Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/c-646-02.htm
Timestamp: 2017-11-21 06:22:18
Document Index: 340188656

Matched Legal Cases: ['artículo 142', 'artículo 142', 'artículo 142', 'artículo 142', 'artículo 142', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 142', 'artículo 150', 'Artículo 114', 'artículo 282', 'artículo 114', 'artículo 65', 'artículo 84', 'artículo 142', 'artículo 3', 'artículo 142', 'artículo 142', 'artículo 142']

En este sentido el sometimiento a las normas procedimentales o adjetivas, como formas propias del respectivo juicio, no es optativo para quienes acuden al mismo con el objeto de resolver sus conflictos jurídicos, “en tanto que de esa subordinación depende la validez de los actos que de ellas resulten y la efectividad de los derechos sustanciales”. La omisión de una carga procesal puede traer consecuencias desfavorables para quien la incumple, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jairo Alcides Toloza Cañas demandó el artículo 142 del Decreto 01 de 1984 “por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
El demandante solicita la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 142 del Decreto 01 de 1984 y en subsidio de la frase “ante el secretario del tribunal a quien se dirija”, por considerar que vulnera los artículos 83, 150-2 y 10 y 228 de la Constitución, con base en los argumentos que se sintetizan a continuación.
Expresa que con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, el H. Consejo de Estado ha sostenido sin embargo que, aún en el caso en que el actor se encuentre en la misma sede del tribunal al que dirige la demanda, éste podrá hacer la presentación personal del libelo ante cualquier notario, en tanto de lo que se trata simplemente es de dar certeza “del autor del documento y de que su contenido es cierto”[1].
En este sentido considera que “la finalidad de la norma fue permitir que todos los despachos judiciales y notariales tuvieran las mismas facultades de autenticación, teniendo en cuenta que son igualmente aptos para refrendar la presentación de las demandas”
Afirma que no obstante lo anterior “no es claro, que si bien el objeto de la presentación personal de la demanda es tener certeza de la identidad de quien la suscribe y que el contenido de aquella es cierto, cuando la demanda deba ser presentada en la sede del despacho judicial al que se dirija, no pueda realizarse dicha presentación ante cualquier juez o notario del lugar, como parece desprenderse de la norma impugnada” razón por la cual solicita a la Corporación pronunciarse sobre la exequibilidad de la norma “pero bajo el entendido que la demanda puede presentarse ante cualquier juez o notario del país”.
El Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 2847 del 9 de abril de 2002, solicita a la Corte que declare inexequible la expresión “ante el secretario del tribunal a quien se dirija” contenida en el artículo 142 del Decreto 01 de 1984 acusado. Para el efecto expone las consideraciones que inmediatamente se resumen.
La Vista Fiscal advierte que en la Sentencia C-012/02[2] esta Corporación se pronunció sobre la exequibilidad de la expresión “caso en el cual se considerará presentada al recibo en el despacho judicial de su destino” contenida en el artículo acusado.
Frente a la expresión “ante el secretario del tribunal a quien se dirija”el señor Procurador considera que con ella se viola el principio de igualdad (Art. 13 C.P.), por cuanto introduce un trato discriminatorio para los usuarios de la jurisdicción contencioso administrativa a los que impone “como obligatoria la presentación personal ante el secretario del tribunal, mientras que para cualquier otra jurisdicción basta con la simple presentación ante juez o notario, depositario de la fe pública”.
Afirma así mismo que dicha expresión establece un “formalismo innecesario” que desconoce los artículos 228 y 229 constitucionales, en tanto impide que prevalezca el derecho sustancial sobre el formal, al tiempo que limita el libre acceso de los ciudadanos a la administración de justicia.
En subsidio solicita que solo se retire del ordenamiento jurídico la expresión “ante el secretario del tribunal a quien se dirija”, por considerar que con ella se establecen condiciones para la presentación de la demanda diferentes de las del código de procedimiento civil que vulneran los principios de buena fe (Art. 83 C.P.) y de primacía del derecho sustancial en la administración de justicia (Art. 228 C.P.).
Frente a la expresión “ante el secretario del tribunal a quien se dirija” el representante del Ministerio de Justicia solicita con base en la jurisprudencia del H. Consejo de Estado que se declare la constitucionalidad condicionada de la misma bajo el entendido que la demanda podrá presentarse ante cualquier juez o notario del país.
De otra parte, la Corporación deberá examinar si la expresión “ante el secretario del tribunal a quien se dirija”, contenida en el artículo 142 acusado, desconoce la primacía del derecho sustancial en la actuaciones judiciales (Art. 228 C.P.), así como los derechos al libre acceso a la administración de justicia (Art. 229 C.P.) y a la presunción de buena fe (Art. 83 C.P.) .
Esta Corporación en la sentencia C-012 de 2002 con ponencia del Magistrado Jaime Araujo Rentería se pronunció sobre la constitucionalidad de la expresión “caso en el cual se considera presentada en el despacho judicial de destino” contenida en el artículo acusado, y declaró la exequibilidad de la misma.
Al respecto la Corte constata que los cargos analizados en dicha Sentencia se refirieron a la supuesta vulneración de los artículos 2, 13 y 53 de la Constitución por “establecer una discriminación entre las personas, en particular los abogados litigantes, residentes en el Distrito Capital o en donde tienen su sede los tribunales y juzgados en los cuales deben interponer una demanda, respecto de los que residen en la provincia o en el exterior”[5], así como de los artículos 1 y 228 de la Constitución en lo referente al “funcionamiento desconcentrado y autónomo de la administración de justicia”[6] y que el examen de la Corte concluyó que con la expresión acusada se garantizaba el acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad y con plena garantía del debido proceso.
Cabe precisar que en esa ocasión la demanda versó no solamente contra el aparte referido del artículo 142 del Decreto 01 de 1984, sino también contra los apartes semejantes a dicha norma contenidos en los artículos 84 (modificado por el Decreto 2282 de 1989 artículo 1° numeral 36) y 373 (Modificado por el decreto 2282 de 1989, artículo 1°, numeral 188) del Código de Procedimiento Civil, y que el problema jurídico estudiado en esa ocasión consistió en determinar “si las normas acusadas, al consagrar que la respectiva demanda se considera presentada el día en que efectivamente se reciba en el despacho de su destino, establecen un trato discriminatorio entre las personas, en particular los abogados litigantes que residen en la misma sede del despacho judicial de destino frente a los que residen fuera de ella, ya que éstas últimas deben sujetarse a la lentitud del correo para el envío de la demanda”[7].
“La prohibición de revestir al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir códigos que consagra la Constitución, no se contenía en la anterior y, mal puede aplicarse retroactivamente, respecto de normas - como el D. 001 de 1984 y la Ley 58 de 1984- dictadas al amparo de la preceptiva constitucional derogada”[10]
4. El examen de constitucionalidad de la expresión “ante el secretario del tribunal a quien se dirija”, contenida en el artículo 142 del decreto 01 de 1984.
Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa.” [12].
En este sentido el sometimiento a las normas procedimentales o adjetivas, como formas propias del respectivo juicio, no es optativo para quienes acuden al mismo con el objeto de resolver sus conflictos jurídicos, “en tanto que de esa subordinación depende la validez de los actos que de ellas resulten y la efectividad de los derechos sustanciales”[13]. La omisión de una carga procesal puede traer consecuencias desfavorables para quien la incumple, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material.
“(E)l legislador, autorizado por el artículo 150, numerales 1o. y 2o., de la Constitución Política, cuenta con una amplia facultad discrecional para instituir las formas, con base en las cuales se ventilarán las diferentes controversias jurídicas que surjan entre las personas[24].
“(...) Artículo 114º. Presentación. Toda demanda deberá ser presentada personalmente ante el secretario del tribunal correspondiente, pero si el demandante no reside en el mismo lugar del asiento del tribunal, la presentará al juzgado de mayor categoría del lugar, debiendo, quien la recibe, poner al pie de ella la constancia de su presentación, y la devolverá al interesado. A éste se le expedirá recibo, se así lo exigiere, en el cual se expresará la fecha de la presentación de la demanda, su contenido y una relación de los documentos con que se hubiere acompañado.
Concluida la lectura el doctor Betancur Jaramillo manifestó “sobraba la expresión “juzgado de mayor categoría” porque eso se ha prestado a muchos problemas; cualquier juez autentica la presentación de una demanda, y, además, debe ser juez o notario”.
En uso de la palabra el doctor Mora Osejo manifestó: “yo creo que hay un problema, pues es verdad que la jurisprudencia ha evolucionado en favor de los notarios pero yo he notado y por referencias de muchas personas, que los notarios ya no dan fe, son subalternos del notario los que firman; ese es un fenómeno generalizado en todo el país como un síntoma de la decadencia de esa institución”
“Sabe doctor Vidal- respondió el doctor Mora Osejo-, el Código Contencioso Administrativo trae esa norma; el Código se ocupa de eso, y hay otra cosa doctor Vidal, nosotros en esta materia hemos tenido la siguiente experiencia: el Código Contencioso Administrativo, salvo las remisiones concretas que hace, o sea por razón de los puros vacíos compatibles con ese Código, pues se dirige al procedimiento civil, pero últimamente ha habido una distorsión del Código que consiste en que noveles magistrados, sobre todo de los tribunales, tratan de aplicar el Código de procedimiento Civil haciendo una mixtura con el Contencioso Administrativo, a pesar de que este Código en las materias con que ellos mezclan, regula específicamente la materia, como por ejemplo inadmisión de la demanda: el Código Administrativo no trae la figura del rechazo in limine de la demanda sino no se inadmite la demanda, o sí admite; entonces mezclan los dos códigos para poner varias cosas hasta el extremo que aquí nos pidieron como idea original unos magistrados que se hiciera la distinción, rechazo in limine, plazo para corregir la demanda, y en lo Contencioso Administrativo no ha habido eso”.
“No ha habido- afirmó el doctor Rodríguez-, pero yo creo que sí es admisible en el procedimiento contencioso administrativo las dos figuras que menciona el doctor Mora”.
Por su parte el doctor Betancur Jaramillo manifestó: “yo lo que sí creo es que se debe señalar un plazo cuando la demanda es susceptible de corrección, para que lo haga”.
“Bueno- intervino el doctor Palacios Mejía- , yo creo que el punto que planteó el doctor Vidal es un punto correcto, es decir, no vamos a reproducir innecesariamente normas a las que podamos llegar por simple remisión al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, sí será necesario en algunos casos, donde la experiencia demuestra que están surgiendo confusiones, tener de una vez una respuesta en el Código Contencioso Administrativo, y, por lo menos, regular las mismas materias que ya están reguladas en el Código existente como es este asunto de la presentación”.
“Yo creo que la presentación de la demanda la debemos regular– anotó el doctor Betancurt Jaramillo-, porque tal como está contemplada en el Código de Procedimiento Civil tiene unas modalidades que son propias de proceso civil”.
“Entonces habría dos criterios a discutir – resumió el doctor Vidal Perdomo-, en primer lugar regular todo lo que en la actualidad regula el Código para que se baste a sí mismo, digamos, y luego, en lugar de una remisión general, como la del artículo 282, tendríamos que pensar en una remisión más específica para no estar creando el fenómeno de la suma de criterios”.
“Yo insisto en otro matiz que se le estaba olvidando al señor presidente – subrayo el doctor Mora Osejo-, y es el de que la ocasión para la reforma no es para dar o introducir una especie de primacía del Código de Procedimiento Civil sino para actualizar el Código Contencioso Administrativo sobre la base de que éste es un Código relativo a una jurisdicción especial; solo por remisión específica, excepcional para llenar los vacíos, al Código de Procedimiento Civil”, concluyó.
En uso de la palabra el doctor Palacios Mejía expresó: “entonces, si les parece en el artículo 114 modificaríamos el proyecto del doctor Valencia en el sentido de indicar que la presentación puede hacerse ante cualquier juez o ante cualquier notaría”, lo que fue aceptado por la Comisión.”. (subraya la Corte)[29]
“La presentación personal de la demanda o del poder ante determinado funcionario, es una exigencia exclusivamente con fines de autenticidad, de suerte que, como regla, quien pueda dar fe sobre la autenticidad de la firma del signatario de la demanda o del poder, se halla habilitado para testimoniar la presentación personal de dichos documentos. De hecho, el tema en cuestión es ajeno a la exégesis que pretende la excepcionante, como se desprende de las normas comunes del procedimiento pues cuando el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil dice que el poder puede otorgarse por memorial dirigido al juez de conocimiento, "presentado como la demanda" remite al artículo 84 ibidem, según el cual "las firmas de la demanda deberán autenticarse por quienes las suscriban, mediante la comparencia personal ante el secretario de cualquier despacho judicial, o ante notario de cualquier círculo; para efectos procesales, se considerará presentada el día en que se reciba en el despacho de su destino. Si bien por virtud del principio de eficacia y utilidad de la ley, toda regla dada por el legislador debe cumplirse, no puede entenderse que la sanción propia de la no sujeción estricta a la letra del artículo 142 del Código Contencioso Administrativo, sea la de la inexistencia del poder, porque esta es una solución extrema, contraria al principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial, al principio de eficacia, que se pregona por el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo y que impone la remoción de obstáculos meramente formales y evitar decisiones inhibitorias y al procedimiento general, que autoriza la presentación de demandas y poderes ante cualquier despacho judicial o notarial.”[33](subraya la Corte)
“Si bien la norma (el artículo 142 del C.C.A.) en comento prevé que si el signatario se encuentra en lugar distinto a la de sede del tribunal puede presentar su demanda ante el juez o notario de su residencia, es evidente que en aras de garantizar el acceso a la justicia puede el actor que se encuentra dentro de la misma sede del despacho competente presentar su demanda ante una notaría, pues sencillamente la presentación personal ante un despacho judicial o ante una notaría tiene la misma finalidad y es la tener la certeza del autor del documento y de que su contenido es cierto. En consecuencia, no está llamada a prosperar la excepción propuesta”[34].
“La presentación personal de la demanda ante el despacho judicial al que vaya dirigida o, en su defecto, ante un despacho distinto al destinatario o ante una notaría de cualquier círculo, tiene como finalidad demostrar la existencia del autor del documento y la certeza de su contenido. Gracias a ese reconocimiento, el documento adquiere plena autenticidad y fecha cierta.[35] En ningún caso se exige que deba hacerse la presentación personal de la demanda ante el despacho al cual aquélla va dirigida. Es decir, al accionante cuyo domicilio se encuentre dentro de la misma sede del despacho al que vaya dirigida la demanda no le está vedado hacer la presentación de la misma ante otro despacho judicial o una notaría. Negar tal posibilidad sería hacer nugatorio el derecho de acceso a la administración de justicia.[36]”[37]
No sobra señalar al respecto que los argumentos que dicho interviniente aduce para fundamentar su solicitud -el desconocimiento del derecho a libre acceso a la administración de justicia (art.229 C.P.)- hacen parte precisamente de las razones que llevan a la Corte a declarar la inexequibilidad de la expresión “ante el secretario del tribunal a quien se dirige”, como acaba de señalarse.
Primero.- Declarar EXEQUIBLES por el cargo analizado en esta sentencia las expresiones “Toda demanda deberá presentarse personalmente por quien la suscribe (...). El signatario (…) podrá remitirla previa autenticación ante juez o notario de su residencia, caso en el cual se considera presentada en el despacho judicial de destino”, contenidas en el artículo 142 del Decreto 01 de 1984.
Segundo.- Declarar INEXEQUIBLES la expresiones “ante el secretario del tribunal a quien se dirija” y “que se halle en lugar distinto” contenidas en el artículo 142 del Decreto 01 de 1984.
[12] Sala de Casación Civil, M.P. Dr. Horacio Montoya Gil, auto del 17 de septiembre de 1985, que resolvió una reposición, Gaceta Judicial TOMO CLXXX – No. 2419, Bogotá, Colombia, Año de 1985, pág. 427. citada en la Sentencia C- 1512 de 2000 M.P. Alvaro Tafur Galvis.