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Timestamp: 2020-01-28 19:35:11
Document Index: 71076278

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65']

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Boletín Nº 56 del sábado 8 de marzo de 2003
La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias ha aumentado su capacidad de autogobierno con el traspaso de competencias que en los años ochenta eran gestionadas por la Administración General del Estado. El tiempo transcurrido desde 1987 ha permitido profundizar en el concepto de servicios sociales y valorar la intervención social no sólo por su capacidad para dispensar prestaciones, sino también por las interrelaciones que fomenta y el entramado social que crea.
Artículo 2.— Sistema público de servicios sociales.
1.— El sistema público de servicios sociales está integrado por el conjunto de recursos, equipamientos y prestaciones de titularidad pública.
2.— El sistema público de servicios sociales actuará en coordinación y colaboración con aquellos otros servicios cuya meta sea alcanzar mayores cotas de bienestar social, tales como los culturales, formativos, laborales y urbanísticos, y especialmente con los sistemas sanitario y educativo.
3.— El sistema público de servicios sociales regulado por la presente Ley tendrá carácter complementario en relación con las prestaciones de la Administración General del Estado en el ámbito de la Seguridad Social.
Artículo 3.— Funciones del sistema público de servicios sociales.
Artículo 4.— Titulares del derecho.
1.— Son titulares del derecho a acceder al sistema público de servicios sociales regulado en la presente Ley los nacionales de los estados miembros de la Unión Europea empadronados en cualesquiera de los concejos de Asturias, así como los transeúntes en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, atendiendo siempre las situaciones de emergencia social.
2.— También se beneficiarán de dichos servicios quienes no siendo nacionales de ningún estado miembro de la Unión Europea se encuentren en el Principado de Asturias, así como los refugiados y apátridas de acuerdo con lo que se disponga al respecto en los tratados internacionales y en la legislación sobre derechos y deberes de los extranjeros, atendiendo en su defecto al principio de reciprocidad, sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente para aquellas personas que se encuentren en reconocido estado de necesidad.
Artículo 5.— Principios generales.
Artículo 6.— Funciones de la Administración del Principado de Asturias.
Artículo 7.— Administración local.
Artículo 8.— Delegación o encomienda de gestión.
Artículo 9.— Estructura del sistema.
Artículo 10.— Servicios sociales generales.
1.— Los servicios sociales generales constituyen el punto de acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a los ámbitos familiar y social.
2.— El centro de servicios sociales es la unidad básica de funcionamiento del sistema y estará dotado con un equipo multidisciplinar integrado por profesionales del campo de las ciencias sociales cuyo ámbito de actuación es la zona básica de servicios sociales.
3.— A efectos de cumplir con el principio de proximidad, los centros de servicios sociales podrán organizar su actividad a través de unidades de trabajo social, que desarrollarán su labor de acuerdo con una metodología de trabajo en equipo.
Artículo 11.— Funciones de los servicios sociales generales.
Artículo 12.— Servicios sociales especializados.
1.— Los servicios sociales especializados son aquellos que diseñan y ejecutan intervenciones de mayor complejidad técnica e intensidad de atención que las realizadas por los servicios sociales generales a través de centros, servicios y programas dirigidos a personas y colectivos que requieren de una atención específica.
2.— Los servicios sociales especializados se ordenarán tomando como referencia las áreas territoriales en las que se dispondrán los distintos recursos que los integran atendiendo a características sociodemográficas según se determine reglamentariamente a través del Mapa asturiano de servicios sociales.
Artículo 13.— Funciones de los servicios sociales especiali-
1.— Los servicios sociales especializados realizarán las siguientes funciones:
2.— Estas funciones podrán realizarse en el nivel de los servicios sociales especializados o mediante el apoyo a los servicios sociales generales, estableciendo los mecanismos de coordinación precisos con la Federación Asturiana de Concejos, para garantizar el mejor servicio a los ciudadanos y evitar duplicidades y situaciones de carencia asistencial.
Artículo 14.— Organización territorial.
1.— El sistema público de servicios sociales se organizará territorialmente en áreas, distritos, zonas básicas y zonas especiales de servicios sociales.
2.— La organización territorial vendrá establecida en el Mapa asturiano de servicios sociales que se aprobará reglamentariamente. En todo caso, las áreas de servicios sociales coincidirán con las establecidas en el Mapa sanitario de Asturias.
Artículo 15.— Areas de servicios sociales.
1.— Las áreas de servicios sociales constituyen las estructuras territoriales del sistema público de servicios sociales, en cuyo ámbito se organizarán y distribuirán los centros y programas de los servicios sociales especializados, así como los de apoyo a los servicios sociales generales.
2.— Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, de acuerdo con la planificación general podrán existir recursos de servicios sociales especializados de ámbito general en atención a sus características y la extensión de su cobertura no adscritos a un área de servicios sociales.
3.— En cada área de servicios sociales se establecerá una estructura de gestión unitaria de los centros, programas y prestaciones que se desarrollen en su demarcación territorial dependientes de la Administración del Principado de Asturias, en los términos establecidos en el Mapa asturiano de servicios sociales.
Artículo 16.— Distritos.
Artículo 17.— Zonas básicas de servicios sociales.
Artículo 18.— Zonas especiales de servicios sociales.
PRESTACIONES DEL SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
Artículo 19.— Prestaciones.
1.— A efectos de lo dispuesto en la presente Ley son prestaciones del sistema público de servicios sociales los servicios, las intervenciones técnicas, los programas y las ayudas destinadas al cumplimiento de los fines del mismo.
2.— El sistema público de servicios sociales comprenderá las siguientes prestaciones:
Artículo 20.— Catálogo de prestaciones.
1.— El catálogo de prestaciones, que será aprobado por decreto, detallará el conjunto de prestaciones del sistema público de servicios sociales.
2.— El catálogo de prestaciones distinguirá como fundamentales aquellas que serán exigibles como derecho subjetivo en los términos establecidos en el mismo directamente o previa indicación técnica y prueba objetiva de su necesidad, con independencia, en todo caso, de la situación económica de los beneficiarios.
3.— El catálogo de prestaciones tendrá carácter complementario respecto de las prestaciones de la Administración General del Estado en el ámbito de la Seguridad Social y su desarrollo será progresivo.
Artículo 21.— Información general y especializada.
1.— La información general y especializada consistirá en ofrecer a las personas usuarias la información que resulte necesaria para que conozcan el contenido de las prestaciones del sistema público de servicios sociales y de otros sistemas de bienestar y, en su caso, para que puedan acceder a las mismas.
2.— Asimismo, las personas usuarias tendrán derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
Artículo 22.— Valoración y diagnóstico.
Artículo 23.— Orientación individual y familiar.
Artículo 24.— Prevención de la exclusión social.
Artículo 25.— Protección de los menores.
Artículo 26.— Apoyo familiar.
Artículo 27.— Apoyo a las personas dependientes.
Artículo 28.— Inserción social de personas con discapacidad.
Artículo 29.— Inclusión social.
1.— Las prestaciones dirigidas a garantizar ingresos mínimos y fomentar la inclusión social tendrán por objeto facilitar el apoyo para la satisfacción de las necesidades básicas a personas en situación de riesgo social, así como remover los obstáculos que dificulten que las condiciones de igualdad y participación del individuo y de los grupos sean reales y efectivas.
2.— Las prestaciones económicas de ingreso mínimo se podrán complementar con medidas que desarrollen la adquisición de habilidades sociales y competencias laborales para facilitar mejor la integración social. Igualmente, se fomentarán pautas de convivencia que faciliten el acceso a la vivienda.
Artículo 30.— Situaciones de emergencia social.
Artículo 31.— Protección jurídica de las personas que tengan disminuida su capacidad de obrar.
Artículo 32.— Participación social y desarrollo comunitario.
Artículo 33.— Prestaciones económicas.
1.— Las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales se regirán por su normativa específica y consistirán en subvenciones y ayudas económicas ordinarias o de emergencia.
2.— El titular de la Consejería con competencia en materia de servicios sociales podrá conceder a propuesta de las correspondientes comisiones de valoración, con carácter excepcional, a las personas que se encuentren en situaciones de extrema necesidad ayudas económicas de emergencia, tanto de carácter periódico como no periódico.
Artículo 34.— Garantía de participación.
Artículo 35.— Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado de Asturias.
1.— El Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado de Asturias se constituye como órgano de carácter consultivo adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales.
2.— El Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado de Asturias estará integrado por los siguientes miembros:
a) Presidente: titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales.
b) Vicepresidente: titular de una Dirección General de la Consejería competente en materia de servicios sociales.
—Un máximo de cinco miembros representantes del Gobierno del Principado de Asturias.
—Cinco representantes de los concejos asturianos designados por la Federación Asturiana de Concejos.
—Dos representantes de las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito del Principado de Asturias, designados por la Federación Asturiana de Empresarios.
—Dos representantes de las organizaciones sindicales de mayor implantación en la Comunidad Autónoma, designados por éstas.
—Dos representantes del Consejo de Personas Mayores del Principado de Asturias.
—Dos representes del órgano representativo que aglutina a las asociaciones de las personas con discapacidad.
—Un representante del Consejo Asesor de la Mujer.
—Un representante del Consejo de la Juventud.
—Dos representantes de la Universidad de Oviedo.
—Tres representantes de entidades de la iniciativa social que trabajen en el campo de los servicios sociales.
—Un máximo de cinco representantes de las diferentes asociaciones, federaciones, etc. representativas de los diferentes sectores que desarrollan su actividad en el campo de los servicios sociales.
—Aquellos otros que reglamentariamente se determine.
Artículo 36.— Funciones del Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado de Asturias
Artículo 37.— Consejos locales de bienestar social.
1.— Podrán constituirse consejos de bienestar social de ámbito local con carácter consultivo y asesor para los temas relativos a la planificación, organización y funcionamiento del sistema público de servicios sociales dentro del concejo o zona básica de servicios sociales.
2.— Estos consejos deberán fomentar, en todo caso, la participación ciudadana.
3.— La determinación de su composición y régimen de funcionamiento será competencia de las propias Administraciones locales.
Artículo 38.— Consejos asesores de carácter sectorial.
Derechos y deberfes de las personas usuarias de los Servicios Sociales
Artículo 39.— Derechos.
Artículo 40.— Deberes.
1.— Son deberes de las personas usuarias:
2.— La exigencia de los deberes recogidos en el número anterior se modulará en función de la capacidad de la persona usuaria y, cuando proceda, deberán ser cumplidos por sus padres o tutores.
Artículo 41.— Voluntariado.
Artículo 42.— Creación de centros y servicios públicos.
Artículo 43.— Autorización administrativa de centros y servicios privados.
1.— Con el fin de garantizar la calidad en la prestación de los servicios sociales, los centros y servicios de titularidad privada que desarrollen sus actividades en el ámbito del Principado de Asturias requerirán de autorización administrativa previa para su instalación y funcionamiento, así como para las modificaciones que respecto de su estructura y régimen inicial puedan establecerse.
2.— Reglamentariamente se determinarán las condiciones de autorización, registro y acreditación de los centros y servicios a que se refiere el número anterior, que, al objeto de garantizar la calidad en la prestación de los servicios, podrán establecer:
3.— De acuerdo con lo establecido en el número anterior, los centros de atención de servicios sociales que hayan obtenido la correspondiente autorización, deberán inscribirse en el Registro de centros de atención de servicios sociales adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales.
Artículo 44.— Iniciativa social.
1.— El Principado de Asturias promoverá e impulsará la participación de asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro en la realización de actividades en materia de acción social. A dicho efecto, se establecerán programas de subvenciones, que se concederán de acuerdo con el interés social de los distintos servicios y proyectos con la adecuación a los objetivos señalados por la planificación autonómica en materia de servicios sociales y con las garantías ofrecidas para su realización por la entidad promotora.
2.— El Principado de Asturias podrá celebrar convenios con entidades sin ánimo de lucro debidamente acreditadas de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, las cuales quedarán vinculadas a las determinaciones de la planificación autonómica en materia de servicios sociales y a los requisitos que sean fijados por la normativa y por el propio convenio.
Artículo 45.— Declaración de interés.
Artículo 46.— Fuentes de financiación.
Artículo 47.— Colaboración entre Administraciones Públicas.
1.— La colaboración entre las distintas Administraciones se instrumentará a través de convenios o cualquier otra figura prevista en el ordenamiento jurídico a fin de condicionarla al cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general de los servicios sociales en el territorio del Principado de Asturias y a un estricto control financiero.
2.— Para la financiación de los convenios o de las subvenciones que el Principado de Asturias formalice con las entidades locales se podrán adquirir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros, con el objeto de garantizar que la prestación de los servicios sociales y el desarrollo de los programas en materia de asistencia o acción social objeto de aquellos se realice en un marco estable. A estos efectos, los compromisos de gastos que se asuman tendrán el carácter a efectos contables y de tramitación de plurianuales y se ajustarán a las condiciones y limitaciones previstas en su normativa reguladora.
Artículo 48.— Aportaciones de las personas usuarias.
1.— Las Administraciones públicas competentes podrán establecer la participación de las personas usuarias en la financiación de los servicios y prestaciones del sistema público de servicios sociales. Dicha participación se basará en los principios de solidaridad y redistribución de acuerdo con los criterios generales que se establecen en la presente Ley y en las normas que la desarrollen.
2.— La participación de las personas usuarias en la financiación del sistema público de servicios sociales vendrá determinada por la ponderación de los siguientes criterios:
3.— Ninguna persona usuaria quedará excluida de los servicios o de las prestaciones del sistema por carecer de recursos económicos.
4.— La calidad del servicio o de las prestaciones no podrá ser determinada en ningún caso en función de la participación de las personas usuarias en el coste de los mismos.
INSPECCION Y CALIDAD
Artículo 49.— Función inspectora.
1.— Corresponde a la Consejería competente en materia de asuntos sociales la función inspectora de las entidades, centros y servicios ya sean públicos o privados con el fin de verificar el exacto cumplimiento de la normativa que les es de aplicación, de tal manera que quede garantizada la calidad de los servicios sociales que se presten en el territorio del Principado de Asturias.
2.— Para el desarrollo de la función inspectora la Consejería competente en materia de asuntos sociales contará, además de con su propio servicio de Inspección, con el apoyo de los servicios de inspección adscritos a otros departamentos de la Administración del Principado de Asturias y con la colaboración de otras Administraciones Públicas con facultades inspectoras.
Artículo 50.— Personal inspector.
1.— El personal inspector tendrá la condición de funcionario público.
2.— El personal inspector tiene en el ejercicio de sus funciones la condición de autoridad pública, para lo cual los inspectores actuantes deberán acreditarse como tales, pudiendo recabar si lo estiman oportuno para el cumplimiento de sus atribuciones el auxilio de otras instituciones públicas.
3.— En el ejercicio de sus funciones los inspectores de servicios sociales estarán autorizados para:
4.— La Inspección actuará de oficio por denuncia, orden superior o a petición razonada de otros órganos administrativos. La inspección también podrá realizarse a petición de la propia entidad, centro o servicio.
Artículo 51.— Funciones básicas de la Inspección.
Artículo 52.— Desarrollo de la función inspectora.
Artículo 53.— Responsabilidad administrativa.
1.— Son sujetos responsables de las infracciones en materia de servicios sociales las personas físicas o jurídicas titulares o gestores de las entidades, centros o servicios que actúen en las áreas de intervención señaladas en la presente Ley.
2.— También serán responsables las personas usuarias de centros o servicios públicos en los términos establecidos en la presente Ley.
3.— Las responsabilidades administrativas derivadas de la presente Ley se exigirán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o laborales en que pudiera haber incurrido el infractor con su actuación.
Artículo 54.— Infracciones.
1.— Constituyen infracciones administrativas en materia de servicios sociales las acciones u omisiones tipificadas en esta Ley, sin perjuicio de las contempladas en otras Leyes especiales.
2.— Las infracciones establecidas en esta Ley se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 55.— Infracciones leves.
1.— Son infracciones leves las acciones u omisiones siguientes:
2.— También constituyen infracciones leves los incumplimientos de los deberes inherentes a la condición de personas usuarias de centros o servicios públicos consistentes en:
Artículo 56.— Infracciones graves.
1.— Son infracciones graves las acciones u omisiones siguientes:
2.— También constituyen infracciones graves los incumplimientos de los deberes inherentes a la condición de personas usuarias de centros o servicios públicos consistentes en:
Artículo 57.— Infracciones muy graves.
1.— Son infracciones muy graves las acciones u omisiones siguientes:
2.— También constituyen infracciones muy graves los incumplimientos de los deberes inherentes a la condición de personas usuarias de centros o servicios públicos consistentes en:
—Apercibimiento.
—Multa de 301 a 3.005 €.
—Multa de 3.005,01 a 15.025 €.
—Prohibición de acceder a la financiación pública del Principado de Asturias durante un período de hasta un año.
—Suspensión del funcionamiento del servicio o centro por un período máximo de un año.
—Suspensión de los derechos de usuario por un período no superior a seis meses.
—Traslado temporal por un período no superior a dos meses.
—Multa de 15.025,01 a 601.012 €.
—Prohibición de acceder a la financiación pública del Principado de Asturias durante un período de hasta tres años.
—Suspensión del funcionamiento por un período de hasta tres años o cierre del centro o servicio.
—Suspensión de los derechos de usuario por un período no superior a dos años.
—Traslado temporal por un período no superior a seis meses.
—Traslado definitivo.
2.— Las cuantías de las multas fijadas en este artículo podrán ser revisadas periódicamente por el Consejo de Gobierno en atención a la variación que experimente el índice de precios al consumo.
Artículo 59.— Graduación de las sanciones.
—Grado mínimo: de 301 hasta 601 €.
—Grado medio: desde 601,01 hasta 1.803 €.
—Grado máximo: desde 1.803,01 hasta 3.005 €.
—Grado mínimo: de 3.005,01 hasta 6.912 €.
—Grado medio: desde 6.912,01 hasta 10.818 €.
—Grado máximo: desde 10.818,01 hasta 15.025 €.
—Grado mínimo: desde 15.025,01 hasta 210.354 €.
—Grado medio: desde 210.354,01 hasta 405.683 €.
—Grado máximo: desde 405.683,01 hasta 601.012 €.
Artículo 60.— Prescripción.
Artículo 61.— Procedimiento sancionador.
1.— El procedimiento administrativo para la imposición de sanciones por la comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ley se ajustará al general establecido a tal fin por la Administración del Principado de Asturias.
2.— El plazo máximo de resolución y notificación del expediente sancionador en materia de servicios sociales será de 12 meses.
Artículo 62.— Medidas provisionales.
1.— De conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales.
2.— Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados podrá adoptar las medidas correspondientes. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
3.— Las medidas provisionales, que deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretenda garantizar en cada supuesto concreto, podrán consistir en:
4.— Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
Artículo 63.— Organo competente para la imposición de las sanciones.
1.— Los órganos competentes para la imposición de las sanciones a que se refiere la presente Ley serán:
2.— Lo dispuesto en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la competencia sancionadora atribuida a los órganos referidos en la disposición adicional tercera de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
Artículo 64.— Publicidad de las sanciones.
Artículo 65.— Carácter supletorio del régimen sancionador.
Primera: Atención sociosanitaria en programas y centros de atención de servicios sociales.
1.— Para desarrollar aquellos programas y servicios destinados a personas dependientes que requieran atención social y cuidados sanitarios, la determinación de criterios, dotación de personal, protocolos de intervención, sistema de financiación y cualquier otro aspecto relacionado con dicho ámbito de actuación se establecerán mediante acuerdo entre las consejerías competentes en la materia a través del correspondiente programa de atención sociosanitaria.
2.— La atención farmacéutica en los centros de atención de servicios sociales de titularidad pública que presten asistencia sanitaria específica o de características sociosanitarias se llevará a cabo a través de los servicios de farmacia y los depósitos de medicamentos debidamente autorizados, dependientes de la Consejería competente en materia de sanidad, en los casos y términos que se definan reglamentariamente a propuesta de las consejerías competentes en materia de sanidad y de servicios sociales. El servicio de farmacia o el depósito de medicamentos estará bajo la responsabilidad de un farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria que desarrollará las funciones que establece la Ley del Medicamento.
Segunda: Desarrollo reglamentario.
En Oviedo, a 24 de febrero de 2003.— El Presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.— 3.173.