Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/205775/ley-4-2013-de-17-de-julio-de-coordinacion-de-las-policias-locales-de-las-illes-balears
Timestamp: 2018-05-25 18:59:30
Document Index: 227388995

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'Artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 39', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 53', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 3', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'artículo 32', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'artículo 68', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'artículo 79', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'artículo 79', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 201']

Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 4/2013, DE 17 DE JULIO, DE COORDINACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES DE LAS ILLES BALEARS (BOIB DEL 30)
Art. 3. Objetivos básicos de los criterios de coordinación
Art. 4. Denominación y naturaleza jurídica
Art. 5. Funciones de los cuerpos de policía local
Art. 6. Ámbito territorial de actuación
Art. 7. Creación de cuerpos de policía local
Art. 8. Asociaciones de municipios en materia de policía local
Art. 9. Concepto
Art. 10. Funciones de coordinación
Art. 12. Funciones de la consejería competente en materia de coordinación de policías locales
Art. 13. Registro de las Policías Locales
Art. 17. Naturaleza
Art. 20. Estructura de los cuerpos de policía local
Art. 21. Titulación
Art. 22. Jefatura del cuerpo
Art. 23. Principios de actuación
Art. 24. Armamento
Art. 25. Documento de acreditación profesional
Art. 26. Uniformidad
Art. 27. Medios técnicos
Art. 28. Función formativa
Art. 29. Formación externa
Art. 30. Distribución de competencias
Art. 31. Sistemas de acceso
Art. 32. Requisitos para el acceso
Art. 33. Requisitos para la promoción
Art. 34. Sistemas de selección
Art. 35. Sistemas de provisión de puestos de trabajo
Art. 36. Reglas generales del concurso
Art. 37. Concurso de méritos
Art. 38. Concurso singularizado
Art. 39. Libre designación
Art. 40. Provisión de puestos por causas estacionales y extraordinarias
Art. 41. Funcionarios interinos
Art. 42. Régimen aplicable
Art. 43. Requisitos para la movilidad
Art. 44. Requisitos para permutar
Art. 45. Reingreso en el servicio activo
Art. 46. Régimen jurídico
Art. 47. Derechos colectivos
Art. 48. Derechos individuales
Art. 49. Incompatibilidades
Art. 50. Interdicción del derecho de huelga
Art. 51. Retribuciones
Art. 52. Premios y distinciones
Art. 53. Prestación del servicio
Art. 54. Deberes
Art. 55. Concepto y características
Art. 56. Causas
Art. 57. Por razón de edad
Art. 58. Por petición de la persona interesada
Art. 59. Por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas
Art. 60. Retribuciones
Art. 61. Régimen disciplinario y de incompatibilidad
Art. 62. Jubilación
Art. 63. Régimen aplicable
Art. 64. Responsabilidad civil y penal
Art. 65. Comunicación de infracciones
Art. 66. Extensión de la responsabilidad
Art. 67. Faltas disciplinarias
Art. 68. Faltas muy graves
Art. 69. Faltas graves
Art. 70. Faltas leves
Art. 71. Sanciones
Art. 72. Criterios de gradación de sanciones
Art. 73. Competencia sancionadora
Art. 74. Extinción de la responsabilidad
Art. 75. Prescripción de las faltas
Art. 76. Prescripción de las sanciones
Art. 77. Principios inspiradores del procedimiento
Art. 78. Reglas básicas procedimentales
Art. 79. Inicio del procedimiento y derecho de defensa
Art. 80. Nombramiento de instructor y secretario
Art. 81. Abstención y recusación
Art. 82. Prueba
Art. 83. Vista del expediente y copia de las actuaciones
Art. 84. Información de la concurrencia de otras infracciones administrativas o penales
Art. 86. Iniciación
Art. 87. Propuesta y resolución
Art. 88. Incoación
Art. 89. Medidas cautelares
Art. 90. Determinación y comprobación de los hechos
Art. 91. Actuaciones iniciales
Art. 92. Pliego de cargos
Art. 93. Fase de prueba
Art. 94. Traslado de actuaciones practicadas en periodo de prueba
Art. 95. Propuesta de resolución
Art. 96. Alegaciones
Art. 97. Elevación del expediente
Art. 98. Reducción de plazos
Art. 99. Resolución del expediente
Art. 100. Devolución del expediente al instructor
Art. 101. Contenido de la resolución
Art. 102. Caducidad
Art. 103. Ejecución de la sanción
Art. 104. Ejecutividad de las sanciones
Art. 105. Anotación y cancelación
Primera. Regulación municipal de la segunda actividad
Segunda. Personal sometido al Real Decreto 1324/1995, de 28 de julio
Primera. Policías auxiliares por extinguir
Segunda. Policías turísticos y policías auxiliares turísticos por extinguir
Tercera. Funcionarios de los cuerpos de policía local en situación de segunda actividad por razón de edad con destino
Cuarta. Segunda actividad por razón de edad
Sexta. Faltas disciplinarias
Séptima. Procedimientos disciplinarios
Octava. Revisión de oficio de sanciones
Novena. Vigencia temporal de los reglamentos
Décima. Comisarios de segunda por extinguir
Segunda. Reglamentos de policía local municipal
Tercera. Comisiones de servicios del personal funcionario con habilitación de carácter estatal
Cuarta. Distribución del fondo de seguridad pública
LEY 4/2013, DE 17 DE JULIO, DE COORDINACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES DE LAS ILLES BALEARS (BOIB DEL 30; BOE DE 24 DE AGOSTO)
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, señala en el preámbulo que la seguridad pública constituye una competencia difícil de parcelar, puesto que no permite delimitaciones, con el rigor y la precisión admisibles en otras materias. En este sentido, la seguridad pública se considera un terreno de encuentro de las diferentes esferas de competencias de todas las administraciones públicas —aunque el artículo 149.1 de la Constitución enumere en el apartado 29 las competencias exclusivas del Estado y las matizaciones y los condicionamientos con que la configura el texto constitucional. Por lo tanto, como la seguridad pública es una materia compartible por todos los poderes públicos, con estatutos y responsabilidades diferenciados, la realidad emergente demanda que en el ámbito de las competencias de la comunidad autónoma de las Illes Balears se revisen y mejoren los objetivos básicos de coordinación de las policías locales, de manera que suponga un avance y una mejora perceptible en esta materia. La formación y el perfeccionamiento de los miembros de los cuerpos de policía local y de los policías auxiliares han sido hasta hoy los objetivos básicos de los criterios de coordinación. Hace falta, pues, revisar y regular nuevamente estos objetivos básicos a fin de que, sin dejar de lado una parte tan importante como es la formación y la especialización de los policías locales, se orienten y posibiliten el avance hacia la integración de los cuerpos de policía local de las Illes Balears en un proyecto común de seguridad pública. Este proyecto, con respecto a la autonomía municipal, debe permitir la homogeneización de medios, recursos técnicos y estatutarios, y también la actuación hacia la unificación de criterios y las acciones armonizadas que ayuden en el diseño de políticas comunes de seguridad que potencien el apoyo y la colaboración interpolicial, el impulso de la prevención ante hechos relevantes, el análisis de las actuaciones o la planificación de futuros objetivos.
En este sentido, hay que dar un paso urgente que permita avanzar, y son los ayuntamientos —en el ejercicio de la autonomía municipal— la única administración pública legitimada para llevar a cabo los correspondientes procesos selectivos. Por ello, en materia de coordinación de policías locales, tiene una importancia primordial aportar soluciones que, en primer lugar, se ajusten a la legislación vigente a la vez que generen confianza a los responsables municipales. Por una parte, el concurso oposición, con un periodo razonable de prácticas como culminación del proceso de selección, que permita tanto a los aspirantes como a los ayuntamientos la incorporación estable en las plantillas orgánicas de las policías locales, con el perfil más idóneo para ejercer unas funciones de tanta trascendencia como las de policía local, y, por otra parte, y sin que suponga la desaparición del sistema de selección por movilidad, el hecho de permitir a los ayuntamientos la decisión del porcentaje de reserva de plazas por este sistema se consideran las acciones más idóneas para generar esta confianza necesaria a los ayuntamientos suponiendo ello una trascendente y decidida acción orientada hacia la mejora de la coordinación de las policías locales y la seguridad ciudadana.
Artículo 1. Objeto.—El objeto de esta ley es establecer los criterios básicos para coordinar la actuación de las policías locales en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales, de conformidad con lo que prevén el artículo 30.19 del Estatuto de Autonomía y el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.—1. Esta ley es aplicable a los cuerpos de policía local de los diferentes municipios de esta comunidad y a su personal.
Artículo 3. Objetivos básicos de los criterios de coordinación.—La formación y el perfeccionamiento de los miembros de los cuerpos de policía local y su integración en un proyecto común de seguridad pública, atendiendo en general a las singularidades del territorio de cada isla de la comunidad autónoma y en particular a las de cada localidad, constituyen un objetivo básico en el establecimiento de los criterios de coordinación.
Artículo 4. Denominación y naturaleza jurídica.—1. Los cuerpos de policía local son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada bajo la jefatura superior y dependencia directa del alcalde o alcaldesa respectivo. En cada municipio se integran en un cuerpo propio y único con la denominación genérica de cuerpo de policía local, y sus dependencias con la denominación de jefatura de la policía local, sin perjuicio de la organización interna que adopte cada ayuntamiento.
Artículo 5. Funciones de los cuerpos de policía local.—Son funciones de los cuerpos de policía local y de los policías de los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local las que indica el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad. Estas funciones no se pueden ejercer mediante sistemas de gestión indirecta.
Artículo 6. Ámbito territorial de actuación.—1. Los cuerpos de policía deben actuar en el ámbito territorial de sus municipios. Ello no obstante, sus miembros pueden actuar fuera de su término municipal cuando sean requeridos por la autoridad competente en situaciones de emergencia y con la autorización previa de los alcaldes o alcaldesas respectivos. En estos casos deben actuar bajo la dependencia del alcalde o alcaldesa del municipio que los haya requerido y bajo el mando del jefe del cuerpo de dicho municipio, sin perjuicio de las tareas de coordinación que correspondan a la consejería competente en materia de coordinación de policías locales y emergencias.
Artículo 7. Creación de cuerpos de policía local.—1. Los municipios de la comunidad autónoma de las Illes Balears pueden crear cuerpos de policía local propios, siempre que lo consideren oportuno en función de sus necesidades, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, la presente ley y otras disposiciones que sean de aplicación, debiendo disponer de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar la prestación de sus funciones de forma permanente.
Artículo 8. Asociaciones de municipios en materia de policía local.—1. Los municipios limítrofes que no dispongan separadamente de recursos suficientes para prestar los servicios de policía local pueden asociarse para la ejecución de las funciones asignadas a esta policía, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad.
Artículo 9. Concepto.—A los efectos de la presente ley, la coordinación tiene como objetivo determinar los criterios necesarios para una mejor adecuación de la formación, la organización, la dotación y la actuación de las policías locales al sistema y las finalidades generales de la seguridad pública, dentro de los cometidos que tienen legalmente asignados, como también fijar los medios para la homogeneización personal, técnica y material, con el objetivo de conseguir una acción que mejore la profesionalidad y eficacia, sin perjuicio de la autonomía municipal.
Artículo 10. Funciones de coordinación.—1. La coordinación de la actuación de las policías locales en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears comprende el ejercicio de las siguientes funciones:
Artículo 11. Órganos de coordinación.—1. En el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears ejercen las funciones indicadas en materia de coordinación:
Artículo 12. Funciones de la consejería competente en materia de coordinación de policías locales.—Las funciones en materia de coordinación de las policías locales previstas en esta ley que no supongan el ejercicio de la potestad reglamentaria, las debe ejercitar directamente por la consejería competente en materia de coordinación de policías locales, respetando las competencias que correspondan a los municipios.
Artículo 13. Registro de las Policías Locales.—Es el instrumento a disposición de la consejería competente en materia de coordinación de policías locales para garantizar el cumplimiento de las funciones de coordinación desarrolladas en esta ley y en el que deben estar inscritos, en los términos que se determinen por reglamento, los cuerpos de policía local y todos sus miembros, así como los policías de los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local.
Artículo 14. Naturaleza.—1. La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears es el órgano de consulta y participación en la materia que prevé esta ley y que se adscribe a la consejería competente en materia de coordinación de policías locales.
Artículo 15. Composición.—1. La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears está integrada por los siguientes miembros:
²	Cuatro en representación de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, designados por el presidente o presidenta.
²	Cuatro en representación de los consejos insulares, uno a propuesta de cada consejo.
²	Uno en representación del Ayuntamiento de Palma.
²	Uno en representación de cada consejo de coordinación.
²	Uno en representación de la Delegación del Gobierno.
²	Cuatro en representación de los sindicatos que tengan la consideración de más representativos en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
²	Dos jefes de los cuerpos de policía local propuestos por las asociaciones profesionales más representativas de ámbito autonómico, uno en representación de los municipios de más de 20.000 habitantes y el otro del resto de municipios.
Artículo 16. Funciones.—1. Son funciones de la Comisión de Coordinación de Policías Locales las siguientes:
Artículo 17. Naturaleza.—1. Los consejos de coordinación de las policías locales son órganos colegiados de consulta y asesoramiento en el ejercicio de la competencia autonómica de coordinación de las policías locales pudiendo constituirse en el ámbito de los municipios de las Illes Balears en áreas territoriales con problemáticas comunes de seguridad pública.
Artículo 18. Composición.—1. Cada consejo de coordinación de las policías locales tiene que estar integrado por los siguientes miembros:
²	Los titulares de las alcaldías o los titulares de las concejalías en quien deleguen, en representación de los ayuntamientos de los municipios que se integren en el consejo de coordinación de las policías locales.
²	Los jefes de policía local o policías en quien deleguen, en representación de las policías locales de los municipios que se integren en el consejo de coordinación de las policías locales, y que serán nombrados mediante decreto de alcaldía del ayuntamiento correspondiente.
²	Dos vocales en representación de la consejería competente en materia de coordinación de policías locales y un vocal en representación de la consejería competente en materia de formación de policías locales, nombrados por resolución del consejero o consejera respectivo.
²	En el supuesto que el consejo de coordinación tenga un ámbito territorial que incluya todos los municipios de una isla, este podrá tener un vocal en representación de su consejo insular. En caso de que el consejo de coordinación incluya municipios de dos islas habrá un representante de cada uno de los consejos insulares al que pertenezcan los municipios afectados.
Artículo 19. Funciones.—En materia de coordinación de policías locales, los consejos de coordinación de las policías locales tienen la función de resolver consultas no preceptivas y de asesoramiento facultativo sobre:
Artículo 20. Estructura de los cuerpos de policía local.—1. Los cuerpos de policía local de las Illes Balears se estructuran jerárquicamente en los siguientes grupos, subgrupos, escalas y categorías:
Grupo A Subgrupo A1 técnica intendente, comisario o comisaria y mayor
Grupo C Subgrupo C1 básica oficial y policía
Artículo 21. Titulación.—La titulación académica exigible para el acceso a las diferentes categorías en que se estructuran los cuerpos de policía local es la que establece la legislación básica estatal para cada subgrupo, sin perjuicio de la obligación de superar los cursos de capacitación profesional que determine la consejería competente en materia de coordinación de policías locales.
Artículo 22. Jefatura del cuerpo.—1. El nombramiento del jefe o de la jefa de cada cuerpo de policía local corresponde al alcalde o alcaldesa por el procedimiento de libre designación entre los funcionarios de carrera que tengan la máxima categoría de la plantilla del cuerpo del mismo municipio o entre funcionarios de carrera de cuerpos de policía local de otros municipios o de otros cuerpos o fuerzas de seguridad, siempre que pertenezcan a una categoría igual o superior a la de la plaza que debe ser provista, estén en servicio activo y cumplan los requisitos del puesto de trabajo; y puede ser removido discrecionalmente de estas funciones. Si se trata de personal de otros cuerpos y fuerzas de seguridad, se establecerán reglamentariamente las equivalencias correspondientes.
Artículo 23. Principios de actuación.—Los miembros de los cuerpos de policía local y los policías locales de los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local ejercerán sus funciones en los términos previstos en la presente ley y en el resto de la normativa de aplicación, respetando en todo caso los principios básicos de actuación previstos por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad.
Artículo 24. Armamento.—1. Los miembros de los cuerpos de policía local, por el hecho de pertenecer a un instituto armado, en el ejercicio de sus funciones portarán el armamento reglamentario que se les asigne. Asimismo, dispondrán de los medios técnicos y operativos necesarios para cumplir sus funciones. Reglamentariamente se determinarán las prácticas de habilitación y uso del armamento que sean preceptivas para garantizar su correcta utilización. Corresponde al alcalde o a la alcaldesa de los municipios con cuerpo de policía local, al concejal o a la concejala en quien delegue de forma expresa o al jefe o la jefa de policía por delegación expresa del alcalde o de la alcaldesa determinar los servicios en los que no se portarán armas.
Artículo 25. Documento de acreditación profesional.—1. Todos los miembros de los cuerpos de policía local y los policías locales de los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local llevarán un documento de acreditación profesional expedido por la consejería competente en materia de coordinación de policías locales, en que constarán al menos los datos relativos al municipio de pertenencia, la identificación de la categoría profesional y el número de registro individual.
Artículo 26. Uniformidad.—1. La uniformidad de los miembros de los cuerpos de policía local y de los policías de los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local será común para todos e incorporará los signos distintivos y de identificación que reglamentariamente se determinen.
Artículo 27. Medios técnicos.—Las características de los medios técnicos y defensivos que utilizarán las policías locales deben ser homogéneas en toda la comunidad autónoma de las Illes Balears. El Gobierno de las Illes Balears puede dictar normas encaminadas a conseguir esta homogeneización. Los signos externos de distinción e identificación serán iguales para todos y se complementarán con los propios de cada ayuntamiento.
Artículo 28. Función formativa.—1. De acuerdo con el artículo 3 de esta ley, corresponde a la consejería competente en materia de coordinación de policías locales, mediante la Escuela Balear de Administración Pública, el ejercicio de las competencias relacionadas con la formación de los miembros de los cuerpos de policía local para asegurar la homogeneización y coordinación, además de otras que tenga atribuidas.
Artículo 29. Formación externa.—1. Los ayuntamientos podrán llevar a cabo, directamente, mediante sus escuelas de formación, por medio de convenios con otras entidades o a través de entidades supramunicipales como las mancomunidades o la federación de entidades locales, cursos para los funcionarios de sus propios cuerpos de policía o de los policías en los ayuntamientos que no tengan constituido cuerpo de policía local, cuando respondan a necesidades formativas no atendidas por la Escuela Balear de Administración Pública, siempre que no se trate de los cursos que se establezcan como preceptivos para acceder a las diferentes escalas y categorías de la policía local, y en todo caso bajo su coordinación, para asegurar el aprovechamiento de las acciones organizadas.
Artículo 30. Distribución de competencias.—1. Corresponde a los ayuntamientos la competencia para la selección de nuevo ingreso, la promoción y la movilidad del personal de los cuerpos de policía local y de los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local, de acuerdo con las previsiones de las respectivas ofertas anuales de empleo público.
Artículo 31. Sistemas de acceso.—1. Los sistemas de acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y de los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local son el turno libre y la promoción, con las variantes interna y externa.
Artículo 32. Requisitos para el acceso.—1. Para poder participar en los procesos selectivos de acceso a las categorías de los cuerpos de policía local o a las plazas de policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local es necesario reunir los siguientes requisitos:
Artículo 33. Requisitos para la promoción.—Para la promoción, además de los que prevé la legislación básica para acceder a la función pública, los aspirantes deben cumplir, en el momento que se acabe el plazo para solicitar la participación en los procesos selectivos, los siguientes requisitos:
Artículo 34. Sistemas de selección.—1. El sistema de selección para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y de los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local, tanto por el turno libre como por la promoción, es el de concurso oposición.
Artículo 35. Sistemas de provisión de puestos de trabajo.—1. Los puestos de trabajo de las diferentes categorías se proveerán ordinariamente por los sistemas de concurso o por libre designación, mediante convocatoria pública.
Artículo 36. Reglas generales del concurso.—1. El concurso es el sistema normal de provisión de puestos de trabajo y consiste en la comprobación y valoración de los méritos y, en su caso, de las capacidades, los conocimientos o las aptitudes que determine la convocatoria, de acuerdo con el baremo establecido.
Artículo 37. Concurso de méritos.—1. El concurso de méritos es el sistema de provisión de puestos de trabajo genéricos, aunque también puede utilizarse para proveer puestos de trabajo singularizados, cuando así lo prevea la relación de puestos de trabajo.
Artículo 38. Concurso singularizado.—1. El concurso singularizado es el sistema de provisión de los puestos de trabajo singularizados correspondientes a las especialidades.
Artículo 39. Libre designación.—La libre designación es un sistema de provisión de los puestos de trabajo excepcional, para los casos que impliquen una elevada responsabilidad o requieran una confianza personal para ejercer sus funciones, como es el caso de la jefatura del cuerpo.
Artículo 40. Provisión de puestos por causas estacionales y extraordinarias.—Los municipios que por circunstancias especiales o por causas extraordinarias tengan sobrecarga de servicios policiales en determinadas épocas del año y que no requieran aumento permanente de plantilla de sus cuerpos de policía local o de los puestos de trabajo de policía en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local, podrán reforzarla por medio de acuerdos con otros municipios a fin de que sus miembros puedan actuar en el término municipal de los solicitantes, por un tiempo determinado y en régimen de comisión de servicios.
Artículo 41. Funcionarios interinos.—1. Para ser nombrado funcionario interino se debe formar parte de la bolsa de trabajo de la cual disponga el ayuntamiento. En caso de que la bolsa se haya agotado o tenga una antigüedad superior a dos años, el ayuntamiento podrá convocar una nueva o bien acudir a la bolsa de la consejería competente en materia de coordinación de policías locales, si la hubiera.
Artículo 42. Régimen aplicable.—1. Los miembros de los cuerpos de policía local pueden participar en los procesos de provisión de plazas vacantes de su misma categoría en otros cuerpos de policía local de las Illes Balears o en otras plantillas de policía en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local en la forma que se determine por reglamento. Igualmente, los funcionarios de carrera con la categoría de policía de los ayuntamientos que no tengan cuerpo de policía local pueden participar en los procesos de provisión de plazas vacantes de su misma categoría de los ayuntamientos con cuerpo de policía local.
Artículo 43. Requisitos para la movilidad.—Además de los previstos por la legislación básica para acceder a la función pública, los aspirantes deben cumplir, en el momento que finalice el plazo para solicitar la participación en los procesos de movilidad, los siguientes requisitos:
Artículo 44. Requisitos para permutar.—1. Los alcaldes, con el informe previo de los jefes respectivos, pueden autorizar la permuta de destinos entre los miembros de los cuerpos de policía local o entre policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local en activo que sirvan en diferentes corporaciones locales, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
Artículo 45. Reingreso en el servicio activo.—1. Cuando un funcionario de carrera pida el retorno al servicio activo por hallarse en la situación administrativa de servicios especiales o servicios en otras administraciones públicas, tendrá que acreditar que cumple el requisito e) del artículo 32 de esta ley. En caso de que padezca enfermedades o defectos físicos, pero que permitan la concesión de la segunda actividad por causas psicomédicas, el interesado podrá solicitar la reincorporación al servicio activo y pasar a la segunda actividad.
Artículo 46. Régimen jurídico.—Los miembros de los cuerpos de policía local y los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local, en su condición de agentes de la autoridad, tendrán la condición de funcionarios. Para nombrarlos es necesario disponer de la formación de capacitación adecuada y haber superado los procesos selectivos que correspondan.
Artículo 47. Derechos colectivos.—Se garantiza el ejercicio de los derechos sindicales a todos los efectivos de las policías locales en los términos que determine la legislación vigente y, en particular, pueden afiliarse a partidos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales o de otra índole, sin que este motivo pueda ser causa de discriminación.
Artículo 48. Derechos individuales.—En su condición de funcionarios, los miembros de los cuerpos de policía local y los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local tienen los derechos que les atribuye la legislación vigente en materia de régimen local, los que contiene la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, los derivados de su régimen estatutario y de esta ley y, en especial, los siguientes:
²	Asumir su defensa y representación ante los juzgados y tribunales mediante los letrados o letradas y también procuradores o procuradoras, cuando estos sean preceptivos, que a este efecto designe, y encargarse del pago de sus honorarios, si procede.
²	Prestar las fianzas que se indiquen.
²	Asumir las costas procesales e indemnizaciones de responsabilidad civil que correspondan.
Artículo 49. Incompatibilidades.—Los policías locales tienen incompatibilidad para el ejercicio de cualquier actividad pública o privada, salvo las que exceptúa expresamente la legislación estatal sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
Artículo 50. Interdicción del derecho de huelga.—De conformidad con lo que prevé la legislación estatal vigente, los policías locales tienen prohibido el ejercicio del derecho de huelga y de cualquier otra acción sustitutiva o concertada que pueda alterar el funcionamiento normal de los servicios.
Artículo 51. Retribuciones.—1. Los miembros de los cuerpos de policías locales y los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local, para cumplir sus funciones, percibirán unas retribuciones justas y adecuadas a su nivel de formación, dedicación, incompatibilidad y especial riesgo, así como en consideración a la especificidad de sus horarios y estructura. La consejería competente en materia de coordinación de policías locales promoverá la homogeneización de los conceptos retributivos de los diferentes cuerpos.
Artículo 52. Premios y distinciones.—1. Los miembros de los cuerpos de policía local y los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local que se distingan notoriamente en el ejercicio de sus funciones pueden ser condecorados con la Medalla al Mérito de la Policía Local de las Illes Balears. El procedimiento para concederla, que corresponde a la consejería competente en materia de coordinación de policías locales, y los beneficios que se deriven para la persona condecorada se determinarán por reglamento.
Artículo 53. Prestación del servicio.—1. Corresponde a los ayuntamientos determinar el régimen de prestación del servicio de los miembros de los cuerpos de policía local y de los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local, de manera que permitan combinar las exigencias propias de la especificidad del servicio policial con el régimen de descanso y permisos individuales.
Artículo 54. Deberes.—Sin perjuicio de lo que establece la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, además de los que les corresponden por su condición de funcionarios de la administración local, los miembros de los cuerpos de policía local y los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local deben cumplir los deberes que prevé esta ley y, en particular, los siguientes:
Artículo 55. Concepto y características.—1. La segunda actividad es la modalidad de la situación administrativa de servicio activo de los funcionarios de los cuerpos de policía local o de los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local que tiene por objeto fundamental garantizar una adecuada aptitud psicofísica para prestar los servicios con eficacia.
Artículo 56. Causas.—Las causas por las cuales se puede pasar a la situación de segunda actividad son las siguientes:
Artículo 57. Por razón de edad.—El paso a la situación de segunda actividad por razón de edad se produce a solicitud de la persona interesada, siempre que se haya estado en situación de activo y prestando servicios durante un mínimo de quince años, de los cuales cinco tienen que ser inmediatamente anteriores a la fecha de la petición, y al cumplir las siguientes edades:
Artículo 58. Por petición de la persona interesada.—1. El paso a la situación de segunda actividad, a petición de la persona interesada, exige haber cumplido 35 años efectivos en situación de servicio activo en los cuerpos y fuerzas de seguridad o en el ejército militar profesional, servicios especiales o situación de excedencia forzosa.
Artículo 59. Por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas.—1. En cualquier momento, los miembros de las policías locales, por enfermedad o accidente, cuando sus condiciones físicas o psíquicas así lo aconsejen y no sean susceptibles de ser declarados en situación de invalidez permanente absoluta, podrán pasar a ocupar destinos calificados de segunda actividad, siempre que se adecuen a este artículo, con la finalidad de garantizar la plena aptitud psicofísica de la persona, así como la eficacia en el servicio.
Artículo 60. Retribuciones.—1. En caso de que se pase a la situación de segunda actividad sin destino se percibirán el cien por cien de las retribuciones básicas y el porcentaje de las retribuciones complementarias que se señala a continuación:
Artículo 61. Régimen disciplinario y de incompatibilidad.—1. Los funcionarios de los cuerpos de policía local o los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local en situación de segunda actividad con destino están sujetos al mismo régimen disciplinario y de incompatibilidad que los funcionarios de la policía local en activo.
Artículo 62. Jubilación.—La jubilación forzosa de los miembros de la policía local o de los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local se declarará de oficio cuando el funcionario cumpla 65 años, en los términos que prevé la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de cuerpos y fuerzas de seguridad. En caso de que se regule la jubilación parcial anticipada para los funcionarios públicos se producirá una adecuación reglamentaria para compatibilizar la segunda actividad.
Artículo 63. Régimen aplicable.—1. El régimen disciplinario de los miembros de los cuerpos de policía local y de los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local de las Illes Balears se ajustarán a lo que establece la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, y a lo que dispone esta ley.
Artículo 64. Responsabilidad civil y penal.—El régimen disciplinario que establece esta ley se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los funcionarios de los cuerpos de policía local y los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local, que se hará efectiva en la forma legalmente establecida.
Artículo 65. Comunicación de infracciones.—Los miembros de los cuerpos de policía local y los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local tienen la obligación de comunicar por escrito a su superior jerárquico los hechos de los cuales tengan conocimiento que consideren constitutivos de faltas graves y muy graves, excepto cuando éste sea el presunto infractor; en este caso, la comunicación se realizará al inmediatamente superior al presunto infractor.
Artículo 66. Extensión de la responsabilidad.—1. Los miembros de los cuerpos de policía local y los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local que induzcan a otros a cometer actos o a tener conductas constitutivas de falta disciplinaria incurren en la misma responsabilidad; también incurren en ella los mandos que las toleren.
Artículo 67. Faltas disciplinarias.—Las faltas disciplinarias en que pueden incurrir los miembros de los cuerpos de policía local y los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local pueden ser muy graves, graves o leves.
Artículo 68. Faltas muy graves.—Son faltas muy graves:
Artículo 69. Faltas graves.—Son faltas graves:
Artículo 70. Faltas leves.—Son faltas leves:
Artículo 71. Sanciones.—1. Las sanciones que se pueden imponer por la comisión de faltas muy graves son:
Artículo 72. Criterios de gradación de sanciones.—Para graduar la sanción y actuando bajo el principio de proporcionalidad, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
g) En el caso del
Ley 4/2013, de 17 de julio. Ccoordinación de las policías locales de las Illes Balears
artículo 68.b) y 68.z) se valorará específicamente la cuantía o entidad de la pena impuesta en virtud de sentencia firme, así como la relación de la conducta delictiva con las funciones policiales.
Artículo 73. Competencia sancionadora.—1. Corresponde al órgano competente del ayuntamiento incoar los expedientes disciplinarios e imponer las sanciones por la comisión de las faltas muy graves, graves y leves a los miembros de los cuerpos de policía local o a los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local.
Artículo 74. Extinción de la responsabilidad.—1. La responsabilidad disciplinaria se extingue por el cumplimiento de la sanción, por la muerte de la persona responsable y por la prescripción de la falta o de la sanción.
Artículo 75. Prescripción de las faltas.—1. Las faltas muy graves prescriben a los tres años; las graves, a los dos años; y las leves, al mes.
Artículo 76. Prescripción de las sanciones.—1. Las sanciones muy graves prescriben a los tres años; las graves, a los dos años; y las leves, al mes. El plazo de prescripción de las sanciones se empieza a contar desde el día siguiente al que se convierta en firme.
Artículo 77. Principios inspiradores del procedimiento.—El procedimiento sancionador de los miembros de los cuerpos de policía local y de los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local se tiene que ajustar a los principios de legalidad, impulso de oficio, imparcialidad, agilidad, eficacia, publicidad, contradicción, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y concurrencia de sanciones, y comprende los derechos a la presunción de inocencia, información, defensa y audiencia.
Artículo 78. Reglas básicas procedimentales.—1. Únicamente se pueden imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios de los cuerpos de policía local y policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local en virtud de un procedimiento disciplinario instruido a este efecto y con sujeción a lo dispuesto por esta ley.
Artículo 79. Inicio del procedimiento y derecho de defensa.—1. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, a iniciativa propia, como consecuencia de orden superior, moción razonada de los subordinados o denuncia.
Artículo 80. Nombramiento de instructor y secretario.—1. En la resolución por la cual se dispone el inicio del procedimiento se nombrará a una persona instructora y una persona secretaria, que serán los encargados de tramitar el procedimiento.
Artículo 81. Abstención y recusación.—1. A la persona instructora y al secretario o secretaria les serán de aplicación las normas sobre abstención y recusación que establecen los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Artículo 82. Prueba.—1. Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento se pueden acreditar por cualquier medio de prueba admisible en derecho.
Artículo 83. Vista del expediente y copia de las actuaciones.—La persona instructora está obligada a dar vista al funcionario sometido a expediente, a petición del mismo, de las actuaciones practicadas en cualquier momento del procedimiento y debe facilitarle una copia completa de las mismas cuando lo solicite.
Artículo 84. Información de la concurrencia de otras infracciones administrativas o penales.—En cualquier momento del procedimiento en que la persona instructora aprecie que la presunta infracción disciplinaria puede ser calificada como infracción administrativa de otra naturaleza o como infracción penal, lo pondrá en conocimiento del órgano que haya ordenado la incoación para su comunicación a la autoridad administrativa o judicial competente o al ministerio fiscal.
Artículo 85.Archivo de actuaciones.—Si en cualquier fase del procedimiento la persona instructora deduce la inexistencia de responsabilidad disciplinaria o de pruebas adecuadas para fundamentarla, propondrá una resolución de archivo de las actuaciones, con expresión de las causas que la motivan, a fin de que el órgano que lo haya incoado resuelva lo que corresponda.
Artículo 86. Iniciación.—1. Los órganos competentes para la imposición de sanciones por faltas leves pueden acordar la práctica de la información reservada prevista en el apartado 4 del artículo 79 de esta ley.
Artículo 87. Propuesta y resolución.—1. Una vez practicadas las pruebas que la persona instructora considere oportunas, formulará una propuesta de resolución en la cual fijará con precisión los hechos, su valoración jurídica con el fin de determinar, en su caso, la falta cometida, la responsabilidad del funcionario o la funcionaria sometido al expediente y la sanción que se debe imponer, y debe notificar el expediente a fin de que en el plazo de diez días pueda alegar lo que estime oportuno en defensa de sus derechos. Oído el expedientado, la propuesta de resolución se enviará al órgano competente para resolver.
Artículo 88. Incoación.—El órgano competente para incoar un procedimiento disciplinario por faltas graves o muy graves, antes de dictar la resolución de inicio del procedimiento, puede acordar la práctica de la información reservada que prevé el apartado 4 del artículo 79 de esta ley.
Artículo 89. Medidas cautelares.—1. Iniciado el procedimiento penal o disciplinario, si hay elementos de juicio suficientes, el alcalde o la alcaldesa puede acordar, preventivamente, de forma motivada, las medidas cautelares adecuadas para facilitar la tramitación del expediente y asegurar la eficacia de la resolución que pueda recaer.
Artículo 90. Determinación y comprobación de los hechos.—La persona instructora ordenará en el plazo máximo de quince días la práctica de las diligencias que sean adecuadas para la determinación, el conocimiento y la comprobación de los hechos sobre los que debe resolver y, concretamente, la práctica de las pruebas necesarias con el fin de aclarar los hechos y determinar las responsabilidades susceptibles de sanción.
Artículo 91. Actuaciones iniciales.—1. En todo caso y como primeras actuaciones se debe tomar declaración al funcionario sometido al expediente, evacuar las diligencias que se derivan del orden superior, de la petición razonada de otros órganos o de la denuncia que motivó el inicio del expediente y de aquello que el funcionario manifestó en su declaración.
Artículo 92. Pliego de cargos.—1. A la vista de las actuaciones practicadas, el instructor formulará, en su caso, en el plazo de quince días, el correspondiente pliego de cargos, el cual comprenderá los hechos dignos de sanción, su calificación jurídica y las sanciones aplicables.
Artículo 93. Fase de prueba.—1. Una vez contestado el pliego de cargos o habiendo transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor, de oficio o a instancia de parte, puede acordar que se abra un periodo de diez días para llevar a cabo las pruebas que se consideren oportunas.
Artículo 94. Traslado de actuaciones practicadas en periodo de prueba.—1. Una vez practicadas las pruebas, se acordará dar traslado al expedientado de las actuaciones practicadas para que en el plazo de diez días alegue lo que estime oportuno en su defensa y aporte los documentos que considere de interés.
Artículo 95. Propuesta de resolución.—La persona instructora, cuando considere concluido el expediente, tiene que formular la propuesta de resolución en la que se tienen que fijar con precisión los hechos, se tiene que hacer la valoración jurídica y determinar, en su caso, la infracción y la responsabilidad del expedientado, con indicación de la sanción que debe imponer.
Artículo 96. Alegaciones.—La propuesta de resolución del expediente se notificará a la persona interesada para que en el plazo de diez días alegue lo que considere oportuno para su defensa, incluso sobre la denegación de la prueba propuesta.
Artículo 97. Elevación del expediente.—Oído el interesado, o transcurrido el plazo sin ninguna alegación, el expediente convenientemente foliado y numerado se remitirá al órgano que haya acordado el inicio del procedimiento.
Artículo 98. Reducción de plazos.—Por razones de urgencia derivadas de la necesidad de mantener la disciplina, la ejemplaridad, o por la notoriedad o gravedad de los hechos, el órgano que acordó el inicio del procedimiento puede disponer que los plazos de tramitación del expediente se reduzcan a la mitad de tiempo, excepto los previstos en los artículos 89.2, 91, 93 y 96 de esta ley.
Artículo 99. Resolución del expediente.—Una vez recibido el expediente, el órgano que acordó su iniciación procederá, con el examen previo de las actuaciones y, si procede, con la práctica de las diligencias complementarias que considere oportunas, a dictar la resolución motivada que corresponda.
Artículo 100. Devolución del expediente al instructor.—1. La autoridad competente para resolver puede devolver el expediente a la persona instructora para que practique las diligencias omitidas y que resulten imprescindibles para la resolución. En este caso, se tiene que dar vista a la persona expedientada de estas actuaciones y un plazo de diez días para que alegue lo que estime oportuno.
Artículo 101. Contenido de la resolución.—1. La resolución que finalice el procedimiento disciplinario debe ser motivada y no se pueden introducir hechos diferentes de los que sirvieron de base al pliego de cargos, sin perjuicio de la distinta valoración jurídica siempre que no sea de más gravedad.
Artículo 102. Caducidad.—1. La resolución que pone fin al procedimiento disciplinario y su notificación al interesado se producirá en un plazo no superior a doce meses desde el acuerdo de incoación del expediente.
Artículo 103. Ejecución de la sanción.—1. Las sanciones disciplinarias se deben ejecutar según los términos de la resolución y empiezan a cumplirse el mismo día de la notificación de la resolución al infractor, o bien en el plazo máximo de diez días, a contar desde el día de su notificación, excepto que en la misma resolución se acuerde, por causas justificadas, el aplazamiento del cumplimiento por un tiempo no superior a lo que se haya establecido legalmente para su prescripción.
Artículo 104. Ejecutividad de las sanciones.—Las sanciones son inmediatamente ejecutivas y su cumplimiento no se suspende por la interposición de ningún recurso administrativo o judicial, pero el órgano competente podrá suspenderlo, de oficio o a instancia de parte, en caso de que la ejecución ocasione perjuicios de reparación imposible o difícil.
Artículo 105. Anotación y cancelación.—1. Las sanciones disciplinarias se anotarán en el registro adscrito a la dirección general competente en materia de coordinación de policías locales, indicando las faltas que las motivaron.
Disposición adicional primera. Regulación municipal de la segunda actividad.—La regulación de la segunda actividad que contiene esta ley no impide que cada ayuntamiento, en el ejercicio de sus potestades, pueda aprobar en su reglamento unas modalidades de segunda actividad, de acuerdo con sus peculiaridades organizativas y presupuestarias, siempre que esta regulación no suponga menoscabo o empeoramiento de las medidas establecidas en esta ley.
Disposición adicional segunda. Personal sometido al Real Decreto 1324/1995, de 28 de julio.—La prestación de servicios y los cursos de formación del personal sometido al Real Decreto 1324/1995, de 28 de julio, se debe tener en cuenta a los efectos de promoción profesional en los cuerpos de las policías locales de las Illes Balears.
Disposición transitoria primera. Policías auxiliares por extinguir.—1. Los policías auxiliares pasarán a integrarse en el grupo C1 en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, sin que ello deba implicar necesariamente incremento del gasto público ni modificación de las retribuciones totales anuales de los afectados en el momento de la reclasificación, sin perjuicio de las negociaciones que pueda haber entre los representantes sindicales de los funcionarios y los respectivos ayuntamientos. A este efecto, el incremento de las retribuciones básicas debe deducirse de sus retribuciones complementarias, preferentemente del concepto de productividad, si la hay.
Disposición transitoria segunda. Policías turísticos y policías auxiliares turísticos por extinguir.—Los ayuntamientos que en sus plantillas tengan plazas de policías turísticos y policías auxiliares turísticos, las pueden mantener hasta el día 31 de diciembre de 2013, fecha a partir de la cual quedarán extinguidas.
Disposición transitoria tercera. Funcionarios de los cuerpos de policía local en situación de segunda actividad por razón de edad con destino.—Los funcionarios de los cuerpos de policía local que en el momento de la entrada en vigor de esta ley se encuentren en situación de segunda actividad por razón de edad con destino permanecerán en esta situación.
Disposición transitoria cuarta. Segunda actividad por razón de edad.—A los funcionarios de los cuerpos de policía local en situación de segunda actividad que durante el año 2013 cumplan las edades que prevé la Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, les será de aplicación esta norma a los efectos de solicitud de pasar a la segunda actividad por razón de edad.
Disposición transitoria quinta. Procesos selectivos.—A los procesos selectivos que en la entrada en vigor de esta ley se encuentren ya iniciados les será de aplicación la Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, y su normativa de desarrollo.
Disposición transitoria sexta. Faltas disciplinarias.—Las faltas disciplinarias cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley serán sancionadas de conformidad con la Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, a no ser que las disposiciones de esta ley fueran más favorables al interesado; en cualquier caso se aplicará la norma más favorable.
Disposición transitoria séptima. Procedimientos disciplinarios.—Los procedimientos disciplinarios iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley seguirán rigiéndose hasta concluir por la Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, a no ser que las disposiciones de esta ley fueran más favorables al expedientado.
Disposición transitoria octava. Revisión de oficio de sanciones.—A la entrada en vigor de esta ley, si de su aplicación resultasen efectos más favorables para el funcionario sancionado, se procederá a la revisión de oficio de las resoluciones en virtud de las cuales se hubieran impuesto sanciones, aunque sean firmes, cuyo cumplimiento no se hubiera iniciado o finalizado en la citada fecha. No será posible la revisión de resoluciones en las que se hubiera impuesto la sanción de separación del servicio.
Disposición transitoria novena. Vigencia temporal de los reglamentos.—Mientras no se produzca el despliegue reglamentario de las disposiciones que prevé esta ley continuarán en vigor los preceptos dictados en despliegue de la Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, que no se opongan a lo establecido en esta.
Disposición transitoria décima. Comisarios de segunda por extinguir.—El personal funcionario que, a la entrada en vigor de esta ley, tenga la categoría de comisario de segunda por extinguir mantendrá la misma categoría.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.—Se derogan la Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, y las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo que prevé esta ley.
Disposición final primera. Desarrollo de la ley.—Se faculta el Gobierno de la comunidad autónoma para que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, dicte las disposiciones que requieran su desarrollo y su aplicación.
Disposición final segunda. Reglamentos de policía local municipal.—En el plazo máximo de dos años a partir de la fecha en que la comunidad autónoma haya cumplido lo que establece la disposición final primera de esta ley, los ayuntamientos del ámbito territorial de las Illes Balears que tengan cuerpos de policía local deben aprobar o, si procede, adaptar, una vez negociados con los sindicatos, los reglamentos de policía local de conformidad con las previsiones de esta ley.
Disposición final tercera. Comisiones de servicios del personal funcionario con habilitación de carácter estatal.—Se modifica la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, en los siguientes términos:
"Artículo 201 bis.—1. La consejería competente en materia de personal funcionario con habilitación de carácter estatal podrá conferir comisiones de servicios a personal funcionario con habilitación de carácter estatal con destino definitivo a la comunidad autónoma de las Illes Balears para ocupar puestos reservados a este personal cuando no hubiera sido posible efectuar un nombramiento provisional a favor de un funcionario o una funcionaria de la misma subescala y categoría al que esté reservado el puesto, lo que quedará suficientemente acreditado en el expediente.
4. Si la comisión no implica cambio de residencia del funcionario, el cese y la toma de posesión se producirán en el plazo de tres días desde la notificación de la autorización de la comisión. Si implica cambio de residencia el plazo será de cinco días."
Disposición final cuarta. Distribución del fondo de seguridad pública.—Se modifica la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
"El fondo de seguridad pública se distribuirá de acuerdo con la normativa específica que resulte de aplicación y sin perjuicio, en su caso, del carácter plurianual de la imputación presupuestaria en función del ejercicio en el que deba llevarse a cabo la justificación de los gastos por parte de los ayuntamientos."
Disposición final quinta. Entrada en vigor.—Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.