Source: http://jurisprudencia.cplt.cl/cplt/decision.php?id=CPLT000028376
Timestamp: 2019-10-17 15:00:08
Document Index: 303911495

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CPLT Jurisprudencia | Servicio de Impuestos Internos con Consejo para la Transparencia
Servicio de Impuestos Internos con Consejo para la Transparencia Rol: 475-2018
Corte de Apelaciones de Santiago, 03/06/2019
Servicio de Impuestos Internos interpone reclamo de ilegalidad en contra de decisión de amparo dictada por el Consejo para la Transparencia que acogió el amparo al derecho de acceso a la información, deducido en su contra, ordenandole al Director del Servicio de Impuestos Internos entregar a reclamante información desagregada, en formato Excel o similar, sobre sobre (sic) las transacciones de bienes raíces informadas por los conservadores de bienes raíces del país. Corte rechaza el reclamo.
Consejo para la Transparencia, 15/05/2018, C3804-17
Jenny Book Reyes
Omar Antonio Astudillo Contreras
Santiago, tres de junio de dos mil diecinueve.
Primero: Que comparece Miguel Andrés Zamora Rendich, abogado, en representación del Servicio de Impuestos Internos, interponiendo reclamo de ilegalidad en contra de la decisión de amparo dictada por el Consejo para la Transparencia, en Sesión Ordinaria N° 933 de 09 de octubre de 2018, que acogió el amparo al derecho de acceso a la información, deducido por doña Sofía Díaz Fernández, en Amparo Rol C2429-2018; ordenando, al Director del Servicio de Impuestos Internos: "Entregar a la reclamante información desagregada, en formato Excel o similar, sobre sobre (sic) las transacciones de bienes raíces informadas por los conservadores de bienes raíces del país, mediante los respectivos Formulario N° 2890 sobre Declaraciones acerca de Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces, entre el 01 de enero de 2015 y la fecha de solicitud de acceso, específicamente "datos referidos a fojas, número, año, rol, comuna, precio de venta, fecha de transferencia."
Expresa que la referida persona solicitó "información digitalizada en formato excel O SIMILAR de las transacciones de bienes raices fueron transferidas e informadas por los conservadores de bienes raices del pais en el período que va desde enero de 2015 hasta la fecha de entrega de la información, específicamente los datos referidos a fojas, numero, año, rol, comuna, precio de venta, fecha de transferencia y en general toda la información incluida en Formulario N° 2890 "Declaración Sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces", formulario que de acuerdo al consejo para la transparencia en las decisiones antes mencionadas no contienen información que pueda entenderse como renta en los términos definidos por la ley.
"NO se requiere identificar contribuyentes.
"Se solicita la información en formato digital para no incurrir en gastos de reproduccion." [SIC].
Esa solicitud fue denegada en base a las causales de reserva establecidas en los N°s 2 y 5, del artículo 21, de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, esta última, en relación con lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario; y reclamada para ante el Consejo para la Transparencia que, por decisión unánime de sus miembros presentes, decidió acoger el amparo al derecho de acceso a la información.
La información contenida en los Formularios N°2890, es una declaración jurada obligatoria que emana de los notarios y conservadores de bienes raíces, de conformidad a los previsto por los artículos 2° de la Ley N°17.990, que modifica la Ley de Impuesto de Timbres y Estampillas; 76 del Código Tributario; y 16° N°1 de la Ley N°17.235, sobre Impuesto Territorial; cuya regulación administrativa se encuentra contenida en las Circulares N°s 10, de 2004; 39, de 2007; y 57, de 2008, todas emanadas de este Servicio; y, en él, se contiene información que dice relación con la enajenación e inscripción de inmuebles ubicados en el territorio nacional.
Dichos documentos contienen antecedentes que dicen relación con la cuantía o fuente de las rentas de los contribuyentes, como son los montos y la naturaleza de las operaciones recaídas en los inmuebles que informa; que se encuentran amparados por las causales de secreto o reserva establecidas en los N°s 2 y 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, esta última, en relación con en el artículo 35 del Código Tributario.
La resolución es ilegal ya que se ha infringido la garantía constitucional del N° 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. El SII debe velar por la limitación -respeto y protección a la vida privada- establecida en la Constitución, de no entregar información catalogada como secreta o reservada, como es el proporcionar al peticionario montos de enajenación (transferencia) de un bien raíz.
Además, también se vulnera el inciso primero del artículo 6° de la Carta Fundamental; y la disposición establecida en la letra j) del artículo 33 de la Ley sobre Acceso a la Información Pública, por cuanto no ha tomado los resguardos necesarios para cautelar la garantía señalada en el párrafo anterior. Parece más que prudente resguardar aquella información que los contribuyentes (naturales o jurídicas), están obligados a develar a ese Servicio y que, no es de aquellas que sean recopilables por fuentes de acceso público.
Tampoco es posible aplicar lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, por el gran número de personas afectadas, ya que abarca a un universo cercano a los dos millones de personas.
El artículo 21 N° 5, de la Ley N° 20.285, establece, expresa y categóricamente, la posibilidad de que un órgano del Estado pueda negar la entrega de información solicitada por un ciudadano, en el caso que "se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política."
Al respecto, cabe mencionar que, el artículo 35 del Código Tributario, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 21 N° 5 de la Ley N°20.285, en cuanto a revestir el carácter de ley de quórum calificado, en virtud de lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la misma ley, que establece "De conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política."
Agrega que, aunque se entregue la información sin identificación de los nombres de los propietarios de los inmuebles, con los datos que contiene el Formulario N° 2890, fácilmente se puede determinar el nombre y el RUT de éstos, por lo tanto, no es efectivo que la información solicitada no se encuentre amparada por el artículo 35 del Código Tributario.
También discute el reclamante el interés legítimo que la peticionaria pueda tener en dicha información.
Concluyó solicitando que esta Corte rechace el amparo interpuesto por la peticionaria.
Segundo: Que, informando, el Consejo para la Transparencia indicó que los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia consideran información pública los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como aquella que ha servido de fundamento, sustento o complemento directo y esencial de éstos; como asimismo, toda información que obre en poder de los órganos, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, así como a toda información elaborada con presupuesto público, salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la misma ley.
La información contenida en las escrituras de enajenación de bienes raíces y su respectiva inscripción es vertida en el Formulario N° 2.890 por el Notario y el Conservador respectivo, remitiéndola al SII mediante el formulario N° 2.895, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 del Código Tributario y de acuerdo a los dispuesto en la Circular N° 10, de 19 de febrero de 2004 del SII.
Rige en nuestra legislación el principio de publicidad de la constitución, transferencia y transmisión de los derechos reales inmuebles, lo que se logra precisamente mediante los registros de la propiedad raíz o territorial.
El artículo 5° de la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, señala que se formar el rol de avalúos correspondiente en el cual se deben indicar la totalidad de los bienes raíces de la respectiva comuna, expresando además, respecto de cada uno de ellos, el nombre del propietario, la ubicación o el nombre si es rural y el avalúo que se le haya asignado, y, en el caso de las propiedades que gocen de exención del impuesto establecido en dicho cuerpo legal, se pondrá de manifiesto tal circunstancia. El SII debe remitir dichos roles a las municipalidades, para que el Alcalde, dentro de los diez días siguientes a su recepción, lo haga fijar durante treinta días seguidos en lugar visible del local donde funciona la municipalidad respectiva y, además, "hará publicar en un periódico de la localidad o, a falta de éste, en uno de circulación general en la comuna, un aviso en el que informará al público del hecho de encontrarse los roles de avalúos a disposición de los interesados para su examen y el plazo que durará dicha exhibición".
Además, la información sobre transferencia de bienes raíces, está permanentemente a disposición del público, en los repertorios de las notarías, los archivos judiciales o los registros de propiedad de los conservadores de bienes raíces, en donde, además, se indica la superficie de los inmuebles y sus deslindes.
A mayor abundamiento, el mismo SII reconoció que la información solicitada obra en su poder, en formato digital, en una Base Catastral de Bienes Raíces a nivel nacional, que se alimenta tanto de los antecedentes que le aportan Notarios, Conservadores, Municipios, y otros organismos públicos, principalmente el Formulario N° 2890, como de datos que entrega el propio contribuyente.
De esta forma, se trata de información pública de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° y artículo 10 de la Ley N° 20.285, respecto de la cual no concurren las causales de secreto o reserva invocadas por el SII. Por lo que la información es pública, y se encuentra contenida en registros públicos, no siendo aplicable en la especie la Ley N° 19.628, por lo que no resultan reservados en virtud de la causal de secreto consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285.
El artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, de 1857, declara públicos los Registros que lleva el Conservador y los datos contenidos en el Registro de Propiedad son los mismos que se encuentran contenidos en el Formulario 2890 del SII, de modo que siendo públicos los registros que lleva el Conservador de Bienes Raíces cualquiera puede consultarlos.
La reserva es de derecho estricto, por lo que le corresponde al SII desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) de la Ley N° 20.285.
En otro orden de ideas, señala el recurrido que esa información, en sí misma, no constituye datos personales. La requirente no conoce ni ha solicitado el acceso a los RUT, ni a los nombres de los propietarios de los bienes raíces.
La información tampoco es reservada por la aplicación del artículo 35 del Código Tributario, ya que no se está obligando al SII a dar a conocer o divulgar información de los elementos básicos que permitirían acceder, respecto de personas específicas y determinadas, a sus ingresos, a la fuente de aquellos, ni a la determinación de sus cargas impositivas.
La Ley N° 20.285 en ninguna parte requiere o exige una motivación o la necesaria presencia de interés público, ni expresión de causa o motivación para solicitar información a un órgano de la Administración, como exige el SII.
El artículo 11, letra g), ya citado, establece que la Administración del Estado "debe entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud".
Finalizó señalando que se debe rechazar lo solicitado por el SII por no existir ilegalidad alguna.
Tercero: Que el reclamo de ilegalidad establecido en el artículo 28 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, supone un reproche jurídico que se efectúa a la decisión emanada del Consejo para la Transparencia, en lo que dice relación, exclusivamente, con la vulneración del ordenamiento jurídico aplicable en la especie, en que se habría incurrido en aquella decisión, a juicio del reclamante.
Cuarto: Que, en la especie, todo lo debatido se circunscribe, resumidamente, a lo siguiente:
A. Si resulta aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, ya que afectaría la vida privada de terceras personas, en lo que a sus derechos de carácter comercial o económico se refiere, los cuales se encuentran garantizados por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, la Ley N° 19.628; vulnerándose también el artículo 6° de la Carta Magna, y la letra j) del artículo 33 de la Ley N° 20.285, al revelarse datos que conforme a la ley y la Constitución son reservados.
B. Si resulta aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, en relación con lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario.
C. Si es exigible que el peticionario deba manifestar un interés legítimo en su requerimiento de información.
Quinto: Que, respecto del primer reproche, debemos establecer que el N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, establece que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:
"2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico".
Sexto: Que, por otro lado, en relación con la causal contenida en el N° 2 del artículo 21 ya citado, hay que relacionarlo con la Ley N° 19.628 que regula la protección a la vida privada en aquellas hipótesis de datos personales sensibles.
En lo pertinente, señala el artículo 2° de esa Ley lo que se entenderá por:
"f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.
"g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.
"i) Fuentes accesibles al público, los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes".
Séptimo: Que, no es un tema discutido que el SII mantiene esa información sistematizada, la que es obtenida de los Formularios N° 2890 sobre Declaraciones acerca de Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces. Y, respecto de todo el contenido de dicho formulario, la decisión recurrida se limitó a ordenar al SII que entregue solamente los datos de fojas, número, año, rol, comuna, precio de venta y fecha de transferencia del bien raíz, en un plazo determinado.
Octavo: Que, toda esta información, es absolutamente pública, y de libre acceso a cualquier persona que la requiera, ya que consta en los registros que tienen dicho carácter en los conservadores de bienes raíces. Ninguno de dichos registros es reservado, por lo que ninguna de las alegaciones efectuadas por el SII puede tener eco en esta Corte, debiendo, en este punto concordar con lo resuelto por el recurrido.
Así, no puede verse afectado el numeral 2° del artículo 21 de la Ley N° 20.285, cuando la información que se puede obtener está contenida en registros públicos, aunque posteriormente sea sistematizada y ordenada por el SII.
Es en su origen que la información debe ser ponderada si es pública o no, si es de libre acceso o no. A mayor abundamiento, la peticionaria, al concurrir a los registros públicos podría obtener más información que aquella que le fue ordenada proporcionar al SII.
De esta forma, el Consejo para la Transparencia no vulnera la letra j) del artículo 33 de esta ley, ya que la información que ordena que entregue no tiene el carácter de secreto o de reservado.
Noveno: Que, como consecuencia de lo anterior, tampoco se quebranta por parte del recurrido la garantía constitucional establecida en el N° 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que garantiza "El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia", desde que la información es de libre acceso a cualquier persona, solo que el SII la mantiene ya sistematizada, y abarca todo el país, algo imposible de obtener para un particular.
Y, finalmente, en la forma como ha resuelto este punto el Consejo para la Transparencia, hace que también se respete el artículo 6° de la Constitución Política de la República por parte del recurrente, ya que el SII se está sometiendo a lo que prescribe la Ley N° 20.285; pese a su oposición, se determinó en un procedimiento legalmente tramitado, que su postura no era la correcta. El SII debe "someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella", y en este caso, a la Ley N° 20.285 y a la Ley N°19.628.
Décimo: Que, en cuanto al segundo punto, esto es, la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, en relación con lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario.
Señala la primera disposición que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 5°Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política".
A su vez, este artículo dispone que "El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.
"Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.
"El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.
"Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes".
Undécimo: Que, como se desprende claramente de las dos normas precedentemente transcritas, la información requerida al SII escapa por completo a lo previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República.
El numeral 5° del artículo 21 de la Ley N° 20.285 vincula la reserva o el secreto únicamente a la existencia de una ley de quorum calificado dictada por las causales indicadas en la norma constitucional.
Respecto de esto último, solamente la parte final del inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República dice relación con este punto, al disponer que "sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de" los actos y resoluciones de los órganos del Estado, cuyo no es el caso de marras.
Duodécimo: Que, tampoco puede ser entendido que la información ordenada entregar pudiere afectar "el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos (...) la seguridad de la Nación o el interés nacional". No es de interés nacional, no compromete la seguridad de la Nación, ni el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, (en este caso, el SII), ya que este órgano, al responder el reclamo presentado al Consejo para la Transparencia, indicó expresamente que la información la tienen sistematizada y que puede ser extraída de sus bases de datos.
Podrá ser lento, o tedioso, la extracción de la información, pero de ninguna manera puede entenderse, ni se han dado razones, que el SII dejará de cumplir sus funciones por el hecho de cumplir lo ordenado.
Decimotercero: Que, finalmente, el inciso segundo del artículo 8° habla también cuando los actos y resoluciones de los órganos del Estado pudieren afectar "los derechos de las personas".
En este caso, como se ha dicho, no se trata de actuaciones o de resoluciones de los órganos del Estado (SII, en este caso), si no que, de antecedente de registros públicos que recibe por mandato legal y que ellos mantienen sistematizados.
Así, de ninguna manera la información solicitada dice relación con actos o resoluciones de los órganos del Estado, si no, que con actuaciones de personas naturales o jurídicas que dejan constancia de dichos actos en registros públicos que son reunidos por mandato legal, con diversos propósitos, por el SII.
Así, no resulta aplicable la norma del artículo 35 del Código Tributario como pretende el recurrente, toda vez que no ha sido dictada en los términos del artículo 8° de la Constitución Política de la República, ni dice relación con los aspectos del inciso segundo de dicha norma. Además, como majadera y reiteradamente se ha dicho, son actuaciones que constan en registros públicos.
Decimocuarto: Que, finalmente, respecto del tercer capítulo del reclamo, esto es, la falta de un interés legítimo por parte del peticionario de la información, debemos considerar lo que dispone el artículo 11 en su letra g), de Ley N° 20.285, que establece el principio de no discriminación.
En ninguna parte requiere o exige una motivación o la necesaria presencia de interés público, ni expresión de causa o motivación para solicitar información a un órgano de la Administración, como lo reprocha el SII.
Tampoco el artículo 19 de la misma ley establece que pueda condicionarse o restringirse al solicitante el uso o empleo de la información que los órganos están obligados a proporcionar.
No se trata que pueda solicitarse cualquier información respecto de un tercero. Existe jurisprudencia clara y precisa en orden a que aquella información que puede ser entregada sin necesidad que el requirente exprese el motivo o el interés que puede tener en ella, solamente se restringe a que lo solicitado sea público, como ocurre en el caso de marras.
Por lo anterior, los reproches formulados en el reclamo de ilegalidad no pueden prosperar, debiendo ser desestimados.
Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto, además, por los artículos 11, 19, 21 y 28 de la Ley N° 20.285 y artículo 8° de la Carta Fundamental, se declara que se rechaza, sin costas, el reclamo de ilegalidad presentado por el Sr. Miguel Andrés Zamora Rendich, en representación del
Redacción del ministro (I) Sr. Pérez.
N° Civil-475-2018
Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada por el Ministro (I) señor José Santos Pérez Anker y por la Ministra (I) señora Bárbara Quintana Letelier.
Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M. y los Ministros (as) Suplentes Jose S. Perez A., Barbara Quintana L. Santiago, tres de junio de dos mil diecinueve.
En Santiago, a tres de junio de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.