Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6324
Timestamp: 2019-06-25 18:01:36
Document Index: 118157034

Matched Legal Cases: ['Artículo 14', 'Artículo 24', 'Artículo 39', 'Artículo 118', 'Artículo 55', 'Artículo 55', 'Artículo 55']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 92/2008
SENTENCIA 92/2008, de 21 de julio
ECLI:ES:TC:2008:92
2. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Primera de 28 de junio de 2006 se acordó tener por recibido el anterior escrito y librar despacho al Colegio de Procuradores de Madrid para que se designara a la citada recurrente Procurador del turno de oficio que le representara en el recurso de amparo, conforme a lo dispuesto en el art. 7.2 de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita. Igualmente se acordó requerir al Letrado designado para que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 4.3 del Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 18-6-1996 (BOE de 19 de julio de 1996), aportara en el plazo de diez días copia del escrito de renuncia a la percepción de honorarios —debidamente sellada por el Colegio de Abogados en que se hallare inscrito—, en los términos establecidos en el art. 27 de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita.
b) Formulada demanda en reclamación de despido nulo por discriminatorio, y subsidiariamente improcedente, la Sentencia de 24 de marzo de 2004 del Juzgado de lo Social núm. 1 de Badajoz rechazó la nulidad del despido, al no estimar probado que la empresa conociera el estado de embarazo de la trabajadora y, en todo caso, no ser éste, sino razones organizativas, el motivo del despido.
c) Interpuesto por la demandante recurso de suplicación, el mismo fue desestimado (salvo en el aspecto relativo al abono de salarios de tramitación) por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 17 de enero de 2005, que ratificó el criterio de la resolución de instancia en cuanto a la improcedencia y no nulidad del despido.
5. Por providencia de 12 de septiembre de 2007 la Sección Primera acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, sin perjuicio de lo que resulte de los antecedentes, así como, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente al Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y Juzgado de lo Social núm. 1 de Badajoz para que en el plazo de diez días remitieran, respectivamente, testimonio del recurso núm. 954-2005, recurso de suplicación núm. 713-2004 y demanda núm. 220-2004, interesándose al propio tiempo el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, que aparecía ya personado, para que el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
6. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Primera de 29 de noviembre de 2007 se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por el Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y Juzgado de lo Social núm. 1 de Badajoz, acordándose, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones en la Secretaría de la Sala, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieran.
8. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el día 16 de enero de 2008, interesando el otorgamiento del amparo por vulneración del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación del art. 14 CE.
1. Se aduce en la presente demanda de amparo la vulneración por las resoluciones judiciales de instancia y suplicación de los derechos a la igualdad y no discriminación (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la demandante de amparo, al haber declarado improcedente y no nulo el despido del que fue objeto cuando se encontraba embarazada. Considera la demandante que el despido fue motivado por su estado de embarazo, que era ya perceptible en la fecha en que se produjo, y que, en todo caso, las resoluciones judiciales han rechazado la declaración de su nulidad por la exigencia de un requisito —la acreditación del conocimiento por la empresa de su estado de embarazo— que no figura en la norma legal —art. 55.5 b) de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET)— y cuya aplicación resulta desproporcionada y perjudicial para la trabajadora. Finalmente, imputa a la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en casación para la unificación de doctrina el haber desestimado el recurso sin motivación, apreciando una falta de identidad entre los supuestos analizados en las Sentencias recurrida y de contraste que no concurría.
4. Resultando inequívoco, conforme a nuestra doctrina, que un despido motivado por el embarazo de la trabajadora —o por la concurrencia de bajas laborales causadas por el embarazo (STC 17/2007, de 12 de febrero, FJ 6)—, constituye una discriminación por razón de sexo, en el asunto ahora considerado, como en los analizados en nuestras SSTC 41/2002, de 25 de febrero, y 17/2003, de 30 de enero, así como, desde una perspectiva diferente, en la STC 62/2007, de 27 de marzo, la cuestión relativa al conocimiento o no por la empresa de la situación de embarazo ha centrado en buena medida el debate en la vía judicial. La importancia de dicha cuestión viene determinada por el hecho de que, para entender vulnerado por la empresa el derecho de la trabajadora a la no discriminación por razón de sexo, no basta con el hecho de que la trabajadora haya sido despedida hallándose embarazada. Como hemos señalado en otras ocasiones, al hecho del embarazo y a la circunstancia concurrente del despido será preciso añadir otros elementos que pongan indiciariamente en conexión lo uno (el factor protegido —embarazo) con lo otro (el resultado de perjuicio que concretaría la discriminación —extinción contractual), por cuanto que el estado de gestación constituye únicamente, en principio, un presupuesto de la posibilidad misma de la lesión del art. 14 CE, pero no un indicio de vulneración que por sí solo desplace al demandado la obligación de probar la regularidad constitucional de su acto. En palabras de nuestras SSTC 41/2002, de 25 de febrero, FJ 4, y 17/2003, de 30 de enero, FJ 4, “para que se produzca la inversión pretendida por la recurrente, no basta con que la trabajadora esté embarazada y demuestre tal dato objetivo, sino que, a partir de tal constatación, es preciso alegar circunstancias concretas en las que fundamentar la existencia de un presumible trato discriminatorio. En la medida en que no basta la mera alegación, sino la muestra de un panorama indiciario, no puede apreciarse una valoración incorrecta de la carga de la prueba por parte de los órganos judiciales por el hecho de que la empresa no haya probado la existencia de una causa real suficiente y seria de extinción que acredite que el despido es ajeno a un motivo discriminatorio”.
“5. Será nulo el despido que tenga por móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.
Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en ambos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados”
“5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador”.
Como se observa de la anterior exposición, la modificación que introdujo la Ley 39/1999 consistió en añadir, a la precedente cláusula de nulidad de los despidos discriminatorios o con vulneración de derechos fundamentales, diversos supuestos de nulidad relacionados con el embarazo, la maternidad y el disfrute de determinados permisos parentales. Dichas modificaciones se introdujeron por el legislador, como señala expresamente la exposición de motivos de la Ley, con objeto de completar la transposición a la legislación española de las directrices marcadas por diversas normas internacionales y comunitarias —citándose, expresamente, las Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, y 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, y la Declaración de los Estados reunidos en la IV Conferencia mundial sobre las mujeres, celebrada en Pekín en septiembre de 1995— , superando los niveles mínimos de protección previstos en las mismas. La propia exposición de motivos enmarca dichas medidas en los derechos y principios contenidos en los arts. 14, 39.1 y 9.2 de la Constitución.
Como recordábamos recientemente en nuestra STC 34/2008, de 25 de febrero (FJ 3), constituye doctrina consolidada de este Tribunal que las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva son distintas y más estrictas, “reforzadas” (por todas, SSTC 63/2001, de 17 de marzo, FJ 7; 164/2003, de 29 de septiembre, FJ 5; 63/2005, de 14 de marzo, FJ 3; 224/2007, de 22 de octubre, FJ 3), cuando, a pesar de que la decisión judicial no verse directamente sobre la preservación o los límites de un derecho fundamental, uno de estos derechos, distinto al de la propia tutela judicial, esté implicado (STC 11/2004, de 9 de febrero, FJ 2), esté vinculado (STC 180/2005, de 4 de julio, FJ 7), conectado (SSTC 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 11/2004, de 9 de febrero, FJ 2; 71/2004, de 19 de abril, FJ 4), o en juego (SSTC 63/2001, de 17 de marzo, FJ 7; 115/2003, de 16 de junio, FJ 3), o quede afectado (STC 186/2003, de 27 de octubre, FJ 5; 192/2003, de 27 de octubre, FJ 3) por tal decisión. En tales condiciones, lo que el art. 24.1 CE exige para entender que se ha dispensado una tutela suficiente y eficaz es, además de una resolución motivada y fundada en Derecho, una resolución coherente con el derecho fundamental que está en juego (SSTC 11/2004, de 9 de febrero, FJ 2; 63/2005, de 17 de marzo, FJ 3), que exprese o trasluzca “una argumentación axiológica que sea respetuosa” con su contenido (STC 63/2005, de 17 de marzo, FJ 3).
9. La garantía frente al despido del derecho a la no discriminación por razón de sexo de las trabajadoras embarazadas no exige necesariamente un sistema de tutela objetiva como el previsto por el legislador en la Ley 39/1999. Serían posibles, desde esta perspectiva, otros sistemas de protección igualmente respetuosos con el art. 14 CE como, en particular, el que estaba en vigor en el momento de la reforma legal. Sin embargo, una vez que el legislador ha optado por un desarrollo concreto del art. 14 CE, que incrementa las garantías precedentes conectándolas con una tutela también reforzada de otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos, no puede el órgano judicial efectuar una interpretación restrictiva y ajena a las reglas hermenéuticas en vigor que prive al precepto legal de aquellas garantías establecidas por el legislador y con las que la trabajadora podía razonablemente entenderse amparada en su determinación personal, pues con ello se estaría impidiendo la efectividad del derecho fundamental de acuerdo con su contenido previamente definido (STC 229/2002, de 9 de diciembre, FJ 4). Tal decisión no satisface las exigencias del canon de razonabilidad y motivación reforzadas y de efectividad del derecho fundamental que impone la afectación —particularmente intensa, en el presente caso— del derecho a la no discriminación por razón de sexo de la trabajadora y de los restantes derechos y bienes constitucionalmente relevantes implicados.
1º Reconocer su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con su derecho a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE).
2º Anular las Sentencias de 24 de marzo de 2004, del Juzgado de lo Social núm. 1 de Badajoz, dictada en autos 220-2004, sobre despido, y 17 de enero de 2005, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, recaída en el recurso de suplicación núm. 713-2004 interpuesto contra la anterior.
3º Declarar la nulidad de su despido con los efectos legales previstos.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 6595-2006
Promovido por doña María Jesús Pérez Ledo respecto a las Sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y de un Juzgado de lo Social de Badajoz que desestimaron su demanda contra la Asociación Provincial del Metal (Aspremetal) de Badajoz sobre despido.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el de no ser discriminada por razón del sexo: despido de una trabajadora embarazada, a pesar de que la empresa lo ignoraba, en atención a la reforma del estatuto de los trabajadores por la Ley 39/1999.
Una trabajadora embarazada fue despedida, reconociendo la empresa desde un inicio la improcedencia del despido. Interpuesta demanda, tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de Justicia ratificaron la improcedencia del despido, rechazando la pretensión de nulidad por vulneración de derechos fundamentales planteada por la trabajadora, al no estimar probado que la empresa conociera su estado de embarazo y, en todo caso, no ser éste, sino razones organizativas, el motivo del despido.
El Tribunal Constitucional, que en resoluciones anteriores había considerado necesario el conocimiento del embarazo por parte de la empresa para poder apreciar en el despido la existencia de una discriminación por razón de sexo (STC 41/2002), entiende que en el caso analizado no ha quedado acreditado dicho conocimiento, por lo que resulta razonable que las resoluciones judiciales recurridas no hayan apreciado la existencia de un despido “motivado” por el hecho del embarazo. Sin embargo, considera que, desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, el alcance de la protección frente al despido de las trabajadoras embarazadas debe entenderse modificado a partir de la nueva redacción del art. 55.5 b) del Estatuto de los trabajadores introducida por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Tras destacar que la parquedad de las resoluciones judiciales recurridas no satisface el canon de motivación reforzada aplicable cuando está en juego la tutela de un derecho fundamental, aborda el Tribunal la interpretación del precepto legal, entendiendo que, en el ejercicio de la función constitucional que le es propia, le corresponde interpretar la constitucionalidad de la ley en todo tipo de procesos de que conoce, juicio de constitucionalidad que, con autoridad suprema, le está reservado, al igual que la delimitación de su propia jurisdicción y la fijación de los límites entre la constitucionalidad y la legalidad. Tras ello concluye que nada en el precepto legal permite apreciar que el legislador haya establecido como exigencia para la declaración de nulidad del despido la acreditación del previo conocimiento del embarazo por el empresario y, menos aún, el requisito de una previa notificación del mismo; por el contrario, entiende que todos los criterios interpretativos, además del superior de interpretación conforme a la Constitución, conducen a considerar que la nulidad del despido tiene en la Ley un carácter automático, vinculado exclusivamente a la acreditación del embarazo de la trabajadora y a la no consideración del despido como procedente por motivos no relacionados con el mismo. Se configura así por el legislador un mecanismo de garantía reforzada en la tutela de las trabajadoras embarazadas, reforzamiento que posee, además, una clara relevancia constitucional. La Sentencia razona que la protección frente al despido de las trabajadoras embarazadas derivada del derecho fundamental no exige necesariamente un sistema de tutela objetiva como éste, siendo posibles otros sistemas de protección respetuosos con el art. 14 CE. Sin embargo, una vez introducido este sistema, el órgano judicial no puede efectuar una interpretación restrictiva que prive al precepto legal de aquellas garantías establecidas por el legislador, pues ello impediría la efectividad del derecho fundamental. En base a todo ello, el Tribunal otorga el amparo, al considerar vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con el derecho a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) y declara nulo el despido.
Cuando una trabajadora embarazada es despedida, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la no discriminación por razón de sexo [FJ 9].
La nulidad del despido de una mujer embarazada tiene en el art. 55.5 b) LET un carácter automático, vinculado exclusivamente a la acreditación del embarazo de la trabajadora y a la no consideración del despido como procedente por motivos no relacionados con el mismo [FJ 8].
La regulación legal de la nulidad del despido de las trabajadoras embarazadas del art. 55.5 LET, que no contempla el requisito de comunicación previa del embarazo, ni el conocimiento previo por parte de la empresa del mismo, constituye una institución directamente vinculada con el derecho a la no discriminación por razón de sexo proclamado en el art. 14 CE [FJ 8].
La prohibición de discriminación por razón de sexo tiene su razón de ser en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad, en la vida social y jurídica, de la mujer, que atenta a la dignidad del ser humano (STC 17/2003) [FJ 3].
La protección de la condición biológica y de la salud de la mujer trabajadora ha de ser compatible con la conservación de sus derechos profesionales, de suerte que la minusvaloración o el perjuicio causado por el embarazo o la sucesiva maternidad constituyen un supuesto de discriminación directa por razón de sexo (STC 182/2005) [FJ 3].
La reforma del LET ha dejado obsoleta la doctrina de la STC 41/2002, en relación a la necesidad del conocimiento de la empresa del estado de embarazo de la trabajadora, a través de una notificación previa, para apreciar la lesión del derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo [FJ 4].
Artículo 14 (discriminación por sexo), ff. 1, 3, 4, 6, 8, 9
Artículo 24.1, ff. 1, 2, 5, 6, 9
Artículo 39.1, ff. 5, 8
Artículo 118 A, f. 7
En general, ff. 5, 7, 8
Artículo 55.5, ff. 5, 8
Artículo 55.5 (redactado por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre), f. 5
Artículo 55.5 b), ff. 1, 7, 8
Resolución sobre la IV Conferencia mundial sobre la mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre de 1995
Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996. Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES
Discriminación por razón de sexoDiscriminación por razón de sexo, ff. 3, 4, 9
Modificación del alcance de la protección legalModificación del alcance de la protección legal, f. 4
Despido nuloDespido nulo, ff. 4, 9
Estado de embarazo desconocido por el empleadorEstado de embarazo desconocido por el empleador, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Modificación de las normas jurídicasModificación de las normas jurídicas, f. 4