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Timestamp: 2018-05-26 17:40:36
Document Index: 336253462

Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'Artículo 65', 'artículo 67', 'Artículo 288', 'artículo 292', 'artículo 136', 'artículo 161', 'artículo 160', 'Artículo 119', 'artículo 356', 'Artículo 269', 'Artículo 274', 'artículo 272', 'artículo 920', 'artículo 271', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 920']

Por VICTOR JIMMY ARBULU MARTINEZ
La ley N° 30076 en concordancia con las modificaciones en la parte sustantiva ha traído cambios en el NCPP y se ha ampliado su vigencia aplicándose al Código de Procedimientos Penales de 1940. Es necesario examinar cuáles son los cambios y efectos de estas normas en los marcos de una política criminal orientada a combatir la inseguridad ciudadana.
El paradigma de la oralidad del Código Procesal Penal del 2004 se ha introducido en el Código de Procedimiento de 1940. El requerimiento del fiscal de prisión preventiva se debe examinar en audiencia y adoptar la decisión en la misma. Hay voces críticas que dicen que es contradictorio con la política criminal porque a los presuntos delincuentes se les ha dado más derechos; sin embargo más derechos no puede confundirse con impunidad o lenidad con la delincuencia.
La Ley comentada además de hacer modificaciones a los artículos IV del Título Preliminar, 2, 32, 65, 67, 84, 85, 160, 161, 170, 268, 269, 274, 286, 287, 311, 332, 334, 386, 471 y 523 del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957) ha dispuesto la vigencia de algunos de ellos en todo el país, lo que constituye una derogación de artículos del Código Procesal Penal de 1991 que estaban vigentes para el Código de Procedimientos Penales, subsistiendo algunos de ellos vinculados a comparecencia o libertad provisional.
Las instituciones puestas en vigencia para todo el país, son las siguientes:
Art. 2 sobre Principio de Oportunidad, Arts. 160, 161 referida a la confesión, Arts. 268, 269, 270, 271 relacionado a Prisión Preventiva y el Art. 311 respecto del Desalojo Preventivo en delitos de usurpación. Si bien precisamos que estas instituciones, son aplicables al Código de Procedimientos de 1940, analizaremos la totalidad de modificaciones realizadas.
LA INVESTIGACION Y EL PROCESO PENAL
RELACION MINISTERIO PÚBLICO Y POLICIA NACIONAL
Las modificaciones en el ámbito de la relación entre la fiscalía y la policía, han tenido la finalidad de fortalecer la coordinación y cooperación de estas instituciones en la persecución del delito. En esta línea el legislador ha agregado el inciso 4 al artículo IV del Título Preliminar que dice:
“El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la Policía Nacional de conformidad con sus leyes y reglamentos.”
Se entiende la adición en el sentido que la Fiscalía no tiene competencia funcional sobre la policía respecto a su estructura orgánica de tal manera que en su interrelación con esta debe considerar la forma de organización y adecuar sus estrategias conforme al esquema de trabajo. La Fiscalía sin la Policía es una suerte de cabeza sin manos , y por eso requiere el auxilio de ésta. Las dos instituciones se necesitan para desarrollar con éxito la persecución del delito. Se puede decir que es innecesario esto, porque es elemental que se respeten las estructuras; sin embargo no está demás precisar este aspecto que a veces es problemático cuando en un caso concreto la fiscalía por ejemplo se dirige a un mando medio para una operación y en realidad le corresponde realizar el requerimiento en el nivel de jefatura. Este es el espíritu que fluye del proyecto de ley 1980-2012-PE presentado por el Ejecutivo.
Se ha detectado que uno de los problemas que dificultan el éxito del proceso de investigación y provocan el fracaso en el poder judicial, es la ausencia de planeamiento. De allí que el artículo 65 del NCPP ha sido redactado recogiendo esta necesidad de la siguiente forma:
“Artículo 65. La investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal
5. El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en la investigación del delito, observan en todo momento el principio de legalidad, pudiendo establecer programas de capacitación conjunta que permitan elevar la calidad de sus servicios.”
Los cambios legales realizados respecto del planeamiento, sirven para consolidar los planes conjuntos que habían acordado con anterioridad a la ley 30076, el Ministerio Público y la Policía Nacional, pues ya existía un Convenio de Cooperación MP – PNP aprobado por RM N° 756-2011-IN/PNP de fecha 19 de julio del 2011 y la Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1590-2011 11 de agosto del 2011. Si bien es relevante que ambas entidades hayan arribado a un convenio, no existía una norma que les obligara a desarrollar protocolos de actuación, como lo establece ahora el Art. 65.1 del NCPP. Es de recalcar que el Art. 69 contiene reglas genéricas dictadas desde la Fiscalía de la Nación y el Art. 333 la creación de un organismo de coordinación desde la Policía Nacional.
En el plan de investigación que fluye del Convenio comentado se establecen los siguientes objetivos:
Fortalecer los medios probatorios útiles y pertinentes para llegar a probar tanto la existencia del delito como la responsabilidad de los imputados.
Contribuir a una eficiente participación de la Policía y Fiscalía en la investigación como en el juicio, mostrando un registro histórico de la actividad investigativa.
Optimizar la aplicación de salidas alternativas
Realizar la investigación dentro de los plazos establecidos, con un manejo adecuado de los recursos humanos y logísticos.
Fortalecer el trabajo en equipo de fiscales y policías.
Consolidar la teoría del caso.
El Art.65.4 del NCPP mantiene la función de la Fiscalía que es la que se encarga de la dirección estratégica del caso que va a presentar ante el Poder Judicial. La policía cumple un rol sustancial en la preparación de la teoría del caso, de allí que en la norma se ha realizado el agregado que la policía desde su ámbito o su experiencia pueda recomendar respecto de las técnicas o pautas para fortalecer la investigación. Esto es relevante en la medida que la búsqueda de fuentes de prueba implican el uso de métodos que se basan en conocimiento especializado que solo poseen los miembros de la policía. Las recomendaciones si están dentro de la estrategia fijada por la fiscalía deben ser tomadas en cuenta.
El respeto escrupuloso del principio de legalidad se declara en el Art. 65.5 como una obligación de la Fiscalía y la Policía, y que si bien esto se debe internalizar en estas instituciones, también es importante el respeto de los derechos fundamentales, y garantías que se encuentran tuteladas por la Constitución que es un abanico más amplio.
FUNCION DE INVESTIGACION DE LA POLICIA
En el artículo 67 del NCPP se ha realizado un cambio casi cosmético pues si antes decía la Policía Nacional en su función de investigación debe, ahora se dicela Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones debe.
En el Art. 332 del NCPP, en la orientación de fortalecer la actuación policial según el proyecto de ley 1980-2012-PE, se ha precisado en el inciso 3 qué debe incluirse en el informe de la policía:
“3. El informe policial adjuntará las actas levantadas, las manifestaciones recibidas, las pericias realizadas, las recomendaciones sobre actos de investigación y todo aquello que considere indispensable para el esclarecimiento de la imputación, así como la comprobación del domicilio y los datos personales de los imputados.”
Estas recomendaciones serán evaluadas por el Fiscal quien decidirá si las toma o las desestima, siempre en función de la estrategia planteada desde el inicio.
El Art. 334 inciso 1 ha incluido al agraviado, aparte del denunciante o denunciado, como sujeto que tiene derecho a ser notificado si es que el fiscal ha decidido no formalizar investigación preparatoria. La víctima era hasta antes de la modificatoria como un convidado de piedra en la etapa inicial, pese a ser el afectado por la presunta conducta ilícita. Esto nos parece relevante pues se encuentra en sintonía con los avances del derecho a nivel internacional donde se le considera como un sujeto procesal más.
El plazo de las diligencias preliminares de ser antes 20 días, ahora se ha aumentado a 60 días en el Art. 334 inciso 2. Un defecto de esta norma es que no fija el plazo de vencimiento, por lo que aún tendrá que regir el de 120 días establecido por la Casación N° 02-2008.
Si se trata de casos complejos, la casación Nº 318-2011-Lima, ha establecido que la duración máxima de dichas diligencias preliminares el plazo máximo es la fijada por la Casación N° 02-2008, es decir 120 días. El tribunal supremo señala que no se justifica que se aumenten los plazos tratándose de complejos como se hace en la investigación preparatoria. Además debe tenerse en cuenta que la investigación preliminar es: a) realizar actos urgentes b) asegurar escena de crimen y evidencia sensible c) individualizar al presunto imputado.
En el Art. 332.5 se ha legitimado al agraviado quien si no estuviese conforme con la disposición fiscal de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las actuaciones al fiscal superior.
La salida alternativa de composición que permite que el Fiscal se abstenga de ejercitar la acción penal se ha extendido a otros delitos que ya tenían un tratamiento en legislación especial, relacionada con la Minería Ilegal que como sabemos, afecta gravemente a la ecología y el medio ambiente. El Art. Art.2.8 ha quedado redactado de la siguiente forma:
“8. El Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción penal, luego de la verificación correspondiente, en los casos en que el agente comprendido en la comisión de los delitos previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E del Código Penal , suspenda sus actividades ilícitas de modo voluntario, definitivo e indubitable, comunicando este hecho al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental mediante instrumento de fecha cierta.
Si la acción penal hubiera sido ya promovida, se aplican, en lo pertinente, las mismas reglas establecidas en el presente artículo.”
El Gobierno respecto de la minería ilegal ha establecido un plazo de formalización (2014), por lo que esta decisión del Ejecutivo dejaría, a los que han iniciado su legalización fuera de los ilícitos temporalmente.
SUPUESTOS DE INAPLICACION DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y ACUERDO REPARATORIO
Si bien las salidas alternativas son útiles para la celeridad y descongestionamiento del sistema de justica; el legislador ha señalado cuatros supuestos de inaplicación que son los siguientes:
“9. No procede la aplicación del principio de oportunidad ni del acuerdo reparatorio cuando el imputado:
En estos casos, el Fiscal promueve indefectiblemente la acción penal y procede de acuerdo con sus atribuciones.”
Lo dispuesto en el numeral 9) es aplicable también para los casos en que se hubiere promovido la acción penal. Debe entenderse entonces que está prohibido el principio de oportunidad cuando ya se encuentran el proceso en trámite. Lo que fluye de estas prohibiciones que el principio de oportunidad no opera para el reincidente o quien haya logrado un acuerdo y nuevamente vuelve a delinquir. Estas limitaciones también se extienden a los casos de acuerdos reparatorios.
EL ABOGADO DEFENSOR. DERECHOS Y DEBERES
La Ley Orgánica del PJ reconoce que la abogacía es una función social al servicio de la Justicia y el Derecho puesto que si bien es un oficio del cual vive el abogado, y por el que percibe honorarios de su cliente; esto no le exime de tener conciencia de la finalidad axiológica de la profesión.
La ley comentada de conformidad con el proyecto de ley 1980-2012-PE ha realizado modificaciones en los derechos y deberes de los abogados en aras de garantizar un alto grado de conducta ética ante los tribunales de justicia. En el Art. 84 del NCPP se ha establecido lo siguiente:
“El abogado defensor está prohibido de recurrir al uso de mecanismos dilatorios que entorpezcan el correcto funcionamiento de la administración de justicia.”
Esto es coherente con lo establecido por la Ley Orgánica que en su Artículo 288 inciso 2 que señala que es deber del abogado patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe.
Esta regla es invocada por los jueces cuando se advierte que el abogado actúa maliciosamente, presentando recursos manifiestamente improcedentes, siendo pasible de sanción disciplinaria.
El abogado defensor debe ser respetuoso de las convocatorias judiciales. Se cree, en un pésimo entendimiento de la asesoría legal, que el abogado puede sin justificación alguna frustrar una audiencia, que conlleva para su realización movilizar la estructura de la Fiscalía o del Poder Judicial y que implica un gasto público que pagan los ciudadanos con sus impuestos. Por ello en aras de la celeridad procesal, y del plazo razonable, se ha previsto en el Art. 85 del NCPP el procedimiento para reemplazar al abogado defensor inasistente así;
“1. Si el abogado defensor no concurre a la diligencia para la que es citado, y esta es de carácter inaplazable será reemplazado por otro que, en ese acto, designe el procesado, o por uno de oficio, llevándose adelante la diligencia.
2. Si el defensor no asiste injustificadamente a la diligencia para la que es citado, y esta no tiene el carácter de inaplazable, el procesado es requerido para que en el término de veinticuatro horas designe al reemplazante. De no hacerlo, se nombra uno de oficio, reprogramándose la diligencia por única vez. “
En el primer supuesto la norma es clara, si el abogado no concurre y esta audiencia es de carácter inaplazable por estar en juego derechos fundamentales como la privación de libertad, deberá ser reemplazado en el acto por quien designe el imputado o un letrado de la defensa pública.
Las posibilidades de no asistir a diligencias que no eran inaplazables, eran dos y recién el abogado se aparecía en la tercera convocatoria. Se ha entendido que la inasistencia tiene que ser justificada, en consecuencia las dos inasistencias sin dar razones, ha sido la base para que en algunas Cortes, los jueces de investigación preparatoria hayan multado al abogado patrocinante. Estos se han defendido manifestando que la ley les permitía faltar dos veces sin expresión de causa, lo que nos parecía un abierto abuso del derecho. Una interpretación más ajustada permitía que se aceptara la ausencia justificada. Ahora se ha reducido a una inasistencia y a la reprogramación por única vez, lo que nos parece razonable.
La ley ha agregado otros supuestos que tienen que ver con los deberes de los abogados frente a su cliente y a los tribunales. El incumplimiento puede generar sanciones del órgano jurisdiccional Art. 85.3 NCPP.
“3. El juez o colegiado competente sanciona, de conformidad con el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al defensor que injustificadamente no asiste a una diligencia a la que ha sido citado o que injustificadamente abandona la diligencia que se estuviere desarrollando. “
En resguardo al derecho a la defensa frente al anterior caso, se debe correr traslado al abogado a efectos que realice el descargo respectivo.
Otro aspecto que se ha regulado también es la obligación del abogado que renuncia a la defensa de su patrocinado. El Art. 85.4 dice lo siguiente:
“4. La renuncia del defensor no lo libera de su deber de realizar todos los actos urgentes que fueren necesarios para impedir la indefensión del imputado en la diligencia a la que ha sido citado. La renuncia debe ser puesta en conocimiento del juez en el término de veinticuatro horas antes de la realización de la diligencia.”
Esto es importante y exige un deber de diligencia a los abogados que dejan de patrocinar por alguna razón al imputado. La ruptura del vínculo puede deberse a muchas razones, como por ejemplo, las contradicciones en estrategia de defensa con su cliente, la pérdida de confianza del procesado, el pago de honorarios y cualquier causa o motivo. Esto no es obstáculo para que el abogado informe al Juez de la renuncia, pues se puede transferir el caso a la defensa de oficio para que prosiga el patrocinio evitando la indefensión del imputado.
En el Art. 85.5 se establece que si hay sanciones, están son comunicadas a la Presidencia de la Corte Superior que conoce de la aplicación de la sanción; y al Colegio de Abogados del Distrito Judicial que se encarga de la ejecución formal de la sanción dictada por el órgano jurisdiccional. Los fiscales como parte procesal no están exentos de ser sancionados por las infracciones que hemos señalado, pero esta se aplica de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público. (Art. 85.6)
El proyecto 1627-2012/PJ en su exposición de motivos respecto de la modificación de la confesión señala que esta es mínima, y más bien constituye una correcta sistematización o reacomodo de sus presupuestos pues se incluye en el Art. 160 la sinceridad y la confesión que antes estaba regulada en el Art. 161 del NCPP. El Art. 160 ha quedado redactado así:
“1. La confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión por el imputado de los cargos o imputación formulada en su contra.
d) Sea sincera y espontánea.”
Sincera proviene del vocablo sinceridad que según el Diccionario de la Real Academia Española significa: Sencillez, veracidad, modo de expresarse libre de fingimiento. En otras palabras puesto como adjetivo de la confesión, significa es que esta sea veraz.
Espontánea según el diccionario consultado, es una actitud voluntaria o de propio impulso. Esto aplicable al proceso implica que el imputado sin necesidad que sea exigido, voluntariamente acepta su responsabilidad en el hecho punible.
Si se reúne estos requisitos entonces la confesión sincera y espontanea opera desde el primer momento que el procesado se encuentra ante la autoridad fiscal o judicial.
Antes de continuar con el análisis debemos dejar sentado cómo jurisprudencialmente se ha fijado los contornos de la confesión sincera. En la Ejecutoria Suprema R.N. N° 1315-2004 Callao del trece de junio del año dos mil cinco se establecen los presupuestos de este acto voluntario del imputado:
“…a) Que la confesión constituye un acto procesal por el cual el imputado de un delito debe declarar ante la autoridad judicial competente de manera libre, consciente y espontánea ser autor del ilícito penal, declaración que debe ser corroborada con otros medios probatorios, conforme lo exige el segundo párrafo del artículo ciento treinta y seis del Código de Procedimientos Penales. b) Que, sin embargo, la confesión sincera del imputado no origina efectos de reducción de pena, cuando el sujeto es encontrado en delito flagrante, esto es, cometiendo el ilícito penal, con los elementos de prueba suficientes que determinen su autoría, y además cuando las circunstancias de su perpetración evidencian total convicción sobre su responsabilidad. c) Que en el caso sub judice, los procesados Williams Ortiz Aguilar, Juan Chávez Daza y Tito Núñez Sandoval fueron intervenidos encontrándoseles en su poder pasta básica de cocaína, por lo que su confesión es irrelevante.”
De la Ejecutoria Suprema R.N. Nº 3251-2002 Cono Norte del dieciséis de diciembre del dos mil seis extraemos como regla que la confesión del imputado se invalida cuando este trata de encubrir a otra persona:
“…si bien el encausado ha colaborado desde el inicio de la investigación aceptando su propia responsabilidad, también es cierto que ha tratado de encubrir a su co-acusado Cirilo Hinostroza Palomino, a fin de que se crea que, la persona juzgada era distinta a quien le proveía la droga, por lo que debe aumentarse prudencialmente la pena…”
En la Ejecutoria Suprema R.N. Nº 948-2003 Cañete del veintiséis de mayo del dos mil tres no se favorece a la persona si es que ella fue encontrada por la policía realizando el acto delictivo:
“…tal declaración se da al haber sido descubierta por la policía; por lo tanto, no se dan los requisitos de una confesión sincera, ya que ésta debe ser libre y espontánea…”
Podemos anotar que ya en la jurisprudencia, previa a la sistematización de las normas sobre confesión existían interpretaciones sobre este instituto.
EFECTOS DE LA CONFESION
La confesión sincera y espontanea tenemos que considerarla como una atenuante cualificada que permite rebajar la pena por debajo del mínimo legal conminado del delito.
El artículo 136 del Código de Procedimientos Penales en su segundo párrafo decía que la confesión sincera debidamente comprobada podía ser considerada para rebajar la pena del confeso a límites inferiores al mínimo legal, de lo que se infería que le daba facultad discrecional al Juez para aplicarla.
El artículo 161 del NCPP modificado por la Ley 30076 señala en esta misma orientación lo siguiente:
“El juez puede disminuir prudencialmente la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal, si se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 160. Este beneficio es inaplicable en los supuestos de flagrancia, de irrelevancia de la admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso y cuando el agente tenga la condición de reincidente o habitual de conformidad con los artículos 46 - B y 46-C del Código Penal.”
En principio es a criterio, puesto que dice que el juez “puede” no es taxativo como el “juez disminuirá”. Esta potestad del juez está sujeta al cumplimiento de los presupuestos del Art. 160
La confesión debe estar corroborada por otros elementos de convicción. Es insuficiente la aceptación si no hay un refuerzo probatorio de la misma.
El imputado debe prestar la confesión libremente, sin presiones, y debe hacerlo en una situación de normalidad psíquica, pues si esto no es así, podemos estar ante un procesado que está fuera de la realidad y puede dar una versión no ajustada a la verdad.
La declaracion debe ser prestada ante el juez o el fiscal, siempre en presencia de su abogado defensor. Si no está presente el abogado, la confesión no tendrá merito probatorio, por ejemplo la que se hace ante un efectivo policial. En los proyectos de ley presentados había algunos que proponían darle validez probatoria a las declaraciones prestadas sólo ante la policía, lo que fue desestimado.
Además como hemos analizado, la confesión debe ser sincera, es decir veraz y realizada espontáneamente.
La confesión no es aceptable cuando se realiza en flagrancia. Esto tiene sentido pues la confesión es un acto posterior a un hecho que se le imputa a un investigado. En una situación de flagrancia no hay nada que confesar, ya que como se menciona en el proyecto de ley 1627-2012/PJ, descarta la espontaneidad.
Sobre el supuesto de no aceptar la confesión en atención a los elementos probatorios incorporados, en el proyecto 1627-2012/PJ se dice que la aceptación de cargos en un marco de prueba incriminatoria suficiente es además de irrelevante, interesada, por lo que tampoco es una confesión sincera.
Por último se ha fijado como prohibición el hecho de no aceptar la confesión en los casos de procesados reincidentes y habituales que lo hacen precisamente para atenuar su responsabilidad en la medida que estas constituyen agravantes cualificadas capaces de romper los máximos de las penas conminadas. Lo que nos parece razonable dentro de una línea de prevención especial.
El NCPP en cuanto a la estructura de interrogatorios de testigos establece en el examen directo o abierto que son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas. La ley 30076 ha precisado que sí se puede emplear preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio acorde con las reglas de litigación oral.
Poner las respuestas en las preguntas que es la forma sugestiva busca en el contra interrogatorio atacar la credibilidad del testigo o realzar contradicciones, por lo que esta técnica es viable en el escenario del re directo.
Se ha realizado una corrección del Art. 386 del NCPP en el sentido siguiente: Antes de la modificación decía:
“1. Concluido el examen del acusado, la discusión final se desarrollará en el siguiente orden:
Ahora la redacción más ajustada a las reglas de la lógica y secuencia procesal es así:
1. Concluido el debate probatorio, la discusión final se desarrollará en el siguiente orden:
Tiene sentido esta corrección porque luego de terminar el examen del acusado no siguen los alegatos, sino la actuación de los medios de prueba, y concluida esta, recién se reciben los alegatos de las partes.
AUDIENCIA Y VIDEOCONFERENCIA
El proyecto de ley 1980-2012-PE en la exposición de motivos señala que existe una urgencia de emplear las videoconferencias para la realización de audiencias por los problemas de seguridad que provoca el traslado de internos a los órganos de juzgamiento. En la estadística que sustenta el proyecto señalan que el 2010 se realizaron 6,205 traslados y para el 2011, los traslados ascendían a 26780. Lo natural es que el interno se encuentre en un centro penitenciario cercano al tribunal que lo va a juzgar; sin embargo puede darse el caso que el procesado tenga varios procesos cometidos en muchas partes del país. Lo razonable sería que el interno se quede transitoriamente en el penal de juzgamiento para evitar los traslados, lo que implica la construcción de un centro transitorio. Si esto no puede hacerse hay que acudir en última instancia a los videos conferencias, y la parte administrativa debe responder a esta necesidad, puesto que por ejemplo hay contar con los equipos para garantizar una buena trasmisión. Otro aspecto es el tema del abogado defensor. ¿Desde qué lugar puede ejercitar la defensa? ¿Directamente en el tribunal o desde donde se encuentra el interno? Si es a distancia debe garantizarse una comunicación privada entre ellos, lo que no ocurre actualmente puesto que las coordinaciones son oídas por todos en estas trasmisiones. De allí que la norma procesal considere que esta es una medida extraordinaria:
“Artículo 119-A. Audiencia
1. La presencia física del imputado es obligatoria en la audiencia del juicio, conforme al inciso 1) del artículo 356, así como en aquellos actos procesales dispuestos por ley.
2. Excepcionalmente, a pedido del fiscal, del imputado o por disposición del juez, podrá utilizarse el método de videoconferencia en casos que el imputado se encuentre privado de su libertad y su traslado al lugar de la audiencia encuentre dificultades por la distancia o porque exista peligro de fuga.”
En esta situación excepcional de trasmisión a distancia debe optimizarse el principio de concentración procesal, esto es que se debe llevar a cabo todos los actos de prueba necesarios y si fuese posible concluir en una sola sesión.
Se ha retirado del Art. 268 el presupuesto de ser parte de una organización criminal reubicándolo en el Art. 269 como criterio para determinar la prisión preventiva. El texto ha quedado de la siguiente forma:
En el Art. 269 se ha reordenado los presupuestos de peligro de fuga que evaluará el juez para determinar la procedencia de la prisión preventiva, y que son:
“Artículo 269. Peligro de fuga
4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse
A la persecución penal; y
5. La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas.”
Un presupuesto incorporado para determinar el peligro de fuga es la magnitud del daño causado. Esto en realidad para darle coherencia con la fuga tendría que articularse con el hecho que incentivará a la persona a rehuir a la justicia. A esto se le suma la ausencia la actitud para reparar el daño. Son supuestos copulativos.
Se ha reubicado el supuesto de pertenencia a organización criminal que como estructuras de personas con finalidades delictivas, tienen idoneidad para facilitar la fuga de sus miembros en aras de proteger al colectivo criminal.
El proyecto de ley 1980-2012-PE en sus fundamentos considero precisar presupuestos para poder prolongar la prisión preventiva. Así es que el Artículo 274 se ha modificado en primer párrafo quedando de la siguiente manera:
“1. Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse por un plazo no mayor al fijado en el numeral 2) del artículo 272. El fiscal debe solicitarla al juez antes de su vencimiento.”
Se ha precisado que puede ser la investigación o proceso, este último debe entenderse como el juzgamiento. Se le ha agregado que se puede prolongar la prisión si obstaculiza la actividad de prueba
La comparecencia, pese a que es considerada una medida cautelar, es menos aflictiva porque lo que se le impone como regla genérica al imputado es que asista las veces que sea llamado, de allí el termino compareciente, siempre bajo apremio de dictársele una medida más grave.
En el NCPP hay exigencia que el Fiscal solicite prisión preventiva expresamente, sino lo hace el juez como alternativa dictara comparecencia simple. Art. 286.1
Si se dicta la comparecencia la norma obliga a que el fiscal y el juez de la investigación preparatoria motiven los fundamentos de hecho y de derecho que sustente su decisión. Es decir lo que se busca es controlar estas decisiones del fiscal o del juez, y por ello se ha realizado la modificatoria del Art. 286.1. Consideramos que esta sobreentendida la obligación del fiscal y del juez de argumentar con razones como arriban a una medida cautelar de comparecencia, puesto que esta también debe ser justificada. El legislador al hacerlo estima que es como ponerle cerrojos a las posibilidades de excarcelación en la línea dura de su política criminal.
La comisión del delito de usurpación trae como consecuencia en su modalidad más frecuente , la desposesión del bien inmueble del agraviado. El antecedente de esta medida cautelar la tenemos en el Dec. Leg. Nº 312 que establecía que si el agraviado - poseedor no había ejercido el derecho de defensa posesoria extrajudicial que le confería el artículo 920 del Código Civil y se había iniciado el proceso sumario conforme al Decreto Legislativo Nº 124, por el delito de usurpación, podía solicitar al juez que practique la inspección ocular correspondiente, la que se debía a cabo en el plazo máximo de cuarentiocho horas más, el término de la distancia, bajo responsabilidad. Si el juez estimaba que había motivo fundado para suponer que se había cometido el delito de usurpación, dentro del año anterior a la apertura de instrucción, y siempre que el derecho del agraviado estaba fehacientemente acreditado, ordenaba la desocupación en el término de veinticuatro horas, ministrando provisionalmente la posesión al agraviado.
En el NCPP, siguiendo ese antecedente, en los delitos de usurpación, el Juez, a solicitud del Fiscal o del agraviado, puede ordenar el desalojo preventivo del inmueble indebidamente ocupado en el término de 24 horas, ministrando provisionalmente la posesión al agraviado, siempre que exista motivo razonable para sostener que se ha cometido el delito y que el derecho del agraviado está suficientemente acreditado. (Art. 311.1) Se ha incluido con la Ley N° 30076 que el desalojo se debe ejecutar dentro del término de setenta y dos horas de concedida. Se fija un mandato imperativo y el plazo de ejecución que no existía en la anterior redacción.
En esta clase de delitos se consagra la necesidad que se realice una inspección ocular por parte de la Fiscalía entregando copia certificada de las actuaciones policiales y de la diligencia de inspección del Fiscal al agraviado.
El Juez debe resolver, sin trámite alguno, en el plazo de 24 horas. Se ha reducido el plazo que antes era de 48 horas. La resolución puede ser impugnada el juez elevará el cuaderno dentro de 24 horas de presentada la impugnación, bajo responsabilidad. La interposición del recurso suspende la ejecución de la resolución, hasta que resuelva la Sala Superior, que se pronunciará en el plazo de tres días previa audiencia con notificación de las partes. Si confirma el auto que ampara la solicitud de desalojo y ministración provisional de posesión, dispondrá se ponga en conocimiento del Juez para su inmediata ejecución.
El Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116 Lima dado el trece de noviembre de dos mil nueve en su sexto considerando dice sobre la naturaleza jurídica de la Terminación Anticipada que es: “…un proceso penal especial y, además, una forma de simplificación procesal, que se sustenta en el principio del consenso. Es, además, uno de los exponentes de la justicia penal negociada (…) se erige en un proceso penal autónomo, no es una mera incidencia o un proceso auxiliar… ”
Siendo una salida alternativa y en aplicación de la celeridad procesal, se entiende que el procesado debe tener algún beneficio que se expresa en la reducción de la pena. La ley N° 30076 sin embargo, reconociendo la compensación del procesado a cambio de la aceptación de cargos, ha fijado mayores límites en su aplicación cuando ha establecido reglas adicionales en el Art. 471 del NCPP que ha quedado redactado de la siguiente forma:
La reducción de la pena por terminación anticipada no procede cuando al imputado se le atribuya la comisión del delito en condición de integrante de una organización criminal, esté vinculado o actúe por encargo de ella. ”
Se reconoce el beneficio del imputado en cuanto a la reducción de la pena que es hasta una sexta parte. Si hubiese existido confesión también tendrá un beneficio adicional de reducción de hasta un tercio de pena, pero siempre que esta haya sido anterior al acuerdo, es decir de forma sincera y espontánea, pero que además sea útil para los fines del proceso.
El beneficio de reducción por confesión no prospera si el imputado tiene la calidad de reincidente o habitual. Lo que si se mantiene es el sexto de reducción.
Limita la reducción de la pena en terminación anticipada si el agente es miembro de una organización criminal. Esto va en contra del fundamento de las salidas alternativas o negociadas. Si no hay algún beneficio qué interés tendría el imputado para negociar. Esto más bien incentivará que el Estado gaste recursos procesándolo. Para sincerarnos el legislador pudo haber señalado que no procede la terminación anticipada en los casos de delito de crimen organizado o debió mantener una reducción pero menor a un sexto, lo que es concordante con el fundamento de salidas negociadas.
COOPERACION JUDICIAL INTERNACIONAL y ARRESTO PROVISORIO
El arresto provisorio es una medida cautelar dictada por juez competente contra una persona que está requerida por otro Estado, mediante petición de extradición pasiva.
Para que proceda el arresto provisorio deben darse como requisito, que la detención haya sido solicitada formalmente por la autoridad central del país interesado. No procede de oficio.
Ejecutado el arresto provisorio uno de los requisitos para su mantención según el Art. 523 del NCPP es:
El compromiso del Estado solicitante a presentar el pedido formal de extradición dentro de sesenta días de producida la detención. A su vencimiento, de no haberse formalizado la demanda de extradición el arrestado será puesto en inmediata libertad. La Ley N° 30076 ha aumentado el plazo de 30 a 60 días por las complicaciones y lo engorroso que es el trámite de extradición en la que intervienen órganos del Poder ejecutivo y del Judicial.
La ley ha modificado el numeral 4 del Art. 523 en este sentido:
“4. El juez dictará el mandato de arresto provisorio, siempre que el hecho que se repute delictivo también lo sea en el Perú y tenga prevista una conminación penal, en cualquiera de sus extremos, igual o superior a una pena privativa de un año. Si se invoca la comisión de varios delitos, bastará que uno de ellos cumpla con esa condición para que proceda respecto de los restantes delitos. La decisión que emita será notificada al fiscal y comunicada a la Fiscalía de la Nación y a la oficina local de la INTERPOL.”
La redacción anterior consignaba “y que no tenga prevista una conminación penal (…) igual o superior a una pena privativa de libertad de un año” lo que reducía al absurdo que solo eran extraditables delitos menores a 1 años.
El legislador que en su momento pudo hacer una fe de erratas ha empleado la Ley para hacer algunas correcciones como el Art. 287 que versa sobre la comparecencia restrictiva. En la norma modificada se establecía que se siguiera el trámite del Art. 288 que básicamente describe restricciones al imputado y no el procedimiento para revocar la comparecencia y dictar prisión preventiva. Se ha señalado que el trámite que seguirá el juez será el previsto en el artículo 271 .
El proyecto de ley 1980-2012-PE incorpora modificaciones de forma en la redacción de articulos del Código Procesal Penal por haberse detectado una inadecuada redacción legislativa.
En el Art. 32 la redacción del inciso 3 estaba así:
“3. En los numerales 3) y 5), corresponde al que conoce el delito con pena más grave. A igual gravedad compete al juez penal que primero hubiera recibido la comunicación prevista en el numeral 3.”
Se ha corregido la redacción defectuosa porque no corresponde numeral 3 siendo artículo 3 que describe la comunicación del fiscal al juez de formalización de la investigación preparatoria. La modificación es la siguiente:
“3. En los numerales 3) y 5), corresponde al que conoce el delito con pena más grave. A igual gravedad compete al juez penal que primero hubiera recibido la comunicación prevista en el artículo 3.”
El legislador al poner en funcionamiento instituciones procesales en la dirección de combatir la inseguridad ciudadana, ha ampliado el abanico de garantías, que estaban limitadas por el Código de Procedimientos Penales.
El proceso penal peruano como herramienta para la aplicación de la ley penal, tiene mayores puntos de contacto en cuanto a las legislaciones vigentes dentro del contexto de la reforma procesal que avanza en el país.
Se está generando un sistema mixto de transición, el mismo que debe optimizarse a partir de una interpretación constitucional.
ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. P. Traducción de la 25 edición alemana por Gabriela E Córdoba y Daniel R. Pastor. Revisada por Julio B.J. Maier. Editores del Puerto. Buenos Aires. 2000, p, 57
Conforme al Art. 330. 2 del NCPP. Se debe recordar que las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente.
Delito de minería ilegal, Formas agravadas, Delito de financiamiento de la minería ilegal, Delito de obstaculización de la fiscalización administrativa, y Tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal
Jurisprudencia Sistematizada de la Corte Suprema Perú. Editado por Comisión Europea. JUSPER. Poder Judicial. 2008. Edición Digital
También tenemos perturbación de la posesión en la que el sujeto pasivo sigue en la posesión del predio pero hostilizado por el agente.
Artículo 920.- El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él y recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si fuere desposeído, pero en ambos casos debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias.
+1 #3 masajistas alicante 19-04-2015 20:08
+1 #2 Shayne 08-04-2015 05:18
Si tu vida en pareja ha entrado en crisis y estás pensando en divorciarte es conveniente que consultes con un abogado matrimonialista .
+1 #1 pedro Campos 14-03-2014 17:45
Buenas, a raiz de este interesante artículo, puede conocer más de la trayectoria del Dr. Arbulu, gracias amigos por publicar este buen artículo. saludos y felicidades Dr. Arbulu.