Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25650
Timestamp: 2019-11-19 05:01:22
Document Index: 93877802

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 161', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 161', 'artículo 30', 'artículo 88', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 47', 'artículo 14', 'artículo 47', 'artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 149', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 33', 'artículo 78', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 106', 'artículo 1', 'artículo 81', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 149', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 18', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 81', 'Artículo 81', 'Artículo 99', 'Artículo 106', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 14', 'Artículo 30', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 18', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 81', 'Artículo 81', 'Artículo 99', 'Artículo 106', 'Artículo 1', 'Artículo 25', 'Artículo 53', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 43/2018
SENTENCIA 43/2018, de 26 de abril
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal Constitucional el día 27 de marzo de 2015, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, presentó recurso de inconstitucionalidad contra los siguientes apartados del artículo 1 de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda: primero (por cuanto modifica el art. 1.2 de la Ley 2/2003), cuarto [por cuanto modifica el art. 4 g) de la Ley 2/2003], sexto [por cuanto modifica el art. 8 l), m) y n) de la Ley 2/2003], séptimo (por cuanto añade un nuevo art. 18.8 en la Ley 2/2003), vigesimotercero (por cuanto añade un nuevo art. 77 bis en la Ley 2/2003), vigesimocuarto [por cuanto modifica el art. 78 f) de la Ley 2/2003], vigesimosexto (por cuanto modifica el título VIII de la Ley 2/2003, arts. 80 a 98) y vigesimoséptimo [por cuanto añade los nuevos arts. 106 i) y 99 e) en la Ley 2/2003], así como contra las disposiciones adicionales segunda y cuarta de la mencionada Ley 2/2014, de 20 de junio. El Abogado del Estado hizo expresa invocación del artículo 161.2 CE, a fin de que se acordarse la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.
a) Afectación al contenido esencial del derecho de propiedad sin tener competencia para ello.
b) Infracción del artículo 25.1 CE y del artículo 9.3 CE, respecto del régimen sancionador, pues la norma establece un régimen sancionador de carácter objetivo, sin tener en cuenta el principio de culpabilidad o las razones que pueden justificar la desocupación de la vivienda.
c) Infracción del artículo 14 CE, por cuanto el régimen sancionador así como la expropiación y la aplicación de la disposición adicional cuarta se dirige a las personas jurídicas y, dentro de ellas, solo a las entidades de crédito.
d) Infracción del principio de proporcionalidad, por cuanto existen alternativas de actuación más proporcionadas para hacer frente a la situación a la que se refiere la exposición de motivos de la Ley impugnada, por lo que la Ley canaria no respeta la necesidad o carácter indispensable de la medida y su proporcionalidad en sentido estricto.
e) Vulneración de las competencias estatales de los artículos 149.1.11 y 13 CE, en la medida en que las disposiciones impugnadas interfieren y afectan negativamente a la política económica y al sistema bancario y crediticio, lo que se predica de toda la norma impugnada y, en especial, de la disposición adicional cuarta. Se apoya para ello en los informes que se adjuntan del Banco de España y de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).
2. Por providencia de 14 de abril de 2015, el Pleno, a propuesta de la Sección Primera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno y, en su representación y defensa, por el Abogado del Estado, contra los siguientes apartados del artículo 1 de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda: primero (por cuanto modifica el art. 1.2 de la Ley 2/2003), Cuarto [por cuanto modifica el art. 4 g) de la Ley 2/2003], Sexto [por cuanto modifica el art. 8 l), m) y n) de la Ley 2/2003], séptimo (por cuanto añade un nuevo art. 18.8 en la Ley 2/2003), vigesimotercero (por cuanto añade un nuevo art. 77 bis en la Ley 2/2003), vigesimocuarto [por cuanto modifica el art. 78 f) de la Ley 2/2003], vigesimosexto (por cuanto modifica el título VIII de la Ley 2/2003, arts. 80 a 98) y vigesimoséptimo [por cuanto añade los nuevos arts. 106 i) y 99 e) en la Ley 2/2003], así como contra las disposiciones adicionales segunda y cuarta de la mencionada Ley 2/2014, de 20 de junio; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno de Canarias y al Parlamento de Canarias, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes; tener por invocado por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso —27 de marzo de 2015— para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el “Boletín Oficial del Estado” para los terceros, lo que se comunicará a los Presidentes del Gobierno del Parlamento de Canarias y publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de Canarias”.
3. A través de escrito registrado el día 22 de abril de 2015 el Presidente del Senado comunicó al Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cámara de conformidad con el cual el Senado se persona en el procedimiento y ofrece su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. Lo mismo hizo la Vicepresidenta primera y Presidenta en funciones del Congreso de los Diputados por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 22 de abril.
4. Por escrito registrado el día 27 de abril de 2015 la Directora General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, en su representación y defensa, se personó en el procedimiento, solicitando la concesión de una prórroga por el máximo legal, siendo atendida dicha petición por providencia de este Tribunal, de 28 de abril de 2015, por la que se prorrogó en ocho días más el plazo concedido por la anterior providencia de 14 de abril.
5. El Letrado-Secretario General del Parlamento de Canarias compareció en el procedimiento por escrito registrado el día 6 de mayo, interesando la desestimación del recurso por las razones que, sintéticamente, se exponen a continuación:
a) Señalado lo anterior, procede a analizar los concretos motivos de impugnación, comenzando por el relativo a la afectación al contenido esencial del derecho de propiedad, sin tener la Comunidad Autónoma de Canarias competencias para ello, con la consiguiente vulneración de las competencias estatales de los artículos 149.1.1 y 149.1.8 CE.
b) Respecto a la denunciada infracción de los artículos 9.3 y 25.1 CE, el Letrado-Secretario General del Parlamento de Canarias argumenta que las normas impugnadas no establecen un sistema de responsabilidad objetiva ni lesionan el principio de presunción de inocencia consagrado constitucionalmente en el ámbito del procedimiento sancionador administrativo. La Ley impugnada articula un sistema de inspección tendente a la constitución del registro de viviendas deshabitadas, en el que necesariamente habrán de estar inscritas todas las viviendas desocupadas sitas en Canarias, tanto de personas físicas como jurídicas, como elemento previo para la imposición de sanciones a estas últimas por el mantenimiento prolongado de dicha situación de desocupación. Por tanto, el ejercicio de la potestad sancionadora contra los propietarios que, siendo personas jurídicas, no destinen las viviendas que sean de su propiedad a un uso habitacional durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año (art. 81.2) no sólo no descarta, sino que presupone la existencia de una actuación previa inspectora por parte de la Administración tendente a la constatación de la persistencia de la situación de desocupación de la vivienda. Igualmente no es sostenible la infracción del principio de culpabilidad, pues la sanción se impone previo el correspondiente procedimiento contradictorio, al objeto de confirmar que los indicios legales que hubieran sido inicialmente tomados en consideración por la Administración para estimar que una vivienda está efectivamente deshabitada o los datos obtenidos tras la labor inspectora de la Administración son o no ciertos.
c) El Letrado de la Cámara autonómica aprecia que no existe infracción de los artículos 9.3 y 14 CE en el régimen sancionador impugnado. Señala que la tacha de vulneración del artículo 9.3 CE en su vertiente de interdicción de la arbitrariedad debe rechazarse, ya que requiere una especial prudencia en su aplicación al legislador. Además, las normas impugnadas no incurren en la prohibición de arbitrariedad que resulta vedada por aplicación de las exigencias contempladas en el artículo 9.3 CE, puesto que persiguen asegurar el derecho a la vivienda del artículo 47 CE. Responden, por tanto, al cumplimiento de un fin razonable y legítimo y se actúa desde parámetros de proporcionalidad en las medidas adoptadas, incluyendo la previsión de un régimen sancionador aplicable a los titulares de viviendas desocupadas que, siendo personas jurídicas, no den a las mismas el uso habitacional que integra la función social del derecho de propiedad de dichos bienes, contemplada por la propia norma impugnada. Tampoco las previsiones de la disposición adicional cuarta serían contrarias al artículo 14 CE, al dirigirse en exclusiva a las personas jurídicas y similares y no a las personas físicas, y dentro de aquéllas no a todas sino sólo a las entidades de crédito. La razón es que no existe identidad de los supuestos fácticos a contemplar, presupuesto imprescindible para considerar la existencia de un supuesto de discriminación como el que se alega. El trato diferenciado que dispensa la ley a las personas jurídicas propietarias de viviendas desocupadas respecto a las personas físicas es constitucionalmente admisible, pues resulta incuestionable que, en el primer caso, su titularidad no tiene por objeto satisfacer el derecho constitucional a la vivienda digna y adecuada del artículo 47 CE, sino que responde a un interés especulativo o, en el mejor de los casos, de mantenimiento del valor contable de una inversión. Por tanto, el trato diferenciado se justifica por el distinto alcance del potencial social y económico de las personas jurídicas-entidades de crédito frente a las personas físicas.
d) En cuanto a la infracción del principio de proporcionalidad en relación con la posibilidad de expropiar temporalmente el uso de viviendas deshabitadas que son adjudicadas a entidades financieras como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria, el Letrado-Secretario General del Parlamento de Canarias sostiene que la medida responde a una finalidad legítima, cual es la protección del derecho constitucional a una vivienda digna (art. 47 CE) y supone una reacción necesaria en el momento de crisis económica por parte de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Argumenta que las medidas arbitradas por el Estado no son suficientes y evidencian la necesidad y legitimidad de otras respuestas complementarias por parte de poderes públicos competentes para ello, como es el caso del legislador canario. Con esta previsión se mantiene el equilibrio que debe existir entre el contenido del derecho constitucional de propiedad y las exigencias y deberes que derivan de la función social que está llamado a cumplir. El propietario de una vivienda vacía no se ve privado de su poder de disposición sobre la misma, ni se eliminan sus facultades de decisión en relación con el uso, destino o aprovechamiento de dicho bien. Por otra parte, del propio tenor de la disposición adicional cuarta se desprende que el legislador canario no ha pretendido con su aprobación poner en marcha expropiaciones sistemáticas e inmediatas del uso de viviendas que estén en manos de entidades financieras. Dicha medida se articula con carácter excepcional y se activaría sólo en los casos realmente límite en los que los afectados están al borde de la exclusión social, y que no cumplen con los requisitos para beneficiarse de otras medidas de protección. Desde este punto de vista, el impacto de la ley sobre el mercado financiero resultaría muy matizado, al reducirse el espectro de beneficiarios potenciales de la medida legal extraordinaria de expropiación. Además, la norma reconoce el derecho de reversión del uso del bien expropiado a favor de la entidad financiera en determinadas condiciones. Así, las medidas serían idóneas a la finalidad perseguida, cual es hacer frente a un parque importante de viviendas vacías existentes en Canarias y a situaciones potenciales de exclusión social, favoreciendo el acceso al ejercicio constitucional del derecho a una vivienda digna y adecuada. Son medidas necesarias puesto que las que el Estado ha arbitrado han demostrado no ser suficientes para dicha finalidad. Y se supera el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, por cuanto debe prevalecer la defensa del interés general derivado de la contribución a la efectividad del derecho a la vivienda, frente a los bienes jurídicos que puedan verse afectados por las medidas contempladas por la ley canaria.
e) Se descarta la vulneración de las competencias estatales derivadas de los artículos 149.1.11 y 149.1.13 CE. En primer lugar, el Estado no señala cuáles sean las bases en concreto que pudieran haber sido vulneradas por el legislador canario. En segundo lugar, la norma impugnada se ajusta a la doctrina constitucional sobre ambos títulos competenciales puesto que, por un lado, no contiene normas reguladoras de la estructura, organización interna y funciones de intermediarios financieros, ni tampoco regula aspectos fundamentales de la actividad de tales intermediarios. Y, por otra parte, no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general, puesto que no puede imputarse a la norma canaria impugnada la potencialidad para afectar de forma relevante al mercado financiero español en su conjunto. No se aportan datos cuantitativos objetivos para fundamentar la eficacia incisiva en la política económica general que las medidas previstas en la Ley 2/2014 pudieran tener. Ni siquiera esa cuantificación del impacto económico de la citada Ley se encuentra en los informes del Banco de España o de la SAREB que se adjuntan, que se articulan en atención a hipótesis futuras y a posibles impactos de la norma que no aportan ningún dato objetivo. Por ello, a juicio de la representación procesal del Parlamento de Canarias, es innegable que el hipotético impacto de la Ley 2/2014 sobre el mercado financiero español resultaría muy cuestionable, por lo cual no pueden ser estimados los motivos de inconstitucionalidad esgrimidos en relación con la vulneración de los títulos competenciales estatales de los números 11y 13 del artículo 149.1 CE.
6. La Directora General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias formuló sus alegaciones el día 22 de mayo de 2015, interesando la desestimación del recurso por las razones que se exponen a continuación.
7. El Pleno, por providencia de 25 de mayo de 2015, acordó incorporar a los autos los escritos de alegaciones que presentan los Letrados del Parlamento y del Gobierno de Canarias, en representación de dicho Gobierno y Parlamento, y oír a las partes personadas —Abogado del Estado, Gobierno y Parlamento de Canarias—, para que, en el plazo de cinco días, expongan lo que estimen procedente sobre el levantamiento o mantenimiento de dicha suspensión.
8. El Abogado del Estado interesó el mantenimiento de la suspensión de los preceptos impugnados conforme a las alegaciones presentadas el día 2 de junio de 2015. Las representaciones procesales del Gobierno y del Parlamento de Canarias solicitaron el levantamiento de la suspensión en sus escritos registrados los días 2 y 9 de junio, respectivamente.
9. El Pleno, por ATC 135/2015, de 21 de julio, acordó el mantenimiento de la suspensión inicialmente acordada.
10. Por providencia de 24 de abril de 2018 se señaló para deliberación y fallo de esta Sentencia el día 26 del mismo mes y año.
1. El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el recurso de inconstitucionalidad que el Presidente del Gobierno ha interpuesto contra los siguientes apartados del artículo 1 de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda: primero —por cuanto modifica el art. 1.2 de la Ley 2/2003—, cuarto —por cuanto modifica el art. 4 g) de la Ley 2/2003—, sexto —por cuanto modifica el art. 8 l), m) y n) de la Ley 2/2003—, séptimo —por cuanto añade un nuevo artículo 18.8 en la Ley 2/2003—, vigesimotercero —por cuanto añade un nuevo art. 77 bis en la Ley 2/2003—, vigesimocuarto —por cuanto modifica el art. 78 f) de la Ley 2/200—, vigesimosexto —por cuanto modifica el título VIII de la Ley 2/2003, arts. 80 a 98— y vigesimoséptimo —por cuanto añade los nuevos arts. 106 i) y 99 e) en la Ley 2/2003—, así como contra las disposiciones adicionales segunda y cuarta de la mencionada Ley 2/2014.
3. Los preceptos ahora impugnados disponen que forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad privada de la vivienda el deber del propietario de destinarla de forma efectiva al uso habitacional, así como mantenerla, conservarla y rehabilitarla. El incumplimiento del deber de destinar la vivienda a un uso habitacional se tipifica como infracción cuando la propiedad corresponda a personas jurídicas. Se contemplan entre las competencias de la Administración la definición y ejercicio de acciones tendentes a evitar la existencia de viviendas vacías, mediante la declaración, inspección y sanción, competencias que se atribuyen al Instituto Canario de la Vivienda. Asigna los recursos obtenidos por el ejercicio de la potestad sancionadora a sufragar las expropiaciones de uso en los procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria. Regula las viviendas deshabitadas y el procedimiento para su declaración, la tramitación electrónica del procedimiento de declaración de vivienda deshabitada, y, finalmente, determina la declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social.
4. A partir de lo expuesto se examinan los diferentes motivos de impugnación que ha planteado el Abogado del Estado, comenzando por el que se reprocha a todos los preceptos impugnados y, en especial, a la disposición adicional cuarta.
La STC 93/2015, FJ 18, ya razonó que la medida autonómica, prevista en la disposición adicional segunda del Decreto-ley andaluz 6/2013, consistente en la expropiación del uso de la vivienda objeto de un procedimiento de ejecución, por un plazo máximo de tres años a contar desde el lanzamiento acordado por el órgano judicial, difiere sustancialmente y resulta incompatible con las medidas adoptadas por el Estado en ejercicio de su competencia ex artículo 149.1.13 CE para atender a las mismas necesidades. Esa misma conclusión, examinando las normas estatales posteriores al dictado de la STC 93/2015, se ratificó en la STC 16/2018, FJ 13, según el cual los apartados primero y segundo de la disposición adicional décima de la Ley Foral 10/2010, añadida por el artículo 7 de la Ley Foral 24/2013, que regulaban una expropiación de uso similar a la anterior, suponían “un uso de la competencia autonómica en materia de vivienda que, al interferir de un modo significativo en el ejercicio legítimo que el Estado hace de sus competencias (art. 149.1.13 CE), menoscaba la plena efectividad de dicha competencia estatal”. Finalmente, en la STC 32/2018, FJ 5, se ha declarado inconstitucional y nula la disposición adicional primera de la Ley andaluza 4/2013 por idéntica razón.
5. Restan por examinar los motivos de inconstitucionalidad adicionales que se formulan a algunos de los preceptos impugnados.
a) El Abogado del Estado reprocha al artículo 1.2 de la Ley 2/2003, en la redacción dada por el artículo 1.1 de la Ley 2/2014, que la imposición, como parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda, del deber de destinarla de forma efectiva al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico supone una restricción de las facultades de uso y disposición del propietario que la configuración constitucional del derecho de propiedad impide por afectar a su contenido esencial, indisponible para el legislador. También sería contrario a las competencias estatales de los artículos 149.1.1 y 149.1.8 en relación con el artículo 33 CE.
La alegada vulneración de las competencias estatales de los artículos 149.1.1 y 149.1.8 CE ha de ser desestimada. La STC 16/2018, FFJJ 7 y 8, ha desestimado una impugnación planteada en los mismos términos y lo mismo, por remisión a aquella, ha hecho la STC 32/2018, FJ 8, conclusión que no cabe sino reiterar aquí. Desestimación que ha de extenderse a los apartados Cuarto [por cuanto modifica el art. 4 g) de la Ley 2/2003], vigesimotercero (por cuanto añade un nuevo art. 77 bis en la Ley 2/2003, en su inciso “y para que se destine de manera efectiva al uso habitacional que le corresponda de acuerdo con la función social del derecho de propiedad”) y vigesimocuarto [por cuanto modifica el artículo 78 f) de la Ley 2/2003, en su inciso inicial “uso habitacional efectivo”], impugnado por su relación con el artículo 1.2.
Esta queja debe ser desestimada. La referencia al deber de conservación de las viviendas se inserta con naturalidad en la competencia autonómica en materia de urbanismo y vivienda del artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ya que la “competencia urbanística comprende, entre otras materias, el control del estado de las edificaciones, la definición y control del deber de conservación, la rehabilitación de edificaciones, el control de los usos del suelo, y la regulación de las actuaciones urbanísticas de renovación y regeneración urbana, propias del planeamiento y ejecución urbanísticos” (STC 143/2017, de 14 de diciembre, FJ 2). Por lo demás, la remisión del precepto a los “términos contemplados en la legislación vigente”, permite excluir la vulneración de la regulación estatal de dicho deber de conservación, establecida ahora en los artículos 15 y 17 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana.
b) El siguiente motivo de inconstitucionalidad que debe examinarse es el formulado al apartado vigesimosexto del artículo l de la Ley 2/2014, que añade un nuevo título VIII a la Ley 2/2003, comprensivo de los artículos 80 a 98, rubricado “medidas para evitar la existencia de viviendas deshabitadas”.
c) Se impugna la nueva redacción del artículo 106 i) de la Ley 2/2003, dada por el apartado vigesimoséptimo del artículo 1 de la Ley 2/2014, según el cual es infracción muy grave, “[n]o dar uso habitacional efectivo a la vivienda en los términos establecidos en el artículo 81 de esta ley, en el caso de tratarse de una persona jurídica”.
1º Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia:
a) Declarar que el artículo 1.2 de la Ley 2/2003, en la redacción dada por el artículo 1.1 de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, es conforme a la Constitución, interpretado de acuerdo con el fundamento jurídico 5 a) de la presente Sentencia.
b) Declarar la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 8 n) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, en la redacción dada por el artículo 1.6 de la Ley 2/2014, de 20 de junio; del artículo 18.8 de la Ley 2/2003, añadido por el artículo 1.7 de la Ley 2/2014, de 20 de junio, y de la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda.
Se enjuicia la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, que regulan los siguientes extremos: a) el deber de destinar la vivienda de forma efectiva al uso habitacional, así como de mantenerla, conservarla y rehabilitarla en los términos contemplados en la legislación vigente, como parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda; b) la declaración del interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social.
Se estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad. La sentencia, en aplicación de la doctrina contenida en las SSTC 16/2018, de 22 de febrero y 32/2018, de 12 de abril, declara la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición autonómica que contempla la expropiación forzosa del uso de la vivienda objeto de un procedimiento de ejecución por un plazo máximo de tres años a contar desde el lanzamiento acordado por el órgano judicial. Se afirma que esta medida difiere sustancialmente y resulta incompatible con las adoptadas por el Estado para atender a las mismas necesidades, por lo que interfiere de un modo significativo en el ejercicio legítimo que el Estado hace de su competencia para sentar las bases y coordinar la planificación general de la actividad económica. Por otro lado, la sentencia se remite a la interpretación conforme efectuada en el FJ 7 de la STC 32/2018, de 12 de abril, para afirmar que el precepto impugnado que establece como parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinarla de forma efectiva al uso habitacional no implica una regulación que imponga ese deber como configurador del real contenido esencial de aquel derecho. Se desestima el recurso en todo lo demás.
La medida autonómica impugnada, consistente en la expropiación del uso de la vivienda objeto de un procedimiento de ejecución, por un plazo máximo de tres años a contar desde el lanzamiento acordado por el órgano judicial, difiere sustancialmente y resulta incompatible con las medidas adoptadas por el Estado en ejercicio de su competencia ex artículo 149.1.13 CE para atender a las mismas necesidades (STC 93/2015) [FJ 4].
Interpretación conforme con la Constitución del precepto autonómico que impone, como parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda, el deber de destinarla de forma efectiva al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico (SSTC 16/2018 y 32/2018) [FJ 5].
La referencia al deber de conservación de las viviendas se inserta con naturalidad en la competencia autonómica en materia de urbanismo y vivienda del Estatuto de Autonomía de Canarias, ya que la competencia urbanística comprende, entre otras materias, el control del estado de las edificaciones, la definición y control del deber de conservación, la rehabilitación de edificaciones, el control de los usos del suelo, y la regulación de las actuaciones urbanísticas de renovación y regeneración urbana, propias del planeamiento y ejecución urbanísticos (STC 143/2017) [FJ 5].
Se reitera la doctrina establecida por las SSTC 16/2018 y 32/2018 sobre la asociación de consecuencias sancionadoras por incumplimiento del deber de habitación exclusivamente a las personas jurídicas [FJ 5].
Artículo 1.2 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio)
Artículo 4 g) (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio)
Artículo 8 l) (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio)
Artículo 8 m) (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio)
Artículo 8 n) (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio) (anula)
Artículo 18.8 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio) (anula)
Artículo 77 bis (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio)
Artículo 78 f) (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio)
Artículos 80 a 82 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio)
Artículos 80 a 98 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio)
Artículo 81.5 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio)
Artículo 81.6 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio)
Artículos 83 a 97 (redactados por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio)
Artículo 99 e) (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio)
Artículo 106 i) (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio)
Artículo 1.1, f. 1 (interpreta)
Artículo 1.6, f. 1 (anula)
Artículo 1.7, f. 1 (anula)
Artículo 14, ff. 1. 5
Artículo 30.15, ff. 1, 5
Artículo 1.2 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio), ff. 1, 5
Artículo 4 g) (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio), ff. 1, 5
Artículo 8 l) (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio), ff. 1, 5
Artículo 8 m) (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio), ff. 1, 5
Artículo 8 n) (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio), ff. 1, 4
Artículo 18.8 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio), ff. 1, 4
Artículo 77 bis (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio), ff. 1, 5
Artículo 78 f) (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio), ff. 1, 5
Artículos 80 a 82 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio), f. 5
Artículos 80 a 98 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio), ff. 1, 5
Artículo 81.5 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio), f. 5
Artículo 81.6 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio), f. 5
Artículos 83 a 97 (redactados por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio), f. 5
Artículo 99 e) (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio), ff. 1, 5
Artículo 106 i) (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2014, de 20 de junio), ff. 1, 5
Artículo 1.3 (redactado por la Ley del Parlamento de Andalucía 4/2013, de 1 de octubre), f. 5
Artículo 25 (redactado por la Ley del Parlamento de Andalucía 4/2013, de 1 de octubre), f. 5
Artículo 53.1 a) (redactado por la Ley del Parlamento de Andalucía 4/2013, de 1 de octubre), f. 5
Artículo 1 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio), f. 5
Artículo 1 (redactado por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero), ff. 2, 4
Artículo 1.4, ff. 1, 5
Artículo 1.6, ff. 1, 4, 5
Artículo 1.7, ff. 1, 4
Artículo 1.23, ff. 1, 5
Artículo 1.24, ff. 1, 5
Artículo 1.26, ff. 1, 5
Artículo 1.27, ff. 1, 5
Competencias en materia de viviendaCompetencias en materia de vivienda, ff. 4, 5
Derecho a la viviendaDerecho a la vivienda, ff. 3 a 5
Causa expropiandiCausa expropiandi, f. 4
Expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedadExpropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, f. 4
Función social de la propiedadFunción social de la propiedad, f. 5
Función social de la viviendaFunción social de la vivienda, f. 5