Source: https://tc.vlex.es/vid/derechos-igualdad-tutela-judicial-681988461
Timestamp: 2019-07-15 23:08:42
Document Index: 315966645

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 10', 'artículo 37', 'artículo 35', 'artículo 88', 'artículo 8', 'artículo 24', 'artículo 135', 'artículo 24', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 24', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 7']

STC 47/2017, 27 de Abril de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 681988461
STC 47/2017, 27 de Abril de 2017
Número de Recurso: 7601-2014
El 17 de diciembre de 2014 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal un escrito de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (con sede en Albacete), por el que se remite testimonio del Auto de 3 de noviembre de 2014 (procedimiento ordinario núm. 92-2014), mediante el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con los artículos 2 e), 7.1, 7.3 y 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, por posible vulneración de los artículos 14 y 24.1 CE.
Después de referirse a la STC 20/2012 , de 16 febrero, analiza el caso de autos. Pone de manifiesto que en el presente asunto se exige a una persona física una tasa de 818 € para apelar —en concreto, a una persona extranjera extracomunitaria que afirma tener ingresos mensuales inferiores a 2000 €—, y ello sin posibilidad alguna de reintegro incluso en el caso de vencer en la apelación. Argumenta al respecto que en 2013, fecha en la que se intentó la apelación por el interesado, el salario mínimo interprofesional mensual estaba fijado en 645,30 € al mes. Así pues el interesado tiene que abonar a fondo perdido una cantidad equivalente al 126 por 100 del salario mínimo interprofesional mensual, después de que ya tuvo que abonar para interponer el recurso contencioso-administrativo la cantidad de 218 €. La Sala sostiene que si bien el ordenamiento jurídico reconoce el derecho de justicia gratuita, existe una zona intermedia entre los ciudadanos que pueden acogerse a este derecho y los que tienen una posición económica desahogada para los cuales el pago de la tasa no resulta disuasorio del acceso a la jurisdicción (al respecto, procede a relatar un ejemplo en concreto). Afirma que el hecho de que el artículo 5 de la Ley de asistencia jurídica gratuita permita conceder el citado beneficio en atención a circunstancias excepcionales, no impide que la tasa suponga, en los casos no excepcionales y ordinarios, un obstáculo excesivo a la utilización del recurso de apelación. Estima que el hecho de que el Real Decreto-ley 3/2013 haya suavizado ciertos aspectos de la regulación, no impide que sigan existiendo supuestos evidentes y generales de limitación de las posibilidades de actuación procesal, lo que supone, a su juicio, desde el punto de vista del artículo 24.1 CE, un obstáculo que si bien no califica de irrazonable, le parece excesivo y desproporcionado, y, por tanto, inconstitucional. Dicho esto, considera que la cuestión es especialmente grave en materia de apelación contencioso-administrativa, porque esas limitaciones resultan intolerablemente asimétricas al encontrarse una de las partes, la Administración, exenta del pago de la tasa en la apelación, lo cual afecta, a su juicio, al principio de igualdad del art. 14 CE, en su aspecto del derecho de igualdad de armas en el proceso. Añade que, paradójicamente, el pago de la tasa puede, incluso, convertirse en una inesperada vía de obtención de ingresos tributarios por la Administración.
1- Plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de los siguientes preceptos:
- Sin perjuicio de los demás artículos a los que pueda extenderse la inconstitucionalidad por conexión o consecuencia.
Por providencia del Pleno de 28 de abril de 2015 se acordó admitir a trámite la cuestión que plantea la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en relación con los artículos 2 e), 7.1, 7.3 y 8.2 de la Ley 10/2012, en la redacción dada a estos preceptos por el Real Decreto-ley 3/2013, por posible vulneración de los artículos 14 y 24.1 CE. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) LOTC, acuerda reservar para sí el conocimiento de la presente cuestión; dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el artículo 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes; comunicar la presente resolución a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.3 LOTC, permanezca suspendido el proceso hasta que este Tribunal resuelva definitivamente la presente cuestión y publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado”.
Mediante escrito registrado con fecha 6 de mayo de 2015, el Presidente del Senado comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. Lo mismo hizo el Presidente del Congreso de los Diputados por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 8 de mayo de 2015.
Las alegaciones presentadas por el Abogado del Estado interesando la desestimación de la cuestión fueron registradas el día 22 de mayo de 2015.
En cuanto al artículo 8.2, el Abogado del Estado indica que el devengo de la tasa en el momento de presentar la solicitud que inicie la actuación o el expediente, o, en este caso, en el momento de interponer el recurso contencioso administrativo, ya se encuentra prevista en la Ley 8/1989, de tasas y precios públicos, como uno de los momentos lógicos en que procede exigir que se justifique el pago de la tasa. No se trata de una novedad introducida en la Ley 10/2012 que sea susceptible de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), sino de la práctica habitual en el caso de la exigencia de una tasa. Esta cuestión ya fue examinada por el Tribunal Constitucional en la STC 20/2012 , de modo que cabe sostener que el conjunto normativo integrado por la Ley 10/2012, tras su reforma por el Real Decreto-ley 3/2013, y la Ley 1/1996 configuran un modelo que mantiene un irreprochable equilibrio entre el pleno respeto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE y la necesaria observancia del principio constitucional de estabilidad presupuestaria del artículo 135 CE. Concluye, por tanto, que no se produce vulneración del artículo 24 CE, porque, de acuerdo con lo previsto en el art. 8.2 de la Ley 10/2012, la eventual falta de justificación del pago de la tasa, dé lugar, en los casos y de la manera en que allí se especifica, a la preclusión del acto procesal y la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.
La Fiscal General del Estado presentó escrito de alegaciones el 29 de mayo de 2015. En él solicita la estimación parcial de la cuestión de inconstitucionalidad por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su modalidad de acceso a los recursos y, por consiguiente, la declaración de inconstitucionalidad de los artículo 7.1, 7.3 y 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, en lo que afecta exclusivamente al pago de la tasa por personas físicas para la interposición del recurso de apelación contra sentencias en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Así delimitado el objeto de la cuestión, la Fiscal examina la doctrina establecida en la STC 20/2012 , y las que le siguieron —entre otras las SSTC 79/2012 , 85/2012 , 103/2012 y 104/2012 —, que avalaron el sistema de tasas judiciales introducido por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, de donde se sigue que “la exigencia de tasas judiciales no es, por sí misma, incompatible con el derecho de acceso a la jurisdicción y al recurso (art. 24.1 CE)”, y se hacen notar las diferencias entre el modelo de aquella Ley y el que introduce la norma legal que contiene los preceptos cuestionados así como sus modificaciones posteriores. Precisa el Ministerio público el canon de enjuiciamiento o control constitucional de la presente cuestión, señalando que vendrá determinado por el contenido constitucional del derecho de acceso a los recursos, que recibe un menor grado de protección que el derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE) y que, en definitiva, estará constituido por “el juicio de razonabilidad y proporcionalidad” (por todas, STC 3/1983 , FJ 4). Sigue a ello un exhaustivo repaso de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Acto seguido, razona el Ministerio público que, a diferencia del modelo anterior, el sistema de cálculo establecido en la Ley cuestionada no permite tomar en cuenta la capacidad y la solvencia económica del sujeto pasivo, y que la regulación se extiende a todas las personas jurídicas y físicas. El sistema de cálculo establecido en la Ley cuestionada no permite tomar en cuenta las posibilidades económicas de la entidad obligada al pago ni sus circunstancias concretas, pudiendo provocar un efecto disuasorio en el ejercicio de los recursos previstos en la ley. El sistema de cálculo de las tasas, basado en porcentajes fijos dependientes de la naturaleza del proceso (o del recurso) y de su cuantía, y totalmente ajenos a la capacidad económica real del sujeto pasivo, no parece ajustarse a las exigencias impuestas por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La ausencia en la Ley de factores subjetivos de corrección que permitan ajustar y moderar la cuota de la tasa a pagar de acuerdo con la solvencia económica del sujeto pasivo, haría que el pago de la tasa fuera inconstitucional, al constituirse en un obstáculo excesivo, desproporcionado e irrazonable para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los recursos, tal como advirtió la propia STC 20/2012 , FJ 10. En definitiva, la previsión de pago de la tasa puede provocar, como consecuencia, que la actividad jurisdiccional —en este caso, la interposición del recurso de apelación— pueda dejar de prestarse por razón de insuficiencia económica de quien la pide. Por tanto, el pago de las tasas en estas situaciones supondría un obstáculo desproporcionado e irrazonable para el ejercicio del derecho de acceso a los recursos.
Mediante providencia de fecha 25 de abril de 2017 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 27 del mismo mes y año.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto a los artículos 2 e), 7.1, 7.3 y 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, por posible vulneración de los artículos 14 y 24.1 CE.
Corresponde señalar, en primer lugar, que, de acuerdo con la STC 227/2016 , de 22 de diciembre, FJ 2, cuyos razonamientos son aplicables al presente caso, debe descartarse que las reformas de la Ley 10/2012, posteriores al Real Decreto-ley 3/2013, esto es, las realizadas por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, y la Ley 25/2015, de 28 de julio, tengan incidencia alguna en los preceptos cuestionados, en orden a la desaparición sobrevenida del objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad.
En segundo lugar este Tribunal, ha dictado sentencias en varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la redacción original de la Ley 10/2012 (SSTC 140/2016 , de 21 de julio; 202/2016 , de 1 de diciembre, y 15/2017 , de 2 de febrero). Además en los AATC 175/2016 , de 18 de octubre; 179/2016 , de 2 de noviembre; 193/2016 , de 28 de noviembre, y 6/2017 , de 18 de enero, se ha declarado la perdida sobrevenida de objeto de varios de los preceptos de la Ley 10/2012, sin que en dichas resoluciones nos hayamos pronunciado sobre la constitucionalidad de varios de los preceptos ahora cuestionados. Tampoco lo hicimos en la STC 24/2017 , de 16 de febrero, en la que, atendiendo a que se trataba de un recurso de inconstitucionalidad y a los motivos alegados, se declaró la pérdida sobrevenida del objeto del recurso en los que se refiere a la impugnación de los apartados 3, 4, 5, 7 y 8 del artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2013, ni, en fin, en la STC 35/2017 , de 1 de marzo, en la que se descartó la posible conculcación del artículo 86.1 CE por el ya mencionado Real Decreto-ley 3/2013.
Por último, en la STC 227/2016 , de 22 de diciembre, FJ 6 b), se declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado tercero del artículo 7 de la Ley 10/2012, introducido por el art. 1 apartado 8 del Real Decreto-ley 3/2013, relativo a la cuota variable de la tasa judicial, esto es, a la segunda cantidad, añadida a la cantidad fija prevista en el apartado 1, que deben liquidar las personas físicas, por la realización de los actos procesales que integran el hecho imponible de la tasa. Por la declaración de inconstitucionalidad, el precepto queda “también definitivamente expulsado del ordenamiento jurídico” y en aquellos procesos “aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidación del tributo” [STC 227/2016 , FJ 6 b), que cita la STC 140/2016 , FJ 15 b)].
En el caso que ahora nos ocupa ni se produjo el pago de la tasa ni ha concluido el proceso judicial, de modo que se trata de uno de los supuestos a los que alcanza la declaración de inconstitucionalidad, por lo que la declaración de nulidad de la norma legal cuestionada surte sus efectos sobre el proceso de origen y ha supuesto la desaparición del objeto de esta cuestión de inconstitucionalidad en lo que se refiere a este precepto [en el mismo sentido, ATC 21/2017 , de 13 de febrero, FJ 3 a)].
La duda que entraña el objeto de la presente cuestión se limita, por tanto, a la previsión de la tasa judicial en las condiciones legales establecidas en los artículos 2 e), 7.1 y 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre —este último en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero—, para las personas físicas en el recurso de apelación de la jurisdicción contencioso-administrativa, por posible lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art 24.1 CE), en su vertiente de acceso a los recursos, así como, relacionado con lo anterior, por infracción del artículo 14 CE, al ser la tasa exigible a las personas físicas y no a la Administración.
En primer lugar, respecto a la vulneración del artículo 24.1 CE, debemos remitirnos a la STC 24/2017 , FJ 5 b), que, a su vez, remite a las SSTC 140/2016 , FJ 3, y 202/2016 , FJ 4, las cuales “partiendo de la STC 20/2012 , de 16 de febrero, se refieren ampliamente a la posibilidad de exigir el abono de tasas judiciales en el orden contencioso-administrativo. La Constitución española no proscribe la exigencia en sí de tasas judiciales, sin perjuicio de que las concretamente reguladas deban respetar determinados parámetros constitucionales, entre ellos, el art. 24.1 CE y la ‘necesidad de preservar la eficacia del mandato constitucional del art. 106.l CE, garantizando el control judicial de la actividad administrativa, con sujeción plena de ésta a la ley y al Derecho (art. 103 CE), sin permitir zonas de inmunidad de jurisdicción’.”
Si bien no nos hemos pronunciado específicamente sobre la constitucionalidad del artículo 7.1 de la Ley 10/2012, en cuanto determina la cuota fija de la tasa a satisfacer por las personas físicas en el recurso de apelación en el orden contencioso-administrativo, sí hemos afirmado la inconstitucionalidad de dicho precepto aplicado a las personas jurídicas en la STC 140/2016 y también hemos declarado inconstitucional y nulo el inciso del mismo: “en el orden jurisdiccional civil … apelación: 800 €”, aplicado a las personas físicas en la STC 227/2016 , trasladando el canon de la STC 140/2016 , FJ 12. Por tanto, pueden darse aquí por reproducidas las consideraciones de la STC 140/2016 respecto de la cuota fija en cada una de las tasas exigidas en recursos contra resoluciones judiciales previas. De la misma forma que en la STC 227/2016 , FJ 4, a la vista de los razonamientos de la STC 140/2016 , FJ 12, a los que nos remitimos en su integridad, debemos concluir, respecto del inciso indicado del artículo 7.1 de la Ley 10/2012, en su aplicación a las personas físicas, que “no se aprecia razón y justificación alguna que acredite que se haya tenido en cuenta que las cuantías establecidas por el art. 7 de la Ley 10/2012, para la interposición de recursos, se adecuen a una capacidad económica que no exceda de la que pueda poseer” una persona física, en este caso; “razón por la que esas tasas resultan contrarias al art. 24.1 CE” (STC 140/2016 , FJ 12).
A su vez, esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad tiene eficacia en cualesquiera otros procesos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en que pudiera llegar a reconocerse la “ultraactividad” del anterior régimen de gravamen a las personas físicas. Ahora bien, corresponde trasladar aquí la siguiente precisión de la STC 140/2016 , FJ 15 b), que reitera la STC 227/2016 , FJ 6 a): “no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedirle el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (art. 24.1 CE), deviniendo con ello firme la liquidación del tributo”.
c) En relación con las dudas de constitucionalidad que el órgano judicial proyecta sobre el artículo 8.2 de la Ley 10/2012, en la redacción dada por el art. 1, apartado 9, del Real Decreto-ley 3/2013, por el que se establecen las consecuencias procesales derivadas del impago de la tasa judicial, debemos declarar la perdida sobrevenida de objeto. En efecto, si la tasa judicial ya ha sido declarada inconstitucional y nula, y, por tanto, expulsada del ordenamiento en los términos que acabamos de exponer, y la existencia de dicha tasa era el presupuesto en el que se sustentaba la duda de constitucionalidad del artículo 8.2 citado, la consecuencia no puede ser otra que dicha duda haya perdido sobrevenidamente su objeto [en tal sentido, ATC 21/2017 , FJ 3 c)].
Declarar la pérdida sobrevenida del objeto de la presente cuestión, en lo que se refiere a los artículos 7.3 y 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, ambos en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.
Declarar, con los efectos señalados en el fundamento jurídico 3 b) de esta Sentencia, la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: … Apelación: 800 €” del apartado primero del artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
STSJ Andalucía 508/2016, 31 de Marzo de 2016
STSJ Asturias 512/2018, 27 de Febrero de 2018