Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5062
Timestamp: 2020-06-03 16:16:19
Document Index: 183656523

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 20', 'artículo 120', 'artículo 24', 'artículo 6', 'artículo 147', 'artículo 152', 'artículo 232', 'Artículo 20', 'Artículo 24']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 57/2004
SENTENCIA 57/2004, de 19 de abril.
ECLI:ES:TC:2004:57
En el recurso de amparo núm. 3588/99, promovido por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Montserrat Sorribes Calle y asistida por el Abogado don Miguel Sánchez de León, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1999 y contra los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 12 y 25 de septiembre de 1995, que aprobaron las "Normas sobre acceso al Palacio sede del Tribunal Supremo", y el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de febrero de 1996, que estimó parcialmente el recurso administrativo ordinario interpuesto contra aquellos Acuerdos. Han comparecido el Abogado del Estado, en representación del Consejo General del Poder Judicial; doña María Paloma de Álava Casado, doña Silvia Álvarez Cilleros, don Francisco Javier Álvarez García, don Agustín Álvarez Ochoa, don Íñigo Corral Lozano, don Miguel Ángel de la Cruz Leiva, don Bonifacio de la Cuadra Fernández, doña Teresa Cunchillos Ozcoidi, don Jaime Freixas Graells, doña Carmen Gortázar Rotaeche, doña Elvira Icíar Lalana Alonso, don Javier Lascuráin Sánchez, don Manuel de Jesús Marín de Vicente-Tutor, don Julio Martínez Lázaro, doña Inmaculada Moreno Pérez, doña Susana Nieves Colli, doña María del Carmen Pascual Andrés, doña María del Prado Peral Parrado, don Julio Iván Pérez Muley-Abdallah, doña María Jesús Prades Cutillas, doña María del Carmen Remírez de Ganuza Casado, don Luis Fernando Rodríguez Guerrero, don Juan Carlos Rosado Sánchez, don Antonio Velasco Sanz, don Agustín Yanel Núñez y don José Yoldi García, representados por la Procuradora de los Tribunales doña María Jesús González Díez y asistidos por el Abogado don Gonzalo Martínez-Fresneda Ortiz de Solórzano; y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 13 de agosto de 1999 el Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds de Miguel, en nombre y representación de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1999 y contra los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 12 y 25 de septiembre de 1995, que aprobaron las "Normas sobre acceso al Palacio sede del Tribunal Supremo", y el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de febrero de 1996, que estimó parcialmente el recurso administrativo ordinario interpuesto contra aquellos Acuerdos.
c) Contra el mencionado Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo interpusieron la Federación de Asociaciones de la Prensa de España y algunos periodistas que cubren habitualmente la información de Tribunales en el Tribunal Supremo sendos recursos administrativos ordinarios, conforme a los arts. 127.6 y 158.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y a la entonces vigente legislación de procedimiento administrativo, ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. La recurrente alegaba que los Acuerdos impugnados vulneraban el derecho a la libertad de información e hicieron valer diversas causas de invalidez del ámbito de la legalidad ordinaria, entre otras, la incompetencia de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para adoptar decisiones sobre la restricción de publicidad en las vistas judiciales. El Consejo General del Poder Judicial resolvió los mencionados recursos por Acuerdo de 7 de febrero de 1996, que los estimó parcialmente, sólo en atención a la mencionada alegación de incompetencia. El apartado segundo de la parte dispositiva de dicho Acuerdo resolvió literalmente:
d) El Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial fue impugnado en la vía contencioso-administrativa ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (recursos núm. 305/96 y 314/96). Dichos recursos fueron acumulados y resueltos por la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, de 9 de julio de 1999, que los desestimó, tras fundamentar que no podía imputarse a los Acuerdos impugnados una vulneración del derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión [art. 20.1 d) CE], en contra de lo sostenido como alegación principal por la recurrente en amparo.
3. En su demanda la federación recurrente comienza destacando la relevancia que corresponde al derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión [art. 20.1 d) CE] para la formación de la opinión pública libre, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, así como que dicho derecho fundamental protege especialmente a quienes "hacen de la búsqueda y difusión de la información su profesión". A juicio de la recurrente en amparo, las decisiones de restricción de la libertad de información que contienen las resoluciones impugnadas se basan en una prevención y en unos prejuicios con respecto a la forma de ejercer su profesión por parte de los periodistas que no pueden admitirse. La necesidad de obtener una autorización previa para el acceso a las audiencias públicas de los informadores provistos de cámaras de captación de imágenes constituiría un límite no previsto legalmente al derecho a la libertad de información y, por tanto, un límite que vulnera su contenido constitucional y legalmente reconocido. El posible conflicto entre el derecho a la libertad de información y el derecho a la tutela judicial efectiva, conflicto en el que la Sentencia del Tribunal Supremo que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado dio prevalencia absoluta, según la demanda de amparo, al segundo de esos derechos, habría de ser resuelto por los órganos judiciales en cada caso a favor de uno o de otro, según las circunstancias del caso. Constituiría, por otra parte, una suerte de "patrimonialización" del derecho a la libertad de información disponer, como hace el apartado 2 de la norma sexta impugnada, que "la información ... de los asuntos de la competencia del Tribunal se efectuará por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y en la correspondiente Sala de Prensa". Es evidente, a juicio de la recurrente en amparo, que forma parte de la libertad de información del periodista decidir sobre qué asuntos de la competencia del Tribunal Supremo quiere comunicar información.
A continuación, analiza la demanda de amparo la fundamentación de la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada, examen al hilo del cual se reiteran las destacadas supuestas vulneraciones del derecho a la libertad de información. La demanda de amparo termina con la solicitud de que se declare que las resoluciones impugnadas vulneran el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión [art. 20.1 d) CE] y que se anulen aquéllas.
4. Por providencia de 30 de octubre de 2000 la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, conforme a lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente a la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para que remitiera testimonio de los recursos contencioso-administrativos núm. 305/96 y acumulado núm. 314/96; y se emplazara a quienes fueron parte en ellos, con excepción de la recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional.
5. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, de 8 de mayo de 2001, se acordó tener por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tener por personados y partes al Abogado del Estado y a doña María Paloma de Álava Casado y veinticinco periodistas más, representados por la Procuradora de los Tribunales doña María Jesús González Díez; y, conforme a lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, por plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que tuvieran por conveniente.
6. El Abogado del Estado, en representación del Consejo General del Poder Judicial, presentó su escrito de alegaciones el 29 de mayo de 2001. Comienza este escrito con la delimitación del objeto del recurso de amparo que, a juicio del Abogado del Estado, se interpone por la vía del art. 43 LOTC y se centra sólo en la norma sexta de las "Normas sobre acceso al Palacio sede del Tribunal Supremo" y, en concreto, su apartado tercero, que constituye el punto básico del debate, relativo al acceso al Palacio del Tribunal Supremo con cámaras fotográficas, de vídeo o televisión. A los otros dos apartados no podría imputarse vulneración alguna del derecho a la libertad de información. Y el mencionado apartado tercero debe examinarse conforme al contenido normativo que recibió tras el recurso interpuesto ante el Consejo General del Poder Judicial: libertad de acceso de las cámaras para los actos gubernativos públicos, sumisión a previa decisión de las Salas de Justicia para los actos informativamente más importantes, que son los jurisdiccionales públicos, y prohibición de acceso en lo demás.
Para la representación procesal del Consejo General del Poder Judicial, en materia jurisdiccional la libertad de información es secuela y garantía del principio de publicidad de los juicios (arts. 24.2 y 120.1 CE), de forma tal que aquella libertad llega hasta donde llegue este principio y sus excepciones y límites serán los mismos que los propios de la publicidad procesal. Este principio puede tener las excepciones que establezcan "las leyes de procedimiento" [arts. 120.1 CE, 232.2 LOPJ, 680 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) y 138.2 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC)], cuyos fundamentos constitucionales serían los derechos y libertades de quienes intervienen en el acto jurisdiccional (el honor o la intimidad de la víctima, la libertad de defensa o la vida y la integridad física de un testigo o perito) y la preservación de un bien constitucional como es la recta administración de justicia (el "interés de la justicia" al que se refiere el art. 138.2 LEC). Los límites a la publicidad de las actuaciones procesales serán también límites a la libertad de información, conforme a lo previsto en el art. 20.4 CE. La restricción de la libertad de información que supone que antes de permitir el acceso de las cámaras a la Sala sea necesario un juicio de ponderación realizado por el órgano judicial entre los derechos y bienes que pueden entrar en conflicto está justificada, es proporcionada y constituye, también, una restricción legal (art. 53.1 CE), pues la norma impugnada sólo concreta, con referencia a un específico medio de captación de información, una limitación que tiene su base en las "leyes de procedimiento" a las que alude el art. 120.1 CE.
7. El 31 de mayo de 2001 fue registrado en este Tribunal el escrito de alegaciones presentado por la Procuradora de los Tribunales doña María Jesús González Díez, en nombre y representación de doña María Paloma de Álava Casado y de veinticinco periodistas más, quienes imputan a los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo la vulneración del derecho fundamental garantizado en el art. 20.1 d) CE, en concreto, porque se prohíbe el acceso con carácter general a actos que no se celebren en régimen de audiencia pública, como declaraciones de testigos, entrevistas, etc.; y porque prohíben de forma absoluta el acceso al Palacio del Tribunal Supremo con cámaras fotográficas, de vídeo o de televisión. Esta última prohibición, además de limitar la libertad de información de los periodistas que de forma más adecuada pueden informar sobre lo que sucede en la correspondiente Sala, por la naturaleza de los medios técnicos que manejan, sería discriminatoria en la medida en que sólo alcanza a los profesionales de la prensa gráfica y de la televisión.
A continuación se argumenta en este escrito contra la fundamentación contenida en el Acuerdo impugnado del Consejo General del Poder Judicial. Ese Acuerdo habría justificado la prohibición de acceso al Tribunal Supremo con cámaras fotográficas, de vídeo o televisión con la invocación del derecho a la intimidad y a la propia imagen de quienes intervienen en los juicios y de la serenidad que han de tener las partes y los miembros del Tribunal en el ejercicio de su función. Pero ni la serenidad sería un derecho fundamental que pueda verse perjudicado por la presencia de periodistas, ni ha sido la ley la que ha limitado el derecho a la libertad de información para salvaguardar el de la intimidad, como exigiría el art. 53.1 CE, ni la comparecencia en juicio sería un acto íntimo del que los periodistas tuvieran que abstenerse de informar, sobre todo, si el asunto objeto del proceso es de relevancia pública.
Seguidamente destaca este escrito de alegaciones la contradicción en que incurriría la Sentencia del Tribunal Supremo también impugnada, que, al mismo tiempo que reconoce que los Acuerdos sobre los que tenía que pronunciarse limitaban la libertad de información y la publicidad de las actuaciones judiciales en virtud de la necesaria concordancia con otros derechos como el de la tutela judicial efectiva, afirma que las normas impugnadas son sólo "normas generales de utilización del edificio", dictadas "a los fines de ordenación interna de la vida del Palacio del Tribunal Supremo". El escrito termina manifestando la adhesión de doña María Paloma de Álava Casado y de los otros veinticinco periodistas a la demanda de amparo formulada por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España y solicitando que se declare que las resoluciones impugnadas vulneran el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión [art. 20.1 d) CE] y que se anulen aquéllas.
8. El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones por escrito registrado en este Tribunal el 6 de junio de 2001. Tras la exposición de los antecedentes, alega el Fiscal que, según la jurisprudencia de este Tribunal (en especial, SSTC 30/1982, de 1 de junio, y 96/1987, de 10 de junio) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debe admitirse que el acceso de los medios de comunicación a las audiencias judiciales públicas, en ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información de los profesionales de dichos medios, puede ser limitado o excluido de acuerdo con la ley por razones de orden público justificadas en una sociedad democrática o como exigencia para la protección de otros derechos fundamentales de terceros.
A continuación se pronuncia el Ministerio Fiscal sobre el reproche que la recurrente dirige a los Acuerdos impugnados por establecer la necesidad de acreditaciones para el acceso al Palacio del Tribunal Supremo de los profesionales de los medios de comunicación. Por una parte, opina el Fiscal que dichas acreditaciones son una consecuencia necesaria de la limitación de capacidad de las Salas o recintos en los que se celebran las audiencias públicas y la existencia de dichas acreditaciones no fue considerada incompatible con el derecho fundamental invocado en la STC 30/1982, de 1 de junio. Por otra parte, la pretensión deducida por la recurrente bajo esta alegación tendría un claro carácter cautelar y preventivo para el caso de que se denegara en el futuro alguna de dichas acreditaciones indebidamente, lo que debe conducir a inadmitir esta pretensión.
Por último, en lo que se refiere a la prohibición de acceso de los periodistas con cámaras fotográficas, de vídeo o de televisión, alega el Ministerio Fiscal que el carácter absoluto que establecían los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo fue corregido por el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, que determinó que en cada caso habrían de ser los miembros de la Sala de justicia los que decidieran sobre las condiciones de acceso de los periodistas con estos medios técnicos a las audiencias públicas, decisión que habrá de adoptarse tras un juicio de ponderación de los derechos fundamentales y bienes constitucionales en conflicto, conforme a las circunstancias de cada supuesto. Si alguna de esas decisiones llegara a un resultado constitucionalmente inaceptable, serán éstas las que deban impugnarse, pero el apartado 3 de la mencionada norma sexta, tras el Acuerdo adoptado en vía de recurso administrativo por el Consejo General del Poder Judicial, ya no contiene ningún imperativo contrario al derecho a la libertad de información. El Fiscal termina su escrito, en consecuencia, con la solicitud de que se desestime el recurso de amparo.
9. Por providencia de 13 de abril se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
Contra este precepto interpuso la demandante de amparo recurso administrativo ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, alegando que los Acuerdos impugnados vulneraban el derecho a la libertad de información [art. 20.1 d) CE], así como también infracciones de la legalidad ordinaria, entre ellas, la falta de competencia de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para adoptar decisiones sobre la restricción de la publicidad en las vistas judiciales. El Consejo General del Poder Judicial resolvió dicho recurso por Acuerdo de 7 de febrero de 1996, que lo estimó parcialmente, sólo en atención a la mencionada alegación de incompetencia. El apartado segundo de la parte dispositiva de dicho Acuerdo señalaba literalmente:
El recurso contencioso-administrativo formulado a continuación por la demandante de amparo contra el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial fue desestimado por Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1999. Tras ello, promueve la recurrente el presente proceso de amparo constitucional dirigido contra la norma sexta trascrita, con un conjunto de alegaciones que en lo fundamental van dirigidas contra los apartados 2 y 3, siendo de añadir que el análisis de este último ha de partir del contenido que el precepto recibió tras la resolución del mencionado recurso por el Consejo General del Poder Judicial.
2. Importa ante todo señalar, como advierte el Abogado del Estado, que este recurso discurre por el cauce del art. 43 LOTC. En efecto, se impugnan primariamente unas actuaciones administrativas a las que se atribuye la vulneración del art. 20.1 d) CE, único motivo con relevancia en estos autos, pues la referencia a la presunción de inocencia carece de virtualidad en este ámbito, que no tiene naturaleza sancionadora, y otro tanto ocurre con la alusión a la censura previa, ya que no es este el sentido del apartado sexto de la resolución recurrida. Y, más concretamente, la vulneración del art. 20.1 d) CE ha de entenderse imputada directamente a las resoluciones administrativas, pues, por un lado, de existir, ha de conectarse con ellas y sólo indirectamente con la Sentencia del Tribunal Supremo, en la medida en que no reparó la lesión del derecho a la libertad de información: la crítica a los argumentos del Tribunal Supremo se articula precisamente con proyección sobre las exigencias propias de tal derecho y en el suplico de la demanda únicamente se insta la anulación de los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, aunque, obviamente, de estimarse el recurso, tal anulación habría de extenderse a la resolución del Consejo General del Poder Judicial que determinó el texto definitivo de la regla impugnada y a la propia Sentencia que, en su caso, no habría reparado la lesión denunciada.
Ya en este punto, es de indicar que el recurso se dirige contra una norma aprobada por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en ejercicio de las funciones gubernativas y, en concreto, de las competencias dirigidas a la ordenación de la utilización del edificio y dependencias de la sede del órgano judicial que dicha Sala tiene atribuidas [arts. 152.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y 4 m) del Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 4/1995, de 7 de junio, de los órganos de gobierno de los Tribunales] y, más precisamente, contra el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, que, como consecuencia de la parcial estimación de recursos administrativos, dio nueva redacción al punto 3 del apartado sexto del Acuerdo de la mencionada Sala de Gobierno.
Así, pues, partiendo de la base de que, subjetivamente, el Consejo General del Poder Judicial queda incluido en los órganos públicos a que se refiere el art. 43.1 LOTC -SSTC 29/1987, de 6 de junio, FJ 1, y 174/1996, de 11 de noviembre, FJ 1- y de que, objetivamente, las "disposiciones" son susceptibles del recurso de amparo en él previsto, según su tenor literal, es lo cierto que en el caso que se examina se recurre directamente la norma y no un concreto acto de aplicación de la misma. Y en esta línea, hemos de recordar que "como se declaró en la STC 192/1991, confirmando pronunciamientos anteriores (SSTC 40/1982 y 131/1985, entre otras), 'aunque por medio del recurso de amparo no pueden ejercitarse pretensiones impugnatorias directas frente a disposiciones generales', no es menos cierto que la lesión de un derecho fundamental 'pueda tener su origen directo e inmediato en las normas, de manera que es posible admitir que en determinados casos la mera existencia de un precepto reglamentario que sea de aplicación directa pueda violar un derecho fundamental... lo que, en definitiva, posibilita y obliga al enjuiciamiento de la norma en cuestión desde la señalada perspectiva constitucional' (FJ 2)" (STC 121/1997, de 1 de julio, FJ 5).
Y así las cosas, resulta claro que la norma impugnada en cuanto impone la obtención de acreditaciones, identificaciones y autorizaciones, ha de considerarse de aplicación directa, de suerte que si los periodistas en cuyo interés actúa la Federación "demandante tuviese[n] que aguardar a que, en aplicación de la indicada disposición, se le[s] denegase su" acceso al Tribunal Supremo "durante el tiempo en que se resolviese judicialmente su pretensión se vería[n] imposibilitado[s] para ejercer su función" informativa. Por ello, el carácter impeditivo de la norma impugnada "permite imputarle directamente, sin necesidad de acto alguno de aplicación, la lesión que se pretende haber sufrido y, desde este punto de vista, nada hay que se oponga a la tramitación del presente recurso" (STC 121/1997, de 1 de julio, FJ 5).
4. Las audiencias públicas judiciales son, pues, una fuente pública de información y, por eso, conforme acaba de exponerse, ha declarado este Tribunal, con respecto a los profesionales de la prensa escrita, que forma parte del contenido de su derecho a comunicar información la obtención de la noticia en la vista pública en que ésta se produce. La cuestión central que plantea la demandante es si cabe extender estas afirmaciones a los datos que se obtienen y se difunden por medios técnicos de captación óptica y difusión visual. Pues bien, en principio, nada distinto de lo declarado para los periodistas que cumplen su función mediante el escrito hay que decir para las informaciones que se valen de otros medios técnicos para obtener y transmitir la noticia, como los de grabación óptica, a través de cámaras fotográficas o de radiodifusión visual. El art. 20.1 d) CE garantiza el derecho a comunicar libremente información veraz "por cualquier medio de difusión", sin distinción entre las diferentes modalidades de éstos en lo que se refiere al contenido constitucionalmente garantizado del derecho. Por eso debe afirmarse que forma parte de dicho contenido tanto la utilización de esos cauces técnicos para la obtención y difusión de la noticia en la fuente informativa de acceso general (y las audiencias públicas judiciales lo son), como la instalación, instrumentalmente necesaria, de los aparatos técnicos precisos allí donde la noticia se produce. En esta línea, ha de destacarse que la imagen enriquece notablemente el contenido del mensaje que se dirige a la formación de una opinión pública libre.
6. Situada la cuestión central planteada por la recurrente en amparo en su contexto, procede dar respuesta pormenorizada a las alegaciones que se contienen en la demanda sobre la supuesta lesión del derecho a la libertad de información. Por lo que respecta a la regulación del apartado 2 de la norma impugnada hay que declarar que su contenido no vulnera el derecho fundamental invocado por la demandante de amparo. El precepto dispone que "la información que pueda derivarse de los actos a que se refiere el párrafo anterior (actos jurisdiccionales o gubernativos que se celebren en régimen de audiencia pública) y, en general, de los asuntos de la competencia del Tribunal, se efectuará por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y en la correspondiente Sala de Prensa". Es evidente que este precepto, situado después de otro que prevé un derecho preferente de acceso directo de los profesionales de los medios de comunicación a los actos que se celebren en régimen de audiencia pública, no puede interpretarse, como hace la Federación recurrente, en el sentido de que establezca una competencia excluyente relativa a la información sobre los asuntos que sean competencia del Tribunal Supremo a favor de su Gabinete Técnico. El precepto establece un cauce adicional para la obtención de datos que en nada limita el derecho a la libertad de información de los periodistas, sino que, más bien, la favorece, en la medida en que prevé una nueva fuente que se añade a la establecida en el párrafo anterior -acceso directo a la audiencia pública.
El derecho a la libertad de información es, precisamente, un derecho de libertad (SSTC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 4; 105/1983, de 23 de noviembre, FJ 11), que no contiene, en principio, como derecho subjetivo, ningún derecho prestacional (STC 220/1991, de 25 de noviembre, FJ 4), pero es indudable que su vertiente objetiva puede aconsejar el establecimiento de canales de información por el Estado (STC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 5), como el que aquí se ofrece por parte del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
7. Con respecto a lo dispuesto por el apartado 3 de la norma sexta impugnada, ya se ha dicho que el Consejo General del Poder Judicial desestimó el recurso administrativo interpuesto por la demandante de amparo en cuanto a la alegación de que ese precepto vulnerara el derecho a la libertad de información, pero lo estimó parcialmente al considerar que no era competencia de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sino de las Salas de Justicia, adoptar las decisiones relativas al ámbito de publicidad de los juicios. En lo que aquí es relevante, se dice en el fundamento de Derecho 8 del Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial:
Otorgar parcialmente el amparo solicitado por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España y, en consecuencia:
1º Reconocer el derecho de la recurrente en amparo a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión [art. 20.1 d) CE].
2º Restablecer en su derecho a la recurrente en amparo y, a tal fin, anular, en cuanto se refiere a la autorización para el acceso a las vistas, el apartado 3 de la norma sexta aprobada por el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 1995, así como el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 7 de febrero de 1996 en dicho punto y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1999, dictada en los recursos contencioso-administrativos acumulados núms. 305/96 y 314/96, en la medida que afecta a dicho extremo.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Jorge Rodríguez- Zapata Pérez, a la sentencia de 19 de abril de 2004, dictada en el recurso de amparo núm. 3588/99, promovido por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España.
El derecho comparado muestra que es muy difícil trazar una línea de separación entre las exigencias de la libertad de información y las garantías de un juicio justo. Los acuerdos y la Sentencia que anula el fallo mayoritario habían dado una respuesta equilibrada a la cuestión planteada, que me parece muy progresiva así como respetuosa del derecho fundamental de la Federación recurrente en amparo. Por eso creo necesario exteriorizar mi opinión discrepante (art. 90.2 LOTC), con el debido respeto al criterio de mis compañeros.
2.- La tesis central de la Sentencia mayoritaria sostiene que las audiencias públicas judiciales son fuente informativa de acceso general (FJ 3 in fine); declara, así, que el derecho fundamental a comunicar libremente información veraz por cualquier medio [ex artículo 20.1.d) CE] alcanza a la transmisión de lo que acontece en las audiencias públicas judiciales, no sólo mediante el escrito sino a través de cualesquiera otros medios técnicos aptos para obtener y difundir la noticia (fotografía, radio, vídeo, televisión etc.). Se añade que comprende, en fin, la instalación, instrumentalmente necesaria, de los aparatos técnicos allí donde la noticia se produce (sic en FJ 4), es decir en la propia Sala en la que se desenvuelve cualquier proceso judicial.
4.- A esa finalidad sirve el principio, acuñado en la Revolución Francesa frente al proceso inquisitorial y secreto de la Justicia del Antiguo Régimen, que, tras Voltaire, se conoce como de "apertura a todos de las Salas de justicia" ("Tous les interrogatoires se font a portes ouvertes."). La publicidad de las actuaciones judiciales se proclama en el artículo 120 CE y, como derecho fundamental, en el derecho a un proceso público del artículo 24.2 CE, en relación con el artículo 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos.
El acceso a las Salas de justicia implica el acceso al edificio público judicial a que se refiere la Federación recurrente en amparo, que se hace efectivo por medio del denominado poder de policía de estrados (sitzungspolizeiliche Gewalt), manifestación funcional, para los órganos judiciales, derivada del poder doméstico (Hausrecht und Polizeigewalt) de que disfrutan los órganos constitucionales en sentido estricto. La Sentencia mayoritaria no se extiende en esta cuestión, en la que están presentes razones de seguridad , por lo que tampoco procede tratarla en profundidad en este Voto particular.
6.- Distinta es la reflexión que me merece la "publicidad judicial mediata", entendiendo por ella la que permite la apertura de las Salas de justicia, en el estado actual de la tecnología, a la prensa gráfica, radiofónica o a los aparatos de video y televisión. A diferencia de la participación pasiva, propia de la publicidad judicial inmediata, dicha publicidad, incide en forma activa en el desenvolvimiento del proceso judicial, modificando su desarrollo y puede afectar negativamente a su finalidad esencial, que es, como dije, el hallazgo de la verdad procesal y el Derecho aplicable por un órgano imparcial que pondera y examina las pretensiones de partes enfrentadas, que ponen en juego sus derechos en el desarrollo del proceso. La respuesta de la sentencia mayoritaria traza la línea de separación entre la libertad de información por medios gráficos, radio y televisión en contraposición con las garantías de un proceso justo y limpio (fair process) contemplando en forma determinante la libertad de información. No es esa la respuesta unánime en el Derecho comparado, desde el contempt of Court, británico o australiano, a la experiencia norteamericana donde, con máxima libertad, no son de olvidar las restricciones deontológicas y legales frente a las declaraciones extrajudiciales de los Abogados, para poner coto a los denominados juicios paralelos o que el Tribunal Supremo afirmó en 1965 (caso Estes v. Texas) que la cláusula del due process of law, de la XIV Enmienda de la Constitución, prohibía retransmitir por televisión un caso criminal sensacionalista.
7.- La respuesta de los Acuerdos anulados resulta en realidad más favorable al derecho fundamental a comunicar información veraz por cualquier medio, en cuanto garantiza el acceso de medios audiovisuales tras la ponderación que, caso por caso, hagan cada una de las Salas del Tribunal Supremo, de las garantías del proceso y de los derechos fundamentales afectados, según el modelo que rige por ejemplo, en Canadá.
No trata la Sentencia mayoritaria la posibilidad de considerar el régimen de grabación y reproducción de la imagen y el sonido que prevé el nuevo artículo 147 LEC para atraer, con plenas garantías de no interferencia activa en el proceso, la obtención de sonido e imágenes dentro de un régimen de publicidad judicial inmediata, al menos en ese orden de jurisdicción. Esa solución, que rige en algunos Estados de Estados Unidos y permite la existencia de canales como la Court TV, podría ofrecer soluciones de interés en varios órdenes de jurisdicción, dada la aplicabilidad supletoria de la Ley de enjuiciamiento civil. Creo, en conclusión, que no se han vulnerado en este caso los derechos fundamentales de la Federación recurrente, dado que el Acuerdo anulado no hace sino formar cuerpo con la resolución de la Sala jurisdiccional que, en cada caso, ha de permitir o denegar el acceso de los medios audiovisuales a las Salas.
No comparto la afirmación mayoritaria (FJ 2) de que el Acuerdo impugnado, pese a que se autodenomine "Normas sobre acceso al Palacio sede del Tribunal Supremo" ostente la naturaleza de las normas jurídicas ni que, por ello, le sea aplicable su régimen. Es perfectamente posible, según nuestra doctrina, impugnar directamente en amparo normas reglamentarias, con independencia de sus actos de aplicación (SSTC 141/1985, de 22 de octubre, FJ 2, 123/1987 de 15 de julio, FJ 1, 189/1987 de 24 de noviembre, FJ 3, entre otras). No creo que el artículo 152 LOPJ haya ubicado a las Salas de Gobierno de los Tribunales en el elenco de fuentes del Derecho. Por ello tampoco comparto la invocación de la reserva de ley, e incluso la llamada al mismo legislador -que debería intervenir seguramente mediante ley orgánica- que se contiene en el FJ 7. El artículo 232.2 LOPJ confiere adecuada cobertura al Acuerdo de la Sala de Gobierno, que, como he indicado antes, y aún no siendo el Tribunal Supremo un órgano constitucional, ostenta poderes de policía de estrados similar a la que ostentan los órganos constitucionales sobre su propia sede.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 3588-1999
Promovido por por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España frente a la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en relación con el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que se aprobaban las normas sobre acceso al palacio sede del Tribunal Supremo.
El precepto que dispone que la información que pueda derivarse de los actos jurisdiccionales o gubernativos que se celebren en régimen de audiencia pública y de los asuntos de competencia del Tribunal Supremo, se efectuará por su Gabinete Técnico en la Sala de Prensa, no puede interpretarse en el sentido de que establezca una competencia excluyente a favor del Gabinete Técnico, sino que establece un cauce adicional para la obtención de datos que en nada limita el derecho a la libertad de información de los periodistas [FJ 6].
Reitera la doctrina de la STC 26/2004 en lo que se refiere al acceso a los juicios y otras vistas públicas con medios audiovisuales por los periodistas [FJ 7].
El carácter impeditivo de la norma impugnada permite imputarle directamente, sin necesidad de acto alguno de aplicación, la lesión que se pretende haber sufrido y, desde este punto de vista, nada hay que se oponga a la tramitación del presente recurso (STC 121/1997) [FJ 2].
Artículo 20.4, ff. 5, 7
Artículo 24.2 (derecho a un proceso público), VP
Información de tribunalesInformación de tribunales, f. 6
Medios de comunicaciónMedios de comunicación, f. 3, VP