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Timestamp: 2019-12-10 08:36:04
Document Index: 131187340

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 107', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 107', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 130', 'artículo 7', 'artículo 107', 'artículo 9', 'artículo 93', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 35', 'artículo 13', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 349', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 1', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 107', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 107', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 107', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 107', 'artículo 56', 'artículo 120', 'artículo 107', 'artículo 93', 'Artículo 93', 'artículo 107', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 3', 'artículo 107', 'Artículo 3', 'artículo 107', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 107', 'Artículo 3', 'artículo 107', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 107', 'Artículo 4', 'artículo 107', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 107', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 107', 'Artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 107', 'artículo 120', 'artículo 56', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 107', 'artículo 93', 'artículo 7', 'artículo 107', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 93', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 13', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 1', 'artículo 107', 'Artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 107', 'artículo 1', 'artículo 107', 'Artículo 3', 'artículo 3']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 208-1510, de 20/06/2013
cve: BOCG_D_10_208_1510
﻿El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 6 enmiendas al Proyecto de Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Palacio del Senado, 13 de junio de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Preámbulo. I.
De supresión.﻿
A la exposición de motivos, apartado I.
Al final del primer inciso del segundo párrafo del apartado I de la exposición de motivos, se suprime la expresión «las organizaciones de productores».
Ni en el ámbito estatal, ni en el comunitario, existe una definición homogénea sobre la figura de organización de productores. Sí está incluida la figura de OPFH en el sector de frutas y hortalizas y la de OPL en el sector lácteo dentro del reglamento del la OCM Única, pero esto no es así para otros sectores.
Aun estando contempladas en algunos sectores, no existe uniformidad de criterios y requisitos para su constitución y funcionamiento, por lo que cabe considerar que el objetivo de la Ley quedaría peligrosamente diluido. Además, este hecho podría producir una importante confusión respecto de los contenidos y alcance de esta figura en el contexto de la presente Ley.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 1. 3.
Al artículo 1, apartado 3.
El apartado 3 del artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:
«3. A los efectos de esta Ley, son entidades asociativas las sociedades cooperativas, las cooperativas de segundo grado, los grupos cooperativos, las sociedades agrarias de transformación y las entidades civiles o mercantiles, siempre que más del 50 por ciento de su capital social pertenezca a sociedades cooperativas o a sociedades agrarias de transformación. En el caso de que estas entidades tengan la forma de sociedad anónima, sus acciones deberán ser nominativas.»
En coherencia con otra enmienda, se propone suprimir la referencia a las organizaciones de productores.
Existen numerosas organizaciones de productores que no tienen vinculación alguna con el sector cooperativo ni con las sociedades agrarias de transformación. Por tanto, su inclusión no aporta nada adicional que responda al objeto de la Ley sino que, al contrario, puede suponer una distorsión importante del mismo ya que entidades no vinculadas con el sector cooperativo podrían llegar a gozar eventualmente de los mismos beneficios que establece el Proyecto de Ley.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 3. 1.
Al artículo 3, apartado 1.
El primer párrafo de la letra d) del apartado 1 del artículo 3 queda redactado en los siguientes términos:
«d) Que la facturación de la entidad asociativa solicitante alcance, al menos, la cantidad que se determine reglamentariamente.»
Tal y como recoge el CES en su dictamen sobre el Anteproyecto de esta Ley, se propone eliminar la referencia a la suma de las facturaciones de las entidades que se fusionan o integran. Entendemos que la calificación de entidad asociativa prioritaria no se alcanza necesariamente por un proceso de fusión o integración previo a la misma, por lo que la referencia ha de hacerse solo a la facturación de la entidad asociativa agroalimentaria.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final segunda.
A la disposición final segunda, apartado tres.
El punto 1 del artículo 93 de la Ley 27/1999, modificado en el apartado tres de la disposición final segunda, queda redactado en los siguientes términos:
«1. Son cooperativas agroalimentarias las que asocian a titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, incluyendo a las personas titulares de estas explotaciones en régimen de titularidad compartida, que tienen como objeto la realización de todo tipo de actividades y operaciones encaminadas al mejor aprovechamiento de las explotaciones de sus socios, de sus elementos o componentes, de la cooperativa y a la mejora de la población agraria y del desarrollo del mundo rural, así como atender a cualquier otro fin o servicio que sea propio de la actividad agraria, ganadera, forestal o estén directamente relacionados con ellas y con su implantación o actuación en el medio rural. Así, podrán integrarse en las mismas, aún no teniendo la condición de titulares de dichas explotaciones, las personas que sean usuarias o proveedoras de bienes para la realización de las actividades recogidas en el punto 2. e) de este artículo, y los socios de trabajo.»
Se propone la ampliación de la base social de la cooperativa agraria en el marco de una ampliación de sus actividades, ampliación muy necesaria en ambos sentidos, subjetivo y objetivo, para el mantenimiento de un buen número de estas empresas, especialmente en los municipios rurales menores de 5.000 habitantes. De todas las cooperativas de primer grado establecidas en estos municipios, el 62% son
microempresas y el 32% pequeñas empresas. Es decir, el 94% de las cooperativas agrarias son pequeñas empresas.
En núcleos de población rurales de mayor tamaño, de entre 5.000 y 30.000 habitantes, también existe una mayoría de pequeñas cooperativas, el 82%, aunque el porcentaje de empresas medianas aumenta considerablemente alcanzando un 17’1% del total de cooperativas localizadas en estos pueblos.
Estas microempresas y pequeñas cooperativas del medio rural le aportan, respectivamente, un 22 y un 40% del empleo neto facilitado por las cooperativas de primer grado en su conjunto. Según los datos del Observatorio Socioeconómico de las Cooperativas Agrarias, el empleo generado por éstas en el medio rural en 2011 alcanzó un volumen, computando personal fijo y eventual, de 97.615 trabajadores, un 4% más que en 2010.
Por otro lado, y a efectos de incorporar activos que llevan a cabo las nuevas actividades propuestas en el artículo 93.2.e), no es lo más idóneo recurrir a nuevos modelos de Cooperativas, como es el caso de las Cooperativas rurales recogidas en el artículo 130 de la Ley 11/2010, de Cooperativas de Castilla-la Mancha, o las Cooperativas mixtas o integrales, etc., recogidas en la Ley 27/1999 de Cooperativas y en otras autonómicas. El propio sector del cooperativismo agroalimentario implantado muy mayoritariamente en el medio rural no asimilaría estos nuevo modelos, siendo más coherente permitir la ampliación subjetiva de la Cooperativa agraria dentro de los límites de las nuevas actividades propuestas.
Desde una perspectiva fiscal, el posible desarrollo de estas nuevas actividades y sujetos significa un impulso económico y, por tanto, de nueva tributación. La vigente Ley 20/1990 sobre régimen fiscal de cooperativas no ha cambiado en cuanto a los tipos en el Impuesto sobre Sociedades, que se mantienen al 20% en operaciones con socios. Por el contrario, las Empresas de Reducida Dimensión, como es el caso de la mayoría de cooperativas, han visto reducir su tipo en estos años. Incluso el reciente Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, en su artículo 7, plantea modificaciones en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para Entidades de nueva creación, con tipos del 15 y 20%.
Y no hay que olvidar que el tipo del Impuesto sobre Sociedades de las Cooperativas, en general su régimen fiscal, contempla una serie de limitaciones y obligaciones, entre las que hay que destacar el estricto cumplimiento de los numerosos requisitos para la aplicación del régimen, la rigurosidad en la regulación de las causas que dan lugar a la pérdida de la protección fiscal y la complicada gestión de las cooperativas como consecuencia de la segregación de la base imponible en este Impuesto entre resultados cooperativos y extracooperativos. Finalmente, la obligación de dotar fondos obligatorios provoca que el beneficio de la Cooperativa disponible para el socio sea inferior que el beneficio obtenido por el accionista/partícipe de una entidad mercantil de capital a igual beneficio empresarial, sin que las actualidades especialidades fiscales lleguen a contrarrestar, en este punto, las desventajas derivadas de la obligatoriedad e indisponibilidad de dichos fondos.
Es evidente que todas estas peculiaridades son propias de las Cooperativas agrarias, no siendo trasladables a las demás clases de cooperativas.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final tercera.
El apartado 1 del artículo 9 de la Ley 20/1990, modificado en la disposición final tercera, queda redactado en los siguientes términos:
1. Que asocien a titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o mixtas, situadas dentro del ámbito geográfico al que se extienda estatutariamente la actividad de la Cooperativa. Podrán asociar, asimismo, a colaboradores o asociados que aporten bienes, dinero o derechos y que coadyuven a la consecución del fin social, así como a socios de trabajo y a socios usuarios o proveedores de los productos o servicios relacionados con la actividad derivada de su objeto social.»
En coherencia con la enmienda propuesta al artículo 93.1 de la Ley 27/1999 de Cooperativas, en cuanto al ámbito subjetivo de la cooperativa agraria.
El régimen jurídico de las Cooperativas ya contempla, artículo 26 de la Ley 27/1999 de Cooperativas, que en cualquier clase de cooperativa el número de votos de un socio no puede ser superior al tercio de los votos totales de la misma. Y que en las agrarias, de servicios, de transportistas y del mar, podrán prever los Estatutos la posibilidad de un voto plural ponderado en proporción al volumen de la actividad cooperativizada del socio, que no podrá ser superior en ningún caso a cinco votos sociales. Todo ello permite defender un control democrático de la cooperativa, con independencia de la tipología del socio.
La prohibición contenida en el artículo 27 la Ley 3/1987, General de Cooperativas, precedente de la vigente Ley 27/1999, respecto a la existencia de socios de capital ha desaparecido en ésta, figura que sí se recoge ya expresamente en la legislación autonómica, por ejemplo en el artículo 35.1 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas: «Si los Estatutos lo prevén, podrán formar parte de las sociedades cooperativas andaluzas, como asociados, aquellas personas físicas o jurídica que realicen las aportaciones al capital que determinen los Estatutos, y que no desarrollen la actividad cooperativa».
Se añade un nuevo apartado dos bis en la disposición final tercera, numerando como «uno» el texto del Proyecto de Ley, con la siguiente redacción:
«Dos bis (nuevo). El apartado 9 del artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:
‘‘9. La participación de la cooperativa en el capital social de entidades no cooperativas en una cuantía conjunta superior al 100 por cien de los fondos propios de la propia cooperativa, en el ejercicio en que se adquiera la participación. Este límite será el aplicable en el caso de que se trate de entidades que realicen actividades iguales o similares, o bien preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia cooperativa. En caso contrario, dicha participación no podrá superar el 50 por cien de dichos recursos. No
se aplicará este último límite a las participaciones que la cooperativa ostente en sociedades mercantiles, siempre que una norma legal prevea esta forma societaria para el desarrollo de una actividad, si dicha actividad forma parte del objeto social de la cooperativa.
A los efectos previstos en este artículo se considerarán en todo caso como recursos propios, además de los que tengan dicha consideración a efectos contables:
a) El Capital Social de la cooperativa, y el Fondo de Reserva Obligatorio, aun cuando tengan la consideración de pasivo financiero a efectos contables.
b) Los pasivos a largo plazo que estén constituidos por préstamos participativos, así como aquellos otros cuya titularidad sea de los socios de la cooperativa.
El Ministerio de Economía y Hacienda podrá autorizar participaciones superiores en aquellos casos en que se justifique que tal participación coadyuva al mejor cumplimiento de los fines sociales cooperativos y no supone una vulneración de los principios fundamentales de actuación de estas entidades. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la resolución expresamente a la cooperativa, se entenderá otorgada la autorización.’’»
En la actualidad se limita a la cooperativa su participación en entidades de naturaleza no cooperativa sin que ello tenga fundamento en las características de estas entidades, ya que no se recoge ni en los principios cooperativos, ni concretamente en las legislaciones cooperativas, ni de Derecho comparado, ni en las múltiples leyes cooperativas existentes en España.
Pero además, los límites se han venido refiriendo, principalmente, al importe de capital social poseído en la entidad participada, lo que consideramos un error técnico importante. En efecto, si la cooperativa necesita participar en una entidad mercantil, es mucho mejor para que se protejan los principios y valores cooperativos que dicha participación sea mayoritaria y pueda permitir el control de su funcionamiento. Penalizar este control, como lo hace la legislación actual, no parece lógico, ni se observa ninguna razón para ello.
Se propone, por tanto, eliminar estos límites, pero si deben mantenerse, que se refieran a los fondos propios de la cooperativa, de manera que así, al menos, se penalice la inversión en otras entidades en cantidad superior a éstos. Este es el límite que actualmente se prevé para el conjunto de participaciones en la cooperativa, y la modificación iría en el sentido de mantener sólo éste.
Otras dos modificaciones acaecidas en el ámbito técnico como son, de un lado, el cambio en la normativa contable y en la calificación del capital social de las cooperativas, así como del Fondo de reserva Obligatorio en determinados casos, aconsejan definir de forma consistente qué se entiende por fondos propios.
De otro lado, la autorización para rebasar los límites, que puede tardar hasta 6 meses en ser decidida por la Dirección General de Tributos, dificulta enormemente la agilidad en las decisiones de inversión empresarial. Se propone, por tanto, establecer un plazo más corto, de un mes, y declarar el silencio administrativo con carácter positivo.
El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una enmienda al Proyecto de Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Palacio del Senado, 13 de junio de 2013.—Narvay Quintero Castañeda y Miguel Zerolo Aguilar.
De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)
y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)
El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 3. Apartado nuevo.
Adición de un apartado en el Capítulo II, Artículo 3.
«Para las entidades radicadas en Canarias el reconocimiento como entidad asociativa prioritaria podrá establecerse para aquellas cuyo ámbito de actuación sea supra-insular.»
El apartado b) del artículo 3.1 de la Ley de Fomento de la Integración de Cooperativas y de otras Entidades Asociativas de carácter agroalimentario, dispone que para que una entidad pueda tener la condición de prioritaria habrá de tener implantación y un ámbito de actuación supra-autonómico.
Sin embargo, las singularidades de Canarias, como territorio fragmentado, alejado del continente europeo y, por ello, reconocida como una de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea (RUP) en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la unión Europea (TFUE), de 13 de diciembre de 2007, hacen que la interrelación territorial sea difícil, incluso, entre las propias islas que conforman este territorio, mucho más, entre las distintas Comunidades Autónomas del resto del Estado español.
La mayor parte de las entidades asociativas agrarias, la gran mayoría de ellas de pequeña dimensión, tienen un ámbito de actuación insular y sólo algunas alcanzan el ámbito supra-insular, tal es el caso de algunas organizaciones de productores de productos destinados a la exportación, como el plátano.
Para el tipo de pequeñas empresas cuya actuación se limita al mercado local, la integración en entidades asociativas prioritarias, tal y como se establecen en el Capítulo II del Proyecto de Ley, resultaría en la práctica muy difícil de conseguir, y supondría la exclusión del sector agrario canario de las situaciones de preferencia establecidas en el Capítulo III del mismo documento.
El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una enmienda al Proyecto de Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Palacio del Senado, 13 de junio de 2013.—Pedro Eza Goyeneche, Amelia Salanueva Murguialday y Francisco Javier Yanguas Fernández.
El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 1. 3.
De﻿ modificación.
«3. A los efectos de esta Ley, son entidades asociativas las sociedades cooperativas, las cooperativas de segundo grado, los grupos cooperativos, las sociedades agrarias de transformación, las organizaciones de productores con personalidad jurídica propia, reconocidas de acuerdo con la normativa comunitaria en el ámbito de la Política Agraria Común y las entidades civiles o mercantiles, siempre que más del 50 por ciento de su capital social pertenezca a sociedades cooperativas, a organizaciones de productores o a sociedades agrarias de transformación. En el caso de que estas entidades económicas tengan la forma de sociedad anónima, sus acciones deberán ser nominativas.»
Para su mejora técnica.
El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 2 enmiendas al Proyecto de Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Palacio del Senado, 18 de junio de 2013.—Narvay Quintero Castañeda.
El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 4.
Nueva redacción de los apartados 1 y 2 del artículo 4:
«1. Las entidades asociativas reconocidas como prioritarias podrán tener preferencia, de acuerdo con la normativa específica contenida en las bases reguladoras de cada convocatoria, en la concesión de subvenciones y ayudas en materia de inversiones materiales o inmateriales destinadas a mejorar los procedimientos de gestión y comercialización; en el acceso a actividades formativas y de cooperación; en materia de internacionalización, de promoción y de I+D+i; en el acceso a las líneas ICO de financiación preferente, que específicamente se establezcan; u otras de las que puedan ser beneficiarias, así como en las actuaciones contempladas en los Programas de Desarrollo Rural, a favor de la competitividad, la transformación y la comercialización.
2. Las entidades asociativas integradas en entidades asociativas reconocidas como prioritarias podrán tener preferencia, de acuerdo con la normativa específica contenida en las bases reguladoras de cada convocatoria, en la concesión de subvenciones y ayudas en materia de inversiones materiales o inmateriales destinadas a mejorar los procedimientos de gestión y transformación; en el acceso a actividades formativas, de asesoramiento y de asistencia técnica que tengan como objeto la mejora de la comercialización; en el acceso a programas o actuaciones en I+D+i y en nuevas tecnologías.»
Se propone acotar las situaciones de preferencia a la mejora de la comercialización, ya que el objeto del proyecto de ley no es otro que la fusión o integración de las cooperativas y otras entidades de naturaleza asociativa, por lo que se propone suprimir de los apartados 1, 2 y del artículo 4 aquellas medidas que se apartan del objeto del proyecto de ley y, que incluso, pueden dan lugar a situaciones de discriminaciones en el sector si se pone como preferencia en medidas como los seguros agrarios y otras, cuando la concentración en tamaño solo es una de las formas para mejorar la comercialización.
El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 4. Apartado nuevo.
«Las situaciones de preferencia recogidas en los apartados anteriores de este artículo 4 tendrán en cuenta lo establecido en la normativa de competencia de la Unión Europea y, en su caso, las competencias de las comunidades autónomas.»
La normativa europea sobre ayudas de estatales al sector agrario y a las pequeñas y medianas empresas, así como, la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, limitan su acceso a empresas con un nivel máximo de empleados y un volumen máximo de negocios las ayudas públicas, pasando las grandes empresas a las normas aplicables a las actividades no agrarias, por tanto, cualquier situación de preferencia, para el fomento de la fusión o integración de las cooperativas agroalimentarias y de otras entidades de naturaleza asociativa, debe tener en cuenta la normativa de competencia de la Unión Europea, ya que el proyecto de ley, aunque deja solo en una opción la situación de preferencia, dicha situación debe ser compatible con lo establecido en la Unión Europea para cada uno de los regímenes de ayuda. Por otra parte, en la actualidad y atendiendo a la regla n+2 para los fondos europeos con finalidad estructural hasta el 31 de diciembre de 2015 son las comunidades autónomas las que gestionan directamente los Programas de Desarrollo Rural (PDR) del período 2007-2013, situación que continuará en el próximo período de programación. También en la mayoría de las medidas de apoyo que no se encuentran incorporadas en los PDR son las comunidades autónomas las que convocan y gestionan los distintos regímenes de ayuda, por tanto, cualquier situación de preferencia incorporada en las convocatorias efectuadas por las comunidades autónomas, para el fomento de la fusión o integración de las cooperativas agroalimentarias y de otras entidades de naturaleza asociativa, debe tener en cuenta las competencias propias de las comunidades autónomas en la actividad de fomento del sector agrario.
﻿El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 8 enmiendas al Proyecto de Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Palacio del Senado, 18 de junio de 2013.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.
Al Preámbulo, apartado I, párrafo segundo.
Se propone la supresión de la expresión, «organizaciones de productores» del párrafo segundo del apartado I del Preámbulo.
La categoría conceptual de «organizaciones de productores» no es una categoría homogénea. En algunos sectores (frutas y hortalizas, sector lácteo…) existen figuras análogas pero ni siquiera responden a criterios comunes o uniformes.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 3.
Se propone la modificación del apartado 3 del artículo 1, que tendrá la siguiente redacción:
«3. A los efectos de esta Ley, son entidades asociativas las sociedades cooperativas, las cooperativas de segundo grado, los grupos cooperativos, las sociedades agrarias de transformación y las entidades civiles o mercantiles, siempre que más del 50 por ciento de su capital social pertenezca a sociedades cooperativas o a sociedades agrarias de transformación. En el caso de que estas entidades económicas tengan la forma de sociedad anónima, sus acciones deberán ser nominativas.»
Se propone suprimir la referencia, contenida en el Proyecto de Ley, relativa a las organizaciones de productores porque no existe una definición homogénea y uniforme de esta figura para todo el sector agroalimentario.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3. 1. b.
Al Artículo 3, apartado 1, letra b).
Se propone la modificación de la letra b) apartado 1 del artículo 3, que tendrá la siguiente redacción:
«b) Tener implantación y un ámbito económico de actuación supra-autonómico.»
Se aclara que el ámbito de actuación a que se refiere este artículo es el de la actividad económica y no el aspecto meramente registral.
Se propone la modificación del artículo 4, apartado 1, 2 y 3.
«Artículo 4. Situaciones de preferencia.
1. Las entidades asociativas reconocidas como prioritarias tendrán preferencia, de acuerdo con la normativa específica contenida en las bases reguladoras de la convocatoria, en la concesión de subvenciones y ayudas en materia de inversiones materiales e inmateriales destinadas a mejorar los procedimientos de gestión y comercialización, en el acceso a actividades formativas y de cooperación; en materia de internacionalización, de promoción y de I+D+i; en el acceso a las líneas ICO de financiación preferente, que específicamente se establezcan; u otras de las que puedan ser beneficiarias, así como en las actuaciones contempladas en los Programas de Desarrollo Rural, a favor de la competitividad, la transformación y la comercialización; y en cualesquiera otras para estos mismos fines se determinen reglamentariamente.
2. Las entidades asociativas integradas en entidades asociativas reconocidas como prioritarias tendrán preferencia, de acuerdo con la normativa específica contenida en las bases reguladoras de cada convocatoria, en la concesión de subvenciones y ayudas en materia de inversiones materiales o inmateriales destinadas a mejorar los procedimientos de gestión y transformación; en el acceso a actividades formativas, de orientación productiva en función del mercado de destino y de asistencia técnica enfocada a la mejora de la comercialización; en el acceso a programas o actuaciones en I+D+i y en nuevas tecnologías; o en cualesquiera otras que para estos mismos fines se determinen reglamentariamente.
3. Los productores agrarios que formen parte de entidades asociativas prioritarias o de las entidades asociativas que la componen, tendrán preferencia, de acuerdo con la normativa específica contenida en las bases reguladoras de cada convocatoria, en la concesión de subvenciones y ayudas para la mejora de sus estructuras agrarias de producción, en el marco del proyecto comercial de la entidad asociativa prioritaria, relativo al producto respecto del cual ha sido reconocida.
4. /…/.»
Clarificar la preferencia respecto a las ayudas y beneficios que se establezcan y centrar los mecanismos de fomento de la integración de cooperativas, en la tarea de comercialización de los productos agroalimentarios de sus socios, que es su finalidad esencial, eliminando por tanto las medidas que no se relacionan con tal comercialización.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6. 2.
Al Artículo 6, apartado 2.
Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 6, que tendrá la siguiente redacción:
«2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentará en la Conferencia Sectorial que corresponda por razón de la materia el Plan Estatal de Integración Asociativa, en el que se incluirán las actuaciones del Departamento para impulsar la aplicación de la presente ley, la participación presupuestaria de la Administración del Estado, así como las actuaciones previstas, en este mismo sentido, por las comunidades autónomas. El plan incluirá así mismo un balance de los logros que se hayan ido alcanzando.»
Garantizar que el futuro Plan Estatal de Integración Asociativa cuente con la suficiente cobertura presupuestaria.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Dos.
Se propone la modificación del apartado Dos de la disposición final segunda, que tendrá la siguiente redacción:
«Dos. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 56, que queda redactado como sigue:
2. Para el cumplimiento de los fines de este fondo se podrá colaborar con otras sociedades y entidades, pudiendo aportar, total o parcialmente, su dotación. Asimismo, tal aportación podrá elevarse a cabo a favor de la unión o federación de cooperativas en las que esté asociada para el cumplimiento de las funciones que sean coincidentes con las propias del referido fondo que, para las mismas, se recoge en el artículo 120.1 de la presente Ley.»
Se trata de atender la peculiaridad del Fondo de Educación y Promoción (FEP) como propio de la actividad de las sociedades cooperativas, dada la complejidad de la gestión del mismo, atendiendo a la progresiva ampliación de las propias funciones que se pueden financiar con el mismo.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Tres.
Se propone la modificación del apartado Tres de la disposición final segunda, que tendrá la siguiente redacción:
«Tres. Se da nueva redacción al artículo 93:
“Artículo 93. Objeto y ámbito.
1. /…/
a) /…/
b) /…/
c) /…/
d) /…/
e) Realizar actividades de consumo y servicios para sus socios y demás miembros de su entorno social y territorial, fomentando aquellas actividades encaminadas a la promoción y mejora de la población agraria y el medio rural, en particular, la explotación de energías renovables, servicios y aprovechamientos forestales, turísticos y artesanales, servicios asistenciales, asesoramiento técnico de las explotaciones de la producción, comercio y transformación agroalimentaria, acciones medioambientales y tecnológicas, y la conservación y recuperación del patrimonio de los recursos naturales del medio rural.
En todo caso, el volumen de operaciones de la Cooperativa por las actividades recogidas en el párrafo anterior no podrá exceder el cincuenta por ciento del volumen total de operaciones.
3. /…/.
4. /…/.”»
Se trata de dotar de seguridad jurídica al delimitar la actividad que puede ser considerada propia de una cooperativa agroalimentaria, tomando como base para tal delimitación la experiencia y necesidades del medio rural y potenciando su papel para la creación de empleo en dicho ámbito.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final tercera.
Se propone la modificación de la disposición final tercera, que tendrá la siguiente redacción:
«Disposición final tercera. Modificación de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen fiscal de las Cooperativas.
Uno. Se da nueva redacción al apartado 1 y a las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 9 en la forma que a continuación se indica.
Dos. Se da nueva redacción al apartado 9 del artículo 13:
9. La participación de la cooperativa en el capital social de Entidades no cooperativas en una cuantía conjunta superior al 100% de los Fondos propios de la propia cooperativa, en el ejercicio en que se adquiera la participación. Este límite será el aplicable en el caso de que se trate de entidades que realicen actividades iguales o similares, o bien preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia
cooperativa. En caso contrario, dicha participación no podrá superar el 50% de dichos recursos. No se aplicarán este último límite a las participaciones que la cooperativa ostente en sociedades mercantiles, siempre que una norma legal prevea esta forma societaria para el desarrollo de una actividad, si dicha actividad forma parte del objeto social de la cooperativa.
El Ministerio de Economía y Competitividad podrá autorizar participaciones superiores en aquellos casos en que se justifique que tal participación coadyuva al mejor cumplimiento de los fines sociales cooperativos y no supone una vulneración de los principios fundamentales de actuación de estas entidades. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la resolución expresamente a la cooperativa, se entenderá otorgada la autorización.»
Se trata de una mejora técnica respecto a los límites de participación en el capital social, así como a la definición de los fondos propios y reducción de los plazos para la autorización de participaciones superiores.
﻿El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 17 enmiendas al Proyecto de Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Palacio del Senado, 18 de junio de 2013.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3. 1. c.
De modifica﻿ción.
c) Llevar a cabo la comercialización conjunta de la producción, en la parte que así se acuerde, de las entidades asociativas y de los productores que las componen.»
En aras a buscar la eficiencia es preciso permitir a las asociaciones y productores, su vinculación parcial a las Entidades Asociativas Prioritarias.
c) Llevar a cabo la comercialización conjunta de la totalidad de la producción de las entidades asociativas y de los productores que las componen. Reglamentariamente podrá exceptuarse un determinado porcentaje de esta producción para ser destinada al autoconsumo y a la venta de proximidad, por las entidades asociativas y por los productores que las componen.
Debemos preservar que parte de la producción de las entidades asociativas y de los productores que las componen pueda ir destinada al autoconsumo o a la venta de proximidad.
c) Llevar a cabo la comercialización conjunta de la totalidad de una misma producción de las entidades asociativas y de los productores que las componen.
Se pretende posibilitar que una entidad asociativa y los productores que las componen que produzcan diversos productos puedan formar parte de una Entidad Asociativa prioritaria con la producción de uno solo de sus productos y no con la totalidad de su producción.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3. 1. d.
d) Que la facturación de la entidad asociativa solicitante, o la suma de las facturaciones de las entidades que se fusionan o integran alcance, al menos, la cantidad que se determine reglamentariamente. En dicha reglamentación, deberán tenerse en cuenta los casos de fuerza mayor, la bajada de producción, u otras circunstancias de carácter excepcional que puedan condicionar la cifra de facturación mínima en un determinado ejercicio.
Si bien la concreción del establecimiento de los límites de facturación se puede establecer reglamentariamente entendemos que la Ley contemple los supuestos en que se pueda excepcionar el nivel de facturación exigido.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3. 1. e.
En coherencia con enmienda anteriores a la letra c) del punto 1 del artículo 3.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3. 2.
2. A solicitud de la entidad interesada, la autoridad competente procederá al reconocimiento de la entidad asociativa prioritaria, conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente.»
Adecuar el redactado de la norma al ámbito competencial del Estado salvaguardando las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de cooperativas y el fomento del movimiento cooperativo.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 4. 1.
«1. Las entidades asociativas reconocidas como prioritarias podrán tener preferencia, de acuerdo con la normativa específica contenida en las bases reguladoras de cada convocatoria, en la concesión de subvenciones y ayudas en materia de inversiones materiales o inmateriales destinadas a mejorar los procedimientos de gestión y comercialización; en el acceso a actividades formativas y de cooperación; en materia de internacionalización, de promoción y de I+D+i; en el acceso a las líneas ICO de financiación preferente, que específicamente se establezcan; u otras de las que puedan ser beneficiarias, así como en las actuaciones contempladas en los Programas de Desarrollo Rural, a favor de la competitividad, la transformación y la comercialización.»
Se pretende eliminar la posibilidad que por vía reglamentaria se establezcan nuevas situaciones de preferencia.
«2. Las entidades asociativas integradas en entidades asociativas reconocidas como prioritarias podrán tener preferencia, de acuerdo con la normativa específica contenida en las bases reguladoras de cada convocatoria, en la concesión de subvenciones y ayudas en materia de inversiones materiales o inmateriales destinadas a mejorar los procedimientos de gestión y transformación; en el acceso a actividades formativas, de asesoramiento y de asistencia técnica; en el acceso a programas o actuaciones en I+D+i y en nuevas tecnologías; enfocadas específicamente a la mejora de la competitividad, la transformación y la comercialización.»
En coherencia con la enmienda al punto 1 al mismo artículo 4, además de eliminar las medidas específicas no relacionadas con la comercialización de los productos agroalimentarios, como los seguros agrarios.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 4. 3.
La mejor forma de fomentar la integración de los productores en entidades asociativas que puedan ser calificadas como prioritarias, es asegurándoles una mejor defensa de los precios de sus productos en el mercado y una reducción en el coste de sus imputs. Cualquier otra medida puede contribuir a distraer erróneamente el objetivo que pretende la presente iniciativa.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 4. Añadiendo un nuevo punto al artículo 4 del referido texto.
Añadiendo un nuevo punto al artículo 4 del referido texto.
5. Las situaciones de preferencia recogidas en los apartados anteriores del presente artículo tendrán en cuenta lo establecido en la normativa de competencia de la Unión Europea y, en su caso, las competencias de las Comunidades Autónomas.»
La normativa europea sobre ayudas estatales al sector agrario y a las pequeñas y medianas empresas, así como, la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, limitan su acceso a empresas con un nivel máximo de empleados y un volumen máximo de negocio, por tanto, cualquier situación de preferencia, para el fomento de la fusión o integración de las cooperativas agroalimentarias y de otras entidades de naturaleza asociativa, debe tener en cuenta la normativa de competencia de la Unión Europea, ya que el Proyecto de Ley, aunque deja solo en una opción la situación de preferencia, dicha situación debe ser compatible con lo establecido en la Unión Europea para cada uno de los regímenes de ayuda. Por otra parte, en la actualidad y atendiendo a la regla n+2 para los fondos europeos con finalidad estructural hasta el 31 de diciembre de 2015 son las CCAA las que gestionan directamente los Programas de Desarrollo Rural (PDR) del periodo 2007-2013, situación que continuará en el próximo período de programación. También en la mayoría de las medidas de apoyo que no se encuentran incorporadas en los PDR son las CCAA las que convocan y gestionan los distintos regímenes de ayuda, por tanto, cualquier situación de preferencia incorporada en las convocatorias efectuadas por las CCAA (administración central), para el fomento de la fusión o integración de las cooperativas agroalimentarias y de otras entidades de naturaleza asociativa, debe tener en cuenta las competencias propias de las CCAA en la actividad de fomento del sector agrario.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.
Artículo 5. Registro Estatal de Entidades Asociativas Prioritarias.
«1. Se crea en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, adscrito a la Dirección General de la Industria Alimentaria, un Registro Estatal de Entidades Asociativas Prioritarias, en el que se inscribirán las entidades de esta naturaleza reconocidas de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en su reglamento de desarrollo.
3. Las anteriores inscripciones en el Registro se realizarán a petición de la entidad asociativa prioritaria y una vez comprobado por la autoridad competente el cumplimiento de los requisitos establecidos.
4. Los responsables de las entidades asociativas prioritarias vendrán obligados a comunicar a la autoridad competente los cambios que pudieran afectar a su condición de prioritarias cuando se produzcan. Adicionalmente, con carácter anual, procederán a actualizar la relación de productores que forman parte de las mismas.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6. 1.
«1. Las ayudas a que se refiere esta ley serán financiadas por la Administración General del Estado.»
Se pretende dejar claro quién asumirá el coste de las ayudas contempladas en la presente Ley.
Disposición Adicional. XXXX.
«1. Aquellas entidades asociativas que cumplan con los requisitos del artículo 3.1 de esta Ley, salvo la letra b), que tengan implantación o ámbito de actuación autonómico podrán beneficiarse de las situaciones de preferencia reguladas en el artículo 4 de esta Ley.»
El objeto de esta ley es fomentar aquellas cooperativas y/o entidades asociativas agrarias de ámbito supra-autonómico que han alcanzado o pudieran alcanzar una dimensión económica relevante y necesaria para la defensa de los intereses de sus asociados y en consecuencia constituirse en entidad asociativa prioritaria y por ello ser objeto de ayudas y beneficios. En este sentido, consideramos pertinente que aquellas entidades asociativas que cumplan todos los requisitos para ser considerada prioritaria excepto el requisito de tener su ámbito de actuación supra-autonómico pueda acceder también a los mismos beneficios puesto que de no ser así se vulnerarían las normativas relativas a defensa de la competencia.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Apartado dos.
«Se modifica la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, en la forma que a continuación se indica.
“2. Para el cumplimiento de los fines de este fondo se podrá colaborar con otras sociedades y entidades, pudiendo aportar, total o parcialmente, su dotación. Asimismo, tal aportación podrá llevarse a cabo a favor de la unión o federación de cooperativas en la que esté asociada para el cumplimiento de las funciones que, para las mismas, se recoge en el artículo 120.1 de la presente Ley.”»
A menudo, las Cooperativas manifiestan la complejidad que supone la gestión del Fondo de Educación y Promoción (FEP), regulado en el artículo 56 de la Ley 27/1999 de Cooperativas, y en el artículo 19 de la Ley 20/1990, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, además de lo dispuesto en la Orden EHA/3360/2010 sobre adaptación del Plan General Contable a las normas cooperativas.
Se trata de una de las partidas más singulares, genuinas y características de las sociedades cooperativas, que no encuentra en las empresas mercantiles una figura similar. Lo que, sin duda, plantea una problemática especial, cuyo tratamiento desde el punto de vista contable obliga a planteamientos y soluciones novedosas y, ciertamente, controvertidas. Desde la óptica fiscal, a menudo es fuente de discrepancias su cuantificación a efectos del Impuesto sobre Sociedades y a la aplicación de sus finalidades. Este último aspecto es motivo de especial preocupación, ya que el artículo 13.3 de la citada Ley fiscal de Cooperativas incorpora como causa de pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida la de «Aplicar cantidades del FEP a finalidades distintas de las previstas en la Ley».
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Tres.
1. Son cooperativas agroalimentarias las que asocian a titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, incluyendo a las personas titulares de estas explotaciones en régimen de titularidad
compartida, que tienen como objeto la realización de todo tipo de actividades y operaciones encaminadas al mejor aprovechamiento de las explotaciones de sus socios, de sus elementos o componentes, de la cooperativa y a la mejora de la población agraria y del desarrollo del mundo rural, así como atender a cualquier otro fin o servicio que sea propio de la actividad agraria, ganadera, forestal o estén directamente relacionados con ellas y con su implantación o actuación en el medio rural. Así, podrán integrarse en las mismas, aún no teniendo la condición de titulares de dichas explotaciones, las personas que sean usuarias o proveedoras de bienes, para la realización de las actividades recogidas en el punto 2. e) de este artículo, y los socios de trabajo. …(resto igual)…”»
Se pretende la ampliación de la base social de la cooperativa agraria en el marco de una ampliación de sus actividades, ampliación muy necesaria en ambos sentidos, subjetivo y objetivo, para el mantenimiento de un buen número de estas empresas, especialmente en los municipios rurales menores de 5.000 habitantes. De todas las cooperativas de primer grado establecidas en estos municipios, el 62 por ciento son microempresas y el 32 por ciento pequeñas empresas. Es decir, el 94 por ciento de las cooperativas agrarias son pequeñas empresas.
En núcleos de población rurales de mayor tamaño, de entre 5.000 y 30.000 habitantes, también existe una mayoría de pequeñas cooperativas, el 82 por ciento, aunque el porcentaje de empresas medianas aumenta considerablemente alcanzando un 17’1 por ciento del total de cooperativas localizadas en estos pueblos.
Estas microempresas y pequeñas cooperativas del medio rural le aportan, sucesivamente, un 22 y un 40 por ciento del empleo neto facilitado por las cooperativas de primer grado en su conjunto. Según los datos del Observatorio Socioeconómico de las Cooperativas Agrarias, el empleo generado por éstas en el medio rural en 2011 alcanzó un volumen, computando personal fijo y eventual, de 97.615 trabajadores, un 4 por ciento más que en 2010.
Por otro lado, y a efectos de incorporar activos que llevan a cabo las nuevas actividades propuestas en el artículo 93.2.e), no es lo más idóneo recurrir a nuevos modelos de Cooperativas. El propio sector del cooperativismo agroalimentario implantado muy mayoritariamente en el medio rural no asimilaría estos nuevo modelos, siendo más coherente permitir la ampliación subjetiva de la Cooperativa agraria dentro de los límites de las nuevas actividades propuestas.
Desde una perspectiva fiscal, el posible desarrollo de estas nuevas actividades y sujetos significa un impulso económico y, por tanto, de nueva tributación. La vigente Ley 20/1990 sobre régimen fiscal de cooperativas no ha cambiado en cuanto a los tipos en el Impuesto sobre Sociedades, que se mantienen al 20 por ciento en operaciones con socios. Por el contrario, las Empresas de Reducida Dimensión, como es el caso de la mayoría de cooperativas, han visto reducir su tipo en estos años. Incluso el reciente Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, en su artículo 7, plantea modificaciones en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para Entidades de nueva creación, con tipos del 15 y 20 por ciento.
Y no hay que olvidar que el tipo del Impuesto sobre Sociedades de las Cooperativas, en general su régimen fiscal, contempla una serie de limitaciones y obligaciones, entre las que hay que destacar el estricto cumplimiento de los numerosos requisitos para la aplicación del régimen, la rigurosidad en la regulación de las causas que dan lugar a la pérdida de la protección fiscal y la complicada gestión de las cooperativas como consecuencia de la segregación de la base imponible en este Impuesto entre resultados cooperativos y extracooperativos. Finalmente, la obligación de dotar fondos obligatorios (FEP y FRO) provoca que el beneficio de la Cooperativa disponible para el socio sea inferior que el beneficio obtenido por el accionista/partícipe de una entidad mercantil de capital a igual beneficio empresarial, sin que las actualidades especialidades fiscales lleguen a contrarrestar, en este punto, las desventajas derivadas de la obligatoriedad e indisponibilidad de dichos fondos.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final tercera.
«Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 9 en la forma que a continuación se indica.
“Artículo 9. Cooperativas Agroalimentarias.
Podrán asociar, asimismo, a colaboradores o asociados que aporten bienes, dinero o derechos y que coadyuven a la consecución del fin social. Así como a socios de trabajo, y a socios usuarios o proveedores de los productos o servicios relacionados con la actividad derivada de su objeto social.”»
En general, cabría trasladar en este punto los argumentos incorporados en la justificación de la enmienda al artículo 93.1 de la Ley 27/1999 de Cooperativas, en cuanto al ámbito subjetivo de la cooperativa agraria.
Se puede señalar que el régimen jurídico de las Cooperativas ya contempla, artículo 26 de la Ley 27/1999 de Cooperativas, que en cualquier clase de cooperativas el número de votos de un socio no puede ser superior al tercio de los votos totales de la misma. Y que en las agrarias, de servicios, de transportistas y del mar, podrán prever los Estatutos la posibilidad de un voto plural ponderado en proporción al volumen de la actividad cooperativizada del socio, que no podrá ser superior en ningún caso a cinco votos sociales. Todo ello permite defender un control democrático de la cooperativa, con independencia de la tipología del socio.
También que la prohibición contenida en el artículo 27 la Ley 3/1987, General de Cooperativas, precedente de la vigente Ley 27/1999, respecto a la existencia de socios de capital ha desaparecido en ésta, figura que sí se recoge ya expresamente en la legislación autonómica.
«Tres. Se da nueva redacción al apartado 9 del artículo 13 en la forma que a continuación se indica.
“9. La participación de la cooperativa en el capital social de Entidades no cooperativas en una cuantía conjunta superior al 100% de los Fondos propios de la propia cooperativa, en el ejercicio en que se adquiera la participación. Este límite será el aplicable en el caso de que se trate de entidades que realicen actividades iguales o similares, o bien preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia cooperativa. En caso contrario, dicha participación no podrá superar el 50% de dichos recursos. No se aplicarán este último límite a las participaciones que la cooperativa ostente en sociedades mercantiles, siempre que una norma legal prevea esta forma societaria para el desarrollo de una actividad, si dicha actividad forma parte del objeto social de la cooperativa.
El Ministerio de Economía y Hacienda podrá autorizar participaciones superiores en aquellos casos en que se justifique que tal participación coadyuva al mejor cumplimiento de los fines sociales cooperativos y no supone una vulneración de los principios fundamentales de actuación de estas entidades. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la resolución expresamente a la cooperativa, se entenderá otorgada la autorización.”»
En la actualidad, se limita a la cooperativa su participación en Entidades de naturaleza no cooperativa sin que ello tenga fundamento en las características de estas Entidades, ya que no se recoge ni en los principios cooperativos, ni concretamente en las legislaciones cooperativas, ni de Derecho comparado, ni las múltiples leyes cooperativas existentes en el Estado español.
De otro lado, la autorización para rebasar los límites, que puede tardar hasta 6 meses en ser decidida por la Dirección General de Tributos, dificulta enormemente la agilidad en las decisiones de inversión empresarial. Proponemos, por tanto, establecer un plazo más corto, de un mes, y declarar el silencio administrativo con carácter positivo.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 7 enmiendas al Proyecto de Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Palacio del Senado, 18 de junio de 2013.—El Portavoz, José Montilla Aguilera.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 3.
Se propone suprimir la referencia relativa a las organizaciones de productores porque no existe una definición homogénea y uniforme de esta figura para todo el sector agroalimentario.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3. 1. b.
Se propone la modificación del artículo 4, que tendrá la siguiente redacción:
1. Las entidades asociativas reconocidas como prioritarias tendrán preferencia, de acuerdo con la normativa específica contenida en las bases reguladoras de la convocatoria, en la concesión de subvenciones y ayudas en materia de inversiones materiales o inmateriales destinadas a mejorar los procedimientos de gestión y comercialización; en el acceso a actividades formativas y de cooperación; en materia de internacionalización, de promoción y de I+D+i; en el acceso a las líneas ICO de financiación preferente, que específicamente se establezcan; u otras de las que puedan ser beneficiarias, así como en las actuaciones contempladas en los Programas de Desarrollo Rural, a favor de la competitividad, la transformación y la comercialización.
2. Las entidades asociativas integradas en entidades asociativas reconocidas como prioritarias tendrán preferencia, de acuerdo con la normativa específica contenida en las bases reguladoras de cada convocatoria, en la concesión de subvenciones y ayudas en materia de inversiones materiales o inmateriales destinadas a mejorar los procedimientos de gestión y transformación; en el acceso a actividades formativas, de orientación productiva en función del mercado de destino y de asistencia técnica enfocada a la mejora de la comercialización; en el acceso a programas o actuaciones en I+D+i y en nuevas tecnologías; o en cualesquiera otras que se determinen reglamentariamente.
3. Los productores agrarios que formen parte de entidades asociativas prioritarias o de las entidades asociativas que la componen, y a través de las mismas, tendrán preferencia, de acuerdo con la normativa específica contenida en las bases reguladoras de cada convocatoria, en la concesión de subvenciones y ayudas para la mejora de sus estructuras agrarias de producción, en el marco del Proyecto comercial de la Entidad Asociativa Prioritaria, relativo al producto respecto del cual ha sido reconocida.
4. La preferencia, de acuerdo con la normativa específica contenida en las bases reguladoras de cada convocatoria, no podrán tener carácter absoluto.
5. Las situaciones de preferencia recogidas en este artículo tendrán en cuenta lo establecido en la normativa de competencia de la Unión Europea y, en su caso, las competencias de las Comunidades Autónomas.»
Se reducen las situaciones de preferencia en los mecanismos de fomento de la integración de cooperativas, a la mejora de la comercialización de los productos agroalimentarios de sus socios, que es su finalidad principal.
«2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentará en la Conferencia Sectorial que corresponda por razón de la materia el Plan Estatal de Integración Asociativa, en el que se incluirán las previsiones del Departamento para impulsar la aplicación de la presente ley, la participación presupuestaria de la Administración del Estado, así como las actuaciones previstas, en este mismo sentido, por las comunidades autónomas. El plan incluirá así mismo un balance de los logros que se hayan ido alcanzando.»
Garantizar que el futuro Plan Estatal de Integración Asociativa cuente con la suficiente cobertura presupuestaria, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Dos.
A la Disposición Final Segunda, Dos.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda. Tres.
A la Disposición Final Segunda, Tres.
4. Las cooperativas agroalimentarias podrán realizar un volumen de operaciones con terceros no socios que no sobrepase el cincuenta por ciento del total de las de la cooperativa.»
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final tercera.
Uno. Se da nueva redacción a las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 9:
a) Que las materias, productos o servicios adquiridos, arrendados, elaborados, producidos, realizados o fabricados por cualquier procedimiento, por la cooperativa, sean destinados exclusivamente a sus propias instalaciones o a las explotaciones de sus socios.
No obstante, podrán ser cedidos a terceros no socios siempre que su cuantía, durante cada ejercicio económico, no supere el cincuenta por ciento del total anual facturado por la sociedad cooperativa.
Las cooperativa agroalimentarias podrán distribuir al por menor productos petrolíferos a terceros no socios con el límite establecido en el apartado 10 del artículo 13 de esta Ley.
b) Que no se conserven, tipifiquen, manipulen, transformen, transporten, distribuyan o comercialicen productos procedentes de otras explotaciones, similares a los de las explotaciones de la Cooperativa o de sus socios, en cuantía superior, durante cada ejercicio económico, al cincuenta por ciento del importe obtenido por los productos propios.
9. La participación de la cooperativa en el capital social de Entidades no cooperativas en una cuantía conjunta superior al 100% de los Fondos propios de la propia cooperativa, en el ejercicio en que se adquiera la participación. Este límite será el aplicable en el caso de que se trate de entidades que realicen actividades iguales o similares, o bien preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia cooperativa. En caso contrario, dicha participación no podrá superar el 50% de dichos recursos. No se aplicarán este último límite a las participaciones que la cooperativa ostente en sociedades mercantiles, siempre que una norma legal prevea esta forma societaria para el desarrollo de una actividad, si dicha actividad forma parte del objeto social de la cooperativa.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 6 enmiendas al Proyecto de Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Palacio del Senado, 18 de junio de 2013.—El Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.
De supresión del apartado I del Preámbulo.
De modificación del apartado 3 del artículo 1.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3. 1. d.
De modificación del primer párrafo de la letra d) del apartado 1 del artículo 3.
De modificación de la disposición final segunda, apartado tres.
Se propone la ampliación de la base social de la cooperativa agraria en el marco de una ampliación de sus actividades, ampliación muy necesaria en ambos sentidos, subjetivo y objetivo, para el mantenimiento
de un buen número de estas empresas, especialmente en los municipios rurales menores de 5.000 habitantes. De todas las cooperativas de primer grado establecidas en estos municipios, el 62% son microempresas y el 32% pequeñas empresas. Es decir, el 94% de las cooperativas agrarias son pequeñas empresas.
De modificación de la disposición final tercera.
Se adición a la disposición final tercera.
Se añade un nuevo apartado en la disposición final tercera, numerando como «uno» el texto del Proyecto de Ley, con la siguiente redacción:
‘‘9. La participación de la cooperativa en el capital social de entidades no cooperativas en una cuantía conjunta superior al 100 por cien de los fondos propios de la propia cooperativa, en el ejercicio en que se adquiera la participación. Este límite será el aplicable en el caso de que se trate de entidades que realicen actividades iguales o similares, o bien preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia cooperativa. En caso contrario, dicha participación no podrá superar el 50 por cien de dichos recursos. No se aplicará este último límite a las participaciones que la cooperativa ostente en sociedades mercantiles,
siempre que una norma legal prevea esta forma societaria para el desarrollo de una actividad, si dicha actividad forma parte del objeto social de la cooperativa.