Source: https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/04/02/
Timestamp: 2020-02-23 15:38:29
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Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 27', 'Artículo 19', 'Artículo 7', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'artículo 64', 'Artículo 27']

02 | abril | 2011 | Pensamientos de Derecho Constitucional
Los derechos de los niños ¿son derechos invisibles? Algunas pautas sobre los estándares jurisprudenciales en materia de niños. Ensayo
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS ¿SON DERECHOS INVISIBLES? ALGUNAS PAUTAS SOBRE LOS ESTÁNDARES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA DE NIÑOS
“Los niños abandonados en las calles, los niños tragados por la
delincuencia, el trabajo infantil, la prostitución infantil forzada, el tráfico de niños para
venta de órganos, los niños involucrados en conflictos armados, los niños refugiados,
desplazados y apátridas, son aspectos del cotidiano de la tragedia contemporánea de un
mundo aparentemente sin futuro.”
Desde las calendas griegas, el oráculo de Delfos constituyó para los seres humanos de la antigüedad uno de los más formidables retos para las respuestas a las vicisitudes futuras de los ciudadanos del orbe. Una respuesta del oráculo en definitiva planteaba un devenir tasado de los hechos, circunstancias y sucesos a acaecer en la vida de los habitantes de las polis griegas.
La jurisprudencia, es decir, la expresión de los jueces frente a las controversias mundanas, se aleja del halo de misterio del oráculo y sin embargo, cabe preguntarnos si no deja de representar un ejercicio similar en el aspecto material de requerimientos de acción frente a los hechos que exigen respuestas estatales frente a las afectaciones de derechos, esto es, ¿es el dicho del juez acaso impredecible y denota un accionar misterioso, en modo similar a como Tribe[2] concibe la Constitución?
La formación del Estado de Derecho ha implicado la elaboración progresiva de un armazón de respuestas racionales frente a los controversias entre ciudadanos, haciendo a un lado los matices incógnitos del decir del derecho por parte de los jueces y comenzando a construir una muralla de tutela de derechos allí puestos, cual formidables ladrillos en la edificación de una pirámide que otea el horizonte con aires de inmortalidad.
Precisamente uno de los campos más sensibles en materia de esta protección, está representada por las decisiones concretas de los jueces, sean nacionales o supranacionales, con relación a los derechos de los niños, seres cuya indefensión es extrema en los inicios de la vida misma y moderada en el resto de los años de niñez y por tanto, imponen como doctrina el deber de protección a los Estados, traducido en velar por la defensa de sus derechos inalienables. En esa lógica, las decisiones jurisdiccionales en materia de derechos del niño constituyen el ethos y pathos del desarrollo jurisprudencial interamericano en atención a la cobertura de importancia que reviste la tutela judicial de los derechos del niño, por oposición a los derechos del adulto ciudadano, quien dispone de un margen de acción, potestades y facultades para el ejercicio, regulación y defensa de sus derechos.
¿Y los niños? ¿Qué hacer entonces para lograr una protección eficaz de tales derechos? La respuesta, a juicio nuestro, va liminarmente en el sentido de la exigencia de consolidación en los barómetros de las decisiones de los jueces, asumiendo como hecho cierto que la formación de la jurisprudencia constituye un ejercicio de construcción de estándares, modos y pautas respecto de las decisiones jurisdiccionales, tarea que reviste suma complejidad, dada la libertad de interpretación que identifica a los jueces y que sin embargo, hoy puede estimarse como una tarea de construcción racional que sin prisa ni pausa, ha ganado un generoso afianzamiento en el sistema interamericano.
Ahora bien ¿por qué denominar derechos invisibles a los derechos de los niños? Formular esta inquietud a modo de pregunta pretende enfatizar lo contrario: los derechos humanos de los niños deben ser lo más visibles en todo ordenamiento jurídico en un sentido de consolidación, en tanto el adulto per se puede expresarse respecto a la defensa de sus facultades en los ordenamientos jurídicos.
El niño, por el contrario, acusa indefensión manifiesta en sus primeros años de vida: queda sujeto a los avatares de si sus padres son responsables frente a ellos en salud, vivienda, educación, etc. Entonces, tenemos un contexto material de fondo de 2 tipos de derechos: aquellos cuyos titulares gozan del ejercicio de su derecho en forma directa, a través de su invocación, y se trata de derechos visibles, de prestaciones que asiste el Estado a través de sus diversos servicios de educación, salud y bienestar social; y aquellos derechos respecto de los cuales, las más de las veces, no hay ejercicio sino indirecto y mediato. Así, un infante podrá sufrir castigos físicos en forma por demás injusta y reprobable y su voz será muda frente al órgano estatal encargado de su protección; sus heridas espirituales podrán significar una marca dañosa en la edificación de sus vidas adversas y sin embargo, tales vulneraciones pueden estar condenadas a pasar inadvertidas mientras no exista un accionar de conocimiento por parte de las autoridades estatales.
Entonces, se trata de derechos invisibles: ellos están potencialmente en el medio familiar, humano y social y sin embargo, son inasibles para los menores afectados y hasta complejamente perseguibles para los actores formales del sistema en tanto ellos no llegan a conocer, por distintas razones, de tales reprobables afectaciones a los derechos de seres humanos cuya exigencia de tutela es aún mayor.
Pues bien, en el esbozo de lo que pretende reflejar la parte inicial de nuestro trabajo, aspiramos a desarrollar algunas reflexiones sobre las tendencias jurisprudenciales en materia de derechos del niño, cómo ha ido evolucionando el criterio de protección respecto a los menores, despejando poco a poco ese margen de invisibilidad respecto a muchas de las prerrogativas de los niños en el mundo de los adultos. La apuesta es muy ambiciosa si advertimos que los derechos de los niños deben gozar, con mayor énfasis, de las caracteres que impregna el principio de progresividad, esto es, los derechos de los niños no pueden retroceder en el ámbito de protección de los derechos humanos, y esa exigencia se traduce en que los Estados, respecto a los beneficios implementados a favor de los niños, no pueden dar respuesta en contrario a los derechos cuyos espacios han sido ganados para los niños. Y en vía de ejemplo, respecto a lo afirmado, resultará plenamente congruente con esta reflexión, que la pena de muerte no se extienda en su ámbito de aplicación a los menores de edad o a sectores de éstos en los cuales se pretende asignar un margen de responsabilidad que bien pudiera acarrear la determinación de la pena capital.
En una segunda parte apuntamos, en forma igualmente relevante, a una denominación de estándares mejor construidos para la protección de los derechos de los niños y expresamos este paso, a modo de pregunta: ¿basta describir lo hasta ahora avanzado? ¿Las sociedades solo han ganado espacios estáticos a favor de los niños?
En nuestra opinión, se hace imperativo forjar, de cara a la jurisprudencia hoy existente en el sistema interamericano y como reto de éste, un decir el derecho de modo más humanístico, social y progresivamente más sólido, mucho más con relación a la protección de los derechos del niño. Y esa exigencia es una tarea para todos los actores involucrados en el sistema, para todos aquellos que, cual fraternidad abierta de intérpretes de las Cartas Fundamentales de los Estados, en el lenguaje häberleano, deben asumir, desde sus flancos de acción, decisiones prontas, inmediatas y muchas veces de urgencia para la tutela de derechos vulnerados por el devenir de las complejas circunstancias que aquejan a determinados segmentos de toda sociedad, en especial a los grupos vulnerables, entre quienes sin duda, se encuentran los niños.
Pues bien ¿cuál ha sido entonces la evolución de esa protección jurisprudencial que hoy en día se exhibe progresiva respecto a los derechos de los niños? A esta inquietud apuntan liminarmente las respuestas a esbozar en el presente ensayo, en tanto hemos creído relevante destacar, de un lado, cómo comenzó la protección jurisprudencial del niño en el sistema interamericano de derechos humanos, en qué forma ha evolucionado y cuál es el nivel de consolidación alcanzado, así como, de otro lado, en qué medida ello debería mejorar, siempre desde la perspectiva de que la interpretación de los derechos previstos por la Convención Americana de Derechos Humanos y en especial, la Convención del Niño, es una exigencia progresiva, que evoluciona sin apuros y a su vez, sin detenimiento.
Una primera etapa en la jurisprudencia de los derechos del niño, es la anterior a la Convención sobre Derechos del Niño, en la cual “la mayoría de las peticiones y casos recibidos por la CIDH trataban de violaciones del derecho a la vida, a la libertad personal o a la integridad personal”[3].
Una segunda etapa corresponde a la jurisprudencia emitida a partir de la Convención, “(y) continúa en el presente. En este período se verifica un desarrollo más sustantivo del contenido del artículo 19[4] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”[5]. Finalmente, una tercera etapa tiene” como principal desafío la consagración de una visión integral la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que permita el establecimiento de estándares interamericanos sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que aún no han sido tratados en su especificidad por los órganos del sistema(…)”
A lo expuesto queremos sumar, como hemos manifestado supra, y es valiosísimo recalcarlo, ese necesario insumo humanístico de sensibilidad social que exige la dilucidación de las controversias en materia de niñez. Los jueces constitucionales, nacionales y supranacionales, no pueden excluir hondas fibras axiológicas en el conocimiento de las controversias sobre derechos de los niños: en rigor no se trata de que los niños sean simples beneficiarios del sistema, sino que la concepción de los jueces e intérpretes de los derechos de los infantes, apunte a considerarlos como actores reales, prevalentes y privilegiados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a quienes la adversidad de una u otra forma, muchas veces, les muestra su rostro más desgarrador, tantas otras veces extinguiendo sus vidas en forma inexplicable, otras veces posteriores lesionando su integridad corporal con secuelas indelebles para su futuro social, y otras tantas provocando huellas psicológicas en su entorno formativo, frente a las cuales las respuestas de los Estados no suelen ser siempre efectivas.
Ante estas contingencias, nuestro trabajo apunta a un reenfoque valorativo de la jurisprudencia tutelar respecto de los derechos del niño y ello constituye, en el lenguaje kantiano, un imperativo categórico del cual no nos podemos sustraer.
Pretendemos plantear que la fisonomía de las controversias sobre derechos de los niños, exigen de juzgadores, abogados y todos aquellos vinculados con la dilucidación de este tipo de conflictos, de una visión humanística cuyos valores base sean no solo el interés superior del niño y el adolescente como apotegma jurídico de cimentación, sino un enfoque de “juricidad y moralidad” que en el lenguaje del ilustre maestro español Peces Barba, apunta a una redefinición de los derechos del niño, y que nos persuadamos de que no solo existe un mensaje legal cuando la ley asiste en defensa de los niños, sino que coexiste junto a la norma, en calidad de imperativo axiológico, un hondo contenido de moralidad vinculado estrechamente al principio de dignidad de la persona.
Señala Peces Barba[6] que el concepto de derechos fundamentales comprende: “tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica material del Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica.”
Lo afirmado se ciñe a ese activismo judicial que hoy caracteriza a los juzgadores respecto a las causas a su cargo. Los jueces hoy en día, constitucionales y no constitucionales, están premunidos de que el Derecho va cambiando de sitio en sus cánones interpretativos a efectos de afianzarse sobre nuevas estepas desde las cuales, las formas de decir el Derecho son otras.
Ya no solo se trata de privilegiar el solitario formato de racionalidad de la norma jurídica como tal, sola, fría y muda en su mandato de hacer o no hacer, sino que junto a ese barómetro frío aplicativo y estático que las leyes, las normas y los mandatos jurídicos representan, hoy concurren los estándares dinámicos que los principios, valores y directrices que las Cartas Magnas de los Estados enuncian. Siendo así, los derechos fundamentales y constitucionales contenidos en los instrumentos supranacionales son albergados bajo el tipo de derechos humanos protegidos por los ordenamientos continentales.
II. El concepto “niño” en los instrumentos internacionales
¿A quiénes denominamos “niños”? La Declaración Americana de Derechos Humanos en su artículo VII[7] solo brindaba una idea de aproximación a la noción de “niño” y materializaba la misma en cuanto a obligaciones en el artículo XXX[8]. Ambas referencias, sin embargo, denotaban una referencia solo muy contextual respecto a los niños, asignándoles un status de objeto de protección.
La Convención Americana de Derechos Humanos sigue esta misma tendencia en su artículo 5 parágrafo 5[9] en cuanto aborda, en caso de menores procesados, la separación de los niños respecto de los adultos. De igual forma, el artículo 17 parágrafo 5[10] del mismo instrumento, establece iguales derechos de reconocimiento tanto para niños nacidos dentro como fuera del matrimonio. Sin embargo, conforme podemos advertir, se trata de una referencia legal a los niños solo por la figura de aproximación de contextos, esto es, se regula un derecho principal y adicionalmente, se advierte la necesidad de incluir a los niños.
Es recién a través de la Convención sobre Derechos del Niño[11] que la concepción de infante varía a la de sujeto de Derecho Internacional y le corresponde una definición propiamente dicha[12]. Lo relevante de este instrumento de 54 artículos reside en un tratamiento amplio de los derechos que les asisten a los menores, quienes se convierten en beneficiarios sustantivos de un sistema de protección integral, en cuanto su visión axiológica es de suyo mucho más amplia respecto a los derechos de los niños. La dimensión valorativa del niño se transforma radicalmente y pasamos de una visión estática de los derechos del menor a un enfoque dinámico de estos derechos. Advertimos así que la apreciación de mera legalidad de los derechos del niño, cual pozo inmóvil en el cual solo distinguimos el nivel calmado de las aguas, deviene en un control de legitimidad de derechos, esto es, ahora estamos frente a un torrente de aguas caudalosas en el cual es necesario percibir que los derechos de los niños discurren unos tras otros, y que tenemos el imperativo de asirlos para una efectiva protección de los derechos de los menos favorecidos por razones de edad.
La definición “niño” se ha visto reforzada por la Opinión Consultiva 17[13] de la Corte IDH, con una comprensión más precisa del término[14] y fijando términos inclusivos[15] en el sentido de que “el término niño abarca, evidentemente, los niños, las niñas y los adolescentes”, habida salvedad de la disidencia del Juez Jackmann[16] respecto a esta misma Opinión Consultiva.
Siguiendo las mismas tendencias definitorias, la Convención Europea sobre la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual[17] señala como niño” cualquier persona menor de 18 años”. A su turno, la Carta Africana sobre Derechos y Bienestar de los Niños[18], define en el estándar de niños “a todo ser humano menor de 18 años”.
Proyectadas estas definiciones, conviene señalar un carácter descriptivo en la tendencia de denominación del estándar “niño” hasta antes de la Convención de los Derechos del Niño CDN. El carácter de los instrumentos internacionales asumió como posición una defensa solo contextual, de mera referencia, respecto de los derechos del niño. A partir de la CDN, la definición “niño” asume a éste como sujeto de derechos, confiriéndole una valoración racional- axiológica: racional, en tanto fluye la fuerza aplicativa de un instrumento internacional con alcance interamericano y vinculatorio; y axiológico, en cuanto comenzamos a asignarle a la categoría “niño”, una dimensión moral respecto a su condición de persona humana.
Las diferencias han de ser notorias, conforme veremos a continuación, y resumen, a grandes rasgos, una de las problemáticas más complejas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de nuestros tiempos: la contraposición manifiesta entre las viejas categorías legales, estáticas, inmóviles, que visualizan al niño como objeto de protección, y los estándares de humanismo, dinamismo y activismo que distinguen a los niños como sujetos de protección. Se trata de 2 posiciones encontradas en el Derecho, que se contraponen una y otra vez, en modo permanente en todos los estrados judiciales, desde los más sencillos hasta los que revisten mayor complejidad. A un lado, la norma reclama la aplicación fría y silogística de la ley, de los reglamentos que mutilan derechos y prerrogativas de los niños; al otro lado, la visión principialista del derecho, exige contenidos valorativos axiológicos cuyo punto de partida es la dignidad del ser humano y apelan a que empinemos la vista y veamos no solo el árbol de la norma sino el bosque de los principios, valores y directrices que emanan de los instrumentos supranacionales.
III. Tendencias jurisprudenciales anteriores a la Convención de los Derechos del Niño
Apuntamos aquí a describir los planteamientos más significativos de cómo fue manejada la jurisprudencia interamericana, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte IDH, así como el sistema cuasi-jurisdiccional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH para referencias posteriores.
Las decisiones de los órganos supranacionales en este período fueron sustantivamente tuitivas, ello debe ser resaltado, mas dentro de un criterio de protección del niño como objeto de derechos.
Señala el informe de Relatoría de la Niñez [19]: “Durante las décadas de los sesenta y setenta la CIDH utilizó como marco normativo exclusivo la Declaración Americana de de los Derechos y Deberes del Hombre, instrumento internacional que fue adoptado cuando prevalecía la doctrina que concebía al niño como objeto de protección, lo cual desconocía su status como sujeto de derechos”.
Un ejemplo ilustrativo en relación a la tendencia enunciada es el caso 2137[20] Testigos de Jehová contra Argentina de 1978, respecto a la expulsión de 300 niños de las escuelas solo por su condición religiosa, ejecutada por el Gobierno Militar de entonces.
El fundamento normativo[21] invocado en dicho caso se ciñó únicamente a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Sin perjuicio de la relevancia de este instrumento, la ausencia de mecanismos de mayor operatividad respecto a los derechos tutelados, definió un margen de protección notoriamente insuficiente respecto a los derechos en juego, en la medida que la doctrina del menor como objeto de protección solo suponía una defensa lateral de los derechos vulnerados.
No puede negarse un nivel de valor axiológico de los derechos protegidos por la Declaración Americana. Los framers de la Revolución Americana, valga recordarlo, de por sí representaron una construcción de progresividad de derechos tutelados y sin embargo, los contenidos materiales de los principios inspiradores de la Carta de Filadelfia, hubieron de lidiar con la concepción restringida de aplicación de la soberanía de la norma como único eje de la dilucidación de controversias.
En ese difícil terreno, poco o mucho podían inspirar los principios, valores y directrices axiológicas de los derechos de las personas, flanqueadas por la muralla insondable del rigor de la ley y de la plena hegemonía parlamentaria frente a las potestades judiciales. En dichos contextos, ¿cómo pensar en un niño sujeto de derechos? ¿O cómo establecer un contenido humanístico de los valores de los derechos de los niños cuando solo primaba el texto de las normas- regla en una única dimensión aplicativa? O más aún, ¿cómo invocar una Carta de Derechos enunciativos respecto a los niños, si éstos eran a duras penas objeto de protección?
A juicio nuestro, hubo de lidiarse con dificultades notoriamente manifiestas en esta etapa de la jurisprudencia, cuyos horizontes si bien hemos afirmado se expresan con más expresividad hasta la adopción de la CDN, en realidad distan de mucho atrás, en tanto la interpretación de los derechos del niño realmente no significó una exigencia trascendente para los decisores jurisdiccionales por la estricta observancia del principio de legalidad y el principio de congruencia procesal, 2 evidentes manifestaciones de la interpretación, llamémosla restrictiva, de los derechos humanos en su fase de dilucidación en sede jurisdiccional.
Por tanto, este abordaje de los derechos de los niños desde una visión del niño como objeto de protección no fue sino, en nuestra posición, un devenir de categorización de tales derechos desde una visión restringida del Derecho, desde una perspectiva notoriamente restrictiva en tanto la tutela del niño solo se producía por asociación a otros derechos de la familia, o bien por cuanto una visión mutiladora se expresaba, como manifiesta Cançado Trindade[22], en “una corriente doctrinal que insiste en que la Convención sobre los Derechos del Niño, se limita a crear obligaciones estatales”, esto es, al Estado únicamente la competía una protección coyuntural de los derechos del niño, por accidente, circunstancia o solitaria exigencia, no así bajo la visión estructural que la moderna doctrina de sujeto de protección le asigna hoy al menor.
Tales horizontes limitados solo expresaban una dirección: la necesidad de una visión restringida del niño como objeto de protección, sin más.
IV. Evolución tuitiva de la jurisprudencia a partir de la Convención de los Derechos del Niño
Ciertamente contraria es la tendencia jurisprudencial a partir de la CDN, en tanto el sistema de protección integral, a diferencia del anterior, representa el advenimiento del niño como real y verdadero sujeto de derechos en el plano internacional de los derechos humanos.
Una aproximación sustantiva a esta concepción es advertida por la Opinión Consultiva 17, la cual señala:
“92. (…) tanto el corpus iuris de derechos y libertades como las garantías de éstos, son conceptos inseparables del sistema de valores y principios característico de la sociedad democrática. En ésta “los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros.
93. Entre estos valores fundamentales figura la salvaguarda de los niños, tanto por su condición de seres humanos y la dignidad inherente a éstos, como por la situación especial en que se encuentran. En razón de su inmadurez y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado.”
A juicio nuestro, la cita resulta relevante pues define muchos caracteres de esta nueva visión de los derechos humanos, en especial en cuanto se refiere a una visión más humanística y axiológica del niño, frente a las difíciles circunstancias que le toca vivir.
Sendos ejemplos de la jurisprudencia identifican la doctrina de la protección integral, en rigor el traslado conceptual de la premisa de asumir una visión del niño como objeto, para pasar a convertirse en eje de una doctrina tutelar para la cual el niño es sujeto de derechos. Veamos algunas causas jurisdiccionales relevantes a este respecto.
Entre las medidas provisionales más representativas en materia de derechos de los niños, a partir de la CND, podemos ubicar 2 decisiones de interés: el asunto de los niños Gonzalo Xavier y Matías Ángel Reggiardo Tolosa[23] respecto a Argentina, quienes fueron inscritos como hijos de terceras personas, las cuales falsificaron su identidad durante la dictadura en Argentina[24]. Este caso que llegó a buen término al ser ubicados con posterioridad los familiares biológicos.
De la misma forma, la CIDH se pronunció respecto al caso “Complexo do Tatuapé” de la “Fundaçao Estadual de Bem- Estar do Menor” de Sao Paulo, respecto de Brasil. En este caso, los adolescentes se encontraban en situación muy grave y tras la muerte de 4 de ellos, por grescas y condiciones infrahumanas de vida, la Corte exigió al Estado brasileño, mediante resolución de 17 de noviembre de 2005[25], la adopción de medidas urgentes para que redujera el hacinamiento de los jóvenes en riesgo, se decomisara las armas utilizadas por los mismos, se separara a los internos de acuerdo a los estándares internacionales de conformidad con el interés superior del niño, y se brindara atención médica a los niños internos.
Cuanto podemos anotar respecto a estas decisiones, reside sustancialmente en las mayores exigencias que impone la CND en relación a los niños. Apreciemos la insuficiencia de una apreciación contextual en el momento de identificar las necesidades de los niños afligidos.
Con la Declaración Americana de de los Derechos y Deberes del Hombre, los niños en peligro hubieran merecido protección, cuidados y ayuda especiales solo sobre la referencia de otro derecho conexo a ser tutelado, esto es, por vinculación con las necesidades de la madre, lo cual también implica un rango de tutela. Sin embargo, conforme pretendemos sentar como premisa de trabajo en este estudio, la referencia al niño como objeto de protección, implica un análisis cerrado de la problemática de los menores y de la tutela de urgencia exigible respecto a los mismos.
IV. I. Casos contenciosos
Los casos contenciosos representan el segmento de análisis más relevante de la Corte IDH, en tanto implican una decisión de fondo de la Corte. Valdría cuestionarnos, a propósito de esta aseveración, ¿cuál es la dimensión vinculante entre fallo de la Corte IDH y decisión de la CIDH? Una sentencia de la Corte IDH no presenta mayor objeción respecto al grado de vinculatoriedad en tanto se trata del órgano más alto supranacional en materia de Derechos Humanos. Y una decisión de la Corte IDH no puede eventualmente ser interpretada en forma aislada sino a la luz de los principios, valores y directrices de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En consecuencia, un Estado no puede invocar afectación de su autonomía ni soberanía si el fallo de la Corte IDH en alguna forma colisiona con su Derecho Interno, pues asumimos vinculatoriedad respecto al mismo en sus dimensiones de racionalidad y razonabilidad. Hay una dimensión de racionalidad en tanto se produce una razón fuerte que se identifica con el mandato de legalidad que fluye de las cláusulas de la Convención. El juez de derechos humanos vincula así el caso concreto con la dimensión de legalidad de los mandatos formales de la Convención Americana. De la misma forma, hay una dimensión de razonabilidad, en tanto los derechos humanos representan mandatos axiológicos, de valor, y contienen una dimensión ética en su extensión aplicativa.
Pero de otro lado, no apreciamos el mismo nivel de vinculatoriedad respecto a las decisiones de la CIDH, en rigor Recomendaciones, cuyo fin es propositivo. Lo que diferencia a éstas de las decisiones de la Corte IDH, es el rango de vinculación de las Recomendaciones pues ellas asumen un formato de proposiciones, que los Estados parte estarían en libertad o no de seguir. Incidimos en un verbo condicional pues partimos de que toda Recomendación es una propuesta. Y a ello apunta la labor de la CIDH, que en propiedad es un órgano heterocompositivo de resolución de conflictos, que en buena cuenta propone soluciones entre las partes con un amplio margen de alternativas, y veámoslo de esa forma: la CIDH propende a un activismo por arreglos de las litis.
La diferencia notable entonces es el grado de vinculatoriedad entre decisiones de la Corte IDH y CIDH, a lo cual debemos sumar que las decisiones de la CIDH tienen rango cuasi jurisdiccional, esto es, provienen de un órgano con un mandato no vinculante. Sin embargo y aquí hay un detalle que debemos subrayar: la realidad técnico-fáctica resulta evidente en el sentido de que si un Estado no acata una Recomendación de la CIDH, el caso es judicializable ante la Corte IDH. Por tanto, debemos estimar que las Recomendaciones no solo asumen una dimensión de propuesta sino en rigor constituyen medidas exhortativas dotadas de la fuerza de la razón.
IV.I.I. Caso Villagrán Morales y otros (Niños de la Calle) contra Guatemala
El caso Villagrán Morales[26] representa un proceso emblemático en la construcción de nociones de valor para el sistema interamericano, en relación a los niños, como “la noción de corpus iuris, la doble discriminación que sufren los niños en situación de calle, la situación de niños con antecedentes penales, el alcance de las medidas de protección en el ámbito de derechos del niño, el concepto de vida digna”[27]
La Corte consideró que el Estado de Guatemala no cumplió los requisitos formales ni materiales en materia de detención y señaló un estándar de vida digna desde una concepción inclusiva, esto es, no solo no debía ser afectada una persona en su derecho a la vida por el arbitrio injustificado de terceros, sino también debía constituir barómetro “que no se impida (al niño) el acceso a condiciones que le garanticen una vida digna”[28], para cuyo efecto desarrolló la tesis de la adopción de medidas especiales de protección.
Las medidas especiales de protección se inscriben dentro de la doctrina del deber especial de protección y sobre esta figura, conviene apuntar algunas líneas.
La emisión de una decisión en materia de derechos humanos, y muy en especial respecto a los derechos de los niños, conlleva implícito el deber de protección[29], figura que ha sido desarrollada jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional de Perú y por el Tribunal Federal Alemán[30], bajo la doctrina del Schutzpflicht, en el sentido interpretativo de un mandato para los jueces constitucionales frente a eventuales vulneraciones a las dimensiones objetiva y subjetiva de los derechos fundamentales, en rigor, mandatos de actuación que configuran auténticos deberes de protección de los derechos constitucionales.
Por tanto, el Estado no puede permanecer impertérrito, más aún en el caso de seres humanos con mayor indefensión como lo son los niños de tierna edad, cuando afectaciones a sus derechos exigen deberes de protección tangibles, perfectibles y materializables.
El caso Villagrán Morales sirve, igualmente, para advertir la manifiesta carencia de estos deberes especiales de protección cuando la situación producida por el Estado de Guatemala, exhibe una “doble agresión” a los derechos de los niños, una primera por cuanto “el Estado no evitó que estos niños vivan en la miseria (…y) en segundo lugar, (porque) atentan contra su integridad física, psíquica y moral, y hasta contra su propia vida.”[31]
El caso “Niños de la Calle” fija pues algunos parámetros de interés respecto a la doctrina del niño como sujeto de protección. Y sin embargo, estas líneas no pueden hacer caso omiso a los contextos de relevancia que la situación de los niños en las calles genera. Por un lado, nos hacen pensar en una generación perdida, en la medida que muchos de ellos ya ni se educan y aún así quisieran, encuentran muy lejana su preparación para los retos de la vida. En segundo lugar, se trata de niños en condiciones muy difíciles en cuanto se han desvinculado de su medio social y todo proceso de readaptación exige mucho sacrificio. Un “niño de la calle” debe readaptarse a su medio social.
¿Podría entonces hablarse de un Estado indiferente frente a los niños, quienes son los ciudadanos del mañana? Muy a nuestro pesar, Guatemala es un manifiesto ejemplo de ello en el caso Villagrán Morales.
El voto concurrente de los jueces Cançado Trindade y Abreu Morelli en el caso Villagrán Morales resume mucho de esta preocupación al señalar: “Una persona que en su infancia vive, como en tantos países de América Latina, la humillación de la miseria, sin la menor condición siquiera de crear su proyecto de vida, experimenta un estado de padecimiento equivalente a una muerte espiritual”[32]
El estándar aquí desarrollado se identifica con un contenido humanístico axiológico de mayor valor. Percibamos la diferencia notoria con el simple principio de legalidad y su determinante entorno de aplicación integral o no aplicación de la norma. Cuando los jueces Cançado y Abreu abren la reflexión del caso a contenidos morales muy profundos, apreciamos una tarea argumentativa de singular relevancia en el sentido de que los jueces no son meramente aplicadores de los artículos de la Convención Americana sino su rol trasunta mucho más allá cuando se proyectan contenidos que trascienden el escenario únicamente jurídico, a efectos de percibir una doctrina de principios integradores cuya dimensión es hondamente garantista.
En consecuencia, nuestra premisa de análisis cobra vigencia en cuanto este tipo de votos realiza una profunda revisión de los valores del juez en derechos humanos y determina como condición que para el juzgamiento de controversias en derechos humanos, se requiere de una condición especial de examen y ello no es sino una exigencia de hondo humanismo en la definición de colisiones de principios entre causas que atañen a los derechos humanos.
Una incómoda inquietud puede asaltarnos luego de lo afirmado: ¿puede acusarse el voto de Cançado y Abreu de subjetividad? ¿Podría acaso señalarse que el juicio jurídico de estos 2 insignes jueces de la Corte Interamericana ha pecado de querer transmitir una ideología en sus votos? Prima facie, debemos afirmar que toda decisión judicial, siendo una valoración humana, reviste un margen de contenido ideológico y sin embargo, la gran valla, o el requerido filtro, lo constituye la racionalidad con la cual el juez de derechos humanos, construye su discurso.
En efecto, hay de por medio valoraciones axiológicas, contenidos de moral que no pueden hacerse a un lado, pues el juez de derechos humanos igualmente siente, es padre, otras veces hermano, en muchas otras ocasiones es hijo y como tal, aquellas graves carencias que aprecia en los conflictos o esas vicisitudes de sufrimientos que distingue en las causas que conoce, privilegian su posición a efectos de ponerse por encima del conflicto y hacer una diferenciación axiológica con relación a aquel juez legalista que solo se circunscribe a si se aplicó o no la norma en la forma debida.
¿Cuánto cambian esos estándares cuando de por medio se encuentran situaciones muy difíciles, de grave riesgo, respecto a niños? A juicio nuestro, la controversia se hace aún más compleja pues partimos del concepto de que esos niños difícilmente pueden expresar sus emociones, sus tragedias y muchas veces, sus derechos, los cuales ni siquiera conocen. Y he aquí una odiosa diferencia de grado cuando en el conflicto hay de por medio niños.
Mientras el adulto tiene una noción de ciertos principios del ordenamiento respecto a la tutela que puede dispensarle el sistema jurídico, en el caso de los niños no existe tal percepción pues se trata de ciudadanos en ciernes, que a través de la formación aprenden a conocer algunos de sus derechos aunque no en el ámbito de su ejercicio. El adulto sí hace exigible la materialización de su defensa, podrá acudir a un abogado para la defensa de sus derechos y de ser el caso, ejercerá su ciudadanía con pleno conocimiento de su cometido. Los niños, por el contrario, adolecen de ese ejercicio ciudadano inmediato de defensa. Se hace exigible que la sociedad acuda en su ayuda y las más de las veces, como sucede en el caso Villagrán Morales, esa ayuda llega en forma por demás extemporánea. En consecuencia, el Estado solo reacciona frente a la consumación de las circunstancias, y hace de alguna forma de enterrador luego de que un niño ha sido afectado gravemente en bienes jurídicos de único valor como la vida.
¿Qué hacer, entonces, frente a un escenario como el de Villagrán Morales en el cual los adolescentes que fueron detenidos con él, perdieron la vida y como refiere el juez Cançado “no tuvieron la oportunidad de conciliarse con la idea de su entrega a la eternidad”? Sin duda, casos como el de Villagrán Morales representan una deuda muy difícil de honrar. Es cierto que a través del sistema de reparaciones en parte se cubre el sufrimiento de la familia, es de alguna manera verdad que aquellas familias atribuladas por la pérdida de sus seres queridos, han de ver en parte resarcido su dolor cuando de por medio existe una cobertura económica que calmará en alguna forma sus necesidades.
Y sin embargo, ¿existe alguna medida jurídica capaz de mitigar el dolor de una madre por la pérdida de su hijo en condiciones por demás dolorosas? ¿Hay alguna forma de calmar el llanto sin término de esa madre frente al cadáver de ese ser a quien le dio la vida? ¿Puede una Corte reducir ese sufrimiento en el alma de una madre al saber ésta que su hijo fue asesinado en un operativo policial? Definitivamente no hay respuesta valedera ni resarcimiento suficiente para ese tipo de tribulaciones y todas las prestaciones a ejecutar, solo de alguna forma, adoptan un contenido económico resarcitorio y más aún, mucha menor es la reparación de orden moral.
Villagrán Morales y sus compañeros fueron asesinados sin otorgárseles el derecho de defensa, sin poder ejercer contradictorio alguno frente a la solitaria”imputación” de haberle hecho daño a la sociedad. Y si existieron errores de su parte, cuantiosos o no, precisamente los derechos de esa sociedad “agraviada” debían ser puestos, como en efecto lo deben ser, en la balanza de la justicia para sancionar a esos jóvenes por sus conductas probablemente antisociales. Sin embargo, se opta por la solución menos compleja, extinguiendo un grupo de vidas y aspirando a que ello quede en el olvido, en la memoria sin retorno de las sociedades con síntomas de descomposición ética.
IV.I.II. Caso Bulacio contra Argentina
El caso de Walter David Bulacio[33] contra Argentina representa otro proceso contencioso que marcó la jurisprudencia del sistema interamericano por las connotaciones axiológicas de fundamentación respecto a la vida humana.
Bulacio, de 17 años de edad, fue detenido el 19 de abril de 1991 por la Policía Federal Argentina y murió a los 7 días, luego de sufrir múltiples lesiones durante su detención. Luego de iniciada la investigación, el 21 de noviembre de 2002, la Sala VI de la Cámara de Apelaciones declaró la prescripción de la causa.
La referencia a la prescripción de la causa exige advirtamos dos reflexiones de singular orden: en un primer plano ¿Puede el Estado miembro del sistema interamericano declarar prescrita una causa, cuando ha vencido el plazo legal para la persecución de los culpables? Sin duda, debemos diferenciar el plano nacional de regulación, en el cual el Estado es autónomo en tanto no vulnere derechos reconocidos por el sistema interamericano en la persecución del delito, del ámbito supranacional, el cual puede fijar reglas a contrario. La prescripción nacional significa la “huida” al derecho a investigar y sancionar, más aún, cuando se trata de crímenes en los cuales han existido circunstancias agravantes que le confieren el nomen iuris de delitos de lesa humanidad. En estos casos, es manifiestamente grave la diferencia entre prescripción nacional y los casos ya categorizados por la comunidad jurídica internacional[34] en el sentido de la imprescriptibilidad de los crímenes con particularidades ciertamente graves respecto a los derechos humanos.
El caso Bulacio no considera una tipificación de crimen de lesa humanidad y parte de la necesidad de investigar el crimen denunciado y de sancionar a los responsables de las graves vulneraciones a los derechos humanos concernidos. Sirve esta reflexión, igualmente, para inquirir por el nivel de conflicto entre el Derecho interno y el Derecho supranacional. Sobre este aspecto particular ya se ha pronunciado el artículo 27[35] de la Convención de Viena, a efectos de que el aparente conflicto sea resuelto por la primacía de los normas del Derecho supranacional, mediando una sola excepción para estimar la prevalencia del Derecho interno y esa única circunstancia es propiamente que, en un caso determinado, el Derecho interno tutele mejor una situación que el Derecho supranacional. Solo en estas condiciones debe prevalecer el Derecho interno, excluyéndose otros universos de posibilidades.
En adición a lo expresado, la Corte consideró vulnerados los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, los derechos del niño, el derecho a las garantías judiciales, y a la protección judicial. Si bien el Estado argentino reconoció su responsabilidad, la decisión de los jueces abordó diversas precisiones conceptuales a partir del régimen especial que implica el juzgamiento de menores. Señaló que: “en el caso de los niños, la detención debe ser excepcional y por el menor tiempo posible. Además, consideró que en casos de detenciones de niños, el derecho de establecer contacto con los familiares tiene una capital importancia a fin de asegurar que el niño pueda recibir la asistencia necesaria.”[36]
La necesaria comunicación con los familiares presta un fin de tutela especial en razón del expresado criterio de una exigencia de protección mayor, dada la condición de minoría de edad. Si ya resulta extraño a los derechos humanos no proveer de defensa a los adultos, con mayor razón la defensa de los menores debe presentar condiciones especiales de asistencia y a tal efecto, no basta la defensa en términos usuales de asistencia con el solo derecho de defensa letrada, sino que más aún, la asistencia psicológica, a través de profesionales especializados, debe representar un iter procedimental que no debe ser excluido bajo ningún tipo de circunstancias, precisamente por las huellas espirituales propias que marcan la detención de un niño, tanto más si éste resulta ajeno a los probables cargos de imputación.
En el rubro de integridad personal, la Corte señaló que “en el caso que se trate de un niño, se debe tomar en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél conforme a la obligación de especial garantía que tiene el Estado respecto a los derechos del niño”[37] Aquí podría bien resultar discutible el rubro de vulnerabilidad cuando de por medio, visualizamos problemas de conducta con menores habituados a hacer el mal, cuando existen “pandillas” o grupos de jóvenes dedicados a causar graves desórdenes materiales. La posición que esboza la Corte en este rubro bien puede merecer objeciones atendiendo a los rangos de reincidencia delictuosa o habitualidad en las infracciones contra bienes jurídicos tutelados y sin embargo, este segmento fáctico de situaciones especiales, no puede romper la regla general de la exigible asistencia en general a los grupos de menores cuya situación es necesario examinar de acuerdo a las circunstancias de la especial situación de tutela al menor. En ese orden de ideas, prevalece la regla de la asistencia del Estado por especial vulnerabilidad de los niños.
Mención aparte merece la especial connotación al principio del interés superior del niño, el cual se sustenta “en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades”[38]
La referencia al principio del interés superior del niño representa el thelos de la doctrina que estima al niño como sujetos de derechos. En rigor, el principio de dignidad de la persona humana representa el basamento guía de los principios que guían el sistema interamericano de derechos humanos, sobre la premisa de que no puede existir real ejercicio de otros derechos si no es respetada la dignidad de la persona. La dignidad es un derecho continente para la jurisprudencia interamericana en la medida que sirve de sustento para el ejercicio de otros derechos humanos y representa el contenido de moralidad de los derechos fundamentales.
Esta vinculación al contenido de moralidad representa la esencia del pensamiento moderno en materia de derechos humanos y al respecto fija Peces Barba[39] una reseña muy valiosa. En consecuencia, no podemos negar la importancia de reflexionar que sobre el contenido de juricidad que reviste todo derecho fundamental, en tanto muchas veces no solo son preceptos sino identifican verdaderos mandatos de las normas de los sistemas jurídicos, a su vez también consagran un contenido sobre el cual la escuela kelseniana pretendió negar todo rango de validez, en la idea de que la subjetividad del juez resultaba perniciosa a la hora de resolver un conflicto.
No negamos la virtud del pensamiento de Kelsen al significar uno de los aportes de mayor significado en el mundo del Derecho en el siglo XX. En honor a la verdad académica, no hay hoy estudioso del Derecho que deje de reconocer los valiosos aportes de Kelsen a la Teoría del Derecho y a la forja de una consistencia de su estructura y sin embargo, la Escuela de la Teoría Pura del Derecho, niega toda validez al aporte de los conceptos morales para la solución de los conflictos jurídicos.
Kelsen partía de la premisa base de una contaminación en la solución del problema si incluíamos como presupuestos de análisis argumentos que no fueran estrictamente jurídicos, pues viciaban la fuerza aplicativa de la decisión. La idea fuerza estaba entonces representada por reconocer solo contenidos de juricidad en los derechos, dada la influencia distorsionadora de los pensamientos morales. Y sin embargo, avanzado el Derecho Internacional de los Derechos Humanos hacia nuevos horizontes de análisis y de solución de controversias, no podemos hoy negar el invalorable aporte de la doctrina de la dignidad de la persona humana y de la relevancia de destacar los contenidos de moralidad que hoy son una fuerza de razón en las controversias sobre derechos humanos. Ésa es la premisa de razonamiento de Peces Barba y en nuestra opinión, el acierto es mayúsculo en cuanto nadie puede negar hoy, bajo un nivel de argumentación consistente, que los principios han irrumpido con fuerza en todos los ordenamientos jurídicos bajo la premisa de mandatos de optimización, en cuanto no se niega la valía y argumentación de los mandatos de juricidad y sin embargo, ellos son de plano insuficientes para resolver controversias cuyos componentes fácticos son, en gran medida, valoraciones fácticas muy ligadas a los contenidos de dignidad de la persona humana.
Por tanto, esa dimensión argumentativa representa, en el campo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y con mayor énfasis respecto a los derechos del niño, mandatos impostergables que en diversos grados, valoran en qué medida los juzgadores deben evaluar si las controversias significan también niveles de afectación a los derechos humanos concernidos. A juicio nuestro, se trata de valoraciones axiológicas que el intérprete no puede dejar de considerar y a efectos de evitar que precisamente las decisiones sean subjetivas, las reglas de valoración axiológicas, también han de respetar las reglas del discurso racional en el cual los mandatos de juricidad ya tienen labrado un terreno de suyo ya avanzado notoriamente.
En ese rango de análisis, es importante reiterar la dimensión argumentativa del intérprete cuando abarca el examen de los derechos del niño. Ellos son el futuro de las generaciones y solo sobre un discernimiento tutelar, de hondo contenido humanístico, es posible destacar que urge la necesidad de proteger sus derechos y de prestarles la asistencia necesaria en condiciones de vulnerabilidad especial. Frente a ello, los Estados no pueden resultar indolentes y la regla exigible es implementar, con urgencia, sus estándares de motivación, a fin de que el Estado de Derechos Humanos que hoy representa la valoración axiológica, no solo sea una exhortación a los gobernantes, sino un mandato taxativo para todos los estamentos de los Estados involucrados con las derechos de los niños.
Una mención muy especial merecer el voto concurrente del juez Cancado Trindade en el caso Bulacio. Luego de reflexionar magistralmente sobre el dolor humano y referir las tragedias griegas de Esquilo, Sófocles y Eurípides, como símiles de manifestaciones de la tragedia contemporánea a propósito de la fragilidad de la condición humana, esboza las insondables líneas de la solidaridad como necesario recurso frente a los “aprendizajes por el sufrimiento” que representan los conflictos sobre derechos humanos. Discurre su voto por los entornos de las medidas reparatorias y da cuenta de la insuficiencia de las mismas, no obstante representar mecanismos de reacción e intervención del Derecho.
El párrafo final de su voto[40] marca una cita que estimamos prudente reproducir dado su profundo significado: “El rechazo de la indiferencia y del olvido, y la garantía de no-repetición de las violaciones, son manifestaciones de los lazos de solidaridad entre los victimados y los potencialmente victimables, en el mundo violento y vacío de valores en que vivimos. Es, en última instancia, una expresión elocuente de los lazos de solidaridad que unen los vivos a sus muertos. O, más precisamente, de los lazos de solidaridad que unen los muertos a sus sobrevivientes, como se estuvieron aquéllos diciendo a éstos: no hagan con otros lo que hicieron con nosotros y con nuestros padres sobrevivientes, para que puedan ellos y sus hijos seguir teniendo una vida sencilla y feliz, quizás sin saberlo.”
No podemos negar el profundo significado de las líneas argumentativas del voto emitido del ex Presidente de la Corte IDH y nos lleva a cerciorarnos, una vez más, de la exigencia axiológica que implica razonar en un caso desde la perspectiva de principios que identifican la esencia y razón de ser de los derechos humanos en los conflictos interamericanos. El rechazo de la indiferencia y del olvido a que alude Cançado ni siquiera tiene la categoría de un principio del sistema interamericano y veamos sin embargo, cuál es su dimensión justificatoria al unirse, moralmente, al principio de solidaridad. En ese caso, tal reflexión asume el canon de un estándar de interpretación y se convierte en parámetro interpretativo preferente en el tema de los niños y de las vulneraciones a sus derechos, las cuales las más de las veces, constituyen actos crueles que no son sino quebrantos del orden jurídico interamericano.
Una cita final, a propósito de los casos venidos a comento, representa mucho de cuánto hemos expuesto en esa relación inseparable entre los derechos conculcados y los dolores de las madres por las pérdidas de sus hijos. Dice Cançado[41]: “La desesperación de Hécuba (423 a.C.), de Eurípides, puede ser manifestada de la misma forma por la de las madres que han perdido sus hijos, victimados por la violencia humana a lo largo de los siglos:
“¡Ah! ¡Hijo de esta desafortunada madre!
¿Cómo perdiste la vida, hijo mío?
¿Qué golpe te alcanzó, allá donde estabas?
¿Por las manos de qué hombres fuiste muerto?
La desolación de Hécuba, en el siglo V a.C., puede ser expresada, en precisamente los mismos términos, a fines del siglo XX e inicio del siglo XXI, por las madres de los hijos victimados por la milenaria brutalidad humana, en los casos que ha conocido esta Corte (como, v.g., el presente caso Bulacio, o el caso Castillo Páez, o el caso Villagrán Morales y Otros).”
Resulta particular que precisamente tal cita de nuestro juez brasileño aluda a 2 de los casos tratados en estas líneas y cuya importancia nos lleva a reafirmar la justificación axiológica que reviste, para los casos concretos, el dolor de las familias, muy en especial de las madres, luego de las difíciles experiencias vividas por la pérdida de sus seres queridos, y de manera muy especial, respecto de adolescentes a quienes aún les faltaba mucho por vivir y quienes, quién lo sabe con certeza, pudieron ser ciudadanos de bien. Sin embargo, sus vidas fueron truncadas en esa aciaga ruleta del destino con el resultado muerte, valor contrario en grado opuesto a las esperanzas que hace abrigar la vida.
Hemos querido graficar, muy a grandes rasgos y sin llegar a realizar un análisis por demás exhaustivo, algunas características de la jurisprudencia relativa a los derechos del niño. En forma paralela, hemos pretendido brindar una descripción sumaria del contexto propio y muy en particular de los derechos humanos, desde la perspectiva de sus contenidos de moralidad, más aún cuando la relación entre los niños y el principio de dignidad es más que relevante. Nos hemos atrevido, también, a llamar invisibles a los derechos de los niños, en ese espíritu de llamar la atención sobre la dificultad que implica para los segmentos de los derechos de los menores, la delicada, abnegada y sacrificada tarea de asumir la defensa de sus derechos en los ordenamientos jurídicos.
¿Y qué hemos logrado? Solo reflexiones de entrada e ideas de contexto sobre el acuciante problema de los derechos de los niños y cuánto aún requiere hacerse en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en los ámbitos de la jurisprudencia sobre los derechos de los pequeños.
Bajo esa perspectiva, requerimos una hoja de ruta del camino a fin de trazar favorablemente las exigencias de plenitud que exigen los derechos de los niños. Parte de esos lineamientos se ha esbozado pretendiendo sensibilizar las fibras profundas del ser humanos pero aún hay mucho por hacer. Desde nuestra tribuna, creemos que es una fortaleza asignar un profundo contenido humanístico a las controversias en materia de niños y ello exige un camino de pleno involucramiento con un principio continente como lo es el derecho a la dignidad humana.
En ese orden de ideas, requerimos un trabajo conjunto, que no denote la prisa de una decisión apresurada y que tampoco muestre excesivas pausas que no son propias de los derechos humanos. Los derechos de los niños, en buena cuenta, son exigencias axiológicas que debemos abordar plenamente y deben transformarse en exigencias sine die para todos los actores del sistema. Solo entonces seremos ciudadanos del mundo en quienes se justifica plenamente el imperativo categórico kantiano de hacer el bien como exigencia moral. Ésa es nuestra tarea y en ella no podemos desmayar.
[2] TRIBE, Laurence y DORF, Michael. Interpretando la Constitución. PALESTRA EDITORES. Lima. 2010.p. 33
[3] Relatoría de los Derechos del Niño. La infancia y sus derechos en el sistema interamericano de protección de derechos humanos (segunda edición). Fundamento Jurídico 59. OEA/Ser.L/V/II.133. Doc. 34. 29 octubre 2008. Disponible en http://www.cidh.oas.org/countryrep/Infancia2sp/Infancia2indice.sp.htm. Tomado con fecha 18 de enero de 2010.
[4] Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 19. Derechos del Niño
[5] Relatoría de los Derechos del Niño. Op. cit. Fundamento Jurídico 61.
[6] PECES BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999. p. 37
[7] Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. (Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948)
Derecho de protección a la maternidad y a la infancia. Artículo 7
[8] Deberes para con los hijos y los padres
[9] Convención Americana de derechos Humanos. Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
(…) 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
[10] Convención Americana de Derechos Humanos
(…) 5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.
[11]Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asambla General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor 2 de setiembre de 1990.
[12] Artículo 1
[13] OPINIÓN CONSULTIVA OC-17/2002, de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño
[14] OPINIÓN CONSULTIVA OC-17/2002. 42. En definitiva, tomando en cuenta la normativa internacional y el criterio sustentado por la Corte en otros casos, se entiende por “niño” a toda persona que no ha cumplido 18 años de edad
[15] OPINIÓN CONSULTIVA OC-17/2002. 42, pie de página aclaratorio 45.
[16] El Juez Oliver Jackmann estimaba que el pedido de la Comisión no reunía los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 64 de la Convención Americana, en la forma en que había sido interpretados por la Corte desde su primera Opinión Consultiva y en ese sentido, declinaba de participar en las deliberaciones respecto a esta Opinión.
[17] Adoptada en Lanzarote, España el 25 de octubre de 2007.
[18] Adoptada en julio de 1990.
[19] Relatoría de los Derechos del Niño. Op. cit. Fundamento Jurídico 63.
[20] Relatoría de los Derechos del Niño. Op. cit. Fundamentos Jurídicos 73 a 75.
[21] Derecho de asociación (artículo XXI), derecho a la educación (artículo XII), derecho de libertad religiosa y de culto (artículo V), entre otros.
[22] Opinión Consultiva No. 17. Voto concurrente Fundamento .Jurídico 39
[23] Resoluciones de 19 de noviembre de 1993 y 19 de enero de 1994.
[24] Vid. Relatoría de los Derechos del Niño. Op. cit. Fundamento Jurídico 121
[25] Vid. Relatoría de los Derechos del Niño. Op. cit. Fundamento Jurídico 123
[26] Denominado Caso de los “Niños de la Calle”, sentencia de 19 de noviembr3e de 1999( fondo), referido al secuestro, tortura y muerte de los adolescentes Julio Caal Sandoval 15años), Jovito Juárez Cifuentes( 17 años) y Anstraum Villagrán Morales( 17 años), quienes vivían en las valles de Guatemala, asesinados por las fuerzas policiales de ese país.
[27] Vid. Relatoría de los Derechos del Niño. Op. cit. Fundamento Jurídico 127
[28] V id. Relatoría de los Derechos del Niño. Op. cit. Fundamento Jurídico 131
[29] STC 0858-2003-AA/TC Tribunal Constitucional del Perú. Caso Eyler Torres del Águila
[30] BVerfGE 39, 1 (p.42), caso del aborto I, sentencia de 25 de febrero de 1975; BVerfGE 49,89 (p. 142), caso Kalkar I, sentencia de 08 de agosto de 1978.
[31] Vid. Relatoría de los Derechos del Niño. Op. cit. Fundamento Jurídico 132
[32] Caso Villagrán Morales. Voto concurrente Cançado Trindade y Abreu Morelli. Fundamento Jurídico 9.
[33] Caso Walter David Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. (Fondo, Reparaciones y Costas)
[34] Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968. Entrada en vigor: 11 de noviembre de 1970.
[35] Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Artículo 27. El derecho interno y la observancia de los tratados.
Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado (…)
[36] Vid. Relatoría de los Derechos del Niño. Op. cit. Fundamento Jurídico 137
[37] Vid. Relatoría de los Derechos del Niño. Op. cit. Fundamento Jurídico 138
[38] Vid. Relatoría de los Derechos del Niño. Op. cit. Fundamento Jurídico 139
[39] Vis supra 5
[40] Voto razonado del juez A.A. Cançado Trindade. Fundamento Jurídico 40
[41] Voto razonado del juez A.A. Cançado Trindade. Fundamento Jurídico 22.
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