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Timestamp: 2019-11-22 16:13:18
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 90', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 265', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 841', 'artículo 84', 'artículo 174', 'artículo 1743', 'artículo 174', 'artículo 97', 'artículo 1010', 'artículo 461']

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by shuttlebrand	3 November
El 24 de octubre de 2014 la Audiencia Provincial de Girona dicta sentencia favorable a la parte demandada defendida por el bufete de abogados bcn-advocats.com. Dicha sentencia resuelve el recurso de apelación interpuesto por bcn-advocats.com, en el sentido de revocar la sentencia de divorcio contencioso del Juzgado de la Bisbal que condenaba a la parte demandada a abonar una prestación compensatoria.
La prestación compensatoria consiste en una indemnización, en bienes o en dinero, en forma de capital o de pensión, que puede ser solicitada por el cónyuge cuya situación económica se ve más perjudicada tras la ruptura de la convivencia. En efecto, tal y como pone de relieve la parte recurrente, bcn-advocats.com, en su recurso contra la sentencia de Primera Instancia dictada por el Juzgado de la Bisbal, el desequilibrio económico sufrido por uno de los cónyuges y que legitima el derecho a solicitar la prestación compensatoria, figura jurídica propia de la Comunidad Autónoma de Catalunya, similar aunque distinta de la “pensión compensatoria” del Código Civil, debe darse en el momento de la ruptura matrimonial. Un requisito que no se daba en el caso objeto del procedimiento judicial y que había sido obviado por el Juzgado sentenciador de Primera Instancia.
Las características de la prestación compensatoria como su cuantía, modalidad, duración, extinción etc. pueden ser pactadas por los cónyuges antes o en el momento de la ruptura, ejerciendo su derecho a la autonomía privada mediante convenios reguladores en los que pueden llegar a limitarse o excluirse derechos, de conformidad con lo establecido en los artículos 233-14 y siguientes del Libro Segundo del Código Civil de Catalunya.
Frente a dicha sentencia, bcn-advocats.com alega la existencia de un convenio regulador, firmado por ambas partes el 25 de septiembre de 2011, suscrito en el momento de la separación de hecho y que pese a que finalmente no fue ratificado judicialmente por los cónyuges, contrariamente a lo establecido por el Tribunal de Primera Instancia de la Bisbal de l’Empordà en la sentencia recurrida 41/2014, no requiere de homologación ni de ratificación judicial para que el convenio tenga plena eficacia jurídica entre las partes.
Un pronunciamiento, con el que también discrepa la Audiencia Provincial de Girona, siguiendo los argumentos del recurso de bcn-advocats.com, basándose en reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La Ilma. Audiencia Provincial de Girona llega a la conclusión de que el convenio regulador es un negocio jurídico de carácter contractual, de acuerdo con las exigencias del artículo 1.261 del Código Civil del estado español, que solamente requiere de homologación judicial para que pueda tener eficacia frente a terceros y ejecutarse judicialmente y cuya ratificación es imprescindible, o mejor dicho únicamente es fiscalizable por los tribunales, para aquellos pactos que perjudican o afectan a los hijos menores de edad o incapacitados, no en cuanto a los efectos patrimoniales entre los cónyuges. No obstante, no es necesaria la ratificación ni la homologación judicial como “conditio iuris” para la validez y eficacia de los convenios reguladores o pactos, que regulan aspectos patrimoniales entre los cónyuges en contemplación de crisis matrimoniales, ni siquiera en aquellos supuestos en que se deriven consecuencias gravemente perjudiciales para cualquiera de ellos. Todo esto a diferencia del resto del estado español, en que el Juez sí que tiene la obligación legal de supervisar los pactos patrimoniales entre los cónyuges en el supuesto de que los mismos sean perjudiciales para uno de los cónyuges tal y como se prevé en artículo 90 del Código Civil.
Así pues, la Audiencia Provincial de Girona, en su sentencia 300/2014 de 24 de octubre de 2014, estima el recurso interpuesto por bcn-advocats.com en defensa de los intereses de su cliente, y desestima la pretensión de la ex mujer de percibir 30.000 € en concepto de prestación compensatoria.
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by bcn-advocats	23 June
Los trabajadores cuya retribución consta de un salario base más una comisión en función a ventas obtenidas por el trabajador, deberá tenerse en cuenta en las vacaciones anuales retribuidas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho pública una sentencia, de fecha 22 de mayo de 2014 (asunto C-539/12, Lock vs. British Gas Trading. El caso versa sobre el Sr. Lock, trabajador de una compañía de ventas de energía y con una retribución mensual de salario base y de comisión calculada según las ventas realizadas y que cobra la comisión en el momento en que la empresa realiza el contrato.
El Sr. Lock realiza vacaciones del 19 de diciembre de 2011 al 3 de enero de 2012. Ese mes su salario está compuesto por el salario base más las comisiones devengadas en semanas anteriores.
Mientras el Sr. Lock estuvo de vacaciones, no pudo obtener nuevas ventas, y por lo tanto no se generaron nuevas comisiones y como consecuencia se vio afectado el salario de los meses siguientes.
El Sr. Lock, interpone demanda ante el Employoment Tribunal de Reino Unido, reclamando retribución impagada por vacaciones anuales. El tribunal del Reino Unido realiza la pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si la comisión de un trabajador que habría obtenido en sus vacaciones debe tenerse en cuenta para el salario de esas vacaciones.
El Tribunal de Justicia recuerda que, según la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, un trabajador debe percibir su retribución ordinaria durante las vacaciones anuales. La justificación de estas vacaciones retribuidas es que durante ese tiempo de descanso el trabajador goce de una situación comparable a los períodos de trabajo desde el punto de vista del salario.
El tribunal alegó que el trabajador había recibido durante las vacaciones comisiones además del salario base. El tribunal consideró que la argumentación no era aceptable, ya que las comisiones recibidas eran de un trabajo de meses anteriores y el no generar comisiones durante las vacaciones le provoca una desventaja financiera diferida que sufre en los salarios siguientes.
Por lo tanto el trabajador no puede ver disminuido el salario en sus vacaciones. Ya que todo ello puede llevar al trabajador a desistir de realizar efectivamente su derecho a disfrutar de las vacaciones anuales retribuidas, ya que las comisiones le generan un 60% de los ingresos.
by bcn-advocats	16 June
La sección tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho publica una sentencia[1] “Caso de La Flor Cabrera”, en la que establece que la grabación realizada en una vía pública por unos detectives privados, no vulnera el derecho a la vida privada regulado en el artículo 8[2] del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El demandante, Sr. De La Flor Cabrera de Sevilla fue atropellado por un automóvil mientras él circulaba en bicicleta. Interpuso una demanda solicitando daños y perjuicios a raíz de una neurosis postraumática la cual le impedía conducir cualquier tipo de vehículo. La parte demandada solicito los servicios de un detective privado para que realizara unas grabaciones de vídeo y poder presentarlo como prueba ante el Juzgado de 1ª Instancia número 4 de Sevilla, ya que el Sr. De La Flor Cabrera, contrarío a sus declaraciones, conducía un ciclomotor y por lo tanto, sí podía conducir y no sufría las consecuencias que había manifestado en el juicio. El tribunal consideró válida la prueba y en recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Sevilla también la consideró válida ya que las circunstancias de la grabación eran justificadas según el objetivo perseguido.
El Sr. De La Flor Cabrera presentó una segunda demanda por la violación de su derecho a la intimidad y propia imagen regulado en el apartado primero del artículo 18 de la Constitución española “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. El Juez de Instrucción de Sevilla sostuvo que la prueba presentada, la grabación del demandante conduciendo, perseguía un fin legítimo y realizada en espacios públicos sin que la imagen se hubiera tomado en un espacio privado, ni tampoco se encontraba el demandante en una situación indigna. El Sr. De La Flor Cabrera interpuso recurso de apelación, la Audiencia Provincial también lo desestimó.Inadmitidos los recursos interpuestos, recurso de casación ante el Tribunal Supremo y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el Sr. De La Flor Cabrera interpuso recurso ante el TEDH.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia recuerda la noción de “vida privada” y dice que es un término amplio, que cubre la integridad física y moral de la persona y puede abarcar muchos aspectos de la identidad de una persona, como el nombre o elementos relacionados con los derechos de imagen.El concepto incluye información privada de la persona y que no sea publicada sin su consentimiento, publicación deuna fotografía, incluso si la persona es una figura pública.
Según el TEDH, una imagen individual es uno de los principales atributos de la persona y le permite diferenciarse de sus congéneres habida cuenta que la protección de la imagen es uno de los componentes esenciales del desarrollo personal. Ello implica un control del individuo para pedir la no divulgación de su imagen, al almacenamiento y reproducción. Si ello ocurriera, se podrá exigir la adopción de medidas destinadas a asegurar el respeto de la vida privada.
No obstante, la magnitud del control va en función de factores tales como la naturaleza y la importancia de los intereses que hay en juego, y se tendrá en cuenta la gravedad de la lesión producida. La aplicación de estos principios por el TEDH en el caso en concreto que nos ocupa, tiene una singularidad y es que la difusión de imágenes es tan solo la toma de ellas y posterior uso en un contexto de litigio civil.
El tribunal declara en la sentencia, que las imágenes se tomaron mientras el solicitante estaba involucrado en una actividad relacionada con el caso en que se juzgaba y las imágenes se utilizan exclusivamente como prueba ante el juez. Además la agencia de detectives privados cumplieron con todos los requisitos legales de la jurisdicción interna de este tipo de actividades de la agencia, en cuestión fue debidamente aprobado por el Estado e inscrita como tal en un registro administrativo , y la toma de fotografías como prueba en juicio está regulado en el artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La Corte considera que son razonableslas imágenes grabadas, ya que se destinan a contribuir legítimamente a un procedimiento judicial, para permitir que la parte demandada pueda valerse de los medios de prueba pertinentes. Las imágenes impugnadas contradicen las afirmaciones del demandante en cuanto a la imposibilidad de la conducción de vehículos de motor.
En consecuencia, la injerencia en el derecho de la demandante a la intimidad no era desproporcionada a la luz de los requisitos del artículo 8 de la Convención. Por ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humano establece que, no ha habido violación del artículo 8 de la Convención.
[1]http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22003-4765584-5799046%22]. Página visitada 27 mayo 2014.
[2]Artículo 8Derecho al respeto a la vida privada y familiar
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Tasa para la Prestación de Servicios Profesionales y Materiales en el ámbito de la Administración de Justicia
by bcn-advocats	6 June
El Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya ha llegado a un acuerdo con los representantes del Consejo de Abogacía Catalana y el Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña para excluir a las personas físicas y pequeñas empresas de la aplicación de la tasa para la prestación de servicios profesionales y materiales en el ámbito de la Administración de justicia.
El acuerdo ha sido el resultado de semanas de negociación y con ello se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
Asimismo, el acuerdo incluye la ampliación de supuestos en que quedaran exentos de pagar las tasas. Demandas de ejecución, reconvenciones y solicitudes de concurso.
El departamento de Justicia se ha comprometido a instar al Estado a modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que incluyan las tasas catalanas y se puedan tener en cuenta en la tasación de costas así como a pedir al Departamento de Justicia una reducción en las tasas estatales.
El Tribunal Supremo reconoce el derecho a la pensión de viudedad a una pareja separada judicialmente y, formalizándose posteriormente como pareja de hecho mediante escritura pública ante notario, sin comunicarlo al juez que dictó sentencia de separación
by bcn-advocats	28 May
La pareja contrae matrimonio en el año 1980 y se declaró la separación matrimonial de los cónyuges mediante sentencia en 1998. Los cónyuges se reconciliaron en 1999, formalizándolo en escritura pública en el año 2000. Dicha escritura no fue comunicada al juez, tal y como establece el artículo 841 del Código Civil. El marido falleció en el año 2010 y el Instituto Nacional de la Seguridad Social denegó la pensión de viudedad a la esposa, porque consideró que los cónyuges estaban separados legalmente sin reconciliación judicial, prevista en el artículo 84 CC anteriormente citado.
El derecho a pensión de viudedad está regulado en el artículo 174.22 de la Ley General de la Seguridad Social, condiciona el derecho a la pensión en los casos de separación y divorcio, a que no se haya celebrado nuevo matrimonio o no hubieran constituido pareja de hecho, el INSS defiende que no se cumple el requisito establecido, ya que no podían ser pareja de hecho sin haber roto el vínculo de matrimonio.
La esposa del fallecido formula demanda contra el INSS ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña alegando que la situación con su esposo antes del fallecimiento era de pareja de hecho y no de matrimonio, y que por tanto cumplía con los requisitos del citado artículo del LGSS para poder obtener la pensión de viudedad. El TSJC dicta sentencia desestimatoria ya que la reconciliación notarial no fue comunicada al juez que dictó la sentencia de separación y, en consecuencia no se registró en el Registro Civil. El caso llega al Tribunal Supremo para unificación de doctrina, aportando sentencia de Audiencia Provincial de Madrid de un caso muy similar.
El fondo de la cuestión suscitada es que, partiendo de la pareja de hecho, determinar que efecto tiene frente a terceros, ya que no se cumplen los requisitos para ello, no se comunica al juez y por tanto, no se anota en el Registro Civil, y si concurre el requisito del apartado tercero del artículo 1743 de la LGSS, y debe considerarse pareja de hecho o no y no se hallaban impedidos para contraer matrimonio, y no tengan vínculo matrimonial con otra persona.
El Tribunal Supremo declara que “el art. 174.2 precitado condiciona el derecho a pensión en los casos de separación o divorcio ‘a que no hubiese contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho’ y la pareja de hecho exige a los miembros de la misma que ‘no tengan vínculo matrimonial con otra persona’, lo que significa que, en puridad, pueden tener vínculo matrimonial entre ellos. De hecho, en la literalidad coordinadora del art. 174.2 párrafo primero y 174.3 párrafo cuarto, evidencia que la imposibilidad de nuevas nupcias entre los cónyuges separados la reanudación de la convivencia aboca a una situación de ‘more uxorio’ mientras no se externalice judicialmente la misma, evitándose así el vacío en la situación pues la prestación de viudedad procedería en el ínterin por pareja de hecho y a partir de la formalización de la reanudación de la vida en común por pareja matrimonial.’”.
El Tribunal Supremo reconoce el derecho a percibir la pensión de viudedad como pareja de hecho, acreditando la convivencia previa al fallecimiento de uno de la pareja y sin impedimento de vínculo matrimonial, en cuanto que la dicción literal del artículo 174.3 LGSS hace referencia a un tercero ajeno a ambos y por lo tanto, nada impide existencia de vínculo matrimonial entre ellos para obtener la pensión de viudedad.
1 “La reconciliación pone término al procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior lo resuelto en él, pero ambos cónyuges separadamente deberán ponerlo en conocimiento del Juez que entienda o haya entendido en el litigio”.
2 “En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, reuniendo los requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y ésta quedara extinguida a la muerte del causante.(…)”.
3 “A efectos de lo establecido en este apartado, se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante”.
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La herencia incluye las deudas del causante
by bcn-advocats	21 May
El Tribunal Supremo en la sentencia de 7 de mayo de 2014, ha dado la razón a una señora que formuló demanda solicitando indemnización, frente a los herederos de un médico de cirugía estética.
La señora se sometió a una micro liposucción, y ésta no dio el resultado deseado. A diferencia de una operación de salud, en una operación de cirugía estética se produce la obligación de resultado, aunque con limitaciones, “los médicos actúan sobre personas, con o sin alteraciones de la salud, y la intervención médica está sujeta, como todas, al componente aleatorio propio de la misma, por lo que los riesgos o complicaciones que se pueden derivar de las distintas técnicas de cirugía utilizadas son similares en todos los casos y el fracaso de la intervención puede no estar tanto en una mala praxis cuanto en las simples alteraciones biológicas” . Así, si después de la operación de cirugía estética no se obtiene el resultado esperado, el médico será responsable por incumplimiento o por cumplimiento defectuoso, tomándose en consideración la existencia de un aseguramiento del resultado por el médico al paciente.” En la medicina llamada voluntaria la relación contractual médico-paciente deriva de un contrato de obra, por el que una parte –el paciente- se obliga a pagar unos honorarios a la otra -médico- por la realización de una obra; la responsabilidad por incumplimiento o cumplimiento defectuoso se produce en la obligación de resultado en el momento en que no se ha producido éste o ha sido defectuoso”.
En este caso, el médico que operó a la señora ya había fallecido, por lo tanto deberán responder sus herederos, además de la aseguradora.
La herencia de una persona comprende todos los bienes y derechos pero también todas las obligaciones que no se extingan por su muerte. En el momento de aceptar una herencia esto se debe tener en cuenta, y si hay duda es recomendable realizar la aceptación de herencia a beneficio de inventario, según el artículo 1010 del Código Civil y el artículo 461-14 del Código Civil catalán.
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by shuttlebrand	12 May
El pasado 7 de mayo BCN ADVOCATS fue invitado al “Cicle de conferències sobre justícia i Societat” celebrado en el centre d’Estudis Jurídics i Formació Especializada en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
El objetivo de la conferencia era debatir y analizar el contexto judicial y social en relación a la nueva regulación de la Propiedad Horizontal en el Libro Quinto del Código Civil de Catalunya, reforma que actualmente se está tramitando en el Parlamento de Catalunya.
La presentación se llevó a cabo por parte de Don Josep Xavier Hernández Moreno, director del centro d’Estudis Jurídics i Formació Especializada. Las ponencias fueron presentadas por Dña María del Carmen Gete-Alonso, catedrática de derecho civil, y por D. Francisco Echevarría, doctor en derecho y abogado especialista en derecho inmobiliario.
Desde BCN ADVOCATS felicitamos a los ponentes por su brillantez en las exposiciones, así como al centro d’Estudis Jurídics i Formació Especializada de la Generalitat de Catalunya, por fomentar estos debates jurídicos y sociales sobre aspectos que tanto nos afectan en nuestro día a día, tanto a nivel profesional para dar una mejor atención a nuestros clientes, como a nivel particular.
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by alex	21 March
El Supremo admite que se aporten fotos a un proceso penal si son en la vía pública y no desmerecen al fotografiado
by alex	20 March
El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse acerca del Derecho a la propia imagen sin que se trate ni de una revista o programa de televisión ni de un famoso, sino de una vecina denunciada en un juicio de faltas al que no se presentó teóricamente por estar gravemente enferma en la cama a causa de las tensiones vecinales que fue vista, sin embargo, paseando y jugando a la petanca, y consecuentemente fotografiada por sus vecinos denunciantes. La aportación de dichas fotos al proceso penal es lícita, tal y como acaba de sentenciar el Supremo en casación.
Google sigue generando objeciones para que la llamada “tasa Google” no supere los trámites parlamentarios que le esperan en el Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil espera su turno en el Congreso de los Diputados. El gran motor de búsqueda trata de evitar pagar a los periódicos que aparecen en las búsquedas de Google News, a cuya causa se le ha unido la CEOE.