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Timestamp: 2018-02-18 10:21:01
Document Index: 258208461

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 39', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 82', 'artículo 30', 'artículo 30']

ACCIÓN POPULAR/Derecho a la seguridad pública/cámaras de seguridad/ No se acreditó la vulnerabilidad de dicho derecho/confirma la decisión del a quo. - PDF
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María Luz Reyes Toledo
1 ACCIÓN POPULAR/Derecho a la seguridad pública/cámaras de seguridad/ No se acreditó la vulnerabilidad de dicho derecho/confirma la decisión del a quo. El accionante señaló, que por haber sido probada fehacientemente la violación del derecho colectivo al espacio público y la amenaza al derecho a la seguridad, el Ad quem debe acceder a las suplicas de la demanda. De la seguridad pública el recurrente manifestó que: a pesar que no se allegó al proceso pruebas que permitan determinar una vulneración, directa, real y concreta, del derecho colectivo, este debe ampararse con carácter preventivo. Visto está que el A quo no accedió a la protección de este derecho, por cuanto no se acreditó su afectación directa como consecuencia de la gradual disminución en la operación de las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, y en ese sentido, toda vez que la carga de la prueba radica en cabeza del actor, luego se impone concluir que en tanto no se acreditó la vulneración de ese derecho, no es posible acceder a la prosperidad de esa pretensión. Razón le asiste al A quo, por cuanto como consta en el infolio el accionante se limitó a hacer mención de su preocupación por la inseguridad en la ciudad, al referir que ante la ola de hurtos y homicidios desatados en la capital presentó un derecho de petición con el propósito de ser informado acerca del estado de las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, y no se preocupó por aportar o pedir la práctica de las pruebas pertinentes a fin de establecer de manera clara y contundente la efectiva amenaza o la existencia del perjuicio que en este caso, afirma provenir del déficit cualitativo y cuantitativo que presentan las cámaras de seguridad de la ciudad. REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Popayán, diecinueve (19) de abril de dos mil doce (2.012) Magistrado ponente: HORACIO CORAL CAICEDO Expediente Actor GERMAN IVAN ALEGRIA CABRERA Acción ACCIÓN POPULAR SEGUNDA INSTANCIA SENTENCIA No. 81 I.- OBJETO A DECIDIR Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría 183 Judicial I Administrativa en contra de la Sentencia Nro. 216 del 10 de octubre de 2011, mediante la cual el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán, denegó las súplicas de la demanda.
2 2.1. La demanda. II.- ANTECEDENTES El cuatro (4) de noviembre de el señor German Iván Alegría Cabrera por intermedio de apoderado judicial, instauró demanda en acción popular contra el Municipio de Popayán con miras a la protección de los derechos colectivos a la seguridad pública, espacio público y moralidad administrativa, como consecuencia del déficit cualitativo que presenta el sistema de cámaras de seguridad de la Ciudad Hechos. Manifiesta el actor que el ocho (8) de octubre de 2010 elevó derecho de petición en interés general a la Policía del Departamento del Cauca, para que se le informara sobre el estado de las cámaras de seguridad y su déficit cualitativo. Frente a esta petición el Coronel Carlos Ernesto Rodríguez Cortez, mediante oficio del 19 de octubre de 2010 informó que el sistema de vigilancia cuenta con 61 cámaras de seguridad establecidas por toda la ciudad, de las cuales sólo 5 están en funcionamiento, y que por lo tanto hay 56 cámaras dañadas que requieren pronto e inmediato mantenimiento correctivo y preventivo. Señaló que el mantenimiento de este sistema es del resorte de la administración municipal y que en reiteradas ocasiones se dio a conocer al Municipio las fallas que se venían presentando en el sistema. Señaló, que en consecuencia y según se le ha informado a su mando institucional, el señor Alcalde ha dirigido sus esfuerzos a implementar un sistema con tecnología de punta y que por lo tanto se están realizando los estudios necesarios tendientes a la instalación de nuevos equipos para el monitoreo de la Ciudad Razones de la acción. Acudió el actor a la jurisdicción en uso de este procedimiento especial y sumario, enfocando la protección de los nominados derechos colectivos a objeto de que: (i) Se ordene a la entidad demandada realizar la corrección del déficit cualitativo de los equipos de seguridad, ordenando en efecto el mantenimiento inmediato de los 61 equipos ya instalados; (ii) que se ordene la adquisición de otros equipos necesarios para prestar un eficiente servicio de seguridad, según las indicaciones del Coronel Carlos Ernesto Rodríguez y de conformidad con los estudios necesarios; respetando la moralidad administrativa al utilizar los equipos ya instalados para no desecharlos, antes que se les realice el adecuado mantenimiento. (iii) Que el Municipio de Popayán cree una entidad para los fines del artículo 17 del Decreto 1504 de 4 de agosto de 1998, acorde a sus necesidades específicas y capacidad real de contratación económica. (iv) Se fije el incentivo económico a favor del accionante de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 472 de Derechos colectivos vulnerados. Como derechos e intereses colectivos se relacionan, con el referente del artículo 4º de la ley 472 de 1998, los siguientes: la seguridad pública, el espacio público de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1504 de 1998, la salubridad pública, la moralidad administrativa, la salubridad del medio ambiente, la libre competencia económica y la prevalencia del interés general sobre le particular. 1 Folio 2. 2
3 2.5. La contestación. A través de apoderado el Municipio de Popayán contestó la demanda, manifestando que el ente no esta amenazando o vulnerando ningún derecho colectivo, por cuanto es imposible que la administración municipal proceda a realizar mantenimiento a las 61 cámaras de seguridad existentes en la ciudad, dado el alto costo que conlleva, estimado en $ De otro lado señaló que no existen actuaciones omisivas del municipio, en tanto que ya se presentó un proyecto ante FONSECON Ministerio del Interior para adquirir 70 cámaras nuevas de alta calidad. Finalmente resaltó que el mantenimiento de las cámaras existentes sería una inversión desacertada, teniendo en cuenta que son equipos obsoletos, y por consiguiente solo es aconsejable la adquisición de cámaras nuevas La audiencia de pacto de cumplimiento. La audiencia fue programada para el día 14 de abril de 2011, pero ante la ausencia de la parte demandante y la inferida falta de ánimo conciliatorio, se declaró fracasada. Es de aclarar que el apoderado de la parte actora presentó al día siguiente excusas por su inasistencia, sin lugar, con todo, a retroceder la actuación. De los alegatos de conclusión, según obra en el expediente, se tiene que no se formularon por ninguna de las partes Concepto de la Procuraduría en primera instancia. La Procuraduría 183 Judicial Primera Administrativa de Popayán, conceptuó que en el sub judice se logró probar la vulneración a los derechos colectivos del espacio público y de la moralidad administrativa, razón por la cual, solicitó acceder a las suplicas de la demanda en lo relacionado con la afectación de estos derechos. En cuanto al derecho colectivo de la seguridad pública, por no haberse probado en el proceso su vulneración, instó denegar esta pretensión. III.- LA PROVIDENCIA APELADA EL Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán, mediante sentencia Nro. 216 del 10 de octubre de 2011, resolvió denegar las pretensiones de la demanda, cifrado en los siguientes argumentos: Lo de las cámaras de seguridad, cuyo mantenimiento solicita el actor popular, de conformidad con el artículo 5º numeral II, literal g del Decreto 1504 de 1998, se relaciona dentro de los elementos complementarios del espacio publico, y en ese sentido al tenor de lo dispuesto en el artículo 82º de la carta política corresponde al Municipio demandado velar por su especial protección. Que si bien en el sub judice, en principio no se solventó el déficit cualitativo de las cámaras instaladas, el mantenimiento y conservación de éstas según el oficio de folio 3 del cuaderno de pruebas, resultaría infructuoso, debido a la obsolescencia de los equipos, luego a la fecha se torna inocuo cualquier tipo 3
4 de esfuerzo en mantener elementos que ya han cumplido su vida útil. Aunado a ello el alto costo que representa el mantenimiento de estos equipos estimado en unos ochocientos millones de pesos ($ oo), presupuesto con el cual no cuenta la administración municipal. Que no existió omisión frente al déficit cuantitativo, pues en el devenir de la providencia se constató que el Municipio diligenció ante FONSECOM, proyecto de implementación del circuito cerrado de televisión para Popayán, con anterioridad a la notificación de la demanda, lo que advierte que la entidad territorial ya estaba gestionando las acciones pertinentes para reemplazar las cámaras de seguridad de la ciudad. En cuanto al derecho colectivo a la seguridad pública, manifestó compartir la tesis planteada por el Ministerio Público, toda vez que no se acreditó una afectación directa del derecho, derivada de la gradual disminución en la operación de las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, advirtiendo que la carga de la prueba radica en cabeza del actor popular y este no allegó ningún tipo de prueba relacionada con esa circunstancia. En punto a la moralidad administrativa, manifestó igualmente que no se acredito una afectación directa del derecho, toda vez que la vulneración del mismo, implica que la entidad obre bajo finalidades relacionadas con la mala fe, corrupción, abuso o desviación de poder o motivaciones particulares en su actuación, circunstancias que no se evidenciaron en momento alguno; tampoco se observó una flagrante desatención de las obligaciones de la administración IV.- LA IMPUGNACIÓN Inconforme con la decisión, la Procuraduría 183 Judicial I Administrativa interpuso recurso de apelación, en los siguientes términos: Manifiesta que no es indispensable para la prosperidad de la acción popular la existencia de un daño concreto, en tanto que la sola evidencia de un peligro puede dar lugar a ordenar la protección de un derecho colectivo, en aras de hacer efectivo el carácter preventivo que ostenta de manera principal esta acción popular Argumenta que como lo manifiesta la respuesta del derecho de petición de la Policía Nacional, se vulnera el mobiliario urbano de la ciudad por la no adecuada protección de estas cámaras, que prestarían un buen servicio a la comunidad, por lo que su no instalación o su deficiente manejo vulnera el derecho colectivo al espacio público. En punto a la seguridad pública manifestó: (sic) que sumando todas las consideraciones sobre el carácter preventivo de la acción y si entendemos que el problema de la seguridad en Popayán es un hecho cierto y de todos conocido que NO necesita ser probado, no nos queda sino concluir que a pesar que no se allega al proceso pruebas que permitan determinar una vulneración, directa, real y concreta, del derecho colectivo este debe ampararse en carácter PREVENTIVO. Solicitó en consecuencia revocar la sentencia apelada, y por lo tanto acceder a las súplicas de la demanda por haber sido probada la violación real, directa, inmediata y concreta del derecho colectivo al espacio público y que de manera preventiva se ampare el derecho a la seguridad. 4
5 Respecto a la moralidad administrativa no solicitó amparo. V.- EL MINISTERIO PÚBLICO La Procuraduría delegada ante esta Corporación, solicitó se confirme el fallo impugnado, por cuanto no se acreditó una afectación directa del derecho, haciendo mención de la carga de la prueba, que en este caso correspondía al actor y por tanto no se puede colegir que por culpa de la deficiencia en el funcionamiento de las cámaras de seguridad se presenten incrementos o no de la inseguridad de la ciudadanía. De la presunta vulneración del espacio público, sostuvo que la Alcaldía de Popayán ya había iniciado un proceso para salvaguardar la integridad de los habitantes del Municipio, antes de la presentación de la acción popular, como quedó probado en el folio 4 del cuaderno de pruebas, y en ese sentido en cuanto a la presunta vulneración del espacio público se configuró un hecho superado. Por otra parte resaltó que las apreciaciones hechas por la Procuraduría 183 administrativa I en el concepto de fondo que profirió en primera instancia, contradice las consideraciones expuestas en el recurso de alzada, pues mientras que en el primero sugirió el amparo de los derechos colectivos al espacio público y a la moralidad administrativa, en el segundo insiste en la procedencia del amparo, pero sólo frente al espacio público, y con la novedad de incluir la seguridad pública. VI.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Procede la Sala a resolver la impugnación propuesta, contrayéndose el ejercicio a examinar la legalidad del fallo proferido por el A quo, en punto a determinar si se encontró demostrado en el proceso la vulneración de los derechos colectivos invocados por el actor popular; teniendo en cuenta el carácter preventivo de la acción popular y el concepto de carga de la prueba en esta especie constitucional Competencia. Por la naturaleza del proceso y el lugar donde ocurrieron los hechos, el Tribunal es competente para decidir el asunto en segunda instancia, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 16 y 37 de la Ley 472 de Las acciones populares y su procedencia. Las acciones populares tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro, agravio, o daño contingente, por la acción u omisión de las autoridades públicas e incluso de los particulares que actúen en desarrollo de funciones administrativas. Se caracterizan por poseer un carácter altruista pues mediante su ejercicio se busca que la comunidad afectada pueda disponer de un mecanismo jurídico para la rápida y sencilla protección de los referidos derechos, cuya amenaza o vulneración, así como la existencia del peligro, agravio o daño contingente, deben probarse necesariamente para la concesión del amparo. Por tanto, para la prosperidad de la acción popular se requiere: A) una acción u omisión de la parte demandada, B) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, que en modo alguno es el 5
6 que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y, C) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses. Dichos supuestos deben ser demostrados de manera válida e idónea en el proceso respectivo La carga de la prueba y carácter preventivo de la acción popular Corresponde realzar la importancia de cumplir por parte de los actores con la carga de demostrar válidamente los supuestos de hecho que motivan sus demandas. En efecto, a la luz del artículo 30 de la Ley 472 de 1998, le corresponde al demandante acreditar y probar los hechos, acciones y omisiones que en su criterio, constituyen la amenaza o la trasgresión de los derechos e intereses colectivos invocados. En ese sentido, se entiende que el actor popular no debe limitarse a señalar la presunta vulneración de derechos e intereses colectivos con la enunciación de determinados hechos, pues está a su cargo demostrar los supuestos fácticos indicados en la demanda. Sobre la carga de la prueba y el carácter preventivo de la acción popular, el honorable Consejo de Estado ha señalado que:... la acción popular no está diseñada para acudir a ella ante cualquier violación de la ley, irregularidad o disfunción que se presente ya sea en el ámbito público o privado. Por el contrario, como se indicó al inicio de estas consideraciones, la acción popular tiene un papel preventivo y/o remedial de protección de derechos e intereses colectivos, cuando quiera que éstos se ven amenazados o están siendo vulnerados, pero en uno y otro evento, tanto la amenaza como la vulneración, según el caso, deben ser reales y no hipotéticas, directas, inminentes, concretas y actuales, de manera tal que en realidad se perciba la potencialidad de violación del derecho colectivo o la verificación del mismo, aspectos todos que deben ser debidamente demostrados por el actor popular, quien conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, tiene la carga de la prueba. 2 Empero, de acuerdo con esa misma norma, dicha regla es atenuada tratándose de situaciones en las que por razones de orden económico o técnico la carga de la prueba no puede ser cumplida por el demandante, evento en el cual el juez debe impartir las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito; además, en el caso de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva en virtud de lo antes establecido el juez podrá ordenar su práctica con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. 3 No obstante, resulta forzoso resaltar que el decreto oficioso de pruebas lo que pretende es complementar el acervo probatorio mas no producirlo en su integridad, pues como ya se señaló, es el actor quien debe soportar la carga de demostrar los hechos u omisiones que a su juicio representan la amenaza o vulneración de los derechos colectivos cuya protección se busca. 4 El caso concreto. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera. Exp. A.P-1499 de Consejo de Estado, Sección Primera. Exp. A.P Idem. 6
7 El accionante señaló, que por haber sido probada fehacientemente la violación del derecho colectivo al espacio público y la amenaza al derecho a la seguridad, el Ad quem debe acceder a las suplicas de la demanda. De la seguridad pública el recurrente manifestó que: a pesar que no se allegó al proceso pruebas que permitan determinar una vulneración, directa, real y concreta, del derecho colectivo, este debe ampararse con carácter preventivo. Visto está que el A quo no accedió a la protección de este derecho, por cuanto no se acreditó su afectación directa como consecuencia de la gradual disminución en la operación de las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, y en ese sentido, toda vez que la carga de la prueba radica en cabeza del actor, luego se impone concluir que en tanto no se acreditó la vulneración de ese derecho, no es posible acceder a la prosperidad de esa pretensión. Razón le asiste al A quo, por cuanto como consta en el infolio el accionante se limitó a hacer mención de su preocupación por la inseguridad en la ciudad, al referir que ante la ola de hurtos y homicidios desatados en la capital presentó un derecho de petición con el propósito de ser informado acerca del estado de las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, y no se preocupó por aportar o pedir la práctica de las pruebas pertinentes a fin de establecer de manera clara y contundente la efectiva amenaza o la existencia del perjuicio que en este caso, afirma provenir del déficit cualitativo y cuantitativo que presentan las cámaras de seguridad de la ciudad Así entonces, no se entiende cómo si el propósito último de la presente acción es lograr la reparación de los equipos actualmente instalados y la adquisición de equipos nuevos que complementen los ya adquiridos, se omitieran adjuntar o, a lo sumo, sugerir el atraimiento de, v. gr., informes técnicos o estadísticos que permitieran determinar la realidad de la afectación acusada en relación con la seguridad pública a consecuencia de la ausencia de registro videográfico en las calles de la ciudad, como un control preventivo o posterior a la delincuencia que se presenta en el Municipio; es más, ni siquiera antepuso en ello el que le resultara imposible de allegar las pruebas respectivas. En lo referente al espacio público, siendo este el otro cargo planteado por el Procurador Judicial en su escrito de apelación, respecto de la sentencia de primera instancia, la cual no encontró vulnerado ese derecho, resulta por demás comprensible la decisión. En efecto, si se tiene en cuenta que el acervo probatorio nos reporta que es inocuo que el Municipio de Popayán adelantara gestiones pertinentes para la superación del déficit cualitativo, toda vez que se trata de equipos obsoletos y disfuncionales a las necesidades actuales, aunado al alto costo que genera, del cual como consta en el folio (3) del cuaderno de pruebas el Secretario de Gobierno del Municipio señaló que generaría un costo aproximado de ($ ), presupuesto con el cual, según consta en el mismo oficio, no cuenta el Municipio para un gasto de esa naturaleza. En cuanto al déficit cuantitativo, se encuentra por demás probado en el proceso que no hay tal, amén de que según consta en los folios (4,5,8 y 9) del cuaderno de pruebas, con anterioridad a la notificación de la demanda, el Municipio de Popayán se encontraba gestionando lo pertinente a fin de cubrir el faltante de cámaras de seguridad, allí la elaboración de estudios previos contractuales y el diligenciamiento del proyecto ante FONSECOM, consistente en la adquisición de 71 equipos nuevos de ultima tecnología. 7
8 El recurrente manifestó a su vez en su escrito de apelación: que se vulnera el mobiliario urbano de la ciudad por la no adecuada protección de estas cámaras, que prestarían un buen servicio a la comunidad, por lo que su no instalación o su deficiente manejo vulnera el derecho colectivo al espacio público ; frente a ello, encuentra la Sala, que el actor popular, no logró acreditar en el proceso que la supuesta omisión que endilgó a la administración fuera la causa de la deficiencia de estos equipos de seguridad. Total que no podía el actor popular esperar el avance favorable de sus pretensiones si no pudo demostrar la vulneración de las garantías colectivas que pretendió reivindicar. Porque es que si bien la acción popular tiene un carácter preventivo de protección de derechos e intereses colectivos, ello no exime al demandante de la obligación de probar los hechos que en su criterio, constituyen la amenaza o la trasgresión de los derechos invocados, amén de que en ocasiones la complejidad de esa acreditación imponga una labor proactiva del juez, que no es el caso aquí. En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: Confirmar la sentencia de Nro. 216 del 10 de octubre de 2011, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán. Devuélvase en su oportunidad el expediente al Despacho de origen. CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se hace constar que el proyecto de esta providencia fue considerado y aprobado por el Tribunal en sesión de la fecha según Acta No. 57. Los Magistrados, HORACIO CORAL CAICEDO 8
9 CARLOS H. JARAMILLO DELGADO NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ 9