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Timestamp: 2018-01-23 00:38:47
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LA RELACIÓN LABORAL EN LOS CONCURSOS DE ACREEDORES
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Jaime Cruz Piñeiro
1 Julián González Pascual* Marta López Serrano** LA RELACIÓN LABORAL EN LOS CONCURSOS DE ACREEDORES La peculiaridad financiera de una empresa en concurso de acreedores es su insolvencia, que se identifica con la incapacidad para hacer frente a los vencimientos de sus deudas. La vigente normativa concursal establece que la insolvencia constituye el presupuesto objetivo del concurso. Entre las deudas impagadas del concursado figuran, en un lugar destacado y privilegiado al mismo tiempo, las de los salarios de trabajadores, que se convierten por este motivo en parte interesada en el desarrollo del concurso. La vinculación laboral de los trabajadores con cualquier empresa es un tema especialmente sensible en momentos de crisis financiera del contratante. La vertiente social de la concursada puede experimentar cambios bruscos en su estructura cuando se presentan situaciones de insolvencia que derivan en un proceso concursal. En este trabajo vamos a abordar la problemática de la relación contractual de los trabajadores con la empresa en concurso de acreedores. Palabras clave: concurso de acreedores, relación laboral, crédito salarial, Fogasa. Clasificación JEL: G01, G Introducción Con la finalidad de otorgar un mejor tratamiento a las crisis empresariales que permita una mayor satisfacción de acreedores, se aprueba la reforma concursal con dos normas fundamentales, la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, y la Ley Orgánica 8/2003 para la reforma concursal, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, creando los Juzgados de lo Mercantil * Profesor Titular Universidad. Departamento de Contabilidad y Finanzas. Facultad de Economía y Empresa. Zaragoza. ** Master oficial Contabilidad y Finanzas. Departamento de Contabilidad y Finanzas. Facultad de Economía y Empresa. Zaragoza. Versión de junio de como órgano judicial especializado para el conocimiento del concurso y de otras materias jurídico-privadas, atribuyéndoles el conocimiento de materias que hasta ahora eran competencia de la autoridad laboral y de los jueces de lo social. Esta vocación de universalidad del proceso concursal ha llevado a que se considere más conveniente que sea el juez del concurso quien conozca y decida los expedientes de regulación de empleo tras la declaración del concurso, en vez de que lo haga la autoridad laboral, que es lo que venía sucediendo hasta ahora en los procesos de quiebra o suspensión de pagos, debiendo atender a tal efecto al artículo 86.ter.1.2.º de la Ley de ordenamiento del poder judicial (en adelante LOPJ). En este sentido, el artículo 8.2 de la Ley Concursal de- Mayo-Junio N.º 866ICE 153
2 JULIÁN GONZÁLEZ PASCUAL Y MARTA LÓPEZ SERRANO termina las materias sociales en las que el juez de lo Mercantil tiene competencia con carácter exclusivo y excluyente. Esto no se plantea, por parte del legislador, como una ruptura con la legislación laboral, por cuanto en el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la Ley Concursal, deberá atenerse en cuenta los principios inspiradores de la normativa estatutaria y del proceso laboral, como recoge el artículo 8.2 de la Ley Concursal. No obstante esta competencia jurisdiccional, en segunda instancia, el conocimiento y enjuiciamiento corresponde a la jurisdicción social, al preverse que la decisión de los jueces de lo mercantil en esta materia será recurrible en suplicación ante los órganos jurisdiccionales del orden social, artículo 64.8 de la Ley Concursal. Se plantea por ello, en la primera instancia, una serie de situaciones que pueden hacer que nos cuestionemos quién es el órgano competente para resolver determinadas acciones, si el juez de lo Social o el juez Mercantil, y que se tratará de resolver en el presente trabajo. Otro punto, importante de recordar, es que la declaración del concurso no debe impedir la continuidad de la actividad empresarial en los términos que se venían desarrollando hasta ahora, artículo 44 de la Ley Concursal. En este sentido, lo que hay que buscar es anticipar el concurso a un momento en el que todavía sea posible tomar medidas preventivas para evitar la destrucción de las relaciones laborales. Pese a ello, la realidad de aplicación de la Ley Concursal ha demostrado que, en la inmensa mayoría de los casos, concurso y expediente de regulación de empleo van unidos, y que, incluso en muchos casos, la petición de expediente de regulación de empleo es simultánea con la de declaración de concurso. Por lo que este trabajo se ha centrado en la rescisión de la relación laboral en los concursos de acreedores. Pese a que en un primer momento el procedimiento que se pretendía regular para el caso de los expedien- CUADRO 1 DIFERENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO REGULADO EN ARTÍCULOS 51 ET Y 64 LC 1.º- La legitimación activa corresponde en caso de concurso también a los representantes de los trabajadores en todo caso, mientras que en el régimen del ET solo pueden solicitarla en un caso muy específico (ver artículo 51.9 ET). 2.º- En caso de concurso no se recaba informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (artículo ET). 3.º- En período de consultas se entabla, en caso de concurso, entre la administración concursal y los representantes de los trabajadores, sin intervención alguna del concursado, que es, en cambio, la contraparte de los representantes en el régimen ordinario. 4.º- El expediente se resuelve en concurso por el juez del concurso, mientras que en el régimen general resuelve la autoridad laboral, salvo que se haya llegado a un acuerdo que ésta considere logrado con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, supuesto en el cual lo remite a la autoridad judicial, a efectos de su posible declaración de nulidad (artículo ET). FUENTE: Elaboración propia. tes de regulación de empleo colectivos, cuando la empresa había sido declarada en concurso de acreedores, distaba mucho del regulado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET), para los casos en que dicho expediente de regulación de empleo extintivo lo era sin que la empresa hubiese entrado en concurso, se fue modificando su redacción hasta conseguir que el esquema básico del expediente de regulación de empleo regulado en el artículo 64 de la Ley Concursal, tuviese un esquema básico muy parecido al entonces regulado en el artículo 51 ET, destacándose como principales diferencias las señaladas en el Cuadro 1. Los párrafos segundo y tercero del apartado 6, artículo 64 de la Ley Concursal, fueron objeto de modificación por el artículo de la Ley 13/2009, del 3 de noviembre y que entró en vigor el 4 de mayo de Por otro lado, el artículo 51 ET fue objeto de reforma por el RD Ley 10/2010, de 16 de junio (BOE de 17) y por la 154 ICE Mayo-Junio N.º 866
3 LA RELACIÓN LABORAL EN LOS CONCURSOS DE ACREEDORES Ley 35/2010, del 17 de septiembre (BOE, 18 de septiembre). Esta última es una reforma que no vamos a abordar, ya que el trabajo se centra en el expediente de regulación de empleo cuando se ha declarado el concurso. 2. Motivación e interés del trabajo La motivación fundamental de este trabajo radica en un aspecto que cobra especial importancia en los graves momentos de crisis de nuestra economía y la actual fase recesiva del ciclo económico que estamos atravesando. En esta situación el número de concursos que se están tramitando anualmente están por los cuatro dígitos, creciendo de forma vertiginosa y alarmante y llevándose, tras de sí, un número importante de puestos de trabajo con los que se incrementa, de forma dramática, la cifra de paro, que en estos momentos se aproxima a la fatídica cifra de La situación de insolvencia, que caracteriza a todas las empresas en concurso, alimenta directa e indirectamente otras estadísticas negativas que conforman el negro panorama de nuestra economía en estos momentos: entre otras destacamos la morosidad directa de las empresas insolventes (cuya tasa, en continuo crecimiento, ronda la alarmante cifra de los siete puntos porcentuales en el sector financiero), así como la morosidad indirecta provocada a través de la gran masa social de desempleados que generan las insolvencias empresariales, y a los que el recurso de la moratoria en los pagos les resulta de una necesidad vital, en muchos casos, debido a la falta de ingresos y de expectativas de mantenimiento de los mismos. Las empresas en concurso y la cifra de parados constituyen, metafóricamente, dos bolsas interrelacionadas que se retroalimentan, y que constituyen, en estos momentos, los dos pilares sobre los que se apoya el malestar social y que más afloran en la actual situación de crisis económica. Es de vital importancia, y de sumo interés, conocer el mecanismo de transmisión entre ambas bolsas configuradas sobre un claro sustrato económico. La relación de flujos entre ambas es doble y bidireccional; por un lado existe una migración entre el personal laboral hacia la bolsa (B) de parados, y por otro lado la reducción de la capacidad de consumo que conlleva que el aumento de la bolsa de parados incida en la reducción o cese de actividad de las empresas de la primera bolsa (A). Por tanto, el análisis económico de este escenario podría ser doble, según tratemos de analizar el proceso de trasvase de (A) a (B) o la incidencia del crecimiento de (B) en (A) a través de la reducción de la capacidad de consumo. Ambos aspectos son de importancia e interés dentro de la investigación, y sobre todo en las actuales circunstancias resulta especialmente oportuno su tratamiento desde diferentes ángulos. Por razones de espacio, en este trabajo solo nos centraremos en los flujos migratorios hacia la bolsa de parados (flujo de A a B). Dejamos para otro trabajo posterior el análisis económico de la incidencia de B en A. En estos momentos de crisis, las dificultades económico-financieras de las empresas han trascendido al ámbito laboral hasta el punto de considerar que las causas económicas 1 (junto con motivos de índole técnica y/o organizativa) constituyen motivo de despido colectivo (art ET), establecido así dentro de las medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo llevadas a cabo con la Ley 35/2010. Desde entonces se ha ampliado, por tanto, la vía de extinción de los contratos de trabajo. En el Cuadro 2 aparece el esquema de las extinciones de contratos contenidas en el estatuto de los trabajadores. Entrando en la relación de flujos descrita anteriormente, nos vamos a plantear en este trabajo única- 1 Señala el art. 51 ET que se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado. Mayo-Junio N.º 866ICE 155
4 JULIÁN GONZÁLEZ PASCUAL Y MARTA LÓPEZ SERRANO CUADRO 2 EXTINCIONES DE TRABAJO POR RAZONES ECONÓMICAS 1. Despido colectivo: A) Afecta al total de la plantilla si ésta es superior a 5 (51.1.ET) B) Afectan a parte de la plantilla, afectando (51.1 ET): 10 si plantilla < 100 trabajadores 10 por 100 si (100 < plantilla < 300) 30 trabajadores, si plantilla Extinción de contrato (por causas objetivas) (art. 52.c. ET), afectando a: A) Un solo trabajador B) Varios trabajadores (en número inferior a los señalados en el apartado 1) FUENTE: Elaboración propia. mente los mecanismos de transferencia que se abren en la fase concursal, centrándonos únicamente en la vertiente jurídica referida a la normativa aplicable en los posibles casos. Con independencia de que hay una segunda vertiente posible de análisis de estas cuestiones; el análisis empírico que nos conduciría a comprobar y analizar los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Por razones también de espacio y fundamentalmente por la extensión de la primera vertiente, el análisis empírico lo desarrollaremos en otra publicación posterior. Finalmente, y debido a la multitud de ocasiones en la vida real en la que el Fondo de Garantía Salarial (en adelante FOGASA) ha de anticipar el pago de los créditos salariales e indemnizatorios a los trabajadores, hemos querido analizar el papel de este organismo público en los concursos de acreedores, su concepto, origen, estructura, financiación, sujetos a los que protege y los que quedan excluidos de su ámbito de protección, las contingencias protegidas por el FOGASA y la responsabilidad subsidiaria y directa del FOGASA en los créditos salariales e indemnizatorios de los trabajadores. 3. Antecedentes Hasta la fecha han sido diversos los autores que, a lo largo de los últimos años, han tratado diferentes aspectos de la relación laboral en sede concursal, aunque no de la forma global o genérica con la que deseamos tratar el nuestro. Los puntos críticos de la regulación judicial del empleo en situaciones concursales fueron tratados en una primera etapa de aplicación de la Ley Concursal por Fuste (2005), Blasco (2008) y más recientemente por Alameda (2011) Los trabajos recientes de Laborda (2010) y Pedrajas (2009) tratan de recopilar las principales sentencias de los últimos años respecto a los conflictos planteados en el ámbito laboral, fundamentalmente en la extinción colectiva de contratos de trabajo. Maneiro (2008), por otro lado, analiza la posición del Tribunal Constitucional respecto a la prueba en un despido pluricausal. Orellana (2011) trata de abordar los cambios que pueden afectar a los temas laborales que se involucran en concurso, como son los expedientes de modificación sustancial de condiciones de trabajo y la suspensión o extinción colectiva de contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado; cambios que pueden derivar de la proyectada reforma concursal. Aspectos relacionados con las indemnizaciones en los despidos colectivos son tratados por Fenández (2010) y Rojas (2011), orientándose éste último trabajo a la nueva modalidad de pago a cargo del FOGASA, correspondiente a una parte de indemnización a los trabajadores en los despidos regulados en los arts. 51 y 52 ETy64deLC. Tapia (2010) y Rodriguez-Piñero (2010a) abordan la problemática de los despidos; el primero centrándose en grupos de empresas y el segundo en el caso de muerte del empresario. Sobre los últimos cambios en la normativa laboral introducidos en el pasado año 2010, Rey (2010a) y (2010b) trata de analizar las causas (despidos empresariales) y justificación de los despidos según la Ley 35/2010, mien- 156 ICE Mayo-Junio N.º 866
5 LA RELACIÓN LABORAL EN LOS CONCURSOS DE ACREEDORES tras que Rodríguez-Piñero (2010b) analiza los cambios en la legislación del mercado de trabajo que supone el Real Decreto-ley 10/2010, centrando su atención en el nuevo tratamiento de los despidos objetivos. El despido objetivo, pero individual, es objeto de análisis por Altés (2009) Los expedientes de regulación de empleo son analizados por López (2011) introduciendo una visión europea. Por otro lado Barros (2010) trata la facultad del juez del concurso para fijar una indemnización diferente a la legal cuando en un expediente de regulación de empleo el período de consultas termina sin acuerdo. 4. La relacion laboral en sede concursal Jurisdicción competente, juez de lo Social o juez del concurso En el artículo 2.a) de la Ley de Procedimiento Laboral 2 (en adelante LPL) se establece que la Jurisdicción social tiene atribuido el conocimiento de las cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresario y trabajadores. Si bien, tras la reforma concursal de 2003 y la creación, a partir del año 2004, de los Juzgados de lo Mercantil, artículo 86 ter LOPJ, se atribuye parte de las materias de las que antes conocía el juez de lo Social, al juez del concurso. Así, en el artículo 8.2 de la Ley Concursal 22/2003, del 9 de julio, se atribuye al juez de lo Mercantil la competencia para conocer de manera exclusiva y excluyente de «las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción del contrato de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos 2 Real Decreto Legislativo 2/1995, del 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. BOE núm. 86 del 11 de abril. contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores.» Esto lleva a prohibir la admisión a trámite de las demandas interpuestas ante otros Juzgados del orden civil y del orden social de las que deba conocer el juez del concurso tras la declaración de éste y obliga a acumular ex officio a este procedimiento todas las ejecuciones pendientes existentes contra el deudor, artículos 50 y ss. de la Ley Concursal. Si bien a esto hay que añadir que el artículo º de la Ley Concursal establece que no se detienen las ejecuciones laborales en las que, antes de dicha fecha, ya se hubieran embargado bienes del concursado, siempre que estos no resulten necesarios para continuar la actividad profesional o empresarial del deudor. Lo que si se previó es la necesidad de que los jueces o tribunales de los órdenes contencioso-administrativos, social y penal, ante los que se ejerciten, con posterioridad la declaración de concurso, acciones que puedan tener transcendencia para el patrimonio del deudor, procedan a emplazar a la administración concursal y la tengan como parte en estos procesos de defensa de la masa. Y en el artículo 9 de la Ley Concursal se reconoce al juez del concurso la competencia para conocer de las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal. Se establece como condición para que el juez del Concurso pueda conocer de estas cuestiones prejudiciales sociales, que las mismas estén directamente relacionadas con el concurso, y su resolución ha de resultar necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal. Esta delimitación del ámbito competencial del juez Mercantil, ha de completarse con lo establecido en el artículo 64.1 y 10 de la Ley Concursal. Así, en el artículo 64.1 se establece que «los expedientes de modificación sustancial de condiciones de trabajo y de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales, una vez declarado el concurso, se tramitarán ante el juez del concurso por las reglas establecidas en el presente artículo». Y en el artículo de la Ley Concur- Mayo-Junio N.º 866ICE 157
6 JULIÁN GONZÁLEZ PASCUAL Y MARTA LÓPEZ SERRANO sal se determina que «las acciones individuales interpuestas al amparo de lo previsto en el artículo 50.1 b) ET tendrán la consideración de extinciones de carácter colectivo a los efectos de su tramitación ante el juez del concurso por el procedimiento previsto en el presente artículo, cuando la extinción afecte a un número de trabajadores que supere, desde la declaración del concurso, los límites siguientes: Para las empresas que cuenten con una plantilla de hasta 100 trabajadores, diez trabajadores. Se entenderá en todo caso que son colectivas las acciones ejercidas por la totalidad de la plantilla de la empresa. Para las empresas que cuenten con una plantilla de 100 a 300, el diez por ciento de los trabajadores. Para las empresas que cuenten con una plantilla de más de 300, el veinticinco por ciento de los trabajadores.» Casos de extinción contemplados Vamos a ceñirnos a los tres casos de extinción en los que resulta competente el juez de lo Mercantil, contemplados en el artículo 8.2 de la Ley Concursal. La acción de extinción del contrato por voluntad del trabajador por incumplimiento por parte del empresario El artículo 49.1.j ET reconoce al trabajador la posibilidad de solicitar la extinción del contrato de trabajo por incumplimiento del empresario en los supuestos contemplados en el artículo 50 ET. «Serán justas causas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato: a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su formación profesional o menoscabo de su dignidad. b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41 de la presente Ley, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados.» A) Cuando la empresa no ha sido declarada en concurso: si un trabajador ejerce cualquier acción resolutoria prevista en el artículo 50.1 ET, la jurisdicción competente para conocer esta acción será siempre la social, con independencia de que la misma se haya ejercido con anterioridad o con posterioridad a la solicitud de un expediente de regulación de empleo. Correspondiéndole la indemnización de 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades, establecida en el artículo 56.1 ET, artículo 50.2 ET. B) Cuando la empresa ha sido declarada en concurso: para determinar que jurisdicción es competente para conocer una acción resolutoria del artículo 50.1 ET ejercitada por el trabajador, ha de tenerse en cuenta lo siguiente: Si la causa que se alega por parte del trabajador es la del artículo 50.1 a) o c) ET, será siempre competente la jurisdicción social, correspondiéndole la indemnización de 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades. Si la causa que se alega por parte del trabajador es la del artículo 50.1 b) ET, habrá que diferenciar: Si el número de trabajadores que ejercitan la acción de extinción no alcanza los umbrales del artículo de la Ley Concursal, la jurisdicción competente será la jurisdicción social, teniendo derecho a una indemnización de 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades. Si el número de trabajadores que ejercitan la acción de extinción del artículo 50.1 b) ET alcanzan los umbrales numéricos del artículo LC, la jurisdicción competente es la jurisdicción concursal. Sin embargo se plantean ciertas dudas interpretativas sobre cual puede ser la jurisdicción competente en determinados supuestos, que se detallan a continuación, en que el número de trabajadores que ejercitan la ac- 158 ICE Mayo-Junio N.º 866
7 LA RELACIÓN LABORAL EN LOS CONCURSOS DE ACREEDORES ción de extinción del artículo 50.1 b) ET excede de los umbrales numéricos del artículo LC: 1.º- Si se han ejercitado las acciones individuales antes de la declaración de concurso. La Sentencia de la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2007 (RJ 2007, 5506) estima que, a efectos de cómputo de los umbrales numéricos, si que se tienen que tener en cuenta esas acciones, pero el juez de lo Social sigue siendo competente en relación con esas acciones individuales. 2.º- Si se han ejercitado estas acciones individuales con posterioridad a la declaración de concurso, pero sin que exista un ERE extintivo colectivo. Hay posturas, como la Sentencia del Tribunal Supremo para unificación de doctrina del 22 de diciembre de 2008 (RJ 2009, 1434) que considera que la acción será individual o colectiva según se supere el umbral numérico o no, si es individual, el juez competente será el Social y la indemnización será de 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades. Y si es colectiva, el competente será el juez del concurso siendo la indemnización de 20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. Otra postura la encontramos en STSJ de Galicia de 7 de febrero de 2007 (AS 207, 2695) que declara que, cuando se supere el umbral numérico del 64.10, aunque se tramiten por el juez del concurso, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades. 3.º- Si se han ejercitado estas acciones individuales del artículo 50 b) ET con posterioridad a la declaración del concurso pero habiéndose planteado un ERE no concluido aún, al no haber sido todavía resuelto por el juez del concurso. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 6 de junio de 2008 (JUR 2008, ) considera que tiene derecho a una indemnización de 45 días por año de servicio y al abono de salarios de tramitación hasta la fecha de la extinción colectiva. Por el contrario la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 25 de octubre de 2005 (AS 2006, 1049) estima que no cabe ya ejercitar la acción individual. Hay una postura ecléctica mantenida por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 23 de septiembre de 2009 (AS 2009, 2671), que ha rechazado la resolución del contrato a instancias del trabajador, tras la presentación de una demanda de extinción contractual en fechas próximas al inicio del ERE extintivo de la totalidad de los contratos, al ser la efectividad de esta extinción anterior a la fecha de juicio del procedimiento extintivo del artículo 50 ET. 4.º- Declarado el concurso, solicitada la extinción colectiva y estimada por el juez Mercantil. Ya no cabe interponer demandas individuales, ya que la relación laboral ya está extinguida, siendo competente para resolver el juez del concurso. 5.º- Cabe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo entre la administración concursal y los trabajadores en el seno de las resoluciones contractuales de carácter colectivo. En cuyo caso el juez de lo Mercantil deberá tramitar el procedimiento establecido en el artículo 64 de la Ley Concursal antes de dictar auto aceptando el acuerdo, recabando el informe de la autoridad laboral sobre el acuerdo alcanzado, el cuál deberá ser emitido en el plazo máximo de 15 días. Período durante el cual dicha autoridad podrá oír a la administración concursal o a los representantes de los trabajadores. Expediente de regulación de empleo extintivo Debemos diferenciar: Preconcursal, se regulará por el artículo 51 ET y por el RD 43/1996, de 19 de enero, siendo competente el juez de lo Social. Dicho artículo 51 ET ha sido modificado por el RD Ley 10/2010 3, de 16 de junio y por la Ley 35/2010 4, de 17 de septiembre. 3 Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Regulación de Empleo y de Actuación Administrativa en materia de Traslados Colectivos. 4 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. BOE n.º 227 de 18 de septiembre. Mayo-Junio N.º 866ICE 159
8 JULIÁN GONZÁLEZ PASCUAL Y MARTA LÓPEZ SERRANO CUADRO 3 EVOLUCIÓN DE ERES Y DESPIDOS EN ESPAÑA ERES ,4 80,1 56,2 46,1 38,1 38,3 38,8 41,6 43,9 43,7 44, ,8 37,1 42,6 78,8 Despidos.. 226,1 194,5 181,5 176,1 165,8 162,3 165,6 184,1 218,8 253, ,1 316,1 333,1 457,3 744,2 FUENTE: Elaboración propia. Concursal, es decir, posterior a la declaración del concurso, el juez competente será el juez del concurso, artículo 86 ter LOPJ, artículo 8 LC y artículo 64.1 LC, y se regulará por el artículo 64 de la Ley Concursal. El artículo 64.6, párrafos segundo y tercero de la Ley Concursal 22/ 2003, de 9 de julio, fue modificado por el artículo de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, que entró en vigor a partir del 4 de mayo de El FOGASA si que podrá intervenir en el proceso judicial de determinación de la cuantía de la indemnización en los términos previstos en el artículo 23 LPL, pero no podrá discutir en él la existencia de relación laboral ni la concurrencia de las causas motivadoras del despido. En cuanto al procedimiento, tanto en el caso de expediente de regulación de empleo extintivo después de declarado el concurso, como en el caso de extinción del contrato por el artículo 50.1 b) ET cuando sea competente el juez del concurso, el procedimiento se regulará por el artículo 64 de la Ley Concursal. La tramitación de los expedientes de regulación de empleo se producirá una vez declarado el concurso, artículo 64.1 de la Ley Concursal en la redacción dada por el RD-Ley 3/2009, y después de que se haya emitido por parte de la administración concursal el informe al que se refiere el Capítulo I del Título IV de esta Ley (artículos 74 y 75 de la Ley Concursal). Lo cual supone una gran dilación en el tiempo que la empresa según sus circunstancias no puede esperar, por lo que en el artículo 64.3 de la Ley Concursal se regula, como excepción, que se pueda presentar en cualquier momento desde la declaración del concurso. A modo ilustrativo en el Cuadro3yenelGráfico 1 puede verse la evolución de ERES y despidos desde Extinción de contratos de alta dirección Tiene su regulación en el artículo 65 de la Ley Concursal. Las relaciones laborales de alta dirección son las definidas como tales en el Real Decreto 1382/1985, de 1 agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección (RDAD). No estando incluidos ni los directivos con relación laboral común, ni tampoco los administradores que mantengan con el deudor una relación mercantil y no laboral de alta dirección. Es la administración concursal la que acuerda la suspensión o extinción de los contratos de alta dirección y no el juez del concurso. Durante la tramitación del concurso se puede solicitar la suspensión o extinción de los contratos de trabajo del personal de alta dirección, a partir de que se haya nombrado la administración concursal y sus miembros hayan aceptado el cargo, y hasta el cese de dichos cargos, de acuerdo con lo previsto en el artículo de la Ley Concursal. La administración concursal podrá suspender el contrato del alto directivo sin que concurra ninguna causa, basta la declaración del concurso, suspendiéndose así el derecho a remuneración y el deber de trabajar. Habiéndose suspendido el contrato, el alto directivo puede extinguir su contrato de trabajo, según establece 160 ICE Mayo-Junio N.º 866