Source: https://www.boe.es/eli/es-ct/dl/2020/03/24/9/corrigendum/20200526
Timestamp: 2020-08-12 12:50:06
Document Index: 245504284

Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 152', 'artículo 64', 'artículo 38', 'artículo 45', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'artículo 45', 'Artículo 11']

BOE.es - Documento BOE-A-2020-5286
Documento BOE-A-2020-5286
«BOE» núm. 149, de 26 de mayo de 2020, páginas 34376 a 34387 (12 págs.)
https://www.boe.es/eli/es-ct/dl/2020/03/24/9/corrigendum/20200526
Advertido error en la inserción de la publicación del Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se regula la participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 148 de 25 de mayo de 2020, se efectúa la oportuna rectificación, procediendo a la publicación integra del Decreto-ley:
De acuerdo con el anterior, promulgo lo siguiente, Decreto-ley:
El presente Decreto-ley opta de manera clara y decidida por seguir potenciando los mecanismos de concertación social, reconociendo los agentes sociales y garantizándolos para que puedan realizar eficazmente su tarea en todos los ámbitos e instancias de participación institucional que se creen, en desarrollo, si procede, de los citados acuerdos de concertación social.
La existencia, por lo tanto, de espacios donde se lleva a cabo el ejercicio del derecho de participación institucional, la tradición de diálogo, y al mismo tiempo, la no existencia de una norma específica que fije el marco jurídico aconsejan dictar un Decreto-ley que, con carácter general, regule y ordene los criterios de acuerdo con los que se podrá determinar qué organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el territorio autonómico catalán pueden participar en las diferentes entidades y empresas públicas y de la Administración de la Generalidad de Cataluña. La importante y relevante tarea atribuida a estas organizaciones hace necesario, igualmente, regular los criterios de reparación económica de los gastos en que estos incurran a causa de las funciones que se deriven de esta participación institucional, funciones que les son atribuidas exclusivamente por haber llegado a la condición de organización sindical o empresarial más representativa.
Cataluña se une, con el presente Decreto-ley, a otros territorios que han regulado por norma del máximo rango legal la participación institucional, el diálogo y la concertación social en su ámbito territorial respectivo, con la voluntad de dejar claramente recogido en una norma con rango legal propio el compromiso del Gobierno de reconocer la implicación y participación de los agentes sociales en la vida económica y social de Cataluña. Este ha sido el caso de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Aragón, entre otros.
Con este Decreto-ley se desarrolla el Estatuto de autonomía, cuando atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva sobre sus instituciones de autogobierno, según lo que se dispone en el artículo 150; y la competencia para constituir instituciones que fomenten el pleno empleo y el desarrollo económico y social en el ámbito de sus competencias; así como la planificación, ordenación y promoción de la actividad económica, en el sentido del artículo 152.
En relación con las circunstancias que rodean las diferentes manifestaciones de la participación institucional, las personas que han de ejercer las funciones correspondientes, en los términos que prevé este Decreto-ley, deben velar por el interés general que es subyacente al desarrollo de los objetivos y de las atribuciones que corresponden a la entidad, organismo o empresa a considerar en cada caso.
Por último, hay que remarcar que constituye un objetivo de este Decreto-ley regular los correspondientes mecanismos de evaluación, seguimiento y control, a fin de que la gestión de las compensaciones económicas previstas para fomentar el ejercicio del derecho de representación institucional por parte de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas se realice con transparencia en cumplimiento de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, de acuerdo con su título II, y distinguir organizaciones sindicales y empresariales de los grupos de interés regulados en el Decreto-ley 1/2017, de 14 de febrero.
El artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña regula la figura del Decreto-ley como disposición legislativa provisional que, en caso de una necesidad extraordinaria y urgente, puede dictar el Gobierno y que requiere la validación expresa del Parlamento si se quiere mantener su vigencia más allá de los 30 días subsiguientes a su promulgación. En los mismos términos consta en el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad.
Este Decreto-ley se fundamenta en la necesidad extraordinaria y urgente de tramitar una norma con rango legal que vehicule, en el sí de los diferentes órganos e instituciones, la participación institucional de los agentes que la tienen reconocida por la Ley. La práctica institucional y administrativa de los últimos años ha comportado que se esté produciendo la participación institucional de estos agentes en muchos órganos, en los que se toman decisiones y se construyen consensos altamente relevantes por muchas de las instituciones de nuestro país. Pero, a pesar de ello, no hay una norma que ordene jurídicamente y con garantías este aspecto.
Este Decreto-ley se estructura en 11 artículos, que se distribuyen en tres capítulos. El primero de ellos relativos a las disposiciones generales, que incorpora aspectos como el objeto, las definiciones y el ámbito de aplicación. El segundo capítulo se dedica al contenido de la participación institucional, y prevé la creación del Consejo del Diálogo Social de Cataluña, y establece los derechos y deberes en el ejercicio de la participación institucional, el diálogo social y la concertación social. Finalmente, el tercer capítulo prevé aspectos relativos a la financiación, tanto de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, como del Tribunal Laboral de Cataluña.
Por último, el Decreto-ley recoge una disposición adicional, tres disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.
A propuesta del consejero de Trabajo, Asuntos Social y Familias, y de acuerdo con el Gobierno, decreto:
1.1 Es objeto de este Decreto-ley la regulación del marco de la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Cataluña en los órganos, entidades o empresas públicas integrados en la Generalidad de Cataluña, mediante comisiones, consejos u otros órganos colegiados de participación, que tengan atribuidas competencias en materias laborales, sociales y socioeconómicas que afecten los intereses económicos y sociales de trabajadores y trabajadoras y del empresariado.
1.2 También es objeto de este Decreto-ley el desarrollo de los ámbitos de diálogo social permanente y concertación social que permitan el desarrollo efectivo de los apartados 3, 4 y 6 del artículo 45 del Estatuto de autonomía de Cataluña.
2.1 A los efectos de lo que se dispone en este Decreto-ley, se entiende por participación institucional el ejercicio de tareas y actividades de defensa y promoción de los intereses generales comunes e intersectoriales que corresponden a trabajadores y empresarios.
2.2 A los efectos de lo que dispone este Decreto-ley, se entiende por diálogo social permanente y concertación social la participación, la interacción, la negociación y las conversaciones que se llevan a cabo de forma estable y en todos los ámbitos que determina la presente norma, con el objetivo de alcanzar consensos entre las administraciones y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en materia de acción social y económica de interés general, especialmente en ámbitos como la mejora del empleo y su calidad y dignidad; la dinamización empresarial e industrial; el crecimiento económico sostenible e inclusivo; y la preservación del estado del bienestar.
Artículo 3. Organizaciones sindicales y empresariales más representativas y criterios de representatividad.
3.1 Son organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de Cataluña, a los efectos de lo que se dispone en este Decreto-ley, las que tengan esta condición de acuerdo con lo que prevén los artículos 6.2 a) y 7.1 de la Ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y la disposición adicional sexta del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, así como aquellas normas que, en desarrollo de los citados preceptos, se puedan dictar, en el marco de las competencias que tenga atribuidas la Generalidad de Cataluña, en cada momento.
3.2 Las organizaciones empresariales que tengan la condición de más representativas se distribuyen esta representación en función del acuerdo que hayan alcanzado entre ellas, y, en su defecto, se establece a partir de la aplicación de las normas y procedimientos previstos para su determinación.
3.3 Para la determinación específica del número de representantes de estas organizaciones, tanto sindicales como empresariales, a las entidades previstas en el artículo 1 se debe aplicar el criterio de proporcionalidad en relación con su representatividad en Cataluña, y de paridad entre las representaciones sindicales y empresariales.
3.4 La designación de las personas representantes de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas se hace de acuerdo con las propuestas formuladas por estas organizaciones mediante sus órganos de dirección competentes y se debe respetar que, como mínimo, haya igual número de mujeres que de hombres. Corresponde su nombramiento al Gobierno, al consejo o consejera del Departamento donde esté adscrito, o a quien corresponda, en función de la norma reguladora o de creación de cada órgano.
4.1 La participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación social establecidos en este Decreto-ley se deben ejercer en los términos que la legislación específica de cada órgano de los departamentos de la Generalidad de Cataluña, entidades o empresas públicas establezca, y en los ámbitos de intervención siguientes:
a) Entidades públicas integradas en la Administración de la Generalidad de Cataluña que tengan atribuidas competencias en materias de carácter laboral o social. Se incluyen todas aquellas entidades públicas u organismos autónomos que tengan competencias en materia de trabajo, empleo, formación profesional, economía social, política de inmigración vinculada al mercado de trabajo, y en general cualquier otra materia de relevancia laboral, económica o social.
b) Entidades públicas integradas a la Administración de la Generalidad de Cataluña que tengan atribuidas competencias en materias socioeconómicas y de fomento del desarrollo económico y social. Se incluyen todas aquellas entidades públicas u organismos autónomos que tengan competencias de desarrollo autonómico, política industrial, seguimiento de la política autonómica en todo lo que haga referencia a la aplicación de los fondos estructurales comunitarios, política sanitaria, política de desarrollo territorial y de medio ambiente, servicios sociales, política de inmigración, educación, enseñanza superior, vivienda, infraestructuras y movilidad, protección social, y en general cualquier otra competencia que, por su relevancia socioeconómica, se considere conveniente adecuar a los mecanismos de participación institucional y diálogo social permanente que regula este Decreto-ley.
4.2 La participación institucional también es aplicable a aquellas otras materias que las administraciones determinen en función de sus intereses y de la relevancia socioeconómica de las mismas.
4.3 El presente Decreto-ley también es de aplicación a aquellas otras administraciones públicas de Cataluña, así como sus organismos autónomos integrados y su sector público, que así lo determinen por el acuerdo de sus órganos de Gobierno, si al mismo tiempo se determinan materias de participación, así como los recursos con el fin de hacerlo efectivo. Los nombramientos previstos en el artículo 3.4 se llevan a cabo de acuerdo con la normativa específica que les sea de aplicación.
4.4 La regulación de la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en los órganos de administración de empresas públicas en las que tengan reconocida su presencia se debe adecuar a lo que se disponga en su normativa específica.
4.5 El presente Decreto-ley no es aplicable a los órganos de participación, representación y negociación colectiva del personal funcionario y laboral incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, que se rigen por su regulación específica.
4.6 Este Decreto-ley no es aplicable a la regulación del derecho de negociación colectiva en el sector privado, que se rige por lo que se dispone en el título III del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, y en general a todos aquellos otros espacios de negociación que se puedan crear y producir por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y entre sí.
4.7 Las administraciones públicas han de velar por facilitar el diálogo social permanente y la concertación social en las iniciativas que se desarrollen en los ámbitos y materias que prevén los apartados a) y b) del punto 1 de este artículo. A tal efecto, se han de que constituir órganos de seguimiento con el fin de garantizarlo.
Artículo 5. Contenido de la participación institucional, del diálogo social permanente y de la concertación social.
Artículo 6. Consejo del Diálogo Social de Cataluña.
6.1 Se crea el Consejo del Diálogo Social de Cataluña, órgano colegiado de participación institucional y permanente, de carácter tripartito, que vela por el desarrollo del diálogo y la concertación social, adscrito al Departamento competente en materia de trabajo.
6.2 El Consejo del Diálogo Social de Cataluña es presidido por el presidente de la Generalidad de Cataluña, y se compone por los titulares de las secretarías generales de las organizaciones sindicales más representativas y por los titulares de las presidencias de las organizaciones empresariales más representativas, así como por el consejero o consejera competente en materia de trabajo.
6.3 El Consejo se reúne anualmente, convocado por la Presidencia i mediante propuesta del consejero o consejera competente en materia de trabajo, para acordar las prioridades del diálogo y la concertación social en Cataluña, y sus acuerdos serán elevados al Gobierno, mediante el consejero o consejera competente en materia de trabajo. Su funcionamiento se rige por la normativa reguladora de los órganos colegiados y sus acuerdos se toman por unanimidad.
Artículo 7. Comisión de Seguimiento del Consejo del Diálogo Social.
7.1 Se crea una Comisión de Seguimiento del Consejo del Diálogo Social de Cataluña, que coordina los trabajos para la elaboración de los acuerdos anuales del Consejo y valora la participación institucional, la concertación y el diálogo social permanente en Cataluña. Igualmente elabora anualmente una memoria de su estado, que se eleva al Consejo del Diálogo Social de Cataluña.
7.2 La Comisión de Seguimiento está compuesta por un miembro de cada uno de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y dos representantes del departamento competente en materia de trabajo, y es presidida por la persona que ocupe la secretaría general del departamento competente en materia de trabajo.
7.3 El nombramiento de los miembros de esta Comisión de Seguimiento corresponde al consejero o consejera competente en materia de trabajo, a propuesta de las entidades representadas.
7.4 El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se rige por la normativa reguladora de los órganos colegiados, y sus acuerdos se adoptan por unanimidad de sus miembros.
Artículo 8. Derechos y deberes en el ejercicio de la participación institucional y del diálogo social permanente y la concertación social.
8.1 Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas han de llevar a cabo sus tareas de representación que prevé este Decreto-ley de acuerdo con los principios de corresponsabilidad de las actuaciones, buena fe negociadora y confianza legítima.
8.2 Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, en ejercicio de sus funciones de participación institucional, diálogo social permanente y concertación social, y de acuerdo con la normativa específica de cada entidad, órgano o empresa pública, donde participen, tienen atribuidas competencias para:
a) Conocer, con carácter previo, los anteproyectos de ley o los proyectos de normas reglamentarias de desarrollo de normas legales, en relación con las materias de su competencia.
b) Recibir información sobre los planes, programas y actuaciones desarrolladas sobre materias de su competencia.
c) Participar en la elaboración de criterios, directrices y líneas generales de actuación, en relación con las materias de su competencia.
8.3 En el ejercicio de su tarea, las personas que ejerzan funciones de participación institucional y diálogo social permanente en los órganos correspondientes tienen los deberes siguientes:
a) Asistir a las reuniones de los órganos de participación institucional en los que la organización sindical o empresarial a la que se pertenezca tenga reconocida legalmente su presencia.
b) Custodiar los documentos a los que se tenga acceso en razón del ejercicio del derecho de participación institucional.
c) Guardar la confidencialidad debida sobre las deliberaciones producidas en los órganos de participación, y no utilizar la información obtenida en las reuniones de los mismos órganos y que haya sido declarada reservada para finalidades diferentes de las propias del debate, la negociación y la toma de decisión.
d) Cualquier otro deber que determinen las normas de funcionamiento de los órganos en que participen.
9.1 La Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña ha de consignar una partida presupuestaria específica destinada a financiar la participación institucional, la concertación y el diálogo social de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, con el fin de fomentar y garantizar adecuadamente el ejercicio de sus derechos y deberes, así como la tutela de derechos de información, asesoramiento, negociación colectiva que su condición de más representativos les otorga.
9.2 Esta partida presupuestaria se consignará como subvención nominativa en la sección correspondiente del Departamento competente en materia de trabajo, y tendrá carácter plurianual. A estos efectos, se ha de suscribir entre la Administración de la Generalidad de Cataluña y cada una de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas un convenio programa cuatrienal.
9.3 Esta financiación responde, únicamente, a las actividades que prevé este Decreto-ley, y, por lo tanto, no limitará la existencia de otras fuentes de financiación para realizar otras actividades u otros de distinto tipo, con fondos provenientes de esta o de otras administraciones.
9.4 La distribución de los recursos asignados se realiza en función de la representatividad determinada para cada organización sindical o empresarial el último día del año anterior, y se debe abonar de acuerdo con la normativa general de subvenciones, salvo la justificación de esta, que se acreditará con las certificaciones de asistencia de los miembros designados en los órganos de participación o representación de los que hayan sido nombrados, y de acuerdo con los criterios fijados en el convenio programa cuatrienal.
9.5 Adicionalmente a todo lo citado en materia de financiación, las organizaciones participantes en el Consejo de Diálogo Social de Cataluña previsto en este Decreto-ley recibirán una financiación adecuada por las tareas de representación y diálogo.
Artículo 10. Tribunal Laboral de Cataluña.
10.1 La Generalidad de Cataluña debe garantizar la existencia y la financiación del Tribunal Laboral de Cataluña, ente participado por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, con el fin de hacer efectiva la solución extrajudicial de conflictos.
10.2 A tal efecto, y en atención a lo previsto en el artículo 45, apartados 4 y 6 del Estatuto de autonomía, respecto de la obligación de los poderes públicos de fomentar la resolución extrajudicial de conflictos laborales, así como de promover la mediación y el arbitraje, el Departamento competente en materia de trabajo ha de formalizar los instrumentos adecuados que garanticen la financiación plurienal, a fin de que estas finalidades se puedan desarrollar adecuadamente con una financiación suficiente.
Artículo 11. Justificación y control de las subvenciones y obligaciones de colaboración.
11.1 Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en este Decreto-ley, en cumplimiento de los principios de transparencia, se someten a las actuaciones de control de la actividad económica y financiera que correspondan a la Intervención General de la Generalidad de Cataluña o a otros órganos de control competentes.
11.2 Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en este Decreto-ley están obligados a prestar colaboración y a aportar toda la información que les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones reguladas en el apartado anterior por parte de los órganos de control competentes, de acuerdo con la normativa de subvenciones vigente.
Disposición adicional primera. Adaptación del Consejo de Relaciones Laborales.
Disposición transitoria primera. Adaptación en los órganos, entidades y empresas públicas.
1. En un plazo máximo de seis meses se iniciarán los trámites con el fin de adaptar la participación institucional y del diálogo social permanente y la concertación social de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en las diferentes entidades o empresas públicas, órganos, instituciones y otros espacios de participación integrados en la Administración de la Generalidad de Cataluña, en los casos que proceda.
2. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a que se refiere este Decreto-ley deben ser oídas en el procedimiento de modificación normativa de la regulación de los órganos de participación institucional vigentes en el momento de entrada en vigor de la Ley.
Disposición transitoria segunda. Aplicación de la normativa vigente.
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos y ciudadanas a los que sea aplicable este Decreto-ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los que corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 24 de marzo de 2020.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra i Pla.–El Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani Lesfar.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8096, de 26 de marzo de 2020. Convalidado por la Resolución 753/XII del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8124, de 30 de abril de 2020)
Publica texto íntegro del Decreto-ley.
CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo (Ref. BOE-A-2020-5269).