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Timestamp: 2019-11-18 03:11:38
Document Index: 260467076

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BOCG. Senado, apartado I, núm. 253-1836, de 25/10/2013
cve: BOCG_D_10_253_1836
I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Proposición de Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.
(620/000005)
(Cong. Diputados, Serie B, núm. 70
Núm. exp. 120/000005)
PROPUESTAS DE VETO
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto a la Proposición de Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.
Palacio del Senado, 15 de octubre de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
PROPUESTA DE VETO NÚM. 1
De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.
El artículo 13 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea establece que «la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar para los animales como seres sintientes». Con ello se reconoce los derechos fundamentales de los animales cuyo reconocimiento y conservación deben considerarse como una prioridad dentro de la Unión Europea y de los Estados miembros.
La comunidad científica avala con sus estudios que los animales son seres sensibles al dolor y sufrimiento, dotados de sensibilidad psíquica, además de física. Los animales poseen el derecho natural a la vida, de acuerdo con sus características biológicas y necesidades etológicas y es por ello por lo que deben ser defendidos de cualquier explotación abusiva y cruel por el conjunto de la sociedad y especialmente por las instituciones. De entre estos abusos y explotaciones encontramos, como absurda y cruenta, la denominada «fiesta de los toros», definida por el Premio Nobel de Literatura John Maxwell Coetzee, como «afición arcaica». Por mucho que se quiera obviar en los debates protaurinos, existe una creciente sensibilidad de respeto a los animales presente como un valor propio de la realidad de la
sociedad española y esta circunstancia debe ser reflejada y asumida por las instituciones políticas y administrativas. Nunca antes se había cuestionado de forma tan razonable y amplia nuestra relación con los animales y esto se demuestra en el aumento de personas que rechazan todo tipo de abuso y maltrato animal y esto atañe a los denominados festejos o manifestaciones tradicionales, donde se tortura públicamente a un toro hasta su muerte.
Es evidente y demostrable el creciente rechazo a este tipo de espectáculos o manifestaciones cruentas, que comportan el sufrimiento de un ser vivo por mero divertimento de un cada vez menor número de seguidores y que su autorización hiere la sensibilidad a muchísimas más personas que están convencidas moral y éticamente que el toro sufre y que el trato respetuoso al toro y abolición de la tauromaquia será una consecuencia más del progreso moral y civilizado de nuestra sociedad. El fin no justifica los medios y, citando al filósofo Norbert Bilbeny, «es inmoral incluir el sufrimiento y la sangre como parte de un espectáculo, aunque sea la sangre y el sufrimiento de un animal (…) el placer, el arte y la valentía no excusan a la tortura (…). La lidia y las emociones que producen a los taurinos, son humanas pero incompatibles con la moral».
El concepto de patrimonio cultural ha cambiado a lo largo de la historia en sintonía con los valores sociales y los cambios culturales. Organismos internacionales, principalmente la UNESCO, han influido en esa transformación del sentido original de lo considerado como patrimonio cultural, otorgando en la actualidad como principal valor el respeto a la multiculturalidad, al fomento de la cultura de la paz y el principio de igualdad de género, a los símbolos, monumentos y actos que forman parte de ese patrimonio cultural de la humanidad. A los monumentos y objetos, testimonios de nuestra historia y nuestra evolución, se suman también a nuestro patrimonio cultural las expresiones vivas, los usos, costumbres y rituales, saberes y técnicas artesanales, es el denominado patrimonio inmaterial, que es el resultado de la expresión popular y colectiva. Este patrimonio inmaterial es el que conforma la humanidad y sus valores, unos valores y sentimientos que emanan del pensamiento, de la ética, de la convivencia entre los pueblos, del respeto hacía otros modos de vida y a su cultura. La humanidad ha cambiado su relación con la naturaleza según los distintos contextos socio-históricos y hoy la ética ecológica, la sostenibilidad, la conservación y defensa de la biodiversidad y el rechazo al maltrato de todos los seres vivos es un hecho cultural que la sociedad de finales del siglo XX ha legado a las generaciones venideras.
El patrimonio cultural inmaterial, según establece la UNESCO, no es solo aquello tradicional, sino también lo contemporáneo y viviente. Son aquellas expresiones que han evolucionado en respuesta al entorno, que contribuyen a la cohesión social, a fomentar un sentimiento de identidad no excluyente, de responsabilidad social que permita a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades. El patrimonio cultural inmaterial es representativo y pertenece a los hombres y mujeres, sin exclusión, depende de sus conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres que trasmiten, unas tradiciones reconocibles y reconocidas como cultura que adquieren formas diversas, originales y plurales. Es la riqueza inmaterial y la contribución de la humanidad al desarrollo de la sociedad plural en su sentimiento y de respeto por el género humano y su entorno natural, es civilización.
Los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural Español, están regulados por una normativa específica fundamentalmente contenida en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio. Posteriormente estas competencias fueron traspasadas a las comunidades autónomas, que participan en la incoación de expedientes y estudios, con la supervisión del Ministerio de Cultura para la declaración definitiva. La declaración de una fiesta tradicional de interés nacional o local es por lo tanto competencia de las comunidades autónomas y es la administración que regula cuáles son y los requisitos. Común en todas ellas es que fiesta tradicional son celebraciones integradas por un conjunto estructurado de manifestaciones de la cultura tradicional del lugar, deben acreditar su continuidad histórica y arraigo colectivo, con criterios y valores aceptados ampliamente por el conjunto de la sociedad. En este sentido, se debe distinguir aquello que se comprende como Cultura, en mayúsculas, de lo que son hábitos culturales. La cultura y su aprendizaje a través de la educación es un derecho humano, que comporta civilización, progreso, emana del pensamiento, de la creatividad y originalidad, conformando el estatus de ciudadanía y dignidad humana. La cultura otorga a hombres y mujeres, en igualdad, la capacidad de discernir sobre los valores del progreso moral y ético, en cambio, los hábitos culturales deben adecuarse y transformarse para ser representativos de esos valores humanos dentro del mismo progreso moral. Por este motivo, es incompatible declarar como patrimonio cultural de cualquier sociedad o comunidad, una manifestación violenta cuyo ritual y desarrollo se centra en el abuso, tortura y sacrificio de un ser vivo.
Tengamos en cuenta que en la actualidad en el Estado español y en la Unión Europea la tauromaquia y los festejos taurinos existen como excepción por razones tradicionales en el marco de una legislación en la que, como regla general, prima la protección a los animales. Hasta la fecha, en el marco de sus competencias, solo dos comunidades autónomas —Canarias y Cataluña— han eliminado esa excepcionalidad.
En este sentido, resulta enormemente significativo que la Constitución no citara expresamente la tauromaquia como bien a proteger.
La proposición de ley promovida por la iniciativa legislativa popular no ha justificado suficientemente la competencia estatal en la materia de declaración de bien de interés cultural (BIC), que es la espina dorsal de su iniciativa. Según la legislación vigente, se trata de una competencia de las Comunidades Autónomas y solo puede actuar la Administración General del Estado [según el art. 6 b) de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español] en caso de que el bien a proteger sea un servicio público, forme parte del Patrimonio Nacional o se encuentre bajo la amenaza de expoliación. Obviamente a las corridas de toros, en todo caso, solo podría ser aplicable este último supuesto. Sin embargo, entre los propios promotores de la iniciativa se niega contundentemente que la tauromaquia «esté herida de muerte», llegando a exagerar incluso las cifras que demostrarían su impacto económico, con lo que se impide de hecho la posible actuación del Estado al no reconocerse el riesgo de desaparición inmediata de las corridas de toros.
Por todo ello se pide la devolución al Gobierno.
La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto a la Proposición de Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.
Palacio del Senado, 15 de octubre de 2013.—Ester Capella i Farré.
PROPUESTA DE VETO NÚM. 2
De doña Ester Capella i Farré (GPMX)
La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.
Las corridas de toros son espectáculos violentos donde, tras el supuesto «arte» acrobático o coreográfico de picadores, banderilleros y toreros, se lleva a cabo la tortura de los animales con instrumentos de acero cortantes hasta su sangrante muerte, con la única finalidad de servir de diversión a los espectadores.
Tal y como expone la Plataforma «la cultura no es tortura» —integrada por ADDA, ALBA, ANAA, ANDA, ANIMANATURALIS, Associació Animalista de Manlleu, la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia, CAS International, CEPA, Ecologistas en Acción, EQUO, FAA, FAADA, FAPAM, FEBA, Fundación Altarriba, Galgos sin fronteras, GEHVA, Justicia animal, la Voz Animal, PLAGDA, Partei Mensch Umwelt Tierschutz, PROA y SOS Galgos—, las corridas de toros causan gran sufrimiento a los toros y desensibilizan a las personas y en especial a las menores de edad ante la violencia.
Durante las corridas los toros son picados, banderillados, traspasados con el estoque y descabellados y apuntillados. Entre otros, para ello se utiliza la puya, un instrumento cortante y punzante con tres aristas afiladas de 2,9 cm de largo y 1,9 cm de ancho, con 5 cm de cuerda encolada. La puya es utilizada para seccionar y cortar los músculos, tendones, ligamentos, arterias, venas, nervios y estructuras óseas del toro. Según cientos de estudios post mortem realizados en toros lidiados y muertos en la plaza, la puya profundiza en el cuerpo del toro una media de 17 cm y cada puyazo abre en el animal siete trayectorias diferentes que le provoca neumotórax y que daña seriamente el plexo braquial, un importante paquete nervioso indispensable para que el toro pueda moverse con normalidad. Los animales salen del caballo en el tercio de varas con fracturas y fisuras de cráneo y con lesiones oculares.
Además de estos importantes daños físicos, las puyas provocan a los toros la perdida de entre un 8 y un 18% del volumen sanguíneo. Puede observarse la sangre manar a borbotones de las heridas del toro,
pero, además, parte de ella invade sus tejidos, llegando a taponar su canal medular. La lidia acaba de empezar y el toro ya padece una importante insuficiencia cardiorrespiratoria, su sangre se empieza a cargar de dióxido de carbono y a sus tejidos les empieza a faltar el oxígeno. Una vez pasado este tercio, denominado el de varas, el torero clava en el toro tres pares de banderillas en cuyas puntas van unos arpones de 4 cm de largo y 1,6 cm de ancho que penetran en las zonas ya lesionadas por los puyazos, agravando el dolor y aumentando la pérdida de sangre del animal.
Para terminar con este calvario, y después de que el torero agote el animal con sus pases de muleta, llega el momento de la «suerte suprema», la estocada. En la estocada el matador introduce en la cavidad torácica del toro una espada de 88 cm de largo, que teóricamente debería seccionar su vena cava caudal y su arteria aorta posterior, lo que provoca una gran hemorragia interna que lleva a una muerte rápida del animal. Sin embargo, esto sólo ocurre en un 20% de las ocasiones. En el 80% de los casos restantes, el estoque se puede clavar y cortar el lóbulo pulmonar derecho del toro, provocando que la sangre pase de los bronquios a la tráquea, saliendo por la boca y la nariz a borbotones. En otras ocasiones, toca de refilón esta parte del pulmón y provoca que el toro se trague su propia sangre. Si la estocada es muy trasera, traspasa el diafragma y paraliza el nervio frénico provocando que el animal de unos pasos hacia atrás, provocándole hipo hasta que caiga redondo muerto por asfixia. En este caso, la espada puede haber llegado a pinchar el hígado y la panza del toro.
De cualquier forma, sea la estocada más o menos certera, se provoca la agonía del toro por la asfixia que padece mientras el tórax se inunda de sangre, lo que unido a las lesiones que se le han causado anteriormente es la clara demostración de la tortura y el sufrimiento que esta práctica supone.
Ciertamente, la tauromaquia tiene un importante enraizamiento histórico en la Península Ibérica. Pero eso no quita que sea una salvaje herencia ancestral. Como afirmaba el dramaturgo español y Premio Nóbel de Literatura, Jacinto Benavente, «Las corridas de toros son un vicio de nuestra sangre envenenada desde antiguo».
Afortunadamente, la sociedad va evolucionando y con ella la conciencia de respeto a la naturaleza y, en particular, a las especies animales, de manera que poco a poco se van perdiendo costumbres, e incluso tradiciones, en que el animal es objeto de maltrato. Desde el ahorcamiento de perros —u otros métodos más salvajes— al final de la temporada de caza hasta la caza del zorro en Inglaterra.
En este sentido, la pretensión de reconocer las corridas de toros como patrimonio cultural ha tenido un importante eco internacional, que ha provocado la activación y firma en contra de esta iniciativa de más 100 organizaciones de protección animal de 29 Estados y de más de 256.000 ciudadanos y ciudadanas, de más de 135 países. Entre los cuales, el Premio Nóbel de Literatura, J.M. Coetzee o la conocida activista naturalista y Premio Príncipe de Asturias, Jane Goodall.
Una de las personalidades que más ha influido en la conciencia de la diversidad y el respeto de la fauna peninsular ha sido el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, quien coherentemente era contrario a las corridas de toros: «Es asombroso que exista un público que disfrute y sienta placer viendo como un hombre mata a un animal en la plaza de toros. La mal llamada fiesta nacional es la máxima exaltación de la agresividad humana» afirmaba.
Fruto de esta evolución social, ecológica e histórica, algunas Comunidades Autónomas —como Canarias o Catalunya—, en virtud de sus competencias, han decidido legislar en contra de la barbarie y muerte del animal.
Las competencias en materia de espectáculos públicos han sido asumidas estatutariamente por las Comunidades Autónomas. De esta manera, el Estado carece de dicha competencia y, en consecuencia, la legislación estatal sobre la tauromaquia no puede afectar al alcance de las competencias autonómicas sobre los espectáculos en los que se exhiben, llevan, torean o corren toros, supongan o no la muerte del animal.
Pese a ello, la Administración General del Estado ha estado subvencionando generosamente la tauromaquia e incluso impulsando su financiación mediante fondos europeos (en detrimento del campesinado productivo). Tanto es así que el negocio de la tauromaquia difícilmente se podría sostener sin las importantes inyecciones de dinero público.
No obstante, no es oportuno mantener con dinero público un negocio privado y que tiene como objeto la muerte de un animal para el disfrute del público. Y, especialmente, en un contexto económico como el actual.
Asimismo, se considera una cínica ironía considerar que las corridas de toros son cultura y el torero —el matarife, al fin y al cabo—, un artista. Y peor aún, y en época de recortes en todos los ámbitos de la cultura, destinar dinero a este supuesto e impuesto «arte» en detrimento de todos los demás.
Finalmente, la protección de la infancia requiere evitar la exposición de los menores a la tauromaquia. Ello, porque no debe educarse a la infancia en el maltrato a los animales. Y además, porque hay que preservar a la infancia de escenas tan sanguinarias como las que se producen en las corridas de toros.
Las sociedades evolucionan, las sensibilidades son distintas, la relación de la especie humana y su entorno ha cambiado, los nuevos conocimientos y estudios científicos sobre las capacidades cognitivas y sobre el sistema nervioso de los animales certifican que los toros experimentan dolor, estrés y sufrimiento de manera similar a la especie humana.
Una sociedad moderna y evolucionada no puede defender que el ejercicio de la crueldad sea un valor cultural y las corridas de toro son un acto de crueldad.
Por todo lo anteriormente expuesto Esquerra Republicana de Catalunya presenta enmienda de veto a la Proposición de Ley para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural (620/000005).
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto a la Proposición de Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2013.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
PROPUESTA DE VETO NÚM. 3
De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)
y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.
La comunidad científica avala con sus estudios que los animales son seres sensibles al dolor y sufrimiento, dotados de sensibilidad psíquica, además de física. Los animales poseen el derecho natural a la vida, de acuerdo con sus características biológicas y necesidades etológicas y es por ello por lo que deben ser defendidos de cualquier explotación abusiva y cruel por el conjunto de la sociedad y especialmente por las instituciones. De entre estos abusos y explotaciones encontramos, como absurda y cruenta, la denominada «fiesta de los toros», definida por el Premio Nobel de Literatura John Maxwell Coetzee, como «afición arcaica». Por mucho que se quiera obviar en los debates protaurinos, existe una creciente sensibilidad de respeto a los animales presente como un valor propio de la realidad de la sociedad española y esta circunstancia debe ser reflejada y asumida por las instituciones políticas y administrativas. Nunca antes se había cuestionado de forma tan razonable y amplia nuestra relación con los animales y esto se demuestra en el aumento de personas que rechazan todo tipo de abuso y maltrato animal y esto atañe a los denominados festejos o manifestaciones tradicionales, donde se tortura públicamente a un toro hasta su muerte.
Es evidente y demostrable el creciente rechazo a este tipo de espectáculos o manifestaciones cruentas, que comportan el sufrimiento de un ser vivo por mero divertimento de un cada vez menor número de seguidores y que su autorización hiere la sensibilidad a muchísimas más personas que están convencidas moral y éticamente que el toro sufre y que el trato respetuoso al toro y abolición de la tauromaquia será una consecuencia más del progreso moral y civilizado de nuestra sociedad. El fin no
justifica los medios y, citando al filósofo Norbert Bilbeny, «es inmoral incluir el sufrimiento y la sangre como parte de un espectáculo, aunque sea la sangre y el sufrimiento de un animal (…) el placer, el arte y la valentía no excusan a la tortura (…). La lidia y las emociones que producen a los taurinos, son humanas pero incompatibles con la moral».
Los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural Español, están regulados por una normativa específica fundamentalmente contenida en la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio. Posteriormente estas competencias fueron traspasadas a las comunidades autónomas, que participan en la incoación de expedientes y estudios, con la supervisión del Ministerio de Cultura para la declaración definitiva. La declaración de una fiesta tradicional de interés nacional o local es por lo tanto competencia de las comunidades autónomas y es la administración que regula cuáles son y los requisitos. Común en todas ellas es que fiesta tradicional son celebraciones integradas por un conjunto estructurado de manifestaciones de la cultura tradicional del lugar, deben acreditar su continuidad histórica y arraigo colectivo, con criterios y valores aceptados ampliamente por el conjunto de la sociedad. En este sentido, se debe distinguir aquello que se comprende como Cultura, en mayúsculas, de lo que son hábitos culturales. La cultura y su aprendizaje a través de la educación es un derecho humano, que comporta civilización, progreso, emana del pensamiento, de la creatividad y originalidad, conformando el estatus de ciudadanía y dignidad humana. La cultura otorga a hombres y mujeres, en igualdad, la capacidad de discernir sobre los valores del progreso moral y ético, en cambio, los hábitos culturales deben adecuarse y transformarse para ser representativos de esos valores humanos dentro del mismo progreso moral. Por este motivo, es incompatible declarar como patrimonio cultural de cualquier sociedad o comunidad, una manifestación violenta cuyo ritual y desarrollo se centra en el abuso, tortura y sacrificio de un ser vivo.
Tengamos en cuenta que en la actualidad en el Estado español y en la Unión Europea la tauromaquia existe como excepción por razones tradicionales en el marco de una legislación en la que, como regla general, prima la protección a los animales. Hasta la fecha, en el marco de sus competencias, solo dos comunidades autónomas —Canarias y Cataluña— han eliminado esa excepcionalidad.
La proposición de ley promovida por la iniciativa legislativa popular no ha justificado suficientemente la competencia estatal en la materia de declaración de bien de interés cultural (BIC), que es la espina dorsal de su iniciativa. Según la legislación vigente, se trata de una competencia de las Comunidades Autónomas y solo puede actuar la Administración General del Estado (según el art. 6 b) de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español) en caso de que el bien a proteger sea un servicio público, forme parte del Patrimonio Nacional
o se encuentre bajo la amenaza de expoliación. Obviamente a las corridas de toros, en todo caso, solo podría ser aplicable este último supuesto. Sin embargo, entre los propios promotores de la iniciativa se niega contundentemente que la tauromaquia «esté herida de muerte», llegando a exagerar incluso las cifras que demostrarían su impacto económico, con lo que se impide de hecho la posible actuación del Estado al no reconocerse el riesgo de desaparición inmediata de las corridas de toros.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto a la Proposición de Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2013.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.
PROPUESTA DE VETO NÚM. 4
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.
No corresponde al Estado abordar una regulación integral de los espectáculos taurinos, la tauromaquia ni tampoco la declaración de las corridas de toros como bien de patrimonio cultural en todo territorio del Estado. La Constitución Española no reserva la regulación de los espectáculos taurinos al Estado, lógicamente, ni siquiera dedica mención alguna a los toros o al mundo del toro. Además, el constituyente tampoco estableció o fijó una regulación uniforme sobre la existencia y desarrollo de las corridas de toros en territorio español y en consecuencia, siendo que las competencias en materia de espectáculos, en materia de cultura y en materia de protección de animales competencia de las comunidades autónomas, se han dictado distintos reglamentos autonómicos que disciplinan el espectáculo taurino e incluso algunas Comunidades, como es el caso de Catalunya, han aprobado sus propias leyes prohibiendo las corridas de toros. La práctica totalidad de competencias relacionadas con el mundo del toro corresponden con carácter exclusivo a las Comunidades Autónomas.
La pretensión de que el Gobierno declarare las corridas como bien de patrimonio cultural, no se ajusta al marco competencial previsto en la Constitución Española y vulnera competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas. El Gobierno no tiene las competencias que pretende atribuirle la presente proposición de ley. Ni la Constitución Española, ni la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, pueden fundamentar la atribución competencial que realiza esta iniciativa legislativa al Gobierno.
En Catalunya, la prohibición de las corridas de toros fue aprobada por el Parlament el 28 de julio de 2010. El origen de esta prohibición está en una iniciativa legislativa popular que reunió más del triple de firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular en Cataluña. Su aprobación supuso la modificación de la Ley de protección de animales vigente en Catalunya, derogándose la excepción que se efectuaba respecto a las corridas de toros. La prohibición se hizo efectiva a partir del mes de enero de 2012.
La aprobación de la proposición de Ley para la regulación de la fiesta de los toros como bien de patrimonio cultural en todo el territorio español entraría en colisión con una decisión acordada legal y legítimamente por el Parlament de Catalunya. El origen de esta iniciativa legislativa es una reacción a la prohibición aprobada en Cataluña y así lo han reconocido los impulsores de la ILP en sede parlamentaria cuando comparecieron ante la Comisión de Cultura para exponer y fundamentar su propuesta. Pero además, ese objetivo se deja entrever tanto en la exposición de motivos de la propia iniciativa legislativa popular como en el propio articulado, cuando ya en su artículo 2 dice que el objeto de la presente ley es la protección de la fiesta de los toros como bien de patrimonio cultural y será de aplicación en todo el territorio nacional y en el artículo 5, al disponer que las administraciones dentro de sus respectivas
competencias promulgarán la normativa precisa para cumplir con lo dispuesto en la ley, quedando derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en dicha ley.
La Proposición de Ley presentada como ILP pretende laminar y dirigir las competencias de las Comunidades Autónomas y que se regule el fomento y protección de los toros bajo el paraguas de una ley estatal que derogaría toda normativa que fuera contraria a la iniciativa legislativa y todo ello se pretende llevar a cabo recurriendo a una interpretación errónea, parcial y sesgada de la Ley de Patrimonio Histórico Español y también de la Constitución española, concretamente el artículo 149.2.
La declaración de las corridas de toros como bien de patrimonio cultural no se puede subsumir en ninguno de los supuestos específicos que recoge el apartado b) del artículo 9.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Por lo tanto, el Estado no tiene competencia para realizar tal declaración, solo puede efectuar una declaración de patrimonio cultural en determinados supuestos:
1. Cuando se trate de la defensa del patrimonio ante la exportación ilícita y la expoliación.
2. Cuando se trate de bienes integrantes del patrimonio histórico español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado.
3. Cuando se trate de bienes que formen parte del patrimonio nacional.
Y está claro que tampoco concurre ninguno de estos tres supuestos. Además, a lo largo de las distintas comparecencias en la Comisión de Cultura ninguno de los comparecientes pudo fundamentar la existencia de alguna de estas causas que justificarían que el Estado interviniera para efectuar tal declaración y, especialmente el supuesto de expoliación. Ningún compareciente justificó que estuviéramos ante un caso de expoliación en el mundo del toro y, lo más importante, el texto de la propia proposición de ley ni siquiera lo menciona. Por lo tanto, tampoco se da el único supuesto que según la Ley de Patrimonio Español habilitaría al Estado para declarar los toros como bien de patrimonio cultural.
Por otra parte, en relación con el alegado artículo 149.2 de la Constitución española, debemos recordar también que ese precepto no puede significar en ningún caso un cajón de sastre para vaciar de total contenido las competencias exclusivas en materia de cultura que han asumido las comunidades autónomas. Además, en ese sentido se ha pronunciado variada y numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como es el caso de la reciente sentencia de 7 de mayo de 2012 o la sentencia 31/2010, de 30 de junio. No estamos por ello ante una competencia del Estado por mandato de la Constitución, sino todo lo contrario. Lo que se pretende es vaciar de contenido las competencias en materia de cultura que han asumido las comunidades autónomas. El artículo 149.1 de la Constitución regula las competencias exclusivas del Estado y el artículo 149.2 de la Constitución Española contiene una competencia genérica tendente a la defensa complemetentaria de unos intereses culturales, pero sin afectar negativamente a las competencias autonómicas y en este sentido lo ha interpretado la jurisprudencia constitucional (STC 49/1984, de 5 de abril), ni en el uno ni en el otro tiene cabida la tauromaquia.
Estos preceptos constitucionales tampoco pueden ser alegados genéricamente para forzar e imponer la unidad y uniformidad cultural en todo el territorio español de forma que la normativa autonómica en materia de cultura se subordine a las decisiones culturales del Estado. La concurrencia competencial materia de cultura, propia de Estados descentralizados, pretende evitar la imposición de un modelo cultural único y uniforme. Así, la propia Constitución Española habla en el Preámbulo de las culturas y las tradiciones de los pueblos de España por lo que adopta una concepción pluralista del hecho cultural y de las tradiciones. Por lo tanto, el Estado que en Catalunya no tiene competencias en materia de espectáculos públicos, no puede alegar de forma genérica el artículo 149.2 de la Constitución para regular o prohibir un espectáculo por mucho que pueda tener carácter cultural.
Además, la proposición de ley presentada como ILP, especialmente en la exposición de motivos, da por ciertas algunas conclusiones que para nada son pacificas sino todo lo contrario. Así, por ejemplo, se decía que la fiesta de los toros y ahora se dice que la tauromaquia, que es una actividad esencial que conecta directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, como son los reconocidos en el artículo 20 de la Constitución española, lo que a todas luces es sorprendente y jurídicamente muy discutible. Choca también esta actividad esencial con las normativas europeas de protección de los animales y con los sentimientos de quienes se declaran claramente defensores de la protección de los animales. Tampoco son pacíficos muchos de los medios a través de los cuales se pretende introducir el fomento de la tauromaquia, como por ejemplo el artículo 4.4 de la iniciativa legislativa popular, que se refiere específicamente a facilitar el acceso de los menores a los toros. También sorprende que el artículo 5.2.d) compromete al Gobierno a fomentar el principio de la «unidad de mercado»,
responsabilidad social y libertad de empresa en ámbito de la Tauromaquia, en consideración a los beneficios económicos, sociales y medioambientales que esta actividad genera. No es habitual tampoco que se solicite la declaración de bien de patrimonio cultural respecto a un acontecimiento que en vez de aunar consensos divida a nuestra sociedad, particularmente en lo que atañe a la protección de los animales, como es evidente que sucede en este caso.
Por otra parte, la cultura no es un ámbito petrificado que permita mantener eternamente la consideración cultural de una actividad. Es evidente que para muchos hoy puede resultar discutible otorgar este calificación para los toros, por lo que no entraremos ahora a debatir sobre la aceptación social del carácter cultural de los espectáculos taurinos pero tampoco podemos obviar que considerar como «pacífica» la aceptación del carácter cultural de los espectáculos taurinos es irreal y así se puso de manifiesto en las distintas comparecencias en la Comisión de Cultura del Congreso donde hubo muchas discrepancias al respeto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presenta una propuesta de veto sobre la Proposición de Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto a la Proposición de Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2013.—El Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.
PROPUESTA DE VETO NÚM. 5
Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV)
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.
El análisis del texto remitido al Senado por el Congreso mueve al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en el Senado a presentar un veto a la Proposición de Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.
No queremos entrar en la controversia «toros sí/toros no».
No es esta la discusión que nos ocupa en este caso.
Entendemos que no es posible afirmar que las distintas realidades sociales y culturales englobadas en el Estado español aceptan de forma uniforme y universal el «carácter cultural, histórico y tradicional de la Tauromaquia, como parte esencial del patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Etnográfico de España» (sic), que se consagra en el Proposición de Ley que nos ocupa, desde el preámbulo hasta la parte dispositiva.
Por otra parte, la Comunidad Autónoma Vasca ostenta la competencia en la regulación de la fiesta de los toros.
En consecuencia, las Instituciones Vascas han regulado pormenorizadamente los espectáculos taurinos, tanto en su faceta de espectáculo público, como en la regulación específica, además de otros pormenores relacionados con el cuidado de los toros o las explotaciones ganaderas de reses de lidia, así como otras particularidades de la fiesta.
Otro tanto podemos decir en el ámbito de la normativa referente a la catalogación y declaración de bienes de interés cultural, en el que el País Vasco cuenta también con su normativa propia.
La presente Proposición de Ley supone una intromisión en el ámbito competencial vasco en el tema que nos ocupa, inaceptable por este Grupo Parlamentario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en el Senado presenta un veto a la Proposición de Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.