Source: http://boletinlegalve.blogspot.com/2014/04/
Timestamp: 2018-03-21 03:06:14
Document Index: 43957581

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 303', 'Artículo 5', 'artículo 1', 'Artículo 7', 'artículo 130', 'artículo 533', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 822', 'artículo 993', 'artículo 257', 'Artículo 228', 'artículo 228', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 257', 'artículo 26', 'artículo 207', 'artículo 207', 'artículo 207', 'artículo 155', 'artículo 159']

Boletín Legal Venezuela: abril 2014
Gaceta Oficial: http://www.tsj.gov.ve/gaceta/abril/2942014/2942014-3968.pdf#page=2
En la Gaceta Oficial Nº 40.401 del 29 de abril de 2014, la Presidencia de la República, mediante Decreto Nº 935 fijó un aumento del treinta por ciento (30%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, para los trabajadores que presten servicios en los sectores público y privado en Bs. 4.251,40. El contenido del referido Decreto es el siguiente:
Artículo 1: Se fija un aumento del treinta por ciento (30%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° de este Decreto, quedando, a partir del 1° de mayo de 2014, en la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 4.251,40) mensuales, esto es, CIENTO CUARENTA Y UN BOLÍVARES CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 141,71) diarios, por jornada diurna.
Artículo 2: Se fija un aumento del treinta por ciento (30%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, para los adolescentes y las adolescentes aprendices, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Título V del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, quedando, a partir del 1° de mayo de 2014, en la cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN BOLÍVARES CON SETENTA CÉNTIMOS (Bs. 3.161,70) mensuales, esto es, CIENTO CINCO BOLÍVARES CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 105,39) diarios, por jornada diurna. Cuando la labor realizada por los adolescentes y las adolescentes aprendices sea efectuada en condiciones iguales a la de los demás trabajadores y trabajadoras, su salario mínimo será el establecido en el artículo 1° del presente Decreto, de conformidad con el artículo 303 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Artículo 5: Se fija como monto mínimo de las pensiones otorgadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), el salario mínimo obligatorio establecido en el artículo 1° del presente Decreto.
Artículo 7°: El pago de un salario inferior a los estipulados como mínimos en este Decreto, obligará al patrono o patrona a su pago de acuerdo a lo establecido en el artículo 130 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y dará lugar a las sanciones indicadas en el artículo 533, ejusdem.
Artículo 9: El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 1° de mayo de 2014.
Artículo 10: El Ministro o la Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, queda encargado o encargada de la ejecución del presente Decreto.
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Sobre la declaratoria de únicos y universales herederos
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/abril/162827-242-9414-2014-13-0983.HTML
Mediante sentencia N° 242 del 09 de abril de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, destacó que a la luz de los principios pro actione, el órgano jurisdiccional no debe supeditar la declaratoria de únicos y universales herederos al cumplimiento de una gestión administrativa previa, en aquéllos casos en que deba realizarse una corrección de forma que no afecte el fondo de lo debatido, más aun cuando conste en autos los elementos sustanciales y suficientes como lo son el acta de nacimiento y el acta de defunción. Así las cosas, se precisó lo siguiente:
“Precisado lo anterior, entiende la Sala que la accionante pretende atacar, mediante los recursos legales, el auto dictado por el Juzgado de los Municipios Atures y Autana de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, en el que se le instó a acudir a la instancia administrativa para corregir una omisión que no afecta el fondo de la misma, de la que adolecía la partida de defunción, lo cual según la Ley Orgánica de Registro Civil vigente desde el 15 de marzo de 2010, puede solicitarse perfectamente en sede administrativa sin tener que ir necesariamente a la vía judicial.
No obstante lo anterior, y sin que esto signifique pronunciamiento al fondo de la causa primigenia, en este caso concreto, la solicitante está acudiendo a la vía judicial, no para rectificar la partida de defunción, sino para ser declarada única y universal heredera de su fallecido padre, anexando a su solicitud su acta de nacimiento, (folio 3) de la cual se evidencia que la ciudadana, Maryoris Nathaly Pacheco Acosta, es hija del ciudadano Robert Alberto Pacheco González, fallecido, tal como consta en el acta de defunción (folio 2), teniendo pues el órgano judicial la certeza de la vocación de heredera de la accionante, de conformidad con lo establecido en el artículo 822 del Código Civil, así como del hecho de la muerte del ciudadano Robert Alberto Pacheco González, lo cual apertura la sucesión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 993 del Código Civil, elementos sustanciales y suficientes para la declaración del derecho de únicos y universales herederos, cuyos efectos jurídicos se establecen en el Libro Cuarto, Titulo I del Código de Procedimiento Civil, artículos 898 y 899 al disponer que, no causa cosa juzgada y deja a salvo derechos de terceros adquirentes, que a lo mejor, por no ser conocidos y que tampoco se encontraban identificados en el acta de defunción pudieran luego incorporarse como herederos universales; pareciera entonces que supeditar la declaratoria del derecho, que está siendo evidenciado con los elementos sustanciales- acta de nacimiento y acta de defunción- por el máximo órgano competente que es el judicial, al cumplimiento de una gestión administrativa que no afecta el fondo, como lo es la incorporación del nombre de la solicitante en el acta de defunción tal como lo hizo el Tribunal de la causa primigenia, no es cónsono con el principio pro accione que genera una tutela judicial efectiva y eficaz (vid. sentencia número 151 del 28 de febrero de 2012 caso Nabil Kachwar Pérez) y con el principio finalista establecido en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela según el cual no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.
Artículo 228 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y tutela judicial efectiva
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/abril/162722-209-7414-2014-12-1180.HTML
Mediante sentencia N° 209 del 07 de abril de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, destacó que por el hecho de que el artículo 228 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario no permita que se apelen las sentencias interlocutorias en el procedimiento oral no constituye por ello una violación a la tutela judicial efectiva o al debido proceso, en virtud de que el posible gravamen que se pueda causar por la sentencia interlocutoria pueda ser alegado en la impugnación de la sentencia definitiva. De ese modo, se afirmó lo siguiente:
“Ahora bien, debe acotarse que el derecho a la tutela judicial efectiva (como garantía constitucional) supone la facultad de acceder a la justicia, impartida conforme al artículo 26 del Texto Fundamental (imparcial, gratuita, accesible, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles); por su parte, el derecho al debido proceso que a su vez comprende el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, el derecho al juez natural, entre otros, no incluye dentro de sus componentes la recurribilidad absoluta de todas las providencias judiciales, pues ésta sólo tienen cabida, si la ley así lo contempla.
Por ello, la circunstancia de que determinados juicios se sustancien en una sola instancia, o que determinadas resoluciones judiciales no posean apelación como es el caso de autos, responde en algunos casos, a la voluntad del legislador de descongestionar, dentro de lo posible, los tribunales de la República, y en el caso del procedimiento agrario responde a esos principios superiores que llaman a tomar una decisión ajustada a derecho de la manera más expedita, visto el fin último que se persigue, como lo es el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental.
En efecto, la jurisdicción especial agraria es la llamada a amparar los principios constitucionales previstos en los artículos 2, 26, 49, 305 y 307 y que el legislador concentró en el artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como la consolidación de los mismos dentro de un Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, en la búsqueda de la profundización de los valores constitucionales de desarrollo sustentable, inherentes a la seguridad agroalimentaria y a la justa disponibilidad de alimentos de calidad, distribución de la riqueza y planificación estratégica, democrática y participativa; así como la mejora de la calidad de vida de la población campesina, y el logro de un desarrollo armónico y viable en el contexto de la justicia social que toda actividad agraria persigue.
En este sentido, la exposición de motivos del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone en cuanto al procedimiento agrario, que el mismo se informa de los valores contenidos en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos a la simplicidad, oralidad, uniformidad y eficacia, procurando un procedimiento sencillo que desarrolle el principio de celeridad y economía procesal.
Por ello, la creación de incidencias vía jurisprudencial, en este caso la apelación, de decisiones interlocutorias, estando expresamente prohibidas por el texto adjetivo agrario, van en contra de los postulados que tan celosamente resguarda dicho instrumento normativo, llegando a quebrar el fin supremo conseguido con la implementación de un procedimiento oral, que es se reitera, la consecución expedita de la justicia, más aun cuando las partes pueden alegar los gravámenes que se le hayan causado por la sentencia interlocutoria en la impugnación de la sentencia definitiva, garantizándose así el derecho a la tutela judicial efectiva.
Como corolario de lo precedentemente expuesto, se reitera que el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales contemplado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe ser entendido como el derecho a obtener una resolución a través de los procedimientos legalmente establecidos y conforme a las pretensiones formuladas por las partes, pero el derecho a los recursos y al sistema legal impugnatorio, salvo en el proceso penal, no tiene vinculación constitucional, por lo que el legislador es libre de determinar su configuración, los supuestos en que procede y los requisitos que han de cumplirse en su formalización (Vid. Decisión de la Sala Nº 694 del 6 de julio 2010, caso: “Eulalia Pérez González”)”.
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Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/marzo/162527-0370-28314-2014-12-1430.HTML
Mediante sentencia N° 370 del 28 de marzo de 2014, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, determinó que en aquellos casos en que se demanden horas extras superior al límite legal contemplado en el artículo 207 de la derogada ley orgánica del Trabajo, se tendrán como trabajadas 10 horas extraordinarias semanales durante toda la relación laboral. El recargo del 50% sobre el salario convenido para el pago de las horas extras deberá considerarse como parte del salario base para el pago de las prestaciones sociales, indemnización de antigüedad, prestación de antigüedad, utilidades, vacaciones y bono vacacional. En efecto se señaló que:
“En cuanto a las horas extras demandadas, la accionante indicó haber prestado el servicio durante 12 horas diarias, comprendidas desde las 6:30 a.m. a 6:30 p.m., para un total de 66 horas semanales, de lunes a sábado, con una hora de descanso diario, interjornada. En ese sentido, del análisis efectuado al material probatorio, en virtud que la parte demandada no exhibió documental contentiva de las horas extraordinarias refrendada por el órgano administrativo del trabajo, y vista la afirmación de dichas horas extras trabajadas, mediante relación gráfica reproducida en esta sentencia, así como de los conceptos cancelados a la trabajadora a través de los recibos de pago de nómina cursantes a los folios 109 al 123, esta Sala se ve en la obligación de establecer los límites del trabajo efectuado en las condiciones excepcionales mencionadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo, de diez (10) horas diarias, incluidas las extraordinarias, las cuales no podrán exceder de cien (100) horas extraordinarias por año.
Ahora bien, establecido como cierto el hecho que la trabajadora laboró horas extraordinarias para la parte demandada, corresponde determinar los límites y el lapso de la prestación de servicio excepcional. En consecuencia, visto que la pretensión de horas extraordinarias supera el límite legal, contemplado en el artículo 207 ibidem, se tienen como trabajadas 10 horas extraordinarias semanales, durante toda la relación laboral, por lo que corresponde el pago de las horas extras por todo el tiempo laborado, salvo los períodos respecto de los cuales quedó demostrado su cancelación. Asimismo, las referidas horas extraordinarias deberán formar parte del salario durante toda la relación laboral.
En ese contexto, se establece que el salario normal de la trabajadora, está compuesto por el salario pagado mensualmente por el empleador, conforme quedó demostrado, esto es, superior al salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional opuesto por la accionada, y las horas extras trabajadas durante todo el tiempo de la relación, a razón de un cincuenta por ciento (50%) de recargo sobre el salario convenido para la jornada ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 eiusdem.
Establecido lo anterior, observa la Sala que, al considerarse el pago de horas extras como elemento salarial, debió tomarse como parte del salario base de cálculo de las prestaciones sociales, indemnización de antigüedad, prestación de antigüedad, utilidades, vacaciones, bono vacacional, y siendo que estos fueron calculados con base al salario devengado por la trabajadora sin la inclusión del referido concepto, procede el pago de una diferencia en este sentido, tal como se establecerá de seguidas, para lo cual se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo, con un único experto, designado por el tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, quien deberá estimar las cantidades, tomando en cuenta los parámetros que se indican a continuación”.
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