Source: http://www.slidesearchengine.com/slide/cuarto-informe-legislativo-2015-2016
Timestamp: 2018-12-12 12:07:24
Document Index: 344729269

Matched Legal Cases: ['Artículo 29', 'Artículo 33', 'Artículo 29', 'artículo 29', 'Artículo 29', 'artículo 33', 'artículo 33', 'Artículo 33', 'artículo 33', 'Artículo 33', 'artículo 237', 'artículo 198', 'Artículo 4', 'artículo 205', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 80', 'artículo 1915', 'artículo 1915', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 123', 'artículo 123']

Cuarto Informe Legislativo 2015- 2016, SlideSearchEngine.com
Cuarto Informe Legislativo 2015- 2016
Information about Cuarto Informe Legislativo 2015- 2016
Author: angelicadelap
1. Presentación Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas Ley General contra Tortura Ley Nacional de Ejecución Penal Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional Ley Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional Señalamientos en contra al Código Militar de Procedimientos Penales Entrega del Informe Preliminar por parte del GIEI sobre el caso Ayotzinapa Entrega del Informe Final por parte del GIEI sobre el caso Ayotizinapa Alternativas para la designación de Ministros de la SCJN Reunión de Comisiones Unidas de Anticorrupción Reforma Política de la Ciudad de México Iniciativa para la regulación del uso y consumo de la marihuana Uso legal de la marihuana medicinal Interrupción del embarazo en caso de riesgo de salud para la madre Garantizar el servicio a guarderías a hombres derecho habientes Resumen de Actividades Legislativas ÍNDICE
2. Iniciativa / Aprobación Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas Los graves acontecimientos de Iguala, Cocula y Ayotzinapa, derivaron entres otras decisiones en que familiares de las personas heridas y desaparecidas recurrieran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos para solicitar de manera urgente medidas cautelares al Estado mexicano, entre ellas, se propone la creación de una legislación nacional sobre desaparición de personas fundada en los preceptos de los Tratados Internacionales que México ha aprobado. Ante ello, el 17 de septiembre de 2015 propuse expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas; así como reformas a los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, a fin de tipificar los delitos de desaparición a partir de los criterios establecidos en los Tratados Internacionales de los que México forma parte. El proyecto, que se compone de 60 artículos, determina las bases de coordinación y distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar los delitos de desaparición de personas. Se establece que las instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia de los tres órdenesdegobierno,enelámbitodesucompetencia, deberán coordinarse. Las Procuradurías o Fiscalías de la Federación y de las entidades federativas deberán crear y operar unidades especiales para la investigación de las conductas previstas en la Ley. Se plantea la creación de un Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas cuyo propósito es organizar y concentrar información sobre personas privadas de su libertad en cualquier modalidad de resguardo o detención. Corresponderá al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el diseño, implementación y actualización de un segundo registro: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, cuyo objetivo es organizar y concentrar información sobre personas desaparecidas y sobre aquellas de las que se desconozcan sus datos de filiación, identificación y domicilio, a fin de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia. El Registro Nacional de Perfiles Genéticos concentrará información de personas desaparecidas, de familiares en primer grado en línea recta de las víctimas, y de los restos que eventualmente se encuentren de personas de las que se desconozcan datos de identificación. La declaración de ausencia por desaparición pretende reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a desaparición, y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares. La ley integra un apartado de atención a víctimas y la reparación integral del daño. La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.
3. Ley General para la Desaparición de Personas
4. Iniciativa / Aprobación Ley General contra Tortura Indudablemente, una de las trasgresiones especialmente delicadas para los Derechos Humanos es la práctica de la tortura, ya que trae consigo consecuencias graves para la dignidad humana. El hecho premeditado de provocar dolores y humillaciones es la forma más elemental y más burda de negar la naturaleza que como seres humanos poseemos. No debemos olvidar que la actividad plenamente consciente de menoscabar la personalidad del individuo repercute más allá del ámbito físico corporal de la víctima, llegando al punto de producirle un sufrimiento emocional, en ocasiones permanente, y las consecuencias del ilícito permean en la familia y en la comunidad social, provocando temor e inseguridad duraderas. La tortura, los tratos crueles, inhumanos y/o degradantes empleados para obtener informaciónyextraerconfesiones,conelobjetode intimidar y aterrorizar a determinados individuos no son problemas privativos de un solo país, no obstante que los Estados en que se padecen han suscrito y ratificado las convenciones internacionales que los prohíbe; México ha suscrito estos Tratados Internacionales. Existe un entramado internacional y regional diseñado con el objeto de prevenir, investigar, sancionar y erradicar estas conductas debido a que la tortura representa una grave afrenta a los derechos humanos que vulnera a la persona en lo más elemental de su ser: su dignidad como persona. En nuestro país, si bien esta conducta está tipificada en el ámbito Federal y local, en las 32 entidades federativas, en la realidad, debemos reconocerlo, la tortura como medio para obtener confesiones, declaraciones ncriminatorias o como castigo, es una práctica generalizada y sistemática. Así ha sido señalado por diversos organismos internacionales, entre ellos, el Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Juan Méndez, quien en su visita a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, expuso en su informe a la Organización de Naciones Unidas que la tortura es generalizada en México, ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, con fines de castigo e investigación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe preliminar, aseguró que constató la grave crisis de derechos humanos que vive el país, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad, resaltando, entre otras cuestiones, el uso generalizado de la tortura para obtener confesiones. El primer paso para modificar la realidad es conocerla y reconocerla. Por ello, la Iniciativa que presenté el 27 de octubre de 2015 para expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es únicamente el primer eslabón de una cadena de acciones que deberá realizar nuestro país de manera seria y comprometida para la erradicación de esta práctica.
5. Ley General contra la Tortura
6. Iniciativa / Aprobación Ley Nacional de Ejecución Penal El 27 de abril del 2016 se aprobó por unanimidad la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual transforma radical y estructuralmente las bases sobre las que se sustenta el Sistema Penitenciario de nuestro país, establece directrices mínimas que habrán de seguirse a partir de su entrada en vigor para garantizar el cumplimiento constitucional que nos obliga a transitar del viejo enfoque de readaptación social, hacia el nuevo paradigma garantista de la reinserción social. Es decir, el Sistema Penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción a la sociedad de las personas privadas de su libertad. Requisito indispensable para la restitución de derechos y libertades de las personas que haya sido objeto de limitaciones precisamente a esos derechos y a esas libertades como consecuencia de una sanción penal. En este contexto, la promulgación de una ley única en materia de ejecución penal representa una oportunidad invaluable para transformar los parámetros de gobernabilidad de los centros de privación de libertad en un estado de derecho; garantizando que el régimen de internamiento sea llevado a cabo en condiciones de vida digna y segura para todas las personas, lo cual no solo abona al respeto de los derechos humanos de quienes se encuentran privados de su libertad, sino también genera valiosos incentivos para que estas personas se reintegren en la sociedad en base a la reinserción social. Entre los desafíos, y para el respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de su libertad, se establece como primer lugar la necesidad de reestructurar y replantear la forma en que el Estado se constituye en garante directo de sus derechos; la tutela de estos derechos humanos requieren de una sola ley, que integre un verdadero parámetro de protección para las personas que se encuentran en estos centros de privación de libertad. De igual forma, es responsabilidad de cada sociedad garantizar que la privación o restricción de libertad no cauce más limitaciones a los derechos o a las condiciones de las personas que la viven, que aquellas que la propia ley establece, o que sean consecuencia de la resolución judicial. Es deber del Estado tratar justamente y respetar la dignidad humana, garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en virtud de una sentencia, colaborando con su reinserción a la sociedad y una vez que haya cumplido con esta. De ahí que nuestra principal preocupación haya sido la creación de un diseño legal cimentado en un sólido régimen de derechos y obligaciones, y en una adecuada interpretación del mandato constitucional relativo a la reinserción social como un fin y no como un medio. Agradezco la participación de Organizaciones No Gubernamentales, expertos, particularmente le quiero dar las gracias al Maestro Miguel Sarre, con mucho cariño; a las madres de la Plaza Luis Pasteur; México Evalúa; Reinserta Asociación Civil; Documenta Asociación Civil; Alto al Secuestro y México SOS.
7. Ley Nacional de Ejecución Penal
8. Iniciativa / Aprobación Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes El Congreso de la Unión no había atendido adecuadamente la necesidad de un sistema de justicia para adolescentes, con juezas y jueces especializados, sanciones punitivas mínimas y máximas. El 3 de septiembre de 2013 propuse reformar los artículos 18 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de expedir la legislación del Sistema Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, con el propósito de contar con un sistema nacional único y, por otro lado, para inscribir el derecho superior de la niñez. Con esta Iniciativa cumplimos con lo que establecen los Artículos 39 y 40 de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, de la que el Estado mexicano es parte, a fin de que el sistema de justicia reconozca el debido proceso legal a las personas adolescentes. En abril de 2016, el Senado de la República aprobó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuyo objeto es establecer un sistema integral de justicia penal para las y los adolescentes en todo el país; garantizar sus derechos humanos cuando se impute o resulte responsables de hechos tipificados como delito; instaurar los principios rectores de este sistema. Instituye las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos de solución de controversias que caracterizan a este sistema; determina las medidas de sanción correspondiente a quienes se les compruebe la comisión de un delito señalado por las leyes penales, siempre estando inscrito en la franja de edad entre 12 años cumplidos y la privación de la libertad a partir de los 14 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Las instituciones, órganos, autoridades, deben ser especializados; así como se delimita y distribuye sus atribuciones y funciones para aplicar cada una de las normas que están inscritas en este sistema; establece los procedimientos de ejecución, medidas de sanción y los relativos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución de las medidas y además determina los mecanismos de cumplimiento, sustitución y terminación de las medidas sancionadoras. A partir de su entrada en vigor, ministerios públicos, policías, guías, juzgadores, defensores, personal de los centros de detención, entre otros, tendrán capacitación especializada en la materia. Los principios rectores de este sistema son: el interés superior de la niñez; la protección integral de los derechos de la persona adolescente; la integralidad, indivisibilidad, interdependencia de los derechos de las personas adolescentes; la prohibición de tortura y otros tratos o pena crueles, inhumanos o degradantes; no discriminación e igualdad sustantiva y la aplicación favorable por la cual no se podrán imponer medidas graves ni de mayor duración a las que corresponderían por los mismos hechos cometidos por un adulto.
9. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
10. Iniciativa / Aprobación Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional En un Estado democrático la creación de disposiciones jurídicas temporales para regular las situaciones graves y excepcionales que puedan poner en riesgo al Estado o la sociedad, debe ser un proceso claramente regulado y sujeto a decisiones y acciones de emergencia, cuyo único fin debe ser el restablecer la situación de normalidad. Estos escenarios incidentales, denominados estados de excepción, deben ser atendidos desde una perspectiva integral y transversal que permita conjugar la legalidad con la nueva interpretación constitucional sustentada en los derechos humanos. El desarrollo histórico y el estudio comparado nos han mostrado que la regulación de un estado de excepción o de emergencia, en ocasiones deriva en la acumulación de atribulaciones y a menudo en graves violaciones a los derechos humanos. Por esta razón, resulta relevante que la regulación de estos estados de emergencia o de excepción, no sólo contempla el procedimiento para decretar esta restricción o suspensión de garantías, sino que además faculte a otras instancias o poderes del Estado democrático para que intervengan y controlen permanentemente las acciones del Poder Ejecutivo. Lo anterior, en el entendido de que la restricción o suspensión de derechos y garantías, deben reunir determinadas condiciones y requisitos que obran a la manera de garantías jurídicas para preservar los derechos humanos en situaciones de crisis. El cumplimiento de obligaciones constitucionales no puede estar sujeto a valoraciones de tipo político, nuestra responsabilidad fundamental es cumplir con el mandato de la Constitución, nos demoramos tres años en expedir esta ley, y ante las voces que señalaban que era un mal momento político para legislar en materia de suspensión o restricción de derechos o garantías, es necesario subrayar que siempre, siempre, es un buen momento para establecer límites y controles que impidan el ejercicio arbitrario del poder. Resultaba dañino que no existiera una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional; es por esto que el 14 de agosto de 2013 presenté una iniciativa para regular la restricción o suspensión de derechos y garantías. Fue aprobada con 78 votos a favor, 4 en contra y una abstención, el 9 de diciembre de 2015. Sin ley reglamentaria no se tendrían las herramientas ni la certeza jurídica con las que sí contamos a partir de la promulgación de la ley.
11. Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional
12. El 14 de agosto de 2013, presenté una Iniciativa para dar cumplimiento al mandato constitucional, reglamentando el debido proceso para el ejercicio del derecho de audiencia establecido en el artículo 33 de la Constitución, a efecto de que aquellas personas extranjeras a las que el Ejecutivo de la Unión decida iniciarles un procedimiento administrativo con la finalidad de expulsarles del territorio nacional puedan ejercer su legítimo derecho a la presunción de inocencia, a la defensa adecuada, a manifestar lo que a su derecho convenga y a ofrecer pruebas en un procedimiento seguido en forma de juicio, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. El objetivo de la Ley es dotar al Estado mexicano de las normas mínimas que deberán observarse por parte de las autoridades en aquellos casos en que se actualicen las hipótesis previstas en el artículo 33 de nuestra Constitución. Desarrolla las bases elementales para el adecuado ejercicio del derecho de audiencia de las personas extranjeras, con base en los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Para ello, se retomaron diversas disposiciones y principios del derecho internacional público que regulan la facultad de los Estados en materia de expulsión de personas extranjeras; y Iniciativa / Aprobación Ley Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional se han combinado con aquellas disposiciones y principios del derecho internacional privado que conforman el régimen jurídico (derechos y obligaciones) de las personas extranjeras. Lo anterior, como parte de un ejercicio legislativo de control de convencionalidad contenido en la Constitución; y por normas que consagran derechos humanos establecidas en diversos Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Se trata de una ley reglamentaria congruente con la unidad, integridad e indivisibilidad del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos y de los principios de progresividad, universalidad e indivisibilidad reconocidos en el primer artículo de nuestra Constitución. Fue parte de un amplio proceso de consultas con diversas organizaciones y especialistas. Se contó con la participación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes, incluso, estuvieron en el proceso de discusión y definición; es un producto equilibrado que retoma en gran medida propuestas y preocupaciones que nos fueron vertidas. En diciembre de 2015, el Senado de la República aprobó con 78 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la expedición de la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
13. Ley Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional
14. Iniciativa / Aprobación Señalamientos en contra al Código Militar de Procedimientos Penales En la discusión de un dictamen tan importante y que forma parte del proceso de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio en la jurisdicción militar, era verdaderamente inadmisible que se hubieran violentado todos los procedimientos legislativos y evitado un análisis verdaderamente profundo. Señalé que en otros procesos importantes, por ejemplo, el del Código de Justicia Militar al que solamente reformamos algunos artículos, las discusiones fueron de meses de trabajo, tal y como le constó al Presidente de la Mesa Directiva , el Senador Roberto Gil, que en ese entonces, se desempeñaba como Presidente de la Comisión de Justicia. En lo referente a un Código Militar de Procedimientos Penales tan cuestionado, debieron haberse analizado y discutido cada uno de los artículos que fueron objetados por distintas Senadoras y Senadoras. Es importante reconocer el esfuerzo que se hizo para tener un documento inscrito en el nuevo proceso penal acusatorio, tales como la creación de la Fiscalía, la defensoría, los juzgados de control y los tribunales de juicios orales. Sin embargo, la actuación irregular de las fuerzas armadas ha llevado a que sean señaladas por organismos internacionales como responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Tales violaciones se ha argumentado que no son excepcionales, sino que son en algunas zonas habituales, como botón de muestra está el video filtrado en el cual elementos del ejército torturan a una mujer de Guerrero y pareciera es su modus operandi. No se ha profundizado de manera puntual cuántos casos más existen de este tipo , grabados de manera premeditada para constar la forma de obtener confesiones de una persona o personas que se presume están involucradas en una comisión de delito. No es suficiente, aunque es importante pedir disculpas, pero no es suficiente. Estos casos que se hacen y se ventilan demuestran aspectos verdaderamente preocupantes que se están dando en el contexto de una sociedad que cada vez tiene más riesgos. La propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sus preocupaciones respecto aquellos casos en los que se prevén facultades para Órganos Militares cuyas acciones pudieran afectar a personas e instituciones civiles, sin los criterios claros y consistentes que garanticen la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales, para excluir que las autoridades militares puedan realizar directamente acciones de investigación sin estar sujetas a control judicial. Al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos preocupa la facultad que se le otorgó a los tribunales castrenses para el cateo de los domicilios de las personas,asícomolainvasiónasuscomunicaciones privadas, pues no requieren de control judicial. Todo ello no solo contraviene nuestra Constitución sino también Tratados Internacionales, y las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano. Las víctimas apenas son consideradas, solo se reconocen aquellas que su único derecho a la reparación del daño puede ser monetaria, sin contemplar la reparación integral en los términos inscritos en la Ley General de Atención a Víctimas. Preocupa la comparecencia de personas, testigos o expertos, en los procedimientos militares sin ninguna regulación para que la misma se produzca de forma que contribuya a la justicia sin poner en riesgo de las personas a no ser sometidas a la jurisdicción militar. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no avaló las refor-
15. mas, por lo tanto no aceptamos que se hayan violentado todos los procedimientos de discusión de un dictamen de una ley tan trascendental que se aprobó. Por una prisa y ante la presión de que debía entrar en unas cuantas semanas en vigor la reforma constitucional decretada en 2008, se legisló sobre las rodillas un Código que no había sido analizado detenidamente y que ni siquiera Señalamientos en contra al Código Militar de Procedimientos Penales conocía la mayoría de las Senadoras y los Senadores. Fue irresponsable que una mayoría ejerciera su poder numérico y aprobará, algo que la historia nos reclamará.
16. Intervención / Comisiones Entrega del Informe Preliminar por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa El 24 de septiembre de 2015, durante el debate sobre el informe preliminar del Grupo Interdiscipli- nario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, llamé a que, desde el Congreso, se realizara una discusión seria sobre la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa que condujera a la búsqueda de soluciones que impidan la repetición de este tipo de hechos en el país, y no con declaraciones insustanciales. El GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una investigación de la investigación de la PGR, a partir de una solicitud de los representantes de las víctimas para brindar asistencia técnica internacional, desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y los hechos suscitados entre el 26 y 27 de septiembre del año pasado. ¿Qué hicieron las autoridades que estaban ahí observando, del Ejército, la Ministerial de Guerrero y la Policía Federal? Prácticamente acompañaron todo el tiempo, observaron estos hechos sin absolutamente tener la intención de detenerlos. La participación de agentes del Estado es evidentemente, una actuación cómplice de la delincuencia organizada que denota un grave deterioro de nuestro estado de derecho y de nuestras instituciones. Las madres y los padres de los 43, así como las organizaciones de derechos humanos, han sido enfáticos en señalar que las investigaciones, tienen que estar encaminadas a buscarlos con vida. Una primera conclusión, las autoridades que han investigado estos hechos no pueden seguir estando al frente. Perdimos la oportunidad de responder con acciones concretas a las madres y a los padres de los 43; tuvimos la posibilidad de consolidar un Ministerio Público especializado, que continuara las investigaciones para darles acceso a la justicia. Que determine una verdad jurídica y se castigue a los autores materiales, e intelectuales. Este tipo de hechos, no sólo ocurren en Tierra Caliente sino en toda la región; es un problema muy bien evidenciado: el trasiego de drogas. Pareciera que hoy nos quieren presentar una Fiscalía para ver la desaparición forzada, cuando la verdad es que ni siquiera tenemos la ley. ¿Qué vamos a aplicar? ¿Los cuatro articulitos del Código Penal Federal? No. Hagamos las cosas bien, esto solamente fue la gota que derramó el vaso, es un problema que no podemos ocultar. Demos un debate serio, de cara a la nación
17. Entrega el Informe Preliminar por parte del GIEI sobre Ayotzinapa
18. Intervención / Comisiones Entrega del Informe Final por parte del GIEI sobre el caso Ayotzinapa El 26 de abril de 2016, las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado, recibimos a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer su informe final sobre el caso Ayotzinapa. Fue muy importante escuchar a Alejo Valencia Villa, a Ángela Buitrago, a Francisco Cox, Claudia Paz y Paz, Carlos Martín Beristaín, quienes constituyen el grupo de cinco expertos que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con base en el Convenio celebrado por el Estado mexicano para coadyuvar en la investigación de los hechos ocurridos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. La reunión ocurrió en un contexto de recomendaciones concretas y puntuales al Con- greso de la Unión para legislar en la materia y otras dirigidas al Ejecutivo; así como al trabajo que realizamos durante meses para configurar una ley que tratara uno de los temas de mayor preocupación de este grupo, que es la ley contra la desaparición forzada, la cometida entre particulares, tortura; y reformas al Sistema de Justicia Penal. Carlos Beristain, médico y doctor en psicología; explicó que el informe muestra las dificultades a las que el GIEI se enfrentó, además de información que se debe buscar y a la que no pudieron acce- sar por diferentes razones; de ahí, que debieron pedir a la Procuraduría General de la República (PGR) diera nuevos pasos en la investigación para el esclarecimiento de esos hechos. Expuso que el problema de la desaparición forzada no es de un sexenio o de un gobierno, sino que esta problemática va a tener un impacto a mediano plazo, en unos 15 ó 20 años en México. Dejó en claro que las medidas cautelares a favor de las víctimas y sus familiares no se cancelan o terminan con el final del mandato del GIEI. Se debe crear un mecanismo de seguimiento a esas medidas cautelares que contribuyan a mantener espacios de confianza logrados entre gobierno y víctimas, pues el caso seguiría abierto durante mucho tiempo y perseguiría a México durante mucho tiempo, por lo que era fundamental que los familiares puedan tener una respuesta. Francisco Cox, abogado con maestría en derecho penal; destacó la necesidad de que los servicios periciales no sigan dependiendo de la PGR, ya que es fundamental contar con un órgano independiente que pueda reafirmar o refutar la teoría de un caso. Otro de los beneficios del sistema acusatorio es que se evitará que cualquiera de las dos partes filtre piezas del expediente que le convienen y por lo tanto generen una percepción de un determinado caso.
19. Claudia Paz y Paz abogada experta en derecho penal expresó que un sistema de justicia penal no puede basarse exclusivamente en la confesión de los acusados para imponer una sanción y una verdad, debido a que se crea un mecanismo perverso cuando la jurisprudencia en este caso le daba un valor tan importante a las declaraciones de los imputados, pues los ministerios públicos no necesitaban presentar ninguna otra evidencia para convencer al juez si a esto se le suma el régimen de excepción, donde el Ministerio Público tiene poder sobre la libertad e integridad de una persona durante casi 80 días, la posibilidad de que se realicen apremios o torturas para obtener esa confesión, aumenta. Ángela Buitrago, doctora en derecho y sociología con especialización en derecho penal y ciencias criminológicas; dijo que las víctimas en este caso tienen dos problemas muy graves en la investigación, por un lado padecen de incertidumbre frente a la inexistencia de verdad, y por el otro, la pérdida efectiva en la desaparición de sus hijos, de los fallecidos y de los lesionados. Por esa razón recomendó tomar las medidas necesarias y que sean los grupos sociales, inclusive políticos o judiciales, que puedan acompañar a las víctimas garantizando de esta forma sus derechos y se les acompañe en un proceso de restablecimiento y restauración al que tienen derecho, porque no es una dádiva delEstado. Alejandro Valencia, consultor independiente y profesor en derechos humanos, derecho humanitario y justicia transicional; afirmó que el caso de Ayotzinapa no es aislado y esporádico Entrega el Informe Final por parte del GIEI sobre Ayotzinapa en materia de desaparición forzada. Conside- ró importante contar con políticas públicas que respondan de una manera adecuada y eficaz a esta grave violación de derechos humanos. Señaló que era fundamental que la Ley de Desaparición Forzada debe dar una respuesta integral y ofrecer una herramienta acorde a esta problemática. Una ley no solucionará definitivamente toda esta grave violación de derechos humanos, pero sí es un paso trascendental. Aseguré que las recomendaciones generales del GIEI sobre el caso Ayotzinapa y las observaciones particulares que hicieron al proyecto de Ley de Desaparición Forzada, eran ya temas inscritos en el proyecto de dictamen de esa ley. Informé que en el caso de atención a víctimas, habíamos decidido reformar la Constitución y el proceso legislativo había iniciado y para concretarlo todos los Grupos Parlamentarios acordamos trabajar en una Ley General de Atención a Víctimas. Respecto a la decisión de constituir un órgano pe- ricial independiente, señalé que se estaba anali- zando para dotar de mayor certidumbre a este mecanismo, mediante su autonomía. La disposición para considerar e incluir las observaciones el GIEI es una muestra del agradecimiento del Parlamento Mexicano puesto que este ejercicio nos ha recordado la gran responsabilidad que tenemos como legisladoras y legisladores.
20. Iniciativa / Aprobación Alternativas para la designación de Ministros de la SCJN Con el objetivo garantizar la plena independencia del Poder Judicial de la Federación, el 7 de octubre de 2015 presenté una Iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Constitu- ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de designación de las Ministras y los Ministros que integran la Suprema Corte de Justicia. Recuperar la confianza de la sociedad en el máximo órgano de impartición de justicia, es ne- cesario; garantizar la independencia de la Su- prema Corte es vital para lograrlo. Se requiere un Poder Judicial autónomo, por ello es fundamental que el Ejecutivo no participe en la elaboración de las ternas de las y los candida- tos a Ministros y sean las Escuelas y Facultades de Derecho, Barras y Colegios de Abogados quie- nes propongan a los candidatos. Proponemos que la SCJN tenga una integración mixta entre constitucionalistas de notoria experiencia y con jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación con amplia experiencia y trayectoria en el Poder Judicial de la Federación. Para ello, el documento presentado al Pleno del Senado, plantea crear un mecanismo de designación parlamentaria con participación de la sociedad civil y un criterio federalista en su integración. Mediante el cual la Comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, convocaría a los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas, Organismos No Gubernamentales, Asociaciones, Colegios de Abogados y Facultades de Derecho de las Instituciones de educación superior para que presenten sus propuestas. La independencia de las y los Ministros de la Suprema Corte se constituye como una condición sine qua non para que el Poder Judicial ejerza sus funciones con un mínimo de objetividad, transparencia e imparcialidad y contribuya así a la consolidación y calidad de un Estado democrático de derecho. Además para evitar irregularidades en la actuación de la Poder Judicial de la Federación, la iniciativa también establece que la persona que ocupe la presidencia de la SCJN no sea quien presida el Consejo de la Judicatura Federal para evitar que éste quede subordinado al pleno de la Corte. El hecho de que el pleno de la Suprema Corte actualmente designe a las tres personas consejeras provenientes del Poder Judicial convierte al CJF en un órgano meramente auxiliar y subordinado y no en un órgano de relevancia constitucional independiente e imparcial. El CJF es un órgano administrativo del PJF, con funciones distintas a las de la SCJN y a las del TEPJF, por lo que resulta inconsistente que quien presida dicho órgano administrativo lo sea también de uno de los Poderes de la Unión. En este sentido, se plantea que sea el Senado de la República quien designe a las y los integrantes del CJF de entre las y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, puedan elegir, de entre ellas, a la persona que presidirá el CJF. La propuesta además contempla garantizar la Igualdad Sustantiva en la carrera judicial, es decir, una representación igualitaria entre mujeres y hombres, con la finalidad de que la participación equitativa entre hombres y mujeres fortalezcan al seno del Poder Judicial de la Federación. Resulta indispensable eliminar la pensión, prebendas y canonjías de la que gozan las y los Ministros retirados y ajustarla a las pensiones de la seguridad social. Un reclamo que se nos hace desde todas las voces para quitar esta especie de situación privilegiada que además de ser muy lamentable en un país con demasiada pobreza, también resulta una situación de gran desigualdad que no es acorde a un país democrático.
21. Alternativas para la designacion de Ministros de la SCJN Propone que el Senado de la Rep˙blica designe, no sÛlo a dos personas como Consejeros de la Judicatura Federal, sino a los siete Consejeros, de entre las y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, adem∙s, determina que ellos elegir∙n la persona que deba presidir el Consejo. La ComisiÛn de la C∙mara de Senadores que dictamine presentar∙ una terna la cual ser∙ sometida a votaciÛn por el Pleno de la C∙mara de Senadores la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, ser∙ designada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Las designaciones que se realicen deber∙n recaer en juristas expertos en derecho constitucional de reconocida competencia y prestigio, o en las y los Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito o de las entidades federativas que se hayan distinguido por su honorabili- dad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurÌdica, garantizando en todo momento la paridad entre gÈneros. ProhÌbe el establecimiento de pensiones vitalicias distintas a las establecidas en las disposiciones de Seguridad Social. Se atribuye a la C∙mara de Senadores convocar a los Tribunales de Justicia de las Entidades Federativas, Colegios de Abogados debidamente certificados y Facultades de Derecho de las Instituciones de educaciÛn superior para que presenten sus propuestas. Aumenta los requisitos para ser ministro y establece que el candidato no debe haber sido sentenciado por delito doloso que amerite pena de prisiÛn o haya sido inhabilitado para el servicio p˙blico. Adem∙s no haber sido objeto de recomendaciones de los organismos p˙blicos de defensa y protecciÛn de los derechos humanos. Se establece derogar la facultad del Ejecutivo Federal de proponer al Senado de la Rep˙blica la terna para la designaciÛn de las y los Ministros a la Suprema Corte de Justicia de la NaciÛn.
22. Intervención/ Comisiones Reunión de Comisiones Unidas de Anticorrupción La sociedad exigió que el Sistema Nacional Anticorrupción fuera aprobado de manera prioritaria. El 11 de Abril del 2016, durante la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Anticorrup- ción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, expresé que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción debe contar con la presencia ciudadana, porque ha sido una cuestión irreductible por parte de las organizaciones de la sociedad civil y especialistas. Durante esta reunión las propuestas indeclinables del Partido de la Revolución Democrática se basaron en que está el que las personas del Comité Participación deben ser designadas mediante un procedimiento abierto, transparente y ciudadanizado, para un solo período sin posibilidad de reelección. El cargo de las personas que integran el Comité de Participación Ciudadana no debe ser honorífico, se debe establecer una asignación para que se dediquen a ello de tiempo completo; asimismo, incluir el principio de igualdad de género en la integración de los organismos y la desvinculación de los integrantes con los partidos políticos y los órganos del Estado. Es indispensable inscribir, la Ley 3 de 3 como parte complementaria del Sistema Anticorrupción y blindar la autonomía presupuestaria del mismo sistema. Entre las facultades sine qua non del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrup- ción está la potestad de solicitar los informes que haya lugar a los sujetos obligados respecto del cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes que se acepten en su observancia, y, por lo tanto, la justificación de aquellas que no se acepten. Igualmente importante es la facultad de promover denuncias cuando se tenga conocimiento de hechos de corrupción; es necesario la Constitución como coadyuvante de las autoridades en la sustentación de procedimiento, y a su vez, de los medios de impugnación para resguardar la debida clasificación de las faltas graves y el oportuno ejercicio de la acción penal cuando proceda. El nombramiento del Fiscal Anticorrupción no puede aplazarse más tiempo, sobre todo tomando en cuenta que el procedimiento para realizar la designación fue detenido sin explicación oficial; se trata de una figura primordial para garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que es imperioso reponer cuanto antes el procedimiento para su nombramiento.
23. Reunión de Comisones Unidas de Anticorrupción
24. Iniciativa / Aprobación Reforma Política de la Ciudad de México El 15 de diciembre de 2015 se discutió y votó favorablemente el dictamen de la Minuta por el que se reforman y derogan disposiciones de la Constitución en materia de Reforma Política de la Ciudad de México. Era paradójico que a las y los habitantes de la Ciudad, considerada como una de las más progresistas del país; se les siguieran negando sus derechos civiles y políticos, pero ha sido el ímpetu de estas mujeres y hombres lo que ha impulsado al Congreso de la Unión a concretar finalmente la reforma política para el Distrito Federal y dar paso a la Ciudad de México. Esta reforma que modifica 54 artículos de la Constitución, es un instrumento que reconoce y otorga derechos a los más de 9 millones de personas que vivimos en la Ciudad y ese logro para que las y los habitantes de esta ciudad de México gocemos de la ciudadanía plena. La capacidad de organización y autonomía de los habitantes del Distrito Federal ha sido demostrada a lo largo de la historia, pero un capítulo en especial dejó en claro que no requerían de las autoridades federales para tomar decisiones trascendentales: los sismos del 19 de septiembre de 1985; en aquellos aciagos días las y los ciudadanos lograron organizarse para sustituir la incapacidad gubernamental dando lugar a la solidaridad manifiesta de todas y de todos quienes salieron a las calles a buscar entre los restos derrumbados a sus vecinos y a sus vecinos. Esta reforma política debe reconocerse como un avance gradual que abre el camino para saldar la deuda histórica con mexicanas y mexicanos a quienes se les ha negado el reconocimiento pleno de sus derechos políticos básicos y el acceso de una democracia plena. La propuesta final tiene muchas concesiones, sin embargo se puede afirmar que no hubo un beneficiario político, se trató de un proceso paulatino para llegar a la decisión fundamental de limitar la intervención del Ejecutivo Federal en las decisiones de una Entidad Federativa, nunca más el Presidente de la República volverá a decidir sobre el nombramiento de funcionarios públicos del hasta ahora Distrito Federal. Uno de los pendientes de la reforma política que dará paso a la Ciudad de México como el estado 32 de la Federación es la paridad sustantiva en la integración del Constituyente, en los Consejos y en los órganos de gobierno, porque no puede entenderse el reconocimiento de los derechos civiles y de los derechos políticos plenos si no van las mujeres y los hombres de manera paritaria. El proyecto de decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero del 2016yaprobadocon74votosafavor,20encontra y una abstención, y fue remitido a los Congresos de los Estados para sus efectos constitucionales.
25. Reforma Política de la Ciudad de México
26. Iniciativa / Propuesta Iniciativa para la regulación del uso y consumo de la marihuana Con el propósito de reconocer a las personas consumidoras de marihuana como sujetos plenos de derechos y armonizar la regulación actual con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el derecho al desarrollo de la personalidad, el 31 de marzo de 2016 propuse modificaciones a Ley General de Salud y al Código Penal Federal. Esta iniciativa es fundamental para los derechos y las libertades ciudadanas en nuestro país, pues busca romper con el paradigma prohibicionista y una postura estatal que transita del paternalismo a la criminalización en materia de consumo de drogas, particularmente de la cannabis. Desde su origen, la llamada guerra contra las drogas ha generado más de 70 mil asesinatos, así como importantes afectaciones a la integridad, la libertad y la seguridad de millones de personas. El empleo de la fuerza letal y la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública han dado resultados absolutamente cuestionables. Es necesario reconocer que se necesitan reformas en las políticas de drogas nacionales e internacionales que permitan cambiar el paradigma al respecto. La iniciativa propone reformas para erradicar la criminalización de las y los consumidores, dado que el paradigma actual los coloca en dos opciones: o son delincuentes o son enfermos. Tal estigmatización se ve agravada cuando los consumidores pertenecen a las clases sociales con menos recursos económicos ya que debido a su situación de vulnerabilidad se transforma en un obstáculo mayor para su acceso a los sistema de salud y educación sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Es importante establecer un catálogo mínimo de derechos, tanto para las personas consu- midoras como para las personas con consumo problemático y que requieran de la atención de los servicios y centros públicos o privados para el acceso a los programas de prevención o de atención al consumo. Las resoluciones de la SCJN evidencian que el marco regulatorio en la materia previsto en la Ley General de Salud impide a las personas ejercer el derecho a decidir qué tipo actividades recreativas o lúdicas desean realizar. Por estas razones, es preciso un ajuste al artículo 237, que elimine del listado de sustancias a la cannabis, con la finalidad de que se permita su siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo lúdico de la misma. Se destaca la implementación de los Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica, cuyo fin será la reducción en el índice de delitos, la disminución en la recaída del consumo de drogas, menor población penitenciaria, eficiencia en el uso de los recursos: relación costo-beneficio, y la recuperación del individuo en la sociedad. Con esta iniciativa, el Estado asume el control del proceso de producción de la cannabis y establece permisos para su cultivo al facultar a la Secretarías de Salud en coordinación con la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para emitir la normatividad correspondiente y defina las zonas donde se permitirá el cultivo de la misma. De tal manera que el Estado deberá adquirir la totalidad de las cosechas por conducto de un solo intermediario y por tanto le corresponde almacenar existencias que no se encuentren en poder de fabricantes de productos medicinales derivados de la cannabis.
27. La iniciativa también plantea el establecimiento de los Clubes de Consumo Recreativo, los cuales operarán bajo estrictas condiciones para el otorgamiento de sus respectivas licencias que incluyen restricciones de edad para el acceso, el número de socios, la prohibición de la venta de otras sustancias psicoactivas y prohibiciones en la publicidad. La Secretaría de Salud sería la encargada de autorizar el registro y funcionamiento de estos clubes, adonde no podrían ingresar los menores de 21 años. Por otro lado se plantea una modificación de la tabla de dosis máximas de consumo personal con criterios antropométricos para marihuana, se propone pasar de los cinco gramos que actualmente se permiten a una medida antropométrica de la cantidad que quepa en la cuenca de ambas manos del poseedor.
28. Intervención / Comisiones Uso legal de la marihuana medicinal El 15 de junio de 2016 se llevó a cabo la reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Salud, Justicia, Gobernación, Seguridad Pública, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Segunda, y en la que se aprobó la regulación y el uso de la marihuana. Al fijar la postura del Partido de la Revolución Democrática en este tema, señalé que la aprobación de las reformas que permitirán la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana con fines médicos y científicos, respondía a la exigencia de aquellos pacientes que requieren de un tratamiento con algunas de las sustancias activas que contiene esta planta y a la obligación del Poder Legislativo de garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos. Es la pequeña Grace la heroína principal de un debate histórico, pues por primera vez se discutió de manera pública e informada el uso medicinal y recreativo de la marihuana, dejando atrás décadas de oscurantismo, mitos y tabúes, Desafortunadamente en el dictamen final se eliminó la posibilidad de permitir la investigación y de inscribir obligaciones para que las autoridades diseñen, implementen y supervisen campañas de prevención del consumo de drogas y, sobre todo, se descartó la descriminalización de los consumidores. Lamentablemente tampoco se concretó el incremento del gramaje de marihuana permitido para su portación, porque 28 gramos de marihuana mantienen a 18 mil 370 personas consumidoras en las cárceles mexicanas, 28 gramos que caben en la palma de una mano. Las y los Senadores del PRD consideramos que con ello se perdió la oportunidad de concatenar esta reforma con la recientemente aprobada Ley de Ejecución Penal, con lo que se hubiera avanzado en la despresurización de los centros de privación de libertad y en la recuperación de su gobernabilidad. Las reformas que se aprobaron tienen entre sus méritos la adición al artículo 198 del Código Penal Federal, que permite que haya la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana con fines médicos y científicos sin que sea punible, siempre y cuando se lleven a cabo en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. Aunque hay asuntos de gran trascendencia pendientes de resolver en materia de consumo de marihuana, como la descriminalización de los consumidores, esperamos que este amplio debate que se inició con estas reformas permita seguir discutiendo y dar el paso para que México no se quede a la zaga de lo que ya están haciendo en Estados Unidos y en otros países del mundo.
29. Iniciativa / Propuesta Interrupción del embarazo en caso de riesgo para la madre Las disposiciones legislativas que impiden la interrupción del embarazo constituyen una forma de discriminación basada en el género por dos aspectos: impiden a la mujer el acceso a un procedimiento para el goce de sus derechos en un plano de igualdad y subestiman la capacidad de la mujer para tomar decisiones responsables sobre su vida y cuerpo. Se determinan al menos tres garantías sobre las que puede argumentarse la justificación para el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo. 1) El derecho al libre desarrollo de la personalidad que protege un ámbito de autonomía de las mujeres que incluye las decisiones relacionadas con su plan de vida, entre las que se encuentra comprendida la autonomía reproductiva, al igual que la garantía de su intangibilidad moral. 2) El derecho a la igualdad y no discriminación, donde es claro que existe una brecha de género respecto al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad y la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 3) El derecho a la salud que interviene en la decisión de la mujer de interrumpir un embarazo y que adquiere una vertiente especial que se denomina derecho a la salud sexual y reproductiva y se encuentra reconocida expresamente en distintos instrumentos internacionales. Para garantizar este derecho, el Estado tiene la obligación de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. No establecer en la ley el riesgo que implica la continuación del embarazo para la salud de la mujer, violentaría sus derechos humanos a la protección de la salud, a la integridad y a la seguridad de las personas, entre otros. Debemos resaltar que incluir el riesgo a la vida o a la salud de la mujer en esta iniciativa se considera pertinente para lograr un marco normativo del aborto acorde con la normativa internacional de derechos humanos, al mismo tiempo de homologar nuestra legislación nacional al está dar más alto en la materia. Por ello, presenté el 29 de junio de 2016 una Iniciativa para reformar los Artículos 333 y 334 del Código Penal Federal. Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
30. Interrupción del embarazo en caso de riesgo de salud para la madre
31. Iniciativa / Propuesta Garantizar el servicio de guarderías a hombres derecho habientes La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los Artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, que se refieren a la prestación del servicio de guardería. El análisis realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Ley del Seguro Social hace una clara distinción del beneficio del servicio de las guarderías al otorgarlo en forma exclusiva a las aseguradas, cuya única condición es la de ser mujer, mientras que para los hombres asegurados establece una serie de requisitos, en su condición de padres o para los hombres que tengan la guarda y custodia de un menor. Tal distinción es injustificada y discriminatoria, en la medida de que en términos del Artículo 4o. de la Constitución Federal, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, y la diferencia que hace la Ley del Seguro Social atenta contra la igualdad de derechos que debe regir para toda persona independientemente de su sexo, además de que obstaculiza a los padres trabajadores a gozar del servicio en igualdad de derechos que la mujer trabajadora, colocándolo en una situación de desventaja. Este trato asimétrico ni siquiera atiende al papel de madre de la mujer, pues si se examinan los supuestos en los que la ley concede a la persona trabajadora el beneficio de recibir el servicio de guardería, concretamente el artículo 205 cuestionado, adicionalmente condiciona el servicio a los hombres viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijas e hijos, a que no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato. El Estado está obligado a garantizar, a través de la ley, la igualdad de condiciones para que ambos, madres y padres (corresponsabilidad) puedan contribuir en el pleno desarrollo de la familia, velando siempre el interés superior de la niñez. Máxime, si se toma en cuenta que las y los niños tienen el derecho humano a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, en términos de lo que dispone el artículo 4o. constitucional. De acuerdo a la Exposición de Motivos de la Ley del Seguro Social, el servicio de guarderías originalmente fue concebido con la finalidad de que las mujeres pudieran acceder con facilidad a la vida económica y laboral, una vez que tuvieran a sus hijas e hijos otorgándoles dicha prestación a partir de los 43 días de nacimiento. En la actualidad los roles del cuidado y desarrollo de niñas y niños no son tarea exclusiva de las mujeres, en la medida de que los hombres padres también se encuentran vinculados al cuidado de sus hijas e hijos, razón por la que deben ser tratados en igualdad de circunstancias, por tanto, no existe razón alguna para que se obstaculice o limite su derecho a obtener el beneficio de las guarderías en las mismas condiciones en las que se brinda a las mujeres. A fin de corregir la inconstitucionalidad de la Ley del Seguro Social en materia de prestación del servicio de guarderías de esta institución, el 27 de julio de 2016 presenté una iniciativa para reformar los Artículos 201 y 205 de este ordena- miento.
32. Garantizar el derecho de guarderías a hombres derecho habientes
33. Anexo Resumen de Actividades Legislativas Primer Periodo Ordinario Sesiones Ordinarias: 31 Asistencias: 31 Inasistencias: 0 Inasisencias por Comisión Oficial: 3 Inasistencias Justificadas: 0 Primer Año de Ejercicio LXIII Legislatura 100% Sesiones Ordinarias: 27 Asistencias: 27 Inasistencias por Comisión Oficial: 0 Comisión Oficial: 0 Inasistencias Justificadas: 0 Segundo Periodo Ordinario Asistencias: 27 34 INICIATIVAS 70 PUNTOS DE ACUERDO 62 COMUNICACIONES 16 EFEMÉRIDES Se presentaron: 91.2% 8.8% Inasistencias por Sesiones Ordinarias: 34 Primer Periodo Extraordinario Segundo Periodo Extraordinario Sesiones Extrardinarias: 3 Asistencias: 3 Inasistencias: 0 Inasisencias por Comisión Oficial: 0 Inasistencias Justificadas: 0 Sesiones Extraordinarias: 1 Asistencias: 1 Inasistencias: 0 Inasisencias por Comisión Oficial: 0 Inasistencias Justificadas: 0 Sesiones Ordinarias: 27 Sesiones Extraordinarias: 3 Sesiones Extraordinarias: 3 100% 100%
34. Listado de Iniciativas Elimina la figura de arraigo El 17 de agosto de 2016 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el octavo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral El 10 de agosto de 2016 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inci- so e) al artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES. Reformas a la Ley del Seguro Social El 27 de julio de 2016 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Seguro Social. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁ- MARA DE SENADORES. Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar El 27 de julio de 2016 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el 7 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar. SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SALUD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Reformas al Código Penal Federal en materia de aborto El 29 de junio de 2016 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal en materia de aborto. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES. Reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal El 31 de mayo de 2016 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES. Reforma el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos El 18 de mayo de 2016 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE DERECHOS HUMANOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA DE LA CÁMARA DE SENADORES. Resumen de Actividades Legislativas
35. Resumen de Actividades Legislativas Reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos El 26 de abril de 2016 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. Reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales El 19 de abril de 2016 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. Reforma a la Ley General de Víctimas El 14 de abril de 2016 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Creación de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres El 12 de abril de 2016 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicio- nan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la secre- taría para la igualdad sustantiva y desarrollo de las mujeres. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. Reforma a la Ley General de Salud y del Código Penal Federal El 31 de marzo de 2016 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicio- nan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE SALUD, DE GOBERNACIÓN; DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE DERECHOS HUMANOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. Expedición de la Ley General de Cultura El 29 de marzo de 2016 presenté Iniciativa con con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE CULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. Derogación del tercer párrafo de la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi- canos. El 9 de febrero de 2016 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el tercer párrafo de la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL;Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
36. Resumen de Actividades Legislativas Reforma a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes El 19 de noviembre de 2015 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo vigésimo al Título Segundo de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES; DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTA- MEN; Y A LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, PARA QUE EMITA OPINIÓN. Reforma a la Ley General de Salud. El 5 de noviembre de 2015 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman di- versas disposiciones de la Ley General de Salud. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; DE SALUD; DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LE- GISLATIVOS, SEGUNDA. Reforma a los artículos 18, 19 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos El 27 de octubre de 2015 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 18, 19 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. Expedición de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura El 27 de octubre de 2015 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la De- lincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; DE JUSTICIA; DE GOBERNACIÓN y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. Designación de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación El 7 de octubre de 2015 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diver- sas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desig- nación de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fortalecimiento al Poder Judicial de la Federación. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; PARA LA IGUAL- DAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. Expedición de la Ley General para la Desaparición de Personas El 17 de septiembre de 2015 presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; DE DERECHOS HUMANOS; Y DE ESTUDIOS
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