Source: http://www.elperulegal.com/2017/09/decreto-supremo-n-018-2017-jus-aprueban.html
Timestamp: 2018-02-23 13:58:48
Document Index: 58997828

Matched Legal Cases: ['artículo 118', 'artículo 4', 'artículo 118', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'artículo 2', 'in fine', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 297', 'artículo 11', 'in fine', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 93', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 9', 'in Fine', 'in Fine', 'artículo 3', 'artículo 264']

DECRETO SUPREMO N° 018-2017-JUS Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el
Normas Legales » Comercio Exterior y Turismo » Economia y Finanzas » Produce Compartir en Facebook Suscribirme
viernes, 15 de septiembre de 2017 Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del T errorismo - CONTRALAFT
DECRETO SUPREMO Nº 018-2017-JUS
Que, el numeral 3 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, establece que es atribución del Presidente de la República dirigir la política general del Gobierno;
Que, el numeral 1 del artículo 4 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo el diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno;
asimismo, las políticas nacionales y sectoriales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas;
Que, el citado numeral señala que para la formulación de las Políticas Nacionales, el Poder Ejecutivo debe establecer mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades, según requiera o corresponda a la naturaleza de cada política. Asimismo, dispone que las políticas nacionales y sectoriales se aprueban por decreto supremo, con el voto del Consejo de Ministros;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM se aprueba el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y se crea la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT, que tiene como objetivo coadyuvar en la coordinación y planificación de las acciones a cargo de las entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir los delitos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así como hacer el seguimiento de la implementación, cumplimiento y actualización del mencionado Plan Nacional;
Que, la CONTRALAFT, en el marco de sus funciones, identificó la necesidad de diseñar una Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la misma que ha sido elaborada a través de un proceso que incluyó la participación de diversas entidades públicas y privadas vinculadas a la materia, a través de la realización de siete (7) talleres de trabajo, en los que se compatibilizaron los intereses generales del Estado orientados a prevenir, detectar, investigar y sancionar de manera eficiente, eficaz y articulada el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, para contribuir a la estabilidad económica, política y social del Perú;
Que, mediante Acuerdo Nº 05-2017-CONTRALAFT, adoptado en la Segunda Sesión realizada el 16 de marzo del 2017, los integrantes de la CONTRALAFT aprobaron por unanimidad la propuesta de Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo;
Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, a fin de contar con un instrumento que oriente la actuación del Estado a largo plazo en esta materia y sirva de base para elaborar los respectivos planes nacionales que permitan su implementación a corto y mediano plazo;
Que, asimismo, conforme a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), actualizadas en el 2012, y respecto de las cuales existe el compromiso del Perú de aplicarlas desde diciembre del año 2000, resulta necesario modificar el Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM, a fin de que la CONTRALAFT
asuma también la coordinación y planificación de las acciones dirigidas a prevenir y combatir el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva; se fortalezcan sus funciones; así como, su conformación, para dotarla de mayor operatividad e institucionalidad;
De conformidad con el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y los artículos 4 y 11 inciso 3 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
Artículo 1.- Aprobación Aprobar la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la misma que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación La Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo es de aplicación obligatoria en los tres niveles de Gobierno y los diversos sectores y entidades vinculadas a la prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Artículo 3.- Financiamiento La implementación de lo establecido en el presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas acorde con sus competencias y en el marco de las Leyes Anuales de Presupuesto sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y conforme a las disposiciones legales vigentes.
Artículo 4.- Publicación El presente Decreto Supremo y su Anexo se publican en el diario oficial El Peruano y, en la misma fecha, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en los Portales Institucionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe), así como de las entidades públicas que forman parte de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT).
Artículo 5.- Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el Ministro de Defensa.
Única.- Aprobación del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo En un plazo máximo de noventa (90) días calendario posteriores a la publicación de la presente norma, mediante Decreto Supremo, a propuesta de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), se aprueba el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, como instrumento para la implementación de la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Única.- Modificación de los artículos 2, 3, 4 y 7 del Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM
Modifíquense los artículos 2, 3, 4 y 7 del Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM, en los siguientes términos:
"Artículo 2- Creación, objeto y funciones de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Créase la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo objeto será coadyuvar en la coordinación y planificación de las acciones a cargo de las entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; y, que tiene a su cargo, las siguientes funciones:
a) Articular los esfuerzos dirigidos a prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
b) Realizar actividades destinadas al seguimiento de la implementación de la Política y el Plan Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
c) Emitir informes técnicos sobre los avances en la implementación de la Política y el Plan Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
d) Proponer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre la base de los resultados de sus informes técnicos u otros diagnósticos, la actualización de la Política y el Plan Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
e) Proponer su Reglamento Interno.
Artículo 3.- Conformación de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 3.1. La CONTRALAFT estará integrada por los siguientes miembros, quienes realizan tal labor ad honórem:
1. Un representante del Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
2. Un representante del Fiscal de la Nación.
3. Un representante del Ministro de Relaciones Exteriores.
4. Un representante del Ministro del Interior.
5. Un representante del Ministro de Economía y Finanzas.
6. Un representante del Ministro de Comercio Exterior y Turismo.
7. Un representante del Ministro de Transportes y Comunicaciones.
8. Un representante del Ministro de Defensa.
9. Un representante del Director General de la Policía Nacional del Perú.
10. Un representante del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
11. Un representante del Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
12. Un representante del Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.
13. Un representante del Superintendente del Mercado de Valores.
14. Un representante del Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
15. Un representante del Superintendente Nacional de los Registros Públicos.
16. Un representante del Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
Asimismo, podrán integrar la CONTRALAFT, el Poder Judicial, el Congreso de la República y la Contraloría General de la República, designado para tal efecto a sus respectivos representantes.
Las entidades que integran la CONTRALAFT deben designar un miembro alterno por cada uno de los miembros titulares designados.
3.2. La Presidencia de la CONTRALAFT recae en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
y, la Vicepresidencia y Secretaría Técnica en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
3.3. Cuando lo requiera la CONTRALAFT, a través de su Secretaría Técnica, solicitará la participación de otras entidades públicas, las cuales participarán en calidad de invitados.
Artículo 4.- Designación de los representantes Las designaciones de los representantes de las entidades del Poder Ejecutivo, se efectuarán mediante resolución ministerial del sector al que pertenecen o se encuentren adscritos, dentro de los cinco días hábiles, posteriores a la publicación del presente decreto supremo.
Las demás entidades, en el mismo plazo, comunican por escrito las designaciones que realicen a la Presidencia de la CONTRALAFT. (...)
Artículo 7.- Reglamento Interno El Reglamento Interno de la CONTRALAFT se aprueba mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos."
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Finanzas
POLÍTICA NACIONAL CONTRA
EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL
II. PROCESO PARTICIPATIVO DE ELABORACIÓN
DE LA POLÍTICA NACIONAL
III. FUENTES DE INFORMACIÓN EN QUE SE
SUSTENTA LA POLÍTICA
3.1. MARCO NORMATIVO NACIONAL
3.2. ESTÁNDARES INTERNACIONALES
3.3. POLÍTICAS, PLANES Y ESTRATEGIAS
NACIONALES RELACIONADAS
V. POLITICA NACIONAL CONTRA EL LAVADO
DE ACTIVOS Y EL FINACIAMIENTO DEL
5.2. PRINCIPIOS
5.3. EJES DE LA POLÍTICA
5.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS, METAS,
RESPONSABLES, LINEAMIENTOS
Y ESTÁNDARES NACIONALES DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR EJE
Mediante Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM, del 1 de julio de 2011, se aprobó el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y se creó la Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), adscrita inicialmente a la Presidencia del Consejo de Ministros. Actualmente, conforme al Decreto Supremo Nº 061-2016-PCM, la CONTRALAFT está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recayendo la función de Vicepresidencia y Secretaria Técnica en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. De acuerdo al artículo 2 del Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM, la función principal de la CONTRALAFT es "Hacer el seguimiento de la implementación, cumplimiento y actualización del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo".
En el 2014, en el marco de su labor de seguimiento del cumplimiento de las acciones previstas en el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la CONTRALAFT identificó la necesidad de diseñar una política de estado que defina los criterios que guíen la actuación de las instituciones y que trascienda a los gobiernos de turno y que permita focalizar la intervención estatal de manera permanente en ámbitos prioritarios para lograr resultados eficaces en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Es así que, luego de un amplio proceso de análisis y validación que ha contado con la participación de 34
entidades del sector público y sector privado y con el consenso de todas ellas, se ha diseñado la presente Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (en adelante, la Política Nacional) que constituye la primera política pública diseñada para enfrentar estas actividades ilícitas.
La Política Nacional contiene un objetivo general, siete principios, 3 ejes estratégicos ("Prevención", "Detección", "Investigación y Sanción") y un (1) eje transversal "Articulación". Asimismo, dentro de estos ejes se han fijado cuatro (4) Objetivos Específicos- OE, una meta por cada OE, los responsables por cada OE, dieciséis (16)
lineamientos y dieciocho (18) estándares nacionales de obligatorio cumplimiento. A partir de la Política Nacional corresponde la elaboración de planes nacionales que, a través de la definición de acciones concretas, permitirán su adecuada implementación a corto y mediano plazo.
La presente Política no habría sido posible sin el compromiso y los valiosos aportes de los y las profesionales que participaron en su diseño, en particular del equipo de la Secretaría Técnica, que recae en la SBS
y del Subgrupo 4 "Establecimiento de Políticas ALACFT", integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Economía y Finanzas y la SBS, todos ellos en el marco de la CONTRALAFT. Nuestro especial agradecimiento a la Cooperación Alemana al Desarrollo implementada por GIZ por la asistencia técnica brindada para el desarrollo de esta política.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la CONTRALAFT
ALA/CFT: Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo.
APNFD: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.
CAC: Cooperativas de Ahorro y Crédito.
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
CONTRALAFT: Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
FISLAAPD: Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.
FT: financiamiento del terrorismo.
GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional.
GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (anteriormente Grupo de Acción Financiera de Sudamérica - GAFISUD).
GIZ (o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit): agencia del Gobierno Federal Alemán, especializada en la cooperación técnica para el desarrollo sostenible.
LA: lavado de activos.
MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
OEA: Organización de Estados Americanos.
OSFL: Organizaciones sin fines de lucro.
PEP: Personas Expuestas Políticamente.
PNP: Policía Nacional del Perú.
PRONABI: Programa Nacional de Bienes Incautados del MINJUS.
ROS: Reporte de Operaciones Sospechosas.
SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
SECO: Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la Cooperación Suiza.
SMV: Superintendencia del Mercado de Valores.
SO: Sujeto Obligado.
UIF-Perú: Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, unidad especializada de la SBS.
Beneficiario final: persona natural en cuyo nombre se realiza la transacción y/o que efectiva y finalmente posea o controle personas jurídicas o entes jurídicos.
Cultura de legalidad: es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que demanda de los ciudadanos una conducta de respeto a la ley, en armonía con las convicciones y tradiciones culturales; y, de no tolerancia a la ilegalidad 1
Fuente: adaptado de Godson, Roy. (2000). Symposium on the Role of Civil Society in Countering Organized Crime: Global Implications of the Palermo, Sicily Renaissance. Palermo, Italia. Disponible en: http://www. culturadelalegalidad.org.mx/Qu%C3%A9-es-Cultura-de-la-Legalidad-c53i0.
Decomiso: es una acción que permite recuperar los productos e instrumentos del delito para compensar a la víctima, ya sea el Estado o un individuo. Requiere una condena penal y es parte de la sentencia 2
Delito precedente: es el delito fuente generador de las ganancias o activos ilícitos, que posteriormente son blanqueados mediante el lavado de activos. En la legislación están previstos en el segundo párrafo del artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1106.
Financiamiento del terrorismo: delito tipificado en el artículo 4-A del Decreto Ley Nº 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, y sus normas modificatorias; así como el artículo 297, último párrafo, del Código Penal y sus modificatorias.
Involucrados: personas naturales y/o jurídicas investigadas y/o procesadas por LA/FT.
Lavado de activos: delito tipificado en el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, y sus normas modificatorias.
Operaciones sospechosas: son operaciones de naturaleza civil, comercial o financiera que tengan una magnitud o velocidad de rotación inusual, o condiciones de complejidad inusitada o injustificada, que se presuma proceden de alguna actividad ilícita, o que, por cualquier motivo, no tengan un fundamento económico o lícito o aparente (artículo 11 de la Ley Nº 27693).
Organizaciones sin fines de lucro: aquellas personas naturales o jurídicas que recaudan, transfieren y desembolsan fondos, recursos u otros activos para fines o propósitos caritativos, religiosos, culturales, educativos, científicos, artísticos, sociales, recreativos o solidarios o para la realización de otro tipo de acciones u obras altruistas o benéficas. Incluye la facilitación de créditos, microcréditos o cualquier otro tipo de financiamiento económico (artículo 3, numeral 3.2.2 de la Ley Nº 29038).
Personas Expuestas Políticamente: personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución (artículo 2 de la Resolución SBS Nº 4349 - 2016).
Pérdida de dominio (conocida como decomiso civil o decomiso sin condena): es una consecuencia jurídico-patrimonial a través de la cual se declara la titularidad de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito a favor del Estado por sentencia de la autoridad jurisdiccional, mediante un debido proceso (artículo 2, numeral 2.1, del Decreto Legislativo Nº 1104).
Política nacional: define los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollado de las actividades públicas y privadas (artículo 4, numeral 1, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo).
Recuperación de Activos: se refiere a los mecanismos legales, como el decomiso o la pérdida de domino, que permiten privar al delincuente de los bienes que ha utilizado para la ejecución del delito (instrumentos)
o los productos obtenidos como consecuencia del delito (efectos y ganancias); y, lograr su restitución en favor del Estado.
Reparación civil: es el resarcimiento del bien o indemnización que debe otorgar quién produjo el daño como consecuencia del delito, en favor de la víctima [el Estado en los casos de LA/FT]; y, según el artículo 93 del Código penal, comprende: a) la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y b) la indemnización de los daños y perjuicios. Es solidaria si hay varios infractores y su cumplimiento es transmisible a los herederos 3
Reporte de Operaciones Sospechosas: documento de carácter reservado que es elaborado y comunicado por el sujeto obligado o por un organismo supervisor a la UIF-Perú, cuando se detecten indicios de LA/FT.
Sector privado: comprende a empresas de todo tipo, como las microempresas, pequeñas y medianas empresas, sociedades cooperativas, organizaciones de economía social, sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, compañías multinacionales o cualquier otra forma jurídica que se adopte para ejercer actividad empresarial 4
Sector real: se refiere a todas las actividades de nuestra economía, con excepción de aquellas que se desarrollan en el ámbito financiero.
Sociedad civil: se refiere a los ciudadanos en general, que de manera colectiva o no, participan en la vida pública y/o cumplen un rol de mediación entre los individuos y el Estado.
Sujeto Obligado: entidad pública, persona natural o jurídica obligada a proporcionar información a la UIF-Perú, designado como tal en el artículo 3 de la Ley
Nº 29038.
El Lavado de Activos (LA): es un delito autónomo que tiene su origen en un delito precedente y que consiste en darle apariencia de legalidad a los fondos o activos ilícitos producto de dicho delito, a fin de que circulen sin problema en el sistema económico-financiero.
Minería Ilegal Corrupción Tráfico Ilícito de Drogas Entre otros Producto es lavado a través del sistema financiero o sector real El Financiamiento del Terrorismo (FT): es un delito autónomo que consiste en recaudar fondos lícitos o ilícitos, a fin de financiar terroristas, organizaciones terroristas o actos terroristas, conforme a la normativa vigente y los tratados internacionales.
Acopio de fondos o bienes por personas o personas jurídicas, cuyo origen puede ser lícito o ilícito.
Sirven para financiar actos, terroristas u organizaciones terroristas, a través del sistema financiero o
La Política Nacional se ha elaborado en el marco de un proceso participativo en el que han intervenido diversas 2
Fuente: Iniciativa para la recuperación de activos robados - Iniciativa StAR (Banco Mundial). Recuperación de activos robados. Guía de Buenas Prácticas para el Decomiso de Activos sin Condena. Theodore S.
Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant y Larissa Gray. 2009. Páginas 9 y 10. Disponible en: https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/NCB_
Spanish.pdf 3
Fuente: Poder Judicial Disponible en: http://historico.pj.gob.pe/servicios/diccionario/diccionario_
detalle.aspficodigo=772
Fuente: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).
Disponible en: http://omal.info/spip.phpfiarticle4817
entidades públicas y actores del sector privado, cuyas competencias se circunscriben directa o indirectamente en la adopción de medidas para contrarrestar el LA/FT.
Este proceso comprendió cuatro (4) fases:
FASE 1: IDENTIFICACIÓN Y RECOJO DE
Permitió identificar y recoger fuentes de información.
Responsables: Presidencia y Secretaría Técnica de la CONTRALAFT.
Fecha: entre el 2 al 31 de enero del 2017.
FASE 2: ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
Se analizaron las fuentes de información recogidas y, sobre el resultado de este análisis, se formuló una propuesta preliminar.
Fecha: entre el 2 al 10 de febrero del 2017.
FASE 3: FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL
La propuesta preliminar fue sometida a evaluación en siete (7) talleres, en los que participaron un total de 34 entidades del sector público y sector privado y 73
profesionales (ANEXO 1). Sobre la base de los aportes y comentarios recibidos se formuló la propuesta final de Política Nacional. Merece destacar durante esta fase la asistencia técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ y los aportes metodológicos del CEPLAN.
Responsables: el sector público y el sector privado.
Fecha: entre el 13 de febrero al 13 de marzo de 2017.
FASE 4: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA
PROPUESTA FINAL POR PARTE DE LA CONTRALAFT
EL proyecto final de la Política Nacional fue presentado en la sesión de la CONTRALAFT, realizada el 16 de marzo del presente año, siendo aprobada de manera unánime (Acuerdo Nº 5-2017-CONTRALAFT); encargándose a la Presidencia y la Secretaría Técnica realizar su trámite ante el Poder Ejecutivo para su aprobación mediante Decreto Supremo.
Responsable: CONTRALAFT.
Fecha: 16 de marzo de 2017.
1. La Constitución Política del Perú.
2. Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
3. Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera-Perú (UIF-Perú), y sus normas modificatorias.
4. Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS.
5. Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1352, Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.
6. Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
7. Decreto Legislativo Nº52, Ley Orgánica del Ministerio Público.
8. Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.
9. Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, y sus normas modificatorias.
10. Decreto Legislativo Nº 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo.
11. Decreto Ley Nº 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, y sus normas modificatorias.
12. Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.
13. Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM, aprueba el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y crea la CONTRALAFT.
14. Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS, Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú 15. Normas de la SBS y la SMV.
En el marco de la ONU el Perú ha ratificado 4 Tratados que establecen estándares de carácter vinculante que se deben implementar para fortalecer el combate contra el LA/FT. Estos tratados son los siguientes:
Tratado Instrumento de ratificación por parte del Perú Adoptada por la ONU
Nombre Vigencia 20.12.1998 Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas - Viena 11.11.1990 Res. Legislativa Nº 25352, del 23.11.1991
09.12.1999Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo 10.04.2002D. Supremo Nº 084-2001-RE, del 05.11.2001.
15.11.2000 Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional - Palermo 29.09.2003 D. Supremo Nº 088-2001-RE, del 19.11.
31.10.2003 Convención contra la Corrupción -Mérida 14.12.2005D. Supremo Nº 075-2004-RE, del 19.10.2014.
Asimismo, dentro de este marco, son vinculantes las resoluciones que emite el Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellas, la Resolución 1267 (1999) y la Resolución 1373 (2001) y las resoluciones que la sucedan, modifiquen o reemplacen, referidas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo.
En el ámbito de la OEA, el Perú ha ratificado 2
Tratados que establecen estándares vinculados a lucha contra el LA/FT: la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Ambos instrumentos han sido ratificados por el Perú en los años 1997 y 2003, respectivamente.
Por otro lado, las 40 Recomendaciones del GAFI, actualizadas en febrero de 2012, y que se sustentan en las Convenciones ONU y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU antes señaladas, constituyen el estándar internacional en materia de LA/FT. El Perú, a través de un Memorando de Entendimiento, suscrito el ocho de diciembre del año 2000
, reconoció dichos estándares y se comprometió a aplicarlos en su calidad de miembro fundador del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica - GAFISUD (Hoy Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - GAFILAT). Merece destacar que si bien se trata de estándares internacionales que no se encuentran contemplados en convenios internacionales vinculantes, denominados Soft Law, en la práctica por las consecuencias que genera el no cumplir dichas recomendaciones se trata de Hard Law 6
. Actualmente el Perú se encuentra próximo a ser evaluado por el GAFILAT (septiembre 2017-2018) en el marco de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas y ya sido evaluado en los años 2003, 2005 y 2008.
Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD).
Entre las consecuencias que genera una evaluación deficiente se encuentran: (i) Riesgo país, (ii) Encarecimiento de líneas de crédito, (iii)
Dificultades en operaciones de comercio exterior, (iv) Límites y filtros en transacciones financieras; y, (v) Banca corresponsal.
La Política Nacional se enmarca dentro del Acuerdo Nacional (Política de Estado 26 y 30)
y se encuentra alineada a las siguientes Políticas, Estrategias y Planes Nacionales que abordan temas vinculados al LA/FT:
1. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional-Perú hacia el 2021 (Eje Nº 3: Estado y Gobernabilidad).
2. Política Nacional Frente a los Delitos Patrimoniales (2014).
3. Política Nacional de lucha frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación (2015).
4. Política Nacional Penitenciaria (2016).
5. Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción (2017)
6. Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas en el Perú 2011-2016
7. Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016 (en actualización).
8. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018.
9. Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016.
10. Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal (2014).
11. Estrategia de Saneamiento de la pequeña minería y de la minería artesanal (2014)
12. Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2016-2020.
13. Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2017-2021
Cabe señalar que en siete (7) de los instrumentos señalados se hace referencia expresa al LA: en 3 a nivel conceptual y en los 4 restantes a nivel de acciones (Ver
La Recomendación 1 del GAFI establece que "los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos". Por su parte, la Recomendación 2 del GAFI establece que "los países deben contar con políticas ALA/CFT a escala nacional, que tomen en cuenta los riesgos identificados, los cuales deben ser sometidos a revisión periódica y, deben designar a una autoridad o contar con un mecanismo de coordinación o de otro tipo que sea responsable de dichas políticas".
En el caso del Perú la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT (noviembre, 2016), elaborada con la asistencia técnica del BID, identifica cinco (5) Amenazas 10
y cuarenta y tres (43) Vulnerabilidades 11
; y, a partir de la evaluación de aquellas vulnerabilidades que facilitan la ocurrencia de dichas amenazas, se establecen cuarentaitrés (43)
riesgos en materia de LA/FT, de los cuales treinta y dos (32) tienen un impacto directo en dichas materias 12
Dentro de los 32 riesgos antes mencionados, se pueden citar, entre otros: (i) debilidad del sistema sancionador en materia de LA/FT llevado a cabo sobre los sujetos obligados financieros; (ii) dificultad en el acceso por parte de la UIF-Perú a la información afectada por la regulación del secreto bancario y la reserva tributaria; (iii)
sistema de control de movimiento de efectivo transnacional insuficiente e inexistencia de limitación sobre traslados internos; (iv) falta de conocimiento sobre la aplicación práctica de la reciente reforma de la tipificación de los delitos de LA/FT; (v) dificultad del Ministerio Público en la investigación y persecución del LA/FT; (vi) existencia de carencias en el Poder Judicial que afectan el sistema de represión penal; (vii) baja efectividad de la PNP en la investigación y persecución del LA/FT; (viii) dificultad en el intercambio de información entre instituciones públicas; y, (ix) falta de concienciación social sobre las consecuencias del LA/ FT.
Asimismo, a la fecha, con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ, se han realizado evaluaciones sectoriales en los ámbitos minero y pesquero, que han permitido identificar los principales riesgos LA/FT en dichos sectores.
Finalmente, con relación a la implementación de las 40 Recomendaciones del GAFI, el Informe Final del Proyecto "Implementación de las Medidas y Acciones para el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI", desarrollado con la asistencia técnica de SECO (22 de marzo de 2016), advierte como aspectos a mejorar o fortalecer en materia de LA/FT, entre otros, los siguientes: (i) las normas de prevención LA/FT; (ii) la asignación de recursos materiales, tecnológicos y humanos para desarrollar investigaciones criminales y patrimoniales; (iii)
los procedimientos de intercambio de información; (iv) la generación y publicidad de estadísticas para demostrar efectividad del sistema; y, (v) la capacitación sobre todos los aspectos vinculados a la lucha contra LA/FT.
A partir de lo expuesto, conociendo la complejidad de la problemática que representa el LA/FT en el país, surge la necesidad de fortalecer el sistema nacional de lucha contra el LA/FT, para lo cual se requiere de una política nacional que establezca prioridades para el logro de resultados específicos en estas materias, así como fortalecer las acciones de las entidades vinculadas a la prevención, detección, investigación y sanción del LA/FT.
Para mayor detalle sobre los riesgos LA/FT en el país y los hallazgos que los sustentan, establecidos en la Evaluación Nacional de Riegos LA/FT y las Evaluaciones Sectoriales a las que se ha hecho referencia, ver el ANEXO 3. Y respecto al nivel de cumplimiento de las 40
Recomendaciones del GAFI, ver el ANEXO 4.
V. POLITICA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE
ACTIVOS Y EL FINACIAMIENTO DEL TERRORISMO
La presente Política Nacional, sobre la base del diagnóstico detallado en el punto III; y, luego de un proceso participativo, orienta la actuación del Estado para contrarrestar el fenómeno criminal del LA/FT que afecta al país, fijando el propósito que se busca alcanzar, los ámbitos prioritarios en que debe focalizar su intervención, las entidades que requieren asumir un rol, así como el conjunto de lineamientos que guían su actuación para alcanzar el propósito y los estándares de obligatorio cumplimiento.
"Prevenir, detectar, investigar y sancionar de manera eficiente, eficaz y articulada el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para contribuir a la estabilidad económica, política y social en el Perú"
Política de Estado 26. Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas; y, Política de Estado 30. Eliminación del terrorismo y afirmación de la Reconciliación Nacional.
Si bien fue aprobada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción mediante acuerdo adoptado en su sesión XXVII, realizada el 13 de febrero del 2017, se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte del Poder Ejecutivo.
Si bien fue aprobada por el Consejo Directivo de DEVIDA mediante Acuerdo Nº 1, adoptado en la sesión del 6 de abril del 2017 se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte del Poder Ejecutivo.
Conforme a la Guía del GAFI para la elaboración de la ENR (Febrero, 2013), se define como amenaza a la "persona, grupo de personas, objeto o actividad con potencial suficiente para causar daño al Estado, a la sociedad, la economía u otros elementos fundamentales de la vida de un país"
Conforme a la Guía del GAFI para la elaboración de la ENR (Febrero, 2013), se define como vulnerabilidad a la "naturaleza y características intrínsecas de un producto, servicio, canal de distribución, colectivos de clientes, institución, sistema, estructura o país (incluyendo debilidad en los sistemas, controles o medidas) que facilita que las operaciones de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo se ejecuten con éxito".
Los 11 riesgos restantes ya vienen siendo abordados por otras entidades públicas en el marco de otros instrumentos (políticas, planes y estrategias), por ejemplo, los que se detallan en el ANEXO 1.
Este objetivo plantea que, en el marco del Estado democrático y social de derecho 13
que nos rige (artículos 3 y 43 de la Constitución Política del Perú); y, a partir de la participación activa y coordinada de todos los actores competentes, el Perú logre consolidar un sistema nacional de lucha contra el LA/FT adecuado.
PRINCIPIO 1: LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO
La actuación de todos los ciudadanos en la lucha contra el LA/FT debe desarrollarse con respeto y observancia de la Constitución Política del Perú, las leyes, los tratados internacionales ratificados por el Perú, las normas sectoriales y la jurisprudencia nacional e internacional vinculante.
PRINCIPIO 2. EFICIENCIA
Las entidades públicas y privadas involucradas en la lucha contra el LA/FT deben optimizar los recursos disponibles, procurando innovación y mejoramiento continuo.
PRINCIPIO 3: EFICACIA
La actuación de las entidades públicas y privadas competentes en la lucha contra el LA/FT, debe orientarse al cumplimiento de metas y la obtención de resultados.
PRINCIPIO 4: COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
La adopción de mecanismos que fomenten la ayuda mutua a nivel técnico y operativo entre las entidades públicas y privadas para fortalecer la lucha contra el LA/
PRINCIPIO 5: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Las entidades públicas encargadas de la prevención, detección, investigación y sanción del LA/FT deben utilizar y/o implementar mecanismos de colaboración mutua con sus entidades homologas y/o análogas en el extranjero;
y, utilizar la cooperación judicial internacional, cuando corresponda.
PRINCIPIO 6: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
Las normas, políticas, planes, procesos, acciones, así como los avances y resultados alcanzados en el ámbito de la lucha contra el LA/FT, deben ser comunicados de manera estratégica y oportuna, salvaguardando las reservas de ley, cuando corresponda.
PRINCIPIO 7: PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD
CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO
La sociedad civil y el sector privado deben contar con espacios que garanticen y promuevan su participación en la lucha contra el LA/FT.
PREVENCIÓN DETECCIÓN
S SANCIÓN
EJE ESTRATÉGICO Nº 1: PREVENCIÓN
Comprende la identificación de los riesgos LA/FT, el funcionamiento del sistema de prevención LA/FT (regulación, supervisión y sanción) y la comunicación adecuada de operaciones sospechosas a la UIF-Perú.
EJE ESTRATÉGICO Nº 2: DETECCIÓN
Agrupa el análisis e investigación administrativa que se realiza para detectar o descartar un caso vinculado al LA/FT, el control administrativo que se debe ejercer para detectar dichos casos y su posterior comunicación a las autoridades competentes.
EJE ESTRÁTEGICO Nº 3: INVESTIGACIÓN Y
Comprende la investigación y sanción penal de los delitos de LA/FT, cuya responsabilidad recae en las entidades que integran el sistema de administración justicia, y que cuenta con la colaboración de otras entidades públicas.
EJE TRANVERSAL Nº 4: ARTICULACIÓN
Impacta en todo el sistema nacional de lucha contra el LA/FT y busca generar sinergias entre las entidades públicas que forman parte de la prevención, detección, investigación y sanción del LA/FT, la sociedad civil y el sector privado que juegan un rol en dicho ámbito.
5.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS, METAS,
RESPONSABLES, LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES
NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
La Política Nacional contiene cuatro (4) Objetivos Específicos- OE, una meta por cada OE, los responsables por cada OE, dieciséis (16) lineamientos y dieciocho (18)
estándares nacionales de obligatorio cumplimiento (en adelante estándares), conforme al siguiente detalle:
Eje Objetivo Especifico (OE)
Lineamientos Estándares Prevención 1 OE 4 4
Detección 1 OE 3 4
Investigación y sanción 1 OE 4 5
Articulación 1 OE 5 5
EJE ESTRATEGICO Nº 1: PREVENCIÓN
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1: "Identificar y controlar adecuadamente las actividades que posibilitan el LA/FT."
El Perú cuenta con un sistema de prevención del LA/ FT (regulación, supervisión y sanción) eficaz, diseñado sobre la base de un enfoque basado en riesgos.
1. Sujetos obligados en materia de prevención LA/FT, detallados en el artículo 3 de la Ley Nº 29038.
2. Organismos supervisores en materia de prevención LA/FT, descritos en el artículo 9-A de la Ley Nº 27693.
3. Organismos reguladores en materia de prevención LA/FT: SBS y SMV.
1. Realizar evaluaciones sectoriales en las actividades financieras o no financieras identificadas como pasibles de riesgos LA/FT.
2. Adoptar y/o proponer mejoras normativas que permitan la adecuada regulación de las actividades pasibles de riesgos LA/FT; así como la identificación del beneficiario final.
El Estado de derecho es definido como el conjunto de estructuras, prácticas y sistemas jurídicos y políticos que condicionan las acciones de un gobierno a fin de proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, mantener el orden público y fomentar el funcionamiento efectivo del país. Fuente:
Transparencia Internacional. (2009). Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción. Berlín: Secretaría Internacional-Transparencia. Pág.
41. Disponible en: http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2014/10/ Gu%C3%ADa-de-lenguaje-claro-sobre-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.
3. Adoptar y/o cumplir en forma efectiva las medidas de regulación, supervisión y sanción de lucha contra el LA/FT aplicables a los sujetos obligados financieros y no financieros.
4. Garantizar reportes de operaciones sospechosas de calidad y la retroalimentación por parte de la UIF-Perú.
Para el debido seguimiento del Eje Estratégico 1 "Prevención" de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento:
1. Porcentaje de sectores de sujetos obligados con evaluación de riesgos de LA/FT.
2. Número de normas que regulan adecuadamente las actividades pasibles de riesgos LA/FT y permiten la identificación del beneficiario final.
3. Número de normas de prevención LA/FT que son aplicadas por los sujetos obligados y los organismos supervisores, respectivamente.
4. Porcentaje de ROS que sirven como insumo para la labor de detección de la UIF-Perú.
EJE ESTRÁTEGICO Nº 2: DETECCIÓN
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 2: "Detectar y comunicar oportunamente las actividades vinculadas al LA/FT"
El Perú cuenta con un proceso de detección administrativa eficiente y oportuno de casos vinculados al LA/FT y que permite comunicar los resultados de dicha detección a las autoridades responsables de su procesamiento en el ámbito penal.
1. SBS, a través de la UIF-Perú.
2. SUNAT.
3. Ministerio del Interior - PNP.
4. Ministerio Público.
1. Fortalecer el acceso oportuno de las entidades encargadas de la detección e inteligencia financiera a información confiable, resguardando su confidencialidad.
2. Mejorar el control a nivel nacional y en las fronteras para detectar las actividades ilícitas generadoras del LA/
3. Garantizar la comunicación oportuna a las autoridades competentes de las actividades vinculadas a LA/FT, resguardando su confidencialidad.
Para el debido seguimiento del Eje Estratégico 2
"Detección" de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento:
1. UIF-Perú accede, dentro de los plazos de ley, a información amparada bajo el secreto bancario y la reserva tributaria.
2. Número de operativos de control de dinero en efectivo y/o instrumentos financieros negociables emitidos "al portador", realizados en puertos, aeropuertos y centros de atención en frontera.
3. Número de operativos conjuntos entre entidades nacionales para el control de dinero en efectivo y/o instrumentos financieros negociables emitidos "al portador", realizados en puertos, aeropuertos y centros de atención en frontera.
4. Número de protocolos o acuerdos suscritos que permitan el intercambio de información, resguardando su confidencialidad.
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 3: "Investigar y sancionar eficaz y oportunamente a los involucrados en los delitos de LA/FT, cometidos a nivel nacional y/o internacional".
El Perú cuenta con un sistema de administración de justicia (investigación y sanción penal) fortalecido, a fin de evitar la impunidad de las personas naturales y/o jurídicas que cometen delitos de LA/FT con incidencia a nivel nacional y/o internacional, lo cual también exige fortalecer a aquellas entidades que brindan un apoyo clave al mencionado sistema.
1. Ministerio del Interior - PNP
2. Ministerio Público 3. Procuradurías Públicas 4. Poder Judicial 5. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 6. Todas las entidades públicas que pueden brindar un apoyo clave al sistema de administración de justicia (Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras).
1. Fortalecer las capacidades operativas y de gestión de las autoridades de investigación y sanción penal del
2. Garantizar el pago de la reparación civil y la recuperación de activos.
3. Promover mejoras normativas que permitan una adecuada administración, ejecución y distribución de la reparación civil y la recuperación de activos.
4. Fortalecer el sistema de cooperación internacional en los ámbitos policial, fiscal y judicial frente al LA/FT.
Para el debido seguimiento del Eje Estratégico 3 "Investigación y Sanción" de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento:
1. Porcentaje de incremento en recursos asignados a los órganos encargados de la investigación y sanción penal de los casos de LA/FT.
2. Porcentaje de investigaciones por casos LA/FT
iniciados bajo el nuevo Código Procesal Penal.
3. Diseñar un sistema de información estadística que produzca indicadores sobre el cobro efectivo de la reparación civil y de los activos recuperados en casos de
4. Número de normas que permiten mejorar la administración, ejecución y distribución de la reparación civil y la recuperación de activos.
5. Número de canales o espacios de cooperación internacional en los ámbitos policial, fiscal y judicial frente al LA/FT.
EJE TRANSVERSAL: ARTICULACIÓN
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 4: "Fortalecer la participación activa y articulada del Estado, de la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra el LA/FT".
El Perú cuenta con un sistema nacional articulado para luchar contra el LA/FT que involucra la participación
activa de las entidades públicas, la sociedad civil y sector privado a nivel nacional.
Todos los actores del sistema nacional contra el LA/ FT: entidades públicas, sociedad civil y sector privado competente.
1. Fortalecer la coordinación entre las entidades competentes así como las diversas comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales vinculados al LA/FT.
2. Optimizar el intercambio de información confiable, oportuna y segura en materia de LA/FT así como el trabajo conjunto de las autoridades públicas competentes frente al LA/FT.
3. Promover una cultura de legalidad con la participación del Estado, la sociedad civil y el sector privado.
4. Fortalecer las capacidades de todos los actores en la lucha contra el LA/FT.
5. Adecuar la normativa a los instrumentos y/o estándares internacionales en materia de lucha contra el
Para el debido seguimiento del Eje Transversal 4 "Articulación" de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento:
1. Número de comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales existentes vinculados al LA/FT en los que la presidencia de la CONTRALAFT o sus miembros participan, colaboran o aportan.
2. Número de proyectos y/o actividades conjuntas ejecutadas entre CONTRALAFT y otras comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales existentes vinculados al LA/FT.
3. Número de acciones de difusión para fomentar una cultura de la legalidad con la participación del Estado, la sociedad civil y el sector privado.
4. Número de programas de capacitación dirigidos a los actores involucrados en la prevención, detección, investigación y sanción de LA/FT.
5. Número de estándares internacionales en materia de lucha contra el LA/FT implementados a nivel nacional.
Entidades privadas Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF)
Sociedad Nacional de Mineria, Petróleo y Energía (Compañía BuenaVentura)
DHL Express Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP)
Notaría Carnero Avalos Notaría Gonzales Loli
Entidades públicas Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)
Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI)
Ministerio del Interior (MININTER)
Ministerio Público Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS)
Poder Judicial Procuraduría de Terrorismo Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)
Cooperación Cooperación Alemana implementada por GIZ
Políticas o Planes Referencia expresa al LA o al FT
1. Política Nacional de lucha frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación (2015)
Dentro del marco conceptual se señala que el delito de Trata de personas es delito fuente del delito de LA, en el entendido de que es cometido en un contexto de crimen organizado, que genera ganancias ilícitas.
2. Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas en el Perú 2011-2016
Dentro del marco conceptual se precisa que muchas víctimas de trata son utilizadas para cometer o participar en actos delictivos como el LA.
3. Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016 (en actualización)
Dentro del Objetivo 3 "Investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial", Estrategia 3.2.
"Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción en los ámbitos administrativo y judicial" se plantea como una acción vinculada al LA: "Desarrollar herramientas -en consonancia con el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado Activos y Financiamiento del Terrorismo- para determinar supuestos de lavado de activos proveniente de delitos de corrupción".
Estos instrumentos abordan 4 de las 5 amenazas identificadas en la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT: 1 "Existencia de cultivos de coca, primer eslabón del narcotráfico", 3 "Incremento en los últimos años de las actividades de corrupción pública", 4 "Elevada incidencia en el país de determinados tipos delictivos: Minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, contrabando y extorsiones y sicariato" y 5 "Existencia en el entorno regional de países con elevado grado de criminalidad" e inciden directamente en los Riesgos LA/FT: 5 "Tolerancia y permisibilidad a la corrupción pública", 7 "Excesivos trámites burocráticos para formalizar actividades económicas, comerciales y mercantiles", 8 "Debilidad de los procesos de contratación de bienes y servicios por la administración pública" y 12 "Inexistencia de un sistema de función pública profesional y estable".
4. Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal (2014)
Dentro del Eje Estratégico 2 "Acciones para la erradicación o reducción de los delitos conexos de la minería ilegal", Objetivo Estratégico 4: "Reforzar y mantener las acciones multisectoriales de control, fiscalización y sanción para la erradicación o reducción de los delitos conexos de la minería ilegal", se plantea la siguiente acción vinculada al LA y a cargo de la UIF-Perú:
"17. Acciones sectoriales y de organismos relevantes (...) j. UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA;
contribuirá con el Ministerio Publico en la investigación de los recursos económicos, identificando preliminarmente a los sujetos y organizaciones criminales vinculadas al delito de minería ilegal y al lavado de activos, de modo que permita iniciar las acciones penales correspondientes".
5. Estrategia de Saneamiento de la pequeña minería y de la minería artesanal (2014)
Dentro del Eje Estratégico Nº 2 "Fiscalización y Control", se prevén dentro del punto "2.10.
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS", como acciones a ser consolidadas las siguientes:
1. Aprobación del proyecto de ley Nº 2569/2013-CR, que modifica la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, y el Código Tributario, TUO aprobado por D. S. Nº 135-99- EF, a fin de otorgarle a la UIF-Perú, para sus funciones de análisis e inteligencia financiera, acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria, respectivamente.
2. Proyecto de Ley que incorporaría una Disposición Complementaria a la Ley Nº 27693 (Ley de creación de la UIF-Perú), creando la obligación del uso de los medios de pago financieros a que se refiere la Ley Nº 28194.
3. Proyecto de Ley para la prohibición de importación de maquinarias y equipos usados que se encuentran comprendidas en las Partidas Arancelarias Nº 84.29, Nº 85.02, Nº 85.02 y Nº 87.01 y la Sub-Partida Arancelaria Nº 84.74.20.12.
4. Incluir como nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UIF-Perú a las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la importación, exportación, comercialización y leasing operativo de las maquinarias y equipos que se encuentran comprendidos en las Partidas Arancelarias Nº 84.29, Nº 85.02, Nº 85.02 y Nº 87.01 y la Sub-Partida Arancelaria Nº 84.74.20.12.
También se estaría incluyendo como nuevos sujetos obligados a reportar a la UIF-Perú a los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos fiscalizados.
En la actualidad sólo son sujetos obligados a reportar a la UIF-Perú: "los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos".
5. La implementación del registro de maquinaria minera en la SUNARP generará efectos positivos para el trabajo de la UIF-Perú, toda vez que permitirá relacionar a personas con esos bienes muebles, tal como ahora ocurre con vehículos e inmuebles.
6. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018
Dentro del marco conceptual ("1.1 Aproximación al concepto de seguridad ciudadana) se incluye al LA como una modalidad delictiva propia del crimen organizado.
7. Estrategia Nacional de la Lucha Contra las Drogas 2017-2021
Dentro del Eje de Control de Oferta, Objetivo Intermedio 2 "Reducir la producción y tráfico ilícito de drogas, así como, sus delitos conexos. Desarticular, judicializar y penalizar a las asociaciones del crimen organizado.", se plantea como uno de sus Objetivos Específicos (OE), bajo el rubro Lavado de activos y crimen organizado, el "Combatir la fragilidad del Estado para incrementar el riesgo a los comportamientos delictivos: lavado de activos y tráfico ilícito de drogas" y dentro de este OE una serie de acciones dirigidas a fortalecer la lucha contra el LA en el país.
LOS RIESGOS LA/FT EN EL PAÍS
1. Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT
La Evaluación Nacional de Riegos LA/FT, elaborada en el marco de un proceso participativo 15
permitió identificar cinco (5) Amenazas 16
y cuarenta y tres (43)
vulnerabilidades 17
; y, a partir de la evaluación de aquellas vulnerabilidades susceptibles de colaborar a que dicha amenaza se haga realidad, se establecen cuarentaitrés (43) riesgos en materia de LA/FT, los cuales fueron clasificados en: (i) Riesgo muy alto: prioridad muy alta, necesidad de mitigación urgente; (ii) Riesgo alto: prioridad alta, necesidad de mitigación de manera menos urgente; (iii) Riesgo moderado: prioridad moderada, necesidad de mitigación media; (iv) Riesgo bajo: necesidad de mitigación residual.
A efectos de la elaboración de la Política Nacional y su respectivo Plan que permitirá su implementación, se toman en cuenta sólo 32 riesgos que tienen un impacto directo en materia de LA/FT. Los 11 riesgos restantes ya vienen siendo abordados por otras entidades públicas en el marco de otros instrumentos (políticas, planes y estrategias), por ejemplo, los que se detallan en el
Amenaza 1: Existencia de cultivos de coca, primer eslabón del narcotráfico Hallazgo:
El Perú es uno de los países con mayor producción de coca del mundo, lo cual lo ubica como un primer eslabón para el narcotráfico en la región.
Amenaza 2: Remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso Hallazgos:
- Existe una vinculación (alianza estratégica) entre los remanentes terroristas con el narcotráfico y otras actividades delictivas. Si bien en un inicio gran parte de los fondos que sustentaban la actividad terrorista provenía del exterior, en la actualidad el origen es interno y provendrían del tráfico ilícito de drogas, de la tala ilegal, la minería ilegal y la extorsión de empresas de la zona-VRAEM (como las empresas mineras y gasísticas), a quienes le cobran un cupo a la producción.
Amenaza 3: Incremento en los últimos años de las actividades de corrupción pública Hallazgo:
Percepción de que no existe una adecuada persecución de este tipo de delito, lo que, además de servir de incentivo a su comisión y de coadyuvar a la fuga de recursos públicos, genera sensación de impunidad entre la sociedad.
Amenaza 4: Elevada incidencia en el país de determinados tipos delictivos: Minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, contrabando y extorsiones y sicariato Hallazgos:
- Minería ilegal como el segundo delito precedente en importancia atendiendo al monto de los informes de inteligencia financiera emitidos desde 2003 hasta 2015. Este delito está asociado a una serie de delitos conexos.
Su elaboración demandó las siguientes actividades: (i) diversas reuniones bilaterales con representantes de organismos públicos y privados, (ii) el estudio y análisis de informes de entidades nacionales e internacionales; y, (iii) los cuestionarios específicos que fueron absueltos por las autoridades competentes 16
- La tala ilegal tiene bastantes similitudes con la minería ilegal debido a que su comisión implica de perjuicio a los recursos naturales, a las características de las zonas donde se ejecuta (abundancia de forestación y dificultades de control territorial por parte de las autoridades) y a ir asociados a otros delitos conexos.
- La trata de personas es uno de los problemas más relevantes, tanto desde el punto de vista social como de generación de rendimiento económico. Este delito se encuentra asociado a la comisión de otros delitos vinculados a la explotación de recursos naturales de forma ilícita.
- Respecto a la extorsión y el sicariato, este tipo de delitos, cometidos por bandas de carácter local, está teniendo cada vez más incidencia en el Perú, quizás por efecto contagio de otros países de la región donde se viene produciendo desde hace tiempo. La forma de actuar más habitual es la articulación de sistemas de extorsión a la población más desprotegida y a pequeños comerciantes que carecen de medios para defenderse (cobro de cupos), así como la puesta a disposición de sicarios que trabajan por cuenta de quienes encargan las acciones criminales.
- En cuanto al contrabando, la dificultad de control de las fronteras del Perú derivada de su amplitud y orografía, unida a la existencia de redes organizadas y de vías de desplazamiento utilizadas para otro tipo de tráficos ilícitos, facilita la entrada de mercancías de manera ilegal en el país, fundamentalmente por las fronteras con Chile, Bolivia y Ecuador.
Amenaza 5: Existencia en el entorno regional de países con elevado grado de criminalidad Hallazgos:
- El entorno regional del Perú (Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile)
adolece en su mayor parte, de graves problemas de delincuencia vinculados al narcotráfico, al crimen organizado y a redes de comercio ilícito, estando asentado en Colombia un importante número de personas pertenecientes a grupos terroristas.
- Los procesos de legitimación de rendimientos ilícitos no se producen únicamente en los países donde se han cometido los delitos o donde residen los delincuentes, sino que para dificultar su seguimiento, se realiza en países diferentes a los de la comisión.
- La situación se agrava por la globalización de la economía, la informalidad económica en el Perú y algunos de los países de su entorno y el hecho de que los nacionales de la Comunidad Andina puedan moverse libremente entre los territorios (sin pasaporte ni visado).
Vulnerabilidades (32):
2 Amplitud y porosidad de las fronteras peruanas.
- Imposibilidad de un control riguroso de las fronteras terrestres y marítimas del Perú.
- Comisión de actividades delictivas en las zonas fronterizas.
4 Falta de concienciación social sobre las consecuencias del lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
- Falta de rechazo claro de la población a las actividades delictivas de
- Incomprensión por parte de la población de la gravedad de actividades señaladas, debido al elevado grado de informalidad económica.
14 Debilidad de controles de movimientos de personas y mercancías en los países integrados en la Comunidad Andina.
El proceso de integración lleva aparejada una mayor libertad de movimiento de personas y mercancías, existiendo menores controles entre los países que forman parte de la Comunidad Andina.
15 Dificultad en el acceso por parte de la UIF a la información afectada por la regulación del secreto bancario y la reserva tributaria.
Si bien la UIF-Perú, en mérito al Decreto Legislativo Nº 1249 cuenta con acceso a las reservas bancaria y tributaria, previa autorización judicial, habrá que valorar su impacto al momento de aplicarse.
16 Dificultad por parte de la UIF para la elaboración de análisis estratégico debido a la falta de acceso a la información protegida por secreto bancario y reserva tributaria.
Dificultad en la detección de patrones utilizados para el LA/FT y en descubrir las tendencias en dichos delitos.
17 Desconocimiento del grado de cumplimiento de los abogados y contadores en su nueva condición de sujetos obligados.
A la vista de la nueva regulación (Decreto Legislativo Nº 1249), que incorpora a los abogados y contadores como SO, resulta necesario valorar su aplicación y determinar si el alcance que se atribuye a la excepción "información sujeta al secreto profesional" permite el ﬂ ujo de las comunicaciones.
18 Inexistencia de obligación para todos los sujetos obligados de enviar a la UIF información sobre las operaciones realizadas en efectivo por cantidades superiores a un determinado umbral.
- Sólo algunos SO tienen en la obligación de comunicar a la UIF-Perú de manera periódica aquellas operaciones registras en el Registro de Operaciones que superan determinado umbral, es decir, aquellas transacciones que se efectúen en efectivo por encima de una determinada cantidad.
- Falta de la información señalada en poder de la UIF-Perú que puede ser importante para la detección de actividades de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
19 Falta de conocimiento sobre la aplicación práctica de la reciente reforma de la tipificación de los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.
Falta verificar la aplicación práctica de las modificaciones a la legislación penal de LA/FT.
20 Inexistencia de autorización previa para el funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito y debilidad de su supervisión prudencial y en materia de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
- Las CAC pueden iniciar su actividad desde su inscripción en Registros Públicos (no requieren autorización previa).
- En zonas del Alto Huallaga y el VRAEM, en las que hay un escaso desarrollo económico, existe un número bastante elevado de CAC, por lo que no existe una razón objetiva que las justifique.
21 Ausencia de regulación prudencial de las personas naturales y jurídicas dedicadas a la compra y venta de divisas y a actividades de préstamo y empeño.
Este sector carece de regulación prudencial (no requieren autorización para iniciar la actividad), por lo que su control, más allá al LA/FT, es nulo.
22 Ausencia de retroalimentación por parte de la UIF con respecto al cumplimiento de los sujetos obligados.
- No existe un sistema de retroalimentación que permita trasladar desde la UIF-Perú al SO información sobre aspectos para mejorar sus comunicaciones o si realmente la información que está enviando es de utilidad para la investigación del LA/FT.
- Tampoco se envía a los SO, con las reservas del caso, algún tipo de información sobre las consecuencias positivas que para la lucha contra el LA/FT ha implicado alguna de sus comunicaciones.
23 Plazo excesivo para la comunicación de operaciones sospechosas vinculadas con la financiación del terrorismo.
El plazo para remitir los ROS en materia de FT (30 días y para el caso del sistema financiero es 15 días) no parece idóneo, debido a que las operaciones vinculadas a este delito tienen carácter inmediato y se ejecutan durante espacios cortos de tiempo (por ejemplo, aportaciones dinerarias concretas y por una sola vez). En el caso de LA dicho plazo si resulta adecuado porque las operaciones suelen tener un período de maduración más amplio y estar prolongadas en el tiempo.
24 Sistema de control del movimiento de efectivo transnacional insuficiente e inexistencia de limitación sobre los traslados internos.
- Las actividades de control se efectúan más en los ingresos que en las salidas, en un porcentaje aproximado de 70/30.
- La SUNAT no cuenta con acceso al registro de pasajeros, lo cual les impide realizar controles selectivos en función del riesgo de los viajeros.
- No se cuenta con un sistema que permita el control del movimiento de efectivo dentro del territorio nacional.
25 Deficiente regulación de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)
y quiebras en el sistema de supervisión en materia de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
- De la información recabada sobre los planes que rigen las actuaciones de supervisión que llevan a cabo APCI y el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, se deduce que los recursos dedicados a la verificación del cumplimiento en materia de lavado de activos y/o financiación del terrorismo son inexistentes.
- No existe un análisis de riesgos de las OSFL que entrañan más riesgo de ser utilizadas en actividades de LA/FT y, como tales, ser objeto de una supervisión focalizada.
26 Inexistencia de un sistema de confección y explotación estadística fiable y consolidado, relativas a las actuaciones que se realizan en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo.
Ausencia de un único sistema que permita bajo los mismos criterios unificar las estadísticas, evitando duplicidades y que permita una adecuada tomada de decisiones y la formulación de políticas públicas.
27 Inexistencia de la obligación de inscribir en los Registros Públicos información sobre el titular real de las personas jurídicas (SAC).
La información sobre accionistas o partícipes de la personas jurídica (SAC) no está actualizada, más allá de la escritura de la constitución de la misma, por no existir medio coercitivo que obligue a su inscripción.
28 Debilidad del sistema sancionador en materia de lavado de activos y/o financiación del terrorismo llevado a cabo sobre los sujetos obligados financieros.
- Existe un escaso número de sanciones impuestas a empresas financieras (que es superior al centenar) teniendo en cuenta el número de observaciones u hallazgos realizados como parte de la supervisión anual.
- La labor de la SMV es más preventiva que sancionadora (en el 2015 y 2016 no se ha iniciado ningún procedimiento sancionador).
29 Dificultad para la UIF de asumir la actividad de supervisión y sanción por incumplimiento de los sujetos obligados que tiene asignados para ello.
La UIF-Perú no ejerce la supervisión y sanción sobre la totalidad de operadores económicos y profesionales, bajo su competencia, toda vez que abarca sólo a los inscritos como SO y no a aquellos que actúan al margen de la formalidad.
30 Práctica inexistencia de actividades de supervisión en materia de lavado de activos y/o financiación del terrorismo en los sujetos obligados APNFD sometidos a supervisor prudencial.
- Las actividades que, en su caso, realizan la mayor parte de estas entidades en materia de lavado de activos y/o financiación del terrorismo son más bien exiguas.
- Falta de regulación específica en materia de prevención aplicable a los servicios postales.
31 Dificultad del Ministerio Público en la investigación y persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Carencia en el Ministerio Público de especialistas capaces de dirigir una investigación sobre delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en los que la complejidad cada vez es mayor y cuyo desarrollo precisa de conocimientos técnicos específicos en materia económica, financiera y patrimonial.
- No se tiene conocimiento de que haya capacitaciones específicas continuas y de carácter profundo en sistemas de investigación y detección del LAFT.
Elevada movilidad y rotación del personal afecta directamente a la eficacia.
- No actúa con toda la celeridad y eficacia que sería deseable, lo que perjudica seriamente la persecución del delito y la judicialización de los casos.
- Falta de medios económicos y técnicos, que dificulta la gestión de los casos y el procesamiento y ﬂ ujo de información, ralentizando los procesos de investigación.
32 Existencia de carencias en el Poder Judicial que afectan al sistema de represión penal.
- Carencia de medios en el Poder Judicial que impide el enjuiciamiento en plazos adecuados de las causas vinculadas con ambos tipos delictivos y la profundización de sus investigaciones, traduciéndose tanto en una deficiencia en el tratamiento de estos delitos como en el retraso en la sustanciación de los procesos judiciales.
- Número de especialistas insuficiente y falta de conocimiento en la materia.
- Número de casos instruidos y de condenas dictadas por lavado de activos no es congruente con el de delitos precedentes que se cometen en el país, lo que se derivaría de la incapacidad para poder enjuiciar este tipo de delitos.
33 Baja efectividad de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la investigación y persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Las Unidades de la PNP no cuentan con adecuados recursos económicos y de personal, careciendo igualmente de los medios tecnológicos necesarios para llevar a cabo actividades de investigación de campo, lo que afecta a la efectividad de sus actuaciones.
- Falta de especialización del personal y su excesiva movilidad es una constante, impidiendo que adquieran la capacitación técnica que su actividad requiere.
34 Existencia de corrupción en los operadores de seguridad y justicia.
Elevado grado de corrupción pública del país, que también se localiza entre los organismos y entidades dedicados a la investigación, persecución y enjuiciamiento del delito.
35 Dificultad en el intercambio de información entre las instituciones públicas.
- Dificultad para articular el intercambio de información entre organismos públicos, existiendo la tendencia de crear compartimentos estancos que, con el comprensible intento por evitar una posible mala utilización, implican en la práctica una dificultad añadida para el desarrollo de investigaciones que requieren de la participación de una pluralidad de actores.
- Problema en el ﬂ ujo de información que lastra las actuaciones en materia de prevención y lucha contra el LAFT, tanto entre los organismos dedicados a la investigación y persecución como con aquellos otros que cuentan con bases de datos relevantes a efectos de la represión de estos delitos.
36 Falta de coordinación efectiva entre instituciones públicas dedicadas a la investigación y persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Inexistencia de mecanismos formales de coordinación y colaboración entre la PNP y la UIF-Perú, que permita articular investigaciones conjuntas y el aprovechamiento mutuo de recursos.
37 Debilidad en la aplicación de la normativa vigente sobre pérdida de dominio y su utilización, por mandato legal, de manera subsidiaria a los resultados del proceso penal (no autónoma).
- El Ministerio Publico no inscribe los bienes incautados en registros y no comunica dicha media a CONABI. Sólo se ha registrado el 5% de los casos donde se ha dictado dicha medida.
-Falta de efectividad de la pérdida de dominio (sólo 3 sentencias) al tener carácter subsidiario al proceso penal.
38 Convencimiento de las entidades financieras de que cumplen de manera satisfactoria con sus obligaciones en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La percepción de los SO del sistema financiero, atendiendo a la cifras de los hallazgos detectados por la SBS en su labor de supervisión (186
observaciones desde el 2013 hasta la fecha), no es exacta.
39 Ausencia de comunicación de operaciones sospechosas por parte de determinados sujetos obligados.
Existen SO que no han enviado ROS a la UIF-Perú o que lo hacen de forma esporádica (compraventa de divisas, empeño y préstamos, laboratorios, fabricantes y comercializadores de insumos químicos, las OSFL, servicio de correo, comerciantes de antigüedades, empresas mineras, entre otros), pese en que muchas de ellas hay un nivel de riesgo alto (pagos en efectivo o uso de anonimato).
40 Falta de concienciación entre las APNFD sobre la necesidad del cumplimiento de sus obligaciones y deficiente aplicación del marco preventivo.
- Existe en las APNFDS, salvo el caso de los Notarios, un elevado riesgo de ser usado para lavar activos o afectadas por el financiamiento del terrorismo.
- Se registran deficiencias en el seguimiento de las operaciones, el conocimiento del cliente y la comunicación de las operaciones sospechosas, lo cual repercute negativamente en las actividades de prevención.
41 Deficiencia en la comunicación de operaciones sospechosas.
Los datos parecen indicar que los ROS no reúnen los requisitos para que sean de utilidad por desconocimiento de lo que se debe reportar o la imposibilidad de realizar un análisis de las posibles operaciones sospechosas, lo cual impide sustentar futuras investigaciones en materia de lavado de activos.
42 Ausencia de conocimiento especializado en los sujetos obligados de menor tamaño/volumen para la aplicación del marco preventivo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
No cuentan con el conocimiento y capacitación suficiente para proceder a su aplicación.
43 Escasa involucración de determinadas asociaciones representativas de intereses gremiales de sujetos obligados en la aplicación de las medidas en materia de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
Frente a entidades con un grado de implicación elevado en estas cuestiones (fundamentalmente las del ámbito financiero y del juego), coexisten otras, como las del ámbito minero y empresarial general, que muestran escaso interés en estas cuestiones, pese a agrupar a un elevado número de operadores con consideración de sujetos obligados.
Riesgos LA/FT (32)
Descripción del Riesgo Valoración 2 Amplitud y porosidad de las fronteras peruanas. Riesgo Alto 4 Falta de concienciación social sobre las consecuencias del lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
Riesgo Alto 14 Debilidad de controles de movimientos de personas y mercancías en los países integrados en la Comunidad Andina.
Riesgo Alto 15 Dificultad en el acceso por parte de la UIF a la información afectada por la regulación del secreto bancario y la reserva tributaria.
Riesgo Alto 16 Dificultad por parte de la UIF para la elaboración de análisis estratégico debido a la falta de acceso a la información protegida por secreto bancario y reserva tributaria.
Riesgo Moderado 17 Desconocimiento del grado de cumplimiento de los abogados y contadores en su nueva condición de sujetos obligados.
Riesgo Moderado 18 Inexistencia de obligación para todos los sujetos obligados de enviar a la UIF información sobre las operaciones realizadas en efectivo por cantidades superiores a un determinado umbral.
Riesgo Moderado 19 Falta de conocimiento sobre la aplicación práctica de la reciente reforma de la tipificación de los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.
Riesgo Bajo 20 Inexistencia de autorización previa para el funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito y debilidad de su supervisión prudencial y en materia de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
Riesgo Alto Descripción del Riesgo Valoración 21 Ausencia de regulación prudencial de las personas naturales y jurídicas dedicadas a la compra y venta de divisas y a actividades de préstamo y empeño.
Riesgo Alto 22 Ausencia de retroalimentación por parte de la UIF con respecto al cumplimiento de los sujetos obligados.
Riesgo Moderado 23 Plazo excesivo para la comunicación de operaciones sospechosas vinculadas con la financiación del terrorismo.
Riesgo Bajo 24 Sistema de control del movimiento de efectivo transnacional insuficiente e inexistencia de limitación sobre los traslados internos.
Riesgo Muy Alto 25 Deficiente regulación de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) y quiebras en el sistema de supervisión en materia de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
Riesgo Alto 26 Inexistencia de un sistema de confección y explotación estadística fiable y consolidado, relativas a las actuaciones que se realizan en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo.
Riesgo Moderado 27 Inexistencia de la obligación de inscribir en los Registros Públicos información sobre el titular real de las personas jurídicas (SAC).
Riesgo Alto 28 Debilidad del sistema sancionador en materia de lavado de activos y/o financiación del terrorismo llevado a cabo sobre los sujetos obligados financieros.
Riesgo Moderado 29 Dificultad para la UIF de asumir la actividad de supervisión y sanción por incumplimiento de los sujetos obligados que tiene asignados para ello.
Riesgo Moderado 30 Práctica inexistencia de actividades de supervisión en materia de lavado de activos y/o financiación del terrorismo en los sujetos obligados APNFD
sometidos a supervisor prudencial Riesgo Alto 31 Dificultad del Ministerio Púbico en la investigación y persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Riesgo Muy Alto 32 Existencia de carencias en el Poder Judicial que afectan al sistema de represión penal.
Riesgo Muy Alto 33 Baja efectividad de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la investigación y persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Riesgo Muy Alto 34 Existencia de corrupción en los operadores de seguridad y justicia.
Riesgo Alto 35 Dificultad en el intercambio de información entre las instituciones públicas.
Riesgo Muy Alto 36 Falta de coordinación efectiva entre instituciones públicas dedicadas a la investigación y persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Riesgo Muy Alto 37 Debilidad en la aplicación de la normativa vigente sobre pérdida de dominio y su utilización, por mandato legal, de manera subsidiaria a los resultados del proceso penal (no autónoma).
Riesgo Alto 38 Convencimiento de las entidades financieras de que cumplen de manera satisfactoria con sus obligaciones en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Riesgo Moderado 39 Ausencia de comunicación de operaciones sospechosas por parte de determinados sujetos obligados.
Riesgo Alto 40 Falta de concienciación entre las APNFD sobre la necesidad del cumplimiento de sus obligaciones y deficiente aplicación del marco preventivo.
Riesgo Alto 41 Deficiencia en la comunicación de operaciones sospechosas.
Descripción del Riesgo Valoración 42 Ausencia de conocimiento especializado en los sujetos obligados de menor tamaño/volumen para la aplicación del marco preventivo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Riesgo Moderado 43 Escasa involucración de determinadas asociaciones representativas de intereses gremiales de sujetos obligados en la aplicación de las medidas en materia de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
Riesgo Moderado 2. Evaluación Sectoriales de Riesgos LA/FT en los ámbitos minero y pesquero Estas evaluaciones sectoriales, realizadas con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ, han permitido identificar los principales riesgos LA/FT en los sectores minero y pesquero, así como sus respectivos lineamientos de política para mitigarlos.
En el sector minero, se han identificado en orden de prioridad siete (7) riesgos: la minería ilegal del oro, minería ilegal de otros minerales, fondos del contrabando que se invierten en el sector minero, fondos del narcotráfico que se invierten en el sector minero, otras actividades ilícitas que lavan sus ganancias en el sector minero, clientes sospechosos y actividades terroristas financiadas por empresas mineras. Mientras que en el sector pesquero los riesgos LA/FT que ascienden a igual número (7) son:
extracción ilegal, procesamiento ilegal, comercialización ilegal, fondos del narcotráfico que se invierten en el sector pesquero, otras actividades ilícitas que lavan sus ganancias en el sector pesquero, clientes sospechosos y actividades terroristas financiadas por empresas pesqueras.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 40
El informe de evaluación mutua realizado al Perú en el marco de la III Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFISUD (actualmente GAFILAT) del 31 de julio del 2008 dio cuenta del grado de cumplimiento de las 49
Recomendaciones (hoy las 40 Recomendaciones de febrero del 2012). En efecto, el informe establece que 10 de ellas habían sido cumplidas; 14 mayoritariamente cumplidas; 24 parcialmente cumplidas y solo 1 no cumplida.
Como resultado de esta evaluación se determinó que en las Recomendaciones claves del GAFI, como son las Recomendaciones 5, 10, 13, y las Recomendaciones Especiales I, III y IV, el Perú obtuvo una calificación de Parcialmente Cumplido, lo cual motivó que sea sometido a un proceso de "Seguimiento Intensificado"
Posteriormente, la SBS, con el objetivo de preparar al país para lograr una adecuada implementación de las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI y lograr una buena calificación en la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas, implementó el proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades del Perú para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica - GAFISUD" (marzo 2013 a enero 2014); y, sobre la base de las recomendaciones de éste, ejecutó el proyecto "Implementación de las Medidas y Acciones para el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI" (noviembre 2014 a marzo 2016). Ambos con el financiamiento de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la Cooperación Suiza - SECO.
En el marco del segundo proyecto, el 11 de marzo de 2016 se presentó el Informe Final. Entre los temas de cumplimiento técnico que consideró como prioritarios a ser abordados por el Estado, se señalaron los siguientes:
- La Evaluación Nacional de Riesgos y las Evaluaciones Sectoriales de Riesgo, con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
- Actualización del Plan Nacional de Lucha contra el
- Contar con un marco normativo adecuado, que establezca, entre otros aspectos, el acceso a la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria y la adecuada tipificación del LA/FT.
- Establecer la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas por LA/FT.
- Debido cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
- Generar y publicar estadísticas para demostrar la efectividad LA/FT.
- Mejorar la capacidad de los operadores de justicia.
- Creación de una Mesa de Trabajo para implementar las R8 y R24.
- Procedimientos para intercambio de información.
- Capacitación en las materias recomendadas.
Para implementar parte de dichas recomendaciones se presentaron varios proyectos de ley ante el Congreso de la República; sin embargo, fue sólo a partir de la emisión de la Ley Nº 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana por un plazo de 90 días calendario, del 9 de octubre del 2016, que se emitieron los Decretos Legislativos que recogieron en casi su totalidad los cambios normativos sugeridos.
En tal sentido, a continuación se detallan las normas emitidas en el periodo abril 2016 a enero 2017, que han permitido cumplir la mayoría de las debilidades identificadas:
Leyes emitidas en el periodo abril 2016-enero 2017
1 Ley Nº 30437, "Ley que modifica el artículo 3 de la Ley Nº 27693, Ley que crea la UIF-Perú, para ampliar sus facultades en la lucha contra el terrorismo", publicada el 25 de mayo del 2016.
2 Decreto Legislativo Nº 1249, "Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo", publicado el 26 de noviembre del 2016.
3 Decreto Legislativo Nº 1298, "Decreto Legislativo que modifica los artículos 261, 264, 266 y 267 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo Nº 957, que regulan la detención preliminar judicial y la detención judicial en caso de ﬂ agrancia" publicado el 30 de diciembre del 2016
4 Decreto Legislativo Nº 1352, "Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas", publicado el 7 de enero del 2017.
En efecto, mediante la Ley Nº 30437 se otorga expresamente a la UIF-Perú la potestad para congelar activos y fondos de las personas vinculadas al terrorismo, el FT y a la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a lo dispuesto en las Resoluciones del Consejo de Seguridad ONU Nº 1267, Nº 1373, Nº 1718 y Nº 2231.
Proceso al que ingresan aquellos países que muestran deficiencias en sus sistemas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Como consecuencia de ello, deben reportar periódicamente las medidas implementadas para subsanar las deficiencias detectadas.
Se trata de una medida de carácter administrativa (no penal) y preventiva, sujeta a ratificación de un juez, quien debe pronunciarse en 24 horas.
Posteriormente, mediante Decreto Legislativo Nº 1249 se dictaron medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del LA/FT. Entre las principales modificaciones se tiene:
• Acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria de la UIF-Perú con autorización judicial: se concede a la UIF-Perú la potestad de solicitar en cada caso que investiga administrativamente al Juez Penal de Lima el acceso a las reservas tributaria y bancaria, quien cuenta con un plazo de 48 horas para resolver la solicitud, debiendo tramitarla en forma reservada, sin participación del afectado. Emitida la autorización judicial, las entidades financieras y la Administración Tributaria deben remitir la información a la UIF-Perú en un plazo máximo de 30 días hábiles.
• Incorporación de nuevos sujetos obligados: (i) procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito; (ii)
empresas de préstamos; (iii) juegos y apuestas deportivas a distancia utilizando el internet u otro medio; (iv) empresas que otorgan financiamiento sin intermediación bancaria; (v) abogados y contadores que realicen de manera habitual actividades de asesoramiento financiero y servicios societarios en nombre de un tercero o por cuenta de este.
A nivel del sector público se incorporan las Empresas del Estado, gobiernos regionales, municipios provinciales, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
• Incorporación del sistema de prevención LA/FT
acotado: se establece que algunos sujetos obligados, teniendo en consideración sus especiales características, pueden implementar un sistema de prevención LA/FT
acotado, a diferencia del sistema de prevención LA/FT
general que ya viene siendo implementando. El sistema acotado implica, por parte del sujeto obligado, únicamente la obligación de designar un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva; y, prevenir, detectar y comunicar a la UIF-Perú, operaciones sospechosas a través de un
• Modificaciones a la legislación penal sobre LA:
se precisa que la autonomía del delito de LA no sólo comprende el ámbito de investigación y procesamiento, sino también el de la sanción; y, se incluye expresamente como delito precedente del LA al FT. Asimismo, se recoge dentro del tipo penal "Actos de ocultamiento y tenencia" la expresión "posee" y se elimina la referencia a la finalidad.
• Modificaciones a la legislación penal sobre FT:
se incluye expresamente que los fondos pueden tener origen lícito o ilícito y se sanciona a quienes proporcionan a los terroristas individuales o a los grupos terroristas financiamiento para asegurar su existencia.
Asimismo, mediante Decreto Legislativo Nº 1298
se modifica el artículo 264 del Código Procesal Penal, estableciéndose que la detención preliminar judicial en delitos complejos (entre ellos, el LA) pueden durar un plazo máximo de siete (7) días; y, cuando se trate de delitos cometidos por organizaciones criminales, puede durar un plazo máximo de diez (10) días.
Finalmente, se emitió el Decreto Legislativo Nº 1352 que establece la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas involucradas en casos de LA/ FT, contemplándose medidas para sancionarlas en forma directa como la disolución o la multa. Asimismo, se prevé que las personas jurídicas que implementen programas efectivos de prevención podrán eximirse de responsabilidad.
Este marco normativo se ha reforzado con diversas normas sectoriales que ha emitido la SBS, aplicables a los sujetos obligados en materia de prevención LA/FT, durante el 2016.
Juegos de Casino y/o Máquinas Tragamonedas Resolución SBS Nº 6426-2015, publicada el 23 de marzo de 2016. Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas.
Congelamiento de fondos y activos Resolución SBS Nº 3862-2016, publicada el 16 de julio de 2016. Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al FT, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, identificadas en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).
Agentes de Aduana Resolución SBS Nº 4197-2016, publicada el 20 de agosto de 2016. Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los Agentes de Aduana autorizados para operar como Despachadores de Aduana".
PEP Resolución SBS Nº 4349-2016, publicada el 14 de agosto de 2016. Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo".
Préstamos y Empeño Resolución SBS Nº 4463-2016, publicada el 20 de agosto de 2016. Norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados dedicados al otorgamiento de préstamos y empeño", vigente desde el 1 de diciembre de 2016.
Remesas Postales Resolución SBS Nº 6089-2016, publicada el 23 de noviembre de 2016. Norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los Concesionarios Postales y Operador Designado, autorizados a prestar el servicio postal de remesa y/o giro postal.
Con relación a la mejora de la efectividad, entendida por el GAFI como "el grado en que se logran los resultados definidos", el informe plantea las siguientes observaciones:
Resultado Observación Resultado Inmediato 1: se entienden los riesgos de LA/FT y, cuando corresponde, se coordinan acciones a escala interna para enfrentar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación.
- Realización de la Evaluación Nacional de Riesgos.
- Implementación de un enfoque basado en riesgos.
Resultado Inmediato 2: la cooperación internacional arroja información, inteligencia financiera y evidencia apropiada, y facilita la acción contra los criminales y sus activos.
- Desarrollar estadísticas de acuerdo a lo indicado para el cumplimiento técnico de la R 33.
Resultado Inmediato 3: los supervisores supervisan, monitorean y regulan adecuadamente a las instituciones financieras y a las APNFD en cuanto al cumplimiento con los requisitos ALA/CFT en proporción a sus riesgos.
Resultado Inmediato 4: las instituciones financieras y las APNFD aplican adecuadamente medidas preventivas ALA/CFT
proporcionales a sus riesgos y reportan las transacciones sospechosas.
- Evaluar la conveniencia de aprobar una ley que establezca un sistema de autorización para las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de divisas.
- Se recomienda identificar (o actualizar según corresponda) los riesgos por sector: tipo de actividad financiera, industria o negocio de que se trate, e incluir la identificación y comprensión de los riesgos de FT.
- Cuando se cuente con la identificación de los riesgos por sector, sería necesario una retroalimentación entre los diferentes sectores.
Resultado Observación Resultado Inmediato 5: las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas no pueden ser utilizadas indebidamente para el LA/FT, y la información sobre sus beneficiarios reales está al alcance de las autoridades competentes sin impedimentos.
- Incluir en la evaluación de riesgos a realizar o ampliar el alcance de la realizada al sector de entidades con personalidad jurídica (R 24), para identificar aquellos tipos societarios de mayor exposición al riesgo y comprender la dinámica de su utilización para LA/FT.
- Desarrollar un plan de capacitación que permita trasladar los conocimientos y experiencias a las autoridades competentes, así como a la comunidad, sobre los riesgos de mal uso de las personas jurídicas y fideicomisos.
Resultado Inmediato 6: la inteligencia financiera y toda la demás información relevante son utilizadas apropiadamente por las autoridades competentes en investigaciones sobre LA/FT.
Resultado Inmediato 7: Los delitos y actividades de LA se investigan y los transgresores son procesados y sujetos a sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas.
Resultado Inmediato 9: se investigan los delitos y actividades de financiamiento del terrorismo y las personas que financian el terrorismo son procesadas y sujetas a sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas.
- Estudiar el establecimiento de un mecanismo para mejorar la coordinación y retroalimentación entre las distintas autoridades en el marco de una investigación penal por LA
así como por los delitos precedentes relevantes, a efectos de fomentar el trabajo interinstitucional y el desarrollo de equipos multidisciplinarios que permitan una mejor investigación y la obtención de pruebas que garanticen un nivel adecuado de sentencias condenatorias por LA en relación al perfil de riesgos presentes. Asimismo, sugerir medidas tendientes a proteger la confidencialidad de la información en la etapa de investigación y juzgamiento de los delitos.
- Diseñar un programa de capacitación amplio y profundo sobre todos los aspectos vinculados a la lucha contra el LA/FT, dirigido a mejorar la efectividad del sistema. Asimismo, asegurar la permanencia en sus cargos de los funcionarios que han recibido esa capacitación.
- Es fundamental dotar a las autoridades de los recursos materiales, tecnológicos y humanos adecuados para desarrollar investigaciones criminales y patrimoniales completas frente a cada delito con la potencialidad de generar ganancias ilícitas relevantes.
Resultado Inmediato 8: Los activos y los medios del delito son confiscados - Se recomienda desarrollar estadísticas de acuerdo a la R 33. Asimismo, es importante que se establezca un mecanismo formal que establezca la conformación de equipos multidisciplinarios que estudien en forma sistemática tales estadísticas para orientar la formulación de políticas contra el LA/FT y su implementación coordinada y sistemática.
- Es necesario fomentar el inicio de una investigación patrimonial cada vez que se desarrolle una investigación criminal por un delito precedente o por LA/FT, con el objeto de identificar todos los activos vinculados al hecho criminal y tomar las medidas precautorias tendientes a asegurar el decomiso.
- Diagnosticar las necesidades de recursos materiales, tecnológicos y económicos, y de capacitación de las autoridades encargadas de realizar investigaciones patrimoniales para asegurar que cuenten con todos los recursos y conocimientos técnicos para desarrollar de manera adecuada, en tiempo y forma, las acciones para identificar, rastrear y lograr las medidas precautorias que aseguren el decomiso.
Resultado Observación Resultados Inmediato 10: A
los terroristas, organizaciones terroristas y financieros de terrorismo se les impide recaudar, trasladar y utilizar fondos, y utilizar indebidamente el sector de las
OSFL.
Resultado Inmediato 11: A las personas y entidades involucradas en la proliferación de armas de destrucción masiva se les impide recaudar, trasladar y utilizar fondos, conforme las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relevantes.
- Es de suma importancia que las acciones de cumplimiento técnico de los requisitos de las R6 y R7
se complementen con el diseño y ejecución de un plan de capacitación para los sectores financieros y económicos que implementarán las medidas preventivas y ejecutarán las sanciones financieras.
A fin de cumplir las observaciones formuladas en el ámbito de efectividad se han desarrollado las siguientes acciones:
• Se culminó con la Evaluación Nacional de Riesgos en materia de LA/FT y las Evaluaciones Sectoriales de Riesgo en materia de LA/FT para el sector minero y pesquero, cumpliendo lo contemplado en la R 1.
• Desde finales del 2015 a la fecha se viene desarrollando el Proyecto "Sistema de Información Estadística sobre LA/FT", con el apoyo técnico de la Cooperación Alemana Implementada por GIZ, cuyo objetivo es el de generar información sobre los sistemas Anti LA/FT, mediante un mecanismo de automatización de producción de información, con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y la UIF-Perú; lo cual sería finalmente publicado por el Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y la Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Entre los temas más importantes que aún estarían pendientes de dar cumplimiento a fin de contribuir al componente de efectividad, se tienen:
- Norma que establezca un sistema de autorización (licenciamiento) para la constitución y funcionamiento de las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de divisas (RI2).
- Después de identificar los riesgos por sectores, se requerirá de una retroalimentación entre los diferentes sectores, para tener una comprensión general de los riesgos (RI4).
- Identificar, a través de una evaluación de riesgos, aquellos tipos societarios de mayor exposición al riesgo (RI5).
- Desarrollar un plan de capacitación que permita trasladar los conocimientos y experiencias en esta materia a las distintas autoridades competentes, a la comunidad, sobre los riesgos del mal uso de las personas jurídicas y fideicomisos (RI5).
- Mecanismos de coordinación y retroalimentación entre las distintas autoridades en el marco de una investigación penal, a fin de fomentar el trabajo interinstitucional y el desarrollo de equipos multidisciplinarios (RI6).
- Programa de capacitación amplio y profundo sobre todos los aspectos vinculados a la lucha contra el LA/FT.
Asegurar la permanencia en los cargos de los funcionarios que reciben la capacitación (RI7).
- Dotar a las autoridades de campo de los recursos materiales, tecnológicos y humanos adecuados para desarrollar investigaciones criminales y patrimoniales (RI9).
- Fomentar el inicio de una investigación patrimonial cada vez que se desarrolle una investigación criminal por un delito precedente o por LA/FT, con el objeto de identificar todos los activos vinculados al hecho criminal (RI8).
Cabe resaltar que el Perú, producto del trabajo impulsado por la UIF, como coordinador nacional, salió del proceso de seguimiento intensificado el 5 de agosto del 2016, por decisión del Pleno del GAFILAT, al
haberse constatado los avances realizados por el país y el compromiso político para superar las deficiencias detectadas en el 2008.
Normas legales Comercio Exterior y Turismo Economia y Finanzas Produce « Normas legales Previas Inicio El Peruano Legal Mas normas legales »