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Timestamp: 2019-10-23 21:35:31
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﻿ SENTENCIA 16280 DE MARZO 20 DE 2001
SENTENCIA 16280 DE 20 DE MARZO DE 2001
CONTENIDO:INCREMENTO SALARIAL A SERVIDORES MUNICIPALES. DEBE ATENDER LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, MUNICIPIO, SALARIO, LAUDO ARBITRAL, INCREMENTO DEL SALARIO, PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:353 DE MAYO DE 2001, PÁG.776
Sentencia 16280 de marzo 20 de 2001
INCREMENTO SALARIAL A SERVIDORES MUNICIPALES
DEBE ATENDER LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO
Rad.: 16280
Bogotá, D.C., veinte de marzo de dos mil uno.
Resuelve la Corte el recurso de homologación interpuesto por Dinora Ortega Muñoz, en su condición de alcalde del municipio de Yolombó (Antioquia), contra el laudo arbitral del 5 de febrero de 2001, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para solucionar el conflicto colectivo de trabajo planteado entre el municipio de Yolombó y el sindicato de trabajadores oficiales de los municipios de Antioquia la “Sintraofan”, seccional Yolombó.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante las resoluciones 01349 del quince (15) de junio de 2000 (fls. 26-27) y 01970 del veintisiete (27) de septiembre del mismo año (fls. 28-29), constituyó e integró el tribunal de arbitramento obligatorio para dirimir el conflicto colectivo de trabajo que antes se mencionó.
El tribunal quedó integrado de la siguiente manera: Por el municipio, el Dr. Luis Guillermo Mesa Giraldo; por el sindicato, el Dr. León Ovidio Medina. Como tercer árbitro fue designado el Dr. Bernardo Ramírez Zuluaga, tal como se infiere del acta de folio 32 y de la Resolución 002517 del 20 de diciembre de 2000, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Instalado el tribunal de arbitramento fue designado como presidente el Dr. Bernardo Ramírez Zuluaga y como secretario el señor Jesús Giraldo Vargas. Así mismo, se dispuso notificar a las partes y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el acto de instalación y se citó a las partes para que comparecieran a suministrar las informaciones y pruebas que deseen aportar, relacionadas con el conflicto, “para considerarlas en la decisión que habrá de tomarse” (fl. 36).
En lo que atañe al funcionamiento del tribunal, se tiene que, efectivamente, las partes del conflicto económico fueron escuchadas sobre sus puntos de vista respecto al mismo, como es posible constatarlo a través del acta arbitral número dos del 31 de enero de 2001 (fls. 37 a 39). El municipio aportó los documentos que anunció, tal como se infiere del expediente, entre folios 40 y 155.
En principio el tribunal hace una remembranza del conflicto colectivo y recuerda que en la etapa de arreglo directo municipio y sindicato acordaron los puntos concernientes a viáticos, transporte, compilación de normas y derechos adquiridos y vigencia del laudo, quedando únicamente por definir el incremento salarial correspondiente al año 2000 (fl. 156).
Adicionalmente, también hace el tribunal un esbozo de las posturas de las partes en relación con el diferendo salarial, y en torno al pedimento de los trabajadores en tal punto, argumentó: que el mismo está respaldado en abundante jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional, en el sentido de que el Estado y la sociedad no pueden ser indiferentes a la realidad de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda que desvaloriza la remuneración, motivo por el cual ésta se torna móvil, debiendo actualizarse para mantener su capacidad de compra (fl 158); que a pesar de la difícil situación económica planteada por el municipio, la cual ha sido aceptada por el propio ente sindical, los servidores del ente territorial, particularmente los beneficiarios del laudo, tienen derecho a que su salario les sea incrementado en “el equivalente al IPC causado durante el año 1999 más 7.5%”, debido a que también debe aceptarse que la situación económica de los trabajadores es difícil, en razón del alto costo de la vida que va menguando su salario (fl. 159); que el incremento será “retrospectivo” al 1º de enero de 2000, y que el municipio lo pagará en tres (3) cuotas iguales: la primera hasta el 31 de marzo del presente año, la segunda hasta el 30 de junio siguiente, y la tercera hasta el 30 de septiembre “del mismo año” (fl. 159 ib).
En la parte resolutiva de su providencia, en lo que es de interés para resolver el recurso de homologación, dispuso el tribunal:
“Incremento Salarial. Con retrospectividad al primero (1º) de enero del año dos mil (2000), el Municipio de Yolombó (Ant.) incrementará los salarios que los trabajadores beneficiarios de este laudo devengaban el treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), en el equivalente al índice de precios al consumidor causado durante el año de mil novecientos noventa y nueve (1999), más siete punto cinco por ciento (7.5%).
El municipio pagará el valor de la retrospectividad del incremento antes dispuesto en tres cuotas iguales, disponiendo para cubrir la primera hasta el treinta y uno (31) de marzo del presente año; para la segunda, hasta el treinta (30) de junio y para la última hasta el treinta (30) de septiembre del mismo año” (fl 160).
El recurso de homologación
Fue propuesto por el municipio de Yolombó, que adujo las siguientes razones: que durante la audiencia que se celebró ante el tribunal de arbitramento el cinco (5) de febrero de 2001, expuso a través de sus representantes las circunstancias económicas por las que atraviesa y para ello se aportaron los documentos que demostraban su realidad presupuestal y financiera; que en las varias reuniones que se llevaron a cabo con el sindicato, como las que constan en las actas de 31 de enero de 2000, febrero 7 y febrero 14 del mismo año, como empleador propuso un incremento salarial del 4% para los trabajadores oficiales, mientras éstos en principio reclamaron el 20%, pero finalmente propusieron y aceptaron que se les hiciera un aumento de salarios del 9.5%, que cobijaría a trabajadores oficiales y conductores; que tal propuesta no la aceptó el ente territorial debido a que carecía de capacidad presupuestal; que el tribunal, al momento de entrar a decidir lo referente al incremento salarial, no tuvo en cuenta los argumentos de la administración, ni los soportes aportados para sustentarlos, lo cual deja ver el exceso de los árbitros al proferir el fallo; que no es compatible que mientras la política salarial a nivel nacional no haya sido significativamente superior al IPC, en el municipio de Yolombó, con sus precarias condiciones, se conceda un incremento salarial como el que dispuso el tribunal, no obstante, insiste, que los trabajadores llegaron a aceptar hasta un 9.5%; que no se puede desconocer que para garantizar la viabilidad de los municipios, es necesario realizar ajustes de índole fiscal en cumplimiento de la Ley 617 de 2000, so pena que aquellos rebajen de categoría; que no es posible ser ajenos a tal realidad, pues no es justo que mientras la ley exige unos sacrificios económicos, el tribunal de arbitramento no tenga en cuenta las condiciones económicas del empleador, más aun cuando los trabajadores oficiales gozan de innumerables prebendas y beneficios, otorgadas en pasadas convenciones; que en procura que no se lesionen los intereses municipales espera sea modificado el fallo arbitral, y que sin desconocer la legalidad de las actuaciones del tribunal, solicita se “reconsidere” la decisión sobre el incremento de salarios y en su defecto se acoja únicamente el certificado por el DANE en cuanto al índice de precios al consumidor para 1999, pues ello sería justo para el trabajador y sano para la municipalidad (fls. 165 y 166).
Como puede observarse, el municipio recurrente únicamente objeta el fallo arbitral en cuanto dispuso un incremento salarial retrospectivo para el año 2000, equivalente al índice de precios al consumidor certificado para 1999 más siete 7.5 %.
La crítica del ente territorial a la providencia de los árbitros estriba en que éstos no tuvieron en cuenta su situación económica y las pruebas que aportó para acreditarlas, así como no tuvo presente que los trabajadores oficiales cobijados por el incremento de salarios tienen innumerables prebendas y beneficios, obtenidas en otras convenciones colectivas de trabajo.
En reiteradas oportunidades, como en la sentencia de homologación 13991 del dos (2) de febrero de 2000, la Sala ha manifestado que en tratándose de laudos arbitrales, su función jurisdiccional se circunscribe a determinar la regularidad de su expedición, la sujeción de las funciones cumplidas por el tribunal de arbitramento al preciso marco de sus atribuciones legales, así como a cuidar que el fallo que éste profiera no desconozca derechos constitucionales, legales o convencionales de las partes en el conflicto colectivo de trabajo.
Sentado el anterior contexto de su examen al laudo que en el caso se profirió el cinco (5) de febrero de 2001, para solucionar el conflicto económico-laboral surgido entre el municipio de Yolombó (Antioquia) y el sindicato de trabajadores oficiales de los municipio de Antioquia “Sintraofan”, seccional Yolombó, encuentra la Corte que existe fundamento legal para anular parcialmente la decisión arbitral en la materia salarial que objeta el empleador, por lo siguiente:
1. El artículo 185 de la Ley 136 de 1994, relativa a la modernización, organización y funcionamiento de los municipios, en el inciso 2º de su artículo 185, titulado “contratación colectiva”, establece que aparte de la normatividad que debe tenerse en cuenta en esta materia, también debe considerarse “la capacidad económica y presupuestal de la entidad, con sujeción a los artículos 38, 39 y 53 de la Constitución Política”.
Para la Sala, conforme ya lo expuso en su sentencia de homologación 13338 del 28 de marzo de 2000, la norma citada introduce un límite objetivo a la contratación colectiva, que debe entenderse extendido a la competencia de los árbitros para decretar reajustes de salarios, pues si a las partes, a través del mecanismo de autocomposición, la aludida ley les impone tener en cuenta la capacidad económica y presupuestal del ente territorial empleador, para convenir directamente los incrementos de remuneración, tal mandato es más imperativo para el tribunal de arbitramento, que como se sabe “se constituye como sucedáneo obligado de las partes, para resolver el conflicto colectivo”.
2. En el caso que se examina, el municipio de Yolombó, de manera recurrente en el transcurso de la etapa de arreglo directo (fls. 14, 15, 16 y 18), así como ante el propio tribunal de arbitramento (fls. 38 -39 y 42 a 46), expuso las dificultades de orden fiscal por las que atraviesa, por lo que manifestó la imposibilidad de pactar, primero, o que se le ordenará, después, un incremento de salarios como el reivindicado por el sindicato de trabajadores en el petitorio, esto es, el índice de precios al consumidor más el quince por ciento (fl. 12), y para el efecto adujo, entre otras razones, que a la fecha en que asumió la nueva administración municipal existía un retraso en el pago de salarios de 15 meses, la carga laboral es superior a los recursos propios, y que “la nómina para el año 2000 tiene un costo aproximado de $ 975.000.000 (...) y la capacidad real es de $ 449.000.000, quedando una diferencia grande” (fls. 38 - 39).
Y de acuerdo con el documento de folios 42 a 46, suscrito por su secretario de hacienda y calendado el 22 de enero de 2001, el municipio impugnante presenta a dicha fecha un déficit fiscal del orden de los dos mil quinientos millones de pesos ($ 2.500.000.000), mil millones (1 000.000 000) de los cuales corresponden a “obligaciones generadas por el incumplimiento de algunos servicios personales derivados de salarios, jornales, pensiones, honorarios y servicios entre otros; al punto que habían algunos beneficiarios de los mismos que no se le cancelaban mesadas desde 1998 (...)”, más quinientos millones ($ 500.000.000)”, generados por el incumplimiento de algunas obligaciones pensionales y parafiscales como deben ser los giros pensionales y las transferencias de ley a las entidades del Estado como el Sena, ICBF entre otras” (fls. 42 - 43).
3. Para la Corte, lo expresado en el documento de folios 42 a 46, que no fue tachado de falso, así como lo expuesto por los funcionarios municipales en la sesión del tribunal de la que antes se dio cuenta, entregan suficientes elementos de juicio para colegir que el incremento de salarios para el año 2000, que dispusieron los árbitros, que fue el equivalente al IPC causado en 1999 más el 7.5%, no se atiene a la capacidad económica y presupuestal del municipio que recurre y por ello transgrede lo establecido en el inciso segundo del artículo 185 de la Ley 136 de 1994.
La aludida infracción por parte de los árbitros de la ley se hace más evidente si se tiene en cuenta que en el mismo laudo, antes de fijar el monto del incremento salarial, se expresa:
“Así las cosas, a pesar de la difícil situación económica planteada por el ente territorial de que se trata, y que ha sido aceptada por la agremiación sindical, sus servidores y concretamente los trabajadores beneficiarios de este laudo tienen derecho a que su salario les sea incrementado en el equivalente al IPC causado durante el año de 1999 más 7.5%, pues se acepta además que la situación económica es igualmente difícil en razón al alto costo de vida que cada día va menguando su salario, situándolos en condiciones que no les permiten subsistir adecuadamente con su familia”.
En consecuencia, tiene razón la impugnante al solicitar la no homologación del laudo porque los árbitros no se ajustaron a la ley al fijar el incremento salarial, por lo que habrá de anularse parcialmente tal determinación. Y esto por cuanto, en primer lugar, la Corte tampoco puede desconocer el legítimo derecho de los trabajadores de obtener incrementos de salarios por vía de la contratación colectiva y, en segundo término, atendiendo lo manifestado por la representante legal del municipio en su escrito de impugnación y lo que pretende con el mismo, o sea, que se modifique la decisión arbitral en el sentido que el incremento salarial es el equivalente al “porcentaje certificado por el DANE en el índice de precios al consumidor para 1999” (fl. 166).
Y es pertinente acceder, al aludido alcance del recurso porque lo expresado y solicitado por la recurrente, se ajusta al espíritu del contenido del inciso 2º del artículo 185 de la Ley 136 de 1994, ya que ello significa que dicha cifra porcentual es la que está en capacidad fiscal y presupuestal de cubrir el municipio.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
Anular el laudo arbitral proferido el cinco (5) de febrero de 2001, por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo de trabajo surgido entre dicho ente territorial y el sindicato de trabajadores oficiales de los municipios de Antioquia “Sintraofan”, seccional Yolombó, en cuanto dispuso que, con retrospectividad al 1º enero de 2000, el ente territorial incremente los salarios de sus trabajadores en un 7.5% por encima al índice de precios al consumidor para 1999.
Se homologa en lo demás el aludido laudo.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Fernando Vásquez Botero—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara, aclaro voto—Carlos Isaac Náder—Rafael Méndez Arango—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez.
Gilma Prada Pulido, secretaria.
Aunque comparto la decisión acogida por la Corte de anular el aumento salarial dispuesto por el tribunal de arbitramento, en cuanto excedió en un 7.5% el índice de precios al consumidor, y en su lugar limitó el aumento salarial hasta la concurrencia con ese referente, discrepo abiertamente de la motivación que la fundamentó, esto es, la invocación del artículo 185 de la Ley 136 de 1994, que respetuosamente opino no establece lo que cree la mayoría de la Sala.
En efecto, considero que dos razones fundamentales podían aducirse como soporte de la anulación:
a) En primer lugar, —y ésta sí fue aceptada por la Sala— que lo que persiguió en últimas la propia entidad recurrente en homologación fue la supresión del incremento en la parte que superaba el IPC, es decir, en el 7.5% adicional.
b) En segundo lugar, y en consonancia con lo que ha dicho desde tiempos inmemoriales la jurisprudencia de la Sala, que ese tipo de aumentos en casos como el presente, de municipios con dificultades económicas evidentes y críticas, resulta manifiestamente inequitativo.
Bastaba pues con acudir a esas elementales y contundentes razones para desquiciar el exorbitante aumento salarial del laudo, pero no era menester, ni mucho menos pertinente, acudir a un criterio que estimo equivocado del artículo 185 de la Ley 136 de 1994, que de ninguna manera comporta una obligación para los tribunales de arbitramento de limitar su determinación en el tema económico a la certificación que sobre la capacidad presupuestal expida el tesorero o el alcalde. Lo que busca la mencionada ley, y así se estableció en su preceptiva, es que los municipios sean prudentes en la contratación colectiva y no comprometan a la respectiva entidad territorial con beneficios excesivos, difíciles de cumplir. Pero ello en manera alguna significa que los laudos arbitrales sean nulos o inexequibles, por apartarse en pocos puntos de la cifra contenida en la certificación emanada de la parte interesada, porque es innegable que si ese fuera el sentido de la norma, sobraría la contratación colectiva porque los derechos económicos de los trabajadores municipales estarían dados de antemano por el concejo municipal al aprobar el presupuesto, lo que sin duda entrañaría una flagrante violación al derecho de negociación colectiva, que no simplemente tiene raigambre legal, sino también rango internacional en virtud de los claros compromisos que en esta materia ha contraído Colombia con la comunidad de países miembros de la Organización Internacional del Trabajo, que vigila celosamente el cumplimiento de esas prerrogativas fundamentales consideradas como medulares en la protección internacional.
Es más, hace ya una década ese derecho de negociación colectiva tiene estirpe constitucional, dado que está garantizado en el artículo 55 de la Carta Política. De modo que si la contratación colectiva está diseñada para que intervengan dos partes, es obvio que una de ellas no puede imponer a la otra límites salariales de sujeción a certificaciones administrativas de capacidad económica o presupuestal, porque desde luego que tal camisa de fuerza a los trabajadores comportaría en la práctica el desconocimiento del derecho esencial de negociación colectiva en los municipios.
Tan no es vinculante para los árbitros esa cortapisa jurisprudencial que la propia decisión mayoritaria, en vez de consultar la real capacidad presupuestal municipal, y decretar como prueba la certificación sobre la capacidad económica, anuló la decisión de los arbitradores y en su reemplazo concedió el aumento hasta el IPC, lo cual es equitativo. Obsérvese que según la propuesta consignada en los antecedentes de la negociación, la disponibilidad presupuestal no pasaba del 4%, vale decir, la que surgiría de haberse aplicado estrictamente la limitante que la mayoría encuentro — equivocadamente en mi modesta opinión — en la precitada Ley 136 de 1994.
Reivindicar las facultades de los árbitros en sus decisiones que no desborden el marco de equidad, preserva la cabal aplicación e interpretación de la Constitución y de la ley, pero adicionalmente tiene la valiosa ventaja de recuperar la credibilidad en los tribunales de arbitramento como instrumento valioso de un estado social de derecho para la solución pacífica de los conflictos de trabajo, porque con arreglo al canon 55 de la Constitución Política es deber del Estado promoverlos, designio fundamental que desaparece si la real interpretación de la Ley 136 es la de que los tribunales de arbitramento están constreñidos a la certificación de la capacidad económica expedida por una de las partes involucradas en el conflicto.
Con mi respeto acostumbrado,