Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2011:363:FULL&from=HU
Timestamp: 2019-10-17 07:16:23
Document Index: 4067755

Matched Legal Cases: ['artículo 108', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 31', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 15', 'artículo 19', 'artículo 31', 'artículo 5', 'artículo 22', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 31', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 27', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 57', 'artículo 31', 'artículo 28', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 143', 'artículo 11', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 9']

Diario Oficial C 363/2011
Ayuda estatal — Alemania — Ayuda estatal SA.32009 (11/C) (ex 10/N) — LIP — Ayuda a BMW Leipzig — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE ( 1 )
Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2), y en particular su artículo 28, apartado 2.
El 24 de mayo de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual (en adelante, la «propuesta»).
La propuesta fue enviada por la Comisión al SEPD el 27 de mayo de 2011. El SEPD entiende esta comunicación como una solicitud de asesorar a las instituciones y organismos comunitarios, según lo previsto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, de 18 de diciembre 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (en adelante, el «Reglamento (CE) no 45/2001»). Previamente (3), antes de que fuera adoptada la propuesta, el SEPD pudo proporcionar observaciones informales a la Comisión. Al SEPD le complace este proceso, el cual ha ayudado a mejorar el texto desde el punto de vista de la protección de datos ya desde una fase temprana. Algunas de aquellas observaciones se han tenido en cuenta en la propuesta. El SEPD acoge con satisfacción la referencia a esta consulta en el preámbulo de la propuesta.
Sin embargo, desea resaltar algunos elementos que todavía podrían mejorarse en el texto, desde la perspectiva de la protección de datos.
La propuesta establece las condiciones y los procedimientos para la intervención de las autoridades aduaneras en caso de que se sospeche que las mercancías vulneran un derecho de propiedad intelectual o que debieran haber sido objeto de vigilancia aduanera en el territorio aduanero de la Unión Europea. Tiene por objeto aportar mejoras en el marco jurídico establecido por el Reglamento (CE) no 1383/2003 (4), al que sustituirá.
En particular, establece el procedimiento a través del cual los titulares de los derechos pueden solicitar al servicio de aduanas de un Estado miembro que intervenga en dicho Estado («solicitud nacional») o a los servicios de aduanas de más de un Estado miembro para que intervengan en su respectivo Estado («solicitud de la Unión»). En este contexto, «intervenir» significa suspender el levante de las mercancías o proceder a organizar su retención por parte de las autoridades aduaneras. También establece el proceso a través del cual los correspondientes servicios de aduanas adoptan una decisión sobre una solicitud, las acciones que las autoridades aduaneras (o aduanas) (5) deberán, en consecuencia ,adoptar (es decir, la suspensión del levante, la retención o la destrucción de mercancías) y los derechos y las obligaciones a ellas vinculadas.
En este contexto, el tratamiento de datos personales tiene lugar de diversas maneras: cuando el titular del derecho presenta una solicitud a la autoridad aduanera (6) (artículo 6); cuando la solicitud se remite a la Comisión (artículo 31); cuando la decisión de las autoridades aduaneras a las distintas aduanas competentes (artículo 13, apartado 1) y, en el caso de una solicitud de la Unión, a las autoridades aduaneras de los otros Estados miembros (artículo 13, apartado 2).
El tratamiento de los datos que el proyecto de Reglamento establece no solo abarca los datos personales del titular del derecho en el contexto de la transmisión de las solicitudes y decisiones desde los titulares de derecho a las autoridades aduaneras, entre los Estados miembros y entre los Estados miembros y la Comisión. Por ejemplo, según lo dispuesto en el artículo 18, apartado 3, las autoridades aduaneras deberán facilitar al titular de la decisión, previa petición del mismo, el nombre y la dirección del expedidor, del destinatario, del declarante o del titular de las mercancías (7) así como cualquier otra información relacionada con las mismas. En este caso, por tanto, los datos personales sobre otros interesados (el expedidor, el destinatario y el titular de las mercancías pueden ser tanto personas físicas como jurídicas) son tratados y, previa solicitud, son remitidos por parte de la autoridad aduanera nacional al titular del derecho.
Aunque la propuesta no lo indica de manera explícita, si se observa el Reglamento de aplicación (CE) no 1891/2004 de la Comisión (8) actualmente aplicable — el cual incluye el formulario de solicitud estándar que será utilizado por los titulares de derechos —, parece que los procedimientos establecidos en la propuesta también podrían incluir el tratamiento de datos relativos a supuestas infracciones de los derechos de propiedad intelectual por parte de determinadas personas o entidades (9). El SEPD destaca que los datos relativos a sospechas se consideran datos sensibles cuyo tratamiento exige garantías específicas (artículo 8, apartado 5, de la Directiva 95/46/CE y artículo 10, apartado 5, del Reglamento (CE) no 45/2001).
Asimismo, la Comisión está encargada de almacenar las solicitudes de intervención de los titulares de derechos en una base de datos central (que se denominará «COPIS»), que aún se encuentra en su fase preparatoria. COPIS será una plataforma centralizada de intercambio de información para las operaciones aduaneras relativas a todas las mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual. Todos los intercambios de datos sobre las decisiones, los documentos de acompañamiento y las notificaciones entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros se efectuarán a través de COPIS (artículo 31, apartado 3).
2.1. Referencia a la Directiva 95/46/CE
El SEPD recibe con agrado el hecho de que el proyecto de Reglamento mencione de manera explícita (artículo 32; considerando 21) en un artículo de aplicación general la necesidad de que el tratamiento de datos personales por parte de la Comisión cumpla lo establecido en el Reglamento (CE) no 45/2001 y que el tratamiento por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros sea conforme con lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE.
Esta disposición también reconoce de manera explícita la función supervisora del SEPD respecto del tratamiento por parte de la Comisión, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001. El SEPD desea resaltar la incorrecta referencia incluida en el artículo 32 «[…] y bajo la supervisión de la autoridad pública independiente del Estado miembro contemplada en el artículo 28 de dicha Directiva» ya que el texto debería referirse al artículo 28 de la Directiva 95/46/CE.
2.2. Actos de ejecución
Según la propuesta, la Comisión tiene poderes para adoptar actos de ejecución para definir el formulario de la solicitud por parte de los titulares de derechos (artículo 6, apartado 3) (10). Sin embargo, el artículo ya incluye una lista de la información necesaria que el solicitante debe facilitar, incluidos los datos personales del solicitante. En la determinación del contenido esencial de la solicitud, el artículo 6, apartado 3, también debería exigir a las autoridades aduaneras que facilitasen la información al solicitante y a cualquier otro interesado potencial (p. ej., el expedidor, el destinatario o el titular de las mercancías), de conformidad con lo dispuesto en las normas nacionales de incorporación de lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva 95/46/CE. De manera paralela, la aplicación también implica que debe facilitarse información similar al interesado para su tratamiento por parte de la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CE) no 45/2001 (a la vista de las operaciones de almacenamiento y tratamiento en la COPIS).
El SEPD recomienda, por lo tanto, que el artículo 6, apartado 3, incluya también en la lista de la información que debe facilitarse al solicitante la información que debe facilitarse al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva 95/46/CE y el artículo 11 del Reglamento (CE) no 45/2001.
Además, el SEPD pide ser consultado cuando la Comisión ejerza su potestad de ejecución, con el fin de garantizar que el nuevo modelo de los formularios de solicitud (nacional o de la Unión) «cumple las disposiciones de protección de datos».
El SEPD recibe con agrado el hecho de que el artículo 6, apartado 3, letra l), introduzca un requisito para el solicitante de comunicar y actualizar cualquier información pertinente para las autoridades aduaneras a la hora de efectuar el análisis y la evaluación del riesgo de infracción de los derechos de propiedad intelectual. Este requisito constituye una aplicación de uno de los principios de calidad de los datos, según el cual los datos personales deberán ser «exactos y, cuando sea necesario, actualizados» (Dir. 95/46/CE, artículo 6, letra d)). Asimismo, el SEPD también recibe con satisfacción el hecho de que se haya aplicado el mismo principio en el artículo 11, apartado 3, el cual exige al «titular de la decisión» que informe a los servicios de aduanas competentes que adoptó la decisión sobre cualquier modificación de la información facilitada en la solicitud.
Los artículos 10 y 11 hacen referencia al plazo de validez de las decisiones. La decisión de las autoridades aduaneras tienen un plazo de validez limitado para intervenir. Dicho plazo puede prorrogarse. El SEPD desea hacer hincapié en que la solicitud presentada por el titular del derecho (y, en particular, los datos personales en ella incluidos) no deberán ser almacenados o conservados por parte de las autoridades aduaneras nacionales ni en la base de datos COPIS más allá de la fecha de expiración de la decisión. Dicho principio deriva de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) no 45/2001 y del correspondiente artículo 6, apartado 1, letra e), de la Directiva 95/46/CE (11).
El actual Reglamento de aplicación (12) establece (artículo 3, apartado 3) que las autoridades aduaneras deberán conservar los formularios «hasta que haya transcurrido un año, como mínimo, desde la expiración legal de validez de dicho formulario». Esta disposición no parece ser del todo coherente con los principios que se han indicado anteriormente.
El SEPD sugiere, por lo tanto, que se inserte una disposición en la propuesta que imponga un límite a la conservación de datos personales que esté vinculado a la duración del plazo de validez de las decisiones. Debería evitarse cualquier prórroga de la duración de la conservación o, cuando así quede justificado, dicha prórroga debería cumplir los principios de necesidad y proporcionalidad respecto de la finalidad, lo cual debe ser aclarado. La inclusión de una disposición en la propuesta que fuera de aplicación tanto para los Estados miembros como para la Comisión garantizaría la simplificación, la seguridad jurídica y la eficacia, ya que se evitarían interpretaciones contradictorias.
El SEPD recibe con agrado el hecho de que el artículo 19 (Aceptación del uso de información por parte del titular de la decisión) recuerde claramente el principio de limitación a una finalidad específica al limitar el modo en que el titular de la decisión puede utilizar, entre otros, los datos personales del expedidor y del destinatario que le han sido facilitados por las autoridades aduaneras en virtud de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 3 (13). Los datos solo pueden ser utilizados para incoar un procedimiento destinado a determinar la posible vulneración de un derecho de propiedad intelectual del titular del derecho o para tratar de obtener compensación en caso de destrucción de las mercancías en virtud de lo dispuesto en el proyecto de Reglamento y según la legislación del Estado miembro en que se encuentren las mercancías. Considerando que los datos también pueden incluir información sobre sospechas, dicha limitación es una garantía contra un uso incorrecto de dichos datos sensibles. Esta disposición también queda reforzada por lo dispuesto en el artículo 15, el cual establece medidas administrativas contra el titular del derecho en caso de uso incorrecto de la información para fines distintos de los previstos en el artículo 19. La combinación de estos dos artículos muestra una especial atención de la Comisión hacia el principio de limitación a una finalidad específica.
2.4. Base de datos central
La propuesta (artículo 31, apartado 3) menciona que todas las solicitudes de intervención, las decisiones de aceptación de las solicitudes, las decisiones de prórroga del plazo de validez de las decisiones y las suspensiones de una decisión de aceptación de la solicitud, incluidos los datos personales, se almacenarán en la base de datos central de la Comisión (COPIS).
COPIS sería, por lo tanto, una nueva base de datos destinada fundamentalmente a sustituir los intercambios de los documentos pertinentes entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros por un depósito digital y un sistema de transmisión. La Comisión y, en particular, la DG TAXUD (Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera), serán quienes la gestionen.
Hasta ahora, la base jurídica para el intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión ha sido el Reglamento (CE) no 1383/2003 (14) y el Reglamento de aplicación (CE) no 1891/2004 (15) de la Comisión. En lo que se refiere al Reglamento (CE) no 1383/2003, el artículo 5 permite la presentación electrónica de solicitudes a los Estados miembros aunque no menciona a la base de datos centralizada. El artículo 22 menciona que los Estados miembros comunicarán la información pertinente «sobre la aplicación del presente Reglamento» a la Comisión y que la Comisión comunicará dicha información a los demás Estados miembros. En lo que se refiere al Reglamento de aplicación, el considerando 9 dispone que debe establecerse las modalidades de intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión de modo que esta última pueda supervisar y elaborar informes sobre la aplicación del Reglamento. El artículo 8 aclara que los Estados miembros comunicarán periódicamente a la Comisión la lista del conjunto de solicitudes escritas y de las consiguientes intervenciones realizadas por las autoridades aduaneras, incluidos los datos personales de los titulares del derecho, los tipos de derechos y los productos de que se trate.
El nuevo texto de la propuesta (artículo 6, apartado 4) exige — al definir el contenido del formulario de solicitud — que, cuando se disponga de sistemas informáticos o electrónicos, las solicitudes puedan presentarse electrónicamente. Asimismo, el artículo 31 indica que las solicitudes a las autoridades nacionales se notificarán a la Comisión, quien las «almacenará en la base de datos central». La base jurídica para la creación de la base de datos COPIS parece, por lo tanto, limitarse a la combinación de las disposiciones de los nuevos artículos 6, apartado 4, y 31.
Respecto de la base jurídica, la Comisión está elaborando la estructura y el contenido de la base de datos COPIS. Sin embargo, en esta fase no se han adoptado disposiciones legales más detalladas a través del procedimiento legislativo ordinario en las que se indique la finalidad y las características de dicha base de datos central. En opinión del SEPD, esto resulta especialmente preocupante. Los datos personales de las personas (nombres y apellidos, direcciones y otros datos de contacto, así como la información relativa a las sospechas), serán objeto de un intenso intercambio entre la Comisión y los Estados miembros y se almacenarán durante un plazo indefinido en la base de datos, aunque no existe un texto legal sobre la base del cual una persona pueda comprobar si dicho tratamiento es legal. Asimismo, no se aclaran de manera explícita los derechos de acceso específicos ni los derechos de gestión relativos a las distintas operaciones de tratamiento.
Tal como ha resaltado el SEPD en anteriores ocasiones (16), la base jurídica para instrumentos que restringen el derecho fundamental a la protección de los datos personales, tal como reconoce el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y en la jurisprudencia basada en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que está reconocida por el artículo 16 del TFUE, deberá establecerse en un instrumento jurídico basado en los Tratados y que pueda alegarse ante un órgano jurisdiccional. Esto resulta necesario para garantizar la seguridad jurídica del interesado quien debe poder confiar en normas claras e invocarlas ante un órgano jurisdiccional.
Por lo tanto, el SEPD insta a la Comisión a que aclare la base jurídica de la base de datos COPIS, introduciendo una disposición más detallada en un instrumento adoptado de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario contemplado en el TFUE. Dicha disposición deberá cumplir los requisitos recogidos en el Reglamento (CE) no 45/2001 y, en su caso, en la Directiva 95/46/CE. En concreto, la disposición que establezca la base de datos que implique un mecanismo de intercambio electrónico deberá (i) identificar el fin de las operaciones de tratamiento y establecer los usos compatibles; (ii) identificar qué organismos (autoridades aduaneras, Comisión) tendrán acceso a los datos y a qué datos de la base de datos, y tendrán la posibilidad de modificarlos; (iii) garantizar el derecho de acceso y de información para todos los interesados cuyos datos personales puedan ser almacenados o intercambiados, (iv) definir y limitar el plazo de conservación para los datos personales al mínimo necesario para la realización de dicha finalidad. Asimismo, el SEDP destaca que el principal acto legislativo deberá definir los siguientes elementos de la base de datos: la entidad que controlará y gestionará la base de datos y la entidad encargada de garantizar la seguridad del tratamiento de los datos incluidos en dicha base.
El SEPD sugiere que la propia propuesta incluya un nuevo artículo en el que se establezcan claramente estos elementos principales. De modo alternativo, el texto de la propuesta puede introducir una disposición que prevea la adopción de un acto legislativo independiente, conforme al procedimiento legislativo ordinario, para el que la Comisión debería solicitar la presentación de una propuesta.
En cualquier caso, las medidas de aplicación que deberán adoptarse deberían especificar de manera pormenorizada las características funcionales y técnicas de la base de datos.
Además, aunque la propuesta no prevé en esta fase la interoperabilidad con otras bases de datos gestionadas por la Comisión u otras autoridades, el SEDP subraya que la introducción de cualquier tipo de interoperabilidad o intercambio deberá cumplir, en primer lugar, con el principio de limitación a una finalidad específica, es decir, que los datos deberían utilizarse para la finalidad para la que la base de datos ha sido creada y que no se permitirá un intercambio o interconexión más allá de dicha finalidad. Deberá, asimismo, estar apoyada por una base jurídica específica que tiene que estar fundada en los Tratados de la Unión Europea.
El SEPD manifiesta su gran interés en el proceso que conducirá al establecimiento final de dicha base de datos, con el objetivo de apoyar y asesorar a la Comisión en la elaboración de un sistema que «cumpla las disposiciones de protección de datos» adecuadamente. Anima, por lo tanto, a la Comisión a que incluya una consulta al SEPD en la fase preparatoria en curso.
Por último, el SEPD llama la atención sobre el hecho de que, dado que el establecimiento de una base de datos implicaría el tratamiento de categorías especiales de datos (sobre sospechas), dicho tratamiento debería estar sujeto a un control previo por parte del SEPD, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 45/2001.
El SEPD recibe con agrado la referencia específica en la propuesta a la aplicabilidad de la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) no 45/2001 a las actividades de tratamiento de datos personales cubiertas por el Reglamento.
El SEPD desea resaltar los siguientes elementos a fin de mejorar el texto, desde la perspectiva de la protección de datos:
el artículo 6, apartado 3, debería incluir el derecho de información del interesado,
la Comisión, en el ejercicio de sus poderes de ejecución en virtud de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, debería consultar al SEPD, con el fin de elaborar un modelo de formulario de solicitud que «cumpla las disposiciones de protección de datos»,
el texto debería especificar el plazo de conservación de los datos personales presentados por el titular del derecho, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comisión,
el SEPD insta a la Comisión a identificar y aclarar la base jurídica para el establecimiento de la base de datos COPIS y ofrece sus conocimientos especializados para ayudarle en la preparación de dicha base de datos.
Hecho en Bruselas, el 12 de octubre de 2011.
(3) En abril de 2011.
(4) Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnera determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, DO L 196 de 2.8.2003, p. 7.
(5) Los servicios de aduanas son las oficinas centrales que en cada Estado miembro pueden recibir las solicitudes formales por parte de los titulares de derechos, mientras que las autoridades aduaneras o aduanas son los entes dependientes operativos que, en realidad, llevan a cabo los controles aduaneros sobre las mercancías que entran en la Unión Europea.
(6) El formulario de solicitud deberá incluir, entre otros, sus datos personales [artículo 6, apartado 3, letra a)]; la habilitación de las personas físicas o jurídicas que le representen [artículo 6, apartado 3, letra d)]; el nombre y dirección del representante o representantes del solicitante encargados de los trámites legales y las cuestiones de carácter técnico [artículo 6, apartado 3, letra j)].
(7) El expedidor y el destinatario son las dos partes típicamente implicadas en un contrato de expedición: el expedidor entrega las mercancías al destinatario, quien recibe la posesión de las mercancías y las vende según las instrucciones del expedidor.
El «declarante» es la persona que efectúa la declaración en aduana en nombre propio o la persona en cuyo nombre se realiza la declaración en aduana. El «titular» es la persona que ostente su propiedad o un derecho similar de disposición sobre las mismas o que tenga el control físico de las mismas.
(8) Reglamento (CE) no 1891/2004 de la Comisión, de 21 de octubre de 2004, por el que se adoptan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, DO L 328 de 30.10.2004, p. 16.
(9) Véase el Reglamento (CE) no 1891/2004, anexo I, punto 9: «Se adjunta información específica sobre el tipo o la modalidad de fraude», incluidos los documentos y/o fotos.
(10) En la actualidad, el Reglamento (CE) no 1891/2004 de la Comisión aplica el Reglamento (CE) no 1383/2003 que incluye, entre otros, los formularios modelo para la solicitud nacional y de la Comunidad y las instrucciones sobre cómo rellenar el formulario (Reglamento (CE) no 1891/2004 de la Comisión, de 21 de octubre de 2004, por el que se adoptan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, DO L 328 de 30.10.2004, p. 16).
(11) Los datos personales deberán ser «conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para la consecución de los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente […]».
(12) Véase la nota a pie de página 8.
(13) Esta disposición es conforme a lo dispuesto en el artículo 57 (Parte III, Sección IV) del Acuerdo ADPIC http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm4_e.htm#2
(14) Véase la nota a pie de página 4.
(15) Véase la nota a pie de página 8.
(16) Véase el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Decisión 2008/49/CE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2007, relativa a la protección de los datos personales en la explotación del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), por lo que se refiere a la protección de los datos personales, DO C 270 de 25.10.2008, p. 1.
En virtud del artículo 31 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Consejo aprueba las suspensiones y los contingentes arancelarios autónomos por mayoría cualificada, basándose para ello en una propuesta de la Comisión. Por este motivo, en 1998 la Comisión publicó una Comunicación (1), en la que se definían los principios orientadores y los procedimientos que debe seguir la Comisión a la hora de elaborar sus propuestas para el Consejo.
La presente Comunicación revisada tiene en cuenta los objetivos del programa de actuación «Aduana 2013», además de las necesidades y los comentarios formulados por los Estados miembros tras el seminario relativo a las suspensiones y los contingentes arancelarios autónomos celebrado en Estambul los días 23 y 24 de septiembre de 2010. La revisión, cuyo alcance es limitado, se propone un doble objetivo: aclarar algunos de los principios relativos a los regímenes existentes en este ámbito, por un lado, y el procedimiento que han de seguir los Estados miembros y los operadores para solicitar que se aplique esta medida autónoma, por otro.
Podría ser preciso introducir ulteriores modificaciones de carácter sustantivo en la presente comunicación como consecuencia del estudio sobre el impacto de las suspensiones y contingentes arancelarios autónomos en la economía de la UE que la Comisión tiene previsto lanzar durante el año 2012. Dicho estudio analizará también el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas (PYME).
Al formular estos principios orientadores, la Comisión pretende especificar las razones económicas en las que se sustenta la política de la Unión en este sector. Las orientaciones también están en consonancia con las normas de transparencia establecidas por la Comisión.
La Comisión pretende seguir la política general definida en la presente comunicación y las correspondientes disposiciones administrativas en relación con las suspensiones y los contingentes que entren en vigor en el segundo semestre de 2012.
2. RESUMEN DE POLÍTICAS — PRINCIPIOS GENERALES
2.1. Función del arancel aduanero común
En el artículo 28 del TFUE se declara que «la Unión comprenderá una unión aduanera, que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará […] la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países».
Desde 1968, la Unión ha aplicado el componente principal de este arancel aduanero común (2) como parte de una serie de medidas destinadas a mejorar a escala internacional la eficiencia y la competitividad de su industria.
Además de fomentar el desarrollo industrial dentro de la Unión, los tipos de derechos establecidos en el arancel pretenden reforzar la capacidad de producción industrial comunitaria para que sus productores puedan competir de manera más fácil con los proveedores de terceros países.
Por ello, excepto las exenciones previstas en las disposiciones de la Unión, será obligatorio abonar los derechos estipulados en el arancel respecto de todos los productos que están en libre práctica. El pago de estos derechos constituye, en consecuencia, la práctica normal.
2.2. Concepto de «suspensiones y contingentes arancelarios»
Las suspensiones aprobadas con arreglo al artículo 31 del TFUE constituyen una excepción a la práctica normal durante el período de validez de la medida y respecto de una cantidad ilimitada (suspensión arancelaria) o de una cantidad limitada (contingente arancelario). Ambas medidas permiten la renuncia total o parcial a los derechos aduaneros de terceros países aplicables a las mercancías importadas (los derechos antidumping y compensatorios o los derechos específicos no se ven afectados por estas suspensiones y estos contingentes arancelarios). Las mercancías a las que se aplican los derechos antidumping o compensatorios normalmente deben excluirse de la concesión de suspensiones o contingentes. Las mercancías que estén sujetas a prohibiciones y restricciones de importación (por ejemplo, en virtud de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres, CITES) tampoco pueden beneficiarse de suspensiones ni de contingentes arancelarios.
En este sentido, los productos importados conforme a los regímenes de suspensiones o contingentes arancelarios disfrutan de libertad de circulación en toda la Unión; en consecuencia, una vez que se ha concedido una suspensión o un contingente, puede acogerse a ellos cualquier operador de cualquier Estado miembro. Esto supone que una suspensión o un contingente arancelarios concedidos en respuesta a una petición de un Estado miembro podrían tener consecuencias en todos los demás, por lo que debe administrarse mediante una cooperación estrecha y amplia entre los Estados miembros y la Comisión para que puedan tenerse en cuenta todos los intereses de la Unión. La Comisión gestiona los contingentes arancelarios autónomos en estrecha colaboración con los Estados miembros a través de una base de datos centralizada y dedicada a los contingentes arancelarios. Estos contingentes arancelarios se asignan atendiendo al orden cronológico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 308 bis a 308 quater del Reglamento (CEE) no 2454/93 que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el código aduanero comunitario (3).
La ampliación de la Unión Europea, el progreso técnico y los cambios en las rutas tradicionales del comercio internacional han modificado el panorama económico en una economía cada vez más globalizada. Es importante garantizar que las suspensiones arancelarias permitan a las empresas establecidas en la Unión Europea mantener el pleno empleo y obtener las piezas necesarias para fabricar productos sofisticados con un alto valor añadido de carácter comunitario, aun cuando la actividad consista principalmente en el montaje de las piezas.
2.3. Características de las suspensiones y los contingentes arancelarios
El artículo 31 del TFUE establece que el Consejo fijará los derechos del arancel aduanero común basándose en propuestas de la Comisión. Ello incluye la modificación o suspensión de esos derechos.
Las suspensiones y los contingentes arancelarios deben revisarse regularmente, y existe la posibilidad de suprimirlos a petición de la parte afectada. En casos excepcionales, cuando el mantenimiento de la suspensión arancelaria implique que la Unión necesita un abastecimiento constante de determinados productos a un tipo arancelario reducido o nulo, por ejemplo, cuando las cantidades que se necesitan de un producto concreto no están disponibles (suspensión arancelaria) o cuando son demasiado pequeñas (contingente arancelario) para justificar las inversiones necesarias para emprender una producción en la Unión, la Comisión podrá proponer una modificación del arancel aduanero común. En este sentido, la Comisión actuará a petición de los Estados miembros, así como por propia iniciativa.
Asimismo, habida cuenta de que las suspensiones arancelarias constituyen una excepción a la norma general que representa el arancel aduanero común, estas deberán aplicarse, como todas las excepciones, de forma coherente.
A fin de evitar la existencia de medidas discriminatorias, las suspensiones deben ser accesibles a todos los importadores de la Unión y a proveedores de terceros países. Ello significa que las suspensiones o los contingentes arancelarios no se concederán en caso de que se trate de:
mercancías reguladas por un acuerdo comercial exclusivo,
mercancías comercializadas entre partes relacionadas que dispongan de derechos de propiedad intelectual exclusivos sobre su producción o
mercancías cuya descripción contenga términos específicos internos de la empresa, como denominaciones de la empresa, nombres de marca, especificaciones, números de artículo, etc.
2.4. Función de las suspensiones y los contingentes arancelarios autónomos
La Comisión considera que los derechos aduaneros cumplen una función económica particular. Solamente podrán concederse suspensiones arancelarias cuya finalidad parcial o total sea la de eliminar las consecuencias de los derechos aduaneros a lo largo de un período determinado por la falta de disponibilidad de los productos dentro de la Unión. Por otra parte, podrán establecerse contingentes arancelarios autónomos con respecto a los bienes que se producen en la Unión y cuyas cantidades no sean suficientes.
Asimismo, habida cuenta de que los derechos aduaneros contribuyen a los recursos propios tradicionales de la Unión, deben evaluarse las razones económicas formuladas en relación con el interés general de la Unión.
En el pasado, el régimen de suspensiones y contingentes arancelarios ha demostrado ser un instrumento de acción muy eficaz a la hora de apoyar la actividad económica en la Unión Europea, y lo va a seguir siendo en el futuro, como revela el aumento constante de solicitudes transmitidas a la Comisión. En la actualidad, estas medidas suponen entre el 5 % y el 6 % de los recursos propios tradicionales presupuestados.
De esta manera, permitiendo a las empresas la obtención de suministros a un coste inferior durante un tiempo determinado, es posible estimular la actividad económica dentro de la Unión, mejorar la competitividad de estas empresas y, en particular, permitir a estas últimas la creación de empleo, la modernización de sus estructuras, etc. En 2011, hay en vigor aproximadamente 1 500 suspensiones y contingentes autónomos, mientras que, durante la reciente recesión de la economía de la UE, la Comisión ha registrado un aumento de solicitudes que revela la importancia de esta política para la industria de la Unión.
2.5. Productos que pueden acogerse a suspensiones arancelarias autónomas
El objetivo de las suspensiones arancelarias consiste en permitir a las empresas comunitarias la utilización de materias primas, productos semiacabados o componentes no disponibles o no fabricados en la Unión, con la excepción de los productos «acabados».
Sin perjuicio de lo expuesto en los apartados 2.5.3 y 2.5.4, a los efectos de la presente comunicación, se entiende por «productos acabados» aquellos que presentan una o varias de las siguientes características:
productos listos para la venta al usuario final, envasados o no dentro de la Unión para la venta al por menor,
productos acabados que estén desmontados,
productos que no vayan a someterse a ninguna elaboración ni transformación (4) sustanciales, o
productos que ya tengan el carácter esencial de producto completo o acabado.
Los productores de la Unión se dedican cada vez más a fabricar productos de ensamblaje que requieren piezas de un alto grado de complejidad técnica, algunas de las cuales se utilizan sin modificaciones fundamentales y pueden considerarse, por ello, productos «acabados» propiamente dichos. No obstante, en algunos casos, podrían concederse suspensiones arancelarias para productos «acabados» utilizados como componentes en el producto final, siempre que el valor añadido de dicha operación de montaje sea suficientemente alto.
Podría considerarse una suspensión cuando se trata de equipos y material para su uso en el proceso de producción, aunque sean generalmente productos «acabados», siempre y cuando dichos equipos y materiales sean específicos y necesarios para la fabricación de productos claramente determinados y no obstaculicen la competencia entre las empresas de la Unión.
2.6. Productos que pueden acogerse a los contingentes arancelarios autónomos
Todas las disposiciones contempladas en el apartado 2.5 también se aplican a los contingentes arancelarios autónomos. Los productos pesqueros quedan excluidos de los regímenes de contingentes arancelarios, ya que un análisis paralelo basado en su carácter sensible puede conducir a su inclusión en una propuesta adicional de la Comisión de Reglamento del Consejo relativo a la apertura y el modo de gestión de los contingentes arancelarios autónomos a escala comunitaria de determinados productos pesqueros.
2.7. Beneficiarios de las suspensiones y los contingentes arancelarios autónomos
Las suspensiones y los contingentes arancelarios autónomos están destinados a las empresas que producen en la Unión. Cuando el uso del producto se limite a un fin en particular, se controlará la utilización del producto conforme a los procedimientos de control de uso final (5).
Se va a prestar particular atención a los intereses de las PYME. Habida cuenta de que las suspensiones y contingentes arancelarios autónomos podrían facilitar la internacionalización de este tipo de empresas, está previsto adoptar iniciativas para darles a conocer en mayor medida este instrumento. Como se ha mencionado anteriormente, el impacto de este régimen sobre las PYME se analizará en el marco de una evaluación más amplia que se iniciará en 2012.
Entre tanto, las suspensiones arancelarias no deberían aplicarse a mercancías sujetas a un derecho cuyo importe sea poco significativo.
2.8. Unión aduanera con Turquía
Se aplican los mismos criterios a los productos sujetos a la normativa de la unión aduanera con Turquía (todas las mercancías excepto los productos agrícolas y los que se inscriben en el Tratado CECA), ya que los derechos y obligaciones de Turquía en este caso son similares a los de los Estados miembros.
Turquía también puede presentar solicitudes de suspensiones y contingentes arancelarios y, asimismo, los delegados de Turquía pueden participar en las reuniones del Grupo de Trabajo de Economía Arancelaria (GTEA) para tratar estas solicitudes con los delegados de todos los Estados miembros y la Comisión. La producción de Turquía se tendrá en cuenta de la misma forma que la de la Unión a la hora de tomar decisiones acerca de la aplicación de alguna nueva suspensión arancelaria, así como para calcular los volúmenes adecuados de contingentes arancelarios.
Previo examen de la Comisión, las solicitudes de suspensión arancelaria realizadas por Turquía podrán incluirse en la propuesta presentada al Consejo. No obstante, el proceso de toma de decisiones en relación con los contingentes difiere del anterior porque estos no formarán parte del Reglamento del Consejo. Por tanto, estos contingentes basados en las solicitudes de Turquía solamente se aplicarán en Turquía.
Por las razones esbozadas anteriormente, la Comisión pretende seguir la línea de acción reseñada a continuación en la elaboración de propuestas al Consejo y en la adopción de los reglamentos.
Las suspensiones y los contingentes arancelarios autónomos tienen por objetivo principal permitir a las empresas comunitarias la utilización de materias primas, mercancías o componentes semiacabados sin tener que pagar los derechos normales fijados en el arancel aduanero común.
Todas las solicitudes de suspensión arancelaria han de presentarse en primer lugar a los delegados del Grupo de Trabajo de Economía Arancelaria, quienes se encargan de estudiar su idoneidad. Ulteriormente, las solicitudes se examinan detenidamente durante las tres reuniones de este grupo de trabajo y las medidas oportunas se proponen única y exclusivamente después de analizar las razones económicas en las que se basan estas solicitudes.
La Comisión presentará sus propuestas (que, en parte, actualizan cada seis meses las listas de productos sujetos a las suspensiones arancelarias o las listas de productos sujetos a los contingentes arancelarios) al Consejo para su aplicación a partir del 1 de enero y para que, a partir del 1 de julio, se tengan en cuenta las nuevas solicitudes así como las nuevas tendencias técnicas o económicas en relación con los productos y mercados.
En principio, a menos que el interés de la Unión dicte lo contrario, y en el respeto de las obligaciones internacionales, no se propondrán suspensiones ni contingentes arancelarios en los casos que figuran a continuación:
cuando se fabriquen productos idénticos, equivalentes o de sustitución en cantidades suficientes dentro de la Unión Europea. Lo mismo se aplica en casos en los que, en ausencia de producción en la Unión, la medida podría falsear la competencia entre las empresas de la Unión respecto a los productos acabados en los que deberán incorporarse las mercancías de que se trate, o en productos de un sector conexo,
cuando los productos en cuestión sean productos acabados destinados a la venta a consumidores finales sin posteriores transformaciones sustanciales o sin constituir parte integrante de un producto final mayor para cuyo funcionamiento sean necesarios,
cuando los productos importados estén regulados por un acuerdo comercial exclusivo que limite la posibilidad de los importadores comunitarios de adquirir dichos productos a fabricantes de terceros países,
cuando los productos se comercialicen entre partes vinculadas (6) que dispongan de derechos de propiedad intelectual exclusivos (por ejemplo, nombres comerciales, diseños industriales y patentes) sobre tales productos,
cuando sea improbable que los beneficios generados por la medida lleguen a afectar a los transformadores o productores comunitarios de que se trate,
cuando existan otros procedimientos especiales para ayudar a los productores de la Unión Europea (por ejemplo, el perfeccionamiento activo),
cuando el solicitante vaya a utilizar la mercancía solamente con fines comerciales,
cuando la suspensión o el contingente arancelarios puedan suponer un conflicto con otras acción comunitaria (por ejemplo, un régimen arancelario preferencial, medidas antidumping, restricciones cuantitativas o medioambientales).
Cuando exista producción comunitaria de productos idénticos, equivalentes o de sustitución del producto objeto de importación, pero dicha producción sea insuficiente para cubrir las necesidades de todas las empresas de transformación o fabricación relacionadas, podrán otorgarse contingentes (limitados a las cantidades no disponibles) o suspensiones arancelarias parciales.
La solicitud de contingente arancelario podrá presentarse espontáneamente o a raíz del examen de una petición de suspensión. En este contexto, se tendrá en cuenta, cuando proceda, el perjuicio que pueda ocasionarse en relación con cualquier capacidad de fabricación de la que pueda disponerse en la Unión.
Siempre que sea posible, se valorará la equivalencia de los productos importados y los comunitarios conforme a criterios objetivos, teniendo debidamente en cuenta las características químicas, físicas y técnicas esenciales de cada producto, la función a la que están destinados y el uso comercial y, en particular, su modo de funcionamiento y la disponibilidad actual o futura de los mismos en el mercado comunitario.
Las diferencias de precio entre los productos comunitarios e importados no se tendrán en cuenta en la evaluación.
De conformidad con lo dispuesto en los anexos que se incluyen a continuación, las solicitudes de suspensiones o contingentes arancelarios serán presentadas por los Estados miembros en nombre de las empresas de transformación o fabricación de la Unión, haciendo constar su denominación, que cuenten con equipos adecuados para usar en sus procesos de producción las mercancías importadas. Los solicitantes indicarán que han intentado recientemente, aunque sin resultados positivos, conseguir los productos de que se trate o productos equivalentes o de sustitución recurriendo a proveedores comunitarios potenciales. En las solicitudes de contingentes arancelarios deberán figurar los nombres de los productores de la Unión Europea.
Facilitarán asimismo datos que permitan a la Comisión el análisis de su petición con arreglo a los criterios fijados en la presente comunicación. Por razones prácticas, no se tendrán en cuenta las solicitudes en las que el importe de los derechos aduaneros no percibidos sea inferior a 15 000 EUR al año. Las empresas podrán agruparse para alcanzar este umbral.
Pueden consultarse diariamente los balances actuales de contingentes arancelarios en Internet, en el portal de EUROPA, en: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm. En este portal, es necesario hacer clic en «quota» (Contingente) para acceder a estos datos.
Los anexos consolidados de los reglamentos relativos a las suspensiones y los contingentes arancelarios, las nuevas solicitudes y las direcciones de las administraciones de los Estados miembros encargados se pondrán a disposición del público en el mismo servidor.
4. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
De la experiencia adquirida en el ámbito de las suspensiones arancelarias se desprende que la mejor manera de administrar el sector consiste en agrupar las solicitudes de manera que, una vez aprobados, las suspensiones y los contingentes arancelarios nuevos y las modificaciones entren en vigor el 1 de enero o el 1 de julio de cada año. Esta agrupación facilita el tratamiento de las medidas en el marco de TARIC (arancel integrado de las Comunidades europeas) y, por lo tanto, su aplicación por parte de los Estados miembros. A tal efecto, la Comisión procura por todos los medios presentar sus propuestas de suspensión y contingentes al Consejo con suficiente tiempo para que se publiquen los pertinentes reglamentos en el Diario Oficial de la Unión Europea mucho antes de su entrada en vigor.
4.1. Transmisión de nuevas solicitudes
Se remitirán las solicitudes a la oficina central de cada Estado miembro. Sus direcciones se pueden encontrar a través del siguiente enlace: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/faq/faqsusp.jsp?Lang=en#Who. Los Estados miembros son responsables de garantizar que las solicitudes cumplan las condiciones de esta comunicación y que la información proporcionada en las solicitudes sea precisa en todos los aspectos materiales. Los Estados miembros enviarán a la Comisión solamente las solicitudes que cumplan las condiciones establecidas en la presente comunicación.
Las solicitudes deberán remitirse a la Comisión en su debido momento teniendo en cuenta el tiempo que se requiere para concluir los procedimientos de evaluación y publicación de una suspensión o contingente arancelarios. Los plazos reglamentarios se encuentran publicados en el anexo V de la presente comunicación.
Las solicitudes tendrán que presentarse por vía electrónica en formato de procesamiento de texto, utilizando los formularios del anexo I. Para acelerar el tratamiento administrativo y eficiente de las solicitudes, se recomienda que las solicitudes redactadas en la lengua del solicitante vayan acompañadas de una traducción al inglés, al francés o al alemán (incluidos todos los anexos).
Asimismo, todas las solicitudes deberán ir acompañadas de una declaración en la que se confirme que no están sujetas a ningún acuerdo comercial exclusivo (véase el anexo II de esta comunicación).
Las solicitudes de suspensiones y contingentes arancelarios serán examinadas por la Comisión con la ayuda del dictamen del Grupo de Trabajo de Economía Arancelaria (GTEA). El grupo se reúne al menos tres veces por cada ronda (véase el anexo V de esta comunicación) para tratar las solicitudes, bajo el patrocinio de la Comisión, según las necesidades y el tipo de productos que se han de analizar.
El procedimiento descrito en el apartado 3.3 de la comunicación no exime al solicitante de la obligación de indicar con claridad qué tipo de medida se solicita (por ejemplo, la suspensión o el contingente arancelarios); en cuanto a las solicitudes de contingentes, el volumen previsto debe indicarse en la solicitud.
La descripción del producto se hará utilizando los nombres y las expresiones de la nomenclatura combinada o, si procede, de la Organización Internacional de Normalización (ISO), la denominación común internacional (INN), la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), el Inventario aduanero europeo de sustancias químicas (ECICS) o las denominaciones del Índice de Colores (CI).
Las unidades de medida utilizadas deben ser las de la nomenclatura combinada y, en caso de que no existan unidades suplementarias, las del Sistema Internacional de Unidades (SI). En caso de que se requieran métodos de ensayo y normas para describir los productos solicitados, dichos métodos y normas deben gozar de reconocimiento a escala internacional. No se aceptarán nombres de marca, normas de calidad internas de la empresa, especificaciones de los productos, números de artículos ni términos similares.
La Comisión podrá rechazar solicitudes en casos en que las descripciones engañosas de los productos no se corrijan en la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Economía Arancelaria.
Las solicitudes de suspensión o contingentes arancelarios deberán ir acompañadas de toda la documentación necesaria para un examen minucioso de las medidas de que se trate (hojas de datos técnicos, prospectos explicativos, información sobre ventas, estadísticas, muestras, etc.). Si se considera necesario, la Comisión podrá solicitar al Estado miembro de que se trate información complementaria relativa a una petición de suspensión que considere esencial para poder elaborar su propuesta al Consejo.
En caso de que falte algún dato o documento, el solicitante podrá entregarlo hasta que se celebre la segunda reunión del grupo de trabajo; de no ser así, la Comisión podrá rechazar la solicitud. En su caso, las objeciones a estas solicitudes incompletas tendrán que presentarse durante la tercera reunión, a más tardar.
Si se trata de información confidencial, deberá identificarse claramente como tal y asimismo deberá especificarse el nivel de confidencialidad (por ejemplo, para uso interno de la Comisión exclusivamente, información destinada exclusivamente a los miembros del Grupo de Trabajo de Economía Arancelaria). No obstante, el Presidente de este grupo de trabajo podrá comunicar esta información a otro Estado miembro o servicio de la Comisión que la solicite expresamente, pero solamente con el permiso explícito del representante del Estado miembro responsable de dicha información. Los delegados del grupo de trabajo y los funcionarios de la Comisión deberán adoptar todas las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la información.
No obstante, no se tendrá en cuenta una solicitud si no puede aportar información esencial para la investigación o el debate por la razón que fuere (en particular, para proteger la «información confidencial de la empresa» tal como los procesos de fabricación, las fórmulas o las composiciones químicas, etc.).
4.2. Transmisión de solicitudes de prórroga
Las solicitudes tendrán que enviarse por vía electrónica en formato de procesamiento de texto, utilizando los formularios del anexo III y deberán remitirse a la oficina central de los Estados miembros (véase el enlace 4.1.1.), donde se examinarán a fin de garantizar que cumplan las condiciones establecidas en la presente comunicación. Los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad, decidirán qué solicitudes se envían a la Comisión. Los plazos reglamentarios se encuentran publicados en el anexo V de esta comunicación.
Los aspectos administrativos relativos a las nuevas solicitudes son aplicables, mutatis mutandis, a las peticiones de prórroga.
4.3. Solicitudes de modificación de medidas o de aumento de los volúmenes de contingentes arancelarios
Las solicitudes de modificación de la descripción de un producto sujeto a una suspensión o un contingente arancelarios deberán presentarse y decidirse dos veces al año y se atendrán a los mismo plazos que las nuevas solicitudes (véase el anexo V).
Las solicitudes para aumentar el volumen de un contingente arancelario existente podrán presentarse y aceptarse en cualquier momento y, en caso de que las acepten los Estados miembros, se publicarán en el reglamento siguiente, ya sea el 1 de enero o el 1 de julio. En relación con estas solicitudes no se aplica ningún plazo para presentar objeciones.
4.4. Dirección de la Comisión a la que remitir las solicitudes
Las solicitudes que competan a otros departamentos de la Comisión habrán de transmitirse a estos.
4.5. Transmisión de objeciones
Se remitirán las objeciones a la oficina central de cada Estado miembro (véase el enlace indicado en el apartado 4.1.1.), donde se examinarán a fin de garantizar que cumplan las condiciones establecidas en la presente comunicación. Los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad, decidirán qué objeciones presentarán a través del sistema CIRCA a los miembros del Grupo de Trabajo de Economía Arancelaria y a la Comisión.
Las objeciones tendrán que enviarse por vía electrónica en formato de procesamiento de texto, utilizando el formulario del anexo IV. Los plazos reglamentarios se encuentran publicados en el anexo V de esta comunicación.
La Comisión podrá rechazar todas las objeciones recibidas fuera de plazo, cuyo formulario no se haya rellenado completamente, cuando no se faciliten las muestras solicitadas, cuando las empresas solicitante y objetora no se hayan puesto en contacto a su debido tiempo (en un plazo aproximado de 15 días hábiles) o en caso de que el formulario de la objeción contenga información engañosa o poco precisa.
En los casos en que las empresas solicitantes y las que presenten las objeciones no logren ponerse en contacto (por ejemplo, por la legislación de la competencia), la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión actuará como un árbitro imparcial; en los casos en que sea aconsejable, intervendrán otros departamentos de la Comisión.
El Estado miembro representante del solicitante deberá procurar que se hayan iniciado los contactos empresariales y así deberá probarlo en caso de que se lo solicite la Comisión o los miembros del Grupo de Trabajo de Economía Arancelaria.
(1) DO C 128 de 25.4.1998, p. 2.
(2) Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
(4) Para obtener orientación acerca de lo que constituye una elaboración o transformación sustancial, véanse las «reglas de la lista» relativas a la determinación del origen no preferencial publicadas en el siguiente sitio web: — http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/
(5) Artículos 291 a 300 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión.
(6) Para obtener información acerca del significado de partes vinculadas, consúltese el artículo 143 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el código aduanero comunitario (DO L 253 de 11.10.1993, p. 1).
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN O CONTINGENTE ARANCELARIO (Eliminar la medida que no proceda)
(Estado miembro: )
(para publicación en el sitio web de la DG Fiscalidad y Unión Aduanera)
Código de nomenclatura combinada:
Descripción precisa del producto teniendo en cuenta los criterios para los aranceles aduaneros:
Solamente para productos químicos (principalmente los capítulos 28 + 29 de la nomenclatura combinada):
No CUS (número de referencia en el Inventario aduanero europeo de sustancias químicas).
No CAS (número de registro del servicio de resúmenes de productos químicos — Chemical Abstracts Service):
(para divulgación a los miembros del Grupo de Trabajo de Economía Arancelaria)
Información adicional, que comprende la denominación comercial, el modo de funcionamiento, el uso previsto para el producto importado, el tipo de producto al que se incorporará y el uso final de dicho producto:
Solamente para productos químicos:
Los productos están sujetos a una patente:
En caso afirmativo, número de patente y de la autoridad emisora:
Los productos están sujetos a una medida antidumping/antisubvención:
En caso afirmativo, motivo de la solicitud de suspensión o contingente arancelarios:
Nombre y direcciones de las empresas conocidas en la UE con las que se haya entrado en contacto para el suministro de productos idénticos, equivalentes o de sustitución (obligatorio para solicitudes de contingentes):
Fechas y resultados de estos contactos:
Justificación de la inadecuación de los productos de dichas empresas para los fines de que se trate:
Cálculo del volumen del contingente arancelario
Consumo anual del solicitante:
Producción anual de la UE:
Volumen del contingente arancelario solicitado:
indicación de suspensiones o contingentes arancelarios similares:
indicación de la información aduanera vinculante en vigor:
(para la Comisión exclusivamente)
Importaciones anuales previstas para 20XX (primer año del período de validez solicitado):
valor (en euros):
cantidad (en peso y unidad suplementaria, si se puede aplicar al código de la nomenclatura combinada en cuestión):
Importaciones actuales (para 20XX — 2) (año precedente al que se presentó la solicitud):
Derecho aplicable en el momento de la solicitud (incluidos los acuerdos preferenciales y los acuerdos de libre comercio, en caso de que existan para el origen de los productos solicitados):
Derecho de terceros países:
Derecho preferencial aplicable: sí/no (en caso afirmativo, especifíquese el derecho: …)
Estimación de los derechos arancelarios no percibidos (en euros) por año:
Origen de los productos solicitados:
Nombre del productor no perteneciente a la Unión Europea:
Nombre y dirección del usuario en la Unión Europea:
Declaración de la parte interesada de que los productos importados no están sujetos a un acuerdo comercial exclusivo (adjunte hojas adicionales; véase el anexo II de la presente comunicación) (obligatorio)
Anexos (fichas técnicas de los productos, folletos explicativos, etc.)
NOTA: si algún dato de la parte II o III es de carácter confidencial, deberán incorporarse páginas independientes claramente identificadas como tales. Asimismo, deberá especificarse el grado de confidencialidad en la portada.
DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE UN ACUERDO COMERCIAL EXCLUSIVO (1)
Por el presente documento, declaro, en nombre y representación de (nombre de la empresa), que el siguiente producto o productos:
(descripción del producto o productos)
no está(n) vinculado(s) a ningún acuerdo comercial exclusivo.
(1) Los acuerdos comerciales exclusivos son aquellos acuerdos que impiden a otras empresas que no sean el solicitante importar el producto o productos solicitados.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE UNA SUSPENSIÓN ARANCELARIA
Nomenclatura combinada (NC) o código TARIC:
Descripción precisa del producto:
Solicitud presentada para (nombre y dirección del importador y/o del usuario en la Unión Europea):
Importaciones (año 20XX, primer año del nuevo período de validez solicitado):
OBJECIÓN A UNA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN O CONTINGENTE ARANCELARIO (eliminar la medida que no proceda)
Número de la petición:
Las mercancías se producen actualmente en la Unión o en Turquía y se encuentran disponibles en el mercado.
Los productos equivalentes o de sustitución se pueden obtener actualmente en la Unión o en Turquía.
Observaciones aclaratorias (diferencias, por qué y cómo pueden sustituir al producto solicitado):
Deberán adjuntarse fichas técnicas que demuestren la naturaleza y la calidad del producto ofertado.
Compromiso sugerido (observaciones aclaratorias):
Transferencia a un contingente arancelario:
Volumen sugerido del contingente:
Suspensión arancelaria parcial:
Derecho sugerido:
Empresa que fabrica actualmente un producto idéntico, equivalente o de sustitución en la UE o en Turquía
Capacidad de producción (disponible en el mercado; por ejemplo, no retenida internamente ni por contrato):
Durante los próximos seis meses:
Calendario de gestión de solicitudes de suspensiones y contingentes arancelarios autónomos
a) Presentaciones nuevas y repetidas
Entrada en vigor de las suspensiones o contingentes arancelarios solicitados
Plazo máximo para la transmisión de las solicitudes a la Comisión
Primera reunión del GTEA para tratar las solicitudes
Entre el 20.4.20xx-1 y el 15.5.20xx-1
Entre el 20.10.20xx-1 y el 15.11.20xx-1
Segunda reunión del GTEA para tratar las solicitudes
Entre el 5.6.20xx-1 y el 15.6.20xx-1
Entre el 5.12.20xx-1 y el 20.12.20xx-1
Tercera reunión del GTEA para tratar las solicitudes
Entre el 5.7.20xx-1 y el 15.7.20xx-1
Entre el 20.1.20xx y el 30.1.20xx
Reunión adicional (opcional) del GTEA para tratar las solicitudes
Entre el 1.9.20xx-1 y el 15.9.20xx-1
Entre el 15.2.20xx y el 28.2.20xx
Plazo máximo de presentación por escrito de objeciones a las nuevas solicitudes
Segunda reunión del GTEA
Plazo máximo de presentación por escrito de objeciones a las medidas actuales
Primera reunión del GTEA
b) Solicitudes de prórroga
Fecha de prórroga de las suspensiones arancelarias existentes
Plazo máximo de presentación por escrito de objeciones a las prórrogas
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1), la Comisión Europea comunica que, salvo que se inicie una reconsideración de conformidad con el procedimiento indicado a continuación, las medidas antidumping que se mencionan en el presente anuncio expirarán en la fecha indicada en el cuadro que figura más abajo.
Los productores de la Unión podrán presentar por escrito una solicitud de reconsideración. Esta solicitud deberá contener pruebas suficientes de que la expiración de las medidas conllevaría probablemente una continuación o reaparición del dumping y del perjuicio.
Con arreglo a lo anteriormente expuesto, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio y, a más tardar, tres meses antes de la fecha indicada en el cuadro que figura a continuación, los productores de la Unión podrán remitir por escrito una solicitud de reconsideración a la siguiente dirección: Comisión Europea, Dirección General de Comercio (Unidad H-1), N-105 4/92, 1049 Bruselas, Bélgica (2).
País(es) de origen o de exportación
Cables de hierro o de acero
Reglamento (CE) no 1279/2007 del Consejo (DO L 285 de 31.10.2007, p. 1)
AYUDA ESTATAL — ALEMANIA
Ayuda estatal SA.32009 (11/C) (ex 10/N) — LIP — Ayuda a BMW Leipzig
Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE
Por carta de 13 de julio de 2011, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Alemania su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE en relación con la ayuda antes citada.
Los interesados podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, en la dirección siguiente:
Despacho: J-70 3/225
Dichas observaciones se comunicarán a Alemania. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencial.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Y DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
El 30 de noviembre de 2010, las autoridades alemanas notificaron una ayuda regional a favor de BMW AG para una inversión en Leipzig, Alemania, que es una región asistida de conformidad con el mapa alemán de ayudas regionales, con un límite estándar de ayuda regional para grandes empresas del 30 % de equivalente bruto de subvención en el momento de la notificación.
El proyecto se propone ampliar el centro de producción actual; BMW tiene la intención de construir nuevas instalaciones de producción para la fabricación de automóviles eléctricos con carrocería de plástico reforzado con fibra de carbono, que constituyen productos completamente innovadores no fabricados anteriormente. La inversión se refiere a dos modelos: el vehículo Mega City i3 y el coche deportivo i8. El Mega City (MCV) es un vehículo eléctrico de batería (BEV) es decir, totalmente impulsado por la energía eléctrica almacenada en una batería. El coche deportivo es un vehículo híbrido eléctrico enchufable [(Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)] y además de la batería también tiene un motor de combustión pequeño pero muy eficaz.
La inversión comenzó en 2009 y su finalización está prevista para 2013/2014. Los costes de inversión subvencionables del proyecto al valor actual neto ascienden a 368,01 millones EUR. El importe de la ayuda propuesta de 46 millones EUR en valor actual neto representa una intensidad de ayuda del 12,5 %, y, por tanto, se sitúa por debajo del techo aplicable de intensidad de ayuda del 13,5 %.
EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LA MEDIDA DE AYUDA
La ayuda cumple todos los criterios de compatibilidad establecidos aplicables a las ayudas regionales
No obstante, de conformidad con las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional (en lo sucesivo, las «DAR») (1), la Comisión puede aprobar caso por caso ayudas regionales notificables para grandes proyectos de inversión en el marco de un examen preliminar únicamente si se satisfacen las pruebas denominadas de la «cuota de mercado» y del «umbral del incremento de capacidad en un mercado de bajo rendimiento», [punto 68, letras a) y b)].
Según Alemania, el proyecto de inversión notificado debe quedar exento de las pruebas contempladas en el punto 68, letras a) y b) de las DAR sobre la base de la nota a pie de página no 65 de las Directrices, que establece esta exención para los beneficiarios de la ayuda que creen un nuevo mercado de productos. La Comisión toma nota del carácter innovador de los automóviles eléctricos con carrocería de plástico reforzado con fibra de carbono de BMW; sin embargo, puesto que no es ni el único ni el primer fabricante de dichos vehículos, la Comisión tiene dudas acerca de si dicha nota a pie de página se aplica a BMW e invita a las partes interesadas a que presenten sus observaciones sobre esta cuestión. La Comisión ha realizado las pruebas con vistas a su examen preliminar, pero volverá sobre esta cuestión cuando proceda a la investigación formal.
Mercado de producto y mercado geográfico de referencia con arreglo al punto 68, letra a), de las DAR
Como resulta que esta era la primera vez que se notificaba una ayuda regional para vehículos eléctricos innovadores (BEV/PHEV) con carrocería de plástico reforzado de fibra de carbono, la Comisión tuvo graves dificultades para determinar el mercado de productos y el mercado geográfico de referencia. En particular, no estaba en condiciones de pronunciarse sobre si el mercado de automóviles eléctricos constituye un mercado de producto independiente o si forma parte del mercado general de vehículos de turismo sin distinción del tipo de propulsión. Por una parte, la Comisión observa la falta de sustituibilidad de la oferta entre los automóviles eléctricos de carrocería de plástico reforzado de fibra de carbono y los automóviles tradicionales de motor de combustión y carrocería metálica, ya que ambos tipos se fabrican en líneas de producción diferentes, tienen ciclos de fabricación distintos y aplican tecnologías completamente diferentes. Además, el mercado de automóviles eléctricos muestra pautas y características diferentes del mercado de automóviles de motor de combustión. Por otra parte, la Comisión observa un cierto grado de sustituibilidad de la demanda a pesar de los precios significativamente más altos de los automóviles eléctricos.
Otro problema al que se enfrentó la Comisión en la definición del mercado de producto de referencia fue la atribución de los automóviles eléctricos a diferentes segmentos del mercado de automóviles de turismo establecidos en el pasado para los automóviles de motor de combustión.
Para determinar el mercado geográfico de referencia, la Comisión estudió las diferentes características del mercado de automóviles eléctricos y del mercado de automóviles de motor de combustión. A la vista de este estudio, considera que el mercado de automóviles eléctricos es mayor que el territorio del EEE, aunque no ha podido pronunciarse al respecto.
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, la Comisión invita a los terceros interesados a formular sus observaciones sobre los siguientes aspectos:
definición del mercado de producto de referencia: mercado de coches eléctricos independiente o una parte del conjunto del mercado de automóviles de turismo; mercado independiente para PHEV del tipo del i8 o incluirlo en el mercado de automóviles eléctricos junto con los BEV; modo de atribución de los coches eléctricos en segmentos desarrollados para los automóviles de motor de combustión o cuál sería la base para una nueva segmentación de los coches eléctricos;
definición del mercado geográfico de referencia de los automóviles eléctricos habida cuenta de los flujos comerciales y de las barreras al comercio, en particular en comparación con el de los turismos de motor de combustión.
Prueba de la cuota de mercado prevista en el punto 68 a) de las DAR
Mediante esta prueba, los Estados miembros deben demostrar que el beneficiario de una medida de ayuda concedida para un gran proyecto de inversión no dispone de una cuota de mercado superior al 25 % en el mercado de producto y en el mercado geográfico de referencia antes y/o después de la inversión.
Puesto que la Comisión no estaba en condiciones pronunciarse sobre la definición del mercado de producto y el mercado geográfico de referencia, se ha realizado una prueba de la cuota de mercado en todos los posibles mercados, a saber: el conjunto del mercado de automóviles de turismo (incluidos los BEV y los PHEV) en general, el conjunto del mercado de automóviles de turismo de los segmentos B, C, D, F y del segmento combinado C/D (ya que el modelo MCV puede clasificarse según la segmentación de Global Insight por su longitud en los segmentos B y C y por precio en el segmento D, mientras que el modelo deportivo corresponde al segmento F), el mercado de coches eléctricos (BEV/PEHV, tanto de forma conjunta como por separado), y en ambos niveles geográficos (mercado mundial y del EEE). Las fuentes de los datos de mercado fueron principalmente la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) para automóviles de motor de combustión y los estudios del Deutsche Bank (2008) y del Boston Consulting Group para el mercado de automóviles eléctricos. La Comisión observa que las previsiones sobre el mercado de automóviles eléctricos para 2015 aproximadamente son bastante prudentes, ya que sugieren que en 2015 el mercado de automóviles eléctricos alcanzará el 1 % del conjunto del mercado de automóviles de turismo, e invita a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la posible evolución del mercado.
Como quiera que, de acuerdo con los datos disponibles, la cuota de mercado de BMW supera el 25 % en algunos de los posibles mercados, la Comisión, de conformidad con el punto 68 de las DAR, no está en condiciones de pronunciarse sobre la compatibilidad de la medida con el examen preliminar y ha de incoar el procedimiento de investigación formal de conformidad con el artículo 108, apartado 2, del TFUE. La Comisión invita a las partes interesadas a formular sus observaciones.
En el caso de que las observaciones recibidas en respuesta a la incoación del procedimiento de investigación formal no permitieran a la Comisión concluir sin atisbo de duda que la ayuda pueda estar exenta de la aplicación de las pruebas contempladas en el punto 68 de las DAR, sobre la base de las disposiciones contenidas en la nota a pie de página no 65 de las DAR, o que se cumplen los criterios enunciados en el punto 68 a) y b), la Comisión llevará a cabo una evaluación pormenorizada del proyecto de inversión sobre la base de la Comunicación de la Comisión sobre los criterios para la evaluación pormenorizada de la ayuda regional para grandes proyectos de inversión (2).
Se invita al Estado miembro en cuestión y a las partes interesadas a incluir en sus observaciones relativas a la decisión de incoar el procedimiento, toda la información necesaria para llevar a cabo su evaluación pormenorizada y a presentar la información y documentación adecuadas, tal y como se indica en la Comunicación sobre los criterios para la evaluación pormenorizada antes mencionada.
(2) Comunicación de la Comisión — Criterios para la evaluación pormenorizada de la ayuda regional para grandes proyectos de inversión (DO C 223 de 16.9.2009, p. 3).
Nota informativa en relación con el artículo 10, apartado 3, letra c), del Reglamento (CE) no 732/2008 del Consejo
Países beneficiarios del régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza a partir del 1 de enero de 2012
El Reglamento (CE) no 732/2008 del Consejo, de 22 de julio de 2008, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas a partir del 1 de enero de 2009 (1) («el Reglamento»), ampliado por el Reglamento (UE) no 512/2011 (2), establece el régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+). En su artículo 9, apartado 1, letra a), inciso iii), el Reglamento contempla la posibilidad de conceder el SPG+ a partir del 1 de enero de 2012 a los países en desarrollo que hayan presentado a más tardar el 31 de octubre de 2011 una solicitud a este respecto.
Dentro de ese plazo, que concluía el 31 de octubre de 2011, la Comisión recibió una solicitud de la República de Cabo Verde para que le sea concedido el régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza a partir del 1 de enero de 2012. La Comisión estudió la solicitud con arreglo al artículo 10, apartado 1, del Reglamento, y el 9 de diciembre de 2011, adoptó la Decisión de Ejecución 2011/830 de la Comisión, relativa a los países beneficiarios que pueden acogerse al régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza a partir del 1 de enero de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 732/2008 del Consejo (3), por la que se concede el régimen SPG+ a la República de Cabo Verde desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013 o hasta la fecha que establezca el nuevo Reglamento, si esta última es anterior.
Con arreglo al artículo 9, apartado 3, del Reglamento, no están obligados a volver a presentar una solicitud para beneficiarse del SPG+ conforme al apartado 1, letra a), inciso iii), del mismo artículo y pueden seguir beneficiándose del SPG+ los países a los que se concedió este régimen mediante la Decisión 2008/938/CE de la Comisión, de 9 de diciembre de 2008, referente a la lista de los países beneficiarios que pueden acogerse al régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011 (4), modificada por la Decisión 2009/454/CE de la Comisión (5) y la Decisión 2010/318/UE de la Comisión, de 9 de junio de 2010, sobre los países beneficiarios que cumplen las condiciones para que les sea concedido el régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza en el período del 1 de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2011 (6).
(2) Reglamento (UE) no 512/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, que modifica el Reglamento (CE) no 732/2008 del Consejo, de 22 de julio de 2008, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 (DO L 145 de 31.5.2011, p. 28).
(3) DO L 329 de 13.12.2011, p. 19.
(4) DO L 334 de 12.12.2008, p. 90.
(5) DO L 149 de 12.6.2009, p. 78.
(6) DO L 142 de 10.6.2010, p. 10.