Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2013-00040-2561-de-noviembre-17-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_c74fc3fb298d4db6b4fe88516dac905e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-12 10:14:03
Document Index: 3847225

Matched Legal Cases: ['artículo 181', 'artículo 146', 'artículo 83', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'artículo 140', 'artículo 50', 'artículo52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52']

﻿ AUTO 2013-00040/2561 DE NOVIEMBRE 17 DE 2017
AUTO 2013-00040 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DE LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE NO INTEGRAR DEBIDAMENTE EL LITISCONSORCIO NECESARIO. CABE SEÑALAR QUE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL LITISCONSORCIO EXISTE CUANDO HAY PLURALIDAD DE SUJETOS EN CALIDAD DE DEMANDANTE (LITISCONSORCIO POR ACTIVA) Y O DEMANDADO (LITISCONSORCIO POR PASIVA) QUE ESTÁN VINCULADOS POR UNA ÚNICA RELACIÓN JURÍDICO SUSTANCIAL. ASÍ LAS COSAS, ES INDISPENSABLE LA PRESENCIA DENTRO DEL LITIGIO DE TODOS Y CADA UNO DE ELLOS, PARA QUE EL PROCESO PUEDA DESARROLLARSE, PUES CUALQUIER DECISIÓN QUE SE TOME PUEDE PERJUDICARLOS O BENEFICIARLOS A TODOS. DE IGUAL FORMA, SE SEÑALÓ QUE LA VINCULACIÓN DE QUIENES CONFORMAN EL LITISCONSORCIO NECESARIO PODRÁ HACERSE DENTRO DE LA DEMANDA, BIEN OBRANDO COMO DEMANDANTES O BIEN LLAMANDO COMO DEMANDADOS A TODOS QUIENES LO INTEGRAN. EN EL EVENTO EN QUE EL JUEZ OMITA CITARLOS, SE DEBE DECLARAR LA NULIDAD DE LO ACTUADO DESDE EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA, NULIDAD, NULIDAD PROCESAL, LITISCONSORTE, LITISCONSORTE NECESARIO, ADMISIÓN DE LA DEMANDA
Auto 2013-00040/2561 de noviembre 17 de 2017
Exp.: 05001-23-31-000-2013-00040-01 (2561-14)
Consejero Sustanciador:
Demandante: Ricardo Acosta Buitrago
Demandada: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Tema: Conformación lista de elegibles; nombramiento en propiedad en cargo de magistrado de tribunal
Actuación: Apelación auto que dispone de oficio integrar litisconsorcio necesario por pasiva.
Bogotá, D. C., diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.
5.1. Competencia. Conforme a lo preceptuado en el artículo 181 del Código Contencioso Administrativo (CCA)(2), corresponde al despacho decidir el recurso de apelación (parcial) interpuesto por el demandante contra el auto de 10 de abril de 2014, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia (subsección laboral de descongestión) ordenó de oficio integrar el litisconsorcio necesario por pasiva.
5.2. Problema jurídico. De conformidad con los antecedentes expuestos, el problema jurídico se contrae a determinar si en el sub lite resulta indispensable integrar el litisconsorcio necesario por pasiva con el destinatario de algunos de los actos administrativos acusados, nombrado como magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín (en lugar del accionante), o quien ejerza dicho cargo actualmente, por cuanto en criterio del a quo no puede emitirse decisión de fondo sin su comparecencia al proceso.
5.3. Integración del litisconsorcio. Sea lo primero precisar que el artículo 146 del CCA regula la intervención de terceros, en los siguientes términos:
En los procesos de simple nulidad cualquier persona podrá pedir que se lo tenga como parte coadyuvante o impugnadora, hasta el vencimiento del término de traslado para alegar en primera o en única instancia.
Por su parte, el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil (CPC), vigente para la fecha de presentación de la demanda (27 de enero de 2012) y que sirvió de fundamento para la decisión adoptada a través del proveído apelado, en relación con el litisconsorcio necesario, establece:
Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.
Si alguno de los citados solicitare pruebas en descrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas; si las decretare, concederá para practicarlas un término que no podrá exceder del previsto para el proceso, o señalará día y hora para audiencia, según el caso.
Ahora bien, los artículos 50, 51 y 52 del CPC definen algunas reglas aplicables a los litisconsortes facultativos y necesarios y a la intervención litisconsorcial, así:
Artículo 50. Litisconsortes facultativos. Salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte, como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso.
Artículo 51. Litisconsortes necesarios. Cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecerá a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si emanan de todos.
Artículo 52. Intervenciones adhesivas y litisconsorcial. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante, de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o segunda instancia.
Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de ésta, los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.
La intervención adhesiva y litisconsorcial es procedente en los procesos de conocimiento, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia, desde la admisión de la demanda. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya, y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes.
Cuando en el acto de su intervención el litisconsorte solicite pruebas, el juez las decretará si fueren procedentes y las considera necesarias.
Si estuviere vencido el término para practicarlas o lo que restare de éste no fuere suficiente, otorgará uno adicional hasta de diez días.
Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que hubiere formulado el interviniente.
La intervención anterior a la notificación del demandado, se resolverá luego de efectuada ésta. El auto que acepte o niegue la intervención es apelable.
La Sección Tercera (Subsección B) de esta corporación, en sentencia de 23 de febrero de 2012, Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio, Expediente 05001-23-26-000-1994-00558-01(20810), acerca del tema explicó:
Al respecto, valga recordar que las partes que participan en la composición de un litigio, como demandante y demandado, pueden estar conformadas por una sola persona en cada caso o, por el contrario, pueden converger a integrarlas una pluralidad de sujetos, evento en el cual se está en presencia de lo que la ley y la doctrina han denominado un litisconsorcio. Esta figura consagrada en nuestra legislación procesal (arts. 50 y siguientes del C. de P. Civil), ha sido dividida tradicionalmente en dos clases, atendiendo a la naturaleza y número de relaciones jurídicas que intervengan en el proceso: litisconsorcio necesario y voluntario o facultativo.
Existe litisconsorcio necesario cuando hay pluralidad de sujetos en calidad de demandante (litisconsorcio por activa) o demandado (litisconsorcio por pasiva) que están vinculados por una única relación jurídico sustancial. En este caso y por expreso mandato de la ley, es indispensable la presencia dentro del litigio de todos y cada uno de ellos, para que el proceso pueda desarrollarse, pues cualquier decisión que se tome dentro de éste puede perjudicar o beneficiarlos a todos.
La vinculación de quienes conforman el litisconsorcio necesario podrá hacerse dentro de la demanda, bien obrando como demandantes o bien llamando como demandados a todos quienes lo integran y en el evento en que el juez omita citarlos, debe declararse la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda (numeral 8º del artículo 140 del C. de P. Civil). Si esto no ocurre, el juez de oficio o por solicitud de parte podrá vincularlos en el auto admisorio de la demanda o en cualquier tiempo antes de la sentencia de primera instancia, otorgándoles un término para que comparezcan, y de no hacerlo debe declararse la nulidad de una parte del proceso o a partir de la sentencia de primera instancia (numeral 9º ibídem), con el fin de lograr su vinculación al proceso para que tengan la oportunidad de asumir la defensa de sus intereses, dado que la sentencia los puede afectar.
En cambio, el litisconsorcio será facultativo o voluntario cuando concurran libremente al litigio varias personas, en calidad de demandantes o demandados, ya no en virtud de una única relación jurídica, sino de tantas cuantas partes dentro del proceso deciden unirse para promoverlo conjuntamente (legitimación por activa), aunque válidamente pudieran iniciarlo por separado, o de padecer la acción si sólo uno o varios de ellos debe soportar la pretensión del actor (legitimación por pasiva). Bajo esta modalidad, los actos de cada uno de los litisconsortes no redundarán en provecho o en perjuicio de los otros, sin que ello afecte la unidad del proceso o implique que la sentencia sea igual para todos (art. 50 del C. de P. Civil).
La Corte Suprema de Justicia, ha reconocido la existencia de esta intervención litisconsorcial, y con base en el mencionado texto ha dicho que:
“Por encima de las dudas que suscita la nominación, lo cierto es que la ley procesal colombiana, de manera expresa sólo identifica dos tipos de litisconsorcios: el facultativo en el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil y el necesario en el 51, ambos referidos a la integración plural de las partes. Empero, elartículo52inciso3º ibídem, según se vio, regula un tipo de intervención de terceroque no seacomodaestrictamenteallitisconsorcionecesario,pero tampoco al facultativo, porque aun sin su presencia lasentencia produce‘efectosjurídicos’olovinculaencuanto afectala determinadarelaciónsustancialde que era titular, razón por la que estaba legitimado ‘para demandar o ser demandado en el proceso’. En otras palabras, el citado inciso consagra la llamada por el mismo artículo 52 ‘intervención’ ‘litisconsorcial’ que bien pudiera señalarse como ‘cualificada’, para diferenciarla en todo caso de la intervención ‘simple’ o ‘adhesiva’ o de mera coadyuvancia. Esta intervención litisconsorcial, según lo indica el mencionado texto, se presenta cuando el interviniente sostiene con una de las partes una determinada relación sustancial que habrá de ser afectada por la sentencia, en cuanto sobre ella se irradien los efectos de cosa juzgada, radicando en esto el núcleo esencial del interés del tercero, al cual la ley le da la mayor relevancia, al instituir al tercero que así interviene como parte autónoma, otorgándole la condición de litisconsorte y reconociéndole todas las garantías y facultades de parte”.·–Subraya la Sala(3)–
Además, esta modalidad se identifica con el litis consorcio necesario en que en una y en otra la sentencia vincula al tercero y lo afecta, pero se diferencian en que en el litis consorcio cuasinecesario no se requiere que todos los sujetos comparezcan al proceso para proferirla; y se parece al litis consorcio facultativo en que el sujeto voluntariamente puede concurrir o no al proceso, pero difiere del mismo por cuanto si no comparece al proceso la sentencia es uniforme y lo vincula. Con todo, el interviniente cuasinecesario puede presentarse al proceso en el estado en que se encuentre, siempre que no se haya dictado sentencia de única o segunda instancia, y procede su actuación con todas las prerrogativas de parte, tal y como lo indica el artículo 52 del C. del P. Civil.
De igual modo, la sección tercera (subsección C) de esta Colegiatura, en providencia de 6 de junio de 2012(4), sostuvo:
La figura del litisconsorcio se presenta cuando uno o los dos extremos de la relación jurídico procesal está integrado por varios sujetos de derecho y puede ser facultativo, cuasinecesario o necesario:
i) El Código de Procedimiento Civil define el litisconsorcio facultativo como aquel en el cual los diversos sujetos de derecho se consideran en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados y los actos de cada uno de ellos no redundan en provecho, ni en perjuicio de los demás (art. 50). Esta clase de litisconsorcio tiene lugar cuando la presencia de los sujetos que lo integran no es requisito para la debida integración del contradictorio, porque ostentan relaciones jurídicas independientes respecto de la otra parte procesal y sólo por razones de conveniencia o de economía concurren a un mismo proceso.
La conformación de este tipo de litisconsorcio depende de la voluntad de cada una de las personas que lo integran y su ausencia no vicia la validez del proceso.
ii) El litisconsorcio cuasinecesario está regulado en el inciso 3º, artículo 52 del C. de P.C.(5) y se caracteriza porque no es obligatoria la comparecencia del otro sujeto y aunque no participe o no haya sido citado, los efectos de la sentencia lo cobijan. Para que opere se necesita un evento de citación forzosa más [sic] no de comparecencia forzosa.
iii) El litisconsorcio necesario se presenta cuando la cuestión litigiosa tiene por objeto una relación jurídica material, única e indivisible, que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que integran la parte correspondiente (art. 51 C de P. C.), lo cual impone su comparecencia obligatoria al proceso, por ser un requisito imprescindible para adelantarlo válidamente, al respecto, el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil establece que:
“Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de éste a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.
En el caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez hará la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para comparecer los citados. (…)”.
En el evento de que el juez pudiese dictar sentencia sin necesidad de vincular a otro sujeto de derecho, que habría podido ser parte en el mismo proceso o en otro distinto con fundamento en los mismos hechos, no se estaría en presencia de un litisconsorcio necesario .y por tanto, no se impondría la citación forzosa que prevé el artículo 83.
La característica esencial del litisconsorcio necesario es que la sentencia tiene que ser única y de igual contenido para la pluralidad de sujetos que integran la relación jurídico-procesal, unidad que impide adoptar decisiones que no incidan en todos los integrantes, en tanto que en el litisconsorcio facultativo como la pluralidad de partes corresponde también a una pluralidad de relaciones sustanciales controvertidas, es posible que las causas reunidas se separen en cierto momento y cada uno vuelva a ser objeto de un proceso separado(6).
De acuerdo con lo anterior, el elemento diferenciador de este litisconsorcio con el facultativo es la unicidad de la relación sustancial materia del litigio; mientras que en el litisconsorcio facultativo los sujetos tienen relaciones jurídicas independientes, en el necesario existe una unidad inescindible respecto del derecho sustancial en debate.
De acuerdo con la normativa y los derroteros jurisprudenciales antes citados, se tiene que son tres los tipos de litisconsorcio que admite el Código de Procedimiento Civil, esto es, necesario, facultativo y cuasinecesario. Respecto del primero es indispensable determinar que (i) la decisión del litigio haya de ser uniforme respecto de las relaciones o actos jurídicos sobre los cuales se trate el caso, bien sea por su naturaleza o por disposición legal, y (ii) no pueda decidirse el fondo de la controversia a falta de alguno de los sujetos que intervinieron en tales relaciones o actos. Por su parte, en lo que atañe al tercero, este encuentra su fundamento en el inciso 3º del artículo 52 ibídem, consistente en que a pesar de que sin su comparecencia es dable dictar sentencia, puede resultar afectada alguna relación sustancial de la que es titular y que tenga con una de las partes del litigio, por lo que debe ser citado, pero su concurrencia al proceso no resulta obligatoria.
5.4. Caso concreto. En el sub lite, se tiene que el demandante reclama, entre otras pretensiones, la nulidad de (i) el acto ficto o presunto del Consejo Superior de la Judicatura, “por medio del cual se debió haber conformado la lista de candidatos, con base en la relación de aspirantes por sede en estricto orden del Registro de Elegibles vigente al momento en que se presentó la vacante para el despacho que dio origen a la publicación de la sede, es decir, la plaza de Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en la cual el señor Ricardo Acosta Buitrago ocuparía el primer puesto”; y (ii) las actas de sesión ordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, donde se deliberó sobre la designación y el nombramiento del “[...] Dr. Luis Humberto Otálora Mesa como magistrado en propiedad para ocupar la vacante definitiva de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín dejada por la Dra. Ángela Antonia Osejo de Guerrero”.
Asimismo, a título de restablecimiento del derecho, pide se ordene (i) al Consejo Superior de la Judicatura conformar una lista de candidatos para la designación en un cargo con vacancia definitiva de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín “[...] en el estricto orden del Registro de Elegibles vigente al momento en que se presentó la vacante dejada por la Dra. Ángela Antonia Osejo de Guerrero anunciada para ser provista por el sistema de carrera judicial previo concurso de méritos el 1º de julio de 2011, con los que optaron por la sede mencionada según la lista de aspirantes elaborada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial en el mismo mes de julio de 2011, y remitirla a la entidad nominadora, es decir, la Corte Suprema de Justicia”; y (ii) a la Corte Suprema de Justicia nombrarlo a partir del 29 de agosto de 2011 “[...] en propiedad, de la lista de candidatos enviada por el Consejo Superior de la Judicatura en cumplimiento de la orden anterior, al primero de la lista, es decir, [a él] en el cargo de Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en las mismas condiciones en las que hubiere sido nombrado en la vacante definitiva dejada por la Dra. Ángela Antonia Osejo de Guerrero en el mes agosto de 2011 en la precitada Sala del Tribunal”.
En este orden de ideas, comoquiera que el demandante reclama la nulidad del acta por medio del cual se nombró al doctor Luis Humberto Otálora Mesa, en reemplazo de la doctora Ángela Antonia Osejo de Guerrero, como magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, es indispensable vincular a aquel, puesto que podría resultar perjudicado con la eventual anulación de los actos administrativos demandados; sin embargo, no pasa lo mismo con la persona que actualmente ejerce ese cargo, puesto que, según lo informado por el recurrente, esta fue designada con ocasión del retiro del doctor Otálora Mesa, por lo que su nombramiento no se vería afectado por la anulación de los actos acusados, máxime cuando el actor solicita su designación en cualquier vacante definitiva de magistrado de la citada Sala.
Aunque el apelante tiene razón al afirmar que sin la comparecencia del doctor Otálora Mesa es dable dictar sentencia de mérito, cabe precisar que su vinculación procede en condición de litisconsorte cuasinecesario, en la medida en que él fue el destinatario de algunos de los actos administrativos acusados, que atañen a su nombramiento como magistrado, y en caso de que se declare la nulidad de estos podría verse perjudicado, independientemente de su calidad o no de tercero de buena fe, lo cual será definido en el fallo favorable a las pretensiones que se podría dictar dentro del asunto.
Por lo tanto, en atención a que el doctor Otálora Mesa tiene interés en las resultas del proceso, al tener una relación jurídico-sustancial con la demandada, dada su vinculación laboral como magistrado en la vacante que alega el actor debió ser nombrado en su oportunidad, la cual podría verse afectada con una sentencia anulatoria de los actos administrativos demandados, debe ser citado, aunque su comparecencia no sea obligatoria, dada su condición de litisconsorte cuasinecesario.
Por lo anterior, carece de asidero jurídico lo estimado por el a quo, en cuanto a que el doctor Luis Humberto Otálora Mesa o quien actualmente desempeña el empleo de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín (que fue ejercido por la doctora· Ángela Antonia Osejo de Guerrero) comporta un litisconsorte necesario, toda vez que al no haber intervenido en la expedición de los actos administrativos demandados, es perfectamente dable dictar una decisión de fondo respecto de las pretensiones de la acción contencioso­administrativa, pero al ser el primero destinatario de estos, sí puede resultar afectado por la eventual anulación de dichos actos.
En consecuencia, en aras de garantizar el derecho de defensa y contradicción del doctor Luis Humberto Otálora Mesa, quien fue designado como magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, en la vacante definitiva dejada por la doctora Ángela Antonia Osejo de Guerrero en agosto de 2011, dado que el demandante reclama la anulación de su nombramiento y en caso de acceder a esa pretensión podría resultar afectado, el auto apelado ha de ser confirmado de manera parcial, en cuanto ordenó la integración del litisconsorcio por pasiva, y será modificado en el sentido de que dicho litisconsorcio comporta carácter cuasinecesario, conforme al artículo 52 (inciso 3º) del CPC, y solo deberá citarse al doctor Luis Humberto Otálora Mesa.
1. Confírmase parcialmente el auto proferido el 10 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de Antioquia (subsección laboral de descongestión), dentro del asunto de la referencia, que, entre otras decisiones, dispuso la integración del litisconsorcio por pasiva, conforme a la parte motiva de esta providencia.
2. Modifícase el mencionado proveído de 10 de abril de 2014, en el sentido de que el litisconsorcio que se ordena integrar comporta carácter cuasinecesario respecto del doctor Luis Humberto Otálora Mesa, de acuerdo con la motivación de este auto.
2 “Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales de los jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus secciones o subsecciones, según el caso; o por los jueces administrativos:
3 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, sentencia de 24 de octubre de 2000, Exp. 5387, M. P. José Fernando Ramírez Gómez.
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto de 6 de junio de 2012, Expediente 15001-23-31-000-2007-00133-02 (43049), M. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
5 El inciso 3º del artículo 52 del C. de P. C. establece: “Podrán intervenir en el proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de ésta, los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso”.
6 Sentencia del 14 de junio de 1971, Gaceta Judicial. CXXXVIII, pág. 389.