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Timestamp: 2017-11-22 07:24:23
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Patria InSurGente » El problema de la tierra en Bolivia
Escuela de Formación Zarate Willka 16.Abr.09 Economía Comunitaria
II	La colonia expropia violentamente los territorios de las naciones originarias y se queda con las mejores tierras
2.1	Bulas papales
2.2	Aspectos territoriales, instituciones y autoridades coloniales
2.3	La encomienda, los repartimientos y las reducciones
2.4	Cuadro general del proceso de expropiación del territorio y la tierra en la Colonia
III	El Estado Republicano expropia la tierra de las comunidades
3.1	Decretos de Simón Bolívar
3.2	Decretos de la Asamblea Nacional Constituyente de Bolivia en 1826
3.3	Gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz (1829-1839)
3.4	Gobierno de José Ballivián (1841-1847)
3.5	Gobierno de José María Achá (1861-1864)
3.6	Gobierno de Mariano Melgarejo (1864-1871)
3.7	Gobierno de Tomas Frías (1872-1873; 1874-1876)
3.8	Gobierno de Mariano Baptista Caserta (1892-1896)
3.9	Gobierno de José Manuel Pando (1899-1904)
3.10	Gobierno de Ismael Montes (1904-1909)
3.11	Gobierno de Eliodoro Villazón (1909-1913)
3.12	El Estado Republicano entrega tierras a intereses foráneos y genera un latifundio improductivo
IV	La Reforma Agraria de 1953 crea la dualidad en el acceso a la tierra y consolida el neo latifundio
V	Estructura latifundiaria de la tierra
VI	La reconducción comunitaria como político oficial de tierras del actual gobierno
VII	La nueva Constitución y el tema de la tierra
En el presente documento vamos a analizar el tema del territorio y de manera muy especial el aspecto de la tierra, efectuando un recorrido histórico con el propósito de tener una visión de la forma cómo:
i.	el colonialismo realizó el despojo de la tierra y el territorio a las naciones originarias;
ii.	las políticas del Estado Republicano en su intento de pretender acabar con las comunidades y expropiar la tierra;
iii.	la reforma agraria de 1953 y la forma injusta como fue distribuida la tierra generando latifundio en el Oriente y minifundio en los Valles y Altiplano;
iv.	la reconducción comunitaria como políticA oficial de tierras del actual gobierno;
v.	la nueva Constitución Política del Estado que ha definido la defensa de la actual propiedad de la tierra, cerrando las puertas a un cambio en el acceso de la misma.
Varios compañeros y compañeras, siempre han planteado que el problema de la tierra y del territorio es el problema crucial del país, que mientras no exista una verdadera solución a este problema no habrá paz ni justicia en Bolivia, coincidiendo plenamente con el amauta José Carlos Mariátegui que afirmaba que el régimen de la propiedad de la tierra determina el régimen económico y administrativo de una país (Mariátegui, José Carlos. El problema del indio. En: Siete ensayos de interpretación de la realidad Peruana, México DF. México. 1986. Pág. 36) Esta visión, para muchos puede ser vista como una tendencia demasiado agrarista de la realidad, sin embargo, nosotros debemos responder que si, que si no hay una solución al problema de la tierra y del territorio, no podemos pensar en avanzar hacia una nueva sociedad socialista, eminentemente productiva (es decir, generadora de riqueza social), con soberanía alimentaria, articuladora de una verdadera convivencia entre pueblos y naciones oprimidas que se liberan y ejercen su verdadero derecho a la autodeterminación.
Por razones de tiempo y espacio, no nos detendremos a realizar un análisis de la gestión territorial de los mosaicos de pueblos ancestrales que vivieron dispersos o unificados en la época de su desarrollo autónomo (antes de la invasión española), directamente entraremos al análisis de la expropiación de nuestros territorios efectuados por el colonialismo europeo. Tampoco se tocará el tema de la lucha y resistencia de las naciones originarias, pueblos indígenas y comunidades en la defensa de sus tierras, en la conservación de sus territorios y en la búsqueda de un nuevo amanecer donde se vuelva a restablecer la armonía entre el hombre la naturaleza y la producción con reciprocidad y redistribución.
La aventura de Cristóbal Colón apuntaba al encuentro de una ruta comercial expedita al Oriente, de manera que posteriormente, los nuevos poderes coloniales tuvieron que justificar la expropiación de los territorios de los pueblos de este Abya Yala a los cuales dominaron violentamente. Ese sistema, que justifica la apropiación de tierras y su administración, era vital para la Corona Española y Portugal, ya que les daba legitimidad y Domino o posesión legal sobre esos territorios, dicha justificación se realizó mediante las Bulas Papales, ya que en esa época el poder de la Iglesia se traducía en el Poder del Cielo pero en la tierra.
Las Bulas Papales expresan la esencia del colonialismo y toda una arquitectura para apropiarse y administrar los nuevos territorios conquistados, siendo la apropiación de la tierra un mecanismo de posesión local más de carácter individual a favor de los conquistadores.
Desde 1455 los Papas repartían el mundo: el 8 de enero, el Papa Nicolás V, por medio de su Bula Romanux Pontifex dirimía la controversia entre Portugal y España sobre el comercio en el África. Pero la verdadera repartición territorial del orbe, en lo que a América se refiere, se inicio en 1493, cuando el Papa Alejandro VI dicto la Bula Inter Cetera otorgando a España y Portugal extensos territorios divididos por una línea imaginaria que le extendía del polo norte al polo sur, pasando a cien leguas al oeste de las islas Azores(Arnault, Jacques. Historia del Colonialismo. Editorial Futuro. Buenos Aires. 1960. Págs. 152-153)
El justificativo empleado por el Papa Alejandro VI para dichas Bulas era la propagación de la religión católica. Los monarcas de Castilla y Portugal eran hechos, en efecto, virreyes espirituales de la Santa Sede y mantendrían sus inseguros títulos temporales solo en virtud de su obligación espiritual (Byrd Simpson, Lesley. Los conquistadores y el indio americano. Historia, ciencia, sociedad. 68. Ediciones península. Barcelona 1970. Pág. 15)
Isabel Católica recurrió a Roma y consiguió que se constituyese el dominio castellano sobre las nuevas tierras en virtud de una intervención pontifica (Querejazú Lewis, Roy. Impacto Hispano  Indígena en Charcas; análisis histórico del coloniaje. Ed Juventud, La Paz Bolivia. 1996). En realidad son cinco bulas papales que emite Alejandro VI; de los cuales citaremos tres que se emitieron en el mismo año.
Inter Cetera I, 1ro de mayo 1493, a través de esta bula otorga a España las tierras descubiertas y por descubrirse.
Inter Cetera II, 4 de mayo 1493, introduce la línea de demarcación (limites).
Piisfidolium, del 25 de junio 1493, imponía la obligación de la corona España de enviar misioneros para evangelizar las nuevas tierras
Por otro lado, la justificación mas primordial para la invasión de América, residía en el concepto de Teocracia Pontifical ¿Qué era esto? era doctrina del gobierno del mundo de Dios mediante su mas alto representante en la tierra, su vicario supremo, el Papa. Según esta doctrina, es el romano Pontífice, en unidad de poder para mejor cumplir los fines de la redención el que, por derecho divino, ha de gobernar el mundo entero (Cátedra Che Guevara Zarate Willka, Patria Insurgente Sol para Bolivia, Asamblea Constituyente-Comisión Visión de País-Sub Comisión de Interpelación. Juicio al Estado Colonial, Republicano y Neoliberal. Primera parte: Juicio al Estado Colonial. Ediciones Insurgente. Bolivia. 2008. Pág. 28).
Según el Estado Español el Papa había donado a la par que encargaba la conversión de los indígenas. (Morales Padrón, Francisco. Teoría y leyes de la conquista. Ediciones Cultura Hispánica del Centro iberoamericano de Cooperación, Madrid. 1979)
Otra de las justificaciones de la invasión española en América era la Biblia, Jesús le había dicho Id y enseñad a todas las naciones, los españoles recurrían el nuevo mundo propagando la fe y previniendo contra los idolatrías, daba carta blanca a conquistadores, encomenderos y misioneros, para obrar en nombre del cristianismo. Entones, los españoles estaban en estas tierras Por servir a Dios, a su majestad, y dar a luz a los que estaban en las tinieblas, y también por haber riquezas que todos los hombres comúnmente buscamos.
La primera generación de españoles establecidos en América comprendía generalmente militares y aventureros que buscaban fortuna en los nuevos territorios. Como los reyes no disponían de fondos para patrocinar las expediciones, se les ofreció en pago por sus servicios la encomienda (tierra más indígenas), que, benefició casi exclusivamente a los encomenderos, y no al Estado ni a los indígenas. En efecto, este sistema debilitaba la unidad del Imperio, pues con su influencia en los asuntos americanos los encomenderos amenazaban con convertirse en señores feudales y desintegrar el poder central monárquico, como lo sugieren las rebeliones criollas en México (dirigida en 1565 por Martín Cortés, hijo del conquistador) y Perú (por parte de los hermanos y anteriores colaboradores de Francisco Pizarro, 1538-1548). Por estas razones se suspendió la asignación de nuevos encomenderos con las Nuevas leyes de 1542 y se impuso el poder civil central a través de varias instituciones españolas que examinamos aquí: el virrey, la real audiencia, los gobernadores y los consejos locales.
Los territorios se dividieron inicialmente en dos virreinatos:
I.	La Nueva España o México (1535), que incluía casi todo México y Centroamérica, y
II.	La Nueva Castilla o Perú (1542), que administraba casi toda Sudamérica desde Lima.
Cuando Lima fue insuficiente para regir el vasto territorio sudamericano se fundaron dos virreinatos más:
III.	La Nueva Granada (1739), que comprende la actual Colombia y Venezuela, y
IV.	El Virreinato de Buenos Aires o Río de la Plata (1776), de las actuales Argentina, Uruguay y Paraguay.
En cuanto a la administración colonial de los territorios conquistados, los cargos eran jerarquizados, evidenciando la estructura de poder, los cuales, de acuerdo a su importancia, eran los siguientes:
	Rey, autoridad máxima de España y la colonia, dictaba leyes y gobernaba a la colonia a través de sus designados. Ejercía el control de la casa de contratación y el Consejo de Indias.
	Consejo de Indias, ministerio encargado de la administración de la colonia. Político-administrativo, con sede en Madrid, proponía nombres para virreyes, capitanes generales, gobernadores, oidores, etc. Legislativas, formula leyes para las indias. Judicial, máxima instancia de apelación de justicia, también se ocupaba de asuntos militares y avances científicos.
	La Casa de Contratación, regulaba y fiscalizaba el comercio con atribuciones políticas de justicia mercantil. Elaboración de mapas de los nuevos territorios conquistados y las ciencias de navegación.
Autoridades en América, que garantizaban el control del territorio al poder colonial eran los siguientes:
	El adelantado, eran quienes por orden de la capitulación de la corona conquistaban y gobernaban en lo político, administrativo, militar y jurisdiccional. Establecían encomiendas, repartían tierras e indios, levantaban fortalezas, preservaban sus intereses y los del Rey.
	El virrey, representaba al rey y al gobierno de la metrópoli. Era decisivo en la administración colonial. Políticamente tomaba decisiones en ausencia de instrucciones de la corona o del consejo de indias. Tenía atribuciones administrativas, políticas, judiciales y militares.
	La audiencia, era el máximo tribunal de justicia. La audiencia de charcas se funda por la importancia del cerro rico de Potosí y se instaló en 1561. Actuaba con independencia por la lejanía de los reyes (Lima) y de la metrópoli.
	Capitanía general, tenía carácter militar, controlaba las fronteras de las poblaciones rebeldes y defendía regiones costeras expuestas a piratas y contrabandistas.
	El cabildo, consejo de vecinos que administraba la ciudad, tenía funciones de mantenimiento, policía y justicia. Estaba compuesto por alcaldes ordinarios, regidores, oficiales de las cajas reales, el alférez real, alguaciles mayores, escribanos y otros. A partir de Felipe II se vendían estos cargos generalmente a los más ricos de la población.
	El corregidor, eran nombrados directamente por el Rey, representaban al Virrey y ejercían autoridad judicial, administrativa y gobernativa. Los corregidores tuvieron en América la responsabilidad de proteger a los indígenas de los malos tratos que eran victimas de los encomenderos, de los curas y de los españoles, pero se convirtieron en sus peores verdugos, pues, el nombre de los corregidores provenía justamente de corregir abusos. El reducido numero de corregidores que hacían justicia y protegían al indígena, disminuyó aun mas, cuando el cargo estaba en venta. El precio dependía de la importancia de cada provincia(Querejazu, Jorge C. Historia económica de Bolivia. SAMAEL, 2da. Ed. Sucre-Bolivia. 1995. Pág. 368).
	Juicio de residencia, evaluaba la gestión del corregidor y de los miembros del cabildo, recibía las quejas de los vecinos y pronunciaba su sentencia.
	Los intendentes, en 1768, remplazan a los corregidores por los intendentes.
	El cacique, autoridad indígena elegida por el Estado español, representaba a su comunidad en instancias administrativas, fiscales y judiciales, responsables del cobro de tributos, conducían a los indios a la mita y a los obrajes. (Cátedra Che Guevara Zarate Willka, Patria Insurgente Sol para Bolivia, Asamblea Constituyente-Comisión Visión de País-Sub Comisión de Interpelación. Juicio al Estado Colonial, Republicano y Neoliberal. Primera parte: Juicio al Estado Colonial. Ediciones Insurgente. Bolivia. 2008. Pág. 32)
Una vez consolidado el territorio en manos del poder colonial, el reparto de la tierra de las comunidades se realizó mediante un proceso de expropiación, desde tres procedimientos o instituciones: la encomienda, los repartimientos y las reducciones utilizadas en las zonas de tierras bajas.
El establecimiento de las encomiendas o de los repartimientos de indios surgió de una Real Provisión de 20 de diciembre de 1503, en la que se establecía la libertad de los indios, su obligación de convivir con los españoles y la de trabajar para ellos a cambio de un salario y manutención, junto con la obligación de los encomenderos de educar a los naturales en la fe cristiana. Este documento, elaborado con el consejo de expertos letrados, juristas y teólogos, pretendía garantizar la mano de obra necesaria para explotar las minas y asegurar el asiento de una población castellana que afianzara la colonia recién descubierta. Mostraba, asimismo, la intención monárquica de legitimar sus decisiones y de que sus actuaciones fueran conformes a derecho humano y divino.
La encomienda es un sistema de origen feudal europeo, en nuestros territorios que comprendió el Qullasuyu el sistema de encomiendas fue introducido por Francisco Pizarro en las provincias de Pacajes, Omasuyus y Sicasica. Otorgó amplios poderes a los encomenderos, llegando estos a gozar del servicio personal de los indígenas y del cobro de tributos. En Tiahuanaco, el primer encomendero fue el propio Francisco Pizarro desde 1538 hasta 1541 (Choque Canqui Roberto. Historia de una Lucha desigual. Unidad de Investigaciones Históricas UNIH- PAKASA. 2005).
Al margen de las encomiendas se establecían también los repartimientos, ambos tienen una relativa diferencia y para algunos es una misma cosa como lo vemos en las siguientes citas
Para Gustavo Otero, el repartimiento era un derecho que se atribuían los conquistadores indefinidamente por la fuerza; mientras que, la encomienda no era mas que el mismo derecho, pero con el amparo de un instrumento jurídico que entregaba el repartimiento de indios de por vida y con derechos de sucesión.
Existen algunas semejanzas, primero que, la encomienda tenía por objeto de socializar, la encomienda debía favorecer al indígena encomendado, social y moralmente; segundo, el repartimiento tenía un propósito económico. El repartimiento en cambio, favorecía al encomendero español con el trabajo obligatorio del indio. Para otros autores, el repartimiento y la encomienda no son nada más que la encomendacion de indígenas a un encomendero y a la repartición de tierras indígenas al mismo encomendero.
Por otro lado, los indígenas encomendados pasaban al servicio del encomendero. Basándose en el concepto que se tenía en esa época, en sentido de que el indio era un especie de menor de edad durante su evangelización, es decir, durante la encomienda, sus bienes tenían que ser repartidos al mismo encomendero, para que los administrase mientras durase esta minoría sui generis del indio. Las tierras de los indios a ser repartidas a los encomenderos juntamente con sus propietarios, objeto de la encomienda se hicieron propiedad del conquistador o del colonizador.
Cave distinguir los repartimientos y encomiendas de las reducciones las cuales consistían en agrupaciones de población. El lema que se repetía en los niveles gubernamentales provenía de aquellas orden que en 1503 promulgara el Rey de España Es necesario que los indios sean agrupadas en ciudades donde podrán vivir juntos (Querejazú Lewis, Roy. Impacto Hispano  Indígena en Charcas; análisis histórico del coloniaje. Ed Juventud, La Paz Bolivia. 1996. Pág. 210).
En los llanos de Moxos los habitantes originarios desarrollaron una vasta estructura de tierra para el manejo hidráulico que les permitió fertilizar las pampas con abonos orgáni¬cos y producir en forma intensiva los alimentos agrícolas para su densa población(Bogado Daniel, Lijeron Arnaldo y Vaca Cristhian. El éxodo de profesionales benianos y su impacto en el desarrollo regional. PIEB, La Paz. Pág. 29). Posteriormente, desde la segunda mitad del siglo XVII los jesuitas establecieron en la región del antiguo Moxos una extensa red de centros reduccionales, donde agruparon diversos grupos originarios, entonces dispersos, sedentarizándolos a través de la introducción de cultivos y ganado vacuno, y de una compleja organización social, política, religiosa y productiva.
Los misioneros fueron expulsados en 1767, pero el sistema jesuítico perduró varias décadas más y de hecho las reducciones fueron el origen de la mayor parte de los actuales centros urbanos del Beni.
De manera resumida, se puede afirmar que el proceso de expropiación de los territorios de las naciones originarias se realizó mediante un sustento jurídico, de manera que el dominio colonial-territorial tuviera legitimidad, ello se ejecutó mediante Bulas Papales específicas, las mismas que permitieron consolidar las posesiones de España y Portugal en este nuestro continente.
Luego, el dominio del territorio demandó la conformación de una estructura de poder, traducida en una capacidad gubernativa de la Corona Española, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. El primer (Rey) sería el órgano supremo, el Consejo de Indias una especie de Ministerio de administración del territorio, y la Casa de Contratación encargada de la elaboración de mapas y cartas de navegación, de manera de establecer las fronteras o límites de los territorios conquistados. Todo este andamiaje de poder hubiera quedado cojo, sin la presencia de una estructura política administrativa en el terreno, de manera que desde los adelantados, virreyes hasta los intendentes ejercieron el control del terreno en situ.
Una vez controlado el poder, de manera casi inmediata se despojó a las comunidades originarias de las mejores tierras, y en muchos lugares, de toda la tierra para ser entregada a los invasores, de esa manera nacieron las encomiendas y repartimientos. Pero estas formas de expropiación de la tierra a los legítimos dueños fue complementada con las acciones colonialistas de las reducción, especialmente en las regiones de tierras bajas, donde la variedad y dispersión de los pueblos originarios, obligo a las autoridades españolas acompañadas por la Iglesia (como el caso de los jesuitas), a buscar y reducir en misiones a estos pueblos, imponiéndoles un idioma oficial (español, evangelizándolos a la fuerza para quedarse con el control de inmensas extensiones de bosques y llanuras tropicales y amazónicas.
De las encomiendas y repartimientos nacerían las haciendas, con pongos incluidos. De las reducciones las misiones evangelizadoras. Todas estas formas de expropiación significaron además un impresionante genocidio y etnocidio.
El sistema colonial, a través de la dominación y explotación de nuestros pueblos, logra adueñarse de los territorios y recursos naturales, habiéndose repartido la tierra de acuerdo a sus intereses. De esta manera, encomiendo, repartimiento, reducciones y mita se articularon para generar una de las mayores injusticias. Este sistema colonial siempre fue resistido por los pueblos originarios, ahí están las gestas heroicas de los Katari, los Amaru, las Bartolinas, Gregorias y Micaelas y pese a las derrotas, el colonialismo entra en una crisis final, siendo derrotado por las fuerzas liberales de criollos y mestizos.
A la caída del régimen colonial le sucede el régimen republicano, cuyo resultado inmediato es la conformación de varias naciones, cuyas leyes pronto normarían el tema de la tierra, mutando el sistema del colonialismo al colonialismo interno.
Con los Decretos de Bolívar continua la noche negra para las comunidades, pues el nuevo Estado Republicano se da a la tarea de consolidar las nuevas naciones a la par de expropiar las tierras de las comunidades para convertirlas en haciendas y instituir el famoso tributo indígenal para la manutención de los funcionarios y los gastos de los Estados oligárquicos.
Cuando la tan ansiada independencia se aproximaba, Simón Bolívar imbuido en la ideología liberal importada por él mismo desde Francia, sintió la necesidad de legislar en torno a la situación de las masas indígenas. A esa inspiración obedecen los cuatro radicales Decretos emitidos por Simón Bolívar en las ciudades peruanas de Trujillo y Cusco en 1824 y 1825, antes de la declaración formal de la independencia de las provincias altoperuanas. Él dispuso, que esos decretos fueran de aplicación obligatoria en la república que acababa de crearse.
Mediante este Decreto se extingue el título y autoridad de los caciques:
3º Que la Constitución no señala ninguna autoridad a los caciques.
He venido a decretar y decreto:
1.	El título y autoridad de los caciques quedan extinguidos.
2.	Las autoridades locales ejercerán las funciones de los extinguidos caciques.
La justificación para eliminar la autoridad de los caciques o kurakas se realizó bajo el concepto de igualdad, uno de los tres sacrosantos pilares de la Revolución Francesa, madre de la ideología liberal y profesada por los fundadores de la República.
Segundo Decreto:
Este Decreto debería prohibir el servicio personal de los indígenas así como la remuneración forzada en especie, restringiendo el poder y los abusos de los párrocos en su relación con los indígenas bajo el siguiente texto:
2º Que está igualdad es incompatible con el servicio personal que se ha exigido por fuerza a los indígenas y con las exacciones y malos tratamientos que, por su estado miserable, han sufrido en todos los tiempos por parte de los jefes civiles, curas, caciques y aun hacendados.
1.	Que ningún individuo del Estado exija directa o indirectamente el servicio personal de los indígenas sin que preceda un contrato libre del precio de su trabajo.
2.	Se prohíbe a los Prefectos de los Departamentos, Intendentes, Gobernadores y Jueces; a los Prelados Eclesiásticos, Curas y sus Tenientes, Hacendados, dueños de minas y obrajes que puedan emplear a los indios contra su voluntad en faenas, séptimas, mitas, pongueajes y otros servicios domésticos y rurales.
7.	Que los indígenas no deberán pagar más cantidad por derechos parroquiales que la que designen los aranceles existentes o los que se dieran en adelante.
Este Decreto se fundamenta en el principio de igualdad, no sólo ante la ley sino también ante la justicia. El razonamiento era que los indios son iguales a los españoles, por consiguiente, no debería pesar sobre ellos cargas distintas a los de los otros.
Tercer Decreto:
Este Decreto es el más trascendental de todos, porque en su fondo se refiere a la desaparición de las comunidades indígenas. Su texto es el que sigue:
1.	Que se ponga en ejecución lo mandado en los artículos 3º, 4º y 5º del Decreto dado en Trujillo a 8 de abril de 1824 sobre repartimiento de tierras de comunidad.
3.	La mensura repartición y venta de tierras de cada provincia se ejecutará por personas de probidad e inteligencia que proponga en terna el prefecto y la junta departamental formándose por ella misma el arancel de las dietas y derechos que deben llevar aquéllos e el desempeño de esta comisión.
Con referencia el anterior Decreto dispone lo siguiente:
Simón Bolívar, libertador Presidente de Colombia, encargado del poder dictatorial de la República del Perú
3º Que el Estado, a quien todas éstas pertenecen como propiedad nacional, se halla sin fondos para llevar a su término la actual contienda contra la dominación española y salvar el país conforme al voto universal.
1.	Se venderán de cuenta del Estado todas las tierras de su pertenencia por una tercia parte menos de su tasación legítima.
La aprobación de estos Decretos fueron emitidos, con la finalidad de que la venta de tierras y las otras formas sirvieran para arbitrar los gastos de la guerra de Junín y la de Ayacucho.
Bolívar buscaba transformar la economía agrario-campesina adoptando un sistema de propiedad individual y de trabajo asalariado. Esta acción fue un intento fallido puesto que quienes terminaron adjudicándose las controvertidas tierras de comunidad fueron las élites criollas y mestizas de origen urbano, que mantuvieron el régimen de servidumbre sobre la tierra y las poblaciones originarias. En otras palabras, los intentos de Bolívar no generaron ninguna revolución agraria, ni asalariados, sino pongos y nuevos hacendados.
La Asamblea Constituyente de 1826 decidió postergar la aplicación de los Decretos de Bolívar y procedió a expropiar las tierras comunales. El texto del dicho Decreto señala lo siguiente: La Asamblea Nacional Constituyente de Bolivia
Artículo 1. Las tierras poseídas por la raza indígenal y conocidas hasta hoy con el nombre de Tierras de comunidad, se declaran propiedad del Estado.
Artículo 3. Dichas tierras serán vendidas en pública subasta con las formalidades prescritas para la venta de los bienes fiscales con el objeto de cubrir con su producto, la deuda interna y gastos de servicio público.
Artículo 6. De entre estas tierras, se reservará la porción necesaria para el servicio de cada Ciudad, Villa y Cantón a juicio del Ejecutivo. Las demás serán puestas en arrendamiento por cinco años, sea en poder de particulares, sea en el de los mismos indios, sus antiguos poseedores.
La Asamblea General Constituyente de 1831, por ley de 28 de septiembre, ratificó el Decreto de Trujillo reconociendo nuevamente el derecho de propiedad sobre las tierras que ocupaban en la época del gobierno español.
El Mariscal Andrés de Santa Cruz vio que la única fuente importante de ingresos para el Tesoro Nacional era el tributo indígena, que a partir del Reglamento de 28 de febrero de 1831 pasaría a denominarse Contribución Indígena.
La gran mayoría de los indígenas pertenecían a la categoría de originarios, concentrados mayoritariamente en los Departamentos de La Paz, Potosí, Oruro, y en menor medida en Cochabamba y Chuquisaca. El 80% del tributo recaudado provenía de los tres primeros, cálculo que incluye la tributación tanto de indios de comunidad como de colonos de hacienda. (Cátedra Che Guevara Zarate Willka, Patria Insurgente Sol para Bolivia, Asamblea Constituyente-Comisión Visión de País-Sub Comisión de Interpelación. Juicio al Estado Colonial, Republicano y Neoliberal. Primera parte: Juicio al Estado Colonial. Ediciones Insurgente. Bolivia. 2008. Pág. 56)
Con estas medidas se entiende adecuadamente el carácter del colonialismo interno que vino a reemplazar al colonialismo español y que patentiza la existencia de un Estado Republicano y de una clase dominante IMPRODUCTIVA. La burocracia estatal fue tan parasitaria que ni siquiera tenía la capacidad de generar los recursos necesarios para mantenerse y mediante estas leyes sobre la tierra y las poblaciones originarias medraban del excedente o la renta generada por las comunidades, situación que implicaba una pesada carga a sus economías comunitarias.
El Gobierno de José Ballivián, dando continuidad a otros Presidentes de la nación boliviana, desconoce el derecho a la propiedad común de las tierras, mediante la llamada Ley de Enfiteusis promulgada el 14 de diciembre de 1842; esta disposición legal allanó la propiedad común de las tierras y transformó a los comunarios en yanaconas (colonos de hacienda). La enfiteusis significa la cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de un inmueble, mediante el pago anual de un canon y de laudemio por cada enajenación de dicho dominio.
La citada disposición legal declaraba que las tierras poseídas por los comunarios eran propiedad del Estado, considerándose a los originarios simples enfiteutas, es decir, poseedores de la tierra en usufructo y tributarios por los productos agrícolas que obtenían de ella, siendo en el fondo, completos extraños a ella, pues no tenían una real posesión ni derecho de ella, tan sólo tenían acceso a la tierra y debían de pagar por ello una contribución al Estado.
Aquí nuevamente se observa el carácter anti originario y anti comunario del Estado Republicano.
El Presidente José María Achá asumió la resurrección de los Decretos bolivarianos, postulando la repartición individual de las tierras baldías o sobrantes, sin tomar en cuenta que dentro de la organización comunal precisamente éstas eran las tierras del colectivo común.
Los terrenos que quedaran libres debían venderse en subasta pública para poder pagar los sueldos devengados a los empleados públicos. Así, cada originario comunario quedó reducido a la propiedad de una ridícula extensión de dos o cuatro topos de tierra (cada topo medía 2.000 varas cuadradas; una vara es equivalente a 0,83 mts., o sea, los originarios quedaron reducidos en su propiedad agraria a tan solo 3 hectáreas de tierra). (Cátedra Che Guevara Zarate Willka, Patria Insurgente Sol para Bolivia, Asamblea Constituyente-Comisión Visión de País-Sub Comisión de Interpelación. Juicio al Estado Colonial, Republicano y Neoliberal. Primera parte: Juicio al Estado Colonial. Ediciones Insurgente. Bolivia. 2008. Pág. 57)
Mariano Melgarejo mediante Decreto de 20 de marzo de 1866 y la ley de 28 de septiembre de 1868, con inspiración en los Decretos bolivarianos impuso un arma legal con la que llevó a cabo el primer ataque masivo y sistemático contra la propiedad comunal de la tierra, impuso a los comunarios la obligación de obtener un título de propiedad individual de la tierra. Vencido el plazo de 60 días otorgado para el trámite de titulación, luego de los cuales, en caso de incumplimiento, se efectuaría el remate público de los ex terrenos comunales. Así el indígena ex comunario quedaba sujeto a venta forzosa de sus parcelas o sayañas. Decretos posteriores dispusieron que las comunidades pasaran a ser propiedad estatal y se convirtieran en haciendas una vez efectuadas las operaciones de compraventa. De esa manera propietarios indígenas forzados a vender sus tierras pasaron a la categoría de colonos y pongos de los compradores de ellas.
Ventas sin previo aviso de remate, adjudicaciones ilegales por parte de los propios subastadores o sus parientes, mensuras y tasaciones falsas de los terrenos, ejecuciones antes del plazo estipulado y usurpaciones violentas, fueron el marco de esta gran expoliación de tierras de comunidad.
Todas las medidas llevadas a cabo por Melgarejo, especialmente a partir del Decreto Supremo de 20 de marzo de 1866, representan verdaderamente un proceso de expropiación de tierras comunales el cual comenzó con las medidas de la casta criolla desde el mismo inicio de la República. Por lo que se puede resumir dicho proceso en dos puntos principales: la ocupación de las tierras de los ayllus y la subordinación de la mano de obra indígena de manera gratuita hacia las haciendas. Melgarejo es pues quien propició la venta de tierras de 356 comunidades en todo el país, perteneciendo 321 al departamento de La Paz, en su mayoría al altiplano. (Silvia Rivera, La expansión del latifundio en el altiplano boliviano: elementos para la caracterización de una oligarquía regional, Avances 2, La Paz, 1978, p. 102)
Una iniciativa procedente de la región Sur logró que la Convención Nacional de 1874 aprobara, a propuesta de la representación chuquisaqueña, la primera ley de exvinculación cuyo propósito era consagrar el libre ejercicio del derecho de propiedad de los indios. De esa manera todos aquellos que quisieran desvincularse de sus tierras de comunidad y pasar a ser propietarios individuales estarían autorizados para hacerlo y a ese fin se organizó un sistema llamado Revisita general de Tierras. El abandono de la tutela a los indígenas dejó a estos a merced de los especuladores y acaparadores de tierras ya que el nuevo status de sujeto de derecho les sirvió sólo para ser reducidos a una condición de servidumbre de las haciendas. En efecto, la ley de 1874 disponía que a tiempo de producirse la venta de tierras de comunidad, quienes se desvinculaban de éstas pasaban a la categoría de colonos.
Con el fin de ejecutar el programa de venta forzosa se crearon unas mesas revisitoras que supuestamente debían cuidar que la venta se llevara a cabo defendiendo los intereses de los excomunarios, pero la realidad era distinta: los revisitadores se convirtieron en agentes del despojo y los compradores de las ciudades pagaban sumas miserables por las tierras aprovechando la ventaja que les confería este procedimiento impuesto y la permanente coacción a que estaban sometidos los comunarios.
Las revisitas se volvieron un instrumento de la más odiosa explotación y el rechazo comunario a ellas con frecuencia fue violento. No obstante siguieron practicándose ininterrumpidamente a lo largo de los veinte años de la administración conservadora y alcanzarían su clímax durante la guerra federal y la posterior administración de los liberales.
El Presidente conservador Mariano Baptista Caserta, promulga la Ley Estradas Gomeras, el 12 de diciembre de 1895, norma mediante la cual, se declaraba todos los árboles productores de goma, como propiedad del Estado. Haciendo uso de su facultad dominial el Estado adjudicó a particulares nacionales y extranjeros las tierras baldías del Oriente y el Norte Amazónico, adoptando como unidad de medida las “estradas gomeras”, es decir por grupos de 150 árboles, debiendo pagar los adjudicatarios la suma de 15 bolivianos por estrada, monto que podía ser amortizado en el plazo de 15 años. Los caucheros, entre ellos los hermanos Nicolás y Napoleón Suárez, fueron ampliamente favorecidos con esta ley, hasta lograr acumular una fortuna cuantiosa.
La casa Suarez que llegó a tener 8 millones de hectáreas
La Casa Suarez es una muestra del gran latifundio que se formo bajo la sombra del Estado Republicano. Esta Casa era un emporio transportista, financiero, industrial, comercial, castañero y ganadero, cuyo patrimonio se estima hacia 1920 en 40 millones de dólares, siendo propietario en Riberalta de 86 inmuebles. Fue propietaria de más de 8 millones de hectáreas de tierras, varias de ellas ubicadas en los bosques amazónicos del actual departamento de Pando y en los campos de pastoreo del departamento del Beni. Además se había adjudicado 18 mil estradas gomeras, acreditaba 500 mil cabezas de ganado, poseía 6 lanchas a vapor y otras tantas de remolque con una capacidad total para arrastrar 200 toneladas de carga (Roca, José Luís. Economía y sociedad en el oriente boliviano (siglos XVI-XX). COTAS, Santa Cruz-Bolivia. 2001. Pág. 242).
La Casa Suárez representaba el núcleo hegemónico del poder económico y político del oriente. Había logrado monopolizar una buena parte de las actividades que giraban alrededor de la explotación cauchera. Así mismo, diversificó sus actividades económicas incursionando en el campo del transporte donde alcanzó mayor monopolio, servicios financieros, ganadería, explotación forestal y comercio. La acumulación del excedente generado por la explotación de la goma le permitió transferir capital a estos otros rubros productivos y de servicios. (Romero Bonifaz, Carlos. La tierra como fuente de poder. Económico, Político y Cultural. Santa Cruz de la Sierra. 2008. Pág. 83)
En 1917, la Casa Suárez había alcanzado indiscutiblemente la con¬dición de empresa terrateniente más importante del norte y noroeste de la amazonia boliviana. Para ese año, sus propiedades superaban los 4 millones de hectáreas que eran equiva¬lentes al 75% de la extensión del actual Departamento de Pando; al 55% de la superficie de la provincia Vaca Diez del departamento del Beni y algo más del 4% de la extensión del territorio nacional (Gamarra, María del Pilar. La participación estatal en la industria de la goma elástica. Legislación fiscal y economía gomera en la tesis de historia “Hacienda y peones en el régimen hacendatario gomero boliviano. Las bases económicas de un poder regional: la Casa Suárez 1880-1940″. Carrera de Historia, UMSA, La Paz-Bolivia. 1992. Pág. 36). Además sus estradas se encontraban ubicadas en sitios estratégicos junto a los ríos Acre, Abuná, Beni, Madre de Dios, Ivon, Orton y Tahuamano, lo que le permitió ejercer un monopolio co¬mercial y del transporte.
La legislación agraria del gobierno de José Manuel Pando dio continuidad al ordenamiento agrario instituido y formalizado por los gobiernos conservadores que lo antecedieron, de manera que no hubo cambios en la relación del Estado esta vez liberal- con las comunidades.
Primeras leyes agrarias del gobierno de Pando:
La legislación agraria del siglo XX da inicio con las leyes de 3 y 9 de enero de 1900 sancionadas por la Convención Nacional y promulgadas por José Manuel Pando.
Estas dos leyes promulgadas tenían por objetivo regular el catastro rústico para las propiedades agrarias de los Departamentos de la Paz y Oruro. La verdadera dimensión del catastro nacional contiene un gran significado, porque comprende un conjunto de relaciones jurídicas, económicas, políticas e históricas entre el Estado, los hacendados y comunarios.
El detalle del texto legal de la Ley de 3 de enero de 1900 que ordenaba la ejecución del catastro rústico en el Departamento de La Paz, en sus partes más sobresalientes disponía:
Art. 1. Desde el presente año procederá el Poder Ejecutivo a sustituir con el impuesto predial rústico el de diezmos y primicias que actualmente gravita en el Departamento de La Paz, sobre las propiedades rústicas que no son comunidades o excomunidades de indígenas.
Art. 2. Los poseedores de tierras de origen o exvinculadas, sean o no indígenas, continuaran pagando el impuesto territorial.
Art. 3. El impuesto de diezmos y primicias seguirá recaudándose en los cantones en los cuales no se hubiesen practicado las operaciones catastrales.
Art. 5. Las omisiones o deficiencias que se notaren en las operaciones de catastro del Departamento de La Paz serán rectificados por comisiones unipersonales.
Art. 7. Los indígenas comunarios o colonos de excomunidades o fundos particulares quedan completamente eximidos de los impuestos de diezmos, primicias y veintenas.
Detalle de la Ley de 9 de enero de 1900 con circunscripción en el Departamento de Potosí textualmente establecía:
Art. 1. El impuesto de diezmos y primicias en el Departamento de Potosí se sustituirá por el predial, creado por Ley de 15 de agosto de 1880. En cuanto a las tierras poseídas por comunidades o ex comunidades de indígenas tributarias, y respecto a estas últimas, se observarán las disposiciones vigentes y relativas al cobro del impuesto indigenal.
Art. 2. Las revisitadoras y comisionados de catastro procederán con arreglo a las leyes vigentes del caso, serán nombrados por el gobierno y pagados por el Tesoro General Departamental.
Ambas leyes fueron reglamentadas por el Decreto Supremo de 25 de mayo de 1900. Planteamientos legales que establecían el pago del impuesto predial rústico era para las haciendas y el impuesto territorial para las comunidades y tierras de origen, quedando vigentes los diezmos, primicias y veintenas en las haciendas que no se catastraban.
Política de tierras fiscales del gobierno de Pando
Su administración tenía como política ejercer el dominio estatal y la colonización de las tierras agrícolas y vírgenes del oriente del país. En noviembre de 1900 el general Pando realiza una reforma radical a la legislación de tierras fiscales, misma que fue aprobada por el Congreso Nacional de 1905, durante la presidencia de Ismael Montes. Los medios jurídicos que empleo Pando para ejecutar su política de tierras fiscales y de colonización tenían base en la legislación de tierras baldías, el cual seguía un método colonizador.
Durante los primeros años del siglo XX el Presidente Pando favoreció con inmensas concesiones territoriales a grandes empresas extranjeras. A continuación el detalle de las principales empresas beneficiadas:
El Acre para la Bolivian Syndicate
En 1900, Félix Avelino Aramayo, Ministro plenipotenciario de Bolivia realiza gestiones en Londres, para la organización de una compañía norteamericana que debía realizar la explotación, administración y colonización del Acre boliviano en una superficie mayor a los 200.000 kilómetros cuadrados.
Un año después, el 11 de julio de 1901, se firma del acuerdo bilateral entre el representante del gobierno boliviano, Félix Avelino Aramayo y Willingford Witrigde representante de la compañía Bolivian Sindicate y, el 21 de diciembre del mismo año mediante Ley el convenio fue aprobado por el Congreso Nacional de acuerdo al siguiente tenor:
Artículo 1. Y por cuanto el Gobierno está dispuesto a confiar a una compañía que se organice en Inglaterra o en los Estados Unidos de Norteamérica la administración fiscal de dicho territorio y está dispuesto a poner a tal compañía en posesión de tales poderes para el desarrollo y colonización de dicho territorio y concederle tales derechos, privilegios y tierras seguidamente en el tercer párrafo del mismo artículo se expresa: El gobierno no adjudicará ni convendrá en adjudicar, sin previo consentimiento del Sindicato, concesiones de gomales; ni hacer adjudicaciones de tierras baldías, ni vender ni adjudicar tierras, dentro de los límites de dicho territorio por o a favor de ninguna persona, compañía o corporación, finalmente en el séptimo párrafo de este artículo expresa: El gobierno conferirá y concederá a la Compañía, por el periodo de 30 años, el derecho y autoridad exclusivos para recaudar y exigir el pago de las indicadas entradas y rentas, regalías, impuestos, cargas, derechos y contribuciones que ha de cobrar.
Esta ley consagra el derecho exclusivo de adquirir en propiedad a título de una convencional compra-venta de todo el territorio del Acre.
La aprobación de este convenio fue la principal causa para que el Estado brasileño eleve a protesta internacional, la concesión del territorio limítrofe del Acre bajo el argumento de que este habría las puertas a la penetración imperialista en Sudamérica, acción que puso en litigio el territorio del Acre. A consecuencia de esta acción se realizó una nueva demarcación internacional, y el cercenamiento de territorio boliviano en una extensión de 187.386 kilómetros cuadrados (187 millones de hectáreas).
Entrega de tierras a la Sociedad Anónima l Africaine:
El 13 de diciembre de 1901, el General Pando promulga la ley que aprueba los contratos celebrados entre el Poder Ejecutivo y la Sociedad Anónima L Africaine proveniente de Bruselas de propiedad de Gustavo Van Reffelghem, las estipulaciones aprobadas abrieron las puertas a la formación de un gigantesco latifundio en las tierras de Santa Cruz y Noreste del país.
De las cláusulas aprobadas por el Congreso Nacional, la más importante de este convenio es la siguiente
22º Se concede a la compañía cuatro lotes de tierras fiscales de a cien leguas cuadradas cada uno, teniendo además la compañía el derecho a obtener 16 lotes más, de igual medida, a título de compraventa y a razón de cinco centavos la hectárea
Inicialmente, de manera de facto se entregaban un millón de hectáreas y luego se daba el derecho a obtener otros 4.000.000 de hectáreas, adquiribles al precio de 200.000 bolivianos.
Entrega de tierras a la Bolivian Company en Caupolicán y Larecaja
El 21 de diciembre de 1901, el Congreso Nacional aprueba el contrato de concesión territorial a la empresa extranjera Bolivian Company para la explotación de 3.885.000 hectáreas en territorios de las provincias Caupolicán y Larecaja en el Departamento de La Paz.
Concesión de tierras a la Compañía Explotadora de Bolivia en el Chapare
En diciembre de 1903, la Compañía Explotadora del Chapare de Bolivia, solicita al Poder Ejecutivo una extensión de 100 leguas cuadradas a orillas del río Chapare en Cochabamba.
Mediante Resolución Suprema de 19 de enero de 1904, el Gobierno del General Pando, de manera unilateral adjudica en la zona del Chapare a favor de la Compañía Explotadora del Chapare una extensión de 250.000 hectáreas.
Otro Presidente Liberal, que bajo su visión democrático burguesa y racista, dio continuidad a la políticas de su predecesor Pando.
Realiza la división del país en zonas de colonización:
Inspirado en la teoría de atraer inmigraciones extranjeras para poblar y explotar las tierras de las regiones orientales del país, de manera plena ejecuta el sistema colonizador, determinando la hegemonía de nuevos propietarios latifundistas sobre territorios íntegros.
Decretó la división del país en zonas de colonización:
Mediante Decreto Supremo de 25 de abril de 1905, plantea el objetivo de atraer una ola de inmigrantes de gente extranjera ya sea de manera aislada en organizaciones o empresas. Este Decreto reservó ocho zonas del territorio nacional para la colonización, mediante una extensión de 270.600 kilómetros cuadrados, equivalentes a 27.060.000 hectáreas de las que sobresalen como superficies colonizables los Departamentos de Santa Cruz con 9.280.000 hectáreas y, Chuquisaca con 6.775.000 hectáreas.
Ley de Tierras Baldías:
El 13 de octubre de 1905 el Congreso de República aprobó el proyecto de Ley de Tierras Baldías, misma que señalaría una nueva era en la historia de Tierras Fiscales en Bolivia, a continuación un fragmento de la parte más sobresaliente:
Artículo 4. Todo nacional o extranjero capaz de obligarse conforme a la Ley civil podrá comprar del Estado hasta veinte mil hectáreas, pagando al contado diez centavos por cada una, si fueren apropiadas a la agricultura y a la crianza de ganados, un boliviano por hectárea en los terrenos que contengan árboles de goma elástica. Los compradores tendrán la obligación de constituir en los terrenos comprados una familia por lo menos por cada mil hectáreas. Toda propuesta de adjudicación por una extensión mayor de veinte mil hectáreas será concedida previa aprobación del Legislativo.
Gracias a esta norma, el latifundio improductivo creció en el Oriente y el Chaco boliviano, debido a que millones de hectáreas pasaron a propiedad privada, así en una memoria del Ministerio de Colonización de 1917, se registra la enorme cifra de 6.657.511 hectáreas de tierras adjudicadas por esta ley.
Disposiciones de colonización
Ismael Montes y su Ministro de Colonización Manuel Ballivián, en cumplimiento a normas establecidas por ley e impulsada por el Reglamento de Inmigración Libre, aplicaron una política inspirada en la entrega y explotación de tierras a colonizadores extranjeros. Para Montes no había otra forma de impulsar el progreso de la explotación y la industria agropecuaria que no fuera a través de métodos y técnicas empleados en el exterior del país. En una de sus memorias presentadas al Congreso de 1905, donde en su parte pertinente decía:
Bolivia ha tenido por causa principal el haber sido poco o mal conocida. Necesitamos abrir anchuras vías al inmigrante y capital extranjeros, fijando convenientemente las zonas más apropiadas a la colonización a fin de ofrecerlas de inmediato a la inmigración debemos buscar todos los medios posibles para atraer el elemento extranjero
Bajo estos argumentos el Ministro Ballivián emitió el Decreto Supremo de 18 de marzo de 1907, estableciendo el Reglamento de Inmigración Libre, cuyos alcances jurídicos y sociales estaban ligados al Régimen de la Tierra Pública Nacional.
La Colonia Warnes
En enero de 1909 los ingenieros Guido Voltaire y Chester White propusieron al Gobierno Nacional el doblamiento de la colonia Warnes (provincia chiquitos del Departamento de Santa Cruz) con 64 familias suecas, los proponentes solicitaron a cambio 10.000 hectáreas en las proximidades de dicha colonia.
A este pedido Ismael Montes, a través de Resolución Suprema de 22 de enero de 1909, aceptó la petición, mediante la aprobación de un Decreto Supremo ordenó la fundación de la primera colonia Warnes. El texto legal de este Decreto en su parte más sobresaliente expresaba:
Es necesario iniciar la colonización de las vastas regiones del territorio Nacional actualmente improductivas, con elemento moral, garantizado y competente.
Según un informe del Delegado Nacional del Oriente, Ángel Sandoval, fechado en Puerto Suárez el año 1918, da cuenta que el gobierno en compensación a los asentamientos humanos de gente extranjera colonizadora en el lugar les había vendido, al precio legal de 10 centavos la hectárea, ocho lotes de a 20.000 hectáreas cada uno.
Lamentablemente, los proyectos aberrantes que se habían introducido en el tema agrario en estas tierras, con la intención de promover el aparato productivo y el desarrollo de estas regiones, no dieron resultados. Sandoval mencionaba: El gran negocio de los latifundistas estriba no en el trabajo del suelo, menos en la incorporación de capitales en el mismo, sino en dejar que el tiempo se encargue de valorizar los terrenos adquiridos, haciendo crecer el muy diminuto valor adquirido en la adquisición
Millones de hectáreas para el Sindicato de Fomento del Oriente
Este es el notable caso de la empresa denominada Sindicato de Fomento del Oriente Boliviano que, por conducto de dos leyes sancionadas por los Congresos de 1905 y 1908, obtuvo el derecho de adquirir una extensión de 12.500.000 hectáreas de tierras, incluyendo el derecho de ubicarlas según su libre discreción. Sin aclarar el lugar de operación, no se daban a conocer los nombres de los personeros, socios, responsables legales de este afortunado Sindicato.
Así por resolución suprema de 9 de julio de 1907 el gobierno de Montes aprobó la Ley en la que su cláusula más sobresaliente del artículo 1 párrafo XXII detalla:
El gobierno de Bolivia se obliga a vender al Sindicato Fomento del Oriente Boliviano veinte lotes alternados de terrenos fiscales de a cien leguas cuadradas, por el precio legal de diez centavos la hectárea. La ubicación de los lotes se hará en los lugares que designe el sindicato.
Tierras del Estado para la Bolivian Railway Company
En el Gobierno de Montes y, por intermedio del Ministerio de Colonias y Agricultura, se emitió una Resolución Suprema aprobada el 11 de junio de 1908. Medida que adjudicó 2.500.000 hectáreas de tierras fiscales en favor de la Empresa Ferrocarrilera Bolivian Railway Company.
La Staudt y Compañía de Berlín en el Chaco boliviano
El Congreso Nacional cede en Concesión territorios bolivianos, a través de, Resolución Suprema de 22 de diciembre de 1909 se ordena:
Adjudicase a los señores Staudt y Compañía de Berlín cuatrocientas leguas cuadradas de terrenos, empleados y apropiados a la agricultura y crianza de ganado en el Gran Chaco.
Este convenio se realizó a cambio de que esta empresa debería abrir un canal en el río Pilcomayo y, realizar el respectivo poblamiento de estos terrenos.
La gestión de gobierno de Villazón se caracterizo por una entrega de tierras a diversas personas y empresas, bajo la promesa de la construcción de varías líneas férreas, que nunca llegaron a ser realidad.
Concesión territorial a la Eastern Bolivia Railway Company
Por mandato de Ley de 24 de noviembre de 1911 y a favor de James Simpson Witthon representante de la empresa Eastern Bolivia Railway Company, se adjudica terrenos equivalentes a 2.500.000 hectáreas para la construcción y explotación de un ferrocarril que debería unir la ciudad de Santa Cruz, Yacuiba con Puerto Rojas.
Concesiones a Simón Patiño
En noviembre de 1911 el magnate minero Simón Iturri Patiño fue beneficiado con una concesión que le autorizaba a construir y explotar a perpetuidad un ferrocarril que uniría la ciudad de Cochabamba con el Río Chimoré. Se le reconoció el derecho de adjudicarse 500.000 hectáreas de tierras públicas en la zona de influencia de los ríos Chapare, Chimoré, Mamoré e Isiboro.
Al siguiente año, en fecha 20 de noviembre de 1912, mediante Ley de la república, el Poder Ejecutivo fue facultado por el Congreso Nacional a ampliar la concesión a Patiño, autorizándole a ampliar las líneas férreas hasta la ciudad de Santa Cruz mediante el siguiente argumento: Se otorga el derecho de expropiar, por causa de utilidad pública, las tierras, aguas y demás propiedades necesarias para el establecimiento de la línea y sus dependencias Además se le otorgaba la liberación de todo impuesto fiscal, municipal, departamental o de beneficencia creado o por crear, para los materiales o demás artículos destinados ala construcción, conservación, equipo y explotación de la línea y sus dependencias, incluyendo en la exención el timbre o cualquier otro impuesto sobre los capitales o rentas del concesionado, durante 25 años.
Concesión a Horacio Ferreccio:
Por Ley de 30 de noviembre de 1911 el Congreso Nacional faculta al Gobierno a conceder de manera legal a Horacio Ferreccio, y para la construcción de una línea férrea entre la ciudad de La Paz, Araca y con extensión hasta Coripata de la provincia Nor Yungas, la extensión de un 1.000.000 de hectáreas de terrenos fiscales, juntas o separadas en cualquier parte del territorio de la República.
Concesión de tierras a The Madeira Mamoré Railway:
Mediante Ley de 4 de diciembre de 1911 se otorga en concesión legal territorios a favor de The Madeira Mamoré Railway, representada por Jhon H. Pope para la construcción y explotación de una línea férrea desde el río Mamoré, Puerto Guayaramerín con culminación en la ciudad de Riberalta, una extensión de 3.750.000 hectáreas de terrenos nacionales.
Concesión de tierras a Bolivian Development:
Mediante Ley sancionada por el Poder Legislativo de 22 de noviembre de 1912 se concede a Bolivian Development 2.500.000 hectáreas de tierras fiscales y la construcción de cualquiera de los tres ferrocarriles:
i.	Potosí-Sucre
ii.	La Paz-Puerto Brais
iii.	Santa Cruz-Puerto Suárez
De manera resumida, se tiene el accionar de los más preclaros representantes del liberalismo y del conservadurismo criollo, que bajo el poder y la sombra del Estado Republicano, se dieron a la tarea de continuar con la expropiación de las tierras comunales, efectuadas en el pasado por el colonialismo español.
Durante la República, los presidentes, los ministros, senadores y parlamentarios se dieron a la tarea de aprobar leyes para:
	Desconocer a las autoridades originarias
	Crear tributos indigenales
	Imponer impuestos a la tierra
	Arrendar tierras de origen
	Subastar las tierras comunales
	Declarar enfiteutas a los originarios como otro forma de expropiarles
	Declarar como baldías las tierras de los pueblos originarios
	Reducir a colonos y pongos a los verdaderos propietarios de las tierras
	Desvincularlos de sus tierras
	Crear mesas revisitadoras para encubrir el papel de los agentes del despojo de tierras
	Apropiarse de territorios bajo la forma de estradas gomeras para posteriormente transferirlas a nuevos latifundistas
	Proceder a dar concesiones de tierras favorables a extranjeros en grandes extensiones
	Otorgar prerrogativas a los latifundistas para que puedan especular con la tierra
	Perder el Acre boliviano
	Crear zonas de colonización como un nuevo mecanismo de apropiación de los territorios y tierras de los pueblos de tierras bajas
	Vender en centavos las tierras en manos del Estado
	Dar a migrantes zonas de colonización en forma concesional y favorable
	Otorgar tierras a cambio de ferrocarriles que nunca se construyeron
Concesión de tierras durante el gobierno del movimiento nacionalista revolucionario (1952-1964)
La Reforma Agraria, el Voto Universal, la Reforma Educativa, bajo la óptica y bajo el proyecto de las oligarquía y el imperialismo, apuntaron a la desorganización y desestructuración de las comunidades y por tanto a la destrucción de las naciones originarias; todas estas medidas buscan la “campesinización”, la “cristianización” y la “bolivianización” de las naciones originarias.
La Reforma Agraria generadora de minifundio en el campo para las mayorías y generadora de latifundio para las minorías oligárquicas permitió el saqueo y la usurpación de los recursos naturales y los territorios de las comunidades. Este proceso de saqueo, a un principio no se lo vio claramente, siendo hábilmente aprovechado por el nacionalismo y el imperialismo.
La forma como se procedió a la dotación de tierras se baso en la siguiente tabla:
Las propiedades se clasifican en:
	Empresa ganadera 50.000 hectáreas
	Mediana propiedad 2.500 hectáreas
	Propiedad pequeña 500 hectáreas
Para la propiedad ganadera se aplica la norma técnica: 5 hectáreas por cabeza de ganado mayor. Para una empre¬sa ganadera se deben acreditar 10.000 cabezas de ganado mayor para justificar la superficie de 50.000 hectáreas.
Tierras dotadas entre 1953 y 1992