni calificado para\n recibir condecoraciones como exige el Reglamento de Condecoraciones\n de la Policía Nacional.
Que las Resoluciones impugnadas fueron adoptadas por un organismo\n competente en cada caso, es decir, por el Consejo Superior de\n la Policía Nacional y por el Consejo de Generales, instancias\n que ejercen su facultad, en base a leyes y fundamentalmente a\n Reglamentos, que además gozan de las presunciones de legalidad\n y constitucionalidad, toda vez que sus normas no han sido declaradas\n ilegales y menos inconstitucionales, por lo que son plenamente\n aplicables y vigentes.
Por lo señalado solicita se deseche la demanda por\n ilegal e improcedente;
PRIMERO.- Que, el Tribunal Constitucional es competente para\n conocer y resolver la demanda planteada, de conformidad con lo\n que disponen los Arts 276 número 2 de la Constitución,\n 12 número 2, y 62 de la Ley del Control Constitucional,\n y 20 y siguientes del Reglamento de Trámite de Expedientes\n en el Tribunal Constitucional;
No se observa omisión de solemnidades que influyan\n en la decisión de la causa, por lo que se la declara válida\n
SEGUNDO.- Que, el peticionario se encuentra legitimado para\n interponer esta acción constitucional de conformidad con\n los Arts. 277 número 5 de la Constitución, y 23\n letra e) de la Ley del Control Constitucional, al contar con\n el informe de procedencia del Defensor del Pueblo, que corre\n a fojas 36 y 37 del proceso;
TERCERO.- Que, el Art. 5 del Reglamento de Condecoraciones\n de la Policía Nacional dice: "A más de requisito\n básico que motive el otorgamiento de una de las condecoraciones\n establecidas en este Reglamento, el personal policial deberá\n haber demostrado una conducta compatible con la distinción\n a la que podría hacerse acreedor, acorde a las consideraciones\n siguientes: a) Tratándose de las condecoraciones cuyo\n requisito fundamental sea el tiempo de servicio prestado a la\n Policía Nacional, la conducta se analizará en el\n tiempo comprendido entre una y otra condecoración. En\n el caso de la Condecoración Policía Nacional de\n Tercera Categoría, se considerará los quince años\n de servicio; en el caso de haber sido negada una condecoración\n anterior, se calificará la conducta observada en los últimos\n cinco años. En todo caso, el respectivo Consejo, tomará\n en cuenta como elemento fundamental, la demostración de\n enmienda en la conducta observada durante los indicados cinco\n últimos años"; y, el siguiente inciso añade:\n "Quien haya sido negado dos condecoraciones consecutivas\n por tiempo de servicio, no tendrá derecho a ninguna otra\n condecoración de esta naturaleza";
CUARTO.- Que, el Art. 3 del Reglamento de Condecoraciones\n de la Policía Nacional dice: "Los respectivos Consejos\n de la Policía Nacional, estudiarán y dictaminarán\n sobre los merecimientos que justifiquen el otorgamiento de condecoraciones\n al personal policial";
QUINTO.- Que, el accionante solicita se declare la inconstitucionalidad\n de la Resolución del Consejo Superior de la Policía\n Nacional publicada en la Orden General No. 037 de 21 de febrero\n de 1992, por medio de la cual se le niega la condecoración\n de tercera categoría por sus 15 años de servicio\n a la institución policial, sin que se encuentre en el\n expediente el mencionado acto administrativo, por lo que se hace\n imposible su valoración; sin embargo, de acuerdo al propio\n demandante, esta decisión se adoptó por cuanto\n a la fecha existía un juicio penal en su contra por abuso\n de facultades, conforme se comprueba también de su hoja\n de vida que consta de folios 1 a 3 del proceso, por lo que se\n desprende que la Resolución del Consejo Superior, impugnada\n mediante esta acción 12 años después de\n haber sido emitida, no fue arbitraria, sino por el contrario,\n tenía un fundamento legítimo;
SEXTO.- Que, el accionante también solicita se declare\n la inconstitucionalidad de la Resolución No. 212 CGPN\n de 10 de diciembre de 1996, publicada en la Orden General No.\n 036 de 26 de febrero de 1997, que consta a folios 58 y 59 del\n expediente, que resuelve no calificarlo de idóneo para\n percibir la condecoración de segunda categoría\n por no cumplir con las exigencias del Art. 3 del Reglamento de\n Condecoraciones, ya citado, lo que significa que se consideró\n que su conducta durante los años calificados no justificaba\n el otorgamiento de la condecoración, valoración\n absolutamente subjetiva del Consejo de Generales de la Policía\n Nacional, sin que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse\n sobre ellas, y sin que se observe motivos de inconstitucionalidad\n en la emisión del mencionado acto.
Respecto a la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad\n que el accionante realiza de la Resolución No. 97-023\n CGPN de 21 de febrero de 1997, ésta contiene solamente\n la ratificación de la mencionada anteriormente, por lo\n que no cabe ningún análisis que realizar en relación\n a ella;
SÉPTIMO.- Que, el accionante también solicita\n se declare la inconstitucionalidad de la Resolución No.\n 2001-373 CGPN de 21 de septiembre de 2001, que consta a folios\n 17 y 18 del expediente, por medio de la cual se lo califica como\n no idóneo para recibir la condecoración de primera\n categoría por no cumplir con las exigencias del Art. 5\n del Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional,\n de lo que se desprende que efectivamente se da cumplimiento al\n inciso del mencionado artículo que dice que quien haya\n sido negado dos condecoraciones consecutivas por tiempo de servicio,\n no tendrá derecho a ninguna otra condecoración\n de esta naturaleza, por lo que tampoco se observa arbitrariedad\n en la actuación de la autoridad policial;
OCTAVO.- Que, ha transcurrido más de tres años\n desde la emisión del último acto administrativo\n que se impugna; y, si bien, ni la Constitución ni la ley\n establecen plazo de prescripción para interponer las acciones\n de inconstitucionalidad, no es fácil dejar de pensar en\n el valor que tienen los actos firmes para el ordenamiento social,\n especialmente si sus efectos son inmediatos y no continuos, puesto\n que lo contrario entrañaría la posibilidad de conocer\n sobre actos ocurridos hace mucho tiempo, perdiéndose el\n principio de defensa inmediata de la Constitución, puesto\n que la relación de proximidad en el tiempo entre la emisión\n del acto y su reclamo por vía constitucional es un elemento\n importante a considerar al momento de valorar la protección\n de la norma constitucional.
Por lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal\n Constitucional,
1.- Desechar la demanda de inconstitucionalidad de los actos\n administrativos, propuesta por el Coronel de Policía en\n servicio activo Nilo Flaberto García Yere;
2.- Notificar a las partes y publicar en el Registro Oficial".
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con ocho\n votos a favor (unanimidad) correspondientes a los doctores Jorge\n Alvear Macías, José García Falconí,\n Juan Montalvo Malo, Tarquino Orellana Serrano, Carlos Soria Zeas,\n Enrique Tamariz Baquerizo, Manuel Viteri Olvera, y Santiago Velázquez\n Coello; sin contar con la presencia del doctor Jacinto Loaiza\n Mateus, en sesión del día martes veinticinco de\n abril de dos mil seis.- Lo certifico.
f.) Dr. Juan Carlos Calvache Recalde, Secretario General.\n
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- .Es fiel copia del original.- Quito,\n a, 27 de abril del 2006.- f.) El Secretario General.
Nro.\n 0017-2004-TC
En el caso Nro. 0017-2004-TC
\n ANTECEDENTES: El 21 de abril de 2004, el Coronel de Estado Mayor\n de la Policía Nacional Fernando Marcelo López Ortiz\n y más de mil ciudadanos demandan la inconstitucionalidad\n del inciso tercero del artículo 3 de la Ley de Casación,\n en la parte que dice: "No procede el recurso de casaciónen\n las sentencias y autos dictados por las Cortes Especiales de\n las Fuerzas Armadas y la Policía".
Que conforme a lo señalado en el artículo 3\n de la Ley de Casación, el recurso de casación es\n un medio extraordinario de impugnación de una resolución\n judicial, el que tiene por finalidad controlar la legalidad y\n la correcta aplicación del derecho objetivo abstracto\n en cada proceso, así como la unificación de la\n jurisprudencia, siendo su principal objetivo la defensa de la\n ley y el respeto que debe existir al marco jurídico. Alega\n que no se puede restringir el recurso de casación única\n y exclusivamente para el fuero común (excepción\n de los juicios de alimentos) y excluir a las sentencias y autos\n dictados por las Cortes de las Fuerzas Armadas y de la Policía,\n organismos en los que se requiere enmendar el abuso, exceso o\n agravio inferido por las sentencias firmes de los tribunales\n de apelación, cuando han sido dictadas contra ley o doctrina\n legal o con infracción de las formas y trámites\n más esenciales del juicio.
Que al disponer la norma constitucional que la Corte Suprema\n de Justicia sea un tribunal de casación sin limitación\n alguna, no existe motivo para que se haya negado este recurso\n a las sentencias y autos dictados por las Cortes de las Fuerzas\n Armadas y la Policía, por lo que la excepción constante\n del inciso tercero del artículo 3 de la Ley de Casación\n que declara su improcedencia, deviene en inconstitucional. En\n este sentido, el Tribunal Constitucional en la Resolución\n de 6 de julio de 2000, publicada en el Registro Oficial Nº\n 117 de 11 de julio de 2000, manifiesta que el permitir la vigencia\n de una norma que restringe una potestad que no es limitada en\n modo alguno por el texto constitucional, posibilitaría\n que el beneficiado del fuero no pueda hacer uso de un recurso\n necesario para su defensa, o que el Estado no pueda recurrir\n a la casación para que se enmienden las sentencias expedidas\n con violación de la ley.
Que el mantenimiento de una norma contraria a la Constitución,\n acarrearía la violación de los artículos\n 23, números 3 y 27, 24, números 10 y 17, de la\n Constitución, además de la Declaración Universal\n de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa\n Rica.
Mediante providencia de 22 de abril de 2004, las 11h10, la\n Comisión de Recepción y Calificación de\n esta Magistratura admite a trámite la presente demanda\n y mediante providencia de 6 de mayo de 2004, las 15h45, el Pleno\n del Tribunal avoca competencia y dispone que, luego del sorteo\n respectivo, el expediente pase a la Tercera Sala para que emita\n el informe que corresponde.
El accionante, mediante escrito presentado el 12 de mayo de\n 2004, las 16H30, aclara que por error mecanográfico en\n la demanda de inconstitucionalidad presentada se hace constar\n como la norma cuestionada el inciso tercero del artículo\n 3 de la Ley de Casación, cuando lo que en realidad se\n demanda es el inciso tercero del artículo 2 de la Ley\n de Casación.
La Tercera Sala del Tribunal Constitucional, en calidad de\n Comisión, mediante providencia de 13 de mayo de 2004,\n avoca conocimiento de la causa y dispone que se corra traslado\n con el contenido de la demanda al Presidente de la República,\n Presidente del Congreso Nacional, Procurador General del Estado,\n Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ministro de Defensa\n Nacional, Ministro de Gobierno y Policía y Comandante\n General de la Policía Nacional, para que den contestación.
El Director Nacional de Patrocinio, delegado del Procurador\n General del Estado, en su contestación manifiesta que\n el recurso de casación, diferente al extinto de tercera\n instancia, es de naturaleza extraordinaria y rigurosa y procede\n únicamente en contra de sentencias o autos que pongan\n fin a los procesos que hubiesen incurrido en los vicios de derecho\n que la ley restrictivamente prevé. Que el artículo\n 200 de la Constitución Política de la República\n concede jurisdicción y competencia a la Corte Suprema\n de Justicia en su calidad de corte de casación, a través\n de salas especializadas. Que la demanda de inconstitucionalidad\n planteada no procede por las siguientes consideraciones: a) las\n Cortes especializadas de lo militar y lo policial, en contra\n de los principios de unidad jurisdiccional e independencia, prescritos\n por la Constitución, permanecen como órganos dependientes\n de la Función Ejecutiva; b) las Cortes especializadas\n de lo militar y lo policial pretenden tener en su ámbito,\n el mismo rango que la Corte Suprema de Justicia; y, c) la Corte\n Suprema no tiene salas especializadas de lo militar y lo policial.\n Por lo señalado solicita se deseche la demanda de inconstitucionalidad\n planteada.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia (e), mediante\n escrito de 26 de mayo de 2004, señala casilla constitucional,\n al igual que el Ministro de Gobierno y Policía, en escrito\n de 2 de junio de 2004, las 15H00 (fojas 26 y 27).
El Comandante General de la Policía Nacional expresa\n que no se halla probada la contradicción del acto de poder\n público que se manifiesta es inconstitucional y la procedencia\n o no del recurso de casación confrontada con la norma\n constitucional, no se violenta principio alguno, al encontrarse\n garantizada la tercera instancia y el recurso de revisión\n en el procedimiento penal policial cuya acción corresponde\n al imputado en ejercicio legítimo de sus derechos, conforme\n lo determina el artículo 224 del Código de Procedimiento\n Penal de la Policía Nacional. Que la Ley de Casación\n es una normativa basada en los artículos 197 y 200 de\n la Constitución, por lo que su validez es erga omnes,\n mientras no se modifique el ordenamiento jurisdiccional ecuatoriano.\n Que uno de los objetivos de la Ley de Casación es la anulación\n de determinado tipo de resoluciones dictadas por tribunales inferiores\n a los referidos, para evitar desviaciones de resoluciones judiciales\n respecto del derecho objetivo, por tanto a diferencia de los\n demás recursos sustituye una resolución con otra\n convirtiéndose en un precedente jurisprudencial. Que conforme\n lo determina el artículo 224 y su reforma publicada en\n el Registro Oficial Nº 432 de 8 de mayo de 1990 (Ley 70),\n no es procedente el recurso de casación en el ámbito\n procesal penal, debido a que el Código de Procedimiento\n Penal de la Policía Nacional establece la existencia de\n tercera instancia y apelación, por lo que al pretenderse\n la aplicación de este recurso extraordinario se tendría\n que ajustar la tercera instancia existente en la Función\n Judicial de la Policía Nacional o crear una sala especializada\n adecuada en la Corte Suprema de Justicia que resuelva este tipo\n de pretensiones, lo que en la práctica no puede darse\n mientras no se reforme la Ley Orgánica de la Función\n Judicial en base a la disposición vigésima sexta\n de la Constitución Política de la República.\n Que la Ley de Casación publicada en el Registro Oficial\n No. 192 de 18 de mayo de 1993 y su codificación publicada\n en el Registro Oficial de 24 de marzo de 2004, deroga el recurso\n de tercera instancia establecido en el Código de Procedimiento\n Civil y el Código Tributario, por lo que el recurso de\n casación en las causas penales se rige por las normas\n contenidas en el Código de Procedimiento Penal. Que el\n accionante no determina en la demanda qué acto o norma\n constitucional es contrariada con la validez de esta norma y\n si la misma debe ser objeto de invalidez. Que no se observa contradicción\n de derecho entre los derechos observados como violentados en\n la norma constitucional y la disposición del artículo\n 3, inciso tercero, de la Ley de Casación. Que no se halla\n probada la contradicción del acto ilegal del poder público,\n por lo que la demanda es improcedente. Que los precedentes constitucionales\n señalados por el demandante se refieren a actos administrativos\n y no a normas de rango superior que conforman el ordenamiento\n jurídico ecuatoriano.
El Presidente del Congreso Nacional, en escrito que corre\n a fojas 39, señala casilla constitucional.
El Presidente de la República en su contestación\n cita los artículos 191, la disposición transitoria\n vigésima sexta de la Constitución, 224 del Código\n de Procedimiento Penal de la Policía Nacional y 167 del\n Código de Procedimiento Penal Militar. Que los órganos\n de la Función Judicial son independientes en el ejercicio\n de sus deberes y atribuciones y ninguna función del Estado\n puede interferir en los asuntos propios de aquellos y conforme\n el mandato constitucional contenido en el artículo 199\n sólo estarán sometidos a la Constitución\n y a la Ley.
PRIMERO.- Que, el Pleno del Tribunal Constitucional es competente\n para conocer y resolver el presente caso de conformidad con los\n artículos 276, número 1, de la Constitución,\n 12, número 1, y 62 de la Ley del Control Constitucional\n y 1 y siguientes del Reglamento de Trámite de Expedientes\n en el Tribunal Constitucional.
SEGUNDO.- Que, el peticionario se encuentra legitimado para\n interponer esta acción constitucional, de conformidad\n con los artículos 277, número 5, de la Constitución\n y 18, letra d, de la Ley del Control Constitucional.
\n TERCERO.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna\n que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo\n que se declara su validez.
CUARTO.- Que, mediante esta acción constitucional se\n impugna el inciso tercero del artículo 2 de la Ley de\n Casación en la parte que dice: "No procede el recurso\n de casaciónen las sentencias y autos dictados por las\n Cortes Especiales de las Fuerzas Armadas y la Policía".\n Al respecto, este Tribunal hace presente que si bien en diversas\n partes de la demanda se señala al artículo 3 de\n la Ley de Casación y solicita que se declare la inconstitucionalidad\n de su inciso tercero, al inicio de su demanda señala el\n artículo 2 de la Ley de Casación, correspondiendo\n el contenido de lo demandado a este último artículo,\n lo que, posteriormente, aclara el propio peticionario en escrito\n presentado el 12 de mayo de 2004, que corre a fojas 11 del proceso.\n En definitiva, sobre esta norma se pronunciará la Magistratura,\n encontrándose dentro del límite de decisión\n del juez señalado por el principio dispositivo en eat\n judex ultra petita partium.
QUINTO.- Que, en la especie, se demanda la inconstitucionalidad\n de la norma reseñada en el considerando precedente, publicada\n en el Registro Oficial Nº 192 de 18 de mayo de 1993, y su\n posterior reforma y publicación en el Registro Oficial\n Nº 39 de 8 de abril de 1997, ocurriendo que en el Registro\n Oficial Nº 299 de 24 de marzo del 2004 se expidió\n la Codificación de la Ley de Casación. En razón\n de lo señalado, la norma objeto de esta acción\n constitucional, en estricto Derecho, no ha sido derogada, es\n decir, sus disposiciones no han sido expulsadas del ordenamiento\n jurídico positivo, pues se sigue manteniendo el precepto\n de que "No procede el recurso de casaciónen las sentencias\n y autos dictados por las Cortes Especiales de las Fuerzas Armadas\n y la Policía". Una codificación no implica\n ni reforma ni derogatoria de los textos normativos, sino su refundición\n depurando el cuerpo legal, tal como lo señaló esta\n Magistratura en la Resolución Nº 042-2002-TC, por\n lo que la norma impugnada sigue vigente, tanto así que\n sus disposiciones continúan aplicándose. Por tanto,\n el Tribunal Constitucional debe cumplir con su obligación\n constitucional de pronunciarse sobre el tema impugnado. En caso\n contrario, además de renunciar a las competencias que\n se asignan a esta Magistratura, lo único que se hace es,\n por una parte, dilatar la fiscalización de la regularidad\n constitucional de los preceptos y, más grave aún,\n fomentar una suerte de fraude constitucional: bastará\n denominar nuevamente una norma o codificar un cuerpo normativo\n para esquivar la acción de la justicia constitucional.
SEXTO.- Que, el artículo 200 de la Constitución\n establece que "La Corte Suprema de Justicia tendrá\n jurisdicción en todo el territorio nacional y su sede\n en Quito. Actuará como corte de casación, a través\n de salas especializadas, y ejercerá, además, todas\n las atribuciones que le señalen la Constitución\n y las leyes". Que, por su parte, los números 1 y\n 11 del artículo 24 del texto constitucional disponen que\n las personas sólo pueden ser juzgadas en conformidad con\n las leyes preexistentes, con la observancia del trámite\n propio de cada procedimiento, sin ser distraídas de su\n juez competente ni juzgadas por tribunales de excepción\n o por comisiones especiales que se creen para el efecto. Que,\n adicionalmente, el artículo 192 de la Constitución\n señala que "El sistema procesal será un medio\n para la realización de la justicia", agregando que\n "hará efectivas las garantías del debido proceso"\n y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre\n Derechos Humanos, dentro de las garantías judiciales,\n establece que el juez o tribunal encargado de la sustanciación\n de cualquier acusación penal debe ser competente, independiente\n e imparcial, como elementos esenciales del debido proceso legal;
SÉPTIMO.- Que, respecto del ejercicio de la potestad\n judicial, el artículo 187 de la Constitución dispone\n que: &qu