Source: https://argitalpen.ararteko.eus/index.php?leng=cast&id_l=95&id_a=2971&sub_pa=V
Timestamp: 2019-05-24 13:33:12
Document Index: 7569653

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 43', 'artículo 56', 'artículo 9', 'artículo 108', 'artículo 67']

En este apartado recogemos las actuaciones del Ararteko que afectan a los derechos de las personas inmigrantes como personas destinatarias de las políticas de las administraciones públicas v ascas. Así mismo, hacemos mención a las novedades más significativas que afectan al fenómeno inmigratorio y a los derechos de las personas extranjeras. Por último, presentamos una v aloración del estado de los derechos ciudadanos en este ámbito.
Según datos de Ikuspegi, Observatorio v asco de Inmigración, el nº de personas extranjeras en el año 2015 es de 137.397, procedentes de 116 países. Dicha cifra comprende al 6,3% de la población v asca; en el Estado la población media extranjera es superior, al alcanzar la cifra del 15%. El 50,7% son hombres y el 49,3% son mujeres. Las nacionalidades de origen principales son Marruecos, Rumania, Bolivia, Portugal y Colombia. El año pasado el número de personas extranjeras era 141.316 personas por lo que se confirma la tendencia a la baja, ya que desde el año 2012 en que el número de personas empadronadas era de 151.894, ha habido una disminución de 14.497 personas empadronadas (sin tener en cuenta las nacionalizaciones que se han concedido). El aumento del número de personas refugiadas en Europa no ha tenido, por el momento, un efecto en las inscripciones en el padrón.
Según el Ministerio de Empleo, con cifras de abril 2015, en la CAV había 48.059 extranjeros afiliados a la Seguridad Social, 3.100 menos que en el mismo mes de 2008. A lo largo del año la cifra de afiliados ha aumentado. Aproximadamente un tercio proceden de la Unión Europea sobre todo de Rumanía, Portugal, Francia e Italia, mientras que dos tercios son extracomunitarios destacando Bolivia, Marruecos, China y Colombia. La afiliación femenina ha resistido mejor la crisis ya que las trabajadoras extranjeras pasan de 18.684 en abril de 2008 a 23.274 en el mismo mes de 2015. Entre los motivos está la mayor estabilidad de la actividad de servicio doméstico, frente a otros sectores con elevada presencia extranjera a los que ha afectado en mayor medida la crisis, como es la construcción.
Según el barómetro 2015 de Ikuspegi, la población v asca ha dejado de v er a la inmigración como un problema real. Las opiniones contrarias a este fenómeno se han reducido hasta el 12,4%, un porcentaje que no se v eía desde 2008, y también ha mejorado el índice de tolerancia, hasta llegar al 58,04% (la segunda puntuación más alta desde que se contabiliza este dato). Ha aumentado el porcentaje de opiniones favorables al acceso de la población inmigrante a la sanidad o la educación, un dato que en los últimos años había sufrido un importante desgaste
Europa este año ha v ivido la mayor crisis de refugiados desde la II Guerra Mundial con un aumento sin precedentes de demandantes de asilo. También han aumentado considerablemente los flujos migratorios. Según el informe anual de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) han podido llegar 1 millón de personas, frente a los 630.000 de 2014. En el 2015 se han podido conceder el estatuto de refugiados a entre 350.000 y 450.000 personas. La OCDE subraya que, pese a la magnitud del fenómeno, “Europa tiene tanto la obligación como la capacidad de manejar esta trágica crisis sin precedentes”. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha cifrado también en más de un millón el número de migrantes y refugiados que han llegado a Europa por mar en 2015. El total de llegadas ascienden a 1.000.573 de las que 844.176 —más del 80%— lo han hecho a Grecia, principalmente a la isla de Lesbos. Por otra parte, 152.000 personas han llegado a Italia, 3.592 lo han hecho a España y otras 105 a Malta. El 49% de las personas llegadas a Europa provenían de Siria, mientras que el 21% lo ha hecho de Afganistán y el 8% de Irak. A ellos hay que sumar un 4% de llegadas desde Eritrea, un 2% desde Pakistán, Nigeria y Somalia, y 1% desde Sudán, Gambia y Malí. Entre estos diez países suman más del 90% de las llegadas. ACNUR ha afirmado además que el 25% de los migrantes y refugiados son niños, mientras que el 17% son mujeres adultas y el restante 58%, hombres adultos. Según datos de Médicos sin Fronteras este año, de nuevo, lamentablemente, han fallecido 3.771 personas en el Mar Mediterráneo intentando alcanzar Europa.
Las personas inmigrantes al igual que el resto de la ciudadanía presentan quejas que afectan a todas las áreas de la institución. Se puede destacar que muchas de las quejas incumben a derechos sociales, por lo que las áreas más concernidas son las de Inclusión Social, Educación, V ivienda, y Sanidad. Otra área afectada es la de Seguridad. Las quejas que atañen a menores extranjeros se analizan en el informe de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia, a cuyo informe nos remitimos. Las quejas que implican a la Administración General del Estado se remiten a la Oficina del Defensor del Pueblo. Por todo ello es difícil concretar el número de quejas que conciernen a este colectivo.
2.1. Empadronamiento
Este año nuevamente hemos tramitado quejas que afectan a la inscripción en el padrón. Estas quejas suelen reconducirse tras la intervención del Ararteko, y en nuestra opinión los ayuntamientos cumplen, en general, la normativa que rige esta materia.
Este año destacamos una actuación que ha dado lugar a una sugerencia que se ha aceptado por el Ayuntamiento de Bilbao.
Hemos concluido una queja formulada por una Asociación relativa a que el Ayuntamiento de Bilbao mantiene una lista de pisos en los que las solicitudes de inscripción padronal no se realizan al momento, sino que quedan pendientes de comprobación de la efectividad de la residencia que se solicita, con la consiguiente demora por v arios meses.
En la queja hacían referencia a que la demora no mantiene ninguna excepción y afectaba tanto a personas adultas como a menores. Además, añadían, que existía una dificultad para darse de alta en un domicilio cuando no había pasado un mes desde la anterior alta en otro domicilio. Según la información que tenían, el aplicativo informático no permitía que hubiera inscripciones en el padrón con duración menor a la de un mes. Otra circunstancia que podía dar lugar a dificultades en la inscripción en el padrón era cuando en una v ivienda había un número elevado de personas ya inscritas en ese domicilio.
Hemos sugerido al Ayuntamiento, resolución del Ararteko, de 16 de junio de 2015, que en los expedientes en los que no se tramita al momento el alta en el padrón de habitantes, se fundamente la conveniencia de reclamar informes que acrediten la residencia efectiva y en dicha justificación se tenga en cuenta el principio de proporcionalidad, el de igualdad y el interés superior del menor. Así mismo que dé publicidad a los criterios que justifican la elaboración de los informes de comprobación de la realidad de la residencia en el domicilio. El Ayuntamiento ha contestado que se impartirán las correspondientes instrucciones para que se actúe de conformidad con lo recomendado y que se estudiará la formalidad jurídica para hacer públicos los criterios generales, o más bien genéricos que justifican la elaboración de informes de comprobación, o de otras indagaciones que prueben la residencia efectiva. Por último nos ha comunicado que se informará a esta institución de su resultado.
2.2. Denegación, suspensión y extinción de prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y Prestación Complementaria de V ivienda (PCV)
Hemos seguido recibiendo quejas que afectan a la denegación y extinción de prestaciones a personas inmigrantes cuyo cónyuge v ive en otro país, normalmente en su país de origen. La normativa establece que las personas unidas a otras por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal para constituir una unidad de convivencia deben v ivir juntas (art. 5.1 a) del Decreto 147/2010, regulador de la Renta de Garantía de Ingresos) y establece una excepción que afecta a las personas inmigrantes a quienes permite la posibilidad de solicitar la prestación y v ivir de manera separada como máximo durante dos años. Esta previsión legal ha dado lugar a que se extingan prestaciones a personas extranjeras que no han reagrupado a su cónyuge en ese tiempo o no han formalizado la separación o el divorcio. Esta institución ha trasladado su opinión relativa a las dificultades que mantienen los cónyuges extranjeros para la reagrupación familiar y a la realidad de que, en muchos casos, se constata un periodo largo de separación de facto. Así, cuando la pareja es extranjera debe reunir determinados requisitos previstos en la normativa, por lo que la reagrupación familiar no depende de su v oluntad, a diferencia de las parejas autóctonas. Tanto la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con sus modificaciones, como el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo establecen requisitos para poder entrar y residir en España a las personas que no tienen la nacionalidad de los Estados que contempla, lo que dificulta el cumplimiento del requisito de acreditar la convivencia.
El Ararteko ha trasladado a Lanbide que en el caso de unidades de convivencia constituidas por personas inmigrantes, (o solicitantes de refugio o de protección internacional a los que se les ha denegado la solicitud), que no puedan reagrupar a su cónyuge (porque no cumplen los requisitos previstos en la normativa o la Administración General del Estado les ha denegado la solicitud de reagrupación) se dejaría sin contenido el derecho a la RGI al exigirles un requisito ajeno a su situación de v ulnerabilidad que no pueden cumplir.
Por otro lado, se trata de parejas que llevan, en ocasiones, un tiempo largo de separación de hecho. Las personas separadas de hecho con último domicilio conyugal en otro Estado o bien que desconocen el domicilio del otro cónyuge o se encuentra en otro país, tienen dificultades para formalizar la separación o divorciarse, por lo que no puede entenderse que en estos casos haya un matrimonio o una relación normalizada.
Queremos mencionar un expediente en el que la aplicación de esta previsión legal ha hecho que ni tan siquiera se aplique la excepción de los dos años, por lo que se le ha denegado la solicitud de prestaciones de RGI y PCV por no constituir una unidad de convivencia al estar casado y no v ivir con su cónyuge residente en Argelia. El promotor de la queja adquirió la nacionalidad española en el año 2013. Además, estaba afecto a un grado de discapacidad del 44%.
Lanbide entendía que la excepción no se aplicaba a las personas de nacionalidad española originaria o adquirida. Entiende que el acceso a la nacionalidad, cuya tramitación se inicia por un acto v oluntario de solicitud por parte de la persona interesada, tiene lugar cuando ha transcurrido un tiempo suficiente como para que la persona inmigrante tenga arraigo suficiente en el país y con dicho acceso deja de ostentar la condición de inmigrante. En su opinión no hay una diferencia de trato discriminatoria sino que la diferencia está basada en un motivo suficientemente fundado ya que no constaba que se hubiera solicitado la residencia en España del cónyuge extranjero. El Ararteko analizó la actuación de Lanbide desde la perspectiva del principio de igualdad y emitió la Resolución del Ararteko de 5 de mayo de 2015.
En la misma se concluía que la exigencia de que los cónyuges v ivan juntos para constituir una unidad de convivencia, prevista en el art.5.1 a) del Decreto 147/2010, en el caso de que la persona nacional tenga un cónyuge extranjero v a en contra del derecho a la igualdad (art. 14 CE) y deja sin contenido el derecho subjetivo a la RGI (art. 12 Ley 18/2008). En la aplicación de dicha previsión legal se está dando un trato diferente a una persona de nacionalidad española con discapacidad cuyo país de origen ha sido otro Estado, pero ha adquirido la nacionalidad española, respecto a otras personas españolas.
Estas personas tienen más probabilidad de que tengan un cónyuge originario de un Estado que no forma parte del Acuerdo Schengen, por lo que para v ivir juntos en el País V asco tienen que cumplir determinados requisitos legales. Así mismo, la denegación de la prestación de RGI por no poder v ivir con su cónyuge implica un trato diferente respecto a otras personas que no tienen cónyuge o pareja y que en las mismas circunstancias de exclusión social pueden acceder a la RGI.
El resultado que se obtiene al aplicar dicha previsión legal aparentemente neutra es desproporcionado porque impide el acceso a un derecho subjetivo, como es el derecho a la RGI, que tiene por objeto hacer frente a las necesidades más básicas y a los gastos derivados del proceso de inclusión social y laboral. Por último, señalábamos que los movimientos migratorios están dando lugar a nuevos supuestos de convivencia, como es este caso, en el que una persona inmigrante ha accedido a la nacionalidad española sin haber reagrupado a su cónyuge de otra nacionalidad. Por ello entendíamos que el Gobierno v asco, en aplicación de la previsión establecida en el artículo 5.4 del Decreto 147/2010, debería definir, a iniciativa propia o a propuesta de otras administraciones públicas, nuevos supuestos de unidad de convivencia atendiendo a la evolución social y, en particular, a la evolución de los modelos de estructura familiar.
En otro expediente, Lanbide había denegado a una persona las solicitudes de RGI y PCV por haber sido objeto de un despido al haberse extinguido su autorización de trabajo y residencia. Lanbide había entendido que era de aplicación el art. 9 del Decreto 147/2010, que señala, entre los requisitos para acceder a la titularidad del derecho, el hacer v aler con carácter previo a la finalización de la instrucción del expediente todo derecho o prestación de contenido económico que le pudiera corresponder y, en caso de disponer de ingresos por trabajo, no disfrutar de una reducción o situación análoga.
En opinión del Ararteko, no puede entenderse que el hecho de haber sido objeto de un despido objetivo tomando como base el encontrarse de manera sobrevenida en situación administrativa irregular, pueda entenderse que tiene un carácter v oluntario y que dicha conducta implica no hacer v aler un derecho económico. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia entendió no ajustada a derecho la denegación de la autorización de residencia permanente. Con base en todo ello trasladamos a Lanbide que debería revisar la denegación de las prestaciones, lo cual, según nos ha informado, ya ha realizado.
Otra dificultad específica que afecta a este colectivo es la de presentar entre la documentación necesaria para el reconocimiento de las prestaciones documentación pública extranjera. Las dificultades afectan tanto a la expedición porque, en ocasiones, implica un coste elevado la tramitación en el país de origen, como al cuestionamiento de la v eracidad de su contenido. Esta documentación abarca certificaciones relativas a la existencia de bienes en el país de origen o bien a su estado civil. Hemos trasladado a Lanbide que el concepto de documento público se ha definido en la Ley 29/2015, de 31 de julio de cooperación jurídica internacional en materia civil (artículo 43 e). En este sentido los documentos públicos expedidos o autorizados por autoridades extranjeras serán ejecutables en España si lo son en su país de origen y no resultan contrarios al orden público (artículo 56). En consecuencia, en aplicación de la nueva normativa, los documentos públicos expedidos o autorizados por autoridades extranjeras tienen v alidez en la tramitación de los expedientes de reconocimiento de prestaciones económicas.
Lanbide nos ha trasladado que están llevando a cabo un esfuerzo considerable para cotejar la v eracidad de la documentación que se presenta. Por un lado, conceden un plazo de seis meses para presentar la documentación y su intención es mejorar la información a la ciudadanía sobre los documentos que deben solicitar y dónde solicitarlos en sus países de origen. También están recogiendo información sobre la v alidez de los documentos de identidad y están formando al personal técnico sobre estas cuestiones. La mejora en la información a la ciudadanía y en la formación del personal que supervisa la documentación que se presenta es fundamental para evitar errores en el reconocimiento del derecho a estas prestaciones económicos que hacen frente a necesidades básicas, así como para el control de que la documentación que se presenta en el expediente se ajusta a la realidad.
Otro problema que mencionamos es el de la titularidad de algún bien inmueble en el país de origen. Esta exigencia únicamente se requiere acreditar a las personas extranjeras. Entre los requisitos para acceder a la titularidad del derecho, el artículo 9.3 b) del Decreto 147/2010, de 25 de mayo exige no disponer de ningún bien inmueble además de la v ivienda habitual. Cuando una persona inmigrante presenta un certificado de un bien del que es propietario en el país de origen se deniegan las prestaciones, en aplicación de dicha previsión legal. Hemos trasladado a Lanbide la reflexión de que estos bienes suelen tener un escaso v alor. La convivencia y relación con personas de otros orígenes que proceden de realidades administrativas diferentes y con contextos sociales y económicos alejados del nuestro hace necesario tener una perspectiva abierta e intercultural en el análisis de los expedientes y en la interpretación de la normativa. Se trata de personas que han iniciado un proyecto migratorio y que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social por lo que no se les presume una solvencia económica. Así mismo, el v alor de estos bienes, puesto en relación con la realidad de estos países con estructuras económicas muy débiles, hace muy improbable que se trate de personas que acrediten recursos económicos suficientes. Al contrario, en la mayoría de los casos cumplen materialmente con los requisitos para ser titulares del derecho a las prestaciones económicas.
En este apartado nos referimos exclusivamente a las quejas que afectan a las personas extranjeras que tienen por motivo algún elemento específico por su condición de extranjería. En el área de inclusión social del Capítulo II de este Informe, hemos hecho referencia a las quejas genéricas que afectan a la denegación, suspensión o extinción de estas prestaciones
2.3. Quejas que mencionamos en otros apartados del informe
En el área de Seguridad del capítulo precitado hemos dado cuenta de la intervención que hemos realizado respecto a los mensajes xenófobos y símbolos nazis aparecidos a comienzos de año en la sede de una asociación de V itoria-Gasteiz que trabaja en el ámbito de la inmigración. Los hechos se repitieron en el mes de noviembre, lo que nos ha obligado a plantear nuevamente el asunto.
En el área de Salud, igualmente, hacemos referencia a que las quejas tramitadas ponen de manifiesto que siguen existiendo situaciones no deseables que dificultan el acceso a la asistencia sanitaria a las personas extranjeras, bien en la solicitud de la acreditación correspondiente, prevista en el Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o en las Instrucciones de la Dirección de Aseguramiento y Contratación, o bien al acudir al centro de salud, es decir, tanto en el ámbito del Departamento de Salud como de Osakidetza. También mencionamos la práctica de entregar una factura en la asistencia sanitaria por urgencia.
Estas quejas parecen manifestar diferencias en la interpretación de la normativa que deberían ser corregidas. En este sentido se recuerda que es de aplicación el art. 2.3 el Decreto v asco 114/2012 al haberse levantado la suspensión por el Auto 239/2012, de 12 de diciembre de 2012 del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tuvo en consideración el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la salud pública y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad frente al ahorro económico (que señala no se había concretado), por lo que mantuvo la v igencia de la ampliación del ámbito subjetivo del derecho a acceder a la asistencia sanitaria pública y gratuita que establecía el Decreto v asco antes citado. Por ello concluimos reiterando la importancia de establecer un marco jurídico adecuado que dote de seguridad jurídica al acceso a la asistencia sanitaria e insistimos en la necesidad de superar el límite de empadronamiento de un año que recogíamos en la Recomendación General del Ararteko 8/2013, de 24 de setiembre,de manera que sea posible el acceso efectivo a la asistencia sanitaria de las personas que no tienen la condición de aseguradas ni beneficiarias del Sistema Nacional de Salud.
En el área de Urbanismo y Ordenación del Territorio mencionamos las actuaciones realizadas con relación a la gestión de la diversidad religiosa de la ordenación urbanística.
Hemos tramitado v arias reclamaciones sobre los requisitos recogidos en la legislación urbanística para la apertura de nuevos centros de culto. En dicho apartado recogemos los planteamientos que entendemos pueden servir de base para la reflexión sobre una adecuada gestión de la diversidad religiosa de la ordenación urbanística. Mencionamos la queja relativa a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao que había introducido una serie de requisitos técnicos para la apertura de centros de cultos v inculados a credos religiosos. Entre otras restricciones planteaba la incompatibilidad de la apertura de estos centros en locales en edificios de uso residencial, siendo solo compatible con edificios destinados a usos terciarios. Estas propuestas de ordenación han sido cuestionadas por restringir el derecho fundamental a la libertad religiosa. Esta modificación del PGOU ha sido recurrida a la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País V asco dando lugar a dos resoluciones. En la última sentencia el TSJ del País V asco ha anulado la ordenación controvertida por no haber respetado el derecho a la participación ciudadana que recoge el artículo 108 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
El criterio de esta institución respecto a la ordenación urbanística de los centros de culto ha sido expuesto con anterioridad como es el caso de la resolución del Ararteko de 9 de enero de 2012, dirigida al Ayuntamiento de Bilbao por la apertura de un nuevo centro de culto musulmán en el barrio de Basurto.
Mencionamos también una queja de una asociación sociocultural que plantea el retraso en la tramitación de una solicitud de licencia para acondicionar un local como sede de esta asociación.
La asociación presentó en el registro del Ayuntamiento de V itoria-Gasteiz una solicitud de permiso de obras y entregó el proyecto de actividad y acondicionamiento del local. Al transcurrir más de 7 meses sin recibir respuesta solicita la intervención del Ararteko. El Ayuntamiento de V itoria-Gasteiz nos ha remitido un informe del servicio de edificaciones en el que da cuenta de que ha sido concedida la licencia de obras solicitada para acondicionar el local para asociación cultural árabe. El informe remitido no indica los motivos por los cuáles el procedimiento ha requerido más de ocho meses. Hemos dirigido una resolución al Ayuntamiento en la que le indicamos que la tramitación del expediente administrativo ha sufrido un retraso de más de cinco meses respecto a los plazos previstos en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y le hemos recordado la obligación de las administraciones públicas de tramitar el procedimiento sin dilaciones indebidas y el derecho de la ciudadanía a obtener un pronunciamiento expreso dentro del plazo máximo para resolver dicho procedimiento.
En el informe de la Oficina de Infancia y Adolescencia anexo a este Informe se recoge una actuación de oficio que hemos iniciado con relación a la progresiva disminución de posibilidades de escolarización–formación de los menores tutelados que residen en los centros dependientes de la Administración. Si bien es cierto que a los menores de 16 años, en edad de escolarización obligatoria, el sistema educativo v asco les ofrece un acceso que les permite un tránsito relativamente fácil a cualificaciones profesionales, no sucede lo mismo para los chicos que son tutelados con más de 16 años. Los dos sistemas desde los que se articulan las acciones para la cualificación profesional no están, de facto, permitiendo el acceso de estos chicos. El sistema educativo, más concretamente, la formación profesional, ha sufrido una modificación importante que afecta, precisamente, a los programas de los que se v enían beneficiando estos chicos y chicas. Estas dificultades son compartidas también por jóvenes mayores de 18 años sin titulación académica anteriores, situación en la que se encuentran buena parte de los jóvenes extranjeros atendidos desde los programas de inserción social.
Por último, este año también hemos tramitado v arias quejas que afectan a las dificultades para federarse de los menores nacidos en otros Estados en la medida en que no acreditaran la preceptiva autorización de la FIFA. En el área de Deportes, Cultura y derechos lingüísticos del Capítulo II, hacemos mención a dichas actuaciones. En las mismas v olvemos a reiterar los argumentos relativos al principio de igualdad y al derecho a la educación. La Dirección de Juventud y Deportes del Gobierno v asco nos trasladó su posición firme y favorable respecto al derecho a estar federado y a los beneficios que implica para los menores la práctica del deporte.
2.4. Quejas recibidas que afectan a la Administración General del Estado
Se reciben numerosas consultas que afectan a las dificultades para la regularización administrativa y a la reagrupación familiar que se derivan al servicio del Gobierno v asco Aholku Sarea.
Las quejas las remitimos al Defensor del Pueblo por ser la institución competente. Muchas de ellas afectan a la denegación o retraso en la tramitación de la solicitud de nacionalidad. Este año destacamos las quejas relativas al nuevo procedimiento para la obtención de la nacionalidad española, regulado en el Real Decreto 1004/2015 de 6 de noviembre. En el mismo se establecen como requisitos previos e indispensables para v alorar la integración en la sociedad, y la adaptación del solicitante a la cultura y costumbres españolas, la superación de unos exámenes: uno de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, y otro de idioma español para los extranjeros en cuyo país de origen el castellano no sea lengua oficial, así como el pago de tasas por la realización de los exámenes y por iniciarse el expediente. Las quejas recibidas se refieren tanto al coste económico como al hecho de que no se toman en consideración para iniciar el expediente otros elementos como la v ida laboral u otros elementos de arraigo. También se refieren, entre otros motivos de queja, a las dificultades que implica la superación de dicho examen para personas con bajos nivel formativo o que se deba realizar el examen aun en el caso de que se hayan cursado estudios en instituciones educativas españolas.
Igualmente, hemos remitido quejas que tienen por objeto la tardanza en la resolución de las solicitudes de apatridia por parte del Ministerio de Interior. Sobre esta cuestión el Defensor del Pueblo ha elaborado una recomendación con relación a la necesidad de adoptar las medidas necesarias para evitar la creciente demora que soportan las solicitudes de apatridia.
Otras quejas afectan a la denegación de la autorización administrativa para trabajar y residir. Se trata de personas que v iven en nuestra comunidad durante años, que han cursado estudios en centros educativos v ascos y que son personas beneficiarias, en ocasiones, de ayudas y prestaciones económicas para poder hacer frente a sus necesidades más básicas, pero que no disponen de una autorización administrativa para residir y trabajar porque no pueden presentar un contrato de trabajo. Otro motivo de queja es la renovación de la autorización administrativa a un único miembro de la familia y la denegación al resto porque no disponen de recursos económicos suficientes.
3.Contexto normativo y social
Este año destacamos los conflictos bélicos del Norte de áfrica, Siria, Irak que han dado lugar al desplazamiento de numerosas personas que huyen de la v iolencia y de la miseria y la respuesta de la sociedad v asca y de las administraciones públicas v ascas que se han solidarizado con el sufrimiento y las dificultades de estas personas.
A continuación recogemos algunos informes de interés sobre la política migratoria de la Unión Europea, programas y actuaciones de interés en el País V asco, informes publicados en el 2015 con relación a discriminación y racismo que las personas inmigrantes sufren, o con relación a políticas de extranjería o respecto a la situación social y laboral de las personas inmigrantes, así como novedades normativas y protocolos de interés.
En la Agenda Europea de Migración, presentada por la Comisión en mayo de 2015, se reconoce la necesidad de un enfoque global para la gestión de la migración. La agenda plantea diferentes retos, entre ellos desincentivar la inmigración irregular, luchar contra el tráfico de personas, fortalecer las fronteras exteriores y salvar las v idas, avanzar hacia una política común de asilo que tenga en cuenta la solidaridad entre los Estados o desarrollar una política sobre inmigración irregular que atraiga a trabajadores que son necesarios para la economía europea. Entre otras cuestiones se refiere a las operaciones de búsqueda y salvamento, a la asistencia de emergencia para asistir a personas refugiadas, a la reubicación de solicitantes de asilo con un sistema estable que se active automáticamente, a dotar de recursos personales en los puestos de Italia y Grecia para facilitar la identificación, y en el reasentamiento de refugiados provenientes de operaciones de la ONU fuera de Europa, y a la devolución de inmigrantes que solicitan asilo por razones económicas. También se prevé un presupuesto de ayuda al desarrollo para reducir la pobreza y para colaborar con los gobiernos en la persecución de los grupos organizados que trafican con personas y la elaboración de una lista de Estados “seguros” respecto de los que no cabría la concesión de asilo.
También se ha presentado el Plan de Acciónde la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015 - 2020) y la COMUNICACIóN conjunta al Parlamento europeo y al Consejo: Abordar la crisis de los refugiados en Europa: el papel de la acción exterior de la UE Bruselas. En el mismo se describe la acción exterior de la Unión Europea para hacer frente a la crisis de los refugiados que se basa en el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad de 2011.
Por otro lado, en el informe de ACNUR “Tendencias del Asilo” se recogen los datos que reflejan el aumento de los solicitantes de asilo en el año 2014, como consecuencia de las guerras en Siria y en Irak y el deterioro de la seguridad en múltiples países.
3.2. País V asco
Queremos destacar programas y actuaciones en favor de la interculturalidad, los encuentros entre familias dentro del programa bizilagunak, los actos de bienvenida a los nuevos empadronados realizados por algunos ayuntamientos, o las declaraciones de ciudades-refugio, ciudades-asilo de plenos municipales, y su disposición a la acogida, siguiendo iniciativas europeas, como la iniciativa ciudadana alemana Flüchtlinge– willkommen [refugiados bienvenidos]. También mencionamos los programas antirumores que se han llevado a cabo en diversas ciudades, las actuaciones de los municipios integrantes de la Red “Intercultural Cities” y el programa DELI promovido por el Consejo de Europa.
Como iniciativa ciudadana destacamos la plataforma Gora Gasteiz que generó una dinámica ciudadana democrática, participativa, abierta y constructiva en defensa de la diversidad y la tolerancia.
Mencionamos por su importancia la proposición no de ley del Parlamento v asco relativa a la denuncia de agresiones xenófobas y la necesidad de desterrar del debate político discursos que puedan provocar dichos actos que se discutió por el Pleno del Parlamento el día 4 de junio. [1011