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Timestamp: 2017-11-21 05:05:44
Document Index: 354107587

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 45', 'artículo 14', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 45', 'artículo 41']

Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones. TÍTULO II. Categorías de obligaciones de servicio público a las que se refiere el artículo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones
Categorías de obligaciones de servicio público a las que se refiere el artículo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones
Véase O.M. 21 diciembre 2001 por la que se regulan determinados aspectos del Servicio Universal de Telecomunicaciones («B.O.E.» 28 diciembre). Véase O.M. 14 octubre 1999, por la que se regulan las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones («B.O.E.» 19 octubre).
1. Los operadores deberán suministrar al Ministerio de Fomento y a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones toda la información que éstos les soliciten acerca del cumplimiento de las obligaciones de servicio público que tengan impuestas. La Comisión deberá poner a disposición de los interesados, previa solicitud de éstos, dicha información actualizada.
3. El Ministerio de Fomento publicará y dará la máxima difusión al informe general al que se refiere el apartado 2 de este artículo en el mes de julio de cada año. Igualmente, publicará en el «Boletín Oficial del Estado» un extracto del mismo, indicando dónde se puede acceder al informe completo y otorgando un plazo de tres meses para información pública.
b) La Orden del Ministro de Fomento o, en su caso, el acuerdo del Consejo de Ministros por los que se impongan obligaciones de servicio público deberán ser comunicados, a efectos de lo dispuesto en el artículo 45, a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Dichas obligaciones integrarán el contenido de la licencia individual, se incluirán como anexo al documento que las formalice y deberán ser objeto de inscripción en el Registro Especial de Titulares de Licencias Individuales. La modificación de dichas obligaciones deberá llevarse a cabo por el órgano que las imponga de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para la modificación del contenido de los contratos de servicio público. Asimismo, las instrucciones dictadas por la Administración para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público tendrán idéntico valor que el que se atribuye en la citada Ley a las instrucciones para el cumplimiento de dichos contratos.
Véase O.M. 21 diciembre 2001 por la que se regulan determinados aspectos del Servicio Universal de Telecomunicaciones («B.O.E.» 28 diciembre).
b) Que los abonados al servicio telefónico fijo disponible al público dispongan, gratuitamente y en todo el territorio nacional, de una guía telefónica, actualizada e impresa, unificada para cada ámbito territorial. Asimismo, los usuarios de este servicio, incluidos los de teléfonos públicos de pago, deberán tener a su disposición, a un precio asequible, un servicio de información nacional sobre el contenido de dicha guía, en los términos establecidos en el artículo 14.
Véase O.M. CTE/711/2002, 26 marzo, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado («B.O.E.» 4 abril). Véase el Capítulo III de la O.M. 21 diciembre 2001, por la que se regulan determinados aspectos del Servicio Universal de Telecomunicaciones («B.O.E.» 28 diciembre).
En la prestación del servicio universal de telecomunicaciones se deberá garantizar la existencia de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago. A estos efectos, se consideran teléfonos públicos de pago los situados en el dominio público no afecto a un servicio público. El Ministro de Fomento establecerá, mediante Orden y previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, los criterios para determinar qué se considera oferta suficiente en cada ámbito geográfico, teniendo en cuenta, en todo caso, el carácter urbano o rural de la zona considerada, el número de habitantes de los núcleos de población, la densidad de ésta y la penetración del servicio telefónico.
Véase el Capítulo IV de la O.M. 21 diciembre 2001, por la que se regulan determinados aspectos del Servicio Universal de Telecomunicaciones («B.O.E.» 28 diciembre).
Véase el Capítulo V de la O.M. 21 diciembre 2001. por la que se regulan determinados aspectos del Servicio Universal de Telecomunicaciones («B.O.E.» 28 diciembre).
2. En el procedimiento de elaboración del citado Real Decreto, el Gobierno deberá solicitar informe previo al Consejo Asesor de Telecomunicaciones y a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Los planes para la imposición de obligaciones de servicio universal previstos en el artículo 5 de este Reglamento y la Orden a la que se refiere el artículo 16, deberán tomar en consideración los objetivos y mecanismos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo anterior. Además, estos planes deberán recoger, en relación con el carácter accesible del servicio, al menos los siguientes aspectos:
Operadores obligados a la prestación y a la financiación del servicio universal
1. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones determinará si la obligación de la prestación del servicio universal implica un coste neto y una desventaja competitiva o no, para los operadores que lo presten. En el primer supuesto, pondrá a disposición de los interesados, a solicitud de éstos, información actualizada relativa a los mecanismos de distribución entre los operadores del coste neto de dicha prestación.
4. Los costes deberán imputarse a aquellos servicios que son causa de que se incurra en ellos. La determinación de su cuantía habrá de hacerse en proporción a la correspondiente contribución al coste por cada servicio, mediante la definición de generadores de coste. Para cada concepto de coste, se deberá establecer un generador representativo y fácilmente medible que identifique la causa por la que se incurre en él y que, a la vez, sirva como unidad de reparto del mismo.
a) Contribuciones equitativas y no discriminatorias. Cada operador contribuirá a la financiación del servicio universal de forma proporcional a los ingresos brutos de explotación obtenidos, ponderándose, en su caso, el importe de su contribución con un factor corrector, en función del servicio prestado. Ningún operador podrá quedar exento de contribuir, salvo por las razones recogidas en este Reglamento.
Se podrán incluir dentro de la categoría de servicios obligatorios, los enumerados en el artículo 40.2 de la Ley General de Telecomunicaciones. Inicialmente, se consideran incluidos los servicios regulados en la sección 2.ª y en la sección 3.ª de este capítulo.
Servicios obligatorios regulados en el artículo 40.2.a) de la Ley General de Telecomunicaciones
Reglamentariamente se podrán incluir en esta categoría otros servicios que afecten, en general, a la seguridad de las personas, a la seguridad pública y a la protección civil.
Servicios obligatorios a los que se refiere el artículo 40.2.b) de la Ley General de Telecomunicaciones
1 2.b) de la Ley General de Telecomunicaciones.
1 40.2.b) de la Ley General de Telecomunicaciones.
1.º Las ayudas previstas de las Administraciones públicas distintas de la del Estado.
2.º La financiación con cargo a los ingresos derivados de las tasas a las que se refieren los artículos 72 y 73 de la Ley General de Telecomunicaciones.
3.º La asignación de recursos escasos de telecomunicaciones, como contraprestación a la imposición de estas obligaciones.
Las obligaciones a las que se refiere el párrafo b) se podrán imponer por Acuerdo de Consejo de Ministros, de acuerdo con el procedimiento y los mecanismos de financiación previstos en el artículo anterior. No obstante, no se requerirá, en este caso, el informe de la Comunidad Autónoma al que hace referencia el último párrafo del apartado 1 de dicho artículo. El acuerdo se dictará, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, conforme al artículo 45, y afectará a los operadores dominantes y a los que tengan reconocido el derecho de ocupación de la propiedad pública o privada. Se podrán establecer criterios para el establecimiento de ofertas apropiadas por la introducción de estos servicios. Las pérdidas acreditadas del operador se financiarán por el mecanismo establecido para los servicios obligatorios, en el artículo 41.