Source: http://fojas0.esy.es/fallos/declaran-inconstitucional-una-ley-que-aumenta-honorarios/
Timestamp: 2018-10-19 22:17:10
Document Index: 295389296

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'in fine', 'in fine', 'artículo 21', 'artículo 18', 'artículo 238', 'artículo 155', 'in fine', 'artículo 21', 'artículo 21']

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28 junio, 2018 Fallos
La Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 16 in fine de la Ley 14.697. Este dispone que el juez que no aplique sus pautas incurrirá en falta en los términos del art. 21, Ley 13661 y modificatorias (causal de mal desempeño).
Esto implica que las disposiciones sobre honorarios de abogados y procuradores no pueden ser juzgadas y aplicadas por los jueces bajo la presión moral que impone el texto del art. 16, ya que se considera un verdadero embate contra la independencia del ejercicio imparcial de la magistratura y configura una incorrecta intromisión del legislativo en las facultades judiciales.
S.P.N. y otro/as. Divorcio por presentación conjunta /// Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial Sala I, La Plata, Buenos Aires; 21-06-2018, RC J 3951/18.
En la ciudad de La Plata, a los 21 días del mes de Junio de 2018 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: “S. P. N. Y OTRO/A S/ DIVORCIO POR PRESENTACIÓN CONJUNTA” (causa: 123674), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor López Muro.
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia de fecha 28/02/2018 (fs. 20/21 vta.)?.
En las presentes actuaciones se ha interpuesto recurso de apelación por los honorarios regulados al Dr. Fernando Atilio Galante.
Cabe señalar, en cuanto interesa al presente, que el nombrado profesional intervino patrocinando a ambos cónyuges y que en el convenio regulador no se observa conflicto alguno. En materia de tenencia y régimen de visita, se avizora un pleno entendimiento entre los padres que favorece sin duda los intereses de las menores M. y M., que conviven con la madre. En el acuerdo sobre alimentos no se advierte incumplimiento por parte del alimentante ni reclamo alguno por parte de la madre de las menores. Por último, se convino la atribución del hogar conyugal a favor de la madre.
Los honorarios fueron fijados conforme la Ley 14967 en las sumas de por el divorcio en cincuenta Jus (50 Jus); por el cuidado personal compartido indistinto y la distribución de tareas atinentes a su cuidado en cincuenta Jus (50 Jus); por los alimentos en treinta y tres (33 Jus), y por la atribución de la vivienda familiar en veinte Jus (20 Jus). Esto significa que el costo para los cónyuges de esta regulación de 155 ius, según el valor del Ius actual es de $ 165.850 con más el adicional del aporte previsional a cargo de los mismos, lo que significa un total de $ 182.435.
Cabe indicar que la Ley 14967 comenzó a regir el 21/10/17 por lo que, ante la ausencia de convenio entre las partes, es ésta la ley que en principio rige en materia de regulación de los honorarios del profesional.
La regulación de honorarios fue apelada por el profesional interviniente, tanto por considerar alta como por estimar baja la regulación practicada. El cuestionamiento recursivo de fs. 22 en virtud de las previsiones del art. 57 Ley 14967 viene desprovisto de todo fundamento.
II. De la procedencia del examen de Constitucionalidad.
Aún cuando el recurrente no ha introducido cuestionamiento constitucional alguno, ello no obsta al análisis que habré de realizar. Empero, estimo adecuado que me expida sobre la pertinencia del exámen de constitucionalidad en forma oficiosa.
Esta Nación ha explicitado su norma fundante por escrito, organizando con esmero y detalle el funcionamiento federal y el de las respectivas Provincias.
Los jueces juramos respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes dictadas en armonía con ésta. En ese contexto la cuestión parece tener una respuesta obvia. Empero, si la solución afirmativa se impone, no por ello he de omitir la reflexión. Para ello es adecuado referirme a la impecable construcción formulada por la Dra. Bermejo en su voto en la causa “Cosentino” (Esta Cámara, Sala II “Cosentino Eduardo David C/ Cervan Carlos Diego S/Daños Y Perj” L° de sentencias DEFINITIVAS N° LXXII Causa N° 120368, Sent 23/11/16 REG. SENT.: 261 Sala II – FOLIO: 1620) y que transcribo en lo apropiado.
Allí se expidió en armonía con “la postura de la Corte de la Nación, en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s/ daños y perjuicios” (sent. del 27-XII-2012), y explicó que “el Supremo Tribunal, luego de relatar la evolución jurisprudencial del control de constitucionalidad desde su reconocimiento en los primeros pronunciamientos (Fallos: 23:37; considerando 8vo del fallo referido), lo cotejó con el control de convencionalidad que de oficio deben realizar los magistrados. Ello, en especial, luego de la reforma constitucional de 1994, al imponerse atender a las directivas emanadas del derecho internacional de los derechos humanos. Recordó ese Máximo tribunal federal en la causa referida que “en el precedente “Mazzeo” (Fallos: 330:3248)… se enfatizó que `la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)´ que importa `una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos” (considerando 20).”(Considerando 11, causa cit., publicado en Fallos: 335: 2333).”
Dijo nuestro máximo Tribunal, en el considerando 12 del fallo precitado, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “… precisó que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también ‘de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas la Convención Americana (“Caso Trabajadores Cesados del Congreso -Aguado Alfaro y otros vs. Perú”, del 24 de noviembre de 2006, parágrafo 128). Tal criterio fue reiterado algunos años más tarde, expresado en similares términos, en los casos “Ibsen Cárdenas Ibsen Peña vs. Bolivia” (del l° de septiembre de 2010, parágrafo 202); “Gomes Lund y otros (‘Guerrilha do Raguaia’) vs. Brasil” (del 24 de noviembre de 2010, parágrafo 176) y “Cabrera García y Montiel Flores vs. México” (del 26 de noviembre de 2010, parágrafo 225) Recientemente, el citado Tribunal ha insistido respecto del control de convencionalidad ex officio, añadiendo que en dicha tarea los jueces y órganos vinculados con la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana (conf. caso “Fontevecchia D’Amico vs. Argentina” del 29 de noviembre de 2011).”
Otra vez haciendo mías las palabras de la Dra. Bermejo señalo que “la jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente normas locales de menor rango.”
Con un criterio más estricto, se ha considerado que el análisis constitucional puede hacerse en determinadas condiciones, tal como lo ha expuesto el Dr. Emilio Ibarlucía recordando lo dicho por la SCJN en el expte. L. 80.156, “Martínez, Jorge c/ Propulsora Siderúrgica” del 31/03/04 en que el Tribunal siguió, por mayoría de sus miembros, la doctrina que se desprende del fallo “Mill de Pereyra” de la Corte Suprema Nacional (L. L. 2001-F-891). El nombrado, apoyando el análisis constitucional dijo: “Por mi parte, adhiero a tal postura que considero la más acorde con el principio de unidad del orden jurídico, cuyo vértice es la Constitución Nacional, y que los jueces deben aplicar en virtud del “iura novit curia”. Ahora bien, no quiere decir ello que la inconstitucionalidad pueda declararse en cualquier circunstancia por la sola voluntad intempestiva de los jueces. Sigue rigiendo el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes y normas estatales y la declaración de su invalidez es -como no se cansa de decir la Corte Nacional- la última ratio del orden jurídico. En función de tales premisas, conforme surge del fallo “Mill de Pereyra” (y a mi juicio, del precedente “Martínez” de nuestro Superior Tribunal provincial), deben darse ciertos requisitos para que proceda la declaración de oficio de inconstitucionalidad: a) que la violación de la Constitución sea de tal entidad que justifique la abrogación de la norma; b) que la repugnancia a la Constitución sea manifiesta e indubitable, dado que en caso de duda debe estarse por la validez; c) que la incompatibilidad sea inconciliable, o sea que no sea posible una solución adecuada del problema planteado por otras vías; d) que el ejercicio de la facultad en modo alguno suponga admitir la declaración en abstracto de la inconstitucionalidad, sin una causa concreta, lo que implica el carácter incidental de este tipo de decisiones; o sea, que sólo se ejerce para remover un obstáculo que se interpone entre la decisión de la causa y la aplicación directa de la C.N.; e) que la declaración de inconstitucionalidad no vaya más allá de lo estrictamente necesario para resolver el caso; f) que la misma no tenga efecto derogatorio genérico. (Cam. Civ y Com. Mercedes Sala I. 108783 RSD-171-4 S 17/06/2004 Carátula: Fisco Nacional (AFIP-DGI) c/Terrasa Hnos. S.R.L. s/Incidente de revisión Magistrados Votantes: Ibarlucía-Marcelli-García ” Juba B 600066 )
Sin merma de la valoración de tal doctrina restrictiva, considero que la Constitución es la primera norma que habrán de observar los jueces y que, frente a ello, no debe esperarse que la contradicción entre las normas y la constitución sea “manifiesta e indubitable”. Es que por esa vía podría admitirse la aplicación de leyes inconstitucionales a condición de que tal agravio no apareciere “manifiesto e indubitable”. Diré aún más: muchas de las contraposiciones que se advierten entre a Constitución y las normas de menor grado en materia económica, requieren de un delicado y fino análisis. La contradicción no aparece de manera “manifiesta e indubitable”: requiere cuidadoso y profundo análisis y genera muchas dudas al juez. Ello no hace que la incongruencia sea menor. Una norma no es menos inconstitucional porque tal aspecto esté finamente velado.
Sólo hace que sea más difícil advertirlo y declararlo, por lo que habrá de exigírsele a los jueces mayor profundidad de análisis, “ojos abiertos y un poco de valor” (“El principio de “realidad”: ¿ garantía constitucional…”. Revista del Colegio de Abogados de La Plata Nº 119, Oct/Dic 2005, pp.19/29. punto 8). Agrego que también cabe realizar esta revisión de constitucionalidad atendiendo las disposiciones de la Constitución de la Provincia cuya supremacía, en armonía con la Nacional, debe ser asegurada y con mayor ahínco o atención cuando se advierta que se encuentran afectados intereses de menores o personas de mayor vulnerabilidad .
Si bien tal tarea debe ejercerse con el mayor cuidado y en el marco de específicas competencias judiciales y de las regulaciones procesales correspondientes” (cfr. casos “Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña” y “Gómez Lundy otros”, citados), el control debe ser previo a cualquier otro análisis jurídico y, si se quiere, estricto y severo, en la medida en que la custodia del orden constitucional ha sido delegada, por la Carta fundamental y la Constitución Provincial (art. 3, primer párrafo) , en cada uno de los jueces.
Esta labor presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas y en el cual la eventual descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede demostrado que tal norma genera a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución (SCJN, Fallos 335: 2333 cit. Considerando 13) o bien viole principios de orden público.
A tenor de lo expuesto encuentro expedita la vía, aún ausente la alegación del recurrente, para introducirse “ex officio” en el análisis que sigue.
III. La primera norma que habré de analizar es la contenida en art. 16 in fine de la Ley 14967 que prevé como causal de mal desempeño en los términos del artículo 21 de la Ley N° 13661 el dictado de resoluciones que realicen regulaciones por debajo de los mínimos fijados por la indicada ley de honorarios.
1) De la independencia de los jueces.
Comenzaré por analizar el contenido de esta norma, de claro sesgo represivo, recordando una leyenda: Federico el Grande, rey de Prusia, decidió construir su palacio de Sans-souci. En el predio elegido, a un costado de sus magníficos jardines, había un viejo molino de madera, ruidoso y sucio. A Federico II le pareció que este molino afeaba su nueva residencia de verano y mandó derribarlo. El molinero, sin embargo, se opuso a la decisión del monarca y llevó el caso ante la justicia, al tiempo que le decía al rey: “Señor, todavía hay jueces en Berlín”. Y cuando los jueces fallaron a favor del molinero, el mismo monarca, respetuoso de la justicia, celebró que hasta él mismo tuviera que acatar la decisión de los jueces de la capital de Prusia.
El visitante de los jardines del castillo, en Potsdam, puede ver todavía el viejo molino, rechinando y en pie, pero lo que se sabe por la historia documentada es que dicho molino fue mandado a construir por Federico II el Grande en sus últimos días de vida con el fin de conmemorar la tradicional forma de vida de los habitantes de Potsdam en la colina, antes de la llegada de los reyes prusianos.
En su memorable trabajo sobre la “Responsabilidad del Estado” la Dra. María Graciela Reiriz iniciaba la obra con este relato que, sin perjuicio de carácter legendario, señala claramente los valores que los jueces tienen el deber de sostener, en contra de las autoridades y aún en contra de aquellas leyes que vulneren el núcleo fundamental sobre el que se organiza un estado de derecho. Sin duda, la independencia de los jueces es uno de los pilares de nuestro sistema republicano.
El delicado sistema de pesos y contrapesos que componen los tres poderes del estado republicano moderno debe permitir, justamente, que los jueces juzguen con absoluta independencia de criterio (Cfr. El Federalista, Hamilton, Madison y Jay, 1780)
En la medida que los integrantes de los otros poderes estén conscientes de que hay un Poder Judicial respetuoso de sí mismo, tendrán que reconocer, valorar y, por consecuencia, respetar su autonomía e independencia. En esa misma medida la confianza ciudadana hacia las instituciones se incrementará de manera notable, trayendo como consecuencia la confianza de la población (Discurso del Dr. Alberto Ítalo BALLADINI, Presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas – 150º aniversario de la Constitución Nacional – Ushuaia, Prov. De Tierra del Fuego, http://www.justierradelfuego.gov.ar).
2) De la fundamentación de las sentencias.
Es una facultad y también una obligación de los jueces, hacer prevalecer la vigencia de la Ley de Leyes, y para ello tiene el deber indelegable de ejercer el control de constitucionalidad de todo acto o norma emanada de los poderes políticos y que deba ser aplicada en el caso concreto a resolver (Cámara del Trabajo (Córdoba), Sala 9, “Savid, Luis C. C/Juan Minetti S.A. S/Demanda – Incapacidad”, del 22/02/04.) Y a estos fines están dirigidas las inmunidades de que gozan los jueces durante el tiempo que duren en el ejercicio de sus funciones. De este modo, la Cámara Civil y Comercial Federal, con cita en Ramiro Podetti, “Tratado de la competencia”, tomo I, pags. 189 y 207, ha dicho que: “(D)entro de tales prerrogativas se halla la inmunidad que impide que los magistrados sean demandados en materia civil, por hechos cumplidos en ejercicio de sus funciones o, mejor dicho, por actos inherentes a ellas, sin un trámite previo, que suele denominarse “desafuero”. Ello garantiza el regular ejercicio de la actividad, sin el temor, para el juez, de ser perseguido ante otros jueces por daños ocasionados en o por sus resoluciones, sin que la causa sea examinada por un tribunal, que concederá o no el desafuero o la suspensión” (Autos: “Marder José C/ Marquevich Roberto y otro S/ Beneficio de litigar sin gastos”, causa N° 8445/94 del 07/04/1995.). Así parece asegurarlo los artículos 60 y 115 de la Ley Fundamental.
Cobra especial relevancia en este aspecto el brocárdico “Iura novit curia”, que significa que el juez conoce del derecho y es quien lo aplica en los casos sometidos a la esfera de actuación. Por ello, “(U)nidos el conocimiento del derecho, como deber del juez, y el conocimiento del hecho como posibilidad del juez, han de contribuir a que nunca, o raras veces, la ley impida hacer justicia” (Santiago SENTIS MELENDO, “El juez y el derecho” (iura novit curia), Ediciones jurídicas Europa-América, Buenos Aires, Año 1957, pág. 11.). La principal obligación de los decisores reside en conocer en los casos sometidos a su examen en la órbita de su competencia y decidir fundadamente y con arreglo a derecho en el momento correspondiente. El deber de fundamentar las sentencias tiene fundamento en el artículo 18 de la Carta Magna que garantiza el debido proceso y la decisión fundada en ley.
La Constitución que la provincia del Neuquén en su artículo 238, lo exige expresamente bajo sanción de nulidad. El artículo 155 de la Constitución de la Provincia de Córdoba es más completo aún: “Los magistrados y funcionarios judiciales están obligados a concurrir a sus despachos en los horarios de atención al público. Deben resolver las causas dentro de los plazos fatales que las leyes procesales establezcan, con fundamentación lógica y legal”.La Constitución de la Provincia de B.A, habla reiteradamente de la independencia de sus jueces en el ejercicio de sus funciones, partiendo del principio de libertad (preámbulo y arts. 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 25, 56, 161, 171 y 176 C.P.B.A.)
3) Esta larga introducción sobre la independencia del juez, y su obligación de fundar razonablemente las sentencias, que puede resumirse en lo dispuesto en el art. 3 del nuevo CCCN, pone de relieve la absurda imposición de la norma que analizo.
Es que por la vía de amenazar con una causal de mal desempeño, el juez podría verse obligado a fijar el mínimo legal y explicar que lo decide así en razón de la obligación prevista en el art. 16 de la Ley 14967 cuya sanción, de tal manera evita, aún en contra de sus convicciones. Reconocer, expresa o implícitamente, que se sigue una conducta para no ser sancionado es un fundamento racional, pero no razonable. Tan racional como patético, en el sentido más profundo de esta palabra que indica un padecimiento moral que conmueve profundamente, causa un gran dolor o tristeza y que resulta insuperable. (ver Diccionario de la Real Academia Española).
No advierto mayor contradicción con las reglas de la justicia imparcial, los principios enarbolados en el Preámbulo de nuestra Carga magna, las previsiones del art. 2 del CCCN , el espíritu del art. 3 CCCN y los principios lógicos más elementales que una decisión fundada en el temor a ser castigado.
Es que la función del juez no es la de aplicar la ley sino que su aplicación debe serlo siempre que ésta encuentre fundamento en la Constitución Nacional (constitucionalidad). Esto se logra con una absoluta independencia del resto de los poderes del Estado. (CSJN, Fallo R. 860. XLIV, “Rivera Vaca, Marco Antonio y otro s/habeas corpus”, del 16/11/2009).
El Juez al tomar sus decisiones dentro de una causa judicial, es soberano.
A la manera que lo entiende la Suprema Corte de Buenos Aires:, “El juez no es un mero ejecutor de ritualismos, sino un protagonista vivo de la lucha por el derecho, que se desenvuelve bajo los tejidos del contexto legal” ( SCBA, Vara, “Amilcar Benigno S/ Enjuiciamiento”, del 12/05/1998).
Concluyo así que las disposiciones sobre honorarios de los abogados y procuradores no pueden ser juzgadas y aplicadas por los jueces bajo la presión moral que impone el texto del art. 16. Ello importa un verdadero embate contra la independencia del ejercicio imparcial de la magistratura y configura una incorrecta intromisión del legislativo en las facultades judiciales. De igual manera, no pueden fundarse “razonablemente” teniendo como horizonte la advertencia punitoria señalada en el art. 16 de la Ley 14967.
Por tales razones, se impone declarar inconstitucional la sanción prevista por el art. 16 de la Ley 14967, lo que así propongo.
IV. Superado el señalado valladar, se impone analizar qué remuneración puede ser razonable, en atención a las tareas realizadas.
Bajo este ítem analizaré en conjunto la normativa de la Ley 14967 en cuanto impone montos mínimos para cuestiones “no susceptibles de apreciación pecuniaria” (art. 9) tales las que son materia de regulación en autos: a) a) Divorcio (40 Jus) y m) Cuidado personal y régimen de visitas (45 Jus) y w) procesos o procedimientos originados en el derecho de familia que no tuvieren regulación específica en esta ley (mínimo de 20 Jus). También, y en cuanto interesa, el régimen de “alimentos” con un mìnimo e 8 ius previsto en el art. 31.
2. De la comparación de la Ley 14967 con su antecedente Dec. ley 8904 resulta que en los casos en que la regulación se practica en “Ius” se ha generado un importante incremento de los honorarios con dos herramientas que en el cálculo final se potencian, dando así un resultado económico que luce desproporcionado, como paso a explicar.
La medida de valor IUS que en la Ley 8904 es el equivalente al 1 % del salario básico del juez de primera instancia, pasa a ser un nuevo “IUS”, equivalente ahora al salario básico de igual funcionario, pero con 15 años de antigüedad. Dado que la antigüedad incrementa el básico a razón de 3 % por año, el resultado es que la base para calcular un JUS tiene ahora un incremento de 45 %.
De este modo, en todos los casos en que se ha fijado un monto mínimo fijo para las llamadas actuaciones “no susceptibles de apreciación pecuniaria” el aumento opera tomando como medida de cálculo el “nuevo” ius de la Ley 14967 que es igual $ 1070 (Acuerdo SCBA 3896, 13 de Junio de 2017). El jus de la Ley 8904 de Honorarios actualmente es igual a $ 731. En supuestos tales como los que nos ocupan, se ha pasado, en el divorcio, de un mínimo de 30 ius a un mínimo de 40, en el de tenencia (ahora “Cuidado personal”) y régimen de visitas de 10 ius a 45 ius y en el régimen de alimentos, anteriormente sin mínimo, a un honorario mínimo de 8 ius. Expongo lo dicho en una tabla comparativa para mayor claridad:
Item Ley 8904 Ley 14967 % incremento
Divorcio $ 21.930 $ 42.800 195 %
Tenencia y visitas $ 7.310 $ 48.150 658 %
Alimentos 0 $ 8.560 (Nota)
Nota: en términos aritméticos, la diferencia entre un valor igual a cero y otro mayor, sería infinita, lo que importaría señalar que el porcentaje de aumento del límite mínimo en el rubro “Alimentos” es infinito.
3. De las “razones” del cambio en las regulaciones de la Ley 14967.
En el camino de comprender tales incrementos a fin de sustentar razonablemente mi propuesta para ratificar o rectificar las regulaciones de la instancia de grado, constato que en lo sustancial las modificaciones de la Ley 14967 en análisis solo incrementan la retribución del abogado, de lo que se induce la voluntad legislativa de mejorar la posición de quienes habrán de recibir remuneraciones así incrementadas, cuyo pago se impone al justiciable. En lo demás la “nueva” ley, salvo algunos detalles, es copia textual de la anterior.
Es mi deber, en este discurrir, explicitar y analizar este llamativo fenómeno a fin de tratar de explicar las razones de tales cambios.
3.1. No se constata que haya modificación alguna en la tarea desempeñada ni en la moneda de curso legal que expliquen las importantes diferencias económicas apuntadas. No se pueden advertir las razones del legislador para decidir como lo hizo por no estar publicada ninguna “exposición de motivos” ni haberse producido debates sobre la misma conforme resulta del diario de sesiones de la Cámara de Diputados (Ver proyecto E 337 2016 – 2017 en https://www.hcdiputados-ba.gov.ar/, visto en las sesiones 21/12/16 y 31/08/17, aprobado “sobre tablas”) y en el Senado (ver información del trámite Expte. 100362 en http://www.senado-ba.gov.ar/ secleg_busqueda_acypro_detalle.aspx?expe=100362).
3.2. La modificación de la relación económica opera después de 40 años de vigencia de la Ley 8904, lapso en el que se mantuvo una relación económica entre las tareas realizadas y la remuneración de los profesionales del derecho, afianzada por la práctica judicial y la jurisprudencia y vinculada económicamente con el salario de los jueces. La ley anterior establecía una pauta de adecuación del honorario mínimo en las materias no susceptibles de apreciación pecuniarias que se establecía en ius, siendo éste proporcional al salario del juez. Para los casos restantes la regulación se realizaba en proporción al valor de los intereses en disputa. juicio en las restantes, no puede hablarse de una “atraso” de las remuneraciones: no estaban atadas a un monto nominal fijo, sino a variables que apuntaban a mantener el valor del honorario.
Ello permite inducir que la vieja norma supo proponer una solución que guardaba armonía entre el servicio jurídico, la remuneración que los abogados esperaban por la tareas realizada y el costo que esperaba soportar el judiciable.
En ningún momento se manifestó a través de las peticiones, recursos y resoluciones, una grave inadecuación entre tareas y remuneración. Por el contrario, la Suprema Corte ha ido adecuando sus resoluciones conforme las modificaciones del sistema (ver, por caso, el análisis sobre la evolución del criterio en materia de intereses sobre honorarios judiciales expuesto por esta Sala en autos “BECCIU, JULIO CESAR C/ FISCO DE LA PCIA. DE BS. AS. S/ EXPROPIACION INVERSA” causa: 103993, sent. 9/8/2016 RSD 211 /16).
Agrego que tales condiciones, que se han mantenido estables con el paso del tiempo, resultan apreciadas en el mercado porque lo vuelven más transparente (podemos decir que, por la experiencia social y general, la gente común percibe cuánto “cuesta” un litigio).
Cierto es también que, según lo viene expresando la Suprema Corte, existe un atraso en el salario de los funcionarios provinciales y eso se traslada a la remuneración de los abogados en la medida que el IUS es una proporción del salario del juez. (ver SCBA Ac. 2581, 25/10/2017, consids. 8º y 12). Empero, similar atraso se observa en las remuneraciones de otros sectores de la población y en particular los asalariados del Estado provincial que componen una gran parte de la población y cuya situación económica impone condiciones y limitaciones al resto del conjunto social. Es relevante que el mismo porcentaje de atraso en el salario judicial que informa la Suprema Corte es el que la Ley 14967 “corrige” estableciendo que el nuevo IUS será el equivalente al salario del juez de primera instancia con 15 años de antigüedad o, lo que es lo mismo, incrementado el básico en un 45 %-.
Ahora bien, si el legislador hubiera pretendido la re-adecuación de los ingresos de los abogados para salvar el desfasaje económico producido por el “atraso” en el salario de los jueces bien pudo o, mejor, debió aclararlo, previendo la eventualidad de que algún día el salario de los jueces se ajuste, al igual que el resto de los salarios de otros gremios provinciales que, como se dijo, vienen reclamando tal adecuación desde antaño y señalando el atraso de las escalas salariales frente al nivel de precios.
No puede dejarse de advertir, como conclusión de este pensamiento, que si el salario de los jueces en un futuro más o menos cercano se adecuare según el atraso que viene indicando la Suprema Corte, el IUS se dispararía de manera tal que volvería a crecer otro 40 % con relación al actual, agravando de modo inusitado la situación de los deudores.
3.3. En el camino de comprender mejor el tema que nos ocupa, comenzaré por exponerlo de un modo científico y objetivo siguiendo los lineamientos definidos por la ciencia económica desde antaño de cuyas enseñanzas tuve el honor de hacerme cargo durante tres lustros. No escapa a tales estudios que la tendencia natural de todo grupo social es la de recibir una mayor compensación o maximizar sus beneficios, a costa de otro sector del conjunto social. Ello lleva a una pugna permanente para que la tarea realizada sea mejor reconocida y mejor remunerada. En términos de la ciencia económica la pugna por incrementar los ingresos de unos a costa de otros se logra mediante los mecanismos del “monopolio”, fenómeno que se da cuando, en un mercado de oferta y demanda, alguien detenta poder suficiente para controlar el precio de los bienes o servicios ofrecidos.
En los sistemas económicos regidos por las leyes del mercado esto puede ocurrir básicamente en dos supuestos. El primero se da cuando quienes proveen el bien o servicio son pocos en relación a las necesidades de la sociedad y pueden controlar “naturalmente” el precio, ajustando su producción en consecuencia para obtener el mayor beneficio posible. Se trata habitualmente de mercados de producción concentrada o “cartelizada” mediante acuerdo entre los principales productores. En estos sistemas el poder depende de la concentración económica de los productores. En nuestro país la legislación se orienta a impedir o restringir este tipo de prácticas (Ley 25156). También este fenómeno puede ocurrir al revés, mediante concentración del poder de compra, como ocurre con los grandes hipermercados.
El segundo supuesto se da cuando los productores o proveedores de un bien o servicio logran una legislación que le asegure un precio económicamente rentable por los bienes o servicios producidos y además impide o limita la intervención en el mercado de eventuales competidores. En algunos casos la legislación obliga a los usuarios a utilizar tales bienes o servicios con exclusión de toda otra alternativa. En este modelo, el poder depende de la capacidad de orientar la decisión de los legisladores. Así los llamados “grupos de poder” pueden lograr que se dicten normas que les aseguren mayores beneficios y mejores condiciones y se limite o impida la competencia. Ello puede revestir diversas formas, tales como exenciones impositivas, gravámenes diferenciados, registros, habilitaciones o autorizaciones limitadas, determinación legal de tarifas, etc.
3.4. En el caso que nos ocupa se combinan la limitación de competencia, pues solo pueden intervenir los colegiados locales, y la fijación de tarifas de aplicación coercitiva.
El análisis que acabo de hacer puede cotejarse con lo que exponen autores tan clásicos como Samuelson y Nordhaus (Economía, McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. Ed. 19, .Cap. IX) u otros de la escuela Austríaca (Elementos de Economía Políctica, Krause, Zanotti y Ravier, Ed. L. L., en particular los capítulos V y VI) que analizan estos proceso de concentración del mercado. En forma monocorde, la opinión mayoritaria recomienda que no se impongan restricciones a la libertad de los particulares mediante legislaciones de cualquier tipo y que, por el contrario, se estimule la libertad de contratación. (Cfr. Juan Vicente Sola, Constitución Y Economía -. Lexis nexis, Cap 37 y 38; Martín Krause, Economía, Instituciones y Políticas Públicas., L. L., Cap IV y V; Ghersi Enrique, “La economía informal en América Latina” disponible en www.elcato.org).
3.5. Hemos tenido, en la historia económica argentina, duras experiencias en este campo en las que se ha acuñado la convicción de que frente a una decisión irrazonable e ilegítima del ejercicio de las facultades conferidas a los poderes políticos, los tribunales no habrán de ratificarlas en la medida que con ello se configura una flagrante violación y aniquilamiento del derecho de propiedad (Cfr. Agustín Gordillo “¿Puede la Corte Suprema de la Nación restituir la seguridad jurídica…” y Lorenzetti, Ricardo “Contratos atípicos en la doctrina y jurisprudencia argentinas” ambos disponibles en el Archivo virtual de la Universidad Nacional de México -UNAM, Cámara Nac. De Ap. Cont. Adm. Fe/eral, autos Muratorio c/ PEN s/ Amparo” Sala V, Sent. 1.383/2002 del 07/08/2002; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; Sala IV, Causa N° 85.100/2002.”Vercelli Jorge Eduardo y otro c/ PEN Ley 25561 Dto 1570/01 Dto 214/02″ Sent 13/7/2006).
V. Del análisis particularizado de las normas.
En autos se han regulado, como dije anteriormente honorarios de 50 ius por el divorcio, similar suma por el acuerdo de cuidado personal y crianza, 33 jus por los alimentos y20 ius por la atribución de la vivienda familiar.
1) Disposición sobre honorarios en el caso de divorcio. Recientemente, esta Cámara en pleno, se expidió sobre el honorario que correspondería regular en los supuestos de divorcio previstro en el el CCCN. (Sent. De fecha 30/11/2017 en Causa N° 121767 “EL ADEM MARCELA BETINA C/ LOPEZ CRESPO ANTONIO HECTOR HORACIO S/ DIVORCIO POR PRESENTACION UNILATERAL “, REG. SENT.: 240/2017).
El voto de la Dra. Bermejo, que asumí como fundamento del mío, concluía diciendo en su respuesta a la primera pregunta “Existe coincidencia en que la normativa aplicable a esos honorarios en el divorcio es la del art. 9, apartado I, inc. 2 de la Ley 8904, en tanto es el divorcio anterior que no era contradictorio. Esa disposición determina 30 jus mínimos por la labor profesional. Por ende, esos 30 jus que la ley prevé como mínimos y que en el proceso anterior se dispusieron para cada uno de los abogados intervinientes (ver Hitters, Juan Manuel y Cairo, Silvina, “Honorarios de Abogados y Procuradores”, Editorial Lexis Nexis, 2007, pág. 110) en verdad se aprecian elevados para la regulación de un profesional en el marco de la realidad jurídica del proceso de divorcio acorde el CCCN. Ello pues, ahora el divorcio es aún más sencillo que el anterior por presentación conjunta. Ese mínimo, de 30 jus es una pauta objetiva. Si se comparan otras regulaciones en jus incluidas en la Ley 8904, por ejemplo, en el proceso indicado como “Tenencia y régimen de visitas” que puede ser contradictorio, se prevé 10 jus (v. art. 9, apartado I, inc. 5, Ley 8904) y, sin embargo, es más complejo que el divorcio actual.” (el subrayado es mío).
En síntesis, y como base de la argumentación, diré que cuando esta Cámara analizó en pleno la cuestión de la remuneración que correspondía para el nuevo procedimiento de divorcio, consideró adecuada la de 30 ius de la Ley 8904, distribuidos entre los letrados que intervinieran y estimó que otra suma mayor resultaría inapropiada, por alta, para la tarea que imponía el nuevo procedimiento. Me remito, a mayor abundamiento, a los argumentos allí expuestos y, como dije, en particular al voto de la Dra. Bermejo arriba citado. Ahora bien: si esta Cámara tomando en consideración las características del procedimiento de divorcio consideró adecuado que la remuneración de los letrados intervinientes fuera de 30 jus, equivalentes a unos $ 19.900 según el valor al 30 de noviembre de 2017, fecha del Acuerdo Plenario (actualmente $ 21.930), es necesario realizar un singular esfuerzo explicativo para admitir que, contemporáneamente, la remuneración por igual tarea puede ser como mínimo, 40 jus por dicha tarea o su equivalente de $ 42.800.
Si bien el art. 9 no aclara si el mínimo de 40 jus en el juicio de divorcio es por cada letrado o se puede distribuir entre los letrados que representan a ambas partes, corresponde interpretar que la remuneración mínima de 40 jus se debe repartir entre todos los letrados intervinientes. Así, si interviene un solo letrado corresponde un mínimo de 40 jus. Si intervienen dos, ya sea representando a uno sólo de los cónyuges, a los dos o a cada uno, los 40 jus se deben repartir conforme la tarea desarrollada por cada letrado (art. 16).
2) Tareas reguladas por el cuidado personal y crianza.
Tales tareas, reguladas por el art 9 inc. I, 6 de la Ley 8904 comprendían la tenencia y régimen de visita (hoy cuidado personal y crianza) estableciendo como mínimo en la suma equivalente a 10 jus. La norma actual considera que este item debe remunerarse con 45 jus.
En este sentido, la desproporción entre $ 6.800 y $ 43.000 me releva de reeditar las consideraciones realizadas anteriormente a las que remito.
3) Tareas reguladas por atribución del hogar conyugal.
La atribución del hogar conyugal difícilmente puede considerarse una actividad sin contenido patrimonial en tanto que se trata de una especie del derecho de uso y habitación por lo que habrá de proporcionarse al valor locativo del inmueble teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, que ello no se dispone en favor exclusivo de uno de los cónyuges por la existencia de menores, así como las restantes circunstancias que permitirán evaluar mejor el alcance económico de la prestacion y el interés de las partes (art 27 inc. J Ley 14.967 y 27 inc., j Ley 8904).
4) En cuanto a la regulación por la cuota alimentaria fijada, resulta evidente que debe realizarse en proporción al valor de las prestaciones acordadas o prometidas y no cual si se tratare de una cuestión “no susceptible de apreciación económica”, cuando ciertamente lo es y resulta así proporcional a la efectiva condición económica de quienes habrán de soportar el costo de estos “acuerdos” (art. 39 Ley 14.967 y 39 Ley 8904).
5) A la normativa específica para la regulación de honorarios habré de agregar algunas consideraciones que habrán de tomarse en cuenta especialmente al evaluar la tarea profesional (art. 16 Ley 8904 y 14.967).
El Código Civil y Comercial impone como condición del pedido de divorcio la presentación de la propuesta de “convenio regulador” (art. 438 CCCN) con relación a los efectos del divorcio, que incluirá el régimen de tenencia y alimentos si hay hijos y distribución o asignación de los bienes comunes si los hubiera. Esta propuesta resulta obligatoria como condición de admisión del pedido de divorcio, pero si es admitida, ello no obsta a la declaración del divorcio (norma citada) y la práctica tribunalicia tiende a minimizar tales exigencias a favor de dar al divorcio el trámite correspondiente. Es que si bien tradicionalmente este trámite era de necesaria gestión tribunalicia, la modalidad establecida en el CCCN para el divorcio lleva a pensar que la sencillez del trámite no requiere otra forma que la presentación de uno de los cónyuges ante el órgano administrativo que registró el matrimonio manifestando su voluntad de dar finiquito a la relación y el correcto anoticiamiento al otro.
Ello lleva a pensar que si conjuntamente con el pedido de divorcio se denuncian acuerdos sobre las consecuencias del mismo, en los que no hay contradicción alguna, puede resultar innecesaria la intervención del juez, habida cuenta de que la función del poder judicial es, en primer término resolver los conflictos (art. 168 Constitución de la Pcia. De B.A.) y por excepción homologar los acuerdos que se sometan a su análisis para dar seguridad jurídica a los justiciables. Resulta excepcional que mediante una norma de neto carácter procesal incluida en el código de fondo se obligue a los justiciables a enunciar sus acuerdos y a los jueces a homologarlos, generando costos innecesarios.
La actividad profesional, en tales supuestos, aparece más vinculada a las previsiones del art. 9, 2 (labor extrajudicial) y, en su caso, por ser cuestiones accesorias a lo principal, al trámite y regulación de los incidentes. (art. 47 Ley 8904 y 14967), todo lo cual habrá de tomarse en cuenta al momento de practicar la regulación.
No habrán de dejar de evaluarse, asimismo, la consecuencias que un costo como el que resulta de la regulación de primera instancia representa como señal a la comunidad, aspecto que ha destacado la SCJN en su Acordada 36/99, demostrando su preocupación por las consecuencias económicas de las resoluciones judiciales. En la medida que el costo de las transacciones se eleva, las personas tratan de evitar la legalidad. En otros términos: si divorciarse puede resultar demasiado caro, las personas optarán por no contraer matrimonio. De allí la necesidad de extremar la prudencia a fin de que las regulaciones de honorarios y demás costos procesales, no impidan el acceso a la justicia. Esto incide con más fuerza en los procesos voluntarios
VI. Las normas, y en particular aquellas que atienden a los aspectos económicos, deben juzgarse en atención a su proporciòn y adecuación razonable entre los fines previstos y los medios arbitrados para perseguirlos (Cdr. Cianciardo, Juan, El Principio de razonabilidad, Ed. Abaco, 2004, pp. 62). Es que si no se hallare tal armonía, el juez no podrá fundar “razonablemente” la sentencia. No se trata de que el juez funde su decisión en la normativa, sino que debe dar cuenta de que tal normativa es razonable, que es razonable su aplicación a la decisión que se toma y que son razonables los efectos así buscados.
Por ello, con relación al art. 16 de la Ley 14967 última parte, propondré declarar su inconstitucionalidad (ars. 5, 28, 31, 33 CN).
En relación a las normas específicas de la ley de honorarios que fijan los mínimos para cada tarea, en tanto no advierto ninguna justificación razonable para el fuerte incremento en la cuantía de los honorarios mínimos fijados en la Ley 14967 y conforme lo he analizado más arriba, he de concluir que tales disposiciones configuran una decisión irrazonable e ilegítima en el ejercicio de las facultades conferidas a los poderes políticos (Cf. “Razonabilidad De Las Leyes” Linares Juan Francisco Editorial: ASTREA, ed. 1970 pp. 165/166). Por ello, señalando que las mismas carecen de fundamento que permita a este juez evidenciar la proporción entre medios a fines (SCJN Fallos, 118:278), o la razonabilidad de los propuestos (SCJN Fallos, 306:400) habré de sugerir a mi distinguido colega descalificarlas como disposiciones legales válidas en cuanto establecen mínimos y modificables y disponer que, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 1627 y 1628 CC. actual art. 1255 CCNC se fijen los emolumentos del letrado interviniente (conf. SCBA LP C 118775 S 10/08/2016 in re ” Vessoni, Abel Oscar contra Cabaña Santa Rita. Daños y perjuicios”).
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo: Adhiero al voto del Dr. López Muro y consecuentemente doy mi voto por la NEGATIVA.
Sin perjuicio de ello, creo oportuno formular las siguientes reflexiones:
a) Si bien nadie discute hoy día el contralor oficioso por parte de los jueces de la constitucionalidad de las leyes, ello encuentra sustento en el art. 31 de la Carta Magna (al igual que en su antecedente), que pone en primer lugar a la Constitución Nacional, cuyos derechos y garantías se ven complementados por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes; y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 72 inc. 22, C.N.).Estos tratados, al tener jerarquía constitucional (arts. 31 y 75 inc. 22, C.N.), imponen un contralor judicial de convencionalidad -o si se quiere de constitucionalidad- de oficio. Y ello, no por aplicación de la regla interpretativa formulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino por aplicación directa de los arts. 31 y 72 inc. 22 ya mencionados, a través de un mecanismo hermenéutico que ha sido ratificado por el precitado tribunal.
b) Se ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del orden jurídico, expresión latina que literalmente alude a la “última razón” o al “último argumento, lo cual es una falacia, ya que el tamiz constitucional debe preceder a todo análisis. Primero debemos analizar si la aplicación de la norma pasa por la puerta de la Constitución, para lo cual -tal como lo destaca magistralmente el Dr. López Muro- no es necesario que la repugnancia a la Carta Magna sea de gran entidad, manifiesta o indudable. De lo contrario, habría que distinguir las violaciones a la Constitución, a los efectos de su declaración oficiosa, según el grado (pequeñas y de gran entidad), exteriorización (manifiestas y no manifiestas), y certeza (dubitables e indubitables), lo cual sería un disparate.
c) Si bien no desconozco la preocupación del legislador provincial en orden a que la regulación de los abogados sea digna (ver arts. 1, 2, 5, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y cctes. Ley 14967); que el derecho a una “justa retribución” está garantizado por el art. 14 bis de la C.N.; ni el carácter alimentario que tiene la remuneración por el trabajo profesional que realiza un letrado (art. 1, Ley 14967); no lo es menos que la ley contiene honorarios mínimos (arts. 9 y 22) que aplicados en ciertos casos -como el de autos con el art. 9- no resultan razonables. El problema que se presenta en el presente caso es que el art. 16 “in fine” de la Ley 14967 establece que es causal de mal desempeño en los términos del art. 21 de la Ley 13661 -de Enjuiciamiento de Magistrados- el dictado de resoluciones en que se realicen regulaciones por debajo de los mínimos fijados en la precitada ley de honorarios, lo cual afecta la independencia judicial, ya que coloca a los jueces que interpreten la norma y establezcan en forma razonada y fundada honorarios por debajo del mínimo legal en situación de ser separados de su cargo por “mal desempeño” del cargo. Y, si afecta la independencia judicial al direccionar los pronunciamientos en un solo sentido, está violando lo normado por los arts. 2, 3, 15, 56, 57, 160, 168, 171, 176 y 180 de la Constitución Provincial.
d) No pierdo de vista que si bien el art. 1 de la Ley 14967 consagra su carácter de norma de orden público en función de la necesaria participación del abogado para el adecuado servicio de justicia y establece su aplicación exclusiva y excluyente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, hay normas nacionales que rigen por sobre todas las leyes arancelarias y su aplicación pueden entrar en conflicto con los mínimos legales que establecen los arts. 9 y 22 de la Ley 14967 (v.gr. límite del 25 % del monto del juicio en el pago de las costas procesales de los arts. 277, Ley 20744 -L.C.T. y 730 del C.C.C.N.; art. 13, Ley 24432 que autoriza a regular honorarios sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales; art. 1255 del C.C.C.N. que permite al juez fijar equitativamente la retribución si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente a injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida).Es por ello que si bien el “orden público” es tal, para esas cuestiones en particular, se puede hablar de un “orden público atenuado” (conf. Hitters, Juan Manuel-Cairo, Silvina, “Análisis normativo de la Ley 14967”, Revista ADLA n° 11, noviembre 2017, pág. 68).
e) La mentada irrazonabilidad se ve reafirmada a partir del análisis de la tabla que se agrega como Anexo a la presente resolución, donde se puede apreciar que el art. 9 de la Ley 14967 establece uno de los honorarios mínimos en materia de divorcio más altos de la República Argentina.
La mayoría de la leyes de honorarios fueron diseñadas bajo el modelo del Código Civil y contemplan el divorcio por presentación conjunta. Algunas leyes no aclaran si el mínimo corresponde a la actuación del letrado de cada parte.
Cuando la norma así lo establece se lo ha consignado expresamente. Considero que como la demanda de divorcio, en el régimen del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N.) tiene carácter voluntario, por más que la norma establezca un mínimo para cada letrado en la demanda de divorcio por presentación conjunta, tratándose del divorcio bajo el régimen del C.C.C.N. de un proceso diferente al de presentación conjunta, cabe considerar la actuación de un solo letrado.
f) Ninguna legislación arancelaria de abogados y procuradores establece una sanción como la contenida en el último párrafo del art. 16 de la Ley 14967.
Tales razones, que complementan las dadas por mi colega preopinante, imponen declarar la inconstitucionalidad de la sanción prevista por el último párrafo del art 16 de la Ley 14967, en cuanto dispone que el juez que no aplique sus pautas incurrirá en falta en los términos del art. 21 de la Ley 13661.f) A mayor abundamiento y respaldando la opinión acerca de la falta de proporcionalidad de las normas que definen los mínimos arancelarios precitadas, acompaño un cuadro Anexo, que por su extensión considero inadecuado incluir en el texto de la presente, y en el que se compara, provincia por provincia, el honorario establecido por las leyes arancelarias para el divorcio, el régimen de tenencia y visitas y el reclamo alimentario. Del mismo se induce que las regulaciones fijadas por la Ley 14967 de la Provincia de Buenos Aires lucen como las más altas en todo el territorio nacional.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. López Muro dijo: Atendiendo al acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo: declarar la inconstitucionalidad del art. 16 parte final de la Ley 14967 en cuanto dispone que el juez que no aplique sus pautas incurrirá en falta en los términos del artículo 21 de la Ley N° 13661 y modificatorias, dejar sin efecto la regulación practicada y disponer que en la instancia de origen, y con arreglo a los lineamientos dispuestos, se practique nueva regulación (arts. 18 Const. Nac.; 15 Const. Prov.; arts. 34 incs. 4to. y 5to., 163, 164, 260, 261, 266, 272, 273, 274 y 384, CPCC).
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se declara la inconstitucionalidad del art. 16 parte final de la Ley 14967 en cuanto dispone que el juez que no aplique sus pautas incurrirá en falta en los términos del artículo 21 de la Ley N° 13661 y modificatorias, se deja sin efecto la regulación practicada y se dispone que en la instancia de origen, y con arreglo a los lineamientos dispuestos, se practique nueva regulación. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE conjuntamente con el cuadro Anexo y DEVUELVASE.