Source: https://justiciayprehistoria.blogspot.com.es/2014/04/
Timestamp: 2017-07-24 12:31:36
Document Index: 114075107

Matched Legal Cases: ['artículo 135', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 414', 'ROJ ', 'artículo 134', 'artículo 136', 'artículo 207', 'artículo 136']

No atendemos después de las dos: abril 2014
Cancelación de cargas posteriores en la ejecución hipotecaria. Dejo colgado el epígrafe dedicado en el libro sobre la ejecución hipotecaria al epígrafe sobre la cancelación de cargas.
Cancelacion cargas EH from justiciayprehistoria Publicado por
El plazo para consignar el depósito para recurrir de la Disposición Adicional 15ª LOPJ. El apartado V del preámbulo de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, por la que se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, introdujo un depósito para la interposición de los recursos, que se justificó en la necesidad de disuadir a quienes recurren sin fundamento jurídico alguno, para que no prolongaran indebidamente el tiempo de resolución del proceso en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso. Y dice así tercer párrafo del apartado 7: “Si el recurrente hubiera incurrido en defecto, omisión o error en la constitución del depósito, se concederá a la parte el plazo de dos días para la subsanación del defecto, con aportación en su caso de documentación acreditativa. De no efectuarlo, se dictará auto que ponga fin al trámite del recurso, o que inadmita la demanda, quedando firme la resolución impugnada”.
Advirtiendo al lector que la consignación no tiene ninguna dificultad y el importe y la cuenta del órgano judicial son datos a disposición de cualquier profesional aún en el caso de una notificación defectuosa, el Tribunal Supremo en un ATS, Sala de lo Civil, de 2 de noviembre de 2010, puso fin a una polémica doctrinal sobre la “subsanación del defecto”. Entendió que la cuestión que planteaba más problemática era la de determinar el alcance que había de darse a la posible subsanabilidad de la deficiencia consistente en la omisión en la constitución del depósito ya que la forma en que estaba redactado dicho término permitía varias interpretaciones: se podía partir de una interpretación amplia y favorable a la posible subsanación, o por el contrario, y manteniendo una postura más restrictiva, considerar que la omisión indicada partía del presupuesto de que el depósito debía estar constituido y la omisión, defecto o error se refería a la acreditación de la constitución del mismo, de tal manera que la existencia del depósito era presupuesto de hecho de la deficiencia subsanable. Ante la opción el Tribunal Supremo sostuvo que el párrafo 2º del apartado 7 de la Disposición Adicional 15º comprendía también la posibilidad de subsanación por no haber efectuado aún consignación o por haberla efectuado fuera del plazo legalmente establecido para ello. Esta doctrina se reiteró en ATS de 30 de noviembre de 2010 y 9 de diciembre de 2010 y en la STS nº 4631/2011, de 27 de junio (Recurso: 1319/2010). Pues bien, la primera consecuencia de esta doctrina es que se incumple el requisito en casi todos los recursos, obligando a conceder un plazo de subsanación, que en realidad encubre una simple omisión, esto es, el incumplimiento. Y a partir de aquí no cabe confundir el cumplimiento de un requisito de admisibilidad de un recurso (el depósito) con los efectos procesales de la notificación por el sistema Lexnet, ni con la presentación de un escrito sujeto al plazo del art. 135 LEC. El depósito deberá consignarse en la cuenta del Juzgado en el plazo de los dos días siguientes al de la notificación de la diligencia de ordenación de subsanación, sin que sea admisible que ese plazo pueda ampliarse por el previo incumplimiento de la parte ya sea con arreglo al régimen de notificaciones del sistema Lexnet, bien haciendo uso del citado artículo 135 LEC, que nada tiene que ver con el del depósito. Por ello, transcurrido ese segundo plazo deberá ponerse fin al trámite del recurso y declarar la firmeza de la resolución impugnada. Doctrina, la última, que se ha plasmado en el ATS, Sala 1ª, de 4 de diciembre de 2012 (Roj: ATS 11856/2012) en los siguientes términos: “No es admisible la pretensión del recurrente de que al depósito efectuado al tercer día, tras la concesión de este segundo plazo de dos días, se le aplique lo dispuesto en el art. 135 LEC-que establece la posibilidad de presentar escritos hasta las 15 horas del día siguiente del vencimiento del plazo- a los efectos de que se pueda entenderse constituido dentro del plazo de dos días. Dicho argumento no es asumido por esta Sala porque no estamos ante la entrega o presentación de un determinado documento, sino ante la realización de un determinado acto, que consiste en el ingreso del depósito necesario en la cuenta del Juzgado y resulta de aplicación el art. 136 LEC. Cuestión diferente es que, una vez realizado el acto requerido en el plazo concedido para ello (art. 136 LEC), se pueda presentar el documento que lo acredite al día siguiente hábil, hasta las 15 horas, en aplicación del art. 135 LEC” .
DAd 15ª,
El principio de facilidad procesal. Me comentaban que el último juicio arregla-corrupciones fue interminable con los abogados haciendo setenta veces la misma pregunta, con más de un testigo que se puso algo más que nervioso recriminando la aparenta sordera de algún togado y con un tribunal dedicado a la defensa del artículo 24 CE mediante el silencio. Porque para defender el artículo 24 CE no hace falta la acción, basta la omisión y dejar que los directores jurídicos de las defensas, las acusaciones y de los medio pensionistas hagan con el pleito lo que les dé la gana. Es el llamado principio de facilidad procesal al que más de un órgano colegiado se ha rendido y que acaba con cualquier juez de instrucción que no sea un superhéroe o una superhéroina en los dos tres primeros meses de grapar escritos y fundamentales diligencias de investigación, pero que explica muy bien las dilaciones que sufren las instrucciones penales y esos juicios interminables que ya tienen sentencia de los opinadores profesionales. El Consejo General del Poder Judicial anterior intentó cerrar el asunto con una especie de último recurso de revisión, en el que podría denunciarse la mala colocación de la penúltima grapa en la instrucción y ahí se quedó. Lo de civil ya es de premio o chirigota gaditana. Inundados en algunos sitios por esa estupenda gestión bancaria, nos encontramos con demandas de juicio ordinario del iura novit curia en modelo ad hoc, para luego subsanarse en la audiencia previa todo lo subsanable y alguna otra cosa que nos faltaba en la lista de la compra, mientras las contestaciones a esas demandas parecen hacerse al peso y por letrados muy educados que nunca saben si su testigo esencial trabaja o no en el banco. Si solo fuera eso, pues miren las reglas del juego, pero no, ¿por qué vamos a hacer sencillo lo que podemos complicar con un par de excepciones y unos testigos que no sabemos sí son, ni dónde están?. Instrucciones del cliente o de la clienta y unos juicios muy interesantes que permiten constatar hasta dónde llegó la corrupción y cómo todo el mundo uso y abusó hasta que todos los demás nos quedamos sin dinero. Y ¿qué pinta el Juzgado en todo esto? Nada, sencillamente nada. A los del penal les pagan por sacar papel, a los del civil por cascarles las costas a alguna parte, a los del social para traducir alguna de las últimas cuatrocientas reformas en decretos de urgentísima necesidad y a los del contencioso, no lo sé, que ya ando muy perdido con tanto monitorio y tanta justicia gratuita, que será muy gratuita, pero que nada tiene que ver con la justicia. Creo sencillamente que esto no tiene solución, ni derogando el artículo 24 CE, que algunos llevan tatuados en el pecho y además que no hay responsables. No, no hay ninguna contradicción ya que como diría el clásico: “semos así” y solo hace falta mirar la suciedad de las calles para comprobarlo. Cuanto antes lo entendamos y dejemos de vender la moto de la reforma de la justicia nos irá mejor, porque a este paso vuelven los corchetes.
La notificación personal del señalamiento de la subasta.
Suele ser una práctica muy extendida la de intentar notificar personalmente al ejecutado el señalamiento para subasta mediante los Servicios Comunes de Comunicación, suspendiéndose aquella si resulta negativa y esto, a mi entender, es incomprensible. La única obligación legal de notificación a la parte ejecutada se contiene en el art. 553 LEC. Si, el ejecutado, no se opone a la ejecución o, no se persona en forma después que haya transcurrido el plazo para la oposición, no existe otra obligación legal de notificar que la prevista en el art. 270 LOPJ y en los términos que en el mismo aparecen ya que las disposiciones generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la materia regulan las notificaciones en el proceso declarativo (art. 150 y siguientes LEC) y, no pueden aplicarse, sin más, al de ejecución. De lo dicho se extraen las siguientes conclusiones: 1) la LEC no obliga a la notificación personal del señalamiento para subasta al ejecutado, ni existe precepto alguno en el ordenamiento procesal que ampare dicha práctica y desde luego, no cabe una interpretación extensiva de un acto que solo provoca dilaciones procesales; 2) la interpretación literal del art. 667 LEC nos lleva a una absurda identificación con el art. 155 LEC cuando, por ejemplo, en el momento del dictado de la diligencia de ordenación señalando la subasta, el ejecutado puede haber sido declarado en rebeldía años antes en el proceso declarativo. Opinión que por cierto aparece en el AAP ÁVILA, Sección 1ª, 30 de diciembre de 2011 (ROJ: AAP AV 235/2011). La aplicación del art. 155 apartado 1 LEC se condiciona a que no pueda acreditarse que el destinatario ha recibido una comunicación que tenga por finalidad la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales. Si la parte ejecutada fue emplazada en su domicilio, para comunicarle la acción ejercitada, habiendo recibido esa primera notificación, de modo que tenía conocimiento exacto del procedimiento iniciado frente a él, la segunda notificación -la que tenía por objeto dar noticia sobre la celebración de la subasta y cuya recepción por los destinatarios no consta-, no tenía por finalidad "la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes". Es sobradamente conocido que la subasta no es un trámite al que deban acudir necesariamente las partes, mucho menos de forma personal, al ser posible acudir representado o encargar la compra a terceros, de ser así deseado.
Contesta también esta resolución a las frecuentes alegaciones de indefensión del art. 24 CE. Y así leemos: Cuestión distinta es la posibilidad de revertir el procedimiento, lo que en modo alguno es imputable a otro que no sea su propia falta de diligencia o desidia a la hora de la recepción, pues si el día de la notificación no estaba en casa es fácil predecir que el justificante para su recogida llegaría a su buzón, sin que se pasara a recoger por las oficinas de Correos, donde permaneció el tiempo previsto hasta que es devuelto a procedencia, en este caso al Juzgado de 1ª instancia de Arenas de San Pedro, donde constan las misivas devueltas. En el plano constitucional se ha resaltado, además, que la indefensión tiene un contenido material y que no basta la transgresión de la norma procesal para considerar aquélla concurrente "sino que es necesario que el defecto haya supuesto un perjuicio real y efectivo en las posibilidades de defensa del destinatario de la comunicación y, además, que la indefensión padecida no sea el resultado de la falta de diligencia del mismo" (Sentencia de 13 de marzo de 2006). Lo mismo afirma un ATS de 6 de junio de 2005: "las resoluciones judiciales recaídas en los procesos seguidos inaudita parte no suponen una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva cuando el afectado no ha puesto la debida diligencia en la defensa de sus derechos e intereses, bien colocándose al margen del proceso mediante una actitud pasiva con el fin de obtener una ventaja de esa marginación, bien cuando poseía un conocimiento extraprocesal de la existencia del litigio en el que no fue personalmente emplazado y, por su propia falta de diligencia, no se personó en el mismo (SSTC 65/2000, de 13 de marzo; 55/2003, de 24 de marzo; 99/2003, de 2 de junio; 191/2003, de 27 de octubre; y 225/2004, de 29 de noviembre).
En suma la notificación del señalamiento de la subasta – no de la diligencia, ni del edicto- viene condicionada por cada proceso de ejecución, puede hacerse en cualquiera de las formas admitidas por la ley (correo o telegrama) y su resultado negativo permite el empleo del edicto. La disposición del art. 667 LEC no tiene por objeto una garantía más para el ejecutado personado, sino que supone la creación de una presunción legal, por la que se considera correcta la notificación hecha al ejecutado no personado en el domicilio que figura en el título ejecutivo, sea o no hallado en el mismo (AAP ÁVILA, Sección 1ª, 18 de julio del 2003, ROJ: AAP AV 31/2003). Y en el mismo sentido dice el AAP BARCELONA, Sección 11ª, 2 de julio del 2008 (ROJ: AAP B 4836/2008) que no hay infracción legal del art. 667 LEC cuando el ejecutado no comunica el domicilio en que pueden efectuarse las notificaciones y de esa omisión no puede derivarse seriamente ningún interés digno de protección y más cuando aquel “tenía a su alcance desvelar cualquier situación ambigua sobre la cuestión, señalando claramente su cambio de domicilio”. Publicado por
La homologación en el proceso de ejecución. Disculpen la rotundidad de la afirmación, pero no hay homologación en el proceso de ejecución, ni resolución que pueda aprobarla. El art. 19 LEC dispone que los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo y en el caso de pretenderse una transacción judicial, el acuerdo o convenio será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin. Queda claro el ámbito procesal de la homologación: el proceso declarativo y, en consecuencia, el litigio al que las partes tratan de poner fin. Pero dicho esto el apartado 3 del art.19 LEC, introduce una desaconsejable confusión al permitir la transacción, en cualquier momento de la primera instancia, de los recursos o de la ejecución de sentencia y, en consecuencia, no faltan ejecuciones en trámite en las que las partes postulan homologaciones de acuerdos o convenios. No viene mal recordar – sigo, por todas, la SAP SANTA CRUZ DE TENERIFE 213/2012, Sección 4ª, 18 de mayo del 2012 (ROJ: SAP TF 1649/2012)- que la transacción como contrato bilateral o plurilateral requiere obviamente un concurso de declaraciones de voluntad de todas las partes que intervienen como contratantes. Conforme a los arts. 1255, 1809, 1815 y 1816 CC el negocio transaccional se entiende perfeccionado y eficaz cuando mediante el mismo se sustituye la relación jurídica sometida a juicio por otra precisa y efectiva (STS de 17-6-1998). Dicha transacción obliga a los interesados a su estricta observancia en lo que integra su contenido obligacional expreso o que por deducción deba reputarse comprendido en la misma (STS de 15-7-1991), con exigencia de escrupulosidad en su ejecución y absoluto respecto a la nueva situación creada (STS de 29-11-1991 y 16-3-1995). Así mismo, cuando se trata de una transacción lograda en el marco del proceso en curso o llevada al mismo para obtener la aprobación y homologación judicial produce efectos similares a los que se derivan de la sentencia firme, siendo el acuerdo transaccional susceptible de ejecución por la vía de apremio como el propio art. 1816 establece. Y expuesto el concepto, haremos lo propio con las razones de la negativa, que ya se apuntan en la citada resolución: a) El art.19.3 LEC no dice que sea posible la homologación en el proceso de ejecución, sino que aquella será posible si lo permite “su naturaleza” y no hace falta darle muchas vueltas al asunto para concluir que la homologación que nos ocupa, no trata de poner fin al litigio, sino de hacerlo con la ejecución. Esto es, no hay un concurso de voluntades, sino un título ejecutivo y lo que se pacta es su forma de cumplimiento, nada más, lo que, por cierto, no exige ninguna otra resolución judicial que la que ya se ejecuta. b) La homologación en el proceso de ejecución “produce” una segunda resolución judicial susceptible de ejecución por la vía de apremio y ello no solo contradice el art.517 LEC y la obligación de ejecutar la sentencia (el auto o el decreto) en sus propios términos, sino que carece de soporte normativo. No hay precepto en la ley que autorice a dejar sin efecto el contenido de un título ejecutivo, mediante el dictado de un segundo título ejecutivo. Lo dicho no significa que las partes no puedan alcanzar acuerdos que faciliten la satisfacción del título, pero ese quehacer no precisa el dictado de ningún nuevo auto, siendo así que los arts. 19.4 y art. 565 LEC responden a lo que se pretende. Cuando las partes alcancen un acuerdo en el proceso de ejecución podrán solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por el Secretario judicial mediante decreto y con el límite temporal que se haya pactado (y no el de sesenta días del art.19 LEC). Además y como quiera que en esta clase de acuerdos suelen mantenerse en suspenso determinadas medidas ejecutivas – habitualmente la traba de los bienes inmuebles- cuyo último destino se condiciona al definitivo cumplimiento del título, nada impide – al contrario- que el incumplimiento del acuerdo pueda “denunciarse” en el órgano ejecutor y continuar con la vía de apremio. En conclusión, dictado el decreto de suspensión, se mantendrán las medidas ejecutivas que procedan, levantándose las que se hayan interesado y una vez cumplido el acuerdo se dictará el decreto del art.570 LEC. No hace falta más y tampoco será necesario el archivo provisional del art.179 LEC, pues no hay caducidad en el proceso de ejecución (art.239 LEC). Publicado por
Desde hace tiempo viene observándose que la subsanación de los requisitos procesales (defectos formales o como prefieran denominarlos) solo va en el sentido del profesional afectado al Juzgado, pero no al revés, chocando contra el art.24 CE, a modo de quitamiedos que más parece la muralla china. Les explicaré el asunto. Hace un par de semanas dos procuradoras intentaron otorgar apud acta en un proceso ordinario mediante la designación que la una hacía a la otra en virtud del poder notarial que la primera tenía del cliente. Evidentemente ni el cliente estaba delante, ni nadie logró explicar porque no hacía el apud acta la procuradora apoderada; extremo sencillo a la par que todavía gratuito y que de paso salvaba la necesidad de poder especial, prevista en la ley para el juicio ordinario, aunque luego no tenga ningún sentido porque ni hay acuerdo, ni ganas de alcanzarlo. La LEC parte del principio de que en los procesos civiles la comparecencia en juicio será por medio de Procurador legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que conozca del juicio –art. 23.1 - y que el apoderamiento podrá otorgarse notarialmente o ser conferido por comparecencia ante el Secretario Judicial del Tribunal –art. 24.1-, precisándose que el apoderamiento "necesariamente habrá de ser especial" , entre otras cosas, para allanarse renunciar o transigir –art. 25.2.1 -, disponiendo para la audiencia previa en el juicio ordinario, que las partes habrán de comparecer asistidas de Abogado y que para el efecto del intento de arreglo o transacción, cuando las partes no concurrieran personalmente, deberán hacerlo a través de Procurador a quien previamente se le haya otorgado poder para renunciar, allanarse o transigir – art. 414.2 -, exigencia imperativa que encuentra su razón de ser en el hecho de que el precitado acto tiene por finalidad el intento de acuerdo o transacción de las partes poniendo término al proceso judicial –art. 414.1 -, lo que sanciona legalmente con tener a la parte por incomparecida a la Audiencia y subsiguiente sobreseimiento y archivo de las actuaciones procesales -artículo 414.3 -. Ni que decir tiene que esa designación apud acta de un procurador en otro no tiene soporte procesal (la discusión sobre el mandato civil no pinta nada y nos la ahorramos), salvo que volviendo nuestros pasos concluyamos que los requisitos procesales quedan al buen criterio del demandado y de su impugnación en la contestación a la demanda; opinión que a buen seguro habrá provocado espasmos en más de algún catedrático de lo procesal, pero que nos evita a los demás la peleíta inútil del mostrador. Y no crean que el asunto es baladí, al menos dos sentencias del Tribunal Supremo han examinado ya el defectillo de representación y en particular la STS, Sala Primera, de lo Civil, de 23 de julio de 2009 (rec. 2486/2004) advierte que no constando el poder especial al que se refiere la ley, ni habiendo hecho uso la parte de la posibilidad alternativa del otorgamiento apud acta, será obligatoria la asistencia de la parte (cliente) al acto de la citada audiencia previa. No es un caso único, ni evidentemente aislado y de hecho llama la atención que el transcurso del tiempo esté anulando de hecho parte las disposiciones generales de las leyes de enjuiciamiento. Leo en la STS, Sala de lo Contencioso, de 4 de marzo de 2014 (Roj: STS 798/2014)
Debo comenzar por hacer algunas reflexiones sobre la particular manera en que la demandante se ha personado ante esta jurisdicción. Examinando el expediente observo: que la procuradora de la entidad actora es colegiada de Madrid; que no se ha personado ante la Sala procurador distinto; que sus escritos carecen de firma original; y que ninguna de las actuaciones ante los órganos de este partido ha sido realizada por ella en persona, sino, como impone la necesidad dada la distancia, por medio de otra procuradora. Al folio 7 consta la parte final de la demanda con la firma escaneada de la representante procesal; al folio 37 escrito para pago de la tasa firmado por persona distinta -no identificada-, pero encabezado por dicha causídica; todas las notificaciones a dicha procuradora se han verificado con otra distinta de la que se desconoce la identidad (folio 40, 41, 48, 69 -notificación de sentencia-); al acto de juicio comparece por la actora un procurador diverso, y un letrado distinto del que firma la demanda. Ya para la segunda instancia, el escrito de apelación tiene firma escaneada, (ambas, también la del letrado). Es al folio 75 donde aparece la identificación de la Sra. Soledad como procurador que da traslado de los escritos a la parte contraria. Al folio 83 nuevo escrito sin firmas originales, apareciendo un sustituto del Letrado, cuya identidad no se reseña. En el rollo de apelación se une el escrito de personación con firmas no originales, y cuando se requiere de subsanación, aparece por fin, la única firma original de la procuradora, pero no la del letrado, pues quien le sustituye no se identifica de ningún modo. Es obvio que la actora está actuando a distancia, ya que en el momento en que deben realizarse actuaciones que exigen presencia personal, se acude a otro letrado y, lo que es más relevante, a un procurador afincado en este partido que no aparece apoderado, y que no encabeza los escritos. Tengo motivos para considerar que la parte no se ha personado ante la Sala, y dar con ello por incumplida esa exigencia formal, y de modo insubsanable, porque cuando se ha pedido que se sane la carencia observada, el representante procesal tampoco ha hecho acto de presencia (eso es lo que significa comparecer) ni ha presentado por sí el escrito. Desaparece así la esencia misma de la función del procurador, que es la de servir de enlace personal entre la parte poderdante, su letrado y el órgano judicial, como elemento de unión imprescindible que fiscaliza los plazos, controla la tramitación, vigila los intereses formales del cliente en ese terreno y articula el proceso; se suprime la relación de confianza entre representante y representado; se subvierte el régimen de responsabilidades por error profesional; se impide una ágil y adecuada relación entre el órgano judicial y la parte; se pierde la fluida disponibilidad entre ambos. No creo que la posibilidad estatuaria o colegial de sustituirse los procuradores entre si dé base para esta plena suplantación, ya que no se trata de que de modo ocasional, y por cierto motivo, un procurador actúe por otro, sino que desde el origen del litigio es patente que no podrá actuar por sí el apoderado de la parte, y que por ello encomienda la llevanza del pleito en su actuación ante los órganos judiciales a uno distinto. Y en este caso con el añadido de que la procuradora apoderada, ha delegado firma, ya que en todos los escritos no aparece ni una sola que sea original, sino copia escaneada de la misma, como la que ya venía estampada en la demanda, Pues bien, una cosa es que se haya suprimido la limitación geográfica que obligaba a cada causídico a actuar en un partido, y otra que se haya aprovechado esa regla para defraudar la función misma que corresponde a ese cuerpo jurídico, degradando su intervención hasta minimizar su importancia, además de haber abierto un camino para incurrir en competencia desleal, aspecto éste meramente colegial que no me corresponde valorar pero para cuyo conocimiento creo que debo remitir copia de esta sentencia al Ilustre Colegio de Procuradores.
Afirmaba que tales opiniones ocultaban una resistencia a aceptar la nueva situación procesal derivada de la voluntad del legislador de liberalizar la actividad profesional de la procuraduría y de integrar dentro de la actividad de la Administración de Justicia los nuevos medios electrónicos y de comunicación, reclamando una actuación personal en el procedimiento que no viene exigida por ninguna norma. Exponía que, con todo, la base de su queja es el daño que inflige a la actividad de aquellos procuradores que aceptan que el Estado, en un mundo de internet, firmas electrónicas y códigos de barras, tiene la obligación de mejorar la estructura de la Administración en beneficio del ciudadano y que quieren que su profesión sea algo más que meros correveidiles de papeles, y más barata para los ciudadanos, examinando a continuación las afirmaciones del Magistrado que califica como peregrinas y gratuitas. Explicaba que al Magistrado se le escapa la inversión en medios para modernizar la actividad de la procuradoría y adaptarla al libre mercado, así como las resistencias de algunos procuradores, Tribunales, Secretarios y funcionarios a facilitar el cumplimiento del deseo del legislador, lo que sólo permite reducir costes procesales a las grandes empresas, pero no al ciudadano de a pie.
Suele producirse una confusión entre la subsanación del art. 231 LEC y la omisión del acto que obliga a corrección, en tanto no será posible otorgar plazos de subsanación cuando no estemos ante un acto defectuosamente realizado sino ante un acto omitido (por todos, ATS, Sala 1ª, 12 de febrero de 2013, ROJ ATS 1364/2013) y abundando en esa línea el reciente ATS, Sala 1ª, de 28 de enero de 2014 (Roj: ATS 377/2014) dice lo siguiente:
El examen de la cuestión impugnada pasa por recordar la doctrina de esta Sala sobre el efecto de los plazos procesales y en este sentido, conforme al artículo 134.1. LEC, los plazos establecidos en la LEC son improrrogables, estableciendo el artículo 136 LEC que «[transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto del que se trate. El Secretario Judicial dejará constancia del transcurso del plazo por medio de diligencia y acordará lo que proceda o dará cuenta al tribunal a fin de que dicte la resolución que corresponda». Estas normas, se destaca, tienen el carácter imperativo y de orden público que caracteriza los preceptos procesales y la recta aplicación de los mismos es siempre deber del juez (STC 202/1988, de 31 de octubre), pues los requisitos procesales no se hallan a disposición de las partes (STC 104/1989, de 8 de junio), y la premisa de que la interpretación de los preceptos legales no ha de ser restrictiva del derecho fundamental de acceso a los recursos legalmente establecidos no permite llegar a la consecuencia de que exista una prorrogabilidad arbitraria de los plazos ni de que estos puedan quedar a la disposición de las partes (STC 1/1989), de 16 de enero). El automatismo de los plazos es una necesidad para la recta tramitación de los procesos, siendo de señalar que todos los términos procesales lo son de caducidad y no de prescripción y cuyo carácter preclusivo está informado por la naturaleza propia del ordenamiento procesal, que en aras del orden público de que es fiel reflejo, ha de garantizar la seguridad jurídica (SSTS de 14 de octubre de 2004, RC 3634/1996). Lo dicho implica que la parte debe efectuar el acto procesal en el término establecido, siendo la consecuencia de su inobservancia la pérdida de la ocasión de realizar la actividad procesal a que afecte. No cabe hablar de subsanación, ni por la parte ni tampoco por el Tribunal como se pretende con la invocación del artículo 207 LEC, puesto que la dicción del artículo 136 LEC es taxativa, como lo evidencia la previsión expresa de la norma de preclusión del acto .