Source: https://presnolinera.wordpress.com/2014/03/
Timestamp: 2018-05-24 18:05:01
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Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 167', 'artículo 168', 'artículo 167', 'artículo 168', 'artículo 166', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 92', 'artículo 23', 'artículo 96']

marzo | 2014 | El derecho y el revés
Enmiendas a la iniciativa ciudadana de reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución.
Publicado en marzo 26, 2014 por Miguel Ángel Presno Linera
Como parte de la tramitación parlamentaria de la iniciativa ciudadana Por la democracia directa presentada en la Junta General del Principado de Asturias para la reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución, se han presentado enmiendas de modificación por parte de los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto (UPyD) y de supresión por parte del Grupo Parlamentario Foro Asturias. La iniciativa ciudadana fue asumida y registrada en el Parlamento asturiano por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
Aquí pueden descargarse en formato pdf las Enmiendas presentadas a la propuesta de reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución
La democracia participativa como instrumento de impulso, deliberación y control.
Publicado en marzo 25, 2014 por Miguel Ángel Presno Linera
Los días 3 y 4 de abril se celebrará en Salamanca el XII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España con el título “Participación, representación y democracia”. Las ponencias y comunicaciones ya remitidas están disponibles en el Foro del Congreso, donde también se pueden consultar, previo registro, los comentarios que han suscitado.
Mi ponencia se titula La democracia participativa como instrumento de impulso, deliberación y control (puede descargarse en formato pdf) y se incluye en la Mesa 2 (Partipación política: democracia directa y democracia participativa).
Primera.- Ya Kelsen, a principios del siglo XX, hablaba de una “cierta fatiga del parlamentarismo” y de la posibilidad de reformarlo fortaleciendo el elemento democrático haciendo “partícipe [al pueblo] en la legislación en mayor medida de lo que es común en el sistema del parlamentarismo donde el pueblo queda limitado al acto de la elección”.
Segunda.- La democracia participativa se contrapone a la democracia inactiva, donde el papel del ciudadano se limita a la intervención en el proceso de selección de los representantes. En sociedades como la española, con una progresiva concienciación política de la ciudadanía, es incongruente limitar la intervención política de esos ciudadanos a los procesos electorales.
Tercera.- El escasísimo papel asignado en la Constitución española a los instrumentos de democracia participativa está directamente relacionado con el triunfo, en los debates constituyentes, de la tesis del riesgo que dichos mecanismos supondrían para la estabilidad del sistema. Hay que situar las reticencias en el contexto de la transición de la dictadura a la democracia pero se exageraron sus peligros, se desvirtuó su eficacia en el derecho comparado y no se hizo nada después, y con la democracia ya consolidada, para atribuirles la relevancia que merecen.
Cuarta.- Las reticencias frente a la participación ciudadana se han mantenido hasta la actualidad y si en 1978 se invocó el riesgo de “conflictos gravísimos” para el sistema, hoy se pretenden justificar como una forma de proteger los derechos de las minorías, olvidando que aquella forma de intervención política ha sido constitucionalizada de manera expresa en el artículo 23 de la Norma Fundamental española y que los derechos de las minorías también pueden ser atacados desde las instancias parlamentarias.
Quinta.- En términos democráticos, llama la atención que los ciudadanos no puedan promover la reforma de la norma suprema del ordenamiento, aunque tal cosa no estaba prevista en términos tan excluyentes en el Anteproyecto de Constitución. A nuestro juicio, no hay argumentos democráticos que justifiquen la exclusión de la iniciativa popular tanto en lo que se refiere al procedimiento de reforma previsto en el artículo 167 como al más agravado del artículo 168. En ambos supuestos, los ciudadanos pueden trasladar a las Cortes su aspiración a una reforma más extensa o limitada de la Norma Fundamental: de tratarse de un cambio a realizar por la vía del artículo 167 la iniciativa tendría ya unas pretensiones concretadas en fórmulas jurídicas precisas –incorporar un enunciado nuevo, modificar uno existente o derogarlo- mientras que si lo que se propone afecta a las materias reservadas al artículo 168 habría un primer pronunciamiento de las Cortes, de contenido más político-constitucional- sobre la decisión de reformar la Constitución, siendo luego las nuevas Cámaras las que deben ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto, que luego tendría que ser sometido a un referéndum de ratificación.
Por este motivo, se considera adecuada una modificación del artículo 166 para que quede redactado en términos similares a los siguientes: “La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en el artículo 87”.
Sexta.- Tampoco se encuentra fundamento democrático a la exclusión de la iniciativa legislativa popular del conjunto de materias que prevé el vigente artículo 87.3 de la Constitución, que tendría que ser reformado para que únicamente queden fuera de esta forma de democracia participativa las cuestiones internacionales y la Ley de Presupuestos Generales del Estado: la primera forma parte de la tarea de orientación política que corresponde al Gobierno y ocupa una posición muy especial en el sistema de fuentes normativas del ordenamiento español y ya estaba excluida en el Anteproyecto de Constitución. En cuanto a la ley presupuestaria, su impulso legislativo corresponde en exclusiva al Gobierno de acuerdo con la propia Constitución (art. 134). No obstante, esta última limitación no puede servir para excluir cualquier iniciativa que implique algún tipo de gasto sino cuando suponga, de manera directa, una modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en forma de incremento de los gastos o disminución de los ingresos.
Séptima.- La intervención de ciudadanos y colectivos sociales en la elaboración de las leyes mejora la información que reciben las Cámaras, intensifica la transparencia y publicidad de la actividad legislativa y potencia la legitimidad de las leyes y su eficacia. Por este motivo, esta forma de participación está reconocida, sobre todo por la vía de las comparecencias, en países como Estados Unidos, Alemania, Portugal, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica e Italia. Por el contrario, en España apenas se incluye en algunos Estatutos de Autonomía y Reglamentos parlamentarios autonómicos. Pero mientras esta forma de participación ciudadana no presida todas las instancias representativas, estatales y autonómicas, seguiremos careciendo de una herramienta adecuada para paliar en alguna medida la indudable fatiga que las aqueja y que incide en su falta de porosidad ante las demandas ciudadanas.
Octava.- Un mecanismo de “control ciudadano” del Parlamento y, en buena medida del Gobierno en cuanto principal promotor de leyes, es el referéndum abrogativo o derogatorio, contemplado en otros ordenamientos constitucionales y previsto en el Anteproyecto de Constitución. Se trata de una forma de democracia de contrapeso, de contrapoder ciudadano dirigido a mantener las exigencias de servicio al interés general por parte de las instituciones.
En consecuencia, parece necesario modificar el artículo 92 de la Constitución para que puedan ser sometidas a referéndum abrogativo o derogatorio las leyes aprobadas por las Cortes, cuando así lo soliciten ante la Mesa del Congreso de los Diputados 500.000 electores. El resultado del referéndum tendría que ser vinculante si participa en la votación la mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo y es aprobado por mayoría de los votos válidamente emitidos. En la línea de lo propuesto para la iniciativa legislativa, no procedería este referéndum en materias de carácter internacional o presupuestario.
Novena.- Sería oportuno potenciar formas de control ordinario del Gobierno por la vía de las preguntas parlamentarias de iniciativa ciudadana y ello sin que tengan que ser asumidas por los grupos parlamentarios o por concretos diputados o senadores.
Décima.- La participación ciudadana es consustancial a la “democracia real” y por eso no es extraña, en todas o algunas de sus formas, en países tan diferentes como Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Austria, Suiza, Italia o Nueva Zelanda. Creemos que la capacidad deliberativa y la madurez democrática de los ciudadanos españoles no es menor que la de los nacionales de estos países. Por eso, la democracia española tiene mucho que ganar y nada que perder mejorando la implicación de la ciudadanía en la vida política del país, haciendo posible, en suma, que el pueblo gobernado pueda ser, en mayor medida, pueblo gobernante.
Mareas contrademocráticas.
Publicado en marzo 22, 2014 por Miguel Ángel Presno Linera
El sábado 22 de marzo llegan a Madrid las llamadas “Marchas de la dignidad”, una de las cuales partió de Asturias el 1 de marzo. A modo de bienvenida el Presidente de la Comunidad madrileña las compara con las que llevan a cabo los seguidores del partido griego Amanecer dorado. Sin entrar en mayores detalles, quizá el señor Ignacio González no olvida que tuvo en desistir de su intento de privatizar parte del sistema sanitario de su Comunidad en buena medida como consecuencia de la campaña de movilización social y jurídica llevada a cabo por las personas, profesionales o no de la sanidad, que integran la denominada Marea Blanca. Y es que, como es sabido, con el nombre de Mareas se alude a diversos y muy activos movimientos sociales que en los últimos años se han organizado para defender diferentes sectores públicos o colectivos sociales: además de la ya citada Marea Blanca están la Verde (por la educación), la Roja (ciencia), la Negra (función pública), la Naranja (servicios sociales), la Granate (de los emigrantes),… sin olvidar, claro, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios,…
Todas estas movilizaciones no son sino una forma de ejercicio del derecho fundamental de manifestación, que en cualquier Estado democrático está al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo un cauce del principio participativo. Y la convocatoria reiterada y en las principales vías de las ciudades de manifestaciones que discurran sin actos de violencia implica, como ha dicho el Tribunal Constitucional –no sospechoso de anti-sistema-, un uso del espacio urbano como un ámbito adecuado para la participación política.
Estas movilizaciones sociales son la antítesis de un sistema político inactivo, donde el papel del ciudadano se limita a la intervención en el proceso de selección de los representantes. Suponen actuaciones de contrademocracia, término acuñado por Pierre Rosanvallon en su libro del mismo título para aludir a una forma de democracia de contrapeso, un contrapoder articulado a partir de los movimientos sociales, que debe servir para mantener las exigencias de servicio al interés general por parte de las instituciones.
Pues bien, una de las concreciones de la contrademocracia es el “poder de vigilancia”, que hunde sus raíces, cuando menos, en la Revolución francesa y que, sin olvidar sus manifestaciones totalitarias bien descritas por Orwell y Foucault, puede aportar no un control antidemocrático del poder sobre la sociedad sino una forma de vigilancia del poder por parte de la sociedad. En este sentido, una entidad tampoco sospechosa de anti-sistema como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya anticipó en 1963 que la vigilancia de los particulares interesados en la protección de sus derechos constituye un instrumento eficaz de control (asunto Van Gend & Loos, de 5 de febrero de 1963).
Una de las formas en las que se puede concretar la vigilancia es la denuncia de los abusos del poder y hoy tienen capacidad para ejercerla, como en décadas pasadas, los medios de comunicación –recuérdese, por citar un caso obvio, el escándalo del Watergate, que desembocó en la primera renuncia de un Presidente en la historia de Estados Unidos-, bien a título individual o con la colaboración de organizaciones más o menos complejas, pero también los propios ciudadanos disponen cada vez de más capacidad de supervisión y denuncia. Y la denuncia de las actuales condiciones sociales, políticas, económicas y culturales es, en buena medida, lo que está presente en las Marchas y Mareas.
Como concluía Rosanvallon en una entrevista en el diario La Nación, “el buen ciudadano no es únicamente un elector periódico. También es aquél que vigila en forma permanente, el que interpela a los poderes públicos, los critica y los analiza. Alain repetía que, para estar viva, la democracia debía asumir la forma de poderes activos de control y resistencia”.
Texto publicado en Asturias24 el 22 de marzo de 2014.
Publicado en marzo 17, 2014 por Miguel Ángel Presno Linera
El 15 de marzo de 2014 entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, relativa a la justicia universal. Con la nueva redacción se modifican los términos de la persecución penal en España de hechos ocurridos en el extranjero, tal y como venían establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Pero en la medida en que las nuevas previsiones sean contrarias a un tratado internacional en vigor para España, como el Convenio IV de Ginebra, relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, no serán de aplicación en tanto se mantenga en España la vigencia del tratado internacional. Y es que si bien la incorporación a nuestro ordenamiento de un tratado internacional de los previstos en los artículos 93 (aprobado en España mediante Ley Orgánica) y 94.1 (firmado con autorización de las Cortes Generales) de la Constitución deroga o modifica leyes anteriores con un contenido contrario, tal cosa no sucede cuando la norma posterior es una Ley, Orgánica u ordinaria, que carece de fuerza activa para derogar una norma internacional, pues, como prevé el propio artículo 96 de la Constitución, esas disposiciones internacionales “solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional”.
Los derechos humanos dan la nota.
Publicado en marzo 11, 2014 por Miguel Ángel Presno Linera
Acción en Red Asturias organiza el concierto Los derechos humanos dan la nota, un recorrido por bandas sonoras de películas relacionadas con los derechos humanos. Aquí puede descargarse el Libreto.
El embrollo eléctrico.
Publicado en marzo 6, 2014 por Miguel Ángel Presno Linera
Hoy 6 de marzo tenemos la cuarta sesión del Aula Jurídica “La vida y las normas. El Derecho que (nos) está pasando); versará sobre lo que el propio ponente, Alejandro Huergo, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, denominó El embrollo eléctrico.