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Timestamp: 2019-07-21 07:25:50
Document Index: 130582156

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 230', 'artículo 230', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 17', 'artículo 60', 'artículo 125', 'artículo 93', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 60', 'artículo 93', 'artículo 10', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 11']

Diario de Sesión: Sesión Especial N°82
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE CESACIÓN EN CARGO DE PARLAMENTARIO, ALCALDE, CONSEJERO REGIONAL O CONCEJAL POR INFRACCIÓN A NORMAS RELATIVAS A TRANSPARENCIA, LÍMITES Y CONTROL DE GASTO ELECTORAL (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 9860?07 Y 10000?07)
INTERVENCIÓN : Osvaldo Urrutia Soto
INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Browne Urrejola
INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR NORAMBUENA EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, PREVISIÓN SOCIAL Y ASUNTOS JURÍDICOS DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ, LOS DÍAS 25 Y 26 DE MARZO DE 2014.
INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR NORAMBUENA EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, PREVISIÓN SOCIAL Y ASUNTOS JURÍDICOS DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), REALIZADA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA, ECUADOR, EL 29 DE AGOSTO DE 2014.
Sesión 82ª, en miércoles 14 de octubre de 2015
(Especial, de 16.00 a 18.07 horas)
Presidencia de los señores Núñez Lozano, don Marco Antonio, Vallespín López, don Patricio.
IV.- CUENTA V.- TABLA
V.- TABLA ................................................................................................................................................... 14
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE CESACIÓN EN CARGO DE PARLAMENTARIO, ALCALDE, CONSEJERO REGIONAL O CONCEJAL POR INFRACCIÓN A NORMAS RELATIVAS A TRANSPARENCIA, LÍMITES Y CONTROL DE GASTO ELECTORAL (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 9860-07 Y
10000-07) ................................................................................................................................. 14
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 42
1.- MENSAJE DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR EL CUAL DA INICIO A LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY, QUE "CONCEDE UN BONO ESPECIAL, POR ÚNICA VEZ, A LOS FUNCIONARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE
CARÁCTER EXPERIMENTAL QUE INDICA". (BOLETÍN N° 10341-11) ............................................... 42
2.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10341-11) ............................ 42
3.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N°10164-05) ............................. 42
4.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 7543-12) .............................. 42
5.- PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES RINCÓN, CHAHIN, ESPEJO, MONSALVE, OJEDA, SILBER Y ULLOA, QUE "MODIFICA LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES CON EL FIN DE RESERVAR PARA EL ESTADO UNA PORCIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, PARA QUE SEA UTILIZADO POR ORGANISMOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE EMERGENCIAS". (BOLETÍN N° 10342-15) ............................................................... 42
6.- INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR NORAMBUENA EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, PREVISIÓN SOCIAL Y ASUNTOS JURÍDICOS DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ, LOS DÍAS 25 Y 26 DE MARZO DE 2014. .......................................................... 42
7.- INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR NORAMBUENA EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, PREVISIÓN SOCIAL Y ASUNTOS JURÍDICOS DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), REALIZADA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA, ECUADOR, EL 29 DE AGOSTO DE 2014. ........................................................................................ 42
1.- Oficio:
Del Secretario General de la Corporación por el cual informa que los diputados señores FaríasMezaNorambuena y Urízar
integrarán la delegación que concurrirá a las sesiones reglamentarias del Parlamento Andino, que se realizarán los días 28, 29 y 30 de octubre de 2015, en Bogotá, Colombia. (324).
por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 8 de octubre de 2015 por impedimento grave.
Del diputado señor Flores
por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 8 de octubre de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria.
por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 13 de octubre de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria.
por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 14 de octubre de 2015, por actividades propias de la labor parlamentaria.
Del diputado señor Monckeberg, don Nicolás
Del diputado señor Morano
por la cual justifica su inasistencia a la sesión especial convocada para las 16:00 horas de hoy, 14 de octubre de 2015, por actividades propias de la labor parlamentaria.
Del diputado señor Espinoza, don Fidel
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 13 de octubre de 2015, para dirigirse a Lima, Perú .
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 14 de octubre de 2015, para dirigirse a Lima, Perú .
Del diputado señor Jarpa
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar de hoy, 14 de octubre de 2015, para dirigirse a Ginebra, Suiza.
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 14 de octubre de 2015, para dirigirse a Perú.
-Concurrió, además, el ministro secretario general de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán.
-En misión oficial: Los diputados señores Fidel Espinoza Sandoval, Iván Flores García, Roberto León Ramírez, Fernando Meza Moncada, Nicolás Monckeberg Díaz y Jorge Ulloa Aguillón.
-Con impedimento grave: La diputada señora Clemira Pacheco Rivas, y el diputado señor Ignacio Urrutia Bonilla.-
-Se abrió la sesión a las 16.00 horas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El acta de la sesión 73ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 74ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta. Tiene la palabra el diputado señor Juan Morano .
El señor MORANO .- Señor Presidente, en la Cuenta se mencionó una justificación de inasistencia que envié, pero, evidentemente, no es para esta sesión, sino para la que debía celebrarse esta mañana.
La causa de mi inasistencia fue una reunión con el ministro de Energía en la ciudad de Santiago.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .- Señor Presidente, en el tablero vemos el detalle de las comisiones que se encuentran funcionando. En el caso de la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, comenzó a sesionar oficialmente desde las 15.30 horas, en la sala N° 10 del Senado, para tratar la partida N° 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Quiero saber si se va a fijar una hora para votar los proyectos que figuran en la Tabla de esta sesión, porque en diez minutos más va a continuar la sesión de la subcomisión mencionada, razón por la cual deberé ausentarme de la Sala por un tiempo indeterminado, ya que la citación de la subcomisión es hasta el total despacho de la partida que estamos debatiendo.
Además, pido que esta circunstancia quede consignada en el acta. He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Señor diputado, se acordó votar los proyectos en Tabla a partir de las 18.00 horas.
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS .- Señor Presidente, la Comisión de Familia está citada para las 18.00 horas. A causa de esta sesión especial de Sala que se acaba de iniciar, ¿se retrasará la hora de inicio de las sesiones de las comisiones?
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Sí, señor diputado. Se autorizó postergar el inicio de las sesiones de comisiones citadas para las 18.00 horas.
El señor SAFFIRIO .- Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un punto de Reglamento.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra, su señoría.
El señor SAFFIRIO .- Señor Presidente, en estos momentos la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento está sesionando simultáneamente con la Sala para tratar un proyecto de ley que no tiene urgencia.
El Presidente de dicha comisión argumentó que ello ocurría como consecuencia de lo previsto en el número 4 del artículo 230 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece que las comisiones podrán sesionar simultáneamente con la Sala por acuerdo de la Cámara de Diputados.
Al respecto, quiero destacar que esta, la Sala, es la Cámara, no los Comités Parlamentarios, y el acuerdo en virtud del cual se permitió que las comisiones sesionaran simultáneamente con la Sala fue adoptado por los Comités.
Quiero dejar constancia de mi molestia, porque son situaciones como esa las que provocan las ausencias masivas de diputados de la Sala, que he venido reclamando durante cinco años, como consecuencia de arrogarse los Comités Parlamentarios facultades que no tienen.
El Reglamento es categórico: la Cámara de Diputados es la que puede autorizar a las comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala, no los Comités.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Diputado Saffirio , la interpretación que ha hecho del número 4 del artículo 230 del Reglamento es correcta, y asumimos la responsabilidad por la decisión que adoptamos. En todo caso, le informo que fue un acuerdo adoptado por la unanimidad de los jefes de los Comités.
En consecuencia, si usted no está de acuerdo con lo que acordamos, me veo en la obligación de pedir el acuerdo de la Sala para autorizar que las comisiones que no estén tratando proyectos calificados de suma urgencia o de discusión inmediata puedan sesionar simultáneamente con esta sesión de Sala.
El diputado Saffirio no da su acuerdo.
El señor ANDRADE .- Pido la palabra para referirme al punto, señor Presidente.
El señor ANDRADE .- Señor Presidente, el Reglamento de la Cámara de Diputados tiene un sentido, un objetivo; no es un instrumento pétreo, frío, ni un fin en sí mismo.
En consecuencia, sin perjuicio de que el tenor literal de ciertas normas puede ser muy nítido, no se puede esquivar el hecho de que se aplican en situaciones de realidad.
La Comisión de Constitución ya está sesionando, y el diputado Saffirio ha sido parte de esa sesión desde las tres de la tarde. Tenemos invitados y hemos suspendido la sesión después de recibir el testimonio de dos de ellos, en tanto que hay otros dos esperando a que retornemos a la sala de la Comisión para escuchar sus exposiciones.
La validez del Reglamento está fuera de discusión; pero siempre he entendido que en política los reglamentos, las normas en general, tienen un sentido, apuntan en una dirección: que las cosas funcionen. Los reglamentos no pueden tener por objeto impedir que las cosas funcionen; no tendrían sentido, se transformarían en un obstáculo.
Además, como en este caso no se está afectando ni a minorías ni a mayorías políticas, sino que se trata simplemente de un asunto de interés de todos, y por respeto a los invitados que nos están esperando -destacados catedráticos en materia constitucional que vienen a ilustrarnos sobre un proyecto tan relevante como el relativo a la interrupción del embarazo-, solicito que tengamos cierta consideración con ellos.
El señor MELERO .- Señor Presidente, pido la palabra para referirme al punto de Reglamento.
El señor MELERO .- Señor Presidente, me gustaría saber en qué situación quedan las subcomisiones mixtas de presupuestos, cuya convocatoria es responsabilidad del Senado y están sesionando en paralelo con la Sala.
En el caso de la Tercera Subcomisión Mixta, que integro, hemos suspendido la sesión en que estamos tratando la partida 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
No sé qué hacer, señor Presidente. He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Muy bien. Yo sí sé qué hacer.
Como sabemos, esta sesión es especial y se citó hoy mismo por la razón que todos conocemos.
Comparto la visión que expone el diputado Andrade sobre la aplicación del Reglamento, pues debemos ser capaces de adaptarlo a la realidad, en especial cuando se producen situaciones inesperadas, como la que ocurrió esta mañana.
Ahora bien, con el fin de no suspender las sesiones de la Comisión de Constitución ni las de las subcomisiones mixtas de presupuestos, por la importancia que tienen en el cronograma para la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2016, solicito al diputado Saffirio que dé la unanimidad para que puedan sesionar simultáneamente con la Sala.
El señor SAFFIRIO .- Señor Presidente, la interpretación del Reglamento que hace el diputado Andrade da cuenta de una percepción bastante particular de la norma, en el sentido de que sus preceptos se adecuan según las circunstancias, pero según los intereses temporales.
De esa forma, no tiene sentido tener Reglamento.
La presente sesión de Sala, citada para las 16.00 horas, se está celebrando porque en la mañana no hubo quórum para iniciar la sesión. A la hora de la citación solo nos encontrábamos presentes 34 diputados, y más de 80 estaban ausentes.
Entonces, el problema no está en el funcionamiento de las comisiones en la tarde; el problema es que en la mañana no se alcanzó el quórum para sesionar normalmente, y estamos tratando de salvar ante la ciudadanía una situación que da cuenta de una suerte de irresponsabilidad que no estoy dispuesto a tolerar.
Me hago responsable de ello, a pesar de los abucheos, que en todo caso me preocupan muy poco.
No doy el acuerdo para que las comisiones sesionen simultáneamente con la Sala. He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón , jefe de bancada de la Democracia Cristiana.
El señor RINCÓN .- Señor Presidente, creo que no es necesario prolongar esta discusión. Para claridad y constancia, porque la duda del colega Melero es valedera, debo expresar que en el caso de las comisiones mixtas de presupuestos existe una urgencia constitucional respecto de su tramitación. Lógicamente, siempre hemos entendido que el Reglamento se subordina a toda norma de rango superior, y en este caso la Constitución establece un plazo preciso para la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos.
Por tal motivo, siempre hemos dado las facilidades necesarias para que las subcomisiones mixtas sesionen en paralelo con la Sala. En ese caso hay prevalencia de una disposición constitucional y, por tanto, de una urgencia de rango constitucional, y nadie puede pretender que eso se afecte por efecto de la aplicación de normas reglamentarias.
Lo otro que se puede hacer es que usted recabe la unanimidad de la Sala; si no se aprueba, continuamos con la sesión.
El señor ORTIZ .- Señor Presidente, en primer lugar, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se rige por el Reglamento del Senado, no por el de la Cámara. Eso es tan cierto, que todas las sesiones se llevan a cabo en el Senado y no en la Cámara de Diputados.
En segundo lugar, los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara, presidida por el diputado Pepe Auth , acordamos por unanimidad suspender las sesiones de los miércoles para tratar las 26 partidas del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2916, lo que se hará hoy.
Respeto mucho la interpretación del diputado Saffirio , que es correcta, pero no estoy de acuerdo en esta oportunidad, porque el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público se rige, como ya señalé, por el Reglamento del Senado.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Arturo Squella .
El señor SQUELLA .- Señor Presidente, el diputado Saffirio tiene razón, ya que su interpretación del Reglamento es correcta; pero lo que hace distinta esta situación del resto es que, tal como él dijo, estamos sesionando a las 16 horas para tratar, entre otros, un importante proyecto de reforma constitucional, calificado con discusión inmediata, ya que no pudimos reunirnos en la mañana por la razón que todos sabemos. Sin embargo, no tienen por qué pagar esa culpa quienes colaboran activamente con el trabajo legislativo. Me refiero a destacados profesores, cuya participación, en este caso, se relaciona con un proyecto de ley respecto del cual no tengo interés alguno en que su tramitación avance rápidamente.
Reitero, por el respeto que debemos a esos profesores, quienes no darán una opinión en la línea de lo que a mí me interesa, que viajaron para estar en el Congreso Nacional y que prestan permanente colaboración no solo a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sino al proceso legislativo en general, solicito que se haga una excepción en este caso, ya que no se alcanzó a suspender la sesión de dicha comisión ni se pudo avisar a los profesores de esta situación.
Vuelvo a repetir, por deferencia a ellos y en el entendido de que el diputado Saffirio está en lo cierto, le solicito que nos dé la unanimidad en forma excepcional para que dicha comisión sesione simultáneamente con la Sala, sin alterar el momento fijado para votar esta importante reforma constitucional.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO .- Señor Presidente, ¿por qué no aplica el artículo 62 del Reglamento, que señala claramente que ningún diputado podrá oponerse a los acuerdos de los Comités adoptados por unanimidad y que la oposición que se haga al respecto se entenderá por no presentada?
Reitero, solicito a la Mesa que aplique el artículo 62, porque en este caso se trata de un acuerdo unánime adoptado por los Comités, por lo que ningún diputado puede cuestionarlo.
Por esa razón, a mi juicio, las comisiones están autorizadas para sesionar simultáneamente con la Sala.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .- Señor Presidente, ¿qué pasa si la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento trabaja en comité y la comisión ratifica después los acuerdos que se tomaron?
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Daré respuesta a las dos preguntas que se han formulado.
Respecto de la consulta del diputado señor Patricio Melero , debo señalar que la colisión de artículos responde a una larga discusión que incluye a los acuerdos unánimes de los jefes de los Comités.
No obstante, después de un muy extenso debate y tomando en consideración una larga jurisprudencia, hemos asumido que no corresponde que los jefes de los Comités adopten acuerdos sobre materias respecto de las cuales corresponde que decida la Sala.
En cuanto al planteamiento del diputado señor René Manuel García , estimo que es muy posible aplicar el procedimiento que él señaló, ya que solo depende de que lo plantee el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y que sus miembros lo aprueben.
Por última vez recabo la unanimidad para que las comisiones tantas veces señaladas puedan sesionar simultáneamente con la Sala.
Según dispone la citación a esta sesión, corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción y mensaje refundidos, que establece la cesación en el cargo de parlamentario, alcalde, consejero regional o concejal por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados en su sesión de ayer, este proyecto se tramitará hasta su total despacho y se limitará el uso de la palabra a un tiempo máximo de cinco minutos por interviniente.
Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es la señora Marisol Turres .
-Proyecto del Senado, sesión 59ª de la presente legislatura, en 13 de agosto de 2015. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 79ª de la presente legislatura, en 13 de septiembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 3.
La señora TURRES, doña Marisol (de pie).-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre los proyectos de reforma constitucional, refundidos en conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cuyo detalle es el siguiente:
1.- Mensaje de la Presidenta de la República para sancionar la infracción a las normas sobre financiamiento, transparencia y control del gasto electoral (boletín N° 10.000-07).
2.- Moción de las senadoras señoras Isabel Allende y Lily Pérez , y de los senadores señores Felipe Harboe , Carlos Montes y Rabindranath Quinteros , que establece la cesación en el cargo parlamentario para quien sea condenado por haber financiado su campaña electoral con aportes obtenidos de manera ilegal o fraudulenta (boletín N° 9860-07).
El proyecto fusionado que estamos debatiendo tiene por objeto establecer el cese en el cargo de diputado, senador, alcalde, consejero regional o concejal por infracción grave a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, para lo cual radica el conocimiento de dichas infracciones en el Tribunal Calificador de Elecciones, organismo que actuará a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral.
El proyecto despachado por el Senado consta de un artículo único que introduce las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:
1.- Propone agregar un inciso nuevo, en el artículo 60, para establecer la cesación en el cargo de los diputados y senadores que hubieren infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
2.- Asimismo, mediante un inciso nuevo que propone agregar en el artículo 125 de la Carta Fundamental, se incluye a los alcaldes, concejales y consejeros regionales entre las autoridades de elección popular que podrán cesar en el cargo por las infracciones referidas.
Durante la discusión general del proyecto surgieron varios temas de relevancia para la comisión:
a) La norma propuesta respecto de diputados y senadores nada dice acerca de la situación de aquel que, no obstante cumplir la pena accesoria, que consiste en no poder optar a alguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de tres años, postule nuevamente a cualquier otro cargo público.
b) El rol que en esta materia cumplirá del Tribunal Constitucional, dado que, según lo dispuesto en el ordinal 14° del artículo 93 de la Constitución Política, a dicho tribunal le corresponde pronunciarse acerca de las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios. Ello, atendido al hecho de que en el proyecto la causal de cesación por infracción grave a la normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral será declarada por el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Resolutivo del Servicio Electoral.
Sin perjuicio de estos temas, que fueron debatidos y resueltos en la discusión particular, la comisión, por la unanimidad de los diputados presentes, aprobó el proyecto en general.
Durante la discusión particular surgió la idea de establecer una sanción más estricta para los infractores, tanto en la norma que se refiere a diputados y senadores, como en la que dice relación con los alcaldes, concejales y consejeros regionales, que consistiría en imponer la pena accesoria de que quien cesare en uno de estos cargos no podría optar a ninguna función o empleo público por el término de tres años ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.
Finalmente, respecto del Tribunal Constitucional, no se innovó en la materia, pues se acordó mantener la competencia radicada en el Tribunal Calificador de Elecciones, como señala el texto aprobado en general por la comisión.
Es cuanto puedo informar. He dicho.
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
Señor Presidente, lamento la discusión que se suscitó recién. Si bien el Reglamento se hizo para que nos rijamos y actuemos correctamente, es evidente que el criterio debe primar aun por sobre esas reglas. El país está en esta situación por la falta de criterio de muchas personas que no son capaces de ser flexibles.
Señor Presidente, quiero referirme a algunos aspectos del proyecto que estamos discutiendo, que es un paso que estamos dando como sociedad y que refleja el compromiso que ha adquirido la Presidenta de la República con todos los ciudadanos para sancionar la corrupción, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses y, sobre todo, las violaciones a las normas sobre financiamiento público de los partidos políticos, y poner fin a los aportes reservados, entre otros.
El proyecto pretende avanzar hacia una política mucho más transparente, para lo que sanciona a representantes elegidos que hayan incurrido en delitos y que hayan sido condenados por los tribunales de justicia, con la cesación del cargo, medida con la que estoy absoluta y totalmente de acuerdo.
Se debe sancionar de manera ejemplar esos hechos para avanzar como sociedad, para asumir los cambios en la manera de relacionarnos y vivir la política, y para modernizar nuestra legislación a los nuevos estándares de transparencia que exigen estos tiempos.
Señor Presidente, es absolutamente necesario que se regule esta materia. La situación actual da cuenta de ello. Existe una crisis política y decepción en la ciudadanía, a lo que se suma la falta de credibilidad en los partidos políticos y en los parlamentarios; pero no todos estamos en la misma bolsa. Digo esto porque a menudo la gente indignada por hechos de corrupción tiende a meternos a todos en el mismo saco, lo que no corresponde. Con profunda tranquilidad puedo asegurar que, por ejemplo, no tengo gastos reservados ni los tendré; tengo la tranquilidad de no haber salido en los medios de comunicación por ninguna investigación en mi contra ni por ninguna boleta, y si me llegasen a investigar por alguna razón, tampoco van a encontrar ningún tipo de irregularidad. Las personas que me conocen en el distrito que represento, Macul , San Joaquín y La Granja, saben de lo que hablo, porque cada vez que estamos en terreno les cuento sobre mi trabajo, las gestiones que realizamos y las reuniones con vecinos y con las autoridades.
Por eso, señor Presidente, respaldo al proyecto, porque necesitamos construir ahora, ya, una nueva política electoral, porque no es justo para quienes sí hacemos la pega, que no tengan la sanción que merecen quienes llegan a estos escaños de manera irregular.
Por eso, señor Presidente, es importante el proyecto y todo lo que estamos haciendo para recuperar la credibilidad en la política y en los políticos, ya que la sociedad nos juzga a todos por igual. Vimos que los canales de televisión asumían que la falta quórum que se produjo en la mañana se debía a que la Cámara no quería legislar respecto del proyecto en discusión. Varios programas de televisión, noticiarios y periodistas se basaron en eso para afirmar que esa podría ser la razón del fracaso de esa sesión.
Señor Presidente, me da un poco de pena ver que en esta sesión no hay periodistas, pues pensé que las tribunas estarían repletas de cámaras porque los medios de comunicación estarían muy interesados en esta discusión, para comprobar si estábamos o no de acuerdo con aprobar la iniciativa en estudio. Veo algunas personas, pero no hay ni una sola cámara, ni un solo medio de comunicación interesado en este debate que es de fondo, al que nos han llevado los distintos hechos que se han suscitado en la política chilena.
Por eso es importante que digamos a la sociedad, a la ciudadanía que no estamos de acuerdo con la mala política, con los tramposos, con los corruptos, y que no queremos que los corruptos sean candidatos ni estén en la Cámara de Diputados. Deben dejar sus cargos los diputados, senadores o políticos en ejercicio elegidos por el pueblo, que han participado en actos de corrupción. Eso es lo que estamos legislando hoy y esa es la señal que queremos dar.
Espero que lo que digo sea recogido de esa manera en los medios de comunicación y que no se enfatice la falta de quorum que se produjo en la mañana, sino el resultado de lo que hoy se tramita en la presente sesión de la Cámara de Diputados.
Diputado Farías , agradezco la buena precisión que hizo sobre el sentido de la sesión de hoy, que no se vincula con lo sucedido en la mañana.
Para plantear una cuestión reglamentaria, tiene la palabra el diputado señor Diego Paulsen .
¿Dónde está el Presidente de la Cámara de Diputados? ¿Algún problema lo obligó a ausentarse de la Sala?
Señor diputado, el Presidente de la Cámara de Diputados debió acudir a una actividad previamente agendada.
En todo caso, la Mesa está funcionando como corresponde.
Por otra parte, su intervención no se relaciona con un tema de Reglamento. Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia .
Señor Presidente, la iniciativa en discusión continúa en la línea de la agenda de probidad y transparencia impulsada por este gobierno y también por el anterior, la que se ha trabajado con mucha responsabilidad en la Cámara de Diputados, haciendo eco de las exigencias de la ciudadanía para el ejercicio de la actividad política. Desde ese punto de vista, estimo que su fundamento es positivo y que es necesario seguir avanzando en ese sentido.
No obstante, debemos ser muy claros con la ciudadanía, ya que no debemos generar falsas expectativas, por lo que tenemos que referirnos al alcance real de la iniciativa.
Como señalé, esta reforma constitucional se fundamenta en los principios requeridos para ejercer nuestra actividad, por lo que el proyecto solo establece un principio. Las dos normas que agrega la iniciativa son solo programáticas y requieren de un desarrollo normativo para que se hagan efectivas.
En otras palabras, mientras el Ejecutivo no envíe a tramitación el proyecto de ley orgánica constitucional que describa las conductas a sancionar, la reforma en debate no será más que una noble declaración de intenciones.
Por lo tanto, esperamos que el Ejecutivo envíe en forma urgente ese proyecto de ley orgánica para efectuar su discusión de fondo, ya que permitirá la existencia de un verdadero régimen de sanciones para quienes utilizan la política para servirse a sí mismos.
Ahora bien, en cuanto a la probidad propiamente tal, estimo que el Ejecutivo ha abordado de manera errónea este principio. El proyecto de ley sobre probidad en la función pública -fue enviado por el Presidente Sebastián Piñera , el actual gobierno continuó con su tramitación y hoy se encuentra en el Tribunal Constitucional para el control obligatorio de constitucionalidad estableció, después de una larga tramitación, que un mayor número de sujetos efectuara sus respectivas declaraciones de intereses y de patrimonio; un régimen de sanciones, y, lo más importante, el llamado fidecomiso ciego para la administración de bienes de ciertas autoridades, lo que constituye un real avance en la materia.
Dicha la iniciativa está estrictamente relacionada con la iniciativa en discusión, debido a que en sus fundamentos se establece que esta reforma constitucional considera tres pilares esenciales, que consisten en la transparencia, la probidad y la responsabilidad política. Agrega que la probidad en el actuar de las autoridades electas por la ciudadanía resulta esencial para asegurar la primacía de los intereses generales por sobre los particulares.
Las iniciativas anteriores son potentes en cuanto a sus fundamentos; pero, en cuanto a la forma, se ha incurrido en serios errores que deseo que no se pasen por alto.
Cabe recordar que a propósito del caso Dávalos y de los conflictos de intereses en que incurrió el hijo de la Presidenta, se dictó el instructivo presidencial N° 2, de 19 de marzo de 2015, sobre las Buenas Prácticas en Materia de Declaración de Intereses y de Patrimonio, el cual evidenció una serie de ilegalidades que en la actualidad afectan a miles de funcionarios públicos. Principalmente, el instructivo presidencial incorporó en sus normas los artículos contenidos en el proyecto de ley sobre probidad en la función pública que no habían sido aprobados por el Congreso Nacional, lo que constituye una afectación grave al principio de legalidad por parte de la Presidenta de la República.
En efecto, la coyuntural dictación del instructivo presidencial constituye por sí misma una reacción política de la administración que confunde el ejercicio de potestades propias del derecho administrativo en cuanto al establecimiento de instrucciones internas a los órganos del Estado sujetos a la Presidenta de la República, en razón de un vínculo de jerarquía, tutela o supervigilancia con el ejercicio de potestades públicas relativas a la función del gobierno de la Presidenta.
Afirmo lo anterior, debido a que, en este contexto, las autoridades involucradas eran de absoluta confianza de la Presidenta, por lo que solo bastaba una instrucción de carácter político a los funcionarios cuestionados, en lugar de involucrar a todos los funcionarios públicos, generalizando y dando la sensación de que las faltas a la probidad se extienden a toda la administración del Estado y en todos sus niveles.
En cuando al fondo de las normas que establece ese instructivo, tal como mencioné, existió un exceso de atribuciones en cuanto al establecimiento de una nueva regulación por parte de la administración, debido a que muchos de los asuntos regulados son materias propias del dominio legal, por lo que la Presidenta se excedió en su potestad de mando para establecer esas más gravosas obligaciones.
Respecto de lo anterior, es muy ilustrativo lo que señala el profesor Eduardo Cordero : “Las circulares o instrucciones son normas que dictan los jefes de servicio en virtud de su potestad jerárquica o de mando, dentro del margen de discrecionalidad que le entrega el ordenamiento, para la buena marcha y funcionamiento de la entidad pública.”.
Agrega que el ordenamiento jurídico entrega dicho margen de discrecionalidad a estas autoridades “para adoptar las decisiones más acordes con los principios que han de regir toda gestión administrativa dentro de los márgenes fijados por la ley.”.
Por lo tanto, el jefe de servicio no puede establecer mayores exigencias que las que establece la ley, en este caso, la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en sus artículos 52 y siguientes.
En consecuencia, para terminar, en estas materias no solo basta que las normas cumplan con el objetivo de fondo, que, por cierto, es muy compartido, sino que es necesario que los órganos que ejercen potestades normativas cumplan estrictamente con el principio de legalidad en todas sus actuaciones, sobre todo en una materia en que se establecen sanciones, como sucede con el proyecto que hoy estamos conociendo, para que, de esta manera, la determinación de responsabilidades y la aplicación de las respectivas sanciones encuentren su fundamento en el ordenamiento jurídico y no en la mera arbitrariedad de la autoridad de turno.
Señor Presidente, no formo parte de la comisión técnica que analiza este tipo de proyectos, respecto de lo cual, como dijo el colega René Manuel García , hay que dar gracias a Dios.
¡Pero si no he dicho nada sobre eso! ¡Me están echando la culpa de todo!
Debo disculparme con el colega René Manuel García , porque fue el diputado Diego Paulsen quien lo señaló.
Señor Presidente, el estar un poco alejados de la discusión de este tipo de proyectos nos permite acercarnos con menos contaminación y prejuicios, e ir directamente a su esencia.
No quiero aprovechar esta oportunidad para rasgar vestiduras, con el fin de dar una prueba de probidad y demostrar que no estamos involucrados en los actos que queremos combatir, como la falta de probidad y de transparencia, la corrupción, etcétera. Mi intención es simplemente señalar que el proyecto de ley va en el sentido correcto y está inserto en el marco de un esfuerzo más global del gobierno, del cual me siento parte, para reformular muchas normas legales, con el objeto de -digámoslo con claridad combatir una situación, actuar sobre un momento muy poco feliz para la actividad política, especialmente para la labor parlamentaria.
Los ciudadanos se sienten cada vez más decepcionados. Me da una profunda vergüenza leer los comentarios a propósito de la lamentable situación que aconteció esta mañana. Nadie hace diferencias entre quienes estábamos presentes en la Sala y quienes no lo estaban. Al final, el daño provocado es a esta institución del Estado, al Congreso Nacional y a la Cámara de Diputados. ¡Ese daño es irreparable!
La política es una actividad noble, decente y honesta. Es necesario un sistema democrático más profundo, transparente, con mayor participación, en el cual nosotros, como autoridades que tenemos el mandato de la soberanía popular, debemos dar cuenta directa a la ciudadanía de nuestro actuar.
Con mucha prudencia, pero también con mucha firmeza, debo señalar que aquí ha habido -y hoy se ventila en los tribunales muchos y muchas que hicieron trampas e infringieron la ley de financiamiento de la política. Por cierto, recordemos que existe una ley que establece límites a los gastos electorales y que señala de dónde puede provenir el financiamiento de las campañas políticas.
Esa situación nos tiene sumidos en el descrédito más absoluto. Los medios de comunicación no tienen la culpa de ello, aun cuando a veces se ensañan -en un afán morboso en destruir esta institucionalidad. La responsabilidad final es de quienes tienen conductas indebidas.
El proyecto señala que toda autoridad elegida en votación popular que trasgreda normas de probidad y transparencia recibirá una sanción severa, yo diría severísima, con el objetivo de que no se vuelvan a repetir tales conductas. Por eso, la normativa debe tener una acción coactiva y coercitiva.
Hasta ahora, como dicen en la región que represento, a quienes transgredían las normas “no les salía ni por curados”, es decir, no había ni responsabilidad ni sanción alguna. Para quienes actúan honestamente, esta situación es bastante injusta, porque es como si alguien compitiera haciendo trampas y otro lo hiciera con las manos limpias. Hay una desigualdad y una desproporción espantosas. Basta mirar los aportes reservados que se entregan a unos y a otros, según las arbitrariedades de quienes ponen los recursos.
Por lo tanto, los diputados, los senadores, los alcaldes, los concejales y los consejeros regionales, por el solo hecho de ser autoridades elegidas mediante votación popular, deberán rendir una cuenta exigente ante quienes los eligen. Me parece que debe existir esa sanción; mientras no se establezca una sanción real como la pérdida del cargo -la máxima sanción posible-, no vamos a cambiar la conducta, porque en la naturaleza humana está claro que no existe la autorregulación, salvo en contadas excepciones.
Tal como indicó un señor diputado, abogo para que el gobierno envíe, en el más breve plazo, un proyecto de ley que establezca cuáles son esas faltas gravísimas, porque, de lo contrario, la iniciativa que discutimos será letra muerta o solo una declaración de intenciones.
El proyecto en estudio, que debiéramos aprobar lo más pronto posible, propone como sanción la cesación en el cargo y la imposibilidad de postular nuevamente a un cargo de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación. Es una pena dura, pero necesaria para hacer un gesto importante.
Asimismo, establece la inhabilidad durante tres años para optar a función o empleo público. No puede ser que alguien que comete una falta o contraviene la ley deje su cargo y después se incorpore a realizar asesorías en una empresa pública o sea nombrado ministro o en otro cargo importante. Eso no me parece ni va en la dirección de lo que esperan los ciudadanos.
Insisto, con vergüenza leí los comentarios vertidos a consecuencia del fracaso de la sesión de esta mañana, pero, como indiqué al inicio de mi intervención, no quiero entregar una explicación personal.
Por último, con el mayor respeto y humildad quiero manifestar algo: debemos asumir que podemos modificar y endurecer las penas mucho más, incluso al doble; sin embargo, absolutamente nada reemplazará el control que ejercemos sobre nuestra propia conducta personal. De lo que cada uno de nosotros haga dependerá que esta sea una actividad respetable, decente, honesta y de la cual podamos sentirnos legítimamente orgullosos no solo nosotros, sino también nuestras familias, nuestros hijos y la gente que a uno lo elige.
Entusiastamente, votaré a favor este proyecto y los próximos que apunten en similar sentido. El proceso para devolver el prestigio y el valor a esta noble actividad que, a mi juicio, es la política bien ejercida, será costoso, duro y probablemente muy largo.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Leonardo Soto .
Señor Presidente, este proyecto de reforma constitucional propone terminar con la impunidad de aquellos candidatos y candidatas a cargos de elección popular que, infringiendo la normativa sobre control, límites y transparencia del gasto electoral, utilizan ventajas injustas o impropias para ganar una competencia electoral.
De esta manera, se llena un gran vacío de nuestra institucionalidad, que comprometía gravemente tanto la fe pública en sus autoridades como la salud y el futuro de nuestra democracia.
Es por todos conocido el hecho de que quienes infringen estas normas, al no haber sanciones penales efectivas, podían retener los escaños mal habidos o, incluso, postularse a nuevos cargos públicos de elección popular.
Esta iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite constitucional, modifica la Constitución Política de la República, para, en primer término, establecer como sanción directa que cesarán en su cargo los concejales, alcaldes, consejeros regionales, diputados y senadores que hayan infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servel . Cuando alguna de las autoridades mencionadas cometa una infracción grave se le aplicará el máximo rigor de la ley, esto es, la pérdida del escaño obtenido en dichas condiciones.
Además, fruto de una indicación aprobada de manera unánime en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que busca terminar con una posible puerta giratoria, se establecieron dos importantes sanciones accesorias adicionales a la pérdida del cargo: la imposibilidad de optar a otra función o empleo público por el término de tres años, y la imposibilidad de ser candidato o candidata a nuevos cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.
De esta manera, se pone término a la posibilidad de que quienes sean sancionados por infringir normas de gasto electoral, por un silencio en nuestras normas constitucionales, puedan reingresar a la vida pública, ya sea mediante la asunción de una nueva dignidad dentro del aparato del Estado o mediante su elección en un acto electoral inmediatamente posterior.
Sería impresentable que una autoridad que pierde su escaño por infracción a las normas de campañas electorales, asuma al otro día, por ejemplo, como ministro de Estado o se presente como candidato a alcalde en la siguiente elección. ¿Qué explicación podríamos dar a la ciudadanía sobre una situación así?
De aprobarse este proyecto, la propia Constitución establecerá una medida de control para el cumplimiento de nuestras normas de financiamiento electoral, con estrictos estándares y sanciones. En términos prácticos, por un período de siete años el infractor estará impedido de postular a cargos de elección popular.
Concluyo mis palabras con la certeza de que la nueva normativa elevará de manera notable nuestros estándares en materia de probidad, transparencia, responsabilidad y sanción para quienes postulan a cargos de elección popular.
Desde ahora, todos los candidatos a concejales, alcaldes, consejeros regionales, diputados y senadores sabrán que no sale gratis transgredir los normas sobre transparencia límites y control del gasto en campañas electorales.
Por último, llamo a aprobar el proyecto de reforma constitucional, que permitirá acabar con la impunidad de los tramposos. En efecto, la iniciativa establece una severa y ejemplarizadora sanción política, que operará como poderoso disuasivo para que nunca más se asuman cargos de elección popular a través de medios ilegítimos.
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne .
El señor BROWNE.-
Señor Presidente, valoro este proyecto, porque va en la línea de la agenda de probidad y transparencia. Su objetivo es tener un proceso electoral más transparente y de cara a la ciudadanía, en el cual se respeten las normas que nos estamos imponiendo, que desde hoy van a ser mucho más estrictas.
Esta reforma constitucional establece duras sanciones a quienes realicen trampas en el proceso electoral, con lo que se busca evitar diferentes situaciones que hoy empañan la actividad política, aspecto del cual todos tenemos que hacernos cargo para sacar adelante esta actividad.
Me parece que esta podría haber sido la oportunidad para reparar una inconsistencia que se produce en la actualidad entre alcalde, concejal y consejero regional, versus parlamentarios, pues los primeros sí pueden renunciar voluntariamente a su cargo, lo que no podemos hacer diputados y senadores. A mi juicio, esto no necesariamente debe limitarse a una sanción judicial, porque puede haber motivos por los cuales un parlamentario desee renunciar, por ejemplo, si siente que no está haciendo bien su trabajo.
Considero que debe establecerse la posibilidad de que, ante razones de orden personal u otras, los parlamentarios podamos dar un paso al costado. A mi juicio, eso contribuiría a una mayor transparencia y a entender la política de una manera distinta. En mi opinión, reitero, no resulta consistente que cuando se trata de otros cargos de elección popular, quienes los sirven puedan dar un paso al costado ante diversas situaciones, y que eso no pueda ocurrir en el caso de los parlamentarios.
Una vez que avancemos en la ley que regulará la aplicación de esta reforma constitucional, será imperioso avanzar también en el método de reemplazo.
En el marco de la agenda de probidad y transparencia, el proyecto sanciona a quienes cometan fraude en el proceso eleccionario, pero me parece inaceptable que el reemplazo provenga de los propios partidos políticos. No es posible que los partidos políticos se hagan los desentendidos y no asuman su responsabilidad con respecto a los candidatos que no cumplieron con las normas electorales. Los partidos políticos deben poner barreras y establecer ciertos filtros en sus propios procesos internos.
Por lo tanto, si algún parlamentario es sacado del Congreso Nacional para ser nombrado ministro, si pierde su escaño por una condena judicial o, en este caso, por infringir normas electorales, es casi de Perogrullo que lo que debiera suceder es la realización de una elección complementaria, y no que los partidos políticos designen a dedo quién va a ser el reemplazante, sobre todo si consideramos que, según el proyecto de ley sobre financiamiento de la política, que estamos tramitando, los recursos de los partidos estarán vinculados a su representación parlamentaria. Los partidos políticos siguen recibiendo los mismos recursos por designar al reemplazante del parlamentario que fue destituido.
La tarea pendiente del gobierno es avanzar en la regulación de la forma como va a operar el reemplazo en caso de que un parlamentario sea destituido por las causas que hoy estamos analizando. Es de esperar que el gobierno acoja la idea. Lamentablemente, el ministro, a quien le planteé el tema en la Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado, no está presente en la Sala.
Espero que podamos contar con una legislación consistente con lo que hoy nos exige la ciudadanía en materia de probidad y transparencia.
Señor Presidente, qué duda cabe de que este proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, forma parte de un conjunto de mociones parlamentarias y mensajes de la Presidenta de la República que apuntan a la probidad y la transparencia.
Recordemos una frase de Montesquieu, quien en el siglo XVIII dijo que “las costumbres hacen las leyes”. Resulta que hoy, al analizar este proyecto de ley, nos damos cuenta de que aquí se establece un conjunto de normas coercitivas para que los candidatos que opten a un cargo de elección popular se inhiban de financiar sus campañas de forma inadecuada o irregular.
En suma, aquellas cosas que consideramos características del servicio público y que forman parte de las virtudes cívicas, como la transparencia, la honestidad y la decencia, deben ser reglamentadas en un cuerpo legal. ¿En qué mundo estamos, señor Presidente?
Ser honrado y transparente pareciera ser casi una virtud cívica, pero no lo es, pues se trata de una obligación para quienes ejercemos un cargo de representación popular y tenemos una genuina vocación de servicio público.
La reforma al sistema binominal y los proyectos de ley de fortalecimiento y transparencia de la democracia y de probidad en la función pública son parte del proceso de modificaciones integrales. A ellas se suma la presente iniciativa, originada en moción y mensaje refundidos, con participación de los ministerios de Hacienda, del Interior, Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno.
Valoro particularmente la puesta en marcha del cese en el ejercicio de sus funciones de los titulares de cargos de elección popular que defrauden las normas de financiamiento, transparencia, límites y control del gasto electoral. De ese modo, se impone una sanción ejemplarizadora, a fin de evitar situaciones inaceptables, que quebrantan la confianza ciudadana.
Asimismo, rescato el hecho de que ya se está discutiendo en el Congreso Nacional la forma como se materializará la reforma constitucional que discutimos hoy, a través del proyecto de ley de fortalecimiento y transparencia de la democracia, que ya aprobamos en la Cámara y que se encuentra en el Senado, pues de esta manera acortamos los plazos para la entrada en vigencia de la reforma y damos garantías de que quienes actúen de forma incorrecta no podrán seguir representando a la gente ni adoptarán decisiones en nuestro país.
Junto con el resto de los parlamentarios de la bancada radical, comprometemos nuestro voto favorable a la presente reforma constitucional y a los demás proyectos que forman parte de la agenda de probidad y de transparencia de nuestro gobierno, cuya finalidad es avanzar hacia un sistema político más transparente, más participativo e inclusivo, de personas que trabajen por la gente y no por intereses personales, corporativos o de pocos.
Señor Presidente, a modo de introducción, quizás sea importante señalar que, no obstante que desde 2005 tenemos legislación que establece límites al gasto electoral, lamentablemente no disponía sanciones en caso de incumplimiento.
¿Fue un error u omisión? Es posible; pero quiero que quede claro que no existió una mala intención, sino que, simplemente, se optó por limitar el gasto electoral, aunque, a medida que pasan los años, la ciudadanía exige mayores estándares de transparencia y de probidad y que en las campañas no se gasten sumas excesivas.
Me parece que la mayoría de los parlamentarios que presentan problemas por boletas ideológicamente falsas o por haber recibido financiamiento electoral fuera de la forma y del límite que señala la norma no tenía conciencia de que se incurría en un acto que, si bien estaba reñido con la ley, no contemplaba ninguna sanción. No obstante, esto cambió radicalmente, y ahora hay distintas formas de ver la manera en que esto se ha desarrollado, y es importante tenerlo presente.
Efectivamente, existe financiamiento electoral que va directamente a las campañas de algunas personas, porque quien entrega los recursos tiene cierta simpatía política y, de alguna manera, quiere ayudar a quien representa sus ideales de sociedad. En otros casos se repartieron recursos, de forma bastante retorcida, a personas de distintos sectores políticos. En esos casos, uno podría preguntarse cuál es su objetivo: ganar influencia o favorecer a un sector político determinado. Todo eso es parte de la historia y causa del descrédito actual de la Cámara de Diputados.
Pero también es importante señalar que desde hace tiempo venimos legislando y autoimponiéndonos no solo sanciones, sino también límites y mucha exigencia en materia de transparencia y de probidad. Es conveniente destacar que todas estas infracciones se han producido de manera transversal, porque parlamentarios de distintos sectores no han respetado la legislación vigente.
No obstante, no me parece sano que en esta Cámara se hagan comentarios como los que he escuchado. Tratar a otros colegas de tramposos por el hecho de haber infringido las normas de financiamiento electoral o hacer leña del árbol caído en ningún caso ayuda al prestigio que esta Corporación debe recuperar, y todos debemos trabajar en ese objetivo.
No creo que ayude mucho que nos insultemos, que nos tratemos mal y nos diferenciemos entre los que han entregado boletas y los que no, o entre los que tienen aportes reservados y los que no lo tienen, como si haber obtenido aporte reservado fuese algún delito, en circunstancias de que está establecido en la ley. El “sálvese quien pueda” no ayuda a recuperar el prestigio que hemos perdido; debemos mostrar a la ciudadanía los proyectos que estamos legislando y por qué creemos que es necesario mejorar en términos de transparencia y de probidad. Nuestra mirada debe ser hacia el futuro. Insisto: ganar una o media página en un diario o treinta segundos en televisión no ayuda a ninguno personalmente; por el contrario, oscurece más el velo que la gente percibe sobre nosotros.
Este proyecto establece que el parlamentario, alcalde, concejal o consejero regional que haya infringido gravemente las normas pierda su cargo. Es una buena forma de demostrar a la ciudadanía que estamos dispuestos a establecer sanciones en caso de infringir gravemente estas normas que nos hemos autoimpuesto.
Señor Presidente, este proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional; por lo tanto, de aprobarse esta iniciativa -concurriremos con nuestro voto favorable a ello-, necesariamente pasaría a tercer trámite constitucional en el Senado, salvo que, si quisiéramos despachar este proyecto en este trámite, aprobáramos lo obrado por la Cámara Alta y no lo propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de esta Cámara.
Con todo respeto, no creo que el texto propuesto por nuestra comisión sea el más adecuado. Si yo estuviere en un error -puede ocurrir-, de aprobarse el proyecto como lo propone la comisión, pasaría a tercer trámite constitucional -pido que la Secretaría me corrija si estoy equivocado, pero observo que lo corrobora y, por lo tanto, no se despacharía. Además, a mi juicio, el texto que propone la comisión no es el adecuado; siempre se deben analizar las iniciativas con el debido tiempo, cuidado y cautela.
El concepto de ciudadanía es un concepto jurídico indivisible. Sin embargo, se nos propone -salvo que yo esté leyendo algo distinto-, además de la cesación en el cargo, el establecimiento de la inhabilidad para ser candidato y para participar en procesos electorales posteriores, que no es lo propuesto por el texto original del Senado. El texto de la comisión transforma el concepto de ciudadanía de algo indivisible en algo divisible; es decir, la persona podrá ser electora, podrá votar -que es parte de la expresión de la ciudadanía-, pero no podrá ser receptora de sufragios, porque no podrá estar en la papeleta. El texto establece que no será elegible en los dos actos electorales inmediatamente siguientes, pero esa no es la propuesta del Senado. Es decir, estamos todos de acuerdo con la cesación en el cargo, no solo por ser una sanción adecuada a una falta grave, como nos proponen, sino también porque mantiene el concepto de ciudadanía de acuerdo con lo que establece la Constitución.
La norma constitucional, en el artículo 17 -entiendo que estoy con el correlativo actualizado, dado los cambios múltiples que ha tenido la Constitución; si estoy en un error, pido que la Secretaría me corrija-, establece taxativamente por qué se pierde la calidad de ciudadano.
Estamos modificando la Constitución y pretendemos hacer una alteración -no sé de qué manera, porque es del mismo rango de una norma que no tiene la especificidad del artículo 17, que establece –repito las razones por las que se pierde la calidad de ciudadano. Obviamente, ello ocurre por la pérdida de la nacionalidad chilena; pero en los números siguientes agrega: por condena a pena aflictiva -rango de carácter penal y por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista. Además, establece los procedimientos de rehabilitación.
Sin embargo, la norma que hoy nos proponen permitirá a una persona participar como elector -una expresión de la ciudadanía-, pero no le va a permitir ser posible receptor de sufragios -no puedo decir elegido, porque eso no se sabe cuando se es candidato-, con lo cual se fragmenta el concepto de ciudadanía, se hace divisible lo que es indivisible, y pone en colisión normas de rango constitucional, toda vez que esta regulación, en detalle, está en el artículo 17, en sus distintos números, de la Constitución Política vigente.
Modestamente, creo que es un error aprobar una redacción así, sobre todo si estamos de acuerdo en que, frente a la vulneración de la norma sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, la sanción es la cesación en el cargo. ¡Perfecto! Pero a la persona sancionada se le va a impedir ser posible receptor de sufragios por los dos períodos siguientes, pese a que va a poder sufragar.
¿Cómo queda el concepto de ciudadanía, expresamente establecido en la Constitución, que, por lo demás, es correlato de muchas constituciones, por no decir de todas, en el mundo?
El concepto “nacionalidad” es totalmente distinto al de “ciudadanía”, que es la expresión cívica de esa nacionalidad.
Planteo este punto. Me parece que la Mesa debe llamar a reflexión sobre el mismo a la hora de votar. Solicito votar separadamente esa proposición.
Señor Presidente, hace ya varios años que la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, estableció reglas básicas respecto del financiamiento de las campañas políticas y determinó las modalidades, procedimientos y prohibiciones para el otorgamiento de aportes a partidos políticos y a candidatos.
En ese entonces, dicha norma fue un enorme avance para la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones que están llamadas a recibir cargos de elección popular, como nuestro Congreso Nacional. Ciertamente, ese esfuerzo legislativo de 2003 tuvo por objeto promover un marco de transparencia y mínima equidad en la realización de los comicios electorales, lo cual era un aspecto elemental del juego democrático, que no estaba suficientemente atendido y que, al mismo tiempo, estaba siendo permanentemente vulnerado por muchos.
Por esa razón, dicha ley pensó en un sistema que tuviera como fin evitar influencias indebidas y colusión de intereses. De hecho, podemos ver aún cómo en sus artículos 24 y siguientes existe un catálogo de prohibiciones que, en líneas generales, impide efectuar donaciones electorales a organismos y empresas públicas, a extranjeros sin derecho a sufragio y a personas jurídicas que reciban subvenciones y aportes públicos o que tengan contratos de provisión de bienes o se encuentren postulando a licitaciones públicas o privadas del Estado.
Sin embargo, mucha de esa normativa no solo fue, en parte, ineficaz, sino que, además, con el correr de los años devino en irrelevante. Hoy, a doce años de dictada la ley N° 19.884, podemos decir que tenía enormes forados, que debieron ser tapados mucho antes, y que parte de esa debilidad se tradujo en que el financiamiento de las campañas políticas, por parte de ciertos grupos empresariales o personas naturales, fuera totalmente irregular y que, incluso, dichas fallas legales pudieran dar origen a una maquinaria destinada a evadir el pago de impuestos con el objeto de financiar campañas.
Si queremos legislar para tener una democracia más profunda, transparente, participativa, en la que sus autoridades rindan cuenta directa ante la ciudadanía, debemos comenzar ahora y por casa, como dice el dicho. Una reforma política integral necesita enormes sacrificios políticos, tremendos esfuerzos institucionales y muchísimos desvelos parlamentarios, y nuestro país lo merece. No podemos perder esta oportunidad que la ciudadanía nos ha brindado para perfeccionar y renovar un andamiaje electoral vetusto, que permanentemente da señales de fatiga y, más aún, que no cuenta con la confianza ni el respaldo de la mayoría de los chilenos.
Sin embargo, están comenzando a pasar cosas. Aunque no se note, se ha avanzado, y mucho. Por ejemplo, hace unos meses discutimos y aprobamos el proyecto de reforma al sistema electoral binominal, el cual dio origen a una ley que lo reemplaza por un sistema proporcional moderado, donde por fin veremos más de cerca una democracia más representativa y sin vetos constantes de la minoría.
Por otra parte, el proyecto de ley, actualmente en trámite, sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, busca generar un nuevo modelo de financiamiento de la actividad política y de rendición de cuentas, cuyos elementos centrales sean el financiamiento público de los partidos políticos, el fin de los aportes de las personas jurídicas, el fin a los aporte anónimos y reservados, y la publicidad total de los aportes a las campañas políticas, a la vez que una mayor regulación de las campañas electorales.
Por esa razón, la reforma constitucional que hoy discutimos, que busca la cesación para los titulares de cargos de elección popular que defrauden las normas de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral -es decir, la ley N° 19.884-, no puede ser más pertinente. Estos proyectos refundidos buscan establecer una sanción específica e inmediata, de carácter constitucional, que opere de pleno derecho y que sea una forma de hacer efectiva la responsabilidad política, independiente de lo que ocurra con la responsabilidad penal, civil, administrativa o la que proceda.
Llevamos dos años prácticamente inundados por una avalancha de información judicial, de prensa, administrativa y de todo tipo que da cuenta claramente que vivimos en una etapa de crisis de las instituciones democráticas, que estamos perdiendo la confianza de nuestros electores y, aún más, que parte de la población piensa que quienes ocupamos escaños de representación popular hemos sido puestos acá por el capital aportado interesadamente por empresas o grupos de empresarios. Eso debe terminar, no por nosotros, sino por el bien de Chile y por el progreso de una democracia que no termina de llegar de forma completa aun después de 25 años de recuperada.
Entonces, celebro esta iniciativa de nuestro gobierno, como también el que nuestra Presidenta nos haya dicho ayer que comenzaremos a discutir prontamente una nueva Carta Fundamental para Chile, con participación, diálogo e inclusión. No existen atajos para la democracia: o se hace efectiva a diario o se echa de menos. Y ya llevamos mucho tiempo echándola de menos.
Señor Presidente, transgresiones individuales a la ley, por excepcionales que sean -lo sabemos-, nos perjudican a todos y, lo que es más grave, también a la institución democrática de la que participan. La Cámara de Diputados sabe muchísimo de esto.
Por esa razón, para cuidar nuestras instituciones, es muy importante instaurar la sanción más dolorosa para la autoridad elegida por voto popular: la pérdida del cargo conseguido mediante la violación de la ley y la inhabilidad para presentarse en la próxima elección.
La bancada del PPD votará a favor de esta sanción, porque desde hace muchos años veníamos planteándola y, por fin, ahora encuentra acogida mayoritaria.
Sin embargo, como esta reforma ni la ley que la concrete serán retroactivas, es muy improbable que quienes hoy están siendo investigados o procesados por infracciones a la probidad y a las leyes electorales sean despojados de sus cargos e inhabilitados para postular en la próxima elección. Pero si los partidos políticos quieren restablecer mínimos estándares de confianza ciudadana sí pueden aplicar retroactivamente los principios y valores de la democracia y la probidad.
Por eso, invito a todos los partidos políticos a comprometerse hoy -no pasado mañanaa no presentar a la reelección a ninguna autoridad elegida que haya violado las normas de probidad y las leyes de financiamiento electoral. Aunque la justicia los sancione con las normas actuales, llamo a los partidos a sancionarlos desde los principios que hoy estamos convirtiendo en ley de la república.
Hace pocos momentos conversaba con el diputado Víctor Torres sobre la necesidad de establecer simetría en la relación entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Así como hoy nosotros estamos tramitando con prontitud y votando este proyecto originado en el Senado, le exigimos reciprocidad a esa rama del Congreso para que discuta y vote con la urgencia debida el proyecto que pone límite a la reelección indefinida, que fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara.
Sé que hay distintas opiniones sobre este tema en el Senado; es perfectamente legítimo. Pero lo que no es legítimo es que el Senado pretenda esconder la cabeza y guarde en el clóset, sin discutir ni votar, un proyecto aprobado en esta Cámara por amplia mayoría.
Señor Presidente, a la luz de los incidentes de corrupción que hemos presenciado en los últimos meses, que han empañado el prestigio de quienes como verdaderos servidores públicos hemos llegado a los altos cargos de representación como consecuencia de una larga trayectoria real de servicio público, y no a costa de malversaciones ni costosas campañas, veo con los mejores ojos esta iniciativa, que, aunque es bastante fuerte -ya que la sanción no se extiende solo a cargos de elección popular, sino también a otros de servicio público-, es la única forma de garantizar altos niveles de transparencia y de responsabilidad en la actividad política.
Sin embargo, me llama la atención que no se haya incluido la figura del Presidente de la República dentro de las autoridades que pueden ser sancionadas en virtud de esta reforma. El hecho de que sea jefe o jefa de Estado no es argumento para que no sea sancionado en caso de corrupción, sobre todo porque la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral incluye al Presidente de la República.
Por lo tanto -repito-, no veo por qué la figura presidencial deba quedar fuera de los alcances del proyecto, salvo que la reforma que se estudia en el Senado contenga algo en ese sentido, lo que pondría un tremendo signo de interrogación a los ojos de toda la ciudadanía.
Por otro lado, me llama la atención que nada se diga sobre la sanción a aplicar en los casos de candidatos que no hayan resultado elegidos, ya que perfectamente se podría establecer una inhabilidad para postular en el siguiente acto eleccionario, cualquiera sea este. ¿Qué sentido tiene sancionar a unos y dejar impunes a otros, a los no elegidos, a sabiendas de que pueden repetir la misma conducta en una próxima elección?
Me parece bien haber fijado en tres años el período de inhabilidad; sin embargo, yo aprovecharía la oportunidad para subir de dos a tres años el período de inhabilidad para optar a función o empleo público, sea o no de elección popular, a quienes infrinjan las disposiciones a que alude el inciso sexto del artículo 60.
Ahora bien, si la sanción se aplica de pleno derecho una vez dictada una sentencia a firme o ejecutoriada por el Servicio Electoral, ¿qué función cumple el Tribunal Constitucional en ese escenario hipotético? ¿Actuará como una segunda instancia? Pregunto esto porque en la comisión se dijo en un momento que el Tribunal Constitucional se limitaría simplemente a determinar si efectivamente concurrieron o no las circunstancias de hecho que motivaron la sanción.
Si efectivamente esas circunstancias de hecho no concurrieron y no quedó suficientemente probado el hecho ante el Servicio Electoral, ¿el Tribunal Constitucional actuará como segunda instancia?
Se dijo también que el Tribunal Constitucional cumpliría las mismas funciones establecidas en el artículo 93, número 14°, de la Constitución. Así las cosas -repito-, ¿ese tribunal actuará como segunda instancia?
Creo que es imperioso aclarar ese punto, que finalmente no quedó dilucidado en la comisión y que, a mi juicio, no es menor.
Apoyo la presente iniciativa en la forma presentada por la comisión, pero con las tres observaciones que he formulado, las cuales me parecen importantes.
Tiene la palabra el diputado señor Gaspar Rivas .
Señor Presidente, en marzo presenté un proyecto de ley para que los parlamentarios involucrados en casos de corrupción perdieran sus cargos. Estoy muy contento de que hoy se esté votando otro proyecto, no necesariamente el mío, pero que dice relación con esto. Lo voy a apoyar y lo voy a votar a favor.
Pero, por otro lado, estoy triste, porque esa no fue la única iniciativa que propuse. Presenté también un proyecto de ley para permitir que los parlamentarios pudieran renunciar a su cargo, porque hoy eso no es posible. Lamento profundamente que ese proyecto de ley no esté ni siquiera remotamente entre los planes para que sea examinado por este Congreso, de manera de aprobarlo y convertirlo en ley de la república.
Este Parlamento se ha convertido en una casa de la cháchara. Aquí los parlamentarios hablan y hablan, y no solucionan absolutamente nada. Cero soluciones para la delincuencia, para la educación pública y la salud pública; cero solución para el robo que llevan a cabo los sinvergüenzas de las AFP; cero solución para la explotación y el abuso de este sistema económico, defendido y amparado silenciosamente por unos y por otros.
Aquí, en esta casa de la cháchara, lo único que hacen los políticos es sacar sus trapitos al sol, pelear y encontrar tiempo para hacer sus “chanchullos”, porque para eso el tiempo no les falta.
Entré a la Cámara de Diputados hace seis años y volví a postular. Aunque decepcionado, volví a entrar para darle una última oportunidad a este Congreso; pero ya me aburrí, me cansé.
Hoy lo único que quiero, y que lo sepan todos mis colegas, es salir de acá.
Resulta que ahora estoy atrapado, no puedo renunciar porque la Constitución dice que no puedo hacerlo.
¿Y qué pasa si yo digo que no me faltan ganas de poder salir de aquí, de esta casa de la cháchara, de esta (…)? ¿Cómo es posible?
No puedo renunciar, estoy atrapado.
Diputado Rivas , le pido que modere su lenguaje. Voy a sacar del Boletín de Sesiones la última afirmación.
¿Qué pasó, señor Presidente? Lo que tengan que borrar, que lo borren. Y si tiene algún problema, que me pasen a la Comisión de Ética.
Se borrará la última afirmación, diputado Rivas .
¿Qué está pasando? ¿Acaso le tienen miedo a abrir la puerta y a que la gente pueda arrancar de acá? ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo de que si se abre la puerta algunos -no todos ya no van a poder esconderse en la “irrenunciabilidad” del cargo para poder seguir apernados acá?
En una época en que tantos quieren entrar al Parlamento desde la calle, que los chilenos sepan que por lo menos hay un diputado que quiere salir de este Congreso, de esta casa de la cháchara, absolutamente inoperante.
Le reitero que modere el lenguaje, diputado señor Rivas .
Porque aquí la gente no está, señor Presidente. He dicho.
-Los puntos suspensivos corresponden a expresiones eliminadas de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento.
Señor Presidente, este proyecto concita el total respaldo de la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana. No podría ser de otra forma, porque, como somos políticos de la memoria, es bueno recordar que -según da cuenta la prensa con fecha 12 de enero de 2015, junto con el diputado Daniel Núñez , concurrimos a conversar con la ministra Ximena Rincón para hacerle ver la importancia de apoyar un proyecto de nuestra autoría mediante el cual proponíamos que los diputados perdieran el escaño en caso de cometer infracciones a las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Esto lo planteamos un 12 de enero de 2015.
Posteriormente, con fecha 14 de enero de 2015 se presentó una moción parlamentaria similar a la nuestra, con la que habíamos hecho saber al gobierno la relevancia y la importancia de la pérdida del escaño para quienes infringieren las normas de transparencia, límite y control de gasto electoral.
El gobierno tomó en cuenta nuestro planteamiento y el 21 de abril de 2015 presentó el proyecto que hoy debatimos, que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales por infracción a las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Es decir, planteamos esta materia desde hace mucho tiempo, desde que se comenzó a fracturar la democracia representativa con el conocimiento del caso Penta, que demostró que la representación que muchos tienen es la que les otorgó el dinero, lo que implica que muchos de ellos no están en este Parlamento para representar los intereses del pueblo que los eligió, ni del soberano, sino de aquellos que ponen las lucas para sus campañas electorales.
No estamos debatiendo este proyecto por un simple tema de accountability, como a algunos les gusta tan siúticamente decir, o rendición de cuentas, o porque, eventualmente, algunos se atrasaron en llegar a una determinada comisión. Estamos aquí para hablar de la infracción a las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Hablamos de cosas graves; hablamos de que hay muchos parlamentarios que con tal de llegar a un cargo de elección popular o al Parlamento no trepidan en lo más mínimo para recurrir a cualquier tipo de malabares boleteros a fin de llegar a esta instancia.
Creo que estamos en presencia de una buena iniciativa, a la que manifiesto mi apoyo.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento introdujo una modificación sustancial al proyecto proveniente del Senado. En efecto, añadió la idea de que el diputado o senador que perdiere el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público “por el término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.”. Sobre el particular, ya tenemos experiencia. Hemos visto personas que han sido sancionadas en calidad de alcaldes, pero luego postulan al Parlamento y son elegidas sin ningún problema.
Repito, la norma introducida por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es razonable. No basta solo con la pérdida del escaño, porque eso sería para la risa. Podría ocurrir que la persona sancionada postulara en la próxima elección y, eventualmente, resultara elegido alcalde, concejal o, incluso, parlamentario.
Debemos ser cuidadosos, porque al final del día la democracia es representativa. En tal sentido, los votos también pueden provenir de una maquinaria electoral que induce una determinada votación que permite que aquellos que fueron sancionados tan drásticamente con la pérdida del escaño prontamente se instalen, con el voto popular, como alcaldes, concejales o consejeros regionales, lo que no es razonable y, sin duda, constituye un atentado a la razón de la representación.
Si esta es una democracia representativa entonces debe representar los intereses ciudadanos. Si una persona perdió el escaño porque obtuvo su cargo con infracción a las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, no es posible que mañana mute de parlamentario a concejal o de alcalde a consejero regional. Eso sería una chacota y una falta de respeto que queremos evitar.
Por tal razón, debemos sancionar fuertemente las conductas a que alude el proyecto. Actuar de otra forma es creer que esto se trata de una rendición de cuentas, que no es lo que el pueblo está pidiendo. Lo que está pidiendo el pueblo es una democracia representativa; que los que estamos sentados acá representando al ciudadano lo hagamos en beneficio de sus intereses y no como representantes del dinero.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .
Señor Presidente, hay una solución para la petición formulada por el diputado que antecedió en el uso de la palabra al diputado Hugo Gutiérrez . Para cesar en el cargo basta con que un diputado se ausente del país por más de días, días sin autorización de la Cámara.
Entrando en el tema de fondo, primero quiero destacar que este proyecto de ley fue aprobado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de forma unánime y que, independientemente de que algunos quieran atribuirse su supuesta autoría, lo importante es que fue aprobado por unanimidad, la que espero que hoy se ratifique.
El proyecto viene a hacer justicia respecto de las personas que, pese a vulnerar algunas normas de forma evidente, finalmente se les revoca el castigo y obtienen un cargo de representación popular.
Al mismo tiempo, el proyecto de ley establece una sanción adicional. Como señalaron varios parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, no basta solo con establecer la pérdida del escaño, sino que es necesario prohibirle que opte a cualquier función o empleo público por el término de tres años y a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación. De ese modo se evita que la persona que haya cometido infracciones a las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral aproveche situaciones puntuales para postularse a cargos de representación, o incluso victimizarse para conseguir ese objetivo.
Tal como señaló el diputado Berger , en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hicimos ver la necesidad de que a aquellas personas que hubiesen vulnerado normas y no hubiesen sido elegidas se les apliquen igualmente las sanciones que correspondan; de lo contrario se puede dar la paradoja de que se utilice…
Silencio en la Sala. Está haciendo uso de la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .
Como decía, debe quedar claramente establecido que la persona en cuestión vulneró la normativa vigente, de modo de evitar que haga precampaña para optar a un cargo distinto del que ejercía, o que su conducta quede sin sanción. En este caso cabe señalar que a la misma razón, la misma disposición.
Insistimos sobre el particular en dos sesiones consecutivas. El Ejecutivo señaló que estudiaría una norma, pero finalmente esta no se introdujo por el afán de agilizar el despacho del proyecto. Esperamos que tal situación se revise en el siguiente trámite constitucional.
Finalmente, quiero señalar que la UDI aprobará el proyecto. Estamos convencidos de que la política vive un momento complejo. Entre todos, por el bien de la política y del servicio público, debemos comenzar a establecer normas que en el pasado no se incorporaron.
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin .
Señor Presidente, la ciudadanía y la opinión pública han sido testigos de un conjunto de hechos bochornosos que nos avergüenzan y que nos llaman, desde el punto de vista del ejercicio de la democracia, a ser capaces de cambiar las reglas del juego, de tener una nutrida agenda legislativa sobre profundización democrática y transparencia, con miras a evitar conflictos de intereses y actos de corrupción, para generar una barrera, una verdadera muralla China entre el dinero y la política.
Aprobamos y se despachó el proyecto de ley que otorgaba autonomía constitucional al Servel. También aprobamos en la Cámara -se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado el proyecto de ley para el fortalecimiento y transparencia de la democracia, el cual modifica el financiamiento de las campañas, termina con los aportes reservados y disminuye los topes de gastos de las campañas electorales. Con ello se genera un conjunto de normas que regulan el ejercicio de las campañas, a fin de otorgar racionalidad, equidad y transparencia a las mismas.
Simultáneamente, se está fortaleciendo el rol del Servel, no solo en términos de su autonomía constitucional, sino también de sus atribuciones y de su capacidad de fiscalización.
En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento estamos discutiendo un proyecto que modifica la ley de partidos políticos. Es decir, estamos discutiendo un conjunto de normas que abordan algunos problemas u opacidades que tiene nuestro sistema político.
Por cierto, también debemos preocuparnos de que exista un adecuado catálogo de sanciones. La presente iniciativa modifica la Constitución Política a fin de establecer un principio básico: quien gana haciendo trampa o infringiendo gravemente la ley sobre financiamiento electoral perderá el escaño, lo que afectará a diputados, a consejeros regionales, a alcaldes y a concejales.
Sin embargo, no basta con aquello; nos parece insuficiente. Necesariamente, como muchas otras conductas que hoy están tipificadas, la que nos ocupa debe acarrear una inhabilidad. Por ello, el proyecto establece la inhabilidad para participar en los dos procesos electorales siguientes. Porque podría ser tremendamente inexplicable, por ejemplo, que un candidato a alcalde que ganó una elección haciendo trampa e infringiendo gravemente las normas, luego de ser destituido pueda postular al cargo de consejero regional o al de parlamentario en la elección siguiente. Sería una situación que no entendería absolutamente nadie.
Por eso, en este proyecto establecemos sanciones graves, que incluso tienen que ver con derechos que emanan del ejercicio pasivo de la ciudadanía, como es el derecho a ser elegido.
De la misma manera, el proyecto también establece el principio del debido proceso, toda vez que para la aplicación de la sanción respectiva se requerirá de un análisis por el Servel de los distintos antecedentes que se recaben. En ese sentido, el Consejo Directivo del Servel, que es un órgano colegiado y cuyos integrantes serán elegidos por los dos tercios de los senadores en ejercicio -quórum tremendamente alto, que permitirá que tengan la objetividad e imparcialidad necesarias y que no se presten para favorecer a uno u otro sector político-, mediante un procedimiento interno podrá acusar y requerir al Tribunal Calificador de Elecciones la cesación en el cargo de la autoridad que ha infringido las normas.
Por lo tanto, esta iniciativa establece un debido proceso y una institucionalidad que va a funcionar. En consecuencia, nadie debería temer que se produzca algún tipo de acto abusivo y que por esa vía se podría alterar la soberanía popular.
Lo que verdaderamente altera la soberanía popular es hacer trampa en campaña y ganar con malas armas. Por lo tanto, este proyecto establece resguardos ante aquello con sanciones severas para quienes incurran en esas conductas graves.
Estamos absolutamente de acuerdo con el proyecto, porque también muestra el compromiso del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet de asumir con fuerza la agenda de probidad, de transparencia y de mejoramiento de nuestra democracia, en lo cual nosotros también estamos haciendo nuestra labor.
No me cabe duda de que con este proyecto estaremos a la altura de las circunstancias, por lo que espero que sea aprobado por la unanimidad de la Sala.
Señor Presidente, en hora buena nos ha correspondido discutir este proyecto en el día de hoy, en el contexto de la convocatoria que la Presidenta de la República hizo al país ayer.
La Presidenta nos ha convocado a una cruzada que profundice la democracia y que tenga por eje el papel de cada ciudadana y cada ciudadano. Ese es el proceso constituyente al cual estamos convocados.
No tengo dudas de que la nueva Carta Fundamental tendrá por asiento principal el papel de la soberanía democrática radicada en los ciudadanos de nuestro país, quienes no solo estarán vinculados al derecho a elegir y a ser elegidos, sino que también, al momento de elegir, tendrán la tranquilidad de que aquellos a quienes van a respaldar no tienen ningún compromiso que choque con la probidad y que cree conflictos de intereses entre ser representantes de la soberanía popular y ejercer otro tipo de acciones en el plano privado.
Este proyecto es un golpe directo al contubernio entre el dinero y la actividad política. En ese sentido, la ciudadanía debería ir a la par con este debate y ya imaginar de qué forma podría fiscalizar aquello. En la vida institucional y en la vida democrática del país no puede ser más importante un poder fáctico como el del dinero que la voluntad soberana de los ciudadanos.
Por lo tanto, esta iniciativa constituye un avance importante, pues permitirá que la corrupción y los corruptos tengan menos espacio, lo que dará más tranquilidad a la ciudadanía respecto del candidato a respaldar. Se trata de un salto democrático. Por eso lo menciono en el contexto de la convocatoria que hizo ayer la Presidenta de la República a todo el país.
Es importante que existan causales que permitan la cesación en los cargos de parlamentario, alcalde, concejal y consejero regional, es decir, en cargos de elección popular, pues ello nos acerca al establecimiento de otras causales que permitan la revocabilidad del cargo. Los ciudadanos no pueden ser estafados. No puede ocurrir que un candidato comprometa una posición, una mirada y una propuesta, pero que después, una vez que conquistó el escaño, dé vuelta la espalda a ese compromiso. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos en ese caso? ¿Esperar que pase el período completo de ejercicio del cargo?
Por eso, también debemos abrir espacios, con reglas de juego claras, para que exista la iniciativa ciudadana de solicitar la revocabilidad del cargo a quienes probadamente hicieron una presentación de compromisos para ganar adhesión, pero después tuvieron una conducta absolutamente contraria a esos compromisos, que se supone que asumieron de manera voluntaria.
Falta precisar cómo se resolverá lo relativo al cargo que quede vacante cuando se produzca la cesación de funciones de una autoridad por las causales mencionadas. Será un debate que deberemos realizar. Sin duda, cualquiera que sea el mecanismo que usemos para esos efectos, este debe tener por eje recurrir a la soberanía ciudadana para que se pronuncie. De lo contrario, vamos a establecer una medida muy significativa, pero vamos a resolver la vacancia del cargo mediante un mecanismo que suplanta la soberanía ciudadana.
Ese será parte del debate sobre la legislación que deberá complementar este proyecto.
Por lo pronto, la presente iniciativa establece una medida que, tal como dijo el diputado Hugo Gutiérrez , la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, con absoluto compromiso democrático, va a apoyar resueltamente.
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las intervenciones que expresan diversas posiciones sobre un tema que, sin duda, hoy no podemos soslayar y que debe ser enfrentado.
En muchas ocasiones, he señalado que entre política y dinero hay que poner no solo una frontera clara y precisa, sino también un abismo muy profundo para que el tema no se matice.
Sin embargo, respecto de esta práctica política irregular se puede hacer historia y recordar procedimientos, situaciones y hechos irregulares en los que se generó confusión: algunos recibían financiamiento irregular del mundo privado, mientras que otros ordeñaban las diferentes instituciones del Estado para cubrir y financiar sus medios y campañas.
Recuerdo el caso MOP-GATE, que fue un gran escándalo público, pues se establecieron mecanismos de financiamiento irregular de cargos públicos.
Otro caso fue el de la inauguración del tren al sur. Recuerdo que hubo una serie de inauguraciones durante un período eleccionario. Sin embargo, curiosamente, después de la elección el tren al sur nunca más volvió a funcionar. Miles de millones de pesos de recursos fiscales terminaron absolutamente perdidos, porque ni las implementaciones ni la infraestructura estuvieron acordes con el proyecto que se planteó.
Las situaciones irregulares de financiamiento también se han relacionado durante muchos años con algunos servicios públicos. Recuerdo a Chiledeportes, una verdadera agencia de un partido político, una verdadera agencia de financiamiento de campañas. Son hechos concretos que acontecieron y que fueron denunciados formal y públicamente, dada la conducta irregular de algunos personeros. No voy a mencionarlos para no herir susceptibilidades de muchos que aquí han hecho uso de la palabra.
Es conveniente y necesario establecer mecanismos que fijen con claridad el financiamiento de la política.
Estamos absolutamente de acuerdo con una iniciativa de esta naturaleza. Sin duda, vamos a apoyarla, porque es un avance que va en la dirección adecuada, a pesar de las siguientes debilidades que tiene:
Primero, como señaló el diputado Bernardo Berger , el proyecto no incluye dentro de los cargos de elección popular al Presidente de la Republica. ¿Por qué no incluirlo, si eventualmente puede obtener financiamiento de manera irregular? ¿Por qué no el Presidente de la República y sí los concejales, sí los consejeros regionales, sí los alcaldes y sí los diputados y senadores? Creo que pudo haberse avanzado en ese sentido.
Segundo, me habría parecido absolutamente válido y legítimo que también se hubiese establecido que aquel candidato que pierda una elección popular, pero que, sin perjuicio de ello, se demuestre que su campaña fue financiada de manera irregular, también tenga alguna sanción, por lo menos la inhabilidad para ejercer un cargo público durante el mismo período que dure el cargo al que postuló. No puede ser que a un candidato que se presentó a una elección y que financió su campaña irregularmente no le caiga ninguna sanción. Cabe preguntar cuánta influencia pudo haber ejercido esa candidatura durante el proceso de elección.
Nos parece absolutamente necesario avanzar en este momento que vive la política. ¿Quién de los aquí presentes, que representamos a distintos sectores políticos, de diferente corte, no se ha sentido absolutamente interpretado, urgido y presionado por la sociedad y la comunidad para que este tema se resuelva? Todos los casos de financiamiento irregular que señalaron varios diputados, como la del “boleteo”, son prácticas con las que hay que terminar. Estamos absolutamente de acuerdo con que debemos avanzar en ese sentido.
Nuestra bancada va a respaldar esta iniciativa, tal como lo hizo en la respectiva comisión, a pesar de las debilidades que implica no haber considerado la inclusión del cargo de Presidente de la República ni la sanción pertinente para aquellos candidatos no elegidos que obtienen financiamiento irregular, la cual, por lo menos, debería consistir en la inhabilidad para ejercer un cargo público.
Señor Presidente, este proyecto es fundamental para perfeccionar nuestro sistema democrático. Al contrario de lo que planteó un parlamentario en esta Sala, proyectos como este justifican que estemos aquí para mejorar el sistema democrático y hacer más útiles nuestras instituciones.
En la actualidad en la sociedad chilena existe una crisis muy profunda de credibilidad y de confianza, que solo podrá revertirse a través de nuevas prácticas, de nuevas instituciones que realmente demuestren que son útiles, y de gestos consecuentes para tomar las medidas que mejoren el sistema democrático.
El hecho de que pierdan su escaño aquellos que han utilizado malas artes, engañado a la opinión pública, o que han violado las normas legales en materia electoral, y que ello permita desincentivar esas prácticas, es absolutamente fundamental. Aquellos que incumplan gravemente las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral deben ser privados de sus cargos si se ha demostrado fidedignamente que desarrollaron esas prácticas durante sus campañas.
También es absolutamente fundamental el resto de las medidas que plantea la Comisión de Constitución.
Por lo tanto, en forma entusiasta, voy a votar a favor este proyecto que transparenta la política y prohíbe que las prácticas que aquí se han señalado, como el falso “boleteo” o el uso de facturas ideológicamente falsas, y otros procedimientos denunciados ante la opinión pública, sean utilizadas para mostrar superioridad en el ámbito político a través del dinero. Es demasiada la influencia que tiene el dinero en la política en nuestro país. Esa práctica se ha ido infiltrando en nuestras instituciones, de manera que hay que erradicarla de raíz.
Si bien el proyecto establece una medida para lograr lo anterior, está incompleto. Como han señalado el diputado Pedro Browne y otros diputados, estas normas no han sido complementadas con otras que son necesarias.
He entregado al ministro Eyzaguirre -lamento que no esté presente en la Sala un proyecto que establece el carácter renunciable de los cargos parlamentarios. Es absolutamente fundamental complementar este proyecto con la posibilidad de que los parlamentarios renuncien. El Congreso Nacional ha quedado contaminado con parlamentarios que durante este período han utilizado malas prácticas y han sido condenados por la justicia, en circunstancias de que, de acuerdo con este proyecto de ley que vamos a aprobar, deberían haber perdido su escaño.
Es necesario que la opinión pública, al menos, pueda presionarlos para que renuncien a sus cargos, y que aquellos que voluntariamente quieran renunciar también puedan hacerlo. El carácter renunciable del cargo de parlamentario resulta totalmente fundamental y complementario a este proyecto.
De igual forma, es necesario mejorar la forma de reemplazo de los parlamentarios que cometan infracciones y que sean sancionados con la pérdida de su cargo. Por lo tanto, como han señalado varios diputados, es necesario establecer elecciones complementarias y métodos más democráticos que el reemplazo directo a través de los partidos.
Es absolutamente fundamental apoyar este proyecto y, ojalá, lo hagamos con la unanimidad que requiere, de manera de demostrar a la opinión pública que la Cámara de Diputados está irreversiblemente decidida a tomar medidas de probidad y transparencia necesarias para fortalecer nuestra democracia.
Señor Presidente, no tengo Twitter , y apenas uso Facebook ; mi relación con la ciudadanía es absolutamente personal, en reuniones grupales. No tengo “amigos virtuales” a través de las redes sociales. Pero puedo entender la tremenda odiosidad que nos tiene la ciudadanía.
Con esto no quiero ser ni pesimista ni complicada ni nada por el estilo; sin embargo, necesariamente tenemos que hacer un diagnóstico al respecto.
Por otra parte, cuando uno hace el análisis del distrito que representa en la Cámara, del nivel de adhesión, de simpatía, de conexión que podemos tener con la ciudadanía es algo que, indudablemente se siente a diario. ¡Y lo sentimos a diario! Por eso, uno tiene que discriminar entre lo que ocurre individualmente con los diputados y lo que sucede en el colectivo, cuestión que acá hemos dicho muchas veces.
Pero para que efectivamente podamos tener hoy una diferencia…
-Habla un señor diputado.
¡No! Hoy, por primera vez, estoy hablando para mí, para convencerme de lo que tengo que hacer.
Diríjase a la Mesa, por favor, diputada.
¡No! Perdón, señor Presidente, hoy estoy hablando para mí, ni siquiera para usted.
Esa figura no existe, diputada.
Lo hago, porque quiero convencerme de lo que hay que hacer, porque hoy estamos en un proceso de inflexión. Si hoy damos un paso más en cuanto a equivocaciones, no solo pagaremos institucionalmente, sino también en forma individual las dificultades que tenemos afuera. ¡Con Twitter, con Facebook o sin ellos!
Creo que hay un minuto en el que debemos hacer las cosas que nos duelen. Es lo que nos está pidiendo la ciudanía: hacer lo que nos duele.
Lo que tenemos aquí es absolutamente básico: si no seguimos las reglas del juego, tienen que echarnos; si no cumplimos con las reglas establecidas, deben sacarnos; si aparecemos en la lista de quienes han hecho mal las cosas, tienen que sacarnos. ¡No existe otra opción!
Si un empleado lo hace mal, ¡se va! No hay otra posibilidad. Creo que eso debe ser así.
Sin caer en el populismo -vuelvo a decirlo: me estoy hablando a mí misma-, creo que debemos hacer más gestos que nos compliquen la vida.
Al respecto, es urgente que fijemos límite a la reelección. Y lo digo yo, que llevo cuatro períodos: hoy, y aunque nos duela, debemos legislar en forma urgente para que no haya más reelección.
(Hablan varios diputados a la vez)
¡Me estoy hablando a mí misma! ¡Vuelvo a hablarme a mí misma!
Tenemos que legislar, aunque nos duela -repito: aunque nos duela-, sobre la dieta parlamentaria.
Los “¡ah!” que quieran; el populismo que quieran; todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, debo decirles lo siguiente: yo no tengo ni Twitter ni Facebook, pero ¡por Dios que lo pasamos mal cuando nos leen algo publicado en alguno de esos medios!
Si no hacemos cosas que nos duelan, esto va a seguir de mal en peor. Vuelvo a insistir: es obvio lo que debemos hacer ahora con lo que estamos discutiendo; no tenemos que pensarlo dos veces.
Lo que no tenemos que hacer es lo obvio. Y porque es obvio nos duele.
Quiero decir al ministro aquí presente que los partidos políticos también son responsables de esto, y en este proyecto no hay ninguna cuota de responsabilidad para ellos.
Comparto lo dicho por el diputado Auth : obviamente, sin necesidad de ley, “los que están, ¡para fuera!”.
Por último, en materia de dieta parlamentaria hay que pensar y dar señales claras -les guste o no-, porque tenemos que aprender a vivir en forma austera y en sintonía con la gente a la que representamos.
Informo a los diputados señores Barros , Sabag , Ceroni , Letelier , Jiménez , Mirosevic , Jackson , Morano y Cornejo que pueden solicitar la inserción de sus discursos en el respectivo Boletín de Sesiones.
Corresponde votar en general el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción y mensaje refundidos, que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 71 señoras diputados y señores diputados.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
Si le parece a la Sala, el proyecto se declarará aprobado también en particular con la misma votación anterior, dejándose constancia de que se alcanzó el quórum constitucional requerido.
-Se levantó la sesión a las 18.07 horas.
PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES RINCÓN, CHAHIN, ESPEJO, MONSALVE, OJEDA, SILBER Y ULLOA, QUE “MODIFICA LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES CON EL FIN DE RESERVAR PARA EL ESTADO UNA PORCIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, PARA QUE SEA UTILIZADO POR ORGANISMOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE EMERGENCIAS”. (BOLETÍN N° 10342-15)
En Agosto de 2015, el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, señor Andrés Gómez-Lobos, anunció al país la puerta en marcha del despliegue de la Banda de 700 megahertz mediante el otorgamiento de concesiones a empresas operadoras de Telefonía Móvil, es decir, para su uso en giros de explotación comercial por parte de empresas privadas de telecomunicaciones.
No obstante, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, recomienda que los organismos de Protección Pública y Socorro en Casos de Desastre (PPDR, Organismos de Seguridad Pública y Emergencias) deban comunicarse entre sí y con la comunidad con eficacia y eficiencia durante episodios críticos de seguridad pública y emergencias[2]. En particular, recomienda que países como Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, que están en vías del total despliegue de la Banda de 700 megahertz hagan los esfuerzos suficientes para lograr un enfoque técnico y normativo armonizado que posibilite el desarrollo de redes de comunicación integradas e interoperables imprescindibles para la eficiencia y eficacia de los organismos de seguridad pública y emergencias, facilitando también las comunicaciones transfronterizas y la cooperación en tiempos de emergencias.[2]
Siguiendo tales criterios técnicos, Estados Unidos de América en 1996 autoriza la transición a la Televisión Digital, y una vez concretada dicha transición el año 2009 reserva 22 megahertz de la Banda de 700 para su uso en seguridad pública y emergencias, llegando a completar 32 megahertz en el año 2012. A su vez, Canadá una vez finalizada la transición a Televisión Digital, implementa la misma porción que EE.UU. Brasil, a su vez, en el año 2013 anuncia que 10 megahertz de la banda de 700 será destinada para los mismos efectos.
Nuestro país ha adoptado un sistema de uso de las bandas electro magnéticas del Espectro Radio Eléctrico de 700 megahertz denominado “Canalización Asia Pacífico” que considera la posibilidad de atender las necesidades de banda ancha de seguridad pública en las frecuencias de 700 megahertz, no existiendo, por tanto, limitación ni restricción técnica alguna para identificar y dedicar , de modo único y exclusivo , una porción de espectro en la banda 700 a propósitos de seguridad pública y emergencias a cargo del Estado.
A mayor abundamiento, el señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones señaló en sesión de la Comisión de Defensa Nacional, expresa y específicamente, que 20 megahertz del Espacio Radioeléctrico en la banda de 700 sería destinado a “comunicaciones críticas o de emergencia del Estado”, toda vez que entendía que en cumplimiento de los estándares internacionales y , sus particulares características, Chile en tanto Estado, requería contar con un espectro de comunicaciones críticas asegurado que no dependiese, en caso alguno, de operadores privados.
Actualmente en Chile, la materia en comento no se encuentra regulada a nivel legal, sino solo por medio de una norma de carácter técnico y de naturaleza administrativa, a saber, la Resolución N ° 265 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Dicha normativa adopta los criterios técnicos vigentes internacionalmente y establece que “las bandas 703-713 y 758-768 megahertz quedarán reservadas, para su uso total o parcial, para atender las necesidades de protección pública y socorro en caso de catástrofe o emergencia”.
Existe, por tanto, la necesidad de asegurar, mediante su consagración legal, la obligación del Estado de reservar una porción del Espectro Radio Eléctrico para fines de comunicaciones críticas en casos de seguridad pública y emergencias.
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones considera en las Resoluciones N° 646 (REV. CMR-12) y N° 646 (WRC-03) de los años 2003 y 2012, respectivamente:
1. Que las necesidades de telecomunicaciones y radiocomunicaciones de las instituciones y organizaciones encargadas de la protección pública, con inclusión de las encargadas de las situaciones de emergencias y de las operaciones de socorro, que son vitales para el mantenimiento del orden público, la protección de vidas y bienes, y la intervención ante situaciones de emergencia y operaciones de socorro, son cada vez mayores.
2. Que muchas administraciones desean promover la interoperabilidad y el interfuncionamiento entre sistemas utilizados para la protección pública y las operaciones de socorro, tanto a nivel nacional como transfronterizo, en situaciones de emergencia y operaciones de socorro.
3. Que las actuales aplicaciones de protección pública y operaciones de emergencia son en su mayoría aplicaciones en banda estrecha que soportan telefonía y datos en baja velocidad, generalmente en anchuras de banda de canal de 25 kilohertz o inferiores.
4. Que varias organizaciones de estándares están desarrollando nuevas tecnologías para aplicaciones de banda ancha y banda extensa para la protección pública y el auxilio en emergencias, catástrofes y desastres.
5. Que el continuo desarrollo de nuevas tecnologías, tales como el IMT-2000, sistemas más allá del IMT-2000, y sistemas de Transporte Inteligente (ITS) puede ser capaces de soportar o suplementar aplicaciones avanzadas de protección pública y auxilio en emergencias, catástrofes y desastres.
6. Que algunos sistemas terrestres y de satélites comerciales están complementando los sistemas dedicados de apoyo para la protección pública y el auxilio en emergencias; que el uso de soluciones comerciales será en respuesta al desarrollo de la tecnología y a las demandas del mercado y que esto puede afectar al espectro requerido para esas aplicaciones y para redes comerciales.
7. Que la Resolución 36 (Rev. Marrakesh, 2002) de la Conferencia de Plenipotenciarios insta a los Estados miembros a facilitar el uso de las telecomunicaciones para la seguridad y protección del personal de las organizaciones humanitarias.
8. Que la Recomendación M.1637 del ITU-R (Sector de las Radiocomunicaciones) ofrece consejos para facilitar la circulación global de los equipos de radiocomunicación en situaciones de emergencia y auxilio en desastres.
9. Que algunas administraciones pueden tener diferentes necesidades operacionales y requisitos de espectro para las aplicaciones de protección pública y auxilio en desastres dependiendo de las circunstancias.
De acuerdo con los antecedentes referidos, la Conferencia reconoce los beneficios de la armonización del espectro, tales como:
a) Mayor potencial para una integración y una interoperatividad necesarias.
b) Una base de fabricación más amplia y un mayor volumen de equipos, resultante de las economías de escala y la expansión de la disponibilidad de equipos.
c) Mejora de la gestión y planificación del espectro.
d) Realce de la coordinación interfronteriza y circulación de equipos.
A su vez, toma en consideración:
1. Las necesidades de los países, en particular los países en desarrollo, de equipos de comunicación de bajo costo.
2. Que, en situaciones de desastre, si la mayoría de las redes basadas en tierra están destruidas o inhabilitadas, los aficionados, los satélites y otras redes no basadas en tierra pueden estar disponibles para proporcionar servicios de comunicación para asistir en los esfuerzos de protección pública y auxilio en emergencias, catástrofes y desastres.
3. Que la cantidad de espectro requerida para la protección pública de manera diaria puede diferir significativamente entre países; que ciertas cantidades de espectro ya están en uso en varios países para aplicaciones de banda estrecha, y que en respuesta a emergencias, catástrofes y desastres, se puede requerir el acceso a espectro adicional de manera temporal.
4. Que, para alcanzar la armonización del espectro, una solución basada en las gamas de frecuencia regionales puede permitir a las administraciones beneficiarse de la armonización mientras siguen cumpliendo los requisitos de planificación nacional.
5. Que la identificación de una gama de frecuencias comunes dentro de la cual puede operar un equipo puede facilitar la interoperatividad y/o inter-trabajo, con la cooperación y consulta mutuas, especialmente en situaciones de emergencia y actividades de auxilio en emergencias, catástrofes y desastres.
6. Que cuando ocurre una emergencia, las agencias de seguridad, protección pública y auxilio suelen ser las primeras en la escena que usen sus sistemas de comunicación habituales, pero en la mayoría de los casos, otras agencias y organizaciones también pueden estar involucradas en las operaciones de auxilio.
7. Que las bandas de frecuencias identificadas en esta Resolución están atribuidas a una variedad de servicios de acuerdo con las disposiciones relevantes del Reglamento de Radiocomunicaciones y que están siendo usadas intensamente por los servicios fijo, móvil, móvil por satélite y de radiodifusión.
8. Que debe permitirse flexibilidad a las administraciones para determinar, en el ámbito nacional, cuánto espectro poner a disposición para la seguridad, protección pública y auxilio de la población, de las bandas identificadas en esta Resolución para satisfacer sus requisitos nacionales particulares.
Atendido todos los antecedentes anteriores, la Conferencia recomienda enfáticamente a las administraciones estatales:
1. Usar en el grado máximo posible las bandas armonizadas regionalmente para la protección pública y el auxilio en emergencias teniendo en cuenta los requisitos nacionales y regionales, así como la consideración de cualquier consulta y cooperación necesaria con otros países interesados.
2. Tomar las medidas necesarias para que las agencias y organismos de seguridad, protección pública y auxilio en emergencias utilicen tanto las tecnologías y soluciones existentes (por satélite y terrestres) como las nuevas, en el grado que sea practicable, para satisfacer los requisitos de integración e interoperatividad y alcanzar las metas nacionales y regionales en la materia.
3. Y al efecto, reservar una porción de la Banda de 700 megahertz que ha sido catalogada por la Citel en ambas Resoluciones (N °646 (REV .CMR-12) y N ° 646 (WRC-03) de los años 2003 y 2012) como idónea para fines de seguridad pública y emergencias dada su calidad de cobertura en zonas rurales, su gran capacidad de penetración dentro de edificios, la posibilidad de inserción en áreas sin cobertura o con alta concentración de consumidores, el acceso que otorga a la información en tiempo real, y la conexión a alta velocidad en cualquier momento y lugar, entre otras ventajas.
Las ideas matrices del presente proyecto son las siguientes:
Primero, realizar por vía legal, la reserva de 20 megahertz en la Banda de 700 megahertz, a fin de que sean destinados, única y exclusivamente, a la integración e interoperabilidad de las comunicaciones de los organismos de seguridad pública y emergencias.
Y segundo, al tratarse de un servicio público de telecomunicaciones, es potestad del Estado establecer la administración de dicho espacio, determinando los organismos de seguridad pública y emergencias que podrán hacer uso de estas frecuencias, y asignar las porciones de las respectivas frecuencias que usará cada uno de los organismos, a fin de asegurar la total eficacia a favor de la población.
Es por todo lo anterior que los Diputados abajo firmantes proponemos lo siguiente:
Agréguese en el artículo 2° de la Ley General de Telecomunicaciones, un nuevo inciso tercero del siguiente tenor, pasando el actual a ser cuarto:
“El Estado reservará porciones del espectro Radio Eléctrico, única y exclusivamente, para una comunicación nacional e interfronteriza integrada e interoperable en materias de seguridad pública y emergencias”.
“Artículo 2°. Todos los habitantes de la República tendrán libre e igualitario acceso a las telecomunicaciones y cualquier persona podrá optar a las concesiones y permisos en la forma y condiciones que establece la ley.
El Estado reservará porciones del espectro Radio Eléctrico, única y exclusivamente, para una comunicación nacional e interfronteriza integrada e interoperable en materias de seguridad pública y emergencias.
Para los efectos de esta ley cada vez que aparezcan los términos “Ministerio”, “Ministro”, “Subsecretaría” y “Subsecretario” se entenderán hechas estas referencias al “Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”, al “Ministro de Transportes y Telecomunicaciones”, a la “Subsecretaría de Telecomunicaciones” y al “Subsecretario de Telecomunicaciones”, respectivamente”.
a) Agréguese en el inciso primero del artículo 8° de la Ley General de Telecomunicaciones, a continuación de la palabra “Estado”, la siguiente frase:
“Con todo, los organismos de seguridad pública y emergencias, determinados por la autoridad competente, tendrán la posibilidad de acceder a una porción del Espectro Radio Eléctrico para el desarrollo de sus funciones de modo integrado e interoperable”.
“Artículo 8°.- Para todos los efectos de esta ley, el uso y goce de frecuencias del espectro radioeléctrico será de libre e igualitario acceso por medio de concesiones, permisos o licencias de telecomunicaciones, especialmente temporales, otorgadas por el Estado. Con todo, los organismos de seguridad pública y emergencias, determinados por la autoridad competente, tendrán la posibilidad de acceder a una porción del Espectro Radio Eléctrico para el desarrollo de sus funciones de modo integrado e interoperable.”
b) Agréguese al artículo 8° de la Ley General de Telecomunicaciones, los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto nuevos, pasando el actual segundo a ser sexto, con el siguiente tenor:
“El Estado reservará y administrará una porción del espectro Radio Eléctrico de a lo menos 20 megahertz de la Banda 700, comprendida entre los 698 y 806 megahertz. Dicha Banda, tendrá como fin exclusivo el establecimiento y desarrollo de redes de comunicación integradas e interoperables para uso de organismos de seguridad pública y emergencias determinados por la autoridad competente.
“Corresponderá a las entidades pertinentes determinar los organismos de seguridad pública y emergencias que podrán hacer uso de estas frecuencias.
Tratándose de un servicio público de telecomunicaciones serán las instituciones competentes quienes determinarán la instalación y operación de dichos organismos en frecuencias determinadas.”
“ARTÍCULO TRANSITORIO.
“En cumplimiento de lo prescrito en el Artículo 8° inciso cuarto, en un plazo no mayor a un año desde la entrada en vigencia de la presente ley, las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias para la mas pronta y eficiente operatividad e interoperabilidad del sistema de emergencias”.
“Paso a informar de conformidad a las normas del Reglamento de la Corporación, sobre la participación que me correspondió en la Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, Parlatino en la ciudad de Panamá, Panamá. Realizada los días 25 y 26 de marzo del año 2014.
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES
Se refiere a materias relacionadas con políticas de trabajo, empleo y salarios según sectores obreros y patronales y a la seguridad social. Incluye lo referente a sindicatos y otras agrupaciones y organizaciones laborales; el papel del Estado y de los actores sociales privados en la seguridad social; cobertura cuantitativa y cualitativa como el seguro campesino. También tiene competencia en relación a: tercera edad, riesgos del trabajo y discapacidad.
Se preocupa de lo concerniente al Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano, su Estatuto y su Reglamento, proponiendo sus reformas o modificaciones. También, de lo relativo a la armonización de legislaciones y lo referente a los regímenes electorales.
Se otorga el derecho de palabra a todos los parlamentarios presentes. Cada uno expone la situación de su país, tanto en lo político como en lo laboral. Inmediatamente el Presidente informa sobre la necesidad de discutir el proyecto de Ley Marco de Empleo Juvenil, destacando que incluso alguno de los países que se opusieron a su aprobación en la plenaria pasada, han manifestado ahora por escrito su respaldo al proyecto de ley. Se abre la discusión sobre el Proyecto de Ley Marco de Empleo Juvenil.
Se discute sobre el texto del art 6 del proyecto deja claro que la edad para considerar el empleo juvenil quedará determinado por fa legislación interna de cada país (este había sido el argumento de voto contrario en la Asamblea).
En tal sentido, no se hace ninguna objeción al proyecto de Ley y por su parte considera que el mismo debe ser aprobado en su totalidad. Seguidamente agrega que en su país tuvieron 3 iniciativas diferentes para tratar de resolver el problema. Pese a todo ello en su país hay un importante número de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Señala que su país está trabajando en una estructura actual de gran éxito que ha contribuido incluso a resolver el clientelismo. Esta iniciativa llama el nombre de “Programa Progresar”, que consagra el derecho a estudiar de los jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan.
Se sometió a votación la aprobación del proyecto de ley con las correcciones realizadas y la constancia de las salvedades de la delegación del partido de Gobierno de Venezuela, respecto del artículo 11 y la exposición en la Asamblea Anual del VP Rodrigo Cabezas de evitar la precarización del trabajo. Se procede a votar por país.
De este modo queda aprobado el Proyecto de Ley Marco de Empleo Juvenil, el cual pasa a la Junta Directiva con las constancias correspondientes. Queda por concluido el primer punto de la agenda.
Seguidamente se inicia la discusión del Proyecto de ley Marco Procesal Laboral para América Latina.
Se otorga la palabra al Senador Javier Lozano, de México, quien expone los principios sobres los cuales se elaboró el proyecto de ley. Se explica que la conciliación, la celeridad, la oralidad y el uso de la tecnología fueron recogidos en el proyecto, así como el respeto a tos DDHH y el establecimiento del principio de conciliación. Se trata pues de principios fundamentales para garantizar los derechos laborales de los trabajadores.
Sobre el método de trabajo, considera que a través de la Secretarla debemos enviar los comentarios y observaciones a los fines de que pueda discutirse el proyecto definitivo en la próxima reunión del 2do semestre.
Se deben distinguir entre principios en los que todos estamos de acuerdo. Considerando que la gran mayoría está de acuerdo en eliminar del proyecto todo lo relativo a los derechos colectivos. Igualmente señala que deben eliminarse los plazos a los fines de establecer que los mismos serán los que procedan en cada país, partiendo de la base del principio de celeridad. En cuanto a la posibilidad de subsanar, se cree que en beneficio del trabajador debe considerarse que esa posibilidad siga vigente dentro de la ley.
Se cree que es importante que se dé la máxima utilización a la tecnología a los fines de facilitar el proceso, siempre en beneficio del trabajador.
Finalmente, dejo constancia que este diputado participó activamente en la Comisión que formó parte de esta Asamblea.
Es todo cuanto puedo Informar sobre mi participación.
(Fdo.): IVÁN NORAMBUENA FARÍAS, Diputado de la República”.
“Paso a informar de conformidad a las normas del Reglamento de la Corporación, sobre la participación que me correspondió en la Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, Parlatino en la Provincia de lmbabura, Ecuador, 29 de Agosto del año 2014.
DESCRIPCION DE LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES
Dip. Alfredo Asti (Uruguay) Presidente
Dip. Angel Rodríguez (Venezuela)
Vicepresidente Dip. Delsa Solórzano (Venezuela)
Dip. Eusebio Alvarenga (Paraguay)
Asambleísta Diego Salgado(Ecuador)
Senadora Lenny Zaconeta {Bolivia)
Dip. lván Norambuena (Chile)
Dip. Esther Quintana (México)
Senador Luis Wagner (Paraguay)
El Presidente Alfredo Astí da inicio a la reunión informando que el Senador Javier Lozano, de México, encargado de la revisión y corrección del Proyecto de ley Marco Procesal Laboral, se excusó, y no podrá asistir el día de hoy.
Se ratifica como legislador redactor a la Dip. Delsa Solórzano, de Venezuela.
Seguidamente, se da lectura a las conclusiones de la reunión anterior expresadas en el acta.
Posteriormente, debido a la ausencia del Sen. Lozano, y en virtud de las múltiples observaciones que el Proyecto por él presentado contenía, se propone que el Proyecto base a discutir sea el propuesto por los Diputados Astí y Solórzano, con las modificaciones que acuerde la plenaria de la Comisión.
El Dip. Evsebio Afvarenga propone que los miembros de la Comisión nos pongamos de acuerdo sobre aspectos generales de derechos adjetivos laborales individuales. Debe establecerse la garantía del acceso a la justicia y la defensa del trabajador a través de la creación de la Defensoría del Trabajo o una figura similar, ya que es menester que exista un defensor público solventado por el Estado, al cual el trabajador tenga la posibilidad de acudir en caso de requerirlo. Igualmente señala que está realizando un trabajo sobre el tema que consignará ante esta comisión.
Los parlamentarios presentes coinciden en la necesidad de diferir el punto, a los fines de poder profundizar en el tema, así como hacer las observaciones que correspondan al señalado proyecto. En este sentido, los parlamentarios consignarán vía correo electrónico de la Secretaría de Comisiones, así como a la Presidencia de la Comisión sus observaciones y recomendaciones antes de la realización de la primera reunión del próximo año cuando se debatirá de nuevo el tema.
El Dip. Ángel Rodríguez considera que se deben realizar todas las consultas, estudios y análisis necesarios a los fines de producir un proyecto de ley que verdaderamente cubra las necesidades de América Latina en este sentido. En consecuencia, considera que a un asunto tan importante no debe colocarse límites temporales para su redacción. La Dip. Esther Quintana señala que a pesar de que ha enviado diversos documentos vía correo electrónico, no recibió acuse de recibo ni tampoco los señalamientos correspondientes en cuanto a que los mismos no correspondían al proyecto en discusión. Señala igualmente que el proyecto al cual ahora le damos entrada para su discusión tampoco lo recibió electrónicamente. En virtud de lo cual considera que debe colocarse más cuidado al tema de la distribución de los materiales a los fines de poder ser eficientes en la producción de nuestros trabajos.
La Senadora Lenny Zaconeta de Bolivia, ratifica la necesidad de trabajar sobre el proyecto de ley propuesto hoy por los Diputados Asti y Solórzano, a los fines de poder avanzar en el proyecto acabado. Igualmente señala que en la ley se habla de facultades “inquisitivas” para el tribunal y el sistema inquisitivo fue abolido en su país. Cuestiona igualmente los plazos establecidos en el proyecto de ley ya que los considera sumamente largos y ello no beneficia al trabajador. Por lo demás considera que la conciliación no debe depender de la cuantía de lo reclamado, sino que debe ser obligatorio en todos los procesos. Igualmente considera que el proceso debe ser oral.
El Dip. Eusebio Alvarenga considera que se ha logrado un avance en cuanto a los puntos que necesariamente debemos acordar, como lo son: oralidad, plazos breves, regulación solo de derechos individuales y no colectivos, omitir completamente lo sustantivo y redactar la ley solo sobre lo adjetivo.
El Dip. lván Norambuena Farias señala que si bien vamos a discutir con base en la propuesta presentada por los Diputados Asti y Solórzano, ello no implica la necesaria aprobación del mismo, en virtud de que las reformas laborales en su país han tenido algunos avances, e incluso algunos de los aspectos planteados en el Proyecto podrían constituir un retroceso conforme a la legislación laboral de Chile. Igualmente señala que el Gobierno ha anunciado la posibilidad de nuevas reformas laborales.
El Dip. Asti señala que en cuanto a los plazos, deben buscarse los equilibrios necesarios para proteger al trabajador y que logren adecuarse a la legislación de cada país. En conclusión, queda aprobado que el proyecto a discutir y modificar, con base en los términos antes expuestos es el introducido por los Dip. Asti y Solórzano.
Concluido así el punto, se pasa a debatir sobre el temario de la Comisión para el próximo año.
l. Se reitera la necesidad de remitir por correo electrónico a Secretaría de Comisiones la Encuesta de Seguridad Social que deben contestar todos los países. Este tema será tratado en conjunto con la Comisión de Asuntos Económicos.
2. Mantener como tema a tratarse: propuestas de Educación en Seguridad Social en conjunto con la Comisión de Educación.
3. Agregar a listado de temas a tratar: Medidas para combatir o mitigar la “fuga de cerebros”
4. Discusión de la Ley Marco Procesal Laboral en los términos antes descritos.
5. Se reitera que los parlamentarios participantes comunicarán a las delegaciones de sus respectivos países el contenido y trámite del proyecto de ley de Empleo Juvenil Decente, a los fines de evitar las distorsiones en su aprobación ocurridas en la Asamblea Anual del Parlatíno de 2013.
Agotados todos los temas, se convoca el inicio de sesiones para el próximo año.