Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2007-01255-de-octubre-10-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_ed716a019d3e03b4e0430a01015103b4&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-08 15:14:28
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 273', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 36']

﻿ Sentencia 2007-01255 de octubre 10 de 2013
SENTENCIA 2007-01255 DE 10 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LOS CONGRESISTAS- CARRUSEL DE PENSIONES. PARA SER BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LOS CONGRESISTAS SE REQUIERE OSTENTAR LA CALIDAD DE PARLAMENTARIO A LA FECHA EN QUE ENTRA EN VIGOR LA NORMA. EN EL CASO ANALIZADO, EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA (FONPRECON) RECONOCIÓ UNA PENSIÓN JUBILATORIA SIN FUNDAMENTO LEGAL, YA QUE PRESTAR SERVICIOS EN VARIAS ENTIDADES PÚBLICAS Y LUEGO EN CALIDAD DE SENADOR DURANTE TRES MESES NO SON LOS PRESUPUESTOS DE HECHO REQUERIDOS PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN. PRETENDER QUE LA LABOR DE UN SERVIDOR POR UNOS CUANTOS MESES EN LA ENTIDAD AMPARADA CON UN RÉGIMEN ESPECIAL LO REVISTA DE SUS BENEFICIOS ES UNA PRÁCTICA ILEGAL COMÚNMENTE DENOMINADA CARRUSEL DE PENSIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, CONGRESISTA, RÉGIMEN ESPECIAL
Sentencia 2007-01255 de octubre 10 de 2013
Ref.: Expediente 25000-23-25-000-2007-01255-01 (0582-2010)
Actor: Jesús Octavio Acosta Sánchez C/ Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, Fonprecon,
Autoridades nacionales - Fallo.
La controversia en esta oportunidad se contrae a establecer, si al demandante le asiste el derecho a que Fonprecon, quien le reconoció la pensión mensual vitalicia de jubilación, proceda a su reliquidación en aplicación del régimen de transición de los congresistas, teniendo en cuenta que laboró como Senador de la República desde el 23 de julio hasta el 23 de octubre de 2003 y que había obtenido el reconocimiento pensional por el Seguro Social.
En razón a que el debate gira en torno a la aplicación del régimen de transición de los parlamentarios a quien ya se encontraba disfrutando de su pensión de jubilación reconocida por otra entidad pensional; se torna en necesario realizar el recuento y análisis de las normas que regulan el reconocimiento pensional de los legisladores, para luego examinar si con fundamento en dicha normativa y estudiadas las probanzas que reposan en el expediente, al actor le asiste la razón en lo que pretende.
Pues bien, la Ley 4ª de 1992, señaló al Gobierno Nacional, tal como lo indica el literal c) de su artículo 1º y su artículo 2º, los objetivos y criterios que debe observar para fijar el régimen salarial y prestacional, entre otros, de los miembros del Congreso Nacional.
Por manera, que al parlamentario le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en el 75% del ingreso mensual promedio que devenguen los congresistas en ejercicio, cuando en tal condición cumpla con la edad, que ha de entenderse es de 50 años(13) y con el tiempo de servicios de 20 años.
Como lo informa su artículo 8º en armonía con el parágrafo del artículo 4º, los Senadores y Representantes a la Cámara pensionados y vueltos a elegir, que al momento de tomar posesión de su cargo hubieren tenido que renunciar temporalmente al disfrute de su pensión vitalicia de jubilación, decretada por cualquier entidad de derecho público; al terminar su gestión como congresistas, “… la seguirán percibiendo de la entidad pensional del Congreso, de conformidad con las disposiciones del presente régimen siempre que a la vigencia de este decreto, hubieren adquirido tal derecho según lo establecido en el artículo 1º, inciso 2º de la Ley 19 de 1987”.
Ahora bien, con fundamento en el artículo 48 de la Carta Política, se expidió la Ley 100 de 1993(14), que en su artículo 273, en relación con el régimen aplicable a los servidores públicos, preceptuó que el Gobierno Nacional, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 36 y 11 de dicha Ley, podía incorporar al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud, respetando los derechos adquiridos a los servidores públicos, aún a los congresistas.
El gobierno ejerció la facultad de incorporación otorgada, mediante el Decreto 691 de 1994(15), que en el literal b) de su artículo 1º en asocio con el artículo 2º, prescribió que a partir del 1º de abril de 1994, los servidores públicos del Congreso quedaban vinculados al nuevo sistema general de pensiones que fue previsto en la Ley 100 de 1993, sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto 1359 de 1993 y las normas que lo modifiquen y adicionen.
Posteriormente, el Decreto 1293 de 1994(16), en concordancia con lo establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 e invocando el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, fijó el régimen de transición de los congresistas, de los empleados del Congreso y del Fondo de Previsión Social del Congreso —Fonprecon—.
En el artículo 2º, dispuso que los Senadores, los Representantes, los empleados del Congreso de la República y los empleados de Fonprecon, tendrán derecho a los beneficios del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre que a 1º de abril de 1994, hayan reunido alguno de los siguientes requisitos: a) haber cumplido 40 o más años de edad, si son hombres, o 35 o más años de edad, si son mujeres o, b) haber cotizado o prestado servicios durante 15 años o más.
Se resalta que el parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia de 27 de octubre de 2005, radicado: 5677-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, Consejera Ponente Dra. Ana Margarita Olaya Forero(17).
El aludido decreto en el artículo 3º indica, que cuando los Senadores y Representantes, cumplan con alguno de los requisitos previstos en el artículo 2º para acceder al régimen de transición, tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación cuando reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos por el Decreto 1359 de 1993, es decir, con la edad de 50 años(18) y con el tiempo de servicios de 20 años, así como el monto de la pensión, forma de liquidación de la misma e ingreso base de liquidación establecidos en el mismo decreto(19).
El Decreto 816 de 2002(20), en su artículo 11, en lo que concierne a la liquidación de la pensión para congresistas en régimen de transición de congresistas, dispuso que dicha liquidación y la pensión que corresponda a los sustitutos pensionales, no puede ser inferior al 75% del ingreso promedio mensual que haya percibido dicho Congresista(21).
Y en su parágrafo(22), estableció los eventos en los cuales de conformidad con los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, no se tiene derecho a la aplicación de dicho régimen de transición. La Sala advierte, que este parágrafo fue declarado nulo en su totalidad por la Sección(23), al igual que el inciso 1º del artículo 17 del decreto en mención, modificado por el artículo 1º del Decreto 1622 de 2002, que hace alusión a los congresistas en el régimen general de pensiones.
En su artículo 12, hizo referencia a la reliquidación de pensiones para congresistas en régimen de transición de congresistas y en su artículo 13 contempló el reajuste de pensiones(24).
Del estudio sistemático de las disposiciones reseñadas infiere la Sala, como ya lo hizo en anterior oportunidad(25), que en lo que al régimen especial de los congresistas se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1359 de 1993, su ámbito de aplicación se contrae a quienes a partir del 18 de mayo de 1992, fecha de vigencia de la Ley 4ª de 1992, ostenten la calidad de Senador o Representante a la Cámara, es decir, que se encuentren para dicha fecha en el ejercicio del cargo, o lo que es lo mismo, en condición de actividad parlamentaria, debidamente posesionados y afiliados a la entidad pensional del Congreso, efectuando cumplidamente las cotizaciones y los aportes, tal como lo señala su artículo 4º(26).
Lo contrario sería pretender que la labor de un servidor por unos cuantos meses en la entidad amparada con un régimen especial, lo revista de sus beneficios; con lo que a todas luces, se estaría habilitando la incursión en la práctica ilegal comúnmente denominada carrusel pensional(27).
Y, en lo que concierne al régimen de transición de los congresistas, establecido por el Decreto 1293 de 1994, entendido el régimen de transición como aquel que busca proteger expectativas pensionales a futuro, pero que se enmarquen en el régimen pensional vigente al momento de expedición de la nueva ley(28); tal como lo determinó la Sección(29), extiende su cobertura a quien siendo Congresista para el 1º de abril de 1994 —vigencia de la Ley 100 de 1993—, además cumpla con la edad —40 años o más si es hombre o 35 años o más si es mujer— o la cotización o el tiempo de servicios por 15 años o más.
En efecto, históricamente la constitucionalidad de las modificaciones prestacionales y aún salariales atribuidas a la competencia del Legislador, ha estado condicionada a la definición previa de los regímenes de transición en la aplicación de cualquier nueva regulación, que de manera sustancial afecte las situaciones jurídicas preestablecidas o en proceso de consolidación(30).
En atención a las anteriores precisiones en cuanto al régimen especial y de transición de los congresistas, procede la Sala a definir la situación particular del accionante.
Está probado al interior del proceso que el demandante prestó sus servicios a la asamblea de Cundinamarca del 1º de octubre al 8 de diciembre de 1966; a la Contraloría de Bogotá del 7 de febrero de 1967 al 9 de marzo de 1968; a Caprecundi hoy EPS Convida desde el 7 de octubre de 1970 hasta el 16 de julio de 1971; a la asamblea de Cundinamarca del 1º de octubre de 1988 al 30 de noviembre de 1989, del 1º de octubre de 1989 a 30 de septiembre de 1990 y del 1º de octubre de 1992 al 1º de octubre de 1993; a la Gobernación de Cundinamarca del 12 de enero al 30 de agosto de 1995; en la Constructora A y CSA durante varios periodos. (fls. 45 a 47, 48, 49, 52, 53 y 73).
Luego se desempeñó como Senador de la República desde el 23 de julio hasta el 23 de octubre de 2003 (fl. 66).
Nació el 24 de diciembre de 1942 (fl. 40).
El 29 de julio de 2005 por medio de Resolución 24915, el Instituto de Seguros Sociales le concedió la pensión de jubilación a partir del 1º de enero de 2003 en cuantía de $ 1.846.025 (fl. 57).
El 8 de agosto de 2005 solicitó ante el Seguro Social, la suspensión del trámite del reconocimiento pensional, por considerar que le asistía un mejor derecho con Fonprecon, al haber ocupado temporalmente —en reemplazo de una licencia—, una curul en el Senado de la República por el término de 3 meses (fl. 55).
Por Resolución 29097 de 22 de septiembre de 2005, el ISS resolvió suspender la pensión reconocida. (fl. 57).
En Resolución 15233 de 12 de abril de 2007 dicho instituto dejó sin efectos la Resolución 24915, que reconoció la pensión jubilatoria. (fl. 112).
Y por Resolución 1440 de 1º de agosto de 2007 Fonprecon le reconoció la pensión vitalicia de jubilación por aportes en la suma de $ 3.628.567,78, a partir del 7 de febrero de 2004 (fls. 2 a 9).
De las anteriores probanzas la Sala infiere, que el demandante prestó sus servicios en varias entidades públicas entre los años 1966 a 1995 y luego en calidad de Senador desde el 23 de julio hasta el 23 de octubre de 2003; con lo que el Seguro Social, en julio de 2005, le reconoció su pensión jubilatoria, que con posterioridad y sin fundamento legal el fondo asumió en el año 2007.
Con lo anterior, es entonces evidente que en su caso particular, no se cumplen los presupuestos de hecho requeridos para la aplicación del régimen pensional de los congresistas; concretamente de su régimen de transición.
En efecto, aunque para el 1º de abril de 1994, fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, superó la edad de 40 años; lo cierto es, que en esa época no era miembro del cuerpo legislativo, condición que, como se analizó en apartado precedente, es indispensable para ser beneficiario de dicho régimen, pues como se indicó, está probado que inició su actividad parlamentaria sólo a partir del año 2003, es decir, mucho tiempo después de entrar en vigencia la aludida ley; situación que lo ubica como destinatario del régimen de transición general.
Además, no se puede perder de vista, como atrás se anotó, que aunque sin duda, por intermedio del Decreto 691 de 1994, el gobierno ejerció la facultad de incorporación sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto 1359 de 1993, debe quedar muy claro a quién es que esta normativa gobierna; por manera, que si es verdad, como lo es, que el régimen especial de los legisladores, extiende sus preceptivas a quien funge como parlamentario a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 y el actor solo laboró por primera vez como Congresista a partir del año 2003, cuando ya se encontraba en vigor el régimen general pensional, es evidente que tampoco lo ampara ese régimen especial.
De acuerdo con lo indicado se encuentra, que no le asiste razón al actor cuando invoca para efecto de obtener la reliquidación de su pensión de jubilación, la aplicación del régimen pensional de los parlamentarios, a fin de que se realice con el 75% del ingreso promedio mensual que “durante el último año y por todo concepto”(31) devenguen los congresistas a la fecha en la que se decretó la prestación.
En este orden, el reconocimiento de la pensión jubilatoria debe ser reasumido por la entidad que venía reconociendo la obligación pensional antes de que se produjera la conmutación.
Con lo anterior, se confirmará la decisión del a quo, que denegó las súplicas de la demanda.
CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 29 de octubre de 2009, que negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Jesús Octavio Acosta Sánchez contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
(2) Las expresiones “durante el último año”, “y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013. Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(3) La locución “por todo concepto” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013. Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(9) Se resalta que estos artículos sufrieron modificaciones, en razón de que la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, declaró la inexequibilidad de varias expresiones contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992; por manera, que del artículo 5º se debe excluir la dicción “último año que por todo concepto” y del artículo 6º se deben suprimir los vocablos “durante el último año” y “por todo concepto”.
(11) Ley 71 de 1988, artículo 2º. “Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales”.
(13) Tal como la Sección lo consideró en anteriores oportunidades en sentencia de 29 de mayo de 2003, expediente 3054-2002. Consejero Ponente Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado; sentencia de 12 de febrero de 2009, expediente 1732-2008. Consejera Ponente Dra. Bertha Lucía Ramírez; Sentencia de 14 de octubre de 2010, expediente 2036-2008. Consejero Ponente Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila; la edad a la que hace referencia el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, es de 50 años en razón a que no es la indicada en la regla general de la Ley 33 de 1985, sino la señalada en el parágrafo 2º de su artículo 1º, que remite a la norma especial que rige con anterioridad, que no es otra, que el Decreto 1723 de 1964, que en el literal b) de su artículo 2º, exige la edad de 50 años para efecto de obtener la pensión de jubilación.
(16) Decreto 1293 de 24 de junio de 1994 “Por el cual se establece el régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan normas sobre prestaciones sociales y económicas de tales servidores públicos”.
(17) En la misma dirección la Corte Constitucional consideró en las conclusiones de la Sentencia C-258 de 2013, que “…resulta claro que el régimen dispuesto por el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, es constitucional si se entiende que: (i) no puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, lo cual incluye lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, no se encontraren afiliados al mismo,…”.
(18) Tal como la Sección lo consideró en anteriores oportunidades en sentencia de 29 de mayo de 2003, expediente 3054-2002. Consejero Ponente Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado; Sentencia de 12 de febrero de 2009, expediente 1732-2008. Consejera Ponente Dra. Bertha Lucía Ramírez; sentencia de 14 de octubre de 2010, expediente 2036-2008. Consejero Ponente Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila; la edad a la que hace referencia el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, es de 50 años, en razón a que no es la indicada en la regla general de la Ley 33 de 1985, sino la señalada en el parágrafo 2º de su artículo 1º, que remite a la norma especial que rige con anterioridad, que no es otra, que el Decreto 1723 de 1964, que en el literal b) de su artículo 2º, exige la edad de 50 años para efecto de obtener la pensión de jubilación.
(19) Que debe entenderse con las modificaciones que fueron incorporadas con ocasión de la Sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, que declaró la inexequibilidad de varias locuciones del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.
(20) Decreto 816 de 25 de abril de 2002 “Por el cual se dictan normas para el reconocimiento, liquidación, emisión, recepción, expedición, administración, redención y demás condiciones de los bonos pensionales del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan otras disposiciones en materia de pensiones”.
(21) Se destaca que esta norma igualmente sufrió modificaciones en razón de que la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 declaró la inexequibilidad de varias expresiones contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992; lo que significa que de su texto se debe excluir la frase “durante el último año calendario de servicio”.
(22) El texto del parágrafo es el siguiente: “De conformidad con los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, no tienen derecho a la aplicación del régimen de transición de congresistas las personas que: a) Se hubieren trasladado al régimen de ahorro individual; b) Hubieren sido elegidos como congresistas por primera vez para la legislatura de 1998 y posteriores o que habiendo sido elegidos en legislaturas anteriores, no hubiesen tomado posesión del cargo; c) Los congresistas que hubieren tenido tal calidad con anterioridad a la legislatura de 1998 pero al momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones se encontraban vinculados a otro régimen; d) Quienes teniendo el régimen de transición de congresistas no se pensionen como congresistas, salvo el caso previsto en el artículo 14 del presente decreto”.
(23) El parágrafo del artículo 11 del Decreto 816 de 2002, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia de 2 de abril de 2009, radicado 5678-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
(24) Estas disposiciones se entienden modificadas según lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 que declaró la inexequibilidad de las expresiones “durante el último año”, “y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal” contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.
(25) Sentencia de 3 de mayo de 2002, expediente 1276-2001. Actor: Oscar Emilio Vinasco Vinasco. Consejero Ponente Dr. Alberto Arango Mantilla.
(26) En esta misma dirección la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 consideró, “Esta Corporación declarará la inexequibilidad de las expresiones “y por todo concepto” y “por todo concepto”, contenidas en el inciso primero y en el parágrafo, respectivamente, del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.// En este caso, ante la expulsión del ordenamiento de las expresiones en comento y en vista del mandato del Acto Legislativo 1 de 2005 en el sentido de que “[p]ara la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”, la Sala considera necesario además condicionar la exequibilidad del resto del precepto censurado en el entendido de que como factores de liquidación de la pensión, solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones”.
(27) En igual sentido la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1999 consideró, que se rompe el equilibrio mínimo y de paso se afecta el derecho a la igualdad, cuando se puede acceder a la pensión jubilatoria con un tiempo de ejercicio en la actividad congresional que solo comprende pocos meses. Al efecto señaló “… sería contrario a los objetivos de la pensión y rompería un equilibrio mínimo, afectando el postulado de la igualdad, el hecho de que pudiese acceder a la pensión, tomando el promedio que en general devengan los congresistas durante el mencionado periodo, si el promedio personal y específico es distinto, por ejemplo cuando el tiempo de ejercicio del Congresista cubre apenas unos pocos meses”.
(28) La Corte Constitucional en Sentencia C-789 de 2002, consideró con relación al régimen de transición que: “La creación de un régimen de transición constituye entonces un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo, no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse, en el momento del tránsito legislativo”.
(29) Sentencia de 2 de abril de 2009, radicado: 5678-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve, que declaró la nulidad del parágrafo del artículo 11 y del inciso 1º del artículo 17 del Decreto 816 de 2002, este último artículo modificado por el artículo 1º del Decreto 1622 de 2002. En similar sentido sentencia de 7 de septiembre de 2006, radicado 9798-05, actor Paulina Consuelo Salgar de Montejo, Consejero Ponente Dr. Jaime Moreno García.
(30) Se debe recordar que la Ley 33 de 1985 en el parágrafo 2º de su artículo 1º determinó el régimen de transición en los siguientes términos: “Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley. // Quienes con 20 años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan 50 años de edad si son mujeres o 55 años si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían al momento de su retiro”. Y, por su parte la Ley 100 de 1993 en su artículo 36 lo estableció así: “Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.// La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley (…)”.
(31) Expresiones que por demás, fue declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la aludida Sentencia C-258 de 2013.