Source: http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/infoTributaria/doctrina/ver.jsp?identificadorConsulta=46936&jftfdi=&jffi=ver.jsp
Timestamp: 2019-08-25 08:52:25
Document Index: 60451648

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 41', 'artículo 31', 'artículo 17', 'artículo 10', 'artículo 20', 'artículo 29', 'artículo 4', 'artículo 107']

Consulta NO VINCULANTE n° 56
Fecha salida: 07/12/1994
Texto consulta: Visto el escrito presentado en la Consejería de Economía y Hacienda por la entidad consultante, el día 21-11-94 (R.E.9155), en el que se formula consulta tributaria relativa al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), esta Dirección General, en uso de la atribución conferida en la Disposición Adicional Décima Tres de la Ley 20/1.991, de 7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (en adelante Ley 20/1.991) en relación con la letra e) del apartado 4, del artículo 26, del Decreto del Gobierno de Canarias 230/1.991, de 20 de septiembre, emite la siguiente contestación:
PRIMERO.- El instante cuestiona si un servicio profesional esporádico, realizado por un residente en Canarias para una empresa radicada en Madrid, está sujeta a facturación del IGIC y en qué condiciones.
SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 20/1991, en combinación con el contenido del artículo 31 del referido texto legal, están sujetas al Impuesto -entre otras operaciones- las prestaciones de servicios efectuadas por empresarios y profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, en el ámbito de las Islas Canarias.
TERCERO.- El artículo 17 de la Ley 20/1991 regula las reglas para la determinación del lugar de realización de las prestaciones de servicios, a fin de determinar si las mismas se encuentran sujetas a IGIC. Con carácter general, los servicios se considerarán prestados:
a).- En el lugar donde esté situada la sede de la actividad económica de quien los preste (es decir, donde se centralice la gestión y el ejercicio habitual de la actividad empresarial o profesional del interesado, siempre que, además, carezca de establecimientos permanentes en otros territorios).
b).- Si el sujeto pasivo ejerce su actividad con habitualidad y simultáneamente en las Islas Canarias y en la Península, Islas Baleares, Ceuta, Melilla, cualquier otro Estado miembro de la CEE o bien en Terceros Países, se entenderán prestados los servicios donde radique el establecimiento permanente desde el que se realice la prestación de los mismos (se considerará establecimiento permanente, con carácter general, cualquier lugar fijo de negocios donde el sujeto pasivo realice actividades empresariales o profesionales).
c).- En defecto de los anteriores criterios se considerará lugar de prestación de los servicios el del domicilio de quien los preste. No obstante lo expuesto, existen también una serie de reglas especiales:
1).-	Los servicios directamente relacionados con inmuebles, incluso el alquiler de cajas de seguridad, se entenderán realizados en el lugar donde radiquen los bienes inmuebles a que se refieran.
2).-	Los transportes se entenderán efectuados en las Islas Canarias o en otros territorios por la parte del trayecto realizada en cada uno de ellos.
3).-	Se entenderán prestados en el lugar donde se realicen materialmente los siguientes servicios:
*	Los de carácter cultural, artístico, deportivo, científico, docente, recreativo o similares, así como los accesorios de los anteriores.
*	Los de hostelería, restaurante o acampamento y en general los suministros de bebidas o alimentos para consumir en el mismo local.
*	Los accesorios a los transportes, tales como carga y descarga, transbordo, depósito y servicios análogos.
*	Los realizados en bienes muebles corporales, incluso los de construcción, transformación y reparación de los mismos, así como los informes periciales, dictámenes y valoraciones relativos a dichos bienes.
*	Los juegos de azar.
*	El visionado de programas de televisión.
d).- Se entenderán efectuados en las Islas Canarias los servicios telefónicos y telegráficos y, en general, las comunicaciones que se inicien en dicho territorio.
e).- Los servicios que a continuación se relacionan se considerarán prestados donde radique la sede de la actividad económica o el establecimiento permanente del destinatario de dichos servicios o, en su defecto, en el lugar de su domicilio (salvo que el destinatario esté domiciliado en un Estado miembro de la CEE y no sea empresario o profesional o bien los servicios prestados no estén relacionados con el ejercicio de la actividad empresarial o profesional del mismo, en cuyo caso se aplicará la regla general):
*	Las cesiones y concesiones de derechos de autor, patentes, licencias, marcas de fábrica o comerciales y los demás derechos de propiedad intelectual o industrial.
*	La cesión o concesión de fondos de comercio, de exclusivas de compra o venta o del derecho a ejercer una actividad profesional.
*	Los servicios publicitarios.
*	Los servicios profesionales de asesoramiento, auditoría, ingeniería, gabinete de estudios, abogacía, consultores, expertos contables o fiscales y otros análogos, excepto los directamente relacionados con inmuebles.
*	El tratamiento de datos por procedimientos informáticos, incluido el suministro de productos informáticos específicos.
*	El suministro de informaciones, incluidos los procedimientos y experiencias de carácter comercial.
*	Los servicios de traducción, corrección o composición de textos, así como los prestados por intérpretes.
*	Las operaciones de seguro, reaseguro, capitalización y financieras, descritas en el artículo 10.1 apartados 16 y 18 de la Ley 20/1991, incluidas las que no gocen de exención (sin que sea extensible al alquiler de cajas de seguridad).
*	La gestión de empresas.
*	Las cesiones, incluso por tiempo determinado, de los servicios de personas físicas.
*	El doblaje de películas.
*	Los arrendamientos de bienes muebles corporales, con excepción de los medios de transporte y los contenedores.
*	Las obligaciones de no prestar total o parcialmente cualquiera de los servicios mencionados en esta letra e).
*	Las de mediación y gestión en las operaciones definidas en los puntos anteriores de esta letra e), cuando el intermediario o gestor actúen en nombre y por cuenta ajena.
CUARTO.- Resulta claro que si de la aplicación de las reglas expuestas en el número anterior se determina que el servicio de que se trata se entiende realizado en las Islas Canarias (y por tanto se encuentra sujeta al IGIC), en la correspondiente factura que se emita deberá incluirse el Impuesto, salvo que se trate de una prestación de servicios exenta.
QUINTO.- En relación a la cuestión planteada de "en qué condiciones", se entiende -si bien no está claro- que se refiere a las condiciones en que ha de realizarse la facturación: El artículo 20 de la Ley 20/1991 estipula que los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del Impuesto sobre aquél para quien se realice la operación gravada, quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en la Ley, cualesquiera que fueran las estipulaciones existentes entre ellos. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse mediante factura o documento equivalente -que podrá emitirse por vía telemática-, consignándose la cuota repercutida separadamente de la base imponible, incluso en el caso de precios fijados administrativamente, indicando el tipo impositivo aplicada, salvo en aquellos casos o actividades fijados reglamentariamente. De acuerdo con el artículo 29 del Decreto del Gobierno de Canarias 182/1992, de 15 de diciembre, por el que se aprueban las normas de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto General Indirecto Canario, y la revisión de los actos dictados en aplicación del mismo, la expedición y entrega de factura o documentos equivalentes en las operaciones realizadas por los sujetos pasivos del IGIC, se ajustarán a las normas generales que regulan el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales. Dichas normas generales se encuentran desarrolladas concretamente en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, modificado por el artículo 4 del Real Decreto 1624/1992.
SEXTO.-El artículo 107 de la Ley General Tributaria, según nueva redacción dada por la Ley 10/1995, de 26 de abril, dispone que las contestaciones a consultas tributarias formuladas a la Administración tendrán carácter de mera información y no de acto administrativo, no vinculando a la Administración salvo en las excepciones previstas en la propia Ley. Acorde con ello, la presente se emite con el carácter meramente informativo atribuido por Ley, sin que en ningún caso tenga naturaleza vinculante.