Source: http://www.eduardomenem.org/proyecto-de-ley-sobre-traslado-de-la-capital-federal/
Timestamp: 2019-01-16 09:39:40
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Proyecto de ley sobre traslado de la Capital Federal. Eduardo Menem
Proyecto de ley sobre traslado de la Capital Federal
20 de marzo de 1987 – 41ª Reunión
Diario de Sesiones – Tomo 6 – Páginas 4951 y 4967
Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: al tomar participación en este debate, lo hago con la plena conciencia de la responsabilidad que asumo como senador de la Nación a la hora de decidir una cuestión trascendental para el destino de los argentinos.
Es un problema crucial que se remonta a las primeras épocas de nuestra existencia como Nación y aun antes de nuestra declaración de independencia.
Hablar del tema de la Capital Federal significa también referirse a una de las cuestiones que históricamente más dividió a los argentinos; significa hablar de la lucha de nuestros caudillos; significa referirse a la lucha de nuestros hombres más prominentes; significa también traer a colación las antinomias que vivimos en nuestro país de puerto contra interior, de Buenos Aires versus provincias, de unitarios contra federales, de porteños contra provincianos, de centralismo contra federalismo y —por qué no decirlo— significa también hablar de civilización y barbarie.
No podremos comprender el problema que encierra el traslado de la Capital si no nos remontamos a nuestra historia. Porque ahí es donde radica el porqué del problema que hoy enfrentamos.
Cuando el filósofo Descartes quiso construir su sistema filosófico debió partir de una premisa, de una base sólida y segura para poder asentarlo. Y esa base la encontró en las clásicas frases: “Si dudo, pienso”; ‘”Pienso, luego existo”. Y en este problema creo que nosotros también tenemos que partir de una premisa fundamental. ¿Cuál es, en el tema del traslado de la Capital, el “pienso, luego existo”?
Creo que la pregunta es si resulta necesario el traslado de la Capital Federal; porque si contestamos que no, estaría de más seguir hablando del tema.
Creo, señor presidente, y estoy convencido de ello, que el traslado de la Capital de la República es necesario, allí reside nuestro “dudo, pienso, y si pienso, luego existo”.
Todo esto se afirma en otra premisa fundamental acerca de la cual debemos preguntarnos y es si Buenos Aires, nuestra capital tradicional, nuestra capital histórica, ha cumplido debidamente con sus funciones como Capital Federal.
Y esta pregunta tiene también una respuesta categórica y en un sentido negativo. Buenos Aires no cumplió adecuadamente sus funciones como capital. Diría más, Buenos Aires, como Capital Federal fue un fracaso, el más rotundo fracaso, y todos los argentinos estamos hoy pagando las consecuencias de ese fracaso con esta tremenda deformación del país, con estas diferencias entre pampa húmeda enriquecida y un interior empobrecido, con estas manchas que existen en el país, con estos espacios vacíos que suscitan dudas acerca de si van a seguir existiendo ciertas poblaciones del interior con esas extensas zonas de nuestro país convertidas en verdaderos baldíos nacionales.
Por eso creo que no vamos a poder comprender por qué llegamos a esto si es que no hacemos algunas referencias históricas que trataré de sintetizar al máximo. Pero antes de ello quiero hacer una advertencia.
En las sesiones anteriores hubo señores senadores que cantaron loas a Buenos Aires. Escuché con mucha atención al señor senador de la Rúa elogiar a Buenos Aires con palabras hermosas y hasta con un contenido poético. También escuché a un hombre del interior, como el señor senador Martiarena, hablar muy bien de la Capital; por supuesto que uno por un motivo y el otro por otro. El señor senador de la Rúa lo hizo como un homenaje póstumo a lo que aparentemente va a dejar de ser la Capital de los argentinos; el señor senador Martiarena lo hacía como rescatando o reivindicando la función que cumplió Buenos Aires como Capital de los argentinos.
Lo que voy a exponer a continuación —y lo quiero dejar bien aclarado— no significa reeditar las antinomias; tampoco significa querer denostar a la ciudad de Buenos Aires y a sus habitantes, pero sí significa explicar a través de la historia por qué hemos llegado a la situación que vivimos.
Como bien se ha recordado, cuando Juan de Garay fundó Buenos Aires, lo hizo llamándola “la puerta de la tierra”, ya que entendía que éste debía ser el único lugar de entrada y salida de los productos en estas vastas colonias conquistadas por los españoles.
Pero lo que no se dijo en este debate es que en esa época Buenos Aires era muy pobre, a punto tal que en 1587 el gobernador Rodrigo Ortiz de Zarate escribía al rey que Buenos Aires era la tierra más necesitada de todas las Indias.
Por su parte, el contador Montalvo decía que la mayor fuerza que tenía para defenderse de los enemigos franceses e ingleses es la gran pobreza de toda la gente.
Es decir que Buenos Aires empieza siendo muy pobre. Por eso Félix Luna en su libro “Buenos Aires y el país” a quien he seguido en estas referencias históricas dice que era la puerta de la tierra, pero una puerta vacía.
A todo esto, las provincias del interior que ya estaban fundadas —Santiago del Estero en 1553, Tucumán en 1561 y Córdoba en 1573— contaban con algunas industrias y artesanías que, si bien no las hacían nadar en la abundancia, de todos modos las ubicaban en una situación mejor que la de Buenos Aires.
Este parece ser el sino de toda esta historia porque Buenos Aires ha marchado siempre a contrapelo del destino del resto del país, ya que a través de toda la historia vamos a comprobar cómo cuando Buenos Aires languidecía o empobrecía, las provincias se enriquecían, y cuando Buenos Aires se enriquecía, las provincias se empobrecían.
Lamentablemente, esta última ecuación es la que ha predominado a través del tiempo y como se desprende de nuestra historia y de la realidad actual.
En esta historia indudablemente han sido más los enfrentamientos y las querellas entre Buenos Aires y las provincias que los momentos de armonía y conciliación de intereses. Digo esto porque desde el mismo momento en que Buenos Aires empieza a jerarquizarse como Capital de la Gobernación del Río de la Plata en 1617, comenzó con sus querellas respecto del resto de las provincias.
Se peleaba con Lima por la cuestión de quién era el que manejaba la entrada y salida de los productos, habida cuenta de los beneficios que generaba el tráfico comercial, sobre todo en razón de los derechos de aduana.
Luchaba contra Santa Fe y Córdoba para determinar la jurisdicción donde se realizaban las vaquerías, que eran esas famosas cazas de ganado mostrenco. Por el mismo motivo luchaba contra San Juan y tenía también pleitos con Santa Fe hacia el año 1716, porque esta última había conseguido la declaración de ser puerto “preciso” que le generaba rentas que el puerto de Buenos Aires dejaba de percibir.
Buenos Aires se enfrentaba también con Montevideo por el dominio del estuario del Río de la Plata, pues quería tener su monopolio. También luchaba y se enfrentaba con Tucumán porque los porteños, so pretexto del peligro de la piratería y del ataque a los portugueses, no querían contribuir en la lucha contra los indios en el Chaco.
Félix Luna sostiene que de la documentación de ese tiempo surge la sensación de que casi todas las ciudades del Río de la Plata. Paraguay, Tucumán, por lo menos las más vinculadas por vecindad o por comercio a Buenos Aires, tienen a los porteños como egoístas y poco solidarios.
No obstante ello, los provincianos demostraban un sentimiento distinto porque cuando se planteó en ese tiempo la necesidad de reconquistar la Colonia de Sacramento que había caído en poder de los portugueses, los porteños reclamaron la ayuda de las provincias y éstas acudieron presurosas y así se pudo reconquistar dicha ciudad.
Viene luego la creación del Virreinato del Río de la Plata y Buenos Aires cumple con su sueño dorado que marcaría el sino a través de todos los tiempos, que es la concentración de poder, porque Buenos Aires se convierte en capital virreinal, única dueña de la Aduana, tiene la instalación de la Audiencia, del Consulado y cuenta con correos frecuentes con España y América.
Esta concentración de poder es la que empieza a marcar la tremenda diferencia con el resto del país, porque mientras Buenos Aires se enriquece a raíz de los beneficios que le acarrea esa concentración de poderes, el interior se empobrece. Porque Buenos Aires por su función intermediadora y comercial y a través de su Aduana cobraba cuantiosas sumas de dinero, mientras que las provincias se veían correlativamente perjudicadas porque a raíz de la importación que hacía Buenos Aires no podían vender sus productos regionales y artesanías.
Por supuesto, los productos que venían de Europa competían en mejores condiciones con los de nuestras provincias, que tenían industrias incipientes y artesanías muy rudimentarias.
La revolución de mayo de 1810 no sólo no cambia en absoluto el tema sino que acentúa la diferencia, porque Buenos Aires se sigue privilegiando en su aspecto comercial. Y al desvincularse de España abre sus puertos a las mercaderías británicas, y entonces se produce una verdadera invasión de productos ingleses, a tal punto que en el año 1830 el diplomático británico en Argentina, en Woodbine Parish escribía que hasta lo que usaba el gaucho era de origen inglés: el vestido de sus mujeres salía de los talleres de Manchester, lo mismo que la olla en la que preparaba sus comidas, el plato, el cuchillo, el poncho, y hasta las espuelas, todo venía de Inglaterra.
Entonces, se llenaban las arcas de una minoría de porteños o de testaferros socios de importadores extranjeros pero el interior se empobrecía cada vez más. Era el antagonismo, que no sólo se daba en el aspecto económico sino que también se iba marcando en el aspecto político, porque Buenos Aires se creyó única y universal heredera de los poderes del Virreinato y entonces procedía con relación a las provincias como su tutora y en ese carácter les imponía normas de conducta, nombraba y sacaba gobernantes a su exclusivo arbitrio.
Por eso Artigas dice, en 1813 que la provincia oriental no pelea por el restablecimiento de la tiranía de Buenos Aires. Eso se manifiesta también —y algún señor senador ya lo recordó— en la Asamblea del año 13.
En dicha Asamblea de 1813 los representantes tucumanos eran instruidos de la siguiente forma: “Los diputados pedirán que la Asamblea se haga precisa e indispensable fuera de Buenos Aires para que las deliberaciones tengan todo el carácter de libertad que corresponda”.
También a los diputados jujeños se les instruía que debían quedar excluidos de toda intervención en la Asamblea el gobierno superior y el excelentísimo Cabildo de Buenos Aires y que el cuerpo debía trasladarse a otro lugar. En el mismo sentido eran las instrucciones de Artigas a los orientales.
En esa época ya había una prueba clara e irrefutable de la antinomia entre porteños y provincianos. Pedro Ferrer, en sus memorias, explica lo que significaba en aquel tiempo el término “provinciano” y dice que es preciso conocer el valor de esa palabra entre nosotros. Señala que “se aplicaba en Buenos Aires a todo aquel natural de nuestra República que no había nacido en esta ciudad, que no daba a Buenos Aires el título de gran capital y que se oponía a que lo fuese”. Continúa indicando que “…de poco tiempo a esta parte he observado que los naturales de Buenos Aires se llaman ellos exclusivamente argentinos…”.
Las guerras posteriores a la Independencia también contribuyeron a acentuar esta dicotomía, porque mientras Buenos Aires seguía floreciendo a través de los ingresos de su Aduana el interior, que vivía de cerca esas luchas, se seguía empobreciendo. Las provincias eran las que más aportaban en bienes y en hombres en su colaboración al Ejército del Norte y al Ejército Libertador de San Martín. Parece que a Buenos Aires esas guerras la afectaban sólo accidentalmente. Por eso en 1854 Margarita Sánchez dice: “Yo he conocido a estas pobres provincias ricas, más industriosas que Buenos Aires. La Independencia ha sido para ellas la ruina; una ruina que para Buenos Aires era prosperidad”.
Por cierto que todo esto genero resistencias y que también hubo desquites y reacciones del interior. La sublevación del Ejército del Norte en Arequito, en 1820, y la batalla de Cepeda, que trajo como consecuencia el derrocamiento del Directorio, provocando la disolución del Congreso, significaron una verdadera humillación para los porteños, a quienes les quedó grabado a fuego la imagen de los caballos de López y de Ramírez atados a las verjas de la Pirámide de Mayo.
En esa época el gobernador Bustos, de Córdoba, dice que las facciones que se han alternado en Buenos Aires desde el 25 de Mayo de 1810 se creyeron sucesoras legítimas del trono español respecto de las provincias y con derecho ilimitado para mandarlas sin escuchar jamás su voluntad.
Pero esta reacción del interior tampoco rindió sus frutos y Buenos Aires seguía en esa tesitura de ponerse por arriba de las provincias. A punto tal llegó esto que en 1822, cuando San Martín, allá en Lima, reclama la ayuda del pueblo argentino para colaborar con su gesta auxiliadora, las provincias colaboran y Buenos Aires se niega a hacerlo.
Es ilustrativo lo que dice un diario mendocino en 1825, trayendo a colación un problema que se había planteado a raíz del establecimiento de un impuesto a la importación de sombreros, para favorecer a una industria del mismo artículo que existía en Buenos Aires. En ese sentido, el diario de Mendoza apoyaba la medida pero reclamaba igual tratamiento para el interior, y dice: “¿No somos hermanos? ¿No pertenecemos a una misma patria? ¿No estamos identificados por una misma costumbre y recíprocamente unidos por unas mismas leyes, un mismo idioma y una misma religión? ¿Es posible que vínculos tan fuertes hayan de despedazar el interés particular? Lo que Buenos Aires hace para sí, haga para sus hermanos y compañeros inseparables de una misma causa. No le exigimos otra cosa que la combinación de los intereses locales sin perjuicio de alguno de los suyos”.
Este espíritu porteño sigue predominando con posterioridad y lleva al fracaso a la Constitución unitaria de Rivadavia, rechazada unánimemente por los caudillos del interior. Recordemos que al delegado que mandó Rivadavia con esa Constitución, Facundo Quiroga ni siquiera lo recibió y lo envió de vuelta, mientras que el santiagueño Ibarra lo afrento recibiéndolo en paños menores y, por supuesto, rechazando también la Constitución.
Quizá uno de los intentos más valiosos para revertir esta situación haya sido el de Dorrego en 1828. Dorrego era hombre de Buenos Aires, pero tenía un marcado sentimiento federalista. Su asesinato frustró ese valioso intento que quizás hubiera cambiado la historia del país.
Para apreciar cómo se fue marcando una diferencia de situación económica entre Buenos Aires y el interior es útil recordar los datos de la recaudación de las distintas provincias hacia 1836. San Juan recaudaba 10.700 pesos, Tucumán 21.000, Córdoba 67.000, Corrientes 133.000, mientras Buenos Aires alcanzaba a recaudar 4.800.000 pesos, con la aclaración de que el sesenta y tres por ciento de esa cifra provenía de la Aduana. Este es el secreto, el motivo por el cual Buenos Aires no querría ser en el futuro la capital. No porque rechazara el honor, sino porque no le interesaba compartir la Aduana con el resto de las provincias. Era mejor negocio manejarla a su arbitrio y recaudar todas sus ganancias, en vez de compartirlas con el interior.
Por eso en 1853, al organizarse constitucionalmente el país, Buenos Aires se autoexcluye, no participa.
En ese tiempo Manuel Taboada, gobernador de Santiago del Estero, decía: “… las siniestras miras que han abrigado los hijos de Buenos Aires respecto a las demás provincias desde un tiempo muy atrás, pudiendo decir data ésta desde el primer día en que se dio el grito de libertad, en el año 10… Buenos Aires se ha considerado a sí misma la nueva Atenas de la Confederación: como aquélla, ha pretendido y pretende ser declarada la Señora de todos los pueblos, y esta insólita pretensión la hará conmoverse ante la sola idea de dar a la Nación su Constitución. Buenos Aires es y será la Babilonia de nuestra desgraciada patria, donde… se hallan hacinadas y radicadas la teorías más abstractas, absurdas e inaplicables; donde está concentrada toda la algarabía de doctrinas desconocidas; allí es donde se ponen en ejercicio las más desafinadas invenciones y de donde parten de tiempo en tiempo, como la peste, al interior de estas provincias, todos los males que según la fábula fueron encerrados en la caja de Pandora”‘.
Y Taboada terminaba diciendo que “los porteños son los únicos que tienen derecho a llamarse Nación Argentina. Los demás pueblos de la República no existen, y si se les concede esta gracia es con la condición de que ella recibirá todo, inclusive la facultad de pensar aquello que únicamente atañe al bonaerense”.
Por eso Buenos Aires a partir de 1813 se convierte, prácticamente, en un país independiente, con moneda propia, cuerpo consular acreditado ante varios gobiernos, aduana, milicias y desde luego, con un marcado desprecio a todo lo que sea provinciano.
Es así como en 1853. Carlos Tejedor, que tiene mucho que ver en esta historia de la Capital Federal dice: “No hemos de consentir ser gobernados por un chino o un japonés, ni, en el estado actual, por un provinciano”.
Decía después en la Legislatura: “Los acontecimientos nos han puesto más solos a nosotros, en esta lucha de trece provincias en contra, que yo llamo civilización y barbarie”.
En tanto, el diputado Piran decía: “Más vale tratar con extranjeros y no con provincianos, que están llenos de envidia y prevención contra nosotros”.
Por cierto que este estado de cosas no podía continuar porque el interior se sentía menoscabado sin el manejo de la Aduana y con todo el poder concentrado en Buenos Aires. Se produce por ello la batalla de Cepeda, donde Urquiza derrota a los porteños y abre una instancia pacífica, lográndose el acuerdo del 11 de noviembre de 1859, denominado de San José de Flores, en virtud del cual Buenos Aires revisaría la Constitución Nacional y propondría las reformas a introducir, las que fueron aceptadas en 1860.
Ya el miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador De la Rúa, explicó detalladamente cuál fue el alcance de estas reformas, entre ellas la del artículo 3°, que era el que desvinculaba —y esto es importante— la necesidad de que la capital fuera determinada por la Constitución y lo delegaba a lo que dispusiera el Congreso.
No obstante esta generosidad puesta de manifiesto por las provincias en la batalla de Cepeda —que, como dije, abre esta instancia pacificadora—, ella no fue correspondida por Buenos Aires y se produce entonces la batalla de Pavón, en la que triunfan los porteños en 1861 y las cosas quedan como antes: Buenos Aires vuelve a dominar a las provincias.
Y salen esas famosas “expediciones pacificadoras”, al interior del país. Quizá fueron la raíz de las posteriores represiones que hubo en esta República, ya que fueron crueles y se encaminaron directamente a llevarse por delante todo lo que fuera provinciano.
Una de esas “expediciones pacificadoras” es la que en 1863 le cuesta la vida al Chacho Peñaloza, que es asesinado vilmente y su cabeza clavada en una pica en la plaza de Olta. Está es una muestra elocuente de qué es lo que significaba la “barbarie” del interior y la “civilización” que iba de aquí, del puerto, hacia allá.
Poco tiempo antes el Chacho le escribía a Urquiza diciéndole: “Si usted estuviese en estos pueblos vería cuánto han sufrido y cuánto los han asesinado y vería también que este movimiento es contra una tiranía peor que la de Rosas”. Esto lo decía poco antes de ser asesinado.
Y viene el alzamiento de Felipe Várela, otro de nuestros grandes caudillos, nacido en Catamarca y criado en La Rioja. Fue un abanderado del federalismo. No era ese Felipe Várela que aquella zamba mentirosa dice que “matando viene y se va”. Nunca vino matando. Luchó de frente, como todos nuestros héroes provincianos. Fue, repito, un abanderado del federalismo.
Me voy a permitir leer su opinión sobre este tema porque es ilustrativa de lo que vivían los hombres de las provincias. Decía Felipe Várela en su proclama de 1864: “Ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derecho”.
Más tarde, después de su derrota en Pozo de Vargas, resumía los agravios de las provincias por la dominación porteña, diciendo: “La Nación Argentina goza de una renta de unos diez millones de duros, que producen las provincias con el sudor de su frente. Y sin embargo, desde la época en que el gobierno libre se organizó en el país, Buenos Aires, a título de capital, es la provincia única que ha gozado del enorme producto del país entero, mientras en los demás pueblos, pobres y arruinados, se hacía imposible el buen quicio de las administraciones provinciales por falta de recursos y por la pequeñez de sus entradas para subvenir los gastos indispensables del gobierno local. A la vez que los pueblos gemían en esta miseria sin poder dar un paso por la vía del progreso a causa de su propia escasez, la orgullosa Buenos Aires botaba ingentes sumas en embellecer sus paseos públicos, en construir teatros, en erigir estatuas y en elementos de puro lujo”.
Expresaba además: “De modo que las provincias eran desgraciados países sirvientes, pueblos tributarios de Buenos Aires que perdían la nacionalidad de sus derechos cuando se trataba del Tesoro nacional. En esta verdad está el origen de la guerra de cincuenta años en que las provincias han estado en lucha abierta con Buenos Aires, dando por resultado esta contienda, la preponderancia despótica del porteño sobre el provinciano hasta el punto de tratarlo como a un ser de escala inferior y de más limitados derechos. Buenos Aires es la metrópoli de la República Argentina, como España lo fue de la América. Ser partidario de Buenos Aires es ser ciudadano amante de su patria; pero ser amigo de la libertad de las provincias y de que entren en el goce de sus derechos eso es ser traidor a la patria y es, por consiguiente, un delito que pone a los ciudadanos fuera de la ley”.
“He aquí pues —decía Várela— los tiempos del coloniaje existentes en miniatura en la República; y la guerra de 1810, reproducida en 1866 y 1867, entre el pueblo de Buenos Aires y las provincias.”
La guerra contra Paraguay fue otra muestra del enfrentamiento de las diferencias entre el interior y Buenos Aires. Fue una guerra promovida y llevada a cabo casi con exclusividad por Buenos Aires. El interior no quería ir a la guerra, y ahí fueron a cazarlos con boleadoras a los “voluntarios” de la guerra contra el Paraguay y a traerlos engrillados para obligarlos a luchar contra los hermanos paraguayos. Este era un problema de Buenos Aires que lo transmitió al interior del país.
Después, a partir de ese momento comenzó a apreciarse un lento proceso de integración. Es como si se hubiera llegado al fondo y se empezara a emerger.
Ocurrió un lento proceso de integración entre Buenos Aires y las provincias, pero para ese entonces ya las diferencias eran tan grandes que no quedaba otra ruta que seguir ese camino fatal y acentuar cada vez más esa diferencia.
Luego se producen los sucesos de 1880, la capitalización de Buenos Aires. De esto ya se ha hablado en el recinto. Carlos Tejedor, que disputaba la presidencia con Roca, se alza en armas contra el gobierno nacional, obligando al presidente Avellaneda a trasladarse a Belgrano junto con el Congreso, donde se dicta la ley 1.029 por la que se determina que la Capital de la Nación será Buenos Aires una vez que la Legislatura dicte la cesión prevista en el artículo 3° de la Constitución, hecho que ocurre el 26 de noviembre de 1880.
Con esto se cierra una etapa en la vida institucional del país pero quedaba abierta, latente, esa hegemonía de Buenos Aires sobre el interior que seguiría con una tendencia fatal apoyada desde luego por otros factores: su condición de puerto único, su excepcional ubicación geográfica y su ya adquirido prestigio internacional.
Pero tenemos que ser justos. No sólo los porteños contribuyeron a que esta ciudad se engrandeciera tanto, también hubo un aporte de los provincianos. Félix Luna recuerda que el tucumano Roca y el cordobés Juárez fueron los presidentes que hicieron mayores aportes para este crecimiento y embellecimiento de la ciudad, mediante la construcción de grandes edificios públicos, avenidas, parques, terminación de las obras portuarias, etcétera.
La diferencia con el interior se marca también por la propia constitución social de Buenos Aires, por la gran afluencia de extranjeros que crea una sociedad distinta a la del interior.
Pero, además, Buenos Aires se industrializa. A partir de la década del 70 empieza un proceso de industrialización que llega a un punto tal que en 1913 sus industrias representan el 35 por ciento de los motores eléctricos de todo el país.
Desde luego, paralelamente con ese poder económico e industrial, se acrecienta el poder financiero que siempre acude como herramienta de apoyo al crecimiento económico. Entonces, surgen las instituciones crediticias que manejan prácticamente las finanzas de todo el país. Luego pagaríamos las consecuencias con la instauración de la “patria financiera” en la época del Proceso.
Este crecimiento, esta diferencia de Buenos Aires con el interior, marcó también el incremento del centralismo. Pero los términos de la antinomia comenzaron a cambiar: ya no era tanto porteños contra provincianos sino centralismo contra interior. Buenos Aires representaba un poco a la Nación y el interior seguía siendo, por supuesto, la Cenicienta del cuento.
Fue así como se presentaron varias iniciativas tendientes a frenar el crecimiento de Buenos Aires. En 1918, Juan Alvarez efectúa una propuesta para congelar ese crecimiento retirando paulatinamente de la ciudad el apoyo de algunos factores artificiales que determinaron la aceleración del proceso. Por supuesto, la propuesta no tuvo acogida.
Esto trajo otra consecuencia aún más grave: el éxodo del interior hacia Buenos Aires a partir de la década del 30. En sólo diez años ingresaron más de un millón de provincianos atraídos, desde luego, por mejores condiciones de trabajo. El interior era cada vez más pobre; la gente que llegaba se radicaba en la periferia de la ciudad; empezaron así a surgir los primeros barrios precarios. Desde luego, de todos modos era mejor vivir en Buenos Aires, ya que la ciudad ofrecía mayores posibilidades que el interior.
Se produjo además otra consecuencia: se limó un poco más el enfrentamiento entre porteños y provincianos porque Buenos Aires comenzó a ser un poco de los provincianos, adquiriendo así la Capital una nueva fisonomía social. La ciudad deja de competir con el interior porque son tan distintos y dispares que no puede afirmarse que Buenos Aires sea superior; simplemente, es distinta.
Esta afluencia de los provincianos —como lo recordaron los señores senadores de la Rúa y Martiarena— trajo como consecuencia un hecho histórico muy caro a nosotros, los peronistas, y que fue fundamental para la historia del país. Porque si bien los acontecimientos históricos del 17 de octubre de 1945 se produjeron aquí, en la Capital, gran parte de sus protagonistas eran provincianos, los “cabecitas negras”, según la calificación peyorativa que muchos utilizaban. Pero debemos señalar que ellos fueron los verdaderos soldados que hicieron la grandeza de la patria.
Esta concentración del poder en Buenos Aires, a cien años de haber sido declarada Capital, asume así caracteres alarmantes: consideradas juntamente Buenos Aires, La Plata, Berisso y Ensenada (es decir el uno por ciento de la superficie del país) concentra el 37 por ciento de su población; se consume el 50 por ciento de la energía generada en todo el territorio; está instalado el 45 por ciento de los establecimientos industriales argentinos; se ocupa el 54 por ciento del personal activo de todo el país, y producen el 57 por ciento de la producción total.
Estos datos constituyen la prueba más elocuente de la deformación que ha traído al país este creciente poder de Buenos Aires en detrimento del interior. Buenos Aires es todo: es la Nación; es La Meca a la que deben llegar todos los provincianos y a donde deben concurrir los gobernantes del interior a luchar para que sus provincias puedan estar mejor atendidas. De ahí surge ese dicho tan popular y según el cual “Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires”. Esto lo decimos siempre los provincianos cuando tenemos que peregrinar a la capital para conseguir que se solucionen los problemas de nuestras provincias.
Ya en 1938 Florencio Escardó, en su Geografía de Buenos Aires, decía que la Nación ha tenido cabeza pero que nunca tuvo capital, porque Buenos Aires nunca funcionó como una verdadera capital. Ha fracasado porque se supone que la ciudad en que se asienta un gobierno, que es la capital de una nación, no tiene que ser sólo el asiento de sus autoridades sino que debe actuar también como un pivote o eje que determine un equilibrio de desarrollo en todo el país.
Aquí se ha concentrado la totalidad de los poderes: el económico, el financiero, el comercial y el demográfico. Por eso el resto del país está sufriendo y pagando las consecuencias de esta situación.
Vuelvo a lo que dijo Escardó, en 1938: “Los argentinos tuvieron cabeza pero no capital; y si Buenos Aires pudo ser la ciudad de los argentinos, no es, y de ello no cabe duda, la capital de la Argentina. Buenos Aires se avino a la fórmula federal pero siguió actuando y sintiendo como unitaria; en vez de encefalizar a la Nación y de estimular la soberanía de las provincias, ha tratado de sustituirlas, vale decir de anularlas. Por lo demás sabe que el resto del país hace lo que ella quiere”.
Concluyo esta parte de mi exposición dando respuesta a la pregunta que hacía al principio: ¿Es necesario trasladar la capital? ¡Cómo no va a ser necesario frente a esta tremenda deformación que ha sufrido el país! Esta ha sido una lucha permanente del interior y de nuestros caudillos
No podemos, señor presidente, seguir manteniendo este estado de cosas y permitir que se continúe gobernando desde la Capital Federal ubicada en la ciudad de Buenos Aires; desde aquí no se puede seguir gobernando al país, lo cual ya ha sido demostrado a través de todos los tiempos.
Los gobernantes nacionales ven al resto del país a través de una suerte de prisma deformante que les hace perder la noción de la realidad. Por eso no pueden contribuir a solucionar los problemas del interior.
Aquí hay un lobby permanente que influye en las decisiones de los gobernantes, los cuales se ven envueltos en la problemática local; están viendo el árbol de la capital, que no les permite ver el bosque de todo el país, con sus apremiantes y angustiantes necesidades. Por eso hubo tantas iniciativas para trasladar la capital al interior que se sucedieron a través del tiempo sin tener nunca, lamentablemente, una resolución favorable.
Así fuimos marchando a través de la historia y en este actual período democrático nos encontramos con el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, por el que se propone el traslado de la Capital Federal a Viedma.
Debo reconocer las tremendas dudas que nos surgieron cuando el proyecto llegó a nuestras manos. Ellas no se referían a la necesidad de trasladar la capital —sobre lo cual teníamos una posición favorable— sino a otros puntos contenidos en la iniciativa. Tenían relación con el emplazamiento, la oportunidad, el costo, la financiación, es decir, con toda una problemática que motivó que prestáramos una especial atención a este tema. Por eso, en un primer momento, personalmente asumí una actitud crítica que me llevó a plantear todas las dudas posibles. Así, cumpliendo con mi obligación, estuve en Viedma junto con otros señores senadores.
Allí conocimos el lugar propuesto y asistimos a una sesión especial con que nos honró la Legislatura de Río Negro. Escuchamos los informes de los integrantes de la Comisión Técnica Asesora que, a decir verdad, en ese momento no me dejaron conforme porque siguieron quedando en el aire muchas de las dudas planteadas.
Por eso hemos formulado preguntas por escrito a los integrantes de la Comisión para poder evacuar algunas de esas dudas. Sin perjuicio de pedir la inserción de este documento —que es muy extenso— en el Diario de Sesiones, me voy a permitir aportar a este debate algunos de los interrogantes planteados y sus respuestas, porque entiendo que constituyen un verdadero aporte. [..] Las preguntas fueron formuladas desde varios puntos de vista: económico-financiero, geográfico, sociolaboral y de política institucional.
En cuanto al aspecto económico-financiero formulé la siguiente inquietud: de los fundamentos surge que existe actualmente en Buenos Aires una gran concentración económica, poblacional y de poder. La construcción de una ciudad administrativa, ¿significará la quiebra de las concentraciones antes aludidas? ¿En qué medida el traslado de la Capital provocará un desarrollo equilibrado e integral del país? La respuesta fue que el traslado de la Capital forma parte de una estrategia orientada hacia la descentralización política y económica del país. La Capital Federal y el conurbano bonaerense concentran fuertemente la producción y el empleo nacionales; esto coincide, no casualmente, con la centralización en la toma de las decisiones fundamentales. En todo caso, el funcionamiento y la conformación misma del Estado no hacen sino reproducir las desigualdades propias de una estructura productiva desequilibrada. En estas condiciones, el federalismo se reduce a una tradición retórica.
La vigencia efectiva del federalismo requiere reinstalar la igualdad de oportunidades entre las provincias y las grandes ciudades argentinas. Es necesario, entonces, complementar las economías regionales, rescatar la dimensión oceánica y, en definitiva, reordenar el espacio territorial. Todo ello implica una redefinición de las relaciones entre la administración pública nacional y las provinciales, en el sentido de un redimensionamiento del aparato estatal y de la afirmación de las autonomías provinciales.
Ese proceso difícilmente pueda llevarse a cabo en un ámbito en el que, como el capitalino actual, las iniciativas descentralizadoras a menudo son interferidas por los intereses económicos concentrados y políticamente centralizados.
Por ello se propone la constitución de un nuevo distrito federal que separe geográficamente el asiento de la autoridad política de los intereses predominantes.
Se abren así opciones inéditas para la participación. La política de descentralización de empresas públicas y entes autárquicos estatales ya iniciado muestra cómo el traslado de la gestión al lugar de operaciones favorece la participación local con lo que se ve incrementado el poder de las provincias y municipios.
El nuevo distrito federal importa, además, una deliberada discontinuidad histórica. El país ya no será el mismo si cambia la localización de la toma de decisiones estratégicas.
Por eso, el traslado de la Capital Federal hará posible una profunda transformación cualitativa en el funcionamiento y conformación del Estado. No se trasladará una cultura administrativa que se limita a observar cómo se reproducen las desigualdades, sino una tecnología de gestión moderna y democráticamente comprometida.
La descentralización político-administrativa, en definitiva, es una condición necesaria, aunque no suficiente, desde luego, para el desarrollo integral y equilibrado al que todos aspiramos.
Preguntaba también —y éste es el punto 3° — de qué modo el proyecto en cuestión se financiará por sí solo y constituirá una inversión retributiva, tal como se sostiene en los fundamentos del proyecto. Y a esto se contestaba: “Una parte significativa de la inversión estatal que demande el traslado de la Capital tendrá recupero. Es pertinente considerar que, aprobada la ley correspondiente por el Poder Legislativo, el gobierno nacional deberá proceder a la expropiación de las tierras del distrito federal que se consideren necesarias para la nueva sede capitalina y para el reordenamiento físico-ambiental del distrito”.
“La acción del gobierno sumará a las tierras expropiadas el valor agregado de la infraestructura de servicios que le corresponde realizar y el efecto positivo que significa la erección de los edificios públicos, viviendas y equipamiento, etcétera. Todo ello implica un apreciable aumento de los valores de la tierra, que será preventiva y necesariamente propiedad del Estado.
“De manera que el Estado podrá arbitrar los mecanismos para que, al momento de reintegrar las tierras al sector privado para que éste concrete sus inversiones, se recupere la inversión inicial que efectuará, así como el plusvalor que la misma agregó a sus valores primitivos.”
Señor presidente: debo hacer una aclaración. No comparto de ningún modo que ésta sea una fuente de financiamiento para el proyecto de creación de la nueva capital. No concibo un Estado que actúa como una empresa inmobiliaria ni acepto el Estado especulador que expropia para después vender lo que no le sirve. Interpreto que la expropiación debe limitarse exclusivamente a los fines para los cuales se necesitan esas tierras: la urbanización, la parquización, los espacios verdes, la construcción de calles y caminos. En todo lo demás coincido en que la disposición incluso puede ser tachada de inconstitucional, porque una actitud, una medida legal de esta naturaleza…
Sr. Gass. — ¿Cómo se evita, si no interviene el Estado y no expropia todas las tierras que pueden servir y se pueden vender después, el alza inconmensurable de los precios?
Sr. Menem. — Es uno de los riesgos de una obra de esta naturaleza. En el país se han hecho grandes obras y nunca a nadie se le ha ocurrido pensar que la financiación se iba a hacer con el mayor valor adquirido por las tierras aledañas.
Esto permitirá el juego de la ley de la oferta y la demanda. En la medida en que haya muchas tierras para ofrecer, bajará el valor; y si hay pocas tierras, aumentará.
De cualquier manera, no es por esta vía que el problema deba solucionarse, incluso por una cuestión de principios, porque no puede admitirse esa suerte de especulación inmobiliaria que realizaría el Estado.
Sr. Gass. — Yo digo que el Estado no va a especular. Van a especular los que tengan las tierras al lado de las expropiadas por el Estado.
Sr. Sánchez. — Son polos de desarrollo.
Sr. Menem. — Esto es inevitable. De todos modos la solución no viene por ese lado.
Por otra parte, para seguir con la respuesta a esta pregunta y terminar, diré que: “Es imperativo calcular que el traslado de la cúpula política del Estado liberará en la ciudad de Buenos Aires edificios de oficinas de ubicación privilegiada y con alto valor económico. Sin perjuicio de la conservación de los edificios de carácter histórico y de la reubicación de algunas oficinas federales que deberán continuar en Buenos Aires como en cualquiera otra de las grandes ciudades argentinas, es previsible que se podrán recuperar valores significativos por la venta a particulares de edificios federales hoy en uso.
“Las inversiones específicas en las obras generarán los siguientes ingresos: a) las prestaciones de los servicios producidos como contrapartida por la inversión de infraestructura (transporte, comunicaciones, agua, desagües, energía); b) las tasas correspondientes a la prestación de servicios; c) la imposición a la generación de plusvalía generada como consecuencia de las obras a encarar; y d) rentas y alquileres provenientes de la inversión de casas-habitación. Estos ingresos cubrirán parte ponderable del flujo de egresos previstos.
“Una evaluación económico-financiera debe computar necesariamente el costo operativo de una administración moderna e informatizada comparado con el costo actual así como el costo de instalación del nuevo distrito federal como contrapartida del costo de no realizar el proyecto.” En ambos casos, el activo es necesario en la evaluación pertinente.
Finalmente, es necesario sopesar ciertos beneficios asociados al traslado de la Capital que son difíciles de registrar mediante patrones convencionales. Entre ellos se cuentan la introducción de capital humano, de progreso técnico y tecnológico derivado del cambio en la gestión estatal, de la misma forma que en las economías de escala propias de una reducción del gasto público y de una disminución de los costos operativos.
Algunos de estos beneficios, aunque no son cuantificables, constituyen justificativos importantes del proyecto.
Otra de las preguntas que formulaba —paso por alto varias de ellas, porque después voy a pedir su inserción en razón de que considero que aclaran muchos puntos y enriquecen los fundamentos del proyecto— era en qué condiciones, en su caso, serán otorgados al país los créditos que fueron requeridos.
Elijo esta pregunta porque ha sido planteada la duda en la exposición de algunos señores senadores acerca del financiamiento con créditos del exterior.
La respuesta que se nos da es que las previsiones en cuanto al financiamiento externo de obras y de infraestructura públicas se han basado en expectativas suscitadas a propósito del manifiesto interés internacional por la creación del nuevo distrito federal argentino. Se añade que si bien no es común en organismos internacionales, existen firmes indicios que permiten suponer que se otorgarán financiaciones en porcentajes mayores a los habituales para las diversas obras. Asimismo, dado que se trata de créditos orientados hacia cambios estructurales, se prevé la obtención de las mejores condiciones vigentes en el mercado financiero internacional.
Desde luego, éste es un informe. Más adelante me voy a referir al tema de la veracidad, ya no de la información que se nos proporciona. Pero eso es lo que dice el informe.
En el punto cinco, refiriéndonos a una pregunta anterior del tema de la descentralización, interrogábamos lo siguiente: ¿Cómo se compatibilizarían las intenciones manifestadas en los fundamentos con el texto de la ley cuando el mismo no hace alusión al tema de la descentralización en su total magnitud?
“El tema de la descentralización es importante porque constituye uno de los puntos que complementan el propósito de traslado de la Capital. En este punto se contesta que la ley en consideración no es una ley general de descentralización, que contemple todos los aspectos inherentes al tema. La propuesta que incluye es, en sí misma, un acto fundamental de descentralización, que debe ser acompañado por un conjunto integral de medidas —muchas de las cuales no requieren nueva legislación— y que, en parte, han sido comentadas en puntos anteriores.”
Una última pregunta, antes de pasar al aspecto político institucional, se vincula con el aspecto geográfico. Aclaro que estoy eligiendo las preguntas que habían originado algunas dudas.
Una de ellas dice: “¿Del proyecto se extrae que con el traslado de la Capital se ocuparán espacios vacíos del país? Solicitamos que se acompañen los estudios comparativos que expliquen detalladamente por qué se eligió la zona Viedma-Carmen de Patagones y no otro de los espacios vacíos existentes en el país.
“Solicitamos que se explique el nexo causal entre el asentamiento de la nueva capital (ubicada al norte del paralelo 42, que es el límite de la región Patagónica) con el desarrollo patagónico y la ocupación de espacios vacíos cuando hay estudios que demuestran que las corrientes migratorias están en relación directa con polos de desarrollo económico.”
La respuesta es la siguiente: “Una de las características esenciales de la estructura territorial del país es que no existe ninguna región que por sí sola esté en condiciones de equilibrar la dotación de recursos y la localización geográfica de la región pampeana y, más precisamente, allí donde se centraliza y concentra la Capital Federal y el conurbano bonaerense.
“El reordenamiento territorial debe transitar necesariamente por la potenciación de todos sus espacios vacíos. De allí el proceso de integración con Brasil y Uruguay, la proyección hacia América latina, la incorporación de los océanos a la perspectiva nacional.
“Sin embargo, se hace necesario elegir las prioridades. En esa elección es evidente que la región patagónica, cualquiera sea el indicador que se utilice, presenta una mínima homogeneidad intrarregional y una escasa vinculación interregional con respecto al resto del país. Constituye realmente un espacio vacío que debe ser ocupado política, económica y socioculturalmente. En todo caso, el sur y el mar brindan condiciones excepcionales para la descentralización político-administrativa y la desconcentración económica en que se halla empeñado el gobierno nacional.
“En efecto, la Patagonia cuenta con la mayor fuente de energía del país, con grandes emprendimientos en funcionamiento y proyectos con posibilidades ciertas de realización. Es la principal zona productora de hidrocarburos.
“Los ríos patagónicos conforman aproximadamente el 90 por ciento del caudal de los ríos de la vertiente atlántica, segunda en importancia después de la Cuenca del Plata. La disponibilidad de tierras bajo riego es muy importante.
“Presenta una extensa costa atlántica con una amplia plataforma continental, y dispone de los mejores puertos naturales del país. La cordillera sur tiene su mayor cantidad de pasos permanentes hacia los puertos del Pacífico.
“Los valles cordilleranos son aptos para la ganadería y producciones especiales. Si bien el recurso lanero experimenta una fase declinante, dados los precios internacionales vigentes, constituye una posibilidad de desarrollo regional.
“Por último, el paisaje natural brinda condiciones óptimas para la instalación y explotación de centros turísticos singulares, con una gran variedad de paisajes, climas y formaciones naturales de carácter excepcional.
“La región patagónica, en suma, es un espacio vacío de particular significación estratégica y vasta dotación de recursos y es protagónica para la explotación de los recursos marítimos argentinos así como para la integración del eje Atlántico-Pacífico, facilitando el acceso a los mercados asiáticos.
“En cuanto a la elección del Valle Inferior del Río Negro, en las provincias de Río Negro y Buenos Aires, para la localización del nuevo distrito federal, a continuación se enumeran los principales criterios:
1) el medio natural ofrece excelentes posibilidades para la instalación humana y el desarrollo de las actividades productivas, ya que cuenta con un fluido tránsito ferroviario, vial y aéreo, con un clima estimulante y estable, con abundancia de agua potable y de riego, con un adecuado equipamiento energético actual y potencial y un paisaje excepcional.
2) su ubicación facilitará la integración norte-sur del país.
3) tiene fuerte presencia de la costa marítima, que ofrece singulares posibilidades para el esparcimiento y el turismo.
4) permite contar con la posibilidad de una fluida relación Atlántico-Pacífico a través de los pasos cordilleranos existentes, que son bajos y permanecen abiertos todo el año y del equipamiento portuario con que cuentan la Argentina y Chile en esa latitud.
“Finalmente, en cuanto a las corrientes migratorias aludidas en el cuestionario que nos fuera remitido, de prevalecer la tesis de que las mismas están en relación directa solo con los polos económicos, su aplicación implica aceptar el grado de concentración en la pampa húmeda y en algunos lugares singulares, en una inercia histórica que precisamente el traslado de la Capital se propone revertir.”
Solicito desde ya, señor presidente, la inserción en el Diario de Sesiones de la totalidad de este cuestionario, por cuanto son aspectos muy importantes que enriquecen los fundamentos de este proyecto. No quiero leerlo en forma íntegra, en atención a lo prolongado que viene resultando este debate y para no fatigar a los señores senadores.
Sr. de la Rúa. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. de la Rúa. — En cuanto a la incorporación en el Diario de Sesiones de las preguntas mencionadas por el señor senador por La Rioja, creo que el amplio material reunido por las comisiones a lo largo de muchos días de trabajo también debe ser insertado. Mi propósito era pedir después del debate que se autorice a la Presidencia a resolver la incorporación de todo el material y de todos los antecedentes, ya sea al Diario de Sesiones o mediante la publicación de una separata especial. Ello contribuirá al debate posterior que se realizará en Diputados y permitirá que quienes quieran conocer el tema en profundidad puedan encontrar reunido todo el material.
De modo que para no incluir algunas cosas y dejar afuera otras —tanto las preguntas de los señores senadores Menem y Rúbeo como todos los trabajos realizados en las comisiones y los demás antecedentes—, estimo que debemos autorizar a la Presidencia para que determine el modo más práctico y ágil de publicar dicho material, ya sea en un libro aparte o como una publicación en el Diario de Sesiones.
Sr. Menem. — Me parece razonable, señor presidente, que todas las inserciones se ordenen al finalizar el debate, pero quería dejar asentado el pedido para estas preguntas que he leído, dada su trascendencia.
Desde ya, me inclino por el criterio de que todo el material sea publicado en una separata especial, de modo que las exposiciones figuren separadas de todos los documentos en las que ellas se apoyan.
De toda la información recogida, señor presidente, tenemos que hacer un balance general y, en lo que a mí respecta, de un resultado favorable en cuanto a la aprobación de la propuesta.
Desde luego, quedan flotando algunas dudas; muchos de los interrogantes no están totalmente develados, pero creo que, más allá de ello, estamos en condiciones de poder afirmar que es una propuesta viable y que puede ser aceptada.
Reitero que quedarán muchas dudas acerca de si el emplazamiento es adecuado y si la financiación es posible, pero creo que frente a emprendimientos de esta naturaleza suele ocurrir que queden dudas y problemas pendientes.
Sobre el traslado de una capital existen pocos antecedentes en el mundo, pero sobre la realización de grandes obras sí hay experiencia. Por eso creo que este tipo de dudas también se deben haber suscitado cuando se decidieron encarar las grandes obras del mundo, como el canal de Suez o el de Panamá. También las debe haber habido cuando encaramos la industrialización del país o cuando Perón decidió comprar los ferrocarriles. También hubieron dudas, pero son los riesgos que conlleva toda gran empresa. Creo que debemos ser conscientes de ello y no pretender, sobre todo en este paso inicial, tener totalmente despejado lo que pueda generar esas incertidumbres.
En esto yo quiero ser muy claro con respecto a la decisión que he de tomar. Yo parto de la base de que toda la información que se nos ha proporcionado es correcta. No puedo poner en duda la información brindada por la Comisión Técnica Asesora, porque es la palabra del Poder Ejecutivo. Yo estoy creyendo con la más absoluta buena fe que todos los datos en que basamos nuestra decisión se ajustan a la realidad. Sería muy grande la responsabilidad de quienes suministran esa información, sobre todo el Poder Ejecutivo, si ella no fuese correcta. Y digo esto sobre todo en el tema de los costos, que se han manejado con una amplitud que va de los 4.600 millones de dólares —lo que dice la Comisión—, hasta 30 o 35 mil millones de dólares que sostuvieron algunos dirigentes políticos no oficialistas.
Yo confío —por eso voy a apoyar en general este proyecto — en que el costo real será de 4.600 millones de dólares. De no ser así mi decisión estaría viciada por haber sido sorprendido en mi buena fe y objeto de un engaño que ha inclinado mi voto en un sentido contrario al que hubiera tenido en caso de conocer que los costos realmente llegan a esos niveles que escapan a toda posibilidad por parte del país, sobre todo en la situación en que nos encontramos.
Pero sobre esto también quiero decir que el objetivo es tan grande que el tema de los costos se relativiza en alguna medida, cuando se habla de cambiar la estructura del país, de reafirmar nuestra soberanía en el Sur, de integrar a toda la Nación y de todos los objetivos mencionados en el mensaje que acompaña a este proyecto de ley.
Pero éste es un proceso complejo. No podemos limitarnos a pensar solamente en el traslado de la capital, porque si solamente la llevamos a Viedma y no integramos el proceso con muchas otras acciones complementarias, no se van a alcanzar los resultados perseguidos por el Poder Ejecutivo y también —así lo creo— por todos los argentinos.
Entre esas medidas complementarias, que tiene que ser encarada simultáneamente con el proyecto de traslado de la capital figura desde luego el de la integración territorial para lo cual hay que mejorar toda nuestra infraestructura vial, ferroviaria, telefónica, etcétera, para lograr la superación de la incomunicación y el aislamiento que muestra el mapa de nuestro país y dejar atrás la era de los baldíos geográficos.
Esto conlleva también acciones tendientes al fortalecimiento del federalismo. Tiene que adoptarse una actitud concreta en ese sentido, para lo cual deben tenerse en cuenta ciertas normas. En primer término habrá que lograr la verdadera vigencia de los artículos 5 y 106 de la Constitución Nacional, en virtud de los cuales las provincias se dan sus propias constituciones y se rigen por ellas, es decir, un pleno respeto a esa autonomía provincial. En segundo lugar, se debe dar la posibilidad de que las provincias sean propietarias de sus propios recursos naturales y los administren. Lamentablemente, la Corte ha fallado que los hidrocarburos son propiedad de la Nación, pero nosotros entendemos que también desde las provincias se puede defender a la Nación. José Roberto Dromi dice en su libro Federalismo y diálogo institucional, lo siguiente: “También desde las provincias se defiende la Nación y no entendemos cómo puede ser más nacional el petróleo que la enseñanza”, que actualmente está a cargo de las provincias.
En tercer lugar, es indispensable una planificación racional de la utilización de los recursos entre las provincias y la Nación.
En cuarto término, debe promoverse la radicación de industrias en el interior mediante la plena vigencia de las leyes de promoción existentes, tales como la 22.021 y otras que se puedan sancionar.
Sobre este tema de la radicación de industrias en el interior es necesario que terminemos con este tira y afloje que todos los años debemos hacer en el Parlamento cuando tratamos en la ley de presupuesto el tema de los cupos fiscales para las provincias que tienen leyes de promoción. El año pasado costó una verdadera lucha conseguir un cupo fiscal de 17 millones de australes para poder promover la radicación de industrias en las cuatro provincias del Acta de Reparación Histórica. Y resulta que este año vemos que en el presupuesto se ha mantenido exactamente el mismo valor nominal, como si en este país no se hubiera producido un tremendo proceso inflacionario.
Esto significa desalentar la radicación de industrias en el interior y contribuir a ese proceso de centralización que todos estamos empeñados en dejar de lado y superar.
Por ello, esta intención del Poder Ejecutivo, manifestada en su mensaje, de descentralizar el país y fortalecer el federalismo debe ir acompañada desde ya de medidas concretas tendientes a lograrlo. De modo que hay que seguir promoviendo la radicación de industrias en el interior.
En quinto lugar, hay que rescatar el poder adquisitivo local, que corresponde a las provincias por imperio constitucional —artículos 67, inciso 2, y 104—. Deben respetarse las zonas tributarias nacionales, provinciales y municipales, porque es conocido cómo muchas veces se produce la superposición impositiva, que va normalmente en detrimento de la Nación respecto de las provincias y de las provincias respecto de los municipios. Siempre el hilo se corta por lo más delgado
Al respecto también cabe señalar que la Corte Suprema ha cercenado el poder impositivo local al declarar que están exentos del pago del impuesto a los sellos, a los ingresos brutos y a las actividades lucrativas los contratos de obras y servicios suscriptos por empresas privadas con organismos estatales y vinculados a la explotación de hidrocarburos.
En sexto término, las provincias deben rescatar también el poder de policía, que nunca han delegado en la Nación, pero ésta muchas veces se lo ha tomado por sí sola. Y así como la Nación se lo toma a las provincias, éstas a su vez se lo toman a los municipios.
En séptimo lugar, se debe revitalizar el régimen municipal, devolviéndole al municipio todo su originario poder de administración y conducción de la comunidad vecinal, restituyéndoles los servicios públicos locales y otorgándole la ejecución de las obras de interés regional.
Es también presupuesto esencial del federalismo la existencia y organización de cuerpos intermedios, corporaciones gremiales y profesionales que deben actuar como legítimos portavoces de los intereses y necesidades locales, concurriendo a nivel nacional para contribuir a la solución de los problemas que aquejan al país.
Pero por sobre todo esto, señor presidente, estas medidas deben ir precedidas y acompañadas de un profundo cambio de mentalidad de los funcionarios. Deben entender, si este proyecto es aprobado, que estamos queriendo ingresar en un nuevo proceso en la vida del país, en una nueva etapa de la República, porque si nos vamos con esta mentalidad centralizante a Viedma o a cualquier otro lugar que se eligiere como capital, no habrá cambiado nada, porque seguiríamos con esa mentalidad de privilegiar lo general por sobre lo particular o el Estado nacional por sobre el interés de las provincias.
Desde luego, podríamos hablar extensamente respecto de la modernización del Estado, que es otro de los objetivos que se persigue, pero voy a eximir a los señores senadores de que escuchen todo lo que he traído sobre este tema, porque me extendería demasiado.
Sólo quiero decir que esta modernización del Estado debe comenzar ya, porque de otra forma no haríamos más que trasladar hacia la nueva capital —si el proyecto es aprobado— esta pesada burocracia que no solo el Poder Ejecutivo, sino también de los otros dos poderes del Estado. Aquí, en el Poder Legislativo, también tenemos burocracia. Mientras en otros países ya la informática ha llegado a los niveles sociales más bajos, nosotros todavía seguimos con un Poder Judicial en los umbrales del siglo XXI, donde todavía vemos a los empleados, como a Penélope, cosiendo y descosiendo los expedientes. Esto en la era de la informática y de la robótica y de todos estos avances que nos ha traído la ciencia.
Por eso la modernización del Estado es una prioridad fundamental a la cual tenemos que atender debidamente.
Señor presidente: voy a realizar un rápido análisis del proyecto de ley que estamos considerando; principalmente, en lo que se refiere a las disidencias que tengo respecto del dictamen de la mayoría.
El miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador por la Capital Federal, ya ha hecho un análisis del proyecto en general como también lo han realizado otros señores senadores.
Mis disidencias están referidas a cuatro artículos: 4°, 5º, 8º y 9°.
Con respecto al artículo 4°, mi disidencia se refiere a lo que ocurre con los bienes del dominio público. En el dictamen de mayoría — manteniendo el proyecto del Poder Ejecutivo— se establece una distinción entre los bienes de dominio público y los de dominio privado del Estado. Allí se establece que los bienes públicos se transferirán de acuerdo con lo establecido por este proyecto y, en cambio, los de dominio privado mediante convenios que deberán celebrarse con las provincias y los municipios
En este sentido, yo no he encontrado ninguna razón valedera para hacer esta distinción según la cual unos se transfieren por imperio de la ley y otros a través de un convenio. Personalmente, considero que todos estos bienes deben ser objeto de convenio, porque de otra forma estaríamos cometiendo un verdadero despojo con las provincias de Río Negro y Buenos Aires y los municipios de Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre.
Por eso, propongo que en ambos casos deban celebrarse los correspondientes convenios, máxime teniendo en cuenta que las leyes de cesión de Buenos Aires y de Río Negro, han hecho reserva expresa de esos bienes.
La otra disidencia está en el artículo 5° y radica en la forma y momento en que va a ser declarada la instalación de las autoridades en el nuevo distrito federal.
El proyecto original deja librada tal decisión al propio Poder Ejecutivo, quien determinará la fecha de traslado y notificará a los otros dos poderes del Estado.
El dictamen de la mayoría se compadece un poco más con la Constitución y con el respeto hacia los otros poderes del Estado, ya que menciona expresamente que el Poder Ejecutivo declarará habilitados los locales previa consulta con aquéllos. Pero debo decir que esto no es suficiente. Ya tuve ocasión de adelantar mi criterio —en una interrupción que tuvieron a bien concederme los señores senadores de la Rúa y Martiarena— al explicar que exijo que esa declaración sea previa conformidad de los otros dos poderes del Estado, por cuanto los tres poderes tienen igual jerarquía constitucional y no es posible que quede liberada al solo criterio del Poder Ejecutivo la determinación del momento en que estén dadas las condiciones para el traslado de los otros dos poderes del Estado.
Ocurre que el Poder Ejecutivo puede suponer que las instalaciones en las que funcionarían el Congreso y el Poder Judicial son suficientes y están dadas todas las condiciones para efectuar el traslado, pero que esto no sea así en la práctica. Creo que el Poder Judicial tiene algo que decir con relación a esto, ya se trate del funcionamiento de la Corte o de los tribunales inferiores. Por otra parte, ¿cómo no podremos decir los legisladores si las instalaciones que se nos ofrecen son aptas para que podamos trabajar?
Creo entonces que se compadece mucho más con el principio constitucional de la división de los poderes y su igualdad de jerarquías la fórmula que he propuesto: que el Poder Ejecutivo, previa conformidad de los otros dos poderes, declare habilitadas las instalaciones pertinentes.
Al respecto, quiero citar como antecedente el caso de Brasilia: el Congreso fue el encargado de determinar la fecha de traslado de la Capital desde Río de Janeiro al nuevo asentamiento. En nuestro caso, entonces, utilizaríamos esta fórmula en la que participan los tres poderes del Estado.
La otra disidencia se refiere al artículo 8°, precisamente, a los gastos que irrogue el establecimiento de la nueva capital. En realidad, en el dictamen de la mayoría se ha aceptado parcialmente una sugerencia de quien les habla en cuanto a la preocupación de que los gastos que demande la instalación de la nueva Capital no afecten los fondos de las provincias.
Desde luego, si queremos iniciar un proceso de fortalecimiento del federalismo, de descentralización, de integración territorial, no lo podemos hacer a costa de un mayor debilitamiento de las ya deterioradas finanzas provinciales. En el artículo 9° del dictamen de la mayoría se dice que el traslado de la Capital no implicará en modo alguno reducción de los recursos o inversiones previstos para las provincias. Pero quiero ir más allá de lo que dispone este artículo, porque dicen que “quien se quema con leche ve una vaca y llora”. No quiero que las provincias corran ningún riesgo respecto de sus fondos. Por eso propongo una norma mucho más específica sobre este tema y que haga referencia a que no se pueden tocar los fondos de coparticipación ni otros que expresamente se determinan.
En mi propuesta digo: “En ningún caso los gastos que demande el cumplimiento de esta ley y la instalación de la nueva Capital Federal podrán afectar los fondos y recursos que corresponde percibir a las provincias por cualquier concepto, tales como los derivados de la coparticipación impositiva federal, regalías, fondos especiales destinados a programas de desarrollo provinciales —y aquí están incluidos el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Desarrollo Energético y otros fondos especiales previstos para los desarrollos provinciales—, Fondo Nacional de la Vivienda y otros similares creados o a crearse con los mismos fines”.
Lo referido al FONAVI me causa especial preocupación porque no quiero que el día de mañana se me diga que porque hubo que construir tantas viviendas en la nueva capital, se nos disminuye el de por sí exiguo cupo para viviendas que tenemos en La Rioja o en otras provincias. Creo que esto tendría que ser compartido por todos los señores senadores, en defensa de los intereses de sus respectivas provincias.
Tampoco estoy de acuerdo en este aspecto con el dictamen de la mayoría cuando habla —y a esto ya hice referencia— del tema de las expropiaciones.
En lo que hace a los recursos provenientes de las ventas de bienes expropiados reitero que no quiero ver al Estado convertido en una empresa inmobiliaria. El Estado no debe constituirse en una entidad que compre y expropie para vender. Además dudo de la constitucionalidad de una disposición de este tipo.
El dictamen en mayoría en alguna medida también ha acogido otra de mis sugerencias con respecto a la estabilidad del empleado público. A mí me aflige el destino de los empleados de la administración pública nacional porque si se efectúa el traslado se habla de que habrá una disminución notoria de la planta de personal. Quiero creer que esa disminución no será a costa de cesantías o racionalizaciones que signifiquen afectar el derecho a la estabilidad del empleado público.
Cuando en la primera reunión que tuvimos en Viedma le planteé esta inquietud al señor Ministro del Interior, me contestó categóricamente, hasta un poco molesto, que el radicalismo nunca iba a acudir a ese tipo de medidas, que no iba a haber cesantías; hizo una encendida defensa de su respeto por el derecho a la estabilidad. Reiteré la misma pregunta en otras de las reuniones realizadas y obtuve igual respuesta.
El dictamen en mayoría aceptó parcialmente en forma muy genérica mi sugerencia, al igual que en lo relativo al tema de los fondos. El artículo 9° del dictamen en mayoría expresa: “La presente ley y el traslado de la Capital Federal no implicarán en modo alguno reducción de los recursos o inversiones previstos para las provincias ni afectará las normas vigentes sobre estabilidad de los funcionarios y empleados públicos”.
Esto no me deja del todo conforme porque el artículo 16 de la ley 22.140 (Régimen Jurídico Básico de la Función Pública) si bien establece que el derecho a la estabilidad comprende también el de permanecer en la zona donde el empleado público desempeña sus funciones, aclara que ello ocurre “siempre que las necesidades del servicio lo permitan”. Esto dejaría abierta la posibilidad de que el día de mañana se invoque a este traslado de la capital como una importante razón de servicio para obligar a algún agente de la administración pública a trasladarse a Viedma. Hay situaciones particulares que deben ser respetadas.
Si bien el objetivo de trasladar la capital es muy grande, muy ambicioso, también es cierto que no podemos pasar por alto los aspectos humanos, las situaciones particulares ni los derechos adquiridos por el personal de la administración pública.
Considero que ningún agente deberá ser trasladado en contra de su voluntad. Es cierto que el informe que ha emitido la Comisión Técnica Asesora dice que se van a dar alicientes para provocar el traslado de los empleados públicos. Quiero creer que esos alicientes pueden tener buen resultado, sobre todo si se les asegura una buena vivienda, una remuneración adecuada y, en fin, todo lo que tiene que ver con mejores condiciones de vida.
Pero no me conformaré con ese aliciente, que puede no funcionar en la práctica. Por eso voy a proponer una norma que dice lo siguiente: “Los agentes de la administración pública central, que revistan en organismos cuyo traslado se disponga como consecuencia de la sanción de la presente ley, no podrán ser trasladados sin su previo y expreso consentimiento, manteniendo —en todo caso— la garantía de estabilidad. Los agentes que no acepten el traslado serán reubicados en otros organismos, en la forma y plazo que determine la reglamentación”.
Esto implica considerar en un nivel más elevado la estabilidad del empleado público, no limitándola solamente a la conservación de su puesto de trabajo sino extendiéndola al desempeño en el lugar en donde ha sido designado.
Para terminar mi exposición deseo manifestar que si este proyecto se sanciona —y adelanto mi voto en general favorable a su aprobación— el gobierno nacional habrá adquirido un gran compromiso con el país y con la historia, porque a partir de ese momento tendrá que cambiar sustancialmente su modo de obrar y su comportamiento respecto de las provincias.
Aquí estamos representándolas y así, es en este lugar en donde debe decirlo. El gobierno, los funcionarios que lo integran, deben convencerse —todos y cada uno de ellos — de que las provincias no son meras divisiones administrativas, que son autónomas, que son las que han dado vida a la Nación, que deben darles ese trato y reconocerlas como tales. Debe saberse que, históricamente —como dije —, son las que han dado vida a la Nación y que conservan todo el poder que no han delegado expresamente.
Por eso, las provincias conservan los poderes generales y residuales, mientras que a la Nación corresponden los específicamente determinados por la Constitución. Y parecería que los funcionarios no están al tanto de esto o no lo quieren llevar a la práctica.
Yo recién hablaba del tema de la ley de radicación industrial; y pienso que no es posible, señor presidente, que todos los años se produzcan verdaderas batallas campales al tener que luchar por el mantenimiento del cupo fiscal cuando existe una ley de promoción industrial y, por vía del presupuesto, se pretende dejarla sin efecto.
A partir de aquí tienen que cambiar las cosas. Este debe ser el punto de partida y es necesario entender que se trata de un proceso complejo.
No brindaré mi voto afirmativo por el mero traslado de la Capital, sino que votaré a favor de una nueva etapa en la vida del país, por la esperanza de que esto cambie; no olvidemos que la responsabilidad como conductor de los intereses generales del país la tiene el gobierno nacional.
Entonces, basta de pasar por arriba de las provincias; debemos terminar con esa mentalidad centralizante que mira únicamente hacia los intereses de la Nación y, en algunos casos, lamentablemente, a los del partido gobernante y no a los intereses reales de las provincias, a los del interior del país.
Pienso que, desde ahora, debe haber una mayor coherencia. El gobierno nacional tendría que haber sido coherente, a partir de que el propio Poder Ejecutivo anunció su propósito de trasladar la Capital.
Observo, no sin cierto asombro aun después de que el presidente anunció el traslado de la Capital, y después de que el proyecto estuviera en el Parlamento, que Aerolíneas Argentinas llama a licitación para la construcción de un monumental edificio aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pregunto: ¿no está enterado del proyecto del directorio de Aerolíneas, o piensa que no se tiene que ir a Viedma o a otro lugar del país que le determinen? Por eso yo exijo a partir de hoy una coherencia total, tanto en el funcionamiento del gobierno nacional respecto a este tema del traslado como en lo relativo a las provincias.
El traslado de la Capital, señor presidente, es un gran emprendimiento. Es uno de los más grandes emprendimientos al cual se ha lanzado el país en los últimos tiempos. Es una obra grande y como tal debe ser encarada con espíritu de grandeza. Aquí no hay lugar para egoísmos ni para mezquinos intereses partidarios. Tiene que encararse con grandeza. No pueden por eso repetirse situaciones como la que planteara en la cuestión de privilegio el señor senador Martiarena. Se ha querido al parecer minimizar la participación que el justicialismo de la Patagonia ha tenido en este tema. A mí me consta que cuando fui a Viedma, en todo momento los dirigentes justicialistas de Río Negro estuvieron presentes encabezados por el titular del distrito, el escribano Remo Costanzo. Nos pidieron que apoyáramos la iniciativa y todavía recuerdo las encendidas palabras de los legisladores justicialistas en la sesión especial a la que la Legislatura de Río Negro nos invitó.
El proyecto fue, como digo, calurosamente apoyado por los legisladores justicialistas. No se puede pues ni siquiera poner en duda la intención del justicialismo de la Patagonia sobre el apoyo a este proyecto.
Si de esto se quiere hacer bandera de un partido o de un gobierno, desde ya auguro el más estrepitoso fracaso a este proyecto de trasladar la Capital. Porque si no es asumido por todos los argentinos, ése será el lamentable resultado.
Por eso me hubiera gustado que el proyecto hubiese tenido un origen con mayor consenso, que no se hubiera manejado tan secretamente al comienzo y dando después la información como con cuentagotas.
De todos modos ya lo estamos tratando, pero tiene que ser asumido con ese espíritu de grandeza, porque de lo contrario estaremos de entrada, ab initio, como decimos los abogados, condenándolo al más rotundo de los fracasos.
Esto no puede ser obra de un gobierno ni de un partido; tiene que ser de todos los argentinos en conjunto.
Antes de terminar, señor presidente, recordando que el senador de la Rúa concluyó su medulosa exposición con un homenaje a la ciudad de Buenos Aires, que fue justo —él es representante de la Capital Federal —, quiero rendir yo también un homenaje que no será a la Capital. No lo hago para oponerme al mencionado senador sino porque creo que lo que somos en este país constituye una síntesis de todo este proceso; somos una síntesis de todas esas antinomias, desencuentros y luchas. Y como una expresión de esa síntesis, quiero rendirle el homenaje a la otra parte, al interior del país que ha sido realmente la víctima de este desequilibrio que vive nuestra Nación.
Yo le quiero rendir homenaje a las provincias, al interior del país, a sus protagonistas de todos los tiempos. Por eso deseo expresar mi reconocimiento al hachero que trabaja en la selva misionera, al obrajero de los montes chaqueños y santiagueños, a ese obrero que trabaja en los cañaverales de Tucumán a quien según la letra de aquella canción “le comen los brazos pelando malojas en el cañaveral”. Y quiero rendir homenaje a ese pastor de la Patagonia, que en las inmensidades del sur, aislado, también trabaja por la grandeza del país. Quiero rendir homenaje a los mineros, a los “pirqueros” que queman sus vidas extrayendo riquezas a nuestras montañas de Jujuy, Catamarca, La Rioja, que nunca han podido disfrutar un poco de esa riqueza ni han tenido el menor bienestar debido a esa situación desgraciada de postergación, de ostracismo, de aislamiento.
Quiero rendir homenaje también a los intelectuales y a los juristas que ha dado el interior del país. No podemos olvidar que Alberdi fue tucumano, Vélez Sarsfield cordobés y Joaquín V. González riojano.
Extiendo mi homenaje a nuestros hombres de armas. ¡Cómo nos vamos a olvidar de que San Martín nació en Corrientes! ¡Cómo nos vamos a olvidar de que Güemes nació en Salta y defendió las fronteras de nuestro país! ¡Cómo nos vamos a olvidar del catamarqueño Fray Mamerto Esquiú, el orador de la Constitución, que fue el primero que la defendió así, con su elocuencia, y que dejó páginas inmortales en la historia!
¡Cómo me voy a olvidar de que Urquiza era entrerriano! Y en este momento quiero evocar también a los caudillos, que fueron protagonistas en esta desgraciada lucha de la capital versus el interior, que tenían sus justas razones para combatir.
Quiero recordar a Benavídez, de San Juan, a Ramírez, a López. Y, como riojano, quiero evocar a nuestro caudillo, que tanto queremos y respetamos, a Facundo Quiroga, a quien esa bala asesina tronchó su vida, cuando su misión era la de pacificar a las provincias hermanas que estaban en lucha.
Quiero recordar al Chacho Peñaloza, que por defender su provincia fue asesinado y su cabeza clavada en una pica en la plaza de Olta, como testimonio elocuente de cómo sufrieron los pueblos del interior.
También menciono a Felipe Várela, a quien también recordé en mi exposición, abanderado del federalismo, nacido en Catamarca.
En definitiva, quiero rendir homenaje a todos esos hombres del interior en este momento en que tratamos esta cuestión de tan vital trascendencia para el país. Este homenaje pretende constituir un reconocimiento a sus luchas, a las lágrimas que vertieron, a su dolor y a la sangre derramada. (Aplausos prolongados en las bancas y en las galerías.)