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Timestamp: 2017-07-21 14:22:52
Document Index: 242709125

Matched Legal Cases: ['artículo 365', 'artículo 80', 'artículo 63', 'artículo 407', 'artículo 5', 'artículo 6']

La Propiedad del Agua by Nicolas Avellaneda - issuu
La Propiedad del AguaContiene:María Alejandra Arboleda, asistente de investigaciones, ICP
mariaalejandra.arboleda@icpcolombia.org
María Jose Ramírez, directora de investigaciones, ICP
mariajose.ramirez@icpcolombia.orgResumen
agua y sus
del agua y de las
ConclusiónResumen ejecutivo
El acceso al agua se entiende como un derecho pero también como una
obligación. En la medida que la propiedad del agua corresponda al Estado, este
debe asegurar el máximo de eficiencia y cobertura. Por lo tanto, buscar
garantizar un derecho por encima de las capacidades reales del Estado, al
tiempo que se le quitan herramientas de desarrollo fundamentales como la
privatización – una de las pretensiones del referendo−, implica generar tensiones
tan grandes que podrían terminan con el colapso del Estado mismo. Esto no
sólo nos muestra la magnitud que iniciativas aparentemente inocuas pueden
tener para un Estado, sino también nos invitan a reflexionar sobre las
características que deben tener.
La cuestión no radica en impedir las iniciativas ciudadanas, ellas se configuran
como un elemento vital en el ordenamiento social. Lo que debería existir en
cambio, es un mínimo de información que permita a los ciudadanos tomar
decisiones comprendiendo las consecuencias de las mismas. En últimas, el
proceso sobre el cual se basa un referendo, aparte de aspectos
procedimentales, debería también exigir a aquellos que impulsan la iniciativa
informar al ciudadano sobre las consecuencias que tiene su firma. Tal vez de
esa manera comencemos a actuar con un poco más de sensatez.
El referendo sobre el agua nos muestra que la discusión está lejos de acabarse
en la medida que ni el Estado, ni el sector privado, han logrado comunicar estos
logros a la sociedad. Si bien, tanto las privatizaciones de empresas de servicios
públicos, como las de aseo y energía, ha traído buenos resultados. Aún se duda
sobre la capacidad del sector privado para proveer servicios públicos
manteniendo óptimos niveles de cobertura, calidad y precios.“Es indiscutible para mí que el convencimiento
de respetar la propiedad individual y los
determinantes de los precios en un mercado
competitivo fueron la única forma en que el
hombre pudo ser capaz de explotar
intensamente los recursos naturales
descubiertos y aumentarlos”
Friedrich A. Von HayekLa Propiedad del AguaLa recolección de firmas para el referendo del agua ha estado acompañada de una movilización
ciudadana y de una campaña nacional que se ha denominado “El agua un bien público”. Un
grupo de organizaciones ambientales y sociales agrupadas en el Comité nacional en defensa del
agua y la vida promueve la campaña del agua con el fin de recolectar firmas para lograr la
convocatoria al referendo del agua.
Esta movilización tiene como objetivo consagrar en la Constitución Política los siguientes puntos:1) En el Título I el referido a los principios fundamentales, se añadiría un artículo
nuevo en el cual se estipule que el acceso al agua potable es un derecho
fundamental, garantizando a todos los ciudadanos un mínimo vital de agua
gratuito. Por tanto, el Estado debe garantizar la protección del agua en todas sus
manifestaciones al ser esencial para la vida de todas las especies y para las
generaciones presentes y futuras. El agua sería entonces considerado como un
bien común y público. Además en el Título II. Capítulo II, se incluiría un artículo
nuevo respecto al acceso al agua potable, considerándolo como un derecho
humano fundamental que el Estado debe suministrar a todas las personas, sin
discriminación alguna y con equidad de género.
2) El referendo también contemplaría incluir en el Título XII referido al Régimen
Económico y de la Hacienda Pública, un parágrafo nuevo para el artículo 365
refiriéndose a la no privatización de los servicios de acueducto y alcantarillado.
De ésta forma, el servicio sería prestado necesariamente por los operadores
públicos y comunitarios, lo cual implica que el servicio de acueducto y
alcantarillado será prestado en forma directa e indelegable por el Estado o por
comunidades organizadas, considerando además que las entidades estatales o
comunitarias que se organicen para dicha presentación, no tendrán ánimo de
lucro y garantizarán la participación ciudadana, el control social y la
3) El referendo exige al Estado y a los ciudadanos conservar los recursos hídricos,
incluyendo en el Título II. Capítulo III referente a los derechos colectivos y del
ambiente, un parágrafo nuevo para el artículo 80 de la Constitución, en el cual
se estipule que los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua deben gozar
de especial protección por parte del Estado y serán destinados prioritariamente a
2|PáginaLa Propiedad del Aguagarantizar el funcionamiento de dicho ciclo, sin vulnerar los derechos de las
comunidades que tradicionalmente los habita procurando modelos de uso
sustentable, de tal manera que se disponga de agua abundante y limpia para
Los artículos que se pretenden incluir en a la Constitución, amplían de manera significativa el
papel del Estado en la asignación del recurso y además, lo considera como un bien público, de
tal forma que el agua sería considerada como bien público o común. Para ello se añadiría al
Título II. Capítulo III. De los derechos colectivos y del ambiente un nuevo parágrafo para el
artículo 63 en donde se estipula que todas las aguas, en todas sus formas y estados, son bienes
de la nación de uso público. Las aguas que discurren o se encuentran en territorios indígenas o
en territorios colectivos de las comunidades negras, son parte integrante de los mismos, para
ello se garantizará el valor cultural del agua como elemento sagrado en la cosmovisión de los
En resumen, los aspectos más importantes de esta propuesta son:
1) Evitar la privatización del agua.
2) Hacer del agua un bien público o común.
En ambos casos la propuesta se muestra contradictoria y vacía, pues ni en la actualidad ni con
el proyecto de Ley de Agua, Proyecto de ley 350/051, que permite que empresas privadas
puedan obtener concesiones de agua, se ha privatizado el agua. Este es de por sí un bien
público,2 propiedad es del Estado. Lo que se busca por medio de las concesiones, es autorizar a
privados a procesar y distribuir dicho bien y no traspasar derechos de propiedad sobre el mismo.
Es decir, lo que se privatiza no es el agua, es el derecho a procesarla, hacerla potable y
Hacer del agua un bien público y común es también una contradicción pues ni en la Constitución
ni en el Código Civil existe la figura de “bien común”, lo que generaría un vacío legal, que ante la
falta de definiciones legales, puede terminar equiparando el término común con público, llevando1 Para ampliar la información del proyecto de ley ver: Observatorio Legislativo. Boletín Número 43. Ley del Agua. Abril de 2006. Ver en Línea: http://www.icpcolombia.org/archivos/observatorio/boletin_43.pdf 2
En el artículo 407 del Código Civil se considera que son de dominio público los ríos y sus cauces naturales, las aguas continuas o discontinuas de manantiales y arroyos que corran por sus cauces naturales, las aguas que nazcan continua o discontinuamente en terrenos del mismo dominio público, los lagos y lagunas formados por la naturaleza en terrenos públicos y sus álveos, las aguas pluviales que discurren por barrancos o ramblas cuyo cause sea de dominio público, las aguas subterráneas que existan en terrenos públicos, las aguas halladas en la zona de trabajos de obras públicas, las aguas que nazcan La Propiedad del Agua
a que la propiedad del bien siga en manos del Estado y, como tal, que éste mantenga la
potestad para administrarle.
En este sentido, cabría también la posibilidad de implantar una nueva categoría en el sistema
legal, la cual abriría una discusión sobre su significado y alcances. El problema radica en que
más que una definición legal, “bien común” se refiere a una situación socio-política, en la que se
asume que dicho bien pertenece a toda la sociedad y como tal, la propiedad y manejo de este no
corresponde a ninguna de sus partes en particular, por lo que, ni el Estado ni ninguno de los
componentes sociales pueden asumir el derecho de administrar el bien.
Las implicaciones de incorporar el término “bien común” en la Constitución, no sólo son
peligrosas sino irresponsables. Por un lado puede desdibujar la labor del Estado como
propietario de los bienes públicos, y por otro acaba con toda la jurisprudencia y pone en peligro
el papel del mismo como garante del ordenamiento social, lo que en última instancia acabaría
con el objetivo mismo del referendo.
Un bien no puede ser público y común. Ambas categorías son excluyentes, o se es público y la
propiedad es del Estado o se es común y la propiedad es de la sociedad.
Si lo que se pretende con este referendo es evitar la privatización, lo que se debería discutir es la
prestación del servicio, no la naturaleza del mismo. Por otro lado, si lo que se quiere, es
garantizar un mínimo gratuito para todos los ciudadanos, incorporar la categoría “bien común” a
la discusión cumpliría con su objetivo, pero no porque el Estado se encargue de este bien y los
costos que este genera, sino porque generaría dudas sobre la propiedad del agua, lo que a su
vez hará imposible la prestación del servicio, impidiendo que se cobre por él.
Más que el referendo como tal, lo que se debe resaltar es la discusión que éste implica,
refiriéndose directamente a la conveniencia de privatizar la prestación del servicio.Situación del agua y sus alternativas
La velocidad anual de consumo del agua parece ser la cifra más alarmante y la que
pone sobre el tapete el gran debate sobre el manejo de éste recurso. Además de las
alarmas encendidas que existen sobre el consumo, el acceso a la misma parece sercontinua o discontinuamente en predios particulares, los sobrantes de las fuentes, cloacas y establecimientos públicos. 4|PáginaLa Propiedad del Aguatambién una preocupación muy relevante y con gran cabida en el debate. Según datos
del Banco Mundial, se llegará al final de los próximos 20 años con más de 3 mil millones
de seres humanos sin acceso al agua potable. Tal perspectiva más allá de lo alarmante
que puede ser, genera una inminente perspectiva de conflicto global por el control de
las fuentes de abastecimiento. Controlar el agua resulta entonces una prioridad, un
elemento de lucha de poder que involucra tanto iniciativas estatales como de la
sociedad civil organizada; quien con justa preocupación, busca alternativas y
soluciones. Aparece entonces el debate sobre lo público y lo privado, una problemática
que respecto al tema de agua tiene dimensiones e impactos que merecen ser tenidos
en cuenta.Teniendo en cuenta que el agua es un recurso natural escaso y limitado, es fundamental analizar
en qué medida y bajo qué modalidad los ciudadanos pueden acceder al agua potable.
Al respecto, en el “Manifiesto del Agua de 1998”3,se considera que el agua es un bienpatrimonial común de la humanidad, del cual depende la salud individual y colectiva, además de
actividades como la agricultura, la industria y la vida doméstica. En este orden de ideas, para la
ecologista Rosmarie Bar4 cuando se habla de agua se debe hablar de la política del agua, de la
política del suelo y de la agricultura, de la política comercial y económica, y de la política del
medio ambiente, social y sanitaria.
Para responder a estos requerimientos, instituciones internacionales como el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional consideran la privatización del servicio del agua, como una opción
para garantizar la cobertura, la calidad y la protección de este recurso. Además, la Unión
Europea exige que los países en desarrollo o en transición permitan la apertura de sus servicios
de agua a empresas extranjeras.
Fredrik Segerfeldt5, en su libro Agua a la venta: Cómo la empresa privada y el mercado pueden
resolver la crisis mundial del agua, analiza la situación mundial del agua y determina, que en
gran medida, los gobiernos han sido responsables de que 1.100 millones de personas en el
mundo no tengan acceso a agua limpia.3 Manifiesto realizado por un grupo de 23 personalidades de primer nivel mundial encabezado por Mario Soares, ex mandatario de Portugal y Riccardo Petrella, euro‐diputado y presidente del Grupo de Lisboa. 4
De la Comunidad de Trabajo de las ONG Helvéticas. La Propiedad del Agua
Al respecto, el autor considera que el problema no es la cantidad de agua disponible, sino la falta
de desarrollo en los países pobres para producir y distribuir efectivamente el agua. Sostiene que
la transferencia del control de la distribución en los países en vías de desarrollo del sector
público al sector privado permite aumentar la cobertura y el acceso a este bien. De acuerdo con
el autor, la experiencia en Camboya, Guinea, Gabón y Casablanca muestra los buenos
resultados que tiene la participación privada en la distribución y venta de este recurso, en la
medida que no sólo se ampliaron las coberturas sino que los precios no aumentaron.Para empezar, debemos decir que las iniciativas de privatización resultan una
alternativa viable y confiable para el manejo del recurso, las cuales, sumadas a
impulsos paralelos podrían ofrecer un horizonte menos oscuro. Por un lado podríamos
contemplar el hecho de que reduciendo el sobre consumo del norte a un nivel
razonable, permitiría desacelerar la tendencia de agotamiento de las reservas y
compartir mejor con los consumidores del sur. Y por otro, se puede pensar en la
ampliación de nuevas fuentes de agua para su uso planificado, evitando su
Ambas alternativas requieren con inminencia alguna gestión, que además de eficiente
resulte sostenible, evitando, como lo sugerimos luchas de poder y eventuales
surgimientos de conflictos violentos. Por lo tanto promover la privatización resulta una
alternativa. Como lo propone el Banco Mundial. “el Banco Mundial, concentra un
enorme capital para créditos y donaciones aportado globalmente, y que tiene un
indiscutible poder sobre los gobiernos que saben las privatizaciones garantizarán
buenas relaciones con la banca y las inversiones internacionales,”
No se trata sólo entonces de seguir unos parámetros establecidos por el Banco Mundial
como dogmas irrefutables, sino de ver, como ya lo hemos expuesto con anterioridad y
argumentos que privatizar el agua resulta la alternativa más seria de gestión. Si
tratamos al agua como un producto más del suelo y del subsuelo, que como el cobre, el
oro y el petróleo, debe ser explorado y desarrollado por capitales privados que tengan el
aliciente de la ganancia para animarse a invertir, estaremos frente a una gestión
eficiente que garantice sostenibilidad y rentabilidad.5 Director del programa Timbro, think tank liberal enfocado hacia el libre mercado, con base en Estocolmo y autor de Agua a la venta: cómo pueden las empresas y el mercado resolver la crisis mundial del agua, publicado por CATO Institute en 2005. 6|PáginaLa Propiedad del AguaUna condición importante para que el capital invierta en explotaciones nuevas es que
no tenga obstáculos para apropiarse también de las viejas, podemos argumentar
también a favor de la privatización que no sólo se haga con empresas nuevas sino con
empresas de servicio de agua en operaciones. Al final, por cierto, una vez más como lo
propone el Banco Mundial “este termina siendo el tema clave y no las inversiones
Por otro lado, la privatización conduce a llevar a nivel real el precio de venta del agua a
los usuarios finales. La pregunta que surge entonces es ¿cuál es el precio real? Y la
respuesta no está en cuánto cuesta extraerla y distribuirla, sino en el precio que el
mercado esté dispuesto y en condiciones de pagar. Pagar sin olvidar que estamos ante
un escenario de creciente escasez, de incapacidad de encontrar un sustituto y de oferta
En éste orden de ideas no resulta descabellado afirmar que en el largo plazo funcionará
un mercado mundial del agua, tal y cual hay con el petróleo. Así que el precio real será,
todo lo anterior, pero bajo condiciones de competencia en la demanda. Sabemos que
las garantías de la demanda aseguran que aquellos con más poder adquisitivo
consuman más. Lo que nos lleva a concluir que en el futuro para que una empresa o
una familia de Estados Unidos, Europa o Japón puedan seguir consumiendo los
volúmenes de agua que hoy mantienen, van a tener que pagar por ello.La privatización del agua y de las empresas
sanitarias en Chile
La privatización del agua y de las empresas sanitarias en Chile6 es un ejemplo del papel de la
propiedad privada en el desarrollo de la sociedad. El informe económico de Libertad y Desarrollo
No.17367analiza el caso chileno como una alternativa para la modernización y los problemas de Chile es un país privilegiado en cuento a la disponibilidad de recursos hídricos de superficie en el ámbito mundial. 7
Domper, María de la Luz. Privatización del agua y de las empresas sanitarias en Chile. Serie Informe Económico No.173 Septiembre 2006. Ver en Línea: http://www.lyd.com/lyd/centro_doc/documents/sie‐La Propiedad del Agua
ineficiencias operacionales y de gestión, además de la mala calidad de los servicios y el déficit
de recursos para el tratamiento de aguas servidas8; problemáticas que conforme al informe, son
El modelo de gestión del agua se basa en criterios de asignación y transacciones de mercado y
promueve la regulación del uso y acceso a los recursos hídricos por medio del mercado del
agua. En donde prima la dinámica de la oferta y la demanda. Por tanto, las políticas públicas en
materia de recursos hídricos favorecen la gestión del recurso conforme a criterios de mercado. El
Código de Aguas9 vigente, creó dos nuevas categorías de derechos, los derechos consuntivos
que se refiere al derecho de consumo de aguas, sin que puedan reutilizarse superficialmente por
ejemplo, los derechos para riego, minería, industria y uso domestico, y los derechos no
consuntivos, que hacen referencia a los que se requiere para utilizar el agua sin consumirla,
como proyectos hidroeléctricos.
Así mismo, el Código de Aguas define el recurso como “bien nacional de uso público” y como
“bien económico”, permitiendo la privatización del agua por medio de la concesión de derechos
de uso gratuito y a perpetuo: el derecho de uso10. Este derecho se asigna a los particulares de
acuerdo a las disposiciones del código. El titular que obtiene el derecho de aguas11, debe
declarar dónde y cuándo usará el agua y debería pagar por la no utilización de este derecho.
Al respecto, en el artículo 5 del Código de Aguas se considera que “las aguas son bienes
nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas,
en conformidad a las disposiciones del presente código”. En el artículo 6 se complementa con “el
derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso
y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe este código, el173‐privatizacion%20del%20agua%20y%20de%20las%20empresas%20sanitarias‐mldomper‐
septiembre2006.pdf 8
Aguas servidas o aguas negras son los desechos líquidos provenientes del uso domestico, comercial e industrial. Llevan disueltas o en suspensión una serie de materias orgánicas e inorgánicas. Provienen de la descarga de sumideros, fregaderos, inodoros, cocinas, lavanderías, residuos de origen industrial. Donde existen sistemas de alcantarillado todas confluyen a un sistema colector de aguas cloacales, que debería terminar en una planta de tratamiento. 9
El Código de Aguas fue promulgado por medio del Decreto con Fuerza de Ley No. 1122. Uno de los conceptos básicos que introduce este dispositivo es la posibilidad de otorgar derechos reales sobre el agua a quienes lo soliciten. 10
En la legislación chilena, este derecho es un bien jurídico definido como un derecho que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas por parte del titular, con los requisitos y en conformidad al Código de Aguas. 11
Los derechos concedidos por el Estado están amparados por las garantías constitucionales respecto del derecho de propiedad. 8|PáginaLa Propiedad del Agua
derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio titular, quien podrá usar, gozar y
disponer de él en conformidad a la Ley”.
Al conceder los derechos de uso, el rol del Estado se limita a la verificación de su uso efectivo y
la redistribución del recurso se hace por medio de transacciones en el mercado, lo cual ha
permitido que las grandes empresas, y el sector exportador asuman este rol. Sumado a esto, el
Estado ha tenido un papel promotor del desarrollo, materializado en la Ley No. 18450 en la cual
se dictaron una serie de normas para el fomento de la inversión privada en obras de drenaje y
A partir de esta legislación, se ha desarrollado en Chile un mercado de derechos de agua, en el
que se otorga seguridad jurídica, se estimulan las inversiones en actividades que utilizan el agua
y se mejora la asignación del recurso.
En este marco, es fundamental analizar los efectos de la incorporación del capital privado en las
empresas de agua, los cuales se presentan principalmente en los índices de cobertura. Al
respecto, en el informe económico no. 17312 de Libertad y Desarrollo, se considera que los
índices de cobertura nacional de agua potable y alcantarillado en las zonas rurales, al 31 de
diciembre de 2005 eran de un 99.8% y 95.1% respectivamente. Esto significa que 13.3 millones
de ciudadanos tienen agua potable en las zonas urbanas y 12.6% millones de habitantes tienen
acceso a redes de alcantarillado público.
La privatización también ha impactado el tratamiento de aguas servidas13, a tal punto que pasó
de un 17% en 1999 a un 73.4% en el 2004; en este sentido en el siguiente cuadro se puede
observar la cobertura sector sanitario de las zonas urbanas:
Cuadro 1. Cobertura sector sanitario zonas urbanas
Fuente: Informe Gestión del Sector Sanitario 2005, Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Mayo 200612 Domper, María de la Luz. Privatización del agua y de las empresas sanitarias en Chile. Serie Informe Económico No.173 Septiembre 2006. Ver en línea: http://www.lyd.com/lyd/centro_doc/documents/sie‐
173‐privatizacion%20del%20agua%20y%20de%20las%20empresas%20sanitarias‐mldomper‐
septiembre2006.pdf 13
También se les conoce como aguas residuales, aguas negras o aguas cloacales. Son residuales pues habiendo sido usada el agua, constituyen un residuo, algo que no sirve para el usuario directo; son negras por el color que normalmente tienen, y cloacales porque son transportadas por medio de cloacas. La Propiedad del Agua
Los índices de rentabilidad también se han visto modificados. Antes de la incorporación del
capital privado las empresas tenían rentabilidades negativas. ESSAT un -4.1% y EMSSA -3.2%.
En el siguiente cuadro se puede observar la rentabilidad operacional de las empresas:
Cuadro 2. Rentabilidad operacional
4.92005 (%)
ESSBIO+ESSEL
Fuente: Informe Gestión del Sector Sanitario 2005, Superintendencia de Servicios Sanitarios,
Por su parte, el nivel de pérdidas ha disminuido. En 1995 el promedio de pérdidas de las
empresas privadas era de un 14.4% y el de las empresas públicas de 38%. Después de la
inyección de capital privado, el nivel de pérdidas disminuyo aproximadamente a un 35%.
Además los gastos de administración y ventas por número de clientes han disminuido y las
inversiones han aumentado. Entre 1995 y 2005 se han invertido US$2.789 millones, de los
cuales el 63% lo han invertido las empresas privadas y 37% las empresas públicas. En cuanto a
las proyecciones 2006-2016 se requiere una inversión adicional de US$1.339 millones, de lo cual
43.3% estaría destinado a financiar las inversiones de tratamiento de aguas servidas, el 33.2% a
inversiones en obras de agua potable y el 22.7% a obras de alcantarillado. El 100% de estos
requerimientos estarían dados por el sector privado.
Así mismo, la privatización del agua ha impactado las utilidades para el fisco el cual obtuvo
US$2.083 millones producto de las privatizaciones de empresas sanitarias como ESVAL14,
Aguas Andinas, ESSAL, ESSEL, y ESSBIO. En cuanto a los privados que se adjudicaron los
contratos de concesión de las otras empresas sanitarias pagaron 849 millones de dólares. El
total del fisco fue de US$2.932 millones.14 ESVAL fue la primera empresa sanitaria de Chile en incorporar capitales privados desde 1999, a partir de este momento la compañía ha invertido más de US$370 millones, de los cuales US$200 millones se destinaron al tratamiento de aguas servidas para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 10 | P á g i n aLa Propiedad del Agua
En lo que se refiere a las tarifas, estas subieron debido a la incorporación de un nuevo servicio
llamado “tratamiento de aguas servidas” más por el proceso de privatización. Este nuevo servicio
consiste en la descontaminación de aguas negras procedentes de desechos orgánicos humanos
o animales. En virtud de este nuevo proceso, las tarifas aumentaron un promedio de 80% en las
empresas privatizadas y alrededor de un 53% en las empresas que se dieron en concesión. La
diferencia radica en que en las empresas concesionadas no se ha materializado completamente
las obras necesarias para el tratamiento de las aguas servidas.Conclusión
El acceso al agua se entiende como un derecho pero también como una obligación. En la
medida que la propiedad del agua corresponda al Estado, éste debe asegurar el máximo de
eficiencia y cobertura. Por lo tanto, buscar garantizar un derecho por encima de las capacidades
reales del Estado, al tiempo que se le quitan herramientas de desarrollo fundamentales como la
privatización –como lo pretende el referendo sobre este tema−, implica generar tensiones tan
grandes que pueden terminan en el colapso del mismo Estado. Esto no sólo nos muestra la
magnitud que iniciativas aparentemente inocuas pueden tener para un Estado, sino también nos
invitan a reflexionar sobre las características que deben tener.
El referendo sobre el agua por ejemplo, nos muestra que la discusión está lejos de acabarse en
la medida que ni el Estado ni el sector privado han logrado comunicar estos logros a la sociedad.
Si bien, las privatizaciones de empresas de servicios públicos, como las de aseo y energía, ha
traído buenos resultados, aún se duda sobre la capacidad del sector privado para proveer
servicios públicos manteniendo óptimos niveles de cobertura, calidad y precios.
En términos comparativos, la privatización de los servicios públicos, en este caso de agua y
alcantarillado ha sido una experiencia positiva. En el caso Chileno la inversión aumentó,
permitiendo mejorar la cobertura de los servicios, aumentar la calidad y la variedad de los
servicios, lo que a su vez, contribuyó a que la calidad y los costos de los servicios sean similares
a los de los países desarrollados.
Concluimos así que, el debate sobre la privatización y la comercialización del recurso, es
fundamental mirar la problemática de 1.100 millones de personas que no tienen acceso al agua
potable tema que se relaciona relación con las fallas de las empresas estatales viciadas por
corrupción y oportunismo político. Por lo tanto, asumir que por ser un derecho el agua debe ser
únicamente responsabilidad del Estado, significa perpetuar los problemas de cobertura y calidad,La Propiedad del Agua
especialmente en municipios que no cuentan ni con los recursos ni con el conocimiento para
garantizar una prestación adecuada de los servicios públicos.
En un país en vía de desarrollo como el nuestro, privatizar más que una opción es una
necesidad, porque cuando no existen los recursos, la experiencia y la madurez política es
importante garantizar que el Estado y los bienes que provee no terminarán en manos de unos
pocos. Desde esta perspectiva, el referendo por el agua no sólo se muestra como una iniciativa
cortoplacista sino también incoherente con el fin que persigue. Es claro que todos los
colombianos deben tener la posibilidad de acceder con calidad a este bien. Sin embargo, hacerlo
a través del Estado y organizaciones comunitarias como únicos actores del proceso, muestra, en
el mejor de los casos, una ingenuidad tal que los argumentos se caen por su propio peso.
Los recursos del Estado y de los municipios son limitados, por tanto, obligarlos a que sean los
garantes de la prestación del servicio, el cual además podría ser gratuito de acuerdo a la lectura
juiciosa de la propuesta que circula en estos momentos, es en sí una propuesta irresponsable
que podría terminar con las finanzas tanto del Estado como de los municipios.
El caso de Bogotá puede ser ilustrativo: en el 2007, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, tuvo ingresos operacionales de más de $1 billón, de los cuales sólo tuvo un excedente
de $155 mil millones. Es decir, lo que cuesta mantenerla, es alrededor de $950 mil millones.
¿Qué pasaría si en virtud de lo que se busca con el Referendo, el municipio tuviera que asumir
dicho costo? Siendo el distrito de Bogotá su único dueño, tendría que dejar de invertir dos veces
la totalidad del valor del Plan de desarrollo económico, social ambiental y de obras públicas,
2008-2012 aprobado mediante el Acuerdo 308 de 2008, el cual suma, sólo para el 2008
$439.754 millones, es decir la mitad de la inversión que habría que asumir para cubrir el déficit
que dejaría la Empresa de Acueducto durante ese año. Es factible contra argumentar diciendo
que lo que se asume como “gratuito” es el mínimo vital y no el excedente, sin embargo, la
manera en que está estructurada la propuesta y la ambigüedad del término “mínimo vital”,
implican vacios jurídicos de tal magnitud que podrían terminar en esta cifra.12 | P á g i n aAll pages:123456789101112InfoSaveLikeShareDownloadMoreLa Propiedad del Agua Published on Sep 25, 2008 El acceso al agua se entiende como un derecho pero también como una
obligación. En la medida que la propiedad del agua corresponda al Estado...See Morecolombia7FollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore