Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-03445-de-febrero-26-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f58a23a4fe5c0292e0430a0101510292&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-18 03:29:12
Document Index: 55953718

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 177', 'artículo 31', 'artículo 177', 'artículo 55', 'artículo 20', 'artículo 140']

﻿ Sentencia 2001-03445 de febrero 26 de 2014
SENTENCIA 2001-03445 DE 26 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:PERJUICIOS MORALES CON OCASIÓN DE LA PÉRDIDA DE COSAS MATERIALES. EN ESTOS CASOS EL DAÑO MORAL SE CIFRA EN LA PROFUNDA AFLICCIÓN GENERADA EN EL ACTOR POR LA PÉRDIDA DE SU BIEN. EL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MORALES POR DAÑOS A BIENES SE TRATA DE UNA CUESTIÓN SUJETA A PLENA VERIFICACIÓN PROBATORIA, EN ESTOS CASOS SE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE UNA PARTICULAR AFLICCIÓN DE PARTE DE QUIEN SE CONSIDERA COMO VÍCTIMA A EFECTOS DE OTORGAR LA INDEMNIZACIÓN POR DICHO CONCEPTO. ESTE DAÑO MORAL NO ES OBJETO DE PRESUNCIÓN, POR EL CONTRARIO COMO SE VIO OPERA LA REGLA GENERAL DE LA CARGA DE LA PRUEBA, EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 177 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, EJÉRCITO NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, BIEN INMUEBLE, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, TASACIÓN DEL DAÑO MORAL
Sentencia 2001-03445 de febrero 26 de 2014
Rad.: 73001-23-31-000-2001-03445-01 (27345)
Dr. JaimeOrlandoSantofimioGamboa
Actor: María Gladys Sierra de Castro y otros
Esta corporación es funcionalmente competente para conocer del recurso de apelación propuesto por la parte demandante contra la sentencia de 6 de febrero de 2004 por el Tribunal Administrativo del Tolima, comoquiera que, en razón al factor cuantía, el conocimiento de este asunto se encuentra radicado, en primera instancia, en el respectivo Tribunal Administrativo y en segunda instancia al Consejo de Estado, conforme con lo dispuesto por el Decreto 597 de 1988; la mayor pretensión individualmente considerada corresponde a la suma de $ 41.095.000 por concepto de daño material, en la modalidad de daño emergente, fraccionado por partes iguales entre los demandantes(2) (fls. 56-62, cdno. 1).
El principio de la non reformartio in pejus es un desarrollo de lo establecido en el artículo 31 constitucional que ordena que “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.
Así mismo, se ha establecido que el marco fundamental de competencia para el juez de segunda instancia “lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(6) de la sentencia como el principio dispositivo(7), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum”(8)(9) (resaltado por la Sala).
Por su parte, también se ha resaltado que dicha garantía no tiene un carácter absoluto, por cuanto en su aplicación tiene dos limitantes, a saber:
i) La imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio del apelante sólo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis fácticas como aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor, se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas por personas que aunque diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo interés dentro del proceso o integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual materialmente han de tenerse como impugnaciones únicas.
ii) En aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “... aun cuando fuere desfavorable al apelante” (CPC, art. 357, inc. final)(10).
Conviene precisar que con fundamento en la posición actual de la Sala Plena de Sección Tercera, en relación con la regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de tratados internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.
Dicho lo anterior, la Sala encuentra que el objeto del recurso de apelación de la parte demandada se contrae a la revocatoria de la condena en perjuicios morales proferida por el tribunal de primera instancia. Si bien es cierto que en el escrito de sustentación de la alzada el impugnante se refirió a la revocatoria del numeral segundo del fallo atacado, concerniente a los perjuicios materiales, no es menos cierto que de los asertos allí expuestos así como lo argüido en las alegaciones en esta instancia(11), se infiere, indudablemente, que el cuestionamiento se dirige al reconocimiento de los perjuicios morales por la destrucción de los bienes muebles de los actores ocurrido el 11 de agosto de 2000. En este sentido, pasa la Sala a ocuparse únicamente de este asunto en atención a las consideraciones precedentemente anotadas.
3. La Sala llama la atención el hecho de que el tribunal, en la sentencia de 6 de febrero de 2004, haya omitido establecer cualquier tipo de razonamiento jurídico justificatorio de la condena de perjuicios morales a favor de los demandantes María Gladis Sierra de Castro y Omar Alberto Castro, ya que en el cuerpo de la providencia únicamente aludió al hecho de que los demás demandantes (familiares de los dos antes mencionados) no acreditaron los vínculos sanguíneos con los primeros y su aflicción por lo sucedido.
Esta cuestión merece un pronunciamiento de la Sala en tanto que el ejercicio de la función judicial, institucionalizada para los efectos de la aplicación y resolución de controversias jurídicas, demanda, por antonomasia, la formulación de razones jurídicas con los cuales se expongan los fundamentos que motivaron la toma de una decisión en determinado sentido. Se trata del deber de motivar las decisiones judiciales.
3.1. El deber de motivar las decisiones judiciales. La Sala verifica que el deber de motivar una sentencia judicial deviene exigible desde la doble perspectiva convencional y constitucional. Desde la primera de éstas, los artículos 8º y 25 de la convención, relativos a las garantías judiciales y la protección judicial permiten establecer los lineamientos generales a partir de los cuales se consagra el ejercicio de una labor judicial garante de los Derechos Humanos. En el campo específico del deber de motivar las decisiones judiciales, la Corte IDH ha sostenido que “las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias(12). La motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”(13) (resaltado propio), justificándose esta exigencia de los funcionarios judiciales en el derecho que tienen los ciudadanos de ser juzgados “por las razones que el derecho suministra”(14) además de generar credibilidad de las decisiones judiciales en un Estado que se precie de ser democrático.
A su turno, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la falta de motivación siquiera mínima de motivación de una decisión judicial lleva a decir que ésta “reproduce las simples inclinaciones o prejudicios de quien debe resolver un asunto”(15), siendo constitutivo de una vía de hecho(16) y, por otro lado, también ha precisado que en el ejercicio de aplicación de las normas jurídicas los jueces pueden apoyarse en los precedentes judiciales y en las reglas de validez de la labor hermenéutica, respetando la autonomía de la que constitucionalmente gozan los jueces(17).
Sobre estas circunstancias, la Sala destaca que la labor de motivar una decisión judicial, además de garantizar la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos que se encuentran en litigio (y de este modo se trata de una obligación que emana del acceso material a la administración de justicia) halla suficiente sustento en parte de la teoría jurídica posterior a la segunda mitad del siglo XX, cuando el razonamiento jurídico deja de ser considerado como un capricho o elección libre e irracional del operador judicial de turno por argüirse la imposibilidad de efectuar un control de consistencia (o mejor de racionalidad) a los juicios de valor.
En este orden de ideas, vale la pena destacar que el razonamiento jurídico se presenta como un caso especial del razonamiento práctico, es decir, el enfocado a discutir enunciados normativos como aquello que es prohibido permitido u ordenado(18) pero a luz del sistema jurídico vigente(19), que descansa en la formulación de proposiciones y argumentos tendientes a demostrar la justificación de las premisas que constituirán el sustento de la decisión adoptada(20), procedimiento éste que puede ser intersubjetivamente controlado por los potenciales destinatarios de la decisión, ofreciendo certeza jurídica(21); es por ello que se ha sostenido que el discurso jurídico conlleva una pretensión de corrección o de acierto que implica que lo decidido “en el contexto de un ordenamiento jurídico vigente pueda ser racionalmente fundamentado”(22).
De esta manera, la Sala lamenta el hecho de que el tribunal no haya ofrecido ningún tipo de razón para justificar la condena de perjuicios morales (en cuantía de 100 smmlv) para dos de los demandantes; por lo cual pasa a verificar si a la luz de la jurisprudencia de esta corporación y conforme a lo probado en el proceso hay lugar a mantener la condena de perjuicios morales dispuesta por el fallador de primer grado.
4. Perjuicios morales con ocasión de la pérdida de cosas materiales.
El Consejo de Estado ha sostenido la tesis según la cual hay lugar a la indemnización de perjuicios morales por la destrucción o pérdida de cosas materiales siempre que se determine la existencia de sentimientos de aflicción, dolor o tristeza en los actores y atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. Adviértase que lo que constituye objeto de indemnización en esta tipología del daño no es la pérdida de la cosa como tal o el normal lamento, dolor o tristeza del afectado por el simple hecho de ver menguado, destruido o desaparecido un bien de su propiedad; por el contrario el criterio que la jurisprudencia ha destacado para proceder a indemnizar en estos casos el daño moral se cifra en la profunda aflicción generada en el actor por la pérdida de su bien.
Y prueba de esta profunda aflicción radica en demostrar la valía particular y subjetiva que para el afectado reportaba dicho bien, ora por razones personales o de índole familiar, por citar solo dos ejemplos, que lleven a considerar fundadamente que desde la perspectiva de la víctima dicho bien (que en general puede ser apreciable patrimonialmente) se presenta como único e irremplazable a la luz de sus consideraciones personales y subjetivas, de manera que se entienda que se trató de un atentado al patrimonio moral (que no material) del sujeto; es por ello que se ha dicho que “la pérdida de las cosas, por si misma, no amerita su reconocimiento”(23).
Justamente, es como consecuencia de las anteriores consideraciones que también se ha sostenido (como ya se pasa a exponer) que el perjuicio moral en esta clase de daños debe estar acreditado probatoriamente con suficiencia por la parte interesada, de manera que no se presume allí su causación.
Un rastreo de los conceptos desarrollados por la jurisprudencia en este tópico permite dar por justificado los asertos anotados. Así, en fallo de 5 de octubre de 1989 esta corporación se refirió al perjuicio moral por daños causados a los bienes, señalando que “tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente para justificarse su reparación”(24); no tardó, entonces, la jurisprudencia en formular algunas pautas o criterios a partir de los cuales el Juez podía dar por sentado esta profunda aflicción, tal como lo refirió una decisión de la Sección Tercera de 6 de agosto de 1993 en donde se sostuvo:
“La afectación moral compensable pecuniariamente ha de ser tan especialmente intensa efectivamente tan apreciable, que no todo contratiempo o descalabro económico pueda ser, moralmente compensado. La calidad de la persona, su vinculación personal o sentimental hacia el bien perdido, la procedencia del mismo, su originalidad, la imposibilidad física de reemplazarlo o sustituirlo, son entre otros, factores a tomar en consideración cuando en casos como el presente se pretende una indemnización de perjuicios morales de pérdida, desmejora, destrucción de un bien material”(25).
Y en posterior oportunidad la Sala volvió a hace mención a este tema, reiterando la exigencia de que se debe obrar prueba de la afectación, no bastando con acreditar el solo hecho de haber ocurrido el daño sobre el bien de propiedad del demandante pues, como se ha dicho, este daño moral no es objeto de presunción, operando, por el contrario, la regla general de la carga de la prueba, en los términos descritos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. En sentencia de 4 de diciembre de 2006 se consideró esta cuestión en los siguientes términos:
“la especial naturaleza de este perjuicio implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente ¾y en consecuencia, para considerarlo indemnizable¾ con probar la titularidad del derecho y la antijurídica lesión del mismo imputable a una autoridad pública”(26) (resaltado propio).
Resta señalar, entonces, que el reconocimiento de perjuicios morales por daños a bienes ha sido acogido favorablemente por el Consejo de Estado, aunque ha dejado en claro que se trata de una cuestión sujeta a plena verificación probatoria, además de exigir la acreditación de una particular aflicción de parte de quien se considera como víctima a efectos de otorgar la indemnización por dicho concepto(27).
4.1. En el presente caso la Sala revocará la decisión del a quo de conceder perjuicios morales para los demandantes María Gladys Sierra de Castro y Omar Alberto Castro Sierra, por las razones que pasan a exponerse.
Como se señaló supra la condena por perjuicios morales por pérdida o destrucción de bienes está sujeta a plena acreditación probatoria, además de demostrar una afectación profunda de parte de quien dice ser víctima.
Con todo, una vez revisado el acervo probatorio que obra en el expediente, la Sala no encuentra fundamento alguno para reconocer dicho perjuicio; pues aunque no tiene duda de la destrucción de unas construcciones levantadas sobre predios de propiedad de los demandantes (conforme a la sentencia de primera instancia, aspecto que no es objeto de apelación), no encuentra probanza alguna que demuestre una afectación profunda en los demandantes, pues, como lo narra el testigo Jorge Rodríguez (fls. 27-29, cdno. 1), quien acompañaba en calidad de guía la expedición militar, los señores María Gladys Sierra de Castro y Omar Alberto Castro Sierra no se encontraban en el predio cuando tuvo lugar la incineración:
“le dije señora qué le paso (sic), y entonces me dijo vea mi coronel lo que pasa es que el ejército amaneció en mi casa y la quemaron, entonces le dije que cómo así que el ejército, entonces me dijo que no, que habían llegado ahí y que habían dicho que esa casa porqué estaba cerrada y ella les había dicho que porque el patrón no estaba, entonces habían tumbado la puerta con un hacha...”.
Igualmente, en cuanto a los sentimientos generados en los demandantes por los daños sufridos, se observa que en las declaraciones testimoniales de Napoleón Prada Guzmán, Samuel Carvajal Ochoa y Alberto Ríos Álvarez se hace referencia a la difícil situación económica que han tenido los demandantes desde que tuvo lugar la incineración de las casas por parte de miembros del Ejército Nacional (fls. 29-33, cdno. pruebas demandante); por el contrario, los señores Juan Esteban Reina Quintero y Yolanda de Reina afirman que a los demandantes se les ve aburridos, con tristeza y llorando (fls. 33-37, cdno. 1); sin embargo, en criterio de la Sala, estas declaraciones no resultan suficientes para acreditar el padecimiento profundo en los demandantes; por el contrario, de todas estas queda claro que la aflicción comentada deviene por el hecho que los actores tuvieron que vender varios bienes de su propiedad y la finca no ha vuelto a ser productiva; más no se extrae de los testimonios alguno de los elementos sugeridos en la sentencia de 6 de agosto de 1993 para decretar dicho perjuicios, es decir la “vinculación personal o sentimental hacia el bien perdido, la procedencia del mismo, su originalidad, la imposibilidad física de reemplazarlo o sustituirlo”(28).
En consecuencia, dado el hecho de que en el presente caso no se reúnen los elementos para decreta la condena en perjuicios a favor de los demandantes María Gladis Sierra de Castro y Omar Alberto Castro y el Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia condenatoria en este punto, se impone revocar el numeral tercero de la parte resolutiva del fallo de 6 de febrero de 2004, en donde se concedieron dichos perjuicios.
Finalmente, la Sala después de examinado el expediente encuentra que para el momento en que se profiere este fallo el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sublite ninguna procedió de esa forma, por lo que no habrá lugar a imponerlas.
1. REVOCAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 6 de febrero de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de condena por perjuicios morales para los demandantes.
2. CONFIRMAR en el resto de sus partes la providencia de 6 de febrero de 2004.
(2) Comoquiera que la sentencia y el recurso de apelación tuvieron lugar para el año 2004, la norma aplicable, a efectos de determinar la vocación de doble instancia de los procesos contenciosos administrativos es el Decreto 597 de 1988, el cual señalaba que para el año 2001, fecha de presentación de la demanda, la cuantía mínima para que un proceso en acción de reparación directa fuere susceptible del recurso de apelación era de $ 26.390.000; calculado a partir de la mayor pretensión individualmente considerada, al tenor de lo preceptuado en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, bajo la redacción anterior de la Ley 1395 de 2010.
(3) La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella (...)”.
(4) Sentencia de 31 de enero de 2011, Expediente 15800.
(5) Sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera de 9 de febrero de 2012, Expediente 21060.
(6) En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del Expediente 32.800, con ponencia de la señora magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.
(9) Puede verse sentencia de 9 de junio de 2010, Expediente 17605 y 9 de febrero de 2012, Expediente 21060.
(10) Al respecto consultar, por ejemplo, sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 23 de abril del 2009, Expediente 17160 y de 20 de mayo de ese mismo año, Expediente 16.925.
(11) Señala el apelante en sus alegaciones de conclusión: “La inconformidad se presenta por el reconocimiento de perjuicios morales en la suma de 100 SMLV para cada uno de los dos actores, esto es a Maria Sierra de Castro y Omar Alberto Castro”.
(12) Cfr. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C 127, párrs. 144, 153 y 164. Asimismo, la Corte Europea ha señalado que los jueces deben indicar con suficiente claridad las razones a partir de las cuales toman sus decisiones. Cfr. Echr, Case of Hadjianstassiou v. Greece, Judgment of 16 December 1992, para. 23.
(13) Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 21 de noviembre de 2007 caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador.
(14) Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 5 de agosto de 2011, caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela
(15) Corte Constitucional, Sentencia T-607 de 2000.
(16) Considerado posteriormente como una causal específica de procedibilidad de las acciones de tutela.
(17) Ha dicho la Corte Constitucional que “aunque la Carta Política reconoce la independencia de los jueces, no por ello sus decisiones pueden desligarse de los principios y valores constitucionales. Así las cosas, decisiones anteriores de la Corte identifican entre los criterios ordenadores de la función jurisdiccional, derivados de las dimensiones de la autonomía judicial, dos fronteras definidas: (i) El respeto al precedente jurisprudencial y (ii) La observancia de las reglas de validez de la labor hermenéutica propia de la decisión judicial”. Corte Constitucional, Sentencia T-1130 de 2003.
(18) Señala Peczenik al respecto: “La argumentación jurídica da respuesta a cuestiones prácticas, es decir, decide lo que uno hará o puede hacer”. Peczenik, Aleksander. Derecho y razón. México, Editorial Fontamara, 2000, p. 12.
(19) Alexy señala que se trata de un caso especial en tanto que i) se discuten cuestiones prácticas “sobre lo que hay que hacer u omitir, o sobre lo que puede ser hecho u omitido”, ii) la discusión se efectúa a la luz de la pretensión de corrección y iii) por corresponder a una discusión jurídica, ésta se presenta bajo condiciones de limitación. Alexy, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2ª edición, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012, p. 207.
(20) Al respecto Taruffo señala: “... los juicios de valor pueden ser justificados a partir de hacer explícito el criterio de valoración utilizado, y sobre todo demostrando que, a partir de ese criterio de valoración, derivan como consecuencia lógica diversas ponderaciones específicas en el caso, lo que indica que también existe una lógica de los juicios de valor:
Ahora bien, regresando al tema de la necesaria obligación de que la motivación sea completa, podemos derivar que también los juicios de valor que el juez formula, y que pos supuesto condicionan la forma en la cual toma la decisión, deben ser justificados”. Taruffo, Michele. Proceso y decisión. Lecciones mexicanas de derecho procesal. Madrid, Marcial Pons, 2012, pp. 102-103.
(21) “En resumen, en una sociedad moderna la certeza jurídica cubre dos elementos diferentes (a) en el razonamiento jurídico ha de evitarse la arbitrariedad (principio del Estado de derecho) y (b) la decisión misma, el resultado final, debe ser apropiado. De acuerdo con el punto (b), las decisiones jurídicas deben estar de acuerdo no solo con el derecho (formal), sino que también tienen que satisfacer criterios de certeza axiológica (moral). (...) El proceso de razonamiento debe ser racional y sus resultados deben satisfacer las demandas de justicia. Además, si una decisión no es aceptable tampoco puede ser legítima —en el sentido amplio de la palabra”. Aarnio, Aulis, p. 26. La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento jurídico. En: Revista Doxa, Nº 8 (1990), pp. 23-38, especialmente 26.
(22) Alexy, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. Ibíd., p. 208.
(23) “La pérdida de las cosas materiales, por si misma, no amerita su reconocimiento. Es posible que en circunstancias especiales, y por razones de particular afecto, se vivencie el dolor moral por la pérdida de los bienes materiales. Pero la materia necesita ser tratada con un especial enfoque cultural y filosófico para no rendirle culto a las personas que no poseen las cosas, sino que se dejan poseer por ellas”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 1994, Expediente 6828.
(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de octubre de 1989, Expediente 5320.
(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 1993, Expediente 8009.
(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 15.351.
(27) Además de los fallos citados en esta providencia puede verse las siguientes decisiones proferidas por la Sección Tercera —o sus subsecciones— del Consejo de Estado: sentencia de 14 de diciembre de 1998 (Exp. 10311), de 26 de marzo de 2008 (Exp. 15535), de 11 de noviembre de 2009 (Exp. 17119), 23 de mayo de 2012 (Exp. 21141), 30 de enero de 2013 (Exp. 29733), 14 de marzo de 2013 (Exp. 26577) y 12 de junio de 2013 (25949), entre otras decisiones.
(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 1993, Expediente 8009.