Source: http://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/630/12669
Timestamp: 2019-11-14 12:37:50
Document Index: 67917278

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 51', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 52']

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, con venia, señor Presidente.
De acuerdo con lo que establece el artículo 1º de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de una persona o de un grupo e incluye a las personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad.
Por su parte, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de contra las Personas con Discapacidad, establece que el término “discapacidad” significa una deficiencia física-mental o sensorial, ya sea naturaleza permanente o temporal que limitan la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria que puede ser causada o puede ser agravada por el entorno económico y social.
De igual manera, el marco jurídico enfatiza que el término discriminación contra las personas con discapacidad, significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
De acuerdo con el informe mundial sobre discapacidad elaborado por la Organización Mundial de la Salud y, además, también por el Banco Mundial, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad, y no sólo eso, según este estudio, en los años futuros la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando, ello se debe a que la población también está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior como no lo informan todas las estadísticas en las personas que son adultas mayores.
En consecuencia, la Organización Mundial de la Salud ha considerado sumamente importante el proporcionar datos destinados a la formulación de políticas y programas innovadores que mejoren la vida de las personas con discapacidades y definan y apliquen, además, y faciliten la implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Entre las principales detonantes de discapacidad de la población se encuentran, por ejemplo, las enfermedades, que es el 41.35 % y la edad avanzada, que es el 33.1 %, siendo estas las causas de 3 de cada 4 discapacidades registradas.
Le siguen los problemas originados durante el nacimiento que es el 10.7 %, los accidentes 8.8 %, mientras que la violencia es el detonante de discapacidad menos frecuente, si acaso un poco menos del 1 %.
En conclusión, por cada 100 personas con discapacidad, 41 la tienen por enfermedad, 33 por edad avanzada, 11 por nacimiento, 9 por accidente y 5 por alguna otra causa y apenas un poco menos del 1 % por violencia.
La Encuesta Nacional sobre percepción de discapacidad de población mexicana, implementada por primera vez en 2010, reflejan que las acciones legislativas, las políticas públicas, los planes y programas públicos, entre otros, para la atención, inclusión y garantizar la igualdad de las personas con discapacidad, no están cumpliendo con los objetivos establecidos en los mismos, ni tampoco está garantizándose el cumplimiento a los compromisos internacionales que México ha adquirido al aprobar estas convenciones en esta materia.
Entonces para hacer frente a esta compleja realidad, el Estado mexicano ha realizado grandes esfuerzos legislativos o institucionales.
Por ejemplo, la Ley General de las Personas con Discapacidad del 2005, posteriormente, incluso, es importante reconocer la ratificación de la Convención Internacional en la materia, pero también de su protocolo facultativo en 2008, desde entonces se ha iniciado un largo camino para seguir revisando la ley y finalmente en 2011, una nueva ley, que es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Actualmente la Ley para la Inclusión de estas personas, en su artículo 6, establece que es facultad del titular del Poder Ejecutivo Federal, promover la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas y morales, y las organizaciones de la sociedad civil, de la elaboración y aplicación de políticas, legislación, programas con base en la presente ley.
Es importante señalar, por ejemplo, que el artículo 51 de esta ley señala que la Asamblea Consultiva es un órgano de asesoría y consulta, del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, de participación ciudadana, con formación plural y carácter honorífico que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que incidan en el cumplimiento de este programa.
Sin embargo, entre sus facultades, sólo se encuentran las de atender las consultas y formulas, las opiniones que le sean solicitadas por la Junta de Gobierno o por quien asume la conducción en la Dirección General del Consejo.
Y, además, simplemente proponer los temas que por su importancia ameriten, sean sometidos a la consulta pública.
En nuestra opinión estos artículos, el 6 y el 51 de esta ley, no reflejan la obligación internacional de nuestro país para garantizar el derecho a la consulta y a la participación directa de las personas con discapacidad en los asuntos que les compete. Por eso hoy estamos presentando este proyecto de decreto que reforma, entre otros, el artículo 4º de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue.
Es la inclusión de un párrafo quinto: “En los procesos de elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas a que hace referencia esta ley, así como acciones afirmativas positivas, todas las autoridades, dentro del ámbito de su competencia, deberán realizar consultas y garantizar la participación activa de las personas con discapacidad, incluidos niñas, niños y adolescentes con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil que las representa”.
La modificación igual al artículo 6, en donde se establecen las facultades del titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta ley, es agregar una fracción VI.
Que, bueno, estamos modificando a la fracción VI, para que quede su reforma como sigue: “Garantizar la existencia de mecanismos para el ejercicio del derecho a la consulta y participación activa de las personas con discapacidad, personas físicas o morales, y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas con base en la presente ley y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte”.
Y la modificación al artículo 52, en este sentido agregados una fracción nueva, que es la fracción XIII para que se recorra la que hoy tiene este número, hacerla número XIV.
Y diría la fracción XIII: “Vigilar el funcionamiento de los mecanismos creados por el Poder Ejecutivo Federal para el ejercicio del derecho a la consulta y participación activa de las personas con discapacidad, personas físicas o morales, y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas con base en la presente ley y en los tratados internacionales de los que México forma parte”.