Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/administrativo/Inejecucion-sentencias-urbanisticas_12_1024560001.html
Timestamp: 2018-02-23 06:17:49
Document Index: 31026443

Matched Legal Cases: ['artículo 117', 'artículo 34', 'artículo 108', 'artículo 104', 'artículo 103', 'artículo 108', 'artículo 105', 'artículo 34', 'artículo 49', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 319', 'artículo 108', 'artículo 108']

Cuando nos situamos en el ámbito de la ejecución de sentencias, urbanísticas o no, nunca se debe perder la perspectiva de que estamos ante una de las tareas principales que forman parte de la función jurisdiccional, tal y como la entienden el artículo 117 de la Constitución –EDL 1978/3879- y el 2 de la LOPJ -EDL 1985/8754-. Ha sido el Tribunal Constitucional el que ha señalado que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a la ejecución de sentencias, sentencias 187/2002, de 14 de octubre -EDJ 2002/41047- y 224/2004, de 29 de Noviembre -EDJ 2004/184174-.
A mi modo de ver, la imposibilidad de garantizar el pago de las indemnizaciones debidas a los terceros de buena fe no puede erigirse, así de buenas a primeras, en un supuesto de los previstos genéricamente en el art. 105.2 LJCA –EDL 1998/44323- como excepción a la ejecución pura de un fallo que obliga a demoler un inmueble ilegalmente edificado. Sí de suspender temporalmente esa ejecución; siquiera hasta tener la certeza suficiente sobre esa imposibilidad de garantizar. Sin descartar, en tal tesitura, que la inejecución de la sentencia pueda llegar a ser el resultado tangible de la caducidad de la acción ejecutiva; al menos en aquellos supuestos en los que la contravención urbanística no sea imprescriptible.
Se nos pregunta si los terceros dejarían de ser “de buena fe” para el caso de ser convocados al proceso de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 LJCA –EDL 1998/44323-. Ocurre, sin embargo, que la precipitación y la ingenuidad con la que fue introducido –vía enmienda- el actual art. 108.3 LJCA, no propició, precisamente, un análisis sobre la necesaria armonización del conjunto de la Ley procesal con los designios e implicaciones de ese nuevo precepto legal. En caso contrario, el legislador habría reparado, por ejemplo, en que el art. 49 LJCA sólo permite acceder al proceso en calidad de “codemandado”.
Ante determinadas patologías (véanse las que suelen afectar a los instrumentos de planeamiento o de gestión urbanística), tenemos un sistema jurídico que nos obliga a ser inflexibles, y que no admite fácilmente que los fallos invalidatorios se vean inspirados por el criterio de la minimización del daño. Pero ante otras patologías (véanse las obras ilegalizables) la Ley, tras un bramido en pro de la legalidad, nos sorprende con un precepto legal –el art. 108.3 LJCA –EDL 1998/44323- - que casi parece hecho adrede y con el propósito de torpedear a toda costa el restablecimiento de la legalidad mediante el cómodo expediente de interponer a los terceros de buena fe como escudo humano. Unido, todo ello, a una jurisprudencia condenada al esperpento, de no abandonar ésta su rigor a propósito de las posibilidades que cabría extraer del art. 105.2 LJCA (ejecución por sustitución).
1º: No se reformulan y armonizan los preceptos de la LJCA –EDL 1998/44323- que mayor relevancia pueden tener en sede urbanística; tanto en sede declarativa, como en sede de ejecución. Por ejemplo, analizando la nómina y estatus de las partes; previendo más y mejor; y estableciendo medidas claras y verdaderamente practicables.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente, desde su sentencia de 12 de mayo de 2006 -EDJ 2006/76689-, que los terceros adquirentes no están protegidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria -EDL 1946/59- porque éste protege el derecho real, que pervive aunque después se anule o resuelva el del otorgante o transmitente; pero no protege la pervivencia de la cosa objeto del derecho cuando ésta, la cosa, ha de desaparecer por imponerlo así el ordenamiento jurídico. La Sala 3ª contempla un conflicto que afecta al interés privado de los terceros adquirentes y al interés público en el mantenimiento de la legalidad urbanística. La solución no puede ser otra. Los derechos particulares deben sacrificarse en beneficio del interés público, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento que correspondan.
La explicación del nuevo artículo 108, apartado 3, LJCA –EDL 1998/44323- parece que sea la de intentar garantizar que las acciones indemnizatorias que puedan emprender esos terceros afectados sean eficaces. Para eso dispone que, para proceder a la demolición, han de prestarse previas garantías. Estas garantías habrá de prestarlas la Administración, que es la que debe llevar la sentencia a puro y debido efecto (artículo 104, apartado 1, LJCA) y que será quién, a la postre, responderá por el perjuicio generado por su actuación ilegal. En fin, no está mal si es que la Administración tiene algún empeño en demoler.
El juez contencioso no tendrá más remedio que cumplir su deber de hacer ejecutar la sentencia (artículo 103 LJCA –EDL 1998/44323- en relación con los artículos 117, apartado 3, y 24, apartado 1, de la Constitución –EDL 1978/3879-) y ahora se verá con una dificultad añadida en una actividad ejecutiva aún más compleja frente al Ayuntamiento que no quiere ejecutar.
En este foro hemos reflexionado ya otras veces sobre los obstáculos que surgen para conseguir la ejecución de sentencias urbanísticas. La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio –EDL 2015/124945-, ha añadido un nuevo apartado 3 al artículo 108 de la LJCA –EDL 1998/44323- para el caso en que una sentencia ordena la demolición de un inmueble y la reposición de la realidad física alterada a su estado originario, que exige ahora "como condición previa a la demolición, y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe."
Al parecer, el art.108.3 de la LJCA –EDL 1998/44323- es fruto de una enmienda del grupo parlamentario socialista en el Senado con el objetivo de “fomentar la seguridad jurídica y el tráfico jurídico, para proteger el derecho de propiedad, y de forma análoga al cambio introducido en el Código Penal para proteger a terceros adquirentes de buena fe”.
Sin embargo, la jurisprudencia rechaza que constituya por sí sola una causa legal que impida la ejecución de la sentencia, al entender que el interés privado de los terceros adquirentes debe ser sacrificado en beneficio del interés público en el respeto de la legalidad urbanística, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento que correspondan y que el propio artículo 105.2 de la LJCA –EDL 1998/44323- ya contempla.
El legislador no ha querido precisar exactamente qué es un tercero de buena fe: si el del artículo 34 de la Ley hipotecaria -EDL 1946/59- o el tercero diligente y bienintencionado, con arreglo al principio de buena fe que recogen las leyes de procedimiento administrativo común. El problema podría haberse resuelto vía emplazamiento ex artículo 49 de la LJCA –EDL 1998/44323-, ya que los terceros dejarían de ser “de buena fe” si se les hubiera emplazado oportunamente.
Al respecto, se nos pide nuestra opinión sobre el margen de maniobra que tiene el juez para apreciar (o no) una causa de inejecución de la sentencia de demolición. La reforma del artículo 108.3 de la LJCA –EDL 1998/44323- incluye un mandato imperativo al juez para que exija la constitución de aquella garantía, así que se ha eliminado cualquier margen de apreciación.
Sin embargo, el artículo 108.3 –EDL 1998/44323- no aclara aspectos esenciales de la decisión judicial que quedan sin concreción legal: quién debe prestar la fianza, si el tercero era o no de buena fe, si la cuantía de la garantía es o no suficiente, cómo se van a determinar las indemnizaciones "debidas" (no dice "posibles") o si concurre una situación de peligro inminente. Ante esta situación, o bien el juez deberá abrir un incidente para aclarar tales aspectos, o bien deberá exigir la garantía legal "a ojo de buen cubero", sin tener suficientes datos de valoración. La realidad es que el nuevo precepto no facilita criterios para valorar otra circunstancia que no sea la mera existencia de terceros de buena fe, a diferencia del también reformado y muy similar artículo 319.3 del Código Penal -EDL 1995/16398-.
Creo que la solución legal no es la más adecuada, ni tampoco resulta coherente. La solución a la desesperación de las víctimas de buena fe por errores administrativos, ante la amenaza de una demolición, quedaría aliviada por una justa compensación económica. Pero la inofensiva reforma, disfrazada de garantía para estos propietarios, puede terminar provocando que muchos incidentes de ejecución de sentencias de demolición no se resuelvan nunca ante las dificultades que tendrá el juez para despejar tales incertidumbres, que son imperativas ("como condición previa a la demolición") y no meramente facultativas, en perjuicio del interés general.
En respuesta a la primera de las preguntas que se nos plantean, debo decir que, en mi opinión, la aparición de terceros adquirentes de buena fe no emplazados al proceso no constituye de por sí un supuesto de imposibilidad material o legal de ejecución de sentencias en los términos del art. 105.2 LJCA –EDL 1998/44323- sino causa suficiente para la promoción de un incidente de nulidad de actuaciones por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE –EDL 1978/3879-) al haberse dictado una sentencia inaudita parte.
El derecho a la ejecución de las sentencias es el correlato subjetivo del valor objetivo de los pronunciamientos judiciales como presupuesto de transformación de la realidad para acomodarla a los mandatos de la norma. Precisamente por ello, si se hiciera un uso torticero del supuesto de inejecución de las sentencias del art. 105.2 LJCA –EDL 1998/44323- (rectius, de ejecución por sustitución), esos mandatos serían ignorados o bien sustituidos por aquellos que escribiera sobre el aire el juez del caso.
Pues bien, ya de entrada procede advertir que no se estima que con el dictado del artículo 108.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -EDL 1998/44323-, se hayan alterado los principios a los que sujetar la ejecución de sentencia contencioso administrativa –así en sede de urbanismo- por lo que a la iniciativa de la partes habrá que estar en el marco general de la doctrina jurisprudencial general sobre la materia. Desde luego la acentuación en la sensibilidad en materia de emplazamiento de interesados debe darse por supuesta y con todas las garantías.
Ya en este punto dirigiendo la atención al sujeto que se identifica o manifiesta ser tercero de buena fe conviene advertir que si el proceso contencioso administrativo seguido hasta la sentencia ya contaba con el mismo en su cualidad de parte ‑singularmente como parte codemandada-, de un lado, quizá ya no quepa sostener que se trata de un tercero (sic) ya que ha sido parte procesal en plenitud –que quizá es lo de menos- pero también cabe la perfecta posibilidad que el en proceso contencioso administrativa ya se haya juzgado su situación subjetiva al punto de descartar, con la correspondiente prueba, su buena fe –que desde luego sería lo más decisivo- todo lo cual aligeraría el tratamiento del caso con los efectos de cosa juzgada que pudieran establecerse.
Para el supuesto objetivo de cumplimiento de lo resuelto jurisdiccionalmente debe destacarse que la redacción del artículo 108.3 de nuestra Ley Jurisdiccional –EDL 1998/44323- es de interés igualmente detener la atención en la concreción que se centra en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente (sic) la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada ya que recuerda quizá un disfavor contra las tesis de pronunciamiento implícito de demoliciones cuando en sentencia solo se ha establecido una disconformidad a derecho de la construcción de un inmueble.