Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-672-de-diciembre-1-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_9139ffb4eadd44998f269bad275e10e2&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-16 23:20:07
Document Index: 154255792

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 42', 'artículo 70', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 41', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 4', 'artículo 42', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 70', 'artículo 41', 'Artículo 24', 'artículo 13', 'artículo 271', 'artículo 24']

﻿ SENTENCIA T-672 DE DICIEMBRE 1 DE 2016
SENTENCIA T-672 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:DERECHO AL TRASLADO ENTRE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. SE RECUERDA QUE EN VIRTUD DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CARTA POLÍTICA, EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 100 DE 1993 PREVÉ, COMO CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES, LA LIBRE ESCOGENCIA DE RÉGIMEN PENSIONAL AL ESTABLECER QUE “LA SELECCIÓN DE UNO CUALQUIERA DE LOS REGÍMENES PREVISTOS POR EL ARTÍCULO ANTERIOR ES LIBRE Y VOLUNTARIA POR PARTE DEL AFILIADO, QUIEN PARA TAL EFECTO MANIFESTARÁ POR ESCRITO SU ELECCIÓN AL MOMENTO DE LA VINCULACIÓN O DEL TRASLADO”. EN RESUMEN SE TIENE QUE, CON FUNDAMENTO EN LAS REGLAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL DECRETO 1409 DE 1999, EN EL EVENTO EN QUE EL TRABAJADOR HAYA REALIZADO EL TRASLADO DE SUS APORTES A OTRA ENTIDAD ADMINISTRADORA Y EN EL INTERVALO DE DICHO TRASLADO OCURRA UN SINIESTRO QUE GENERE SU INVALIDEZ, CORRESPONDERÁ A LA ANTIGUA ADMINISTRADORA ASEGURAR LAS CONTINGENCIAS QUE SE PRODUZCAN CON ANTERIORIDAD A LA EFECTIVIDAD DE DICHO TRASLADO. SIN EMBARGO, CUMPLIDO EL TÉRMINO PARA MATERIALIZAR LA NUEVA AFILIACIÓN, SERÁ LA NUEVA ADMINISTRADORA QUIEN ESTARÁ LLAMADA A CUBRIR AQUEL SINIESTRO QUE GENERE LA INVALIDEZ DE SU AFILIADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, FONDOS DE PENSIONES, INVALIDEZ, TRASLADO DE FONDOS DE PENSIONES EN EL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL, SISTEMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Sentencia T-672 de diciembre 1º de 2016
Ref.: Expediente T-5.662.949
Asunto: Acción de tutela instaurada por el señor Carlos Mario Rodas Gómez, contra las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y Colfondos S.A.
Dentro del proceso de revisión del fallo proferido el 14 de abril de 2016, por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, que a su vez confirmó la sentencia del 29 de febrero de 2016 dictado por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira, en la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Mario Rodas Gómez contra las Administradoras de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y Colfondos S.A.
El señor Carlos Mario Rodas Gómez, promovió acción de tutela contra los Fondos de Pensiones y Cesantías, Protección S.A. y Colfondos S.A., invocando la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, los cuales considera vulnerados por las entidades accionadas, al haber dilatado de manera injustificada el trámite correspondiente para el reconocimiento de su pensión de invalidez.
1.1. El señor Calor Mario Rodas Gómez cuenta con 24 años de edad,(1) padece de “Diabetes Mellitus I”(2) desde los 8 años de edad.
1.2. De acuerdo con la historia laboral(3), el señor Carlos Mario Rodas Gómez realizó aportes al Sistema de Seguridad Social desde diciembre de 2010 al afiliarse a Colfondos S.A.
1.3. Tal y como lo afirma Protección S.A. en escrito de intervención ante juez de primera instancia, el 23 de julio de 2013, el señor Rodas Gómez presentó solicitud de traslado de aportes al mencionado fondo, el cual se hizo efectivo a partir del 1º de septiembre del mismo año.
1.4. El 17 de agosto de 2013, el señor Rodas Gómez sufrió un accidente de tránsito el cual le causó “fractura inter trocanterica continua completa de cadera derecha, síndrome doloroso regional complejo tipo 1 acortamiento de miembro derecho de 3cm”(4). No obstante lo anterior, el accionante continuó realizando aportes al sistema hasta el mes de junio de 2015(5).
1.5. Mediante comunicación del 9 de febrero de 2015(6), Protección S.A. le informó al accionante que la Compañía Suramericana de seguros de vida S.A. (SURA) con quien la administradora tiene contrato de seguro provisional, dictaminó una calificación de pérdida de la capacidad laboral del 43.75% de origen común, con fecha de estructuración del 11 de diciembre de 2014.
1.6. En virtud de lo anterior, el señor Carlos Mario Rodas Gómez acudió a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, quien dictamino una pérdida de capacidad laboral del 50.60% de origen común, con fecha de estructuración del 17 de agosto de 2013(7). La decisión fue impugnada por Protección S.A. ante la junta nacional de calificación de invalidez la cual decidió, mediante comunicación del 1º de octubre de 2015, confirmar en su integridad la decisión emitida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda(8).
1.7. El señor Rodas Gómez solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante Protección S.A., petición que fue negada el 18 de noviembre de 2015, por cuanto según la entidad, para la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, el 17 de agosto de 2013, el accionante se encontraba afiliado a Colfondos S.A., entidad a la cual corresponde el reconocimiento de la prestación económica solicitada(9).
1.8. En consecuencia, mediante comunicación del 19 de noviembre de 2015 Protección S.A. le informó al señor Rodas Gómez que el traslado de fondo de pensiones llevado a cabo el pasado mes de septiembre de 2013 resulta “susceptible de nulidad, toda vez que usted, según el dictamen de la comisión laboral, tenía estructurada su enfermedad al momento del traslado”. A partir de dicho criterio, el mencionado fondo de pensiones procedió a anular la afiliación del accionante y efectuó la devolución de los aportes hacia Colfondos S.A(10).
1.7. Por consiguiente, el 23 de noviembre de 2015(11), a través de su apoderado judicial, el actor solicitó a Colfondos S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez teniendo en cuenta el dictamen emitido por las juntas regional y nacional de calificación de invalidez. Sin embargo, mediante comunicado del 17 de diciembre de 2015(12), la entidad negó la petición tras considerar que, con fundamento en lo establecido en el artículo 70 de la Ley 100 de 1993, la aseguradora previsional no ha sido notificada sobre el caso del accionante, por lo tanto, independientemente de las instancias a las que llegó la solicitud de pensión de invalidez con Protección S.A., resultaba necesario allegar los documentos para iniciar, nuevamente, el trámite para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
2.1. Con fundamento en los anteriores hechos, el señor Carlos Mario Rodas Gómez presentó acción de tutela, al considerar que la dilación administrativa incurrida por las entidades demandadas, impiden el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la cual considera tener derecho y, en consecuencia, vulneran sus derechos fundamentales a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas.
3.1. La acción de tutela fue tramitada por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira, quien, mediante Auto del 15 de febrero de 2016, procedió a correr traslado a las entidades accionadas para que presentaran sus consideraciones y ordenó la ampliación de la demanda de tutela a fin de aclarar los hechos y las pretensiones de la misma.
3.2. En virtud de la orden impartida por el juez de instancia, el 16 de febrero de 2016, se llevó a cabo la ampliación de la acción de tutela por parte del accionante, quien manifestó que la pretensión formulada se encuentra dirigida a que “Colfondos no me haga iniciar desde cero, el trámite de obtención de mi pensión de invalidez, que yo ya había surtido con Protección y en el que la junta nacional de calificación de invalidez me había evaluado y calificado la pérdida de capacidad laboral”(13).
4. Contestación de las entidades accionadas.
4.1.2. Sobre el caso concreto, manifiesta la entidad accionada que el señor Rodas Gómez presentó solicitud de traslado de fondo de pensiones el 23 de julio de 2013, en ese orden, de acuerdo con la Circular 019 de 1998 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, dicho traslado “surtirá efectos el primer día del segundo mes siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de vinculación realizada por el afiliado a la nueva administradora”.
4.1.3. Con base en lo anterior, la entidad accionada sostiene que los fondos de pensiones solo tienen a su cargo el reconocimiento de las prestaciones económicas por los siniestros o contingencias ocurridos durante la vigencia de la afiliación del trabajador, situación que no se cumple en el presente caso, toda vez que para la fecha de ocurrencia del siniestro el señor Rodas Gómez no se encontraba afiliado a Protección, pues su vinculación se hizo efectiva desde el día 01 de septiembre de 2013.
4.2.2. Adicionalmente solicita la vinculación al trámite de la presente actuación a la compañía de seguros Mapfre Colombia Vida Seguros “ya que dicha compañía asumió el riesgo previsional y sería la encargada de liquidar la suma adicional, en el eventual reconocimiento de pensión por evento de invalidez”.(14)
5.1. El Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira, mediante fallo del 29 de febrero de 2016, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que, si bien resultaba reprochable la conducta dilatoria de Protección S.A., al esperar hasta el dictamen de la junta nacional de calificación de invalidez para declarar la nulidad de la afiliación del actor, existiendo certeza sobre la fecha de estructuración de su invalidez, no es posible acceder a la pretensión formulada por cuanto resulta claro que, en virtud de la garantía constitucional del debido proceso, quien está llamado a proceder al trámite de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez es Colfondos S.A. En consecuencia, corresponde a este último, participar en el trámite de calificación adelanto ante las juntas regional y nacional de calificación de invalidez, con el fin de dictaminar el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral de su afiliado, así como la naturaleza de dicha pérdida y su fecha de estructuración.
5.3. En ese orden de ideas, el juez de primera instancia ordenó prevenir a Colfondos S.A. cumplir a cabalidad los términos legales para adelantar el trámite correspondiente para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez solicitada por el señor Rodas Gómez, teniendo en cuenta la dilación injustificada a la que ha sido sometido como consecuencia de las falencias administrativas de la Protección S.A.
6.1. Dentro del término legal previsto para tal efecto, el señor Carlos Mario Rodas Gómez impugnó la decisión proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira, por considerar que el juez de tutela no tuvo en cuenta el estado de invalidez en el que se encuentra como consecuencia del accidente de tránsito, resaltando que, someterlo a un nuevo trámite administrativo cuando el ente máximo de calificación de invalidez ya profirió una decisión definitiva sobre su estado de salud, vulnera sus derechos fundamentales e incrementa el estado de precariedad económica en el que se encuentra.
7.1. Mediante fallo del 14 de abril de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, confirmó en su integridad la decisión de primera instancia y consideró que, en la medida en que Colfondos S.A. es el llamado a reconocerle la pensión de invalidez al accionante, y este no pudo concurrir en el trámite de calificación, no es posible ordenarle que tenga en cuenta las valoraciones y dictámenes realizados si no tuvo la oportunidad para controvertirlos.
8.1. Copia de la notificación del dictamen sobre porcentaje de la pérdida de capacidad laboral realizada por Protección S.A, en el cual se dictamina al señor Carlos Mario Rodas Gómez una pérdida de capacidad laboral del 43.75% de origen común, con fecha de estructuración del 11 de diciembre de 2014(15).
8.2. Copia de la comunicación del dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, en la cual se dictamina al señor Carlos Mario Rodas Gómez, una pérdida de capacidad laboral de 50.60% de origen común estructurada el 17 de agosto de 2013(16).
8.3. Copia de la comunicación del dictamen rendido por la Junta Nacional de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral, en la cual se confirma en su integridad el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez del Risaralda(17).
8.4. Copia de la comunicación del 18 de noviembre de 2015, en la cual Protección S.A. niega el reconocimiento a la pensión de invalidez por cuanto la fecha de estructuración se originó antes de que el traslado de fondo de pensiones de hiciera efectiva(18).
8.5. Copia de la comunicación del 19 de noviembre de 2015, en la cual Protección S.A. procede a declarar la nulidad de la vinculación del accionante al mencionado Fondo de Pensiones(19).
8.6. Copia de la historia laboral y extracto de fondo de pensiones del accionante en Protección S.A.(20).
8.7. Copia de Derecho de Petición dirigido a Colfondos S.A. en el cual se solicita el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con base en el dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez(21).
8.8. Copia de la respuesta al derecho de petición de Colfondos S.A. fecha 17 de diciembre de 2015(22).
Esta Sala es competente para revisar la decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política.
2. Actuaciones adelantadas en sede de revisión.
Mediante escrito radicado a esta corporación el 16 de noviembre de 2016, el señor Carlos Mario Rodas Gómez(23), allegó copia del oficio del 3 de noviembre de 2016 realizado por el gerente de la unidad de previsionales de Colfondos S.A. en el cual se le informa que, el comité de calificación de la unidad previsional de la misma entidad, dictaminó en este una pérdida de la capacidad laboral del 63.96% de origen común estructurada el 17 de agosto de 2013, el cual será remitido ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda para efectos de proceder a realizar un nuevo dictamen.
3.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial, preferente y sumario, al que puede acudir cualquier persona para reclamar ante los jueces, la protección inmediata de sus derechos fundamentales (inc. 1º el art. 86), cuando quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en los casos que señale la ley (inc. 5º del art. 86). La misma norma prevé que la acción de tutela procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable (inc. 3º del art. 86).
3.2. La referida disposición Superior, en concordancia con lo previsto en los artículos 1º, 5º, 6º, 8º, 10 y 42 del Decreto 2591 de 1991, contiene, a su vez, los requisitos de procedencia de la acción de tutela, entendiendo que estos son: (i) la legitimación en la causa (activa y pasiva); (ii) la inmediatez; y (iii) la subsidiariedad.
(i) La legitimación en la causa es la potestad que tiene toda persona para invocar sus pretensiones o para controvertir aquellas que se han aducido en su contra(24). El primero de los eventos se conoce como la legitimación en la causa por activa y, el segundo, como la legitimación en la causa por pasiva.
En relación con la legitimación en la causa por activa, la jurisprudencia constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 Superior y en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991(25), ha señalado que la acción de tutela puede ser incoada: (i) de manera directa, es decir, por el titular de los derechos fundamentales que se consideran amenazados o vulnerados; (ii) a través de representante legal, en el caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y las personas jurídicas; (iii) a través de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la calidad de abogado titulado y al escrito de tutela se debe anexar el poder especial para el caso; y, finalmente, iv) por medio de agente oficioso, cuando el afectado en sus derechos no está en condiciones físicas o psicológicas de promover la acción de tutela por sus propios medios(26).
Tratándose de los representantes legales de los menores de edad, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que “los padres pueden promover la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados de sus hijos menores de edad, en ejercicio de la patria potestad”(27).
(ii) Por su parte, la inmediatez exige que la acción de tutela sea promovida en un tiempo breve, contado a partir del momento en el que por acción u omisión se produce la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales. Ello se explica, en tanto el propósito de la acción de tutela es la protección “inmediata” de los derechos constitucionales fundamentales, siendo entonces inherente a la naturaleza de dicha acción, brindar una protección actual y efectiva de aquellos(28). Conforme con esto, a través de la exigencia del requisito de inmediatez se pretende evitar que el recurso de amparo constitucional sea empleado como una herramienta que premie la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica, al permitir que la acción de tutela se promueva en un tiempo excesivo, irrazonable e injustificado a partir del momento en que se causó la amenaza o violación de los derechos fundamentales(29). Si bien la jurisprudencia constitucional ha establecido que no existe término expreso de caducidad para la acción de tutela, también ha precisado que la inmediatez en su interposición sí constituye un requisito de procedibilidad, pues ésta debe ser intentada dentro de un plazo razonable y oportuno, lo cual es coherente con el fin de aquella y la urgencia manifiesta de proteger el derecho fundamental amenazado o conculcado(30).
(i) La legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva se encuentra acreditada pues, de un lado, es el propio afectado en sus derechos fundamentales quien acude directamente a la acción de tutela (señor Carlos Mario Rodas Gómez) y, de otro, cuestiona el comportamiento asumido por las administradoras de fondos de pensiones y cesantías Protección S.A. y Colfondos S.A., particulares que prestan el servicio público de Seguridad Social dentro del Sistema General de Pensiones.
(ii) De igual forma, el requisito de inmediatez se encuentra superado en tanto el actor promovió la presente acción de tutela en un término razonable, esto es, menos de tres meses después de ocurrido el hecho generador de la presunta vulneración de los derechos invocados. En efecto, conforme surge de los elementos de juicio allegados al proceso, la acción de tutela fue presentada por el actor el 15 de febrero de 2016(31), luego de que el Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A., en comunicación fechada el 17 de diciembre de 2015, le negó al actor la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez y le informó que debía realizar un nuevo trámite de reconocimiento de dicha prestación(32).
Como ya se manifestó, una de las excepciones a la regla general de subsidiariedad de la acción de tutela, es aquella que tiene lugar cuando se logra acreditar que el medio de defensa judicial ordinario no resulta lo suficientemente idóneo o eficaz para la protección de los derechos fundamentales que se invocan como violados o amenazados. Con respecto a dicha excepción, esta corporación, con fundamento en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, ha señalado que(33) para determinar la idoneidad y eficacia del medio judicial ordinario, en cada caso, el juez de tutela debe realizar una valoración “en concreto” de las circunstancias particulares en las que se encuentra el solicitante, de manera que sea posible determinar si es la acción de tutela y no la acción ordinaria, el medio más expedito y adecuado de protección de las garantías constitucionales invocadas. Sobre esa base, tratándose de derechos prestacionales, este tribunal ha fijado algunos criterios a partir de los cuales es posible determinar la procedencia excepcional de la acción de tutela:
d. Que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados”.(34)
En el presente caso, los referidos criterios se encuentran cumplidos, pues: (i) la acción de tutela busca proteger los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social de una persona que, como consecuencia de un accidente de tránsito, ha visto disminuida su capacidad laboral en un porcentaje superior al 50% (63.96% según la última calificación(35)), siendo, en consecuencia, un sujeto de especial protección constitucional; (ii) de igual manera, dada su condición de discapacidad, el actor no ha podido continuar laborando y, por tanto, la falta de definición de la prestación reclamada puede resultar afectando su derecho al mínimo vital; (iii) adicionalmente, de acuerdo con los hechos acreditados en el trámite de la presente actuación, se advierte que el actor, no obstante su estado de salud, ha llevado a cabo diferentes actuaciones ante los fondos de pensiones y Cesantías Protección S.A. y Colfondos S.A., dirigidas a obtener el reconocimiento de su pensión de invalidez y, finalmente, (iv) las graves circunstancias personales, económicas y familiares del actor, derivadas de su pérdida de capacidad laboral superior al 50%, hacen que resulte desproporcionado exigirle a aquél acudir al proceso ordinario laboral para reclamar el reconocimiento de la pensión de invalidez.
Adicional a lo anterior se tiene que, la complejidad y los costos del proceso, sumado al tiempo que este pueda demandar hasta su resolución, puede afectar gravemente las condiciones personales, económicas y de salud del actor, pues, desde hace más de dos años, aquél no está en condiciones económicas de proveer su propia subsistencia, ni en ese tiempo ha logrado obtener el reconocimiento de la prestación pensional reclamada. Tal y como lo ha sostenido este tribunal(36), el Estado debe brindar un mecanismo judicial efectivo, sencillo y expedito para salvaguardar los derechos de las personas en condición de discapacidad, más aún cuando ya ha sido sometido a dilaciones que han impedido el acceso a su derecho pensional.
4.2. De acuerdo con la situación fáctica descrita, corresponde a la Sala determinar si existió, por parte de las entidades accionadas, vulneración de las garantías fundamentales a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital del señor Carlos Mario Rodas Gómez, al no tener en cuenta el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por las juntas regional y nacional de calificación de invalidez y, en su lugar, exigirle iniciar un nuevo trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral.
5. El derecho a la seguridad social y la pensión de invalidez.
El legislador, en desarrollo del deber constitucional de diseñar un sistema de seguridad social integral, orientado en los principios antes mencionados, expidió la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. Dicho sistema se encuentra estructurado con el objetivo de procurar el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, mediante la protección de las principales contingencias que los afectan a partir de cuatro componentes básicos: i) el sistema general de pensiones, ii) el sistema general de salud, iii), el sistema general de riesgos laborales y iv) los servicios sociales complementarios(37).
5.2 En lo que respecta al Sistema General de Pensiones, el artículo 10 la Ley 100 de 1993 consagra como su principal objetivo, el de “garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte,”, para que, una vez ocurridas dichas contingencias, y bajo el cumplimiento de los requisitos legales, se dé lugar al reconocimiento de las pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivientes de los afiliados, o de los beneficiarios de este, según sea el caso. Para el cumplimiento de la mencionada finalidad, se estructuraron dos regímenes “solidarios excluyentes, pero que coexisten a saber:”(38).
Por un lado, el régimen de prima media con prestación definida, el cual comprende un fondo común de naturaleza pública integrado por los aportes realizados por cada uno de los afiliados al sistema y gestionado por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones y, por otro lado, el régimen de ahorro individual con solidaridad, el cual es un sistema en el que las pensiones se financian a través de la cuenta de ahorro individual del afiliado, a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
5.3. En relación con la pensión de invalidez, esta ha sido definida como aquella prestación pecuniaria en favor del trabajador que, como consecuencia de una enfermedad o accidente de origen común o profesional, ha perdido el 50% o más de sus facultades físicas o mentales, de tal forma que no puede continuar su desempeño laboral. Para tales efectos, la jurisprudencia constitucional ha definido el estado de invalidez como aquella “situación física o mental que afecta a la persona a tal punto que no puede valerse por sí sola para subsistir y vivir dignamente y le impide desarrollar una actividad laboral remunerada”(39).
Acorde con dicha definición, la misma jurisprudencia ha precisado que “un elemento definidor del estado de invalidez, es el hecho de que la persona por sí misma no puede procurarse los medios para una vida digna y decorosa, que se adquieren normalmente de una actividad remunerada; presumiéndose, en principio, que la estructuración de la invalidez está íntimamente ligada a las circunstancias del trabajo desempeñado y las condiciones de salud física o mental(40) de la persona, que le impidieron seguir laborando”(41). Sobre esa base, con el reconocimiento de la pensión de invalidez se pretende proteger el derecho al trabajo y al mínimo vital tanto del afiliado, que al ver disminuida su capacidad laboral no puede continuar generando ingresos, como de su núcleo familiar que ve comprometida su calidad de vida.
Respecto de la pensión de invalidez de origen común, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, prevé que para acceder a dicho beneficio pensional se requiere que la persona haya sido declarada inválida, es decir, que haya sido calificada con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%; y, además, que acredite haber “cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración”. Cumplido dichos requisitos, corresponderá al fondo de pensiones al cual se encuentra afiliado el trabajador, reconocer dicha prestación pensional con fundamento en las reglas de montos fijadas en el artículo 40 de la citada ley la cual varía según el porcentaje de invalidez dictaminado.
Sobre la invalidez de origen profesional, el parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 776 de 2002, dispone que corresponde a la administradoras de riesgos laborales, ARL(42), proceder al reconocimiento y pago de dicha prestación, cuando el afiliado hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente(43).Cumplidos dichos requisitos, el artículo 10 de la citada norma, establece los montos que deberán ser pagados en favor del trabajador inválido de acuerdo al porcentaje de su invalidez.
Para definir el estado de invalidez y, por tanto, el derecho al reconocimiento de la respectiva pensión, el legislador ha establecido el procedimiento que se debe cumplir, el cual impone la participación activa del afiliado o afectado, de las entidades que intervienen en el proceso de calificación y, además, de las entidades responsables del reconocimiento y pago de dicha pensión. Uno de los propósitos de integrar al proceso de calificación no solo al afectado, sino también a las entidades que tienen a su cargo el reconocimiento de la pensión de invalidez, como es el caso de los fondos de pensiones —en el régimen de ahorro individual—(44), es el de garantizar su derecho al debido proceso. Ello, sobre la base de considerar que los resultados que se adopten en dicho proceso comprometen su responsabilidad en el reconocimiento y pago de la prestación.
En ese orden, ocurrido el hecho generador del posible estado de invalidez, y una vez superado el periodo de incapacidad laboral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, las entidades encargas de determinar, en una primera oportunidad, el grado de invalidez y su origen son: la Administradora Colombiana de Pensiones, las administradoras de riesgos profesionales, ARP, las compañías de seguros de asuman el riesgo de invalidez y muerte y las entidades promotoras de salud, EPS(45).
Agotada la primera valoración, si el afiliado o las entidades que tienen a su cargo el reconocimiento de la prestación no están de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco días siguientes a la manifestación que hiciere sobre su inconformidad, se podrá acudir a las juntas de calificación de invalidez del orden regional(46), cuya decisión será apelable ante la junta nacional.
A partir de lo expuesto, sólo si es solicitado por el trabajador o por las entidades que tienen a su cargo el pago de la pensión de invalidez, corresponde a las juntas de calificación de invalidez, determinar de forma definitiva, la invalidez de los afiliados tanto del régimen de ahorro individual con solidaridad como del régimen de prima media con prestación definida. El trámite surtido ante las juntas de calificación para establecer la invalidez, está contenido en los artículos 38 a 43 de la Ley 100 de 1993, desarrollados por el Decreto 917 de 1999 (manual único para la calificación de invalidez), y por el Decreto 2463 de 2001(47). Dicho procedimiento se rige, a su vez, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º del citado Decreto 2463, por “los principios establecidos en la Constitución Política y en la Ley 100 de 1993...”, entre los que se cuentan, el respeto a la dignidad humana, el debido proceso y la buena fe (C.P., arts. 1º, 29 y 83).
“El procedimiento que deben observar esos organismos para tramitar las solicitudes de calificación de invalidez está regulado en el capítulo III de dicha normatividad (arts. 22 a 40). Allí se consagran reglas atinentes a la competencia de las juntas de calificación de invalidez (art. 22); rehabilitación previa para solicitar el trámite (art. 23); presentación de la solicitud (art. 24); documentos que se deben allegar a la solicitud de calificación (art. 25); solicitudes incompletas (art.26); reparto, sustanciación, ponencia, quórum y decisiones (arts. 27 a 29); audiencia y dictamen (arts. 30 y 31); notificación del dictamen y recursos (arts. 32 a 34); procedimiento para el trámite del recurso de apelación (art. 35); práctica de exámenes complementarios (art. 36); pago de gastos de traslado, valoraciones por especialistas y exámenes complementarios (art. 37); participación en las audiencias privadas (art. 38); inasistencia de pacientes (art. 39), y controversias sobre dictámenes (art. 40)”.
(i) La solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral sólo podrá tramitarse cuando las entidades hayan adelantado el tratamiento y rehabilitación integral o se compruebe la imposibilidad de su realización. Al efecto, a tal solicitud se debe allegar el certificado correspondiente (art. 9º del D. 917/99 y arts. 23 y 25-3 del D. 2463/2001).
6. Derecho al traslado entre administradoras de fondos de pensiones.
6.1. En virtud de la garantía constitucional del libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 16 de la Carta Política, el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 prevé, como característica fundamental del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, la libre escogencia de régimen pensional al establecer que “[l]a selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado...”(48).
Conforme con ello, el Sistema de Seguridad Social permite que sus afiliados puedan escoger de manera libre e informada el régimen pensional que se acomode a sus necesidades, lo cual incluye también el derecho a trasladarse de un fondo de pensiones a otro, en el caso del régimen de ahorro individual. Sin embargo, dicha libertad “no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato entre sujetos puestos aparentemente en igualdad de condiciones, tales como, el señalamiento de límites para hacer efectivo el derecho legal de traslado entre regímenes pensionales”(49).
6.3. No obstante lo anterior, para el caso de la pensión de invalidez, es viable que una vez se produce el siniestro que causa la invalidez del afiliado, se crean dudas acerca de cuál de los dos fondos privados está llamado a garantizar la protección de dicho siniestro. Ante esta posible situación de desamparo en el que queda el trabajador, el Decreto 1406 de 1999, “por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993...”, en su artículo 42, dispuso los efectos que dichos traslados producen, determinando hasta cuando responde por la contingencia el fondo del cual se traslada el trabajador y a partir de qué momento el siniestro es amparado por el fondo receptor del traslado.
Lo anterior, además de garantizar la continuidad del derecho a la seguridad social de los trabajadores, responde a la regla fijada por la jurisprudencia de esta corporación, según la cual, las controversias administrativas que se susciten entre las administradoras de fondos de pensiones, tendientes a determinar a cuál de estas corresponde la titularidad del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, no pueden llegar a afectar el goce efectivo del derecho pensional del afiliado, “[l]o contrario sería conducir a que los derechos constitucionales de los usuarios dependieran de derechos de rango legal y puramente patrimoniales de la entidades administradoras de pensiones, lo cual viola el artículo 4º de la Carta Política y la jurisprudencia constitucional”(50).
A partir de dicho criterio, la Sentencia T-026 de 2003 evaluó el caso de un trabajador que fue diagnosticado con VIH y con ocasión a dicha enfermedad, fue calificada como de origen común con fecha de estructuración del 4 de agosto de 2000. Sin embargo, antes de la estructuración de su invalidez, el actor solicitó traslado del fondo de pensiones Santander S.A. a Porvenir S.A., motivo por el cual, ambas entidades administradoras negaban el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez argumentando que para la fecha de estructuración, el peticionario no se encontraba afiliado a ninguno de los fondos. En dicha oportunidad, este tribunal, en aplicación del artículo 42 del Decreto 1406 de 1999, concluyó que, teniendo en cuenta la fecha de solicitud de traslado de fondo de pensiones y la fecha de efectividad de dicho traslado, la afiliación del accionante con Santander S.A. se había hecho efectiva 5 meses antes de la estructuración de la invalidez, en ese sentido, correspondía a esta última proceder al reconocimiento de la prestación pensional.
La regla fijada en el citado fallo, ha sido reiterada y aplicada por la jurisprudencia constitucional en eventos en los cuales la fecha de estructuración de la invalidez coincide con la fecha de la ocurrencia del siniestro o accidente. Sin embargo, existen casos en los que el periodo de la estructuración, no concurre simultáneamente con la fecha en que efectivamente se pierde la capacidad para trabajar. Dicha situación se evidencia, especialmente, cuando el individuo inválido padece de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, en este único evento, esta corporación ha evidenciado que en situaciones en que la pérdida de capacidad laboral se ha generado de forma progresiva, las juntas de calificación han determinado como fecha de estructuración de la invalidez, aquella en que aparece el primer síntoma de la contingencia, o la que se señala en la historia clínica como el momento en que se diagnosticó la misma(51). En dicha circunstancia este Tribunal “ha advertido que se presenta una situación de desprotección constitucional y legal de las personas a las que se les fija como fecha de estructuración de su invalidez el momento en que apareció el primer síntoma de la enfermedad, desconociéndose que la misma presenta manifestaciones que empeoran con el transcurso del tiempo ya que, por tratarse de una enfermedad progresiva, la persona en algún momento pudo trabajar y realizar aportes al sistema, debido a que conservó sus capacidades funcionales”(52).
7.2. En los fallos objeto de revisión, el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira, procedió a denegar el amparo de los derechos fundamentales invocados, por considerar que “no se puede endilgar, ni siquiera transitoriamente a Colfondos, la obligación de responder por una prestación como la pensión de invalidez a favor del señor Rodas Gómez, cuando dicha administradora apenas viene a tener conocimiento del siniestro acaecido en la persona del accionante”(53). En igual sentido se pronunció el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de la misma ciudad, quien confirmó la decisión de primera instancia y declaró improcedente la acción de tutela, al sostener que la presente acción no cumple con el requisito de subsidiariedad y, en consecuencia, corresponde al juez natural, dirimir la controversia invocada.
7.3. Así las cosas, según quedó anotado en el apartado 4.2 de las consideraciones de este fallo procederá la Sala determinar si, de conformidad con las normas que regulan el traslado entre fondos de pensiones existió, por parte de las entidades accionadas, vulneración de las garantías fundamentales ya invocadas, al no tenerse en cuenta el trámite de calificación de invalidez surtido por el accionante ante Protección S.A. y, además, someterlo a un nuevo proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral.
— El señor Carlos Mario Rodas Gómez, padece de Diabetes Mellitus tipo 1 desde los 8 años de edad.
— De acuerdo con su historia laboral(54), desde el mes de diciembre de 2010, realizó aportes al Sistema de Seguridad Social a través de Colfondos S.A. Posteriormente, el 23 de julio de 2013 presentó solicitud de traslado de aportes a Protección S.A., el cual se hizo efectivo a partir del 1º de septiembre del mismo año.
— En el periodo trascurrido entre la solicitud de traslado de fondo de pensiones y la efectividad de la afiliación al nuevo fondo, el 17 de agosto de 2013, el señor Rodas Gómez sufrió un accidente de tránsito el cual le causó “fractura inter trocanterica continua completa de cadera derecha, síndrome doloroso regional complejo tipo 1 acortamiento de miembro derecho de 3cm”(55). No obstante lo anterior, el accionante continuó realizando aportes al sistema hasta el mes de junio de 2015(56).
— Con ocasión de dicho accidente, y por cuenta del fondo de pensiones Protección S.A., el señor Rodas Gómez fue inicialmente calificado por la Compañía Suramericana de seguros de vida S.A. (SURA) el cual dictaminó una calificación de pérdida de la capacidad laboral de 43.75% de origen común con fecha de estructuración del 11 de diciembre de 2014.
— Inconforme con el dictamen emitido por la aseguradora, el accionante acudió a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, quien dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 50.6% de origen común, con fecha de estructuración del 17 de agosto de 2013(57). La decisión fue impugnada por Protección S.A. ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez la cual decidió, mediante comunicación del 1º de octubre de 2015, confirmar en su integridad la decisión emitida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda(58).
— En virtud de lo anterior, el señor Rodas Gómez solicitó a Protección S.A., el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, petición que, mediante comunicación del 19 de noviembre de 2015, fue negada por la entidad toda vez que, para la fecha de estructuración de la invalidez no se había hecho efectivo el traslado a dicha administradora y por tanto, el actor aún se encontraba afiliado a Colfondos S.A., en consecuencia, la entidad declaró la nulidad de su afiliación y ordenó la devolución de saldos.
— Posteriormente, el accionante solicitó a Colfondos S.A. que, teniendo en cuenta el trámite antes surtido ante Protección S.A., le reconociera sin más dilación la pensión de invalidez. Sin embargo, la entidad negó tal petición y requirió al señor Rodas Gómez iniciar un nuevo trámite de calificación de invalidez ante esa entidad.
— Actualmente, el señor Carlos Mario Rodas Gómez se encuentra adelantando el trámite dirigido al reconocimiento y pago de su pensión de invalidez ante Colfondos S.A. En ese orden, el 3 de noviembre de 2016, el gerente de la unidad de previsionales de Colfondos S.A. le informó al actor que, el comité de calificación de la unidad previsional de la misma entidad, dictaminó en este, una pérdida de la capacidad laboral del 63.96% de origen común con fecha de estructuración del 17 de agosto de 2013, el cual, ante la inconformidad de la entidad, será remitido ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda para efectos de proceder a realizar el trámite definitivo de calificación de invalidez(59).
7.5. El anterior recuento plantea una primera cuestión que debe ser observada para efectos de resolver el problema jurídico en el presente caso, relacionada con definir a qué entidad le corresponde realizar el trámite para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del señor Carlos Mario Rodas Gómez, dada la proximidad de tiempo entre la fecha de estructuración de su invalidez y la fecha de efectividad de traslado al nuevo fondo de pensiones. Para ello debe tenerse en cuenta que, por un lado, el accidente que ocasionó el estado de invalidez del actor ocurrió el 17 de agosto de 2013 y, por otro lado, la fecha de la efectividad de la afiliación a Protección se llevó a cabo el 1º de septiembre de la misma anualidad.
7.7. Así las cosas, advierte la Sala que en la medida en que la estructuración de la invalidez del actor tuvo lugar con anterioridad a la fecha de efectividad del traslado a Protección S.A, no existe duda de que es Colfondos S.A. la administradora a quien corresponde llevar a cabo el trámite de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del señor Rodas Gómez, pues de acuerdo con las reglas fijadas en la norma antes citada, en éste recae la obligación de cubrir todas la contingencias que se causen con anterioridad a la efectividad del traslado a la nueva administradora.
7.8. Ahora bien, determinada la titularidad de Colfondos S.A. como entidad encargada de llevar a cabo el trámite correspondiente para el eventual reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del actor, considera la Sala que, tal como lo señalaron los jueces de primera y segunda en los fallos objeto de revisión, exigirle al fondo de pensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del señor Rodas Gómez con base en un dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido en un trámite en el que no tuvo la oportunidad de intervenir, conllevaría una clara afectación de su derecho al debido proceso.
7.10. Así las cosas, frente a la colisión que se presenta entre el derecho al debido proceso de Colfondos S.A. y el derecho al mínimo vital del señor Rodas Gómez, corresponde a la Sala llevar a cabo un juicio de ponderación(60) en el presente caso, el cual exige al juez constitucional “tener en cuenta los diversos bienes e intereses en juego y propender su armonización en la situación concreta”(61), con el fin de tomar una decisión que garantice la efectividad de los derechos de las partes involucradas.
7.10.1. Por un lado, respecto de la posible afectación del debido proceso de Colfondos S.A., conviene resaltar que, de conformidad con los lineamientos legales establecidos para el trámite de valoración y calificación de la pérdida de capacidad laboral analizados en la parte motiva de esta sentencia (apartado 5.12), la garantía del mencionado derecho fundamental exige que las entidades vinculadas en el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, como es el caso de los fondos de pensiones, participen e intervengan en dicho trámite(62).
7.10.2. Por otro lado, respecto a la posible afectación del mínimo vital del tutelante, la Sala advierte que, en atención a la situación relacionada con la intervención de Colfondos en el trámite de calificación de Carlos Mario Rodas Gómez, no ha sido posible definir el derecho pensional de quien, en todo caso, cuenta con una calificación de pérdida de la capacidad laboral superior al 50% proferida por las autoridades competentes, lo cual da cuenta de que no pueda realizar una actividad laboral en procura de su auto-sostenimiento.
En relación con la anterior situación, es preciso tener en cuenta que, más allá de las discrepancias administrativas en relación con la entidad encargada de reconocer el derecho, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que “la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad no se formaliza por separado con cada una de las entidades administradoras, sino con el régimen de pensiones, en su conjunto”(63).
En ese orden, se tiene que en el presente caso, el señor Rodas Gómez realizó los aportes de forma continua al Sistema de Seguridad Social en Pensiones desde diciembre de 2010 hasta el año 2015 en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Adicionalmente, una vez ocurrido el accidente que causó la invalidez, el actor acudió a la administradora de fondo de pensiones a la cual se encontraba afiliado y con quien mantenía su relación con el sistema pensional, de manera que se inició el trámite correspondiente para determinar su estado de invalidez, el cual culminó con el dictamen emitido por la junta nacional de calificación de invalidez, que se encuentra amparado por la presunción de legalidad.
Frente a dicha circunstancia, conviene resaltar que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que los conflictos que surjan entre las administradoras tendientes a determinar a cuál le corresponde el pago de la prestación pensional, no pueden afectar las garantías fundamentales del afiliado, “[l]o contrario sería conducir a que los derechos constitucionales de los usuarios dependieran de derechos de rango legal y puramente patrimoniales de la entidades administradoras de pensiones, lo cual viola el artículo 4º de la Carta Política y la jurisprudencia constitucional”(64).
7.12. Con base en las anteriores precisiones, considera la Sala que, en aras de lograr una armonización en la situación concreta de los derechos fundamentales que se encuentran en colisión, resulta necesario que, mientras se surte el trámite de calificación de la pérdida de la capacidad laboral a través de Colfondos S.A., se conceda el amparo provisional de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del señor Carlos Mario Rodas Gómez, ordenando a Colfondos S.A. que defina transitoriamente el derecho pensional del accionante teniendo en cuenta el dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el cual estableció una pérdida de capacidad laboral de 50.6% de origen común con fecha de estructuración de 17 de agosto de 2013.
7.13. Dicho amparo provisional tiene fundamento en la necesidad de proteger los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional que, como consecuencia de la dilación del trámite ante las administradoras de los fondos de pensiones, no ha podido definir a su derecho pensional, pese a haber sido calificado por la autoridad competente con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, afectado su mínimo vital y encontrándose actualmente, según su propio dicho, prácticamente en un estado de indigencia(65).
7.14. No obstante lo anterior, en ejercicio del derecho al debido proceso tanto de Colfondos S.A. por ser la entidad responsable del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de su afiliado como del señor Carlos Mario Rodas Gómez, se continuará adelantado el trámite de calificación de invalidez el cual se encuentra en valoración por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Risaralda. Surtido dicho trámite, el dictamen emitido por las autoridades encargadas será definitivo y prevalecerá sobre cualquier otra calificación que previamente se haya adelantado.
7.15. Sobre esas bases, la Sala de Revisión procederá a revocar el fallo proferido el 14 de febrero de 2016, por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira-Risaralda y en su lugar, tutelará parcialmente los derechos invocados por el actor, ordenando a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A. que en un término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a definir el derecho pensional del accionante teniendo en cuenta el dictamen emitido por la junta nacional de calificación de invalidez, el 1º de octubre de 2015, el cual estableció un pérdida de capacidad laboral de 50.6% de origen común con fecha de estructuración de 17 de agosto de 2013.
7.16. Adicionalmente, se ordenará a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A. continuar realizando el nuevo trámite de calificación de invalidez del afiliado, Carlos Mario Rodas Gómez, el cual se encuentra ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Risaralda. Una vez emitido el dictamen de pérdida de capacidad laboral por parte de las autoridades competentes, dicho dictamen gozará de presunción de legalidad y será de carácter definitivo para decidir sobre el derecho pensional del accionante y el monto de su mesada pensional si hubiera lugar a ello.
1. REVOCAR, por las razones expuestas y en los termino de esta providencia, el fallo proferido el 14 de abril de 2016 por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescente con Función de Conocimiento de Pereira, por medio de la cual se confirmó la sentencia de febrero 29 del mismo año dictado por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías, en el proceso de tutela promovido por el señor Carlos Mario Rodas Gómez contra las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y Colfondos S.A, y en su lugar, CONCEDER de manera transitoria el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y la seguridad social del accionante.
2. ORDENAR a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A. que en un término de 48 horas contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a definir, de manera provisional, sobre el derecho pensional del señor Carlos Mario Rodas Gómez teniendo en cuenta el dictamen emitido por la junta nacional de calificación de invalidez, el 1º de octubre de 2015, el cual estableció un pérdida de capacidad laboral de 50.60% de origen común con fecha de estructuración de 17 de agosto de 2013. Lo anterior, hasta que culmine el trámite de calificación de invalidez del señor Rodas Gómez adelantado por la misma entidad.
3. ORDENAR a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A. continuar realizando el nuevo trámite de calificación de invalidez del afiliado, Carlos Mario Rodas Gómez, el cual se encuentra ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Risaralda. Una vez emitido el dictamen de pérdida de capacidad laboral por parte de las autoridades competentes, dicho dictamen gozará de presunción de legalidad y será de carácter definitivo para definir el derecho pensional del accionante y el monto de su mesada pensional si hubiera lugar a ello.
Magistrados: Luis Guillermo Guerrero Pérez—Alejandro Linares Cantillo—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, ausente con permiso.
1 Para la fecha de la presentación de la acción de tutela, esto es 15 de febrero de 2016.
2 Cdno. 2, fls.: 15-20. De acuerdo con el dictamen elaborado por la Junta Regional del Risaralda, el accionante padece de Diabetes Mellitus tipo I desde los 8 años siendo desde entonces insulinodependiente.
3 Cdno. 2, fls. 24 y 25.
4 Cdno. 2, fl. 17, dictamen junta nacional de calificación de invalidez.
5 Cdno. 2, fls. 24 y 25: historia laboral del accionante.
6 Cdno. 2, fls. 7-10.
7 Cdno. 2, fls. 11-13.
8 Cdno. 2, fls. 14-20.
9 Cdno. 2, fl. 21.
10 Cdno. 2, fl. 22.
11 Cdno. 2, fls. 25-26.
12 Cdno. 2, fl. 27.
13 Cdno. 2, fl. 43.
14 Cdno. 2, fl. 51.
15 Cdno. 2, folios: 6-10.
16 Cdno. 2, fls. 11-13.
17 Cuaderno2, folios: 14-20.
18 Cdno. 2, fl. 21.
19 Cdno. 2, fl. 22.
20 Cdno. 2, fls. 23 y 24
21 Cdno. 2, fls. 25 y 26.
22 Cdno. 2, fls. 27-37.
23 Cdno. 1, fls. 36-66.
24 Sentencia T-416 de 1997, reiterada por la sentencia T-1191 de 2004 y T-799 de 2009.
25 Decreto 2591 de 1991, artículo 10 “Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
26 Sentencia T-482 de 2013.
27 Sentencia T-056 de 2015.
28 Sentencia T-900 de 2004, reiterada en sentencias T- 541, T- 675 y T- 678 todas de 2006, entre otras.
29 Sentencia T- 678 de 2006.
30 Sentencias T- 01 y T- 418 de 1992, T-392 de 1994, T- 575 de 2002.
31 Cdno. 2, fl. 5.
32 Cdno. 2, fls. 27-37.
33 Entre otras, las sentencias: T-047 de 2013, T 140 de 2013, T- 326 de 2013.
34 Sentencias T-722 de 2012, T-1014 de 2012, T-1069 de 2012, T-326 de 2013.
35 Cdno. 1, fl. 57.
36 Ver, entre otras, las sentencias T-456 de 2004, T-328 de 2011 y T-713 de 2014.
37 Sentencia SU-130 de 2013.
38 Ley 100 de 1993, artículo 12.
39 Sentencia T-262 de 2012.
40 Cfr. T-710 de 2009 y T-561 de 2010.
41 Sentencia T-337 de 2012.
42 Ley 776 de 2002, artículo 1º, parágrafo 2º: “[l]as prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, serán reconocidas y pagadas por la administradora en la cual se encuentre afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o, en el caso de la enfermedad profesional, al momento de requerir la prestación”.
43 Ley 776 de 2002, artículo 9º: “[p]ara los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales, se considera inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad laboral de acuerdo con el manual único de calificación de invalidez vigente a la fecha de la calificación”.
44 Ley 100 de 1993, artículo 70: “Las pensiones de invalidez se financiarán con la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado, el bono pensional si a éste hubiere lugar, y la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión. La suma adicional estará a cargo de la aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de invalidez y de sobrevivientes”.
45 Ley 100 de 1993, artículo 41: “El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de la invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación, para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de la capacidad laboral. Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a las administradoras de riesgos profesionales, ARP, a las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las entidades promotoras de salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las juntas regionales de calificación de invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la junta nacional de calificación de invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales”.
46 Decreto 2463 de 2001: Artículo 24.—Presentación de la solicitud. La solicitud ante la junta deberá contener el motivo por el cual se envía a calificación y podrá ser presentada por una de las siguientes personas: 1. El afiliado o su empleador, el pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario o la persona que demuestre que aquél está imposibilitado, para lo cual deberá anexar la copia del aviso a la administradora o entidad a cargo del reconocimiento de prestaciones o beneficios. 2. La administradora del régimen solidario de prima media con prestación definida. 3. La administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad...”.
47 “Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez”.
48 Ley 100 de 1993, artículo 13, literal “b) La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”.
49 Sentencia C-1024 de 2004.
50 Sentencia T-1182 de 2005.
51 Al respecto consultar las siguientes sentencias: T-520 de 2015; T-043 de 2006; T-799 de 2012.
52 Sentencia T-520 de 2015.
53 Cdno. 2, fl. 74.
54 Cdno. 2, fls. 24 y 25.
55 Cdno. 2, fl. 17, dictamen junta nacional de calificación de invalidez.
56 Cdno. 2, fl. 24 y 25: historia laboral del accionante.
57 Cdno. 2, fls. 11-13.
58 Cdno. 2, fls. 14-20.
59 Cdno. 1, fls. 57-66.
60 Al respecto, la Sentencia T-425 de 1995 estableció que: “[e]n el caso de colisión entre derechos constitucionales, corresponde al juez llevar a cabo la respectiva ponderación. Mediante ésta, se busca un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos enfrentados. La consagración positiva del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, elevó a rango constitucional la auto-contención de la persona en el ejercicio de sus derechos. La eficacia constitucional de este deber, en consecuencia, exige de los sujetos jurídicos un ejercicio responsable, razonable y reflexivo de sus derechos, atendiendo a los derechos y necesidades de las demás y de la colectividad”.
62 Decreto 2463 de 2001, artículo 24: “Presentación de la solicitud. La solicitud ante la junta deberá contener el motivo por el cual se envía a calificación y podrá ser presentada por una de las siguientes personas:
3. La administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad (...)”.
63 Sentencia T-026 de 2003.
64 Sentencia T-1182 de 2005.
65 De acuerdo con las afirmaciones contenidas en la acción de tutela.