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Timestamp: 2020-08-09 19:25:19
Document Index: 284541091

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 37', 'artículo 75', 'artículo 77', 'Artículo 77', 'artículo 75', 'artículo 23', 'artículo 28']

Sentencia de Unificación nº 200/97 de Corte Constitucional, 17 de Abril de 1997 - Jurisprudencia - VLEX 43560679
Sentencia de Unificación nº 200/97 de Corte Constitucional, 17 de Abril de 1997
Ponente: Carlos Gaviria Diaz Jose Gregorio Hernandez Galindo
Prestacion de servicio militar por soldados bachilleres en zonas de guerrilla. Menores de edad. Der. De peticion. Concedida parcialmente.
Acciones de tutela instauradas por Y.R.L. y otros, en representación de sus hijos, soldados bachilleres, contra los comandantes del Ejército Nacional y de la Segunda Brigada, y contra el Teniente Coronel J.E.M.C..
La S.P. de la Corte, aplicando el Acuerdo 01 de 1996, que adicionó el Reglamento de la Corporación, decidió asumir el conocimiento de los procesos acumulados, todos los cuales se examinarán en conjunto mediante esta providencia.
El Ejército Nacional cambió la función social de servicio a la comunidad, contemplada en la ley para los soldados bachilleres, por la destinación de éstos al control del orden público en zonas donde actúan desde hace varias décadas grupos alzados en armas ;
Los bachilleres no están debidamente entrenados para afrontar las exigencias de la lucha armada ;
Muchos de ellos son menores de edad y no deberían ser incorporados a las filas de los combatientes ;
El traslado de los conscriptos desde las guarniciones cercanas a sus sitios de residencia hasta las zonas de orden público los expone injustificadamente a graves enfermedades, y hace impracticable el control y guía que deben ejercer sus padres.
La razonabilidad en el cumplimiento de la obligación constitucional de prestar el servicio militar.
Ya la Sentencia T-409 del 8 de junio de 1992, proferida por la S. Tercera de Revisión, dejó en claro que el aporte de todo nacional al sostenimiento de las instituciones, mediante su forzosa vinculación temporal a los cuerpos armados y su disposición a tomar las armas cuando las necesidades lo exijan para mantener la legitimidad democrática, la independencia y la integridad del Estado, encuentra sustento en los artículos 95, numeral 3, y 216 de la Constitución Política, de lo cual resulta que "no se trata de tiránica imposición sino de la natural y equitativa consecuencia del principio general de prevalencia del interés social sobre el privado, así como de las justas prestaciones que la vida en comunidad exige de cada uno de sus miembros para hacerla posible".
"Así pues, el acto de valor (...), que para un ciudadano común podría ser heroico, y cuya omisión no sería vergonzosa, para un militar sería apenas debido, y su incumplimiento motivo de baldón". (cfr. Corte Constitucional. S.P.. Sentencia C-563 del 30 de noviembre de 1995. M.P.D.C.G.D..
"En armonía con lo que se ha dicho, no se puede tener las mismas expectativas de valor con respecto al profesional de la milicia, incorporado al ejercicio en virtud de una opción personal, que de quién ha sido reclutado sin su consentimiento o aún contra su voluntad manifiesta". (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-563 de 1995 M.P Dr. C.G.D. )
La protección de los derechos fundamentales a la vida y la integridad personal en el marco de los conflictos armados, cuando se trata de menores.
Sobre el tema que ocupa a la S., merecen especial atención los artículos 8 y 10 del Protocolo 1, en los que se prevé la protección a los heridos, enfermos y náufragos en el conflicto; el artículo 11, donde se establece que no se puede poner en peligro mediante acción u omisión injustificada la salud, o la integridad física y mental de las personas en poder de la parte adversa; el artículo 37, por medio del cual se prohibe la utilización de medios pérfidos que atenten contra la vida o la integridad de quienes participan en el combate; y el artículo 75, numeral 2, donde se estipula:
Los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular: i) el homicidio; ii) la tortura de cualquier clase, tanto física como mental; iii) las penas corporales; y iv) las mutilaciones; b) los atentados contra la dignidad personal; en especial, los tratos humillantes y degradantes,... y e) las amenazas de realizar los actos mencionados".
Corresponde a esta S. ocuparse ahora del problema que originó el desacuerdo entre las autoridades demandadas y los actores: ¿El Comando del Ejército Nacional viola o amenaza los derechos a la vida y la integridad personal de los soldados bachilleres cuando los traslada a zonas donde se libran enfrentamientos con grupos levantados en armas?
En relación con el personal incorporado a filas, en la sentencia C-511 de 1994 (M.P. : Dr. F.M.D., la Corte Constitucional consideró:
Como soldado regular de 18 a 24 meses;
Como soldado bachiller durante 12 meses;
Como Auxiliar de Policía Bachiller durante 12 meses;
Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses
Prestación del servicio militar por menores de edad
"...si la Constitución atribuyó a la ley, como se ha visto, la facultad de regular todo lo relacionado con la prestación del servicio militar y de establecer los casos generales de exención a tal deber, no resulta, en principio, contrario a la Constitución, que la ley ordene a los bachilleres definir su situación militar una vez concluyan sus estudios, pues ninguna norma de jerarquía constitucional ha dispuesto que antes de la mayoría de edad no se puede cumplir con dicha obligación." (Corte Constitucional, S.P., sentencia No. SU-277/93. M.P.D.A.B.C.).
"Igualmente el artículo 77 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (PROTOCOLO I), revisado en su constitucionalidad por esta Corte mediante sentencias C-574/92 y C-88/93, M.P.D.C.A.B., habiendo sido declarado EXEQUIBLE el Protocolo, sin perjuicio de la INEXEQUIBILIDAD de la Ley 11 de 1992, preceptúa el citado artículo lo siguiente:
`Artículo 77. Protección de los niños.
`1. Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de atentado al pudor. Las Partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la ayuda que necesiten por su edad o por cualquier otra razón.'
`2. Las Partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños menores de 15 años no participen directamente en las hostilidades, especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas. Al reclutar personas de más de 15 años pero menores de 18 años, las Partes en conflicto procurarán alistar en primer lugar a los de más edad.'
`3. Si, en casos excepcionales, no obstante las disposiciones del parágrafo 2o., participaran directamente en las hostilidades niños menores de 15 años y cayeran en poder de la Parte adversa, seguirán gozando de la protección especial concedida por el presente artículo, sean o no prisioneros de guerra.'
`4. Si fueran arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas con el conflicto armado, los niños serán mantenidos en lugares distintos de los destinados a los adultos, excepto en los casos de familias alojadas en unidades familiares en la forma prevista en el párrafo 5 del artículo 75.
Teniendo en cuenta la imperiosa diferenciación por edades que, como quedó expuesto, corresponde a situaciones jurídicas distintas, reconocidas por el orden jurídico y que, en últimas, concretan el valor de la justicia real y efectiva, considera la S. que el Ejército Nacional sí violó, o al menos puso en grave e injustificado peligro los derechos a la vida y a la integridad personal de los soldados bachilleres menores de edad que envió a las denominadas "zonas rojas" ; y en cuanto a los soldados bachilleres mayores de edad, es necesario reiterar que, si bien su obligación va más allá que la de los menores, sólo pueden ser enviados a zonas denominadas del orden público, siempre que hayan recibido un entrenamiento suficiente que les permita enfrentar en igualdad de condiciones al enemigo.
No cabe duda de que ni el Estado, a través del Ejército, puede negar al conscripto los cuidados que su salud y subsistencia reclaman, ni la persona aquejada por padecimientos que le impiden prestar adecuadamente el servicio militar puede resistirse a las prescripciones y terapéuticas científicas pertinentes, con el objeto de permanecer al margen de sus obligaciones dentro de las filas, obviamente siempre que los procedimientos médicos y clínicos que se le ofrecen no lesionen en sí mismos su integridad personal". (Cfr. Corte Constitucional. S. Quinta de Revisión. Sentencia T-351 del 13 de agosto de 1996).
No obstante, hasta donde consta en el expediente, el Ejército mantiene a los hijos de los actores en aceptables condiciones de higiene, reciben buena alimentación, y vienen siendo atendidos por el personal adscrito a las unidades militares de salubridad, en lo que se refiere a la conservación y recuperación de la salud. De tal atención médica no se priva a los soldados cuando son trasladados a zonas de enfrentamiento con grupos alzados en armas, o que presentan condiciones climáticas malsanas. Por tanto, no encuentra esta S. que a los hijos de los demandantes se les haya amenazado o violado su derecho a la salud, en el marco de los supuestos de hecho acreditados dentro de los expedientes bajo revisión.
Expediente T-101782. Derecho de petición
¿Resultó violado el derecho de petición de los demandantes en el expediente T-101782, cuando el C. del Ejército no reconsideró el traslado de los hijos de los actores a zonas de alteración del orden público, porque la petición presentada a un comandante de unidad militar nunca llegó a su conocimiento?
Un grupo de los padres de los soldados que actualmente se encuentran prestando servicio militar en los batallones Anzoátegui y Bolívar, presentaron, en abril del presente año, al Teniente Coronel J.E.M., C. del Batallón de Policía Militar No. 2 de Barranquilla, una solicitud dirigida al C. de las Fuerzas Militares, General H.B.P., con el fin de que éste último reconsiderara la decisión de trasladar a sus hijos a zonas de orden público, por estimar que éstas son peligrosas, y enviar allí a los soldados bachilleres sería tanto como imponerles una carga mayor a la que les corresponde asumir. Aunque los soldados de la compañía Anzoátegui ya fueron transportados a zonas de orden público, sus padres no han recibido la respuesta que debió anteceder al viaje.
Dentro del proceso radicado bajo el número T-101782, el General B.P. afirmó que nunca recibió la comunicación de los padres de familia, razón por la cual no la contestó (folio 86). No obstante, está probado que la mencionada solicitud sí se entregó al Ejército y, por tanto, esa institución debió responderla dentro del término legal. Como no se usaron los conductos regulares para llevar la solicitud a consideración del oficial a quien iba dirigida, el Ejército incurrió en un claro desconocimiento del derecho fundamental de petición de los actores; y, con su conducta omisiva, esa institución ignoró el artículo 23 de la Constitución Política, al no dar respuesta oportuna a la solicitud presentada el 3 de abril de 1996 por los demandantes.
Primero.- CONFIRMAR el fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla del 28 de agosto de 1996, que revocó la tutela concedida a los soldados bachilleres L.B., L.L.V., E.E.Y., C.S.C. y R.M.B. contra el Ejército Nacional (expediente 109000).
Segundo.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Florencia (Caquetá), el 2 de septiembre de 1996, que negó la tutela instaurada a nombre del soldado menor de edad, A.M.T.L., contra el Ejército Nacional (expediente 108998), y en su lugar CONCEDER la protección solicitada.
Tercero.- CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Cali, el día 12 de septiembre de 1996, que negó la tutela incoada en favor del soldado bachiller menor de edad G.C.V., contra el Ejército Nacional (expediente T-112635), por cuanto no se fundamentaba en el envío a zonas de orden público, sino en el ingreso a filas.
Cuarto.- CONFIRMAR el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, S. Civil Laboral de Decisión el día veinte de septiembre de 1996, mediante el cual se denegó la tutela impetrada por el soldado W.P., contra el Ejército Nacional (expediente 113714).
Quinto.- CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Neiva, el 3 de octubre de 1996, que, denegó la tutela propuesta por el soldado bachiller J.A.M., contra el Ejército Nacional, advirtiéndole que si ostenta la calidad de hijo único que tenía a su cargo el sustento de su señora madre, puede acogerse a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 2048 de 1993 (expediente 114062).
Sexto.- CONFIRMAR el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Civil y Agraria, el 13 de noviembre de 1996, que confirmó la negación de la tutela interpuesta por la señora M.L.S. en favor de su hijo J.F.B.G. (expediente 116360).
Séptimo.- CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva, por medio del cual se negó la tutela interpuesta por la señora M. del Carmen Gracia de Reina en favor de su hijo H.R.G. (expediente 109923).
REVOCAR el numeral primero y, en su lugar, TUTELAR el derecho de petición de los actores E. de Calle, W.C.P., M.C., I.A. de A., J.A.M., S.S., M.T. de Anaya, J.E.A., M.L. de Barros, J.M.B., Esilda O. de B., E.B.M., E.G., A.B., J.A., O.C., E.M.O., O.R. de C., M. de B., F.B., J.A.P., R.D.H., M.M., Y.S.G., N.A.W., M.V. de Amaya, R.B.M., E.T.G., J.M.J., C. de M., N. de Ahumada, M.D., G. de Roca, M.G.M., F.M.B., G.T.P., A.B., N.O., J.R., L.R.C. y M.J.Q..
PREVENIR a las autoridades militares demandadas en este proceso, para que se abstengan de repetir las actuaciones que dieron origen a la tutela del derecho de petición de los ciudadanos nombrados en el literal anterior, so pena de las sanciones previstas en la ley.
CONFIRMAR los numerales segundo y tercero, por medio de los cuales se tutelaron los derechos fundamentales de los soldados menores, y se negó igual protección judicial a los mayores de edad.
Noveno.- CONFIRMAR el fallo del Juzgado Catorce Penal Municipal de Barranquilla que negó la tutela del derecho a la vida de H.A.D.R., incoada por la señora Y.C.R.L., correspondiente al proceso radicado bajo el número T-103446.
Décimo.- CONFIRMAR el fallo adoptado por la S. de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el 12 de septiembre de 1996, que concedió la tutela instaurada en favor del soldado O.R.C. (expediente T-110434).
Décimo Primero.- REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, S. de Familia, del 20 de septiembre de 1996, y en su lugar tutelar los derechos a la vida y a la integridad personal de E.B.P. (expediente T-110868).
Décimo Segundo.- CONFIRMAR el fallo proferido por la S. de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el 11 de octubre de 1996 (expediente T- 113456), que concedió la tutela a favor de los menores : I.D.D., R.S.S.A., J.A.D.S., R.A.P.R. y R.E.T.C..
Décimo Tercero.- REVOCAR los fallos proferidos por el Juzgado Cuarto Promiscuo de Familia de Neiva el 25 de septiembre 1996, y por la S. de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, y en su lugar tutelar los derechos de O.E.M.O. (expediente T- 115612).
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 66975 de 20 de Octubre de 2015