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Timestamp: 2018-09-25 23:43:12
Document Index: 198444764

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 108']

﻿ Sentencia 37031 de octubre 16 de 2013
SENTENCIA 37031 DE 16 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:REINTEGRO LABORAL. EN LOS CASOS EN LOS CUALES SE DESVINCULA A UN TRABAJADOR EN BASE A LA LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD EN LA CUAL TRABAJA, EL REINTEGRO EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE TENÍA EL DÍA QUE SE LE DIO POR TERMINADA LA RELACIÓN, SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD, CON EL PAGO DE TODOS LOS DERECHOS LABORALES LEGALES Y CONVENCIONALES A QUE TENÍA DERECHO COMO TRABAJADOR BENEFICIARIO DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA EXISTENTE EN LA ENTIDAD, DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, HASTA QUE SE HAGA EFECTIVA SU REINSTALACIÓN, PROCEDE CUANDO NO SE LOGRA DEMOSTRAR EL ESTADO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, SERVIDOR PÚBLICO DEL ISS, ISS, CONVENCIÓN COLECTIVA, REINTEGRO LABORAL, PRESCRIPCIÓN
Sentencia 37031 de octubre 16 de 2013
SL743-2013
Rad. 37031
Es preciso anotar que no es objeto de cuestionamiento en sede de casación que la actora prestó sus servicios a la demandada desde el 27 de junio de 1995 hasta el 30 de noviembre de 2004, que ostentó la calidad de trabajadora oficial y que es beneficiaria de la convención colectiva de trabajo vigente en la entidad.
Ahora, las dos acusaciones de la censura apuntan a cuestionar la conclusión del tribunal atinente a la ineficacia jurídica del reintegro reclamado por la liquidación de la entidad demandada, en tanto considera que la “muerte jurídica” a la que alude la sentencia de segundo grado, además de no haber sido decretada, fue prohibida por la Ley 790 de 2002, la cual señaló en su artículo 20 que en el desarrollo del programa de renovación de la administración pública, el Gobierno Nacional no podía “suprimir, liquidar ni fusionar”, las entidades allí enlistadas, entre las cuales se encuentra el Instituto de Seguros Sociales.
En ese mismo sentido, cumple señalar que por medio del artículo 1º del Decreto 1750 de 2003 se ordenó escindir del Instituto de Seguros Sociales, “la vicepresidencia de prestación de servicios de salud, todas las clínicas y todos los centros de atención ambulatoria”, situación jurídica totalmente distinta a la liquidación de la entidad; más aún, el artículo 17 del citado decreto señala que los servidores públicos que a la entrada en vigencia del referido decreto se encontraban vinculados a las aludidas dependencias quedaban incorporados en la planta de personal de las empresas sociales del Estado creadas al momento de la escisión.
Es claro que la supuesta liquidación del instituto demandado fue el único argumento del ad quem para considerar inoportuno el reintegro pretendido; sin embargo, en el proceso no se alegó, y mucho menos probó, el estado de disolución y liquidación del ISS, por lo que queda en evidencia el desacierto del sentenciador y por tal razón habrá de casarse el fallo impugnado en cuanto no accedió a las pretensiones principales y como quiera que la forma en que se resolvió la segunda instancia puede traer confusiones en lo relacionado a las condenas que allí se impusieron, se hace necesario por la Sala precisar las condenas principales para efectos de dejar bien clara la parte resolutiva de la sentencia que en sede de instancia se proferirá.
Además de lo expuesto en casación, se deben hacer las siguientes precisiones:
En lo atinente a la procedencia del reintegro solicitado se debe indicar que el artículo 5º de la convención colectiva de trabajo vigente en el ISS, establece que no surtirá efecto alguno la decisión unilateral de la entidad de dar por terminado el vínculo contractual sin justa causa, y en consecuencia, el trabajador podrá optar, mediante sentencia judicial, entre el reintegro en las mismas condiciones de empleo o la indemnización prevista en el acuerdo colectivo.
La preceptiva convencional aludida es del siguiente tenor:
“ART. 6º—Estabilidad laboral. El instituto garantiza la estabilidad en el empleo de sus trabajadores oficiales y en consecuencia no podrá dar por terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo sino tan solo por alguna de las justas causas debidamente comprobadas y establecidas en el artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, con previo cumplimiento de lo contemplado en el artículo 1º del mismo decreto y de lo establecido en el inciso 16 del artículo 108 esta convención colectiva. No producirá efecto alguno la terminación unilateral de un contrato de trabajo que se efectúe pretermitiendo lo estipulado anteriormente y en consecuencia, el trabajador, mediante sentencia judicial, tiene derecho al restablecimiento del contrato mediante el reintegro en las mismas condiciones de empleo que gozaba anteriormente sin solución de continuidad y con el pago de todos los salarios y prestaciones dejadas de percibir, o la indemnización prevista en esta convención a opción del trabajador”.
En relación al punto esta Sala de la Corte en forma reiterada se ha pronunciado en sentido afirmativo; así en la sentencia del 23 de septiembre de 2008, Radicación 32131, expresó:
“En el contexto que antecede, si a pesar de la escisión del Instituto de Seguros Sociales, quien siguió fungiendo como empleador de la actora era la entidad de seguridad social demandada, por haber sido quien contrató los servicios de aquella, ningún impedimento puede existir para ordenar su reincorporación al servicio, bajo el argumento del supuesto cambio de empleador”.
De otro lado, la Corte en asuntos de similares características a las que se debaten en este proceso, donde además se expusieron iguales argumentos a los que el censor presenta en las dos acusaciones formuladas, ha adoptado como nuevo criterio, el de que no obstante desaparecer de la planta de personal de la entidad el cargo que ocupaba el trabajador despedido, y al haber consagrado el decreto de escisión, un régimen en que se mudó sustancialmente la naturaleza de los empleos de las clínicas y centros de atención de salud que se integraron a las empresas sociales del Estado, al pasar de trabajadores oficiales a empleados públicos, no hacen imposible el restablecimiento del contrato de trabajo por parte del Instituto de Seguros Sociales”.
“Con todo, cumple advertir que esta Sala de la Corte ha precisado en asuntos seguidos contra la misma entidad demanda, que la inexistencia del cargo al cual se ordena el reintegro de un trabajador oficial en la planta de personal no es razón jurídica que impida la aplicación de las normas convencionales a ese servidor y, precisa ahora, tampoco el cabal cumplimiento de ese reintegro, pues el derecho a la estabilidad laboral de un trabajador no puede verse afectado por las disposiciones internas de la entidad que ha terminado su contrato de trabajo de manera ilegal, aparte de que no existe ningún obstáculo legal para que la plantilla de personal sea ajustada para cumplir con una orden judicial. Y en el caso que nos ocupa, si el cargo del demandante no fue incluido en la plantilla de los trabajadores oficiales del instituto llamado a juicio, es cuestión que no le puede ser a aquel imputable, pues obedeció a la ilegal decisión de esa entidad de no considerarlo como uno de sus trabajadores pese a que, en realidad, como se estableció en el proceso, la prestación personal de sus servicios estuvo regida por un verdadero contrato de trabajo” (destacado del texto).
En esa misma dirección, en la sentencia del 3 de mayo de 2011, Radicación 38686, señaló:
“La Sala, en sentencias repetidas, en casos similares al que aquí se examina contra el mismo ISS demandado, fijó su criterio en el sentido de indicar que prevalece el derecho a reestablecer la relación laboral sobre lo dispuesto internamente por la institución, respecto de su planta de personal. En fallo del 21 de julio de 2010, Radicación 37176, se reiteró lo expuesto el 16 de septiembre de 2009, Radicación 36609, en el que se puntualizó: “(...) así no exista el cargo al cual se dispuso el reintegro en la actual planta de personal de la entidad, esto per se no constituye razón jurídica suficiente que impida restablecer el vínculo de quien fue despedido sin observar las previsiones legales y convencionales, pues la protección del derecho y por ende la estabilidad del empleo no pueden verse afectados”. En similares términos fueron emitidas las sentencias del 4 de noviembre de 2004, 13 de septiembre de 2006, 21 de noviembre de 2007 y 18 de junio de 2009 radicados 23535, 26539, 28782 y 35038, respectivamente”.
En consecuencia, casada la sentencia dictada por el tribunal, la decisión de instancia quedará así:
1. Se DECLARA que la relación contractual que existió entre el Instituto de Seguros Sociales y la señora Eugenia Giraldo Giraldo, con c.c. 42.048.614, desde el 27 de junio de 1995 hasta el 30 de noviembre de 2004, configuró realmente un contrato laboral a término indefinido.
2. Se ordena EL REINTEGRO de la demandante en las mismas condiciones que tenía el día que se le dio por terminada la relación, sin solución de continuidad, con el pago de todos los derechos laborales legales y convencionales a que tiene derecho como trabajadora beneficiaria de la convención colectiva existente en la institución, dejados de percibir desde la fecha de terminación del contrato de trabajo, hasta que se haga efectiva su reinstalación, valores que deberán ser indexados desde su causación hasta que se efectúe su pago, con sus respectivos incrementos salariales,
3. Se declara la PRESCRIPCIÓN de los derechos laborales causados a favor de la demandante hasta el 16 de febrero de 2002.
4. Se CONDENA al Instituto de Seguros Sociales a pagar la Eugenia Giraldo Giraldo, las siguientes sumas, por los conceptos que se enlistan a continuación, dineros generados hasta el 30 de noviembre de 2004, todos debidamente indexados hasta la fecha efectiva de pago:
Intereses a las cesantías $ 1.253.938
Vacaciones $ 2.400.117
Primas de servicios legales y convencionales $ 3.955.731
Prima de navidad $ 1.977.965
Reajustes o aumentos salariales $ 3.098.508
Reembolso de aportes $ 3.444.213
Indexación (a la fecha) $ 5.381.125
5. Se ABSUELVE a la demandada de las pretensiones principales denominadas prima de vacaciones, auxilio de alimentación, devolución de pagos por pólizas de cumplimiento, auxilio de transporte, bonificación por firma de la convención por las razones expuestas en la sentencia casada, y en los últimos dos, porque no se probó la existencia del derecho. Igual decisión se toma respecto del auxilio de cesantía en razón a que dicha prestación se causa a la finalización del contrato y la decisión que aquí se toma lo está restableciendo.
6. Como base salarial para 2004 se tendrá la indicada por el tribunal cuando ordenó pagar la sanción moratoria, es decir, $ 1.170.788.70 por mes, suma a la que se le aplicarán en adelante los incrementos legales y convencionales a que haya lugar.
La prosperidad del recurso de la parte demandante, hace innecesario, por sustracción de materia, el estudio del propuesto por el Instituto de Seguros Sociales.
No hay lugar a costas por el recurso extraordinario. Las de primera y segunda instancias son a cargo de la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín el 21 de mayo de 2008, complementada por la del 5 de junio del mismo año, dentro del proceso adelantado por Eugenia Giraldo Giraldo contra el Instituto de Seguros Sociales, la cual, en sede de instancia, quedará así:
5. Se ABSUELVE a la demandada de las pretensiones principales denominadas prima de vacaciones, auxilio de alimentación, devolución de pagos por pólizas de cumplimiento, auxilio de transporte, bonificación por firma de la convención por las razones expuestas en la sentencia casada y, en los últimos dos, porque no se probó la existencia del derecho. Igual decisión se toma respecto del auxilio de cesantía en razón a que dicha prestación se causa a la finalización del contrato y la decisión que aquí se toma lo está restableciendo.