Source: http://www.scribd.com/doc/19626694/Jurisprudencia-de-la-Sala-Politico-Administrativa-Que-Fija-La-Competencia-de-Los-Tribunales-Superiores-Contenciosos-Administrativos-Regionales
Timestamp: 2014-04-16 05:45:57
Document Index: 179815435

Matched Legal Cases: ['artículo 166', 'artículo 166', 'artículo 166', 'artículo 266', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 166', 'artículo 166', 'artículo 166', 'artículo 181', 'Artículo 181', 'artículo 184']

P. 1Jurisprudencia de la Sala Político Administrativa Que Fija La Competencia de Los Tribunales Superiores Contenciosos Administrativos RegionalesJurisprudencia de la Sala Político Administrativa Que Fija La Competencia de Los Tribunales Superiores Contenciosos Administrativos RegionalesRatings: (0)|Views: 4,771|Likes: 6Published by vz.DasJurisprudencia de la Sala Político Administrativa Que Fija La Competencia de Los Tribunales Superiores Contenciosos Administrativos Regionales.Jurisprudencia de la Sala Político Administrativa Que Fija La Competencia de Los Tribunales Superiores Contenciosos Administrativos Regionales.More info: categoriesTypes, School Work, Study Guides, Notes, & QuizzesPublished by: vz.Das on Sep 11, 2009Copyright:Public DomainAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee MoreSee lesshttp://www.scribd.com/doc/19626694/Jurisprudencia-de-la-Sala-Politico-Administrativa-Que-Fija-La-Competencia-de-Los-Tribunales-Superiores-Contenciosos-Administrativos-Regionales11/22/2012pdftextoriginal Jurisprudencia de la Sala Político Administrativa Que Fija La Competencia de Los Tribunales Superiores Contenciosos Administrativos Regionales27 de Octubre de 2004DAS
. Exp. Nro. 2004-1462
PONENCIA CONJUNTAExp. Nº 2004-1462
Por escrito presentado ante esta Sala en fecha 14 de septiembre de 2004, el ciudadano
, titular de lacédula de identidad Nº 6.503.031, actuando en su propio nombre, debidamente asistido por el abogado Wilmer Alfredo ArellanoNúñez, Inpreabogado Nº 51.112, ocurrió ante esta Sala
“(...)a los fines de interponer formal recurso de nulidad, de conformidad conlas previsiones del artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal(...)” , contra el Acuerdo Nº 53, de fecha 05 de agosto de2004, dictado por la
CÁMARA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO “EL HATILLO” DEL ESTADO MIRANDA
, mediante el cual se acordó lasuspensión cautelar del recurrente del cargo de Secretario Municipal,
“hasta tanto culmine el procedimiento administrativo” al cualse dio inicio por ese mismo acto.Por auto de fecha 16 de septiembre de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa
quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
IDE LOS ARGUMENTOS DEL ACCIONANTE
Mediante escrito de fecha 14 de septiembre de 2004, el ciudadano Marlon Rodríguez, asistido por el abogado Wilmer AlfredoArellano Núñez, antes identificados, planteó la existencia de un conflicto de autoridad originado por un acuerdo emitido por elConcejo Municipal del Municipio “El Hatillo” del Estado Miranda, de fecha 05 de agosto de 2004, signado bajo el Nº 53, a tal efectoadujo, lo siguiente:Que fue nombrado Secretario del Municipio “El Hatillo” del Estado Miranda, mediante el Acuerdo Nº 187-2000 de fecha 13de diciembre del año 2000, para el período próximo a vencerse en el mes de noviembre de 2004.Que el 05 de agosto de 2004, la Cámara Municipal del Municipio “El Hatillo” del Estado Miranda, dictó el Acuerdo signado bajo el Nº 53, mediante el cual se le suspendió indefinidamente del cargo de Secretario Municipal, y se nombró a la ciudadana NayibeClaret Rosales Martínez, como Secretaria Municipal (Encargada).Que el referido acuerdo de la Cámara Municipal del Municipio “El Hatillo” del Estado Miranda, incurre en los vicios deausencia de base legal, inmotivación y desviación de poder, y que asimismo es violatorio de su derecho al debido proceso.Que asimismo la emisión del aludido acuerdo, originó una
, en el sentido de que antes que el mismo le fuesenotificado, la Secretaria (Encargada) designada, tomó posesión del cargo
de manera descortés
, cambiando cerraduras y tomandosellos, sin entrega formal de la oficina y sus bienes.Que en el acuerdo impugnado, no sólo él fue suspendido de su cargo, sino que mediante el mismo fueron tambiénsuspendidos los ciudadanos Síndico Procurador Municipal y Contralor Municipal, en razón de lo cual se produjo un conflicto deautoridades municipales de conformidad con las previsiones del artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, y por ende,no puede considerársele como un acto de simple trámite de apertura de un procedimiento administrativo.Que ocurría a interponer el conflicto de autoridades ante esta Sala, en virtud de que el Juzgado Superior Quinto de loContencioso Administrativo de la Región Capital, declaró inadmisible el recurso de nulidad que intentase contra el Acuerdo deCámara a que se contraen las presentes actuaciones, mediante decisión de fecha 23 de agosto de 2002, considerando que se trataba deun acto de simple trámite; ello aunado al hecho de que por decisión de esa misma fecha, el Juzgado Superior Cuarto de lo ContenciosoAdministrativo de la Región Capital, declinó la competencia en esta Sala para conocer de un recurso de nulidad intentado por laSíndico Procurador Municipal del referido Municipio, contra el tantas veces mencionado Acuerdo 53, de fecha 05 de agosto de 2004,dictado por la Cámara Municipal del Municipio “El Hatillo” del Estado Miranda.Finalmente, y con base en las consideraciones precedentes, solicitó que esta Sala: a) Declare la nulidad de los puntos terceroy cuarto del Acuerdo Nº 53, de fecha 05 de agosto de 2004, dictado por la Cámara Municipal del Municipio “El Hatillo” del EstadoMiranda, mediante los cuales se ordenó la suspensión cautelar de su persona del cargo de Secretario Municipal, y se designó a una
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Secretaria (Encargada); b) Ordene su reincorporación al cargo de Secretario Municipal del Municipio “El Hatillo” del Estado Miranday c) Acuerde una medida cautelar innominada consistente en la suspensión de los efectos del Acuerdo Nº 53, de fecha 05 de agosto de2004, dictado por la Cámara Municipal del Municipio “El Hatillo” del Estado Miranda.
En el presente caso se ha planteado un supuesto conflicto de autoridades, con fundamento en lo establecido en el artículo 166de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.Ahora bien, el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:
“ Articulo 266
: Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:(...omissis...)4. Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún Estado,Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea algunas de esas mismas entidades, amenos que se trate de Municipios de un mismo estado, caso en el cual la Ley podrá atribuir suconocimiento a otro tribunal”.
(... omissis...) La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional; (...) y lascontenidas en los numerales 4 y 5, en Sala Político-administrativa. Las demás atribuciones seránejercidas por las diversas Salas conforme a lo previsto en esta Constitución y la ley”.
Por su parte, establece el numeral 34 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lo siguiente:
“Artículo 5.- Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:(...omissis...)
34.Dirimir las controversias que se susciten entre autoridades políticas o administrativas de unamisma o diferentes jurisdicciones con motivo de sus funciones, cuando la ley no atribuyacompetencia para ello a otra autoridad;(...)” A este respecto observa la Sala, que el objeto de la solicitud presentada está dirigida a obtener, en principio, la nulidad delacto administrativo contenido en el acuerdo Nº 53, de fecha 05 de agosto de 2004, dictado por la Cámara Municipal del Municipio “ElHatillo” del Estado Miranda, que en decir del solicitante originó un conflicto de autoridades en la citada municipalidad. Ahora bien, lafigura invocada forma parte de los recursos especiales que la Ley Orgánica de Régimen Municipal prevé para el control jurisdiccionalde la actividad y actos de los Municipios. Así, la mencionada Ley, además de los recursos que contra los actos de los Municipios se pueden intentar por razones de su inconstitucionalidad e ilegalidad, contempla recursos especiales, como el de resolución desituaciones que amenacen la normalidad institucional de un Municipio (crisis institucional o conflicto de autoridades, artículo 166);correspondiendo a esta Sala conocer de tales casos a tenor de los dispuesto en los citados preceptos.En consecuencia, al estar planteada la existencia de un conflicto de autoridades en el Municipio “El Hatillo” del EstadoMiranda, la competencia para conocer del presente caso corresponde a esta Sala Político-Administrativa, de conformidad con loestablecido en los artículos 266, numeral 4, del Texto Constitucional, 5, numeral 34, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo deJusticia y 166 de la Orgánica de Régimen Municipal. Así se declara.
IIIDE LA ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD
Precisada la competencia de la Sala para conocer del presente asunto, se observa que se ha planteado la existencia de unsupuesto conflicto de autoridades con fundamento en lo establecido en el artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,surgido con ocasión de la emisión del Acuerdo Nº 53, de fecha 05 de agosto de 2004, por parte de la Cámara Municipal del Municipio“El Hatillo” del Estado Miranda.Advierte la Sala, que para la existencia de la situación irregular a que se refiere el artículo 166 de la Ley Orgánica deRégimen Municipal, es necesario que esté planteada una anormalidad en el desenvolvimiento de la vida institucional de la entidadmunicipal correspondiente, de tal magnitud que se afecte el desarrollo normal de sus funciones. Se trata de controversias, pugnas uoposición entre autoridades que entraben o amenacen la actividad del Municipio y, como consecuencia de ello, causen la interrupción
de la prestación de servicios a la comunidad. Así, la figura de la norma antes citada constituye un medio especial de protección jurisdiccional al desenvolvimiento normal de la actividad y al cumplimiento de los fines del poder local.Observa la Sala, que de los alegatos del solicitante, así como de los recaudos presentados con la solicitud, no se infiere que lamedida de suspensión cautelar del Secretario Municipal, acordada en fecha 05 de agosto de 2004, mediante el Acuerdo Nº 53 de laCámara Municipal del Municipio “El Hatillo” del Estado Miranda, y la consiguiente designación de la Secretaria encargada, hayaimpedido el normal desenvolvimiento de las actividades propias de esa entidad, ya que el solicitante se limita a invocar los vicios denulidad en los que presuntamente incurre el referido acto administrativo, así como la existencia de otras irregularidades sucedidas enla citada municipalidad, que no afectaron el normal desenvolvimiento de la institucionalidad en esa entidad, siendo la vía idónea paralograr una declaratoria de nulidad del mismo, la interposición de un recurso de nulidad; en consecuencia, debe declararse lainadmisibilidad de la solicitud interpuesta por el ciudadano Marlon Rodríguez. Así se declara.
IVDE LAS COMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Advierte la Sala que el solicitante recurre en nulidad un acto emanado de una autoridad municipal, específicamente, de laCámara Municipal del Municipio “El Hatillo” del Estado Miranda; en tal sentido, la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema deJusticia, contenía disposiciones transitorias que organizaban la jurisdicción contencioso-administrativa, atribuyendo competencia paraconocer de casos como el presente a los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil y Contencioso-Administrativo, creados mediantela Resolución 235, de fecha 24 de abril de 1995, dictada por el extinto Consejo de la Judicatura; sin embargo, el texto sucesor de dichaLey, esto es, la recién promulgada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (GacetaOficial Nº 37.942 del 20 de mayo de 2004), no estructura la jurisdicción contencioso-administrativa, ni establece el orden decompetencias de los tribunales que la integran.Ahora bien, ante el silencio de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como de la inexistencia de la Ley queregule la jurisdicción contencioso-administrativa, es propicia la ocasión para que la Sala, actuando como ente rector de la jurisdiccióncontencioso-administrativa, deje sentado mediante el presente fallo, cuáles son los tribunales que integran la jurisdicción contencioso-administrativa, y delimite el ámbito de competencias que deben serle atribuidas, en el caso concreto, a los Tribunales Superiores de loContencioso-Administrativo, siguiendo a tales efectos y en líneas generales, los criterios competenciales de la derogada Ley Orgánicade la Corte Suprema de Justicia, así como las interpretaciones que sobre las mismas fue produciendo esta Sala, todo ello armonizadocon las disposiciones de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y los principios contenidos en el texto constitucional vigente.En este sentido, debe entenderse, que la jurisdicción contencioso-administrativa general, está organizada en tres niveles:- La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la cúspide de la jurisdicción.- Las Cortes de lo Contencioso-Administrativo, a un nivel intermedio, y con competencia nacional, creadas mediante laResolución N° 2003-00033 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 10 de diciembre de 2003, publicadaen la Gaceta Oficial N° 37.866 de fecha 27 de enero de 2004, y- Los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo, a nivel regional.- Asimismo, son tribunales integrantes de la jurisdicción contencioso-administrativa, los Tribunales Superiores de loContencioso-Tributario y los demás tribunales que en virtud de la Ley, conozcan de la nulidad de actos administrativos emanados deautoridades públicas nacionales, estadales o municipales.Establecido el orden de los tribunales que integran la jurisdicción contencioso-administrativa, pasa la Sala a delimitar específicamente, el ámbito de competencias de los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo, piezas fundamentales para alcanzar el enunciado constitucional de descentralización judicial, acercando la justicia a la vida local, lo cual a su vez procura la persecución de la garantía constitucional de tutela judicial efectiva.Así, establecía el artículo 181 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente:
“Artículo 181. Mientras se dicte la Ley que organice la jurisdicción contencioso-administrativa,los Tribunales Superiores que tengan atribuida competencia en lo Civil, conocerán, en primerainstancia en sus respectivas circunscripciones, de las acciones o recursos de nulidad contra losactos administrativos de efectos generales o particulares, emanados de autoridades estadales omunicipales de su jurisdicción, si son impugnados por razones de ilegalidad.Cuando la acción o recurso se funde en razones de inconstitucionalidad, el Tribunal declinará sucompetencia en la Corte Suprema de Justicia. En la tramitación de dichos juicios los Tribunales Superiores aplicarán en sus casos, las normasestablecidas en las Secciones Segunda, Tercera y Cuarta del Capitulo II, Titulo V, de esta Ley.Contra las decisiones dictadas con arreglo a este artículo, podrá interponerse apelación dentrodel término de cinco días, para ante la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo a que serefiere el artículo 184 de esta Ley.”
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