Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-973-de-febrero-12-de-2016?documento=legcol&contexto=legcol_24912dc663d24727bf449b7532c290ab&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 20:26:46
Document Index: 295401996

Matched Legal Cases: ['artículo 266', 'artículo 15', 'artículo 26', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 366', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 118', 'artículo 77', 'artículo 2']

﻿ RESOLUCIÓN 973 DE FEBRERO 12 DE 2016
RESOLUCIÓN 973 DE 12 DE FEBRERO DE 2016
CONTENIDO:REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. DISPONE LA EXONERACIÓN DEL COBRO PARA LA EXPEDICIÓN DE RECTIFICACIONES Y DUPLICADOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y LA EXPEDICIÓN DE COPIAS Y CERTIFICACIONES DE REGISTRO CIVIL DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMUNIDADES Y/O PUEBLOS INDÍGENAS HABITANTES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:TARJETA DE IDENTIDAD, CÉDULA DE CIUDADANÍA, FUNCIONES DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, COMUNIDAD INDÍGENA, REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, EXPEDICIÓN DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, DUPLICADO DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, DERECHOS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
DIARIO OFICIAL N°:49789 DE FEBRERO 17 DE 2016
RESOLUCIÓN 973 DE 2016
“Por la cual se dispone la exoneración del cobro para la expedición de rectificaciones y duplicados de documentos de identificación y la expedición de copias y certificaciones de registro civil de los integrantes de las comunidades y/o pueblos indígenas habitantes de la República de Colombia”.
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 266 de la Constitución Política, modificado por el artículo 15 del Acto Legislativo 1 de 2003; el numeral 4º y 11 del artículo 26 del Decreto 2241 de 1986, el numeral 1º del artículo 25 del Decreto 1010 de 2000 y el artículo 5º de la Ley 1163 de 2007, y
Que Colombia como Estado social de derecho, tiene como fines esenciales servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. En este sentido, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros, en el principio de igualdad;
Que el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia dispone “(…) El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados (…)”;
Que en concordancia con el artículo 366 de la Constitución Política de Colombia, el mejoramiento de la calidad de vida de la población es un objetivo primordial del Estado y por ende una de las herramientas con que cuenta el Estado para la consecución de este objetivo es la focalización del gasto social, el cual debe dirigirse “hacia los sectores de la población que más lo necesitan con el fin de maximizar su impacto social, (…) es un medio de lucha contra la pobreza y la desigualdad”(1);
Que el Gobierno Nacional, sancionó la Ley 1163 del 3 de octubre de 2007, por medio de la cual “se regulan las tasas para la prestación de servicios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan otras disposiciones” en particular lo referente a la expedición física del duplicado o rectificación de la cédula de ciudadanía, por pérdida o deterioro de la misma y por la corrección de los datos a voluntad de su titular;
Que la Ley 1163 de 2007, en su artículo 5º contempla los casos en que la Registraduría Nacional del Estado Civil exonerará del cobro para obtener el documento de identidad; en especial el literal g) ibídem, establece dicha exención “en situaciones especiales valoradas y reguladas por el registrador nacional del estado civil”;
Que entre las poblaciones vulnerables se encuentran: a) Los discapacitados cuya incapacidad puede ser clasificada en físicas, mentales (cognitiva), psíquicas (intelectual) y sensorial (visual, auditiva y otros tipos de discapacidades relacionadas con la disminución de algunos sentidos, a saber: hipoacusia: disminución en la sensación del gusto; b) Desplazados por la violencia; c) Negritudes (comunidades afrocolombianas que presentan graves problemas de discriminación social y falta de oportunidades), y d) Indígenas cuyo objetivo es ofrecer a la cultura indígena alternativas de formación de mecanismos flexibles y apropiados que reflejen la realidad de las comunidades indígenas y actuar frente a sus necesidades;
Que el artículo 7º de la Constitución Política de Colombia dispone “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”;
Que la Carta Política de 1991 consagró en su artículo 14 el derecho a todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica. Este derecho íntimamente relacionado con el de identidad, permite que toda persona cuente con una serie de atributos intrínsecos a su existencia, que deben ser protegidos por el Estado, obligación constitucional a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil;
Que es propósito de la Registraduría Nacional del Estado Civil de conformidad con lo preceptuado en el Decreto 1010 de fecha junio 6 de 2000 - artículo 2º “registrar la vida civil e identificar a los colombianos y organizar los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana, en orden a apoyar la administración de justicia y el fortalecimiento democrático del país. …”;
Que mediante la Resolución 6303 de fecha 7 de octubre de 2008 la Registraduría Nacional del Estado Civil exoneró del pago de duplicados, rectificaciones de cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad y copias de registros civiles que se expiden a la población atendida por parte de la unidad de atención a población vulnerable (UDAPV);
Que la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante Circular 276 de fecha 21 de octubre de 2014 emitió directrices para la inscripción inicial, así como para la modificación y/o reemplazo del registro civil de nacimiento de integrantes de comunidades y/o pueblos indígenas, dirigidas a los funcionarios encargados del registro, incluyendo notarios, en los términos del artículo 118 Decreto-Ley 1260 de 1970 modificado por el artículo 77 de la Ley 962 de 2005;
Que el Decreto 1797 de fecha 9 de septiembre de 2015 “por el cual se adiciona un literal al artículo 2.2.6.13.2.9.1 de la subsección 9 de la sección del capítulo 13 del título 6 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1069 de 2015, el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho” adicionó un literal al artículo citado en precedencia referente a los actos exentos en el ejercicio de la función notarial en consideración a que: “… el costo de los derechos notariales ha representado un obstáculo para los miembros de las comunidades indígenas que pretenden modificar su nombre y corregir errores u omisiones en el registro del estado civil, toda vez que las condiciones notorias de vulnerabilidad en que se encuentra dicha población evidencian la imposibilidad económica para atender el pago de dichos trámites …”, literal que a tenor dispone: “… v) El otorgamiento de la escritura pública para el cambio de nombre y para la corrección de errores u omisiones en el registro del estado civil de miembros de comunidades indígenas …”;
Que mediante Circular 279 de fecha 18 de diciembre de 2015, la Registraduría Nacional del Estado Civil impartió instrucciones a los servidores públicos que por disposición de la Resolución 11143 de fecha 1º de octubre de 2015 igualmente expedida por parte de esa entidad tienen responsabilidades en el trámite y autorización de solicitudes de exoneración del cobro y pago para la expedición de rectificaciones y duplicados de documentos de identificación y la expedición de copias y certificación de registro civil de ciudadanos colombianos residentes en Colombia o en el exterior;
Que en virtud de la normatividad invocada y los argumentos expuestos las comunidades indígenas son catalogadas población vulnerable y, por ende grupos poblacionales en condición de desventaja lo que las hace sujetos de exoneraciones en trámites de identificación como se dispone en el presente acto;
ART. 1º—Exonerar del cobro para la expedición de rectificaciones y duplicados de documentos de identificación y la expedición de copias y certificaciones de registro civil a los integrantes de las comunidades y/o pueblos indígenas de Colombia.
ART. 2º—Delegar en los registradores distritales, especiales, municipales y auxiliares y a la unidad de atención a población vulnerable (UDAPV), la facultad de exoneración del pago prevista en el artículo precedente, previo certificado de la autoridad indígena respectiva, en la cual se haga constar tanto su calidad de integrante de la comunidad indígena, como la necesidad de dicha exoneración.
ART. 3º—Trimestralmente, la registraduría delegada para el registro civil y la identificación informará al despacho del registrador nacional del estado civil sobre las exoneraciones otorgadas con ocasión de esta resolución.
ART. 4º—Los registradores distritales, especiales, municipales y auxiliares y la unidad de atención a población vulnerable (UDAPV), deberán realizar un control de los servicios prestados a la población beneficiaria prevista en la presente resolución y remitir la relación de las exoneraciones a la registraduría delegada para el registro civil y la identificación y a la gerencia administrativa y financiera, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes.
ART. 4º(sic)—En ningún caso se podrá ordenar la exoneración aquí prevista, más de una vez al mismo beneficiario, indistintamente del lugar y tiempo de solicitud, salvo que los hechos fundamento de la solicitud configuren una causal diferente de exoneración.
ART. 5º—Para el adecuado cumplimiento remítase copia de la presente resolución a la registraduría delegada para el registro civil y la identificación, la gerencia administrativa y financiera, a la dirección nacional de identificación, a la dirección nacional de registro civil y a los registradores distritales, especiales, municipales y auxiliares y a la unidad de atención a población vulnerable (UDAPV).
1 Consejo Nacional de Política Económica y social. Departamento Nacional de Planeación. 2006. Lineamientos para la focalización del gasto público social”, Conpes social 100, página 2.