Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/58386
Timestamp: 2020-02-24 14:17:06
Document Index: 25546585

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 319', 'ARTÍCULO 462', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 319', 'Artículo 462', 'artículo 71', 'artículo 55', 'artículo 8', 'artículo 319', 'artículo 462', 'Artículo 319', 'Artículo 462']

Gaceta: LXIII/1PPO-29/58386
Las que suscriben MELY ROMERO CELIS, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, JESÚS CASILLAS ROMERO, MANUEL HUMBERTO COTA JÍMENEZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y ALEJANDRO TELLO CRISTERA, todos Senadores de la República por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, 76, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, éstos últimos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 319 BIS, REFORMA LA FRACCIÓN VII Y ADICIONA LAS FRACCIONES VIII Y IX AL ARTÍCULO 462 A LA LEY GENERAL DE SALUD, en materia de prohibición de gestación por sustitución, al tenor de la siguiente:
De acuerdo a diversos estudios [*], nuestro país es usado para transportar y explotar laboral y sexualmente a miles de seres humanos, especialmente mujeres y niños, sin que esto excluya que también se practique el reclutamiento de víctimas para la trata en suelo nacional, es decir, México se ha convertido en un país de tránsito y destino para la trata y explotación de personas.
Durante el año pasado, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados propusieron diversas modificaciones al marco jurídico relacionado con la Trata de Personas, si bien ninguna llegó a aprobarse de manera definitiva. Un elemento común en estas propuestas, sin embargo, fue reconocer y tipificar la Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos (EMFR), es decir, sancionar a quien hiciese pacto con una mujer para que esta gestara un hijo con la intención de entregarlo después de nacido a otra persona. La EMFR supone un severo retroceso en materia de Derechos Humanos y Equidad de Género pues, tal como señala un informe presentado ante el Parlamento Europeo, la maternidad subrogada constituye una objetivación tanto de los cuerpos de las mujeres como de los niños y representa una amenaza a la integridad corporal y a los derechos humanos de las mujeres [*].
Desde 2012, el H. Congreso de la Unión ha realizado y propuesto modificaciones al marco jurídico relacionado con la Trata de Personas con el fin de adecuarlo a los estándares internaciones [*] y fortalecer a las instituciones para el combate a estos delitos. Sin lugar a dudas, todos los órdenes de gobierno han hecho esfuerzos importantes que evidencian su interés y compromiso por erradicar la trata, explotación y tráfico de personas; sin embargo, este deleznable negocio, que lucra con la explotación y la violación sistemática de los derechos humanos de los más vulnerables, es difícil de combatir, pues las víctimas se encuentran tan sometidas que no suelen buscar la ayuda de las autoridades, además de que representa ingresos millonarios para los delincuentes, tan sólo en la India durante 2011 se estimó por parte del Dr. David King que la industria de madres subrogadas fue de 2 mil millones de dólares [*], industria que tiende a utilizar a mujeres de pobreza extrema y que son ingresadas en estancias o granjas con el fin de que no puedan salir de ahí durante su embarazo hasta la entrega del recién nacido hacia sus solicitantes [*]. Frecuentemente, en adición a, las redes de trata tienen nexos o forman parte de los cárteles de la delincuencia organizada que operan en nuestro país y mantienen nexos con organizaciones criminales en el exterior.
La Organización Internacional para las Migraciones ha elaborado dos estudios sobre la trata de personas en México, uno de ellos en colaboración con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y el otro en colaboración con la Organización de Estados Americanos, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Interamericana de Mujeres; que fueron editados en 2006 y 2011. [*] Ambos estudios reconocen la Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos, particularmente cuando las víctimas sean forzadas, engañadas o presionadas a “rentar” o “prestar” sus vientres para gestar los hijos de parejas adineradas. Esta situación se presenta sobre todo en países en los que existe una gran brecha de desigualdad y pobreza que facilita los contratos entre mujeres dispuestas a rentar su cuerpo y personas dispuestas a utilizarlo, ocurre en la India [*] o Ucrania; [*] o bien en aquellos países en los que el Crimen Organizado venía operando con amplios márgenes de impunidad, como los terribles casos registrados en Tailandia y Nigeria [*], en los que redes de traficantes de bebés y mujeres fueron finalmente descubiertos tras importantes esfuerzos internacionales.
La Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos (EMFR), también llamada gestación subrogada, es una realidad que se esconde a la vista de todos. En la actualidad, únicamente la legislación civil del Estado de Tabasco y Sinaloa permiten la maternidad subrogada, en tanto que la legislación de Coahuila, San Luis Potosí y Querétaro la prohíben total o parcialmente. Oculta tras un velo de supuesto altruismo y escudándose en una caprichosa interpretación del artículo 4 de la Constitución, florece una industria millonaria dedicada a rentar mujeres como pie de cría y a traficar bebés tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. No es necesario recalcar que el tráfico de seres humanos debe ser combatido con toda la fuerza y desde todos los ámbitos pues, en un país respetuoso de los Derechos Humanos, no es posible consentir que las personas sean transformadas en meros productos capaces de ser adquiridos o arrendados por terceros con la única justificación de su poder económico.
El orden jurídico mexicano, desde que la esclavitud fue abolida por el Generalísimo de América y Padre de la Patria Miguel Hidalgo y Costilla en el decreto del 6 de diciembre de 1810, ha considerado a los seres humanos incapaces de ser comerciados dentro del territorio nacional. En consonancia con el citado decreto fundacional de nuestro país, diversas disposiciones de la Ley General de Salud prohíben el tráfico de órganos y tejidos humanos e imponen severas sanciones penales a quienes incurran en dichas conductas. En efecto, de la lectura del Título Décimo Cuarto del mencionado ordenamiento se advierte que las partes del cuerpo humano nunca pueden estar sujetas al comercio, esto con el fin de proteger a las personas de ser convertidas en un producto o un conjunto de productos de los cuales obtener un lucro, así como de salvaguardar la dignidad propia de los seres humanos, dignidad reconocida por el artículo 1 de la Constitución Federal, además de su reconocimiento establecido en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 4° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para”.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis aislada de carácter constitucional sobre el principio jurídico de dignidad humana que a la letra dice:
La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1°, último párrafo; 2°, apartado A, fracción II; 3°, fracción II, inciso c); y 25° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta –en su núcleo más esencial- con el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.
[TA: Constitucional]; 10ª. Época; 1ª. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 602. 1ª. CCCLIV/2014 (10ª.)
El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decretó que reformó el Capítulo Primero del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. Esta trascendental reforma constitucional le permite al Estado Mexicano el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas que habitan y residen en el territorio nacional, derechos que están positivisados en la ley suprema del país y en tratados internacionales de los que sea parte la autoridad mexicana, ello como normas paramétricas de control constitucional y convencional [*]. La presente reforma constitucional establece la aplicación de dos principios constitucionales la interpretación conforme y pro persona, es decir, los derechos humanos serán interpretados conforme a la Constitución Federal y tratados en derechos humanos siempre otorgando la protección más amplia a la persona. Además esta reforma constitucional mandata que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Así pues, por mayoría de razón podemos afirmar que, si las partes del cuerpo humano no pueden ser comerciadas lícitamente dentro del territorio nacional, mucho menos podrán serlo seres humanos completos. Esto pareciera un obviedad, pero es necesario reafirmarlo ante diversas prácticas –a veces acompañadas de modificaciones legislativas locales- que contravienen este principio y facilitan el comercio de seres humanos, ya sea en sus modalidades más crudas, o recubierto de un velo que escuda el tráfico de personas en la consecución de un legítimo deseo de descendencia.
Si bien es cierto que existe un derecho, contenido en el artículo 4 de la Constitución, a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de los hijos -es decir, la Constitución protege la decisión de las personas- no puede afirmarse de ninguna manera que dicho precepto constitucional confiere un derecho irrestricto a tener hijos ni, mucho menos, lo hace exigible al Estado, o legitima a los particulares a hacerse de hijos mediante el comercio de seres humanos, ya sea rentando mujeres que los gesten, o adquiriéndolos de éstas mediante contratos en los que medie o no una retribución económica o, de cualquier otro tipo. No es posible legitimar que las personas se conviertan en productos con el fin de satisfacer un anhelo –incluso una necesidad- legítimo, pues este postulado contradice todo lo que al respecto afirman tanto la legislación vigente como la tradición jurídica mexicana, desde los mismos inicios de la vida nacional. Si una persona tiene derecho a utilizar a una mujer para que geste un hijo por el que, al cabo de la gestación le entregará, no se aprecia razón alguna por la cual esa misma persona no pueda utilizar a otra para aprovechar sus órganos mediante el pago de una contraprestación de cualquier naturaleza.
Ahora bien, como el referido artículo 4 también consagra el derecho a la salud salud sexual y reproductiva, cuando se presentan problemas de infertilidad o esterilidad en las parejas, es muy importante aclarar que se les debe de prestar los servicios de salud necesarios para su diagnóstico clínico y curación, en la medida que los avances de la ciencia lo permitan.
La prohibición del comercio con seres humanos mediante la EMFR es una tema que, en países que se lo han planteado con seriedad, ha logrado importantes consensos entre las diversas fuerzas e ideologías políticas. En una carta abierta dirigida al presidente Francois Hollande, intelectuales franceses identificados con la izquierda recuerdan al mandatario que “en febrero de 2013, usted adquirió un compromiso formal contra la introducción en Francia de los vientres de alquiler, llamada hoy ‘madre de alquiler’, declarando su firme y coherente oposición a una práctica social alienante…”
Entre los firmantes, que además exigen al presidente que no ceda a las presiones y defienda la dignidad de las mujeres y los niños que son cosificados al convertirlos en bienes de consumo se encuentran: Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea de 1985 a 1994, Lionel Jospin, primer ministro de Francia entre 1997 y 2002, Yvette Roudy, ministra socialista de Derechos de la Mujer de 1981 a 1986, Nicole Pery, en el mismo cargo que la anterior de 1998 a 2002 y vicepresidenta del Parlamento Europeo 1984 a 1997, Marie-George Buffet, quien ha sido ministra y fue secretaria nacional del Partido Comunista Francés de 2001 a 2010, y Catherine Tasca, quien ha sido ministra y es actualmente primer vicepresidente del Senado.
Esto va en consonancia con una tendencia mundial a prohibir esta degradante práctica social. De acuerdo a información facilitada, y que se adjunta a la presente inciativa, por Early Institute, un Think Tank especializado en infancia con sede en la Ciudad de México [*], la situación legislativa mundial respecto a la EMFR se encuentra de la siguiente manera:
Prohibición de subrogación comercial
Expresamente facilitada
La práctica está prohibida por ser vista como comercio de personas
La subrogación comercial es ilegal. En New South Wales, Queensland y Australian Capital Territory, la subrogación comercial internacional es una ofensa legal
Quebec prohíbe cualquier proceso de subrogación
Está prohibida la realización de contratos en los que exista un pago
Requiere un proceso no comercial por ley
Ahora bien, entre los países considerados como destinos de esta práctica, también se nota una fuerte tendencia a la restricción cada vez más severa de la EMFR:
Prohíbe la práctica para personas solteras y parejas del mismo sexo, para disminuir la EMFR.
Prohíbe la generación de acuerdos en los que se ofrezca un pago a cambio del proceso.
Prohíbe la maternidad subrogada comercial para extranjeros y para parejas del mismo sexo.
Permite la maternidad subrogada sólo a matrimonios vietnamitas heterosexuales con infertilidad comprobable.
Realizada sólo en 3 clínicas bajo estricto control, para evitar comercialización.
En este sentido, ante los razonamientos expuestos y con base en la experiencia legislativa comparada, es posible afirmar que la tendencia más protectora de los Derechos Humanos de las personas y, por tanto, más conforme con los dispositivos constitucionales, es aquella que prohíbe todo tipo de tráfico de personas, incluyendo desde luego la Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos, eufemísticamente denominada maternidad subrogada.
Es por estas razones que someto a esta Asamblea el siguiente:
La presente iniciativa de reforma legal a la Ley General de Salud tiene como objetivos prohibir en el cuerpo de la mujer la gestación por sustitución y con ello renuncie a su derecho de filiación materna a favor de un contratante o tercero para que esté le otorgue una personalidad jurídica en cuanto a identidad y nacionalidad,además de imponer una sanción de 6 a 17 años de prisión y multa por el equivalente de 8 mil a 17 mil días de salario mínimo general vigente hacia las personas que participen y promuevan la gestación por sustitución.
Con la finalidad de tener mayor claridad sobre el objeto de esta propuesta de reforma legal a la Ley General de Salud, se muestra el siguiente cuadro comparativo:
Artículo 319 Bis.- Se prohíbe disponer del cuerpo humano con el propósito de realizar la gestación por sustitución. Todo acto jurídico en el que se consigne la obligación a cargo de una mujer de renunciar a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero es nulo absoluto, y por tanto, no surtirá efectos legales, ni será susceptible de valer por confirmación o prescripción.
VI.- Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto, y
VII.- Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes.
En el caso de las fracciones III, IV, V y VI se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.
Artículo 462.- Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente:
VI.- Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto;
VII.- Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes;
VIII.- Al que realice o participe en un procedimiento de gestación por sustitución; y
IX.- A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la gestación por sustitución.
En el caso de las fracciones III, IV, V, VI, VIII y IX se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I del numeral 1 del artículo 8 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, el siguiente:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 319 Bis al Capítulo I “Disposiciones Comunes” del Título Décimo Cuarto “Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida”; se reforma la fracción VII y se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 462 del Capítulo VI “Delitos” del Título Décimo Octavo “Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos”; todo ello a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
“Artículo 319 Bis.- Se prohíbe disponer del cuerpo humano con el propósito de realizar la gestación por sustitución. Todo acto jurídico en el que se consigne la obligación a cargo de una mujer de renunciar a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero es nulo absoluto, y por tanto, no surtirá efectos legales, ni será susceptible de valer por confirmación o prescripción.
Artículo 462.- Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente se trate:
VII.- Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por trasfusión de sangre y sus componentes;
En el caso de las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX se aplicarán al responsable, además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia”.
SEGUNDO.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un plazo de 90 días hábiles para adecuar su legislación al presente decreto.
Sen. Manuel Humberto Cota Jímenez
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los trece días del mes de octubre de dos mil quince.
[*] Mir Candal, Leida. La maternidad intervenida, Universidad de Buenos Aires, 2010; Organización Internacional para las Migraciones, La trata de personas en México. Diagnóstico sobre asistencia a víctimas. México, 2011; OIM, OEA, INMUJERES, CIM, INM, Trata de personas: aspectos básicos, México, 2006.
[*] Puede revisarse el texto completo en: Report on Sexual and Reproductive Health and Rights, Committee on Women’s Rights and Gender Equality, European Parliament, 26 de septiembre de 2013, Ref. A7-0306/2013, párrafo 9. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0306+0+DOC+XML+V0//EN
[*] Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
[*] http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/01/110125_maternidad_subrogada_men
[*] BARTOLINI, Esparza Marcelo, Cándido Pérez Hernández y Adrián Rodríguez Alcocer. Maternidad subrogada: explotación de mujeres con fines reproductivos. México, noviembre de 2014.
[*] Organización Internacional para las Migraciones, La trata de personas en México. Diagnóstico sobre asistencia a víctimas. México, 2011; Organización Internacional para las Migraciones, Organización de Estados Americanos, Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión Interamericana de Mujeres, Instituto Nacional de Migración, Trata de personas: aspectos básicos, México, 2006.
[*] AMADOR, Jiménez Mónica. Biopolíticas y biotecnologías: un análisis de la maternidad subrogada en la India. CS No. 6, pp. 193-217, julio – diciembre 2010. Cali, Colombia
[*] Óp. Cit. Marcelo Bartolini, pp.11.
[*] Ídem, p. 22-23
[*] CABALLERO, Ochoa José Luis. La interpretación conforme: el modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad. México, 2014, Segunda edición, Editorial Porrúa e Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, pp. XXI.
[*] Este instituto (antes TAD Think Action Development) realizó, junto con la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la H. Cámara de Diputados, un profundo análisis de la materia, que se recoge en el libro Maternidad Subrogada, Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos. México, 2014.