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Sentencia T.S.J. Murcia 61/2013, de 1 de febrero - PDF
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Ramón Espejo Cuenca
1 Sentencia T.S.J. Murcia 61/2013, de 1 de febrero RECURSO n.º 636/2010 SENTENCIA n.º 61/2013 LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA: SECCION PRIMERA Compuesta por los Iltmos. Sres.: Dña. María Consuelo Uris Lloret Presidenta D. Indalecio Cassinello Gómez Pardo Dña. María Esperanza Sánchez de la Vega Magistrados Han pronunciado EN NOMBRE DEL REY La siguiente SENTENCIA N.º 61/2013 En Murcia, a uno de febrero de dos mil trece. En el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO n.º 636/2010, tramitado por las normas de PROCEDIMIENTO ORDINARIO, en cuantía de y referido a denegación de subvención. Parte demandante: "Ecoambiental Proyectos y Servicios, S.L.L.", representada por el Procurador D. Pablo Jiménez Cervantes Hernández Gil y defendida por el Letrado D. Carlos Moral Servet.
2 Parte demandada: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, representada y dirigida por el Letrado de la Comunidad. Acto administrativo impugnado: Orden de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de 14 de mayo de 2010, desestimatoria del recurso de reposición formulado contra Orden de 22 de diciembre de 2009 por la que se deniega la subvención solicitada con cargo al Programa de Ayuda "Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales". Pretensión deducida en la demanda: Que se dicte sentencia por la que se revoque la Orden recurrida, y se declare el derecho de la actora a obtener la subvención solicitada. Siendo Ponente la Magistrada Dña. María Consuelo Uris Lloret, quien expresa el parecer de la Sala. ANTECEDENTES DE HECHO Primero. El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 23 de julio de 2010, y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda, deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia. Segundo. La parte demandada se opuso al recurso e interesó su desestimación. Tercero. No ha habido recibimiento del recurso a prueba. Cuarto. Presentados escritos de conclusiones por las partes se señaló para la votación y fallo el día 25 de enero de 2013, quedando las actuaciones conclusas y pendientes de sentencia.
3 FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Por Orden de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de 26 de marzo de 2009 se convocaron subvenciones para programas de fomento de la economía social para ese año. La actora solicitó una subvención con cargo al Programa de Ayuda " Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales", siéndole denegada por Orden de la Consejería de 22 de diciembre de 2009, por no tener contratada con el servicio de prevención ajeno la especialidad de Vigilancia de la Salud. Formulado recurso de reposición por la interesada fue desestimado por Orden de 14 de mayo de 2010, siendo impugnado dicho acto en el presente recurso contencioso administrativo. Alega la actora que en el artículo 85.4 de la Orden reguladora de la ayuda no se hace referencia alguna a la especialidad de "vigilancia de la salud", y examinada la normativa de aplicación, es decir la Ley 31/1995 y concretamente su artículo 22, se obtiene la conclusión de que la recurrente no está obligada a contratar esa especialidad preventiva. Así, las únicas personas que prestan sus servicios personales en la empresa tienen la condición de socios trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por lo que no les puede ser exigida esa especialidad dentro del Plan de Prevención que fue puntualmente aportado al expediente. Y a la fecha de solicitud de la ayuda la interesada no ha tenido contratado ningún trabajador por cuenta ajena ni ningún socio trabajador encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social que exigiese tener contratada la referida especialidad. Por tanto, se ha incurrido por la Administración demandada en arbitrariedad al interpretar el artículo 85.4 de la Orden que regula la ayuda en perjuicio de la actora, pues aplicando lo establecido en dicho precepto tendría derecho a la subvención al haber acreditado tener constituida su organización preventiva según lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley 31/1995 y su normativa de desarrollo. La parte demandada se opone a las pretensiones de la actora, y alega que dicha especialidad le es exigible de acuerdo precisamente con el citado artículo 85.4 de la Orden por la que se convoca y regula la ayuda, y con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, de aplicación a las sociedades laborales. Segundo. De lo expuesto con anterioridad se desprende que la única cuestión que se plantea en el presente recurso es si la actora estaba obligada o no a tener contratada la especialidad de "vigilancia de la salud", en la organización preventiva de la empresa. El citado artículo 85.4 de la Orden de 26 de marzo de 2009 establece lo siguiente:
4 "No tendrán derecho a subvención aquellas Entidades de Economía Social que no acrediten documentalmente que tienen constituida su organización preventiva según lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo, o no aporte certificación suficiente de disponer de Plan de Prevención, evaluación de riesgos actualizada y planificación de acción preventiva, realizados de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III de la citada norma." De dicho precepto se desprende que no tienen derecho a subvención las empresas que no cumplan con las dos condiciones señaladas, es decir, que han de acreditar documentalmente tener constituida su organización preventiva según lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y además han de aportar certificación suficiente de disponer de los documentos que se señalan: Plan de Prevención, evaluación de riesgos actualizada y planificación de acción preventiva. Y todas estas actuaciones de prevención y documentación correspondiente tienen que estar realizadas de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo III de la referida ley. La Ley 31/1995, establece en su artículo 3 el ámbito de aplicación, señalando en su apartado 1: "Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario... Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica." Por tanto, la referida ley es de aplicación a todas aquellas empresas en que existan trabajadores, bien sean por cuenta ajena, o bien sean autónomos o socios trabajadores, pues tales distinciones tienen relevancia en otros ámbitos, por ejemplo en materia de Seguridad Social, pero no en lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales. Y partiendo de la aplicación de tal normativa, resulta que el empresario ha de tener organizada la acción preventiva a través de unos servicios ("Servicios de Prevención", Capítulo IV de la Ley), y mediante el cumplimiento de una serie de obligaciones (reguladas en el Capítulo III de la Ley).
5 Entre esas obligaciones está la vigilancia de la salud y su planificación (artículo 22). Y el artículo 23.1 establece que el empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores: "a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta ley. b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley. c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley. d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo. e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo." Por tanto, todos estos documentos forman parte de la organización de la prevención de riesgos en la empresa, y por ello cuando el artículo 85.4 de la Orden reguladora de la ayuda hace referencia al Capítulo III de la Ley se incluye la especialidad de vigilancia de la salud, que en el presente caso no estaba contratada con el servicio de prevención. Y no es arbitraria la interpretación que la Administración hace del citado precepto, sino que por el contrario, y como ya se ha razonado, el mismo resulta de plena aplicación al supuesto enjuiciado, por lo que la denegación de la subvención es conforme a derecho. Tercero. Por lo expuesto, procede desestimar el recurso, sin que sean de apreciar circunstancias suficientes para una expresa imposición de costas (artículo de la Ley Jurisdiccional).
6 En atención a todo lo expuesto y por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Española, FALLAMOS Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por "Ecoambiental Proyectos y Servicios, S.L.L." contra la Orden de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de 14 de mayo de 2010, por la que se desestima el recurso de reposición formulado contra Orden de 22 de diciembre de 2009, por ser dichos actos conformes a derecho; sin costas. Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno. Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación literal a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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