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Timestamp: 2019-08-18 19:43:13
Document Index: 171873953

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 23', 'artículo 23', 'artículo 31', 'artículo 23', 'artículo 59', 'artículo 13', 'artículo 23', 'artículo 23']

﻿ SENTENCIA C-33 DE FEBRERO 5 DE 1996
SENTENCIA C-33 DE 05 DE FEBRERO DE 1996
CONTENIDO:SE DECLARA INEXEQUIBLE EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO (DECRETO 2158 DE 1948). LA CONCILIACIÓN LABORAL PUEDE CELEBRARSE CON TRABAJADORES OFICIALES
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR OFICIAL, CONCILIACIÓN LABORAL, DECLARATORIA DE EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:293 DE MAYO DE 1996, PÁG.646
Sentencia C-033 de febrero 1º de 1996
PUEDE CELEBRARSE CON TRABAJADORES OFICIALES
EXTRACTOS: «Se transcribe a continuación el texto de la norma acusada:
“ART. 23.—Improcedencia de la conciliación. No procede la conciliación cuando intervienen personas de derecho público”.
3. Inhibición de la Corte Constitucional para proferir fallo de mérito por deroga toria tácita de la norma acusada.
Inicialmente, cuando entró en vigencia el estatuto procesal del trabajo —Decreto 2158 de 1948—, se estableció en su artículo 23 —hoy acusado—, la improcedencia de la conciliación cuando intervienen personas de derecho público.
De acuerdo con la regulación del estatuto procedimental, dicha conciliación puede intentarse en cualquier tiempo, es decir, antes o después de presentarse la demanda y en cualquiera de las instancias, siempre que las partes de común acuerdo, lo soliciten (artículos 19 y 22 del CPT).
De esta manera, la conciliación se concibió desde el inicio de la creación de la jurisdicción del trabajo como un medio de arreglo amigable de los conflictos jurídico-laborales, circunscrita a los preceptos contenidos en los artículos 20 y 78 del CPT, que requiere la intervención del funcionario competente, quien la dirige y la aprueba a objeto de poner fin de manera total o parcial a la diferencia laboral, con efectos de fuerza de cosa juzgada.
Tanto es así, que dentro del trámite del proceso de trabajo, el juez laboral está obligado a celebrar una vez contestada la demanda, como primer acto procesal, una audiencia pública de conciliación, salvo en el caso de que ya se hubiese intentado previamente, a fin de que las partes tengan la oportunidad de arreglar sus diferencias laborales, consecuente con el adagio según el cual, es preferible “un mal arreglo a un buen pleito”, evitando así por este medio, la prolongación indefinida de los procesos del trabajo.
Posteriormente, fruto del avance legislativo, se trasladó la competencia que correspondía a la jurisdicción del trabajo a la contenciosa administrativa, para decidir acerca de las controversias laborales suscitadas entre los empleados públicos y la administración, y se redujo, de otro lado, el campo de aplicación de la norma demandada, manteniéndose por vía jurisprudencial sólo la prohibición de conciliar para los trabajadores oficiales al servicio de la Nación y no con respecto a las demás entidades de derecho público.
En efecto, se ha considerado que la existencia de empresas industriales y comerciales a nivel nacional, departamental o municipal, de origen oficial y vinculadas a la administración respectiva, en principio se rigen por las reglas del derecho privado y sólo en casos de excepción por normas del derecho público (ver artículo 31 del Decreto 3130 de 1968), lo que conduce a la posibilidad que para esas entidades oficiales sea procedente intentar la conciliación como etapa previa a la demanda judicial o dentro del trámite del proceso correspondiente, para evitarlo en el primer caso o para ponerle fin en el segundo de ellos.
No hay que olvidar, como oportunamente lo indica la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que el artículo 23 tiene un carácter eminentemente limitativo, cuando se expresa en los siguientes términos: “Se trata de una excepción legal, de restrictiva interpretación, al principio, que se deduce de los artículos 19 y 21 ibídem, según el cual en los juicios o procesos laborales, si no se ha intentado antes, se puede pedir celebrar audiencia que busque y propicie la conciliación entre las partes” (Concepto del 21 de noviembre de 1984, radicación 2141).
De tal manera que cuando, en el presente caso, se efectuó la conciliación entre las partes ante la autoridad administrativa del trabajo era procedente y consecuencialmente ella conducía a los efectos previstos en la ley para esa figura procesal como son el valor de cosa juzgada y el mérito ejecutivo ante el incumplimiento patronal.
La circunstancia que el propio demandante en el hecho primero del libelo inicial hubiera afirmado que la demandada era una empresa industrial del Estado del orden nacional, aspecto no discutido en la etapa del proceso, reitera una vez más que era factible la conciliación que se realizó por las partes, hoy en conflicto (...)” (Corte Suprema de Justicia, M.P. Dr. Ernesto Jiménez Díaz).
Ahora bien, el artículo 59 de la Ley 23 del 21 de marzo de 1991, “por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los despachos judiciales y se dictan otras disposiciones”, dispuso que:
“Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales, sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ventilarían mediante las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo...” (negrillas y subrayas fuera de texto).
Así mismo, los artículos 22 a 45 —capítulo 3º— de la misma ley, introdujeron sustanciales variaciones en materia de conciliación laboral, en el sentido de hacer obligatorio acudir ante las autoridades administrativas del trabajo, con el fin de intentar un arreglo conciliatorio, como requisito de procedibilidad para ejercer acciones ordinarias ante la jurisdicción laboral.
“Las disposiciones de este capítulo entrarán a regir cuando el gobierno expida el decreto que modifique la estructura del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de conciliación obligatoria, y deroga las normas que le sean contrarias.
4. Examen del cargo.
Por lo tanto, cuando la norma sub examine consagra el derecho a conciliar exclusivamente para un grupo de trabajadores en desmedro de otro, establece una clara discriminación que vulnera el ordenamiento constitucional. No es válido constitucionalmente, al tenor del artículo 13 superior, en virtud del cual todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación, consagrar en la ley situaciones más favorables para un sector de trabajadores, con desconocimiento del mismo derecho que le asiste a los otros. Por lo tanto, cuando el artículo 23 acusado señala que no procede la conciliación cuando intervienen personas de derecho público, quebranta los intereses de los trabajadores y del Estado, para quienes no es posible acudir a la conciliación, razón por la cual se vulnera el ordenamiento superior.
Declarar INEXEQUIBLE el artículo 23 del Código Procesal del Trabajo (D. 2158/48).
(Sentencia C-033 de febrero 1º de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara).