Source: https://www.scribd.com/doc/116691458/El-dificil-acceso-de-la-sociedad-civil-a-las-causas-de-Corrupcion-y-un-primer-diagnostico-sobre-estos-Interminables-procesos-penales
Timestamp: 2019-02-16 02:03:43
Document Index: 411215639

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El difícil acceso de la sociedad civil a las causas de Corrupción y un primer diagnóstico sobre estos Interminables procesos penales
Documento con los resultados de un proyecto de incidencia con el objetivo de quebrar el secreto de las investigaciones en aquellos delitos relacionados con la corrupción
El difícil acceso de la sociedad civil a las causa...
EL DIFÍCIL ACCESO DE LA
SOCIEDAD CIVIL A LAS CAUSAS DE CORRUPCIÓN Y UN PRIMER DIAGNOSTICO SOBRE ESTOS INTERMINABLES PROCESOS PENALES
EL DIFÍCIL ACCESO DE LA SOCIEDAD CIVIL A LAS CAUSAS DE
CORRUPCIÓN Y UN PRIMER DIAGNÓSTICO SOBRE ESTOS INTERMINABLES PROCESOS PENALES
Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia (FONTRA)
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia Buenos Aires, Octubre de 2009 Máximo responsable del proyecto: Gustavo Maurino
Coordinador del proyecto: Luis Villanueva
Equipo de investigación: Camila Blanco Dante Leguizamón Morra David Terroba
Comunicación y edición: Laura Coelho Tamar Colodenco Magdalena Abásolo
Introducción.……………………………………………………………………………………………… I.‐ El difícil acceso de la sociedad civil a las causas de corrupción………… A) La estrategia Jurídica – Fundamento Jurídico………………………………………. B) Las respuestas de los jueces de grado…………………………………………………. C) La experiencia en los Tribunales Orales Federales…………………………. D) La posición de la Cámara Federal de Apelaciones………..…………........... E) Las repercusiones de los fallos de la Cámara………………………. II.‐ Primer diagnóstico sobre estos interminables procesos penales………. A) La organización de la investigación……………………………….……………..… B) Espacios de tiempo sin impulso de la causa……………………………………. C) Debilidades de procedimiento………………………………………………………….. D) Utilización dilatoria de las herramientas procesales………………………. E) Intervención de los Peritos…………………………………………………………….... Conclusiones………………………………………………………………………………………......... 4 6 6 7 12 13 15 18 20 22 23 27 28 31
Introducción A fines del año 2007, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) comenzó un proyecto de incidencia con el objetivo de quebrar el secreto de las investigaciones en aquellos delitos relacionados con la corrupción1. En efecto, el código procesal penal de la Nación contiene una regla que dispone que el expediente es siempre secreto para los extraños2 (artículo 204) y otra que garantiza que aquellos particulares que acrediten un interés legítimo, podrán solicitar al tribunal que expida copias o informes3 (artículo 131). Mediante el juego de estas normas, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y las convenciones internacionales contra la corrupción que Argentina suscribió; ACIJ solicitó a los jueces del fuero federal que permitieran el acceso a dichas causas, interpretando las normas procesales ampliamente, a la luz de este nuevo bloque constitucional anticorrupción que alienta la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. El presente trabajo repasa y analiza esta experiencia y sus hallazgos. Está organizado en dos partes fundamentales: la primera de ellas describe las reacciones de los órganos jurisdiccionales y las dificultades encontradas en el proceso de acceso a las causas penales de corrupción. La segunda parte presenta los primeros hallazgos de nuestro análisis sobre las causas, y un mapa básico de los motivos más habituales de retraso en las investigaciones penales mencionadas, los cuales han sido identificados como tendencias, que serán verificadas en posteriores análisis, en el marco del proyecto de investigación más amplio y comprehensivo que llevaremos adelante en los próximos meses.
1 Para lograr este objetivo ACIJ tuvo como aliado al Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) 2 El artículo 204 del CPPN establece “El sumario será público para las partes y sus defensores, que lo podrán examinar después de la indagatoria, dejando a salvo el derecho establecido en el segundo párrafo del artículo 106. Pero el juez podrá ordenar el secreto por resolución fundada siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, exceptuándose los actos definitivos e irreproducibles, que nunca serán secretos para aquéllos. La reserva no podrá durar más de diez (10) días y será decretada sólo una vez, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación exijan que aquélla sea prolongada hasta por otro tanto. No obstante, podrá decretarse nuevamente si aparecieren otros imputados. El sumario será siempre secreto para los extraños.” 3 El artículo 131 del CPPN establece: “El tribunal ordenará la expedición de copias e informes, siempre que fueren solicitados por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos”
Agradecemos a las personas que colaboraron con el desarrollo del presente trabajo. Especialmente a Federico Delgado, Sabrina Namer, Diego Martínez y Javier Contreras Saguier.
I.­ EL DIFÍCIL ACCESO DE LA SOCIEDAD CIVIL A LAS CAUSAS DE CORRUPCIÓN A. La estrategia jurídica – Fundamento Jurídico A fin de iniciar nuestro proyecto, el primer paso necesario consistía en obtener información general que identificara los casos en los que se estuvieran investigando delitos relacionados con la corrupción, los tribunales a cargo de la investigación, etc., dado que esta información no está disponible en registros públicos de los tribunales. Para ello, se realizaron pedidos de información pública, tanto a la Oficina Anticorrupción, como a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Ambos organismos, especialmente el primero, cooperaron activamente en brindar la información necesaria sobre las causas en las que participaban. Con la información recolectada sobre más de cien causas en trámite, ACIJ y CIPCE presentaron pedidos de acceso a las actuaciones en alrededor de cincuenta causas, la mayoría de ellas muy resonantes y otras no tanto, teniendo en cuenta que los pedidos recayeran en la totalidad de los juzgados. Concretamente, en tales presentaciones, realizadas ante los jueces de grado del fuero federal4, se solicitaba la vista de las actuaciones, en base a la interpretación armónica de los artículos 204 y 131 del código procesal penal con lo establecido por algunos de los Tratados Internacionales que revisten jerarquía constitucional y con la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las cuales revisten jerarquía superior a las leyes. Entre los fundamentos se resaltaban, particularmente, las disposiciones de los tratados internacionales cuyo contenido es claro en cuanto a la publicidad de los procesos ‐como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Por su parte, las convenciones anticorrupción hacen una clara alusión a la necesidad de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción5. Junto a
Mediante “fuero federal” hacemos referencia al fuero Criminal y Correccional Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. 5 En efecto, el artículo 8 inciso 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que: “el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. La Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759) establece en el Preámbulo la “importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en
ese marco normativo, los pedidos se fundaban en el derecho a la información, a la participación ciudadana y a controlar los actos de gobierno que surgen del sistema republicano. B. Las respuesta de los jueces de grado De los diez jueces a cargo de los doce juzgados6 del fuero federal, la mayoría negó automáticamente la vista: Juzgado 1, a cargo de María Romilda Servini de Cubría: La jueza decidió rechazar el pedido de vista, en base a que las organizaciones no eran parte del proceso (artículo 204 del código procesal penal). Juzgado 2, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi La experiencia en este juzgado es llamativa, ya que los pedidos de acceso se realizaron con posterioridad a que los superiores establecieran sus criterios en relación a nuestra pretensión. El juez Martínez de Giorgi, también a cargo del juzgado 8 en el que realizamos varias presentaciones, tenía gran conocimiento del
la prevención y lucha contra la corrupción”. En el artículo 3 inciso 11, referido a las medidas preventivas, establece que los Estados Partes “convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer (...) mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción”. El artículo 14, inciso 2 establece: “Asimismo, los Estados Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica mutua sobre las formas y métodos más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción. Con tal propósito, propiciarán el intercambio de experiencias por medio de acuerdos y reuniones entre los órganos e instituciones competentes y otorgarán especial atención a las formas y métodos de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción”. Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097) establece en el artículo 5, punto 1 que “Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuenta”. Por último, el artículo 13 punto 1 impone a cada Estado el deber de adoptar “medidas adecuadas (...) para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como la siguiente: (...) b) garantizar el acceso eficaz del público a la información; (...) d) respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción”. 6 Los jueces Oyarbide y Martínez de Giorgi, además de estar a cargo de los juzgados 5 y 8 respectivamente, son jueces subrogantes de los juzgados 7 y 2.
criterio de los superiores sobre los pedidos de acceso y, a pesar de ello, decidió desoírlos. Juzgado 3, a cargo de Daniel Rafecas En este caso, el juez consideró que las organizaciones tenían un legítimo interés en acceder a las investigaciones y concedió la vista sin restricciones. Juzgado 4, a cargo de Ariel Lijo El juez Lijo fue el único juez que ante el primer pedido de acceso justificó extensamente la denegación de la vista de las actuaciones, a diferencia de sus pares que ante el pedido de acceso que involucraba el análisis de normas de alcance constitucional, simplemente fundamentaban la denegatoria en que las organizaciones no eran parte. Lijo sostuvo que los interesados legítimos a los que hace referencia el artículo 131 son el imputado, el ofendido o damnificado y el civilmente demandado, tal como lo estipula el artículo 56 del mismo código de forma. Asimismo, el juez consideró que las organizaciones ignoraban la existencia de órganos específicos que las representan en la tramitación del proceso y el sistema de contención y control que desarrolla el derecho procesal para evitar la estigmatización de la persona sometida al proceso. Según el magistrado, no puede permitirse el acceso, en base a la importancia de los derechos del imputado –aun inocente‐ que están en juego, como su honor e intimidad frente a la sociedad. Agregó que debe tenerse en cuenta que en un primer momento del proceso, la balanza se inclina a favor del derecho a la intimidad de la persona sometida a juicio, mientras que en la segunda etapa (el debate oral) se considera el derecho civil de la ciudadanía de controlar las decisiones de los magistrados. Además, los tratados internacionales sólo hacen referencia a la publicidad como garantía del imputado y no de la sociedad civil. Por estas razones y sin que las organizaciones, según el magistrado, hayan probado la afectación de derechos, decidió rechazar su pretensión. 8
Juzgado 5, a cargo de Norberto Oyarbide En este caso, el juez autorizó la expedición de copias o informes (artículo 131) ante una concreta petición; denegando el acceso irrestricto. Juzgado 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral La experiencia en el juzgado a cargo de Canicoba Corral fue bastante representativa del comportamiento que se esperaba del fuero federal. Las cédulas que notificaban la resolución del magistrado sólo transcribían la parte referente a NO HACER LUGAR, sin ningún tipo de alusión a los fundamentos que justificarían tal decisión de un juez federal. Por otra parte, frente a los pedidos por parte de las organizaciones en mesa de entradas en relación a si el juez se había expedido o no, desde la Secretaría del Tribunal se invitó a pasar a los representantes de las organizaciones a su despacho para hacerles saber su punto de vista sobre los pedidos. Allí, se hizo saber que toda esta actividad de presentaciones estaba desvirtuando el derecho procesal penal, que las organizaciones desconocían las dinámicas del fuero ya que el Tribunal permitiría leer las causas, pero nunca lo iba a admitir por escrito. También hablaron sobre las presiones que los funcionarios judiciales reciben diariamente del poder político en relación con las causas que investigan y que el trabajo judicial se dificultaba aun más si organizaciones de la sociedad civil echan luz sobre detalles acerca de los procedimientos judiciales relativos a las investigaciones que se llevan a cabo. Juzgado 7, a cargo de Norberto Oyarbide Los pedidos de acceso a las actuaciones coincidieron con el período en el cual Mauricio Macri convocó a Guillermo Montenegro para que integre su equipo de gobierno como Ministro de Seguridad. Montenegro nunca llegó a expedirse. Sí lo hicieron los jueces subrogantes Sergio Torres y, posteriormente, Norberto Oyarbide.
El Juez Torres rechazó el pedido con fundamento en el artículo 204. Por su parte, el Juez Oyarbide, quien había autorizado el acceso a los expedientes en su juzgado de origen, esta vez lo denegó, con fundamento en la misma norma, y argumentando que las organizaciones no son parte del proceso. Juzgado 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi En este juzgado la experiencia fue agotadora. Si bien en la mesa de entradas eran muy amables, siempre se perdían los escritos, y cuando se intentaba averiguar sobre el estado de los pedidos, la primera respuesta recibida era que no sabían a qué se estaba haciendo referencia. Finalmente, el juez Martínez de Giorgi se expidió rechazando la solicitud de las organizaciones; argumentando que no revestían el carácter de parte ni habían acreditado un interés legítimo (artículos 204 y 131). Juzgado 9, a cargo de Octavio Aráoz de Lamadrid La experiencia en el juzgado a cargo del juez subrogante Aráoz de Lamadrid merece ser remarcada. En efecto, la primera vez que debió expedirse fue en una causa cuya investigación estaba llevando adelante el fiscal Patricio Evers. Cuando las organizaciones se presentaron ante la fiscalía, les dictaron la resolución del fiscal – ya que el empleado se negó a mostrar la resolución‐ quien sostuvo que la solicitud debía rechazarse en base a lo dispuesto por el artículo 103 del Reglamento para la Justicia Nacional y del artículo 131 del código de forma. Frente esta situación, las organizaciones solicitaron que quien debía expedirse ante el pedido debía ser un magistrado, ya que estaba en juego la interpretación de normas constitucionales. A raíz de ello, el juez Aráoz de Lamadrid se expidió mediante una resolución de ocho fojas. Los argumentos jurídicos esgrimidos fueron básicamente los siguientes: de acuerdo al artículo 204, las organizaciones son extraños al proceso, por lo tanto, la única forma en que podrían ser consideradas “parte” sería a través de la analogía, instituto de utilización restringida en el ámbito penal ya que sólo es válido para aquellos casos en que no perjudique al imputado. 10
La única mención que realiza de la normativa internacional; es cuando afirma que es necesario adecuar la legislación interna a los lineamientos de dicha normativa. Cómo esa legislación interna no existe, la interpretación armónica del artículo 131 con los tratados internacionales es inadmisible, ya que se perjudicaría la situación de los imputados al permitir que las organizaciones tomen conocimiento del estado de la causa. Pero más allá de los argumentos jurídicos, lo interesante de la resolución de Aráoz de Lamadrid, está en un pasaje en el que hace referencia a su fuero íntimo. En efecto, el magistrado afirmó: “...quiero dejar sentada una observación muy personal. Dada mi experiencia en el trato con las organizaciones de la sociedad civil... considero que las mismas pretenden constituirse en una suerte de `controladores de la actividad de los jueces (sólo requieren intervenir en causas particularmente notorias; luego solicitan acceder a nuestras declaraciones juradas patrimoniales; y en ocasiones promueven investigaciones contra los jueces, que ellos entienden que han obrado mal, ante el Consejo de la Magistratura); con lo cual entiendo que se desnaturaliza absolutamente el sistema procesal y aun la independencia judicial. Los controles jurisdiccionales de los jueces de primera instancia, son las cámaras de apelaciones, no particulares que representan organizaciones de dudosa representatividad (valga el juego de palabras). De lo contrario, es decir si aceptamos la intervención de terceros que luego denuncian –porque ya están legitimados­ a los jueces por sus actos en esos mismos procesos, llegaríamos al ridículo que resultaría más económico para el Estado (o más sencillo si se quiere), que sean estos auditores, quienes se encarguen del trámite de las causas según su justo parecer...”. Juzgado 10, a cargo de Julián Ercolini El juez concedió la vista desde un primer momento, ya que consideró que las organizaciones tenían un interés legítimo para ello. Juzgado 11, a cargo de Claudio Bonadío En este caso, el juez rechazó la pretensión de las organizaciones con fundamento en que las organizaciones no eran parte del proceso (artículo 204).
Juzgado 12, a cargo de Sergio Torres En este caso, se informó verbalmente que el juez denegó el pedido de vista de las organizaciones. C. La experiencia en los Tribunales Orales Federales La experiencia en los Tribunales Orales fue variada. El Tribunal Oral 1, consideró que el interés que las organizaciones tenían en acceder a las actuaciones, estaba debidamente representado por el Ministerio Público Fiscal y por la Oficina Anticorrupción. Agregó que la única parte pública del proceso era el debate y que para satisfacer el derecho a la información, las organizaciones deberían esperar al momento de realización de la audiencia. El Tribunal Oral 3, por su parte, consideró que CIPCE sí tenía interés legítimo y no así ACIJ. Los jueces consideraron que ACIJ no reunía los requisitos de especialidad y reconocida competencia en la materia, como lo exige la acordada de la Corte que regula la presentación de amicus curiae (nótese que ACIJ nunca pretendió constituirse como amicus para dar una opinión fundada al Tribunal sobre cómo debía resolver la cuestión). Por su parte, el Tribunal Oral 4, consideró que las organizaciones revestían un legítimo interés para acceder a las actuaciones; mientras que el Tribunal Oral 6 optó por una solución mixta: consideró que la mejor forma de balancear los intereses en juego era autorizar a las organizaciones a acceder a fotocopias de los requerimientos de elevación a juicio y recibir información por escrito en torno al avance del proceso que el mismo Tribunal considere prudente otorgar. 12
D. La posición de la Cámara Federal de Apelaciones El criterio amplio de la Sala II El día 27 de marzo de 2008 se realizó la primera audiencia ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, compuesta en aquel entonces por Horacio Cattani y Martín Irurzún. Los jueces accedieron a que asistieran a la audiencia todas las personas que así lo quisieran, mientras la capacidad de la sala lo permitiera. En la causa en la que se llevó a cabo la audiencia se investigaba a empresarios que, en representación de la empresa de origen francés en la que trabajaban, habrían ofrecido sobornos a un legislador para que votara de cierta manera ante una ley que regularía a los ticket‐canasta para que integren con carácter remunerativo el sueldo de los empleados que los percibían. La suma presuntamente ofrecida al diputado llegaba al los USD 20 millones si éste aceptaba suspender y luego modificar la propuesta de acuerdo a los intereses de la empresa. Frente al tribunal, las organizaciones sostuvieron que se trataba de un claro caso de interés público, en razón de las implicancias que conlleva la realización de sobornos para lograr que las leyes se voten de cierta manera en el Congreso. Asimismo, argumentaron que la sociedad civil es un actor clave para el monitoreo de los casos de corrupción, especialmente si se tiene en cuenta que existen más de 10 mil millones de dólares sustraídos de las arcas públicas por causas de ese tipo que, en varias ocasiones, finalizaron por prescripciones lastimosas y que, por ello era erróneo considerar a las organizaciones como “extraños” al proceso. Frente a estos argumentos, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal resolvió, el día 6 de abril de 2008, que era procedente admitir que, ante este tipo de supuestos (delitos de corrupción), deba optarse por la publicidad de los contenidos generales que hacen a la cosa pública sobre los que pueda versar el procedimiento y que tal criterio se compadece con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Nacional y más específicamente en el artículo 8 inciso 5º de la C.A.D.H. y responde a los lineamientos fijados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (…) conforme los cuales el Estado debe fomentar la 13
participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y lucha contra la corrupción. El criterio restrictivo de la Sala I La Sala I, por su parte, consideró que la audiencia debería celebrarse a puertas cerradas. Sólo permitió el acceso de los directores de las organizaciones y de su letrado patrocinante. Ante este tribunal, se sostuvieron los mismos argumentos que ante la Sala II. La causa en el marco en la cual se llevó adelante la audiencia versaba sobre la adquisición presuntamente ilegítima de un frigorífico por parte de un empresario en virtud del pago de sobornos. El día 25 de septiembre de 2008, la Sala I falló a favor de las organizaciones, pero supeditó la posibilidad de acceder a las actuaciones a una condición cuya consecuencia directa redundaba en la imposibilidad fáctica de efectivamente poder acceder a ellas. En efecto, los magistrados Eduardo Freiler y Eduardo Farah sostuvieron que “…En el proceso penal, la participación ciudadana debe articularse con los presupuestos que garantizan desde ambos polos –ciudadanía e imputado­ el debido proceso (art. 18 CN). Si algo falla en la persecución –verbigracia: los procesos se dilatan más de la cuenta, la etapa de instrucción es desnaturalizada, quienes deben acusar no lo hacen con la solvencia esperada, etcétera­ no puede tolerarse que el paliativo se traduzca en una mengua de los límites constitucionales impuestos a la persecución penal…sobre esta premisa…frente a un reclamo legítimo de participación ciudadana –que no evidencie razones ajenas a lo judicial, ni impedimentos de orden público o que comporten la realización del derecho penal material­ la posibilidad de abrir al público el expediente en la etapa preliminar debe ser una contingencia que cuente con el aval de quien sufre la persecución penal…” Esta decisión generó muchas dudas en las organizaciones solicitantes. ¿Debería apelarse? ¿Y si, al evaluar los argumentos de los imputados y el de las organizaciones, los jueces consideraban que éstas tenían un interés legítimo en
acceder a las investigaciones? ¿Qué pasaba si un imputado rechazaba el acceso y los demás imputados aceptaban el acceso o no contestaban? ¿Qué habían querido decir los camaristas: que sólo los imputados tienen la facultad de autorizar o no a la sociedad civil a acceder a las causas en las que se investigan delitos que tan gravemente perjudican al erario argentino? Finalmente se decidió recurrir ante la Cámara de Casación Penal en uno de los casos en trámite y en los demás casos, evaluar comportamiento de los magistrados frente a la dudosa resolución de la Sala I. E. Las repercusiones de los fallos de la Cámara Frente a las resoluciones de la Sala I y de la Sala II, los magistrados de grado tuvieron comportamientos disímiles, especialmente en relación a la sentencia de la Sala II, que claramente reconocía el interés legítimo de las organizaciones sin supeditarlo a ningún tipo de condicionamientos por parte de la persona investigada por la posible comisión de delitos de corrupción. En el caso de Servini de Cubría, en algunas causas concedió vista irrestricta, en otras sólo aceptó que obtuviéramos copias de algunas resoluciones y en una oportunidad, en la mesa de entradas, sostuvieron que como ya se había accedido a la causa en una ocasión, no podía solicitarse nuevamente, como si la resolución de la Sala II se hubiera agotado con un solo acceso. El juez Lijo concedió la vista sin condicionamientos, mientras que el juez Aráoz de Lamadrid, en algunas concedió vista de manera irrestricta, mientras que en otras sólo aceptó que accediéramos al auto de procesamiento y su confirmatoria. Asimismo, en otra causa a su cargo, aplicó un criterio mixto: decidió notificar a los más de veinte imputados, quienes en su totalidad se negaron a que las organizaciones pudieran acceder a las investigaciones; pero como la Sala II era la que intervenía en la causa, dejó a salvo su opinión y concedió vista.
El juez Bonadío decidió otorgar vista de manera irrestricta, mientras que el caso del juez Torres es curioso: en una causa decidió denegar el acceso, a pesar que la Sala II entendía en las actuaciones y cuando esa misma Sala ordenó reconocer el interés legítimo de las organizaciones, el juez argumentó que en la causa –que lleva más de tres años de trámite‐ debían incorporarse nuevos elementos probatorios para que las organizaciones pudieran acceder a ella, ya que no era conveniente que lo hicieran por la eventual vulneración de las garantías del debido proceso y defensa en juicio de aquellos que resulten, en su caso, imputados. Ante esa decisión, la Sala II sostuvo que “si bien es al director del proceso a quien corresponde determinar el alcance otorgado al acceso a las actuaciones pretendido, ello debe responder a los lineamientos generales aplicables al asunto y al interés legítimo que ­según ya resolvió el Tribunal en este mismo expediente­ presentan los peticionantes… la solución que se ha adoptado frente a la solicitud (de las organizaciones) aparece irrazonable, ya que, sin perjuicio de las constancias que en el futuro puedan colectarse, no se ha permitido conocer ninguno de los elementos ya incorporados al legajo (que a la fecha cuenta con casi dos cuerpos de actuaciones), sin que se haya señalado ­ni se observe­ circunstancia alguna que impida el acceso de los incidentistas a tal información. Y respondiendo al estándar establecido por la Sala I, sostuvo que “… a criterio de los suscriptos no resulta una exigencia que el o los imputados (todavía no identificados en el caso) brinden su consentimiento sobre la extensión de los datos a suministrar...” La respuesta a lo resuelto por la Sala I fue más problemática. En ese sentido, todos los jueces, en cumplimiento de lo resuelto por el Superior, notificaron a las partes y decidieron denegar el acceso, ya sea porque los imputados se negaban o porque consideraban, que las organizaciones no eran parte del proceso y no tenían un interés legítimo para acceder a ellas (tal como lo habían resuelto de forma previa a que la Sala I se expidiera y reconociera el interés legítimo de las organizaciones de la sociedad civil para acceder a los casos en los que se investiga la posible comisión de delitos relacionados con la corrupción). Estas respuestas llevaron a las organizaciones nuevamente al punto cero. Esto es, jueces de grado denegando el acceso porque consideraban que las organizaciones 16
no formaban parte del proceso. Era como si la Sala I nunca hubiera resuelto la cuestión, sino todo lo contrario, la dilató. Sin embargo, al momento de apelar esas decisiones de grado que se expedían sobre cuestiones ya analizadas por el superior o que dejaban en manos de los imputados la decisión sobre los derechos constitucionales de las organizaciones; la Sala I decidió conceder dichos recursos. Lamentablemente, el día 7 de octubre de 2009, la Sala I restringió de manera absoluta el derecho de la sociedad civil a poder conocer cómo uno de los poderes del estado cumple o no con su mandato constitucional al sostener que “…el a quo justifica su decisión en el artículo 204 del CPPN, y de acuerdo a lo establecido por esta Sala considera en la misma que, una solución contraria atentaría contra el derecho de defensa del imputado, conforme lo esbozado por las partes al corrérsele traslado. Lo que subyace es una discordancia o descontento de los peticionantes frente a la decisión que finalmente se adopta, esto es, con la aplicación al caso del artículo 204 del CPPN”. Esto en la práctica se traduce en que el acceso a las causas de corrupción es posible y efectivo sólo en aquellos casos que interviene la Sala II, o que estén a cargo de jueces de grado que asimilaron el nuevo bloque constitucional anticorrupción que Argentina está obligada a respetar.
II.­ PRIMER DIAGNÓSTICO SOBRE ESTOS INTERMINABLES PROCESOS PENALES Los casos donde se investigan hechos de corrupción, en líneas generales, poseen algunas particularidades que deben ser tenidas en cuenta para su análisis. Las características de estos procesos derivan en instancias de investigación comunes a la mayoría de ellos. Poseen, generalmente, un alto grado de complejidad y muchas veces guardan relación directa con el manejo y la ejecución de fondos públicos. Por ello, una de las consecuencias es la necesaria intervención de expertos contables que a menudo redunda en un retraso de los tiempos procesales. Además, los supuestos autores son, usualmente, actores políticos con marcadas influencias en distintos sectores –inclusive en el judicial‐ y poseen en la mayoría de los casos, un alto grado de instrucción educativa y aventajada condición social y económica. Asimismo, se debe mencionar que en estas causas, generalmente, intervienen abogados de gran prestigio y preparación, frente a, muchas veces, actores judiciales con escasa capacitación. En el estudio publicado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, “La Parálisis de la Justicia frente a Casos de Corrupción”7, los mismos actores del sistema identificaron las dificultades para el avance de los procesos de corrupción. Éstas se dividieron en dos aspectos fundamentales, relacionadas con los actores judiciales y con falencias sistémicas. Entre los motivos identificados atribuibles a los actores judiciales, se encuentra la denominada “cultura del poder” de ciertos jueces federales. Esto es, el accionar de los funcionarios que, tomando ventaja de su capacidad de decisión sobre estas causas y sobre el destino de los sujetos implicados, ven la oportunidad de obtener beneficios particulares a partir de un determinado manejo de la investigación. Asimismo, quienes fueron entrevistados para dicho informe, mencionaron la
Disponible en: http://www.elhardin.com.ar/paneles/acij/v2/programas/adjuntos/La_paralisis_de_la_Justicia_frente_a_los_ casos_de_corrupcion.pdf
influencia del poder político y económico sobre quienes llevan adelante las investigaciones y la falta de capacitación de los funcionarios ante la complejidad de las causas, así como otros motivos importantes para que los expedientes no prosperen. Por otro lado, las dificultades sistémicas destacadas por los mismos actores judiciales, fueron: la complejidad de la investigación en estas causas, la importancia de las pericias, el abarrotamiento de los juzgados con causas menores, la utilización dilatoria de las herramientas procesales y el limitado accionar de otros organismos relevantes. A continuación presentamos los hallazgos relativos a las dificultades que obstaculizan el avance de las investigaciones en causas de corrupción, detectadas a través de un análisis profundo ‐de fondo y de forma‐ realizado sobre causas tramitadas ante la justicia federal. De esta manera, lo que sigue también constituye una labor destinada a analizar si aquellas apreciaciones de los actores del sistema, plasmadas en “La parálisis de la Justicia frente a los casos de Corrupción”, se corroboran tras un análisis riguroso de los expedientes judiciales. Corresponde señalar que, al tener este análisis un carácter eminentemente técnico, escapan al mismo el estudio sobre el impacto de las influencias del poder público y las intenciones o intereses extra procesales de los órganos jurisdiccionales de investigación, que podrían dirigir a la investigación en uno u otro sentido o condicionar de alguna manera su desarrollo. Cabe adelantar que el principal inconveniente identificado para el avance de las investigaciones está relacionado con las bases mismas de la organización de las investigaciones; lo cual resulta especialmente relevante si se acepta, como creemos que debe aceptarse, la premisa de que una correcta organización de la investigación puede mitigar la influencia de las demás dificultades encontradas. En este sentido, se pasan a detallar las dificultades identificadas: 19
A. La organización de la investigación En las causas analizadas no se ha verificado una correcta planificación de la investigación. Así, se constató que en las causas de una relativa complejidad, no fueron identificadas las posibles conductas punibles, ni el grado de intervención de los supuestos autores. Las investigaciones tampoco fueron encaminadas correctamente a fin de colectar los elementos que sirvan para probar las conductas investigadas. Asimismo, en causas de gran complejidad donde se han denunciado varios hechos, que ocurrieron o se sucedieron en períodos relativamente prolongados de tiempo, tampoco han sido identificados correctamente los hechos ni las posibles conductas. Debido a una mala planificación y a una mala organización de la investigación, en algunos casos, la investigación se centró sobre uno o dos hechos, cuando en realidad existían varios hechos irregulares que podrían ser punibles. Es dable mencionar que al iniciar la investigación, deben identificarse los hechos concretos que se constituirían en las hipótesis de investigación. En algunos casos, éstas son análogas pero no necesariamente conexas. Razón por la cual, muchas veces ‐por una cuestión práctica‐ se debería separar la investigación de los hechos para poder tornarla efectiva. En las causas analizadas, el principal problema fue la falta de ‐o la errónea‐ identificación de las posibles conductas y sus posibles tipificaciones, lo que atenta contra una correcta organización y planificación de la investigación. Ante todo esto y las particularidades de las causas de corrupción mencionadas en el punto anterior, es claro que la organización de la investigación y las estrategias, requieren una especial atención. Ello, en virtud de que una buena planificación de la instrucción tiene como consecuencia buenos resultados a la hora de colectar elementos de convicción para probar las conductas investigadas.
Planificar correctamente una investigación implica identificar correctamente las posibles conductas punibles, los posibles autores y el grado de intervención de éstos. Una vez identificadas las posibles conductas y los potenciales hechos punibles cometidos, la pesquisa se debe dirigir hacia la obtención de elementos de prueba, que puedan demostrar si la conducta investigada es típica, antijurídica, reprochable y punible. Una ineficiente utilización de los recursos El Poder Judicial, como los demás organismos del Estado, posee recursos limitados para desarrollar sus funciones, por lo que es responsabilidad de los funcionarios utilizarlos de la mejor forma posible. De los análisis realizados se puede extraer que no fueron utilizados correctamente los recursos disponibles. A modo de ejemplo puede mencionarse que se enviaron oficios ‐con muchas formalidades y errores‐ a organismos que podrían facilitar más información que la requerida, por lo que tuvieron que ser reiterados. Incluso, en algunas oportunidades, se solicitó información fragmentada y/o insuficiente para la investigación. Asimismo, se utilizaron excesivamente los exhortos, cargados de formalismos, cuando en una correcta planificación podrían haberse logrado mayores avances si el funcionario se trasladaba al lugar para colectar los elementos de prueba. Puede concluirse entonces que los recursos disponibles han sido utilizados incorrectamente. Una ineficiente utilización de las fuentes de información La información suministrada por entidades públicas y privadas y la existencia de un canal rápido de comunicación para obtener esa información es de vital importancia para una ágil y correcta investigación. Los análisis realizados permitieron constatar que no existe un claro conocimiento de la información que puede ser suministrada por dichas entidades.
Por ejemplo, en una de las causas analizadas, se constató que el órgano jurisdiccional en situaciones análogas, para obtener la dirección de testigos o imputados envió solicitudes de información a diferentes organismos. Entre ellos, en algunas oportunidades a la Cámara Nacional Electoral, en otras a la Policía Federal, la Oficina de Anticorrupción, a empresas de Telefonía y/o al Banco Central de la República Argentina. B. Espacios de tiempo sin impulso de la causa Con relación a los tiempos del proceso, se detectaron dos problemas fundamentales que adquieren especial relevancia considerando que el trámite de las investigaciones por hechos e corrupción tienen un promedio de 14 años8. El primero guarda relación con la mala planificación de la investigación, a la que se hizo referencia anteriormente. En varias ocasiones se constató que el órgano investigador ordenó una diligencia y esperó que dicha diligencia se cumpla, para ordenar otra medida. Ello, cuando en realidad se podrían solicitar otras simultáneamente, a fin de ir reuniendo las pruebas necesarias en el menor tiempo posible. Esta falencia, que puede revertirse fácilmente, constituye un grave motivo de retraso de la investigación. El segundo problema guarda relación con el período que abarca el final del año y la feria judicial. Se identificó un escaso o nulo movimiento de las causas en los meses de diciembre ‐en algunos casos desde noviembre‐ y febrero ‐e inclusive marzo. En este sentido, cabe afirmar que la importancia de las causas que se investigan, ameritan una correcta planificación de la investigación que tome en cuenta el período de la feria.
CIPCE segundo informe de avance “Búsqueda de un modelo integrado para neutralizar la criminalidad económica. Diseño de nuevos mecanismos institucionales de recuperación de fondos económicos para el Estado.”
La poca o nula colaboración en la investigación por parte de la Fiscalía y la Oficina de Anticorrupción Como consecuencia de la normativa vigente, que otorga al Juez la responsabilidad de dirigir la investigación de los hechos punibles, hemos observado que en los casos analizados la actuación del Ministerio Público Fiscal no fue activa y que, generalmente, se limitó al cumplimiento de los requerimientos legales procesales mínimos en las investigaciones. Tampoco se ha constatado una activa participación de la Oficina de Anticorrupción (OA), que ha sido creada justamente para velar por la prevención e investigación de las conductas relacionadas con la corrupción pública. Si bien la OA ha iniciado muchas veces las investigaciones presentando denuncias no ha realizado luego el seguimiento necesario de las causas iniciadas. En algunos casos de complejidad, el aporte de la OA fue importante aunque limitó indirectamente la investigación a uno o dos hechos. En esos casos, sus análisis sirvieron para que los órganos investigadores centren sus pesquisas en las conductas individualizadas en éstos, pero se dejaron de lado otras conductas que podrían haber constituido hechos punibles, o que por lo menos hubieran merecido una especial investigación. C. Debilidades de procedimiento Se individualizan como debilidades del procedimiento distintos aspectos que guardan relación con las prácticas y las exigencias procesales que dificultan y retrasan la tarea de investigación del juez. Se pueden distinguir dos aspectos en este sentido. Por un lado, las prácticas procesales, como costumbres o usos corrientes en el desarrollo cotidiano de la investigación. Estas prácticas carecen de fundamentos legales o reglamentarios pero son, generalmente, vicios corrientes en la actividad judicial.
Por el otro, las exigencias legales, los pasos requeridos por la legislación que deben ser cumplidos por los magistrados en algún acto jurisdiccional; específicamente los requisitos formales, para dar validez a los actos jurídicos. El incumplimiento de los plazos procesales Con relación a este punto se deben hacer dos consideraciones importantes. La primera se refiere al incumplimiento de los plazos exigidos y la segunda a la posibilidad fáctica de cumplirlos. En efecto, los plazos que limitan el proceso penal, y sobre todo la instrucción, no son respetados en la mayoría de los casos por los órganos de investigación. Esta problemática del incumplimiento constante de los plazos procesales es preocupante en sí misma. Aunque más alarmante resulta que los actores judiciales no identifican esta irregularidad como un problema, sino que se opta por justificarla legalmente. Según lo prescripto por el Código Procesal Penal de la Nación, una instrucción debería durar 4 meses a partir de la declaración indagatoria del imputado9. En ese mismo artículo, está consignado el procedimiento para solicitar una prórroga de esta etapa; procedimiento que tampoco se realiza normalmente. Asimismo, otro plazo generalmente no respetado es el que obliga al juez a decidir sobre el procesamiento o la falta de mérito de un imputado en el lapso de diez días a partir de la declaración indagatoria10. Aquí se debe volver a resaltar una dificultad en la planificación de la investigación. Es casi una constante que los investigadores citen a declarar a los supuestos
9 El Art. 207 del Código Procesal Penal de la Nación reza: “La instrucción deberá practicarse en el término de cuatro (4) meses a contar de la indagatoria. Si ese término resultare insuficiente, el juez solicitará prórroga a la cámara de apelaciones, la que podrá acordarla hasta por dos (2) meses más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación. Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga otorgada podrá exceder excepcionalmente de dicho plazo.” 10 El Art. 306 del Código de Forma de la República Argentina expone que: “En el término de diez (10) días, a contar de la indagatoria, el juez ordenará el procesamiento del imputado siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como partícipe de éste”
autores, sin poseer una base sólida de elementos de prueba, lo que lleva a que empiecen a correr los plazos procesales a partir de ese momento. El justificativo para no respetar los plazos ‐que para las partes son perentorios e improrrogables‐ es que el incumplimiento de un plazo de una actividad indispensable para el desarrollo del proceso penal, jamás puede ser perentorio porque no puede generar la extinción o agotamiento de la labor judicial, especialmente si se trata de una causa con cierta importancia en razón de los intereses públicos defendidos. Sin embargo, en el sistema actual, el juez instructor es efectivamente parte, porque de un lado se encuentran los imputados y del otro el juez, que se erige como juez, a la hora de decidir algunas cuestiones y como investigador, al momento de colectar elementos de prueba. Al estar mezcladas ambas funciones, se confunden las interpretaciones sobre la caducidad de los plazos. De esta forma, los imputados se encuentran al libre arbitrio del juez con relación al tiempo que tiene para mantenerlos vinculados a un proceso de investigación. Por ello, el órgano encargado de la investigación debería cumplir los plazos procesales al ser éstos perentorios e improrrogables. En otro sentido, se debe mencionar que se identificó esta problemática como una debilidad del procedimiento, porque los plazos que la legislación otorga para la instrucción, son insuficientes para la investigación de los complejos casos de corrupción. De todos modos, esta circunstancia no justifica el accionar jurisdiccional sin ninguna observancia a los plazos procesales; y al mismo tiempo exige una correcta planificación de la investigación teniendo presente las reglas existentes. El sistema de notificaciones Las causas penales por hechos de corrupción investigadas en el fuero federal, generalmente abarcan hechos ocurridos en todo el país. El sistema de notificaciones limitado conlleva a que en la mayoría de los casos se delegue el
trabajo en la Policía Federal, órgano que no se encuentra preparado para esta labor. Un sistema de notificaciones muy restringido y cargado de un excesivo formalismo es particularmente contraproducente para la investigación ya que los formalismos en la utilización de cédulas y oficios hacen que muchas veces, por más que éstos lleguen a destino, no sean lo suficientemente efectivos y deban ser reiterados con las dilaciones que ello implica. El excesivo formalismo en los actos de procedimiento La mayoría de los actos de procedimiento en la etapa de instrucción están cargados de formalismos, muchas veces innecesarios. Así, los jueces de instrucción deben ordenar cada diligencia en una providencia y deben recibir los resultados de las diligencias mediante otra providencia. Otro ejemplo en este punto, sucede al momento del cierre de la etapa de instrucción. Cuando el juez considera que esa etapa se encuentra cerrada, debe correr traslado a la querella y al Ministerio Público, quienes deben manifestar si consideran completa la instrucción y solicitar, en su caso, la elevación a juicio de la causa o el sobreseimiento de los procesados. En caso que el Ministerio Público Fiscal solicite la elevación de la causa a juicio oral y público, el juez debe correr traslado a los procesados para que deduzcan excepciones no interpuestas con anterioridad u oponerse a la elevación de la causa a juicio. Finalmente, una vez que el juez encargado de la investigación resuelve y eleva la causa a juicio oral y público, ésta es remitida a los Tribunales Orales. En esa instancia como primera medida deben citar nuevamente a todas las partes para que examinen las actuaciones, los documentos y los objetos secuestrados, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen necesarias. En todo este proceso se verifican, rápidamente, tres procedimientos de citaciones y traslados, para que las partes manifiesten sus opiniones, ofrezcan pruebas y deduzcan excepciones, entre otras cosas. A todo esto se debe sumar que muchas 26
veces los jueces dividen las audiencias en dos, una para comparecer a juicio y otra para ofrecer pruebas entre otras cosas. Tantas notificaciones, traslados y audiencias retrasan en demasía el proceso. Esto sin mencionar las posibilidades que tiene el Tribunal Oral Federal de abrir una instrucción suplementaria. Cabe destacar que en esta etapa, también existen plazos que deben cumplirse y que no son respetados. D. Utilización dilatoria de las herramientas procesales El abuso de las legítimas herramientas jurídicas posee un grado de influencia muy alto en el retraso de las investigaciones penales. Sin embargo, se debe destacar que las defensas no hacen más que utilizar las herramientas legales disponibles para realizar mejor su labor. En este sentido, se deben diferenciar dos cuestiones fundamentales. La primera se refiere a la posibilidad, que legalmente otorga el Código Procesal Penal a los defensores para discutir cada una de las decisiones de órgano investigador, llevando esto a entorpecer la labor de investigación. A nuestro entender, limitar el sistema recursivo no necesariamente implica limitar el ejercicio de los derechos y garantías de los imputados. La segunda cuestión que se debe resaltar guarda relación con el tiempo que demoran los tribunales de apelación para decidir sobre las cuestiones recurridas. El promedio identificado para la resolución de un recurso a cargo de un tribunal de alzada, es de 6 meses; cuando la investigación, en los términos de Código Procesal de la Nación debe terminarse en 4 meses, a partir de la declaración indagatoria. Los recursos planteados, en principio tramitan en un expediente separado, pero en casi la totalidad de los casos analizados, el superior solicita el expediente principal para tomar la decisión final. 27
E. Intervenciones de Peritos A raíz de la complejidad que generalmente revisten estas causas, es necesaria la intervención de expertos en varias materias, sobre todo en materia contable. Los problemas fundamentales que se detectaron en la intervención de los peritos, no necesariamente guardan relación con su labor efectiva, sino más bien con la actuación previa de los órganos de investigación. Existen circunstancias muy relevantes que deben ser desarrolladas antes de la remisión de la causa para una eventual pericia. La primera responsabilidad del investigador consiste en colectar todos los elementos de prueba necesarios para que la labor del perito sea realmente efectiva. Es claro que para esta recolección es necesaria una preparación técnica en la materia, puesto que el investigador de formación jurídica, no necesariamente conoce las reglas contables y los elementos de prueba que son necesarios para realizar una buena pericia. Por tal motivo, sería muy importante que el investigador cuente con un asesor en materia contable. Éste no necesariamente debe realizar la pericia, su trabajo debe consistir en dirigir la recolección de información para que el perito realice su trabajo. Es decir, un asesor que trabaje muy cerca del juez, a fin de que su colaboración agilice la investigación. El segundo punto de radical importancia se refiere a las preguntas que se hacen al perito. Es dable destacar que el perito es experto en su área de estudio, o sea puede responder preguntas sobre su materia y no es el encargado de determinar la existencia o no de un hecho punible. La elaboración de preguntas concretas delimita el trabajo del perito a responder los cuestionamientos del juzgado. Por supuesto que –como se dijo‐ para la elaboración de estas preguntas debería intervenir activamente un asesor económico, pero finalmente, el juez basado en el tipo penal, es el que delinea las preguntas que son necesarias aclarar para la investigación. En las causas analizadas se identificaron ambos problemas constantemente: el envío de causas al cuerpo de peritos sin la documentación necesaria para un 28
dictamen pericial y además, sin la realización de preguntas claras que deban ser respondidas por los expertos en sus respectivas áreas de estudio. Se han verificado causas en las que los órganos jurisdiccionales encargados de la instrucción remitieron la investigación al cuerpo de peritos con autorizaciones para constituirse en las entidades públicas o privadas que necesiten, a fin de que puedan recabar la documentación que corresponda, constituyendo así a los peritos en encargados de colectar la documentación necesaria. Con este criterio, en uno de los casos analizados, el juez de instrucción solicitó al decano del Cuerpo de Peritos Contadores que se traslade a una provincia para que el mismo recabe la información necesaria y realice el estudio. Sin embargo, la tarea de recabar las pruebas y la información necesaria para que el perito realice su análisis técnico está a cargo del órgano jurisdiccional, situación que no sucede cuando la investigación termina siendo “delegada” en el cuerpo de peritos. En casi todos los casos, las causas son devueltas después de al menos 6 meses, por los peritos a los órganos jurisdiccionales, sin conclusiones importantes; a los efectos de que éstos soliciten información que necesitan para poder dictaminar correctamente. Muchas veces las preguntas giran sobre la verificación de irregularidades del tipo contable o financiero, muy generales y sin especificaciones. Las preguntas no son concretas y, no están necesariamente dirigidas a argumentar un elemento del tipo penal. Además, en algunos casos, los órganos no establecen plazos para la realización del trabajo de la pericia, o cuando lo establecen es, a todas luces insuficiente, atendiendo la complejidad de la causa. De todos modos, es importante destacar también que los peritos se retrasan muy frecuentemente – en muchos casos sin justificación alguna‐ en su trabajo y desafortunadamente, los órganos de investigación se desentienden una vez que la causa se encuentra en peritos, cuando en la mayoría de los casos podrían continuar investigando.
No esta demás mencionar que la correcta detección de los posibles hechos punibles, las posibles conductas que podrían ser penalmente relevantes y una correcta organización y planificación de la investigación, dirigida a probar los posibles hechos detectados anteriormente, optimizarían el trabajo de los peritos.
Conclusiones La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia considera de vital importancia dar a conocer su experiencia a la hora de acceder a las investigaciones penales de hechos de corrupción. Es claro que a la mayoría de los magistrados les incomoda la posibilidad de que la ciudadanía tenga acceso y conocimiento sobre la manera en que se están llevando adelante las investigaciones judiciales relacionadas con la sustracción de dinero de las arcas públicas. La intuición general, inicialmente corroborada, es que existen grandes falencias en el Poder Judicial y en el sistema legal que permiten la existencia de investigaciones carentes de la coordinación necesaria y que no llegan al descubrimiento de la verdad. Es claro que si otros actores sociales no pueden acceder a los expedientes para indagar sobre estas falencias, las dinámicas del poder y la cultura del papeleo seguirán gobernando las investigaciones. Esto es así, porque sin un diagnóstico certero sobre cuáles son las verdaderas razones que hacen que una causa lleve más de diez años de investigación y siga sin descubrirse la verdad, no pueden presentarse propuestas eficientes para lograr reducir las falencias. A pesar de contar con algunas sentencias favorables, aun resulta difícil para las organizaciones de la sociedad civil acceder a las investigaciones. A pesar de ello, debe admitirse que el hecho de que el fuero federal haya accedido a que organizaciones no gubernamentales puedan comprobar la forma en que uno de los poderes del Estado investiga delitos con consecuencias tan graves para la ciudadanía ‐especialmente para los sectores más desaventajados de la sociedad‐ es un gran avance. Con el propósito de encontrar explicaciones comprobables y plantear en el futuro las recomendaciones que permitan revertir estos magros resultados, realizamos un profundo análisis las distintas etapas de los procesos y la actividad que en ellos tuvieron los distintos actores del sistema
Las falencias inicialmente detectadas son de distinta índole, con diferentes orígenes e incidencias en el proceso. Entre ellas se destacan la organización de la investigación, la correcta utilización de los recursos con los que se cuenta, los espacios de tiempo sin impulso de la causa, las debilidades de procedimiento, la utilización dilatoria de las herramientas procesales y los problemas relacionados con la intervención de los peritos. Los resultados de tantas fallas no podrían ser otros que interminables procesos penales, escasas condenas por este tipo de hechos y prácticamente nula recuperación de los bienes desviados. Más allá de lo dificultoso del camino a recorrer para subsanar o corregir los problemas detectados, como podría ser el paso a un auténtico sistema acusatorio, o ciertas reformas legales, existen medidas prácticas muy útiles cuya utilización se torna imperativa si el objetivo es agilizar estas investigaciones penales. El presente informe, será mejorado y completado con el resultado de distintas rondas de discusión a las que será sometido. Igualmente, el análisis de nuevos expedientes podría modificarlo, aunque entendemos que ello no sucederá de modo significativo. Su carácter preliminar lo expone como un producto sujeto al aporte colectivo y destinado a concluir como una instancia de diagnóstico, pero también de propuesta.
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