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Timestamp: 2019-09-16 14:55:45
Document Index: 333384212

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 81', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 218', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 44', 'artículo 10', 'artículo 77', 'artículo 2']

DECRETO 4912 DE 26 DE DICIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:MINISTERIO DEL INTERIOR. DECRETOS 978 DE 2000 Y 2958 DE 2010. ORGANIZA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS A LA VIDA, LA LIBERTAD, LA INTEGRIDAD Y LA SEGURIDAD DE PERSONAS, GRUPOS Y COMUNIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN. DEROGA LOS DECRETOS 2742 DE 2002 Y 3375 DE 2011.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SERVIDOR PÚBLICO, GARANTÍAS DEL SERVIDOR PÚBLICO, PROTECCIÓN AL SERVIDOR PÚBLICO, PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, POLICÍA NACIONAL, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DERECHO DE PROTECCIÓN, DERECHOS HUMANOS, VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GRUPO ÉTNICO, ORDEN PÚBLICO, FUERZAS MILITARES, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, DAS, POBLACIÓN DESPLAZADA, MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS ESPECIALES, AYUDA HUMANITARIA, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
“Por el cual se organiza el programa de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección”.
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 81 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, el Decreto-Ley 4065 de 2011 y en concordancia con el artículo 15 numeral 3º del Decreto-Ley 2893 de 2011.
Que se hace necesario unificar los programas de protección existentes con el fin de proteger de manera oportuna, idónea y eficaz a las poblaciones que lo requieran, así como optimizar los recursos, financieros, humanos y físicos que actualmente existen,
ART. 1º—Objeto. Organizar el programa de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio de su cargo, en cabeza de la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
ART. 2º— Principios. Además de los principios constitucionales y legales que orientan la función administrativa, las acciones en materia de prevención y protección, se regirán por los siguientes principios:
(Nota: Véase Decreto 1225 de 2012 artículo 1° del Ministerio del Interior)
22.(sic) Víctima: Persona que individual o colectivamente ha sufrido un daño, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Para los efectos del presente decreto también se considera víctima a aquella persona a que se refiere el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, sin tener en cuenta la limitación temporal a que esta norma se refiere, indistintamente que en los casos de reclamación de tierras o de reparación, se empleen otros procedimientos judiciales o administrativos para acceder a dicha reclamación. La acreditación de dicha calidad podrá hacerse mediante la inscripción en el registro único de víctimas a que se refiere el capítulo 2 de la mencionada ley o haciendo uso de otros mecanismos.
ART. 4º—Prevención. El Ministerio del Interior, asesorará técnicamente a las entidades territoriales en la formulación de políticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario y en la incorporación de un enfoque de derechos en los diferentes instrumentos de planeación y sus estrategias de implementación en el ámbito municipal y departamental. Para ello la Unidad Nacional de Protección apoyará al Ministerio del Interior.
Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 31 de la Ley 1448 de 2011.
ART. 5º—Protección. La población objeto de protección del programa de que trata este decreto podrá serlo en razón a su situación de riesgo extraordinario o extremo, o en razón del cargo.
ART. 6º—(Modificado).* Protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo. Son objeto de protección en razón del riesgo:
PAR. 2º—La protección de las personas mencionadas en los numerales 16 a 19 será asumida por la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional. La Policía Na­cional asignará los hombres o mujeres de protección y la Unidad Nacional de Protección los recursos físicos y los escoltas, en aquellos casos en que se implementen esquemas de protección con vehículo.
PAR. 3º—La protección de las personas mencionadas en los numerales 18 y 19 será asumida por la Policía Nacional. En cuanto al numeral 18, serán las misiones diplomáticas quienes provean los recursos físicos para su protección.
PAR. 4º—Seguridad de diputados y concejales en zonas rurales. El Comando General de las Fuerzas Militares asignará responsabilidades concretas a los comandantes de fuerza en la ejecución de acciones colectivas que garanticen la vida e integridad personal de los diputados y concejales en zonas rurales.
PAR. 5º—Todos los servidores públicos pondrán en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección y las demás entidades competentes, las situaciones de riesgo o amenaza contra las personas, de manera urgente, por medio físico, vía telefónica o correo electrónico, con el fin de activar los procedimientos establecidos en los programas de protección o para el despliegue de actividades tendientes a garantizar la seguridad de las personas por parte de la fuerza pública.
PAR. 6º—La Unidad Nacional de Protección presentará a los testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al derecho internacional humanitario que estén bajo su protección, ante la autoridad judicial o disciplinaria o permitirá a esta su acceso a ellos, si así lo solicitaren, para lo cual adoptará las medidas de seguridad que requiera el caso.
PAR. 7º—La protección de las personas mencionadas en el numeral 13, será la dispuesta en el artículo 1º del Decreto 2958 de 2010, artículo 3º del Decreto 978 de 2000.
PAR. 8º—La Unidad Nacional de Protección, asumirá la protección de los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, mientras se surte el proceso de liquidación y cierre definitivo de dicha entidad. Para tales efectos, el DAS prestará todos los recursos físicos de soporte a los esquemas de seguridad necesarios para la protección de sus funcionarios y la unidad aportará los escoltas.
*(Nota: Modificado por el Decreto 1225 de 2012 artículo 2° del Ministerio del Interior)
*(Nota: Derogado el numeral 13 y el parágrafo 7 del presente artículo por el Decreto 2096 de 2012 artículo 14 del Ministerio del Interior)
PAR. 1º—La población objeto en virtud del cargo incluye también a los ex presidentes y ex vicepresidentes de la República de Colombia y sus cónyuges. Su protección estará a cargo de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección y su esquema será tipo (F) de acuerdo al artículo 11, literal b, numeral 1º.
PAR. 2º—La protección de las personas mencionadas en los numerales 1º al 9, será asumida por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección. La asignación de los recursos físicos, será asumida por cada una de las entidades correspondientes.
PAR. 3º—En cuanto a la protección de las personas que trata el numeral(sic) 1º y 2º, el personal de la Unidad Nacional de Protección será escogido por la Secretaría de Seguridad de la Presidencia.
PAR. 4º—La protección de las personas mencionadas en el numeral 10, será asumida por la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional. La Policía Nacional asignará los hombres o mujeres que adelantarán actividades de protección y la Unidad Nacional de Protección los recursos físicos y los escoltas, en aquellos casos en que se implementen esquemas de protección con vehículo.
PAR. 5º—Servicio extraordinario de protección. La Policía Nacional, a través de la dirección de protección y servicios especiales adoptará medidas transitorias de protección a jefes de Estado y jefes de gobierno de visita en el país, así como a representantes de la misión diplomática en cumplimiento de funciones propias, previa solicitud que para el efecto tramitará la Presidencia de la República o el Ministerio de Relaciones Exteriores.
PAR. 6º—El director de la Unidad Nacional de Protección, reglamentará mediante protocolos, la asignación de medidas de seguridad a los servidores de la Unidad Nacional de Protección que este determine.
*(Nota: Modificado por el Decreto 1225 de 2012 artículo 3° del Ministerio del Interior)
ART. 8º—Articulación de la estrategia de protección. La Unidad Nacional de Protección tendrá a su cargo la administración de la base de datos única, que permita ejercer un control de las medidas de protección dispuestas para las personas en razón del riesgo o del cargo y coordinará la implementación de las mismas.
ART. 9º—Medidas de emergencia. En casos de riesgo inminente y excepcional, el director de la Unidad Nacional de Protección podrá adoptar, sin necesidad de la evaluación del riesgo, contemplando un enfoque diferencial, medidas provisionales de protección para los usuarios del programa e informará de las mismas al comité de evaluación de riesgo y recomendación de medidas, Cerrem en la siguiente sesión, con el fin de que este recomiende las medidas definitivas, si es del caso.
ART. 10.—Medidas de prevención. Son medidas de prevención las siguientes:
ART. 11.—Son medidas de protección:
a) Esquema de protección: Compuesto por los recursos físicos y humanos otorgados a los protegidos del programa para su protección.
Tipo 5: Esquema colectivo, para brindarle protección a un grupo de 2 o más
personas, e incluye:
b) Recursos físicos de soporte a los esquemas de seguridad: Son los elementos necesarios para la prestación del servicio de protección de personas y consisten entre otros en vehículos blindados o corrientes, motocicletas, chalecos antibalas, escudos blindados, medios de comunicación y demás que resulten pertinentes para el efecto.
c) Medio de movilización: Es el recurso que se otorga a un protegido en procura de salvaguardar su vida, integridad, libertad y seguridad, durante los desplazamientos. Estos pueden ser de las siguientes clases:
d) Apoyo de reubicación temporal: Constituye la asignación y entrega mensual al protegido de una suma de dinero de entre uno (1) y tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, según las particularidades del grupo familiar del caso, para facilitar su asentamiento en un lugar diferente a la zona de riesgo. Este pago se aprobará hasta por tres (3) meses y el monto se determinará tomando en consideración el número de personas del núcleo familiar con los que se reubica el protegido. Esta medida de protección es complementaria a las ayudas que buscan suplir el mínimo vital otorgadas por otras entidades del Estado.
e) Apoyo de trasteo: Consiste en el traslado de muebles y enseres de las personas que en razón de la situación de riesgo extraordinario o extremo deban trasladar su domicilio.
f) Medios de comunicación: Son los equipos de comunicación entregados a los protegidos para permitir su contacto oportuno y efectivo con los organismos del Estado, el programa de prevención y protección, a fin de alertar sobre una situación de emergencia, o para reportarse permanentemente e informar sobre su situación de seguridad.
g) Blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad: Consiste en los elementos y equipos de seguridad integral, para el control del acceso a los inmuebles de propiedad de las organizaciones donde se encuentre su sede principal. En casos excepcionales, podrán dotarse estos elementos a las residencias de propiedad, de los protegidos del programa de prevención y protección.
a) (Modificado).* Esquema de protección: Son los recursos físicos y humanos otorgados a los protegidos del programa para su protección. Estos esquemas pueden ser de varios tipos e incluyen:
Cargo Tipo esquema Conformación esquema
• Presidente de la República y su núcleo familiar
• Vicepresidente de la República y núcleo familiar F Número indeterminado de hombres de protección
• Presidente Corte Suprema de Justicia
• Magistrados Sala Penal Corte Suprema
• Fiscal General de la Nación
• Procurador General de la Nación
• Gobernadores E Hasta seis (6) hombres de protección
• Presidente Senado de la República
• Presidente Cámara de Representantes
• Presidente Corte Constitucional
• Presidente Consejo de Estado
• Presidente Consejo Superior de la Judicatura D Hasta cinco (5) hombres de protección
• Defensor del Pueblo C Hasta tres (3) hombres de protección
• Senadores de la República Representantes a la Cámara B Hasta dos (2) hombres de protección
• Magistrados Altas Cortes, excepto los magistrados Sala Penal Corte Suprema
• Embajadores extranjeros en Colombia A Un (1) hombre de protección
*(Nota: Modificado el presente literal por el Decreto 1225 de 2012 artículo 4° del Ministerio del Interior)
PAR. ÚNICO—Procedencia de los recursos físicos. Los recursos físicos para la prestación de las medidas de protección a las poblaciones objeto en virtud del cargo, serán suministrados por las entidades del Estado o corporaciones públicas correspondientes, de conformidad con los acuerdos específicos realizados en cada evento.
Responsabilidades de las entidades en materia de prevención
ART. 12.—Objeto. La estrategia de prevención tendrá como propósito evitar la consumación de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, así como mitigar los efectos generadores del riesgo y la adopción de garantías de no repetición.
ART. 13.—Implementación de la estrategia de prevención a nivel territorial. En cada entidad territorial se integrará una mesa territorial de prevención con el objeto de coordinar las acciones de implementación de la estrategia de prevención, en el marco de sus competencias con las siguientes atribuciones:
— Realizar un proceso de identificación de riesgos permanente.
— Proyectar escenarios de riesgo.
— Formular planes de prevención y contingencia frente a los escenarios de riesgo identificados.
— Velar por la implementación de las estrategias y acciones incorporadas en los planes de prevención y de protección, por parte de las entidades responsables.
— Hacer seguimiento a la implementación de los mencionados planes y realizar los ajustes a los mismos cuando las condiciones así lo requieran.
— Generar espacios de trabajo entre las autoridades y las comunidades en aras de mejorar los procesos de gestión del riesgo.
ART. 14.—Apoyo a la estrategia de prevención. La Unidad Nacional de Protección apoyará la implementación y la puesta en marcha de la estrategia de prevención definida por la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, y tendrá las siguientes responsabilidades.
— Apoyar a la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior en la actividad de priorizar las zonas de intervención para la acción preventiva por parte del programa.
— Apoyar el trabajo de asistencia técnica a las entidades territoriales, grupos poblacionales y comunidades en situación de riesgo para que desarrollen los planes de prevención y de contingencia que elabore la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior.
— Apoyar el proceso de Identificación y análisis de riesgo.
— Participar en la formulación de los planes de prevención.
— Participar en la formulación de los planes de contingencia.
— Apoyar la implementación del plan de prevención y de contingencia en los temas que son de su competencia.
— Realizar labores de apoyo al seguimiento de la implementación de los planes de prevención y de los planes de contingencia y requerir su ajuste de acuerdo a las necesidades y las estrategias allí definidas.
— Participar bajo la coordinación de la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior y con las autoridades de fuerza pública y las autoridades civiles nacionales y territoriales, estrategias preventivas para situaciones particulares de riesgo.
ART. 15.—Entidades o instancias con responsabilidades en la estrategia de prevención.
— Ministerio del Interior.
— Unidad nacional de protección.
— Ministerio de Defensa Nacional.
— Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
— Programa presidencial para la protección y vigilancia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario o quien haga sus veces.
— Programa presidencial de acción integral contra minas antipersonal.
— Gobernaciones.
— Alcaldías.
— Personerías distritales y municipales.
ART. 16.—Instancias con responsabilidades en la estrategia de prevención.
— La secretaría técnica de la comisión intersectorial de alertas tempranas.
— Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley.
ART. 17.—Responsabilidades de la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior en el marco de la estrategia de prevención. La dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior tiene a su cargo las siguientes actividades:
— Liderar la formulación de la política pública en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal.
— Coordinar con los departamentos y municipios el diseño, la implementación, seguimiento y evaluación de planes de prevención y planes de contingencia dirigidos a evitar la consumación de los riesgos, y mitigar los efectos de su materialización.
— Someter a consideración del Ministro del Interior proyectos de acto legislativo, leyes, decretos y resoluciones dirigidos a salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal.
— Realizar investigaciones académicas y estudios dirigidos a identificar problemas de política pública y alternativas de solución para la garantía efectiva de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
— Adelantar estudios e investigaciones académicas en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
— Hacer seguimiento y evaluar la implementación de la política pública de prevención.
— Realizar los ajustes requeridos a la política pública de prevención de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
— Asesorar técnicamente a las entidades territoriales en la formulación de las políticas públicas de prevención, el diseño de sus instrumentos de implementación y mecanismos de seguimiento, evaluación y monitoreo.
— Desarrollar, en coordinación con entidades competentes estrategias para impulso de una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
ART. 18.—Responsabilidades del Ministerio de Defensa Nacional, en el marco de la estrategia de prevención. El Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y de Policía desarrollarán las siguientes acciones en el marco del programa de prevención:
— Implementar, la política integral de derechos humanos de la fuerza pública en las zonas focalizadas para la elaboración de los planes de prevención y protección.
— Participar, a través de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en el proceso de Identificación, análisis y advertencia de riesgo .y hacer seguimiento permanente a la evolución de los actores que generan amenaza en la zona.
— Contrarrestar, de acuerdo con sus competencias internas, los factores amenazantes en el territorio.
— Participar en la formulación de planes de prevención y de contingencia.
— Generar espacios de acercamiento entre las comunidades y la fuerza pública.
— Evaluar en conjunto con el programa de prevención y con la mesa territorial los avances en la implementación de las acciones de prevención, enmarcadas en los planes formulados, que son de su competencia y los resultados obtenidos.
— Definir, en coordinación con el programa de prevención y protección y las autoridades civiles nacionales y territoriales, estrategias preventivas para situaciones particulares de riesgo.
ART. 19.—Responsabilidades de la secretaría técnica de la CIAT en el marco de la estrategia de prevención. La secretaría técnica de la comisión intersectorial de alertas tempranas tendrá a su cargo las siguientes actividades:
— Participar en el proceso de identificación y análisis de riesgo aportando la información fruto de las alertas tempranas emitidas.
— Hacer seguimiento a la evolución de los actores que generan amenaza en la zona.
— Procurar la emisión las alertas tempranas y recomendaciones necesarias a las entidades concernidas para salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y seguridad de las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo en las zonas focalizadas.
— Reportar al programa de prevención y a las comunidades los avances en la implementación de las acciones de prevención, enmarcadas en los planes formulados, que son de su competencia y los resultados obtenidos.
ART. 20.—Atribuciones de los departamentos en el marco de la estrategia de prevención. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 287, 298 y 305 de la Constitución Política, las acciones que las gobernaciones tendrán las siguientes atribuciones.
— Participar en el proceso de focalización territorial para la implementación del programa de prevención en su territorio.
— Capacitar a su personal en el uso de las metodologías de identificación y gestión de riesgo.
— Servir de enlace entre las autoridades del nivel municipal y el nivel nacional para el desarrollo del programa de prevención.
— Generar espacios de acercamiento entre las comunidades y las autoridades tanto civiles como de fuerza pública.
— Participar en el proceso de identificación y análisis de riesgo.
— Participar en la formulación de planes de prevención.
— Participar en la formulación de un plan de contingencia.
— Implementar el plan de prevención en los temas que son de su competencia.
— Generar espacios de rendición de cuentas con autoridades y comunidades para presentar los avances en la implementación de los programas de prevención en su departamento.
— Implementar las estrategias y actividades que por competencia, o en virtud de los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad, se identifiquen a su cargo en los planes de prevención y contingencia.
— Definir, en coordinación con el programa de prevención del Ministerio del Interior y las autoridades civiles y de fuerza pública, estrategias preventivas para situaciones particulares de riesgo.
ART. 21.—Atribuciones de los municipios en el marco de la estrategia de prevención. Acorde con los artículos 287, 311 y 315 de la Constitución Política y de la Ley 136 de 1994 corresponde al municipio desarrollar las siguientes atribuciones en el marco de sus competencias. Las alcaldías distritales o municipales tendrán a su cargo:
— Capacitar a su personal en el uso de las metodologías de identificación y gestión de riesgo del programa de prevención.
— Realizar el proceso de convocatoria para adelantar el proceso de Identificación y análisis de riesgo.
— Incorporar los planes de prevención y contingencia a los planes destinados a mantener la seguridad y el orden público en el municipio y reportar su avance a la oficina regional del Ministerio del Interior.
— Implementar los planes de prevención y contingencia en los temas que son de su competencia.
— Reportar al programa de prevención, los riesgos que se ciernen sobre las personas, grupos y comunidades y las medidas que se vienen implementando.
— Requerir de manera precisa y motivada al departamento o las instituciones del orden nacional, para que, en virtud de los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad, apoyen la implementación de aquellas estrategias y actividades contenidas en los mismos y que por razones objetivas y justificadas no puedan ser ejecutadas por el municipio.
— Generar espacios de rendición de cuentas con autoridades y comunidades para presentar los avances en la implementación de los programas de prevención en su municipio.
ART. 22.—Coordinación del Ministerio del Interior con el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en el marco de la estrategia de prevención. El Ministerio del Interior, dentro del principio de colaboración armónica, solicitará a la Defensoría del Pueblo que dentro del marco de sus funciones legales:
— Participe en el proceso de identificación y análisis de riesgo, aportando insumos por parte de los analistas del sistema de alertas tempranas - SAT y las quejas interpuestas por los ciudadanos respecto a la vulneración de sus derechos humanos que son de conocimiento de los defensores regionales, entre otras.
— Emita informes de riesgo y notas de seguimiento cuando las circunstancias de riesgo así lo ameriten.
— Requiera a las entidades del orden nacional, departamental y municipal para la salvaguarda de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo.
ART. 23.—Coordinación del Ministerio del Interior con la Procuraduría General de la Nación en el marco de la estrategia de prevención. El Ministerio del Interior, dentro del principio de colaboración armónica, solicitará la Procuraduría General de la Nación que dentro del marco de sus funciones legales:
— Proteja y asegure la efectividad de los derechos humanos de las personas, grupos y comunidades que de acuerdo con los planes de prevención y contingencia se encuentren en situación de riesgo.
— Vele por el ejercicio diligente de las entidades del orden nacional y territorial en la ejecución de los planes de prevención y contingencia.
— Haga seguimiento a la conducta oficial de los servidores públicos encargados de ejecutar las estrategias de los planes de prevención y protección de las personas, grupos y comunidades en riesgo.
— Genere directrices para la participación de las procuradurías regionales y provinciales en la estrategia de prevención.
— Inste a las autoridades públicas de los diferentes niveles territoriales para el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades en el marco de la estrategia de prevención.
ART. 24.—Coordinación del Ministerio del Interior con las personerías distritales y municipales en el marco de la estrategia de prevención. El Ministerio del Interior, dentro del principio de colaboración armónica, solicitará a las personerías distritales y municipales que dentro del marco de sus funciones legales:
— Implemente las acciones incorporadas en los planes de prevención y de contingencia que sean de su competencia.
— Haga seguimiento a la implementación de los planes de prevención y de contingencia.
— Reporte a la Procuraduría General de la Nación, por conducto de las procuradurías regionales o provinciales, las situaciones de incumplimiento en la implementación de los planes de prevención o contingencia que puedan afectar los derechos de las personas, grupos o comunidades en situación de riesgo.
Responsabilidades y funciones en el marco de la estrategia de protección de personas en virtud del nivel de riesgo
ART. 25.—Coordinación de la estrategia de protección. La coordinación general de la estrategia integral de protección estará a cargo de la Unidad Nacional de Protección, sin perjuicio de las competencias que se establecen en el presente decreto y en normas especiales, para las distintas autoridades responsables.
ART. 26.—Entidades e instancias intervinientes en el marco de la estrategia de protección. Participan en una o varias etapas de la estrategia de protección las siguientes entidades e instancias:
— Dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior.
— Policía Nacional.
— Programa presidencial para la protección y vigilancia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, o quien haga sus veces.
— Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a Víctimas.
— Grupo de valoración preliminar.
— Comité de evaluación del riesgo y de recomendación de medidas.
ART. 27.—Responsabilidades de la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior. La dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior tiene a su cargo las siguientes actividades:
— Formular los lineamientos de la política pública en materia de protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo.
— Hacer seguimiento y evaluar la implementación de la política pública de protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo.
— Realizar los ajustes requeridos a la política pública de protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo.
— Proponer los criterios, parámetros, metas y programas a ser aplicados por el programa de prevención y protección.
ART. 28.—Responsabilidades de la Unidad Nacional de Protección. Serán las siguientes:
— Recibir y tramitar las solicitudes de protección e información allegadas.
— Informar a los solicitantes de protección, de los procesos que se surten para determinar el ingreso o no al programa de protección, y orientarlos respecto de las instituciones concernidas y las medidas que puedan ser complementarias para cada caso en particular.
— Analizar y verificar la documentación relacionada con las solicitudes de protección.
— Coordinar con las entidades competentes la implementación de medidas preventivas a las que haya lugar.
— Solicitar, a quien corresponda y según el caso, información complementaria para analizar la situación particular de riesgo del peticionario.
— Atender y tramitar las solicitudes de emergencia y activar la presunción constitucional de riesgo, cuando aplique; así como hacer seguimiento a la respuesta brindada por las autoridades competentes.
— Dar traslado a las autoridades competentes de las solicitudes de protección o información, que no sean de su competencia.
— Realizar una entrevista personal con el solicitante, para ampliar la información relacionada con su situación particular del nivel de riesgo.
— Requerir la elaboración de la evaluación del riesgo al grupo de trabajo encargado y entregar, la información referente a la caracterización inicial del peticionario y la verificación y análisis realizados.
— Presentar, ante el grupo de valoración preliminar, la petición de protección, el análisis de la situación junto con el caso, con el resultado de la evaluación del riesgo, en el nivel territorial.
— Presentar ante el Cerrem el caso con las recomendaciones sobre el nivel de riesgo y de medidas, sugeridas por el grupo de evaluación preliminar a fin de que se determine el nivel de riesgo.
— Adoptar e implementar las medidas de protección a implementar previa recomendación del Cerrem.
— Hacer seguimiento periódico a la implementación, al uso y a la oportunidad, idoneidad y eficacia de las medidas de protección.
— Informar al peticionario la decisión tomada y los motivos que la sustentaron respecto de la solicitud de medidas de protección.
— Dar traslado a la Fiscalía General de la Nación de las amenazas que reporten los peticionarios de protección y hacer seguimiento al avance de los procesos.
— Coordinar con las autoridades de la fuerza pública y las autoridades civiles nacionales y territoriales, la implementación de estrategias de protección para situaciones particulares de riesgo.
PAR. 2º—(Modificado).* La Unidad Nacional de Protección podrá vincular al programa de protección que esta lidera, de forma excepcional, a otras personas, en casos de extrema gravedad y urgencia, y con el fin de evitar daños irreparables en los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personales, siempre y cuando dicha responsabilidad no esté asignada de manera específica a otra entidad. Así mismo podrá vincular a ex servidores públicos quienes tengan un riesgo extraordinario o extremo.
*(Nota: Modificado el presente parágrafo por el Decreto 1225 de 2012 artículo 5° del Ministerio del Interior)
ART. 29.—Atribuciones de la Policía Nacional. De conformidad con el artículo 218 de la Constitución Política y la Ley 62 de 1993, corresponde a la Policía Nacional:
— Elaborar mapas de riesgo, por grupos poblacionales, y actualizarlos cuando las circunstancias lo ameriten, y por lo menos semestralmente.
— Participar de forma permanente en las diferentes instancias del programa de protección.
— Implementar las medidas de prevención y protección, en el marco de lo dispuesto en el Título I, Capítulo 3 del presente decreto, así:
a) Cursos de autoprotección;
b) Patrullajes;
c) Rondas policiales;
d) Esquemas de protección, en lo relacionado con hombres y mujeres de protección, con su respectivo armamento.
— Apoyar al programa de prevención y protección en las funciones de su competencia.
ART. 30.—Atribuciones de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Serán sus atribuciones las siguientes:
— Brindar información relacionada con la inscripción de la población en situación de desplazamiento en el registro único de víctimas.
— Adoptar medidas en el marco de su competencia y articular los servicios estatales dirigidos a grupos vulnerables que contribuyan a la protección de los protegidos del programa de prevención y protección en virtud del riesgo.
— Participar en los espacios interinstitucionales en que puedan aportar información para analizar casos y peticiones de protección.
ART. 31.—Atribuciones de las gobernaciones. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 287, 298 y 305 de la Constitución Política las gobernaciones tendrán a su cargo las siguientes atribuciones en materia de los programas de protección dentro del marco de sus competencias:
— Orientar a los solicitantes de protección y brindar información sobre los servicios institucionales en materia de protección.
— Servir de enlace entre el nivel nacional y el municipal en asuntos relacionados con la protección.
— Estructurar los servicios estatales para grupos y personas vulnerables e incluir a protegidos como parte de la atención integral del Estado, cuando a ello haya lugar.
— Brindar oportunamente la información que se requiera por parte del programa de protección.
— Apoyar técnica y logísticamente, dentro del marco de sus competencias, a los municipios de su jurisdicción que así lo requieran, en la protección de las personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo, de acuerdo con los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad.
— Definir, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección y las autoridades civiles y de fuerza pública, estrategias de protección para situaciones particulares de riesgo.
— Desarrollar las actividades de su competencia, en el marco de la ruta de la protección de la población en situación de desplazamiento.
ART. 32.—Atribuciones de las alcaldías. Las alcaldías distritales y municipales, como primera autoridad de policía del municipio, y responsable del orden público tendrán las siguientes atribuciones responsabilidades en materia de protección, dentro del marco de sus competencias, de conformidad con los artículos 311 y 315 de la Constitución Política y 91 de la Ley 136 de 1994:
— Diseñar y poner en ejecución, en el marco de los servicios distrital o municipal, planes, programas o proyectos dirigidos a proteger a las personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo.
— Apropiar como gasto social prioritario para la implementación de las políticas de protección, el destinado a salvaguardar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo.
ART. 33.—Cuerpo técnico de recopilación y análisis de información - Ctrai. Encargado de la recopilación y análisis de información in situ. Podrá estar conformado por personal de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía Nacional.
ART. 34.—Conformación del grupo de valoración preliminar. El grupo de valoración preliminar tendrá carácter permanente y estará conformado por:
— El delegado de la Unidad Nacional de Protección, quien lo coordinará.
— El delegado del Ministerio de Defensa Nacional.
— El delegado de la Policía Nacional.
— El delegado del programa presidencial para la protección y vigilancia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
— El delegado de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
— Un representante del Procurador General de la Nación, y
— El delegado de la secretaría técnica de la comisión intersectorial de alertas tempranas CIAT.
— Elaborar, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, la evaluación y reevaluaciones de nivel riesgo.
(Nota: Modificado en lo pertinente por el Decreto 1225 de 2012 artículo 6° del Ministerio del Interior)
ART. 36.—Conformación del comité de evaluación de riesgo y recomendación de medidas, Cerrem. Son miembros permanentes del Cerrem quienes tendrán voz y voto:
— El director de la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, quien lo presidirá o su delegado.
— El director del programa presidencial de derechos humanos y DIH, o quien haga sus veces, o su delegado.
— El Director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, o su delegado.
— El director de protección y servicios especiales de la Policía Nacional, o su delegado.
— El coordinador del oficina de derechos humanos de la inspección general de la Policía Nacional, o su delegado.
PAR.—Para la población objeto del artículo 6º, numeral 13 del presente decreto, se establecerá un Cerrem especial y exclusivo para el análisis de sus casos.
ART. 37.—Invitados permanentes. Serán invitados permanentes a las sesiones del Cerrem, quienes tendrán solo voz:
— Un delegado del Fiscal General de la Nación.
— Un representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
— Un delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Acnur, cuando se trate de casos de población desplazada.
— Cuatro (4) delegados de cada una de las poblaciones objeto del programa de prevención y protección, quienes estarán presentes exclusivamente en el análisis de los casos del grupo poblacional al que representan.
— Delegados de entidades de carácter público cuando se presenten casos relacionados con sus competencias.
— Representante de un ente privado, cuando el comité lo considere pertinente.
PAR. 3º—Los miembros del comité de evaluación de riesgo y recomendación de medidas, Cerrem, podrán invitar a las entidades públicas que prestan asistencia técnica en enfoque diferencial, quienes participarán con derecho a voz.
ART. 38.—Funciones del Cerrem. El comité de evaluación del riesgo y recomendación de medidas tiene por objeto la valoración integral del riesgo, la recomendación de medidas de protección y complementarias. Ejercerá las siguientes funciones:
4. Recomendar, de manera excepcional, medidas de protección distintas a las previstas en el artículo 11, literal a, parágrafo 2º, del presente decreto.
Procedimientos del programa de prevención
ART. 39.—Procedimientos de la estrategia de prevención. La estrategia de prevención tomará en cuenta los siguientes criterios de procedimiento, que deberán adoptarse a las condiciones propias de la región y del grupo poblacional respectivo:
— Identificación de las poblaciones o zonas que de acuerdo con el nivel de afectaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad deben ser objeto de implementación de plan de prevención.
— Identificación y análisis de riesgo, a partir del análisis de amenazas, vulnerabilidades y las capacidades que conducen a la proyección de escenarios de riesgo, contemplando un enfoque diferencial.
— Formulación de un plan de prevención, que incluya la definición de estrategias y acciones que buscan contrarrestar amenazas y vulnerabilidades y potenciar las capacidades tanto institucionales como sociales para gestionar el nivel de riesgo.
— Formulación de un plan de contingencia, a fin de contar con una alternativa de acción en caso de que se inicie la consumación del riesgo y se puedan salvaguardar los derechos de la población potencialmente afectada.
— Implementación del plan de prevención, por parte de los responsables que se identificaron en la fase de diseño, en los tiempos programados y con los recursos necesarios para tal efecto.
— Seguimiento a la implementación de los planes de prevención y de los planes de contingencia y ajuste a las estrategias y acciones allí definidas.
— Formulación de recomendaciones a las autoridades competentes para la implementación efectiva de los instrumentos de prevención.
— Socialización de los resultados de los planes de prevención y protección, especialmente con las poblaciones y comunidades objeto de los mismos.
Procedimientos del programa de protección de personas en virtud del riesgo
ART. 40.—Procedimiento ordinario del programa de protección. El procedimiento ordinario del programa de protección es el siguiente:
8. (Modificado).* Notificación al protegido de la decisión adoptada.
*(Nota: Modificado por el Decreto 1225 de 2012 artículo 7° del Ministerio del Interior)
9. (Modificado).* Implementación de medidas.
PAR. 4º—(Nota: Adicionado por el Decreto 1225 de 2012 artículo 8° del Ministerio del Interior)
ART. 41.—Procedimiento para la activación de la presunción constitucional de riesgo. Se aplicará la presunción constitucional de riesgo, a favor de las víctimas de desplazamiento forzado, incluidas víctimas en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, que intervienen en procesos de restitución de tierras, en caso de manifestar por sí o por interpuesta persona que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo, en virtud de lo cual:
— La información presentada deberá demostrar que la persona es efectivamente desplazada por la violencia y acredite por cualquier medio estar inscrita en el registro único de víctimas.
— Información, consistente y verosímil, de una amenaza, de un acto de violencia, o de hechos concretos que indiquen que el peticionario o su núcleo familiar, se encuentran en riesgo. Si la autoridad competente considera que los hechos no son ciertos o consistentes, deberá verificar y demostrar el motivo por el cual llega a esa conclusión.
— De tratarse de personas que no son dirigentes, líderes o representantes, además de las condiciones de consistencia y veracidad del relato de los hechos deberán acreditar, mediante evidencias fácticas, precisas y concretas su situación de riesgo.
— Se adoptarán medidas de protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º del presente decreto.
— La presunción deberá ser confirmada o desvirtuada mediante una evaluación del riesgo, a partir del cual se modificarán, mantendrán o suspenderán las respectivas medidas.
ART. 42.—Ruta de la protección. En ejercicio de las atribuciones que en el programa de prevención y protección deben desarrollar las gobernaciones y alcaldías distritales y/o municipales, se implementará una ruta de protección específica para proteger oportuna y efectivamente los derechos a la vida, libertad, integridad o seguridad personal de líderes, dirigentes, representantes y población desplazada acreditada como tal en el registro único de víctimas, mediante la articulación y coordinación del nivel municipal, departamental y nacional y en aplicación de los principios de subsidiariedad, complementariedad e inmediatez.
Procedimientos de la estrategia de protección de personas en virtud del cargo
ART. 43.—(Modificado).* Procedimiento para la implementación de las medidas de protección para personas en razón del cargo. Este será adoptado mediante manual y consta de las siguientes etapas, entre otras:
— Identificación y verificación de la calidad del protegido.
— Notificación al protegido.
— Adopción de la medida y coordinación con Policía Nacional.
*(Nota: Modificado por el Decreto 1225 de 2012 artículo 9° del Ministerio del Interior)
Suspensión y finalización de las medidas de protección
ART. 44.—Suspensión de las medidas de protección. El director de la Unidad Nacional de Protección podrá suspender las medidas de protección adoptadas, previa consulta y autorización del Cerrem, en las siguientes circunstancias:
a) Autoriza el empleo del esquema de protección o de las medidas asignadas al mismo por personas diferentes a las determinadas por las autoridades definidas en este decreto, salvo en el caso en que se aprueben como extensivas para el núcleo familiar.
b) Exige u obliga al personal que cumple labores de protección a desarrollar actividades que no tienen relación con el servicio de seguridad.
c) Agrede física o verbalmente o intenta hacerlo al personal que está asignado a su esquema de protección.
d) Abandona o evade el esquema de protección, desplazándose a lugares sin el acompañamiento del personal asignado para la seguridad.
e) Impide el acompañamiento del esquema de protección en lugares cerrados o abiertos al público, poniendo en riesgo su vida.
f) Ejecuta conductas que implican riesgo para su vida e integridad personal o la de su esquema, tales como:
g) No hace uso de las medidas otorgadas por el programa.
h) Autoriza permisos o descanso al personal del esquema sin el conocimiento de la entidad a cargo de su protección.
i) Desatiende las observaciones o recomendaciones de autoprotección y seguridad que formule el personal de su esquema de seguridad o por los organismos de seguridad del Estado.
j) Ejecuta conductas punibles, contravencionales o disciplinables haciendo uso de los medios físicos y humanos dispuestos para su protección.
k) Usufructúa comercialmente los medios de protección dispuestos en su favor.
l) Causa daño intencionalmente a los medios de protección físicos y humanos asignados por el programa.
m) Acude injustificadamente a lugares en donde se ponga en riesgo su seguridad.
n) Exige que el personal asignado a esquemas de protección incumpla la normatividad de tránsito o irrespete las señales de tránsito.
o) Retorna a la zona de riesgo sin informar oportunamente a las autoridades señaladas en este decreto.
PAR.—La reincidencia en el uso indebido de las medidas definidas en el numeral 1º de este artículo, traerá como consecuencia la finalización de las medidas de protección.
ART. 45.—Procedimiento para la suspensión de medidas. En caso que el programa de protección, en el marco de sus funciones de seguimiento, identifique que un protegido de medidas está incurriendo en alguna de las situaciones de uso indebido, conforme al artículo 44, frente a una o varias de las medidas que le fueron asignadas, se surtirá el siguiente procedimiento:
— Notificación por escrito al protegido de la situación encontrada.
— El protegido tendrá la oportunidad de controvertir los hechos, por escrito, en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha en que recibe la notificación.
— Presentación ante el Cerrem de la novedad frente a uso indebido de las medidas.
— Recomendación del Cerrem frente a la suspensión o continuidad de las medidas.
— Adopción de la decisión por parte del Director de la Unidad Nacional de Protección, mediante acto administrativo.
— Notificación de la decisión al protegido.
— Implementación de la decisión.
ART. 46.—Finalización de las medidas de protección. El respectivo comité podrá recomendar la finalización de las medidas de protección, en los siguientes casos:
PAR. 1º—(Modificado).* En el caso de las medidas asignadas en consideración del cargo, estas podrán extenderse hasta por tres (3) meses después de que el funcionario deje el cargo, término que podrá prorrogarse una sola vez hasta por el mismo período ajustando las medidas a su nueva condición. La continuidad de las medidas estará condicionada a la evaluación del nivel de riesgo.
*(Nota: Modificado por el Decreto 1225 de 2012 artículo 10 del Ministerio del Interior)
ART. 47.—Compromisos del programa de prevención y protección. Corresponde a la Unidad Nacional de Protección:
ART. 48.—Compromisos del protegido. Son compromisos de las personas protegidas por el programa:
ART. 49.—Cooperación. En desarrollo de las actividades de los programas de prevención y protección, los ejecutores del mismo podrán celebrar convenios de cooperación con otras entidades públicas o privadas y con organismos nacionales e internacionales, con sujeción a las normas legales vigentes, con el fin de recibir asistencia técnica o apoyo a través del suministro de recursos y medios destinados a la protección de los beneficiarios.
ART. 50.—Reglamentación. El Ministerio del Interior reglamentará lo pertinente a la aplicación efectiva del presente decreto, mediante protocolos y reglamentos generales y específicos para cada población objeto, teniendo en cuenta un enfoque diferencial, desarrollando mecanismos periódicos de evaluación del programa. Así mismo reglamentará los criterios para el estudio, análisis y posterior decisión respecto de las recomendaciones sobre las medidas de protección que realicen los beneficiarios, así como los plazos para su implementación.
ART. 51.—No inclusión. El programa de prevención y protección de la Unidad Nacional de Protección, no incluirá el programa de protección a víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005 ni el programa de protección y asistencia a víctimas y testigos e intervinientes en el proceso penal de la Fiscalía General de la Nación.
ART. 52.—Vigencia y transición. El presente decreto rige a partir de su expedición.
PAR.—Todas las disposiciones normativas que se refieran al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y al programa de protección del Ministerio del Interior, se entenderán referidas a la Unidad Nacional de Protección.
ART. 53.—Derogatoria. El presente decreto deroga el Decreto 1740 de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 77 del presente decreto. El Decreto 978 de 2000 artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, el Decreto 2958 de 2010 artículo 2º, Decreto 2742 de 2002, el Decreto 3375 de 2011, y todas las demás normas contrarias.