Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-666-de-julio-2-de-2008-sentencia-c-666?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920424d0cf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-16 03:57:02
Document Index: 151984677

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 126', 'artículo 126', 'artículo 126', 'artículo 48', 'artículo 3', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 126', 'artículo 126', 'artículo 124', 'artículo 30', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 30', 'artículo 48', 'artículo 126', 'artículo 48', 'artículo 250']

﻿ SENTENCIA C-666 DE JULIO 2 DE 2008
SENTENCIA C-666 DE 02 DE JULIO DE 2008
CONTENIDO:PLAZO PARA SOLICITAR LA REVOCATORIA DIRECTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS LESIVOS DE DERECHOS PROTEGIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. SE DECLARA LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LA EXPRESIÓN: "SE FORMULARÁ DENTRO DE LOS 5 AÑOS SIGUIENTES A LA FECHA DE EJECUTORIA DEL FALLO" DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY 734 DE 2002, EN EL ENTENDIDO QUE CUANDO SE TRATA DE FALTAS DISCIPLINARIAS VIOLATORIAS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO RESPECTO DE LAS VICTIMAS DE UNAS CIERTAS CONDUCTAS DESCRITAS, QUE NO TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA, EL TÉRMINO DE 5 AÑOS DEBE CONTARSE DESDE QUE LA VÍCTIMA SE ENTERA DE LA EXISTENCIA DE LAS PROVIDENCIAS SALVO QUE HAYA OPERADO LA PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO, VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, REVOCACIÓN DEL FALLO DISCIPLINARIO
Sentencia C-666 de julio 2 de 2008
Sentencia C-666 de 2008
Demanda de inconstitucionalidad: contra el inciso 1º (parcial) del artículo 126 de la Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
Bogotá, D.C., dos de julio de dos mil ocho
1. Demanda de inconstitucionalidad.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Alfonso Mora León solicita declaración de inexequibilidad del inciso 1º (parcial) del artículo 126 de la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, o en su defecto se decida exequible, en el entendido que las solicitudes de revocatoria en el caso de las faltas disciplinarias que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario como las contempladas en los numerales 5º, 6º, 7º, 8º, 9º,10, 11,12,13,14 y 15 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 se presentarán sin limitación de términos, con la solicitud respetuosa de que si prospera la demanda, se extienda el pronunciamiento a los apartes normativos no demandados que reproduzcan aquel que sí lo fue, a fin de integrar la unidad normativa y evitar que la sentencia resulte inocua.
“ART. 126.—Requisitos para solicitar la revocatoria de los fallos. La solicitud de revocatoria se formulará dentro de los cinco años siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo, mediante escrito que debe contener:
“La solicitud que no reúna los anteriores requisitos será inadmitida mediante decisión que se notificará personalmente al solicitante o a su defensor, quienes tendrán un término de cinco días para corregirla o complementarla. Transcurrido este sin que el peticionario efectuare la corrección, será rechazada”.
(Diario Oficial 44.708 del feb. 13/2002).
3.1. A juicio del actor la expresión demandada vulnera el bloque de constitucionalidad (C.N., arts. 93 y 94) y los tratados que establecen los estándares internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario e imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y por ende, de las faltas disciplinarias que se cometan para realizarlos. Entre otros normas contenidas en convenios y tratados ratificados por Colombia, la disposición señalada contraviene los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 7º y 9º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los artículos 4º, 5º, 12, 13,24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 3º, 5º,6º ,7º ,9º ,10 ,26 y 27 del Pactode derechos civiles ypolíticos; el segundo protocolo adicional al Pacto internacional de derechos civiles y políticos relativo a la abolición de la pena de muerte (Ejecuciones extrajudiciales); la Declaración de Viena sobre Derechos Humanos de junio 25 de 1993; la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio; el artículo 3º común a los cuatro convenios de Ginebra como infracciones al DIH; la Convención contra le tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
3.2. Para el demandante la frase “dentro de los cinco años siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo” es inconstitucional, al limitar la oportunidad para la presentación de la solicitud de revocatoria de los fallos disciplinarios al término de cinco años, con desconocimiento de la existencia en el Código Disciplinario de faltas gravísimas, al lado de otras graves y leves (art. 42), entre las que se encuentran las descritas en los numerales 5º a 15 del artículo 48, que por esencia o por conexidad con conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad o violatorias de las normas que protegen los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, deben ser objeto de un trato diferente.
Agrega que una conducta como la descrita en el numeral 7º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 es imprescriptible en virtud de los convenios tratados y estándares internacionales sobre derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Así, al asumirse prescriptible en el aparte demandado, se desconoce el bloque de constitucionalidad relacionado atrás, ya que la persecución de este tipo de conducta punible no puede estar limitada en el tiempo por ninguna norma legal del orden interno. Argumenta que nada distinto puede interpretarse del texto del parágrafo del artículo 30 de la misma ley que reza: “Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique”.
3.3. Estima que el aparte demandado impide a las víctimas y perjudicados de violaciones a derechos humanosejercer el derecho a solicitar la revocatoria directa de los fallos absolutorios en materia disciplinaria, en cualquier tiempo, facultad que es de la esencia de la imprescriptibilidad. Por ese motivo, restringe los derechos de las víctimas a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la verdad y a la reparación. Precisa que la restricción de la posibilidad de revocatoria directa de los fallos disciplinarios cuando se trata de la violación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, fuera del término de los cinco años que establece la norma demandada, pone estas faltas gravísimas a la misma altura y calidad de otras faltas disciplinarias y es contraria a las funciones constitucionales de la Procuraduría General de la Nación de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo. Recalca que el aparte acusado vulnera los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación reconocidos por tratados de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, pues no existen motivos para que el reconocimiento de tales derechos se circunscriba al proceso penal y no se extienda al proceso disciplinario en todas sus etapas.
El vicefiscal de la Nación, encargado de las funciones de Fiscal General de la Nación, se abstuvo de emitir un pronunciamiento por considerar que la revocatoria directa es una institución propia del derecho disciplinario, directamente relacionada con otros órganos públicos titulares de la función disciplinaria.
4.2. Ministerio del Interior y de Justicia.
4.2.1. Considera que dentro del proceso disciplinario, la prescripción permite que se estructure un equilibrio entre el poder sancionador del Estado, el derecho del servidor público a no permanecer sub júdice y el interés de las autoridades en el término de las investigaciones que adelanta. A su juicio, resultaría contrario al principio de seguridad jurídica dejar abierta y sin límite la función sancionatoria y punitiva del Estado, sin que de manera cierta los efectos de cosa juzgada se concreten definitivamente.
4.2.3. Observa que el actor formula la acción de inconstitucionalidad sin tener en cuenta que debió haber integrado proposición jurídica completa, vinculando a la demanda, no solo el artículo acusado sino, además, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, debido a la evidente conexidad reglada que existe entre ambos.
4.3. Ministerio de Relaciones Exteriores.
4.3.1. Comienza por afirmar que la falta disciplinaría se configura porque se infringen deberes funcionales y el delito porque se vulneran bienes jurídicos. En aquel se constata la ilicitud frente al deber funcional y en el segundo (penal) en la vulneración o puesta en peligro del bien jurídico. Por lo anterior es que el estatuto disciplinario tiene señalado términos, entre otros, uno específico para la prescripción de las acciones disciplinarias, dando la oportunidad de que el investigado renuncie para que la acción pueda proseguir la acción hasta por dos años (L. 734/2002, art. 30); de la misma manera ha señalado un término de prescripción de la sanción disciplinaria (L. 734/2002, art. 32) dando un término específico a partir de la ejecutoria del fallo.
4.3.2. Destaca que “la revocatoria directa de los fallos disciplinarios”, se encuentra consagrada en forma específica en los artículos 122 a 127 de la Ley 734 de 2002, régimen entre cuyas características destaca que procede contra fallos sancionatorios y no contra fallos absolutorios, la autoridad disciplinaria puede disponerla por sí misma o a petición de persona en quien recayó la sanción, el competente para pronunciar el fallo es quien lo profirió o su superior jerárquico, las causales son la infracción manifiesta de las normas constitucionales, legales o reglamentarias y al vulneración o amenaza manifiesta de los derechos fundamentales; existe un presupuesto de procedibilidad que consiste en que contra el fallo no se hubieren interpuesto los recursos ordinarios; la solicitud se puede hacer aun cuando el sancionado haya acudido a la jurisdicción contenciosa, hay unos requisitos de forma o de contenido del escrito de solicitud expresamente señalados y unos términos entre el que se encuentra el de los cinco años señalado como aparte acusado en la demanda de inexequibilidad.
Recuerda que en la Sentencia C-014 de 2004 la se refirió ampliamente a todas las eventualidades en que se solicite “la revocatoria directa de los fallos disciplinarios”, y que lo en ella señalado conduce a concluir que el aparte demandado no vulnera el ordenamiento superior.
El Departamento Administrativo de la Función Pública intervino a través de apoderado para solicitar que se desestimen los cargos presentados contra la norma parcialmente acusada y, en su lugar, se declare la constitucionalidad del inciso 1º (parcial) del artículo 126 de la Ley 734 de 2002.
4.4.1. Comenzó por señalar la naturaleza del proceso disciplinario consistente en evaluar la conducta oficial de los servidores públicos en el cumplimiento de su función, al tiempo que advirtió que en el mismo los quejosos no pueden intentar u obtener el reconocimiento del derecho a la reparación pues esta aspiración indemnizatoria no está ligada a la infracción del deber funcional que vincula al sujeto disciplinable con el Estado.
La Procuraduría General de la Nación, en Concepto 4480 de febrero de 2008, solicita a la Corte Constitucional la declaratoria de exequibilidad condicionada del inciso primero del artículo 126 de la Ley 734 de 2002, bajo el entendido que el término de cinco años de la revocatoria directa, cuando la víctima no haya sido sujeto procesal, empieza a contarse una vez enterada del mismo, y, obviamente, cuando el fallo esté ejecutoriado.
“— La revocatoria procede contra fallos sancionatorios y conforme a la Sentencia C-014 de 2004 también contra los fallos absolutorios cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyen violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
— Hay lugar a ella de oficio o a petición del sancionado o de la víctima. Es decir, la autoridad disciplinaria puede disponerla por sí misma o a petición de la persona en quien recayó la sanción o a solicitud de la víctima en los eventos de violaciones al DIDH y DIH.
— Las causales para la revocatoria de un fallo sancionatorio son la infracción manifiesta de las normas constitucionales, legales o reglamentarias y la vulneración o amenaza manifiesta de los derechos fundamentales y, conforme a la Sentencia C-014 de 2004, el artículo 124 de la Ley 734 de 2002, cuando se trate de conductas que constituyen violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
— La solicitud de revocatoria puede hacerse aun cuando el sancionado hubiere acudido a la jurisdicción contenciosa, pero siempre que no se haya dictado sentencia. Si en el proceso se ha proferido sentencia, la revocatoria puede solicitarse por causa distinta a la que dio origen a la decisión judicial.
— Los requisitos para solicitar la revocatoria son la identificación del investigado y su dirección, la identificación del fallo y la sustentación de los motivos de inconformidad relacionados con la causal invocada.
— La petición de revocatoria y su decisión no reviven términos para el ejercicio de acciones contencioso administrativas, no dan lugar a interponer recurso alguno y no permiten la aplicación del silencio administrativo”.
5.2. Expone que el ius puniendi, tiene distintas variantes y matices, cuyo fundamento básico es el principio de legalidad, que es el límite y parámetro que impide al mismo Estado desbordar dicha facultad, evitando la arbitrariedad y por ende la vulneración de los derechos constitucionales, y señala que si bien, el derecho disciplinario hace parte del ius puniendi y se ha nutrido de los principios del derecho penal, no es posible transpolar la totalidad de las reglas de este al ámbito disciplinario, pues desconocería, además, el carácter autónomo que tiene.
5.4. Subraya que no es razonable que se solicite la inconstitucionalidad del término para presentar la revocatoria directa por parte de las víctimas cuando la prescripción de algunas de esas conductas, de acuerdo con el Código Disciplinario Único, en el inciso segundo del artículo 30, es de 12 años, lo cual implicaría que mientras la persecución de la conducta solo se podría llevar a cabo dentro de ese lapso a partir de la ocurrencia de la misma, la solicitud de la revocatoria directa sería indeterminada, aspecto que no considera admisible dentro de la concepción del derecho disciplinario y los objetivos que persigue.
No obstante, resalta la especial condición de las víctimas en el derecho disciplinario que las legitima para, como lo estableció la Corte en la Sentencia C-014 de 2004 “intervenir en él en calidad de sujetos procesales, para que se reconozcan y realicen sus derechos al esclarecimiento y conocimiento de la verdad y a la realización de la justicia disciplinaria. Por ello, su exclusión como sujetos procesales en la actuación disciplinaria y la imposibilidad que puedan solicitar la revocatoria del fallo absolutorio, o de la decisión de archivo de la actuación que tiene efectos equivalente, o que tal revocatoria sea declarada de oficio, son decisiones legislativas irrazonables: Constituyen, entre otras cosas, limitaciones arbitrarias de los derechos a la verdad y a la justicia que les asisten a la víctima o a los perjudicados con una falta disciplinaria gravísima, potencialmente lesiva de derechos fundamentales”.
5.5. Lo anterior sirve como fundamento al Ministerio Público, para afirmar que,
“Es por tanto que, en aquellas situaciones en las que estén comprometidos la vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, y la víctima no tuvo la oportunidad de participar en la actuación disciplinaria, el término de la revocatoria directa debe empezar a contarse desde el momento en que la víctima se entera de la existencia de un fallo disciplinario”.
Para responder a esos interrogantes, la Corte recordará brevemente la naturaleza de la acción disciplinaria y la aplicación de los principios de cosa juzgada y non bis in ídem a la misma, los derechos constitucionales de las víctimas de las infracciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario y los deberes del Estado investigar juzgar y sancionar a los culpables de las mismas, para entrar a definir a partir de allí si la restricción impuesta a la acción de revisión por la expresión acusada se ajusta o no a la Carta.
2.1. La acción disciplinaria.
El derecho disciplinario comprende, por una parte, el poder disciplinario, es decir, la facultad que hace parte del poder sancionador del Estado, en virtud de la cual aquel está legitimado para tipificar las faltas disciplinarias por la infracción de los deberes funcionales en que pueden incurrir los servidores públicos y los particulares que cumplen funciones públicas y las sanciones correspondientes teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida. De otro lado, el derecho disciplinario, en sentido positivo, comprende el conjunto de normas a través de las cuales se ejerce el poder disciplinario mediante un procedimiento que conlleva el respeto por la dignidad humana y por el debido proceso (legalidad, favorabilidad, ilicitud sustancial, culpabilidad, proporcionalidad, igualdad, debido proceso, presunción de inocencia, gratuidad, celeridad y ejecutoriedad y que culmina con una decisión que constituye cosa juzgada respecto de lo debatido en el proceso) (1) .
Adicionalmente, como lo ha advertido la Corte, por regla general no existen víctimas o perjudicados con una falta disciplinaria, salvo que la misma implique violaciones de los derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario caso en el cual las víctimas o perjudicados, en reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, “están legitimados para intervenir en el proceso disciplinario en calidad de sujetos procesales y, en consecuencia, para ejercer todas las facultades inherentes a ellos”, por lo cual “la imposibilidad que puedan solicitar la revocatoria del fallo absolutorio, o de la decisión de archivo de la actuación que tiene efectos equivalente, o que tal revocatoria sea declarada de oficio, son decisiones legislativas irrazonables” (2) .
La institución de la cosa juzgada a su vez está relacionada con el principio de non bis in ídem, sin que de ello pueda derivarse que a ella deban sacrificarse los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario pues, tal como lo ha reiterado esta corporación, si bien tales principios se establecen en beneficio del procesado, en tanto colisionen con otros como los derivados de los derechos de las víctimas y el deber estatal de investigar juzgar y sancionar las conductas violatorias de estos para concretar la justicia material y lograr un orden justo (C.P., preámbulo y arts. 2º y 229) exigen una limitación de esas garantías constitucionales del procesado y “hacen necesaria la existencia de excepciones a la cosa juzgada” (3) .
Por otra parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el procedimiento disciplinario como un recurso interno que, si bien no puede sustituir la función de la jurisdicción penal en casos de violaciones de los derechos humanos —en razón de la naturaleza del tipo de faltas investigadas que tiende a la protección de la función administrativa y la corrección y control de los funcionarios públicos, y de los fines del órgano a cargo de la misma—, “sus resultados pueden ser valorados en el tanto coadyuven al esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de este tipo de responsabilidades” (4) .
2.2. Los derechos de las víctimas y el deber de protección.
Es indiscutible que “El constituyente dio la más alta fuerza normativa a una concepción ética del ejercicio del poder, según la cual, nada está por encima del respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ni siquiera en los Estados de excepción” (5) , y que los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario constituyen criterios hermenéuticos esenciales para determinar el contenido propio tanto de otras cláusulas constitucionales más particulares, como de las normas infraconstitucionales.
Desde esta perspectiva la tarea de la Corte es la de justificar y preservar la legitimidad de las decisiones adoptadas por las mayorías en el contexto axiológico de la Constitución Política y de los tratados internacionales de derechos humanos que ocupan un lugar preferente, aun para esas mayorías cuya voluntad no debe ser ajena a criterios éticos, y conforman un mínimo necesario para proteger la prevalencia, sobre las decisiones políticas, de la dignidad humana entendida a la luz de la convicción jurídica común a la comunidad internacional que tales tratados recogen, que en una democracia constitucional merece extraordinario respeto y no puede ser menoscabado, vulnerado o sacrificado, no debe ser sometido a regateos políticos o de otra índole, y no admite formas mejores o peores, buenas o malas de transgresión por plausibles que puedan parecer coyunturalmente los fines que las animan, so pena de que el contenido de tales acciones tenga finalmente un efecto pernicioso en las libertades y en los fundamentos mismos de la democracia, pues los mismos constituyen “el límite al poder de configuración del Congreso, de gestión del gobierno y de interpretación judicial” (6) . Lo anterior no obsta para que el alcance de los derechos humanos pueda estar condicionado en caso de que exista una contraposición inaceptable desde el punto de vista de la justicia material entre la norma legal que se invoca como justificatoria de una conducta estatal y el resultado que de ella se deriva (7) .
Lo anterior implica que aun en los casos en que exista una norma que justifique la actuación o la amplitud de la discrecionalidad otorgada a la autoridad estatal, si el resultado de la misma es inaceptable desde el punto de vista de la justicia material y los derechos humanos tal actuación debe ser censurada, pues el sometimiento de las autoridades a la Constitución y a la ley y la primacía de aquella sobre esta exigen conformar su quehacer a los postulados normativos infraconstitucionales interpretándolos a la luz de los preceptos superiores y no a la inversa. Al respecto, la Corte Constitucional destacó que “Otro de los aspectos sobresalientes de la construcción del consenso de la comunidad internacional para la protección de los valores de la dignidad humana y de repudio a la barbarie, es el reconocimiento de un conjunto de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario como crímenes internacionales, cuya sanción interesa a toda la comunidad de naciones por constituir un core delicta iuris gentium, es decir, el cuerpo fundamental de “graves crímenes cuya comisión afecta a toda la humanidad y ofende la conciencia y el derecho de todas las naciones’ (8) ” (9) , y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “... los Estados no están autorizados a restringir estos derechos, aun invocando la existencia de situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida del Estado o de la comunidad nacional” (10) .
En los eventos que atañen a los derechos humanos, tales decisiones no tienen un carácter meramente filosófico sino que de hecho apuntan a resolver problemas reales que enfrentan la sociedad y sus miembros, en tanto el contenido que se de a tales derechos les afecta, define las posibilidades de convivencia social y sustenta la legitimidad de las autoridades. “‘El delincuente es llevado a la corte penal, no porque ha dañado a determinadas personas, tal como en el caso de la justicia civil, sino porque su delito pone en peligro la comunidad como entidad entera’ anotó Hannah Arendt en relación al proceso de Nuremberg” (11) .
El deber de garantía de la vigencia y efectividad de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario impone al Estado una exigencia indeclinable de carácter positivo que le obliga a adoptar e implementar utilizando hasta el máximo y con extrema diligencia sus posibilidades las políticas, acciones o medidas encaminadas a lograr la primacia de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y constitucionales y una de carácter negativo que le obliga a abstenerse de adelantar, o ejecutar políticas, acciones o medidas regresivos en materia de derechos humanos o que signifiquen una carga cuya onerosidad para quien la sufre carezca de toda justificación desde la perspectiva de la dignidad humana. Se demanda entonces del Estado y todas sus autoridades una inquebrantable, infatigable y seria atención a su cuidado, deber cuyo cumplimiento “no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole” (12) (C.N., arts. 93 y 9º).
El Estado social de derecho que es un Estado constitucional y respetuoso del consenso de la comunidad internacional en torno al valor de la dignidad humana y de los tratados internacionales de derechos humanos que lo recogen se centra entonces en el reconocimiento de esa dignidad y su protección “atendiendo a sus condiciones reales al interior de la sociedad y no del individuo abstracto”, de manera que los derechos fundamentales “Conforman lo que se puede denominar el orden público constitucional...” (13) .
Esa dignidad del hombre ha constituido el eje de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el concepto de derechos humanos y libertades fundamentales, en tanto “valor central del sistema y principio de principios” perspectiva desde la cual se considera fundamental “todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la medida en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la posibilidad de funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está determinada de manera apriorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del derecho constitucional) existentes sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta prestación o abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las circunstancias particulares de cada caso (tópica)” (14) .
En relación con las víctimas de conductas que implican violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, el alcance de sus derechos precisado por la jurisprudencia nacional e internacional comporta un derecho de participación efectiva (15) para lograr la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de esos hechos, pues no puede considerarse que el interés de las víctimas se reduce al meramente patrimonial.
Un recuento jurisprudencial permite concluir que tales derechos se desprenden del derecho de acceso a la administración de justicia (C.N., art. 29 y 229), del derecho a no ser objeto de tratos crueles inhumanos o degradantes (art. 12), así como de la obligación estatal de respeto y garantía plena de los derechos, el debido proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, consagrados en los artículos 1º, 8º y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Estos valores y principios constitucionales que fundamentan estos derechos, tienen además una estrecha relación con el derecho de acceso a la verdad, el carácter participativo del Estado (16) , y con los derechos fundamentales (17) , y la dignidad humana que le dan una dimensión objetiva a los mismos, por lo cual el interés de las víctimas y de los perjudicados en participar dentro de los procesos conducidos por el Estado relacionados con conductas que vulneran los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario trasciende necesariamente el aspecto meramente subjetivo e individual para proyectar a la sociedad entera el interés en conocimiento de la verdad y la sanción de los responsables de de esas conductas, y cuya intervención en esos procesos se realiza precisamente a través de ellas, dado que, como también lo ha sostenido, la sociedad civil en estos casos puede estar representada por cualquier ciudadano (18) .
Planteada así la cuestión, las víctimas o perjudicados con una falta disciplinaria constitutiva de una violación del Derecho Internacional De Los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, en tanto encarnan bienes jurídicos que también buscan ser protegidos por el derecho disciplinario como la dignidad humana, los fines del Estado, la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo, tienen un legítimo derecho a que en el proceso disciplinario se establezca la verdad y se concrete la justicia en ese ámbito, derecho que conlleva el deber del Estado de investigar y sancionar esa conducta lesiva de la dignidad humana cuya restitución y afirmación ha de alcanzarse en el marco de los diferentes espacios en que se hace justicia entre los cuales esta el derecho disciplinario. “Es decir, en tales eventos, las víctimas tienen un derecho a la verdad y a la justicia disciplinarias pues la afirmación de su dignidad, el reconocimiento y realización de sus derechos y, por esa vía, la promoción de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo, no se circunscriben únicamente al ejercicio del poder punitivo del Estado sino que se extiende a todas las esferas de la vida pública y privada y, desde luego, también al ejercicio de la potestad estatal disciplinaria” (19) .
“es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la convención” (20) (negrilla fuera del texto).
En el caso se observa que las faltas disciplinarias gravísimas consagradas en los numerales 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, implican vulneraciones a los derechos fundamentales y al Derecho Internacional Humanitario que demandan protección especial a las víctimas de los mismos:
En estas hipótesis, el fundamento del reproche disciplinario sigue siendo la infracción del deber funcional del servidor público o del particular que desempeña funciones públicas, pero dado que con ellas se lesionan derechos humanos como los consagrados en los artículos 4º, 5º, 7º y 8º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el titular de estos adquiere una situación especial respecto de cualquier ciudadano interesado en el ejercicio del control disciplinario y la protección del ejercicio legítimo de la autoridad dentro del Estado de derecho, pues tales conductas a la luz de la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos son, como se dijo, ilícitas.
No es posible desconocer que, sin excepción, todos los servidores públicos y los particulares que cumplen funciones públicas destinatarios de la Ley 734 de 2002 tienen el deber de proteger la vida, derechos y libertades de las personas residentes en Colombia (C.N., art. 2º), entre los cuales se encuentran los derechos humanos y aquellos derivados del Derecho Internacional Humanitario que ocupan un lugar privilegiado, lo cual les convierte en garantes y por tanto responsables del goce efectivo de tales bienes jurídicos, posición que conlleva inexorablemente el deber prioritario, específico, permanente y erga omnes de considerarlos, respetarlos, garantizar su pleno y libre ejercicio y preservar su eficacia, en cualquier circunstancia, por todos los medios a su alcance, cualquiera sea la naturaleza de las funciones legales o constitucionales que ejerzan y del manejo de las relaciones interestatales. Por tanto, la limitación de la posibilidad de acudir a la justicia disciplinaria en los casos en que la conducta pueda encuadrarse en una de las faltas que impliquen, por acción o por omisión, un atentado contra los derechos humanos o el DIH resulta contraria al jus cogens, a la obligación que tiene el Estado ante a la comunidad internacional en su conjunto y frente a la humanidad entera que se convierte en víctima con la violación de los derechos de cualquier ser humano, de investigar y sancionar por todos los medios a su alcance, incluyendo los relativos al derecho penal y disciplinario, tales actos u omisiones máxime cuando se pueden hallarse involucrados servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas, y a los principios y valores consagrados en la Constitución Política que nos definen como un Estado de derecho y una sociedad democrática.
Diferenciar entre el carácter grave o leve, penal, civil, administrativo o disciplinario, de una conducta que envuelva una violación de derechos fundamentales o Derecho Internacional Humanitario no puede tener un fundamento válido a la luz de estos o de la Constitución Política, so pena de sacrificar unos y otros a la discrecionalidad de las autoridades, erosionar la efectividad de la protección de esos derechos prevista en los estatutos jurídicos nacionales e internacionales y crear un caldo de cultivo propicio a la repetición de esas conductas, por lo cual no resulta posible determinar su alcance en función de una visión centrada en la seguridad jurídica, la cosa juzgada o el principio de non bis in ídem, como tampoco en la naturaleza administrativa del proceso disciplinario, la finalidad del mismo consistente en evaluar la conducta oficial de los servidores públicos en el cumplimiento de su función, o la imposibilidad de alcanzar por este medio una reparación patrimonial, o el interés de la administración de ponerle límites a las investigaciones, de manera que no se prolonguen indefinidamente como lo manifiestan algunos intervinientes.
En materia de faltas de servidores públicos y de particulares que cumplen funciones públicas que impliquen violación de los derechos humanos o el DIH todas aquellas medidas de orden interno destinadas a investigarlas y sancionarlas constituyen una obligación estatal que solo concluye cuando tales deberes han sido eficazmente cumplidos y hacen parte de las garantías de los derechos a la verdad como parte esencial de la reparación, a la justicia y a la no repetición que constituyen derechos de las víctimas, y en cuyo respeto está interesada la sociedad entera y cada uno de sus miembros, como que son condición de su existencia.
Puestas así las cosas es claro que la protección de los derechos de las víctimas no puede estar sujeta a una limitación que pueda hacer nugatorio su ejercicio, especialmente cuando en la vulneración de sus derechos está involucrado un servidor público, ni puede ser el transcurso del tiempo una razón válida para impedir a las víctimas el derecho a la defensa y protección frente a faltas tales como las señaladas en los numerales 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por lo cual tampoco resulta razonable el límite impuesto a ellas por la norma demandada para solicitar la revocatoria directa, máxime si se considera que, como lo ha señalado esta corporación las limitaciones a los derechos constitucionales de las víctimas y perjudicados por conductas lesivas de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, constituyen un ámbito en donde la libertad del legislador es restringida (21) .
No obstante, es evidente, como bien lo señala el Ministerio Público que: i) el parágrafo del artículo 30 de la Ley 734 de 2002, no puede interpretarse en el sentido pretendido por el actor sino en el marco de la regulación disciplinaria; ii) no es posible aplicar todos los criterios del derecho penal al derecho disciplinario; iii) la factibilidad de que las victimas y perjudicados soliciten la revocatoria directa de fallos absolutorios o con sanciones mínimas respecto de la conducta ha de armonizarse con la escogencia del legislador en materia de prescripción.
En consecuencia la Corte declarará la exequibilidad condicionada de la norma en el entendido que cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del Derecho Internacional De Los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, respecto de las víctimas de las conductas descritas en los numerales 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que no tuvieron la oportunidad de participar en la actuación disciplinaria, el término de 5 años para solicitar la revocatoria directa de decisiones absolutorias, de archivo o con sanciones mínimas respecto de la conducta, debe empezar a contarse desde el momento en que la víctima se entera de la existencia de tales providencias, salvo que haya operado la prescripción de la sanción disciplinaria.
1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “se formulará dentro de los cinco años siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo”, contenida en el inciso primero del artículo 126 de la Ley 734 de 2002, por los cargos formulados, en el entendido que cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, respecto de las víctimas de las conductas descritas en los numerales 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que no tuvieron la oportunidad de participar en la actuación disciplinaria, el término de 5 años para solicitar la revocatoria directa de decisiones absolutorias, de archivo o con sanciones mínimas respecto de la conducta, debe empezar a contarse desde el momento en que la víctima se entera de la existencia de tales providencias, salvo que haya operado la prescripción de la sanción disciplinaria.
Magistrados: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente—Jaime Araújo Rentería—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil—Mauricio González Cuervo—Marco Gerardo Monroy Cabra—Nilson Pinilla Pinilla—Clara Inés Vargas Hernández
(1) Sentencia C-014 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Treviño.
(2) Ibìdem.
(3) Sentencias C-554 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-004 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(4) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 31 de enero de 2006. Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia.
(5) C-587 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
(6) C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
(7) Entre otras, Sentencia C-004 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Al respecto resulta también ilustrativo el que en el juicio de ponderación empleado por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, al condenar a los centinelas del muro de Berlín por los homicidios cometidos al amparo de las normas vigentes para la época de los hechos en la República Democrática Alemana, contra quienes intentaban cruzar la frontera, se concluyó que cuando se trata de una norma, justificatoria de una conducta que agrede derechos humanos, extremada, insoportable y evidentemente injusta, ella carece de validez jurídica desde su expedición por lo cual su no aplicación a un caso concreto no puede considerarse como violación de los principios de favorabilidad e irretroactividad en materia penal, y en tales casos el valor de la seguridad jurídica debe ceder ante el de la justicia. Alexi Robert, “Derecho Injusto, Retroactividad y Principio de Legalidad Penal. La doctrina del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre los homicidios cometidos por los centinelas del muro de Berlín”. Revista Doxa número 23, año 2000.
(8) La expresión delicta iuris gentium fue acuñada en el juicio contra Adolph Eichmann por la Corte de Israel al señalar la necesidad de contar con una jurisdicción universal para juzgar crímenes atroces en los siguientes términos: “Los crímenes atroces se definen como tales tanto en el derecho de Israel como en el de otras naciones. Aquellos crímenes cuya comisión afecta a toda la humanidad y ofende la conciencia y el derecho de todas las naciones constituyen “delicta iuris gentium”. Por lo tanto, el derecho internacional antes que limitar o negar la jurisdicción de los Estados con respecto a tales crímenes, y en ausencia de una corte internacional para juzgarlos, requiere que los órganos legislativos y judiciales de cada Estado creen las condiciones para llevar a estos criminales a juicio. La jurisdicción sobre estos crímenes es universal” (Traducción no oficial). En Cr.C (Jm) 40/61, The State of Israel v. Eichmann, 1961, 45 P.M.3, part. II, para. 12, citado por Brown, Bartram. The Evolving Concept of Universal Jurisdiction. En New England Law Review, Vol 35:2, página 384. Ver también http://www.nizkor.org/hweb/people/eichmann-adolph/transcripts/judgement-002/html. El término “core” fue adicionado posteriormente para referirse al conjunto de crímenes que como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra más graves son objeto de jurisdicción universal por los Estados, independientemente de la nacionalidad del autor o de las víctimas y del lugar en donde fueron cometidos, incluidos la piratería, la esclavitud, la tortura y el apartheid. El Estatuto de Roma reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre algunos de esos crímenes.
(9) Sentencia C-578 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(10) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe 1/96. Caso 10.559, marzo 1º de 1996.
(11) Huhle, Rainer “De Nuremberg a La Haya: Los crímenes de derechos humanos ante la justicia. Problemas, avances y perspectivas a los 60 años del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg”, Centro de Derechos Humanos de Nuremberg. Revista Análisis Político, v.18 n. 55, Bogotá, noviembre de 2005, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia.
(12) Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 4 de julio de 2007, caso Escué Zapata vs. Colombia.
(13) C-587 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
(14) Sentencia T-227 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(15) Sentencias C-004 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-014 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
(16) En la Sentencia C-412 de 1993, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), la Corte vinculó expresamente estos derechos con el carácter participativo de nuestro sistema democrático. En tal ocasión sostuvo: “las personas involucradas en los hechos punibles tienen un verdadero derecho al proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado democrático debe ser eminentemente participativa”. Por su parte, en la C-228 de 2002 dijo al respecto: “En un Estado social de derecho y en una democracia participativa (C.N., art. 1º), los derechos de las víctimas de un delito resultan constitucionalmente relevantes. Por ello, el constituyente elevó a rango constitucional el concepto de víctima. Así, el numeral 4º del artículo 250 superior, señala que el Fiscal General de la Nación debe ‘velar por la protección de las víctimas’”.
(17) A su vez, en otras ocasiones ha resaltado la relación que tales derechos pueden tener con ciertos derechos fundamentales de las víctimas y de los perjudicados. Relacionando tal participación con el derecho al buen nombre y a la honra ver la Sentencia T-275 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
(18) Ver entre otras C-587 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón, C-875 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-580 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-228 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
(19) C-014 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(20) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Vásquez Velásquez vs. Honduras. Sentencia del 29 de julio de 1988.
(21) C-004 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.