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Timestamp: 2019-01-19 16:36:47
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 33', 'artículo 37', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 88']

Publicado el 24/07/2018 por Emede Asociados
Ya comenzamos a tener criterio de la Administración Tributaria sobre operaciones con criptomonedas.
En la reciente consulta vinculante V1149-18 de la Dirección General de Tributos (DGT) de 08 de mayo de 2018 se plantea la cuestión sobre un consultante que compró en los años 2013 y 2014, a través de portales de internet, monedas virtuales “bitcoin” e “iota” mediante su pago en euros, y que en 2017 intercambió las monedas virtuales “iota” por monedas virtuales “bitcoin” y posteriormente en el mismo año 2017 ha vendido a cambio de euros a través de portales de internet parte de las monedas virtuales “bitcoin” que tenía obteniendo ganancia; se precisa que las operaciones con dichas monedas virtuales se realizaron como inversión particular y no en el ámbito de una actividad económica.
Comienza el baile legisladore en torno a las monedas virtuales.
La Dirección General de Tributos contesta que, ante la ausencia de una definición en la normativa española de lo que se entiende por “monedas virtuales”, también llamadas “criptomonedas”, cabe acudir al concepto que se contiene en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la directiva 2009/101/CE, en cuya última versión, publicada el 19 de diciembre de 2017, se considera como moneda virtual:
“Una representación digital de valor que no es emitida o garantizada por un banco central o una autoridad pública, no está necesariamente vinculada a una moneda legalmente establecida, y no posee la consideración de moneda o dinero de curso legal, pero se acepta por personas o entidades, como medio de intercambio, y que puede ser transferida, almacenada y negociada electrónicamente”.
Atendiendo a que cada moneda virtual tiene su origen en un protocolo informático específico, distinto ámbito de aceptación, distinta liquidez, valor y denominación, las distintas monedas virtuales son bienes diferentes.
En base al artículo 2 y del 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) y del artículo 1.538 del Código Civil en relación a la calificación de una permuta, se concluye que el intercambio entre monedas virtuales diferentes realizado por el contribuyente al margen de una actividad económica da lugar a la obtención de renta que se califica como ganancia o pérdida patrimonial conforme al citado artículo 33.1., cuya cuantificación deberá realizarse conforme a lo previsto en los artículos 34.1.a), 35 y 37.1.h) de la LIRPF, es decir por la diferencia entre el precio de transmisión (como mínimo el valor de mercado al tratarse de una permuta) y el de adquisición.
A efectos de posteriores transmisiones, el valor de adquisición de las monedas virtuales obtenidas mediante permuta será el valor que haya tenido en cuenta el contribuyente por aplicación de la regla prevista en el citado artículo 37.1.h) como valor de transmisión en dicha permuta.
Asimismo, la venta de monedas virtuales a cambio de euros realizada al margen de una actividad económica, dará lugar a una ganancia o pérdida patrimonial para el consultante, de acuerdo con el artículo 33.1 de la LIRPF anteriormente transcrito, cuyo importe será, según el artículo 34 de la LIRPF, la diferencia entre los respectivos valores de adquisición y de transmisión.
De esta forma, comenzamos a tener algo más claro la fiscalidad de las criptomonedas, ya sea por su permuta por otras análogas o su conversión a euros.
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Publicado el 17/07/2018 por Emede Asociados
“Los empleados salen físicamente de la oficina, pero no dejan de trabajar. Quedan amarrados por una especie de correa electrónica, como si fueran perros. Los mensajes de texto, los e-mails y demás invaden la vida de los trabajadores”.
Con estas palabras, el diputado socialista Benoit Hamon presentó ante el Parlamento francés el denominado “derecho a la desconexión”.
El derecho a la desconexión se debatirá y regulará en los próximos meses en la legislación laboral española.
Así, y tras la aprobación de la Ley 2016-188, de 8 de agosto -que afectó al Código de Trabajo francés– se articuló la obligación de negociar “la puesta en marcha de dispositivos de regulación de la utilización de los dispositivos digitales, a fin de asegurar el respeto al tiempo de descanso y vacaciones, así como su vida personal y familiar”.
Desde entonces, algunas compañías han instaurado sistemas que permiten redirigir correos durante períodos de descanso –vid. “Mail On Holiday” en Mercedes Benz- o la desconexión temporal de los servidores operada en Volkswagen.
En el denominado “Informe Mettling sobre Transformación digital y vida laboral”, conocido por el nombre de su redactor principal, Bruno Mettling -director general adjunto de Orange-, se pusieron de manifiesto los riesgos laborales de la era de la digitalización: trabajadores que se conectan a distancia, a cualquier hora de cualquier día, incumplimiento de los tiempos de descanso, estrés, protección de la salud.
A estas alturas, pocos niegan las conclusiones de Bruno Mettling respecto de la fuerte injerencia que la digitalización ha tenido en materias como la conciliación de la vida personal y profesional o el descanso; sin embargo, no parece tan claro que el reconocimiento y la regulación del “derecho a la desconexión” solucione esta “obesidad digital” que padecemos.
En efecto, algún sector doctrinal ha considerado que en un mundo empresarial cada vez más heterogéneo, flexible y disruptivo, a algunos trabajadores con determinadas actividades y profesiones, les seduce tener libertad para organizar su tiempo de trabajo sin ser constreñidos al corsé de un horario o jornada monocordes.
En los próximos meses veremos si el legislador laboral positivará el “derecho de desconexión” en España o, por el contrario, permitirá que las empresas y sus trabajadores –cuando quieran y como quieras- marquen sus propios tiempos.
Ius Laboral Abogados – Colaborador de Emede ETL Global
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Publicado el 10/07/2018 por Emede Asociados
¿Qué sucede si una empresa deja de declarar una venta y posteriormente Hacienda descubre el ingreso?
Como se ha mencionado, en este caso se trata de determinar si en los supuestos en los que la Administración Tributaria descubre operaciones ocultas no facturadas se debe entender incluido el IVA en el precio pactado entre las partes y cómo computa este ingreso en el Impuesto sobre Sociedades.
El Tribunal Supremo ha resuelto cómo podemos repercutir el IVA si no hemos declarado una venta.
Pues bien el Tribunal Supremo en su sentencia 3451/2017 del 27-09-2017 establece dos supuestos distintos en función de si todavía cabe la posibilidad de repercutir el IVA o no. Según establece el artículo 88.4 de LIVA:
“Cuatro. Se perderá el derecho a la repercusión cuando haya transcurrido un año desde la fecha del devengo.”
Por lo tanto, en el primero de los casos, si no ha transcurrido un año desde la fecha del devengo, y todavía cabe la posibilidad de repercutir IVA, todo el importe será considerado como mayor ingreso para las empresas en su Impuesto sobre Sociedades.
Por ejemplo: Sobre un ingreso no declarado por importe de mil euros, aplicando un tipo de IVA del 21%. En este caso, Hacienda exigirá un IVA de 210 euros y un mayor ingreso en el Impuesto sobre sociedades de 1.000 euros.
Sin embargo, si ya ha transcurrido el año desde la fecha de devengo y no cabe la posibilidad repercutir el IVA, el tratamiento sería distinto, éste se entenderá incluido en el importe total.
En este segundo supuesto, en base a los datos expuestos, pasado el año desde la fecha de devengo, Hacienda solo nos podrá exigir un IVA de 173 euros, y deberá imputar un mayor ingreso en el Impuesto sobre Sociedades de 827. De esta forma, el importe que Hacienda nos puede exigir es inferior en ambos Impuestos.
Por lo tanto, hay que estar atento a la liquidación que recibimos de Hacienda, ya que en el caso de que haya transcurrido un año desde la fecha de devengo el importe que la Agencia Tributaria nos puede exigir es considerablemente inferior al del primer supuesto.
Alberto Ferrer Medina