Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20008346
Timestamp: 2019-05-24 17:07:44
Document Index: 394779397

Matched Legal Cases: ['artículo 228', 'artículo 216', 'artículo 221', 'Artículo 107', 'Artículo 305', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 305', 'artículo 13', 'artículo 221', 'artículo 221', 'artículo 108', 'artículo 305', 'artículo 107', 'artículo 116', 'artículo 230', 'artículo 201', 'artículo 221', 'artículo 1', 'artículo 250', 'artículo 57', 'artículo 2', 'artículo 61', 'artículo 221', 'artículo 90', 'artículo 250', 'artículo 2', 'artículo 108', 'artículo 107', 'artículo 108', 'Artículo 107', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 108', 'Artículo 305', 'Artículo 305', 'artículo 90']

C-1149 de 2001
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020008346CC-SENTENCIAC1149200131/10/2001CC-SENTENCIA_C_1149__2001_31/10/2001200083462001Sentencia C-1149/01 JURISDICCION PENAL MILITAR -No integra orgánicamente la rama judicial /JURISDICCION PENAL MILITAR -Función de administrar justicia Si bien, de acuerdo a nuestra Carta Política "la jurisdicción penal militar" orgánicamente no integra o no forma parte de la rama judicial, sí administra justicia en los términos, naturaleza y características consagradas en el artículo 228 ibídem, esto es, en forma autónoma, independiente y especializada, debiendo en sus actuaciones otorgar preponderancia al derecho sustancial. ADMINISTRACION DE JUSTICIA -Función pública JURISDICCION PENAL MILITAR -Sujeción a la Constitución y la ley FUERO PENAL MILITAR -Elementos El Fuero Militar a que hace referencia la norma constitucional se circunscribe única y exclusivamente al ámbito de lo penal, en cuanto al juzgamiento de las conductas delictivas realizadas por los miembros de la Fuerza Pública (elemento objetivo); Dicho fuero cobija a todos los miembros de la Fuerza Pública que al tenor de lo preceptuado por el artículo 216 ibídem está integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (elemento subjetivo); El fuero militar se restringe a los ilícitos penales cometidos en "servicio activo y en relación con el mismo servicio" (elemento funcional). FUERZA PUBLICA -Juzgamiento por jurisdicción ordinaria Por los delitos cometidos bajo circunstancias diferentes a las plasmadas en el artículo 221, los miembros de la fuerza pública serán juzgados por la jurisdicción penal ordinaria; esto es, cuando dichas conductas se realizan por dicho personal no estando en servicio activo; o cuando no obstante estar en servicio activo no tienen relación con el servicio. Por tanto, no toda conducta delictuosa realizada por un miembro de la Fuerza Pública es de conocimiento de la justicia penal militar, debiendo existir un vínculo o nexo de causalidad directa entre la conducta y el servicio, para que el comportamiento delictuoso sea de su competencia. Entendido el servicio como aquel que se relaciona directamente con las funciones constitucionales y legales asignadas a la misma. FUERZAS MILITARES -Finalidad primordial /POLICIA NACIONAL -Finalidad primordial FUERO PENAL MILITAR -Justificación /FUERO PENAL MILITAR -Tratamiento especializado mas no diferente La Institución del fuero militar se justifica sólo en razón a la índole e importancia de la actividad que cumple la Fuerza Pública, constituyendo éste una situación particular y especial en que se coloca a éstos sujetos en razón a su misma condición, sacándolos de lo general y común, para darles un tratamiento especializado más no diferente, ni mucho menos preferente ni privilegiado, como se tiende a creer erradamente, atribuyendo connotaciones que ni la constitución ni la ley han previsto para el fuero militar. No se trata de favorecer la impunidad con la existencia misma de dicha institución, pero sí, debe ser concebido dicho fuero sólo bajo la perspectiva de la existencia de un órgano jurisdiccional especializado, independiente, autónomo e imparcial, que para el efecto constituye el juez natural especial, a quien la constitución y la ley le ha confiado la misión del juzgamiento de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio. Se tiene entonces que el fuero penal militar da lugar a la existencia de un régimen penal especial y el general lo constituye el régimen penal ordinario. DERECHO PENAL -Finalidad El Derecho Penal como rama del derecho público que describe las infracciones y señala las sanciones correspondientes, tiene como finalidad la protección del interés o bien individual o colectivo tutelado, el cual constituye el objeto jurídico del delito y genera la acción penal que además es pública y corresponde al Estado. DELITO -Efecto jurídico DAÑO -Doble connotación El daño, es el efecto jurídico del delito, que comporta una doble connotación: a) El daño público o social que se produce al lesionar el bien o interés jurídico protegido por el Estado y que explica su intervención poniendo en marcha el aparato punitivo, imponiendo las sanciones a quien ha infringido el orden jurídico, pues el delito es siempre un hecho que perjudica a la comunidad; b) El daño particular que se produce con la lesión del bien jurídico, conocido como daño civil, da lugar a la acción civil para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con el ilícito, estableciéndose por el ordenamiento jurídico la obligación para el sujeto activo de reparar los daños tanto morales como materiales. PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL -Fundamento constitucional ACCION CIVIL EN PROCESO PENAL -Naturaleza /ACCION CIVIL EN LA JURISDICCION CIVIL -Naturaleza La acción civil es de naturaleza esencialmente indemnizatoria teniendo como finalidad única y exclusiva el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado con la conducta punible a la víctima o perjudicado, pudiendo ostentar dicha calidad, una persona natural o jurídica, la colectividad y hasta el mismo Estado en cabeza de las entidades estatales o personas jurídicas de derecho público; para lo cual el legislador les ha otorgado la facultad de elegir si ejercen dicha acción dentro del proceso penal constituyéndose en parte civil o en forma independiente ante la jurisdicción civil. PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL -Oportunidad de constitución /PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL -Solicitud de pruebas De elegir su ejercicio dentro del proceso penal, la constitución de la parte civil deberá efectuarse en cualquier momento a partir de la resolución de apertura de la instrucción y, una vez admitida ésta quedará facultada para solicitar pruebas tendientes a demostrar no sólo la existencia del hecho y sus autores, sino también su responsabilidad y además la naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados, denunciar bienes de propiedad del procesado y solicitar su embargo y secuestro; además, interponer recursos contra las providencias que resuelvan estos asuntos. PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL MILITAR -Naturaleza DERECHO A LA IGUALDAD -Significado y contenido conforme a tratados internacionales CODIGO PENAL MILITAR -Regulación especial y diferente CODIGO PENAL Y CODIGO PENAL MILITAR -Distinción PARTE CIVIL -Sujeto procesal PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL MILITAR -Acceso a la administración de justicia PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL MILITAR -Indemnización de víctimas y perjudicados ACCION INDEMNIZATORIA EN JUSTICIA PENAL MILITAR -Competencia ADMINISTRACION DE JUSTICIA -Finalidad JURISDICCION PENAL MILITAR -Regulación por principios generales del derecho PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL MILITAR -Finalidad /PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL MILITAR -Naturaleza indemnizatoria /ACCION CIVIL EN MATERIA PENAL MILITAR -Elección de ejercicio Se vulnera el derecho a acceder a la administración de justicia de las víctimas y perjudicados con el delito cuya competencia está asignada a la justicia penal militar, por cuanto de una parte, no pueden acceder a dicha jurisdicción con la finalidad de obtener la reparación directa de los daños causados y de otra, el derecho a obtener una decisión judicial que solucione su conflicto en forma integral, al no tener el derecho a obtener una declaración judicial sobre los perjuicios ocasionados. El acceso a la administración de justicia no es sólo para hacerse parte dentro del proceso, sino también para que se le reconozcan sus derechos y dentro de estos, el derecho a ser indemnizado por los daños que se le han causado, a más del derecho a que se haga justicia y a conocer la verdad de lo sucedido. En la forma como se ha previsto la institución de la parte civil en el Código Penal Militar, se desvirtúa su naturaleza misma que es esencialmente indemnizatoria y se le asigna una finalidad que no le es propia restándole toda efectividad y eficacia; además, se les limita o restringe el derecho a elegir entre el ejercer la acción civil dentro del proceso penal o fuera de éste ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, debiendo acudir única y necesariamente a ésta. PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL MILITAR -Justificación El derecho de las víctimas y perjudicados con el reato a intervenir en el proceso penal constituyéndose para ello en parte civil, se justifica en cuanto como sujetos procesales colaborarán con la administración de justicia en procura de obtener la verdad de los hechos y la responsabilidad penal del sujeto activo del delito, no sólo en cumplimiento del deber impuesto por el constituyente, sino por el interés particular de obtener la reparación del daño. PRINCIPIO ACUSATORIO EN PROCESO PENAL MILITAR DELITO -Derechos que genera El derecho de las víctimas o perjudicados con el ilícito penal a acudir al proceso penal, comprende tres (3) derechos importantes y que deben ser garantizados por igual dentro del respectivo proceso, a saber: a) Derecho a saber la verdad de los hechos; b) Derecho a la justicia y; c) Derecho a la reparación del daño. PROCESO PENAL MILITAR Dentro del proceso penal militar se garantiza única y exclusivamente el derecho a la verdad conocido también como derecho a saber, excluyendo los derechos a la justicia y a la reparación del daño, sin razón legal ni constitucionalmente atendible. DERECHO A SABER POR DELITO -Alcance DERECHO A LA JUSTICIA POR DELITO -Alcance DERECHO A OBTENER REPARACION POR DELITO -Alcance PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS MEDIANTE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD -Principios Referencia: expediente D-3524
JAIME ARAUJO RENTERIAD3524CONSTITUCIONALIDADMarcela Adriana Rodríguez GómezDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 107, 108 inciso 3º y 305 parcial de la ley 522 de 1999Identificadores20020008347true19664Versión original20008347Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 107, 108 inciso 3º y 305 parcial de la ley 522 de 1999
Demandante: Marcela Adriana Rodríguez Gómez.
Bogotá, D. C., a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil uno (2001).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana MARCELA ADRIANA RODRIGUEZ GOMEZ, presentó demanda contra los artículos 107, 108 inciso 3º y 305 parcial de la ley 522 de 1999 "Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar".
"Artículo 107.Titulares de la acción indemnizatoria. Las personas naturales, o sus sucesores, y las jurídicas perjudicadas por el hecho punible tienen derecho a la acción indemnizatoria correspondiente, la cual se ejercerá a través de las acciones contencioso-administrativas de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo o las normas que lo modifiquen o complementen".
"Artículo 305.Constitución de Parte Civil. La constitución de parte civil en el proceso penal militar tiene por objeto exclusivo el impulso procesal para contribuir a la búsqueda de la verdad de los hechos. Esta podrá constituirse por el perjudicado con el delito y por intermedio de abogado titulado, desde el momento de la apertura de la investigación hasta antes de que se dicte el auto que señala fecha y hora para la iniciación de la audiencia pública de juzgamiento".
1. Los artículos 107 y 108 inciso 3º vulneran el artículo 13 de la C. P.:
Por cuanto los miembros de la Fuerza Pública son servidores públicos y "sin embargo, a nadie se le ha pasado por la mente que por ejemplo, cualquier otro servidor público, un congresista o un ministro, no pueda ser condenado a perjuicios por la justicia penal, al mismo tiempo que es declarado penalmente responsable, sino que tenga la víctima que recurrir, luego de agotar el camino del proceso penal, al proceso contencioso. Esa diferencia entre unos servidores públicos y otros, objetivamente, no tiene justificación, y sí por el contrario, violenta la igualdad de tratamiento a que se refiere el artículo 13 de la C. P."
2. El artículo 305 en el aparte demandado, vulnera el artículo 13 de la C. P.:
3. Las normas demandadas vulneran el artículo 221 de la C. P.:
- La finalidad de la parte civil dentro del proceso penal es la de perseguir el resarcimiento del daño ocasionado con el hecho punible, a diferencia de lo que ocurre con la parte civil en el proceso penal militar, cuya finalidad se restringe a su intervención para el impulso procesal, "no se puede desconocer que la justicia penal militar tiene una competencia especializada y circunscrita a los términos en que el poder constituyente concibió el fuero penal militar, consagrando en el artículo 221 de la Constitución; ... que los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales, o los tribunales militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar".
- Los jueces penales militares no poseen una jurisdicción plena, como sí la poseen los jueces de la rama judicial, razón por la cual están excluidos de la estructura de la rama judicial.
- "... la validez y búsqueda de la verdad como objetivos de la justicia constituyen elementos consustanciales al derecho... El investigador penal será más eficiente en la medida en que cuente con la colaboración seria y decidida de la víctima o de sus familiares, no es igual el papel del Ministerio Público como sujeto procesal, como erradamente se aprecia por la demandante".
- Se constituye en una total garantía para la víctima o los familiares perjudicados con el hecho investigado por la Justicia Penal Militar, que sea el Estado como demandado mediante la acción de reparación directa, quien les responda por los daños o perjuicios causados por el hecho delictuoso de uno de sus agentes y no depender de la solvencia de su victimario. Por tanto, no coarta la norma el derecho de las personas constituidas en parte civil, por cuanto tienen dicha acción contra el Estado, la cual tiene su razón de ser en la calidad del sujeto demandado, cuya competencia radica única y exclusivamente en la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
- Existen criterios relevantes de diferenciación entre los servidores públicos en general y los que integran las fuerzas militares, en razón a la especialidad de su función, lo que justifica la norma y el que tengan un régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, siendo impreciso hablar del derecho a la igualdad.
- No existe vulneración al derecho a la igualdad, dado que esta queda subsumida enteramente dentro del principio de legalidad, siendo la ley el único punto de referencia relevante para establecer diferenciaciones.
- La jurisdicción penal militar es de creación legal y por mandato constitucional, que tiene como fundamento la figura del fuero militar consagrada constitucionalmente, "con la finalidad de que los miembros de la fuerza pública estén sujetos en las actividades que cumplen en desarrollo del servicio a un régimen especial tanto sustantivo como procedimental, que sea consonante con la especificidad de la organización y funcionamiento de la fuerza pública". Por lo que su ámbito debe ser interpretado de manera restrictiva.
- "Las normas acusadas exigen que la conducta punible tenga una relación directa con una misión o tarea militar o policiva legítimas, esto obedece a la necesidad de preservar la especialidad del derecho penal militar y de evitar que el fuero militar se expanda hasta convertirse en un puro privilegio estamental...".
El señor Procurador General de la Nación, rindió el concepto No. 2593 recibido en esta corporación el 27 de junio de 2001, solicitando a la Corte declarar inexequibles el artículo 108 demandado y la expresión "exclusivo" del artículo 305, así mismo declarar exequible pero en forma condicionada el artículo 107 bajo el entendido de que no se haya ejercido la acción civil dentro del proceso penal militar, con fundamento en las siguientes consideraciones:
No obstante que la jurisdicción penal militar no fue incluida dentro de los órganos que componen o integran la rama judicial, el constituyente primario a través del artículo 116 de la C. P. le asignó funciones jurisdiccionales, al establecer que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales, los jueces y "la justicia penal militar" tienen a su cargo la labor de administrar justicia.
Así mismo el mandato constitucional contenido en el artículo 230 C. P., que reitera el que los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley y que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial, es aplicable también a la justicia penal militar que como se señaló administra justicia aunque orgánicamente no integre la rama judicial del poder público; mandato que se transcribe en el artículo 201 del Código Penal Militar.
La Institución del Fuero Penal Militar de consagración constitucional, se encuentra prevista y establecida en el artículo 221 de la C. P. modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 2/95 bajo los siguientes términos: "De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro".
Con relación a la jurisdicción penal militar y al fuero militar en sentencia C-358 de 1997, M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, se dijo:
" En los precisos términos de la Constitución Política, la jurisdicción penal militar conoce (1) de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, (2) siempre que ellos tengan "relación con el mismo servicio". De esta manera, la misma Carta ha determinado los elementos centrales de la competencia excepcional de la justicia castrense, con lo cual limita el ámbito de acción del legislador en este campo y exige un más estricto control de constitucionalidad sobre él, pues, como bien se expresó en la Sentencia C-081/96 de esta Corporación, entre más definida se encuentre una institución por la Carta, menor será la libertad de configuración del Legislador sobre ella. Por ende, la ley que señala cuáles son los delitos que corresponde conocer a esta jurisdicción debe respetar la orden constitucional que impone tanto el contenido esencial del fuero militar como su carácter limitado y excepcional. La extensión de éste, por fuera de los supuestos constitucionales, menoscabaría la jurisdicción ordinaria, que se impone como juez natural general, por mandato de la misma Constitución y, por contera, violaría asimismo el principio de igualdad, el cual sólo se concilia con una interpretación restrictiva de las excepciones a la tutela judicial común[1].
c) que la relación con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran dentro del proceso. Puesto que la justicia penal militar constituye la excepción a la norma ordinaria, ella será competente solamente en los casos en los que aparezca nítidamente que la excepción al principio del juez natural general debe aplicarse. Ello significa que en las situaciones en las que exista duda acerca de cuál es la jurisdicción competente para conocer sobre un proceso determinado, la decisión deberá recaer en favor de la jurisdicción ordinaria, en razón de que no se pudo demostrar plenamente que se configuraba la excepción".
Se impone además a la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo del precepto constitucional contenido en el numeral 1 del artículo 250, el deber de adoptar de oficio las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, para que las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible. Así como el señalar en la sentencia los fundamentos jurídicos relacionados con la indemnización de perjuicios en los eventos que proceda y condenar en concreto al pago de los mismos si a ello hubiere lugar, caso en el cual la responsabilidad no podrá ser discutida en el proceso civil; debiendo limitarse éste a la clase y monto de los perjuicios, cuando el perjudicado no se haya constituido en parte civil. (art. 21 C. P. , 59 y 170 C. de P. P.). Al respecto podemos señalar, que resulta ineficaz el pronunciamiento de oficio por el juez penal, cuando el afectado no se ha constituido en parte civil optando por acudir a la jurisdicción civil.
De todo lo anterior, se puede concluir que la acción civil es de naturaleza esencialmente indemnizatoria teniendo como finalidad única y exclusiva el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado con la conducta punible a la víctima o perjudicado, pudiendo ostentar dicha calidad, una persona natural o jurídica, la colectividad y hasta el mismo Estado en cabeza de las entidades estatales o personas jurídicas de derecho público; para lo cual el legislador les ha otorgado la facultad de elegir si ejercen dicha acción dentro del proceso penal constituyéndose en parte civil o en forma independiente ante la jurisdicción civil. (arts 45 y ss., 137 del C. de P. P.).
Finalmente, se establece como requisito de procedibilidad de la acción civil la responsabilidad penal, estableciendo en el artículo 57 C. de P. P. que no procede cuando se haya declarado por providencia ejecutoriada que la conducta no se realizó, que el sindicado no la cometió, o que obró en cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa.
La ley 522 de 1999 por la cual se expide el Código Penal Militar y que es materia de análisis en esta oportunidad por la Sala en cuanto a la institución de la parte civil, tampoco es indiferente frente al daño que ocasiona la conducta delictuosa realizada por los miembros de las Fuerzas Militares en servicio activo y en relación con el servicio y es así como de una parte, permite las constitución de parte civil dentro del proceso penal militar y en varios de sus preceptos muy similares y siguiendo la misma orientación de los previstos en el Código Penal y de Procedimiento Penal se refiere a ella para fijar su naturaleza, finalidad, facultades y ejercicio, pero, a diferencia de éstos restringe su alcance y desvirtúa su naturaleza, como se analizará más adelante; de otra parte, contempla como única posibilidad la de acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa para efectos de ejercer la respectiva acción indemnizatoria con el fin de obtener el restablecimiento del derecho mediante la indemnización de perjuicios.
Es así como, La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce en su artículo 2-1 que "toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimientoo cualquier otra condición".
En anterior oportunidad esta Sala en sentencia C - 1068 de 2001 al pronunciarse sobre una demanda de inconstitucionalidad del artículo 61 del Código Penal respecto del cargo relacionado con la presunta vulneración al derecho a la igualdad frente al tratamiento dado en el Código Penal Militar a la dosificación de la pena, expresó:
Dado que la propia Constitución contempla la existencia de un código penal especial para el juzgamiento de los militares en servicio activo y en razón de los actos cometidos en relación con el mismo servicio, y que por la naturaleza misma de los códigos, estos buscan regular de manera completa una materia, el Código Penal Militar contiene un régimen completo, tanto sustantivo como procesal, que si bien debe respetar y desarrollar los principios y valores constitucionales, y responde por consiguiente a los mismos principios y valores que se aplican para el régimen penal ordinario, puede diferenciarse del mismo, cuando así lo exijan las especiales condiciones para las cuales está previsto, o cuando de tal diferencia no se derive detrimento de la Constitución. Sobre el particular la Corte ha expresado que "[l]a Constitución no establece que las normas procesales del Código Penal Militar deban ser idénticas a las del Código de Procedimiento Penal. Si las disposiciones de la legislación especial garantizan el debido proceso y se sujetan a la Constitución Política, en principio, no son de recibo las glosas que se fundamenten exclusivamente en sus diferencias en relación con las normas ordinarias, salvo que éstas carezcan de justificación alguna. La Constitución ha impuesto directamente una legislación especial y una jurisdicción distinta de la común. Por consiguiente, el sustento de una pretendida desigualdad no podrá basarse en la mera disparidad de los textos normativos."[2]
De todo lo antes expuesto, se concluye por la Sala que, existe un fin normativo que justifica racional y proporcionalmente la diferencia de trato entre las dos (2) legislaciones. Por lo tanto, no es de recibo por esta Sala la diferencia de "iure" planteada, no prosperando el cargo formulado.
No comparte la Sala la apreciación expuesta por la demandante en cuanto a la interpretación que se da a la expresión "delitos" contenida en el precepto constitucional del artículo 221, pues el constituyente primario no hace referencia con este término a las dos (2) acciones la penal y civil derivada del delito como se indica.
En la Constitución Política de 1991, se reconoce "la responsabilidad patrimonial del Estado" consagrándose a nivel constitucional en el artículo 90 de la C. P., al señalar que "el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas", previendo además la acción de repetición contra el agente suyo que con su conducta dolosa o culposa haya dado lugar a la condena al Estado para la reparación patrimonial del daño.
Se vulnerael derecho a acceder a la administración de justicia de las víctimas y perjudicados con el delito cuya competencia está asignada a la justicia penal militar, por cuanto de una parte, no pueden acceder a dicha jurisdicción con la finalidad de obtener la reparación directa de los daños causados y de otra, el derecho a obtener una decisión judicial que solucione su conflicto en forma integral, al no tener el derecho a obtener una declaración judicial sobre los perjuicios ocasionados.
En la forma como se ha previsto la institución de la parte civil en el Código Penal Militar, se desvirtúa su naturaleza misma que es esencialmente indemnizatoria y se le asigna una finalidad que no le es propia restándole toda efectividad y eficacia; además, se les limita o restringeel derecho a elegir entre el ejercer la acción civil dentro del proceso penal o fuera de éste ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, debiendo acudir única y necesariamente a ésta.
Por último se tiene, que no obstante que a la Fiscalía General de la Nación no se le asignó la función de investigación y acusación de los delitos tipificados en el Código Penal Militar, no teniendo participación alguna dentro del proceso respectivo por mandato constitucional (inc. 1o. art. 250 C. P.), este mismo Código estableció dentro de la estructura de la justicia penal militar, los Fiscales Penales Militares (art. 260 C. P. M), quienes ejercen la función de calificación y acusación en el proceso penal militar.
Lo anterior, en razón a que si bien es cierto que en la justicia penal militar la Fiscalía General de la Nación no interviene, de todas maneras "el principio acusatorio" que gobierna el proceso penal general consagrado constitucionalmente debe encontrarse reflejado dentro del Proceso Penal Militar, debiendo cumplir la Fiscalía Penal Militar las funciones que le establezca la ley al tenor de lo dispuesto por el numeral 5o del artículo 250 de la C. P.
"A.Derecho a saber
28. La competencia de los tribunales nacionales debería, por razones de principio, seguir siendo la norma, pues toda solución duradera implica que su origen esté en la propia nación. Pero con demasiada frecuencia ocurre, desgraciadamente, que los tribunales nacionales no están aún en condiciones de impartir una justicia imparcial o les resulte materialmente imposible desempeñar sus funciones. Entonces se plantea la difícil cuestión de la competencia de un tribunal internacional: ¿deberá tratarse de un tribunal especial del tipo de los que se crearon para las violaciones cometidas en la ex Yugoslavia o en Rwanda, o bien de un tribunal internacional permanente, como el proyecto que ha sido presentado recientemente a la Asamblea General de las Naciones Unidas Sea cual fuere la solución que se adopte, las normas procesales deben responder a los criterios del derecho a un juicio imparcial. No cabe juzgar al que haya cometido violaciones si no respeta uno mismo los derechos humanos.
a) Prescripción (...)
b) Amnistía (...)
c) Derecho de asilo (...)
d) Extradición (...)
e) Procesos en rebeldía (...)
f) Obediencia debida (...)
g) Leyes sobre arrepentidos (...)
h) Tribunales militares (...)
i) Principio de inamovilidad de los jueces (...)
C. Derecho a obtener reparación
41. A escala individual, las víctimas, ya se trate de víctimas directas o de familiares o personas a cargo, deberán disponer de un recurso efectivo. Los procedimientos aplicables serán objeto de la más amplia publicidad posible. El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima. De conformidad con el Conjunto de principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario a obtener reparación, establecido por el Sr. Theo van Boven, Relator Especial de la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/1996/17), este derecho comprende los tres tipos de medidas siguientes:
42. A nivel colectivo, las medidas de carácter simbólico, en concepto de reparación moral, como el reconocimiento público y solemne por el Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las víctimas, los actos conmemorativos, los bautizos de vías públicas, y las erecciones de monumentos facilitan el deber de recordar. En Francia, por ejemplo, ha habido que esperar más de 50 años para que el Jefe de Estado reconociera solemnemente en 1996 la responsabilidad del Estado francés en los crímenes cometidos contra los derechos humanos por el régimen de Vichy entre 1940 y 1944. Cabe citar igualmente las declaraciones de esa misma naturaleza formuladas por el Presidente del Brasil, Sr. Cardoso, respecto de las violaciones cometidas en el país bajo la dictadura militar. Merece destacarse especialmente la iniciativa del Gobierno español, que acaba de reconocer la calidad de ex combatientes a los antifascistas y miembros de las brigadas internacionales que, durante la guerra civil, lucharon en el campo republicano".
A.Principios generales
El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima; comprenderá, por una parte, medidas individuales de reparación relativas al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación y, por otra, medidas de satisfacción de alcance general, como las previstas en el Conjunto de principios y directrices fundamentales sobre el derecho a obtener reparación (véase el párrafo 41supra).
Finalmente, se concluye por esta Sala que las normas demandadas y objeto del presente análisis en algunas de sus expresiones, desnaturalizan y le restan efectividad y eficacia a la institución jurídica denominada "parte civil" como sujeto procesal dentro del proceso penal militar, contrariando los fines previstos en el artículo 2º de la Carta y, vulnerando efectivamente los derechos a acceder a la administración de justicia y a obtener el restablecimiento del derecho y reparación del daño, contenidos en los artículos 229 y 250 de la Constitución Política.
Por lo tanto, declarará exequibles el inciso 3o del artículo 108 excepto la expresión"En ningún caso", y el artículo 107 del Código Penal Militar, excepto la expresión "la cual se ejercerá a través de las acciones contencioso-administrativas de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo o las normas que lo modifiquen o complementen".
En relación con la expresión "podrá" contenida en el inciso 3º del artículo 108 debe precisar la Sala que no se puede tomar como potestativa, puesto que constituida en parte civil la víctima o perjudicado con el delito y demostrada la responsabilidad penal el juez condenará al pago de perjuicios al miembro de la Fuerza Pública, siempre que se den todos los elementos necesarios para que proceda la condena.
Exequible salvo la expresión ... Artículo 107 LEY_522_1999_12/08/1999
Inexequible la expresión ... Artículo 107 LEY_522_1999_12/08/1999
Exequible parcialmente (inciso 3 ) Artículo 108 LEY_522_1999_12/08/1999
Inexequible la expresión ... Artículo 108 LEY_522_1999_12/08/1999
Exequible en el entendido ... Artículo 305 LEY_522_1999_12/08/1999
Inexequible la expresión ... Artículo 305 LEY_522_1999_12/08/1999
Salvamentode voto a la Sentencia C-1149/01
Como culminación de ese proceso jurisprudencial, la Constitución de 1991, en su artículo 90, configura un sistema de responsabilidad que se encuentra cimentado sobre la existencia de dos elementos fundamentales: (i) la presencia de un daño antijurídico, y (ii) que dicho daño sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Así, este esquema de responsabilidad se fundamenta en el principio de protección del patrimonio de los ciudadanos, ya que su elemento central no es la culpabilidad del causante material del año, sino que se centra en el daño sufrido injustamente por el sujeto pasivo, y que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, debe ser reparado. Esta sistema otorga mayor autonomía a la responsabilidad del Estado frente al régimen de la responsabilidad de los particulares ya que la misma "... se desplazó de la ilicitud de la conducta causante del daño (falla del servicio o culpa del Estado) al daño mismo, siempre y cuando este fuese antijurídico"[3].
El concepto de daño antijurídico, noción tomada del derecho español, ha sido entendido como "la lesión de un interés jurídico, patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está obligada a resistir". Este concepto es invariable, ya se trate de responsabilidad contractual o extracontractual, puesto que, como lo ha señalado el Consejo de Estado, "[l]a diferencia estriba, en consecuencia, en los títulos jurídicos de imputación del daño, determinantes de la causalidad jurídica más allá de la simple causalidad material que se deriva del nexo causal".[4] Como se observa, la noción de daño va más allá de la existencia de un perjuicio o menoscabo en el patrimonio de la víctima, y para que surja la obligación de resarcimiento en cabeza del Estado, es necesario que el ordenamiento jurídico no le haya impuesto a la víctima la obligación de resistirlo.
Cabe destacar cómo, desde mucho antes de la expedición del nuevo orden constitucional, se consideraba que la responsabilidad patrimonial del Estado podía surgir con independencia del comportamiento doloso o culposo del servidor público y que hoy es claro que ella se estructura, fundamentalmente "... en torno a la posición jurídica de la víctima, quien ve lesionado su interés jurídico como consecuencia de las actuaciones de las autoridades públicas, independientemente que éstas fueran legítimas o ilegítimas, normales o anormales, regulares o irregulares"[5].
Tal concepción en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado es perfectamente congruente con las modernas concepciones sobre los derechos de las víctimas de los delitos cometidos por los agentes públicos. Así, por ejemplo, en la "Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder" que se produjo como resultado del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán Italia en 1985 y aprobada mediante Resolución 40/34, se expresa que "... las víctimas ... tendrán derecho al acceso a los mecanismos de justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional". Agrega la Declaración que "Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños causados."[6]
[1] Diversas sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional han reiterado que el fuero penal militar tiene carácter excepcional y restringido. Al respecto ver, entre otras, las siguientes providencias de la Corte Suprema de Justicia: sentencia del 4 de octubre de 1971, M.P. Eustorgio Sarria, Gaceta Judicial CXXXVIII, p. 408; auto del 22 de septiembre de 1989, M.P. Edgar Saavedra, proceso 4065; sentencia del 14 de diciembre de 1992, M.P. Dídimo Páez, proceso 6750; sentencia del 7 de julio de 1993, M.P. Gustavo Gómez, proceso 7187; sentencia del 26 de marzo de 1996, M.P. Jorge Córdoba, proceso 8827. Entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional ver el auto 012 de 1994, M.P. Jorge Arango, y las sentencias C-399 de 1995 y C-17 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[2] Sentencia C-358 de 1997 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz. En aquella oportunidad la Corte, entre otras cargos, se ocupó del estudio del que pretendía que existía una violación del principio de igualdad, por la manera distinta como la acumulación jurídica de las diversas penas impuestas contra una misma persona en diferentes procesos, estaba prevista en la justicia penal ordinaria y en la justicia penal militar. La Corte señaló que la diferencia existente en los dos regímenes procesales no resulta violatoria de la Constitución.
[3] Consejo de Estado. Sentencia 11 de noviembre de 1999. Consejero Ponente Alier Hernández.
[4] Consejo de Estado. Sentencia Mayo 8 de 1995. Consejero Ponente Juan de Dios Montes
[5] Sentencia C-832 de 2001.
[6] El texto de la Resolución se transcribe en: Marisol Palacio, Contribuciones de la Victimología al Sistema Penal. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2001.