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Timestamp: 2016-12-03 09:36:48
Document Index: 400173231

Matched Legal Cases: ['artículo 141', 'artículo 41', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 57', 'artículo 32']

Publicado en BOE de 07 de Julio de 1988
Vigencia desde 08 de Julio de 1988.
Origen de los expedientes
Preámbulo El título VII de la Ley 11/1977, General Presupuestaria, de 4 de enero, regula las responsabilidades que frente a la Hacienda Pública contraigan las autoridades y funcionarios de cualquier orden que por dolo, culpa o negligencia graves adopten decisiones con infracción de las disposiciones de la misma.
Las responsabilidades exigibles han de ser delimitadas en el correspondiente expediente administrativo de responsabilidad contable, cuando se trate de infracciones tipificadas en los apartados b) al g) del artículo 141.1, de la Ley, sin perjuicio de la facultad del Tribunal de Cuentas de avocar el conocimiento del asunto, a tenor de lo previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo y en el apartado e) del artículo 3.º de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, con aprobación del Ministerio para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 1 de julio de 1988, dispongo:
Expedientes administrativos de responsabilidad contable 1. Los expedientes de responsabilidad contable que se incoen en vía administrativa como consecuencia de infracciones contempladas en el título VII de la Ley General Presupuestaria, se tramitarán con arreglo a lo que se dispone en el presente Real Decreto.
Origen de los expedientes 1. Los expedientes administrativos de responsabilidad contable podrán ser originados por:
3. Si las comunicaciones, informes y documentación recibida por el Ministerio de Economía y Hacienda carecieran de tales precisiones, o no incluyeran los datos y antecedentes necesarios a los fines indicados, dicho Departamento recabará la ampliación de datos que sea pertinente. En su caso, el Ministro de Economía y Hacienda podrá acordar la instrucción de una información reservada, con anterioridad al acuerdo de incoación de expediente por el Organo competente.
La información reservada podrá ser encomendada a los funcionarios u Organo que intervinieron en las actuaciones preliminares.
Competencia 1. Son órganos competentes para incoar expedientes administrativos de responsabilidad contable:
2. A efectos del número precedente se considera Autoridad a los altos cargos de la Administración del Estado, que se determinen en el artículo 1.º de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre.
Designaciones 1. El Organo competente para la incoación de los expedientes de responsabilidad contable, lo será también para la designación del Instructor, así como, en su caso, de los adjuntos al Instructor, que actuarán a las órdenes del mismo.
2. La incoación del expediente y el nombramiento del Instructor y en su caso, del Secretario serán notificados al posible responsable y al órgano que lo hubiera promovido.
4. Con objeto de cumplimentar los nombramientos del Instructor y Adjunto al mismo a que se refiere el primer apartado de este artículo, el Ministro de Economía y Hacienda elevará la correspondiente propuesta, o los designará directamente, entre los funcionarios designados en el Departamento que considere idóneos para el ejercicio de dichas funciones.
Colaboración Todos los Organismos y Dependencias de la Administración del Estado están obligados a proporcionar al Instructor y a los Adjuntos, en su caso, los antecedentes e informes necesarios, así como cuantos medios resulten precisos, facilitándoles el acceso a las oficinas, centros, dependencias y establecimientos de todo orden prestándoles la colaboración necesaria para el cumplimiento de su misión.
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, la negativa a cooperar y la interferencia o perturbación de las actuaciones podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidad. A tal efecto, el Instructor lo comunicará al Ministerio de Economía y Hacienda y al superior jerárquico de quien incumpla lo anteriormente señalado, sin perjuicio de continuar la tramitación del expediente.
Medidas provisionales 1. Iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó la incoación podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos amparados por las Leyes.
5. Si como consecuencia de lo dispuesto en el apartado anterior se incoará expediente disciplinario contra el funcionario sujeto a expediente de responsabilidad contable, la Autoridad que hubiese acordado dicha incoación lo comunicará al Ministro de Economía y Hacienda. Igualmente le serán comunicados los acuerdos de suspensión provisional del funcionario que pudieran adoptarse conforme a lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
6. La suspensión provisional de la tramitación del expediente de responsabilidad contable sólo podrá ser decidida mediante acuerdo motivado por el Organo que ordenó su incoación.
7. Cuando en el curso de un expediente administrativo de responsabilidad contable el Instructor tenga conocimiento de que en el mismo está actuando o es competencia del Tribunal de Cuentas, deberá comunicarlo, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, al Organo que ordenó la incoación del expediente, el cual, a su vez, lo pondrá en conocimiento de dicho Tribunal a los efectos procedentes. El Instructor suspenderá la tramitación del expediente hasta que se produzca la decisión del Tribunal de Cuentas.
Iniciación El Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias y actuaciones sean adecuadas para la concreción, esclarecimiento y comprobación de los hechos y en especial la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción.
Pliego de cargos A la vista de las actuaciones practicadas el Instructor formulará el correspondiente pliego de cargos, comprendiendo en el mismo los hechos imputados, con indicación, en su caso, de la infracción presuntamente cometida y con la exposición y cuantificación concreta de los daños y perjuicios causados a los bienes y derechos de la Hacienda Pública de los que se derive obligación de indemnizar.
En este trámite deberá solicitar, si lo estima conveniente, la practica de las pruebas que para su defensa crea necesarias.
Práctica de pruebas 1. Contestado el pliego, o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Instructor podrá acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas, así como la de aquellas otras que considere pertinentes. Para la práctica de las pruebas se dispondrá del plazo de un mes, que podrá ser ampliado por el Instructor en los términos del artículo 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Propuesta de resolución 1. El Instructor formulará, dentro de los diez días siguientes, la propuesta de resolución en la que fijará con precisión los hechos, motivando, en su caso, la denegación de las pruebas propuestas por el inculpado, hará la calificación jurídica de los mismos para determinar las infracciones que se estimen cometidas señalando, en su caso, la responsabilidad del inculpado, la valoración de los daños y perjuicios causados a los bienes y derechos de la Hacienda Pública y la propuesta de imposición a los responsables de la obligación de indemnizar en la cuantía y plazo que proceda.
Resolución del expediente Recibido el expediente completo, una vez cumplidos todos los trámites del artículo anterior, la Unidad de Responsabilidades Administrativas lo remitirá a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado o al Servicio Jurídico del Estado del Departamento, según que el expediente deba ser resuelto por el Gobierno o por el Ministro de Economía y Hacienda, para que se emita informe con arreglo a derecho.
Recurso Contra la resolución de los expedientes de responsabilidad contable se podrá recurrir ante el Tribunal de Cuentas dentro del plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.
Naturaleza de la indemnización 1. Las cantidades que la resolución del expediente determine como indemnización a la Hacienda Pública tendrán la consideración de derechos económicos de la misma, gozarán del régimen a que se refiere el artículo 32, párrafo uno, de la Ley General Presupuestaria y su cobro se realizará, en su caso, por la vía de apremio. A estos efectos se dará traslado de la resolución a la Delegación de Hacienda correspondiente.
Cuando por insolvencia del deudor directo se derive la acción a los responsables subsidiarios, el interés se calculará a contar del día en que se la requiera el pago.