Source: https://hiperderecho.org/temas/intervenganapdayc/
Timestamp: 2017-11-22 13:05:04
Document Index: 152258289

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'in fine', 'artículo 184', 'artículo 196', 'artículo 196', 'artículo 41', 'in fine', 'artículo 158', 'artículo 147', 'artículo 153', 'artículo 163', 'artículo 152', 'artículo 158', 'artículo 151', 'artículo 147']

IntervenganAPDAYC Archivos | Hiperderecho
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23 junio, 2014	Miguel Morachimo
30 abril, 2014	Hiperderecho
29 abril, 2014	Hiperderecho
28 abril, 2014	Hiperderecho
Este Proyecto de Ley fue presentado por Emiliano Apaza (Gana Perú) el 6 de diciembre de 2013 y también lleva la firma de los congresistas Pari Choquecota, Juan Donato; Condori Cusi, Ruben; Coari Mamani, Claudia Faustina; Coa Aguilar, Ruben Rolando; Molina Martinez, Agustin F; y, Reynaga Soto, Jhon Arquimides.
El Proyecto propone cambiar exclusivamente el artículo 41 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, referido a la lista de excepciones y limitaciones. Al respecto, propone agregar un nuevo párrafo incluyendo una excepción especial para celebraciones o festividades públicas o privadas de carácter social, sin interés económico y sin cobro de entrada.
Artículo 41.– Las obras del Ingenio protegidas por la presente Ley podrán ser comunicadas lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna en los casos siguientes:
f) Cuando las celebraciones o festividades públicas o privadas se realicen con motivos de festividades culturales. patronales. alterados. aniversarios. matrimonios, cumpleaños, fiestas infantiles, promociones. bodas de plata. fiestas de cachimbo, quinceañeras, fiestas navideñas o similares. siempre que no exista un interés económico. directo o indirecto y que el ingreso no genere algún tipo de pago o contraprestación.
Este Proyecto está exclusivamente dirigido a contestar las denuncias por cobros abusivos o desproporcionados por parte de APDAYC. Por ello, propone incluir una nueva excepción que excluya de la responsabilidad de pagar por el uso de obras a todo tipo de celebración y festividad social y sin fines de lucro. Al respecto, como lo hemos expresado al comentar otros proyectos de ley, creemos que el camino más adecuado es ampliar la definición de ámbito doméstico si lo que se quiere es permitir las reuniones sociales privadas. Por otro lado, creemos que el listado propuesto por este Proyecto es un cambio no necesariamente excluyente y mantienen el equilibrio al limitarlo a casos en los que no existe un interés económico directo o indirecto.
25 abril, 2014	Hiperderecho
23 abril, 2014	Hiperderecho
Este Proyecto de Ley fue presentado por Edgar Melgar Valdez (Fuerza Popular) el 29 de noviembre de 2013 y también lleva la firma de los congresistas Gagó Perez, Julio César; Cuculiza Torre, Luisa María; Vacchelli Corbetto, Gian Carlo; Tan De Inafuko, Aurelia; Lopez Cordova, Maria Magdalena; y, Pariona Galindo, Federico.
Este breve Proyecto de Ley busca modificar tres (3) artículos del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, relacionados con el contenido del derecho patrimonial de autor y las reglas aplicables a infracciones y sanciones. Está directamente motivada por las denuncias sobre las intervenciones realizadas por APDAYC en distintos espacios en los que se arrogan facultades propias del poder de policía del Estado.
En esa línea, el primer cambio busca precisar que el ser titular o representante del titular de los derechos de autor sobre una obra no da derecho a ejercer directamente la protección de este derecho. Al respecto, señala que cualquier forma de intervención para procurar la protección del derecho de autor solo puede ser llevado a cabo por la autoridad competente a solicitud de su titular, con sujeción al debido proceso y respetando el irrestricto derecho de defensa del afectado. Al respecto, consideramos particularmente lúcidas las palabras de la Exposición de Motivos cuando señala:
(…) el accionar del titular del derecho de autor (que es un derecho subjetivo tan igual, ni más ni menos que cualquier otro derecho subjetivo que el ordenamiento legal protege) debe ceñirse a las normas y procedimientos que la ley franquea a todos los titulares de derechos subjetivos, sin razón de privilegio, dado que el ius imperio para compeler a su respeto y cumplimiento corresponde a la autoridad pública debidamente empoderada lo que excluye de su ejercicio a todo particular, cualquiera sea su origen y naturaleza.
Además, también propone cambiar el lenguaje del artículo 184 relacionado con la colaboración policial para la protección de los derechos de autor. La versión actual de dicho artículo señala que la autoridad policial deberá de comprobar de inmediato y levantar un constatación, a solicitud del titular o de su sociedad de gestión colectiva, la comisión de cualquier acto que infrinja los derechos de autor. El Proyecto considera utilizar una redacción menos impositiva para considerar que el titular o la sociedad podrá solicitar a la policía la comprobación y la policía ya no estará obligada a hacerlo inmediatamente sino conforme a su propia disponibilidad. Nuevamente, consideramos apropiado este cambio en relación con el principio de igualdad entre sujetos de derecho según el cual no deberían de establecerse distinciones para la protección y la tutela de ciertos derechos por encima de otros. En ese sentido, resulta desproporcionado que los titulares de derechos de autor tengan por ley el súper derecho de ordenar a la policía que compruebe una situación sin que el mismo derecho no asista a las víctimas de robos, violencia familiar o secuestros.
Finalmente, el Proyecto también propone precisar que la potestad de exigir el cese de la actividad ilícita del infractor, así como la indemnización correspondiente de la que habla el artículo 196 solo podrá ejercerse frente a la autoridad judicial correspondiente. Creemos que dicha precisión es aconsejable aunque actualmente ya podría llegarse a la misma conclusión si se entiende que, al estar comprendido el artículo 196 dentro del capítulo sobre procedimientos civiles, sus disposiciones solo aplican a casos tramitados en Poder Judicial.
Un tema interesante que se desprende del último punto es que, según su Exposición de Motivos, la intención original del cambio es dejar sentado que el único que pueden ordenar la intervención en establecimientos de terceros por infracción a los derechos de autor es la autoridad judicial. Esta idea choca directamente con los poderes que la propia ley confiere a la Oficina de Derechos de Autor y a la Comisión, quienes no son una autoridad judicial y aún así se les confiere la posibilidad de ordenar cualquier tipo de suspensión, cierre, decomiso de establecimientos, medios de comunicación y páginas web incluso de manera cautelar, incluso de oficio e incluso sin notificar a la parte afectada tal como lo hicieron en el caso The Pirate Bay. Sin duda, un tema de mucha actualidad que la Comisión tendrá que evaluar.
Este Proyecto de Ley se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde diciembre de 2013.
22 abril, 2014	Hiperderecho
Este Proyecto de Ley fue presentado por la congresista Julia Teves el 15 de noviembre de 2013 y lleva la firma de los congresistas Angulo Alvarez, Roberto Edmundo; Apaza Condori, Emiliano; Apaza Ordoñez, Justiniano Romulo; Cardenas Cerron, Johnny; Llatas Altamirano, Cristobal Luis; Nayap Kinin, Eduardo; y, Romero Rodriguez, Eulogio Amado.
En noviembre del 2013, el Proyecto fue asignado a las Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos donde está pendiente de dictamen.
Este Proyecto busca modificar siete (7) artículos del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, relacionados con excepciones y limitaciones al derecho de autor y sociedades de gestión colectiva (SGC). Todas las propuestas están relacionadas con las denuncias periodísticas realizadas contra APDAYC como parte de la investigación periodística #IntervenganAPDAYC.
La primera parte del Proyecto plantea incluir dos nuevas excepciones en la lista del artículo 41 de la Ley sobre casos en los que resulta lícito comunicar una obra sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna. Una propone que se excluya del pago a la comunicación realizada por personas naturales con motivo de matrimonios, cumpleaños, aniversarios, bautizos o similares. En forma similar al proyecto de Juan Díaz Dios, mantiene la obligación de realizar el pago por parte de propietarios de locales que habitualmente los alquilen para este tipo de eventos aunque exceptúa a las instituciones religiosas. La otra excepción excluye del pago por la comunicación a las instituciones sin fines de lucro cuando lo hagan en el marco de actos de caridad.
En lo referente a SGC, el Proyecto propone que sus tarifas sean establecidas de común acuerdo con gremios o grupos representativos de usuarios y, a falta de acuerdo, se someta a un arbitraje. De la misma manera, propone que las tarifas sean recaudadas a través de un sistema de ventanilla única que unifique en un solo trámite el pago a todas las sociedades de gestión colectiva.
Como otros analizados en este serie, este Proyecto también se ocupa de las incompatibilidades para ejercer los cargos de Director Ejecutivo y miembro del Consejo Directivo o Comité de Vigilancia. A la lista de los artículos 155, 156 y 157 propone agregar que la causal de parentesco con funcionarios de la Oficina de Derechos de Autor o Tribunal del lndecopi se extenderá hasta cinco (5) años después de que el funcionario haya dejado el cargo. Así mismo, también se propone agregar el ser propietario, socio, accionista, representante o abogado de editoras que administren obras que formen parte del repertorio de la sociedad o tener un grado de parentesco con quienes ejerzan estas funciones. Adicionalmente, se propone considerar incompatible con los cargos de miembro del Consejo Directivo o del Comité de Vigilancia el ser Director General, o pertenecer a los órganos de gobierno de otra sociedad de gestión colectiva.
El Proyecto también propone añadir al artículo 158, sobre las personas respecto de las cuales la SGC se encontrará impedida contratar, a los miembros de sus órganos de gobierno. En el mismo artículo, plantea que los miembros de los órganos de gobierno de la sociedad estén impedidos de “realizar o propiciar actos en beneficio propio, directo o indirecto, que impliquen manifiesto conflicto con los intereses de los titulares cuyo repertorio administra la sociedad”.
Finalmente, propone añadir como una facultad de la Oficina de Derechos de Autor la posibilidad de que en forma extraordinaria y motivada dicte una medida cautelar de suspensión de las autoridades societarias en el ejercicio de sus funciones.
Este Proyecto de Ley resulta bastante similar a otros que ya hemos analizado. Quizás uno de los aspectos más particulares de su propuesta es la introducción de la ventanilla única para la recaudación por parte de las SGC. Este es un sistema que se ha propuesto e implementado con éxito en otros países y sobre cuyos beneficios se pronunció la Gerencia de Estudios Económicos de Indecopi hace unos años. Para el usuario, un sistema de ventanilla única puede ayudar a facilitar la comprensión y el cumplimiento de sus obligaciones como usuario de obras protegidas por derechos de autor. Sin embargo, la Comisión deberá de ponderar también las consecuencias que un sistema de este tipo puede tener para las propias SGC.
El otro elemento que merece comentario es la propuesta de la fijación de tarifas de común acuerdo entre SGC y grupos de usuarios. Este mecanismo puede ser un arma de doble filo, en caso los grupos de usuarios puedan ser capturados políticamente por las SGC. Por lo demás, es una propuesta interesante a considerar aunque es pertinente mencionar que las principales quejas contra las SGC no pasan por el hecho de que sus tarifas son muy altas sino porque son aplicadas en forma arbitraria y cobradas a través de prácticas intimidatorias. Quizás la solución no pase por introducir un sistema de fijación de tarifas concordado. Otros proyectos de ley han propuesto la posibilidad de que sea Indecopi quien apruebe y tenga la capacidad de revisar las tarifas y es una alternativa que la Comisión deberá de ponderar.
21 abril, 2014	Hiperderecho
20 abril, 2014	Hiperderecho
Este Proyecto de Ley fue presentado por el congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) el 31 de octubre de 2013 y también lleva la firma de los congresistas Canches Guzman, Rogelio Antenor; Portugal Catacora, Mariano Eutropio; Benítez Rivas, Heriberto; Merino De Lama, Manuel; Mavila Leon, Rosa Delsa; Inga Vasquez, Leonardo Agustin; y, Rimarachin Cabrera, Jorge Antonio.
Este Proyecto busca modificar veintidós (22) artículos del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, relacionados exclusivamente con el funcionamiento y fiscalización de las sociedades de gestión colectiva (SGC). Está fuertemente influenciado por los reportes sobre malos manejos dentro de APDAYC y busca, artículo por artículo, reducir la posibilidad de que ese tipo de casos se repitan.
El primer cambio importante se refiere al criticado artículo 147, que actualmente establece la presunción de que las SGC representan a todos los artistas y obras que afirman representar, salvo prueba en contrario. Sobre el punto, proponen que las SGC solo puedan ejercer la defensa y administrar los derechos respecto de los cuales el titular les haya otorgado un poder de manera expresa en instrumento público. En caso se trate de artistas no domiciliados en Perú, se respeta el trámite según la legislación internacional. Así mismo, señala que en ningún caso las SGC podrán cobrar por el uso que hagan los titulares de sus propias obras, sean o no derechos administrados.
En otro punto, el Proyecto propone que las tarfias a cobrar sean “reguladas” por la Oficina de Derechos de Autor y reducir de 30% a 3% el margen de gastos administrativos y de gestión en los que podrá incurrir la SGC respecto del total recaudado por año. De la misma manera, la SGC quedará obligada a presentar su propuesta de distribución de regalías a Indecopi para su aprobación (artículo 153). En correspondencia, se propone modificar el procedimiento de arbitraje por aplicación abusiva de tarifas del artículo 163 por un procedimiento sancionador regular ante la Oficina de Derechos de Autor de Indecopi.
El Proyecto también propone que sea Indecopi quien autorice, renueve y revoque el funcionamiento de las SGC según criterios más estrictos (artículos 148, 149 y 150); y, prohíbe expresamente que las SGC realicen otras actividades que no sean defender los derechos de sus asociados, como crear crear empresas o realizar inversiones, y que incluso sus propios directivos queden prohibidos de crear empresas de ningún tipo (artículos 146 y 153). También señala que sus órganos de gobierno solo se elegirán por dos años y podrán reelegirse por un periodo adicional (artículo 152). De la misma manera, prohibe que los miembros de los órganos de gobierno de las SGC sean accionistas, socios, miembros o similares de cualquier persona jurídica que desarrollemactividades vinculadas directa o indirectamente a los derechos de autor o a su explotación económica (artículos 155, 156 y 157), así como prohíbe que las SGC puedan contratar con parientes y allegados de los miembros de sus órganos de gobierno (artículo 158). Así mismo, se prohibe que los estatutos de las SGC contemplen clases de titulares distintas a las establecidas en un futuro Reglamento de la Ley y que los asociados o no asociados estén obligados a firmar el contrato de adhesión a la SGC (artículo 151) que deberá de renovarse en plazos de dos (2) años.
Se trata de un Proyecto de Ley bastante reactivo y que debe de ser analizado con cuidado. Es importante poner en perspectiva los aprendizajes del caso Apdayc y no caer en el mero revanchismo. En ese sentido, creemos que hay muchos aspectos positivos en este Proyecto de Ley como la propuesta de invertir la carga de la prueba en el artículo 147 y el endurecimiento del régimen de prohibiciones e incompatibilidades aplicables a las SGC y sus representantes. Algunas de las propuestas contenidas en este Proyecto también han sido ensayadas por otros proyectos de ley analizandos en esta serie. Otra propuesta muy interesante es la de obligar a que los contratos de adhesión firmados entre las SGC y los titulares se renueven cada cierto período de tiempo, lo que obligaría a las SGC a mantener relaciones jurídicas ordenadas y armónicas con todos sus asociados porque, de lo contrario, no volverían a firmar el contrato y las SGC quedarían impedidas de cobrar por la explotación de esas obras.
Sin embargo, también creemos que existen propuestas que es necesario revisar. En ese sentido, las propuesta de reducir de 30% a 3% el margen que tienen las SGC para gastos administrativos o el que sea Indecopi quien regule directamente las tarifas pueden parecer buenos golpes contra las SGC pero pueden tener efectos no deseados. Además de los cuestionamientos propios de los principios de la intervención del Estado en la economía, debe de tenerse en cuenta que un régimen que intente debilitar económicamente a las SGC puede generar incentivos para más chantajes, corrupción y negociaciones fuera de la mesa.
Sí creemos que es necesario que el Estado dicte las reglas según las cuales funcionarán las SGC. Empero, estas reglas deben de procurar que se cobre cuando haya que cobrar, se cobren tarifas equitativas y que lo recaudado se distribuya efectivamente entre los creadores cuyas sobras hayan sido utilizadas. Cualquier otro intento de castigarlas por lo que haya hecho una gestión dentro de una SGC ((APDAYC no es la única sociedad de este tipo que opera en Perú)) puede terminar reduciendo los ingresos de los creadores, promoviendo la informalidad, el populismo o generando enfrentamientos entre los autores y el Estado.