Source: http://sitio.yasunidos.org/es/comunicacion.html?start=80
Timestamp: 2017-12-12 15:42:03
Document Index: 395869314

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 11', 'Artículo 98', 'Artículo 158', 'Artículo 163', 'Artículo 158']

Carta de apoyo al Doc. Julio César Trujillo
Escrito por Anto Calle el 19 Octubre 2015 . Publicado en Blog (español)
La Comisión Nacional Anticorrupción del Ecuador, conformada por distinguidos ecuatorianas y ecuatorianos, entre ellos el doctor Julio César Trujillo, fue creada por iniciativa ciudadana para fiscalizar una de las obras “emblemáticas” del gobierno nacional, pues las autoridades de control han perdido credibilidad, por la falta de independencia del Ejecutivo evidente desde hace algunos años.
El primer informe de la Comisión, se refirió al contrato de la obra de construcción de la hidroeléctrica Manduriacu, que fue convenido por USD 124.881.250, pero al final se pagó USD 227.389.966, lo cual supone un sobreprecio exagerado, que pretenden justificar mediante la suscripción de contratos complementaros, a pesar de que las normas de contratación pública prohíben que estos contratos excedan el 35% del monto inicial.
Estas irregularidades, entre otras, son las que evidencian en su informe los miembros de la Comisión, y por este hecho han sido acreedores de una denuncia penal en su contra por parte de las autoridades aludidas: Ministro de Electricidad, CELEC y Prefecto de Pichincha. La valentía y el coraje de hacer pública esta información, y denunciar las irregularidades cometidas por el Estado es digno de aplauso y apoyo público, pues la Comisión está defendiendo los intereses de las ecuatorianas y ecuatorianos perjudicados por la construcción de Manduriacu.
En este contexto, nos solidarizamos con todos los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción del Ecuador, en especial con el Dr. Julio César Trujillo miembro del Colectivo YASunidos, quienes representan la voz de la ciudadanía frente a este hecho vergonzoso. Respaldamos y apoyamos las acciones valientes tomadas por los miembros de la Comisión, que permiten poner en evidencia el mal uso de los fondos públicos. Exigimos a las autoridades del Estado, en particular aquellas que han tomado acciones penales en contra de los miembros de la Comisión, retirar sus acusaciones, pues constituyen una ofensa pública frente al derecho legítimo de los ciudadanos de fiscalizar los actos del poder público.
Escrito por Anto Calle el 02 Octubre 2015 . Publicado en Blog (español)
El día 30 de septiembre del 2015, salió una investigación realizada por la periodista Nina Bigalke sobre el Yasuní y las carreteras que se están construyendo en el parque, que afectarían al ecosistema. En este reportaje, la secretaria de Hidrocarburos, afirma que no hay carretera en el Yasuní, a pesar de las múltiples evidencias que han sido mostradas por expertos en el tema, a la sociedad ecuatoriana y al mundo. La falta de transparencia y los engaños por parte del gobiernos, continúan.
Escrito por Anto Calle el 18 Agosto 2015 . Publicado en Blog (español)
Cuando dieron las 6 de la mañana en el campamento, ubicado a unos 2 km de la mina, todo el mundo se puso en movimiento. Al menos unas mil quinientas personas distribuidas en cinco grupos muy bien organizados, empezaron su camino hacia Garzweiler por diferentes rutas.
Escrito por Anto Calle el 11 Agosto 2015 . Publicado en Blog (español)
Manifiesto YASUNIDOS
Por la Vida y la Dignida
Desde el colectivo YASunidos volvemos público nuestro compromiso con la democracia, biodiversa, participativa y con cualquier expresión de empoderamiento.
Por ello, ante la consolidación de un estado autoritario que persigue a las organizaciones sociales, criminaliza la protesta social, prioriza el modelo extractivo que propende la invasión y etnocidio de los pueblos originarios, presentamos nuestro respaldo a la marcha y paro convocados el 13 de agosto a nivel nacional.
De igual forma, resaltamos que la lucha y defensa por el Yasuní no se restringe a temas ambientales sino que se encuentra ligada a reivindicaciones sociales y económicas.
Los derechos de la naturaleza se acompañan siempre de los derechos humanos, por lo tanto, no es posible hablar de estos derechos en medio de una coyuntura de represión y criminalización.
Ante esto, denunciamos de forma pública la vulneración a nuestra integridad y la de muchos otros luchadores sociales. Así es como, el casi seguro hecho de espionaje que se efectuó, vulnerando los derechos de varios de los integrantes de nuestro colectivo, nos impulsa a unirnos hoy más que nunca a las organizaciones sociales que histórica y legítimamente, defienden los derechos del pueblo más vulnerado.
Nos sentimos identificados y comprometidos con las reivindicaciones expresadas por los movimientos sociales convocantes de la movilización y el paro.
Y de manera firme manifestamos que nuestra lucha es por la vida reflejada en todos sus aspectos, por la diáspora de los ideales y de los sueños que más allá de ser utopías, son acciones que las llevamos de manera pacífica, digna y firme.
Carta Abierta por la protección de los pueblos Tagaeri y Taromenane‏
Escrito por Anto Calle el 12 Octubre 2015 . Publicado en Blog (español)
Si deseas adherirte copia la carta, pon tu firma y manda a las siguientes direcciones:
jorge.glas@vicepresidencia.gob.ec
lorena.tapia@ambiente.gob.ec
zunigal@minjusticia.gob.ec
Quito, 12 de octubre de 2015
Econ. Rafael Correa D.
Ing. Jorge Glas E.
Dra. Lorena Tapia
Dra. Ledy Zúñiga R.
En sus despachos,
Profundamente preocupados por la inminente entrega de la licencia ambiental para el bloque 55 más conocido como Campo Armadillo por parte del MAE, zona donde se produjeron las muertes de Héctor España y Luis Castellanos en 2005 y 2008 respectivamente; donde se han documentado más de 5.000 registros y testimonios (muchos de ellos recientes); donde los propios documentos del MAE y el Plan de Medidas Cautelares reconocen la presencia de “pueblos indígenas en aislamiento voluntario” [1], alertamos que activar las operaciones petroleras en esta zona del bloque sería fatal para los PIAV, pero también para la credibilidad de su gobierno y la institucionalidad en materia de derechos de los Tagaeri y Taromenane.
Les recordamos que en los dictámenes de la Política Nacional de los Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario, el estado debe asumir:
− que se garantice la posesión ancestral de los territorios que habitan y usan para sus actividades de subsistencia y la intangibilidad de los mismos;
− que se garantice su movilidad de acuerdo a sus patrones culturales;
− que se comprenda que la presencia de los Tagaeri, Taromenani y otros que se encuentren en situación de aislamiento voluntario asegura que vastas porciones del Parque Nacional Yasuní se encuentren en buen estado de conservación;
− que su exterminio no sea jamás considerado como un medio para facilitar las actividades extractivas en la Amazonía, ni como un resultado colateral inevitable”[2].
En las Líneas Estratégicas para la Acción se establece como obligación: “Consolidar y potenciar el principio de intangibilidad” y se menciona como prioridad: “Se promoverá a futuro un nuevo ordenamiento territorial que impida las operaciones petroleras en la zona de influencia al territorio ocupado por los Tagaeri y los Taromenani”.
Pero además las recomendaciones del Informe del año 2013 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre “Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en las Américas”, sección sobre Recursos Naturales[3]: Se declara que deberá “Abstenerse de otorgar licencias o autorizaciones para realizar actividades relacionadas a la extracción de recursos naturales, como la minería, actividades hidrocarburíferas, de deforestación, ganaderas y agroindustriales, entre otras, en áreas con presencia o tránsito de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, incluidas zonas de amortiguamiento”.
Lo obvio, lo sensato, lo correcto y apegado a la ley y a la Constitución es el cierre definitivo del Bloque 55 (Armadillo), la anulación de toda concesión expedida sobre este, así como la ampliación de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane hacia este bloque y más aún hacia definir y alcanzar un territorio que proteja a perpetuidad la integridad, y sus derechos humanos fundamentales evitando así un inminente etnocidio.
“Un pozo más en el Yasuní, un día menos en la existencia de los Tagaeri y Taromenane”.
[1]El Ministerio de Ambiente y Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, enviaron en abril de 2013 un mapa (http://bit.ly/1LmSnht) en donde se identifica la ubicación de cuatro grupos de PIAV, entre ellos el “Grupo Armadillo”.
[2] “Política Nacional para los Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario”; Gobierno Nacional de la República del Ecuador. Pp. 6, 7
[3] “Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en las Américas”, sección sobre Recursos Naturales”; Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pp. 81
Raúl Moscoso
Ivonne Yánez
Nidia Arrobo
Comité de Derechos Humanos de Orellana
Walter Mena- Presidente Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica
Colectivo ARTOS de Manta
Daniel Pérez Creus
Rebecca Zehr
Irene Donoso Vallejo
Leandro Velasco
Charlotte Gengenbach
José Gabriel Rivas Ducca, biólogo-ecologista- Costa Rica
Julio César Maya G.- Corporación La Ceiba
Blandine Gravelin
Emilio Chong- ActivismoGlobal
Yasunid@s - Guapondelig
Frente por la Salud de los Pueblos – Azuay
Alessandra Dirani Aguilar
María José Racines
Econ. Diana Sharom Cabrera Montecé MSc.
Drte. Ciencias Económicas
Aída Quinatoa
Alfredo E.Calcagno – Argentina
Alfred Henkel - Alemania
Fausto Valero Alvarez - Ballenita Sí . Organización Comunitaria
Rebeca Donoso C.
Sara Silva Rodríguez
Eugenio Bayancela
Rafael Vasconez
Miriam Hinkelman, United Staes of America
Sandra Flemisch
Eulalia Carrasco Andrade
Sara Cordeon
Chloé Mecqinion
Jorge Iván Reyes
Valeria Orellana Ulloa
Rocío Bastidas
Andrea Sanaguano
Gaia Calligaris
Escrito por Anto Calle el 21 Agosto 2015 . Publicado en Blog (español)
Quienes firmamos, juristas, defensoras y defensores de Derechos Humanos, docentes y estudiantes de Derecho, abogadas/os de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, en el contexto de las jornadas de protesta que la CONAIE y otros sectores sociales llevan adelante desde el 13 de los corrientes, sentimos la necesidad de pronunciarnos en los siguientes términos:
Invocamos la plena vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, promulgada en 2008, que en su Artículo 1 proclama al Ecuador como un Estado de Derechos y Justicia, plurinacional.
Recordamos que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución (Artículo 11, numeral 9 CRE) entre los que se encuentra el derecho a la resistencia reconocido por el Artículo 98 de la Carta Fundamental.
Señalamos que de acuerdo al Artículo 158 de la Constitución “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”. El uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional en contra de manifestantes y líderes sociales, desdice de este precepto constitucional y del contenido en el Artículo 163 de la Constitución respecto a que “Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza”. El uso de las Fuerzas Armadas para reprimir manifestaciones contraviene el Artículo 158 de la Constitución que prescribe que “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”.
Reconocemos que la declaratoria de estado de excepción, mediante Decreto 755, responde a una situación de eventual desastre natural. De ninguna manera, esta situación puede justificar excesos por parte del Fuerza Pública hacia dirigentes sociales y población civil en la totalidad del territorio nacional, y suspender derechos en relación a la emergencia debida; pues medidas como la censura previa y restricción de derechos deben guardar estricta relación a los motivos del estado de excepción. Medidas como la censura previa y restricción de derechos
deben guardar estricta relación a los motivos del estado de excepción, en este caso el posible desastre natural y no para adoptar medidas de control a manifestaciones sociales.
Recordamos a los servidores públicos encargados de esta grave coyuntura nacional, que de acuerdo al art. 165 de la Constitución, serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción.
Rechazamos que manifestantes y líderes sociales sean detenidos por la fuerza pública sometiéndolos a golpes y vejámenes que atentan contra sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad y que podrían constituir tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, proscritos por el Estatuto de Roma y otras normas de Derecho Internacional.
Anunciamos que a pedido de la dirigencia de la CONAIE nos constituimos en una Mesa Jurídica Nacional que dará seguimiento a cualquier violación a los derechos humanos que se presente en el contexto de la protesta social, activando los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales necesarios para la tutela efectiva de los derechos de las víctimas.
1. Exigimos el absoluto respeto por el estado de Derecho y el régimen democrático constituido en el marco del estado de excepción decretado, así como la plena observancia de las obligaciones internacionales del Estado con respecto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
2. Exigimos el cumplimiento de las garantías del debido proceso, la no criminalización de la protesta social y el respeto a los deberes especiales que tiene el Estado en relación a personas de grupos de atención prioritaria que ejercen su derecho a la resistencia.
3. Defendemos el derecho a la libertad de expresión y libre asociación ejercido en el marco de protestas y manifestaciones públicas, las mismas que el Estado debe respetar y garantizar mediante un uso limitado, proporcional y excepcional de la fuerza pública.
4. Exhortamos que las exigencias de los diferentes grupos y movimientos sociales sean debidamente atendidas y canalizadas por las autoridades
públicas pertinentes, y que se respete el derecho del pueblo de participar protagónicamente en asuntos de interés público, libres de actos de estigmatización y amedrentamiento.
5. Exigimos que las autoridades judiciales cumplan de manera irrestricta con su deber de realizar un debido control de constitucionalidad y convencionalidad en el marco de los procesos relacionados con las protestas públicas, recordando que las obligaciones internacionales exigen al Estado no criminalizar las movilizaciones sociales.
6. Demandamos a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional que cumplan con sus competencias, y controlen adecuadamente el uso de los bienes públicos, el empleo de la fuerza pública, y la aplicación de la censura previa en el marco del estado de excepción.
7. Solicitamos a los organismos internacionales que activen los procedimientos de control establecidos en los tratados válidamente celebrados en el Ecuador en relación al Estado de excepción.
Quito, 18 de Agosto de 2015
Nina Pacari Vega
Alejandro Ponce Villacís
Gonzalo Realpe R.
Susy Garbay Mancheno
Mauricio Alarcón-Salvador
Lina María Espinosa Villegas
Jorge Acero Gonzalez
Marcelo Espinel Vallejo
Fred Larreategui Fabara
Luis Xavier Solís Tenesaca
Juan Gabriel Auz Vaca
Centro de Derechos Humanos de la PUCE
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana
Fundación Desarrollo Solidario
Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, FUNDAMEDIOS
Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari
Red de Líderes comunitarios Ángel Shingre
La acción masiva y pacífica #EndeGelaende, que bloqueó una mina de carbón en Alemania con cientos de personas, durante este fin de semana, fue un éxito inspirador. La compañía RWE utiliza el lignito (una forma juvenil de carbón) para producir electricidad, que es una de las más contaminantes. Estas plantas de energía son las responsables de la mayor fuente de CO2 en toda Europa, sin embargo no hay una salida a corto plazo para dejar esta forma de producción. Ya nadie cree que los políticos llegarán a un acuerdo sobre medidas de protección al medioambiente, que sean reales y contundentes en la COP21 de París, en diciembre de este año. Razón por la que ahora lxs activistas hicieron esta acción directa.
El Ecuador también tiene que tomar medidas para detener el cambio climático y la destrucción del medio ambiente. Hace dos años, el presidente Rafael Correa dio permiso para extraer petróleo de uno de los lugares más diversos del planeta, el Parque Nacional Yasuní. En la provincia del Azuay, cerca de Cuenca, un proyecto de minería de cobre y oro pone en peligro el ecosistema del páramo de Kimsacocha. Estos son apenas unos ejemplos de cómo en el Ecuador se sigue expandiendo la frontera extractiva.
El futuro de la humanidad no yace en el uso de energías fósiles que datan de siglos pasados, que destruyen la Naturaleza y las culturas milenarias. Hay que utilizar otras formas de producir energía, es fundamental cambiar nuestra relación con la Naturaleza. También hay que discutir sobre cuáles son nuestras verdaderas necesidades, para un mañana más sostenible, ecológicamente y socialmente justo. Lxs activistas en Alemania no sólo bloquearon una mina, también mostraron al mundo que otro futuro es posible si dejamos de esperar que “otrxs” actúen. ¡Porque nosotrxs somos lxs inadaptadxs al cambio climático!
YASunidos en solidaridad con #EndeGelaende.
¡Fuerza compañerxs!
EL 13 ESTAMOS EN PARO
Escrito por Anto Calle el 09 Agosto 2015 . Publicado en Blog (español)
Avistamiento de Pueblos Aislados - Carta al Ministerio de Justicia
21 de mayo Día AntiChevron
Respuesta al Ministerio de Ambiente
La lucha por el Yasuní sigue floreciendo
Niegan acción de protección a Pablo Piedra de YASunidos
Pacto dice NO a la minería
Manifiesto: un año de la entrega de las firmas por el Yasuní
Chevron falseó datos de contaminación
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