Source: https://es.scribd.com/doc/137202423/Amparo
Timestamp: 2018-01-20 21:13:46
Document Index: 314855150

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 38', 'artículo 59', 'artículo 46', 'Artículo 53', 'Artículo 101', 'Artículo 3', 'Artículo 69', 'Artículo 295', 'Artículo 200', 'Artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 22', 'Artículo 9', 'Artículo 25', 'Artículo 37', 'artículo 35', 'Artículo 38', 'Artículo 44', 'artículo 38', 'artículo 55', 'artículo 1', 'artículo 202', 'artículo 37', 'artículo 201', 'artículo 6', 'artículo 202', 'artículo 37', 'Artículo 59', 'artículo 60', 'Artículo 60']

Cargado por Maritza Huaman
Contenidos: 1. Bases de legitimación 1.1. Legitimación del amparo desde el Estado constitucional 1.2.
Legitimación del amparo desde la jurisdicción constitucional 2. El proceso de amparo en la normativa peruana 3. Aspectos relevantes del proceso de amparo: 3.1. Causales de improcedencia de los procesos constitucionales. 3.2. Ausencia de etapa probatoria. 3.3. Prevalencia de las sentencias constitucionales. 3.4. Derechos protegidos por el proceso de amparo. 3.5. Derechos no protegidos por el proceso de amparo. 3.6. Plazos para la interposición de los procesos de amparo. 3.7. Ejecución de sentencia en los procesos de amparo. 3.8 Represión de actos homogéneos. 4. Algunas conclusiones de interés
Introducción La referencia de contexto respecto a que poco más del 70% de la carga del Tribunal Constitucional peruano se refiera a procesos de amparo[2], puede darnos una idea de la importancia de este proceso constitucional, cuyo punto de partida precisamente consiste en la premisa de restituir un estado de cosas, generado por una afectación, a la situación anterior a la vulneración de un derecho fundamental. Sobre esta idea base se construye el sentido jurídico constitucional de este proceso iusfundamental, cuya legitimidad reside en su estrecha vinculación al concepto de Estado Democrático y Social de Derecho y a su expresión más uniforme de defensa de los derechos fundamentales: el Estado constitucional. En el mismo sentido, no podemos referirnos al proceso de amparo sin dejar de hacer referencia al contexto interpretativo que el mismo ofrece en nuestro ordenamiento constitucional, el cual ha superado in extenso una concepción procedimental de este tipo de proceso para que asumamos una concepción material extensiva del mismo, en cuanto la autonomía procesal que identifica esta herramienta, desde su génesis en la visión alemana de laVerfahrensautonomie de Lechner[3], pueda explicarnos cuál es la percepción de sentido amplio que identifica este tipo de procesos constitucionales, que en muchos casos de la jurisprudencia constitucional parece invadir los ámbitos del principio de legalidad y congruencia procesal y sin embargo, utiliza una herramienta de suyo implícita respecto a los derechos fundamentales, cual es la exigencia de tutela urgente. Habremos de avocarnos, en consecuencia, a si existe la posibilidad de construir una referencia a este glosario de urgencia y si la misma resulta compatible con el orden constitucional. El proceso de amparo- enfaticemos- identifica hoy un concepto amplio de tutela y naturalmente referirnos a procesos de connotación amplia puede generar dificultades polisémicas, en la medida que precisamente esa amplitud de protección significa la esencia material del amparo, mas a su vez también implica el mayor campo de dificultades que esta herramienta iusfundamental ofrece,
pues a partir de una interpretación constitucional en sentido amplio[4], el supremo intérprete de la Constitución, ha considerado la definición de diversas figuras procesales que recogen dos ámbitos de acción: de un lado, laexigencia propia de tutela urgente que demandan los procesos constitucionales y de otro lado, la facultad material de establecer estándares
jurisprudenciales, cuyo sentido de dirección es la consolidación de una real jurisdicción constitucional, en la cual la base normativa es apenas el punto de partida para una real consolidación de los derechos fundamentales, si por tales entendemos el insumo vital que identifica a un Estado constitucional. Es propio pues que represente un dilema la extensión del concepto de tutela de urgencia y es natural que la construcción jurisprudencial de dicho ámbito de tutela, ofrezca múltiples escenarios así como interpretaciones diversas: desde la afectación del principio de legalidad en su raigambre hasta los escenarios de fuerte activismo judicial, emblemáticos como los de la Corte Warren y la actividad pedagógica de las Cortes y Tribunales Constitucionales de Alemania, España, Colombia y Perú, entre otros. Se impone, entonces, la necesidad de acercarnos más a definir los estándares adecuados de un idóneo proceso de amparo y frente a ello convergen, como hemos señalado, una razonable interpretación constitucional de los derechos fundamentales y la vinculación que representan los estándares del sistema interamericano, en cuanto la proposición central es que éstos representan parámetros de efecto útil para la protección real de los derechos primigenios de las personas, como lo son los derechos fundamentales. En consecuencia, es importante advertir que constituye perspectiva del proceso de amparo, al margen de los perfeccionamientos del legislador y de los afianzamientos jurisprudenciales del guardián primero de la Constitución- el Tribunal Constitucional- que advertimos en esta herramienta un adecuado medio de defensa de los derechos fundamentales, que no debe resultar ni anquilosado por las excesivas restricciones del legislador o por una posición cerrada, cuasi literal, de los derechos fundamentales, ni tampoco se debe advertir en esta herramienta un excesivo protagonismo de los jueces que nos conduzca a pensar que es negativo el activismo judicial o que éste se desborda en pro de un cliché de la tutela de urgencia. Evitar ambos extremos representa uno de los mayores retos del proceso de amparo, de cara a los desafíos contemporáneos del Estado constitucional.
1. Bases de legitimación. El proceso de amparo nace, con mayores rasgos de organicidad, en México, sobre las bases de la Constitución de Yucatán del 31 de marzo de 1841[5], Carta que sucede a su vez a la Constitución de 1836 y sus 7 leyes. Era necesario, para el constituyente mexicano, atisbar a efectuar un adecuado control constitucional y ello resultaba mejor afianzado desde la inclusión de la
Ecuador y Venezuela. 1. En propiedad. . mas advirtamos que ello resulta insuficiente per se. hoy en el Estado constitucional el afianzamiento de los derechos fundamentales encuentra su expresión tutelar en la premisa de que los derechos fundamentales constituyen garantías primeras. así como un instrumento de acción a materializar ante los jueces constitucionales. puedan involucrar vulneraciones sustantivas a los derechos de primera raigambre. como acción de tutela. y en Argentina. en el cual la ley era la norma suprema del ordenamiento jurídico y en el cual. inatacable para el legislador. eran más bien controversias de orden civil. en Chile. como corresponde denominemos a los derechos fundamentales. han venido siguiendo una ruta de afianzamiento desde el modelo de Estado de Derecho. Legitimación del amparo desde el Estado constitucional Los criterios de consolidación sobre la existencia del Estado constitucional en el cual prevalecen la ponderación sobre la subsunción y los principios logran imponerse a las reglas[7]. En el Derecho Comparado. el proceso de amparo es conocido en Brasil como mandato de seguridad (Mandado de Segurança). como recurso de protección. y los derechos fundamentales. El amparo resulta pues una herramienta de legitimación democrática. en Colombia. sin embargo. como acción de amparo. Sobre ambos caracteres se consolida e identifica una herramienta que se hace sólida sobre la base de la concesión de tutela de urgencia para las demandas constitucionales que persiguen la defensa de un derecho fundamental y que en específico. exige un modelo de Estado en el cual los procesos constitucionales deriven en una vivificación de estos derechos. el cual realiza la tesis del antes denominado contenido esencial del derecho fundamental. a través del Estado Constitucional. en el amparo persigue una restitución efectiva del derecho conculcado. El actual Código Procesal Constitucional de Perú de 2004 identifica “el proceso de amparo”. las cuales no pueden ser soslayadas por las normas jurídicas ni pueden consentir que actos de terceros hacia terceros.1. en tanto asegurar la defensa de los derechos fundamentales. que hoy puede denominarse el de un Estado constitucional. A diferencia del Estado Legislativo. es la Constitución de 1857[6] el cuerpo de leyes que otorga al amparo la calidad de garantías individuales y un procedimiento para su protección. en el cual la Norma Fundamental resulta vinculante. en realidad simplemente derechos. los Estados garantizan la existencia de un conjunto de garantías individuales en sus propias Cartas Fundamentales. entre la cuales ocupa un rol relevante el proceso de amparo. En consecuencia. la defensa de los derechos encontraba su punto de partida y llegada en la propia norma jurídica.herramienta del amparo en la propia Carta Fundamental. frente a los cuales existe un contenido constitucionalmente protegido. entre otros caracteres centrales.
En ese rango de opciones. A este segundo orden. los reglamentos. en tanto un mandato judicial debe ser cumplido. en desarrollo de su rol tutelar. siguen siendo los instrumentos que deben definir los conflictos jurídicos. conferidas mayores potestades a la Administración para que inclusive en forma colegiada[10]. los principios han de ser advertidos como mandatos de optimización y han de resolverse bajo esquemas de ponderación. también. 1. dejando sin efecto o inaplicando el acto lesivo vulneratorio. frente a los cuales no pueden subyacer en forma prevalente las normas jurídicas en el sentido de reglas. existe una función de coerción. y no obstante que el legislador dispone de la herramienta de la creación de la ley para garantizar. las leyes. los principios. una tutela de los derechos fundamentales. corresponde aquello que Zagrebelsky[8]denomina “El Derecho por principios”. es el juez .por constituir el ethos y elpathos de la defensa de los derechos primigenios de las personas. son en realidad los jueces los reales depositarios de la dimensión material de la jurisdicción constitucional. Una atingencia es propia sin embargo: las reglas. Y solo en el Estado constitucional puede realizarse este aserto pues mientras las reglas han de resolverse bajo esquemas subsuntivos y han de ser entendidas como mandatos definitivos. de primera intención. sino éstas en forma subordinada frente a los principios. en cuanto es propiamente la potestad judicial la que desarrolla una función revisora del contexto probatorio de un caso. el proceso de amparo cumple un rol tutelar: implica la realización de la defensa de los derechos fundamentales. de un derecho fundamental. Y ciertamente. han de imponerse a las reglas cuya manifiesta insuficiencia impide el esclarecimiento de la controversia. El tema ha sido superado con rangos de larga data: a pesar del protagonismo de la Cámara de los Lores[9] hasta el año 2009 en Inglaterra.2. pero al mismo tiempo. y si el mismo no es acatado. se promueva la defensa de los derechos fundamentales vía control difuso. Legitimación del amparo desde la jurisdicción constitucional Admitido el amparo en el modelo del Estado constitucional. representan una efectivización del mandato judicial. habrá de ser razonable que la regla pueda resolver el conflicto. la ejecución y sus variados apercibimientos. a partir de las alegaciones de las partes. y más aún. con lo cual el rol de los principios adquiere un orden de subsidiariedad. en un rango de orden aplicativo. Sin embargo. en grado sustantivo. es decir. la defensa de los derechos fundamentales no puede realizarse sin el peso contextualmente relevante de la jurisdicción constitucional y en especial. advertida la insuficiencia de las reglas. emitida la decisión final. de la intervención de los jueces constitucionales para la dilucidación de las colisiones iusfundamentales.
la actual norma constitucional señala la improcedencia del amparo contra normas legales o contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. En relación a las resoluciones judiciales emanadas de procedimiento irregular. no puede considerarse constituida una agresión ni una amenaza real. la . entonces no podía concebirse un amparo de esta naturaleza. En propiedad. no son susceptibles de ser impugnadas en la vía de los procesos constitucionales de la libertad. De igual forma. es decir. Por el contrario. protegía también los derechos que hoy son objeto de protección por el proceso de amparo. La Carta Constitucional de 1979[12] perfecciona la defensa de los derechos fundamentales dividiendo los campos de acción del habeas corpus y el amparo. La precisión respecto a normas legales. superando la concepción de que solo debía evaluarse el ámbito de determinación de una acción agresora y de su legitimidad o ilegitimidad. el amparo es contemplado como garantía individual con la Constitución de 1933[11]. la concepción judicial era más cerrada en cuanto a lo que podía calificarse de irregular pues el único mecanismo respecto a este estándar. Consecuentemente. 2. o bien sus componentes. el aporte del caso Apolonia Collca[15] es relevante pues dicha ejecutoria disgrega sobre el concepto de proceso regular.constitucional quien resulta investido de esa facultad en el amplio horizonte de la jurisdicción constitucional. no despliega aún sus efectos en forma integral y por tanto. La lógica es clara: si la norma exige reglamentación. cierta e inmediata. lo cual en la práctica jurisprudencial ha implicado inclusive un tipo de protección preventiva. En el mismo sentido. las normas heteroaplicativas. la cual entendía que el habeas corpus resultaba un proceso amplio y como tal. tangible. la tutela jurisdiccional efectiva. El proceso de amparo en la normativa peruana En nuestro ordenamiento constitucional. la Norma Fundamental de 1993[13] asume una definición técnicamente más amplia para centrar el ámbito de acción del proceso de amparo tanto en acciones como omisiones. aludía a que si un determinado proceso había sido desarrollado con estándares regulares ceñidos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Remarca que la concepción de los jueces respecto a los procesos de amparo contra resolución judicial. solo residía en una afectación al debido proceso. ha sido objeto de desarrollo infraconstitucional por el artículo 3[14] del Código Procesal Constitucional en cuanto a que las normas autoaplicativas son objeto del proceso de amparo por su condición de normas de directa aplicación. aquellas que aún necesitan reglamentación.
habeas data y cumplimiento) así como los 2 procesos constitucionales de control normativo ( inconstitucionalidad y competencial). tiene vigencia en todo el territorio peruano y puede considerarse una de las primeras herramientas procesales que regula íntegramente los 4 procesos constitucionales de la libertad (hábeas corpus. Aspectos relevantes del proceso de amparo El Código Procesal Constitucional peruano representa un desarrollo sustantivamente importante de las contribuciones iniciales del Código Procesal Constitucional de Tucumán de 1997. bajo ciertas condiciones. si realmente se cumplen estas exigencias.posibilidad de amparos contra resoluciones judiciales. amparo. en caso de sentencias denegatorias[17]. procedía un amparo contra resolución judicial. constituyen reglas importantes de la aplicación procedimental del amparo. La premisa interpretativa de la que parte el caso Collca es mucho más amplia: no solo si resultaba afectado el derecho al debido proceso o los derechos vinculados. de Sergio Díaz Ricci. devenía sumamente restringida en razón de que solo cabía la afectación de los derechos enunciados. para que se asumiera la viabilidad de un proceso de amparo contra resolución judicial. En consecuencia. el cual es competencia. bajo un enfoque de suyo más amplio en tanto cualquier derecho fundamental vulnerado. la decisión aludió a fijar los estándares de razonabilidad. el desarrollo jurisprudencial del proceso de amparo ha sido importante para afianzar los supuestos normativos establecidos por la Constitución y el Código Procesal Constitucional. a lo cual debe sumarse un importante número de precedentes vinculantes. suficiencia y coherencia como cánones para el control constitucional de resoluciones judiciales. el Poder Judicial representa los primeros bastiones de defensa de los derechos fundamentales. en forma exclusiva. Advertimos aquí un importante efecto de racionalidad en el conocimiento de causas pues solo lo desestimatorio sube . es decir. procede que el amparo constitucional pueda afectar la institución de la cosa juzgada. sino si cualquier otro derecho fundamental resultaba mellado. es competente el Tribunal Constitucional. El efecto directo fue ampliar el rubro de causales de interposición de procesos de amparo contra resoluciones judiciales y en contrapeso. mereciendo un lugar especial otro proceso de control constitucional reglamentario como lo es el proceso de acción popular. del Poder Judicial. los cuales a pesar del cuestionamiento y consenso que los mismos han generado[16]. 3. Nuestra norma infraconstitucional.hoy 48en su gran mayoría relacionados con procesos de amparo. y solo vía recurso de agravio constitucional. En los procesos constitucionales de la libertad. a diferencia del caso argentino en el cual el Código rige para una sola provincia. hacía posible la interposición de un proceso de amparo contra resolución judicial.
El desarrollo jurisprudencial de estas exclusiones o causales de improcedencia ha sido importante pues junto al efecto tutelar del amparo. destacando. residualidad y sumariedad. Importa hacer esta distinción por cuanto la normativa infraconstitucional ha considerado normas comunes para los procesos constitucionales de la libertad así como respecto al proceso de amparo propiamente dicho. en tanto cuanto importa es la verificación de una afectación iusfundamental que no solo sea tal. - 3. a fin de otorgar tutela solo a aquellas causas que lo ameriten. contemplado por el artículo II del Título preliminar del Código Procesal Constitucional relativo a los fines de los procesos constitucionales. amparo. consideramos que reviste importancia aludamos a que los aspectos materiales de interés establecidos por las normas. trabaja. . según las normas previstas en los artículos 37 a 60 del Código Procesal Constitucional.al Tribunal y ya no hay exigencia de que vuelva a revisar el supremo intérprete aquello que el Poder Judicial resolvió favorablemente. circunstancia que el propio sistema interamericano ha prohibido a través de la fórmula Heck[20]. en muchos casos. cuyo objeto central. habeas data y cumplimiento. contempladas en el artículo 5 de la norma acotada[19]. la finalidad de los procesos constitucionales[18]. sino que a su vez sea sustantiva. hemos de recoger algunas de las cuestiones más relevantes propias de los procesos constitucionales así como del propio proceso de amparo. el efecto de racionalización que debe estimar el juzgador constitucional. Los artículos 1 a 24 del Código Procesal Constitucional fijan las disposiciones generales de los procesos de hábeas corpus. un control constitucional de la normatividad que afectaría el principio de supremacía normativa de la Constitución. los referidos a control normativo. es la prórroga del debate en cuarta instancia. en estos casos. Dado el importante número de procesos de amparo en nuestro ordenamiento constitucional. en razón de que compete. entre otros items. para en efecto limitar un alto número de pretensiones constitucionales. de igual forma. En efecto.1. Todas aquellas vulneraciones de niveles medio o leve a derechos fundamentales. la pretensión constitucional de amparo habrá de ser procedente solo bajo condiciones de excepcionalidad. A continuación. Causales de improcedencia de los procesos constitucionales Un avance relevante de las restricciones a los procesos constitucionales ha sido el establecimiento de causales de improcedencia. Los procesos de control normativo son de conocimiento exclusivo del Tribunal Constitucional y son resueltos en instancia única. manifiesta y grave. consolidan el proceso de amparo como el de mayor alcance en la jurisdicción constitucional peruana. en este caso. en cuanto a la pretensión de que las cosas sean repuestas al estado anterior a la violación del derecho.
Si bien creemos que la función saneadora del órgano de segunda instancia debe evitar las decisiones de nulidad[25]. Importante ha de ser que la construcción de la figura de la tutela urgente no implique excesos o que en la orilla opuesta. indebidamente. si el juez A-quo no se pronuncia sobre la excepción en el previo auto de saneamiento. En efecto. 3. medias y débiles? Creemos que aquí reviste suma importancia la construcción jurisprudencial de estándares y si ellos son fijados por los jueces constitucionales habilitados por su calidad de órganos que emiten decisiones vinculatorias. por ejemplo. a juicio nuestro. condición de urgencia que sí encuentra una justificación en el sistema interamericano[24]. a que las excepciones o medios de defensa previa que planteen las partes emplazadas en el proceso de amparo. extender el debate de la causa constitucional o permitir la actuación de testimoniales o exhibiciones de documentos. el órgano superior revisor habrá de declarar nula la sentencia para que se respete el debido proceso. a efectos de mejor resolver el caso puesto en su conocimiento. esta situación debe ser de suma excepcionalidad en un proceso constitucional. creemos que el proceso se desnaturaliza en grado sustantivo. el cual conserva su calidad de proceso extraordinario. en forma extraordinaria y bajo condiciones excepcionales. . la propia urgencia autorice. institución que encuentra su expresión justificatoria en la exigencia de que la causa constitucional de amparo no sea sometida al amplio debate probatorio de las causas ante la jurisdicción ordinaria. pues contradice los fines de la tutela urgente. restan ausencia y efectividad al proceso de amparo. ¿Cómo determinamos los niveles de afectaciones elevadas. sean resueltas en el denominado auto de saneamiento procesal en forma previa a la emisión de la sentencia que pone fin a la instancia.corresponden a bien a una desestimación en el amparo por causa no probada o bien a otras vías de juzgamiento y no al proceso de amparo. en atención a la condición de tutela urgente que este tipo de proceso exige. es. habiendo obviado el trámite de hacerlo en forma previa. Aspectos de relevancia vinculados. Sin perjuicio de ello. la tergiversación del debido proceso. los jueces constitucionales están habilitados para solicitar la presentación de un documento determinado.2. a juicio nuestro. a efectos de que sea respetado el derecho de las partes a poder impugnar en lo que a su derecho concierna. entonces habrá de trabajarse dos supuestos siempre relevantes para la jurisprudencia: respeto por el principio de igualdad[21] y predictibilidad de las decisiones judiciales[22]. Ausencia de etapa probatoria Igualmente destaca la figura de ausencia de etapa probatoria[23]. Los jueces constitucionales. de suma importancia respecto al debido proceso. Más aún. Si el juez resuelve la excepción en la sentencia.
En apariencia hay una contradicción en tanto es un juez de primera instancia quien revisa la decisión en última instancia. Los derechos protegidos por el amparo son enunciados por el artículo 37[28]del Código Procesal Constitucional y al respecto. correspondiendo pongamos algunos aspectos de relieve. - 3. una ley de límites a las potestades interpretativas[27] del Tribunal Constitucional representa. pueda ser revisada por un juez constitucional de primera instancia. es importante hacer un ejercicio de contrastación con el artículo 2 de nuestra Carta Fundamental. Este ítem debe ser matizado con la extraordinaria importancia del principioself restraint. Ello optimiza los procesos constitucionales de la libertad.al desarrollar función revisora. Prevalencia de las sentencias constitucionales Por otro lado. desavenencias que justifican la existencia del llamado choque de trenes que en el Derecho Comparado explica las usuales discrepancias de los jueces de la jurisdicción ordinaria que cuestionan las competencias revisoras de los órganos constitucionales.3.con calidad de cosa juzgada. en materia penal. en tanto de acuerdo a los cánones establecidos. - 3. o de autolimitación. el cual exige ser trabajado intensamente. la prevalencia de las sentencias constitucionales[26] constituye. . desde la perspectiva procedimental de este artículo. Ésta es una competencia infraconstitucional que explica la importancia determinante de las decisiones de los jueces constitucionales. como en efecto ha sucedido en Perú. que una decisión de una Sala de la Corte Suprema de la República. Derechos protegidos por el proceso de amparo A su turno. un paso hacia atrás que debe ser evitado. civil. el proceso de amparo goza de una regulación propia en los artículos 37 a 60 del Código Procesal Constitucional. a juicio nuestro.de la Corte Suprema. entre otras. bajo las condiciones determinadas por los actuales procesos constitucionales de la libertad. contenciosa. aspectos que por cierto no han estado exentos de cuestionamientos desde la jurisdicción ordinaria. el cual enuncia igualmente otro conjunto de derechos fundamentales protegidos. podríamos eventualmente señalar que es viable. la clave de bóveda de la jurisdicción constitucional. Por el contrario. solo deben confirmar o revocar una decisión previa. en tanto ésta desarrolla una función revisora de las decisiones de la justicia ordinaria.4. y ello puede implicar. integrada por 5 jueces de reconocida experiencia.
caso Villegas Namuche). derecho al libre desarrollo de la personalidad (STC 007-2007-PI/TC. nos brinda una noción de sustento constitucional directo[32] en el sentido de una protección material que trasciende el solo carácter normativo de fijación de un derecho fundamental. Derechos no protegidos por el proceso de amparo En idea congruente con el aserto anterior. es objeto de protección por la jurisdicción constitucional peruana. según Sosa Sacio[30]. derecho al agua (STC 6546-2006-PA/TC. razonablemente. una pregunta puede fluir nítida a este respecto: ¿habrá un momento determinado en el cual todo pueda devenir derecho fundamental. derecho a la verdad (STC 2488-2002-HC/TC.La conclusión liminar a que llegamos es que advertimos un efecto de progresividad en el ámbito de protección de los derechos fundamentales. y es aquí donde vuelve a encontrar justificación una consolidación del principio self restraint en la medida que implica el ejercicio de la prudencia. para conformar el denominado bloque de constitucionalidad. y ello representa un avance justificado en la necesidad de tutelar aquellos derechos cuya dimensión. caso Rosado Adanaqué). la STC 1417-2005-AA/TC. Entre dichos derechos innominados que han pasado a la condición de reconocidos por el ordenamiento constitucional tenemos. distinguir cuándo estamos frente a un derecho no fundamental? ¿Es posible una inflación de derechos fundamentales? No creemos que pueda llegar el ordenamiento constitucional a una situación de ese tipo. caso Anicama Hernández. Sobre este aspecto. como en el modo español. los derechos no protegidos[31] porel proceso de amparo han sido precisados por el artículo 38 de la norma infraconstitucional sobre dos rubros definidos: Aquellos derechos que no gozan de sustento constitucional directo. entre derechos protegidos o no por la jurisdicción constitucional[29]. aquel derecho que no haya sido establecido ni tampoco . y derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (STC 2432-2007PHC/TC. por el contrario. la ponderación y el equilibrio en la dilucidación de controversias que atañan a derechos protegidos por nuestra Norma Fundamental. su inserción en el logos constitucional. de tal manera que sea complejo. Por consiguiente. El progreso ha sido importante en este acápite pues derechos no enumerados se han ido incorporando progresivamente al ámbito de protección de los derechos fundamentales en los últimos años. caso Colegio de Abogados del Callao). 3. pues no hacemos una distinción. Sin embargo.5. contenido y extensión ha determinado. caso Rolando Apaza). los siguientes: el derecho a la objeción de conciencia (STC 895-2001-AA/TC. caso Zúñiga López). y por tanto todo aquel derecho con relevancia iusfundamental.
conforme señalamos supra. ya no es propia la tutela del amparo. no merecerá protección en sede de derechos fundamentales. en sentido formal. Sin perjuicio de ello. quede afianzada. pues las pruebas no han alcanzado a ser suficientes. o res iudicata. no esencial y adicional. Naturalmente. es decir. dados los efectos de seguridad jurídica que implican las decisiones jurisdiccionales que resulten consentidas o ejecutoriadas. la STC 1417-2005-PA/TC[33]. Vale decir. fija una importante distinción respecto de los derechos no protegidos. las referencias a los contenidos esencial. si bien es cierto que la cosa juzgada. Aquellos derechos que no están referidos a los aspectos constitucionalmente protegidos del derecho fundamental.. Dicho aspecto constitucionalmente protegido debe ser asimilado en directa referencia al contenido constitucionalmente protegido. a su vez ha sido desarrollada por el supremo intérprete de la . en tanto éste es precisamente el objeto del proceso de amparo. en cuanto si la controversia constitucional no se refiere a los aspectos constitucionalmente protegidos del derecho en cuestión. - 3. si la referencia de la controversia se refiere al contenido adicional. corresponde a otra vía esclarecer los términos de la demanda. entonces no hay posibilidad de tutela. Ahora bien. casos estos últimos en los cuales. A su turno. habremos de referirnos a que el cuestionamiento verse sobre el contenido esencial del derecho y no sobre los contenidos no esencial y adicional del derecho. la pretensión será declarada improcedente. desarrollando una propuesta de Medina Guerrero. Metodológicamente puede ser útil la idea de que si la cuestión de la pretensión versa sobre el contenido no esencial del derecho fundamental.6. De la misma forma.en consideración a la exigencia de que realmente la cosa juzgada.conserve un sentido de protección que justifique su inclusión en el ámbito de protección de los derechos fundamentales. la demanda deberá ser declarada infundada. resultan gráficamente útiles para una comprensión inicial del problema. Los procesos de amparo contra resolución judicial exigen un plazo menor – 30 días. hoy la referencia del Código Procesal Constitucional a solo un contenido constitucionalmente protegido. conforme ha determinado nuestra jurisprudencia constitucional. facilita una mejor comprensión del problema de las controversias constitucionales. Plazos para la interposición de los procesos de amparo Los plazos para la interposición de los procesos de amparo son de suma importancia[34] pues se trata de causales de prescripción[35] y no de caducidad. resulta una institución que exige un sentido material fuerte.
o también de eficacia horizontal de los derechos fundamentales entre privados[38]. invocando precisamente restricciones presupuestarias.Constitución. los límites del artículo 59. o bien el juez puede fijar un plazo para el cumplimiento de la obligación. no debe exceder los 4 meses. podría exceder plazos razonables. el cual. en cuanto el término límite para que una prestación iusfundamental sea cumplida. La exigencia procedimental a este respecto es que se trate de una afectación proveniente de un acto de particulares en sentido amplio. en casos por años. y sin embargo. conforme al artículo 46 de la norma adjetiva constitucional. Las controversias de campo han sido amplias en este aspecto pues en Perú es usual que algunos gobiernos regionales o locales propongan plazos que superan con amplitud. que no sea la última en la vía administrativa. o que por el agotamiento de la vía previa. no es procedente aplicar plazo alguno para la interposición de una demanda que invoque la cosa juzgada constitucional. en los casos constitucionales el término no debe exceder los 4 meses. pues se encuentra tutelado un derecho fundamental. los jueces constitucionales han estimado que. la cual prevé un conjunto de causales de excepción al agotamiento de la vía previa. un plazo superior al de amparos contra resoluciones judiciales. el término es de 60 días.7. que proceda respecto al agotamiento de la vía administrativa en cuanto ésta concluyó o que una resolución. sea ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida. En dicho caso. propuesta que en su momento fue criticada severamente por el Poder Judicial por los márgenes de inseguridad jurídica que representaban procesos cuyo término de impugnación. Ejecución de sentencia en los procesos de amparo El ámbito de la ejecución de sentencia en los procesos de amparo[39]conlleva importantes aspectos de efectivización de los derechos fundamentales con contenido patrimonial. que en concreto implica que no hay cosa juzgada en el sentido tradicional si una sentencia del Poder Judicial desconoce un precedente vinculante. o en su defecto. debe inaplicarse la norma presupuestaria frente a la satisfacción mayor que representa la efectivización de un derecho fundamental. la experiencia peruana ha desarrollado la inclusión de importantes aspectos materiales vinculados al cumplimiento de la obligación determinada. . A diferencia de la fijación procedimental amplia que contienen los procesos de la jurisdicción ordinaria en cuanto a que o bien la sentencia es ejecutada en forma inmediata. en algunos casos. siguiendo la doctrina de laDrittwirkung[37]. - 3. ya se había vencido en exceso. la agresión pudiera convertirse en irreparable. de corresponder. por la restricción de las normas presupuestarias. En cuanto a las afectaciones a particulares. En efecto. la figura de la cosa juzgada constitucional[36].
- 3. Sin embargo. como cuestión principal. la responsabilidad de determinar la represión del nuevo acto lesivo. se ha realizado el mandato principal sobre un contexto que identifica una vulneración ostensible del derecho fundamental al trabajo. a partir de la fundamentación de que el proceso de amparo. ha reconocido la afectación del derecho al trabajo. por ejemplo. importantes controversias ha generado la dilucidación de los alcances del nuevo acto represivo. a través de un acto lesivo homogéneo. si el proceso de amparo ha cumplido el fin principal de la reposición del trabajador. caracteres básicos del proceso de amparo. debe producirse la restitución inmediata que esa afectación denunciada involucra. la normativa procedimental infraconstitucional ha establecido los términos de esta figura bajo la premisa clave de que si existe una afectación sustantivamente similar a aquella ejecutada en el proceso principal. cuya experiencia en el ordenamiento constitucional peruano ha seguido una ruta in crescendo a lo largo de estos años de importante jurisprudencia constitucional tanto por parte del Tribunal Constitucional como de los jueces del Poder Judicial. sino que en ese mismo proceso. la incorporación a planillas es una cuestión que implica un margen de probanza y que en rigor. Se cumple así una faceta del ámbito del principio de celeridad procesal. en tanto que si se cumple el requisito de identidad material entre el nuevo acto agresor y aquel que dio origen al proceso de amparo. agresor del derecho obtenido. Represión de actos homogéneos Respecto a la represión de actos homogéneos[40]. las reincorporaciones laborales en los procesos de amparo. conduce a que sea en vía de acción y no en vía incidental. a muy grandes rasgos. por cuanto. 4.8. Algunas conclusiones de interés Solo hemos graficado. que se produzca la exigida inclusión en planillas. En nuestra opinión. Jurisprudencialmente ha determinado el Tribunal Constitucional[41] que la represión de actos homogéneos amplía el ámbito de protección del amparo y delega en el juez de ejecución. . han generado como cuestión a definir si la negativa del empleador a la incorporación en planillas laborales[42] del demandante. constituye o no un nuevo acto lesivo. existe justificación de razonabilidad para que el juez constitucional reprima el nuevo acto homogéneo. no corresponde la interposición de un nuevo proceso de amparo. Sin perjuicio de lo expresado.
aún generan controversia en cuanto su no acatamiento. y La Constitucionalidad de las . y que se produce unproblema de congestión respecto de aquellos procesos que en forma justificada sí exigen tutela de urgencia. la cuestión en discusión es. En nuestra opinión. Colombia. y del otro. cuál ha de ser el contexto material a definir de mejor forma respecto a la tutela de urgencia y si ello no colisiona con los principios de legalidad y congruencia procesal. Filial Chiclayo. merece decisión estimatoria. cuál debería ser el límite de esa autonomía procesal. Perú. de otro lado. Mayo 2012. Uruguay. Lambayeque.Quedan como dilemas. en tanto es el cambio de las formas procesales una herramienta procedimental que justifica la concesión de tutela de urgencia y sin embargo. Perú. Ello implica 2 atingencias: que no existe un uso adecuado de la vía de los derechos fundamentales. He ahí un reto sin par. Esta situación se refleja en que no más de un estimado de 16%[43] de procesos constitucionales. Finalmente. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres. del mismo modo. la autonomía procesal del Tribunal Constitucional representa otro ítem de escenarios complejos. progresivamente. 183-197 [1] Doctor en Derecho. el derecho de acción. implica responsabilidad funcional y disciplinaria de los jueces. al tiempo que son necesarios para conferir mayor predictibilidad al ordenamiento constitucional. ¿Cómo vemos en perspectiva el proceso de amparo en nuestro país en los próximos años? Ha de continuar la dicotomía sine die entre el derecho de petición y su sucedáneo. a un derecho más predecible. Montevideo. 2011. Publicado en GACETA CONSTITUCIONAL No. entre otros. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Finalmente. pp. de un lado. La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo. Juez Superior Titular Sala Constitucional de Lambayeque. Uruguay. más confiable y más igualitario. De la misma forma. observamos una justicia constitucional más predecible respecto de los procesos de amparo y a ello contribuye una jurisprudencia sólida. el efecto de necesaria racionalización de las causas constitucionales por parte de los jueces de los derechos fundamentales. 2010. Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional por su participación en los cursos Procesos de tutela de derechos fundamentales. nos interrogamos cuál habrá de ser. con fortaleza argumentativa. adquiere aquí importancia de rango que una permanente construcción de estándares jurisprudenciales se vaya acercando. 53. y avalada por magistrados constitucionales idóneos. aún existiendo apartamiento motivado. la extensión de los precedentes vinculantes en tanto los mismos. Profesor Visitante de la Universidad de Medellín.
unidad de la Constitución. corrección funcional. [10] Vid STC 3741-2004-AA/TC F. p.41% [3] RODRIGUEZ PATRON. vía precedente vinculante. Corresponde a este Tribunal ( en referencia a la Corte Suprema de Justicia] reunido: 1º.UU. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. caso Lizana Puelles. . limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte que procediere. la obligación de los tribunales y órganos colegiados de la Administración Pública de aplicar control difuso. Gustavo.HH. 88. Revista Española de Derecho Constitucional. [9] Con la Constitutional Reform Act de 2005. Memoria del Tribunal Constitucional de Perú 2009.Leyes. Amparar en el goce de sus derechos a los que pidan su protección contra las providencias del Gobernador o Ejecutivo reunido. Mayoagosto 2001. 129 [4] Los principios de interpretación constitucional.C. España. 2009.com [2] Vid. concordancia práctica. desde su creación en 1706. Ley. El derecho dúctil. Editorial Trotta. Publicado en anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 2001. España. 50. El equivalente de amparos fue 71. [6] Constitución de 1857. función integradora y de fuerza normativa de la Constituciónconstituyen el insumo interpretativo más relevante. en la Washington College of Law de la American University. Patricia. el Parlamento ejerció funciones de tribunal supremo de apelación. 62. p.J.. Por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales. [7] Vid PRIETO SANCHIS. Artículo 53. EE. 1995. p. la STC 5854-2005-PA/TC F.J 12. 109. caso Salazar Yarlenque. Washington D. que entró en vigencia el 31 de julio de 2009. Establece. Luis. estudiofg@yahoo. En otros términos. se independizan las funciones hasta entonces judiciales del Parlamento británico para dar lugar a la Suprema Corte del Reino Unido. Artículo 101. Cádiz. derechos. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. justicia. 2009. Nro. Becario del curso de DD. La libertad del Tribunal Constitucional alemán en la configuración de su Derecho procesal.. entre otras. [8] ZAGREBLESKY. [5] Constitución de Yucatán de 1841. cuando en ellas se hubiese infringido el Código Fundamental o las leyes. diseñado a partir de.
funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual. que procede contra el hecho u omisión. que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. la inaplicabilidad de la citada norma. 281-307. p. aquellas cuya aplicabilidad. resulta inmediata e incondicionada (…) [15] STC 3179-2004-AA/TC. F.J.[11] Constitución de 1993. Artículo 3. reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de . 23. Precedentes vinculantes: ¿consolidación normativa o restricciones a las facultades interpretativas de los jueces?GACETA CONSTITUCIONAL No. [12] Constitución de 1979. F. 45. Artículo 69 Todos los derechos individuales y sociales reconocidos por la Constitución. Apolonia Collca. [16] Vid FIGUEROA GUTARRA. [18] Código Procesal Constitucional de 2004. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.(…) [13] Constitución de 1993. Procedencia frente a actos basados en normas Cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma autoaplicativa incompatible con la Constitución. [17] Vid STC 02748-2010-PHC/TC. con excepción de los señalados en el inciso siguiente.15.Finalidad de los Procesos Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales. por parte decualquier autoridad. Caso Alexander Mosquera. una vez que han entrado en vigencia. Artículo 295. La acción de amparo tiene el mismo trámite que la acción de habeas corpus en los que es aplicable. funcionario o persona. da lugar a la acción de habeas corpus. Artículo 200 Son garantías constitucionales: (…) 2. Caso. dan lugar a la acción de habeas corpus. funcionario o persona. Edwin. [14] Código Procesal Constitucional. Artículo 1. La Acción de Amparo. la sentencia que declare fundada la demanda dispondrá. Son normas autoaplicativas. además.J. Setiembre 2011. La acción de amparo cautela los demás derechos reconocidos por la Constitución que sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad.. La acción y omisión por parte de cualquier autoridad.
3. A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable. siempre que dichas resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con previa audiencia al interesado. sean poderes del Estado. o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. 2. órganos de nivel o relevancia constitucional. Se trate de conflictos entre entidades de derecho público interno. 5. gobiernos locales y regionales. Existan vías procedimentales específicas. No se hayan agotado las vías previas. Al Tribunal no le es ajeno que en la aplicación del derecho ordinario se puedan afectar los derechos fundamentales. Por ello aplicando la denominada “fórmula Heck”. 6. igualmente satisfactorias. salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional. Los conflictos constitucionales surgidos entre dichas entidades. Ha vencido el plazo para interponer la demanda. Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia. 10. 7.un derecho constitucional. empleada por el . con excepción del proceso de hábeas corpus. 8. para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. [20] STC 0575-2006-PA/TC caso Fernando Salmón 4. salvo en los casos previstos por este Código y en el proceso de hábeas corpus. serán resueltos por las vías procedimentales correspondientes. [19] Código Procesal Constitucional de 2004. Artículo 5 No proceden los procesos constitucionales cuando: 1. Tampoco procede contra las resoluciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil si pueden ser revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones 9. 4. Se cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. [24] Convención Americana. la cual es rechazada por arbitraria. hemos sostenido que La estructuración del proceso. y se encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional (…). Esto genera dilaciones indebidas que no son propias de los procesos de la jurisdicción constitucional. (BverfGE 18. y discriminación negativa. Jur. [L]os procesos de subsunción normales dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribunal Constitucional Federal. puede el Tribunal Constitucional (…) entrar a conocer el asunto (…). Ausencia de etapa probatoria En los procesos constitucionales no existe etapa probatoria.. especialmente en lo que respecta a la extensión de su ámbito de protección. lo que no impide la realización de las actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables. y las previsiones de discriminación positiva. [22] La confianza del justiciable en el sentido de que. beneficia y fortalece la confianza en los jueces. En este último caso no se requerirá notificación previa. sin afectar la duración del proceso. Sólo son procedentes los medios probatorios que no requieren actuación. [26] Artículo 22. la ley o la presente Convención. sólo en caso de la violación de un derecho constitucional específico por parte de un tribunal. [25] Ellas generan que el caso sea revisado nuevamente por el Juez A-quo a efectos de emitir nuevo pronunciamiento. o diferenciación. el nuevo caso ha de ser resuelto en modo similar al anterior. N.º 4]. 1. la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales son asuntos de los tribunales competentes para tal efecto.Tribunal Constitucional Federal alemán o la denominada “fórmula de la cuarta instancia” utilizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. la cual es permitida. Artículo 9. y cuando su significado material también sea de alguna importancia para el caso legal concreto.Actuación de Sentencias . Artículo 25. para subsanar la nulidad establecida. siempre y cuando no se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del significado de un derecho fundamental. 85 –sentencia del 10 de junio de 1964–) [STC 09746-2005-PHC/TC. fijado un precedente. Fund. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. si las condiciones son sustantivamente similares. [23] Código Procesal Constitucional de 2004. la determinación y valoración de los elementos de hecho. [21] Sobre el aserto doctrinario de tratar los iguales como iguales y a los desiguales. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes.
11) De sindicación. 13) De petición ante la autoridad competente. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad. sexo. 7) De reunión. opinión y expresión. 5) A la creación artística. condición económica. 10) Al trabajo.La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. solo podría pronunciarse el Tribunal Constitucional por una decisión estimatoria o desestimatoria. intimidad. religión. 2) Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa. 6) De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones. intelectual y científica. 8) Del honor. orientación sexual. social. raza. 9) De asociación. Bajo este razonamiento. . regresaba nuestro país al tipo de órgano constitucional kelseniano de 1919. [28] Código Procesal Constitucional de 2004. prohibiéndole sentencias interpretativas. 4) A la libre contratación. Artículo 37. Derechos protegidos El amparo procede en defensa de los siguientes derechos: 1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen. 12) De propiedad y herencia. opinión. imagen y rectificación de informaciones inexactas o agraviantes. idioma. (…) [27] La intención de un proyecto de ley presentado en el año 2006 por el congresista Antero Flores Araoz aludía a establecer limitaciones expresas a las facultades decisorias del Tribunal Constitucional. o de cualquier otra índole. 14) De participación individual o colectiva en la vida política del país. 3) De información. negociación colectiva y huelga. Por lo tanto. voz.
22) De acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo 35 de la Constitución. Proceso de amparo. . legal. 19) A la seguridad social. 17) A la educación. Derechos no protegidos No procede el amparo en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo o que no está referido a los aspectos constitucionalmente protegidos del mismo. 16) De tutela procesal efectiva. [32] STC 1417-2005-AA/TC. libertades públicas y derechos humanos. p.. además de la protección de la objeción de conciencia. es decir. contractual. caso Anicama Hernández §2. y que. Gaceta Jurídica. 20) De la remuneración y pensión.ff. 45 [31] Código Procesal Constitucional de 2004. contemplados en los artículos 14 a 29 de la Constitución española. y 25) Los demás que la Constitución reconoce. no son susceptibles de ser protegidos a través del proceso de amparo.15) A la nacionalidad. Juan Manuel. consuetudinario.. Lima. 21) De la libertad de cátedra. 18) De impartir educación dentro de los principios constitucionales. 23) De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. así como el derecho de los padres de escoger el centro de educación y participar en el proceso educativo de sus hijos. Artículo 38. 2008. 24) A la salud. [30] SOSA SACIO.1 Los derechos de sustento constitucional directo 9. administrativo. etc. que carecen de fundamento constitucional directo. Existen determinados derechos de origen internacional. [29] No todos los derechos fundamentales en España tienen la tutela del amparo. consecuentemente. El amparo constitucional solo está restringido a determinados dd.
explícita o implícitamente. el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento. Tales disposiciones conforman el denominado cánon de control constitucional o “bloque de constitucionalidad”. . Correspondiendo un mayor o menor desarrollo legislativo. Artículo 44.La noción de “sustento constitucional directo” a que hace referencia el artículo 38º del CPConst. antes bien. en el que se integra la Norma Fundamental con los tratados de derechos humanos.. (…) 10. un contenido adicional formado por aquellas facultades y derechos concretos que el legislador quiera crear impulsado por el mandato genérico de asegurar la plena eficacia de los derechos fundamentales” (La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales. “en cuanto integrantes del contenido constitucionalmente protegido.4 El contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales 20. siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. Caso Anicama Hernández §2. a una protección de la Constitución en sentido material (pro homine). Plazo de interposición de la demanda El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la afectación. Tal como refiere Manuel Medina Guerrero. no se reduce a una tutela normativa del texto constitucional formal. 1996. y. de un lado. absolutamente intangible para el legislador. y con las disposiciones legales que desarrollan directamente el contenido esencial de los derechos fundamentales que así lo requieran. el contenido esencial. Madrid: McGraw-Hill. claudicante ante los límites proporcionados que el legislador establezca a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados. Es decir. cuando la Constitución ha reconocido. extramuros del contenido constitucionalmente protegido. que transita desde la delimitación más abierta a la más precisa. tanto a nivel positivo (artículo 55º de la Constitución). en función de la opción legislativa de desarrollar los derechos fundamentales establecidos por el constituyente. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido. p. Alude. el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. un marco de referencia que delimita nominalmente el bien jurídico susceptible de protección. 41) [34] Código Procesal Constitucional de 2004. 20. Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial. [33] STC 1417-2005-PA/TC. y. existe un baremo de delimitación de ese marco garantista. como a nivel interpretativo (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución). cabría distinguir. de otra parte. un contenido no esencial. esto es. Si esto no hubiese sido posible. Un derecho tiene sustento constitucional directo.
° 23506 no es un plazo de caducidad. de ahí que sea el supremo intérprete de la Constitución (artículo 1º de la LOTC).R. inciso 2 de la Constitución) de las resoluciones del Poder Judicial. adquiera la calidad de cosa juzgada. Sostener lo contrario equivaldría a señalar que un sujeto de derecho. constituye fundamentalmente el instrumento necesario para la protección de los derechos preconstituidos a él. ante la realización o amenaza de actos contrarios al ordenamiento jurídico. por cada vía procedimental en la que puede demandar el reconocimiento de una misma situación jurídica. simplemente. con lo cual el proceso se convertiría en un fenómeno ab initio de atribución de derechos. sino que simplemente pierde la posibilidad de acceder a una vía procedimental excepcional y urgente como es la acción de amparo. Dado que no es así. en otros –proceso de inconstitucionalidad y proceso competencial– es instancia única (artículo 202º inciso 1). dictada dentro de un proceso judicial ordinario o un proceso constitucional. en realidad. amparo. ni mucho menos del correlativo derecho de solicitar tutela jurisdiccional efectiva al Estado (derecho constitucional de acción). (…) esta Sala interpreta que el plazo indicado en el artículo 37° de la Ley N. FJ.L. cancela la posibilidad de utilizar la vía procesal urgente del amparo para su protección. Sobre la cosa juzgada constitucional 68. el Código Procesal Constitucional ha reconocido la potestad jurisdiccional de este Tribunal para establecer doctrina jurisprudencial (artículo VI del Título Preliminar) y para fijar precedentes vinculantes con efectos normativos . Por ello. si el transcurso del plazo extinguiera el derecho constitucional cuya protección se solicita. transcurrido el plazo para interponer la demanda de amparo. porque su interpretación es suprema. entonces este Tribunal necesariamente se debería expresar en términos de caducidad. Al efecto conviene recordar que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución (artículo 201º). sino un remedio contra las vulneraciones y amenazas frente a derechos de orden constitucional.[35] STC 1049-2003-AA/TC. posee un derecho distinto. independientemente del defecto en el nomen iuris utilizado por el legislador. De esta manera. tal como prevé el artículo 6º del Código Procesal Constitucional. y que. el proceso a que da lugar no constituye un mecanismo constitutivo o extintivo de derechos. sino un plazo de prescripción. es instancia final de fallo (artículo 202º. pues su transcurso no extingue el derecho constitucional agraviado sino. el artículo 37° de la Ley N. 69. no basta con que estén presentes sus elementos formal y material. (…) Para que una sentencia. el sujeto afectado no se ve desprovisto de su derecho constitucional. en función de lo expuesto se puede concluir que. Por eso mismo. en determinados procesos constitucionales -hábeas corpus. Caso ETESELVA S. no obstante que. hábeas data y cumplimiento-.° 23506 regula el plazo de prescripción extintiva para la interposición de la demanda de amparo(…) [36] STC 006-2006-PC/TC. 7 7. tampoco es suficiente que exista un pronunciamiento sobre el fondo. Por el contrario. Caso Casinos Tragamonedas §8. en el caso de la acción de amparo.
como atributos subjetivos que protegían un ámbito de autonomía individual contra acciones u omisiones derivadas de cualquiera de los poderes públicos. [37] O Drittwirkung der Grundrechte. Artículo 59. pues se concebía que era inadmisible que entre privados se presentaran abusos o relaciones asimétricas. Una definición aproximada sería “ Eficacia ante terceros de los derechos fundamentales” [38] STC 976-2001-AA/TC Caso Llanos Huasco A) Eficacia horizontal de los derechos fundamentales entre privados 5. Por su propia naturaleza de “derechos públicos subjetivos”. libertades que garantizan sólo un status negativus. (…) Hoy. no puede generar. 4]. teóricamente.(artículo VII del Título Preliminar). Jur. Desde una perspectiva histórica. los que. los derechos fundamentales no son sólo derechos públicos subjetivos. es decir. que sólo el Estado podía poner en cuestión. Ejecución de Sentencia (…) Cuando la sentencia firme contenga una prestación monetaria. (…) el fundamento del orden jurídico y de la paz social. . pero desconociendo la interpretación del Tribunal Constitucional o sus precedentes vinculantes. esto es. el componente estructural básico del orden constitucional. cosa juzgada. N°. Por ello es que una sentencia dictada dentro de un proceso judicial ordinario o un proceso constitucional. por decisión del constituyente. que. los derechos y libertades fundamentales tenían al individuo por sujeto activo. aun cuando se pronuncie sobre el fondo. el obligado que se encuentre en imposibilidad material de cumplir deberá manifestarlo al Juez quien puede concederle un plazo no mayor a cuatro meses. en la medida en que ellos tenían por objeto reconocer y proteger ámbitos de libertad o exigir prestaciones que los órganos públicos debían otorgar o facilitar. y únicamente al Estado como sujeto pasivo. ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política. también hay que reconocer en ellos el establecimiento de verdaderos valores supremos. [39] Código Procesal Constitucional de 2004. se realizaban en condiciones plenas de libertad e igualdad. en tanto se integran en el sistema de fuentes de nuestro sistema jurídico. en razón a que dichas articulaciones. al lado de la idea de los derechos fundamentales como derechos subjetivos. Es decir. A juicio del Tribunal Constitucional. “en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores.” [STC de España 53/1985. la preservación de un ámbito de autonomía personal oponible al Estado. Fund. De esta forma. desde luego. constituyen parámetros de validez y legitimidad constitucionales de las sentencias y resoluciones que dicten los demás órganos jurisdiccionales. vencido el cual. serán de aplicación las medidas coercitivas señaladas en el presente artículo. tales facultades no se extendían al ámbito de las relaciones privadas. los derechos fundamentales surgieron como derechos de defensa oponibles al Estado. constitucionalmente.
Que el artículo 60° del Código Procesal Constitucional ha acogido la novedosa institución de la represión de actos homogéneos en los siguientes términos: Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso de amparo. la restitución debe ser propia respecto a la plaza de trabajo mas no así respecto al reconocimiento de los derechos laborales de una planilla. 3. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez de ejecución. el acto sobreviniente. que puede ser una acción o una omisión.[40] Artículo 60. mediante la represión de actos homogéneos se busca evitar que los justiciables se vean obligados a interponer una nueva demanda de amparo. es decir. 4. tales como la identidad material del acto considerado lesivo en la sentencia y el derecho lesionado con el acto sobreviniente. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. Que así. Para tal efecto. Caso Víctor Roca Vargas. 89. el Juez resolverá éste con previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. Asimismo. [42] Situación que le conferiría todos los derechos laborales al demandante. 5. La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo. el Juez resolverá éste con previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. ocasionar la misma situación jurídica del acto lesivo originario. . Efectuado el reclamo. La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo. El porcentaje señalado. se deberá prestar atención a determinados presupuestos. Efectuado el reclamo. En ese sentido. p.Procedimiento para represión de actos homogéneos Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso de amparo. se pretende asegurar la plena eficacia de la cosa juzgada constitucional. podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez de ejecución. en caso se configure un acto (u omisión) sustancialmente homogéneo al declarado lesivo de derechos fundamentales en un proceso de amparo. [43] Memoria del Tribunal Constitucional de Perú 2009. debe tener la misma consecuencia gravosa en la esfera subjetiva de la persona. Que a partir de esta disposición será preciso determinar cuándo se está ante un “acto sustancialmente homogéneo” al declarado lesivo en la sentencia.. incorporando y ordenando la represión del acto represivo sobreviniente. [41] STC 5033-2006-PA/TC.16%corresponde al año 2008. incorporando y ordenando la represión del acto represivo sobreviniente. Sin embargo.
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