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Timestamp: 2019-05-24 07:12:29
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BOE.es - Documento BOE-A-2009-13689
Documento BOE-A-2009-13689
«BOE» núm. 201, de 20 de agosto de 2009, páginas 71537 a 71584 (48 págs.)
BOE-A-2009-13689
https://www.boe.es/eli/es-ar/l/2009/06/30/5
Artículo 3. Sistema de servicios sociales.
Artículo 4. Titulares de los derechos a los servicios sociales.
Artículo 6. Derechos de las personas en cuanto destinatarias de los servicios sociales.
Artículo 7. Derechos de las personas usuarias de servicios sociales.
Artículo 8. Deberes en relación con los servicios sociales.
Artículo 9. Carta de derechos y deberes.
Artículo 10. Sistema Público de Servicios Sociales.
Artículo 12. Estructura funcional.
Artículo 13. Los servicios sociales generales.
Artículo 14. Centro de Servicios Sociales.
Artículo 15. Funciones del Centro de Servicios Sociales.
Artículo 16. Los servicios sociales especializados.
Artículo 17. Funciones de los servicios sociales especializados.
Artículo 18. Estructura territorial del Sistema Público de Servicios Sociales.
Artículo 19. Áreas básicas de servicios sociales generales.
Artículo 20. Ámbito territorial de los servicios sociales especializados.
Artículo 21. Formas de provisión de las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.
Artículo 22. Gestión directa.
Artículo 23. Concertación con la iniciativa privada.
Artículo 24. Requisitos exigibles para el régimen de concierto.
Artículo 25. Prioridad en la concertación de servicios.
Artículo 26. Financiación de los conciertos.
Artículo 27. Vigencia de los conciertos.
Artículo 28. Causas de extinción de los conciertos.
Artículo 29. Formalización de los conciertos.
Artículo 30. Procedimiento de celebración de los conciertos.
Artículo 31. Otras formas de provisión de prestaciones sociales.
Artículo 32. Catálogo de Servicios Sociales.
Artículo 33. Desarrollo del Catálogo de Servicios Sociales.
Artículo 34. Tipos de prestaciones y sus elementos definidores.
Contenido del Catálogo de Servicios Sociales
Artículo 35. Contenido del Catálogo de Servicios Sociales.
Artículo 36. Prestaciones de servicio.
Artículo 37. Prestaciones económicas.
Artículo 38. Prestaciones tecnológicas.
Artículo 39. Planificación general.
Artículo 40. Plan Estratégico de Servicios Sociales.
Artículo 41. Mapa de Servicios Sociales.
Artículo 42. Planes sectoriales y específicos.
Artículo 43. Planes territoriales.
Artículo 44. Responsabilidad pública.
Artículo 45. Competencias del Gobierno de Aragón.
Artículo 46. Competencias del departamento responsable de la materia de servicios sociales.
Artículo 47. Competencias de las comarcas.
Artículo 49. Competencias de las diputaciones provinciales.
Artículo 50. Cooperación interadministrativa.
Artículo 52. Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales.
Artículo 53. Sistema Aragonés de Información de Servicios Sociales.
Artículo 54. Instrumentos técnicos comunes.
Artículo 55. Garantía de la participación ciudadana.
Artículo 56. Órganos de participación y consulta.
Artículo 57. Consejo Aragonés de Servicios Sociales.
Artículo 58. Órganos especializados de participación.
Artículo 59. Órganos territoriales de servicios sociales.
Artículo 60. Participación en los centros y en los servicios sociales.
Artículo 61. Voluntariado social.
Artículo 63. Estrategia de calidad.
Artículo 64. Ética profesional.
Artículo 65. Profesionalidad e interdisciplinariedad.
Artículo 66. Derechos y deberes de los profesionales.
Artículo 67. Profesional de referencia.
Artículo 69. Investigación e innovación.
Artículo 70. Fuentes de financiación.
Artículo 71. Principios de la financiación.
Artículo 72. Financiación de equipamientos públicos de servicios sociales.
Artículo 73. Financiación de los servicios sociales generales.
Artículo 74. Financiación de los servicios sociales especializados.
Artículo 75. Obligaciones de las Administraciones públicas.
Artículo 76. Participación de las personas usuarias en la financiación de los servicios sociales.
Artículo 77. Exigibilidad de las aportaciones de las personas usuarias.
Artículo 78. Principio general.
Artículo 79. Modalidades de iniciativa privada.
Artículo 80. Autorización administrativa.
Artículo 81. Acreditación.
Artículo 82. Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.
Artículo 83. Subvenciones a entidades de iniciativa social.
Artículo 84. Fomento de la iniciativa social.
Artículo 85. Competencia.
Artículo 86. Actuaciones sometidas a inspección.
Artículo 87. Funciones de la inspección.
Artículo 88. Personal de inspección.
Artículo 90. Sujetos responsables.
Artículo 93. Infracciones muy graves.
Artículo 94. Sanciones administrativas.
Artículo 95. Graduación de las sanciones.
Artículo 96. Reincidencia.
Artículo 98. Medidas de protección provisional.
Artículo 99. Medidas cautelares en el procedimiento sancionador.
Artículo 100. Destino del importe de las sanciones.
Primera.–Glosario de términos y definiciones en las normas de desarrollo de la Ley.
Segunda.–Garantía de prestaciones en el desarrollo del Catálogo de Servicios Sociales.
Tercera.–Garantía de participación social en la elaboración de las normas de desarrollo de la Ley.
Cuarta.–Ejercicio de las competencias atribuidas a las entidades locales en materia de servicios sociales.
Quinta.–Protección de la infancia y de la adolescencia.
Sexta.–Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Séptima.–Actualización de las cuantías de las sanciones.
Octava.–Cláusulas de contenido social en los contratos relativos a servicios sociales.
Novena.–Entidades colaboradoras en materia de adopción.
Primera.–Normativa de aplicación transitoria.
Segunda.–Órganos sectoriales de participación.
Tercera.–Régimen transitorio en materia de acreditación de centros y servicios sociales.
Única.–Derogación normativa.
Primera.–Referencias normativas.
Segunda.–Habilitación normativa.
Tercera.–Iniciativa legislativa del Gobierno de Aragón.
Cuarta.–Calendario de desarrollo básico de la Ley.
Quinta.–Entrada en vigor.
Los servicios sociales constituyen una de las principales concreciones de la cláusula constitucional de Estado social. Su progresiva consolidación, como parte fundamental de la dimensión social de la ciudadanía, requiere el necesario desarrollo del sistema de servicios sociales a que se refiere la Constitución española, al enunciar los principios rectores de la política social y económica. El horizonte de universalización de tal sistema, concebido como cuarto pilar del Estado de bienestar, impone, coherentemente con los artículos 9.2 y 10 de la propia Constitución y 14 de la Carta Social Europea, su extensión a todas las personas, de modo que los poderes públicos desarrollen una acción eficaz de prevención, tutela e intervención en favor del bienestar social de toda la población, fomentando con ello el desarrollo comunitario, la cohesión social y una mayor calidad de vida.
La asistencia social o acción social, dentro del sistema de descentralización política diseñado por la Constitución, se configura como competencia exclusiva de las comunidades autónomas. La Comunidad Autónoma de Aragón asumió en su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, la competencia en materia de asistencia y bienestar social, procediendo en el ejercicio de la misma a la aprobación de la Ley 4/1987, de 25 de marzo, de Ordenación de la Acción Social, norma que ha regido la política de la Comunidad Autónoma en dicha materia hasta este momento, sin perjuicio de la significativa ampliación de competencias producida a través de la reforma del Estatuto por la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, y de la aprobación de otras leyes sectoriales de interés que han abordado aspectos concretos de la acción social de la Comunidad Autónoma.
La Ley de Ordenación de la Acción Social de 1987, durante su largo periodo de vigencia, ha cumplido un importante papel en la consolidación de la actual política de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón, posibilitando la configuración de un sistema integral de servicios sociales en el que las entidades públicas y la iniciativa privada, desde su respectivo ámbito de responsabilidad y actuación, intervienen para atender las necesidades sociales de personas y grupos.
No obstante la valiosa función cumplida por la Ley de ordenación de la acción social vigente, son muchas las circunstancias que aconsejan la aprobación de una nueva ley de servicios sociales, para adecuar la definición, estructura y funcionamiento del sistema de servicios sociales a la nueva realidad social, territorial e institucional de la Comunidad Autónoma, avanzando en la universalidad del sistema, en la garantía de las prestaciones sociales, en su calidad y en la óptima articulación de la acción del conjunto de las Administraciones públicas con competencia y responsabilidad en el funcionamiento del sistema público y de la iniciativa de las entidades privadas, llamadas a colaborar de forma eficaz en la prevención y atención de las necesidades sociales. La necesidad de un nuevo marco legal en materia de servicios sociales está asimismo contemplada en el Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón (AESPA), suscrito entre el Gobierno de Aragón y los agentes sociales.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, según la reforma aprobada por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, incluye dentro del Capítulo II de su Título I, relativo a derechos y principios rectores, un mandato expreso en materia de bienestar y cohesión social: «Los poderes públicos de Aragón promoverán y garantizarán un Sistema Público de Servicios Sociales suficiente para la atención de personas y grupos, orientado al logro de su pleno desarrollo personal y social, así como especialmente a la eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión social, garantizando una renta básica en los términos previstos por ley» (artículo 23.1).
En consecuencia, en cumplimiento de dicho mandato estatutario y en el ejercicio de la autonomía política de que goza en la materia, la Comunidad Autónoma ha de proceder, conforme a la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Aragón en materia de acción social, a la «ordenación, organización y desarrollo de un Sistema Público de Servicios Sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección social».
La nueva Ley de Servicios Sociales de Aragón, sin embargo, no puede ni debe agotar todas las materias de contenido social enunciadas en el Estatuto de Autonomía ni regular de forma exhaustiva el conjunto de los elementos de la ordenación de las actividades, públicas o privadas, en materia de servicios sociales ni la totalidad de los aspectos del sistema público previsto, reservándose la función de norma central de la regulación de dicha materia, en la que puedan hallar anclaje tanto las leyes específicas que se requiera aprobar como los necesarios desarrollos reglamentarios de los diferentes elementos constitutivos del sistema público.
La nueva ordenación del Sistema Público de Servicios Sociales ha de contemplar, tanto en la definición de sus objetivos como en la determinación de su estructura funcional, territorial y orgánica, las necesidades sociales de la población aragonesa, las modernas técnicas aplicables en el ámbito del derecho público de la acción social y los cambios experimentados por la organización territorial de la Comunidad Autónoma, tras la consolidación del nivel comarcal dentro de la misma, como expresamente ha quedado refrendado por los artículos 5 y 83.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón. La estructura del Sistema Público de Servicios Sociales ha de adaptarse necesariamente a la realidad territorial e institucional de la Comunidad Autónoma y ser coherente con ella.
El Sistema Público de Servicios Sociales se configura como una organización fuertemente descentralizada en el ámbito local, por lo que su regulación y funcionamiento han de tomar en consideración los contenidos de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y de la Ley de Comarcalización de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, definiendo el ámbito de responsabilidad que corresponde a las entidades locales dentro del sistema público y asegurando su cooperación y coordinación con la acción de la Comunidad Autónoma.
No cabe ignorar, por otra parte, el importante impacto que para el conjunto de la política de servicios sociales ha supuesto la aprobación por el Estado de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, mediante la que se ha establecido como derecho subjetivo de la ciudadanía la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia y se ha llevado a cabo la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, dentro del cual quedan encuadradas tanto la Administración general del Estado como las Administraciones de todas las comunidades autónomas.
La efectiva implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, cuya relevancia dentro del conjunto de los servicios sociales resulta evidente, exige una adecuación de la actual ordenación del sistema de servicios sociales de Aragón, dada su decisiva incidencia en la configuración del mismo y el enorme reto de gestión que comporta para la Administración autonómica y para el conjunto de las entidades locales con competencias y responsabilidades en la aplicación de la citada Ley.
El proceso de elaboración de los contenidos de la presente Ley ha contado con un novedoso proceso de participación social, previo y distinto al periodo de información pública que establece el procedimiento de aprobación de las disposiciones de carácter general, con el fin de posibilitar las aportaciones de personas expertas, entidades, asociaciones, profesionales, agentes sociales e instituciones y permitir que la nueva regulación aprobada por las Cortes de Aragón cuente con el grado de debate y consenso social que una norma de tanta trascendencia para la configuración de la política social de la Comunidad Autónoma requiere.
El cometido fundamental de la Ley es la ordenación, organización y desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón, procediendo a la enunciación de sus principios rectores y a la definición de su estructura funcional, territorial y orgánica, así como a la regulación de sus principales elementos constitutivos.
El sistema público queda integrado por el conjunto de recursos y servicios de titularidad pública, sin perjuicio de la colaboración de las entidades privadas en la provisión de las prestaciones sociales públicas, a través de las diferentes fórmulas jurídicas previstas, incorporándose con ello al sistema de responsabilidad pública que prevé la Ley.
La Ley se estructura en once títulos, en los cuales se regulan los diferentes aspectos del Sistema Público de Servicios Sociales y se establecen los principios generales a los que queda sujeta la actividad de la iniciativa privada en dicha materia.
El Título Preliminar define el objeto de la Ley y los objetivos de las políticas de servicios sociales, y delimita igualmente la noción de sistema de servicios sociales, la titularidad de los derechos a los servicios sociales y los principios rectores por los que ha de regirse el Sistema Público de Servicios Sociales.
El Título I recoge el conjunto de derechos de las personas en su doble condición de destinatarias y usuarias de los servicios sociales, así como los deberes de estas últimas, y el catálogo de derechos y obligaciones, que podrá concretarse en los reglamentos internos que se aprueben para cada servicio o en la carta de derechos y deberes que apruebe el Gobierno de Aragón.
El Título II contiene la regulación fundamental del Sistema Público de Servicios Sociales, dando con ello satisfacción al mandato previsto por el Estatuto de Autonomía de Aragón. Dicho sistema reposa, funcionalmente, sobre la distinción entre servicios sociales generales, destinados al conjunto de la población, y servicios sociales especializados, dirigidos a aquellas personas que requieren una atención específica, remitiendo la fijación de su estructura territorial a la futura aprobación del Mapa de Servicios Sociales, que habrá de ajustarse a la planta comarcal del territorio. El ámbito de prestación de los servicios sociales generales vendrá constituido por las áreas básicas de servicios sociales, y se prevé el establecimiento de un Centro Comarcal o Municipal de Servicios Sociales en cada área, pudiéndose determinar el ámbito de prestación de los servicios especializados con alcance supracomarcal, de acuerdo con las circunstancias geográficas, demográficas y de comunicación que concurran en cada caso. Dicho Título contiene también criterios sobre las formas de provisión de las prestaciones sociales públicas, previendo los supuestos de gestión directa y las modalidades de colaboración de las entidades privadas en tal provisión, con sujeción a la legislación de contratación del sector público, respecto a la cual la Ley incorpora un desarrollo específico de la modalidad de concierto para la gestión de servicios públicos.
El Título III regula el Catálogo de Servicios Sociales, instrumento de desarrollo del contenido prestacional del sistema, que corresponde desarrollar al Gobierno de Aragón, con el objetivo de determinar el conjunto de las prestaciones sociales del mismo y concretar la regulación de los elementos propios de cada prestación, diferenciando las prestaciones esenciales, caracterizadas por su exigibilidad en cuanto derecho subjetivo de las personas beneficiarias, y las prestaciones complementarias, sujetas en su reconocimiento al límite de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
El Título IV se refiere a la planificación de los servicios sociales. Dicha planificación ha de ser tanto de carácter estratégico, en la que se fijen los objetivos del conjunto del Sistema y las prioridades que deban acometerse en tal dirección, como sectorial u operativo, en la que se concreten los objetivos globales propios de cada ámbito concreto de intervención, debiendo ajustarse el conjunto de la actividad de fomento y de las inversiones públicas a las directrices establecidas por los instrumentos planificadores.
El Título V delimita las competencias de los diferentes niveles de gestión pública, así como los instrumentos de colaboración y los órganos de coordinación necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema Público de Servicios Sociales y su coherente actuación respecto a las demás políticas públicas de carácter social. En tal sentido, destaca la configuración del Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales, destinado a asegurar la acción coordinada de todas las Administraciones integradas en el sistema público.
El Título VI articula la participación de la sociedad civil en el funcionamiento del sistema público. Dicha participación ha de quedar garantizada a través de los diferentes órganos y cauces de participación y consulta que la Ley contempla. Para ello se prevé un órgano general integrador de todos los aspectos de la política de servicios sociales, como es el Consejo Aragonés de Servicios Sociales, sin perjuicio de órganos especializados adscritos al mismo, así como de órganos de ámbito territorial, como los Consejos Comarcales de Servicios Sociales o Consejos Municipales, en su caso.
El Título VII define la calidad de los servicios sociales como objetivo prioritario de la Ley, para lo cual se regula la necesaria estrategia de calidad que corresponde aprobar al Gobierno de Aragón, así como otra serie de previsiones dirigidas igualmente a reforzar el citado objetivo de calidad, como son el establecimiento de criterios de profesionalidad e interdisciplinariedad y la previsión de programas de formación e innovación que contribuyan a incrementar la eficacia y eficiencia del sistema y la satisfacción de las personas usuarias del mismo.
El Título VIII regula la financiación del Sistema Público de Servicios Sociales, de modo que su sostenibilidad financiera constituya un compromiso expreso de la Comunidad Autónoma de Aragón y del resto de las Administraciones públicas que forman parte de él. La Ley define el alcance de la responsabilidad financiera de cada Administración pública y prevé la participación de las personas usuarias en el pago de las prestaciones de servicio, de acuerdo con los criterios de capacidad económica que se establezcan.
El Título IX se refiere a la iniciativa privada que desarrolla su actividad en el ámbito de los servicios sociales. Si bien la Ley prevé, en su disposición final tercera, la aprobación de una ley específica que regule de forma pormenorizada el régimen jurídico de las entidades y centros de iniciativa privada que lleven a cabo la prestación de servicios sociales, una ley marco como la aprobada no puede omitir en su regulación los criterios y requisitos a los que ha de quedar sometida la iniciativa privada en la materia y el conjunto de facultades que han de corresponder al Sistema Público respecto a ella, función que no puede quedar reducida en exclusiva a tareas de autorización y control, sino que también ha de incorporar técnicas de colaboración o de fomento, en particular en lo que afecta a la iniciativa social en el campo de los servicios sociales especializados.
Por último, el Título X contiene la regulación de la inspección de las actividades en materia de servicios sociales y el régimen sancionador aplicable en el caso de que se vulneren derechos o incumplan obligaciones establecidas en la Ley, asegurando con ello el efectivo cumplimiento de sus previsiones. Consecuentemente, la Ley incluye la tipificación de las infracciones administrativas en que puede incurrirse y el establecimiento de las sanciones que cabe imponer a quienes sean responsables de las mismas, e incorpora reglas generales de aplicación a los procedimientos sancionadores del conjunto de los servicios sociales, sin perjuicio de las previsiones que en la materia puedan contemplar otras leyes sectoriales o específicas.
Finalmente, las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales de la Ley incorporan previsiones y mandatos específicos para garantizar el desarrollo de los elementos del sistema público que requieren aprobación de normas reglamentarias, como es el caso del Catálogo de Servicios Sociales o del Plan Estratégico de Servicios Sociales, o contemplan circunstancias específicas que comporta la aprobación de la nueva Ley en relación con otros aspectos del ordenamiento jurídico que afectan a la materia de servicios sociales.
a) Responsabilidad pública: Los poderes públicos deberán garantizar la disponibilidad y el acceso a las prestaciones y servicios sociales mediante la aportación de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios.
b) Universalidad: Los poderes públicos garantizarán el derecho de acceso de todas las personas a las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, con arreglo a criterios de igualdad, equidad y justicia redistributiva, en los términos y con los requisitos establecidos por la Ley.
c) Igualdad: Los poderes públicos deberán garantizar el acceso a las prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma, todo ello sin discriminación asociada a condiciones de índole personal o social, sin perjuicio de la aplicación de medidas de acción positiva para favorecer la igualdad de oportunidades y de trato, así como la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas.
d) Equidad: Los poderes públicos llevarán a cabo una política redistributiva basada en criterios de equidad entre las personas y los grupos sociales, superando las diferencias de carácter personal, social y territorial.
e) Prevención: Los poderes públicos orientarán su actuación integral a minimizar aquellos riesgos que puedan producir situaciones de necesidad social, actuando sobre las causas estructurales que originan la exclusión o limitan el desarrollo de una vida autónoma.
f) Dimensión comunitaria: Las políticas de servicios sociales habrán de incorporar el enfoque comunitario en todas las intervenciones sociales.
g) Autonomía personal: Las políticas de servicios sociales deben orientarse a potenciar las capacidades de las personas para la elección y desarrollo de su proyecto vital y su desenvolvimiento en los ámbitos político, económico, laboral, cultural y educativo.
h) Integración en el entorno: Los servicios sociales promoverán el mantenimiento de las personas usuarias en el entorno familiar y social habitual, evitando el desarraigo de su contexto conocido en la medida de lo posible.
i) Atención personalizada y continuada: Los servicios sociales ofrecerán a las personas que lo precisen una atención integral y ajustada a las necesidades particulares de cada persona y de su entorno familiar, territorial y comunitario, garantizando la continuidad de la atención y respetando siempre la dignidad de las personas y sus derechos.
j) Calidad: Los poderes públicos deberán garantizar unos estándares adecuados de calidad en el conjunto de las prestaciones y servicios sociales, fomentando la mejora continua del sistema de servicios sociales.
k) Participación ciudadana: Los poderes públicos promoverán la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de todos los sectores afectados en la planificación y desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales.
l) Planificación y evaluación: Los poderes públicos deberán articular los medios necesarios para alcanzar las metas y objetivos de la política social, aprobando las directrices e instrumentos necesarios para ello, así como los elementos de control de la eficacia y eficiencia económica y social del sistema y de su gestión.
m) Descentralización: La prestación de los servicios sociales, conforme al principio de proximidad, corresponderá, siempre que sea posible, a los niveles administrativos o elementos del Sistema Público de Servicios Sociales más inmediatos a la ciudadanía.
n) Coordinación y cooperación: Los poderes públicos actuarán, en el cumplimiento de sus responsabilidades dentro del sistema de servicios sociales, de acuerdo con los principios de coordinación y cooperación, promoviendo las actuaciones necesarias que favorezcan dicha coordinación entre administraciones, departamentos e iniciativa privada.
ñ) Integración de la perspectiva de género: En el diseño, planificación, ejecución y evaluación de las acciones que se desarrollen en el marco de esta Ley se considerará con carácter general la integración de la perspectiva de género, procurando en el resultado de las mismas el respeto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la atención específica a las situaciones de especial vulnerabilidad que afecten particularmente a las mujeres.
o) Promoción de la iniciativa y del voluntariado social: Los poderes públicos promoverán la iniciativa social sin ánimo de lucro en la consecución de los objetivos de la política de servicios sociales, fomentando igualmente la colaboración solidaria de la ciudadanía en dicho ámbito.
p) Transversalidad: El sistema de servicios sociales debe fundamentarse en la transversalidad de sus objetivos y en la necesaria interrelación entre los diferentes sistemas de protección social, asegurándose por los poderes públicos la coordinación y coherencia entre las acciones y programas de la política de servicios sociales y los de las restantes políticas públicas.
Las personas destinatarias de los servicios sociales tendrán derecho a:
a) Ser tratadas con respeto a la dignidad que les corresponde como personas, con plena garantía de los derechos y libertades fundamentales y demás derechos legales que les corresponden.
b) Acceder al sistema de servicios sociales y a disfrutar de la atención social, sin discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia personal o social.
c) Disponer de un plan de atención individual o familiar, en función de la valoración de su situación.
d) Recibir servicios de calidad y conocer los estándares aplicables en cada caso, así como participar en la evaluación de los servicios sociales recibidos.
e) Recibir las prestaciones garantizadas del Catálogo de Servicios Sociales, de forma continuada en tanto se hallen en situación de necesitar tal prestación.
f) Contar con una persona que actúe como profesional de referencia que sirva como elemento de contacto permanente y que vele por la coherencia del proceso de atención y la coordinación con los demás sistemas destinados a promover el bienestar social.
g) Disponer, en el caso de personas desplazadas o carentes de domicilio, de un profesional de referencia de la red de servicios sociales de base en el municipio en que se encuentren, para la cobertura de las necesidades básicas de carácter urgente.
h) Solicitar un segundo diagnóstico, en las condiciones que se regulen.
i) Cambiar de profesional de referencia en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
j) Participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervención y, en particular, a la renuncia a las prestaciones y servicios concedidos, salvo que la renuncia afecte a los intereses de los menores de edad o de personas incapacitadas o presuntamente incapaces.
k) Recibir información previa en relación con cualquier intervención que precise consentimiento conforme a la legislación vigente y en aquellos otros supuestos que se determinen reglamentariamente.
m) La confidencialidad de los datos e informaciones que consten en su expediente administrativo y en la historia personal, de acuerdo con la legislación de protección de datos de carácter personal.
n) Recibir atención urgente cuando existan graves riesgos para la vida o la salud de la persona usuaria o de terceros, cuando así se requiera por la autoridad judicial, o en aquellas situaciones que se definan como prioritarias reglamentariamente.
ñ) Alojamiento de emergencia en situaciones de necesidad reconocida en la que concurra carencia de recursos o grave crisis de convivencia personal que haga inviable la permanencia en el propio domicilio.
o) Recabar y recibir información comprensible sobre los servicios y prestaciones disponibles, los criterios de adjudicación y las prioridades para recibirlos, sobre los derechos y deberes de las personas destinatarias y usuarias y sobre los mecanismos de presentación de quejas y reclamaciones.
1. Las personas usuarias de los servicios sociales, además de los derechos generales que corresponden a las personas destinatarias de los servicios sociales, contarán con los siguientes derechos específicos:
a) Derecho al ejercicio de la libertad individual para el ingreso, la permanencia y la salida del establecimiento, con las limitaciones establecidas en la legislación vigente para las personas menores de edad, incapacitadas e incursas en medidas judiciales de internamiento.
b) Derecho al libre ejercicio de sus derechos y libertades, con respeto a la libertad de las otras personas.
c) Derecho a conocer el reglamento interno del servicio, así como los derechos y deberes que le incumben.
d) Derecho a recibir una atención personalizada de acuerdo con sus necesidades específicas.
e) Derecho a recibir la atención a todas las necesidades personales, para conseguir un desarrollo personal adecuado, en condiciones de igualdad respecto a la atención que reciben los demás ciudadanos y ciudadanas.
f) Derecho a comunicar y recibir libremente información por cualquier medio de difusión.
g) Derecho al secreto de sus comunicaciones, salvo resolución judicial que lo suspenda.
j) Derecho a mantener una relación con el entorno familiar y social.
k) Derecho a participar en la toma de decisiones del centro que les afecten individual o colectivamente, así como a asociarse para favorecer tal participación.
l) Derecho a la libertad religiosa, respetando en su ejercicio el funcionamiento normal del establecimiento y la libertad de las demás personas.
m) Derecho a personalizar el entorno donde viven con objetos propios, siempre y cuando respeten los derechos de las demás personas.
n) Derecho a obtener facilidades para hacer la declaración de voluntades anticipadas, de acuerdo con la legislación vigente.
ñ) Derecho a conocer el coste de los servicios que se reciben y, en su caso, a conocer la contraprestación que les corresponde satisfacer como personas usuarias de los mismos.
o) Derecho a no ser sometidas a ningún tipo de inmovilización o restricción de la capacidad física o intelectual por medios mecánicos o farmacológicos sin prescripción y supervisión facultativa, salvo que exista peligro inminente para la seguridad física de la persona usuaria o terceras personas.
2. El ejercicio de tales derechos podrá ser objeto de desarrollo y concreción por parte de los reglamentos internos de los diferentes servicios.
3. Las personas menores de edad gozarán, además, de los derechos establecidos en su legislación específica.
1. Las personas que accedan a los servicios sociales o quienes, en su caso, ostenten su representación legal, tienen los siguientes deberes:
b) Deber de facilitar con veracidad los datos personales, convivenciales y familiares necesarios y de presentar los documentos fidedignos que sean imprescindibles para valorar y atender su situación.
c) Deber de comunicar los cambios que se produzcan en su situación personal y familiar que puedan afectar a las prestaciones solicitadas o recibidas.
d) Deber de colaborar en el cumplimiento del plan de atención individual, familiar o convivencial y participar activamente en el proceso establecido.
e) Deber de contribuir a la financiación del coste de los servicios recibidos, cuando así lo establezca la normativa aplicable.
f) Deber de destinar la prestación recibida a la finalidad para la que se ha concedido.
g) Deber de reintegrar las prestaciones económicas recibidas indebidamente.
h) Deber de comparecer ante la Administración, a requerimiento del órgano que haya otorgado una prestación.
i) Deber de observar una conducta basada en el respeto, la tolerancia y la colaboración para facilitar la convivencia en el establecimiento o centro y la resolución de los problemas.
j) Deber de respetar la dignidad y los derechos del personal que presta los servicios que reciben.
l) Cualesquiera otros deberes que establezca la normativa reguladora de los centros y servicios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Las personas menores de edad y las que tengan declarada una incapacidad legal, así como sus padres, madres o quienes ejerzan la tutela, tendrán los deberes que establezca la legislación vigente.
El Gobierno de Aragón desarrollará las previsiones del presente Título, mediante la aprobación reglamentaria de una Carta de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios sociales, garantizando la máxima difusión de su contenido en todo el ámbito del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.
1. Las Administraciones públicas incluidas en el Sistema Público de Servicios Sociales podrán efectuar la provisión de los servicios previstos en la Ley o en el Catálogo de Servicios Sociales preferentemente mediante gestión directa. Asimismo, podrán utilizar cualquiera de las fórmulas de gestión indirecta o colaboración previstas en el ordenamiento jurídico a través de entidades privadas de carácter social o mercantil.
1. Las Administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales podrán encomendar a entidades privadas la provisión de prestaciones previstas en el Catálogo de Servicios Sociales, mediante concierto, siempre que tales entidades cuenten con la oportuna acreditación administrativa y figuren inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.
3. El concierto suscrito entre la Administración y la entidad privada establecerá los derechos y obligaciones de cada parte en cuanto a su régimen económico, duración, prórroga y extinción, número de unidades concertadas, en su caso, y demás condiciones legales.
4. El acceso a las plazas concertadas con entidades privadas será siempre a través de la Administración concertante.
1. Podrán acceder al régimen de concierto las entidades privadas prestadoras de servicios sociales que cuenten con acreditación administrativa y se hallen inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales correspondiente.
Para el establecimiento de conciertos, las Administraciones públicas darán prioridad, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social, a las entidades prestadoras de servicios de naturaleza social o sin ánimo de lucro.
Anualmente se fijarán los importes de los módulos económicos correspondientes a cada prestación susceptible de concertar.
2. La duración de los conciertos, incluidas sus posibles prórrogas, no podrá exceder de veinticinco años, sin perjuicio de los supuestos de extinción anticipada legalmente prevista.
Los conciertos podrán declararse extinguidos por alguna de las siguientes causas:
a) El mutuo acuerdo entre la Administración concertante y la entidad concertada.
b) La resolución por incumplimiento de las obligaciones esenciales de las partes.
c) La finalización del plazo de vigencia.
1. La celebración de los conciertos deberá ajustarse a la regulación básica establecida para dicha forma de gestión en la legislación de contratos del sector público.
2. En el procedimiento tramitado deberá acreditarse la concurrencia de las causas que justifiquen la necesidad de concertación con una entidad privada de servicios sociales.
1. El Catálogo de Servicios Sociales es el instrumento que determina el conjunto de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón.
2. El Catálogo de Servicios Sociales establecerá, para cada una de las prestaciones incluidas en el mismo:
a) la naturaleza de la prestación,
c) el régimen aplicable,
e) los estándares de calidad que han de asegurarse en cada caso.
3. El Catálogo de Servicios Sociales determinará aquellas prestaciones de carácter esencial o exigible, configuradas como derecho subjetivo, y las prestaciones complementarias, cuyo reconocimiento podrá quedar supeditado a las disponibilidades presupuestarias del sistema público.
4. El Catálogo de Servicios Sociales deberá incorporar las medidas necesarias que garanticen los itinerarios personales, la flexibilidad de los servicios y las formas del trabajo en red, de modo que las intervenciones consideren la atención a la persona y a sus necesidades sociales como elemento central de la organización del sistema.
1. El desarrollo del Catálogo de Servicios Sociales que regula la presente Ley se efectuará mediante decreto del Gobierno de Aragón, con sujeción al procedimiento previsto para las disposiciones generales.
2. La propuesta de desarrollo del Catálogo que eleve el departamento competente en materia de servicios sociales al Gobierno de Aragón habrá de incorporar los estudios económicos de costes y criterios de financiación de cada prestación prevista en el mismo.
3. En la elaboración del decreto de desarrollo del Catálogo deberá asegurarse la necesaria participación ciudadana, sometiendo la propuesta a informe del Consejo Aragonés de Servicios Sociales y de las entidades locales de Aragón, a través del informe preceptivo del Consejo Interadministrativo del Sistema, así como la adecuación de su contenido a los instrumentos de planificación en materia de servicios sociales.
4. El decreto que desarrolle el Catálogo de Servicios Sociales tendrá una vigencia mínima de cuatro años, sin perjuicio de que pueda, en su caso, prorrogarse su vigencia hasta la aprobación del nuevo decreto que lo sustituya o pueda ser objeto de revisión de forma anticipada, cuando existan razones que lo justifiquen y así lo aprecie el Consejo Interadministrativo del Sistema.
1. Las prestaciones contenidas en el Catálogo de Servicios Sociales se clasifican, atendiendo a su contenido, en prestaciones de servicio, prestaciones económicas y prestaciones tecnológicas.
2. El decreto que desarrolle el Catálogo de Servicios Sociales deberá definir, respecto a cada una de las prestaciones que contenga, los siguientes aspectos o contenidos:
1.º Denominación y definición.
2.º Modalidades del servicio.
3.º Objetivos del servicio y necesidades a las que responde.
4.º Requisitos de acceso, diferentes prestaciones que articula, tipología de la necesidad atendida y condiciones del pago del precio público, cuando proceda.
b) En las prestaciones económicas:
2.º Objetivos y necesidades a las que responden.
3.º Importe o cuantía.
4.º Requisitos y procedimiento de acceso, incluyendo la tipología de la necesidad atendida.
5.º Condiciones de percepción: periodicidad y otras.
6.º Causas de suspensión y extinción de la prestación.
3. El Catálogo de Servicios Sociales deberá contemplar la forma ordinaria de acceso aplicable a cada prestación, además de contemplar, atendiendo a la naturaleza de la necesidad, modalidades de acceso urgente o preferente.
4. El Catálogo de Servicios Sociales priorizará la concesión de las prestaciones de servicios para garantizar la adecuada atención a la persona usuaria.
1. El Catálogo de Servicios Sociales incluye, como prestaciones de carácter público del sistema, como mínimo, las establecidas en el presente Capítulo.
2. El Catálogo de Servicios Sociales será objeto de desarrollo, mediante decreto del Gobierno de Aragón, con sujeción a lo establecido en el presente Título, pudiendo incorporar prestaciones adicionales a las establecidas en este Capítulo.
1. Se consideran prestaciones de servicio del sistema público los servicios e intervenciones realizados por equipos profesionales, cuya finalidad es atender situaciones de necesidad social mediante la prevención, la información, el diagnóstico, la valoración, la orientación, la atención doméstica y personal, el acompañamiento social, la mediación, la protección, la promoción, la atención y la inserción de personas, unidades de convivencia, grupos y comunidades.
a) Servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación. Tiene por objeto ofrecer a las personas la información precisa sobre las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales y de otros sistemas públicos orientados al bienestar social; el estudio para el análisis individualizado de cada caso, ya sea a nivel personal, grupal o comunitario; la evaluación integral de las necesidades que permitan efectuar cada diagnóstico concreto, y la orientación hacia las prestaciones que resulten más idóneas, elaborando un itinerario individualizado de atención.
b) Servicio de ayuda a domicilio. Proporciona un conjunto de atenciones orientadas a facilitar un entorno de convivencia adecuado y tiene como objetivo la prestación de una serie de atenciones a las personas y, en su caso, a las familias en su domicilio para facilitar el desarrollo de las actividades de la vida diaria a aquellas personas con limitaciones de autonomía personal, y evitar o, en su caso, retrasar el ingreso en centros de carácter residencial, así como para intervenir, en su caso, en situaciones de conflicto psicofamiliar para alguno de los miembros de la unidad de convivencia.
c) Servicio de intervención familiar. Aporta una intervención técnica dirigida a orientar, asesorar y dar apoyo a la familia o unidad de convivencia o a alguno de sus miembros, cuando existan situaciones de crisis, riesgo o vulnerabilidad.
d) Servicio de apoyo a personas cuidadoras. Ofrece formación, apoyo y sustitución a aquellas personas que se dedican, con carácter habitual y sin retribución, al cuidado de personas con limitaciones en su autonomía personal, familiar y social.
e) Servicio de promoción de la animación comunitaria y de la participación. Es un conjunto de actuaciones de animación comunitaria, de fomento y promoción del asociacionismo y su participación en el desarrollo de la comunidad, y de promoción del voluntariado y de la ayuda mutua.
f) Servicio de atención de urgencias sociales. Conjunto de medidas desarrolladas con objeto de paliar de manera urgente y temporal una situación de necesidad social, individual o colectiva, originada por circunstancias sobrevenidas.
g) Servicio de teleasistencia. Ofrece a las personas usuarias la posibilidad de acceder con inmediatez, mediante los recursos tecnológicos adecuados, a los servicios oportunos en situaciones de emergencia o de inseguridad, soledad o aislamiento, y posibilita al centro de comunicación atender y conocer el estado de la persona usuaria.
h) Alojamiento temporal. Proporciona, con carácter temporal, un alojamiento digno y unas condiciones favorables para la convivencia a quienes puedan encontrarse en situación de carencia de alojamiento, en situaciones excepcionales o emergencias de carácter social y de conflictos convivenciales que pongan en peligro la seguridad física o emocional de alguno de los miembros de la unidad de convivencia.
a) Servicios de información especializada. Tienen por objeto ofrecer a las personas usuarias de los servicios sociales especializados la información que precisen para su utilización óptima.
b) Servicios de valoración especializada. Son servicios destinados a evaluar situaciones personales específicas mediante la aplicación de baremos o, en su caso, otros instrumentos especializados de valoración establecidos para tal finalidad.
c) Servicios de atención psicosocial, de rehabilitación y tutelares. Servicios destinados a la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y la atención, rehabilitación y tutela en aquellos supuestos de trastornos que conlleven un menoscabo de la autonomía personal y/o patrimonial de las personas afectadas.
d) Servicios de alojamiento permanente o temporal. Centro residencial que ofrece servicios continuados de cuidado integral de la persona en todas sus necesidades, procurando su pleno desarrollo, de forma permanente o temporal, cuando el centro residencial se convierta en la residencia habitual o temporal de la persona, con las siguientes modalidades en función de sus destinatarios:
1.ª Centros para personas en situación de dependencia.
2.ª Centros para menores en situación de desamparo, protección y reforma.
3.ª Centros para mujeres víctimas del maltrato doméstico o violencia de género.
4.ª Centros para personas con discapacidad.
5.ª Centros para otras situaciones.
e) Servicios para el apoyo del mantenimiento de las personas en su domicilio. Conjunto de recursos orientados a la atención integral especializada de las personas con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a sus familias o personas cuidadoras, con el fin de posibilitar su permanencia en su domicilio y entorno habitual, incluyendo:
1.º Centro de día asistencial.
2.º Centro de día ocupacional.
3.º Centro de noche.
f) Servicios para el apoyo de la inclusión social. Medidas orientadas a prevenir la exclusión social y a promover la autonomía de las personas a través de programas o acciones dirigidos tanto a personas como a grupos y a la comunidad a la que pertenecen, para favorecer su propia promoción y sus posibilidades de participación social.
f) Renta básica social.
1. Son prestaciones tecnológicas del sistema público las que, por medio de un producto o elemento técnico, atienden a las necesidades sociales de la persona, pudiéndose asociar con otras prestaciones.
2. En particular, son prestaciones tecnológicas:
a) La asistencia tecnológica o técnica.
1. El Consejo Aragonés de Servicios Sociales, adscrito al departamento competente en materia de servicios sociales, constituye el órgano máximo de integración de la participación ciudadana, social e institucional y de consulta en esta materia de servicios sociales, hallándose adscrito al departamento competente en dicha materia.
1. Las Administraciones públicas deben garantizar el acceso universal a los servicios sociales básicos, sin perjuicio de que las personas usuarias participen en la financiación de la teleasistencia y de los servicios de ayuda a domicilio, de acuerdo con lo establecido por la presente Ley.
2. Son entidades de iniciativa social las fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y otras entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades de servicios sociales.
Artículo 97. Prescripción de infracciones y sanciones.
Primera. Glosario de términos y definiciones en las normas de desarrollo de la Ley.Para contribuir a la mejor comprensión de las normas reguladoras de los diferentes elementos del Sistema Público de Servicios Sociales y a su interpretación y aplicación de forma homogénea por todas las Administraciones públicas integradas en el mismo, las normas de desarrollo que apruebe el Gobierno de Aragón incorporarán, como anexo, un glosario con los términos básicos utilizados por la regulación aprobada y su definición.
Segunda. Garantía de prestaciones en el desarrollo del Catálogo de Servicios Sociales.–El Catálogo de Servicios Sociales previsto en el Título III de la presente Ley se desarrollará garantizando como mínimo el nivel de prestaciones existentes actualmente en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Tercera. Garantía de participación social en la elaboración de las normas de desarrollo de la Ley.–El departamento competente en materia de servicios sociales asegurará, en los procesos de elaboración de las normas de desarrollo de los contenidos de la presente Ley, la máxima participación social, sin perjuicio del papel que corresponda a los órganos de participación y consulta formalmente constituidos.
Cuarta. Ejercicio de las competencias atribuidas a las comarcas en materia de servicios sociales.
Quinta. Protección de la infancia y de la adolescencia.–La protección a la infancia y a la adolescencia, no obstante las prestaciones que contemple el Catálogo de Servicios Sociales, se regirá por su legislación específica, sin perjuicio de la aplicación subsidiaria de la presente Ley.
Sexta. Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Séptima. Actualización de las cuantías de las sanciones.–La cuantía de las sanciones de naturaleza económica previstas en la presente Ley podrá actualizarse, conforme al índice de precios al consumo, mediante decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta del departamento competente en materia de servicios sociales.
Octava. Cláusulas de contenido social en los contratos relativos a servicios sociales.
1. Los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón deberán incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de contratos a las empresas que, igualando en sus términos a las proposiciones más ventajosas, justifiquen tener en la plantilla de sus centros radicados en Aragón un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad.
2. En relación con los contratos de los departamentos y organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Gobierno de Aragón, mediante acuerdo, podrá reservar la participación en los correspondientes procedimientos de adjudicación a centros especiales de empleo, así como reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido de conformidad con lo previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. En el resto de entes del sector público autonómico, la competencia para efectuar dicha declaración de reserva corresponderá a sus respectivos órganos de contratación.
Novena. Entidades colaboradoras en materia de adopción.–La gestión directa en materia de adopción nacional e internacional que establece la presente Ley no obstará para la cooperación de las instituciones y entidades colaboradoras en los procedimientos de adopción, conforme a los criterios que establezca la legislación vigente en tal materia.
Primera. Normativa de aplicación transitoria.
Segunda. Órganos sectoriales de participación.–Los actuales órganos de participación de carácter sectorial en el ámbito de los servicios sociales subsistirán y continuarán ejerciendo las funciones que tengan normativamente atribuidas en tanto no se apruebe el reglamento que establezca la organización del Consejo Aragonés de Servicios Sociales.
Tercera. Régimen transitorio en materia de acreditación de centros y servicios sociales.–En tanto no se apruebe la normativa requerida para la aplicación del régimen de acreditación de centros y servicios sociales para la suscripción de conciertos y la prestación de servicios sociales con financiación pública, bastará para acceder a dicho nivel de colaboración con el Sistema Público de Servicios Sociales el disponer de la oportuna autorización administrativa e inscripción en el registro administrativo y cumplir los requisitos que se establezcan en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas.
Única. Derogación normativa.–Queda derogada la Ley 4/1987, de 25 de marzo, de Ordenación de la Acción Social, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en esta Ley, sin perjuicio de lo señalado en las disposiciones transitorias.
Primera. Referencias normativas.–A partir de la entrada en vigor de esta Ley, las referencias a los preceptos que se derogan expresamente contenidos en normas vigentes deberán entenderse efectuadas a los preceptos de esta Ley que regulen la misma materia que aquellos.
Segunda. Habilitación normativa.–Se faculta al Gobierno de Aragón para la aprobación de las disposiciones generales que requiera el desarrollo y la ejecución de la presente Ley, sin perjuicio de las habilitaciones expresamente previstas a favor de la persona titular del departamento competente en materia de servicios sociales y de las que pueda acordar, en su caso, el Gobierno de Aragón.
Tercera. Iniciativa legislativa del Gobierno de Aragón.–En el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno de Aragón habrá de remitir a las Cortes de Aragón dos proyectos de ley que regulen, respectivamente, el régimen de las prestaciones sociales de carácter económico, que incluya la regulación de la renta básica, y el régimen aplicable a las entidades privadas que desarrollen actividades en materia de servicios sociales.
Cuarta. Calendario de desarrollo básico de la presente Ley.
3. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno de Aragón deberá proceder al desarrollo del Catálogo de Servicios Sociales, del Plan Estratégico de Servicios Sociales, del Mapa y de la Carta de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios sociales.
Quinta. Entrada en vigor.–La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 30 de junio de 2009.–El Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias Ricou.
(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 132, de 10 de julio de 2009.)
Entrada en vigor: 11 de julio de 2009.
Publicada en el BOA núm. 132, de 10 de julio de 2009.
los arts. 21.1, 23, 24.1, 25, 26, 27.2, 28, 30 y 79.2 y SE AÑADE el art. 30 bis, por Ley 11/2016, de 15 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-491).
los arts. 21.1, 23 al 28, 30 y 79.2, por Decreto-ley 1/2016, de 17 de mayo (Ref. BOA-d-2016-90363).
SE AÑADE el art. 101, por Ley 2/2016, de 28 de enero (Ref. BOE-A-2016-2408).
SE DEROGA la disposición adicional 8.1 y 2, por Ley autonómica 3/2011, de 24 de febrero (Ref. BOE-A-2011-6241).
CORRECCIÓN de errores en BOE num. 283 de 24 de noviembre de 2009 (Ref. BOE-A-2009-18737).
DEROGA, en la forma indicada la Ley 4/1987, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-1987-8959).
DE CONFORMIDAD con los arts. 23.1 y 71 del Estatuto aprobado por Ley ORGANICA 5/2007, de 20 de abril (Ref. BOE-A-2007-8444).