Source: http://www.animalista.cr/recurso-amparo-pamplona/
Timestamp: 2020-02-28 05:39:03
Document Index: 28908396

Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 2', 'artículo 50', 'artículo 28', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 24', 'artículo 71']

Recurso de amparo contra Pamplona | www.animalista.cr
Expediente: 12-003343-0007-CO
Resolución: Nº 2012004620
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y cero minutos del diez de abril del dos mil doce.
Recurso de amparo interpuesto por XXXX, portadora de la cédula de identidad número XXXX, a favor de la Asociación Costarricense Acara de
Rescate Animal, cédula jurídica número 3002623925; XXXX, portadora de la cédula de identidad número XXXXX, a favor de la Fundación Amigo Animal, cédula jurídica número 3006634163; y XXXX, portadora de la cédula de identidad número XXXX, a favor de la Organización de Voluntarios de Amor; contra la empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima, la Municipalidad de Belén y el Área Rectora de Salud de Belén.
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:03 horas del 12 de marzo de 2012, las recurrentes interponen recurso de amparo contra la empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima, la Municipalidad de Belén y el Área Rectora de Salud de Belén. Manifiestan que en varios medios de comunicación y por Internet se ha anunciado la realización de una actividad taurina al estilo “encierro de Pamplona”
en el campo ferial de Pedregal en abril de este año. Refieren que según los organizadores, en el evento se permitirá la venta y consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas y reclaman que no se han tomado las previsiones de seguridad, salud e higiene que tal actividad demanda. Consideran que el evento atenta contra las buenas costumbres de la sociedad costarricense, pues ni siquiera forma parte de la tradición de nuestro país, incluso nunca se ha tenido ninguna actividad semejante. Señalan que en los últimos años, este tipo de actividades
taurinas ha venido a menos y caído en desuso; además, ha sido prohibida en muchos países civilizados del mundo. Afirman que en el evento se pondrá en riesgo la vida de las personas participantes así como la de los animales, a los que, además, se les infligirá daño y maltrato pues serán salvajemente utilizados de esa forma. Sostienen que este tipo de actividad constituye un pésimo ejemplo para la sociedad costarricense. Explican que en esta clase de evento existe crueldad y maltrato hacia los toros, incluso se les lleva a la muerte. Mencionan que en Costa
Rica no existe normativa que regule esta actividad, ni mucho menos protocolos de seguridad, salud e higiene que permitan avalarla legalmente. Alegan que el evento es un pésimo ejemplo para nuestra cultura popular y la niñez costarricense, debido a que promociona conductas violentas y fuera de control. Expresan que Costa Rica es un Estado de Derecho, de vocación conservacionista, y, por ello, se debe garantizar el respeto hacia la vida humana, la integridad de los animales de cualquier especie y las buenas costumbres. Estiman vulnerado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Solicitan que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.
2.- Mediante resolución de la Presidencia de esta Sala, de las 15:26 horas del 13 de marzo de 2012, se aclara que la medida cautelar dispuesta en la resolución de curso de este amparo, implica suspender la actividad denominada “Encierro de Pamplona”, prevista para celebrarse en abril de 2012 en el Campo Ferial Pedregal, hasta tanto no se resuelva este amparo.
3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:33 horas del 16 de marzo de 2012, informa bajo juramento Gustavo Espinoza Chaves, Director del Área Rectora de Salud de Belén-Flores del Ministerio de Salud, que en varios medios de comunicación se ha comentado de la realización de un evento denominado: “Pamplona y Más” que incluye, entre otras actividades, correr toros por una pista
diseñada para ese fin. Refiere que en esa Área Rectora se han presentado representantes de los organizadores para solicitar requisitos y se valore si se cumple con lo ordenado en la normativa. Indica que en vista de que el evento es complejo, se solicitó apoyo técnico del nivel regional del Ministerio de Salud. En reunión de funcionarios de ese Ministerio y los organizadores del evento, celebrada en la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte del Ministerio de Salud el 8 de marzo de 2012, se acordó que estos últimos presentarían los
requisitos ante el Área Rectora a fin de valorar lo pertinente. Afirma que el 9 de marzo de 2012 se recibió indicación de que por orden del Viceministro de Salud, una vez que los organizadores presentaran los requisitos, estos debían ser enviados a nivel central para su valoración y resolución final. Sostiene que el 13 de marzo de 2012, el organizador del evento presentó documentación ante esa Área Rectora. Explica que los documentos presentados son requisitos exigibles a todos los eventos masivos en la siguiente normativa: Decreto número 17923-S “Reglamento de Ferias, Turnos y Similares”, Decreto número 19479-S “Reglamento de Servicios de Alimentación al Público”, y Decreto número 19183-G-S “Reglamento Actividades Taurinas”. Menciona que mediante oficio número CN-ARSBF-299-2012 del 15 de marzo de 2012, se rechazaron los documentos presentados por estar incompletos. Alega que en torno al supuesto consumo excesivo de licor, peligro para las personas que asistan al evento y maltrato a los animales, ello no es correcto, ya que aún no se han valorado los requisitos, incluyendo la autorización del Servicio Nacional de Salud Animal (ente encargado de la salud animal, según Ley número 8495). Aclara que al 15 de marzo de 2012, ese Ministerio no había otorgado el aval para la realización del evento en cuestión. Expresa que en atención a lo ordenado por esta Sala, no se estará otorgando la autorización para la realización del evento hasta que se resuelva el amparo. Solicita a la Sala que se declare sin lugar el recurso.
4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:31 horas del 19 de marzo de 2012, informan bajo juramento Horacio Alvarado Bogantes, y Marielos Segura Rodríguez, por su orden Alcalde y Presidenta del Concejo Municipal de Belén, que Pedregal tiene un inmueble en el que se realizan eventos de diversa índole. Refieren que tienen conocimiento que en ese lugar se pretende desarrollar en el mes de abril un evento denominado “Pamplona y Más”, pero no tienen conocimiento que se quieran realizar las actividades que describen las recurrentes.
Indican que el 13 de marzo de 2012, se presentó ante la Unidad de Servicio al Cliente de esa Municipalidad, el trámite número 1109, por medio del cual se hizo del conocimiento de la Unidad Tributaria que Eventos Pedregal Sociedad Anónima llevaría a cabo un evento denominado “Pamplona y Más” en abril de 2012, para lo cual se adjuntó una solicitud de permiso, los renders donde se desarrollará la actividad, y el cronograma de actividades por realizar. Señalan que en la solicitud del permiso se indicó que habían presentado los requisitos solicitados por el
Ministerio de Salud y SENASA, de manera que en cuanto tuvieran esos permisos, los estarían haciendo llegar a esa Municipalidad. Afirman que se tiene suspendida la actividad en mención hasta que la Sala resuelva este amparo. Sostienen que mediante resolución número 081-2012 de las 11:20 horas del 5 de marzo de 2012, la Unidad Tributaria de esa Municipalidad conoció el trámite número 1109 y resolvió rechazarlo; además, se le indicó al solicitante que dicha decisión podía ser impugnada, según el numeral 162 del Código Municipal. Explican que el 15 de
marzo de 2012, se notificó al solicitante la citada resolución. Solicitan a la Sala que se declare sin lugar el recurso.
5.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:02 horas del 19 de marzo de 2012, contesta el traslado conferido Rafael Ángel Zamora Fernández, representante legal de la empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima, que solicita a esta Sala se le aclare, adicione, o bien, revoque la resolución de las 15:26 horas del 13 de marzo de 2012, dictada dentro de este proceso de amparo, toda vez que en el complejo Pedregal no se va a realizar ninguna actividad con el nombre “Encierro de Pamplona”, sino que lo que se ha anunciado públicamente es la actividad denominada “Pamplona y Más, Pedregal 2012”, en la cual se van a realizar eventos como la presentación de caballistas, cuadraciclos, motocicletas, bandas musicales, juego de pólvora, entre otros, aparte de las corridas de toros a las que se hace referencia en el amparo. Menciona que, por lo anterior, existe una confusión no solo por el nombre de la actividad, sino por las otras actividades a las que las recurrentes no se oponen. Alegan que las actividades taurinas en nuestro país se han dado desde hace muchos años, por medio de las corridas de toros que se organizan en muchas fiestas populares, de ahí que exista legislación propia que regula el tema, en especial lo referente a las corridas de toros. Aducen que en ese tipo de actividades casi siempre se da la venta de bebidas alcohólicas, igualmente reguladas por las autoridades del lugar. Expresan que en el evento se va a prohibir la venta e ingreso de bebidas alcohólicas al momento de realizarse las actividades programadas, como también la prohibición del ingreso (no solo a las actividades sino al campo ferial) de hieleras, botellas de licor y latas de cerveza. Añaden que el único lugar y momento en que se venderá licor será en el restaurante, y posteriormente luego de las 22:00 horas en la discoteca que se instalará, en la cual solo podrán ingresar adultos. Manifiesta que para lo anterior su representada cuenta con patente de licores. Refiere que si bien se ha querido copiar la idea de la “carrera” de las Fiestas de San Fermín, en Pamplona, España, lo cierto es que el evento que están organizando es más seguro pero con características similares a esa actividad extranjera. Indica que la idea consiste en que durante el recorrido de 750 metros de distancia, a lo largo de 5 carriles de 10 metros de ancho, se dé una carrera conjunta de animales y corredores, donde no se permitirá una participación superior a 400 personas por evento con el propósito de evitar accidentes. Señala que los corredores deberán inscribirse previamente, no se permitirán accesorios que pudieran generar riesgo (como pulseras, cadenas, entre otros), y a todos los corredores se les realizará una alcoholemia. Afirma que la salida de los animales será así: primero saldrán 3 animales, 2 minutos después saldrán 2 más, y 2 minutos después se soltarán los restantes 3 animales, para un
total de 8 animales por corrida, que al llegar al final del recorrido entrarán a un pequeño corral donde quedarán totalmente aislados de los participantes. Sostiene que después de esta corrida, se hará una competencia de mulas, con las mismas seguridades y protecciones correspondientes a los participantes y animales. Explica que tendrán el nombre de cada corredor para poder identificarlo, e incluso se le
podrá llamar la atención por los parlantes, o bien, proceder a sacarlo con la seguridad privada. Menciona que tal y como se ha coordinado con la Municipalidad de Belén, el Ministerio de Salud y, sobre todo, con SENASA, se contarán con las siguientes regulaciones: la presencia de un médico veterinario que velará por la salud de los animales; se soltarán animales de 250 a 300 kilos de peso, lo cual garantizará la seguridad de las personas y animales; cada día serán diferentes los animales que se podrán a correr; se colocará arena en las vueltas o final de los carriles, además se podrán pacas de heno en las vueltas para evitar que los animales resbalen y se golpeen; se contará con un montacargas para que en una eventual emergencia se pueda movilizar a algún animal que se lesione; se prohibirá a los participantes que golpeen a los animales; la ganadería contratada contará con 20 personas conocedoras de movilizar los animales durante el recorrido, para el caso de alguna lesión o emergencia. Expresa que este tipo de actividad taurina no atentan contra las buenas costumbres, pues prácticamente todos los fines de
semana se realizan y transmiten por televisión corridas de toros en diferentes lugares del país. Añade que el evento cuenta con los protocolos de seguridad, salud, e higiene de la Cruz RojaCostarricense. Manifiesta que con el fin de mantener el control de las personas participantes y evitar el maltrato de los animales, se contará con un equipo de trabajo de mínimo 8 personas. Refiere que en cuanto al manejo de la basura, la empresa WPP será la encargada del tratamiento de los desechos sólidos. Indica que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), ha otorgado a su representada el correspondiente Certificado Veterinario de Operación, donde se demuestra que cuentan con los correspondientes permisos para realizar ese evento; además, como petición de esa entidad, se solicitó que los animales tuvieran un peso de 250 a 300 kilos, y con la carta del propietario y representante legal de la Ganadería Chinchilla Sociedad Anónima, contratada para suplir los animales. Afirma que la Municipalidad de Belén y la Oficina Regional de Salud les ha exigido evitar el maltrato de los animales y, de igual forma, la seguridad de los participantes. Sostiene que ese evento no es de extraordinaria crueldad, menos sadismo y jamás se llevarán a los animales a un estado de extenuación, mutilación, desnutrición o muerte; en todo caso, esta carrera tardará
entre 4 y 6 minutos, de manera que no es una exposición amplia como se ha querido malinterpretar. Explica que el evento va a ser de tipo familiar sin la presencia de licor. Solicita a la Salaque se declare sin lugar el recurso.
6.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:23 horas del 20 de marzo de 2012, se apersonan las recurrentes con el propósito de aportar prueba adicional para que sea considerada dentro de este amparo.
7.- Mediante resolución de Magistrado Instructor de las 11:08 horas del 22 de marzo de 2012, se solicitó prueba para mejor resolver al Director General del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), y se dispuso que la suspensión decretada en la resolución de curso de este amparo, lo era únicamente respecto de la actividad taurina denunciada por las recurrentes.
8.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:13 horas del 28 de marzo de 2012, se apersonan de nuevo las recurrentes con el propósito de replicar los informes rendidos bajo juramento por los recurridos; además, para exponer una serie de conclusiones en cuanto a este caso y aportar prueba adicional para que sea considerada dentro de este amparo.
9.- Por escrito recibido mediante el sistema de fax de la Sala a las 16:02 horas del 28 de marzo de 2012, informa bajo juramento Ligia Quirós Gutiérrez, Directora General del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), que la entidad que representa es un Servicio Veterinario, lo cual implica que las manifestaciones oficiales que se hacen deberán establecerse bajo una base científica. Refiere que por ello, no entran a considerar elementos subjetivos tales como la bondad o no de un evento teniendo en cuenta el sentimiento de las personas. Indica que su criterio es dado desde el punto de vista científico, dejando de lado el sentimiento y la subjetividad. Afirma que, en consecuencia, no corresponde a ese Servicio analizar si dicho evento atenta contra las buenas costumbres, si forma parte de nuestras tradiciones, entre otros. Sostiene que en cuanto a la crueldad y maltrato de los animales, llevándolos hasta la muerte, la falta de protocolos de seguridad e higiene,
así como el respeto a la integridad de los animales, son manifestaciones de personas con falta de información, pues no es eso lo que se plantea por parte del organizador. Explica que el organizador del evento por parte de Pedregal se ha reunido en 2 ocasiones con representantes de SENASA, explicando que lo que se pretende es hacer el evento en el antiguo estadio de Pedregal, para que sea una
actividad familiar; además, se van a 2 graderías, una popular y otra VIP, el redondel será dividido con una armazón de tubos que permitirá la salida de las personas que corran, esto en forma de laberinto en “s”, de manera que quedarán 5 corredores de unos 10 metros de ancho por 100 metros de largo, donde se meterían cerca de 400 personas y en un extremo se dejarían salir los toros que correrían a lo largo de los
corredores en estampida hasta llegar al otro extremo, donde llegarían a una especie de toril o corral. Menciona que cada noche se efectuarán 3 largadas de toros; entre una y otra, se celebrarían otros espectáculos, como exposiciones de motocicletas, concursos de bandas y carreras de mulas. El Servicio planteó al organizador varias inconformidades: primero, no es recomendable para la salud de los toros y las mulas que las carreras se hagan sobre adoquines, ya que lo ideal es que sea sobre tierra o arena; segundo, el organizador no pudo responder cómo van
a tirar los toros en estampida, no pudo decir cuál va a ser el estímulo para que los toros salgan corriendo, esto podría ser con chuzos eléctricos, pegándoles, con bombetas, entre otros, todos los cuales constituyen métodos no autorizados ya que estresan a los animales; tercero, el organizador tampoco pudo contestar qué haría en caso de tener un animal caído; cuarto, tampoco pudo responder qué haría si los animales se metieran entre la estructura de tubos, pudiendo lesionarse o lesionar a una persona; quinto, no pudieron contestar qué pasaría si en la carrera, cuando los toros salieran en estampida persiguiendo a las 400 personas, una de las personas se cayera, pudiendo ser aplastada por las demás personas y los toros que vinieran corriendo tras él. Expresa que, además, la comunicación entre los pasillos se haría en ángulo recto. Añade que, en conclusión, el Servicio considera que el evento en Pedregal no asegura el bienestar de los animales, existe el riesgo de que los animales se lastimen los cascos al obligarlos a correr sobre adoquines, no se sabe cómo los van a poner a correr en estampida, ello puede causar demasiado estrés en los animales y lastimarse en la carrera o lastimar a alguna persona; asimismo, debido a que no está construido el establecimiento, no se sabe si dicha infraestructura reúne las condiciones mínimas para albergar a los animales. Manifiesta que es deber de ese Servicio velar por la salud de las personas; por ello, resulta sumamente riesgoso poner a 400 personas a correr delante de varios toros
en estampida, pues sería alta la probabilidad de que alguna persona se pudieran caer y, así, corriera el riesgo de ser aplastada por los toros o las personas que vinieren corriendo. En virtud de lo expuesto, el Servicio no está de acuerdo con la realización del evento “Pamplona y Más”, por realizarse en el Centro de Eventos Pedregal, toda vez que no se ha podido garantizar el bienestar de los animales ni la salud de las personas.
10.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.
I.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.
En lo atinente a la recurrida Eventos Pedregal Sociedad Anónima, por tratarse de un sujeto de derecho privado, conviene aclarar el porqué de la admisión de este amparo. En este sentido, la Sala ha sido clara al decir:
“Por su excepcional naturaleza, el trámite ordinario de los recursos
de amparo contra sujetos de derecho privado exige comenzar por
examinar si, en la especie, estamos o no ante alguno de los supuestos
que lo hacen admisible, para –posteriormente y en caso afirmativo–
dilucidar si es estimable o no” (sentencia número 151-97 de las
15:27 horas del 08 de enero de 1997).
Establece el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que esta clase de demandas se conceden contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el caso bajo examen, considera la Sala que la empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima, podría estar actuando desde una posición de poder, de hecho o de derecho, frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resultarían claramente insuficientes, motivo por el cual se estima que el recurso que nos ocupa sí es admisible, procediendo de inmediato a resolver el fondo del asunto.
II.- OBJETO DEL RECURSO.
Las recurrentes alegan que la empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima pretende realizar una corrida de toros al estilo de Pamplona, lo que constituye un acto de maltrato hacia esos animales. Además, reclaman que en la actividad se va a vender licor indiscriminadamente. Finalmente, arguyen que no se han tomado las previsiones de seguridad, salud e higiene requeridas para efectuar ese evento.
Todo lo anterior atenta contra el numeral 50 de la Constitución.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, porque así han sido acreditados:
a) mediante trámite número 1109, recibido en la Municipalidad de Belén el 13
de marzo de 2012, la empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima
gestionó permisos para un evento denominado “Pamplona y Más”, por
realizar en el complejo Pedregal del 13 al 22 de abril de 2012 (ver
manifestaciones rendidas bajo juramento por el Alcalde y la Presidenta del
Concejo Municipal de Belén, así como prueba aportada al expediente);
b) el 13 de marzo de 2012, el organizador del evento “Pamplona y Más”
presentó ante el Área Rectora de Salud de Belén, cierta documentación
requerida para obtener los respectivos permisos (ver manifestaciones
rendidas bajo juramento por el Director del Área Rectora de Salud de Belén,
así como prueba aportada al expediente);
c) el evento denominado “Pamplona y Más” incluye las siguientes actividades:
presentación de caballistas, cuadraciclos, motocicletas, bandas musicales,
juego de pólvora, competencias de mulas y corridas de toros, entre otras
(ver prueba aportada al expediente);
d) la corrida de toros al estilo Pamplona consiste en lo siguiente: durante el
recorrido de 750 metros de distancia, a lo largo de 5 carriles de 10 metros
de ancho, se desarrollará una carrera conjunta de animales y corredores,
donde no se permitirá una participación superior a 400 personas por evento;
en cuanto a la salida de los animales, primero saldrán 3 toros, 2 minutos
después saldrán 2 más, y 2 minutos después se soltarán los restantes 3
toros, para un total de 8 animales por corrida, que al llegar al final del
recorrido entrarán a un corral (ver prueba aportada al expediente);
e) el Servicio Nacional de Salud Animal no avala la realización del evento
“Pamplona y Más”, a efectuarse en el Centro de Eventos Pedregal, ya que
la organización no pudo garantizar el bienestar de los animales durante el
evento ni la seguridad de las personas que corran (ver manifestaciones
rendidas bajo juramento por la Directora General del Servicio Nacional de
Salud Animal).
“En realidad, la interacción “naturaleza – ser humano”
conforma un fenómeno unitario, un proceso único de
influencia recíproca, en el que uno actúa sobre el otro y
simultáneamente ambos necesitan uno del otro para su
propia supervivencia.”
Voto N° 2012-004620
IV.- SOBRE EL RESGUARDO DE LOS ANIMALES Y LA DIGNIDAD DE LAS
En cuanto a la protección general a los recursos naturales de la Tierra, este Tribunal ha desarrollado profusamente el denominado derecho a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado . De manera clara, ha establecido que tal derecho tiene su razón de ser en tanto constituye un
elemento esencial para resguardar la vida humana. En efecto, el ser humano no se desenvuelve de manera autárquica, sino que su bienestar
guarda inmediata relación con la naturaleza que le rodea. Esa interdependencia entre el ser humano y la naturaleza comprende aspectos
que exceden la mera preservación de recursos para garantizar el desarrollo económico de la sociedad humana. En realidad, la interacción “naturaleza – ser humano” conforma un fenómeno unitario, un proceso único de influencia recíproca, en el que uno actúa sobre el otro y simultáneamente ambos necesitan uno del otro para su propia supervivencia. Aunque lo expuesto parezca obvio, lo cierto es que no es sino hasta mediados del siglo pasado, en la cúspide de la era industrial, que emerge una conciencia más activa de que no existe un sistema de la sociedad y otro de la naturaleza, sino que ambos no son más que subsistemas de uno mayor: el proceso de la vida. En cuanto a la sociedad, esta se origina en un espacio preexistente de la naturaleza, que condiciona, en parte, su estilo de desarrollo y contribuye a moldear el tipo de organización socio económica; por su parte, la naturaleza resulta transformada, en parte, por la intervención del ser humano.
“…el concepto vigente de desarrollo humano no puede ser
concebido sin la variante ambiental, la cual exige,
ciertamente, una racionalidad ecológica, un equilibrio
entre la necesaria satisfacción de las necesidades humanas
y las posibilidades de la naturaleza para ello, y, además,
una racionalidad ética, es decir, una racionalidad con un
grado de intersubjetividad relevante sobre el cual se
postulan determinadas exigencias morales a la sociedad.”
De lo anterior derivan consecuencias en el espacio y tiempo con dimensiones mundiales, de lo cual la sociedad contemporánea es cada día más consciente dada la mayor interconexión resultante de una globalización intensificada y el auge de la sociedad de la información. Precisamente, en la era actual, la mayor demanda de recursos provenientes de la naturaleza y una más alta sofisticación del consumo, han vuelto más tensa la relación sociedad-naturaleza pero a la vez han concienciado acerca de la complejidad de la misma, de la interdependencia
funcional que subyace, y de la necesidad de tomar medidas equilibradas para garantizar el bien supremo vida. De este modo, el concepto vigente de desarrollo humano no puede ser concebido sin la variante ambiental, la cual exige, ciertamente, una racionalidad ecológica, un equilibrio entre la necesaria satisfacción de las necesidades humanas y las posibilidades de la naturaleza para ello, y, además, una racionalidad ética, es decir, una racionalidad con un grado de intersubjetividad relevante sobre el cual se postulan determinadas exigencias morales a la sociedad.
Atinente a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en la sentencia
número 2002-11429 de las 9:14 horas del 29 de noviembre de 2002, se
estableció que en relación al artículo 50 de la Constitución Política, el
“tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar
el entorno de vida del ser humano, de manera que desborda los
criterios de conservación natural para ubicarse dentro de toda esfera
en la que se desarrolle la persona, sea la familiar, la laboral o la del
medio en el cual habita”, mientras que el derecho a un “ambiente
ecológicamente equilibrado es un concepto más restringido referido
a una parte importante de ese entorno en el que se desarrolla el ser
humano, al equilibrio que debe existir entre el avance de la sociedad
y la conservación de los recursos naturales”.
También se hace énfasis en que el Estado Social de Derecho “produce el fenómeno de incorporación al texto fundamental de una serie de objetivos políticos de gran relevancia social” entre lo que cuales destaca la protección de los recursos naturales como medio adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de la sociedad. Precisamente, se señala en la sentencia antedicha.
“El estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no
hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el
derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las
medidas que permitan cumplir con los requerimientos
constitucionales (…)”
Por consiguiente, el numeral 50 de la Constitución no contiene una mera protección a la naturaleza y los elementos que tradicionalmente la componen; en realidad, la jurisprudencia constitucional ha interpretado que la noción de “ambiente sano” está referida a todos y cada uno de los ámbitos que comprenden el desarrollo de la persona, de modo que se debe procurar el mayor bienestar y equilibrio en cada una de esas esferas; de ahí el carácter general de ese derecho. Por otro lado, el concepto “ambiente ecológicamente equilibrado” también abarca al ser humano, porque estriba en el requerido equilibrio entre el avance de la sociedad y la conservación de los recursos naturales. Por último, debe enfatizarse en que esta idea de la protección del ambiente, que se encuentra reconocida en nuestra Constitución, no significa únicamente un deber de prohibir o impedir toda actividad que atente contra ese derecho, sino también la obligación de preservar la naturaleza. La preservación significa desarrollar todo tipo de acciones dirigidas a poner a cubierto anticipadamente este derecho de posibles peligros. Tales obligaciones de resguardar el ambiente y procurar un ambiente ecológicamente equilibrado no solo están a cargo del Estado sino que todos los habitantes de la
República tienen el deber de actuar de conformidad.
El concepto de ambiente comprende los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y, como se indicó, desde el punto de vista constitucional la ratio iuris de su protección radica en su significación para preservar la vida y asegurar la supervivencia de futuras generaciones. Precisamente, la declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 16 de junio de 1972, estipula, dentro de sus proclamas, que:
“1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo
rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de
desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga
y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado
a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y
la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de
innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo
rodea. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el
artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce
de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida
“3. El hombre debe hacer constante recapitulación de su experiencia
y continuar descubriendo, inventando, creando y progresando. Hoy
en día, la capacidad del hombre de transformar lo que le rodea,
utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los
beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de ennoblecer
su existencia. Aplicado errónea o imprudentemente, el mismo poder
puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio
ambiente. A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del
daño causado por el hombre en muchas regiones de la tierra, niveles
peligrosos de contaminación del agua, del aire, de la tierra y de los
seres vivos; grandes trastornos del equilibrio ecológico de la
biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y
graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del
hombre, en el medio ambiente por él creado, especialmente en aquel
en que vive y trabaja.”
De la noción de ambiente se colige entonces la obligación del ser humano de proteger la fauna. Así, de modo expreso, la Declaración menciona, con categoría de principio, el deber de proteger la fauna por parte del ser humano:
PRINCIPIO 2. Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire,
el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras
representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en
beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una
cuidadosa planificación y ordenación, según convenga. –subrayado
ausente en texto original-
Tal principio comprende entonces la fauna en general. En cuanto a la fauna silvestre, el principio 4 establece:
PRINCIPIO 4. El hombre tiene la responsabilidad especial de
preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la
fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave
peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia,
al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a
la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y la fauna
De otro lado, mediante RES. AG 37/7 del 28 de octubre de 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Carta Mundial de la Naturaleza, en la cual se subraya que el tiempo libre del ser humano se desarrolla de modo óptimo si hay vida en armonía con la naturaleza; además, destaca que el respeto por la vida de cualquier ser significa un código de acción moral, esto es, una racionalidad ética que penetra la forma en que los seres humanos nos comportamos:
“Conciente de que
b) La civilización tiene sus raíces en la naturaleza,
que moldeó la cultura humana e influyó en todas las
obras artísticas y científicas, y de que la vida en
armonía con la naturaleza ofrece al hombre
posibilidades óptimas para desarrollar su capacidad
creativa, descansar y ocupar su tiempo libre.
“Convencida de que:
a) Toda forma de vida es única y merece ser
respetada, cualquiera que sea su utilidad para el
hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres
vivos su valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por
un código de acción moral.”
A partir de lo expuesto, resulta claro que el ambiente es un contexto esencial del transcurso de la vida humana y que el accionar de los seres humanos debe responder a un código moral, el cual abarca, amén de las relaciones con los demás seres humanos, la interacción con el entorno natural que le rodea: la dignidad del ser humano se extrapola a la naturaleza, de manera que esta merece un trato digno, en tanto y cuanto la misma constituye el medio en que la vida humana se desarrolla.
“…la inclusión de los animales dentro del concepto de
ambiente se hace con base en el papel que estos juegan en
el desarrollo de la vida humana, que los hace merecedores
de protección y un trato digno. ”
Consecuentemente, la inclusión de los animales dentro del concepto de ambiente se hace con base en el papel que estos juegan en el desarrollo de la vida humana, que los hace merecedores de protección y un trato digno. Así, la fauna silvestre o salvaje, aquella que vive sin intervención inmediata del hombre para su desarrollo o alimentación, es protegida en virtud del mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio natural de las especies. Por su parte, la fauna domesticada o en proceso de domesticación se debe proteger del padecimiento, maltrato y crueldad sin justificación legítima, porque ello refleja una racionalidad ética determinada, corresponde a una concienciación de la especie humana respecto del modo justo y digno con el que debe interactuar con la naturaleza.
Al respecto, la Corte Constitucional Colombiana, en sentencia C-666/10, profundiza en el concepto de dignidad de la siguiente forma:
“En otras palabras, el concepto de dignidad de las personas tiene
directa y principal relación con el ambiente en que se desarrolla su
existencia, y de éste hacen parte los animales. De manera que las
relaciones entre personas y animales no simplemente están reguladas
como un deber de protección a los recursos naturales, sino que
resultan concreción y desarrollo de un concepto fundacional del
ordenamiento constitucional, por lo que la libertad de configuración
que tiene el legislador debe desarrollarse con base en fundamentos
de dignidad humana en todas aquellas ocasiones en que decide sobre
las relaciones entre seres humanos y animales; asimismo, en su
juicio el juez de la constitucionalidad se debe edificar la racionalidad
de su decisión sobre argumentos que tomen en cuenta el concepto de
dignidad inmanente y transversal a este tipo de relaciones”.
“En efecto, lo esencial, y en su momento novedoso, del Estado
constitucional es que la persona es vista no sólo como ser protegido,
sino como fin primordial del actuar del Estado, y esa concepción se
construye, argumenta, interpreta y concreta con base, siempre, en
derechos humanos, que al interior de un sistema jurídico nacional
suelen denominarse derechos fundamentales. Es ese el principal
insumo para el concepto de persona dentro del Estado constitucional,
pues a partir del contenido de los derechos fundamentales es que se
puede fundar gran parte de las garantías que el Estado [social] debe
reconocer a los integrantes de la sociedad. Sin embargo, la dignidad
humana no es un simple concepto fruto [o útil para] el garantismo
estatal. La dignidad resulta un concepto integral en cuanto encarna,
representa y construye un concepto, integral, de persona. La
dignidad no se otorga, sino que se reconoce, de manera que siempre
podrá exigirse de los seres humanos un actuar conforme a
parámetros dignos y, en este sentido, coherente con su condición de
ser moral que merece el reconocimiento de dichas garantías y que,
llegado el caso, podría exigirlas por la posición [también] moral que
tiene dentro de la comunidad. Pero esa misma condición moral, que
sustenta el concepto de dignidad humana, genera obligaciones a esa
persona [en cuanto ser digno] en su manera de actuación. No podría
una persona pretender que sea reconocida su condición de ser moral
y comportarse legítimamente de forma contraria a la moral que se
deriva de los parámetros acordados por la propia comunidad y que
son consagrados en la Constitución y demás normas de naturaleza
constitucional. En ese sentido, la pregunta que surge no es si los
seres a los que no se les reconoce dignidad –que no son considerados
seres morales en igualdad de condiciones que las personas, como son
los animales- tienen derechos; el análisis jurídico conduce a
cuestionarse si, en términos constitucionales, el concepto de dignidad
comporta algún deber de actuación, relación o, incluso,
consideración de las personas –agentes morales- respecto de los
animales. La cuestión puede ser también planteada al preguntarse si
la dignidad humana implica comportamientos única y exclusivamente
respecto de los otros seres con el mismo nivel de dignidad o si de este
concepto se deducen deberes relacionales, además, respecto de
aquellos seres que por su condición y situación pueden ser afectados
o, incluso, se encuentran a merced del actuar de los seres a los que
el ordenamiento jurídico les reconoce dignidad. La respuesta no
puede desconocer que el concepto de dignidad en el Estado social
previsto por la Constitución debe ejercerse dentro del contexto
creado por el principio fundacional de solidaridad, tronco
conceptual sobre el cual tienen que realizarse las relaciones sociales
dentro del Estado colombiano. Solidaridad que enriquece y
complementa el significado de dignidad y que da como resultado que
ésta no pueda ser entendida de forma estanca y aislada de la
realidad en la que se aplica y que, por consiguiente, su
interpretación no pueda resultar en una exclusión sin consideración
alguna de situaciones relevantes para el concepto de Estado
constitucional. En este sentido, si en el mismo Estado constitucional
se consagra el deber de protección a los animales vía la protección
de los recursos naturales, el concepto de dignidad que se concreta en
la interacción de las personas en una comunidad que se construye
dentro de estos parámetros constitucionales no podrá ignorar las
relaciones que surgen entre ellas y los animales. El fundamento para
esta vinculación radica en su capacidad de sentir. Es este aspecto la
raíz del vínculo en la relación entre dignidad y protección a los
animales: el hecho de que sean seres sintientes que pueden ser
afectados por los actos de las personas. En otras palabras, la
posibilidad de que se vean afectados por tratos crueles, por acciones
que comportan maltrato, por hechos que los torturen o angustien
obliga a que las acciones que respecto de ellos se realicen por parte
de los seres humanos sean expresión del comportamiento digno que
hacia ellos deben tener seres dignos. En efecto, la superioridad
racional –moral- del hombre no puede significar la ausencia de
límites para causar sufrimiento, dolor o angustia a seres sintientes
no humanos”. Aunque obvia, valga mencionar que la justificación
radica en una apreciación fáctica incontestable: no hay interés más
primario para un ser sintiente que el de no sufrir daño o maltrato. Y
debe ser este uno de los valores primordiales dentro de una
comunidad moral que actúa y construye sus relaciones dentro de los
parámetros del Estado constitucional. La conclusión ahora sostenida
es fruto exclusivamente del análisis de la posición que los seres
humanos tienen como partícipes de una sociedad y de las
consecuencias que para la vida relacional de dicha comunidad se
derivan de considerar a la dignidad como fundamento del concepto
de persona” (Lo destacado no corresponde a lo original).
“la fauna domesticada o en proceso de domesticación se
debe proteger del padecimiento, maltrato y crueldad sin
justificación legítima, porque ello refleja una racionalidad
ética determinada, corresponde a una concienciación de
la especie humana respecto del modo justo y digno con el
que debe interactuar con la naturaleza.”
“el maltrato a los animales vulnera la moral, las
buenas costumbres y el orden público, por lo que su
prohibición y prevención deviene un asunto de
relevancia constitucional.”
El ordenamiento jurídico patrio recoge, mutatis mutandi, esta acepción de la dignidad y la moral aplicada a las relaciones con los animales, en la
medida que la dignidad obliga a un comportamiento ajustado a una racionalidad ética con respecto al resto de seres vivos, toda vez que estos forman parte del medio en que se desenvuelve la vida humana.
Primeramente, el artículo 28 de la Constitución Política, que reafirma el derecho
genérico a la libertad, a su vez se erige como límite de la misma, en la medida que
toda acción que dañe la moral y el orden público, esto es contrario a la dignidad,
constituye motivo válido para fijar limitaciones a ese bien constitucional. En este
contexto, precisamente, el maltrato a los animales constituye un acto contrario a la
dignidad toda vez que el ejercicio de esta última comporta un deber moral de
actuación tanto con respecto a los demás seres humanos como en relación con el
entorno natural que lo rodea. De ahí que se coliga con facilidad que el maltrato a
los animales vulnera la moral, las buenas costumbres y el orden público, por lo que
su prohibición y prevención deviene un asunto de relevancia constitucional.
Acorde con este mandato constitucional, el numeral 385 inciso 2) del Código Penal
sanciona a quien maltratare animales, los molestare o causare su muerte sin
necesidad, o los sometiere a trabajos manifiestamente excesivos . La razón de
ser de esa disposición y su ubicación en el apartado relativo a las contravenciones
contra las buenas costumbres (Libro III Título II del Código Penal) no es otra que
resguardar una racionalidad ética, un parámetro de la conducta humana dentro de
la vida en sociedad, porque el maltrato a los animales implica, en realidad, una
lesión a la propia dignidad, bien jurídico tutelado, en la medida que constituye un
modelo de violencia e insensibilidad ajeno a un sano convivir entre seres humanos
y a una relación armoniosa con el entorno natural que nos rodea.
Asimismo, la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, Ley número 8495
“Artículo 1.— OBJETO. La presente Ley regula la protección de la
salud animal, la salud pública veterinaria y el funcionamiento del
Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
Artículo 2.— OBJETIVOS DE LA LEY. La presente Ley tiene
a) Conservar, promover, proteger y restablecer la salud de los
animales, a fin de procurarles mayor bienestar y productividad, en
Artículo 3.— INTERÉS PÚBLICO. Decláranse de interés público
la salud de los animales domésticos, silvestres, acuáticos y
cualesquiera otros; (…)
Artículo 4.— INTERPRETACIÓN DE ESTA LEY. La presente
Ley será interpretada en beneficio de la salud humana, la salud
animal y el medio ambiente, y para la protección de cada uno de
ellos. La jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del
Derecho servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de
aplicación del ordenamiento escrito, y tendrán el rango de la norma
que interpretan, integran o delimitan. Sin perjuicio de otros
principios, se considerarán los siguientes: el principio precautorio
o de cautela, el principio de análisis de riesgos, el principio de
protección de los intereses del consumidor, el principio de
equivalencia”
Con base en lo expuesto, es inobjetable que la protección de la salud animal forma
parte de las funciones del Estado, respecto de lo cual SENASA ostenta una
competencia especial. En particular, el ordinal 6 inciso j) le asigna a SENASA la
tarea de controlar y garantizar la salud de los animales domésticos, acuáticos,
silvestres u otros de las diferentes especies, mientras que el inciso ñ) le atribuye
establecer criterios de autorización de personas físicas y jurídicas para cada
actividad específica, las responsabilidades asumidas y sus limitaciones.
Ahora bien, como se indicó, la protección a la salud animal se define en última
instancia en función del mismo hombre. Por consiguiente, es válido limitar la
extensión de espectro de protección a los animales en consideración a otros bienes
jurídicamente relevantes para el ser humano.
“el sacrificio de animales
destinados al consumo y
aprovechamiento humanos es
un evidente límite al deber de
protección animal”
“la investigación y
experimentación médica con
animales, por cuanto ello
tratamientos en beneficio de la
salud humana.”
“las tradiciones del pueblo
costarricense, cuya protección
se infiere del artículo 89 de la
Constitución Política, son
objeto de tutela por tratarse de
valores propios del acervo
cultural de la nación.”
En particular, el sacrificio de animales destinados al consumo y aprovechamiento humanos es un evidente límite al deber de protección animal, toda vez que los productos derivados de los animales constituyen elementos esenciales de la dieta y vestimenta humanas. Igualmente, se debe hacer mención a la investigación y experimentación médica con animales, por cuanto ello constituye un elemento fundamental para el desarrollo de medicamentos y tratamientos en beneficio de la salud humana. Del mismo modo, las tradiciones del pueblo costarricense, cuya
protección se infiere del artículo 89 de la Constitución Política, son objeto de tutela por tratarse de valores propios del acervo cultural de la nación.
V.- SOBRE EL DERECHO A LA RECREACIÓN.
El derecho a la recreación se encuentra consagrado en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo define como “el derecho que tiene toda persona al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” (ver sentencia número 2009-002789 de las 16:39 horas del 20 de febrero del 2009). De la anterior definición, se deriva la especial relevancia que ostenta el derecho de cita, ya que el ser humano tiene derecho a disfrutar de un espacio de tiempo para
descansar o efectuar actividades de esparcimiento, distintas a las acciones que realiza diariamente en sus ocupaciones laborales, pues de no ser así, la persona sufriría un desgaste físico y emocional que podría traer consecuencias severas para su salud. Correlativamente, el Estado tiene la obligación de procurar que los habitantes de la república puedan ejercer tal derecho de la mejor manera posible.
Tal deber implica, además de promocionar la realización de actividades de esta índole, procurar que estas se ejecuten en forma tal que se garantice el derecho a la seguridad de las personas que asisten a las mismas, tal y como se indicó en la sentencia número 2006-16628 de las 11:02 horas del 17 de noviembre de 2006:
“IV.- Conviene señalar, que los derechos antes mencionados, -al
igual que cualquier otro derecho-, se encuentran sometidos a las
limitaciones que establezca el ordenamiento jurídico, ello en aras de
salvaguardar el interés general. Así, el derecho a la recreación se
encuentra sometido a una serie de límites que garantizan la
seguridad de las personas que participan en las distintas actividades
(…).” (Lo destacado no corresponde al original).
VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO.
En primer término, las recurrentes alegan que la empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima pretende realizar una corrida de toros al estilo de Pamplona, lo cual constituye un acto de maltrato hacia esos animales. Al respecto, la Sala tiene por acreditado que mediante trámite número 1109, recibido en la Municipalidad de Belén el 13 de marzo de 2012, la empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima solicitó los respectivos permisos para un evento denominado “Pamplona y Más”. por celebrarse en el Complejo Pedregal del 13 al 22 de abril de 2012. Ese mismo día, el organizador del evento “Pamplona y Más” aportó ante el Área Rectora de Salud de Belén, cierta documentación requerida para obtener los respectivos permisos. De la lectura de los autos, ese Tribunal Constitucional observa que el evento en cuestión incluye las siguientes actividades: presentación de caballistas, cuadraciclos, motocicletas, bandas musicales, juego de pólvora, competencias de mulas y corridas de toros, entre otras. En cuanto a la corrida de toros al estilo Pamplona, la actividad consiste en lo siguiente: durante el recorrido de 750 metros de distancia, a lo largo de 5 carriles de 10 metros de ancho, se desarrollará una carrera conjunta de animales y corredores, donde no se permitirá una participación superior a 400 personas por evento; en cuanto a la salida de los animales, primero saldrán 3 toros, 2 minutos después saldrán 2 más, y 2 minutos después se soltarán los restantes 3 toros, para un total de 8 animales por corrida, que al llegar al final
del recorrido entrarán a un corral. Por consiguiente, esta Sala concluye que en el evento “Pamplona y Más” los toros no serán sacrificados luego de la corrida, tal y como sucede en España, sino que al finalizar aquella, los animales más bien van a ser llevados a un corral a fin de organizar su traslado posterior a la ganadería correspondiente. Sin embargo, este Tribunal también advierte que en el sub examine, el Servicio Nacional de Salud Animal no está avalando la realización del evento “Pamplona y Más” toda vez que, como informa bajo juramento esa
dependencia, los organizadores no pudieron garantizar el bienestar de los animales durante el evento. En efecto, el SENASA expone una serie de riesgos para la salud e integridad de los animales que se utilizarían para el evento “Pamplona y Más” que, según su criterio técnico especializado, hacen que no deba ser avalada dicha actividad: primero, explican que no es recomendable para la salud de los toros que
las carreras se hagan sobre adoquines, pues lo ideal es que sea sobre tierra o arena; segundo, afirman que el organizador no pudo responder cómo van a tirar los toros en estampida, no pudo decir cuál va a ser el estímulo para que los toros salgan corriendo, esto podría ser con chuzos eléctricos, pegándoles, con bombetas, entre otros, todos los cuales constituyen métodos no autorizados ya que estresan a los animales; tercero, el organizador tampoco pudo responder qué haría en caso de tener un animal caído; cuarto, tampoco pudo contestar qué haría si los
animales se metieran entre la estructura de tubos, pudiendo lesionarse o lesionar a una persona; quinto, sostiene que la comunicación entre los pasillos se hará en ángulo recto. Todos esos riesgos hicieron llegar a la conclusión al SENASA que el evento “Pamplona y Más” no asegura adecuadamente el bienestar de los animales. Con base en este criterio técnico, la Sala tiene por acreditado que existe una amenaza demostrada a la salud y bienestar de los toros por utilizar en la actividad de marras, lo que a su vez vulnera los derechos a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, así como la dignidad. Como se indicó supra, la inclusión de los animales dentro del concepto de ambiente se hace con base en el papel que estos juegan en el desarrollo de la vida humana, que los hace merecedores de protección y un trato digno.
“la fauna domesticada se debe proteger del padecimiento,
maltrato y crueldad sin justificación legítima, porque ello
refleja una racionalidad ética determinada, corresponde
a una concienciación de la especie humana respecto del
modo justo y digno con el que debe interactuar con la
En particular, la fauna domesticada se debe proteger del padecimiento, maltrato y
crueldad sin justificación legítima, porque ello refleja una racionalidad ética
determinada, corresponde a una concienciación de la especie humana respecto del
modo justo y digno con el que debe interactuar con la naturaleza. Por lo demás, la
crueldad con los animales resulta contraria a las buenas costumbres, de manera
que su proscripción constituye un límite constitucional y razonable al derecho a la
recreación. A mayor ahondamiento, el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa
Rica, por acuerdo Nº IX-16-08-2012 tomado en la sesión ordinaria de Junta
Directiva celebrada el 20 de marzo de 2012, en torno a la actividad “Pamplona y
Más” subrayó la relación existente entre la violencia hacia los animales y la
violencia entre las personas. En concreto, destacó que “estamos ante una
manifestación de insensibilidad y sentimientos de placer ante el dolor ajeno lo que –para
promover una sociedad pacífica- debemos modificar de raíz por todas las vías que nos sea
posible”. Asimismo, enfatizó que la salud mental se promueve, más bien, por medio
de actividades respetuosas con las personas y los seres vivos en general,
empáticas ante el dolor. Asimismo, como se indicó supra, el derecho a la recreación
se encuentra sometido a una serie de límites que garantizan la seguridad de las
personas que participan en las distintas actividades. En cuanto a este punto,
SENASA apunta, como argumento adicional para desaprobar la actividad, que los
organizadores no pudieron responder qué pasaría si en la carrera, cuando los toros
salieran en estampida persiguiendo a las 400 personas, alguna persona se cayera,
pudiendo ser aplastada por las demás personas y los toros que vinieran corriendo.
Tal situación implica una evidente amenaza al derecho a la salud de la personas.
Finalmente, la Sala advierte que en este caso no resulta oponible la tradición como
límite al bienestar animal, pues resulta evidente que las corridas al estilo
“Pamplona” no tienen arraigo alguno en la cultura costarricense.
VII.- Por último, las amparadas también alegaron en este recurso que en el evento
“Pamplona y Más” se pretendía vender licor indiscriminadamente y, además, no se
habían tomado las previsiones de seguridad, salud, e higiene para efectuar ese
evento. Respecto a este planteamiento, no corresponde a este Tribunal
Constitucional verificar el cumplimiento de los requisitos legales respectivos a fin
de que al organizador del evento “Pamplona y Más” se le otorguen o no las
licencias para poder expender licor en la actividad, ni mucho menos, cuáles son las
cantidades que le deben o no ser autorizadas para la venta. Tampoco le compete
a la Sala examinar cada uno de los requisitos contemplados en la normativa
infraconstitucional para autorizar o no una actividad como esta, en términos de
seguridad, salud, higiene, entre otros, tal y como lo pretenden las accionantes. Lo
anterior significaría que por la vía sumaria del amparo, la Sala entrara a verificar si,
por ejemplo, el organizador del evento cumplió con la presentación de los planes
de evacuación correspondientes, el contrato con la empresa privada que se
encargaría de la recolección de basura y demás desechos, así como los demás
extremos relativos con la seguridad privada a lo interno del evento, entre otros
requisitos que exige el ordenamiento. Tales pretensiones evidentemente
constituyen extremos de mera legalidad que no pueden ser valorados por este
Tribunal Constitucional, cuyo reclamo debe ser formulado ante las dependencia
administrativas o, eventualmente, en la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, el
recurso de amparo debe ser desestimado respecto a este alegato. Por último,
considera la Sala que no corresponde decretar contra la Municipalidad de Belén y
el Ministerio de Salud una condenatoria en abstracto al pago de las costas, daños
y perjuicios ocasionados, pues de los autos se colige que, a la fecha de
interposición del amparo, ninguna de estas entidades había autorizado la actividad
impugnada por las recurrentes en este amparo; únicamente les fueron presentados
los requisitos por parte del organizador del evento, trámite que se detuvo con la
interposición de este recurso.
VIII.- La Magistrada Calzada pone nota y da razones adicionales:
Coincido plenamente con lo expuesto en la sentencia, ya que éste ha sido el
planteamiento que la Sala ha desarrollado en sus sentencias al referirse a la
protección del ambiente, procurando su entendimiento en un sentido más amplio
que la simple tutela de los bosques y otros recursos, sino también respecto de la
fauna como parte del ecosistema. Así lo enfaticé en las sentencias No. 1995-5893
y 1993-3705, al señalar que:
“…Ciertamente, el hombre tiene el derecho de hacer uso del
ambiente para su propio desarrollo, pero también tiene el correlativo
deber de protegerlo y preservarlo para el uso de generaciones
presentes y futuras. Así por ejemplo, en la Conferencia de Estocolmo
se afirma que “el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad,
la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un
medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de
bienestar y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el
medio para las generaciones presentes y futuras.” No debe perderse
de vista que el suelo, el agua, el aire, los recursos marinos, costeros
y minerales, los bosques, la diversidad biológica y el paisaje
conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas
como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y
recreación serían imposibles. De igual modo, nuestra economía
también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los
recursos naturales; así, por ejemplo, tanto la generación de divisas
por explotación agrícola y turística, como el éxito de importantes
inversiones e infraestructuras dependen, en última instancia, de la
conservación de aquéllos. Por lo anterior, el Derecho Ambiental no
debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte
del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte
también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los
bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se
trata, entonces, de un concepto macroambiental, para no dejar
conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto
jurídico que denominamos Derecho Ambiental…” (Sentencia N°
1995-5893)
“…El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial
de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de
modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales,
tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se
degrada su productividad para el presente y el futuro y podría
ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los
orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden
a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del
estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo,
se producen problemas ambientales cuando las modalidades de
explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación
de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que
conduce a que amplios sectores de la población resulten
perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que
redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el
objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un
desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad
ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros
parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo,
vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender
que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente
para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y
preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo
cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta
materia, del principio de la “lesión”, ya consolidado en el derecho
común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene
dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los
demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del
derecho mismo…” (Sentencia N° 1993-3705)
“el concepto de dignidad también impone un
comportamiento al ser humano que se ajuste a una
racionalidad ética con respecto al resto de los seres vivos”
En este caso comparto lo señalado en la sentencia que se cita del Tribunal Constitucional de Colombia, al indicar que el concepto de
dignidad también impone un comportamiento al ser humano que se ajuste a una
racionalidad ética con respecto al resto de los seres vivos, toda vez que forman
parte del medio en que se desenvuelve la vida humana. De manera que, en mi
criterio, no solo propiamente la violencia, sino que, incluso el estrés innecesario e
intencional que se genera a estos animales en una actividad como la pretendida,
lesiona el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la
salud humana. Lo anterior, por cuanto estudios realizados demuestran que el
estrés ambiental rompe el equilibrio de un organismo y que como respuesta a este
estímulo, se desencadenan una serie de reacciones de comportamiento y/o
fisiológicas con el fin de adaptarse lo mejor posible a esta nueva situación. Sin
embargo, en algunas ocasiones si la situación se convierte en crónica, el animal ya
no tiene tanta capacidad para reaccionar y genera problemas en los procesos de
crecimiento reproductivos, osmorreguladores e inmunitarios que se reflejan a nivel
de organismo, población y comunidad.
Así las cosas, no solo el animal se ve afectado, sino que este factor de estrés al
que se induce a estos animales intencionalmente, podría producir incluso
consecuencias en la salud de las personas, cuando puedan ser posteriormente
sacrificados como alimento. Un documento de la Organización Mundial para la
Alimentación –FAO por sus siglas en inglés- producido por la Oficina Regional para
Asia y el Pacífico en el año 2001, denominado “Directrices para el Manejo,
Transporte y Sacrificio Humanitario del ganado”, señala:
“La investigación científica ha demostrado que los animales de
sangre caliente (incluyendo el ganado), sienten dolor y miedo. En
particular los mamíferos, incluyendo los destinados a la producción
de alimentos tienen una estructura cerebral que les permite sentir el
temor y el dolor, y es muy probable que sufran dolor de la misma
manera que los humanos. El temor y el dolor son causas muy
importantes de estrés en el ganado, y el estrés afecta a la calidad de
la carne. El dolor generalmente es la consecuencia de una lesión o
del maltrato, que a su vez influye en la calidad de la carne de los
Cuando los animales están sujetos a condiciones o circunstancias
inusuales por las acciones deliberadas de las personas, es la
responsabilidad moral de las personas el asegurar su bienestar, y
evitar que sufran incomodidades, estrés o lesiones innecesarias.
El manejo del ganado en forma eficiente, experta y calmada
utilizando las técnicas e instalaciones recomendadas y tomando
medidas para evitar el dolor y las lesiones accidentales, reducirá el
estrés en los animales y se evitarán así deficiencias en la calidad de
las carnes y de sus productos derivados.”
En este sentido, reitero y reafirmo que este tipo de tratamiento a los animales,
contraviene igualmente las previsiones constitucionales respecto del derecho a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo cual, tal como ha sido señalado por
la jurisprudencia de esta Sala, tiene incluso repercusiones en la protección de la
salud de las personas, quienes se pueden ver expuestas a riesgos innecesarios
derivados de la violación ambiental señalada. Además de lo anteriormente
expuesto, quiero dejar constancia que tomar a cualquier ser viviente como objeto
de juego, burla, risa, o cualquier tipo de agresión innecesaria violenta profundos
principios de todo ser humano como lo son propiciar la paz, la armonía con la
naturaleza y la propia condición de ser y transmitir dignidad a los demás.
“Convertir en un espectáculo la agresión de un animal, no
solo es contrario a la propia dignidad del ser humano […]
no es ni más, ni menos que un retroceso de la humanidad
a la barbarie.”
Convertir en un espectáculo la agresión de un animal, no solo es contrario a la
propia dignidad del ser humano, que sin lugar a duda genera más violencia en el
animal, quien naturalmente activa sus mecanismos de defensa, y entre las
personas ello se manifiesta en una apología a la agresión, lo que no es ni más, ni
menos que un retroceso de la humanidad a la barbarie.
Se declara parcialmente con lugar el recurso solo por violación a los derechos
constitucionales a la dignidad, la salud y el ambiente. En lo demás, se declara sin lugar
el recurso. Se ordena a Gustavo Espinoza Chaves, Director del Área Rectora de Salud de
Belén-Flores del Ministerio de Salud; Horacio Alvarado Bogantes, y Marielos Segura
Rodríguez, por su orden Alcalde y Presidenta del Concejo Municipal de Belén, y a Rafael
Ángel Zamora Fernández, representante legal de la empresa Eventos Pedregal Sociedad
Anónima, o a quienes ocupen sus cargos, girar de inmediato las órdenes necesarias para
que en el evento denominado: Pamplona y Más no se incluya ningún tipo de actividad
relacionada con corridas de toros al estilo Pamplona. Se advierte a los funcionarios y
personas dichas que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días
multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un
recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté
más gravemente penado. Se condena a la Empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima
al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo civil. Notifíquese la presente resolución a Gustavo Espinoza
Chaves, Director del Área Rectora de Salud de Belén-Flores del Ministerio de Salud;
Horacio Alvarado Bogantes, y Marielos Segura Rodríguez, por su orden Alcalde y
Presidenta del Concejo Municipal de Belén, y a Rafael Ángel Zamora Fernández,
representante legal de la empresa Eventos Pedregal Sociedad Anónima, en forma
personal, así como al Servicio Nacional de Salud Animal para lo de su cargo. Los
Magistrados Castillo y Piza salvan el voto. La Magistrada Calzada pone nota dando
razones adicionales. Comuníquese.-
Gilbert Armijo S. Fernando Castillo V.
Rosa Ma. Abdelnour G. Rodolfo Piza R.
Mc/oloria.-
CASTILLO VÍQUEZ Y PIZA ROCAFORT
Hemos salvado el voto en el presente asunto y declaramos sin lugar el Recurso de
Amparo planteado, porque consideramos que la llamada “pamplonada”, no se debe limitar
por la Sala Constitucional, sino que siendo actividades privadas su regulación y limitación
es materia reservada a la Ley que, en el marco de sus competencias constitucionales,
correspondería decidir a la Asamblea Legislativa.
Nos parece que la decisión de prohibir, o no, determinados juegos o tradiciones, donde
interactúan los animales y los seres humanos –y siempre y cuando no se trate de tratos
inhumanos o de crueldad manifiesta para con los animales-; es una decisión que
corresponde tomar al legislador o, en aplicación y en el marco de la Ley, a las autoridades
sanitarias o ambientales; y no a los tribunales constitucionales, quienes no deben sustituir
al legislador en esta materia. En nuestro país, fue el legislador, por ejemplo, quien prohibió
las “peleas de gallos” en los años veinte. En Cataluña, por ejemplo, fue una decisión del
Parlamento de esa Comunidad Autónoma española, la que prohibió las corridas de toros.
En ningún caso, según entendemos, ese tipo de decisiones le corresponden al juez
constitucional, pues de lo contrario serían los tribunales y no los legisladores quienes
terminarían regulando las libertades públicas. Dentro del respeto al contenido esencial de
cada derecho, ello es competencia exclusiva del legislador, en el marco de la reserva de
ley, conforme a los artículos 28 y concordantes de la Constitución. Los tribunales del orden
constitucional pueden acotar y anular los actos legislativos, administrativos e incluso
privados; pero no deben sustituir a los legisladores en la regulación de las actividades
privadas. La Asamblea Legislativa, incluso, tiene límites constitucionales en este sentido,
por cuanto puede regular y limitar el ejercicio de los derechos fundamentales, pero dentro
del respeto del contenido esencial de cada derecho y siempre y cuando las acciones
privadas a regular puedan alterar el orden público –en sentido estricto-, la moral y los
Los tribunales constitucionales deben huir de la tentación de sustituir a los legisladores en
la regulación de las acciones humanas, por más que ellas parezcan deseables o
indeseables a los ojos de los jueces constitucionales. El sistema constitucional y
democrático está fundado en la idea de que solamente el legislador puede regular las
libertades públicas y no los administradores públicos ni los jueces, aunque sean
constitucionales. Una cosa es revisar la constitucionalidad de los actos de los poderes
públicos y aún privados para corregir las violaciones a la Constitución y a las Leyes y otra
muy distinta sustituir al legislador en la decisión de lo que debe ser permitido o no a los
Por otro lado, consideramos que la llamada “pamplonada”, no se diferencia en nada
sustantivo a los llamados “toros a la tica” y no encontramos razón para que los segundos
se permitan y se prohíba a la primera. En ambos casos, se trata de una relación entre
toros y seres humanos, en que se pone a interactuar o a correr a los primeros detrás de
los seres humanos. En el caso de los toros a la tica solamente en un redondel y en el caso
de la llamada “pamplonada” por un callejón hasta llegar a un redondel. Si a la pamplonada
se le considerara una “salvajada”, con mayor razón habría que calificarse así a los “toros
a la tica”. En ambos casos, existe “stress” o adrenalina de los toros (y de los seres
humanos que participan en el evento), solo que en la pamplonada son los toros los que
corren detrás de seres humanos que voluntariamente deciden hacerlo y en los toros a la
tica, los toros se exponen a ser mofados, jalados de sus colas, chuseados, saltados,
empujados, además de ponerlos a correr hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados.
Aunque no la compartimos desde el punto de vista constitucional, al menos habríamos
encontrado coherente la decisión de la mayoría de la Sala, si la prohibición de la
pamplonada hubiera incluido la prohibición de los toros a la tica, sobre todo porque en
aras de una “tradición” con “arraigo en la cultura costarricense”, se esconden múltiples
modalidades de juego con los toros, que han cambiado a lo largo del tiempo y que no son
unas más fuertes que la otras. La tesis de la mayoría llevada a sus últimas consecuencias,
sería que la matanza de las ballenas, de las focas, de los rinocerontes o de los cetáceos,
o la pamplonada, o las corridas de toros, son válidas en algunas culturas y no en las otras,
según la tradición y el arraigo cultural de cada país. La tesis llevada a sus consecuencias
naturales, por otra parte, impediría y congelaría en el tiempo las tradiciones culturales,
porque cualquier cambio en la modalidad de las mismas (como por cierto, ha ocurrido
también con los “toros a la tica”), sería contrario a la Constitución, pero si se mantuviera
inmutable, sería válido constitucionalmente.
Las fiestas y los juegos donde interactúan los animales con los seres humanos son
tradiciones históricas, lúdicas, que no tienen por qué ser tachadas de inhumanas, ni de
crueldad con los animales. La tradición y legislación costarricenses lo que han vedado es
la muerte o el sufrimiento innecesario de los animales y los suscritos compartimos esa
decisión; pero nada hay en la llamada “pamplonada” que promueva la muerte o el
sufrimiento de los animales, más allá de los alcances naturales de la fiesta y del “stress”
inherente a la interacción lúdica entre animales y humanos. Hay, como queda dicho, el
juego y la interacción entre unos (los toros) y otros (los seres humanos); pero ello no
puede calificarse, por sí mismo, y dentro de los parámetros razonables del juego, ni de
contrario a la dignidad humana ni de crueldad con los animales.
Fernando Castillo V. Rodolfo E. Piza R
EXPEDIENTE N° 12-003343-0007-CO