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Timestamp: 2017-07-22 10:53:58
Document Index: 30178578

Matched Legal Cases: ['artículo 192', 'artículo 195', 'artículo 195', 'artículo 192', 'artículo 89', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 27', 'ARTÍCULO 135', 'artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 123', 'artículo 22', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 204']

La obligatoriedad en el amparo hace referencia al hecho de que la jurisprudencia deberá ser aplicada o acatada por los órganos jurisdiccionales a quienes la ley les atribuye una jerarquía inferior, por lo que se le impone como obligación legal observar los dictada por la autoridad superior, trae consigo el nacimiento de un deber, una exigencia de acatarla y de sujetarse a lo establecido por la misma. Dependiendo del órgano emisor, la obligatoriedad de la jurisprudencia puede mostrase en el siguiente esquema:
Tratándose del Tribunal Pleno de la H. SCJN
Las Salas de la H. Suprema Corte Los Plenos de Circuito Los Tribunales Colegiados de Circuito Los Tribunales Unitarios de Circuito Los Juzgados de Distrito Los Tribunales Militares Los Tribunales judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal Los Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales
Tratándose del Tribunal Salas de la H. SCJN
Los Plenos de Circuito Los Tribunales Colegiados de Circuito Los Tribunales Unitarios de Circuito Los Juzgados de Distrito Los Tribunales Militares Los Tribunales judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal Los Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales
Tratándose de de los Plenos de Circuito (sólo rige para los órganos jurisdiccionales inferiores “que se ubiquen dentro del circuito correspondiente)
Los Tribunales Colegiados de Circuito Los Tribunales Unitarios de Circuito Los Juzgados de Distrito Los Tribunales Militares Los Tribunales judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal Los Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales
Tratándose de los Tribunales Colegiados de Circuito
Los Tribunales Unitarios de Circuito Los Juzgados de Distrito Los Tribunales Militares Los Tribunales judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal Los Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales
La jurisprudencia afecta
únicamente a órganos jurisdiccionales, y siempre es vertical descendente, por lo que tiene efectos sólo frente a órganos jurisdiccionales inferiores, por lo que no rige entre iguales o superiores jurisdiccionales.
Contradicción de tesis en el juicio de amparo
El articulo 225 de la ley de amparo señala que la jurisprudencia por contradicción se establece al dictarse dos criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los tribunales colegiados de circuito. Cuando esto suceda dicha contradicción sera resulta dependiendo de la situación en concreto, sobre lo anterior el articulo 226 señala lo siguiente:
Cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre las salas de la Suprema corte de justicia sera el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva dicha contradicción.
Cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente circuito sera el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia.
Cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente sera los Plenos de Circuito.
La contradicción de tesis, podrá tener distintas resoluciones donde la autoridad podrá aceptar uno de los criterios discrepantes, sustentar uno distinto, declararla inexistente, o sin materia y la decisión se determinará por la mayoría de los magistrados que los integran. La resolución que se produzca en consecuencia de la contradicción de tesis no tendrá efectos sobre las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.
El articulo 127 nos habla sobre la legitimación para denunciar las contradicciones de tesis y señala las reglas aplicables para esta:
Cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre las salas de la Suprema corte de justicia, podrán ser denunciadas ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito, los Jueces de Distrito, el Procurador General de la República, o las partes en los asuntos que las motivaron.
Cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente circuito podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el Procurador General de la República, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron.
Cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito podrán ser denunciadas ante los Plenos de circuito por el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales y sus integrantes, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
La jurisprudencia por reiteración para los tribunales colegiados resulta de cinco
ejecutorias consecutivas y uniformes, no interrumpidas por otra en contrario,
dictadas por el mismo órgano, que deben ser aprobadas por unanimidad de votos de los Magistrado. Las ejecutorias de amparo y los votos particulares de los ministros y de los
magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, que con ello se relacionen,
se publicarán en el Semanario Judicial de la Federación, siempre que se trate de
las necesarias para constituir jurisprudencia o para contrariarla.
Tribunales Colegiados de Circuito y los magistrados que los integren, con motivo
de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la sala
correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida,
expresando las razones que justifiquen la modificación; el Procurador General de
la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo
estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
La ley de amparo preceptúa en su artículo 192, que la jurisprudencia que
establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, para los
Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito,
La jurisprudencia por reiteración para los casos de las salas, resulta de cinco
ejecutorias consecutivas, no interrumpidas por otra en contrario,
dictadas por el mismo órgano, aprobados al menos por cuatro Ministros. Las ejecutorias de amparo y los votos particulares de los ministros se publicarán en el Semanario Judicial de la Federación, siempre que se trate de
las necesarias para constituir jurisprudencia o para contrariarla, además de la
publicación prevista por el artículo 195 de esta ley. Igualmente se publicarán las
ejecutorias que la Corte funcionando en Salas.
Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias
en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas Salas o los
ministros que las integren, podrán
denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que
decidirá funcionando en Pleno cuál es la tesis que debe observarse.
Las Salas de la Suprema Corte de Justicia, con motivo
expresando las razones que justifiquen la modificación.
sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, aprobada por lo menos por cuatro Ministros, en los casos de jurisprudencia de
las Salas. También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las
contradicciones de tesis de Salas.
La naturaleza jurídica de la contracción de tesis es unificar las tesis o criterios en litigio; y es el resultado de una sola resolución que emite el Pleno o las Salas, es suficiente con que la resolución que se dicte sea emitida por mayoría; una de sus principales características es que no pone fin a la situación jurídica concreta, si no que resuelve sobre un conflicto de interpretación y declara como debe aplicarse el precepto jurídico de derecho. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de las Salas o los ministros que las integren, el Procurador General de la República o aquellas partes que integran los sujetos en el juicio de amparo en que tales tesis hubieran sido sustentadas, tienen derecho a denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que funcionando en Pleno decidirá cuál es la tesis que debe observarse. El Pleno de la Suprema Corte deberá dictar la resolución correspondiente dentro del término de tres meses, y deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195 de la ley de amparo. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia , en caso de existir un caso concreto que lo asi lo amerite, podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte que modifique la jurisprudencia que fue dictada, señalando las razones que motiven la modificación; el Procurador General de la República, podrá, si lo considera necesario, exponer su parecer dentro de un plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente decidirán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas que tengan de origen a apartir de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. La ley de amparo señala en su artículo 192, que la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es considerada obligatoria cuando sea decretada por Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones serán consideradas jurisprudencia, siempre y cuando lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros si se tratara de jurisprudencia del Pleno.
Los integrantes de nuevos centros de población no tienen el derecho a que se les dote con determinadas tierras que ellos designen, siendo el amparo improcedente contra la negativa que rehusé su petición en este sentido por falta de interés jurídico. No procede el amparo a favor de los solicitantes de un nuevo centro de población contra las resoluciones que hayan dotado de las mismas tierras pretendidas por aquellos a otro poblado.Concentimiento
Sera improcedente si el comisariado ejidal no tiene facultades para consentir los actos que afecten al núcleo de población respectivo. En otras palabras, el consentimiento expreso de dichos actos debe externarlo la asamblea de ejidatarios convocada para tal efecto conforme a la Ley de la materia, levantándose el acta correspondiente.Sobreseimiento y caducidad de instancia
La competencia auxiliar que es concedida a las autoridades judiciales por el articulo 35 párrafo segundo de la Ley de Amparo, únicamente los faculta para realizar los actos que les atribuye la legislación, como consecuencia de la urgencia del asunto que se trate, pues la naturaleza jurídica de la competencia auxiliar, es la de coadyuvar mediante la preparación del juicio que corresponda, ya que una vez hecho esto los Jueces de Distrito continuaran con la tramitación del juicio, por lo que podemos entender que las facultades que se atribuyen a los
órganos auxiliares, se limitan a la recepción de la demanda, así como al
otorgamiento de la suspensión provisional del acto que se reclame.
I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso; II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.
IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería.
VI. Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1o de esta ley. VII. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional. Cuando según la disposiciones planteadas en la ley de amparo sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías en materia agraria, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
Podemos entender por amparo en materia agraria como el régimen particular que tiene como finalidad la protección jurídica de los ejidatarios, comuneros y núcleos de población ejidal o comunal, en cuanto a sus derechos agrarios, ya que en consecuencia de los circunstancias especiales de esta actividad económica, se modifican algunos principios encargados de regular el juicio de amparo.Entendemos entonces que esta institución, tiene como finalidad proteger a los ejidatarios, comuneros, núcleos de población ejidal o comunal en cuanto a sus derechos, régimen jurídico, propiedad, posesión o disfrute de sus bienes agrarios y en sus derechos agrarios.Es necesario señalar que se considera materia agraria cualquier asunto en el que se reclamen actos que de alguna manera afecten directa o indirectamente el régimen jurídico agrario que el artículo 27 de la Constitución, el Código Agrario y sus reglamentos, establecen como medios reguladores de los sujetos individuales y que se mencionaron anteriormente, independientemente de que dichos actos se emitan o realicen dentro de algún procedimiento agrario en que, por su propia naturaleza necesariamente están relacionados con las cuestiones concernientes al régimen jurídico agrario.
En caso de resoluciones pronunciadas en juicios del orden civil, la suspensión y las providencias sobre admisión de fianzas y contrafianzas, se dictarán de plano, dentro del preciso término de tres días hábiles. Tratándose de laudos o de resoluciones que den por terminado el juicio, y que sean dictados por tribunales del trabajo, la suspensión podrá ser concedida en los casos en que, según el criterio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Cuando la ejecución o la inejecución del acto reclamado pueda ocasionar perjuicios al interés general, la suspensión podrá ser concedida o negada buscando no causar esos perjuicios. En estos casos la suspensión surtirá sus efectos sin necesidad de que se otorgue fianza.
El incidente de suspensión en el que se tramita la suspensión a petición de parte. Cuando la suspensión provisional, surge a partir de una orden judicial potestativa y unilateral que es dictada por un Juez de Distrito, es necesario que se resuelva en vía incidental mediante la presentación de la demanda y la solicitud de suspensión, atendiendo los daños y perjuicios, por lo que los efectos consistirán en suspender la ejecución material del acto reclamado.
Incidente de violación a la suspensión. Es un mecanismo jurídico legal mediante el cual el quejoso denuncia la desobediencia por parte de autoridades hacia la resolución que haya decretado suspensión, por lo que en fecha posterior a su conocimiento hayan ejecutado los actos que son objeto de la medida cautelar.
Incidente para la ejecución y cumplimiento de la suspensión. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se observarán las disposiciones de los artículos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de la ley de amparo. Las mismas disposiciones se observarán, en cuanto fueren aplicables, para la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad caucional conforme al artículo.
Incidente de reparación del daño. Para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, de no presentarse la reclamación dentro de ese término, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común.
Registro IUS: 169031 Tesis: XXI.2o.P.A.83 A Localización: 9a. Época, T.C.C., S.J.F. y su Gaceta, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, p. 1205, [A], Administrativa. Rubro: SUSPENSIÓN CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES Y APROVECHAMIENTOS. PARA CONCEDERLA ES INNECESARIO EXIGIR AL QUEJOSO LA EXHIBICIÓN DEL DEPÓSITO DEL TOTAL EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD POR EL MONTO DE AQUÉLLOS, ASÍ COMO DE LAS MULTAS Y ACCESORIOS QUE SE LLEGUEN A CAUSAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, SI EN EL INFORME PREVIO LA AUTORIDAD RECONOCIÓ LA FINALIDAD DE LA DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO QUE PRACTICÓ, CONSISTENTE EN ASEGURAR EL INTERÉS FISCAL. Suspensión en el juicio de amparo
Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegere a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. La suspensión señalada anteriormente se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda, haciéndolo saber a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de la ley de amparo. Los efectos consistirán en ordenar que se detengan los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos señalados como prohibidos por el artículo 22 constitucional; y en caso de ser los previstos en la fracción II del artículo 123 de la ley de amparo, los efectos consistirán en ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las medidas necesarias para evitarque los actos reclamados se consumen.
La suspensión de oficio no
necesita sustanciarse por la vía incidental, ya que es decretada de plano en el mismo auto que admite la demanda, como consecuencia de la naturaleza grave de los actos que se
reclaman, como por ejemplo aquellos que importen peligro de privación de la vida,
deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la
Constitución Federal, o cuando se trate de otro acto que en caso de consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso el goce de la
garantía individual violada.
En el caso de la suspensión a petición de parte, para que sea procedente contra actos que dereiven de un procedimiento penal que vulnere la libertad personal del quejoso, el Juez de amparo ordenara al quejoso que exhiba garantía, sin afectar las medidas de
aseguramiento que se consideren necdesarias. El juez de amparo sera el encargado de fijar el monto en que consistira la garantía, tomando en cuenta los siguientes elementos:
Cuando el acto reclamado vulnera la libertad personal, la suspensión tendrá como efecto que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito únicamente
en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba
juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que
hace a la continuación de éste.
Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso realizada por
autoridades administrativas distintas del Ministerio Público en razón de la probable
responsabilidad penal de algún delito, la suspensión sera concedida, si es procedente, sin
perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para
que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos del artículo 16 constitucional.
Si el acto reclamado consiste en la detención del quejoso realizada por el Ministerio
Público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá en inmediata
libertad, en caso de que del informe previo que presente la autoridad no se logre acreditar con las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se presenta en el término de veinticuatro horas.
En caso de que exista flagrancia
o urgencia se prevendrá al Ministerio Público para que el quejoso, sea puesto en
libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa
y seis horas a partir de su detención dependiendo del caso concreto.
Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión,
detención o retención, el juez de Distrito dictará las medidas que considere necesarias para el aseguramiento del quejoso, con la intención de que pueda ser devuelto
a la autoridad responsable en caso de que el amparo no sea consedido.
Cuando la orden de aprehensión, detención o retención existente, provenga de un delito que no admite libertad provisional bajo caución, la suspensión
sólo tendrá como efecto que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito
en el lugar en que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad
personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer
del procedimiento penal para los efectos de su continuación.
Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por orden de
autoridades administrativas ajenas al Ministerio Público, podrá ser puesto en
libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento, para los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de
mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de un auto de prisión preventiva, el juez dictará las medidas necesarias para asegurar al quejoso y éste podrá ser puesto en libertad bajo caución tomando en cuenta lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 constitucional y a las leyes federales o
locales aplicables al caso concreto, siempre y cuando el juez o tribunal que conozca de la
causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de
esa persona, por no habérsele solicitado.
La libertad bajo caución podrá ser revocada cuando incumpla en forma grave con
cualquiera de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en
razón del juicio de amparo o del procedimiento penal respectivo.
Las partes podrán objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. En
los casos previstos en el artículo 204 de la ley de amparo, se considerará hecho superveniente la demostración de la falsedad u omisión de datos en el contenido
del informe y el juez podrá modificar o revocar la interlocutoria en que hubiese
concedido o negado la suspensión; además, dará vista al Ministerio Público
Federal para los efectos del precepto legal citado. Cuando exista temor fundado de que la autoridad responsable trate de burlar las
órdenes de libertad del quejoso o, de ocultarlo, trasladándolo a otro lugar, el juez
de Distrito podrá hacerlo comparecer a su presencia para hacer cumplir dichas
Cuando la suspensión sea procedente, se concederá procurando que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el
acto reclamado, hasta que se dicte una resolución, con excepción de que la continuación
del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que
pueda ocasionarse al quejoso.
Cuando la suspensión fuere concedido contra actos derivados de un
procedimiento penal que vulnere la libertad personal, el quejoso tendrá la
obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o
el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la
suspensión que fue concedida.
El auto en que un juez de Distrito otorgue la suspensión, surtirá sus efectos aunque se interponga el recurso de revisión; pero dejará de hacerlo en caso de que el
agraviado no llene, dentro de los cinco días siguientes a partir de la notificación, los
requisitos que se le hubieren exigido para suspender el acto reclamado.
El auto en que se niegue la suspensión definitiva permite a la autoridad responsable la ejecución del acto reclamado, a pesar de que se
interponga el recurso de revisión; pero si el Tribunal Colegiado de Circuito que
conozca del recurso, revoque la resolución y conceda la suspensión, los efectos
de ésta se retrotraerán a la fecha en que fue notificada la suspensión provisional, o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto no lo haga imposible.
El recurso de reclamación puede definirse como un mecanismo de defensa en el juicio de amparo, que tiene como función otorgar a las partes el derecho para impugnar los acuerdos y providencias que se dicten durante el desarrollo de los asuntos de carácter jurisdiccional por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito, con el objetivo de poner un asunto en estado de resolución. La materia de este recurso se constituye por el acuerdo del trámite impugnado, el cual debe ser examinado para determinar si cumple lo señalado por las leyes aplicables. El recurso de reclamación procede contra aquellos acuerdos de trámite que sean dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en su caso por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. Cualquiera de las partes tiene el derecho de interponer el recurso de reclamación, mediante un escrito, donde se expresen los agravios, siempre y cuando se haga dentro de los tres días siguientes al que surta efecto la notificación que se impugne. El órgano jurisdiccional encargado de resolver el asunto, tendrá un plazo máximo de diez días para hacerlo y el ponente será un ministro o magistrado distinto de su presidente. Cuando se declare que el recurso de reclamación esta legítimamente fundado, los efectos del acuerdo recurrido desaparecerán y nacerá la obligación de emitir un nuevo acuerdo que se ajuste al marco jurídico aplicable.