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Timestamp: 2018-08-20 12:56:03
Document Index: 1970865

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 216', 'artículo 216', 'artículo 241', 'artículo 174', 'artículo 187', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 215']

﻿ SENTENCIA C-202 DE MARZO 8 DE 2005
SENTENCIA C-202 DE 08 DE MARZO DE 2005
CONTENIDO:SISTEMAS DE APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. SE DECLARA EXEQUIBLE EL NÚMERO 2 DEL ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL (DECRETOS LEYES 1400 Y 2019 DE 1970).
TEMAS ESPECÍFICOS:APRECIACIÓN DE LA PRUEBA
Sentencia C-202 de marzo 8 de 2005
Ref.: Expediente D-5336
Demandante: José Hilario Núñez Bermeo.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 216 (parcial) del Código de Procedimiento Civil (Ds.Ls. 1400 y 2019/70).
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en los diarios oficiales 33.150 y 33.215 de 1970 y se resalta lo demandado:
“Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil”.
el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 4ª de 1969 y consultada la comisión asesora que ella estableció.
ART. 216.—Inhabilidades relativas para testimoniar. Son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado:
2. Las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica”.
1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º, de la Constitución, por estar dirigida contra unas disposiciones que forman parte de unos decretos leyes.
2. Corresponde a la Corte establecer si al disponer la expresión acusada que el juez podrá declarar inhábil a una persona para rendir testimonio en un momento determinado dentro de un proceso civil, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, quebranta el valor de la justicia y los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad de las partes en el proceso.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, acerca de la necesidad de la prueba en los procesos civiles, “toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.
En el ordenamiento colombiano esta regla está consagrada en el campo del derecho privado en los artículos 1757 del Código Civil, en virtud del cual “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”, y 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
En relación con la función de la prueba, uno de los grandes inspiradores del derecho procesal civil, expresó:
“Probar indica una actividad del espíritu dirigida a la verificación de un juicio. Lo que se prueba es una afirmación; cuando se habla de probar un hecho, ocurre así por el acostumbrado cambio entre la afirmación y el hecho afirmado. Como los medios para la verificación son las razones, esta actividad se resuelve en la aportación de razones.
Prueba, como sustantivo de probar, es, pues, el procedimiento dirigido a tal verificación. Pero las razones no pueden estar montadas en el aire; en efecto, el raciocinio no actúa sino partiendo de un dato sensible, que constituye el fundamento de la razón. En lenguaje figurado, también estos fundamentos se llaman pruebas; en este segundo significado, prueba no es un procedimiento, sino un quid sensible en cuanto sirve para fundamentar una razón” (1) .
4. De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia de apreciación de las pruebas, es decir, de la actividad intelectual del juzgador para determinar su valor de convicción sobre la certeza, o ausencia de esta, de las afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres (3) sistemas, que son:
Acerca de las características de este sistema la Corte Constitucional ha señalado:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, debiendo el juez exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada una de ellas.
Es decir, que dicha norma consagra, como sistema de valoración de la prueba en materia civil, el de la sana critica:
Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.
El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento” (2) ” (3) .
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha expuesto, respecto de la diferencia entre los sistemas de la sana crítica y de la íntima convicción:
Las normas demandadas no consagran una competencia o facultad arbitraria, sino que las someten a las reglas de la sana crítica, que no son otra cosa que la interdicción de la arbitrariedad y la corrección de lo racional y razonable; de modo que obliga al juez a dar las razones por las cuales, en ese caso concreto y en ese momento determinado, un testigo es inhábil para rendir su declaración.
6. En ejercicio de su potestad de configuración normativa en materia procesal (C.P., arts. 29, 114 y 150, nums. 1º y 2º), el legislador, en el numeral 1º, no acusado, del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, estatuye que son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado los que al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones sicológicas graves o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas.
Así mismo, ante la imposibilidad de señalar en forma exhaustiva todas las posibles situaciones de inhabilidad relativa del testigo, dispone en el numeral 2º acusado del mismo artículo que el juez debe determinar las demás personas relativamente inhábiles para testimoniar, “de acuerdo con las reglas de la sana crítica” (4) .
Por tanto, es evidente que la norma no autoriza que el juez adopte en forma arbitraria, abusiva o caprichosa la decisión de declarar relativamente inhábil a un testigo, en el momento de su comparecencia a rendir declaración dentro de un proceso civil, y, por el contrario, exige que dicha decisión sea motivada en forma razonada o crítica, de acuerdo con las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, en todo caso mediante la exposición de los motivos concretos o específicos que originan su decisión.
En este sentido, en el ejercicio racional de dicha competencia es forzoso que, haciendo una interpretación integral del citado artículo, el juez al tomar su decisión tome como referencia las situaciones principales o más comunes previstas por el legislador en el numeral 1º, no acusado, del mismo.
De otro lado, es claro que la eventual contravención, por parte del juez, de la norma demandada, no determina la inconstitucionalidad de esta, ya que en todo caso el juicio de constitucionalidad debe hacerse mediante la confrontación del contenido abstracto de las normas legales con el de las disposiciones superiores, y no a través del cotejo de la aplicación concreta de aquellas con este último contenido.
Al respecto es oportuno señalar que, ante ese supuesto, respecto de la decisión específica de declarar inhábil relativamente un testigo, la ley misma contempla los mecanismos procesales que permiten resolver la situación, como son el ejercicio de los recursos ordinarios de reposición y de apelación (CPC, arts. 348 y 351, modif. por D.L. 2282/89, art. 1º, nums. 168 y 169) o invocar por el procedimiento correspondiente la tutela del derecho fundamental al debido proceso, por vía de hecho, si fuere el caso.
Por otra parte, por tratarse de una inhabilidad relativa para rendir el testimonio, su carácter es circunstancial y pasajero, lo cual significa que la parte interesada puede solicitar que la prueba se practique en otra oportunidad, cuando el testigo tenga un uso pleno de sus facultades mentales y sicológicas, obviamente dentro del período de pruebas correspondiente previsto en el mismo código y las leyes complementarias.
Por lo anterior los cargos formulados carecen de fundamento y, en consecuencia, la Corte declarará exequible el aparte impugnado, por dichos cargos.
DECLARAR EXEQUIBLE el numeral 2º del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil (Ds.Ls. 1400 y 2019/70), por los cargos examinados en esta sentencia.
(1) Carnelutti, Francisco, “Sistema de derecho procesal civil”. Trad. de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires, Editorial Uteha Argentina, 1944, tomo II, págs. 398-399.
(2) Couture, Eduardo J., “Fundamentos del derecho procesal civil”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1962.
(3) Sentencia C-622 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz. Salvamento parcial de voto de Eduardo Cifuentes Muñoz.
(4) El mismo código regula las inhabilidades absolutas para testimoniar en el artículo 215, en virtud del cual: