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Timestamp: 2017-12-15 02:48:35
Document Index: 187294852

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 88', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 9', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 15', 'Artículo 4', 'artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 8', 'artículo\n17', 'Artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo\n20', 'artículo 9']

EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES - PDF
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Lorena Arroyo Fuentes
1 EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES Por Jaume ALONSO-CUEVILLAS SAYROL Catedrático Habilitado de Derecho Procesal Ex Decano del Colegio de Abogados de Barcelona Ex Presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Europa (European Bar Federation) Resumen: En octubre de 2011 entrará en vigor la Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Una norma de enorme impacto no sólo en el régimen jurídico de dichas profesiones jurídicas liberales sino también en el panorama de la formación jurídica en España. En síntesis se prevé que, a partir de la entrada en vigor de la ley, para ejercer como abogado o como procurador de los tribunales será requisito obtener el correspondiente título profesional, previo seguimiento de un curso de formación especializada, al realización de prácticas externas tuteladas y al superación de una prueba de capacitación profesional. El presente trabajo tiene por objeto analizar dicha ley y su aún pendiente desarrollo reglamentario e intentar aventurar algunas conclusiones sobre el impacto que la nueva normativa puede provocar respecto del statuts quo actual. Palabras clave: Abogado, abogacía, Procurador de los Tribunales, procura, acceso a la profesión, título profesional, curso de formación especializada, prácticas externas, capacitación profesional. Summary: In October 2011 comes into force, a Law that will the access to the professions of "lawyer" and "attorney" of the Courts. Its impact is enormous; because it will not only affect the legal status of those legal professions but it will also effect the legal education in Spain. In summary, it is anticipated that, after its coming into force, in order to practice as a lawyer or attorney in the courts, it will be required to previously having obtained the professional title after which one has to attend a course of specialized training that is followed by the obtention of supervised external work experience finalizing with a qualifying test. This paper aims to examine that law and the pending regulatory development as well as offering some conclusions regarding the impact the new rules may cause regarding the actual statuts quo. Keywords: Lawyer, law practice, attorney of the Courts, procurement, access to the profession, professional, specialized training courses, external practices, professional training.
2 LA NUEVA LEY DE ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES En octubre de 2011 entrará en vigor la Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Una norma de enorme impacto no sólo en el régimen jurídico de dichas profesiones jurídicas liberales sino también en el panorama de la formación jurídica en España. El presente trabajo tiene por objeto analizar dicha ley y su aún pendiente desarrollo reglamentario e intentar aventurar algunas conclusiones sobre el impacto que la nueva normativa puede provocar respecto del statuts quo actual. Atendiendo una reivindicación constante de los representantes institucionales de la abogacía, la Ley 34/2006 reguló, por primera vez en nuestro país, la exigencia de algunos requisitos adicionales para que un licenciado en derecho pueda ejercer la profesión de abogado o procurador de los tribunales. En evitación de una temida protesta estudiantil, la ley previó una inédita vacatio legis de nada menos que cinco años. Cinco años a contar desde la publicación en el BOE de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales 1, que se cumplirán el 31 de octubre de Aun cuando en una primera aproximación pudiera parecer que todavía falta bastante tiempo para la entrada en vigor de la ley, lo cierto es que todos los preparativos deberán quedar ultimados durante el próximo curso académico y, a fecha de hoy, todavía no se ha acometido el necesario desarrollo reglamentario de la ley. Veamos cuál es el estado actual de la cuestión. EL SISTEMA IMPLANTADO POR LA LEY DE ACCESO. EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO Y DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES. Como novedad sin duda más destacada, la Ley 34/2006 crea los títulos profesionales de abogado y de procurador de los tribunales. La creación de dichos nuevos títulos profesionales supone pues un importante cambio de sistema ya que, como es sabido, hasta la fecha, para el 1 En adelante, para simplificar, ley de acceso. 2
3 ejercicio de ambas profesiones sólo se exigía la licenciatura en Derecho 2. Hoy 3, conforme establece el artículo 1.4 de la Ley 34/2006, la obtención de los títulos profesionales de abogado o procurador será requisito imprescindible para la colegiación en los correspondientes colegios profesionales, motivo por el cual, mediante la ley de acceso, se pretenden regular las condiciones para la obtención de los correspondientes títulos profesionales de abogado y procurador. 4 Conforme señala el artículo 2 de la ley de acceso, para obtener el título profesional de abogado o procurador de los tribunales, será requisito estar en posesión del título universitario de licenciado en Derecho 5 y acreditar la capacitación profesional 6 mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la superación de la evaluación regulada en la propia ley de acceso. 2 Nos referimos, naturalmente, en cuanto a titulación, al margen por tanto de los otros requisitos exigidos en los respectivos Estatutos Generales que no interesan ahora a los fines aquí analizados. Por otra parte, conviene también recordar que no todos los Procuradores de los Tribunales ejercientes en España son licenciados en Derecho ya que antiguamente dicho requisito sólo se exigía para ejercer la procura en las capitales de audiencia. 3 Léase, ahora y en adelante, a partir de la entrada en vigor de la Ley 34/ El artículo 1.1 de la Ley 34/2006, bajo la genérica rúbrica de objeto y finalidad de la ley, proclama que esta ley tiene por objeto regular las condiciones de obtención del título profesional de abogado y el título profesional de procurador de los tribunales. Sin embargo, desde un punto de vista conceptual, parece más lógico señalar como primera finalidad de la ley la creación de dichos títulos que, como hemos visto, se configuran como requisito imprescindible para la colegiación en los correspondientes colegios profesionales (art. 1.4) y, en segundo lugar, las condiciones para su obtención. 5 O el título de grado llamado a sustituir el actual título de licenciado conforme a las previsiones contenidas en el artículo 88 de la Ley de Universidades (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre). Debe asimismo destacarse que puede tratarse tanto de un título obtenido en España como de un título extranjero reconocido en nuestro país. Vid. al respecto, Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior (BOE de 4 de marzo), modificado por el Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior (BOE de 19 de marzo). Respecto al ejercicio permanente de la profesión de abogado por parte de abogados de otros países de la Unión Europea, vid. la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, así como el RD 936/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el ejercicio permanente en España de la profesión de abogado con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea, materia ésta expresamente excluida del ámbito de aplicación de la ley de acceso conforme establece su Disposición Adicional Primera. 6 Aun cuando la ley utiliza preferentemente la expresión capacitación profesional (así, por ejemplo, en el texto del art. 2 o en las rúbricas de los capítulos II y III, usa también la de aptitud profesional (así, por ejemplo, en la rúbrica del artículo 2 o en el texto del artículo 7). Ambas expresiones parecen pues ser equivalentes para el legislador. 3
4 LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL Como hemos visto, para obtener el título profesional de abogado o de procurador de los tribunales, junto 7 a la licenciatura o grado universitario de Derecho deberá obtenerse también la correspondiente capacitación profesional regulada en la ley de acceso. Capacitación profesional que deberá primero obtenerse mediante el seguimiento de un curso de formación especializada y acreditarse después mediante la superación de las correspondientes pruebas de evaluación. LA OBTENCIÓN DE LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL. El Capítulo II de la ley de acceso, integrado por los artículos 3 a 6, regula la obtención de la capacidad profesional. Objetivo principal de la Ley en este punto es garantizar que la formación necesaria para la obtención de los títulos profesionales de abogado y procurador de los tribunales pueda ser impartida tanto por universidades como por escuelas de práctica jurídica creadas por colegios de abogados. Dicho punto constituyó el verdadero caballo de batalla que retrasó la aprobación de la ley de acceso. En efecto, como explica la Exposición de Motivos de la Ley, la regulación del acceso a la profesión estableciendo algún plus respecto de la simple licenciatura universitaria en derecho constituyó una reivindicación constante de todos los Congresos Generales de la Abogacía Española (León, 1970, Palma de Mallorca, 1989, La Coruña, 1995, Sevilla, 1999 y Salamanca, 2003) y Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados (Santander, 1994, Girona, 1997, Valencia, 2001, y Santa Cruz de Tenerife, 2005). 8 7 Decimos junto por cuanto la ley de acceso no impone de forma expresa que la licenciatura (o grado) en Derecho sea un requisito previo para iniciar los cursos de formación. El artículo 2 de la ley sí establece expresamente que encontrarse en posesión del título universitario de licenciado (o grado) en Derecho es requisito necesario para la obtención del título profesional de abogado o procurador de los tribunales junto a la acreditación de la capacitación profesional mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada en la propia ley, pero en ningún lugar dice (y especialmente en los artículos 3 a 5, reguladores de la formación especializada) que la previa posesión del título universitario de Derecho sea requisito previo para cursar la formación especializada. La cuestión no es ni muchos menos anecdótica ya que históricamente algunas escuelas de práctica jurídica permitían matricularse a alumnos a los que faltaren sólo determinado número de asignaturas (o créditos) para acabar la carrera. Los proyectos de Real Decreto de desarrollo reglamentario de la ley hasta la fecha conocidos no dicen tampoco nada al respecto. 8 Como Decano del Colegio de Abogados de Barcelona y Vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española tuve la ocasión de participar en la mayoría de dichos encuentros y, ciertamente, la posición entre la abogacía institucional era prácticamente unánime. Sin embargo, dicha posición unánime oficial distaba mucho de ser pacífica especialmente entre los colectivos de abogados jóvenes. Buena prueba de dicha tensión pudo constatarse en el II Congrés de l Advocacia Catalana, celebrado en Tarragona en 1999, cuyo objetivo era aprobar las Bases del que tenía que ser el futuro Codi de l Advocacia Catalana, y cuya segunda ponencia tenía precisamente por objeto la regulación del acceso a la profesión. Al trabajar el congreso con casi dos mil participantes divido por ponencias, en dicha segunda ponencia se concentraron, lógicamente, los colectivos que más interesados estaban en la 4
5 Pese a esa reivindicación constante que, a mayor abundamiento, hallaba casi siempre muy buena acogida en los distintos despachos ministeriales 9, lo cierto es que la aprobación de la ley se retrasó muchos años principalmente debido a la búsqueda de equilibrios entre los colegios de abogados y las universidades. Los Colegios de Abogados podían presumir de llevar muchos años formando abogados a través de las Escuelas de Práctica Jurídica y pedían que dicha responsabilidad les fuera otorgada de forma exclusiva o cuando menos preferencial, postura que en algunos momentos fue asumida por el Ministerio de Justicia. Por su parte, las Facultades de Derecho de las Universidades Españolas, apoyadas siempre por su Ministerio, proclamaban que obviamente eran ellas quienes tenían la tradición secular de formar juristas y que, por ende, no podían quedar apartadas de la formación complementaria a la licenciatura necesaria para el ejercicio de las profesiones jurídicas. 10 En más de un momento, pareció estarse librando una auténtica guerra abierta entre los colegios de abogados y las universidades. Y en más de una ocasión cuando el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española anunciaba la inminente aprobación de un proyecto de ley, la iniciativa de Justicia quedaba frustrada por la oposición de Educación. Tras años de tira y afloja, la ley de acceso de 2006 acabó confiando la formación especializada tanto a las universidades como a los colegios de abogados imponiendo la celebración de convenios de colaboración entre universidades y escuelas de práctica jurídica. La solución definitivamente adoptada es sin duda la más lógica 11 aunque a mi juicio no asegura la calidad de la formación. Entiendo en efecto que es la solución más lógica porque me parecería una falta de sentido común que las facultades de derecho quedaran relegadas de una función esencialmente formativa jurídica o, al contrario, acabar con una tradición ya consolidada de escuelas de práctica jurídica colegiales algunas de ellas con varias décadas de experiencia formativa impecable. Lo verdaderamente relevante no es quién organiza la materia pero que resultaron ser a su vez los que mantenían posturas más radicales. Así el debate se focalizó entre, por un lado, los partidarios de un régimen estricto de acceso bajo el control exclusivo de las Escuelas de Práctica Jurídica colegiales y, por otro, los que mantenían la postura de que no debía establecerse ningún requisito adicional a la simple licenciatura en derecho. Al llegar sólo dichas dos posturas al plenario, el resultado fue que el congreso no pudo aprobar ninguna base al respecto, aun cuando una significativa mayoría de abogados catalanes era claramente partidaria de establecer las bases de tal regulación (léase, elevar la propuesta, cuya aprobación debería requerir obviamente rango legal). 9 Las principales fórmulas que a lo largo de los años se fueron contemplando eran la realización de una pasantía con un abogado-tutor, la superación de un curso de práctica jurídica en una escuela de práctica jurídica u ofrecer la alternativa de cursar dicho curso y/o realizar la pasantía o superar un examen de capacitación. 10 Así se expresaron diversas Conferencias de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de las Universidades Españolas, particularmente la X Conferencia, celebrada en Vigo en junio de 2004, expresamente citada por la Exposición de Motivos de la ley de acceso. 11 Es la postura que siempre defendí en los diversos foros de la abogacía aunque a costa de soportar la incomprensión y críticas provenientes de algunos representantes institucionales de la abogacía que me acusaban de llevar dos gorras, de decano y profesor universitario, cuando no directamente de alinearme en el bando de la Universidad y contra los Colegios. 5
6 formación, sino cómo lo hace. Existen en la actualidad ejemplos plausibles de buen hacer formativo profesional a cargo de escuelas de práctica jurídica dependientes de colegios de abogados, dependientes de universidades, gestionadas de modo compartido entre universidades y colegios de abogados e incluso de escuelas de iniciativa privada no dependientes ni de colegios profesionales ni de universidades. Por el contrario, también son conocidas algunas malas, e incluso pésimas, experiencias formativas a cargo de colegios, universidades o instituciones privadas. Lo relevante será, más que la titularidad universitaria o colegial 12 del centro formativo, el diseño de los programas y la cualificación del profesorado, aspectos éstos que, como seguidamente veremos, la ley relega a un posterior desarrollo reglamentario. La Ley no trata de forma análoga a universidades y escuelas de colegios profesionales. Desde un punto de vista de técnica normativa, lo lógico hubiera sido afirmar en primer lugar como, de hecho, ya establece el artículo 3 de la ley que tanto las universidades como las escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios de abogados pueden organizar e impartir los cursos de formación especializada para la obtención de los títulos profesionales de abogado y procurador de los tribunales y regular seguidamente los requisitos generales a cumplir por tales cursos de formación con independencia de que sean ofertados por universidades o por escuelas de titularidad colegial. Sin embargo, se percibe una clara desconfianza 13 del legislador hacia las escuelas de titularidad colegial que le lleva a tratar no sólo separadamente sino también de distinto modo a los cursos impartidos por centros de una u otra naturaleza. 14 Así, dentro del capítulo que tiene por objeto regular la obtención de la capacitación profesional (capítulo II de la ley), la ley distingue entre la formación universitaria (que es objeto de regulación en el artículo 4) y las escuelas de práctica jurídica (a las que se refiere el artículo 5 de la ley). 12 Ley de acceso en mano el espacio para las escuelas de titularidad privada parece haber quedado vedado pues la ley se refiere sólo a las universidades, públicas y privadas, y a las escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios de abogados y homologadas por el Consejo General de la Abogacía. Hasta la fecha, el Consejo General de la Abogacía Española había homologado también algunas escuelas de práctica jurídica no creadas por colegios, sino por instituciones no universitarias de capital privado, que, en interpretación literal de la ley de acceso, no tendrán pues posibilidad de que sus ofertas formativas puedan ser reconocidas. 13 En la medida en que los cursos de formación deben ser acreditados por dos Ministerios (Justicia y Educación) y, a mayor abundamiento, se establece en todo caso una única prueba de evaluación final (a la que más adelante se hará referencia) cuyo contenido será fijado por el Ministerio de Justicia, y con participación, entre otros organismos, de ambos Ministerios, el diverso tratamiento legal de los cursos de formación especializada a cargo de las universidades o de las escuelas dependientes de los colegios profesionales resulta, además de injustificado en la mayoría de sus extremos, claramente distorsionador de la regulación legal. La deseable claridad normativa queda seriamente perjudicada por dicha circunstancia. 14 Así, por ejemplo, a las escuelas de práctica jurídica se les impone la obligación de celebrar un convenio con una universidad como requisito para que sus cursos de formación puedan ser reconocidos, mientras que a las universidades la obligación de un convenio con un colegio profesional sólo se les impone respecto de las prácticas externas. 6
7 Conforme, con carácter general establece el artículo 2.2 de la ley, la formación especializada necesaria para poder acceder a las evaluaciones conducentes a la obtención de los títulos profesionales de abogado y procurador de los tribunales es una formación reglada y de carácter oficial que se adquirirá a través de cursos de formación acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación a través del procedimiento que reglamentariamente se establezca. Enunciado tal principio general, entiendo que hubiera sido preferible que la ley regulara sólo las principales características de dichos cursos, tales como duración, contenido y cualificación del profesorado y relegara lo demás al desarrollo reglamentario. Sin embargo, la ley no hace ni una cosa ni la otra. LOS CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA Respecto de las características generales exigibles a los cursos de formación, la ley establece algunas pautas, aunque insuficientes, en algún supuesto oscuras y en todo caso asistemáticas. 15 Así, al regular (en el artículo 5 de la ley) la formación universitaria, es decir los cursos de formación ofertados por universidades públicas o privadas, establece, en cuanto a la duración, que será de 60 créditos 16 más los créditos necesarios para la realización de las prácticas externas a las que se refiere el artículo 6.1 preceptuando que deberán constituir la mitad del contenido formativo de los cursos 17, nada dice respecto de contenido o 15 En general, cabe afirmar que desde el punto de vista de técnica legislativa, la ley 34 /2006 es bastante deficiente. 16 Recuérdese que un crédito europeo o crédito ECTS (European Credit Transfer System) equivale a entre 25 y 30 horas de trabajo de un estudiante, computando tanto las clases presenciales como las horas de estudio y realización de trabajos. Vid. al respecto el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Conforme establece el artículo 3 de dicho RD, el crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios. Conforme dispone el artículo 4.3, en la asignación de créditos a cada una de las materias que configuren el plan de estudios se computará el número de horas de trabajo requeridas para la adquisición por los estudiantes de los conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes. En esta asignación deberán estar comprendidas las horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación. En méritos de todo lo anterior, tal como dispone el artículo 4.5 de dicho RD, el número mínimo de horas, por crédito, será de 25, y el número máximo, de La fórmula legislativa empleada genera una notable confusión sobre la duración de las prácticas externas, que debería haberse evitado. Volveremos sobre el tema en el próximo epígrafe. 7
8 programa, y, en cuanto al profesorado, sólo establece (también de forma muy confusa) que la mitad del profesorado deberá estar integrado por profesionales colegiados ejercientes. 18 En concreto, el artículo 4.3 de la ley de acceso establece que reglamentariamente se establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán cumplir los cursos de formación especializada en lo referente (entre otras cuestiones) a la titulación y cualificación del profesorado de modo que quede garantizada la presencia de la mitad, al menos, de profesionales colegiados ejercientes. Se trata sólo de la mitad de los integrantes del cuadro docente, o debe entenderse que deben impartir la mitad de las horas de docencia? Nueva muestra de deficiente técnica legislativa. Para acabar de complicar las cosas, el apartado 4 del propio artículo 4 dice que lo previsto con carácter general en el propio precepto será de aplicación a los cursos de formación para el acceso a la procura de acuerdo con la específica regulación que al efecto se establezca en sede reglamentaria, previsión con la que parece estarse abriendo la puerta para que reglamentariamente puedan establecerse diferentes requisitos para los cursos de especialización para la obtención del título profesional de procurador de los tribunales. Así parece al menos entenderlo el Ministerio de Justicia por cuanto en el primer borrador de reglamento de la ley de acceso, se preveía que mientras el máster de formación especializada para la obtención del título profesional de abogado tendría una duración de 120 horas, el del título de procurador de los tribunales tendría una duración de 60 créditos, incluidas las prácticas externas. 19 En su virtud, los pocos requisitos generales antes enunciados parecen serlo sólo de los cursos de formación especializada para la obtención del título de abogado, pero no de los cursos para la obtención del título de procurador. Pero tampoco es del todo así, ya que el artículo 5 de la ley, al regular los cursos de formación impartidos por las escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios 20 remite al posterior 18 Conforme establece el artículo 4.1 de la ley de acceso, los cursos de formación especializada ofertadas por universidades públicas deberán superar un doble régimen de aprobación pues además de cumplir con las previsiones al efecto contenidas en la ley de acceso y normativa reglamentaria que la desarrolle, deberán ajustarse asimismo a la normativa reguladora de la enseñanza oficial de posgrado y obtener todas las autorizaciones y aprobaciones exigidas en la normativa universitaria. Los precios de tales cursos de formación especializada deberán además ajustarse al régimen de precios públicos de las enseñanzas universitarias. 19 Vid. artículos 3 y 30 del Primer Borrador del Proyecto de Reglamento de la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, elaborado por el Ministerio de Justicia, de fecha 10 de diciembre de Igualmente, el nuevo proyecto de enero de 2010, cuyo contenido será objeto de posterior análisis, establece diferentes duraciones para los curso de formación para la profesión de abogado o para la de procurador. 20 Con nuevo error de técnica legislativa en las heterogéneas rúbricas de ambos precepto, pues mientras el artículo 4 se rubrica con la expresión Formación universitaria, poniendo pues el énfasis en la actividad, el teóricamente paralelo artículo 5 se rubrica con la expresión Escuelas de Práctica Jurídica, expresión ésta que no hace referencia a la actividad formativa sino al centro que la imparte, que obviamente no es el objeto de regulación del precepto. 8
9 desarrollo reglamentario la determinación del programa, contenido, profesorado y demás circunstancias para que se pueda proceder a la acreditación y reconocimiento de sus cursos, de forma que vuelve a abrirse otra vía para que reglamentariamente puedan establecerse distintos requisitos para los cursos de formación especializada impartidos por las escuelas de práctica jurídica de los colegios de abogados. En definitiva, la ley establece pocos parámetros generales y cuando lo hace (sólo en materia de duración y de cualificación del profesorado), lo hace de forma incompleta y totalmente asistemática, pues, como hemos visto, esos pocos parámetros generales sólo resultan aplicables a los cursos de formación especializada impartida por universidades para la obtención del título de abogado. LAS PRÁCTICAS EXTERNAS Con carácter pretendidamente general, el artículo 6 de la ley de acceso regula las prácticas externas que deberán realizarse para la obtención de los títulos profesionales de abogado y procurador de los tribunales. Dichas prácticas, que son parte integrante de los cursos de formación especializada y en ningún caso implicarán relación laboral o de servicios, consistirán en la realización de actividades propias del ejercicio de la abogacía (o de la procura, en su caso). Conforme se desprende de lo dispuesto en el apartado tercero de dicho precepto, tales prácticas externas deberán ajustarse a un programa previamente fijado y realizarse bajo la supervisión de un tutor. En cuanto a su duración, el artículo 6.1 de la ley establece que deberán constituir la mitad del contenido formativo de los cursos. La fórmula legislativa empleada genera una notable confusión que debería haberse evitado. Así, para la Profesora TOMÁS MARTÍNEZ, Directora de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Deusto, tras destacar que la formulación legal puede dar lugar a dos posible interpretaciones o bien considerar que la duración será de de 90 créditos (60 más 30 de prácticas), o bien de 120, de los que la mitad, es decir 60, serían de prácticas, finalmente se decanta por entender más defendible la primera interpretación. 21 Por su parte, el primer borrador de proyecto de reglamento, de fecha 10 de diciembre de 2008, establecía que el máster de formación tendría una duración de 120 créditos 22, es decir, se decanta por la segunda interpretación que seguramente es la que más se ajusta al tenor de las palabras del precepto. Y, el segundo borrador conocido de reglamento de la ley de acceso 23, fija la duración de las prácticas externas en un mínimo de 30 créditos ECTS Vid. TOMÁS MARTÍNEZ Gema, El futuro de la formación inicial de la abogacía en el nuevo marco profesional y académico, en Diario La Ley, núm. 7227, de 28 de julio de 2009, Sección Practica Forense créditos en el caso del curso de formación especializada para la obtención del título de procurador de los tribunales. Vid. nota Fechado el 12 de enero de 2010 y titulado ya como Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. 9
10 Sin embargo, caben aún otras interpretaciones. Fijémonos bien en que el precepto dice que las prácticas deberán constituir la mitad del contenido formativo de los cursos. Pues bien, según la definición de los créditos europeos 25, en la asignación de créditos se computará el número de horas de trabajo requeridas para la adquisición por los estudiantes de los conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes, debiendo estar comprendidas las horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación. Así las cosas, el número de horas lectivas de una materia suele oscilar entre un tercio y la mitad de las horas resultantes de multiplicar el número de créditos ECTS por de 25 a 30 horas por crédito. Consecuentemente, el número total de horas destinadas al contenido formativo de los cursos de especialización podría oscilar entre 500 y 900 horas lectivas 26 y el tiempo destinado a realizar las prácticas externas podría oscilar entre las 250 y las 450 horas. Por lo demás, la ley difiere al desarrollo reglamentario los requisitos de las prácticas externas, prevé que los estatutos generales de las respectivas profesiones deberán reglamentar los requisitos para el desempeño de la tutoría, así como el régimen de derechos y deberes del tutor, cuya infracción dará lugar a responsabilidad disciplinaria y relega al contenido de los convenios a celebrar en cada caso entre universidades y colegios profesionales la fijación del programa de prácticas, la designación de los correspondientes tutores, el número máximo de alumnos que podrá asignarse a cada tutor, los lugares o instituciones donde se efectuarán las prácticas, así como el mecanismo de control de éstas, dentro de los requisitos fijados reglamentariamente. Como puede apreciarse, demasiados extremos relevantes que la ley omite pautar Artículo 9 del Proyecto. 25 Vid. nota Es decir entre un tercio de 60 créditos por 25 horas/crédito (un tercio de horas) y la mitad de 60 créditos por 30 horas/créditos (la mitad de horas). 27 Sorprende que la misma ley sea en ocasiones tan detallista, regulando prolijamente cuestiones que parecen más propias del reglamento de desarrollo (así, por ejemplo, en materia de competencias para la homologación de los cursos de formación, competencia para la expedición de los títulos profesionales, composición de las comisiones de evaluación), mientras que en otras no establece siquiera una mínimas reglas generales a observar en aspectos que parecen más relevantes. 10
11 LA ACREDITACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL. El artículo séptimo y último de la ley, constitutivo de su capítulo III, regula la acreditación de la capacitación profesional 28 mediante la superación de la prueba de evaluación 29 de la aptitud profesional. Conforme establece el apartado primero de dicho precepto, la evaluación de la aptitud profesional, que culmina el proceso de capacitación profesional, tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión de abogado o de la profesión de procurador, así como el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales. Respecto de las pruebas de evaluación, se establece que las convocatorias tendrán una periodicidad mínima anual y no podrán establecer un número limitado de plazas. 30 Asimismo, se prevé que tanto la evaluación para el acceso a la abogacía como la evaluación para el acceso a la procura tendrán contenido único para todo el territorio español en cada convocatoria 31, si bien los programas contemplarán también materias relativas al Derecho propio de las comunidades autónomas 32. La previsión del contenido único parece pues difícilmente conciliable con la inclusión de materias específicas del Derecho propio de cada comunidad autónoma. Por lo demás, la ley confía al correspondiente desarrollo reglamentario tanto la composición de las comisiones de evaluación 33 y el régimen de las convocatorias 34 como la fijación del contenido de las pruebas 35 y el procedimiento y sistema de evaluación Rúbrica del capítulo III. 29 Rúbrica del artículo Apartado 6 del artículo 7 de la ley 34/2006. Se trata sin duda de una previsión importante que impide que pueda establecerse un numerus clausus en el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Ese era, precisamente, uno de los principales temores de las asociaciones estudiantiles durante la larguísima gestación de la futura ley. 31 Artículo 7, apartado 5.La imposición de contenido único para todo el territorio español carece de sentido tan licenciado en Derecho es el que lo sea por Salamanca, Barcelona o Sevilla y no han tenido contenido único en sus diferentes evaluaciones, ni siquiera entre dos licenciados el mismo año por la misma Universidad y supone una complicación práctica innecesaria, pues el contenido único obliga también a celebrar las pruebas de evaluación en la misma fecha sin tener en cuenta las fiestas propias de cada lugar. 32 Según previsión contenida en el apartado 7 del propio artículo Conforme dispone el artículo 7, apartado tercero, de la ley de acceso, reglamentariamente se establecerá la composición de la comisión evaluadora para el acceso a la abogacía y de la comisión evaluadora para el acceso a la procura, que serán únicas para los cursos realizados en el territorio de una misma comunidad autónoma, asegurando la participación en ellas de representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Educación y Ciencia (hoy, Ministerio de Educación), y de miembros designados a propuesta de la respectiva comunidad autónoma. En todo caso, en la comisión evaluadora 11
12 EL NECESARIO DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY. Como hemos visto en distintos apartados, la ley de acceso requiere ser complementada mediante el correspondiente desarrollo reglamentario. De un rápido repaso de la ley, se desprende que el desarrollo reglamentario es requerido en las siguientes materia 37 s: Requisitos y procedimiento para la acreditación de los cursos de formación especializada conjuntamente por los Ministerios de Justicia y Educación y Ciencia 38 (artículo 2.2 de la ley). para el acceso a la abogacía habrá miembros designados a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española; asimismo, en la comisión evaluadora para el acceso a la procura habrá miembros designados a propuesta del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales. El número de representantes designados a propuesta de cada ministerio, de la comunidad autónoma, y de la correspondiente corporación profesional será el mismo. 34 Las comisiones para la evaluación de la aptitud profesional serán convocadas conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, oídas las comunidades autónomas, el Consejo de Coordinación Universitaria y el Consejo General de la Abogacía o el Consejo General de los Colegios de Procuradores (Art. 7.2 de la Ley 34/2006). Si el número de aspirantes así lo aconseja, podrá constituirse una única comisión evaluadora para los cursos realizados en el territorio de varias comunidades autónomas, señalándolo así en la convocatoria (Art. 7.4 de la Ley 34/2006). 35 Según establece el artículo 7, apartado 5, de la ley, reglamentariamente se determinará el procedimiento por el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido concreto de cada evaluación, con participación de las universidades organizadoras de los cursos, del Consejo General de la Abogacía Española o del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales. 36 Reglamentariamente se regulará el procedimiento de convocatoria, lugares y forma de celebración de la evaluación, publicación y comunicación de los resultados y demás requisitos necesarios para su realización. Asimismo, se regularán los programas, que contemplarán también materias relativas al Derecho propio de las comunidades autónomas, y el sistema de evaluación, de modo diferenciado para la abogacía y la procura, de acuerdo con la diferente capacitación necesaria para el desempeño de una y otra profesión (Art. 7.7 de la ley de acceso). 37 Existen también otras materias que deben ser desarrolladas en normas reglamentarias distintas (por ejemplo, en normativa de carácter universitario o en los estatutos generales de las respectivas profesiones), cuestión a la que se hará referencia en un posterior epígrafe. 38 Hoy, recordemos, Ministerio de Educación. 12
13 Requisitos de los cursos de formación especializada impartidos por universidades para la obtención del título profesional de abogado, especialmente en cuanto su contenido y duración, y titulación y cualificación del profesorado (artículo 4.3). Requisitos de los cursos de formación especializada impartidos por universidades para la obtención del título profesional de procurador de los tribunales (artículo 4.4). Requisitos de las prácticas externas (artículo 6.1). Los requisitos del programa de prácticas y la designación de los correspondientes tutores, el número máximo de alumnos que podrá asignarse a cada tutor, los lugares o instituciones donde se efectuarán las prácticas, así como los mecanismos de control del ejercicio de éstas que deberán establecerse en los concretos convenios a celebrar entre universidades y colegios profesionales para la realización de las prácticas externas (artículo 6.3). Composición de las comisiones evaluadoras (artículo 7.3). Procedimiento para la fijación del contenido de las pruebas por parte del Ministerio de Justicia y participación de otros organismos en dicho procedimiento (artículo 7.5). Procedimiento de convocatoria, lugares y forma de celebración de las pruebas de evaluación, publicación y comunicación de los resultados y demás requisitos necesarios para su realización (artículo 7.7). Programas y sistemas de evaluación de las pruebas para la obtención del título de cada profesión (artículo 7.7, último inciso). Hasta la fecha se conoce un Primer borrador fechado a 10 de diciembre de 2008 y un Proyecto de Real Decreto datado a 12 de enero de El último de dichos documentos, que no nos consta que se haya publicado oficialmente, parece dar adecuada respuesta a prácticamente todos los extremos antes mencionados. Veámoslo En la medida en que el proyecto reglamento desarrolla las previsiones legales, se podría haber optado por efectuar un análisis de las distintas instituciones con estudio conjunto de las previsiones legales y reglamentarias. Ello no obstante, en al medida en que sólo la ley es derecho vigente y ante la falta de certeza de que el último proyecto reglamentario conocido sea el que acabe aprobándose, se ha optado por diferenciar el estudio exegético de la ley por un lado y el proyecto reglamentario por otro. 13
14 En cuanto a los requisitos y procedimiento para la acreditación de los cursos de formación especializada. Se trata de una materia regulada en los artículos 3 a 7 del proyecto de reglamento. Entre sus previsiones cabe destacar que los cursos de formación ofertados por universidades serán cursos oficiales de posgrado 40 y que podrán configurarse combinando créditos de diversas enseñanzas oficiales de posgrado (art. 3). También que cuando una universidad o colegio profesional ofrezca un convenio a un colegio o universidad respectivamente, la oferta de convenio no se podrá rechazar salvo que acredite de forma cumplida la imposibilidad de cumplir las obligaciones que el convenio impone o existan medios alternativos para satisfacerlos. 41 En cuanto al procedimiento para obtener la acreditación de los cursos 42, el proyecto de decreto establece que se regulará por posterior Orden Ministerial, que deberá ser conjunta habida cuenta que en el procedimiento de acreditación intervienen dos Ministerios (Justicia y Educación), exigiéndose por el propio proyecto de reglamento la evaluación positiva de ambos. Se prevé igualmente 43 que la acreditación deberá ser renovada cada seis años, estableciéndose asimismo la obligación de notificar cualquier modificación relevante del curso al Ministerio de Justicia. 44 Se prevé asimismo la creación de un registro administrativo en el que se inscribirán los cursos de formación acreditados para la obtención de los títulos profesionales de abogado y de procurador de los tribunales. 45 Mayor interés que los anteriores aspectos procedimentales tiene el listado de criterios conforme a los cuales se evaluará la calidad del curso sometido a acreditación: 40 El primer borrador del proyecto, de diciembre de 2008, establecía que la formación universitaria a la que se refiere el artículo 4 de la Ley, que habilite para presentarse a la evaluación regulada en el artículo 7 de la Ley y, por tanto, para la obtención del título profesional de Abogado, tendrá el carácter de máster oficial del artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (art. 2.1 del primer borrador). 41 Artículo 4 del proyecto de Real Decreto. Como puede apreciarse, el último inciso ( que * + existan medios alternativos para satisfacerlos ) deja abierta una importante válvula de escape para eludir suscribir el convenio propuesto, sin que el proyecto de reglamento prevea cómo deberán solucionarse los conflictos que eventualmente puedan producirse. 42 Materia que se halla regulada en los artículos 5 y 6 del proyecto reglamentario. 43 En el artículo 6.2 del proyecto. 44 En concreto, el precepto, que no es un modelo de claridad normativa, establece que cualquier modificación del curso de formación que suponga una alteración de los requisitos previstos en el Capítulo II habrá de ser notificada al Ministerio de Justicia, que valorará si la modificación supone o no un cambio sustancial, en cuyo caso deberá obtenerse una nueva acreditación. 45 Artículo 7 del proyecto de reglamento. 14
15 a) La relevancia del curso, atendiendo a evidencias que pongan de manifiesto su interés profesional. b) Los objetivos generales y las competencias adquiridas. c) La claridad y adecuación de los sistemas que regulan la admisión de los estudiantes. d) La coherencia de la planificación prevista. e) La adecuación del personal académico y de apoyo, así como de los recursos materiales y servicios. f) La eficiencia prevista con relación a los resultados esperados. g) El sistema interno de garantía de calidad encargado de la revisión y mejora del plan de estudios. h) La adecuación del calendario de implantación previsto. i) La viabilidad del convenio celebrado para el desarrollo, según el caso, del periodo formativo o de las prácticas externas, de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento. Aun cuando se trata sin duda de uno de los aspectos de mayor relevancia del proyecto de reglamento 46, nótese la poca concreción de la mayoría de los criterios enumerados ( relevancia del curso, objetivos generales, coherencia de la planificación, adecuación del personal académico, etc.) que no facilitan la adecuada planificación y preparación de los cursos de cara a su acreditación ni otorgan tampoco la necesaria seguridad jurídica al proceso de acreditación. 47 Puede en sus méritos cobrar singular importancia el catálogo-guía orientativo de los contenidos formativos y las prácticas externas que, según se prevé en el proyecto de reglamento 48, deberá ser aprobado por el Ministerio de Justicia. 49 Sorprende por ello que, 46 Pues los distintos centros (universidades o escuelas de colegios) deben empezar a preparar sus programas, ofertas de convenios, etc. para poder obtener la acreditación lo más pronto posible. 47 Un listado tan ambiguo de criterios puede desembocar en que a la postre se prime más el control meramente formal que el material. Para acreditar cumplir esos criterios, los centros deberán elaborar y presentar las correspondientes Memorias intentando justificar extremos tales como la relevancia, la coherencia, la adecuación, la eficiencia, etc. Esperemos que no se caiga de nuevo en el exceso de burocratización que en los últimos tiempos impera en la universidad española y en el que los distintos evaluadores y acreditadores parece que acaban muchas veces valorando las cosas más por su presentación formal que por su verdadero contenido. 48 Artículo Dice así el citado precepto: La acreditación a que se refiere el artículo anterior deberá ser renovada cada seis años. A estos efectos, el Ministerio de Justicia aprobará un catálogo-guía orientativo de los 15
16 según la previsión normativa, tan importante documento deba ser preparado por el Ministerio de Justicia sólo 50 a efectos de las renovaciones periódicas de la acreditación que deberán obtenerse cada seis años y no desde el primer momento para facilitar el proceso de obtención de la primera acreditación de cada curso. Esperemos que o bien se modifique el proyecto en este punto o bien que el Ministerio de Justicia publique tal catálogo-guía a la mayor brevedad posible para que pueda ser utilizado ya en el primer proceso de acreditaciones. En cuanto a los requisitos de los cursos de formación especializada. Como hemos visto más arriba, la ley de acceso distingue en este punto entre los cursos de formación especializada ofertada por universidades para la obtención del título profesional de abogado (art. 4.3 de la ley), los cursos de formación especializada ofertada por universidades para la obtención del título profesional de procurador de los tribunales (art. 4.4) y los cursos de formación especializada ofertada por colegios profesionales (art. 5 de la ley de acceso). Afortunadamente, el actual proyecto de reglamento huye de tal confuso y absurdo esquema y regula en un único precepto 51 los distintos extremos relativos al contenido de los cursos de formación especializada, sea cuál sea el titular del centro y sea cuál sea el título profesional (de abogado o de procurador) a cuya obtención el curso se encamina 52 En concreto, el precepto regula distintos aspectos relativos al contenido de los cursos de formación, la duración de los cursos, la necesidad de establecer sistemas de evaluación del aprovechamiento y la composición del profesorado. En cuanto al contenido de los cursos, sin duda uno de los aspectos más relevantes de la normativa, el proyecto de reglamento 53 estipula que los cursos de formación deberán tener el siguiente contenido mínimo: a) Las distintas disciplinas jurídico-científicas necesarias para la práctica de dichas profesiones, incluido el Derecho Autonómico. contenidos formativos y las prácticas externas para el mejor cumplimiento de los requisitos establecidos en el Capítulo II de este Reglamento *El subrayado, para destacar el inciso a estos efectos, es obviamente nuestro]. 50 Vid. nota anterior. 51 El artículo 8 del proyecto de reglamento. 52 Aun cuando, en este caso, especificando una diferente duración requerida. 53 En su artículo
17 b) Deontología, buena praxis y ética profesional. c) Habilidades accesorias para su práctica, tales como expresión y comunicación oral y escrita en distintos idiomas, negociación estratégica, intermediación, o manejo de tecnologías avanzadas. d) Otras especialidades conexas con el ejercicio de estas profesiones. Como puede apreciarse, las previsiones no destacan por su concreción 54. Por ello, el propio precepto prevé que estos contenidos se desarrollarán mediante Orden conjunta de los Ministerios de Justicia y Educación, para cuya elaboración se deberá oír al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de Procuradores de España, y al Consejo de Universidades. Esta Orden será pues la normativa verdadera relevante para la planificación de los cursos de formación especializada, siendo por tanto urgente que se proceda a su aprobación que, como hemos visto, requiere la previa audiencia de los organismos citados. En cuanto a su duración, el proyecto de reglamento 55 establece que Los contenidos formativos deberán completar como mínimo 60 créditos ECTS cuando la formación esté dirigida a la obtención del título profesional de abogado, y 30 cuando esté dirigida al de procurador de los Tribunales. Recuérdese que, como antes se ha visto 56, un crédito europeo o crédito ECTS (European Credit Transfer System) equivale a entre 25 y 30 horas de trabajo de un estudiante, computándose a tal efecto tanto las clases presenciales como las horas de estudio y las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas 57 o proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación. 58 En consonancia con ello, el propio proyecto aclara al respecto que los créditos ECTS en cada caso requeridos podrán también corresponder a seminarios, trabajos dirigidos y otras actividades que resulten necesarias según las características propias de cada enseñanza. En sus méritos, conviene asimismo recordar que las horas de clase presencial que deberá contener el curso de 54 Singularmente en el primer apartado (letra a), pues las distintas disciplinas jurídico-científicas necesarias para la práctica de dichas profesiones, incluido el Derecho Autonómico, en el caso de la abogacía pueden comprender un acervo de conocimientos muy superior al actualmente exigido en la licenciatura o en el grado de Derecho. 55 Artículo Vid. nota No pueden computarse aquí las prácticas externas que, como seguidamente veremos, tienen una regulación específica con concreta asignación de créditos, pero si las clases o trabajos prácticos comprendidos dentro del curso de formación. 58 Vid. más ampliamente al respecto la citada nota
18 formación no será el resultado de multiplicar el número de créditos por de 25 a 30 horas por crédito, sino un número de horas sensiblemente inferior. 59 Prevé asimismo el proyecto de reglamento 60 que, sin perjuicio de la prueba pública de capacitación prevista al final del proceso, los propios cursos de formación especializada deberán mantener procedimientos de evaluación del aprovechamiento de la formación recibida por los alumnos. Los cursos de formación especializada no podrán pues ser una simple preparación para el examen público de capacitación profesional sino que deberán superarse en sí mismos, a través del sistema de evaluación que se establezca en cada curso. A falta de mayor concreción, la evaluación podrá efectuarse por cualquier sistema, sea global a por materias, sea a través de evaluación única, múltiple o continua. 61 En cuanto al profesorado, el proyecto de reglamento se limita a establecer que la mitad del profesorado sea abogado o procurador colegiado como ejerciente durante al menos tres años. 62 Algunas observaciones al respecto. La primera, ya efectuada al analizar la ley 63, es que la exigencia de la mitad del profesorado no garantiza suficientemente (si ese es el objetivo de la ley) que los profesionales tengan una participación efectivamente relevante en la impartición de los cursos de formación 64. A contrario, la previsión normativa no garantiza tampoco la presencia relevante suficiente de profesorado universitario cuando el curso sea dirigido por una escuela colegial de práctica jurídica 65. Podría pensarse que ese objetivo se obtendrá mediante el convenio que 59 Como ya se ha dicho anteriormente, en la práctica universitaria actual, el número de horas dedicadas a clases presenciales acostumbra a oscilar entre un tercio y la mitad del número de créditos previsto para una asignatura. 60 En su artículo Como expresa el preámbulo del proyecto de real decreto, el reglamento opta por un sistema que permita un apreciable margen de libertad en la configuración tanto de los cursos de formación como del periodo de prácticas, pues el reglamento huye de la imposición de un modelo cerrado. 62 Artículo 8.4 del proyecto de reglamento. 63 Concretamente, el artículo 4.3 de la ley de acceso. 64 Así, por ejemplo, se podrían cubrir las formas de la ley designado para cada asignatura un profesor universitario y otro profesor profesional, pero atribuyendo a éste último sólo una única sesión del programa. 65 Léase el ejemplo de la anterior nota, pero invirtiendo los términos. 18
19 necesariamente deben celebrar los colegios con universidades 66, pero recuérdese que el artículo 4.3 del proyecto de reglamento prevé que la institución requerida (en este caso, la Universidad requerida) no podrá rechazar la celebración del convenio propuesto salvo que acredite de forma cumplida la imposibilidad de asumir las obligaciones que el convenio imponga o que existan medios alternativos para satisfacerlos. En principio, una Universidad no podría pues rechazar el convenio propuesto por una escuela colegial por el simple motivo de entender que su profesorado va a jugar un papel no suficientemente relevante en la impartición del curso de formación. 67 Podría también pensarse que si no existe una presencia relevante de profesorado universitario, el curso podrá ser no acreditado por incumplimiento del parámetro previsto en el artículo 5.2, letra e ( la adecuación del personal académico ) pero, ante la falta de concreción del citado artículo 5.2, resultaría conveniente que el reglamento fuera más preciso en este extremo. Por otra parte, el requisito de que los profesores profesionales tengan una antigüedad de tres años como colegiado ejerciente parece a todas luces insuficiente. Téngase al efecto presente que la propia ley de acceso establece 68 que para desempeñar la función de tutor de las prácticas externas se requiere una antigüedad mínima de cinco años. Si lo que se pretende de un profesor profesional es precisamente que pueda transmitir las capacidades y destrezas necesarias para el ejercicio de una profesión, debería exigirse una mayor experiencia en el ejercicio efectivo de dicha profesión. En cuanto a los requisitos de las prácticas externas. A dicha materia destina el proyecto de reglamento sus artículos 9, 10 y 11 ya que, sin duda, se trata de otros de los aspectos más relevantes de la normativa. Conforme, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley, establece el artículo 9.1 del proyecto de reglamento, la formación orientada a la obtención de los títulos profesionales de abogado y procurador de los Tribunales deberá también comprender el desarrollo de prácticas externas tuteladas, con carácter previo, durante o con posterioridad a la adquisición de las competencias a que se refiere el artículo anterior. Se otorga pues una amplia libertad a 66 Ya que, ex artículo 4.2 del proyecto de reglamento, uno de sus objetivos es asegurar la idoneidad de la titulación y cualificación del profesorado que participe en un curso. 67 Debería en todo caso acudir a otros subterfugios para vestir la negativa. Una solución sin duda poco satisfactoria. 68 En su artículo
20 la configuración temporal de las prácticas externas que podrán desarrollarse con carácter previo 69, simultáneo o posterior a la parte teórica 70 de los cursos de formación especializada. En cuanto a su duración, prevé el proyecto que las prácticas supondrán al menos 30 créditos ECTS tanto cuando la formación esté dirigida a la obtención del título profesional de abogado como de procurador de los Tribunales. El cómputo de horas de las prácticas debe calcularse aquí de forma diferente. Si, como antes hemos visto, un crédito europeo o crédito ECTS (European Credit Transfer System) equivale a entre 25 y 30 horas de trabajo de un estudiante, tratándose de prácticas externas no cabe en principio computar otra actividad que la realización de las propias prácticas 71. En sus méritos, las prácticas externas tuteladas deberán tener una duración mínima de aproximadamente horas, que, al igual que las actividades formativas, se podrán distribuir del modo en que se tenga por conveniente y, en particular, realizarse con carácter previo 73, simultáneo o posterior a las actividades formativas del curso. Aspecto ciertamente importante regulado por el proyecto de reglamento, es la definición de los objetivos a cumplir por el programa de prácticas. Así, conforme prevé, el artículo 9.2, el programa de prácticas tendrá, entre otros, los siguientes objetivos: a) aplicar los conocimientos adquiridos. b) aprender el método de resolución de problemas reales. c) enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. d) familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador. e) conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión. 69 Aun cuando no parece que ese vaya ser el diseño más frecuente. 70 Decimos parte teórica a los simples efectos de diferenciarla de las prácticas externas, ya que las prácticas externas tuteladas forman parte de los cursos de formación especializada. Sin embargo, dado el objetivo de tales cursos, es de esperar que dicha parte interna de contenidos formativos sea también de contenido altamente práctico. 71 Aquí no hay clases presenciales y la eventual realización de trabajos o proyectos o en su caso las horas de estudio serán en principio parte integrante de las propias prácticas. Tal vez cabría acaso descontar el tiempo dedicado a entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría (tema al que luego se hará referencia). 72 Aproximadamente, en la medida en que podamos descontar la entrevista u otra actividad del cómputo de las horas de prácticas externas. 73 Hipótesis que se intuye como la menos frecuente. 20