Source: http://www.amfjn.org.ar/2019/08/05/critica-a-la-sana-critica-el-articulo-10-del-nuevo-c-p-p-f/
Timestamp: 2019-10-17 14:06:17
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Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 173', 'artículo 305', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 134', 'artículo 20', 'artículo 10', 'artículo 306', 'artículo 208', 'artículo11']

Crítica a la sana crítica. El artículo 10 del nuevo C.P.P.F. – Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
jueves 17 de octubre de 2019 - 11:06:14 AM
Por Alejandro Piña
Sumario: La referencia a la sana crítica racional incorporada en el artículo 10 del nuevo C.P.P.F., implica la inclusión de una norma confusa e innecesaria, que por su misma ambigüedad puede ocultar decisiones arbirtrarias de los Jueces decisores.
El nuevo Código Procesal Penal Federal (C.P.P.F. – Ley 27.063 con reforma Ley 27.842) expresa en su artículo 10: “Las pruebas serán valoradas por los jueces según la sana crítica racional, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia.”.
La inclusión de esta disposición en el capítulo liminar del Código, a la par de otras garantías fundamentales, demuestra la intención del legislador de resaltar su importancia.
Por lo demás, es una norma que se suele incluir en los Códigos modernos; sin embargo, más allá de resultar una fórmula familiar en nuestro medio, cuando nos acercamos a ella nos surgen interrogantes acerca de su contenido.
Por ejemplo, nos cuestionamos acerca de cuáles son los deberes en particular que impone al Juez; si la sana crítica es una temática autónoma de la lógica, la ciencia y la experiencia; cuáles son las consecuencias de su inobservancia; y, finalmente, si es necesaria su inclusión en los Códigos modernos.
Seguidamente intentaremos responder a estos interrogantes.
Ubicación de la cuestión.
La temática de valoración de la prueba, en doctrina procesal, responde a la cuestión de cuándo puede considerarse que una prueba o un conjunto de pruebas permiten tener como verdadero –o cierto, según algunos- el supuesto de hecho tenido en cuenta por una disposición normativa.
Partiendo de la base que la norma jurídica se estructura desde la descripción de una situación de hecho a la que se asignan consecuencias jurídicas, encontramos que los procesos suelen implicar la incorporación de pruebas que permitan acceder a información sobre lo ocurrido.
Llegado el momento de dictar una resolución jurisdiccional que implique la aplicación de una norma jurídica, el Juez debe establecer si las pruebas demuestran la existencia –o no- de la situación legalmente prevista, para luego asignar la consecuencia en los mandatos que incluya en su sentencia.
En este punto, la sana crítica racional acude en su auxilio como un método de valoración de la prueba, en el cual además –según el artículo 10 del C.P.P.F.- deben utilizarse la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia.
Por ejemplo, si el Juez penal debiera aplicar la norma de la administración infiel, del artículo 173 inc. 7º del Código Penal, podría ser importante si alguien tiene a su cuidado bienes ajenos (que podría ser acreditado por documentos o por una delegación de la autoridad de una persona jurídica); si pretendía procurar para otro un lucro indebido; si obligó abusivamente o no al titular de los intereses.
Cada uno de estos elementos del tipo penal podría ser demostrado de muchas y diferentes maneras, reuniendo pruebas; pero una vez reunidas, todavía debería establecerse si las diversas probanzas indican los supuestos de hecho ejemplificados más arriba.
La función del llamado método de la sana crítica racional, entonces, es introducir una regla imperativa a la operación de fundamentar una definición; y particularmente, despejar de incertidumbres el camino entre los hechos denotados en un proceso a través de la prueba, y la conclusión de que tales hechos coinciden con el enunciado fáctico previsto por la norma a aplicarse.
Una noción imprecisa.
Los autores y legisladores han intentado precisar los aspectos centrales de la sana crítica racional; antiguamente, en relación a la evaluación de los testimonios; modernamente, en relación a la prueba en general.
Si bien el sintagma sana crítica tiene origen en la legislación española, se adopta para un cuerpo sistemático en el artículo 305 del C.P.M.P.1, que al referirse a la crítica de los testimonios, expresaba: “Los Jueces apreciarán al resolver, según las reglas de la sana crítica la fuerza probatoria de las declaraciones.”.
Máximo Castro lo explicó de este modo: “Es muy difícil encerrar este concepto en los términos breves y precisos de una definición. Puede decirse, sin embargo, que las reglas de la sana crítica son el conjunto de modos de ver y de valorar los actos, según el orden común en que ellos se producen, y el modo corriente de apreciarlos dentro de las costumbres generales, de la línea media de la moralidad, y de los conocimientos generales imperantes en el momento en que se consideran.”2.
Eduardo Couture le impone otro enfoque: “Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (…) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.”3.
Para no abundar, citaremos la influyente definición de Alfredo Vélez Mariconde: “El método de libre convicción o sana crítica racional (ambas fórmulas tienen el mismo significado) consiste en que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos (como las relativas al cuerpo del delito) ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en principio, todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, la psicología y de la experiencia común.”4.
Apreciemos que las definiciones aportadas se emparentan en algunos elementos, y difieren en otros; sin embargo, no hemos podido detectar en la doctrina nacional un debate sobre el contenido preciso de este método de valoración5.
Es posible que esto se deba a que su contenido parece ser más una recomendación de buenas prácticas para el Juez, que un imperativo claro. También, porque –como veremos- la deficiencia en el razonamiento judicial y las cuestiones que suscita, es abordado por la doctrina en la cuestión de la motivación de la resolución y la teoría de las impugnaciones6.
Confusión de la sana crítica racional, con libertad probatoria y con el deber de motivar las resoluciones.
Lo primero que puede apreciarse, es que bajo el mismo rótulo de sistemas o métodos probatorios, aparecen mezclados algunos temas diferentes, lo cual dificulta la comprensión y el volver eficaz al tema.
Aparecen entonces, al lado de la cuestión de la valoración de la prueba, dos temas más: el punto relativo a la libertad probatoria, esto es, si el Juez puede utilizar pruebas distintas a las previstas –o exigidas- por el legislador, siempre que lo acerquen intelectualmente a lo acontecido; y la temática de la motivación, esto es, si basta con que se convenza de la realidad de lo ocurrido –aún con conocimientos privados-, sin necesidad de explicitar las razones de tal convicción.
Estas cuestiones han sido tratadas por la doctrina nacional7 en relación a los métodos o sistemas probatorios de la prueba tasada, la íntima convicción o la sana crítica –racional-.
Prueba tasada, íntima convicción, sana crítica.
En la doctrina que trata el punto, se compara –favorablemente- a la sana crítica con otros dos “sistemas” detectados en la legislación comparada e histórica: la prueba tasada o tarifada, y la libre convicción8.
Prueba tasada alude a las disposiciones de legislaciones (generalmente antiguas), que indicaban al Juez en qué forma debía atender –y qué valor dar- a ciertas diligencias probatorias9. La crítica aneja a esta presentación, consistía en la limitación a la libertad de conciencia del magistrado al momento de decidir (denominada “libertad probatoria”).
Libre convicción apunta a las regulaciones que permiten al Juez dictar resolución jurisdiccional sin explicar los motivos de su decisión10. En lo positivo, se asociaba el punto a la libertad probatoria del Juez. A su turno, e criticaba a este “sistema”, indicando que la inexistencia del deber de motivar facilita la arbitrariedad de la decisión, al impedir conocer los elementos tomados en cuenta por el magistrado decisor.
Así las cosas, la doctrina consideró que la sana crítica racional permite adoptar la prueba que el Juez considere más conveniente, mientras que le impone seguir ciertos parámetros externos al momento de valorar.
A la vez, conmina al Juez a explicar los motivos de su decisión, para que otros puedan corroborar que al resolver ha observado esas pautas.
Seguidamente nos enfocaremos en la temática propia de la sana crítica racional, esto es, su función como herramienta de valoración de la prueba.
El ámbito propio de la sana crítica racional.
Parece conveniente en este punto centrarnos en el ámbito propio de la materia, tal es de qué modo el Juez puede utilizar el método de la sana crítica racional para, de acuerdo a la prueba reunida en el proceso, poder tener por acreditado el supuesto de hecho de la norma jurídica que intenta aplicar.
En definitiva, nos interrogamos acerca de cuál es el alcance de las prescripciones del artículo 10 C.P.P.F., al momento de valorar la prueba.
Si entendemos que es relevante para la justa aplicación de la ley, la constatación de la ocurrencia de sus supuestos de hecho, la prueba cumple la función de acercarle al Juez información confiable sobre lo ocurrido.
De esa manera, el Juez puede tener por ciertos algunos sucesos, consecuentemente tener por corroborados los enunciados fácticos, y sobre esa base construir inferencias que le permitan argumentar para dictar la resolución jurisdiccional. Como expresa Michele Taruffo, “De este modo, los hechos se toman en consideración de una forma muy especial: en forma de enunciados acerca de lo acontecido fácticamente. Cuando hablamos de la verdad de un hecho, en realidad hablamos de la verdad de un enunciado acerca de ese hecho. En consecuencia, lo que se prueba o demuestra en el proceso judicial es la verdad o falsedad de los enunciados sobre los hechos en litigio.”11.
Observamos que la finalidad de la norma –concretamente el artículo 10 que estamos examinando- es prescribir al Juez un cierto camino al momento de la valoración.
Aparentemente esta disposición impone un deber de hacer, indicando al Juez cómo debe razonar sobre la prueba al momento de decidir; y advirtiendo que de no atender a las normas de razonamiento previstas por la ley -sana crítica, reglas lógicas y máximas de la experiencia- el Juez no habría valorado adecuadamente la prueba, lo cual habilitaría la impugnación de la resolución jurisdiccional por deficiencias en el razonamiento12.
El contenido de la sana crítica racional.
Se presentan, sin embargo, dificultades al intentar dotar de un contenido específico a los deberes de valoración conforme a la sana crítica, debido a que la disposición no impone un protocolo o guía pautada de cuándo el Juez debe considerar acreditado un punto correlacionado con prueba.
Observemos que, más allá de la mención genérica, no existe un orden procedimental de análisis de las pruebas, una jerarquización, o un sistema de validación o justificación de las proposiciones referidas a los hechos.
La experiencia indica que todas las pruebas se presentan en conjunto al magistrado, quien es en definitiva quien decide a cuál de ellas dará predominio, y cual descartará al momento de argumentar su decisión.
Razonamiento judicial y sana crítica racional.
Con el rótulo “razonamiento judicial” se hace referencia a una doble cuestión; la primera atañe al pensamiento íntimo del Juez decisor y las cosas que realmente toma en cuenta; es un modo de ver la cuestión desde un punto de vista psicológico, y atiende a los peligros de interferencia de sesgos como prejuicios, utilización de estereotipos o deficiencias de información.
La segunda cuestión corresponde con la exteriorización de la argumentación, y presta atención al modo que el Juez explica cómo la prueba lo llevó a considerar acreditado el supuesto de hecho de la norma; conlleva una correcta ilación de premisas, inferencias y argumentos que justifican la decisión.
Nos centraremos en este segundo modo de ver la cuestión.
El deber que impone el artículo 10 del C.P.P.F.
El artículo 10 determina al Juez, imponiéndole el deber de utilización de la sana crítica racional cada vez que deba valorar una prueba.
Ello apunta a la definición de una decisión jurisdiccional que se fundamente en una norma que prevea un supuesto de hecho, es decir, una descripción de un acontecimiento ocurrido en el mundo exterior.
Dado que la prueba aporta información al Juez, y debido a que las informaciones pueden ser múltiples y de sentido variado, la norma le indica al magistrado que las aprecie y justiprecie para permitir la operación de la norma (en sentido negativo o positivo).
Puede advertirse en la norma un doble ámbito: el de apreciación de la prueba individualmente considerada (cuando cierta prueba acredita un hecho en particular), y el de apreciación en conjunto (cuando debe apreciarse la totalidad de las pruebas rendidas para estimar si “cubren” debidamente el hecho).
Además, en todo caso el Juez debe apreciar la prueba observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia.
Estas reglas revisten un alto grado de formalización, y se dividen en dos grandes áreas: la lógica formal –que atiende a la relación de conceptos, inferencias y razonamientos resultantes- y la lógica material –que visualiza la relación de los conceptos con el mundo-.
Ambas áreas han evolucionado actualmente, alejándose de la lógica medieval; en lo formal, existen concepciones con elevado grado de abstracción, emparentándose con las matemáticas; en lo sustancial, apuntando a los grados de certeza que podemos asignar a las proposiciones, al contexto de descubrimiento y contexto de justificación. En definitiva, esta última cuestión se trata en el capítulo de la validez del conocimiento científico.
Si bien cada persona normal estima que razona con lógica, lo cierto es que la asignación de valor convictivo en muchas ocasiones resulta de intuiciones, prejuicios y sesgos formativos.
Esto implica que la lógica en la valoración de las pruebas es deseable, pero no hay que confiar en la visión personal de cuál es un razonamiento lógico, para considerar cumplido este requisito.
En este aspecto de la sana crítica racional se hace referencia al conocimiento científico como producto, es decir, las conclusiones aceptadas acerca del mundo como objeto.
Parece sensato afirmar que en este punto debemos atender a la distinción de ciencias en exactas o sociales, tema nada pacífico.
En relación a las primeras (física, química, matemáticas, y sus aplicaciones ingeniería, biología, arqueología, balística, etc.), suele acudirse a peritos que arrimen informes sobre los puntos atinentes al proceso; mientras que en las sociales (psicología, sociología, economía), se tiende a prescindir de los informes, o en caso de solicitarlos, el Juez se considera autorizado a desconocerlos bajo su conocimiento privado13.
Más allá de lo dicho, cabe acá preguntarse por qué estos conocimientos científicos se aprecian como más fiables que los comunes, al momento de valorar una prueba –y de resolver el proceso, en general-.
Muy sucintamente, lo científico alude al método científico, el cual implica la elaboración en un marco teórico de referencia general, la explicación del procedimiento seguido para lograr el hallazgo, y su comunicación a la comunidad científica y al público para que cualquiera pueda verificar el acierto o el desacierto del descubrimiento.
Esto implica también que cualquiera puede impugnar el descubrimiento, en caso de detectar errores. Toda afirmación puede ser refutada con el examen adecuado. Eso es, precisamente, lo que torna a los conocimientos altamente fiables: no sólo tomamos contacto con el dato, sino que además, podemos saber cómo se llegó a él.
Es el elemento de la sana crítica, de definición más problemática.
Observando los distintos abordajes14, podemos establecer los siguientes aspectos comunes:
Es un conocimiento que posee el Juez, pero también la mayoría de los miembros de la comunidad a la que pertenece el Juez.
Se va adquiriendo en la medida que se vive.
Las vivencias del Juez le permiten extraer una o varias reglas generales, que le permitirán advertir qué ocurrirá ante una situación similar.
No son absolutamente seguras: puede aparecer una excepción en el caso concreto.
Son distintas al conocimiento privado del Juez; este último equivaldría a aquello que conoce el magistrado como persona, pero sin el alcance general –relativo a la comunidad donde vive- que tiene la máxima de experiencia.
No existe un catálogo definitivo de las máximas de experiencia; su número es variable, como son variables sus contenidos de acuerdo a las diferentes comunidades.
La doctrina sobre la definición de las máximas de experiencia ha sido tortuosa, porque su imprecisión abre la posibilidad que cada autor formule su propio acercamiento a la cuestión; y en cuanto a su construcción, la referencia a las vivencias de las personas que, al repetirse, permiten al sujeto extraer una regla general, es similar a la cuestión del método inductivo o inducción.
La inducción15 es una forma de construcción de inferencias, consistente en la abstracción de rasgos comunes de una multiplicidad de casos.
Así, sobre la base de los rasgos comunes se enuncia una regla general que permite deducir qué ocurrirá en el futuro en casos con características similares.
Daremos un ejemplo vinculado con una máxima de experiencia usual. Alguien (¿el Juez?) observa un día que un hombre, al mentir, baja los ojos; otro día, advierte que una mujer hace el mismo gesto; tiempo después, otro hombre hace lo mismo. De ahí construye una regla: todas las personas, al mentir, bajan la vista.
Esa máxima de experiencia, aplicada a un caso, permitiría una construcción como la que sigue: “le creo más al testigo X que al testigo Z, porque este último al declarar, bajaba la vista, signo seguro de que estaba mintiendo en su deposición”.
A quienes parezca aventurado este ejemplo, menciono cómo trata este punto Máximo Castro: “El modo mismo de prestar la declaración servirá para apreciar hasta que punto el testigo se acerca a la verdad. La presencia y continente sosegado y natural del testigo, la ingenuidad y sencillez de sus respuestas, la uniformidad y precisión de sus dichos, son otras tantas pruebas de una observación atenta de los hechos y de completa veracidad. Si, por el contrario, su actitud revela pasión o violencia, debe dudarse de su imparcialidad, y si se contradice y embaraza en sus respuestas, dará motivo para pensar que o no observó bien los hechos, o no refiere fielmente lo que sabe.16”.
Lo cierto es que la debilidad de la inducción radica en que, no obstante que la regla se haya elaborado con un número muy grande de casos, siempre puede aparecer un nuevo caso con rasgos diferentes. La regla quedará, entonces, invalidada17.
Lo mismo ocurrirá con las máximas de la experiencia. Su generalidad es sólo aparente, y su origen ocasional y azaroso no parecen ser la base de una construcción sólida.
Por lo demás, su subjetividad inherente las pone fuera de un control racional, salvo que sean claramente expuestas en la motivación de la sentencia.
Sana crítica, libertad probatoria, y deber de motivación.
En definitiva, tenemos hasta ahora que la sana crítica racional no indica en forma precisa, de qué manera debe el Juez proceder para valorar adecuadamente las pruebas; que, sin embargo, debe ser “racional” al realizar esta tarea valorativa; y que además debe usar las reglas de la lógica; utilizar los conocimientos científicos; y acudir a las máximas de la experiencia.
No parece seguro que esta disposición configure poco más que un conjunto de consejos o recomendaciones; lejos está de ser un método, es decir un camino a seguir en todos los casos para asegurar un manejo fiable de las pruebas.
En cuanto a la relación con la libertad probatoria, en el estado actual de la cuestión aparecen como temas independientes. Hoy la libertad probatoria está asegurada, por lo que no es necesario acudir a la sana crítica racional para que el Juez tenga permitido utilizar cualquier medio de prueba sin que ello sea cuestionable.
De hecho, el punto encuentra una previsión normativa diferenciada en el artículo 134 del C.P.P.F.: “Podrán probarse los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso, por cualquier medio de prueba, salvo que se encuentren expresamente prohibidos por la ley.
Además de los medios de prueba establecidos en este Código se podrán utilizar otros, siempre que no vulneren derechos o garantías constitucionales y no obstaculicen el control de la prueba por los demás intervinientes.”.
Otro de los temas históricamente vinculados a la sana crítica racional, es el deber de motivación de las resoluciones.
Hoy no es tan importante qué estaba pensando el Juez al momento de decidir, cómo si su resolución se fundó en pruebas válidas, si interpretó correctamente su sentido, y si al disponer el encuadre normativo argumentó coherentemente. Y, por supuesto, si así lo explicitó, para permitir el escrutinio público y el control recursivo.
Por tal razón, la alusión al “método de la sana crítica racional”, puede ser reemplazada sin pérdida alguna por el deber de motivar las decisiones establecido en el artículo 20 del C.P.P.F.: “Las decisiones judiciales deben expresar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basen. La fundamentación no se puede reemplazar con la simple relación de documentos, afirmaciones dogmáticas, ficciones legales, expresiones rituales o apelaciones morales.”.
Sana crítica racional, pasado, presente y futuro.
El nacimiento de esta regla tuvo lugar en un período de transición entre las pruebas tarifadas y la libertad probatoria.
Se originó como un modulador de los testimonios volcados en actas escritas en los cuales, letra contra letra, nada se podía establecer.
Se conminaba al Juez, entonces, a que no fuera “irracional” al momento de contrastar las afirmaciones.
Luego se constituyó en bandera de lucha en un momento de transición de sistemas procesales, en el que los doctrinarios apostaban por los Jueces para lograr una mejor justicia, sin que el legislador le indicara a los magistrados cuáles pruebas debían utilizar al resolver, ni cómo debían entenderlas.
Y finalmente, se quedó vacía de contenido por las disposiciones que establecieron la libertad probatoria y la obligación de motivar las decisiones jurisdiccionales.
Es una verdadera ironía que Alfredo Vélez Mariconde, el autor de referencia en este punto, ya haya advertido lo superfluo de una disposición expresa en los Códigos Procesales imponiendo la sana crítica: “Aunque la ley procesal no establezca expresamente que el Juez debe evaluar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica racional, la necesidad de observarlas resulta impuesta implícitamente cuando se le exige que fundamente los autos y las sentencias: si motivar significa, como es obvio, expresar las razones que se tienen para llegar a una decisión determinada –y no tan solo afirmar el resultado de la operación lógica, después de un mero resumen descriptivo de las probanzas- la imposición del camino lógico es evidente. … Por eso pensamos que la motivación no tiende tanto a convencer a las partes que el fallo es justo, sino más bien (o por lo menos, en primer término) a demostrar la fidelidad legal observada por el Juez y controlable por otro de grado superior, para impedir que la resolución se inspire en una vaga equidad, en simples conjeturas, en opiniones carentes de base legítima o en el capricho.”18.
Balance. Una disposición innecesaria y confusa.
Lo cierto es que la inclusión del artículo 10 del C.P.P.F. es superabundante.
Básicamente, impone un deber de “razonar racionalmente” a los Jueces, al momento de valorar las pruebas individualmente o en conjunto; y de utilizar la lógica –elemento indispensable en la argumentación judicial-, los conocimientos científicos –de los que difícilmente se podría prescindir hoy-, y las difusas y cuestionables “máximas de la experiencia”.
Y conlleva un peligro: que la alusión por parte del Juez a que ha recurrido a la sana crítica en cuanto a la valoración de la prueba, esconda en realidad una decisión voluntarista.
Por lo demás, se cualquier disposición relativa a la sana crítica, se encuentra en realidad absorbida en su alcance por una norma de igual jerarquía y mejor definición, tal es el deber de motivar las resoluciones.
En consecuencia, y en conclusión, es una disposición que, no obstante su tradición, es innecesaria y de alcance confuso.
Mendoza, 14 de mayo de 2019.
1 Código de Procedimientos en Materia Penal. Ley 2372, vigente desde el 1º de enero de 1889 hasta su derogación por ley 23.984.
2 Castro, M. (1926). Curso de Procedimientos Civiles. Buenos Aires: Biblioteca Jurídica Argentina.
(T. I, p. 365, Nº740).
3 Couture, E. (1969). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires: Depalma. (p. 270)
4 Vélez Mariconde, A. (1969). Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Lerner. (T. I, p. 361).
5 Otras definiciones relevantes: Messio, P. (2001). La “Sana Crítica” y la “Derivación Razonada”. En El Razonamiento Judicial. Córdoba: Instituto de Filosofía del derecho de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. (pág. 82); Caballero, José. (1995) La sana crítica en la legislación procesal argentina. Revista La Ley. (1995-E). Sección Doctrina, 630-659; De la Rua, F. (1968). El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino. Buenos Aires: Victor P. de Zavalía Editor. (p. 175). Palacio, L. (2000). La Prueba en el Proceso Penal. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. (p. 43); Parra Quijano, J. (2007). Manual de Derecho Probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional Ltda. (p. 106).
6 De la Rua, F. (1968). El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino. Buenos Aires: Victor P. de Zavalía Editor. (p. 175).
7 Vélez Mariconde, A. (1969). Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Lerner. (T. I, Cap. VIII); Clariá Olmedo, J. (2009). Tratado de Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores. (T. I, Nros. 327 y sstes.; T. V, Nros. 1177 y sstes.).
8 Palacio, L. (2000). La Prueba en el Proceso Penal. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. (p. 42).
9 Un ejemplo de esto lo encontramos en el artículo 306 del C.P.M.P.: “La declaración de dos testigos hábiles, contestes en el hecho, lugar y tiempo y de buena reputación o fama, podrá ser invocada por el Juez como plena prueba de lo que afirmaren.”. Otro ejemplo, más moderno, lo encontramos en el artículo 208 del nuevo C.P.P.F.: “El órgano judicial no podrá dictar sentencia condenatoria fundada únicamente en las manifestaciones efectuadas por el imputado. Para la asignación de responsabilidad penal sobre la base de estos elementos, el órgano judicial deberá indicar de manera precisa y fundada la correlación existente entre tales manifestaciones y las restantes pruebas que dan sustento a la condena. La materialidad de un hecho delictivo no podrá probarse únicamente sobre la base de dichas manifestaciones.”.
11 Taruffo, M. (2008) La Prueba. Madrid: Marcial Pons. (p. 19).
12 Palacio, L. (2001). Los Recursos en el Proceso Penal. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. (p. 121).
13 Taruffo, M. (2006) La Prueba Científica en el Proceso Civil. En A.A.V.V. Estudios Sobre la Prueba. México: Universidad Nacional Autónoma de México. (p. 185).
14 Palacio, L. (2000). La Prueba en el Proceso Penal. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. (p. 21); Messio, P. (2001). La “Sana Crítica” y la “Derivación Razonada”. En El Razonamiento Judicial. Córdoba: Instituto de Filosofía del derecho de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. (p. 83); De la Rua, F. (1968). El Recurso de Casación En el Derecho Positivo Argentino. Buenos Aires: Victor P. de Zavalía Editor. (p. 186); Parra Quijano, J. (2007). Manual de Derecho Probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional Ltda. (p. 80)
15 Calvo, S. (1996). Pragmatismo y Abducción. En E. Diaz (Ed.), La Ciencia y el Imaginario Social. (pp. 5-13). Buenos Aires: Biblos. (p.5). “De premisas particulares verdaderas sólo pueden inferirse conclusiones problemáticas y no necesariamente verdaderas. Si se aplica a una enumeración n de juicios particulares (por ejemplo: X1 es b, X2 es b, X3 es b, donde n es un número menor que todos los X ), entonces no habrá ninguna razón formal para sostener con carácter necesario la verdad de la conclusión “Todos los X son b”.- La inducción conduce a generalizaciones empíricas de bajo nivel, tales como “Todos los cuervos son negros”, más típicas del conocimiento ordinario que de la ciencia avanzada, muy distante, ciertamente, de ser un mero “resumen” de la experiencia. (…) El hallar indicios de propiedades o acaecimientos ocultos, el conjeturar que esos objetos directamente observables son, en realidad, manifestaciones de otros, el hacer hipótesis sobre hechos no percibidos es una importante tarea de la ciencia. Esta tarea requiere teoría y, cuanto más precisa sea la teoría, tanto más precisa será la inferencia.”.
16Castro, M. (1926). Curso de Procedimientos Civiles. Buenos Aires: Biblioteca Jurídica Argentina. (T. I, p. 367, Nº748).
17 Samaja, J. (2019, mayo 13) Semiótica de la ciencia. Los métodos, las inferencias y los datos a la luz de la semiótica como lógica ampliada. Inédito. Sus dos primeros capitulos disponibles en:
es.scribd.com/document/268583136/Samaja-Semiotica-de-La-Ciencia-Parte-1. “La inducción, en cambio es caracterizada diciendo que es aquella inferencia que aunque todas sus premisas sean verdaderas, su conclusión queda formalmente indeterminada. Es decir, por más que hayamos realizado una veraz descripción de los eventos particulares que sostienen nuestras premisas, la conclusión general que pretendemos derivar podría resultar falsa, dado que nos falta información sobre los restantes elementos del conjunto. Y, si el conjunto es infinito, por más que agreguemos más observaciones a nuestra muestra, no por eso habremos aumentado la probabilidad de que sea verdadera.”.
18 Vélez Mariconde, A. (1969). Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Lerner. (T. I, pág. 363).
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Diversidad Cultural y Derecho Penal. Delitos Culturalmente Motivados
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