Source: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1395649169179&uri=CELEX:62014CJ0324
Timestamp: 2017-03-30 11:05:54
Document Index: 183621609

Matched Legal Cases: ['Artículo 48', 'Artículo 48', 'artículo 267', 'artículo 44', 'artículo 24', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 51', 'artículo 54', 'artículo\n53', 'artículo 63', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 90', 'artículo 26', 'artículo 83', 'artículo 91', 'artículo 93', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 26', 'artículo 22', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo\n2', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo\n2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 48', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 48', 'artículo 44', 'artículo 48', 'artículo 44', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 90', 'artículo 48', 'artículo 63', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 48', 'artículo 63', 'artículo 48', 'e contrario', 'artículo 48', 'artículo 63', 'artículo 44', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 48', 'artículo 63']

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de abril de 2016.Partner Apelski Dariusz contra Zarząd Oczyszczania Miasta.Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajowa Izba Odwoławcza.Procedimiento prejudicial — Contratos públicos — Directiva 2004/18/CE — Capacidades técnicas y profesionales de los operadores económicos — Artículo 48, apartado 3 — Posibilidad de basarse en las capacidades de otras entidades — Requisitos y modalidades — Naturaleza de los vínculos existentes entre el licitador y las otras entidades — Modificación de la oferta — Anulación y repetición de una subasta electrónica — Directiva 2014/24/UE.Asunto C-324/14.
«Procedimiento prejudicial — Contratos públicos — Directiva 2004/18/CE — Capacidades técnicas y profesionales de los operadores económicos — Artículo 48, apartado 3 — Posibilidad de basarse en las capacidades de otras entidades — Requisitos y modalidades — Naturaleza de los vínculos existentes entre el licitador y las otras entidades — Modificación de la oferta — Anulación y repetición de una subasta electrónica — Directiva 2014/24/UE»
En el asunto C‑324/14,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Krajowa Izba
Odwoławcza (Sala nacional de recursos, Polonia), mediante resolución de 18 de junio de 2014, recibida en el Tribunal de Justicia
el 7 de julio de 2014, en el procedimiento entre
integrado por el Sr. A. Tizzano (Ponente), Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Presidente de la Sala
Primera, y los Sres. F. Biltgen y E. Levits, la Sra. M. Berger y el Sr. S. Rodin, Jueces;
– en nombre de Partner Apelski Dariusz, por el Sr. T. Krześniak, adwokat;
– en nombre de Zarząd Oczyszczania Miasta, por el Sr. K. Wąsik, radca prawny;
– en nombre de Remondis sp. z o.o. y MR Road Service sp. z o.o., por el Sr. K. Kamiński y la Sra. K. Dajczer, radcowie prawni;
– en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y por las Sras. M. Szwarc y D. Lutostańska, en calidad de agentes;
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, 44 y 48, apartado 3, de la Directiva
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114).
2 Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Partner Apelski Dariusz (en lo sucesivo, «Partner») y Zarząd
Oczyszczania Miasta [servicio de limpieza de la ciudad; en lo sucesivo, «servicio de limpieza de la ciudad de Varsovia (Polonia)»]
acerca de su exclusión del procedimiento de adjudicación del contrato público relativo a la limpieza mecánica polivalente
de las calles de la ciudad de Varsovia para los años 2014 a 2017.
3 El considerando 46 de la Directiva 2004/18 tiene el siguiente tenor: «La adjudicación del contrato debe efectuarse basándose en criterios objetivos que garanticen el respeto de los principios
de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, así como la evaluación de las ofertas en condiciones de competencia
efectiva. Por consiguiente, conviene admitir únicamente la aplicación de dos criterios de adjudicación, a saber, el del precio
más bajo y el de la oferta económicamente más ventajosa.
A fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en la adjudicación de los contratos, conviene establecer
la obligación ―consagrada por la jurisprudencia― de asegurar la transparencia necesaria para que cualquier licitador pueda
informarse razonablemente de los criterios y modalidades que se aplicarán para determinar la oferta económicamente más ventajosa.
«Los poderes adjudicadores darán a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrarán con
transparencia.» 5 El artículo 44 de la misma Directiva, que lleva por título «Verificación de la aptitud y selección de los participantes, adjudicación
de los contratos», dispone:
«1. La adjudicación de los contratos se realizará basándose en los criterios previstos en los artículos 53 y 55, habida cuenta
del artículo 24, previa verificación de la aptitud de los operadores económicos que no hayan sido excluidos en virtud de los
artículos 45 y 46. Dicha verificación se llevará a cabo por parte de los poderes adjudicadores de conformidad con los criterios
de capacidad económica y financiera y de conocimientos o capacidades profesionales y técnicas contemplados en los artículos
47 a 52, y, en su caso, con las normas y criterios no discriminatorios mencionados en el apartado 3.
2. Los poderes adjudicadores podrán exigir los niveles mínimos de capacidades con arreglo a los artículos 47 y 48, que los candidatos
y licitadores deben reunir.
El alcance de la información contemplada en los artículos 47 y 48 y los niveles mínimos de capacidad exigidos para un contrato
determinado deberán estar vinculados y ser proporcionales al objeto del contrato.
6 A tenor del artículo 47, apartado 2, de la Directiva 2004/18, titulado «Capacidad económica y financiera»:
«En su caso, y para un contrato determinado, el operador económico podrá basarse en las capacidades de otras entidades, independientemente
dispondrá de los medios necesarios, por ejemplo, mediante la presentación del compromiso de dichas entidades a tal efecto.»
7 El artículo 48 de dicha Directiva, titulado «Capacidad técnica y profesional», establece: «1. Las capacidades técnicas y profesionales de los operadores económicos se evaluarán y comprobarán de conformidad con los apartados
a) [...] ii) presentación de una relación de los principales suministros o de los principales servicios efectuados durante los tres últimos
años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado. […]
8 El artículo 51 de la Directiva 2004/18, con la rúbrica «Documentación e información complementaria», dispone: «El poder adjudicador podrá invitar a los operadores económicos a que completen o hagan más explícitos los certificados y
documentos presentados en aplicación de los artículos 45 a 50.»
9 El artículo 54 de dicha Directiva, titulado «Utilización de subastas electrónicas», establece:
«1. Los Estados miembros podrán prever la posibilidad de que los poderes adjudicadores apliquen subastas electrónicas.
4. Antes de proceder a la subasta electrónica, los poderes adjudicadores procederán a una primera evaluación completa de las
ofertas de conformidad con el (los) criterio(s) de adjudicación y con su ponderación, tal como se hayan establecido.
Se invitará simultáneamente por medios electrónicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a que
presenten nuevos precios y/o nuevos valores; [...]
8. Una vez concluida la subasta electrónica, los poderes adjudicadores adjudicarán el contrato de conformidad con el artículo
53, en función de los resultados de la subasta electrónica. Los poderes adjudicadores no podrán recurrir a las subastas electrónicas de manera abusiva o de manera que la competencia
se vea obstaculizada, restringida o falseada o que se vea modificado el objeto del contrato tal como se ha sometido a licitación
mediante la publicación del anuncio de licitación y definido en el pliego de condiciones.»
10 El considerando 2 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94, p. 65), tiene el siguiente tenor:
«Deben revisarse y modernizarse las normas vigentes sobre contratación pública adoptadas de conformidad con la [...] Directiva
2004/18/CE [...], a fin de incrementar la eficiencia del gasto público, facilitando en particular la participación de las
pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública [...]. Asimismo, es preciso aclarar determinadas nociones y
conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica e incorporar determinados aspectos de reiterada jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación pública.»
11 El artículo 63 de la Directiva 2014/24, que lleva por título «Recurso a las capacidades de otras entidades», tiene el siguiente
«1. Con respecto a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera establecidos con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 58, apartado 3, y a los criterios relativos a la capacidad técnica y profesional establecidos de conformidad con
el artículo 58, apartado 4, un operador económico podrá, cuando proceda y en relación con un contrato determinado, recurrir
a las capacidades de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas. No
obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el anexo XII,
parte II, letra f), o a la experiencia profesional pertinente, los operadores económicos únicamente podrán recurrir a las
capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas
capacidades. Cuando un operador económico desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder adjudicador
que va a disponer de los recursos necesarios, por ejemplo mediante la presentación del compromiso de dichas entidades a tal
2. En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios o las operaciones de colocación o instalación en el contexto
de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas tareas críticas sean ejecutadas directamente
por el propio licitador [...]» 12 A tenor del artículo 90, apartado 1, de dicha Directiva:
a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 18 de abril de 2016. [...]»
13 La Directiva 2004/18 fue transpuesta al ordenamiento jurídico polaco mediante la Ley de contratos públicos (texto codificado,
Dz. U. de 2013, posiciones 907, 984, 1047 y 1473, así como Dz. U. de 2014, posición 423; en lo sucesivo, «Ley de contratos
públicos»).
14 El artículo 26, apartado 2b, de la Ley de contratos públicos es del siguiente tenor:
«El operador económico podrá basarse en los conocimientos técnicos y la experiencia, la capacidad técnica, el personal capacitado
para la ejecución del contrato o la solvencia financiera de otra entidad, independientemente de la naturaleza jurídica de
los vínculos que tenga con ella. En este caso, el operador económico deberá demostrar que dispondrá de los medios necesarios
para la ejecución del contrato, en particular, presentando un compromiso por escrito de dichas entidades de poner a disposición
del operador económico los medios necesarios por una duración equivalente a la ejecución del contrato [...]»
15 El artículo 83, apartados 2 y 3, de la Ley de contratos públicos establece:
«2. El poder adjudicador podrá autorizar la posibilidad de presentar una oferta parcial, siempre y cuando el objeto del contrato
sea divisible.
3. En el caso previsto en el apartado 2, el operador económico podrá presentar ofertas parciales referentes a una o varias partes
del contrato, a no ser que el poder adjudicador haya determinado un número máximo de partes del contrato para las que un operador
económico pueda presentar ofertas parciales.»
16 El artículo 91b, apartado 1, de la Ley de contratos públicos dispone:
«El poder adjudicador invitará por vía electrónica a todos los operadores económicos que hayan presentado una oferta admitida
a participar en una subasta electrónica.»
17 El artículo 93, apartado 1, punto 7, de la Ley de contratos públicos prevé:
«El poder adjudicador declarará nulo el procedimiento, cuando […] el procedimiento adolezca de un vicio insubsanable que impida
la celebración de un contrato válido que tenga por objeto la ejecución de un contrato público.»
18 El artículo 1, apartado 6, del Reglamento del Presidente del Consejo de Ministros de 19 de febrero de 2013 sobre el tipo de
documentos exigibles, por el poder adjudicador, de un operador económico y sobre la forma de presentación de esos documentos
(Dz. U. de 2013, posición 231) tiene el siguiente tenor:
«Si, para demostrar que reúne los requisitos del artículo 22, apartado 1, de la [Ley de contratos públicos], un operador económico
se basa en los medios de otras entidades en virtud de lo dispuesto en el artículo 26, 2b, de la [Ley de contratos públicos],
el poder adjudicador, para apreciar si el operador económico dispondrá de los medios de otras entidades en la medida necesaria
para la buena ejecución del contrato o si el vínculo entre el operador económico y tales entidades garantiza efectivamente
el acceso a esos medios, podrá exigir:
1) en relación con los requisitos mencionados en el artículo 22, apartado 1, punto 4, de la [Ley de contratos públicos], los
documentos enumerados en el apartado 1, puntos 9 a 11, así como otros documentos relativos a la capacidad económica y financiera,
tal como se prevén en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones;
2) documentos que se refieran: a) al alcance de los medios de otra entidad a los que puede acceder un operador económico,
b) a las modalidades de utilización de los medios de otra entidad por el operador económico para ejecutar el contrato,
19 De la resolución de remisión se desprende que, en diciembre de 2013, el servicio de limpieza de la ciudad de Varsovia convocó
una licitación para la adjudicación de un contrato público relativo a la limpieza mecánica polivalente de las calles de la
ciudad de Varsovia en invierno y en verano para los años comprendidos entre 2014 y 2017. La limpieza durante el invierno objeto
de ese contrato consiste esencialmente en prevenir y eliminar el hielo en el pavimento echando sal y utilizando una máquina
quitanieves en determinadas categorías de calles, mientras que la limpieza durante el verano consiste en barrer y limpiar
con agua las calles.
20 El servicio de limpieza de la ciudad de Varsovia optó por convocar una licitación que debía completarse mediante una subasta
electrónica. El objeto del citado contrato se dividió en ocho partes, que correspondían a barrios diferentes de la ciudad
de Varsovia, de modo que se permitía a cada licitador presentar una oferta para la totalidad del mismo contrato o una oferta
21 Como se preveía en el pliego de condiciones, para justificar sus capacidades técnicas, cada licitador debía presentar una
lista de los servicios de mantenimiento durante el invierno de la red de comunicaciones mediante el empleo de una tecnología
húmeda prestados durante los tres años anteriores a la expiración del plazo de presentación de la oferta. Tales servicios
debían tener un valor global mínimo de 1 000 000 de eslotis (PLN) (aproximadamente 224 442 euros) para cada una de las ocho
partes del contrato en cuestión. Por consiguiente, para presentar una oferta por la totalidad de ese contrato, un licitador
debía demostrar que había prestado servicios por un valor mínimo de 8 000 000 de PLN (aproximadamente 1 795 537 euros).
22 A raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del anuncio de licitación, Partner presentó su candidatura a la totalidad del citado contrato afirmando que, durante los
tres años precedentes, había garantizado la prestación de catorce servicios, de los que doce habían sido cubiertos por ella
misma y dos por PUM sp. z o.o. (en lo sucesivo, «PUM»), con domicilio social en Grudziądz (Polonia), ciudad situada a unos
230 km de Varsovia. 23 Además, adjuntó a su oferta un compromiso de PUM en virtud del cual ésta pondría sus capacidades a disposición de Partner,
en particular mediante servicios de asesoramiento que comprendían, entre otros aspectos, la formación de los empleados de
ésta y una ayuda para la solución de los problemas que pudieran plantearse en la ejecución del contrato de que se trata. Asimismo,
Partner destacó que, a efectos de la ejecución del referido contrato, esa colaboración debía regirse por un contrato celebrado
entre las dos empresas.
24 El 26 de febrero de 2014, el servicio de limpieza de la ciudad de Varsovia instó a Partner a precisar con más detalle las
actividades que PUM ejercería y las repercusiones que tales actividades podrían tener en la calidad y la eficacia de los servicios
prestados en el territorio de Varsovia, habida cuenta, en particular, de la distancia existente entre Grudziądz y Varsovia.
25 Al considerar que la respuesta dada por Partner no era satisfactoria y que no sería posible la puesta a disposición de los
conocimientos y la experiencia de PUM debido a la falta de participación personal y efectiva de la citada sociedad en la realización
del contrato de que se trata, el servicio de limpieza de la ciudad de Varsovia pidió a PARTNER, mediante escrito de 11 de
marzo de 2014, que completara su expediente al respecto.
26 En su respuesta de 18 de marzo de 2014, Partner mostró su disconformidad con la postura adoptada por el servicio de limpieza
de la ciudad de Varsovia y solicitó que se tuviera en cuenta su oferta a efectos de la adjudicación de cada una de las ocho
partes del citado contrato, con arreglo a un determinado orden de prioridad.
27 Sin embargo, el servicio de limpieza de la ciudad de Varsovia rechazó en su totalidad la oferta de Partner y concluyó el procedimiento
de adjudicación del contrato en cuestión tras la celebración de una subasta electrónica.
28 Así pues, Partner interpuso un recurso ante la Krajowa Izba Odwoławcza (Sala nacional de recursos) dirigido a obtener la anulación
de la decisión mediante la cual fue excluida del procedimiento de adjudicación del contrato controvertido y de la decisión
en virtud de la cual se seleccionó la oferta más ventajosa para las diferentes partes de ese contrato. Además, solicitó que
se volvieran a examinar las ofertas que habían sido presentadas en el marco de este procedimiento de adjudicación y que se
admitiera su participación en una nueva subasta electrónica.
29 En este contexto, la Krajowa Izba Odwoławcza (Sala nacional de recursos) decidió suspender el procedimiento y plantear al
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 48, apartado 3, en relación con el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE […] en el sentido
de que, cuando señala que “en su caso” el operador económico podrá basarse en las capacidades de otras entidades, se refiere
a todos los casos en los que el operador económico en cuestión no disponga de la cualificación exigida por el poder adjudicador
y quiera valerse de las capacidades de otras entidades? ¿O debe entenderse la indicación de que el operador económico podrá
basarse únicamente “en su caso” en las capacidades de otras entidades como una restricción, en el sentido de que tal referencia
sólo es admisible excepcionalmente y no como norma en el marco de la prueba de la cualificación de los operadores económicos
en el procedimiento de adjudicación?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 48, apartado 3, en relación con el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE, en el sentido de
que basarse en las capacidades de otras entidades “independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga
con ellas” por parte del operador económico y “disponer de los medios” de estas entidades significa que el operador económico
puede no tener vínculos o tenerlos muy escasos e indeterminados con estas entidades al ejecutar el contrato, es decir, que
puede ejecutar el contrato por sí mismo (sin participación de otra entidad) o que tal participación puede consistir en un
“asesoramiento”, una “consulta” o una “formación”, etc.? ¿O debe interpretarse el artículo 48, apartado 3, en el sentido de
que la entidad en cuyas capacidades se basa el operador económico debe ejecutar efectiva y personalmente el contrato en la
medida en que se hayan indicado sus capacidades?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 48, apartado 3, en relación con el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE, en el sentido de
que el operador económico que tenga experiencia propia, pero menor de la que desea indicar al poder adjudicador (por ejemplo,
insuficiente para poder presentar una oferta para la ejecución de la totalidad del contrato), puede utilizar las capacidades
de otras entidades para mejorar sus perspectivas en el procedimiento de adjudicación?
4) ¿Debe interpretarse el artículo 48, apartado 3, en relación con el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE en el sentido de
que el poder adjudicador puede (o incluso, debe) establecer en el anuncio del contrato o en el pliego de condiciones los principios
en virtud de los cuales el operador económico podrá basarse en las capacidades de otras entidades, por ejemplo, la forma en
que debe participar la otra entidad en la ejecución del contrato, la manera en que pueden unirse las capacidades del operador
económico y las de la otra entidad, si la otra entidad responde solidariamente con el operador económico de la ejecución correcta
del contrato en la medida en que el operador económico se haya basado en las capacidades de la otra entidad?
5) ¿Permite el principio de tratamiento igualitario y no discriminatorio de los operadores económicos, recogido en el artículo
2 de la Directiva 2004/18/CE, una remisión a las capacidades de otra entidad con arreglo al artículo 48, apartado 3, en virtud
de la cual se suman las capacidades de dos o más entidades que, en cuanto a conocimientos técnicos y experiencia, no tienen
las capacidades exigidas por el poder adjudicador?
6) ¿Permite de este modo el principio de tratamiento igualitario y no discriminatorio de los operadores económicos, recogido
en el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE, una interpretación de los artículos 44 y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18/CE,
en el sentido de que los requisitos establecidos por el poder adjudicador para la participación en el procedimiento de adjudicación
sólo necesitan cumplirse formalmente a los efectos de poder participar en el procedimiento, independientemente de las cualificaciones
reales del operador económico?
7) ¿Permite el principio de tratamiento igualitario y no discriminatorio de los operadores económicos, recogido en el artículo
2 de la Directiva 2004/18/CE, que el operador económico, en la medida en que sea lícita la presentación de una oferta para
una parte del contrato, indique después de la presentación de las ofertas, por ejemplo en el marco de una ampliación o una
aclaración de los documentos, a qué parte del contrato se refieren las capacidades especificadas por él para probar el cumplimiento
de los requisitos de participación en el procedimiento?
8) ¿Permiten los principios de tratamiento igualitario y no discriminatorio de los operadores económicos y de transparencia recogidos
en el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE que se declare nula una subasta ya efectuada y que se repita una subasta electrónica
cuando no se llevó a cabo debidamente en algún aspecto elemental, cuando, por ejemplo, no todos los operadores económicos
que habían presentado ofertas válidas fueron invitados a participar?
9) ¿Permiten los principios de tratamiento igualitario y no discriminatorio de los operadores económicos y de transparencia,
recogidos en el artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE que se adjudique el contrato a un operador económico cuya oferta resultó
seleccionada en una subasta no realizada debidamente y que no se repitió, cuando no pueda comprobarse si la participación
del operador económico no tenido en cuenta hubiese alterado el resultado de la subasta?
10) ¿Puede utilizarse para la interpretación de las disposiciones de la Directiva 2004/18/CE el contenido de las disposiciones
y de los considerandos de la Directiva 2014/24/CE […] como guía interpretativa, aunque no haya finalizado el plazo para su
transposición, en la medida en que aclara algunas presunciones e intenciones del legislador de la Unión y no contradice las
disposiciones de la Directiva 2004/18/CE?» Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera a tercera, quinta y sexta
30 Mediante sus cuestiones prejudiciales primera a tercera, quinta y sexta, que es preciso examinar conjuntamente, el órgano
jurisdiccional remitente desea que se determinen, en esencia, los requisitos que debe reunir un operador económico para poder
basarse en las capacidades de otras entidades en el sentido del artículo 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18 y que se
aclaren las modalidades conforme a las cuales se debe concretar la puesta a disposición de los medios necesarios por parte
de esas entidades y, por lo tanto, de una eventual participación de éstas en la ejecución del contrato en cuestión.
31 Para responder a estas cuestiones, es necesario recordar que, según el artículo 44, apartado 1, de la Directiva 2004/18, incumbe
al poder adjudicador comprobar la aptitud de los candidatos o de los licitadores con arreglo a los criterios que figuran en
los artículos 47 a 52 de dicha Directiva.
32 Además, en virtud del artículo 44, apartado 2, de la citada Directiva, una entidad adjudicadora podrá exigir a los operadores
económicos que cumplan niveles mínimos de capacidad económica y financiera, así como de capacidad técnica y profesional con
arreglo a los artículos 47 y 48 de esa Directiva. 33 Según jurisprudencia reiterada, los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18 reconocen a los operadores
económicos el derecho, para un contrato determinado, a basarse en las capacidades de otras entidades, independientemente de
la naturaleza de los vínculos que tengan con ellas, siempre que demuestren ante la entidad adjudicadora que el candidato o
el licitador dispondrá efectivamente de los medios de esas entidades necesarios para ejecutar dicho contrato (véase, en este
sentido, la sentencia de 10 de octubre de 2013, Swm Costruzioni 2 y Mannocchi Luigino, C‑94/12, EU:C:2013:646, apartados 29
y 33). 34 Dicha interpretación es conforme con el objetivo de abrir los contratos públicos a la mayor competencia posible que persiguen
las directivas en la materia en beneficio no sólo de los operadores económicos, sino también de las entidades adjudicadoras.
Además, igualmente puede facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos públicos, lo que persigue
también la Directiva 2004/18, como señala su considerando 32 (sentencia de 10 de octubre de 2013, Swm Costruzioni 2 y Mannocchi
Luigino, C‑94/12, EU:C:2013:646, apartado 34 y jurisprudencia citada).
35 De las consideraciones anteriores resulta que, dada la importancia que reviste en el marco de la normativa de la Unión en
materia de contratación pública, el derecho consagrado en los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 3, de la citada Directiva
constituye una regla general que los poderes adjudicadores deben tener en cuenta cuando ejercen sus competencias de verificación
de la aptitud del licitador para ejecutar un determinado contrato.
36 En este contexto, la circunstancia de que, con arreglo al artículo 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18, un operador económico
pueda basarse en las capacidades de otras entidades «en su caso», no puede interpretarse, como parece sugerir en particular
el órgano jurisdiccional remitente, en el sentido de que ese operador sólo puede recurrir con carácter excepcional a las capacidades
de entidades terceras.
37 Siendo ello así, es necesario precisar, en primer lugar, que, si bien es libre para establecer vínculos con las entidades
cuyas capacidades invoca y para elegir la naturaleza jurídica de esos vínculos, el licitador debe aportar, no obstante, la
prueba de que efectivamente dispone de los medios de tales entidades que no son de su propiedad y que son necesarios para
la ejecución de un determinado contrato (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 1999, Holst Italia, C‑176/98,
EU:C:1999:593, apartado 29 y jurisprudencia citada).
38 Así pues, con arreglo a los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18, un licitador no puede basarse
en las capacidades de otras entidades para reunir de manera meramente formal los requisitos exigidos por el poder adjudicador.
39 En segundo lugar, como el Tribunal de Justicia ya ha declarado, las disposiciones de la Directiva 2004/18 no se oponen a que
el ejercicio del derecho consagrado en los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 3, de dicha Directiva se limite en circunstancias
excepcionales (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de octubre de 2013, Swm Costruzioni 2 y Mannocchi Luigino, C‑94/12,
EU:C:2013:646, apartado 36).
40 En efecto, no puede excluirse que existan obras que presenten particularidades que necesiten una determinada capacidad que
no puede obtenerse uniendo capacidades inferiores de varios operadores. En ese supuesto, la entidad adjudicadora está facultada
por ello para exigir que el nivel mínimo de la capacidad de que se trate sea alcanzado por un único operador económico o,
en su caso, recurriendo a un número limitado de operadores económicos, en virtud del artículo 44, apartado 2, párrafo segundo,
de la Directiva 2004/18, cuando dicha exigencia esté relacionada y sea proporcionada al objeto del contrato de que se trate
(sentencia de 10 de octubre de 2013, Swm Costruzioni 2 y Mannocchi Luigino, C‑94/12, EU:C:2013:646, apartado 35).
41 Además, no puede excluirse que, en circunstancias particulares, habida cuenta de la naturaleza y de los objetivos de un contrato
determinado, las capacidades de que dispone una entidad tercera, y que son necesarias para la ejecución de un contrato, no
puedan transmitirse al licitador. Por consiguiente, en tales circunstancias, el licitador únicamente puede basarse en esas
capacidades si la entidad tercera participa directa y personalmente en la ejecución del contrato de que se trata.
42 En el presente caso, el órgano jurisdiccional remitente pone de manifiesto sus dudas sobre si las capacidades de PUM pueden
transmitirse válidamente a Parner, en el sentido de que puedan dar lugar a una puesta a disposición de los medios necesarios
para la ejecución del contrato controvertido en el litigio principal, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48, apartado
3, de la Directiva 2004/18, toda vez que esa puesta a disposición se traduciría en el mero ejercicio de actividades de consulta
y de formación, ante la inexistencia de participación directa alguna de PUM en la ejecución de ese contrato.
43 A este respecto, procede señalar que el contrato público de que se trata en el litigio principal, descrito en el apartado
19 de la presente sentencia, tiene por objeto la limpieza mecánica polivalente de las calles de la de la ciudad de Varsovia,
tanto en invierno como en verano, durante cuatro años consecutivos.
44 En lo tocante, en particular, a la limpieza durante el invierno, de la resolución de remisión se desprende que dicha prestación
exige competencias específicas y un conocimiento profundo de la topografía de la ciudad de Varsovia y, sobre todo, una capacidad
de reacción inmediata para conseguir, en un lapso de tiempo preciso, cierto nivel de mantenimiento de la calzada.
45 Además, la citada prestación se basa en la utilización de una tecnología particular que requiere un nivel de experiencia y
una aptitud elevada en el empleo de dicha tecnología que son la única vía para ejecutar de manera adecuada el contrato controvertido
en el litigio principal y evitar consecuencias peligrosas para la circulación.
46 En tales circunstancias, la realización concreta de ese contrato exige la intervención de personal experimentado que, a través
sobre todo de las observaciones directas acerca del estado de la superficie de la calzada y de los análisis efectuados sobre
el terreno, permite anticipar o, en todo caso, responder de manera adecuada a las necesidades específicas que ese contrato
plantea. 47 Ahora bien, habida cuenta del objeto del contrato controvertido en el litigio principal y de la finalidad de éste, no cabe
excluir que la participación prevista de PUM, consistente en el mero ejercicio de actividades de consulta y de formación,
no pueda considerarse suficiente para garantizar a Partner la puesta a disposición efectiva de los medios necesarios para
la ejecución de dicho contrato, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 33 de la presente sentencia, máxime
por la circunstancia de que, como resulta de la resolución de remisión, PUM está establecida en la ciudad de Grudziądz, que
se encuentra a unos 230 km de Varsovia.
48 En este contexto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente, teniendo en cuenta todas las circunstancias concretas del
contrato controvertido en el litigio principal, determinar si esa puesta a disposición puede efectuarse de modo que responda
a los requisitos exigidos por la citada jurisprudencia.
49 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones primera a tercera, quinta y sexta que
los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18, en relación con el artículo 44, apartado 2, de esta
Directiva, deben interpretarse en el sentido de que:
– reconocen el derecho de todo operador económico a basarse, en relación con un determinado contrato, en las capacidades de
otras entidades, independientemente de la naturaleza de los vínculos que tenga con ellas, siempre que se demuestre al poder
adjudicador que el candidato o el licitador dispondrá efectivamente de los medios de tales entidades necesarios para la ejecución
de dicho contrato;
– no se excluye que el ejercicio del citado derecho pueda ser limitado, en circunstancias particulares, habida cuenta del objeto
del contrato de que se trate y de la finalidad perseguida por éste. Así sucede en particular cuando las capacidades de que
dispone una entidad tercera, necesarias para la ejecución del contrato, no pueden ser transmitidas al candidato o al licitador,
de modo que éste sólo puede basarse en tales capacidades si dicha entidad tercera participa directa y personalmente en la
ejecución del citado contrato.
50 Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 48, apartados
2 y 3, de la Directiva 2004/18 debe interpretarse en el sentido de que el poder adjudicador tiene la posibilidad de indicar
expresamente, en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, reglas precisas conforme a las cuales un operador
económico puede basarse en las capacidades de otras entidades.
51 Para responder a esta cuestión, es preciso recordar que, como se ha señalado en los apartados 33 y 49 de la presente sentencia,
los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18 reconocen el derecho de todo operador económico a
basarse en las capacidades de otras entidades, siempre que se demuestre al poder adjudicador que el candidato o el licitador
dispondrá efectivamente de los medios de esas entidades necesarios para la ejecución de dicho contrato.
52 A tal fin, si bien el licitador debe probar que dispone efectivamente de los medios de éstas, que no le pertenecen en sentido
propio y que son necesarios para la ejecución de un determinado contrato, sin embargo es libre de escoger, por un lado, qué
tipo de relación jurídica va a establecer con las otras entidades cuya capacidad invoca a efectos de la ejecución de ese contrato
y, por otro, qué medio de prueba va a aportar para demostrar la existencia de esos vínculos (sentencia de 14 de enero de 2016,
Ostas celtnieks, C‑234/14, EU:C:2016:6, apartado 28).
53 Así pues, el poder adjudicador no puede, en principio, imponer condiciones expresas que puedan obstaculizar el ejercicio del
derecho de cualquier operador económico a basarse en las capacidades de otras entidades, en particular, señalando por adelantado
las modalidades concretas conforme a las cuales pueden ser invocadas las capacidades de esas otras entidades. Esta apreciación
es tanto más pertinente cuanto que, en la práctica, como señala acertadamente la Comisión Europea, parece difícil, incluso
imposible, que el operador económico pueda prever, a priori, todos los escenarios de utilización de las capacidades de otras entidades que pueden producirse.
54 Siendo ello así, como se ha reconocido en respuesta a las cuestiones primera a tercera, quinta y sexta, habida cuenta del
objeto del contrato de que se trate y de la finalidad perseguida por éste, el ejercicio del citado derecho puede ser limitado
en circunstancias particulares, como las referidas en los apartados 39 a 41 de la presente sentencia.
55 Ahora bien, en tales circunstancias, no puede excluirse de entrada que el poder adjudicador pueda, a efectos de la correcta
ejecución del contrato de que se trate, indicar expresamente, en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, reglas
precisas que permitan a un operador económico basarse en las capacidades de otras entidades. 56 Sin embargo, cuando el poder adjudicador decida recurrir a esa posibilidad, le corresponderá garantizar que las reglas que
fije estén relacionadas con el objeto y la finalidad del citado contrato y sean proporcionadas a éstos.
57 Por lo demás, esta exigencia permite salvaguardar el respeto del principio de transparencia por lo que atañe a las reglas
aplicadas por el poder adjudicador, dejando la posibilidad a los operadores económicos de proponer al poder adjudicador modalidades
alternativas para basarse en capacidades de otras entidades que garanticen que la puesta a disposición de tales capacidades
sea efectiva. 58 Por consiguiente, procede responde a la cuarta cuestión que el artículo 48, apartados 2 y 3, de la Directiva 2004/18 debe
interpretarse en el sentido de que, habida cuenta del objeto de un contrato determinado y de las finalidades de éste, el poder
adjudicador puede, en circunstancias particulares, a efectos de la correcta ejecución de dicho contrato, indicar expresamente,
en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, reglas precisas conforme a las cuales un operador económico puede
basarse en las capacidades de otras entidades, siempre que esas reglas estén relacionadas con el objeto y las finalidades
del citado contrato y sean proporcionadas a ellos.
Séptima cuestión prejudicial
59 Mediante su séptima cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia si los principios de igualdad
de trato y de no discriminación de los operadores económicos, enunciados en el artículo 2 de la Directiva 2004/18, deben interpretarse
en el sentido de que se oponen a que un poder adjudicador, tras la apertura de las ofertas presentadas en el marco de un procedimiento
de adjudicación de un contrato público, acepte la solicitud de un operador económico que ha presentado una oferta por la totalidad
del contrato en cuestión, de que únicamente se tome en consideración su oferta a efectos de la adjudicación de determinadas
partes de ese contrato.
60 Para responder a esta cuestión, procede recordar que, con arreglo al considerando 46 y al artículo 2 de la Directiva 2004/18,
los poderes adjudicadores darán a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrarán con
61 Así pues, por una parte, los principios de igualdad de trato y de no discriminación obligan a que los licitadores tengan las
mismas oportunidades en la redacción de los términos de sus ofertas e implican, por lo tanto, que tales ofertas estén sujetas
a los mismos requisitos para todos los licitadores. Por otra parte, el objetivo de la obligación de transparencia es garantizar
que no exista riesgo alguno de favoritismo y de arbitrariedad por parte del poder adjudicador. Dicha obligación implica que
todas las condiciones y la regulación del procedimiento de licitación estén formuladas de manera clara, precisa y unívoca
en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, con el fin de que, en primer lugar, todos los licitadores razonablemente
informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, en segundo lugar,
el poder adjudicador pueda comprobar efectivamente que las ofertas de los licitadores responden a los criterios aplicables
al contrato de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de noviembre de 2014, Cartiera dell’Adda, C‑42/13,
EU:C:2014:2345, apartado 44 y jurisprudencia citada).
62 Por otra parte, como el Tribunal de Justicia ha declarado, los principios de igualdad de trato y de no discriminación y la
obligación de transparencia se oponen, en el marco de un procedimiento de adjudicación de contratos públicos, a toda negociación
entre la entidad adjudicadora y un licitador, lo que implica que, en principio, una oferta no puede ser modificada después
de su presentación, ni a propuesta de la entidad adjudicadora ni del candidato. De ello se deduce que la entidad adjudicadora
no puede solicitar aclaraciones a un licitador cuya oferta considere imprecisa o no ajustada a las especificaciones técnicas
del pliego de condiciones (sentencia de 10 de octubre de 2013, Manova, C‑336/12, EU:C:2013:647, apartado 31 y jurisprudencia
63 Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha señalado que el artículo 2 de la Directiva 2004/18 no se opone a que los datos relativos
a la oferta puedan corregirse o completarse de manera puntual, principalmente porque sea evidente que requieren una mera aclaración
o para subsanar errores materiales manifiestos (sentencia de 10 de octubre de 2013, Manova, C‑336/12, EU:C:2013:647, apartado
32 y jurisprudencia citada).
64 A tal efecto, corresponde al poder adjudicador garantizar, en particular, que la solicitud de aclaraciones de una oferta no
tenga como consecuencia que el licitador afectado presente lo que constituiría en realidad una nueva oferta (véase, en este
sentido, la sentencia de 10 de octubre de 2013, Manova, C‑336/12, EU:C:2013:647, apartado 36).
65 Asimismo, en el ejercicio del margen de apreciación de que dispone en lo que respecta a la facultad de solicitar a los licitadores
que aclaren su oferta, la entidad adjudicadora está obligada a tratar a los licitadores del mismo modo y con lealtad, de manera
que, al término del procedimiento de selección de las ofertas y en vista de los resultados de éste, no pueda concluirse que
una petición de aclaraciones benefició o perjudicó indebidamente al licitador o licitadores que la recibieron (sentencia de
10 de octubre de 2013, Manova, C‑336/12, EU:C:2013:647, apartado 37).
66 En el presente caso, como resulta de la resolución de remisión, al albergar dudas acerca de si Partner disponía de los medios
necesarios para ejecutar el contrato controvertido en el litigio principal, el servicio de limpieza de la ciudad de Varsovia
pidió a dicha sociedad, tras la presentación de su oferta, que especificara la naturaleza de la participación de PUM en la
ejecución de dicho contrato. 67 En respuesta a esa petición de aclaraciones, Partner solicitó al servicio de limpieza de la ciudad de Varsovia, para el supuesto
de que considerase que la experiencia demostrada era insuficiente, que asignara los medios de que ella afirmaba disponer para
cada una de las ocho partes del contrato controvertido en el litigio principal, con arreglo a un orden de prioridad, de modo
que un eventual rechazo pudiera afectar no a la totalidad de ese contrato, sino únicamente a los lotes respecto a los cuales
no cumplía los requisitos exigidos.
68 Pues bien, consta que una comunicación de esta índole, mediante la cual un operador económico indica al poder adjudicador,
tras la apertura de las ofertas, el orden de prioridad de las partes del contrato en cuestión con arreglo al cual debería
evaluarse su oferta, lejos de representar una mera aclaración puntual o una corrección de errores materiales manifiestos,
en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 63 de la presente sentencia, constituye, en realidad, una modificación
esencial que la aproxima más bien a la presentación de una nueva oferta.
69 De las consideraciones anteriores resulta que el poder adjudicador no puede permitir a un operador económico precisar de ese
modo su oferta inicial so pena de violar los principio de igualdad de trato y de no discriminación de los operadores económicos
y la obligación de transparencia que se deriva de dichos principios, a los que los poderes adjudicadores están sujetos en
virtud del artículo 2 de la Directiva 2004/18 (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de noviembre de 2014, Cartiera dell’Adda,
C‑42/13, EU:C:2014:2345, apartado 43).
70 De lo antedicho se desprende que es preciso responder a la séptima cuestión que los principios de igualdad de trato y de no
discriminación de los operadores económicos, enunciados en el artículo 2 de la Directiva 2004/18, deben interpretarse en el
sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, se oponen a que un poder adjudicador, tras la apertura de
las ofertas presentadas en el marco de un procedimiento de licitación de un contrato público, acepte la solicitud de un operador
económico que ha presentado una oferta por la totalidad del contrato en cuestión, de que se tome en consideración su oferta
únicamente a efectos de la adjudicación de determinadas partes de ese contrato.
Cuestiones prejudiciales octava y novena
71 Mediante sus cuestiones prejudiciales octava y novena, que es preciso examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente
pregunta, en esencia, si los principios de igualdad de trato y de no discriminación de los operadores económicos, enunciados
en el artículo 2 de la Directiva 2004/18, deben interpretarse en el sentido de que exigen que se anule y se repita una subasta
electrónica en la que no fue invitado a participar un operador económico que presentó una oferta admisible, aunque no pueda
demostrarse que la participación del operador excluido habría modificado el resultado de la subasta. 72 Con arreglo al considerando 14 y al artículo 1, apartado 7, de la Directiva 2004/18, el recurso a las subastas electrónicas
permite a los poderes adjudicadores, tras una primera evaluación completa de las ofertas, pedir a los licitadores que presenten
nuevos precios revisados a la baja y, cuando el contrato se adjudica a la oferta económicamente más ventajosa, también mejorar
elementos de las ofertas distintos de los precios.
73 En el marco de ese procedimiento, como enuncia el citado considerando, la Directiva 2004/18 exige expresamente que las subastas
electrónicas se desarrollen dentro del pleno respeto de los principios de igualdad de trato, de no discriminación y de transparencia.
74 A tal efecto, por un lado, el artículo 54, apartado 4, de la Directiva 2004/18 prevé el derecho de todo licitador que haya
presentado una oferta admisible a ser invitado a participar en la subasta electrónica para presentar nuevos precios y/o nuevos
valores. 75 Por otro lado, el artículo 54, apartado 8, párrafo segundo, de la misma Directiva impone explícitamente a los poderes adjudicadores,
cuando deciden organizar una subasta electrónica, que no recurran a dicho procedimiento de manera abusiva o de manera que
la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada o que se vea modificado el objeto del contrato tal como se ha
sometido a licitación mediante la publicación del anuncio de licitación y definido en el pliego de condiciones.
76 De las consideraciones anteriores resulta que, cuando un licitador presenta una oferta admisible y reúne los criterios enunciados
en el anuncio de licitación, corresponde al poder adjudicador, con arreglo al artículo 54, apartado 4, de la Directiva 2004/18,
garantizar el ejercicio del Derecho de ese licitador de participar, en su caso, en la subasta electrónica.
77 Por consiguiente, cuando no se ha invitado a un licitador a participar en esa subasta, como señaló el Abogado General en el
punto 52 de sus conclusiones, los principios de igualdad de trato y de no discriminación, enunciados en el artículo 2 de la
Directiva 2004/18, imponen al poder de adjudicación que anule y repita dicha subasta.
78 A este respecto, es necesario precisar que esta conclusión se impone independientemente de si la participación del operador
excluido habría podido modificar el resultado de la subasta en cuestión.
79 En efecto, el ejercicio del derecho del licitador a participar en una subasta electrónica no puede supeditarse en modo alguno
al resultado preconizado de ésta y, por tanto, no puede ser excluido de entrada por consideraciones hipotéticas por parte
del poder adjudicador.
80 Dicho de otro modo, como ha señalado igualmente la Krajowa Izba Odwoławcza (Sala nacional de recursos) en su resolución de
remisión, no es posible excluir a priori que el operador económico que no fue admitido a participar en la subasta electrónica hubiera presentado la oferta más ventajosa,
de modo que el error cometido por el poder adjudicador conlleva necesariamente la anulación y la repetición de la subasta.
81 Así pues, procede responder a las cuestiones octava y novena que los principios de igualdad de trato y de no discriminación
de los operadores económicos, enunciados en el artículo 2 de la Directiva 2004/18, deben interpretarse en el sentido de que
exigen que se anule y se repita una subasta electrónica en la que no se invitó a participar a un operador económico que presentó
una oferta admisible, aunque no pueda demostrarse que la participación del operador excluido habría modificado el resultado
Décima cuestión prejudicial
82 Mediante su décima cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si las disposiciones
de la Directiva 2004/18 pueden interpretarse a la luz de las de la Directiva 2014/24, aun cuando el plazo de transposición
de dicha Directiva no haya expirado todavía y siempre que sus disposiciones no sean contrarias a las de la Directiva 2004/18.
83 Para responder a esta cuestión, es preciso, con carácter preliminar, recordar que, según jurisprudencia reiterada, la directiva
aplicable es, en principio, aquella que está en vigor en el momento en que la entidad adjudicadora elige el tipo de procedimiento
que va a seguir y decide con carácter definitivo si tiene o no la obligación de proceder a una convocatoria de licitación
previa para la adjudicación de un contrato público. En cambio, son inaplicables las disposiciones de una directiva cuyo plazo
de adaptación del Derecho interno ha expirado después de ese momento (sentencia de 10 de julio de 2014, Impresa Pizzarotti,
C‑213/13, EU:C:2014:2067, apartado 31 y jurisprudencia citada).
84 En el litigio principal, el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión se publicó el 24 de diciembre de 2013,
mientras que la Directiva 2014/24 no fue adoptada hasta el 26 de febrero de 2014 y, en cualquier caso, su plazo de transposición
expirará, con arreglo a su artículo 90, el 18 de abril de 2016.
85 En tales circunstancias, la Directiva 2014/24 no es aplicable ratione temporis al asunto principal.
86 Por otra parte, aplicar la Directiva 2014/24, que, como resulta de su propio título, deroga la Directiva 2004/18, antes de
la expiración de su plazo de transposición impediría tanto a los Estados miembros como a los poderes adjudicadores y a los
operadores económicos disfrutar de un plazo suficiente para adaptarse a las nuevas disposiciones introducidas por ésta.
87 Una vez recordada esta circunstancia, es preciso señalar que, como se desprende de la resolución de remisión, mediante su
cuestión, el órgano jurisdiccional remitente trata de saber en particular si el artículo 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18,
que reconoce el derecho de todo operador económico a basarse, en relación con un determinado contrato, en las capacidades
de otras entidades, debe interpretarse tomando en consideración el contenido del artículo 63, apartado 1, de la Directiva
2014/24, que constituye la disposición correspondiente del citado artículo 48.
88 A este respecto, procede señalar, en línea con el órgano jurisdiccional remitente, que el artículo 48, apartado 3, de la Directiva
2004/18 está formulado en términos generales y no indica expresamente las modalidades conforme a las cuales un operador económico
puede basarse en las capacidades de otras entidades en el marco del procedimiento de adjudicación de un contrato público.
89 En cambio, el artículo 63, apartado 1, de la Directiva 2014/24 prevé en lo sucesivo que los operadores económicos únicamente
podrán recurrir a las capacidades de otras entidades «si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales
son necesarias dichas capacidades».
90 No obstante, si bien, como enuncia en particular su considerando 2, la Directiva 2014/24 trata de aclarar determinados conceptos
fundamentales para garantizar la seguridad jurídica y tomar en consideración determinados aspectos de la jurisprudencia reiterada
del Tribunal de Justicia en la materia, no es menos cierto que el artículo 63 de dicha Directiva aporta modificaciones sustanciales
en lo que atañe al derecho de un operador económico a basarse en las capacidades de otras entidades en el marco de un contrato
91 En efecto, más que incardinarse en una línea de continuidad con el artículo 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18 y de aclarar
su alcance, el artículo 63, apartado 1, de la Directiva 2014/24 introduce nuevos requisitos que no figuraban en el régimen
jurídico precedente.
92 En tales circunstancias, la citada disposición de la Directiva 2014/24 no puede utilizarse como criterio para la interpretación
del artículo 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18, toda vez que, en el presente caso, no se trata de disipar una duda acerca
de la interpretación del contenido de esta última disposición.
93 Un enfoque distinto podría entrañar el riesgo de que, de alguna manera, se anticipara equivocadamente la aplicación de un
régimen jurídico nuevo, distinto al previsto por la Directiva 2004/18, lo que sería manifiestamente contrario al principio
de seguridad jurídica de los operadores económicos, principio cuyo respeto, además, trata de garantizar expresamente la Directiva
2014/24, como resulta de su considerando 2.
94 Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, procede responder a la décima cuestión que, en circunstancias como las
del litigio principal, las disposiciones del artículo 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18 no pueden interpretarse a la
luz de las del artículo 63, apartado 1, de la Directiva 2014/24.
95 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
1) Los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de
marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro
y de servicios, en relación con el artículo 44, apartado 2, de dicha Directiva, deben interpretarse en el sentido de que:
2) El artículo 48, apartados 2 y 3, de la Directiva 2004/18 debe interpretarse en el sentido de que, habida cuenta del objeto
de un contrato determinado y de las finalidades de éste, el poder adjudicador puede, en circunstancias particulares, a efectos
de la correcta ejecución de dicho contrato, indicar expresamente, en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones,
reglas precisas conforme a las cuales un operador económico puede basarse en las capacidades de otras entidades, siempre que
esas reglas estén relacionadas con el objeto y las finalidades del citado contrato y sean proporcionadas a ellos.
3) Los principios de igualdad de trato y de no discriminación de los operadores económicos, enunciados en el artículo 2 de la
Directiva 2004/18, deben interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, se oponen a
que un poder adjudicador, tras la apertura de las ofertas presentadas en el marco de un procedimiento de licitación de un
contrato público, acepte la solicitud de un operador económico que ha presentado una oferta por la totalidad del contrato
en cuestión, de que se tome en consideración su oferta únicamente a efectos de la adjudicación de determinadas partes de ese
4) Los principios de igualdad de trato y de no discriminación de los operadores económicos, enunciados en el artículo 2 de la
Directiva 2004/18, deben interpretarse en el sentido de que exigen que se anule y se repita una subasta electrónica en la
que no se invitó a participar a un operador económico que presentó una oferta admisible, aunque no pueda demostrarse que la
participación del operador excluido habría modificado el resultado de la subasta.
5) En circunstancias como las del litigio principal, las disposiciones del artículo 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18 no
pueden interpretarse a la luz de las del artículo 63, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18.