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Timestamp: 2017-01-18 20:45:37
Document Index: 244361721

Matched Legal Cases: ['artículo 76', 'artículo 55', 'Artículo 6', 'Artículo 16', 'artículo 273', 'artículo 72', 'artículo 16', 'artículo 35', 'artículo\n35', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 88', 'artículo 69', 'artículo 76', 'artículo 1', 'artículo 88', 'artículo 86', 'artículo 87', 'artículo 241', 'artículo 237', 'artículo 84', 'artículo 106', 'artículo 163', 'artículo 375', 'artículo 28', 'artículo 163', 'artículo 241', 'artículo 376', 'artículo 49', 'Artículo 259', 'artículo 150', 'artículo 42', 'artículo 33', 'artículo 48', 'Artículo 88']

2 mecanismos juridicos para el control social by Veeduria Nuestros Barrios - issuu
Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión Pública
Mecanismos jurídicos
para el control social
Momento de Fundamentación
Mecanismos jurídicos para el control social
HACIA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LO PÚBLICO
La serie Documentos de Consulta del Plan Nacional de Formación para el
Control Social a la Gestión Pública ha sido diseñada como un instrumento
significativo para el ejercicio de la democracia participativa en Colombia.
Es grato presentar una segunda edición actualizada, esta vez con módulos adicionales a los publicados en el 2003, y con el compromiso de
incorporar nuevos temas. Así la nueva serie reúne módulos de formación
que desarrollan fundamentos éticos, legales, históricos y prácticos para
un buen ejercicio ciudadano del control social.
Mecanismos para obtener información
La propuesta curricular de estos módulos ha sido concebida para ser implementada en los
momentos de sensibilización, fundamentación, focalización y acompañamiento. El de sensibilización es el espacio para promover la reflexión sobre civismo, democracia y del sentido
de lo público; el de fundamentación, permite contextualizar las acciones de control social;
el de focalización se orienta a desarrollar habilidades para el control ciudadano a objetos
específicos como servicios públicos, vivienda y salud entre otros; y el de acompañamiento,
busca promover acciones de apoyo que dinamicen el control social.
El Plan de Formación, como experiencia de coordinación interinstitucional, busca preparar a los ciudadanos y ciudadanas del país, a las organizaciones sociales comprometidas
con el ejercicio del control a la gestión de las entidades del Estado, y a los funcionarios
responsables de dicha gestión pública. Se espera con la formación y capacitación lograr
que el ejercicio del control por parte de los ciudadanos confluya y enriquezca la tarea de
los organismos de control, y fortalezca la confianza de los ciudadanos en el Estado y en
En la formulación del Plan de Formación se partió de un objetivo central: lo público en nuestro
país requiere de un proceso histórico de construcción colectiva. De allí la importancia de la
participación ciudadana en la vida social, en los diversos procesos políticos y, en especial,
en el control a la acción estatal. Es claro que dicho control contribuye a hacer realidad un
fundamento de la democracia contemporánea: el Estado requiere que el poder sea público,
que se ejerza a los ojos de todos.
Los contenidos de esta serie, preparados por un grupo de estudiosos de cada uno de los
temas desde diversas entidades, son un esfuerzo por presentar de manera sencilla, pero
sistemática, el conjunto de herramientas con las que contamos los colombianos para el ejercicio
cualificado del control ciudadano a la gestión pública.
El siglo XXI exige nuestro compromiso profundo con un país en el que la transparencia y la
participación ciudadana son indispensables. Esperamos que este módulo le aporte a cada
lector y lectora nuevos elementos y nuevos significados en este compromiso.
MECANISMOS PARA INTERVENIR ANTE
LOS RIESGOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA
LOS MECANISMOS JURÍDICOS:
En este módulo se presentan los mecanismos e instrumentos
jurídicos desarrollados con fundamento en la Constitución de
1991 con el ánimo de favorecer la participación de los ciudadanos
en el control de los asuntos de interés general.
La efectividad de estas herramientas jurídicas depende, en gran
medida, del conocimiento que de ellas tengan los ciudadanos y los
servidores públicos, considerando el cuándo, ante quién y cómo
de su uso, y los alcances y limitaciones de cada una de ellas.
En términos del control social, los mecanismos e instrumentos
jurídicos constituyen un conjunto de acciones que facilitan la
relación ciudadano-administración pública, porque permiten
a los ciudadanos conocer lo que hace la administración y las
razones que la sustentan, manifestar sus recomendaciones o
exigencias frente a ella y alertar sobre los posibles riesgos de
En la búsqueda de una fácil comprensión, las herramientas jurídicas se presentan atendiendo a su objetivo principal, así:
✴ Mecanismos para obtener información.
✴ Mecanismos para intervenir ante los riesgos de la gestión
✴ Mecanismos de participación política.
1. La Consulta Previa
s un mecanismo que pretende garantizar el goce pleno de los derechos y libertades
fundamentales de los pueblos indígenas y comunidades negras tribales. Hace énfasis en
el derecho inherente que tiene todo ser humano a ser consultado previamente a la toma de
decisiones que le puedan afectar su modo de vida, sus creencias, sus tierras y territorios
y a participar, cuando sea posible de los beneficios que se derivan de ciertos proyectos de
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado mediante
la Ley 21 del 4 de marzo de 1991, y las sentencias de la Honorable Corte Constitucional, reconocen la Consulta Previa como la manifestación del derecho fundamental
a la participación de los pueblos indígenas y tribales en las decisiones que pueden
afectarles directamente.
Así mismo, se establece que dicha consulta deberá llevarse a cabo de buena fe, mediante procedimientos adecuados y con el fin de lograr la concertación con los pueblos
indígenas y tribalesI.
❁ ¿EN QUÉ NORMAS SE BASA?
✴ Constitución Política: 1,2,3,7,8,10 y 70, por medio de los cuales se establecen principios fundamentales
✴ Constitución Política, artículos 40 y 330, por medio de los cuales reconoce
específicamente la consulta previa, con un derecho fundamental de los pueblos
indígenas y comunidades afrocolombianas, cuando se trata de explotación de
los recursos naturales que se encuentran en los territorios colectivos.
✴ Ley 21 del 4 de marzo de 1991 artículos 6, 7, 15, por medio de la cual
se ratifica el Convenio 169 de la OIT, que reconoce los derechos fundamentales individuales y colectivos de los pueblos indígenas y tribales en
✴ Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, artículo 76 por medio del cual crea
el Ministerio de Ambiente, y reconoce la consulta previa como un derecho
de las comunidades indígenas y negras.
✴ Ley 70 del 27 de agosto de 1993, “por medio del cual se desarrolla el
artículo 55 transitorio de la Constitución Política de Colombia.”
✴ Decreto 2248 del 22 de diciembre de 1995, se conforma la Comisión Consultiva de Alto Nivel
✴ Decreto 1396 del 8 de agosto de 1996, por medio del cual se crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y se crea el programa
especial de atención a los Pueblos Indígenas.
✴ El Decreto 1397 del 8 de agosto de 1996, por medio del cual se crean la Comisión
Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación.
✴ Decreto 1320 del 13 de julio de 1998, “mediante el cual se reglamenta la
consulta previa ante comunidades indígenas y negras para la explotación
de los recursos naturales dentro de sus territorios”
✴ Decreto Ley 200 de 3 de febrero de 2003, “por el cual se determinan los
objetivos y estructura orgánica del Ministerio del Interior y de Justicia…”
✴ Decreto 1220 de 2005, reglamentario del Título VIII de la Ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales.
❁ ¿EN QUÉ JURISPRUDENCIA COLOMBIANA SE RESPALDA?
Sentencia SU-039 de 1997, Caso Uwa
Sentencia T-652 de 1998, Caso Urrá
Sentencia C-891 de 2002, Caso Código de Minas
Sentencia SU-383 de 2003, Caso Cultivos Ilícitos
❁ ¿PARA QUÉ SIRVE?
La consulta previa con comunidades indígenas y negras tiene como principal objeto
proteger la integridad de éstas comunidades a través de un proceso en el que se de a
conocer plena y anticipadamente todo proyecto, obra o actividad que se prevé realizar
en un territorio colectivo en donde habita un pueblo o comunidad indígena o negra.
De esta manera, teniendo un conocimiento profundo, éstas pueden analizar los impactos
sociales, culturales, religiosos, ambientales y económicos que pueden ocasionarse por
la explotación de los recursos naturales o la realización de una obra o actividad dentro
de su territorio colectivo.
Así mismo, en desarrollo de la Constitución Política de Colombia, los tratados Internacionales y leyes nacionales, se debe surtir la consulta mediante procedimientos apropiados
y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamenteII.
❁ ¿CUÁNDO SE UTILIZA?
Es obligatorio siempre que se van a realizar proyectos de exploración o explotación
de recursos naturales, obras o actividades en territorios colectivos de comunidades
negras o resguardos indígenas o territorios habitados de manera regular o permanente por estas comunidades. De igual forma sobre todas las medidas legislativas
y/o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
❁ ¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO?
1- El interesado debe informar a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y
de Justicia que va a realizar dicho proyecto y solicitar una certificación sobre la
existencia de comunidades indígenas o negras en el área del proyecto.
2- Igualmente, debe solicitar dicha certificación ante el Instituto Colombiano de
desarrollo Rural –INCODER.
3- Convocar a la comunidad a través de sus autoridades representativas y las autoridades locales.
I Articulo 6 liberal d
II Artículo 6 Ley 21
4- Informar a las entidades que deben participar, de los acercamientos que se han
5- La Dirección de Etnias, como coordinadora de la consultaIII, debe acompañar este
proceso, a fin de que pueda garantizar que se surta debidamente la consulta a la
6- Para los casos en que se requiere la expedición de la licencia ambiental, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, tendrá que estar presente
❁ ¿CÓMO SE DEBE HACER UNA CONSULTA?
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia Unificada 039 de 1996IV, dicta unos
principios orientadores para que el proceso de consulta previa se surta de forma
a. Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos destinados
a explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que ocupan o les
pertenecen, los mecanismos, procedimientos y actividades requeridas para ponerlos en ejecución.
b. Que igualmente la comunidad sea enterada e ilustrada sobre la manera como la
ejecución de los referidos proyectos pueden llevar una afectación o menoscabo a
los elementos que constituyen la base de su cohesión social, cultural, económica
y política y, por ende, el sustrato para su subsistencia como grupo humano con
c. Que se le de oportunidad para que libremente y sin interferencias extrañas pueda,
mediante la convocación de sus integrantes o representantes valorar conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus miembros, ser oída en relación con las inquietudes y pretensiones que presente, en lo
que concierne a la defensa de sus intereses y, pronunciarse sobre la viabilidad
del mismo. Se busca con lo anterior, que la comunidad tenga una participación
activa y efectiva en la toma de la decisión que debe adoptar la autoridad, la cual
en la medida de lo posible debe ser acordada o concertada.”
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el seguimiento de
estos principios hace posible la participación activa y además efectiva de las
comunidades; y aunque la Corte no lo manifiesta de forma expresa, los puntos
anteriores parten de dos supuestos necesarios: El primero de ellos consiste en
que no sólo se ofrezca información completa y suficiente acerca de las actividades a llevar a cabo sino que se asegure la comprensión de la misma por parte
de la comunidad étnica. El segundo, es la manifestación libre, clara y expresa
del pueblo indígena que derive en un consentimiento con las mismas características.
❁ ¿QUÉ PASA CUANDO NO ES POSIBLE LLEGAR A UN ACUERDO O HAY RENUENCIA
DE ASISTIR AL PROCESO DE CONSULTA POR PARTE DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS?
Cuando no sea posible el acuerdo o la concertación o haya renuencia injustificada de
las comunidades afectadas a participar en el proceso de consulta, la decisión queda
en cabeza del Estado, dado que no se constituye un veto sobre la actividad.
La decisión emanada por autoridad responsable, debe estar desprovista de arbitrariedad y autoritarismoV; debe ser objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad
constitucional que le exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y
económica de la comunidad indígena o negra, “teniendo en cuenta en lo posible las
observaciones y objeciones que formuladas por las comunidades afectadas”VI.
❁ ¿QUIÉN DEBE CONVOCAR?
✴ El interesado en realizar el proyecto, obra o actividad, sea persona natural
o jurídica de carácter privado o público.
✴ Para efectos de consultar a estas comunidades las medidas legislativas y
administrativas, se ha reglamentado la creación de espacios de concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y consultivas de alto
nivel de las comunidades negras, respectivamenteVII. Son convocadas por
el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y de Justicia o el
Ministerio de Agricultura, en el caso correspondiente1.
DIAGRAMA DE LA CONSULTA PREVIA
Abre consulta previa
por el medio que
ÏII El Artículo 16 del Decreto 200 de 2003 establece como función de la
Dirección de Etnias del
”coordinar
interinstitucionalmente la realización de la
consulta con los grupos étnicos sobre los
proyectos que puedan
afectarlos de conformidad con la ley”
IV Magistrado Ponente,
V Sentencia SU 0391996, Magistrado Ponente Antonio Barrera
VI Concepto d la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, Rad 1708 del
02 de febrero de 2006,
Consejero Ponente,
s una reunión pública de miembros de la comunidad, organizaciones sociales,
Organizaciones No Gubernamentales y autoridades, que se realiza con el fin de consultar,
escuchar quejas, debatir, llegar a acuerdos sobre asuntos de interés general; sobre aspectos
relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo
de la entidad, en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses
Entre otras modalidades, hay las siguientes:
✴ Audiencias públicas en el marco del proceso contractual2, ya sea para
aclarar los términos de referencia o pliegos de condiciones o para adjudicar
✴ Audiencias públicas ambientales sobre decisiones en trámite, cuando se
desarrolle o pretenda desarrollar una obra o actividad que pueda causar
impacto al medio ambiente o a los recursos naturales renovables y para
la cual se exija permiso o licencia ambiental.
VII Decretos 1396,
1397 de 1996 y 2248
de 1995,
1 Tienen por objeto concertar entre el
Estado y los representantes de los pueblos y
y negras, todas las decisiones administrativas y
legislativas susceptibles
de afectarlos, evaluar la
del Estado en beneficio
de los indígenas y afrocolombianos, sin perjuicio de las funciones del
Estado, y hacerle seguimiento al cumplimiento
de los acuerdos a que
allí se haya llegado.
2 Según lo establecido
en la Ley 80/93.
✴ Audiencias públicas para que los ciudadanos reciban información y
audiencias de rendición de cuentas de las entidades sobre aquellos procesos
que son objeto de control social o para que informen a las comunidades
que representan acerca de los procesos de seguimiento que han adelantado. Igualmente, para que los ciudadanos expresen su opinión, presenten
sugerencias y evalúen la gestión de la entidad convocante.
1. Para aquellas que tienen que ver con el proceso contractual:
Constitución Política, artículo 273.
Ley 80 de 1993, artículos 25 y 30.
Decreto 287 de 1996.
Decreto 2170 de 2002.
2. Para las que tratan sobre decisiones ambientales:
✴ Ley 99 de 1993, artículo 72.
3. Para el control social:
✴ Ley 489, capítulo VIII, artículos 32 y 33.
❁ ¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITARLA?
1. En el proceso contractual:
✴ Los Oferentes
✴ El Contralor
✴ La Entidad.
2. En las decisiones ambientales:
✴ El Procurador General de la Nación o su Delegado para Asuntos Ambientales.
✴ El Defensor del Pueblo.
✴ El Ministro del Medio Ambiente.
✴ Las Autoridades Ambientales.
✴ Los Gobernadores.
✴ Los Alcaldes.
✴ Por lo menos 100 personas o 3 organizaciones sin ánimo de lucro.
3. En los procesos de control social:
✴ Representantes de entidades oficiales del orden nacional o territorial o
instituciones privadas que ejecuten recursos del Estado o presten un servicio público.
✴ Ciudadanos u organizaciones sociales.
❁ ¿A QUÉ AUTORIDAD LE COMPETE ASUMIR LA AUDIENCIA?
1. En los procesos contractuales:
✴ Todas las entidades estatales, empresas comerciales e industriales del
Estado, en cabeza del director o quien este delegue.
2. En materia ambiental:
✴ El Ministro del Medio Ambiente, para casos de explotación petrolera,
construcción de presas, represas o embalses con capacidad superior a 200
millones de m3 de agua y generación de energía nuclear, entre otros que
están establecidos en la Ley 99 de 1993.
✴ Las Corporaciones Autónomas Regionales, para casos de construcción de
depósitos de combustible, establecimiento de industrias manufactureras
de textiles y cueros, establecimiento de zoocriaderos comerciales, entre
otros establecidos en la Ley 99 de 1993.
3. En el ejercicio de control social:
✴ La entidad pública objeto de control social.
✴ La Contraloría General de la República.
❁ ¿QUIÉNES PUEDEN INTERVENIR EN UNA AUDIENCIA PÚBLICA?
1. En las de procesos contractuales:
✴ El jefe de la entidad o la persona en quien se haya delegado la facultad de
adjudicar el contrato.
✴ Los servidores públicos que hayan elaborado los estudios y evaluaciones
✴ Los proponentes.
✴ Las corporaciones de elección popular (Concejo, JAL).
✴ Los órganos de vigilancia y control.
✴ Cualquier otra persona que desee asistir.
2. En las de trámites ambientales:
✴ El Procurador General de la Nación o el Delegado para Asuntos Ambientales.
✴ Un representante de los peticionarios.
✴ Los interesados.
✴ Expertos y organizaciones sin ánimo de lucro que hayan registrado con
anterioridad escritos pertinentes al debate.
3. En las de procesos de control social:
✴ Representantes de entidades oficiales o privadas que ejecuten recursos
del Estado o presten un servicio público.
✴ Organizaciones sociales.
✴ Ciudadanos en general.
❁ ¿CÓMO SE HACE UNA AUDIENCIA PÚBLICA?
❂ Audiencias públicas en procesos contractuales para aclarar pliegos o términos de referencia
o para la adjudicación de contratos:
✴ Se celebra dentro de los tres días hábiles siguientes a la apertura de la
licitación, con el fin de precisar su contenido y alcances, y en ella se deben
resolver las observaciones de los proponentes.
✴ Se debe levantar un acta en la que quede constancia de las deliberaciones y decisiones tomadas en desarrollo de la audiencia. A cada uno de
los proponentes, haya o no asistido a la audiencia, se le debe hacer llegar
una copia de dicha acta.
Cuando en la audiencia se detecta que el
pliego tiene vacíos de fondo, contradicciones o alguna otra inconsistencia,
se debe elaborar un documento que
hará parte integral del contrato (este
documento se llama adendo), copia
del cual también se debe hacer llegar
a cada uno de los proponentes.
✴ Cuando alguno de los proponentes o de las autoridades pertinentes lo solicite, la adjudicación
de las licitaciones se debe hacer en
una Audiencia Pública, en la cual se
deben resolver las observaciones
de los proponentes. No se pueden
hacer observaciones diferentes de
las hechas durante el período de observaciones.
❂ Audiencia pública para asuntos ambientales.
✴ Se debe celebrar con anticipación al acto que le ponga término a la actuación administrativa, bien sea para la expedición, la modificación o la
cancelación de un permiso o licencia ambiental.
✴ Será convocada mediante edicto por la autoridad administrativa ante la
cual se solicita, con una anticipación de por lo menos 30 días a la toma
de la decisión por debatir. El edicto comunicará la fecha, lugar y hora de
celebración y el objeto de la audiencia, y permanecerá fijado en secretaría
por diez días, dentro de los cuales deberá ser publicado en un diario de
circulación nacional y en el boletín de la respectiva entidad.
✴ Será presidida por el jefe de la entidad competente o su delegado.
✴ La celebración de la Audiencia Pública suspende los términos del procedimiento administrativo para el otorgamiento de licencias y permisos.
También podrá celebrarse una Audiencia Pública durante la ejecución de
una obra que haya requerido permiso o licencia ambiental, cuando fuere
manifiesta la violación de los requisitos exigidos para su otorgamiento o
de las normas ambientales.
✴ En la audiencia se podrán recibir las informaciones o pruebas que se
consideren conducentes. La decisión administrativa deberá ser motivada, teniendo en cuenta las intervenciones y pruebas recogidas durante la
✴ Durante la audiencia se debe levantar un acta.
Ejemplo de Audiencia Pública (Caso ficticio)
El municipio abrió una licitación para contratar la construcción de una escuela. Varias
firmas reclamaron los términos de referencia y se hicieron las aclaraciones necesarias.
La Secretaría de Educación Municipal fijó en la Alcaldía Local una invitación abierta
a la Audiencia Pública que se llevaría a cabo para seleccionar al contratista. El día
señalado se reunieron la Secretaria de Educación Municipal, el Fondo de Desarrollo
Local, el Alcalde Local, las compañías proponentes, representantes de las JAL y varios
habitantes del barrio donde se iba a construir la escuela. El contrato fue adjudicado
a la Compañía Construimos Futuro Ltda., llenando los requisitos necesarios.
❂ Audiencias públicas del control social.
La ley no define un procedimiento específico. No obstante, sí se señala que en el
acto de convocatoria de la audiencia, la institución debe definir la metodología que
será utilizada.
s un derecho fundamental que tienen todas las personas para hacer peticiones
respetuosas, de interés general o particular, ante las autoridades públicas o ante los
particulares que cumplen alguna función pública, con el fin de que sean resueltas pronto y
de una forma efectiva.
El Derecho de Petición constituye el medio a través del cual los ciudadanos ejercen control
político y social de actividades que son de interés particular o general.
Este derecho fundamental está consagrado en:
✴ Constitución Política, artículos 20, 23, 73, 74.
✴ Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), artículos 5,
33 y 75.
✴ Decreto 2150 de 1995, artículo 16.
✴ Ley 489 de 1998 artículo 35, Ley 190 de 1995, artículos 17, 18, 53.
La Corte Constitucional ha reconocido en numerosas sentencias que el derecho de
petición es un derecho fundamental, vital para que los ciudadanos puedan obtener
información y hacer peticiones claras a la administración. Entre estas tenemos:
✴ Procedencia de la acción de tutela. Se requiere prueba siquiera sumaria de la
presentación del derecho de petición. Sentencia T-571 - 93.
✴ Respuesta pronta y oportuna del derecho de petición T-395-98; T-267- 01.
✴ Respuesta de fondo y sin evasivas por parte de la Entidad T-575-94;
T-538-00; T-71898.
✴ Derecho de acceso a documentos públicos. T-053-96; T-473-92; C-053-95;
T-100-93; T-998-99; C-099-01.
✴ Derecho de petición frente a organizaciones privadas. T-377-00; SU-166-99.
✴ Derecho de petición ante empresas de servicios públicos. T-165-97; T-190-00;
T-614-00.
❁ ¿CUÁL ES SU ALCANCE?
Quien recibe el Derecho de Petición no se puede limitar a dar
una respuesta superficial; está obligado a dar una solución de
fondo. Es decir, resolver efectivamente el asunto o los interrogantes, responder la consulta o suministrar la información correspondiente, entre otros. De no ser así, el funcionario incurre
en causal de mala conducta y podría llegar a ser destituido de
su cargo, e incluso ser acusado de cometer un delito.
La respuesta que se otorga a los derechos de petición debe ser
oportuna y adecuada al contenido del mismo. De nada sirve contestar a tiempo si la respuesta se limita a expedir constancias de
que la solicitud fue recibida, radicada3, o apenas se manifiesta
que la solicitud se resolverá después4.
No obstante, la respuesta al Derecho de Petición no supone que se
acceda a lo que solicita el peticionario. Se puede negar lo solicitado, siempre y cuando
se expongan los motivos de la decisión. En palabras de la Corte Constitucional:
“El Derecho de Petición no resulta desconocido por la sola circunstancia de que la decisión
sea negativa respecto del interés planteado, pues lo que la Carta Política garantiza es que
la administración responda eficaz y oportunamente como es su obligación5”.
❁ ¿QUIÉNES PUEDEN HACER LA PETICIÓN?
Todas las personas que tengan un interés general o particular para presentarla.
❁ ¿ANTE QUIÉN SE HACE LA PETICIÓN?
Ante cualquier entidad o persona de la administración pública o ante personas privadas que cumplan funciones públicas.
3 Ver la Sentencia
T-187 de 1995 de la
4 Ver la Sentencia
El Derecho de Petición puede ser ejercido con varios propósitos :
❂ Derecho de Petición de interés general
Es la solicitud que una persona o una comunidad hace para que se le preste un servicio
que corresponda a las funciones de la entidad, con el fin de solventar necesidades de tipo
comunitario. El organismo tiene un plazo de 15 días hábiles para resolver la petición.
❂ Derecho de Petición de interés particular
Es la solicitud que una persona hace para que se le preste un servicio que corresponda
a las funciones de la entidad, con el fin de solventar necesidades de tipo individual.
El organismo tiene un plazo de 15 días hábiles para resolver la petición.
T-368 de 1997 de la
5 Sentencias T-01093, T-22 de 1995, Corte
6 Tomado y adaptado
del documento Modali-
dades del derecho de
petición. Hospital de
Suba. Nivel 1. Empresa Social del Estado.
Oficina de Atención al
❂ Petición de Información
Cuando una persona solicita ante las autoridades el acceso a información, para el
conocimiento de una actuación en un acto concreto y determinado por parte de estas.
El organismo tiene un plazo de 10 días hábiles para resolver la petición.
❂ Consulta
Cuando una persona solicita ante las autoridades que expresen su opinión, su concepto o dictamen sobre determinada materia relacionada con sus funciones o con
situaciones de su competencia. El organismo tiene un plazo de 30 días hábiles para
resolver la consulta. Ver Sentencia T-053-96.
❂ Petición de copias
Cuando una persona solicita ante las autoridades la expedición de copias de ciertos
documentos administrativos proferidos por los servidores públicos en ejercicio de sus
funciones, siempre y cuando no tengan carácter reservado. Esta solicitud puede estar
motivada por intereses personales o por ejercer control y vigilancia de las entidades.
El peticionario deberá pagar los costos de las copias. (Código Contencioso Administrativo, arts. 18, 19 y 24). Ver Sentencia C-099-01 y T-464-92.
❂ Derecho de Petición de examen y consulta de documentos
Cuando una persona o grupo de personas solicita información mediante el examen de
documentos que no tengan reserva por Constitución o por ley (defensa y seguridad
nacional, diligencias investigativas penales, etc.). La petición de examen de documentos debe hacerse en horas de atención al público y, según sea el caso, en presencia de
un funcionario de la entidad que proporciona la información. (Ley 489 del 98, artículo
35, literal b. Corte Constitucional, Sentencia T-473, jul. 28/92, Ciro Angarita Barón).
Según la Ley 24 de 1992, Capítulo II “Obligatoriedad de Colaboración”, artículo 15,
“Cualquier información solicitada por la Defensoría del Pueblo deberá ser suministrada
en un plazo máximo de cinco días”.
❂ En qué casos no aplica el derecho de petición
El Derecho de Petición no sirve para obtener información o documentos sometidos a
reserva por la ley; en esos casos quien responde debe señalar las normas en que se
basa para negarlo. Ver Sentencia T-998-99.
No funciona para solicitar que las autoridades cumplan sus funciones de manera genérica (por ejemplo, no se le puede hacer al Presidente de la República la petición de que
“gobierne bien”).
Para pedir que se paguen los daños y perjuicios causados por parte de la autoridad se
debe acudir a las acciones contencioso-administrativas7, y no al Derecho de Petición.
Igualmente, se debe evitar su uso para pedir la protección de derechos.
❁ ¿CÓMO SE FORMULA LA PETICIÓN?
✴ Puede ser presentada directamente por el particular interesado, o mediante
un apoderado8.
✴ Se puede presentar de forma verbal o por escrito. Hacerlo por escrito tiene
la ventaja de que queda la prueba de cuándo se realizó y qué se pidió. En
los casos en que la entidad exija el uso de un formulario preimpreso, debe
suministrarlo permanentemente y de manera gratuita.
✴ La solicitud debe ser presentada de modo respetuoso.
✴ Siempre debe quedar la prueba de que la petición se presentó.
✴ Debe establecerse claramente el propósito de la solicitud.
❁ ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE CONTENER LA PETICIÓN?
El Código Contencioso Administrativo, en su artículo 5º, prevé ciertos
requisitos que debe contener el Derecho de Petición que se presente
por escrito, así:
✴ Nombrar claramente la entidad y la persona o el servidor público
a quien se dirige la petición.
✴ Nombres y apellidos completos del solicitante y de su apoderado,
en caso de que lo tenga. El nombre y apellido del apoderado del
solicitante no es de ninguna manera obligatorio ni implica que
quien presente un Derecho de Petición requiere un apoderado.
✴ Objeto de la petición, es decir, qué es lo que solicita.
✴ Razones en que se apoya. Los hechos y circunstancias que dan
origen a la petición deben ser expuestos en forma detallada.
✴ Relación de documentos que se acompañan, en caso de que se anexen
documentos. Es decir, todas las pruebas necesarias para demostrar los
hechos que dan lugar al Derecho de Petición (documentos, fotos, grabaciones, declaraciones de testigos, entre otros).
✴ Firma del peticionario cuando fuere el caso.
✴ Cuando un apoderado es quien redacta y presenta el Derecho de Petición
en nombre del interesado, es necesario presentar el poder en que se le
delegan esas tareas. En ese caso, también se debe presentar el nombre,
la dirección y el número del documento de identificación del apoderado.
✴ Si la petición está incompleta, las autoridades deben indicar a quien la
hace qué le falta, para que complete la información antes de dos meses.
(Ver anexo modelo de Derecho de Petición)
7 Las acciones contencioso-administrativas
son el medio de defensa
que tienen los ciudadanos para actuar frente a
acciones del Estado que
vulneren algún derecho.
8 Un apoderado es quien
representa a otro en
acciones frente al Estado.
En muchos casos el apoderado debe ser un abogado
con tarjeta profesional, en
otros, puede ser cualquier
❁ ¿CUÁNDO SE RESUELVE EL DERECHO DE PETICIÓN?
El Derecho de Petición se resuelve cuando se notifica personalmente al solicitante la
decisión adoptada por las autoridades o los particulares. Esta notificación debe ser
efectiva, es decir, debe ser conocida por el peticionario9.
La respuesta al Derecho de Petición depende de la forma en que esta se presentó.
Si la petición fue verbal la respuesta podrá ser verbal, si fue por escrito la respuesta
deberá ser por escrito.
✴ Si no es posible resolver la petición antes de que se cumpla el término,
la entidad debe informarlo al solicitante, indicarle los motivos y fijarle un
nuevo término para resolver la petición.
✴ Si a los tres meses de haber presentado la solicitud no se ha respondido
la petición, la ley entiende el "silencio administrativo" como si se hubiera
negado la solicitud. Ver Sentencia T-242-93.
✴ Aunque haya "silencio administrativo", las autoridades siguen teniendo la
responsabilidad de decidir sobre la petición inicial. Ver Sentencia T-532-94.
✴ Hay algunos pocos casos en los que el "silencio administrativo" es interpretado como una aceptación de la petición.
✴ Cuando el Derecho de Petición no es resuelto en los términos establecidos o
no se fija un plazo adicional se está violando el Derecho de Petición. Como
este es un derecho fundamental se puede pedir su protección presentando
una acción de tutela ante cualquier juez.
❁ ¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE LA RESPUESTA?
El art. 44 del
Código Contencioso
Administrativo, en su
inciso 3°, establece
que, de no existir un
medio más eficaz, “...
de informar al interesado, para hacer la
se le enviará por correo certificado una
citación a la dirección
que aquel haya anotado al intervenir por
primera vez en la actuación. Ver Sentencia
T-097-98.
✴ Si se responde positivamente a lo solicitado, el problema termina (por
ejemplo, la entidad suministra la información).
✴ Si se responde negativamente, existe la posibilidad de ejercer un mecanismo de defensa que se llama recurso de reposición, mediante el cual se
le pide al mismo funcionario que revise su decisión y la cambie a favor de
quien presentó la petición. Si se cambia la decisión, ahí termina el procedimiento, pero si el recurso de reposición es negado, se puede ejercer
otro que se llama recurso de apelación, que debe presentarse al tiempo
con el de reposición, para que el jefe (o superior
jerárquico) de quien respondió, revise la decisión del inferior y resuelva si debe cambiarla
o no. Si se niega el derecho a apelar, se puede
pedir que se admita la apelación mediante el
recurso de queja. Por último, si agotados los
recursos ante las entidades no se cambia lo
decidido inicialmente, es posible acudir a los
jueces para adelantar acciones contenciosoadministrativas.
Mecanismos para intervenir
ante los riesgos de
7. y 8.
Acción Pública de Inconstitucionalidad y Nulidad
os mecanismos para intervenir ante los riesgos de la
gestión pública son medios creados por la Constitución para
que todos los ciudadanos, así como las organizaciones sociales
y no gubernamentales, puedan solicitar a la administración cosas
concretas, tales como pronunciamientos, cumplimiento de normas y
compromisos y la protección de derechos fundamentales.
Mecanismos para intervenir ante los riesgos
Estos mecanismos permiten a los ciudadanos la protección de derechos,
utilizando para ello acciones judiciales ante conductas de la administración
pública que puedan afectar la buena gestión y el logro de los objetivos de
las entidades, y que puedan derivar en hechos de corrupción o afectar la
satisfacción de derechos.
La intervención ciudadana ante los riesgos es preferiblemente preventiva
y no siempre reparativa, de tal forma que mediante la actuación oportuna
se eviten o minimicen los efectos negativos de su ocurrencia.
Los mecanismos ciudadanos para intervenir ante los riesgos de la gestión
pública son:
✴ La acción popular y de grupo.
✴ La acción de tutela.
✴ La acción de cumplimiento.
✴ La denuncia y la queja.
on un mecanismo para la defensa y protección de los derechos e intereses
colectivos, es decir, aquellos que afectan el patrimonio, el espacio, la seguridad pública, la
moral administrativa, la libre competencia económica, el ambiente y la salud pública.
❁ ¿EN QUÉ NORMAS SE BASAN?
Las Acciones Populares están consagradas en el artículo 88 de la Constitución Política,
desarrollado por la Ley 472 de 1998. Ver Sentencia SU-063-93 Corte Constitucional
❁ ¿PARA QUÉ SIRVEN?
Sirven para evitar el daño, detener el peligro, la amenaza o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o, cuando sea posible, para devolver las cosas a su estado
anterior. La acción popular puede ser preventiva, restitutiva e indemnizatoria.
Se pueden utilizar frente a toda acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares que amenace con causar o que cause un agravio a cualquier derecho
❁ ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS QUE PROTEGE?
La Ley 472 de 1998 clasifica los derechos colectivos así:
❂ Derechos relacionados con la protección del medio ambiente:
✴ El goce de un ambiente sano, conforme a lo dispuesto en la Constitución,
la ley y las disposiciones reglamentarias.
✴ La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución.
✴ La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas
de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con
la preservación y restauración del medio ambiente.
✴ La prohibición de la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional
de residuos nucleares o tóxicos.
❂ Derechos relacionados con la protección de lo público:
✴ La moralidad administrativa.
✴ El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
✴ La defensa del patrimonio público.
❂ Derechos relacionados con la seguridad y los servicios públicos y sociales:
✴ La seguridad y salubridad públicas.
✴ El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
✴ El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
✴ El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
❂ Otros derechos:
✴ La defensa del patrimonio cultural de la Nación.
✴ La libre competencia económica.
✴ Los derechos de los consumidores y usuarios.
✴ La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
❁ ¿QUIÉNES PUEDEN INTERPONER ACCIONES POPULARES?
✴ Cualquier persona puede convertirse en vocero de los intereses generales
o comunitarios.
✴ Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones populares o cívicas.
✴ Entidades públicas con funciones de control o vigilancia, siempre y cuando
no sean las responsables de la amenaza o daño a los derechos colectivos.
✴ El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los personeros
distritales y municipales.
✴ Los alcaldes y demás servidores públicos que tengan como función promover la protección y defensa de los derechos e intereses colectivos.
❁ ¿CONTRA QUIÉN SE DIRIGEN LAS ACCIONES POPULARES?
Contra el particular o la autoridad pública cuya acción u omisión amenace, viole o
haya violado el derecho o interés colectivo. Si existe el daño o la amenaza y no se
conoce el responsable, el juez que lleve el caso deberá identificarlo.
❁ ¿ANTE QUIÉN SE PRESENTA UNA ACCIÓN POPULAR?
En primera instancia se presenta ante un juez administrativo, cuando se trata de
entidades públicas y de personas privadas que ejercen funciones públicas, y ante un
juez civil del circuito10 del lugar de los hechos o del lugar de domicilio11 del presunto
responsable de la amenaza, cuando su origen sea eminentemente privado. Quien
promueve la Acción Popular tiene la libertad de decidir ante qué tipo de juez la presenta.
❁ ¿CÓMO SE FORMULA?
✴ Puede ser presentada por cualquier persona, directamente o representada
por un abogado.
✴ El interesado puede solicitar colaboración para elaborar su demanda o
petición al personero (distrital o municipal) o a la Defensoría del Pueblo.
❁ ¿QUÉ DEBE CONTENER?
Las Acciones Populares deben ser presentadas por escrito y cumplir los siguientes
✴ Indicar el derecho o interés colectivo amenazado.
✴ Señalar los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan la petición.
✴ Expresar qué se pretende conseguir con la Acción Popular.
✴ Si se tiene la información, decir cuál es la autoridad pública o la persona
responsable de la amenaza.
✴ Anexar las pruebas que considere necesarias.
✴ Incluir la dirección, el nombre y la identificación de quien promueve la
❁ ¿CUÁNDO SE PRESENTA?
La Acción Popular puede ser ejercida durante el tiempo que subsista la amenaza o
peligro al derecho o interés colectivo. Cuando la acción esté dirigida volver las cosas
a su estado anterior el tiempo para interponerla es de cinco (5) años contados a partir
del hecho que violó el derecho.
❁ ¿QUÉ PASA CON LA ACCIÓN POPULAR?
✴ Cuando el daño o amenaza es causado por un particular, el caso se lleva
ante un juzgado civil.
✴ Cuando el daño o amenaza es causado por una entidad pública o por personas particulares que cumplan funciones administrativas (contratistas),
el caso se lleva ante el Tribunal Contencioso Administrativo del departamento respectivo.
✴ Dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la demanda,
el juez debe pronunciarse sobre su admisión.
✴ Si la demanda no cumple con los requisitos señalados y, en consecuencia,
el juez no la admite, así se lo hará saber al demandante quien tendrá tres
días para corregir las fallas.
✴ Cuando la demanda es admitida, el juez avisa al demandado (que puede
ser una entidad pública) e informa a los demandantes; además, se le comunica el asunto a la entidad encargada de proteger el derecho o interés
colectivo afectado, aun cuando ella no sea la demandada.
✴ La persona o entidad demandada tiene diez días para contestar.
✴ En cualquier momento del proceso, el juez podrá:
• Ordenar que se detengan las actividades que ocasionan el daño.
• Ordenar que se ejecuten las acciones, cuando el daño se debe a la omisión del demandado.
10 Hay tres tipos de
juez civil: el municipal,
el promiscuo y del circuito. Los jueces del
circuito se encargan
de los casos de mayor cuantía y tienen
unas competencias
11 Para estos casos
se entiende como domicilio el lugar donde
se desarrollan los
negocios, lugar que
coincide con el de
• Ordenar los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño
y las medidas urgentes que se deben adoptar para mitigarlo.
✴ Tres días después de haberse vencido el plazo para que el demandado
conteste, el juez debe citar a las partes y al ministerio público que está
integrado por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y las Personerías, a una audiencia con el fin de establecer un pacto
de cumplimiento12 sobre la forma como se deben proteger los derechos
colectivos y, cuando sea posible, volver las cosas a su estado anterior.
✴ Después de celebrado el pacto, el juez tiene un plazo de cinco días para
✴ El juez aprueba el pacto mediante una sentencia que debe ser publicada
en un diario de circulación nacional.
✴ Si la reunión para celebrar el pacto de cumplimiento no se realiza, el juez
deberá tomar una decisión respecto del asunto que enfrenta a las partes.
Para tomarla, puede destinar 20 días (plazo que se puede extender a 20
días más, de ser necesario) para ordenar y practicar las pruebas necesarias.
✴ Cumplido el tiempo de las pruebas el juez debe informar a las partes y
darles cinco días para exponer sus posiciones e interpretación de las pruebas, mediante un escrito llamado "alegato".
✴ Vencidos los cinco días para alegar, el juez tendrá otros cinco para dictar
Ejemplo de una Acción Popular (Caso ficticio)
La Protección es un barrio subnormal, no legalizado, y que no cuenta con los servicios públicos
básicos. Sin embargo, los habitantes, con la ayuda de mangueras, toman el agua de La Perlita,
el barrio vecino. Como consecuencia, en La Perlita han disminuido las horas del servicio y la
potencia del chorro, razón por la cual sus habitantes han puesto varias quejas y reclamos ante
la Empresa de Acueducto. La situación mejora por un tiempo pero vuelve y empeora. Los habitantes de La Protección decidieron interponer una Acción Popular, alegando el derecho colectivo
al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
El juez que llevó el proceso llegó a la conclusión de que el barrio La Protección, por su ubicación y características, debía ser legalizado y ordenó que entrara en el proceso de gestión
comunitaria de la Empresa de Acueducto. De esta manera se solucionaba el problema de
abastecimiento de agua para ambos barrios.
P ASOS
A CCIÓN P OPULAR
12 Por medio de un
“se determina la forma
de protección de los
colectivos y el restablecimiento de las cosas a
su estado anterior, de
ser posible”. Art. 27,
Ley 472 de 1998.
2. La Acción de Grupo
a acción de grupo o de clase es la garantía constitucional de carácter judicial que permite a una pluralidad de personas, constituidas
como grupo, acudir ante la justicia para reclamar la reparación del daño
ocasionado a un derecho fundamental, a un derecho o interés colectivo,
o a un derecho de carácter patrimonial de cada uno de los miembros de
ese conjunto de personas, cuando el daño sea producido para todos por
una misma causa13.
Esta acción se ejerce exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de los
perjuicios causados.
En relación con estas acciones debe anotarse que estas no hacen relación exclusivamente a derechos constitucionales fundamentales, ni únicamente a derechos colectivos;
por el contrario, esta clase de acciones comprende también derechos subjetivos de
origen constitucional o legal, los cuales suponen siempre, a diferencia de las acciones
populares, la existencia y demostración de una lesión o perjuicio cuya reparación se
reclama ante el juez.
Y es que en este caso, lo que se pretende reivindicar es un de carácter individual cuyo
objeto es obtener una compensación pecuniaria que será percibida por cada uno de
los miembros del grupo que se unen para promover la acción.
Sin embargo, debe anotarse que también es de la esencia de estos instrumentos judiciales que el daño por reparar sea de aquellos que afectan a un número plural de
personas que por su entidad deben ser atendidas de manera pronta y efectiva.
❂ Otras Acciones de Grupo a las que se aplica la Ley 472 de 1998.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Acciones Populares y
de Grupo, Ley 472 de 1998, se les aplicará el trámite contemplado en la referida ley,
a las acciones de grupo contempladas en el artículo 76 de la Ley 45 de 1990; en el
artículo 1.2. 3.2. del Decreto 653 de 1993 (Estatuto Orgánico del Mercado Público de
Valores) y en el Decreto 3466 de 1982, artículos 36 y 3714.
❁ ¿EN QUÉ NORMAS SE FUNDAMENTA?
La acción de grupo se encuentra consagrada en el artículo 88 de la Constitución
Política desarrollado en la Ley 472 de 1998.
Para obtener la indemnización de los perjuicios generados a un grupo de personas por
la acción u omisión proveniente de entidades públicas, particulares que desempeñen
funciones administrativas, o cualquier otra persona, que cause un daño a los derechos
de un número plural de personas.
❁ ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS QUE PROTEGE?
El derecho que se protege es el de la reparación integral de los daños y perjuicios
ocasionados con la vulneración o amenaza real de los derechos y garantías fundamentales, sociales, económicos, culturales o colectivos, entre los que se cuenta la vida, la
integridad personal, la libertad personal, la aplicación de la ley en igualdad de condiciones, la libertad de conciencia, culto y religión, a la intimidad personal, la libertad
de opinión, la paz, la libertad de escoger profesión u oficio, la libertad de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra, la libertad de asociación, libertad política, el
derecho a la formación y mantenimiento de una familia, la protección especial de los
niños, ancianos y mujeres cabeza de familia, el derecho a la propiedad privada, el
derecho a acceder a la cultura, la libertad de expresión, etc.
❁ ¿QUIÉNES PUEDEN INTERPONER LA ACCIÓN DE GRUPO?
Un grupo superior a veinte (20) personas, naturales o jurídicas que hayan recibido
un perjuicio individual proveniente de una causa común. Esta acción puede ser interpuesta por las personas directamente, a través de apoderado, por intermedio del
Defensor del Pueblo, o los Personeros Municipales o Distritales.
El integrante del grupo que interponga la acción puede representar a todos sus compañeros en la afectación.
❁ ¿CONTRA QUIÉN SE DIRIGE UNA ACCIÓN DE GRUPO?
Contra la autoridad, entidad o particular de quien provenga la acción u omisión generadora del perjuicio.
Se presenta una demanda, escrita, por el perjudicado o los perjudicados a nombre del grupo, directamente, a través de apoderado, del Defensor del Pueblo o
de la Personería.
De manera adicional se puede consultar la jurisprudencia del Consejo de Estado
en materia de requisitos para su procedencia en las sentencias del 21 de febrero
de 2002 Exp. 2001-124601; 25 de abril de 2002 Exp. 2001-002101 y 25 de abril
de 2002 Exp. 2000-003001.
13 Ver Corte Constitucional, Sentencia
215, de 14 de abril
de 1999. M. P. Dra.
14 Defensoría del
Pueblo, Los derechos
colectivos y su defensa a través de las
acciones populares y
de grupo. 2004.
❁ ¿QUÉ DEBE CONTENER LA DEMANDA?
Nombre del apoderado, anexando el respectivo poder.
Identificación de los poderdantes o demandantes y su domicilio.
Valor de los perjuicios que se considera ocasionados.
Identificación del demandado.
Motivación sobre la procedencia de la acción de grupo.
Derechos vulnerados o amenazados.
Pruebas que se aducen o se solicitan.
Dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción
vulneradora del mismo.
❁ ¿ANTE QUÉ AUTORIDAD SE PRESENTA?
Si la acción u omisión vulneradora proviene de una entidad pública o de una persona de derecho privado que desempeña funciones administrativas, ante el Tribunal
Contencioso Administrativo del lugar de ocurrencia de los hechos o del domicilio del
demandado o demandante, a elección de este.
Si la acción u omisión vulneradora proviene de un particular, ante el Juzgado Civil
—Reparto- del lugar de ocurrencia de los hechos o del domicilio del demandado o
demandante, a elección de este.
s un mecanismo que cualquier persona puede usar para solicitarle a un juez la
protección rápida y efectiva de sus derechos fundamentales cuando estos son amenazados
o violados por una autoridad pública o por particulares.
La Acción de Tutela fue consagrada en el artículo 86 de la Constitución y está reglamentada
por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, Decreto 1382 y Decreto 404 de 2002.
Sirve para proteger los derechos fundamentales de forma directa e inmediata. El juez
analiza los hechos, hace las averiguaciones correspondientes, concluye si existe o
no un daño inmediato o que pueda generar consecuencias irremediables, e imparte
órdenes de inmediato cumplimiento.
Si la tutela es admitida, quien amenazó o violó los derechos tiene que garantizarle
al solicitante el pleno ejercicio de los mismos. El cumplimiento de la orden judicial
(cuyo cumplimiento tiene un plazo) incluye la obligación de pagar los daños y perjuicios (que son definidos en otro proceso). Si se niega la tutela, se puede solicitar una
revisión al juez de mayor jerarquía.
❁ ¿QUÉ SON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES?
Son los derechos que permiten que las personas se desarrollen plenamente como seres
humanos. En virtud de estos derechos se puede exigir a los demás que tengan o dejen
de tener determinadas conductas con el fin de garantizar un tratamiento digno.
Es derecho fundamental, por ejemplo, ante circunstancias iguales, exigir trato igual
(sin discriminación). También lo es el respeto a la vida.
❁ ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES?
❂ Derechos que protegen a la persona:
El derecho a la vida; a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes; a la dignidad humana, a la igualdad, a
la libertad; al honor, la intimidad y el buen nombre; a la honra; a poder adquirir de-
rechos y obligaciones según la ley; a no ser víctima de la esclavitud, la servidumbre
y el tráfico de seres humanos en cualquier forma; a tener una familia; los derechos
❂ Derechos que potencian la libertad y el desarrollo de la personalidad:
Derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de conciencia;
a la libertad de cultos; a la libertad de expresión e información; a la libre circulación por el territorio colombiano, a entrar
y salir de él, y a permanecer y a establecerse en Colombia; al
trabajo y a la seguridad social; a escoger libremente profesión
u oficio; a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación
y cátedra, a la asociación; a formar sindicatos y a realizar huelga (siempre que no se trate de un servicio público esencial); y
al reconocimiento de la personería jurídica.
❂ Derechos que permiten participar en el manejo de lo público:
Derecho a elegir y ser elegido, a participar activamente en política, haciendo uso de
todas las herramientas previstas en la Constitución, y derecho a recibir educación
constitucional e instrucción cívica.
❂ Derechos que posibilitan el trato justo en la relación con el Estado:
Derecho de petición a la defensa, al debido proceso, a presentar Hábeas Corpus15 (en
caso de ser detenido y creer que la detención es ilegal), a apelar o consultar cualquier
sentencia judicial (con las excepciones de ley), a la inviolabilidad del domicilio, a no
declarar contra sí mismo o contra sus parientes cercanos, a no sufrir destierro, prisión
perpetua o confiscación16, a no ser extraditado del país, a asilarse.
Los derechos no consagrados por la Constitución como fundamentales pueden ser
considerados como tales si su violación o amenaza pone en peligro o vulnera un
derecho fundamental. El derecho a la salud, por ejemplo, puede ser considerado y
presentado como fundamental si al violarlo se afecta el derecho a la vida.
❁ CASOS EN QUE NO APLICA LA ACCIÓN DE TUTELA
No sirve cuando es posible acudir a otros medios de defensa ante los jueces (por
ejemplo, cuando a una persona no le pagan sus prestaciones sociales, antes de pensar
en la tutela debe acudir a un juzgado laboral e intentar conciliar).
No sirve para proteger un derecho que pueda ser defendido por medio de un Hábeas
No sirve para proteger derechos colectivos; tampoco cuando se trata de actos de
carácter general, impersonal y abstracto, para los cuales no se pueden identificar
responsables o el derecho violado o amenazado.
❁ ¿QUIÉN PUEDE INTERPONER UNA ACCIÓN DE TUTELA?
Cualquier persona que considere que uno o más de sus derechos fundamentales están
siendo violados o amenazados. Si se trata de alguien que no pueda interponerla por sí
sola (como los niños, los ancianos y las personas con alguna incapacidad), otra persona
o el Defensor del Pueblo la pueden presentar a su nombre. Si es un colombiano que
vive fuera del país y considera que alguna autoridad de la República de Colombia le
viola sus derechos fundamentales, la Acción de Tutela debe ser solicitada a través
❁ ¿ANTE QUIÉN SE INTERPONE?
La Acción de Tutela se interpone ante cualquier juzgado o tribunal del lugar donde
ocurra la amenaza o violación del derecho fundamental. La misma Acción de Tutela
no se puede presentar ante varios juzgados o tribunales.
Para presentarla no es necesario contratar un abogado. La Acción se dirige contra
la autoridad pública, el representante de la institución o el particular que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno de ellos actuó bajo órdenes
de superiores, se entenderá que la acción va dirigida también contra ellos. Si otra
persona tiene un interés legítimo en el resultado del proceso, puede presentarse para
colaborar con el demandante o con el demandado.
La solicitud puede hacerse verbalmente ante el juez en caso de urgencia, cuando el
solicitante no sepa escribir o cuando sea un menor de edad.
Es muy importante acompañar la Acción de Tutela con todas las pruebas que ayuden
a demostrar la vulneración del derecho, pues si el hecho o motivo que la provocó no
se puede establecer y el solicitante no corrige o complementa en tres días, la acción
puede ser rechazada por completo.
❁ ¿QUÉ DEBE CONTENER LA ACCIÓN?
✴ El relato claro de los hechos que han violado o amenazado del derecho,
acompañado de todas las pruebas.
✴ El nombre de la autoridad o del particular que violó o amenazó el derecho.
15 Hábeas corpus es
el recurso que puede
presentar una persona para solicitar su
libertad cuando ha sido
detenida y después de
72 horas no se le ha
definido su situación.
✴ En lo posible, señalar el derecho que se considera violado o amenazado.
✴ Todas las circunstancias importantes del caso.
✴ El nombre y la dirección del solicitante.
✴ Cuando el afectado actúa por medio de un representante también se deben
incluir su nombre y su dirección.
16 Sufrir confiscación
es ser privado del uso
y goce de los bienes
por razones expresamente determinadas
❁ ¿CUÁL ES EL PLAZO PARA RESOLVER LA TUTELA?
✴ Como la Acción de Tutela protege en todo momento los derechos fundamentales, tiene un trámite que prevalece y se prefiere a otros. El juez debe
pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en
que es presentada.
✴ El fallo se debe notificar a más tardar al día siguiente, por telegrama u
otro medio conveniente. Si el solicitante, la autoridad, el representante
del órgano correspondiente o el Defensor del Pueblo no están de acuerdo
con la decisión, cualquiera de ellos puede pedir una revisión del fallo que
debe llevarse a cabo a los tres (3) días de su notificación, sin que por eso
pueda posponerse el cumplimiento inmediato del fallo.
✴ Si el derecho fue violado o amenazado por una autoridad, esta debe disponer, en un máximo de cuarenta y ocho (48) horas posteriores al fallo, que
cese la violación o amenaza del derecho. Si esto no sucede, el juez puede
recurrir a los medios necesarios, aun la fuerza pública, para garantizar el
libre ejercicio del derecho.
✴ Si a las cuarenta y ocho (48) horas de pronunciado el fallo este no se cumple,
el juez se dirigirá al superior del responsable para obligarle a cumplirlo y
abrir el correspondiente proceso disciplinario.
✴ Si pasan otras cuarenta y ocho (48) horas sin que el fallo se cumpla, el juez
podrá sancionar por desacato al responsable y a su superior hasta que se
cumpla la sentencia.
✴ Si la acción que afecta el derecho es un hecho específico o amenaza, se
ordenará que cese de inmediato.
Adriana es una joven de 16 años que está embarazada. Cuando los directivos del colegio donde está haciendo el bachillerato se enteraron de su estado la amenazaron con
expulsarla y una semana después efectivamente lo hicieron.
Aconsejada por sus familiares, intentó una conciliación con los directivos del colegio.
Este intento no sirvió para que ellos cambiaran de opinión. Ante las circunstancias,
Adriana fue a un juzgado y presentó una Acción de Tutela, alegando que su derecho a
la educación había sido violado.
Considerando que un proceso tradicional tomaría mucho tiempo y que la educación
de la joven se vería muy afectada, el juez tuteló el derecho a la educación de Adriana.
Actualmente ella se prepara para recibir su grado de bachiller y para asumir sus responsabilidades como madre.
s un mecanismo para la protección de los derechos, que busca atacar el incumplimiento de normas (Constitución Política, leyes, decretos), actos administrativos17, deberes y obligaciones de la administración pública.
La Acción de Cumplimiento se basa en el artículo 87 de la Constitución Política y se
desarrolla en la Ley 393 de 1997.
Sirve para hacer cumplir una norma o un acto administrativo que impone deberes y
obligaciones a una entidad que está reacia a cumplirlos. Por eso, para poder iniciar
el trámite de la Acción es necesario haber solicitado el cumplimiento de la ley a la
entidad y que esta se haya mantenido en el incumplimiento o no haya respondido
dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud.
❁ ¿QUIÉN PUEDE INTERPONERLA?
✴ Cualquier particular.
✴ Los servidores públicos, en especial el Procurador General de la Nación,
procuradores delegados regionales y provinciales, el Defensor del Pueblo
y sus delegados, los personeros municipales, el Contralor General de la
República, los contralores departamentales, distritales y municipales.
✴ Las organizaciones sociales.
✴ Las Organizaciones No Gubernamentales.
❁ ¿CONTRA QUIÉN SE INTERPONE?
17 Un acto administrativo es cualquier mani-
✴ Contra la autoridad administrativa que debe cumplir la norma o acto administrativo.
festación de la voluntad
de la administración en
✴ Contra particulares que, en ejercicio de funciones públicas, incumplan una
norma o un acto administrativo.
cumplimiento de funciones administrativas. Puede ser verbal o escrito.
❁ ¿EN QUÉ CASOS NO PROCEDE UNA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO?
✴ La Acción de Cumplimiento no procede cuando la protección de derechos
puede ser garantizada mediante una Acción de Tutela.
✴ Tampoco procede cuando el afectado adelanta o ha adelantado otra acción
para lograr el cumplimiento de la norma o acto administrativo, por ejemplo
con acciones contractuales, de nulidad y de restablecimiento del derecho.
✴ Cuando se busca el cumplimiento de normas que establezcan gastos.
❁ ¿CÓMO DEBE PRESENTARSE?
La solicitud puede ser presentada en forma escrita, o verbal en los casos en que la
persona que solicita no sepa leer ni escribir, sea menor de edad o se encuentre en
situación de extrema urgencia.
✴ Nombre, identificación y lugar de residencia de la persona que instaura la
✴ Señalar la ley que se incumplió.
✴ Si se trata del incumplimiento de un acto administrativo se debe adjuntar
una copia del documento correspondiente; si no hay una prueba escrita
del acto administrativo, es decir, si se trata de un compromiso verbal, es
necesario anexar alguna prueba de que el hecho tuvo lugar.
✴ Contar los hechos que muestran el incumplimiento.
✴ Indicar la entidad, funcionario público o el particular en ejercicio de funciones públicas que incumplió.
✴ Incluir una prueba de que ya se había pedido el cumplimiento y que no
✴ Solicitar pruebas y enunciar aquellas que pretenda hacer valer.
✴ Jurar no haber presentado otra solicitud sobre el mismo hecho ante otra
❁ ¿QUÉ PASA CON LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO?
✴ El juez tiene un plazo de tres días para decidir si la admite o no.
✴ Si la admite, el juez notifica al demandado.
✴ Después de ser notificado, el demandado tiene un plazo de tres días para
llevar pruebas o solicitarlas.
✴ A partir de la admisión de la solicitud hay un plazo de veinte días para
tomar una decisión final.
✴ Si la falta implicó la violación de un derecho y el demandado no envió ni pidió
pruebas, el juez ordena el cumplimiento inmediato del deber incumplido.
✴ Cuando se da el trámite regular, quien incumplió tiene un plazo no superior
a diez (10) días hábiles a partir de la fecha del fallo para el cumplimiento
❁ ¿QUÉ PASA SI NO SE CUMPLE EL FALLO DEL JUEZ?
Si el responsable no cumple el deber señalado en el fallo, el juez le pide al jefe de la
entidad que lo haga cumplir y que abra un proceso disciplinario. En caso de que el
jefe no haga lo que se le ordena, el juez puede abrir proceso contra él y sancionarlo
por desacato, junto con el responsable, hasta que cumplan la sentencia.
Ejemplo de Acción de Cumplimiento
La ley de Servicios Públicos Domiciliarios establece la figura de silencio positivo, la cual favorece al
usuario en caso de no obtener respuesta en forma oportuna, en un plazo de 15 días hábiles (Ley 142
de 1994. Art. 158). Ver módulo 6.
El 23 de agosto de 2001 la señora Coronado realizó reclamación verbal ante la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá (EAAB), por cuanto los recibos anteriores mostraban un consumo en sus servicios
promedio por $75.000; esta vez le llegó factura por $834.380.oo. El 26 de agosto fue un técnico de la EAAB
a revisar sus instalaciones, pero no obtuvo respuesta a su solicitud, así que el 9 de octubre, con escrito,
la señora Coronado solicita de manera expresa: 1. Respuesta a su reclamación, 2. Se le reconozca el
silencio administrativo positivo estipulado en la ley 142 de 1994. 3. Se tenga en cuenta una inspección de
consumo en la cual el inspector solicitó otra prueba puesto que no encontró fugas, lo cual la empresa no
ha efectuado. 4. Que se suspendan los cobros de estos servicios hasta que se resuelva la queja.
La EAAB respondió así con oficio del 19 de octubre: “Dando alcance al oficio, informa que dio cumplimiento a lo estipulado en el art. 149 de la ley 142/94, y la empresa, previa facturación programó
y efectuó revisiones el 26 de agosto del 2001 encontràndose: revisión interna sin daños, lectura del
medidor 17112 metros cúbicos, clase de uso residencial habitacional, habitan 2 personas… Por lo
anterior, el cobro que la empresa le ha facturado es correcto y corresponde a la diferencia de lecturas
registradas por el medidor”.
El 22 de octubre se le dio respuesta negando el reconocimiento del silencio administrativo; aduce la
empresa: “… en relación con la reclamación verbal, se afirma que la misma fue decidida como no
justificada, y que la usuaria debió acercarse a las oficinas para recibir notificación en tal sentido.”
Establecida la acción de cumplimiento, por parte de la Asociación Nacional de Comités de Desarrollo y
Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios “Los Comuneros” ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante sentencia del 30 de agosto de 2002, se falla a favor, no aceptando la contestación de la empresa en el sentido de que la usuaria debió acercarse a las oficinas para obtener
respuesta, toda vez que la reclamación verbal dio origen a una actuación administrativa y corresponde
a la empresa buscar la forma de hacer llegar la comunicación vía correo certificado.
DIAGRAMA DE MECANISMOS PARA INTERVENIR
ANTE LOS RIESGOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA
s el acto de poner en conocimiento de la autoridad aquellos hechos que constituyan un delito, es decir, una infracción a la ley penal18.
Los delitos relacionados con la gestión pública son aquellos actos que enturbian,
alteran, obstaculizan o impiden el normal funcionamiento de las entidades públicas,
o que llevan a que su gestión no se desarrolle con objetividad, rectitud, honradez,
diligencia y eficacia. Por lo general, quienes cometen delitos contra la administración
pública son servidores públicos o particulares que temporalmente cumplen funciones
públicas. Las denuncias contra la administración pública se refieren a las conductas
✴ Peculado es la malversación o mal uso de los bienes o dineros públicos.
✴ Concusión es aquel acto mediante el cual un funcionario público obtiene
dinero o algún otro beneficio personal de parte de alguien que se siente
atemorizado ante la autoridad que aquel representa.
✴ Cohecho es aquella situación en la que un funcionario recibe dinero o
cualquier otro beneficio a cambio de hacer, no hacer o retardar una acción
que depende de él.
✴ Celebración indebida de contrato, se tipifica cuando un servidor público, en
el momento de celebrar o ejecutar un contrato, busca satisfacer intereses
de tipo personal, político o de cualquier otra condición, y deja de lado el
interés público y los fines del Estado.
✴ Tráfico de influencias es el delito que comete un particular o un servidor
público cuando, a cambio de algún beneficio económico, ofrece a un tercero
un favor de la administración valiéndose de su (real o ficticia) relación con
algún funcionario en capacidad de tomar decisiones.
✴ Enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, se presenta cuando un
funcionario aumenta injustificadamente su patrimonio como resultado del
✴ Prevaricato es cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, tiene que pronunciarse sobre algún asunto y lo hace de forma
contraria a la ley. Por ejemplo, la autoridad encargada de otorgar el reconocimiento oficial a los planteles educativos expide una resolución (acto
administrativo) que le niega dicho reconocimiento a un solicitante que ha
reunido todos los requisitos de ley.
✴ Abuso de autoridad, es cometido por un funcionario público cuando al ejercer
sus funciones (o excediéndolas) actúa de forma arbitraria o injusta.
✴ Revelación de secreto, se presenta cuando un servidor público da a conocer
documentos o información que debe mantener en secreto.
✴ Abandono del cargo, se presenta cuando un servidor público deja de trabajar sin justa causa.
✴ Asesoramiento ilegal es un delito cometido por los servidores públicos
cuando a título personal representan, litigan, gestionan o prestan asesorías
en asuntos judiciales, administrativos o policivos.
✴ Empleo ilegal de la fuerza pública es un delito que comete un servidor
público cuando obtiene la ayuda de la fuerza pública o emplea la que tiene
a su disposición para actuar arbitraria o injustamente, o para impedir el
cumplimiento de una orden legítima.
✴ Abuso de la función pública es cuando un servidor público realiza funciones
diferentes de las que legalmente le corresponden.
❁ ¿QUÉ NORMAS LA REGLAMENTAN?
La reglamentación de la denuncia está contenida en el Código de Procedimiento Penal
(artículos 25, 27, 28, 43 y 327) y los delitos contra la administración pública están
regulados en el Código Penal (artículos 133 y siguientes).
En lo que se refiere a los delitos relacionados con la administración pública, la Denuncia sirve para que las conductas irregulares sean investigadas y se apliquen los
18 El Código de procedimiento Penal y el
Código Penal conforman la Ley Penal.
❁ ¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR UNA DENUNCIA?
✴ Toda persona que viva en el territorio colombiano y que esté en conocimiento de un delito, incluso si este no la afecta, debe denunciarlo (también
los menores de edad pueden hacerlo).
✴ Los servidores públicos están obligados a denunciar todo delito del que
tengan conocimiento; no hacerlo puede dar lugar a sanciones como la
✴ Hay circunstancias en las que la gente no está obligada a denunciar.
Por ejemplo, cuando se trata de hechos en los cuales la persona está
implicada, o de hechos que se conocen en el ejercicio de una profesión
legalmente protegida por el secreto (tal es el caso del sacerdote, el abogado y el médico). Tampoco hay obligación de denunciar al cónyuge, al
compañero o compañera permanente o a parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad (padres, tíos, abuelos, hermanos y primos),
segundo de afinidad (suegros, cuñados) o primero civil (hijos o padres
adoptivos).
❁ ¿CONTRA QUIÉN SE PRESENTAN LAS DENUNCIAS?
Siempre y cuando la conducta objeto de la denuncia esté contemplada como delito,
contra cualquier persona natural, mayor o menor de edad, así como contra servidores
públicos, por el ejercicio ilegal de sus funciones.
❁ ¿ANTE QUIÉN SE PRESENTA?
Ante los organismos de control: Procuraduría General de la Nación o Ministerio
Público y la Contraloría General de la República o también ante la Fiscalía General
de la Nación, aunque constitucionalmente no está determinada como un organismo
de control ya que pertenece al poder judicial, desarrolla acciones desde su área de
influencia en contra de la corrupción.
Cada uno de los organismos se especializa en objetos determinados, de ahí la importancia de tener claridad sobre esto para mayor agilidad; no obstante, es su obligación,
recibida una denuncia, dar el trámite necesario al ente correspondiente, de ninguna
manera devolverla al denunciante con el argumento de no ser de su competencia.
❂ La Procuraduría General
Vigila la conducta de los funcionarios públicos, estableciendo las sanciones disciplinarias a que haya lugar cuando: violen la Constitución y las leyes, obtengan indebido provecho para sí de los recursos públicos, entorpezcan o sean negligentes en el
desarrollo de investigaciones y no denuncien hechos delictivos de los cuales tengan
conocimiento por el cargo que desempeñan.
METODOLOGÍAS PARA ELEVAR UNA DENUNCIA Y/O QUEJA
ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Oficio por medio del cual se expliquen: nombre
del funcionario, cargo, entidad donde labora, relato y lugar de los hechos del denunciado. Traer
Se radica en la ventanilla correspondencia del
Centro de Atención al Público –CAP–, ubicado en
la Cra. 5a. No.15-80 piso 1 en el horario de 8 a.m.
a 12 m. y de 1 p.m. a 5 p.m. jornada continua.
Para presentar una queja contra un funcionario,
formule su queja en la página
www.procuraduria.gov.co.
El interesado realiza la denuncia ante un abogado
del CAP, solicitando un turno para ser atendido.
Y luego debe ser radicada en la ventanilla de Correspondencia de la División de Registro y Control
“Línea Gratuita”
Marcando en Bogotá al número 2840472. Para el
resto del país, gratis al 01 8000 910315.
En Bogotá, D. C. “Centro de Atención al Público”
Carrera 5a. No. 15-60.
La queja y/o denuncia puede ser anónima en algunos casos.
Los habitantes de fuera de Bogotá se pueden acercar a las Procuradurías Regionales y Provinciales
para hacer sus denuncias y/o quejas.
❂ La Contraloría General de la República
Es la institución encargada del control en la ejecución de los recursos del Estado.
Desarrolla la vigilancia de la gestión fiscal, con base en un procedimiento cuyas premisas son el control posterior y selectivo. Lo anterior indica que se realiza después
que han sido ejecutados los recursos y se considera selectivo, ya que a través de un
procedimiento técnico se escoge una muestra representativa dentro del total de gastos
e inversiones desarrolladas por la administración.
El control fiscal va dirigido a determinar la eficiencia, economía, equidad y valoración
de los costos ambientales, con los cuales fueron ejecutados los recursos del Estado.
METODOLOGÍAS PARA ELEVAR UNA DENUNCIA ANTE
Medios de Denuncia
Oficio por medio del cual se expliquen la causa y el funcionario
Para presentar una queja contra un funcionario, existe un
formato al cual se puede acceder por la siguiente dirección:
www.contraloriagen.gov.co.
El interesado realiza la denuncia ante un abogado de la Contraloría para la Participación Ciudadana.
Vía telefónica “Línea Amiga”
Marcando en Bogotá al número 286 6000. Para el resto del
país, gratis al 01 8000 910060.
Correo en Bogotá, D. C.,
“Contraloría delegada para la
participación ciudadana”
Carrera 10a. No. 17-82.
La denuncia puede ser anónima en todos los casos.
No existe un formato especial para presentar denuncias por
Los habitantes de fuera de Bogotá se pueden acercar a las
gerencias departamentales para hacer sus denuncias.
❂ La Fiscalía General de la Nación
Es el ente que acusa a los presuntos delincuentes ante
los jueces. Teniendo en cuenta que la legislación contempla la responsabilidad penal para quienes cometan
determinados delitos considerados dentro del marco
de acciones corruptas, la Fiscalía General de la Nación
creó la Unidad Anticorrupción, donde se han especializado en la atención de este tipo de casos, que implican
sanciones penales.
METODOLOGÍAS PARA ELEVAR UNA DENUNCIA
ANTE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Para presentar una queja contra un funcionario, envíe un correo electrónico a contacto@fiscalia.gov.co
El interesado realiza la denuncia ante un abogado de la División
Centro de Atención al Público.
Para el todo el país, gratis al 01 8000 16111.
Correo en Bogotá, D. C.
Diagonal 22B No. 52-01.
La denuncia puede ser anónima en todos los casos. No existe un
formato especial para presentar denuncias por escrito.
Fiscalías Seccionales para hacer sus denuncias.
Es la entidad encargada de vigilar las acciones de la Contraloría General de la República, en cumplimiento de su labor de vigilante fiscal. Si bien esta entidad no es en sí
misma un ente de control, al tener a su cargo dicha labor, ha desarrollado mecanismos
que permiten canalizar las denuncias del ciudadano con relación a las actuaciones
ANTE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Para presentar una denuncia, existe un formato al cual puede
acceder en www.auditoria.gov.co
Se reciben denuncias ante cualquier profesional de la Auditoría.
Para el todo el país, gratis al 01 8000 910205
Carrera 10 No. 17-18 Piso 9.
No existe un formato especial para presentar denuncias
por escrito. Si desea recibir respuesta o hacer seguimiento a
la denuncia, es necesario registrarse la denuncia con nombre,
En los municipios debe acudirse también o bien ante las contralorías municipales y
las respectivas personerías municipales; estas últimas vigilan las conductas de los
servidores públicos municipales, protegen el interés público.
❁ ¿CÓMO SE PRESENTA UNA DENUNCIA?
La denuncia se puede presentar verbalmente o por escrito. Si se presenta verbalmente, es necesario:
✴ Dar al funcionario que la recibe todos los datos que constituyen la identificación de quien presenta la denuncia (nombres y apellidos, edad, estado
civil, dirección y teléfono del lugar donde vive y donde trabaja, documento
de identidad y profesión).
✴ Jurar que se va a decir sólo la verdad. Quien recibe la denuncia advierte
que decir mentiras en la denuncia es un delito que se llama falso testimonio.
✴ Hacer un relato espontáneo, lo más completo posible, con todos los detalles que recuerde de los hechos que considere delictuosos. El relato debe
incluir el nombre de las personas responsables, de los testigos y demás
datos que estime de interés.
✴ Responder el interrogatorio del funcionario que recibe la denuncia. Con ese
interrogatorio se busca establecer la veracidad de los hechos denunciados
y la sinceridad de las afirmaciones; aclarar aquellas situaciones confusas
y completar el relato.
✴ Firmar el acta donde queda registrada la denuncia (que también lleva la
firma del funcionario que la recibió).
✴ El acta de la denuncia, si se presenta por escrito, debe tener la siguiente
• Identificación de la autoridad a quien se dirige la denuncia (por ejemplo:
Señor Fiscal General de la Nación...).
• Identificación del denunciante o de su apoderado (nombres completos,
documento de identidad, dirección de correspondencia y teléfono).
• Relato detallado de los hechos objeto de la denuncia.
• Relación de las pruebas que se posean, o solicitud de practicar pruebas.
Por ejemplo, se puede solicitar que se llame a declarar a quienes tienen
conocimiento de los hechos (indicando sus direcciones para ubicarlos), o
que se hagan inspecciones judiciales, reconocimientos técnicos, etc.
• Relación de las disposiciones legales infringidas (si se sabe cuáles son).
• Dirección del denunciado (si se conoce) y dirección del denunciante,
con el fin de que la autoridad pueda hacer las notificaciones a que haya
✴ Ya sea que la denuncia se presente verbalmente o por escrito, en caso
de que el denunciante sepa que los mismos hechos han sido puestos en
conocimiento de otro funcionario, está obligado a comunicarlo en el momento de presentar la denuncia.
❁ ¿QUÉ DERECHOS TIENE EL DENUNCIANTE?
✴ Ampliar la denuncia.
✴ Apelar una resolución inhibitoria (es decir, la decisión de no continuar con
el proceso penal): el denunciante se dirige por escrito al superior jerárquico
del fiscal que tomó la decisión con el fin de exponer las razones por las
cuales no está de acuerdo con la decisión. El denunciante puede apelar
personalmente o contratar un abogado que lo represente.
✴ Constituirse en parte civil19 dentro del proceso penal con el fin de recibir
una indemnización, cuando ha sido perjudicado por los hechos denunciados.
✴ Conocer el expediente, solo en caso de apelar la resolución inhibitoria o
de constituirse en parte civil.
Ejemplo de denuncia (Caso ficticio)
Una entidad gubernamental abre una licitación para comprar computadores. Uno de los
proponentes le ofrece dinero a la Dirección de la entidad a cambio de que le adjudique
el contrato. Se acepta el dinero y el contrato se celebra con este proponente. Los otros
oferentes* conocen la situación y presentan una denuncia ante la Fiscalía General de
la Nación con el fin de que se inicie la investigación y se sancione a los responsables.
* El oferente es la persona que está ofreciendo sus servicios o algún producto.
6.Queja
s la manifestación de inconformidad de una persona con respecto a la conducta oficial
realizada u omitida por uno o varios servidores públicos o particulares que ejercen funciones públicas, con el fin de que el Estado despliegue en su contra la acción disciplinaria y
el poder punitivo.
19 Como los procesos
penales buscan simplemente castigar el
delito, pero no que su
responsable se haga
cargo de resarcir los
ocasionados, en un
proceso de este tipo
quien denuncia puede
Para prevenir y corregir la incursión en conductas irregulares de los servidores públicos o particulares que ejercen funciones públicas, que con el incumplimiento de
los deberes afecten el buen funcionamiento del Estado.
civil para que le sean
reparados los daños y
perjuicios ocasionados
por el delito.
❁ ¿EN QUÉ NORMA SE CONTEMPLA?
El procedimiento por seguir en el trámite de las quejas se encuentra desarrollado en
la Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único.
❁ ¿ANTE QUIÉN SE PRESENTAN LAS QUEJAS?
Las quejas se pueden presentar en las Oficinas de Control Interno Disciplinario de
la Entidad a que pertenezca el infractor, ante la Procuraduría General de la Nación y
ante las Personerías Municipales y Distritales.
❁ ¿QUÉ DEBE CONTENER LA QUEJA?
a) La identificación y dirección de quien formula la queja
b) El mayor número de datos posibles del servidor público o particular que ejerza
funciones públicas contra quien se formula la queja, tales como: nombres y apellidos, cédula de ciudadanía, cargo, entidad donde labora y ciudad.
c) Relato pormenorizado de los hechos.
Si bien las quejas pueden ser anónimas, para que su trámite sea efectivo es importante que sean presentadas con la indicación del mayor número de pruebas que se
puedan recaudar para la demostración de los hechos.
❁ ¿QUÉ TRAMITE SE IMPRIME A LA QUEJA?
Recibida la queja, esta se examina y evalúa con el fin de determinar la procedencia
de iniciar investigación disciplinaria contra el servidor público o particular que ejerza
El quejoso puede solicitar que se le informe en qué estado se encuentra la investigación; puede ampliar la queja y aportar pruebas, y en caso de que se decida archivar
la investigación puede interponer el recurso de apelación.
Si en la investigación se concluye que el funcionario pudo incurrir en la comisión de
un delito se expedirán copias para que la justicia penal disponga sobre la iniciación
o no del correspondiente proceso penal.
recibida la denuncia o queja, se le debe impartir el trámite de evaluación correspon-
diente. De ninguna manera devolverla al denunciante o quejoso con el argumento
de no ser de su competencia.
LAS QUEJAS ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
La Procuraduría General de la Nación es la Entidad que representa a los ciudadanos ante
el Estado. Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas
en la Constitución y la ley a servidores públicos y particulares que ejerzan temporalmente
funciones públicas y lo hace a través de sus tres funciones misionales principales:
✴ La función preventiva
Considerada la principal responsabilidad de la Procuraduría que está empeñada en “prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores
públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas
vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión en la gestión
de las entidades estatales.
✴ La función de intervención
En su calidad de sujeto procesal la Procuraduría General de la Nación interviene ante las jurisdicciones Contencioso-Administrativa, Constitucional
y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar,
civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de
la Judicatura y las autoridades administrativas y de policía. Su facultad
de intervención no es facultativa sino imperativa y se desarrolla de forma
selectiva cuando el Procurador General de la Nación lo considere necesario
y cobra trascendencia siempre que se desarrolle en defensa de los derechos
y las garantías fundamentales.
✴ La función disciplinaria
La Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar
y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones
públicas o manejan dineros del Estado, de conformidad con lo establecido
en el Código Único Disciplinario o Ley 734 de 2002.
En Bogotá, el Centro de Atención al Público (CAP) ubicado en el edificio
contiguo a la sede principal de la Procuraduría General de la Nación (Cra.
5a. N° 15-60) ofrece a los usuarios pantallas de autoconsulta para acceder a
resoluciones, directivas, circulares, la Guía del Proceso Disciplinario, etc.
✴ Metodología para elevar denuncias o quejas ante la Procuraduría General
Ver Cuadro de la página 39.
❁ LA ATENCIÓN DE QUEJAS EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
La Defensoría del Pueblo vela por la promoción y defensa de los derechos humanos
y el respeto por las normas del derecho internacional humanitario. La Defensoría del
Pueblo atiende las peticiones, quejas y consultas que las personas promuevan frente
a casos en que las actuaciones u omisiones de un servidor público o un particular
vulneren o amenacen sus derechos humanos. La atención que brinda la Defensoría
del Pueblo a dichas personas y grupos debe impulsar la realización de los derechos
humanos en el país y ser factor esencial de pedagogía ciudadana.
Por regla general, es confidencial la información relacionada con los peticionarios que
sea conocida durante el proceso de atención.
✴ Proceso de atención que brinda la Defensoría del Pueblo:
a) Recepción: Es el proceso mediante el cual se aprehenden las peticiones ciudadanas,
los casos y las informaciones con criterios de celeridad, pertinencia, oportunidad
b) Análisis: Es el mecanismo a través del cual se califican y evalúan de manera experta, oportuna y ágil, la petición ciudadana, el caso o la información con el fin de
determinar su admisión o pertinencia y, en este caso, la gestión defensorial que
se deberá desarrollar.
c) Gestión Defensorial: Es el proceso a través del cual se adelantan de manera ágil,
oportuna y experta todas las acciones defensoriales necesarias, encaminadas a
atender la petición ciudadana, el caso o la información y a comunicar y explicar
al ciudadano la gestión adelantada, los alcances de la misma y sus resultados
d) Cierre del caso: Es el proceso mediante el cual se evalúa de forma experta las
gestiones adelantadas con el fin de determinar la conclusión del caso e informar
y explicar al beneficiario esta decisión y su fundamento.
METODOLOGÍA PARA EVALUAR UNA QUEJA ANTE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Peticiones, quejas y consultas
Comunicación por medio del cual se explica la
Ante los funcionarios competentes en cada una
de las Defensorías Regionales o Seccionales, la
y la Unidad de Asesoría y Consulta.
Calle 55 No 10 – 32 Bogotá ó Defensorías Regionales y Seccionales de todo el país.
Conmutador 3147300 – 3144000 Bogotá
018000914814
s un mecanismo que se ejerce para la defensa de las normas constitucionales
❁ ¿CUANDO PROCEDE?
Cuando una Ley o Decreto con fuerza de ley viola un precepto constitucional
❁ ¿CONTRA QUÉ TIPO DE ACTOS?
Leyes y Decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los
artículos 150, numeral 10 y 341 de la Constitución. Por su contenido material o por
vicios de procedimiento en su formación.
❁ ¿EN QUÉ MOMENTO Y QUIÉN LA INTERPONE?
En cualquier momento y por cualquier ciudadano.
❁ ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS BÁSICOS?
Identificar la o las normas que se acusan como inconstitucionales, transcribiéndolas o anexando un ejemplar del diario oficial donde fueron publicadas.
Determinar la norma constitucional que se considera violada
Indicar las razones por las cuales la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda
❁ ¿CÓMO DEBE HACERSE?
❁ ¿ANTE QUIEN DEBE INTERPONERSE?
❁ ¿EN QUÉ TIEMPO DEBE RESOLVERSE?
La Corte Constitucional tendrá 60 días para decidir para decidir sobre la demanda
❁ ¿QUÉ NORMAS LA REGULAN?
El artículo 241 de la constitución Política y el Decreto 2067 de 1991
Acción pública de nulidad
s mecanismo de defensa que permite declarar nulo o suspender provisionalmente
un acto administrativo de carácter general que amenace o viole un precepto de
❁ ¿CUÁNDO PROCEDE?
Cuando un acto administrativo, ya sea del orden nacional, departamental o municipal
viole la Constitución.
❁ ¿CONTRA QUÉ TIPO DE ACTOS PROCEDE?
Decretos administrativos del Presidente de la República.
Resoluciones ministeriales.
Acuerdos de consejos directivos de entidades descentralizadas.
Ordenanzas emanadas de las Asambleas Departamentales.
Acuerdo Municipales.
Decretos de los Alcaldes.
❁ ¿QUIÉN LA INTERPONE?
Cualquier ciudadano, persona natural, jurídica, pública o privada
❁ ¿QUÉ NORMAS LAS REGULAN?
El artículo 237 de la Constitución y el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
- Identificar la o las normas que se acusan como inconstitucionales, transcribiéndolas
o anexando un ejemplar del Diario Oficial en que aparecieron publicadas.
- Determinar las normas constitucionales que se consideran violadas.
- Señalar las razones por las cuales se considera que la norma viola la Constitución.
- Indicar las razones por las cuales el Consejo de Estado o el Tribunal correspondiente es competente para conocer de la demanda.
❁ ¿EN QUÉ MOMENTO?
En cualquier momento, con excepción de las demandas en procesos electorales, para
cuya presentación ante la autoridad competente existe un término de 20 días hábiles, a partir de la fecha en la que se notifique el acto por medio del cual se declara
❁ ¿ANTE QUIÉN?
Ante el Consejo de Estado, cuando las demandas de nulidad sean del orden nacional.
Ante los Tribunales Administrativos, cuando las demandas de nulidad sean del orden
departamental, Distrital o municipal.
La Ley 134 de 1993 reglamenta otros mecanismos de
participación señalados en la Constitución, que incorporan a la gente en la toma de las decisiones políticas y parten del derecho que tiene todo ciudadano a participar en
la conformación, ejercicio y control del poder político.
A través de los mecanismos de participación política cada
ciudadano ejerce el derecho que tiene de elegir y ser elegido, tomar
parte en Referendos, plebiscitos, consultas, constituir partidos, revocar el
mandato de alcaldes y gobernadores, etc. Veamos cuáles son estos mecanismos de participación política.
a iniciativa popular legislativa y normativa es el derecho político de un grupo de
ciudadanos de presentar proyecto de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la
República, de ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de acuerdo ante los Concejos
Municipales o Distritales y de resolución ante las Juntas Administradoras Locales, y demás
resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales. Para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente.
❁ ¿QUIÉNES LA PRESENTAN?
Los promotores o voceros. Para ser promotor de una iniciativa legislativa se requiere
ser ciudadano en ejercicio y contar con el respaldo del cinco por mil de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral. Cumpliendo con este requisito, podrá:
también ser promotor, una organización cívica, sindical, gremial, indígena o comunal
del orden nacional, departamental, municipal o local, según el caso, o un partido o
movimiento político, cumpliendo con el requisito de la personería jurídica en todos los
casos. En el caso de las organizaciones, partidos o movimientos políticos, la iniciativa
legislativa y normativa deberá ser aprobada en asamblea, congreso o convención por
la mayoría de los asistentes con derecho a voto, y será la misma asamblea quien los
Los promotores elegidos deberán constituirse en comité e inscribirse como tal ante
la Registraduría del Estado Civil de la correspondiente circunscripción electoral. Este
comité estará integrado por nueve ciudadanos y elegirá el vocero, que lo presidirá y
representará. Si el promotor es la misma organización, partido o movimiento, el comité
podrá estar integrado por sus directivas o por las personas que estas designen para
tal efecto. Si la iniciativa es presentada por un grupo de concejales o de diputados,
el comité será integrado por cinco de ellos, en uno y otro caso, quienes elegirán a su
vocero. Por el solo hecho de ser concejal o diputado se podrá ser promotor.
❁ ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SU INSCRIPCIÓN?
El vocero del comité de promotores deberá presentar el formulario debidamente
diligenciado el cual le ha sido entregado por la Registraduría del Estado Civil, con la
1. El nombre completo y el número del documento de identificación de los
miembros del comité de promotores y de su vocero, previamente inscritos
ante la registraduría correspondiente.
2. La exposición de motivos de la iniciativa legislativa y normativa que promueven y el resumen del contenido de la misma.
3. El nombre de las organizaciones que respaldan la iniciativa legislativa y
normativa con la prueba de su existencia y copia del acta de la asamblea,
congreso o convención en que fue adoptada la decisión o, en su defecto, la
lista con el timbre, la firma y el número del documento de identificación de
las personas que respaldan estos procesos.
4. Cuando la iniciativa legislativa sea promovida por concejales o diputados,
deberá colocarse el nombre del municipio o departamento respectivo.
Este formulario es diferente del que firmarán los ciudadanos que apoyan
la iniciativa legislativa y normativa.
5. En el caso de presentar la Iniciativa Popular Legislativa y normativa ante
una corporación pública, deberá determinarse el título que describa la
esencia de su contenido y el proyecto de articulado.
❁ ¿CUÁL ES EL PLAZO PARA LA RECOLECCIÓN DE APOYOS?
Inscrita la iniciativa legislativa y normativa ante la Registraduría del Estado Civil
correspondiente, el Registrador dispondrá de quince días para la elaboración y entrega de los formularios a los promotores, estos contarán desde ese momento con
seis meses para la recolección de las firmas de quienes apoyan estos procesos de
participación. Este plazo podrá ser prorrogado, en caso de fuerza mayor, en la forma
y por el tiempo que señale el Consejo Nacional Electoral.
❁ ¿CÓMO SUSCRIBIR EL APOYO?
✴ El ciudadano deberá escribir en el formulario, de su puño y letra, su firma, la fecha en que firma, su nombre, el número de su documento de
identificación, el lugar y la dirección de su residencia, todo esto en forma
completa y legible. Si la persona no sabe firmar, imprimirá su huella dactilar a continuación de la que firme a su ruego.
✴ Si hay firmas repetidas, se tendrá por válida la que tenga la fecha más
✴ Será causal de nulidad del respaldo no ser residente en la respectiva entidad territorial.
✴ Los respaldos también podrán ser remitidos por correo que deberá ser
certificado, debiendo la persona que desee apoyar la iniciativa legislativa
consignar la información requerida y firmar en la forma prevista. El Estado
asumirá los costos del envío de los formularios firmados.
❁ ¿SE PUEDE DESISTIR?
Por decisión de la mitad más uno de los miembros del comité de promotores, estos
podrán desistir de la iniciativa legislativa y normativa antes del vencimiento del plazo para la recolección de los apoyos. Esta decisión debe ser presentada por escrito,
motivada y personalmente al Registrador correspondiente, junto con todas las firmas
recogidas hasta el momento.
❁ ¿QUÉ RESPALDO DEBE TENER ANTE LAS CORPORACIONES PÚBLICAS?
Para que una Iniciativa Popular de acto legislativo, de ley, de ordenanza, de acuerdo
o de resolución local sea presentada ante la respectiva corporación pública, deberá
contar con el respaldo de por lo menos el cinco (5%) de los ciudadanos inscritos en
el censo electoral correspondiente.
Cuando las iniciativas populares legislativas y normativas promovidas por concejales
o diputados sean de ley, requerirán un respaldo del treinta por ciento (30%) de los
concejales o diputados del país y las de acto legislativo con el del treinta por ciento
(30%) de los mismos.
❁ ¿QUÉ MATERIAS PUEDEN SER OBJETO DE INICIATIVA POPULAR?
Solo pueden ser materia de Iniciativa Popular Legislativa y Normativa ante las corporaciones públicas aquellas que sean de la competencia de la respectiva corporación.
No se podrán presentar iniciativas populares legislativas y normativas ante el Congreso, las Asambleas, los Concejos o las Juntas Administradoras Locales, sobre las
siguientes materias:
✴ Las que sean de iniciativa exclusiva del Presidente, de los gobernadores o
de los alcaldes, según lo establecido en los artículos 154, 300, 313, 315,
322, y 336 de la Constitución Política y en el artículo 106 del Código de
Régimen Municipal o en las normas que lo modifiquen.
✴ Presupuestales, fiscales o tributarias.
✴ Relaciones internacionales
✴ Concesión de amnistías o indultos.
✴ Preservación y restablecimiento del orden público.
❁ ¿CÓMO DEBE PRESENTARSE Y PUBLICARSE?
Una vez certificado por la Registraduría del Estado Civil el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la ley para una iniciativa legislativa y normativa, su vocero
presentará el certificado con el proyecto de articulado y la exposición de motivos,
así como la dirección de su domicilio y de los promotores, ante la secretaría de una
de las cámaras del Congreso de la República o de la corporación pública respectiva,
según el caso. El nombre de la iniciativa, el de sus promotores y vocero, y el texto
del proyecto de articulado con su exposición de motivos, deberán ser divulgados en
la publicación oficial de la correspondiente corporación.
❁ ¿CUÁLES SON LAS REGLAS PARA SU TRÁMITE?
Para garantizar la eficacia de la participación ciudadana durante el trámite de la Iniciativa Popular Legislativa y normativa en la corporación respectiva, se respetarán
1. La Iniciativa Popular será estudiada de conformidad con lo establecido en
el reglamento de la corporación respectiva, y se aplicarán las disposiciones
establecidas en el artículo 163 de la Constitución Política para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia. En el caso de
Iniciativa Popular de acto legislativo presentada por 30% de los concejales
o diputados del país, se aplicará el trámite previsto en el artículo 375 de
2. El vocero deberá ser convocado a todas las sesiones en que se tramite el
proyecto y ser oído en todas las etapas del trámite.
3. El vocero podrá apelar ante la plenaria
cuando la comisión respectiva se haya
pronunciado en contra de la iniciativa
4. Cuando la respectiva corporación no
dé primer debate a una Iniciativa Popular Legislativa o Normativa durante
una legislatura y esta debe ser retirada, se podrá volver a presentar en
la siguiente legislatura. En este caso,
seguirán siendo válidas las firmas que
apoyan la iniciativa popular, y no será
necesario volver a recolectarlas.
5. Las firmas ciudadanas que apoyen
iniciativas que al momento de entrar en vigencia la presente ley se
encuentren en tránsito en cualquier
corporación seguirán siendo válidas
2. Referendo
s la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un
proyecto de norma jurídica, derogue o no una norma ya vigente. Puede ser nacional,
regional departamental, distrital, municipal o local, derogatorio o aprobatorio.
✴ Referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución
local, de Iniciativa Popular, que no haya sido adoptado por la corporación
pública correspondiente, a consideración del pueblo para que este decida
si lo aprueba o lo rechaza total o parcialmente.
✴ Referendo derogatorio es el sometimiento de un acto legislativo, de una
ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local, en algunas
de sus partes o en su integridad, a consideración del pueblo para que este
decida si lo deroga o no.
❁ ¿QUÉ MATERIAS PUEDEN SER OBJETO DE REFERENDO?
Pueden ser objeto de Referendo los proyectos de ley, de ordenanza, de acuerdo o de
resolución local que sean de la competencia de la corporación pública de la respectiva circunscripción electoral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de
la Ley 134 de 1994.
Para efectos del Referendo derogatorio son leyes las expedidas por el Congreso y los
decretos que dicte el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias que este le haya conferido; son ordenanzas las expedidas por las asambleas
departamentales y los decretos que dicte el gobernador con fuerza de ordenanza;
son acuerdos los expedidos por los Concejos municipales y los decretos que dicten
los alcaldes con fuerza de acuerdo; y son resoluciones las expedidas por las juntas
administradoras locales y las resoluciones que dicte el alcalde local, todos de conformidad con las facultades extraordinarias otorgadas para tal evento.
También son materia de Referendo las reformas constitucionales aprobadas por el
Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el capítulo 1 del título II
y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular o al Congreso, si así
lo solicita, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del acto legislativo,
un 5% de los ciudadanos que integren el censo electoral.
❁ ¿QUÉ RESPALDO NECESITA LA CONVOCATORIA?
Un número de ciudadanos no menor al diez por ciento del censo electoral nacional, departamental, municipal, distrital o local, según el caso,
podrá solicitar ante el Registrador del Estado Civil correspondiente la
convocatoria de un referendo para la aprobación de un proyecto de
ley, de ordenanza, de acuerdo o de resolución local de iniciativa
popular que sea negado por la corporación respectiva o vencido
el plazo de que trata el artículo 163 de la Constitución Política, o
solicitar la derogatoria total o parcial de leyes, ordenanzas, acuerdos
o resoluciones locales.
Para el referendo constitucional a iniciativa del Gobierno o de un
grupo de ciudadanos no menor al 5% del censo electoral, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los
miembros de ambas Cámaras, podrá someter a referendo un proyecto
de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley.
La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto
afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de estos exceda de
la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral.
Expedidas las certificaciones por la Registraduría del Estado Civil correspondiente,
sobre el número de apoyos requerido, así como el fallo de la Corte Constitucional,
el Gobierno Nacional, departamental, distrital, municipal o local correspondiente
convocará el referendo mediante decreto, en el término de ocho días, y adoptará las
demás disposiciones necesarias para su ejecución.
A la Corte Constitucional le compete proferir con anterioridad al pronunciamiento
popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a referendo, sólo por vicios
de procedimiento. La Constitución Política no le asigna a la Corte Constitucional
competencia de control en relación con los actos de convocatoria a referendos sobre
normas de carácter departamental, distrital, municipal o local. Además, en relación
con los referendos sobre leyes, instituye un control posterior y no previo, según se
desprende del numeral 3o. del artículo 241 de la Carta. (Sentencia C-180-94).
❁ ¿QUÉ PLAZO HAY PARA LA RECOLECCIÓN DE APOYOS?
Inscrita una solicitud de Referendo, la organización electoral fijará plazo de un mes
para la inscripción de otras iniciativas legislativas y normativas sobre la misma materia, sean estas complementarias o contradictorias de la primera, siempre que hayan
sido consideradas y no aprobadas por el Congreso o por la corporación administrativa
correspondiente. Transcurrido el plazo se inicia el de seis meses para la recolección
de las firmas adicionales de los ciudadanos. Ningún ciudadano podrá suscribir su
apoyo a más de una iniciativa.
Será sometida a Referendo la iniciativa presentada al registrador del estado civil correspondiente, dentro del término antes señalado, que según certificación del mismo
registrador haya recogido el mayor número de apoyos válidos, siempre y cuando este
número sea igual o mayor al exigido en la presente Ley 134 de 1994.
Los promotores del Referendo harán campaña por el “sí”. Los promotores de las otras
iniciativas podrán hacer campaña por el “sí” o por el “no”, y gozarán de los beneficios
especiales de que trata la ley.
Si la iniciativa que promueven lograse el apoyo de 10% de los ciudadanos que conformen el respectivo censo electoral, según certificación del respectivo registrador,
el Referendo deberá realizarse dentro de los seis meses siguientes a la presentación
❁ ¿QUÉ DEBE CONTENER LA TARJETA ELECTORAL?
✴ La pregunta sobre si el ciudadano ratifica o deroga íntegramente la norma
que se somete a Referendo.
✴ Casillas para el SÍ, para el NO y para el voto en blanco.
✴ El articulado sometido a Referendo.
La tarjeta para la votación del Referendo constitucional deberá ser elaborada de tal
forma que, además de este contenido, presente a los ciudadanos la posibilidad de
escoger libremente el articulado que aprueban y el que rechazan, mediante casillas
para emitir el voto a favor de cada uno de los artículos cuando el elector no vote el
proyecto en bloque. En todo caso habrá una casilla para que vote el proyecto en bloque si así lo desea.
❁ ¿CÓMO SE TOMA LA DECISIÓN?
En todo Referendo el pueblo tomará decisiones obligatorias por medio de la mitad más uno
de los votantes, siempre y cuando haya participado una cuarta parte de los ciudadanos que
componen el censo electoral de la respectiva circunscripción electoral.
Las normas que hayan sido derogadas o aprobadas mediante Referendo no podrán
ser objeto de decisión dentro de los dos años siguientes, salvo por decisión de la mayoría absoluta de los miembros de la respectiva corporación. Pasado ese término se
aplicarán las mayorías ordinarias.
Cuando se trate de Referendos de carácter nacional no podrá solicitarse Referendo
sobre el mismo asunto sino hasta pasados dos años.
❁ ¿QUÉ NOMBRE RECIBE LA DECISIÓN ADOPTADA?
La decisión adoptada en Referendo se denominará acto legislativo, ley, ordenanza, acuerdo, o resolución local, según corresponda a materias de competencia
del Congreso de la República, de las Asambleas Departamentales o de los Concejos
Municipales, Distritales o de las Juntas Administradoras Locales, y así se encabezará
el texto aprobado.
“El Congreso de Colombia decreta” o “El pueblo de Colombia decreta”.
❁ ¿QUÉ PASA UNA VEZ APROBADO?
Aprobado un Referendo, el Presidente de la República, el gobernador, o el alcalde,
según el caso, sancionará la norma y dispondrá su promulgación en el término de ocho
días, contados a partir de la declaración de los resultados por parte de la Registraduría
del Estado Civil correspondiente, so pena de incurrir en causal de mala conducta.
❁ ¿QUÉ VIGENCIA TIENE LA DECISIÓN?
Los actos legislativos, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones locales entrarán en vigencia a partir del momento de su publicación, a menos que en la
misma se establezca otra fecha.
La publicación deberá hacerse a los ocho días siguientes a la aprobación de los resultados por la organización electoral en el Diario Oficial o en la publicación oficial de la
respectiva corporación, y de no realizarse, se entenderá surtida una vez vencido el término, configurándose para el funcionario reticente una causal de mala conducta.
❁ ¿QUÉ CONTROLES DE CONSTITUCIONALIDAD TIENE?
Para evitar un pronunciamiento popular sobre iniciativas inconstitucionales, la Corte
Constitucional, cuando se trate de Referendos legales de carácter nacional, o el tribunal
contencioso administrativo, en el caso de Referendos departamentales, distritales,
municipales o locales, revisarán la constitucionalidad del texto sometido a Referendo.
El ministerio público también expedirá un concepto.
3. Consulta Popular
a Consulta Popular es un mecanismo mediante el cual el Presidente
de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, somete
una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia
nacional, departamental, municipal, distrital o local, a consideración del
pueblo para que este se pronuncie formalmente al respecto.
✴ En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria.
✴ Cuando la consulta se refiera a la conveniencia de convocar una asamblea
constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración popular
mediante ley aprobada por el Congreso de la República.
❁ ¿QUÉ CONTIENE LA TARJETA QUE SE SOMETERÁ A CONSULTA?
Las preguntas se formularán al pueblo de tal manera que puedan contestarse con un
“sí” o con un “no”
❁ ¿QUÉ NO PUEDE SER OBJETO DE CONSULTA?
No se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación a la Constitución Política.
Ni tampoco la convocatoria a una asamblea constituyente, salvo cuando se vaya a
reformar la Constitución. El procedimiento en este último caso se encuentra establecido en el artículo 376 de la Constitución Política y en la ley 134 de l994.
❁ ¿QUÉ CONCEPTO SE REQUIERE?
✴ En la Consulta Popular de carácter nacional, el texto que se someterá a la
decisión del pueblo, acompañado de una justificación de la consulta y de
un informe sobre la fecha de su realización, será enviado por el Presidente
de la República al Senado para que dentro de los veinte días siguientes
emita concepto favorable. Por decisión de mayoría de sus miembros, el
Senado podrá prorrogar este plazo en diez días más.
✴ Emitido el concepto favorable del Senado, el texto de la consulta nacional
será enviado inmediatamente por el Presidente de la República a la Corte
Constitucional, para que dentro de los quince días siguientes se pronuncie
sobre su constitucionalidad y legalidad de conformidad con lo señalado en
el inciso 2° del artículo 49 de la Ley 134/94. El procedimiento aplicable en
este caso será el establecido para los decretos legislativos.
✴ El gobernador o el alcalde solicitará a la Asamblea, al Concejo o a la Junta
Administradora Local, un concepto sobre la conveniencia de la consulta de
carácter departamental, municipal o local, en los mismos términos y con
los mismos requisitos de la consulta nacional. Si este fuere desfavorable,
el gobernador o el alcalde no podrá convocar la consulta. El texto de la
consulta se remitirá al tribunal contencioso-administrativo competente
para que se pronuncie dentro de los quince días siguientes sobre su constitucionalidad, en los mismos términos previstos en el inciso anterior.
✴ Luego del pronunciamiento del Senado la Consulta Popular se realizará
dentro de los cuatro meses siguientes. En el caso de las Consultas Populares celebradas en el marco de las entidades territoriales y en las comunas
y corregimientos y localidades, el término será de dos meses.
❁ ¿QUÉ CARÁCTER VINCULANTE TIENE LA DECISIÓN?
Se entenderá que ha habido una decisión obligatoria, tomada por
el pueblo en la consulta, cuando la pregunta que ha sido sometida
ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la
tercera parte de los electores que componen el respectivo censo
❁ ¿QUÉ EFECTOS TIENE LA CONSULTA?
Cuando el pueblo haya tomado una decisión obligatoria, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla
efectiva. Cuando para ello se requiera una ley, una ordenanza,
un acuerdo o una resolución local, la corporación respectiva
deberá expedirla dentro del mismo período de sesiones y a
más tardar en el período siguiente. Si vencido este plazo el
Congreso, la Asamblea, el Concejo o la Junta Administradora
Local no la expidieren, el Presidente de la República, el Gobernador, el Alcalde o el funcionario respectivo la adoptará
dentro de los tres meses siguientes mediante decreto con
fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local, según
el caso. El plazo para hacer efectiva la decisión popular será
s un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el
mandato que le han conferido al gobernador o alcalde.
✴ Constitución Política, Artículo 259
✴ Ley 131 de 1994, reglamenta el voto programático
✴ Ley 741 de 2002, modifica la Ley 131 y 134 de 1994.
❁ ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?
Previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para la presentación e
inscripción de iniciativas legislativas y normativas, un número de ciudadanos no
inferior a 40% del total de votos que obtuvo el elegido, podrá solicitar ante la Registraduría del Estado Civil correspondiente, la convocatoria a la votación para la
Revocatoria del Mandato de un gobernador o un alcalde.
✴ La Revocatoria del Mandato procederá cuando haya transcurrido no menos
de un año, contado a partir del momento de la posesión del respectivo
alcalde o gobernador.
❁ ¿CUÁNDO SE CONSIDERA REVOCADO EL MANDATO?
Para efectos del voto programático, procederá la revocatoria del mandato para gobernadores y alcaldes, al ser ésta aprobada en el pronunciamiento popular por la mitad
más uno de los votos ciudadanos que participen en la respectiva convocatoria, siempre
que el número de sufragios no sea inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%) de la
votación válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario.
❁ ¿CUALES SON LOS EFECTOS DE LA REVOCATORIA?
✴ Habiéndose realizado la votación y previo informe del resultado de los
escrutinios por la registraduría correspondiente, el Registrador Nacional
del Estado Civil le comunicará al Presidente de la República o al correspondiente gobernador para que procedan, según el caso, a la remoción
del cargo del respectivo gobernador o alcalde revocado.
✴ Surtido el trámite anterior, la Revocatoria del Mandato será de ejecución
✴ Revocado el mandato a un gobernador o a un alcalde se convocará a
elecciones para escoger al sucesor, dentro de los treinta días siguientes
a la fecha en que el registrador certifique los resultados de la votación
✴ Durante el periodo que transcurra entre el día de la revocatoria y la posesión del nuevo mandatario, será designado en calidad de encargado
por el Presidente de la República o el gobernador, según el caso, un ciudadano del mismo grupo, partido o movimiento político del mandatario
✴ Si se produce la revocatoria faltando menos de un año para la terminación
del período del mandatario elegido popularmente, el presidente de la
República o el gobernador, según el caso, designará el reemplazo hasta
la expiración del período, respetando la filiación al grupo, movimiento o
partido político del servidor público relevado.
✴ El funcionario reemplazante dará cumplimiento, en lo que fuere pertinente, al programa inscrito para la gestión gubernamental en el respectivo
✴ Podrá inscribirse como candidato cualquier ciudadano que cumpla con
los requisitos constitucionales y legales para ello, a excepción del mandatario al que le ha sido revocado el mandato.
❁ ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA NO REVOCATORIA?
Si como resultado de la votación no se revoca el mandato del gobernador o del alcalde,
no podrá volver a intentarse una revocatoria en lo que resta de su período.
5. Plebiscito
s el pronunciamiento del pueblo, convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del ejecutivo.
❁ ¿SOBRE QUÉ MATERIA?
El Presidente, con la firma de todos sus ministros, podrá convocar al pueblo para
que se pronuncie sobre las decisiones previstas en el artículo 150, numeral 16 de la
Constitución Política, o sobre las políticas del ejecutivo que no requieran aprobación
del Congreso, excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de
los poderes correspondientes.
En ningún caso el Plebiscito podrá versar sobre la duración del período constitucional
del mandato presidencial, ni podrá modificar la Constitución Política.
❁ ¿QUÉ CONCEPTOS SE REQUIEREN?
El Presidente deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de convocar a
un Plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha en que se llevará a cabo la votación,
la cual no podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses contados a partir
de la fecha en que el Congreso reciba el informe del Presidente. El Plebiscito no podrá
coincidir con otra elección.
Cuando dentro del mes siguiente a la fecha en que el Presidente haya informado sobre
su intención de realizar un Plebiscito, ninguna de las dos cámaras haya manifestado
su rechazo, el Presidente podrá convocarlo.
El mismo día en que informe al Congreso, el Presidente de la República enviará a la Corte
Constitucional el texto del decreto mediante el cual convoca el Plebiscito, para que esta
decida sobre su constitucionalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 42
del Decreto 2067 de 1991 o las normas que lo modifiquen.
❁ ¿CÓMO SE APRUEBA UN PLEBISCITO?
El pueblo decidirá, en el Plebiscito, por la mayoría del censo electoral.
6. Cabildo Abierto
s la reunión pública de los Concejos Distritales, Municipales o de las Juntas
Administradoras Locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el
fin de discutir asuntos de interés de la comunidad.
En cada período de sesiones ordinarias de los Concejos Municipales o Distritales, o
de las Juntas Administradoras Locales, deben celebrarse por lo menos dos sesiones
en las que se considerarán los asuntos que los residentes en el municipio, distrito,
localidad, comuna o corregimiento soliciten sean estudiados y sean competencia de
la corporación respectiva.
El Cabildo Abierto deberá ser pedido por un número no inferior a cinco por mil del
censo electoral del municipio, distrito, localidad, comuna o corregimiento, según el
caso. La solicitud razonada para que sea discutido un asunto en el Cabildo Abierto
podrá ser presentada ante la secretaría de la respectiva corporación, con no menos
de quince días de anticipación a la fecha de iniciación del período de sesiones.
Las organizaciones civiles podrán participar en todo el proceso de convocatoria y celebración de los cabildos abiertos. A estos Cabildos podrán asistir todas las personas
que tengan interés en el asunto. Además del vocero de quienes solicitaron el Cabildo,
tendrán voz quienes se inscriban a más tardar tres días antes de su realización, en la
secretaría respectiva, presentando un resumen escrito de su intervención.
Por solicitud de los promotores del Cabildo o por iniciativa de los voceros, previa
proposición aprobada por la corporación, podrá citarse a funcionarios municipales o
distritales, con cinco días de anticipación. La desatención a la citación sin justa causa
será causal de mala conducta.
Terminado el Cabildo, dentro de la semana siguiente, en Audiencia Pública a la cual
serán invitados los voceros, el presidente de la respectiva corporación dará respuesta
escrita y razonada a los planteamientos y solicitudes ciudadanas.
En los Cabildos Abiertos se tratarán los temas en el orden en que fueron presentados.
Cuando se trate de asuntos que afecten específicamente a una comunidad, el Cabildo Abierto podrá sesionar en cualquier sitio de este con presencia de la respectiva
continuación se presentan algunos modelos que permitirán tramitar de manera
adecuada los mecanismos de participación propuestos en este módulo.
Modelo de Solicitud de Audiencia Pública
, identificados
Los suscritos,
con las cédulas de ciudadanía número
, mayores de edad
y domiciliados en (ciudad) residentes en
, respectivamente, miembros
de la comunidad u organización (nombre del barrio o grupo que representan) nos permitimos muy respetuosamente solicitar de esa entidad la realización de una Audiencia Pública, con el fin de:
, según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 489 de 1998. Agradecemos a ustedes efectuar la convocatoria e indicarnos la metodología por seguir para la realización de la
(Identificación) C.C.
Modelo de Acción de Tutela
(promiscuo, civil municipal, de menores, civil del circuito, civil de familia, penal municipal, penal del circuito,
acción de tutela contra
, identificado con cédula de ciudadanía
(o tarjeta de identidad No.
, obrando en mi propia causa, formulo ante usted
, para que suspenda los actos perturbadores de mi derecho de
(libertad de opinión, de reunión, de trabajo, de información, de conciencia, de pensamiento, a la intimidad personal, a la vida, debido proceso, de defensa, etcétera), que está
siendo desconocido (o se encuentra amenazado o en peligro) a causa de los siguientes hechos:
Los anteriores hechos constituyen una violación (o amenaza) a mi derecho fundamental a
Solicito al señor juez se ordenen, practiquen y tengan como pruebas lo siguiente:
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he formulado acción de tutela por los hechos relatados.
El suscrito recibe notificaciones personales en la
(identificación)
, identificado con la cédula de ciudadanía número
, expedida en
, residenciado en
, me permito muy respetuosamente solicitar de esa entidad
Acompaño esta solicitud con los siguientes documentos que anexo:
Juez Civil del Circuito de
identificados con las
mayores de edad, domiciliados en
, en ejercicio de la Acción Popular, demandamos a
ser una persona natural; si es una persona jurídica debe identificarse también a su representante legal), con el fin
de que mediante sentencia se ordene a la parte demandada
(precisar la pretensión principal).
Fundamentamos la presente acción en los siguientes hechos y motivos:
Solicito que se tengan como pruebas los siguientes documentos que anexo:
Firma(s) del solicitante o solicitantes
Identificación(es)
Modelo de Acción de Cumplimiento
1. Tal como lo dispone
, identificado con la cédula de ciudadanía No.
, formulo ante usted Acción de Cumplimiento contra
, quien ha incurrido en incumplimiento de lo dispuesto
(determinación de la norma o acto incumplido), tal como se desprende
(acto incumplido), en las actuales circunstancias
2. Pese a que así lo ordena el
efectiva tal disposición.
(acto incumplido), se ha negado a hacer
4. Con todo, respetuosamente me dirigí a
mediante comunicación de
, a la cual se respondió ratificándose en su decisión de no acceder a lo
Con el fin de facilitar la respectiva determinación, solicito que se ordene la práctica y se tengan como pruebas
1. Copia de
trata de acto administrativo)
2. Oficio donde
dar cumplimiento a lo ordenado por
emanada de
se demuestra la renuencia de
(si se
Por último, manifiesto que no he presentado ninguna otra solicitud ante autoridad alguna, en relación con
los mismos hechos y derechos aquí expuestos.
Firma del accionante
, domiciliada y residente en
de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No.
, denuncio los siguientes hechos:
Anexo como prueba de lo denunciado los siguientes documentos:
Fecha de diligenciamiento: _____________________________
Formulario de recepción de quejas
I. IDENTIFICACIÓN DEL QUEJOSO
Nombres y Apellidos: ______________________________________________
Cédula de Ciudadanía No. ___________________________________________
Dirección Residencia: ______________________________________________
Teléfonos: _____________________________________________________
Natural de: _____________________________________________________
Profesión: _____________________________________________________
II. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO IMPLICADO
Cédula de Ciudadanía: _____________________________________________
Entidad: _______________________________________________________
Ciudad: _______________________________________________________
III. INFORMACIÓN DE LOS HECHOS
Fecha, hora y lugar de los hechos: _____________________________________
Síntesis de los hechos _____________________________________________
Anexos No.
Firma del quejoso
Firma funcionario que recibió la queja
MODELO DE DEMANDA PARA ACCIÓN DE GRUPO
(Si es Acción de Grupo contra autoridad)
(Si es Acción de Grupo contra un particular)
Ref.: Acción de grupo de XXX y otros contra XXXX.
Respetados señores Magistrados:
XXXX, identificado con Ia cédula de ciudadanía No. 0000 expedida en Bogotá, residente en ________,
actuando en mi nombre y en el de todos los integrantes de la comunidad de _______, integrada
entre otros por (incluir por lo menos veinte, con fundamento en lo previsto por el artículo 48 de la
Ley 472 de 1998, por medio de la presente formulo demanda de acción de grupo a favor de XXXX
(mencionar e identificar a los integrantes del grupo reclamante) y en contra de XXXXX, quien con
sus acciones (u omisiones) ha dado lugar a que se nos afecten los derechos XXX (vida, integridad,
patrimonio, honra, salubridad, etc.), con fundamento en los siguientes hechos:
1. Que se declare administrativa (o civilmente) responsable a XXXX, quien con sus acciones (u
omisiones) ha afectado los derechos a XXXXX (vida, patrimonio, etc.) de XXXX.
2. Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a XXX a pagar a XXX (integrantes del
grupo), las siguientes sumas de dinero:
a) Por perjuicios materiales:
b) Por perjuicios morales:
c) Por daño fisiológico o a la vida de relación.
Relacionar las normas en que se apoya la acción: Artículo 88 de la Constitución Política, Ley
472 de 1998, y demás normas en las que se consagre la garantía de los derechos que se
consideran vulnerados.
Dirección de los demandantes, de su apoderado y de los demandados
Nombre demandante y firma
2 mecanismos juridicos para el control social
Veeduria Nuestros Barrios
Para fortalecimiento del comite de veeduria