Source: http://www.cidh.oas.org/Discursos/06.05.01.htm
Timestamp: 2019-04-18 15:15:18
Document Index: 412579395

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 71', 'artículo 69', 'artículo 27', 'artículo 15', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 40', 'artículo 31', 'artículo 36', 'artículo 30']

Discurso Asamblea General - Decano Claudio Grossman
EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOBRE EL PERFECCIONAMIENTO DEL
Quiero agradecer la oportunidad de dialogar con ustedes, señoras y señores representantes de los gobiernos democráticamente elegidos del Hemisferio, sobre el perfeccionamiento del sistema interamericano de derechos humanos. Es mi intención profundizar en algunos puntos de particular importancia en el estado actual del diálogo sobre el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y las direcciones que el sistema debería y está tomando. Estas reflexiones son el producto de la extensa experiencia de la CIDH sobre las necesidades de derechos humanos que existen en nuestra región y el tipo de sistema que debemos modelar para estar en condiciones de responder a dichas demandas[1].
2. LA NECESIDAD DE CREAR CONSENSOS ENTRE TODOS LOS ACTORES DEL SISTEMA
Como contribución al fortalecimiento del sistema, la Comisión[4] y la Corte[5] en los últimos meses han aprobado reformas a sus reglamentos dentro del marco de sus respectivas autonomías, que entendemos reflejan las sugerencias contenidas en la resolución 1701 aprobada en Windsor. El Reglamento de la CIDH entró en vigencia este 1º de mayo y el de la Corte lo hizo recientemente, el 1º de junio. Estas reformas reglamentarias han sido uno de los desarrollos más importantes que ha tenido el sistema interamericano desde la entrada en vigencia de la Convención Americana hace más de 30 años. Las reformas no pueden pasarse por alto y deben tomarse seriamente en cuenta en el marco del diálogo.
Por la importancia y trascendencia de estas reformas, debe darse el apoyo y tiempo necesario para su funcionamiento y evaluación. De allí que la adopción de un Protocolo adicional para dar acceso directo a las víctimas al Tribunal interamericano deba ser estudiada una vez que se evalúen los resultados que producen estas reformas reglamentarias. Esta posición no implica que estemos en contra de dicho desarrollo, algo que he sostenido personalmente, desde que participé en los primeros casos ante la Corte hace más de quince años.[6] Por el contrario, implica reconocer que las nuevas disposiciones reglamentarias contribuyen a facilitar el acceso de los peticionarios a la Corte. Los cambios jurídicos cuentan con mayores posibilidades de éxito cuando son declarativos, vale decir cuando reflejan una transformación que ha tenido lugar en gran medida en la práctica. Por eso corresponde hoy dar tiempo a que las nuevas disposiciones reglamentarias se desarrollen en la práctica. En este sentido, el nuevo Reglamento de la Comisión prevé las siguientes medidas para ampliar la participación de la víctima en los procesos ante la Corte: consulta al peticionario y a la víctima de su posición sobre el envío del caso a la Corte (artículo 43.(3)), tomar en cuenta la opinión del peticionario para decidir si remite el caso a la Corte y establecimiento de la presunción de que todos los casos se remitirán al tribunal (artículo 44 incisos 1 y 2), participación del individuo en la preparación de la demanda ante la Corte (artículo 71) y posibilidad de que se lo incluya como uno de los delegados de la Comisión ante la Corte (artículo 69.(1)).
Señor Presidente, los cambios trascendentales en los reglamentos de la Comisión y la Corte exigen en este momento el pleno apoyo político por parte de los Estados miembros a los órganos. Entendemos que las tres medidas fundamentales que se deben adoptar en esta Asamblea General deben ser la dotación de los recursos financieros necesarios para los órganos, el establecimiento de un mecanismo específico que permita a los órganos políticos impulsar el cumplimiento efectivo de las decisiones de la Comisión y la Corte y la obligación de los Estados de incorporar en el ámbito interno las normas internacionales de derechos humanos.
4. CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE DERECHOS HUMANOS Y SU SUPERVISIÓN COLECTIVA POR LOS ÓRGANOS POLÍTICOS DE LA ORGANIZACIÓN
Señor Presidente, si bien el cumplimiento de las resoluciones emanadas de la Comisión y la Corte ha aumentado al comparársela con la época en que imperaban numerosas dictaduras en el hemisferio, la situación dista mucho todavía de ser satisfactoria. Llama la atención sin embargo, que contrastada con la situación actual, durante las dictaduras existía una mayor iniciativa de parte de los órganos políticos de la OEA por respaldar las decisiones de la Comisión (la Corte recién dictó sus primeras sentencias en casos contenciosos en 1987).[7] Todos conocen los serios esfuerzos de los países democráticos en aquellos años, entre los que se destacaron México, Venezuela y Estados Unidos, por respaldar la actuación efectiva de la Comisión y promover debates en el ámbito del Consejo Permanente y de la Asamblea General sobre el cumplimiento de las recomendaciones que la Comisión formulara con relación a países donde se cometían masivas violaciones a los derechos humanos. Hoy en día, sin embargo, y a pesar de los vientos democráticos que soplan en el hemisferio, los órganos políticos de la OEA no operan suficientemente como guardianes colectivos del sistema.
Es esencial que esta Asamblea General adopte las medidas necesarias para permitir que los Estados actúen como garantes colectivos del sistema. En este sentido, la CIDH está convencida que la propuesta de establecer un procedimiento de revisión anual del cumplimiento de las decisiones de la Comisión y la Corte, por parte del Consejo Permanente y la Asamblea General, puede representar un avance significativo en esta dirección y cuenta con nuestro decidido apoyo.
La CIDH ha seguido con interés los debates y decisiones adoptadas en Quebec, en cuanto a la inclusión de una cláusula democrática vinculada al acuerdo de libre comercio regional. Nos parece que este valioso paso debe expresamente incluir el cumplimiento de las decisiones de los órganos de derechos humanos, como un elemento válido para evaluar si un gobierno es democrático. Después de todo, las normas de derechos humanos lo que hacen es precisamente definir lo que es una democracia, inter alia separación de poderes, independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley, libertades políticas, libertad de expresión, asociación, religión. Es importante destacar que en el caso del Consejo de Europa el incumplimiento con las decisiones de los órganos de derechos humanos acarrea sanciones que incluyen la exclusión del sistema regional.[8]
El perfeccionamiento del sistema requiere que los Estados miembros adopten las medidas legislativas necesarias para que las decisiones que adoptan la Comisión y la Corte cuenten con un mecanismo jurídico que permita su ejecución en el ámbito interno.[9] En los últimos años, varios países han adoptado tales medidas, pero aún debe continuar avanzándose en dicha dirección.[10]
Señor Presidente, el advenimiento de gobiernos elegidos democráticamente en todos los países de la región salvo Cuba, ha permitido que numerosas constituciones políticas de los Estados de la OEA hayan recogido normas contenidas en tratados internacionales. Algunas de ellas lo han hecho mediante una referencia de carácter general a dichos instrumentos, mientras que otras han entrado al terreno específico.[11] Este es un paso esencial en la dirección correcta que debe ir acompañado de disposiciones legislativas específicas para hacer efectivos los derechos garantizados, así como una activa participación de los jueces para utilizar las normas internacionales de derechos humanos.[12] Una importante contribución al perfeccionamiento del sistema interamericano sería que los poderes legislativos de nuestros países adopten todas las disposiciones que sean necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la normativa internacional y que modifiquen o deroguen todas aquellas disposiciones que se hallan en contravención con los tratados internacionales de derechos humanos. Los poderes judiciales, por su parte, deberían aplicar plenamente tanto las disposiciones contenidas en los tratados como la jurisprudencia de la Comisión y la Corte[13]. Una de las fortalezas del sistema europeo es que los poderes legislativos permanentemente revisan sus leyes internas para hacerlas compatibles con las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos y los jueces europeos, incluidos aquellos de los más altos tribunales, de manera constante utilizan e invocan las decisiones de los órganos de Estrasburgo.[14]
La Comisión valora que el fortalecimiento del sistema haya sido proclamado como el eje de esta Asamblea General. La CIDH espera que los Estados miembros incrementen en forma sustancial los recursos financieros de la Comisión y de la Corte, como paso indispensable para lograr los objetivos planteados por los Estados mismos con relación al fortalecimiento del sistema y en consonancia con el mandato recibido de nuestros Presidentes y Jefes de Estado.
El aumento de los fondos debe ser destinado para el fortalecimiento institucional de los órganos, los que deben gozar de la autonomía necesaria para decidir cómo utilizar dichos recursos adicionales, de conformidad con sus necesidades y estrategias de desarrollo, entre las cuales se encuentran el avance en el mediano plazo hacia la permanencia de la Comisión y la Corte. La Comisión apoya la idea de la permanencia de los órganos como un objetivo a alcanzar en el mediano plazo. A la vez, entiende que el proceso gradual tendiente a llegar a tener órganos permanentes puede tener diferentes opciones y modalidades que deben ser decididas por la Comisión y la Corte. Tal decisión debe basarse en las metodologías de trabajo y necesidades específicas de cada uno de los órganos y en las atribuciones convencionales y reglamentarias de sus miembros, presidentes, comisiones directivas y grupos de trabajo. Así, por ejemplo, la Comisión, entre las opciones que está considerando para llegar a su permanencia en el mediano plazo, en caso de contar con los recursos financieros necesarios, se encuentran contratación de más abogados, la extensión gradual de la duración de sus períodos ordinarios de sesiones,[15] la celebración de un nuevo período ordinario de sesiones o la reunión más frecuente y por mayor tiempo del grupo de trabajo sobre admisibilidades.[16]
[7] David Weissbrodt and Maria Luisa Bartolomei, The Effectiveness of International Human Rights Pressures: The case of Argentina, 1976-1983, 75 minnesota l.rev.1009 (1991).
[8] Estatuto del Consejo de Europa, artículos 3, 8 y 9, European Treaties Series 1. D.J. HARRIS, M. O'BOYLE & C. WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights , Butterworths, 1995, p.700 y C. F. AMERASINGHE, Principles of the institutional law of international organizations, Cambridge University Press, 1996, p. 115
[9] Víctor Rodríguez Rescia, La Ejecución de Sentencias de la Corte, en Méndez y Cox (ed.) El Futuro del Sistema Interamericano de Protección de los derechos humanos, IIDH, San José (1998), pág. 479
[10] Se pueden mencionar, entre otros: Colombia: Ley 288 de 1996, por la cual se establecen mecanismos específicos para la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales de Derechos Humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Costa Rica: El artículo 27 del acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y la Corte Interamericana dispone que las resoluciones de dicho órgano o de su Presidente tendrán el mismo efecto que aquellas dictadas por el poder judicial costarricense una vez que las mismas hayan sido comunicadas a las autoridades administrativas y judiciales de Costa Rica; Honduras: La Constitución establece en su artículo 15 que "Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales. Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional"; México: La Ley sobre la Celebración de Tratados estipula en su artículo 11 que "Las sentencias, laudos arbitrales y demás resoluciones jurisdiccionales derivados de la aplicación de los mecanismos internacionales para la resolución de controversias legales a que se refiere el artículo 8o., tendrán eficacia y serán reconocidos en la República, y podrán utilizarse como prueba en los casos de nacionales que se encuentren en la misma situación jurídica, de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados aplicables”; Perú: Ley 23506, artículo 40: "La resolución del organismo internacional a cuya jurisdicción obligatoria se halle sometido el Estado Peruano, no requiere para su validez y eficacia de reconocimiento, revisión ni examen previo alguno. La Corte Suprema de Justicia de la República recepcionará las resoluciones emitidas por el organismo internacional, y dispondrá su ejecución y cumplimiento de conformidad con las normas y procedimientos internos y vigentes sobre ejecución de sentencias”. Venezuela: la Constitución de 1999 dispone en su artículo 31 que el Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en la Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales de derechos humanos.
[11] Véase entre otros Ariel Dulitzky, “Los Tratados de Derechos Humanos en el Constitucionalismo Iberoamericano”, Estudios Profundizados de Derechos Humanos, IIDH, 1996.
[12] Puede verse, Martín Abregú y Christian Courtis (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, CELS – Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997. Rodolfo E. Piza Escalante, El valor del derecho y la jurisprudencia internacionales de derechos humanos en el derecho y la justicia internos: el ejemplo de Costa Rica, en: Corte Interamericana de Derechos humanos, Liber Amicorum Héctor Fix-Zamudio (1998), pp.169-191 Max Alejandro Flores Rodríguez, Aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos por la Corte Constitucional y los jueces, en Espacios internacionales para la justicia colombiana, vol. III, Comisión Andina de Juristas, Sección Colombiana, 1993.
[13] Lillich, Richard The Role of Domestic Courts in Enforcing International Human Rights Law, en Guide to Internationational Human Rights Practice, editado por Hurst Hannum, University of Pennsylvania Press, pág. 228. Mohammed Bedjaoui, The Reception by National Courts of Decisions of International Tribunals, en International Law Decisions in National Court, Edited by Thomas M. Frank & Gregory H. Fox, Transnational Publishers, Inc. New York, 1996, pág. 22.
[14] Andrew Moravcsik, Explaining International Human Rights Regimes: Liberal Theory and Western Europe, 1:2 European J. Int'l Relations 157, 178 (1995), Carlos Fernández de Casadevante, La aplicación del convenio Europeo de Derechos Humanos en España, Tecnos, Madrid, 1988.
[15] Actualmente la Comisión se reúne en dos períodos ordinarios de sesiones de tres semanas de duración cada uno. Podrían extenderse estos períodos a cuatro o más semanas cada uno.
[16] De conformidad con el artículo 36 de su nuevo Reglamento, habrá un Grupo de trabajo sobre admisibilidad que se reunirá antes de cada período ordinario de sesiones. El artículo 30 y concordantes del Reglamento establecen que la Comisión debe adoptar, en principio, decisiones de admisibilidad en cada una de las peticiones que tramita. De conformidad con un estudio realizado por la Secretaría de la Comisión para el 110º período ordinario de sesiones, celebrado en febrero de este año, en la actualidad hay más de 650 peticiones que no tienen aún decisiones de admisibilidad.