Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6238
Timestamp: 2019-07-16 06:29:23
Document Index: 380751637

Matched Legal Cases: ['Artículo 226', 'Artículo 353', 'Artículo 659', 'Artículo 659', 'Artículo 659', 'Artículo 689', 'Artículo 689']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 6/2008
SENTENCIA 6/2008, de 21 de enero
ECLI:ES:TC:2008:6
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 28 de febrero de 2005, don Evencio Conde de Gregorio, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Decoración y Coordinación de Gremios, S.L., interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
a) La demandante de amparo tenía a su favor un préstamo con garantía hipotecaria, constituido en fecha 4 de febrero de 2004 y autorizado por Notario, siendo los prestatarios don Miguel Campoy Ávila y doña María Dolores Hernández Hernández.
b) Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Almería se ha seguido el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 150-2004 a instancias de la entidad Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja) frente a doña Esther Campoy Hernández, don Miguel Campoy Ávila y doña María Dolores Hernández Hernández.
c) En fecha 15 de septiembre de 2004 tuvo lugar la subasta pública del inmueble que garantizaba la deuda de Unicaja y de la demandante de amparo, siendo adjudicada la vivienda a don Antonio Alberto Castillo Valverde.
d) Como consecuencia de la referida falta de notificación, la demandante de amparo formuló incidente de nulidad de actuaciones, requiriendo el Juzgado de Primera Instancia al Registrador de la Propiedad núm. 1 de Roquetas de Mar que acreditase haber realizado a los acreedores posteriores las notificaciones exigidas por los mencionados preceptos legales.
3. En la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, se invoca en ésta, frente a la resolución judicial impugnada, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE):
a) La demandante de amparo, al no haberse efectuado la notificación prevista en la LEC, no tuvo conocimiento de la expedición de certificación de cargas para el procedimiento ejecutivo instado por Unicaja, ni del seguimiento de la subasta ni, en consecuencia, pudo tomar parte en la misma para defender sus intereses y su crédito. Una vez realizado el bien en pública subasta, se extinguirá registralmente el derecho de la demandante de amparo por purga de las cargas posteriores, sin poder obtener satisfacción de su crédito al no cubrir el importe de la deuda, y haciendo prácticamente imposible su realización futura al no tener los deudores hipotecantes otros bienes sobre los que realizar el crédito.
b) Una vez determinada la existencia de un derecho inscrito a favor de la demandante de amparo es necesario examinar si el Registrador de la Propiedad tenía la obligación de haberle efectuado las notificaciones legalmente previstas, cuando era titular de un asiento de presentación.
4. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de mayo de 2007, acordó admitir a trámite la demanda y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Almería, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos de ejecución hipotecaria núm. 150-2004, debiendo previamente emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción de la demandante de amparo, para que si lo deseasen en el plazo de diez días pudiesen comparecer en este proceso.
5. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 3 de septiembre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro del cual pudieron efectuar las alegaciones que tuvieron por conveniente.
6. La representación procesal de la demandante de amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 15 de octubre de 2007, que, a continuación, sustancialmente se extracta:
7. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 15 de octubre de 2007, que, en lo sustancial, a continuación se resume:
a) La cuestión que se planta en el presente recurso de amparo consiste en determinar si la falta de comunicación a la recurrente, en su condición de acreedor hipotecario, de la existencia del procedimiento hipotecario núm. 150-2004 tramitado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Almería ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.
b) En el Auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones se argumenta que, de conformidad con el art. 353.2 RH, no existía en el presente caso obligación por parte del Registrador de la Propiedad de efectuar las comunicaciones exigidas en el art. 659 LEC, pues en el momento de la expedición de la certificación de dominio y cargas (25 de febrero de 2004) sólo constaba un asiento de presentación de escritura pública de hipoteca a favor de la recurrente en amparo, que se consolidó en fecha 12 de febrero de 2004 y que no dio lugar a la inscripción del derecho real de hipoteca hasta su calificación definitiva en fecha 18 de marzo de 2004.
c) Se trata de una norma de claro contenido protector de los derechos de los acreedores hipotecarios, que adquiere renovada vigencia tras la nueva regulación de la ejecución hipotecaria en la LEC 2000. Con anterioridad a dicha regulación la regla 5, párrafo segundo, del art. 131 LH reconocía el derecho de subrogación únicamente a los acreedores posteriores cuyos derechos reales constituidos con posterioridad a la inscripción de la hipoteca que se ejecuta figurasen en la certificación de dominio y cargas. El actual art. 689 LEC, que se remite a su vez al art. 659, reconoce este derecho de subrogación a todos los titulares de derechos inscritos con posterioridad al gravamen que se ejecuta, no sólo a los que figuren en la certificación de cargas. Resulta coherente admitir que, si en el momento de expedir la referida certificación de cargas consta un asiento de presentación de una escritura de hipoteca posterior, deba comunicarse a su titular la existencia del procedimiento de ejecución para que, una vez inscrito su derecho, pueda comparecer en el procedimiento de ejecución previa acreditación de su inscripción a efectos de hacer valer el derecho reconocido en el art. 659.3 LEC. A su vez, el art. 659.1 LEC impone la obligación de comunicación a los titulares de derechos que figuren en la certificación de cargas y que aparezcan en asientos posteriores al derecho del ejecutante. Resulta significativo que el precepto utilice el término “titulares de derechos” sin exigir que tales derechos estén inscritos, siendo suficiente con que éstos aparezcan en asientos posteriores, sin especificar que se trate de asientos de inscripción. Dicha previsión se complementa con lo dispuesto en el art. 132 LH, en la redacción dada por la disposición final novena de la Ley 1/2000, de 7 de enero, que obliga al extender la calificación del Registrador, a los efectos de las inscripciones y cancelaciones a que den lugar los procedimientos de ejecución directa sobre los bienes hipotecados, a “que sea notificada la existencia del procedimiento a los acreedores y terceros cuyo derecho ha sido anotado o inscrito con posterioridad a la hipoteca, a excepción de los que sean posteriores a la nota marginal de expedición de la certificación de cargas, respecto de los cuales la nota marginal surtirá los efectos de la notificación”. Esta última previsión guarda correspondencia con lo dispuesto en el art. 226.2 RH y avala la preceptividad de extender la comunicación no sólo a quienes tengan inscrito su derecho, sino también a quienes en el momento de expedirse la certificación de cargas sean titulares de un asiento de presentación de una hipoteca posterior.
d) En este caso consta que el otorgamiento de escritura pública de hipoteca a favor de la entidad recurrente en amparo tuvo lugar en fecha 4 de febrero de 2004 y ese mismo día se comunicó por telefax al Registro de la Propiedad. La constitución de esta segunda hipoteca tuvo lugar un día antes de la presentación de la demanda ejecutiva por Unicaja. Por su parte, la consolidación del asiento de presentación se produjo en fecha 12 de febrero de 2004, también un día antes de que el Juzgado dictara Auto acordando despachar la ejecución. En el momento de expedir la certificación de dominio y cargas y de su constancia mediante nota marginal, en fecha 25 de febrero de 2004, figuraba en el Registro de la Propiedad el asiento de presentación de la escritura de la hipoteca constituida a favor de la recurrente en amparo, por lo que el deber de comunicación que incumbe al Registrador debía alcanzar también al titular de dicho asiento. Sin embargo, ni en el momento de la expedición de la certificación de dominio y cargas, ni tampoco en el momento posterior a la inscripción del derecho real, según resulta del oficio de fecha 3 de noviembre de 2004, consta que el Registrador de la Propiedad hubiera comunicado la existencia del procedimiento hipotecario a la recurrente en amparo. Tampoco el Juzgado subsanó esa falta de comunicación, notificando con anterioridad a la fecha de celebración de la subasta -15 de septiembre de 2004- la existencia del procedimiento judicial, como así lo exigía su deber de diligencia al estar en juego el derecho a la tutela judicial efectiva. Comunicación judicial que la ley no prohíbe y que incluso algún sector de la doctrina estima que es competencia del órgano judicial y no del Registrador de la Propiedad.
8. Por providencia de 17 de enero de 2008, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 21 del mismo mes y año.
1. La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación del Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Almería, de 10 de enero de 2005, que declaró no haber lugar al incidente de nulidad de actuaciones promovido por la recurrente en amparo en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 150-2004, por no habérsele notificado la existencia de dicho procedimiento para poder intervenir en su condición de acreedora hipotecaria del bien ejecutado en el avalúo y subasta de éste, al considerar el órgano judicial que el Registrador de la Propiedad no tiene que efectuar comunicaciones a los titulares de derechos respecto de los que en el momento de la expedición de la certificación de cargas solamente consta el asiento de presentación (art. 353.1 del Reglamento hipotecario, RH, en relación con el art. 659 de la Ley de enjuiciamiento civil, LEC 2000).
2. Delimitados en los términos expuestos el objeto del presente recurso de amparo y las posiciones de la demandante y del Ministerio Fiscal, la cuestión a enjuiciar estriba en determinar si la falta de comunicación a la recurrente del procedimiento de ejecución hipotecaria pese a su condición de acreedora hipotecaria del bien ejecutado ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
3. En este caso, como el Ministerio Fiscal pone acertadamente de manifiesto en su escrito de alegaciones, el órgano judicial en el Auto recurrido ha llevado a cabo una interpretación de la legislación procesal aplicable excesivamente formalista y rigurosa desde la perspectiva del principio pro actione, en virtud de la cual ha denegado a la demandante de amparo la posibilidad de acceder al procedimiento ejecutivo por ser titular de un derecho del que solamente constaba el asiento de presentación en el Registro de la Propiedad en el momento de expedir la certificación de cargas (art. 353.1 RH, en relación con el art. 659 LEC 2000).
4. La interpretación contraria al principio pro actione que el órgano judicial ha efectuado en este caso de la legislación procesal aplicable se ha traducido en una trasgresión material del derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante de amparo causante de una situación de indefensión constitucionalmente relevante, pues, al no habérsele comunicado la existencia del procedimiento de ejecución, pese a ser titular de un derecho de hipoteca que figuraba en la certificación de cargas y que aparecía en un asiento posterior al derecho del ejecutante, constando en el Registro su domicilio, se le ha impedido comparecer en el proceso y ejercer en el seno del mismo la defensa de sus derechos e intereses legítimos, sin que exista dato alguno en las actuaciones del que pueda siquiera inferirse que la recurrente hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho procedimiento o que la situación de indefensión apreciada pudiera imputarse de algún modo a su negligencia o falta de la debida diligencia en la defensa de sus derechos e intereses.
5. En cuanto a los efectos del otorgamiento del amparo, la demandante, en el trámite de alegaciones del art. 52 LOTC, ha manifestado que en el procedimiento hipotecario ya se ha dictado Auto de adjudicación de la vivienda hipotecada a favor de un tercero de buen fe, que ha inscrito su derecho en el Registro de la Propiedad, por lo que no procede retrotraer las actuaciones al objeto de salvaguardar sus intereses frente a quien está protegido por la fe pública registral, interesando, en consecuencia, el reconocimiento del derecho fundamental vulnerado, aunque sea a efectos meramente declarativos, al objeto de poder iniciar en su caso las acciones legales oportunas contra el Registro de la Propiedad y la Administración de Justicia. El Ministerio Fiscal se pronuncia en su escrito de alegaciones en términos idénticos a los de la demandante de amparo, por lo que considera que la estimación del recurso debe circunscribirse a la mera declaración de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sin declaración de nulidad y retroacción de las actuaciones judiciales.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 1373-2005
Promovido por Decoración y Coordinación de Gremios, S.L., frente a la Sentencia y el Auto de nulidad de un Juzgado de Primera Instancia de Almería en juicio de ejecución hipotecaria instado por Unicaja.
A un acreedor con garantía hipotecaria con derecho inscrito en un asiento registral y donde constaba su domicilio, no se le comunica la ejecución hipotecaria del bien inmueble en interés de otro acreedor previo. Por ello, solicita nulidad de actuaciones, pero la solicitud no es atendida por el órgano judicial.
El Tribunal considera que la interpretación realizada por el órgano judicial de la legislación procesal aplicable es desproporcionada y excesivamente formalista y rigorosa desde el punto de vista del principio pro accione, traduciéndose esto en una trasgresión material del derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante de amparo causante de una situación de indefensión constitucionalmente relevante. Es decir, pese a constar el domicilio del demandante en el Registro junto con su derecho inscrito, se le impedió comparecer en el proceso y ejercer en el mismo la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Así, el Tribunal valora que si bien la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 atribuye al Registrador de la Propiedad la competencia para llevar a cabo la comunicación de la existencia del procedimiento de ejecución, es al órgano judicial a quien compete fiscalizar la actividad desplegada por el Registrador y, al no hacerlo, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante.
Resulta vulnerado el art. 24.1 CE, ya que la interpretación que el órgano judicial ha efectuado de la legislación procesal aplicable al caso resulta desproporcionada por excesivamente formalista y rigurosa desde la perspectiva del principio pro actione, postergando el tenor literal y la consideración sistemática de las previsiones de la LEC a lo dispuesto en el art. 353.1 RH [FJ 3].
La interpretación contraria al principio pro actione ha causado una situación de indefensión constitucionalmente relevante al no habérsele comunicado a la recurrente la existencia del procedimiento de ejecución, pese a ser titular de un derecho de hipoteca que figuraba en la certificación de cargas y que aparecía en un asiento posterior al derecho del ejecutante [FJ 4].
Los arts. 659.1 LEC y 24 LH hablan de la obligación de comunicar la existencia del procedimiento a los titulares de derechos que figuren en la certificación de cargas y que aparezcan en asientos posteriores al derecho del ejecutante, siendo la fecha del asiento de presentación, no la de inscripción definitiva, la que se tiene en cuenta a la hora de determinar los efectos de la inscripción [FJ 3].
Para entablar y proseguir los procesos con plena observancia del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión resulta exigible una correcta y escrupulosa constitución de la relación jurídico-procesal, para lo que son un instrumento capital los actos de comunicación procesal, ya que sólo así cabe garantizar los principios de contradicción e igualdad de armas (SSTC 87/2002, 124/2006) [FJ 2].
Doctrina sobre la función del Tribunal Constitucional en los casos que aparece comprometido el derecho de acceso al proceso (SSTC 205/1999, 154/2007) [FJ 2].
La conclusión alcanzada no se ve alterada por el hecho de que sea el Registrador de la Propiedad el que lleva a cabo la comunicación de la existencia del procedimiento de ejecución, ya que es al órgano judicial a quien le corresponde ex art. 24.1 CE velar por los derechos de defensa de las partes en el seno del proceso [FJ 4].
Procede tan sólo reconocer el derecho fundamental vulnerado, aunque sea a efectos meramente declarativos, al objeto de poder iniciar en su caso las acciones legales oportunas contra el Registro de la Propiedad y la Administración de Justicia, ya que en el procedimiento hipotecario se ha dictado ya Auto de adjudicación de la vivienda a favor de un tercero de buena fe, que ha inscrito su derecho en el Registro de la Propiedad [FJ 5].
Artículo 226.2, f. 3
Artículo 353.1, ff. 1 a 3
Artículo 659, ff. 1 a 3
Artículo 659.1, f. 3
Artículo 659.3, f. 3
Artículos 681 a 688, f. 3
Artículo 689, ff. 1, 3
Artículo 689.2, ff. 1, 3
Actos registrales de comunicaciónActos registrales de comunicación, ff. 3, 4
Registro de la PropiedadRegistro de la Propiedad, ff. 3, 4
Falta de notificación a terceros interesadosFalta de notificación a terceros interesados, f. 3
Notificación por el registrador del procedimiento de ejecuciónNotificación por el registrador del procedimiento de ejecución, ff. 3, 4