Source: https://ar.vlex.com/vid/-39664013
Timestamp: 2020-07-05 04:02:14
Document Index: 280331122

Matched Legal Cases: ['artículo 553', 'artículo 500', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo\n22', 'artículo 13', 'artículo 33', 'artículo 553']

Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 20 de Agosto de 1996, D. 140. XXIV - Jurisprudencia - VLEX 39664013
"DI PIETRO, M.G. s/ Extradición" Rec. Ordinario S.C.D.140.L.XXIV.
Llegan estas actuaciones a conocimiento de V.E. con motivo del recurso de apelación ordinaria interpuesto por el Sr. Fiscal de Cámara contra el auto de fs. 679/682 que, al revocar el de la instancia anterior, denegó la extradición solicitada por la República de Italia respecto de M.G.D.P. por los delitos de secuestro de persona con fines de extorsión, seguido por la muerte del secuestrado como consecuencia no deseada, hurtos y lesiones.
La República de Italia introdujo, el 9 de octubre de 1979, el pedido de extradición de M.G.D.P., que quedó radicado bajo el n° 1748 ante el Juzgado Federal de Primera Instancia del Departamento Judicial de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.
La requisitoria tuvo su origen en la orden de arresto provisorio n° 1474/78, dispuesta por la Fiscalía General de Catania el 21 de julio de 1978, con motivo de la sentencia a treinta años de prisión -no definitiva a esa fecha- dictada a su respecto por el Tribunal de Catania (fs. 1/2 y 101).
Por resolución del 7 de mayo de 1985 la Cámara Federal de La Plata denegó la entrega del requerido (fs.
361/2).
Valoró para así decidir, la circunstancia de que
la condena recaída contra D.P., en su país de origen y cuyo cumplimiento motivó el pedido de extradición, fue dictada en rebeldía, según los artículos 497 y siguientes del Código Penal Italiano.
Y concluyó, con apoyo en la doctrina de Fallos:
217:314, 228:640 y 291:154 que procedimientos de esa naturaleza repugnan principios de orden público protegidos por la Constitución Nacional Argentina (artículos 18 y 29), en tanto se encuentra excluida, en el régimen procesal extranjero, la posibilidad que el condenado sea sometido a un nuevo juzgamiento con su intervención personal, en detrimento de la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Sostuvo que tal óbice no se ve superado por la existencia del recurso de revisión previsto por el artículo 553 del cuerpo procesal extranjero (conf. informe de fs.
322/324) desde que más allá de que las eventuales defensas que, en tales condiciones, podría oponer el requerido contra la sentencia condenatoria, no sólo éstas son más restringidas que las que le brinda el artículo 500 de ese Código sino que, además, tampoco el caso de autos encuadraría en las hipótesis de revisión previstas por la norma.
Se pronunció así por denegar la entrega de D.P., sin perjuicio de lo cual destacó, en el considerando IV, "Quede dicho, por fin, que este pronunciamiento, por su naturaleza, no causa estado por lo que la extradición que aquí se deniega puede reeditarse en caso que la justicia italiana requirente demuestre inequívocamente los derechos a un nuevo juicio de Di Pietro...".
S.C.D.140.L.XXIV.
Esta resolución, notificada al Ministerio Público y al requerido (fs. 362/4), quedó firme.
Empero, al tomar conocimiento de que D.P. había recuperado su libertad, el país requirente solicitó, el 28 de mayo de 1985, copia de la correspondiente resolución judicial (fs. 388), recabada la cual presentó, siempre por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la nota verbal 477, del 26 de junio de 1985 (fs.
398/404).
Así, hizo saber al juez de la causa que no podía aceptarse el argumento de que "...habiendo sido la condena dictada en rebeldía (por parte de un órgano jurisdiccional de la República Italiana), decae la garantía constitucional de la defensa de la persona durante el proceso y de sus derechos".
Sostuvo, al respecto, que el juicio en contumacia previsto en el Código de Procedimientos italiano (arts.
497-500), garantiza el derecho a la defensa en juicio del imputado, "...puesto que éste es representado a todos los efectos por su defensor (art. 499, último inc. del C.P.P.) y ...el juicio se desarrolla, tanto en primer grado, que en grado de apelación, con las formas prescriptas (art. 499, inc. 1° del C.P.P.)".
Hizo saber, por lo demás, que "En particular, en el juicio mencionado el derecho a la defensa se ha manifestado concretamente con la impugnación de D.P., ya sea la sentencia de primer grado, apelada ante la Corte de Apelaciones de Catania y resuelta el 6/5/80, como de aquella de se
gundo grado (recuso de casación) rechazado en fecha 28/1/81 a raíz de un recurso interpuesto por el defensor personal del reclamado".
También agregó, con apoyo en la Convención de Extradición Italo-Argentina, suscripta en Roma el 16/6/1886 que "...la entrega del reclamado está prevista sólo después de una sentencia definitiva, nada objetando dicha Convención sobre el eventual origen contumaz de tal sentencia... Por lo tanto, en ausencia de cualquier referencia normativa de origen convencional, resulta ilegítimo toda observación sobre si el juicio en rebeldía es o no adecuado, tratándose de consideraciones que no pueden de ningún modo repercutir sobre el procedimiento de extradición".
Puntualizó, asimismo, que "...el carácter definitivo de la sentencia de condena de D.P., emitida por la Corte de Apelación de Catania en fecha 6/5/80 como consecuencia del recurso de casación de fecha 28/1/81 no puede ser más puesto en discusión, salvo que se verifiquen los requisitos taxativamente previstos para el juicio de revisión, indicados en el art. 554 del Código de Procedimiento Penal".
Finalizó, por último, diciendo que "Esta Embajada mucho agradecería si el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto querría tener a bien interceder antes las competentes autoridades argentinas a los efectos de que se contemplen los considerandos expuestos...".
Ante tales expresiones, el juez interviniente proveyó "Por recibido, agréguese, téngase presente y estése a la comunicación cursada a fs. 385", esto es, la que ponía
S.C.D.140.L.XXIV. en conocimiento de esa representación diplomática la resolución denegatoria recaída (fs. 405).
En términos similares se despacharon las presentaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de fs. 417 y 421 (fs. 418 y 422).
Posteriormente, con motivo de otra orden de detención distinta de la que originó el trámite anterior, esta vez la n°45/81 emitida por las autoridades italianas de Catania el 25 de febrero de 1981 a los efectos de que D.P. cumpla con la sentencia condenatoria ya firme, éste fue arrestado provisoriamente, sustanciándose el presente proceso que tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n° 6.
En la oportunidad, ante el requerimiento del juez interviniente (fs. 45), la Embajada de Italia confirmó su interés por la extradición del nombrado (fs. 61) e introdujo formalmente el pedido a fs. 470/1, con la documentación correspondiente (fs. 96/302) debidamente traducida (fs. 303/466), denegándose -en segunda instanciala entrega.
Ello con fundamento en que el requerimiento extraditorio se basa en los mismos hechos ilícitos que motivaron el que tramitó bajo el n° 1748 ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mar del Plata, por lo cual su admisión importaría desconocer la calidad de "cosa juzgada" que emana de esta última decisión que rechazó el pedido, supeditando su reedición sólo en el supuesto de que la justicia italiana "...demuestre inequívocamente los derechos a un nuevo juicio de D.P.", extremo que no consideró cumpli
mentado en autos (fs. 679/682).
En el marco de tales antecedentes y toda vez que el a quo entendió aplicable la garantía de la cosa juzgada para fundar la denegatoria del pedido de extradición formulado por la República de Italia, advierto, sobre el punto, que ya en el precedente publicado en Fallos: 42:409 (1891), el entonces Procurador General, Dr. A.E.M., dictaminó que "La cosa Juzgada es una ficción del derecho, por la que debe tenerse como expresión de la verdad lo que ha sido juzgado por sentencia, contra la que no existe ya recurso alguno".
Que "El fundamento de tal ficción no era, como ha dicho el doctor T., erigir en dogma la infalibilidad judicial, sino evitar los peligros de un debate sin fin (Derecho Criminal, tomo 2°, página 37".
Especificando que "...esto se entiende solamente cuando se trata de una verdadera sentencia, esto es, de una decisión legítima y definitiva del Juez respecto de las acciones o acusación deducida en el juicio, declarando el derecho de los litigantes, y condenando o absolviendo de la demanda o de la acción a los que han sido partes en el mismo juicio".
Y concluyó diciendo que no reviste el carácter de sentencia la resolución del juez interviniente que deniega la extradición, fundándose, en ese caso, en la falta del auto judicial que originó el pedido. Y que, por ende, corres
S.C.D.140.L.XXIV. pondía darle curso a la nueva petición que acompañaba el único documento que faltaba cuando hizo su anterior gestión el país requirente.
Por su parte, la Corte Suprema consideró, en la ocasión, sobre el punto, "Que el procedimiento judicial en los casos de extradición, no constituye un juicio, propiamente hablando, contra el reo, cuya decisión causa estado e impida la apertura de una nueva instancia con nuevos documentos y nuevas pruebas en los casos de haberse denegado el pedido por defecto o insuficiencia de las piezas presentadas, pues él no envuelve en el sistema de la legislación nacional sobre la materia, el conocimiento del proceso en el fondo ni implica decisión alguna sobre la culpabilidad o inculpabilidad del individuo reclamado en los hechos que dan lugar al reclamo" (párrafo primero).
Asimismo, en Fallos: 91:440, con remisión al dictamen del Procurador General que aconsejaba recoger las expresiones vertidas por el Ministerio Público en la instancia de grado, se sostuvo que en procedimientos de esta naturaleza "...el juez no juzga ni termina el juicio de extradición ni hace cosa juzgada por cuanto siempre subsiste el derecho de una nación amiga de insistir sobre un pedido de extradición...", recordando que "...la Suprema Corte ha establecido claramente la doctrina de que el procedimiento judicial para una extradición no constituye en rigor un juicio contra el reclamado y la decisión del tribunal no importa sentencia,
ni causa estado, mayormente...cuando se ha negado la extradición por defecto o insuficiencia de los documentos presentados (tomo 42, página 444)" (pág. 441).
Expresiones que fueron reiteradas en Fallos: 111:
35 par rever una condición impuesta en una extradición concedida. Y si bien se sostuvo que esto último "...afecta en menor grado los derechos del requerido que el procedimiento legal se propone resguardar...", no se desconocieron los principios que venían siendo expuestos en Fallos: tomo 42: página 409; tomo 91: página 440 antes citados, en el sentido de que una resolución denegatoria de la extradición no causa instancia ni se opone a la reapertura del procedimiento tendiente a concederla, mayormente cuando se la ha negado por defecto o insuficiencia de los documentos presentados.
En análogos términos ya se había pronunciado el entonces Procurador General, D.J.B., al dictaminar en el caso publicado en Fallos: 108:181, referido a un trámite extraditorio iniciado por la legación de Italia respecto de P.V. (a) A.F. (1907), en el que el requerimiento había sido denegado por no acompañarse la copia de la diligencia de notificación, de la sentencia y de las disposiciones legales aplicadas por las autoridades extrajeras (pág. 185).
Sostuvo, en la oportunidad, que "...no habiendo los procedimientos anteriores causado instancia, ni motivado un pronunciamiento definitivo contra el reclamado que nunca pudo ser un reo para el Juez de la extradición, los del segundo pedido, fueron y son perfectamente procedentes y legítimos, estando el Ministro requirente en su derecho de
S.C.D.140.L.XXIV. iniciarlos, y en su obligación la autoridad judicial de sustanciarlos" (acápite II, pág. 198/9).
A su turno, la Corte Suprema admitió la formación de nuevas diligencias para la extradición del requerido después de haber terminado por negativa las anteriores introducidas por el país requirente, con fundamento en la circunstancia de "...no tratase de un juicio criminal, porque él no sería legalmente posible en el país, dada la naturaleza del delito y lugar en que se ha cometido, y porque así lo tiene expresamente declarado esta Suprema Corte en los casos citados por el señor P. General y la Cámara de La Plata, Suprema Corte T.42, página 409; 91, página 400, Fallos".
Por último, las publicaciones de fallos de ese Tribunal registran el caso del Tomo 229, página 124 en el que V.E. recordó -con apoyo en las consideraciones vertidas en Fallos: 212:5- que "...dada la naturaleza y finalidad de la extradición, lo resuelto acerca de ella...pone fin al procedimiento en la forma en que se lo ha seguido, con prescindencia de la posibilidad de su reiteración" (el subrayado me pertenece).
La doctrina que surge de estos precedentes encuentra sustento en la "especial naturaleza" (Fallos:
311:1925,
cons. 10°) de los procedimientos de extradición, lo que han sido calificados de auxiliares o complementarios en la medida en que su objetivo es una demanda de mérito (Leone, G. "Tratado de Derecho Procesal Penal", Tomo I, pág. 147/ 52, Ed. E.J.E.A., Buenos Aires, 1963) que presupone ya definitivamente concluida una relación procesal instaurada por efecto del ejercicio de la acción penal principal o se refiere a una relación procesal de esa naturaleza por instaurar y persigue someter a su jurisdicción a la persona procesada o condenada que se encuentra en el extranjero (C.O., J.A., "Tratado de Derecho Procesal Penal, T.VI, "El procedimiento penal", pág. 335, Ediar, Bs.As., 1967).
En igual sentido se ha dicho que "...la extradición es un juicio, ni especial ni ordinario y sí tan sólo un procedimiento auxiliar" (conf. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y R.L. (h), "Derecho procesal penal", Tomo III, p. 376, Editorial G.K.L., Buenos Aires, 1945).
A punto tal que V.E. ha hecho referencia a ellos como una "actuación preliminar", "...que sólo tiene por objeto hacer posible el juicio..." (Fallos: 225:179).
De ahí que sostuvo, en Fallos: 106:20, que "...los pedidos de extradición no son sometidos a un verdadero juicio, sino a un simple procedimiento como lo llama la ley, en el que, sin resolver sobre la culpabilidad y su grado o sobre la inocencia del inculpado, se limita a verificar la observancia de ciertas formalidades externas que hacen presumir la perpetración de un delito común, de alguna gravedad y
S.C.D.140.L.XXIV. la identidad del inculpado que es requerido". (cons. 4°).
Los principios hasta aquí expuestos no fueron desconocidos por la Cámara Federal de La Plata que expresamente hizo referencia a que el pronunciamiento denegatorio que dictaba "...por su naturaleza, no causaba estado", lo cual fue consentido por las partes legitimadas para ello.
Ni tampoco para la Cámara Federal de la Capital Federal que expresamente dijo compartir "...que ese pronunciamiento no causa estado, pudiendo en consecuencia encontrar acogida favorable un nuevo reclamo si la justicia italiana aportase otros elementos que permitan variar los fundamentos denegatorios allí contemplados..." (fs. 681).
Sin embargo, consideró improcedente la reedición del pedido toda vez que, de un lado, el rechazo "...por la Cámara Federal de La Plata, no lo fue por ausencia o deficiencia de requisitos formales..." (fs. 680) en virtud de que "...en ese fallo se resolvió acerca del fondo del reclamo extraditorio..." (fs. 681 cit.). Y, de otra parte, a su juicio, no se modificaron "...las circunstancias allí contempladas..." (fs. 681 cit.) "...tampoco han remitido las autoridades del país requirente nuevos elementos que modifiquen la situación ya juzgada..." (fs. 680).
Sentado ello, opino que asiste razón al Tribunal de Alzada en cuanto, recogiendo la tesis de la asistencia técnica del requerido, sostiene que el precedente V.E., publicado en Jurisprudencia Argentina, Tomo XXXVII y XXXVIII
(páginas 848 y 30, respectivamente) y que dio fundamento al juez de primera instancia para rechazar la excepción de cosa juzgada, no resultaría de estricta aplicación al caso.
Ello desde que se refiere a un supuesto en que la denegatoria se fundó en la "...insuficiencia de las pruebas de identidad referidas al sujeto contra el cual se dictó la resolución..." y el Tribunal admitió que el Estado requirente supliera, con posterioridad, tal óbice (extradición solicitada, por la República de Italia, respecto de L.N. o L.M. -1932-, sentencia publicada en Fallos: 164:429).
Sin embargo, es mi parecer que, aunque las razones que motivaron originariamente el rechazo de ese pedido no son análogas a las de autos, ello no basta, por sí, paraconsiderar que la doctrina que emana de ese precedente y de los restantes hasta aquí reseñados (acápite III) no resulte de aplicación a hipótesis como las del sub lite, dadalas circunstancias que aquí confluyen.
Al respecto, encuentro significativo destacar, por un lado, que la denegatoria en sede de la justicia federal de provincia se basó en la salvaguarda al requerido del recto ejercicio de la defensa en juicio.
Para así decidir el tribunal interviniente no consideró que el Estado requirente omitió cumplir con un recaudo que, según el Tratado de Extradición aplicable al caso, tenía a su cargo acreditar (conf. art. 12 del convenio entonces vigente, Ley n° 3035), sin que el nuevo acuerdo de voluntades aprobado por ley n° 23.719, cuya entrada en vigor durante la elaboración de este dictamen importó el fenecimiento del anterior aprobado por ley n° 3055 (art.
25), modifique tal extremo, pese a las reformas introducidas en la redacción de la cláusula citada.
Por el contrario, esa decisión respondió a apreciaciones que reconocen fundamento en la aplicación de principios legales y jurisprudenciales que rigen la sustanciación de procesos en ausencia en el ordenamiento procesal argentino.
Habida cuenta de ello, admitida como se encuentra la posibilidad de acompañar documentación exigible por el acuerdo de voluntades con posterioridad a la denegatoria, no considero razonable que tal posibilidad aparezca vedada cuando, como sucede en el sub lite, el Estado requirentese ajustó, en lo que al punto respecta, al marco convencional que rige el caso.
Toda vez que en la medida en que el tratado de extradición fue aprobado por ley, confiere primacía, en el caso, al derecho internacional convencional sobre las diposiciones de derecho interno, según lo dispuesto por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (in re E.64, L.XXIII, "Ekmekdjian", cons.18).
Principio cuyo reconocimiento en el artículo 27 no fue sino la recepción normativa de la hasta ese entonces práctica internacional, según ya lo venía consagrando la Corte Permanente de Justicia de La Haya el pronunciarse en el caso de las "Comunidades Greco-Búlgaras" (Ser.B., n°17, p.23, 1930) y de los "Nacionales Polacos en Danzig" (Ser.
B, n° 44, p. 21, 1931) donde dijo que "...un Estado no puede aducir contra otro Estado su propia Constitución para el propósito de evadir las obligaciones que le incumben bajo el derecho internacional a los tratados en vigor...".
Es también la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expuesta al someter el caso n° 10.150 "Aloeboetoe c/ Surinam", ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, invocando, incluso, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CIDH, Memoria citando CIDH, Resolución n° 3/90, OFA/Ser. L/V/II, 77. D.23, 15 de mayo de 1990).
A resultas de lo cual y en virtud de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional frente a la comunidad internacional, sus órganos han de asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria (in re E.64, L.XXIII, "Ekmekdjian", cons. 19).
Unido a ello que el país requirente hizo saber al tribunal del trámite, inmediatamente de tomar conocimiento del contenido de la resolución denegatoria y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por intermedio de quien el Poder Ejecutivo establece y mantiene relaciones diplomáticas (in re P.294, L.XXII, "Testimonio del pedidode cese de detención de F.P.B.", del 28 de noviembre de 1989) la regulación normativa del instituto en su país y la efectiva defensa que había tenido D.P. en el proceso principal (fs. 398/404).
En plazos por demás inferiores -menos de un mes (conf. fs. 388 y 398/404)- a los previstos por el artículo
22 de la ley 1612 para suplir deficiencias en los documentos que por exigencia convencional deben acompañarse con este tipo de pedidos.
Consideración que estimo valiosa, como parámetro de referencia, ante la ausencia de previsión convencional sobre el punto aquí analizado ya que es otra la hipótesis contemplada por el artículo 13 del tratado vigente y en la inteligencia de que no sólo no se contradice con las estipulaciones del convenio (art. 32 de la ley n° 1612) sino que, además, respeta las previsiones del artículo 33 de la misma ley que fue dictada para establecer criterios generales para los tratados que la República Argentina suscribiese (conf., en lo pertinente, doctrina de Fallos:
293:64).
De otra parte, de la documentación agregada a este trámite surgen una serie de hechos -invocados en su oportunidad por el país requirente una vez conocida la denegatoria- con atingencia directa respecto del extremo que fundó esta última: si medió o no respeto de la garantía del debido proceso.
Así, que M.G.D.P. fue sometido a juicio por el Tribunal Penal de Catania y que el decreto de procesamiento emitido a su respecto, el 15 de febrero de 1979, en los términos del art. 406, 407 y 408 del Código Procesal Penal Italiano (conf. fs. 369 y asimismo fs.
/372), "no se ha podido notificar al imputado...porque se hallaba prófugo de la justicia y ha sido notificado mediante depósito del acta en la Secretaría (art. 173 C.P.P.) en fecha 7/3/79, dando de esto regular aviso al defensor de confianza del imputado, A.. G.G...." (fs. 367/9).
Que su situación procesal durante la tramitación del juicio fue la de "latitante contumace" (fs. 100 y 304), según surge del acta de la audiencia pública llevada a cabo el 18 de abril de 1979, obrante a fs. 373/4, para lo cual el Tribunal consideró "...la regularidad de la notificación del decreto de procesamiento y la injustificada no comparecencia del imputado...", luego de lo cual y "...a petición conforme del M.P., nada oponiéndose la defensa, ORDENA procederse en contumacia del susodicho imputado".
Que, en tales condiciones, recayó a su respecto, el 10 de mayo de 1979, sentencia condenatoria del tribunal de primera instancia, a treinta años de prisión por el delito de secuestro de persona con fines de extorsión, del cual derivó la muerte del secuestrado como consecuencia no deseada por ellos (fs. 303/363).
Que "...el extracto de la susodicha sentencia, también por la rebeldía de D.P., fue notificada con las mismas modalidades del decreto de procesamiento...se dio aviso al defensor de confianza..." y que "...el defensor del imputado, dentro de los términos del ritual, presentó apelación (el 11.5.1979) contra la sentencia...".
Que "...del depósito de la sentencia original en la Secretaría...se dio aviso al imputado (también con las moda
S.C.D.140.L.XXIV. lidades previstas por el art. 173 CPP) y a su defensor quien presentó los motivos de impugnación..." (fs. recién cit. Conf. asimismo, fs. 375/384).
Que según surge de esa expresión de agravios, cuya traducción está agregada a fs. 385/87, una de las causales que fundaba la apelación era la "Nulidad de la instructoria y del juicio de primera instancia por violación de los arts. 170 y 173 C.P.P.".
Criticó allí el defensor el fundamento brindado en la instancia anterior para rechazarle tal agravio, en cuanto los jueces reputaron "...que razones de secreto sumarial de la orden de captura no permitieron cumplir con la combinación de disposiciones de los arts. 170 y 173 C.P.P., en sintonía con una actitud anterior de la Corte Suprema". En disidencia con "...la orientación corriente de la misma Corte, según la cual la falta de respeto de las citadas normas implica nulidad absoluta e irresoluble de todos los actos".
Citó, en apoyo de la nulidad, un pronunciamiento de la Corte Suprema, sentencia de la Segunda Sección fechada 20.3.78, que habría puntualizado que las razones de secreto "...no pueden autorizar la falta de un conocimiento por lo menos legal y formal de la providencia".
Solicitó, en consecuencia, "...la nulidad absoluta e irresoluble de los actos sumariales, de la solicitud de citación, del consiguiente decreto, como también de todo el
juicio de primera instancia".
Y que, a su turno, la Corte de Apelación de Catania, Sección primera de lo criminal, dictó sentencia N° 520/80 en la audiencia del 6 de mayo de 1980 (fs. 391/447) y rechazó el agravio del recurrente de que "...la orden de captura, emitida contra él y no llevada a cabo, no fue depositada en la Secretaría, con arreglo al art. 173 C.P.P.".
Consideró, para ello, que tal precepto se refiere "...a la notificación de otras eventuales providencias que, para los que se hallan prófugos, deberá llevarse a cabo con las modalidades establecidas por los arts. 170 y 173 C.P.P., como puntualmente sucedió...". Más no para la orden o el mandato de captura que deberán ser notificados "...solo si el imputado se encuentra, por otra causa, detenido (art. 266 C.P.P.) mientras, en los otros casos, los alguaciles de la policía judicial, no notifican la orden, sino que cumplen con la captura y entregan al acusado copia de la orden del mandato o compilan el acta de vanas pesquisas, como se hizo en el caso en examen". Concluyó, así, que "El art. 173 C.P.P. no se puede pues aplicar a la pretendida notificación de la orden o del mandato de captura al imputado que se hallan prófugo, a lo cual corresponde, para otros efectos, el art.
10 de las normas de aplicación con arreglo a la ley 18/6/55 n° 517" (fs. 413/414).
Las circunstancias reseñadas en el acápite que antecede deben ser consideradas como hechos, según ya lo
S.C.D.140.L.XXIV. consagró el Tribunal Permanente de Justicia Internacional al sostener, el 25 de mayo de 1926, que "En relación con el derecho internacional...las leyes nacionales son simples hechos, manifestaciones de la voluntad y de la autoridad de los Estados, lo mismo que las decisiones judiciales..." (conf. "Asunto relativo a ciertos intereses alemanes en la Alta Silesia polaca", P.C.I.J., Serie A, núm. 7, pág. 19).
Sin que fueran objeto ni de análisis ni de valoración anterior al no estar incluidos entre los antecedentes que brindaron al tribunal interviniente el contexto fáctico sobre el que apoyó su decisión, pese a su indudable significación ya que la aplicación del Tratado de Extradición con la República de Italia, como toda "...regla de derecho internacional, convencional o consuetudinario, no se aplica en el vacío; se aplica en relación con hechos y dentro del marco de un conjunto más amplio de normas jurídicas, del cual ella no es más que una parte" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva O.C. n° 3/83, "Restricciones a la Pena de Muerte", parágrafo 44).
En este sentido, no sólo no integraron los antecedentes de la petición originaria (conf. fs. 19/100) sino que tampoco fueron incorporados durante la sustanciación del pedido ya que la prueba de informes dispuesta a fs. 302 por el Sr. Juez Federal de La Plata, los términos en que fue formulado el pedido al país requirente (fs. 304) y el tenor de la respuesta obrante a fs. 316/320 (traducida a fs.
/24), sólo versaron sobre la posibilidad de revisar la sentencia condenatoria en el marco del recurso de revisión previsto por el artículo 553 del Código Procesal Italiano.
Ni merecieron consideración una vez dictada la denegatoria pese, reitero, a la insistencia del país requirente; sin que la providencia de fs. 405 del expediente que corre por cuerda (conf. acápite II) pueda considerarse que reúne siquiera mínimamente la fundamentación que es dable exigir a una providencia judicial, más aún frente al tenor de la cuestión planteada, a punto tal que la representación diplomática de la República de Italia puso en juego el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Nacional de admitirse una denegatoria que reconozca esas bases (fs. 417 y 421).
Tampoco puede asignársele ese carácter a las expresiones de la Cámara Federal de la Capital Federal de fs. 680 vta. que circunscribió el debate al cumplimiento de la condición impuesta oportunamente por su par provincial: la revisión de la sentencia condenatoria en un marco más amplio que el previsto por ese tipo de recurso en la legislación extranjera.
Empero, es mi parecer que insistir en el cumplimiento de esta condición importa pasar por alto que el Estado requirente trató en la primera oportunidad que tuvo y procura aún demostrar, con la incorporación de la serie de hechos antes reseñados, la falacia del presupuesto fáctico que da fundamento a esa condición.
En la inteligencia de que ella perdería virtualidad en la medida en que el Estado extranjero sostiene, funda
S.C.D.140.L.XXIV. damente, que el orden normativo procesal que rigió el proceso en su país de origen, como así también su aplicación al caso, respetó cabalmente la garantía de la defensa en juiciode M.G.D.P.. Con lo cual, la revisión que se exige como condición sine qua non para la procedencia de la solicitud de extradición, devendría ociosa.
Y, toda vez que el Estado requirente no hace sino tratar, en tales condiciones, de incorporar documentación de la que surgen estos extremos corresponde asignarle el carácter de hechos nuevos, que en trámites de esta índole noson son sólo aquellos que surgen con posteriordad al dictado de la resolución que pone fin al procedimiento, sino también los que existiendo en esa instancia procesal no pudieron ser puestos en conocimiento de los jueces intervinientes por circunstancias no imputables al país requirente como sucede en el sub lite.
Las apreciaciones hasta aquí efectuadas permiten sostener, a mi juicio y dadas las circunstancias que confluyen en autos, que al admitir el tribunal que nuevos elementos modificatorios de la situación original autorizan la reedición del pedido -fs. 680/681-, no corresponde cerrar la cuestión bajo el supuesto de la garantía de cosa juzgada, sino por el contrario y previamente, atender si los presupuestos novedosos introducidos al proceso, modifican las bases sobre las que se formuló la denegatoria; ello con el
alcance propuesto en el acápite que antecede y no circunscripto a la sola configuración de la revisión.
Al respecto, cabe recordar que con la garantía de la cosa juzgada se busca fijar definitivamente no tanto el texto formal del fallo cuanto la solución real prevista por el juez a través de éste (Fallos: 294:434). En el caso, si con el aporte inédito del requirente se demostraba que se había salvaguardado el recto ejercicio de la defensa en juicio.
Para ello, el examen de la concurrencia de las tres identidades clásicas -partes, objeto y causa- a que hace mención el a quo (fs.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 28 de Abril de 1998, A. 7. XXXIV