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Timestamp: 2018-11-13 20:36:02
Document Index: 138505017

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 59', 'artículo 420', 'artículo 173', 'artículo 148']

Noticias y Comunicados | Giraldo Angel Asociados | Una nueva visión en derecho para los negocios
Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia. Robot asistente en la Superintendencia de Sociedades.
La Superintendencia de Sociedades de Colombia anunció mediante comunicado de prensa del día 10 de octubre de 2018, que Siarelis (Sistema con bases de inteligencia Artificial para la Resolución de Litigios Societarios), el robot asistente, asesoraría a la Delegatura para los Procedimientos Mercantiles en la toma de decisiones en conflictos societarios, además de responder preguntas a los usuarios realizadas a través del sitio web de la entidad.
El desarrollo de Siarelis, obedeció al trabajo conjunto de un equipo interdisciplinario de abogados especialistas en Derecho Comercial e ingenieros. No obstante, es de advertir que si bien el robot realiza una serie de preguntas al juez y al equipo sobre los hechos del caso a resolver y da su opinión respecto a la procedencia de las pretensiones del demandante, además de mostrar las sentencias o antecedentes judiciales más relevantes para el caso particular, se trata solo de un mecanismo no vinculante que sirve de guía y que no sustituye las decisiones del juez.
El superintendente Francisco Reyes Villamizar, resalta que esta innovación pone al país como pionero mundial en la revolución digital, en especial lo atinente a la justicia, lo que permite una justicia más ágil y transparente.
Así, la inteligencia artificial no solo se ha abierto camino en lo relativo a la prestación de servicios jurídicos y elaboración de productos legales tradicionalmente ofrecidos por abogados, sino que también empieza a abrirse camino en Colombia en lo relativo a la Administración de Justicia.
La Administración de Justicia en Colombia ha sido objeto de diversas modificaciones que han propendido por su reestructuración para mejorar sus niveles de acceso, transparencia, eficacia y oportunidad, entre otros aspectos que hacen de la justicia en Colombia un sistema poco eficiente. Así, como una de las alternativas a explorar en el afán de encontrar la fórmula perfecta para una reforma a la justicia, está el uso de la Inteligencia Artificial como una de las tecnologías disruptivas, para el complemento de la labor de jueces y funcionarios de la justicia proporcionando herramientas para el procesamiento de la información dentro de los procesos judiciales, búsqueda y análisis de la normativa vigente aplicable a un caso particular, entre otras funciones, que pudieran resultar atractivas a la prestación y acceso al servicio de justicia en el país, que ahora, más allá de ser una utopía, encuentra su primera manifestación, si bien incipiente, en la práctica judicial del país.
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2018/Supersociedades-el-primer-juzgado-de-Am%C3%A9rica-Latina-en-contar-con-un-robot-asistente.aspx
Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales (con cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión), deben implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Así las cosas, para implementar un SG-SST, el Ministerio de Trabajo ha realizado unas pasos que se deben tener en cuenta: Realizar la evaluación inicial; identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y gestión de los mismos; definir la política y los objetivos; plan de trabajo anual del SG SST; programa de capacitación, entrenamiento, inducción y re inducción en SST; prevención y preparación ante emergencias; reporte e Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; definir los criterios para la adquisición de bienes y servicios o contratación de servicios con las disposiciones del SG SST; medición y evaluación de la gestión en SST e implementar acciones preventivas y correctivas.
De esta manera, si una empresa incumple con la implementación del SG-SST, las normas en salud ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador, previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales, acarreará multa de hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción.
En caso de reincidencia en tales conductas o por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, formulados por la Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio de Trabajo debidamente demostrados, se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por un término de ciento veinte (120) días o cierre definitivo de la empresa, como se estipuló en el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012.
La Resolución 1111 de 2017, estableció la definición del cómo y cuándo se debe entregar la implementación del SG-SST teniendo en cuenta que, para el 31 de diciembre de 2020, las empresas deberán tener en funcionamiento dicho Sistema; para lo cual dividió por etapas el proceso de ejecución, a tener en cuenta:
Fase de evaluación inicial (junio – agosto de 2017). Las empresas deberán autoevaluarse con el fin de identificar las prioridades y necesidades en SST
Plan de mejoramiento (septiembre – diciembre de 2017). El resultado de la autoevaluación y se puede ejecutar en tres o seis meses. Para aquellas empresas calificadas como críticas (menos del 60 %), deben hacerlo en tres meses, y las que estén calificadas como moderadamente aceptable (puntaje superior al 60 % e inferior al 86 % en la autoevaluación) deben hacerlo en seis meses, mientas que las empresas que superen el 86 % se considerarán aceptables y no requieren estrictamente de un plan de mejoramiento, pero sí deben tener un plan de trabajo anual.
Ejecución del SG-SST (enero – diciembre de 2018). En diciembre de 2018 se prepara el plan de trabajo anual para el 2019 (identificación, intervención y monitoreo de los factores de riesgo).
Seguimiento y plan de mejora (enero a marzo de 2019). Se hace un seguimiento a la implementación del SG-SST. Se revisa el cumplimiento de los procedimientos, el funcionamiento del sistema, realización de inspecciones, seguimiento de las no conformidades al sistema, cumplimiento del plan de auditorías y del plan de capacitación, evaluación de la política y alimentación de los indicadores, entre otros.
Inspección, vigilancia y control (abril de 2019 en adelante). El Ministerio de Trabajo podrá empezar a ejercer su función de inspección, vigilancia y control del SG-SST, el cual será hará con mayor frecuencia a partir del primero de enero del 2020.
Finalmente, los planes de mejoramiento resultantes de las autoevaluaciones deben ser registradas en las ARL a partir del 2020. Allí utilizarán la información con el fin de orientar las visitas que hagan a las empresas y ayudarlas a obtener el reconocimiento oficial de que están implementando el SG- SST.
Equivalencia funcional de los medios electrónicos.
El principio de los equivalentes funcionales de los negocios jurídicos celebrados a través de medios electrónicos respecto de aquellos negocios jurídicos suscritos en forma escrita y oral, constituye el principal fundamento de la interrelación del derecho con las nuevas tecnologías, más aún cuando se habla del llamado comercio electrónico.
Dicho principio indica que la función jurídica que cumple la instrumentalización escrita y autógrafa respecto de todo acto jurídico, la cumple de igual forma la instrumentalización electrónica a través de un mensaje de datos, sin perjuicio del contenido, extensión, alcance y finalidad del acto.
De acuerdo con lo anterior, la declaración de voluntad propia de las personas puede expresarse tanto de manera escrita u oral, así como de manera electrónica por medio de un mensaje de datos.
Es así como la Ley 527 de 1999 en su artículo 6 dispone que cuando una norma exija que determinada información conste por escrito, este requisito se entenderá cumplido si ello consta en un mensaje de datos que sea susceptible de consulta posterior, ello, siempre y cuando se cumpla con los criterios establecidos por la Ley Modelo de la CNUDMI, a saber: (i) Proporcionar un documento legible; (ii) Asegurar la inalterabilidad del documento; (iii) Permitir la reproducción del documento; y (iv) Permitir la autenticación de los datos consignados suscribiéndolos con una firma.
No obstante, el principio de los equivalentes funcionales no implica únicamente la equivalencia funcional de escrito referida anteriormente, pues cuando la Ley requiere que un escrito se encuentre firmado, este requisito también se entenderá cumplido cuando se haya utilizado la firma electrónica (por ejemplo: contraseñas, datos biométricos, códigos) o la firma digital (aquellas emitidas por las entidades de certificación).
Por su parte, el equivalente funcional del original hace relación a la no alteración de la información electrónica, mientras que el equivalente funcional de archivo y conservación está orientado al requisito de evidencia digital.
Es así como, mediante este principio en Colombia es viable la implementación, ejecución y celebración de cualquier tipo de negocio jurídico utilizando los medios electrónicos disponibles, constituyendo la piedra angular del comercio electrónico.
Arbitrariedad en materia tributaria municipal
En Colombia, en la actualidad, muchas administraciones de impuestos municipales ejercen sus potestades sancionatorias y reguladoras de manera arbitraria, al desconocer los principios constitucionales y legales que deben orientar su función.
Por un lado, frente a la potestad sancionatoria, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011prescribió lo siguiente:
“[…] Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.
En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem. […]”
En virtud de lo establecido, la administración pública en materia sancionatoria, debe considerar, antes de interponer cualquier sanción, los principios: de legalidad, no reformatio in pejus, non bis in ídem y de presunción de inocencia y, en consecuencia, solamente podrá aplicar las sanciones cuando las mismas estén establecidas en la ley, no podrá sancionar varias veces a un sujeto por un mismo hecho, no podrá agravar la sanción interpuesta por el juez de primera instancia y, por último, la administración tendrá que desvirtuar la inocencia del sujeto.
No obstante, como una de las manifestaciones de la ineficacia de los principios a los que se ha hecho referencia, ha sido la constante inversión en la carga de la prueba en el contribuyente, que en la práctica sancionatoria, debe demostrar que no realizó el hecho sancionable, so pena de que la administración confirme la sanción, situación que vulnera sus derechos de presunción de inocencia y debido proceso.
Ahora bien, con relación a la potestad regulatoria y jerarquía normativa, el artículo 59 de la Ley 788 del 2002, estableció que:
“[…] Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos […]”
En el mismo sentido, en sentencia C No. 037 del 26 de enero del 2000, la Corte constitucional, a propósito de la jerarquía normativa indicó que las normas de carácter legal –incluso las que no son leyes en sentido formal, materialmente tienen su carácter como las del Estatuto Tributario Nacional, deben preferirse a las demás normas pertenecientes al ordenamiento jurídico entre las que se cuentan, por ejemplo, los acuerdos municipales, así:
“[…] El ordenamiento jurídico colombiano supone una jerarquía normativa que emana de la propia Constitución. Si bien ella no contiene disposición expresa que determine dicho orden, de su articulado puede deducirse su existencia, así no siempre resulte sencilla esta tarea. En efecto, diversas disposiciones superiores se refieren a la sujeción de cierto rango de normas frente a otras. Además de ser evidente que las normas constitucionales ocupan, sin discusión, el primer lugar dentro de la jerarquía del ordenamiento jurídico, dentro de la propia Carta, no todas las normas son igualmente prevalentes. Pero más allá de la supremacía constitucional, de la propia Carta también se desprende que las leyes expedidas por el Congreso dentro de la órbita de competencias que le asigna la Constitución ocupan, en principio, una posición prevalente en la escala normativa frente al resto del ordenamiento jurídico. Así las cosas, tenemos que los actos administrativos de contenido normativo deben tener por objeto el obedecimiento y cumplimiento de la ley, de donde se deduce su sujeción a aquella. Tenemos entonces que, de manera general, la normatividad jurídica emanada de autoridades administrativas o de entes autónomos, debe acatar las disposiciones de la ley, tanto en su sentido material como formal […]”[1]
De la sentencia, es posible inferir y en consecuencia afirmar, que el procedimiento tributario de los municipios y departamentos debe ceñirse al procedimiento tributario consagrado en el Estatuto Tributario Nacional, excepto cuando el procedimiento tributario de los municipios y departamentos se establezca en beneficio de los contribuyentes. No obstante, en muchos casos, las entidades territoriales ignoran las normas del Estatuto Tributario incluyendo en el régimen municipal y/o departamentales disposiciones procedimentales que desmejoran las condiciones del Estatuto Tributario Nacional vulnerando a los contribuyentes. Lo anterior, pone de manifiesto la importancia de conocer los principios constitucionales y los derechos de los contribuyentes con el objeto de ejercer veeduría y control de la administración en materia tributaria.
Inteligencia Artificial en lo Juridico
La tecnología, con el paso de los años, ha conquistado cada vez más espacio en nuestra vida cotidiana, en el relacionamiento con el otro y con nosotros mismos, y sin duda alguna, en el ejercicio profesional del Derecho.
Lo anterior, entre otras cosas, dado al cambio en las necesidades legales de quienes demandan servicios jurídicos que se han visto impactadas por las tecnologías disruptivas digitales. Esta situación, ha llevado a algunas firmas de abogados en el mundo a replantearse su papel en el mercado de servicios jurídicos y a transformarse para conservar su vigencia, o al menos a generar la inquietud del cambio. No obstante, y a pesar de la resistencia al cambio de algunos sectores, serán necesarios muchos ajustes en los modelos actuales en la prestación de servicios jurídicos para satisfacer las necesidades del futuro, para no ir muy lejos, en lo relativo a las negociaciones con criptomonedas y a la estructuración de Smart contracts.
Como una muestra de la evolución en los servicios legales, numerosos softwares han sido creados para la prestación de servicios jurídicos como la revisión y elaboración de contratos, procesos de due-dligence, facturación electrónica, búsqueda de contenido jurídico especifico, propiedad intelectual, entre otros. Lo anterior, deja en evidencia el cambio en cómo nos relacionamos con la tecnología, esto es, la tecnología está en camino a dejar de ser un conjunto de herramientas al servicio del hombre, en este caso lo abogados, a convertirse en un generador central de productos jurídicos. Así, queda la idea en el aire de que gran parte del trabajo que tradicionalmente ha sido llevado a cabo por abogados, sin perjuicio de quienes opinen lo contrario, serán realizadas por máquinas, lo que será, al menos en teoría, más rentable y expedito.
Como ejemplo de lo anterior, La inteligencia Artificial (IA), que agrupa distintas tecnologías muchas de las cuales todavía están siendo exploradas, está la invención del robot Ross, creado por un startup canadiense de la Universidad de Toronto en el que se usó la tecnología del superordenador Watson. Ross, gracias a sus algoritmos, está diseñado para rastrear más de 10 mil páginas por segundo, filtrar e interpretar la información y dar respuesta a problemas jurídicos con la habilidad de aprender y mejorar su eficacia, tiene así, la habilidad de aprender y desaprender. Muchos de sus detractores sugieren que la Inteligencia Artificial debería usarse solamente como una herramienta para acortar los plazos de una investigación y optimizar procesos, pero en ningún caso, para suplir el puesto de un abogado profesional. No obstante, el miedo a las consecuencias de una nueva “revolución industrial” persiste.
En la actualidad, si bien la inteligencia artificial significa para algunos una amenaza a la práctica del Derecho por humanos, también puede ser vista como una oportunidad para la revisión y adaptación constante en la prestación de servicios jurídicos, de encontrar elementos diferenciadores y de valor para nuestros clientes.
Chuquicallata Reategui, A. A. (2018, 09, 5). Ross, el primer abogado robot que litiga usando inteligencia artificial en. Nombre de la revista. Recuperado de https://legis.pe/ross-primer-abogado-robot-litiga-usando-inteligencia-artificial/
Millard Robert, Thriving at the Edge of chaos. AI, blockchain and the digital law firm of the future. 2018.
Registro Único Tributario Para no Residentes y no Domiciliados
Como una de las novedades de la Reforma Tributaria, El artículo 420 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 173 de la Ley 1819 de 2016, estableció un nuevo hecho generador del impuesto sobre las ventas -IVA. Así, para efectos de este impuesto, los servicios prestados desde el exterior se entenderán prestados en el territorio nacional y causarán el impuesto sobre las ventas -IVA- cuando el destinatario de éste tenga su residencia fiscal o domicilio en el territorio nacional.
Como reglamentación a la nueva disposición legislativa, el Decreto 1415 de 2018 del Ministerio de Hacienda, establece para los sujetos sin residencia o sin domicilio en Colombia que presten servicios desde el exterior, gravados con el impuesto sobre las ventas – IVA en Colombia y a los que no les practiquen la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas- IVA, la obligación de inscribirse en el Registro Único Tributario- Rut.
Para cumplir con dicha inscripción, la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales- Dian, habilitará de forma electrónica a través de la pagina web la posibilidad de realizar la inscripción en el Registro Único Tributario- RUT a través del servicio de “PQSR y Denuncias”
En este sentido, si bien esta nueva regulación tiene muy buena retórica y propósito, toda vez que busca igualar las condiciones entre los prestadores de servicios extranjeros y nacionales con relación a la responsabilidad del IVA, en términos reales resulta ingenuo creer que sujetos sin residencia o domicilio en Colombia den cumplimiento a esta obligación. Lo anterior, en primer lugar debido al desconocimiento de la norma y a la imposibilidad de que la Dirección de Impuestos y Aduanas pueda ejercer las herramientas jurídicas en términos de sanciones y coerción para obligar a estas personas sin residencia o domicilio en el país al respectivo cumplimiento.
NUEVAS DISPOSICIONES PARA LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES
El Ministerio de Salud y Protección Social, expidió el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, por medio del cual se modifican las disposiciones relacionadas con el pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes.
De esta manera, a partir del 01 de octubre de 2018, el pago de las cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral se efectuará mes vencido, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), por periodos mensuales, teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el mes anterior.
El ingreso base de cotización (IBC) al Sistema de Seguridad Social Integral del trabajador independiente con contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante, corresponde mínimo al cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando a ello haya lugar, advirtiendo que en ningún caso el IBC podrá ser inferior al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) ni superior a 25 veces el SMMLV.
Así las cosas, al contratista le corresponde pagar, mes vencido, el valor de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando la afiliación sea por riesgo 1, 2 o 3, conforme con la clasificación de actividades económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002, y el contratante deberá pagar el valor de la cotización mes vencido, cuando la afiliación del contratista sea por riesgo IV o V.
Adicionalmente, la norma prevé que, a partir de junio de 2019, los contratantes privados, públicos o mixtos que sean personas jurídicas, los patrimonios autónomos y consorcios o uniones temporales conformados por al menos una persona jurídica, deberán efectuar la retención y giro de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral a través de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) de los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante, en los plazos establecidos, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NIT del contratante.
Embargo de acciones en la S.A.S.
Dentro del patrimonio de un deudor existen activos (bienes muebles e inmuebles) susceptibles de ser embargados como lo son las acciones que tenga éste en una S.A.S., sin embargo, para lograr la correcta inscripción del citado gravamen, el acreedor deberá tener presente el siguiente procedimiento especial
En primer lugar, cuando un Juez ordena el embargo de las acciones de un deudor, emite una orden por escrito dirigida al Representante Legal de la S.A.S., para que proceda con la inscripción del referido embargo en el libro oficial de Registro de Accionistas (libro de obligatoria inscripción ante la Cámara de Comercio del domicilio social).
No obstante, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 414, 415 y 416 del Código de Comercio cuando se presuma o se haya pactado el Derecho de Preferencia dentro de la S.A.S., la misma sociedad y sus accionistas podrán adquirir las acciones sujetas a embargo en la forma y en los términos pactados en los Estatutos de la compañía. Por lo cual, sólo si la sociedad ni los demás accionistas se encuentran interesados en las citadas acciones, procederá el Representante Legal con la formalización del embargo haciendo la debida inscripción en el libro de Registro de acciones o accionistas.
Por otro lado, respecto a la inscripción de embargos y otras órdenes de autoridad competente ante la Cámara de Comercio del domicilio social de la compañía, sólo procede la inscripción del embargo de los bienes dados en prenda cuando la mutación de estos bienes esté sujeta a inscripción en el Registro Mercantil, es decir, cuando se trate de establecimientos de comercio, cuotas o partes de interés. Por lo cual, en caso de que la mutación de los bienes dados en prenda no esté sujeta a inscripción en el Registro Mercantil (como lo es el caso de las acciones de una S.A.S.), la Cámara de Comercio se abstendrá de inscribir la medida e informará al juez de tal situación.
En razón a lo anterior, el embargo de acciones de un accionista de una S.A.S. sólo constará en el libro de Registro de Acciones que reposa en el domicilio social y se encuentra bajo custodia del Representante legal de la sociedad, sin haber lugar a un registro público del embargo ante la Cámara de Comercio respectiva, por lo cual, para constatar la debida inscripción del gravamen, deberá solicitarse el citado libro oficial por medio del Derecho de Inspección propio de los accionistas, pues lo terceros ajenos a la sociedad no podrán acceder a dicha información debido a la consagración de la Reserva legal sobre este tipo de documentos.
Conozca la responsabilidad de la matriz sobre las obligaciones de la subordinada en liquidación
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC-28372018 (05001310301320010011501), jul. 25/18, recordó que de conformidad con el artículo 148 de la Ley 222 de 1996, la compañía matriz o controlante tendrá la obligación de responder subsidiariamente por las obligaciones de la empresa subordinada sometida a liquidación obligatoria o concordato. Esto, cuando esas situaciones fueran producto de las actuaciones de la matriz derivadas del control ejercido, pues la subordinación supone que el poder de decisión de la filial o subsidiaria se encuentra sometido a la voluntad de la matriz.
Se espera entonces, que además de advertir y enfrentar los factores exógenos que inciden positiva o negativamente en el desenlace de la empresa, los órganos de dirección y apoyo administrativo, como la junta directiva y los administradores, den cuenta de los resultados de su actuar diligente.
Políticas contables: préstamos sin intereses a empleados
¿Puede una entidad tener como política contable la aprobación de créditos para los empleados sin la aplicación de ningún tipo de interés?, ¿puede esta decisión afectar el reporte de la información financiera de la entidad?
Para la respuesta a estas inquietudes, es importante diferenciar entre las políticas contables y las políticas administrativas, comerciales y de recursos humanos. Por consiguiente, el hecho de prestar dinero sin intereses no es una política contable, sino una política comercial de la entidad, una política administrativa o de recursos humanos por lo que no tendría por qué interferir en el registro contable.
Ahora bien, en cuanto al reconocimiento, si una entidad presta dinero sin intereses a sus empleados, dichos préstamos tendrán que reconocerse con una financiación implícita, o, cuando el valor no es material o el tiempo en el que se espera recaudar el valor es inferior a un año, reconocerse al valor nominal sin ningún tipo de ajuste (aplicando el principio de materialidad).
Fuente: https://actualicese.com/actualidad/2018/01/24/politicas-contables-prestamos-sin-intereses-a-empleados/