Source: http://tesis.bioetica.org/nota54-3.htm
Timestamp: 2018-11-20 11:08:01
Document Index: 408195192

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 27', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 15', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 1', 'Artículo 22', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 27', 'in fine']

3.1.- El artículo 16 del Convenio de Diversidad Biológica.
3.2.- Qué son los Derechos de Propiedad Intelectual. Principales Derechos de Propiedad Intelectual en sentido amplio relevantes al Convenio sobre Diversidad Biológica.
a) El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
b) El Derecho de Patentes, los sistemas eficaces sui generis para la protección de variedades vegetales y el artículo 27.3 b) del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
c) Protección de las variedades vegetales mediante patentes.
d) Protección de las variedades vegetales mediante un sistema sui generis.
e) El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV).
f) El Sistema Mundial para la Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos de la FAO.
3.3.- Influencia de los Derechos de Propiedad Intelectual en la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Una visión crítica.
Este artículo es uno de los más polémicos de Convenio sobre la Diversidad Biológica. Durante la etapa de negociación del Convenio, los países desarrollados no querían que el Convenio incluyera disposiciones sobre transferencia de tecnología, prefiriendo que ésta se discutiese en otros foros (como la OMC y la OMPI). Sin embargo, los gobiernos de países en vías de desarrollo consideraron la transferencia de tecnología como un elemento esencial del Convenio, como una contrapartida a las disposiciones relativas al acceso a los recursos genéticos (que tienden a facilitarlo). Esta última postura prevaleció, pero la redacción del artículo pertinente fue muy conflictiva.
Los países desarrollados temían que el articulo pudiera interpretarse como un requerimiento no facultativo a obligar a sus sectores privados a transferir tecnología, incluyendo la biotecnología, tema íntimamente relacionado con la protección de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en la medida en que muchas biotecnologías protegidas por éstos se basan en el ADN, por lo que serían "fáciles" de reproducir (por quien tenga la tecnología necesaria, más el material genético) sin el permiso del titular del derecho.[1]
Este artículo del Convenio se relaciona íntimamente con los derechos de propiedad intelectual, en especial con el derecho de patentes y su regulación en el Tratado de Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.
En su párrafo primero expresa: "Cada Parte Contratante, reconociendo que la tecnología incluye la biotecnología, y que tanto el acceso a la tecnología como su transferencia entre Partes Contratantes son elementos esenciales para el logro de los objetivos del presente Convenio, se compromete, con sujeción a las disposiciones del presente artículo, a asegurar y/o facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a tecnologías pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente, así como la transferencia de esas tecnologías."
Para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la transferencia de tecnología es la "transferencia de conocimiento sistemático para la elaboración de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio". La tecnología fluye entre un proveedor y un receptor, ya sea dentro de un país o bien entre Estados.
En verdad, la mayor transferencia de tecnología se da entre los países desarrollados, y luego entre los países desarrollados hacia los que están en vías de desarrollo. Pero también se da el flujo inverso, tanto en tecnología formal como informal. Está última comprende, por ejemplo, el desarrollo de diferentes variedades locales de cultivos por agricultores de una comunidad durante varias generaciones, y el conocimiento que tiene un médico tradicional de las propiedades medicinales de una planta, etc.
En su párrafo segundo, el artículo 16 establece: "El acceso de los países en desarrollo a la tecnología y la transferencia de tecnología a esos países, a que se refiere el párrafo 1, se asegurará y/o facilitará en condiciones justas y en los términos más favorables, incluidas las condiciones preferenciales y concesionarias que se establezcan de común acuerdo, y, cuando sea necesario, de conformidad con el mecanismo financiero establecido en los artículos 20 y 21. En el caso de tecnología sujeta a patentes y otros derechos de propiedad intelectual, el acceso a esa tecnología y su transferencia se asegurarán en condiciones que tengan en cuenta la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual y sean compatibles con ella. La aplicación de éste párrafo se ajustará a los párrafos 3, 4, y 5 del presente artículo.
La frase "protección adecuada y eficaz" (de los derechos de propiedad intelectual), se introdujo en el Convenio sobre la Diversidad Biológica para establecer un vínculo con el Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, negociado en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés).
El párrafo 3 del Artículo 16 establece: "Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con objeto de que se asegure a las Partes Contratantes, en particular las que son países en desarrollo, que aportan recursos genéticos, el acceso a la tecnología que utilice ese material y la transferencia de esa tecnología, en condiciones mutuamente acordadas, incluida la tecnología protegida por patentes y otros derechos de propiedad intelectual, cuando sea necesario mediante las disposiciones de los artículos 20 y 21, y con arreglo al derecho internacional y en armonía con los párrafos 4 y 5 del presente artículo."
Como usuaria de recursos genéticos, cada Parte Contratante está obligada a crear un marco que permita que se produzca la transferencia de tecnología -en este caso la transferencia de aquella tecnología que utiliza recursos genéticos a favor de la Parte Contratante que aporta los recursos genéticos utilizados, con la importante restricción de que este acceso y transferencia deben ser consistentes con el derecho internacional. Esto incluiría (y fundamentalmente el párrafo apunta a eso) el derecho internacional aplicable a los derechos de propiedad intelectual.
El párrafo cuarto expresa: "Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con objeto de que el sector privado facilite el acceso a la tecnología a que se refiere el párrafo 1, su desarrollo conjunto y su transferencia en beneficio de los países en desarrollo, a ese respecto acatará las obligaciones establecidas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo.
La tecnología a que se refiere el párrafo 4 es 1) la tecnología pertinente para la conservación de la diversidad biológica; 2) la tecnología pertinente para la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica; y 3) la tecnología que utiliza recursos genéticos.
El contenido de este párrafo, para los países desarrollados implica fomentar, más que obligar al sector privado de los mismos a que transfiera tecnología a los países en desarrollo, siempre dentro de los límites de la protección a los derechos de propiedad intelectual, tal como se establece en el párrafo 2 del artículo 16.
El párrafo quinto de este artículo dice: "Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del presente Convenio, cooperarán a este respecto de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional para velar por que esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente Convenio."
Cabe observar que las Partes utilizaron el modo verbal "pueden", por lo que no dan por hecho de que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual influyan o puedan influir en la aplicación del Convenio, sea positiva o negativamente. Por otro lado, las Partes deberían cooperar entre sí para asegurar que los derechos de propiedad intelectual no se opongan a los objetivos del Convenio.
3.2.- Qué son los Derechos de Propiedad Intelectual. Principales Derechos de Propiedad Intelectual en sentido amplio relevantes al Convenio sobre Diversidad Biológica. [2]
Hoy día, la gran complejidad de la ciencia, la tecnología; y de la economía en general, con la constante búsqueda de resultados financieros positivos presente en este último sistema, hace que las innovaciones científicas y tecnológicas, debido a su elevado costo, necesiten ser protegidas de algún modo para asegurar el logro de estos resultados. Así, la propiedad intelectual ha sido instituida como un medio de protección y recompensa del espíritu de invención.
Así, los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), se han establecido en la gran mayoría de los países, adoptando múltiples formas. A las personas (físicas o jurídicas) se les concede derechos sobre sus creaciones. Los DPI otorgan al creador el derecho exclusivo para la utilización de su creación durante un determinado período y dentro de un determinado territorio, por lo general el del Estado que reconoce la protección.
La legislación relativa a la propiedad intelectual se puede dividir en dos principales tipos de protección. El primero comprende el derecho de autor y los derechos conexos, sobre obras literarias y artísticas, etc.
El otro tipo de DPI, la propiedad industrial , puede distinguirse en dos subtipos:
el primero comprende la protección de signos distintivos de productos, en particular las marcas de fábricas y las indicaciones geográficas, destinados a proteger la competencia leal y proteger los consumidores al permitirles elegir con conocimiento de causa entre diferentes bienes y servicios.
El otro subtipo dentro de la propiedad industrial es la protección concedida fundamentalmente para proteger y estimular la innovación, el diseño y la creación de tecnologías. Las invenciones, el dibujo y los modelos industriales y los secretos comerciales quedan comprendidos en esta categoría. La finalidad social de esta protección consiste en proteger los resultados de las inversiones realizadas con el objeto de promover nuevas tecnologías y de este modo ofrecer alicientes y recursos para financiar las actividades de investigación y desarrollo.
Dentro de este último subtipo, se encuentran una serie de Derechos de Propiedad Intelectual, en sentido amplio, que son particularmente relevantes al Convenio de Diversidad Biológica, en especial en relación a su artículo 16. Entre ellos tenemos el Derecho de Patentes y los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales.
Si bien a primera vista los Derechos de Propiedad Intelectual a primera vista podrían parecer no relevantes al tema que nos ocupa, es decir, el Convenio de Diversidad Biológica, el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios resultantes de ese acceso, en verdad, son el eje central o el hilo conductor de la actual problemática en relación al mismo.
a) El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). [ver el Acuerdo texto completo]
Este Acuerdo conocido también por su acrónimo en inglés como TRIPs, juega un importante papel en el tema que nos ocupa.
La problemática sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio , luego de mucho debate y muchas objeciones de parte de los países en vías de desarrollo que creían que la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) era el foro apropiado, fueron incorporados a la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por su acrónimo en inglés), la cual comenzó en setiembre de 1986 en Punta del Este, Uruguay.
Los ministros de gobierno reunidos en Uruguay adoptaron un programa que abarcaba todas las cuestiones pendientes relacionadas con el comercio. En el marco de estas negociaciones, los Estados Unidos de América pidieron que se incluyera un acuerdo multilateral sobre normas mínimas para la protección de los derechos de propiedad intelectual.
En 1993 se suscribió en Marrakech, Marruecos, el “Acta final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales” y el “Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio”, constando este último de cuatro anexos, tres de los cuales (el 1,2 y 3) son parte integrante del Acuerdo y tienen carácter vinculante para todos sus miembros. El Anexo 1, se subdivide en Anexo 1 A, Anexo 1 B y Anexo 1 C. El Anexo 1C lleva el título de “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” y es el que nos interesa especialmente.
El Acuerdo sobre los ADPIC se divide en siete partes. La Parte I del Acuerdo contiene las disposiciones generales y los principios básicos.
La parte segunda trata, en sus diferentes secciones, de los distintos tipos de DPI y establece normas para cada categoría. Nos interesa especialmente, por su relación con la distribución de beneficios de los recursos genéticos, el contenido de la sección quinta, que se refiere al derecho de patentes.
La patente es un derecho de propiedad intelectual que se concede a los inventores. El inventor, en cuanto titular de la patente, tiene el derecho de excluir a cualquier persona de fabricar, utilizar, vender o importar la invención protegida mediante la patente, por un determinado período dentro de un territorio específico.
Antes de la adopción del Acuerdo, los países podían determinar las condiciones de patentabilidad, los derechos concedidos a los titulares de las patentes y la duración de la protección mediante la patente. Asimismo los países podían establecer las esferas de no patentabilidad. Por lo tanto no sorprende que las leyes sobre las patentes hayan de adaptarse a los intereses económicos de los países. Esta situación dio lugar al establecimiento de normas contradictorias entre los mismos, que causaron conflictos en el comercio internacional.
La sección del Convenio sobre los ADPIC define normas mínimas para leyes de patentes en el plano internacional, mitigando este conflicto entre los países miembros del mismo.
En conformidad con las disposiciones del Acuerdo, según el, los Miembros se comprometen a garantizar la concesión de patentes a todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología sin discriminación por el lugar de la invención o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país, siempre que tales invenciones sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Las condiciones de aplicación obligatorias prevén que la invención debe divulgarse de manera suficientemente clara y completa para que las personas interesadas puedan llevarla a efecto o utilizarla.
La protección mediante patentes debe otorgar al titular los derechos exclusivos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente. Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, la protección debe, además, extender tales derechos a los productos obtenidos directamente por medio de dicho procedimiento. Los titulares de patentes tendrán asimismo derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.
El período mínimo de protección será de veinte años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.
El artículo 27 (materia patentable), establece, en su punto 1 que ...."Las patentes deben estar disponibles para cualquier invención, ya sea de producto o de proceso, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, contenga una etapa inventiva y sea susceptible de aplicación industrial". Y textualmente, el punto 3 del artículo 27, el cual nos interesa especialmente, establece: "Los miembros también pueden excluir del patentamiento a:
los métodos diagnósticos, terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento de humanos o animales;
los vegetales y animales, excepto microorganismos, y (también pueden ser excluidos) procesos esencialmente biológicos para la producción de vegetales o animales, excepto procesos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los miembros deben proporcionar protección de las variedades vegetales, ya sea por patentes o por un sistema efectivo o por cualquier combinación de esto. Las disposiciones de este párrafo serán revisadas cuatro años después de la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo de la OMC.
De esta manera, el Acuerdo permite a los países miembros excluir de la patentabilidad a los organismos superiores, trátese de plantas o animales, y a los "procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales". Pero los Miembros han de brindar protección mediante patentes a los microorganismos y a los "procedimientos no biológicos o microbiológicos. Por otro lado, los Miembros han de proteger a las obtenciones vegetales mediante patentes, a través de un sistema eficaz sui generis (como el UPOV) o mediante una combinación de ambos.
Este artículo se enfrenta a problemas de interpretación, tanto desde el punto de vista científico como del jurídico, debido a la ambigüedad de sus términos clave y a su redacción compleja a través de la estipulación de un sistema de excepciones.
En cuanto a su aplicación, enfocándonos por su importancia en las variedades vegetales, vimos que se mencionan en el artículo 27.3 b) tres posibilidades para la protección de variedades vegetales (recordemos que pueden ser excluidas del patentamiento)
un sistema eficaz sui generis
una combinación de aquéllas y de éste.
Durante las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC se presentaron tres propuestas principales sobre la cuestión de la patentabilidad de las plantas y de los animales. La primera propuesta, presentada por algunos países industrializados, en especial Estados Unidos, recomendaba eliminar todas excepción de la norma general de la patentabilidad en cuanto a plantas y animales. La segunda propuesta, sugería conforme con las disposiciones del Convenio sobre la Patente Europea, excluir de la norma general de patentabilidad a las variedades vegetales y animales y los procedimientos esencialmente biológicos. La tercera propuesta dejaba a los Gobiernos Miembros una libertad mayor para excluir a la biotecnología de la norma general de patentabilidad.
El resultado final de las negociaciones, tal como se recoge en el Acuedo sobre los ADPIC, fue una combinación de la segunda y tercera propuesta y preveía la inclusión de un tipo de cláusula de revisión. A los países se les dio mayor libertad para aplicar exclusiones a la patentabilidad de la recomendada inicialmente por la segunda propuesta; en efecto, podían excluirse no sólo a las variedades vegetales y animales sino también a las plantas y animales en general.
Los obtentores de variedades vegetales lucharon durante mucho tiempo para obtener una protección de las mismas en el marco del sistema industrial de patentes. Pero a tratar de aplicar normas elaboradas para invenciones técnicas, se enfrentaron muchos problemas, amén de verse potencialmente afectado el suministro de alimentos de diversos países y suscitar cuestiones de carácter ético.
Tomando en cuenta lo anterior, la cláusula de exclusión del artículo 27.3 b) deja a discreción de los miembros la elección del sistema de Derechos de Propiedad Intelectual que deseen aplicar. Esta cláusula de exclusión no elimina la patentabilidad. Los Miembros tienen la facultad de someter a cualquier material vegetal a los derechos de propiedad intelectual, más no están obligados a hacerlo con respecto a cualquier material vegetal que no se considere un microorganismo o el producto obtenido directamente de un procedimiento microbiológico o no biológico.
Hoy día, algunos países como Estados Unidos, tienden a conceder patentes a distintas formas de vida y material biológico, pero aún la mayoría de los países tienen un enfoque más bien negativo, al menos en el caso específico de las patentes para las variedades vegetales, optando por un sistema de protección del tipo "sui generis" como el de la Unión Internacional para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV).
Sucede que el sistema de patentes trae aparejado diversas problemas en cuanto a la obtención de nuevas formas de vida (como las variedades vegetales), entre ellas:
Las leyes sobre patentes han de distinguir claramente entre descubrimiento e invención (ya que sólo las segundas serán protegidas). Pero en las "invenciones biológicas" no siempre es posible distinguir el aspecto creativo, en cuanto se trata de formas de recombinación de un material genético preexistentes.
Según el régimen de patentes, los agricultores no pueden utilizar en su finca el producto de su propia cosecha de variedades protegidas. La mayoría de los agricultores de los países en desarrollo utilizan o intercambian semillas producidas y conservadas en su finca. Es de notar que esto se contrapone al artículo 15.3 del Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos de la FAO (ver más adelante) en cuanto dispone: "Nada de lo que se dice este artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra/propagación conservado en sus fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda".
La expresión "sistema eficaz sui generis" presente en el artículo 27. 3 b) del Acuerdo sobre los ADPIC no se define en el texto del mismo, pero constituye claramente una alternativa al sistema de patentes. El sistema de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales ( UPOV, ver más adelante), creado en 1961, se estableció como una forma especial de protección, distinta al sistema de patentes, que incluía sólo las variedades vegetales y se adaptaba específicamente a ellas. En este sentido, el sistema de la UPOV se concibió ya en 1961 como una forma sui generis protección, sustitutiva del sistema de patentes.
Pero el artículo 27. 3 b) del Acuerdo sobre los ADPIC usa el concepto de protección sui generis de las obtenciones vegetales de manera amplia, sin limitarlo al Convenio de la UPOV, pudiéndose así aplicar otros sistemas sui generis de protección con diferente contenido.
Conforme la Acuerdo sobre los ADPIC y del contenido del artículo 27. 3 b), según una correcta hermenéutica, los requisitos mínimos para un sistema de protección sui generis de las variedades vegetales serían:
El sistema sui generis debe ser un sistema de Derechos de la Propiedad Intelectual, entendido en un sentido amplio, es decir, como un derecho aplicable jurídicamente para excluir a terceros de algunos actos relacionados con la materia protegida. Este aspecto es el fundamento de todos los derechos de propiedad intelectual tratados en el Acuerdo sobre los ADPIC y, por lo tanto, del sistema sui generis, ya que este último, según se desprende del contenido del Acuerdo sobre los ADPIC, según el cual los miembros deben notificar sus leyes y reglamentos sui generis al Consejo de los ADPIC, es considerado por este Acuerdo como un Derecho de Propiedad Intelectual.
El sistema sui generis debe aplicarse, en principio, a todas las variedades vegetales de interés comercial objeto de protección. Hay que tomar en cuenta que el Acuerdo sobre los ADPIC no define la expresión variedad vegetal ni especifica cuántas especies o géneros deben protegerse. Por otro lado este acuerdo ofrece la posibilidad de proteger por un sistema sui generis otras formas de vida, como los animales, ya que no impone a sus miembros la obligación de ceñirse al Acuerdo de la UPOV, ni les prohíbe extender la protección en el marco de un sistema sui generis formas de vida diferentes de las variedades vegetales.
El sistema sui generis tiene que ser eficaz, es decir, aplicable.
Un sistema eficaz debe entenderse (según surge del contenido del Acuerdo sobre los ADPIC) con la posibilidad de recurrir a medidas jurídicas o administrativas para aplicar un derecho específico o prohibir ( sancionar) infracciones a tal derecho. Por lo tanto, un sistema "sui generis" debe garantizar estas medidas, independientemente del contenido (características o números de requisitos, o nivel de protección) del derecho. Los Derechos de Propiedad Intelectual son fundamentalmente derechos privados cuya aplicación exige el establecimiento por los Estados Miembros (del Acuerdo sobre los ADPIC) de procedimientos jurídicos y administrativos que garanticen la vigencia de estos derechos. Un sistema eficaz sui generis es un sistema que incluye tales procedimientos.
El sistema sui generis no debe ser discriminatorio respecto del país de origen de la persona que solicita la protección (principio de trato nacional). Esto significa que los Estados Miembros deben conceder a los nacionales de los demás Estado Miembros un trato no menos favorable del que otorguen a los propios nacionales con respecto de la protección de las variedades vegetales (u otra forma de vida)
El sistema sui generis ha de conceder el trato de nación más favorecida. Es decir que toda ventaja que un Estado Miembro conceda a los nacionales de cualquier otro país con respecto a la protección de las variedades vegetales (u otra forma de vida) se otorgará inmediatamente a los nacionales de todos los Estados Miembros.
En la actualidad la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), considerado como sistema sui generis, exige que una variedad vegetal, además de nueva, sea distinta, homogénea (uniforme) y estable. Pero el Acuerdo de los ADPIC no establece estos criterios como indispensables para un sistema sui generis. Por lo tanto, un sistema sui generis (que no sea la UPOV) podría interpretar los criterios de distinción y de uniformidad de manera mucho menos estricta en el plano técnico a cómo se interpretan actualmente en base a las directivas para los ensayos técnicos de la UPOV (más no del propio Convenio) o en las prácticas (de individualización de variedades) adoptadas por los países miembros de la UPOV, de manera tal que las variedades autóctonas, locales o tradicionales no estaría excluidas de la protección, pudiendo primar el criterio de identificabilidad por sobre los anteriores.
Es así que actualmente el Convenio de la UPOV no prevé la protección de las especies autóctonas o variedades locales. Pero un sistema sui generis diferente podría otorgar diferentes formas de protección, por ejemplo, una protección para las variedades vegetales heterogéneas y otra diferente para las variedades vegetales menos heterogéneas.
Por otro lado, un sistema sui generis que no sea el de la UPOV podría exigir al solicitante de la protección para una variedad dentro de tal sistema que identifique el proveedor del material genético (por ejemplo a través de una declaración de origen geográfico), lo cual no está prohibido por el Acuerdo sobre los ADPIC, pero no podría realizarse en el marco del Convenio de la UPOV, dado que en las Actas de 1978 y de 1991 se afirma que "la concesión del derecho de obtentor no podrá depender de condiciones suplementarias o diferentes" de las mencionadas en el Convenio (y la obligación de identificación del material genético no figura en el Convenio de la UPOV ni en sus revisiones).
Con respecto al material protegido dentro de un sistema sui generis, los países disponen de dos alternativas:
Proteger el material de reproducción o multiplicación exclusivamente; o
Proteger el material reproducción o multiplicación y a los productos de la cosecha.
El Convenio de la UPOV (considerado un sistema sui generis) abarca los actos relacionados con el material de reproducción y de multiplicación vegetativa.
De conformidad con el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV, las Partes Contratantes pueden extender la protección al producto comercializado (a comerciar). Según el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, los actos respecto del producto de la cosecha (por ejemplo su venta) requerirán la autorización del obtentor sólo cuando la cosecha se haya obtenido por utilización no autorizada del material protegido.
Si un país elabora un sistema sui generis de protección a las variedades vegetales, puede establecer el alcance de la protección concedida al titular del derecho sui generis (obtentor), o sea, determinar que actos requieren autorización previa del titular del mismo, de manera muy diversa. Así, puede prever un alcance muy extenso, como el de la ley sobre las patentes, aceptar el alcance establecido en el Convenio de la UPOV; o establecer un mínimo de protección, por ejemplo a través de un "sello" de protección de las variedades vegetales.
En cuanto al alcance de la protección, el Acta de 1978 del Convenio de la UPOV permite implícitamente la producción de material de reproducción o de multiplicación de una variedad protegida con fines no comerciales (forma parte de los llamados privilegios del agricultor).
El alcance de este privilegio del agricultor varía de un país a otro: algunos sólo autorizan el resembrado de semillas y el intercambio de cantidades limitadas de éstas de manera oficial y con fines no comerciales; mientras que otros (cómo Estados Unidos) autoriza a que los agricultores resiembren semillas y vendan cantidades limitadas de éstas con fines reproductivos.
Pero el Acta del Convenio de la UPOV sólo autoriza a los agricultores a intercambiar semillas con otros agricultores con fines de reproducción sólo en determinadas circunstancias, lo que restringe en sobremanera el llamado privilegio del agricultor. Así establece que "cada Parte Contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida".... Observemos que los países podrán restringir el derecho de obtentor, vale decir, de no restringirlo en absoluto, no tendría vigencia el llamado privilegio del agricultor en cuanto a poder resembrar parte de su propia cosecha. De todas manera, aún restringiendo el derecho de obtentor en la medida del Acta del Convenio de la UPOV, dado que muchos de los agricultores de países en desarrollo (y en algunos países desarrollados) intercambian semillas con fines de reproducción, el privilegio de agricultor previsto en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV no satisfacerá las necesidades de muchos países, los que si son Parte del Convenio sobre los ADPIC, deberán desarrollar su propio sistema sui generis de protección a las variedades vegetales (pueden extenderlo también a otras formas de vida como los animales que no son obligatoriamente patentables).
e) El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV). [ver el Convenio texto completo]
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, es una organización intergubernamental establecida en 1961 con el objeto de coordinar la aplicación internacional de los derechos de los obtentores establecidos por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El Convenio de la UPOV se adoptó en 1961. Se sometió a revisión en 1972, 1978 y 1991. A junio de 1999, dos países eran partes en el Acta de 1961, versión modificada en 1972; treinta países eran parte del Acta de 1978, entre ellos la Argentina; y doce del Acta de 1991, entre estos últimos, Estados Unidos, la Federación Rusa, el Reino Unido, Holanda e Israel (todos altamente desarrollados desde el punto de vista tecnológico).
El Convenio de la UPOV tiene por finalidad garantizar que los Estados Miembros reconozcan y protejan las nuevas variedades de los obtentores y que a éstos se les concedan los derechos exclusivos de explotación en caso que las variedades vegetales sean distintas, homogéneas y estables.
Hasta el Acta de 1991, la UPOV contempló la llamada excepción del obtentor o excepción al derecho del obtentor, y al menos implícitamente, el llamado privilegio del agricultor, que hacían menos rígida la protección de la propiedad intelectual sobre la obtención de variedades vegetales.
Según la excepción del obtentor, no se requiere la autorización de éste para la utilización de la variedad como fuente inicial de variación o para la explotación posterior de estas nuevas variedades.
Pero ahora, en virtud del Acta de 1991, las únicas excepciones obligatorias al derecho del obtentor son: 1) los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales; 2) los actos realizados a título experimental; y 3) los actos realizados a los fines de la creación y explotación de nuevas variedades, siempre que estas no sean esencialmente derivadas. Las excepciones al derecho del obtentor no se aplican a las variedades esencialmente derivadas, es decir a las variedades derivadas fundamentalmente de otra variedad inicial que conserve la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial. Pero el Acta de 1991 ratifica la libertad de utilizar el material genético contenido en una variedad vegetal protegida con el objeto de crear nuevas variedades prevista en el Acta de 1978.
Según el privilegio del agricultor, los agricultores pueden utilizar el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, de una variedad protegida, para volver a cultivarlo en su propia finca. El mismo estaba reconocido en forma implícita en el Acta de 1978, pero el Acta de 1991, a incorporarlo a su texto como una excepción y no como un principio general, lo ha restringido en forma notable. Aquí se lo incluye como una excepción facultativa en virtud de la cual los gobiernos podrían autorizar a los agricultores a utilizar las semillas de una variedad protegida con fines de producción o multiplicación, en su propia finca, dentro de límites razonables y a reserva de la protección o salvaguarda de los intereses legítimos del obtentor (artículo 15.2).
Pero se mantiene el principio de que motivos de interés público pueden justificar la limitación del libre ejercicio del derecho del obtentor previsto por los Convenios de 1978 y 1991. Estas limitantes a tal derecho están sujetas al otorgamiento de una remuneración equitativa al obtentor (la cual se supone que deberá ser pagada por el gobierno que alega razones de interés público para restringir la aplicación del derecho de obtentor sobre una variedad vegetal cultivada en el país, por las razones que fuesen).
El obtentor, según el Acta de 1978, tiene derecho a la protección cualquiera sea el origen, artificial o natural, de la variación inicial a partir de la cual ha obtenido su variedad, lo que incluye el simple descubrimiento de una nueva variedad vegetal. Sin embargo, el Acta de 1991, establece que el simple descubrimiento no es suficiente. El obtentor debe también haber perfeccionado su variedad para tener derecho a la protección.
A su vez, el Acta de 1978 prevé la prohibición de la doble protección. En virtud de su artículo 2, un Estado puede proteger variedades vegetales mediante el derecho de obtentor o mediante una patente, pero una vez que haya optado por protegerlas mediante el derecho de obtentor no podrá proteger a las mismas variedades mediante una patente. En cambio, el Acta de 1991 ofrece a las Partes la posibilidad de proteger la misma variedad vegetal mediante la utilización a la vez de más de un tipo de derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, pueden solicitar tanto los derechos de obtentor como las patentes).
En cuanto el alcance de la protección a las variedades vegetales, el Acta de 1978 la limita a la utilización con fines comerciales, la oferta en venta y la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa de la variedad. Por lo tanto los derechos de obtentor no se extienden a los productos de la cosecha, mientras que en el Acta de 1991 tales derechos se extienden al uso con fines comerciales de todo el material de la variedad. Además de la variedad protegida, los derechos de obtentor se extienden a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, a las variedades cuya producción exige el empleo de repetido de la variedad protegida y a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida.
El Acta de 1978 no exige la autorización del obtentor de la variedad para la utilización repetida de la variedad vegetal más que en el caso de producción con fines comerciales de otra variedad (por lo que esta implícito que el agricultor puede utilizar parte de su cosecha para resembrarla, es el llamado derecho del agricultor), así como para la utilización con fines comerciales de plantas ornamentales o de partes de esas plantas como material de multiplicación en la producción de plantas ornamentales o de flores cortadas.
Esto cambió en forma radical en el Acta de 1991. Según ella se requiere la autorización del obtentor para la producción o reproducción, la preparación a los fines de la reproducción o la multiplicación, la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización, la exportación y la importación, y la posesión para cualquier otro fin. Estos actos se refieren al material de reproducción o de multiplicación del producto de la cosecha (incluidas plantas enteras o partes de plantas) y a los productos obtenidos directamente a partir del material producto de la cosecha de la variedad protegida, siempre que dicho material se haya obtenido por utilización no autorizada del material de reproducción y que el obtentor no haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción. Como se puede deducir, al exigirse la autorización del obtentor para la producción o reproducción y la posesión para cualquier (otro) fin, se está eliminando el llamado "privilegio del agricultor".
El Acta de 1978 exige que los (sus) Estados Miembros protejan por lo menos cinco géneros o especies en el momento de su adhesión al Convenio, y a continuación protejan un número progresivamente más elevado de géneros o especies, hasta llegar a un mínimo de 24 géneros o especies en un lapso de ocho años. El Acta de 1991, por el contrario, exige que los Estados Miembros que se hayan adherido al Convenio protejan todos los géneros y especies vegetales en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se vincularon al Acta de 1991 del Convenio, y que los nuevos Estados Miembros protejan todos los géneros y especies vegetales al cabo de diez años contados a partir de la fecha en que se vincularon al Acta de 1991.
En cuanto al período de protección, el Acta de 1978 establece que los Estados deben conceder la protección de los derechos del obtentor durante un período mínimo de 18 años para vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, y de 15 años en el caso de todas las otras especies. En el Acta de 1991, estos períodos de protección de los derechos del obtentor se han extendido a 25 años y 20 años respectivamente.
f) El Sistema Mundial para la Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos de la FAO. [ver el Tratado texto completo]
La Comisión de Recursos Fitogenéticos fue creada en 1983 a través de una Conferencia de la FAO, como foro intergubernamental permanente para tratar las cuestiones relacionadas con los recursos fitogenéticos, adoptando como contenido normativo de su acción, el Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogéneticos.
Desde entonces, la Comisión ha coordinado, supervisado y orientado el desarrollo del Sistema Mundial para la Conservación y la Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO.
En 1995, la Conferencia de la FAO, en su 28º período de sesiones acordó por unanimimidad "ampliar el mandato de la Comisión de Recursos Fitogenéticos para incorporar todos los componentes de la biodiversidad de interés para la alimentación y la agricultura" y, en consecuencia, decidió que la Comisión en lo sucesivo se denominara "Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura".
Los objetivos del Sistema Mundial son garantizar la conservación sin riesgos de los recursos fitogenéticos y promover su disponibilidad y utilización para las generaciones presentes y futuras, mediante el establecimiento de un marco flexible de distribución de los beneficios y las cargas. El Sistema Mundial comprende la conservación (ex situ e in situ, incluida la conservación en la finca) y la utilización de recursos para la agricultura y la alimentación.
Actualmente, 171 países más la Comunidad Europea participan en el Sistema Mundial sobre Recursos Fitogenéticos, sea porque forman parte de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (160 países y la Comunidad Europea), porque han adherido al Compromiso Internacional (113 países) o porque han contribuido a la elaboración del Plan de Acción Mundial que los gobiernos aprobaron oficialmente en la Cuarta Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, celebrada en Leipzig, en 1996 (159 países).
El Sistema Mundial sobre Recursos Fitogenéticos de la FAO está compuesto por:
Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura;
Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos;
Fondo Internacional para los Recursos Fitogenéticos;
Plan de Acción Mundial para la Conservación y la Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura;
Informe sobre el Estado de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura en el Mundo;
Sistema de Información y Alerta sobre los Recursos Fitogenéticos en el Mundo (SIAM);
Red internacional de colecciones de germoplasma bajo los auspicios de la FAO;
Red de zonas in situ bajo los auspicios de la FAO;
Código Internacional de Conducta para la Recolección y Transferencia de Germoplasma Vegetal;
Proyecto de Código de Conducta sobre Biotecnología; y
Redes relacionadas con cultivos.
El Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos de la FAO.
El Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos fue adoptado en 1983 por la resolución 8/83 de la Conferencia de la FAO. Se trataba del primer acuerdo internacional general para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica agrícola. Establecido en sus comienzos como un medio de reconocimiento de los principios fundamentales relativos a la utilización y explotación sostenible de los recursos fitogenéticos, este instrumento voluntario es actualmente objeto de revisión.
A su vez, en 1983, mediante la resolución 9/83, la Conferencia de la FAO creó la Comisión de Recursos Fitogenéticos, como órgano intergubernamental permanente para que los países pudiesen, entre otras cosas, vigilar la aplicación del Compromiso Internacional y aconsejar a la FAO, sobre sus actividades y programas en la esfera de los recursos fitogenéticos.
El objetivo del Compromiso Internacional es asegurar la prospección, conservación, evaluación y disponibilidad para el mejoramiento de las plantas y para fines científicos, de los recursos fitogenéticos de interés económico y/o social.
El Compromiso Internacional se basa en el "principio aceptado universalmente de que los recursos fitogenéticos constituyen un patrimonio de la humanidad y de que, por lo tanto, su disponibilidad no debe estar restringida". Según la definición dada en el artículo 2, el concepto de recursos fitogenéticos se aplica a los nuevos productos de la biotecnología (variedades comerciales y líneas de mejoramiento) y a las variedades cultivadas y las especies silvestres. Se señalan en el Compromiso Internacional varios medios posibles a través de los cuáles las muestras de los recursos genéticos pueden obtenerse libremente sobre la base de un intercambio recíproco o de condiciones mutuamente acordadas.
A través de tres resoluciones posteriores, el Compromiso Internacional se interpretó en negociaciones realizadas dentro de la Comisión de Recursos Fitogenéticos, que fueron aprobadas unánimemente por la Conferencia de la FAO. Estas Resoluciones constituyen anexos del Compromiso Internacional de sobre los Recursos Fitogenéticos.
En la primera resolución (4/89) se dio una interpretación concertada del Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, en la que se reconocía que los derechos del obtentor, tal como están contemplados por el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV) de 1978, no eran incompatibles con el Compromiso Internacional.
Al mismo tiempo, se reconocieron los Derechos del Agricultor,que se definieron en la segunda resolución (5/89). En la tercera resolución (3/91) se reafirmó que el concepto de "herencia de la humanidad" estaba sujeto a los derechos soberanos de los países sobre sus recursos fitogenéticos, y se convino en que los Derechos del Agricultor se aplicarían por medio de un fondo internacional para recursos fitogenéticos. Además, en la tercera resolución se decidió que "las líneas de mejoramiento y el material de los agricultores deberán estar disponibles sólo a discreción de quienes los han obtenido durante el período de desarrollo". De este modo, se precisó en mayor medida el principio del "libre acceso" mediante la aclaración de que no significaba necesariamente "acceso gratuito", mediante la limitación de los beneficios derivados del Compromiso Internacional, incluidos los recursos fitogenéticos, a los países que adherían a tal Compromiso, y mediante la reafirmación de los derechos soberanos de los países sobre sus recursos fitogéneticos.
Actualmente, las interpretaciones concertadas forman parte integrante del Compromiso Internacional.
La Conferencia de la FAO en su 27º período de sesiones, celebrado en noviembre de 1993 aprobó por unanimidad la resolución 7/93: "Revisión del Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos", en la que se solicitaba al Director General que proporcionara un foro destinado a las negociaciones entre los gobiernos para 1) la adaptación del Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica; 2) el examen de la cuestión del acceso en condiciones concertadas mutuamente a los recursos fitogenéticos, incluidas las colecciones ex - situ, que no están comprendidas en el Convenio, y 3) la cuestión de la aplicación de los Derechos del Agricultor. Este proceso de revisión se lleva a cabo por la Comisión de Recursos Fitogenéticos, con al ayuda de su grupo de trabajo, en colaboración con el órgano rector del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Esta revisión se deberá llevar a cabo en tres etapas: la primera, consolidaría el Compromiso Internacional mediante la incorporación de sus anexos y la armonización con las disposiciones pertinentes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. La segunda etapa trata de la cuestión del acceso en condiciones concertadas mutuamente a los recursos fitogenéticos, incluidas las colecciones ex - situ no comprendidas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la realización de los Derechos del Agricultor. La tercera etapa consiste en el examen de la posibilidad de conferir un estado jurídico e institucional al Compromiso Internacional revisado (de forma tal que su normativa se de adopción obligatoria y no meramente facultativa, como en la actualidad en que se trata de un instrumento no vinculante) y abarca también la cuestión accesoria de determinar la manera en que se aprobará el Compromiso Internacional y se adoptará el nuevo instrumento, así como el órgano u órganos que se encargarán de dicha aprobación.
En el transcurso de las negociaciones, desde 1994 se examinaron los posibles sistemas de derechos de propiedad intelectual, incluida la concesión de patentes y los "sistemas eficaces sui generis " que estén en conformidad y sean plenamente compatibles con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y con el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
También se examinó el modo de garantizar que la tecnología elaborada sobre la base de recursos fitogenéticos esté disponible (para los usuarios) en condiciones compatibles con la protección de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, estando en elaboración un Código de Conducta sobre Biotecnología que incluye un componente sobre los derechos de propiedad intelectual.
En 1999, en el artículo 15 del Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, se incluyeron los llamados Derechos del Agricultor. En el apartado 15.1 se reconoce el fundamental aporte de las comunidades locales e indígenas y agricultores en general de todo el mundo para la conservación y desarrollo de los recursos fitogenéticos. En el apartado 15.2 se acordó que la implementación de los derechos del agricultor en cuanto a los recursos fitogenéticos incumbirá a los gobiernos nacionales, estableciendo que "según sus necesidades y prioridades" cada Parte deberá adoptar las medidas pertinentes para proteger y promover los derechos del agricultor, en especial los siguientes:
la protección de los conocimientos tradicionales de interés en relación con los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.
el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; y
el derecho a participar en la toma de decisiones, a nivel nacional, sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.
A su turno, el apartado 15.3 establece que nada de lo que se diga en este artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra/propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional.
Es casi obvio las relaciones del Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en lo relativo a los llamados "Derechos del Agricultor".
La cuestión de los llamados "Derechos del Agricultor" surgió en el seno de la FAO debido a la desigualdad de trato entre los donantes de material genético y los donantes de tecnología (y "tomadores" de este material genético). La variedad comercial de un vegetal por lo general es el producto de un obtentor a través del diversas técnicas al material genético de los agricultores tradicionales, reclamando los primeros la protección de algún tipo de derecho de propiedad intelectual sobre la variedad obtenida, lo cual le permite obtener ingresos monetarios, pero no se ha previsto ningún sistema de compensación para los proveedores de germoplasma.
Esta asimetría dio lugar a que en 1989 se reconocieran en forma simultánea los Derechos del Obtentor y los Derechos del Agricultor, a través de las resoluciones 4/89, 5/89 y3/91, negociadas por la Comisión de Recursos Fitogenéticos de la FAO y aprobadas unánimemente por más de 160 países en la Conferencias de la FAO de 1989 y 1991.
La resolución 4/89 reconoce la "enorme contribución aportada por los agricultores de todas las regiones a la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos, que constituyen la base de la producción vegetal en el mundo entero y proporcionan el fundamento del concepto de Derechos del Agricultor". A su vez, la resolución 5/89 define los Derechos del Agricultor como "los derechos que provienen de la contribución pasada, presente y futura de los agricultores a la conservación, mejora y disponibilidad de los recursos fitogenéticos, particularmente de los centros de origen/diversidad". A su vez, la resolución 5/89 establece que el reconocimiento de los Derechos del Agricultor tienen el fin "de asegurar que esos agricultores se beneficien plenamente y continúen contribuyendo, y velen por el cumplimiento de los objetivos generales del Compromiso Internacional".
Así se prevé que la aplicación de los Derechos del Agricultor pueda garantizar que los agricultores, las comunidades rurales y su países reciban una parte justa de los beneficios derivados de los recursos fitogenéticos.
Países en desarrollo están contemplando la posibilidad de incluir los Derechos del Agricultor en su sistema nacional sui generis de protección a las variedades vegetales conforme los dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC.
En cuanto a estos derechos en el plano internacional, la resolución 4/89 declara que los Derechos del Agricultor "podrían conseguirse utilizando los medios apropiados, bajo la supervisión de la Comisión de Recursos Fitogenéticos, entre ellos en particular el Fondo Internacional para Recursos Fitogenéticos", y luego esta misma resolución establece que "el Fondo Internacional debería utilizarse para apoyar programas de conservación, manejo y utilización de recursos fitogenéticos, particularmente en los países en desarrollo y en aquéllos que son fuente importante de material fitogenético. Debería darse especial prioridad a los programas de capacitación intensiva de especialistas en biotecnología y el fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo en materia de conservación y manejo de recursos genéticos y de mejoramiento de plantas y producción de semillas".
Lo días 25 al 30 de junio de 2001se celebró la sexta reunión extraordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, en Roma, Italia.
Luego de una semana de negociaciones, la Comisión aprobó el texto del Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, el que luego de su aprobación por la Conferencia de la FAO en su 31º período de sesiones, del 2 al 13 de noviembre, pasó a tener carácter vinculante para los miembros de la misma.[3] [ver el Tratado texto completo]
Entre los objetivos principales del Convenio sobre la Diversidad Biológica se encuentran la conservación de la diversidad biológica y el compartir de forma justa y equitativa los beneficios que resulten de la utilización de los recursos genéticos. Como uno de los beneficios a compartir resultante de la utilización de los recursos genéticos se incluye la "transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, tomando en consideración todos los derechos.....para las tecnologías" (artículo 1). Se entiende que esta referencia a "todos los derechos" se incluyó en el párrafo con el objetivo de que se tomen en cuenta fundamentalmente los derechos de propiedad intelectual (esto surge claramente de las discusiones anteriores a la redacción del texto del Convenio).
El tema de los Derechos de Propiedad Intelectual dio motivo a una de las discusiones más ríspidas a lo largo de las negociaciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Los países desarrollados estaban a favor de una aplicación a ultranza, en todas las esferas, de los Derechos de Propiedad Intelectual, incluyendo a las nuevas variedades o creaciones fitogenéticas, obtenidas a través de métodos avanzados de biología molecular y en otros ámbitos de la industria biotecnológica. [4]
En general, los países en vías de desarrollo sostuvieron que los Derechos de Propiedad Intelectual dificultan la transferencia de la tecnología a los mismos, y no toman en cuenta la contribución, por ejemplo, de los agricultores tradicionales para los recursos mundiales fitogenéticos, a no proteger sus variedades de cultivares logradas a través de centenares de años.
Sucede que en el Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), nada se dice con respecto al desarrollo de medidas adicionales que tiendan a compartir beneficios con países o comunidades que proveen los recursos genéticos o conocimientos tradicionales. Debido a sus preceptivas, el Convenio sobre los ADPIC no se aplica a la posibilidad de que nuevas formas de protección puedan ser necesarias para el conocimiento de las comunidades locales e indígenas, formas de protección que irían más allá de los conceptos tradicionales en lo que hace a los Derechos de Propiedad Intelectual. Estas nuevas formas de protección podrían ser consideradas fuera de los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC. La consecuencia jurídica sería que los miembros de la Organización Mundial de Comercio no tendrían la obligación de proveer una protección similar dentro de sus territorios, en caso de que uno de sus miembros sí la aplicara.
Los derechos de propiedad intelectual ocupan un papel relevante el Convenio sobre la Diversidad Biológica y obviamente en el Acuerdo sobre los ADPIC, pero desde perspectivas muy diferentes. Debido a que muchos países son miembros de ambos acuerdos, la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la Organización Mundial de Comercio han comenzado a examinar las complejas relaciones entre los Derechos de Propiedad Intelectual y la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, teniendo como punto focal de encuentro a los recursos genéticos, debido a su aplicación en la agricultura, industria farmacéutica, etc.
Debido a la flexibilidad de ambos Convenios en cuanto a la aplicación nacional, podría llevarse a cabo una aplicación complementaria y mutuamente beneficiosa de ambos Convenios, por ejemplo, transferencia de Derechos de Propiedad Intelectual podrían ser consideradas a favor del país proveedor de recursos genéticos, en el acuerdo con la otra parte, bajo los términos del Acuerdo sobre los ADPIC, etc.
Por otro lado, la aplicación simultánea de ambos Convenios podría provocar conflictos (el caso de un país que haya adherido a ambos). Así, el inciso l del Artículo 22 del CDB establece que sus disposiciones "no deberán afectar los derechos y obligaciones de (una Parte)..... que derivan de cualquier acuerdo internacional existente, excepto cuando el ejercicio de estos derechos y obligaciones podrían causar serios daños o podrían amenazar la diversidad biológica".
Aún no está especificado claramente la manera de aplicación de este artículo en caso de conflicto con el Acuerdo de los ADPIC. (Pero es evidente que deja un grado de maniobra adicional a un país signatario de ambos convenios en caso de conflicto entre ambos). Hoy día no existe un mecanismo institucional de solución de las controversias que se puedan presentar entre ambos Convenios.
El organismo de la Organización Mundial de Comercio que considera la relación entre el comercio y el medio ambiente es el Comité sobre el Comercio y el Medio Ambiente (CTE por su acrónimo en inglés). Trata especialmente los aspectos medioambientales del Acuerdo sobre los ADPIC, y la relación entre las medidas de la OMC con los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente.
El mandato del CTE tiene como objetivo "coordinar las políticas en el campo del comercio y del medio ambiente" bajo el principio de que "no debería haber...ni sería necesario ninguna contradicción política entre la promoción del sistema multilateral de comercio, y la promoción del desarrollo sostenible."
El programa de trabajo del CTE incluye diez temas, uno de ellos especialmente relacionado con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Nº 8, que trata sobre "las disposiciones pertinentes al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" y el medio ambiente. Este tema fue tratado ya en 1996 por el CTE, y en es ocasión algunas delegaciones propusieron:
- la protección de los derechos de los recursos biológicos y las medidas para asegurar el compartir equitativo de los beneficios de los productos patentables derivados de estos recursos, la protección de los intereses de los pueblos indígenas y de habilidad para proteger y preservar la diversidad biológica.
- nivel apropiado de protección a los DPI, en cuanto a la tecnología apropiada para el medio ambiente, y sobre el acceso y la transferencia de esta tecnología (punto de conflicto entre países desarrollados y en vías de desarrollo).
Por otro lado, la segunda Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en su decisión II/12, pide a la Secretaría del Convenio (entre otros puntos):
"Realizar un estudio preliminar que analice el impacto de los sistemas de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y el compartir equitativo de los beneficios derivados de su utilización con el fin de obtener una mejor comprensión de los efectos del inciso 5 del artículo 16 ("Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del presente Convenio, cooperarán a este respecto de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional para velar por que esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente convenio"). Dicho examen puede enfocar:
- el estudio de la relación entre los derechos de propiedad intelectual y la conservación y mantenimiento de las prácticas y conocimientos tradicionales de las comunidades locales e indígenas, así como el posible rol de los derechos de la propiedad intelectual con el fin de incentivar el compartir equitativo de los beneficios resultantes de la utilización de dichos conocimientos y prácticas.
- la invitación a los gobiernos y a otros participantes interesados pertinentes para que presenten estudios con los casos que traten el rol de los derechos de propiedad intelectual en el procedimiento de la transferencia de la tecnología, y en particular, del rol de los derechos de propiedad intelectual en la transferencia de biotecnología.
La inclusión del párrafo 5 en el artículo 16, titulado " Acceso a la Tecnología y Transferencia de Tecnología" es índice de que existía el convencimiento entre los redactores del Convenio que si los DPI tienen algún impacto en sus objetivos, sería probable que ocurra en más en el ámbito de la transferencia de la tecnología que en el de la conservación y utilización sostenible.
El artículo 11 en su inciso j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica también se relaciona con los Derechos de Propiedad Intelectual, ya que requiere a las partes del mismo, "en la medida de lo posible", respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas que entrañan estilos de vida tradicionales apropiados para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promover su aplicación amplia con la aprobación y participación de los titulares de dichos conocimientos, innovaciones y prácticas e incentivar el compartir equitativo de los beneficios resultantes de la utilización de dichos conocimientos, innovaciones y prácticas".
Otro artículo del Convenio sobre la Diversidad Biológica relevante en cuanto su relación a los Derechos de Propiedad Intelectual, es el artículo 15 que trata sobre el acceso a los recursos genéticos. La aplicación de este artículo este íntimamente entrelazada con los Derechos de Propiedad Intelectual, por lo que será objeto de un tratamiento específico más adelante.
Según el documento UNEP/CBD/COP/3/22, realizado en la Tercera Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, los impactos de los sistemas de Derechos de Propiedad Intelectual sobre los Objetivos del Convenio se pueden agrupar en cinco categorías generales temas. Estos son:
Impactos sobre el conocimiento y las prácticas tradicionales de comunidades locales indígenas;
impactos de los sistemas de DPI sobre los incentivos indirectos que afectan la conservación y utilización sostenibles;
impactos de los sistemas de DPI sobre el compartir de beneficios a través del desarrollo de tecnologías que utilizan recursos genéticos;
impactos de los sistemas de DPI sobre la transferencia o el acceso de la información científica y tecnológica.
Relación entre los sistemas de DPI y el mecanismo de facilitación.
Los puntos 1) y 3) son especialmente relevantes para nuestro análisis.
En cuanto al impacto de los sistemas de Derechos de Propiedad Intelectual sobre el conocimiento y las prácticas tradicionales de las comunidades locales e indígenas (punto 1), el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en el artículo 8, referente a la conservación in situ (vale decir en el lugar de origen) de los ecosistemas, las especies silvestres y la diversidad genética, establece que "Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda........j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá la aplicación más amplia, con la aprobación y participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente".
Algunos analistas sostienen que los sistemas de DPI existentes pueden crear incentivos directos e indirectos para las comunidades locales e indígenas a través de inversiones que se efectúen para mantener el conocimiento y prácticas indígenas; por otro lado se afirma que "los mecanismos de protección existentes son insuficientes para la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual y los Derechos Intelectuales de los Pueblos Indígenas" (Declaración de Mataatua, 1993).
Existe un acuerdo preliminar entre los especialistas de que los sistemas de DPI no confieren, generalmente, derechos a los países (como tales) o a las comunidades locales o indígenas, ni a ninguna persona natural o jurídica por las fuentes genéticas que ocurren naturalmente en sus territorios y jurisdicciones. Más bien, estos sistemas confieren protección a los recursos genéticos modificados por los humanos sólo en caso de que hayan sido modificados por un invento y en un proceso aceptable en los términos de algún sistema de los Derechos de Propiedad Intelectual.
Hay diferentes posturas con respecto a lo anterior. Muchas organizaciones indígenas aconsejan la restricción de los Derechos de Propiedad Intelectual en los "inventos" (organismo genéticamente modificados o una sustancia bioquímica de uso farmaceútico ) derivados, en parte, del conocimiento tradicional o de materiales biológicos encontrados en su territorio. En cambio, otros grupos de aconsejan una modificación de los sistemas de DPI para permitir que las comunidades o individuos locales e indígenas reclamar Derechos de Propiedad Intelectual por su conocimiento, innovaciones y prácticas, que se relacionan con la utilización sostenible de la diversidad biológica.
Otras propuestas incluyen la creación de nuevos DPI, algunas veces llamados sistemas sui generis, para el conocimiento tradicional de las comunidades locales e indígenas (UNEP/CBD/COPP/3/19). Estas propuestas presentan muchos puntos de aplicación conflictivos, tales como la duración de tales derechos y la identidad legal de los titulares de tales derechos.
En cuanto al impacto de los sistemas de DPI sobre el compartir de beneficios a través de tecnologías que usen recursos genéticos (punto 3), una postura sostiene que los sistemas de DPI favorecen el desarrollo de productos que benefician en primer lugar la industria privada y los usuarios de los mercados más lucrativos que se encuentran en países desarrollados, y que estos sistemas de DPI no responden a las necesidades de pequeños agricultores, que no pueden costear las inversiones que se necesitan para cultivos "de elite" y el acceso a semillas o material reproductivo protegidos por sistemas de DPI.
Esta postura crítica, ha sido especialmente desarrollada por algunas organizaciones no gubernamentales, tales como la Rural Advancement Foundation International (RAFI). En un trabajo llamado "Confinamientos de la Razón. Monopolios Intelectuales"[5], lleva adelante un profundo estudio acerca del impacto de los sistemas de DPI en lo relativo a su impacto sobre la biodiversidad global y el compartir los beneficios derivados de su utilización. En este trabajo, se realiza un paralelismo entre el "acto de confinamiento" de las tierras comunales por los gobiernos europeos del siglo 18, ocasión en que éstas fueron confiscadas por los gobiernos y vendidas a personas con riqueza individual, y los actuales sistemas de propiedad intelectual, que permiten, según esta postura, la expropiación del conocimiento y técnicas de pueblos agricultores e indígenas, del presente y del pasado. Según esta postura, cuando a industria se le permite el monopolio exclusivo del control sobre la información de la vida, ocurre un "confinamiento de la razón".
Sucede que la importancia económica de la biodiversidad (específicamente de los genes y complejos de genes dentro de las diversas especies animales y vegetales, microorganismos, y aún seres humanos), considerada como la materia prima de nuevas biotecnologías, basadas en la ingeniería genética, está aumentando cada vez más. Esta biodiversidad se ve amenazada por la constante pérdida de hábitats o ecosistemas debido a la contaminación, avances de la frontera agropecuaria, sobreexplotación de los bosques y pérdida de razas y variedades de animales y plantas cultivadas. La mayor biodiversidad se encuentra en los países subdesarrollados de la zona tropical y subtropical.
Encontrar los genes que contengan la información biológica adecuada para una determinada aplicación, entre las millones de especies existentes y los aún mucho más numerosos genes a través de un proceso de "ensayo y supresión de errores" o una búsqueda al azar, se transformaría en un proceso extremadamente lento y caro. Un método más eficiente es utiliza el conocimiento de las comunidades agrícolas tradicionales y de indígenas desarrollado a través de cientos o miles de generaciones. Según RAFI, si bien existe una enorme riqueza de recursos genéticos silvestres en estos países, en numerosas ocasiones estos recursos silvestres son conocidos en su aprovechamiento, han sido manejados y muchas veces mejorados a través de la domesticación.
Hoy día se considera que los centros de diversidad genética de estos países poseen una diversidad genética fundamental para la seguridad alimentaria global.
Se estima que el flujo de genes de cultivos desde los cultivos de agricultores de países subdesarrollados (genéricamente llamados "del Sur", por su ubicación geográfica ubicada a sur de EEUU, Europa y Japón, aunque estén en el hemisferio Norte), principalmente vía programas internacionales de cooperación agrícola es de, al menos, 5.000 millones de dólares anuales.
Hoy día, según RAFI, la llamada por él industria de la vida o biotecnológica, que utiliza material genético como su principal materia prima, está concentrada en relativamente pocas empresas, que "mueven" miles de millones de dólares anuales (a veces lo hace una sola empresa).
Según RAFI, con el nuevo "confinamiento de la vida" por el sistema de propiedad intelectual, el mundo industrializado está impidiendo efectivamente que quienes entregan semillas y el conocimiento experto obtengan acceso al beneficio comercial, mientras simultáneamente otorgan monopolios sus propios inventores y mejoradores genéticos mediante la propiedad intelectual sobre variedades vegetales y animales. Por ejemplo, hacia 1990, un cuarto de los productos farmaceúticos del mundo eran de origen vegetal, con ventas anuales superiores a 43.000 millones de dólares, siendo la mayor parte de estas drogas "descubiertas" por las corporaciones farmacéuticas debidas a su anterior uso en la medicina local tradicional. Sin embargo, los médicos tradicionales o comunidades indígenas, casi nunca han sido recompensados por esta contribución a la ciencia y a la industria.
Así, a través de los sistemas de DPI, la industria de los países desarrollados está obteniendo controles monopólicos durante 17 a 25 años sobre los recursos biológicos y el conocimiento de las comunidades tradicionales e indígenas del "Sur", lo que puede significar para estos, en algún momento, tener que pagar por los productos de su propio intelecto. Es entendido que no recibirán recompensa alguna por su contribución a las ganancias de las corporaciones.
Según RAFI, los sistemas de DPI juegan un papel fundamental en las estrategias de confinamiento del conocimiento, sobre a través de los llamados derechos de los fitomejoradores (u obtentores vegetales ) y de las leyes de patentes (ver ut-supra). Bajo estos sistemas de DPI, según esta perspectiva, los llamados "derechos del agricultor", o sea, el poder guardar semillas para la siembra del próximo año o intercambiar semillas con los agricultores vecinos se verá cada vez más restringido, y bajo las leyes de patentes, se podrán monopolizar genes específicos, o sea unidades de la herencia, que serán definidas como objeto de propiedad intelectual, serán protegidas por derechos monopólicos y se intercambiaran como bienes comerciales en el mercado global. Para RAFI, tanto el Tratado sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS, Trade-Related Aspects of Intellectual Property ), que obliga a los países signatarios a adoptar un determinada legislación en pos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ver más arriba), como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, pese a que este hace referencia a la conservación del conocimiento indígena y local de sociedades rurales, facilitan la expropiación de recursos genéticos y del conocimiento proveniente del Sur, en el caso de CDB, en sus artículos sobre acceso a los recursos genéticos y la transferencia de tecnología.
Así, (según RAFI), el CDB fomenta los acuerdos bilaterales entre quiénes desean el accesos a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales (en su mayoría corporaciones o empresas comerciales de biotecnología) y los gobiernos que supuestamente tienen el control soberano sobre estos recursos. Pero el Convenio no establece parámetros obligatorios multilaterales o un código aceptado internacionalmente para llevar a cabo tales negociaciones. El Convenio, aunque confiere la soberanía sobre los recursos genéticos y de las sociedades rurales a los gobiernos nacionales, falla en la práctica en lo que se refiere a definir alguna forma de protección concreta para el conocimiento e innovaciones de los comunidades agrícolas tradicionales.
Por otra parte, los últimos años del siglo XX fueron pródigos en avances del sistema de patentes en cuanto al patentamiento de formas de vida producto de la biotecnología y de la manipulación industrial de materiales genéticos. Así fue que en Estados Unidos, en 1980 una decisión de la Suprema Corte en el caso Diamond vs. Chakrabarri estableció qué los microorganismos sometidos a ingeniería genética eran patentables; en 1985 la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos dictó que las plantas (previamente protegidas por los derechos de obtentor) podrían cumplir con los requisitos de las patentes industriales; y en 1987 la misma Oficina dictaminó que los animales son patentables, y en 1994, al término de la Ronda Uruguay del GATT (luego Organización Mundial de Comercio), los países industrializados lograron introducir a la propiedad intelectual en el mismo, a través del Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPs por su acrónimo en inglés).
Por otro lado, cómo se vió más arriba, el Acuerdo sobre los ADPIC, en su artículo 27.3.b) establece que los Miembros pueden excluir del patentamiento a: "los vegetales y animales, exepto microorganismos, y procesos esencialmente biológicos para la producción de vegetales o animales, exepto procesos no biológicos y microbiológicos. Sin embargo, los miembros deben proporcionar protección a las variedades vegetales, ya sea por patentes o por un sistema efectivo o por cualquier combinación de esto. Las disposiciones de este párrafo serán revisadas cuatro años después de la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo de la OMC". Por lo tanto, a contrario sensu, se entiende que también pueden incluir en el patentamiento a los vegetales y animales y a los procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales.
La asimetría entre los "mejoradores formales" de las empresas biotecnológicas y los agricultores tradicionales o conocimientos indígenas se da básicamente debido a que la inventiva de los mejoradores formales está cubierta o protegida por los Derechos de Propiedad Intelectual, mientras que en el sistema actual de los Derechos de Propiedad Intelectual según el Tratado de los ADPIC, la inventiva de los agricultores tradicionales o conocimientos indígenas no lo está, y tampoco por algún derecho "sui generis".
Un caso paradigmático del avance de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre los conocimientos tradicionales no protegidos es el del endod africano. El endod es una planta de la cual las madres etíopes extraen un jabón natural desde hace tiempos inmemoriales, que usan para bañar sus niños y purificar el agua. Su uso parece reducir la incidencia de la esquistosomiasis, enfermedad transmitida por una caracol de río.
En la misma Etiopía, un científico, el Dr. Aklilu Lemma trabajó para ver si el endod podía ser una herramienta eficaz contra la esquistosomiasis. Debido a su éxito, fue invitado a la Universidad de Toledo en los Estados Unidos para recibir el doctorado honoris-causa.
Fue consultado por los científicos de la Universidad poco antes de recibir su doctorado, acerca de si el endod podía ser eficaz contra la almeja cebra, de origen asiático, que fue introducida en los Grandes Lagos de Estados Unidos y Canadá, afectando a la navegación (carcome el fondo de los barcos) y ductos por un costo superior a los 5.000 millones de dólares anuales. Debido a que el endod mataba en forma eficaz los caracoles que transmiten la esquistosomiasis, Lemma barajó la hipótesis de que también sería efectivo contra la almeja cebra (otro molusco) y diseñó un experimento para ser efectuado por científicos de la Universidad, usando una muestra de endod que había traído desde Etiopía. Al poco después de recibir su doctorado, fue informado que el experimento había funcionado. Cuatro meses después, la Universidad de Toledo postuló una patente en Estados Unidos sobre el uso del endod en contra de las almejas cebra, siéndole otorgada en 1994.
En 1995, Lemma, director de la Fundación Etíope del Endod, un instituto de investigación sin fines de lucro, escribió al presidente de la Universidad de Toledo, solicitándole acceso a la patente para ampliar la investigación sobre el uso del endod contra otras plagas. Existía un "acuerdo de caballeros" de que Etiopía compartiría los royalties de la patente y de que la Fundación quedaría en libertad para investigar. El presidente de la Universidad de Toledo le respondió a Lemma que las dos de la Universidad sobre el endod estaban disponibles mediante una licencia de U$ 50.000 o en caso de compra, por U$ 125.000 más los costos legales.[6]
Es así que se da que la mayoría relacionadas con la biotecnología de las patentes se originan en el mundo industrializado. Un estudio de RAFI en 1995 sobre las patentes vegetales a nivel mundial reveló que los países desarrollados (países europeos, EEUU, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda e Israel) daban cuenta de casi el 100% de las patentes, perteneciendo el 76% a los EEUU.
Siguiendo en esta perspectiva, es dable observar que tanto la Organización Mundial de Comercio como el Convenio sobre la Diversidad Biológica protegen específicamente la propiedad intelectual de la industria biotecnológica; la Organización Mundial de Comercio al obligar a los países miembros a establecer alguna forma de legislación de propiedad intelectual sobre determinadas formas de vida (y al permitir que las implemente sobre otras), y el Convenio sobre la Diversidad Biológica al estipular que tal propiedad intelectual debe ser respetada. De esta manera, las comunidades indígenas quedan fuera de formas efectivas de compensación y beneficios que pudiesen dar los sistemas tradicionales de propiedad intelectual industrial. Si bien el Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoce especialmente a "las comunidades indígenas y locales que entrañe estilos tradicionales de vida", no brinda ningún mecanismo concreto de protección a su saber tradicional, y tampoco a las novedades que puedan ir surgiendo de este saber, ya que el mismo no es estático, sino dinámico.
[1] Guía del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Unión Mundial para la Naturaleza.
[2] Nota: la mayor parte de las definiciones técnicas y jurídicas de este punto fueron extraídas del trabajo "Las Negociaciones Comerciales Multilaterales Sobre la Agricultura, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio". Silva Repetto, M. Calcavanti.
[3] Informe de la Sexta Reunión Extraordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. CGFRA-Ex 6/01/REP.
[4] Guía del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Unión Mundial para la Naturaleza.
[5] "Confinamientos de la razón. Monopolios Intelectuales". RAFI.
[6] "Confinamientos de la razón. Monopolios Intelectuales". RAFI.