Source: https://es.scribd.com/document/248582204/BULYNG-3
Timestamp: 2020-08-14 12:51:24
Document Index: 261791292

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 67', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 39', 'artículo 40', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 21', 'artículo 168', 'artículo 20', 'artículo 58', 'artículo 3', 'artículo 31', 'artículo 272', 'Artículo 35294', 'Artículo 20', 'artículo 4', 'artículo 14', 'Artículo 44', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 19', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 39', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 67', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 25', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 16', 'Artículo 58', 'Artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 16', 'Artículo 31', 'Artículo 272', 'artículo 49', 'Artículo 317', 'Artículo 42', 'artículo 73', 'Artículo 44', 'Artículo 23', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 27', 'Artículo 3', 'artículo 24', 'artículo 123', 'Artículo 7', 'artículo 3', 'Artículo 8', 'Artículo 42', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 103', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 53', 'Artículo 56', 'Artículo 1', 'artículo 4', 'Artículo 3', 'Artículo 13', 'Artículo 21', 'artículo 3', 'Artículo 32', 'artículo 3']

BULYNG 3 | Convenio europeo de derechos humanos | Violencia
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EL BULLYNIG UN FENOMENO DE ACOSO INTIMIDACIONN Y EXCLUSION
Acoso-bullying Charla Alumnos
Educando territorios.docx
Comite de Bullying y Medios de Comunicacion
tarea 7 (2).docx
AnexoI Pikas
Protocolo Ante Situaciones emergentes (Escuela secundaria).
Bulling1 Grupo n1
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Oficina de Asistencia Técnica Legislativa
Agresión, maltrato y acoso psicológico entre los compañeros de estudio
Bancada Colombia Democrática
PASANTES A CARGO:
Juan Guillermo Hernández Lombo
MENTOR A CARGO:
Agosto 10 de 2005
Septiembre 20 de 2005
La Bancada Colombia Democrática solicitó a la Oficina de Asistencia Técnica Legislativa - OATL- la realización de un estudio de antecedentes acerca de la agresión, maltrato y acoso psicológico entre compañeros de estudio también llamado “Bullying”.
1. GENERALIDADES SOBRE EL ACOSO O MALTRATO INTRA-ESCOLAR
El problema del acoso o maltrato intra-escolar (bullying en la terminología anglosajona para referirse al maltrato escolar entre iguales) se ha caracterizado hasta hace poco por ser un fenómeno poco conocido y estudiado entre los escolares; por ello, a pesar de haber estado siempre presente en las instituciones educativas, no ha tenido hasta ahora una respuesta institucional adecuada, desde el punto de vista jurídico y educativo.
Esto, en parte, porque con el fenómeno del bullying ha ocurrido algo similar a lo experimentado con la violencia intrafamiliar y el acoso laboral (mobbing) 1 . En el primer caso, porque se consideraba un evento natural y de carácter privado que debería ser solucionado en el seno familiar; en el caso del acoso laboral, que recientemente fue legislado por el Congreso de la República 2 , porque se reconocía el acoso moral como causal de daños graves para las víctimas.
En ambos casos y en el de violencia intra-escolar, la dificultad o falta de instrumentos de intervención estatal, aunada a la permisividad sociocultural de estos fenómenos y al silencio obligado de las víctimas y pasivo de los espectadores, hacen que se genere una tolerancia social e institucional en la cual todos los actores resultarán afectados de una u otra forma, máxime tratándose de niños que no han completado su proceso de formación social y cognoscitiva.
De esta forma, aceptando que “la aplicación de violencia o intimidación a las relaciones humanas es siempre reprobable y debe ser combatida por el Estado de Derecho, cuando el sujeto pasivo de la misma es un menor, el celo del Estado debe ser especialmente intenso, y ello por dos motivos: en primer lugar por la situación de especial vulnerabilidad en cierta manera predicable con carácter general de los menores; en segundo lugar por los devastadores efectos que en seres en formación produce la utilización como modo de relación de la violencia y/o la intimidación” 3 .
En nuestro país, los primeros estudios revelan que el fenómeno puede presentar magnitudes similares a las encontradas en otros países, identificando características adicionales en términos de su reconocimiento más tardío por parte de la población escolar y comportamientos distintivos de las niñas en cuanto al uso de violencia física; sin embargo, como ha sido la experiencia internacional, nuestro marco jurídico 4 no considera en especial este tipo de violencia entre menores escolares 5 .
Para dar respuesta a la solicitud, el estudio tiene un doble objetivo; el primero busca establecer una aproximación conceptual y empírica al problema, de manera tal que se puedan establecer bases para tipificar el acoso o maltrato intra-escolar como un fenómeno y un comportamiento grave que afecta los principios más elementales del bienestar de los menores; segundo, describir el estado actual de la normatividad nacional y extranjera a partir de la cual se puedan extraer lecciones para las iniciativas de ley actuales relacionadas con el tema.
El estudio se ha dividido en tres partes; en la primera establecemos una aproximación conceptual y empírica al problema; en la segunda nos remitimos a los antecedentes legislativos nacionales y extranjeros, de lo cual extraemos algunas lecciones para nuestro país y finalizamos con los aportes de una mesa de expertos a partir de la cual organizamos
1 También en la terminología anglosajona se refiere al acoso moral que se presenta en el ámbito laboral, no necesariamente entre iguales.
Aprobada el 6 de Diciembre de 2005 en plenaria del Senado, la cual pasa a sanción Presidencial.
3 Sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia juvenil; Fiscalía General del Estado; Instrucción 10 de 2005; España. 4 Como en otros países, para el caso de “bullying”, el marco legal nacional que debe cobijar este tipo de fenómenos lo constituye el Código Penal, el Código del Menor y la Ley General de Educación. 5 Representaciones sobre el maltrato entre iguales en niñas y niños escolarizados de 9, 11 y 13 años de nivel socioeconómico alto y bajo de la ciudad de Barranquilla (Colombia); Olga Hoyos, José Aparicio, Karol Heilbron y Vanessa Schamun
observaciones y conclusiones. Incluimos apartes de la iniciativa de Ley No. 085 de Cámara del 26 octubre de 2005 que actualmente hace curso en el Congreso de la Republica.
2. CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO O MALTRATO INTRA-ESCOLAR
2.1 Aproximación conceptual El término 6 : El primer autor que definió este fenómeno fue Olweus 7 cuando describe un fenómeno en el cual “un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos.”
En estos términos, “bully”, literalmente, significa matón o agresor y “bullying” se utiliza para describir diversos tipos de comportamientos no deseados por niños y adolescentes, que tienen que ver con la intimidación, tiranización, aislamiento, amenaza, insultos, sobre una víctima o víctimas señaladas.
En nuestro país las profesoras Hoyos y Córdoba se manifiestan en términos similares con respecto a este fenómeno, definiéndolo como “el maltrato entre iguales caracterizado por una situación de acoso, intimidación o victimización en la que un alumno es atacado por un compañero o grupo de compañeros. Resaltando que este tipo de comportamiento es repetitivo, prolongado en el tiempo y presenta un desbalance de poder entre la victima y el agresor” 8
Los criterios: El bullying define situaciones de acoso, intimidación o victimización en las cuales un alumno o alumna está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que llevan a cabo otros compañeros. Por acciones negativas entendemos tanto las cometidas verbalmente o mediante contacto físico, como las psicológicas de exclusión.
Para que tales acciones negativas puedan constituirse en situaciones de “bullying” se tienen en cuenta las siguientes condiciones:
1. Debe existir una víctima indefensa atacada por un abusón o grupo de matones.
2. Presencia de desigualdad de poder (desequilibrio de fuerzas), entre el más fuerte y el más débil. Es una situación desigual, de indefensión para la víctima.
3. La existencia de una o más de las conductas de hostigamiento internacionalmente reconocidas como tales.
4. La repetición de la conducta que ha de ser evaluada por quien la padece como no meramente incidental, sino como parte de algo que le espera sistemáticamente en el entorno escolar en la relación con aquellos que le acosan.
5. La duración en el tiempo, con el establecimiento de un proceso que va a ir minando la resistencia del niño y afectando significativamente a todos los órdenes de su vida (académico, afectivo, emocional, familiar)
6. La agresión crea en la víctima la expectativa de poder ser blanco de ataques nuevamente.
7. La intimidación se refiere a sujetos concretos, nunca al grupo.
6 Para consultar otras definiciones se sugiere la siguiente bibliografía: OLWEUS, Dan. “Bully/Victim Questionnaire” Oxford 1993 ; ORTEGA, R. y MORA-MERCHÁN, J. “Agresividad y violencia. El problema de la victimización entre escolares”, Revista de Educación, 313. Madrid 1997.
7 Conductas de acoso y amenaza entre escolares. D. Olweus; Editorial Morata; Madrid; 1998ata 8 “Agresión en la Escuela Arma Silenciosa” Hoyos de los Rios, O. y Cordoba Rosenow, P. “Universidad del Norte Barranquilla, 2005.
De estas condiciones, se consideran como esenciales para la determinación del bullying, los ítems 3, 4 y 5 9 ; estos criterios son importantes a la hora de definir tanto instrumentos de medición y seguimiento, como de intervención por parte del Estado y las instituciones de interés en el fenómeno de la violencia intra-escolar.
Tipos de maltrato y manifestaciones de la agresión: Existen diferentes tipos de violencia y con frecuencia aparecen varios de forma simultánea.
1. Físico: empujones, patadas, agresiones con objetos. Se da con más frecuencia en Primaria que en Secundaria.
2. Verbal: es el más habitual. Insultos y motes principalmente, también menosprecios en público, resaltar defectos físicos.
3. Psicológico: minan la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor.
4. Social: pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros.
En cuanto a sus manifestaciones, en la tabla 1 se describen a partir de la literatura internacional las manifestaciones que más frecuentemente se consideran en los estudios. Tabla 1 Tipos frecuentes de conducta por tipo de agresión
Fuente: “Las distintas perspectivas de estudiantes y docentes acerca de la violencia
escolar”;
Cristina del Barrio, Ángela Barrios, Kevin Van der Meulen y Héctor Gutiérrez; Madrid; 2003
Dentro de estas manifestaciones, vale la pena resaltar aquellas que resultan en lesiones personales de la víctima, como producto de la agresión física intencional y directa, pues ellas configuran para la mayoría de legislaciones internacionales un caso de lesiones personales; generalmente contempladas en los códigos penales y de un proceso definido de actuación.
9 “Informe Cisneros VII Violencia y Acoso Escolar” Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo Piñuel y Zabala, Iñaki. Madrid 2005
Internacional: En España, por ejemplo, en estudios iniciales casi un 6% de los alumnos de ese país han vivido de forma recurrente el fenómeno conocido como “bullying”; en otros estudios más recientes, las experiencias con este problema, alcanzan más de un 20%; (ver gráfico 1).
Gráfico 1 Algunas estadísticas sobre comportamiento ante el Bullying en España
NO PEDIRÍAN
PSIQUIATRICOS.
Ser ie1
COMPORTAMIENTO ANTE EL BULLYING
Fuente: Bullying, violencia escolar; Isabel Menéndez B.; Madrid, Diciembre de 2004
Nacional: En el ámbito nacional los únicos trabajos que pueden dar una idea de este fenómeno en el país son los de la Doctora Olga Hoyos 10 , realizados en la ciudad de Barranquilla. En general, a partir de estos trabajos, presume que la frecuencia nacional no esta muy lejana de las estadísticas internacionales; en sus resultados, ella encuentra, por ejemplo, que tanto los niños como las niñas son agresores. Ellos lo hacen más con golpes mientras que ellas acuden a las agresiones verbales y rumores o a la exclusión social; aunque, comparativamente con la experiencia internacional, las niñas pegan más que en otros estudios; en secundaria, los casos aparecen con mayor frecuencia entre los 11 y los 14 años cuando cursan sexto y séptimo grado. En la primaria, se presentan desde los 9 años.
Un segundo trabajo realizado para indagar cómo percibían los niños este tipo de agresión. Los resultados fueron sorprendentes. A diferencia de lo que sucede en España, donde los niños de 9 años distinguen entre una pelea "normal" y el 'bullying', en Barranquilla solo los más grandes (13 años) lo detectan como tal; la gran mayoría de nuestros niños no interpretan una situación en la que claramente se está dando "bullying", como bullying, sino como una relación de agresión, caracterizada por conductas agresivas eventuales.
10 “Agresión en la Escuela Arma Silenciosa”; Hoyos de los Rios, o. y Cordoba Rosenow, P. Universidad del Norte Barranquilla, 2005.
Este resultado, puede estar indicando, probablemente, mayores niveles de tolerancia a distintas formas de maltrato haciéndonos pensar que este problema tiene en nuestro contexto manifestaciones no sólo diferentes, sino quizá más dramáticas; adicionalmente sus resultados indican que hay algunos profesores que, dependiendo de su contexto cultural, permiten o reprochan más las actitudes violentas.
Con relación a estudios previos en contextos europeos, llama la atención que en el presente estudio los niños no hicieran referencia a buscar un compañero como estrategia para minimizar
el malestar emocional o ponerle fin al problema. Estudios anteriores relacionados con el tema
plantean, a diferencia de lo que ocurre en nuestro contexto, que los niños no consideran que los
adultos contribuyan en la solución de las situaciones de "bullying", antes por el contrario, piensan que la intervención de éstos es contraproducente, planteando entonces que son los pares quienes podrían en un momento determinado contribuir a poner fin a la relación de "bullying".
2.3 Enfoque clínico e institucional del problema
Delimitación del fenómeno: La Figura 1 ilustra las relaciones entre diferentes conceptos. Como se ve, se sitúa la agresión como un tipo de conducta antisocial, dirigida a hacer daño a un individuo. Pero además de la agresión, la conducta antisocial puede adoptar otras formas como el vandalismo (dirigido a objetivos materiales no de individuos particulares sino de
instituciones, o bien de los individuos en su papel social, representando a las instituciones), la disrupción, el absentismo escolar, la picaresca asociada a los exámenes, por citar sólo algunas que pueden encontrarse en el ámbito escolar. Así, no sería muy apropiado denominar agresión
a una acción destructiva sobre un edificio público, o una cabina telefónica, aunque sí son
conductas antisociales. Serían agresiones –de tipo indirecto– si van dirigidas a propiedades de una persona, porque intentan un daño en ella a través de sus objetos. Las conductas antisociales se opondrían a las pro-sociales, encaminadas a procurar un bien social, ya sea en individuos particulares ya sea en la sociedad en general (creación de una fundación artística). El altruismo, un tipo de conducta pro-social en el que el bien procurado a otro implica un sacrificio personal, ha recibido una gran atención por parte de los estudiosos del desarrollo social desde enfoques etológicos o socio-afectivos.
Figura 1 Delimitación del fenómeno del bullying
del Barrio, Ángela Barrios, Kevin Van der Meulen y Héctor Gutiérrez;
escolar”; Cristina
El caso del maltrato entre escolares se considera como un caso particular, con el agravante de producirse entre quienes se consideran desde muchos criterios, como iguales. A diferencia de las relaciones niño-adulto, las relaciones entre pares se sitúan en un mismo plano horizontal y se definen por su naturaleza simétrica. Las innegables diferencias individuales entre ellos pueden situar a unos en situación de ventaja frente a otros, que es aprovechada por algunos
para hacer la vida imposible a quien está en situación de desventaja. En conclusión, el maltrato es un ejemplo de agresión que puede adoptar muchas formas, y por tanto también es un ejemplo de conducta antisocial, este fenómeno genera todo un circulo psicológico vicioso como
lo demuestra la Figura 2.
Círculo conducta del Bullying
Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental y Desarrollo Humano de Estados Unidos
Además, cualquier comportamiento agresivo o antisocial puede ser violento o no. La violencia añade la cualidad de la fuerza y supone una destrucción extrema, no sólo aplicada a los fenómenos sociales (hay ejemplos en la naturaleza como el de las tempestades). Por tanto no todas las agresiones, ni todas las formas de maltrato, ni todas las conductas antisociales son
violentas. Por ello en el diagrama de la Figura 1, la violencia atraviesa los otros fenómenos a los que califica pero los trasciende también. Esta distinción es particularmente importante porque hay una tendencia poderosísima a representarse cada uno de estos fenómenos en su modalidad violenta, la más visible. Esta imagen prototípica corresponde sin embargo a la realidad menos frecuente. Pero es un sesgo muy presente en la literatura psicológica, junto con la tendencia a representarse el maltrato y las agresiones en general, como agresiones físicas. El no reconocer como maltrato, p.ej. los casos de ostracismo al que se somete a un niño o niña,
o de comentarios jocosos sobre la figura de una compañera que muestra los primeros cambios puberales, dificulta la intervención y prevención en el problema.
Medición: Para Piñuel y Zabala, el diagnóstico de Acoso Escolar no queda establecido por la adscripción subjetiva del niño a sí mismo al “grupo de personas que se consideran a si mismas acosadas”, sino por la referencia del niño a conductas de maltrato que se producen contra él de manera frecuente o muy frecuente. La obtención de datos de tipo Q (Obtenidos mediante
cuestionario) debe ser completada con otras fuentes de datos de tipo L (Observación) y T (indicadores e indicios).
Clínica relacionada con el fenómeno: El Acoso Escolar sigue habitualmente una secuencia típica de cinco fases (Piñuel y Zabala):
Fase 1 Incidentes críticos Fase 2 Acoso y estigmatización del niño Fase 3 Latencia y Generación del Daño Psicológico Fase 4 Manifestaciones somáticas y Psicológicas graves Fase 5 Expulsión o autoexclusión de la víctima
Durante este proceso evolutivo, se producen una serie de consecuencias, no sólo para la víctima (aunque sí las que pueden ser más devastadoras), sino también para el agresor y para los espectadores del fenómeno (niños y jóvenes en proceso de crecimiento y desarrollo). Serían las siguientes (Isabel Menéndez):
Tabla 2 Algunas consecuencias del acoso o maltrato intra-escolar
1. Fracaso y dificultades escolares. 2. Alto nivel de ansiedad. Sobre todo. Anticipatoria. Fobia escolar 3. Déficit de autoestima. 4. Cuadros depresivos. 5. Intentos de suicidio. 6. Autoimagen negativa. 7. Baja expectativa de logro. 8. Indefensión aprendida (fenómeno descrito por Seligman que conduce a un estado de “desesperanza”. El sujeto aprende que no puede controlar los sucesos de su entorno mediante sus respuestas. Por lo que deja. Incluso de emitirlas.)
1. Aprendizaje de la forma de obtener sus objetivos. 2. Antesala de la conducta delictiva. 3. Reconocimiento social y estatus dentro del grupo. 4. Generalización de sus conductas a otros ámbitos ( por ejemplo. En el entorno labora. Vida en pareja )
1. Deficiente aprendizaje sobre cómo comportarse ante situaciones injustas.
2. Exposición. Observación y refuerzo de modelos inadecuados de actuación.
3. Falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los otros (se produce una desensibilización por la frecuencia de los abusos).
3. MARCO NORMATIVO COLOMBIANO
La violencia, el maltrato o el acoso intra-escolar entre iguales –bullying- no tiene antecedentes legislativos específicos que se encarguen de su regulación, es decir, no ha existido ni existe actualmente ningún marco normativo explícito que se ocupe concretamente sobre este tema. De allí que el poco tratamiento que a este fenómeno se le ha dado, en las circunstancias en donde se ha hecho demasiado evidente, ha sido a nivel netamente escolar de manera informal, de acuerdo al contexto en que se desarrolla y de manera autónoma por parte de los diferentes centros educativos; sin embargo, hay que mencionar que por parte del Estado, se ha buscado proteger de manera general cualquier tipo de violencia, dentro de la cual se enmarca la
violencia de carácter psicológico y moral, por consiguiente, puede establecerse que por extensión se busca brindar una protección contra la violencia generada a partir del maltrato psicológico entre escolares.
En este sentido, el marco legal y normativo que intente brindar estos elementos regulatorios, como también sucede en la experiencia internacional, procede de tres fuentes principales:
Directa: como marco jurídico regulatorio del cual se desprenden acciones de carácter jurídico
1. Los acuerdos internacionales de derechos humanos y protección de la niñez (Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989)
2. La Constitución Política.
3. Ley de protección a los derechos del niño (Ley 112 de 1991)
4. Ley general de educación (Ley 115 de 1994)
5. El Código del menor (Decreto 2737 de 1989)
6. El Código Penal (Ley 906 de 2004)
Indirecta: como marco jurídico de referencia para su tratamiento o actuación sectorial relacionado con el acoso moral y otras situaciones similares.
1. Ley sobre violencia intrafamiliar (Ley 294 de 1996)
2. Ley de acoso laboral (para sanción presidencial)
3. Planes de desarrollo (Ley 812 de 2003)
Adicionalmente, deben considerarse las actuaciones institucionales privadas, generalmente reguladas a través de manuales éticos o de convivencia escolar.
Constitución: Colombia, siguiendo los lineamientos de la Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, del 2 de noviembre de 1989, reformó la Carta Magna e incluyó el criterio y los principios de protección integral de la niñez en su doble dimensión: garantía de los derechos de los Niños y protección en condiciones especialmente difíciles. Además, establece
la responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, en la obligación de asistir y proteger a los niños y las niñas para asegurar su desarrollo armónico integral en ejercicio pleno de sus derechos; por ello señala en su artículo 44 cuáles son los derechos fundamentales de los niños, dentro de los que enuncia que éstos “…Serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia física o moral
familia y a la sociedad en general a garantizar esta protección: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”; y por su parte el artículo 45 constitucional expresa que “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral”, esto como para mencionar que el Estado a nivel constitucional y como derechos fundamentales, se compromete con los niños y adolescentes para brindarles la protección integral ante la violencia psicología o moral. También, con relación a la educación y la obligación que le compete al Estado, en su artículo 67, la Constitución dice: “Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”.
además, en le mismo artículo impele al Estado, a la
Con relación a situaciones de indefensión, si podemos tipificar algunas de las víctimas de acoso intra-escolar en esta categoría, en su artículo 13, también define la responsabilidad del Estado:
“El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física
o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan”.
Leyes producto de los compromisos internacionales: Las obligaciones generales del Estado en cuanto a la protección de la violencia psicológica en los menores se sigue desarrollando a nivel normativo con la Ley 12 de 1991, la cual se origina en la Convención sobre los Derechos del Niños adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, documento de carácter internacional, que constituye el marco fundamental a partir del cual los gobiernos desarrollan sus políticas para la niñez y la adolescencia. En su artículo 2, la citada Ley, manifiesta que
Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”; continúa en su artículo 19: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para
el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al
niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”; adicionalmente en los artículos 28 y 29 de la mencionada Convención se hace una alusión directa al medio educativo en el que deberá desarrollarse la vida escolar de los niños y en donde los Estados partes se comprometen a adoptar cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño.
Así mismo el Estado se comprometió según lo dispuesto en el artículo 39 de dicha Convención
a adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la
reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sobre la educación, en el preámbulo, la Convención afirma que “…el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”
Finalmente, tanto la Convención, como la Ley 12 de 1991, incluyen al menor infractor de la Ley
y establece en su artículo 40 el conjunto de consideraciones que se deben tener al respecto;
esto si consideramos la posibilidad de casos de acoso o violencia que lleguen a lesiones personales; estas consideraciones son: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad… 3… promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes… 4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y
supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción”.
Otra base legal con la que se ha pretendido brindar una protección integral a los niños frente a los diferentes tipos de violencia es la Ley 319 de 1996, a través de la cual el Congreso de la República aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”, y en el que a través del artículo 16 se enuncia que “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
Ley Marco de Educación. Adicionalmente dentro de la Ley Marco de Educación, la Ley 115 de 1994, el Estado Colombiano define en el artículo primero de dicha norma que “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”, por lo cual ésta según lo desarrollado por el artículo 5 de la misma deberá desarrollarse atendiendo fines como el del pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos y en la formación por el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. En su artículo 21, literal a), recalca la convivencia en sociedad; así: “a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista”.
En general, y como lo refiere la propia norma, esta se dirige a regular el servicio público de la educación y no prevé en el mismo este tipo de casos; tampoco orienta hacia la formación preventiva o positiva frente a la convivencia escolar, como la creación de ambientes favorables
a la misma, aunque algo enuncia en sus artículos 13 y 25 de objetivos comunes a todos los
niveles y la formación ética y moral, respectivamente. De igual forma, en su artículo 168, de
inspección y vigilancia, la norma debiera ser más explícita en cuanto a las responsabilidades de
la institución y el educador en cuanto al mantenimiento de ambientes escolares de convivencia.
Leyes como marco de referencia indirecto: La Ley 294/96 sobre violencia “intrafamiliar” establece varios puntos de interés; el primero, consiste en el reconocimiento de varias formas de maltrato, entre quienes pueden considerarse de base iguales, bajo las cuales debe intervenir el Estado, en lo que antes era un terreno de la vida privada: artículos 4, 5; un segundo punto es la obligación de intervención con poder sancionatorio del Estado en su capítulo V; por ejemplo, en su artículo 20, que las autoridades policiales tienen la obligación de asistir a las víctimas de maltrato intrafamiliar, con el fin de "impedir la repetición de los hechos, remediar las secuelas físicas y psicológicas que se hubieran ocasionado y evitar retaliaciones por tales actos". A tal efecto, prescribe ciertas medidas específicas que deben adoptar dichas autoridades, tales como: acompañar a la víctima al centro asistencial más cercano, hasta su hogar o algún lugar seguro; asesorarla en la preservación de las pruebas de los actos de violencia, y en cuanto a sus derechos y a los servicios gubernamentales disponibles en tales circunstancias. La misma ley prescribe medidas precautorias, como el desalojo del agresor, la obligación de que el mismo se someta a un tratamiento reeducativo y terapéutico, y de cubrir con sus propios recursos la reparación de los daños causados.
Planes de desarrollo y políticas gubernamentales: Con la Ley 812 de 2003, que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 el Estado Colombiano reafirmó su compromiso de protección a la infancia consagrando en el artículo 58 de la misma que “El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de la Protección Social, impulsará las políticas orientadas al desarrollo integral de la primera infancia con particular énfasis en los temas de salud, nutrición, estimulación adecuada, entorno saludable y cuidado óptimo”.
En su recorrido reciente, el Gobierno Nacional ha registrado las siguientes decisiones:
• Legislación por la infancia, la formulación y puesta en marcha en los últimos 10 años del Plan de Atención en Favor de la Infancia (PAFI), en el que adopta las metas de la Cumbre mundial en favor de la infancia de 1990 y prioriza a la niñez en la agenda política, económica y social del Estado.
• El desarrollo del programa para la Erradicación paulatina del Trabajo Infantil y la Protección del Joven trabajador.
• Inclusión de la situación de la niñez en los Planes de Desarrollo de los gobiernos desde 1990 hasta el 2002.
• Propuesta de revisión, actualización y desarrollo del Código del Menor, iniciando con la de responsabilidad penal juvenil.
• La adopción por parte del ICBF del enfoque de derechos y la doctrina de la Protección integral como marco ético para la planeación, seguimiento, evaluación y asesoría a las instituciones vinculadas al Sistema nacional de Bienestar Familiar.
• El Plan Nacional contra la violencia intrafamiliar, orientado a promover las buenas relaciones intrafamiliares y contribuir a la construcción de una cultura de convivencia pacífica con prioridad a la prevención y atención del maltrato y la violencia intrafamiliar a través del Programa Haz - Paz.
• La presentación de un proyecto de ley, actualmente en trámite en el Congreso de la República, orientado a fortalecer la normativa sobre prevención y control de la prostitución infantil y el abuso sexual.
• La ley de juventud dirigida a reconocer y promover la participación de los jóvenes y a mejorar la oferta y calidad de servicios de salud, educación y capacitación para el trabajo, entre otros.
• A pesar de todos los esfuerzos la situación general del país ha afectado negativamente la situación de la infancia, niñez y adolescencia, y las violaciones a sus derechos continúa siendo importantes, como se puede observar en la siguiente síntesis de los indicadores más importantes.
Decretos como marco directo de actuación jurídica: Con el Decreto 2737 de 1989 a través del cual se aprobó el Código del Menor, el Estado ha venido desarrollando la protección a los menores, en dicho Código, artículo 3, se menciona inicialmente que “Todo menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social; estos derechos se reconocen desde la concepción”. Y se enuncia adicionalmente, artículo 31, que un menor se encuentra en de peligro cuando:
“…presentare graves problemas de comportamiento o desadaptación social, o cuando su salud física o mental se vea amenazada gravemente por las desavenencias entre la pareja, originadas en la separación de hecho o de derecho, en el divorcio, en la nulidad del matrimonio o en cualesquiera otros motivos”; en su artículo 272, parágrafo 1, el Código realiza una aclaración fundamental para el tema de la violencia psicológica dentro de la que implícitamente se ha incluido al bullying que expresa que “Para efectos del presente artículo un menor se considera maltratado cuando a sufrido violencia física o psíquica, o cuando se le obligue a cumplir actividades que impliquen riesgos para su salud física o mental o para su condición
moral o impidan su concurrencia a los establecimientos educativos”; además, deja las comisarías de familia como una posible vía institucional y jurídica para que la familia denuncie casos de acoso intra-escolar. El mismo código es fuente de actuación procesal cuando se trata de la comisión de delitos por menores de 18 años, dentro de los cuales cabe las actuaciones violentas que pueden terminar en lesiones personales de otro menor.
3.1 Canales institucionales
A partir de las normas citadas surgen posibles canales institucionales, formales y no formales
que pueden ser conductos de solución; en principio, sobre los formales aparecen los Juzgados de menores (artículos 170 y 171 del Código del Menor), las Comisarías de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cuando se trata de vías de actuación punible hacia los agresores y posiblemente de denuncia en el caso de las Comisarías, cando no se trata de lesiones personales (Título IV del Código del menor).
4. EXPERIENCIAS EN COLOMBIA
Si bien en esta área no existen recetas ni modelos únicos, ellas sirven de ejemplo sobre formas
de trabajar en la prevención de la violencia. Varias de estas iniciativas están recibiendo apoyo del proyecto Integración de los Programas de Prevención de la Violencia en las Escuelas, de PREAL, con el fin de reforzar sus Con el fin de contribuir a consolidar este tipo de estrategias y su sistematización, PREAL apoyará durante el 2004 las actividades de la CRJ en veinte centros educativos donde ya hay un trabajo previo en este ámbito: 13 en Medellín (Departamento de Antioquia) y 7 en Manizales y Villamaría (Departamento de Caldas).
Según se indica en el proyecto, la idea es generar procesos participativos de educación no
formal y organización y proyección comunitaria de ‘niño a niño’ y de ‘joven a joven’, a través de la formación de Brigadas Educativas de CRJ. Por medio de una metodología lúdica y de animación sociocultural, se promoverá el desarrollo de factores protectores en los niños y jóvenes que participen. Funcionando en el marco de los programas PACO, se busca con esta estrategia contribuir a la disminución de las manifestaciones de violencia escolar, familiar y comunitaria que afecta directa o indirectamente a los niños y jóvenes participantes en el proyecto, promoviendo su transformación para generar comportamientos y actitudes de convivencia social. Esto se trabaja a través de:
• Generación de modelos alternativos del rol de los niños y jóvenes frente a su realidad social.
• Promoción del desarrollo de factores protectores individuales, familiares y comunitarios frente a la violencia.
• Promoción de la coexistencia pacífica, a través de la aplicación de metodologías que permitan
la resolución pacífica de conflictos, fomentando los derechos y deberes de los niños.
• Fortalecimiento de capacidades comunitarias para la paz y la convivencia social.
El trabajo principal se concentra al interior de las brigadas educativas, para sistematizar los diferentes aprendizajes que de ella se obtienen y posteriormente poder transferirlos a otros centros educativos, que presenten problemáticas similares a las cuales pueda ser aplicado este proyecto.
Adicional a estos programas encontramos la denominada Cátedra Chilena, programa desarrollado en la Institución Nuevo Chile, que según lo analizado no es una asignatura o un programa desarticulado ni mucho menos está pensado al corto plazo. Se trata de un proyecto
educativo institucional con objetivos claros, metas y logros, La Cátedra empezó en el año 2001 luego de un análisis concienzudo de las problemáticas de la zona y de la institución educativa.
Uno de los ejes del proyecto es el trabajo en la construcción de ciudadanos con capacidad de resolver los conflictos pacíficamente mediante estrategias de negociación interpersonal, las cuales se vienen desarrollando sobre la base de las competencias ciudadanas. Con esta estrategia se consolidó un Comité de Convivencia conformado por conciliadores escolares de grado noveno y décimo y por el orientador de la institución.
5. LEGISLACIÓN EXTRAJERA
Hacer un análisis de la legislación extranjera existente sobre el bullying o el acoso o maltrato entre escolares es, o resulta fundamental en coyunturas como las que actualmente esta viviendo el país, en cuanto al trámite actual del Proyecto de Ley que pretende enfrentar al fenómeno del bullying, ya que con ello se brindan experiencias desarrolladas a nivel internacional que deben ser tenidas en cuenta al momento de determinar la viabilidad y efectividad del proyecto de Ley No. 085 de la Cámara de Representantes.
El contenido de estas legislaciones se convierte en material de apoyo para nuestros legisladores, haciendo un especial énfasis en que la misma no deberá importarse e implantarse taxativamente, desconociendo de paso la propia realidad del país, sino que es un ejercicio que se debe realizar para ampliar la visión sobre el tema, en especial para tener un amplio conocimiento de los mecanismos adoptados para el tratamiento del mismo en otros países, puesto que como se mencionó, es un fenómeno que afecta en diferentes proporciones a todos los escolares a nivel mundial.
Sin embargo, aunque en la mayoría de países existe una protección integral a los menores contra todo tipo de violencia, realmente son pocos los países que han legislado concretamente en este sentido y algunos como el nuestro se encuentran aún en proceso de hacerlo.
5.1 A nivel Constitucional
A este nivel realmente es nula la noción o determinación específica sobre el acoso o maltrato entre escolares, bullying, en el conjunto de países analizados (Cuba, México, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil); sin desconocer que en ellos a nivel constitucional al igual que en nuestro país, se hace mención específica a la protección integral que deben recibir los menores en cada uno de sus territorios por parte de los diferentes sectores de la sociedad; cada uno de los países se puede revisar en los documentos numerados de 8 al 13
5.2 A Nivel Legislativo
Excepto Estados Unidos y Perú, de los países analizados a nivel legislativo, no se encontraron
menciones directas o indirectas al acoso o maltrato escolar.
Estados Unidos: Consagra en su legislación federal, diferentes instrumentos y alcance de los mismos por Estado; los cuales van desde políticas y autonomía del Estado y las instituciones educativas (Connecticut, Illinois, New Hampshire), hasta códigos que cuentan con canales a las instancias policiales, concibiendo la problemática como de seguridad escolar (California); para más detalle, consultar los documentos numerados del 17 al 24.
Legislación Federal en materia de acoso o maltrato intraescolar
Estado y Norma Federal
Se desarrolla por medio de la Figura del Superintendente de Instrucción Pública los Planes de Seguridad Escolar que se materializan por medio de una concesión económica que sólo se otorgará para planes de seguridad escolar.
Artículo 35294.1. de su Código de Educación
Estado de Connecticut: Public Act No. 02-119
Obligatoriedad de políticas tendientes al tratamiento del acoso escolar, política que debe incluir a toda la comunidad académica.
Estado de Georgia Artículo 20-2-751.4. del Georgia of Educational Code
Establecimiento de cada colegio de su política en contra del Bullying, la obligatoriedad de un cambio de colegio a los niños reincidentes.
Estado de Illinois: En la Sección. 10-20.14 del School Code
Creación del Comité Asesor Padre-Maestro encargado del diseño de la Política contra bullying aplicable en los diferentes espacios de la vida escolar.
Estado de Lousiana :
Obligatoriedad de la adopción de un código de conducta estudiantil que prohíba cualquier acción de acoso psicológico.
La Resolución 17:416.13
Perú: Código de los Niños y Adolescente Ley 27337 de 2000 establece en el artículo 4 que el niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física y a
su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante.
Y en el artículo 14 la autoridad educativa adoptará las medidas del caso para evitar cualquier
forma de discriminación. Los Directores de los centros educativos comunicarán a la autoridad competente los casos de: a) Maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual en
agravio de los alumnos.
5.4 Instrumentos Internacionales de Política
En la Unión Europea destacan tres países por desarrollar programas bien definidos y enfocados
a solucionar el problema del acoso o maltrato intra-escolar a través de un conjunto de
instrumentos y agencias de manera integral; estos son Noruega, Holanda, Francia, Australia,
Reino Unido, Canadá; para más detalle, consultar documentos del número 25 al 30.
Noruega: Los elementos principales del nuevo programa nacional son:
1. Un programa amplio y no demasiado centrado en la intimidación en el ámbito del aula, para
prevenir la intimidación así como otros tipos de comportamiento problemático.
2. Un método específico centrado en la intimidación para acabar con ella.
3. Principios para integrar las actividades en un plan de acción centrado en las escuelas, que
involucre a los profesores, padres y alumnos.
4. Asistencia profesional organizada desde el exterior.
Un sistema de apoyo desde el Ministerio y sus departamentos locales.
La estructura del programa gira en torno a:
1. Un folleto para los profesores.
2. Una colección de artículos para los padres.
3. Materiales y cursos para los consejos de estudiantes.
4. Una red a escala nacional de alrededor de 350 profesionales locales.
Holanda: Las condiciones fundamentales para tratar el fenómeno:
1. La intimidación debe contemplarse como un problema por todas las partes: profesores, padres y alumnos (los intimidados, los intimidadores y la mayoría silenciosa);
2. La escuela debe tomar medidas par impedir la intimidación.
3. Un enfoque preventivo consiste, entre otras cosas, en tratar el tema con los alumnos y sus padres, y posteriormente establecer normas;
4. Si a pesar de las medidas preventivas surge la intimidación, los profesores deben centrar su atención en ello y enfrentarse rotundamente;
5. La intimidación debe ser condenada clara y rotundamente;
6. Si a pesar de todos los esfuerzos para suprimirla, la intimidación aflora de nuevo, la escuela debe tener un método directo (curativo) para tratarla;
Si una escuela o un profesor renuncian a tratar el problema, o si se lleva a cabo de forma errónea, o de forma que no tenga efecto alguno, será necesaria la presencia de un consejero de educación. A petición del padre o los padres del niño intimidado, el consejero tiente que presentar una reclamación a la Comisión de Reclamaciones, que investigará el problema y aconsejará a las autoridades competentes sobre las medidas que hay que tomar.
Francia: Luchando contra la violencia en la escuela; medidas preventivas y punitivas Las medidas se centran en tres objetivos principales:
1. Apoyo para las víctimas.
2. Mayor poder de intervención por parte de los colegios para abordar los incidentes violentos.
3. Iniciativas educacionales a escala nacional.
Apoyo para las víctimas: A partir de septiembre de 1998, el apoyo tanto físico como psicológico ofrecido a las víctimas, se verá incrementado con la publicación y distribución de una guía legal en los colegios; la organización de grupos de trabajo que ofrecerán apoyo y asistencia socio- psicológica a través de las autoridades educativas regionales (Academias); Toma de mayor responsabilidad por cubrir los gastos de los daños ocasionados en los colegios (particularmente coches).
Mayor poder de intervención por parte de los colegios que comprenderá: medidas especiales con respecto al desarrollo personal; mayores equipos psicopedagógicos; asignación de puestos adicionales para asistentes sociales y asistentes sanitarios en los colegios, puestos de trabajo creados especialmente para jóvenes en los colegios más afectados; y reducción del tamaño de los colegios más grandes.
Iniciativas educacionales a escala nacional: mayor énfasis en la autoridad de los profesores; creación de un mayor número de actividades, tanto fuera del colegio como de carácter deportivo y culturales; intensificación de las relaciones entre los colegios y los padres. Se está desarrollando una mayor colaboración entre el Ministerio de Educación, el de Justicia y el de Defensa, a través de contratos de seguridad acordados localmente, acuerdos a nivel departamental entre la policía municipal y nacional, los tribunales y las autoridades educativas; comités para la conciencia sobre la salud pública y la ciudadanía en los colegios.
6. LECCIONES DE LA LEGISLACIÓN EXTRANJERA Y LA EXPERIENCIA NACIONAL
Del recorrido a la legislación y experiencia extranjera debe obtenerse como principal lección el que no es posible iniciar efectivamente y obtener resultados favorables con algún tipo de estrategia en contra del bullying, si ésta no posee una fundamentación de carácter legal, es decir que cuente con un soporte jurídico que garantice la efectiva aplicación de las medidas a desarrollar, por esta razón en los diferentes países en los cuales se ha avanzado en la lucha contra el maltrato psicológico entre escolares, se ha partido por el establecimiento de normas jurídicas que guíen el proceso diagnostico del fenómeno y los mecanismos para su tratamiento. Cada país a generado diferentes estrategias en contra de este fenómeno las cuales van desde mecanismos que se tratan en el ámbito netamente escolar, hasta aquellos países como España que decidieron darle un tratamiento mucho más coercitivo, logrando diversos resultados de acuerdo al contexto en que son implementados.
En nuestro país, los primeros resultados a nivel nacional arrojados por las denominadas pruebas SABER y que permiten de manera indirecta hacer un primer diagnóstico sobre el fenómeno como se demuestra en la Tabla 4, evidenciándose la existencia de situaciones que bien pueden transformarse en casos concretos de Bullying. Tabla 4
COMPETENCIA CIUDADANA RESULTADOS NACIONALES POR CATEGORÍAS DE DESEMPEÑO GRADO 5º
CONOCIMIENTOS EN CIUDADANÍA
Pluralidad, valoración diferencias
ACTITUDES HACIA LA CIUDADANÍA
AMBIENTES DEMOCRÁTICOS
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Resultados pruebas SABER 2003
7. APORTES DE LA MESA DE TRABAJO DE EXPERTOS
Se tuvo la oportunidad de desarrollar una Mesa de Trabajo de la cual hicieron parte las principales entidades e investigadores sobre el tema de la violencia infantil en Colombia y en especial sobre el tema del maltrato psicológico intra-escolar o entre compañeros de clase.
Los participantes coincidieron en manifestar que en nuestro país no existen ni estudios, ni cifras generalizadas o consolidadas sobre este fenómeno concretamente, que permitan hacer un adecuado diagnóstico sobre la existencia y dimensiones en la que se presenta el Bullying en el medio educativo; los indicadores existentes, son producto de estudios focalizados llevados a cabo principalmente desde la academia por diferentes grupos de investigación y en otras ocasiones por organizaciones de carácter particular, vinculadas al estudio de la situación de la infancia en el país.
Recientemente, el Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la prueba SABER (2003), dentro de la cual se han evaluado específicamente a los estudiantes de los grados de 5° de básica primaria y 9° de básica secundaria, en el tema de las Competencias Ciudadanas, las cuales a su vez evalúan siete componentes, destacándose para la valoración del fenómeno del Bullying, los componentes relativos a los Conocimientos en Ciudadanía con sus sub- componentes de convivencia pacífica y pluralidad, valoración de diferencias; manejo de emociones y empatía; elementos que arrojan resultados que permiten una aproximación a la situación general del Bullying en el país, pero sin generar resultados específicos sobre las dimensiones del fenómeno en nuestro país.
Por lo tanto con la aplicación de las competencias ciudadanas, organizadas en sus tres grandes grupos (Convivencia y Paz; Participación y Responsabilidad Democrática; y Pluralidad, Identidad y Valoración de las diferencias) se busca que desde la infancia los niños y las niñas puedan ir construyendo los principios que fundamentan los derechos humanos para que al entenderlos e incorporarlos a su vida cotidiana, logren en verdad llevarlos de la teoría a la práctica, para que los promuevan, los respeten y hagan respetar, ante diversas circunstancias.
Cabe mencionar que si bien se cuenta con este programa el mismo no hace un análisis concreto al fenómeno del Bullying en nuestro país, pues tan solo como se menciona indaga sobre aspectos que de manera indirecta contribuyen a un diagnóstico de la situación del maltrato psicológico intra-escolar en nuestro país.
Adicionalmente, según la mesa de trabajo, en el marco de la discusión se abordó el tema del Proyecto de Ley No. 085 de Cámara que actualmente hace curso en el Congreso de la
República de lo cual se manifestó que contundentemente no es desde la sanción como debe corregirse y por lo tanto se manifiesta un absoluto rechazo a la manera como el código pretende abordar este fenómeno.
Puesto que actualmente existen herramientas para combatir el fenómeno del Bullying, tal es el caso de los Proyectos Educativos Institucionales y el desarrollo de las Competencias Ciudadanas, los cuales deben reforzarse para garantizar su mayor aplicabilidad y eficacia.
Adicionalmente cabria preguntarse si las diferentes Secretarias de Educación están en la capacidad de materializar lo que implica una propuesta como esta. Si se tiene en cuenta que aun existen dificultades para efectuar la realización de programas que se implementaron hace mucho más tiempo con el de los PEI, debido precisamente a la ausencia de una formación acorde.
Por el contrario, una propuesta para enfrentar a este fenómeno debe estar orientada a garantizar que efectivamente los recursos en particular los Estatales lleguen completa y oportunamente a las diferentes instituciones educativas del país para que de esta forma sea menos complejo el llevar a cabo muchas de las propuestas que se plantean con los mecanismos ya descritos; adicionando que una labor como esta debe tener que desplegar todo un trabajo de carácter interinstitucional.
Por parte del Estado deben generarse obligaciones políticas frente a este tema, y de esta forma influir para que en los PEI se generen iniciativas autónomas de acuerdo a cada contexto para el tratamiento de la violencia psicológica, lo cual se convertiría en una herramienta para el tratamiento de este tema, puesto que se partiría de elementos que ya se han establecido y se conocen por parte de la comunidad educativa.
Esta obligación política debe generar compromisos en todos los entes estatales que puedan tener participación en el manejo de este fenómeno, para que se le de un tratamiento multiestamentario y multidisciplinario al mismo.
Este trabajo debe articularse a la realización permanente de mesas de trabajo en las diferentes instituciones educativas para que desde allí se piense en las tácticas pedagógicas y académicas más adecuadas a su entorno para utilizar en el tratamiento de la violencia psicológica en el ámbito escolar.
Estas mesas de trabajo deberán apoyarse de Comités Interinstitucionales los que a su vez deberán integrarse por las Secretarias de Educación en sus diferentes niveles, ONG´s, universidades, organismos estatales entre otros.
En síntesis hay que propender por la búsqueda de espacios en los que se discuta y promueva la investigación sobre el tema, para lo cual el compromiso estatal se constituye en un elemento fundamental a partir del apoyo económico que este puede brindar.
• Los resultados de los pocos estudios realizados sobre bullying en nuestro país, reflejan que éste fenómeno se presenta con particularidades propias, lo cual lo hace que posea matices diferentes con respecto a la forma como se refleja en otros países, lo anterior como consecuencia directa de la realidad y tradiciones socioculturales propias de
Colombia, lo cual es un aspecto de gran importancias y deberá tenerse en cuenta al momento de adoptar cualquier estrategia para combatir a éste fenómeno.
• Sin lugar a dudas el Bullying se configura como un fenómeno que afecta a los estudiantes de todos los centros educativos sin importar su condición de carácter publico privado, atentando contra el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, atacando directamente la integridad psicología y dignidad de los menores, poniendo en peligro no solo el equilibrio personal, sino también la salud del individuo, la de su familia y hacia el futuro el progreso económico de un grupo social.
• Actualmente no existe un marco normativo especifico que regule el fenómeno del Bullying en nuestro país, y por lo tanto el tratamiento que al mismo se le esta dando se encuentra enmarcado al interior de los centros educativos, el cual ha sido un tratamiento despreocupado e informal, que en la mayoría de los casos agrava la situación tanto a nivel del victimario como del victimizador. Por lo tanto este tratamiento informal y superficial que se le ha dado al fenómeno no es el más acorde en razón a la profundidad con que debe manejarse el mismo, y a las graves consecuencias que trae consigo este fenómeno.
• La redacción actual del articulado del Proyecto de Ley que pretende establecer un precedente para tratar el fenómeno del Bullying no es la más acorde según los lineamientos internacionales que sobre el mismo se han entablado, y que han tenido como bases las recomendaciones de los expertos investigadores sobre el tema, puesto que como esta planteado lo establecido en el Proyecto de Ley presenta vacíos en cuanto a la materialización del mismo y consecuencias secundarias que pueden agravar la misma situación o repercutir en otros problemas de la ecuación en el país. Y lo que inicialmente debe establecerse es un compromiso estatal con respecto al tratamiento de este fenómeno, para garantizar con ello cualquier intento de combatirlo
• Con el establecimiento de una regulación específica Colombia se constituiría en un país pionero en la región en cuanto a la lucha contra el fenómeno del Bullying, si se tiene en cuenta que actualmente en los pocos países donde este tema ha sido estudiado y analizado, ha sido en razón al interés del sector privado por el tratamiento del mismo, sin haberse logrado establecer aun un marco normativo que guíe a nivel nacional la actuación ante una situación de acoso psicológico entre escolares.
• Es importante iniciar un proceso de visibilización social del problema, ya que resulta indispensable una concientización social sobre el tema y resulta conveniente además que en Colombia se adopte una legislación sobre la materia, acorde a la realidad del país y a las características particulares del fenómeno del Bullying, la cual no solo establezca mecanismos represivos como alternativa de solución al problema, sino que desarrolle los procesos de seguimiento desde la detección hasta el tratamiento tanto de la víctima como del victimario.
• El tratamiento que debe dársele al fenómeno debe partir de un diagnóstico general a nivel nacional, para posteriormente diseñar las políticas integrales adecuadas que en cualquiera de los casos deben involucrar a la comunidad académica de forma integral, evitando depositar en un solo agente la responsabilidad absoluta del fenómeno.
• Existen unos incipientes programas en el país que pueden ser modificados para que brinden un tratamiento específico al fenómeno del bullying, los que acompañados de un tratamiento integral y con la participación de diversos sectores puede constituirse en una estrategia que arroje resultados positivos en cuanto al tratamiento de este fenómeno.
• Dentro de los programas existentes en el país, que se utilizan para el diagnóstico de otros fenómenos escolares como es el caso de las pruebas SABER, deben establecerse indicadores específicos sobre el Bullying, que permitan establecer las magnitudes y particularidades de dicho fenómeno en nuestro país.
En el proceso de elaboración del presente estudio se consultaron diversos documentos, entre los cuales se encuentran como principal fuente de información a nivel Estatal en nuestro país la Gaceta del Congreso de la República de Colombia, investigaciones realizadas por universidades como la Universidad del Norte, Universidad de los Andes, Universidad Pedagógica Nacional, así como diversas páginas en Internet que se relacionarán a continuación.
www.senado.gov.co www.camararep.gov.co www.mineducacion.gov.co www.constitución.es www.acosoescolar.com www.scotch.vic.edu.au/adminjs/links/policies/bullying
www.gp.gov.ab.ca/documents/acts/0CH30SUPP_UNPR.cfm
www.angliacampus.com/public/prnt/beyond/policies/page02
www.semana.com.co www.eltiempo.terra.com www.isabelmenendez.com
www.redacademica.edu.co/redacad/export/REDACADEMICA/ddirectivos/viadirectivos/vidir_18
www.oei.org.co/oeivirt/rie18a09.htm.
www.preal.org/docs-programas/Violencia%20Junio2004
CALIFICACIÓN DEL ESTUDIO
El presente estudio fue presentado y aprobado por el Consejo Técnico el cual estuvo integrado por:
Dr. Jaime Sepúlveda, Subsecretario de la Comisión Séptima Constitucional de la Cámara de Representantes. Dra. Mercedes Ardila, en representación del Secretario de la Comisión Séptima Constitucional de la Cámara de Representantes.
Dra. Claudia Pabón, en representación del Jefe de la Sección de Leyes del Senado de la República. Sr. Jairo Pulgarín, Auxiliar Administrativo del Senado de la República. Dr. José Miguel Calderón, Mentor de la OATL. Dr. Fernando Giraldo, Mentor de la OATL. Dr. David Soto Uribe, Mentor de la OATL. Dr. John Alberto Marulanda, Mentor OATL. Dra. Mirta Patricia Bejarano, Mentor OATL.
También se hizo presente la Dra. Diana Patricia Vanegas López, Coordinadora de la Oficina de Asistencia Técnica Legislativa y el señor Pablo León, Asesor del Programa de Fortalecimiento Legislativo (PFL).
El presente Estudio de Antecedentes Legislativos fue aprobado y calificado por parte del Concejo Técnico con Honores.
Los documentos anexos a este estudio reposan en la Oficina de Asistencia Técnica Legislativa OATL y están disponibles para que las personas interesadas puedan consultarlos.
Constitución Política de la Republica de Colombia
1.2.1 Ley No. 12 de 1991
1.2.2 Ley No. 115 de 1994
1.2.3 Ley No. 319 de 1996
1.2.4 Ley No. 812 de 2003
1.4.1Proyecto de Ley 085 de Cámara de octubre de 2005
2.1.1 Constitución de Cuba
2.1.2 Constitución de Ecuador
2.1.3 Constitución de España
2.1.4 Constitución de México
2.1.5 Constitución del Perú
2.1.6 Constitución de Venezuela
Estatuto del Menor y de la Adolescencia de Brasil
2.2.3 Estado de de Connecticut
2.2.4 Estado de Georgia
2.2.5 Estado de Illinois
2.2.6 Estado de Lousiana
2.2.7 Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes
2.2.8 Estado de New Hampshire
2.2.9 Estado New York
2.2.10 Código de los niños y adolescentes de Perú
2.2.11 Estado de Rhode Island
3.1 España, Informe Cisneros VII
4.1 La Cátedra Chilena como una opción de vida
4.2 Representaciones sobre el maltrato entre iguales en niñas y niños
escolarizados de 9, 11, 13 años de nivel socioeconómico alto y bajo de la ciudad de Barranquilla
Violencia en la Escuela: hacia la comprensión de sus manifestaciones e
imaginarios presentes en al relación maestro estudiante
4.4 Matoneo en la Escuela
4.5 Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas
5. Artículos de revistas, periódicos y otras fuentes
5.1 Bullying: Acoso Escolar
5.2 Comportamiento Antisocial en los Centros Escolares: una visión desde
Matoneo y Acoso, fenómeno frecuente en las escuelas en Estados Unidos
El Mobbing en la Escuela
Investigación por amenaza de acoso en niño que intento suicidarse
Servicio de acoso escolar recibe en promedio 20 consultas diarias
El Acoso Escolar una Asignatura Pendiente
La inmigración puede disparar el bullying si no la controlamos a tiempo
La educación preventiva contra el Bullying: enseñar a perder
Agresión en la Escuela Arma silenciosa
Diabluras ó Intimidación: ¿que es propio de la edad?
La Fiscalía endurece sus medidas para combatir el acoso escolar
El grupo juega un papel clave al consentir el sufrimiento de la víctima
Los padres deben ayudar a sus hijos para defenderse del matoneo en el
5.14 Multas para los padres de los niños que amenacen a sus compañeros
5.15 Fiscalía recibe el doble de denuncias por acoso escolar
5.16 La comunidad educativa reconoce que no sabe cómo atajar el acoso
5.17 El bullying un delito que hay que denunciar
5.18 El bullying
5.19 Bullying en las aulas
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso
(Documento 1.)
1.2. Leyes
1.2.1 Leyes Vigentes
Ley No. 12 Del 22 de enero de
Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de
Artículo 2. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
Artículo 3. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
Artículo 19. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
Artículo 27. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros
arreglos apropiados.
Artículo 28. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:
Artículo 29. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño
hasta el máximo de sus posibilidades.
Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales
y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena.
Artículo 39. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. (Documento 2.)
Ley No. 115 del 8 de febrero de 1994
Ley General de Educación Artículo 1. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. Artículo 4. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo. Artículo 5. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. Artículo 7. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde:
Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y
sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las
acciones de mejoramiento;
e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la
adecuada prestación del servicio educativo; f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos,
Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su
desarrollo integral. Artículo 8. La sociedad es responsable de la educación con la familia y el Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el cumplimiento de su función social. La sociedad participará con el fin de:
c)Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las autoridades e instituciones responsables de su prestación; d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas.
Artículo 13. Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:
Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a
los derechos humanos. Artículo 14. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación
formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir
La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad,
cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos.
Artículo 25. La formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo
través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del
comportamiento honesto de directivos, educadores, y personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional. Artículo 91. El alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación integral. El Proyecto Educativo Institucional reconocerá este carácter. Artículo 92. La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la
formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten
Los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo Institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las
habilidades de los educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones,
adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo,
la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las
habilidades para la comunicación, la negociación y la participación.
Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 Artículo 16. Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.
20 de septiembr e de 1996
Por medio de la cual se aprueba el Plan nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado Comunitario Artículo 58. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de la Protección Social, impulsará las políticas orientadas al desarrollo integral de la primera infancia con particular énfasis en los temas de salud, nutrición, estimulación adecuada, entorno saludable y cuidado óptimo.
(Documento 5)
1.3. Decretos
1.3.1 Decretos Vigentes
Código del Menor Artículo 3. Todo menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social; estos derechos se reconocen desde la concepción. Cuando los padres o las demás personas legalmente obligadas a dispensar estos cuidados no estén en capacidad de hacerlo, los asumirá el Estado con criterio de subsidiaridad. Artículo 7. Todo menor tiene derecho a recibir la educación necesaria para su formación integral. Esta será obligatoria hasta el noveno grado de educación básica y gratuita cuando sea prestada por el Estado. La educación debe ser orientada a desarrollar la personalidad y facultades del menor, con el fin de prepararlo para una vida adulta activa, inculcándole el respecto por los derechos humanos, los valores culturales propios y el cuidado del medio ambiente natural, con espíritu de paz, tolerancia y solidaridad, sin perjuicio de la libertad de enseñanza establecida en la Constitución Política. Artículo 8. El menor tiene derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, violencia, descuido o trato negligente, abuso sexual y explotación. El Estado, por intermedio de los organismos competentes, garantizará esta protección. El menor de la calle o en la calle será sujeto prioritario de la especial atención del Estado, con el fin de brindarle una protección adecuada a su situación. Artículo 16. Todo menor tiene derecho a que se le proteja en su integridad personal. En consecuencia, no podrá ser sometido a tortura, a tratos crueles o degradantes ni a detención arbitraria.
2737 del
noviembr e de 1989
El menor privado de su libertad recibirá un tratamiento humanitario, estará separado de los infractores mayores de edad y tendrá derecho a mantener contacto con su familia. Artículo 31. Un menor se encuentra en situación de abandono o de peligro cuando:
Cuando su salud física o mental se vea amenazada gravemente por las
desavenencias entre la pareja, originadas en la separación de hecho o de derecho, en el divorcio, en la nulidad del matrimonio o en cualesquiera otros motivos. Artículo 272. El que causare maltrato a un menor, sin llegar a incurrir en el delito de lesiones personales, será sancionado con multa de uno (1) a cien (100) días de salario mínimo legal, convertible en arresto conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del Código Penal, sin perjuicio de las medidas de protección que tome el Defensor de Familia. Parágrafo. Para efectos del presente artículo un menor se considera maltratado cuando a sufrido violencia física o psíquica, o cuando se le obligue a cumplir actividades que impliquen riesgos para su salud física o mental o para su condición moral o impidan su concurrencia a los establecimientos educativos.
Artículo 317. Los Directores de los centros educativos organizarán programas institucionales, de asesoría sicológica y programas extracurriculares con objetivos de recreación, desarrollo de actividades deportivas y uso creativo del tiempo libre por medio de organizaciones juveniles.
(Documento 6)
1.4. Proyectos De Ley en Trámite
Código de la Infancia y la Adolescencia Artículo 42. Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán:
3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo,
correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. Parágrafo 1. Corresponde a la respectiva Secretaría de Educación Departamental o Distrital de Educación, o la entidad que haga sus veces, realizar una evaluación anual de cada una de las instituciones educativas públicas y privadas, a efectos de otorgar o denegar la certificación de calidad ética a cada una de ellas. La calidad ética se medirá según el cumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo y tomará en cuenta las quejas debidamente demostradas que se hayan recibido y los logros
obtenidos en esta materia. Parágrafo 2. En los tres últimos meses de cada año escolar la correspondiente Secretaría de Educación Departamental o Distrital expedirá, renovará o negará para el año siguiente a cada institución escolar la certificación de calidad ética a que se refiere este artículo. Parágrafo 3. La calidad ética hará parte del Proyecto Educativo de cada centro educativo a que se refiere el artículo 73 de la Ley 115 de 1994, y la certificación ética o negación de la misma será registrada en el Sistema Nacional de Información a que se refieren los artículos 75 y 151 de la Ley 115 de 1994. Las autoridades departamentales publicarán anualmente la lista de las instituciones educativas no certificadas en calidad ética, impondrán las sanciones legales a que haya lugar y concederán los estímulos previstos en la Ley General de Educación para premiar la calidad ética educativa. Artículo 44. Los directores y educadores de los centros educativos no podrán imponer sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o que de alguna manera afecten su dignidad.
(Documento 7)
2. Legislación Extranjera
2.1 Constituciones
(Documento 8)
Cuba del
Ecuador Constituci ón Política de la República de Ecuador del 5 de junio
Artículo 23. Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:
• La integridad personal. Se prohíben las penas crueles, las torturas; todo procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral, y la aplicación y utilización indebida de material genético humano. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los niños, adolescentes, las mujeres y personas de la tercera edad. Artículo 48. Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás. Artículo 49. Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto su libertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten.
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas, de conformidad con la ley. Artículo 50. El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños y adolescentes las siguientes garantías:
7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes nocivos que se difundan
a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, la discriminación racial o de género, o la adopción de falsos valores. Artículo 51. Los menores de dieciocho años estarán sujetos a la legislación de menores y a una administración de justicia especializada en la Función Judicial. Los niños y adolescentes tendrán derecho a que se respeten sus garantías constitucionales. Artículo 52. El Estado organizará un sistema nacional descentralizado de protección integral para la niñez y la adolescencia, encargado de asegurar el ejercicio y garantía de sus derechos. Su órgano rector de carácter nacional se integrará paritariamente entre Estado y sociedad civil y será competente para la definición de políticas. Formarán parte de este sistema las entidades públicas y privadas. Los gobiernos seccionales formularán políticas locales y destinarán recursos preferentes para servicios y programas orientados a niños y adolescentes.
(Documento 9)
Artículo 27. 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y
gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.
(Documento 10)
México Constitu ción Política de los Estados Unidos Mexican os del 1 de Mayo de 1917
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado —federación, estados, Distrito Federal y municipios—, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;
El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:
Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; b) Será nacional, en cuanto —sin hostilidades ni exclusivismos— atenderá a la
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y
Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin
de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de
todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;
Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II,
el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el
primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el
fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de
validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:
Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el
segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley; VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas; Artículo 8.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos; las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos y la discriminación, especialmente la ejercida en contra de las mujeres. Además:
III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Artículo 42.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos
(Documento 11)
Artículo 13. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. Artículo 15. El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece
los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes. El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico. Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley.
(Documento 12)
Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de
progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las
leyes que los desarrollen. Artículo 20. Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social. Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:
condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los
derechos y libertades de toda persona. 2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Artículo 78. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Artículo 79. Los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y, en particular, para la capacitación y el acceso al primer empleo, de conformidad con la ley. Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación
en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo. Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como des-gravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva.
(Documento 13)
Artículo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Artículo 17. O direito ao respeito consiste a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Artículo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação
- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - direito de ser respeitado por seus educadores
Artículo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:
- maus-tratos envolvendo seus alunos.
(Documento 14)
Articulate 35294.1.
The governing board of a school district, on behalf of one or more schools within the
district that have developed a school safety plan, may apply to the Superintendent of Public Instruction for a grant to implement school safety plans. A grant shall be
awarded only for school safety plans that include the following criteria:
Assessment of the recent incidence of crime committed on the school campus.
Identification of appropriate strategies and programs that will provide or maintain a
high level of school safety.
Development of an action plan, in conjunction with local law enforcement agencies,
for implementing appropriate safety strategies and programs, and determining the fiscal impact of executing the strategies and programs. The action plan shall identify available resources which will provide for implementation of the plan.
The Superintendent of Public Instruction shall award grants pursuant to this section
to school districts for the implementation of individual school safety plans in an amount not to exceed fifteen thousand dollars ($15,000) for each school. No grant shall be made unless the school district makes available, for purposes of implementing the school safety plans, an amount of funds equal to the amount of the grant. Grants should be awarded through a competitive process, based upon criteria including, but not limited to, (1) the merit of the proposal and (2) the need for imposing school safety, based on school crime rates. (c) Any school district receiving a grant under this section shall report to the
uperintendent of Public Instruction annually for three consecutive years following the receipt of the grant concerning the impact of the implementation of the school safety plan on the incidence of crime on the campus of the school. Articulate 35294.10. (a) It is the intent of the Legislature that all public schools with any combination of instructional settings from kindergarten to grade 7, inclusive, have access to supplemental resources to establish programs and strategies that promote school safety and emphasize violence prevention among children and youth in the public schools. It is further the intent of the Legislature to fund and coordinate the programs and activities carried out pursuant to the Interagency School Safety Demonstration Act of 1985 (Chapter 2.5 (commencing with Section 32260)), relating to safe school model programs; Article 5 (commencing with Section 32280) of Chapter 2.5 of Part 19, relating to the development of school safety plans; and Article 6 (commencing with Section 32296) of Chapter 2.5 of Part 19, relating to school community policing, in a cooperative and interactive effort to promote school safety and violence prevention in the public schools.
It is further the intent of the Legislature that the Superintendent of Public Instruction
and the Attorney General shall utilize available resources to make every effort to coordinate activities and the distribution of resources to maximize their effective and efficient use in establishing and maintaining safe schools.
Articulate 35294.11. (a) The School Safety and Violence Prevention Strategy
Program is hereby established to be administered by the Superintendent of Public Instruction for the purpose of promoting school safety and violence prevention programs among children and youth in the public schools.
The Superintendent of Public Instruction, in conjunction with the Attorney General,
shall develop standards and guidelines for evaluating proposals, and shall award grants on a competitive basis, as authorized by this article, to schools and school districts serving any combination of instructional settings from kindergarten to grade 7, inclusive, that meet the following conditions:
(1) The school has developed a school safety plan as required by Article 5 (commencing with Section 32280) of Chapter 2.5 of Part 21.
The school demonstrates its ability to carry out a collaborative and coordinated
approach for implementing a comprehensive school safety and violence prevention strategy.
After initial eligibility has been determined, a process of random selection for grants
awarded pursuant to this article shall be used that ensure that, at a minimum, all of the
Schools are selected from the northern, central, and southern areas of the state.
Schools selected represent large, medium, and small sized numbers in their pupil
Schools are selected from urban, suburban, and rural areas.
Articulate 35294.12. A school or school district that applies for funding pursuant to this
article shall submit an application that includes, but is not limited to, all of the following:
A school safety plan required by Article 5 (commencing with Section 32280) of
Chapter 2.5 of Part 19.
A school violence prevention strategy for improving and marshaling the resources
set forth in the school safety plan to promote school safety and violence prevention programs among children and youth. Articulate 35294.13. The Superintendent of Public Instruction shall award grants under this article for one or more of the following purposes:
(a) Providing schools with personnel, including, but not limited to, school counselors, school social workers, school nurses, and school psychologists, who are specially
trained in identifying and supporting at-risk children and youth where the applicant demonstrates that appropriate support activities are necessary and would be desirable in addressing identified problems, issues, and needs, including, but not limited to, classes pertaining to anger management and conflict resolution.
Providing effective and accessible oncampus communication devices, where the
applicant demonstrates that the use of these devices, beyond everyday, routine
matters, is part of the school safety plan developed pursuant to Article 5 (commencing with Section32280) of Chapter 2.5 of Part 19.
Establishing an in-service training program for all school staff, designed to assist
school staff in identifying at-risk children and youth, communicating effectively with
those pupils, and appropriately referring those pupils for counseling.
Establishing cooperative arrangements with local law enforcement agencies for
appropriate school-community relationships.
Proposals that allow school districts to respond to existing or subsequent research
that establishes structural changes in the operation of schools, such as smaller schools or "schools within schools."
Any other proposal that the applicant school or school district designs that
demonstrates that the proposal would materially contribute to meeting the goals and objectives of current law in providing for safe schools and preventing violence among children and youth. Articulate 35294.14. The Superintendent of Public Instruction and the Attorney General shall cooperatively design an evaluation process for the programs and activities established pursuant to this article and shall report to the Legislature by January 1 of each year, commencing in 2001, any recommendations for modifications to existing law relative to school safety and violence prevention among children and youth. Articulate 35294.15. Unless otherwise required by law, the Superintendent of Public Instruction shall establish the rules and regulations for the application process to be utilized by schools and school districts to obtain funds made available by this or any other provision of law or by the annual Budget Act to promote school safety and violence prevention among children and youth. To perform the duties of this article or any of the activities in subdivision (a) of Section 35294.10, up to 5 percent of the total funds appropriated for purposes of this article may be utilized by the Superintendent of Public Instruction for administrative costs.
(Documento 15 )
Section 1.Each local and regional board of education shall develop a policy, for use on
and after February 1, 2003, to address the existence of bullying in its schools. Such policy shall:
Enable students to anonymously report acts of bullying to teachers and school
enable the parents or guardians of students to file written reports of suspected
require teachers and other school staff who witness acts of bullying or receive
student reports of bullying to notify school administrators,
require school administrators to investigate any written reports filed pursuant to
subdivision (2) of this section and to review any anonymous reports,
the inclusion of language in student codes of conduct concerning bullying,
include an intervention strategy for school staff to deal with bullying, (6) provide for
(7) require the parents or guardians of students who commit any verified acts of bullying and the parents or guardians of students against whom such acts were directed to be notified,
and (8) require each school to maintain a list of the number of verified acts of bullying in such school and make such list available for public inspection. The notification required pursuant to subdivision (7) of this section shall include a description of the response of school staff to such acts and any consequences that may result from the commission of further acts of bullying. For purposes of this section, "bullying" means any overt acts by
student or a group of students directed against another student with the intent to
ridicule, humiliate or intimidate the other student while on school grounds or at a school-sponsored activity which acts are repeated against the same student over time.
(Documento 16 )
Articulate 20-2-751.4. (a) As used in this Code section, the term 'bullying' means:
by an apparent present ability to do so; or
expect immediate bodily harm.
Any willful attempt or threat to inflict injury on another person, when accompanied
Any intentional display of force such as would give the victim reason to fear or
Each local board of education shall adopt policies, applicable to students in grades
six through 12, that prohibit bullying of a student by another student and shall require such prohibition to be included in the student code of conduct for middle and high schools in that school system. Local board policies shall require that, upon a finding that a student has committed the offense of bullying for the third time in a school year,
such student shall be assigned to an alternative school. Each local board of education shall ensure that students and parents of students are notified of the prohibition against bullying, and the penalties for violating the prohibition, by posting such information at each middle and high school and by including such information in student and parent handbooks.
Any school system which is not in compliance with the requirements of this Code
section shall be ineligible to receive state funding pursuant to Code Sections 20-2-161
and 20-2-260.
(Documento 17)
Section. 10-20.14. Student discipline policies; Parent-teacher advisory committee.
To establish and maintain a parent-teacher advisory committee to develop with the
school board policy guidelines on pupil discipline, including school searches, to furnish
copy of the policy to the parents or guardian of each pupil within 15 days after the
beginning of the school year, or within 15 days after starting classes for a pupil who
transfers into the district during the school year, and to require that each school informs its pupils of the contents of its policy. School boards, along with the parent-teacher advisory committee, are encouraged to annually review their pupil discipline policies, the implementation of those policies, and any other factors related to the safety of their schools, pupils, and staff.
The parent-teacher advisory committee in cooperation with local law enforcement
agencies shall develop, with the school board, policy guideline procedures to establish and maintain a reciprocal reporting system between the school district and local law enforcement agencies regarding criminal offenses committed by students.
The parent-teacher advisory committee, in cooperation with school bus personnel,
shall develop, with the school board, policy guideline procedures to establish and
maintain school bus safety procedures. These procedures shall be incorporated into
the district's pupil discipline policy. (d) The school board, in consultation with the parent-teacher advisory committee and other community-based organizations, must include provisions in the student discipline policy to address students who have demonstrated behaviors that put them at risk for aggressive behavior, including without limitation bullying, as defined in the policy. These provisions must include procedures for notifying parents or legal guardians and early intervention procedures based upon available community-based and district resources.
(Documento 18)
Articulate 416.13 Student code of conduct; requirement; harassment, intimidation, and
bullying; prohibition; exemptions A. By not later than August 1, 1999, each city, parish, and other local public school board shall adopt a student code of conduct for the students in its school system. Such
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code of conduct shall be in compliance with all existing rules, regulations, and policies of the board and of the State Board of Elementary and Secondary Education and all state laws relative to student discipline and shall include any necessary disciplinary action to be taken against any student who violates the code of conduct. B.(1) By not later than August 1, 2001, each city, parish, and other local public school board shall adopt and incorporate into the student code of conduct as provided in this Section a policy prohibiting the harassment, intimidation, and bullying of a student by another student. (2) For purposes of this Subsection, the terms "harassment", "intimidation", and "bullying" shall mean any intentional gesture or written, verbal, or physical act that:
A reasonable person under the circumstances should know will have the effect of
harming a student or damaging his property or placing a student in reasonable fear of harm to his life or person or damage to his property; and
Is so severe, persistent, or pervasive that it creates an intimidating, threatening, or
abusive educational environment for a student.
Any student, school employee, or school volunteer who in good faith reports an
incident of harassment, intimidation, or bullying to the appropriate school official in accordance with the procedures established by local board policy shall be immune from a right of action for damages arising from any failure to remedy the reported incident. 4) The provisions of this Subsection shall not apply to the parishes of Livingston, East Baton Rouge, East Feliciana, West Feliciana, St. Helena, and Tangipahoa.
(Documento 19)
Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la Republica Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.
Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y
A. Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así
como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación.
B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo. Las normas dispondrán lo necesario para garantizar el cumplimiento de los deberes antes señalados. En todo caso, se preverán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar que ascendientes, padres, tutores y responsables de niñas, niños y adolescentes cumplan con su deber de dar alimentos. Se establecerá en las leyes respectivas la responsabilidad penal para quienes incurran en abandono injustificado. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsarán la prestación de servicios de guardería, así como auxilio y apoyo a los ascendientes o tutores responsables que trabajen.
Artículo 13. A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales, del Distrito Federal y de las entidades federativas podrán disponer lo necesario para que se cumplan en todo el país:
La obligación de familiares, vecinos, médicos, maestros, trabajadores sociales, servidores públicos, o cualesquiera persona, que tengan conocimiento de casos de niñas, niños o adolescentes que estén sufriendo la violación de los derechos consignados en esta ley, en cualquiera de sus formas, de ponerlo en conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente. En las escuelas o instituciones similares, los educadores o maestros serán responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños o adolescentes. Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que:
(Documento 20 )
Articulate 193-F:3 Pupil Safety and Violence Prevention. I. (a) Each local school board shall adopt a pupil safety and violence prevention policy which addresses pupil harassment, also known as "bullying", and which is consistent
with the provisions of this chapter. Such policy shall include language which details the action to be taken by the local school board to resolve and remediate occurrences of pupil harassment.
At the beginning of each school year, school districts shall, in writing, inform the
parent, legal guardian, or other person responsible for the welfare of the pupil of the district's pupil safety and violence prevention policy and the appeals process available at the local and state levels.
II. (a) Any school employee, or employee of a company under contract with a school or school district, who has witnessed or has reliable information that a pupil has been subjected to insults, taunts, or challenges, whether verbal or physical in nature, which are likely to intimidate or provoke a violent or disorderly response that violates the
school bullying policy shall report such incident to the principal, or designee, who shall in turn report the incident to the superintendent and the school board.
The principal, or designee, shall by telephone and in writing by first-class mail,
report the occurrence of any incident described in this paragraph to the parent or legal guardian of all pupils involved within 48 hours of the occurrence of such incident. The notice shall advise the individuals involved of their due process rights including the right to appeal to the state board of education. The superintendent may, within the 48 hour time period, grant the principal a waiver from the notification requirement if the superintendent deems such waiver to be in the best interest of the child. Any waiver granted shall be in writing. III. The remedy required in paragraph I shall be defined by the local school board and the local school board shall, in writing, notify all parties involved of its decision. If the remedies outlined in the school board's policy are exhausted, the aggrieved party shall have the right to appeal the decision to the state board of education. The state board of education shall, in writing, notify all parties involved of its decision. The local school board may provide opportunities for educators to have the knowledge and skills to prevent and respond to acts covered by this chapter. IV. A school employee, or employee of a company under contract with a school or school district, who has reported violations under this chapter to the principal or designee or who has intervened under paragraph II, shall be immune from any cause of action which may arise from the failure to remedy the reported incident.
(Documento 21 )
Articulate 2801-a. School safety plans. 1. The board of education or trustees, as defined in section two of this chapter, of every school district within the state, however created, and every board of cooperative educational services and county vocational education and extension board and the chancellor of the city school district of the city of New York shall adopt and amend a comprehensive district-wide school safety plan and building-level school safety plans regarding crisis intervention, emergency response and management, provided that in the city school district of the city of New York, such plans shall be adopted by the chancellor of the city school district. Such plans shall be developed by a district-wide school safety team and a building-level school safety team established pursuant to subdivision four of this section and shall be in a form developed by the commissioner in consultation with the division of criminal justice services, the superintendent of the state police and any other appropriate state agencies. A school district having only one school building, shall develop a single building-level school safety plan, which shall also fulfill all requirements for development of a
district-wide plan. 2. Such comprehensive district-wide safety plan shall be developed by the district-wide school safety team and shall include at a minimum:
policies and procedures for responding to implied or direct threats Of violence by
students, teachers, other school personnel as well as visitors to the school;
policies and procedures for responding to acts of violence by Students, teachers,
other school personnel as well as visitors to the school, including consideration of
zero-tolerance policies for school violence; c. appropriate prevention and intervention strategies such as:
(i) collaborative arrangements with state and local law enforcement officials, designed to ensure that school safety officers and other security personnel are adequately trained, including being trained to de-escalate potentially violent situations, and are effectively and fairly recruited; (ii) non-violent conflict resolution training programs;(iii) peer mediation programs and youth courts; and (iv) extended day and other school safety programs;
policies and procedures for contacting appropriate law enforcement officials in the
event of a violent incident;
policies and procedures for contacting parents, guardians or persons in parental
relation to the students of the district in the event of a violent incident; f. policies and procedures relating to school building security, Including where
appropriate the use of school safety officers and/or security devices or procedures;
policies and procedures for the dissemination of informative materials regarding
the early detection of potentially violent behaviors, including but not limited to the identification of family, community and environmental factors, to teachers, administrators, school personnel, persons in parental relation to students of the district, students and other persons deemed appropriate to receive such information;
policies and procedures for annual school safety training for staff and students;
a description of the duties of hall monitors and any other school safety personnel,
the training required of all personnel acting in a school security capacity, and the hiring and screening process for all personnel acting in a school security capacity.
A school emergency response plan, developed by the building-level school safety
team defined in subdivision four of this section, shall include the following elements:
policies and procedures for the safe evacuation of students, teachers, other
school personnel as well as visitors to the school in the event of a serious violent incident or other emergency, which shall Include evacuation routes and shelter sites and procedures for addressing medical needs, transportation and emergency notification to persons in parental relation to a student. For purposes of this subdivision, "serious violent incident" means an incident of violent criminal conduct
that is, or appears to be, life threatening and warrants the evacuation of students and/or staff, as defined in regulations of the commissioner developed in conjunction with the Division of criminal justice services;
designation of an emergency response team comprised of school personnel,
local law enforcement officials, and representatives from local regional and/or state
emergency response agencies, other appropriate incident response teams, and a post-incident response team that includes appropriate school personnel, medical personnel, mental health counselors and others who can assist the school community in coping with the aftermath of a violent incident;
procedures for assuring that crisis response and law enforcement officials have
access to floor plans, blueprints, schematics or other maps of the school interior, school grounds and road maps of the Immediate surrounding area;
e. definition of the chain of command in a manner consistent with the national
interagency incident management system/incident command system; f. coordination of
the school safety plan with the state-wide plan for disaster mental health services to assure that the school has access to federal, state and local mental health resources in the event of a violent incident; g. procedures for review and the conduct of drills and other exercises to test components of the emergency response plan; and
policies and procedures for securing and restricting access to the crime scene in
order to preserve evidence in cases of violent crimes on school property.
4. Each district-wide school safety team shall be appointed by the board of education, or the chancellor in the case of the city school district of the city of New York, and shall include but not be limited to representatives of the school board, student, teacher, administrator, and parent organizations, school safety personnel, and other school personnel. Each building-level school safety team shall be appointed by the building principal, in accordance with regulations or guidelines prescribed by the board of education, chancellor or other governing body. Such building-level teams shall include but not be limited to representatives of teacher, administrator, and parent organizations, school safety personnel and other school personnel, community members, local law enforcement officials, local ambulance or other emergency response agencies, and any other representatives the board of education, chancellor or other governing body deems appropriate.
Each safety plan shall be reviewed by the appropriate school safety team on at least
an annual basis, and updated as needed. 6. Each board of education, chancellor or other governing body shall make each district-wide and building-level school safety plan available for public comment at least
thirty days prior to its adoption, provided That only a summary of each building-level emergency response plan shall be made available for public comment. Such district-wide and building-level plans may be adopted by the school board only after
at least one public hearing that provides for the participation of school personnel, parents, students and any other interested parties. Each district shall file a copy of its district-wide comprehensive safety plan with the commissioner and all amendments to such plan shall be filed with the commissioner no later than thirty days after their adoption. A copy of each building-level safety plan and any amendments thereto, shall be filed with the appropriate local law enforcement agency and with the state police within thirty days of its adoption. Building-level emergency response plans shall be confidential and shall not be subject to disclosure under article six of the public officers law or any other provision of law. If the board of education, chancellor or other governing body or chancellor fails to file such plan as required by this section, the commissioner may, in an amount determined by the commissioner, withhold public money from the district until the district is in compliance. 7. The commissioner may grant a waiver of the requirements of this section to any school district or board of cooperative educational services for a period of up to two years from the date of enactment upon a finding by the commissioner that such district had adopted a comprehensive school safety plan on the effective date of this section which is in substantial compliance with the requirements of this section.
The commissioner shall annually report to the governor and the legislature on the
implementation and compliance with the provisions of this section.
Whenever it shall have been demonstrated to the satisfaction of the commissioner