Source: https://jurisprudencia.cladem.org/ecuador/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-04-25 04:46:50
Document Index: 249658137

Matched Legal Cases: ['artículo 525', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 40', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 417', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 176', 'artículo 77', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 16']

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas en 1986.1
El comité no emite recomendaciones al estado y más bien se limita a relatar el desarrollo de la sesión de reporte.
El Comité examinó el informe inicial del Ecuador (CEDAW/C/5/Add.23) en sus sesiones 72a., 73a. y 78a., celebradas los días 14 y 19 de marzo de 1986 (CEDAW/C/SR.72, 73 y 78).
El representante del Ecuador señaló que en el plan nacional de desarrollo del Ecuador, el subprograma relativo a la mujer y la juventud reflejaba el reconocimiento oficial por el Gobierno del importante papel que podía desempeñar la mujer en el desarrollo del país, reconocimiento que se había visto reforzado con la creación de la Oficina Nacional de la Mujer para supervisar, planificar, evaluar y realizar actividades relacionadas con la condición jurídica y social de la mujer.
El representante del Ecuador señaló que se habían tomado muchas medidas para aplicar las disposiciones de la Convención. Sin embargo, pese a todos los progresos alcanzados en los distintos sectores, seguía siendo necesario mejorar y fortalecer la legislación a fin de eliminar las prácticas discriminatorias. Cabía confiar en que el proyecto de ley sobre la igualdad jurídica de los sexos constituyera, una vez aprobado, un paso más en la tarea de mejorar la condición jurídica y social de la mujer.
Un miembro expresó preocupación acerca del artículo 525 del Código Penal, relativo a la violación, y pidió aclaraciones. Otro miembro pidió aclaraciones con respecto al término “trata de blancas”. También se plantearon preguntas acerca de la prostitución y de si se iban a tomar medidas para abolirla.
Algunos miembros se preguntaban si las mujeres estaban suficientemente bien informadas para poder aprovechar la aplicación de la Convención, si se les proporcionaba asesoramiento jurídico acerca de sus derechos y si se habían interpuesto recursos legales por la violación de esos derechos. Una experta preguntó si se proporcionaba asistencia letrada a las mujeres y si ésta era gratuita.
Con respecto a la educación, muchos miembros expresaron preocupación por el hecho de que algunas actividades realizadas por mujeres jóvenes perpetuaban las ideas tradicionales con respecto al papel de la mujer, que, a su vez, afectaba muy desfavorablemente a las oportunidades de trabajo futuras. Algunos miembros pidieron más datos sobre el índice de alfabetización, el nivel de escolaridad obligatoria, la enseñanza mixta y la capacitación profesional. También se señaló que, a juzgar por el informe, se esperaba que las maestras se ocuparan principalmente de niños de corta edad. En ese contexto una experta formuló una objeción con respecto a las palabras utilizadas para describir a las maestras. Algunas expertas preguntaron si había programas educativos especiales para la mujer indígena.
También se pidió más información sobre la participación de la mujer en la promoción de la paz, el papel del sector no estructurado de la economía, el papel que desempeñaba la mujer en ese sector y la parte que le correspondía en el desempeño de las tareas domésticas. Un miembro planteó la cuestión del papel de la iglesia católica.
El representante del Ecuador, al responder a una pregunta planteada, explicó que las mujeres de su país tenían acceso gratuito a asesoramiento jurídico y que se prestaban a las mujeres de las zonas rurales en forma gratuita defensa judicial y medios para la interpretación. Dijo que en su país los órganos encargados del adelanto de la mujer eran la Oficina Nacional de la Mujer, establecida en 1980, que contaba también con oficinas regionales y centros de capacitación en todo el país, y diversos otros institutos y departamentos que se ocupaban de la mujer y del niño.
Refiriéndose a una pregunta acerca del número de habitantes indígenas, el representante respondió que era ofensivo hacer una categorización de ese tipo que no existía de conformidad con la ley. El Ecuador era un crisol de diversos grupos indígenas. Era parte en todos los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y no toleraba la discriminación racial. La mayoría de la población era bilingüe, con el español como principal idioma de enseñanza y el quechua como idioma que se utilizaba en las relaciones interculturales.
Dijo que la prostitución tenía importancia menor en el país y que se castigaba con severidad el tráfico de prostitutas, la “trata de blancas”.
Las madres lactantes contaban con centros de atención diurna y con alimentos de bajo costo. Con arreglo a la Constitución y la legislación laboral, las mujeres percibían igual remuneración que los hombres y estaban amparadas por igual seguridad social. En el Ecuador había desempleo y una tasa elevada de subempleo entre las mujeres.
Como el Ecuador era una sociedad democrática, libre y pluralista, el 90% de cuya población era católica, no se podían imponer medidas demográficas a la población. Pero se estaban haciendo progresos en la promoción de la paternidad “consciente”, no con medidas autoritarias, sino mediante actividades de desarrollo auténtico. Se ejecutaban programas de planificación de la familia con pleno respeto de las preocupaciones individuales. El aborto estaba prohibido, salvo en los casos de violación y por razones terapéuticas. En 1977 el Estado había iniciado un programa de asistencia en alimentos a la madre y al niño.
Los miembros del Comité agradecieron al Estado parte las respuestas proporcionadas y pidieron informaciones adicionales sobre la situación de las mujeres de las zonas rurales, la prostitución, el divorcio y la legislación relativa al trabajo de la mujer.
El representante del Estado parte respondió que en el pasado había habido tráfico con fines de prostitución, e informó al Comité de que el Ecuador era parte en el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (resolución 317 (IV) de la Asamblea General, de 2 de diciembre de 1949). Añadió que el Ecuador era un país agrícola, en el que se tenían que desplazar intensos esfuerzos para modernizar la agricultura. En el país había escuelas en las zonas rurales donde se enseñaban técnicas y métodos de trabajo nuevos. No obstante, el orador informó al Comité de que las mujeres de las zonas rurales trabajaban con instrumentos tradicionales y sencillos y de que por lo general no había electricidad en las zonas rurales. Podía obtenerse el divorcio por consentimiento mutuo o por fallo de la corte. En cuanto a la existencia de legislación que protegiera a la mujer en el trabajo, dijo que no se contrataba a mujeres y menores de edad para realizar determinados trabajos peligrosos como la fabricación de explosivos, vidrio y pintura.
2º Observaciones finales sobre el segundo y tercer informe presentados por el Estado adoptadas el 25 de enero de 1994.2
El Comité examinó los informes periódicos segundo y tercero del Ecuador (CEDAW/C/13/Add.31 y CEDAW/C/ECU/3) en su 244ª sesión celebrada el 25 de enero (véase CEDAW/C/SR.244).
Era urgente introducir las reformas jurídicas fundamentales que eliminaran las normas que discriminaban contra la mujer y promovían su adelanto, por lo cual el Comité solicitaba al Gobierno que adoptara las medidas pertinentes e informara sobre los adelantos alcanzados al respecto en su próximo informe periódico.3
El Gobierno debe fortalecer el mecanismo nacional de la mujer, tanto en el plano político como en el administrativo y financiero y debe jerarquizarlo dotándolo al mismo tiempo de capacidad para coordinar iniciativas que favorezcan a la mujer.4
Debe hacer los mayores esfuerzos a fin de garantizar los servicios básicos necesarios para garantizar la supervivencia de las mujeres de los grupos más vulnerables, formular programas que sensibilicen la conciencia de todos los ecuatorianos, hombres y mujeres, sobre la necesidad de modificar valores culturales que perpetúan la discriminación en todos los órdenes.5
El Gobierno debe prestar especial atención a la prevención y el castigo de la violencia contra la mujer.6
El Gobierno debe considerar la posibilidad de convocar a las mujeres que participan en organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, organizaciones de base y las actividades académicas, y a quienes crea conveniente, para que cooperen en un esfuerzo nacional coherente para superar esta crítica situación, ya que en gran medida la solución dependerá de la unión solidaria y la decisión de las mujeres para obtener cambios.7
3º Observaciones finales sobre el cuarto y quinto informe presentados por el Estado adoptadas el 11 de julio de 2003.8
El Comité examinó los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Ecuador CEDAW/C/ECU/4-5) en sus sesiones 622ª y 623ª, celebradas el 11 de julio de 2003 (véase CEDAW/C/SR.622 y 623).
Principales esferas de preocupación y recomendaciones9
Si bien el Comité acoge con satisfacción las leyes aprobadas recientemente, las reformas legislativas y los proyectos de ley presentados al Congreso Nacional, preocupa al Comité que aún se mantienen preceptos discriminatorios en el derecho penal y civil, particularmente en el derecho de familia. Asimismo, el Comité se muestra preocupado por la disparidad existente de jure y de facto en lo referente a la protección legal de la mujer. También preocupa al Comité la falta de una política integral de institucionalización del enfoque de género como un eje principal dentro de las prioridades estratégicas del Estado parte.
El Comité insta al Estado parte a que derogue las disposiciones discriminatorias que aún existen en la legislación penal, civil y de familia para asegurar la aplicación de las leyes contra la discriminación de las mujeres, así como que agilice los trámites de revisión de la compatibilidad de dichas leyes con la Convención, reforzando así su voluntad política de incorporar una perspectiva de género en la formulación y aplicación de las leyes. El Comité insta también al Estado parte a que considere la incorporación de una perspectiva de género en su normativa como un eje principal dentro de las prioridades estratégicas del Estado parte y a que considere la posibilidad de diseñar e implementar una política integral de institucionalización del enfoque de género.10
Si bien el Comité acoge con agrado la creación del Consejo Nacional de las Mujeres por decreto ejecutivo en 1997, preocupa al Comité la falta de una ley que institucionalice el Consejo Nacional de las Mujeres y que regule su capacidad normativa, su funcionamiento y su financiación. Preocupa asimismo que dicho organismo no cuente con un mandato explícito que le permita garantizar y exigir a los diferentes sectores de gobierno la aplicación de las leyes, los planes y los programas orientados a la igualdad de género y que aún no ha procedido a la elección de su Director/a. Preocupa también al Comité que pueda debilitarse la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el Consejo y que aún no estén representados los movimientos de mujeres indígenas y afro descendientes.
El Comité insta al Estado parte a que fortalezca el papel rector y normativo del Consejo Nacional de las Mujeres, adoptando una ley que institucionalice y regule las actividades del Consejo Nacional de las Mujeres, confiriéndole un papel más activo en el control de la aplicación de las normas dirigidas a la promoción de la igualdad de género, así como que le asigne los recursos financieros necesarios para su funcionamiento y el desempeño de sus funciones. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a que elija un/a Director/a a la cabeza del Consejo Nacional de las Mujeres. El Comité alienta al Estado parte a que asegure la participación de la sociedad civil en el Consejo y a que fomente la participación de los movimientos de mujeres indígenas y afro descendientes.11
Si bien el Comité acoge favorablemente la elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades 1996-2000, como un instrumento técnico que garantiza la inserción del enfoque de género en políticas públicas y promueve el desarrollo de programas y proyectos a favor de la mujer y las niñas, ve con preocupación la demora en la discusión y consulta para la adopción del Plan de Igualdad de Oportunidades 2002-2007.
El Comité insta al Estado parte a que acelere el proceso de revisión y consultas para la adopción de un nuevo plan, incluyendo a la sociedad civil y en particular a las organizaciones de mujeres, a los efectos de su pronta aprobación.12
El Comité ve con preocupación el elevado nivel de pobreza y pobreza extrema entre las mujeres y nota con particular preocupación la situación de las mujeres rurales e indígenas. Pese a la existencia de planes aislados de lucha contra la pobreza, el Comité muestra su preocupación por la falta de una política general y exhaustiva de erradicación de la pobreza dirigida específicamente a la población femenina rural e indígena.
El Comité insta al Estado parte a que desarrolle una política general de erradicación de la pobreza que incorpore un enfoque de género y conceda una atención específica a las mujeres rurales e indígenas.13
Dado el creciente número de mujeres ecuatorianas que están emigrando a otros países huyendo de la situación de pobreza y pobreza extrema, el Comité expresa su preocupación ya que tal circunstancia hace a las mujeres que emigran especialmente víctimas de todo tipo de violencia, de explotación y de trata. Asimismo, el Comité ve con preocupación la situación de desprotección en que quedan las mujeres cuyas parejas emigran a otros países. También preocupa al Comité la situación que viven las mujeres ecuatorianas en la zona fronteriza con Colombia, y de las que huyen de ese país para refugiarse en el Ecuador, pues son igualmente víctimas de todo tipo de violencia, como consecuencia de la militarización de la zona y de la aplicación del Plan Colombia.
El Comité exhorta al Estado parte a que se concentre en las causas de este fenómeno, adoptando medidas encaminadas a mitigar la pobreza y la pobreza extrema y a proteger a las mujeres emigrantes y a aquellas que permanecen en el país cuando sus parejas han emigrado así como a las mujeres que viven en la zona fronteriza con Colombia.14
Si bien la Constitución garantiza la protección de niñas, niños y adolescentes contra el tráfico de menores, la prostitución, la pornografía y la explotación sexual, y la ley tipifica como delito la corrupción de menores, preocupa al Comité que varias de esas conductas no estén tipificadas explícitamente como figuras delictivas en el Código Penal y que no exista protección suficiente a las víctimas de estos delitos. El Comité también expresa su preocupación por la ausencia de estudios, análisis y estadísticas desagregadas por sexos sobre la incidencia de esta problemática. Preocupa además al Comité que el abuso sexual tampoco esté tipificado como delito. Preocupa además particularmente al Comité que el tráfico de mujeres, y en especial para el comercio sexual, no esté penalizado por la ley, quedando desprotegidas sus víctimas.
El Comité recomienda que el Código Penal sancione con todo rigor estos graves delitos contra niñas, niños y adolescentes, que se tomen las medidas requeridas para la protección y rehabilitación de las víctimas y que se realicen los estudios y análisis necesarios que permitan la acción efectiva del Gobierno contra esta problemática. El Comité considera asimismo que el tráfico de mujeres, en particular con forma de comercio sexual, sea enérgicamente penalizado.15
Preocupa al Comité que existe una falta de atención del Estado parte a la problemática de la prostitución y de igual forma que la legislación vigente exonera al proxeneta de responsabilidad delictiva cuando administra un local para este tipo de explotación conforme con las reglas establecidas por las autoridades administrativas, lo cual contradice el artículo 6 de la Convención.
El Comité recomienda que se preste la atención debida al problema de la prostitución y que la legislación sancione a quienes se dedican a la explotación de la prostitución.16
Si bien el Comité acoge con beneplácito el esfuerzo realizado por el Estado parte para combatir la violencia contra la mujer con la adopción de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, ve con preocupación la falta de un reglamento que asegure la aplicación de dicha ley y la persistencia de la violencia contra las mujeres en el Ecuador. El Comité expresa también su preocupación por la falta de tipificación de la violencia contra la mujer en el Código Penal donde solo es considerado como una contravención.
El Comité insta al Estado parte a que, teniendo en cuenta la recomendación general 19 sobre la violencia contra la mujer, establezca medidas para la aplicación y supervisión de la legislación, evaluando su eficacia. Asimismo, el Comité considera particularmente importante la tipificación de la violencia contra la mujer en el Código Penal del Ecuador. De la misma manera, el Comité insta al Estado parte a que elabore y aplique un reglamento que implemente la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. El Comité recomienda que el Estado parte imparta campañas de capacitación y sensibilización sobre esta problemática, principalmente destinadas a policías y personas del sector judicial. El Comité recomienda también que el Estado parte dote de suficientes recursos financieros a los programas de protección de víctimas de violencia contra la mujer para asegurar su implementación.17
El Comité expresa su preocupación debido a que, aunque existe un Plan Nacional para la Educación Sexual y el Amor, no se aplica consecuentemente y es limitada la divulgación de los derechos de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que contribuye a crear conciencia en las mujeres y en los hombres sobre sus derechos y responsabilidades en el proceso reproductivo. Le preocupa también al Comité la alta tasa de embarazos y abortos adolescentes y en particular en las zonas rurales.
El Comité insta al Estado a que implemente el Plan Nacional para la Educación Sexual y el Amor y a que fortalezca sus programas de atención a la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva y, a la brevedad posible, a que ponga en marcha un programa nacional que proporcione a las mujeres y a los hombres información oportuna y confiable sobre los métodos anticonceptivos disponibles y los que puedan permitirles ejercer su derecho a decidir de manera libre e informada, sobre el número y espaciamiento de los hijos que quieran tener, así como a que refuerce las medidas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y el VIH-SIDA, incluyendo la disponibilidad de preservativos. Pide también al Estado parte que continúe fortaleciendo los programas de apoyo a las adolescentes embarazadas y madres y los programas de educación sexual orientados a la prevención de embarazos entre la población adolescente. El Comité pide al Estado parte que, en el próximo informe periódico, se incluya información sobre los efectos de los programas para limitar y prevenir los embarazos en la adolescencia.18
El Comité se muestra preocupado por la persistencia del problema del analfabetismo, sobre todo en las zonas rurales, y por la elevada tasa de deserción escolar femenina, en particular en las zonas rurales e indígenas.
El Comité recomienda que se intensifiquen los esfuerzos para abordar esta problemática, con la ejecución de manera sostenida de programas y planes, en particular en las zonas rurales e indígenas.19
Si bien existe un plan de educación bilingüe y programas de transversalización de género dirigidos a ser aplicados en los distintos niveles de educación básica y a la formación de maestros, el Comité observa con preocupación la falta de aplicación sistemática y en todos los centros de dicho plan.
El Comité insta al Estado parte a que implemente el plan de educación bilingüe y los programas de transversalización de género.20
Pese a la existencia de legislación en materia de empleo, el Comité nota con preocupación la falta de una política de empleo general que dé atención prioritaria a las mujeres y la falta de aplicación de la legislación sobre el empleo y la persistencia de desigualdades, en particular por la existencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres. El Comité nota con especial preocupación la alta tasa de trabajo infantil que aún persiste en el Ecuador.
El Comité recomienda que se tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del artículo 11 de la Convención y la aplicación de las convenciones pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo ratificadas por el Ecuador y en particular sobre la no discriminación en el empleo, la prohibición del trabajo infantil y la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres. El Comité recomienda la adopción de un plan de empleo y de un código de trabajo sensibles a la perspectiva de género y a la prohibición del trabajo infantil.21
Pese a la existencia de programas de sensibilización, preocupa al Comité la persistencia de estereotipos tradicionales relacionados con los roles y las responsabilidades de la mujer y el hombre en la familia, en la educación y en la sociedad en general.
El Comité recomienda que se desarrollen políticas y se implementen programas dirigidos a mujeres y hombres que contribuyan a garantizar la eliminación de los estereotipos asociados a los roles tradicionales en la familia, la educación, el empleo, la política y la sociedad.22
Pese a la reforma de la Ley Electoral, preocupa al Comité el bajo porcentaje de participación política de las mujeres y la falta de aplicación, de forma alternativa y secuencial, del artículo 40 de la Ley Electoral que regula la cuota de 30% de mujeres en las listas electorales. El Comité muestra su preocupación también por la posibilidad de que este artículo sea retirado de la ley.
**El Comité recomienda que se adopten estrategias dirigidas a lograr un aumento del número de mujeres que participan en la adopción de decisiones a todos los niveles, incluyendo la aplicación de medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y que se refuercen las actividades encaminadas a promover a mujeres a cargos de dirección, tanto en el sector público como en el sector privado, con programas de capacitación especiales y campañas de sensibilización sobre la importancia de su participación en la vida política del país.23
Pese a su reconocimiento de los esfuerzos realizados por el Estado parte para establecer indicadores desagregados por sexo, el Comité observa una insuficiencia de datos desagregados por sexo en los informes presentados, así como insuficiente información acerca de las mujeres rurales e indígenas.
El Comité recomienda una recopilación más amplia y exhaustiva de datos desagregados por sexo e insta al Estado parte a que incluya en su próximo informe estadísticas relevantes que muestren la evolución y el impacto de los programas en la población femenina del país, en particular en las mujeres rurales e indígenas.24
El Comité nota con preocupación la utilización de los términos “igualdad” y “equidad” como sinónimos en los informes del Estado parte.
El Comité insta al Estado parte a que tome nota de que los términos “equidad” e “igualdad” no son términos sinónimos ni intercambiables y que la Convención está dirigida a la eliminación de la discriminación contra la mujer y a asegurar la igualdad de mujeres y hombres.25
El Comité insta al Estado parte a que deposite lo antes posible el instrumento de aceptación de la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención relativo al período de reunión del Comité.
El Comité pide al Estado parte que al presentar su próximo informe periódico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención responda a las cuestiones concretas planteadas en estas observaciones finales. El Comité invita al Estado parte a que presente su sexto informe, que debía ser presentado en diciembre 2002, y su séptimo informe, que deberá ser presentado en diciembre 2006, de forma combinada en 2006.26
Teniendo en cuenta la dimensión de género de las declaraciones, los programas y las plataformas de acción aprobadas durante las conferencias, cumbres y períodos extraordinarios de sesiones pertinentes de las Naciones Unidas (como el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para el examen y la evaluación de la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (el vigésimo primer período extraordinario de sesiones), el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la infancia (el vigésimo séptimo periodo extraordinario de sesiones), la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, y la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, el Comité pide al Estado parte que facilite información sobre la aplicación de los aspectos de esos documentos que guarden relación con los correspondientes artículos de la Convención en su próximo informe periódico.
El Comité pide que en el Estado parte se difundan ampliamente las presentes observaciones finales a fin de dar a conocer a la población del Ecuador, en particular los funcionarios públicos y los políticos, las medidas que se han adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de las mujeres y las demás medidas que sean necesarias para tal fin. También pide al Estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado “La mujer en al año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
4º Observaciones finales sobre el sexto y séptimo informe presentados por el Estado adoptadas el 22 de octubre de 2008.27
El Comité examinó los informes periódicos combinados sexto y séptimo del Ecuador (CEDAW/C/ECU/7) en sus sesiones 854ª y 855ª, celebradas el 22 de octubre de 2008. La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/ECU/Q/7 y las respuestas del Gobierno del Ecuador figuran en el documento CEDAW/C/ECU/Q/7/Add.1.
Principales esferas de preocupación y recomendaciones28
El Comité, recordando que el Estado parte tiene la obligación de aplicar de manera sistemática y constante todas las disposiciones de la Convención, considera que las preocupaciones y recomendaciones que figuran en las presentes observaciones finales requieren la atención inmediata del Estado parte. Por consiguiente, el Comité exhorta al Estado parte a que concentre sus actividades de aplicación en esas esferas y a que indique en su próximo informe periódico las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. También lo exhorta a que transmita las presentes observaciones finales a todos los ministerios competentes, otras estructuras gubernamentales a todos los niveles, y al Parlamento y el poder judicial, a fin de garantizar su aplicación efectiva.
Al tiempo que reafirma que incumbe al Gobierno la responsabilidad primordial de cumplir plenamente las obligaciones que el Estado parte ha contraído en virtud de la Convención y especialmente de rendir cuentas al respecto, el Comité destaca que la Convención es vinculante para todos los poderes públicos e invita al Estado parte a que aliente a su parlamento nacional a que, de conformidad con su mandato y reglamento y cuando proceda, adopte las medidas necesarias en lo que respecta a la aplicación de las presentes observaciones finales y el próximo proceso de presentación de informes con arreglo a la Convención.
El Comité toma nota del hecho de que, tras la reciente promulgación de una nueva Constitución, el Estado parte está viviendo un proceso de cambio complejo. El Comité hace hincapié en que este período ofrece al Estado parte una buena oportunidad para emprender las reformas estructurales necesarias para responder a las preocupaciones expuestas en las presentes observaciones finales.
El Comité reconoce el importante papel desempeñado por el CONAMU en la promoción de la igualdad de género y los derechos humanos de la mujer en el Ecuador. El Comité además acoge con satisfacción la labor realizada para crear mecanismos institucionales y jurídicos a favor de la igualdad de oportunidades tanto a nivel local como en algunos ministerios. A pesar de ello, al Comité le sigue preocupando que la estructura funcional, la composición, las bases jurídicas, los poderes y los recursos de la CONAMU no le permitan dirigir una verdadera integración intersectorial de la perspectiva de género en la estructura general del Estado y en las políticas públicas.
Aunque nota con satisfacción que la nueva Constitución prevé la existencia de un mecanismo específico para la promoción de la igualdad de género, el Consejo para la Igualdad, el Comité recomienda que el Consejo se integre funcionalmente a la estructura del Gobierno y que se le otorgue el mandato y la autoridad jurídica que resulten necesarios, mediante una legislación secundaria específica, para incorporar los derechos de género y de la mujer en todas las políticas y estructuras del Estado parte. El Comité recomienda además que se asigne al Consejo un presupuesto suficiente para que lleve a cabo sus actividades de manera efectiva. El Comité recomienda asimismo que las mujeres indígenas y las mujeres de ascendencia africana estén adecuadamente representadas en el Consejo.
El Comité acoge con agrado la formulación del Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-2009, que adquirió carácter de política nacional mediante un Decreto Ejecutivo promulgado en 2006, y los esfuerzos realizados por el CONAMU para incorporar el Plan en la planificación operativa de todas las instituciones del sector público, así como las iniciativas para promover los planes descentralizados para la igualdad de oportunidades en algunos gobiernos locales. A pesar de ello, el Comité sigue preocupado por el hecho de que el Plan cuenta con recursos limitados y es desconocido por muchos sectores gubernamentales. El Comité también sigue preocupado por el hecho de que la aplicación del Plan parece centrarse excesivamente en programas aislados y medidas de reacción.
El Comité recomienda al Estado parte que, mediante la aprobación del proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades, vele por que el Plan y su aplicación dispongan de una base jurídica. También recomienda facilitar al Plan la visibilidad política y los recursos necesarios para promover un enfoque sistémico e inclusivo de todos los organismos, las organizaciones y los servicios, públicos y privados, en los niveles central y local, a fin de garantizar la validez, el ejercicio universal, el cumplimiento y la protección del principio de igualdad de género y de los derechos de la mujer.
El Comité toma nota con satisfacción de que la nueva Constitución consagra el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el principio de no discriminación, y establece que el Ecuador es un Estado laico. El Comité también acoge con satisfacción las reformas legislativas emprendidas por el Estado parte en el período que se examina para eliminar una serie de disposiciones discriminatorias. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por la disparidad entre la situación de jure y de facto en materia de protección jurídica de la mujer e igualdad de género. En particular, observa que, como se reconoce en el informe del Estado parte “ciertas prácticas jurídicas y sociales sí discriminan a las mujeres, tanto en la esfera pública como privada, pues tienen como efecto un tratamiento diferenciado a favor de los hombres en desventaja de las mujeres” (párr. 98).
El Comité insta al Estado parte a adoptar el proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades y crear y aplicar mecanismos para su cumplimiento efectivo. El Comité recomienda asimismo que el Estado parte adopte rápidamente medidas adecuadas para garantizar la plena aplicación de la legislación vigente de forma que no se discrimine a la mujer. El Comité insta al Estado parte a emprender un amplio proceso para examinar la compatibilidad entre la legislación nacional y la nueva Constitución y la Convención y a derogar sin demora todas las normas que discriminen a la mujer, incluida la disposición del Código Civil que consagra una presunción a favor del marido en la administración conyugal.
El Comité está preocupado porque las mujeres ecuatorianas, especialmente las mujeres indígenas y de ascendencia africana, siguen sufriendo altos niveles de pobreza y exclusión social, y siguen tropezando con obstáculos en su acceso a los derechos sociales básicos. Aunque acoge con satisfacción las actividades emprendidas por el Estado parte para aliviar la pobreza, como la reciente ampliación del Programa del Bono de Desarrollo Humano y el Programa para la Promoción de la Mujer Rural (Promujeres), el Comité sigue preocupado por la falta de integración de una perspectiva de género concreta en los planes y programas de desarrollo social y económico nacionales. Preocupa también al Comité que, al parecer, los recursos invertidos para promover la situación de la mujer se concentren en los sectores relacionados con su papel social de madre y de persona que cuida enfermos en el sector de la salud y que no haya mecanismos para evaluar sistemáticamente si los programas existentes tienden a reproducir y perpetuar los estereotipos de género.
El Comité insta al Estado parte a velar por que las políticas económicas y sociales y la inversión pública tengan en cuenta la situación específica de la mujer. El Comité recomienda que se fortalezca el sistema de indicadores sociales nacionales para incluir datos desglosados sobre la situación de las mujeres indígenas y las mujeres de ascendencia africana, sobre todo en las zonas rurales, y que esta información se utilice luego para elaborar las políticas pertinentes. El Comité insta además al Estado parte a que refuerce las actividades encaminadas a alentar las iniciativas económicas de las mujeres, como, por ejemplo, el “Fondo Promujeres”, teniendo en cuenta la situación de los distintos grupos de mujeres. Por último, el Comité alienta al Estado parte a establecer mecanismos para vigilar periódicamente las repercusiones de las políticas sociales y económicas en la mujer.
El Comité acoge con satisfacción la creación de las Comisarías de la Mujer y la Familia y el establecimiento de unidades especializadas en violencia doméstica y delitos sexuales en la oficina del Ministerio Público de los distritos más grandes, así como el desarrollo de un Programa de Protección de Víctimas de Violencia Sexual y los esfuerzos para garantizar la aplicación de la Ley sobre Violencia Contra la Mujer y la Familia. No obstante, preocupa al Comité la gran incidencia de casos de violencia contra mujeres y niñas en el Estado parte, en particular la violencia doméstica y sexual, así como el alcance insuficiente y los recursos limitados de los programas dirigidos a proteger a las mujeres víctimas. Al Comité le preocupa que, a pesar de leyes y planes específicos, siga proliferando la violencia sexual contra las niñas y el acoso de las niñas en las escuelas. Al Comité le preocupa también que, como se indica en el informe del Estado parte (párr. 163), “la violencia contra las mujeres es considerada todavía como contravención”. Además, el Comité observa con preocupación que el castigo corporal es legal en el hogar y constituye una forma de violencia contra los niños, incluidas las niñas.
El Comité insta al Estado parte a que otorgue atención prioritaria y asigne los recursos adecuados a la elaboración y aplicación de una estrategia global para combatir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y reforzar la protección y asistencia a las víctimas, de conformidad con la recomendación general 19. El Comité exhorta al Estado parte a que vele por que se aplique adecuadamente la legislación vigente para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Recomienda, además, que el Código Penal considere la violencia doméstica un delito y que prohíba expresamente el castigo corporal de los niños en el hogar, así como en las instituciones de atención y justicia. El Comité recomienda al Estado parte que cumpla la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, de 1994), y que utilice los indicadores aprobados el 15 de agosto de 2008 por la cuarta reunión del Comité de Expertos en Violencia (CEVI) de la Comisión Interamericana de Mujeres. El Comité también invita al Estado parte a que proporcione, en su próximo informe periódico, datos y estadísticas sobre distintos tipos de violencia contra la mujer y el acceso de las víctimas a la justicia, así como información sobre la protección y la asistencia proporcionadas a las víctimas y el número de juicios y condenas.
Si bien observa las iniciativas emprendidas recientemente por el Estado parte para abordar el problema de la trata y la explotación sexual de las mujeres y las niñas, incluida la elaboración de un plan de acción concreto y los esfuerzos realizados para llevar un registro de las mujeres indocumentadas, el Comité sigue preocupado por la continua trata de personas desde y hacia el Estado parte. Al Comité le preocupa particularmente la situación de las migrantes, las solicitantes de asilo y las refugiadas que, debido a la discriminación de que son víctimas, se ven relegadas al sector no estructurado, incluida la industria del sexo, y se vuelven vulnerables a la explotación sexual. Al Comité le preocupan igualmente las noticias según las cuales las mujeres indígenas y de ascendencia africana pueden ser particularmente vulnerables a la trata y la explotación sexual.
El Comité exhorta al Estado parte a que dedique recursos adecuados a la aplicación del Plan Nacional de Combate de la Trata y el Tráfico y la Explotación Sexual y establezca un mecanismo para supervisar su aplicación y evaluar su eficacia. El Comité alienta al Estado parte a abordar las causas profundas de la trata de personas, entre ellas la pobreza, la discriminación y la exclusión social que hacen que determinados grupos de mujeres sean especialmente vulnerables. Además, el Comité alienta al Estado parte a que refuerce la protección contra la discriminación y la violencia de las mujeres y las niñas que desean abandonar la prostitución, así como de las víctimas de la trata de personas, prepare programas de sensibilización, realice investigaciones sobre las causas profundas de la trata de personas, proporcione a las mujeres medios alternativos de subsistencia y proporcione una formación adecuada a los abogados, los trabajadores del sistema de justicia penal, los proveedores de servicios de salud y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con respecto a todas las cuestiones relativas a la explotación sexual y la trata de personas. El Comité invita al Estado parte a proporcionar, en su próximo informe periódico, datos estadísticos sobre la incidencia de este delito, el número de procedimientos penales iniciados y las sanciones impuestas.
Preocupa al Comité la situación de las mujeres indígenas y de ascendencia africana. Observa además que el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas (véase A/HRC/4/32/Add.2) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/ECU/CO/19) han llegado a la conclusión de que las mujeres indígenas siguen sufriendo una doble discriminación, por motivos de sexo y por origen étnico, y violencia, lo que constituye un obstáculo para el goce efectivo de sus derechos humanos y su plena participación en todas las esferas de la vida. Al Comité le preocupa el hecho de que las mujeres indígenas y de ascendencia africana se ven desproporcionadamente afectadas por la pobreza, tienen menos acceso a la enseñanza superior, tasas más elevadas de abandono escolar, tasas más elevadas de mortalidad materna y embarazos precoces, tasas más elevadas de desempleo y subempleo, salarios más bajos y menor nivel de participación en la vida pública que el resto de la población del Ecuador.
El Comité alienta al Estado parte a adoptar, en el marco de sus políticas y programas, medidas concretas, específicas y con plazos y criterios de evaluación precisos, para acelerar la mejora de las condiciones de las mujeres indígenas y de ascendencia africana en todos los ámbitos de la vida. El Comité exhorta al Estado parte a que vele porque las mujeres indígenas y de ascendencia africana tengan pleno acceso a la educación y los servicios de salud y puedan participar plenamente en los procesos de toma de decisiones. El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, incluya información y datos, incluidas tendencias observadas a lo largo del tiempo, sobre la situación de las mujeres indígenas y de ascendencia africana y sobre el impacto de las medidas adoptadas para superar la discriminación múltiple de que son víctimas.
El Comité expresa su preocupación por la situación de las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, especialmente las indocumentadas, ya que están expuestas a la violencia de género y a condiciones laborales y de vida abusivas y tienen un acceso limitado a la atención de la salud. Al Comité le preocupa también que haya todavía muchas refugiadas no registradas e indocumentadas que puedan ser devueltas a sus países de origen y a las que se les niega la protección internacional a la que tienen derecho.
El Comité recomienda al Estado parte que garantice la inclusión y la protección sistemáticas de las solicitantes de asilo, las migrantes y las refugiadas en la legislación nacional, las políticas públicas y los programas orientados a las cuestiones relacionadas con los derechos de la mujer, como la violencia sexual y de género. El Comité insta además al Estado parte a adoptar medidas concretas para eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra las migrantes, las solicitantes de asilo, las mujeres desplazadas y las refugiadas, en particular en el sector del empleo, mediante, entre otras cosas, la promoción de su integración en el sector del empleo estructurado. El Comité alienta al Estado a facilitar el acceso de las refugiadas, las solicitantes de asilo, las migrantes y las desplazadas a los servicios de salud y otros servicios de apoyo social. El Comité celebra la campaña que lleva a cabo actualmente el Estado parte para registrar y documentar a todas las personas que viven cerca de la frontera septentrional y lo alienta a fortalecer y acelerar el proceso de registro, así como el proceso para establecer el estatuto de refugiado.
Observando la prohibición de la discriminación contra las minorías sexuales a que hace referencia el párrafo 2 del artículo 11 de la nueva Constitución del Ecuador, aprobada el 29 de septiembre de 2008, preocupan al Comité los informes de discriminación contra la mujer en este ámbito.
El Comité recomienda al Estado parte que vele por la investigación de esos casos y adopte las medidas correctivas necesarias con arreglo a la Constitución.
El Comité acoge con satisfacción las iniciativas emprendidas por el Ministerio de Educación y Cultura para eliminar el analfabetismo, incluso a través de programas como el denominado “Yo sí puedo”, pero observa con preocupación el alto nivel de analfabetismo de las mujeres rurales de habla nativa. A pesar de los esfuerzos del Estado parte por lograr la igualdad entre el hombre y la mujer en la educación formal y los progresos realizados en este sentido, el Comité sigue preocupado por las elevadas tasas de abandono escolar de mujeres y niñas, especialmente niñas indígenas, y las diferencias entre hombres y mujeres por lo que hace al acceso a la educación superior. El Comité observa además con preocupación que la elección de los estudios superiores sigue reflejando ideas estereotipadas con respecto a los ámbitos de educación apropiados para las mujeres.
El Comité alienta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos por erradicar el analfabetismo, en particular entre las mujeres rurales de habla nativa. Asimismo, insta al Estado parte a adoptar medidas, como, por ejemplo, estudios, para hacer frente a las causas profundas de la deserción escolar, entre ellas la pobreza y los factores relacionados con la discriminación y los estereotipos de género y promover el acceso de la mujer a la educación superior, incluso a través de fondos para becas. Además, el Comité alienta al Estado parte a que intensifique su labor para promover la inclusión de mujeres en carreras no tradicionales. El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe, proporcione información sobre las asignaciones presupuestarias para la educación pública en comparación con otros sectores. También pide información sobre los niveles de acceso a la escuela y de permanencia en ella, así como sobre los grados, desglosada por sexo y grupo étnico.
El Comité está alarmado por el alto índice de abusos y acosos sexuales contra niñas en las escuelas, así como de expulsiones o rechazos a causa de embarazos y violencia.
El Comité insta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos por proporcionar un ambiente educativo libre de discriminación y violencia, mediante, por ejemplo, campañas de sensibilización y la capacitación de los funcionarios y estudiantes de la escuela, la sensibilización de los niños a través de los medios de comunicación, la promoción de las perspectivas interculturales en la educación y el establecimiento de mecanismos para la presentación de informes y la rendición de cuentas a fin de garantizar que los culpables sean procesados.
El Comité está preocupado por las elevadas tasas de subempleo y desempleo de la mujer, especialmente en las zonas rurales, y por la segregación de la mujer en sectores de empleo en que predominan salarios bajos. Al Comité le preocupa que las mujeres perciban salarios más bajos que los hombres, especialmente en las zonas rurales, y que los hogares encabezados por mujeres tengan ingresos medios inferiores a los de los hogares encabezados por hombres, especialmente en las zonas urbanas.
El Comité recomienda que se intensifiquen los esfuerzos para mejorar el acceso de la mujer al empleo en el sector estructurado y eliminar la segregación ocupacional, en particular mediante un aumento de las oportunidades de educación y formación que conducen a empleos con salarios más elevados. El Comité alienta al Estado parte a que adopte medidas para reducir y eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres, mediante, por ejemplo, planes de evaluación de los puestos de trabajo en el sector público vinculados con aumentos de sueldo en los sectores donde predominan las mujeres. El Comité invita al Estado parte a que siga de cerca los efectos de las medidas adoptadas y las tendencias observadas a lo largo del tiempo y presente esta información en su próximo informe periódico.
El Comité está preocupado por los casos de discriminación de género en el lugar de trabajo, incluidos los despidos relacionados con la maternidad, y las prácticas laborales que discriminan a las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, las migrantes y las mujeres de ascendencia africana.
El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas legislativas y administrativas para prevenir la discriminación basada en el sexo en el lugar de trabajo, incluso haciendo públicos todos los casos en que hubo condenas. El Comité insta además al Estado parte a que adopte nuevas medidas para educar al público en general sobre el valor de la mujer en el lugar de trabajo. El Comité recomienda al Estado parte que ratifique el Convenio No. 183 de la Organización Internacional del Trabajo relativo al Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado) (No. 103).
El Comité sigue preocupado por la alta tasa de embarazo entre las adolescentes y mujeres jóvenes, especialmente en las zonas rurales. Al Comité también le preocupa la alta incidencia de mortalidad materna. El Comité observa con inquietud que la segunda causa de mortalidad materna es el aborto y se declara preocupado por el hecho de que no se registran todos los abortos realizados en condiciones peligrosas en el país ni se conocen sus repercusiones en la mortalidad materna. El Comité acoge con satisfacción la promulgación de la Ley de Maternidad Gratuita y el establecimiento de comités de usuarios para supervisar su aplicación. Sin embargo, preocupa al Comité la falta de recursos para hacer aplicar plenamente la ley, especialmente en las zonas rurales.
El Comité recomienda al Estado parte que refuerce las medidas para hacer frente a los embarazos de adolescentes, sobre todo indígenas y de ascendencia africana, mediante, por ejemplo, la asignación de recursos adecuados y específicos para el Plan de Prevención del Embarazo Adolescente y programas para ayudar a los y las adolescentes durante el embarazo. El Comité recomienda además que el Ministerio de Salud Pública emprenda una investigación o un estudio minuciosos sobre la cuestión de los abortos en condiciones peligrosas y sus efectos sobre la salud de la mujer, sobre todo la mortalidad materna, que sirva como base para la adopción de medidas legislativas y normativas para solucionar esta cuestión. El Comité insta además al Estado parte a que asigne recursos suficientes para la plena aplicación de facto de la Ley de Maternidad Gratuita y adopte medidas para garantizar que todas las mujeres accedan fácilmente a servicios de salud de buena calidad que tengan en cuenta las diferencias culturales.
Preocupa al Comité el creciente número de mujeres que contrae el VIH/SIDA y la falta de información sobre la incidencia del VIH/SIDA entre las mujeres indígenas y de ascendencia africana. Preocupa también al Comité el bajo porcentaje de mujeres que han sido sometidas a pruebas para la detección precoz del cáncer de útero, de cuello del útero o de mama.
El Comité recomienda al Estado parte que evalúe la incidencia del VIH/SIDA en las mujeres indígenas y de ascendencia africana, así como en las migrantes y las refugiadas. Asimismo, insta al Estado parte a reforzar el enfoque preventivo con respecto al VIH/SIDA, y el cáncer uterino, el cáncer de cuello del útero y el cáncer de mama. Además, el Comité invita al Estado parte a que incluya en el próximo informe más información, sobre todo sobre las tendencias observadas a lo largo del tiempo y las medidas adoptadas para abordar el ciclo de vida de las mujeres; la salud general y la salud reproductiva de las mujeres, incluidos los porcentajes y las causas de morbilidad y mortalidad de las mujeres en comparación con los hombres; las tasas de prevalencia de anticonceptivos; el espaciamiento de los hijos; las enfermedades que afectan a las mujeres y las niñas, sobre todo determinados tipos de cáncer; y la labor realizada por el Estado para mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de salud, en particular la planificación familiar y los servicios dirigidos a la prevención y el tratamiento del cáncer. El Comité recomienda al Estado parte que fortalezca el papel de los gobiernos locales y promueva una perspectiva intercultural en la prestación de los servicios de salud.
El Comité se congratula por la Ley de Participación Política y toma nota con satisfacción de que, por primera vez desde su promulgación, la Ley ha sido aplicada plenamente en las elecciones para la Asamblea Constituyente celebradas en 2007. El Comité también celebra los avances logrados en la representación de la mujer en todas las esferas de la vida pública. Con todo, todavía le preocupa que sigan existiendo obstáculos estructurales, políticos, culturales y socio-económicos a la participación de las mujeres, especialmente las mujeres indígenas y de ascendencia africana, en muchas esferas de la vida pública.
El Comité insta al Estado parte a velar por la aplicación sistemática de la legislación que tiene por finalidad garantizar la participación de la mujer en la vida pública y a adoptar otras medidas con ese objetivo, sobre todo medidas orientadas a las mujeres indígenas y de ascendencia africana. El Comité alienta al Estado parte a adoptar medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité. El Comité invita al Estado parte a que, en el próximo informe periódico, proporcione información amplia sobre la participación de la mujer en todas las esferas de la vida pública.
El Comité hace hincapié en que, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es indispensable la aplicación plena y efectiva de la Convención. Insta al Estado parte a que incorpore una perspectiva de género y se remita de forma explícita a las disposiciones de la Convención en todas las actividades destinadas a alcanzar dichos Objetivos, y le pide que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité señala que la adhesión de los Estados a los nueve principales instrumentos internacionales de derechos humanos29 potencia el disfrute por la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, alienta al Gobierno del Ecuador a que ratifique los tratados en los que todavía no es parte, a saber, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo.
El Comité pide que se dé amplia difusión en el Ecuador a las presentes observaciones finales a fin de que la población, incluidos los funcionarios públicos, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, conozca las medidas que se han tomado para garantizar la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y mujeres, así como las que todavía quedan por tomar a ese respecto. El Comité pide también al Estado parte que siga incrementando la difusión, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, de la Convención, su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
Párrafo 1 del artículo 20
El Comité alienta al Estado parte a que acepte, lo antes posible, la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativa a la periodicidad y duración de las reuniones del Comité.
El Comité pide al Estado parte que le proporcione por escrito, en un plazo de dos años, información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 13 y 15 supra. El Comité pide también al Estado parte que considere la posibilidad de solicitar cooperación y asistencia técnica, como servicios de asesoramiento, en caso necesario y cuando proceda, a fin de aplicar las recomendaciones anteriores.
El Comité pide al Estado parte que responda a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales en el próximo informe periódico que prepare con arreglo al artículo 18 de la Convención. El Comité invita al Estado parte a que le presente sus informes periódicos combinados octavo y noveno en 2012.
5º Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados del Ecuador.30
El Comité examinó los informes periódicos combinados octavo y noveno del Ecuador (CEDAW/C/ECU/8-9) en sus sesiones 1281a y 1282a de 19 de febrero de 2015 (véase CEDAW/C/SR.1281 y 1282). En el documento CEDAW/C/ECU/Q/8-9 figura la lista de cuestiones y preguntas del Comité, y en el documento CEDAW/C/ECU/Q/8-9/Add.1 pueden verse las respuestas del Ecuador.
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones31
El Comité destaca la función fundamental del poder legislativo de garantizar la plena aplicación de la Convención (véase la declaración del Comité sobre “La relación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con los parlamentarios”, 45º período de sesiones, 2010). Invita al Parlamento, de conformidad con su mandato, a adoptar las medidas necesarias para la aplicación de las presentes observaciones finales antes del próximo proceso de presentación de informes del Estado parte con arreglo a la Convención.
Visibilidad de la Convención, el Protocolo Facultativo y las observaciones finales del Comité
El Comité observa con interés que, en virtud del artículo 417 de la Constitución del Ecuador, la Convención y otros tratados internacionales de derechos humanos son directamente aplicables ante los tribunales. En cambio, el Comité observa con preocupación la falta de visibilidad y de conocimiento de la Convención entre las autoridades públicas. Observa también que los tribunales nacionales han aplicado directamente las disposiciones de la Convención solo en algunos casos relacionados con los derechos de la mujer. El Comité manifiesta su preocupación por la ausencia de una estrategia para la aplicación de sus anteriores observaciones finales (CEDAW/C/ECU/CO/7) y de información sobre las actividades para lograr una mayor conciencia sobre la Convención y su Protocolo Facultativo en la sociedad.
El Comité recomienda que el Estado parte vele por que la Convención, el Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité, además de las opiniones adoptadas sobre comunicaciones particulares, formen parte integrante de la formación profesional de jueces, fiscales, abogados, agentes de policía y funcionarios públicos. El Comité recomienda también que el Estado parte establezca un plan de acción para aplicar las presentes observaciones finales, que cuente con la participación de las autoridades en las diversas ramas del Gobierno y en diferentes niveles. Recomienda asimismo que el Estado parte realice actividades para dar a conocer el contenido de la Convención de forma permanente e invite a las organizaciones de mujeres a participar en esas actividades de concienciación, haciendo especial hincapié en las medidas para llegar a las mujeres de las zonas rurales y remotas, mediante la cooperación con los medios de comunicación y el uso de tecnología accesible.
Legislación sobre la discriminación contra la mujer
El Comité acoge favorablemente la adopción del Código Orgánico Integral Penal, en el que se específica que el femicidio (art. 146) y la discriminación por motivos de sexo, identidad de género, orientación sexual y otros motivos (art. 176) constituyen una conducta delictiva. Celebra también el amplio marco legislativo y normativo del Estado parte para la eliminación de la discriminación contra la mujer. No obstante, el Comité manifiesta las siguientes preocupaciones:
Los desafíos a la aplicación eficaz de dicho marco, en particular en el plano local y en las zonas remotas, y el lento progreso en la introducción de cambios en las instituciones necesarios para hacer cumplir la legislación y las políticas públicas;
La discriminación de facto e intersectorial que sufren las mujeres indígenas, afroecuatorianas y montubias, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres solicitantes de asilo y mujeres refugiadas, y la limitada información desglosada por sexo, etnia y condición social sobre los efectos de la legislación y las políticas en la situación de las mujeres.
Acelere la aplicación de la legislación y las políticas encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer en todos los campos que abarca la Convención, en particular mediante la adopción de plazos concretos, y conceda prioridad a la asignación de recursos humanos y financieros en las zonas rurales y remotas;
De conformidad con el artículo 2 de la Convención y la recomendación general núm. 28 del Comité sobre las obligaciones básicas de los Estados partes con arreglo a ese artículo, adopte metas, líneas de acción e indicadores específicos para hacer frente a las múltiples formas de discriminación contra la mujer y tener debidamente en cuenta las necesidades específicas de los contextos culturales de las mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos;
Establezca mecanismos para recopilar información sobre la situación y progreso en la realización de los derechos de las mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos marginados y realizar una evaluación oportuna, en el marco de la legislación y políticas nacionales y sectoriales relacionadas con diversas disposiciones de la Convención.
Acceso a la justicia y a mecanismos jurídicos de denuncia
El Comité toma nota de la información facilitada por la delegación del Estado parte durante el diálogo sobre la aplicación de un acuerdo entre las ramas del Gobierno para facilitar el acceso a la justicia en las zonas rurales. No obstante, el Comité observa con preocupación que las unidades judiciales especializadas encargadas de hacer cumplir las disposiciones jurídicas relativas a la violencia contra la mujer no abarcan todas las zonas del Estado parte. El Comité observa también con preocupación que varios factores limitan el acceso de la mujer a la justicia, en particular la ausencia de procedimientos que incorporen la perspectiva de género, la estigmatización de las mujeres que incoan casos ante los tribunales y la limitada capacitación de los agentes de policía. Toma nota de los obstáculos con que se encuentran las mujeres indígenas para obtener acceso a los sistemas de justicia tanto ordinaria como tradicional y de la ausencia de información sobre los procedimientos de reparación e indemnización disponibles.
Asignar los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para el establecimiento y funcionamiento de unidades judiciales especializadas sobre la violencia contra la mujer en todos los cantones y, en particular, en las zonas rurales y remotas y adoptar directrices para conseguir que se aplique sin demora el acuerdo entre las distintas ramas del Gobierno sobre la intervención de la justicia en los casos de violencia contra la mujer;
Supervisar la aplicación de los protocolos para la realización de enjuiciamientos en los casos de violencia contra la mujer (resolución núm. 154-2014 del Consejo de la Judicatura., facilitar el acceso de la mujer a la justicia logrando una mayor conciencia entre las mujeres y los hombres a fin de eliminar la estigmatización que sufren las mujeres que exigen el respeto de sus derechos, y ofrecer capacitación sistemática a los jueces, fiscales, agentes de policía y otros agentes encargados de hacer cumplir la ley sobre la aplicación estricta de la legislación que prohíbe la discriminación y la violencia contra la mujer;
Adoptar medidas para armonizar las competencias de los sistemas de justicia ordinaria y tradicional para atender las denuncias de mujeres pertenecientes a grupos étnicos, y garantizar que las mujeres tengan acceso a recursos mediante la disponibilidad adecuada de intérpretes, ayuda letrada, gratuita en caso necesario, e indemnizaciones adecuadas, de conformidad con su cultura y tradiciones.
El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado parte para conseguir la incorporación del género en los diversos aspectos de las políticas y programas nacionales, así como la aprobación de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad de 2014, que establece el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, y dotar a los consejos locales para la protección de los derechos con el mandato de proteger a grupos determinados de la población, incluidas las mujeres. No obstante, el Comité observa con preocupación:
Que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género carece de un mandato claro para liderar y coordinar el diseño y ejecución de políticas de igualdad de género en las entidades respectivas de alcance nacional y local y que el porcentaje del presupuesto oficial asignado a la aplicación de políticas de igualdad de género está disminuyendo;
Que no se ha otorgado a ninguna institución del poder ejecutivo el mandato específico de supervisar la incorporación de la perspectiva de género;
Que los consejos locales para la protección de los derechos carecen de un mandato y de orientaciones específicas para promover la igualdad entre las mujeres y los hombres y proteger los derechos de la mujer;
Que la cooperación entre el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de las cuestiones relacionadas con los derechos de la mujer en el Estado parte es insuficiente y debe aumentar.
Refuerce la autoridad y el rango del representante del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, incremente la capacidad del Consejo de influir en el diseño y aplicación de las políticas públicas sobre igualdad de género, intensifique su función de coordinación en todos los niveles del Gobierno, en particular en el plano ministerial, y le dote de los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para que desempeñe sus deberes;
Examine la posibilidad de transferir a un departamento del Gabinete la responsabilidad específica de la aplicación de la estrategia para la incorporación de la perspectiva de género en el plano nacional;
Vele por que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género establezca mecanismos de rendición de cuentas a fin de supervisar y evaluar la aplicación de las políticas para promover y proteger los derechos de la mujer y que las autoridades nacionales y locales incorporen de manera coherente la igualdad de género en sus agendas;
Garantice la participación sistemática de las organizaciones de mujeres en los procesos del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y otros procesos de toma de decisiones referentes a la protección de los derechos de la mujer en los distintos sectores de alcance nacional y local.
El Comité acoge favorablemente las disposiciones constitucionales y legislativas adoptadas por el Estado parte para acelerar la igualdad entre hombres y mujeres en los ámbitos de la participación política y económica. En cambio, le preocupa la limitada aplicación de esas disposiciones en el plano local. Observa con preocupación la ausencia de información sobre la adopción de medidas especiales de carácter temporal destinadas a reducir la discriminación contra las mujeres indígenas, afroecuatorianas y montubias, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad.
Vele por que las autoridades públicas apliquen con eficacia medidas especiales de carácter temporal de alcance local y supervisen y evalúen los efectos y resultados en las áreas en las que las mujeres están infrarrepresentadas;
Distingan en sus políticas y programas entre las políticas sociales y económicas generales que también benefician a las mujeres y las medidas especiales de carácter temporal previstas en el artículo 4 1) de la Convención, que son necesarias para acelerar el logro de la igualdad sustantiva de mujeres y hombres, como aclara el Comité en su recomendación general núm. 25 sobre esta materia, y apliquen esas medidas con objetivos y calendarios concretos para acelerar el logro de la igualdad de género sustantiva de grupos desfavorecidos de mujeres, como las mujeres indígenas, afroecuatorianas y montubias, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad en ámbitos como la participación política, la educación, el empleo y la salud.
Al Comité le preocupa la persistencia de estereotipos sociales y culturales muy arraigados en el Estado parte que sustentan formas de discriminación contra la mujer, la violencia y la desigualdad en los ámbitos de la participación política, la educación, la vida económica y la salud y ponen en peligro el empoderamiento de la mujer en la familia y en la sociedad. Además, el Comité observa que las campañas para combatir los estereotipos discriminatorios se han centrado exclusivamente en la violencia contra la mujer y la falta de medidas orientadas a aplicar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en varias esferas de la vida pública y privada. Preocupa también al Comité que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado parte, se mantenga la práctica de la “deshomosexualización” en dispensarios establecidos inicialmente para el tratamiento de la drogadicción.
Elaborar una estrategia amplia orientada a las mujeres, hombres, niñas y niños con el fin de eliminar las actitudes estereotipadas patriarcales y basadas en el género acerca de las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad, con especial atención a los grupos desfavorecidos y marginados de mujeres, reforzar las campañas de concienciación en el plano comunitario e incluir la educación sobre los derechos de la mujer en los programas de estudio escolares;
Reforzar el papel del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación en la capacitación de personas que trabajan en los medios de comunicación sobre la igualdad de género y realizar campañas para combatir los estereotipos de género, que permitan la participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de mujeres;
Velar por que la aplicación del artículo 176 del Código Orgánico Integral Penal sobre la discriminación basada en la identidad de género y la legislación que prohíbe prácticas de deshomoxesualización, adoptar medidas específicas y establecer un mecanismo para supervisar periódicamente las instituciones de tratamiento de la drogadicción y aplicar sanciones adecuadas.
El Comité expresa su profunda preocupación por:
La gran incidencia de diversas formas de violencia contra la mujer, en particular violencia sexual, incluidas la violación y el hostigamiento sexual, que afecta a una alta proporción de mujeres y niñas;
La falta de una estrategia para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y la decisión de suspender la aplicación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género en el contexto del proceso de reforma institucional;
La falta, en el marco de los procedimientos actuales en casos de violencia contra la mujer, de mecanismos sumarios, eficientes y rápidos para la adopción de órdenes de alejamiento contra quienes cometen actos de violencia contra mujeres;
El limitado acceso de las mujeres víctimas de la violencia a recursos y mecanismos de reparación tales como centros de acogida, asesoramiento psicosocial y rehabilitación, en razón de la falta de fondos con cargo al presupuesto público;
La falta de información acerca de las medidas adoptadas por el Estado parte para aplicar el artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal, relativo a la reparación, la rehabilitación de las mujeres víctimas de la violencia, la indemnización y las garantías de no repetición; y
La información acerca de actos de violencia contra mujeres lesbianas bisexuales y transgénero, que incluyen denuncias de malos tratos a manos de la policía, y la falta de estadísticas oficiales acerca de las denuncias y de las causas interpuestas ante el sistema de justicia penal.
El Comité, recordando su recomendación general núm. 19, sobre la violencia contra la mujer (1992), insta al Estado parte a:
Perseverar en sus esfuerzos por mejorar el sistema de reunión sistemática de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados por edad, tipo de violencia y relación entre el autor y la víctima;
Agilizar la aprobación de un completo plan de acción nacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, que comprenda la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer, tales como la física, la sicológica y la económica, establezca un presupuesto y un marco cronológico adecuados y prevea la realización de programas de educación y toma de conciencia;
Promulgar legislación que disponga la inmediata protección de la mujer víctima de violencia cuando presente la primera denuncia de ella, incluso mediante órdenes de alejamiento contra el autor
Asegurarse de que haya suficientes centros de acogida financiados por el Estado a disposición de las víctimas de la violencia doméstica y sus hijos y de que las mujeres que vivan en zonas rurales o remotas y las mujeres con discapacidad tengan plenamente a su alcance servicios de apoyo tales como el asesoramiento y la rehabilitación;
Definir el alcance de las medidas de reparación para las mujeres víctimas de distintas formas de violencia, con inclusión de los criterios para la aplicación judicial de medidas de restitución, indemnización, beneficios simbólicos, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición; y
Establecer un sistema para fiscalizar sistemáticamente los casos de violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y cerciorarse de que los autores sean procesados y sancionados, así como impartir formación para jueces, fiscales, agentes de policía y otros agentes del orden sobre la igualdad de la mujer en todos los campos, como se dispone en la recomendación general núm. 28 (2010) y sobre las obligaciones básicas que impone a los Estados partes el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
El Comité toma nota de que el Código Orgánico Integral Penal sanciona la trata de personas y la explotación sexual. Sin embargo, observa con preocupación que:
El Estado parte es país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, en particular mujeres y niñas, con fines de explotación sexual y trabajo forzado y que la trata y la explotación sexual de mujeres adolescentes tiene lugar, en particular, en zonas fronterizas, especialmente en las provincias de Sucumbios, Calchi y Esmeralda;
Falta un sistema para reunir datos desglosados por sexo y edad sobre las víctimas de la trata en el marco del Plan Nacional de lucha contra la trata y la explotación sexual y de otra índole;
El número de centros de acogida financiados por el Estado para mujeres y niñas víctimas de la trata es insuficiente y no hay servicios especializados para la reintegración de las víctimas a través, entre otras cosas, de la formación para el empleo, la enseñanza, el asesoramiento y la rehabilitación;
El prolongado período de tiempo que se prevé en el Código Integral Penal para el procesamiento y la condena de autores de actos de trata con arreglo a las nuevas disposiciones de este; y
La falta de información desglosada sobre las mujeres que se dedican a la prostitución y programas de ayuda para las mujeres que desean abandonarla.
Redoble sus esfuerzos por aplicar el Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y la Agenda Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana y lleve a cabo una fiscalización sistemática y evaluaciones periódicas de esa aplicación, con inclusión de la reunión y el análisis de datos sobre la trata dentro del país y a través de sus fronteras y sobre la explotación de la mujer en la prostitución;
Adopte un mecanismo de remisión e identificación para las víctimas de la trata y mejore la asignación de fondos para centros de acogida, la prestación de servicios de asesoramiento y rehabilitación y la asistencia psicosocial a las víctimas;
Establezca programas que apunten a abrir posibilidades de integración en la sociedad de las víctimas de la trata y considere la posibilidad de concederles permisos de residencia temporal para prevenir que sean de nuevo víctimas;
Aumente la capacidad de las autoridades judiciales y la policía para realizar investigaciones sobre la trata teniendo en cuenta las cuestiones de género y sancionar a sus autores de conformidad con el Código Integral Penal y estreche la cooperación bilateral con los Estados de origen de las víctimas de la trata a fin de identificar y sancionar a los autores; y
Adopte medidas para proteger de la explotación a las mujeres que se dedican a la prostitución a través de redes y sistemas de información para facilitar las denuncias ante la policía y establezca programas para promover la reintegración de las mujeres y las niñas que quieran abandonar la prostitución ofreciendo, entre otras cosas, medios alternativos de ganarse la vida.
El Comité encomia al Estado parte por haber adoptado un sistema de paridad entre los géneros y alternabilidad de candidatos y candidatas en las listas electorales para elecciones pluripersonales. Sin embargo, observa con preocupación que la representación de la mujer en las elecciones unipersonales y en los órganos políticos locales sigue siendo limitada, especialmente en el caso de las mujeres indígenas y afroecuatorianas.
Adopte medidas para aumentar la participación de la mujer en elecciones unipersonales y en órganos políticos, especialmente a nivel local; y
Aplique medidas especiales y temporales para aumentar la participación de las mujeres indígenas y afroecuatorianas en la vida pública, entre otras cosas fijando cuotas obligatorias e impartiendo formación específica sobre la participación en la vida pública.
Prepare y ponga en práctica sin demora una campaña nacional para eliminar la violencia sexual contra las niñas en el sistema educacional y se cerciore de que las niñas y las mujeres tengan recursos efectivos para denunciar actos de violencia sexual, así como de que tengan información sobre sus derechos sexuales y reproductivos;
Establezca en las escuelas grupos multidisciplinarios de trabajo para prevenir casos de violencia sexual y hostigamiento sexual y hacerles frente, vigile muy de cerca la situación, y reciba las denuncias sobre actos de violencia sexual o de otras formas de violencia contra las alumnas en particular y actúe cuando sean formuladas;
Se asegure de que las víctimas de hostigamiento y violencia sexual en el sistema educacional tengan acceso a reconocimientos médicos y asistencia sicológica y social, la posibilidad de cambiar de escuela dentro del sistema educacional y acceso a servicios de asesoramiento psicológico, incluso para los padres;
Imparta formación obligatoria e instrucciones a los jueces, los fiscales, la policía y el personal docente sobre la investigación, el procesamiento y la condena prontos y efectivos de los autores de actos de violencia sexual en las escuelas; y
Agilice los procedimientos judiciales que ya se hayan interpuesto contra imputados por actos de violencia sexual en las escuelas, agilice las investigaciones de oficio con arreglo al acuerdo concertado entre el Ministerio de Educación y la Fiscalía General de la Nación y adopte medidas de reparación, que incluyan una indemnización económica para las víctimas y sus familias.
El Comité toma nota de que ha aumentado en el Estado parte la matrícula de niñas, especialmente en el ciclo primario de la enseñanza. Sin embargo, observa con preocupación:
El acceso limitado a la educación de las mujeres indígenas y afroecuatorianas y la baja calidad de la enseñanza en todos los ciclos en las zonas rurales, que limita las posibilidades de las mujeres de esas zonas de pasar a la enseñanza superior; y
Las reducidas posibilidades de las mujeres y niñas indígenas de asistir a sus propias instituciones educacionales, así como al sistema educacional ordinario en razón de las distancias a que se encuentran las escuelas (Escuelas del milenio) de las comunidades indígenas, y los discursos públicos en los que se resta importancia y trascendencia a la educación para las comunidades indígenas.
Aumente la calidad de la enseñanza en las zonas rurales, proporcione transporte escolar gratuito a las mujeres y las niñas de zonas rurales y remotas y promueva el acceso de la mujer rural a la educación facilitando su matrícula en escuelas secundarias e instituciones terciarias; y
Se asegure de que las mujeres y niñas indígenas tengan posibilidades suficientes de recibir instrucción en sus propios idiomas en instituciones educacionales indígenas y, a esos efectos, asigne en el presupuesto fondos suficientes y se asegure de que las que hayan asistido a una institución educacional indígena puedan asistir a instituciones no indígenas en todos los ciclos de la enseñanza.
El Comité observa con preocupación que las mujeres están concentradas en el sector informal, especialmente las que pertenecen a grupos desaventajados y marginados, así como que no hay información acerca de la participación de la mujer en puestos de adopción de decisiones en el sector privado. El Comité, al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para dar reconocimiento al trabajo doméstico y dar a las trabajadoras domésticas acceso a la seguridad social, observa con preocupación la falta de información acerca de la situación real de esas trabajadoras. Observa también con preocupación que no se fiscalizan suficientemente las condiciones de trabajo de la mujer en los sectores público y privado, con inclusión de las actividades en los sectores de la minería y el petróleo, y que no existe un mecanismo para fiscalizar y prevenir el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. Le preocupa además la falta de medidas para promover la igual participación del hombre en las obligaciones familiares.
Promueva el acceso de la mujer al empleo formal, mediante medidas especiales temporales entre otras cosas, como puestos reservados para mujeres en las empresas e insta a que se ofrezcan puestos de trabajo exclusivamente a candidatas mujeres;
Apruebe, en consulta con el sector privado, un plan nacional de acción para que los sistemas de seguridad social abarquen a un mayor número de mujeres que trabajen en el sector informal;
Ponga en práctica un mecanismo para reunir información acerca de la representación de la mujer en el sector privado y formule estrategias a fin de promover que la mujer ocupe cargos directivos dándole formación en competencia administrativa y adopte medidas encaminadas a conciliar las obligaciones en el trabajo y en la familia;
Adopte medidas eficaces para eliminar la segregación en el empleo, tanto horizontal como vertical, mediante el establecimiento de un mayor número de programas especializados de formación en el empleo para distintos grupos de mujeres, que tengan en cuenta a las jóvenes en particular y a distintos sectores de la economía;
Fiscalice las condiciones de trabajo de las empleadas domésticas, incluso mediante inspecciones periódicas de los lugares en que trabajan para promover su plena participación en los planes de seguridad social;
Establezca un sistema para fiscalizar y prevenir el hostigamiento sexual de la mujer en el lugar de trabajo y aliente a las víctimas de hostigamiento sexual a denunciarlo; y
Ponga en vigor una legislación que establezca y aplique el concepto de paternidad compartida, así como programas que apunten a reforzar las obligaciones comunes de la madre y el padre.
El Comité toma nota de los numerosos esfuerzos realizados por el Estado parte para mejorar la situación sanitaria de su población y observa con preocupación:
El limitado acceso de la mujer al aborto terapéutico, por lo cual tiene que recurrir a abortos practicados en condiciones peligrosas, así como los casos en que personal de salud denuncia a la policía o al poder judicial a las mujeres que necesitan atención médica después de un aborto o quieren que se practique un aborto, con lo cual incumple su deber de confidencialidad;
La negativa expresada durante los debates parlamentarios sobre el Código Integral Penal a despenalizar el aborto incluso en casos de violación, sin tener en cuenta los casos de incesto o de malformaciones graves del feto;
La elevada tasa de embarazos y de mortalidad materna en la adolescencia;
El limitado acceso de la mujer a anticonceptivos modernos y servicios de planificación de la familia, el prejuicio contra esos métodos que impera en el sistema de salud y entre quienes prestan servicios de salud y que hay personal de salud que recurre a la objeción de conciencia para impedir que la mujer tenga acceso a métodos anticonceptivos modernos; y
Los obstáculos con que tropiezan las mujeres indígenas, afroecuatorianas y montubias para que los servicios de salud atiendan sus necesidades y respeten sus ideas sobre la salud, incluida la práctica de las mujeres indígenas del “parto vertical”.
Ponga en práctica como cuestión prioritaria la Guía Práctica Clínica para el aborto terapéutico, imparta formación a todo el personal de salud a que concierna, de manera que las condiciones para el aborto terapéutico se interpreten de manera uniforme en todo el país, y evalúe periódicamente los resultados de la aplicación de la Guía;
Respete la obligación de confidencialidad en el sistema de atención de salud y apruebe protocolos y establezca cursos de derechos humanos para quienes prestan servicios de salud respecto de su obligación de respetar la privacidad y confidencialidad de las mujeres que acuden a servicios de salud reproductiva y sexual;
Despenalice el aborto en casos de violación, incesto y malformaciones graves del feto, de conformidad con la recomendación general núm. 24 (1999) del Comité, sobre la mujer y la salud;
Se asegure de que todas las mujeres y niñas tengan acceso a métodos anticonceptivos modernos y proporcione a los jóvenes de ambos sexos información apropiada a su edad y educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos a fin de reducir los embarazos en la adolescencia;
Se asegure de que el proyecto de Código Orgánico de Salud esté basado en un concepto amplio de la salud, que incluya los factores físicos, mentales y sociales determinantes de la salud y se refiera en particular a la salud sexual y reproductiva; y
Adopte el proyecto de ley de práctica intercultural para el parto acompañado en el sistema nacional de salud, a fin de hacer reconocer esa práctica.
El Comité acoge con beneplácito la información relativa a la utilización de bonos de desarrollo humano (BDH) para luchar contra la pobreza en el Estado parte. Le preocupa, sin embargo, que la proporción de mujeres que obtiene microcréditos sea más baja que la de hombres (26% en comparación con un 74%), y que lo mismo ocurra con los préstamos concedidos por el Fondo de Desarrollo (18% de los préstamos en comparación con un 82%).
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas temporales especiales para aumentar el número de beneficiarias del microcrédito y de préstamos concedidos con cargo al Fondo de Desarrollo.
El Comité toma nota de la información proporcionada en el curso del diálogo respecto del proyecto de ley sobre la protección de las mujeres, incluidas las que son cabeza de familia, en la tenencia de la tierra. Sin embargo, le preocupan las dificultades con que tropiezan las mujeres de las zonas rurales para obtener el reconocimiento oficial de títulos de dominio sobre la tierra.
El Comité recomienda que el Estado parte acelere la aplicación del programa “SigTierras” a fin de registrar el dominio y la tenencia de tierras de mujeres rurales y adopte un programa nacional encaminado a regularizar la tenencia de la tierra que permita la participación efectiva de las organizaciones de mujeres rurales en esos procesos.
Las mujeres indígenas, afroecuatorianas y montubias
El Comité observa con preocupación que no hay información acerca de las medidas adoptadas por el Estado parte para proteger a las mujeres indígenas, afroecuatorianas y montubias en el contexto de proyectos en gran escala de explotación de recursos naturales. En particular, le preocupa que a menudo no se dé participación a las mujeres pertenecientes a esos grupos en los procesos de adopción de decisiones y no siempre se recabe su consentimiento libre, previo e informado a ellos, a pesar de la repercusión que tienen los proyectos de esa índole en sus condiciones de vida.
El Comité insta al Estado parte a que consulte sistemáticamente a las mujeres indígenas, afroecuatorianas y montubias y recabe su consentimiento libre, previo e informado a los procesos de adopción de decisiones relativas a proyectos en gran escala de explotación de recursos naturales que hayan de tener efectos en sus derechos e intereses legítimos. El Estado parte debería además proporcionar vivienda alternativa y medios de vida adecuados a las mujeres afectadas y asegurarse de que las empresas públicas y privadas que ejecuten proyectos de explotación de recursos naturales paguen una indemnización suficiente a las mujeres que viven en territorios y zonas en que tengan lugar esos proyectos.
Las mujeres migrantes y refugiadas
Preocupa al Comité que no se hayan tomado medidas para preservar los derechos procesales de la mujer en el contexto de los procedimientos para la determinación del estatuto de refugiado, como entrevistas individuales, entrevistadoras mujeres e intérpretes. Le preocupa también el plazo obligatorio y muy reducido que fija el Decreto ejecutivo núm. 1182 para solicitar el reconocimiento del estatuto de refugiado y sus consecuencias para la mujer, en particular la falta de servicios sociales básicos y atención de la salud para quienes estén en situación irregular, así como el peligro de explotación sexual y trata de personas a que están expuestas.
El Comité recomienda que el Estado parte adopte protocolos para llevar a cabo el proceso de determinación del estatuto de refugiado en forma que tenga en cuenta las cuestiones de género y respetando plenamente los derechos procesales de la mujer, dándoles en particular la posibilidad de que haya entrevistas individuales, entrevistadoras mujeres e intérpretes, así como estableciendo mecanismos para protegerlas de represalias de sus familias o comunidades. Recomienda asimismo que la legislación sobre el alcance de la migración tenga suficientemente en cuenta el peligro a que están expuestas las mujeres víctimas de persecución en sus países de origen y se cerciore de que las mujeres en situación irregular tengan servicios sociales básicos y atención médica de emergencia y estén protegidas de la explotación sexual y laboral.
El Comité observa con profunda preocupación:
Las disposiciones del Código Civil que autorizan el matrimonio de niñas a partir de los 12 años de edad y la demora en modificar esas disposiciones;
La disposición del Código Civil que designa al marido como administrador de la sociedad conyugal (art. 180);
El hecho de que, si bien el Código Civil dispone que los bienes adquiridos durante el matrimonio se considerarán bienes comunes, que deberán dividirse a partes iguales en caso de divorcio, los bienes intangibles, como las prestaciones relacionadas con el empleo, no se incluyen como parte de la sociedad conyugal; y
La falta de medidas en los planes de seguridad social para asegurar el pago de la pensión alimentaria en caso de que los ex cónyuges no la paguen.
Acelerar la derogación de las disposiciones del Código Civil relativas al matrimonio infantil y garantizar que las nuevas disposiciones estén en conformidad con el artículo 16 2) de la Convención;
Acelerar la enmienda del Código Civil con el fin de derogar la disposición que designa al esposo como administrador de la propiedad conyugal;
Adoptar medidas jurídicas adecuadas para incluir los bienes intangibles (es decir, fondos de pensiones, pagos por cese en el empleo o seguros) acumulados durante la relación entre los bienes comunes que deberán dividirse a partes iguales cuando se disuelva la relación;
Realizar investigaciones sobre las consecuencias económicas del divorcio para ambos cónyuges, teniendo en cuenta la duración del matrimonio y el número de hijos, y adoptar las medidas jurídicas necesarias para corregir las posibles diferencias económicas entre hombres y mujeres al disolverse una relación, de conformidad con la recomendación general núm. 29 del Comité sobre el artículo 16 de la Convención (consecuencias económicas del matrimonio, relaciones familiares y su disolución);
Considerar la posibilidad de adoptar medidas para imponer el pago de las pensiones alimentarias en los casos en que los antiguos cónyuges no cumplen su obligación de pagar.
El Comité pide al Estado parte que utilice la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en sus esfuerzos por aplicar las disposiciones de la Convención.
El Comité exhorta a la integración de la perspectiva de género, de conformidad con las disposiciones de la Convención, en todos los esfuerzos encaminados al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el marco de desarrollo para después de 2015.
El Comité recuerda la obligación del Estado parte de aplicar de forma sistemática e ininterrumpida las disposiciones de la Convención. Exhorta al Estado parte a que preste atención prioritaria a la aplicación de las presentes observaciones finales y recomendaciones desde ahora hasta la presentación del próximo informe periódico. Por ello, el Comité pide que las presentes observaciones finales se divulguen de forma oportuna en el idioma oficial del Estado parte entre las instituciones estatales pertinentes en todos los niveles (nacional, regional y local), en particular en el Gobierno, los ministerios, la Asamblea Nacional y la judicatura, para hacer posible su plena aplicación. Alienta al Estado parte a colaborar con todas las partes interesadas, incluidas las asociaciones de empleadores, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos y de mujeres, las universidades, las instituciones de investigación y los medios de comunicación. Recomienda que las presentes observaciones finales se divulguen de manera adecuada en las comunidades locales para hacer posible su aplicación. Además, el Comité pide al Estado parte que continúe divulgando entre todas las partes interesadas la Convención y su Protocolo facultativo y la jurisprudencia pertinente, además de las recomendaciones generales del Comité.
El Comité recomienda que el Estado parte vincule la aplicación de la Convención con sus iniciativas de desarrollo y que utilice la asistencia técnica regional e internacional disponible con ese fin, en particular por conducto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Comité pide al Estado parte que, en el plazo de dos años, facilite información escrita sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 21 a., b. y d. y 33 c. supra.
10 a 21 de Marzo de 1986; Suplemento N. 38 (A/43/45)↩
17 de Enero a 4 de Febrero 1994; Suplemento N. 38 (A/49/38)↩
Se han aprobado las siguientes leyes que contienen normas de discriminación positiva para la mujer: - Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia (publicada en el Registro Oficial No. 839 de 11 de diciembre de 1995) que tipifica y sanciona la violencia física, psicológica y sexual perpetrada contra la mujer y los integrantes del núcleo familiar o de éstos en contra de aquella, además establece ocho medidas preventivas de protección a la mujer que es víctima de violencia doméstica; - Ley de Amparo Laboral a la Mujer (publicada en el Registro Oficial No. 124, de 6 de febrero de 1997) que contiene medidas de discriminación positiva que modifican la Ley de Partidos Política, la Ley Orgánica de la Función Judicial y el Código de Trabajo; y, - Ley Reformatoria a la Ley de Maternidad Gratuita (publicada en el Registro Oficial No. 381, de 10 de agosto de 1998) que establece el derecho a la atención gratuita y de calidad durante el embarazo, parto y post parto así como el acceso a programas de salud sexual y reproductiva.↩
La Dirección Nacional de la Mujer fue reemplazada por el Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, por disposición del Decreto Ejecutivo 764, publicado en el Registro Oficial No. 182 S, de 28 de octubre de 1997. El CONAMU es el organismo adscrito a la Presidencia de la República -autónomo, con patrimonio y régimen administrativo y financiero propios- encargado de coordinar las políticas públicas en materia de género.↩
Deuda pendiente.↩
La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia (publicada en el Registro Oficial No. 839 de 11 de diciembre de 1995) tipifica y sanciona la violencia física, psicológica y sexual perpetrada contra la mujer y los integrantes del núcleo familiar o de éstos en contra de aquella, además establece ocho medidas preventivas de protección a la mujer que es víctima de violencia doméstica. Así mismo, en la actualidad funcionan en el país 31 Comisarías de la Mujer y la Familia encargadas de aplicar la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia; Comisarías que fueron instauradas desde 1994.↩
Deuda pendiente: Aún existen algunos sectores de las mujeres, como las indígenas y afro descendientes, que no participan dentro del CONAMU.↩
30 de junio a 18 de julio de 2003, Suplemento No. 38 (A/58/38)↩
Deuda pendiente: Aún no se han compatibilizado totalmente las leyes penales, civiles y familiares con los preceptos de la Convención, pese a los esfuerzos que se han realizado, entre los que se cuenta, la promulgación de la ley reformatoria al Código Penal, publicada en el Registro Oficial No. 45 de 23 de junio del 2005, mediante la cual se tipifica como delitos la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y la trata de personas, se incorpora algunas agravantes a los delitos sexuales y se establece que quien hiere o ata para defenderse de la violencia sexual no será sancionado; pero, fundamentalmente, no se ha incorporado una perspectiva de género en la formulación y aplicación de las leyes ecuatorianas, lo cual ha determinado que se mantenga la disparidad entre la formalidad y la realidad en la protección legal de la mujer.↩
Aún no se ha promulgado una ley que institucionalice y regule las actividades del Consejo Nacional de las Mujeres ni tampoco se ha concretado la participación de los movimientos de mujeres indígenas y afro descendientes al interior de dicho Consejo.↩
En el mes de marzo del 2006 se terminó de elaborar el Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-2009 el cual contiene las directrices que deben cumplir las instancias e instituciones encargadas del diseño, formulación y ejecución de las políticas públicas del Estado ecuatoriano, y en el que se establecen los mecanismos para favorecer la igualdad de las mujeres de toda edad, etnia y grupo social; este plan ha sido declarado como política de Estado.↩
Deuda pendiente: No se ha desarrollado una política general de erradicación de la pobreza que incorpore el enfoque de género y de atención específica a las mujeres rurales e indígenas.↩
El 23 de junio del 2005, con la expedición de la Ley reformatoria al Código Penal, publicada en el Registro Oficial No. 45 de la misma fecha, se tipificó como delitos la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, ya sea que se manifiesten como prostitución, pornografía y turismo sexual, así como la trata de personas, con penas que van de 6 a 25 años de prisión e, incluso, en caso de concurrencia de delitos sexuales y/o trata de personas se prevé que las penas se acumulen hasta un máximo de 35 años. Con respecto a la protección a las víctimas se ha implementado, con limitaciones básicamente económicas, el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, adscrito al Ministerio Fiscal. Aún no se han tomado medidas integrales para la rehabilitación de las víctimas, lo que constituye una deuda pendiente por cumplir en este aspecto.↩
La antes mencionada Ley reformatoria al Código Penal también reprime a quien “induzca, promueva, favorezca, facilite la explotación sexual de menores de 18 años de edad, o de las que tienen discapacidad, a cambio de remuneración o cualquier otra retribución, o se apropie de todo o parte de esos valores” y establece en estos casos penas de prisión de 6 a 9 años; más, si la víctima es menor de 14 años de edad, la pena será de 12 a 16 años de prisión y, en caso de reincidencia, de 16 a 25 años de prisión.↩
Deuda pendiente y algunos cumplimientos: En la legislación ecuatoriana, aún no se ha tipificado como delito la violencia contra la mujer. El Reglamento a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, fue publicado en el Registro Oficial No. 411, de 1 de septiembre del 2004. Si bien se han realizado puntuales capacitaciones sobre la problemática a la policía y la función judicial, no se lo ha hecho como parte de una campaña sostenida de sensibilización y capacitación. Si bien existe adscrito al Ministerio Fiscal el Programa de protección a víctimas y testigos, la protección se extiende a víctimas de violencia sexual, con énfasis a víctimas de explotación sexual y trata, pero no existen programas estatales de protección a víctimas de violencia doméstica específicamente.↩
En el Registro Oficial No. 423 S, de 22 de diciembre del 2006, se publicó La Ley Orgánica de Salud, que contiene un capítulo dedicado a la salud sexual y reproductiva en el cual se establece el derecho del hombre y la mujer a decidir sobre su paternidad y maternidad y el número que desea tener, el acceso a métodos anticonceptivos, la atención en salud sexual y reproductiva, principalmente, para los y las adolescentes; además establece la formulación de políticas y de programas educativos para la promoción de la salud sexual y reproductiva, la prevención de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual.↩
Deuda pendiente, de ser comprobada en la práctica.↩
El informe está presentado pero aún no ha sido reportado ante el Comité.↩
CEDAW/C/ECU/CO/7, 7 de noviembre de 2008↩
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.↩
CEDAW/C/ECU/CO/8-9, 11 de marzo de 2015↩