Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00119-20016-de-diciembre-12-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0e21c7917b020192e0530a0101510192&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-16 20:21:09
Document Index: 257841868

Matched Legal Cases: ['artículo 260', 'artículo 701', 'artículo 638', 'artículo 579', 'artículo 578', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 260', 'artículo 701', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 260', 'artículo 260', 'artículo 260', 'artículo 638', 'artículo 638', 'artículo 638', 'artículo 638', 'artículo 84', 'artículo 2', 'artículo 579', 'artículo 4', 'artículo 580', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 701', 'artículo 23', 'artículo 655']

﻿ Sentencia 2011-00119 de diciembre 12 de 2014
SENTENCIA 2011-00119 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:DECLARACIÓN INFORMATIVA INDIVIDUAL DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA. ES UNA OBLIGACIÓN ANUAL Y DE TIPO INSTRUMENTAL, PARA LOS CONTRIBUYENTES DE RENTA CON DETERMINADOS TOPES DE INGRESOS O PATRIMONIO, QUE DEBEN PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA INDIVIDUAL DE PRECIOS, PARA DAR A CONOCER A LA DIAN LAS OPERACIONES QUE CELEBRARON CON VINCULADOS ECONÓMICOS O CON PARTES RELACIONADAS DOMICILIADAS O RESIDENTES EN EL EXTERIOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:DIAN, PRECIO DE TRANSFERENCIA, DECLARACIÓN INFORMATIVA DEL PRECIO DE TRANSFERENCIA, AJUSTE DEL PRECIO DE TRANSFERENCIA, DECLARACIÓN INFORMATIVA CONSOLIDADA DEL PRECIO DE TRANSFERENCIA
Sentencia 2011-00119 de diciembre 12 de 2014
Ref.: 17001-23-31-000-2011-00119-01
Numero Interno 20016
C.I. Super de Alimentos S. A., contra la DIAN
Corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas de Manizales impuso a la actora la sanción establecida en el numeral 1º del literal b) del artículo 260-10 del Estatuto Tributario, por extemporaneidad en la presentación de la declaración informativa individual de precios de transferencia correspondiente al año gravable 2005 y el incremento del 30% de la sanción, previsto en el artículo 701 ib.
En los términos de la apelación, el problema jurídico se contrae a establecer:
i) Si los actos administrativos demandados son nulos por interpretación errónea del artículo 638 del Estatuto Tributario, en cuanto prescribe la forma en que se debe contra el término para formular el pliego de cargos cuando la sanción se impone mediante resolución independiente. En concreto, se definirá si los dos años para proferir el pliego de cargos se cuentan a partir de la fecha en que se presentó la declaración de renta o de patrimonio del año en que se incurrió en el hecho irregular sancionable o a partir de la presentación de la declaración de renta de la vigencia, fiscal investigada.
ii) Si el hecho sancionado no existe porque la extemporaneidad en la entrega del formato 120 no es relevante, pues solo resume la información contenida en los formatos 1124 y 1125.
iii) Si conforme con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-160 de 1998, no se causó daño a la administración, porque la DIAN no creó ni inició programas de fiscalización en el año 2006, basada en la información contenida en la declaración informativa de precios de transferencia presentada por el año gravable 2005.
iv) Si existe la alegada falsa motivación de los actos administrativos demandados, porque el reporte de la DIAN que informa que los días 27 y 31 de octubre de 2006 no generó fallas en el sistema informático de la entidad, no fue incorporado en el expediente.
La Sala se pronunció, recientemente(9), sobre la obligación de presentar la declaración informativa de precios de transferencia, la omisión en el cumplimiento de esa obligación, el daño causado y el régimen sancionatorio aplicable, por lo cual, en esta oportunidad reitera el criterio allí expuesto.
Los artículos 260-1 a 260-11 del Estatuto Tributario regulan el régimen de precios de transferencia colombiano, como mecanismo antielusivo de control respecto del comportamiento tributario relacionado con el impuesto de renta, que se dirige a verificar las operaciones realizadas por los contribuyentes con sus vinculados económicos o partes relacionadas establecidas en el exterior, para que las mismas se ajusten y se declaren de acuerdo con los precios del mercado y no mediante los asignados arbitrariamente, en detrimento de la libre competencia(10).
Al tenor de la norma transcrita, los contribuyentes de renta sometidas al régimen de precios de transferencia, con determinados topes de ingresos o patrimonio, deben presentar la declaración informativa individual de precios, para dar a conocer a la DIAN las operaciones que celebraron con vinculados económicos o con partes relacionadas domiciliadas o residentes en el exterior.
Sin perjuicio de esa regla, el artículo 579-2 ibídem(11) consagró la posibilidad de presentar las declaraciones vía electrónica, delegándole al Director de Impuestos y Aduanas Nacionales el señalamiento de los obligados a realizar ese tipo de presentación y de las condiciones y mecanismos de seguridad que deben concurrir para hacerlo.
Dentro de esta vista aparece el artículo 578 del E.T. que autorizó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para expedir los formularios en los que deben presentarse las declaraciones electrónicas, sin perjuicio de que pudiera aceptar declaraciones que no se presentaran en dichos formularios(12).
En lo relacionado con la presentación de la DIIPT por el año 2005, el Decreto 2720 de 2006 fijó, en forma definitiva, los plazos para cumplir tal obligación. La Resolución 07728 del 13 de julio de 2006 prescribió el formulario modelo 120 para presentar la “Declaración Informativa Individual de Precios de Transferencia” correspondiente al año gravable 2005, con un diseño que formaba parte de la misma resolución.
A su vez, y con base en los artículos 579-2 del Estatuto Tributario (con la modificación introducida por la Ley 633 de 2000), 2º del Decreto 408 de 2001, 6º del Decreto 4349 de 2004 y 3º del Decreto 1849 de 2006(13), el Director General de la DIAN expidió la Resolución 08480 del 2 de agosto de 2006 que reguló la presentación de la declaración informativa individual de precios de transferencia formulario 120.
Parágrafo. La presentación de la Declaración Informativa Individual Precios de Transferencia - Formulario 120, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, solo se entenderá cumplida cuando se dé pleno cumplimiento a lo dispuesto en los literales a) y b) de este artículo”.
Esta Sección se pronunció sobre la validez del parágrafo anterior en la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2013 dentro del expediente 18835(14) en la que, de acuerdo con los cargos de apelación que analizó(15), concluyó que dicha disposición no era producto de una extralimitación de competencias reglamentarias y que se ajustaba a derecho.
En ese contexto, la providencia analizó la estructura del formulario prescrito por la Resolución 07728 del 2006 para la presentación de la declaración informativa individual de precios de transferencia, y a partir de ella concluyó que el formulario 120 es un todo integrado por la hoja principal y las hojas 2 y 3, con numeración consecutiva de casillas y contenidos interrelacionados que, en conjunto, conforman la unidad constitutiva de dicha declaración.
Lo anterior, porque la hoja principal hace parte del referido formulario que, con su debido diligenciamiento, fue incluido por el artículo 2º del Decreto 4344 del 2004 entre los requisitos de contenido de la declaración informativa, y porque, además, un acto administrativo que se presume legal (la Resolución 07728 del 2006) le asignó a dicha hoja un contenido independiente al de las hojas 2 y 3, cuyas casillas tienen numeración sucesiva a la última de la hoja principal.
“Es claro que todo el formulario Nº 120, con el modelo y diseño que se dispuso para el mismo, hace parte integral de la Resolución 07728 del 2006, la cual no ha sido anulada ni suspendida por orden judicial y, en consecuencia, goza del atributo de ejecutoriedad en virtud de la presunción de legalidad que la ampara.
• El diligenciamiento y presentación virtual de la hoja principal de la declaración, en la que se identifican los siguientes datos: el año gravable que se declara, el MT del obligado a declarar, sus nombres y apellidos o razón social.
De la misma forma y a la luz del artículo 2º del Decreto 4344 del 2004, que al igual que la Resolución 07728 del 2006 no ha sido anulado ni suspendido por esta jurisdicción, se advierte que el formulario debidamente diligenciado hace parte de los requisitos de contenido de la declaración informativa individual, a cargo de todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas domiciliados o residentes en el exterior, con los montos de patrimonio o ingresos brutos que la misma norma establece.
No hay lugar pues a reconocer en la entrega oportuna de las hojas 2 y 3 de la declaración informativa de precios de transferencia a cargo de la demandante (Formatos 1124 y 1125), el cumplimiento del deber de declarar, porque para ello, se repite, debió también presentarse la hoja principal debidamente diligenciada, sin que a la luz de la sentencia evocada, con efectos de cosa juzgada erga omnes respecto de la causa petendi juzgada(16), el contenido de las hojas oportunamente transmitidas pueda suplir el de la hoja faltante.
La Corte Constitucional declaró exequible el numeral 1º(17), precisando que el deber tributario de presentar oportunamente la declaración informativa de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas, de que trata el artículo 260-10 del Estatuto Tributario, es una obligación de hacer para con la administración, concretada en suministrar información por parte del contribuyente, en los casos y oportunidades que la norma señala.
Cuando el contribuyente no liquide en su declaración informativa las sanciones aquí previstas, a que estuviere obligado o las liquide incorrectamente, la administración tributaria las liquidará incrementadas en un treinta por ciento (30%), de conformidad con lo establecido en el artículo 701 de este estatuto(18).
Cuando el contribuyente no hubiere presentado la declaración informativa, o la hubiere presentado con inconsistencias, no habrá lugar a practicar liquidación de aforo, liquidación de revisión o liquidación de corrección aritmética respecto a la declaración informativa, pero la Administración Tributaria efectuará las modificaciones a que haya lugar derivadas de la aplicación de las normas de precios de transferencia, o de la no presentación de la declaración informativa o de la documentación comprobatoria en la declaración del impuesto sobre la renta del respectivo año gravable, de acuerdo con el procedimiento previsto en el libro V del Estatuto Tributario.
Así pues, las sanciones aplicables a la declaración informativa, y entre ellas la de extemporaneidad que aquí se cuestiona, pueden imponerse mediante resolución independiente o liquidación oficial de corrección de sanciones, entendiéndose que, en uno y otro caso, debe cumplirse con los presupuestos o condiciones legalmente establecidas para expedir tales actos, entre ellas la expedición previa del pliego de cargos, como antes se indicó y como bien lo acotó la Sala en la sentencia del 1º de noviembre de 2012, exp. 18519(19), en la que, además, señaló que en ningún caso procede la imposición automática de sanciones.
Como la DIIPT debe presentarse virtualmente, el literal c) del artículo 2º de la Resolución 8480 de 2006, prevé que los sistemas electrónicos de la DIAN le permiten al declarante diligenciar e imprimir el recibo oficial de pago para cancelar las sanciones, “cuando a ellas haya lugar”, ante las entidades recaudadoras, a través de los mecanismos que éstas ofrezcan y en las condiciones que establezca la DIAN.
Por lo tanto, las sanciones declaradas en el formulario a que se refiere el literal c) del artículo 2º de la Resolución 8480 de 2006, son solamente las que voluntariamente determine el declarante, pues, se insiste, el artículo 260-10 del Estatuto Tributario no permite que la sanción por extemporaneidad se fije automáticamente por el sistema electrónico de la DIAN...
A su vez, la resolución independiente requiere la expedición previa del pliego de cargos con el fin de que el administrado conozca la infracción que le imputa la administración y pueda formular los descargos correspondientes. Igual requisito se aplica respecto de la liquidación oficial de corrección de sanciones, pues es necesario que la DIAN expida también el correspondiente pliego de cargos para que el administrado ejerza su derecho de defensa(20).
Así mismo y dado que la sanción por extemporaneidad establecida en el numeral 1º del literal B) del artículo 260-10 del E.T. recae sobre el retardo en la presentación de la DIIPT, ese tiempo de tardanza opera como factor de liquidación.
Por eso, en términos de la misma sentencia del 1º de noviembre de 2012, la presentación extemporánea de la declaración es la infracción sancionable, y la sanción por extemporaneidad pretendió garantizar el cumplimiento oportuno del deber formal de presentar la declaración informativa individual de precios de transferencia, como mecanismo que permite conocer las operaciones realizadas por los contribuyentes del impuesto sobre la renta con los vinculados económicos o partes relacionadas del exterior, y fiscalizar o verificar si se realizaron a precios de mercado.
Volviendo sobre el mecanismo jurídico para imponer la sanción por extemporaneidad en la presentación de la declaración de precios de transferencia, a la luz de los apartes transcritos del fallo del 1º de noviembre de 2012, se observa que la discutida en el sub lite fue impuesta por resolución independiente, previo pliego de cargos. Se cumple entonces el presupuesto exigido legalmente para proferir dicho acto administrativo.
Establecido que sí ocurrió el hecho sancionable y que la procedencia de la sanción no está condicionada a la prueba del daño fiscal inferido por la conducta sancionada, entra la Sala a precisar si tanto el pliego de cargos como la resolución sancionatoria fueron expedidos en la oportunidad legal, para lo cual se tienen como relevantes y ciertos los siguientes hechos:
1. La sociedad C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A. presentó la declaración de renta y complementarios por el año gravable 2005 el 18 de abril de 2006(22).
2. El 31 de octubre de 2006 vencía el plazo que la actora tenía para presentar electrónicamente la declaración informativa individual de precios de transferencia (DIIPT) del año gravable 2005 (Decreto 2720 de 2006).
3. El 27 de octubre de 2006 la sociedad demandante inició el proceso de transmisión electrónica de la declaración informativa individual de precios de transferencia, presentando a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN los formatos 1124 (hoja 2) y 1125 (hoja 3) de dicha declaración, los cuales fueron validados con el respectivo acuse de recibo.
4. El 3 de noviembre de 2006 transmitió la hoja 1 correspondiente al formulario 120.
5. El 8 de mayo de 2009, la DIAN notificó el Pliego de Cargos 10238200900040(23) en el que propuso imponer sanción por extemporaneidad, incrementada en un 30%, por $597.146.355, al considerar que la declaración informativa de precios de transferencia del año gravable 2005 fue presentada extemporáneamente, el 3 de noviembre de 2006.
6. El 24 de noviembre de 2009, la DIAN profirió la Resolución Sanción 102412009000165(24) por medio de la cual impuso la sanción propuesta en el pliego de cargos.
El artículo 260-10 del Estatuto Tributario señala que el procedimiento para la aplicación de las sanciones relativas a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa será el contemplado en los artículos 637 y 638 ib.
“Art. 638. Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondientes, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los intereses de mora, y de les sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario, las cuales prescriben en el término de cinco años.
Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la Administración Tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar”. (Subraya la Sala)
4. La Administración Tributaria debe imponer la sanción en el plazo de seis meses, contados a partir del vencimiento del término para responder el pliego de cargos.
Sobre la prescripción de la facultad sancionatoria prevista en el artículo 638 del Estatuto Tributario, cuando la sanción se impone mediante resolución independiente, la Sala precisó(25):
“1. Cuando la conducta sancionable no se vincula a un período fiscal específico, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración del año en el que se incurrió en el hecho irregular sancionable, como sucede, por ejemplo, por la omisión de suministrar información exógena en el plazo establecido.
La interpretación, que se reitera en esta sentencia, favorece la seguridad jurídica, principio que “apunta a la estabilidad de la persona dentro del ordenamiento, de forma tal que la certeza jurídica en las relaciones de derecho público o privado, prevalezca sobre cualquier expectativa, indefinición o indeterminación”.
De acuerdo con lo anterior, el término de dos años para formular el respectivo pliego de cargos, cuando la sanción se impone mediante resolución independiente y el hecho sancionable no se vincula a un periodo gravable específico, debe contarse a partir de la fecha en que se presentó o debió presentarse la declaración de renta o de ingresos y patrimonio del año durante el cual se incurrió en el hecho irregular sancionable.
En este caso está demostrado que la Administración sancionó a la actora mediante resolución independiente y que la infracción no está vinculada a un periodo gravable específico, por lo cual para establecer el término de prescripción del artículo 638 del Estatuto Tributario, debe considerarse el año en el cual se incurrió en el hecho irregular sancionable y no la vigencia fiscal investigada(26).
La irregularidad sancionable ocurrió en el año 2006, toda vez que por medio del Decreto 2720 del 11 de agosto de 2006 se ampliaron los plazos para la presentación de la declaración individual y/o consolidada de precios de transferencia del año gravable 2005(27); para la sociedad actora el término venció el 31 de octubre de 2006(28).
Así las cosas, el término de dos (2) años previsto en el artículo 638 del Estatuto Tributario, para formular el pliego de cargos, debe contarse a partir de (sic - original ilegible) que se presentó la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente al año gravable de 2006.
Como la declaración de renta y complementarios por el año gravable 2006 fue presentada el 24 de mayo de 2007(29), la Administración tenía hasta el 24 de mayo de 2009 para proferir el respectivo pliego de cargos. Por lo tanto, el Pliego de Cargos 102382009000040 del 6 de mayo de 2009, notificado el 8 del mismo mes y año(30), fue expedido y notificado dentro de los dos años siguientes a la presentación de la declaración de renta del año 2006, por lo que no existió la alegada prescripción de la facultad sancionatoria.
Ahora bien, corresponde a la Sala verificar si la resolución mediante la cual se sancionó a la contribuyente fue expedida y notificada dentro de los seis meses establecidos en el artículo 638 del Estatuto Tributario.
Señala la norma que, vencido el término de respuesta del pliego de cargos(31), que en este caso fue el 8 de junio de 2009, la Administración Tributaria tendrá un plazo de seis meses para notificar la sanción correspondiente, es decir, hasta el 8 de diciembre de 2009.
La Resolución Sanción 102412009000165 del 24 de noviembre de 2009(32), fue notificada el 26 del mismo mes y año, esto es, dentro del término de seis meses legalmente establecido. No prospera el cargo.
La actora alega que existe falsa motivación en la expedición de los actos administrativos demandados, derivada de la valoración de una prueba inexistente, toda vez que el reporte de la DIAN en el que se afirma que los días 27 y 31 de octubre de 2006 el sistema no presentó fallas técnicas, no fue incorporado al expediente, razón por la cual no fue conocido por la actora.
Advierte la Sala que el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo establece como una de las causales para que proceda la nulidad de los actos administrativos, la falsa motivación. Sobre esta causal de anulación la Sala(33) ha precisado que es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo, es decir, que las razones expuestas por la administración al tomar la decisión, sean contrarias a la realidad.
La causa o motivo de los actos administrativos (elemento causal) está conformado por los fundamentos de hecho y de derecho que son los que determinan la decisión que la administración adopta; así, cuando existe falsa motivación, se entiende que la sustentación táctica en que el acto se apoya, no corresponde a la realidad.
En el sub examine se advierte que las alegadas fallas técnicas en el sistema de la DIAN que alega la actora como causa para justificar el no envío del formulario 120, no se encuentran probadas dentro del expediente.
En la respuesta al pliego de cargos la actora señaló: “C.I. SUPER DE ALIMENTOS cumplió de forma íntegra con su obligación de presentar la Declaración Individual de Precios de Transferencia para el año gravable 2005, realizando todo el procedimiento establecido en el literal a) del artículo 2º de la Resolución 08486 de 2006 dentro del término legal establecido para ello (antes del 31 de octubre de 2006), y el trámite correspondiente al literal b) fue realizado el día 3 de noviembre de 2006, sin que pueda entenderse como extemporáneo, de acuerdo a la autorización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien por los problemas técnicos y el desconocimiento de la mayoría de los obligados en presentar la Declaración Individual de Precios de Transferencia por transmisión electrónica, decidió ampliar el plazo de presentación sin lugar a liquidación de sanción por extemporaneidad”. (Subraya la Sala)
La División de Gestión de Liquidación, con la finalidad de proteger el debido proceso y el derecho de defensa que le asiste al contribuyente, el 3 de noviembre de 2009(34), solicitó a la Subdirección de Gestión de Tecnología, lo siguiente: “De manera atenta, y con el objeto de resolver el expediente abierto a nombre de la sociedad C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A., en el cual se está sancionando a dicha sociedad por extemporaneidad en la presentación de la declaración informativa de precios de transferencia correspondiente al año gravable 2005”, le solicito certificar si en los días comprendidos entre el 27 y el 31 de octubre de 2006, se presentaron problemas técnicos en los servicios informáticos de la DIAN y fueron habilitados los días siguientes para que los contribuyentes presentaran la citada declaración. Lo anterior, debido a que la sociedad C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A., en la respuesta al pliego de cargos, manifiesta esta situación”. (Subraya la Sala).
Mediante oficio del 9 de noviembre de 2009, la Subdirección de Gestión de Tecnología respondió lo siguiente(35):
“En las fechas relacionadas no tenemos reportes de fallas técnicas en los servicios informáticos de la DIAN.
A continuación le envío un análisis realizado:
Revisando el caso se tienen que el NIT 890805267 tenía vencimiento hasta el 31 de octubre de 2006, donde ese día se presentaron 231 solicitudes 1125 exitosas.
Como se evidencia que el NIT presentó solicitudes 1125, con número 100066005590262 de fecha 2006-11-03 a las 09:16:22, la cual presentó errores y fue corregida por la solicitud 100066005694157 con fecha 2006-11-03 a las 13:47:12 donde se generó la respectiva tarea con fecha 2006-11-03 a las 13:47:12, creando el documento de precios de transferencia con número 1206500016055 con fecha de presentación 2006-11-03 a las 14:19:47.
A continuación se muestra las estadísticas de presentación de formularios 120 para las siguientes fechas:
Viernes 27 octubre/2006 163 documentos presentados Sábado 28 Octubre/2006 27 documentos presentados Domingo 29 Octubre/2006 4 documentos presentados Lunes 30 octubre/2006 270 documentos presentados Martes 31 octubre/2006 199 documentos presentados.
Esto evidencia que el sistema se comportó de manera normal en las fechas mencionadas”. (Subraya la Sala)
De esta forma, antes de proferir la resolución sanción, la DIAN desvirtuó los argumentos expuestos por el contribuyente en el pliego de cargos, respecto a la alegada existencia de fallas técnicas, razón por la cual se evidencia que las razones expuestas por la administración al tomar la decisión no son contrarias a la realidad. No prospera el cargo.
1. CONFÍRMASE la sentencia del 24 de enero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A. contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
2. RECONÓCESE personería a los abogados Maritza Alexandra Díaz Granados, como apoderada de la DIAN y Luz María Nicolasa Escorcia Vargas, como apoderada de la demandante, en los términos de los poderes que están en los folios 28 y 20, respectivamente.
(9) Sentencia 19772 del 6 de noviembre de 2014. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
(10) C-815 de 2009.
(11) “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 579 de este Estatuto, el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resolución, señalará los contribuyentes, responsables o agentes retenedores obligados a cumplir con la presentación de las declaraciones y pagos tributarios a través de medios electrónicos, en las condiciones y con las seguridades que establezca el reglamento. Las declaraciones tributarias, presentadas por un medio diferente, por parte del obligado a utilizar el sistema electrónico, se tendrán como no presentadas”.
(12) Sobre el particular, el artículo 4º de la Ley 962 del 2005 ordenó a las entidades y organismos de la Administración Pública habilitar los mecanismos necesarios para poner a disposición gratuita de los interesados, los formatos definidos oficialmente para el período en que deba cumplirse la respectiva obligación, utilizando formas impresas, magnéticas o electrónicas.
(13) Tales preceptos autorizaron al Director de Impuestos para: i) definir y dirigir las actividades relacionadas con los impuestos nacionales, en lo correspondiente a su gestión, recaudación, fiscalización, control, represión, penalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción; y ii) señalar, mediante resolución, los contribuyentes, responsables o agentes retenedores obligados a cumplir con la presentación de las declaraciones y pagos tributarios a través de medios electrónicos, en las condiciones y con las seguridades establecidas por esa misma regulación.
(14) C. P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez,
(15) i) la violación del principio de reserva de ley porque, en decir del demandante de esa causa, el parágrafo señalado establecía una causal para tener por no presentada la declaración informativa, no prevista en el artículo 580 del ET, y para cuya disposición el Director de Impuestos Nacionales no contaba con facultad alguna; ii) el desconocimiento del debido proceso en la imposición de sanciones frente a los hechos que tipifican esa nueva causal, en la medida en que la ilegalidad de la misma despoja de fundamento a dichas sanciones; y, iii) la afrenta a los principios que orientan la función administrativa y el sistema tributario, porque la omisión que refiere el parágrafo demandado como determinante de la no presentación de la declaración informativa, recae sobre información contenida en otros formularios suficientes pare cumplir la obligación de transmisión electrónica, y porque la entrega de esa información suficiente se sanciona de igual forma a la falta absoluta de entrega.
(16) CPACA, art. 189. Dicha sentencia juzgó la legalidad del parágrafo del artículo 2º de la Resolución 08480 del 2 de agosto del 2006, por la violación de los artículos 29, 95 (Nº 9), 189 (Nº 11 y 29), 209, 211 y 363 de la Constitución Política; 579 (Nº 2), 580 y 683 del Estatuto Tributario; 2º y 3º del Código Contencioso Administrativo, y 44 de la Ley 962 del 2005.
Los cargos de nulidad predicaron, en síntesis, que el aparte demandado contempla una causal de no presentación distinta de las previstas en los artículos 579-2 y 580 del E.T. y que desborda el contenido de los mismos, porque sólo da por cumplido el deber de declarar cuando se presentan tres formularios, no obstante que dos de ellos incorporaban la totalidad de la información relacionada con vinculados económicos. En ese sentido, se arguyó que el diligenciamiento de los formularios referidos, más el de la hoja principal del 120, complejizó el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración informativa de precios de transferencia y derivó de ello la aplicación de sanciones para responsables que han transmitido exitosamente los formularios Nº 1124 y 1125, contentivos de información suficiente para administración tributaria.
(17) Sentencia C-815 de 2009.
(18) “ARTÍCULO 701. CORRECCIÓN DE SANCIONES. Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere liquidado en su declaración las sanciones a que estuviere obligado o las hubiere liquidado incorrectamente la administración las liquidará incrementadas en un treinta por ciento (30%). Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente procede el recurso de reconsideración.
(19) C. P. Dra. Martha Teresa Briceño.
(20) Entre otras, ver sentencia de 26 de noviembre de 2009, exp. 16661, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(21) El Magistrado Hugo Bastidas Bárcenas salvó voto a esa providencia, en el entendido de que las sanciones que se autoliquida el contribuyente en las declaraciones informativas no son voluntarias, en cuanto corresponden al cumplimiento de un deber y no al arbitrio del contribuyente.
(22) Folio 7 c.a.
(23) Folio 44 c.a.
(24) Folio 75 c.a.
(25) Sentencia del 21 de agosto de 2014, exp. 20110, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
(26) Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencias del 10 de julio de 2014, exp. 20161, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 26 de noviembre de 2009, exp. 17435, C.P. William Giraldo Giraldo.
(27) Inicialmente establecidos en el artículo 23 del Decreto 4714 de 2005 y 5 del Decreto 1849 de 2006.
(28) Contribuyentes con NIT terminado en 7 (NIT 890.805.267)
(29) Folio 42 c.a.
(30) Folio 44 c. de a.
(31) De conformidad con el artículo 655 del estatuto tributario el término para responder el pliego de cargos es de un mes.
(32) Folio 74 c.a.
(33) Sentencia de 7 de abril del 2000, Expediente 9773, Actor: Ferretería ICA Ltda., C.P. Dr. Daniel Manrique Guzmán.
(34) Folio 72 c.a.
(35) Folio 73 c.a.