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Timestamp: 2018-09-25 01:52:58
Document Index: 198671209

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 86', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 53', 'artículo 52', 'Artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 5']

﻿ Sentencia T-499 de junio 17 de 2010
SENTENCIA T-499 DE 17 DE JUNIO DE 2010
CONTENIDO:DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS RECLUSOS. LA PROHIBICIÓN DE USAR EL CABELLO LARGO CONSTITUYE UNA MEDIDA RAZONABLE QUE SE JUSTIFICA EN EL SOMETIMIENTO DE LOS RECLUSOS A UN RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL, A TRAVÉS DEL CUAL, SE BUSCA LOGRAR DISCIPLINA, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD AL INTERIOR DE LOS CENTRO DE RECLUSIÓN, LO ANTERIOR, A FIN DE ALCANZAR LA RESOCIALIZACIÓN, SIN EMBARGO, EL SOMETER A LOS RECLUSOS NO PRECISAMENTE A UN CORTE DE CABELLO CORTO, SINO A UN CORTE DE RAÍZ, RESULTA VULNERATORIO DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, CONSTITUYENDO UNA MEDIDA EXCESIVA Y DESPROPORCIONADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO DE PETICIÓN, DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA, INTERNO
Sentencia T-499 de junio 17 de 2010
Ref.: Expediente T-2.539.045
Demandante: Gersain Ortiz Dagua.
El 19 de noviembre de 2009, el señor Gersain Ortiz Dagua, en su condición de interno del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de Popayán, promovió acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad que, según afirma, viene siendo vulnerado por el director de dicho establecimiento, al haber sido sometido a un corte de cabello al rape(1) que deja al descubierto una cicatriz en su cabeza, por la cual ha sido objeto de burlas por parte de sus compañeros.
2.4. En respuesta a su requerimiento, las directivas del penal le informaron que, “de acuerdo con el régimen interno, todos los internos, deben tener un corte razonable (bajo) y teniendo en cuenta varias sentencias de tutela en las cuales se establece [que] los internos deben tener un corte bajo, no es posible acceder a su petición de permitirle llevar el cabello largo. Es de aclarar que en ningún momento se ha exigido la rapada de la cabeza a los internos, simplemente un corte razonable”(2).
3.1. Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de Popayán.
Por otro lado, afirma que el reglamento interno de los centros de reclusión está sujeto a las disposiciones contenidas en el Código Penitenciario y Carcelario(3), en el Acuerdo 11 de 1995 “Por el cual se expide el reglamento general al cual se sujetarán los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios”, expedido por el Inpec y a la potestad de reglamentación que sobre el particular ostenta el director del establecimiento penitenciario o carcelario.
• Copia del derecho de petición de fecha 6 de octubre de 2009, dirigido al Dr. Gerardo Hernán Muñoz Navarro, director de la entidad accionada. (fls. 3 y 4).
• Copia del escrito de fecha 19 de octubre de 2009, en el que se emite respuesta a la petición del 6 de octubre de 2009 (fl. 6).
• Fotografías del señor Gersain Ortiz Dagua, aportadas por el ente accionado, correspondientes a los años 2006 y 2007, en las que se aprecia un corte de cabello “no rapado” (fls. 19 a 22).
En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, señala lo siguiente:
El Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de Popayán, en su condición de autoridad pública, se encuentra legitimado como parte pasiva en el presente proceso de tutela, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, debido a que se le atribuye la violación de los derechos fundamentales en discusión.
Lo anterior, supone el “nacimiento de un vínculo en el que, de un lado, el recluso se sujeta a las determinaciones que se adopten en relación con las condiciones del centro carcelario o penitenciario respectivo, lo que incluye la restricción en el ejercicio de ciertos derechos, y, del otro, el Estado asume la responsabilidad por la protección y cuidado del interno durante su tiempo de reclusión(4)”
“Esta última posibilidad, relativa a la restricción de ciertos derechos, debe tener por objeto garantizar los derechos de toda la población carcelaria, como por ejemplo medidas que se adopten para garantizar la disciplina, la seguridad y la salubridad, con miras a lograr su resocialización, como finalidad de la pena”(5).
(iii)La responsabilidad que le asiste al Estado, en su deber de garantizar la protección de los derechos de quienes se encuentran privados de la libertad. Para ello, está obligado a proporcionarles los medios necesarios para vivir en condiciones dignas, a través del suministro de alimentación, habitación en condiciones de higiene y salubridad, y el acceso al servicio público de salud, entre otros servicios.
En suma, la restricción o privación de derecho fundamental a la libertad de una persona trae como consecuencia el nacimiento de una relación de especial sujeción frente al Estado, de la cual, surgen un conjunto de derechos y deberes recíprocos, que se fundamentan en el ejercicio de la potestad punitiva, en el cumplimiento de las funciones de la pena y en el respeto por los derechos de la población carcelaria(6).
En tal sentido, ha señalado esta corporación que “La restricción a los derechos fundamentales de los reclusos, derivada del ejercicio de las facultades de las autoridades carcelarias, sólo es viable en cuanto tienda a hacer efectivos los fines esenciales de la relación penitenciaria, esto es, la resocialización del interno y la conservación del orden, la disciplina y la convivencia dentro de las prisiones. La preservación de los objetivos propios de la vida penitenciaria determina que, en cabeza de las autoridades administrativas, recaigan una serie de poderes que les permiten modular e, incluso, limitar los derechos fundamentales de los reclusos. Si bien estas facultades son de naturaleza discrecional, encuentran su límite en la prohibición de toda arbitrariedad (C.P., arts. 1º, 2º, 123 y 209) y, por lo tanto, deben ejercerse con sujeción a los principios de razonabilidad y proporcionalidad”(7).
Desde esa perspectiva, “surge para el Estado el deber especial de garantizar que [los internos] puedan ejercer plenamente los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos, y parcialmente aquellos que les han sido [limitados]. Ello implica, no solamente que el Estado no deba interferir en la esfera de desarrollo de estos derechos, sino también que debe ponerse en acción para asegurarle a los internos el pleno goce de los mismos”(8).Lo anterior se justifica en la medida en que las personas privadas de la libertad se encuentran en una situación de indefensión y vulnerabilidad ante la imposibilidad de satisfacer por sí mismas cada una de sus necesidades.
“(…) el artículo 5º de la Carta Política reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona(9); por consiguiente y en relación al tema de la referencia, los sujetos recluidos en centros carcelarios conservan su dignidad humana. La jurisprudencia de este tribunal ha sido enfática al aplicar la exigencia constitucional de otorgar un trato digno a la población carcelaria. Lo anterior, en atención a la diversidad de tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados por Colombia, los cuales imponen el respeto efectivo por la dignidad de las personas privadas de la libertad(10). En este sentido, la reclusión no implica la pérdida de la condición de ser humano; la función y finalidad de la pena, son la protección de la sociedad, la prevención del delito y, principalmente, la resocialización del sujeto responsable del hecho punible(11)”.
5.2. El derecho al libre desarrollo de la personalidad de los reclusos.
En primer lugar, se trata de un derecho fundamental que armoniza con el concepto de libertad en sus diferentes connotaciones —libertad de pensamiento (C.P., art. 18), libertad de expresión (C.P., art. 20), etc.— entendida ésta como la “Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.(12)” En otras palabras, se refiere a la autonomía de cada persona para decidir acerca de los aspectos más relevantes de su existencia que lo dignifican como ser humano.
Desde el punto de vista jurídico, se entiende la personalidad como la capacidad que se le reconoce a un ser sujeto de derechos y obligaciones, limitada por el interés general y el orden público. Es, pues, la situación que la persona tiene en relación con la sociedad civil y con el Estado(13)”
A partir de la anterior consideración, ha sostenido de manera reiterada que se vulnera este derecho fundamental “cuando a la persona se le impide, en forma irrazonable, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia y permiten su realización como ser humano(14)”.
“La vida penitenciaria tiene unas características propias de su finalidad, -a la vez sancionatoria y resocializadora-, que hacen que el interno se deba adecuar a las circunstancias connaturales a la situación de detención. Como las leyes deben fundarse en la realidad de las cosas, sería impropio, e insólito, que al detenido se le concediera el mismo margen de libertad de que se goza en la vida normal. Se trata, pues, de una circunstancia que no es excepcional sino especial, y que amerita un trato igualmente especial. Existen circunstancias y fines específicos que exigen, pues, un tratamiento acorde con la naturaleza de un establecimiento carcelario; no se trata simplemente de una expiación, sino de un amoldamiento de la persona del detenido a circunstancias especiales, que deben ser tenidas en cuenta por el legislador.(15)”
“El libre desarrollo de la personalidad constituye, es cierto, un derecho fundamental que también debe ser respetado en un establecimiento carcelario. Pero no puede exagerarse el alcance de tal bien en virtud del abuso de la libertad, porque ello lo haría inocuo. La libertad para nadie es ilimitada; es un derecho que se debe ejercer en concordancia con el legítimo interés de la comunidad. En el caso de la vida penitenciaria es de interés general que la libertad tenga límites en sus diversas manifestaciones, ello es razonable y es de la esencia del trato especial a que deben estar sometidos los reclusos. Constituye por ello una pretensión desde todo punto de vista injustificada el que se dejen de adoptar elementales medidas de prevención, o de aplicar los necesarios correctivos, en los establecimientos carcelarios, so pretexto de defender, aun contra el interés social, derechos individuales supuestamente violados. Por el contrario, no sólo es lógico y razonable sino que se ajusta al ordenamiento jurídico el que en los establecimientos penitenciarios y carcelarios imperen y se hagan cumplir normas elementales de disciplina interna, que deben ser acatadas estrictamente no sólo por los reclusos mismos, sino por el personal directivo de dichos establecimientos, así como por su personal de guardianes, y por todas las personas que los visiten a cualquier título, incluyendo a los abogados(16)”.
No obstante lo anterior, la jurisprudencia constitucional también ha establecido que “no cualquier norma legal o reglamentaria, pública o privada, por el sólo hecho de serlo, tiene la virtualidad para imponer restricciones sobre ese derecho fundamental. En efecto, sólo aquellas limitaciones que tengan un explícito asidero en el texto constitucional y no afecten el núcleo esencial del anotado derecho son admisibles desde la perspectiva de la Carta Política. Empero, aquellas restricciones que se produzcan en la zona de penumbra del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad son susceptibles de ser controladas por el juez constitucional, quien deberá constatar, a través del denominado juicio de proporcionalidad, que éstas sean razonables y proporcionadas y, por ende, ajustadas a las normas del Estatuto Superior(17)”
5.2.1. La exigencia a los reclusos de un corte de cabello al rape constituye una medida desproporcionada a la luz del texto constitucional.
Este tema ha sido ampliamente debatido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde sus inicios, cuando al abordar el estudio de los patrones estéticos impuestos por los Manuales de Convivencia de los planteles educativos a sus alumnos, concluyó que la exigencia al estudiante de llevar un determinado peinado o corte de cabello resulta una medida desproporcionada contraria al orden jurídico y constitucional, que atenta contra la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad por ir más allá del propósito que persigue el derecho a la educación(18).
Dicha posición fue adoptada por la Sala Primera de Revisión a través de Sentencia T-750 del 28 de agosto de 2003(19), en la que resolvió conceder el amparo tutelar al derecho al libre desarrollo de la personalidad de un recluso a quien las directivas de la Penitenciaría Nacional de Acacías (Meta) lo sometieron a un corte de cabello al rape, dejando al descubierto una cicatriz en su cabeza.
“La imposición de un corte de cabello rapado, esto es, cortado al rape o a raíz, desborda la finalidad de las normas disciplinarias al interior de la Penitenciaría Nacional de Acacías, por lo cual debe darse aplicación al citado principio de armonización concreta de las normas constitucionales, en particular de las que consagran el principio del respeto a la dignidad del ser humano (art. 1º) y el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (art. 16) y las que otorgan fundamento al desarrollo de la política criminal del Estado y la aplicación del sistema carcelario. Así, la directora encargada de la Penitenciaría Nacional de Acacías podrá cumplir sus funciones y responsabilidades, contempladas en las normas legales pertinentes y el reglamento interno, mediante la imposición, a los reclusos, de un corte de cabello corto, en vez de rapado. De esa manera, se da cumplimiento a las normas de uniformidad e higiene exigidas a los reclusos, garantizando a la vez el nivel de seguridad que pretende mantener el centro carcelario, e igualmente se otorga protección al referido principio y al indicado derecho fundamental del demandante, cuya necesidad se revela acentuada por la circunstancia de tener una cicatriz grande en el rostro, hasta la base del cráneo, que con el corte de cabello rapado suscita las burlas y ofensas de los demás reclusos”.
“ART. 38.—Higiene personal. Es deber de todo interno bañarse y afeitarse diariamente. No está permitido el uso de barba ni el cabello largo, sin excepción. (negrilla fuera de texto).
Los internos podrán utilizar máquinas de afeitar de su propiedad, que no impliquen riesgo para la seguridad del establecimiento”.
Así mismo, la Resolución 19 de 2005, mediante la cual se adopta el Reglamento Interno del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de Popayán, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 53 de la Ley 65 de 1993(20) (Código Penitenciario y Carcelario), señala en su artículo 52 lo siguiente:
“ART. 52.—Higiene personal. Es deber de todo interno de Alta Seguridad bañarse y afeitarse diariamente salvo prescripción médica. Sin excepción, no está permitido el uso de barba ni el cabello largo.”(negrilla fuera de texto).
Sin embargo, en el caso sub examine las directivas de la entidad accionada fueron más allá de tal exigencia, desbordando de manera irracional y desproporcionada la finalidad de las normas disciplinarias antes referidas, al someter al actor no precisamente a un corte de cabello conforme con el reglamento, sino a un corte de raíz que resulta vulneratorio de su derecho constitucional fundamental al libre desarrollo de la personalidad al restringirlo de manera excesiva del ejercicio del mismo, afectando su dignidad humana, máxime cuando presenta una cicatriz en su cabeza que al tornarse visible suscita las burlas de los demás internos del penal.
1. REVOCAR la sentencia proferida el primero de diciembre de dos mil nueve por el Juzgado Octavo Administrativo de Popayán y, en su lugar, TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana del señor Gersain Ortiz Dagua, por las razones expuestas en esta providencia.
2. ORDENAR al director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de Popayán que imparta las instrucciones necesarias para que en el futuro, el corte de cabello del señor Gersain Ortiz Dagua se realice conforme con el reglamento interno, de manera que no sea al rape o a raíz, y tenga una longitud suficiente que le permita cubrir la cicatriz que presenta en su cabeza.
Magistrados: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Jorge Iván Palacio Palacio—Nilson Elías Pinilla Pinilla, ausente en comisión .
(1) Según el diccionario de la Real Academia Española, RAPAR significa, entre otros, “tr. Cortar el pelo al rape”.
(3) Ley 65 de 1993.
(4) Ver Sentencia T- 615 del 23 de junio de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(5) Ver Sentencia T-744 del 19 de octubre de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(6) Artículo 4º de Ley 600 de 2002. “La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión”.
(7) Ver Sentencia T-706 del 9 de diciembre de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(8) Ver Sentencia T- 615 del 23 de junio de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(9) El artículo 5º de la Constitución Política dispone: “Artículo 5º. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”.
(10) Ver Sentencia T-296 del 16 de junio de 1998. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
(11) Ver Sentencia T-133 del 23 de febrero de 2006. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
(12) Tomado del Diccionario de la Real Academia de la Lengua.
(13) Ver Sentencia T-594 del 15 de diciembre de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(14) Sentencia T-429 de 1994. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. Consideración de la Corte 2.
(15) Ver Sentencia C-394 del 7 de septiembre de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(17) Ver Sentencia SU-642 del 5 de noviembre de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(18) Ver, las sentencias SU-641 del 5 de noviembre de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz; SU-642 de 1998 del 5 de noviembre de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-1591 del 17 de noviembre de 2000. M.P. Fabio Morón Díaz; T-345 del 17 de abril de 2008. M.P. Jaime Araújo Rentería y T-578 del 12 de junio de 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(19) Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería.
(20) “ART. 53.—Reglamento interno. Cada centro de reclusión tendrá su propio reglamento de régimen interno, expedido por el respectivo director del centro de reclusión y previa aprobación del director del Inpec. Para este efecto el director deberá tener en cuenta la categoría del establecimiento a su cargo y las condiciones ambientales. Así mismo tendrá como apéndice confidencial, los planes de defensa, seguridad y emergencia. Toda reforma del reglamento interno, deberá ser aprobada por la dirección del Inpec”.