Source: https://oacnudh.hn/category/campana-70-aniversario/
Timestamp: 2019-04-21 12:42:47
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Campaña 70 Aniversario archivos - OACNUDH
Categoría: Campaña 70 Aniversario
La dignidad es la base de todos los derechos humanos. Los seres humanos tienen derechos que deben ser tratados con sumo cuidado, precisamente porque cada uno posee un valor intrínseco. El ex Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó a estas palabras de apertura “tal vez las más bellas y resonantes de cualquier acuerdo internacional”. Según Zeid, estas palabras subrayan que “los derechos humanos no son una recompensa por el buen comportamiento”, si no el derecho de todas las personas en todo momento y en todos los lugares.
Mary Robinson, ex Alta Comisionada de derechos humanos, considera la dignidad como “un sentido interno de autoestima”, un concepto que “evoca una empatía con el otro y nos conecta unos con otros” y que también da cabida a nuevas interpretaciones de los derechos humanos. Como bien dice Robinson, “en nuestro mundo interconectado, la empatía debe expandirse para abordar las grandes desigualdades que generan problemas de justicia”.
Más tarde, se sentó durante 15 años como juez en el tribunal supremo de Sudáfrica. Ha escrito que lloró después de dictaminar que South African Airways no podía discriminar a un administrador aéreo con VIH. “Las lágrimas habían llegado debido a un abrumador sentimiento de orgullo por ser miembro de un tribunal que protegía los derechos fundamentales y aseguraba la dignidad para todos”, dijo.
Asegurar la dignidad para todos está en el corazón de una campaña de las Naciones Unidas que se basa en las primeras palabras del Artículo 1. “Libres e iguales” es el lema de la campaña de la ONU contra la homofobia y la transfobia que comenzó en 2013 y tiene como objetivo “construir un mundo donde nadie tiene que temer por su orientación sexual o identidad de género “, en palabras del Secretario General de la ONU, António Guterres.
El género es un concepto que se aborda, posiblemente de manera sutil, en el Artículo 1 y, de hecho, en casi todas las cláusulas de la DUDH. Para su época, el documento carece notablemente de lenguaje sexista. Aparte de la frase única “él mismo y su familia”, que aparece en los artículos 23 y 25, el documento hace referencia a todas las personas o ninguna persona.
Las primeras palabras del artículo 1 se refieren a la Declaración de los derechos del hombre y de los ciudadanos adoptada poco después de la Revolución Francesa en 1789. Gracias a la tenaz redactora india, Hansa Mehta, la frase francesa “todos los hombres nacen libres e iguales” se convirtió en “todos los seres humanos nacen libres e iguales”.
Se opuso a la afirmación de Roosevelt de que se entendía que “hombres” incluía a las mujeres, un concepto ampliamente aceptado en ese momento. Mehta argumentó que los países podrían usar esta redacción para restringir los derechos de las mujeres, en lugar de ampliarlos.
Godi decidió defenderse. Fue uno de los 20 estudiantes abiertamente homosexuales y ex alumnos de varias escuelas de tecnología -incluidas dos mujeres y una mujer transgénero- que ganaron un fallo de la Corte Suprema de la India en septiembre de 2018 en contra de la referida ley proveniente de la era colonial. Los jueces no se limitaron a despenalizar el sexo gay. Decidieron que a partir de ese momento los indios gay deben recibir todas las protecciones de la Constitución. La decisión fue saludada por la ONU, para quien “la orientación sexual y la expresión de género forman parte integral de la identidad de una persona en todo el mundo”.
Cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) se redactó hace 70 años, posiblemente muchas personas no estaban de acuerdo. Pero la prohibición de la discriminación contenida en el artículo 2 – y su afirmación más positiva de que los derechos humanos pertenecen a todas las personas-, ha sido la base para especificar los derechos relativos a la edad, la discapacidad y otros temas que no fueron abordados en 1948.
En ese entonces, el delegado chileno Hernán Santa Cruz recordó a sus colegas que el Artículo 2 ampliaba de manera importante las disposiciones básicas de la Carta de las Naciones Unidas, y comentó que “las Naciones Unidas se habían fundado principalmente para combatir la discriminación en el mundo”. El bloque comunista presionó fuertemente desde el principio por un lenguaje claro contra la discriminación.
Los tres primeros artículos de la Declaración están estrechamente relacionados. Peng-chung Chang, uno de los redactores de la Declaración, de origen chino y con un notable conocimiento de la filosofía oriental y occidental, propuso que los tres primeros artículos reflejasen las ideas principales de la filosofía política del siglo XVIII sobre los derechos: “fraternidad” (artículo 1), “igualdad” (artículo 2) y “libertad” (artículo 3). Los artículos 1 y 2 fijan el tono de toda la Declaración con sus prohibiciones respecto de la discriminación.
Ambos artículos continúan influyendo en estándares internacionales nuevos y en desarrollo. En 2006, la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, observó cómo la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad destacaba que “la celebración de la diversidad y el empoderamiento de la persona son mensajes esenciales de derechos humanos”, y agregó que la Convención prevé “un papel completamente activo en la sociedad para las personas con discapacidad”.
El ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, admitió que la orientación sexual y la identidad de género son temas que pueden ser sensibles para algunas personas. “Como muchos de mi generación, no crecí hablando sobre estos temas”, dijo al Consejo de Derechos Humanos en 2012. “Pero aprendí a hablar porque las vidas están en juego y porque en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es nuestro deber proteger los derechos de todas las personas, en todo lugar”.
Si el artículo 3 consagra el derecho a la vida, argumentan los abolicionistas, ¿cómo se justifica el asesinato patrocinado por el Estado? El obispo anglicano sudafricano Desmond Tutu dijo: ”Tomar una vida cuando se ha perdido una vida es venganza, no justicia.”
Las personas que redactaron la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en 1948 tenían frescos en su memoria los campos de concentración nazis y la matanza de millones de seres humanos organizada por el Estado simplemente porque no eran el tipo de persona “correcta”. El artículo 3, y los artículos 5 y 9, contra la tortura y el arresto arbitrario, están íntimamente relacionados y son una firme renuncia a la creencia de Hitler en la supremacía del Estado para controlar la vida de las personas.
El chileno Hernán Santa Cruz, uno de los redactores de la Declaración Universal, explicó que muchos de los artículos de la DUDH se basan en la creencia de que “los intereses de la persona [van] antes que los del Estado y que el Estado no debe privar al individuo de su dignidad y de sus derechos básicos.”
Esto fue recalcado en un “comentario general” cuasi legal y publicado en octubre de 2018 por el Comité de Derechos Humanos, conformado por un grupo de expertos independientes que monitorea la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, uno de los dos pactos que desarrolla la DUDH.
Antônio Cançado Trinidade, entonces presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, escribió que “la privación arbitraria de la vida no se limita al acto ilícito del homicidio; se extiende a la privación del derecho a vivir con dignidad.”
El derecho a la vida se desarrolla en cuatro tratados de la ONU cuyo propósito expreso es abolir la pena de muerte, y desde 2007 la Asamblea General de la ONU ha adoptado cinco resoluciones no vinculantes que exigen una moratoria global de las ejecuciones como un paso hacia la abolición final. “No hay lugar para la pena de muerte en el siglo XXI,” dijo el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
Los asesinatos de mujeres y niñas (por parte de sus parejas, por parte de extraños, por parte de padres que prefieren a los niños) también constituyen un abuso grave y muy común de este derecho fundamental, y las mujeres de todas las edades siguen sufriendo una protección legal y física inadecuada por parte de las autoridades e instituciones del Estado. Como dijo Rashida Manjoo, ex Relatora Especial de la ONU sobre Violencia contra las Mujeres: “Las mujeres sometidas a violencia continua están siempre en el “corredor de la muerte,” siempre con miedo a ser ejecutadas.”
En palabras del periodista británico de investigación Ross Kemp, “hay más esclavos hoy que en el momento más álgido de la trata de esclavos.’’
Nadia Murad, la mujer yazidi que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2018 (conjuntamente con el ginecólogo congoleño Denis Mukwege) por dar a conocer la violación como un arma de guerra, llamó a su autobiografía “The Last Girl” porque, según explicó Murad: “quiero ser la última joven del mundo con una historia como la mía”. Nadia fue capturada por ISIS en Irak a los 21 años y vendida como esclava sexual, convertida en un blanco porque su familia pertenecía a la minoría religiosa Yazidi.
“Para nosotros, la esclavitud era algo natural. Cuando uno nace en un entorno determinado, esto se considera lo correcto y justo “.
El tráfico de personas es un fenómeno verdaderamente global, con víctimas de unas 160 ciudadanías distintas detectadas o repatriadas de unos 140 países diferentes, según un informe elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que describió esta información como “sólo la punta del iceberg”. Sin embargo, aunque muchas víctimas del África subsahariana y Asia oriental en particular terminan en diferentes continentes, la mayoría de las personas que son víctimas de la trata siguen en sus países o regiones de origen.
“Cada vez que escucho a alguien que defiende la esclavitud, siento un fuerte impulso de ver cómo sería si les ocurriera a ellos mismos”.
Los trabajadores domésticos son uno de los grupos más vulnerables a la que es quizás la forma menos conocida de esclavitud moderna, llamada comúnmente “servidumbre por deudas”, donde una persona se ve obligada a trabajar para pagar una deuda, que crece de manera constante y que nunca puede realmente pagarse. Todavía abunda esta práctica en los hornos de ladrillos, molinos, minas y fábricas del sur de Asia, así como en otras partes del mundo. También está muy extendida en el sector agrícola, donde varios casos relacionados con trabajadores migrantes han salido a la luz recientemente en algunos países europeos. Los traficantes también utilizan con frecuencia a los trabajadores domésticos para hacer caer en una trampa a mujeres y niñas con el fin de explotarlas sexualmente. Muchos sostienen que el sistema “kafala” que opera en varios estados del Golfo, donde los empleadores tienen control total sobre sus trabajadores domésticos, también es una forma de esclavitud. Las redes sociales en Arabia Saudita, por ejemplo, han evidenciado la existencia de publicaciones de personas que ofrecen trabajadores domésticos “a la venta”.
Los abolicionistas continúan su lucha, armados con el artículo 4 de la DUDH (y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, jurídicamente vinculante, que se deriva de él). Las formas contemporáneas de esclavitud, ya sea trabajo forzoso, servidumbre involuntaria o esclavitud sexual, son delitos y no deberían tolerarse en ninguna forma ni lugar. El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha instado a todas las personas a “unirse en torno a la prevención, la protección y el procesamiento para construir un futuro donde este crimen no exista’’.
En ocasiones, puede que los Estados hayan discutido sobre la definición de lo que constituye tortura, pero virtualmente ninguno defiende abiertamente su práctica ahora, incluso si todavía la llevan a cabo en “algunos de los rincones más oscuros de nuestro planeta”, tal y como lo describió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La prohibición de la tortura se describe con mayor detalle en la Convención contra la Tortura de la ONU de 1984, la cual prohíbe la tortura de forma meridianamente clara: “No hay circunstancias excepcionales en absoluto, ya se trate de un estado de guerra o una amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública; ninguno de estos argumentos puede ser invocado para justificar la tortura”.
Aparte de todas las fallas en el argumento imaginario de la “bomba de relojería” (¿Cómo saben las fuerzas de seguridad que tienen a la persona adecuada? ¿Cómo saben que el sospechoso no inventará las cosas simplemente para aliviar su dolor?), la mayoría rechaza la tortura por ser una excusa para hacer valer el poder por medio de un comportamiento deshumanizador.
Tras los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos en 2001, el gobierno del Presidente George W. Bush reinterpretó la palabra “tortura” de una forma muy estricta en un esfuerzo por dar a sus oficiales margen de maniobra para maltratar a los sospechosos. Las circulares que se hicieron públicas más tarde demostraron que dicha administración creía que la prohibición de la tortura era “pintoresca” y “obsoleta”, y que no se aplicaba en lo que denominaba “guerra contra el terrorismo”, e incluso que el Presidente podía “anular” el derecho internacional.
Se inventaron nuevos eufemismos para encubrir las acciones de la administración. Bajo el término de “rendición extraordinaria”, los Estados Unidos llevaron a los sospechosos a “sitios oscuros” como los centros de detención en Abu Ghraib, en Irak; la prisión de Bagram, en Afganistán o la Bahía de Guantánamo, en Cuba, para someterlos a “técnicas de interrogación mejoradas”.
Estas escandalosas prácticas fueron condenadas por una larga lista de organizaciones y personas, incluidas varios generales retirados, almirantes, abogados militares y oficiales de inteligencia. Sin embargo, cualquier discusión sobre derechos humanos se vio sumergida bajo discusiones más “prácticas”, irrelevantes según el derecho internacional, sobre si la tortura era un medio eficaz y fiable para extraer información útil.
Hoy en día, activistas de todo el mundo arriesgan sus vidas para documentar abusos y difundir rápidamente pruebas en las redes sociales. Pero lo que se hace con la información depende de la voluntad política. “El problema no es la falta de alerta temprana”, dice Pierre Sané, de Senegal, ex jefe de Amnistía Internacional, el problema es “la falta de acción temprana”.
Según el principio conocido como “jurisdicción universal”, las personas sospechosas de los crímenes internacionales más graves, incluida la tortura, pueden ser arrestadas, juzgadas y condenadas en países distintos al suyo.
Como lo expresó una ex Jefa de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, “nadie se libra, ni los torturadores mismos, ni los responsables políticos, ni los funcionarios públicos que definen la política o dan las órdenes”. Como ejemplo, “Chuckie” Taylor, hijo del ex presidente de Liberia, que está en prisión en Florida, Estados Unidos, cumpliendo una sentencia de 97 años por tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas en su tierra natal.