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Timestamp: 2019-10-21 20:35:32
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Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 87', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 87', 'artículo 10']

BOE.es - Documento BOE-A-2016-3401
Documento BOE-A-2016-3401
«BOE» núm. 85, de 8 de abril de 2016, páginas 24907 a 24919 (13 págs.)
BOE-A-2016-3401
«Los operadores de televisión que tengan la responsabilidad editorial de canales de televisión en cuya programación se incluyan largometrajes cinematográficos de producción actual, es decir, con una antigüedad menor de siete años desde su fecha de producción, deberán destinar, como mínimo, cada año, el 5 por 100 de la cifra total de ingresos devengados durante el ejercicio anterior, conforme a su cuenta de explotación, a la financiación anticipada de la producción de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión europeos, incluidos los supuestos contemplados en el artículo 5.1 de la Ley de fomento y promoción de la cinematografía y del sector audiovisual. El 60 por 100 de esta financiación deberá destinarse a producciones cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en España.
El Gobierno, previa consulta a todos los sectores interesados, podrá establecer reglamentariamente las duraciones exigibles para considerar una obra audiovisual como película para televisión.»
«A) El artículo 3 de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de la actividad de radiodifusión televisiva, en su versión modificada por la Directiva 97/36 / CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, ¿permite a los Estados miembros imponer a los operadores de televisión la obligación de destinar un porcentaje de sus ingresos de explotación para la financiación anticipada de películas cinematográficas y para televisión europeas?
C) La obligación impuesta por una norma nacional a los operadores de televisión de que destinen un porcentaje de sus ingresos de explotación para la financiación anticipada de películas cinematográficas, de cuya cuantía un 60 por ciento ha de destinarse específicamente a obras en lengua original española mayoritariamente producidas por la industria cinematográfica española, ¿constituye una ayuda del Estado en beneficio de dicha industria, en el sentido del artículo 87 del Tratado CE?»
«1) La Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, y, más concretamente, su artículo 3 y el artículo 12 CE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una medida adoptada por un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que obliga a los operadores de televisión a destinar el 5 por 100 de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas y de televisión europeas y, más concretamente, el 60 por 100 de dicho 5 por 100 a obras cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales de dicho Estado miembro.
2) El artículo 87 CE debe interpretarse en el sentido de que una medida adoptada por un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que obliga a los operadores de televisión a destinar el 5 por 100 de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas y de televisión europeas y, más concretamente, el 60 por 100 de dicho 5 por 100 a obras cuya lengua original sea cualquiera de las lenguas oficiales de este Estado miembro no constituye una ayuda del Estado en beneficio de la industria cinematográfica de ese mismo Estado miembro.»
f) Una vez recibida copia de la referida Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó providencia de 25 de marzo de 2009 alzando la suspensión en su día acordada y dando nuevo traslado a las partes personadas por plazo de cinco días para que estas pudieran alegar lo que a su derecho conviniera sobre la incidencia de la misma en el recurso contencioso-administrativo tramitado ante ella y pendiente de resolución.
Con estas bases, recuerda la doctrina de este Tribunal sobre la libertad de empresa reconocida en el art. 38 CE contenida en la STC 112/2006, de 5 de abril, en concreto la «libertad de inversión» que junto con las libertades de contratación y de organización fue considerada en aquella Sentencia una «vertiente imprescindible» de la indicada libertad de empresa. Ciertamente, ello no excluye, reconoce el órgano promotor, que esa garantía no pueda ser sometida a restricciones, pero siempre que esas restricciones sean «proporcionadas, de modo que, por adecuadas, contribuyan a la consecución del fin constitucionalmente legítimo al que propenden y por indispensables hayan de ser inevitablemente preferidas a otras que pudieran suponer, para la esfera de libertad pública protegida, un sacrificio menor» (misma STC 112/2006, FJ 8).
Pues bien, a juicio de la Sección la inversión obligatoria prevista en el art. 5.1, párrafo segundo, de la Ley 25/1994, no supera el indicado canon de proporcionalidad. En primer lugar, porque se impone sobre una parte de sus «ingresos», no de sus beneficios. En segundo lugar, porque no se corresponde con el objeto propio de su actividad, la difusión televisiva, sino que se destina a un sector económico diferente: la producción cinematográfica. Y en tercer lugar, porque para alcanzar esa finalidad, que la Sección considera «legítima», los poderes públicos tienen en su mano otras potestades menos invasivas como la potestad tributaria y la subvencional. A través de la primera, pueden «detraer de los beneficios empresariales las cantidades que consideren oportunas» y asignarlas equitativamente al citado objetivo conforme al art. 31 CE, mediante «un marco tributario que contribuya a propiciar la inversión en determinados sectores, adoptando normas fiscales de muy amplio espectro (bonificaciones, exenciones, régimen de amortizaciones, deducciones, etcétera) con esa misma y legítima finalidad». Y por medio de la segunda, el Estado podría incentivar determinadas inversiones empresariales sin más límite que respetar la prohibición de «ayudas de Estado» y las normas de competencia que resultan de los tratados comunitarios, pues el Tribunal de Justicia ya descartó en la Sentencia de 5 de marzo de 2009 que la inversión obligatoria aquí cuestionada fuera una ayuda de Estado (apartados 41 a 47). «Lo que, a juicio de esta Sala, no puede sin embargo el legislador, salvo que esté fundado en razones imperiosas de interés general, es imponer por sí mismo el destino forzoso de las inversiones empresariales. En principio, la decisión sobre la inversión de los recursos (privados) de las empresas corresponde a estas, sin perjuicio de que parte de aquéllos sean transferidos coactivamente, por la vía de los tributos, al sector público y se conviertan de este modo en ‘recursos públicos’ de los que el Estado puede, obviamente, disponer».
Continúa el Auto afirmando que esa inversión obligatoria no viene tampoco impuesta por la Directiva 89/552/CEE, del Consejo, de 3 de octubre de 1989, objeto de trasposición en la Ley 25/1994. En el apartado 17 de su Sentencia, el Tribunal de Justicia ya declaró que los arts. 4 y 5 de aquella Directiva «no se refieren a dicho supuesto». La Directiva, pues, no ofrece tampoco base a la citada obligación impuesta por el legislador.
La Sección reconoce que el fomento de la creación cinematográfica, cuya dimensión cultural no puede desconocerse, es un objetivo legítimo. Pero la concreta medida establecida para la consecución de ese objetivo puede no superar el canon de proporcionalidad impuesto por la doctrina de este Tribunal, ya que la consecución ya viene instrumentada a través de numerosas medidas legislativas y reglamentarias, en particular ayudas públicas a la producción, distribución y proyección cinematográfica que conformen un «marco de financiación privilegiado» (garantía del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, créditos a tipos inferiores a los de mercado, ayudas públicas directas a la producción cinematográfica) así como estímulos a la proyección de películas comunitarias en las salas de proyección y los propios mecanismos de protección derivados de la Directiva 89/552/CEE, como reservar determinados tiempos de difusión y emisión a obras europeas.
Por todo ello, concluye que no existe una «razón imperiosa de interés general» que justifique la inversión forzosa prevista en el precepto cuestionado.
4. Por providencia de 14 de abril de 2010, el Pleno del Tribunal, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite la cuestión planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el art. 5.1 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. El Pleno acordó también, conforme al artículo 10.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), reservar para sí el conocimiento de la cuestión, así como dar traslado de las actuaciones recibidas (art. 37.3 LOTC) al Congreso de los Diputados y al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Se acordó, asimismo, comunicar esta resolución al órgano judicial promotor de la cuestión, a fin de que el procedimiento del que la misma emana permaneciera suspendido hasta que este Tribunal resolviera definitivamente (art. 35.3 LOTC). Y se ordenó, por último, la publicación de la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
Recuerda que en la doctrina de este Tribunal, este test de la proporcionalidad, que el Abogado del Estado llama «test alemán de la proporcionalidad», se descompone en tres juicios sucesivos, desde la STC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5: el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto.
A partir de ahí, argumenta que el Auto de planteamiento no cuestiona la idoneidad de la medida para el fin propuesto, sino que más bien parece centrarse en el juicio de necesidad (en terminología de este Tribunal), esto es, en considerar que la medida no es la menos restrictiva (less restrictive alternative) para alcanzar ese fin legítimo. El sector, vendría a razonar el Auto (según el Abogado del Estado), está «hiperprotegido», y «sobra por ello … la medida de inversión obligatoria» que es objeto de esta cuestión de inconstitucionalidad. Al respecto, se muestra crítico con el Auto de planteamiento, por no ofrecer una detallada descripción de otras medidas alternativas de eficacia pareja, ni hacer un juicio racional comparativo entre ellas, como correspondería a quien cuestiona la necesidad de esa medida. Si el órgano promotor, concluye el Abogado del Estado, no levanta esa «carga» procesal que corresponde a quien cuestiona la necesidad de una medida restrictiva de un derecho constitucional, tampoco debe el defensor de la norma asumir la carga inversa de justificar su necesidad.
Por último, en lo que al juicio de proporcionalidad en sentido estricto se refiere, el Abogado del Estado considera que la medida cuestionada reporta más beneficios que desventajas, y supera, por tanto, el indicado canon. Así, apunta en primer lugar a la conexión de la producción cinematográfica con la cultura, ya señalada en la exposición de motivos de la Ley 15/2001 de la que trae redacción el precepto cuestionado; y recuerda que la promoción de la cultura es una obligación de los poderes públicos de conformidad con los arts. 44.1, 46 y 149.2 CE. Además, considera igualmente justificado un segundo objetivo de la medida, como es lograr una mayor integración económica entre el cine y la televisión dando lugar a un «sector conjunto audiovisual», también señalado en el preámbulo de otra Ley, esta vez la Ley 55/2007. A partir de ahí, argumenta que el conjunto de las ayudas establecidas al sector en la citada Ley 55/2007 no pueden, aisladamente ni en conjunto, alcanzar el fin propuesto, y que la medida de inversión obligatoria, además de promover la identidad cultural española y europea, y proteger también la diversidad cultural y lingüística nacional y continental, constituye un medio para posibilitar el cumplimiento de la reserva de emisión de nuevas obras cinematográficas establecida por la normativa del sector. «Si no se producen nuevas obras cinematográficas españolas y europeas», razona el representante del Gobierno, «la reserva debería satisfacerse con películas antiguas, con lo que —al menos en parte— se frustraría la finalidad de preservación y promoción de la diversidad cultural, que no es solo goce del pasado sino continuidad hacia el futuro».
El Fiscal pone especial énfasis, además, en un dato de capital importancia que, le parece, omite el Auto de planteamiento: la insuficiencia de las medidas citadas por la resolución judicial para sostener una industria que juega el importante papel ya señalado, y que resulta acreditado por el informe de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información aportado a las actuaciones del proceso contencioso-administrativo subyacente, que concluye que sin la financiación de las televisiones «sería prácticamente imposible completar la financiación de películas» y devendría «inviable la posibilidad de lograr una industria cinematográfica sólida». De donde deriva que no se puede prescindir de la medida cuestionada, por más que existan otras dirigidas al mismo objeto, y que si se prescindiera de ella no podría lograrse el objetivo legítimo perseguido, y ya señalado. Es, además, un modelo semejante al que existe en países de nuestro entorno, según resulta del mismo informe antes citado.
Apela a la Ley 7/2010, general de comunicación audiovisual, que califica estos servicios como «servicios de interés general» (art. 22), de manera que cumplen una relevante función de interés público, y no solo económica, que no ha sido valorada por el Tribunal Supremo. Dicha función consiste en fomentar la producción audiovisual europea y fomentar así la diversidad cultural de Europa. Cita asimismo los considerandos 74 y 79 de la Directiva UE/13/2010, de 10 de marzo, de coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de la comunicación audiovisual, y le parece que de ellos se deriva la proporcionalidad de la medida cuestionada.
Critica además el razonamiento del órgano proponente sobre la incongruencia de la medida, al no imponerse a todos los operadores de televisión, y afirma que es justamente esa reducción de los destinatarios la que hace a la norma coherente y apropiada, pues se conecta y vincula, y a la postre justifica, por los contenidos y programación del operador. Recuerda que no es éste el titular del espectro radioeléctrico, sino el Estado, y que es este quien tiene legitimidad para defender su derecho, pudiendo imponer por ello una obligación como la controvertida por el Tribunal Supremo.
El tenor del precepto ha quedado recogido en el antecedente 1 de esta Sentencia. Resumidamente, se trata de la norma que impone a ciertos operadores de televisión –en concreto, a los que tengan la responsabilidad editorial de canales cuya programación incluya largometrajes cinematográficos de producción actual, producto que también define el propio precepto legal como aquellos que tengan una antigüedad menor de siete años desde su fecha de producción– la obligación de destinar un mínimo del 5 por 100 de la cifra total de ingresos devengados en el ejercicio anterior a la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión europeas, y que a su vez reserva el 60 por 100 de ese 5 por 100 a producciones cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en España.
A su vez, el reglamento que desarrollaba esa obligación legal, aprobado por Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio, que es la disposición impugnada en el proceso seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en cuyo seno se ha planteado la presente cuestión de inconstitucionalidad, ha sido también derogado, recientemente, por el Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 267, de 7 de noviembre de 2015, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, según su disposición final cuarta. Si bien, como en el caso anterior, esa derogación no ha eliminado tampoco la obligación de inversión de cuya constitucionalidad se duda (lógicamente, pues esta obligación es reiterada por la nueva Ley general de la comunicación audiovisual y sigue vigente, de acuerdo con su art. 5.3 ya mencionado), sino que solamente ha supuesto la modificación de algunos aspectos de su desarrollo reglamentario.
Pues bien, por lo que hace a la primera derogación, la del precepto legal objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, la misma no es determinante de la pérdida de objeto de este proceso, pues como este Tribunal ha reiterado, a diferencia de lo que ocurre con los recursos de inconstitucionalidad, «en las cuestiones de inconstitucionalidad los efectos extintivos sobre el objeto del proceso como consecuencia de la derogación o modificación de la norma cuestionada vienen determinados por el hecho de que, tras esa derogación o modificación, resulte o no aplicable en el proceso a quo y de su validez dependa la decisión a adoptar en el mismo» (STC 37/2004, de 11 de marzo, FJ 1, y jurisprudencia allí citada). Y más en concreto, en aquellos casos en que la cuestión de inconstitucionalidad se plantea en el seno de un recurso directo contra un reglamento ante la jurisdicción contencioso-administrativa (arts. 106.1 CE y 1.1, 25.1 y 26.1 LJCA), como aquí sucede, este Tribunal también ha recordado que como «el contraste de la disposición reglamentaria impugnada en el proceso judicial ha de realizarse con el precepto legal vigente en aquel momento», ello hace que «perviv[a] el objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, dado que la derogación, con sus efectos ex nunc, no es equivalente a una hipotética declaración de nulidad, cuyos efectos se proyectan, al menos en vía de principio, hacia el pasado» (SSTC 117/2011, de 4 de julio, FJ 2, y 73/2014, de 8 de mayo, FJ 2).
En el ATC 23/2013, de 29 de enero, FJ 4, hemos admitido que efectivamente una cuestión de inconstitucionalidad puede extinguirse por desaparición sobrevenida de su objeto como consecuencia de la derogación de la norma reglamentaria objeto de recurso directo en el proceso a quo si el reglamento no conserva ningún género de ultraactividad (tal y como exige la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para declarar la extinción de esta clase de procesos) y la cuestión de inconstitucionalidad se formula contra la norma legal de cobertura (así, por ejemplo, STC 147/2012, de 5 de julio). En tales casos «ninguna utilidad tendría ya un pronunciamiento de este Tribunal para un proceso judicial extinguido». Ahora bien, según matizamos inmediatamente «el examen que este Tribunal debe realizar sobre la posible extinción del proceso judicial ordinario debe ser de evidencias y a los solos fines de la admisibilidad de la cuestión planteada, sin sustituir al órgano judicial en la aplicación e interpretación de la legalidad ordinaria», de modo que «solo si la pérdida de objeto del procedimiento judicial ordinario es clara y manifiesta, puede este Tribunal declarar la extinción de la cuestión de inconstitucionalidad por esta razón».
3. En esta tarea, hemos de partir de una constatación fundamental no cuestionada por nadie, ni por el órgano proponente ni por las partes comparecidas, pero que resulta imprescindible para el desarrollo de nuestro análisis, y es que la imposición a un empresario de la obligación de invertir cierta parte de los ingresos obtenidos por su actividad en un determinado producto afecta o incide en la libertad de empresa constitucionalmente garantizada (art. 38 CE). Efectivamente, según tiene declarado este Tribunal, el mencionado derecho incluye como una de sus vertientes fundamentales no solo la libertad para crear una empresa y actuar en el mercado, sino también, por lo que aquí importa, la libertad para fijar los objetivos y planificar la actividad de esa empresa en atención a los recursos y a las condiciones del mercado [SSTC 96/2013, de 23 de abril, FJ 6; 112/2006, de 5 de abril, FJ 8, y 225/1993, de 8 de julio, FJ 3 b)], lo que comprende la «libertad de inversión» en expresión utilizada por la ya citada STC 112/2006, FJ 4, de donde la toma el Auto de planteamiento.
Ahora bien, también es jurisprudencia de este Tribunal que la libertad de empresa «no es un derecho absoluto e incondicionado» y que su vigencia no resulta comprometida por el hecho de que existan limitaciones a su ejercicio derivadas de las «reglas que disciplinen, proporcionada y razonablemente, el mercado», como han recordado entre las más recientes las SSTC 108/2014, de 26 de junio, FJ 3, y 53/2014, de 10 de abril, FJ 7, y muchas otras desde la STC 127/1994, de 5 de mayo, dictada precisamente en el recurso interpuesto contra la Ley de televisión privada de 3 de mayo de 1988 [FJ 6 d)]. Porque del art. 38 CE no puede derivarse sin más «el derecho a acometer cualquier empresa» o a ejercerla sin traba ni limitación de ningún tipo, «sino solo el [derecho] de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está disciplinado por normas de muy distinto orden» (STC 83/1984, de 24 de julio, FJ 3), o lo que es lo mismo, a ejercer esa actividad «con plena sujeción a la normativa sobre ordenación del mercado y de la actividad económica general» (STC 135/2012, de 19 de junio, FJ 5, y las allí citadas).
«[D]esde sus primeras resoluciones (STC 26/1981, fundamento jurídico 15), ha venido a decir el Tribunal que, no siendo los derechos que la Constitución reconoce garantías absolutas, las restricciones a que puedan quedar sometidos son tolerables siempre que sean proporcionadas, de modo que, por adecuadas, contribuyan a la consecución del fin constitucionalmente legítimo al que propendan, y, por indispensables, hayan de ser inevitablemente preferidas a otras que pudieran suponer, para la esfera de libertad protegida, un sacrificio menor.
De esta forma, para ponderar la constitucionalidad de la prohibición impugnada, tanto en lo que se refiere a la libre circulación de bienes como en lo que atañe a la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada … es preciso efectuar un juicio de proporcionalidad, en el que, además del objetivo que al establecerla se persigue y comprobando la legitimidad constitucional del mismo, se verifique también la relación de causalidad y necesidad que con él debe guardar la prohibición en cuanto medio ordenado para hacerlo posible.»
Sin embargo, este test de proporcionalidad se ha aplicado solamente a regulaciones que pueden afectar al acceso al mercado, al comienzo en el ejercicio de la actividad (vgr. la caducidad de las autorizaciones de farmacia, STC 109/2003, de 5 de junio, FJ 15) o a regulaciones autonómicas que pueden introducir desigualdad en las condiciones de ejercicio de una actividad empresarial (STC 96/2013, de 23 de abril, FJ 7, con cita de otras). Pero cuando se trata de regulaciones que «afectan al ejercicio de una actividad empresarial, sin afectar al propio acceso a la misma», como ocurre en este caso, el canon de constitucionalidad empleado por la jurisprudencia de este Tribunal es algo diferente, pues solamente permite verificar si esas medidas son «constitucionalmente adecuadas», esto es, si la medida cuestionada «constituye una medida adecuada para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo, sin que le corresponda a este Tribunal ir más allá, pues ello supondría fiscalizar la oportunidad de una concreta elección del legislador, de una legítima opción política» (STC 53/2014, de 10 de abril, FJ 7).
5.a) Por lo que respecta al primero de esos requisitos, nadie ha puesto en duda la legitimidad constitucional del fin perseguido. Sin embargo, ello no debe ser óbice para que este Tribunal Constitucional entre a verificar su concurrencia.
El cine es, entre otras cosas, una manifestación cultural. La vinculación entre el cine y la cultura está ya establecida desde el mismo preámbulo de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del cine, que en sus primeras líneas pone de manifiesto que «[l]a actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestra cultura y de nuestra economía», constituye una «manifestación artística y expresión creativa» que «es un elemento básico de la entidad cultural de un país», y contribuye «al mantenimiento de la diversidad cultural» de España, siendo todos ellos «elementos suficientes para que el Estado establezca las medidas necesarias para su fomento y promoción». Por consiguiente, la protección de esta manifestación cultural tiene expreso anclaje en los arts. 20.3 (pluralismo de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público), 44 (derecho a la cultura) y 149.2 CE, que considera el servicio de la cultura como «deber y atribución esencial» del Estado, así como en el art. 46 CE en lo tocante al enriquecimiento del patrimonio cultural de los pueblos de España (recuérdese la reserva del 60 por ciento de la cantidad total comprometida por la norma para la financiación de «producciones cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en España»).
Además, y por lo que respecta a las obras europeas, y no solo españolas, que son las que la norma cuestionada intenta proteger y promocionar, es asimismo incuestionable que por medio o a través de ellas se consigue la conformación y aprehensión de las identidades europeas, tanto las comunes o compartidas, como las singulares de cada Estado de la Unión, y que ello favorece el logro de «una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa», que es el fin primordial del proceso de integración europea consagrado en el preámbulo y en el art. 1 del Tratado de la Unión Europea. Y que, por ello, es un fin de indudable interés para España como partícipe de ese proceso de integración.
De un modo más específico, desde el Tratado de Maastricht, que introdujo el entonces art. 128 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actual art. 167 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la cultura se ha convertido en una de las políticas de la Unión, que debe contribuir «al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto a su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común» (apartado 1) y favorecer «la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos» (apartado 2), complementando de este modo las actuaciones que deben desarrollar prioritariamente los Estados miembros, de acuerdo con el art. 6 c) del mismo TFUE.
a) Que la obligación impuesta «a los operadores de televisión a destinar el 5 por 100 de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas y para televisión europeas … no contiene ningún elemento que permita afirmar que tal medida constituye, en la práctica, una restricción a alguna de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado» (apartado 22).
b) Que, por su parte, «la obligación de destinar a obras cuya lengua original sea una de las lenguas oficiales de [España] el 60 por 100 del 5 por 100 de los ingresos de explotación destinados a la financiación anticipada de películas cinematográficas y de televisión europeas» sí constituye «una restricción a varias libertades fundamentales, concretamente, a la libre prestación de servicios, a la libertad de establecimiento, a la libre circulación de capitales y a la libre circulación de trabajadores» (apartado 25). Sin embargo, se trata de una restricción compatible con el Derecho de la Unión en la medida en que está «justificada por una razón imperiosa de interés general» consistente en «promover una o varias de sus lenguas oficiales» (apartado 27), es «adecuada para garantizar la consecución de tal objetivo» (apartado 29) y no va «más allá de lo necesario para alcanzar el citado objetivo», de acuerdo con lo razonado a este respecto en los apartados 30 a 36 de la mencionada Sentencia.
DICTADA en la Cuestión 546/2010 (Ref. BOE-A-2010-6747).
DECLARA la desestimación en relación con el art. 5.1 de la Ley 25/1994, de 12 de julio (Ref. BOE-A-1994-16224).