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Timestamp: 2018-11-16 05:53:12
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Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 49', 'artículo 75', 'artículo 19', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 138', 'artículo 23', 'artículo 25']

BOE.es - Documento BOE-A-1987-16791
Documento BOE-A-1987-16791
«BOE» núm. 171, de 18 de julio de 1987, páginas 22065 a 22079 (15 págs.)
BOE-A-1987-16791
La competencia de la jurisdicción militar se circunscribe en tiempo de paz al ámbito estrictamente castrense, conociendo de las conductas tipificadas como delito en el Código Penal Militar y extendiendo su competencia a cualquier clase de delito en el supuesto de tropas desplazadas fuera del territorio nacional. Para tiempo de guerra, la Ley Orgánica prevé una modificación de ese ámbito, si bien la decisión compete a las Cortes Generales y, en caso de que estuviere autorizado, al Gobierno. Se confiere también a los Tribunales Militares la tutela jurisdiccional de la potestad disciplinaria militar, sustantivamente regulada en la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre. Sin que ello signifique terciar en la vieja polémica sobre la naturaleza, penal o administrativa, de lo disciplinario, se estima que el ámbito estrictamente castrense, constitucionalmente erigido en fundamento de la jurisdicción militar pero normativamente indeterminado, comprende también la potestad disciplinaria, ejercida en los distintos escalones de la organización esencialmente jerárquica de las Fuerzas Armadas, como tiene reconocido el Tribunal Constitucional.
A los efectos de esta Ley la locución «tiempo de guerra» se entenderá en los términos definidos en el artículo 14 del Código Penal Militar.
2. De la instrucción y enjuiciamiento en única instancia de los procedimientos por delitos y faltas no disciplinarias, que sean competencia de la jurisdicción militar, contra los Capitanes Generales, Tenientes Generales y Almirantes cualquiera que sea la situación militar, miembros del Tribunal Militar Central, Fiscal Togado, Fiscales de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y Fiscal del Tribunal Militar Central.
Los Magistrados procedentes de los Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos serán nombrados por Real Decreto, refrendado por el Ministro de Justicia, y a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Para cada vacante que se produzca, el Ministro de Defensa presentará al Consejo General del Poder Judicial una terna de Consejeros o Ministros Togados y Generales Auditores con aptitud para el ascenso.
1. Un Auditor Presidente, que será Consejero o MinistroTogado.
3. Los Vocales Militares, Generales de Brigada o Contralmirantes, que se designen en la forma que se establece en el artículo 39, y que deberán pertenecer a las Armas en el Ejército de Tierra, al Cuerpo General o al de Infantería de Marina, en la Armada y al Arma de Aviación en el Ejército del Aire, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39.4.
1. Al principio de cada año judicial, se confeccionará una lista por Ejército, de Generales de Brigada y Contralmirantes destinados en los Órganos Centrales de la Defensa y en los Cuarteles Generales de los Ejércitos. Estas listas serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» y en el del Ministerio de Defensa. Las listas no se modificarán durante el año judicial
2. Con antelación suficiente a la fecha de la vista para juicio oral, a presencia del Auditor Presidente, dando fe el Secretario Relator y con citación de las partes que hayan de intervenir en las actuaciones a celebrar, se insacularán los nombres de la lista del Ejército correspondiente y se extraerán cuatro o dos nombres, según que la Sala a constituir deba ser de cinco o tres miembros. La mitad de los extraídos, por el orden de extracción, formarán parte del Tribunal, como Vocales Militares Titulares, y la otra mitad, por el mismo orden, serán suplentes. Si en el momento de llevarse a cabo la insaculación, alguno de los sorteados fuera incompatible, no estuviera ya destinado en los órganos citados, hubiera ascendido, variado de situación militar o no pudiera asistir por causa justificada, se procederá a extraer otro nombre de la misma lista.
En el supuesto de que la vista de un procedimiento se prolongue por más de una audiencia, formarán parte del Tribunal, en todas ellas, los Vocales extraídos para la primera.
4. Si el inculpado o inculpados perteneciesen todos ellos a la Guardia Civil, los Vocales Militares serán Generales de Brigada de la Guardia Civil, que se sortearán en el tiempo y forma que señales los números anteriores de entre todos los Generales de ese empleo en situación de plena actividad.
b) Pertenecer a las Armas, en el Ejército de Tierra; al Cuerpo General y al de Infantería Marina, en la Armada; al Arma de Aviación en el Ejército del Aire. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49.4.
2. Con antelación suficiente a la fecha de la vista para juicio oral, a presencia del Auditor Presidente, dando fe el Secretario Relator y con citación de las partes que hayan de intervenir en las actuaciones a celebrar, se insacularán los nombres de la lista del Ejército correspondiente, y se extraerán cuatro o dos nombres, según que la Sala a constituir sea de cinco o de tres miembros. La mitad de los extraídos, por el orden de extracción, formarán parte del Tribunal como Vocales Militares titulares, y la otra mitad serán suplentes. Si en el momento de llevarse a cabo la insaculación, alguno de los sorteados fuera incompatible, no estuviera ya destinado en los órganos citados, hubiera ascendido, variado de situación militar, o no pudiera asistir por causa justificada, se procederá a extraer otro nombre de la misma lista.
En el supuesto de que la vista de un procedimiento se prologue por más de una audiencia, formarán parte del Tribunal en todas ellas los Vocales extraídos para la primera.
A este fin, el Ministro de Defensas o la Autoridad en quien delegue, interesará de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central la propuesta del número de Juzgados Togados Militares que deban asistir a las unidades desplazadas y de los miembros de los Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos que puedan desempeñar el cargo de Juez Togado Militar. La resolución corresponderá al Ministro de Defensa.
El conocimiento de los delitos competencia de la jurisdicción militar cometidos fuera del suelo nacional, siempre que no se trate de algunos de los supuestos previstos en los artículos 63 y 64, corresponderán a los Juzgados Togados Centrales o a los Juzgados Togados Territoriales con sede en Madrid, según sus respectivas atribuciones.
Cuando fuere necesario, a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, podrán crearse en las Secretarias Relatorías, por Orden ministerial, diferentes secciones, al frente de cada una de las cuales se encontrará un miembro de los Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos de los empleos señalados en el artículo 75.
Primera.–Cuando en el mismo Tribunal Militar o Juzgado Togado Militar existan más de uno, se turnarán la sustitución cuando sea necesario.
Segunda.–Cuando no exista más que el Secretario Relator titular, la sustitución se efectuará mediante auxilio judicial de la Secretaría Relataría de la misma entidad y geográficamente más próxima.
Tercera.–Cuando esta sustitución no fuera posible, el Tribunal Militar o el Juez Togado Militar que la precisara lo pondrán en conocimiento del órgano judicial militar superior, para que adopte las medidas urgentes que pongan fin a la situación en tanto se dispongan las prevenciones definitivas que procedan. Entre las medidas urgentes a adoptar, podrá designarse por la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central para que con carácter eventual desempeñe la función a algún Jefe u Oficial de los Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos del empleo correspondiente, destinado en la Asesoría Jurídica de un Mando Militar ubicado en la plaza o sede del Tribunal o Juzgado, o próximo a él, comunicándolo al Mando Militar a cuyas órdenes esté destinado el designado.
Los miembros de la Fiscalía Jurídico Militar pertenecerán a los Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos, debiendo encontrarse en situación de plena actividad. En el desempeño de sus funciones tendrán carácter de autoridad, y el tratamiento que por su empleo militar les corresponda, nunca inferior a señoría; los Fiscales Jefes de las Fiscalías Territoriales tendrá el de señoría ilustrísima.
Los Oficiales Generales y Oficiales que se señalan en los números 2 al 5 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, y los Jefes de Unidad independiente, Fuerzas destacadas, aisladas o con atribuciones militares sobre un territorio, tan pronto como tengan conocimiento de la comisión de un delito de la competencia de la jurisdicción militar, perpetrado por quien les esté subordinado o cometido en el lugar o demarcación de sus atribuciones, deberán comunicarlo por el medio más rápido posible el Juez Togado Militar competente y nombrar a un Oficial a sus órdenes, asistido de Secretario, para que incoe el correspondiente atestado. Ello sin perjuicio de la facultades disciplinarias que puedan ejercer.
Los miembros de los Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos que ejerzan funciones judiciales, fiscales o Secretarías Relatorías, estarán sujetos, respectivamente, al régimen de incompatibilidades que se aplique a los Jueces y Magistrados, Fiscales y Secretarios Judiciales de la jurisdicción ordinaria.
No podrán ser nombrados Jueces, Instructores o Secretarios de expedientes disciplinarios que no sean judiciales, ni de expedientes administrativo, ni desempeñarán otra función distinta de las atribuidas por esta Ley.
Las faltas comprendidas en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas que, como militares y cuando no actúen en el ejercicio de sus cargos, cometan los componentes de Tribunales Militares, Jueces Togados Militares, Fiscales y Secretarios Relatores, serán sancionadas con arreglo a la citada Ley. Si se trata de sancionar a miembros de Tribunales Militares o Jueces Togados Militares con pérdida de destino, se precisará, además, para su imposición informe favorable de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central.
Para la imposición de las sanciones disciplinarias extraordinarias reguladas en el Título Quinto de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, cuando se encuentren expedientados militares que ejercen cargo judicial o fiscal, deberá oírse en el expediente a la Sala de Gobierno del Tribunal Central o al Fiscal Togado respectivamente.
El Ministro de Defensa, cuando lo considere necesario, podrá instar de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central la inspección de cualquier Juzgado Togado o Tribunal Militar Territonal. En este caso, la Sala comunicará al Ministro y al Consejo General del Poder Judicial el resultado de la inspección. Todo ello sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Fiscalía Jurídico-Militar.
Quienes ejerzan cargos judiciales, fiscales y Secretarías Relatorías estarán sujetos a responsabilidad disciplinaria judicial en los casos y con las garantías establecidas en este capítulo.
La responsabilidad disciplinaria sólo podrá exigirse por el Órgano competente, mediante el procedimiento establecido en este capitulo, incoado ya por propia iniciativa, ya a instancia del agraviado, ya en virtud de orden judicial superior, ya a iniciativa del Fiscal Togado.
No se podrá incoar expediente de responsabilidad disciplinaria en relación con hechos objeto de procedimiento penal, en tanto éste no haya concluido por sobreseimiento o sentencia absolutoria, suspendiéndose, en su caso, el curso del expediente, si después de su iniciación se incoara procedimiento penal por el mismo hecho.
En tales supuestos, los plazos de prescripción de los que habla el artículo siguiente comenzarán a computarse desde la conclusión del procedimiento penal.
En ningún caso un mismo hecho sancionado en procedimiento penal podrá ser objeto de un posterior expediente de responsabilidad disciplinaria.
Las faltas cometidas por las personas a que se refiere el artículo 128 en el ejercicio de sus cargos podrán ser leves, graves y muy graves.
Las faltas leves prescribirán a los dos meses; las graves, a los seis meses, y las muy graves, al año desde la fecha de su comisión.
La prescripción se interrumpirá en el momento en que se inicie el procedimiento disciplinario.
1. La infracción de las incompatibilidades establecidas en esta Ley.
2. La intromisión, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, en la aplicación o interpretación de las leyes que corresponda a cualquier otro órgano jurisdiccional.
3. El abandono o el retraso injustificado y reiterado en el desempeño de la función judicial, fiscal o Secretaría Relatoría.
4. Los enfrentamientos graves y reiterados, por causas imputables a las personas a que se refiere el artículo 128, con las Autoridades y con los Mandos Militares de la circunscripción en que desempeñen su cargo.
6. La comisión de una falta grave cuando su autor hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves sin que hubieren sido canceladas las anotaciones correspondientes.
1. La falta de respeto ostensible a los superiores en el orden jerárquico judicial, en su presencia, o en escrito que se les dirija o con publicidad.
2. La infracción de las prohibiciones o deberes establecidos en la presente Ley.
4. Corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por los órganos judiciales inferiores, salvo cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan.
5. El exceso o abuso de autoridad respecto de los subordinados, miembros de la Fiscalía Jurídico-Militar, Abogados, Procuradores y particulares que acudieren a los órganos judiciales militares en cualquier concepto.
8. La comisión de una falta de carácter leve habiendo sido sancionado su autor anteriormente por otras dos leves, cuyas anotaciones no hubieran sido canceladas.
9. La recomendación de cualesquiera asuntos de que conozcan los Juzgados y Tribunales.
10. El incumplimiento, por los Fiscales, de las órdenes concretas e instrucciones sobre aplicación e interpretación de las leyes, con carácter general o referentes a un hecho determinado, que se les hayan dado por sus superiores.
1. La falta de respeto a los superiores jerárquicos judiciales que no constituya falta grave.
2. La desconsideración con iguales o inferiores en el orden jerárquico judicial, con los miembros de la Fiscalía Jurídico-Militar, Abogados y Procuradores, con los Secretarios, Oficiales, Auxiliares del órgano jurisdiccional y con los particulares que acudieren a los mismos en cualquier concepto.
3. El retraso en el despacho de los asuntos o en su resolución cuando no constituya falta más grave.
4. La ausencia injustificada por tres días o menos del lugar en que presten servicios.
5. Las infracciones o la negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo establecidos en esta Ley, cuando no constituya infracción más grave.
Las sanciones que se puedan imponer a las personas a que hace referencia el artículo 128 por las faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos son:
Multa hasta 50.000 pesetas, cuya cuantía se actualizará por el Gobierno cada cinco años.
Suspensión de un mes a un año.
Las faltas leves se sancionarán con advertencia o reprensión; las graves, con reprensión o multa, y las muy graves, con pérdida de destino, suspensión o separación del servicio.
Las sanciones prescribirán a los cuatro meses en los casos de faltas leves; al año, en los casos de faltas graves, y a los dos años, en los casos de faltas muy graves.
El plazo de prescripción se computará a partir del día siguiente al en que adquiera firmeza la resolución en que se imponga.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves, una vez firmes, serán comunicadas al Ministro de Defensa para que ordene su ejecución.
El órgano que las impusiere cuidará de que se cumpla lo anterior.
La anotación de la sanción de advertencia quedará cancelada por el transcurso del plazo de seis meses desde que adquirió firmeza, si durante ese tiempo no hubiere dado lugar el sancionado a otro procedimiento disciplinario que termine con la imposición de la sanción.
La anotación de las restantes sanciones, con excepción de la de separación del servicio, podrá cancelarse, a instancia del interesado y oído el Fiscal Togado cuando hayan transcurrido, al menos, uno, dos o cuatro años desde la imposición firme de la sanción, según que se trate de falta leve, grave o muy grave, y durante este tiempo no hubiere dado lugar el sancionado a nuevo procedimiento disciplinario que termine con la imposición de sanción.
2. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, para las de pérdida de destino y suspensión.
3. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, para la de separación del servicio.
La sanción de advertencia se impondrá sin más trámite que la audiencia del interesado, previa, de considerarse necesario, una sumaria información.
El procedimiento disciplinario se iniciará por acuerdo del órgano que tenga facultad para sancionar conforme el artículo 138. En el acto que mande iniciar el procedimiento se designará Instructor a un miembro de los cuerpos Jurídicos de los Ejércitos que ejerza funciones judiciales militares de empleo superior al expedientado, salvo que el Instructor designado sea Oficial General que será válido para cualquier expedientado. A propuesta del Instructor se designará un Secretario.
En los expedientes disciplinarios judiciales, cuando aparezcan indicios racionales de la comisión de una falta muy grave, podrá acordarse la suspensión provisional del expedientado. A tales efectos, el Instructor podrá solicitarlo de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, previa citación de aquél contra el que se dirija el procedimiento. La propuesta se hará por conducto del Presidente del Tribunal Militar Central y deberá darse audiencia a la Fiscalía Jurídico-Militar y al interesado.
El Instructor practicará cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a determinar la responsabilidad, con intervención de la Fiscalía Jurídico-Militar y, en su caso, del interesado.
A la vista de aquéllas, el Instructor formulará, si procediere pliego de cargos, en el que se expondrán los hechos imputados. El pliego de cargos se notificará al interesado para que pueda contestarlo en el plazo de ocho días y proponer la prueba que precise, cuya pertinencia será calificada por el Instructor.
Cumplido lo anterior, el Instructor, previa audiencia de la Fiscalía Jurídico-Militar, formulará propuesta de resolución, de la que se dará traslado al interesado, para que en el plazo de ocho días alegue lo que a su derecho convenga. Evacuado dicho trámite o transcurrido eI plazo para ello y si se trata de esclarecer faltas muy graves, el expediente se enviará a informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central. Acto seguido se elevará lo actuado al órgano que hubiere ordenado iniciar el procedimiento para la decisión que proceda. Cuando este órgano entienda procedente una sanción que no esté dentro de su competencia, elevará el procedimiento, con su propuesta, al que sea competente.
Podrán los órganos competentes devolver el expediente al Instructor para que formule nuevo pliego de cargos que comprenda otros hechos o complete la instrucción.
La duración del procedimiento sancionador no excederá de seis meses. Cuando por razones excepcionales se prolongase por mayor plazo, el Instructor deberá dar cuenta cada diez días del estado de su tramitación y de las circunstancias que impiden su conclusión al órgano que hubiere mandado proceder.
La resolución que recaiga deberá ser notificada al interesado, y a la Fiscalía Jurídico-Militar, quienes podrán interponer contra la misma los recursos jurisdiccionales a que se refiere el número 6 del artículo 23.
Las resoluciones en que se impongan sanciones para falta muy grave, sólo serán ejecutorias cuando hubieren ganado firmeza.
Sección 3.ª De la competencia y procedimientos sancionadores en relación con los miembros de la Fiscalía Jurídico-Militar
1. Para imponer hasta la de reprensión, el Fiscal Jefe respectivo.
2. Para imponer hasta la de suspensión de un mes a un año, el Fiscal General del Estado y, por su delegación, el Fiscal Togado.
3. Para imponer la de separación del servicio, el Ministro de Defensa, a propuesta del Fiscal General del Estado.
De la jurisdicción militar en tiempo de guerra
En tiempo de guerra, los órganos de la jurisdicción militar desempeñarán sus funciones con observancia de las disposiciones que anteceden de la presente Ley y de las especialidades que, deducidas de la situación bélica, se recogen en los artículos siguientes.
El Gobierno podrá disponer que, en atención al alejamiento de la zona de combate, tranquilidad pública en amplias zonas geográficas, normal funcionamiento de las instituciones u otras circunstancias, no sean de aplicación las especialidades propias del tiempo de guerra que se recogen en este Título, en la actuación de la jurisdicción militar, en los lugares, regiones geográficas o territorios que señale.
Todos los que integren órganos o ejerzan cargo o destino en la jurisdicción militar en tiempo de guerra podrán encontrarse en cualquier situación militar.
Las necesidades de personal que surjan para atender un potencial aumento de Tribunales Militares, o Juzgados Togados Militares y demás órganos al servicio de la jurisdicción militar, en tiempo de guerra, podrán ser cubiertas por destino forzoso a estos órganos de los miembros de los Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos en funciones distintas a la judicial o por miembros de dichos Cuerpos en situaciones ajenas a la de actividad.
En tiempo de guerra, el nombramiento y cese de cuantos ejercen cargo o destino en la jurisdicción militar será de libre decisión del Gobierno, Ministro de Defensa o Autoridades en quienes deleguen, salvo en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que seguirá rigiéndose por lo dispuesto en el capítulo primero del título II de esta Ley.
De los órganos que ejercen la jurisdicción militar en tiempo de guerra
En tiempo de guerra, la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central y cada una de las Secciones de los Tribunales Militares Territoriales, bien actúen en su sede, o por acuerdo del Gobierno, a propuesta del Ministro de Defensa, se desplacen a la zona de operaciones, se constituirán por el Auditor Presidente o quien le sustituya, un Vocal Togado y un Vocal militar, para el ejercicio de todas las competencias que se señalan en los artículos 34 y 45, respectivamente.
Cuando se solicitare la pena a que hace referencia el artículo 25 del Código Penal Militar, el órgano judicial se constituirá por su Auditor Presidente o quien le sustituya, dos Vocales Togados y dos Vocales militares.
Los Vocales militares tendrán carácter permanente y serán designados por el Ministro de Defensa.
De la prevención de procedimientos en tiempo de guerra
En tiempo de guerra, los Oficiales Generales u Oficiales con mando de Unidad Centro, Base, Buque, Aeronave, Fuerzas destacadas, aisladas o con atribuciones militares sobre un territorio, podrán ordenar la incoación de procedimiento judicial, por delitos o faltas de la competencia de la jurisdicción militar que se cometan en territorios, lugares, Unidades o Fuerzas de su mando.
De la Fiscalía Jurídico Militar, de la defensa, la acusación particular y la acción civil en tiempo de guerra
En tiempo de guerra, el Ministro de Defensa podrá acordar el desplazamiento del personal de los Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos en funciones de fiscalía para que las desempeñen ante los órganos jurisdiccionales en la zona de operaciones. Cuando fuere necesario, podrá adscribirse a estas funciones a personal de dichos Cuerpos en el desempeño de otras actividades, y en cualquier situación militar, o habilitarse a licenciados en Derecho.
En tiempo de guerra, en las actuaciones de los órganos jurisdiccionales militares en territorio español cuando no funcionen normalmente los Colegios de Abogados, o fuera del territorio nacional, los inculpados podrán nombrar defensor a un militar con categoría de Oficial. De no designarlo en el plazo que determine la Ley Procesal Militar se les nombrará de oficio en la forma que en ésta se señale.
En tiempo de guerra, en el ámbito de aplicación de este título, no se admitirán la acusación particular, ni la intervención del actor civil, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar la acción civil ante la jurisdicción ordinaria.
Fecha de disposición: 15/07/1987
Entrada en vigor: 1 de mayo de 1988, con excepción de la disposición final 2, las disposiciones adicionales 1, a 3, 8 y 9 y todas las disposiciones transitorias que lo harán el 19 de julio de 1987.
SE DEROGA el párrafo final del art. 13; MODIFICA determinados preceptos y DEJA SIN EFECTO el art. 127, por Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11070).
SE MODIFICA los arts. 23, 35, 122 y 123, por Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-12652).
en la Cuestión 5656/2004, la extinción en relación con el art. 108.2, por Auto de 30 de noviembre de 2004 (Ref. BOE-A-2004-21215).
en la Cuestión 5580/2003, la extinción en relación con el art. 108.2, por Auto de 30 de noviembre de 2004 (Ref. BOE-A-2004-21214).
en la Cuestión 445/2003, la extinción en relación con el art. 108.2, por Auto de 30 de noviembre de 2004 (Ref. BOE-A-2004-21213).
en la Cuestión 6348/2002, la extinción en relación con el art. 108.2, por Auto de 30 de noviembre de 2004 (Ref. BOE-A-2004-21212).
en la Cuestión 4880/2002, la extinción en relación con el art. 108.2, por Auto de 30 de noviembre de 2004 (Ref. BOE-A-2004-21211).
en la Cuestión 984/2002, la extinción en relación con el art. 108.2, por Auto de 30 de noviembre de 2004 (Ref. BOE-A-2004-21210).
en la Cuestión 2885/2001, inconstitucional y nulo el art. 108.2, por Sentencia 179/2004, de 21 de octubre (Ref. BOE-T-2004-19640).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 92, sobre designación de autoridades: Real Decreto 492/2004, de 1 de abril (Ref. BOE-A-2004-6759).
SE DEJA SIN EFECTO el título VI y los arts. 111 a 114 y SE MODIFICA determinados precptos, por Ley Orgánica 9/2003, de 15 de julio (Ref. BOE-A-2003-14186).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 44 y 59, sobre planta y organización territorial: Ley 44/1998, de 15 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-28994).
los arts. 122 y 123, por Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-27864).
el art. 162.2 y 3, por Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-25714).
SE DEJA SIN EFECTO los arts. 129 a 134 y 136 a 142 y se modifica el art. 143, por Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1994-24612).
SE MODIFICA los arts. 12.1 y 71, por Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril (Ref. BOE-A-1989-8712).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 44 y 59, sobre planta y organización territorial: Ley 9/1988, de 21 de abril (Ref. BOE-A-1988-9947).
los arts. 8 a 14 de la Ley Orgánica 9/1980, de 6 de noviembre (Ref. BOE-A-1980-25460).
el Tratado I del Código de Justicia militar, aprobado por la Ley de 17 de julio de 1945 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1945-7336).
el art. 159 del Código Penal militar, aprobado por Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-1985-25779).
los arts. 60, 67, 73 y 74 de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-1985-24812).
los arts. 39.1, 55 y 293.1.b) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio (Ref. BOE-A-1985-12666).