Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl9789-2014-de-julio-16-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_013a95e258060068e0530a0101510068&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-20 17:49:18
Document Index: 40235896

Matched Legal Cases: ['artículo 87', 'artículo 51', 'artículo 162', 'artículo 47', 'artículo 267', 'artículo 8', 'artículo 98', 'artículo 189', 'artículo 30', 'artículo 98', 'artículo 467', 'artículo 98', 'artículo 467', 'artículo 476', 'artículo 467', 'artículo 90', 'artículo 98', 'artículo 51', 'artículo 162', 'artículo 48']

﻿ Sentencia SL9789-2014 de julio 16 de 2014
SENTENCIA SL9789-2014 DE 16 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:DESPIDO DE TRABAJADORES OFICIALES POR AUTORIZACIÓN LEGAL DE LIQUIDAR UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NO SE EQUIPARA A JUSTA CAUSA. SE REITERÓ QUE PESE A SER LEGAL EL DESPIDO DE TRABAJADORES OFICIALES POR LA CLAUSURA O LIQUIDACIÓN DE UNA ENTIDAD ESTATAL, ESA CALIFICACIÓN NO IMPLICA QUE LA DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR ESTÉ AMPARADA EN UNA JUSTA CAUSA, PUES TAL MOTIVO NO ESTÁ CONTEMPLADO DENTRO DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAS POR EL DECRETO 2127 DE 1945, ART. 48, COMO JUSTAS CAUSAS PARA DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE TRABAJO. ASÍ, EL DESPIDO SIN CAUSA JUSTA, NO NECESARIAMENTE EXCLUYE AL QUE OPERA POR DECISIÓN UNILATERAL DEL EMPLEADOR, CON AUTORIZACIÓN LEGAL DISTINTA A LA QUE ESTABLECE LAS JUSTAS CAUSAS DE DESPIDO, PORQUE NO SE PUEDE EQUIPARAR LA LEGALIDAD DE LA TERMINACIÓN DEL VÍNCULO CON EL DESPIDO PRECEDIDO DE JUSTA CAUSA.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR OFICIAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA, GASTOS POR LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA
Sentencia SL9789-2014 de julio 16 de 2014
Rad.: 50194
SL9789-2014
Lo interpone la entidad demandada con fundamento en la causal primera de casación laboral consagrada en el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, artículo 87, con el que persigue, según lo dice en el alcance de la impugnación, que se case totalmente la sentencia recurrida y, en sede de instancia, esta Sala revoque el fallo del a quo.
Con tal objeto, formula dos cargos, que dentro del término legal fueron replicados. La Corte los resolverá simultáneamente, comoquiera que pese a estar encauzados por vías distintas y modalidades de violación diferentes, tienen idéntica pretensión y se fundamentan en argumentos similares, tal como lo permite el Decreto Extraordinario 2651 de 1991 artículo 51-3, adoptado como legislación permanente por la Ley 446 de 1998, artículo 162.
Acusa la sentencia del tribunal de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, del “artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, los artículos 5º y 6º del Decreto 3135 de 1968, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, y 7º del Decreto 1848 de 1969, el artículo 267 y 416 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 8º del Decreto 1675 de 1997 y artículos 123 y 128 de la Constitución de 1991, Decreto 516 de 1990 y Decreto 2001 de 1993, en relación con el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Idema y Sintraidema”.
Trasgresión legal que dice, ocurrió por haber incurrido el tribunal en los siguientes errores evidente de hecho:
A. Dar por probado, sin estarlo, que la desvinculación que efectuó el Idema de la señora María Lilia Vega Arenas fue sin justa causa.
B. No dar por probado, estándolo, que para la desvinculación que efectuó el Idema de la señora María Lilia Vega Arenas medió una justa causa legal, consistente en la supresión y liquidación de la entidad empleadora Idema.
Expresa que los anteriores yerros fácticos se presentaron, como consecuencia de la errónea apreciación del Oficio 000321 del 9 de septiembre de 1997 “por medio de la (sic) cual el Idema le comunica a la señora Maria (sic) Lilia Vega Arenas la terminación del contrato laboral” (fl. 12).
En la demostración del cargo, el censor manifiesta que, con fundamento en las facultades otorgadas por la Constitución Nacional, artículo 189-15 y la Ley 344 de 1996, artículo 30, fue expedido el Decreto-Ley 1675 de 1997, por medio del cual se ordenó la supresión y liquidación del Idema, por lo que con base en el Decreto 2438 de 1997 se suprimieron los cargos de planta de personal, situación que generó la terminación del contrato de trabajo de la demandante.
Con estribo en lo anterior, dice que la finalización del vínculo laboral obedeció a una causa legal, y no a una “injusta causa, como de forma errada concluye el tribunal” y, que la comunicación de fecha 9 de septiembre de 1997, dirigida a la accionante, por la cual se le informa la terminación del contrato de trabajo, se sustentó en la Constitución y en la ley, por lo que el despido no puede ser catalogado como injusto.
Agrega que, teniendo en cuenta que el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre el Idema y Sintraidema, establece como uno de los requisitos para acceder a la pensión el que el despido se dé sin justa causa, el tribunal incurrió en un error, al considerar como tal la decisión de terminación del contrato de trabajo, cuando la misma provino de un mandato legal que dispuso la liquidación de la entidad y, por tanto, la necesidad de desvincular a los trabajadores.
El opositor, afirma que la pensión concedida por el fallo acusado es de estirpe convencional, por tal razón el cargo resultaba claramente inestimable comoquiera que el censor no denunció la violación de la norma sustancial que creó el derecho en disputa, que es, en el caso de los derechos de origen convencional, el artículo 467 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo.
Refiere que a pesar de enderezar el cargo por la vía indirecta, plantea que al no haberse apreciado una prueba, el ad quem concluyó erradamente que si bien la supresión del cargo por liquidación de una entidad se erige como causa legal de terminación de los contratos de trabajo de ninguna manera puede considerarse una justa causa de esa terminación, con lo que se evidencia una verdadera controversia jurídica, que es propia de la vía directa.
Al sustentar el cargo, el censor refiere que el ad quem entendió que el Decreto 2127 de 1945 artículos 47, 48 y 49, contienen de manera taxativa las justas causas para terminar los contratos de los trabajadores oficiales, por lo cual, ningún otro motivo que no se extraiga de su literalidad, puede ser tenido como tal; que la interpretación que hace el tribunal de dicho texto reglamentario sigue los lineamientos jurisprudenciales de esta Sala, que distingue entre “causa o modo legal de terminar un contrato y la causa o modo justo de hacerlo”; que por el primero se entiende “aquella causa legítima en derecho el cierre de las empresas estatales y por ende la desvinculación de sus servidores, legitimación que se adquiere por el hecho de haberse cumplido todos los requisitos establecidos por la ley para la clausura”, y que el segundo se refiere a “aquel que coincide con los supuestos de hecho establecidos, de manera expresa en alguno de los literales de los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945” .
De esta forma, la calificación de justa o injusta de una causa de terminación de un contrato de un trabajador oficial debe obtenerse no solo del examen de las normas del derecho positivo de la especifica (sic) ley que consagra las denominadas justas causas, como es el caso de los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, sino del examen de otras fuentes.
En suma, a diferencia de lo entendido por el tribunal (...) el entendimiento que debe hacerse de la normatividad transgredida, atiende a lo siguiente:
Indicó que la violación de preceptos constitucionales, no pueden, en principio, fundar una acusación en casación, por cuanto no consagra derechos ni impone obligaciones a las personas.
Finalmente, concluye que el recurrente desconoce que las normas de una convención colectiva no tienen el carácter de ley sustancial de alcance nacional, sino que corresponden a una prueba.
Sea lo primero advertir que la demanda de casación debe cumplir con las reglas adjetivas que su planteamiento y demostración requieren, para efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, pues acorde con las normas procesales, debe reunir los requisitos de técnica que aquellas exigen, lo que, de no cumplirse, puede conducir a que el recurso extraordinario fracase.
Además entiéndase, como en numerosas ocasiones ha dicho esta Corporación, que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor de la Corte se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para, rectamente dirimir el conflicto.
1. El alcance de la impugnación, que constituye el petitum de la demanda de casación, fue propuesto de manera incompleta, toda vez que en él no se le indica a la Corte, una vez casada la sentencia del tribunal y revocada la del juzgado, cuál deberá ser su actuación siguiente, en sede de instancia.
Sin embargo, esa defectuosa presentación del alcance de la impugnación es susceptible de superarse, en la medida que la Corte entiende que lo que persigue la censura es que una vez quebrada la sentencia del ad quem y revocada la del a quo, se absuelva a la entidad recurrente de las pretensiones impetradas por el demandante.
2. Comoquiera que lo pretendido por la actora fue la pensión especial de jubilación estatuida en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Idema y Sintraidema y que dicha estipulación fue, en estricto rigor, la que constituyó el fundamento de la decisión impugnada, el censor en el primer cargo debió señalar como violado el Código Sustantivo del Trabajo artículo 467, que da el alcance de fuente de derechos materiales a este tipo de convenios, o el artículo 476 ibídem, que otorga derecho de acción a los trabajadores para reclamar el incumplimiento de un convenio de dicha naturaleza. Empero, dichas disposiciones brillan por su ausencia en la proposición jurídica de los ataques.
Conviene recordar que son normas sustantivas o sustanciales las que crean, modifican o extinguen, situaciones jurídicas individuales y que, para los propósitos del recurso extraordinario de casación, en este caso, se concretan en las que instituyen los derechos pretendidos en la controversia judicial que, como se dijo, es un beneficio o pensión de estirpe convencional, sin que sea suficiente citar otros preceptos legales, razón más que suficiente para rechazar los cargos.
En efecto, frente a este tema, ha sido insistente la Sala al señalar que:
(...) a pesar de que el derecho reclamado emana de la convención colectiva del trabajo, no incluye en la proposición jurídica la norma legal sustantiva que se refiere a este tipo de fuente normativa, esto es, el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. Ha dicho insistentemente la Sala que cuando se impetra el reconocimiento de un derecho convencional el elenco de los preceptos quebrantados debe incluir necesariamente la citada disposición, exigencia que sigue siendo válida aún después de la promulgación del Decreto 2651 de 1991 y de la Ley 446 de 1998, en donde se morigeró mas no se eliminó el requisito consagrado en el literal a) del numeral 5º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo.
3. En el primer cargo se relaciona también la violación de la convención colectiva del trabajo, artículo 98, cuando en casación es sabido que los acuerdos convencionales corresponden a un medio probatorio y no a una norma sustancial del orden nacional, pues su ámbito de aplicación se circunscribe a quienes en aquel estatuto intervienen; deficiencia que no puede superarse, pese a la modificación introducida al recurso extraordinario por el Decreto 2651 de 1991, artículo 51, adoptado como legislación permanente por la Ley 446 de 1998, artículo 162.
Así las cosas, lo dicho sería suficiente para desestimar los cargos.
Al margen de lo anterior, en lo que tiene que ver con la desvinculación de la demandante y si “medió una justa causa legal”, tema central de la acusación, la Corte advierte que la comunicación de fecha 9 de septiembre de 1997 (fl. 12), que refiere la censura como indebidamente valorada, no dice nada diferente a lo establecido por el tribunal, pues se advierte que a través de la misma, solamente se le informó a la demandante la decisión de dar por terminado “unilateralmente su vinculación laboral”, motivo por el cual, por virtud de su apreciación, ningún yerro fáctico pudo ser cometido por el fallador de segunda instancia, máxime cuando de su contenido no se deriva la consideración de que el despido de la actora fue con justa causa.
En cuanto a los argumentos planteados en los cargos, acerca que la supresión y liquidación de la entidad constituían una justa causa de despido por devenir de facultades constitucionales y legales, es de señalar que la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Laboral, ha explicado que, pese a ser legal el despido de trabajadores oficiales por la clausura o liquidación de una entidad estatal, esa calificación no implica que la desvinculación del trabajador esté amparada en una justa causa, pues tal motivo no está contemplado dentro de las causales establecidas por el Decreto 2127 de 1945, artículo 48, como “justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo”; sin que exista razón que amerite variar este criterio.
Al respecto, resulta pertinente rememorar la sentencia de casación de la CSJ SL, 2 sep. 2004, rad. 22139, en la que se sostuvo:
Frente a lo anterior, se tiene que no obstante que el ad quem admitió que el contrato de trabajo que unió a las partes finalizó ‘por una causa legal’ y que ‘no es justa causa’, concluyó que, dadas las condiciones sui géneris creadas por la señalada disposición transitoria de la Constitución y las normas que la desarrollan, no debían aplicarse en este caso los preceptos legales y convencionales reguladores de la desvinculación sin justa causa.
Ya la Corte, en procesos similares, ha interpretado que el propósito, entre otros, del artículo transitorio 20 de la Constitución Nacional, es el de reestructurar las entidades de la Rama Ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de economía mixta del orden nacional, pero ello no significa que la normatividad producida para ese efecto haya derogado, para los trabajadores vinculados a la correspondiente actividad económica, el régimen común de indemnizaciones laborales dentro del cual se encuentra, incluso, la pensión proporcional de jubilación. Vale decir que, en cuanto hace con la Caja Agraria, los decretos ejecutivos 2138 del 30 de diciembre de 1992 y 0619 del 30 de marzo de 1993, este último aprobatorio de los acuerdos 895 y 896 del 29 de diciembre de 1992 y 10 de febrero de 1993, respectivamente, emanados de la asamblea general de accionistas de la mencionada entidad, no obstan para que se apliquen la indemnización convencional prevista para el caso de terminación del contrato de trabajo por decisión unilateral de la empleadora, sin justa causa, ni la pensión sanción también consagrada legalmente para la misma eventualidad, con más de diez años de servicio”.
Y en la sentencia de la CSJ SL, 1º abr. 2008, rad. 21106, expresó:
En consecuencia, por lo inicialmente expresado, se rechazan los cargos.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 29 de octubre de 2010, en el proceso ordinario adelantado por María Lilia Vega Arenas contra la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.