Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31992L0050
Timestamp: 2019-01-20 01:16:09
Document Index: 130552553

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 11']

No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2006; derogado por 32004L0018
Diario Oficial n° L 209 de 24/07/1992 p. 0001 - 0024
Edición especial en finés : Capítulo 6 Tomo 3 p. 0139
Edición especial sueca: Capítulo 6 Tomo 3 p. 0139
Directiva 92/50/CEE del Consejo
de 18 de junio de 1992
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios
Considerando que el Libro Blanco sobre la realización del mercado interior establece un calendario y un programa de acción para llevar a cabo la liberalización del mercado de contratos públicos, incluido el sector de los servicios, en la medida en que no esté comprendida en la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras(4), ni en la Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro(5);
Considerando que a efectos de la aplicación de las normas de procedimiento y con vistas a la supervisión, la mejor definición del sector de los servicios consiste en subdividirlo en categorías que correspondan a determinadas partidas de una nomenclatura común; que los Anexos I A y I B de la presente Directiva se refieren a la nomenclatura CPC (clasificación común de productos) de las Naciones Unidas; que dicha nomenclatura puede ser sustituida en el futuro por una nomenclatura comunitaria; que es necesario prever la posibilidad de adaptar en consecuencia la nomenclatura CPC en los Anexos I A y I B;
Considerando que los contratos públicos de servicios, en particular en el sector de los servicios de gestión de propiedades, pueden incluir obras en determinados casos; que de la Directiva 71/305/CEE se desprende que un contrato sólo se considerará contrato publico de obras si su objeto consiste en realizar una obra de construcción; que siempre que dichas obras sean accesorias y no constituyan el objeto del contrato, no pueden justificar la clasificación del contrato como contrato público de obras;
Considerando que la presente Directiva no debe afectar a las normas que rigen los contratos de servicios a que se refiere la Directiva 90/531/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1990, relativa a los procedimientos de formalización de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones(6);
Considerando que puede recurrirse al procedimiento negociado, con previa publicación de un anuncio, en aquellos casos en que el servicio que se ha de prestar no pueda especificarse con suficiente precisión, especialmente en el ámbito de servicios intelectuales, de manera que el contrato no pueda adjudicarse por selección de la mejor oferta de conformidad con las normas que regulan los procedimientos abierto y restringido;
ix) los contratos de servicios de investigación y de desarrollo distintos de aquellos cuyos beneficios pertenezcan exclusivamente a la entidad adjudicadora para su utilización en el ejercicio de su propia actividad, siempre que la entidad adjudicadora remunere totalmente la prestación del servicio;
c) prestador de servicios: toda persona física o jurídica, incluidos los organismos públicos, que ofrezca servicios. Se designará con el término licitador al prestador de servicios que efectúe una oferta y con el término candidato al que solicite ser invitado a participar en un procedimiento restringido o negociado;
1. Las entidades adjudicadoras aplicarán procedimientos adaptados a las disposiciones de la presente Directiva al adjudicar contratos públicos de servicios y al convocar concursos.
a) en virtud de un acuerdo internacional celebrado entre un Estado miembro y uno o varios países terceros, referente a servicios destinados a la realización o explotación común de un proyecto por los Estados signatarios; todo acuerdo se comunicará a la Comisión, que podrá consultar al Comité consultivo de contratos públicos creado por la Decisión 71/306/CEE(7);
1. La presente Directiva se aplicará a los contratos de servicios cuyo importe estimado, sin IVA, sea igual o superior a 200000 ecus.
3. La elección del método de valoración de un contrato no podrá utilizarse para sustraer dicho contrato a la aplicación de la presente Directiva, como tampoco podrá fraccionarse ningún proyecto de contratación de un determinado número de servicios con el propósito de sustraerlo a la aplicación del presente artículo.
Cuando el valor de los lotes iguale o supere dicho importe, las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a todos los lotes. Las entidades adjudicadoras podrán eximir del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 aquellos lotes cuyo valor estimado, sin IVA, sea inferior a 80000 ecus, siempre y cuando el importe acumulado de todos los lotes exentos no sea superior al 20 % del valor acumulado del conjunto de los lotes.
El método de cálculo contemplado en el párrafo precedente será examinado por el Comité consultivo de contratos públicos, a instancia de la Comisión, transcurridos, en principio, dos años desde el inicio de su aplicación.
a) en ausencia de ofertas o en caso de que éstas no sean apropiadas, tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente y se facilite a la Comisión un informe a petición de ésta;
1. En el plazo de quince días a partir de la fecha de recepción de la solicitud, la entidad adjudicadora comunicará a los candidatos o licitadores descartados que lo hayan solicitado por escrito las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta, comunicándoles, cuando se trate de una licitación, el nombre del adjudicatario.
2. El presente artículo se aplicará en todos los concursos de proyectos en los que el importe total de los premios del concurso y los pagos a los participantes sea igual o superior a los 200000 ecus.
b) cuando la aplicación del apartado 2 redunde en perjuicio de la aplicación de la Directiva 86/361/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la primera etapa de reconocimiento mutuo de la homologación de equipos terminales de telecomunicaciones(8), de la Decisión 87/95/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la normalización en el campo de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones(9), o de otros instrumentos comunitarios en ámbitos específicos relativos a productos o servicios;
4. Siempre que sea posible, las entidades adjudicadoras que recurran a lo dispuesto en el apartado 3 deberán motivar su decisión en el anuncio de la licitación publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas o en el pliego de condiciones y, en cualquier caso, deberán justificarla en sus documentos internos y proporcionar dicha información, previa petición, a los Estados miembros y a la Comisión.
a) se definirán con arreglo a las especificaciones técnicas nacionales reconocidas como conformes a las exigencias básicas de las directivas comunitarias sobre armonización técnica, con arreglo a los procedimientos establecidos en esas directivas y, en particular, con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva 89/106/CEE del Consejo(10);
6. Salvo que lo justifique el objeto del contrato, los Estados miembros prohibirán toda cláusula que introduzca en un contrato especificaciones técnicas que citen productos de un determinado origen, fabricación o proceso obtenidos por procedimientos especiales y que, por esa razón, favorezcan o excluyan a determinados prestadores de servicios. En particular, se prohibirá la referencia a marcas comerciales, patentes o tipos, o la indicación de un origen o producción determinados. Sin embargo, cuando la entidad adjudicadora no pueda dar una descripción del objeto del contrato con especificaciones suficientemente precisas e inteligibles para todos los interesados, se autorizará tal indicación si se acompaña de las palabras "o equivalente".
1. Las entidades adjudicadoras darán a conocer, mediante un anuncio indicativo que se publicará lo antes posible después del inicio del ejercicio presupuestario, el volumen total de contratos de servicios que tengan previsto adjudicar durante los doce meses siguientes en cada una de las categorías de servicios enumeradas en el Anexo I A, cuando el valor total estimado, atendiendo a las disposiciones del artículo 7, sea igual o superior a 750000 ecus.
4. Los anuncios mencionados en los apartados 2 y 3 del artículo 15 se publicarán in extenso en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en la base de datos TED, en la lengua original. Se publicará, en las demás lenguas oficiales de las Comunidades, un resumen de los elementos importantes de cada anuncio; sólo se considerará auténtico el texto de la lengua original.
5. Deberán prolongarse adecuadamente los plazos contemplados en los apartados 1 y 2 cuando, a causa de su gran volumen, no se puedan facilitar los pliegos de condiciones y los documentos o datos complementarios en los plazos fijados en los apartados 3 y 4, o cuando sólo sea posible hacer las ofertas tras haber visitado los lugares o tras haber consultado in situ documentos anexos al pliego de condiciones.
2. Las entidades adjudicadoras deberán comunicar los datos complementarios sobre el pliego de condiciones, siempre que se hayan solicitado con la debida antelación, a más tardar cuatro días antes de la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas.
2. Las entidades adjudicadoras que, según lo dispuesto en el apartado 1, admitan variantes, no podrán rechazar una de ellas únicamente porque su elección genere un contrato de suministro en vez de un contrato público de servicios entendido como se define en la presente Directiva.
- en los casos mencionados en las letras a), b) y c), la presentación de un certificado del registro de antecedentes penales o, en su defecto, un documento equivalente expedido por una autoridad judicial o administrativa competente del país de origen o de procedencia, que muestre que se cumplen tales requisitos;
- en Bélgica, el "registre du commerce - Handelsregister" y los "ordres professionnels - Beroepsorden";
- en Dinamarca, el "Erhvervs- og Selsskabstyrelsen";
- en Alemania, el "Handelsregister", el "Handwerksrolle" y el "Vereinsregister";
- en Grecia, podrá solicitarse al prestador de servicios que presente una declaración jurada ante notario que atestigue el ejercicio de la profesión de que se trate; en los casos previstos en la legislación nacional vigente para la prestación de los servicios de estudios mencionados en el Anexo I A, el registro profesional "Μητρώο Μελετητών" así como el "Μητρώο Γραφείων Μελετών";
- en España, el "Registro central de empresas consultoras y de servicios del ministerio de Economía y Hacienda";
- en Francia, el "registre du commerce" y el "répertoire des métiers";
- en Italia, el "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", el "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato" o el "Consiglio nazionale degli ordini professionali";
- en Luxemburgo, el "registre aux firmes" y el "rôle de la Chambre des métiers";
- en los Países Bajos, el "Handelsregister";
- en Portugal, el "Registo Nacional das Pessoas Colectivas";
- en el Reino Unido e Irlanda, podrá solicitarse al prestador de servicios que presente un certificado del "Registrar of companies" o del "Registrar of Friendly Societies" o, a falta de ello, un certificado que atestigüe que el interesado ha declarado bajo juramento que ejerce la profesión citada en el país en el está establecido, en un lugar específico y bajo una razón comercial determinada.
g) cuando los servicios que se vayan a facilitar sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, mediante un control efectuado por la entidad adjudicadora o, en nombre de ésta, por un organismo oficial competente del país en que esté establecido el prestador de servicios, siempre que medie el acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del prestador de servicios y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación de que disponga y sobre las medidas de control de calidad que adopte;
En caso de que las entidades adjudicadoras exigiesen la presentación de certificados expedidos por organismos independientes con objeto de justificar la conformidad del prestador de servicios con determinadas normas de garantía de la calidad, se tomará como referencia los sistemas de seguro de calidad basados en la correspondiente serie de normas europeas EN 29000 y certificados por organismos conformes con la serie de normas europeas EN 45000. No obstante, las entidades adjudicadoras reconocerán certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros. También aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de control de calidad aportadas por prestadores de servicios cuando éstos no tengan la posibilidad de obtener tales certificados o no puedan obtenerlos en el plazo fijado.
2. Los prestadores de servicios inscritos en dichas listas oficiales podrán presentar a las entidades adjudicadoras, con ocasión de cada contrato, un certificado de inscripción expedido por la autoridad competente. Dicho certificado mencionará las referencias que hayan permitido su inscripción en la lista, así como la clasificación obtenida en dicha lista.
Si, para un contrato determinado, una oferta fuera anormalmente baja con relación a la prestación, la entidad adjudicadora, antes de rechazar dicha oferta, solicitará por escrito las precisiones que considere oportunas sobre la composición de la oferta y comprobará esta composición teniendo en cuenta las explicaciones recibidas.
El cálculo de los plazos se efectuará de acuerdo con el Reglamento (CEE, Euratom) n° 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos(11).
El apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras(12), queda sustituido por el siguiente texto: "1. En lo relativo a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de las Directivas 71/305/CEE, 77/62/CEE y 92/50/CEE(13), los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible, en las condiciones establecidas en los artículos siguientes y, en especial, en el apartado 7 del artículo 2, cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos públicos o las normas nacionales de incorporación de dicha normativa.".
1. En el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 77/62/CEE, la letra c) se sustituirá por el texto siguiente: "c) el contravalor de dichas cantidades mínimas en moneda nacional, así como la cantidad mínima fijada por el Acuerdo GATT, expresada en ecus, se revisarán en principio cada dos años, con efecto a partir del 1 de enero de 1988. El cálculo de dichos valores se basará en la media de los valores diarios de dichas monedas, expresados en ecus y del ecu expresado en DEG, durante los veinticuatro meses que finalizan el último día del mes de agosto precedente a la revisión que surta efecto el día 1 de enero. Los valores se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas a principios de noviembre.".
2. En el artículo 4 bis de la Directiva 71/305/CEE, el apartado 2 se sustituirá por el siguiente texto: "2. a) El contravalor del umbral en monedas nacionales se revisará en principio cada dos años con efecto el 1 de enero de 1992. El cálculo de dicho contravalor se basará en los valores diarios medios de dichas monedas expresadas en ecus, durante los veinticuatro meses que finalizan el último día del mes de agosto anterior a la revisión que surta efecto el 1 de enero. Estos contravalores se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas a principios de noviembre.
b) El método de cálculo previsto en la letra a) será revisado, a propuesta de la Comisión, por el Comité consultivo sobre contratos públicos, en principio dos años después de haber sido utilizado por primera vez.".
(1) DO n° C 23 de 31. 1. 1991, p. 1; y
DO n° C 250 de 25. 9. 1991, p. 4.
(2) DO n° C 158 de 17. 6. 1991, p. 90; y
DO n° C 150 de 15. 6. 1992.
(3) DO n° C 191 de 22. 7. 1991, p. 41.
(4) DO n° L 185 de 16. 8. 1971, p. 5. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 90/531/CEE (DO n° L 297 de 29. 10. 1990, p. 1).
(5) DO n° L 13 de 15. 1. 1977, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 90/531/CEE (DO n° L 297 de 29. 10. 1990, p. 1).
(6) DO n° L 297 de 29. 10. 1990, p. 1.
(7) DO n° L 185 de 16. 8. 1971, p. 15. Decisión modificada por la Decisión 77/63/CEE (DO n° L 13 de 15. 1. 1977, p. 15).
(8) DO n° L 217 de 5. 8. 1986, p. 21. Directiva modificada por la Directiva 91/263/CEE (DO n° L 128 de 25. 5. 1991, p. 1).
(9) DO n° L 36 de 7. 2. 1987, p. 31.
(10) DO n° L 40 de 11. 2. 1989, p. 12.
(11) DO n° L 124 de 8. 6. 1971, p. 1.
(12) DO n° L 395 de 30. 12. 1989, p. 33.
(13) DO n° L 209 de 24. 7. 1992, p. 1.
1. especificaciones técnicas: el conjunto de las prescripciones técnicas contenidas principalmente en los pliegos de condiciones, en las que se definan las características requeridas de una obra, material, producto o suministro, y que permitan caracterizar objetivamente una obra, material, producto o suministro de manera que respondan a la utilización a que los destine la entidad adjudicadora. Entre estas características se cuentan los niveles de calidad o de rendimiento, la seguridad, las dimensiones, incluidas las presrcripciones aplicables al material, producto o suministro en lo referente al sistema de garantía de calidad, a la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado. Incluyen asimismo las normas de concepción y cálculo de las obras, las condiciones de prueba, control y recepción de las obras, así como las técnicas o métodos de construcción y todas las demás condiciones de carácter técnico que la entidad adjudicadora pueda establecer, por vía de reglamentación general o específica, en lo referente a obras acabadas y a los materiales o elementos que las constituyan:
3. normas europeas: las normas aprobadas por el Comité europeo de normalización (CEN) o el Comité europeo de normalización electrotécnica (CENELEC) como "Normas Europeas" (EN) o "Documentos de armonización" (HD) de conformidad con la normativa común de ambos organismos, o por el Instituto europeo de normas de telecomunicación (ETSI) en forma de "Norma europea de telecomunicación" (NET);
2. Modalidad de adjudicación elegida. En caso de procedimiento negociado sin publicación previa de anuncio de licitación, justificación (apartado 3 del artículo 11).