Source: https://es.scribd.com/document/130454281/LEGISLACION-FUNERARIA
Timestamp: 2017-11-22 07:51:32
Document Index: 300915500

Matched Legal Cases: ['Artículo 110', 'artículo 72', 'artículo 96', 'Artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 150', 'artículo 111', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 150', 'artículo 108', 'artículo 30', 'Artículo 112', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 112', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 72', 'artículo 56', 'artículo 65', 'Artículo 110', 'artículo 72', 'artículo 110', 'artículo 72', 'artículo 111', 'artículo 96', 'Artículo 72', 'artículo 1045', 'Artículo 1045', 'artículo 110', 'artículo 1045', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 24', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 110', 'artículo 111', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 72', 'artículo 96', 'Artículo 96', 'Artículo 33', 'Artículo 50', 'Artículo 92', 'Artículo 65', 'Artículo 56']

Corte Constitucional. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia C-940 del 15 de octubre de 2003. Expediente D-4527.
Síntesis: Los servicios funerarios no constituyen actividad aseguradora. Exequibilidad de los artículos 110 y 111 de la Ley 795 de 2003. Facultades legislativas para la definición del concepto de actividad aseguradora. Naturaleza jurídica de los servicios funerarios; diferencias y similitudes con el contrato de seguros. [§ 040] «(…) II. NORMAS DEMANDADAS A continuación se transcriben las normas demandadas como inconstitucionales: "Ley 795 de 2003 (14 enero) por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia, Decreta: Artículo 110. Las entidades que en desarrollo de la parte final del inciso segundo del artículo 72 de la Ley 79 de 1988 presten directamente servicios de previsión, asistencia y solidaridad podrán crear una cooperativa que administre los productos relacionados con tales fines, la cual no estará sujeta a lo previsto en los artículos 33 inciso primero, 50 y 92 inciso segundo de la Ley 79 de 1988 en los términos que establezca el Gobierno Nacional. Los asociados de la cooperativa que le dio origen a la cooperativa así constituida, podrán utilizar los servicios de la nueva cooperativa, así como los asociados de otras cooperativas que participen en su conformación. En este último caso, las decisiones se adoptarán según lo previsto en el artículo 96 de la Ley 79 de 1988. Artículo 111. No constituyen actividad aseguradora los servicios funerarios, cualquiera sea su modalidad de contratación y pago, mediante los cuales una persona, o un grupo determinado de personas, adquiere el derecho de recibir en especie unos servicios de tipo exequial, cancelando oportunamente las cuotas fijadas con antelación. Parágrafo 1°. Para efectos de lo previsto en el presente artículo se entiende por servicios funerarios el conjunto de actividades organizadas para la realización de honras fúnebres; pueden constar de servicios básicos (preparación del cuerpo, obtención de licencias de inhumación o cremación, traslado del cuerpo, suministro de carroza fúnebre para el servicio, cofre fúnebre, sala de velación y trámites civiles y eclesiásticos), servicios complementarios (arreglos florales, avisos murales y de prensa, transporte de acompañantes, acompañamientos musicales) y destino final (inhumación o cremación del cuerpo). Parágrafo 2°. Las empresas que actualmente ofrecen contratos de prestación de servicios funerarios, en sus diferentes modalidades, contarán con un plazo máximo de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para adecuarse a lo previsto en el presente artículo." (…)
Entre quienes coadyudan la demanda. no cambia su naturaleza de actividad aseguradora. y en particular las de las superintendencias Bancaria y de la Economía Solidaria. Explica que el especial control del Estado que consagran los artículos 335 y concordantes de la Constitución se justifica porque el negocio de los seguros implica una masiva captación de recursos del público. definición que por tanto debe ser dada por el legislador. Este mismo grupo de opositores a la demanda arguye que la Constitución no define en qué consiste la actividad aseguradora. Tras explicar detalladamente las razones por la cuales estima que los llamados servicios funerarios a que se refieren los artículos 110 y 111 acusados reúnen todos los elementos del contrato de seguros. sino la de las empresas aseguradoras y su límite de acción. pues estos últimos entes desenvuelven sus actividades en desarrollo de los principios de solidaridad cooperativa. De esta manera. y que por ello. la ley ha dispuesto que sólo pueden desarrollar la actividad aseguradora en Colombia las personas previamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria que se encuentran debidamente facultadas para ocuparse de seguros. estiman que las normas acusadas no pretenden sustraer una actividad aseguradora de la intervención y vigilancia del Estado. a pesar de que su naturaleza es materialmente esa. 189 numeral 24 y 335 de la Constitución). 110). no existiendo una obligación constitucional de considerar como tal toda actividad que implique la asunción de un riesgo. Como se dijo anteriormente. se prohíbe a toda persona natural o jurídica distinta de ellas. por parte de las cooperativas. Quienes se oponen a las pretensiones de la demanda sostienen que las aseguradoras tienen un campo de acción restringido por el objeto social exclusivo que les atribuye la ley. y de que las operaciones de previsión exequial hasta ahora han sido consideradas como un ramo de las compañías de seguros. sino también aquellas que no hacen parte de su capacidad legal. por lo cual considera que la verdadera intención de la norma no es otra que sustraer de la vigilancia estatal una actividad que por su naturaleza debe estar sujeta a ella. Y explican las razones por las cuales los servicios funerarios no constituyen contrato de seguros. Señala también este grupo de opositores. ausentes en el mencionado contrato. como los funerarios. invadiendo las facultades de intervención propiamente ejecutivas. de participación y ayuda mutua. la demanda alega que las normas acusadas sustraen de la intervención y de la vigilancia del Estado una actividad económica que reúne todos los elementos del contrato de seguros. el ejercicio de la actividad aseguradora. Por lo cual concluyen que el legislador puede válidamente delimitar su ámbito de operación. y que. en protección de los usuarios. en algunos casos. agrega que el hecho de que los servicios exequiales se presenten. que el verdadero alcance de las normas atacadas es el de permitir la prestación de servicios de previsión y solidaridad. Además sostienen que en los llamados servicios funerarios a que se refiere el artículo 111 acusado no se presentan los elementos determinantes del contrato de seguros. el artículo 111 no haría otra cosa que precisar el campo de la competencia de las aseguradoras. como un servicio prepagado. con lo cual desconocen las normas superiores que ordenan dicha intervención y vigilancia estatal. no sólo señalando las operaciones que pueden desarrollar. se encuentra la opinión de quienes sostienen que el Congreso excedió sus facultades de regular mediante ley marco la actividad aseguradora. especialmente los servicios exequiales prestados por cooperativas.Examen de los cargos de inconstitucionalidad material 9. y su verdadero sentido no sería el de regular la actividad de las empresas funerarias. en consecuencia. para circunscribirlas únicamente a la legislación cooperativa (Art. (Artículos 150 numeral 19 literal d). La vista fiscal estima que el artículo 111 no puede ser interpretado en el sentido de que mediante él se . Las intervenciones públicas. y además por las operaciones específicas que les sean autorizadas por el Estado. sino mantener tales controles solamente frente a las actividades que verdaderamente constituyen contrato de seguro. y el de sustraer de la actividad aseguradora los mencionados servicios funerarios. excluyéndolas de la aplicación del estatuto orgánico del sistema financiero.
por ser un contrato de seguros o por cualquier otra circunstancia. la parte de la disposición que induce a confusión y que permite la primera de las interpretaciones contraria a la Carta es la frase. la jurisprudencia ha dicho que "la diferencia entre lo que atañe al Congreso y al Gobierno. aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo. señala las pautas 1 y criterios legislativos a los cuales debe sujetarse la actividad presidencial en estas materias. los argumentos de quienes la coadyuvan. aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público-. 10. De la demanda. es menester definir si. la Corte concluye que los asuntos que debe avocar para definir el problema jurídico que se plantea en esta acción pública son los siguientes: i) En primer lugar debe establecer el alcance de los artículos 150 numeral 19. el contrato de servicios funerarios debe prestarse bajo la inspección y vigilancia estatal. en los términos de los artículos 335 y concordantes de la Constitución. aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. podrá la Corte entrar a definir la constitucionalidad de las disposiciones acusadas. adquiere el derecho de recibir en especie unos servicios de tipo exequial. vigilancia y control estatal. la Constitución ha dispuesto un reparto de competencias entre el Congreso y el Presidente de la República. pero la competencia está repartida entre el legislador y el Ejecutivo. no está señalada a partir de una discriminación por materias. mediante los cuales una persona o grupo de personas.) Es preciso definir también si al legislador le asiste libertad para definir el concepto de actividad aseguradora. cualquiera sea su modalidad de contratación y pago. referentes todos ellos a la intervención. indicando qué tipo de contratos. negocios o acuerdos la constituyen y cuáles no. reparto según el cual aquel. No. Para esta intervención. bursátil y aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo. según el cual. iii) Es necesario estudiar si. cancelando oportunamente las cuotas fijadas con antelación. P.). vigilancia y control de las actividades financiera. aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo. de manera que el legislador debe someter a quienes los celebren a las mismas reglas y condiciones que rigen para quienes celebran el contrato de seguro. según el momento en que obre cada uno respecto de los temas en cuestión: la fijación de políticas. 189 numeral 24 y 335 de la Constitución Política prescriben que las actividades financiera. y 335 C. orientaciones y criterios. bursátil. Explicando cómo opera este sistema de distribución de competencias. vigilancia y control. numeral 19. 189 numeral 24 y 335 de la Constitución Política que el demandante estima violados. así como de las cooperativas y sociedades mercantiles. según el literal d) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta. y señalar en ellas "los objetivos y criterios" a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular las referidas actividades. entiende el Procurador que el verdadero sentido de la norma es que no constituyen actividad aseguradora los servicios funerarios que se acuerden a través del contrato de prestación de servicios que se define en el artículo 111. vigilancia y control de tales actividades. Correlativamente. Más bien. a la luz de los mencionados preceptos superiores (art. el numeral 24 del artículo 189 señala que al presidente de la República corresponderá ejercer el control y vigilancia de las cooperativas y sociedades mercantiles. iv) Finalmente. en . Los artículos 150 numeral 19. debido a que ello constituye un pago anticipado de dichos servicios. por cuya declaración de inconstitucionalidad aboga. como lo afirman la demanda y varias intervenciones. De igual manera. que autorizan dispensar un trato legal diferente. Se trata de los mismos asuntos -la actividad financiera. literal d). de acuerdo con la ley" dichas inspección. el Congreso debe "dictar las normas generales". al Presidente de la República corresponde "ejercer. bursátil. así como de las cooperativas y sociedades comerciales. Establecido todo lo anterior. A esta distribución de funciones se refiere particularmente el numeral 24 del artículo 189 superior. las razones de los opositores y la opinión de la vista fiscal. aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público se consideran de interés público y que estarán sujetas a la intervención.excluye a las compañías de seguros de la actividad de explotar el ramo de los seguros funerarios. 189 numeral 24 y 335 de la Constitución Política. ii. el contrato de servicios funerarios es en realidad un contrato de seguros por reunir todos sus elementos. De esta manera. El alcance de los artículos 150 numeral 19. por que ello resultaría inconstitucional. 11. 150. por la vía de las leyes marco. o si por el contrario se presentan diferencias entre ambas figuras jurídicas.
. deja de lado su función rectora y general para entrar de lleno a establecer aquellas normas que debería plasmar el Ejecutivo con la ya anotada flexibilidad. numeral 19. A esta relación entre la mayor o menor precisión de las normas constitucionales.) " Ha hecho ver también la Corte. tales conceptos están indeterminados en la Constitución. El margen de libertad legislativa a la hora de precisar un concepto jurídico que aparece indefinido en la Constitución depende pues de la precisión de las referencias que la misma Carta contenga. admite una gradación que depende a su vez del grado de precisión con el que el constituyente perfila una institución jurídica. en tales temas. vigilancia y control de las actividades a que se refieren los artículos 335 y concordantes de la Constitución radica en el carácter técnico administrativo común a tales actividades. vigilancia y control estatales. " Los anteriores criterios son importantes a la hora de examinar la constitucionalidad de aquellas disposiciones legales que pretendan establecer reglas relativas a las actividades financiera. es decir. menor libertad de configuración legislativa y viceversa. La explicación de este particular sistema de reparto de competencias para llevar a cabo la intervención. relativas al concepto que el legislador pretende definir.. 12. cómo este sistema de competencias compartidas impide al legislativo invadir la esfera de acción del ejecutivo y viceversa. en razón de haberse ocupado ya por el precepto legal. A mayor precisión en las referencias constitucionales. bursátil. Las facultades legislativas para la definición del concepto de actividad aseguradora.) ". por tanto. está en cabeza del 2 Gobierno (.. sin embargo. vulnera no sólo el artículo 150. no suministra la definición de lo que se debe entender por actividad financiera. de la Constitución sino el 113. fundadas en la ley pero limitadas por el marco de la misma. A su . de manera que "(. aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. pues tales leyes. que implican fenómenos económicos "que por su condición esencialmente mutable. siendo del resorte del legislador precisar su sentido y alcance. ya se ha referido la Corte así: "Este margen de acción o libertad de configuración política. no está exento de los límites que se derivan de la subordinación general de la ley a las normas superiores. A mayor precisión de las nociones constitucionales. la concreción. o cualquier otra relacionada con el manejo.) si el Congreso. menor libertad de acción para el legislador. Empero la Constitución no se ocupa de definir en qué consisten dichas actividades. resulta inadecuado y engorroso manejar por el accidentado proceso de la 4 deliberación y votación parlamentaria pública. por su naturaleza. invade un ámbito que no le es propio -el del Presidente de la República. Correlativamente.. por tanto.y. y del propio desarrollo constitucional de la misma. aseguradora o bursátil. A mayor desarrollo constitucional de la normatividad superior. Así.términos generales y abstractos. deben limitarse a contemplar el marco al que tenga que ajustarse el Gobierno al regular estos asuntos. aseguradora. podría decirse que la libertad de configuración del legislador es inversamente proporcional a la precisión y amplitud con la que la Constitución regula una institución jurídica. Los conceptos jurídicos indeterminados en la Constitución confieren al Congreso un amplio margen de libertad definitoria que.. es del resorte exclusivo del Congreso. Así. aseguradora y cualquier otra que implique la captación de ahorro público a la intervención. a cuyo tenor los diferentes órganos del Estado tienen 3 funciones separadas pese a la colaboración armónica entre ellos (. menor espacio de acción para la ley. y de los referentes constitucionales y aun sociales que estén 5 presentes en cada caso . exigen una regulación flexible o dúctil que permita responder a circunstancias cambiantes. bursátil. o a asuntos que ameritan decisiones inmediatas y que.. la intensidad del control constitucional debe adecuarse a esta mayor o menor libertad de configuración legislativa. la libertad de configuración del legislador y la intensidad del control constitucional. Es claro que el constituyente ordena el sometimiento de las actividades financiera. en normas o medidas específicas. de manera que no quede para la actuación administrativa campo alguno.
en el cual el legislador. la Constitución menciona en sus artículos 150. podrán anunciarse como entidades aseguradoras y denominar como pólizas de seguros a los contratos de prestación de servicios que ofrecen. Pero tampoco puede la Corte interpretar la Constitución de manera tal que desconozca el pluralismo político y la alternancia de diferentes políticas. determina la intensidad del control constitucional: (…) Esta libertad de configuración del Legislador. por el artículo 108 ibídem. 8º y 150). Podría también utilizar elementos definitorios positivos o negativos. 189 y 335 la actividad aseguradora. Por el contrario. el Congreso tiene una amplia libertad para optar por las diversas alternativas legítimas del concepto. el control constitucional en este campo es ante todo un control de límites. si la determinación de los elementos estructurales de un concepto es más o menos completa. es que utiliza el artículo 30 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero cuando prescribe que "Cada vez que se aluda en este Estatuto a la actividad aseguradora. Ese control de límites varía su intensidad dependiendo de la propia complejidad y desarrollo de la construcción constitucional de un determinado concepto o institución. Uno de ellos es el criterio material. sería uno de naturaleza orgánica. Eso significa que cuando no puede deducirse del texto constitucional 6 una regla clara. se entenderán por tales las realizadas por este tipo de entidades y. Otro de los criterios a que podría acudir el legislador para definir la actividad aseguradora. en principio debe considerarse válida la regla establecida por el Legislador. aquí podría el legislador indicar que la actividad aseguradora es la que se desarrolla bajo la forma jurídica del contrato de seguros. que resulta inversamente proporcional al rigor con el que esta Corte debe emprender el examen de constitucionalidad de las definiciones que legalmente se adopten. el grado de la libertad de configuración. el legislador puede acudir a diversos criterios. se entiende que cuando la Constitución ha guardado silencio sobre un determinado punto es porque ha querido dejar un espacio abierto amplio para diferentes regulaciones y opciones de parte del Legislador. esto hace más estricto el control constitucional del acto normativo que desarrolla el mencionado concepto pues. a partir del cual podría considerar como aseguradora la actividad de ciertos entes jurídicos previamente definidos legalmente. si la protección constitucional solamente se predica de ciertos elementos. Para definir el concepto de actividad aseguradora. así como la propia naturaleza de ciertos conceptos constitucionales." Criterio que también es acogido. desde este punto de vista. Otro criterio que podría ser utilizado sería el formal. prescindiendo de ciertos elementos que materialmente podrían llevar a considerar que una actividad es aseguradora. pues no puede la Corte aceptar definiciones legales que contraríen la estructura constitucional o vulneren principios y derechos reconocidos por la Carta. para ello cual goza de un amplio margen de configuración. expresamente la excluye de esta definición cuando dice: "En ningún caso los organismos de carácter cooperativo que presten servicios de previsión y solidaridad que requieran de una base técnica que los asimile a seguros. la soberanía popular. Así. a operaciones o a negocios de seguros. pues la Carta es un marco de coincidencias básico. se entenderán comprendidas también en dicha denominación las operaciones efectuadas por las sociedades de reaseguros. entrando a definir este último en todos sus elementos. Este criterio. permiten precisar los alcances del control constitucional de las definiciones legislativas de las categorías constitucionales. el control material de la Corte de estas definiciones legislativas busca preservar al mismo tiempo la supremacía de la Carta y la libertad política del Legislador. el principio democrático y la cláusula general de competencia del Congreso (CP arts 1º. que mira a la naturaleza misma de la actividad. por ejemplo. En efecto. el Constituyente ha limitado el ámbito de acción del legislador. En efecto." (Resaltado 7 por fuera del original) Así pues. y otras que no considera como tales. salvo que de la naturaleza del texto se desprenda otra cosa. 3º. por ejemplo. en tales casos. es decir podría señalar operaciones jurídicas que considera que constituyen actividad aseguradora. obviamente respetando el marco constitucional fijado. dentro del cual coexisten visiones políticas diversas." . en forma negativa. podría decir que actividad aseguradora es la que implica la asunción de un riesgo. en función del pluralismo político.vez. que atendería principalmente a la forma jurídica utilizada para el desarrollo de la actividad. Por ello. correspondiendo al Congreso precisar el concepto. los cuales no delimitan perfectamente la figura jurídica del caso. pero no define en qué consiste. cualquiera que sea la forma jurídica que revista.
P art. Empero. La mutualidad implica la formación de un fondo común constituido con los aportes de los sujetos expuestos al peligro. aunque no necesariamente a la supervigilancia de la Superintendencia Bancaria. pues con este proceder desconocería los principios de igualdad y de prevalencia del interés general sobre el particular que emanan de las normas superiores. la doctrina jurídica usualmente postula que en tal actividad humana siempre está de por medio la circunstancia de un gran número de entes económicos que soportan riesgos análogos. aprovechamiento o inversión del ahorro público tenga que llevarse a cabo conforme a unas mismas reglas y bajo el control de un mismo órgano de supervigilancia estatal. limitan su libertad de configuración. el Congreso no está obligado a definir que se está en presencia de actividad aseguradora. debe quedar sujeta a la intervención. Esta noción comúnmente aceptada obra como un referente que limita la libertad de configuración del legislador. la Corte no pierde de vista que existen referentes no constitucionales. aprovechar o invertir recursos o. siempre que la atención de un conjunto de riesgos se enfrenta mediante la conformación de una mutualidad que opera con bases técnico estadísticas. para la colectividad no. por lo cual la existencia de un gran número de entes económicos expuestos a la contingencia de un peligro eventual y análogo. como . (v) De la Constitución no emana que la intervención y vigilancia de la actividad aseguradora o de cualquier otra que involucre el manejo. suele entenderse como actividad aseguradora. tomadas en conjunto. las diferencias que se introduzcan en las modalidades de control deben aparecer justificadas. y el papel de conductor de la economía que igualmente se le atribuye en la Constitución. para efectos de restringir el ejercicio de tal actividad reservándolo únicamente a las compañías de seguros. no podría estimar que dos actividades que por su contenido material son idénticas.13. No obstante todo lo anterior. Porque entonces entra en juego la Ley de los Grandes Números y el Cálculo de las Probabilidades y. Ahora bien. con el cual se cubren los riesgos en la medida en que se presenten. que bajo cualquier forma se organizan para soportar mutuamente tal contingencia. De lo dicho pueden extraerse las siguientes conclusiones de cara al problema jurídico que se plantea en la presente demanda: (i) de la Constitución no emana que la actividad aseguradora sea exclusivamente aquella que se desarrolla bajo la forma jurídica de contrato de seguros o de cualquier otra figura jurídica particular (criterio formal de definición). pudiendo atender a otros elementos de la relación jurídica mediante la cual opera esta forma cobertura de riesgos. si de alguna manera la actividad involucra el manejar. estima la Corte. que ofrecen una noción de actividad aseguradora comúnmente aceptada. y que comprometen de manera igual el interés general presente en la actividad de intermediación financiera. La mutualidad parte de la base de que "si bien es verdad que el riesgo implica un elemento de incertidumbre para cada uno de los individuos aisladamente considerados. tanto jurídicos como económicos y técnicos. y que se organizan para hacer frente mutuamente a la eventualidad de su realización. como indicativas de la actividad aseguradora. por ejemplo. es comúnmente sabido que las bases técnico-matemáticas de la actividad aseguradora se encuentran en la estadística. al definir la actividad aseguradora el legislador también está sujeto a algunos principios y valores superiores. 334). (iv) de la Constitución sí emana que la actividad aseguradora conlleva el manejo. se encuentra obligado a someter a la especial tutela estatal la actividad de que se trate. a través del mecanismo de las "leyes marco". Sin embargo. (iii) de la Constitución no emana que toda actividad que 8 implique en alguna forma la asunción de un riesgo sea actividad aseguradora (criterio material de 9 definición) . Ciertamente. que se lleva a cabo mediante un reparto de competencias entre el legislativo y el ejecutivo. (ii) de la Constitución no emana que la actividad aseguradora sea exclusivamente aquella que desarrollan las entidades constituidas bajo la forma jurídica de compañías aseguradoras (criterio orgánico de definición). " Las nociones de riesgo. para permitir que la actividad sea desarrollada por otros entes distintos de las compañías de seguros. cualquiera que sea la forma jurídica en que ella se manifieste. que aunque no constituyen referencias expresas y directas a dicha actividad. queden sujetas a un régimen jurídico distinto que implique sólo en un caso la exclusión de la intervención. En efecto. la constante que 10 regula el acaecimiento de los sucesos casuales. aprovechamiento o inversión de recursos y que por esta razón. con ellas. vigilancia y control estatales. Empero. (C. vigilancia y control estatales. so pena de desconocer el principio de igualdad. de gran cantidad de entes expuestos a él y de mutualidad aparecen. 14. como ciencia que sólo opera en relación con grandes números.
a la cual anteriormente se ha hecho referencia. una cooperativa. Solamente las sociedades comerciales y las entidades de carácter cooperativo mutual que cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo podrán prestar la modalidad del servicio exequial aquí previsto. Diferencias y similitudes con el contrato de seguros. como aquellos mediante los cuales "una persona." La norma no señala quién puede prestar esta clase de servicios (si una compañía aseguradora. Esta norma que. como se dijo. mediante el pago previo de las cuotas fijadas con antelación adquieren el derecho cierto de recibir en especie unos servicios de tipo exequial. transporte de acompañantes. La naturaleza jurídica de los servicios funerarios. Por lo tanto. servicios complementarios (arreglos florales. acompañamientos musicales) y destino final (inhumación o cremación del cuerpo). . suministro de carroza fúnebre para el servicio. pueden constar de servicios básicos (preparación del cuerpo. implica que tales cuotas hayan cubierto totalmente el valor de los servicios para cuando la muerte que los causa se produzca. destacando. Contarán con una infraestructura adecuada para atender sus compromisos. a) El contrato de servicios funerarios 15. o si tales características no necesariamente deben estar presentes. adquiere el derecho de recibir en especie unos servicios de tipo exequial. una sociedad comercial o cualquier persona). cancelando oportunamente las cuotas fijadas con antelación. como el de seguros. cancelando oportunamente las cuotas fijadas con antelación. Depositarán ante la entidad que ejerza su inspección y control los modelos de contrato. que decía así: "Artículo 112." A continuación la disposición añade que "se entiende por servicios funerarios el conjunto de actividades organizadas para la realización de honras fúnebres. fue introducida al proyecto de ley cuando se inició el trámite en el Senado de la República. no obstante lo cual no es posible esclarecer definitivamente si ella involucra o no una actividad aseguradora entendida en el sentido que comúnmente se le atribuye a esta noción. por un término indefinido. ni tampoco indica si el derecho de recibir en especie los servicios de tipo exequial. traslado del cuerpo. La norma tampoco permite concluir si se trata de un contrato o negocio de carácter oneroso y bilateral. no resulta claro si se trata de un servicio completamente prepagado para cuando se presta. para lo cual observarán lo siguiente: Su objeto social será exclusivamente la prestación de servicios exequiales y estarán sometidas al control estatal que la ley prevea para su especie asociativa. o un grupo determinado de personas. obtención de licencias de inhumación o cremación. que no requerirán autorización estatal y serán redactados en forma clara y comprensible. Los servicios funerarios aparecen legalmente definidos en el artículo 111 aquí demandado. cofre fúnebre. o si la figura jurídica involucra un factor de aseguramiento mediante la conformación de una mutualidad. o un grupo de personas. que permite trasladar el riesgo de la muerte que acaece antes de que las cuotas cubran totalmente el valor del servicio.corresponde a las compañías de seguros. El estudio de los antecedentes legislativos del artículo 111 arroja algunas luces sobre la naturaleza de la figura que esa norma regula. en su versión original correspondía al artículo 112 del proyecto. los derechos de los usuarios y se sustentarán en estudios de carácter técnico. No constituye actividad aseguradora el contrato de prestación de servicios exequiales por virtud del cual una persona. avisos murales y de prensa. en la primera página. sala de velación y trámites civiles y eclesiásticos).
mediante el único requisito de estar "cancelando oportunamente las cuotas fijadas con antelación". Para efectos de lo previsto en el presente artículo se entiende por servicio de tipo exequial el conjunto de actividades organizadas para la realización de honras fúnebres. el proyecto de artículo no resultaba tampoco completamente esclarecedor. No obstante. Parágrafo 1°. independientemente de si su costo estaba o no totalmente cubierto. Sin embargo. especialmente en lo relativo a si implican un factor de aseguramiento de riegos.000 usuarios. la Corte observa que. 16. Deberán acreditar. en esta redacción inicialmente presentada a la Comisión Tercera del Senado. no resultaba claro si el servicio debía estar completa y previamente pagado mediante el abono de las referidas cuotas. esos textos omitidos revelan que el legislador inicialmente estimó que los servicios funerarios no podía ser prestados sino por sociedades comerciales y entidades de carácter cooperativo mutual. sobre la naturaleza asegurativa o no de los servicios funerarios. servicios complementarios (arreglos florales. eso sí. Mil salarios mínimos legales mensuales vigentes para las empresas que tengan un número superior a 250. transporte de acompañantes.000 y hasta 500. la norma indicaba que el derecho de percibir en especie los servicios de tipo exequial se obtenía por un término indefinido "mediante el pago previo de las cuotas fijadas con antelación". contarán con un plazo máximo de dos (2) años. subsiste la duda a cerca de la naturaleza de los llamados servicios funerarios. Así. traslado del cuerpo. el alcance que comúnmente se le reconoce al llamado contrato o convenio de servicios funerarios es el de estimarse que mediante él una persona o grupo de personas adquiere el derecho de percibir en especie los servicios de tipo exequial. contados a partir de la 11 entrada en vigencia de la presente ley. pueden constar de servicios básicos (preparación del cuerpo. " Sobre el texto trascrito se han resaltado los apartes que no fueron adoptados finalmente como texto del 12 actual artículo 111 . o si el solo hecho de venir cancelándolas periódicamente daba derecho a obtener los mencionados servicios funerarios. sin necesidad de que mediante tal pago de cuotas se haya cubierto totalmente el .El precio de los productos debe cubrir los costos de operaciones y ser equitativo para los usuarios. Mil quinientos salarios mensuales vigentes para las empresas que tengan un numero superior a 500. sala de velación y trámites civiles y eclesiásticos). En efecto. Sin embargo. en sus diferentes modalidades. y previo el cumplimiento de ciertos requisitos de capital o patrimonio mínimo que garantizaran a los usuarios la prestación del servicio contratado. las sociedades comerciales. Parágrafo 2°. cofre fúnebre. aunque la norma no lo diga. suministro de carroza fúnebre para el servicio. para adecuarse a lo previsto en el presente artículo.000 usuarios. un capital social y las cooperativas y las asociaciones mutualistas un patrimonio no inferior a las siguientes cuantías en función del número de usuarios: Quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para las empresas que tengan un número inferior o igual a 250. De esta manera. Ahora bien.000 usuarios. sometidas al control estatal que la ley previera según su especie asociativa. a pesar de lo precaria que resulta la redacción actual del artículo 111 y de sus antecedentes en el Congreso. Las empresas que actualmente ofrecen contratos de prestación de servicios funerarios. que inicialmente el legislador estimó que se trataba de una actividad que debía quedar sujeta a vigilancia y control estatal y prestarse observando unos requisitos patrimoniales o de capital mínimos. obtención de licencias de inhumación o cremación. resulta claro. avisos murales y de prensa. acompañamientos musicales) y destino final (inhumación o cremación del cuerpo). una vez estudiados los antecedentes del artículo 111 en el Congreso.
Los asociados de la cooperativa que le dio origen a la cooperativa así constituida. si involucraría un factor asegurativo. y que cuando desarrollen "servicios de previsión y solidaridad" que "requieran de una base técnica que los asimile a seguros" éstos deberán ser contratados con organismos cooperativos especializados en este ramo." Al parecer de la Corte. no demuestren su competencia técnica y económica para hacerlo. sin llegar a identificarse con el contrato de seguros. las entidades que actualmente los presten podrán continuar haciéndolo a menos que. 17. el objetivo del artículo trascrito es adicionar con una nueva regulación "la parte final del inciso segundo del artículo 72 de la Ley 79 de 1988. 50 y 92 inciso segundo de la Ley 79 de 1988 en los términos que establezca el Gobierno Nacional. la parte final del segundo inciso.valor del servicio para cuando la muerte que origina la prestación acaece. En este punto la Corte hace ver que ni el artículo 72 de la Ley 79 de 1988. En este último caso. así como los asociados de otras cooperativas que participen en su conformación. el alcance jurídico del artículo 110. Sin embargo. Ahora bien. "por la cual se actualiza la legislación cooperativa". la modificación que introduce el artículo 110 bajo examen a esta parte final del artículo 72 consiste en permitir a estas últimas entidades "crear una cooperativa que administre los productos relacionados con tales fines". a menos que no lograran demostrar ante los órganos de supervigilancia estatal su competencia técnica y económica. se entiende). deberán ser contratados con organismos cooperativos especializados en este ramo. o con otras entidades aseguradoras. El texto de esta norma. afirma que las entidades que en el momento de la entrada en vigencia de la Ley 79 de 1988 vinieran prestando tales servicios de asistencia y solidaridad podrían seguir haciéndolo (sin necesidad de contratarlos con organismos o entidades especializadas en seguros. aun las que insisten en su naturaleza no asegurativa. contribuye a reforzar las anteriores conclusiones relativas a la presencia de un factor asegurativo en los servicios funerarios. el contrato de servicios funerarios. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56 de la presente ley . De otro lado. es decir una cooperativa de segundo grado. cuando los servicios de previsión y 18 solidaridad a que se refiere el artículo 65 de la presente ley requieran de una base técnica que los asimile a seguros. debe entenderse que dentro de la categoría jurídica llamada "servicios de previsión y 17 . es el siguiente: "Artículo 110. Los organismos de carácter cooperativo que presten servicios de seguros deberán ser especializados y cumplirán la actividad aseguradora principalmente en interés de sus propios asociados y de la comunidad vinculada a ellos. como más adelante se verá. para entender su verdadero sentido y alcance es menester conocer el texto de esta norma: "Ley 79 de 1988. podrán utilizar los servicios de la nueva cooperativa. (De esta manera interpretan tal contrato prácticamente todas las intervenciones que se presentan dentro del proceso." Como claramente se aprecia. la cual no estará sujeta a lo 13 14 15 previsto en los artículos 33 inciso primero . Las entidades que en desarrollo de la parte final del inciso segundo del artículo 72 de la Ley 79 de 1988 presten directamente servicios de previsión. No obstante. asistencia y solidaridad podrán crear una cooperativa que administre los productos relacionados con tales fines. o con otras entidades aseguradoras legalmente establecidas. que es justamente la que viene a ser adicionada por el artículo 110 demandado. el artículo 72 de la Ley 79 de 1988. que en virtud de la aplicación de la ley de los grades números permita atender el riesgo de la muerte de uno o varios de ellos cuando acaece antes de que las cuotas cubran totalmente el valor del servicio respectivo.) Así entendido. estima la Corte. como se recuerda. dispone que las cooperativas que presten servicios de seguros deben especializarse en esa actividad. ni el 110 de la Ley 795 de 2003 mencionan el contrato de servicios funerarios a que se refiere el artículo 111 de esta última ley. también demandado en este proceso." Por ello. requeridas por el organismos correspondiente del Estado. al permitir que con los recursos formados por las cuotas captadas de un grupo grande de usuarios se constituya una mutualidad. las decisiones se 16 adoptarán según lo previsto en el artículo 96 de la Ley 79 de 1988. Artículo 72.
dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura. A su turno. 1º) y el tomador que.) Aun cuando el Código de Comercio vigente en el país desde 1972 no contiene en el Titulo V de su Libro Cuarto ninguna definición expresa del contrato de seguro. la capitalización y el ahorro (.. la Corte corrobora que el referido contrato de servicios funerarios sí involucra un factor de aseguramiento. esto es el 110 y el 111 de la Ley 795 de 2003. cuyos elementos esenciales son (art. 1045. como se sabe.. como otros de esta clase. la prima. Empero indica cuáles son sus elementos esenciales.)" . ord. A esta conclusión se llega cuando se tiene en cuenta que los dos artículos aquí acusados. 1072. En efecto. que es aquél negocio solemne. y 4. el artículo 1045 de dicho estatuto es del siguiente tenor: "Artículo 1045. sin ahondar desde luego en mayores detalles técnicos para el caso impertinentes.. bilateral. La prima o precio del seguro. bilateral. La obligación condicional del asegurador. El Código de Comercio no suministra una definición legal del contrato de seguros. dado el caso. traslada los riesgos (arts. persona jurídica que asume los riesgos (art. bien pude decirse. 1066) y la obligación condicional del asegurador que 21 . requieren de una base técnica que los asimile a seguros. fueron incluidos dentro del proyecto que surtía trámite en el Senado bajo la consideración de que ellos regulaban los servicios exequiales 19 prepagados . El interés asegurable 2. con fundamento en la norma transcrita. 1077 y 1082. a indemnizar al 'asegurado' los daños sufridos o. supuestos en que se les llama de 'daños' o de 'indemnización efectiva'. no obstante lo cual el legislador estimó que no constituía actividad aseguradora. 20 es la previsión. En defecto de cualquiera de estos elementos. ord. 1045) el interés asegurable (arts. 1054.solidaridad" se encuentra la prestación de servicios funerarios por parte de la cooperativa a los cooperados. según se trate de seguros respecto de intereses sobre cosas. en que intervienen como partes el asegurador. la doctrina colombiana ha diseñado la siguiente noción para ese tipo de contrato : "Es un contrato solemne. 1054). y que se trata de un servicio que." Sobre la noción de contrato de seguro esta Corporación. 1066. lo cierto es que con apoyo en varias de las disposiciones que de dicho Título hacen parte. aleatorio y de tracto sucesivo por virtud del cual una persona -el asegurador. el riesgo asegurable (art. "requieren de una base técnica que los asimila a seguros". 1036). 1083 y 1137). el contrato de seguro no producirá efecto alguno.. 1037. oneroso y aleatorio (art. o bien de seguros sobre las personas cuya función. 2º y 1039). 1047. Precisado el alcance del artículo 110. b) El contrato de seguros 18. El riesgo asegurable 3. como los llamados servicios funerarios. sobre derechos o sobre el patrimonio mismo. y de modo particular en los artículos 1037. oneroso. cuyo pago impone a cargo del tomador (art. en cuanto adiciona una norma que tolera que ciertas cooperativas no aseguradoras presten servicios de previsión y solidaridad que. a satisfacer un capital o una renta. obrando por cuenta propia o por cuenta de tercero. ha acogido las siguientes definiciones: "(. 1037.se obliga a cambio de una prestación pecuniaria cierta que se denomina 'prima'. Son elementos esenciales del contrato de seguro: 1.
El seguro supone la contraprestación total del riesgo y la protección mutual hasta la concurrencia del 24 fondo. De las características del contrato señaladas en las definiciones anteriores la Corte destaca. la Corte detecta que la intervención de la Superintendencia de la Economía Solidaria explica claramente las particularidades de los servicios funerarios que prestan las entidades cooperativas. cuando se produce. en lo cual se asemejan al contrato de seguros. ". sino de otra forma de negocio jurídico. mientras en la protección mutual los asociados asumen mutuamente sus propios riesgos. (acuerdo cooperativo Art. a pesar de operar sobre bases técnicas similares. el asegurador tiene derecho a apropiarse de la renta residual o empresarial. que están ausentes en el contrato de seguros. 1072) y cuya solución debe aquel efectuar dentro del plazo 22 legal (art. . tienen carácter esencial. Las explicaciones anteriores ponen de presente que los servicios de asistencia y solidaridad (como los funerarios) que prestan las entidades cooperativas denotan unas marcadas diferencias tanto en su . El seguro incluye. En el amparo mutuo la contribución es variable y modificable. es decir. ánimo lucrativo en el asegurador. sin su presencia no puede hablarse de contrato de seguro. mientras el amparo mutuo excluye la idea de beneficio o provecho lucrativo. como comercial o mercantil que es. mientras que en el amparo mutuo se obtiene un servicio por los convenios de cooperación. participación y ayuda mutua. El seguro expide póliza. que para esos efectos constituyen "fondos mutuales" o "amparos mutuales". 3 de la Ley 79 de 1988) 7.1080). 2. 5. el amparo mutual presupone un convenio o contrato de asociación de la cual emana la obligación de cotizar o contribuir y el derecho de auxilio. el fondo mutual responderá hasta el monto total de dicho fondo. 6. no obstante lo cual las diferencias entre ambos conceptos vienen dadas porque: "1. Destaca también que los cuatro elementos mencionados en el artículo 1045 del código de comercio. que los alejan desde su mismo fundamento del contrato de seguros. Dicha intervención pone de relieve que los servicios de previsión y solidaridad. (. Tales servicios de previsión..Primer caso: Cuando los servicios funerarios son prestados por entidades cooperativas: 19. Sin embargo. para lo que interesa a este asunto. 4.. el carácter bilateral y oneroso del contrato de seguros. que origina la relación asociativa. como los servicios funerarios que prestan las cooperativas. El seguro comercial presupone en contrato bilateral del cual emanan obligaciones y derechos recíprocos. ejecutan e interpretan conforme a los principios de solidaridad cooperativa. Es decir. En el seguro existe prima fija.) ". En el seguro la prima no es susceptible de aumento o disminución. en donde siempre hay de un lado un sujeto llamado "asegurador" y otro llamado "tomador".se transforma en real con el siniestro (art. Sobre las diferencias que podrían detectarse entre el contrato de seguro funerario o exequial y el de servicios funerarios varias de las intervenciones son prolíferas. forma parte de la propiedad colectiva o solidaria d la entidad de la cual los asociados amparados son los mismos dueños. c) Diferencias entre el contrato de seguro funerario o exequial y el contrato de servicios funerarios. El seguro comercial supone la concurrencia de dos persona distintas en la relación: el asegurador y el asegurado. Es también un contrato 23 consensual . se inspiran. 3. asistencia y solidaridad son prestados por entidades solidarias supervigiladas. mientras en el amparo mutual ésta. entre quienes se convienen las obligaciones y derechos contractuales.
los servicios funerarios prestados por entidades cooperativas constituyen una práctica autogestionaria solidaria. Ahora bien. El contrato de servicios funerarios no implica la captación de recursos del público. definido en el artículo 111 de la Ley 795 de 2003. pues de tales "planes" por ellas ofrecidos se benefician actualmente seis millones de personas (. adicionalmente la obligación que surge como contraprestación al pago de las "cuotas" consiste en la prestación de un servicio en especie y no en el pago de una indemnización. en los servicios funerarios no existe "prima".. Para la Corte. por todas las diferencias sustanciales detectadas. . -Segundo caso: cuando los servicios funerarios son prestados por empresas que no son de carácter solidario: 20.. la Corte también considera que no se está en presencia de un contrato de seguros. al paso que el contrato de seguros es de naturaleza bilateral y onerosa. la Corte estima que aun en el caso en el que los servicios funerarios a que se refiere el artículo 111 de la Ley 795 de 2003 se contratan con una empresa comercial no perteneciente al sector cooperativo (la ley no restringe esta posibilidad luego debe entenderse abierta a los particulares). Así las cosas. A esta conclusión arriba a partir del hecho de que en el proyecto de artículo que vino a ser el 111 de la Ley 795 de 2003 se definía que "las sociedades comerciales y las entidades de carácter cooperativo mutual" podrían prestar los servicios exequiales bajo la modalidad jurídica llamada servicios funerarios. y señala que a falta de cualquiera de ellos el contrato de seguro no producirá efecto alguno. pues en ellos la ley habla de cuotas fijadas con antelación cuya cancelación oportuna da derecho a la prestación del servicio. se tiene que no sólo las entidades cooperativas o de economía solidaria prestan los servicios funerarios que aparecen regulados en el artículo 111 bajo examen. Concepto este que difiere de la noción de prima pues el elemento de prepago ubica al contrato en una categoría diversa al puro contrato de seguros. para la Corte es claro que los servicios de asistencia y solidaridad de carácter funerario prestados por entidades del sector solidario no constituyen contratos de seguros. 25 Corrobora lo anterior el hecho de que en una de las intervenciones se afirme que "el sector funerario" desarrolla esta actividad "que ha sido inherente al giro ordinario del negocio" y que el excluir a las empresas funerarias de la celebración de los contratos exequiales les traería consecuencias francamente negativas. y que pasan a comentarse: El artículo 1. la prima y la obligación condicional del asegurador. sino de una forma jurídica diversa con características especiales.fundamento filosófico como en los efectos jurídicos que de allí se derivan. Ello por las diferencias entre ambas instituciones que reseñan algunas de las intervenciones. sino que también las empresas funerarias -que como es sabido pueden organizarse bajo otras formas asociativas como por ejemplo la de sociedad comercial.ofrecen ese tipo de servicios al amparo de esa forma jurídica.). como es lo propio del contrato de seguros. Aquí. Además. En efecto. existen suficientes razones para que el legislador disponga que se trata de una relación jurídica que no constituye contrato de seguros. No obstante. el contrato de seguros es siempre aleatorio y el de servicios funerarios no lo es. el riesgo asegurable.045 del Código de Comercio establece los elementos esenciales del contrato de seguro. En vista de lo anterior. que permite distinguirlos con claridad de ese contrato comercial. y que es posible que ellos sean ofrecidos al público directamente por empresas funerarias que revistan otras formas asociativas. encuentra que no sólo a través de este tipo de formas asociativas cooperadas o solidarias se presta este tipo de servicios. ausente de ánimo de lucro. Dichos elementos son "interés asegurable". y que en vista de eso permita que otras personas distintas de las compañías aseguradoras lo lleven a cabo.
constituye captación masiva de recursos de manos del público por parte de las entidades financieras. o por parte de las compañías constituidas como compañías aseguradoras (criterio orgánico). Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios. a la vista o en un plazo convenido. el artículo 1° de esa disposición (modificado por el artículo 1° del Decreto 1981 de 1988) dispone que se entiende que las entidades 26 financieras captan dineros del público en forma masiva y habitual en uno cualquiera de los siguientes casos: "1. En cualquiera de los casos señalados debe concurrir además una de las siguientes condiciones: a) Que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones indicadas sobrepase el 50% del patrimonio líquido de aquella persona. aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. aunque la ley no precisa quiénes pueden celebrar esta última clase de contrato. Parágrafo 1°. que lo consideran una forma de servicio de asistencia y solidaridad. de conformidad con lo prescrito por el Decreto 3227 de 1982. Se ha dicho también que al legislador le asiste un amplio margen de libertad para definir en qué consiste la actividad aseguradora. 2. y contra reembolso de un precio. A este respecto encuentra que la actividad de quienes prestan los llamados servicios funerarios no se encuadra dentro de aquella que. como bien pueden ser las sociedades comerciales cuyo objeto es ser empresas funerarias. en la práctica es desarrollado por las empresas de economía solidaria. cuando aparecen otros elementos jurídicos que estima relevantes para otorgar un tratamiento legal diferente. Se ha detectado también que.21. Cuando su pasivo para con el público esté compuesto por obligaciones con más de veinte (20) personas o por más de cincuenta (50) obligaciones. en los términos de los artículos 335 y concertantes de la Constitución. implican tal manejo. vigilancia y control del Estado. se ha hecho ver que cualquier actividad. incluso si conllevan la formación de mutualidades. Cuando. aprovechamiento o inversión de recursos captados del público debe quedar sujeta a la intervención. conjunta o separadamente. llámese aseguradora o no. y por otro tipo de entes. haya celebrado en un período de tres (3) meses consecutivos más de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario. Por lo tanto es menester que la Corte estudie si los llamados servicios funerarios a que se refiere el artículo 111 acusado. decidir que no es aseguradora toda actividad que involucre elementos asegurativos o de traslado de riesgos. que el legislador ha decidido catalogar como actividad no aseguradora. en cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona. Sin embargo. Como un resumen de lo hasta aquí dicho se concluye que existen algunas diferencias entre el contrato de seguros que celebran las compañías de seguros y los servicios funerarios a que se refiere el artículo 111 acusado. Para determinar el período de los tres (3) meses a que se refiere el inciso anterior. Puede también decidir que sólo es aseguradora la actividad que se desarrolla bajo la forma jurídica pura del contrato de seguros (criterio formal). o haya vendido títulos de crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la misma especie. En efecto. o b) Que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o . indicando qué operaciones no la constituyen. que implique el manejo. podrá tenerse como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de los contratos de mandato o de las operaciones de venta. para lo cual puede válidamente acudir a criterios negativos. desechando el criterio material. Desde este punto de vista puede el Congreso.
Examen concreto de constitucionalidad de las normas acusadas 22. 2º de afinidad y único civil. Al parecer de la Corte. transporte de acompañantes. el hecho de que califique como no aseguradora la actividad de prestación de servicios funerarios. el llamado "destino final" puede revestir una de dos modalidades: "inhumación o cremación del cuerpo". No quedarán comprendidos dentro de los cómputos a que se refiere el presente artículo las operaciones realizadas con el cónyuge o los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. o con los socios o asociados que. está impidiendo a las compañías de seguros explotar el ramo de seguros funerarios o exequiales." Al parecer de la Corte. si como se ha visto el contrato de seguros exequiales no es idéntico a los servicios funerarios. Tampoco se computarán las operaciones realizadas con las instituciones financieras definidas por el artículo 24 del Decreto 2920 de 1982. la Corte emprende el examen concreto de constitucionalidad que se le pide. Para algunos de los intervinientes y a juicio del Ministerio Público. No al contrato de seguros. o involucrar también otras llamadas complementarias (arreglos florales. del artículo 111 no se deduce directamente que el legislador prohíba a las compañías aseguradoras explotar el ramo de seguros funerarios o exequiales. En efecto. el hecho de que el legislador no considere a esta última figura como "actividad aseguradora". A estas posibles variantes de la contratación es que se refiere la expresión "cualquiera sea su modalidad de contratación y pago"contenida en el referido artículo 111. lo cual resulta contrario a los postulados superiores que prescriben la intervención del Estado en dichas actividades. al calificar de no aseguradora la prestación de servicios funerarios "cualquiera sea su modalidad de contratación y pago". sala de velación y trámites civiles y eclesiásticos). . posean individualmente una participación en el capital de la misma sociedad o asociación superior al cinco por ciento (5%) de dicho capital. además. La expresión "cualquiera sea su modalidad de contratación y pago". se refiere igualmente a las diversas formas en que pueden contratarse los servicios funerarios. Con fundamento en las consideraciones anteriores. suministro de carroza fúnebre para el servicio. Estima entonces la Corte que el artículo 111 sólo se refiere a la prestación de servicios funerarios. cofre fúnebre. Además. Recuérdese que según el artículo 111 tales servicios pueden incluir solamente una serie de actividades básicas (preparación del cuerpo. o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares. la prestación de servicios funerarios consistentes en el conjunto de actividades organizadas para la realización de honras fúnebres llevadas a cabo como contraprestación al pago de cuotas periódicas no se encuadra dentro de la descripción normativa transcrita referente a la captación masiva de recursos de manos del público. traslado del cuerpo. en especial el alcance de la expresión "cualquiera sea su modalidad de contratación y pago".privadas a personas innominadas. justamente por las diferencias entre ambas figuras jurídicas que han sido anotadas en las consideraciones anteriores. no conlleva que el contrato de seguros exequiales tampoco lo sea. Parágrafo 2°. avisos murales y de prensa. no implica que el contrato de seguros tampoco lo sea. Es decir. el legislador. acompañamientos musicales). obtención de licencias de inhumación o cremación. aprovechamiento o inversión del ahorro privado. teniendo previamente esta calidad en la respectiva sociedad o asociación durante un período de seis (6) meses consecutivos. La Corte estima que para pronunciarse sobre la exequibilidad de la disposición que examina es necesario precisar su sentido. algunos agregan que con esa misma calificación se sustraería de la vigilancia estatal una actividad que implica el manejo.
ninguno de los cargos aducidos en la presente demanda se refieren la inconstitucionalidad de la autorización para crear cooperativas de segundo grado que se concede a las mencionadas organizaciones cooperativas. en relación con los cargos de inconstitucionalidad material alegados. aprovechamiento o inversión del ahorro privado. . para permitir que las entidades cooperativas que prestan directamente servicios de asistencia y solidaridad que operan sobre bases técnicas similares a las de los seguros puedan "crear una cooperativa que administre los productos relacionados con tales fines". entre otras.» 1 Cf. la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. según su naturaleza jurídica respectiva. C. personas o empresas que los prestan a las mismas reglas de vigilancia y control que rigen la actividad aseguradora. Sentencia C-700 de 1999. Por último debe la Corte señalar que contra el alcance normativo del artículo 110 de la Ley 795 de 2003 no fueron aducidos en el presente proceso cargos de violación constitucional por razones de fondo. conforme a las normas vigentes siguen explotando dicho ramo. Ahora bien. Al parecer de la Corte. Tercero.Por todo lo anterior la Corte rechaza la exégesis del artículo 111 de la Ley 795 de 2003 según la cual él implica la exclusión de las compañías de seguros de la explotación del ramo de seguros funerarios. En tal virtud. Por lo tanto la compañías de seguros pueden celebrar contratos de seguros exequiales u ofrecer amparos funerarios. 24. ni conlleva el someter a las cooperativas. Así pues. VII. si tienen la correspondiente autorización. aprovechamiento o inversión del ahorro privado. INHIBIRSE de efectuar un pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad material del artículo 110 de la Ley 795 de 2003. siempre que se reúnan los requisitos para la existencia del contrato de seguros. En tal virtud. Empero. respecto del artículo 110 de la Ley 795 de 2003 se inhibirá de producir un fallo de fondo. 23. como se dijo. DECISIÓN En mérito de lo expuesto. hay que señalar que tales cooperativas. personas o empresas que presten servicios exequiales deben sujetarse a la vigilancia y control que legalmente les corresponda. anteriormente se ha visto cómo la prestación de servicios funerarios no es actividad que pueda ser considerada como captación masiva de recursos del público. respecto de los cargos examinados por vicios de fondo. Declarar EXEQUIBLE el artículo 111 de la Ley 795 de 2003. respecto de los cargos examinados por vicios de forma. En efecto. lo cual resultaría contrario a los postulados superiores que prescriben la intervención del Estado en dichas actividades. Segundo. en cuanto a la acusación según la cual el artículo 111 sustraería de la vigilancia estatal una actividad que implica el manejo. RESUELVE: Primero: Declarar EXEQUIBLES los artículos 110 y 111 de la Ley 795 de 2003. por lo cual el referido cargo debe considerarse improcedente. es decir una cooperativa de segundo grado. si no se produce esta captación. Estas compañías. el alcance de dicha disposición es modificar el aparte final del artículo 72 de la Ley 79 de 1988. consecuencialmente tampoco puede hablarse de manejo. el que el legislador exprese que no constituye actividad aseguradora la prestación de servicios exequiales no viola ningún artículo de la Constitución Política.955 de 2000.
6 Ibídem. que son usuarios y beneficiarios de los servicios funerarios". salvo la excepción consagrada en el artículo 96 de la presente ley. sobre el cual no se tiene certeza de su ocurrencia. sobre el cual no se tiene certeza de su ocurrencia. 10 J. Se hace ver que los requisitos no quedaron en el texto definitivo de la ley. cuenta con la facultad discrecional propia de las superintendencias para exigir lo que considere adecuado conforme a la ley a cada entidad solidaria. Ninguna persona natural podrá tener más del diez por ciento (10%) de los aportes sociales de una cooperativa y ninguna persona jurídica más del cuarenta y nueve por ciento (49%) de los mismos. P. 11 Nótese que el parágrafo preveía la existencia de empresas que prestaran este tipo de servicios y que no llegaran a cumplir con los requisitos fijados en el artículo. José Gregorio Hernández Galindo. C-024 de 1994. Aquellos de índole económica serán especializados en determinado ramo o actividad. 16 Artículo 96. P.404 de 2001 M.2 Sentencia C-955 de 2000. los organismos cooperativos de segundo y tercer grado deberán establecer en los estatutos el régimen del voto y . el contrato de seguros. asociaciones mutualistas. 4 Sentencia C-955 de 2000. en número de asociados. o como el peligro que amenaza la vida o el patrimonio de las personas. En las asambleas generales corresponderá a cada asociado un solo voto. La forma de enfrentar el riesgo así entendido presenta diversas modalidades jurídicas de carácter preventivo o compensatorio." 13 Artículo 33. Tratado elemental de seguros. En los organismos de segundo grado podrán participar además. 14 Artículo 50.. Entre estos requisitos estaba el de no ser sociedades comerciales o cooperativas y no cumplir con ciertos requerimientos de patrimonio o capital mínimo. En efecto. Explica que dada la diferencia entre el contrato de servicios funerarios y el contrato de seguros. en volumen de operaciones. 8 Entendiendo por tal. 3 Sentencia C-196 de 1998. Vg. 7 Sentencia C. las medidas de asistencia social o de beneficencia pública. Pág. 1956. Efrén Ossa Gómez. pero en algunos de ellos no existen en absoluto referencias sociales o jurídicas que permitan calificarlos como actividad aseguradora. La intervención de la Superintendencia de la Economía Solidaria expresa que ese recorte de la norma obedeció a que "la Superintendencia de Economía Solidaria en su gestión de supervisión y control y autorización de este tipo de actividades "prestación de servicios funerarios a través de fondos mutuales". y les daba un plazo para transformarse y cumpliros. Bedout. por lo cual "es natural que sea una facultad discrecional de la Superintendencia de la Economía solidaria.871 de 2002. o el peligro que amenaza la vida o el patrimonio de las personas. 15 Artículo 92. José Gregorio Hernández Galido. Los de carácter regional se constituirán con no menos de cinco cooperativas. fondos de empleados. etc. C-530 de 1993. pero el parágrafo en comento sí. En todos estos casos está presente un riesgo que se trata de prevenir o de remediar. Las cooperativas podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines económicos o sociales en organismos de segundo grado de carácter nacional o regional. los requisitos generales que se exigen a las entidades aseguradoras pueden ser los mismos que los que se piden a las entidades de economía solidaria. 9 La anterior conclusión se ve reforzada cuando se evidencia que en el orden jurídico existen diversas instituciones encaminadas a enfrentar "riesgos" y que muchas de ellas no han sido consideradas nunca como actividad aseguradora y tampoco se identifican con el contrato de seguros. Ed. el desplazamiento del riesgo mediante cláusulas contractuales (como las que obligan a alguno de los contratantes a responder aun en el evento de fuerza mayor o caso fortuito). 5 Sobre concepto jurídico indeterminado cf. Medellín. la posibilidad de pérdida o desembolso. precisamente estatuida para salvaguardar el interés público en relación con las entidades cooperativas del sector solidario. entre otras. según la definición doctrinaria comúnmente aceptada.. Marco Gerardo Monroy Cabra. Los asociados o delegados convocados no podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto. M. denominadas sociedades mutuarias por la Ley 24 de 1981 y demás instituciones sin ánimo de lucro que puedan contribuir o beneficiarse de las actividades que desarrollen estos organismos. teniendo en cuenta su diversidad de tamaño. 12 Respecto de las razones por las cuales dichos apartes fueron omitidos en el texto definitivo. Los organismos de segundo grado de carácter nacional. P. 15. la doctrina suele definir de manera general el riesgo como "la posibilidad de pérdida o desembolso". las sentencias C. requieren para constituirse un número mínimo de diez cooperativas. Tales son. M. no hay ninguna explicación en los antecedentes legislativos de los artículos acusados. C-371 de 2002. las reservas contables que se obliga hacer a ciertas personas jurídicas.
o un grupo determinado de personas. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. las corporaciones de ahorro y vivienda. En todo caso. pág. Efrén. y las demás sometidas al control de la Superintendencia Bancaria. fijando un mínimo y un máximo que asegure la participación de sus miembros e impidan el predominio excluyente de algunos de ellos. J. Bogotá-Colombia 1991. las sociedades administradoras de fondos de inversión. M. las compañías de seguros y de capitalización. 1°. Teoría General del Seguro . 25 Intervención de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO. Dr. exceptuando los sociedades administradoras fondos de inversión. asistencia y solidaridad para sus miembros. la norma incorpora requisitos prudenciales que deben cumplir los interesados en realizar contratos de prestación de servicios. P. Editorial Temis. 18 Artículo 65. y las demás sometidas. obrante en el expediente a folios 239 y siguientes. 2. los bancos. Martha Sáchica de Moncaleano. al control de la Superintendencia Bancaria. las corporaciones financieras. 11). las cooperativas podrán comprender en su objeto social la prestación de servicios de previsión. 22 Sentencia C-269 de 1999. En tal sentido precisa que no constituye actividad aseguradora el contrato de prestación de servicios exequiales por virtud del cual una persona. para estos efectos. Ley 389 art. incrementos progresivos de las reservas y fondos con cargo el ejercicio anual. M.P. Sentencia No. en donde se dijo lo siguiente: "finalmente. adquiere el derecho cierto de recibir en especie unos servicios de tipo exequial por un término indefinido. 19 La única referencia que existe en los antecedentes legislativos de los artículos acusados relativa a las razones por las cuales los mismos se introdujeron al proyecto es la explicación dada en la ponencia para primer debate en el Senado. al volumen de operaciones con la entidad. mediante la presente ponencia se introduce una definición que permite determinar la prestación de servicios exequiales prepagados que no constituye actividad aseguradora. Sala de Casación Civil. Igualmente podrán prever en sus presupuestos y registrar en su contabilidad. reglamentado por el Decreto 3227 de 1982. las compañías de financiamiento comercial. 23 Cf. modificado por el Decreto 1981 de 1988) . Pág.. 24 Intervención de la Superintendencia de la Economía Solidaria.(Decreto legislativo 2920 de 1982. Así mismo. 26 Se entiende por entidades financieras.representación proporcional al número de asociados. o a una combinación de estos factores. mediante el pago previo de las cuotas fijadas con antelación. exceptuando las sociedades urbanizadoras de que trata la Ley 66 de 1968. 002 del 24 de enero de 1994. Las cooperativas podrán crear por decisión de la asamblea general otras reservas y fondos con fines determinados.El Contrato. 20 Corte Suprema de Justicia. 17 Artículo 56." (Gaceta del Congreso 464 del 1° de noviembre de 2002. 21 Ossa G.
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