Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/2008?documento=legcol&contexto=legcol_75992042477af034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-21 22:21:52
Document Index: 71971603

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 311', 'artículo 312', 'artículo 313', 'artículo 1', 'artículo 356', 'artículo 2', 'artículo 356', 'artículo 3', 'artículo 356', 'artículo 91', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 31', 'artículo 111', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 25', 'artículo 111', 'artículo 7', 'artículo 10']

﻿ DIRECTIVA 5 DE MARZO 6 DE 2008
DIRECTIVA 5 DE 06 DE MARZO DE 2008
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL. SE LES IMPARTEN INSTRUCCIONES SOBRE EL EJERCICIO DE CONTROL PREVENTIVO EN RELACIÓN CON LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, Y EL DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO, EN ATENCIÓN A LA NUEVA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIOS PÚBLICOS, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO, INTERVINIENTES EN EL DERECHO AMBIENTAL, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, RECURSOS NATURALES, HACIENDA PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECTIVA 5 DE 2008
Asunto: Ejercicio de control preventivo en relación con la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios, y el derecho a gozar de un ambiente sano, en atención a la nueva normatividad del sector de agua potable y saneamiento básico.
como supremo director del ministerio público, en atención a que es derecho de todas las personas gozar de un ambiente sano y que es deber del Estado asegurar la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios, y teniendo en cuenta lo siguiente:
Que el Procurador General de la Nación expidió la Directiva 15 del 22 de diciembre de 2005, por medio de la cual se solicitó, dadas las alertas sobre la deficiente prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en diferentes partes del país y la carencia de información para su vigilancia y control, principalmente a las entidades territoriales, el acreditamiento de obligaciones legales fundamentales para atender el sector de agua potable y saneamiento, básico en los siguientes cuatro (4) ejes:
• Condiciones para operar los servicios públicos domiciliarios.
• Información y registro que debe reportarse ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como máxima autoridad encargada de la vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios.
• Gasto público social en los planes y presupuestos de las entidades territoriales.
• Estrategias para mejorar la calidad y cobertura de agua potable y saneamiento básico de las entidades territoriales.
Para efectos de atender el acreditamiento de distintas obligaciones legales contenidas en estos cuatro (4) ejes, los alcaldes debían reportar la información correspondiente por medio del cargue de 28 formularios básicos dispuestos en el sistema único de información —SUI— administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, siguiendo el procedimiento señalado en la Circular SSPD 9 del 22 de diciembre de 2005. Las claves y usuarios SUI para realizar dicho trámite fueron comunicadas a los alcaldes mediante oficio certificado remitido por parte de dicha superintendencia.
Vencidos los distintos plazos señalados en la Directiva 15 de 2005 para efectos del acreditamiento de las obligaciones y a partir de la información que al respecto reporta el SUI, a enero de 2008 se cuenta con el siguiente informe: 662 municipios reportaron el 80% o más de la información de la Directiva, 270 reportaron menos del 80%, y 166, correspondientes principalmente a los departamentos de Chocó, Nariño y Boyacá no reportaron ningún tipo de información.
Los datos obtenidos a través de la información cargada en el SUI con relación a la directiva permitieron conocer entre otras cosas, que cerca de 3.000 prestadores no se habían inscrito ante la SSPD, principalmente aquellos que atienden los servicios públicos de la zona rural; sólo el 68% había efectuado la transformación empresarial a que se refiere la Ley 142 de 1994; únicamente el 70% de los municipios aplicaba tarifas conforme a la metodología definida por la CRA; y el 83% contaba con Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, FSRI, aunque en la práctica menos de la mitad de dichos fondos operan conforme al marco legal vigente.
Adicionalmente se pudo establecer, de acuerdo con la información reportada por los municipios al SUI, que el 40% de los mismos no suministraba agua potable (1) , y cerca del 80% no trataba sus aguas residuales; el 45% disponían de manera ilegal los residuos sólidos y tan solo el 11% había implementado el plan de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS. De igual manera, se detectaron generalizadas inconsistencias en la ejecución y uso de los recursos girados por la Nación a los municipios a través del sistema general de participaciones, —SGP— con destinación al sector de agua potable y saneamiento básico —APSB—.
El Procurador General de la Nación impartió instrucciones precisas a los procuradores provinciales y regionales, para que una vez vencido el término máximo previsto en la Directiva 15 para que los alcaldes realizaran el cargue de la información al SUI, esto es, 31 de mayo de 2006, iniciaran de manera inmediata y obligatoria, los procesos disciplinarios contra alcaldes y concejos municipales que no hubieran atendido la directiva y/o estuvieran incumpliendo con las obligaciones legales en materia de servicios públicos. Como resultado de dichas acciones, se han adelantado alrededor de 250 investigaciones disciplinarias.
A efectos de apoyar y hacer seguimiento a las gestiones de las entidades territoriales, en lo que se refiere al cumplimiento de la normatividad relacionada con los servicios públicos domiciliarios, se conformó la mesa interinstitucional de logros para el sector de agua potable y saneamiento básico. Esta mesa fue instalada oficialmente el 20 de abril de 2006 y está conformada actualmente por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; el Ministerio de la Protección Social; la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; el Departamento Nacional de Planeación; la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico; el Servicio Nacional de aprendizaje SENA, y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
Así mismo, la mesa cuenta con el apoyo y la cooperación de diferentes instituciones del orden público y privado, entre los cuales se encuentran participando el Fondo de las Naciones Unidas, Unicef, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Acodal, y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y actividades complementarias e inherentes, Andesco.
La gestión adelantada por la mesa interinstitucional de logros, ha estado enfocada a orientar a las entidades territoriales en el cumplimiento de la normatividad en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; así como hacer seguimiento y verificar los soportes de la información reportada por los alcaldes al SUI en el marco de la Directiva 15 de 2005. Desde el momento de su conformación y con corte a diciembre de 2007, se han realizado capacitaciones en 19 departamentos del país, que incluyen las siguientes actividades:
• 43 Capacitaciones a aproximadamente 700 municipios a través del sistema de videoconferencias y reuniones presenciales en temas relacionados con la normatividad del sector de agua potable y saneamiento básico.
• 15 Capacitaciones presenciales lideradas por la SSPD específicamente en lo que se refiere al cargue SUI.
• 14 Capacitaciones presenciales lideradas por el DANE en lo que tiene que ver con el tema de la estratificación municipal.
• Suscripción de 103 planes de acción municipales.
• 4 Eventos públicos de rendición de logros en los departamentos del Magdalena, Bolívar, Cesar y Meta.
Los plazos para atender la Directiva 15 de 2005 y el cumplimiento de la normatividad de servicios públicos domiciliarios vigente actualmente se encuentran vencidos. El estado de cumplimiento de cada uno de los municipios del país en cuanto al cargue de información, así como el nivel de avance en las gestiones lideradas por la mesa interinstitucional de logros, puede ser consultado en la página web: www.superservicios.gov.co en el enlace: “Alianza Procuraduría Directiva 015-05 Alcaldes”.
Es importante señalar que los concejos municipales en muchos casos, no cumplen con las acciones que dentro del marco de sus competencias deben llevar a cabo para que los municipios logren garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios. Por tal razón, se hace necesario conocer de parte de estas autoridades el nivel de cumplimiento de las obligaciones legales a su cargo en esta materia.
Por otra parte, se recuerda que de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 142 de 1994, es obligación de los prestadores de servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, obtener de las autoridades ambientales la concesión de aguas y los permisos ambientales y sanitarios. La carencia de estos permisos y licencias pone en situación de ilegalidad a dichos prestadores. Por ello, se hace necesario conocer de dichas autoridades el nivel de cumplimiento en el área de su competencia así como de los aspectos relacionados con los planes de gestión integral de residuos sólidos y planes de saneamiento y manejo de vertimientos.
Los fundamentos constitucionales que a continuación se señalan, son el complemento de las disposiciones ya enunciadas en la Directiva 15 de 2005, los cuales deberán interpretarse dentro del nuevo marco legal vigente del sector de agua potable y saneamiento básico, así como la inclusión de algunas otras obligaciones previstas específicamente para los concejos municipales y distritales y para autoridades ambientales.
El artículo 311 de la Constitución Política determina que al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordena el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes.
El artículo 312 de la Carta Política establece que en cada municipio habrá una corporación administrativa elegida popularmente para periodos de tres años que se denominará concejo municipal.
El artículo 313 de la Constitución Política señala las competencias de los concejos municipales entre las cuales se encuentran: 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios públicos a cargo del municipio; 2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas; 3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al concejo; 4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y gastos locales; 5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.
El Acto Legislativo 04 del 11 de julio de 2007, “por medio del cual se reforman los artículos 356 y 357 de la Constitución Política”, señala en su artículo 1º, que el inciso 4º del artículo 356 de la Carta quedará así: Los recursos del sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándole prioridad al servicio de salud, los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre.
Así mismo, señala el artículo 2º del mencionado acto legislativo que el literal a) del artículo 356 de la Constitución Política quedará así: “a. Para educación, salud, y agua potable y saneamiento básico: población atendida y por atender, reparto entre población urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal, y equidad. En la distribución por entidad territorial de cada uno de los componentes del sistema general de participaciones, se dará prioridad a factores que favorezcan a la población pobre, en los términos que establezca la ley.
Por su parte, el artículo 3º de dicho acto legislativo que adiciona algunos incisos al artículo 356 de la Constitución Política, señala entre otras cosas, que el Gobierno Nacional definirá una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del sistema general de participaciones, para asegurar el cumplimiento de metas de cobertura y calidad. Esta estrategia deberá fortalecer los espacios para participación ciudadana en el control social y en los procesos de rendición de cuentas.
Los fundamentos legales que a continuación se señalan, son el complemento de las disposiciones ya enunciadas en la Directiva 15 de 2005 los cuales deberán interpretarse dentro del nuevo marco legal vigente del sector de agua potable y saneamiento básico, así como el señalamiento de algunas otras obligaciones previstas específicamente para los concejos municipales y distritales y para las autoridades ambientales.
Ley 388 de 1997, “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”, señala entre otros aspectos que, el ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública (ver art. 8º).
Por su parte, el Decreto 838 de 2005, “por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones”, determina la metodología para definir las áreas potenciales para la ubicación de infraestructura de sitios de disposición final y estaciones de transferencia en los planes de ordenamiento territorial (ver arts. 3º y 16).
Por su parte la Resolución 1390 de 2005, por la cual se establecen directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final, hizo referencia al control y seguimiento al cierre, clausura y restauración ambiental o adecuación técnica de los sitios de disposición final de residuos sólidos que no cumplan con la normativa vigente, por parte de las autoridades ambientales competentes.
La Ley 1151 de 2007, correspondiente a la nueva ley del plan nacional de desarrollo 2006 - 2010, señala en su artículo 91 en materia de planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento, que los recursos que aporte el Gobierno Nacional a la ejecución de dichos planes estarán condicionados al compromiso por parte de las entidades territoriales, de los recursos del sistema general de participaciones y de regalías, así como de los compromisos de transformación empresarial que se deriven del diagnóstico institucional respectivo. Señala además la norma en comentario que el Gobierno Nacional determinará la metodología para definir el nivel de compromisos a que se refiere el inciso anterior. Los recursos de apoyo de la Nación al sector y los que aporten las corporaciones autónomas regionales, se ejecutarán en el marco de los planes a que se refiere dicho artículo.
Por otra parte la Ley 1176 del 27 de diciembre de 2007, “por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 1º hace referencia a la conformación del sistema general de participaciones —SGP—. En su numeral 3º se menciona específicamente una participación con destinación específica para el sector de agua potable y saneamiento básico, que se denominará participación para agua potable y saneamiento básico. Según lo señala el artículo 2º de la ley, un 5.4% del total de dichos recursos corresponderá a la participación para agua potable y saneamiento básico. (ver arts. 4º y 6º). Adicionalmente, determina que el porcentaje previsto para los departamentos únicamente podrá ejecutarse en el marco de los PDAS (ver art. 10).
Por otro lado, el Decreto 28 de 2008, “Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del sistema general de participaciones”, establece en su artículo 8º que sin perjuicio de lo previsto en la Ley 715 de 2001, los departamentos acompañarán la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral, en los municipios de su jurisdicción. Para lo anterior, los departamentos, en cumplimiento de sus funciones administrativas, apoyarán a las autoridades competentes en el ejercicio de las medidas preventivas y correctivas; actuarán como intermediarios entre la Nación y sus respectivos municipios para garantizar los fines de dicho decreto (ver art. 22).
La Ley 373 de 1997, establece el programa para el uso eficiente de agua potable. Todo plan ambiental regional y municipal deberá incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua, en los términos que señala la ley (ver arts. 1º y 3º).
La Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones sobre la materia, en lo que tiene que ver con las funciones asignadas a las corporaciones autónomas regionales que aparecen descritas en el artículo 31, determina, en cuanto a actividades de servicios públicos domiciliarios se refiere, que estas autoridades deberán otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente (ver art. 31, nums. 9º y 12).
La misma Ley 99 de 1993 en su artículo 111 prevé la obligación que tienen los municipios de adquirir áreas de interés para acueductos municipales. En tal sentido estableció la Ley 1151 del plan nacional de desarrollo sobre el particular que los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales.
El Decreto 1220 de 2005 define el marco reglamentario en materia de licenciamiento ambiental. Establece en su artículo 9º, que las licencias ambientales para rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales, solamente podrán ser solicitadas y otorgadas a las personas a las que se refiere el artículo 15 de la Ley 142 de 1994.
El Decreto 1575 de 2007 y sus resoluciones reglamentarias expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de la Protección Social, establecen el sistema para la protección y control de la calidad de agua para consumo humano. El artículo 9º se refiere a la responsabilidad de las personas prestadoras en relación con el control sobre la calidad del agua.
El objetivo de la presente directiva es vigilar por parte de la Procuraduría General de la Nación el cumplimiento del marco legal vigente y de las nuevas normas expedidas para el sector de agua potable y saneamiento básico, a través de la actualización de la información al SUI para las vigencias 2006 y 2007; así como el acreditamiento de nuevas obligaciones que se señalarán a continuación.
Aquellos municipios que a la fecha no hayan cumplido con la acreditación de sus obligaciones legales a través del cargue SUI como lo señaló en su oportunidad expresamente la Directiva 15 de 2005, deberán sujetarse a los resultados de los procesos disciplinarios que adelanta la Procuraduría General de la Nación, sin perjuicio de cumplir con las responsabilidades pendientes de cargue de vigencias anteriores señaladas en dicha directiva y los nuevos acreditamientos de disposiciones legales y vigencias indicadas en la presente directiva de 2008.
Por lo anterior, el Procurador General de la Nación en desarrollo de sus facultades constitucionales y legales, por virtud del control preventivo y con el fin de asegurar el ejercicio correcto de las funciones públicas y prevenir la comisión de faltas disciplinarias conforme a las normas señaladas en la primera parte de este documento, deja
EXPRESA CONSTANCIA:
Que la Procuraduría General de la Nación se reserva el derecho de ejercitar las acciones disciplinarias a que haya lugar contra las autoridades responsables por la omisión al cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales. Los plazos para el acreditamiento del cumplimiento de obligaciones que a continuación se señalan, y los que ya fueron contemplados en la Directiva 15 de 2005, no convalidan las omisiones o incumplimientos al marco legal, ni se entienden ampliados sus términos.
Respecto a las condiciones para operar los servicios públicos domiciliarios
1. Para aquellos concejos municipales en cuyos municipios a la fecha no aparezca acreditado el proceso de transformación empresarial, según información que reposa en el SUI y teniendo en cuenta que los plazos previstos por la ley para transformación empresarial de servicios públicos se encuentran vencidos, deberán acreditar el acuerdo municipal que autoriza al alcalde a adelantar el correspondiente proceso de transformación empresarial. En caso contrario, acreditar las razones por las cuales no se ha expedido dicho acuerdo allegando los documentos que sustenten el no cumplimiento de dicha obligación.
En uno u otro caso, el documento que soporte la presente acreditación, independientemente de la fecha de su expedición y del número de veces en que dicho trámite haya sido adelantado, deberá remitirse a la Procuraduría General de la Nación – procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios (Cra. 5 Nº 15 – 80, piso 14) a más tardar el día 29 de agosto de 2008.
2. Para el concejo municipal, en el evento en que el municipio haga parte del plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento, PDAS, deberá acreditar el acuerdo donde faculta al alcalde para comprometer vigencias futuras de los recursos del PDAS, y a realizar las acciones necesarias para cumplir con el esquema institucional y financiero definido para garantizar la prestación eficiente de los servicios en el municipio.
La acreditación de la obligación señalada en el presente numeral consta en el acuerdo municipal que faculta al alcalde para el efecto. En caso contrario, acreditar las razones por las cuales no se ha expedido la autorización allegando los documentos que sustenten el no cumplimiento de dicha obligación.
En uno u otro caso, el documento que soporte la presente acreditación, independientemente de la fecha de su expedición y del número de veces en que este trámite haya sido adelantado, deberá remitirse igualmente a la Procuraduría General de la Nación – procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios a más tardar el día 30 de octubre de 2008.
Respecto a la información y registro que debe reportarse ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como máxima autoridad encargada de la vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios
1. Para las autoridades ambientales con competencia para expedir concesiones y permisos ambientales de que trata el artículo 25 de la Ley 142 de 1994, deberán acreditar la expedición y vigencia de los respectivos actos administrativos en el área de su competencia, así como del estado de aprobación de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos —PSMV—, seguimiento a los planes de gestión integral de residuos sólidos —PGIRS— y el gasto realizado en el sector en el marco de los PDAS.
Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo previsto en el presente numeral, la autoridad ambiental deberá reportar al SUI la información correspondiente, a más tardar el día 1º de julio de cada año a partir de 2008, utilizando para tal efecto la clave y usuario que ya tienen asignados.
Respecto al gasto público social en los planes y presupuestos de las entidades territoriales
1. Para todos los alcaldes municipales del país acreditar el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 1013 de 2005, en lo relacionado con el procedimiento para garantizar el equilibrio entre los subsidios a otorgar y las fuentes para cubrirlos para la vigencia de 2006 y 2007. Este procedimiento deberá realizarse y acreditarse anualmente, de acuerdo con el plazo establecido en el citado decreto. Para el caso de las áreas de servicio exclusivo, se tendrá en cuenta la normatividad vigente en esta materia.
La acreditación de la obligación de carácter legal señalada en el presente numeral consta en el acuerdo municipal donde se aprueba el monto total de los recursos necesarios para obtener el equilibrio entre subsidios y contribuciones para los años 2006 y 2007.
Para efectos de acreditar el cumplimiento de lo previsto en el presente numeral, el alcalde deberá diligenciar el formato correspondiente, antes del 29 de agosto de cada año a partir de 2008, que se encontrará disponible en el SUI.
2. Para todos los alcaldes municipales, acreditar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, en lo relacionado con la adquisición de áreas de interés para acueductos municipales.
Respecto a las estrategias para mejorar la calidad y cobertura de agua potable y saneamiento básico de las entidades territoriales
1. A los alcaldes municipales acreditar la inclusión de las áreas requeridas para la prestación de los servicios públicos tales como sitios de disposición final, aprovechamiento y estaciones de transferencia de residuos sólidos en el plan de ordenamiento territorial.
La acreditación de la obligación de carácter legal señalada en el presente numeral consta en el acuerdo municipal donde se aprueba el plan de ordenamiento territorial.
Para efectos de acreditar el cumplimiento de lo previsto en el presente numeral, los alcaldes deberán diligenciar el formato correspondiente, antes del 29 de agosto de 2008, que se encontrará disponible en el SUI y posteriormente cuando se realicen modificaciones al POT, dentro de los 30 días calendario siguientes.
Además de lo anterior, para todos los alcaldes municipales y distritales:
• Deberán reportar al SUI la información pendiente de la Directiva 15 de 2005, a más tardar el 30 de mayo de 2008.
• Deberán actualizar en el SUI la información de la Directiva 15 de 2005 para los años 2006 y 2007, a mas tardar el 1º de julio de 2008.
• Deberán reportar al SUI la información a que se refieren las directivas 15 de 2005 y en la presente directiva de 2008, el último día hábil del mes de abril, para el año 2008 y siguientes.
Solicitud especial a los gobernadores y asambleas departamentales
Para los gobernadores: En los términos del artículo 7º de la Ley 142 de 1994 se exhorta al gobernador a apoyar y coordinar a todos los alcaldes de su departamento para que den cumplimiento a la presente directiva. A efectos de dar cumplimiento a esta solicitud, cada gobernador deberá remitir a la delegada para asuntos ambientales y agrarios de la Procuraduría General de la Nación, una vez vencidos los plazos, el reporte de los alcaldes que hayan incumplido con lo contenido en la directiva de 2008 y con los compromisos señalados en la Directiva 15 del 22 de diciembre de 2005.
Por otra parte y en virtud del artículo 10 de la Ley 1176 de 2007 las administraciones departamentales deberán reportar al SUI el gasto realizado en el sector con cargo a estos recursos en el marco de los PDAS.
Para las asambleas departamentales: En el evento en que el departamento haga parte de un PDA, deberán acreditar la ordenanza donde facultan al gobernador para comprometer vigencias futuras de los recursos del PDAS, y a realizar las acciones necesarias para cumplir con el esquema institucional y financiero definido para garantizar la prestación de los servicios.
La acreditación de la obligación señalada en el presente numeral consta en la ordenanza departamental que faculta al gobernador para el efecto. En el caso de no haberse expedido la mencionada ordenanza, acreditar las razones por las cuales no se ha expedido allegando los documentos que sustenten el no cumplimiento de dicha obligación, a la Procuraduría General de la Nación – procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios (Cra. 5 Nº 15 – 80, piso 14).
Al igual que lo señalado en la Directiva 15 de 2005, a través de la delegada para asuntos ambientales y agrarios de la Procuraduría General de la Nación se hará el seguimiento y verificación del cumplimiento de la presente directiva. Para el efecto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certificará, una vez vencidos los plazos previstos, cuales municipios y autoridades cumplieron con el cargue de la información. Quienes hagan caso omiso al contenido de esta directiva serán responsables de falta disciplinaria en los términos del Código Disciplinario Único.
Para los fines de los cargues de Información al SUI señaladas en la presente directiva, se deberá seguir lo indicado en la Circular 9 de diciembre de 2005 de la Superintendencia de Servicios Públicos y en las demás que se expidan para dar cumplimiento a este propósito.
Para cualquier aclaración o información relacionada con el procedimiento para acreditar el cumplimiento a las disposiciones contenidas en la ley, favor dirigirse a la mesa de ayuda del SUI, teléfono: 6 913005, extensión 2064 a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
N. del D.: La presente directiva va dirigida a gobernadores, alcaldes municipales y distritales, asambleas departamentales, concejos municipales y distritales, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, autoridades ambientales y demás autoridades con competencias dentro del sector de agua potable y saneamiento básico.
(1) De acuerdo con certificaciones expedidas por las secretarias de salud departamental.