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Timestamp: 2020-05-27 06:04:45
Document Index: 397865422

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 34']

Interpretación del Artículo 1-A Fracción IV, de la Ley del I.V.A. - Franquicias de Éxito
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Como consecuencia de la adición de la fracción IV al artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que entró en vigor el día 1 de enero del 2020, han surgido múltiples interpretaciones qué crean confusión entre el universo de contribuyentes.
Aun y cuando la fracción que fue adicionada a la Ley del IVA es corta (consta de poco más de 90 palabras), vamos a encontrar qué contiene mucha materia de estudio, pues existen diversos vocablos que, al no interpretarse en su justa dimensión, puede provocar aplicaciones erróneas, con consecuencias negativas, principalmente para el sujeto obligado por la norma.
Con el presente artículo, está firma pone a su consideración un exhaustivo análisis del precepto legal en cuestión, además de dar su opinión sobre algunos planteamientos a casos concretos que nos han sido expuestos. Por lo que, para un mayor entendimiento, empezaremos por analizar:
De la iniciativa de Ley y su exposición de motivos.
No sin antes, reflexionar en lo siguiente; Tanto el precursor de una norma, ley o reformas a estas, pero, sobre todo, el Legislador al conocer de una iniciativa, discutirla y en su caso desecharla, modificarla y/o aprobarla para su incorporación al derecho positivo, deben cuando menos cumplir con tres aspectos fundamentales:
El primero. – Tener muy claro el bien jurídico que se pretende tutelar.
El segundo. – Que para él logró de ese objetivo, desde la norma misma, no se violenten los derechos de aquellos que pudieran estar dentro de su ámbito de aplicación o de terceros relacionados a estos; y
El tercero. – Que la norma sea redactada bajo una técnica jurídica perfecta y que su contenido exprese un mensaje que colme la pretensión, sin vicios, vacíos o ambigüedades, que puedan ser aprovechados para eludir la obligación, lo cual hay que precisar no sería un acto ilícito, si no el aprovechamiento del deficiente actuar del Legislador.
Cumplidos los tres elementos citados con anterioridad, además de otros que no vienen al caso comentar, estaríamos ante una norma que garantiza en gran medida el cumplimiento del objetivo, dentro de un entorno de seguridad jurídica.
Es por demás importante precisar que, en mi opinión, la iniciativa de ley, solo cumplía con el primero de los elementos, siendo este, tener muy claro el bien jurídico que se pretende tutelar con la reforma, ese bien, es el derecho humano de todo el pueblo mexicano a la equidad frente a la norma tributaria, si no evitando, si disminuyendo el daño y la impunidad con que las denominadas coloquialmente “outsourcing”, fraudulentas han actuado por lo menos los ultimo 15 años.
Explico esto último, sin pretender profundizar, qué es de interés general, cuestión de orden público y de justicia social, ¡bueno, ya un tema de seguridad nacional¡, el que todos contribuyamos al gasto público en su justa medida, atendiendo a nuestra capacidad contributiva, pues solo así se garantiza un trato equitativo frente a la norma tributaria.
Así entonces, podemos afirmar, que jamás existirá equidad tributaria en nuestro querido México, si frente a los asalariados cautivos y demás honestos contribuyentes, existe un gremio de personajes que han proliferado exponencialmente, gremio que se ha dedicado a la práctica fraudulenta de crear empresas que ofrecen el servicio de subcontratación laboral, y que por conducto de estas, no solamente no contribuyen al gasto público, peor aún, lucran con las contribuciones que debieran enterar, tanto por impuestos propios y retenidos, como de contribuciones de seguridad social, además de afectar el derecho de los trabajadores a otros beneficios presentes y futuros.
Por lo que, para evitar ese estado de privilegio de quienes realizan esas actividades, se necesitaba que el segundo y tercer elemento se cumplieran a plenitud, y lo cierto es, en mi opinión que el texto propuesto en la iniciativa era endeble y por tanto ineficaz, dado su limitado alcance.
Para mayor entendimiento, cito el texto de la iniciativa:
Adición Propuesta;
Precepto normativo, a través del cual el precursor de la norma pretendía lograr su objetivo de combatir la práctica fraudulenta de la subcontratación laboral, pero:
Evidentemente, el Legislador al tener conocimiento de la reforma propuesta, y más allá, de si quedo constancia o no de ello, en el diario de debates, al entrar a su análisis, entendió, que el objetivo que se persigue está justificado plenamente, pero también previó, que con la redacción que se proponía, ese objetivo jamás se iba a lograr y sería letra muerta y la evasión a la reforma, de aceptarse como se proponía en la iniciativa, sería inevitable.
Así es, la evasión se daría simplemente facturando servicios administrativos, servicios de logística o cualquier concepto análogo a estos últimos, pero en ninguna circunstancia usar el término servicios de subcontratación laboral, única forma de materializar la hipótesis normativa, dando continuidad a una práctica común desde que las autoridades pusieron su mira en las empresas que prestan servicios de subcontratación.
Por lo que, el Legislador, para lograr el objetivo de la iniciativa, se vio obligado a 3 cosas:
Primero. – A extender el ámbito de aplicación de la norma como sujetos de retención a toda persona que preste servicios, siempre y cuando estos no sean servicios personales independientes.
Segundo. – A extender el supuesto contractual que vincula al “contratado” con el “personal que da el servicio al contratante”, de uno acotado al contrato laboral a otro incluyente de todo el universo de tipos de contratos.
Tercero. – Disminuir la retención de un 16% a un 6%, para subsanar la posible afectación colateral negativa en aquellos que no se dedican exclusiva o preponderantemente a prestar servicios de subcontratación laboral, pero que fueron incluidos como sujetos de retención.
Por lo que, en mi opinión, resulta absurdo interpretar que el texto de la norma se dirige única y exclusivamente a empresas que prestan servicios de subcontratación laboral como sujetos de retención, basados en la iniciativa, pues si bien es cierto este tipo de empresas motivaron la reforma, también lo es que el Legislador para darle eficacia a la misma sustituyo como primer presupuesto de aplicación, para ser sujeto de retención, la expresión “servicios de subcontratación laboral” excluyente del universo restante de servicios existentes, ejemplo la subcontratación mercantil, por la expresión “servicios” que es genérica e incluyente de todo el universo de servicios existentes.
Si atendemos al texto de la iniciativa, ese primer elemento difícilmente se cumpliría, pues yo pregunto:
¿que “outsourcing”, se contrataría y facturaría “servicios de subcontratación laboral”?
Mi respuesta es: Ninguna de las fraudulentas, solo aquellas dirigidas por ciudadanos honestos que no se ven afectados por la reforma, pues está dentro de sus políticas cumplir con sus obligaciones fiscales, que aprovecho para expresar, que existen, pues no todas son fraudulentas.
Y si esa primera condición no se cumplía, pues, para que hablar de la segunda, que sería, se dé, en términos de la Ley Federal del Trabajo, lo que representaba otra complicación innecesaria para las autoridades, de las que el Legislador les liberó.
Quiero cerrar este punto, bajo el siguiente razonamiento:
¿Acaso el Legislador al momento de conocer y discutir de una iniciativa de ley, no tiene la facultad de modificarle o adicionarle?
¿Acaso esa modificación o adición no puede incluir extender el ámbito de aplicación de la norma en cuanto a los sujetos y en cuanto los supuestos, en aras de que se cumpla el objetivo, aun cuando afecte a contribuyentes que no dieron motivo a la reforma?
La respuesta a las preguntas anteriores es un contundente “sí”, e Incluso el Legislador puede modificar el fin que persigue la iniciativa, sí éste resulta impreciso, equivocado, insuficiente o ineficaz.
Asumir que el texto de una norma, que es clara, precisa y no violatoria de derechos humanos, se debe interpretar, atendiendo al alcance que se le pretendió dar en la exposición de motivos, solo porque no nos conviene o no nos gusta, nos pondría en un contexto de inseguridad jurídica, pues esto no siempre podría ser utilizado en favor de los contribuyentes.
Además de lo anterior. implicaría poner la voluntad de un pueblo, manifestada por conducto de sus representantes que son los Legisladores, por debajo de la voluntad de aquellos que tienen la facultad de iniciar leyes o decretos.
Tenemos que precisar qué, la adición a esta norma, no conlleva tipificar una conducta para prohibirla y sancionarla, ni está estableciendo un nuevo tributo o incrementando la base o la tasa, si no por el contrario, cuantitativamente el efecto es equivalente a bajar la tasa del IVA de un 16% a un 10% al momento del pago al proveedor, difiriendo el resto al siguiente mes, disminuyendo así, las posibilidades de fraude al erario público por parte de aquel que lucraba con el 16% y ahora solo podría hacerlo con el 10%.
Insisto, en mi opinión, suponer qué atendiendo a la exposición de motivos, está solamente va dirigida a las empresas denominadas “outsourcing”, entendiendo por ello que son las que se dedican a la subcontratación laboral, sería tanto como decir qué el gravamen a los alimentos calóricos establecido en la ley del IEPS, que tuvo cómo motivación según su exposición de motivos el combate a la obesidad solamente va dirigido a personas obesas, (generalidad de la norma: con este ejemplo solo pretendo ilustrar que la ley a veces para lograr su objetivo, no debe distinguir a unos de otros para su aplicación, pues inevitablemente seria ineficaz).
Así entonces, el Legislador le corrige la nota a la iniciativa, dejando el contenido de la reforma en los siguientes términos:
Artículo 1o.-A.– Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: I. a III. … Adición modificada y vigente: IV. Sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales, que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada.
Estudio e interpretación de la Reforma vigente.
Por principio de cuentas debemos de establecer, quién es el sujeto obligado por la disposición a retener el 6% de IVA, y por tanto sería objeto de las mayores consecuencias negativas de no cumplir con la norma:
Para ser sujeto obligado por una ley, se tiene que cumplir todos los presupuestos que establezca la hipótesis jurídica, de tal manera que la conducta encuadre en cada uno de estos, pues solo así detona la obligación fiscal.
Ser persona moral. – Al no distinguir el Legislador, se entiende que, son potencialmente sujetos obligados a cumplir con esta disposición, cualquier tipo de persona moral, y:
Ser persona física con actividad empresarial.- El sujeto obligado por la norma, es aquel que realiza actividades empresariales, por lo que resulta imprescindible establecer el alcance de la expresión “actividad empresarial”, para interpretar en su justa dimensión, cuando estamos o no obligados a cumplir con la norma, por lo que al no haber disposición en la Ley del Impuesto al Valor Agregado que defina esto último, nos remitimos al Código Fiscal de la Federación en su artículo 16, para entender que:
Son sujetos obligados a retener el 6% de IVA quienes realizan actividades empresariales:
Código Fiscal de la Federación en su artículo 16:
Son actividades empresariales: Las comerciales, las industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca y silvícolas.
Por lo que están excluidos de la obligación de retener el 6% de IVA:
Quienes no realizan actividades empresariales: Personas físicas que prestan servicios personales independientes, arrendadores, asalariados, entre otras personas que no realicen actividades empresariales.
Nota: Consultar constancia de situación fiscal para conocer tu régimen fiscal.
Recibir un servicio. – En armonía con el artículo 14 de la Ley del IVA, por servicio debemos entender, entre otros, la prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes, toda actividad de hacer que realice una persona en favor de otra, o de no hacer, permitir e incluso dar, que no implique la transmisión de propiedad de un bien, o no se considere una enajenación o uso o goce temporal de bienes.
También este artículo señala: “Se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la característica de personal, cuando se trate de las actividades señaladas en este artículo que no tengan la naturaleza de actividad empresarial”.
Poner a disposición del contratante, personal. – Significa que derivado del servicio se ponga personal a disposición del contratante, a contrario sensu, implica que el servicio no sea prestado de manera directa por el contratado, es decir, que no sea considerado un servicio personal independiente (Actividad Profesional).
Para entender el alcance del término “disposición” aplicado “al personal”, por principio de cuentas hay que entender, que para que una persona pueda disponer de otra u otras con capacidad de ejercicio y ejercer sobre ellos un poder jurídico de mando, y aquellos estén obligados a acatarles, se requiere de la existencia de un contrato. (Nota: exceptuando otras fuentes de obligaciones que no vienen al caso). Luego entonces, por elemental necesidad hay que observar el aspecto contractual de la norma, lo cual no ven solo aquellos que no lo quieren ver, que es:
El elemento vinculo jurídico (Contractual).
El instrumento jurídico que vincula al personal que presta el servicio con aquel que lo puso a disposición del contratante, al haber el Legislador eliminado del texto de la reforma la palabra “laboral”, y sustituido por la expresión “… independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual.” , solo se puede interpretar como un “no importa si como prestador del servicio, el personal que pones a disposición del cliente, está vinculado en virtud de un contrato laboral, mercantil, civil o de cualquier otra naturaleza, y tampoco importa si los subcontrataste a solicitud del cliente o ya eran tus trabajadores previamente”, este aspecto ya resulta irrelevante.
El elemento Subordinación:
Este elemento también deja de tener importancia pues el Legislador en el texto de la norma fue claro al expresar “. estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante,” y no existiendo otra forma de disponer de personas, que no sea dirigiéndolas supervisándolas, coordinándolas, o estando bajo nuestra dependencia, entonces no importa de quien reciben instrucciones, ni quien les puede rescindir el contrato bajo el cual estén obligados a dar el servicio.
El elemento lugar
Tratándose del lugar donde se presta el servicio, encontramos, que no importa donde se de este, si es en el domicilio del contratante o de una parte relacionada de este, o incluso en el domicilio del contratado, por lo que el elemento lugar donde se dé y recibe el servicio, resulta indiferente para efectos de determinar si tengo o no obligación de retener el 6% del IVA.
Resulta indiferente, me refiero a que, de la lectura del artículo, se desprende que este, no establece condicionante alguna en cuanto a la prolongación del servicio, es decir, si el servicio se presenta de manera habitual, permanente, esporádico, interrumpido, continuado, durante un periodo de tiempo, mensual, diario, por horas, por minutos, etc.
Después de haber hecho un exhaustivo análisis de la norma en estudio, aún resulta complicado emitir una opinión genérica, sobre todo en la parte que más interesa a los contribuyentes, es decir: despejar la duda sobre sus casos reales y concretos.
Por lo que, para verdaderamente estar en posición de entender si somos o no somos obligados a retener el 6% del IVA, debemos analizar cada caso concreto en particular.
Pero antes de eso, quiero señalar que en la práctica hemos observado, que este tema se ha abordado en algunos casos de manera equivocada, pues pareciera que, quién tiene que decidir sí va a existir retención o no, es aquel que presta el servicio, lo que de facto puede suceder, pero, sin embargo, no debe asumirse así por derecho, toda vez que, quién debe asumir la iniciativa es el sujeto obligado por la norma, que es, quién recibe el servicio.
Recomendaciones de este punto
Recomendación 1. Cada vez que solicitemos un servicio externo, al contratarlo, por insignificante que esté parezca en cuanto a su cuantía, debemos convenir con el prestador de este, de ser el caso, que será sujeto de la retención del 6% del IVA al momento de efectuarle el pago de la contraprestación pactada, previo desde luego, haber determinado que se cumplen todas las condicionantes para ello.
Recomendación 2.- Es importante destacar que en tanto no tengamos plena certeza de si estamos o no obligados a efectuar la retención del 6% del IVA, y dadas las consecuencias negativas de no hacerlo estando obligado a ello, resulta lo más prudente, efectuar la retención y enterarla, pues no existe multa que yo conozca, por retener sin estar obligado a ello, en tanto lo enteres al fisco.
SANCIONES Y CONSECUENCIAS NEGATIVAS
Por no cumplir con la obligación de retener el 6% de IVA
Primero.- No acreditamiento del IVA pagado al no cumplir con la obligación de retener. (pérdida del 16% del valor de la contraprestación).
Segundo.- No deducibilidad para efectos del ISR, al no cumplir con la obligación de retener. (pérdida de hasta un 35% del valor de la contraprestación).
Tercero.- En su caso incremento de la utilidad fiscal para efectos de PTU, ante la no deducibilidad para efectos del ISR (pérdida del 10% del valor de la contraprestación).
Cuarto.- Enterar el impuesto no retenido estando obligado a ello por responsabilidad solidaria (pérdida 6 %del valor de la contraprestación) Quinto.- Posibles multas de forma por declaraciones con datos erróneos y por impuesto omitido.
Es decir, el impacto negativo en las finanzas del sujeto obligado al no cumplir con la retención en una contraprestación de $100,000.00, puede ser de hasta $ 67,000.00 sin considerar posibles multas. ☹
Esta firma, salvo la mejor opinión de todos ustedes, atendiendo a los siguientes casos prácticos, recomendaría lo siguiente:
Lo grave de lo anterior seria que, bajo el consentimiento de la propia autoridad fiscal, en contra de una norma que para nada es insuficiente u oscura, se estaría fomentando la evasión y jurídicamente dando una bofetada para los contribuyentes honestos y cautivos.
Lo cierto es estimados lectores que la única interpretación que combate la evasión en alguna medida es la que se desprende de la lectura de la norma aprobada y no así la del precursor de la norma.
Además, al leer la fracción IV del artículo 1-A de la Ley del IVA, no existe ambigüedad alguna, es claro como ya lo analizamos aquí, que el texto no acota el alcance a solo la “subcontratación laboral”.
Por lo que debemos atenernos a lo que expresa el principio general de derecho:
Donde no existe ambigüedad no cabe interpretación.
Así es, si bien existen alternativas interpretativas jurídicamente viables, para entender el alcance de una norma, también lo es, que estas alternativas de interpretación no representan una facultad de modificación de aquéllas, pues de ser el caso, se estaría frente al desbordamiento y consecuente negación del sentido del texto plasmado en la ley.
Es decir, si bien es viable acudir a la exposición de motivos para interpretar una norma, esto está condicionado a que el texto sea ambiguo u oscuro, y no es permisible que acudamos a esta, para modificar el alcance de un texto o peor aún le adicionemos un significado no expreso en el texto legislativo caprichosamente solo porque no nos conviene.
Fortalecen mis argumentos
Las exposiciones de motivos contenidas en una iniciativa de ley, así como los debates del legislador suscitados con motivo de su aprobación, no forman parte del cuerpo legal de un ordenamiento y, por ende, carecen de todo valor normativo, tomando en consideración los siguientes elementos: a) El artículo 14, segundo párrafo, del Pacto Federal, que prevé el principio de seguridad jurídica, dispone que nadie podrá ser afectado en su esfera jurídica, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; es decir, tal dispositivo constitucional no hace referencia a las observaciones y justificaciones expresadas por el autor de la iniciativa legal, ni a los argumentos que señalen los legisladores para aprobar, modificar, derogar o abrogar una norma de carácter general; b) Por la publicidad de la norma, que se refiere a que los órganos del Estado encargados de difundir las normas en los respectivos ámbitos de su competencia, tales como el Diario Oficial de la Federación, Gacetas o Periódicos Oficiales, generalmente publican solamente el contenido de las leyes o artículos aprobados mediante el proceso legislativo o, en su caso, refieren cuáles normas han sido abrogadas o derogadas, pero no suelen imprimir las iniciativas de ley y debates que dieron origen a las mismas. Por ende, no se puede invocar un derecho u obligación por la simple circunstancia de que el mismo se infiera de la exposición de motivos de la iniciativa de ley o de los debates del legislador, si no se plasmó expresamente en el articulado de la norma correspondiente; sin que sea lógico el argumento de que la interpretación teleológica subjetiva o exegética de la disposición legal permita introducir elementos contemplados durante el proceso legislativo, pero no reflejados en el cuerpo legal
, pues tal medio de interpretación requiere que el intérprete de la norma acuda a la exposición de motivos, debates o preámbulo que dieron origen a una ley o tratado internacional para interpretar uno o varios preceptos ambiguos u oscuros, con la plena conciencia de que se están tomando en consideración cuestiones que son ajenas a la norma y, por ende, no forman parte de ella.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1987/2003. Chris K. Kowalski y otro. 3 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.
Nota: Por ejecutoria de fecha 10 de octubre de 2007, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 195/2007-SS en que participó el presente criterio.
Tesis: 1a. LXXXV/2007
Tomo XXV, Junio de 2007, Pag. 203
PROCESO LEGISLATIVO. LAS RAZONES EXPUESTAS POR LOS ÓRGANOS QUE PARTICIPAN EN ÉL Y QUE NO FUERON REFLEJADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES PROMULGADAS EN EL DECRETO RESPECTIVO, NO FORMAN PARTE DEL CUERPO LEGAL DE UN ORDENAMIENTO, POR LO QUE EN SU INTERPRETACIÓN NO PUEDEN INTRODUCIRSE ELEMENTOS NO INCORPORADOS EN EL TEXTO DE LA DISPOSICIÓN LEGAL DE QUE SE TRATE.
Las exposiciones de motivos contenidas en una iniciativa de ley, así como los debates del legislador, suscitados con motivo de su aprobación, no forman parte del cuerpo legal de un ordenamiento, porque no fueron incorporados en el texto de la disposición legal; y, por ende, carecen de todo valor normativo, ya que, por una parte, el artículo 14, segundo párrafo, constitucional que prevé el principio de seguridad jurídica, dispone que nadie podrá ser afectado en su esfera jurídica, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; es decir, tal dispositivo constitucional no hace referencia a las observaciones y justificaciones expresadas por el autor de la iniciativa legal, ni a los argumentos que señalen los legisladores para aprobar, modificar, derogar o abrogar una norma de carácter general; y, por otra parte, debido a la publicidad de la norma, que se refiere a que los órganos del Estado encargados de difundir los ordenamientos legales en los respectivos ámbitos de su competencia, tales como el Diario Oficial de la Federación, Gacetas o Periódicos Oficiales, generalmente publican solamente el contenido de las leyes o artículos aprobados mediante el proceso legislativo o, en su caso, refieren cuáles normas han sido abrogadas o derogadas, pero no suelen imprimir las iniciativas de ley y debates que dieron origen a las mismas; y, en consecuencia, no se puede invocar un derecho u obligación por la simple circunstancia de que el mismo se infiera de la exposición de motivos de la iniciativa de ley o de los debates del legislador, si no se plasmó expresamente en el articulado de la norma correspondiente; sin que sea lógico el argumento de que la interpretación teleológica subjetiva o exegética de la disposición legal permita introducir elementos contemplados durante el proceso legislativo, pero no reflejados en el cuerpo legal, pues tal medio de interpretación requiere que el intérprete de la norma acuda a la exposición de motivos, debates o preámbulo que dieron origen a una ley o tratado internacional para interpretar uno o varios preceptos ambiguos u oscuros, con la plena conciencia de que se están tomando en consideración cuestiones que son ajenas a la norma y, por ende, no forman parte de ella.
Contradicción de tesis 154/2006-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.
Además, debe entenderse que según la exposición de motivos el objetivo que se persigue, no lo es:
El dirigirse solamente a las empresas fraudulentas que prestan servicios de subcontratación laboral como sujetas de retención. El objetivo es:
Combatir a las empresas fraudulentas que prestan servicios de subcontratación laboral.
Que parece lo mismo, pero no lo es, explico lo anterior: dirigirse solo a las empresas fraudulentas que prestan servicios de subcontratación laboral implica, que la norma solo tenga que ir dirigida a estas, como sujetos de retención, en tanto que combatir a las empresas fraudulentas que prestan servicios de subcontratación laboral, no significa dirigirse solamente a estas como sujetas de retención, es decir si el combate exige incluir a otras, y con esto no se pierde el objetivo no se violentan derechos, es permisible, de allí la generalidad aplicada por el Legislador.
Por lo que insisto en mi opinión el criterio que defiende que la norma va dirigida a combatir las “outsourcing”, debo decir qué tienen razón, solo aclarando que con la interpretación basada en la exposición de motivos se pierde ese objetivo y sería un fracaso, y con la segunda y definitiva que emana de la voluntad del Legislador no sólo permanece ese objetivo que es “combatirlas”, sino que además en alguna medida se asegura.
El presente trabajo, es una opinión basada en todo un análisis puesto a su disposición, y consciente que al final podría prevalecer por parte de las autoridades la opinión que establece que solo son sujetos de retención las “outsourcing” (hemos visto cosas peores), sin embargo, esperamos haber aportado algo para los estudiosos de la materia.
Por último, estimado lector, no olvide que el sujeto obligado por la norma es quien recibe el servicio y si usted decide no retener a su proveedor debiendo hacerlo, todas las consecuencias negativas caerán sobre su empresa, por lo que:
Recomendación final: Realice una consulta a las autoridades fiscales en términos del artículo 34 del código fiscal de la Federación, es decir sobre su situación real y concreta, Pues solo así la autoridad se encuentra obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la consulta de que se trate, Pues algo que no les explican al contribuyente común quienes circulan en redes sociales opiniones a consultas genéricas es que dichas opiniones se podrá abandonar por la autoridad pues esta no son vinculativa.
Autor: Fernando Fierro Leyva, socio fundador y director de Firma Fuerza Legal, S.C. Colaboradores: Jesús Antonio Leyva Gutiérrez, Reyna Guadalupe Valenzuela González y María Guadalupe Ponce Angulo.
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