Source: https://www.scribd.com/document/352003388/Estado-Alarma-Controladores-Huelga
Timestamp: 2019-01-23 20:23:26
Document Index: 37392486

Matched Legal Cases: ['Artículo 116', 'Artículo 116', 'artículo 4', 'Artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 28', 'artículo 117', 'Artículo 116', 'Artículo 8']

2j.la Prisión Preventiva, Su Adecuación
PLENARIO Diaz Bessone - POLITICA CRIMINAL Y REFORMAS A LA ADM. DE JUSTICIA (30-10-07).pdf
ISSN 1695-0194 RECPC 14-11 (2012)
ESTADO DE ALARMA Y
A propósito de la crisis de los controladores civiles de tránsito aéreo
Profesor Ayudante Doctor. Universidad de Alicante
SANDOVAL, Juan Carlos. Presupuestos del estado alarma, regulado en la LO 4/1981, de 4 de junio,
de alarma y repercusiones penales. A propósito de la puede ser declarado para hacer frente a situaciones
crisis de los controladores civiles de tránsito aéreo. de grave conflictividad social y si las repercusiones
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminolo- penales que conlleva esta declaración pueden
gía (en línea). 2012, núm. 14-11, p. 11:1-11:24. vulnerar la Constitución.
PALABRAS CLAVE: Constitución, estados
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excepcionales, estado de alarma, Código penal,
ISSN 1695-0194 [RECPC 14-11 (2012), 20 dic]
Código penal militar, tribunales militares.
RESUMEN: En relación con la crisis de los contro-
ladores civiles de tránsito aéreo acaecida en diciem-
bre de 2010, la contribución analiza si el estado de
SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. EL ESTADO DE ALARMA EN EL DERECHO DE
EXCEPCIÓN ESPAÑOL. 2.1 El Derecho de excepción: características generales. 2.2
Presupuestos de hecho del estado de alarma: ¿son atípicas las situaciones de conflictivi-
dad social? 3. LAS CONSECUENCIAS PENALES DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO
DE ALARMA 3.1 Planteamiento del problema. 3.2 La aplicación de la legislación penal
militar al personal «movilizado» de empresas y servicios: ¿un efecto penal del estado de
alarma? 4. Conclusiones.
Nota: Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación Estudios de Política Criminal,
Derecho penal y Criminología, financiado por la Universidad de Alicante (VIGROB-209) y dirigido por la
Profª. Carmen Juanatey Dorado, catedrática de Derecho penal.
RECPC 14-11 (2012) − http://criminet.ugr.es/recpc − ISSN 1695-0194
11: 2 Juan Carlos Sandoval
En diciembre de 2010, en virtud del Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre,
se declaró el estado de alarma en todo el territorio español «con el fin de hacer
frente a la situación de paralización del servicio público esencial del transporte
aéreo» (art. 1). De acuerdo con este propósito, se dispuso que el estado de alarma
afectara, «en todo el territorio nacional, a la totalidad de las torres de control de los
aeropuertos de la red y a los centros de control gestionados por la entidad pública
empresarial “Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)”» (art. 2). Y,
con independencia de otras medidas, también se estableció que todos los controla-
dores civiles de tránsito aéreo al servicio de AENA pasaran a ser considerados,
durante la vigencia del estado de alarma1, «personal militar» sujeto a lo prevenido
en las «leyes penales y disciplinarias militares» (art. 3).
La declaración del estado de alarma fue la respuesta del Gobierno estatal a la cri-
sis social y económica que generó el cierre del espacio aéreo español durante los
días 3 y 4 de diciembre de 2010, y que fue causada -empleando palabras del Real
Decreto citado- por el «abandono de sus obligaciones por parte de los controladores
civiles de tránsito aéreo».
En relación con estos hechos, considero que hay, al menos, tres aspectos que son
relevantes para el tema de esta contribución. El primero es que el Gobierno empleó
una parte del Ordenamiento jurídico -el llamado Derecho de excepción- al que no
se había recurrido desde el restablecimiento de la Democracia. Esto último es
importante porque, mientras que históricamente la declaración de una situación de
anormalidad constitucional fue la vía usual para solventar cualquier tipo de crisis
política o social2, en cambio, a partir de la entrada en vigor de la Constitución de
1978 ni la estabilidad del sistema político-constitucional democrático, ni la paz
social se habían intentado mantener mediante la declaración de alguno de los esta-
dos excepcionales que regula el art. 116 CE3 y la lo 4/1981, de 4 de junio, sobre
estados de alarma, excepción y sitio (en lo sucesivo, LODES).
El segundo aspecto consiste en que al amparo de la implantación del estado de
alarma se acordó, por primera vez desde que terminó la dictadura franquista, la
militarización de un determinado colectivo de civiles. La trascendencia de esta
medida es doble. Por un lado, la regulación legal de los efectos del estado de alar-
Según el art. 5 del Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, se declaró el estado de alarma durante 15 días natu-
rales, de modo que expiraba el 19 de diciembre del mismo año. Este plazo se prorrogó a través del Real Decreto
1717/2010, de 17 de diciembre, previa autorización del Congreso de los Diputados, hasta las 24 horas del 15 de enero de
2011. A partir de este último momento, el estado de alarma quedó levantado automáticamente.
Al respecto, entre otros, vid., ALONSO DE ESCAMILLA, A.: «La legislación histórica de orden público», en:
QUINTERO OLIVARES, G. y MORALES PRATS, F. (COORDS.): El nuevo Derecho penal español. Estudios penales en
memoria del Profesor JOSÉ MANUEL VALLE MUÑIZ, Pamplona, Aranzadi, 2001; BALLBE MAYOL, M.: Orden público y
De ahí que, al cumplirse veinticinco años de la promulgación de la Constitución, autores como CARRO MARTÍNEZ
sostuvieron que el rasgo más relevante del art. 116 CE era, «afortunadamente, su implícita inanidad para el normal
desarrollo de la actual vida política española» [«Artículo 116. Situaciones de anormalidad constitucional», en: ALZAGA
VILLAMIL, O.: Comentarios a la Constitución española de 1978, t. IX, Madrid, Edersa, 2003, p. 260].
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edición nacional de 24 de enero de 2011. en segundo lugar. A fin de llevar a cabo este análisis. en relación con las medidas excepcionales. Finalmente. Por otro lado. por la Ley 209/1964.pdf . en su caso.ugr. dudoso». si bien el «Parlamento. estudiaré uno de los efectos más polémicos del estado de alarma: la aplicación de la legislación penal militar al personal moviliza- do de empresas y servicios públicos. el tercer aspecto es el relativo a la cuestión de si era necesario so- meter a los controladores aéreos a la legislación castrense. GIMBERNAT ORDEIG en tres artículos de opinión -«Sedición. los pre- supuestos legales de la declaración del estado de alarma en el marco del Derecho de excepción y. Las consecuencias jurídicas». 75]. en las siguientes páginas analizaré. es decir. Civitas. por ejemplo. mantiene un estrecho control» sobre 4 El «estado de alarma -afirma CRUZ VILLALÓN. concretamente el Congreso de los Diputados. http://criminet. RECPC 14-11 (2012) . de excepción y de sitio)». Ahora bien.que fueron publicados en el diario El Mundo. Madrid. “constitucionalmente relevantes”. explica Cruz Villalón. o si -como sostienen algunos autores. EL ESTADO DE ALARMA EN EL DERECHO DE EXCEPCIÓN ESPAÑOL 2. 2. el Derecho de excepción se diversifica en una «plurali- dad de estados excepcionales. desobediencia militar.1984.es el que más dificultades plantea en relación con los posibles efec- tos del mismo. resulta difícil determinar qué medidas excepcionales se pueden adoptar durante este estado excepcional4. sí.las necesidades de intervención penal podían ser satisfechas por el Código penal común5 o. la adopción de medidas de trascendencia penal. ediciones nacionales de 5.Presupuestos del estado de alarma y repercusiones penales 11: 3 ma es poco clara y. de alguna forma. añade el mismo autor. ante un supuesto de emergencia. la doctrina ma- yoritaria ha cuestionado la constitucionalidad de la militarización de los controla- dores aéreos y el sometimiento de los mismos a la ley militar al amparo de la decla- ración del estado de alarma debido. 7 y 10 de diciembre de 2010. cada uno de ellos vinculado a un tipo específico de emergencia (estados de alarma.es/recpc/14/recpc14-11. de una serie de modificaciones puntuales y concretas respecto de la vigencia ordinaria de la Constitución (estado excepcional)». entre otras razones. y si los efectos que apareja dicho estado excepcional supo- nen. por ello. publicado en el diario El País. p. 6 A favor de la aplicación de la LEY PENAL Y PROCESAL DE NAVEGACIÓN AÉREA se ha manifestado.1. ha adop- tado un modelo de Derecho de excepción que está «basado en la previsión. «Contra la “moviliza- ción” de los controladores» y «Otra vez: contra la “movilización”». penal y procesal de la navegación aérea6. El Derecho de excepción: características generales El ordenamiento constitucional español de 1978. 5 En este sentido se ha pronunciado DÍEZ RIPOLLÉS en el reportaje «Estado de alarma. a que estas medidas conllevan una ampliación de la competencia penal de los tribunales castrenses no autorizada por la Constitución. En atención a las observaciones precedentes resulta oportuno analizar si el esta- do de alarma puede ser empleado como un instrumento para solventar situaciones de conflictividad social. que cabe adoptar como consecuencia de su declaración» [Estados excepcionales y suspensión de garantías.
: «Los estados de alarma. aunque resulte paradójico. Comentario a la Ley Orgánica 4/1981. 19]. tales disposiciones afectarían a partes muy concretas del texto constitu- cional11 y. 5. 18 apartados 2 y 3. 7 CRUZ VILLALÓN. P. 101. de 1 de junio». 8 Así. supuestos en una palabra en los que se pone en peligro la subsistencia física de la comunidad o de parte de ella. por lo general. las situaciones de emergencia suelen ir asociadas. p. únicamente estarían justificadas en tanto fueran estrictamen- te necesarias. la finalidad última del Derecho de excepción es proteger al Es- tado democrático de Derecho.2 LODES: « Las medidas a adoptar en los Estados de Alarma. artículos 21 y 28. Las cursivas me pertene- cen. la tercera razón es que con el fin de solventar tal tipo de situa- ciones graves y. exterior al funcionamiento de la Constitución […que] pueden ser grandes catástrofes naturales o accidentes producidos por la mano del hombre. situaciones de aislamiento económico de la comunidad o incluso supuestos de agresión armada. 1. 2012. En este sentido. según CRUZ VILLALÓN. 55.. Finalmente. aseguran la vigencia de la Constitución9. o su subsistencia como comunidad política soberana o independiente» [Estados excepcionales…. a crisis políticas. 14-11. así como la duración de los mismos. p. La segunda razón es que el Derecho de excepción está destinado. p. p. si se prefiere. núm. cit.1 LODES: «Procederá la declara- ción de los estados de alarma. institucional y jurídico del Estado democrático de Derecho diseñado en la Constitución.. La primera razón es que el em- pleo de este Derecho tiene el carácter de ultima ratio8. al declarar el estado de excepción o el de sitio se pueden adoptar medidas extraordi- narias que. Las cursivas me pertene- cen. y 5.a) y d). 1. en su caso. en: Revista de Política Comparada núm. que son las que surgen de ataques o atentados contra el entramado político. aunque se trata de una tutela que debe ser «extraor- dinaria». 11 Las partes de la Constitución que se verían afectadas están señaladas en el art. a hacer frente a situaciones que el constituyente o. actualmente nadie discute seriamente que los estados de emergencia también pueden derivarse de crisis sociales o económicas o. cit. por definición. serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. las «crisis políticamente neutrales» tienen un «origen ajeno. a la vez. proporcionadas y adecuadas para el logro del fin que con ellas se persiga12. 10 Las «crisis políticas» son. asegurar el retorno a la normalidad constitucional. apartado 2. el legislador ha considerado extremas. ya que sólo puede recurrirse al mismo en defecto de los mecanismos e instituciones que. opino que se pueden señalar tres características generales del Derecho de excepción en el ordenamiento consti- tucional democrático español. aquellas «situaciones en las que lo que se encuentra en crisis es la Constitución misma. la jurisdicción constitucional y los procedimientos de reforma constitucional-. apartados 1. por ejemplo. 12 Estas exigencias están previstas en el art. En todo caso. es decir. 11:1-11:24 − ISSN 1695-0194 . I. Excep- ción y Sitio. Ahora bien. sobre todo. En primer lugar.11: 4 Juan Carlos Sandoval todos ellos7. excepción y sitio. de forma ordinaria - como. el modelo de organización política proyectado en la Constitución». podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio».: Estados excepcionales…. de «crisis políticamente neutra- les»10. artículos 19 y 20. A partir del planteamiento precedente. restrinjan la vigencia de la Constitución. hipótesis de emergencia que previsiblemente pondrán en peligro la existencia de aspectos esenciales del Estado. En cambio. prosigue el mismo autor. y este rasgo se explica por tres razones. 47. 1981.1 CE: «Los derechos reconoci- dos en los artículos 17. excepción o sitio cuando las circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mante- nimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes». BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE. 9 El carácter de ultima ratio del Derecho de excepción está refrendado en el art.
deberá ser necesaria. Las cursivas me pertenecen. se han tipificado los estados excepcionales asociando cada uno a situaciones de crisis o de emergencias específicas. 13 Así opinan. En ese orden de ideas.4 CE y 32. incluidas las relativas a la suspensión de derechos. en: Revista Española de Derecho Constitucional vol. no le falta razón a REQUEJO RODRÍGUEZ cuando sostiene que. Finalmente.3 CE y art. A diferencia de sus predecesoras. 114]. prorrogue el estado de alarma (art. sobre todo. y SÁNCHEZ AGESTA. encomienda dicha regulación al legis- lador ordinario.: «El nuevo Derecho de excepción». p. 14 El Gobierno estatal sólo puede declarar de forma autónoma el estado de alarma. la Constitución prevé que la «autorización y proclamación» del mismo «deberá determinar expresamente los efectos del mismo. mayo-agosto de 1981. en: Revista de Derecho Político núm. 1. con los mismos requisitos» (art. por ejemplo.3)..2 CE y art. en tercer lugar.2. «como principio general.4). CRUZ VILLALÓN. 116.: Sistema político de la Constitución española de 1978. por ejemplo. 3 y 4) y las medidas extraordinarias que pueden adoptarse en tales casos (art. 6. 116. http://criminet. 116. Las cursivas me pertenecen. 6. además. si es necesario recurrir a algún estado excepcional13. el ámbito territorial a que se extiende y su duración. sobre esta base. 55 CE). aunque el Gobierno estatal tiene un gran protagonismo en la ges- tión de los estados excepcionales. en su caso. 7ª ed. 15 Tratándose del estado de alarma. Teniendo en cuenta este precepto de la LODES. 104. 2. núm. el texto constitucional prescribe que el Congreso de los Diputados determinará el «ámbito territorial. la prórroga gubernamental del estado de alarma. L. Madrid. Cruz Villalón. debe ser autorizada por el Congreso de Diputados (art. la última característica a destacar del Derecho de ex- cepción es que se estructura a través de una pluralidad de situaciones de emergencia o de estados excepcionales.1 CE). el Congreso de los Diputados determina en gran medida el plazo de los estados excepcionales y. el restablecimiento de la normalidad perdida» [«¿Suspensión o supresión de derechos funda- mentales?». P. sostienen que asegurar el restablecimiento de la normalidad. la Constitución de 1978 señala el nombre de cada uno de tales estados y.Presupuestos del estado de alarma y repercusiones penales 11: 5 En segundo lugar. Asimismo. esto es.1 LODES) y. Así. al realizar los actos antes descritos. Edersa. Sin embargo. que no podrá exceder de treinta días. duración y condiciones» del estado de sitio (art. prorrogables por otro plazo igual. 116. el Congreso controla si. los procedimientos que se deben seguir para su formalización (art. como ya he dicho. 51.ugr. si bien estableciendo una reserva de ley orgánica (art. 116. cuáles son las medidas extraordinarias que procede adoptar en cada uno de ellos15. entre otros.1 LODES). otra característica general del Derecho de excepción es el ejercicio de un importante control por parte del Congreso de los Diputados sobre su aplicación. la Constitución en lugar de concretar. 13 LODES) o. En cambio. pero sólo en el caso de que la duración del mismo no exceda de 15 días (art. cualquier medida que se tome con ocasión de la declaración de un estado excepcional. en efecto. es la encargada de autorizar al Gobierno para que declare el estado de excep- ción (art. existe una situación de crisis o de emergencia y. Lo anterior se infiere del hecho de que esta cámara concentra la mayor parte de la potestad para decidir si se implantan tales estados: es competente para declarar el estado de sitio (arts. ade- más. la LODES establece que el Congreso de los Diputados «podrá establecer el al- cance y las condiciones vigentes durante la prórroga» (art.pdf . p. en la LODES se han desarrollado todos los aspectos esen- ciales del art.2 LODES). p. entre otras materias. en tal medida. RECPC 14-11 (2012) . 2001. 116. 116 CE y. En virtud de esta disposición. autores como. 6. 116. Su aplicación se realizará en forma proporcionada a las circunstancias».2). hace referencia a algunos aspectos relevantes de los mismos como. En el caso del estado de excepción. 1994. Asimismo. 222. las circunstancias o los supuestos de hecho que motivan las declaraciones de los estados excepcionales.2 LODES)14. adecuada y proporcional con el fin que se pretende.es/recpc/14/recpc14-11. 6.
4. b. Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. 14-11. Presupuestos de hecho del estado de alarma: ¿son atípicas las situaciones de conflictividad social? El estado de alarma está regulado en el capítulo ii de la LODES (arts. calamidades o desgracias públicas. 2. el de sitio es el «estado excep- cional militar. tales como terremotos. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad. y que tampoco ha sido resuelta por completo. cit. cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28. d. c. el estado de alarma está «concebido sustancialmente frente a catástrofes naturales y accidentes de gran magnitud»16. puede consistir en: «a.11: 6 Juan Carlos Sandoval mientras el estado de excepción es el «estado excepcional civil previsto frente a situaciones de grave alteración del orden público». tam- bién está referido a situaciones de conflicto social o político que no son propias del presupuesto de hecho del estado de excepción o.2 y 37. a diferencia de los dos anteriores. previsto para aquellas situaciones extremas en las que está en juego directamente la supervivencia del Estado como Estado soberano y su orden constitucional». el presupuesto de hecho del estado de alarma está circunscrito a la descripción precedente o si. según el art. inundaciones.. del estado de sitio. 2012. calamidades o desgracias públicas La interpretación dominante en la doctrina es que las catástrofes públicas tipifi- 16 CRUZ VILLALÓN. p. a. tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. A pesar de lo anterior. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.2 de la Constitución. 4 a 12).2. en su caso. y la hipótesis que habilita su declaración es la existencia de alguna situación de «alteración grave de la normalidad» que. considero importante poner de relieve que el mismo no es novedoso. ya que la doctrina se ha ocupado del mismo desde que se promulgó la LODES en 1981. núm. P. en efecto. A continuación analizaré si. la declaración del estado de alarma en diciembre de 2010 puso de manifiesto que tal cuestión no está desprovista de actualidad. p. 52. Antes de pasar al estudio de dicho problema. incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. Catástrofes. y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo. 11:1-11:24 − ISSN 1695-0194 .: Estados excepcionales…. Crisis sanitarias.» A continuación analizaré los presupuestos de hecho antes citados con el fin de tratar la cuestión de si comprenden o no las situaciones de conflictividad social. Catástrofes. Y. por el contrario.
por el que el Gobierno declaró el estado de alarma. «terremotos.c) LODES: «Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad. num. pp. 15.a) LODES también podía comprender situaciones calamitosas derivadas de problemas sociales. sin perjuicio de que tales catástrofes pudieran coincidir o no con situaciones conflictivas en la sociedad. http://criminet. entonces cabría sostener que sí se configuró una situación calamitosa en los aero- puertos de todo el país23.: «Artículo 116. en el preámbulo del mismo real decreto se señaló. incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud». la paralización del servicio público de trans- porte aéreo no consistió. ampliada. cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.ugr. 20 Art.a) LODES pueden consistir en fenómenos naturales17 o. 4. si se tiene en cuenta que cientos de miles de usua- rios de dicho servicio fueron afectados por el cierre del espacio aéreo español. se declara el Estado de Alarma con el fin de afrontar la situación de paralización del servicio público esencial del transporte aéreo».2 y 37. art. Ahora bien. en el sentido de que el art. Las letras cursivas me pertenecen]. Pleno y Diputación permanente. p. En mi opinión. 2001.es/recpc/14/recpc14-11. p. 2011. Estas últimas ideas fueron las que. y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo». de 4 de diciembre. SERRANO ALBERCA.2 de la Constitución. Cuestión distinta es si este último tipo de calamidades está 17 Así. sesión de 9 de diciembre. en: GARRIDO FALLA. y de la Resolución de 16 de diciembre de 2010. 21 Art. Madrid. inciso c)20 en relación con los incisos a) y d)21. esencialmente. calamidades o desgracias públicas» mencionadas en el art. 1673/2010. en su caso. donde RECPC 14-11 (2012) . se está refiriendo. aunque en los incendios urbanos y forestales puede intervenir la acción u omisión humana. CORTES GENERALES: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Y esto último se hizo a pesar de que.ª ed. No obstante. y d. en desastres causados por comportamientos humanos carentes de connotación política o social18. el Presidente del Gobierno expuso al Congreso de los Diputados para dar cuenta de la declaración del estado de alarma22. 4. 19 Real Decreto núm. Estudio del Real Decreto 1673/2010.a) LODES. ni fue causada por alguna de las hipótesis de «catástrofes. al igual que en los accidentes de gran magnitud por imprudencia o incluso con dolo» [«Los estados de alarma. las repercusiones de la paralización del servicio de transporte aé- reo fueron diversas. que la paralización del servicio de transporte aéreo había provocado una «calamidad pública de enorme magnitud por el muy elevado núme- ro de ciudadanos afectados. 17. el art. M. 1 del Real Decreto 1673/2010 declaró el estado de alarma19 invocan- do el art. J. Civitas. a fenómenos natu- rales. F. dolosa o imprudente. 1: «Al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 apartado c. vid. 18 En opinión de HIGUERA GUIMERA. del Congreso de los Diputados. No obstante. Así. como se sabe. esto es. 210. sólo por citar un ejemplo en la doctrina. inundaciones. 23 De acuerdo con el informe que el Presidente del Gobierno presentó al Congreso de los Diputados. en definitiva. en relación con los apartados a. Excepción y Sitio.d) LODES: «Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad». de la Ley Orgánica 4/1981. y los perjuicios causados por dicha crisis no han sido cuantifi- cados por completo. 4. el Gobierno realizó una interpretación más amplia que la acogida por la doctrina mayoritaria. en el caso de la crisis de los controladores civiles de tránsito aéreo. autorizando su prórroga: La posible inconstitucionalidad de ambos». y el Código penal militar de 1985. la entidad de los derechos conculcados y la gravedad de los perjuicios causados». el cierre del espacio aéreo y la consiguiente anulación de todas las operaciones aéreas produjo el colapso de los aeropuertos. en: Revista General de Derecho núm. 4. excepción y sitio. de los Estados de Alarma. IX Legislatura. 22 Vid. 1781. 4 LODES. 3. año 2010.2 CE». con mayor o menor claridad.pdf . la «Ley Orgánica 4/1981. 4.Presupuestos del estado de alarma y repercusiones penales 11: 7 cadas en el art.: Comentarios a la Constitución. 5-6.
según la doctri- na mayoritaria. núm.a) LODES está compuesto por «ca- tástrofes. A mi parecer. de la fórmula típica no se sigue necesariamente que en sede del estado de alarma todas las cala- midades públicas tengan que consistir o provenir de desastres naturales. a la hipótesis de un fenómeno natural -una «crisis sanitaria». excepción y sitio. 17-18. concluye. accidentes en laboratorios o centros de investigación médica o. En el ámbito de los medios de comunicación. edición nacional de 5 de diciembre de 2010. Pleno y Diputación permanente. Las letras cursivas me pertenecen].. En consecuencia.. p. Para este autor.b) LODES está referido. 4. según HIGUERA. considero que la respuesta a tal cuestión tiene que ser afirmativa.podrían encajar en el supuesto de hecho del art. 4. durante la tarde noche del día 3 de diciembre de 2010.. pero tiene una particularidad: el precepto menciona una serie de fenómenos como posibles supuestos de catástrofes o. IX Legislatura. publicó una noticia titulada de la siguiente forma: «650. el precepto ahora analizado emplea la frase «tales como» para aludir a algunas de las situaciones que serían típicas. 4. b. 11:1-11:24 − ISSN 1695-0194 .a) LODES. y el Código penal militar de 1985…». p. HIGUERA GUIMERA defiende una interpretación opuesta a la que acabo de exponer. alteraciones sociales. 4. el supuesto de hecho del art. En consecuencia. Ahora bien.000 afectados [Vid. de lo que se puede deducir que no se trata de una mención exhaustiva de supuestos. calamidades o desgracias públicas».que pueden ocasionar o constituir «catástrofes. las calamidades públicas producidas por conflictos sociales - como la que generó la crisis de los controladores civiles de tránsito aéreo. 4. 2012. Por ello.a) LODES24. el diario El País. CORTES GENERALES: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. cit.000 rehenes en los aeropuertos. 14-11.a) LODES. incluso. también cabe sostener que el art. en concreto. 4.b) LODES no circunscribe las causas de las «crisis sanitarias» sólo a fenómenos de la naturaleza. al igual que el art. el art.a) LODES. como posibles causas de las mismas. año 2010. salvo que se incurriera en una aplicación analógica del art. sesión de 9 de diciembre. pues el precepto emplea los términos «tales como». Crisis sanitarias El supuesto de hecho descrito en el art. Esto último. 24 En un trabajo reciente. de las «leyes excepcionales» como la LODES [Vid. «Los estados de alarma. entre otras. Sin embargo. en su caso. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 210. entonces una «crisis sanitaria» también podría ser generada por conductas humanas como. Si lo anterior fuera correcto. «epidemias y situaciones de contaminación graves». mucho menos. p. por ejemplo. mas nada dice sobre qué origen pueden tener las mismas. La redacción de dicho precepto es lo suficientemente ambigua como para que tengan cabida tanto desastres naturales o accidentes gra- ves. 4.privada de cualquier conexión causal con conmociones sociales. etc. 4.11: 8 Juan Carlos Sandoval tipificada o no en el art. el «cierre total del tráfico aéreo» no es un hecho equiparable a los terremotos o incendios forestales. 4.a) LODES realiza una «enumeración cerrada» de las situaciones de crisis -terremotos. calamidades o desgracias públicas». Al respecto. Los viajeros atrapados en las terminales cargan duramente contra los controladores». pp.2 del Código Civil impide la aplicación analógica. 4. num. 18. 3]. como situaciones de conmoción social.a) LODES. inundaciones. no sería posible porque el art. llegó a superar los 200. que una situación será calamitosa cuando coincida con alguno de los desas- tres naturales mencionados en el art. ni. En este último quedó atrapado un número creciente de pasajeros que.
dos características en particular: es una noción instrumental o teleológica. siguiendo a Vivero Serrano. fj 10). que dio lugar a protes- tas y disturbios públicos que. En este último sentido. contribuyeron a una crisis sanitaria por la falta de recogida de la basura25.a) LODES.: La huelga en servicios esenciales. el Tribunal Constitucional utiliza como criterio -explica Moreno Vida. pp. al igual que en el supuesto del art. además.pdf .c) LODES.2 y 37. edición nacional de 21 de octubre de 2010. pues. 4. Thomson-Aranzadi. En conclusión. La guerrilla prosigue hoy en la zona del Vesubio. Sobre este proble- ma. 28. En esta fórmula legal se pueden encontrar los dos elementos clave siguientes: En primer lugar. además. Las letras cursivas me pertenecen. M. la crisis descrita en el art. la opinión del Tribunal Constitucional es que los «servicios esenciales son aquellas actividades industriales o mercantiles de las que derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad» (stc 26/1981.2 de la Constitución».2 CE (derecho de huelga). toda vez que los «servicios esenciales» están al servicio de la realiza- ción efectiva de los derechos fundamentales y los bienes constitucionalmente pro- 25 Vid. http://criminet. Igualmen- te serviría como ejemplo la situación de crisis suscitada en la provincia de Nápoles (Italia) a raíz de la mala gestión de los vertederos de basura. ya que ha sido construida al interpretar el art. reportaje «La revolución de la basura. c. esta huelga pudiera encajar en el supuesto de hecho del art. Esta noción tiene especial relevancia para el caso que nos ocupa. diario El País. Así las cosas. a su vez. el concepto de «servicio esen- cial» tiene -entre otras. 124-125. 4. para determi- nar qué servicio es «vital» o «esencial» para la comunidad.. 26 Vid. Miles de vecinos chocan con la policía por la apertura de un nuevo vertedero». La cuestión es. RECPC 14-11 (2012) . En la primera parte describe una situación de «paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.Presupuestos del estado de alarma y repercusiones penales 11: 9 caso se podría mencionar como ejemplo la emergencia sanitaria producida por una huelga ilegal y masiva en toda la Sanidad pública. 4. 2007. MORENO VIDA.c) LODES tiene dos partes.c) LODES y. sino sólo de aquellos a los que la LODES califica como «esenciales para la comunidad».es/recpc/14/recpc14-11. 4. sin perjuicio de que. 4.b) LODES podría tener causas diversas. Pamplona. que irían desde fenómenos de la naturaleza hasta conflictos sociales.ugr. el precepto exige que se produzca la «interrupción» no de cual- quier servicio público.el que la actividad tenga la «aptitud instrumental de ser condición material para el ejercicio y disfrute por parte de los ciudadanos de los derechos y bienes constitucionalmente protegi- dos»26. puede ser útil para diferenciar entre los servi- cios que son «esenciales» y los que no lo son.ª N. precepto que también es menciona- do en el art. La paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad El supuesto de hecho del art. saber cuáles son estos servi- cios dada la inexistencia de una definición legal de los mismos.
respectivamente. 124-125. cit. Sin embargo.2 CE y 37. 29 Art. B. p. por ejemplo. 233 y 246.11: 10 Juan Carlos Sandoval tegidos. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE. 30 MONREAL BRINGSVAERD.:: La huelga en los servicios esenciales. E. pp. 121. 4. citado en: VIVERO SERRANO.. En segundo lugar. 4.. la única medida que en la práctica se utiliza es la fijación de un programa de servicios mínimos30. «medidas subsidiarias» a las anteriores (el arbitraje obliga- torio).2 CE. 31 MARTÍN VALVERDE. p. Madrid. I. 104. pp. etc. de modo que no puede fijarse de ante- mano la totalidad de los servicios esenciales27. excepción y sitio…». 37. J. la prestación de unos servicios mínimos a la comunidad32. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad». En el caso del derecho de huelga.c) LODES puede ser interpretada como la «paralización» de una actividad laboral que hace posible el ejercicio de determina- dos derechos fundamentales o el disfrute de bienes constitucionales. entre otras: «medidas de carácter instrumental» (la exigencia de un preaviso ampliado). núm. 112. 4.2 CE: «Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Análisis de la jurisprudencia española. Como resumen de todo lo anterior. «medidas complementarias» (la publicidad de la huelga y de sus conse- cuencias a los usuarios). sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer. es la exigencia de que la paralización de ese servicio esencial se lleve a cabo «cuando no se garantice» lo dispuesto en los arts.: «Los estados de alarma. El Tribunal Constitucional ha definido la técnica de los servicios mínimos de forma muy similar a la noción doctrinal que he citado.: La huelga en los servicios esenciales. cuando la interrupción del servicio se efectúa sin garantizar. Además.2 CE: «Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. un sector de la doc- trina sostiene que las «garantías» que asegurarían el «mantenimiento de un servicio esencial pueden consistir en una pluralidad de medidas de diverso grado y alcance» como. Valencia. J. 32 En sentido muy similar. Estos preceptos constitucionalizan. como los «trabajos indispensables para la cobertura mínima de las necesidades que tales servicios están encargados de satisfacer […]. incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad». 11:1-11:24 − ISSN 1695-0194 . cit. A. La Ley que regule el ejercicio de este derecho. sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual»31. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. y es jurídicamente indeterminada.: «El derecho de huelga en la Constitución de 1978». 2002. 28. entendiendo estos últimos. 28 Art. 28. B.c) LODES prescribe que tiene que ha de concurrir 27 VIVERO SERRANO. según la inter- pretación dominante en la doctrina científica y en la jurisprudencial. vid. por ejemplo. Tirant lo Blanch.c) LODES. Lex Nova. en lo que aquí interesa. p. La segunda parte del art. p. contienen fundamentalmente un mismo mandato: que la Ley que regule el ejercicio de uno u otro derecho establezca las «garantías precisas para asegurar el mantenimiento»28 o el «funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad»29.. el derecho de huelga y el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo o cierre patronal. Las letras cursivas me pertenecen. en: Revista de Política Social núm. el otro elemento clave de la fórmula prevista en el art. 14-11. 168.: Huelga en servicios esenciales. 2008. 2012. podría afirmarse que la primera parte del su- puesto de hecho previsto en el art. 1979.
excepción y sitio (II)».pdf .que los conflictos sociales estén excluidos del presupuesto de hecho de tal precepto. quien llama la atención sobre el hecho de que la LODES exija que la «paralización del servicio público esencial para la comunidad» se lleve a cabo sin garantizar lo dispuesto en los arts. b) y d) LODES. Para esta autora. la segunda es que las otras tres circunstancias son las que realmente importan para declarar el estado de alarma. Mi opinión difirie- re parcialmente de este criterio. la regulación del estado de alarma encuentra su habilitación constitucional en el art.4 CE. 4. 34 Así se pronuncian.Presupuestos del estado de alarma y repercusiones penales 11: 11 «alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo» (catástrofes. 4. dicho precepto no tipifica conflictos laborales en el ámbito de los «servicios públicos esenciales para la comunidad». para algunos autores. 30. pp. y circunscribe su contenido a «situaciones calamitosas» [«Los estados de alarma.a). comparto con la doctrina mayoritaria la idea de que las catástrofes y otras circunstancias de crisis son decisivas para declarar el estado de alarma con base en el art. J. sino sólo cuando dicha paralización coincida con alguno de los otros supuestos restantes.c) LODES. p. Pero si se dan estos el estado de alarma [sí] puede ser declarado. crisis sanitarias y situaciones de desabastecimiento)33. cit. 4. sino.. 35 CRUZ VILLALÓN afirma que la exigencia de que «concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones conte- nidas en este artículo». en: Revista de Derecho político núm.d) LODES. El tratamiento de las «situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad» -art. 1990.2 CE y 37. edición nacional de 12 de diciembre de 2010]. siendo indiferente el que además se produzca el supuesto descrito en la letra c)» [Estados excepcionales…. 4. RECPC 14-11 (2012) . a una declaración del estado de alarma. el estado de alarma sí podría ser declarado35.. Esta es la razón por la que.2 CE». http://criminet. según la opinión mayoritaria de la doctrina. entre otros.: «Artículo 116.es/recpc/14/recpc14-11. 4.2 CE [Vid. 4. «La dudosa legalidad de un decreto».: El régimen político español. La idea de que el art.a). 4. En efecto. en: Diario ABC.c) LODES. esto es. Tecnos. Madrid. fundamentalmente. Esto último implica que la doctrina mayoritaria confiere un papel protagónico a las catástrofes. por sí sola.. Sin embargo.a) y b) LODES.c) LODES «prácticamente a un no-supuesto». 31. y esto porque «la paralización de servicios públicos esenciales no puede dar lugar nunca. 4.. es 33 Respecto de las catástrofes y las crisis sanitarias -art.4 CE es el fundamento del estado de alarma es tomada por LAFUENTE de ÁLVAREZ CONDE. 30.ugr.c) LODES pueda ser interpretado como una regulación general del derecho de huelga. 1781-1782. LAFUENTE BALLE. no considero -y aquí radica mi discrepan- cia. L. 30. excepción y sitio…».me remito a lo dicho en páginas atrás. E. aunque desde otro punto de vista. catástrofes naturales36. Las letras cursivas pertenecen al texto citado]. p. 36 Para BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE. Además. 70. 37 SERRANO ALBERCA. Al respecto se alega que si se diera cualquiera de las situaciones del art. reduce al art. las situaciones de crisis que tienen que concurrir con la «paralización del servicio público esencial». p. A la misma conclusión llega. De esta parte del precepto.4 CE («Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo. como un caso de «grave riesgo. el fundamento constitucional del estado de alarma excluye como posibles causas del mismo las crisis políticas o sociales. cit. 4. la referencia a los supuestos del art. se pueden inferir dos ideas relevantes. ÁLVAREZ CONDE. De ahí que el art.. las crisis sanitarias y las situaciones de desabastecimiento en el art. toda vez que este también describe «la imposibilidad de mantener el funcionamiento mínimo o necesario de los servicios públicos esenciales para la comunidad en caso de huelga o cierre patronal»37. p.c) LODES tenga que ser interpretado de forma coherente con el art. 104]. Así. catástrofe o calamidad pública»). 30. bien en solita- rio o bien coincidiendo con la «paralización de servicios públicos esenciales». cit. b) y d) LODES evita que el art. catástrofe o calamidad pública» [«Los estados de alarma. 28. 4. La primera es que la intención del legislador fue evitar que la sola «paralización de servicios públicos esenciales» constituyera un motivo para decla- rar el estado de alarma34 y. 1990. 254].ª ed.se realizará en el siguiente epígrafe.
. lo cier- Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. I. 9894].d) LODES abre un resquicio a través del cual la conflictividad social puede entrar a formar parte del presupuesto del estado de alarma. si bien formalmente la argumentación de BERDUGO es sólida. 1981. aunque en este caso no se configuraría el supuesto del art. 4. Diario de Sesiones del Congreso núm. En resumen. 4. aunque también sería posible que la «paralización de servicios esenciales» simplemente coincidiera en el tiempo con un terremoto o con una epidemia. 40 En este sentido.: «Los estados de alarma. excepción y sitio…».. p. Para otros autores. que pretendía la supresión total de la referencia a los conflictos colectivos y. no sólo pueden ser causadas - como he explicado en páginas atrás. d..].a) LODES. 67-70.o una emergencia sanitaria -art. pp. La principal cuestión que suscita la interpretación de este supuesto de hecho es si puede ser causado o no por una alteración social. 4. 4.d) LODES tipifica una emergencia que consiste en una situación de «desabastecimiento de productos de primera necesidad». 4. 4 LODES permite apreciar un amplio abanico de posibili- dades. 4. 11:1-11:24 − ISSN 1695-0194 .c) LODES. sustraer del estado de alarma los casos de conflictividad social38.11: 12 Juan Carlos Sandoval decir. 4. 14-11.: Estados excepcionales…. En este sentido. 105.c) LODES39. se alega que en sede del estado de alarma no puede existir una relación causal entre determinados conflictos laborales como. núm. cit. Así. las catástrofes y las emergencias sanitarias. aceptar. p. ni siquiera en la hipótesis de que la intención del constituyente o del legislador hubiese sido. P.c) LODES. p. loc. una hipótesis sería que la huelga o el cierre patronal. 4. CRUZ VILLALÓN.por fenómenos de la naturaleza.b) LODES-. cit. 2012. la alusión a un conflicto laboral en el art. en cambio. De la misma forma -añade. por ejemplo. 160. cit. pues la redacción de los tres primeros incisos del art. Cuestión distinta es cómo pueden conectarse. una fórmula de compromiso. LAFUENTE BALLE opina que.. La situación de desabastecimiento El art. que no haya establecido un programa de servicios mínimos. 4.c) LODES no puede ser desdeñada a efectos interpretativos. 39 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE. 4. Berdugo sostiene que el art.una alteración social como la «paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad» también puede ser la causa de una situación de «desabastecimiento de productos de primera necesidad».. la «paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad» y la crisis descrita en el art.d) LODES. 4 LODES. la cuestión analizada merece una respuesta negativa. Las «situaciones de 38 «Quizás el legislador -afirma SERRANO ALBERCA. en el ámbito del art. como sostiene un sector de la doc- trina. en cambio. una situación conflictiva laboral y las demás circunstancias del art. En mi opinión. Entre los autores que dan una respuesta afirmativa a dicha cuestión. Sobre el iter legislativo del art. no lo consiguió totalmente» [Ibid. vid. sino el del art.pretendió eliminar del estado de alarma los aspectos de conflic- tividad social.d) LODES40. produjera una situación catastrófica -art. toda vez que «el legislador omite toda referencia a cuáles son las causas que han llevado a tal situación» de desabastecimiento. pero al no admitir la enmienda comunista [vid. todo dependerá de cada caso en concreto.
de acuerdo con el apartado 3 del artículo 116 de la Constitución. «Los estados de alarma.1 LODES establece que: «Cuan- do el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.. 4 LODES la conclusión general que puede extraerse es que.: «Algunas reflexiones crimino- lógicas sobre el fenómeno de la violencia juvenil urbana en Francia». M. Madrid. excepción y sitio (II)». en sede de estado de alarma los motivos de la escasez de los referidos «productos» podrían ir desde fenómenos naturales. 41 CRUZ VILLALÓN. Desde mi punto de vista. Diez textos fundamentales del panorama internacional.deberían ser entendidas como situaciones originadas en causas naturales o en crisis internacionales» [Estados excepcionales. resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. el de los Servicios Públicos esenciales para la comunidad. 98-99. cit. a diferencia de lo que afirma Cruz Villalón. del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo)»42.Presupuestos del estado de alarma y repercusiones penales 11: 13 desabastecimiento previstas en la LODES -afirma en tal sentido Cruz Villalón. 2008.4 CE). cit. catástrofe o calamidad pública» (art.son de desabastecimiento no imputables a una paralización de servicios». que está destinado a hacer frente a de- terminadas situaciones de «grave alteración del orden público».. http://criminet.: «El nuevo Derecho de excepción». 4. una vez analizados los diferentes presupuestos de hecho descritos en el art. que al del estado de alarma.. el Gobierno. 89-128. 43 Un análisis criminológico sobre estos sucesos se puede ver en: CANO PAÑOS.. Sin embargo. 4. 13. I.. Pues bien. las situaciones de conflictividad social no to es que hay que rechazarla porque colisiona con el fundamento constitucional del estado de alarma.d) LODES-. RECPC 14-11 (2012) . por ejemplo. el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. en: ORTIZ DE URBINA GIMENO. p.ugr.pdf . En este sentido. si coincidiera una «paralización de servicios esenciales» -art. 73]. p. la violencia juvenil y las revueltas urbanas producidas en las zonas periféricas de París en noviembre de 200543. pp. mas no a conflictos sociales [Vid.. Ahora bien.: Convivencia ciudadana.. que la situaría más próxima al supuesto de hecho del estado de excepción. opino que el «desabastecimiento de productos de primera necesidad» causado por una «paralización de servicios esenciales» no siempre será una «grave alteración del orden público» o. lo que es lo mismo. o cualquier otro aspecto del orden público. pp. Las características de un caso como el que acabo de citar llevarían a pensar que estaríamos frente a una emergencia en materia de «orden público». cit. no necesariamente implicará una crisis a solventar por medio del estado de excepción. A. ya que la LODES no establece límite alguno sobre el particular.con una «situación de desabastecimiento» -art. P. y es el «único que permite medidas verdaderamente excepcionales (suspensión del derecho de huelga. podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el Estado de Excepción». habrá que entenderla como una «mera coexistencia. pues en caso contra- rio no se configuraría el presupuesto de hecho del estado de alarma. hasta una huelga salvaje en el ámbito de los «servicios esenciales». 13.1 LODES)41. Fundación Democracia y Gobierno Local-Diputació Barcelona.es/recpc/14/recpc14-11. que es hacer frente a situaciones de «grave riesgo. seguridad pública y urbanismo. Por ello. sino el del estado de excepción (art. 42 «Las situaciones de desabastecimiento del estado de alarma –concluye CRUZ VILLALÓN. 30.c) LODES. en contra de la opinión de la mayoría de la doctrina. ausente de cualquier relación causal». El art. 31]. la interpretación de Berdugo permite sostener que no procede establecer restricciones respecto de las posibles causas del «desabasteci- miento de productos de primera necesidad». una situación muy distinta se configuraría si la causa del «desabastecimiento» fuera un conflicto social especialmente grave como. J. y PONCE SOLÉ.
28. en relación con el ejercicio del derecho de huelga en servicios esenciales para la comunidad. tanto por el carácter esencial del transporte aéreo. el estado de alarma tendría una naturaleza mixta. Además. ya que puede ser formalizado no sólo para hacer frente a desastres naturales (como tradicionalmente ha sostenido la doctrina dominante). lo que significa que junto con la «paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad» concurrieron tanto una «catástrofe pública». no discutible. 46 «La Ley de 1981. sin embargo su declaración ante situaciones sociales que perturben el normal desenvolvimiento de la vida social del país». la crisis del servicio público del transporte aéreo ocurrida en diciembre de 2010 sí estaba tipificada en el Derecho de excepción. -sostuvo el Presidente de Gobierno. como una «situación de desabastecimiento»45. 225]. como una situación de “desabaste- cimiento de productos de primera necesidad”» [Vid. sino también a crisis derivadas de alteraciones sociales44. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.reguladora de los estados excepcionales. Desde este punto de vista. Esta última es una idea que puede tener importantes consecuencias de cara. en: Diario ABC. 45 En contra de la tesis gubernamental se ha manifestado HIGUERA GUIMERA. p. Un estudio constitu- cional comparado». de carácter familiar. 5-6] 47 En cambio. de negocios. pp. por ejemplo. 11:1-11:24 − ISSN 1695-0194 . sostienen que la declaración del estado de alarma en diciembre de 2010 constituye un peligroso precedente para el uso autoritario de tal estado excepcional. En efecto. en fin. La primera pre- cisión es que la interpretación que aquí defiendo en modo alguno abre el paso al uso irrestricto del estado de alarma contra cualquier huelga ilegal en el ámbito de los «servicios públicos esenciales para la comunidad»47. de trabajo.. num. lo que diferencia claramente los estados de excepción y sitio. así como para la imagen de nuestro país» [CORTES GENERALES: Diario de Sesiones del Congreso de los Dipu- tados. con buen criterio. El estado de alarma. realmente. «La dudosa legalidad de un decreto». en: Revista de Derecho UNED núm. o de simple ocio. el turismo y los servicios en España. me parece conveniente hacer dos precisiones. 4 LODES. Pleno y Diputación permanente. permite considerar que.11: 14 Juan Carlos Sandoval están excluidas del catálogo de crisis que pueden solventarse por medio del estado de alarma. año 2010. como. por el número de ciudadanos afectados y las consecuencias resultantes para los sectores del transporte. prevé la declaración del estado de alarma en el supuesto de paralización de los servicios públicos esenciales. a la admisión del empleo del estado de alarma como instrumento para resolver crisis derivadas de huelgas y cierres patronales que no cumplan con lo prevenido en los arts. «el cese total del tráfico aéreo imposibilitando. caracterizado por tener una motivación eminentemente natural. inciso c). no excluye. la declaración 44 «La declaración del estado de alarma –dice GOIG MARTÍNEZ-. 2012. sesión de 9 de diciembre. «Con la interpre- tación que ha hecho el Gobierno -sostiene BLANCO. no puede considerarse. al menos. paralizado por completo en España. núm. Ambos elementos concurrían en la situación del pasado fin de semana. responde a la doble necesidad de constituir un ins- trumento frente a catástrofes naturales y situaciones de anormalidad social […]. cit. por ejemplo. Al respecto. cuya naturaleza es eminente- mente política» [«La defensa política de la Constitución. ya que. o impidiendo a otros ciudadanos acudir a citas importantes.2 de la Constitución. «Los estados de alarma. edición nacional de 12 de diciembre de 2010]. excepción y sitio. en relación con los incisos a) y d) del mismo precepto. Constitución y estados excepcionales (II). 14-11. 210. autores como. por ejemplo. 5. según la tesis gubernamental.. señorías.cualquier huelga salvaje que produjera una paralización de los servicios públicos podría conducir. recordaré que la declara- ción del estado de alarma se llevó a cabo al amparo del art. Dicho lo anterior. a muchísimos ciudadanos comenzar sus vacaciones en un largo puente (el más largo del año). a nuestro juicio. la afectación del servicio público del transporte aéreo fue la causa de las otras dos situaciones de crisis concurrentes46.. a la declaración del estado de alarma. y específicamente cuando esa paralización implique una situación catastrófica o el desabastecimiento de productos esenciales. 19].2 CE. sin respeto a lo previsto en el artículo 28.. Y. el legislador orgánico trató de evitar» [Vid. IX Legislatura. p.2 y 37. como por la inobservancia radical y contumaz de cuanto prevén la Constitución y el decreto-ley de relaciones laborales. etc. y el Código penal militar de 1985…». que es justamente lo que. p. al ser por definición calamitosa. 2009. pero no puede ser utilizado frente a «alteraciones de la vida política de la nación. en su opinión. BLANCO VALDÉS.
además. de alguna forma.pdf . en 1835. aunque con la finalidad de analizar el problema de si los efectos del estado de alarma suponen.1 LODES. En efecto. respecto de la cual ya he manifestado mi punto de vista.ugr. 329]. la «movilización» del personal de empresas y servicios. sino que. desde los inicios del siglo xix hasta la primera mitad del siglo xx. acreditar que existen «circunstancias extraordinarias» que hacen «imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes». y la que está referida a si determinados efectos del estado de alarma respetan la Constitución. tanto en el «escenario de la guerra [civil carlista] como para reprimir los levantamientos liberales en las ciudades» [Vid. Finalmente. las primeras manifestaciones del Derecho excepcional fueron los ban- dos que las autoridades militares publicaban.. como prescribe el art. E igualmente resulta obligatorio acreditar que. actos de disidencia política. La distinción precedente es necesaria en la medida que. la adop- ción de medidas de trascendencia penal.es/recpc/14/recpc14-11.Presupuestos del estado de alarma y repercusiones penales 11: 15 de un estado excepcional tiene que estar justificada.y se señalaban penas a dichos comporta- 48 La introducción del estado de sitio en España se produce. De este modo. la declaración del mismo puede conllevar la aplicación de medidas extraordinarias como. por ejemplo. de modo que para implantar el estado de alarma no basta con alegar que el supuesto de hecho se aprecia en la realidad. es preciso demostrar tal alegación. http://criminet.. RECPC 14-11 (2012) .1. El estado de sitio y la Constitución…. LAS CONSECUENCIAS PENALES DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA 3. por otro lado. por un lado. p. como una suerte de extensión del poder punitivo estatal. 1. cit. y prueba de ello es que el primero operó. La complejidad de esta última cuestión requiere que brinde a la misma un trato pormenorizado que realizaré a continuación. para impo- ner una serie de reglas de conducta. según CRUZ VILLALÓN. se incriminaban determinadas conductas -por lo general. progresivamente el bando mili- tar se convirtió en el instrumento a través del cual se declaraba el «estado de sitio» o el «estado de guerra»48 y. además. que la doctrina mayoritaria valora negativamente alegando que tiene consecuencias de orden jurisdiccional que vulneran el texto constitucional. por todos. 3. Planteamiento del problema En España el Derecho de excepción y el Derecho penal han estado históricamen- te ligados de manera muy estrecha. para comunicar que asumían el control de una parte del territorio estatal debido a una crisis de orden público (entendido en esa época como orden político) y. con independencia de cómo se interprete del presupuesto de hecho del estado de alarma. la segunda precisión es que en materia del estado de alarma hay que distinguir dos cuestiones: la que consiste en si dicho estado excepcional puede emplearse para solventar conflictos sociales.
.5). etc. p.: Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983).ª ed. 34 LODES. por la regulación de los estados de excepción en las Leyes de orden público de 1870 y 1933 (que ratificaron a los militares en su función de garantizar el «orden público» a través del uso del «estado de guerra»). «el bando militar. en su caso. a la jurisdicción militar sin ninguna interrupción. p. también permitía la declaración de estados excepcionales a través de un bando militar (art. a toda suerte de legislación delegada.: Curso de Derecho penal militar español. Bandos Militares. El empleo de bandos con las características antes señaladas prosiguió hasta el final de la Guerra Civil49. 1985. Madrid. la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la promulgación de la LODES modificaron radicalmente la situación que acabo de describir.. CALDERÓN SUSÍN. en: Cuadernos de Derecho Judicial. para despejar cualquier duda. si se tiene en cuenta -explica CRUZ VILLALÓN.: «Competencia de la jurisdicción militar en tiempo de paz (art. 53 Asimismo. su régimen jurídico y el control jurisdiccional de su declaración». para autorizar al Gobierno a declarar del estado de excepción o a prorrogar el estado de alarma. 107]. COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN sostienen «que las leyes penales.a que en esa época «el país vive un “estado de sitio” permanente y prolongado. Barcelona. 51 La LEY DE ORDEN PÚBLICO de 1959. tanto. co- rrelativamente. en primer lugar. por el cambio de regímenes políticos50. por su parte. E. los militares perdieron el poder de decisión para declarar los estados excepcionales52 y. en: Revista de Derecho Político núm.)». pp. por monarquías y repúblicas. La profundidad de estos cambios 49 En opinión de GARRIDO LÓPEZ. dado que la vigencia del principio de legalidad penal exige que sólo una disposición con rango de ley sea la que puede disponer la aplicación de sanciones penales. p. p. F. núm. Sobre esta base.ª ed. GARCÍA DE ENTERRÍA observa que la preservación del «orden público» es cedida al Ejército y. la presente Ley y las condiciones de la declaración del estado de sitio». 115]. el Código de Justicia Militar de 1945 igualmente confería al bando el rango de ley a efectos penales (arts. I. debido -según GARCÍA RIVAS. que hasta el 1 de abril de 1969 no se consideran prescritos los delitos cometidos durante la guerra civil» [La rebelión militar….O.: Introducción al Derecho penal militar. 367. 14-11. concluyen que la materia penal está «sustraída a la Ley Ordinaria. en segundo lugar. hay que hacer una breve referencia al art. 8. 1987. 1994. En este sentido. el principio de subordinación de la autoridad militar a la civil (art. o por la codificación de las leyes penales militares. la represión armada y los consejos de guerra. al igual que sus predecesoras de 1870 y 1933. en lo sus- tancial. 181 y 285. 5. este precepto no autoriza a pensar que un mando militar en particular puede recibir facultades legislativas en materia penal.11: 16 Juan Carlos Sandoval mientos. Bosch. 11:1-11:24 − ISSN 1695-0194 . 195. en el caso del estado de sitio. Como no podía ser de otra forma. 1. derechas e izquierdas» [«Prólogo» a BALLBÉ. que.-F.. 54 Sin embargo. dictaduras y regímenes constitucionales.O. 108 y ss. integraron el ritual característico de los estados de sitio declarados en nuestro país. 52 Así. 50 En ese sentido. 76 y 147. En efecto.2) y. Las letras cursivas pertenecen al texto citado].. vid. por la sucesión de Códigos penales comunes (cuyas figuras delictivas son desplazadas por los delitos creados por medio de bandos).-» [Derecho penal. Alianza Universidad. en tanto impliquen la privación o restricción de algún derecho fundamental están sujetas a la reserva sustancial y absoluta de Ley Orgánica establecida en el art. la Constitución y su legislación de desarrollo confieren al Congreso de los Diputados la competencia para declarar el estado de sitio o. constituidos para juzgar y condenar sumariamente. de acuerdo con la Constitución. como he señalado en páginas atrás. 97 CE) ha puesto fin a la inve- terada autonomía de las Fuerzas Armadas (en los sucesivo.. los Códigos cas- trenses de 1884 y 1890 otorgaron a los bandos militares el rango de ley a efectos de crear nuevos delitos51. p. 1990. Civitas. sin que dicho uso resultara afectado. y JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ. 13]. por otro lado. 2012. los bandos militares dejaron de tener la consideración de fuente de la ley penal53. por un lado. Tirant lo Blanch. HIGUERA GUIMERÁ. Valencia. desde la primera guerra carlista hasta el estado de guerra de 1936» [«Sobre el estado de sitio. actualmente la postura dominante en la doctrina es que el bando militar está excluido del repertorio de fuentes legales. conservadores y liberales. p. Parte general. Parte general. 34 LODES vincula los bandos a la Constitución. No obstante. entonces habrá que «excluir cualquier ejercicio de competencias Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.que el art. 39. En este último caso. cit. establece que la «autoridad militar procederá a publicar y difundir los oportunos bandos. la dictadura franquista no implantó ningún estado excepcional. En efecto. J. a la potestad legislativa de las Comunidades autónomas y a las Ordenanzas de necesidad –Decretos-Leyes.1 de la Constitución de 1978». Además. que contendrán las medidas y prevenciones necesarias. 12 L. Madrid. 2007. 2. 1999. FFAA) para intervenir en la vida política del país. p. pasando a ser conce- bidos como normas de carácter administrativo54.C. A mi juicio.ª ed. M. Igualmente defendiendo la imposibilidad de legislar en materia penal a través de bandos. 68.
hubiera pretendido salvar una competencia legislativa de las autoridades militares en los supuestos de estado de sitio lo hubiera hecho expresamente. prescribe que. pp.5 CE) [Estados excepcionales.1 LODES). Valencia. Y esta última. si la competencia «natural» de los tribunales militares se circunscribe a los delitos tipificados en el Código penal militar. Pero he dicho en principio porque la Constitución contiene un artículo -el 117. al igual que en el pasado.. de 1 de julio.no sería determi- nante para apreciar la relevancia penal de una conducta55. la práctica totalidad de la doctrina coincide en que dicha cámara no está obligada a expandir la competencia penal militar. concluye CRUZ VILLALÓN.pdf . En idéntico sentido. sino sólo pronunciarse respecto a la «jurisdicción militar». 79 CPM) y. sino que puede decidir hacerlo o no después de apreciar las circunstancias concomitantes.5 en relación con la jurisdicción militar».. 472 CP) y rebelión en tiempo de guerra (art. cit. el Congreso de los Diputados al regular las «condiciones de declaración del estado de sitio» tampoco podría adjudicar a la Autoridad militar competencias legislativas. la LODES. vid. en concreto. 56 Las normas de naturaleza jurisdiccional están contenidas. 32. conforme a la Ley Orgánica que lo regula». en el sentido de abarcar los delitos comunes que facultativamente determine el Congreso de los Diputados al declarar dicho estado excepcional57. en «la declaración del estado de sitio el Congreso de los Diputados podrá determinar los delitos que durante su vigencia quedan sometidos a la jurisdicción militar» (art.. SOBRE COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN MILITAR (en adelante.: La rebelión militar…. Al respecto. LOCOJM). en su caso. GARCÍA RIVAS. cit.. 117. 3.. y la LO 4/1987. la «competencia de la jurisdicción militar quedará limitada al ámbito estrictamen- te castrense respecto de los hechos tipificados como delitos militares por el Código penal militar y a los supuestos de estado de sitio. Tales normas permiten que la competencia penal militar pueda ampliarse durante el estado de sitio. vid. C.: La jurisdicción militar en RECPC 14-11 (2012) . ya que esta materia forma parte de su competencia durante el «estado de sitio» (art.2 LOCOJM establece que los tribunales militares serán competentes para conocer de los delitos «cometidos durante la vigencia del estado de sitio que se determinen en su declaración. Al respecto. J. 117-118.5 CE que hace referencia al «ejercicio de la jurisdicción mi- litar» durante el estado de sitio ha sido desarrollada por el legislador a través de disposiciones de carácter jurisdiccional. cualquier decisión que adopte el Congreso de los Diputados o. De acuerdo con estas normas.2). 57 De acuerdo con el art.. existe una interrelación entre el Derecho de excepción y el Derecho penal. 121-122 ]. entre otros. es decir. de acuerdo con los principios de la Constitución».: El delito de rebelión. por un lado. LOPJ).ugr. pp. a diferencia de lo que ocurría en la etapa preconstitucional.: «Sobre el estado de sitio. GARRIDO LÓPEZ. La parte del art. como lo hace en el artículo 117.». pp.. http://criminet. 35). por otro lado. Al respecto.es/recpc/14/recpc14-11. en la LO 6/1985. el art. los tipos básicos de rebelión en tiempo de paz (art. prorrogarlo o no autorizar su declaración o su prórroga. 55 Cuestión distinta es que la conducta descrita en un tipo penal resulte muy similar al supuesto de hecho de algún estado excepcional. Igualmente hay acuerdo en que. C. GIL GARCÍA. cit. N. 3. si la declaración de un estado de excepción tiene repercusiones penales. el que consiste en «una insurrección contra el ordenamiento constitucional» (art. el Gobierno respecto de la implantación de un estado excepcional - declararlo..Presupuestos del estado de alarma y repercusiones penales 11: 17 suscita la cuestión de si. la ampliación se realizará respecto de delitos tipificados en el Código penal común. uno de los presupuestos de hecho del estado de sitio.que ha permitido al legis- lador ordinario conservar. DEL PODER JUDICIAL (en lo sucesivo. la antigua interrelación entre Derecho de excepción y Derecho penal. Bien jurídico y conducta típica. Si «el constituyente -añade. en principio. por medio de normas jurídicas de atribución de competencia penal a los tribunales militares56.5 CE. 117. de acuerdo con la declaración de dicho estado…» (art. 137-141. Tirant lo Blanch. su régimen jurídico. es decir. actual- mente. fundamentalmente. El precepto mencionado dice: «La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estric- tamente castrense y en los supuestos de estado de sitio. de 15 de julio.2 LOPJ. O. Por lo demás. y SANDOVAL. El caso paradigmático sería la similitud entre. si bien en un ámbito muy reducido. 12. en prensa... legislativas a través de los mismos».
la decla- ración del estado de alarma habilitaría la aplicación de la ley penal militar. 88-89. 4. con buenos argumentos. En concreto.. 86 CPM (maltrato de obra o desobediencia a las órdenes de la policía militar).d) LODES: «Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad» Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Y. Alicante. 179 CPM (delitos contra los deberes del servicio a bordo o de ayudas a la navegación) y 193 CPM (incumplimiento de contratos con la Administración militar) 60 Este sería el caso del delito de desobediencia a bandos militares (art.: Ibid. Madrid. con el fin de asegurar su funcionamiento. Y. y DOIG DÍAZ.que permitiría interpretar que. 58 El art. y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo». vid. 2003. Pero. 63 CPM). 61 Art. la prevista en el art. En este sentido.5 CE no alude a la legislación penal material58. en todo caso. CPM). 117. 117.2. lo que equivale a decir. será supletoria respecto de lo dispuesto en el presente ar- tículo». Garantías constitucionales y organización judicial. o bien para designar un elemento normativo del tipo60. es razonable concluir que respecto de los preceptos ante- riores. núm. por su com- plejidad y por las controversias que genera su interpretación. p. pp. son seis artículos del Libro II.11: 18 Juan Carlos Sandoval Ahora bien.2 LODES: «En los casos previstos en los apartados c)61 y d)62 del artículo cuarto el Gobierno podrá acordar la intervención de empresas o servicios. 14-11. 12. el legislador al parecer habría tenido en cuenta la referencia que dicho precepto hace al estado de sitio para crear un conjunto de disposiciones que están ubicadas en el Código penal militar (en lo sucesivo. y que esta última es la referida a la potestad jurisdiccional en el «ámbito estrictamente castrense» y en los «supuestos de estado de sitio». cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28. que la Constitución se refiere a la «jurisdicción militar» utilizando el término «ejercicio». 213-214.habría conservado la atávica interrelación entre Derecho excepcional y Derecho penal. 62 Art. 11:1-11:24 − ISSN 1695-0194 . en los que se hace referencia al estado de sitio bien para cualificar una conducta delictiva59. que sólo pueden aplicarse durante el estado de sitio.5 CE prescribe que la «ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense».: Jurisdicción militar y Estado de Derecho. así como la movilización de su personal. el legislador -como he señalado en la página anterior. la etapa constitucional. 3. tratándose de un determinado colectivo -el «personal movilizado»-. 4. DOIG DÍAZ. la pregunta que surge es si esto último puede afirmarse únicamente respecto del estado de sitio.2 de la Constitución.c) LODES: «Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad. 12.2 y 37. según la opinión acertada de un sector de la doctrina. La cuestión se suscita porque hay una disposición en la LODES -el art. 118-124. 85 CPM (desobediencia o resistencia a las órdenes de centinela o maltrato al mismo). «De los delitos en particular». 59 Así sucedería con el tipo de injusto de los arts. 2012. 102 CPM (desobe- diencia a las órdenes relativas al servicios impartidas por un superior jerárquico). 1999. Marcial Pons. que significa la realización de una actividad. En tal estado de cosas. pp.2. y entre todas destaca. La aplicación de la legislación penal militar al personal «movilizado» de empresas y servicios: ¿un efecto penal del estado de alarma? Las medidas extraordinarias que pueden adoptarse durante el estado de alarma están reguladas en los arts. aunque el art. 9 a 12 de la LODES. Universidad. Será de aplicación al personal movilizado la normativa vigente sobre movilización que. pp.
lo que es lo mismo. pero -y esto es muy importante.ª.: El régimen político español. la sujeción de los «movilizados» a la legisla- ción penal militar.. edición nacional de 12 de diciembre de 2010]. por otro lado. contraviene -y aquí residiría fundamentalmente la inconstitucionalidad.lo prescrito en el art. por ejemplo. La «movilización de personas civiles -afirma-. cit. Al respecto. 12.2 LODES: BLANCO VALDÉS. vid. ediciones nacionales de 7 y 10 de diciembre de 2010. ÁLVAREZ CONDE y PORTERO MOLINA [Vid. RECPC 14-11 (2012) . 4. toda vez que la aplicación del mismo conllevaría una ampliación de la competencia de los tribunales militares que la Constitución no permite64. M. CRUZ VILLALÓN. los supuestos de estado de alarma como. de ningún modo. LAFUENTE BALLE. E. cuestionan la constitucionalidad del art.5 CE y. 1784 y ÁLVAREZ CONDE.ª ed. En mi opinión..implica reconocer que el art.es/recpc/14/recpc14-11. además..pdf . p. excepción y sitio. y quedan excluidos los estados de alarma y excepción. P. También son contrarios al sometimiento de civiles a la competencia penal militar en virtud del art. 79. 37. fuera del «ámbito estrictamente castrense». y GIMBERNAT ORDEIG [«Contra la movilización de los controladores» y «Otra vez: contra la “movilización”. J. excepción y sitio (II)». los controladores de tránsito aéreo de AENA durante el estado de alarma. M.: «Los es- tados de alarma. respectivamente]. Me refiero al hecho de que esa misma doctrina admite que el término «movilización» implica la militarización de civiles y. «Los estados de alarma. 117. si circunscribimos las consecuencias de la «movilización» al ám- bito del Derecho jurisdiccional o. Esto último. en: Diario ABC. según el parecer de prácticamente la totalidad de la doctrina. Esto último -y es el elemento que quiero destacar.: Estados excepcionales. p. que la «movilización» del personal de empresas servicios colisiona con el art. ya sea para autori- zarla. que implica la «disminución de sus derechos labora- les» y la «desaparición del derecho huelga» de los sujetos «movilizados». los tipificados en el art. conviene poner de relieve que la Constitución no contiene ninguna disposición que haga referencia a una posible expansión del ámbito subjetivo de aplicación del Código penal militar durante el estado de alarma. no es un ámbito estrictamente castrense. Por ello.a la larga suscitarían el problema de que el 63 Así. J. 12... entonces habrá que suscribir la tesis doctrinal dominante que tacha de inconstitucional al art. en este caso. los efectos penales que entrañaría el art. en los «supuestos de estado de sitio» y esto excluye. p. 64 Igual expresa HIGUERA GUIMERA al analizar el caso de la «movilización» de los controladores de tránsito aéreo. 12. 12. aplicarle la legislación penal militar en tribunales castrenses. p.2 LODES regula una medida que tiene repercusiones pena- les. por ejemplo. eventualmente. en el razonamiento de la doctrina mayoritaria hay un elemento que tiene particular importancia y al que no se presta la debida atención. naturalmente. p. 117.. http://criminet. la jurisdicción militar durante el estado de alarma sometiendo a los controladores de tránsito de AENA al Código penal militar de 1985 y a la jurisdicción militar» LODES [Vid.2 CE».2 LODES. «La dudosa legalidad de un decreto».5 CE. 4. Ahora bien.2 LODES argumentando. no puede ejercerse.. si limitamos el problema de fondo al tema de los límites de la competencia penal militar. cit. Al respecto se alega que la «movilización» de un determinado colectivo implica militarizarlo y. cit. BERDUGO. 255. en: Diario El Mundo..ugr. cit.. cit.. SERRANO ALBERCA. y el Código penal militar de 1985…». para prohibirla o para restringirla. por un lado.. entre otros.c) y d) LODES63.2 LODES no implicarían la vulneración del texto constitucio- nal.: «Artículo 116. ya que esta norma establece que el «ejercicio de la jurisdicción militar» sólo puede realizarse.. 12. 40]. vulnera la Consti- tución. Siendo esto así. Otros autores como. según esa misma doctrina.Presupuestos del estado de alarma y repercusiones penales 11: 19 La parte del precepto que he destacado con letras cursivas es una disposición que.
11:1-11:24 − ISSN 1695-0194 .. 79. como el acto administrativo de atribuir a un civil la condición de militar en la situación de servicio activo. la aportación suple- mentaria de recursos humanos a las FFAA no se canaliza a través de la «moviliza- ción» de civiles. la LBMN. LBMN)66. 12. sino por medio de la figura de los reservistas (art. p.). L. pues fue derogada por la Ley 39/2007. J.5 CE. dado que la «movilización» sólo puede justificarse o. (COORDS. de 19 de noviembre. cit. p. en las páginas restantes de esta contribución analizaré todas las posi- bles interpretaciones de la «movilización» para determinar si. sin que ello implique que tales personas pasen a estar encuadradas en las FFAA. F. 1988. 14-11. en: Revista Española de Derecho militar núm. P. MARTÍNEZ-CARDÓS RUIZ. Madrid. el sujeto militarizado se convertiría en titular de los dere- chos y deberes derivados del estatuto jurídico de militar que permitan alcanzar tal objetivo. en: BLECUA FRAGA. p. Así las cosas. 117. Por ello.. me parece que el término «movilización» puede entenderse como militarización.2 LODES). 243 67 LÓPEZ RAMÓN. 2012. es decir. Ley básica de movilización Nacional (en adelante. lo que es lo mismo. J. R. resulta necesario dotar de un significado a las expresiones arriba mencionadas. 123 LCM y ss. núm. en la medida de lo posible. que es una de las facetas más sensibles del Estado democrático de Derecho. y tampoco puede brindar crite- rios interpretativos. hay una lectura que no suponga la infracción de lo prevenido en el art.. LCM). Y esto último por dos razo- nes: la primera es que. de la carrera militar (en lo sucesivo. de 26 de abril. «Movilización» en el sentido de militarización Coincido con un sector de la doctrina en que el art. por «personal movilizado» y por «normativa vigente sobre movilización»65. enero-junio de 2006. L. El significado de tales expresiones tradicionalmente se ha extraído de la Ley 50/1969. 12. Por ello.2 LODES plantea una cuestión fundamental: qué debe entenderse por «movilización». a. 29.. Pero. la frase «personal movilizado» haría referencia al colecti- vo de civiles militarizados en las empresas y servicios. vid. pero actualmente esta disposición legal no puede servir para tales efectos.. además. p.: «La evolución democrática de la Defensa Nacional». de acuerdo con la legislación vigente. En ese orden de ideas. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. «regulaba la movilización como una técnica de militarización con la finalidad de mantener el orden público interno»67. 66 Así. sólo encuentra su fundamento en la finalidad de «asegurar el funcionamiento» de la empresa o servi- cio (art. y RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO. 117. desde la perspectiva propia de un régimen autoritario.5 CE. 65 CRUZ VILLALÓN.): Comentarios al Código penal militar. Ahora bien.: Estados excepcionales.: «Definición de militares (Artículo 8 CPM)». y esto impide tenerla en cuenta para interpretar el Derecho de excepción. 87.11: 20 Juan Carlos Sandoval eventual juzgamiento en sede castrense de los civiles «movilizados» vulneraría el art. Civitas.
al ejercicio de determinados derechos fundamentales (sindicación. en rigor. pues.Presupuestos del estado de alarma y repercusiones penales 11: 21 la segunda razón es que para resolver la crisis no es necesario que los civiles milita- rizados pasen a formar parte de la estructura organizativa de cualquiera de los tres ejércitos68. será supletoria respecto de lo dispuesto en el presente artículo»..2 LODES menciona sólo al primero.. 8. Y la única disposición penal vigente que alude a la militarización de civiles es el art. y esto es lo más importante. En efecto. 12. durante el tiempo en que se hallen en cuales- quiera de las situaciones de actividad y las de reserva.1). cit. 2.. con las excepciones que expresamente se determinen en su legislación específica. esta no puede ser la LBMN por los motivos arriba señalados. en el ordenamiento jurídico español hay sujetos que tienen la cualidad de militares pero no están encua- drados dentro de las FFAA: los alumnos de las Escuelas y Academias castrenses (art.». y ello supondría que el personal militarizado de las empresas y servicios podría.5 CPM distingue entre personal movilizado y personal militarizado y. en teoría. 8. petición. y dado que dicho precepto no brinda ninguna información sobre la «movilización» -que aquí interpreto como militarización-.. perpetrar cualquiera de las conductas tipificadas en el Código penal militar.ugr. 8. art. ante un clamoroso vacío legal69. 12. A lo anterior se unirían otros problemas como. los que: [. 67 de LCA) y los miembros de la Guardia Civil (Ley 42/1999.-F. el personal movilizado o militarizado.es que el art. Además. http://criminet.5 CPM define quiénes son militares a efectos de la aplicación de toda la legislación penal castrense. habrá necesariamente que recurrir a las disposicio- nes supletorias.es/recpc/14/recpc14-11.] 5º Con cualquier asimilación militar presten servicio al ser movilizados o militarizados por decisión del Gobierno». el art. En cuanto a la «normativa vigente sobre movilización». reunión pacífica y sin 68 De hecho. No me cabe la menor duda de que lo anterior sería desproporcionado.. J. que la militariza- ción conllevaría insertar a los civiles en el ámbito de la relación de especial suje- ción militar. Otros punto no menos problemático es que el art. HIGUERA GUIMERA. 34 y ss. 69 En idéntico sentido. excepción y sitio. lo que se traduciría en la imposición de un gravoso sistema de limita- ciones -generales y específicas. RECPC 14-11 (2012) . Estamos. a efectos de aplicación del Código castrense.5 CPM: «A los efectos de este Código se entenderá que son militares quienes po- sean dicha condición conforme a las leyes relativas a la adquisición y pérdida de la misma y. libertad individual. art.2 LODES establece que tal legislación.. concretamente. art. como se recordará.pdf . y ello plantea una cuestión de difícil solución. de 25 de noviembre. y el Código penal militar de 1985. el art. el art. vid. «en todo caso.: «Los estados de alarma.5 CPM no puede ser considerado. como una disposición supletoria de la LODES. DE RÉGIMEN DE PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. 8. el precepto mencionado establece que tendrá la cualidad de militar. En efecto. El problema que se suscita -y por eso arriba he calificado la cuestión de difícil solución. p. por ejemplo. pero no regula ni la movi- lización ni la militarización.
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. en: LÓPEZ RAMÓN. P. ya que los primeros son competentes para conocer de todos los tipos castrenses perpe- trados por sujetos militares..2 LODES. Entidades o particulares» que tengan la nacionalidad española y que cuenten con «aeropuertos o aeródromos privados». núm. de 21 de julio. 1997. Trotta-Academia General Militar-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales «Lucas Mallada». esta lectura colisiona directamente con las normas jurisdic- cionales de reparto de competencia entre los tribunales militares y los comunes. entre otros. en Revista de Administración pública.: Presupuestos constitucionales de la función militar. 1995. 1994. Así sucedería. Finalmente. etc. Entidades o particulares que tengan la nacionalidad españo- la la instalación de aeropuertos o aeródromos privados que habrán de reunir los requisitos que previamente determine. p. c. T. se podría intentar demostrar que 70 Al respecto.): La función militar en el actual ordenamiento constitucional español. dependerán de la «Jefatura Militar Aérea en cuya demarca- ción se encuentren»71. SERRANO ALBERCA... con lo cual nuevamente afloraría el problema de la inconstitucionalidad del art. p. LÓPEZ BENÍTEZ. Naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones especiales de sujeción. 160 y ss. PEÑARRUBIA IZA. en todo caso. A partir de esta disposición. Madrid. es decir.2 LODES: asegurar el funcionamiento de las empresas y servicios. b. vid. «Movilización» en el sentido de militarización parcial El término «movilización» puede ser interpretado una suerte de militarización parcial. p. NEVADO MORENO. evitaría el esco- llo de la inconstitucionalidad del procesamiento de los «movilizados» en sede castrense. J.)70. núm. Universidad de Córdoba-Civitas. 2000. CEC.: «Limitación de Derechos fundamentales de la Constitución española en relación con las Fuerzas Armadas». M. Esta interpretación apuntaría a considerar al colectivo «movilizado» como una clase muy particular de militares. para intensificar las relaciones internas de jerarquía y obediencia. a mi parecer. si se prefiere.: «La protección de las libertades públicas del militar». las «Corporaciones. «a efectos de movilización».11: 22 Juan Carlos Sandoval armas. lna). 95 y ss. 2012. sobre de Navegación Aérea (en adelante. la de aquellos a los que se les impo- ne esa cualidad únicamente a efectos de alcanzar el objetivo previsto en el art. 14-11. 89 y ss. MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 44 LNA: «Sólo podrá autorizarse a Corporaciones.. 11:1-11:24 − ISSN 1695-0194 . por ejemplo. Todos ellos se someterán a las servidumbres que se establezcan. Madrid. enero-abril 1984. 103. honor. passim. para reforzar la protección del bien jurídico principio de autoridad o. y a efectos de movilización dependerán de la Jefatura Militar Aérea en cuya demarcación se encuentren». passim. J. Madrid. 12. No obstante.: La función pública militar. Movilización en el sentido de sometimiento a la autoridad militar Según el art. en sede común. libertad de expresión. La militarización parcial es la interpretación que. S. la interpretación de la movilización como militarización tropezaría con un obstáculo insalvable: el sujeto militarizado que realizara un tipo penal militar tendría que ser juzgado en sede castrense. M. 12. Las infracciones penales militares serían juzgadas. Madrid. el Ministerio del Aire. Esto supondría que la ley penal militar sólo se aplicaría en tanto en cuanto fuera necesaria para el logro del objetivo antes mencionado. p. 71 Art. F. (DIR. 44 de la Ley 48/1960. Marcial Pons. en cada caso.
en los supuestos del estado de sitio. estrechamente relacionados en la práctica jurídi- ca. . vid. En concreto.2 LODES. con arreglo al art.ugr. edición nacional de 21 de septiembre de 2011... Diario El País. En tal estado de cosas. y el Código penal militar de 1985. sino en la suje- ción del personal «movilizado» a la dirección técnica o aeronáutica o. si se prefiere.Presupuestos del estado de alarma y repercusiones penales 11: 23 la movilización no consiste en la conversión de un civil en militar. El estado de alarma es una institución del Derecho de excepción que puede ser utilizado legítimamente con el fin de hacer frente. En efecto. penal y procesal de la navegación aérea. afirma HIGUERA GUIMERA. ya que el estado de alarma puede implicar la expansión de la competencia penal militar para conocer de las infrac- ciones penales militares perpetradas por el mismo colectivo. actualmente la jurisdicción común tiene abierta una investigación para determinar qué responsabilida- des penales se derivaron de la crisis de los controladores aéreos. proporcionalidad y adecuación)... en el caso de los con- troladores aéreos.pdf . la conclusión general es que. tuvo una «finalidad claramente intimidante» [Ibid.hubiera respondido con mejores posibili- dades de éxito a las eventuales demandas de intervención penal74. mucho menos. Ahora bien. En el caso de los controladores aéreos. pero las infracciones a esta normativa que perpetren estos sujetos no podrán ser juzgadas por tribunales militares a no ser. la declaración del estado de alarma puede desplegar efectos en dos ámbitos. el juzgamiento en sede militar de los «movilizados» que delincan no encaja ni en el «ámbito estrictamente castrense». ni. claro está. pero conceptualmente distintos. que se pretenda llevar a cabo un juzgamiento que violente la Constitución.es/recpc/14/recpc14-11. 4. http://criminet. por el contrario. 6] 74 De hecho. esta interpretación carece de un aparato normativo que permita defenderla eficazmente. cit. toda vez que el Código penal militar pasaría a ser aplicable al colectivo de los «movili- zados». Al respecto. administrativa de una autoridad militar72.-F.». 12. 26-29 73 Desde luego. excepción y sitio. es razonable sostener que la utilidad práctica de las medi- das extraordinarias previstas en el art. en virtud de dicho precepto se puede someter a los «movilizados» a los dictados de la legislación castrense. HIGUERA GUIMERÁ.2 LODES sería la posibilidad de utilizar el recurso a la legislación penal militar como un instrumento de disuasión. 12. Esta última interpretación podría ser una razón para que los titulares de los pode- res del Estado democrático de Derecho reflexionen sobre si. si alguna virtud se puede atribuir al art.. mientras que los efectos de carácter penal material no plantean ningún problema de constitu- cionalidad. meramente simbólica73. Sin embargo. pp. la legislación penal común -el Código penal o la Ley 209/1964. Conclusiones 1. a situaciones de crisis 72 Sobre este precepto. 12. si se prefiere. siempre que concurran determi- nados requisitos (necesidad. p.2 LODES es limitada o. las consecuencias en el ámbito jurisdiccional sí coli- sionan con la Constitución. J.: «Los estados de alarma.. vid. y el segundo plano sería jurisdiccional. RECPC 14-11 (2012) . El primero sería el plano penal material. «La Juez imputa a toda la directiva del sindicato de controladores».. De acuerdo con lo que se ha visto hasta el momento.
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Esto último parece ser lo más aconsejable.11: 24 Juan Carlos Sandoval o de emergencias causadas bien por desastres naturales (terremotos. 3. 2. o bien por conflictos sociales. epidemias. 117. en su defecto. etc. 2012. la obligación de solventar tales problemas con el fin de garantizar que el uso de los estados de emergencia esté libre de cual- quier duda sobre si su uso es o no legítimo y limitado. la facultad gubernamental de «movilizar» al personal de empresas y servicios para «asegurar su funcionamiento». Desde el punto de vista del Derecho jurisdiccional. Entre las posibles medidas extraordinarias que pueden adoptarse al declarar el estado de alarma.5 CE).2 LODES o. 11:1-11:24 − ISSN 1695-0194 .). inundaciones. toda vez que implica ampliar la competencia subjetiva de los tribunales militares fuera de los «supuestos de estado de sitio» (art. 14-11. p. El legislador democrático tiene. destaca por su actualidad y su particular intensidad. se ha cuestionado la constitucionalidad de dicha facultad. derogue dicho precepto. núm. La descripción de los supuestos de hecho del estado de alarma no satisface to- das las exigencias derivadas de los principios de taxatividad y de seguridad jurídi- ca. por ello. Este problema es difícil de salvar y. pues. es necesario que el legislador regule la «movilización» mencionada art. 12.
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