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Timestamp: 2018-11-20 05:19:07
Document Index: 26917313

Matched Legal Cases: ['artículo 327', 'artículo 199', 'artículo 86', 'artículo 199', 'artículo 17', 'artículo 20']

BOE.es - Documento BOE-A-2018-14157
Documento BOE-A-2018-14157
«BOE» núm. 250, de 16 de octubre de 2018, páginas 100428 a 100435 (8 págs.)
BOE-A-2018-14157
En el recurso interpuesto por don A. T. P., en nombre y representación de «Fontainebleau Properties, S.L.», contra la calificación del registrador de la Propiedad de Torrox, don Matías Giménez Rocha, por la que deniega la cancelación de cargas ordenada en un mandamiento dictado en procedimiento de ejecución, por estar caducada y cancelada por caducidad la anotación en la que se sustenta la adjudicación.
Por virtud de testimonio de fecha 1 de septiembre de 2010, que recoge el auto de fecha 28 de abril de 2010, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 y Violencia Sobre la Mujer de Torrox, se adjudicó una participación del 41,66% de una finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrox y se ordenó la cancelación de las cargas posteriores a la anotación de embargo causada en dicho procedimiento. A la fecha de presentación de dicho mandamiento en el Registro de la Propiedad, la anotación letra F, en la que se sustentaba el procedimiento, fechada el día 22 de septiembre de 2008, se encontraba ya caducada y había sido cancelada por caducidad el día 30 de abril de 2014.
Presentado el día 30 de abril de 2018 el referido testimonio judicial en el Registro de la Propiedad de Torrox, fue objeto de la siguiente calificación:
«Calificado el documento que antecede –Mandamiento expedido por el Juzgado 1.ª Inst N.º 2 de Torrox, el uno de Septiembre del año dos mil diez, procedimiento ejecución de títulos judiciales 274/2.008– que causó la anotación letra F hoy cancelada por caducidad, asiento 611 del Diario 109, examinados los antecedentes del Registro, ha sido inscrito en la fecha abajo indicada, el derecho a que el mismo se refiere sobre el 41,66% de la finca registral 1204 de Nerja –Código Registral Único 29013000058068–, al folio 17, libro 435, tomo 1.404, inscripción 10.ª, a favor de Fontainebleau Properties SL, por título de adjudicación. Practicadas las correspondientes notas de afección fiscal por cinco años.
Estado de coordinación con Catastro: No consta.
Cancelaciones por caducidad: ninguna.
Calificación negativa parcial.
Se pretende la cancelación de las cargas posteriores en virtud de procedimiento de ejecución de títulos judiciales 274/2008, cuya anotación se encuentra cancelada por caducidad.
Indudablemente la caducidad de una anotación de embargo por el transcurso de cuatro años según lo previsto en el art. 86 LH determina la inexistencia del asiento en el Registro y que las anotaciones posteriores ganen preferencia por la mejora de rango registral. Otra cosa no sería coherente con los principios registrales relacionados pues no se puede considerar existente y anotado en el Registro lo que en rigor no existe.
III. En consecuencia, no cabe practicar la cancelación solicitada en los términos expuestos:
No tomando anotación preventiva por no haber sido solicitada.
Sin perjuicio de los medios de impugnación (…).
Torrox, a diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho.–El Registrador (firma ilegible), Matías Giménez Rocha.»
Contra la anterior nota de calificación, don A. T. P., en nombre y representación de «Fontainebleau Properties, S.L.», interpuso recurso el día 28 de junio de 2018 mediante escrito en el que alegaba los siguientes fundamentos jurídicos:
«Se recurre contra la calificación negativa parcial que deniega la inscripción del mandamiento del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrox, expedido el 1 de septiembre de 2010, en procedimiento de ejecución de títulos judiciales 274/2008, que ordena la cancelación de las cargas posteriores al embargo que causó la adjudicación de la finca registral 1204 de Nerja, Código Registral Único 29013000058068, folio 17, libro 435, tomo 1404.
Fundamentos de derecho: Entiende esta parte que conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, la certificación de cargas tiene un valor esencial en el desarrollo del procedimiento de apremio, de manera que la situación registral que refleja, fija las condiciones para la adquisición del inmueble, y por tanto cualquier alteración posterior, Incluso la caducidad de la anotación del embargo del ejecutante, no altera dicha situación. En consecuencia, las cargas posteriores al embargo que dio lugar a la adjudicación, deben ser canceladas en cumplimiento del mandamiento Judicial, aun cuando este embargo hubiera caducado. Sentencias del Tribunal Supremo Sala 1.ª de 23 febrero de 2015 (EDJ 2015/12011), 12 de marzo de 2007 (EDJ 2007/15753) y las que en ellas se citan.
La inscripción íntegra del mandamiento del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrox, expedido el 1 de septiembre de 2010, en procedimiento de ejecución de títulos judiciales 274/2008, que ordena la cancelación de las cargas posteriores al embargo que causó la adjudicación de la finca registral 1204 de Nerja, Código Registral Único 29013000058068, folio 17, libro 435, tomo 1404, Inscripción que ha sido denegada según la calificación que se recurre.»
Mediante escrito, de fecha 4 de julio de 2018, el registrador de la Propiedad emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. Conforme al artículo 327 de la Ley Hipotecaria, se comunicó la interposición del recurso al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Torrox a fin de que pudiese alegar lo que estimase pertinente.
Vistos los artículos 17, 24, 32, 66, 82, 86, 97, 220 y 326 de la Ley Hipotecaria; 108, 111.2.º, 165, 175 y 321 del Reglamento Hipotecario; 629, 666, 668, 674 y 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2007, 23 de febrero de 2015 y 7 de julio y 21 de noviembre de 2017, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de julio de 1989, 30 de octubre de 1999, 20 de marzo de 2000, 11 de abril de 2002, 13 de noviembre de 2003, 18 de noviembre de 2004, 14 de enero de 2005, 15 de febrero de 2007, 4 de enero y 11 de diciembre de 2008, 19 de abril y 28 de octubre de 2010, 5 de diciembre de 2011, 19 de mayo y 20 de julio de 2012, 3 de abril, 15, 27 y 28 de junio y 3 de diciembre de 2013, 31 de enero, 10 de febrero, 3 y 12 de junio, 7 de agosto y 18 de diciembre de 2014, 28 de enero de 2015, 30 de junio, 19 y 20 de julio, 2 de octubre y 28 de noviembre de 2017 y 9 (ésta en consulta vinculante) 13, 23 y 24 de abril y 19 de septiembre de 2018.
1. La cuestión que se plantea en el presente recurso ha sido resuelta por esta Dirección General en numerosos recursos, por lo que no procede sino ratificar la doctrina elaborada al respecto (vid. las Resoluciones citadas en los «Vistos» de la presente).
En concreto, la cuestión planteada se refiere a la negativa del registrador a cancelar las cargas posteriores a la anotación preventiva de embargo letra F (practicada el día 22 de septiembre de 2008) y su nota marginal de expedición de la certificación de título y cargas como consecuencia del auto de ejecución, títulos judiciales, número 274/2008 (de 1 de febrero de 2009), como consecuencia del despacho del auto de adjudicación y del mandamiento de cancelación de cargas, resultantes del procedimiento en el que se trabó dicha anotación, dado que la misma había caducado el día 30 de abril de 2014, antes de que la documentación calificada fuese presentada en el Registro de la Propiedad (30 de abril de 2018).
3. En el supuesto de hecho que da lugar a la presente Resolución, cuando el auto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, la caducidad de la anotación del embargo del que dimanan ya se había producido. En consecuencia, se rechaza la cancelación de las cargas posteriores, al estar caducada la anotación del embargo ordenada en los autos que dan lugar al mandamiento cancelatorio.
Desde la inicial Ley Hipotecaria, la publicidad registral de los embargos se realiza mediante un asiento provisional, transitorio, de duración limitada, como es la anotación preventiva, frente al asiento de inscripción, de duración indefinida, que recoge situaciones duraderas. En este sentido la anotación preventiva de embargo se diferencia claramente de una hipoteca judicial. Cierto es que el Reglamento Hipotecario, en la redacción dada por el Decreto de 17 de marzo de 1959, previó en su artículo 199 la duración indefinida de la prórroga de la anotación preventiva. Ahora bien, ante los graves inconvenientes que suponía para el tráfico inmobiliario la permanencia de anotaciones de embargo prorrogadas, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en su disposición final novena, dio nueva redacción al artículo 86 de la Ley Hipotecaria disponiendo expresamente la caducidad no ya sólo de la anotación preventiva, sino también de su prórroga, quedando derogado el artículo 199 del Reglamento Hipotecario.
Registralmente, caducada la anotación, debe actuar el registrador a estos efectos como si nunca se hubiera practicado la citada anotación, en cuyo caso la inscripción de la adjudicación de la finca como consecuencia de la ejecución, como se ha señalado reiteradamente por este Centro Directivo, dependerá de que el deudor siga conservando la titularidad de la misma y en caso de existir cargas posteriores no podrán ser objeto de cancelación registral. Operan los principios de prioridad (artículo 17 de la Ley Hipotecaria) y tracto (artículo 20 de la Ley Hipotecaria), por lo que habiendo perdido la anotación, como ha quedado expuesto, su efecto respecto de terceros posteriores inscritos, surge un obstáculo registral que impedirá la cancelación de los asientos posteriores al devenir registralmente inexistente la anotación de la que trae causa.
A este respecto cabe destacar que la Sentencia de Pleno del Tribunal Supremo número 625/2017, de 21 de noviembre, antes citada, en referencia a la acreditación en el procedimiento judicial de requisitos que el registrador no pudo tener en cuenta, también señala «que la denegación de la inscripción por la falta de constancia en el mandamiento judicial del cumplimiento de los requisitos legales (en el supuesto resuelto los del art 155.4 Ley Concursal), fue correcta, sin que en el pleito posterior de impugnación de la calificación o de la Resolución de la DGRN pueda censurarse esta denegación porque se llegue a acreditar que en la realidad se cumplieron tales requisitos».