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Timestamp: 2017-02-23 13:59:22
Document Index: 26111919

Matched Legal Cases: ['artículo 174', 'artículo 37', 'artículo 21', 'artículo 37', 'artículo 51', 'artículo 21', 'artículo 37', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 124', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 164', 'artículo 101', 'artículo 33', 'artículo 205', 'artículo 49', 'artículo 135', 'artículo 184', 'artículo 225', 'artículo 197', 'artículo 137', 'artículo 208', 'artículo 49', 'artículo 197', 'artículo 49', 'artículo 135', 'artículo 35', 'Artículo 140', 'Artículo 125', 'Artículo 142', 'Artículo 146', 'Artículo 145', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 28', 'artículo 17', 'artículo 28', 'artículo 34', 'artículo 20', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 19']

julio | 2009 | TRIBUTACION PERU Alan Emilio Matos Barzola
Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá. Decreto Supremo Nº 044-2009-RE
Mediante Decreto Supremo Nº 044-2009-RE se ratifica el TLC Perú Canadá, suscrito el 29 de mayo del 2008, cuyo texto es el siguiente:
Acuerdo de Libre Comercio Canadá – Perú
Preámbulo Texto
Capítulo Uno Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales Texto
Capítulo Dos Trato Nacional y Acceso a Mercados de Mercancias Texto
Anexo 203.2: Eliminacion de aranceles aduaneros
Cronograma de Canadá
Cronograma de Perú
Anexo 218: Productos sujetos al Sistema de Franja de Precios del D.S. N° 115-2001-EF
Capítulo Tres Reglas de origen Texto
Anexo 301: Reglas específicas de origen
Capítulo Cuatro Procedimientos de Origen y Facilitación del Comercio Texto
Capítulo Cinco Medidas sanitarias y fitosanitarias Texto
Capítulo Seis Obstáculos Técnicos al Comercio Texto
Capítulo Siete Medidas de Emergencia y Defensa Comercial Texto
Capítulo Ocho Inversión Texto
Capítulo Nueve Comercio Transfronterizo de Servicios Texto
Capítulo Diez Telecomunicaciones Texto
Capítulo Once Servicios Financieros Texto
Capítulo Doce Entrada Temporal de Personas de Negocios Texto
Capítulo Trece Política de Competencia, Monopolios y Empresas del Estado Texto
Capítulo Catorce Contratación Pública Texto
Anexo 1401.1
Capítulo Quince Comercio Electrónico Texto
Capítulo Dieciséis Disposiciones Laborales Texto
Capítulo Diecisiete Medio Ambiente Texto
Capítulo Dieciocho Cooperación Relacionada al Comercio Texto
Capítulo Diecinueve Transparencia Texto
Capítulo Veinte Administración del Tratado Texto
Capítulo Veintiuno Solución de Controversias Texto
Capítulo Veintidós Excepciones Texto
Capítulo Veintitrés Disposiciones finales Texto
Anexo I – Reservas en relación con medidas existentes y compromisos de liberalización
Lista Canadá
Anexo II – Reservas en relación con medidas futuras
Anexo III – Medidas Disconformes de Servicios Financieros
Fuente:Ministerio de Comercio y Turismo de Perú (Mincetur)
Tagged with TLC Perú Canadá	Las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF
Tagged with nic, niif, normas internacionales de información financiera	¿La tributación debe servir a la nación o es exclusividad de un solo grupo de iluminados?
El grupo de profesionales que venimos desarrollando TRIBUTACIONPERU queremos manifestar en esta oportunidad y con motivo de las fiestas patrias nuestro mayor respeto al fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias y en general al marco constitucional vigente.
Nadie, absolutamente nadie, sea Magister en Derecho, Doctor en Ciencias Contables y Empresariales, PHD en Ciencias Ocultas, o profesor universitario en XXX tiene mayor valor que cualquier ciudadano peruano que sea de otra profesión o que trabaje el día a día y viva decentemente dentro del Estado de Derecho en el Perú; y si discrepan en este punto los invito a revisar la Constitución Política Vigente y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Revisando el vasto espacio virtual de Internet encontramos diferentes espacios que abordan diferentes temáticas bajo diversas ópticas. Por un lado algunos son sobrios y escuetos en sus comentarios, otros solamente se limitan a repetir lo que un doctrinario expuso hace quinientos años y que en la práctica se encuentra fuera de la realidad, otros son muy actualizados, otros tienen excelente diseño gráfico pero poco contenido, en fin es ámplia la oferta.
Luego de haber revisado, entre varios profesionales de diferentes profesiones y universidades (nacionales y particulares de Lima y provincias) cada portal manifestamos abiertamente que CUALQUIER NORMATIVA DEBE ESTAR DIRECCIONADA A FACILITAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PERMITIÉNDOSE DESARROLLAR LAS ACTVIDADES EMPRESARIALES YA QUE ES LA ÚNICA FORMA DE PODER COMPETIR E EL EXTRANJERO Y EN EL MERCADO INTERNO.
Considerando éstos alcances resulta IRRACIONAL pensar que solamente un grupo de personas (curiosamente amigos todos entre si) SON LOS ÚNICOS QUE TIENEN EL DERECHO Y LA CAPACIDAD DE EXPRESAR SUS PUNTOS DE VISTA EN MATERIA TRIBUTARIA Y DE EMITIR OPINIONES EN MATERIA EMPRESARIAL. Si no lo saben esas personas, en el Perú no se puede discriminar a nadie, a nadie.
La TRIBUTACION no es exclusividad de ninguna agrupación política, clan, organización religiosa, club de verano o centro de estudios. Cada profesional (y también no profesional) en el país tiene el derecho de manifestar sus opiniones y contribuir con el desarrollo nacional. Inclusive sin temor a equivocarnos no es solamente un derecho sino también un DEBER.
Causa indignación que muchas personas (algunos con altos cargos en la Administración Pública o alumnos de dichos funcionarios) pretendan mostrar a la población en general que la opinión especializada en materia de TRIBUTACION, DERECHO TRIBUTARIO O EMPRESARIAL solamente debe ser direccionada por algún gremio o agrupación.
Manifestamos nuestro compromiso con todo aquel profesional “QUE NO DISCRIMINE” y que tenga toda la VOLUNTAD DE CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO NACIONAL. El trabajo coordinado, el apoyo entre peruanos de corazón, la capacitación y la lucha frontal contra todo tipo de discriminación permitirá a nuestro Perú crecer en beneficio del bien común.
Te invitamos a ser parte de: www.tributacionperu.com Filed under SUNAT
Texto del TLC Perú Singapur
El 01 de agosto del 2008 entra en vigencia el TLC ratificado entre Perú y Singapur.
Personalmente creo que es una señal positiva para atraer capitales de inversión singapurenses y de otros países para invertir de manera más sólida en Perú.
Notar en el grafico adjunto cuya fuente es World Investment Report y reproducido en el Diario La República las enormes diferencias entre Perú y Singapur. Si no se han dado cuenta aún noten que Singapur no posee los atractivos turisticos que detenta el Perú, sin embargo inclusive en ello nos dan una lección de trabajo, constancia y de apoyar a su nación.
A continuación el texto del TLC:
Fuente: http://www.sice.oas.org/TPD/PER_SGP/PER_SGP_e.ASP
Initial Provision and General Provision
Annex 2A: Peru General Notes Annex 2A: Peru Tariff Schedule
Special Agricultural Measure
Annex 3A: Criteria for Application of Special Agricultural Measure
Annex 4A: Product Specific Rules Annex 4B: Remanufactured Goods
Annex 5A: Data Elements for Certificate of Origin
Annex 9A: Government Procurement Schedule
Annex 9B: Officially Designated Electronic
Annex 10A: Expropriation
Annex 11A: Professional Services
Annex 11B: Peru Cross-Border Trade in Services and Investment Reservations for Existing Measures and Liberalisation Commitments
Annex 11C: Singapore Cross-Border Trade in Services and Investment Reservation for Existing Measures and Liberalisation Commitments
Annex 11D: Peru Cross-Border Trade in Services and Investment for Future Measures
Annex 11E: Singapore Cross-Border Trade in Services and Investment for Future Measures
Annex 12A: Temporary Entry of Business
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Tagged with TLC Perú Singapr	FACTURAS ELECTRÓNICAS YA
A través de este medio se insta a la Administración Tributaria y a quienes resulten responsables la pronta implementación de la facturación electrónica que facilitaría las operaciones empresariales entre diversos tipos de negocios, considerando que el país lo requiere a fin de no perder costos de oportunidad frente a otras entidades de otros países vecinos.
A la fecha se encuentra vigente la utilización de recibos por honorarios en forma electrónica para aquellos sujetos que realicen actividades en forma independiente, lo cual facilita en gran medida la emisión de dichos comprobantes. Sin embargo que sucede si la persona natural emite un recibo por honorarios electrónico por actividades que en realidad califican como rentas de tercera categoría ¿cuál será el criterio que adoptará la Administración en este supuesto? Obviamente formulará el reparo respectivo imputándole la omisión. De otra parte, si dicha persona natural desde el inicio se afectara a la tercera categoría como persona natural con negocio debería emitir facturas gravadas con el IGV, sin embargo al no existir las facturas electrónicas se encontraría con un contratiempo que debería ser facilitado por la Administración, porque esa es su función “facilitar el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias”.
Por consiguiente en esta oportunidad recomendamos que la facturación electrónica, cuya emisión deberá ser con clave sol, sea facilitada y poder reorientar la conducta de los contribuyentes hacia la utilización de los medios informáticos, lo cual facilita en gran medida la fiscalización tributaria.
El Decreto Legislativo Nº 1053 “Ley General de Aduanas” rige para todas las actividades aduaneras en el Perú y es aplicable a toda persona, mercancía y medio de transporte dentro del territorio aduanero.
En dicha norma se establecen definiciones importantes en materia de tributación aduanera:
Administración Aduanera.- Órgano de la Superintendecia(*) Nacional de Administración Tributaria competente para aplicar la legislación aduanera, recaudar los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo así como los recargos de corresponder, aplicar otras leyes y reglamentos relativos a los regímenes aduaneros, y ejercer la potestad aduanera. El término también designa una parte cualquiera de la Administración Aduanera, un servicio o una oficina de ésta.
Control aduanero.– Conjunto de medidas adoptadas por la Administración Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera, o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad de ésta.
Declaración aduanera de mercancías.– Documento mediante el cual el declarante indica el régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías, y suministra los detalles que la Administración Aduanera requiere para su aplicación.
Declarante.– Persona que suscribe y presenta una declaración aduanera de mercancías en nombre propio o en nombre de otro, de acuerdo a legislación nacional.
Depositario.- La persona jurídica autorizada por la Administración Aduanera para operar un almacén aduanero.
Documento de envíos postales.– Documento que contiene información relacionada al medio o unidad de transporte, fecha de llegada y recepción, número de bultos, peso e identificación genérica de los envíos postales.
Elaboración.– Proceso por el cual las mercancías se incorporan en la fabricación de una nueva mercancía.
Formalidades aduaneras.– Todas las acciones que deben ser llevadas a cabo por las personas interesadas y por la Administración Aduanera a los efectos de cumplir con la legislación aduanera.
Garantía.– Instrumento que asegura, a satisfacción de la Administración Aduanera, el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y otras obligaciones cuyo cumplimiento es verificado por la autoridad aduanera.
Levante.– Acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados a disponer de las mercancías de acuerdo con el régimen aduanero solicitado.
Manifiesto de carga.– Documento que contiene información respecto del medio o unidad de transporte, número de bultos, peso e identificación de la mercancía que comprende la carga, incluida la mercancía a granel.
Reconocimiento físico.– Operación que consiste en verificar lo declarado, mediante una o varias de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, verificar su naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, o clasificación arancelaria.
Revisión documentaria.– Examen realizado por la autoridad aduanera de la información contenida en la declaración aduanera de mercancías y en los documentos que la sustentan.
Territorio aduanero.– Parte del territorio nacional que incluye el espacio acuático y aéreo, dentro del cual es aplicable la legislación aduanera. Las fronteras del territorio aduanero coinciden con las del territorio nacional.
Queda claro que por el principio de especialidad, esta norma prevalece en materia aduanera frente a cualquier otra definición establecida para cada uno de los términos referidos en cualquier otro cuerpo legal (Código civil, código tributario, Ley del Impuesto a la Renta, entre otros).
Tagged with tributación aduanera	Previsiones por fiestas patrias
La próxima semana (desde el viernes mismo inclusive) la actividad empresarial de algunos negocios será intensa debido a la afluencia de turistas internos y extranjeros. Hoteles, restaurantes, centros de esparcimiento, discotecas, supermercados, ferias, entre otros lugares de alta concurrencia en los cuales ofertantes y demandantes realizarán diversos intercambios que sucitan la previsión por parte de los negocios a fin de evitar contingencias ante la Administración Tributaria.
En diferentes viajes de negocios a nivel nacional he podido constatar que muchos negocios incurren en omisiones en la oportuna entrega de comprobantes de pago lo cual puede ser sancionado por la Admnistración, cuyos funcionarios si continuarán laborando en estos días. Recordar que la emisión de comprobantse de pago debe ser previamente a la transferencia de los bienes con las consideraciones que señala el Reglamento de Comprobantes de Pago.
Muchos negocios al incurrir en reiteradas infracciones al numeral 1 del artículo 174 son sancionadas con sanciones de cierre, que perjudican el flujo de ingresos en dichos negocios .
Recordar que es importate resguardar la seguridad de sus negocios que facilitarán mayores ingresos durante el sábado, domingo, lunes y martes, días en los cuales miles de jóvenes acudirán a diversas discotecas en Lima y en todas las regiones del país, a celebrar las fiestas patrias. Cualquier coordinación pueden efectuarla con la Policía Nacional que destacará a sus diferentes miembros en estos días, aunque claro cualquier estímulo será beneficioso para todas las partes.
Facilitemos unas fiestas patrias sin contingencias, y que nuestra principal preocupación sea incrementar los ingresos de nuestros negocios y relajarse un poco del dinamismo de las actividades diarias.
En TRIBUTACIONPERU les deseamos unas felices fiestas patrias, y anticiparles que pronto el dinamismo de la información en nuestro país será compatible con los nuevos tiempos y tecnologías que pondremos a disposición no solamente de abogados y contadores, sino para ingenieros, administradores, licenciados en diferentes profesiones, y en general para todo aquel empresario y negociante que cree en el desarrollo sostenible del país y en maximizar los recursos invertidos con respeto al bienestar común.
Pronto TRIBUTACIONPERU más cerca de todo el Perú.
Tagged with 041-2008-EF/94, Add new tag, aprueban nuevo plan contable general empresarial, NUEVO PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL, NUEVO PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL VERSION APROBADA, PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL	Para efectos de la renta de tercera categoría, los desembolsos de transporte y viáticos en periodos de inactividad si serían deducibles en tanto sean indispensables para el negocio
INFORME N° 107-2007-SUNAT/2B0000
Se plantea el supuesto en que un solo viaje comprende varias etapas de actividades, verificándose entre cada una de ellas periodos de traslado (por ejemplo, de una ciudad a otra) o descanso (por ejemplo, días domingos), por lo cual habrá días en los que no se registre actividad comercial o profesional directa y probadamente productiva.
Bajo este contexto, se consulta si los gastos de viaje correspondientes a aquellos periodos en los cuales no se ha realizado actividades profesionales o comerciales probadamente productivas, pero que sin embargo son necesarios y razonables para acceder a la siguiente etapa de actividades, son considerados gastos de viaje deducibles para efectos del Impuesto a la Renta, al amparo de lo dispuesto por el literal r) del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y del literal n) del artículo 21° de su Reglamento.
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y normas modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta).
El artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta indica que, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por dicha Ley.
A su vez, el último párrafo del citado artículo dispone que para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, éstos deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con los criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para los gastos a que se refieren los incisos l) y ll) de dicho artículo(1); entre otros.
Como puede apreciarse de la norma citada, se consagra el “principio de causalidad” por el cual todos los gastos necesarios para la generación y mantenimiento de rentas de tercera categoría son deducibles de la renta bruta, salvo cuando se disponga poner límites a la deducibilidad o se prohiba expresamente.
Cabe agregar que este principio tiene implícito que los gastos sean necesarios, entendiéndose al mismo bajo los criterios, entre otros, de normalidad y razonabilidad(2).
Por su parte, el inciso r) del artículo bajo comentario establece como concepto deducible a los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean indispensables de acuerdo con la actividad productora de renta gravada.
Agrega que la necesidad del viaje quedará acreditada con la correspondencia y cualquier otra documentación pertinente, y los gastos de transporte con los pasajes.
Se añade que los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad, los cuales no podrán exceder del doble del monto que, por ese concepto, concede el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía.
Finalmente, señala dicho inciso que los viáticos por alimentación y movilidad en el exterior podrán sustentarse con los documentos a los que se refiere el artículo 51°-A de dicho TUO(3) o con la declaración jurada del beneficiario de los viáticos de acuerdo con lo que establezca el Reglamento. Los gastos sustentados con declaración jurada no podrán exceder del treinta por ciento (30%) del monto máximo establecido en el párrafo anterior.
De otro lado, el tercer párrafo del inciso n) del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que en ningún caso se admitirá la deducción de la parte de los gastos de viaje que corresponda a los acompañantes de la persona a la que la empresa o el contribuyente, en su caso, encomendó su representación.
Ahora bien, en el supuesto planteado en la consulta, se tiene que el contribuyente incurre en gastos en períodos de traslado o de descanso, pero que son necesarios para que se cumpla con el objetivo del viaje. Bajo dicho supuesto, teniendo en cuenta los alcances del principio de causalidad recogido en nuestra legislación sobre el Impuesto a la Renta, tales gastos también serían deducibles por concepto de viaje, siempre que se encuentren vinculados con la generación y mantenimiento de rentas de tercera categoría, aun cuando en los mencionados períodos no se realicen actividades profesionales o comerciales.
En consecuencia, en la medida que los gastos efectuados (transporte y viáticos) con ocasión de un viaje, en los periodos en los cuales no se han realizado actividades profesionales o comerciales, sean necesarios para la obtención de rentas de tercera categoría, serán deducibles al amparo del inciso r) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Lima, 12 de Junio 2007
(1) En los referidos incisos se hace referencia a los gastos vinculados al personal del contribuyente.
(2) A mayor abundamiento, García Mullín señala que:
“Como concepto general, puede decirse que del propio principio de causalidad surgen implícitos algunos de los caracteres que deben revestir los gastos para ser deducibles: ser necesarios (algunas legislaciones hablan de “estrictamente imprescindibles”) para obtener la renta o mantener la fuente; ser normales de acuerdo al giro del negocio, mantener cierta proporción con el volumen de operaciones, etc” (En: Impuesto a la Renta – Teoría y Técnica del Impuesto. Santo Domingo, R.D. – Octubre de 1980, pág. 122).
(3) Dicho dispositivo establece que los gastos incurridos en el extranjero se acreditarán con los correspondientes documentos emitidos en el exterior de conformidad a las disposiciones legales del país respectivo, siempre que conste en ellos, por lo menos, el nombre, denominación o razón social y el domicilio del transferente o prestador del servicio, la naturaleza u objeto de la operación; y, la fecha y el monto de la misma.
Tagged with renta de tercera categoría	Ley de Tributación Municipal en su artículo 28 precisa los sujetos inafectos al Impuesto de Alcabala
El Tribunal Fiscal mediante RTF Nº 03041-7-2009, de fecha 02 de abril del 2009, resuelve una controversia relacionada con la afectación al Impuesto de Alcabala.
En el presente caso, el Tribunal cita que el artículo 1 del Decreto Ley Nº 26157 estableció que el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), creado por el Decreto Legislativo Nº 657, es un organismo descentralizado autónomo y dependiente de la Presidencia de la República, que cuenta con autonomía funcional, económica, financiera, administrativa y técnica.
Refiere que si bien el Decreto Supremo Nº 060-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 079-2003-PCM dispuso que el FONCODES se fusionara por absorción al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES como entidad incorporante, e indicó que ésta, de considerarlo necesario, evaluaría la creación de una Unidad Ejecutora para la adecuada ejecuión de su presupuesto, el Decreto Supremo Nº 096-2003-PCM estableció que este proceso de fusión se encontraría incluido en el proceso de reorganización del Sector Mujer y Desarrollo conforme con la Ley Nº 27779, publicado el 11 de julio del 2002, el cual culminaría dentro del plazo de tres años, contado a partir de su entrada en vigencia, según lo previsto por su primera disposición transitoria y complementaria.
Que en dicho plazo se emitió el Decreto Supremo Nº 004-2004-MIMDES, publicado el 17 de agosto del 2004, que dió por culminado el proceso de fusión por absorción del FONCODES, entre otras instituciones, al Ministerio de la Mujer y desarrollo Social a partir de su vigencia, quedando en consecuencia absorbido por dicho Ministerio.
Que en ese sentido, al 31 de enero y 22 de marzo del 2001, fecha que deben tomarse en cuenta para establecer la calidad de sujeto pasivo del tributo, la entidad recurrente era una institución pública desentralizada, por lo que corresponde analizar si dada tal condición, estaba comprendido en la inafectación prevista en el inciso a) del artículo 28 de la Ley de Tributación Municipal.
Que conforme con lo señalado en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08166-5-2004 del 22 de octubre del 2004, doctrinariamente el concepto de organismo público descentralizado esta vinculado al proceso de descentralización funcional o administratriva llevada a cabo al interior de la Administración Pública, con la finalidad de crear organizaciones especializadas, formal y jurídicamente autónomas, dotadas de personalidad jurídica fistintas de la Administración Pública matriz, producto de lo cual surguen los organismos públicos decentralizados, que se agrupan en empresas estatales e instituciones públicas descentralizadas, destinadas estas últimas por ley a cumplir funciones sociales, educativas, culturales, entre otras, que se configuran como un centro de imputación de relaciones jurídicas independientes, no obstante que se mantienen bajo el control de la Administración Pública matriz, a manera de dirección.
Que de acuerdo con ello, en el periodo materia de análisis, FONCODES era un organismo público desecntralizado que gozaba de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, de acuerdo a su propia ley de creación; en ese sentido, pese a que se encontraba adscrito al sector de la Presidencia del Consejo de Ministros, actuaba como un centro de imputación de relaciones jurídicas con personería jurídica independiente.
Que en tal sentido, al haberse establecido que el recurente, a la fecha en que adquirió los predios materia de autos, era una institución pública descentralizada, no se encontraba comprendido en la inafectación otorgada por el inciso a) del artículo 28 de la Ley de Tributación Municipal aprobada por el Decreto Legislativo Nº 776 y, por tanto, estaba gravado con el Impuesto de Alcabala en los periodos a que se refieren los valores impugnados.
Alan Emilio Matos Barzola Filed under Impuesto a la Renta, SUNAT
Tagged with institución pública descentralizada, Ley de Tributación Municipal	Plazos en el procedimiento contencioso tributario
INFORME Nº 36-2009-SUNAT/2B4000
Plazos aplicables en el procedimiento contencioso tributario seguido contra resoluciones que declaran las sanciones de comiso de mercancías al amparo de la Ley General de Aduanas y las sanciones de comiso y multa aplicadas de conformidad a la Ley de los Delitos Aduaneros.
En particular, se consulta qué plazos previstos en el T.U.O. del Código Tributario resultan aplicables a los supuestos de sanción señalados en el párrafo precedente para actuar los medios probatorios, resolver la reclamación, elevar el expediente de apelación ante el Tribunal Fiscal y demás actos inherentes al procedimiento contencioso tributario.
Para iniciar nuestro análisis sobre la materia en consulta, es preciso referirnos al procedimiento contencioso tributario regulado en el Código Tributario.
El procedimiento contencioso tributario, se encuentra contemplado en el Título III, del Libro Tercero, del Código Tributario y consta de conformidad a lo establecido en su artículo 124º de las siguientes etapas:
La reclamación ante la Administración Tributaria, y
El artículo 135º del Código Tributario señala los actos administrativos que pueden ser objeto de reclamación, entre los que se encuentran la Resolución de Determinación, la Orden de Pago, la Resolución de Multa, la resolución que establezca la sanción de comiso de bienes, así como los “actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria”, entre otros.
Cabe puntualizar, que para efectos del presente informe, denominaremos “procedimiento contencioso tributario ordinario” al que corresponde a las impugnaciones seguidas contra la Resolución de Determinación, la Orden de Pago, la Resolución de Multa, actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria y demás supuestos de actos reclamables a que se refiere el artículo 135º del Código Tributario, para diferenciarlo del que denominaremos “procedimiento contencioso tributario aplicable a la sanción de comiso de bienes” cuyos plazos procedimentales difieren sustancialmente del procedimiento contencioso tributario ordinario conforme puede apreciarse en el Anexo que forma parte del presente informe.
ACTOS QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON LA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA
Respecto a lo que debe ser entendido por “actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria” como un supuesto de acto reclamable contemplado en el artículo 135º del Código Tributario, es pertinente remitirnos a lo que la doctrina nacional interpreta. Así tenemos, que para Felipe Iannacone Silva “la reclamación puede interponerse sobre los actos administrativos tributarios que generalmente se encuentran regulados…(por el Código Tributario).En caso de ser un acto “atípico”, pero que contenga deuda o relación con la deuda tributaria, también será atendible…”.
Por su parte, Rosendo Huamaní Cueva, señala que si bien el artículo 135º del Código Tributario menciona determinados actos como reclamables, “…también señala que pueden serlo otros, regulados o no. No obstante, el Código no precisa los requisitos de estos otros actos y se limita a indicar la característica que los une: que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria”. Asimismo, el referido autor cita varios ejemplos de lo que debe ser entendido por actos administrativos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria, entre los que menciona a “las sanciones de comiso y multa reguladas por la Ley General de Aduanas…(RTF Nº 207-A-2000 de observancia obligatoria, publicada el 29.03.2000).”.
Adicionalmente a lo expresado respecto a lo que debe ser entendido como un acto administrativo que tenga relación directa con la determinación de la deuda tributaria aduanera, es de observarse que en el ordenamiento jurídico aduanero la declaración aceptada por la autoridad aduanera sirve de base para determinar la obligación tributaria aduanera, lo que genera entre otras obligaciones, la de consignar en la declaración la totalidad de las mercancías que se pretenden acoger a algún régimen aduanero o de excepción, sin poder disponer de ellas hasta que se verifique su ingreso legal a nuestro país.
Las infracciones vinculadas al incumplimiento de la obligación de consignar la totalidad de mercancías en una declaración aduanera a fin de acoger dichos bienes a algún régimen aduanero, se sanciona con el comiso de las mercancías y/o multa, consecuentemente, la aplicación de la sanción de comiso de mercancías al amparo de la Ley General de Aduanas y las sanciones de comiso y multa aplicadas de conformidad a la Ley de los Delitos Aduaneros, dispositivos legales bajo análisis, guardan relación directa con la determinación de la deuda tributaria al tener su origen en dicho incumplimiento, información que constituye la base para determinar la obligación tributaria aduanera.
Así también, es de relevarse que las infracciones que dan lugar a la aplicación de la sanción de comiso de mercancías al amparo de la Ley General de Aduanas y las sanciones de comiso y multa aplicadas de conformidad a la Ley de los Delitos Aduaneros, en la medida que se tipifican por acciones que importan la violación de normas tributarias aduaneras y están contempladas en leyes especiales; se enmarcan en el concepto de infracción tributaria enunciado en el artículo 164º del Código Tributario lo que determina que su procedimiento contencioso en la etapa de apelación sea tramitado y resuelto por el Tribunal Fiscal, de acuerdo a lo establecido por el numeral 2) del artículo 101º del Código Tributario.
Sobre el particular, debemos mencionar que mediante Informe Nº 078-2005-SUNAT/2B4000, esta Gerencia Jurídico Aduanera emitió pronunciamiento sobre la materia, concluyendo que los presupuestos contemplados en los artículos 1º, 2º, 6º y 8º de la Ley de los Delitos Aduaneros, así como las infracciones administrativas que de ellos se derivan, dan lugar a una relación jurídico tributaria, de donde resulta que la multa aplicada por la infracción administrativa relacionada al contrabando, así como los demás tipos o casos establecidos en el artículo 33º de la precitada Ley de los Delitos Aduaneros, tienen naturaleza tributaria.
En el contexto normativo, doctrinal y jurisprudencial expuesto, podemos colegir que cuando el artículo 205º de la Ley General de Aduanas y el artículo 49º de la Ley de los Delitos Aduaneros, señalan que el procedimiento aduanero y la impugnación de las resoluciones de sanción de comiso de mercancías o de multa y comiso, se rigen por las normas aplicables al procedimiento contencioso tributario regulado en el Código Tributario; resulta que estaríamos ante un supuesto especial de impugnación de actos administrativos que se enmarca en la categoría consignada en el propio artículo 135º del Código Tributario denominada “actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria”.
DE LA SANCIÓN DE COMISO DE BIENES ESTABLECIDA EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO
Se encuentra regulada en el artículo 184º del Código Tributario y su aplicación por parte de la autoridad tributaria no produce el efecto legal, a diferencia del comiso de mercancías regulado en la Ley General de Aduanas y en la Ley de los Delitos Aduaneros, de la privación definitiva de la propiedad de los bienes a favor del Estado, sino que su imposición genera al infractor la obligación de acreditar documentaria y fehacientemente el derecho de propiedad o posesión de los bienes comisados para que previo pago de una multa y de los gastos que originó la ejecución del comiso, se proceda de corresponder, a la devolución de los bienes.
Como podemos apreciar, los efectos legales que genera la mencionada sanción de comiso de bienes del Código Tributario, no sólo difieren de los que originan la sanción de comiso de mercancías de la Ley General de Aduanas y de la Ley de los Delitos Aduaneros, sino que la sanción bajo análisis operaría como una suerte de la medida preventiva de incautación regulada en el artículo 225º del Reglamento de la Ley General de Aduanas.
DE LA SANCIÓN DE COMISO DE MERCANCÍAS REGULADA EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS Y LA SANCION DE COMISO Y MULTA APLICADAS AL AMPARO DE LA LEY DE LOS DELITOS ADUANEROS
Se encuentran reguladas en el artículo 197º de la Ley General de Aduanas, así como en los artículos 36º y 38º de la Ley de los Delitos Aduaneros, respectivamente.
La aplicación de las mencionadas sanciones de comiso de mercancías o de multa y comiso de índole aduanera, genera la consecuencia legal de la privación definitiva de la propiedad de la mercancía a favor del Estado y la facultad de disposición de las mismas por la Autoridad Aduanera.
Asimismo, es de resaltarse como otra particularidad de las sanciones bajo análisis, que las diferencian de la sanción de comiso de bienes del Código Tributario, es que mientras que conforme al numeral 2) del artículo 137º del Código Tributario, el plazo de reclamación contra la precitada sanción es de cinco (05) días hábiles; el artículo 208º de la Ley General de Aduanas y el artículo 49º de la Ley de los Delitos Aduaneros, señalan expresamente que el plazo para interponer reclamación contra las resoluciones que apliquen las sanciones de comiso de mercancías o de multa y comiso, en el marco de la Ley General de Aduanas y de la Ley de los Delitos Aduaneros, respectivamente, es de veinte (20) días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación del acto administrativo.
IMPROCEDENCIA DE APLICAR LAS MISMAS NORMAS PROCEDIMENTALES PARA LA IMPUGNACIÓN DE LA SANCION DE COMISO DE BIENES DEL CÓDIGO TRIBUTARIO A LAS SANCIONES DE COMISO DE MERCANCÍAS Y DE COMISO Y MULTA, AMPARADAS EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS Y EN LA LEY DE LOS DELITOS ADUANEROS
Conforme a lo expresado en el presente informe, podemos inferir:
1.- Si bien las sanciones bajo análisis tienen naturaleza tributaria, difieren entre sí por los efectos legales que generan en su aplicación. Pues como se ha mencionado en el presente informe, mientras que la sanción de comiso de mercancías de la Ley General de Aduanas y la de comiso y multa de la Ley de los Delitos Aduaneros, producen el efecto legal de pérdida definitiva de la propiedad de las mercancías comisadas y su posterior disposición por parte de la Autoridad Aduanera; en la sanción de comiso de bienes del Código Tributario no se producen dichos efectos, sino que opera como una suerte de incautación de mercancías en la que es posible recuperar la mercancía previa presentación de la documentación requerida y el pago de una multa y de los gastos de la ejecución de dicha medida.
2.- Convalidando nuestra posición que la sanción de comiso de mercancías tipificada en el artículo 197º de la Ley General de Aduanas, así como las sanciones de comiso y multa reguladas en los artículos 36º y 38º de la Ley de los Delitos Aduaneros, respectivamente, deben ser consideradas como un supuesto de reclamación referido a “actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria” cuyo trámite impugnativo debe de encausarse dentro del procedimiento contencioso tributario ordinario y no tratar de asimilarlas al procedimiento contencioso tributario aplicable a la sanción de comiso de bienes regulada en el Código Tributario, debemos referirnos a los antes citados artículos 208º de la Ley General de Aduanas y al artículo 49º de la Ley de los Delitos Aduaneros, conforme a los cuales, el plazo para reclamar los supuestos de sanción bajo análisis es de veinte (20) días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación del acto administrativo, plazo que se aplica en general a los actos administrativos que se regulan por el procedimiento contencioso tributario ordinario y que difiere sustancialmente del plazo de cinco (05) días que rige la interposición de la reclamación contra la resolución de comiso de bienes del Código Tributario.
3.- En ese orden de ideas, resultaría un contrasentido establecer respecto a las sanciones de comiso de mercancías o de multa y comiso, un procedimiento contencioso tributario “mixto”, pues por un lado por normas específicas se establece que el plazo para reclamar dichas sanciones es de veinte (20) días, es decir que la propia Ley General de Aduanas y la Ley de los Delitos Aduaneros, estarían aludiendo expresamente al plazo para reclamar regulado en el procedimiento contencioso tributario ordinario, y por otro lado, vía interpretación se señale que en lo referente a los demás plazos aplicables al procedimiento contencioso tributario, tales como actuación de medios probatorios, plazo para resolver la reclamación, plazo para elevar el recurso de apelación, entre otras actuaciones inherentes al precitado procedimiento, se apliquen los plazos especiales y sumarios que corresponden al procedimiento contencioso tributario aplicable a la sanción de comiso de bienes del Código Tributario.
4.- En adición a lo manifestado en el presente informe, resulta relevante señalar que el Tribunal Fiscal a través de las RTF Nros 10315-A-2008, 08137-A-2008, 08755-A-2008 y 02188-A-2009, se ha pronunciado sobre la materia consultada precisando que los recursos impugnativos contra las sanciones de comiso y multa, así como de comiso de mercancías, contempladas en la Ley de los Delitos Aduaneros y en la Ley General de Aduanas, respectivamente, deben ser calificados como de reclamación en virtud del artículo 135º del Código Tributario y que conforme a los artículos 145º y 146º del Código Tributario, el recurso de apelación que se interponga contra la resolución que resuelve dichas reclamaciones debe ser elevado dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la apelación y la Administración Aduanera debe notificar al apelante para que dentro del término de quince (15) días hábiles subsane las omisiones. Todo lo cual, nos lleva a concluir que para el superior colegiado, los plazos aplicables para tramitar una impugnación contra las resoluciones de comiso de mercancías o de multa y comiso amparadas en la Ley General de Aduanas y en la Ley de los Delitos Aduaneros, corresponden a los plazos inherentes al procedimiento contencioso tributario ordinario, toda vez que si se tramitara como una apelación contra una resolución de comiso de bienes del Código Tributario, el plazo para elevar la apelación sería de quince (15) días hábiles y el plazo para subsanar las omisiones sería de cinco (05) días hábiles, de acuerdo a los artículos 145º y 146º del Código Tributario, plazos que como podemos verificar difieren de los considerados por el Tribunal Fiscal en las precitadas RTF.
Asimismo, es muy importante resaltar que en la RTF Nº 02188-A-2009, el superior colegiado manifiesta expresamente que “el comiso aduanero previsto en la Ley General de Aduanas como en otras normas aduaneras por su propia naturaleza se rige por los “plazos generales” del procedimiento contencioso tributario contenidos en el Código Tributario, lo que la diferencia de aquel comiso impuesto al amparo de las normas previstas por el propio Código Tributario que se rigen por los plazos especiales que ésta prevé…”
5.- Complementariamente a lo mencionado, resulta pertinente tener en consideración, que el procedimiento administrativo se rige entre otros, por el principio de uniformidad, conforme al cual la autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares. Conjuntamente a este principio, debe relevarse lo expuesto por el Tribunal Constitucional, cuyo pleno jurisdiccional considera que “…una norma jurídica adquiere sentido de tal por su adscripción a un orden. Por tal consideración, cada norma está condicionada sistemáticamente por otras….la normatividad sistemática descansa en la coherencia normativa. Dicha noción implica la existencia de la unidad sistemática del orden jurídico, lo que, por ende, indica la existencia de una relación de armonía entre todas las normas que lo conforman…” (resaltado nuestro)
6.- De acuerdo al principio de uniformidad antes enunciado, y al criterio de unidad y armonía que debe regir la interpretación sistemática de las normas jurídicas, debemos señalar que interpretar asimilando la impugnación de la sanción de comiso de la Ley de los Delitos Aduaneros a la del comiso de bienes del Código Tributario y la sanción de multa contemplada en la misma Ley de los Delitos Aduaneros, tramitarla siguiendo las normas correspondientes al procedimiento contencioso tributario ordinario, o peor aún tratar de asimilarla al procedimiento contencioso tributario aplicable a la sanción de comiso de bienes del Código Tributario, implicaría contradecir el mencionado principio de uniformidad, pues debe considerarse que el hecho que originó ambas sanciones, es decir el comiso de mercancías y la multa aplicada al amparo de la Ley de los Delitos Aduaneros, son determinadas por la Administración Aduanera de manera conjunta acorde a lo señalado en el artículo 35º de la Ley de los Delitos Aduaneros al sustentarse ambas sanciones en un mismo hecho tipificado como infracción, por lo que en tal sentido deben regularse por las mismas normas procedimentales en caso de su impugnación, correspondiendo encausar su trámite dentro del procedimiento contencioso tributario ordinario.
Los plazos aplicables para actuar los medios probatorios, resolver la reclamación, elevar el expediente de apelación ante el Tribunal Fiscal y demás actos inherentes al procedimiento contencioso tributario contra las resoluciones que declaren el comiso de mercancías al amparo de la Ley General de Aduanas y las sanciones de comiso y multa aplicadas de conformidad a la Ley de los Delitos Aduaneros, corresponden a los plazos previstos para el procedimiento contencioso tributario ordinario, por tratarse de actos reclamables que tienen relación directa con la determinación de la deuda tributaria.
PLAZOS APLICABLES EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO ORDINARIO Y EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO RESPECTO A LA SANCION DE COMISO DE BIENES
• Decreto Legislativo Nº 1053, aprueba la Ley General de Aduanas (en adelante Ley General de Aduanas).
• Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, aprueba el Reglamento de la Ley General de Aduanas (en adelante Reglamento de la Ley General de Aduanas).
• Decreto Supremo Nº 135-99-EF y sus normas modificatorias, aprueba el T.U.O. del Código Tributario (en adelante Código Tributario).
• Ley Nº 28008 y sus normas modificatorias, aprueba la Ley de los Delitos Aduaneros (en adelante Ley de los Delitos Aduaneros).
Base legal: num. 2), art. 137º Código Tributario
Procedimiento ordinario: Veinte (20) días hábiles
Sanción de comiso de bienes: Cinco (5) días hábiles
Subsanación de requisitos de admisibilidad
Base legal: Artículo 140º Código Tributario
Procedimiento ordinario: Quince (15) días hábiles
Sanción comiso de bienes Cinco (5) días hábiles
Base legal: Artículo 125º Código Tributario
Procedimiento ordinario: Treinta (30) días hábiles
Sanción comiso de bienes: Cinco (5) días hábiles
Base legal: Artículo 142º Código Tributario
Procedimiento ordinario: Nueve (9) meses, incluido el plazo probatorio
Sanción Comiso de bienes: Veinte (20) días hábiles, incluido el plazo probatorio
Base legal: Artículo 146º Código Tributario
Sanción comiso de bienes: Quince (15) días hábiles
Elevar recurso de apelación
Base legal: Artículo 145º Código Tributario
Tagged with plazos en el procedimiento contencioso tributario	Los notarios únicamente tributan rentas de tercera categoría por los ingresos en ejercicio de la función notarial
SUMILLA: Tratándose de la remuneración que los notarios se asignan a través de su planilla, en aplicación de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 19° del Decreto Legislativo N° 1049: 1. La referida remuneración no constituye renta de quinta categoría para efecto del Impuesto a la Renta. 2. Dicha remuneración tampoco constituye gasto deducible para determinar la renta neta de tercera categoría de los notarios por el ejercicio de su función notarial. INFORME Nº 009-2009-SUNAT/2B0000
MATERIA: Se consulta si la remuneración que los notarios se asignan a través de su planilla, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19° del Decreto Legislativo N° 1049 – Decreto Legislativo del Notariado, constituye gasto deducible para efecto del Impuesto a la Renta. BASE LEGAL: – Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas modificatorias. – Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994, y normas modificatorias. – Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, publicado el 26.6.2008. ANÁLISIS: En principio, entendemos que la consulta se encuentra orientada a determinar si, para efectos del Impuesto a la Renta: – La remuneración que los notarios se asignan en virtud de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 19° del Decreto Legislativo N° 1049 constituye renta de quinta categoría. – Dicha remuneración es deducible para determinar la renta neta de tercera categoría correspondiente a los notarios por el ejercicio de su función notarial. Al respecto, cabe indicar lo siguiente: 1. El artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1049 establece que la función notarial se ejerce en forma personal, autónoma, exclusiva e imparcial. Por su parte, el inciso b) del artículo 19° del mismo Decreto Legislativo señala que es derecho del notario ser incorporado en la planilla de su oficio notarial, con una remuneración no mayor al doble del trabajador mejor pagado, y los derechos derivados propios del régimen laboral de la actividad privada. 2. De otro lado, el artículo 14° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que son contribuyentes del impuesto las personas naturales, las sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales y similares y las personas jurídicas. Añade que también se considerarán contribuyentes a las sociedades conyugales que ejercieran la opción prevista en el artículo 16° de dicho TUO. El tercer párrafo del citado artículo establece que el titular de la empresa unipersonal determinará y pagará el Impuesto a la Renta sobre las rentas de las empresas unipersonales que le sean atribuidas, así como sobre la retribución que dichas empresas le asignen, conforme a las reglas aplicables a las personas jurídicas. Adicionalmente, conforme a lo señalado en el inciso c) del artículo 28° del TUO bajo comentario, son rentas de tercera categoría las que obtengan los notarios. El inciso b) del artículo 17° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta precisa que la renta que obtengan los notarios a que se refiere el inciso c) del artículo 28° del TUO antes mencionado será la que provenga de su actividad como tal. Ahora bien, el inciso a) del artículo 34° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta establece que son rentas de quinta categoría las obtenidas por concepto del trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y, en general, toda retribución por servicios personales. En relación con esta categoría de renta, el numeral 4 del inciso c) del artículo 20° del Reglamento dispone que no constituyen renta gravable de quinta categoría las retribuciones que se asignen los dueños de empresas unipersonales, las que de acuerdo con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 14° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, constituyen rentas de tercera categoría. 3. Como puede apreciarse de las normas que regulan el Impuesto a la Renta, por el ejercicio de su función notarial, los notarios únicamente obtienen rentas de tercera categoría. Igualmente, de modo general, puede afirmarse que cualquier retribución que se asignen los titulares de empresas unipersonales no califica como renta de quinta categoría, pues, por un lado, no constituye un ingreso que provenga del trabajo personal prestado en relación de dependiente([1]) y, por el otro, el íntegro de las rentas obtenidas a través de dichas empresas está sujeto a tributación según las reglas correspondientes a las rentas de tercera categoría([2]). Lo anteriormente señalado es aplicable también al supuesto regulado en el inciso b) del artículo 19° del Decreto Legislativo N° 1049, por cuanto esta norma no ha modificado las reglas de categorización del Impuesto a la Renta y tampoco ha establecido que dicha “remuneración” será aplicable para efectos tributarios, incluyendo el Impuesto a la Renta. En consecuencia, la retribución que los notarios se asignan en virtud del inciso b) antes mencionado no constituye renta de quinta categoría, toda vez que los ingresos obtenidos por el ejercicio de la función notarial deben tributar siempre como rentas de tercera categoría. 4. En este orden de ideas, la retribución comentada tampoco constituye gasto deducible para efecto de determinar la renta neta de tercera categoría, pues la suma que se asigna el notario ya es de su titularidad y forma parte de las rentas de tercera categoría obtenidas en el ejercicio de la función notarial, por lo cual no existe un gasto adicional en el cual haya incurrido el notario que deba computarse para el cálculo de su renta neta. CONCLUSIONES: 1. La remuneración que los notarios se asignan a través de su planilla, en aplicación de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 19° del Decreto Legislativo N° 1049, no constituye renta de quinta categoría para efecto del Impuesto a la Renta. 2. Dicha remuneración tampoco constituye gasto deducible para determinar la renta neta de tercera categoría de los notarios por el ejercicio de su función notarial. Lima, 16 ENE 2009
ORIGINAL FIRMADO POR MIGUEL ANTONIO MORALES-BERMUDEZ FIELD Intendente Nacional Jurídico rom
IMPUESTO A LA RENTA – Remuneración de los notarios [1] En efecto, en este caso, no puede sustentarse que una única persona pueda prestarse a sí misma trabajo en forma subordinada.
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Alan Emilio Matos Barzola julio 2009