Source: https://boja.vlex.es/vid/ley-8-2018-8-742115173
Timestamp: 2018-12-13 15:06:38
Document Index: 78854234

Matched Legal Cases: ['Artículo 21', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 17', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 22', 'artículo 27', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 17', 'artículo 45', 'artículo 48', 'artículo 42', 'artículo 49', 'artículo 42', 'artículo 19', 'artículo 17', 'artículo 46', 'artículo 2']

Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. - BOJA. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Legislación - VLEX 742115173
CAPÍTULO I. Integración de la adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación. - arts. 19 y 20
CAPÍTULO II. Huella hídrica. - art. 21
CAPÍTULO I. Mejora del conocimiento. - arts. 22 a 25
CAPÍTULO II. Presupuestos. - arts. 31 y 32
TÍTULO I. - arts. 5 a 7
TÍTULO VII. - arts. 54 a 64
CAPÍTULO I Integración de la adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación. Artículos 19 y 20
CAPÍTULO II Huella hídrica. Artículo 21
CAPÍTULO I Mejora del conocimiento. Artículos 22 a 25
CAPÍTULO II Presupuestos. Artículos 31 y 32
Establecer los objetivos y medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la capacidad de los sumideros de CO2, todo ello teniendo en cuenta los objetivos que al respecto marquen la Unión Europea y el Gobierno de España, para llevar a cabo una transformación ordenada de nuestra economía hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima.
Precaución ante los riesgos potenciales no conocidos.
Prevención de los riesgos conocidos.
Mejora continua, de acuerdo con el mejor conocimiento científico disponible.
Desarrollo sostenible, basado en la protección del medioambiente, el desarrollo social y el económico.
Protección de la competitividad de la economía andaluza.
Responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las empresas y de la sociedad en general.
Participación pública e información ciudadana.
TÍTULO I Artículos 5 a 7
Impulsar las políticas de mitigación de emisiones, adaptación y comunicación del cambio climático en la Junta de Andalucía.
Coordinar la actuación de las Consejerías de la Junta de Andalucía en la lucha contra el cambio climático.
Supervisar que se mantenga el equilibrio económico, ambiental y social entre las acciones de mitigación, adaptación y comunicación.
Emitir informe de valoración con carácter previo a la aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima y sus revisiones para el fomento de un nuevo modelo energético.
Colaborar, a instancias de la Consejería competente, en la redacción del Plan Andaluz de Acción por el Clima.
Impulsar la transferencia de información, estableciendo canales de comunicación desde los centros productores de conocimiento hasta los responsables de gestión.
Elaborará los informes de seguimiento de los objetivos, medidas y actuaciones establecidas en el Plan Andaluz de Acción por el Clima, proponiendo, en su caso, los mecanismos de corrección que sean necesarios.
Elaborará la propuesta de Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del artículo 18.
Realizará actividades de formación y asesoramiento para el desarrollo y planificación de actividades en materia de mitigación, comunicación y adaptación al cambio climático.
Formulará los criterios para la elaboración de proyectos de fijación de carbono en espacios naturales protegidos.
Servirá de plataforma para la transferencia de información, estableciendo canales de comunicación desde los centros productores de conocimiento hasta los responsables de gestión.
Análisis y diagnóstico de la situación referida al momento de la aprobación del Plan y previsiones sobre la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las fijaciones de carbono en Andalucía basadas en la evolución del inventario por fuentes y sumideros y en las proyecciones a medio plazo del artículo 18.
Determinaciones para la elaboración de los Escenarios Climáticos de Andalucía previstos en el artículo 17.
Determinación del alcance de los impactos del cambio climático ya identificados y de los previsibles a medio y largo plazo en el territorio andaluz, basada en el conocimiento científico existente.
Determinación de la información relevante en materia de cambio climático, así como su alcance, procedimientos y requisitos de calidad y almacenamiento y de las entidades públicas y privadas con obligaciones de información en materia de cambio climático según el artículo 23.
Medidas para fomentar la participación ciudadana en la lucha contra el cambio climático, así como la valoración y publicidad de los resultados del proceso de participación pública en la elaboración del Plan.
Estrategias en materia de mitigación y de adaptación, con identificación de la distribución competencial para la lucha contra el cambio climático.
Evaluación estratégica de necesidades y determinación de líneas de investigación, desarrollo e innovación prioritarias en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el artículo 24.
Acciones de comunicación, participación, formación y educación ambiental.
Actuaciones de fomento de la cooperación interterritorial.
Medidas para colectivos especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático.
El marco estratégico de transición hacia un nuevo modelo energético.
Medidas para la integración de la perspectiva de género, tanto en sus evaluaciones y previsión de impactos como en las medidas propuestas.
Actuaciones de colaboración, fomento y promoción para la adaptación del tejido empresarial y productivo andaluz.
Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética.
Programa de Adaptación.
Programa de Comunicación y Participación.
Agricultura, ganadería, acuicultura y pesca.
Usos de la tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura.
La estrategia de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y de transición energética de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El análisis económico, social y ambiental de los impactos de la transición energética por áreas estratégicas.
La planificación energética de la Comunidad Autónoma de Andalucía para al menos las próximas dos décadas.
La estrategia de mejora de eficiencia energética.
Las estrategias de movilidad limpia y sostenible.
Los presupuestos de carbono plurianuales, que especificarán los objetivos de emisión por áreas estratégicas.
Los objetivos que deban adoptar las personas físicas y jurídicas titulares de actividades a las que resulten de aplicación los artículos 42 y 43 de esta ley.
Las medidas generales y específicas de mitigación de emisiones para la transición energética para cada una de las áreas estratégicas, de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 36, respectivamente.
Los resultados esperados de la aplicación de los instrumentos de mitigación de emisiones y transición energética establecidos por esta ley.
Las líneas de investigación e innovación prioritarias para la mitigación de emisiones y la transición energética.
La previsión financiera y la programación temporal de las medidas de mitigación de emisiones y de transición energética.
Los instrumentos para el seguimiento del programa y el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones y de la planificación energética, así como los mecanismos de corrección previstos en el caso de desvío de dichos objetivos.
Las medidas de transición acordes a la jerarquía del modelo de gestión de residuos establecidos en la Directiva Marco de Residuos: prevención, reutilización, reciclado, otro tipo de valorización, incluida la valorización energética, y eliminación, estimulando las opciones que proporcionen el mejor resultado medioambiental global.
Orientar y establecer la programación de actuaciones de adaptación al cambio climático de la sociedad andaluza, el tejido empresarial y productivo andaluz, la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades locales, según una evaluación de riesgos asumibles basada en un escenario común.
Ampliar la base de conocimiento acerca de los impactos del cambio climático en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Incentivar la participación de los sectores privados en la identificación de oportunidades y amenazas.
Agricultura, ganadería, acuicultura, pesca y silvicultura.
Movilidad e infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias.
Migraciones asociadas al cambio climático.
El análisis económico, social y ambiental de los impactos por áreas estratégicas.
Las medidas de adaptación para cada una de las áreas estratégicas y los ámbitos territoriales considerados vulnerables.
Las medidas de fomento para la participación de la iniciativa privada en las acciones de adaptación.
Las líneas de investigación e innovación prioritarias en materia de adaptación.
El programa de trabajo de la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía del artículo 22.2.
La previsión financiera y la programación temporal de las medidas de adaptación.
Los instrumentos para el seguimiento, evaluación del programa y el cumplimiento de los objetivos de adaptación, así como los mecanismos de corrección previstos en el caso de desvío de dichos objetivos.
Acciones de comunicación para la sensibilización y mejora del conocimiento sobre cambio climático en Andalucía en aplicación del artículo 27.1.
Acciones de educación ambiental, formación y transferencia de conocimiento en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Se prestara especial atención a las acciones formativas del sistema educativo andaluz en línea con el artículo 25.
Acciones de voluntariado ambiental en materia de cambio climático.
Herramientas y procedimientos para el acceso público a la información sobre cambio climático y sus efectos según se establece en el artículo 27.2.
Líneas de colaboración de la sociedad civil en la lucha contra el cambio climático, según lo dispuesto en el artículo 27.2.
La previsión financiera y la programación temporal de las medidas de comunicación y participación.
Los instrumentos para el seguimiento y evaluación del programa, incluyendo los de la incorporación de los principios de igualdad de género.
Actuaciones para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) para la aplicación de medidas de mitigación, adaptación y transición energética en el ámbito de su competencia.
Programación temporal de las actuaciones previstas, su evaluación económica y ejecución.
El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de planificación y su ámbito territorial, desde la perspectiva ambiental, económica y social y de los impactos previsibles, conforme a lo dispuesto en esta ley.
Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero y prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo.
La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan Andaluz de Acción por el Clima. En el caso de que se diagnosticaran casos de incoherencia o desviación entre los instrumentos de planificación y los resultados obtenidos, se procederá a su ajuste de manera que los primeros sean coherentes con la finalidad perseguida.
Los indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas, teniendo en cuenta la información estadística y cartográfica generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.
El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y los gases de efecto invernadero.
Inundaciones por lluvias torrenciales y daños debidos a eventos climatológicos extremos.
Inundación de zonas litorales y daños por la subida del nivel del mar.
Pérdida de biodiversidad y alteración del patrimonio natural o de los servicios ecosistémicos.
Cambios en la frecuencia, intensidad y magnitud de los incendios forestales.
Pérdida de calidad del aire.
Cambios de la disponibilidad del recurso agua y pérdida de calidad.
Incremento de la sequía.
Procesos de degradación de suelo, erosión y desertificación.
Alteración del balance sedimentario en cuencas hidrográficas y litoral.
Frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor y frío y su incidencia en la pobreza energética.
Cambios en la demanda y en la oferta turística.
Modificación estacional de la demanda energética.
Modificaciones en el sistema eléctrico: generación, transporte, distribución, comercialización, adquisición y utilización de la energía eléctrica.
Migración poblacional debida al cambio climático. Particularmente su incidencia demográfica en el medio rural.
Incremento en la frecuencia e intensidad de plagas y enfermedades en el medio natural.
Situación en el empleo ligado a las áreas estratégicas afectadas.
Gestionar un sistema de información y conocimiento compartido entre los diferentes centros de investigación asociados que sirva de referente para el diseño de las políticas públicas andaluzas de adaptación al cambio climático.
Generar información para el análisis de los impactos del cambio climático y de las medidas a adoptar según los Escenarios Climáticos de Andalucía.
Contribuir a la mejora del conocimiento en esta materia en las facetas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Proponer estrategias de gestión que contribuyan a la mitigación y a la adaptación al cambio climático.
Colaborar en la elaboración de los Escenarios Climáticos de Andalucía previstos en el artículo 17.
La reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero asociadas a sistemas, procesos, productos o servicios. En particular, la I+D+i se orientará hacia la economía circular, el ecodiseño y la generación, distribución y utilización de energía con baja emisión de carbono, así como otras materias como la electrificación del transporte y redes inteligentes.
La mejora de la capacidad de adaptación de los sistemas naturales y socioeconómicos a los efectos del cambio climático y el impacto positivo que sobre ellos puede tener la transición energética.
La mejora de la capacidad de adaptación de las ciudades a los efectos del cambio climático.
El desarrollo de tecnologías de generación de electricidad con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
El desarrollo de técnicas industriales para el aprovechamiento de materiales secundarios y la mejora en eficiencia de materiales y agua de los procesos productivos.
El perfeccionamiento de las tecnologías de almacenamiento.
La promoción de sistemas energéticos con alta penetración de fuentes renovables.
El desarrollo de sistemas de movilidad sostenible, en particular el vehículo eléctrico.
La implantación de técnicas agrícolas mejor adaptadas al cambio climático, más eficientes en el uso de agua y energía y con menor utilización de fertilizantes que causen contaminación por nitratos.
El avance de las investigaciones biomédicas relacionadas con las nuevas enfermedades animales y humanas, así como plagas vegetales, y con los vectores de propagación asociados a las nuevas condiciones climáticas.
La incorporación, siempre que el contrato lo permita, de criterios de sostenibilidad y eficiencia energética de acuerdo con los objetivos de la presente ley.
El establecimiento de criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución que tengan debidamente en cuenta el impacto ambiental que genera cada producto o servicio durante todo el ciclo de vida.
El establecimiento de criterios de adjudicación que valoren preferentemente los procesos de reducción, reutilización y reciclaje de los productos, y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos de producción, comercialización y distribución de los mismos.
La contratación de suministro eléctrico de energía certificada de origen renovable.
En los contratos de servicios de hostelería, cáterin y restauración, así como en los contratos de suministros de carácter alimentario, en especial en centros educativos y de salud, se promoverán criterios de adjudicación que incidan en el origen ecológico y de proximidad de los productos y procesos productivos.
En los contratos de obra y suministros del sector público se promoverán, al menos, la mejor relación coste-eficacia, usándose el cálculo del coste del ciclo de vida para la determinación de los costes; el consumo energético casi nulo en los nuevos proyectos de construcción de instalaciones y edificaciones; la incorporación de fuentes de energía renovable en las instalaciones y edificaciones o terrenos colindantes o adyacentes; la sostenibilidad de los materiales de construcción, y la optimización del consumo de recursos hídricos en todas las fases de construcción y funcionamiento.
En los contratos de alquiler o adquisición de inmuebles se tendrán en cuenta criterios de adjudicación que incidan en la eficiencia, el ahorro energético y en el uso de energías renovables. De igual forma, para valorar la oferta económica más ventajosa incluirán necesariamente la cuantificación económica del consumo energético correspondiente a la calificación energética del edificio o instalación. A tal efecto, los pliegos especificarán la forma de cálculo de dicho criterio, que siempre irá referido a la vida útil del inmueble o el periodo de alquiler.
La adquisición o alquiler de vehículos híbridos o eléctricos, siempre que sea técnicamente viable.
Impulsar políticas de ahorro y eficiencia energéticos, con el objetivo de reducir el consumo tendencial de energía primaria en el año 2030, como mínimo el 30%, excluyendo los usos no energéticos.
Promover las energías renovables y un modelo energético en el que el consumo de combustibles fósiles tienda a ser nulo, para que en 2030 se pueda aportar con energías renovables, como mínimo, el 35% del consumo final bruto de energía.
Adoptar medidas de carácter normativo que favorezcan el autoconsumo energético a partir de energías renovables y la participación de actores locales en la producción y distribución de energía renovable, así como la simplificación normativa en la tramitación de los proyectos renovables.
Difundir los principios del nuevo modelo energético a través de actuaciones de sensibilización e informar a la ciudadanía, incluyendo acciones formativas dirigidas al sistema educativo andaluz.
El fomento de las energías renovables y la progresiva eliminación del uso de combustibles fósiles.
La descarbonización del consumo eléctrico mediante la compra de electricidad verde en el marco del Sistema de Garantía de Origen de la Electricidad.
El uso racional y sostenible de recursos naturales, en especial de los recursos hídricos.
La utilización racional, sostenible e inteligente de las materias primas.
La gestión eficiente de los residuos.
El aumento de la capacidad de fijación de carbono y de los sumideros de gases.
El fomento de una economía baja en carbono.
Control e inspección de instalaciones con elevada carga o almacenamiento de gases fluorados.
Fomento de la economía circular ligada al residuo cero y del ecodiseño en la fabricación y distribución de productos industriales.
Fomento de la producción, el transporte y la comercialización en el entorno local, e impulso a los acortamientos de los circuitos de mercado.
Formación a personal directivo y trabajadores en materia de reducción de emisiones.
Incremento de la vida útil de productos.
La reducción de emisiones procedentes de la fermentación entérica, de la gestión de los estiércoles, de la fertilización nitrogenada y de los arrozales, y, en general, el fomento de la economía circular para el aprovechamiento de residuos y subproductos agrícolas y ganaderos.
La conservación y aumento de la biomasa aérea y el carbono orgánico en el suelo.
La promoción de los productos agroganaderos ecológicos y de proximidad.
Mejora del tratamiento de purines en la agricultura, cerrando el ciclo productivo.
El desarrollo de nuevos herbicidas y plaguicidas compatibles con el medioambiente, así como de nuevos tratamientos de lucha biológica contra las plagas y enfermedades compatibles con el respeto a los ecosistemas.
El fomento de sistemas de producción agrícola y ganadera extensivos.
La minimización de la huella de carbono de las nuevas construcciones y la introducción de la economía circular en los nuevos proyectos de edificación.
El fomento de la eficiencia energética y las energías renovables en las instalaciones de alumbrado público, agua y residuos, y de la gestión inteligente de espacios urbanos.
La reducción de la dependencia de combustibles fósiles.
La integración de las energías renovables en los procesos productivos.
La incorporación de las energías renovables en la edificación de uso residencial, comercial e institucional, y la rehabilitación para mejorar la eficiencia energética.
La promoción de agrupaciones voluntarias de usuarios de edificios, para la implantación y utilización conjunta de sistemas de generación de energía.
La producción de energía eléctrica de alta eficiencia para autoconsumo.
La gestión energética inteligente.
El cambio en el modelo de suministro de los edificios públicos, con el objetivo de que el mismo proceda de fuentes energéticas de origen renovable.
El fomento de la ampliación de los sistemas de energías renovables existentes.
El fomento de un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas de aprovechamiento y transformación básica de biomasa, en aquellos territorios con alto potencial de generación de biomasa.
La reducción de la generación de residuos, con especial atención al fomento de la prevención de su producción y a la preparación para la reutilización.
La promoción de la recogida selectiva.
La valorización de residuos, lo que incluye la reutilización, el reciclado y la recuperación de materiales o energía.
Sustitución progresiva de plásticos no biodegradables.
Investigación sobre nuevos materiales biodegradables para la fabricación de envases.
La sustitución de materias primas por subproductos o materiales procedentes de la valorización de residuos para favorecer la creación de economía circular.
La reutilización y la recuperación de materiales o energía.
La reducción de los desechos de alimentos.
Implantar de forma generalizada la recogida selectiva de residuos orgánicos.
El fomento de los modos de transporte con menor huella de carbono.
La racionalización de las infraestructuras y servicios del transporte desde principios de sostenibilidad, economía y eficiencia.
La progresiva sustitución de los vehículos más contaminantes que prestan servicio en la Administración de la Junta de Andalucía por modelos que utilicen tecnologías de impulsión más limpias que las tradicionales.
Fomento de la electrificación del transporte mediante el apoyo a la instalación de una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
El fomento del uso del vehículo compartido.
El impulso al ferrocarril electrificado para el transporte de mercancías y de personas.
La gestión de tierras agrícolas abandonadas.
La conservación y fomento de la cubierta forestal y del carbono orgánico en el suelo.
La lucha contra incendios forestales, plagas y enfermedades.
La lucha contra la desertización, erosión y degradación del suelo.
La sustitución progresiva del uso de energías de origen fósil por energías limpias en el sector turístico y del comercio.
Uso racional y sostenible de los recursos hídricos en el sector turístico y del comercio.
Seguimiento y notificación.
A las actividades a que se refiere el anexo I de la Ley 1/2005, de 9 de marzo.
A las actividades de defensa o seguridad nacionales, cuando ello resulte justificado por razones de seguridad pública o de protección de los intereses esenciales de seguridad del Estado.
Implantar y mantener un sistema de seguimiento de emisiones de gases de efecto invernadero, según los principios y metodología que se aprueben reglamentariamente, basado en estándares reconocidos internacionalmente, y elaborar un informe anual de emisiones para la totalidad de las actividades bajo un mismo número de identificación fiscal.
Elaborar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el conjunto de actividades bajo un mismo número de identificación fiscal, con el objetivo de alcanzar, en el año 2030 y en los que se determine, el valor de referencia de su categoría de actividad establecido en el artículo 45, según se disponga en el Plan Andaluz de Acción por el Clima. El plan de reducción de emisiones deberá identificar las medidas a adoptar, su coste, su priorización y el calendario para su implantación.
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el valor de referencia de su categoría de actividad.
Presentar anualmente a la Consejería competente en materia de cambio climático el informe de emisiones, el informe sobre resultados de la aplicación del plan de reducción y sobre las medidas correctoras previstas para el siguiente periodo anual, acompañado, en su caso, de la auditoría energética realizada en cumplimiento de la normativa de aplicación.
Los informes a que se refiere el apartado anterior se deberán acompañar de un informe de verificación emitido por un organismo de verificación acreditado, de los regulados en el artículo 48.
Custodiar los registros del sistema durante un periodo de cinco años.
Implantar y mantener un sistema de seguimiento de emisiones de gases de efecto invernadero según los principios y metodología que se aprueben reglamentariamente, basados en estándares reconocidos internacionalmente.
Presentar anualmente el informe de sus emisiones a la Consejería competente en materia de cambio climático, acompañado de una declaración responsable sobre la veracidad del informe y, en su caso, de la auditoría energética realizada en cumplimiento de la normativa de aplicación.
Emisiones directas debidas a emisiones de proceso, a consumo de combustibles o carburantes y a consumo o reposición de gases fluorados.
Emisiones indirectas debidas a consumo de electricidad o importación de calor. Se reconocerá la reducción de emisiones de CO2 debida a la compra de electricidad verde en el marco del Sistema de Garantía de Origen.
Emisiones externalizadas, según se determine reglamentariamente.
TÍTULO VII Artículos 54 a 64
No presentar la documentación exigida en los artículos 42.2.d) o 43.2.b).
No presentar el informe de verificación del artículo 42.2.e).
No custodiar los registros durante el plazo que se establece en los artículos 42.2.f) y 43.2.c).
No exhibir públicamente el certificado del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.
El incumplimiento de cualquier obligación recogida en los artículos 42.2 y 43.2 que no esté tipificado como infracción grave.
El incumplimiento del deber de inscripción en el Registro del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas.
El incumplimiento de lo ordenado mediante apercibimiento a causa de una infracción leve.
La falsedad, así como la alteración de los datos contenidos en los documentos referidos en los artículos 42.2.d) y 43.2.b).
La reincidencia en una infracción leve cuando se haya sido sancionado en los dos años anteriores a la comisión de esta.
El incumplimiento del deber de reducción de emisiones que se establece en el artículo 42.2.c).
La reincidencia en una infracción grave cuando se haya sido sancionado en los dos años anteriores a la comisión de esta.
La reiteración por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
La magnitud de la diferencia entre los datos facilitados por parte de las personas físicas o jurídicas titulares de instalaciones y los reales.
La adopción de medidas correctoras por parte de la persona o entidad infractora con anterioridad a la incoación del procedimiento sancionador.
La reparación espontánea por parte de la persona o entidad infractora del daño causado.
En el caso de la comisión de una infracción leve, multa de hasta 30.000 euros.
En el caso de la comisión de una infracción grave:
En el caso de la comisión de una infracción muy grave:
d) Los potenciales impactos ambientales
e) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medioambiente de la aplicación del plan o programa
j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía
16. Plan Andaluz de Acción por el Clima
2. Queda prohibida la actividad cinegética en los parajes naturales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. No obstante, la Consejería competente en materia de medioambiente podrá autorizar las actividades cinegéticas tradicionales en aquellos parajes naturales que alcancen la superficie mínima para tener un plan técnico de caza, según lo especificado en el artículo 46.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, siempre y cuando el desarrollo de dicha actividad se ajuste y sea compatible con los valores por los que se declararon dichos espacios
Balance de carbono neutro. Equilibrio que se produce cuando las emisiones de carbono igualan a las fijaciones.
Cambio climático. Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.
Combustibles alternativos. Los combustibles o fuentes de energía que sustituyen, al menos en parte, a los combustibles fósiles clásicos como fuente de energía en el transporte y que pueden contribuir a la descarbonización de estos últimos y a mejorar el comportamiento medioambiental del sector del transporte. Incluyen, entre otros, la electricidad; el hidrógeno; los biocarburantes, tal como se definen en el artículo 2, apartado 2, del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; los combustibles sintéticos y parafínicos; el gas natural, incluido el biometano, en forma gaseosa (gas natural comprimido, GNC), y en forma licuada (gas natural licuado, GNL) y el gas licuado del petróleo(GLP).
Compensación de emisiones. En relación con un servicio, proceso o producto cuya prestación o elaboración da lugar a una emisión neta de gases de efecto invernadero (GEI) durante su ciclo de vida, la compensación se basa en otro proceso o mecanismo, ajeno a dicho ciclo de vida, que dé lugar a una absorción de carbono, que sea posible evaluar y certificar, en cantidad equivalente a las emisiones de GEI producidas por el primero.
Ecodiseño. Integración de criterios ambientales en todas las etapas del diseño de productos, para lograr que generen el mínimo impacto ambiental posible a lo largo de todo su ciclo de vida. Engloba consideraciones sobre la elección y obtención de las materias primas, la aplicación de procesos de producción eficientes, la distribución y el transporte, la mejora de la función y el uso del producto, su mantenimiento, y el tratamiento del producto y sus residuos al final de su vida útil.
Emisiones difusas. Las emisiones de gases de efecto invernadero no incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Emisiones externalizadas. Las que corresponden a procesos o servicios transferidos a terceros con formalización en un acuerdo contractual.
Escenarios climáticos. Son las proyecciones de evolución del clima para el siglo XXI para diferentes supuestos de emisión de gases de efecto invernadero. Estos supuestos se concretan en escenarios de emisión, que son una descripción verosímil del tipo de desarrollo futuro, basada en un conjunto coherente e internamente consistente de hipótesis sobre la evolución demográfica, económica, tecnológica, social y ambiental.
Gases de efecto invernadero. Gases presentes en la atmósfera, de origen natural o debidos a actividades humanas, que provocan el efecto invernadero por absorción de radiación infrarroja. A efectos de esta ley, se consideran gases de efecto invernadero los que han sido objeto de regulación en el Protocolo de Kioto: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre.
Gases fluorados de efecto invernadero. Son los hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6), incluyéndose en esta definición todos los gases regulados en el Reglamento (CE) 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero; así como las sustancias reguladas en el Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
Garantía de Origen de la Electricidad. Es una acreditación que asegura que una cantidad determinada de energía eléctrica se ha obtenido a partir de fuentes renovables y cogeneración de alta eficiencia en un periodo determinado. Las características de funcionamiento del Sistema de Garantía de Origen están recogidas en la normativa comunitaria y nacional.
Huella de carbono. Total de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a organizaciones, eventos o actividades o al ciclo de vida de un producto o servicio, cuantificadas con la finalidad de determinar su contribución al cambio climático. Se expresa en toneladas equivalentes de CO2.
Impactos del cambio climático. Efectos del cambio climático sobre los sistemas naturales y humanos.
Patrimonio natural. Conjunto de bienes y recursos de la naturaleza que tienen un valor relevante desde el punto de vista medioambiental, paisajístico, científico o cultural.
Presupuesto de carbono. Cupo de emisiones de gases de efecto invernadero en un determinado periodo de tiempo. El presupuesto podrá ser de emisiones totales, o desagregado por emisiones según áreas estratégicas.
Regla de categoría de producto. Conjunto de directrices y normas propuestas por los fabricantes del producto, los expertos de la industria, y en su caso, usuarios y otros interesados, cuya finalidad es definir la metodología que se utilizará para el examen y el análisis del producto, a los efectos del cálculo o evaluación de su huella de carbono. La existencia de una regla de categoría de producto contribuye a garantizar que productos similares sean evaluados de manera homogénea, constituyendo el punto de partida para la evaluación de su ciclo de vida.
Servicios ecosistémicos. Conjunto de beneficios directos o indirectos derivados del funcionamiento o regulación de los ecosistemas, incluidos los intangibles.
Sumideros de carbono. Absorción natural de dióxido de carbono de la atmósfera, generalmente en suelos, bosques u océanos.
Tonelada equivalente de dióxido de carbono. Una tonelada métrica de dióxido de carbono, o la cantidad de otro gas de efecto invernadero que posea un potencial de calentamiento global equivalente. El potencial de calentamiento global, referido a un determinado gas de efecto invernadero, es un coeficiente numérico que tiene en cuenta la capacidad de ese gas para producir el efecto invernadero y el período de tiempo que permanece en la atmósfera. El dióxido de carbono se toma como referencia, y a su potencial de calentamiento global se le asigna por convenio el valor de 1.
Unidad de absorción (UDA). La cantidad de CO2 absorbida certificada a través de un proyecto de compensación o autocompensación, equivalente a una tonelada de dióxido de carbono.
Vehículo eléctrico. Vehículo de motor equipado de un grupo de propulsión con al menos un mecanismo eléctrico no periférico que funciona como convertidor de energía y está dotado de un sistema de almacenamiento de energía recargable, que puede recargarse desde el exterior.
Vulnerabilidad. Grado de incapacidad de un sistema de afrontar los impactos adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos climáticos extremos.
Transición energética. Paso a un sistema energético cuyo fin último es garantizar la sostenibilidad del mismo. Este sistema se caracteriza por el uso de energías renovables, la eficiencia energética, el desarrollo sostenible, la movilidad sostenible y la democratización y descentralización de la energía.
Economía circular. Economía que promueve la eficiencia en el uso de los recursos para alcanzar un alto nivel de sostenibilidad, mediante el ecodiseño, la prevención y minimización de la generación de residuos, la reutilización, la reparación, la remanufacturación y el reciclaje de los materiales y productos, frente a la utilización de materias primas vírgenes.
Vehículos compartidos. La utilización en común de un vehículo terrestre a motor por un conductor y uno o varios pasajeros, efectuado a título no oneroso, excepto por la compartición de gastos inherentes a un viaje en vehículo privado, en el marco de un desplazamiento que el conductor efectúa por su propia cuenta. Las empresas que realizan actividades de intermediación, con esta finalidad, pueden hacerlo a título oneroso.
Decreto 87/2013, de 23/10/2013, por el que se regula el rÃ©gimen jurÃ­dico de la autorizaciÃ³n de la publicidad, el patrocinio y la promociÃ³n de los juegos y apuestas de Castilla-La Mancha.
ORDEN PAT/1744/2005, de 20 de diciembre, por la que se convoca el Concurso-Oposición (Turno Libre) para la provisión de puestos de trabajo vacantes de la categoría de Auxiliar de Carreteras en régimen de contratación laboral de carácter fijo, a propuesta de la Consejería de Fomento, y para la constitución de la bolsa de empleo de esta Categoría...