Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Schile137-99.html
Timestamp: 2014-10-02 16:36:39
Document Index: 156985706

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 24', 'artículo\n45', 'artículo 23', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 45', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 21', 'artículo 45', 'artículo\n1', 'artículo\n62', 'artículo 45', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 49', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 23', 'artículo13', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 45', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 45', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo\n24', 'artículo 23', 'artículo 45', 'artículo 23', 'artículo 45', 'artículo 3', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo1', 'artículo2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 50', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo\n155', 'artículo 45', 'artículo 23', 'artículo 21', 'artículo\n45', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'Artículo 3', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 45', 'artículo 49', 'artículo 21', 'artículo 42', 'artículo 49', 'artículo 61', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 2', 'artículo 7']

Aylwin Azocar and Otros v. Chile, Caso 11.863, Informe Nº 137/99, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 536 (1999). I. RESUMEN
1. El 9 de enero de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la "Comisión") recibió una petición contra la República de Chile (en adelante "el Estado", "el Estado chileno" o "Chile") en la que se denunciaba la violación de los derechos humanos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana"), y en particular los derechos políticos (artículo 23); y el derecho a la igualdad (artículo 24), en perjuicio de la sociedad chilena y en particular de las siguientes personas identificadas como víctimas y peticionarios del presente caso: Andrés Aylwin Azócar, Jaime Castillo Velasco, Roberto Garretón Merino, Alejandro González Poblete, Alejandro Hales Jamarne, Jorge Mera Figueroa, Hernán Montealegre Klenner, Manuel Sanhueza Cruz, Eugenio Velasco Letelier, Adolfo Veloso Figueroa y Martita Woerner Tapia (en adelante "los peticionarios"). 2. Los peticionarios alegan que la figura de los senadores vitalicio (General Augusto Pinochet) y designados, establecida en el artículo
45 de la Constitución chilena, distorsiona la soberanía popular, lo cual
que las elecciones dejan de ser "auténticas" en los términos exigidos en el artículo 23(1)(b) de la Convención Americana y, por lo mismo, se quebranta
la esencia de la institucionalidad democrática representativa, que constituye
base y fundamento de todo el sistema de derechos humanos en vigor. Los peticionarios
alegan igualmente que los senadores designados en la forma prevista en el nuevo
ordenamiento constitucional chileno constituyen una institución que viola el
derecho a la igualdad del sufragio y la soberanía popular y representa además,
un obstáculo que hace prácticamente imposible la modificación de las instituciones
no democráticas establecidas en la Constitución chilena. 3. Igualmente, los peticionarios argumentan que la figura de los senadores designados vulnera los artículos 23(1)(c) y 24 de la Convención,
los cuales consagran "el derecho y oportunidad" de "tener acceso en condiciones de igualdad" a las funciones públicas del Estado. Al respecto, señalan los peticionarios que esa igualdad de derechos y oportunidades no se
da en un sistema donde algunos de los elegidos para ocupar cargos en el Poder
Legislativo son designados exclusiva y excluyentemente entre un grupo muy reducido
4. Por su parte, el Estado ha cuestionado la naturaleza contenciosa de la petición y señala que la petición se refiere a la situación política
interna de Chile; que no son hechos que "den cuenta o caractericen una violación de los derechos que garantiza la propia Convención" y que "la circunstancia de existir aspectos políticos y jurídicos que son considerados obstáculos para el pleno desarrollo de la democracia, o de un concepto ideal de ella, no pueden ser asimilados a hechos violatorios"; y que más bien "la petición da cuenta de una situación de naturaleza estrictamente política", que no es de la competencia de la Comisión.
5. Luego del análisis de los argumentos de las partes, de los derechos establecidos en la Convención y del resto de las pruebas y documentos
que constan en el expediente, la Comisión concluye que mediante el establecimiento
de los llamados senadores designados y del senador vitalicio Augusto Pinochet,
por mandato del artículo 45 de la Constitución chilena y su aplicación por
autoridades señaladas, se ha vulnerado los derechos humanos de las víctimas
en el presente caso a la participación política y a la igualdad sin discriminación
(artículos 23 y 24), consagrados en la Convención Americana; y en consecuencia
decide recomendar al Estado chileno adoptar las medidas necesarias para adecuar
su ordenamiento jurídico interno a las disposiciones de la Convención Americana,
a fin de que se garantice plenamente a todos los ciudadanos chilenos, incluidas
las víctimas en el presente caso, el ejercicio de su derecho a elegir y a
elegidos en condiciones generales de igualdad según los artículos 23 y 24 de la Convención Americana, en la composición del Senado de la República, como
órgano legislativo bicameral de representación popular del Congreso de ese
11. Señalan los peticionarios en su denuncia que la designación de senadores al margen del sufragio universal, establecida en las letras a) a f) del artículo 45 de la Constitución chilena1, viola el concepto de "sufragio igual" consagrado en el artículo 23(1)(b) de la Convención Americana. La razón es que los senadores "designados" requieren para llegar al Senado la voluntad de un número muy reducido de personas
(1 a 17), mientras que los senadores elegidos por el voto popular requieren
el aval de aproximadamente 120.000 ciudadanos.
12. Expresan que la figura de los senadores designados quebranta el artículo 23(1)(c) de la Convención Americana, el cual consagra "el derecho y oportunidad" de "tener acceso en condiciones de igualdad" a las funciones públicas del Estado. Al respecto, señalan los peticionarios que
esa igualdad de derechos y oportunidades no se da en un sistema electoral donde
algunos de los elegidos para ocupar cargos en el Poder Legislativo son seleccionados
entre un grupo reducidísimo de personas (ejemplo: tres o cuatro ex-Comandantes
en Jefe del Ejército, Armada o Aviación; 3 o 4 ex-Contralores Generales de
República) y otros candidatos son seleccionados entre cientos de miles o aún
13. Igualmente, señalan los peticionarios, la desigualdad en el valor del voto y en el acceso a los cargos públicos constituye también un
abierta transgresión del artículo 24 de la Convención Americana, que establece
que "todas las personas son iguales ante la ley". 14. También consideran los peticionarios que al designarse un veinte por ciento del Senado chileno por procedimientos corporativos y al
margen del sufragio universal, resulta evidente que se usurpa a la soberanía
popular una proporción equivalente de poder natural, lo cual implica que
elecciones dejan de ser "auténticas" en los términos exigidos en el artículo 23(1)(b) de la Convención y, por lo mismo, se quebranta la esencia
de la institucionalidad democrática, que constituye base y fundamento de todo
el sistema de derechos humanos en vigor. Sostienen que una soberanía gravemente
disminuida y la exigencia de amplias mayorías para tomar resoluciones configuran
un cuadro aberrante donde las formas aparentemente democráticas son superadas
por una realidad en la cual el ejercicio de la soberanía popular se hace prácticamente
imposible en las materias más importantes o trascendentes para la sociedad.
16. Estiman que no cabe duda que los senadores designados constituyen, en sí, una expresión no democrática y, además, son un factor de mantenimiento
de una realidad político jurídica no democrática o de "transición" indefinida a la democracia. Los peticionarios entienden la figura de los senadores
designados como una institución que viola la igualdad de sufragio y la soberanía
popular, y constituye además un cerrojo que hace prácticamente imposible
modificación de las instituciones no democráticas establecidas en la Constitución
chilena. 17. Los peticionarios solicitan que la Comisión declare: 1) que la existencia de senadores no elegidos por el pueblo, sean designados o
vitalicios, especialmente en cantidad tal que importe una alteración significativa
de la voluntad popular, como lo disponen las letras (a) a (f) del artículo
de la Constitución Política de Chile de 1980 constituye una violación del derecho
al voto igual consagrado en el artículo 23(1)(b) de la Convención Americana;
2) que el referido precepto constitucional chileno, en cuanto consagra cuerpos
electorales privilegiados de un número insignificante de candidatos para
al cargo de senador, es contrario e incompatible con lo dispuesto en el (1)(c)
del citado artículo 23 de la Convención, que consagra el derecho de todos
ciudadanos a tener acceso [en condiciones generales de igualdad] a las funciones
públicas de su país; 3) que la desigualdad del voto y del acceso a los cargos
públicos transgrede el artículo 24 de la Convención, que consagra que todas las personas son iguales ante la ley; 4) que la nominación de senadores en
una proporción que representa aproximadamente el 20% de esa cámara del Legislativo,
al margen de la voluntad popular, constituye una usurpación de tal magnitud
que las elecciones dejan de ser auténticas, lo cual constituye flagrante
del artículo 23(1)(b) de la Convención y atenta contra la esencia de la institucionalidad
democrática; 5) que el privilegio para algunos de ser designados senadores al margen de la voluntad popular constituye una manifestación de discriminación, la cual está prohibida en el artículo 1 de la Convención, que garantiza a todas las personas el [libre y pleno] ejercicio de sus derechos humanos; 6) que la incorporación en el Senado de Chile de una persona a título de ex-Presidente de la República, sin que para tal cargo hubiese sido elegido por el pueblo, constituye una violación de la prohibición de discriminación consagrada en la Convención; 7) que de estas violaciones de los derechos humanos y de estas discriminaciones son víctimas no sólo los comparecientes sino todos los chilenos con derecho al sufragio.
22. El Estado cuestiona la naturaleza contenciosa de la petición y dice que no se evidencia claramente y que, en vez de esto, plantea aspectos
relacionados con la situación política de Chile; que no son hechos que "den cuenta o caractericen una violación de los derechos que garantiza la propia Convención" y que "la circunstancia de existir aspectos políticos y jurídicos que son considerados obstáculos para el pleno desarrollo de la democracia, o de un concepto ideal de ella, no pueden ser asimilados a hechos violatorios"; y que más bien "la petición da cuenta de una situación de naturaleza estrictamente política", que no es de la competencia de la Comisión conocer.
28. Como se ha podido observar en los argumentos de las partes, la controversia surgida en el presente caso gira en torno a la violación de
los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, de los peticionarios
en particular y de la sociedad chilena en general por virtud del establecimiento
en la Constitución chilena de 1980, y su consecuente aplicación por las autoridades
respectivas, de los llamados senadores designados y el senador vitalicio
Augusto Pinochet. El artículo 45 de la mencionada Constitución establece que,
además de los senadores elegidos por votación directa por cada una de las
regiones del país, formarán parte del Senado: 1) los ex-Presidentes de la República
que hayan desempeñado el cargo durante seis años en forma continua (senadores
vitalicios); 2) dos ex-Ministros de la Corte Suprema, elegidos por ésta en
sucesivas, siempre que hayan desempeñado sus funciones a lo menos por dos años
continuos; 3) un ex-Contralor General de la República, elegido también por la Corte Suprema, siempre que se haya desempeñado al menos durante dos años en
sus funciones; 4) un ex-Comandante en Jefe del Ejército, uno de la Armada,
de la Fuerza Aérea y un ex-General Director de Carabineros, elegidos por el
Consejo de Seguridad Nacional, siempre que se hayan desempeñado al menos
dos años en sus funciones; 5) un ex-rector de universidad estatal o reconocida
por el Estado, designado por el Presidente de la República, siempre que se
desempeñado en sus funciones por un período no inferior a dos años; y 6) un
ex-Ministro de Estado de períodos presidenciales anteriores, designado también
por el Presidente de la República, que haya ejercido el cargo por más de
32. El artículo mencionado complementa la invocación realizada en el Preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos cuando
los Representantes manifiestan que seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre[]
34. En la Reforma producida a la Carta de la OEA con el Protocolo de Cartagena de 1985, el concepto de democracia representativa fue incorporado al Preámbulo en estos términos: "Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la
región". Y en el artículo 2, literal (b), estableció como propósitos esenciales de la Organización "promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención".
35. La relación entre la democracia representativa y la vigencia de los derechos humanos ha sido reafirmada en varias reuniones
de consulta, conferencias interamericanas, protocolos adicionales y resoluciones
de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. En efecto,
la Asamblea General de la Organización ha reafirmado en numerosas oportunidades
la relación entre democracia representativa y derechos humanos, enfatizando
la necesidad del ejercicio de los derechos políticos a fin de elegir a las
del gobierno. Es así como la Asamblea General ha recomendado "...a los Estados miembros que no lo han hecho que restablezcan o perfeccionen el sistema democrático de gobierno, en el cual el ejercicio del poder se derive de la legítima y libre expresión de la voluntad popular, de acuerdo con las características y circunstancias propias de cada país".7 36. Más concretamente, en la Resolución 837 (XVI-0/86), adoptada por la Asamblea General, se señaló:
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Anual correspondiente al período 1985-86 presentado a la consideración
de esta Asamblea General, recomendó a ésta "reiterar la urgente necesidad de que los gobiernos que aún no han restablecido el régimen democrático representativo de gobierno, pongan en ejecución los mecanismos institucionales que sean pertinentes para restaurar dicho régimen en el más breve plazo, mediante elecciones libres, secretas e informadas, toda vez que la democracia constituye la mejor garantía para la vigencia de los derechos humanos y es ella firme sustento de la solidaridad entre los Estados del Continente"
38. La Comisión también ha señalado que no es extraño que la elaboración jurídica hemisférica haya insistido en la existencia de una relación
directa entre el ejercicio de los derechos políticos así definidos y el concepto
de democracia como forma de organización del Estado, lo cual a su vez supone
la vigencia de otros derechos humanos fundamentales. En efecto, a juicio
la Comisión, el concepto de democracia representativa se asienta sobre el principio
de que el pueblo es el titular de la soberanía política y en ejercicio de
soberanía elige a sus representantes para que ejerzan el poder político. Estos
representantes, además, son elegidos por los ciudadanos para aplicar medidas
políticas determinadas, lo cual a su vez implica que haya existido un amplio
debate sobre la naturaleza de las políticas a aplicar --libertad de expresión--
entre grupos políticos organizados --libertad de asociación-- que han tenido
la oportunidad de expresarse y reunirse públicamente --derecho de reunión--8.
41. De allí, pues, la preocupación legítima del sistema interamericano, particularmente a partir de 1948 por la vigencia plena de la democracia representativa como medio legítimo y necesario para el logro del respeto de los derechos humanos. En este sentido, la Comisión, como órgano principal de la Carta de la OEA, ha sido investida con la función de promover la observancia y la defensa de lo derechos humanos en todos los Estados miembros9. Antes de la entrada en vigor de la Convención Americana, y aún después de ella
en relación con los Estados que no son parte, los derechos humanos cuya observancia
y defensa le están encomendados a la Comisión desde su creación en 1959 son
aquellos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
Hombre ("Declaración Americana")10. En este sentido ya desde 1948 los Estados miembros reconocieron como derecho
humano el "derecho de sufragio y de participación en el Gobierno", consagrado en el artículo XX de la Declaración Americana de la siguiente manera:
43. Dicha situación fue reiterada y desarrollada aun más bajo la Convención Americana, lo cual confirmó la función principal de la Comisión
de "promover la observancia y defensa de los derechos humanos"12; habida cuenta de "su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal
hombre. 13Precisamente dentro de esos derechos esenciales del hombre como derechos humanos, la Convención Americana consagra a su vez a los derechos políticos inherentes a la democracia representativa en su artículo 23, que dispone lo siguiente
"La democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte14 45. Es tan importante y consubstancial al sistema hemisférico el concepto de democracia representativa y su protección que no sólo lo consagró en sus textos desde sus documentos originarios sino que creó todo un mecanismo de protección hemisférica, para el caso de que en uno de los Estados miembros se rompa el orden democrático. Tal es el propósito y el mandato de la Resolución 1080 de la Asamblea General celebrada en 1991 en Santiago de Chile y del llamado Protocolo de Washington de 1992, que ameritó una reforma de la Carta para consagrar este propósito, el cual entró en vigencia en 1997. 46. De allí, pues, la concepción en el sistema interamericano de la importancia fundamental de la democracia representativa como mecanismo legítimo para lograr la vigencia y, del respeto de los derechos humanos; y como derecho humano en sí mismo, cuya observancia y defensa se encargó a la Comisión.
47. En este mismo sentido, la Comisión ha reiterado que "está facultada para verificar, con relación a estos derechos políticos, si la realización
de elecciones periódicas, auténticas, con sufragio universal, igual y secreto,
se producen en un marco de garantías necesarias para que los resultados representen
la voluntad popular, incluida la posibilidad de que los electores puedan,
fuere el caso, recurrir efectivamente contra un proceso electoral que consideran
viciado, defectuoso e irregular o que desconoce o puede desconocer el derecho
de su país"15.
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 50. Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas --en singular paralelismo con la Convención Americana-- consagra en su artículo 25 el derecho humano a la participación política en los siguientes términos:
51. Igualmente, diversos organismos internacionales e intergubernamentales han adoptado resoluciones y pronunciamientos sobre la vinculación esencial e indivisible entre el derecho a la participación política y la democracia representativa como único mecanismo legítimo e idóneo para lograr la vigencia de los derechos humanos. Así, por ejemplo, los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados (el Comité de Derechos Humanos; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) en sus recomendaciones y observaciones generales sobre el derecho a la participación política consagrado en los instrumento internacionales citados, han consolidado las siguientes pautas interpretativas: 10. El derecho a votar en elecciones y referendos debe estar establecido por la ley y sólo podrá ser objeto de restricciones razonables, como la fijación de un límite mínimo de edad para poder ejercer tal derecho. No es razonable restringir el derecho de voto por motivos de discapacidad física ni imponer requisitos o restricciones relacionadas con la capacidad para leer y escribir, el nivel de instrucción o la situación económica. La afiliación a un partido no debe ser condición ni impedimento para votar.
15. La realización efectiva del derecho y la posibilidad de presentarse a cargos electivos garantiza que todas las personas con
derecho de voto puedan elegir entre distintos candidatos. Toda restricción del derecho a presentarse a elecciones, como la fijación de una edad mínima, deberá basarse en criterios objetivos y razonables. Las personas que de otro modo reúnan las condiciones exigidas para presentarse a elecciones no deberán ser excluidas mediante la imposición de requisitos irrazonables o de carácter discriminatorio, como el nivel de instrucción, el lugar de residencia o la descendencia, o a causa de su afiliación política. Nadie debe ser objeto de discriminación ni sufrir desventajas de ningún tipo a causa de su candidatura. Los Estados Partes deben indicar y explicar las disposiciones legislativas en virtud de la cuales se puede privar a un grupo o categoría de personas de la posibilidad de desempeñar cargos electivos.
52. En cuanto a la competencia de los órganos internacionales creados por tratados para pronunciarse sobre los asuntos relacionados con los derechos de representación, ya en 1956, en el primer caso sobre Chipre, la Comisión Europea de Derechos Humanos sostuvo que era competente para emitir decisiones en asuntos políticos, pues de otra forma la protección internacional de los derechos humanos perdería su efectividad y su verdadero sentido19. 53. En relación al derecho a la participación política consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Unión Interparlamentaria ha efectuado el siguiente pronunciamiento sobre la materia:
El elemento fundamental en el ejercicio de la democracia es la celebración de elecciones libres y auténticas, en intervalos periódicos,
que permitan la expresión de la voluntad popular. Estas elecciones deben
celebrarse sobre la base del sufragio universal, igual y secreto, de
que todos los electores puedan escoger sus representantes en condiciones
de igualdad, apertura y transparencia que estimulen la competencia política.
A tal fin, los derechos civiles y políticos son esenciales y entre ellos,
muy especialmente, el derecho a elegir y ser electo 20. 54. Asimismo, dicha organización ha señalado:
56. En suma, la Comisión reitera que el ejercicio de los derechos políticos es un elemento esencial del régimen de la democracia representativa, lo cual supone, además, la vigencia de otros derechos humanos. Igualmente implica la tutela de esos derechos civiles y políticos, en el marco de la democracia representativa, así como la existencia de un control institucional de los actos que ejercen los poderes del Estado y la supremacía de la ley. B. La figura del senador vitalicio General Augusto Pinochet, los senadores designados
los principios de la democracia representativa 57. Ahora bien, conforme a los argumentos contenidos en la denuncia, corresponde a la Comisión determinar si los efectos de la figura de los senadores designados y vitalicios, consagrada en el artículo 45 de la Constitución chilena y aplicada por las autoridades en él señaladas, constituye una limitación irrazonable e inaceptable que altera la esencia misma de la democracia representativa y, por tanto, viola los derechos políticos garantizados por la Convención Americana, respecto a los peticionarios y por ende de la sociedad chilena en general.
59. Es importante resaltar que la moraleja de las revoluciones americana y francesa fue consolidar la soberanía popular, el principio de la
legalidad y el principio de la separación de los poderes. Para estos fines
hizo apelación a la ficción de la representación, con la idea de que el Parlamento
no es más que un representante del pueblo y de que el pueblo no puede expresar
su voluntad más que en el Parlamento. Así, la primera Constitución revolucionaria
francesa, la de 1791, afirmó que "ninguna parte del pueblo" puede atribuirse el ejercicio de la soberanía, que sólo corresponde a la nación (artículo
1 del Título III).
60. De esta forma, la representación política transmite el poder supremo o soberanía radicado en la nación, y tal poder ha de expresarse en leyes generales. Todo el poder público va a concebirse a partir de las dos grandes revoluciones del siglo XVIII como una aplicación de la ley, único instrumento que puede exigir obediencia, única fuente de cualquier posible restricción de la libertad originaria, único instrumento para construir y sostener la igualdad entre todos los ciudadanos, único medio de garantizar los derechos y hacerlos efectivos24. 61. Y precisamente por la importancia del imperio de la legalidad es que la representación cobra un papel primordial en el sistema democrático, pues para que el pueblo se sienta como el verdadero titular del poder tiene, necesariamente, que creer que sus intereses son el verdadero objetivo de los gobernantes que en forma directa han elegido como fiduciarios. La falta de confianza que puede significar la actuación de unos representantes impuestos o ajenos a la voluntad popular, lleva a la constitución de un pueblo alienado por un poder extraño, que no es capaz de interiorizar o sentir como suyo y cuya actuación no considera que se realiza en su propio beneficio, sino en el de los propios titulares de la gestión, que han pasado así a apropiarse de ésta y de sus fines.25
66. Esta situación extraña por demás al propio constitucionalismo democrático chileno, no puede legitimarse con el argumento de que la figura
de los senadores designados o vitalicios fue aprobada por la mayoría del
chileno en el plebiscito aprobatorio de la Constitución de 1980, pues --aparte
de lo señalado anteriormente sobre la falta de garantías en el mencionado
electoral-- las mayorías no pueden disminuir o eliminar un derecho tan fundamental
como es la posibilidad de elegir efectivamente a sus representantes al poder
legislativo. Las mayorías tienen un límite sobre los derechos de la minorías
salvaguardados por los derechos humanos. Si así ocurriere, las mayorías pondrían
en grave riesgo los derechos de las minorías, en abierto desafío al Estado
de derecho. Al respecto, es muy ilustrativa la decisión dictada por la Corte
Suprema estadounidense, mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad
de un referéndum en el Estado de Colorado, en el cual los electores habían aprobado un plan federal, en lugar de la regla "un voto por cada persona". Dicha Corte ratificó el principio de que "el derecho constitucional de un individuo a votar en igualdad de condiciones no puede ser negado ni siquiera por el voto de la mayoría del electorado estatal".28
69. En efecto, en los casos tramitados ante esta Comisión y que culminaron con el Informe Nº 25/98 de Chile, de fecha 7 de abril de 1998,
el Estado chileno se defendió señalando que el "Gobierno ha intentado derogar el Decreto Ley de amnistía, pero el precepto constitucional dispone que las
iniciativas relativas a amnistías sólo pueden tener origen en el Senado (artículo
62 inciso segundo de la Constitución), donde carece de mayoría debido al número de personas no designadas por votación popular en ese cuerpo legislativo" (subrayado de la Comisión).
71. Por tanto, considera esta Comisión que el sistema de designación de senadores establecido en el artículo 45 de la Constitución chilena en el caso bajo análisis afecta el núcleo esencial de la democracia representativa, al privar al pueblo soberano y a las víctimas en el presente caso (peticionarios) de la posibilidad de elegir un número importante de sus representantes al Senado chileno. 72. El Estado chileno ha alegado que la Comisión carece de competencia para decidir la presente controversia, debido a que las formas de consagración de los derechos políticos por los diferentes Estados partes de la Convención pueden diferir, pero no por ello se trata de aspectos que merezcan un cuestionamiento per se de aquellas tradiciones democráticas. 73. Al respecto, debe señalarse, en primer lugar, que esta Comisión tiene la facultad fundamental para examinar si los efectos de una cierta medida adoptada por un Estado viola los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. Esto incluye todas las normas jurídicas de cualquier naturaleza, incluso las disposiciones constitucionales.29 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana") ha señalado que las atribuciones de la Comisión no están de manera alguna restringidas
por la forma en que la Convención es o ha sido violada.30
74. La Corte Interamericana ha ido más allá de la responsabilidad internacional del Estado por todo acto estatal contrario a los derechos humanos
consagrados en la Convención, cualquiera que sea su naturaleza normativa
afirmar que el hecho de que "el acto se ajuste al derecho interno no constituye una justificación desde el punto de vista del derecho internacional".31
79. Los peticionarios han denunciado que la figura de los senadores designados viola respecto a ellos y la sociedad chilena en general (los ciudadanos
chilenos), el artículo 23(1)(c) de la Convención, en la cual consagra "el derecho y oportunidad" de "tener acceso en condiciones de igualdad" a las funciones públicas del Estado. Al respecto, señalan los peticionarios que esa igualdad de derechos y oportunidades consagrada en la Convención Americana no se da en un sistema electoral donde algunos de los elegidos para ocupar cargos en el poder legislativo son seleccionados entre un grupo reducido de personas pertenecientes a determinadas corporaciones o grupos de manera exclusiva y excluyente (ejemplo: tres o cuatro ex-Comandantes en Jefe del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea; tres o cuatro ex-Contralores Generales de la República), mientras que los demás son electos por sufragio universal, directo, secreto y libre entre cientos de miles o aún millones de ciudadanos. Igualmente, señalan que la desigualdad en el valor del voto y en el acceso a los cargos públicos constituye también un abierta transgresión del artículo 24 de la Convención Americana que establece que "todas las personas son iguales ante la ley". 80. Más concretamente, los peticionarios han señalado que el Senado chileno está integrado por un total de 48 senadores, de los cuales sólo
38 son elegidos por voto popular, mientras 9 son designados por entidades
por una persona o reducido número de ellas y uno es miembro vitalicio (ex-Presidente),
sin haber sido nunca elegido popularmente. De allí que la soberanía popular
ha perdido un valor real de 20,83%. Igualmente precisan que en Chile existen
8.044.163 electores, lo que implica que cada uno de los 38 senadores elegidos
popularmente requiere de un término medio de 211.689 electores. En contraste,
en el caso de los senadores designados hay 3 senadores que sólo requieren
17 electores (los Ministros de la Corte Suprema), lo que implica que cada senador
puede ser elegido por aproximadamente 5,7 electores; otros 4 senadores requieren
de 8 electores (los miembros del Consejo de Seguridad Nacional), lo que implica
que cada uno de estos senadores puede ser elegido por 1,8 electores. En síntesis, mientras un senador elegido por el pueblo necesita más de 200.000 ciudadanos
como electores populares, un senador designado requiere la voluntad de entre
una y diecisiete personas de determinadas entidades o corporaciones.
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley 83. El artículo 45 de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, sobre composición del Senado y sus efectos legales, como señalan los peticionarios y los representantes del Estado chileno no cuestionan, forma parte de una política general que estableció el régimen militar que gobernó al país de septiembre de 1973 a marzo de 1990:
84. Aunque dicha Constitución fue sancionada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet, las normas contenidas en ella que regulan la composición del poder legislativo entraron en vigencia con posterioridad en la oportunidad de integrarse ese Congreso, y aún se siguen aplicando cada vez que se renueva o varía la composición del Senado chileno. 85. La violación alegada continúa y se actualiza después de la fecha de la ratificación de la Convención Americana, como lo confirman los siguientes actos de designación de senadores no por votación popular sino mediante el sistema establecido en los incisos (a) a (f) del artículo 45 de la Constitución Política de Chile de 1980.
86. El 11 de marzo 1998 asumió como senador el ex Presidente de la República general Augusto Pinochet Ugarte, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 inciso (a) según el cual el Senado está integrado también por: Los ex Presidentes de la República que hayan desempeñado el cargo durante seis años en forma continua, salvo que hubiese tenido lugar lo previsto en el inciso tercero del Nº 1 del artículo 49 de esta Constitución (se refiere a la destitución). Estos senadores lo serán por derecho propio y con carácter vitalicio, sin perjuicio de que les sean aplicables las incompatibilidades, incapacidades y causales de cesación en el cargo contempladas en los artículos 55, 56 y 57 de esta Constitución. 87. El 11 de marzo 1998 asumieron como senadores los ex ministros de la Corte Suprema, elegidos por ésta, Enrique Zurita Campos y Marcos Aburto Ochoa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 inciso (b) según el cual el Senado está integrado también por: Dos ex Ministros de la Corte Suprema elegidos por ésta en votaciones sucesivas que hayan desempeñado el cargo a lo menos por dos años continuos; 88. El 11 de marzo 1998 asumió como senador el ex Contralor General de la República Enrique Silva Cimma Ochoa, elegido por la Corte Suprema en aplicación de lo dispuesto por el artículo 45 inciso (c) según el cual el Senado está integrado también por: Un ex Contralor General de la República, que haya desempeñado el cargo a lo menos por dos años continuos, elegido también por la Corte Suprema;
La participación de los ciudadanos en el gobierno, que se encuentra protegida por el artículo XX de la Declaración (de contenido similar a la del artículo 23 de la Convención) forma la base y el soporte de la democracia, que no puede existir sin ella, porque el derecho de gobernar reside en el pueblo, único órgano facultado para decidir su propio e inmediato destino y para designar sus representantes legítimos.
96. En el presente caso, corresponde a la Comisión determinar en qué medida los efectos de la figura de los senadores designados afecta la
igualdad política y en qué medida implica una discriminación injustificada
la elección de los representantes del pueblo por los peticionarios-víctimas
como ciudadanos chilenos, y por ende el resto de los ciudadanos en la misma
condición. En este sentido, la propia Constitución chilena define como "ciudadanos" a "los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva" (artículo13, encab.). Así, conforme al propio ordenamiento constitucional chileno, "la calidad de ciudadano otorga los derechos del sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran" (artículo 13, aparte único) (énfasis añadido).
101. De tal forma que los Estados pueden diferenciar situaciones y establecer categorías para determinados grupos de individuos, siempre que
se persiga un fin legítimo y que la clasificación guarde una razonable y
relación con la finalidad perseguida por el ordenamiento jurídico. De allí,
y tan sólo para mencionar un ejemplo, que no puede decirse que el Estado
entre sus ciudadanos cuando establece un límite mínimo de edad para ejercer
el derecho al voto, pues persigue un fin legítimo (capacidad de discernimiento
en el electorado) y la diferenciación está relacionada con la finalidad perseguida
(participación política consciente). En este sentido, es importante señalar
que la propia Convención reconoce las limitaciones que el Estado puede establecer
razonablemente al ejercicio de los derechos políticos, mediante la reglamentación
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Se trata, en consecuencia, de limitaciones numerus clausus, por lo que toda otra causa que limite el ejercicio de los derechos de participación política igualitaria que consagra la Convención resultaría contraria y por lo tanto violatoria de las obligaciones internacionales del Estado bajo dicho instrumento.
102. Ahora bien, en el presente caso estamos en presencia de derechos humanos fundamentales de los ciudadanos chilenos que actúan como peticionarios (y del resto de los ciudadanos chilenos en la misma condición), los cuales se constituyen en la garantía básica de la democracia representativa y de cualquier otro derecho, incluso los más esenciales. Por tanto, toda diferenciación o restricción en esta materia requiere una justificación suficiente como necesaria, razonable y proporcionada para alcanzar la finalidad deseada por el Estado. Por tanto, al hablar de la posibilidad de diluir o reducir la capacidad efectiva del pueblo para elegir a sus representantes, mediante la designación de miembros de las cámaras legislativas sin legitimidad popular, se requiere un fin legítimo perseguido por el Estado (rational test) y que la medida asumida sea razonable y proporcional. En otras palabras, las restricciones o limitaciones a los derechos
humanos consagrados en la Convención deben justificarse por su "necesidad" en el marco de una sociedad democrática. Esta demarcación es, en definitiva
viene determinada por la justificación de las medidas, sus motivos, su razonabilidad
y su proporcionalidad.43
103. En este sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha aprobado la interpretación hecha por la Comisión Europea, en el sentido de que el derecho garantizado en el artículo 3 del Protocolo 1º del Convenio Europeo contiene un derecho subjetivo a la participación, lo que implica ciertas limitaciones en el derecho a elegir y ser electo. Pero en todo caso los órganos de sistema europeo tienen que evaluar y estar satisfechos de que estas condiciones no restrinjan los derechos en cuestión al extremo de vaciarlos de su contenido esencial e impedir su eficacia; que son impuestas para perseguir un fin legítimo; y que los medios empleados no son desproporcionados.44 Esas condiciones en concreto, no pueden impedir "la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección de la legislatura". Más aún, la Corte Europea enfatiza que la frase "en condiciones que aseguren la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección de la legislatura"45 implica esencialmente --aparte de la libertad de expresión ya protegida bajo el artículo 10 del Convenio-- el principio en la igualdad de trato a todos los ciudadanos en el ejercicio de su derecho a votar y ser elegidos en elecciones.46 104. Por ello, en el sistema europeo la clave para la aceptación de limitaciones al derecho a votar y ser elegido es, en consecuencia, además de la prohibición de arbitrariedad, la cuestión de si este derecho ha sido consagrado en forma suficientemente amplia y representativa, para hacer posible la libre expresión y participación ciudadana. Más aún, las restricciones tienen que ser revisadas, en virtud del artículo 5 del referido Protocolo 1º, a fin de analizar su conformidad con el resto del Convenio y en particular con la prohibición de discriminaciones.47
108. Existe, por tanto, una odiosa e ilegítima discriminación que afecta a los ciudadanos chilenos peticionarios, la cual tiene su origen
en la Constitución chilena e implica la disminución real del derecho igual
los ciudadanos a elegir sus representantes. En este sentido, la propia Constitución
consagra el derecho a la igualdad del sufragio activo, al disponer que "en las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario y secreto" (artículo 15). Con esta diferenciación establecida en el artículo 45 y aplicada
por las autoridades ha logrado el efecto de diluir el valor real del voto popular
y privilegiar a instituciones y funcionarios castrenses que nada tienen que
ver con el desempeño de las funciones legislativas del órgano representativo
109. En efecto, muchas de las instituciones a las cuales se les ha asignado la facultad de designar senadores están integradas por ciudadanos
chilenos que poseen el derecho de elegir senadores mediante el sufragio universal
con el resto de los electores de cada región como distrito electoral (Presidente
de la República, Ministros de la Corte Suprema de Justicia); y además, simultáneamente,
pueden ejercer el privilegio de designar senadores por sí mismos o con la
del reducido número de ciudadanos que integran la institución a la cual pertenecen.
Se trata, por tanto, de una desigualdad irrazonable que se convierte en discriminatoria
al tener como consecuencia el efecto de elecciones dobles y privilegiadas
al común de los ciudadanos chilenos, distorsionando de esta forma el derecho
a la participación política mediante el voto por sufragio "universal e igual".
111. Debe destacarse que esta representación corporativa exige, además haber ejercido el cargo señalado por dos años; y admite excepciones
respecto de los Ministros de la Corte Suprema y de Estado cuando existen
personas que reúnan esas calidades y requisitos señalados. Sin embargo, en
dicho caso se preserva la integridad de la representación corporativa pues
sólo puede recaer en ciudadanos que hayan desempeñado otras funciones relevantes
en los organismos, instituciones y servicios mencionados. En consecuencia,
efectos de esta situación configuran en la práctica una evidente y flagrante
violación del derecho de las víctimas en el presente caso (y el resto de
ciudadanos chilenos) de "ser elegidopor sufragio universal e igual" (artículo 23(1)(b) y "de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país" (artículo 23(1)(c).
112. En el presente caso, la Comisión concluye que la regulación y continuada aplicación de la disposición contenida en el artículo 45 de la
Constitución chilena tiene por efecto la violación, en perjuicio de las víctimas
identificadas en el presente caso como ciudadanos chilenos, de sus derechos
activos y pasivos de participación política. En efecto, el derecho de votar
por sufragio universal e igual consagrado en el artículo 23(1)(6). de la
Americana se viola en las circunstancias del presente caso, toda vez que para
la integración del Senado chileno no todos los ciudadanos pueden ejercer
derecho, pues existen senadores "designados" que integran el Senado, pero respecto de los cuales sólo pueden votar un reducido número de electores
señalados constitucionalmente de manera exclusiva y excluyente: Presidente
la República, Corte Suprema, Consejo de Seguridad Nacional. Asimismo, el derecho
al sufragio activo igual (artículo 23(1)(b) y el trato igual ante la ley (artículo
24) consignados en la Convención Americana, han sido violados con relación
las víctimas identificadas en el presente caso como ciudadanos chilenos, en
virtud de que en la conformación del Senado chileno existen ciudadanos con
privilegio del doble voto preferencial: ciertos ciudadanos chilenos además
de participar en las elecciones regionales para elegir mediante el sufragio
a los senadores así electos, están además facultados para elegir en forma unipersonal
(Presidente de la República) o como integrantes de un grupo muy reducido de
personas (Corte Suprema, algunos miembros del Consejo de Seguridad Nacional)
a senadores que componen aproximadamente el veinte por ciento de dicho cuerpo.
113. Por otro lado, la Comisión concluye que el derecho al sufragio pasivo, es decir, el derecho a participar en la dirección de los asuntos
públicos, a ser elegido por sufragio universal e igual y a tener acceso en
de igualdad a las funciones públicas de su país, consagrado en la Convención
Americana (artículo 23(1)(a)(b) y (c) ha sido violado en el presente caso
perjuicio de las víctimas en su condición de ciudadanos chilenos, en virtud
del efecto de las disposiciones contenidas en el artículo 45 de la Constitución
de Chile y su continuada aplicación por los actos señalados dado que para
senador "designado" sólo pueden ser postulados y elegidos como tales un grupo exclusivo de chilenos (numerus clausus) que hayan ejercido los cargos o funciones expresamente dispuestos por la norma en cuestión (ex comandante de Fuerzas Armadas, ex Director General de Carabineros, ex Ministros de Corte Suprema, ex Contralor General de la República, ex Rector de universidad estatal o ex Ministro de Estado).
116. En efecto, entiende esta Comisión que cuando el artículo 23 de la Convención hace referencia al "sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores" requiere, al menos, que la soberanía popular pueda ejercerse sin discriminaciones
injustificadas que impliquen una pérdida del valor real del poder del voto.
Un Senado compuesto en los términos previstos por la Constitución chilena no
garantiza una libre expresión de la voluntad de los electores, pues la figura
de los senadores designados contenida en el artículo 45 del texto fundamental
chileno le sustrae una porción importante a la voluntad ciudadana.
...que la palabra leyes (...) significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento previsto en las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes. (Enfasis añadido)50 119. Este ha sido precisamente el argumento principal en el sistema europeo de derechos humanos, el cual si bien originalmente no consagraba
en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos el derecho
a elegir y ser electo con carácter universal -como sí lo hizo el sistema
americano-,
incorporó en el artículo 3 del Protocolo 1º, la obligación de los Estados de
organizar elecciones libres en condiciones que garanticen la libre expresión
de la opinión del pueblo "en las elecciones del cuerpo legislativo". En este sentido, la Comisión Europea adoptó la interpretación de que lo que está envuelto es en todo caso la elección del cuerpo investido con el poder de legislar, por lo que el derecho constitucional del Estado parte en cuestión es decisivo para estos efectos. Por ello, un cuerpo que sólo puede proponer proyectos de ley pero no puede aprobarlos --como órgano unicameral o bicameral--, no estará incluido en el concepto del Convenio relativo al derecho a elegir y ser electo para el "cuerpo legislativo".51
121. El carácter "determinante" de la democracia representativa en el sistema de la Convención Americana se confirma además por dos importantes principios. En primer lugar, al determinarse en sus "Normas de Interpretación" (artículo 29), que ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en el sentido de excluir otros derechos o garantías que son inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática representativa de gobierno (énfasis añadido).
El artículo 30 se refiere a las restricciones que la propia Convención autoriza a propósito de los derechos y libertades que la misma reconoce. Debe subrayarse que, según la Convención (art.29.a.) es ilícito todo acto orientado hacia la supresión de uno cualquiera de los derechos proclamados en ella. (Enfasis añadido).54 123. En segundo lugar, el carácter "determinante" de la democracia representativa en el sistema de la Convención Americana, se
confirma por el rango de valor fundamental conferido a los derechos de participación
política en dicho instrumento. En efecto, éstos son tratados con el mayor
posible que le atribuye la Convención a los derechos que ella consagra, al prohibir la suspensión de dichos derechos políticos y de las garantías indispensables para su protección, aún en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte (art.27).
125. Se trata, por tanto, de valores superiores y fundamentales del ordenamiento jurídico establecido por la Convención Americana, los cuales inspiran e impregnan su texto, como fuente de las obligaciones internacionales que asumen los Estados partes de aquélla; y frente a los cuales debe organizarse el ordenamiento estatal para garantizar su pleno respeto y garantía (artículo1). En caso de que ello no sea así, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas para hacer efectivos tales derechos (artículo2). 126. Por ello, conforme a los argumentos de hecho y de derecho y las pruebas antes analizadas, la Comisión concluye que la figura de los senadores designados y la figura del senador vitalicio --tal como están establecidas en la Constitución chilena y han sido aplicadas por las autoridades señaladas56-- constituyen una vulneración de los derechos políticos de participación representativa sin discriminación, consagrados en los artículos 23 y 24 de la Convención, en perjuicio de los ciudadanos chilenos identificados como víctimas en el presente caso y del resto de la sociedad chilena.
128. En el presente caso no está en cuestión la responsabilidad del gobierno de Chile sino la responsabilidad internacional del Estado chileno por violación de los derechos humanos e incumplimiento de las obligaciones asumidas por este país tras la ratificación de la Convención Americana. El Estado chileno ha alegado que los hechos jurídicos en el presente caso se atribuyen a otro poder del Estado distinto del poder ejecutivo; que deben tenerse en cuenta los esfuerzos e iniciativas desplegados por el Gobierno democrático para que se modifiquen las disposiciones constitucionales en cuestión; y que las aludidas disposiciones constitucionales no fueron aprobadas por el actual gobierno democrático. 129. Así por ejemplo, ya desde 1986 el Acuerdo Nacional en torno a la Proposición para una Reforma Mínima de la Constitución de 1980, había propuesto en el Informe de 6 de abril de 1986 la modificación en la composición y generación de la Cámara del Senado, al expresar:
130. Los gobiernos democráticos chilenos posteriores al régimen autoritario han presentado proyectos de reforma constitucional con tal objetivo
en 1992, 1994, 1995, 1996 y en 1997. Así mismo han existido distintas iniciativas
parlamentarias de reforma constitucional dirigidas a la eliminación de la
de los senadores designados, entre las que cabría en primer lugar citar las
patrocinadas en 1990 y 1991 por los diputados del Partido Socialista de Chile,
por considerar que "todos los miembros del Parlamento deben arrancar su origen de la soberanía popular, debiendo eliminarse las disposiciones que permiten la integración del Senado con miembros no elegidos".
132. Los proyectos del Presidente Frei de fechas 18 de agosto y 14 de octubre de 1994, proponían entre otras materias fundamentales, la modificación
de la composición del Senado, a fin de eliminar los senadores designados
vitalicios. Entre los fundamentos de la reforma constitucional propuesta en
esta materia por el Presidente Frei, estaba precisamente "la recuperación efectiva y completa de la democracia, así como su perfeccionamiento, han constituido para mi gobierno un imperativo ético que, por lo demás, la Concertación de Partidos por la Democracia asumió desde su nacimientocon el objeto de permitir el completo restablecimiento de la soberanía popular"; la necesidad de que "un parlamento moderno debe ser transparentemente democrático en términos de generación de sus miembroses por ello que la totalidad de los miembros de ambas Cámaras sean elegidos democráticamente"; "mi gobierno cree firmemente que el origen de la representación parlamentaria radica en la voluntad popular, y que todo aquél que desee formar parte del Congreso Nacional debe tener el respaldo de la ciudadanía "; y afirmando además enfáticamente su convicción axiológica en la propuesta, al expresar que " ésta no es una cuestión de conveniencia, sino de principios, expresados en un compromiso programático que votó favorablemente la inmensa mayoría ciudadana". Ambos proyectos tuvieron que ser finalmente archivados a solicitud del propio Ejecutivo.
El proyecto de reforma constitucional del Presidente Frei de fecha 26 de octubre
de 1995, igualmente propuso la supresión de las senadurías institucionales
fundamentos equivalentes, a fin de que todos los senadores fuesen electos por
sufragio universal y directo. Este proyecto resultó rechazado en la Sala del
Senado por falta de quórum.
136. Los Estados asumen, como partes de la Convención Americana, la responsabilidad de respetar y garantizar todos los derechos y libertades
reconocidos en ella a las personas sometidas a su jurisdicción sin discriminación
alguna (artículo 1). Asimismo, los Estados han asumido la obligación de cambiar
o adecuar sus disposiciones legislativas o de otro carácter (lo cual incluye
las normas constitucionales), si el ejercicio de los derechos y garantías
en la Convención Americana no estuvieren garantizados (artículo 2). En estos
casos los Estados asumen la obligación de adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas
o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos
y libertades (artículo 2). En consecuencia, la responsabilidad del Estado
comprometerse por acción u omisión del gobierno, del Congreso o de los tribunales
de justicia, así como también por acción u omisión de cualquier funcionario público.61
139. En este sentido, además de la jurisprudencia citada, cabe citar la resolución adoptada recientemente por la Conferencia de la Unión Interparlamentaria
celebrada en septiembre de 1998 en Moscú, denominada "Acción decidida de los parlamentos nacionales en el año del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para asegurar la promoción y protección de todos los derechos humanos en el siglo XXI", la cual dispuso hacer un llamado a los parlamentos nacionales para que tomen medidas apropiadas a fin de asegurar64:
(iii) que la legislación nacional sea revisada y si es necesario modificada para hacerla compatible con las normas y estándares consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos sobre derechos humanos. 140. Por lo tanto, en el presente caso la violación de los derechos humanos de las víctimas, consagrados en los artículos 23 y 24 de la Convención Americana, tiene su origen en, primer lugar, en el no cumplimiento por parte de los órganos competentes del Estado chileno (Congreso) de su deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar en su ordenamiento jurídico los derechos consagrados en dicha Convención (artículo 2). En segundo lugar, la violación se ha concretado y actualizado con la aplicación de la disposición constitucional sobre senadores designados (artículo.45) por los actos de designación adoptados en 1998 por las distintas autoridades (Presidente de la República; Consejo de Seguridad Nacional y Corte Suprema) que determinaron que dichos senadores asumieran sus cargos el 11 de marzo de 1998 como la más reciente oportunidad.
142. El 5 de mayo de 1999, en el curso de su 103º período de sesiones realizado entre el 29 de abril y 9 de mayo de 1999, la Comisión adoptó
el Informe 78/99 sobre el presente caso, con base en el artículo 50 de la
Americana y lo trasmitió al Estado chileno con las recomendaciones pertinentes,
respuesta a la Comisión, dentro del lapso indicado en el Informe 78/99 de
Que valora los esfuerzos desplegados por la Comisión para alcanzar una solución amistosa, pero dada la naturaleza de las denuncias
y los aspectos involucrados, no ha sido posible aún arribar a un resultado
satisfactorio que ponga término a esta controversia; que ha tenido dificultades
para el cumplimiento de las recomendaciones del informe de la Comisión
que parcialmente se han adoptado las señaladas recomendaciones; que ha
manifestado su voluntad por modificar la norma constitucional que establece
de los senadores designados y vitalicios pero que no ha sido posible a
pesar de que es voluntad del Gobierno; que la comunicación de los peticionarios
se encuentra en una situación limítrofe respecto a lo que se entiende
una denuncia de violación de un derecho contenido en la Convención.; que
la comunicación de los peticionarios es una consulta jurídica sobre un
de derecho constitucional; que la participación ciudadana en las elecciones desde 1988 siempre se ha verificado en condiciones de igualdad y que el
Estado ha proveído todos los medios a su alcance para garantizar el libre
acceso a las urnas a todos los ciudadanos del país;
Que la recomendación de la CIDH para que se garantice plenamente a todos los ciudadanos chilenos, incluidas las víctimas en el presente
caso, el ejercicio de su derecho a votar y a ser elegidos en condiciones
de igualdad parece una redundancia teniendo en cuenta que el Estado ha
garantizado el acceso a las urnas a todos los ciudadanos en condiciones
desde que se reanudó el período de normalidad democrática; que el derecho
a votar y ser elegidos en condiciones de igualdad se encuentra plenamente
garantizado; que todos los ciudadanos chilenos tienen la posibilidad
votar y elegir a sus representantes y ningún voto es privilegiado; que
la aceptación o rechazo de este procedimiento de designación de senadores
integración en el Senado tiene que ver con una definición política, más
que jurídica o de derechos humanos; y, que el derecho al voto no se ve
por la existencia de esta forma de integración del Senado;
Que no existen indicios de que el sistema europeo de derechos humanos pudiera acoger una denuncia por violación de los derechos de un
grupo de personas que se pudiera sentir afectada por la existencia de
designados en los parlamentos de: Bélgica, Reino Unido, Alemania, Italia
o Irlanda que se encuentran entre los veinte países de más alto desarrollo
humano del mundo; que el Gobierno de Chile tiene el propósito y la voluntad
de producir las reformas constitucionales necesarias para que la composición
del Senado y la representación del pueblo ante el Congreso Nacional refleje
fielmente la voluntad ciudadana y sea más acorde con las tradiciones
chilenas; que también desea hacer presente que la existencia de normas
constitucionales que establecen un determinado mecanismo para la composición
no debe ser entendida como una violación de uno o más derechos humanos
pues se trata de un asunto que pertenece a la esfera de lo político y en nada empaña el ejercicio del derecho humano al voto, tal como se encuentra establecido
144. Como resulta evidente, en su nota de respuesta el Estado de Chile admite, que --a pesar de los esfuerzos realizados en el pasado-- no
le ha sido posible dar pleno cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión
En consideración a ello, la CIDH reitera que no corresponde en esta etapa
la discusión acerca de la admisibilidad del caso la cual fue determinada en
el momento oportuno y no han sido presentados para ello elementos de error
que justificaran dicha consideración por vía excepcional. En consecuencia,
resulta claro que el Estado chileno no ha adoptado las medidas necesarias
con a las recomendaciones del Informe No. 78/99. La Comisión recuerda al Estado
lo establecido la Corte Interamericana en relación a la obligación de los
de dar cumplimiento a sus recomendaciones:
de la Organización de los Estados Americanos, que tiene como función "promover la observancia y la defensa de los derechos humanos" en el hemisferio".65 145. En todo caso, la Comisión realizará a continuación un análisis de los argumentos aportados por el Estado en su comunicación de fecha 29 de setiembre de 1999.
146. En relación al planteamiento hecho a estas alturas del procedimiento por el Estado chileno, respecto a que la comunicación presentada
por los peticionarios se encuentra en una situación "limítrofe" respecto a lo que se entiende por una comunicación individual por la denuncia de una
violación específica de un derecho humano contenido en la Convención, la
En primer lugar, la expresión "limítrofe" utilizada por el Estado debe llevar a que en caso de duda, sea interpretada a favor
de los derechos de las víctimas. Este principio pro-homine, como lo ha expresado la Corte Interamericana, rige como pauta interpretativa de la Convención, y en general en el Derecho de los derechos humanos.
154. Más recientemente, la Corte ha reiterado esta jurisprudencia en los siguientes términos75: Como la Corte ha sostenido, los Estados Partes de la Convención no pueden dictar medias que violen los derechos y libertades reconocidos en ésta. (Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (artículos 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 de 16 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 36, Caso Suárez Rosero, supra nota 80, párr. 97.) La Corte ha establecido que una norma puede violar per se el artículo 2 de la Convención independientemente de que haya sido aplicada en el caso concreto (Caso Surárez Rosero Supra nota 80, párr. 98). La Corte sostiene que el Estado, al someter a las víctimas del presente caso a procedimientos en los que se violan diversas disposiciones
de la Convención Americana, ha incumplido su deber de "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y [de] garantizar su libre y pleno ejercicio", como dispone el artículo 1.1 de la Convención.
Por otro lado, la Corte declara que las disposiciones contenidas en la legislación de emergencia adoptada por el Estado para hacer frente
al fenómeno del terrorismo, y en particular los Decretos-Leyes Nos. 25.475
y 25.659, aplicados a las víctimas en el presente caso, infringen el
2 de la Convención, por cuanto el Estado no ha tomado las medidas adecuadas
de derecho interno que permitan hacer efectivos los derechos consagrados
en la misma y así lo declara la Corte. El deber general del artículo
la Convención Americana sobre Derechos Humanos implica la adopción de medidas
en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas
de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas
en la Convención. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo
prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Evidentemente,
el Estado no ha llevado a cabo, en lo que atañe a las disposiciones aplicables al juicio de los inculpados, lo que debiera realizar a la luz del artículo
155. El resto de las argumentaciones del Estado, resultan extemporáneas en este estado del procedimiento, en virtud de hacer referencia a que la violación
de los derechos de los peticionarios a la participación política igualitaria
consagrados en la Convención Americana (artículos 23 y 24) no ha ocurrido,
todos los ciudadanos chilenos han ejercido su derecho a votar y a ser electos,
en condiciones de igualdad desde 1988. La Comisión reitera al respecto, su
y jurisprudencia contenida en el presente informe. En efecto, el derecho a
elegir y ser electo en condiciones de igualdad previsto en la Convención
se viola respecto a las víctimas en su condición de ciudadanos chilenos, cuando
no se les permite elegir a todos los miembros integrantes del Senado chileno,
ni se les permite ser portulados para ser electos en todos los cargos del
chileno en condiciones de igualdad, y por el contrario, en el actual sistema
solo determinados ciudadanos chilenos tienen acceso a ejercer ese derecho de manera exclusiva, preponderante y excluyente en desmedro de todo el resto de
los ciudadanos chilenos. En todo caso, por vía de estoppel puede comprobarse, que los argumentos del Estado chileno en su comunicación ante la Comisión están
en abierta contradicción y se ven rechazados por los propios argumentos utilizados
por los Presidentes chilenos don Patricio Aylwin y don Eduardo Frei, en las
oportunidades de enviar al Congreso chileno sus proyectos de modificación
artículo constitucional en cuestión (artículo 45), los cuales incluyen fundamentaciones
basadas precisamente en "principios" (no en razones de "conveniencia") tales como "la recuperación efectiva y completa de la democracia", "el completo restablecimiento de la soberanía popular", "la totalidad de los miembros de ambas Cámaras sean elegidos democráticamente".76 Precisamente estos principios de la democracia representativa y la soberanía popular, son los que configuran el derecho humano a elegir y ser electo en condiciones de igualdad, es decir, sin discriminaciones o exclusiones irrazonables por ilegítimas, consagrado en los artículos 23 y 24 de la Convención Americana, como lo ha determinado la Comisión en el presente informe.
157. Respecto al alegato del Estado en el sentido de que el asunto de los senadores designados es "político" y que no afecta el derecho humano al voto, la Comisión rechaza de nuevo y una vez más dicho argumento,
con base en toda la jurisprudencia desarrollada con anterioridad y en el presente
caso conforme a la cual, la Convención sí consagra en su artículo 23 el derecho
a elegir y ser electo en condiciones de igualdad, lo cual configura un derecho
humano jusiticiable y esencial para la democracia y el Estado de Derecho. La
democracia ha evolucionado como un derecho humano en sí, y que contiene una
forma de participación política. En este sentido, un reputado académico y ex-presidente
de la CIDH, el profesor Michael Reisman ha sostenido que las violaciones al
derecho a la participación política no son de importancia secundaria, pues
son violaciones muy serias a los derechos humanos,
"El gobierno de representación popular es un derecho humano reconocido. El artículo 21 (3) de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos establece que la voluntad del pueblo debe ser la base
la autoridad de los gobiernos; esta voluntad debe ser expresada en elecciones
periódicas y genuinas las cuales deben ser llevadas a cabo mediante sufragio
universal e igual, por votación secreta o por procedimientos electorales
equivalentes. Por ello la violación del derecho a un gobierno democrático
ocasiona que todos los otros derechos humanos que dependen de la institución
jurídica del Estado, se conviertan en asuntos que se ponen en las manos
de la discreción de los dictadores.  Las violaciones al derecho a la participación política no son de importancia secundaria. Ellas son
violaciones muy serias a los derechos humanos" (W. Michael Reisman. Humanitarian Intervention and Fledgling Democracies. 18. Foerham Int. L.J. 794, 795, 1995, (traducción libre).
159. La Comisión, por las razones que anteceden, reitera sus conclusiones adoptadas en su Informe Nº 78/99 en el sentido que el Estado chileno,
mediante el efecto del establecimiento de los llamados senadores designados
y el senador vitalicio general Augusto Pinochet, establecidos en el artículo
45 de la Constitución chilena y su aplicación por las autoridades señaladas,
ha vulnerado los derechos humanos de Andrés Aylwin Azócar, Jaime Castillo
Roberto Garretón Merino, Alejandro González Poblete, Alejandro Hales Jamarne,
Jorge Mera Figueroa, Hernán Montealegre Klenner, Manuel Sanhueza Cruz, Eugenio
Velasco Letelier, Adolfo Veloso Figueroa y Martita Woerner Tapia, víctimas
el presente caso, a la participación política y a la igualdad sin discriminación
(artículos 23 y 24), consagrados en la Convención Americana; así como su
de adecuar su ordenamiento jurídico para cumplir sus compromisos internacionales,
a fin de garantizar los derechos establecidos por la Convención en su artículo 2.
Con base en el análisis y las conclusiones precedentes LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS REITERA
Como se ha explicado en una anterior respuesta del Estado a la CIDH, se puede constatar que el Poder Ejecutivo ha manifestado en
reiteradas oportunidades su voluntad por modificar la norma constitucional
la figura de los llamados senadores designados y vitalicios, y para ello
ha presentado los proyectos de reforma correspondientes. No obstante
no ha sido posible lograr tal objetivo. [.] El Estado en reiteradas oportunidades ha señalado que la comunicación presentada por los peticionarios se encuentra en una situación limítrofe respecto a lo que debe entenderse por una comunicación individual. En este sentido no se desconoce lo resuelto por la Comisión en su Informe de admisibilidad 95/96, pero destaca un hecho que de suyo exige un análisis más profundo. En efecto, como se ha señalado previamente, para el Estado la comunicación hecha por los peticionarios es una consulta jurídica sobre un punto de derecho constitucional. [.]
El hecho que el Senado se integre con Senadores no electos, no evidencia por sí solo que se haya negado al acceso al derecho al voto
a los ciudadanos, como arguyen los peticionarios, sino más bien da cuenta
de un aspecto netamente político vinculado a la representación o sobrerepresentación
de un determinado grupo o categoría de senadores en el Senado. En consecuencia,
se trataría de un asunto relacionado con la legislación constitucional
del Estado, fuera del ámbito de las comunicaciones individuales establecidas
por el Pacto de san José. [.]
Sin duda que la existencia de senadores no electos produce un desequilibrio en los balances políticos al interior de esa rama en el
Congreso Nacional, pero ello dista mucho de ser una violación de los
humanos, en particular el derecho a votar consagrado en el artículo 23
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igual situación se
presentar si alguna fuerza política fuera predominante dentro del senado.
En tal caso tampoco se puede argüir que dicho desequilibrio afecta los
políticos de las minorías. [.]
El carácter mixto de la cámara alta chilena compuesta por 38 senadores electos y 9 designados es una modalidad ajustada íntegramente
a la potestad constitucional. Al respecto cabe señalar que según el Informe
sobre Desarrollo Humano elaborado por el Programa para el Desarrollo
las Naciones Unidas PNUD-, correspondiente al presente año, casi el 50 % de los países incluidos en el índice sobre vida política tienen senadores designados en sus respectivas Cámaras (39 de 61). De estas 30 democracias 17 tienen senadores exclusivamente designados incluyendo entre éstas últimas sistemas democráticos tan sólidos como el canadiense, el inglés, el alemán o los países anglófonos del Caribe. [.]
En este sentido, tal como ha expresado el Gobierno y el propio comisionado Goldman, no puede razonablemente considerarse que la
asignación del 20 por ciento de los escaños de la cámara alta constituya
una situación manifiestamente arbitraria que implique vaciar de contenido
o quitar efectividad al principio de representación efectiva. [.]
4. A pesar de que esta norma descansa sobre el presupuesto de la existencia de una estructura de gobierno de carácter democrático y representativo,
tampoco define un modelo definitivo conforme al cual el Estado deba organizarse
con el fin de institucionalizar la democracia representativa de manera ideal,
y menos aun el modo en el cual deben distribuirse los escaños en el órgano
Por lo tanto las alegaciones sobre la presunta incompatibilidad entre el modelo
adoptado y los principios subyacentes al artículo 23, deben ser analizadas
especial deferencia en favor de los Estados partes, y la Comisión debe ponderar
cuidadosamente si resulta apropiado pronunciarse sobre la conveniencia de
modelo institucional en particular. Considero que, a menos que la estructura
institucional establecida por el Estado impida de manera manifiestamente
la expresión de la voluntad de los ciudadanos, la Comisión debe en principio
evitar emitir juicios sobre su proximidad a un modelo ideal, al menos, en el contexto del examen de un caso individual. En ese sentido, las cuestiones relativas
a la conveniencia de ciertos modelos de participación política encajan más
dentro del mandato de la Comisión de promover los derechos humanos. Es en virtud
de este mandato que la Comisión está facultada para recomendar la adopción
medidas específicas en sus informes especiales o sobre países, con el fin de
mejorar y fortalecer dichos modelos.
5. La Comisión ha mostrado en el pasado cierto grado de deferencia en favor de los Estados partes al interpretar el artículo 23. En el Informe 30/93, por ejemplo, la Comisión estableció que los artículos 23 y 32 de la Convención habilitaban a Guatemala a establecer ciertas limitaciones al derecho a ser elegido a la luz del contexto histórico en el cual fueron adoptadas.80 De la misma manera, la Corte Europea de Derechos Humanos ha sido ampliamente
deferente en su interpretación de las obligaciones derivadas del derecho a
y ser elegido consagrado en el Artículo 3 del Protocolo No. 1 a la Convención
Europea de Derechos Humanos, al señalar que no interferirá a menos que las
estatales en cuestión no restrinjan estos derechos al "extremo de vaciarlos de su contenido esencial e impedir su eficacia".81 Es más, ese Tribunal ha reconocido que la legislación electoral está sujeta a variaciones geográficas y evoluciones temporales82 y que todo sistema electoral debe ser evaluado de acuerdo con la evolución política del país en cuestión. De esto se sigue que la Corte Europea ha reconocido que ciertas características que resultan inaceptables en el contexto de un sistema determinado pueden justificarse en otros en la medida en que se garantice la libre expresión de la opinión de los votantes al elegir la legislatura.83 En su opinión, los Estados gozan de considerable latitud para adoptar normas que regulen el status de los congresistas en su ordenamiento constitucional, incluyendo los criterios para su descalificación.84 Estas decisiones reflejan el hecho de que la ausencia de parámetros positivos dificulta la determinación de hasta qué punto ciertos derechos expresamente protegidos se ven vulnerados por la vigencia de determinadas estructuras institucionales.85 En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU también ha encontrado
serias dificultades en la evaluación de si ciertos derechos políticos han sido
respetados o no, cuando ésta involucra determinaciones sobre la "razonablilidad" de ciertas estructuras de poder que sólo pueden ser analizadas a la luz del
contexto en el cual fueron diseñadas y dentro del cual funciona el sistema
de que se trate.86
6. En el presente caso, la mayoría ha concluido que el Estado es responsable por la violación del derecho al sufragio universal e igual consagrado
en el artículo 23(1)(c) en conjunción con el artículo 24 de la Convención,
vez que los ciudadanos chilenos se ven impedidos de votar por los llamados
senadores "designados" y vitalicios87, lo que calificó como una "discriminación injustificada".88 Sin embargo, no surge de los alegatos de los peticionarios en el presente caso
que se encuentren impedidos de votar o ser elegidos u obligados a participar
en las elecciones en condiciones de desigualdad con el resto de los votantes
o los candidatos al 80 por ciento de las vacantes de la cámara alta, dentro
del sistema bicameral que rige en el Congreso de la República de Chile. Las
alegaciones se refieren más bien al impedimento de votar y ser elegido al 20
por ciento restante y al posible efecto de la asignación de escaños a los senadores "vitalicios" (como el General (r) A. Pinochet) y a los llamados senadores "designados", prevista en el artículo 45 de la Constitución.
8. A través de la historia, los Estados han desarrollado distintos modelos de convivencia y participación política y han establecido espacios
destinados a ciertos grupos, basados en, por ejemplo, criterios étnicos o
en los asuntos de gobierno. Los arreglos políticos mediante los cuales los
Estados han estructurado progresivamente sus respectivas modalidades electorales
representación política reflejan realidades históricas, políticas y sociales
de alta complejidad. Creo que el juzgar la necesidad, conveniencia y propósito
de estos arreglos generalmente rebasa la perspectiva que un órgano de supervisión
internacional ya que involucra consideraciones de carácter eminentemente
en su naturaleza. Es la tarea del Estado y no la de esta Comisión el hacer
estas delicadas y complejas determinaciones. De hecho, el principio conforme
la protección y promoción internacional de los derechos humanos es subsidiaria
a los mecanismos de protección y promoción domésticos es, en cierto modo, una expresión de estas limitaciones.
9. Así como es necesario que la Comisión evite actuar como una cuarta instancia respecto de las decisiones judiciales internas, también debe evitar, en lo posible, asumir el papel de órgano supraconstituyente de los Estados con el fin de "perfeccionar" su estructura política. Actuar de manera contraria significa comprometer la integridad misma del sistema
de protección de derechos humanos finalidad que, como bien ha señalado la Corte
Interamericana desde sus primeros casos, debe guiar la interpretación de la
Convención.89
11. Por último, soy consciente de que el prominente rol de un ex-dictador contiene un alto valor simbólico que de por sí ha generado y
continúa generando reacciones negativas tanto en la República de Chile como
en el exterior. Se trata de un sentimiento que comparto en lo personal y
conlleva la esperanza de que el pueblo chileno modifique, por sí mismo, sus
estructuras constitucionales para que un ex-dictador ahora senador vitalicio no continúe desprestigiando con su mera presencia la función legislativa y ofendiendo
a numerosos chilenos y chilenas cuyos derechos fueron violados sistemáticamente
por un gobierno brutal. Sin embargo, el reproche moral no puede por sí mismo
justificar el que un órgano como la Comisión interfiera con la prerrogativa
en principio reservada a cada Estado para diseñar su propio sistema de representación
política, a menos que el sistema adoptado sea manifiestamente arbitrario.
c) Un ex Contralor General de la República, que haya desempeñado el cargo a lo menos por dos años continuos, elegido también por la Corte Suprema; d) Un ex Comandante en Jefe del Ejército, uno de la Armada, otro de la Fuerza Aérea, y un ex General Director de Carabineros que hayan desempeñado el cargo a lo menos por dos años, elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional;
La designación de estos senadores se efectuará cada ocho años dentro de los quince días siguientes a la elección de senadores que corresponda. Las vacantes se proveerán en el mismo plazo, contado desde que se produjeren. No podrán ser designados senadores quienes hubieren sido destituidos por el Senado conforme al artículo 49 de esta Constitución. 2 Ver Informe Nº 95/98 publicado en el Informe Anual de la CIDH de 1998 a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
5 Véase, por ejemplo "Campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos, de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos," en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1990-1991,
pp 549 y ss. Es este sentido ya John Stuart Mill sostenía, que la democracia
representativa es la mejor forma de gobierno, porque es la manera apropiada
de cumplir con las necesidades sociales a través de la participación popular.
De allí que la participación popular sea la base de la democracia . Un gobernante
electo tiene el deber con los electores de representarlos responsablemente;
y por su lado, los ciudadanos tienen en sus manos el poder de premiar o castigar
al representante a través de las elecciones. Esta es la gloria de la democracia:
los ciudadanos pueden castigar o premiar sus gobernantes a través del sufragio
(Jonh Stuart Mill, Consideration of the Representative Government 85, Gernika ed., 1991). Es por ello, que la democracia implica la protección adecuada de los derechos humanos. En este sentido, la democracia ha evolucionado como un derecho humano en sí esta forma de participación política. En este sentido, un reputado académico y ex miembro de la CIDH, el profesor Michael Reisman ha sostenido que las violaciones al derecho a la participación política no son de importancia secundaria, pues ellas son violaciones muy serias a los derechos humanos,
"El gobierno de representación popular es un derecho humano reconocido. El artículo 21 (3) de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos establece que la voluntad del pueblo debe
ser la base de la autoridad de los gobiernos; esta voluntad debe ser expresada
en elecciones periódicas y genuinas las cuales deben ser llevadas a cabo
sufragio universal e igual, por votación secreta o por procedimientos electorales
que todos los otros derechos humanos que dependen de la institución jurídica
del Estado, se conviertan en asuntos que se ponen en las manos de la discreción
de los dictadores.  Las violaciones al derecho a la participación política no son de importancia secundaria. Ellas son violaciones muy serias a los derechos humanos" (W. Michael Reisman. Humanitarian Intervention and Fledgling Democracies. 18 . Foerham Int. L.J. 794, 795, 1995, traducido).
11 La importancia del sufragio universal y su vínculo con la democracia fue reiterada en la Resolución
XXX, aprobada durante la Décima Conferencia Interamericana de Caracas, en
por medio de la cual se resolvió "Tributar homenaje a los países que han incorporado en su legislación el derecho de sufragio en favor de los analfabetos,
procurando así ampliar y fortalecer las instituciones de la democracia representativa" (Conferencias Internacionales Americanas. Segundo Suplemento 1945-1954, Departamento Jurídico, Unión Panamericana, Washington D.C., 1956, pág 312).
23 Debe señalarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución chilena, el
Senado es una de las dos cámaras que conforman el Congreso Nacional y ambas
concurren a la formación de las leyes de conformidad con lo dispuesto en
misma Constitución. Adicionalmente, el Senado tiene asignadas otras importantes
atribuciones exclusivas (artículo 49). Así, el Senado es competente para
las acusaciones de los altos funcionarios del Poder Público chileno; de las
acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar contra algún Ministro
de Estado con motivo de los perjuicios sufridos por acto de éste en el desempeño
de su cargo; de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades
políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia; la de
la rehabilitación de la ciudadanía; la de prestar o negar su consentimiento
a los actos del Presidente de la República, en los casos exigidos por la
la de otorgar acuerdo para que el Presidente de la República pueda salir del país por más de treinta días o en los últimos noventa días de su período; la
de declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente
cuando un impedimiento físico o mental lo inhabilite; y, la de dar dictámenes
al Presidente de la República cuando éste lo solicite. Como puede observarse,
el Senado tiene asignadas competencias de vital importancia para el desarrollo
democrático del país. Además, todos las leyes deben ser aprobadas por ambas cámaras, por lo cual su papel es fundamental, condición sine qua non, para la aprobación de las normas legales. 24 Véase, Eduardo García de Enterría, Democracia, jueces y control de la Administración, Civitas, Madrid, 1996, pág. 52.
26 Sobre este punto puede consultarse The Federalist Nº 57 (James Madison), pág. 383-85, B. Wright ed. 1961. 27 A pesar de que la Constitución chilena de 1980 fue aprobada por un plebiscito, la votación
misma no cumplió con los lineamientos electorales necesarios para garantizar
la transparencia del proceso. Al respecto, esta Comisión expresó en el Informe
sobre la situación de los derechos humanos en Chile (1985) que en el mencionado
plebiscito "la carencia de Registro Electoral, la vigencia del estado de emergencia, la inactividad de los partidos políticos, las desventajas prácticas de los sectores de oposición en el acceso a los medios de comunicación y la ausencia de alternativas viables al rechazo de la propuesta del Gobierno, son todos elementos que afectan gravemente la credibilidad de ese procedimiento". Igualmente, en las conclusiones del capítulo referido al ejercicio de los derechos políticos del Informe sobre Chile citado, la Comisión, al referirse tanto a la consulta electoral de 1978 como al plebiscito de 1980, expresó que en ambas ocasiones se dieron "restricciones derivadas de la vigencia de estados de excepción constitucional los cuales han tenido un negativo impacto en la vigencia de otros derechos humanos asociados al ejercicio de los derechos políticos como son el derecho a la libertad de expresión y de opinión, el derecho de asociación, el derecho de reunión y el derecho de libertad personal. También ha podido observar la Comisión que durante la celebración de esos actos se encontraban proscritos o disueltos los partidos políticos y que un grupo significativo de chilenos se encontraba impedido de regresar al país. La Comisión ha podido constatar, asimismo, que durante dichos actos el Gobierno utilizó todos los recursos a su disposición colocando a los opositores en clara desventaja. A juicio de la Comisión, estas graves restricciones vulneran el principio del pluralismo que es propio de un régimen de democracia representativa; también afectan la libertad y la autenticidad que son características fundamentales de todo acto en el cual se ejercite el sufragio. Todos estos elementos arrojan fundadas dudas sobre la credibilidad de ambos procedimientos".
33 Informe No. 24/98, Informe Annual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, párr.
13/18. "es aplicable al sistema interamericano la doctrina establecida por la Comisión Europea y por el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles, conforme al cual estos órganos se han declarado competentes para conocer de hechos anteriores a la fecha de entrada en vigor de la Convención por un determinado Estado, siempre que estos actos sean susceptibles de tener como consecuencia una violación continuada de la Convención que se prolonga más allá de aquella fecha". (Andrés Aguilar, Derechos Humanos en las Américas, nota 8, pág. 202).
34 La Comisión Europea de Derechos Humanos, en su decisión de 12 de febrero de 1992 en el caso Agrotexim Hellas y otros contra Grecia, se consideró competente para conocer las violaciones alegadas por una serie de medidas tomadas entre 1979 y 1981, que originaron una situación continuada que perduraba, a pesar de que el Gobierno de Grecia había aceptado la competencia de la Comisión el 20 de noviembre de 1985. Anuario de la Convención Europea de 1992, Solicitud No. 14807/89, pág. 43. 35 La Corte Europea ha aceptado la noción de "violación continua" de la Convención y sus efectos sobre los límites temporales de la competencia de los órganos
de la Convención. Ver entre otras decisiones: Papamichalopoulos y otros contra
Grecia de 24 de junio de 1993, serie A No 260-B, pág. 69-70, 40 y 46; Agrotexim
y otros contra Grecia de 24 de octubre de 1995, serie A No 330, pag. 22,58;
y Loizidow contra Turquía de 18 de diciembre de 1996.
36 Comité del Pacto de N.U. Casos Torres Ramírez contra Uruguay, comunicación No. 4/1877, párrafo 18; y Millan Sequeira contra Uruguay, comunicación No. 6/1977, párrafos 16 y 17. 37 CIDH, Doctrine of the Inter-American Commission on Human Rights (1971-1981), en Ten Years Activities 1971-1981, Washington, D.C., 1982, pág. 334. Citas tomadas de la versión en inglés y traducidas libremente al español. 38 (Ver, Ferreira Rubio, Delia. "Los sistemas electorales: el vínculo entre electores y elegidos", en SEMINARIO SOBRE ELECCIONES Y DERECHOS HUMANOS. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José.1998..
40 Por lo demás, es claro que la referencia explícita a la democracia representativa expresa
la oposición a otras formas de gobierno y representación como el corporativismo.
Los supuestos teóricos de ese tipo de gobierno, así como su práctica en sociedades
tales como el Portugal de Oliveira Salazar, la Italia de Mussolini o la España
de Franco, tenían un contenido corporativo. En esos sistemas la representación
no procede del sufragio igual de los ciudadanos sino de instancias de contenido
gremial, entre ellas la de los militares. La designación estamental no corresponde
al de la democracia representativa, y priva al ciudadano de "participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres", como lo establece la Declaración Americana. 41 Ibid.
59 Aunque esta reforma se concentró en la eliminación de los senadores designados ( y en relación
a los senadores vitalicios se propuso la reducción de años requeridos para
los ex-presidentes pasaran a ser senadores vitalicios, con lo cual el ex-presidente
Aylwin, electo democràticamente como tal, habría calificado como senador
vitalicio),
entre los fundamentos de la reforma constitucional propuesta por el Presidente
Frei, estaba un nuevo argumento relativo a la "politización" de las instituciones encargadas de designar dichos senadores:
En lo referido a las senaturías vitalicias establecidas para ex Presidentes de la Nación, resulta claramente arbitrario extender la voluntad ciudadana que los nominó para dicho cargo, suponiéndole al electorado la intención de conferirle, además, un mandato parlamentario. Ello resulta excesivo. Lo anterior sólo podría encontrar alguna justificación, cuando tal consecuencia sea conocida masivamente por los electores al momento de elegir al Presidente de la República; se aplique uniformemente a todos quienes hayan ejercido la máxima autoridad del país, cualquiera sea la duración de su mandato y, fundamentalmente, cuando éste haya emanado de la voluntad ciudadana, expresada en elecciones libres, abiertas y competitivas.
Suprímese,
en su inciso segundo, la expresión "elegidos por votación directa";
Elimínese,
en su inciso segundo, la frase -que corresponda elegir por votación
directa";
68 Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-14/94, "Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (Artículos 1 y 2 de la Convención Americana)", del 9 de diciembre de 1994, párr. 45, véase también, párrs. 46-47. Con referencia
a los otros mecanismos contenciosos del sistema, el artículo 61.2 de la Convención
establece, además, que "[p]ara que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados" los procedimientos establecidos en dichos artículos. "La jurisdicción contensiosa de la Corte se ejerce con la finalidad de proteger los derechos y libertades de personas determinadas y no con la de resolver casos abstractos". Id. párr. 49.
74 "Como la Corte ha sostenido, los Estados Partes en la Convención no pueden dictar
medidas que violen los derechos y libertades reconocidas en ella (Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (artículos 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 36). Aunque las dos primeras disposiciones del artículo 114 bis del Código Penal ecuatoriano asignan a las personas detenidas el derecho de ser liberadas cuando existan las condiciones indicadas, el último párrafo del mismo artículo contiene una excepción a dicho derecho.
En conclusión, la Corte señala que la excepción contenida en el artículo 114 bis citado infringe el artículo 2 de la Convención por cuanto el Ecuador no ha tomado las medidas
adecuadas de derecho interno que permitan hacer efectivo el derecho contemplado
en el artículo 7.5 de la Convención." (Subrayados de la Comisión) (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C: Resoluciones y Sentencias
Nro. 35, Caso Suárez Rosero, Sentencia 12 de noviembre de 1997, párr. 97)