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Timestamp: 2020-08-04 09:10:14
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BOE.es - Documento BOE-A-2001-16691
Documento BOE-A-2001-16691
Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 206, de 28 de agosto de 2001, páginas 32444 a 32453 (10 págs.)
BOE-A-2001-16691
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2001/07/13/10
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos.
Cuando fue aprobada la Ley de Archivos, la situación de los archivos y del patrimonio documental catalán ponía de manifiesto unos déficit crónicos derivados de la actuación insuficiente del Estado en esta materia y de la inexistencia, durante muchos años, de unas instituciones de gobierno catalanas y, por lo tanto, de una política propia en este ámbito.
Es un hecho reconocido fuera de Cataluña que ésta cuenta hoy en día con un buen desarrollo normativo en esta materia y que se ha dotado de un sistema genuino e innovador. En el transcurso de los quince años de vigencia de la Ley 6/1985, de Archivos, el país ha evolucionado institucionalmente y se ha dotado de nuevos organismos y de infraestructuras culturales. En estos años casi se ha multiplicado por diez el número de archivos existentes en Cataluña, fundamentalmente a través de la actuación de la Generalidad y la Administración Local. La Generalidad ha creado los archivos centrales de sus departamentos y organismos, ha recibido el traspaso de los archivos provinciales y ha desplegado por el territorio la Red de Archivos Históricos Comarcales. Al mismo tiempo, las Administraciones Locales han hecho un importante esfuerzo de creación de archivos en los correspondientes ámbitos territoriales y competenciales. El Archivo Nacional de Cataluña, creado en el año 1980, ha pasado a ser la infraestructura archivística principal del país. Aún queda pendiente, sin embargo, la adaptación al marco estatutario del régimen jurídico del denominado Archivo de la Corona de Aragón, que contiene los fondos más importantes para la historia de la Cataluña medieval y moderna. Igualmente, queda todavía pendiente el retorno a Cataluña de fondos documentales extraídos y expoliados después de la guerra de 1936-1939, al amparo de la legislación o la actuación de gobiernos no democráticos y de las instituciones que de ellos dependían.
Otros factores importantes en la transformación del panorama archivístico catalán de los últimos años ha sido la progresiva implantación de una política catalana de patrimonio cultural, la renovación radical de la archivística catalana y la configuración de una Administración Pública transparente y democrática al servicio de los ciudadanos. En este período las Administraciones Públicas han adquirido conciencia plena de la importancia de la gestión documental y de la correcta organización de los archivos como elementos clave de la gestión administrativa, de los servicios que prestan a los ciudadanos y de la conservación y la utilización social del patrimonio documental. Las Administraciones han asumido la existencia de los archivos como un órgano más de su organización y como un resorte básico de los diversos servicios culturales que ofrecen a los ciudadanos. Tampoco puede obviarse, en este mismo período, el desarrollo constante y progresivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que han tenido y seguirán teniendo su influencia en la gestión documental y los archivos.
La presente Ley se propone asegurar que la documentación de Cataluña cumpla las funciones y los objetivos que interesan a la sociedad. Considera los documentos como fuente de información. Muchos de ellos integran, o pasarán a integrar, el patrimonio documental catalán y constituyen, o constituirán, la memoria de la nación. La Ley entiende también que muchos documentos acreditan derechos y deberes de los ciudadanos, de las entidades y de las Administraciones Públicas y que, en este sentido, tienen un papel relevante en sus relaciones. Reconoce que el acceso a los documentos públicos es un derecho que tiene cualquier persona, independientemente de la nacionalidad, de la condición o de la función que tenga, derecho que solamente puede denegarse en aplicación de las limitaciones establecidas legalmente.
Asimismo, la Ley considera que para las Administraciones Públicas la gestión correcta de los documentos es esencial por cuanto se refiere a la seguridad jurídica y a la actuación eficaz y transparente y con apertura a la participación ciudadana.
El objeto de la presente Ley es impulsar la gestión y garantizar la preservación de la documentación de Cataluña, tanto pública como privada, de acuerdo con sus valores, para ponerla al servicio de los intereses generales; establecer los derechos y deberes de los que son titulares de los mismos, así como de los ciudadanos en relación a dicha documentación, y regular el Sistema de Archivos de Cataluña.
a) Documento: Los bienes definidos por el artículo 19.1 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán.
b) Fondo documental: El conjunto orgánico de documentos reunidos en un proceso natural que han sido generados o recibidos por una persona física o jurídica, pública o privada, a lo largo de su existencia y en el ejercicio de las actividades y las funciones que le son propias.
c) Colección documental: El conjunto no orgánico de documentos que se reúnen y se ordenan en función de criterios subjetivos o de conservación. d) Archivo: El organismo o la institución desde donde se realizan específicamente funciones de organización, de tutela, de gestión, de descripción, de conservación y de difusión de documentos y fondos documentales. También se entiende por archivo el fondo o el conjunto de fondo documentales.
e) Sistema de gestión documental: El conjunto de operaciones y de técnicas, integradas en la gestión administrativa general, basadas en el análisis de la producción, la tramitación y los valores de los documentos, que se destinan a la planificación, el control, el uso, la conservación y la eliminación o la transferencia de los documentos a un archivo, con el objetivo de racionalizar y unificar su tratamiento y conseguir una gestión eficaz y rentable de los mismos.
f) Documentación de Cataluña: Los documentos producidos o recibidos en Cataluña por cualquier persona o entidad, pública o privada.
g) Patrimonio documental: El conjunto integrado por los documentos citados por el artículo 19.2, 3 y 4 de la Ley 9/1993, del Patrimonio Cultural Catalán. Lo son también los documentos de las instituciones catalanas medievales y del antiguo régimen vinculadas a la Corona y los de las administraciones de carácter señorial y jurisdiccional, singularmente los documentos incluidos en los fondos que por los procesos de desamortización son de propiedad pública.
h) Documentación en fase activa: La documentación administrativa que una unidad tramita o utiliza habitualmente en sus actividades.
i) Documentación en fase semiactiva: La documentación administrativa que, una vez concluida la tramitación ordinaria, no es utilizada de forma habitual por la unidad que la ha producido en su actividad.
j) Documentación inactiva o histórica: La documentación administrativa que, una vez concluida la vigencia administrativa inmediata, posee valores primordialmente de carácter cultural o informativo.
1. Forman el ámbito de aplicación de la presente Ley todos los documentos de titularidad pública de Cataluña, los documentos privados que integran o pueden integrar el patrimonio documental catalán, los archivos situados en el ámbito territorial de Cataluña y los órganos administrativos que les prestan apoyo.
2. Los archivos de titularidad estatal, incluidos los integrados en el Sistema de Archivos de Cataluña, se rigen por la legislación estatal.
Artículo 4. Coordinación y colaboración.
1. Todas las Administraciones Públicas están obligadas a colaborar en la consecución de los objetivos de la presente Ley.
Los archivos que integran el Sistema de Archivos de Cataluña han de programar sus actuaciones considerando que pertenecen al mismo.
2. El Departamento de Cultura ha de impulsar la coordinación de los archivos integrantes del Sistema de Archivos de Cataluña, mediante todos los recursos que estén a su alcance, y ha de velar por la aplicación de un único sistema de gestión documental en cada una de las Administraciones e instituciones públicas de Cataluña.
3. En la medida de sus posibilidades, los archivos deben facilitarse recíprocamente el uso de medios técnicos, de recursos y de información para conseguir el mayor grado de eficacia y la optimización de los recursos públicos. El Departamento de Cultura ha de velar para que se cumpla esta disposición.
Artículo 5. Promoción del uso de las tecnologías.
Las Administraciones Públicas han de promover de forma activa el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para garantizar que el tratamiento de la documentación, en todos sus aspectos de gestión documental, preservación y difusión de los documentos, cumpla la finalidad de ponerlos al alcance de los usuarios.
Artículo 6. Enumeración de los documentos públicos.
Artículo 7. Responsabilidades de los titulares de documentos públicos.
Artículo 8. Gestión de los documentos públicos.
Artículo 9. Evaluación de los documentos públicos.
Artículo 10. Traspaso de funciones entre Administraciones y cargos públicos.
Artículo 11. Privatización de Entidades Públicas.
Artículo 12. Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
Artículo 13. Responsabilidades de los titulares de documentos privados integrantes del patrimonio documental.
Artículo 14. Depósito de documentos privados en archivos públicos.
Artículo 15. Archivos de entidades.
1. El Departamento de Cultura ha de prestar apoyo técnico a la gestión documental de las entidades sin ánimo de lucro que dispongan de un patrimonio documental de especial relieve.
Artículo 16. Definición y estructura.
Artículo 17. Funciones del Departamento de Cultura.
e) Establecer programas de actuación archivística.
f) Inspeccionar el cumplimiento de la normativa sobre los archivos.
Artículo 18. El Consejo Nacional de Archivos.
1. El Consejo Nacional de Archivos es el órgano consultivo de la Administración de la Generalidad en materia de archivos. Su composición debe establecerse por reglamento, que debe disponer que, entre sus miembros, los haya representativos de los profesionales de los archivos, de la Administración de la Generalidad, de las Administraciones Locales, del ámbito de la investigación y de las entidades sociales y culturales del país.
2. Son funciones del Consejo Nacional de Archivos:
b) Emitir informe sobre los proyectos de disposiciones generales en materia de archivos.
e) Emitir informe previo a la inclusión de un documento en el patrimonio documental de Cataluña en aplicación del artículo 19.2.e) de la Ley 9/1993, del Patrimonio Cultural Catalán.
h) Emitir informe sobre la memoria anual que ha de elaborar el órgano que tiene asignadas las funciones del Departamento de Cultura en relación al Sistema de Archivos de Cataluña.
i) Realizar el seguimiento de la elaboración del Inventario del Patrimonio Documental de Cataluña, de acuerdo con lo que establece el Artículo 60 de la Ley 9/1993, del Patrimonio Cultural Catalán.
j) Emitir informe sobre cualquier asunto relacionado con archivos que el Director o Directora general competente en esta materia le someta a su consideración.
Artículo 19. La Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental.
1. La Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental es un órgano colegiado de carácter técnico, adscrito a la Dirección General competente en materia de archivos. Su composición debe establecerse por reglamento, que debe disponer que, entre sus miembros, los haya designados por las entidades representativas de los profesionales de los archivos y de las Administraciones Locales.
a) En cuanto al acceso a la documentación:
Primera. Promover el ejercicio del derecho de acceso a los documentos de las personas y las Entidades Públicas y privadas.
Segunda. Emitir informe sobre las reclamaciones de las personas y de las Entidades Públicas y privadas que consideren vulnerado su derecho de acceso a los documentos.
Tercera. Emitir informe sobre las derogaciones singulares de la normativa sobre acceso a los documentos, en los términos establecidos por el artículo 34.3.
Cuarta. Las que establece el artículo 34.4 en relación al acceso a los documentos públicos.
b) En cuanto a la evaluación y la selección de la documentación:
Primera. Elaborar las tablas de evaluación documental, elevarlas a la aprobación del Consejero o Consejera de Cultura y controlar su correcta aplicación.
Segunda. Resolver las solicitudes de evaluación de documentos públicos.
Tercera. Evaluar los documentos privados integrantes del patrimonio documental que no hayan sido declarados de interés nacional ni hayan sido incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán, y autorizar su eliminación, si procede.
Artículo 20. Archivos que integran el Sistema de Archivos de Cataluña.
a) El Archivo de la Corona de Aragón.
f) Los archivos históricos provinciales.
Artículo 21. Requisitos y efectos de la pertenencia al Sistema de Archivos de Cataluña.
Artículo 22. El personal.
1. Los archivos integrados en el Sistema de Archivos de Cataluña deben disponer de personal técnico y cualificado en número suficiente para cubrir las necesidades del archivo y para alcanzar los objetivos de la presente Ley. Han de regularse por reglamento las titulaciones y la formación que debe tener el personal técnico de los archivos y las condiciones que este personal ha de cumplir. En cualquier caso, la dirección de los archivos ha de ser ejercida por personas con titulación universitaria superior.
Artículo 23. Coordinación en la custodia de documentos.
Artículo 24. Inventario y Registro de Archivos.
Artículo 25. El Mapa de Archivos de Cataluña.
Sección 2.a Los Archivos de la Generalidad
Artículo 26. Enumeración.
Artículo 27. El Archivo Nacional de Cataluña.
Artículo 28. Los archivos centrales administrativos.
Artículo 29. La Red de Archivos Comarcales.
Artículo 30. Funciones de los archivos comarcales.
Sección 3.a Los Archivos de las Administraciones Locales
Artículo 31. Entidades obligadas a tener archivo.
Artículo 32. Los archivos municipales.
1. Los archivos municipales definen, implantan y mantienen el sistema de gestión de la documentación administrativa en fase activa y semiactiva, y gestionan y conservan la documentación en fase semiactiva y la documentación histórica.
Realizan estas funciones en relación a la documentación de la respectiva Administración, de sus Organismos Autónomos y de sus empresas públicas, de los consorcios en los que tengan participación mayoritaria y de las fundaciones y otras entidades financiadas mayoritariamente por el Ayuntamiento en cuestión.
Artículo 33. Gestión de los archivos comarcales.
Artículo 34. Acceso a los documentos públicos.
1. De forma general, todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos que forman parte de procedimientos administrativos concluidos.
Artículo 35. Ejercicio del derecho de acceso a documentos públicos.
1. El plazo para resolver las solicitudes de acceso a documentos públicos es de dos meses. Si, pasado este plazo, no se ha dictado resolución, se entiende que la solicitud ha sido desestimada, sin perjuicio de que la persona solicitante pueda reclamar a la Administración que cumpla su obligación de resolverla.
3. El acceso a los documentos ha de facilitarse en el soporte material disponible que la persona solicitante haya elegido.
En caso de que el ejercicio del derecho de acceso pueda perjudicar la correcta conservación de un documento, debe facilitarse a la persona solicitante la consulta de una reproducción.
Artículo 36. Vigencia de las exclusiones de consulta.
1. De forma general, las exclusiones establecidas legalmente en cuanto a la consulta de documentos públicos quedan sin efecto a los treinta años de la producción del documento, salvo que la legislación específica disponga otra cosa. Si se trata de documentos que contienen datos personales que puedan afectar a la seguridad, el honor, la intimidad o la imagen de las personas, como norma general, y salvo que la legislación específica disponga otra cosa, pueden ser objeto de consulta pública con el consentimiento de los afectados o cuando hayan transcurrido veinticinco años desde su muerte o, si no se conoce la fecha de ésta, cincuenta años desde la producción del documento.
Artículo 37. Acceso a los documentos privados.
Los investigadores pueden acceder a los documentos privados integrantes del patrimonio documental en los términos establecidos por el artículo 13.c), respetando los límites generales al derecho de acceso establecidos legalmente.
1. Son infracción administrativa las vulneraciones de las prescripciones de la presente Ley, de acuerdo con lo que establecen los apartados 2, 3, 4 y 5.
a) La obstrucción al ejercicio de las funciones de la inspección de archivos, ya sea por la negativa de acceso a los archivos o documentos, ya sea por la obstaculización de las funciones inspectoras.
b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas por el artículo 13.a) y c).
c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por el artículo 13.b), cuando el valor del bien que ha sido objeto del incumplimiento no supere los 20.000 euros.
a) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por el artículo 8, siempre que no se ponga en peligro inmediato la integridad de los documentos o no se imposibilite su recuperación.
b) El incumplimiento de la obligación establecida por el artículo 13.b), cuando el valor del bien supere los 20.000 euros.
c) La destrucción de documentación que contravenga al artículo 9 o al artículo 13.e), cuando el valor del bien no supere los 60.000 euros.
d) La difusión no autorizada de documentos sometidos a un período de exclusión de consulta.
e) La comisión reiterada de una misma infracción leve.
a) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por el artículo 8, cuando se ponga en peligro inmediato la integridad de los documentos o se imposibilite su recuperación.
b) La destrucción de documentación que contravenga al artículo 9 o al artículo 13.e), cuando el valor del bien supere los 60.000 euros.
c) La comisión reiterada de una misma infracción grave.
5. La fijación de los valores de los documentos a efectos de lo que establece el presente artículo corresponde a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Cultural de Cataluña.
1. Las infracciones leves se sancionan según una escala que comprende desde la advertencia hasta la multa de 3.000 euros; las graves, con una multa de 3.000,01 a 60.000 euros, y las muy graves, con una multa de 60.000,01 a 300.000 euros.
2. Las cuantías establecidas por el apartado 1 han de incrementarse, si procede, hasta cubrir el beneficio obtenido como consecuencia de la infracción.
1. Corresponde al Director o Directora general competente en materia de archivos la incoación de los expedientes sancionadores por las infracciones tipificadas por la presente Ley.
2. Corresponde al Director o Directora general competente en materia de archivos la imposición de sanciones de hasta 3.000 euros; al Consejero o Consejera de Cultura, la imposición de sanciones desde 3.000,01 hasta 60.000 euros, y al Gobierno de la Generalidad, la imposición de sanciones de más de 60.000 euros.
Las infracciones leves prescriben al año de haberse cometido, las graves prescriben a los cinco años y las muy graves prescriben a los siete años.
De acuerdo con la Administración del Estado y sin perjuicio de lo que establece el artículo 3.2, los archivos históricos provinciales pueden cumplir, además de las que les corresponden de acuerdo con la legislación estatal, las siguientes funciones:
a) Custodiar la documentación en fase semiactiva de conservación permanente y la documentación inactiva de las Delegaciones Territoriales de la Administración de la Generalidad.
b) Las propias de archivo comarcal en la comarca donde tienen la sede.
1. Se modifica el artículo 19.2.e) de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán, que queda redactado de la siguiente forma:
«e) Los documentos no comprendidos en los apartados anteriores que se integren al mismo por resolución del Consejero o Consejera de Cultura, previo informe del Consejo Nacional de Archivos, dados sus valores históricos o culturales.»
2. Se modifica el artículo 71.5.c) de la Ley 9/1993, del Patrimonio Cultural Catalán, que queda redactado de la siguiente forma:
«c) Las actuaciones y las intervenciones sobre bienes muebles de interés nacional o bienes muebles catalogados no aprobadas por el Departamento de Cultura.»
3. Se modifica el artículo 75.1 de la Ley 9/1993, del Patrimonio Cultural Catalán, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. Corresponde a los Ayuntamientos la competencia para sancionar las infracciones a que se refiere el artículo 71.2.b) y c), 71.3.c) y 71.4.b), en cuanto a los bienes culturales de interés local, excepto en los municipios de menos de cinco mil habitantes, en los que esta competencia corresponde a los Consejos Comarcales.»
4. Se modifica la disposición adicional sexta de la Ley 9/1993, del Patrimonio Cultural Catalán, que queda redactada de la siguiente forma:
«Se aplica a los archivos y los documentos privados incluidos en alguno de los supuestos del artículo 19 de la presente Ley, además del régimen que ésta establece, lo que dispone el capítulo 2 del título II de la Ley de Archivos y Documentos.»
Se mantienen vigentes los reglamentos dictados por la Administración de la Generalidad en las materias reguladas por la presente Ley, en cuanto no se opongan a ella.
La Generalidad ha de transferir a los Consejos Comarcales los medios y los recursos para la gestión de los archivos comarcales en términos equivalentes a las transferencias que, en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, ya se efectúan en virtud de las delegaciones de competencias sobre archivos acordadas en ejecución del Decreto 208/1989, de 1 de agosto, de delegación de competencias en materia de cultura a las comarcas.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno ha de remitir al Parlamento un proyecto de ley que regule las tasas por la utilización por terceros de documentos de titularidad de la Generalidad. En el mismo plazo de un año, las Administraciones Locales han de regular las tasas por la utilización por terceros de documentos de su documentación.
Los archivos a los que se refiere el artículo 20.1 deben inscribirse de oficio en el Registro de Archivos en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.
Los archivos comarcales pueden adecuarse a la realidad de las distintas formas de organización territorial que puedan existir en el futuro, y en cualquier caso la Generalidad mantiene la titularidad de la Red de Archivos Comarcales.
Los archivos municipales de municipios de más de diez mil habitantes han de adaptarse progresivamente, en un plazo de cinco años, a los requerimientos establecidos por la presente Ley para formar parte del Sistema de Archivos de Cataluña.
Durante el citado período transitorio, los Ayuntamientos pueden acordar con el archivo comarcal el depósito de su documentación en fase semiactiva e histórica en las condiciones que se establezcan.
La equivalencia en pesetas de las cantidades en euros a la que se refieren los artículos 38, 39 y 40 se obtiene aplicando la siguiente relación:
Mientras no exista archivo comarcal en una comarca, el Departamento de Cultura puede asignar responsabilidades sobre la correspondiente documentación a otro archivo de la Generalidad o del Sistema de Archivos de Cataluña, previo acuerdo del titular de la documentación.
Se deroga la Ley 6/1985, de 26 de abril, de Archivos, modificada por la Ley 8/1989, de 5 de junio.
Se autoriza al Gobierno para que actualice por vía reglamentaria los valores establecidos por el artículo 38 y las cuantías de las multas establecidas por el artículo 39, de conformidad con la variación del índice de precios al consumo.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3.437, de 24 de julio de 2001)
Fecha de disposición: 13/07/2001
Fecha de publicación: 28/08/2001
Fecha de entrada en vigor: 13/08/2001
Publicada en el DOGC núm. 3437, de 24 de julio de 2001.
SE MODIFICA determinados preceptos , por Ley 20/2015, de 13 de julio (Ref. BOE-A-2015-9679).
SE DEROGA los arts. 19.2.a 2 y 3, 34.1 a 3 y 35.1 y 3, por Ley 19/2014, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2015-470).
en el Recurso 2521/2002, su desestimación, en relación con el art. 20.1.a) y f), por Sentencia 14/2013, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2013-2164).
en el Recurso 2521/2002, el levantamiento de la suspensión de vigencia del art. 20.1.a) y f), por Auto de 1 de octubre de 2002 (Ref. BOE-A-2002-19920).
DEROGA la Ley 6/1985, de 26 de abril (Ref. BOE-A-1985-16229).
MODIFICA los arts.19.2.e), 71.5.c), 75.1 y disposición adicional 6 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre (Ref. BOE-A-1993-26497).