Source: http://gabrielzelaya.blogspot.com/2011/02/decretos-de-urgencia-n001-2011-y-002.html
Timestamp: 2019-04-21 22:33:12
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 3', 'Artículo 5', 'artículo 118', 'Artículo 118', 'artículo 11', 'Artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 91', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 11', 'artículo 25']

Decretos de Urgencia Nº001-2011 y 002-2011 son inconstitucionales e ilegales: Como el APRA subasta al Perú ~ Gabriel G. Zelaya Romero
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Decretos de Urgencia Nº001-2011 y 002-2011 son inconstitucionales e ilegales: Como el APRA subasta al Perú
By GABRIEL G. ZELAYA ROMERO15:10 1 comentario:
Este es un nuevo golpe a la Democracia y al Estado de Derecho ejecutado por el gobierno aprista de Alan García Pérez, gobierno que cada vez más se encuentra manchado por la corrupción y va perdiendo de manera vertiginosa la aceptación ciudadana. A escasos meses de producirse las elecciones presidenciales, el gobierno cuyo mandato expira ha realizado un acto de rapiña y de asalto al patrimonio del Estado y de la Nación –nótese la diferencia- para entregarlo a terceros: El Perú está en remate.
En efecto, el 18 de Enero del 2011 fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto de Urgencia Nº001-2011 dicha norma “tiene como objeto dictar disposiciones extraordinarias a ser aplicadas durante el año 2011, para facilitar la promoción de la inversión privada en determinados proyectos de inversión, asociaciones público privadas y concesión de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos (sic)” (Artículo 1º del DU Nº001-2011).
Para realizar este fin enunciado en el artículo 1º (o sea, el desmantelamiento y subasta del patrimonio público), el Gobierno ha denominado “medidas de simplificación de exigencias legales” que se encuentran enunciadas en el artículo 5º del mencionado Decreto y a nuestro juicio son dos las que ha provocado controversia:
“Artículo 5.3.a) Las certificaciones ambientales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Nº27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y a la Ley Nº28611, Ley General del Ambiente, serán requeridas por la entidad concedente antes del inicio de la ejecución los proyectos o de las actividades de servicios y comercio correspondientes, y no serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial, otorgadas por dichas entidades, para el ejercicio de las actividades económicas materia del proyecto adjudicado”.
“Artículo 5.3.b) Los terrenos y/o edificaciones de propiedad directa o indirecta del Estado incluyendo las empresas del Estado, requeridos para la concesión, serán transferidos automáticamente por la entidad titular de los mismo al concedente en la oportunidad en que éste lo señale y a título gratuito, por el solo mérito del Decreto Supremo del sector correspondiente”.
Acto seguido, describe 30 proyectos que posteriormente el 21 de Enero del 2011 por Decreto de Urgencia Nº002-2011 fueron ampliados a 33 ([1]).
Vamos a demostrar el doble carácter violatorio del Ordenamiento Jurídico de la Nación de los Decretos de Urgencia.
I.- VIOLACION DE LA CONSTITUCIÓN:
El actual gobierno ha desnaturalizado la institución jurídica de los Decretos de Urgencia el mismo que se encuentra regulado en la Constitución en el artículo 118º de la Constitución inciso 19) que señala:
“Artículo 118º.- Corresponde al Presidente de la República:
Inciso 19.- Dictar medias extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuanta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia.”
Esta atribución del Presidente de la República es excepcional y su ejercicio está condicionado al “interés nacional” y su contenido es exclusivamente “económico y financiero”. Es conocida como una legislación de “emergencia”, de acuerdo con el artículo 11º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº29158: “Se fundamentan en la urgencia de normar situaciones extraordinarias e imprevisibles” ([2]), sin embargo, para el actual gobierno, subastar los bienes públicos de la Nación y del Estado es una medida urgente.
En consecuencia, debe de existir una circunstancia apremiante e imprevisible para que se pueda hacer uso de los Decretos de Urgencia, la causa es la emergencia ([3]), una crisis o situación grave que legitime al gobernante tomar la decisión de dictar tales medidas normativas, empero, esta circunstancia no ha existido.
El jurista argentino Juan Carlos Cassagne precisa: “Las razones que justifican el dictado de un reglamento de esta especie (necesidad y urgencia) deben existir, simultáneamente, en una situación que se caracteriza por: a) Una necesidad que coloque al gobernante ante la decisión extrema de emitir normas para superar una grave crisis o situación que afecte la subsistencia y continuidad del Estado; o de grave riesgo social; en tal sentido, la emisión del acto ha de ser inevitable o imprescindible y su no dictado ser susceptible de generar consecuencias de muy difícil, si no imposible, reparación ulterior; b) Una proporción adecuada entre la finalidad perseguida y las medidas que prescribe el reglamento, y c) La premura con que deben dictarse las normas para evitar o prevenir graves riesgos comunitarios” ([4]).
El Tribunal Constitucional en el Exp. N.º 0008-2003-AI/TC ha señalado los criterios directrices sobre la oportunidad del uso de los Decretos de Urgencia, así como la interpretación del Artículo 118 inciso 19) de la Constitución:
“60. Asunto distinto, sin embargo, es determinar si las circunstancias fácticas que, aunque ajenas al contenido propio de la norma, sirvieron de justificación a su promulgación, respondían a las exigencias previstas por el inciso 19) del artículo 118° de la Constitución, interpretado sistemáticamente con el inciso c) del artículo 91° del Reglamento del Congreso. De dicha interpretación se desprende que el decreto de urgencia debe responder a los siguientes criterios:
Las medidas extraordinarias y los beneficios que su aplicación produzcan deben surgir del contenido mismo del decreto de urgencia y no de acciones diferidas en el tiempo o, menos aún, de delegaciones normativas, pues ello sería incongruente con una supuesta situación excepcionalmente delicada”.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00008-2003-AI.html
II.- VIOLACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL:
La precipitada promulgación de los Decretos de Urgencia Nº001-2011 y su modificatoria aprobada por Decreto de Urgencia Nº002-2011 resulta inoportuna cuando un gobierno que carece de legitimidad y aceptación popular ya culmina su mandato.
Ya no se gobierna sino se subastan, se venden los bienes públicos antes de abandonar el poder. La política como negocio y el negocio de la política ese es el nuevo lema.
El gobierno aprista a violado la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 modificada por el Decreto Legislativo Nº1078, al eximir de las certificaciones ambientales. Un mero Decreto de Urgencia pretende derogar a una Ley, es decir, la voluntad de un grupo de burócratas de Palacio de Gobierno se impone a la voluntad de la representación nacional del Congreso.
Los “proyectos” del Poder Ejecutivo enunciados en los Decretos de Urgencia Nº001-2011 y Nº002-2011 no pueden sustraerse o privilegiarse del cumplimiento y eficacia de la Ley Nº27446, están dentro del ámbito de la Ley, tal como ordena:
El Reglamento señalará los proyectos y actividades comerciales y de servicios que se sujetarán a la presente disposición."
En consecuencia, cabe la exigencia de la certificación ambiental que señala la norma en el Artículo 3º de la Ley Nº27446 que señala:
“No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2º y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente" ([5]).
Por ende, el Gobierno debe respetar al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión.
El gobierno aprista al prescindir de las certificaciones ambientales está también afectando en el fondo a los mecanismos de participación ciudadana que integran el proceso de evaluación de impacto ambiental amparados por Ley.
En conclusión, los Decretos de Urgencia Nº001-2011 modificado por Decreto de Urgencia Nº002-2011 encierra la filosofía y proceder de este gobierno, la enunciada en “el perro del hortelano”, sin respeto por la Constitución, las Leyes y la voluntad del pueblo.
[1] Estos son los proyectos:
a) Construcción Presa de Tambo.
b) Construcción de Canal Colector Ingahuasi y
c) Refacción de Obras Existente.
[2] De acuerdo con el Artículo 11º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Ley Nº 29158 los Decretos de Urgencia, “Son normas con rango y fuerza de ley por las que se dictan medidas extraordinarias en materia económica y financiera, salvo materia tributaria. Se expiden cuando así lo requiere el interés nacional. Se fundamentan en la urgencia de normar situaciones extraordinarias e imprevisibles. Son aprobados por el Consejo de Ministros, rubricados por el Presidente de la República y refrendados por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas y, en los casos que corresponda, por uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia esté referido.
Los Decretos de Urgencia entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria del mismo, que postergue su vigencia en todo o en parte”.
[3] Cfrs. QUIROGA LAVIÉ, Humberto “Decretos de Necesidad y Urgencia en la reforma de la Constitución Nacional” La Ley 1994-D sección doctrina págs. 876:881. BIDART CAMPOS, Germán J. “Los decretos de Necesidad y Urgencia”, JA 1997-II pág. 967:971. CASSAGNE, Juan Carlos “Sobre la reserva de Ley y los reglamentos de Necesidad y Urgencia en la reforma constitucional”. Revista de Derecho Administrativo, Ed. Depalma, buenos aires, 1996, pág. 61:68.-
[4] CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo Tomo I, Sexta edición actualizada, reimpresión Editorial Abeledo-Perrot Buenos Aires-Argentina 1998 ps.154-155
[5] Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 en su artículo 25 define a los Estudios de Impacto Ambiental como “instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos.
Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. La ley de la materia señala los demás requisitos que deban contener los EIA”.
Acabo de enterarme que el gobierno ha dado marcha atrás, va ha derogar los decretos. Lo feicito, gente como usted necesitamos, que busquen crear conciencia en el pueblo y salir en defensa de la Constitución y nuestros derechos. Siga adelante.
Decretos de Urgencia Nº001-2011 y 002-2011 son inc...