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Timestamp: 2018-10-21 19:26:19
Document Index: 181924549

Matched Legal Cases: ['IN DUBIO', 'IN DUBIO', 'IN DUBIO', 'artículo 256', 'artículo 112', 'artículo 59', 'artículo 19', 'artículo 35', 'artículo 35', 'in dubio', 'e contrario', 'in dubio', 'artículo 97', 'artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 35']

﻿ SENTENCIA 2013-00268 DE AGOSTO 24 DE 2016
SENTENCIA 2013-00268 DE 24 DE AGOSTO DE 2016
CONTENIDO:ANTE DUDA PROBATORIA EN UN PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA ABOGADO EL JUEZ DEBE APLICAR EL IN DUBIO PRO DISCIPLINADO. SE PRECISA POR PARTE DE LA SALA QUE SI SE EVIDENCIA UNA DUDA PROBATORIA EN EL MARCO DE UN PROCESO DISCIPLINARIO, SE DEBE APLICAR EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO DISCIPLINADO, YA QUE ESTE BUSCA QUE NO SE INFRINJAN LOS DERECHOS DEL PROFESIONAL INVESTIGADO. ENFATIZA LA SALA QUE DICHO PROCESO PROCEDE DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ES POR ELLO QUE A QUIEN SE ATRIBUYA UNA FALTA DISCIPLINARIA SE PRESUME INOCENTE MIENTRAS NO SE DECLARE SU RESPONSABILIDAD EN SENTENCIA EJECUTORIADA. DURANTE LA ACTUACIÓN TODA DUDA RAZONABLE SE RESOLVERÁ A FAVOR DEL INVESTIGADO CUANDO NO HAYA MODO DE ELIMINARLA. POR OTRO LADO, SE PRECISA QUE CON BASE EN JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, AFIRMÓ QUE ESTA PRESUNCIÓN IMPONE QUE LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDA A LOS ACUSADORES Y PARA DESVIRTUARLA ES NECESARIO QUE HAYA TENIDO LUGAR EN UN JUICIO, CON TODAS LAS GARANTÍAS PROCESALES Y FORMALIDADES PREVISTAS. ASÍ MISMO, PARA CONDENAR ES INDISPENSABLE LA CERTEZA DE CULPABILIDAD, DEBIDO A QUE ES LA INOCENCIA LA QUE SE PRESUME CIERTA. ADEMÁS, RESALTA QUE ESTA CULPABILIDAD DEBE SER PROBADA BAJO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL DEBIDO PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DISCIPLINARIO, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, ABOGADO, ALCANCE DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA ABOGADO, PRINCIPIO IN DUBIO PRO DISCIPLINADO
SENTENCIA 2013-00268
Rad.: 050011102000201300268 02
Aprobado según Acta Nº 081 de la misma fecha.
Bogotá, D.C., agosto veinticuatro de dos mil dieciséis.
Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 256 constitucional, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley”, norma desarrollada por el numeral 4 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, que al establecer las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le defirió “conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejo Seccionales de la Judicatura”, concordante con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.
Tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.
De la Apelación. Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de Segunda Instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el Legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que, respecto de la competencia de esta corporación, se reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por el recurrente(22).
Asunto a resolver. Atendiendo a los fines del recurso de apelación, en este caso sometido a examen de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, no se evidencian actuaciones irregulares que afecten la legalidad de lo actuado ni de la sentencia, dado que el trámite se adelantó con audiencia de los sujetos procesales según lo previsto en la ley procedimental, se cumplieron los principios de publicidad y contradicción, se corrieron los traslados, se notificaron las providencias correspondientes, se practicaron las pruebas solicitadas en la forma prevista, se garantizaron los derechos de defensa, de contradicción y la oportunidad de interponer recursos para acceder a la doble instancia, por lo que procede a pronunciarse sobre la apelación interpuesta contra la decisión adoptada el 30 de noviembre de 2015, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, sancionó disciplinariamente a la abogada Haydee Forero Jiménez, con suspensión de doce (12) meses en el ejercicio de la profesión, como responsable de la falta descrita en el numeral 3 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.
Así las cosas, corresponde a la Sala analizar si concurren o no elementos suficientes para confirmar, modificar o revocar la sentencia sancionatoria proferida contra la abogada investigada.
Falta imputada. Es la descrita en el numeral 3 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, que reseña:
Pertinente es recordar que el ejercicio de la abogacía conlleva al cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los profesionales del derecho en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al abogado que las infringe, en el ámbito de las faltas reprimidas por el legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas recaudadas dentro del respectivo proceso disciplinario.
Caso en concreto. Conforme al acervo probatorio allegado, se tiene que el sub lite se genera toda vez que la abogada Haydee Forero Jiménez, solicitó para el mes de diciembre de 2011 la suma de $ 4’000.000 a su cliente el señor Giovanni Alirio Gómez Giraldo, quien se encontraba privado de su libertad en el centro carcelario de Bellavista por el delito de concusión, con el fin que por intermedio de amigos radicados en esta ciudad, fuera trasladado a una prisión de Facatativá, Cundinamarca, donde además recibiría algunas reducciones en la pena.
De tal forma, el 17 de diciembre de 2011 la señora Rubiela Giraldo realizó la consignación de dicha suma en la cuenta Nº 101826138 perteneciente a la disciplinada, y a pesar de ello, no cumplió con el traslado prometido. Lo anterior, conlleva un fin ilícito, toda vez que los traslados de internos en los centros de reclusión se deben efectuar previo el cumplimiento de unos presupuestos legales señalados en las normas penitenciarias, no ofreciendo dinero a los funcionarios que laboran en dichas dependencias.
No obstante, lo anterior encuentra esta colegiatura que el acervo probatorio traído a la investigación disciplinaria que ahora nos ocupa, no fue objeto de apreciación integral por parte de la magistratura a quo, bajo los criterios de la razón y la sana crítica(23), desatendiendo el principio constitucional de la presunción de inocencia y de in dubio pro disciplinado.
Se llega a esta conclusión, toda vez que, de los documentos allegados y recaudados, no hay certeza, por el contrario, duda e incertidumbre respecto de la existencia de los presuntos actos irregulares atribuidos a la abogada Haydee Forero Jiménez.
En primer lugar, con relación al pago de $ 4’000.000 efectuado el 17 de diciembre de 2011, presuntamente con el objeto de conseguir el traslado del señor Giovanni Gómez a un nuevo centro carcelario, no se puede establecer con certeza que ello haya tenido como objeto el cobro de una expensa ilegal, toda vez que los testimonios valorados corresponden a los de la quejosa, y sus hijos Giovanni Alirio y Alexander de Jesús; estos testimonios no son concordantes, ni claros, ni mucho menos precisos; de ellos no se puede deducir que la togada investigada haya cometido la infracción que se le imputa en la queja, por ello dichas declaraciones examinadas rigurosamente bajo las reglas de una sana critica ofrecen escasa credibilidad, que no es suficiente para deducir responsabilidad disciplinaria.
Adicionalmente hay duda, sobre si los emolumentos entregados a la togada eran con el fin de cubrir sus honorarios profesionales o por el contrario, para cubrir una expensa ilegal, tal como lo es el pago a funcionarios de centros penitenciarios para obtener un irregular traslado de un recluso; a la anterior conclusión se llega toda vez que el señor Giovanni Alirio Gómez Giraldo en su declaración reconoció que los honorarios profesionales pactados con la disciplinable ascendieron a la suma de $ 10’000.000 o $ 12’000.000, siendo consignados dichos estipendios, de los cuales la togada entregó de puño y letra algunos recibos.
Se desprende del acervo probatorio un cúmulo de dudas que impiden tener certeza de la existencia de conducta disciplinable por parte de la togada investigada. Esto como resultado de escuchar con gran atención e integralmente los testimonios de la quejosa, quien no tiene certeza de cómo consiguió el dinero para cancelar los $ 4’000.000 que según ella pedía la disciplinable, pues en primera diligencia afirmó haberlos conseguido con prestamistas, para posteriormente afirmar que había sido por medio de un préstamo en una entidad bancaria. En igual sentido afirmó no haber tenido conversación alguna con la disciplinable, informando que ella solo obedecía lo ordenado por su hijo Giovanny quien se encontraba privado de su libertad.
En el testimonio del señor Alexander de Jesús Gómez, se puede concluir que este no sabía personalmente nada acerca de la negociación de un traslado de prisión, pues solo tenía menciones de su hermano. Indicó que él había conseguido los $4´000.000 para cancelar las expensas solicitadas por la disciplinada, totalmente contrario a lo dicho por la quejosa(24).
De la declaración de Giovanny Alirio Gómez Giraldo, se desprende que la negociación la había hecho su progenitora, pero luego se contradice diciendo que había sido él, así mismo genera duda este testimonio, pues claramente al ser interrogado por el a quo, y requerido para que precisara si tenía conocimiento que la conducta atribuida a la disciplinada constituía delito, no es claro al responder, atinando a decir, que los $ 4´000.000 eran para cancelar honorarios de la disciplinada y no para negociaciones ilegales(25).
Por tanto del análisis sobre la ocurrencia de los hechos materia de investigación disciplinaria y en garantía de no infringir los derechos de la profesional investigada, procede dar aplicación al principio “in dubio pro disciplinado”, el cual emana del principio Constitucional de presunción de inocencia, que señala:
L. 1123/2007, art. 8º: “Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en sentencia ejecutoriada.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla”. (Subrayado y negrilla fuera de texto original).
Pertinente resulta traer a cita, jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre esta materia, así:
“El principio de la presunción de inocencia impone que la carga de la prueba corresponda a los acusadores y que para desvirtuarla sea necesario que la prueba practicada haya tenido lugar en un juicio, con todas las garantías procesales y formalidades previstas. Para condenar es indispensable la certeza de la culpabilidad, debido a que es la inocencia la que se presume cierta. La culpabilidad debe ser probada bajo las condiciones establecidas por el debido proceso. Cualquier enunciado con pretensión de veracidad establecido por fuera de las formas procesales que protegen el derecho de defensa, es una veracidad espuria que no tiene validez, así cuente con la convicción del juzgador o incluso la verdad real. Mientras estos supuestos no hayan sido respetados, el investigados continuara gozando del beneficio de presunción de inocencia(26)”.
Ahora bien, teniendo en cuenta que no obra prueba alguna en el infolio, que conduzca a la certeza de la comisión de la falta por parte de la disciplinada con respecto al presunto cobro de expensas ilegales, esta Superioridad considera que existe duda razonable respecto de los hechos materia de estudio, la cual se resolverá a favor de la investigada, por no haber modo de eliminarla.
Resulta de gran utilidad para apreciar el valor probatorio de los testimonios tener presente el profundo análisis que sobre la apreciación de la prueba testimonial hace el profesor Hernando Devis Echandía, cuando señala:
“El testimonio sigue siendo un medio lleno de riegos y peligros, de difícil apreciación debido al doble problema que el juzgador afronta en la delicada tarea de asignarle, en cada caso, el mérito probatorio que debe corresponderle: la posibilidad que el testigo declare de mala fe, sustituyendo o alterando la verdad con invenciones personales o sugeridas por otros, y la probabilidad, aún mayor, de que incurra en equivocaciones de buena fe.
Uno de los elementos que obligan a valorar con mayor detenimiento el testimonio, es la ausencia del interés personal o familiar del testigo en el litigio, sobre el hecho objeto de su testimonio…, “pero en cambio, la condición de ser imparcial y desinteresado respecto a la cuestión debatida, es elemento importante para determinar la eficacia probatoria del acto, pero no para su existencia jurídica ni para su validez. Las inhabilidades o impedimentos que por presunta parcialidad consagra la ley, constituyen una medida eugenésica para la profilaxis del testimonio, como muy bien lo expresa Muñoz Sabaté.
Significa lo anterior, que el interés personal que el testigo pueda tener en los hechos que se trata de probar, afecta la fuerza probatoria de su testimonio. Puede hablarse en este caso y en el que examinaremos en el párrafo siguiente, de ineptitup subjetiva del testimonio.
Del estudio de la personalidad del testigo y de las circunstancias subjetivas y objetivas en que obtuvo el conocimiento de los hechos, debe deducir el Juez la credibilidad que le merezca su testimonio”.
Que los distintos hechos contenidos en su narración no aparezcan contradictorios entre sí. Este requisito significa que el testimonio debe aparecer consistente o armónico, no solo relacionando los hechos narrados con la razón de la ciencia del dicho, sino esos hechos entre sí, cuando son varios y especialmente si se trata de un acontecimiento formado por diversos hechos sucesivos o simultáneos.
Estas contradicciones, como las anotadas en párrafos anteriores, pueden significar defectos de percepción, de juicio o de memoria, e inclusive falta de sinceridad y buena fe en el testigo. Por otra parte, si los varios hechos se excluyen entre sí, necesariamente algunos de ellos no corresponden a la realidad, por lo cual el testimonio pierde su fuerza de convicción.
Pero las contradicciones sobre detalles importantes y entre varios hechos relevantes, ponen al descubierto no solamente graves deficiencias en los fundamentos del testimonio (percepción, juicio, memoria, capacidad de reproducción y narración), sino una ausencia de sentido crítico para precisar y ordenar esas percepciones y sus recuerdos, que es también, como enseña Gorphe, una de las cualidades más necesarias de un buen testigo.
Si de la narración del testigo aparecen esas graves contradicciones, será evidente que carece de capacidad suficiente para juzgar o apreciar lo que pudo percibir, y, por tanto, su deposición tendrá escasa eficacia probatoria. Porque, como expusimos al tratar el objeto del testimonio, es imposible separar el hecho percibido del juicio o apreciación subjetiva del testigo; las contradicciones entre las circunstancias en que pudo ocurrir el hecho y éste, entre la manera como pudo el testigo conocerlo y sus afirmaciones, o entre los varios hechos narrados y los detalles importantes de un mismo hecho, se deben a defectos de la percepción o del juicio que sobre esta se haya formado el testigo o de su memoria. Unos y otros afectan la eficacia probatoria del testimonio en el grado que el Juez determine, de acuerdo con la sana crítica a que debe someterlo. Corresponde al juez apreciar libremente si existen contradicciones y su gravedad, para concluir si es el caso de negarle totalmente eficacia o de reconocérsela limitadamente(27)”.
En nuestro ordenamiento jurídico es verdad aceptada, que conforme al artículo 97 de la ley 1123 de 2007, la prueba para sancionar debe llevarnos a la certeza, sin que se admita asomo de duda, sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del disciplinable.
Así las cosas, en este proceso aflora duda probatoria, puesto que del acervo recaudado no se puede concluir con certeza que la abogada Haydee Forero Jiménez, sea responsable de los hechos que se le imputan, siendo imperioso dar aplicación a la presunción de inocencia en favor de la disciplinada, tal como lo prevé el artículo 8 del estatuto de los abogados y artículo 29 de la Constitución Política, imponiéndose la revocatoria de la sentencia apelada.
1. REVOCAR la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2015, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, sancionó disciplinariamente a la abogada Haydee Forero Jiménez, con suspensión de doce (12) meses en el ejercicio de la profesión, como responsable de la falta descrita en el numeral 3 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.
2. ABSOLVER a la abogada Haydee Forero Jiménez del cargo formulado en este proceso, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
(22) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de marzo de 2007, radicado 26129.
(23) L. 1123/2007, art. 96. Apreciación integral: las pruebas deberán apreciarse conjuntamente de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y valorarse razonadamente.
(24) cd 2 c. o. audiencia del 19 de marzo de 2015.
(25) cd 2 c. o. audiencia junio 2 de 2015.
(26) Corte Constitucional, Sentencia T- 097 de 1994. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(27) Hernando Devis Echandia, Teoría General de la prueba judicial, tomo 2, 1.976, página 90, 120, 121, 128 y 129.