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Timestamp: 2017-11-19 04:44:35
Document Index: 110306133

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 576', 'artículo 621', 'artículo 778', 'artículo 20', 'artículo 20', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 267', 'artículo 53']

Sentencia A.P. Cáceres 497/2013 de 24 de octubre. Delito de homicidio por imprudencia grave. Concurso ideal con delitos de lesiones por imprudencia grave. Atenuante de dilaciones indebidas. Responsabilidad civil directa y subsidiraria. Lesiones. Secuelas. Intereses moratorios. Error en la valoración de la prueba Indemnización. Estimación parcial - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Cáceres 497/2013 de 24 de octubre
Delito de homicidio por imprudencia grave: En concurso ideal con delitos de lesiones por imprudencia grave concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas. Valoración de la prueba: No se aprecia error alguno, resultando adecuada la calificación de grave la imprudencia apreciada. Dilaciones indebidas: Examen de su contenido de acuerdo con la jurisprudencia, no admitiéndose su apreciación como atenuante muy cualificada. Informes: Análisis del contenido del pericial y del forense. Indemnizaciones: Estudio de los conceptos y las cantidades a satisfacer, así como el baremo a aplicar. Interés moratorios: No procede su imposición dada la voluntad de cumplimiento de la aseguradora.
SENTENCIA: 00497/2013
N.I.G.: 10148 41 2 2006 0201747
APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000959 /2013
Delito/falta: HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA
Procurador/a: D/D.ª
Abogado/a: D/D.ª
SENTENCIA NÚM. 497 - 2013
DOÑA M.ª FELIX TENA ARAGON
DON PEDRO VICENTE CANO MAILLO REY
ROLLO N.º: 959/13
JUICIO ORAL: 476/11
JUZGADO: PENAL NÚM. 1 DE PLASENCIA
En Cáceres, a veinticuatro de octubre de dos mil trece.
Primero.—Que por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Plasencia, en el procedimiento reseñado al margen seguido por un delito de Homicidio por imprudencia, contra Cosme se dictó Sentencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil trece, cuyos hechos probados y fallo son del tenor literal siguiente: HECHOS PROBADOS: Resulta acreditado que el día 26 de julio de 2006 sobre las 19:20 horas Cosme conducía a gran velocidad el vehículo Opel Vivaro matrícula.... NGV propiedad de DIRECCION000 CB, empresa para la que se encontraba trabajando al momento de los hechos, asegurado en la Cía. Azur Multirramos SA (Groupama Plus ultra) con n. de póliza NUM000, y a la altura del pk 455.400 de la N-630, término municipal de Villar de Plasencia, existiendo mucho tráfico rodado realizó un adelantamiento doble al vehículo Wolksvagen Golf matrícula.... XPT conducido por Isidora y a otro vehículo que le precedía. Resulta acreditado que Cosme instantes después de incorporarse al carril izquierdo tras finalizar el adelantamiento relatado, obviando la más mínima precaución volvió a realizar un adelantamiento al vehículo que le precedía, un camión de grandes dimensiones el cual circulaba muy pegado a la línea de separación de los carriles, colisionando frontalmente con el vehículo que circulaba por el carril contrario, Xsara Picaso.... CDR, conducido por Leandro, y en el que viajaban como usuarios Palmira, Ovidio e Valle. Resulta acreditado que vehículo Xsara Picasso.... CDR propiedad de Leandro resultó destrozado. Resulta acreditado que a consecuencia del impacto Leandro murió en el acto. Resulta acreditado que la esposa del anterior, Valle de 50 años de edad a la citada fecha, que ocupaba el asiento del copiloto, sufrió lesiones consistentes en traumatismo torácico con pinzamiento del seno CD izquierdo, precisando para alcanzar la sanidad además de una primera asistencia facultativa tratamiento médico consistente en exploración clínico radiológica, analgésicos, antiinflamatorios, ansiolíticos, reposo, controles periódicos y fisioterapia, tardando en curar 234 días, 176 de ellos impeditivos, incluyendo 21 de ellos en régimen de ingreso hospitalario, resultando pues 21 días de hospitalización, 155 impeditivos sin ingreso, y 58 días no impeditivos, restándole como secuelas nostalgia moderada. Resulta acreditado que Ovidio, de 12 años de edad al momento de los hechos, sufrió lesiones consistentes en erosiones en el cuello, precisando únicamente para alcanzar la sanidad de una primera asistencia facultativa, tardando en curar 20 días no impeditivos, no restándole secuelas. Resulta acreditado que Palmira de 18 años de edad al momento de los hechos resultó con fractura de escafoides, fractura del hueso frontal cerrada y fractura de C7 con lesión medular, precisando para su curación exploración clínico radiológica corpectomía C7 malla, placa C6 D1, ingreso y tratamiento específico en UVI para estabilización y control de las complicaciones, curas de las heridas, profilaxis antitrombótica, analgésicos, antiinflamatosis, antibioterapia, sondaje vesical periódico, logopedia y rehabilitación, tardando en curar 464 días, 338 de ellos en régimen hospitalario y 126 de carácter impeditivo, restándole como secuelas material de osteosíntesis puntado en 15 puntos, paraparesia leve puntuada en 40 puntos y cicatrices de3,5 cm. En región frontal media, de 5,5 cm. En región anterior del cuello, múltiples cicatrices hipertróficas e hiperpigmentada sen cara externa del codo izquierdo de 4,5 cm. en cara palmar del antebrazo izquierdo de 2,5 y 1 cm en rodilla izquierda, cicatrices que junto a las deformidades y disfunciones de las extremidades superiores suponen un perjuicio estético medio puntuado en 15 puntos y que ocasionan a Palmira una incapacidad parcial para sus ocupaciones habituales, requiriendo la ayuda puntual de terceras personas en actividades que precisen destreza manual y coordinación fina. Resulta acreditado que las secuelas sufridas por Palmira precisan de tratamiento rehabilitador y fisioterapéutico de forma permanente así como controles periódicos por la unidad de lesionados medulares del Hospital Nacional de parapléjicos de Toledo. Resulta acreditado que a consecuencia del cuidado y atención de Palmira se ha visto afectada la vida de su madre y de su hermano, Valle y Ovidio. Resulta acreditado que a consecuencia del accidente Valle ha tenido que hacer frente a unos gastos derivados directamente del mismo ascendentes a 44924,59. Resulta acreditado que los daños en el vehículo Xsara Picasso.... CDR no han sido tasados. Resulta acreditado que por Auto de 15-9-06 dictado por el Juzgado de Instrucción n. 2 de Plasencia se estableció una pensión provisional mensual de 3000 euros a favor de la familia de Leandro por el plazo de cuatro meses a cargo de la compañía Aseguradora Azur (Groupama). Resulta acreditado que la Compañía Groupama con fecha 25-10-2006 consignó para entrega a los perjudicados por las lesiones irrogadas la cantidad de 438.389,50 euros, a razón de 168.269 euros para los herederos del fallecido, 9770,83 a favor de Valle, 2941,80 euros para Ovidio y 257.407,87 euros a favor de Palmira. Resulta acreditado que la Compañía Groupama consignó posteriormente para entrega Valle en pago de sus lesiones la cantidad de 9770,83 euros. Resulta acreditado que la Compañía Groupama con fecha 23 de enero de 2009 consignó nuevamente para entrega Valle en pago de sus lesiones la cantidad de 3074,86 euros. Resulta acreditado que las referidas cantidades fueron puestas a disposición y entregadas a los perjudicados. Resulta acreditado que por Auto de 9 de diciembre de 2009, aclarado por Auto de 30 de diciembre de 2009 dictado por el Juzgado de Instrucción n. 2 de Plasencia se reputa insuficiente la cantidad total consignada por la compañía aseguradora ascendente a 441464,36 euros, acordando su ampliación en 147.786,88 euros. Resulta acreditado que con fecha 11 de febrero de 2010 la Compañía Groupama consigna la cantidad de 147.786,88 euros, solicitando se pusiera a disposición de Palmira exclusivamente la cantidad de 33500 euros la cual fue entregada a la misma. "
".FALLO: " Que debo condenar y condeno a Cosme como autor criminalmente responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso ideal con dos delitos de lesiones por imprudencia grave, antes definidos, concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a las penas de dos años y nueve meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de tres años y nueve meses conllevando ésta última pena al ser superior a dos años la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la conducción. Que debo condenar y condeno a Cosme y la Cía. Aseguradora Groupama como responsables civiles directos y DIRECCION000 CB como responsable civil subsidiaria a indemnizar a los perjudicados del siguiente modo. A Ovidio en 542,4 euros por los días que tardó en curar de sus lesiones, 41.342.79 euros por el fallecimiento de su padre, 7441,70 euros en concepto de factor de corrección sobre la cantidad anterior y 100000 euros por los daños morales en atención a la sustancial alteración de su vida derivada de los cuidados de su hermana Palmira. A Valle en 1301,37 euros los días de ingreso hospitalario requeridos para la curación de sus lesiones, 7804,25 euros por los días de impedimento, y 1572,96 euros por los días de curación no impeditivos, 1979,1 euros por las secuelas sufridas, 197.91 euros pro el de factor de corrección sobre la cantidad anterior 99.222,70 por el fallecimiento de su marido, 17.860,09 euros en concepto de factor de corrección sobre la cantidad anterior 124.028,38 euros por los daños morales en atención a la sustancial alteración de su vida derivada de los cuidados de su hija Palmira, y 44924,59 euros por los gastos devengados y soportados por la misma derivados del siniestro. 3. A Palmira en 20945,86 euros por los días de ingreso hospitalario, 6344,1 euros los días impeditivos en que tardó en curar de sus lesiones, 138.725,12 euros por las secuelas, 13872,5l euros por factor de corrección sobre la anterior cantidad, 16537,11 euros en concepto de incapacidad permanente parcial, 18141,08 euros por el fallecimiento de su padre y 3265,39 euros por el de factor de corrección sobre la cantidad anterior. A los herederos del fallecido en el importe a que ascendía el valor del vehículo a la fecha del siniestro a determinar en ejecución de Sentencia. Las anteriores cantidades devengarán en el caso de la Compañía Aseguradora los intereses previstos en el artículo 20 de la ley de Contrato de Seguro. Asimismo las cantidades a las que resultan condenados Cosme y la Compañía Aseguradora Groupama como responsables civiles directos y DIRECCION000 CB devengarán el interés procesal previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se imponen las costas procesales al condenado incluyendo las devengadas por la acusación particular."
Segundo.—Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por las representaciones procesales de GROUPAMA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (hoy Plus Ultra Seguros, S.A.), Cosme e Valle, Palmira y Ovidio, adherido el Ministerio Fiscal a este último, que fueron admitidos en ambos efectos, y transcurrido el periodo de instrucción y alegaciones de conformidad con lo establecido en la L.E.Cr., se elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial.
Tercero.—Recibidas que fueron las actuaciones se formó el correspondiente rollo, con el oficio misivo por cabeza, registrándose con el número que consta en cabecera, se acusó recibo y se turnaron de ponencia, y de conformidad con lo establecido en el art. 792.1 de la L.E. Cr. Pasaron las actuaciones al Iltmo. Sr. Magistrado Ponente para examen de las mismas y dictar la oportuna resolución, señalándose Votación y fallo el treinta de septiembre de dos mil trece.
Cuarto.—Se acepta el relato de hechos probados de la sentencia de instancia, con las siguientes modificaciones: En el párrafo tercero se suprime la frase "propiedad de Leandro " ; y en el párrafo séptimo se sustituye la frase "tardando en curar 464 días, 338 de ellos en régimen hospitalario y 126 de carácter impeditivo" por la frase "tardando en curar 1.554 días de los que 369 lo fueron en régimen de ingreso hospitalario, 68 fueron de carácter impeditivo y los restantes 1.117 días no fueron impeditivos" así como la referencia de dicho párrafo a las secuelas, que queda como sigue: "restándole como secuelas síndrome de hemisección medular de Brown-Sequad valorada en 45 puntos, material de osteosíntesis en columna vertebral C6-D1 valorada en 15 puntos, algias cervicales moderadas secundarias a disfunción miofascial cervical valorada en 5 puntos, codo izquierdo doloroso moderado valorado en 3 puntos y diversas cicatrices que, junto con deformidades y disfunciones de los miembros superiores, suponen un perjuicio estético medio valorado en 15 puntos", manteniéndose en dicho párrafo las referencias a la incapacidad parcial de la lesionada y a la necesidad de ayuda puntual de terceras personas.
Quinto.—En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
Vistos y siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON VALENTIN PEREZ APARICIO.
Primero.—Tres son los recursos de apelación que se interponen contra la sentencia que condenó al acusado como autor de sendos delitos de homicidio y lesiones imprudentes cometidos en un accidente de tráfico consistente en una colisión frontal con motivo de un adelantamiento. Dado que en tales recursos se tratan cuestiones coincidentes, aunque desde distintas perspectivas, los analizaremos de forma conjunta, comenzando por las cuestiones relativas a la responsabilidad penal que plantea la defensa del acusado, para estudiar a continuación las que se refieren a la indemnización que se suscitan en todos los recursos.
Segundo.—Como error en la valoración de la prueba y consecuente indebida aplicación del Código Penal la defensa del acusado solicita que la condena lo sea por una falta del artículo 621 del Código Penal considerando no suficientemente acreditado el exceso de velocidad de su vehículo, y que dicho exceso de velocidad fuera la causa del accidente.
El motivo por el que la sentencia de instancia considera que la imprudencia del acusado debe de ser calificada como "grave" no es tanto el exceso su velocidad cuanto la irregular realización de una maniobra inherentemente peligrosa como es la realización de un adelantamiento para el que se ha de invadir el carril contrario, lo que exige extremar las medidas de precaución para evitar la generación de situaciones de riesgo como la que, en este caso, provocó el apelante. La referencia que se hace en la sentencia de instancia al exceso de velocidad, así como a otro adelantamiento inmediatamente anterior que fue relatado por la conductora de uno de aquellos vehículos en el acto del juicio, lo que hacen es poner de relieve en nulo cuidado con el que el acusado realizaba aquellas maniobras, nulo cuidado que implica desconocer las más elementales normas de prudencia en la circulación y que conduce al mantenimiento de esa calificación de "grave" que configura los delitos que se declaran cometidos en la sentencia de instancia.
Tercero.—Al hilo del acogimiento de oficio por parte de la juzgadora de instancia de la atenuante de dilaciones indebidas en atención al retraso experimentado en el trámite de estas diligencias entre su recepción en el Juzgado de lo Penal y el dictado del auto de admisión de prueba y ulterior señalamiento, la defensa del acusado solicita ex novo en el recurso de apelación la aplicación de dicha atenuante como muy cualificada, aplicación que pretende sustentar en el tiempo que ha durado la instrucción de la causa, que se ha dilatado en espera del definitivo informe forense de sanidad, emitido tras un periodo de curación de más de cuatro años, sanidad a la que según dice no era imprescindible esperar en aplicación de lo dispuesto en el artículo 778.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ("En los casos de lesiones no será preciso esperar a la sanidad del lesionado cuando fuera procedente el archivo o el sobreseimiento. En cualquier otro supuesto podrá proseguirse la tramitación sin haberse alcanzado tal sanidad, si fuera posible formular escrito de acusación").
Se trata de una posibilidad, esa del enjuiciamiento anticipado sin esperar a la sanidad, dejando para fase de ejecución la cuantificación de la indemnización a la que, en la práctica, suelen ser reacias las defensas en la instrucción de causas penales seguidas por lesiones imprudentes, ya que prefieren contar con el informe forense de sanidad pues, en no pocas ocasiones, y especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de estos accidentes de tráfico acaban en juicio de faltas, con dicho informe se alcanza un acuerdo económico en relación con la indemnización que evita la celebración del juicio y, consecuentemente, la sanción penal; y, siendo el enjuiciamiento anticipado una mera posibilidad, pues también es procesalmente lícito que no se acuerde la conclusión de las diligencias previas hasta que se recaba el informe forense de sanidad para la valoración de aquellos datos que inciden en la indemnización, el tiempo que se invierte en dicho trámite no parece que pueda ser acreedor del calificativo de "indebido" a efectos de sustentar la atenuante invocada, y menos con el carácter de muy cualificada.
En todo caso, y a los efectos de la atenuante de dilaciones indebidas, hemos de recordar que, como señala la STS de 25 de mayo de 2.010, "no basta la genérica denuncia al transcurso del tiempo en la tramitación de la causa, sino que se deben concretar los periodos y demoras producidas, y ello, porque el concepto "dilación indebida" es un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una especifica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso (elemento temporal) y junto a la injustificación del retraso y la no atribución del retraso a la conducta del imputado, debe de determinarse que del mismo se han derivado consecuencias gravosas ya que aquel retraso no tiene que implicar éstas de forma inexorable y sin daño no cabe reparación ( SSTS. 654/2007 de 3.7 , 890/2007 de 31.10 , entre otras), debiendo acreditarse un especifico perjuicio más allá del inherente al propio retraso.Como dice la STS. 1.7.2009 debe constatarse una efectiva lesión, bien por causa de las circunstancias personales del autor del hecho, bien por reducción del interés social de la condena que haga que la pena a imponer resulte desproporcionada ( STS. 3.2.2009 )", sin que en el recurso se concrete cuál ha sido ese específico perjuicio para el acusado que, dado que se solicita la apreciación de la atenuante como muy cualificada, debía de aparecer como especialmente significativo.
Procede, en consecuencia, mantener la atenuación como simple, con los efectos penológicos señalados en la sentencia de instancia, que han conducido a la imposición de una pena muy próxima a la mínima que podría haberse impuesto.
Cuarto.—Comenzando el análisis de las cuestiones relativas a la responsabilidad civil con las que plantean tanto el condenado como su aseguradora en relación con la incorrecta aplicación del baremo del año 2.007 a las indemnizaciones correspondientes al fallecimiento de Leandro y a las lesiones sufridas por Ovidio, ha de accederse a su petición, no tanto por una rigurosa aplicación de la doctrina jurisprudencial sentada en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2.007 y posteriores concordantes, doctrina que atiende al momento en el que el lesionado puede ejercitar su acción al disponer del alta definitiva, dándose la circunstancia que en las frecuentes ocasiones en las que varios lesionados son objeto de un mismo proceso penal no pueden los primeros en curar ejercitar separadamente su acción sino que todos ellos han de esperar a la sanidad del último, por lo que en aplicación de la citada doctrina debería de aplicarse a todos ellos el baremo vigente en la última sanidad, sino por la circunstancia de que las indemnizaciones correspondientes a dicho fallecimiento, así como a las lesiones del menor, fueron consignadas en pago por parte de la aseguradora dentro del mismo año 2.006, pago ante el cual resulta absolutamente injustificado aplicar una actualización posterior del baremo, actualización cuya única finalidad es la de mantener el valor adquisitivo de una indemnización cuando aún no se ha abonado por la aseguradora.
Quinto.—Se opone la defensa de las víctimas a la aceptación, por parte de la juzgadora de instancia, del informe pericial del médico especialista aportado por la aseguradora Sr. Bernabe en detrimento del informe forense de sanidad.
Las razones por las que la juzgadora de instancia opta por el informe del perito de parte son la de no haberse propuesto como testigo (sic) al forense en el acto del juicio, y la especialidad en valoración del daño corporal que tiene el Sr. Bernabe, de la que carecen los profesionales que realizaron los demás informes. Su informe, aun habiendo sido realizado sin examinar personalmente a la lesionada (se hace a partir de la documentación médica facilitada), es considerado en la sentencia de instancia como más explicativo y detallado que los otros, considerando la juzgadora de instancia que aparece adverado tanto por el informe del Sr. Isaac como por el informe del detective que realizó un seguimiento a la lesionada.
La Sala no considera acertados los razonamientos de la juzgadora de instancia.
En primer lugar debemos recordar que el informe forense de sanidad (los informes forenses habría que decir, pues son tres, el inicial a los folios 729 y 730 y los posteriores complementarios, folios 1.036 al 1.047 y 1.098) no fue impugnado por ninguna de las partes en sus escritos de calificación provisional, falta de impugnación que hacía innecesario para las acusaciones proponer a la forense para que depusiera como perito en el acto del juicio.
Pero es que, además, la defensa del acusado, lejos de impugnar el informe de sanidad, lo que hizo fue proponer en su escrito de calificación la intervención de la forense en el plenario, que a tal fin fue citada y acordada la práctica de dicha prueba a través de videoconferencia para luego, de forma sorpresiva, renunciar a dicha prueba al inicio de la sesión del juicio, por lo que si la forense no ha ilustrado a la juzgadora de instancia sobre su informe (como hicieron los peritos de parte) ha sido por la razón de que al no impugnar nadie su informe las acusaciones no tenían necesidad de citarla al plenario y de que quien había propuesto su comparecencia a tal fin renunció a ella, renuncia que trajo como consecuencia que ni dicha parte, ni las demás a continuación, pudieran solicitar las aclaraciones que echa de menos la sentencia de instancia.
En estas circunstancias, en las que nadie ha impugnado dicho informe, y ha renunciado sorpresivamente la única parte que consideró oportuno citar a la perito para que respondiera a las cuestiones aclaratorias, no existe razón alguna para privar de eficacia probatoria a los informes forenses (como tampoco la ha habido en relación con los informes forenses de sanidad de Valle y Ovidio sobre los que la sentencia de instancia sustenta sus respectivas indemnizaciones) por lo que ha de valorarse como mínimo al mismo nivel que los otros dos informes periciales, sin que por otro lado sea justa la crítica que hace la juzgadora de instancia a que la forense carezca de un título de "especialización" en valoración del daño corporal pues, aun cuando no tuviera dicha titulación formal (realmente no lo sabemos), la experiencia profesional de cualquier forense en esta materia suple con creces la posible ausencia de una titulación académica ad hoc.
Las dos razones de peso por las que la Sala no comparte el informe pericial del Sr. Bernabe son, de una parte, el hecho de que, a diferencia de la forense, no ha examinado personalmente a la paciente, y su informe se basa únicamente en el estudio de los informes médicos que obran en las actuaciones unido a la valoración del aparente estado de la lesionada tras examinar unas imágenes de ella que grabó a instancias de la aseguradora un detective privado; y, de otra y de forma especial, en la afirmación que realiza en su informe (folio 876), contraria a las más elementales reglas que rigen la materia que nos ocupa, según la cual las secuelas que deben tenerse en consideración no son las que, a la fecha de estabilización que él mismo señala, tenía la lesionada, sino las secuelas que en definitiva le quedan en el momento presente, criterio que deja en una especie de limbo económico los padecimientos que, durante ese periodo (tres años), ha sufrido la víctima del delito y que el tratamiento médico que ha seguido ha conseguido paliar, padecimientos que en su opinión no merecen ser indemnizados ni como tiempo de curación ni como secuelas. Podría aceptarse que la estabilidad lesional se datara, como sostiene el perito, en noviembre de 2.007, siempre y cuando correlativamente valoráramos como secuelas la totalidad de las que, en aquella fecha, sufría la lesionada (aparecen expuestas en el primer informe forense de sanidad, folio 719), pero lo que no es de recibo es considerar aquella fecha como determinante del cese de la incapacidad temporal para luego valorar, como secuelas, tan solo las que tres años después y tras los diversos tratamientos médicos soportados por la lesionada, aún subsisten a finales del año 2.010.
La médico forense, en julio de 2.009, emitió un primer informe de sanidad en el que se establecía un periodo de incapacidad temporal de 432 días impeditivos, de los que 364 fueron de hospitalización, quedándole hasta seis secuelas aparte de la correspondiente al perjuicio estético; sin embargo, dado que la lesionada siguió sometida a tratamiento médico con posterioridad, se recabó un segundo informe en el que la forense, si bien mantuvo el periodo de incapacidad temporal impeditivo (al que únicamente añadió cinco días de hospitalización), consideró la existencia de un posterior periodo de incapacidad temporal no impeditivo, derivado de los tratamientos que siguió en los tres años siguientes, de otros 1.117 días y, correlativamente, suprimió dos de las secuelas señaladas en aquel informe inicial (la pseudoartrosis de escafoides carpiano izquierdo valorada en 6 puntos y la parálisis de cuerda vocal derecha valorada en 5 a 15 puntos) que, como señaló en su informe aclaratorio de 10 de junio de 2.011 (folio 1.098) habían desaparecido a consecuencia del tratamiento recibido durante ese tiempo, y redujo la importancia de la más grave de las secuelas (el síndrome de hemisección medular de Brown-Sequard) desde la categoría de "grave" (con una puntuación de 50 a 70 puntos) a la categoría de "moderado" (de 30 a 50 puntos), manteniendo el resto de las secuelas en los términos de su informe inicial.
La Sala considera, como la médico forense, que esa importante reducción en la entidad de las secuelas es incompatible con el concepto de "estabilización" al que se alude en la sentencia de instancia como momento en que concluye la incapacidad temporal, y por ello ha de valorarse como tal periodo de curación en los términos propuestos por la médico forense: 369 días de hospitalización, 68 días impeditivos y, 1.117 no impeditivos. En cuanto a las secuelas, el síndrome de Brown-Sequard ha de valorarse en 45 puntos al encontrarse, según la forense, "en grado alto", y el material de osteosíntesis en 15 puntos (coincidiendo con la puntuación del Dr. Bernabe); y consideramos que el codo izquierdo doloroso debe valorarse en 3 puntos, pues el informe forense no le atribuye una especial intensidad, y las algias cervicales moderadas deben serlo en 5 puntos, al indicar dicho informe que el dolor es constante.
La aplicación de la fórmula de lesiones concurrentes a esa puntuación arroja el siguiente resultado:
Secuela Puntos Suma
Síndrome de Brown-Sequard 45 45
Material de osteosíntesis 15 54
Algias cervicales moderadas 5 57
Codo izquierdo doloroso 3 59
Secuelas a las que ha de añadirse un perjuicio estético "importante" que la forense valora en un margen de 13 a 18 puntos y que, acogiendo de nuevo el criterio del Dr. Bernabe, cuantificamos en 15 puntos, debiendo estimarse respecto de dicha partida los recursos de las defensas al haber procedido la juzgadora de instancia a sumarlas a las secuelas físicas a efectos de calcular la indemnización cuanto, tras la Ley 34/2003, tal valoración ha de hacerse por separado.
La actualización del baremo aplicable a la valoración será el correspondiente al año 2.010 pues, si bien el informe definitivo de sanidad es de febrero de 2.011, dicho informe retrotrae el alta médica (entendida ésta como el momento de estabilización de las lesiones) a finales de octubre de 2.010, coincidiendo con su anterior revisión por la forense.
Sexto.—Critican las defensas la concesión a Valle y a Ovidio de sendas indemnizaciones por importe de 124.028,38 € y 100.000 € en concepto de "perjuicio moral sufrido como consecuencia de los cuidados y atención continuada que ha tenido que realizar respecto de su hija" ("que ha tenido que realizar o al menos contribuir en relación a su hermana" se dice respecto de Ovidio) pues consideran, por un lado, que la suma de ambas cantidades excede de la fijada en el baremo, que ha de entenderse aplicable independientemente del número de familiares afectados; y, por otro, a que ese factor de corrección no se ha aplicado correctamente pues se refiere a la atención futura (y no a la prestada durante el tiempo de curación) y solo cabe en los supuestos de invalidez absoluta, únicos en los que la vida de los familiares va a sufrir una alteración significativa al tener que atender a un lesionado que no puede valerse por sí mismo.
El concepto que establece el baremo aparece rubricado en los siguientes términos: "Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias".
Se habla, por tanto, de "incapacitado", concepto en el que el baremo incluye tanto la incapacidad permanente parcial, como la total, como la absoluta; otra cosa es que, a la hora de fijar la procedencia de esa indemnización complementaria, deba analizarse si realmente el incapacitado va a precisar de "cuidados y atención continuada" y, en caso afirmativo, deba determinarse qué familiares sufrirán dicha carga y valorar en qué medida su vida se verá limitada en el futuro por la concreta atención que habrán de prestar al lesionado.
Hemos de coincidir también con las defensas en que, según resulta del baremo, este factor de corrección resulta de aplicación a la atención posterior a la estabilización de las lesiones, y no al periodo de incapacidad temporal, pues únicamente se regula en la Tabla IV y no en la tabla V.
La necesidad de que en el futuro Palmira precise de la asistencia de sus familiares resulta acreditada por el informe forense de sanidad que, en sus conclusiones médico-legales (folio 1.046), señala que "Las secuelas le ocasionan una dependencia de terceras personas, de forma parcial, para las actividades de la vida diaria debido a la dificultad para la realización de actividades que precisen de destreza manual y coordinación fina, habiendo tenido que acondicionar el entorno".
Esa concreta necesidad de colaboración, que el informe del detective no descarta pues no tuvo ocasión de observar a la lesionada realizando actividades que exigieran de una especial destreza manual sino actividades muy cotidianas, tiene pleno encaje en el factor de corrección al que nos referimos, pues cuando Palmira precise realizar una actividad de ese tipo (actividades que van desde manualidades artísticas hasta manipulaciones cotidianas de objetos o instrumentos), no podrá hacerlo sola y deberá recabar el auxilio de otra persona próxima que la ayude o lo haga por ella; y en la actualidad las personas que tiene más próximas son ciertamente su madre y su hermano que, correlativamente, habrán de prestarle esas atenciones y ayudas en el futuro.
Ahora bien, no se trata, como bien dicen las defensas, de actividades básicas que puedan implicar para los familiares una carga extraordinaria que les prive (o, simplemente, les limite de forma notable) el poder atender a sus propias necesidades o intereses, sino de una colaboración o ayuda puntual, y esto ha de tenerse en cuenta a la hora de cuantificar el factor de corrección pues, ciertamente, no tiene mucho sentido que si la incapacidad permanente es valorada por el baremo para la propia lesionada en 17.612,70 euros, sin embargo la carga para su madre y su hermano se valore en 124.028,38 y 100.000 euros, respectivamente. Ha de existir una adecuada proporcionalidad entre la valoración del perjuicio para la lesionada y la valoración del daño moral complementario para sus allegados y, ponderando esa relación de proporcionalidad, así como también el hecho de que indudablemente cabe esperar que la atención que Palmira reciba de su madre sea mucho mayor que la que recibirá de su hermano, pues eso es lo natural, cuantificaremos el factor de corrección en 5.000 euros para Ovidio y en 10.000 euros para Valle, repartiendo así entre los dos una indemnización que no supera el factor de corrección que corresponde a la propia lesionada.
Séptimo.—Reclama la parte denunciante que se condene al conductor acusado y a su aseguradora a hacer frente a cuantas facturas se devenguen como consecuencia de la atención médico-hospitalaria que se dispense en lo sucesivo en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo a Palmira, y a cuantos gastos médicos, hospitalarios, rehabilitadores, ortopédicos, farmacéuticos y similares se generen en lo sucesivo, que resulten debidamente acreditados y se pruebe su vinculación causal con las lesiones y secuelas derivadas del accidente.
La necesidad de esta atención médica futura, que lógicamente generará unos gastos, ya aparece expuesta en el informe forense de sanidad cuando señala en sus conclusiones que "Estas secuelas precisan de tratamiento rehabilitador y fisioterápico así como controles de forma periódica, anuales, en la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Nacional de Toledo". Lo que ocurre es que se trata de gastos futuros respecto de los que, como acertadamente se señala en el recurso, habrá que determinarse tanto su realidad y cuantía como su relación de causalidad con las lesiones sufridas por la víctima, determinación que en muchas ocasiones exigirá un debate que excede de los estrechos márgenes que las normas procesales establecen para la determinación de las partidas de la indemnización que se difiere a ejecución de sentencia, estrechos márgenes que resultan justificados porque la sentencia debe haber establecido las bases de la indemnización, remitiendo al trámite de ejecución únicamente su cuantificación, y en nuestro caso tales bases no pueden establecerse (precisamente porque no solo hay que declarar su cuantía sino su relación de causalidad), por lo que la solución que adopta la juzgadora de instancia al remitir a la lesionada a "la vía correspondiente" para la indemnización de esos previsibles perjuicios futuros debe ser mantenida.
Octavo.—Procede, por último, y en atención a que el vehículo siniestrado no era propiedad del fallecido sino de una empresa de alquiler, que nada ha reclamado en este proceso, suprimir la remisión que la sentencia de instancia hace a su valoración e indemnización para el trámite de ejecución.
Noveno.—De conformidad con lo expuesto en los fundamentos precedentes, y aprovechando para rectificar el error aritmético observado en el cálculo de la indemnización por lesiones permanentes de Valle, las indemnizaciones quedarían fijadas (s.e.u.o.) en las siguientes cantidades:
A) A Palmira:
CONCEPTO UNIDADES VALOR/UNIDAD TOTAL
Días de hospitalización 369 66,00 € 24.354,00 €
Días impeditivos 68 53,66 € 3.648,88 €
Días no impeditivos 1117 28,88 € 32.258,96 €
Secuelas físicas 59 2.000,61 € 118.035,99 €
Secuelas estéticas 15,00 1.015,13 € 15.226,95 €
Factor de corrección 10% 13.326,29 €
Incapacidad Permanente 17.612,70 €
Fallecimiento padre 16.102,35 €
Factor de corrección 18% 2.898,42 €
SUMA 243.464,55 €
B) A Valle:
Días de hospitalización 21 61,97 € 1.301,37 €
Días impeditivos 155 50,35 € 7.804,25 €
Días no impeditivos 58 27,12 € 1.572,96 €
Secuelas físicas 3 656,70 € 1.970,10 €
Factor de corrección 10% 197,01 €
Fallecimiento Esposo 96.614,12 €
Factor de corrección 18% 17.390,54 €
Atención a Palmira 10.000,00 €
Gastos 44.942,59 €
SUMA 181.792,94 €
C) A Ovidio:
Días no impeditivos 20 26,40 € 528,00 €
Fallecimiento Padre 40.255,89 €
Factor de corrección 18% 7.246,06 €
Atención a Palmira 5.000,00 €
SUMA53.029,95 €
Décimo.—- Debe, por último, accederse a la pretensión de la aseguradora apelante acerca de la supresión del interés punitivo fijado en el artículo 20 de la LCS, al no compartir la Sala los razonamientos de la juzgadora de instancia.
La aseguradora Groupama, antes de que se cumplieran los tres meses desde el siniestro consignó, según se recuerda en la sentencia apelada, la importante cantidad de 438.389,50 € que se desglosaba en 168.269 € a favor de los herederos del fallecido, 9.770 € a favor de Valle, 2.941 € a favor de Ovidio, y 257.407 € a favor de Palmira, cantidad que el Juzgado de Instrucción no declaró expresamente que fuera insuficiente en aquel momento. Tras realizarse otras dos consignaciones complementarias que elevaban el total a 441.464 € el Juzgado, por auto de 9 de diciembre de 2.009 aclarado por otro de 30 de diciembre de 2.009, consideró insuficiente la consignación, acordando que debe ampliarse en 147.786 € más, cantidad que la aseguradora consignó el 11 de febrero de 2.010.
Esta sucesión de acontecimientos descarta que pueda hablarse de mora de la aseguradora a los efectos del citado artículo 20. Dice la sentencia de instancia que "es obvio que desde el inicio era previsible que la indemnización a satisfacer fuera muy superior a lo que ha sido consignado", pero lo cierto es que la consignación, que era importante, especialmente respecto de Palmira cuya futura evolución y secuelas no era fácil prever en aquel momento, no fue declarada entonces insuficiente, aunque la aseguradora había pedido expresamente que el Juzgado se pronunciara sobre su suficiencia o ampliación (así consta al folio 185), y cuando, tras el informe de sanidad, el Juzgado acordó dicha ampliación, la compañía amplió su consignación en un tiempo (poco más de un mes) que no puede considerarse excesivo. Este comportamiento constituye un adecuado cumplimiento de las reglas que evitan la imposición de la sanción civil a la aseguradora, independientemente de que al final la indemnización concedida pueda haber sido mayor que la que se consignó o de la que en su momento el juzgado considerara bastante.
Undécimo.—La parcial estimación de los recursos conduce a no hacer expresa imposición de las costas causadas en esta segunda instancia.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la Autoridad que nos confiere el Pueblo Español
Se ESTIMAN EN PARTE los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales de GROUPAMA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (hoy Plus Ultra Seguros, S.A.), Cosme e Valle, Palmira y Ovidio, adherido el Ministerio Fiscal a este último, contra la Sentencia de fecha 19 de marzo de 2.013 dictada por el Juzgado de lo Penal de Plasencia en los autos de juicio oral 476/2013, de que dimana el presente Rollo, y se REVOCA dicha resolución en cuanto a los siguientes pronunciamientos:
1.- Se fija como indemnización a favor de Palmira la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS Y CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (243.464,55 €)
2.- Se fija como indemnización a favor de Valle la cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS Y NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (181.792,94 €)
3.- Se fija como indemnización a favor de Ovidio la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE EUROS Y NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (53.029,95 €)
4.- Se SUPRIME la imposición a la aseguradora del interés señalado en el ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL CONTRATO DE SEGURO.
5.- Se deja SIN EFECTO la remisión al trámite de ejecución de sentencia de la VALORACIÓN DEL VEHÍCULO en el que circulaban las víctimas.
Se confirma la sentencia de instancia en cuanto al resto de sus pronunciamientos, sin hacer expresa imposición de las costas procesales de esta alzada.
Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J., practíquense las notificaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión de notificaciones telemáticas Lexnet, e imprímanse las copias necesarias para el resto de las partes cuyos datos se encuentren debidamente registrados en el sistema de gestión procesal, a las que se unirán las cédulas de notificación que genere automáticamente el sistema informático, y remítanse al Servicio Común que corresponda para su notificación. Devuélvanse los autos al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento con certificación literal de esta resolución para la práctica del resto de las notificaciones legalmente previstas, seguimiento de todas las realizadas, cumplimiento y ejecución de lo acordado.
Se informa de que contra esta sentencia no cabe ulterior recurso, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar Aclaración respecto de algún concepto que se considere oscuro o para rectificar cualquier error material del que pudiera adolecer, solicitud a formular para ante este Tribunal, dentro de los dos días siguientes al de notificación de la presente resolución (art. 267.1 y 2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial); o para corregir errores materiales manifiestos o aritméticos, en este caso sin sujeción a plazo alguno (art. 267.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). Si se hubieran omitido en esta resolución manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en esta instancia podrá igualmente solicitarse en el plazo de cinco días que se complete la resolución en la forma expuesta en el artículo 267.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; todo ello referido a la parte dispositiva de la resolución. Así mismo, podrá instar la parte, si a su derecho conviniere y hubiere motivo para ello, que se declare la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el art. 241 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, según modificación operada por Ley Orgánica 6/2.007, de 24 de mayo, derecho a ejercitar en el plazo de veinte días contados desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de la indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución.
El Magistrado D. PEDRO VICENTE CA NO MAILLO REY
Votó en Sala y no pudo firmar.