Source: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/1999/19990222/Anuncio3BAE_es.html
Timestamp: 2017-05-28 08:34:38
Document Index: 198217922

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 148', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 83', 'artículo 12', 'artículo 6']

Ley del DOG nº 35 de 22/02/1999 - Xunta de Galicia
Pág. 1.963
LEY 1/1999, de 5 de febrero, por la que se modifica la Ley 9/1991, de 2 de octubre, de medidas básicas para la inserción social.
Con arreglo a lo establecido en el artículo 27.23º del Estatuto de autonomía para Galicia, en concordancia con el artículo 148.1.20 de la Constitución española, la Comunidad Autónoma de Galicia asumió la competencia exclusiva en materia de asistencia social.
En su virtud, fue promulgada la Ley 9/1991, de 2 de octubre, gallega de medidas básicas para la inserción social, haciéndose eco de la preocupación y demanda de la sociedad gallega sobre medidas protectoras eficaces ante la problemática de la pobreza y la exclusión social.
Dicha ley, surgida en el marco de la concertación social, configuró un verdadero plan de lucha contra la pobreza, en el que se contemplan tres programas básicos:
1) La renta de integración social de Galicia, que combina, junto con una prestación económica que garantiza unos mínimos de subsistencia, un proyecto de inserción adecuado a las circunstancias del beneficiario.
2) Las ayudas económicas de emergencia social, tendentes a paliar situaciones extraordinarias de necesidad relativas a vivienda, atención sanitaria, instrucción, alimentación y vestido u otras de naturaleza análoga, no cubiertas por los diferentes sistemas de protección.
3) Los programas de desarrollo integral comunitario, al objeto de establecer las bases de una actuación integrada y multisectorial de los diversos departamentos de la Xunta de Galicia.
A la vez, en la disposición transitoria primera, apartado segundo, de dicha ley, se introdujo la autorización, a la Xunta de Galicia, para reducir el nivel de exigencia en los requisitos establecidos en el artículo 9.1.a) de la misma, a los efectos de concesión de las prestaciones económicas de la renta de integración.
En este contexto, y habiendo transcurrido varios años de aplicación de la ley, en los que se efectuó un continuo seguimiento y evaluación de los programas, tanto desde el punto de vista de la gestión e implantación de las prestaciones como del perfil de los beneficiarios, se considera oportuno y necesario proceder a modificar cuestiones sustanciales de la norma, a fin de conseguir la mejor adecuación de la misma a los fines propuestos.
Las novedades que se introducen cuentan con un amplio consenso de los interlocutores sociales presentes en la Mesa Autonómica de Evaluación y Segui
miento de la Renta de Integración Social y afectan principalmente a los siguientes aspectos:
1) La configuración de la renta de integración social de Galicia como una verdadera renta familiar, introduciendo el concepto de unidad de convivencia, de forma que sea la unidad familiar vinculada económicamente al solicitante la destinataria de esta prestación, superando la actual indefinición del concepto de hogar independiente y utilizando un elemento de clarificación y uniformidad con relación a otras prestaciones sociales.
2) La flexibilización de algunos de los requisitos actualmente exigidos: reducción del tiempo previo de empadronamiento; reducción de la edad mínima para acceder a la renta de integración social a los 18 años en los supuestos de personas minusválidas que, cumpliendo el resto de los requisitos, no perciban prestación o ayuda de igual o análoga naturaleza...
3) Agilización de los procedimientos, tanto de solicitud como de concesión y resolución de las ayudas.
4) Dotar de representación a los ayuntamientos en el ámbito de las mesas provinciales y autonómica.
5) Asimismo, y en lo que respecta a las ayudas de emergencia, se potencia el carácter extraordinario y urgente de las necesidades que se pretenden cubrir y de la emergencia de las situaciones que las provocan, suprimiendo la actual tipología de las mismas. Con esta configuración se pretende paliar situaciones que den lugar a nuevos procesos de exclusión y evitar la duplicidad de líneas de ayuda para los mismos conceptos y la superposición e interferencia con otras prestaciones que otorgan las distintas consellerías en ejercicio de sus propias competencias.
Por último, se introducen modificaciones técnicas y de redacción, tendentes a la adecuación de la ley a la regulación que de los servicios sociales de atención primaria establece la Ley 4/1993, de 14 de abril, de servicios sociales.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2º del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley por la que se modifica la Ley 9/1991, de 2 de octubre, de medidas básicas para la inserción social.
Se modifican los artículos 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50 y 51 y las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 9/1991, de 2 de octubre, de medidas básicas para la inserción social, quedando redactados de la siguiente forma:
2. No obstante, tendrán también derecho al subsidio básico y al complemento variable aquéllos que por tener cargas familiares tuviesen derecho a prestacio
nes de protección a la familia, de acuerdo con la legislación en vigor en los términos establecidos en el artículo 14.
3. Igualmente podrán acceder al proyecto de inserción quienes, pudiendo obtener las prestaciones señaladas en el número 1 del presente artículo, no hubiesen ejercitado las acciones pertinentes para su reconocimiento.
a) Tener residencia efectiva y estar empadronadas en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma gallega al menos durante el año inmediatamente anterior a la formulación de la solicitud.
-Aquellas personas que, procedentes de otras comunidades autónomas del Estado español, sean beneficiarias del salario social en la Comunidad Autónoma de la que proceden, siempre que en la legislación de esa Comunidad se contemple la reciprocidad.
-Los emigrantes gallegos, en los términos señalados en el artículo 3 del Estatuto de autonomía para Galicia, cuando fijasen su residencia en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Los ciudadanos de otros estados precisarán, además, el correspondiente permiso de residencia en España con cinco años de antelación a la fecha de formulación de la solicitud.
c) Que tengan una edad comprendida entre los 25 y los 65 años.
-Las personas menores de 25 años que, reuniendo el resto de los requisitos del presente artículo, tengan menores a su cargo.
-Las personas mayores de 18 años que, teniendo reconocida la condición de minusválidos, no tengan derecho a prestación o ayuda de igual o análoga naturaleza.
-Las personas mayores de 18 años que, antes de alcanzar la mayoría de edad, hubiesen estado tuteladas por la Xunta de Galicia e internadas en centros de protección de menores.
-Las personas mayores de 18 años en situación de orfandad absoluta que, reuniendo los demás requisitos del presente artículo, no tengan derecho a otras prestaciones o ayudas de análoga naturaleza.
1. Únicamente se concederá una renta de integración social de Galicia por unidad de convivencia independiente.
4) Igualmente tendrán la consideración de recursos económicos los bienes muebles o inmuebles sobre los que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indi
quen la existencia de medios suficientes para la subsistencia de los miembros de la unidad de convivencia, excepción hecha de la vivienda destinada a uso de la misma, siempre que su valoración catastral no supere en diez anualidades el salario mínimo interprofesional vigente.
1. El reconocimiento de la renta de integración social de Galicia se realizará previa solicitud del interesado, mediante la presentación en su ayuntamiento del modelo normalizado por la consellería competente, al que habrá de acompañar los documentos necesarios para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9 y aquellos otros que pudiesen determinarse reglamentariamente.
3. El informe señalado en el punto anterior destacará el perfil sociológico y una valoración sobre las posibilidades de inserción social y/o laboral, indicando, en este último supuesto, qué centros o instituciones adecuados existen en el entorno del beneficiario. Asimismo, destacará cuantos datos se estimen pertinentes para poner de manifiesto: la existencia de una unidad de convivencia independiente; el número de personas que conviven, junto con la información sobre minusvalías que puedan afectar a alguno de sus miembros; y la descripción del hogar y posible existencia de personas o familiares con obligación legal y posibilidad real de prestación de alimentos.
5. El ayuntamiento de residencia, en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, remitirá los informes, la propuesta de resolución y la restante documentación necesaria para poder continuar la tramitación del expediente a la delegación provincial de la consellería competente en materia de servicios sociales, para su calificación y posterior resolución. Si no se remitiese en el plazo señalado, dado el carác
ter determinante para la resolución del procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurre el responsable de la demora, quedará interrumpido el plazo para resolver el expediente, de conformidad con lo prevenido en el artículo 83.3 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
3. La extinción tendrá efectos económicos desde el día primero del mes siguiente a aquél en que se hubiesen producido los motivos que la provocasen. Las cantidades que, en su caso, hubiesen percibido
indebidamente los beneficiarios habrán de ser reintegradas o, en su caso, podrán ser compensadas con cargo a futuros derechos a la renta de integración social que pudiesen serles reconocidos.
Contra las resoluciones dictadas por los delegados provinciales podrá interponerse, en el plazo de un mes, recurso ordinario ante el titular de la consellería competente en materia de servicios sociales.
1. En cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma, presidida por el delegado provincial de la consellería competente en materia de servicios sociales, se constituirá una mesa integrada por:
-Siete representantes de la Administración autonómica.
-Siete representantes de las centrales sindicales más representativas a nivel autonómico.
-Siete representantes de las organizaciones empresariales en el mismo ámbito.
-Dos representantes de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma.
2. Serán funciones de las mesas el control y seguimiento estadístico tanto de los procesos de concesión de la renta de integración social de Galicia como de la correcta aplicación de las medidas de fomento de empleo que vinculadas a los proyectos de inserción se consideran en la presente ley.
1. A nivel autonómico se constituirá una mesa presidida por el titular de la consellería competente en materia de servicios sociales o persona en la que delegue, con igual representación y sistema de designación que las mesas provinciales, la cual se reunirá con periodicidad trimestral.
1. Estas ayudas tendrán carácter finalista y serán incompatibles con cualquier otra prestación pública que pudiese corresponder al beneficiario para la misma finalidad.
2. No obstante, podrán ser complementarias, en los casos en que se considere oportuno, en virtud de la gravedad de la situación socioeconómica y familiar reflejada en los informes pertinentes.
A los efectos de lo previsto en el presente título se consideran situaciones de emergencia social aquéllas que originen gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico y urgente no cubiertas por los diferentes sistemas de protección.
1. Se consideran ingresos insuficientes, a los efectos de la aplicación de esta medida, aquéllos que, obtenidos por los miembros de la unidad de convivencia independiente en concepto de rentas, retribuciones, pensiones o por cualquier otro título, salvo los de carácter finalista que estén dirigidos a la formación reglada o se perciban como complemento de inserción, no sean superiores al ciento veinticinco por ciento del importe del subsidio básico más el complemento familiar de la renta de integración social de Galicia que, según lo dispuesto en el artículo 12, puntos 1 y 2, de la presente ley, les corresponderían en cómputo mensual.
Corresponde a las delegaciones provinciales de la consellería competente en materia de servicios sociales resolver en el plazo de un mes sobre la concesión o denegación de ayuda, así como sobre su cuantía, una vez remitida la totalidad de cuantos documentos integran el oportuno expediente por parte del ayuntamiento de procedencia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.c) de la presente ley.
La Xunta de Galicia se reserva la facultad de efectuar el pago de la ayuda directamente, y en nombre del beneficiario, a la persona, entidad o empresa que realice la prestación o servicio en favor del mismo, en aquellos casos en que lo considere conveniente el órgano de resolución, a fin de garantizar su aplicación finalista.
Se autoriza a la Xunta de Galicia a publicar, en el plazo máximo de tres meses, un texto refundido de la Ley 9/1991, de 2 de octubre, de medidas básicas para la inserción social, al objeto de recoger las modificaciones que establece la presente ley.
Se autoriza a la Xunta de Galicia, durante los dos primeros ejercicios presupuestarios de aplicación de la presente ley, a adoptar las medidas necesarias para acomodar la ejecución del programa a las limitaciones presupuestarias.
Se autoriza a la Xunta de Galicia para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente disposición legal.
Santiago de Compostela, cinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve.
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