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Timestamp: 2018-09-26 06:25:18
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C. Los daños y reparaciones específicas referidas al artículo 13 de la Convención Americana
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La Corte Interamericano se ha pronunciado, hasta la fecha de presentación de este informe, en trece casos relativos a vulneraciones a la libertad de expresión por censura previa, aplicación del derecho penal, restricciones indirectas a la libertad de expresión, actos de violencia y limitaciones al acceso a la información606. A continuación se presenta una síntesis de cada uno de estos casos, que incluye los principales elementos fácticos, las medidas cautelares o provisionales adoptadas para impedir el daño irreparable, los argumentos centrales de la Corte, las medidas de reparación adoptadas y el estado del cumplimiento del fallo según las decisiones adoptadas a este respecto por la Corte Interamericana.
La Corte Interamericana se pronunció en este caso sobre la censura previa impuesta por autoridades judiciales chilenas a la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo. Tal determinación se adoptó a petición de un grupo de ciudadanos que interpuso un recurso de protección “por y en nombre de […] Jesucristo, de la Iglesia Católica, y por sí mismos”607. Atendiendo la petición, las autoridades judiciales chilenas revocaron la decisión por medio de la cual el Consejo de Calificación Cinematográfica había autorizado la exhibición de la película para espectadores mayores de 18 años608.
La Corte Interamericana concluyó que el Estado chileno, al prohibir la exhibición de la película, incurrió en un acto de censura previa incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana. El Tribunal resaltó que la responsabilidad internacional del Estado por la violación a la libertad de pensamiento y expresión se derivaba en este caso de la existencia de un artículo en la Constitución chilena de 1980, vigente para la época de los hechos, que consagraba un sistema de censura previa para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica609. De conformidad con esto, la Corte declaró además que al mantener la censura cinematográfica en el ordenamiento jurídico, el Estado chileno estaba incumpliendo con el deber de adecuar su derecho interno a la Convención para hacer efectivos los derechos consagrados por esta, tal como lo establecen los artículos 2 y 1.1 de la Convención610.
En virtud de las referidas declaraciones, la Corte Interamericana dispuso que el Estado chileno debía “modificar su ordenamiento jurídico con el fin de suprimir la censura previa, para permitir la exhibición cinematográfica y la publicidad de la película ‘La Última Tentación de Cristo’“. A juicio de la Corte, esta decisión se fundamenta en el hecho de que el Estado está obligado internacionalmente ”a respetar el derecho a la libertad de expresión y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción”611. Adicionalmente, dispuso el pago de una suma de dinero por concepto de los gastos en los que incurrieron las víctimas.
En cumplimiento del fallo de la Corte, el Congreso chileno aprobó una reforma constitucional que consagró el derecho a la libre creación artística y sustituyó la censura cinematográfica por un sistema de calificación que fue regulado por la ley. Igualmente, la película La Última Tentación de Cristo fue recalificada, de tal modo que pudo ser exhibida para el público mayor de 18 años. En atención a la adopción de estas medidas, mediante resolución de 28 de noviembre de 2003612, la Corte Interamericana decidió dar por terminado el caso y archivar el expediente, al comprobar que el Estado de Chile había cumplido plenamente la sentencia.
La Corte Interamericana se pronunció en este caso frente a la demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la República del Perú, por restricciones indirectas a la libertad de expresión. La víctima era un ciudadano peruano por naturalización, quien era accionista mayoritario, director y presidente de un canal de televisión. Este medio de comunicación transmitía un programa periodístico crítico del gobierno peruano, que emitió una serie de reportajes sobre abusos, torturas y actos de corrupción cometidos por el Servicio de Inteligencia Nacional. Con posterioridad a la emisión de estos reportajes, el peticionario fue objeto de varias acciones intimidatorias por parte del Ejército y el Poder Ejecutivo, hasta que mediante un procedimiento manifiestamente arbitrario, el Director de la Policía dejó sin efecto el título de nacionalidad peruana del peticionario. Como consecuencia, una autoridad judicial suspendió el ejercicio de sus derechos como accionista mayoritario del canal y revocó su nombramiento como director del mismo. Con posterioridad a estos actos, se prohibió el ingreso al canal de los periodistas del programa en cuestión y se modificó la línea informativa de este613.
El 5 de febrero de 1998 la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros denunció al señor Ivcher. El mismo 5 de febrero el Juzgado Penal Especializado en Delitos Tributarios y Aduaneros emitió auto apertorio y orden de captura en este proceso614. El 6 de marzo de 1998, la Comisión otorgó medidas cautelares en su favor bajo el presupuesto de que la apertura del proceso penal y la orden de captura, estaban directamente relacionados con el caso por violación a la libertad de expresión y “requirió al Estado que mientras el caso del señor Ivcher se encuentre pendiente de decisión ante la CIDH, se abstenga de tomar o de llevar a cabo cualquier acto o medida que agrave su situación, incluyendo la revocación de la orden de captura a través de Interpol”615. Posteriormente, el 9 de diciembre del mismo año la Comisión solicitó al Estado peruano que adoptase medidas cautelares en beneficio de la esposa e hija del señor Ivcher, en particular solicitó que el Estado dejase sin efecto órdenes de captura emitidas contras las beneficiarias. En ambos casos, la Comisión entendió que la ejecución de las órdenes de captura constituiría un daño irreparable a los beneficiarios616.
En su sentencia, la Corte Interamericana determinó, inter alia, que la resolución que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del peticionario constituyó un medio indirecto de restricción de su libertad de expresión, así como del derecho de los periodistas que trabajaban en el programa en cuestión. Igualmente, definió que al separar al peticionario del control del medio de comunicación, “el Estado no solo restringió el derecho a circular noticias, ideas y opiniones, sino que afectó también el derecho de todos los peruanos a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática”617.
En atención a lo anterior, el Tribunal declaró que el Estado peruano violó el derecho a la libertad de expresión del peticionario e incumplió la obligación general de protección de derechos consagrada en el artículo 1.1 de la Convención. Como medidas de reparación en relación con estos puntos, dispuso que el Estado debía garantizar el derecho del peticionario “a buscar, investigar y difundir información e ideas”618 a través del canal televisión en cuestión. Ordenó además el pago de una indemnización por concepto del daño moral sufrido por el peticionario en ocasión de los actos de hostigamiento en su contra. Dispuso que se investigaran los hechos que habían dado lugar a las violaciones de la Convención para identificar y sancionar a los responsables. Y finalmente reconoció el pago de costas y gastos a favor de la víctima.
La Corte se abstuvo de adoptar determinaciones en relación con algunas solicitudes de reparación elevadas por la CIDH, al considerar que las mismas carecían de materia porque el Estado ya las había satisfecho. Concretamente, el Tribunal advirtió que el Estado, atendiendo las recomendaciones formuladas por la CIDH, restituyó la nacionalidad peruana al peticionario619. Y en lo que respecta a la adopción de medidas legislativas y administrativas necesarias para evitar la repetición de hechos similares en el futuro, la Corte señaló que el Estado ya lo había hecho, al dejar sin efecto la determinación que había tomado el Gobierno de desconocer la competencia de la Corte Interamericana, y manifestar su voluntad de impulsar una política de acercamiento y colaboración con el sistema interamericano de derechos humanos, así como al demostrar su disposición para llegar a una solución amistosa en relación con el caso concreto620.
Mediante resolución del 27 de agosto de 2010621, la Corte determinó que el Estado de Perú había cumplido parcialmente con la medida de reparación, dado que aún no se había procedido a investigar los hechos que generaron las violaciones, e identificar y sancionar a los responsables. Por tal razón, la Corte continúa supervisando este punto pendiente de cumplimiento.
La CIDH presentó ante la Corte Interamericana una demanda en contra del Estado de Costa Rica por haber establecido restricciones ilegítimas y desproporcionadas al derecho a la libertad de expresión de un periodista del diario La Nación. El periodista fue condenado penal y civilmente por haber reproducido la información publicada en algunos periódicos europeos sobre el presunto comportamiento ilícito de un funcionario diplomático costarricense. En la sentencia condenatoria se determinó que el periodista era responsable del delito de publicación de ofensas, en la modalidad de difamación, en tanto había redactado y publicado varios artículos “a sabiendas del carácter ofensivo de su contenido con la única finalidad de deshonrar y afectar la reputación”622 del funcionario. La sentencia dispuso como pena el pago de una multa y ordenó publicar la parte resolutiva de la sentencia en el diario La Nación. Asimismo, se condenó al periodista y al diario al pago de una indemnización por daño moral y de las costas procesales. Por último, se ordenó al periódico La Nación que modificara el contenido de su versión digital, en el sentido de retirar un enlace existente entre el apellido del diplomático y los artículos objeto de la controversia, y a establecer un enlace nuevo entre tales artículos y la parte resolutiva de la sentencia623.
A raíz de una solicitud de medidas cautelares, la Comisión solicitó al Estado de Costa Rica “suspender la ejecución de la sentencia condenatoria hasta que la Comisión examinara el caso, abstenerse de realizar cualquier acción dirigida a incluir al periodista Herrera Ulloa en el Registro Judicial de Delincuentes de Costa Rica y abstenerse de realizar cualquier acto o actuación que afecte el derecho a la libertad de expresión del mencionado periodista y del diario La Nación”. La CIDH entendió que la ejecución de la sentencia vaciaría de sentido la decisión de fondo y causaría un daño irremediable no sólo respecto del derecho a la libertad de expresión del periodista, el diario, sus pares y la sociedad en su conjunto, sino del propio Estado quien tendría que reponer con recursos públicos la indemnización que se pagaría al presunto damnificado por la noticia objeto de juicio. Posteriormente, la Comisión solicitó medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos624.
La Corte, luego de hacer un análisis prima facie de los argumentos relevantes de la sentencia penal condenatoria para resolver la solicitud de medidas cautelares y de atender a los argumentos de las partes, entendió que era necesario, entre otros, suspender la ejecución de los efectos penales de la sentencia, y ordenó que dicha suspensión se mantuviese hasta que el caso fuera resuelto de forma definitiva ante el sistema interamericano. En la decisión sobre medidas provisionales, la Corte se refirió a la imposibilidad de separar la libertad de expresión del ejercicio profesional de los periodistas y consideró que tomando en cuenta que (i) el desempeño del periodista depende de su credibilidad, y (ii) el hecho de que el delito imputado se relacione con el ejercicio de su profesión, la inscripción en el Registro Judicial de Delincuentes causaría un daño irreparable al periodista Herrera Ulloa, que afectaría su ejercicio profesional y generaría un inminente daño irreparable a su honor625.
En su sentencia, la Corte Interamericana concluyó que las sanciones impuestas al periodista constituían una restricción injustificada a la libertad de expresión en el marco de una sociedad democrática, en tanto tenían “un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen la profesión de periodista, lo que, a su vez, impide el debate público sobre temas de interés de la sociedad”626.
En consecuencia, la Corte determinó que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. En virtud de esto dispuso, como medida de reparación, que el Estado debía adoptar todas las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole para dejar sin efectos, en todos sus puntos, la sentencia penal proferida contra el periodista627. Adicionalmente, condenó al pago de una suma de dinero por concepto de reparación del daño inmaterial, así como al pago de los gastos procesales628.
Mediante resolución del 22 de noviembre de 2010629, la Corte Interamericana decidió dar por terminado el caso y archivar el expediente, al comprobar que el Estado de Costa Rica había dejado sin efecto, en todos sus extremos, la sentencia emitida contra el peticionario, y además había cancelado todas las sumas de dinero por concepto de indemnización y gastos.
En este caso, la Corte Interamericana estudió la situación de Ricardo Canese, candidato presidencial en la contienda electoral paraguaya de 1992, quien fue procesado penalmente por el delito de difamación, como consecuencia de afirmaciones que realizó respecto a su contraparte electoral en el curso de la campaña. Específicamente, el peticionario indicó la conexión que existía entre su contendiente y la familia del antiguo dictador Stroessner. A raíz de estas declaraciones, Canese fue condenado en primera y segunda instancia a pena privativa de la libertad y al pago de una multa. Igualmente, durante el proceso fue afectado con una prohibición permanente para salir del país, que se extendió por ocho años y cerca de cuatro meses, y que fue levantada únicamente en circunstancias excepcionales y de forma inconsistente630.
Finalmente, una vez el caso se encontraba en trámite ante el sistema interamericano, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, en sentencia de 11 de diciembre de 2002 anuló las sentencias condenatorias, absolviendo a Canese de responsabilidad penal y de sus consecuencias.
La Corte Interamericana determinó que el proceso y la condena penal inicialmente impuesta en contra de Canese constituyeron una sanción innecesaria y excesiva, que limitó el debate abierto sobre temas de interés público y restringió la libertad de expresión del afectado durante el resto de la campaña electoral. El tribunal destacó que en el contexto de una campaña electoral presidencial “las opiniones y críticas se emiten de una manera más abierta, intensa y dinámica acorde con los principios del pluralismo democrático”, motivo por el cual en este caso “el juzgador debía ponderar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás con el valor que tiene en una sociedad democrática el debate abierto sobre temas de interés o preocupación pública”631.
La Corte concluyó que el Estado era responsable, inter alia, por violación del artículo 13 de la Convención en conexión con el artículo 1.1. Como medida de reparación, dado que la sentencia condenatoria había sido revocada y que no era posible la restitutio in integrum, lo procedente era fijar una compensación económica. En este sentido, la Corte condenó al Estado a pagar una suma de dinero por concepto de daño inmaterial en atención a que “el proceso penal seguido en contra del señor Canese, la condena penal impuesta por los tribunales competentes y la restricción a su derecho de salir del país durante ocho años y casi cuatro meses afectaron sus actividades laborales y le produjeron un efecto inhibidor en el ejercicio de su libertad de expresión”632. La Corte se abstuvo sin embargo de condenar al pago por daños materiales dado que estos no fueron probados en el proceso. Asimismo, la Corte ordenó “publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma”633 y advirtió que la sentencia constituía, en sí misma, una forma de reparación634. Finalmente, ordenó el reembolso de los gastos del litigio ante la Corte Interamericana, debido a que internamente la condena en costas había sido para el querellante635.
La Corte Interamericana valoró positivamente que la Corte Suprema de Justicia de Paraguay hubiere anulado la sentencia proferida contra el señor Canese636. Igualmente, reconoció las reformas a la normatividad penal y procesal penal que, entre otras medidas, disminuyeron las penas para el delito de difamación y establecieron la multa como sanción alternativa a la pena de prisión637. En vista de esto, la Corte se abstuvo de fijar medidas de reparación tendientes a dejar sin efectos el fallo o a adecuar el orden jurídico interno a la Convención.
Mediante resolución del 6 de agosto de 2008, la Corte resolvió dar por concluido el caso y archivar el expediente, al comprobar que el Estado paraguayo había cumplido en su integridad con las medidas de reparación dispuestas en la sentencia dictada el 31 de agosto de 2004638.
La Corte Interamericana se pronunció en este caso sobre la situación de un funcionario civil de las Fuerzas Armadas chilenas, quien fue procesado y condenado por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares y desacato. El funcionario fue condenado a pena de reclusión militar, pago de multa y suspensión del cargo por haber intentado publicar el libro “Ética y Servicios de Inteligencia” sin la autorización de sus superiores militares. Así como por haber dado declaraciones críticas ante los medios de comunicación en relación con la actuación de la justicia penal militar en su caso. Tanto antes del proceso penal como durante su transcurso, las autoridades militares adoptaron varias medidas orientadas a impedir la publicación y circulación del referido libro639.
A juicio de la Corte Interamericana, el Estado cometió actos de censura previa y sometió al peticionario a responsabilidades ulteriores incompatibles con el artículo 13 de la Convención. En relación con la censura, concluyó que “las medidas de control adoptadas por el Estado para impedir la difusión del libro ‘Ética y Servicios de Inteligencia’ del señor Palamara Iribarne constituyeron actos de censura previa no compatibles con los parámetros dispuestos en la Convención, dado que no existía ningún elemento que, a la luz de dicho tratado, permitiera que se afectara el referido derecho a difundir abiertamente su obra”640. En lo que respecta a las responsabilidades ulteriores, señaló que “la legislación sobre desacato aplicada al señor Palamara Iribarne establecía sanciones desproporcionadas por realizar críticas sobre el funcionamiento de las instituciones estatales y sus miembros, suprimiendo el debate esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático y restringiendo innecesariamente el derecho a la libertad de pensamiento y expresión”641.
En virtud de lo anterior, la Corte Interamericana condenó al Estado a pagar una indemnización por los daños materiales e inmateriales sufridos por el señor Palamara, así como a pagar las costas y gastos del proceso642. Igualmente, dispuso que se adoptaran las medidas necesarias para dejar sin efecto los procesos penales y militares, y las condenas proferidas en contra del peticionario643, y que se permitiera la publicación del libro, y se restituyeran las copias y los materiales incautados644. Ordenó además que se publicara en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo de hechos probados y la parte resolutiva de la sentencia; así como que ésta se publicara en su integridad en un sitio Web oficial645. Finalmente, estableció que el Estado debía “adoptar, en un plazo razonable, todas las medidas necesarias para derogar y modificar cualesquiera normas internas que sean incompatibles con los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y de expresión, de manera tal que se permita que las personas puedan ejercer el control democrático de todas las instituciones estatales y de sus funcionarios, a través de la libre expresión de sus ideas y opiniones sobre las gestiones que ellas realicen, sin temor a su represión posterior”646. La Corte ordenó también “establecer, a través de su legislación, límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales militares”647.
Mediante resolución del 1 de julio de 2011, la Corte declaró que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión hasta el cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento en el caso Palamara Iribarne Vs. Chile en lo relativo a: a) adoptar las medidas necesarias para reformar las normas internas en materia de libertad de pensamiento y de expresión; b) adecuar el ordenamiento jurídico interno de forma tal que, en caso de considerarse necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta se limite al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo; y c) garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares648.