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Evaluación de la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Chile
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Evaluación de la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Chile.
Santiago, 02 de Noviembre de 2015
POR CORFADICH1
CORFADICH (Corporación de Usuarios, Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Psíquica de Chile) surgió en el año 2005 producto de la movilización de familiares y usuarios del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak en rechazo a una medida adoptada por la Dirección del Servicio de Salud Norte de la Región Metropolitana mediante la cuál se pretendía disminuir la dotación de psiquiatras de la Unidad de Urgencia y, en consecuencia, el número de horas de atención de urgencia psiquiátrica del Instituto, medida que finalmente fue eliminada. Posteriormente, se constituyó como una Corporación sin fines de lucro el 17 de junio de 2009, obteniendo su Personalidad Jurídica mediante el Decreto Exento Nº 2.334 del Ministerio de Justicia de Chile.
La Misión de Corfadich, según se establece en sus Estatutos, es “ser la voz de los sin voz; fomentar la rehabilitación e inserción de los pacientes en la vida familiar y laboral; desarrollar en conjunto con otras instituciones y especialistas la realización de seminarios en temas de salud mental; participar en proyectos concursables de aporte estatal para la rehabilitación e inserción de personas con discapacidad psíquica”.
LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CDPcD)
Los derechos humanos son garantías jurídicas que protegen a las personas y grupos de personas contra los actos de los gobiernos (Estados) que afecten las libertades fundamentales y la dignidad humana. Por consiguiente, las normas de derechos humanos obligan a los gobiernos (Estados), por una parte, a realizar determinadas acciones a favor de las personas y del pleno disfrute de sus derechos y, por otra, a no ejecutar acciones que limiten, restrinjan o condicionen el goce y disfrute de esos derechos.
Considerando que los derechos humanos,
Son Universales, es decir, cubren a todos los seres humanos sin excepción.
Son Inalienables: Nadie puede renunciar o ser despojado de ellos.
Son Intransferibles: Los derechos no pueden cederse de una a otra persona.
Se basan en la dignidad intrínseca (o en si misma) y la igualdad de todos los seres humanos.
Son Indivisibles e interdependientes. Son indivisibles porque se dividen para su mejor comprensión pero se deben de ver en conjunto y son interdependientes debido a que en su ejercicio, los derechos dependen unos de otros.
No pueden ser suspendidos o retirados.
Imponen obligaciones, particularmente a los Estados y a los agentes de los Estados.
Han sido y son garantizados por la comunidad internacional.
Están protegidos por la ley.
Protegen a los individuos y, hasta cierto punto, a los grupos
para realizar la evaluación que se entrega a continuación se ha adoptado un enfoque que trasciende la visión parcializada de lo que sería el análisis del cumplimiento de cada derecho en particular contemplado en la Convención. En la práctica, hemos observado que las diversas deficiencias concretas que presentan las iniciativas y las acciones del Estado chileno, en los ámbitos legislativos y administrativos, de políticas públicas, de programas y asignaciones presupuestarias, etc. para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con la CDPcD involucran y afectan a varios derechos específicos simultáneamente. Por esta razón, hemos destacado sólo el Artículo 4 de la CDPcD, “Obligaciones Generales”, indicando a continuación, en cada punto en que se ha señalado una deficiencia, insuficiencia o carencia concreta detectada en el cumplimiento de la CDPcD, el derecho o los derechos que no se cumplen o que son vulnerados en las personas con discapacidad psíquica.
Evaluación de CORFADICH
Aprobada por el Estado de Chile en el año 2008, pasa a formar parte de las normas con carácter constitucional y su aplicación se hace obligatoria a contar de su vigencia, esto es, septiembre de 2008. La Convención y Protocolo Facultativo fueron aprobados por el Congreso Nacional el 2 de julio del 2008.
Las obligaciones contenidas en los puntos (a), (b), (c), (d) y (e) del Artículo 4 de la CDPcD implican no solo la adecuación de la legislación nacional a lo estipulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros cuerpos legales internacionales suscritos y ratificados por el Estado chileno, sino también adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, normas, reglamentos, etc. que sean necesarias para hacer efectivo, en términos concretos, el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
Desde la ratificación de la Convención, el Estado no ha modificado la legislación nacional ni ha generado nueva legislación acorde con los Tratados Internacionales sobre las personas con discapacidad; tampoco ha divulgado públicamente los derechos de las personas con discapacidad ni los mecanismos nacionales e internacionales de protección; con la consecuente carencia en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad que permitan generar jurisprudencia, normas y reglamentos armonizados. Chile es uno de los 19 Estados del mundo que no tiene una Ley de Salud Mental acorde a los estándares internacionales en la materia, demanda largamente sostenida por las OPDs.
Es claro que hasta el momento la cuestión de la discapacidad no ha sido asumida como prioridad política por parte de los Gobiernos de turno y como un problema de Estado. Si los respectivos Gobiernos que se han sucedido desde el año 2008 le hubieran dado a la cuestión de la discapacidad la importancia política que reviste como problema social, entre los años 2008 y 2015 ya se habría adecuado toda la legislación nacional a lo estipulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o, al menos, aplicando el Principio de la Gradualidad estipulado en la propia Convención, se habrían hecho notorios avances en ese sentido.
Cabe mencionar que parte importante de la población de Chile se encuentra afectada, directa o indirectamente por la problemática que aqueja a las personas con discapacidad. La única encuesta oficial vigente sobre la prevalencia nacional de la discapacidad data del año 2004 y ante la pregunta ¿cuántas son las personas con discapacidad en Chile?, determinó que el 12,9% de los chilenos y chilenas viven con discapacidad, lo que supone 2.068.072 personas, considerando el total de la población al 2004.
De acuerdo a dicho informe, “de un total de 4.481.391 de hogares en Chile, en 1.549.392 hogares vive al menos una persona con discapacidad; es decir, uno de cada tres hogares presenta al menos un miembro con discapacidad, lo que representa el 34,6% de los hogares del país”. Si consideramos la población total a dicha fecha, 16.031.565, tenemos que 5.546.921 personas están relacionadas con la discapacidad. Según cifras del mismo estudio, el tipo de deficiencias en torno a la discapacidad psíquica, afecta a 261.151 personas, es decir, representan el 1, 64% de la población total y el 7,83% de las Pcd.
Aunque al presente el estado chileno puede exhibir algunos avances en materia de cumplimiento de la CDPsD, por ejemplo, la formulación de una Política Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad 2013-2020 con enfoque de derechos, las brechas existentes en cuanto al cumplimiento de los diversos derechos siguen siendo significativas. En lo que sigue se entregan antecedentes sobre situaciones permitidas por la actual legislación chilena y por vacíos administrativos en el Estado que posibilitan la ocurrencia de casos concretos de vulneración y de discriminación a las PcD
1. La Interdicción.
Las normas del Código Civil chileno y las contenidas en la Ley N° 18.600, en sus dos formas de nombramiento de curadores para las personas con discapacidad mental, se inscriben dentro del modelo de “Sustitución en la Toma de Decisiones”, que conlleva la incapacitación, absoluta o parcial, de las personas para actuar en la vida jurídica por sí mismas. La interdicción definitiva del artículo 4 de la Ley N° 18.600, es el resultado de un procedimiento judicial no contencioso, con audiencia de la persona con discapacidad y el mérito del certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. El permitir que a una persona que tiene una aptitud deficiente para adoptar decisiones, como consecuencia de una discapacidad cognitiva o psicosocial, se le retire su capacidad jurídica para adoptar una decisión concreta basándose simplemente en función del diagnóstico de una discapacidad, entra en abierta contradicción con el artículo 12 de la Convención.
2. Contratos laborales y situación previsional precaria
Generalmente, a las personas con discapacidad no se les reconocen los derechos sociales, como la seguridad social a que tiene derecho toda persona que desarrolla una labor remunerada No tienen un contrato laboral como lo exige la norma y no se cancelan remuneraciones conforme a las exigencias legales2; asimismo, no se respetan sus horarios de trabajo acorde a su condición, teniendo muchas veces jornadas extenuantes que les ocasiona descompensaciones en su estado de salud. Es una subestimación de su calidad de personas por la sola circunstancia de tener algún tipo de discapacidad y, por consiguiente, de su capacidad jurídica para ser contratadas. Se les considera personas de segunda clase.
3. Detención arbitraria de personas con trastorno mental en el sistema penal
Si la persona es detenida y se sospecha de la presencia de algún trastorno mental, debe ser trasladada a una institución especializada para realizar una evaluación y, si el resultado es positivo, debe ser tratada en forma ambulatoria o en régimen de hospitalización, pero en ningún caso debe quedar detenida en régimen carcelario. La aplicación de estas disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Penal, ha significado la creación de unidades especializadas para acoger a estas personas. Sin embargo, hay casos concretos que indican que esta medida no se cumple a cabalidad y, recientemente, algunos de ellos han terminado en el fallecimiento de la persona. Podemos mencionar al menos dos casos concretos ocurridos en los dos últimos años:
i) Caso 1: El joven, Robinson García Morales, tenía 70% de discapacidad mental o psiquiátrica, según aparece en su carnet de discapacidad del Senadis, el cual fue otorgado de manera indefinida el 21 de octubre del 2010. No sabía leer ni escribir. No sabía asearse, vestirse ni comer solo. Para todas las necesidades básicas, dependía de otros. Recibía una pensión de invalidez básica. Fue detenido por Carabineros a causa de un episodio de violencia familiar que protagonizó producto de una descompensación. Presentado ante un jueza, ésta ordenó a Gendarmería llevarlo a la Unidad de Urgencia Psiquiátrica del Instituto Horwitz para su evaluación y consecuente hospitalización, situación que no ocurrió por falta de camas. Fue retirado por Gendarmería con la instrucción de llevarlo nuevamente a Urgencia al otro día, cuestión que no se llevó a cabo, quedando detenido en la Cárcel Santiago Uno. Pocos días después, el 11 de Enero de 2013, apareció muerto en su celda y, según su familia, sin ropa, mojado y con señales de haber sido golpeado. Este hecho, después de dos años y seis meses de su muerte, aún no ha sido esclarecido y menos se han identificado responsables pese a que es evidente la falta de atención que le prestó Gendarmería y, sobre todo, lo incorrecto de la decisión de derivarlo y mantenerlo en la cárcel vulnerando su derecho a una atención de salud mental de parte de las autoridades a las que la ley entrega esta responsabilidad.
ii) Caso 2: José Antonio Vergara Espinoza, un joven de 22 años, quien sufre de esquizofrenia, fue detenido el día 13 de septiembre del presente tras experimentar una severa descompensación. Sacado por carabineros esposado desde su hogar en Alto Hospicio, en lugar de trasladarlo a la Tercera Comisaría de Carabineros o al Hospital respectivo, los funcionarios policiales lo abandonaron en pleno desierto en las cercanías de Caleta Buena, un sector ubicado al norte de la ciudad camino a Pisagua. Hasta hoy, 31 de octubre de 2015, se desconoce su paradero.
La actuación de los Agentes del Estado de Chile, los carabineros, a los cuales la Constitución le ha encomendado las acciones que tienen que ver con la seguridad de las personas y, en caso de así ocurrir, ponerlos a disposición del Juez competente cuando existen razones fundadas para ello, ha significado el grave incumplimiento del pleno respeto de los derechos humanos de José Antonio, vulnerando los derechos constitucionales y a lo establecido en la Convención, toda vez que el accionar de estos Agentes, ha resultado en actos y prácticas incompatibles, es decir, su actuación no ha resguardado los derechos humanos y, por ende, el actuar de las instituciones del Estado, en este caso, Carabineros, no ha actuado conforme a lo establecido en dicha Convención.
El proceder de carabineros, además, ha significado vulneración del artículo 5 de la Convención sobre Igualdad y no discriminación, acápite en que los Estados Partes reconocen “que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna”.
Asimismo, José Antonio es un joven afectado por trastorno mental, esquizofrenia, y seguramente esta condición fue informada por los familiares que llamaron a carabineros para que efectuara el procedimiento. En tal caso, estamos frente a una evidente vulneración del derecho de esta persona con discapacidad psíquica a recibir el mismo trato que en idéntico procedimiento hubiera recibido una persona sin tal condición. El abandono de José Antonio significa privarlo del derecho a ser considerado como las demás personas, es decir, iguales ante la ley y, por ende, “tener derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la misma en igual medida, sin discriminación alguna” de la forma que indica la Convención.
En los dos casos mencionados anteriormente, se ha incumplido lo estipulado en los artículos 14 y 17 de la Convención:
Artículo 14: “1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás: Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona; b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad”.
Artículo 17: “Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás”.