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Timestamp: 2017-10-20 23:38:00
Document Index: 319693173

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 142', 'artículo 139', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70']

Sentencia T.S. (Sala 3) de 23 de diciembre de 2010. Reclamación de tarifas portuarias. Declaración de inconstitucionalidad del artículo 70.1 y 70.2 de la Ley de Puertos - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el presente recurso contencioso-administrativo número 326/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Antonio Barreiro-Meiro Barbero, en nombre y representación de la entidad MARÍTIMA PEREGAR, S.A., contra la desestimación, primero presunta y después expresa, de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada al Consejo de Ministros, con fecha 8 de junio de 2006, por los daños sufridos en su patrimonio, derivados del pago de tarifas portuarias durante el ejercicio 1999, en aplicación del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, declarado inconstitucional. Siendo parte demandada la Administración General del Estado que actúa representada por el Abogado del Estado.
Primero.-Con fecha 8 de junio de 2006, la entidad MARÍTIMA PEREGAR, S.A, empresa especializada en servicios de consignación de buques, fletamentos marítimos, estiba y desestiba de carga y, en general, asesoramiento de cualquier actividad portuaria, se dirigió al Consejo de Ministros solicitando indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, respecto a las cantidades abonadas a la Autoridad Portuaria de Melilla por dicha entidad, en concepto de tarifas portuarias, durante el año 1999, más los intereses legales correspondientes, desde la fecha de ingreso hasta el momento del pago de la indemnización.
Alegaba al efecto, que con fecha 20 de mayo y 8 de junio de 2005, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado, respectivamente, las sentencias del Tribunal Constitucional 102/2005, de 20 de abril, y 121/2005, de 10 de mayo, por las que se declaran inconstitucionales y nulos los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su redacción original y en la redacción dada por la Ley 62/1997 y que, como consecuencia de la aplicación de estos preceptos y de la norma reglamentaria que los desarrolló, hubo de satisfacer a las Autoridades Portuarias españolas, durante el ejercicio 1999, determinadas cantidades en concepto de tarifa portuarias, lo que ha provocado una lesión en su patrimonio de la que es responsable el Estado, en tanto que legislador, como consecuencia de la aplicación de una Ley declarada inconstitucional.
Segundo.-Ante el silencio del Consejo de Ministros, con fecha 24 de mayo de 2007 la entidad MARÍTIMA PEREGAR, S.A, interpone este recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de su reclamación por el Consejo de Ministros. Una vez admitido a trámite y recabado el expediente administrativo, se dio traslado a la recurrente para formalización de la demanda, en la que mantiene su pretensión de indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por las cantidades ingresadas en concepto de tarifas portuarias en el ejercicio 1999.
En la demanda alega la recurrente, en síntesis, que, las sentencias del Tribunal Constitucional 102/2005, de 20 de abril (BOE 20-5-2005) y 121/2005, de 10 de mayo (BOE 8-6-2005) declararon inconstitucionales y nulos los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, tanto en su redacción original como en la redacción dada por Ley 62/1997, de 26 de diciembre, respectivamente, y a la vista de las mismas, con fecha 8 de junio de 2006, dicha entidad formuló reclamación al Consejo de Ministros en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por las cantidades abonadas, más intereses legales, interponiendo posteriormente recurso contencioso administrativo frente a la desestimación de su reclamación, primero presunta y más tarde expresa -por Acuerdo de 27 de febrero de 2009- del Consejo de Ministros, lo que justifica la competencia de esta Sala para el conocimiento de la pretensión ejercitada.
I) la prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial ejercitada (artículo 142.4 de la Ley 30/92), toda vez que la interesada la ejercitó dirigiéndose al Consejo de Ministros el 8 de junio de 2006, cuando ya había transcurrido mas de un año desde que pudo ejercitarse, es decir, desde el 20 de mayo de 2005, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Sentencia del Tribunal Constitucional 102/2005, de 20 de abril.
II) en atención a lo establecido en el artículo 139.3 de la Ley 30/92, al no existir una previsión legal indemnizatoria, además de las razones expresadas en la Sentencia del Pleno de esta Sala de 5 de marzo de 2008. A tal efecto se reseña que el citado precepto establece que la indemnización derivada de la aplicación de actos legislativos será exigible "cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos", y en el presente caso no consta que exista nada parecido a tales previsiones legales, por el contrario lo que existe es una disposición específica en sentido contrario, establecida en la Disposición Final Segunda de la Ley 25/2006, de 17 de julio, que establece el procedimiento a seguir para regularizar la situación de los contribuyentes que en su día ingresaron liquidaciones de tarifas por las Autoridades Portuarias, tras la entrada en vigor de la Ley 27/1992 y con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 48/2003, como consecuencia de la nulidad de las disposiciones que les servían de cobertura.
III) la demanda de indemnización no encuentra apoyo en precepto alguno y, en contra del principio de seguridad jurídica, supondría hacer efectivas consecuencias jurídicas de la anulación de unas liquidaciones que siguen siendo definitivas y firmes, dado que no fueron impugnadas y no resultaron afectadas por las sentencias del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad de los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/92 y la redacción dada por la Ley 62/97; la invalidación de una norma legal por vicio de inconstitucionalidad no conlleva por sí misma la extinción de las situaciones jurídicas creadas a su amparo ni demanda necesariamente la reparación de las desventajas patrimoniales ocasionadas bajo su vigencia, por el contrario, mientras otra cosa no se establezca, los fallos de inconstitucionalidad tienen eficacia prospectiva o ex nunc, con cita de las sentencias del TC 146/99 y 289/200, añadiendo que a la vista de la disposición final segunda de la Ley 25/06, la apelación al criterio de lo que el Tribunal pueda considerar respecto de la posible eficacia retroactiva de la inconstitucionalidad declarada es improcedente.
IV) en el presente caso no concurren los requisitos necesarios para la pretendida responsabilidad patrimonial, ya que no ha existido daño antijurídico que deba resarcirse, con referencia a la doctrina del enriquecimiento injusto, desde el momento que la recurrente no ha justificado haber realizado el pago de las tarifas que reclama, e independientemente de esta circunstancia, el importe de las tarifas está vinculado al coste del servicio correspondiente, por lo que no puede hablarse en puridad de la existencia de un daño real o efectivo, dado que el obligado al pago se ha beneficiado de la prestación de un determinado servicio portuario y tampoco puede decirse que el daño sea antijurídico en el sentido de que no tenga el deber de soportarlo, pues recibió un servicio portuario por el que satisfizo la correspondiente tarifa y si ahora hubiera de devolverse se produciría un claro enriquecimiento injusto. Invoca al respecto el dictamen del Consejo de Estado de 18 de febrero de 1999.
Cuarto.-Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso documental a los efectos de obtener certificación de la Autoridad Portuaria de Melilla sobre las cantidades satisfechas por la recurrente durante el año 1999 en concepto de tarifas portuarias, que se practicó con el resultado que es de ver en las actuaciones, abriéndose posterior trámite de conclusiones.
Quinto.-Por ambas partes se presentaron escritos de conclusiones, examinando las pruebas practicadas y defendiendo las posturas mantenidas en sus escritos de demanda y contestación. Ampliada la demanda y formulada contestación a la misma por el Abogado del Estado, las partes evacuaron sus respectivas conclusiones, quedando los autos conclusos para sentencia, a cuyo efecto se señaló para votación y fallo el 22 de diciembre de 2010, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.
Segundo.-Entrando en el fondo de la cuestión planteada, en primer lugar ha de desestimarse la alegación del Abogado del Estado basada en la prescripción de la acción pues, correspondiendo al ejercicio 1999 las cantidades reclamadas, no cabe sostener que el plazo para su ejercicio deba computarse desde la publicación de la STC 120/2005, de 20 de abril, que declara la inconstitucionalidad de los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en su redacción original, sino desde la publicación de la STC 121/2005 que declara la nulidad de dichos apartados del artículo 70 de la misma Ley, en la redacción dada por la Ley 62/1997, por ser ésta la aplicable en el tiempo en que se realizaron los ingresos que han dado lugar a la presente reclamación y, por tanto, siendo la fecha de esta última publicación la de 8 de junio de 2005 y habiéndose formulado la reclamación de responsabilidad patrimonial el 8 de junio de 2006, hay que concluir que en esta última fecha la acción no había prescrito.
Tercero.-Conviene recordar que la responsabilidad patrimonial se concibe como institución que viene a tutelar la integridad patrimonial de los administrados frente a las intromisiones de los poderes públicos, atendiendo a la reparación de las lesiones producidas a los particulares en sus bienes y derechos, al margen de la potestad expropiatoria, como consecuencia de la actividad desarrollada en el ejercicio del poder.
Cuarto.-En consecuencia, procede desestimar el presente recurso contencioso administrativo, sin que se aprecien razones para hacer una expresa condena en costas.
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo número 326/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Antonio Barreiro-Meiro Barbero, en nombre y representación de MARÍTIMA PEREGAR, S.A, contra la desestimación primero presunta y después expresa de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada al Consejo de Ministros, con fecha 8 de junio de 2006, por los daños sufridos en su patrimonio derivados del pago de tarifas portuarias durante el ejercicio 1999 a la Autoridad Portuaria de Melilla, en aplicación del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificado por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, declarado inconstitucional; desestimación que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico.
Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Octavio Juan Herrero Pina, estando la Sala celebrando audiencia pública