Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/616764-r-fega-1-mar-2018-acuerdo-del-consejo-de-ministros-16-feb-2018-terminacion.html
Timestamp: 2018-07-20 20:53:29
Document Index: 348779902

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 79', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 85', 'artículo 84', 'artículo 13', 'artículo 85']

Resolución de 1 de marzo de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2018, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Canarias
ANEXO . Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2018, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Canarias el 25 de agosto de 2017
El Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de febrero de 2018, ha aprobado, a propuesta de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Acuerdo por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Canarias el 25 de agosto de 2017.
Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2018, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Canarias el 25 de agosto de 2017
Primero. De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 8, y en la disposición adicional segunda, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 7, 14 y 15 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades al Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de Canarias, como competente en la gestión y control de las ayudas, acorde con la letra a) del apartado 1 de la disposición adicional quinta del citado Real Decreto 515/2013, de 5 de julio. El mismo ha dado lugar a la liquidación realizada sobre la deuda contraída de doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta siete euros con treinta y cinco céntimos (299.487,35 €) con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).
Segundo. La citada deuda atribuida al Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de Canarias se declarará extinguida cuando ésta proceda al abono del importe de la misma en la cuenta habilitada del Banco de España, así como de los intereses compensatorios correspondientes, generados durante el periodo de pago voluntario por la cantidad adeudada. De acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1.d), párrafo segundo, del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, en relación con el artículo 15.2, se hubiera admitido el pago anticipado voluntario de la deuda y la no repercusión de los intereses compensatorios de los costes financieros; sin embargo, deberán aplicarse dichos intereses compensatorios al no haberse efectuado el pago en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución, ni haberse indicado la solicitud del sujeto responsable para que se proceda a su compensación, deducción o retención.
Los intereses compensatorios, según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se elevan al 3,00 por ciento para el ejercicio presupuestario en vigor. Por tanto, a la deuda pendiente con cargo al FEAGA de 299.487,35 euros, deberán añadirse 24,62 euros por cada día transcurrido desde el 4 de octubre de 2017, fecha en la que se ha hecho efectiva la cancelación de la deuda con la Comisión para el fondo FEAGA, hasta el día en que la Comunidad Autónoma de Canarias proceda al pago voluntario, o hasta el vencimiento de los 2 meses desde la notificación del acuerdo de Consejo de Ministros, ambos incluidos.
En el caso del Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de Canarias, las debilidades encontradas han sido en el marco del control de operaciones en virtud del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo.
Se identificaron deficiencias en la calidad y la eficacia de los controles ex post y en la calidad de la preparación y realización de los controles, así como de los informes al respecto además de carencias en el análisis de riesgo que afecta a lo establecido en el artículo 79 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 sobre la calidad de los controles por un importe de 299.487,35 euros con cargo a FEAGA.
El Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., en adelante FEGA, como Organismo de coordinación de todos los pagos procedentes del FEAGA y del Feader, de acuerdo con las competencias que le atribuye el Real Decreto 521/2006, de 28 de abril, es el Órgano competente para iniciar e instruir el procedimiento para la determinación y repercusión de responsabilidades. En consecuencia, en base al artículo 8.1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, el FEGA inició de oficio, mediante acuerdo de 25 de agosto de 2017, el procedimiento de determinación de responsabilidades, que fue notificado y recepcionado por el Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de Canarias ese mismo día. De este acuerdo de inicio se remitió copia a los órganos competentes en materia de hacienda pública de la Administración responsable.
El Organismo pagador de la comunidad autónoma de Canarias presentó alegaciones al acuerdo de inicio en defensa de su derecho, con arreglo a lo establecido en el artículo 11 del citado Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, mediante escritos del 7 de septiembre y del 2 de octubre de 2017, en las que se exponía, primero, que el ejercicio financiero 2011 sobre el que se imputa la corrección financiera en la investigación XP/2014/002 ya fue objeto de la corrección financiera derivada de las investigaciones XP/2010/102, XP/2011/03 y XP/2013/10, segundo, se solicitaba el informe sobre las investigaciones y el criterio de reparto de responsabilidades entre Comunidades y la Administración General del Estado y, por último, se manifestaba que los auditores europeos no mencionaron, durante la visita ni el marco de la investigación, deficiencias en la calidad de los trabajos.
En la tramitación de este procedimiento se ha incorporado al expediente el informe de la Oficina Nacional de Auditoría de 27 de julio de 2017, que recoge la distribución de la corrección financiera. Este informe, dando respuesta a las alegaciones del 7 de septiembre, fue remitido a la Comunidad Autónoma de Canarias el 14 de septiembre de 2017 y en él se argumenta que, si bien el artículo 85 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 establece que la IGAE, como servicio específico, es responsable, además de llevar a cabo los controles de operaciones correspondientes, de coordinar y vigilar globalmente los controles efectuados por agentes que dependan de otros servicios, es decir, los órganos de control interno de las comunidades autónomas, en última instancia son estos órganos (junto a la IGAE respecto a los controles en la parte de la Administración General del Estado) los encargados de la ejecución de los controles que se les hayan asignado en virtud del programa anual de controles regulado en el artículo 84.1 del Reglamento y por tanto, responsables de su correcta planificación y ejecución.
El FEGA no considera que la exclusión del ejercicio financiero 2011, derivada de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1119, se aplique a la presente investigación puesto que las deficiencias encontradas son diferentes; en el caso de la Ad Hoc 48 se expuso el retraso en la realización de los controles y no las deficiencias de calidad de los trabajos de auditoría.
Conforme al artículo 13 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, antes de formular la propuesta de resolución, el 6 de noviembre de 2017, se puso de manifiesto al Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de Canarias el expediente mediante la apertura del trámite de audiencia.
El Organismo pagador presentó, el 27 de noviembre de 2017, alegaciones al trámite de audiencia en las que concluye que las deficiencias detectadas por la Comisión en la Investigación del control de operaciones a posteriori se corresponden con funciones que son competencia del servicio específico y, por lo tanto, las responsabilidades derivadas de las sanciones ejecutivas no serían repercutibles al Organismo pagador de la Comunidad Autónoma.
Considerando necesario conocer el criterio de la Intervención General del Estado respecto de las alegaciones al trámite de audiencia, el FEGA solicitó un nuevo informe a la Oficina Nacional de Auditoría. Este informe, emitido el 12 de diciembre, mantiene la misma línea argumental y rechaza las alegaciones teniendo en cuenta que, si bien el artículo 85 del Reglamento (UE) no 1306/2013 establece que la IGAE, como servicio específico, es responsable, además de llevar a cabo los controles de operaciones correspondientes, de coordinar y vigilar globalmente los controles efectuados por agentes que dependan de otros servicios, es decir, los órganos de control interno de las comunidades autónomas.
El FEGA rechaza estas alegaciones, acorde con indicado por la Oficina Nacional de Auditoría en su último informe, puesto que la corrección financiera se ha derivado de controles realizados en ayudas en las que tiene atribuida las competencias la Comunidad Autónoma por lo tanto, se refiere al caso contemplado en la letra a) del punto 1 de la Disposición adicional quinta del Real Decreto 515/2013 y, por ello, considera responsable al Organismo pagador de la corrección de los 299.487,35 euros impuesta por la Comisión.