Source: http://abogadoenronda.es/
Timestamp: 2020-02-20 14:34:13
Document Index: 272255186

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 141', 'artículo 83', 'artículo 59', 'artículo 49', 'artículo 285', 'artículo 225', 'artículo 206', 'artículo 111', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 142']

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Disconformidad en los casos en que se produce un despido
Hacer uso de la posibilidad de despedir trabajadores en España se ha convertido en un hecho muy habitual en los últimos años, debido a la crisis económica, ya que las empresas venden menos y se encuentran en la necesidad de reducir costes. Es la única modalidad de ERE que supone el fin de la relación laboral entre empresa y trabajador, y la más desfavorable para ellos. Para el cómputo del número de extinciones de contratos, en virtud de lo establecido en el artículo 51.1, párrafo 4 del E.T., se tendrán en cuenta así mismo cualesquiera otras producidas en el periodo de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador siempre que su número sea, al menos, de cinco.
En caso de recibir la carta de despido, se aconseja escribir en ella de antemano la mención “recibido, no conforme”. Despido disciplinario Cuando un empresario decide acabar la relación contractual con su empleado por culpa de un incumplimiento grave y culpable del trabajador estamos hablando de un despido disciplinario. Causas del despido colectivo Al tratarse de un despido que afecta a varios empleados, se aceptan diferentes motivos para dar por válidas las peticiones por parte de la empresa. Por un ajusta de plantilla, por no cumplir con las expectativas creadas, por cede de la línea de negocio e incluso por mala conducta. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo.
El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual al empresario o a las personas que trabajan en la empresa. Se produce cuando la extinción se funda en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, afecta, en un período de noventa días, a una determinada proporción de trabajadores respecto a la plantilla total, que afecte a diez trabajadores en las empresas con plantilla menor de cien, que afecte al 10 por 100 de la plantilla cuando ésta ocupe entre cien y trescientos trabajadores, que afecte a treinta trabajadores en empresas cuya plantilla sea de trescientos o más trabajadores.
Sin embargo, como hemos visto en los últimos años, hay situaciones en las que no queda más remedio, así que vamos a conocer a fondo los diferentes tipos de despido que hay en España, sus condiciones y los derechos de los trabajadores en cada caso. Improcedente, ante lo que te corresponderá si tienes un contrato indefinido ordinario, una indemnización de 33 días de salario por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades. Cuando la empresa esgrime alguno de estos argumentos para despedir de forma disciplinaria al trabajador, el juez puede dictaminar que la empresa tiene razón y lo declarará procedente; en ese caso el despedido no recibe indemnización alguna. Nulo, donde tu empresario estará obligado a readmitirte inmediatamente, así como, a abonarte los salarios que deberías haber percibido desde la fecha del despido hasta la de readmisión.
Recuerda que existen más de 20 bases legales para presentar una demanda por despido injustificado. No obstante, los trabajadores podrán recurrir estos despidos a la jurisdicción de lo Social (antes debían ir a la contencioso-Administrativa, con un periodo de resolución de más de 18 meses, el triple que lo Social; y donde conseguir una sentencia a favor del trabajador y en contra de la Administración es mucho más difícil). Improcedente, cuando el juez considere que las causas de despido no están probadas o las exigencias formales decretadas no se cumplan. En el caso del despido disciplinario, la empresa no está obligada a indemnizar de ninguna manera a su trabajador mientras demuestre que las faltas que ha cometido en su puesto de trabajo son tan graves que han ocasionado su despido.
La resolución se dictará en el plazo de quince días naturales a partir de la comunicación a la autoridad laboral de la conclusión del periodo de consultas; si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá autorizada la medida extintiva en los términos de la solicitud. – La embriaguez o toxicomanía que han de ser habituales y repercutir negativamente en el trabajo.
El empleado (a) entonces empieza a ser víctima de hostigamiento al reducírsele las horas de trabajo, el salario o al ser transferido (a) a algún otro local de trabajo distante. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado. Un despido se considerará improcedente cuando no se ajuste al Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, no se considere que existan causas justificadas para despedir a uno o varios trabajadores.
¿Qué requisitos debe cumplir el empresario para despedir? – Tener la autorización de la autoridad laboral. En caso de sustitución de la readmisión por compensación económica, se deducirá de ésta el importe de dicha indemnización. Causas objetivas para el despido Se consideran causas objetivas para extinguir el contrato las siguientes: La ineptitud del trabajador ya sea conocida o sobrevenida con posterioridad a su entrada en la empresa.
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Situaciones que dan derecho a percibir una pension
Creo que solo cabe una declarativa y sin perjuicio de que se anuden a la misma las cantidades que se tengan por conveniente y en aras a paliar posibles perjuicios. introducen un segundo problema, cual es que toda resolución administrativa que reconozca una incapacidad permanente, debe fijar el plazo a partir del cual se instará la revisión tanto en los supuestos de agravación, como en los de mejoría; supuesto este último que es el que nos interesaría por lo antes relacionado. Así por incapacidad laboral permanente se entiende la situación del trabajador en la que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.. Perceptores de la ayuda equivalente a la jubilación anticipada.
¿Qué prestaciones se prevén para ayudar a las personas afectadas por una incapacidad laboral a superar la falta de ingresos que de ella se deriva? ¿Cómo se obtienen? Solicitud. No obstante, para cada paciente deberán individualizarse las deficiencias orgánicas y funcionales específicas derivadas del tumor o secuelas del tratamiento y, en función de las mismas, existiría limitación para actividades de requerimientos sensoriales, biomecánicos o mentales de mediana y gran intensidad. En estos casos, la cuantía será equivalente al resultado de aplicar a la correspondiente base reguladora el porcentaje que corresponda al período mínimo de cotización que esté establecido, en cada momento, para el acceso a la pensión de jubilación. Quería hacerle una consulta sobre IP.
En esta línea se ha afirmado que la actividad compatible de que trata el artículo 141.2 LGSS no comprende “el núcleo funcional de una profesión u oficio, cualquiera que sea, pues a todos afecta tal grado de invalidez” (Sentencias del TS 19 de diciembre de 1988 y 26 de diciembre de 1988), sino que va referida a labores de orden adjetivo o marginal (STS 7 de julio de 1986, 19 de diciembre de 1988 y 26 de diciembre de 1988), pues “no deben manifestar un cambio en su capacidad de trabajo, ya que, de producirse éste, operaría la revisión, con las consecuencias económicas correspondientes” (STS 26 de enero de 1989).
Son aquellas lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que no repercuten sobre la capacidad laboral del trabajador, pero suponen una disminución o alteración de su integridad física. Impide la realización de su profesión habitual aunque podría realizar otra. Las cantidades anuales están calculadas con 14 pagas, pues sin duda existían situaciones de desprotección para aquellos beneficiarios de la prestación por Invalidez Permanente que, hallándose trabajando, hubieran sufrido una agravación o mejoría antes de la fecha mínima señalada para revisión.
Cuando la incapacidad permanente derive de enfermedad común o accidente no laboral, tener cotizados quince años, de los cuales, al menos, la quinta parte debe estar comprendida dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante. (y que sirvió de fundamento en la resolución del recurso de suplicación para denegar la pretensión del interesado), ya que en ella lo que se dilucidaba era si lesiones sucesivas, derivadas o no de diferentes contingencias, habían de tratarse de forma independiente o, por el contrario, tendrían que dar lugar a una consideración unitaria, en orden a la valoración de la incapacidad resultante, manteniendo la Sala de lo Social una tesis de consideración o apreciación conjunta de las dolencias y secuelas padecidas.
¿Qué es incapacidad permanente ? En el caso de la prestación por incapacidad permanente total para el desarrollo de la profesión habitual: En cualquier caso, si se argumenta la inexistencia de un puesto adecuado, teniendo la obligación de ofrecerlo, será la empresa la que deberá demostrarlo. El tema es que hemos ganado el juicio y me han concedido la ipt para mi prefesion de enconfrador.en la sentencia pone que me tienen que pagar con caracter retroactivo desde mayo del año pasado,pero me surje una duda. Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.
Por lo tanto es necesario que las demandas judiciales sean planteadas por profesionales expertos, de forma fundada y sustentadas con informes médicos. Si la incapacidad deriva de accidente sea o no laboral o de enfermedad profesional, no se exigirá periodo de cotización. se han establecido las siguientes cantidades mínimas que pueden cobrarse por Incapacidad Permanente: En los supuestos de trabajadores con contratos a tiempo parcial, ver el cómputo de períodos de cotización en el apartado Revisión.
Toda resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado invalidante, en tanto que el incapacitado no haya cumplido la edad mínima establecida para la pensión de jubilación. Si estás trabajando, entonces se condiciona el derecho al cese efectivo en el trabajo. El diagnóstico de la Psiquiatra es: “Trastorno depresivo recidivante con síntomas de estrés postraumático derivado de abusos en la infancia en su entorno familiar y rasgos límite de personalidad. En buena lógica, la resolución judicial que se dicte tendría que contener una declaración pareja; sin embargo no en todos los casos, sino únicamente en aquellos supuestos en los que expresamente se plantee dicha cuestión, so pena de incurrir en incongruencia “extra petita”
El interesado fue declarado, mediante resolución de la correspondiente Dirección Provincial del Instituto Social de Marina (ISM), en situación de incapacidad permanente, en el grado de incapacidad permanente total (IPT), derivado de accidente de trabajo, para su profesión habitual de marinero, con derecho a percibir la correspondiente pensión en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores del Mar (REM). Si la incapacidad deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional: La base reguladora será el resultado de dividir entre 12 la siguiente suma: sueldo + antigüedad diarios del trabajador en la fecha del hecho causante por 364 días.
Finalmente, el Director Provincial del Instituto referido dictará resolución expresa declarando el grado de incapacidad, la cuantía de la pensión – que variará en función del grado – y el plazo en el que deberá revisarse la incapacidad para ver si se agrava o se atenúa. Las pensiones correspondientes a las incapacidades permanentes, son prestaciones económicas que tratan de cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando, por enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral.
Hace dos años que dejaron de pagarme.actualmente estoy en el paro a la espera del juicio. Incapacidad Permanente Total para el desarrollo de la profesión habitual Si la incapacidad permanente surge tras haberse extinguido la incapacidad temporal de la que deriva, bien por agotamiento del plazo máximo de duración de ésta, bien por ser dado de alta médica con propuesta de incapacidad permanente o bien por acuerdo del Instituto Nacional de la Seguridad Social de iniciación de expediente de incapacidad permanente: Índice Navegación Por el contrario, la percepción de la pensión por incapacidad absoluta será incompatible con la percepción de prestaciones por desempleo y con la pensión de jubilación, por lo que llegado este momento el beneficiario deberá optar por una de las dos.
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Retrasos e impagos de salario continuados en el tiempo
Es importante destacar que si entre la fecha en que se interpone la demanda y el acto del juicio se siguen produciendo más impagos de salario es posible acumular a la demanda las nóminas que van resultando impagadas. Supuesto excepcional: reclamación por el trabajador. Indemnizaciones o suplidos: Son compensaciones económicas por los gastos realizados por el trabajador como consecuencia de su actividad laboral. Se puede solicitar la extinción del contrato si el impago se registra durante un mínimo de tres meses continuados Esto significa que el trabajador cuenta con una “causa justa”para solicitar la extinción del contrato.
El devengo depende tanto de la realización como del pago de la operación en que se ha intervenido. Es importante porque eso quiere decir que un trabajador no puede pedir salarios atrasados más allá de esa fecha. En los supuestos enunciados anteriormente el juez, apreciando las pruebas aportadas, decidirá si los salarios correspondientes al tiempo invertido han de correr a cargo del Estado o del empresario. Lo único que no se le abonarán serán los pluses relacionados con la asistencia al trabajo tales como pluses de transporte. La regla general es la reclamación al Estado por el empresario de los salarios abonados al trabajador. del Real Decreto 924/1982, de 17 de abril, la reclamación se presentará ante la Dirección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que hubiera tenido lugar el juicio por despido, que se trata de una unidad administrativa dependiente de la Delegación del Gobierno o Subdelegación del Gobierno en cuya circunscripción se haya celebrado el juicio.
Rescisión del contrato regulada en el Estatuto de los Trabajadores. De este modo, parafraseando al Cuando los retrasos e impagos son continuados, el trabajador tiene la opción de iniciar el procedimiento ordinario de reclamación de cantidades o extinguir el contrato de trabajo conforme el articulo 50.1 b del Estatuto de los Trabajadores, con derecho a la misma indemnización que le correspondería en el caso de un despido improcedente. A este trabajador se le adeudaban 11 nóminas, líquidos mensuales, haciendo un total líquido y FOGASA abona un máximo de 120 días, teniendo en cuenta como salario diario prorrateado máximo el que resulta de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, con prorrateo de pagas extraordinarias.
Querría presupuesto e información sobre una posible denuncia a mi actual empresa. Devengo de los salarios de tramitación objeto de reclamación Tienen la consideración de salarios de tramitación los devengados durante la tramitación judicial de un proceso por despido, siempre y cuando la calificación hecha por el Juzgado o Tribunal sea de improcedencia, puesto que, si se aprecia nulidad en el despido, la responsabilidad del pago de salarios de tramitación es exclusiva de la empresa. La regla general es la reclamación al Estado por el empresario de los salarios abonados al trabajador.
El período en que estuviesen suspendidos los autos, a petición de parte, por suspensión del acto del juicio en los términos previstos en el artículo 83. Las horas extraordinarias se abonarán con el incremento que se fije en convenio colectivo o contrato individual. Se subroga en los derechos y acciones del trabajador frente al empresario, conservando el carácter de crédito privilegiado. También tienen preferencia los salarios que se vayan devengando mes a mes desde la declaración del concurso de acreedores. El RD que deroga el anterior RD 924/1982 (sobre reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido) por las nuevas competencias administrativas en la gestión y pago y las reformas laborales del año 2012 en relación con los salarios de tramitación.
Cómo debo reclamar salarios impagados. Supongamos que la empresa nos debe 7 nóminas y ha sido declarada insolvente o en concurso.¿Podríamos solicitar al FOGASA el pago parcial de esa deuda?, en caso afirmativo ¿cuánto paga el FOGASA? La respuesta es sí, de forma que si nos deben 7 nóminas a razón de 1000€ cada una, la deuda asciende a 7.000€, pero el FOGASA solo paga el doble del Salario Mínimo Interprofesional y por un máximo de 120 días, es decir, como mucho paga 6.010,80€ por impago de salarios para el año 2013. Requisito de la reclamación administrativa previa. FOTOCOPIAS COMPULSADAS en presentación en otros lugares habilitados para la misma. El plazo de prescripción de esta acción es el previsto en el apartado 2 del artículo 59 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, iniciándose el cómputo del mismo, en caso de reclamación efectuada por el empresario, desde el momento en que éste sufre la disminución patrimonial ocasionada por el abono de los salarios de tramitación y, en caso de reclamación por el trabajador, desde la fecha de notificación al mismo del auto judicial que haya declarado la insolvencia del empresario.”
Es decir, el plazo para presentar la reclamación previa será de un año conforme a la regla del art. El salario, así como el pago delegado de las prestaciones de la Seguridad Social, podrá efectuarlo el empresario en moneda de curso legal o mediante talón u otra modalidad de pago similar a través de entidades de crédito, previo informe al comité de empresa o delegados de personal. Rescisión del contrato El trabajador, ante un impago, puede optar por extinción del contrato, con derecho a una indemnización igual a la del despido improcedente.
Hemos oído muchas veces a los trabajadores explicarnos que el empresario les dijo: “este plus no es obligatorio”; en respuesta a esto; si está en el Convenio, es obligatorio. Acreditación de la representación legal que se alegue. Sea cual sea el caso, desmontamos falsas historias y erróneas formas de calcular el salario, porque tristemente es una de las consultas con más incidencia en nuestro despacho. La liquidación de los salarios que correspondan a quienes presten servicios en trabajos que tengan el carácter de fijos discontinuos, en los supuestos de conclusión de cada período de actividad, se llevará a cabo con sujeción a los trámites y garantías establecidos en el apartado 2 del artículo 49.
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¿Cómo demostrar judicialmente el impago de una factura?
LA INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE RESOLUCIÓN POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA NO CABE CALCULARLA APLICANDO DE MODO ANALÓGICO LAS REGLAS CONTEMPLADAS EN LA LEY PARA LOS SUPUESTOS DE DEMORA DEL CONTRATISTA.Se parte de un contrato respecto al cual el contratista renuncia a su ejecución. Cuando esto sucede, podemos recurrir a laLey de Enjuiciamiento Civil, cuya reclamación derivará en un juicio sencillo para exigir el pago de la deuda.
Tipos de deuda exigibles Una vez se ha generado la deuda, debes asegurarte de que cumpla tres requisitos: Ser una deuda económica de concreta: Si te deben dinero, es demostrable y se sabe la cantidad. Estar vencida: Recurre a este procedimiento cuando la fecha de vencimiento haya pasado. Poder documentar la relación comercial y la deuda mediante factura, e-mails intercambiados, cartas certificadas, albaranes, etc. El procedimiento monitorio por impago de facturas Para el primer paso del proceso –la solicitud– no es necesario recurrir a un abogado o procurador. Caducidad del procedimiento. ¿Qué sucede en caso de impago? Electricidad Al igual que ocurre con otros servicios, el abono de las facturas de la luz se puede realizar por domiciliación bancaria, con el pago en la entidad o si se acude a la empresa con la que se tiene contratado el suministro, una opción cada vez menos utilizada. El plazo para ingresar el dinero es de unos 20 días desde que se emite la factura, lo que da al usuario la posibilidad de no hacer coincidir este desembolso con otros como el de la hipoteca o la comunidad de vecinos.
Los impagos se deben, en ocasiones, a un error en la tramitación por parte del banco Pero aunque se cuente con cierta flexibilidad, no siempre es posible pagar en el tiempo establecido y el abono se hace con retraso o ni siquiera se realiza. DE SOLICITARSE LA RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA HABRÁ DE TRAMITARSE EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE. A PESAR DE ELLO, EL CONSEJO ENTRA EN EL FONDO DEL ASUNTO Y APUNTA LA NO NECESIDAD DE, INICIADO UN NUEVO PROCEDIMIENTO, SOLICITAR NUEVO DICTAMEN. Todos estos trámites los tenemos que hacer en el plazo máximo de 3 meses desde los seis meses o el año en la emisión de la factura. La reclamación judicial, el juicio monitorio Una vez hemos decidido recuperar un IVA de un impago, el mecanismo que más garantías presenta es la reclamación judicial del total de la deuda que tenemos con la empresa. El regidor asegura, además, que el tesorero utiliza estas formas “como medio de presión y como acoso y derribo del alcalde” y dice que no compró en Málaga “porque no sirve a domicilio”.
Supuesto en el que concurren múltiples circunstancias particulares y en el que el abogado concluye que “No ha de acordarse la resolución del contrato de referencia, sino proceder a su liquidación, si las obras que restaran por ejecutar no están comprendidas en el proyecto objeto de formal adjudicación y contratación en su día, o en la modificación aprobada por el Ayuntamiento en 2009, por las razones expresadas en la Consideración Tercera, III, A) del presente (Norma aplicable: Ley Contratos del Estado). El incumplimiento imputado al adjudicatario viene precedido de la intención por parte el Ayuntamiento de prescindir de sus servicios por razones económicas. Dictámenes favorables a la resolución del contrato de servicios de transporte escolar, por incumplimiento de una de las obligaciones establecidas en el contrato.
Así, los efectos derivados de la nulidad implican que el contrato entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. [En el caso presente de renuncia] En cuanto a los efectos de la resolución del contrato, el artículo 285 dispone en su apartado primero que “La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración”. Si bien habrá de entenderse que procede la resolución del presente contrato de asistencia técnica para redacción del PGOU, dado el excesivo tiempo transcurrido desde su formalización, no cabe por el contrario la incautación de la fianza, pues se constata la alegación del contratista de que los sucesivos cambios legislativos a nivel autonómico introdujo la necesaria tramitación de nuevos documentos no contemplados en el documento inicial.
Si las ofreciere y la Administración no las considerase suficiente habrá de motivar su decisión de resolver el contrato. En cuanto a los efectos, señala el artículo 225.4 del TRLCSP que “Solo se acordará la perdida de la garantía en caso de resolución del contrato por concurso del contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como culpable”. SsTS de 25 de febrero de 2009 y 8 de marzo de 2010). Esto es, no cualquier incumplimiento de los mismos autoriza a la Administración para la resolución de un contrato, sino que dicha obligación ha de haber sido calificada como esencial, cuestión que resulta razonable, puesto que el pliego de cláusulas y el contrato son los instrumentos en los que las partes determinan aquello a lo que se obligan, así como los efectos que se pueden derivar de su incumplimiento.
Ahora bien, como dice “La resolución del contrato por incumplimiento del contratista en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”, publicado en la Revista de Administración Pública, aunque el artículo 206.f), a diferencia de lo que hacía su antecesor el artículo 111.g) de la LCAP, “circunscriba la resolución al incumplimiento de las obligaciones calificadas como esenciales en los pliegos o en el contrato, esta potestad deber ser también lógicamente posible cuando el contratista infrinja obligaciones legalmente establecidas”, siempre que ellas sean esenciales, aunque no venga especificadas como tal en el pliego o contrato.
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Las indemnizaciones pactadas por mutuo acuerdo
Los organismos internacionales insisten a España en que, pese a la vuelta al crecimiento económico, el tiempo de las reformas urgentes no ha acabado. La reforma redujo drásticamente ese tope y lo dejó en 720 días de salario, 24 mensualidades. Y es que para Hacienda la compensación por la finalización de un contrato temporal no está exenta, por deberse a la expiración del plazo o duración de la obra o servicio convenido entre las partes, y no existir perjuicio, Compensación por despido En el caso de despido por razones objetivas (causas económicas / organizativas, de capacidad de los trabajadores/as y otras razones objetivas), la indemnización por despido se abona al trabajador/a en el momento de la notificación de terminación del contrato que se entrega al trabajador/a por escrito.
La indemnización por despido / redundancia es igual a 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 meses de salario. Esta declaración de improcedencia trae como consecuencia una de estos dos efectos a elección de la empresa, optar por indemnización o por readmisión: Una indemnización (+ información de cómo se realiza el cálculo), cuya cuantía depende de la antigüedad y remuneración del trabajador, calculada en dos tramos: Hasta febrero de 2012 -antes de la reforma laboral- 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades. Después de febrero de 2012, 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Readmisión del trabajador en su puesto de trabajo con el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la reincorporación.
En este sentido, el juez es el único que puede reconocer la improcedencia del despido. Como este número de días no supera el límite de 720 establecido en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores (24 meses), procede su aplicación. “En particular”, añade, “la indemnización por despido tendría que establecerse en forma uniforme, con el fin de que en todos los tipos de contratos sea baja en un principio y aumente paulatinamente con la permanencia en el puesto”. Generalmente el dinero o las ventajas se ofrecen a cambio de un acuerdo de no demandar al patrón o alguna otra concesión. – Antigüedad desde el 18 de marzo de 1980 hasta el 18 de octubre de 2012. – La antigüedad alcanzada el 11 de febrero de 2012 es de 31 años y once meses, lo que arroja una cifra de 1436 días. Cuando se extinga el contrato con anterioridad al acto de conciliación, estarán exentas las indemnizaciones por despido que hubieran correspondido si el mismo hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.
La indemnización por despido improcedente es compatible con la mejora prevista en convenio colectivo para el caso de invalidez permanente derivada de accidente, siempre que en el momento de producirse el accidente estuviera vigente el contrato de trabajo. EJEMPLO PRÁCTICO: CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO IMPROCEDENTE El trabajador entró a trabajar en la empresa el 1-1-2001 y fue despedido en despido declarado improcedente el 4-3-2008. Así, su indemnización pasó, tras la sentencia.
Como se trata, por el momento, de una única sentencia, los juristas afirman que aún no se puede hablar de que sienta jurisprudencia, pero también admiten que desconocen si tribunales inferiores pueden acogerse a dicha sentencia para pronunciarse en el mismo sentido, lo que dejaría en papel mojado uno de los aspectos más controvertidos de la reforma laboral, como es la reducción del coste de la indemnización por despido. Nuevo desencuentro En declaraciones el director del área de Laboral de Abogados, considera que con este sentencia se produce un «nuevo desencuentro» entre la judicatura y los objetivos pretendidos con la reforma laboral por el legislador, esta vez sobre un aspecto que no había generado hasta ahora ninguna «controversia interpretativa».
Además, en su opinión, se trata de un tema «de no poca relevancia económica», que incrementa el coste de la indemnización por despido de los trabajadores de mayor antigüedad en la empresa, y que «a buen seguro» generará en los próximos meses un «repunte» de la litigiosidad en los tribunales. La reforma fiscal que aprobó el Gobierno introdujo importantes novedades, entre ellas, la nueva tributación de las indemnizaciones por despido. Es, precisamente, respecto a esta última trabajadora En el caso de que el año pasado acabara un contrato de obra y servicio y recibiera un una indemnización, sí existe obligación de declararla. En este caso la empresa debe demostrar que ese despido es por esa razón y que es necesario reducir los costes para su supervivencia. Faltas de asistencia de manera reiterada del puesto de trabajo.
De modo que, si el primer período supera los 720 días, se “desactiva” la limitación y automáticamente queda ampliada a 42 mensualidades; o bien, – está empleando el término “máximo” como único parámetro de cálculo a tener en cuenta si la antigüedad anterior a febrero 2012 supera los 16 años. En la medida que el criterio del Legislador era limitar la indemnización, quizás, hubiera sido menos controvertido si en vez de emplear el adjetivo “máximo” hubiera utilizado el término “único” (o un sinónimo del mismo).
De modo que la redacción de la citada disposición hubiera quedado del siguiente modo: “La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. En el caso de dicha sentencia, el Tribunal Superior de Justicia, consideró que como máximo se debían abonar 24 mensualidades (720 días) a pesar que la antigüedad de las dos trabajadoras era de 32 y 23 años, y que habían sido despedidas de manera improcedente en el mes de octubre de 2012.
La nueva regulación surgida de dicha reforma laboral (RDL 3/2012), modificó el Estatuto de los Trabajadores, en concreto el artículo 56.1, reduciendo de manera considerable dichas indemnizaciones, y fijó para el supuesto de los despidos improcedentes una indemnización de 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades (720 días), no obstante el propio Real Decreto Legislativo 3/2012 en su Disposición Transitoria 5ª, fijo un periodo transitorio para aquellos contratos que se habían formalizado con anterioridad a la aprobación de la reforma laboral.
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Casos en que se puede reclamar por caída en la vía pública
Ámbito del caso: Contencioso administrativo. Si por ejemplo vivimos en una zona en la que se están llevando a cabo obras públicas o la calzada se encuentra en mal estado el riesgo de sufrir un accidente se incrementa por lo que no está de más añadir a nuestro seguro de hogar una póliza complementaria que incluya esta circunstancia. Se reponen elementos del mobiliario urbano que se han deteriorado, se controlan las arquetas y se tapan baches. 106 de la Constitución reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público.
De las que acabaron en la justicia, dos se estimaron parcialmente y hubo un solo caso en que la sentencia obligó al Ayuntamiento a abonar íntegramente la indemnización solicitada. PERITOS ESPECIALISTAS Contamos con especialistas altamente cualificados en valoración del daño corporal. En el mencionado voto particular se razona lo siguiente: «Uno de esos supuestos de responsabilidad objetiva o por funcionamiento normal es el de los daños «cuasi expropiatorios» o de “sacrificio” que causa la Administración en su actuación. Al respecto, debemos decir que la certeza del accidente y el lugar en que el mismo se produjo, han quedado acreditados por su conocimiento directo por la patrulla de la Policía Local que intervino en las actuaciones y trasladó a la accidentada a un centro sanitario.
Propuesta de resolución.- El instructor del procedimiento suscribió propuesta de resolución desestimando la reclamación formulada “al no existir relación de causalidad entre los hechos reclamados y el funcionamiento del servicio público”. Dado el carácter objetivo de la responsabilidad, se impone la prueba de la concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor o de circunstancias acreditativas de la culpa exclusiva de la víctima, a la Administración.
¿En qué casos de caídas en una vía pública se puede reclamar? Se podrá reclamar una indemnización por daños en los siguientes casos: – Mal estado del pavimento, socavones en vía pública, desprendimiento de tapas de alcantarillado, daños en acera por raíces de los árboles, caída de señales, desprendimiento de losetas, arquetas sin tapa, mala, deficiente o inexistente señalización de obras, falta de iluminación nocturna, etc.. La existencia de irregularidades en las aceras o en sus bordillos es inevitable en toda población. Concurrencia de culpas Puede ocurrir que en la producción del daño intervenga la culpa de la propia víctima o de un tercero, que no determine la exclusión o ruptura de la relación de causalidad, toda vez que concurren distintas culpas (de la Administración o de la propia víctima, o de un tercer agente), no siendo ya ineludible el requisito de la exclusividad en el nexo causal, pues pueden concurrir otras concausas.
En tales casos, lo procedente sería no exonerar completamente a la Administración, sino moderar equitativamente la cuantía de la reparación o indemnización. Informe de la policía local.- el Superintendente Jefe de la Policía Local de Málaga informó que en relación al accidente mencionado “en esta Jefatura no obran antecedentes”. Se ha dicho que pretender una especie de vigilancia generalizada en todo tiempo y lugar es, desde luego, inviable y excede del deber de vigilancia y de mantener la seguridad de las calzadas que la Ley impone a los ayuntamientos. En este sentido se pronuncia la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga).
“Admitiendo su versión, la perfecta visibilidad existente por tratarse de las 11 horas de la mañana y el hecho de llevar en brazos a un niño de tan corta edad, la obligaba a caminar observando una diligencia y atención elemental precisamente para proteger al menor en el caso de una posible caída”. Se solicitarán los informes necesarios, aunque siempre de carácter no vinculante (Ley 30/1992) a los departamentos del consistorio relacionados con la reclamación (como por ejemplo, departamento de urbanismo, en el caso de desperfectos en el pavimento o de obras públicas en el caso de obras en la vía pública). Por una parte se reconoce el derechoParte médico de baja laboral Parte médico de alta laboral Examen del procedimiento tramitado.
El examen del procedimiento sustanciado debe circunscribirse a la comprobación del cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se prueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, disposición mediante la que se dispuso el desarrollo reglamentario del aludido artículo 142.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. que es el más exigente y es el requerido para zonas exteriores de piscinas y superficies con pendientes igual o mayor que el 6% y escaleras”, precisaron. – Demanda contencioso administrativa. En este caso, como hemos expuesto, el perjudicado no procedió a cruzar la calle, conforme exige el artículo precitado, por el paso de peatones que existe en la mencionada vía, según los informes incorporados al procedimiento.
Casos más habituales dentro de este ámbito: Caídas en establecimientos o centros comerciales. En cualquiera de los dos supuestos, es necesario probar que las malas condiciones de la vía pública o del establecimiento fueron la única causa de la lesión. Caída en vía pública Caida en vía publica. Accidentes de circulación del servicio público correspondiente, siendo indiferente que lo ejecute directamente o a través de alguna de las fórmulas de gestión indirecta”. se encuentra al frente del Instituto, un centro especializado en el asesoramiento legal médico.
Pero ¿qué ocurre cuando los daños se producen como consecuencia de un obstáculo en la calzada o la falta de señalización de zanjas o socavones? En algunos casos, las consecuencias de una mala caída o golpe ocasionado por obstáculos o elementos mal colocados, defectuosos o sin señalizar pueden tener graves consecuencias. Lógicamente, en muchos supuestos se trata de un caso fortuito y no siempre existe una responsabilidad del titular de la vía pública o del establecimiento, pero en algunos casos dichas caídas sí son consecuencia de una negligencia, imprudencia o mala señalización o mal estado de conservación de calles, edificios y establecimientos.
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