Source: https://www.derechoynormas.com/2010/07/
Timestamp: 2020-02-24 11:45:09
Document Index: 36898624

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 33', 'artículo 31', 'artículo 25', 'artículo 161', 'artículo 99', 'artículo 10', 'artículo 31', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 140']

Del derecho y las normas: julio 2010
El pasado día 27 de julio se dieron a conocer 3 sentencias del Tribunal Supremo en relación a diversos artículos del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Como se ve son muchos los artículos que han sido objeto de impugnación por parte de estas asociaciones y empresas y el fallo únicamente ha declarado, entre las 3 sentencias, la anulación de los artículos 11, 18, 38. 2, y 123.2 así como la frase del artículo 38.1.a) que dice así: "... y al respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero"
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Etiquetas: Consumidores, Derecho, LOPD, Protección de Datos
La Propiedad intelectual como excusa: España y el caso TeleMadridvs G20
Un ejemplo más de que la propiedad intelectual se ha convertido en la excusa perfecta para impedir que terceros hablen de aquello que uno no desea y mucho más si se trata de criticar a una empresa ajena o a los profesionales que trabajan en ella.
Conocido es el caso de Telecinco contra La Sexta en el que la principal razón, si bien no expresamente declarada en los tribunales, era evitar que las imágenes de los programas emitidos por la primera se utilizasen por la segunda para poner en evidencia a los presentadores y sus programas.
Como esto es así y al final todos hacen lo mismo, Telecinco emitió un programa denominado G-20 en el que el presentador, apoyándose en material audiovisual, criticaba aspectos o personas de la actualidad, con mayor o menor fortuna.
Entre los personajes objeto de esa crítica se encontraban Fernándo Sánchez Dragó y su programa "Dragolandia" y la presentadora Curry Valenzuela y su programa "Alto y Claro".
Evidentemente, para poder desarrollar la crítica el programa de Telecinco hizo uso de imágenes de los programas de Telemadrid en los que aparecían las personas precitadas. Y al igual que Telecinco hizo con la Sexta, TeleMadrid interpuso una demanda por infracción de su propiedad intelectual contra Telecinco ante los juzgados de lo mercantil de Madrid.
La sentencia se dió a conocer el pasado mes de mayo, en concreto la fecha de la misma es de 19 de abril, emitida por el juzgado de lo mercantil nº 9.
Si afirmo que en este caso la propiedad intelectual sobre las imágenes de los programas de Telemadrid se ha utilizado con la única finalidad de impedir que se repitiesen las críticas o de castigar a Telecinco por las mismas es fruto del contenido que recoge la propia demanda según se deduce de la sentencia.
Así la demanda solicitaba:
"se declare que Gestevisión Telecinco S.A y la Fábrica de la Tele S.A, han infringido los derecho de propiedad intelectual Televisón autonomía de Madrid S.A, al utilizar en el programa G 20 emitida por la primera y producido por la segunda imágenes o secuencias audiovisuales de los programas " Alto y Claro" y "Dragolandia", productos emitidos por Televisión Autonomía Madrid S.A y en s consecuencia se condene a las demandada a A) cesar en la actividad infractora, dejando de utilizar en el programa " G 20", que emite Gestevisión Telecinco S.A y produce la Fábrica de la Tele S.A, imágenes producidas o emitidas por Televisión Autonomía Madrid S.A, resarzan solidariamente a Televisión Autonomía Madrid S.A de los daños morales ocasionados quese cifran en la suma de 70.000 euros y publiqien a su costa la sentencia estimatoria que en su día se dicte en dos diarios de los de mayor tirada nacional, todo ello con condena en costas."
En principio, de ese petitum pueden verse cuestiones habituales en las demandas por infracción de la propiedad intelectual (acción de cesación, solicitud de indemnización, publicación, etc.), pero cuando se examina por la sentencia la petición económica, aspecto que fundamentaría una petición racional por un aprovechamiento de la obra ajena o de los derechos ajenos, se ve que no había otra voluntad más allá de impedir la difusión de imágenes.
Así los 70.000 €uros que se reclaman se justifican en "daños morales", pero no en la lesión de los derechos morales del artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual si no en los "derivados de los daños en la imagen y prestigio de la cadenada sufridos por la utilización de contenidos de la cadena, que la actora considera se integraría en el daño moral".
Como acertadamente señala el Juzgado los productores (en este caso quien ejercita la acción) no tienen derechos morales sobre las grabaciones audiovisuales sobre las obras, siendo sus derechos unicamente derechos de explotación puesto que no pueden ser considerados autores, además, los derechos morales son los recogidos en el artículo 14 LPI, sin que pueda extenderse más allá del contenido de estos al buen nombre de la cadena, para lo que existirían otras vías como la legislación sobre protección al honor, LO 1/1982.
Esta pretensión de poner de manifiesto un daño a la imagen de la cadena, de daño al honor de la misma, es lo que no puede sino interpretarse como la finalidad real tras esta acción.
Realmente si las imágenes aparecidas en el programa de Telecinco lesionaban los derechos de imagen y del honor de TeleMadrid o de sus presentadores la vía para reclamar era otra, el problema es que la jurisprudencia en materia de colisión de derechos cuando se enfrenta el derecho al honor frente a la libertad de expresión e información posiblemente haría inviable esa vía o mucho más isnegura.
Sin embargo con la visión ultra proteccionista de la propiedad intelectual de nuestra legislación y que en circunstancias de colisión de derechos suele ser claramente favorable a esta, entre otras razones porque las excepciones se encuentran "relativamente objetivadas" para conflictos con otros derechos como la libertad de expresión e información, encontraron el medio perfecto para el fin buscado.
En este caso, como en el de La Sexta hicieron los abogados de esa cadena, los abogados de Telecinco trataron de justificar la inclusión de las imágenes en el artículo 33.1, sobre los trabajos sobre temas de actualidad:
Fallando al igual que hizo su contraparte de La Sexta en el otro asunto porque no se cumplen los requisitos, y también en el resto de alegaciones como aquella de que el uso de las imágenes era muy poco o residual.
De esta manera, la juez rechazó la pretensión económica y admitió el resto de lo pedido en la demanda. Así mismo rechazó la solicitud de ampliar la prohibición de uso de las imágenes de TeleMadrid, introducida en la Audiencia Previa, pero por una cuestión formal de solicitud extemporánea y no material.
Así pues se demuestra, en mi opinión, la necesidad de introducir algún criterio que permita flexibilizar la aplicación de la propiedad intelectual a supuestos en los que lo que se pretende es impedir que se hable de uno, ya que no es comprensible la existencia de un derecho de cita tan limitado que se impida un diálogo o crítica real. Y si esa crítica es excesiva o lesiva existe la vía de la protección del derecho al honor, regulada en una ley orgánica.
[Bonus track: Reflexión final sobre la defensa]
Me llama la atención que en este caso, los abogados de TeleCinco, viendo el éxito obtenido por sus compañeros de La Sexta, y ante la evidencia de que optar por la vía de la defensa con base en la propiedad intelectual era inútil, no apelasen a principios o manifestasen abiertamente el conflicto con la libertad de expresión que la propiedad intelectual provoca.
Supongo que a su cliente esto tampoco le interesaba.
Publicado por David Maeztu a las 10:00 1 comentarios Vínculos
Etiquetas: Absurdo, Constitución, Derecho, LPI, Propiedad Intelectual
Criterio indemnizatorio en materia de fotocopiadoras por vulneración de la Propiedad Intelectual
Recientementre se ha conocido una sentencia del Tribunal Supremo que viene a homogeneizar el criterio que debe seguirse en la determinación de las cantidades que deben indemnizar los establecimientos abiertos al público que hacen fotocopias sin las correspondientes autorizaciones de los titulares de derechos.
La sentencia, de 17 de mayo de 2010, altera el criterio previo en el que la indemnización se determinaba por la multiplicación por 10 de la tarifa general anual fijada por la entidad de gestión y se establece un criterio bastante más razonable de atender a un porcentaje.
La primera cuestión a resolver es donde se encuentra la ilicitud en la conducta realizada por la tienda de fotocopiadoras, que no realiza copias para si mismo, sino que generalmente estas copias son efectuadas a solicitud de un tercero que suele ser un particular. Vista esta como la conducta más habitual parecería que encaja en el ámbito de la copia privada del artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual:
"2. No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el artículo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a, los programas de ordenador."
Aparentemente toda la conducta de cualquier persona física que quiera una copia de un libro podría obtenerla sin mayores problemas amparándose en este derecho. Pero he aquí que el legislador preve que en el caso de que esa copia se realice en un establecimiento especializado abierto al público la misma no será copia privada, para ello se establece en el Real Decreto 1434/1992 (la norma primeramente encargada del canon analógico), en el artículo 10.1 que:
"A los efectos de lo dispuesto en el presente título, no tiene la consideración de reproducciones para uso privado del copista, en el sentido del apartado 2 del artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual:
b) Las que sean objeto de utilización colectiva o de distribución mediante precio."
Como se ve en estos establecimientos en ningún caso se pueden realizar copias privadas. Supongo que las máquinas que adquieren esas empresas tampoco llevarán ningún tipo de canon, pero esa es otra historia, así como la opinión que pueda tener de que se imposibilitase el ejercicio de un derecho de una manera tan absurda. Si bien, con el acceso de los particulares a sus propios medios de reproducción y copia en la actualidad tendría algo más sentido esta norma, y no tanto en el año 1994.
Pero además, y como no es cuestión de perder negocio y enfrentarse con la tozuda realidad se incluía una obviedad en el apartado segundo del mismo artículo.
"2. Para poder efectuar las reproducciones a que se refiere el número anterior, deberá obtenerse la previa autorización de los titulares de los derechos."
Evidentemente, sin autorización del titular no puede reproducirse la obra, no era necesario repetirlo en este Real Decreto. ¿o sí? De esta forma no se amenazaba tanto a las tiendas de fotocopiadoras y se les indicaba claramente que podrían obtener licencia para la reproducción, contactando con la persona adecuada.
La entidad de gestión que se encarga fundamentalmente de esta cuestión es CEDRO.
El problema es que dentro de las licencias que ofrece CEDRO unicamente se admite la reproducción de un 10% del total de un libro.
Cuando se produce un exceso de ese porcentaje en la reproducción CEDRO aplica lo que se denomina indice CORSA (coeficiente de reproducción sin autorización) y que supone multiplicar por las tarifas generales por un valor que se obtiene de la siguiente manera:
"fórmula que consiste en restar del porcentaje de obra efectivamente reproducida (100% si la reproducción es íntegra), el porcentaje de reproducción autorizado (o si el usuario no tiene autorización) y dividirlo entre el máximo de reproducción que permita la licencia que le corresponde al usuario que la tiene suscrita o que le correspondería si no la hubiera suscrito.
Es decir, hay que distinguir el supuesto en que el usuario licenciado excede el porcentaje autorizado y el supuesto en que el usuario no está licenciado.
En el primer caso, para calcular el índice Corsa de un centro reprográfico comercial licenciado para reproducir un máximo del 10% de cada ejemplar que haya realizado reproducciones íntegras habrá que restar de 100, 10 y dividirlo entre 10, resultando un Corsa de 9.
En el segundo caso, también para un centro reprográfico comercial no licenciado habrá que restar de 100, 0 y dividirlo entre 10, que es el máximo que autoriza la licencia general de reproducción a este tipo de centros, resultando un Corsa de 10.
Como se puede apreciar, el índice Corsa permite ajustar la indemnización al porcentaje de reproducción efectivamente realizado considerando las tarifas, el porcentaje de reproducción autorizado al usuario y el máximo porcentaje permitido por la licencia de reproducción en cada caso concreto (10% para el caso de la licencia general que se concede a establecimientos reprográficos)."
Cuando CEDRO detectaba y acreditaba que en un establecimiento se fotocopiaban libros completos lo que hacía era demandar al mismo optando por uno de los dos criterios posibles según el artículo 140 LPI:
Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.
La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.
En concreto se optaba siempre por el segundo de los criterios, obivamente ya que era el más fácil de demostrar y el má elevado.
Lo que se hacía por lo tanto era, dado que se podía fotocopiar hasta un 10%, multiplicar las tarifas generales anuales por 10, entendiendo que así se cumplía con el 100% del libro.
Pero este razonamiento tiene dos trampas que las Audiencias Provinciales, frente a otros pronunciamientos, han ido poniendo de manifiesto:
Por un lado por que la tarifa del 100 % sería respecto de los libros totales, es decir de cada uno de los actos ilícitos pero no del total de los trabajos efectuados en la tienda, puesto que las tarifas generales lo son por el número de máquinas fotocopiadoras, ubicación del establecimiento y capacidad de las propias máquinas. Por lo tanto se cobraría por más de lo acreditado.
Y por otro lado, y más curioso teniendo en cuenta la redacción legal y que la misma estaba auspiciada por los propios interesados, que si la ley no permitía fotocopiar más de un 10% iría contra el criterio legal y contra el propio literal del artículo 140.1.b ya que el infractor no hubiera podido nunca obtener autorización para fotocopiar el 100%.
Además si se aplica el CORSA daría igual ser un centro licenciado o no, pues unicamente variaría el coeficiente multiplicador, de 9 a 10.
El Tribunal Supremo sistematiza los criterios seguidos por las diferentes audiencias y señala que:
"En la actualidad se decantan por admitir la cuantificación de la indemnización con aplicación de las tarifas, índice Corsa incluido, las siguientes Audiencias Provinciales: Albacete, Sección 2.ª, Gijón, Sección 7.ª, Barcelona, Sección 15,ª especializada en propiedad intelectual ; Cantabria, Sección 2.ª; Ciudad Real, Sección 2.ª, Córdoba, Sección 3.ª, La Coruña, Sección 4.ª, Gerona, Sección 1.ª, Gijón, Sección 7.ª, Granada, Sección 3.ª, León, Sección 1.ª, Lugo, Sección 1.ª, Madrid, Sección 9.ª, Sección 11.ª, Sección 28,ª, esta última especializada en propiedad intelectual , Málaga, Sección 7.ª, Navarra, Sección 3.ª, Orense, Sección 2.ª, Palma de Mallorca, Sección 5.ª, Salamanca, Sevilla, Sección 6.ª, Valencia, Sección 9.ª, Valladolid, Sección 1.ª, Zamora y Zaragoza, Sección 1.ª."
"No admiten la fórmula de cálculo de indemnización que Cedro interesa (índice Corsa) las siguientes Audiencias Provinciales: Alicante, Oviedo, Burgos, Castellón, Cuenca, Guadalajara, Murcia, Palencia, Pontevedra, Segovia y Vizcaya."
Así mismo realiza un análisis de las razones que tienen las diferentes Audiencias citadas para mantener o no el criterio de aplicación del CORSA.
Formulado el recurso en interés casacional, el Tribunal Supremo establece que:
"Se fija la siguiente doctrina: la indemnización que debe fijarse al amparo del artículo 140 LPI por reproducción sin autorización por medio de fotocopias en establecimientos abiertos al público con arreglo a las tarifas generales de la sociedad demandante CEDRO, cuando ésta se acoge a la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación, debe fijarse en el importe de la tarifa general aprobada para la autorización de reproducciones del 10% de las obras, multiplicado por cinco. Si se prueba de manera suficiente que el porcentaje de promedio de reproducción de todas las obras fotocopiadas es inferior o superior al 50% de las obras la tarifa podrá multiplicarse por un coeficiente superior o inferior, y no podrá exceder de diez veces su importe."
Es decir que ante la facilidad de prueba de que CEDRO había gozado hasta la actualidad, ya que con acreditar una obra fotocopiada (mediante acta notarial, etc.) ya tenía legitimación para denunciar infracción de propiedad intelectual y cobrar la tarifa general multiplicada por10, la situación ahora varía ya que según esta doctrina se establece como criterio automático el del 5 y si quiere percibir un porcentaje mayor deberá practicarse prueba adicional que acredite el mismo.
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