Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1999/C-229-99.htm
Timestamp: 2017-10-21 12:01:22
Document Index: 349296711

Matched Legal Cases: ['artículo 80', 'artículo 241', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 4', 'Artículo 6', 'artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 6', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 7', 'Artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 18', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 5', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 34', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 23', 'Artículo 37', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 1', 'artículo 7', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 3', 'Artículo 10', 'artículo 4', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 4', 'Artículo 14', 'artículo 20', 'artículo 4', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 18', 'artículo 4', 'Artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 21', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 9', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 10', 'Artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 18', 'Artículo 6', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 23', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 10', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 65', 'artículo 9', 'artículo 30', 'artículo 37', 'artículo 80', 'artículo 334', 'artículo 241']

C-229-99
Sentencia C-229/99
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESCERTIFICACION-Objetivo
El Instrumento Internacional que se revisa constituye un esfuerzo con ocasión del cual los países se comprometen a promover una estrategia dirigida a revertir los procesos de desertización o al menos a mitigar los efectos de las sequías, mediante la adopción de medidas eficaces como resultado de los acuerdos de cooperación y asociación internacionales, para permitir el desarrollo sostenible de las zonas afectadas. Con ocasión de las obligaciones que contraen los Estados Parte se comprometen a incorporar la protección ambiental dentro de sus planes de desarrollo, otorgar prioridad a la asignación de recursos suficientes para atacar los procesos de desertización, promover la participación y sensibilización de las comunidades mediante el apoyo de los organismos oficiales y fortalecer las legislaciones nacionales y las políticas de apoyo a largo plazo para la protección del entorno ecológico.
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESCERTIFICACION-Participación de la comunidad en asuntos ambientales
Las disposiciones de la Convención se ajustan a los preceptos de la Constitución. El conjunto de sus preceptos responde al principio de la participación de la comunidad en todos aquéllos asuntos atinentes a la preservación del ambiente y en las decisiones que puedan afectarla, lo cual se adecua a la preceptiva de los arts. 1 y 79 de la Constitución. Es así como diferentes normas de la Convención aluden a la necesidad de la participación de la comunidad en los programas relacionados en la lucha contra la desertización, a partir de la creación de una conciencia sobre la magnitud del problema y sus posibles soluciones.
PRINCIPIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE-Alcance
En el artículo 80 Superior el Constituyente incorporó formalmente el principio del "desarrollo sostenible", el cual constituye la expresión moderna de la política ambientalista, esto es, del nuevo concepto del desarrollo, en el que se logre armonizar el crecimiento económico con el desarrollo ambiental de suerte que se pueda evitar un crecimiento general desequilibrado, pero sin perder de vista, naturalmente, que dicho desarrollo debe ser compatible con la filosofía propia del Estado Social de Derecho.
Referencia: Expediente L.A.T. - 130
Ley 461 de agosto 4 de 1998. "Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación (sic) en los países afectados por sequía grave o desertificación (sic), en particular Africa", hecho en París el 17 de junio de 1994.
Santafé de Bogotá, D.C., abril catorce (14) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
El 11 de agosto de 1998 la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación, copia auténtica de la Ley 461 de 4 de agosto de 1998, "Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación (sic) en los países afectados por sequía grave o desertificación (sic), en particular Africa", en cumplimiento de lo establecido por el artículo 241-10 de la Constitución.
Es de observar, que el Gobierno cumplió con la obligación de remitir tanto la Convención como la ley aprobatoria dentro de los seis días siguientes a la sanción de ésta.
El Magistrado Sustanciador, mediante auto del 8 de septiembre de 1998, asumió el conocimiento de la revisión constitucional y dispuso la práctica de pruebas, la fijación del negocio en lista con el fin de permitir la intervención ciudadana y el traslado al señor Procurador General de la Nación para efectos de la emisión del concepto de su competencia.
Una vez cumplidos los trámites anteriores, y en ejercicio de la competencia que le asigna la Constitución Política en el art. 241-10, procede la Corte a pronunciar la decisión correspondiente.
Se adjunta fotocopia del texto de la Ley 461 de agosto 4 de 1998, dentro de la cual aparece incorporada la Convención en referencia.
por medio de la cual se aprueba la “Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular Africa”, hecha en París
el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Visto el texto de la “Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular Africa”, hecha en París el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994) que a la letra dice:
«ConvenciOn de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificacion en los paIses afectados por sequIa grave o desertificaciOn, en particular en Africa
Conscientes de que la desertificación y la sequía afectan el desarrollo sostenible por la relación que guardan con importantes problemas sociales, tales como la pobreza, la salud y la nutrición deficientes, la falta de seguridad alimentaria y los problemas derivados de la migración, el desplazamiento de personas y la dinámica demográfica,
Reafirmando la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en cuyo Principio 2 se establece que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos con arreglo a sus políticas de medio ambiente y de desarrollo, y la responsabilidad de garantizar que las actividades realizadas bajo su jurisdicción o control no causen perjuicios al medio ambiente de otros Estados o zonas situados más allá de los límites de la jurisdicción nacional,
Artículo 1º. Términos utilizados. A los efectos de la presente Convención:
a) Por “desertificación” se entiende la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas;
b) Por “lucha contra la desertificación” se entiende las actividades que forman parte de un aprovechamiento integrado de la tierra de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas para el desarrollo sostenible y que tienen por objeto:
i) La prevención o la reducción de la degradación de las tierras,
ii) La rehabilitación de tierras parcialmente degradadas, y
c) Por “sequía” se entiende el fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de recursos de tierras;
d) Por “mitigación de los efectos de la sequía” se entiende las actividades relativas al pronóstico de la sequía y encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la sociedad y de los sistemas naturales a la sequía en cuanto se relaciona con la lucha contra la desertificación;
e) Por “tierra” se entiende el sistema bioproductivo terrestre que comprende el suelo, la vegetación, otros componentes de la biota y los procesos ecológicos e hidrológicos que se desarrollan dentro del sistema;
f) Por “degradación de las tierras” se entiende la reducción o la pérdida de la productividad biológica o económica y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo, de regadío o las dehesas, los pastizales, los bosques y las tierras arboladas, ocasionada, en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, por los sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas de poblamiento, tales como:
i) La erosión del suelo causada por el viento o el agua,
ii) El deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las propiedades económicas del suelo, y
iii) La pérdida duradera de vegetación natural;
g) Por “zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas” se entiende aquellas zonas en las que la proporción entre la precipitación anual y la evapotranspiración potencial está comprendida entre 0,05 y 0,65, excluidas las regiones polares y subpolares;
h) Por “zonas afectadas” se entiende zonas áridas, semiáridas o subhúmedas secas afectadas o amenazadas por la desertificación;
i) Por “países afectados” se entiende los países cuya superficie incluye, total o parcialmente, zonas afectadas;
j) Por “organización regional de integración económica” se entiende toda organización constituida por Estados soberanos de una determinada región que sea competente para abordar las cuestiones a las que se aplique la presente Convención y haya sido debidamente autorizada, con arreglo a sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar y aprobar la Convención y adherirse a la misma;
k) Por “países Partes desarrollados” se entiende los países Partes desarrollados y las organizaciones regionales de integración económica constituidas por países desarrollados.
Artículo 2º. Objetivo.
1. El objetivo de la presente Convención es luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en Africa, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyados por acuerdos de cooperación y asociación internacionales, en el marco de un enfoque integrado acorde con el programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas.
Artículo 3º. Principios. Para alcanzar los objetivos de la presente Convención y aplicar sus disposiciones, las partes se guiarán, entre otras cosas, por los siguientes principios:
b) Las Partes, en un espíritu de solidaridad y asociación internacionales, deben mejorar la cooperación y la coordinación a nivel subregional, regional e internacional, y encauzar mejor los recursos financieros, humanos, de organización y técnicos donde se necesiten;
c) Las partes deben fomentar, en un espíritu de asociación, la cooperación a todos los niveles del gobierno, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y los usuarios de la tierra, a fin de que se comprenda mejor el carácter y el valor de los recursos de tierras y de los escasos recursos hídricos en las zonas afectadas y promover el uso sostenible de dichos recursos, y
Artículo 4º. Obligaciones generales.
e) Reforzarán la cooperación subregional, regional e internacional;
g) Arbitrarán mecanismos institucionales, según corresponda, teniendo en cuenta la necesidad de evitar duplicaciones, y
h) Promoverán la utilización de los mecanismos y arreglos financieros bilaterales y multilaterales ya existentes que puedan movilizar y canalizar recursos financieros
sustanciales a los países Partes en desarrollo afectados para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía.
Artículo 5º. Obligaciones de los países Partes afectados. Además de las obligaciones que les incumben en virtud del artículo 4º, los países Partes afectados se comprometen a:
d) Promover la sensibilización y facilitar la participación de las poblaciones locales, especialmente de las mujeres y los jóvenes con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales, en los esfuerzos por combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, y
e) Crear un entorno propicio, según corresponda, mediante el fortalecimiento de la legislación pertinente en vigor y, en caso de que ésta no exista, la promulgación de nuevas leyes y el establecimiento de políticas y programas de acción a largo plazo.
Artículo 6º. Obligaciones de los países Partes desarrollados. Además de las obligaciones generales contraídas en virtud del artículo 4º, los países Partes desarrollados se comprometen a:
b) Proporcionar recursos financieros sustanciales y otras formas de apoyo, para ayudar a los países Partes en desarrollo afectados, en particular los de Africa, a elaborar y aplicar eficazmente sus propios planes y estrategias a largo plazo de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía:
d) Alentar la movilización de recursos financieros del sector privado y de otras fuentes no gubernamentales; y
Artículo 7º. Prioridad para Africa. Al aplicar la presente Convención, las Partes darán prioridad a los países Partes afectados de Africa, teniendo en cuenta la situación especial que prevalece en esa región, sin por ello desatender a los países Partes afectados en otras regiones.
Artículo 8º. Relación con otras convenciones.
1. Las Partes alentarán la coordinación de las actividades que se lleven a cabo con arreglo a la presente Convención y, en el caso de que sean Parte en ellos, con arreglo a otros acuerdos internacionales pertinentes, en particular la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención sobre la Diversidad Biológica, con el fin de obtener las mayores ventajas posibles de las actividades que se realicen en virtud de cada acuerdo, evitando al mismo tiempo la duplicación de esfuerzos. Las Partes fomentarán la ejecución de programas conjuntos, sobre todo en materia de investigación, capacitación, observación sistemática y reunión e intercambio de información, en la medida en que dichas actividades puedan contribuir a alcanzar los objetivos de los acuerdos de que se trate.
PROGRAMAS DE ACCION, COOPERACION CIENTIFICA
Y TECNICA Y MEDIDAS DE APOYO
Artículo 9º. Enfoque básico.
1. En el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 5º, los países Partes en desarrollo afectados y cualquier otro país Parte afectado en el marco del anexo de aplicación regional respectivo o que haya notificado por escrito a la Secretaría Permanente la intención de preparar un programa de acción nacional, elaborarán, darán a conocer al público y ejecutarán programas de acción nacionales aprovechando en la medida de lo posible los planes y programas que ya se hayan aplicado con éxito y, en su caso, los programas de acción subregionales y regionales, como elemento central de la estrategia para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía. Esos programas habrán de actualizarse mediante un proceso de participación continuo sobre la base de la experiencia práctica, así como los resultados de la investigación. La preparación de los programas de acción nacionales se vinculará estrechamente a otras actividades encaminadas a formular políticas nacionales en favor del desarrollo sostenible.
2. En las diversas formas de asistencia que presten los países Partes desarrollados de conformidad con el artículo 6º, se atribuirá prioridad al apoyo, según lo convenido a los programas de acción nacionales, subregionales y regionales de los países partes en desarrollo afectados, en particular los de Africa, ya sea directamente o por medio de las organizaciones multilaterales pertinentes, o de ambas formas.
Artículo 10. Programas de acción nacionales.
f) Asegurarán la participación efectiva a nivel local, nacional y regional de las organizaciones no gubernamentales y las poblaciones locales, tanto de mujeres como de hombres, especialmente de los usuarios de los recursos, incluidos los agricultores y pastores y sus organizaciones representantivas, en la planificación de políticas, la adopción de decisiones, la ejecución y la revisión de los programas de acción nacionales, y
d) La introducción de proyectos de fomento de medios alternativos de subsistencia que puedan generar ingresos en las zonas expuestas a la sequía, y
e) El desarrollo de programas de riego sostenible tanto para los cultivos como para el ganado.
Artículo 11. Programas de acción subregionales y regionales. Los países Partes afectados se consultarán y cooperarán para preparar, según corresponda, con arreglo a los anexos de aplicación regional pertinentes, programas de acción subregionales o regionales con el fin de armonizar y complementar los programas nacionales así como de incrementar su eficacia. Las disposiciones del artículo 10 se aplicarán mutatis mutandis a los programas subregionales y regionales. Dicha cooperación incluye conjuntos convenidos para la gestión sostenible de recursos naturales transfronterizos, la cooperación científica y técnica y el fortalecimiento de las instituciones pertinentes.
Artículo 12. Cooperación internacional. Los países Partes afectados, en colaboración con otras Partes y con la comunidad internacional, deberán cooperar con miras a asegurar la promoción de un entorno internacional propicio para la aplicación de la Convención. Esa cooperación deberá abarcar también los sectores de transferencia de tecnología, así como de investigación científica y desarrollo, reunión de información y distribución de recursos financieros.
Artículo 13. Asistencia para la elaboración y ejecución de los programas de acción.
c) Aumentar la flexibilidad de diseño, financiación y ejecución de los proyectos de manera acorde con el enfoque experimental e iterativo indicado para la participación de las comunidades locales, y
d) Establecer, según corresponda, procedimientos administrativos y presupuestales para acrecentar la eficiencia de los programas de cooperación y de apoyo.
Artículo 14. Coordinación en la elaboración y ejecución de los programas de acción.
Artículo 15. Anexos de aplicación regional. Se seleccionarán elementos para su corporación en los programas de acción y se adaptarán en función de los factores socioeconómicos, geográficos y climáticos propios de los países Partes o regiones afectados, así como de su nivel de desarrollo. Las directrices para preparar programas de acción, así como sus objetivos y contenido específicos en lo que respecta a determinadas subregiones y regiones, figuran en los anexos de aplicación regional.
Artículo 16. Reunión e intercambio de información. Las Partes acuerdan, según sus capacidades respectivas, integrar y coordinar la reunión, el análisis y el intercambio de datos e información pertinentes, tanto a corto como a largo plazo, para asegurar la observación sistemática de la degradación de las tierras en las zonas afectadas y comprender mejor y evaluar mejor los procesos y efectos de la sequía y la desertificación. De esta forma se ayudaría a conseguir, entre otras cosas, una alerta temprana y una planificación anticipada para los períodos de variaciones climáticas adversas, de manera que los usuarios en todos los niveles, incluidas especialmente las poblaciones locales, pudieran hacer un uso práctico de esos conocimientos. A este efecto, según corresponda:
i) Tratará de utilizar normas y sistemas compatibles,
ii) Abarcará los datos y las estaciones pertinentes, incluso en las zonas remotas,
iii) Utilizará y difundirá tecnología moderna de reunión, transmisión y evaluación de datos sobre degradación de las tierras, y
b) Velarán por que la reunión, el análisis y el intercambio de información respondan a las necesidades de las comunidades locales y a las de las esferas decisorias, con el fin de resolver problemas concretos, y porque las comunidades locales participen en esas actividades;
f) Intercambiarán información procedente de todas las fuentes públicamente accesibles que sea pertinente para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía y dispondrán que esa información sea plena, abierta y prontamente asequible, y
Artículo 17. Investigación y desarrollo.
1. Las Partes se comprometen a promover, según sus capacidades respectivas y por conducto de las instituciones nacionales, subregionales, regionales e internacionales competentes, la cooperación técnica y científica en la esfera de la lucha contra la desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía.
Con ese fin, apoyarán las actividades de investigación que:
b) Respondan a objetivos bien definidos, atiendan las necesidades concretas de las poblaciones locales y permitan identificar y aplicar soluciones que mejoren el nivel de vida de las personas que viven en las zonas afectadas;
d) Desarrollen y refuercen las capacidades de investigación nacionales, subregionales y regionales en los países Partes en desarrollo afectados, en particular en Africa, incluido el perfeccionamiento de los conocimientos prácticos locales y el fortalecimiento de las capacidades pertinentes, especialmente en países cuya base para la investigación sea débil, prestando especial atención a la investigación socioeconómica de carácter multidisciplinario y basada en la participación;
f) Promuevan la realización de programas conjuntos de investigación entre los organismos de investigación nacionales, subregionales, regionales e internacionales, tanto del sector público como del sector privado, para la obtención de tecnologías perfeccionadas, accesibles y económicamente asequibles para el desarrollo sostenible mediante la participación efectiva de las poblaciones y las comunidades locales, y
Artículo 18. Transferencia, adquisición, adaptación y desarrollo de tecnología.
1. Las Partes se comprometen a promover, financiar y/o ayudar a financiar, según lo convenido por mutuo acuerdo y de conformidad con sus respectivas leyes y/o políticas nacionales, la transferencia, adquisición, adaptación y desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales, económicamente viables y socialmente aceptables para combatir la desertificación y/o mitigar los efectos de la sequía, con miras a contribuir al desarrollo sostenible en las zonas afectadas. Dicha cooperación se llevará a cabo bilateral o multilateralmente, según corresponda, aprovechando plenamente los conocimientos
especializados de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. En particular, las Partes:
d) Harán extensiva la cooperación tecnológica con los países Partes en desarrollo afectados e incluso, cuando corresponda, las operaciones conjuntas, especialmente a los sectores que fomenten medios alternativos de subsistencia, y
c) Alentar y apoyar activamente el mejoramiento y la difusión de dicha tecnología, conocimientos, experiencias y prácticas, o el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en ellos, y
Artículo 19. Fomento de capacidades, educación y sensibilización del público.
b) El fortalecimiento de la capacidad de formación e investigación a nivel nacional en la esfera de la desertificación y la sequía;
e) La adaptación, cuando sea necesario, de la correspondiente tecnología ecológicamente racional y de los métodos tradicionales de agricultura y de pastoreo a las condiciones socioeconómicas modernas;
j) El funcionamiento más eficaz de las instituciones y estructuras jurídicas nacionales existentes y, cuando corresponda, mediante la creación de otras nuevas, así como el fortalecimiento de la planificación y la gestión estratégicas; y
e) Evaluarán las necesidades de educación en las zonas afectadas, elaborarán planes de estudios adecuados y ampliarán, según sea necesario, los programas de educación y de instrucción elemental para adultos, así como las oportunidades de acceso para todos, especialmente para los jóvenes y las mujeres, sobre la identificación, la conservación, el uso y la gestión sostenibles de los recursos naturales de las zonas afectadas, y
2. Para ello, los países Partes desarrollados, otorgando prioridad a los países Partes africanos afectados y sin descuidar a los países Partes en desarrollo afectados de otras regiones, de conformidad con el artículo 7º, se comprometen a:
c) Facilitar mediante la cooperación internacional la transferencia de tecnologías, conocimientos y experiencia, y
b) En el ámbito de los órganos directivos de las instituciones y servicios financieros y fondos multilaterales, incluidos los bancos y fondos regionales de desarrollo, darán la debida prioridad y prestarán la debida atención al apoyo a los países Partes en desarrollo afectados, en particular los de Africa, para llevar a cabo actividades que faciliten la aplicación de la Convención, en particular los programas de acción que estos países emprendan en el marco de los anexos de aplicación regional, y
Artículo 21. Mecanismos financieros.
a) Faciliten el suministro de la necesaria financiación a los niveles nacional, subregional, regional y mundial, para las actividades que se realicen en cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Convención;
d) Faciliten el establecimiento, según corresponda, de mecanismos como fondos nacionales de lucha contra la desertificación, incluidos los que entrañan la participación de organizaciones no gubernamentales, a fin de canalizar, de manera rápida y eficiente, recursos financieros para acciones a nivel local en los países Partes en desarrollo afectados, y
5. En su primer período ordinario de sesiones, la Conferencia de las Partes identificará la entidad que ha de ser organización huésped del Mecanismo Mundial.
La Conferencia de las Partes y la organización que ésta identifique deberán convenir determinadas modalidades que aseguren, entre otras cosas, que el Mecanismo Mundial:
c) Suministre a las Partes interesadas y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes información sobre las fuentes disponibles de fondos y sobre las modalidades de financiación, para facilitar la coordinación entre dichas Partes; y
7. En su tercer período ordinario de sesiones, la Conferencia de las Partes examinará las políticas, modalidades de funcionamiento y actividades del Mecanismo Mundial responsable ante ella de conformidad con el párrafo 4º, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 7º. Sobre la base de este examen estudiará y adoptará las medidas pertinentes.
2. La Conferencia de las Partes será el órgano supremo de la Convención y, conforme a su mandato, adoptará las decisiones necesarias para promover su aplicación efectiva. En particular, la Conferencia de las Partes:
e) Acordará y aprobará, por consenso, su reglamento y reglamento financiero, así como los de los órganos subsidiarios;
i) Promoverá y reforzará las relaciones con otras convenciones pertinentes evitando la duplicación de esfuerzos; y
7. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados, así como todo Estado Miembro u observador en ellos que no sea Parte en la Convención, podrán estar representados en los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes como observadores. Todo órgano u organismo sea nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental, competente en las materias de que trata la Convención que haya informado a la Secretaría Permanente de su deseo de estar representado en un período de sesiones de la Conferencia de las Partes como observador podrá ser admitido en esa calidad, a menos que se oponga un tercio de las Partes presentes.
La admisión y participación de los observadores se regirá por el reglamento aprobado por la Conferencia de las Partes.
8. La Conferencia de las Partes podrá solicitar a organizaciones nacionales e internacionales competentes y especialmente en las esferas pertinentes que le proporcionen información en relación con el inciso g) del artículo 16, el inciso c) del párrafo 1º del artículo 17 y el inciso b) del párrafo 2º del artículo 18.
Artículo 23. Secretaría permanente.
c) Prestar asistencia a los países Partes en desarrollo afectados, en particular los de Africa, si estos así lo solicitan, para que reúnan y transmitan la información requerida con arreglo a las disposiciones de la Convención;
Artículo 24. Comité de Ciencia y Tecnología.
Artículo 25. Red de instituciones, organismos y órganos.
2. Sobre la base de los resultados del estudio y la evaluación a que se refiere el párrafo... y el presente artículo, el Comité de Ciencia y Tecnología hará recomendaciones a la Conferencia de las Partes sobre los medios de facilitar y reforzar la integración en redes de las unidades a nivel local y nacional o a otros niveles con el fin de asegurar que se atienda a las necesidades específicas que se señalan en los artículos 16 a 19.
a) Identificará cuáles son las unidades nacionales, subregionales, regionales e internacionales más aptas para integrarse en redes y recomendará los procedimientos operacionales y el calendario para ello; y
Artículo 26. Comunicación de información.
2. Los países Partes afectados facilitarán una descripción de las estrategias que hayan adoptado de conformidad con el artículo 5º de la presente Convención, así como cualquier información pertinente sobre su aplicación.
3. Los países Partes afectados que ejecuten programas de acción de conformidad con los artículos 9º a 15, facilitarán una descripción detallada de esos programas y de su aplicación.
6. La información transmitida de conformidad con los párrafos 1º a 4º del presente artículo será comunicada cuanto antes por la Secretaría Permanente a la Conferencia de las Partes y a los órganos subsidiarios pertinentes.
Artículo 27. Medidas para resolver cuestiones relacionadas con la aplicación. La Conferencia de las Partes examinará y adoptará procedimientos y mecanismos institucionales para resolver las cuestiones que puedan plantearse en relación con la aplicación de la convención.
Artículo 28. Arreglo de controversias.
a) El arbitraje de conformidad con un procedimiento adoptado en cuanto sea posible por la Conferencia de las Partes en un anexo;
3. Una Parte que sea una organización regional de integración económica podrá hacer una declaración de efecto análogo en relación con el arbitraje, con arreglo al procedimiento señalado en el inciso a) del párrafo 2º del presente artículo.
4. Las declaraciones que se formulen de conformidad con el párrafo 2º del presente artículo seguirán en vigor hasta su expiración en el plazo previsto en ellas o hasta que expire un plazo de tres meses a contar de la fecha en que se haya entregado al depositario la notificación escrita de su revocación.
6. Las Partes en una controversia, en caso de que no acepten el mismo procedimiento ni ninguno de los procedimientos previstos en el párrafo 2º del presente artículo, si no han conseguido resolver su controversia dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que una de ellas haya notificado a la otra la existencia de dicha controversia, la someterán a conciliación, a petición de cualquiera de ellas, de conformidad con el procedimiento adoptado en cuanto sea posible por la Conferencia de las Partes en un anexo.
Artículo 29. Rango jurídico de los anexos.
Artículo 30. Enmiendas a la Convención.
2. Las enmiendas a la Convención deberán aprobarse en un período ordinario de sesiones de la Conferencia de las Partes. La Secretaría Permanente deberá comunicar a las Partes el texto del proyecto de enmienda al menos seis meses antes de la sesión en que se proponga dicha aprobación. La Secretaría Permanente comunicará asimismo los proyectos de enmienda a los signatorios de la Convención.
4. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas o de adhesión a ellas se entregarán al depositario. Las enmiendas aprobadas de conformidad con el párrafo 3º del presente artículo entrarán en vigor para las Partes que las hayan aceptado al nonagésimo día contado desde la fecha en que el depositario haya recibido los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de por lo menos dos tercios de las Partes en la Convención, que hayan sido también Partes en ella a la época de la aprobación de las enmiendas.
Artículo 31. Aprobación y enmiendas de los anexos.
2. Todo anexo que no sea un anexo de aplicación regional, o toda enmienda a un anexo que no sea una enmienda a un anexo de aplicación regional, que hayan sido aprobados con arreglo el párrafo 1º del presente artículo, entrarán en vigor para todas las Partes en la Convención seis meses después de la fecha en que el depositario haya comunicado a las Partes la aprobación de dicho anexo o enmienda, con excepción de las Partes que hayan notificado por escrito al depositario, dentro de ese período, su no aceptación del anexo o de la enmienda. Para las Partes que hayan retirado su notificación de no aceptación, el anexo o la enmienda entrarán en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que el depositario haya recibido el retiro de dicha notificación.
3. Todo anexo adicional de aplicación regional o toda enmienda a cualquier anexo de aplicación regional que hayan sido aprobados con arreglo al párrafo 1º del presente artículo, entrarán en vigor para todas las Partes en la Convención seis meses después de la fecha en que el depositario haya comunicado a las Partes la aprobación de dicho anexo o enmienda, con excepción de:
b) Las Partes que hayan hecho una declaración con respecto a los anexos adicionales de aplicación regional o las enmiendas a los anexos de aplicación regional, de conformidad con el párrafo 4º del artículo 34. En este caso, los anexos o enmiendas entrarán en vigor para dichas Partes al nonagésimo día contado desde la fecha en que depositen su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de los anexos o enmiendas, o de adhesión a ellos.
1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2º del presente artículo, cada Parte en la Convención tendrá un voto.
Artículo 33. Firma. La presente Convención quedará abierta a la firma de los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus organismos especializados o que sean Partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y de las organizaciones regionales de integración económica, en París, el 14 y 15 de octubre de 1994, y posteriormente en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, hasta el 13 de octubre de 1995.
Artículo 34. Ratificación, aceptación, aprobación y adhesión.
2. Las organizaciones regionales de integración económica que pasen a ser Partes en la Convención sin que ninguno de sus Estados Miembros lo sea quedarán sujetas a todas las obligaciones que les incumban en virtud de la Convención.
En el caso de las organizaciones que tengan uno o más Estados Miembros que sean Partes en la Convención, la organización de que se trate y sus Estados Miembros determinarán sus respectivas responsabilidades en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que les incumban en virtud de la Convención. En esos casos, la organización y sus Estados Miembros no podrán ejercer simultáneamente los derechos conferidos por la Convención.
Artículo 35. Disposiciones provisionales. Las funciones de la Secretaría a que se hace referencia en el artículo 23 serán desempeñadas a título provisional, hasta que la Conferencia de las Partes concluya su primer período de sesiones, por la Secretaría establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 47, 188, del 22 de diciembre de 1992.
2. En lo que respecta a cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe la Convención o se adhiera a ella una vez depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la Convención entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que el Estado o la organización de que se trate haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación aprobación o adhesión.
3. A los efectos de los párrafos 1º y 2º del presente artículo, el instrumento que deposite una organización regional de integración económica no se considerará como adicional de los que hayan depositado los Estados Miembros de la organización.
Artículo 37. Reservas. No se podrán formular reservas a la presente Convención.
Artículo 39. Depositario. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la Convención.
Artículo 40. Textos auténticos. El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Anexo de aplicación regional para Africa
Artículo 1º. Alcance. El presente anexo se aplica a Africa, en relación con cada una de las Partes y de conformidad con la Convención, en particular su artículo 7º, a los efectos de luchar contra la desertificación y/o mitigar los efectos de la sequía en sus zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas.
Artículo 2º. Objeto. A la luz de las condiciones particulares de Africa, el objeto del presente anexo, en los planos nacional, subregional y regional de Africa, es el siguiente:
b) Proveer a una aplicación eficiente y práctica de la Convención que responda a las condiciones específicas de Africa, y
c) Promover procesos y actividades relacionados con la lucha contra la desertificación y/o la mitigación de los efectos de la sequía en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas de Africa.
Artículo 3º. Condiciones particulares de la región africana. En cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención, las Partes, al aplicar el presente anexo, adoptarán un criterio básico que tome en consideración las siguientes condiciones particulares de Africa:
f) La gran dependencia de las poblaciones respecto de los recursos naturales para su subsistencia, lo cual, agravado por los efectos de las tendencias y los factores demográficos, una escasa base tecnológica y prácticas de producción insostenibles, contribuye a una grave degradación de los recursos;
g) Los deficientes marcos institucionales y jurídicos, la escasa base de infraestructura y la falta de una capacidad científica, técnica y educacional que hace que haya grandes necesidades de fomento de las capacidades; y
Artículo 4º. Compromisos y obligaciones de los países Partes africanos.
d) Promover el intercambio de información sobre tecnologías apropiadas, conocimientos, experiencia y prácticas entre los países de la región; y
2. En cumplimiento de las obligaciones generales y específicas establecidas en los artículos 4º y 5º de la Convención, los países Partes africanos afectados procurarán:
b) Llevar adelante y consolidar las reformas actualmente en marcha en materia de descentralización, tenencia de los recursos y fomento de la participación de las poblaciones y comunidades locales; y
Artículo 5º. Compromisos y obligaciones de los Estados Partes desarrollados.
1. Al cumplir las obligaciones previstas en los artículos 4º, 6º y 7º de la Convención, los países Partes desarrollados atribuirán prioridad a los países Partes africanos afectados y, en este contexto:
a) Los ayudarán a combatir la desertificación y/o mitigar los efectos de la sequía entre otras cosas proporcionándoles recursos financieros o de otra índole o facilitándoles el acceso a ellos y promoviendo, financiando o ayudando a financiar la transferencia y adaptación de tecnologías y conocimientos ambientales apropiados y el acceso a éstos, según lo convenido por mutuo acuerdo y de conformidad con las políticas nacionales, teniendo en cuenta su adopción de la estrategia de erradicar la pobreza, como estrategia central;
b) Seguirán destinando recursos considerables y/o aumentarán los recursos para luchar contra la desertificación y/o mitigar los efectos de la sequía, y
2. Otros países Partes podrán facilitar en forma voluntaria tecnología, conocimientos y experiencia relacionados con la descertificación y/o recursos financieros a los países Partes africanos afectados. La cooperación internacional facilitará la transferencia de dichos conocimientos teóricos y prácticos y técnicas.
Artículo 6º. Marco estratégico de planificación del desarrollo sostenible.
Artículo 7º. Calendario de elaboración de los programas de acción. Hasta la entrada en vigor de la Convención los países Partes africanos, en colaboración con otros miembros de la comunidad internacional, según corresponda y en la medida de lo posible, aplicarán provisionalmente las disposiciones de la Convención relativas a la elaboración de programas de acción nacionales, subregionales y regionales.
Artículo 8º. Contenido de los programas de acción nacionales.
b) La determinación de los factores que contribuyen a la desertificación y/o la sequía y los recursos y medios disponibles y necesarios, y el establecimiento de políticas apropiadas y las medidas de reacción y disposiciones institucionales y de otra índole necesarias para combatir esos fenómenos y/o mitigar sus efectos; y
i) Proveer al aumento de los ingresos y las oportunidades de empleo, especialmente para los miembros más pobres de la comunidad, mediante:
- La creación de mercados para los productos agropecuarios.
- La creación de instrumentos financieros adaptados a las necesidades locales.
- El desarrollo de actividades económicas para agrícolas y no agrícolas,
iii) Adopción y aplicación de políticas de población y migración para reducir la presión demográfica sobre las tierras; y
- Las tierras agrícolas y de pastoreo.
- La cubierta vegetal y la flora y fauna silvestres.
ii) Impartir capacitación en las técnicas relacionadas con la gestión sostenible de los recursos naturales, reforzar las campañas de sensibilización y educación ambiental y difundir conocimientos al respecto; y
ii) Promover una política de descentralización activa por la que se delegue en las autoridades locales las responsabilidades de gestión y adopción de decisiones, y estimular la iniciativa y la responsabilidad de las comunidades locales y la creación de estructuras locales, y
d) Medidas para mejorar el conocimiento de la desertificación:
ii) Fomentar la capacidad nacional de investigación así como de reunión, tratamiento, intercambio y análisis de la información para lograr que los fenómenos se comprendan mejor y que los resultados del análisis se plasmen en operaciones concretas, y
- La interacción del clima y la desertificación, y
ii) Mejorar los sistemas de alerta temprana y la capacidad de reacción, velar por la administración eficiente del socorro de emergencia y la ayuda alimentaria y perfeccionar los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos, los programas de protección del ganado, las obras públicas y los medios de subsistencia para las zonas propensas a la sequía, y
Artículo 9º. Elaboración de los programas de acción nacionales e indicadores para la ejecución y evaluación. Cada uno de los países Partes africanos afectados designará a un órgano apropiado de coordinación nacional para que desempeñe una función catalizadora en la elaboración, ejecución y evaluación de su programa de acción nacional.
Este órgano de coordinación, de conformidad con el artículo 3º y según corresponda:
a) Determinará y examinará medidas, comenzando por un proceso de consulta a nivel local en que participen las poblaciones y comunidades locales y cooperen las administraciones locales, los países Partes donantes y organizaciones intergubernamentales y no gobernamentales, sobre la base de consultas iniciales de los interesados a nivel nacional;
c) Facilitará, programará y formulará actividades de proyectos basados en criterios interactivos y flexibles para asegurar la participación activa de las poblaciones de las zonas afectadas y reducir al mínimo los efectos adversos de esas actividades, y determinará las necesidades de asistencia financiera y cooperación técnica estableciendo un orden de prioridades entre ellas;
d) Establecerá indicadores pertinentes que sean cuantificables y fácilmente verificables para asegurar el examen preliminar y evaluación de los programas de acción nacionales, que comprendan medidas a corto, mediano y largo plazo, y de la ejecución de esos programas de acción nacionales convenidos; y
e) Preparar informes sobre los progresos realizados en la ejecución de los programas de acción nacionales.
Artículo 10. Marco institucional de los programas de acción subregionales.
1. De conformidad con el artículo 4º de la Convención, los países Partes africanos cooperarán en la elaboración y ejecución de los programas de acción subregionales para Africa Central, Oriental, Septentrional, Meridional y Occidental. A ese efecto, podrán delegar en las organizaciones intergubernamentales competentes las responsabilidades siguientes:
Artículo 11. Contenido y elaboración de los programas de acción subregionales. Los programas de acción subregionales se centrarán en las cuestiones que más se presten para ser abordadas a nivel subregional. Los programas de acción subregionales establecerán, donde sea necesario, mecanismos para la gestión de los recursos naturales compartidos. Además, tales mecanismos se ocuparán eficazmente de los problemas transfronterizos relacionados con la desertificación y la sequía y prestarán apoyo para la ejecución concertada de los programas de acción nacionales. Las esferas prioritarias de los programas de acción subregionales se centrarán, según corresponda, en lo siguiente:
h) El fomento de la capacidad de las organizaciones subregionales para coordinar y prestar servicios técnicos y el establecimiento, la reorientación y el fortalecimiento de los centros e instituciones subregionales; e
Artículo 12. Marco institucional del programa de acción regional.
Artículo 13. Contenido del programa de acción regional. El programa de acción regional contendrá medidas relacionadas con la lucha contra la desertificación y/o la mitigación de los efectos de la sequía en las siguientes esferas prioritarias, según corresponda:
c) La búsqueda de soluciones en conjunto con la comunidad internacional para las cuestiones económicas y sociales de carácter mundial que repercuten en las zonas afectadas, teniendo en cuenta el inciso b) del párrafo 2º del artículo 4º de la Convención;
d) Promoción del intercambio de información, técnicas apropiadas, conocimientos técnicos y experiencia pertinente entre los países Partes afectados de Africa y sus subregiones y con otras regiones afectadas; fomento de la cooperación científica y tecnológica, particularmente en materia de climatología, meteorología, hidrología y fuentes de energía sustitutivas; coordinación de las actividades de investigación subregionales y regionales; y determinación de las prioridades regionales en materia de investigación y desarrollo;
e) Coordinación de redes para la observación sistemática y la evaluación y el intercambio de información, e integración de esas redes en redes mundiales; y
Artículo 14. Recursos financieros.
1. De conformidad con el artículo 20 de la Convención y con el párrafo 2º del artículo 4º, los países Partes afectados de Africa procurarán crear un marco macroeconómico propicio a la movilización de recursos financieros y establecerán políticas y procedimientos para encauzar mejor los recursos hacia los programas de desarrollo local, incluso por vía de organizaciones no gubernamentales, según corresponda.
2. Con arreglo a los párrafos 4º y 5º del artículo 21 de la Convención, las Partes convienen en establecer un inventario de las fuentes de financiación a los niveles nacional, subregional, regional e internacional para velar por la utilización racional de los recursos existentes y determinar las insuficiencias en la asignación de los recursos a fin de facilitar la ejecución de los programas de acción. El inventario será revisado y actualizado periódicamente.
3. De conformidad con el artículo 7º de la Convención, los países Partes desarrollados seguirán asignando considerables recursos o incrementarán los recursos destinados a los países Partes afectados de Africa así como otras formas de asistencia sobre la base de los acuerdos y arreglos de asociación a que se refiere el artículo 18, prestando la debida atención, entre otras cosas, a las cuestiones relacionadas con la deuda, el comercio internacional y los sistemas de comercialización, según lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 2º del artículo 4º de la Convención.
Artículo 15. Mecanismos financieros.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Convención, en que se estipula que se concederá prioridad a los países Partes afectados de Africa, y tomando en consideración la situación particular imperante en esa región, las Partes prestarán una atención especial a la aplicación en Africa de las disposiciones de los incisos d) y e) del párrafo 1º del artículo 21 de la Convención y, en particular:
a) A facilitar el establecimiento de mecanismos, como fondos nacionales de lucha contra la desertificación, a fin de canalizar recursos financieros para acciones a nivel local; y
Artículo 16. Asistencia y cooperación técnicas. Las Partes se comprometen, de conformidad con sus respectivas capacidades, a racionalizar la asistencia técnica prestada a los países Partes africanos y la cooperación con ellos a fin de aumentar la eficacia de los proyectos y programas entre otras cosas, mediante:
b) La asignación de prioridad a la utilización de expertos nacionales competentes o, cuando sea necesario, de expertos competentes de la subregión o de la región para la formulación, preparación y ejecución de los proyectos y para la creación de capacidad local allí donde se carezca de ella; y
Artículo 17. Transferencia, adquisición, adaptación de tecnología ambientalmente idónea y acceso a ésta. Al aplicar el artículo 18 de la Convención relativo a la transferencia, adquisición, adaptación y desarrollo de tecnología, las Partes se comprometen a dar prioridad a los países Partes africanos y, si es necesario, desarrollar nuevos modelos de asociación y cooperación con ellos a fin de reforzar sus capacidades en materia de investigación científica y desarrollo y de reunión y difusión de información para que puedan aplicar sus estrategias de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía.
Artículo 18. Acuerdos de coordinación y asociación.
1. Los países Partes africanos coordinarán la preparación, negociación y ejecución de los programas de acción nacionales, subregionales y regionales.
Podrán hacer participar, según corresponda, a otras Partes y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes en el proceso.
a) Servir de foro para negociar y concertar acuerdos de asociación basados en dichos programas nacionales, subregionales y regionales; y
a) Asesorando sobre la organización de acuerdos consultivos eficaces, aprovechando de la experiencia de otros acuerdos del mismo tipo;
b) Facilitando información a organismos bilaterales y multilaterales pertinentes acerca de reuniones o procesos de consulta, e incitándoles a participar en ellos activamente; y
b) Vigilarán y evaluarán la ejecución de los programas subregionales y regionales convenidos e informarán al respecto; y
6. La participación en los grupos consultivos estará abierta, según corresponda, a los gobiernos, los grupos y donantes interesados, los órganos fondos y programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones subregionales y regionales pertinentes y los representantes de las organizaciones no gubernamentales pertinentes. Los participantes en cada grupo consultivo determinarán las modalidades de su gestión y funcionamiento.
Artículo 19. Disposiciones de seguimiento. Del seguimiento de las disposiciones del presente anexo se encargarán los países Partes africanos, de conformidad con los artículos pertinentes de la Convención, de la siguiente manera:
a) En el plano nacional, por vía de un mecanismo cuya composición será determinada por cada uno de los países Partes africanos afectados.
Este mecanismo contará con la participación de representantes de las comunidades locales y funcionará bajo la supervisión del órgano nacional de coordinación a que se refiere el artículo 9º;
b) En el plano subregional, por vía de un comité consultivo científico y técnico de carácter multidisciplinario cuya composición y modalidades de funcionamiento serán determinadas por los países Partes africanos de la subregión de que se trate; y
c) En el plano regional, por vía de mecanismos determinados conforme a las disposiciones pertinentes del Tratado por el que se establece la Comunidad Económica Africana y por medio de un Comité Asesor Científico y Tecnológico para Africa.
Anexo de aplicación regional para Asia
Artículo 1º. Objeto. El objeto del presente anexo es señalar directrices y disposiciones para la aplicación efectiva de la Convención en los países Partes afectados de la región de Asia a la luz de las condiciones particulares de esa región.
Artículo 2º. Condiciones particulares de la región de Asia. En el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención, las Partes deberán tener en cuenta, según corresponda, las siguientes condiciones particulares, que son pertinentes en el distinto grado a los países Partes afectados de la región:
e) El hecho de que sus capacidades y sus estructuras institucionales aunque se están ampliando todavía son insuficientes para hacer frente a los problemas de la desertificación y la sequía en el plano nacional; y
f) Su necesidad de una cooperación internacional para lograr objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la lucha contra desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía.
Artículo 3º. Marco de los programas de acción nacionales.
2. Los países Partes afectados elaborarán los programas de acción nacionales que sean convenientes de conformidad con los artículos 9º a 11 de la Convención, prestando especial atención al inciso f) del párrafo 2º del artículo 10. En ese proceso podrán participar a petición del país Parte afectado de que se trate, organismos de cooperación bilaterales y multilaterales, según corresponda.
Artículo 4º. Programas de acción nacionales.
a) Designar órganos apropiados que se encarguen de la preparación coordinación y aplicación de sus programas de acción;
h) El establecimiento y/o fortalecimiento de sistemas de información, evaluación y seguimiento, así como sistemas de alerta temprana, en las regiones propensas a la desertificación y la sequía, teniendo en cuenta los factores climatológicos, meteorológicos, hidrológicos, biológicos y otros factores pertinentes; e
2. De conformidad con el artículo 10 de la Convención, la estrategia general de los programas nacionales hará hincapié en los programas integrados de desarrollo local para las zonas afectadas, basados en mecanismos de participación y en la integración de las estrategias de erradicación de la pobreza en los esfuerzos de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía. Las medidas sectoriales de los programas de acción deberán agruparse con arreglo a criterios prioritarios que tengan en cuenta la gran diversidad de las zonas afectadas de la región a que se hace referencia en el inciso a) del artículo 2º.
Artículo 5º. Programas de acción subregionales y conjuntos.
c) Evaluar los programas existentes relativos a la desertificación y la sequía de todas las Partes de la región o subregión o de algunas de ellas, y su relación con los programas nacionales; y
Artículo 6º. Actividades regionales. Las actividades regionales encaminadas a reforzar los programas de acción subregionales o conjuntos podrán incluir, entre otras cosas, medidas para fortalecer las instituciones y mecanismos de coordinación y cooperación a nivel nacional, subregional y regional, y promover la aplicación de los artículos 16 a 19 de la Convención. Esas actividades podrán incluir:
a) La promoción y el fortalecimiento de redes de cooperación técnica;
c) La evaluación de las necesidades en materia de transferencia de tecnología y el fomento de la adaptación y utilización de esas tecnologías; y
Artículo 7º. Recursos y mecanismos financieros.
2. De conformidad con la Convención y sobre la base del mecanismo de coordinación previsto en el artículo 8º, así como de acuerdo con sus políticas nacionales de desarrollo, los países Partes afectados de la región deberán, individual o conjuntamente:
Artículo 8º. Mecanismos de cooperación y coordinación.
1. Los países Partes afectados, por conducto de los órganos pertinentes designados de conformidad con el inciso a) del párrafo 1º del artículo 4º y otras Partes de la región podrán, según corresponda, establecer un mecanismo con el propósito, entre otras cosas, de:
c) Promover la cooperación científica, técnica, tecnológica y financiera, de conformidad con los artículos 5º a 7º;
d) Identificar las necesidades en materia de cooperación exterior; y
2. Los países Partes afectados, por conducto de los órganos pertinentes designados de conformidad con el inciso a) del párrafo 1º del artículo 4º, y otras Partes de la región podrán también, según corresponda, aplicar un proceso de consulta y coordinación en lo que respecta a los programas de acción nacionales, subregionales y conjuntos. En su caso, esas Partes podrán requerir la participación en ese proceso de otras Partes y de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes. Entre otras cosas, esa coordinación estará encaminada a lograr acuerdo sobre las oportunidades de cooperación internacional de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Convención, fomentar la cooperación técnica y canalizar los recursos para que se utilicen eficazmente.
b) Facilitando información a instituciones bilaterales y multilaterales pertinentes sobre reuniones de coordinación e incitándolas a que participen activamente en ellas; y
Anexo de aplicación regional para América Latina y el Caribe
Artículo 1º. Objeto. El objeto del presente anexo es señalar las líneas generales para la aplicación de la Convención en la región de América Latina y el Caribe, a la luz de las condiciones particulares de la región.
Artículo 2º. Condiciones particulares de la región de América Latina y el Caribe. De conformidad con las disposiciones de la Convención, las Partes deberán tomar en consideración las siguientes características específicas de la región:
b) La frecuente aplicación en las zonas afectadas de modelos de desarrollo no sostenibles como resultado de la compleja interacción de factores físicos, biológicos, políticos, sociales, culturales y económicos, incluidos algunos factores económicos internacionales como el endeudamiento externo, el deterioro de la relación de intercambio y las prácticas comerciales que distorsionan los mercados internacionales de productos agrícolas, pesqueros y forestales; y
c) La severa reducción de la productividad de los ecosistemas, que es la principal consecuencia de la desertificación y la sequía y que se expresa en la disminución de los rendimientos agrícolas, pecuarios y forestales, así como en la pérdida de la diversidad biológica. Desde el punto de vista social, se generan procesos de empobrecimiento, migración, desplazamientos internos y deterioro de la calidad de vida de la población; por lo tanto, la región deberá enfrentar de manera integral los problemas de la desertificación y la sequía, promoviendo modelos de desarrollo sostenibles, acordes con la realidad ambiental, económica y social de cada país.
Artículo 3º. Programas de acción.
1. De conformidad con la Convención, en particular los artículos 9º a 11, y de acuerdo con su política de desarrollo nacional, los países Partes afectados de la región deberán, según corresponda, preparar y ejecutar programas de acción nacionales para combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, como parte integrante de sus políticas nacionales de desarrollo sostenible. Los programas subregionales y regionales podrán ser preparados y ejecutados en la medida de los requerimientos de la región.
Artículo 4º. Contenido de los programas de acción nacionales. En función de sus respectivas situaciones y de conformidad con el artículo 5º de la Convención, los países Partes afectados de la región podrán tener en cuenta las siguientes áreas temáticas en su estrategia de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía:
h) Establecimiento y/o fortalecimiento de sistemas de información, evaluación y seguimiento y de alerta temprana en las regiones propensas a la desertificación y la sequía, teniendo en cuenta los aspectos climatológicos, meteorológicos, hidrológicos, biológicos, edafológicos, económicos y sociales;
k) Aspectos demográficos interrelacionados con los procesos de desertificación y sequía; y
Artículo 5º. Cooperación técnica, científica y tecnológica. De conformidad con la Convención, en particular los artículos 16 a 18, y en el marco del mecanismo de coordinación previsto en el artículo 7º de este anexo, los países Partes afectados de la región, individual o conjuntamente:
c) Fomentarán la utilización de las tecnologías, los conocimientos, la experiencia y las prácticas tradicionales de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 2 del artículo 18 de la Convención;
Artículo 6º. Recursos y mecanismos financieros. De conformidad con la Convención, en particular los artículos 20 y 21, y de acuerdo con su política de desarrollo nacional, en el marco del mecanismo de coordinación previsto en el artículo 7º de este anexo, los países Partes afectados de la región, individual o conjuntamente:
b) Determinarán los requerimientos de cooperación internacional para complementar sus esfuerzos nacionales; y
c) Promoverán la participación de instituciones de cooperación financiera bilateral y/o multilateral, con el fin de asegurar la aplicación de la Convención,
Artículo 7º. Marco institucional.
a) Establecerán y/o fortalecerán puntos focales nacionales, encargados de la coordinación de las acciones relativas a la lucha contra la desertificación y/o la mitigación de los efectos de la sequía;
i) Intercambiar información y experiencias,
ii) Coordinar acciones a nivel subregional y regional,
iii) Promover la cooperación técnica, científica, tecnológica y financiera,
iv) Identificar los requerimientos de cooperación externa, y
2º. Los países partes afectados de la región celebrarán reuniones periódicas de coordinación cuya convocación podrá ser facilitada por la Secretaría Permanente, de conformidad con el artículo 23 de la Convención, si así se le solicita:
Anexo de aplicación regional para el Mediterráneo norte
Artículo 1º. Objeto. El objeto del presente anexo es señalar directrices y disposiciones para la aplicación práctica y efectiva de la Convención en los países partes afectados de la región del Mediterráneo norte a la luz de sus condiciones particulares.
Artículo 2º. Condiciones particulares de la región del Mediterráneo norte. Las condiciones particulares de la región del Mediterráneo norte a que se hace referencia en el artículo 1º incluyen:
a) Condiciones climáticas semiáridas que afectan a grandes zonas, sequías estacionales, extrema variabilidad de las lluvias y lluvias súbitas de gran intensidad;
f) Explotación insostenible de los recursos hídricos, que es causa de graves daños ambientales, incluidos la contaminación química, la salinización y el agotamiento de los acuíferos; y
Artículo 3º. Marco de planificación estratégica del desarrollo sostenible.
2. Se emprenderá un proceso de consulta y participación, en el que tomen parte las instancias gubernamentales pertinentes, las comunidades locales y las organizaciones no gubernamentales, a fin de dar orientación sobre una estrategia basada en la planificación flexible que permita una participación local máxima, de conformidad con el inciso f) del párrafo 2º del artículo 10 de la Convención.
Artículo 4º. Obligación de elaborar programas de acción nacionales y un calendario. Los países Partes afectados de la región del Mediterráneo norte elaborarán programas de acción nacionales y, según corresponda, programas de acción subregionales, regionales o conjuntos. La preparación de dichos programas deberá completarse lo antes posible.
Artículo 5º. Elaboración y ejecución de programas de acción nacionales. Al preparar y aplicar los programas de acción nacionales de conformidad con los artículos 9º y 10 de la Convención, según corresponda, cada país parte afectado de la región:
Artículo 6º. Contenido de los programas de acción nacionales. Los países Partes afectados de la región podrán incluir en sus programas de acción nacionales medidas relacionadas con:
e) La promoción de medios alternativos de subsistencia; y
Artículo 7º. Programas de acción subregionales, regionales y conjuntos.
2. Las disposiciones de los artículos 5 y 6 del presente anexo se aplicarán mutatis mutandis a la preparación y aplicación de programas de acción subregionales, regionales y conjuntos. Además estos programas podrán incluir la realización de actividades de investigación y desarrollo relativas a determinados ecosistemas de las zonas afectadas.
b) Evaluar las capacidades operativas y las actividades de las instituciones regionales, subregionales y nacionales pertinentes; y
Artículo 8º. Coordinación de los programas de acción subregionales, regionales y conjuntos. Al preparar un programa de acción subregional, regional o conjunto, los países Partes afectados podrán establecer un comité de coordinación, compuesto de representantes de cada uno de los países Partes afectados de que se trate, encargado de examinar los progresos en la lucha contra la desertificación, armonizar los programas de acción nacionales, hacer recomendaciones en las diversas etapas de preparación y aplicación del programa de acción subregional, regional o conjunto, y servir de centro para el fomento y la coordinación de la cooperación técnica, de conformidad con los artículos 16 a 19 de la Convención.
Artículo 9º. Países que no reúnen las condiciones para recibir asistencia. No reúnen las condiciones para recibir asistencia en el marco de la presente Convención para la ejecución de los programas de acción nacionales, subregionales, regionales y conjuntos los países Partes desarrollados afectados de la región.
Artículo 10. Coordinación con otras subregiones y regiones. Los programas de acción subregionales, regionales y conjuntos de la región del Mediterráneo norte podrán elaborarse y aplicarse en colaboración con los programas de otras subregiones o regiones, en particular con los de la subregión de Africa septentrional.»
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado de la “Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular Africa”, hecha en París el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), documento que reposa en los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.
Artículo 1º. Apruébase la “Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular Africa”, hecha en París el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la “Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular Africa”, hecha en París el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante apoderado, solicitó a la Corte declarar la exequibilidad tanto de la ley como del Convenio objeto de revisión, con fundamento en las siguientes consideraciones:
La Constitución de 1991 otorgó una especial importancia a la protección del medio ambiente y a los recursos naturales y al derecho colectivo que tienen las personas de vivir en un ambiente sano, como se desprende de la preceptiva de los arts. 2, 65, 78 a 81 de la Constitución.
El fenómeno de la desertización en nuestro país ha venido en crecimiento en virtud de la expansión de la frontera agrícola. Inicialmente las zonas catalogadas como desérticas en la Península de la Guajira, las Sabanas de la Orinoquía y algunas zonas puntuales de la Región Andina sobre todo en Boyacá, Santander, Tolima y Huila no eran muy extensas. Donde es más severa la agravación de la desertización es en el sur del Huila y en el Cañón del Chicamocha; igualmente este proceso viene ocurriendo en las zonas de colonización, desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta las selvas del Chocó y del Amazonas.
Se requiere de la adopción de medidas enérgicas como las previstas en la Convención para remediar diferentes problemas de desertización en diversas zonas del territorio nacional, para prevenir su extensión y agravamiento y orientar los procesos de desarrollo con criterios de sostenibilidad.
La ratificación de la Convención de la ONU de lucha contra la desertización constituye un aporte valioso en la lucha por la preservación del medio ambiente, por las repercusiones que tiene para nuestras relaciones con Venezuela y Brasil, en lo relativo al manejo de las cuencas hidrográficas en las respectivas zonas fronterizas.
La adopción de la Convención por Colombia, abrirá el acceso a los recursos procedentes de distintas fuentes internacionales, que son indispensables para llevar a cabo los diferentes proyectos tendientes a lograr el control del problema de la desertización en el país.
El Ministerio del Medio Ambiente, por intermedio de su apoderada, igualmente solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la ley y el Convenio referidos. Expresó el Ministerio en su intervención:
La Convención constituye un instrumento de lucha de las Naciones Unidas contra la desertización, es decir, contra la degradación de las tierras de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, ocasionada por factores tales como las variaciones climáticas y la actividad humana.
La ratificación de la Convención es necesaria por la conexidad que existe entre sus normas y las contenidas en la Convención de Río de Janeiro y en el Convenio sobre Diversidad Biológica; porque constituye una guía para el manejo de los problemas de desertización en Colombia y, además, porque permite el acceso a recursos internacionales para asumir el costo de las labores que las correspondientes medidas de protección requieren.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural intervino en el proceso, a través de apoderado, y pidió a la Corte declarar exequible los instrumentos normativos sometidos a su revisión, con base en las siguientes consideraciones:
Se estima que una área aproximada del 20% de las tierras de Colombia se encuentra en proceso de degradación severa y un 30% adicional, afectado por una erosión moderada. El problema tiene su origen en el incremento de los procesos de deforestación, de la ampliación de la frontera agrícola y del mal uso de los suelos en la actividad agropecuaria.
El objetivo de la Convención está en consonancia con lo previsto en el artículo 65 de la Constitución; del mismo modo, los principios en que se inspira el referido instrumento internacional, en el sentido de garantizar la participación ciudadana en la elaboración de los programas de lucha contra la desertización, buscar la solidaridad internacional y fomentar la cooperación del Gobierno, las comunidades y los usuarios de la tierra para defender los recursos naturales, tienen respaldo en los artículos 2, 58 y 226 de la misma Constitución.
Las obligaciones que para los Estados se prevén en la Convención no se oponen a los principios en que, conforme al artículo 9 superior, se basan en las relaciones exteriores de Colombia.
El Procurador General de la Nación emitió su concepto en relación con la constitucionalidad de la Convención sometida a revisión y de la Ley 461 de 1998, aprobatoria de la misma, y solicitó a la Corte declarar su exequibilidad, con fundamento en los siguientes argumentos:
- El trámite de la ley se cumplió en el Congreso Nacional de la República, con arreglo a lo previsto en la Constitución para la expedición de las leyes ordinarias, razón por la cual no existe motivo alguno que afecte su constitucionalidad, por el aspecto formal.
- En cuanto al aspecto material de la Convención se anota:
La Convención consagra una serie de directrices y programas que deben implementar y desarrollar los Estados Partes, con el fin de prevenir o minimizar los efectos de la desertización de los suelos de sus respectivos territorios. En estas circunstancias, se infiere que dicha Convención es eminentemente programática, porque en esencia busca establecer criterios y directrices para controlar la desertización y conjurar o mitigar sus efectos, particularmente en lo relativo a los problemas de sequía, en los países subdesarrollados, "mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación y asociación internacionales, orientadas a conservar un grado razonable de desarrollo sostenible (art. 2 del Tratado).
Los Estados Partes han decidido unificar sus esfuerzos para combatir los citados fenómenos ecológicos, "pues la desertización y la sequía afectan su desarrollo sostenible, poniendo en grave peligro la seguridad alimentaria de las poblaciones que se encuentran bajo su radio de acción, situación que demanda una pronta y eficaz gestión de los Estados y de las entidades no gubernamentales, con miras a eliminar las condiciones que propician la degradación paulatina del entorno vital por su explotación abusiva e irracional".
De los anexos del Convenio merece especial atención el que se refiere a América Latina y el Caribe, para donde se señalan programas de prevención ambiental y mecanismos de aplicación para controlar y mitigar los efectos de la desertización, que deben ser adoptados por los países comprometidos.
El instrumento internacional que se revisa, concuerda con lo establecido en los artículos 2, 8, 9, 11, 13, 49, 58, 63, 65, 78, 79, 80, 81, 88 y 334 de la Constitución Política, que dispensa la tutela jurídica a la vida y al ambiente sano, "mediante una serie de instrumentos que permiten el desarrollo de los procesos vitales en condiciones dignas, justas y saludables". Por consiguiente, constituye un complemento a la gama de macearíamos jurídicos del derecho interno para frenar el creciente deterioro de las condiciones ambientales "pues los constantes procesos de destrucción de los ecosistemas nacionales, están afectando seriamente los niveles de agua, con la correspondiente disminución de las tierras cultivables por efectos de la desertización".
1. Trámite Gubernamental.
1.1. Según lo señala el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, el texto de la presente Convención fue preparado por un Comité Intergubernamental de negociación creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una vez adoptado el texto de la referida Convención se abrió en París un período para la firma durante los días 14 y 15 de octubre de 1994. Posteriormente, el instrumento fue depositado en la Sede de la ONU en Nueva York hasta el 13 de octubre de 1995.
1.2. El Representante permanente de Colombia ante la ONU en Ginebra, recibió plenos poderes del Presidente de la República para suscribir el referido instrumento a nombre del Gobierno Nacional, bajo reserva de su posterior ratificación, como en efecto se hizo. Posteriormente el Gobierno le impartió su aprobación y lo sometió a la consideración del Congreso Nacional, para efectos del cumplimiento del trámite previsto en la Constitución para la expedición de las leyes aprobatorias de Convenios o Tratados Internacionales.
2. Trámite ante el Congreso.
2.1. En el Senado de la República.
El proyecto de ley se presentó ante el Senado de la República y se le dio el trámite de una ley ordinaria, en virtud de que la Constitución no establece un procedimiento especial para la expedición de leyes aprobatorias de Tratados Internacionales. El respectivo trámite se cumplió de la siguiente manera:
Conforme con las certificaciones y demás documentos que reposan en el expediente, el proyecto de ley fue radicado bajo el número 29/97 en el Senado.
Dicho proyecto se presentó por la señora Ministra de Relaciones Exteriores, Dra. María Emma Mejía el día 30 de julio de 1997. Tanto el texto del proyecto como la exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso número 310 del 1º de agosto de 1997.
La ponencia para primer debate en la Comisión 2º del Senado se preparó por el Congresista Gustavo Galvis Hernández y se publicó en la Gaceta número 384 del 19 de septiembre de 1997.
Sometido a aprobación en primer debate, la Comisión aprobó por unanimidad el proyecto, por un quórum de diez de los trece miembros, el día 12 de noviembre de 1997, según certificación expedida por el Secretario el 16 de septiembre de 1998.
La ponencia para segundo debate fue preparada por el mismo Congresista Galvis Hernández y publicada en la Gaceta del Congreso número 479 del 14 de noviembre de 1997.
El proyecto se aprobó en la Plenaria del Senado el 16 de diciembre de 1997, según certificación expedida por el Subsecretario General de la Corporación (Acta número 23 publicada en la Gaceta número 154 de 23 – 12/97).
2.2. En la Cámara de Representantes.
En la Cámara de Representantes el proyecto fue radicado bajo el número 175/97 y recibió el siguiente trámite:
- La ponencia para primer debate fue presentada por el Representante Agustín Hernando Valencia Mosquera y publicada en la Gaceta número 69 del 15 de mayo de 1998.
- La Comisión 2ª le impartió aprobación al proyecto por unanimidad en sesión del 13 de mayo de 1998, con la asistencia de trece de sus miembros, según certificación del Secretario General de dicha Comisión de fecha 9 de septiembre de 1998.
- La ponencia para segundo debate fue presentada por el mismo Representante Valencia Mosquera el 27 de mayo de 1998 y publicada en la Gaceta del Congreso número 94 del 18 de junio de 1998.
- El proyecto fue aprobado por unanimidad por la Plenaria de la Cámara el 9 de junio de 1998 con un quórum de 129 votos, según certificación expedida por el Secretario General de dicho organismo.
- El Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria de la Convención que se revisa, el 4 de agosto de 1998.
Con el fin de establecer la congruencia del Convenio con la Constitución, se procede a desagregar su contenido destacando las formulaciones más relevante de dicho instrumento, así:
La Convención consta de un preámbulo, cuarenta artículos recogidos en 6 partes y 4 anexos que en su orden regulan la aplicación del Acuerdo en diferentes regiones del mundo, así: Anexo I, DE LA APLICACIÓN REGIONAL PARA AFRICA; Anexo II, DE APLICACIÓN REGIONAL PARA ASIA; Anexo III, DE APLICACIÓN REGIONAL PARA AMERICA Y EL CARIBE, y Anexo IV, DE LA APLICACIÓN REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO NORTE.
- En su parte introductoria la Convención contiene una serie de afirmaciones y declaraciones, que son de usanza en este tipo de instrumentos, que recogen los principios y valores que los Estados Partes afirman y buscan preservar.
- La primera parte consta de tres capítulos; el primer capítulo contiene varias definiciones que tienen por objeto orientar al intérprete en relación con el alcance de las disposiciones y los fines que se propone realizar el Convenio; el segundo capítulo establece el objetivo del Convenio, cual es la de luchar contra la desertización y la sequía grave que de ésta se deriva, las cuales han afectado a un gran número de países en el mundo y, particularmente, a extensas regiones del continente africano. Ello demanda, la aplicación en las zonas afectadas de programas a largo plazo que se propongan objetivos integrados que comprendan el aumento de la productividad de las tierras, su rehabilitación y la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y de la tierra (art. 2); y en el capítulo tercero se señalan los principios que deben observar los Estados Partes para alcanzar los objetivos y aplicar las disposiciones de la Convención, basados en la cooperación y la coordinación internacional y nacional, que supone esfuerzos a nivel regional y subregional, de los organismos y autoridades y de los usuarios de la tierra, a fin de encauzar mejor los recursos financieros y técnicos y alcanzar que se comprenda mejor el carácter y el valor de los recursos tierra y agua en las zonas afectadas y promover el uso sostenible de dichos recursos (art. 3).
- La Parte Segunda relativa a las disposiciones generales alude en distintos capítulos a las obligaciones generales y particulares de los Países Parte afectados por el problema de la desertización, a las obligaciones concretas de los Estados Parte desarrollados, a la prioridad que la aplicación de la Convención tiene para Africa y a la relación que tiene éste Instrumento con otras Convenciones.
Es de destacar, que las diversas regulaciones de la Convención en las referidas materias apuntan, en general, al fomento de la cooperación entre los Estados Partes en materia de protección ambiental y de conservación de los recursos tierra y agua, en la medida en que ellos guarden relación con la desertización y la sequía, y la necesidad de ocuparse de las causas subyacentes de dichos procesos, particularmente de las relacionadas con los factores socioeconómicos que contribuyen a causarlos.
Especial significación tienen en el Convenio las obligaciones que se les atribuyen a los Estados Partes desarrollados, en el sentido de apoyar de manera activa los programas de lucha contra la desertización, mediante el suministro de recursos financieros, especialmente, y de promover y facilitar a los Estados Parte en desarrollo, afectados por dicho problema, de la tecnología, los conocimientos y la experiencia apropiados.
Igualmente, merece especial mención la regulación contenida en el art. 8 de la Convención, según la cual los Estados Parte alentaran la coordinación de las actividades que se lleven a cabo conforme a ésta, con arreglo a otros Convenios que guardan similitud con la materia tratada y que, por consiguiente, se consideran complementarios de las disposiciones que se examinan, en particular la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención sobre la Diversidad Biológica; ello con el fin de racionalizar, coordinar y de lograr mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades previstas en cada acuerdo. En tal virtud se advierte, que las disposiciones de la Convención no faltarán los derechos u obligaciones que incumban a los Estados Parte en virtud de otros acuerdos bilaterales, regionales o internaciones que hayan celebrado con anterioridad a la fecha en que aquella entra en vigor.
- La Parte Tercera alude, en general, a los programas de acción, cooperación científica y técnica y medidas de apoyo; a cada uno de éstos se les dedica una sección específica, así:
Sección 1. Programas de acción, que comprende: el enfoque básico, los programas de acción nacional, los programas de acción subregionales y regionales, la cooperación internacional y la asistencia y coordinación para la elaboración y ejecución de programas de acción.
Sección 2. Cooperación científica y técnica, que cobija: la reunión, análisis e intercambio de información, la investigación y desarrollo y la transferencia, adaptación, y desarrollo de tecnología.
Sección 3. Medidas de apoyo, que abarca: el fomento de capacidades, educación y sensibilidad del público, los recursos y los mecanismos financieros.
En síntesis, en la aludida parte se regula lo atinente al aspecto dinámico y operativo de la Convención, en lo que concierne con las acciones específicas y a los medios o instrumentos materiales requeridos para llevar a cabo sus objetivos, mediante el apoyo recíproco entre los Estados Parte, que se traduce especialmente en la integración de los programas nacionales con los subregionales y regionales y la promoción de un entorno internacional propicio para la aplicación de las normas de la Convención; asi como la cooperación científica y tecnológica en materia de investigación, transferencia, adquisición, adaptación y desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales, económicamente viables y socialmente aceptables, dirigidas a combatir la desertización, mitigar los efectos de la sequía y contribuir al desarrollo sostenible de las zonas afectadas.
También se contempla en esta parte el fomento y la participación de las comunidades, el fortalecimiento de los servicios de apoyo y extensión, con el fin de difundir efectivamente las técnicas y métodos tecnológicos que permitan mejorar los sistemas tradicionales de agricultura y de pastoreo mediante la capacitación de los agentes de extensión agrícola y de los miembros de organizaciones rurales.
- La parte cuarta, se ocupa de crear las instituciones encargadas del manejo y aplicación de las políticas de la Convención, con sus correspondientes funciones. En efecto, se establecen las siguientes instituciones: "Conferencia de las Partes" (art. 22), la "Secretaría Permanente" (art. 23), el "Comité de Ciencia y Tecnología" (art. 24) y la "Red de Instituciones, Organismos y Organos" a nivel nacional, subregional, regional e internacional que debe crear la Conferencia de las Partes, previa recomendación del Comité de Ciencia y Tecnología (art. 25).
La Conferencia de las Partes constituye el órgano superior de la Convención, encargado, por lo mismo, de fijar las políticas y adoptar las decisiones necesarias para promover su aplicación efectiva.
A la Secretaría Permanente le corresponde, en general, organizar los períodos de sesiones de la Conferencia, reunir y transmitir los informes que se le presenten, coordinar sus actividades con las secretarías de otros órganos internacionales y preparar los informes sobre el desempeño de sus actividades.
El Comité de Ciencia y Tecnología, por su parte, le compete asesorar a la Conferencia en materias científica y tecnológica sobre cuestiones relativas a la lucha contra la desertización y la mitigación de los efectos de la sequía.
- La parte Quinta se refiere a los procedimientos y regula el establecimiento de medidas de información y comunicación, especialmente a la Conferencia, por conducto de la Secretaría, sobre las medidas que hayan adoptados en aplicación de la Convención los diferentes Estados miembros, bien individualmente o a nivel subregional o regional.
También en esta parte se hace referencia a la solución de controversias entre los países miembros sobre interpretación o aplicación de la Convención, que se puede lograr, mediante un acuerdo de negociación o la aplicación de los siguientes mecanismos: el arbitraje que se lleva a cabo de conformidad con el procedimiento que adopte la Conferencia; o la intervención de la Corte Internacional de Justicia;
En punto a las enmiendas de la Convención, el artículo 30 otorga el derecho a cualquier Estado Parte de promover su reforma. Esta deberá aprobarse en un período ordinario de la Conferencia de las Partes y conforme a un procedimiento que se establece.
- La parte sexta contempla las disposiciones finales que se refieren a aspectos tales como la firma y vigencia de la Convención, y en tal sentido se dispone que el Instrumento quedará abierto a la firma de los Estados Miembros de la Naciones Unidas o de cualquiera de sus organismos especializados o que sean parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en París los días 14 y 15 de octubre de 1994, y posteriormente en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, hasta el 13 de octubre de 1995.
La Convención entrará en vigor el nonagésimo día contado desde la fecha en que se haya depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Por último el artículo 37 señala que "no se podrá formular reservas a la Convención", aunque en el artículo siguiente se permite a las Partes denunciarla en cualquier momento", después de que hayan transcurrido tres años a partir de la fecha en que haya entrado a regir.
3.2. Constitucionalidad de la Convención.
Constituye un lugar común señalar que la problemática del medio ambiente tiene un alcance universal, es decir, que involucra y afecta a todas las comunidades nacionales. Por ello, la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales en sus diferentes manifestaciones compromete por igual a todos los Estados desarrollados o en vía de desarrollo, aunque en relación con los primeros la responsabilidad es mayor, precisamente por ser los generadores principales de las acciones u omisiones que afectan o amenazan el ambiente.
El reto del momento para los pueblos del mundo consiste en diseñar un desarrollo económico en armonía con la naturaleza, teniendo en cuenta que existe una relación causal entre la pobreza, el crecimiento de la población y el deterioro ambiental.
Resulta absurdo pensar, como lo entienden algunos, que el uso de la tierra y del agua, al igual que de otros recursos naturales, no está sometido a límites sociales ni ecológicos, al punto que no parece que el hombre haya tomado conciencia todavía de los factores y valores que están en juego ni a todos les es aclaro admitir que tales recursos y, particularmente, los recursos naturales renovables, pueden agotarse o contaminarse y su deterioro significar igualmente la posibilidad cierta del desmejoramiento de la calidad de vida de la humanidad.
Justamente, el Instrumento Internacional que se revisa constituye un esfuerzo con ocasión del cual los países se comprometen a promover una estrategia dirigida a revertir los procesos de desertización o al menos a mitigar los efectos de las sequías, mediante la adopción de medidas eficaces como resultado de los acuerdos de cooperación y asociación internacionales, para permitir el desarrollo sostenible de las zonas afectadas.
Con ocasión de las obligaciones que contraen los Estados Parte se comprometen a incorporar la protección ambiental dentro de sus planes de desarrollo, otorgar prioridad a la asignación de recursos suficientes para atacar los procesos de desertización, promover la participación y sensibilización de las comunidades mediante el apoyo de los organismos oficiales y fortalecer las legislaciones nacionales y las políticas de apoyo a largo plazo para la protección del entorno ecológico.
Para atender las responsabilidades precedentes, la Convención reclama el establecimiento de una cooperación financiera que asegure la ejecución de los programas de acción y permita la planificación a largo plazo, la cooperación científica y tecnológica entre las partes para asegurar la observación sistemática de la degradación de las tierras en las zonas afectadas y producir una alerta temprana y una planificación anticipada de las variaciones climáticas adversas que permitan asumir oportunamente los controles adecuados en orden a suprimir o mitigar el impacto nocivo de tales situaciones.
Particularmente se encomienda a la "Conferencia de las Partes" buscar, por conducto de los diversos mecanismos del sistema de las Naciones Unidas y de las instituciones multilaterales de financiación, el apoyo a nivel nacional, subregional y regional de las actividades que permitan a las Partes cumplir sus obligaciones convencionales.
Del contendido de los objetivos, de las medidas que se diseñan para lograrlos, y de las obligaciones que se establecen a cargo de los Estados Parte, se infiere el propósito de éstos dirigido a buscar finalidades valiosas en materia ambiental, dirigidas a procurar el aumento racional de la productividad de las tierras, a conseguir su rehabilitación y conservación, y a lograr su aprovechamiento sostenible, bajo el criterio del manejo ambiental integral.
Las disposiciones de la Convención se ajustan a los preceptos de la Constitución. En efecto:
- El conjunto de sus preceptos responde al principio de la participación de la comunidad en todos aquéllos asuntos atinentes a la preservación del ambiente y en las decisiones que puedan afectarla, lo cual se adecua a la preceptiva de los arts. 1 y 79 de la Constitución. Es así como diferentes normas de la Convención aluden a la necesidad de la participación de la comunidad en los programas relacionados en la lucha contra la desertización, a partir de la creación de una conciencia sobre la magnitud del problema y sus posibles soluciones.
- En el artículo 80 Superior el Constituyente incorporó formalmente el principio del "desarrollo sostenible"[1], el cual constituye la expresión moderna de la política ambientalista, esto es, del nuevo concepto del desarrollo, en el que se logre armonizar el crecimiento económico con el desarrollo ambiental de suerte que se pueda evitar un crecimiento general desequilibrado, pero sin perder de vista, naturalmente, que dicho desarrollo debe ser compatible con la filosofía propia del Estado Social de Derecho.
El artículo en cuestión constituye una clara e indiscutible expresión de la más genuina de la intervención del Estado en la dirección de la economía, si se admite que el uso de este poder comporta, como lo señala el artículo 334 superior, la racionalización del uso y aprovechamiento de los recursos naturales y demás bienes productivos, con el fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, los beneficios del desarrollo pero también, y por sobre todo, la preservación de un ambiente sano.
La referida racionalización es necesaria para hacer compatible dicho aprovechamiento con el deber que se impone al Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines (art. 79C.P.).
Las disposiciones de la Convención son compatibles, igualmente, con otros preceptos constitucionales como los contenidos en los artículos 2, que señala, entre otros fines esenciales del Estado, la de lograr la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 65, que le otorga prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícola, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, con lo cual se promueve el desarrollo sostenible del sector rural, y 67, que encomienda a la educación la misión especial de formar a los colombianos en el respeto a una serie de valores y principios que permitan, no sólo el mejoramiento cultural, científico y tecnológico, sino la protección del ambiente.
- Por lo demás, las normas de la Convención atienden a los criterios contenidos en los arts. 9, 150-16 y 226 de la Constitución, según los cuales "las relaciones del Estado colombiano deben estar dirigidas a buscar, bajo el supuesto del respeto por la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho internacional la internacionalización de sus relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y teniendo en cuenta la conveniencia nacional".[2]
- Por último, es de anotar que la prohibición a los Estados Parte para formular reservas a la Convención, no es una cláusula que a juicio de la Corte pueda resultar contraria a los mandatos constitucionales, como tuvo ocasión de precisarlo en la sentencia C-154 de 1999[3].
Del análisis anterior es fácil concluir que la ley 461 de 1998 como la Convención que aprueba, no quebrantan ninguna norma constitucional, de manera que la Corte procederá a declara uno y otro acto jurídico exequible.
Primero: Declarar EXEQUIBLE la "Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación (sic) en los países afectados por sequía grave o desertificación (sic), en particular Africa", hecho en París el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 461 del cuatro (4) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998), por medio de la cual se aprobó la Convención referida en el numeral anterior.
Tercero: Ordenar que se comunique la presente decisión a la Presidencia de la República, al Presidente del Congreso de la República y a los Ministros de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Agricultura y Desarrollo Rural, para los fines contemplados en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política.
[1] Ley 99/93, art. 3. “Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”.
[2] Sentencia C-184/99 M.P. Antonio Barrera Carbonell
[3]. M.P. Antonio Barrera Carbonell.