Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/espanol/Svenezuela50-00.html
Timestamp: 2018-10-15 11:42:05
Document Index: 531849

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 51', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 81', 'artículo 369', 'Artículo 74', 'Artículo 73', 'in fine', 'Artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 104', 'artículo 37', 'artículo 43', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 215', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 103', 'artículo 83', 'artículo 81', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'artículo 68', 'Artículo 83', 'artículo 57', 'artículo 68', 'artículo 144', 'Artículo 215', 'artículo 165', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 361', 'artículo 369', 'Artículo 144', 'Artículo 8', 'artículo 215', 'Artículo 60', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 30', 'artículo 144', 'Artículo 215', 'Artículo 103', 'Artículo 234', 'Artículo 25', 'artículo 4', 'Artículo 30']

Reinaldo Figueredo Planchart v. Republica Bolivariana de Venezuela, Caso 11.298, Informe Nº 50/00, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 1313 (1999).
1. Se denuncia la supuesta violación de derechos protegidos en la Convención por parte del Estado venezolano en perjuicio del señor Reinaldo Figueredo Planchart en la investigación y juicio seguido contra él por los delitos de malversación y peculado. Se denuncia la violación del artículo 5(1), (2) y (4) (Derecho a la Integridad Personal); artículo 8(1), (2)(b), (d), (f), (h) y (5) (Garantías Judiciales); y artículo 25(1) (Protección Judicial) en relación con el artículo 1(1) (Obligación de Respeto y Garantía) de la Convención. Se solicita a la Comisión que decida la suspensión de los efectos de la orden de detención dictada en contra del señor Figueredo; asimismo, la suspensión de la extradición o encarcelamiento mientras la Comisión decide sobre los méritos del caso. El Estado alegó como excepción de admisibilidad la falta de agotamiento de los recursos internos. La Comisión no acogió dicha excepción y declaró la admisibilidad del caso el 28 de septiembre de 1998, durante su 100º período ordinario de sesiones. En el Informe de Admisibilidad Nº 81/98 la Comisión se puso a disposición de las partes para lograr una solución amistosa del asunto. El peticionario aceptó dicho procedimiento, pero el Estado no envió observaciones al informe ni dio respuesta al ofrecimiento de la Comisión. En nota del 8 de marzo de 1999, la Comisión reiteró su ofrecimiento al Estado de Venezuela con un plazo de 30 días, manifestándole además que "[d]e no recibirse dicha respuesta en el plazo fijado, la Comisión continuará con la tramitación de este caso". Al continuar con el trámite del caso y después de un análisis de los fundamentos de hecho y de derecho proporcionados por las partes, la Comisión considera que el Estado venezolano es responsable de la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana que fueron expuestos por el peticionario en su denuncia del 23 de mayo de 1994, salvo el derecho a la integridad personal, donde no se encontró responsabilidad del Estado. En consecuencia, la Comisión recomienda al Estado venezolano que declare nulo el proceso judicial seguido contra Reinaldo Figueredo Planchart, deje sin efecto la orden de detención en su contra y le otorgue un nuevo juicio con todas las garantías del debido proceso. Asimismo, el Estado deberá otorgar a Reinaldo Figueredo Planchart una adecuada y oportuna reparación que comprenda una plena satisfacción por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas.
4. El 28 de septiembre de 1998, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad Nº 81/98, el cual fue transmitido al Estado el 15 de octubre de 1998. La Comisión, a través del mencionado informe, se puso a disposición de las partes para lograr una solución amistosa del asunto conforme a lo dispuesto en el artículo 48(1)(f) de la Convención y 45 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión otorgó un plazo de dos meses a las partes para dar respuesta a su ofrecimiento. En nota del 14 de diciembre de 1998, el peticionario Douglass Cassel agradeció a la Comisión y aceptó su propuesta, la cual fue transmitida al Estado el 22 de diciembre de 1998. La Comisión, en nota del 8 de marzo de 1999, reiteró su ofrecimiento al Estado. El Estado no dio respuesta al ofrecimiento de solución amistosa de la Comisión
6. La Comisión, en el curso de su 106º período ordinario de sesiones, volvió a analizar el presente caso y aprobó el Informe Nº 20/00 de conformidad con el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este informe fue remitido al Estado y a los peticionarios el 7 de marzo de 2000 con la advertencia de confidencialidad hasta que la Comisión decidiera su publicación. La Comisión otorgó al Estado venezolano el plazo de un mes para solucionar la situación denunciada. Una vez expirado el plazo, el Estado no cumplió con las recomendaciones de la Comisión ni dio respuesta a su informe. En consecuencia, el 13 de abril de 2000, la Comisión decidió hacer público este informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
8. Se alega que durante dicho proceso se le ha violado el derecho de defensa por la Contraloría General de la República de Venezuela. Ésta realizó una investigación documental" acerca del uso de fondos presupuestarios destinados a gastos de seguridad del Estado en 1989 y concluyó que existían indicios de haberse cometido los delitos de malversación y peculado. Este informe señaló como uno de los presuntos culpables al señor Figueredo. Dicho documento fue base de un procedimiento sumario ante un tribunal.
9. Se denuncia que la Contraloría General no le notificó al señor Figueredo la investigación en su contra; no le permitió conocer los elementos usados en su contra; no le concedió oportunidad alguna de defenderse o aportar apruebas; se negó a entregarle copia del informe que le incrimina, a pesar de haberlo enviado al Fiscal General y a un tribunal; y no dio respuesta a su solicitud de que se abriera una "averiguación administrativa" en su contra con los debidos procedimientos y garantías de ley.
11. Se denuncia la violación por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela de los derechos de defensa, de apelación y de no ser objeto de trato cruel e inhumano, en perjuicio del señor Figueredo.
12. El 20 de mayo de 1993, la Corte Suprema declaró la existencia de méritos suficientes para el enjuiciamiento del entonces diputado Figueredo, con base en lo dispuesto constitucionalmente para el enjuiciamiento penal en contra de ciertos funcionarios (Presidente de la República, Senadores, Diputados). Señala el peticionario que ante tal decisión de la Corte, al señor Figueredo no se le permitió conocer los elementos existentes en su contra, ni se le permitió defenderse. Que la decisión de la Corte, basada en el informe de la Contraloría, dictaminó que existían indicios de que se habían cometido los delitos de malversación y peculado; sin embargo, no especificó cuáles eran los indicios, ni por cuáles delitos debía enjuiciársele. La decisión de la Corte tuvo los efectos de someter al señor Figueredo a un juicio, allanarle la inmunidad parlamentaria y desincorporarlo como Diputado del Congreso Nacional.
15. Un año después de iniciarse el proceso, la Corte decidió que estaba comprobada la existencia de los delitos de malversación y peculado; que había fundados indicios de culpabilidad en su contra y ordenó su detención mientras se realizaba el juicio plenario. Alega el peticionario que "no hay ninguna acusación ni ningún elemento que arroje la más leve sospecha sobre mi honestidad o mi integridad personales".
17. El peticionario denuncia la violación del derecho de defensa por parte de la Corte Suprema al no habérsele permitido conocer las acusaciones y elementos de prueba en su contra; al no habérsele permitido nombrar abogado defensor ni apoderado, ni actuar, presentar pruebas o alegatos o hacer pedimentos en ningún estado del proceso que condujo a la orden de detención en su contra; al habérsele sometido a interrogatorio sin permitir la presencia de sus abogados defensores ni de ningún tercero imparcial de buena fe.
18. Ante el alegato del Estado de que la acusación junto con los documentos de apoyo se le entregó después del antejuicio y antes del sumario, sostiene el peticionario que "los documentos le fueron entregados en esa oportunidad al ex Presidente Pérez, no al señor Figueredo, quien no tuvo acceso a esos documentos sino un año más tarde, después del sumario".
24. Consecuentemente, el peticionario ha solicitado a la Comisión que investigue la violación por el Estado de Venezuela, en su contra, del artículo 5, numerales 1, 2 y 4, y del artículo 8, numerales 1, 2(b), 2 (d), 2 (f), 2 (h) y 5, artículo 24 y artículo 25 de la Convención. Pide a la Comisión "que decida, como medida cautelar de carácter urgente, y comunique al Estado de Venezuela, la suspensión de los efectos de la orden de detención dictada en su contra, a fin de evitar el daño irreparable a su integridad física y moral y de permitirle comparecer en libertad, con las debidas seguridades y garantías, a ejercer su derecho de defensa en el juicio que se le sigue".
25. A la vez, solicita a la Comisión que interponga sus oficios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con carácter urgente, para que ésta decida como medida cautelar [sic] y así lo comunique al Estado de Venezuela "la suspensión de los efectos de la orden de detención en su (mi) contra, a fin de evitar daños irreparables a su (mi) integridad física y moral y de permitirle (me) comparecer en libertad, con las debidas seguridades y garantías, a ejercer su (mi) derecho de defensa en el juicio que se le (me) sigue".
26. En fecha posterior a su denuncia original, el peticionario interpuso ante la Comisión una solicitud contingente de medidas cautelares. El peticionario solicita que en el caso en que la Corte Suprema de Venezuela le condenare en el proceso penal que es objeto de esta petición, que dicte una resolución que recomiende, ad interim, medidas cautelares.
27. Si así fuere el caso, la medida cautelar solicitada es la siguiente:
28. En la denuncia complementaria presentada por el peticionario, solicita además a la Comisión que "recomiende que se compense al Sr. Figueredo por sus lesiones producto de la violación de sus derechos, incluyendo, sin limitarse a ello, la pérdida de empleo durante el período incluido desde el inicio del sumario; que recomiende que Venezuela reforme sus leyes y procedimientos para asegurarse de que no vuelvan a ocurrir tales violaciones, incluyendo, sin limitarse a ello, el aseguramiento de que los derechos de defensa se aplican tanto en el sumario como en el plenario [...]"
31. El Procurador afirma que la entrega al acusado de la copia íntegra de la querella sólo es obligatoria en los juicios de responsabilidad, cuando el delito imputado no merezca pena corporal. "Debe tenerse presente, que en este caso, se imputaron al acusado los delitos de malversación y peculado, los cuales tienen asignadas en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, penas corporales o restrictivas de la libertad".
35. Alega el Estado que el señor Figueredo votó por su allanamiento sin oponerse; que recibió de manera oportuna la información de la acusación fiscal a objeto de que la pudiese utilizar para su defensa en el "juicio", en el proceso que actualmente se le sigue ante la Corte Suprema de Justicia; que se le entregó la acusación junto con los documentos de apoyo después del antejucio y antes de que comenzara el sumario; que "para mayor garantía del acusado, no le juzga un tribunal unipersonal o una sala, sino la totalidad de los magistrados --en este caso quince-- integrantes del Supremo Tribunal de la República".
Solicita el Estado que la denuncia interpuesta sea declarada improcedente por: a) no haberse agotado los recursos internos; b) por referirse su planteamiento a un disfrute de un privilegio de la función pública y no a la perturbación de un derecho ciudadano como la defensa, que por lo demás está garantizada y ejerce a plenitud en la actualidad y por ante la Corte Suprema de Justicia; c) por ser falsa su afirmación de que no le fue trasladada para su oportuna defensa la acusación fiscal y los documentos que le soportaron; d) por lo incierto de su afirmación en cuanto a que el efecto del antejuicio de mérito fue despojarlo arbitrariamente de su condición parlamentaria, demostrado como ha sido que se le allanó su inmunidad con su propio voto afirmativo y luego de su pronunciamiento mayoritario de su Cámara con vista a los méritos encontrados por la Suprema Corte y con el propósito de exigirle responsabilidades por presuntos hechos punibles con base al principio de responsablidad que vincula a ciudadanos y a funcionarios del Estado; e) por su distorsión manifiesta acerca de los hechos procesales vinculados a su enjuiciamiento, al confundir deliberadamente las etapas preliminares del juicio -en las que resulta extemporáneo el ejercicio de la defensa- con aquellas que dentro del juicio signan el momento para la controversia, para la promoción y evacuación de las pruebas que considere menester en cuanto al cuidado de sus intereses; y f) finalmente por estar al margen de toda contención el que sus abogados hoy actúan con total diligencia y publicidad, sin obstáculos de ningún orden, en un juicio que habiendo avanzado con toda celeridad y rigurosidad procesal, se encuentra en fase de sentencia.
45. La Comisión no está facultada para pronunciarse sobre la naturaleza y gravedad del delito imputado a la presunta víctima. Toma nota de los alegatos del Estado acerca de esos puntos y manifiesta, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, que "[e]n las sociedades democráticas, en que los tribunales funcionan en el marco de un sistema de organización de los poderes públicos establecido por la Constitución y la legislación interna, corresponde a los tribunales competentes considerar los asuntos que ante ellos se plantean. Cuando es evidente que ha existido la violación de uno de los derechos protegidos por la Convención, la Comisión tiene competencia para entender en el caso. La Comisión está plenamente facultada para fallar con respecto a supuestas irregularidades de los procedimientos judiciales internos que den lugar a manifiestas violaciones del debido proceso o de cualquiera de los derechos protegidos por la Convención".4
49. Con motivo de estas informaciones, Reinaldo Figueredo Planchart se dirigió formalmente al Contralor General de la República mediante comunicación del 7 de mayo de 1993. En respuesta a dicha nota, el Contralor le comunicó a Reinaldo Figueredo Planchart mediante oficio del 17 de mayo de 1993, de la existencia de una "investigación esencialmente documental" que había iniciado de oficio "a cuyos fines no se requirió la comparecencia ni declaración de ningún ciudadano..." y que estimaba "haberle suministrado la información que legalmente [le era] posible proporcionarle, por cuanto mediante Oficio Nº 92-2733 de fecha 1º de diciembre de 1992, el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público participó a esta Contraloría, que el Informe del 26 de noviembre de 1992 y sus anexos, han pasado a formar parte de un sumario penal y que, por tanto, se deberá guardar la más absoluta reserva sobre sus contenidos".7
50. En nota del 26 de mayo de 1993, Reinaldo Figueredo Planchart se dirigió al Contralor General de la República solicitándole inter alia que "ordene abrir la correspondiente averiguación administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en virtud de su expresa manifestación de que la investigación realizada por el Organo que usted preside, surgieron indicios". Esta solicitud, según consta en autos, nunca fue respondida por el Contralor General de la República.8
51. El 13 de noviembre de 1992, el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público también había iniciado de oficio una averiguación sumaria en virtud de las informaciones vertidas en la prensa y por la presunta comisión de un hecho punible de acción pública. Consta en autos la declaración rendida por Reinaldo Figueredo Planchart y el interrogatorio realizado por dicho tribunal el 4 de marzo de 1993. Consta también en autos que dicho tribunal no permitió la presencia del abogado que acompañaba a Figueredo durante el interrogatorio.9 Asimismo, está probado que en la decisión sobre el fondo del 30 de mayo de 1996, la Corte Suprema de Justicia incorporó y valoró dicho interrogatorio señalando inter alia que "[d]e esta declaración se evidencia que (...) [r]esulta claro y evidente que este procesado no reconoce culpabilidad directa alguna, en cuanto a los hechos incriminados, sino que declara desconocer las actuaciones de los Directores de Administración y Servicios del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia y del Ministerio de Relaciones Interiores. Tales argumentos esgrimidos por Reinaldo Figueredo Planchart resultan falsos de toda falsedad..."10 Consta, asimismo, en el expediente ante la Comisión que el Tribunal Superior de Salvaguarda interrogó a Reinaldo Figueredo Planchart cuando todavía se encontraba investido de su inmunidad parlamentaria por su calidad de Diputado ante el Congreso de la República.11
58. Consta en autos la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 11 de mayo de 1993, negando la solicitud de uno de los co-acusados Alejandro Izaguirre para que "muy respetuosamente, se ordene me sean expedidas las copias de la querella fiscal y de la documentación de la misma acompañada, pues, de no darse cumplimiento a tal requisito, podrá arribarse al absurdo de una decisión dictada inaudita parte, contrariando expresas disposiciones Constitucionales, como la concerniente al derecho de defensa...".12
60. En resolución del 26 de mayo de 1993, la Corte Suprema de Justicia decidió inter alia "[d]e conformidad con lo establecido en el artículo 369 del Código de Enjuiciamiento Criminal, se dispone pasar al acusado, ciudadano Carlos Andrés Pérez Rodríguez, copia íntegra del libelo acusatorio y de la documentación acompañada". No consta en autos que dicha decisión también se haya adoptado con respecto a los otros acusados, entre los que se encuentra Reinaldo Figueredo Planchart.
....en nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal el sumario o averiguación sumarial, está dividido en dos partes, fases o etapas: La primera que se inicia con el auto de proceder (Artículo 74 del Código de Enjuiciamiento Criminal), enteramente secreta, para él o los investigados, menos para el Juez, el Secretario, los amanueses del tribunal, y para el Fiscal del Ministerio Público, obligado legalmente a intervenir en los juicios de acción pública. Pronunciado el auto de detención o de sometimiento a juicio, se inicia la segunda etapa o fase del sumario, que entonces deja de ser secreto para el indiciado o para el sometido a juicio. Detenido el indiciado o notificado el sometido a juicio, podrán entonces imponerse de las actas sumariales, asistidos de persona o abogado de su confianza (Artículo 73 in fine del Código de Enjuiciamiento Criminal). Es, a partir de este momento en el proceso, cuando surge para cualquier investigado la situación jurídica de parte. Y consecuentemente, tendrá acceso a los recaudos sumariales y a todos los medios de defensa que prevee la ley tan pronto como se ejecute el correspondiente auto de detención; como lo preceptúa el Artículo 60 de la Constitución, segundo aparte de su ordinal 1º.16
71. El 21 de junio de 1994, el abogado defensor del procesado solicitó ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia copia simple de todas las piezas del expediente 0588 y sus anexos, por cuanto dicho tribunal ya había declarado terminado el sumario el 17 del mismo mes y año. El 22 de junio de 1994, dicho tribunal señaló que "[v]ista la solicitud formulada por el Dr. Carlos Armando Figueredo, en su carácter de Defensor Provisorio del procesado de autos Reinaldo Figueredo Planchart, en fecha 21 de los corrientes, se acuerda de conformidad. Provéase lo conducente".20 Consta en autos que esta es la primera vez --después de concluido el sumario y dictado el auto de detención-- que Reinaldo Figueredo Planchart tiene acceso al expediente y sus recaudos.
73. El 15 de febrero de 1995 la Corte Suprema de Justicia decreta medida de aseguramiento sobre los bienes de Reinaldo Figueredo Planchart y los co-procesados. El Magistrado Rafael Alfonzo Guzmán, al disentir de esa decisión, declaró ante los medios de comunicación, al referirse a la medida de aseguramiento dictada, "que era más efectista que efectiva, porque los reos de este tipo de delitos nunca ponen los bienes a su nombre y es obvio que poseen en cambio obras de arte, acciones de compañías, corporaciones muy poderosas propietarias de inmuebles de todas clases, dinero en efectivo, divisas, joyas, ninguno de los cuales es menester registrar ni notariar para poder traspasarlos". Dicho Magistrado acotó, además, "que en este caso concreto y en todos los casos en que se plantee un delito contra el patrimonio público son inefectivas estas medidas, porque, justamente, este tipo de reos y de delitos hace que nadie tenga a su nombre ningún bien importante para que se lo graven, precisamente con medidas de este tipo".21 El Magistrado Guzmán también difundió estas mismas declaraciones el viernes 17 de febrero de 1995, a través del noticiero de las 8:00 p.m. del Canal 10 de la empresa TELEVEN.
75. Consta en autos una copia del diario El Nacional del 25 de enero de 1996 donde se publica una entrevista televisada al entonces Presidente de la República de Venezuela Rafael Caldera, quien ante una pregunta sobre la posibilidad de indulto a uno de los procesados manifestó "[c]reo que aún cuando pueda haber algún sector más o menos respetable que tenga ese deseo, la inmensa mayoría del país vería como una especie de fraude, como una especie de inconsecuencia que se desconozca el veredicto condenatorio de la Corte Suprema de Justicia que corresponde, por lo demás, a lo que el pueblo venezolano se ha formulado en su conciencia".22
como autor responsable del delito de Malversación Genérica Agravada, tipificado en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, hecho cometido en las circunstancias de lugar, modo y tiempo que han quedado establecidas, a cumplir la pena de dos años y cuatro meses de prisión, en el establecimiento penal que designare el Ejecutivo Nacional, y a las accesorias de prisión establecidas en el artículo 104, de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, cuales son: la inhabilitación política por el tiempo que dure la condena y por un tiempo igual al de ésta, la inhabilitación para ejercer cargos o funciones públicas. Igualmente condena al mencionado procesado a restituir, reparar o indemnizar los daños inferidos al patrimonio público, una vez establecido el monto de la cuantía correspondiente, mediante la experticia complementaria que se ordenó practicar a tales fines. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos 60, 100 y 104, de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en relación con el artículo 37 del Código Penal, y encabezamiento del artículo 43 del Código de Enjuiciamiento Criminal.25
79. En nota del 4 de octubre de 1994, la Comisión sometió a la consideración de las partes un cuestionario con varias preguntas relativas al procedimiento seguido en Venezuela contra Reinaldo Figueredo Planchart. Así, la Comisión preguntó "[d]e conformidad con el artículo 8 de la Convención Americana, ¿Cuál es el ámbito de aplicación de las garantías judiciales en el presente caso? ¿Se aplican, por ejemplo, al antejuicio o a los procedimientos administrativos?".
81. Con respecto a si las mencionadas garantías judiciales son aplicables a los procedimientos administrativos, el Estado manifiestó que sólo se aplica la Convención Americana a los procedimientos administrativos sancionatorios. El Estado agregó que en el derecho venezolano existe una tendencia aceptada que en los procedimientos administrativos enderezados a imponer sanciones por faltas o infracciones administrativas, sí son aplicables las garantías judiciales; en particular, el principio de legalidad de las faltas o infracciones, el principio del debido proceso y dentro de éste el principio del derecho a la defensa. No obstante, el Estado también manifestó que en este caso no son aplicables las garantías judiciales consagradas en la Convención en virtud de que el procedimiento administrativo desplegado por la Contraloría General de la República no fue el de averiguación administrativa sino el de inspección fiscal. Señaló el Estado que éste último no es un procedimiento sancionatorio sino constatadador de informaciones, del cual eventualmente puede surgir un procedimiento sancionatorio. También manifestó el Estado que como quiera que esa inspección fiscal, a juicio de la Contraloría, arrojó indicios de responsabilidad civil y penal que a ella no corresponde determinar, dicho organismo remitió los resultados de la misma al Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público y al Fiscal General de la República.
82. Los peticionarios, por su parte, manifestaron que las garantías del artículo 8 de la Convención deben aplicarse tanto a los procedimientos administrativos como al antejuicio de méritos de la Corte Suprema de Justicia con mayor énfasis si éstos pudieran resultar en sanciones de naturaleza penal. Según los peticionarios, la Constitución y las leyes administrativas de Venezuela prevén el debido proceso, que ha sido negado en la práctica por los órganos administrativos y judiciales intervinientes. El argumento del Estado que establece que la Contraloría General de la República es un órgano con funciones exclusivamente administrativas, que carece de las atribuciones jurisdiccionales del Poder Judicial y que por ello está exento de respetar los derechos relativos a las garantías judiciales, es inconsistente con las obligaciones asumidas por el Estado de Venezuela de acuerdo con la Convención Americana y sus propias leyes internas. Los peticionarios agregaron que la Contraloría realizó una "investigación documental" en virtud de la cual se privó al imputado de su derecho a la defensa y a un proceso justo, de acuerdo con las garantías del debido proceso. Señalan que los derechos violados por la actuación de la Contraloría fueron los siguientes: a) el derecho de defensa, b) el acceso a un órgano independiente e imparcial, c) el derecho al debido proceso, y d) el acceso a las actuaciones procesales.
85. Igualmente, la Corte Europea de Derechos Humanos al analizar el artículo 6(1) de la Convención Europea similar al 8(1) de la Convención Americana, señaló que "[e]n una sociedad democrática y dentro del sentido de la Convención, los derechos del juicio justo ocupan un lugar tan preeminente que, en consecuencia, cualquier interpretación restrictiva no se compadece con los propósitos y fines del artículo 6(1) de la Convención [Europea]".27 Este enfoque es consistente con el énfasis que la Corte Interamericana otorga al debido proceso dentro del contexto de una sociedad democrática.28
87. La Comisión observa que tanto la jurisprudencia del sistema europeo como la del interamericano establecen claramente que la aplicación por parte de los Estados de las garantías del debido proceso no pueden estar limitadas ni restringidas a la fase final de un proceso penal, menos aún si la fase preliminar tiene consecuencias jurídicas sobre los derechos civiles del presunto imputado. Así, por ejemplo, la Corte y la Comisión Europeas de Derechos Humanos consideran que los siguientes derechos deben ser aplicados a las actuaciones preliminares de un proceso penal: 1) derecho a la asistencia de un abogado,31 derecho a tiempo adecuado y facilidades para preparar una defensa,32 derecho a la auto-defensa,33 derecho de ser informado de la naturaleza y la causa de la acusación,34 derecho a interrogar testigos,35 derecho a permanecer en silencio,36 y derecho a la asistencia gratuita de un intérprete.37 El principio general, tal como lo ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos, es que las garantías del debido proceso se aplican a las actuaciones anteriores al juicio, incluyendo las investigaciones preliminares, "si y en la medida [en] que la equidad del juicio pueda verse gravemente perjudicada por una falla inicial en su cumplimiento".38
95. La Comisión observa en autos que la Corte Suprema de Justicia ordenó el 8 de junio de 1993, que el caso del entonces Presidente de la República Carlos Andrés Pérez continuara conjuntamente con el de Reinaldo Figueredo Planchart, "así como contra aquellas otras personas que por los mismos hechos ameritasen su enjuiciamiento y hasta sentencia definitiva".51 La Corte Suprema citó el artículo 215(1) de la Constitución como fundamento jurídico para tomar tal decisión.
100. La Comisión no comparte la opinión del Estado de que el Tribunal de Salvaguarda "tenía la posibilidad de juzgarlo" por cuanto el mandato constitucional era muy claro: la Corte Suprema de Justicia sólo puede juzgar en instancia única hasta sentencia definitiva a quien actúa en calidad de Presidente de la República mas no a un congresista o parlamentario. A juicio de la Comisión, la Corte Suprema de Justicia usurpó la jurisdicción que le correspondía al Tribunal Superior de Salvaguarda, el cual además debió haber actuado como tribunal de primera instancia de suerte que pudiese recurrir ante un tribunal superior si la decisión le era desfavorable, lo cual le fue negado en la práctica por la Corte Suprema, al haberlo procesado en instancia única hasta su fallo definitivo y condenatorio del 30 de mayo de 1996.53
102. El derecho a ser oído por un tribunal con la garantía del derecho a la defensa y el acceso a los recursos internos [artículos 8(1), 8(2)(d) y 25(1) de la Convención]. El artículo 8(1) de la Convención establece la obligación de los tribunales de justicia de escuchar, con las debidas garantías, a toda persona que ha sido acusada penalmente. Una de estas garantías es la establecida en el artículo 8(2)(d) de la Convención, la cual señala que toda persona inculpada de delito tiene el derecho de "defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección". Igualmente, el artículo 25(1) de la Convención obliga al Estado a proveer a toda persona sometida a su jurisdicción de un recurso sencillo y rápido, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. La Corte Interamericana ha manifestado que estos artículos de la Convención reconocen "el llamado debido proceso legal, que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial".54 La Comisión también ha señalado que "[n]egar el acceso a los tribunales para hacer valer sus derechos a un imputado es impedir la obtención de recursos sin que medie un juicio fundamentado en los méritos del caso y constituye en efecto una violación del Derecho a Protección Judicial que garantiza el Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".55
103. A la luz de estos principios y después de un exhaustivo análisis del proceso, la Comisión observa que desde el mes de noviembre de 1992 --fecha en que el Estado inició de oficio la investigación a Reinaldo Figueredo Planchart que terminó con una sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia-- hasta el 22 de junio de 1994, en que dicho tribunal consintió en otorgarle acceso al expediente en virtud de que ya había concluido el sumario secreto y se había dictado el auto de detención, el inculpado no pudo ejercer su derecho a ser oído por ninguna autoridad administrativa ni judicial en presencia de su abogado defensor. Está probado, asimismo, que durante esta etapa crucial del proceso tampoco se le permitió al inculpado presentar pruebas de descargo ni contrainterrogar a los testigos presentados por el Estado, y por último, tampoco tuvo conocimiento oportuno de los cargos que se le habían imputado. También está probado que los pocos recursos permitidos por el derecho positivo venezolano contra un proceso --seguido en instancia única-- ante la Corte Suprema de Justicia fueron ejercidos por el procesado, pero sin éxito, ya que a juicio de dicho tribunal no se puede ejercer el derecho a la defensa en ninguna de las etapas previas al auto de detención, el cual --de acuerdo al artículo 103 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público-- no permite la libertad provisional o bajo fianza.56
104. En efecto, mediante comunicación del 17 de mayo de 1993, el Contralor General de la República le confirmó a Reinaldo Figueredo Planchart que estaba siendo investigado desde el 10 de noviembre de 1992, y que en virtud de esta "investigación documental" --que terminó con un informe y doce anexos-- no fue necesaria "la comparecencia ni declaración de ningún ciudadano". Más adelante el Contralor también le comunicó a Figueredo que legalmente no podía darle más información porque el informe y sus anexos habían formado parte de un sumario penal que de conformidad con el derecho positivo venezolano era de naturaleza confidencial. El Contralor también informó a Figueredo que esta "investigación documental" tenía sustento jurídico en los artículos 234 de la Constitución, 1º de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 25 y 30 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.57 Ante este hecho, Figueredo Planchart presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la cual confirmó la versión del Contralor al señalar que el derecho a la defensa no procede por cuanto ésta es una fase previa al inicio de un proceso judicial.58
105. No obstante lo señalado por el Contralor y la Corte Suprema de Justicia, la Comisión observa que la autoridad administrativa cuando se dirige al investigado sustentando jurídicamente su posición lo hace citando artículos que, efectivamente, le otorgan competencia para la investigación que realizó, pero no establece las bases jurídicas para el procedimiento que debió seguir. Más aún, ninguna de las normas citadas por el Contralor señalan el alcance y procedimiento de su autodenominada "investigación documental". Lo que sí establece claramente la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en su artículo 83 es lo siguiente:
7 La comunicación del Contralor General de la República del 17 de mayo de 1993 señalaba inter alia que "[e]n respuesta le comunico, que en fecha 10 de noviembre de 1992, este organismo contralor inició de oficio una investigación sobre el uso y disposición de la cantidad de doscientos cincuenta millones de bolívares (Bs. 250.000.000.oo), asignada con cargo a la partida 'Rectificación al Presupuesto' del año 1989, al Ministerio de Relaciones Interiores para gastos de defensa y seguridad del Estado, según Resolución Nº 87 de la Oficina Central de Presupuesto, publicada en la Gaceta Oficial Nº 34.166 de fecha 24 de febrero de 1989. Dicha investigación se realizó con fundamento en los artículos 234 de la Constitución, 1º de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 25 y 30 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, los cuales le asignan a este organismo contralor amplias competencias para investigar y fiscalizar todos los actos que tengan relación con el Patrimonio Público. La Contraloría General de la República, en el presente caso, no realizó una averiguación administrativa, conforme al procedimiento previsto y regulado en el Capítulo III, Título VI de su Ley Orgánica, sino una investigación esencialmente documental, a cuyos fines no se requirió la comparecencia ni declaración de ningún ciudadano (funcionario público o particular), sino que se recabó información de los organismos y entidades que habían intervenido en el uso y disposición de esos recursos públicos. Esa investigación concluyó con un informe de fecha 26 de noviembre de 1992 y once anexos los cuales se remitieron al Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público en atención a la solicitud formulada por ese tribunal, por cuanto tenía abierta una averiguación en relación con el mismo asunto y al Fiscal General de la República en vista de los indicios que surgieron en esa investigación. En los términos expuestos estimo haberle suministrado la información que legalmente me es posible proporcionarle, por cuanto mediante Oficio Nº 92-2733 de fecha 1º de diciembre de 1992, el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público participó a esta Contraloría, que el Informe del 26 de noviembre de 1992 y sus anexos, han pasado a formar parte de un sumario penal y que, por tanto, se deberá guardar la más absoluta reserva sobre sus contenidos, Atentamente, José Ramón Medina, Contralor General de la República".
8 Las partes pertinentes de la comunicación de Reinaldo Figueredo Planchart señalan inter alia lo siguiente: "En el capítulo III, título VI de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (de las averiguaciones administrativas), en sus artículos 81 al 92, se establece el procedimiento que ha de observarse en las precitadas averiguaciones de naturaleza administrativa, disponiéndose en el artículo 81 al 83 inmediatamente antes citados que '[l]a Contraloría podrá realizar investigaciones, en todo caso que surgieren indicios, de que funcionarios públicos o particulares ...hayan incurrido en actos, hechos u omisiones contrarias a una disposición legal o reglamentaria...' (Artículo 81) debiéndose formar un 'expediente, el cual terminaría por un auto de sobreseimiento, absolución o responsabilidad administrativa...' (Artículo 82), y donde ese organismo, 'iniciada la averiguación, reunirá las declaraciones, experticias, informes y demás elementos de juicio que estime necesarios para esclarecer la verdad de los hechos. Si en el curso de esa labor aparecieran indicios contra alguna persona, la Contraloría le ordenará comparecer a declarar dentro de los diez (10) días continuos a la fecha de la citación, en cuya oportunidad le tomará declaración y le impondrá los cargos en su contra...' (Artículo 83). En concordancia con las anteriores disposiciones se encuentra la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, cuando en sus artículos 25, 26 y 30 al establecer que la Contraloría General de la República tiene competencia de investigación en todos los autos que tengan relación con el patrimonio público, acordando la apertura de la averiguación correspondiente en la cual se realizarían todos los actos de substanciación en que pueda derivarse responsabilidad penal o civil. De lo anteriormente expuesto, se desprende que estas investigaciones para las cuales está facultado el Organo Contralor deben desarrollarse dentro de un proceso de averiguación administrativa con observancia de todas las formalidades dispuestas en la ley de referencia, tal es el espíritu, propósito y razón de esta normativa, como lo es, el dejar claramente establecidas las responsabilidades administrativas y los indicios de las posibles imputaciones de naturaleza civil y penal. De no acatar dicho procedimiento, éste resultaría írrito y se vulnera así, derecho de defensa pautado en el artículo 68 de la Constitución de la República, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 83 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Es de hacer la acotación que la circunstancia de no haberse seguido el procedimiento mencionado trae como consecuencia procesal que dicha investigación carezca de la fuerza probatoria que le asigna el artículo 57 de la Ley Orgánica del Patrimonio Público; quiero significarle que así lo haré valer en mi defensa ante la Corte Suprema de Justicia".
9 El artículo 68 de la Constitución Política del Estado venezolano dispone inter alia que "[l]a defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del proceso".
11 El artículo 144 de la Constitución Política del Estado dispone que "[e]l Tribunal que conozca de acusaciones o denuncias contra algún miembro del Congreso, practicará las diligencias sumariales necesarias y las pasará a la Corte Suprema de Justicia a los fines del Ordinal 2º del Artículo 215 de esta Constitución. Si la Corte declara que hay mérito para la continuación de la causa, no habrá lugar al enjuiciamiento sin que preceda el allanamiento del indiciado por la Cámara respectiva o por la Comisión Delegada". Por su parte, el artículo 165 del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente para los hechos materia del presente caso señala que "[t]odo venezolano o extranjero que no esté legalmente impedido, está en la obligación de concurrir al llamamiento que se le haga en cualquier asunto de carácter penal, para declarar cuanto supiere sobre lo que relativamente le fuere preguntado por el funcionario de instrucción o por el tribunal de la causa". Los artículos 166 y 168 del mismo cuerpo normativo disponen que "[s]e exceptúan de concurrir al llamamiento de que trata el artículo anterior, pero no de declarar....[l]os miembros del Congreso Nacional, y [n]o están obligados a declarar [l]os comprendidos en el numeral 4º, artículo 60 de la Constitución Nacional en los casos que ésta determina'. El artículo 60(4) de la Constitución venezolana consagra que [n]adie podrá ser obligado a prestar juramento ni constreñido a rendir declaración o a reconocer culpabilidad en causa penal contra sí mismo...".
12 La decisión de la Corte Suprema de Justicia negando a uno de los co-acusados copia de la acusación del Fiscal General de la República consistió inter alia en lo siguiente: "La Corte para decidir observa: Revisados los puntos de vista aplicados hasta ahora, acerca de si en el procedimiento especial del Antejuicio de Mérito previsto en el artículo 361 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Criminal y 146 y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, procede jurídicamente entregar al acusado "copia íntegra de la querella y de la documentación que a ella se acompañe", así como la oportunidad de hacerlo, existen diversos precedentes con soluciones distintas. Estima la Corte que el mejor criterio es aquél que sostiene que la disposición contenida en el artículo 369 del Código de Enjuiciamiento Criminal, únicamente es aplicable cuando previamente se ha declarado que existen méritos para el enjuiciamiento, esto es que éllo constituye materia del juicio y no del antejuicio".
13 Consta en el expediente de la Comisión el sumario de debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la República de Venezuela del 27 de mayo de 1993, donde el entonces Diputado Reinaldo Figueredo Planchart se dirigió a los parlamentarios señalando inter alia lo siguiente: "Señor Presidente, colegas Diputados: La Corte Suprema de Justicia ha declarado que hay méritos para que se me someta a juicio, en razón de la querella que ha incoado el Fiscal General de la República en mi contra en los casos de los 250 millones de bolívares de la denominada partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. Como quiera que el Artículo 144 de la Constitución establece que, y cito: "...no habrá lugar al enjuiciamiento de algún miembro del Congreso sin que preceda el allanamiento del indiciado por la Cámara respectiva...", fin de la cita, vengo en esta poco grata ocasión para mí, a aunar mi criterio con el de la Comisión Especial, presidida por el diputado Gustavo Tarre Briceño y solicitarles voten favorablemente el allanamiento, al cual yo mismo votaré favorablemente. (...) La Corte Suprema de Justicia ha decidido que hay mérito para someterme a juicio. Hasta el presente no he recibido ninguna notificación de esa decisión, de la que me he enterado por los medios de comunicación. (...) Me enteré también por los medios de comunicación que el Tribunal Superior de Salvaguarda había iniciado una investigación (...) [a]cudí espontáneamente, a título de colaboración, a dar información en el tribunal. Para mi sorpresa se me tomó declaración como indiciado, a pesar de que la Constitución de la República establece expresamente en los artículos 143 y 144 lo relativo a la inmunidad. Nuevamente, a través de los medios de comunicación me enteré de que la Corte Suprema de Justicia había iniciado un antejuicio de mérito en mi contra sobre la base de una acusación formal del Fiscal General de la República. No se me notificó del proceso, no se me permitió conocer el contenido de la acusación, a pesar de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por Venezuela, Ley de la República y del Hemisferio, establece en su Artículo 8 "..el derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente...". Otra vez más, fueron los medios de comunicación social la fuente de información que me permitió saber que la Contraloría General de la República había abierto una averiguación sobre los hechos en la cual yo aparecía envuelto, y había emitido un informe, sin haberme en ningún momento notificado ni permitido defenderme, a pesar de lo que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República....(...) No es admisible en mi criterio, que a un indiciado ante la Corte Suprema de Justicia se le niegue el conocimiento de las piezas que han formado la actuación del Fiscal General de la República....(....) No admito que la Contralorá General de la República sostenga que forma parte del secreto sumarial, un informe que me ha elevado en condición individual al ser un indiciado ante la Corte Suprema de Justicia y que hoy día me encuentre aquí, ante ustedes objeto de un allanamiento de mi inmunidad, bajo el falso pretexto de que este informe es !secreto! y que sólo podré tener acceso a él en el juicio que me va a seguir. (...) Ahora, sin embargo, que va a abrirse un proceso ante el más alto Tribunal de la República, integrado por los juristas de más renombre del país, confío que prevalezca la ecuanimidad y la ponderación. Confío que este proceso que tiene fijos en él, no sólo la opinión venezolana sino la opinión jurídica del continente y del mundo, será motivo de enaltecimiento de la justicia de nuestro país por ceñirse estrictamente a las normas del debido proceso y respetar escrupulosamente el derecho a la defensa, como lo establecen nuestras leyes y lo consagran las normas universales de protección de los derechos humanos. Si fuere así, estoy plenamente seguro que mi honor y mi buen nombre, tan injustamente puestos en entredicho, permanecerán por encima de toda mancha. Para intentar este objetivo, señor Presidente, y como lo señalara el diputado Gustavo Tarre Briceño, solicito de ustedes que voten favorablemente el que se levante mi inmunidad parlamentaria".
14 En la sentencia sobre el fondo (páginas 4 y 5) del 30 de mayo de 1996, la Corte Suprema de Justicia cita el artículo 215(1) de la Constitución, el cual a la letra señala lo siguiente: Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 1º.- Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente de la República o quien haga sus veces, y, en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa, previa autorización del Senado, hasta sentencia definitiva".
15 Sala Político Administrativa, Corte Suprema de Justicia, decisión del 11 de agosto de 1994.
16 Artículo 60(1), párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Venezuela: El indiciado tendrá acceso a los recaudos sumariales y a todos los medios de defensa que prevea la ley tan pronto como se ejecute el correspondiente auto de detención.
17 Corte Suprema de Justicia, Ponencia del Magistrado Ismael Rodríguez Salazar, (páginas 7 y 8, Pieza 22, folios 175-76), 16 de noviembre de 1993.
23 Diario El Nacional, 1º de febrero de 1996.
24 Diario El Nacional, 19 de abril de 1996, página 1a.
25 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 30 de mayo de 1996, página 767, Caracas, República de Venezuela.
26 Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, Serie A: Fallos y Opiniones Nº 9, párrafo 27, página 15.
29 Comisión Europea de Derechos Humanos, Joseph Kaplan vs. Reino Unido, Application 7598/76, 1981, ECC 297, 1982, 4 EHRR 64 - 17 July 1980. En este caso el peticionario afirmó que ciertos derechos y obligaciones fueron objeto de decisión sin que éste tuviera acceso a una audiencia pública ante un tribunal, y que, como consecuencia de ello, su responsabilidad fue incrementada sustancialmente. La cuestión esencial que debió resolver la Comisión Europea fue el ámbito de aplicación del artículo 6 de la Convención. La Comisión Europea estableció que las garantías del artículo 6 de la Convención pueden extenderse a procedimientos administrativos, aún cuando no sean sustanciados por tribunales judiciales en sentido estricto. Todo ello en virtud de que cumplen funciones similares con efectos sobre los derechos civiles del peticionario.
30 Corte E.D.H., Feldbrugge vs. República de Holanda, Serie A, Nº 99, Application Nº 8562/79, 8 EHRR 425, 29 de mayo de 1986. En este caso, la señora Feldbrugge invocó la aplicación del artículo 6(1) de la Convención. Ella sostuvo que en la determinación de su derecho a seguro de salud no recibió un juicio justo por parte del tribunal de apelaciones. La Corte Europea estableció que el artículo 6(1) era aplicable al presente caso puesto que dichas garantías se aplican a conflictos entre personas privadas en el sentido tradicional, entendiéndose como tales, a individuos, o entre un individuo y un Estado, si es que este último actúa como persona privada y no en su capacidad soberana. El carácter de la legislación que gobierna la materia, así como la autoridad investida de jurisdicción en el asunto es de poca importancia, pudiendo ser esta última un tribunal ordinario o un órgano administrativo. La Corte Europea enfatizó que sólo el carácter del derecho a determinar es relevante.
31 En Can vs. Austria, App. Nº 9300/81, 7 E. H. H. R. 421 (1984), la Comisión Europea opinó que las restricciones a las comunicaciones con el abogado "durante los primeros meses de la investigación preliminar" violaban el derecho del peticionario a defenderse a través de abogado (párr. 45, 61). Al aprobar un arreglo subsiguiente, la Corte Europea notó que, "[l]a casuística del Tribunal, ya ha proporcionado indicaciones ciertas para responder a la cuestión...si el artículo 6(3) es aplicable a la fase de las investigaciones preliminares". 8 E.H.H.R. párr. 17 (1985). El derecho de defenderse a través de abogado en la fase preliminar fue reconocido luego en forma expresa por la Corte en S. vs. Switzerland, 14 E.H.H.R., 670, párr. 46-48 (1991), y en Imbroscia vs. Switzerland, 17 E.H.H.R., 441, párr. 36 (Eur. Ct. H. Rts. 1993).
32 Engel vs. The Netherlandas, 1 E.H.H.R. 647 en párr. 91 (1976).
40 Es importante destacar también que la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Lutz, Englert y Nolkenbockoff vs. República Federal de Alemania concluyó que para determinar si la infracción objeto del litigio pertenece al derecho penal o queda fuera de su ámbito, según el ordenamiento legal del Estado demandado, "hay que examinar la naturaleza de dicha infracción, y por último, la naturaleza también y la gravedad de la pena que se expone a sufrir el interesado, teniendo en cuenta el objeto y la finalidad del artículo 6", de la Convención Europea similar al artículo 8 de la Convención Americana. "De acuerdo con estos principios, el Tribunal llegó a la conclusión de que las características generales de la norma y la finalidad, al mismo tiempo preventiva y represiva, de la sanción legal bastaban para demostrar, a efectos del artículo 6, la naturaleza penal de la infracción controvertida". "El Tribunal puntualiza que los dos últimos criterios seguidos en los casos Engel y Otros, y Ozturk son alternativos: para aplicar el artículo 6 en virtud de las palabras 'acusación en materia penal', basta que la infracción de que se trate sea, por su naturaleza, "penal" en relación al Convenio, como sucede en el caso de autos, o haya expuesto al interesado a una sanción que, por su naturaleza o nivel de gravedad, se incluya por lo general en la 'materia penal' (véase también la Sentencia en el caso Campbell y Fell, de 28 de junio de 1984, serie A, núm. 80, págs. 35 a 38, apartados 69 a 73)" en Tribunal E.D.H., Caso Lutz, Englert y Nolkenbockhoff, Sentencia del 25 de agosto de 1987, Jurisprudencia 1984-1987, Cortes Generales, Madrid, España, página 1165. Al igual que en el caso antes citado, el hecho de que un proceso se encuentre en una fase previa, ya sea de investigación, sumario, o antejuicio de méritos es indiferente a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Lo importante es determinar si la presunta infracción cometida por el imputado es de naturaleza penal, como en el caso de autos --malversación y peculado-- y si esta infracción también acarrea una sanción penal --Reinaldo Figueredo Planchart fue condenado a 2 años y 4 meses de prisión por la CSJ--. En consecuencia, son plenamente aplicables las garantías del debido proceso consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención, tanto a la investigación administrativa como al antejuicio de méritos de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela.
41 Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, párrafo 21, página 11.
45 Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-9/87, op.cit., párrafo 30.
46 Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6), párrafo 25.
52 El artículo 144 de la Constitución señala que "[e]l Tribunal que conozca de acusaciones o denuncias contra algun miembro del Congreso, practicará las diligencias sumariales necesarias y las pasará a la Corte Suprema de Justicia a los fines del Ordinal 2º del Artículo 215 de esta Constitución. Si la Corte declara que hay mérito para la continuación de la causa, no habrá lugar al enjuiciamiento sin que preceda el allanamiento del indiciado por la Cámara respectiva o por la Comisión Delegada.
55 CIDH, Informe Anual 1985-1986, Resolución Nº 28/86, Caso 9190, Jamaica, 16 de abril de 1986, OEA/Ser.L/V/II.68, Doc.8, rev.1, 26 de septiembre de 1986, página 81.
56 Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio, Artículo 103. Las medidas de privación de libertad contempladas en la presente Ley, serán de cumplimiento efectivo, aún las meramente preventivas y las que resultaren por conversión. En consecuencia, quienes resultaren enjuiciados por los delitos que en esta ley se establecen y los que se fueren conexos, no disfrutarán del beneficio de libertad provisional o sea, bajo fianza de cárcel segura establecido en el Código de Enjuiciamiento Criminal, ni de los provistos en la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena, ni de los contemplados en la Ley de Régimen Penitenciario que se refieren a libertad condicional o vigilada.
Esta norma, así como la figura del sumario secreto, han sido derogadas a partir de la promulgación del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, el cual entró en vigencia desde el 1º de julio de 1999. No obstante, la Comisión considera que la aplicación de estas normas a este caso en concreto, repercutieron negativamente en el derecho de la víctima a un juicio justo.
57 Artículo 234 de la Constitución Política: "Corresponde a la Contraloría General de la República el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. La ley determinará la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, y la oportunidad, índole y alcance de su intervención".
Artículos 25 y 30 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público: Artículo 25: "La Contraloría General de la República tiene competencia para investigar y fiscalizar todos los actos que tengan relación con el Patrimonio Público. A estos efectos podrá realizar las averiguaciones que crea necesarias en los organismos y entidades que se mencionan en el artículo 4º de esta Ley". Artículo 30: "Compete también a la Contraloría General de la República realizar todos los actos de sustanciación en aquellos casos en que pueda derivarse responsabilidad penal o civil. Concluida la sustanciación, remitirá al Ministerio Público el resultado de sus actuaciones para que éste ejerza las acciones pertinentes".
58 Ver parte pertinente de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Político Administrativa del 11 de agosto de 1994, párrafo 62 en el presente informe.
59 Instituto de Estudios Superiores del Ministerio Público, Doctrina Constitucional y Contencioso Administrativa 1977-1986, Publicación Nº 12, Caracas, Venezuela, 1988, Oficio Nº 14.854, páginas 123-127.
60 Sentencia de la Sala Político-Administratica de la Corte Suprema de Justicia, 17 de noviembre de 1983 en Revista de Derecho Público, Nº 16, Caracas, Venezuela, página 151.
61 Sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, 25 de febrero de 1988 en Revista de Derecho Público, Nº 33, Caracas, Venezuela, 1988, página 90.