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Timestamp: 2020-07-14 16:27:17
Document Index: 78457037

Matched Legal Cases: ['artículo 187', 'artículo 156', 'artículo 334', 'artículo 336', 'artículo 49', 'artículo 187', 'artículo 156', 'artículo 334', 'artículo 334', 'artículo 336', 'artículo 49', 'artículo 25']

COMENTARIOS A LA SENTENCIA DE LA
SALA DE CASACIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA QUE REFORMÓ EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
Artículo en proceso de publicación en el Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales nro. 160, correspondiente al período enero-junio 2020, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2020.
Resumen: La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia usurpó funciones legislativas; distorsionó la naturaleza, sentido y alcance del control difuso de constitucionalidad y del recurso de omisión legislativa; violó el principio de separación de poderes y el de legalidad; usurpó competencias de la Sala Constitucional y violó el debido proceso y el derecho a la defensa.
Palabras Clave: Control difuso, omisión legislativa, usurpación de funciones, separación de poderes, principio de legalidad,debido proceso, derecho a la defensa.
Abstract: The Civil Chamber of the Supreme Court of Justice infringed legislative functions; distorted the nature, meaning and scope of judicial review and the legislative omission recourse; violated the principle of separation of powers and the rule of law; usurped powers of the Constitutional Chamber, violated due process and the right to a defence.
Key words: Judicial review, legislative omission recourse, separation of powers, rule of law, due process, right of defense.
I. De la sentencia de la Sala de Casación Civil
II. De la inconstitucionalidad de la sentencia
III. De la posibilidad de recurrir la sentencia para su revisión por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
i. De la sentencia de la Sala de Casación Civil número 397
ii. De la inconstitucionalidad de la sentencia 397
(i) usurpó las funciones legislativas propias, exclusivas y excluyentes de la Asamblea Nacional (artículo 187, numeral 1, en concordancia con el artículo 156, numeral 32) y, en consecuencia,
(ii) violó el principio de separación de poderes y de legalidad (artículos 136 y 137, respectivamente, de la Constitución);
(iii) violó la naturaleza, sentido y alcance del control difuso de la constitucionalidad (artículo 334 de la Constitución); y
(iv) usurpó las competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al ejercer de oficio el control de constitucionalidad por omisión legislativa sobre la Asamblea Nacional (en violación del artículo 336, numeral 7, de la Constitución) y, por vía de consecuencia,
(v) violó el debido proceso y el derecho a la defensa consagrados en el artículo 49 de la Constitución, por cuanto prescindió total y absolutamente del proceso establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículos 128 al 145, para la sustanciación y decisión del recurso por omisión legislativa.
1. Usurpación de las funciones de la asamblea nacional (artículo 187, numeral 1, en concordancia con el artículo 156, numeral 32)
2. Violación del principio de separación de poderes y de legalidad (artículos 136 y 137, respectivamente, de la Constitución)
3. Violación del control difuso de la constitucionalidad (artículo 334 de la Constitución)
La sentencia 397 invadió las competencias propias, exclusivas y excluyentes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en violación de los artículos 266, primer aparte, 334 y 336, numeral 1, de la Constitución.
Ratificamos que el control difuso tiene solo efectos inter partes y no erga omnes, es decir, el juez que ejerce el control difuso no anula la norma inconstitucional, no puede hacer una declaratoria de carácter general o particular, como lo ha hecho arbitrariamente la Sala de Casación Civil en la sentencia 397, antes y, por el contrario, el juez debe limitarse a desaplicar, en el caso concreto, la norma cuya aplicación se pretenda.
El Tribunal Supremo de Justicia ha ratificado el criterio conforme al cual los efectos del control difuso sólo aplican al caso concreto, sin que ello implique la anulación de la norma desaplicada en muchas ocasiones. Al respecto téngase en cuenta la sentencia número 00124 de la Sala Político-Administrativa de fecha 13 de febrero de 2001, por medio de la cual se determinó que en “la aplicación preferente de la Constitución por los jueces (CRBV: 334) respecto a las interpretaciones de normas subconstitucionales que la contradigan (desaplicación singular: control difuso de la constitucionalidad), lo cual si bien mantiene su validez, ocasiona la pérdida de la eficacia de la norma cuestionada para el caso concreto, cuando ello fuera necesario para su solución en el mismo, conforme a la Constitución y dictando las medidas conducentes a tales fines”.
Por lo tanto, el juez que ejerce el control difuso no anula la norma inconstitucional haciendo una declaratoria de carácter general o particular en ese sentido, sino que se limita a desaplicarla en el caso concreto en el que consideró que los artículos de la ley invocada, o hasta la propia ley coliden con la Constitución.
De esta forma determinó la Sala Constitucional que el control difuso de la constitucionalidad procede cuando el juez, en la causa que está conociendo, reconoce que una norma jurídica es incompatible con la Constitución, y, a instancia de parte o de oficio, decide desaplicarla y dejarla sin efecto para el caso concreto, y sólo en relación con éste, haciendo prevalecer de esta forma la norma constitucional (véase también sentencia número 842 de fecha 28 de mayo de 2001 de la SC).
Tengamos presente también la sentencia de fecha 26 de julio de 2002, caso “Importadora y Exportadora Chipendele, C.A.”, mediante la cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó que “El juez en un caso concreto, resta eficacia a una norma jurídica por considerar que es contraria al texto fundamental. El criterio que lleva al juez a considerar como determinada norma jurídica únicamente produce efectos en el caso concreto.”
El juez, en ejercicio del control difuso sólo puede desconocer la eficacia de una norma legal o sublegal, de carácter general y abstracto, cuando esta colida con los preceptos constitucionales, para el caso concreto y cualquier otra decisión del juez que exceda este desconocimiento o desaplicación –como es el caso de la sentencia– trasgredirá las facultades otorgadas por el artículo 334 de la Constitución para el ejercicio del control difuso de la constitucionalidad.
4. Usurpación de competencias de la Sala Constitucional en la declaratoria de inconstitucionalidad por omisión (artículo 336, numeral 7 de la Constitución)
5. Violación el debido proceso y el derecho a la defensa consagrados en el (artículo 49 de la Constitución, y artículos 128 al 145 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia)
Veamos la sentencia número 1043 del 31 de mayo de 2004 (caso “Consejo Legislativo del Estado Zulia”), por medio de la cual se estableció que “es constitucionalmente imposible incluso para esta Sala, pese a su amplia competencia constitucional transformarse en legislador y proporcionar a la colectividad las normas que exige”.
(ii) violó también el principio de separación de poderes y de legalidad (artículos 136 y 137, respectivamente, de la Constitución);
iii. De la posibilidad de recurrir la sentencia 397 para su revisión por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
(i) Contra las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva
(ii) Contra las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los Tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.
(iii) Contra las sentencias definitivamente firmes en las que se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las leyes u otras normas jurídicas, que sean dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República.
Asimismo, es procedente este mecanismo de impugnación contra sentencias de las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales se hallan igualmente sujetas a los criterios de interpretación constitucional fijados por la Sala Constitucional (sentencia número 93 del 6 de febrero de 2001, caso “Olimpia Tours and Travel vs. Corporación de Turismo de Venezuela”; artículo 25, numeral 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).