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Timestamp: 2018-01-21 07:31:29
Document Index: 207337107

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 12']

Orden de 25 de septiembre de 2007 por la que se hacen públicos los criterios para la determinación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia
Vigencia desde 03 de Octubre de 2007. Revisión vigente desde 03 de Octubre de 2007
Artículo 2 Determinación de la cuantía de las prestaciones económicas
Artículo 3 Determinación del importe de la prestación económica que corresponde a cada beneficiario
Artículo 4 Dedicación horaria de los cuidados
Artículo 6 Capacidad económica
Artículo 7 Regulación de los requisitos y condiciones de acceso a las prestaciones económicas
Orden Sanidad y Dependencia 20 Feb. 2008 CA Extremadura (criterios para la determinación de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia)
O [EXTREMADURA] 25 septiembre 2007, derogada por la Disposición Derogatoria Única de la O [EXTREMADURA] 20 febrero 2008 por la que se hacen públicos los criterios para la determinación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia («D.O.E.» 29 febrero) el 1 de marzo de 2008.
Las personas en situación de dependencia tendrán derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley, en los términos establecidos en la misma, debiendo a tal efecto solicitar el reconocimiento de su situación de dependencia.
El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración Autonómica en la que se determinarán los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante según su grado y nivel de dependencia.
El artículo 14 de la Ley 39/2006 señala que las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
Mediante el LE0000246340_20110512Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se han determinado los servicios y prestaciones que corresponden a los Grados II y III de dependencia; a la vez que se han establecido las cuantías máximas de las prestaciones económicas correspondientes al Grado III, Gran Dependencia, niveles 1 y 2, para el año 2007.
Respecto a la cuantificación del importe de la prestación económica a reconocer a cada beneficiario, el apartado 2 del artículo 13 del Real Decreto 727/2007 dispone que se determinará aplicando a la cuantía vigente para cada año un coeficiente reductor según su capacidad económica, de acuerdo con lo establecido por la Comunidad Autónoma o Administración que, en su caso, tenga la competencia y tendrá en consideración lo que se acuerde por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
En consecuencia con lo anterior, se hace necesario establecer los porcentajes aplicables a aquellos beneficiarios que tengan su residencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como los criterios necesarios para la determinación de los importes que les corresponde percibir en función de su capacidad económica.
Es objeto de esta Orden hacer públicos los criterios para la determinación del importe de la prestación económica a conceder a aquellos beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia de Grado III, Gran Dependencia, niveles 1 y 2, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que residan en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La cuantía de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, para el cuidado en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales y de asistencia personal será la determinada por el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley 39/2006.
El importe mensual de la prestación económica a reconocer a las personas beneficiarias se determinará aplicando a la cuantía vigente para cada año, el porcentaje que se señala a continuación, en función de su capacidad económica; sin que el importe resultante pueda ser inferior a la cuantía íntegra mensual fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la pensión no contributiva respecto de aquellos beneficiarios cuya capacidad económica sea inferior a tres veces el IPREM.
Menos del IPREM 100% 100% 100%
De dos a dos veces y media el IPREM 80% 90% 80%
De dos y media a tres veces el IPREM 70% 85% 70%
De tres a tres veces y media el IPREM 60% 80% 60%
De tres y media a cuatro veces el IPREM 50% 75% 50%
De cuatro a cuatro veces y media el IPREM 40% 70% 40%
De cuatro y media a cinco veces el IPREM 40% 65% 40%
Más de cinco veces el IPREM 40% 60% 40%
La determinación de la cuantía individual de las prestaciones económicas vinculada al servicio, para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal que corresponde a cada uno de los beneficiarios se efectuará en función de la dedicación horaria de los cuidados que reciba, de acuerdo con la tabla que se establece a continuación, de tal manera que en la dedicación completa se percibirá la prestación íntegra, calculada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, en la dedicación parcial el 50% y en la dedicación media será proporcional al número de horas de los cuidados:
En los supuestos en que el beneficiario sea titular de cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en otro régimen público de protección social, del importe a reconocer conforme a los criterios establecidos anteriormente, se deducirán las siguientes prestaciones: el complemento de gran invalidez, el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75 por ciento, el complemento por necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no contributiva, regulados en los artículos 139.4, 182 bis.2c, 145.6 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Asimismo, se deducirá el subsidio de ayuda a tercera persona, previsto en el artículo 12.2.c), de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
Para la determinación de la capacidad económica del beneficiario, al objeto de aplicar los criterios establecidos en la presente Orden, se tendrán en cuenta su renta y patrimonio, valorados conforme a lo dispuesto en los apartados siguientes:
1. La renta del beneficiario se valorará atendiendo a los ingresos netos que perciba, que comprenderán los rendimientos del trabajo, incluidas pensiones y prestaciones de previsión social, cualquiera que sea su régimen; los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario; los rendimientos de las actividades económicas y las ganancias y pérdidas patrimoniales.
En el caso de que la persona beneficiaria tuviera cónyuge o pareja de hecho se entenderá como renta personal la mitad de la suma de los ingresos de ambos miembros de la pareja.
Cuando la persona beneficiaria tuviera a su cargo a cónyuge o pareja de hecho, ascendientes o hijos menores de 25 años o mayores con discapacidad que dependieran económicamente de ella, su capacidad económica se determinará dividiendo su renta y patrimonio entre el número de personas consideradas además del beneficiario.
2. El patrimonio del beneficiario se valorará atendiendo a la totalidad del capital mobiliario e inmobiliario del que sea titular.
Para su estimación se estará a lo dispuesto en las normas establecidas para el Impuesto sobre el Patrimonio con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como las deudas y obligaciones personales de las que deba responder.
Se consideran exentos de cómputo, la vivienda habitual y los bienes y derechos calificados como exentos en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, hasta el límite que determine la legislación del Impuesto sobre el Patrimonio aplicable cuando el beneficiario reciba servicios o prestaciones y deba continuar residiendo en su domicilio, o bien, cuando, residiendo en un centro residencial tuviera a su cargo a su cónyuge, ascendiente o a personas de edad inferior a 25 años que sigan viviendo en el mismo.
Se tendrá en consideración para la aplicación de los criterios establecidos en la presente Orden, los acuerdos que a tal efecto se adopten por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.