Source: https://tc.vlex.es/vid/561221366
Timestamp: 2019-10-22 16:12:28
Document Index: 6097795

Matched Legal Cases: ['artículo 87', 'artículo 62', 'artículo 100', 'in fine', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 6']

STC 19/2015, 16 de Febrero de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 561221366
STC 19/2015, 16 de Febrero de 2015
Número de Recurso: 3738-2012
El Procurador de los Tribunales don José Luis Pinto Marabotto Ruiz, en nombre y representación de doña Concepción Fuya Lasnig, don Alejandro Castillo Navarro, don Héctor Claudio Silveira Gorski y don Jordi Morató-Aragonés Pàmies, y bajo la asistencia del Letrado don Jordi Morató-Aragonés Pàmies, interpuso recurso de amparo contra los acuerdos citados en el encabezamiento, mediante escrito registrado en este Tribunal el 20 de junio de 2012.
Los demandantes, en su calidad de integrantes de la comisión promotora, presentaron ante la Mesa del Parlamento de Cataluña la iniciativa legislativa popular “Per la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu català” el 24 de noviembre de 2011, aportando, junto con el escrito de solicitud de admisión a trámite de la iniciativa, el texto articulado de la proposición de ley precedido de una exposición de motivos y una memoria justificativa. La iniciativa fue admitida a trámite por acuerdo de la Mesa del Parlamento de 29 de noviembre de 2011, lo que fue comunicado a la comisión promotora indicando que, de conformidad con el art. 6.5 de la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de iniciativa legislativa popular de Cataluña, el perfeccionamiento de la iniciativa requería la presentación en tiempo y forma de un mínimo de 50.000 firmas debidamente autenticadas. El texto del acuerdo y el de la iniciativa legislativa popular fueron publicados en el “Boletín Oficial del Parlamento” de Cataluña de 5 de diciembre de 2011, anunciándose la apertura de la tramitación de la propuesta de iniciativa legislativa popular.
El Gobierno de la Generalitat remitió a la Mesa del Parlamento de Cataluña un acuerdo de 13 de marzo de 2012 oponiéndose a la tramitación de la iniciativa, argumentando que su aprobación comportaría un aumento del gasto presupuestado para el año en curso, puesto que requeriría un incremento de los gastos de personal docente del capítulo I del presupuesto y de la partida presupuestaria destinada a los conciertos educativos, como se reflejaba en el informe elaborado por el Departamento de Educación de la Generalitat, que también se adjuntaba. Este acuerdo se adoptó después de aprobarse, en el mes de febrero, la Ley de presupuestos de 2012, que puso fin a la prórroga de la Ley de presupuestos de 2011. La nueva Ley de presupuestos disponía en su art. 17.4 que “[d]urante el ejercicio 2012, el Gobierno está obligado a oponerse a cualquier iniciativa legislativa que conlleve crecimiento del gasto público presupuestado, si no se proponen, al mismo tiempo los recursos adicionales necesarios”.
La Mesa, de conformidad con lo previsto en el art. 102.1 y 2 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC) y atendidas las razones expuestas por el Gobierno, dispuso dejar sin efecto el acuerdo de 29 de noviembre de 2011 de admisión a trámite de la iniciativa y declarar conclusa su tramitación mediante un nuevo acuerdo de 20 de marzo de 2012.
La comisión promotora de la iniciativa presentó una solicitud de reconsideración mediante un escrito de 23 de marzo de 2012, alegando que la aprobación de la propuesta no implicaría aumento de gasto en el año en curso pues la propuesta legislativa afectaba a la organización del curso escolar y éste ya había comenzado, de modo que cualquier novedad habría de esperar al curso siguiente. La comisión promotora por un nuevo escrito de 28 de marzo de 2012 alegó que, atendiendo al art. 102.3 del Reglamento, la intervención del Gobierno resultaba extemporánea, pues lo que en ese artículo se establece es que el Gobierno puede oponerse a la tramitación de una iniciativa hasta dos días antes del debate de totalidad, lo que no sería aplicable al caso de una iniciativa legislativa popular que para llegar a la fase de tramitación parlamentaria aún tiene que perfeccionarse con la incorporación de las firmas requeridas, validadas por la junta electoral.
La Mesa del Parlamento, por acuerdo de 27 de marzo de 2012, rehusó la reconsideración y confirmó los efectos de declarar concluso el trámite de la iniciativa. Por acuerdo de 10 de abril de 2012, se tomó nota del escrito presentado el 28 de marzo de 2012, confirmando el rechazo a la solicitud de reconsideración. Por su parte, la Secretaría General del Parlamento, en consideración a “que la comisión promotora de la iniciativa es un agente externo a la organización parlamentaria”, dirigió el 11 de abril de 2012 una comunicación en forma de carta a la representante de la comisión promotora, detallando las razones jurídicas que habían conducido a la decisión de inadmisión de la iniciativa.
La comisión promotora presentó el 21 de junio de 2012 en el registro del Parlamento de Cataluña 68.802 firmas de apoyo a la iniciativa legislativa popular. La Mesa del Parlamento, por acuerdo de 26 de junio de 2012, tomó nota de las firmas presentadas y recordó que la iniciativa había caducado como consecuencia del acuerdo de 20 de marzo de 2012. La Secretaria General informó de que se presentaría a la Mesa una propuesta justificada de reembolso por los gastos generados a la comisión promotora mientras estuvo abierta la tramitación de la iniciativa, de acuerdo con la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de iniciativa legislativa popular de Cataluña.
Los demandantes denuncian que se han vulnerado sus derechos a la participación ciudadana en los asuntos públicos (art. 23.1 CE) y a la igualdad (art. 14 CE) y solicitan que se otorgue el amparo, se declare la nulidad de la resolución de la Mesa y se ordene continuar con la tramitación de la iniciativa legislativa popular.
La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 8 de abril de 2013, acordó admitir a trámite la demanda de amparo por considerar que en el presente recurso concurría la exigencia de especial trascendencia constitucional a que se refiere el art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) consistente en que plantea un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional [STC 155/2009, de 26 de junio, FJ 2 a)], y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Parlamento de Cataluña para que, en un plazo que no excediese de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes y entregar una copia de la demanda para conocimiento de la Mesa del Parlamento de Cataluña, a los efectos de su personación en el presente proceso constitucional.
La Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 16 de mayo de 2013, acordó tener por recibido el testimonio de las actuaciones remitido por el Parlamento de Cataluña, a quien se tiene por personado y parte, y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y las partes personadas por un plazo de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.
El Parlamento de Cataluña, mediante escrito registrado el 17 de junio de 2013, presentó sus alegaciones solicitando la denegación del amparo.
El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 3 de julio de 2013, presentó sus alegaciones interesando que se declare la vulneración del derecho a la participación política (art. 23.1 CE) y la nulidad de los acuerdos impugnados.
Los demandantes, por escrito registrado el 19 de junio de 2013, presentaron sus alegaciones, dando por reproducidos los hechos y fundamentos expuestos en el escrito de interposición del recurso y poniendo de manifiesto la importancia del depósito de las más de 68.000 firmas que refrendan la presentación de la iniciativa legislativa popular.
Por providencia de 12 de febrero de 2015 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 de dicho mes y año.
El objeto de este recurso de amparo es determinar si la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña por la que se dejó sin efecto la previa admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular “Per la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu català” y declaró el cierre de su tramitación, vulneró los derechos de participación en los asuntos públicos (art. 23.1 CE) y el principio de igualdad (art. 14 CE).
La jurisprudencia constitucional que puede resultar relevante para este caso, en relación con el derecho de participación política (art. 23.1 CE), puede resumirse en los siguientes aspectos:
El art. 23.1 CE reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes. La Constitución, al establecer que la Monarquía parlamentaria es la forma de gobierno o forma política del Estado español (art. 1.3 CE), diseña un sistema de participación política de los ciudadanos en el que priman los mecanismos de democracia representativa. No obstante, también la Constitución reconoce concretos instrumentos de democracia directa como es la iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE; SSTC 119/1995, de 17 de julio, FJ 3, o 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 2), cuyo ejercicio debe desarrollarse en la forma jurídicamente prevista en cada caso al ser un derecho de configuración legal (STC 76/1994, de 14 de marzo, FJ 3).
La iniciativa legislativa popular en el marco del ejercicio de las competencias autonómicas, una vez regulado su uso por los Estatutos y la legislación autonómica, también forma parte del derecho que tienen los ciudadanos a participar directamente en los asuntos públicos reconocido en el art. 23.1 CE, en la concreta configuración legal que le sea dada (ATC 428/1989, de 21 de julio, FJ 3).
La legislación autonómica configura los perfiles específicos de esta modalidad de iniciativa de los ciudadanos y, como sucede con otros derechos de configuración legal, no toda infracción de la ley autonómica reguladora de la iniciativa se traduce en una lesión del derecho fundamental. De ese modo, la vulneración del art. 23.1 CE no se deriva de la mera existencia de irregularidades en el procedimiento de tramitación con ocasión del ejercicio de la iniciativa, sino de “la presencia de una relación causal entre irregularidad procedimental y transgresión del contenido del derecho fundamental, de suerte que se haga evidente la imposibilidad de ejercicio de la iniciativa popular en virtud de obstáculos imprevisibles e insalvables” (ATC 140/1992, de 25 de mayo, FJ 2).
La iniciativa legislativa popular como instrumento de participación directa de los ciudadanos en la función legislativa, a través de la facultad de propuesta, y de comunicación con los representantes en el parlamento tiene también el sentido de buscar “forzar el debate político y obligar a que los distintos Grupos de la Cámara y esta misma tengan que tomar expresa posición sobre un asunto o tema determinado” (STC 40/2003, de 27 de febrero, FJ 7). Con independencia, por tanto, de que la propuesta prospere ante el Pleno, la función principal de este cauce de participación se habrá conseguido haciendo posible que los ciudadanos puedan conocer “lo que sus representantes piensan sobre una determinada materia, así como sobre la oportunidad o no de su regulación legal, y extraer sus propias conclusiones acerca de cómo aquéllos asumen o se separan de lo manifestado en sus respectivos programas electorales” (STC 124/1995, de 18 de julio, FJ 3). Por tanto, en la medida en que se incidiría sobre esta concreta finalidad de la iniciativa legislativa popular, “una decisión de inadmisión que no se ajustase a las causas legales al efecto establecidas entrañaría una vulneración del derecho fundamental consagrado en el art. 23.1 CE” (ATC 428/1989, de 21 de julio, FJ 3).
La decisión de la Mesa de la Cámara respecto de la admisión de la iniciativa es un acto reglado que tiene por objeto comprobar que la iniciativa cumple con los requisitos de forma y que no tiene por objeto materias excluidas. En ese sentido, al igual que se ha afirmado respecto de otras funciones calificadoras de la Mesa, se trata de un control estrictamente normativo y no de oportunidad, ya que cumplen la función jurídico-técnica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para su mayor eficiencia como foro de debate y participación de la cosa pública (STC 191/2013, de 18 de noviembre, FJ 3), que debe ejercerse respetando, además, la dimensión material del deber de motivación que exige motivar expresa, suficiente y adecuadamente la aplicación de las normas cuando pueda resultar de la misma una limitación al ejercicio de los derechos reconocidos en el art. 23 CE (STC 40/2003, de 27 de febrero, FJ 6).
En la medida en que así esté previsto normativamente, resulta posible que la Mesa de una Cámara, tras una inicial decisión de admisión a trámite de una propuesta legislativa, deje sin efecto la misma cuando el Gobierno ejerza una potestad de oposición vinculada a razones de impacto presupuestario de la iniciativa. Además, por afectar a las relaciones Parlamento-Gobierno, en esos casos el control que debe ejercer por este Tribunal en vía de amparo debe ser de una menor intensidad (STC 242/2006, de 24 de julio, FJ 6).
En el presente caso, como ha sido detallado en los antecedentes, los elementos facticos más relevantes que deben tomarse en consideración para resolver la invocación del art. 23.1 CE son los siguientes:
La Mesa del Parlamento de Cataluña, mediante un inicial Acuerdo de 29 de noviembre de 2011, admitió a trámite una iniciativa legislativa popular tras verificar el cumplimiento de los requisitos formales y materiales del art. 6 de la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de iniciativa legislativa popular de Cataluña, dando paso a la fase de recogida de firmas.
El Gobierno de la Generalitat, que no había sido consultado previamente sobre la iniciativa, remitió al Parlamento, al amparo del art. 102.3 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC), un acuerdo de 13 de marzo de 2012 oponiéndose a la tramitación de la iniciativa, exponiendo que, una vez aprobada en febrero de 2012 la Ley de presupuestos para el año 2012, implicaría un aumento del gasto presupuestado para el año en curso.
La Mesa, por un nuevo acuerdo de 20 de marzo de 2012, antes de que transcurriera el plazo de recogida de firmas del art. 9 de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, decidió dejar sin efecto la admisión a trámite de la iniciativa y declarar conclusa su tramitación tomando en consideración a lo previsto en el Reglamento de la Cámara y atendidas las razones expuestas por el Gobierno en su acuerdo de oposición.
Los demandantes solicitaron la reconsideración de esta decisión, alegando que la aprobación de la propuesta no implicaría aumento de gasto en el año en curso y que la intervención del Gobierno resultaba extemporánea, toda vez que el art. 102.3 RPC lo que establece es que el Gobierno puede oponerse a la tramitación de una iniciativa hasta dos días antes del debate de totalidad, lo que no sería aplicable al caso de una iniciativa legislativa popular que para llegar a la fase de tramitación parlamentaria aún tiene que perfeccionarse con la incorporación de las firmas requeridas, validadas por la Junta Electoral. Esta solicitud de reconsideración fue rechazada por la Mesa del Parlamento.
Una vez presentadas las firmas de apoyo, la Mesa del Parlamento por acuerdo de 26 de junio de 2012 reiteró que la iniciativa había caducado y la Secretaria General informó a la comisión promotora de que se presentaría en la Mesa una propuesta justificada de reembolso por los gastos generados mientras había estado abierta la tramitación de la iniciativa, de acuerdo con la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña.
En atención a lo expuesto, debe concluirse que se han producido la vulneración del art. 23.1 CE aducida por los demandantes de amparo.
Esta regulación normativa pone de manifiesto que la decisión de la Mesa del Parlamento de dejar sin efecto la previa admisión a trámite de la proposición de ley derivada de la iniciativa legislativa popular presentada —lo que equivale materialmente a una decisión de inadmisión— y, por tanto, la interrupción del procedimiento de recogida de firmas con el argumento de la existencia de un veto presupuestario el Gobierno carece de cobertura legal, ya que (i) se adoptó en un momento inadecuado, (ii) con fundamento en un hecho que no está configurado normativamente como causa de inadmisión de este tipo de proposiciones de ley, y (iii) por la Mesa del Parlamento que carece de competencia para ello.
El Letrado de la Mesa del Parlamento de Cataluña, sin contradecir la anterior conclusión, ha justificado en su escrito de alegaciones la decisión impugnada alegando que (i) la continuación de la tramitación, conocida ya la oposición gubernamental, “habría alimentado falsas expectativas en la comisión promotora” y (ii) hubiera implicado un perjuicio al erario público, pues el proceso de verificación de firmas genera un importante gasto, concluyendo de ello que la posposición del acuerdo de la Mesa, en definitiva, no hubiera alterado el contenido del acuerdo.
Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de los demandantes de amparo a la participación en los asuntos públicos (art. 23.1 CE).
Restablecerles en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la resolución de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 20 de marzo de 2012 y los acuerdos de 27 de marzo y 10 de abril de 2012.
Voto particular que formula el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, respecto a la Sentencia de la Sala Primera de fecha 16 de febrero de 2015 dictada en el recurso de amparo núm. 3738-2012.
Me parece, en primer lugar, llamativo el dispar tratamiento que el Tribunal viene mostrando a los Poderes del Estado. Es fácil constatar que aborda con especial delicadeza, como es lógico, los nada escasos recursos de amparo suscitados con ocasión de resoluciones judiciales. Ello le ha llevado, por ejemplo, a establecer un canon para el derecho fundamental a acceder a la jurisdicción y otro mucho menos exigente para el derecho a acceder a los recursos legalmente establecidos (STC 37/1995, de 7 de febrero); distingo que no encuentra parangón en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Como es sabido, la Constitución española (en adelante, CE) contempla la iniciativa legislativa en el artículo 87, dentro del capítulo segundo (de la elaboración de las leyes) del título III (de las Cortes Generales). Dicho artículo establece en su epígrafe 1 que “La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras”. Indica en el epígrafe 2 que “Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley”. Ampliando aún más, aunque condicionadamente, los posibles promotores de iniciativas similares, señala en el epígrafe 3 que “Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia”. Igualmente el Estatuto de Cataluña incluye, al ocuparse de la actividad legislativa en su artículo 62.1, a “los ciudadanos, mediante la iniciativa legislativa popular”. Es fácil detectar la obligada proyección de estos preceptos sobre la Ley catalana 1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa popular.
La constatación de que una iniciativa legislativa cobra sentido, sea cual sea su resultado, al contribuir a “forzar el debate político y obligar a que los distintos Grupos de la Cámara y esta misma tengan que tomar expresa posición sobre un asunto o tema determinado” [STC 40/2003, de 27 de febrero, citada en el FJ 2 d)] no es obviamente privilegio de las que surgen de iniciativa popular. Tampoco lo es que, como consecuencia, los ciudadanos puedan así conocer “lo que sus representantes piensan sobre una determinada materia”, así como “extraer sus propias conclusiones acerca de cómo aquéllos asumen o se separan de lo manifestado en sus respectivos programas electorales” (STC 124/1995, de 18 de julio —citada ibídem —). Deducir de ello que la Mesa del Parlamento de Cataluña ha producido “la vulneración del art. 23.1 CE aducida por los demandantes de amparo”, por haber realizado “una interpretación de la normativa que disciplina la iniciativa legislativa popular en Cataluña que ha impedido objetivamente la posibilidad de que se cumpla una de las finalidades que le es propia, como es la oportunidad de que los representantes políticos de la ciudadanía se pronunciaran sobre el contenido de la iniciativa”, al dar entrada a la prerrogativa gubernamental de evitar cualquier iniciativa que implique incremento de gasto, ni incide —a mi juicio— “en el núcleo esencial del art. 23.1 CE” (FFJJ 4 y 5 de la Sentencia), ni “ha supuesto una incidencia directa” (FJ 6), más de lo que pueda serlo el similar bloqueo, por idéntica razón, de cualquier enmienda parlamentaria.
Esta última referencia permite considerar función de la Mesa todo aspecto necesitado de regulación que no se atribuya a otro órgano parlamentario. La afirmación de la Sentencia —FJ 5 (iii)— de que “Serán ya otros órganos de la Cámara los que, en las distintas fases de ese devenir parlamentario, decidan lo que estime ( sic ) pertinente” se cuida mucho de dar pistas sobre a qué órgano puede estar refiriéndose. En todo caso, eliminar drásticamente de las funciones de la Mesa el control de elementos del contenido material de las iniciativas llevaría, en caso contrario, a situaciones pintorescas.
El Gobierno, por su parte, es —como se ha visto— el principal promotor primario de iniciativas legislativas, como reflejo del art. 88 CE: “Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros”, sin perjuicio de que las proposiciones de ley emanadas de los grupos parlamentarios —cuya “tramitación se regulará por los Reglamentos de las Cámaras” (art. 89 CE)—, o las promovidas por iniciativa popular, puedan, en su caso, convertirse en proyectos de ley. El Reglamento del Parlamento de Cataluña recoge igualmente ese papel prioritario en su artículo 100: “La iniciativa legislativa corresponde: a) Al Gobierno, que la ejerce mediante la presentación de un proyecto de ley”.
Hay por tanto dos factores que están llamados a coexistir: los procedimientos legislativos reflejados en los reglamentos parlamentarios y la posible intervención del Gobierno en dichos cauces —en ejercicio de su responsabilidad de control del gasto presupuestado— analizando iniciativas o bloqueando enmiendas. Argumentar que esa intervención es improcedente, porque entre las “causas de inadmisibilidad de proposiciones de ley” de la ley catalana que regulaba las iniciativas populares “no aparece una eventual oposición del Gobierno a su tramitación por motivos presupuestarios” —FFJJ 4 y 5 (ii) de la Sentencia— ignora esa neta realidad. Se reiterará en el fundamento jurídico 5(ii) in fine .
De lo expuesto es fácil colegir que no puedo compartir la afirmación de la Sentencia en su fundamento jurídico 5 (iii): “Esta decisión de inadmisión, fundada en la falta de conformidad presupuestaria del Gobierno, ha sido acordada por la Mesa del Parlamento cuando por tratarse de una razón material cuya valoración no le está expresamente atribuida no contaba con competencia para ello”. No tendría tampoco fundamento afirmar que “el veto presupuestario” del Gobierno “se adoptó en un momento inadecuado” — ibídem (i)— ya que, antes de la nueva disposición adicional, podía adoptarse en cualquier momento hasta dos días antes de su deliberación.
Se ha convertido ya en tópico recordar que el Tribunal no ha de erigirse en legislador, invadiendo terreno ajeno. Me temo que puede haber ocurrido cuando la Sentencia —FJ 5 (i)— pretende encajar todo lo apuntado en un problema meramente cronológico, que convertiría en extemporáneo el envío de la proposición de ley por la Mesa al Gobierno. La iniciativa legislativa popular no se convertiría en proposición de ley hasta que la Mesa del Parlamento, recogidas las 50.000 firmas previstas en la ley catalana, la calificara como tal. Queda fuera duda que la Constitución no sugiere nada parecido, como tampoco lo tuvo en mente el legislador catalán. Valga acudir a más de un artículo de la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa popular. Ya en la solicitud que inicia su ejercicio, antes de calificación alguna el artículo 3 exige “la presentación en la Mesa del Parlamento de una proposición de ley”. Igualmente, al desarrollar la “Solicitud de Admisión”, el artículo 5 exige entre otros documentos: “a) El texto articulado de la proposición de ley, precedido de una exposición de motivos. b) Una memoria explicativa de las razones que aconsejan, según el parecer de las personas firmantes, la tramitación y aprobación de la proposición de ley por el Parlamento”. Siguiendo los trámites, antes de calificación alguna, el artículo 6.1 establece que “La Mesa del Parlamento debe examinar la documentación recibida y debe pronunciarse de forma motivada en el plazo de quince días hábiles sobre la admisión o la inadmisión a trámite de la proposición de ley”, mientras el epígrafe 2 se ocupa de las “causas de inadmisibilidad de la proposición de ley”, denominación que se reitera en su apartado b). Solo en el epígrafe 5, tras subsanar posibles irregularidades enmendables, “La Mesa del Parlamento debe notificar la resolución sobre la admisión o inadmisión de la proposición de ley a la comisión promotora” Ni que decir tiene que la norma legal podría modificarse y justificar así la hipótesis propuesta, pero no es este Tribunal quien deba hacerlo.
STSJ Aragón 134/2013, 18 de Marzo de 2013
STSJ Islas Baleares 843/2013, 11 de Diciembre de 2013