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Timestamp: 2019-12-16 09:36:10
Document Index: 176730291

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29']

Ley 20.680. Anales de Legislación Argentina n° XXXIV-C, 25 de junio de 1974, pp. 2006-2011.
Citas Legales : Decreto-ley 19508, Decreto-ley 20125, Ley 19.508, Ley 20.125
(Nota del Centro de Documentación y Traducciones: ejercicio de las facultades otorgadas por la presente Ley, las que podrán ser restablecidas, previa declaración de emergencia de abastecimiento por el Congreso de la Nación, ya sea a nivel general, sectorial o regional, exceptuándose las facultades otorgadas en el Artículo 2º inciso c), continuando en vigencia para este supuesto particular las normas sobre procedimientos, recursos y prescripción previstas, suspendidas por Decreto 2284/91 . Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 27 y 28 sustituidos y artículos 25 y 26 derogados por Ley 26.991 . Observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios, creado por Ley 26.992 . Autoridad de Aplicación, con facultades para dictar las normas complementarias y aclaratorias, aplicación de los parámetros para compensar actos de responsabilidad estatal por actividad legítima, establecidos en el artículo 5° de la Ley 26.944 y creación del Registro Nacional de Infracciones, aprobado por Decreto 203/2015 )
Sanción: 20 junio 1974
Promulgación: 24 junio 1974
Publicación: B.O. 25/VI/74
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS REUNIDOS EN CONGRESO, ETC.,
Artículo 1º- La presente ley regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios -sus materias primas directas o indirectas y sus insumos- lo mismo que a las prestaciones -cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado- que se destinen a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, calefacción, refrigeración, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga -directa o indirectamente- necesidades comunes o corrientes de la población.
El ámbito de esta ley comprende todos los procesos económicos relativos a dichos bienes, prestaciones y servicios y toda otra etapa de la actividad económica vinculada directa o indirectamente a los mismos.
Artículo 2º- En relación a todo lo comprendido en el artículo precedente, el Poder Ejecutivo, por sí o a través del o de los funcionarios y/u organismos que determine, podrá:
1.- Volumen habitual de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios.
2.- Capacidad productiva y situación económica.
Los que resulten obligados para la aplicación de la presente norma y que estimen que a consecuencia de ello sufrirán grave e irreparable perjuicio económico, podrán solicitar la revisión parcial o total de las medidas que los afectan mediante un trámite que establecerá la reglamentación. Sin embargo, ello no los excusará de dar estricto cumplimiento a las obligaciones impuestas, en tanto no se adopte resolución en relación a su petición, la cual deberá dictarse dentro de los quince (15) días hábiles del reclamo. En caso contrario quedará sin efecto la medida.
1.- Serán ordenados en todos los casos, por el Poder Ejecutivo o la autoridad de aplicación de la presente ley.
2.- La duración de la medida no podrá exceder de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de vigencia del decreto o resolución que la ordenó, sin perjuicio de las eventuales prórrogas que pudiera sufrir la medida.
3.- La intervención y/o uso se harán efectivos mediante el o los funcionarios que designe el Poder Ejecutivo o la autoridad de aplicación, en su caso. La reglamentación establecerá las formalidades y recaudos que deberán cumplirse en el acto de toma de posesión de los establecimientos intervenidos y de los elementos de cuyo uso se disponga, de manera tal que se garanticen adecuadamente los derechos de los afectados por dichas medidas.
Concretada la toma de posesión, los afectados podrán solicitar la intervención del órgano judicial competente, según los arts. 15 y 16, el que lo hará ajustándose a un procedimiento que contemple -principalmente- los siguientes aspectos:
1.- Información periódica al órgano judicial por parte del o de los funcionarios intervinientes, sobre la marcha de su gestión empresarial;
2.- Fijación, mediante determinación pericial, del valor de uso del establecimiento y/o elementos o, en su caso del precio de venta de estos; y la determinación del plazo o plazos en que deberá consignar dicho valor.
3.- Participación, según los principios del debido proceso, de la o las personas afectadas por la intervención y/o disposición de uso.
j) Proceder, en caso necesario, al secuestro de todos los elementos aludidos en el inc. i), por un plazo máximo de treinta (30) días hábiles;
Artículo 3º- Los gobernadores de Provincia y el gobernador del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, por sí o por intermedio de los organismos y/o funcionarios que determinen, podrán fijar -dentro de sus respectivas jurisdicciones- precios máximos y las pertinentes medidas complementarias, mientras el Poder Ejecutivo o el organismo nacional de aplicación no los establecieren, dando cuenta de inmediato a este último. Dichos precios subsistirán en tanto el Poder Ejecutivo no haga uso de las facultades que a ese objeto le acuerda esta ley. También podrán disponer las medidas autorizadas en los incs. h), i), j) y l) del art. 2º. Asimismo las mencionadas autoridades, y únicamente en cuanto se refiere al abastecimiento dentro de sus respectivas jurisdicciones, podrán modificar los precios fijados por la autoridad nacional de aplicación, en tanto la localización de la fuente de producción, la menor incidencia de los fletes o cualquier otra circunstancia o factor permitan una reducción de los mismos. En caso de que a la inversa, dichos factores determinaran la necesidad de incrementar aquéllos, deberá requerirse previa autorización al organismo nacional de aplicación; quien deberá expedirse en el término de quince (15) días hábiles; en caso contrario quedará aprobado el precio propuesto por la autoridad local.
Artículo 4º- Serán reprimidos con las sanciones que se establecen en el art. 5º y en su caso 6º, quienes:
f) Negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios, o redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren, habiendo sido intimado a tal efecto con tres (3) días hábiles de anticipación, en caso de tener capacidad productiva, para responder a la demanda;
h) No tuvieren para su venta -según el ramo comercial respectivo- mercaderías con precios máximos, precios congelados o márgenes de utilidad fijados y al no poseerlas no vendan a dichos precios mercaderías similares de mayor calidad o precio, salvo los eximentes justificados que se establezcan por vía reglamentaria, teniendo en cuenta ramo, habitualidad, modalidad, situación de mercado y demás circunstancias propias de cada caso;
j) Violaren cualesquiera de las disposiciones que se adoptaren en ejercicio de las atribuciones que se confieren por los arts. 2º y 3º de esta ley.
Artículo 5º- Quienes incurrieren en los actos u omisiones previstos en el art. 4º se harán pasibles de las siguientes sanciones, que podrán aplicarse independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:
a) Multa de doscientos pesos ($200) a un millón de pesos ($1.000.000). Este último límite podrá aumentarse hasta alcanzar el triple de la ganancia obtenida en infracción;
j) En caso de que los hechos adquieran por su naturaleza o por sus consecuencias especial gravedad, en lugar de la pena establecida en el inc. b) se aplicará la de prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años.
Artículo 6º- En caso de reincidencia los límites máximos de los montos del inc. a) del art. 5º y los términos de sus incs. b), c), d), g) e i) podrán elevarse hasta el doble de la sanción originaria. En caso de segunda reincidencia podrá llegarse a la clausura definitiva del establecimiento.
Artículo 7º- Para la fijación de las sanciones de toda índole, pecuniarias o personales, se tomará en cuenta, en cada caso:
Artículo 8º- Cuando las infracciones que se penan en esta ley hubieren sido cometidas en beneficio de una persona jurídica, asociación o sociedad, se le dará carácter de parte, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los autores. En los casos de condena a una persona jurídica, asociación o sociedad se podrá imponer como sanción complementaria la pérdida de la personería y la caducidad de las prerrogativas que se le hubiesen acordado. Los directores, administradores, gerentes y miembros de tales entidades, que no hubieren participado en la comisión de los hechos punibles, pero que por sus funciones debieron conocerlos y pudieron oponerse, serán también pasibles -cuando se les probare grave negligencia al respecto- de las sanciones previstas en el art. 5º, incs. a) y b) disminuyéndose a la cuarta parte los límites mínimos y máximos a imponer.
Artículo 9º- Todos aquellos que obstruyeren o dificultaren la acción de los encargados de aplicar las disposiciones emergentes de esta ley o vigilar y controlar la observancia de la misma y/o de las disposiciones que en su consecuencia se dicten, o no cumplieren los requerimientos de los organismos de aplicación, podrán sufrir detención de hasta cuarenta y ocho (48) horas o multas de hasta un mil pesos ($1.000).
Artículo 10.- La verificación de las infracciones a la presente ley y normas complementarias que se dicten en su consecuencia, y la sustanciación de las causas que por ellas se originen, se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece y demás formalidades que las autoridades de aplicación determinen:
a) Se labrará un acta de comprobación con indicación por el funcionario actuante, especialmente afectado por el organismo de aplicación, del nombre y domicilio de los testigos si los hubiere y en el mismo acto se notificará al presunto infractor, o a su factor o empleado, que dentro de los cinco (5) días hábiles podrá presentar por escrito su defensa y ofrecer las pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar la autoridad ante la cual deberá efectuar su presentación, entregando copia de lo actuado al presunto infractor, factor o empleado. En dicha acta cualquiera de éstos podrá dejar asentadas las constancias que estime oportunas y que se refieran al hecho o hechos motivo de la misma y a los testigos presentes;
c) La prueba deberá producirse dentro del término de diez (10) días hábiles prorrogables cuando haya causa justificada teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo, por causa imputable al infractor;
Artículo 11.- Las constancias del acta labrada en forma que no sean enervadas por otras pruebas constituirán prueba suficiente de responsabilidad del infractor. En el caso de que éste se negare a firmarla, se dejará constancia de ello y se considerará formalmente válida con la sola firma del funcionario actuante y servirá como principio de prueba.
b) Allanar en horas hábiles y días de funcionamiento, locales industriales, comerciales, establecimientos de producción agropecuaria, forestal de caza, pesquera, minera o auxiliares de éstos y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto responsable;
e) Clausurar preventivamente hasta por tres (3) días los locales en los que se hubiere constatado la infracción, cuando ello fuere indispensable para el mejor curso de la investigación o si existiere riesgo inminente que se continúe cometiendo la infracción. Este plazo podrá ser prorrogado hasta un máximo de treinta (30) días por resolución fundada de la autoridad de aplicación;
Artículo 13.- En todos los casos de clausura, sea preventiva, sea temporaria o definitiva, los infractores podrán retirar de inmediato los bienes perecederos, siempre que no constituyan elementos de pruebas indispensables. Mientras dure la clausura preventiva o temporaria, los prevenidos o sancionados deberán pagar íntegramente las remuneraciones correspondientes al personal en relación de dependencia.
Artículo 14.- Las mercaderías que se intervinieren en virtud de lo que establece el art. 12, inc. d) y f), podrán ser vendidas, locadas o consignadas cuando fueren perecederas y/o cuando el abastecimiento de ellas sea insuficiente, para lo cual no será necesario depósito previo ni juicio de expropiación. En caso de resultar absuelto por resolución firme su propietario, se fijará el monto de la indemnización que eventualmente le correspondiere, siguiéndose las pautas del art. 26.
Artículo 15.- Las infracciones a la presente ley afectan la seguridad y el orden económico nacional. Las que se cometieren en la Capital Federal o en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, o cuando afectaren o pudieren afectar el comercio interjurisdiccional, serán controladas y juzgadas en sede administrativa por el o los funcionarios u organismos que determine el Poder Ejecutivo; salvo las penas de prisión y la de inhabilitación especial para ejercer el comercio a la función pública que serán impuestas en la Capital Federal por el juez nacional en lo Penal Económico de turno y en las otras jurisdicciones por el respectivo juez federal. A los efectos de esta norma se entenderá por comercio interjurisdiccional al que se realiza con las naciones extranjeras, el de las provincias entre sí, el de una Provincia al territorio nacional, a un puerto, aeropuerto o a la Capital Federal y el de estos a aquélla.
Artículo 16.- La resolución administrativa que imponga sanciones podrá ser apelada dentro de los cinco (5) días hábiles de su notificación ante el órgano que la dictó, debiendo fundarse el recurso en el mismo escrito de su interposición.
En caso de no fundárselo será desestimado, quedando firme la resolución. Conocerá en dicho recurso en única instancia el juez federal con jurisdicción en el lugar. En la Capital Federal será competente el juez nacional en lo penal económico de turno. En lo que respecta a la pena de clausura, el recurso se concederá al solo efecto devolutivo.
Artículo 17.- En todos los casos, para interponer el recurso de apelación contra una resolución administrativa que imponga pena de multa, se deberá depositar, a la orden de la autoridad que lo dispuso, el correspondiente monto de la multa impuesta, y presentar el comprobante del depósito con el escrito de apelación, sin cuyo requisito será desestimado. Este depósito puede ser sustituido por una caución real suficiente o por garantía sobre el fondo del comercio.
Artículo 18.- Las infracciones cometidas en las provincias y que afecten exclusivamente al comercio de sus respectivas jurisdicciones serán juzgadas en sede administrativa por los organismos que determine cada una de ellas, en perjuicio de lo dispuesto en el art. 3º.
Artículo 19.- La resolución que imponga pena de multa podrá disponer que la misma se convertirá en la de clausura, en caso de no ser aquélla abonada en el plazo establecido en dicha resolución. El término de la clausura se fijará en el equivalente entre doscientos pesos ($200) y cinco mil pesos ($5000), por cada día de la clausura, pero no podrá exceder de noventa (90) días.
Artículo 20.- La falta de pago de las multas hará exigible su cobro por el procedimiento de ejecución fiscal, constituyendo título suficiente de ejecución el testimonio de la resolución condenatoria firme expedida por el organismo de juzgamiento.
Artículo 21.- Los bienes decomisados serán vendidos y/o locados por la autoridad de aplicación; el producto de la venta o locación ingresará a la cuenta que se crea por el art. 23.
Artículo 22.- Las infracciones a esta ley y sus reglamentos prescribirán a los tres (3) años.
Artículo 23.- El importe de las multas y/o producido de los decomisos ingresará al fisco nacional o provincial, según el órgano que hubiere dictado la resolución condenatoria. En el orden nacional tales fondos ingresarán a una cuenta especial, que será administrada por el secretario de Estado de Comercio, y se destinarán a solventar los gastos que demandare el cumplimiento de la presente ley, pudiendo imputarse a la misma la designación de personal transitorio, pago de viáticos, gastos de movilidad, adquisición de bienes y/o elementos necesarios y difusión. Todo ello sin perjuicio de los fondos que le asigne el presupuesto de la Nación a tales efectos. Los gobiernos locales dispondrán el destino de los fondos que se perciban en sus respectivas jurisdicciones.
Artículo 24.- Los funcionarios y empleados que de cualquier forma participen en la aplicación de esta ley estarán obligados a mantener el secreto sobre todos los datos de actuaciones que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La infracción de esta norma será considerada falta grave a los efectos administrativos, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondieren.
Artículo 25.- La autoridad de aplicación podrá solicitar a los tribunales de justicia intervinientes que sean designados los funcionarios administrativos que proponga, como oficiales de justicia y notificadores "ad hoc" en los procesos de ejecución de las resoluciones y sentencias.
Artículo 26.- Cuando un estado de emergencia económica lo haga necesario para evitar desabastecimientos, acaparamientos y/o maniobras de agiotaje y especulación, declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes destinados a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, cultura e insumos para la industria, que satisfagan necesidades comunes o corrientes de la población.
La autoridad de aplicación podrá tomar posesión de los bienes calificados y determinados por el Poder Ejecutivo, sin más formalidad que consignar judicialmente el precio de costo más una indemnización que no podrá exceder de un diez por ciento (10%) y hasta el precio máximo fijado si lo hubiere. Los fondos que estos procedimientos demandaren podrán tomarse de la cuenta especial que se crea por el art. 23 o de Rentas Generales.
Artículo 27.- En caso de urgente necesidad pública el Poder Ejecutivo podrá intervenir y disponer la venta de productos y mercaderías, cualesquiera sea su propietario, debiendo consignar con posterioridad judicialmente su precio de venta neto.
Artículo 28.- El Código de Procedimientos en lo Criminal que rija en las respectivas jurisdicciones será de aplicación supletoria en los procedimientos originados en infracción a la presente ley. Las disposiciones generales del Código Penal serán aplicables a la presente ley en cuando esta no disponga lo contrario.
Artículo 29.- La presente ley es de orden público; regirá desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y deroga el dec.-ley 19.508/72, modificado por el dec.-ley 20.125/73. Las infracciones consumadas durante la vigencia de estos últimos serán penadas según sus disposiciones, aunque se hubieren comprobado con posterioridad.
Gelli, María Angélica "Las libertades económicas y el papel del Estado (Acerca de la suspendida ley de abastecimiento)". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 2006 : D(2006), pp. 1081-1089