Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/231050/decreto-42-2015-de-24-de-marzo-de-regulacion-de-las-entidades-colaboradoras-de-la-administracion-e
Timestamp: 2018-04-23 23:05:07
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Decreto 42/2015, de 24 de marzo, de regulación de las entidades colaboradoras de la Administración en materia de prevención y seguridad correspondientes al departamento competente en materia de seguridad pública - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO 42/2015, DE 24 DE MARZO, DE REGULACIÓN DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO COMPETENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
De acuerdo con el artículo 132 del Estatuto de autonomía (RCL 2006, 1450), corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de protección civil, que incluye la planificación de esta materia, así como los servicios de prevención de incendios, entre otros. Asimismo, de acuerdo con el artículo 141.3 corresponde también a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de espectáculos y actividades recreativas.
La Ley 3/2010, de 18 de febrero (LCAT 2010, 178), de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios, ordena y regula, con carácter general, las actuaciones públicas de prevención y seguridad, con la finalidad de configurar un sistema que integre los mecanismos, protocolos y actuaciones que permitan garantizar unos elevados niveles de seguridad en materia de incendios, con independencia de la titularidad pública o privada. Quedan sometidos a esta Ley, en los términos establecidos en la misma, los establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios situados en el territorio de Cataluña que puedan generar una situación de riesgo para las personas, los bienes o el medio ambiente en caso de incendio.
El capítulo II del título VII, sobre potestades de inspección y control, de la Ley 26/2010, de 3 de agosto (LCAT 2010, 535, 603), de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, prevé que las administraciones públicas de Cataluña pueden encomendar el ejercicio de las funciones de inspección y control a entidades colaboradoras debidamente habilitadas en los términos establecidos por esta Ley y por la normativa sectorial en cada caso. Dicha habilitación otorga la condición de entidad colaboradora y se efectúa por resolución administrativa dictada por el órgano competente, por la que se declara la aptitud y la capacidad de una entidad colaboradora y de su personal técnico para ejercer funciones de inspección y control en un ámbito material que la legislación aplicable reserva a la Administración pública.
Respecto a la Ley 3/2010 antes mencionada, el último título, el V, regula las entidades colaboradoras de la Administración que ejercen sus funciones en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios, como complemento a la actuación administrativa y a raíz de la desvinculación del régimen normativo asociado a la Ley 3/1998, de 27 de febrero (LCAT 1998, 151), de intervención integral de la Administración ambiental, que implicó la necesidad de revisar el régimen y las funciones de las entidades colaboradoras de la Administración en esta materia. Este ámbito se enmarca en los conceptos de seguridad pública y protección civil, lo cual justifica el cumplimiento de la Directiva 2006/123/CE (LCEur 2006, 3520) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, con las especificidades sobre el régimen de autorizaciones establecidas por el artículo 9 de dicha Directiva.
Por lo tanto, con la implantación del sistema de prevención y seguridad en materia de incendios, establecido por la Ley 3/2010, de 18 de febrero, se redefine y se reordena el papel de las entidades colaboradoras de la Administración en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios, diferenciado del ámbito de la prevención y control ambiental establecido por la Ley 20/2009, de 4 de diciembre (LCAT 2009, 748 y LCAT 2010, 78, 815), de prevención y control ambiental de las actividades, que tiene por objeto establecer el sistema de intervención administrativa de las actividades con incidencia ambiental.
Asimismo, respecto a las funciones en materia de protección civil que las entidades colaboradoras pueden ejercer en el ámbito de inspección y control y de elaboración de informes técnicos principalmente, hay que destacar que la Ley 4/1997, de 20 de mayo (LCAT 1997, 233), de protección civil de Cataluña, establece que se tienen que determinar por reglamento el catálogo de actividades y el tipo de centros que están obligados a adoptar medidas de autoprotección y a mantener los medios personales y materiales necesarios para afrontar situaciones de riesgo y de emergencia. Este desarrollo legal se llevó a cabo mediante la aprobación del Decreto 82/2010, de 29 de junio (LCAT 2010, 474), por el que se adoptó el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fijó el contenido de estas medidas, el cual queda derogado por el Decreto 30/2015, de 3 de marzo (LCAT 2015, 121), por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas, que entra en vigor al mes de su publicación en el DOGC.
Por otra parte, el artículo 18 de la Ley 11/2009, de 6 de julio (LCAT 2009, 466), de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas, establece que la Generalidad puede acreditar y habilitar entidades colaboradoras de la Administración para que emitan informes técnicos, certificaciones y actas de verificación o control, en el marco de los procedimientos de otorgamiento de licencias y de autorizaciones, de control, de inspección y de sanción regulados por esta Ley, de acuerdo con lo que establecen dicha Ley y su desarrollo reglamentario. Las acreditaciones y habilitaciones a las que hace referencia este precepto deben otorgarse después de comprobar que los solicitantes cumplen los requisitos de capacidad técnica y la solvencia empresarial establecidos por reglamento, deben tener carácter temporal y pueden ser revocadas en caso de que los solicitantes ejerzan sus funciones de forma deficiente.
El título primero del Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas, aprobado por el Decreto 112/2010, de 31 de agosto (LCAT 2010, 569, 887), regula la actuación de las entidades colaboradoras de la Administración en el ámbito de los establecimientos abiertos al público, de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas. Estas entidades tienen que servir para agilizar los procedimientos de control de los establecimientos, actividades y espectáculos que prevé este Reglamento. Finalmente, el Reglamento contiene cinco anexos, el segundo de los cuales es el relativo a las entidades colaboradoras de la Administración.
Artículo 2. Ámbitos de actuación
a) La realización del acto de comprobación y la expedición del correspondiente certificado de acto de comprobación, en las condiciones, términos y supuestos establecidos en los artículos 20 y 25 de la Ley 3/2010, de 18 de febrero (LCAT 2010, 178), de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios, y la realización de funciones de verificación o de inspección y control que se establezcan al amparo de los artículos 8 y 20 y, en su caso, el artículo 22 de la Ley 3/2010 mencionada.
c) Pedir a la dirección general competente por razón de la materia según el ámbito de actuación la suspensión temporal voluntaria de la autorización por un período máximo de un año y, en su caso, que se deje sin efecto definitivamente.
m) Mantener los expedientes, la documentación, las actas, las certificaciones y los datos de los controles efectuados durante un período mínimo de cinco años, en condiciones que garanticen su fiabilidad, la no manipulación y la confidencialidad.
Artículo 9. Personal técnico habilitado de las entidades colaboradoras
Artículo 10. Personal técnico habilitado en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios y de los establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos y actividades recreativas
10.1 Las entidades colaboradoras en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios y de los establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos y actividades recreativas tienen que disponer de personal técnico con la condición de técnico o técnica habilitado de nivel básico o de nivel avanzado expedida por la dirección general competente en materia de prevención, extinción de incendios y salvamentos, y con cumplimiento de los requisitos y del procedimiento establecido en la Orden INT/22/2013, de 1 de febrero (LCAT 2013, 106), por la que se aprueba el procedimiento para la habilitación de los técnicos y técnicas de entidades colaboradoras de la Administración para actuar en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios, o disposición que la sustituya.
10.2 De acuerdo con las disposiciones de la Orden mencionada en el apartado anterior, la habilitación de nivel básico es la habilitación mínima que permite realizar funciones de emisión de informes técnicos, certificaciones y actas de verificación o control en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios, en el marco de las funciones definidas en los artículos 8 y 20 de la Ley 3/2010, de 18 de febrero (LCAT 2010, 178), relativas a la competencia municipal de verificación de las condiciones de seguridad. La habilitación de nivel avanzado permite realizar las funciones definidas en el artículo 25 de la Ley 3/2010 mencionada.
Artículo 11. Personal técnico habilitado en el ámbito de la protección civil
Artículo 12. Revocación, suspensión y pérdida de la condición de técnico o técnica habilitado
Artículo 13. Órgano competente
Artículo 14. Requisitos generales
Artículo 15. Requisitos específicos de autorización en el ámbito de prevención y seguridad en materia de incendios y de los establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos y actividades recreativas
a) Disponer de un director técnico, con la habilitación para realizar actuaciones de comprobación en los establecimientos, actividades y edificios relacionados en el anexo 1 de la Ley 3/2010, de 18 de febrero (LCAT 2010, 178), que tendrá que formar parte de la plantilla laboral de la entidad colaboradora, contratado a tiempo total y dedicado exclusivamente a las tareas propias de la entidad.
b) Disponer del personal técnico habilitado para el desarrollo de sus funciones en el marco de la citada Ley 3/2010, para los establecimientos, actividades y edificios relacionados en el anexo 1 de la misma Ley. A estos efectos, en la solicitud de autorización habrá que indicar el número de técnicos habilitados, que tiene que ser como mínimo de dos personas, que se tiene que mantener en todo caso de acuerdo con la resolución de autorización si se considera suficiente. Una de estos técnicos habilitados tiene que ser el director técnico.
Artículo 17. Solicitud de autorización y documentación a aportar
c) Datos de la plantilla de personal previsto, aportando curriculum vitae del personal técnico debidamente habilitado y del personal directivo, así como la titulación académica y el organigrama de la empresa con indicación de las relaciones con otras organizaciones.
Artículo 18. Evaluación y propuesta de resolución
Artículo 19. Resolución y autorización
d) El período de vigencia de la autorización.
Artículo 20. Efectos y vigencia de las autorizaciones
Artículo 21. Renovación de la autorización
Artículo 22. Modificación de la autorización
Artículo 23. Tasas
Artículo 24. Registro de entidades colaboradoras de la Administración en materia de prevención y seguridad
Artículo 25. Control del mantenimiento de los requisitos y revocación
Artículo 26. Supervisión administrativa
Artículo 27. Inspección de la actividad de las entidades por la Administración de la Generalidad
Artículo 28. Reclamaciones de los usuarios
Artículo 29. Suspensión a instancia de la entidad y pérdida de la autorización
Artículo 30. Suspensión de oficio y retirada de la autorización
30.1 Cuando, en ejercicio de las funciones de supervisión administrativa, como consecuencia de una reclamación, o por informe motivado de una unidad administrativa o de una Administración local, los servicios técnicos de la dirección general competente por razón del ámbito constaten un incumplimiento grave de las obligaciones a las que están sujetas las entidades autorizadas o sus técnicos, de acuerdo con lo que prevén el artículo 97 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto (LCAT 2010, 535, 603), y el artículo 59 de la Ley 3/2010, de 18 de febrero (LCAT 2010, 178), la dirección general competente emitirá una propuesta de resolución de suspensión debidamente motivada.
31.1 Las entidades colaboradoras de la Administración en el ámbito de la prevención y seguridad están sometidas al régimen sancionador que establece la legislación sectorial específica aplicable, como es la vigente en el ámbito de prevención y extinción de incendios, regulada en el capítulo V del título V de la Ley 3/2010, de 18 de febrero (LCAT 2010, 178), de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios y, si procede, la legislación en materia de protección civil y de espectáculos públicos y actividades recreativas, y supletoriamente, el capítulo II del título VII de la Ley 26/2010, de 3 de agosto (LCAT 2010, 535, 603), de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.
Artículo 33. Criterios de graduación
Las sanciones a imponer se tienen que graduar teniendo en cuenta las circunstancias previstas en el artículo 57 de la Ley 3/2010, de 18 de febrero (LCAT 2010, 178), en la legislación de procedimiento administrativo y, si procede, en la legislación en materia de protección civil.
Como consecuencia del correspondiente procedimiento sancionador tramitado de acuerdo con los artículos anteriores de este Decreto, se pueden imponer las sanciones previstas en la legislación sectorial específica, como son las sanciones establecidas en el artículo 55.1 de la Ley 3/2010, del 18 de febrero (LCAT 2010, 178), en materia de prevención y extinción de incendios, y supletoriamente, las previstas en el artículo 100.4 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto (LCAT 2010, 535, 603).
Primera. Habilitación para la modificación de los ficheros de datos de carácter personal
Los ficheros a los que hacen referencia los artículos 24.5 y 9.2 de este Decreto, contenidos respectivamente en los anexos 2 y 3, pueden ser modificados por orden de la personal titular del departamento competente en materia de seguridad pública, de acuerdo con lo que prevé la disposición final tercera de la Ley 32/2010, de 1 de octubre (LCAT 2010, 633, 663), de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.
Segunda. Registro de entidades colaboradoras de la Administración en materia de prevención y seguridad
–1 A efectos de lo que prevé el artículo 62 de la Ley 3/2010, de 8 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios, el Registro de entidades colaboradoras de la Administración en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios se integra en el Registro previsto en el artículo 24.1 de este Decreto.
–2 Asimismo, las entidades colaboradoras de la Administración en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios, una vez obtenida la correspondiente autorización de acuerdo con lo que dispone este Decreto, tienen la condición de entidades colaboradoras de la Administración en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios y de los establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos y actividades recreativas.
–1 Continúan vigentes las autorizaciones y habilitaciones otorgadas antes de la entrada en vigor de este Decreto, si bien cualquier autorización a una entidad colaboradora efectuada por una Administración pública en los ámbitos competenciales previstos en este Decreto finalizará su duración en el plazo máximo de un año a partir de la citada entrada en vigor. Igualmente se mantiene la eficacia de las actuaciones llevadas a cabo por estas entidades y su personal.
–2 Las autorizaciones provisionales otorgadas para actuar como entidades colaboradoras en el ámbito de la prevención de incendios al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley 3/2010 quedan prorrogadas hasta un año a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. Sin embargo, las entidades podrán solicitar en cualquier momento la suspensión de su autorización si es de su interés dejar de actuar como entidad colaboradora en este ámbito.
Queda derogado el anexo II del Decreto 112/2010, de 31 de agosto (LCAT 2010, 569, 887), por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Requisitos de independencia e imparcialidad
Las entidades colaboradoras tienen que cumplir los requisitos para los organismos de inspección de tipo A, conforme al anexo A de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020.
–1 Las entidades y su personal, y la organización superior a la que pertenece la entidad, en su caso, no pueden estar vinculados con ninguna actividad que pueda entrar en conflicto con la independencia de juicio y la integridad respecto de las actuaciones correspondientes a sus ámbitos de actuación.
a) Se consideran incompatibles con la verificación y la inspección y control como entidad colaboradora los servicios de ingeniería, de consultoría, de diseño, instalación y mantenimiento de equipos, sistemas e instalaciones de protección contra incendios y la elaboración o implantación de sistemas de prevención y seguridad y planes de emergencia o de autoprotección en actividades susceptibles de ser controladas, inspeccionadas o verificadas. No obstante, cuando la entidad colaboradora esté autorizada únicamente en uno de los ámbitos a los que hace referencia el artículo 2.1 de este Decreto, podrá realizar servicios en el otro ámbito en el que no está autorizada, si bien el órgano que ha emitido la autorización deberá velar de forma especial por la garantía de independencia e imparcialidad en colaboración y comunicación directa con la dirección general competente en el ámbito en el que no ha sido autorizada.
No se consideran incompatibles las actividades propias de las funciones correspondientes a sus ámbitos de actuación con las actividades realizadas por la entidad colaboradora como entidad de tercera parte, o la realización de actuaciones de autocontrol por una actividad, siempre y cuando no se produzca un conflicto de intereses.
b) La entidad colaboradora no puede realizar ninguna actuación en el marco de las funciones correspondientes a sus ámbitos de actuación en una actividad que tenga relaciones contractuales con una empresa que realiza actividades incompatibles según este Decreto (ingeniería, consultoría o elaboración o implantación de sistemas de prevención y seguridad y planes de emergencia o de autoprotección) si esta empresa tiene titulares o personal directivo con relación de parentesco de hasta segundo grado con los titulares, socios o personal directivo de la entidad colaboradora.
c) El personal técnico habilitado o capacitado que tenga una vinculación personal de parentesco hasta el segundo grado con personas que sean titulares, socios o personal directivo de empresas objeto de la actuación tiene que inhibirse de realizar cualquier actuación para estas empresas.
–2 La entidad colaboradora tiene que documentar las acciones a tomar en la contratación de personal que se haya dedicado previamente a actividades incompatibles de acuerdo con este Decreto a fin de velar por el cumplimiento de los criterios de independencia e imparcialidad mencionados y evitar conflictos de intereses. En ningún caso el personal técnico puede llevar a cabo una actuación de control o de verificación en una actividad si en los dos años previos participó en ella en servicios de ingeniería o consultoría.
Asimismo, si la entidad colaboradora ofrece otros servicios de consultoría o asistencia técnica no incompatibles con lo que se establece en este Decreto, tiene que garantizar que no implique una dependencia financiera o de otro tipo que pueda comprometer la independencia e imparcialidad de la actuación como entidad colaboradora antes de llevarla a cabo.
Todo esto se entiende sin perjuicio de la potestad inspectora y de control de la Administración pública.
–3 La entidad colaboradora no puede compartir oficinas, estructura organizativa, personal, medios, equipos ni publicidad con ninguna empresa o entidad que realice actividades incompatibles de acuerdo con este Decreto.
Asimismo, la entidad colaboradora también tiene que disponer de una política pública asumida por la alta dirección, así como de procedimientos, permanentemente actualizados, que garanticen el cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad regulados en este Decreto.
Igualmente la entidad tiene que disponer, y mantener permanentemente actualizada, de una declaración del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad regulados en este Decreto, firmada por el director general de la entidad (u órgano equivalente). Esta declaración tiene que incluir una descripción detallada de todas las actividades que realiza la entidad colaboradora y también la organización superior a la que pertenece, en su caso.
La entidad colaboradora tiene que disponer de un documento permanentemente actualizado donde consten todas las empresas que se relacionan con ella, o con vinculación personal. Este documento debe incluir una descripción detallada de todas las actividades realizadas por esas empresas, indicando si estas actividades son incompatibles y, si procede, el sistema y procedimientos para evitar cualquier tipo de conflicto de interés.
Fichero del Registro de entidades colaboradoras de la Administración en materia de prevención y seguridad
Registrar y gestionar las entidades colaboradoras de la Administración en materia de prevención y seguridad correspondientes al departamento competente en materia de seguridad pública en el que deben inscribirse las entidades autorizadas de acuerdo con este Decreto.
b) Usos previstos:
Los usos del fichero son la tramitación y resolución de los expedientes de autorización de las entidades colaboradoras, así como las modificaciones, revocaciones, suspensiones, pérdidas y retiradas correspondientes.
Igualmente, elaborar estadísticas internas y públicas.
Las personas físicas representantes de la persona jurídica que solicita la autorización de la entidad colaboradora, así como las personas representantes de la entidad colaboradora autorizada y el director técnico.
Los datos se obtienen mediante formularios, de inscripción electrónica o en soporte papel, a través de las correspondientes declaraciones administrativas y solicitudes.
e) Procedencia de los datos:
Los datos se obtienen directamente de la persona titular de los datos o de la persona que ostenta la representación legal de la entidad colaboradora.
f) Estructura del fichero y tipo de datos tratados:
- Nombre y apellidos de las personas responsables y representantes de la entidad, con el DNI, NIF o NIE, dirección postal y electrónica y teléfono.
- Nombre y apellidos del director técnico, con su DNI, NIF o NIE, dirección postal y electrónica y teléfono.
- Denominación de la entidad y CIF.
- Asimismo, direcciones y municipios de las delegaciones y oficinas, fecha de otorgamiento de la autorización y código de inscripción como entidad autorizada, ámbitos en los que está autorizada y ámbito territorial donde desarrolla su actividad, y condiciones específicas que, si procede, consten en la resolución de autorización.
g) Sistema de tratamiento:
h) Cesiones de datos:
De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (RCL 1999, 3058), de protección de datos de carácter personal; la Ley 3/2010, de 18 de febrero (LCAT 2010, 178), de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios; la Ley 4/1997, de 20 de mayo (LCAT 1997, 233), de protección civil de Cataluña, y la Ley 11/2009, de 6 de julio (LCAT 2009, 466), de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas, se ceden a las administraciones locales y a las administraciones sectoriales con personalidad jurídica propia a las que prestan su colaboración las entidades colaboradoras y su personal técnico habilitado, los datos correspondientes a la autorización y habilitación y, en su caso, las suspensiones, pérdidas, retiradas, revocaciones y modificaciones que les afecten. Asimismo, al Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, y también a los órganos del departamento competente en materia de seguridad pública de la Administración de la Generalidad.
i) Transferencias internacionales de datos a terceros países:
j) Órgano responsable del fichero:
Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos o Dirección General de Protección Civil, en función de los ámbitos de actuación previstos en el artículo 2.1 de este Decreto, del Departamento de Interior, calle Diputació, 353-355, 08009 Barcelona.
k) Unidad administrativa ante la que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Subdirección General Técnica y Subdirección General de Programas en Protección Civil, respectivamente, de las direcciones generales de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos y de Protección Civil, en función de los ámbitos de actuación previstos en el artículo 2.1 de este Decreto, del Departamento de Interior, calle Diputació, 353-355, 08009 Barcelona.
(Buzón de correo electrónico: lopd.interior@gencat.cat).
l) Nivel de seguridad: básico.
Fichero del Personal técnico habilitado y certificado de las entidades colaboradoras en materia de prevención y seguridad
Registrar y supervisar al personal técnico habilitado de las entidades colaboradoras de la Administración en materia de prevención y seguridad, tanto en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios y de los establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos y actividades recreativas, como en el ámbito de la protección civil.
Registrar al personal técnico certificado respecto a la prevención y seguridad en materia de incendios, o bien el que está cursando una formación específica para obtener el certificado de técnico en esta materia que emite el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.
Gestión de habilitaciones y supervisión del personal técnico de las entidades colaboradoras de la Administración en materia de prevención y seguridad, tanto en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios y de los establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos y actividades recreativas, como en el ámbito de la protección civil.
Gestión de certificaciones del personal técnico y registro de los técnicos que están cursando una formación específica para obtener el certificado de técnico en esta materia que emite el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.
Elaboración de estadística interna y pública.
Personal técnico en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios y de los establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos y actividades recreativas, así como en el ámbito de la protección civil.
d) Procedimiento de recogida de los datos:
Los datos se obtienen mediante formularios de inscripción electrónicos y en soporte papel, a través de las correspondientes solicitudes o declaraciones, si procede.
e) Procedencia de los datos de carácter personal:
Los datos son proporcionados por los propios técnicos, por las entidades colaboradoras de la Administración o por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.
f) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal:
Nombre y NIF de la empresa
Dirección postal del puesto de trabajo
Dirección electrónica profesional
Sanciones impuestas e infracciones cometidas.
g) Sistema de tratamiento de datos utilizado:
De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (RCL 1999, 3058), de protección de datos de carácter personal; la Ley 3/2010, de 18 de febrero (LCAT 2010, 178), de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios; la Ley 4/1997, de 20 de mayo (LCAT 1997, 233), de protección civil de Cataluña, y la Ley 11/2009, de 6 de julio (LCAT 2009, 466), de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas, al Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, a las administraciones locales y a las administraciones sectoriales a las que prestan su colaboración las entidades colaboradoras. Se incluyen en todo caso los diferentes órganos del departamento competente en materia de seguridad pública de la Administración de la Generalidad.
i) Transferencias internacionales de datos a países terceros:
Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos y Dirección General de Protección Civil, en función de los ámbitos de actuación, del Departamento de Interior, calle Diputació, 353-355, 08009 Barcelona.
k) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Servicio de Prevención de la Subdirección General Técnica de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, en la carretera de la Universidad Autónoma, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès; y Subdirección General de Programas en Protección Civil de la Dirección General de Protección Civil, calle Diputació, 353-355, 08009 Barcelona.
(Buzón de correo electrónico: lopd.interior@gencat.cat ).
l) Nivel de seguridad: