Source: http://grupoonce.com/2013/09/01/boletin-informativo-agosto-2013/
Timestamp: 2017-11-21 00:53:35
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BOLETÍN INFORMATIVO: AGOSTO 2013 – Grupo ONCE
Domingo, 01 septiembre 2013 / Publicado en Boletin
PRIMERO.- REGLAMENTO Y REGLAS DE CARÁCTER GENERAL DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI). Finalmente se expidió el “Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, así como las “Reglas de Carácter General” que para la aplicación de dicha ley emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; ordenamientos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 16 y 23 de Agosto de 2013, respectivamente.
En lo que respecta al “Reglamento”, el mismo tiene como principal objeto fijar las bases y lineamientos específicos para la debida observancia de la “LFPIORPI”, así como detallar los mecanismos que serán implementados por la autoridad para lograr su aplicación.
Entre los diversos aspectos que abarca el citado reglamento, a continuación mencionamos algunos de los puntos que consideramos de mayor relevancia:
Se fijan lineamientos para determinar la fecha de los actos u operaciones consideradas como “actividades vulnerables”.
Se especifica que para determinar el monto o valor de los actos u operaciones, no deberán tomarse en cuenta las contribuciones y demás accesorios que correspondan.
Se aclara que la obligación de presentar avisos prevista en las diversas fracciones del artículo 17 de la “LFPIORPI”, únicamente se actualiza respecto de los actos u operaciones, cuya suma acumulada, por tipo de acto u operación, alcance en un periodo de seis meses los montos previstos para tal efecto en dicho artículo.
Se fijan los plazos máximos para atender los requerimientos formulados por el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Se establecen las bases y alternativas para dar debido cumplimiento a la obligación de presentar avisos prevista en el artículo 17 de la “LPIORPI”.
Se definen los conceptos y alcances de diversos términos utilizados en la “LPIORPI”.
Se especifican los requisitos y lineamientos para poder cumplir la obligación de presentar avisos a través de Entidades Colegiadas.
Se confieren expresamente diversas atribuciones al Servicio de Administración Tributaria, entre las cuales se destacan las siguientes:
Integrar y mantener actualizado el padrón de personas que realicen Actividades Vulnerables.
Recibir los Avisos de quienes realicen Actividades Vulnerables y remitirlos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Llevar a cabo visitas de verificación y requerir la información, documentación, datos o imágenes necesarios para comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la “LFPIORPI”, su Reglamento y sus Reglas de Carácter General.
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la presentación de Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables y requerir la presentación de éstos cuando los sujetos obligados no lo hagan dentro de los plazos previstos para tal efecto.
Imponer las sanciones administrativas previstas en la “LFPIORPI”.
En cuanto a las disposiciones transitorias del “Reglamento”, es sumamente importante tener en cuenta lo siguiente:
Dicho reglamento entrará en vigor hasta el día 1º de Septiembre de 2013, sin embargo las disposiciones que confieren atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria son aplicables desde el 17 de Agosto de 2013, día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Las disposiciones relativas a la obligación de presentar avisos, así como las restricciones al efectivo, entrarán vigor hasta los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del “Reglamento”.
Los avisos que deban presentarse, deberán contener la información referente a los actos u operaciones que hayan sido realizados a partir del 1º de Septiembre de 2013.
Las personas que realicen “Actividades Vulnerables”, a partir del 1º de Octubre de 2013, deberán enviar al Servicio de Administración Tributaria la información de identificación establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los Anexos 1 y 2 de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, respectivamente, según se trate de persona física o moral. Dicha información deberá enviarse a través de los medios electrónicos y formatos que determine la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por otro lado, en lo que concierne a las “Reglas de Carácter General” de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Agosto de 2013, cabe señalar que a través de las mismas se establecen especificaciones en cuanto a dos principales aspectos:
Las medidas y procedimientos mínimos que quienes realicen las actividades vulnerables deben observar para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los términos y modalidades conforme a los cuales dichas personas deben presentar los avisos a que se refiere el artículo 17 de la “LFPIORPI”.
Al igual que el “Reglamento”, las “Reglas de Carácter General” entrarán en vigor el día 1º de Septiembre de 2013.
En Grupo Once invitamos a todos nuestros lectores a analizar con detenimiento los ordenamientos antes referidos, especialmente si realizan “actividades vulnerables”, dado que las disposiciones contenidas en la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” no resultan ser lo suficientemente explícitas para brindar certeza en cuanto a cuáles son las acciones concretas que deben realizar los gobernados para dar cabal cumplimiento a la misma y evitar así la imposición de sanciones.
SEGUNDO.- PLAN DE ACCIÓN SOBRE EROSIÓN DE BASE Y LA TRANSFERENCIA DE UTILIDADES PARA FRENAR LA EVASIÓN FISCAL DE LAS MULTINACIONALES E IMPLEMENTAR ESTÁNDARES GLOBALES COORDINADOS EN MATERIA FISCAL. Recientemente, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el mexicano José Ángel Gurría, presentó ante el G-20 un plan de acción para combatir los fallos de los diversos sistemas fiscales nacionales y poner así freno a la evasión tributaria de las empresas multinacionales.
Denominado “Plan de Acción BEPS” por sus siglas en inglés (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting), este proyecto tiene por objeto resolver el problema de la erosión de bases imponibles y la transferencia de utilidades de las multinacionales. Para ello, se propone la implementación de 15 medidas específicas que ofrecen a los gobiernos instrumentos tanto nacionales como internacionales para evitar que las grandes empresas paguen pocos o ningún impuesto en los países donde realizan su actividad.
“Este plan de acción, que se lanzará en los próximos dos años, marca un punto de inflexión en la historia de la cooperación internacional en materia fiscal. Permitirá a los países elaborar las normas coordinadas, integrales y transparentes que son necesarias para evitar estas prácticas”, apuntó el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría.
Así mismo, explicó que actualmente existen unos 4.000 convenios bilaterales para evitar la doble tributación, por lo que a través de este plan se pretende implementar un estándar fiscal global, el cual sirva como un modelo único en materia tributaria internacional al que puedan suscribirse todos los países sin necesidad de revisar tratado por tratado.
Como parte de la justificación de este proyecto, la OCDE destacó que las disposiciones tributarias internacionales, muchas de las cuales datan de los años 20 del siglo pasado, permiten manipular las utilidades de los grupos multinacionales con base en estructuras jurídicas artificiosas y dan lugar a la erosión de bases imponibles, lo cual constituye un grave riesgo para la recaudación tributaria, la soberanía fiscal y la equidad tributaria de muchos países.
Entre algunos de los aspectos primordiales que abarca el plan diseñado por la OCDE, consideramos pertinente destacar los siguientes:
Se reconoce la importancia de crear un marco fiscal global para la “economía digital”, pues ésta ofrece un mundo sin fronteras de productos y servicios, originándose así operaciones comerciales que por lo general no quedan afectas al régimen fiscal de ningún país en concreto, creándose así lagunas que permiten que no se paguen impuestos por los beneficios obtenidos.
Se propone que las normativas fiscales nacionales e internacionales relacionen los ingresos con la actividad económica que los genera, pues las actuales legislaciones fiscales y las normas de precios de transferencia pueden, en algunos casos, facilitar la separación de los beneficios de las actividades.
Se pide garantizar que los beneficios no se desvían a sus filiales en otros países de forma intencionada mediante, por ejemplo, la transferencia de intangibles (patentes o copyright), riesgos o capital.
TERCERO.- ANÁLISIS SISTÉMICO 4/2013 PRODECON. Emite la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente una recomendación al INFONAVIT para que observe y aplique la figura de caducidad con respecto a sus facultades para determinar créditos fiscales por concepto amortizaciones.
El pasado 26 de Agosto de 2013, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a través de su Dirección General de Análisis Sistémico y Medidas Preventivas y Correctivas, emitió el Análisis Sistémico No. 4/2013, en el cual examina la constante actuación del INFONAVIT de requerir adeudos fiscales por concepto de amortizaciones por créditos para vivienda, sin reparar si la facultad que tiene para ello ha caducado.
En efecto, se ha advertido que la anterior problemática se ha vuelto una práctica muy usual por parte del citado órgano fiscalizador, pues continuamente determina a los contribuyentes créditos fiscales por concepto de amortizaciones omitidas, no obstante que ya haya transcurrido el plazo de 5 años que el artículo 30, fracción I, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prevé para que se configure la extinción de sus facultades para comprobar el cumplimiento de las disposiciones de dicha Ley. Situación que el INFONAVIT ha pretendido justificar bajo el argumento de que el precepto referido únicamente prevé la caducidad con respecto a la determinación de aportaciones al fondo de vivienda, sin hacer referencia alguna de la caducidad para determinar créditos fiscales por concepto de amortizaciones no enteradas.
Bajo ese contexto, a través del Análisis Sistémico No. 4/2013, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emprende un estudio sobre la configuración de la caducidad de facultades del INFONAVIT tratándose de la determinación de amortizaciones por créditos de vivienda que no hayan sido enteradas, concluyendo así que, contrario a lo que constantemente argumenta dicho Instituto, a través de la figura de caducidad prevista en el artículo 30, fracción I, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no sólo se extinguen sus facultades para determinar créditos fiscales por concepto de aportaciones al fondo de vivienda, sino también aquéllas relativas a la determinación de descuentos o amortizaciones derivadas del otorgamiento de créditos para vivienda.
“Es el INFONAVIT, el que debe resentir económicamente el monto de las amortizaciones no cobradas en forma oportuna y no el trabajador a quien se le otorgó el crédito para vivienda, ya que es el Instituto mencionado quien dejó de calcular, determinar y requerir en los plazos legales dichas amortizaciones. En otras palabras, al recaudar las aportaciones y amortizaciones, el INFONAVIT actúa como autoridad, ya que ambas tienen el carácter de contribuciones, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis, entre otras, la tesis aislada 1ª. CXXII/2004 cuyo texto es visible en la nota 4 de este Análisis Sistémico; por lo mismo, bajo el nuevo paradigma del artículo 1° Constitucional que mandata la obligación de todas las autoridades de respetar los derechos humanos en su más amplia acepción, es de considerarse que una omisión que constituye un actuar ilegal de una autoridad (en este caso el Instituto al requerir el cobro legalmente inoportuno de las amortizaciones), no puede parar perjuicio ni a los contribuyentes, en este caso los empleadores, ni tampoco a los trabajadores titulares de derechos humanos igualmente reconocidos y protegidos”, señaló la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en el Análisis Sistémico No. 4/2013.
Sobre esa base, la Ombudsman del Contribuyente concluye su análisis emitiendo al INFONAVIT la siguiente recomendación:
“Se sugiere al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que en el ejercicio de sus facultades de comprobación, observe y aplique, al momento de determinar a los contribuyentes créditos por concepto de descuentos o amortizaciones no retenidos y/o enterados, las disposiciones relativas a la caducidad previstas en el artículo 30, fracción I, segundo párrafo, de su Ley.
Igualmente, esta Procuraduría sugiere que en aquellos casos en que el INFONAVIT ya hubiere determinado crédito fiscal por el concepto en comento y el mismo haya sido controvertido por el contribuyente en recurso administrativo o bien, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante la promoción del juicio contencioso administrativo, dicho Instituto revoque el acto o se allane en juicio, según corresponda.”
Como se observa, la recomendación emitida por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente fue muy determinante y categórica, pues no sólo se sugiere expresamente al INFONAVIT que aplique la figura de caducidad con respecto a la determinación de amortizaciones no enteradas, sino incluso, que revoque las resoluciones ya emitidas en las que no hubiese observado tal figura procesal o se allane en los juicios en que tales resoluciones hayan sido controvertidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; situación que conviene tener en cuenta para evitar ser objeto de la determinación de amortizaciones correspondientes a ejercicios anteriores a los últimos cinco años.
CUARTO.- ALERTA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE ACTIVIDADES FRAUDULENTAS REALIZADAS EN SU NOMBRE. El pasado 22 de Agosto de 2013, el Servicio de Administración Tributaria publicó en su Portal de Internet un comunicado para hacer del conocimiento del público en general que se han identificado diversas ofertas de donaciones falsas de mercancías, en las que se utiliza indebidamente la identidad de la Administración General de Aduanas, perteneciente al SAT, afectando a dependencias estatales y municipales, así como a instituciones de asistencia privada y universidades, de todo el territorio nacional.
Según explica el Servicio de Administración Tributaria, el fraude opera de la siguiente manera:
“Los defraudadores envían a las dependencias de gobierno e instituciones particulares un oficio falso, supuestamente suscrito por el Administrador General de Aduanas, mediante el cual se les informa que les han autorizado donaciones de mercancías (vehículos, juguetes, computadoras, ropa, medicamentos, entre otros); en el oficio falso se proporcionan números de celulares que no corresponden al SAT.
Al comunicarse a los teléfonos, los defraudadores contestan haciéndose pasar por servidores públicos y solicitan comunicarse a cierta agencia aduanal, para realizar el trámite. Esta última les informa que por sus gestiones y flete de la mercancía, se requiere previamente un pago que oscila entre 150,000 y 700,000 pesos. Una vez realizado el pago, les indican que deberán presentarse en un lugar determinado para recibir la mercancía, lo cual es falso.”
Frente a tal situación, dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió las siguientes aclaraciones:
El SAT, no efectúa donativos o asignaciones de mercancía bajo este esquema de operación.
La donación de mercancías corresponde al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)
El SAT, no canaliza a los contribuyentes a agencias aduanales.
Sólo en casos muy específicos el SAT autoriza la donación de bienes perecederos o de fácil descomposición, a través de la Administración General de Aduanas.
A partir de septiembre, estas donaciones se harán única y exclusivamente a través de las donatarias autorizadas y registradas en el portal de SAT y la notificación de la mercancía susceptible de donación se hará mediante documento digital en el buzón tributario de las donatarias autorizadas cuyo objeto tenga relación con apoyo asistencial alimenticio.
[TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1; Pág. 53
P. XXXIX/2013 (10a.)
[TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1; Pág. 61
RENTA. LAS FRACCIONES III Y V DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER DISTINTOS SUPUESTOS DE EXENCIÓN POR LA OBTENCIÓN DE INGRESOS PROVENIENTES DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, NO SE CONTRAPONEN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012). Del principio de prelación o de preferencia en favor de la norma especial contenido en el artículo 1o. del Código Fiscal de la Federación, se deriva que las fracciones III y V del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no se contraponen, porque mientras la primera (vigente hasta el 25 de mayo de 2012) establece específicamente una exención en el pago del tributo por la obtención de ingresos provenientes de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro hasta por un monto diario equivalente a nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y grava por el excedente mediante retención (exención limitada), la segunda prescribe, de manera general, que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de ingresos provenientes del resto de las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas (exención total).
P. XXXI/2013 (10a.)
Amparo en revisión 58/2011. Alfonso Moreno Ayala y otros. 12 de noviembre de 2012. Unanimidad de once votos en relación con el sentido; mayoría de diez votos en relación con las consideraciones contenidas en esta tesis; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni Goslinga.
Amparo en revisión 56/2011. Gabino Govea Mena y otro. 13 de noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos en relación con el sentido; mayoría de nueve votos en relación con las consideraciones contenidas en esta tesis; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni Goslinga.
Amparo en revisión 742/2010. Gonzalo Arturo Escobar del Río y otros. 13 de noviembre de 2012. Unanimidad de diez votos en relación con el sentido; mayoría de nueve votos en relación con las consideraciones contenidas en esta tesis; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni Goslinga.
El Tribunal Pleno, el veinticuatro de junio en curso, aprobó, con el número XXXI/2013 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil trece.
[TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1; Pág. 60
RENTA. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL EFEC­TUAR LA RETENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS. DEL JUICIO DE AMPARO (LEGIS­LACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012).El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede atribuciones a las autoridades para establecer contribuciones, pero no consigna una relación jurídica simple en la que el contribuyente tenga sólo la obligación de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de recaudarlo, sino que establece un complejo de derechos, obligaciones y atri­buciones que forman el contenido del derecho tributario, entre las que se encuentra la de imponer medidas eficaces para recaudar el tributo mediante el señalamiento de obligaciones a terceros. En ese sentido, el artículo 109, fracción III, de la Ley del impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 25 de mayo de 2012, establece una exención en el pago del tributo por la obtención de ingre­sos provenientes de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro hasta por un monto diario equivalente a nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y grava por el excedente mediante retención. Acorde con lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al efectuar dicha retención, por conducto de las unidades administrativas correspondientes, no actúa investido de imperio como organismo fiscal autónomo, como lo haría en la determinación de las cuotas obrero-patronales u otros créditos fiscales previstos en la ley que lo regula, sino como tercero auxiliar del fisco federal en la recaudación del impuesto, en tanto interviene como sujeto pagador de las pensiones y jubilaciones en su carácter de órgano asegurador. Por tanto, al encontrarse desprovisto de su carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo en ese caso, no le resulta atribuible la aplicación de aquella disposi­ción, en tanto la retención efectuada no constituye un acto de autoridad, sino sólo el acatamiento de una obligación establecida a su cargo para hacer eficaz la recaudación del tributo.
P. XXIX/2013 (10a.)
Amparo en revisión 58/2011.-Alfonso Moreno Ayala y otros.-12 de noviembre de 2012.-Unanimidad de once votos.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Ville­gas.-Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Fanuel Martínez López y Francisco Gorka Migoni Goslinga.
El Tribunal Pleno, el veinticuatro de junio en curso, aprobó, con el número XXIX/2013 (10a.), la tesis aislada que antecede.-México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil trece.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1; Pág. 717
COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUAN­DO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUEN­TRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)]. Una nueva reflexión lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a apartarse del criterio contenido en la tesis referida y a considerar que el hecho de que el con­tribuyente que expide comprobantes fiscales no haya dado aviso a la autoridad fiscal respecto a su cambio de domicilio y, por ende, no se encuentre localizable, no trae como consecuencia necesaria que éstos sean nulos o carezcan de valor probatorio, pues dicha omisión, aislada­mente considerada, no da lugar a la referida sanción, por no encontrar­se prevista en esos términos en los artículos 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, Lo anterior es así, en razón de que las normas de restricción o las que imponen sanciones a los particulares deben estar expresamente reguladas para cumplir con el derecho a la seguri­dad jurídica. Cabe destacar que la conclusión anterior no restringe las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, pues de con­siderar que los comprobantes exhibidos por un contribuyente no ampa­ran la transacción realizada, pueden requerir la información necesaria y, en su caso, no acceder a la pretensión del contribuyente de ejercer su derecho de deducción o acreditamiento, sin perjuicio de que existan otras razones por las que no se deba acceder a aquélla.
Contradicción de tesis 535/2012.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y Segundo del Vigésimo Séptimo Circuito.-17 de abril de 2013.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Luis María Agui­lar Morales.-Secretario: Juan Pablo Rivera Juárez.
Tesis de jurisprudencia 87/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada del ocho de mayo de dos mil trece.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1; Pág. 887
FACULTADES DE VERIFICACIÓN. LA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 52-A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FE­DERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO DE INFOR­MACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE, DEBE MOTIVARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 DEL PROPIO CÓDIGO.- Conforme al artículo 52-A, fracción 1, del Código Fiscal de la Federación, cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen de los estados financieros formulado por el contador público registrado, primeramente le requerirán cualquier información que por disposición legal debiera estar incluida en dicho documento, así como la exhibición de los pape­les de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada, y la información que consideren pertinente para cerciorarse del cumplimien­to de las obligaciones fiscales del contribuyente. Ahora, conforme a la fracción II del mismo precepto, si a juicio de las autoridades fiscales el dictamen, la información y los documentos mencionados fueran insuficientes, extemporáneos o incompletos, las citadas autoridades podrán, a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus facul­tades de comprobación, supuesto en el cual la solicitud respectiva deberá observar lo dispuesto en el artículo 38 del propio Código que regula las formalidades que deben revestir los actos administrativos en materia tributaria federal, es decir, constar por escrito, firmado por la autoridad que lá dictó, con el señalamiento del lugar y fecha de emi­sión, así como el de la persona a la que vaya dirigido, pero sobre todo, el requerimiento deberá estar fundado y motivado, lo cual en el caso concreto exclusivamente se limita en cuanto al primer requisito, ade­más de la invocación de las normas competenciales respectivas, a la cita del precepto en que se basa la actuación de la autoridad y, en relación con el segundo, a identificar la información faltante, bastan­do para ello señalar lo siguiente: 1) el medio en que se encuentra tal información, esto es, si es a través de documentos, papeles de trabajo, cuentas, libros, comprobantes fiscales, sistemas y registros contables, electrónicos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de alma­cenamiento de datos, 2) el tipo de contribución que generó la laguna en la información y, 3) el periodo cuya revisión no se pudo verificar, sin que sea necesario que la autoridad pormenorice mayores datos y anti­cipe algún posible incumplimiento de las obligaciones fiscales del con­tribuyente, ya que este aspecto es propio de la resolución definitiva que en su momento llegara a dictarse, pues no resulta lógico exigirle mayor precisión sobre lo que en principio estima que ignora. Aunado a lo ante­rior, el grado de motivación exigible en los actos administrativos es proporcional al perjuicio que ocasionen al particular, y en la especie se advierte que si la información faltante no fuera tomada en cuenta al momento de emitirse la resolución definitiva, eso significa que la peti­ción de ella no ocasionó daño alguno al contribuyente, y por el contrario, si la misma fue decisiva en el resultado al que se llegó, ello será signo inequívoco de que los datos aportados por el propio contribuyente eran indispensables para concluir la revisión, por lo que la motivación para allegarla a su expediente la expondrá la autoridad cuando en el docu­mento con el que culmine el ejercicio de sus facultades de comproba­ción determine algún crédito, en su caso.
2a./J. 94/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 429/2012.-Entre las sustentadas por el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Mate­ria Administrativa del Primer Circuito.-28 de noviembre de 2012.-Cinco votos.­Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.-Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.
Tesis de jurisprudencia 94/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada del quince de mayo de dos mil trece.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1; Pág. 917
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCE­DENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)].­ Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modi­fica la jurisprudencia referida, al considerar que el principio de litis abierta derivado del artículo lo. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cobra aplicación únicamente cuando la resolución dictada en un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso administrativo procedente, antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se traduce en la posi­bilidad para el actor de formular conceptos de impugnación no expre­sados en el recurso; pero tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones adver­tidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo. De haber sido esa la intención del legislador, así lo habría seña­lado expresamente, como lo hizo tratándose del recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación en el que, por excepción, se concede al contribuyente el derecho de ofrecer las pruebas que por cualquier motivo no exhibió ante la autoridad fiscalizadora, para procu­rar la solución de las controversias fiscales en sede administrativa con la mayor celeridad posible y evitar su impugnación en sede jurisdiccio­nal, esto porque la autoridad administrativa puede ejercer cualquiera de las acciones inherentes a sus facultades de comprobación y super­visión, como lo es, entre otras, solicitar información a terceros para compulsarla con la proporcionada por el recurrente o revisar los dictá­menes emitidos por los contadores públicos autorizados, lo que supone contar con la competencia legal necesaria y los elementos humanos y materiales que son propios de la administración pública. Por tanto, tal prerrogativa no puede entenderse extendida al juicio contencioso admi­nistrativo, pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particu­lar no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso adminis­trativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo, como lo prescribe el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al indicar que los gobernados deben conservar la documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y exhibirla cuando sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación. Estimar lo contrario significaría sostener que el Tribunal Federal de Justicia Fis­cal y Administrativa puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad fiscal y declarar la nulidad de sus actos por causas atribui­bles al particular.
2a./J. 73/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 528/2012.-Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Cole­giado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puébla.-13 de marzo de 2013.-Mayoría de tres votos-Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández.-Ponente: Alberto Pérez Dayán.-Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
Tesis de jurisprudencia 73/2013 (10a,).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada del diecisiete de abril de dos mil trece.
Nota: La Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 528/2012, por mayoría de tres votos, determinó modificar el criterio sostenido por la propia Sala en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 69/2001, de rubro: “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO.”, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 223.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1; Pág. 964
RENTA. DIVIDENDOS O UTILIDADES FICTOS. LAS PERSO­NAS MORALES NO ESTÁN OBLIGADAS A ENTERAR EL TRIBU­TO POR ESE CONCEPTO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 165, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DEL IMPUESTO RE­LATIVO.- El tercer párrafo del mencionado artículo 165 establece que para los efectos del propio precepto, también se consideran dividen­dos o utilidades distribuidos las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas y la utilidad fiscal determi­nada, inclusive presuntivamente, por las autoridades fiscales, las cuales prevé en sus fracciones IV y V. Ahora bien, las referidas fracciones con­tienen presunciones que tienen su causa en actos relacionados con las personas morales, pero la consecuencia es que las personas físi­cas sean las que acumulen el ingreso; esto es así, porque el numeral está inserto en el capítulo de personas físicas, y al ser la determinación y el pago del impuesto una, carga, debe estar expresamente prevista, en términos del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación. De manera que si el último párrafo del numeral 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo refiere que serán las personas morales las que pagan el impuesto respecto de las fracciones 1 y II del artículo 165, esa carga no puede hacerse extensiva a las demás fracciones. Por lo anterior, se advierte que las personas físicas son los sujetos obligados a enterar el tributo por concepto de dividendos o utilidades fictos previstos en las fracciones IV y V del indicado artículo 165.
2a./J. 100/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 53/2013.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.-15 de mayo de 2013.-Mayoría de tres votos.-Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales.-Ponente: Sergio A. Valls Hernández.-Secretaria: Paola Yaber Coronado.
Tesis de jurisprudencia 100/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada del veintinueve de mayo de dos mil trece.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1; Pág. 1104
VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. LA SUSPEN­SIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE A LA AUTORIDAD FISCAL CONTINUAR EJER­CIENDO SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.-Atento al criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2011 (10a.) (*) de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al ar­tículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales pueden continuar requiriendo datos, informes o documentos al contri­buyente durante el desarrollo de una visita domiciliaria o revisión de gabinete para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aun cuando el plazo para concluirlas se encuentre suspendido por cual­quiera de las hipótesis a que se refiere dicho numeral, esto es, en los casos de huelga; fallecimiento del contribuyente; cuando éste deso­cupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio corres­pondiente o no se le localice en el que haya señalado; cuando no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejerci­cio de sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor; y cuando durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias auto­ridades, éste interponga algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades derivadas del ejercicio de las facultades de comprobación. Lo anterior es así, ya que dicho precepto no se refiere a la suspensión de las facultades de comprobación, sino sólo a la del plazo para concluir la visita o revisión; de ahí que no prohí­be a la autoridad fiscal seguir ejerciendo sus facultades de comproba­ción; máxime que en todos los casos la suspensión deriva de actos no atribuibles a la autoridad fiscal, sino al contribuyente o a factores aje­nos a ambos, y el legislador no buscó limitar las facultades de comproba­ción de las autoridades fiscales, sino únicamente regular la suspensión del plazo para que concluyan tales actos.
2a./J. 83/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 63/2013.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Segundo en Materia Adminis­trativa del Cuarto Circuito.-17 de abril de 2013.-Mayoría de tres votos.-Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos.-Disidente: José Fernando Franco González Salas. ­Ponente: Sergio A. Valls Hernández.-Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
Tesis de jurisprudencia 83/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada del ocho de mayo de dos mil trece.
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1; Pág. 1125
RENTA. LA MECÁNICA DEL ARTÍCULO 177, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL lo. DE ENERO DE 2006, SE JUSTIFICA POR SU NATURALEZA CEDULAR.­ Tomando en consideración que la fuente de riqueza es elemento revelador de la capacidad contributiva, la mecánica prevista en el referido artículo 177, primer párrafo, consistente en sumar a los ingresos obtenidos por las personas físicas, conforme a los capítulos 1, III, IV, V, VI, VIII y IX del Título IV de la Ley del impuesto sobre la Renta, después de efectuar las deducciones autorizadas a los mismos, la utilidad gravable determinada conforme a las Secciones 1 o II del Capítulo II, de dicho Título, encuentra razón de ser en su naturaleza cedu­lar, derivada de la existencia de diferentes categorías de ingresos, en función de las distintas fuentes que los generan. Así, siendo dicho origen uno de los elementos para establecer la base gravable, por revelar la fuente de riqueza, es dable que se otorgue, a cada hipótesis de las contempladas en los referi­dos capítulos, un tratamiento tributario distinto, en el que el régimen jurídico aplicable a un supuesto específico no afecte a otro y, en esa virtud, la mecánica establecida en el apartado legal analizado resulta constitucional.
2a. LXVI/2013 (10a.)
Amparo en revisión 115/2013.-María Luisa López Durán. -8 de mayo de 2013.-Cinco votos,-Ponente: Alberto Pérez Dayán.-Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2; Pág. 1356
COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 23 DEL CÓ­DIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO PERMITIR AL RESPONSA­BLE SOLIDARIO EFECTUARLA CONTRA AQUELLOS CRÉDITOS QUE ESTÁ OBLIGADO A PAGAR, EN VIRTUD DE SU RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTA­RIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTI­TUCIÓN FEDERAL.-El artículo 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación establece que los contribuyentes obligados a pagar mediante de­claración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autori­dad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Por su parte, el responsable solidario-a quien la doctrina lo denomina por garantía-, es la persona física o moral que voluntariamente afecta un bien de su propiedad u otorga una fianza, con el objeto de responder al fisco, a nombre y cuenta del sujeto pasivo obligado directo del debido entero de un tributo originalmente a cargo de este último, como consecuencia de un acto de libre manifestación de voluntad, la cual no deriva de la realización del hecho generador de una contribución, ni del mantenimiento de algún tipo de relación jurídica con el contribuyente directo. En ese sentido, del análisis sistemático del citado precepto, en relación con el numeral 26, fracción VIII, del mencionado orde­namiento, se colige que el legislador no justificó de manera objetiva y cons­titucionalmente válida el trato desigual que aquél otorga a sujetos que se encuentran en igualdad de circunstancias, ya que no permite al responsable solidario efectuar la compensación de los saldos a su favor contra aquellos créditos que está obligado a pagar en virtud de su responsabilidad solidaria, con lo que la norma reclamada genera una distinción tributaria entre situacio­nes de hechó que pueden considerarse iguales, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable, por lo cual transgrede el principio de equi­dad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
I.3o.(I Región) 18 A (10a.)
Amparo directo 864/2011, del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (expediente auxiliar 191/2012).-Inmobiliaria TMM, S.A. de C.V.-19 de abril de 2012.-Unanimidad de votos.-Ponente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel.-Secretario: Luis Antonio Morales Ayala.
Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurispru­dencia en términos del punto 11 del Capítulo Primero del Título Cuarto del Acuerdo Número 5/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación y para la verificación.de la existencia.y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2; Pág. 1389
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE ESTUDIAR LA LEGALIDAD DE SU AUTORIZACIÓN PARCIAL, SI LA AUTORIDAD HACENDARLA NO EXPUSO LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS POR LOS QUE NEGÓ LA RESTITUCIÓN TOTAL DE LO SOLICITADO.-Cuando en el juicio con­tencioso administrativo se demanda la nulidad de la resolución que autorizó la devolución parcial de impuestos y no la restitución total de lo solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa decreta su nulidad, en virtud de que la autori­dad no se la dio a conocer al actor y éste manifestó desconocerla en términos de la fracción II del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo qué se.traduce en que aquélla no demostró la existencia del acto administrativo impugnado y, por ende, que éste carece de los requi­sitos constitucionales de fundamentación y motivación, el citado órgano juris­diccional no puede estudiar el fondo del asunto, esto es, la legalidad de la devolución parcial, al tenor del penúltimo párrafo del artículo 50 de la refe­rida legislación, que establece: “En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada.”, en virtud de que la Sala se sustituiría en las facultades propias de la autoridad hacen­daria, al pronunciarse sobre una cuestión en la que no expuso las razones y fundamentos de su proceder; además, porque esta última porción legal sólo opera cuando el acto impugnado es exhibido en el juicio en el que la autori­dad lo fundó y motivó. Por lo que en esos casos, la nulidad debe ser para el efecto de que la autoridad emita una nueva resolución en la que funde y motive por qué sólo devolvió una porción de lo solicitado por el sujeto pasivo de la relación tributaria, con el fin de no dejarlo en estado de indefensión.
I.7o.A.93 A (10a.)
Amparo directo 141/2013,-Sabeldos, S.A. de C.V.-2 de mayo de 2013.-Unanimidad de votos.-Ponente: E Javier Mijangos Navarro.-Secretario: Juan Daniel Torres Arreola.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2; Pág. 1467
MULTA PREVISTA EN EL ARTICULO 183, FRACCIÓN II, DE LA LEY ADUANERA. PARA DETERMINAR QUÉ DEBE ENTENDERSE POR CUMPLIMIENTO ESPONTÁNEO, A EFECTO DE NO IMPONER DICHA SANCIÓN EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL CITADO PRECEPTO, ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN 1, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FE­DERACION.-De conformidad con el párrafo segundo de la fracción II del artículo 183 de la Ley Aduanera, no se impondrá la multa a que se refiere dicha fracción, si la persona retorna en forma espontánea los vehículos importados o internados temporalmente, aun cuando esta con­ducta la realice fuera de los plazos concedidos. Ahora bien, no obstante que la citada legislación no contiene precepto que establezca con pre­cisión qué debe entenderse por cumplimiento espontáneo, y que acor­de con su artículo lo., la ley supletoria de aquélla es el Código Fiscal de la Federación, en la aludida hipótesis no cobra vigencia esta disposi­ción, pues la consecuencia jurídica que produce aplicar supletoriamente el artículo 73, fracción I,. del referido código tributario, es la imposición de una sanción pecuniaria al contribuyente, lo cual resulta contrario al espíritu de la norma inicialmente mencionada, que es dispensar al ciuda­dano del pago de la multa señalada cuando, motu proprio, decida retor­nar un vehículo a su lugar de procedencia, si para ello no ha mediado requerimiento previo de la autoridad fiscal competente. Sostener lo con­trario implicaría desconocer la reforma al artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que privilegia la aplicación e interpretación de las normas legales, en lo que más favorezca al gober­nado o que impliquen menor restricción a sus derechos humanos (princi­pio pro personaoprohomine). Asimismo, contravendría la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pu­blicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1667, de rubro: “TIPICIDAD, EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMI­NISTRATIVAS.”, en la que se estableció que si cierta disposición adminis­trativa prevé una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por
el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliarla por analogía o por mayoría de razón.
XV.5o.12 A (10a.)
Amparo directo 1173/2012.-11 de abril de 2013.-Mayoría de votos.-Disidente: Jesús Alfredo Silva García.-Ponente: Inosencio del Prado Morales.-Secretaria: Karmina Molina Alvarez.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2; Pág. 1470
NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL. PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO CITAR EN ELLAS EL ARTICULO 135 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-En el derecho administrativo, la notificación es la actuación de las autoridades administrativas en virtud de la cual se informa o se hace del conocimiento de una o varias personas un acto o resolución determinada. En ese sentido, la notificación no constituye una resolución administrativa, en tanto que no es una declaración de voluntad de la administración, sino una comunicación de ésta; que tiende a dar efica­cia al acto del cual deriva, a la vez que constituye un mecanismo esencial para la seguridad jurídica de los gobernados. Ahora bien, los requisitos de fundamentación y motivación previstos en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en lo que concierne a las notificaciones personales, se colman en la medida en que éstas cumplen con las formalidades específicas que se establecen en dicho código para su práctica, las cuales están conte­nidas en sus artículos 134, 136 y 137. Por tal motivo, es innecesario que, para considerar válida una notificación pérsonal, deba citarse en ésta el artículo 135 del referido código, el cual prevé cuándo surten efectos, pues como se ha expuesto, su validez dependerá del cumplimiento de las indicadas formalida­des, por lo cual no se requiere la precisión expresa de aquellos artículos que establecen las reglas aplicables a éstas.
IV.3o.A.29 A (10a.)
Amparo directo 32/2013.-Servicios Con-Way México, S. de R.L. de C.V.-2 de mayo de 2013.-Unanimidad de votos.-Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón. Secretario: Juan Carlos Domínguez Rodríguez.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2; Pág. 1520
PERSONAS MORALES PÚBLICAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DEL PRO­CEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN DEFENSA DE ACTOS EMITIDOS EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD.-El principal objetivo del juicio de amparo es dirimir cualquier controversia suscitada por leyes o actos que violen derechos humanos, los cuales, como derechos sub­jetivos, sólo se otorgan a las personas físicas o morales y no a las entidades públicas, No obstante, esa regla admite como excepción el supuesto contenido en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, conforme al cual, las personas morales públicas pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los ser­vidores públicos o representantes que designen las leyes respectivas, cuando el acto o la ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales. Por tanto, carecen de legitimación para promover el juicio contra resoluciones del proce­dimiento contencioso administrativo, en defensa de actos emitidos en su carácter de autoridad, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, su­puesto en el que actúan como personas morales de derecho privado.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
X.A.T..12 A (10a.)
Amparo directo 379/2013.-Director de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.-25 de abril de 2013.-Unanimidad de votos.­Ponente: Benjamín Gordillo Cañas, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.­Secretaria: Fidelia Camacho Rivera.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2; Pág. 1535
RENTA. LAS AUTORIDADES HACENDARLAS PUEDEN, VÁLIDAMEN­TE, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, REVISAR EL CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES FISCALES RESPECTO AL IMPUESTO RELATIVO POR PERIODOS MENORES A UN EJERCICIO FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTE HAYA CONCLUI­DO Y SE VERIFIQUEN TODOS LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON A LO LARGO DE EL, ASÍ COMO LA DECLARACIÓN ANUAL DEL CONTRIBUYENTE.-De conformidad con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades hacendarias pueden ejercer las facultades de comprobación que establece dicho numeral, conjunta, indis­tinta o sucesivamente, a fin de verificar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposicio­nes fiscales, sin que se establezca alguna limitante en cuanto a los periodos que puede abarcar dicha revisión.. Consecuentemente, dichas autoridades pueden, válidamente, en ejercicio de sus facultades de comprobación, revisar el cumplimiento a las disposiciones fiscales respecto al impuesto sobre la renta por periodos menores a un ejercicio fiscal, siempre y cuando éste haya concluido y se verifiquen todos los actos o actividades que se realizaron a lo largo de él, así como la declaración anual del contribuyente, pues es hasta ese momento cuando el sujeto pasivo entera el impuesto del ejercicio en forma definitiva, ya que en términos del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cálculo de dicho gravamen es por ejercicios fiscales.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRI­MER CIRCUITO.
I.8o.A.60 A (10a.)
Amparo directo 710/2012.-Firmat Distribuciones, S.A. de C.V.-16 de enero de 2011-Unanimidad de votos.-Ponente: Ma, Gabriela Rolón Montaño.-Secre­taria: Jeny Jahaira Santana Albor.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2; Pág. 1571
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010. LA FICHA TÉCNICA 16/ISR CONTENIDA EN EL ANEXO 1-A DE SU REGLA 1.3.9.11., RELATIVA A LA INFORMACIÓN PARA GARANTI­ZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS DONATIVOS RECIBI­DOS, ASÍ COMO SU USO Y DESTINO, EN RELACIÓN CON LA GUÍA DE USUARIO “AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN DE LAS DONATARIAS AUTORIZADAS”, AL EXCEDER LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, TRANSGREDEN EL DERECHO A LA LEGALIDAD Y EL PRINCI­PIO DE RESERVA DE LEY-La información solicitada a las sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la enseñanza con recono­cimiento de validez oficial de estudios a que se refiere el artículo 95, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con la referida ficha técnica en relación con el indicado manual, relativa al estado de egresos del ejercicio que comprende el importe total de las contraprestaciones pagadas al personal que labora en esas organizacio­nes, así como sus gastos de administración, operación y representa­ción, excede lo previsto en el artículo 97, fracción V, de la señalada ley, toda vez que no se relaciona con: 1) la fecha de autorización para reci­bir donativos deducibles; 2) la autorización de la donataria; y 3) con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en tanto que el salario y las percepciones del personal que labora para las mencionadas socie­dades, no necesariamente se encuentran relacionados con el uso de los recursos recibidos en su calidad de donatarias, pues debido a su actividad, pueden recibir ingresos de muchas otras fuentes, de forma que no se les permite establecer qué información se encuentra relacio­nada o no con los donativos recibidos, máxime que fue intención del legislador federal dar transparencia a los recursos recibidos en dona­ción. Por tanto, las señaladas disposiciones transgreden el derecho a la legalidad y el principio de reserva de ley que consagran los artícu­los 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente.
1.3o. (I Región) 16 A (10a.)
Amparo en revisión 328/2011, del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (expediente auxiliar 1046/2011).-19 de enero de 2012.-Mayoría de votos.-Disidente: Gaspar Paulín Carmona.-Ponente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel.-Secretario: Luis Antonio Morales Ayala.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2; Pág. 1574
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARÓ LA NULIDAD LISA Y LLANA DE CÉDULAS DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONA­LES PORQUE LA AUTORIDAD NO DEMOSTRÓ LA EXISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL ENTRE EL ACTOR Y LOS TRABAJADORES POR QUIENES SE LIQUIDARON, SI SE ARGUMENTA QUE LESIONA GRA­VEMENTE LOS INTERESES ECONÓMICOS QUE EN MATERIA DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDEN AL INS­TITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL-Cuando en el juicio de anu­lación se declare la nulidad lisa y llana de cédulas de liquidación de cuotas obrero-patronales porque la autoridad no demostró la existencia del vínculo laboral entre el actory los trabajadores por quienes se liquidaron, los argumen­tos relativos a que la procedencia del recurso de revisión fiscal se actualiza, porque la sentencia relativa lesiona gravemente los intereses económicos que en materia de aportaciones de seguridad social corresponden al Instituto Mexi­cano del Seguro Social, de conformidad con el artículo 123, apartado
A, frac­ción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por privarlo de éstos y, como consecuencia, provocan el menoscabo tanto de la cantidad como de la calidad de los servicios que presta esa institución, encami­nados al beneficio social de sus derechohabientes y a la población en general, resultan ineficaces. Esto, porque con tales manifestaciones no se evidencia que el asunto se ubique en alguna de las hipótesis que al efecto establece la fracción VI del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,,a saber: que se trate de una resolución en materia de aporta­ciones de seguridad social, el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización, sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgo de trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que, al no versar el asunto sobre alguna de las referidas hipótesis, el recurso es improcedente.
11.8o.(I Región) 19 A (10a.)
Revisión fiscal 358/2013 (58/2013, del índice del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano auxiliado).-Titular de la Subdele­gación 8 San Angel de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social.-3 de mayo de 2013.-Unanimidad de votos.-Ponente: Carlos Alberto Zerpa Durán.-Secretario: Roberto Carlos Hernández Suárez.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2; Pág. 1592
SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS PREVISTA EN EL PENÚLTIMO PÁ­RRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERA­CIÓN. NO PROCEDE CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE UN ACTO EMITIDO PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER MEDIO DE IMPUGNACIÓN.-De conformidad con el artículo 46-A, penúl­timo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cuando los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de las facultades de comproba­ción de las autoridades, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos; sin embargo, dicha suspensión no implica que la autoridad fiscalizadora esté impedida para llevar a cabo la notificación de un oficio emitido previamente a la interposición del medio de impugnación (como lo es la imposición de una multa), toda vez que la suspensión prevista en dicho numeral sólo versa sobre los plazos relativos al procedimiento fisca­lizador de verificación a partir de que se interpone el recurso, y la notificación del citado oficio no constituye un acto autónomo, pues deriva de uno previo cuya finalidad es crear certeza de que el particular tuvo pleno conocimiento del acto que se notifica. Asimismo, esta determinación no se contrapone al principio pro persona, ya que, se reitera, la notificación es un acto procesal cuyo fin último es que el particular afectado tenga pleno conocimiento del mismo, lo que supone que su realización no deje lugar a dudas para que aquél se encuentre en posibilidad de defenderse, pues de considerar lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al contribuyente, ya que no podría recurrir el acto que le afecta.
I.9o.A.5 A (10a.)
Amparo directo 581/2011.-PSI Pinturas, S.A. de C.V-1 de diciembre de 2011.-Unani­midad de votos.-Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz.-Secretario: Francisco Aja García.
VII-P-SS-92
INGRESOS QUE PERCIBEN LAS CONCESIONARIAS POR CONCEPTO DE INTERCONEXIÓN DE UNA RED PÚBLICA DE RADIOTELEFONÍA MÓVIL CELULAR CON OTRAS REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES, BAJO LA MODALIDAD “EL QUE LLAMA PAGA”.- DEBEN SER INCLUIDOS AL MOMENTO DE INTEGRAR LA BASE PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN AL GOBIERNO FEDERAL PREVISTA EN LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN, LA CUAL TIENE LA NATURALEZA DE UN APROVECHAMIENTO.- Los artículos 110 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 41 y 42 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, disponen, en la parte conducente, que el Gobierno Federal tiene derecho de percibir una participación en los ingresos que obtengan las empresas de vías generales de comunicación por la explotación de los servicios concesionados, que dicha participación se fijará en las concesiones o permisos y que la interconexión de redes constituye una obligación para las referidas empresas concesionarias, con las excepciones previstas en la Ley de Vías Generales de Comunicación. Por tanto, el Estado tiene derecho de obtener la participación fijada en los títulos de concesión, respecto de los ingresos que obtienen las empresas concesionarias por la prestación del servicio de redes públicas de radiotelefonía móvil celular que tienen concesionado, y del cual forma parte la interconexión de dichas redes entre sí y con la red pública de telefonía básica, bajo la modalidad “el que llama paga” contemplada en las Reglas del Servicio Local publicadas el 23 de octubre de 1997 en el Diario Oficial de la Federación, participación que tiene la naturaleza de aprovechamiento de conformidad con el artículo 3°, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación. No es óbice para lo antes señalado, el hecho de que la interconexión de redes sea una obligación legal para las concesionarias de las redes públicas de telecomunicaciones, ya que la prestación de dicho servicio de interconexión fue impuesta como una obligación a las referidas concesionarias, por la razón de orden público consistente en que la prestación del servicio de telecomunicaciones se debe llevar a cabo de forma ininterrumpida, sin importar en cuál compañía comience y en cuál concluya el tránsito conmutado. Por tanto, la obligatoriedad de la prestación del servicio de interconexión de redes forma parte consustancial del servicio concesionado de radiotelefonía móvil celular y, como consecuencia de ello, debe considerarse como de aquellos referidos en el artículo 110 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, por lo que las cantidades percibidas por concepto de interconexión forman parte de los ingresos brutos participables al Gobierno Federal por concepto de aprovechamientos.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 22038/10-17-06-2/322/12-PL-09-04-[06].- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de abril de 2013, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
VII-P-SS-101
LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-SCFI-2005, DENOMINADA “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN-SISTEMA PARA MEDICIÓN Y DESPACHO DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS-ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN”, TIENE LA NATURALEZA DE NORMA AUTOAPLICATIVA.- El cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana en este caso, por parte de las personas dedicadas a realizar transacciones comerciales de gasolina y otros combustibles líquidos (gasolina, diésel, turbosina, gas avión, kerosina y otros a excepción de gas licuado de petróleo) dentro del territorio nacional, no queda supeditado a condición alguna, pues basta estar en los supuestos de la norma, para que la obligación de hacer se surta sin necesidad de un acto posterior de autoridad; esto es, que las personas dedicadas a realizar transacciones comerciales de gasolina y otros combustibles líquidos tienen la obligación, desde el momento en que la Norma entró en vigor, de cumplir ciertas especificaciones en sus sistemas de medición y controles volumétricos utilizados para el despacho (venta) de tales líquidos, en el caso, los descritos en el punto 5 de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005.
VII-P-SS-35
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 62
VII-P-SS-87
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2785/09-11-01-2/2360/10-PL-08-04.-Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de mayo de 2013, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de mayo de 2013)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 23. Junio 2013. p. 57
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2722/12-05-02-3/371/13-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de mayo de 2013, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. Claudia Lucia Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de mayo de 2013)
VII-P-1aS-640
AGENTE ADUANAL. RESPONSABLE DIRECTO DE LA VERACIDAD Y EXACTITUD DE LOS DATOS ASENTADOS EN EL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN CUANDO SE TRATE DE MERCANCÍA DE FÁCIL IDENTIFICACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 primer párrafo y 195 de la Ley Aduanera, el agente aduanal es responsable de la veracidad y exactitud de los datos, información, determinación aduanera y clasificación arancelaria de las mercancías; así como de los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones no arancelarias respecto de una importación y/o exportación y, en caso de no cumplir con sus funciones, se le impondrá multa por las infracciones que se pudieran cometer durante el despacho aduanero, siempre y cuando no se actualice ninguna de las excluyentes de responsabilidad contenidas en el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley Aduanera. De ahí, que tratándose de mercancía de fácil identificación, por no necesitar de conocimientos técnicos, ni que la misma sea sometida a un análisis químico o de laboratorio para su identificación, el importador o exportador no serán responsables directos de los datos asentados en el pedimento de importación y/o exportación, pues el agente aduanal tiene la obligación de verificar que los datos que se van asentar en el pedimento coincidan con la mercancía que se trata de importar o exportar al territorio nacional, siendo este último el responsable directo de los datos que se asienten erróneamente en el pedimento.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 23. Junio 2013. p. 252
VII-TASR-11ME-9
REVISIÓN DE DICTAMEN FORMULADO POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO. SE ACTUALIZA LA INFRACCIÓN A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE EJERCIERON LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, NO SE CONCLUYÓ CONFORME A DICHA DISPOSICIÓN.- El legislador en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 29 de junio de 2006, establece que el plazo máximo que tiene la autoridad fiscalizadora para concluir la revisión que realice a la contribuyente como consecuencia del ejercicio de una facultad de comprobación, es de doce meses contados a partir de que se notifique el inicio de dicha facultad hasta el día en que se notifique el oficio de observaciones; asimismo, establece que cuando las autoridades fiscales dentro del plazo mencionado no notifiquen el oficio de observaciones se entenderá por concluida en esa fecha, quedando sin efectos las actuaciones que de ella derivaron. En ese sentido, se tiene que si en el caso de estudio el ejercicio de la facultad de comprobación ejercida en términos del artículo 42, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, inició con el oficio a través del cual se solicita la información y documentación al contribuyente, y que contrario a lo señalado por la demandada no se acreditó la legal notificación del oficio de observaciones, debe entenderse que si bien la revisión culminó dentro del plazo de doce meses, el hecho de que no se notificara debidamente el oficio de observaciones referido origina, por disposición expresa del último párrafo del artículo 46-A, del Código
Fiscal de la Federación, que deba quedar sin efectos el oficio de requerimiento y las actuaciones que de él derivaron durante la revisión, por lo que debe declararse la nulidad de la confirmativa ficta impugnada, y la de la resolución determinante del crédito fiscal recurrida, en términos del artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 18616/08-17-11-5.- Resuelto por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 21 de mayo de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Armando Uriel Medina Negrete.
VII-TASR-2NOI-4
RATIFICACIÓN O RECTIFICACIÓN DE LA CLASE O PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO, TOMANDO EN CUENTA UNA CORRECCIÓN O DICTAMEN EMITIDO POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. DICHA FACULTAD ESTÁ SUPEDITADA A QUE SE CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LOS DIVERSOS NUMERALES 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DE LA MATERIA.- Si bien, el Instituto Mexicano del Seguro Social, goza con facultades plenas de ratificar o rectificar la clase y la prima de riesgo de trabajo de las empresas para efectos de la cobertura de las cuotas del seguro social de riesgo de trabajo, de conformidad con el artículo 251, fracción XVI, de la
Ley del Seguro Social, como rectificar la clasificación de un patrón cuando derive de una corrección o de un dictamen emitido por contador público autorizado y sea procedente en términos con el diverso numeral 29, fracción V, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, también lo es que dicha facultad está supeditada a que se cumpla con los lineamientos previstos en los diversos numerales 171 y 172 del Reglamento en estudio, esto es, requerir al contador público autorizado por escrito con copia al patrón, información o documentación que conforme al Reglamento deba incluirse en el dictamen; papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad del contador público, y la información y documentación correspondientes a las partidas sujetas a aclaración, para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones del patrón; requerir al patrón, con copia al contador público la información y documentación correspondientes a las partidas sujetas a aclaración, para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones del patrón, en los términos aceptados en la solicitud de dictamen, o formulados los requerimientos en comento, si a juicio del Instituto, el dictamen no satisface los requisitos señalados en el Reglamento, hacerlo del conocimiento del patrón y del contador público autorizado, quienes contarán con un plazo para manifestar lo que a su derecho convenga, y hecho lo anterior, emitir la resolución que corresponda y proceda, o, ejercer las facultades de comprobación que le otorga la ley, pues de lo contrario, se deja en completo estado de indefensión al accionante.
VII-TASR-2OC-11
ADMINISTRADORES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 9 FRACCIONES XXXI Y XXXVII, 10, FRACCIONES I Y IV, 14, FRACCIÓN XL, TERCER PÁRRAFO, 8 Y 16, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CUENTAN CON COMPETENCIA MATERIAL PARA IMPONER SANCIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2011.- De los aludidos dispositivos jurídicos se observa que son facultades de los Administradores Locales de Servicios al Contribuyente, vigilar que los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, cumplan con la obligación de presentar declaraciones; así como para requerir su presentación, y en ejercicio de sus facultades de comprobación imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales que rigen la materia de su competencia; por lo que en tales condiciones, la aludida fundamentación cubre a cabalidad la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 Constitucional, que establece que todo acto de molestia debe ser emitido por autoridad competente, que funde y motive su competencia. En efecto, con la invocación de los preceptos legales en estudio, se legitima la competencia material de los Administradores Locales de Servicios al Contribuyente para emitir multas cuando el contribuyente infrinja las disposiciones fiscales a las que es sujeto, dado que se estableció, en primer lugar, los preceptos que la facultan para imponer sanciones en materia de su competencia, entre ellas precisamente la multa, prevista en el artículo 9, fracción XXXI, en relación con los artículos 10 fracciones I y IV, así como los diversos que establecen precisamente la materia de su competencia, el artículo 14, fracción XL y tercer párrafo, numeral 8, y 16 párrafo primero del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; de ahí que se advierte que los Administradores Locales de Servicios al Contribuyente cuenten con competencia material para emitir el requerimiento de obligaciones, e imponer las multas por infringir lo dispuesto por el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1528/11-07-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de septiembre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor por Ministerio de Ley: José Limón Gallegos.- Secretario: Lic. César Edson Uribe Guerrero.- Tesis: Magistrado Alfredo Ureña Heredia.- Secretario: Lic. David Fernando Castillón Dueñas.
BOLETÍN_ INFORMATIVO GRUPO ONCE AGOSTO 2013