Source: http://revista.vozyvoto.com.mx/organigrama-2018-2024/
Timestamp: 2018-12-19 05:06:11
Document Index: 40931797

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 134', 'artículo 3', 'artículo 84']

Organigrama 2018-2024 – Voz y Voto
Organigrama 2018-2024
Como ya es tradición en cada inicio de sexenio, los legisladores del grupo parlamentario del partido político del presidente entrante y de otros afines promovieron reformas a la estructura orgánica de la administración pública federal centralizada. Los objetivos en esta ocasión son corregir y reordenar la estructura de la administración federal a fin de cumplir con los compromisos de la campaña electoral, así como modernizarla, además de actualizar diversos preceptos de este ordenamiento orgánico para adecuarlos a recientes reformas constitucionales. Es el caso, por ejemplo, de los artículos 4°, 6° y 28, en los que se sustituye la referencia al procurador general de la República con la de fiscal general de la República.
Además de actualizar las referencias legales, al consejero jurídico se le faculta para nombrar y remover a los titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la administración pública federal, quienes, no obstante lo anterior, estarán adscritos administrativa y presupuestalmente a las dependencias y entidades respectivas (artículos 4° y 43).
Además de su naturaleza de órgano de apoyo administrativo y de soporte del titular del Poder Ejecutivo federal, a la Oficina de la Presidencia se le dota de nuevas facultades sustantivas respecto del resto de las dependencias y entidades que conforman la administración pública federal. Son las relativas a la definición de las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación y gobierno digital del gobierno federal; la formulación y conducción de la política de comunicación social del gobierno federal en concurrencia con la Secretaría de Gobernación, y la difusión y proyección del derecho a la memoria de la nación.
Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo
Un cambio organizacional de gran importancia es la extinción de las delegaciones de las dependencias y entidades federales en los estados y en la Ciudad de México; en lo sucesivo operarán como oficinas de representación en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que comprendan más de una entidad federativa.
Los funcionarios públicos adscritos a las oficinas de representación serán designados por los titulares de las dependencias y entidades a propuesta de los titulares de las “Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo”. Estos órganos, que se crean con la reforma (artículo 17 Ter), se encargarán de la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, atención ciudadana, supervisión de los servicios y programas a cargo de las dependencias y entidades, y de los programas que otorguen algún beneficio directo a la población. Habrá una Coordinación General de Programas para el Desarrollo, adscrita jerárquicamente a la Presidencia de la República.
Como algo inusitado en el derecho administrativo, las nuevas delegaciones estarán adscritas jerárquica y orgánicamente a la Secretaría de Bienestar y sus titulares serán designados por el titular de la Secretaría a propuesta del titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo; más aún, en la regulación de las atribuciones de esta dependencia se afirma que la Secretaría de Bienestar “coordinará en conjunto con la Coordinación de Programas el trabajo de las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo de las Entidades Federativas, así como la planeación, ejecución y evaluación de los planes, programas y acciones que desarrollen”.
Unidades de Administración y Finanzas
En el ámbito administrativo, se extinguen las oficialías mayores de las dependencias centralizadas (con excepción de Hacienda, Defensa y Marina), para dar paso a lo que teóricamente son órganos menos onerosos, denominados Unidades de Administración y Finanzas. Estarán encargadas de ejecutar los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad y archivos. En las secretarías de Hacienda, de la Defensa Nacional y de Marina, dichos servicios serán llevados a cabo por sus respectivas oficialías mayores.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de coordinar la operación de dichas unidades, establecerá el modelo organizacional y operativo de estas en el sector centralizado. Respecto de las entidades de la administración paraestatal, la SHCP podrá establecer lineamientos y directrices aplicables a las unidades que realicen las funciones análogas.
En la lista de dependencias del Ejecutivo (artículo 26) sobresalen la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el cambio de denominación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en lo sucesivo Secretaría de Bienestar, y de la Sagarpa, en lo futuro, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En el resto de las dependencias encontramos la adición, supresión o transferencia de atribuciones.
El traslado de las atribuciones de seguridad de la Secretaría de Gobernación a la renaciente Secretaría de Seguridad (tema del que dimos un adelanto en Voz y Voto núm. 303, de octubre de 2018) dio la oportunidad para refundir el texto del artículo 27 con el objeto de reordenar y priorizar las funciones de la Segob, dependencia que regresa a sus funciones básicas: la política interior; el desarrollo político; el fortalecimiento de las instituciones democráticas; la formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral; la facilitación de acuerdos políticos y consensos sociales para que se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática.
La Segob conduce, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales. Una innovación en este ámbito es la facultad del secretario de Gobernación para designar a los titulares de las unidades de Enlace Legislativo de las demás secretarías y dependencias de la administración pública federal, quienes estarán adscritos administrativa y presupuestalmente a la Secretaría o dependencia respectiva.
La Segob continúa siendo garante de la laicidad del Estado mexicano; conduce las relaciones entre el Estado y las iglesias o agrupaciones religiosas, y vigila y hace cumplir las normas en la materia. También formula y conduce la política migratoria, la política de población y la operación del servicio nacional de identificación personal.
Una atribución de la Segob que es importante considerar, dadas las nuevas atribuciones de comunicación social conferidas a la Oficina de la Presidencia, es la relativa a la elaboración e instrumentación, en el ámbito de su competencia, de la normatividad aplicable en materia de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información; la administración, salvo lo establecido en las leyes electorales, del tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; la provisión del servicio de radiodifusión pública digital en el nivel nacional, así como la autorización, supervisión y evaluación de los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (artículo 30 Bis) asume las atribuciones de seguridad pública de las que se le dotó en 2000, corregidas y aumentadas. Suma a las estrictamente vinculadas con la seguridad pública, aquellas que versan sobre la seguridad nacional –incluida la conducción del Centro Nacional de Inteligencia– y las tareas de coordinación en lo tocante a la protección civil, que antes eran del resorte de la Segob.
A la SHCP (artículo 31) se le da la facultad de designar y remover a los titulares de las unidades de administración y finanzas del sector centralizado, con la excepción ya mencionada de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, que contarán con sus respectivas oficialías mayores.
Otra función que se suma a su catálogo es la relativa a planear, establecer y conducir la política general de contrataciones públicas reguladas por las leyes “de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público” y de “Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas”, a efecto de llevar a la práctica los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez enunciados en el artículo 134 constitucional; por tanto, emitir e interpretar las normas, lineamientos, manuales y demás instrumentos que se requieran en dichas materias, así como promover la homologación de políticas, normas y criterios relativos a las contrataciones públicas.
La SHCP será área consolidadora para la compra de bienes y la contratación de servicios; establecerá normas y lineamientos para el control presupuestario en dichas contrataciones consolidadas; participará en las negociaciones comerciales internacionales que versen sobre compras del sector público y coordinará las compras estratégicas del mismo; fomentará la participación de proveedores nacionales en las compras de dicho sector.
Por último, reivindicará los bienes propiedad de la nación, en los términos de ley.
Como se dijo, la reforma modifica el nombre de la Sedesol por el de Secretaría de Bienestar, en aras de reflejar el objetivo principal que tendrá dicha dependencia como prioridad para el gobierno entrante: lograr el bienestar de la población, generar actividades que la beneficien, en especial a las personas mayores.
Asimismo, se busca que la Secretaría de Bienestar posea las facultades de dirigir, coordinar y monitorear la política integral de desarrollo social, con la finalidad de que sea la dependencia rectora de las acciones que contribuyan a mejorar el desarrollo humano de los mexicanos. En este sentido, se le faculta para participar en las políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas; fomentar y apoyar a las unidades de producción familiar rural de subsistencia; coordinar las políticas de desarrollo rural para elevar el nivel de bienestar de las familias, comunidades y ejidos; coadyuvar en la instrumentación de políticas gubernamentales de fomento a la agroforestería, la economía social y el empleo en el ámbito rural, a fin de evitar la emigración de las áreas rurales.
A esta dependencia también le corresponderá coordinar las acciones que incidan en el bienestar de la población, el combate a la pobreza y el desarrollo humano, y fomentar un mejor nivel de vida.
Por último, integrará y actualizará el sistema de información con los padrones de beneficiarios de programas sociales de la administración federal.
Gran parte de las reformas a las atribuciones de esta dependencia versan sobre el agua, que constituye uno de los más preciados recursos naturales y un derecho humano en sí, cuya disponibilidad está comprometida. Por ello se privilegiarán el consumo humano de este recurso y la preservación ambiental.
A mayor abundamiento, se le dan atribuciones para preservar los recursos hídricos e impulsar acciones que garanticen el acceso y disposición de agua; se le faculta para regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos, esteros y lagunas de jurisdicción federal, así como la protección de cuencas alimentadoras y la ejecución de obras de corrección torrencial.
También deberá participar en la organización y manejo de la explotación de los sistemas nacionales de riego e impulsar acciones para garantizar el agua para consumo humano; permitir el acceso al agua al sector productivo y energético a través del otorgamiento de concesiones; fomentar y apoyar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; así como programar, proyectar, construir, administrar, operar y conservar las obras y servicios de captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de aguas de jurisdicción federal.
La reforma fortalece las facultades de la Secretaría para dictar la política nacional sobre cambio climático y la capa de ozono, desarrollar programas ambientales sectoriales, y regular el aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica.
En adición a las anteriores atribuciones se le faculta para formular y conducir la política nacional y elaborar los programas de manejo de residuos; para vigilar y promover el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas de su competencia, y para iniciar los procedimientos de inspección, imponer sanciones y ordenar las medidas de seguridad con el fin de evitar daños al patrimonio ecológico y a los recursos.
Se potencian las facultades de la Secretaría con el propósito de dar cumplimiento a la política energética nacional; realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia energética; promover las medidas que garanticen el abasto de petróleo y gas, y la seguridad energética del país; establecer políticas de estímulo y promoción al uso de energías renovables; asegurar, fomentar y vigilar el suministro de los combustibles en el territorio nacional; establecer las medidas necesarias para dotar de suministro eléctrico a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas; promover el ahorro de energía; regular y, en su caso, expedir normas oficiales mexicanas sobre eficiencia energética, y establecer la política de restitución de reservas de hidrocarburos y geotermia, así como para el estímulo y promoción del uso de energías renovables.
La reforma faculta a esta dependencia para que promueva obras de mejora en las zonas con actividad minera, para el beneficio sustentable de sus comunidades, creando una relación proporcional entre la explotación de los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos encargados de la misma. Por ello, se le faculta para promover en las zonas de producción minera la construcción de obras de infraestructura social, en coordinación con gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado.
También se le dan atribuciones para participar, junto con otras dependencias, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población. La importancia de esta función se reafirma con la nueva atribución consistente en coordinar y dirigir, con la colaboración de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Sistema Nacional para el Abasto, que asegure la adecuada distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos.
Será encargada además de fomentar, en el ámbito de su competencia, la política de comercio exterior y atracción de inversión extranjera; regular y promover el desarrollo de la industria de la transformación y definir las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y de la inversión directa en la industria eléctrica; promover, orientar y estimular el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y de la actividad artesanal, así como regular la organización de productores industriales. Finalmente, impulsará la reubicación de la industria de zonas urbanas con graves problemas demográficos y ambientales, en coordinación con las autoridades de las entidades federativas.
La reforma modifica el nombre de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la dota de atribuciones para garantizar la seguridad alimentaria. En concreto, será la encargada de asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponda a las secretarías de Economía y de Bienestar, así como contribuir a la seguridad alimentaria, garantizando el abasto de productos básicos.
Las facultades de esta dependencia consisten en organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental. Gran parte de los cambios en sus atribuciones responde a la búsqueda del objetivo de combatir la corrupción mediante un control más eficiente que garantice la legalidad en las actuaciones de los servidores públicos.
Con el propósito de asegurar el cumplimiento de los fines y objetivos de la gestión gubernamental, se prevé que los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal, incluidas las empresas productivas del Estado, además de ser designados por el secretario del ramo, dependan jerárquica, funcional y presupuestalmente de la Secretaría encargada del control interno en la administración federal.
Esta Secretaría continuará investigando las conductas de los servidores públicos de la administración pública federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciará los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la ley general de la materia. En el mismo sentido, deberá expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno conforme a las bases y principios que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Respecto de las contrataciones públicas, se modifican los límites de la competencia de esta dependencia, que se ocupará de conducir y aplicar la política de control interno; de la prevención y vigilancia de las contrataciones públicas; de emitir e interpretar las normas, lineamientos, manuales y demás instrumentos requeridos para la inspección de las contrataciones; y de proporcionar asesoría normativa con carácter preventivo para la contratación, salvo las empresas productivas del Estado.
Finalmente, será la encargada de vigilar la aplicación de las políticas de gobierno digital, y definir las de gobierno abierto y datos abiertos del gobierno federal.
Se faculta a la SEP para crear, en colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un sistema para sistematizar, procesar, automatizar, analizar, estudiar, difundir y poner al alcance de la sociedad información sobre la operación, cobertura, equidad, calidad y demás atributos del sistema educativo nacional; para promover, con la participación del Conacyt, la creación de institutos de investigación científica y técnica y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros tecnológicos que requiera el desarrollo de la educación en todos sus niveles, así como apoyar la investigación científica y tecnológica; fomentar la lectura, crear repositorios en bibliotecas dirigidos a fortalecer la identidad colectiva y acrecentar la memoria histórica y cultural nacional; formular, coordinar y conducir la política educativa del Ejecutivo y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas públicas; diseñar y aplicar las políticas y programas a fin de hacer efectivo el derecho a la educación; ejercer las facultades conferidas a la Federación en el artículo 3º constitucional, salvo las que se atribuyan expresamente a otro organismo, con la participación de las autoridades de entidades federativas, municipios y otros actores; impulsar la formación permanente del magisterio; conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con las autoridades educativas de las entidades federativas y de los municipios, con el magisterio nacional, con instituciones especializadas en educación, con agrupaciones ciudadanas, organizaciones sociales y demás actores sociales del ámbito de su competencia.
Los cambios se centran en lograr que se proporcionen servicios médicos gratuitos universales; crear y administrar establecimientos de salud, de asistencia pública, de medicina tradicional complementaria y de formación de recursos humanos en salud, priorizando la movilidad y accesibilidad; dirigir acciones de inspección médico sanitaria, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando se trate de preservar la salud humana; elaborar y conducir las políticas necesarias para garantizar el acceso a los servicios de salud para las personas que no sean beneficiarias o derechohabientes de alguna institución del sector salud; y elaborar y conducir la política para la producción nacional de medicamentos u otros insumos para la salud.
La reforma dota a la Secretaría del Trabajo de las herramientas necesarias para impulsar la conciliación y la negociación colectivas promoviendo la democracia sindical, y estimular el cumplimiento efectivo de los convenios internacionales sobre derechos laborales.
Secretaría de Desarrollo Urbano,Territorial y Agrario
Esta Secretaría estará facultada para planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial; promover la vivienda digna, el desarrollo urbano y rural, así como otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios, buscando mejorar la calidad de vida de los mexicanos y prevenir que se creen asentamientos en zonas de riesgo que puedan ser afectadas por fenómenos naturales.
Su principal función consistirá en promover, procurar y conducir el pleno ejercicio de los derechos humanos en la formulación de las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano, así como planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable de los ecosistemas, recursos naturales y el fomento de la inversión pública y privada para el sector.
Esta dependencia, además, deberá establecer mecanismos para el ejercicio del derecho de preferencia a que se refiere el artículo 84 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (a efecto de adquirir los predios comprendidos en las zonas de reserva territorial, para destinarlos preferentemente a la constitución de espacio público, incluido el suelo urbano vacante dentro de dicha reserva, señalados en los planes o programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial aplicables, cuando vayan a ser objeto de enajenación a título oneroso); participar en la definición de la política inmobiliaria de la administración pública federal; promover y propiciar el cumplimiento de la normatividad para el ordenamiento del territorio, desarrollo urbano y vivienda; ejercer el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en los casos no encomendados a otra dependencia; participar en la elaboración de los métodos e instrumentos para identificar zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales, para su prevención y mitigación, y diseñar los programas de modernización de los registros públicos inmobiliarios y catastros, a través de la administración de la plataforma nacional de información a que se refiere la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Su objetivo principal es consolidar los elementos de identidad nacional. Asimismo, cuenta con atribuciones para poner al alcance de la ciudadanía actividades culturales, artísticas, de cultura física y deporte como una forma de vida para coadyuvar al desarrollo integral de las familias y de la sociedad en su conjunto; elaborar y conducir la política nacional de cultura con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades federales, así como a las entidades federativas, los municipios y la comunidad cultural; promover, difundir y conservar las manifestaciones culturales y creaciones en lenguas indígenas, así como los derechos culturales y de propiedad que de forma comunitaria tienen sobre sus creaciones artísticas los pueblos indígenas; promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la historia, las tradiciones y las artes populares; coordinar, en colaboración con las autoridades correspondientes y comunidades, acciones de fomento, vinculación, desarrollo y difusión de la producción artística dentro del territorio nacional y en el extranjero.