Source: http://abogadoportuario.com/actualidad/
Timestamp: 2018-02-25 07:18:36
Document Index: 23420346

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 263', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 288', 'in fine', 'artículo 4', 'artículo 1964', 'artículo 951']

‘Ganar-ganar’ es posible
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En vigor el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014. Esta regulación liberaliza el establecimiento y modifica la Ley de Puertos del Estado.
DESDE 18.01.17 YA ES DE APLICACIÓN LA ORDEN EUROPEA DE RETENCIÓN DE CUENTAS BANCARIAS (Reglamento (UE) nº 655/2014 del Parlamento Europeo). El objetivo del Reglamento es el establecimiento de un procedimiento que consista en una medida cautelar (o ya directamente ejecutiva) que permita al acreedor obtener una orden de retención de cuentas.
En vigor desde el 25 de octubre de 2016 la Orden FOM/1684/2016, de 20 de octubre, por la que se aprueba la modificación sustancial de la delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto de Barcelona. Básicamente se modifica la asignación de usos en Nueva Bocana y Moll de Llevant, se incorporan terrenos a la zona de servicio del Puerto en el antiguo y actual cauce del río Llobregat, se aprueban desafectaciones y exclusiones de la zona de servicio en Paseo Joan Borbó, Paseo Josep Carner y calle Escar y se modifica la delimitación de la zona de aguas.
En vigor desde el 23 de marzo de 2016 la Orden FOM/372/2016, de 9 de marzo, por la que se aprueba la modificación sustancial de la delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto de Melilla. Básicamente se incorpora el espacio de agua que conforma la nueva Zona II de aguas del puerto de Melilla y se desafecta del dominio público portuario estatal las zonas de baño de las playas de la Hípica, del Hipódromo y de los Cárabos.
Nueva legislación social de las personas trabajadoras del sector marítimo y pesquero. La Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero entra en vigor el día 1 de noviembre de 2015. Da cobertura social al personal embarcado a bordo de buques (de marina mercante, pesca marítima, de tráfico interior de puertos y deportivas y de recreo), a buzos y estibadores, entre otros colectivos.
En vigor desde el 10 de mayo 2015, el Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo, sobre cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, de la Organización Internacional del Trabajo, en buques españoles. El procedimiento coordinado de inspección y control de los requisitos que han de cumplir los buques civiles españoles se hará conjuntamente entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina (que dependen del Ministerio de Empleo y Seguridad Social) y la Dirección General de la Marina Mercante (a través de las Capitanías Marítimas).
Modificación a las tasas judiciales desde el 1 marzo 2015. Las personas físicas están exentas del pago de tasas judiciales, al igual que las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, desde la promulgación del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, por el que se modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia modifica la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. Esta nueva modificación está asociada a la creciente pérdida de competitividad de los puertos españoles en el escenario internacional por sus altos costes y a la posibilidad de pérdida de importantes inversiones por dicha razón. Modifica los arts. 72, 82, 114 y disposición transitoria 2 y añade el art. 159 bis y la disposición transitoria 10 a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, ( Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre). Entre otras cuestiones, contempla la posibilidad de ampliar el plazo de concesiones ya existentes siempre que el concesionario se comprometa a llevar a cabo, al menos una de las siguientes actuaciones: una inversión adicional relevante; una contribución a la financiación de infraestructuras de conexión terrestre de los puertos; y, por último, una reducción de las tarifas máximas que pudieran serle aplicables. Se amplían también los supuestos de prórroga extraordinaria, añadiendo al de la inversión adicional ya existente, la posibilidad de financiación de los accesos terrestres a los puertos, la adaptación de la red general ferroviaria de uso común o la mejora de las redes generales de transporte para favorecer la intermodalidad y el transporte ferroviario de mercancía, con el objeto de mejorar la posición competitiva de los puertos.
En vigor desde el 12 de octubre de 2014 el nuevo Reglamento de la Ley de Costas, Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. Queda derogado el Reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre. Este Reglamento General de Costas desarrolla con detalle el régimen de la prórroga extraordinaria de las concesiones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, fijando, en el caso de las concesiones ordinarias, el plazo máximo de duración de la prórroga en función de los usos, que en ningún caso podrá exceder de los setenta y cinco años.
El próximo 25 de septiembre 2014 entra en vigor en España la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. Con la entrada en vigor de esta ley quedará derogada la actual normativa marítima, entre otras. los artículos 2131 a 2161 y 2168 a 2174 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, el Libro III y los artículos 19.3, 951 a 954 del Código de Comercio, la Ley de 22 de diciembre de 1949, sobre unificación de reglas para los conocimientos de embarque en los buques mercantes, la Ley de Hipoteca Naval de 1893, la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, sobre auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimas, excepto las disposiciones del título II, que continuarán en vigor en calidad de normas reglamentarias, los artículos 261 y 262, y la letra f) del artículo 263 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
Nueva modificación de la legislación portuaria estatal. La reciente reforma en la legislación portuaria estatal permite, desde el 5 de julio de 2014, incrementar el plazo de las concesiones demaniales portuarias de 35 a 50 años, y levanta la prohibición de destinar a uso hotelero, albergue u hospedaje infraestructuras en desuso distintas de los faros, situadas dentro del dominio público portuario sujetas a protección siempre que formen parte del patrimonio histórico, entre otras medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, BOE 05.07.2014.
Nueva ley de puertos en la Comunitat Valenciana. Nueva legislación portuaria en la Comunitat Valencia con la publicación de la Ley 2/2014, de 13 de junio, de Puertos de la Generalitat. Regula de forma novedosa las tasas portuarias y el abandono de embarcaciones, vehículos, elementos y mercancías en puerto.
El buque “SV NIKOLAY” a subasta pública en el puerto de Cádiz por 796.886 euros sin IVA.
La Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz subasta el buque carguero “SV NIKOLAY” el próximo 18 de julio 2014. La fecha límite para presentar posturas es el 14 de julio 2014, 14:00 hrs., adjuntando la documentación y el aval de 159.377,20 euros según requisitos del Pliego de la subasta.
Nueva regulación sobre la representación aduanera. En vigor el Real Decreto 285/2014, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero y el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, publicado en el BOE núm. 117 de 14 de Mayo de 2014. Serán representantes aduaneros, pudiendo actuar en nombre y por cuenta ajena o en nombre propio y por cuenta ajena las personas físicas o jurídicas que reúnan los siguientes requisitos: a) Estar establecidas, según la legislación aduanera de la Unión Europea, en España o en el territorio de cualquier otro Estado miembro de aquélla o, en los supuestos que se prevean en la citada legislación, en terceros países; b) Acreditar la capacitación necesaria para el desarrollo de la actividad de representante aduanero; c) Estar inscrito en el Registro de Representantes Aduaneros del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Puertos españoles designados para emergencia de salud pública. Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se publica (BOE 22.04.2014) el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de marzo de 2014, por el que se establecen los puertos y aeropuertos españoles designados como “puntos de entrada con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional”, según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005). Los puertos designados son los de Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia y Vigo.
Publicada la DIRECTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de concesión en el DOUE de 28.03.14. Entra en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y no se aplicará a la adjudicación de concesiones ofrecidas o adjudicadas antes del 17 de abril de 2014. Se aplicará a las concesiones de un valor igual o superior a 5 186 000 EUR y para la ejecución de las obras en instalaciones portuarias y puertos deportivos, así como la instalación de sistemas de iluminación y señalización de puertos. No se considerarán concesiones a efectos de la presente Directiva determinados acuerdos cuyo objeto es el derecho de un operador económico a explotar determinados parajes o recursos de carácter público, con arreglo al Derecho privado o público, como es el caso de terrenos o cualquier propiedad pública en el sector de los puertos marítimos e interiores.
Publicada la DIRECTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE en el DOUE de 28.03.14. Entra en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se aplicará a las actividades de explotación de una zona geográfica determinada con el fin de poner puertos marítimos o interiores u otras terminales de transporte a disposición de los transportistas marítimos. Se aplicará a los contratos de obra cuyo objeto sea la ejecución de obras relativas a instalaciones portuarias y puertos deportivos y la instalación de sistemas de iluminación y señalización de puertos. En la presente Directiva se establecen las normas aplicables a los procedimientos de contratación por parte de las entidades adjudicadoras, con respecto a contratos y concursos de proyectos cuyo valor estimado sea igual o superior a los umbrales fijados en el artículo 15 (se aplicará a las contrataciones cuyo valor estimado, excluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA), sea igual o superior a los siguientes umbrales: a) 414 000 EUR en los contratos de suministro y de servicios, así como en los concursos de proyectos; b) 5 186 000 EUR en los contratos de obras; c) 1 000 000 EUR en los contratos de servicios para servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo XVII.).
Publicada la DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE en el DOUE de 28.03.14. Entra en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se aplicará a la construcción de instalaciones portuarias y puertos deportivos y a la a instalación de sistemas de iluminación y señalización de puertos. En la presente Directiva se establecen las normas aplicables a los procedimientos de contratación de obras, suministros o servicios, con independencia de que estén o no destinados a un fin público, por poderes adjudicadores con respecto a contratos públicos y a concursos de proyectos, cuyo valor estimado sea igual o superior a los umbrales establecidos en el artículo 4 (se aplicará a las contrataciones cuyo valor estimado, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) excluido, sea igual o superior a los siguientes umbrales: a)	5 186 000 EUR, en los contratos públicos de obras; b) 134 000 EUR, en los contratos públicos de suministro y de servicios adjudicados por autoridades, órganos y organismos estatales; d) 750 000 EUR, en los contratos públicos de servicios para servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo XIV). Su articulado limita mucho el uso del procedimiento negociado sin publicación previa
El buque “ISABEL DEL MAR” a subasta pública en el puerto de Barcelona por 1.601.820 euros sin IVA.
La Autoridad Portuaria de Barcelona subasta el buque ro-ro “ISABEL DEL MAR” el próximo 27 de marzo 2014. La fecha límite para presentar posturas es el 24 de marzo 2014, 13:00 hrs., adjuntando la documentación y el aval de 400.455 euros que detalle el anuncio publicado en el BOE de fecha 13 de febrero 2014.
Aumentan las tasas de SASEMAR
El Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y de transportes, y otras medidas económicas, introduce varias reformas en la ley de puertos del Estado, en la ley de seguridad aérea y en la ley ferroviaria, entre otras. Lo más destacable es que con esta ley se incrementa en un 128% la tasa de ayudas a la navegación, puesto que los usuarios que reciben el servicio de ayudas a la navegación prestado por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) soportarán los costes del mismo, en lugar de los Presupuestos Generales del Estado. También, las funciones de autoridad responsable de la seguridad ferroviaria serán realizadas por los órganos directivos competentes del Ministerio de Fomento. Con esta ley
Identificación de matrículas en la entrada / salida del Puerto de Barcelona
El puerto de Barcelona dispondrá de un sistema electrónico de identificación
automática de matrículas desde el 30 de enero 2014, a raíz del acuerdo suscrito entre la Autoridad Portuaria de Barcelona y la Guardia Civil de Cataluña. El acuerdo firmado tiene, en principio, su origen en lo dispuesto	por	el	Real Decreto 1617/2007, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para la mejora de los puertos y del transporte marítimo.
Creación del Registro de Empresas prestadoras de Servicios Portuarios
El BOE publica la Orden FOM/36/2014, de 10 de enero, por la que se determinan los datos que se deben incluir en el Registro General de empresas prestadoras de servicios portuarios de Puertos del Estado y en los Registros de empresas prestadoras de servicios portuarios de las Autoridades Portuarias y se regula el procedimiento para su inscripción.
El BOE de fecha 3 de diciembre 2013 publica el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal, que estará en vigor a partir del 15 de febrero de 2014. La puesta en marcha y el mantenimiento del Registro Público Concursal corresponde al Ministerio de Justicia, que encomienda su gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. En lo que se refiere al funcionamiento del Registro Público Concursal, son los Juzgados, los Registradores Mercantiles, los Notarios y los registros públicos los que proporcionan la información de los distintos concursos y expedientes de acuerdo extrajudicial que se ha de incorporar al Registro. La publicidad se obtendrá a través de Internet, lo que facilitará la accesibilidad a la información concursal.
Nuevo Código Aduanero de la Unión Europea.
El Diario Oficial de la UE del 10 de octubre 2013 ha publicado el Reglamento nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013, por el que se aprueba el Código Aduanero de la Unión. Aunque este nuevo Código entra en vigor el 30 de octubre de 2013, no será de aplicación hasta el 1 de junio de 2016. Mientras tanto seguirá rigiendo el Código Aduanero Comunitario de1992, a excepción de las reglas de aplicación, según señala su artículo 288.
En vigor las nuevas normas de contratación para las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado de 23.09.2013.
Estas normas modifican la Orden FOM/4003/2008, con el objeto de adaptarla a las exigencias derivadas de las Directivas comunitarias en materia de contratación pública, y están orientadas a garantizar la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como que el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa. El régimen de recursos se modifica sustancialmente permitiendo que los licitadores puedan interponer recurso contra las infracciones legales que se produzcan durante la tramitación de los procedimientos de selección, y se revisan los criterios de selección de la oferta económica más ventajosa.
Limitación de responsabilidad limitada a 1.200 € en el transporte de viajeros por carretera.
El 25 julio 2013 entra en vigor la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. En el transporte de viajeros por carretera, la responsabilidad de los transportistas por los daños o pérdidas que sufran los equipajes como consecuencia de accidentes, salvo que expresamente se pacten unas cuantías o condiciones más favorables para el viajero, estará limitada a 1.200 euros por pieza de equipaje, en el caso de transportes incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004. En cualquier otro supuesto, la responsabilidad por los daños o pérdidas que sufran los equipajes estará limitada, salvo que expresamente se pacten unas cuantías o condiciones más favorables para el viajero, a 450 euros por pieza.
Nuevo documento de control del transporte de mercancías por carretera.
La Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, por la que se regula el documento de control administrativo exigible para la realización de transporte público de mercancías por carretera en España entra en vigor el próximo viernes 12 julio 2013. En los transportes documentados con un CMR, ADR, albarán o carta de porte éstas servirán como documento de control siempre que contengan los datos necesarios del documento (cargador, transportista, origen, destino, naturaleza y peso mercancía, fecha del transporte y matrícula de vehículo (inclusive cabeza tractora y remolque). La falta de cumplimiento puede conllevar la correspondiente sanción administrativa.
Modificación de la Ley de Costas y de la Ley de Puertos del Estado.
La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, entra en vigor el día 30 de mayo de 2013 tras su publicación en el BOE de fecha 29.05.2013.
Esta ley modifica ciertos artículos del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante relativos a bonificaciones a los clubs náuticos y deportivos sin fines lucrativos, y a los sujetos pasivos de la tasa de la mercancía, así como modifica la Ley de Costas. Introduce también importantes cambios que afectan al régimen concesional y da respuesta a la extinción de las concesiones que comenzarían a expirar en 2018, así como aumenta el plazo máximo de duración de las autorizaciones. Se prevén legalmente las consecuencias que se producen en los supuestos de revisión de deslindes por alteración del dominio público marítimo-terrestre y se garantiza la constancia registral del proceso administrativo de deslinde. La ley excluye determinados terrenos de núcleos de población del dominio público marítimo-terrestre.
MV “ARHON abandonado en el puerto de Málaga.
La Autoridad Portuaria de Málaga ha iniciado el procedimiento de abandono del buque “ARHON” de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. El anuncio está publicado en el BOE de fecha 4 de mayo 2013.
Registro de Representantes Aduaneros.
El 1 de marzo de 2013 se publicó en el BOE la Orden HAP/308/2013, de 26 de febrero, por la que se crea y se regula el Registro de Representantes Aduaneros. La inscripción en este registro permite ejercer la actividad de presentación de declaraciones en aduanas en representación de terceros y facilitar la gestión administrativa de los procedimientos aduaneros mediante representante de Aduanas. Las personas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula la figura del representante aduanero, pueden realizar la correspondiente solicitud de inscripción a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria-Aduanas (AEAT).
Asociación Profesional de Empleados Fuera de Convenio de la Autoridad Portuaria (APEFCAP).
Huérfanos de un interés asociativo que defienda sus derechos, este despacho cree necesario la creación de una Asociación Profesional de Empleados de Fuera de Convenio de la Autoridad Portuaria de Barcelona (mayoritariamente, Titulados Superiores excluidos del Convenio Colectivo de Trabajo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado), como algo diferenciado a un sindicato y a una organización empresarial. Estaría formada por trabajadoras/es que se unen de forma voluntaria y solidaria para defender intereses comunes (transparencia, promoción, salario, condiciones de la contratación, retribuciones variables, funciones, competencias, movilidad, ceses, indemnizaciones, asesoramiento, negociación, representación judicial, etc.), sin que ello significara “traicionar” la confianza en ellos depositada sino ser leales con la legislación vigente y el principio de igualdad constitucional, y podría ampliarse a otros puertos estatales. Para que una asociación adquiera personalidad jurídica y capacidad de obrar debe existir un acuerdo previo de, al menos, tres personas físicas (o jurídicas) en el que se formalice el acta fundacional y se configuren los Estatutos que regirán la evolución de la misma. Desde esta página queremos ofrecerles a estos empleados públicos los mecanismos de defensa y reclamación de sus intereses como colectivo, frente a cualquier injerencia que pueda sobrevenirle, o frente a la falta de información retributiva y contractual. Para cumplir este objetivo pueden contar con nuestro asesoramiento. No en vano, la ley que regula el derecho de asociación, establece que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán y facilitarán el desarrollo de las asociaciones que persigan finalidades de interés general (o colectivo), y ofrecerán la colaboración necesaria a las personas que pretendan emprender cualquier proyecto asociativo.
Miércoles 21 de noviembre se ha publicado en el BOE la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas estatales en el ámbito de la Administración de Justicia. Demandar en las jurisdicciones civil, contencioso-administrativo y social a partir del 22 noviembre 2012 significará pagar tasas judiciales estatales de un mínimo de 150 euros, 200 euros, 300 euros, 800 euros o 1.200 euros, dependiendo del tipo de juicio o de recurso. Además de las de la correspondiente comunidad autónoma, en su caso. Nuestro más firme rechazo. Enlace a la ley: www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14301.pdf
Con la aprobación del Texto Refundido de la Ley de Puertos (Real Decreto-Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre), finalizaba el proceso de modificación de la legislación portuaria, y se dotaba al sistema portuario de un solo texto legal que armoniza las legislaciones anteriores en vigor (Ley 33/2010, de 5 de agosto; Ley 48/2003, de 26 de noviembre; Ley 27/1992, de 24 de noviembre), facilitando al sector un instrumento de trabajo que ofrece mayores garantías y trasparencia para el usuario de puertos. Ahora, con el reciente Dictamen Motivado de la Comisión Europea de 27 de septiembre 2012, se invita al Reino de España a adoptar, en el plazo de dos meses, las medidas necesarias para hacer compatible la legislación española relativa a la organización de los servicios de manipulación de mercancías y la contratación de personal estibador con las normas de la Unión Europa, lo que es de suponer desembocará en una nueva reforma legal.
Buques abandonados y desguaces
Asesoramiento para el abandono y la subasta pública de los buques abandonados por CONTENEMAR en el Puerto de Barcelona y en el Puerto de Vigo.
Asesoramiento en la subasta pública de buques abandonados de pabellón extranjero en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria.
Asesoramiento para el desguace de buque en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria y/o en el Puerto de Tenerife.
Asesoramiento para el desguace de buque en el Puerto de Tarragona.
Asesoramiento para nulidad de subasta pública de buque en el Puerto de Vigo.
Asesoramiento en la gestión del desguace de vehículos y embarcaciones abandonadas en puerto autonómico catalán.
Embargo preventivo de buques y embarcaciones
La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del Juzgado de lo Mercantil, que estimó la demanda de tercería de dominio interpuesta por la propietaria del buque, con alzamiento del embargo trabado por la ahora apelante sobre el buque, por virtud de un crédito marítimo de los mencionados en el Convenio de Bruselas. Frente a un embargo preventivo obtenido al amparo del CB no cabe esgrimir la tercería de dominio cuando precisamente el embargo se ha obtenido para asegurar un crédito frente al deudor no propietario.
Denegación de la medida de embargo preventivo inaudita parte, sin perjuicio de señalar vista. Para adoptar el embargo del buque es imprescindible que éste se encuentre en puerto o bien que su llegada sea inminente.
Arresto en el Puerto de Pontevedra por 50,000 € de daños a carga tras prestar fianza de 5,000 € para cubrir los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse.
Levantamiento del embargo preventivo de buque en el Puerto de Barcelona tras el transcurso de los 20 días para interponer la demanda principal.
Arresto en el Puerto de Palamós por 320.000 € por daños a pasajeros tras prestar fianza de 40.000 € para cubrir los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse.
Levantamiento del embargo preventivo de buque por créditos salariales realizado por el Juzgado de lo Social de La Rioja.
Asesoramiento en concurso público para la construcción y explotación, en régimen de concesión de dominio público, de una planta para el desguace de buques en el Puerto de Las Palmas.
Asesoramiento para ocupación de parcelas en concesión en el Puerto de Sevilla.
Asesoramiento para la ocupación de dominio público en puerto deportivo competencia de la Generalitat de Cataluña.
Informe sobre normativa aplicable para la valoración de una concesión administrativa en puerto.
Informe sobre plazo concesional.
Informe sobre rebaja de tasas en concesión en el puerto de Alicante y petición de rebaja.
La sentencia anula la adjudicación de una concesión de amarres en puerto estatal, aprobada por la Autoridad Portuaria, por ser arbitraria. Considera el Tribunal que existe falta de motivación en el informe técnico de la Autoridad Portuaria pues no hay forma de conocer en la resolución administrativa por qué la concesionaria adjudicataria constituye la propuesta más ventajosa en relación con las restantes que también concurrieron al procedimiento selectivo. Las bases del pliego establecían un sistema de puntuación, pero la sentencia declara que no se sabe el porqué de las puntuaciones. Como consecuencia, el Tribunal ordena que el proceso vuelva al momento en que la comisión técnica efectúe una nueva valoración, motivada, de la oferta más ventajosa.
Se impugna la sanción de carácter grave impuesta a la recurrente como consecuencia de la ocupación sin autorización de zona marítimo terrestre durante la campaña estival con mesas y sillas al tratarse de una sanción leve y haber prescrito el plazo fijado para las infracciones leves. La Sala estima el recurso al tener fijada la doctrina de que la ocupación de la zona marítimo terrestre por medio de mesas y sillas es constitutiva de una infracción de carácter leve de la Ley de Costas, y no era falta de carácter grave.
Defensa en la reclamación de daños derivados de accidente de circulación ocurrido dentro de la zona portuaria por mala conservación del dominio público portuario.
Defensa en la reclamación de daños a camión como consecuencia de su colisión con las puertas de acceso a puerto por mal anclaje de las mismas.
Asesoramiento en la reclamación de daños comerciales derivados de bloqueo de puerto por buques de pesca.
Asesoramiento para el reconocimiento de culpa compartida de Capitán de Buque y de Práctico por los daños en buque por la falta de planificación de la maniobra de fondeo.
Informe jurídico relativo a la reclamación de daños derivada de falta de coordinación de la Autoridad Portuaria de las operaciones de las diferentes modalidades de transporte en la zona portuaria.
Informe sobre la indemnización percibida por daños a mercancía en aplicación del Nuevo Plan de Calidad del Puerto de Barcelona.
Recobro amistoso por falta de entrega de la mercancía en destino.
Defensa judicial por reclamación de daños en la mercancía durante su transporte marítimo.
La Dirección General de la Marina Mercante dicta resolución en expediente sancionador imponiendo una sanción de mil euros al titular de la embarcación por navegar careciendo del preceptivo seguro de responsabilidad civil.
Defensa en la reclamación de daños a Autoridad Portuaria derivados de la finalización de una relación contractual privada.
Informe sobre la venta de buque abandonado en puerto y en masa concursal, para ejecución de crédito salarial
Relación laboral de empleado público de Autoridad Portuaria
Procede el abono de diferencias retributivas correspondientes a las funciones superiores efectivamente realizadas, sin que sea exigible la plenitud y habitualidad de las funciones de categoría superior previstas para promocionar y ascender.
Lucro cesante por paralización de camión de transporte tras accidente
La sentencia condena al causante del accidente y a su aseguradora a 24.879 euros por el beneficio dejado de obtener, y a 627 euros por el depósito, durante un período de tres meses en que razonablemente se pudo adoptar por el transportista alguna solución relacionada con la reanudación de la actividad de transporte al ser declarado el camión de transporte siniestro total y que ocupa sin sentido el espacio de unos talleres. Arts. 1106 Código Civil y art. 22.6 Ley Ordenación Transporte Terrestre.
Expediente Notarial de depósito y venta de mercancías y equipajes en el transporte marítimo
Reclamación judicial de portes debidos. El Tribunal desestima la demanda de reclamación de cantidad de portes debidos, al considerar que la acción ejercitada, en relación al acuerdo marco de prestación de servicios de plataforma logística y distribución suscrito, era la relativa al cobro de los portes y por ello no está sometida a la prescripción de quince años que contempla el artículo 1964 del Código Civil, sino al régimen de prescripción de seis meses establecido en el artículo 951 del Código de Comercio.
Reclamación ante la Junta Arbitral de Transporte de Cataluña. El Tribunal estima la reclamación de portes debidos en menos de seis meses.
Tramitación de la concesión del permiso de importación correspondiente a la solicitud para un trofeo de caza de leopardo (Panthera pardus) originario de Zambia y recurso Contencioso-Administrativo a la desestimación de la concesión por la Autoridad administrativa CITES (Secretario de Estado de Comercio).
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