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Timestamp: 2018-06-19 19:59:27
Document Index: 324423670

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 27', 'artículo 169', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 5']

BOE.es - Documento BOE-A-1993-18896
Documento BOE-A-1993-18896
«BOE» núm. 171, de 19 de julio de 1993, páginas 21953 a 21959 (7 págs.)
BOE-A-1993-18896
<En el momento de la firma del Convenio de Adhesión del Reino de España y la República Portuguesa al Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales, abierto para la firma en Roma el 19 de junio de 1980, el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Portuguesa se asocian a la primera Declaración Común formulada por los Gobiernos de los Estados miembros de las Comunidades Europeas en el momento de la firma del Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales.>
El Reino de España y la República Portuguesa se adhieren al Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980.
<d) Las comunicaciones realizadas en aplicación de los artículos 23, 24, 25, 26 y 30;>.
condiciones que los otros textos del Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales.
El presente Convenio será ratificado por los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación se depositarán ante la Secretaría General del Consejo de las Comunidades Europeas.
El presente Convenio entrará en vigor en cada Estado contratante que lo ratifique ulteriormente el primer día del tercer mes siguiente al del depósito de sus instrumentos de ratificación.
a) El depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación.
e) A las cuestiones pertenecientes al Derecho de sociedades, asociaciones y personas jurídicas, tales como la constitución, la capacidad jurídica, el funcionamiento interno y la disolución de las sociedades, asociaciones y personas jurídicas, así como la responsabilidad personal legal de los socios y de los órganos por las deudas de la sociedad, asociación o persona jurídica.
f) A la cuestión de saber si un intermediario puede obligar frente a terceros a la persona por cuya cuenta pretende actuar, o si un órgano de una sociedad, de una asociación o una persona jurídica puede obligar frente a terceros a esta sociedad, asociación o persona jurídica.
g) A la constitución de <trusts>, a las relaciones que se creen entre quienes lo constituyen, los <trustees> y los beneficiarios.
2. Las partes podrán, en cualquier momento, convenir que se rija el contrato por una ley distinta de la que lo regía con anterioridad bien sea en virtud de una elección anterior según el presente artículo, o bien en virtud de otras disposiciones del presente Convenio. Toda modificación relativa a la determinación de la ley aplicable, posterior a la celebración del contrato, no obstará a la validez formal del contrato a efectos del artículo 9. y no afectará a los derechos de terceros.
3. La elección por las partes de una ley extranjera, acompañada o no de la de un Tribunal extranjero, no podrá afectar, cuando todos los demás elementos de la situación estén localizados en el momento de esta elección en un solo país, a las disposiciones que la ley de ese país no permita derogar por contrato, denominadas en lo sucesivo <disposiciones imperativas>.
4. La existencia y la validez del consentimiento de las partes en cuanto a la elección de la ley aplicable se regirán por las disposiciones establecidas en los
artículos 8, 9 y 11.
1. En la medida en que la ley aplicable al contrato no hubiera sido elegida conforme a las disposiciones del artículo 3., el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos. No obstante, si una parte del contrato fuera separable del resto del contrato y presenta una vinculación más estrecha con otro país, podrá aplicarse, con carácter excepcional, a esta parte del contrato la ley de este otro país.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3., la elección por las partes de la ley aplicable no podrá producir el resultado de privar al consumidor de la protección que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que tenga su residencia habitual:
- Si la celebración del contrato hubiera sido precedida, en este país, por una oferta que le haya sido especialmente dirigida o por publicidad, y si el consumidor hubiera realizado en ese país los actos necesarios para la celebración del contrato, o
- Si la otra parte contratante o su representante hubiera recibido el encargo del consumidor en ese país, o
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, y en defecto de elección realizada conforme al artículo 3, estos contratos se regirán por la ley del país en que el consumidor tenga su residencia habitual, si concurrieran las circunstancias descritas en el apartado 2 del presente artículo.
- A los contratos de transporte.
- A los contratos de suministro de servicios cuando los servicios deban prestarse al consumidor, exclusivamente, en un país distinto de aquel en que tenga su residencia habitual.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4 y a falta de elección realizada de conformidad con el artículo 3., el contrato de trabajo se regirá:
Ambito de la Ley del contrato
1. La Ley aplicable al contrato en virtud de los artículos 3. a 6. y del artículo 12 del presente Convenio regirá en particular:
c) Dentro de los límites de los poderes atribuidos al Tribunal por sus leyes procesales, las consecuencias del incumplimiento total o parcial de estas obligaciones, incluida la evaluación del daño en la medida en que la gobiernen normas jurídicas.
En los contratos celebrados entre personas que se encuentren en un mismo país, las personas físicas que gocen de capacidad de conformidad con la Ley de ese país sólo podrán invocar su incapacidad resultante de otra Ley si, en el momento de la celebración del contrato, laotra parte hubiera conocido tal incapacidad o la hubiera ignorado en virtud de imprudencia por su parte.
1. Cuando, en virtud de un contrato, una persona, el acreedor, tenga derechos con respecto a otra persona, el deudor, y un tercero tenga la obligación de satisfacer al acreedor o haya satisfecho, de hecho, al acreedor en ejecución de esa obligación, la Ley aplicable a esta obligación del tercero determinará si éste puede ejercer en su totalidad o en parte los derechos que el acreedor tenía contra el deudor según la Ley que rija sus relaciones. 2. La misma regla se aplicará cuando varias personas estén obligadas por la misma obligación contractual y el acreedor haya sido satisfecho por una de ellas.
2. Los actos jurídicos podrán ser acreditados por cualquier medio de prueba admitido bien por la Ley del Foro, o bien por cualquiera de las leyes contempladas
en el artículo 9., conforme a la cual el acto sea válido en cuanto a la forma, siempre que tal medio de prueba pueda ser empleado ante el Tribunal que esté en conocimiento del asunto.
a) El apartado 1 del artículo 7.
1. Si un Estado contratante, después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio con respecto a él, deseare formar parte de un Convenio multilaleral cuyo objeto principal, o uno de los objetos principales, fuera una regulación de Derecho internacional privado en una de las materias regidas por el presente Convenio, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 23. No obstante, el plazo de dos años, previsto en el apartado 3 del artículo 23, se reducirá a un año.
a) El presente Convenio no se aplicará a las islas Feroe, salvo declaración en contrario del Reino de Dinamarca.
b) El presente Convenio no se aplicará a los territorios europeos situados fuera del Reino Unido y cuyas relaciones internacionales hubiera asumido éste, salvo declaración en contrario del Reino Unido para tal territorio.
2. El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique, acepte o apruebe con posterioridad, el primer dia del tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación.
3. La denuncia será notificada, al menos, seis meses antes de la expiración del plazo de diez años o de cinco años, según los casos, al Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas. Podrá limitarse estadenuncia a uno de los territorios a los que se hubiera extendido el Convenio en aplicación del apartado
2 del artículo 27.
No obstante lo dispuesto en el Convenio, Dinamarca podrá conservar la disposición incluida en el artículo 169 de la <Solov> (legislación marítima) relativo a la Ley aplicable a las cuestiones sobre transporte marítimo de mercancías y podrá modificar esta disposición sin atenerse al procedimiento previsto en el artículo 23 del Convenio.
I. preocupados por evitar, en toda la medida de lo posible la dispersión de las normas de conflictos de leyes en una mutiplicidad de instrumentos y las divergencias entre tales reglas,
desean que las instituciones de las Comunidades Europeas, en el ejercicio de sus competencias sobre la base de los Tratados que las han constituido, se esfuercen, cuando proceda, por adoptar normas de conflictos que, en lo posible, estén en armonía con las del Convenio.
II. declaran su intención de proceder, desde la firma del Convenio y a la espera de quedar vinculadas por el artículo 24 del Convenio, a consultas recíprocas en el caso de que uno de los Estados firmantes desease formar parte de un Convenio a que debiera aplicarse el procedimiento previsto en el citado artículo.
Fecha depósito instrumento: Países Bajos, 11 de febrero de 1993; España, 2 de junio de 1993.
El presente Convenio entrará en vigor para España y los Países Bajos el 1 de septiembre de 1993, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio.
Madrid, 9 de julio de 1993.-El Secretario general Técnico, Antonio Bellver Manrique.
Ratificación por instrumento de 07 de mayo de 1993.
Entrada en vigor: del Convenio de 1 de septiembre de 1993.
Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: 9 de julio de 1993.
declarando competente al TJCE en determinadas materias para la interpretación del Convenio de Roma: Acuerdo Internacional de 19 de diciembre de 1988 (Ref. BOE-A-2004-17305).
declarando competente al TJCE para la interpretación del Convenio de Roma: Acuerdo Internacional de 19 de diciembre de 1988 (Ref. BOE-A-2004-17304).
sobre adhesión de Austria, Finlandia y Suecia: Convenio de 29 de noviembre de 1996 (Ref. BOE-A-1999-7657).
con el art. 27, sobre Extensión a Gibraltar: Nota Diplomatica en BOE núm. 162, de 8 de julio de 1995 (Ref. BOE-A-1995-16522).
CORRECCION de erratas en BOE núm. 189, de 9 de agosto de 1993 (Ref. BOE-A-1993-20746).
PUBLICA el texto revisado del Convenio de 19 de junio de 1980 (Ref. DOUE-L-1992-81858).