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Timestamp: 2019-02-21 13:57:58
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No es solo la representación, sino también el control
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3825
NO ES SOLO LA REPRESENTACIÓN,
SINO TAMBIÉN EL CONTROL
Paloma Biglino Campos*
Sumario: I. Introducción. II. La representación: una noción puesta en
cuestión desde sus orígenes. III. Las ficciones de la democracia representantiva. IV. Algunos problemas de la teoría y la práctica del referéndum.
V. La iniciativa popular: una institución sin operatividad. VI. Conclusiones: mejorar la representación y el Estado de derecho.
Desde sus propios orígenes, la democracia representativa ha sido objeto de
polémica. Las críticas se han agudizado en los últimos tiempos: en algunos
casos, como es España, como consecuencia de la crisis financiera; en otros,
paradójicamente, como resultado del crecimiento económico, factor que
impulsa a reivindicar mejoras, no solo en el ámbito social, sino también en
la esfera política.
En mi país, el manifiesto “Democracia real, ya”, que inspiró al movimiento 15 M es un buen ejemplo.1 En la parte que nos interesa, el documento parte de una visión del deber ser de la democracia, en la que
ésta, por partir del pueblo, debe consistir en el gobierno del pueblo. En
la realidad diaria, sin embargo, “la mayor parte de la clase política ni
siquiera nos escucha”, por estar demasiado ocupada en enriquecerse “y
medrar a nuestra costa atendiendo tan solo a los dictados de los grandes
poderes económicos”. Ante esta situación, el remedio debería ser que la
clase política llevara la voz de las personas “a las instituciones, facilitando
la participación política ciudadana mediante cauces directos y procurando el mayor beneficio para el grueso de la sociedad”.
Las recientes movilizaciones sociales en Chile, Brasil y Perú tienen,
entre sí, caracteres muy diferentes. A pesar de ello, presentan ciertos ele* Catedrática de Derecho Constitucional, Universidad de Valladolid.
1 http://www.democraciarealya.es/manifiesto-comun/.
DR © Universidad Nacional Autónoma de México,
mentos comunes. En efecto, las protestas ciudadanas se centran en exigir
que la democracia sea algo más que elecciones periódicas. Desde esta
perspectiva se critican desde las tendencias privatizadoras en educación
hasta la corrupción en el ámbito público, pasando por la “repartija” de
los cargos en las instituciones de control entre las fuerzas políticas.
Aunque, para algunos, estas reivindicaciones son necesarias, justo es
reconocer que no resultan demasiado originales y, desde luego, distan de
ser perturbadoras. De un lado, en muchas ocasiones, no se pone en cuestión el carácter representativo de la democracia, sino la manera en que
se ejerce la representación, porque exige que los elegidos cumplan mejor
la misión para la que han sido designados, esto es, servir a los intereses
generales y no a los particulares. Pero de otro, dichas exigencias inciden
en las limitaciones de la representación, reivindicando cauces directos de
El objetivo de estas páginas es analizar algunos de estos planteamientos críticos. Como veremos a continuación, ciertas objeciones son casi
inevitables, porque derivan de la propia naturaleza de la representación,
que sigue llena de ambigüedades. En otros casos, lo que se denuncia no
es el propio sistema representativo, sino su mal funcionamiento. En estos
casos, la solución no pasa, a mi entender, por articular nuevas formas de
participación ya que, como demuestra el caso español y otros recientes
del continente americano, las instituciones de democracia directa o participativa no son ninguna panacea. Cuando los problemas obedecen a la
patología, y no a la fisiología, de la representación, lo que hay que hacer
es perfeccionar la representación y no sustituirla.
Como antes se señalaba, el problema es tan antiguo que puede considerarse inherente a la aparición del concepto de representación contemporánea. No es este el momento de llevar a cabo un análisis histórico profundo de esta afirmación, por lo que me voy a limitar a citar algunos hechos
históricos, más con la intención de poner un ejemplo de la afirmación que
acabo de realizar que de hacer auténtica historia.
II. La representación: una noción puesta en cuestión
Es cierto que la idea de representación que tenemos en la actualidad no
nace de manera repentina ni durante la Revolución francesa.2 Pero tam2 La noción ya estaba consolidada el Inglaterra, aunque con las peculiaridades
bién es verdad que fue durante ese proceso histórico cuando recibió la
formulación teórica que tuvo mayor influencia en el derecho público continental. Además, es al inicio del periodo revolucionario cuando dicha noción se “escenifica”.
Recordemos los hechos. El 17 de junio de 1789 los representantes del
tercer Estado deciden someter a votación la denominación de la nueva
cámara que quieren constituir: a iniciativa de Sieyés, pero con términos
de Legrand, deciden llamarse Asamblea Nacional. Tres días más tarde,
una vez reunidos en la sala del Jeu de paume, juran no volverse a separar
hasta que la Constitución del reino no esté establecida y afirmada sobre
En tres días culmina, así, una revolución política que tendrá grandes
implicaciones teóricas. La idea había sido ya expuesta por Sieyès en ¿Qué
es el Tercer Estado?3 Frente a las reuniones por separado de los tres estamentos se reivindicaban la reunión conjunta en una sola cámara. Frente
al voto por estamento, se reivindicaba el voto por cabeza. Además, se
quería la duplicación del voto, para que el número de representantes del
tercer Estado fuera igual a la suma de los otros dos.
La primera reunión de la Asamblea nacional supone que, en la práctica, se abandone la idea de representación medieval y se fragüe la idea
contemporánea de representación. Los principios se consolidan en la
Constitución de 1791 que afirma, tajantemente, que todos los poderes
emanan de la nación y solo pueden ejercerse por delegación de esta.
Con una fórmula que responde a la monarquía constitucional, todavía
dual, “La Constitución francesa es representativa: los representantes son
el cuerpo legislativo y el rey”.4
Pues bien, esta noción de representación nace ya sometida a profundas críticas. El argumento central contra ella había sido expuesto por
Rousseau en El contrato social. Al hablar de la soberanía había afirmado
que esta no puede ser representada. La voluntad general “es ella misma
o es otra: no hay término medio”.5
derivadas, entre otros factores, de la negativa a reconocer otra soberanía que no
obedeciera a la fórmula de The King in Parliament”, expresión que conlleva la negación
de la soberanía nacional o popular. Sirva como ejemplo la claridad con la que es expuesta por E. Burke en su famoso “Discurso a los Electores de Bristol”, pronunciado
en 1774.
3 Introducción, traducción y notas de Francisco Ayala, Madrid, 1979, pp. 29 y ss.
4 Título III, art. 2.
5 Así, el autor afirma “los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser, sus
representantes; no son sino sus comisarios; no pueden acordar nada definitivamente.
Para intentar conciliar las dos visiones de la democracia, el artículo
6o. de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano reconoce a estos últimos el derecho a participar en la formación de la ley,
no solo a través de representantes, sino también directamente. Poco después, el proyecto de Constitución girondina de 1793, presentado el 15 y
16 de febrero, da otro paso en la misma dirección cuando aparece, por
primera vez en un texto escrito y con formulación moderna, la iniciativa
popular para convocar un referéndum.6
La noción era de Condorcet, principal autor del texto. La idea central,
introducida en el título VIII del proyecto, titulado expresivamente “De
la censura del pueblo sobre los actos de la representación nacional y del
derecho de petición”, era atribuir a los ciudadanos el derecho a instar
la derogación, reforma o aprobación de las leyes, la Constitución o los
actos de administración general, solicitando que fueran sometidos a votación popular.7
El texto era respetuoso con el cuerpo legislativo, dado que le correspondía tomar la decisión. Si al final del proceso se producía una identidad de voluntades (en la medida en que el cuerpo legislativo, estimando
o rechazando la réquisition, hubiese representado eficazmente al pueblo) el
tema no era sometido a referéndum. Este se concebía solo a iniciativa de
los ciudadanos, para resolver el conflicto entre ambas posturas. En caso
de que la opinión del cuerpo legislativo fuese rechazada por el electorado, habiendo perdido la confianza de los ciudadanos, estaba obligado a
disolverse.8
Toda ley no ratificada en persona por el pueblo es nula; no es una ley. El pueblo
inglés cree ser libre: se equivoca mucho; no lo es sino durante la elección de los
miembros del Parlamento; pero tan pronto como son elegidos es esclavo, no es nada.
En los breves momentos de su libertad, el uso que hace de ella merece que la pierda”.
(Rousseau, J. J., El contrato social, trad. de F. de los Ríos Urruti, Madrid, 1969, p. 112.
6 Sobre este asunto, Mercier, A. C., “Le référendum d’initiative populaire: un
trair méconnu du génie de Condorcet”, Revue Française de Droit Constitutionnel, 2003,
núm. 55, pp. 482-512. En España, Santamaría, J., “Participación política y democracia directa”, Estudios de Ciencia Política y Sociología. Homenaje al profesor Carlos Ollero,
Madrid, 1972, pp. 746 y 747, y Aguiar de Luque, L., Democracia directa y Estado constitucional, Madrid, 1977, p. 46.
7 Tampoco el referéndum es una innovación de la Revolución francesa. Recordemos que algunas de las Constituciones de los nuevos Estados norteamericanos
fueron sometidos a referéndum (por ejemplo, en Massachusetts), hecho que también
se dio con la Constitución federal de 1787 (sometida a referéndum, por ejemplo, en
Rhode Island).
8 El texto del proyecto aparece en http://mjp.univ-perp.fr/france/co1793pr.htm#8.
Aunque el proyecto no prospera, la idea permanece. El artículo 10 del
texto definitivo de la Constitución de 1793 reconoce al pueblo el derecho
a deliberar acerca de las leyes. En consecuencia, se establece un procedimiento para que los ciudadanos insten la votación popular de una ley
aprobada por el cuerpo legislativo. Esa otra visión de la democracia se
pone de manifiesto en un hecho: el propio texto de la Constitución fue
sometido a votación en julio de 1793, a pesar de la situación de guerra en
la que Francia se encontraba.
III. Las ficciones de la democracia representantiva
Los acontecimientos históricos que se acaban de relatar ponen de manifiesto las dificultades que entraña la propia noción de representación contemporánea. El principal argumento contra la misma sigue siendo el de
Rousseau, esto es ¿por qué delegar nuestro derecho a decidir, si podemos
gobernarnos por nosotros mismos?
A esta pregunta hay que añadir las complejidades que entraña la idea
de representación, que sigue siendo ardua de captar, no solo para cualquier ciudadano sino para la propia teoría de la democracia. Su mayor
complejidad deriva de que dicha noción resulta del juego combinado de
varias ficciones, esto es, de aparentar lo que realmente no es, para extraer
las mismas consecuencias que se hubieran producido de haber sido.
La idea central de la que es preciso partir es tan elemental que, a veces,
se olvida. Consiste en recordar que la representación se opone a la identidad. Como en el teatro, se representa porque los auténticos personajes
de la acción, esto es, todos los ciudadanos, no pueden estar presentes en
Las razones que se aducen para negar que el protagonista de un sistema democrático —esto es, el pueblo— pueda tomar decisiones directas son de muy distinto tipo y van desde la división del trabajo hasta la
imposibilidad física de reunir a todos en la misma ágora. Sea cual sea el
fundamento por el que se justifique la representación, esta supone que,
como en el derecho civil del que trae sus orígenes, unos actúen por cuenta o encargo de otros.
Tuve ocasión de analizarlo en “La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico estatal”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 18, enero-abril de
1987, pp. 78 y ss.
Este contenido entraña ya una ficción porque, aún quien no tiene derecho a elegir representante, va a estar representado. Así fue durante
mucho tiempo con quienes no estaban inscritos en el censo de propiedad,
después con las mujeres y sigue siendo todavía con los menores. Es lo que,
en alguna circunstancia histórica, se denominó representación virtual.9
Cuando se elige una asamblea parlamentaria, sigue siendo preciso
“fingir” que la voluntad de la mayoría de sus miembros es la voluntad del
órgano. Esta ficción, cuyos primeros orígenes se remontan al derecho romano, sigue conservando ecos de la misteriosa transustanciación que, en
la obra de Rousseau, experimentaba la voluntad de todos para transformarse en voluntad general. Además, hoy en día, esta ficción sigue siendo
necesaria pero no es suficiente, porque en las democracias contemporáneas, la legitimidad exige sumar, a la regla de la mayoría, el respeto a
los derechos de la minoría. Y una vez presupuesto todo esto, queda por
imputar la voluntad de la asamblea representativa (es decir, en la práctica
y en la mayor parte de las ocasiones, la voluntad de la mayoría) a todo el
cuerpo electoral, es decir, también a todos aquellos que han votado una
opción política distinta a la de la mayoría.
Y aún queda otra pregunta por hacer, que también afecta a las elecciones unipersonales. ¿Cómo exigimos responsabilidad a los representantes?
Si no podemos revocarles (que es lo que exigiría realmente la propia lógica de la representación, al menos en el ámbito privado) ¿por qué tenemos
que soportar la imputación de sus actos, si no estamos de acuerdo con su
gestión, dado que no hacen lo que prometieron o hacen lo que no habían
prometido? Para exigir responsabilidad, no parece que la idea de transparencia sea suficiente garantía, sino un requisito previo, porque nos permite conocer la actuación del representante. Pero una vez que sabemos lo
que se ha hecho, por qué seguir soportando una gestión de lo público que
nos parece inadecuada, durante todo el tiempo que dure el mandato?
Generalmente, justificamos la mayor parte de estas construcciones resaltando que, frente al antiguo mandato medieval, el mandato actual es
general, es libre y no revocable. Pero hay que reconocer que esto no es una
explicación, sino solo una descripción de lo que hay.
Esta noción, utilizada por G. Grenville, se generalizó sobre todo al final de la
dominación británica con respecto a la población de los territorios del otro lado del
Atlántico. Frente a la reivindicación colonial de tener su propia representación en
Westminster, la metrópoli argumentaba que los miembros del Parlamento de Londres no representaban solo a sus electores sino, virtualmente, a todos los ciudadanos
del imperio. Sobre el tema, Kromkowski, Ch. A., Recreating the American Republic: Rules
of Apportionment, Constitutional Change and American Political Development, Cambridge,
2002, pp. 66, 126 y 127.
9 DR © Universidad Nacional Autónoma de México,
En realidad, no es posible fundamentar la democracia representativa
en términos de justicia, o de equidad. La única explicación que podemos
darle es histórica y, sobre todo, funcional. En primer lugar porque, tal y
como citó W. Churchill en la Cámara de los Comunes,10 la democracia es
el peor de todos los sistemas posibles, prescindiendo de todos los demás.
Esta afirmación, aunque ya muy manida, sigue siendo cierta porque todavía no se ha demostrado lo contrario. Pero además porque, al día de
hoy, la democracia representativa ha demostrado ser la única compatible
con otros principios del Estado constitucional y la que menos peligros
genera para la libertad. Pero de esto se hablará más adelante.
Por ahora, me interesa resaltar que todas las ficciones y paradojas de
la representación generan incomprensión e incitan a muchos a buscar
alternativa. No es de extrañar que algunos piensen que lo mejor es prescindir de la representación para que el pueblo se gobierne directamente
IV. Algunos problemas de la teoría
y la práctica del referéndum
Como ya había ocurrido en la Revolución francesa, la insatisfacción con
la representación ha hecho que algunos ordenamientos contemporáneos
intenten aproximar al pueblo a la toma de decisiones manteniendo las
formas de representación clásica, pero corregidas con la introducción de
instituciones de democracia directa o participativa. Por eso, algunos sistemas han incorporado el referéndum (o la iniciativa de referéndum) y la
Más adelante tendremos ocasión de analizar el funcionamiento práctico del referéndum en España. Por ahora, es preciso resaltar algunas de
las ventajas e inconvenientes de esta forma de participación.
A su favor suele decirse que la adopción directa de la decisión por parte de los ciudadanos evita las posibles distorsiones que los representantes
puedan provocar en la correcta formación de la voluntad popular. En su
contra se han utilizado diferentes argumentos.
Así, y en primer lugar, se reprocha que puedan ser fácilmente instrumentalizados. En caso de que el ejecutivo convoque el referéndum, se
afirma que éste puede degenerar en un plebiscito que refuerza a dicho
10 En la sesión de 11 de noviembre de 1947.
poder por estrechar su vínculo directo con el pueblo. Ejemplos de estos problemas pueden ser algunas de las reformas constitucionales en
América Latina, aprobadas por votación popular y destinada a suprimir
límites a la reelección presidencial.11 En otras ocasiones, se denuncia la
marginación del parlamento, único órgano que representa también a las
minorías. El caso más reciente de este tipo de críticas son las ocasionadas cuando la Presidencia brasileña propuso un referéndum de reforma
del sistema político en mayo de este año, de la que finalmente desistió
precisamente por falta de apoyo en el Congreso, único autorizado para
convocar este tipo de consultas.
También existen problemas cuando el referéndum obedece a la iniciativa popular. En efecto, en algunas ocasiones, puede servir para que
una fuerza política minoritaria movilice a todo el electorado sobre temas
que carecen de interés para la mayoría, pero que pueden ser rentables a
medio plazo para la fuerza política que impulsa el referéndum, al prestarles una plataforma para difundir su ideario y mejorar sus expectativas
electorales. Este es, al menos, el reproche formulado contra alguno de los
sesenta y seis referéndums abrogativos celebrados en Italia desde la entrada en vigor de la Constitución.12
En cualquier caso, sea cual sea la institución con poder de convocar el
referéndum, es difícil que el electorado se atenga estrictamente a valorar
la norma o decisión política sometida a votación, porque suele suceder
que la oposición aproveche la ocasión para someter a escrutinio popular
la gestión global del ejecutivo y la orientación política de la mayoría.
A estos problemas hay que añadir las dificultades que la democracia
directa suscita desde un punto de vista conceptual. Es cierto que respeta
uno de los requisitos del Estado social y democrático actual, ya que su11 Así sucedió, por ejemplo, en Venezuela, en febrero de 2009, Bolivia en enero de 2009 o Ecuador en septiembre de 2008. Una excepción a esta tendencia es
Colombia, donde la Corte Constitucional, en sentencia C-41/10, consideró que un
referéndum acerca de la reelección presidencial modificaría las formas de gobierno
y de democracia previstas en la norma fundamental.
12 Conviene recordar, por ejemplo, que entre el 15 de junio de 1997 y 22 de junio de 2009 ninguno de los 29 referéndums convocados superaron el quorum de participación exigido. Es más, en las votaciones celebradas el 21 y 22 de junio de 2009,
la participación bajó hasta un 23%, aproximadamente. Esta tendencia cambió de
manera significativa en 2011. Aunque la participación no superó el 55%, prosperó
la propuesta de derogar cuatro normas, siendo una de ellas la Ley sobre “Il legittimo
impedimiento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in
udienza penale, quale risultate a seguito della Sentenza n. 23 del 2011 della Corte
Costituzionale” (http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=F&dtel=12/06/2011).
pone el gobierno de la mayoría, pero dejan de lado otro de los principios
básicos del Estado democrático contemporáneo, esto es, el pluralismo
político. Por eso, y sin mayores limitaciones, las instituciones de democracia directa pueden conducir a la tiranía de la mayoría. Hay que tener
presente, además, que cuando el pueblo gobierna sin intermediarios resulta imposible cumplir con otro de los principios básicos del Estado de
derecho, esto es, la división de poderes.
Los principios que se acaban de enunciar (pluralismo y división de
poderes) surgen con la aparición de la democracia representativa. Y no
se trata de una mera casualidad histórica. En primer lugar, porque solo
los órganos de carácter representativo pueden ser plurales y capaces de
expresar las distintas opciones ideológicas existentes en el conjunto del
cuerpo electoral. En segundo lugar porque, aunque el parlamento sea el
único órgano que representa a todo el pueblo soberano, ostenta solo uno
de los poderes del Estado. Los demás, sobre todo el Ejecutivo, aunque
también sometidos a control, actúan a su vez como “freno y contrapeso”
En España, los últimos casos de referéndum ponen de manifiesto algunos de los problemas que se acaban de mencionar.13 A partir de las
disposiciones constitucionales y de lo establecido en la L.O. 2/80, del 18
de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum,
la doctrina suele resaltar la similitud entre el tipo de referéndum previsto
en el artículo 92 de la Constitución Española y algunas formas de plebiscito. En efecto, la figura recogida en dicho artículo no versa sobre normas, sino sobre decisiones políticas de especial trascendencia. Además,
su realización es decidida por el presidente del gobierno con cierta dosis
de libertad, aunque con previa autorización del Congreso de los Diputados. Por último, y al menos formalmente, la decisión popular carece de
Pues bien, las dos únicas ocasiones en que se ha utilizado esta forma
de democracia directa han servido para poner de manifiesto las dificultades que suscita. Así ocurrió la primera vez, en 1986, cuando el gobierno
promovió el referéndum para decidir la permanencia de España en la
OTAN, medida que supuso diferir al electorado la adopción de una polémica decisión de política exterior que resultaba de la imposibilidad de
cumplir un programa electoral.
13 Sobre este asunto, resulta de interés la encuesta publicada en Teoría y Realidad
Constitucional, num. 30, 2012, pp. 11-54, con las respuestas de José Luis Cascajo Castro, Eloy García, Joan Oliver Araujo e Ignacio Torres Muro.
En la segunda ocasión, cuando en 2005 se sometió a referéndum la
conveniencia de ratificar el Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa, el debate que marcó la campaña distó de versar
sobre el contenido de dicho texto. El interés por utilizar el referéndum en
contra del gobierno que lo había convocado impidió que los partidos políticos plantearan claramente sus posturas sobre la integración y que los
ciudadanos tuvieran un conocimiento claro sobre el proyecto de Constitución. La participación fue, como veremos, escasa y, por problemas
similares, acontecidos en Francia y en Holanda, la idea de elaborar una
Constitución para Europa fue finalmente abandonada.
El ordenamiento español recoge otros tipos de referéndum que resultan más pacíficos que el previsto en el artículo 92. Se trata del previsto
para la reforma de los Estatutos de Autonomía y para la propia modificación de la Constitución. No tenemos experiencia sobre este último tipo
de votaciones, aunque hemos conocido diferentes referéndums sobre las
normas institucionales básicas de las comunidades autónomas.
El hecho de que este tipo de consultas sean vinculantes y de obligada
celebración, así como que versen sobre normas, hacen que provoquen
menos críticas y que su convocatoria suscite menos polémicas. Aun así,
este tipo de referéndums no ha dejado de suscitar algunos problemas. En
efecto, ha sido objeto de controversia la manera en que debía articularse
la autorización del Estado para su celebración y quién debía ser la autoridad que convocara la votación.14 Se ha discutido, también, si la legislación
electoral aplicable es la del Estado, o las normas propias de la Comunidad
Autónoma.15
14 Uno de los más recientes fue el referéndum sobre el Estatuto de Autonomía
de Cataluña, que se celebró el 18 de junio de 2006. El resultado fue de 73,90% votos
a favor, 20,76% en contra y 5,34% votos en blanco. Posteriormente, el referéndum
sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía se celebró el 18 de febrero
de 2007. El resultado fue una victoria del ‘sí’, con el 87,45% de los votos. En ambos
casos, la convocatoria correspondió al Presidente de la Comunidad Autónoma, ya
que se entendió que la aprobación de ambos textos por medio de Ley Orgánica incluía implícitamente la autorización estatal.
15 La Junta Electoral Central, en el acuerdo del 24 de mayo de 2006 consideró
de aplicación el artículo 50.2 de la LOREG, que impide promover la participación,
frente a la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 18/2000, del 29 de diciembre, por la que se regula la publicidad institucional, cuyo artículo 8.3 permitía a los
poderes públicos hacer campaña institucional para incentivar el voto. El Tribunal
Supremo, en el Auto del 6 de junio de 2006 confirmó posteriormente el mismo criterio. Aún sin entrar en el fondo del asunto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo
sostuvo que no se trataba de unas elecciones autonómicas, sino de un referéndum
A pesar de las diferencias que median entre el referéndum consultivo del artículo 92 CE y los que afectan a la reforma de los Estatutos de
Autonomía, la experiencia de la última década pone de manifiesto un
rasgo en común. Este consiste en la falta de participación ciudadana.
En efecto, en el referéndum sobre la Constitución Europea participó
solo el 41.8% y en el que afectó a la reforma del Estatuto de Autonomía
de Cataluña de 2006 el 48.9%. En el caso de la reforma del Estatuto de
Autonomía de Andalucía de 2007, la participación se situó en tan solo el
35.9%. La doctrina ha puesto de manifiesto la contradicción que existe
entre una opinión pública cada vez más favorable a la utilización del referéndum como instrumento destinado a incorporar a los ciudadanos a
la toma de decisiones políticas y la realidad de estas últimas consultas, en
las que no acudió a las urnas la mayoría del electorado.16
Por último, no cabe olvidar que en el sistema jurídico español y a parte de los que afectan a los Estatutos de Autonomía, es posible convocar
referéndums en ámbitos territoriales inferiores al nacional, como es, por
ejemplo, el propio de una comunidad autónoma o un término municipal.
Desde el principio, este tipo de consultas han estado rodeadas de polémicas. La primera, y sin duda, la más importante, se originó cuando el
Parlamento Vasco dictó la Ley 9/2008, “de convocatoria y regulación
de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la
Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de
negociación para alcanzar la paz y la normalización política”. La votación no llegó a realizarse porque fue suspendida por el Tribunal Constitucional mediante la STC 103/2008, dictada a instancias del Gobierno
que había que impugnado la disposición haciendo invocación expresa
del efecto previsto en el artículo 161.2 CE.
sobre la modificación de un Estatuto. El artículo 1o. de la LO 2/1980, reguladora
de las distintas modalidades de referéndum, especifica su propio ámbito de aplicación, que se extiende a las diferentes modalidades de referéndum, incluidos los de
reforma de las normas institucionales de las Comunidades Autónomas, a los que se
refiere expresamente el artículo 10 de la misma ley. Por eso, las limitaciones que el
artículo 50.1 de la LOREG impone a las campañas institucionales resultan también
de aplicación. Sobre este asunto, Biglino Campos, P., “La legislación electoral estatal
y el margen del legislador autonómico”, en Gálvez Muñoz (dir.), El derecho electoral
de las comunidades autónomas. Revisión y mejora, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2009, pp. 11-42.
16 Sobre el tema, Cabeza, L. y Gómez Fortes, B. “Referéndums sin ciudadanos.
El caso del referendo para la reforma del Estatuto de Autonomía andaluz”, Revista
Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 130, 2010, pp. 11-40.
Muy polémicas han sido, también, las consultas populares que, en distintas oleadas y desde 200917 se han convocado en Cataluña a nivel municipal. En las mismas se sometía a votación que dicho territorio fuera un
“estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la
Estos acontecimientos ponen de manifiesto que, en España al menos,
la democracia directa plantea otros problemas añadidos a los antes mencionados y que afectan a la distribución de competencias. Seguramente,
otros ordenamientos de corte federal plantean problemas similares que,
a veces, no son fáciles de resolver porque afectan al propio fundamento
del poder público, esto es, a la manera de concebir al pueblo. La solución
no será la misma cuando hay un solo pueblo y este es el de la federación,
que cuando el pueblo de la federación resulte ser la suma de los pueblos
En España, el artículo 149. 1.32 reserva al Estado la autorización para
la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Esto no
supone que tanto en el ámbito autonómico como en el local no puedan celebrarse consultas populares o referéndums.18 Significa solo que,
en determinados supuestos, será preciso el consentimiento de la entidad
El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de aclarar la dimensión
de esta exigencia19 y la ha limitado al caso del referéndum en sentido
estricto, es decir, cuando el sujeto es el cuerpo electoral y este actúa
sometido a las formas y garantías propias del procedimiento electoral.
La autorización del Estado no es precisa, pues, cuando se trata de otros
tipos de consultas populares, como son encuestas, audiencias públicas o
foros de participación. También ha precisado que, cuando se trata de referéndum, la regulación afecta al derecho fundamental de participación
política, por lo que ha de tener rango de ley orgánica estatal.
En la actualidad esta norma es la LO 2/1980, sobre la regulación de
las distintas modalidades de referéndum. La aplicación práctica de dicha
disposición durante los más de treinta años que lleva en funcionamiento
17 La primera fue la que se celebró en Arenys de Munt el 13 de septiembre de
2009. Una buena información acerca de las sucesivas oleadas de consultas que se
sucedieron en 2010 y 2011, en http://ca.wikipedia.org/wiki/Consultes_sobre_la_independ
%C3%A8ncia_de_Catalunya#Suport_institucional.
18 Es más, el artículo 71 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local y
algunos de los nuevos Estatutos de Autonomía reconocen expresamente esta posibilidad.
19 En las SSTC 103/2008 y 31/2010.
ha puesto de manifiesto muchas de sus limitaciones. Es una de las primeras leyes orgánicas elaboradas tras la aprobación de la Constitución por
lo que no tiene debidamente en cuenta el posterior desarrollo del Estado
de las Autonomías. Además, remite la regulación de algunas importantes
cuestiones, como es la campaña, a la regulación prevista en la Ley Orgánica de Régimen Electoral, sin tener en cuenta las diferencias que hay
entre un referéndum y unas elecciones. En efecto, mientras que el primero afecta a una norma o a una decisión política de especial trascendencia,
las segundas son una competición en las que se ventila el acceso al poder
de los contendientes.
V. La iniciativa popular: una institución sin operatividad
Las instituciones de democracia participativa nacieron para completar la
representación, dado que, por ser más adaptables, no sustituyen el protagonismo que corresponde a las instituciones en la adopción de actos o el
dictado de normas jurídicas.
La iniciativa legislativa popular o el derecho de petición, por ejemplo,
son cauces a través de los cuales los ciudadanos expresan sus propuestas y
opiniones en la formación de la voluntad de los poderes públicos. Están,
pues, a medio camino entre las instituciones de democracia representativa y las de democracia directa. Frente a lo que ocurre en las primeras,
la determinación del contenido de la disposición o acto no corresponde
únicamente al órgano, sino que puede ser el resultado de la iniciativa
o de la colaboración de los ciudadanos. A diferencia de la democracia
directa, las instituciones de democracia participativa no atribuyen la capacidad de decisión a los ciudadanos, sino que el acto o disposición final
es adoptado por las entidades representativas, que tan solo deben tener
en cuenta, de manera más o menos vinculante, la opinión expresada por
los representados.20
La ventaja de este tipo de instituciones es que, como antes se señalaba,
son fácilmente compatibles con la representación, porque no pretenden
atribuir la capacidad de decisión al cuerpo electoral. En la medida que
no resultan polémicas, permiten atribuir mayor protagonismo a los ciu20 Esta noción parte de la expuesta por Pizzorusso, A., “Democrazia partecipativa e attivitá parlamentare”, en varios autores, Parlamento, Istituzioni, Democrazia,
Milán, 1980, p. 133.
dadanos sin suscitar los problemas que generan las formas de democracia
directa que antes se han analizado. De ahí su generalización, hecho que
se pone de manifiesto, por ejemplo, en su recepción en el ordenamiento
europeo. Aunque el derecho de petición21 ya existía con anterioridad, la
iniciativa ciudadana se introdujo, con el Tratado de Lisboa, en el artículo
24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Al igual que
ocurre en los algunos países miembros, como es el caso de España, este
tipo de proposición no vincula al órgano ante el que se deposita sino
que la Comisión, en el caso de la Unión, igual que el Parlamento, en los
sistemas nacionales, pueden aceptarla o rechazarla. El TFUE deja claro
este extremo al indicar que es una manera de “invitar” a la institución
europea a que presente una propuesta para la elaboración de un acto de
naturaleza jurídica.22
Si bien es pronto para valorar la figura, los requisitos establecidos para
la presentación y el procedimiento de tramitación hacen complicado que
este tipo de iniciativas prosperen.23 Es fácil, por tanto, que la iniciativa
ciudadana corra una suerte similar a la iniciativa legislativa popular prevista en el articulo 87. 3 de la Constitución Española.
21 Su configuración en el nuevo artículo 24 Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE) no se distingue demasiado de la que ya existía en el artículo
21 del Tratado de la Comunidad Europea. Hay que reconocer que, como ocurre en
los Estados miembros, este derecho tiene un ámbito muy limitado. En efecto, solo
permite dirigirse a los poderes públicos para solicitar algo que esté dentro de su ámbito de competencia, sin que éstos se vean forzados a acceder a la petición, sino solo
a tomarla en consideración, dando acuse de recibo. En el TFUE, como ya sucedía
con anterioridad, se contemplan dos modalidades para el ejercicio del derecho. La
primera consiste en la petición que, tanto los ciudadanos europeos como las personas
físicas o jurídicas nacionales de terceros Estados que residan en la Unión, pueden
formularse ante el Parlamento Europeo (artículo 227) sobre asuntos propios de los
ámbitos de actuación de la Unión que le afecten directamente. La segunda manera
de ejercer el derecho es accediendo al Defensor del Pueblo Europeo (artículo 228
TFUE).
22 La figura aparece desarrollada por el Reglamento (UE) núm. 211/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa
23 Aunque solo debe ser suscrita por un millón de ciudadanos, cifra que no es
muy elevada con respecto al conjunto de la población europea, estos deben provenir de, al menos, siete estados miembros. Al 31 de julio de 2013, hay 16 iniciativas
abiertas, ninguna de las presentadas hasta el momento ha culminado, once han sido
denegadas y cinco han quedado obsoletas (http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
basic-facts).
En España, la iniciativa legislativa popular, aunque fue introducida
tempranamente por la Ley Orgánica 3/1984 del 26 de marzo24 ha dado
un resultado muy poco satisfactorio. En efecto, a pesar de sus casi tres
décadas de existencia, ninguna de las iniciativas populares formuladas
hasta la fecha ha llegado a culminar.25 Sirva como ejemplo lo que ocurrió
en la pasada legislatura, cuando fueron presentadas 23 proposiciones, de
las cuales 6 caducaron, 7 se trasladaron al siguiente Congreso, 8 se inadmitieron en términos absolutos y dos fueron retiradas.26
Uno de los casos más llamativos de las limitaciones que afectan a esta
forma de iniciar el procedimiento legislativo ha sido el acontecido con la
proposición popular sobre las hipotecas. La iniciativa, suscrita por más
de un millón y medio de firmas, intentaba poner fin al problema de los
desahucios mediante la dación del bien hipotecado en pago de la deuda
garantizada. Aunque la iniciativa popular fue admitida a trámite nunca
llegó a aprobarse. En efecto, la mayoría parlamentaria subsumió dicha iniciativa en su propio proyecto de ley, texto que no recogía dicha medida.27
Hay varios motivos que explican el fracaso de la iniciativa legislativa
popular. La principal de todas ellas es que, a pesar de su naturaleza, la
iniciativa popular o ciudadana, suscita la desconfianza de los partidos
políticos y de las propias instituciones. Los primeros suelen mirar con
suspicacia aquellas propuestas que escapan a su control o que fuerzan a
una toma de posición que puede resultar electoralmente comprometida.
Modificada por la LO 4/2006, de 26 de mayo.
La única excepción relativa fue la proposición de ley sobre reclamación de
deudas comunitarias, presentada el 27 de marzo de 1996. Esta proposición llegó a
ser aprobada pero, por acuerdo de la ponencia del Congreso de los Diputados, fue
subsumida en la Ley de Reforma de la Ley 49/1960, sobre Propiedad Horizontal.
(Boletín Oficial de las Cortes Generales, VI Legislatura, Serie B, 20 de noviembre
de 1988, núm. 83.11).
26 Los datos figuran en: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Con
greso/Iniciativas/Indice%20de%20Iniciativas?_piref73_1335503_73_1335500_1335500.
next_page=/wc/ser vidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI9&FMT=INITXL
US.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%28I%29.
ACIN1.+%26+%28120%29.SINI.
27 Se trata de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. La
tramitación de la iniciativa legislativa popular aparece recogida en http://www.con
greso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/Indice%20de%20Iniciativas?_pi
ref73_1335503_73_1335500_1335500.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERL
ST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.
fmt&DOCS=13-13&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28120%29.SINI.
24 25 DR © Universidad Nacional Autónoma de México,
Las segundas suelen tratar con mucho rigor formal toda iniciativa que no
provenga, a su vez, de otras instituciones.
Sobre el derecho de petición como institución de democracia participativa poco hay que decir. Quizá su aspecto más positivo sea su larga
tradición histórica, al ser el primer derecho fundamental que aparece
en un texto escrito y en una época (la gloriosa revolución inglesa) en la
que tenía significado, ya que aseguraba que los ciudadanos no pudieran
ser represaliados por las peticiones que hubieran dirigido al monarca.28
Distinta es la situación en la actualidad porque los ciudadanos no solo
pueden pedir, sino también exigir aquello a lo que tienen derecho. Su eficacia como instrumento de participación es muy limitada, dado que las
instituciones a las que se dirige la petición no tiene porqué acceder a ella.
La escasa efectividad de la facultad de pedir se demuestra con solo
mencionar un hecho. Es, quizás, el único derecho fundamental que, una
vez aprobada la Constitución Española, no cambió de régimen jurídico, sino que siguió regulado por una ley preconstitucional hasta 2001,29
año en que cuando finalmente se aprobó la Ley Orgánica que requiere el
artículo 81.1 CE para el desarrollo de los derechos fundamentales. Esta
Disposición, en parte por indicación de la jurisprudencia constitucional,30
impuso a quienes reciben la petición el deber de, al menos, cursarla y dar
VI. Conclusiones: mejorar la representación
y el Estado de derecho
Desde hace ya algún tiempo, el Tribunal Constitucional español ha definido con claridad cuál es posición que corresponde a las instituciones de
28 Así, el Bill of Rights de 1689 afirmaba que “That it is the right of the subjects
to petition the king, and all commitments and prosecutions for such petitioning are
29 La LO 4/2001, reguladora del Derecho de Petición derogó la Ley 92/1960,
del 22 de diciembre.
30 En la STC 242/1993, el Tribunal señaló que el derecho incluye solo la “exigencia de que el escrito al cual se incorpore la petición sea admitido, le dé el curso
debido o se reexpida al órgano competente si no lo fuera el receptor y se tome en
consideración. Desde la perspectiva del destinatario, se configuran dos obligaciones,
una al principio, exteriorizar el hecho de la recepción (lo que la Ley define como
acuse de recibo) y otra, al final, comunicar al interesado la resolución que se adopta”
(STC 242/1993).
democracia directa y participativa.31 Según su jurisprudencia, “son cauces
especiales y extraordinarios”, por oposición a la representación política,
que es la vía ordinaria, o común, a través de la cual se articula la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Esto no solo significa que,
en el sistema jurídico español, prime la participación representativa sobre
la directa, sino también que la Constitución configure, de manera restrictiva, el alcance y condiciones de la otra forma de participación.
Esta fue, además, una opción deliberada de los constituyentes, que
quisieron reforzar el papel de unos partidos políticos que, solo unos años
antes, estaban todavía en la ilegalidad. Se pretendía, también, vigorizar
el papel del parlamento, órgano representativo y plural, frente al ejecutivo, del que todavía se desconfiaba. Era, además, una opción homologable a la de otros países europeos que regulaban de manera similar las
instituciones de democracia directa (como ocurría en Italia) o, aún más,
la desconocían (lo que sucedía en la República Federal Alemana). Por
mucho que, en aquellos momentos y todavía en la actualidad, la decisión
de reforzar la representación pueda resultar justificada, justo es reconocer que tiene consecuencias en la configuración de nuestro sistema democrático.
En primer lugar, obliga a recordar que la representación no es identidad. Por ello, la democracia no puede ser entendida como el gobierno del
pueblo sino el gobierno de quienes han sido elegidos por el pueblo. Las
elecciones son, sobre todo selección de dirigentes, a quienes autorizamos
a gobernar durante el tiempo que dure su mandato.
En España, al igual que en otros ordenamientos de nuestro entorno, el
pueblo es, sobre todo, cuerpo electoral que actúa en las formas y momentos indicados en la Constitución para elegir representantes. Las ocasiones
en que los ciudadanos pueden actuar sin intermediarios son contadas y
suscitan recelos en el juego político, así como disfunciones en el ordenamiento. Desde su aparición, son piezas que no encajan en el resto del
rompecabezas porque tienen otra naturaleza. Esta es la razón de fondo
por la que, en general, producen resultados que no resultan positivos.
Esto no significa que no puedan, o deban utilizarse, cuando las circunstancias políticas o el ordenamiento jurídico lo hagan estrictamente
necesario. Así, resultan fundamentales cuando el pueblo actúa como poder constituyente, es decir cuando aprueba la Constitución o su refor-
31 Por ejemplo, en la STC 103/2008 y en la jurisprudencia sobre la iniciativa
legislativa popular como, por ejemplo, en la STC 76/1994.
ma.32 Tampoco quiere decir que no se puedan ensayar otras formas de
participación que permitan a los ciudadanos expresar su opinión a través, por ejemplo, de las nuevas tecnologías.
Lo que quiere decir es, entre otras cosas, que las instituciones de democracia directa pueden producir resultados difíciles de prever, como, por
ejemplo, un efecto boomerang no deseado. Significa también que, en el referéndum, los votantes expresan su opinión directamente, lo que no significa que no haya mediaciones. La principal de todas ellas será la de los partidos políticos, esto es, instituciones cuyo acomodo está en la democracia
representativa, que intentarán influir sobre la voluntad de los ciudadanos
teniendo muy presentes no solo su ideario, sino también sus expectativas
en las próximas elecciones a representantes. No cabe descartar, además,
la incidencia de otros grupos de presión, o de opinión, con intereses en
un determinado resultado de la votación popular.
Las reflexiones que se han realizado en estas páginas tampoco deben
llevar a la conclusión de que nuestro sistema democrático es completamente satisfactorio, por lo que no es ni necesario, ni urgente, mejorar
su calidad. La creciente desconfianza ante la clase política, la crisis de
legitimidad que afecta a los partidos políticos, la descalificación de los
parlamentos, por ejemplo, son problemas que no se pueden desconocer
y han de ser abordados. Ahora bien, no parece que cambiar la naturaleza de nuestra democracia, para hacerla más directa, completándola con
más instituciones de democracia directa o participativa, sea el remedio
La solución pasa, entonces, por mejorar la representación. Admitamos
pues que la democracia contemporánea es esencialmente representativa
y busquemos fórmulas para mejorar la elección de los representantes, su
gestión y su responsabilidad.
Hay muchas medidas que podrían adoptarse para lograr ese objetivo.
Aunque dichas reformas varían según las características de cada ordenamiento, hay algunas ideas que son comunes porque obedecen a la propia
naturaleza del Estado democrático y que merece la pena recordar, aunque sea solo a título de ejemplo. Se trataría, ante todo, de perfeccionar
el sistema electoral, para hacer compatibles dos intereses que son igualmente legítimos: de un lado, la gobernabilidad, que presupone mayorías
parlamentarias estables; de otro, la proporcionalidad, que exige dar voz
a fuerzas minoritarias en los órganos representativos. Es preciso, además,
32 Aunque sea como “poder constituyente constituido”. Sobre el tema, Aragón
Reyes, M., Constitución y democracia, Madrid, 1989, p. 46.
asegurar de manera más eficaz la igualdad entre todos los competidores
electorales, evitando situaciones de desventaja derivadas de formas de
financiación, privilegios de los poderes públicos o instrumentalización
electoral de los medios de comunicación que, si no son ilegales, pueden
resultar ilegítimas por crear crean situaciones de privilegio no razonables.
Junto a ello, es preciso volver a insistir sobre el papel que corresponde al parlamento en los sistemas contemporáneos, sean estos de naturaleza presidencialista o parlamentaria. No deja de ser paradójico que
la crisis de la representación afecte solo a dichas instituciones y deje a
salvo a quienes, en realidad, desempeñan la dirección política de los Estados, esto es, los ejecutivos. En definitiva, la crisis de la representación
no puede resolverse en el descrédito de las instituciones que dan vida
al pluralismo político, principio tan básico para la democracia como lo
es la regla de la mayoría. Bien está que haya poderes ejecutivos sólidos.
Pero hay que recordar que los gobiernos actúan sin luz ni taquígrafos y
que sus decisiones no se conforman dando voz a las minorías. Por eso los
parlamentos deben conservar, si no incrementar, el protagonismo en la
elaboración de las leyes y, sobre todo, en el ejercicio del control político.
Desde después de la Segunda Guerra Mundial, muchas democracias
han configurado a los partidos políticos como los protagonistas indiscutidos de la vida política. Al contrario de lo que reivindican algunos, no
parece prudente revisar el papel nuclear que corresponde a estas instituciones. La experiencia demuestra que los daños provocados por prescindir de los partidos son mayores que los que genera el hecho de seguir
confinado en ellos. Ahora bien, la crisis de la representación exige revisar
la estructura y el funcionamiento de dichas organizaciones, para asegurar su democracia interna, la circulación en los cargos dirigentes y mayor
transparencia, sobre todo en las formas de financiación.
Impone, también, delimitar la esfera de influencia de los partidos a su
ámbito natural, esto es, las instituciones dotadas de carácter representativo, dejando al margen a los órganos de control. Estos últimos tienen una
naturaleza técnica, por lo que pierden su legitimidad cuando carecen
de asepsia política. Es verdad que la independencia de los miembros del
Poder Judicial o del tribunal constitucional, por poner unos ejemplos, no
impide tener una ideología, porque sería ingenuo desconocer que existen distintas sensibilidades ante los problemas jurídicos. Pero también es
cierto que la independencia exige obedecer únicamente a los dictados de
la propia razón, lo que excluye cualquier tipo de imposiciones externas.
Una última reflexión para dejar abiertas estas páginas. Desde hace ya
tiempo, la preocupación principal, no solo de la doctrina sino también de
amplios sectores de opinión al menos en España, ha sido afirmar el Estado democrático y preservar, o mejorar, el Estado social. Pero este esfuerzo
no debe conducir a olvidar que solo existe Estado democrático y, en buena medida, Estado social, cuando hay Estado de derecho. La seguridad
jurídica y la certeza sobre la norma aplicable no son valores conservadores sino las bases sobre la que se asientan las libertades ciudadanas. Pero
además, son una garantía imprescindible para frenar la arbitrariedad de
los poderes públicos. La mayor parte de las críticas a las que he hecho referencia al inicio de estas páginas se dirigen a la manera en que funciona
la representación. Aun así, queda la duda de si, en su mayoría, denuncian
conductas que solo son posibles por ausencia de control. De ser así, los
problemas que suscita la representación no son, en realidad, defectos del
sistema democrático sino profundos fallos del Estado de derecho.
Abreviaturas - Biblioteca Jurídica Virtual
NOTA A LA SEGUNDA EDICIÓN Poco tiempo después de haberse
CONCLUSIONES Los capítulos anteriores dan una idea general de
Artículo: Facultad legislativa del Congreso de la Unión respecto de la trata de personas.
Raúl Ortiz Mena - Biblioteca Jurídica Virtual
Capitulo: La reforma de la Constitución.
Nació en Santiago, Chile. Estudios profesionales en la Facultad de
VII. COMBATIR LA FALTA DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA Y
Adolfo Lugo Verduzco • Obtuvo el título de abogado en la
pres scm