Source: https://psicolog.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-v11.html?page=15
Timestamp: 2019-08-19 20:57:22
Document Index: 40341061

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 22', 'artículo 19', 'artículo 35', 'artículo 19', 'artículo 22']

Corte interamericana de derechos humanos - Página 15
CONDICIONES DE DESPLAZAMIENTO Y RETORNO de MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES DEL CACARICA CON POSTERIORIDAD A LOS HECHOS DE FEBRERO DE 1997
(Artículos 5.1, 22, 17, 19, 1.1 y 2 de la Convención)
Derecho de Circulación y de residencia (artículo 22 de la Convención Americana)
La Comisión señaló que las “circunstancias del presente caso y la especial y compleja situación de riesgo de violación de derechos humanos que afecta a los desplazados, incluyen pero trascienden el contenido de la protección debida por los Estados en el marco del artículo 22 de la Convención”, por lo que consideró al Estado responsable por la violación al mencionado artículo de la Convención en perjuicio de los miembros de las comunidades desplazadas del Cacarica y de las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo.
La Comisión señaló, en particular, que “los afrodescendientes desplazados sufrieron una serie de consecuencias que causaron un impacto desproporcionado en las mujeres y los niños [y niñas] como por ejemplo la desintegración familiar, su cambio de vida en los asentamientos en condiciones de hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos, alimentación, y servicios adecuados de salud, así como el subsecuente aumento de las enfermedades y los cuadros de desnutrición, entre otros”. Además, agregó que “bajo estos parámetros y en atención a la complejidad del fenómeno de desplazamiento forzado interno”, los hechos descritos comprometen la responsabilidad del Estado por afectación del derecho de circulación y de residencia, a la integridad personal, a la protección de la familia, a los derechos de las niñas y niños, a la propiedad y a la garantía de respetar los derechos sin discriminación, que se vieron afectados por el desplazamiento forzado y por sus consecuencias. La Comisión destacó que el Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por el desplazamiento forzado en dos niveles distintos pero relacionados: en primer lugar, por su rol activo en originar el desplazamiento y, en segundo lugar, por la falta de respuesta adecuada y efectiva con posterioridad al desplazamiento.
Los representantes sostuvieron que “el Estado vulneró de manera grave el derecho a la circulación en perjuicio de las víctimas del presente caso”, por “tres elementos fundamentales para establecer [esa] responsabilidad”: a) “la limitación absoluta del derecho de circulación de los miembros de las comunidades en los días en que los paramilitares y militares realizaron la incursión en la [c]uenca del Cacarica”; b) “el desplazamiento forzado masivo de las comunidades del Cacarica originado por el propio Estado a través de la acción de los militares y la estrategia paramilitar y orientado por este mismo hacia Turbo”, y c) el hecho que el “Estado no ha adoptado las medidas tendientes a garantizar el retorno integral de las comunidades a sus territorios, y a su vida en familia y en comunidad”.
El Estado observó que no es responsable por la presunta vulneración al derecho a la libre circulación y residencia de los habitantes de la cuenca del Cacarica. Sostuvo en particular que en “el presente proceso no se ha probado con suficiencia que la movilización de la población de las comunidades que habitan en la Cuenca […] fue causada por una acción u omisión imputable a agentes del Estado” y agregó que el Estado llevó a cabo “las acciones necesarias para brindar asistencia humanitaria de emergencia, así como asegurar el retorno y la permanencia de los sujetos afectados”. En tal sentido señaló que “el desplazamiento fue una situación de facto no generada por la fuerza pública” y mencionó que el Estado realizó un “conjunto de acciones a favor de los desplazados”557. Sostuvo el Estado que había implementado políticas públicas “en atención a las características propias y al entorno de la población desplazada, de tal manera que cada grupo poblacional [(] mujeres, niños y niñas, discapacitados, indígenas y afrocolombianos [)] es atendido de acuerdo a sus necesidades, garantizando así una política pública con enfoque diferencial”.
Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno (artículo 2 de la Convención Americana)
La Comisión señaló que la responsabilidad del Estado no reside únicamente en el hecho que el mismo tuvo un “importante rol desde su origen”, sino que “continuó configurándose ante el incumplimiento de las obligaciones mínimas” frente a la población desplazada. Señaló dos obligaciones de “especial relevancia”: la obligación de prestar y facilitar la asistencia humanitaria, y la de facilitar el retorno de las personas desplazadas”. Sobre éste punto señaló con respecto a la diferencia existente entre la asistencia humanitaria y la reparación a las víctimas de desplazamiento forzado que “la asistencia humanitaria es parte del deber general del Estado frente a cualquier habitante con tales necesidades, mientras que la otra implica una obligación bajo el derecho internacional de reparar las consecuencias de una conducta inconvencional y así restituir en la medida posible los derechos de las víctimas”. Los representantes coincidieron con la Comisión en cuanto a la ausencia de toma de medidas adecuadas a nivel interno para garantizar los derechos y libertades establecidos en la Convención.
El Estado señaló por su parte que había adoptado “una serie de medidas a nivel legislativo, administrativo y judicial, incluyendo múltiples leyes, decretos, documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), resoluciones y directivas presidenciales […]” en virtud de lo cual se ha dispuesto “toda una estructura institucional” para atender a la población desplazada y de esa manera garantizar sus derechos, antes, durante y después del desplazamiento.
La Comisión señaló que “el traslado de los desplazados desde sus lugares de origen a los tres puntos de refugio, las condiciones de vida de los desplazados en los lugares de refugio y los actos de hostigamiento, amenaza y violencia durante el período de desplazamiento” constituyeron una afectación al derecho la integridad personal. Además, la Comisión soslayó que el Estado “no adoptó medidas necesarias para prevenir la afectación del derecho a la integridad personal de los miembros de la cuenca del Cacarica ante el inminente desplazamiento” y, producido éste, el Estado “no estableció las condiciones que permitieran a todos los desplazados retornar en condiciones de seguridad”. Consideró que si bien el Estado había “dirigido ciertos esfuerzos para tratar de dar soluciones a los desplazados”, las medidas adoptadas por el Estado “no fueron suficientes ni adecuadas para revertir el estado de vulnerabilidad de los desplazados”, por lo que consideró que el Estado es responsable por la violación del artículo 22 de la Convención con relación a sus artículos 5 y 1.1, en perjuicio de los miembros de las comunidades desplazadas del Cacarica asociadas en CAVIDA y las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo.
Los representantes alegaron que “las condiciones a las que las víctimas del presente caso fueron sometidos durante cerca de 4 años de desplazamiento constituyen un trato inhumano y por tanto [una] vulneración al derecho a la integridad personal de hombres, mujeres, niñ[a]s y niñ[o]s que estuvieron en lugares de refugio soportando situaciones de precariedad”, por ello consideraron que el Estado colombiano violó el “derecho a la integridad psíquica y moral de los y las pobladores del Cacarica y a su vez, la obligación de protegerlos”. Argumentaron también que el Estado, “al ser garante de los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción, también debe hacerse responsable del derecho a la integridad personal de las personas que entran bajo su custodia”, por lo que, si al ocurrir tales hechos las autoridades no investigan seriamente los hechos y no procesan a los responsables, se imputa a éste la responsabilidad internacional por tales hechos” de conformidad a los artículos 1 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
El Estado observó que no es responsable internacionalmente por la violación del derecho a la integridad personal de los pobladores de la cuenca del río Cacarica porque “no hubo una relación de causalidad entre las acciones desplegadas por los agentes estatales en la Operación Génesis […] y el desplazamiento de las comunidades habitantes de la cuenca del Cacarica”. Asimismo sostuvo que no “existió una omisión de sus agentes que resulte imputable al Estado” ni tampoco una “ausencia de previsión razonable frente a la acción de terceros”. Agregó que el Estado actuó en forma “legítima y ajustada a derecho y las operaciones militares y policiales contra los grupos armados ilegales, si se realizan bajo esas condiciones, no pueden significar responsabilidad internacional para el Estado”, refirió que el desplazamiento “además sería voluntario y no forzado, de manera que no habría hecho ilícito que pudiese dar origen a la responsabilidad internacional del Estado”.
Derecho a la protección de la familia y a no ser objeto de injerencias arbitrarias a la vida familiar (artículos 17.1 y 11.2 de la Convención Americana)
La Comisión alegó que, a raíz del desplazamiento forzado, las familias de las comunidades del Cacarica tuvieron que abandonar sus hogares y “asentarse en calidad de desplazados durante cuatro años en condiciones humanitarias graves”. Arguyó que “durante el traslado perdieron sus familiares y debido a que se trasladaron a tres asentamientos distintos (Turbo, Bocas de Atrato y Bahía Cupica), algunas familias se desintegraron y estuvieron separadas durante cuatro años”. Asimismo, indicó que por las condiciones en que vivieron en los asentamientos, “los desplazados estuvieron privados de realizar el tipo de vida familiar” que desarrollaban según las costumbres tradicionales, por lo que observó que el Estado “no adoptó mediadas a fin de llevar a cabo un pronto proceso de retorno”, lo que se dio “luego de transcurridos cuatro años”, ante lo cual afirmó que el Estado es responsable por violación del artículo 22 de la Convención, en relación con sus artículos 11.2, 17.1 y 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de las comunidades desplazadas del Cacarica asociadas den CAVIDA y las familias que habitan en Turbo; y es responsable por violación del artículo 22 de la Convención, en relación con sus artículos 11.2, 17.1, 19 y 1.1, en perjuicio de los niños y niñas que integran dicha comunidad.
Los representantes agregaron que “las obligaciones del Estado para proteger a la familia se deben concretar en la adopción de medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra índole que propendan al fortalecimiento de las familias, o el respeto de las diferentes tipos de familia y por tanto de las diversas culturas en condiciones de igualdad y no discriminación entre sus miembros”. Del mismo modo, indicaron que “los crímenes afectaron de forma directa a los grupos familiares, el desplazamiento forzado desintegró familias que se mantuvieron alejadas incluso durante años, además de las familias que perdieron sus seres queridos, las mujeres que a causa de esto tuvieron que asumir el rol de jefatura del hogar, así como los niños y niñas que perdieron a sus padres y debieron reacomodar sus estructuras familiares a causa de estos hechos”.
En este orden de ideas, los representantes alegaron que las afectaciones al derecho a la familia se configuraron “por el hecho del desplazamiento, que rompió los lazos de la comunidad y su forma de relacionarse y para este efecto, debe considerarse la familia entendida de forma extensa de acuerdo a las costumbres del grupo afrodescendiente vulnerado, ya que no puede perderse de vista la afectación a la identidad cultural expresada en la p[é]rdida de tradiciones y prácticas al interior de las comunidades, derivada de la ruptura de las estructuras familiares y la imposibilidad de desarrollarse en su territorio ancestral”. Por ello solicitaron que se “declare al Estado responsable por la violación del artículo 17 de la [Convención], en perjuicio de las 531 personas de las comunidades desplazadas, asociadas para su regreso en [c]omunidades [CAVIDA], de las mujeres desplazadas que habitan la ciudad de Turbo e intermitentemente entre esta y otros municipios de Colombia”.
El Estado alegó que respetó y garantizó el derecho a la protección de la familia conforme al artículo 17 de la CADH, y que “apoyó la fase de reintegración familiar de la comunidad desplazada. Sostuvo en tal sentido que el Estado a) “prestó ayuda humanitaria de emergencia a la población desplazada”; b) “fueron adoptadas medidas para el retorno y la reparación”, y c) “entre ellas algunas estuvieron directamente dirigidas a la protección de la familia y su reunificación y a atender los derechos de alimentación, salud y educación de los niños”558.
Derechos de los niños y niñas (artículo 19 de la Convención Americana)
La Comisión afirmó que los niñas y niños de las comunidades desplazadas “sufrieron la violencia de las operaciones armadas que conllevaron a su desplazamiento, así como las consecuencias del propio desplazamiento; entre ellas el impacto en sus condiciones de vida” y consideró responsable internacionalmente al Estado por la violación a los derechos de niños y niñas por falta de protección a la familia. Señaló también la Comisión que el Estado “no adoptó las medidas para prevenir el desplazamiento de estos niños y niñas, tampoco adoptó medidas especiales y diferenciadas para su protección y de atención a sus necesidades especiales durante el desplazamiento, dada su condición de mayor vulnerabilidad y el impacto diferenciado que el desplazamiento forzado causa en ellos”, por lo que concluyó en la responsabilidad del Estado por violación del artículo 22 de la Convención, en relación con su artículo 19, en perjuicio de los niñas y niños desplazados miembros de las comunidades del Cacarica asociadas en CAVIDA e hijos de las mujeres que habitan en Turbo.
Los representantes señalaron que el derecho a la igualdad de los niños y las niñas se ha visto vulnerado en el presente caso toda vez que: a) no desarrolló las acciones positivas que le correspondían en relación con este grupo de afrodescendientes tradicionalmente discriminado y por su condición de niños y niñas; b) durante el desplazamiento los niñas y niños estuvieron sometidos a riesgos excepcionales que impidieron su desarrollo e inclusión en su entorno social tradicional, privándolos de su cultura y costumbres de su etnia y en condiciones indignas en las que no era posible ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población, y c) mientras estuvieron alejados de sus territorios ancestrales no pudieron ejercer sus derechos a la educación, la salud y demás enfrentando así “situaciones excepcionales de discriminación tales como el rechazo por sus pares”. Solicitaron que se declare al Estado responsable por la violación de los artículos 4, 5, 11, 17, 19, 21, 22 y 24 de la Convención, en perjuicio de los niños y niñas pertenecientes a las comunidades desplazas del río Cacarica.
El Estado observó que no vulneró los derechos de las niñas y niños en tanto que: a) “no existe nexo causal entre el desplazamiento y la Operación Génesis”; b) “las presuntas víctimas no se encuentran determinadas e individualizadas de conformidad a lo establecido en el artículo 35 del reglamento de la Corte”, y c) “ocurrido el desplazamiento, el Estado adelantó gestiones para garantizar los derechos de los niños”. Así, señaló que el Estado de Colombia no es responsable por la vulneración del derecho contenido en el artículo 19 de la Convención y consideró que en cumplimiento del deber de respetar y garantizar los derechos de la niñez “adoptó medidas dirigidas al desarrollo comunitario en beneficio de la comunidad, en especial de los y las niñas”559.
Derecho a la no discriminación y el derecho a la protección de la honra y la dignidad (artículos 24 y 11.1 de la Convención Amercana)
La Comisión observó que el Estado “no cumplió con sus obligaciones internacionales de protección a favor de un grupo de alto riesgo de violación de derechos humanos y que está sujeto a especial protección”. Señaló asimismo que esta falta de protección “además de ser discriminatoria, constituye un incumplimiento del deber estatal de proteger y respetar la integridad socio cultural de las comunidades afrodescendientes”. Destacó a su vez que “la falta de atención diferenciada para los desplazados por su condición de mayor vulnerabilidad constituye también una falta a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado”.
Manifestó además la Comisión que en el presente caso el grupo de víctimas está compuesto por afrodescendientes desplazados víctimas del conflicto armado, de los cuales más de un centenar son niños y niñas, otro número significativo son mujeres, y un grupo de ellas son “madres cabeza de familia”560, y refirió que a este grupo se aplica la noción de “interseccionalidad” por las “múltiples formas de discriminación, entre las cuales están “su condición de desplazados, su género, etnicidad y su condición de niñez”.
La Comisión indicó que la vida de las mujeres se ha visto gravemente afectada con el desplazamiento, pues “han tenido que asumir la responsabilidad del sostenimiento económico de sus familias, aprender a conocer y desempeñarse en el mundo de lo público cuando tienen que acudir a las diversas agencias estatales y privadas para gestionar la asistencia humanitaria consignada en la legislación referida al desplazamiento forzado interno, a participar en diversas organizaciones para reclamar sus derechos y a manejar referentes espacio-culturales diferentes y complejos con relación a aquellos de su lugar de origen”.
Consecuentemente la Comisión concluyó que el Estado es responsable internacionalmente por no haber cumplido con su deber de garantizar y respetar los derechos sin discriminación y el derecho a la igualdad de protección ante la ley en razón de las afectaciones ocasionadas por la operación Génesis, las incursiones paramilitares y el subsecuente desplazamiento forzado padecido por las comunidades afrodescendientes del Cacarica asociadas en CAVIDA y por las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo, conforme al artículo 22 en relación con los artículos 1 (1) y 24 de la Convención Americana
Los representantes señalaron que “la calidad de las víctimas y su especial cosmovisión, que se expresa en sus usos y costumbres, evidencia la necesidad de que el análisis jurídico del presente caso se enmarque en una perspectiva diferencial que la reconozca”. Para los representantes la discriminación se manifiesta, primero, con el incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos en igualdad de condiciones, pues la comunidad estaba en situación de vulnerabilidad y discriminación por el abandono y la falta de acción del Estado, y segundo, con las medidas estatales tomadas que los pusieron en situaciones indignas y de discriminación en las que no se tuvieron en cuenta sus costumbres culturales.
Adicionalmente los representantes sostuvieron que en Colombia “la discriminación racial alcanza niveles preocupantes”. Señalaron que se identifica a las personas afrodescendientes con la palabra “negro” o “negra” que se usan “peyorativamente” o de una “manera despectiva”. Manifestaron asimismo que en tal contexto “los miembros de las comunidades fueron tildados de guerrilleros, con el fin de justificar la violencia ejercida en su contra y el desplazamiento del que fueron víctima, y generando una culpabilización y criminalización de la conciencia colectiva”. Además indicaron que se les generó “una afectación a la honra y a la reputación, ya que ser calificado como guerrillero en […] [Colombia], no solo convierte a las personas en objetivos militares, sino que también distorsiona la imagen que la persona tienen ante el Estado y la Comunidad en general” en contravención con los artículos 11.1 y 11.2 de la Convención Americana.
Finalmente los representantes afirmaron que “cuando los paramilitares cortaron la cabeza de Marino López y la llevaron a manera de trofeo a un patio amplio de la población, donde exclaman delante de la gente ’mírenlo, tiene la cara como un mono, el hp’, lastimaron la honra y la reputación no sólo de Marino López y su familia, sino también la de todas/os los/as integrantes de las comunidades afrodescendientes”.
El Estado consideró que no es responsable por la “presunta violación al derecho a la igualdad” y señaló que en “el presente proceso se ha probado con suficiencia que la atención humanitaria de emergencia a los desplazados y las acciones para asegurar el retorno y la permanencia de los sujetos afectados se realizó sin ningún tipo de discriminación negativa en razón de la raza o cualquier otra condición de la población afectada”.