Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52010IE0965
Timestamp: 2019-11-18 18:55:14
Document Index: 1351056

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 251', 'artículo 48', 'artículo 6', 'artículo 50', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 81', 'artículo 14', 'artículo 20', 'artículo 329', 'Artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 7', 'artículo 7']

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El Tratado de Lisboa y el funcionamiento del mercado único» (Dictamen de iniciativa)
Ponente: Jorge PEGADO LIZ
El 18 de febrero de 2010 el Comité Económico y Social Europeo decidió, conforme al artículo 29, apartado 2, de su Reglamento Interno, elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema
«El Tratado de Lisboa y el funcionamiento del mercado único».
La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 15 de junio de 2010.
En su 464o Pleno de los días 14 y 15 de julio de 2010 (sesión del 14 de julio), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 129 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones, el presente Dictamen.
1.1 La entrada en vigor del Tratado de Lisboa fue fijada inicialmente el 1 de enero de 2009, pero no fue efectiva hasta el 1 de diciembre de 2009, una vez finalizado el proceso de ratificación de los 27 Estados miembros. Hay que reconocer que este tratado resulta complejo y difícil de comprender.
1.2 El estudio comparativo que forma parte del Documento informativo (CESE 241/2008) permite, en particular, llegar a la conclusión de que, aunque no sufre ninguna modificación estructural con el nuevo Tratado de Lisboa, el mercado interior parece estar definido con una perspectiva más social. En efecto, a diferencia del temor que la expresión «un mercado interior en el que la competencia sea libre y no esté falseada» del Tratado Constitucional provocó en algunos, el Tratado de Lisboa parece dar al mercado interior unos objetivos más sociales, al abogar por «una economía social tendente al pleno empleo y al progreso social».
1.3 Los textos que se conocen a día de hoy sobre las futuras orientaciones políticas de la Comisión, sobre la Estrategia 2020 y numerosas declaraciones de Comisarios y de dirigentes políticos nacionales parecen querer recorrer también este mismo camino hacia una dimensión cada vez más ciudadana del mercado único.
1.4 Esta dimensión se ha visto también reforzada por la referencia expresa a la fuerza jurídica vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales, que tiene «el mismo valor jurídico que los Tratados», a pesar de que existan, sin embargo, ciertas restricciones en algunos Estados miembros.
1.5 Por otra parte, el proceso legislativo relativo al mercado interior estará marcado por la intervención de los parlamentos nacionales, que están llamados a velar por que se respete el principio de subsidiariedad, que regula el ejercicio de las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros. En virtud de dos protocolos, uno sobre «el cometido de los parlamentos nacionales» y otro sobre «la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad», se les confiere incluso la posibilidad de solicitar la revisión de una propuesta legislativa en primera lectura, lo que supone un refuerzo de la participación democrática en el proceso legislativo de la Unión.
1.6 Si la intervención preventiva de los parlamentos nacionales funciona correctamente y si el control sobre la aplicación del principio de subsidiariedad resulta eficaz y de calidad para dar todo su alcance al mecanismo de alerta precoz que el Tratado de Lisboa toma de la Constitución, pudiera ser que la legislación de la Unión no recibiese tantas críticas de los Estados miembros por limitar las competencias nacionales y que el ciudadano europeo no viese en ella la señal de cierto «centralismo de Bruselas». Pero para eso sería necesario, además, que los parlamentos nacionales reforzasen su actuación en red, puesto que el alcance y la eficacia del mecanismo de alerta precoz, pese a ser un derecho individual reconocido a cada cámara, depende de la capacidad de los parlamentos nacionales para organizarse colectivamente.
1.7 El Tratado de Lisboa también generaliza el «procedimiento legislativo ordinario» (codecisión del artículo 251 del Tratado CE) para el mercado interior, como lo demuestra en particular el artículo 48 del Tratado FUE, relativo a las medidas necesarias para la libre circulación de trabajadores en materia de seguridad social.
1.8 El Tratado de Lisboa desea facilitar así el desarrollo del mercado interior haciendo más general la codecisión, a la que ahora se denomina «procedimiento legislativo ordinario», aunque añade a las instituciones de la Unión un nuevo interlocutor para las decisiones: los parlamentos nacionales, con los que a partir de ahora habrá que contar para la aprobación de todas las medidas legislativas aplicables al mercado interior.
2.1 El documento informativo sobre el impacto del Tratado de Lisboa en el mercado interior (1), aprobado en Sección especializada el 13 de junio de 2008, presentaba un estudio comparativo en forma de cuadro que permitía cotejar las disposiciones relativas al mercado interior del Tratado de Lisboa con las del Tratado CE (aún en vigor en ese momento), las del Tratado Constitucional (la «Constitución» que nunca llegó a ser ratificada) y los comentarios del Observatorio del Mercado Único sobre las consecuencias jurídicas del texto que se aprobó en Lisboa el 13 de diciembre de 2007.
2.2 La fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa había sido inicialmente fijada para el 1 de enero de 2009, pero el curso previsto de las cosas fue alterado el 12 de junio de 2008 cuando Irlanda rechazó el Tratado de Lisboa por referéndum.
2.3 Después de que Irlanda recibiese garantías sobre la soberanía nacional y la seguridad de que cada país de la Unión Europea seguiría teniendo su propio Comisario, el Tratado fue aprobado por referéndum el 3 de octubre de 2009.
2.4 La resolución del Tribunal constitucional checo de 3 de noviembre de 2009, en la que se afirmaba que el Tratado de Lisboa era conforme con la Ley fundamental checa, permitió acabar con el retraso de la ratificación. La firma del Presidente Vaclav Klaus culminó el proceso de ratificación, entrando finalmente el Tratado en vigor el 1 de diciembre de 2009.
2.5 El tiempo transcurrido entre la aprobación del Documento informativo y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, así como la Recomendación de la Comisión, de 29 de junio de 2009, «sobre medidas para mejorar el funcionamiento del mercado único» y la Comunicación de la Comisión «EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», aprobada el 3 de marzo de 2010, aconsejan hoy al Comité transformar el documento informativo mencionado en dictamen de iniciativa, al objeto no sólo de actualizarlo, sino también de hacer pública su opinión sobre el tema, a falta de la perspectiva suficiente en relación con el texto del Tratado, cuya legibilidad dejaba mucho que desear y cuya última versión consolidada ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 30 de marzo de 2010 (2).
3.1 Los acontecimientos políticos que han jalonado la vida del Tratado de Lisboa, desde su firma por los 27 Estados miembros el 13 de diciembre de 2007 hasta su entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009, no han modificado, en lo esencial, las disposiciones relativas al mercado interior, sino que han tenido sobre todo repercusiones institucionales.
3.1.1 En efecto, habida cuenta de las preocupaciones del pueblo irlandés, tal como fueron expresadas por el Taoiseach (Primer Ministro), el Consejo Europeo, en su sesión de los días 11 y 12 de diciembre de 2008, acordó que, en el supuesto de que entrase en vigor el Tratado de Lisboa, se adoptaría una decisión, conforme a los procedimientos jurídicos necesarios, con el fin de que la Comisión siguiese incluyendo a un nacional de cada Estado miembro.
3.1.2 El Consejo Europeo de los días 18 y 19 de junio de 2009 dio garantías jurídicamente vinculantes a Irlanda, pero sin incidencia sobre las relaciones entre la Unión y los otros Estados miembros ni sobre el contenido o la aplicación del Tratado de Lisboa, sobre el hecho de que determinados temas (la fiscalidad, el derecho a la vida, la educación, la familia, la política de neutralidad militar) no se verían afectados por la entrada en vigor del nuevo Tratado.
3.1.3 Este Consejo Europeo, además, aprobó una Declaración solemne sobre la importancia de los derechos de los trabajadores y de los servicios públicos.
3.2 El retraso de la República Checa en ratificar el tratado no ha tenido consecuencias inmediatas sobre el Tratado de Lisboa. En efecto, tal como acordaron los Estados miembros en el Consejo Europeo de los días 29 y 30 de octubre de 2009, un protocolo al próximo tratado de adhesión concederá a la República Checa una excepción relativa a la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales, en el mismo sentido que la del Reino Unido y la de Polonia.
3.3 El Documento informativo sobre «El impacto del Tratado de Lisboa en el funcionamiento del mercado interior» y su anexo siguen siendo actuales y pueden servir de soporte para el análisis jurídico del presente dictamen, y debe por ello considerarse que forman parte integrante de este dictamen.
3.4 Es preciso recordar, a este respecto, que el Tratado de Lisboa es un texto que resulta complejo, incluso en su versión consolidada. Es de difícil lectura y comprensión, incluso para juristas especializados, puesto que se presenta como una serie de enmiendas al Tratado de la Unión Europea (Tratado UE), que constituye el marco general de la Unión Europea y de los principios en que se funda la Unión, y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE), que pasa a ser el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado FUE) y que prevé las normas de aplicación de los principios recogidos en el Tratado UE.
3.5 Puesto que en el momento de la ratificación no existía un texto consolidado oficial, los Estados miembros ratificaron un texto tan poco claro como poco legible, en el que la mayoría de los nuevos «mecanismos» de decisión no estaban particularmente bien definidos y cuya operatividad, por tanto, no se había comprobado aún.
3.6 Además, a diferencia del Tratado Constitucional, el texto firmado en Lisboa no ha sido sometido a consulta en el Parlamento Europeo, en el Comité Económico y Social Europeo, en el Comité de las Regiones, en los parlamentos nacionales o regionales ni en las organizaciones representativas de la sociedad civil, ya sea a nivel comunitario, nacional o regional. Sólo después de la ratificación del Tratado la Comisión y el Consejo decidieron publicar documentos para divulgar y explicar a los ciudadanos el contenido y las ventajas del nuevo Tratado, a diferencia de lo que se hizo en el caso de la «Constitución».
3.7 El Tratado de Lisboa vuelve al método de modificar los tratados existentes en el marco de una conferencia intergubernamental (CIG) a la que sólo asisten representantes de los Estados, mientras que la preparación de la «Constitución» se había llevado a cabo en el marco de una convención formada en gran parte por diputados nacionales, incluidos los de los futuros Estados miembros de 2004 y 2007, así como por diputados europeos, representantes de los quince Estados miembros y de los doce Estados candidatos de entonces, además de Turquía, de la Comisión y de representantes de la sociedad civil organizada y entre ellos del Comité Económico y Social Europeo, en calidad de observadores.
3.8 El Tratado de Lisboa marca así claramente una recuperación de poder por parte de los Estados miembros respecto de la Constitución, cuya naturaleza parecía más federalista. Esto queda ilustrado particularmente por la supresión de los símbolos que la Constitución había introducido y que podían hacer pensar en la creación de un Estado federal (bandera, himno, divisa, la celebración del día de Europa el 9 de mayo).
3.9 El Tratado de Lisboa fusiona los tres pilares al tiempo que reconoce al Tratado UE y al Tratado FUE el mismo valor jurídico (3). La Unión adquiere además personalidad jurídica al sustituir y suceder a la Comunidad Europea, siendo así que hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, sólo la Comunidad Europea estaba dotada de personalidad jurídica.
3.10 La primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho de los Estados miembros había quedado recogida en el artículo I-6 del Tratado Constitucional entre los principios fundamentales de la Unión. Para poner fin a la polémica suscitada por la inclusión del principio de primacía en la Constitución, que no hacía sino reflejar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de primacía se recoge en la Declaración no 17. La Conferencia decidió anexar al Tratado de Lisboa un dictamen del Servicio Jurídico del Consejo relativo a la primacía, que recordaba tanto que el principio de primacía tiene origen en la jurisprudencia como su valor de principio fundamental.
3.11 El Tratado de Lisboa modifica el estatuto jurídico de la Carta de los Derechos Fundamentales proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000. Efectivamente, en la Cumbre de Niza no se había decidido que la Carta tuviese un carácter jurídicamente vinculante, de forma que quedó en declaración de principios, sin afirmación de su alcance jurídico.
3.11.1 De haber quedado integrada en la Constitución, por el contrario, la Carta habría adquirido fuerza jurídica vinculante. Pero, al no ser ratificada, el carácter jurídicamente vinculante de la Carta quedó prácticamente en letra muerta (4). El Tratado de Lisboa corrige esta situación, pero no recoge todos los adelantos que había incorporado la Constitución (5).
3.11.2 En efecto, el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, en su versión modificada por el Tratado de Lisboa, dispone que la Carta tiene «el mismo valor jurídico que los Tratados». Esto significa que las instituciones, órganos y agencias de la Unión Europea deben respetar los derechos recogidos en la Carta. Se imponen las mismas obligaciones a los Estados miembros (gobiernos, administraciones, jurisdicciones) cuando aplican el Derecho de la Unión.
3.11.3 No obstante, el Protocolo no 30 sobre la aplicación de la Carta a Polonia y al Reino Unido establece que la Carta no amplía la competencia del Tribunal de Justicia ni de ningún otro órgano jurisdiccional de Polonia o del Reino Unido para apreciar que el Derecho vigente en Polonia o en el Reino Unido sea incompatible con la Carta.
3.11.4 Este protocolo precisa igualmente que lo dispuesto en el título IV de la Carta no crea derechos que se puedan ejercer en Polonia o en el Reino Unido, salvo en la medida en que dichos derechos hayan sido contemplados en sus legislaciones nacionales respectivas.
3.11.5 Indica, por último, que la Carta sólo se aplicará en Polonia o en el Reino Unido en la medida en que los derechos y principios que contiene se reconozcan en la legislación o prácticas de estos Estados miembros.
3.11.6 En la práctica el alcance de estos protocolos será muy limitado: en virtud del principio de aplicación uniforme del Derecho de la Unión, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como parte integrante del orden jurídico de la Unión, debe ser respetada en todos los Estados miembros. Así pues, si una sentencia del Tribunal de Justicia cita o interpreta el título IV de la Carta, los órganos jurisdiccionales del Reino Unido y de Polonia deberían someterse a él, con independencia de que hayan intervenido o no en el procedimiento.
3.12 El Tratado retoma de la «Constitución» la posibilidad de que un Estado miembro se retire voluntariamente de la Unión (artículo 50 del Tratado UE). A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo en el que se establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión.
3.13 La retirada voluntaria no debe confundirse con la suspensión de los derechos de pertenencia a la Unión aplicada a un Estado miembro responsable de una violación grave y persistente de los valores de la Unión (respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos, etc.) y prevista en el artículo 7 del Tratado UE (6).
4.1 Algunos aspectos particulares de carácter político y económico sobrevenidos entretanto en el marco del desarrollo de la política del mercado único al amparo del nuevo Tratado, como la composición del Parlamento Europeo y de la «Comisión Barroso II», requieren una referencia especial.
4.2 Es preciso recordar que, en noviembre de 2007, la Comisión había publicado una importante Comunicación titulada «Un mercado único para la Europa del siglo XXI», a consecuencia de una resolución del parlamento Europeo de 4.9.2007, en la que se hacía un llamamiento a la «revisión del mercado único: supresión de los obstáculos y las ineficiencias por medio de una aplicación y un cumplimiento mejores». En ella se hacía eco de una «nueva visión» de un mercado único «para todos, más activo para estimular la respuesta de Europa a la mundialización, promover el crecimiento y el empleo, garantizar precios asequibles y contribuir a la protección social y medioambiental». En dos de sus dictámenes (7), el CESE había recordado su postura de que el mercado único es una herramienta al servicio de todos los ciudadanos, profesiones liberales, trabajadores y consumidores incluidos.
4.3 En una Comunicación de 6 de noviembre de 2008 (8), la Comisión había demostrado que las ventajas del mercado único estaban relacionadas con el refuerzo de la cooperación administrativa. En su «Informe de situación sobre el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI)» hacía un llamamiento a las autoridades de los Estados miembros a cooperar estrechamente e infundir mutuamente confianza en sus sistemas (9).
4.4 En su Recomendación de 29 de junio de 2009 sobre medidas para mejorar el funcionamiento del mercado único (10), la Comisión ha constatado una serie de deficiencias en relación con el buen funcionamiento del mercado único, concretamente porque las normas no se aplican ni se cumplen correctamente. Además, la Comisión proponía adoptar ella misma medidas concretas y complementarias a las de los Estados miembros en el marco de un enfoque cooperativo.
4.4.1 Entre las medidas recomendadas figuran reforzar el cumplimiento de las normas, promover los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, evaluar periódicamente la legislación nacional e informar a los ciudadanos y a las empresas sobre sus derechos derivados del mercado único.
4.5 La crisis financiera se ha propagado rápidamente, especialmente en Europa, trayendo consigo unas consecuencias económicas y sociales tan inesperadas como imprevisibles, como el Comité ha tenido ocasión de señalar, dando lugar a la recesión más profunda desde los años treinta, con más de 23 millones de parados (11), es decir, un nivel de desempleo que no se había conocido desde la II guerra mundial. En vísperas de la renovación de su mandato, y después de haber encargado al «Grupo de Larosière» (12) un estudio detallado de las causas y de las medidas necesarias para luchar contra esta crisis, la Comisión ha creído necesario definir nuevas orientaciones políticas para el futuro, en este nuevo marco económico, social y financiero.
4.6 Es por ello por lo que el Presidente Barroso, en sus «Orientaciones políticas para la próxima Comisión», ha definido las directrices de un «mercado único adaptado al siglo XXI», denunciando en ellas los ataques a su desarrollo bajo el pretexto de la crisis y reafirmando su defensa en tanto que «piedra angular de los tratados» y «el mejor garante de la prosperidad a largo plazo», siempre que esté adaptado a «los retos de la economía del mañana». En este contexto es oportuno señalar que el objetivo de «revitalizar el mercado interior en cuanto motor fundamental de la economía europea» no se logrará más que si una «política activa de defensa del consumidor» consigue dar «la confianza necesaria a los ciudadanos para que participen plenamente en el mercado único».
4.6.1 Al mismo tiempo, el Presidente de la Comisión confió a Mario Monti, antiguo Comisario de Mercado Interior, la misión de preparar un informe sobre el relanzamiento del mercado único, que fue presentado al Parlamento Europeo el 9 de mayo, día de Europa. Después de poner de relieve las principales dificultades del mercado interior, el informe propone una serie de iniciativas dirigidas a reforzarlo, teniendo en cuenta consideraciones de orden social respetuosas del medio ambiente. Otro informe titulado «Proyecto Europa 2030 – Retos y oportunidades», del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE, presidido por el antiguo presidente del gobierno de España, Felipe González, fue presentado al Consejo Europeo ese mismo día. Este informe se ocupa sobre todo de las perspectivas de la gobernanza económica europea a medio plazo, sin olvidar el papel decisivo del refuerzo y de la realización del mercado único para «crear una situación en la que todos ganamos: un nuevo pacto por el mercado único». Sus conclusiones sobre la Gobernanza económica tendrán seguramente una incidencia decisiva en el futuro del mercado único.
4.7 A luz de estas nuevas orientaciones políticas deberá interpretarse la estrategia que reemplace a la Estrategia de Lisboa, cuya aplicación fue además un fracaso parcial. La Estrategia «Europa 2020», sin embargo, no parece prestar gran atención al mercado único, a excepción de algunas líneas en el capítulo dedicado a las «Carencias y problemas» que reflejan una disminución del entusiasmo suscitado por el mercado único.
4.7.1 Con el fin de remediar este malfuncionamiento del mercado único, la Comisión anuncia que propondrá un uso más generalizado del reglamento en lugar de la directiva, adaptar la legislación a la era digital y avanzar hacia un Derecho europeo de contratos que sería opcional, especialmente en el ámbito de los contratos de consumo. En su intervención ante el Parlamento Europeo, pero sobre todo en sus recientes declaraciones de París, el Comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, ha insistido en la necesidad de «hacer compatibles el individuo y el gran mercado», el cual «debe estar al servicio de un proyecto de sociedad». Tal como subraya la Comisaria Viviane Reding, el mercado único sigue siendo «la joya de la corona» de la Unión Europea (13).
4.8 Al mismo tiempo, la iniciativa ciudadana introducida por el artículo 11, apartado 4, del Tratado UE, que ha sido objeto de un estudio pormenorizado por parte del Comité (14), podrá tener importantes consecuencias sobre el futuro desarrollo del mercado interior.
4.8.1 En efecto, este instrumento de participación ciudadana abre una vía natural para replantear temas esenciales para la sociedad civil que hasta el momento no habían podido llevarse a cabo, ya sea por falta de interés o por falta de voluntad política de las instituciones de la UE (el estatuto de la fundación europea (15), las acciones colectivas a escala europea (16), el derecho europeo de huelga, etc.).
5. Observaciones específicas
5.1 Las observaciones del Documento informativo sobre las disposiciones relativas al mercado interior recogidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado FUE) siguen siendo actuales (véase, por ejemplo, el punto 6, letra a).
5.2 De los 37 protocolos anexos al Tratado de Lisboa, cuatro afectan de forma más o menos directa al mercado interior.
En primer lugar, el protocolo no 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, puesto que corresponden al marco de competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros, entre las que figura el mercado interior.
El protocolo no 27 sobre mercado interior y competencia también afectará al mercado interior. En esencia, afirma que el mercado interior incluye un sistema que garantiza que no se falsee la competencia.
El protocolo no 25 sobre el ejercicio de las competencias compartidas afectará al mercado interior por las mismas razones que el protocolo no 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
El protocolo no 26 sobre los servicios de interés general también afectará sin duda al mercado interior. Este protocolo precisa que estos servicios forman parte de los valores comunes de la Unión e insiste en el amplio poder discrecional de las autoridades nacionales, regionales y locales para prestar, encargar y organizar los servicios de interés económico general. Asimismo justifica su diversidad y la disparidad de las necesidades y preferencias de los usuarios por razones geográficas, sociales o culturales. Por último, menciona la promoción del acceso universal y el alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad de estos servicios, así como de los derechos de los usuarios. El artículo 2 del protocolo no 26 es innovador, al citar por primera vez en el Derecho primario a los «servicios de interés general que no tengan carácter económico», y garantiza la competencia de los Estados miembros para prestar, encargar y organizar estos servicios.
5.3 Hay dos declaraciones que pueden afectar al mercado interior. La Declaración no 18, relativa a la delimitación de las competencias, que recuerda que en el sistema de reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros, prevista en los Tratados, toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros y que, en el marco de las competencias compartidas, los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya o haya decidido dejar de ejercerla.
5.3.1 En efecto, el Tribunal de Justicia ha asimilado por completo la atribución de competencias en la Comunidad a una transferencia de competencias que los Estados miembros hacen en beneficio de las instituciones comunitarias, como lo atestigua la sentencia Costa/ENEL, en la que se define la Comunidad Económica Europea como «una comunidad de duración ilimitada, dotada de instituciones propias … y más, en concreto, con poderes reales nacidos de una limitación de competencias o de una transferencia de atribuciones de los Estados a la Comunidad …» (Sentencia de 15 de julio de 1964, Costa/ENEL, 6/64, Rec. p. 1141).
5.3.2 La segunda es la Declaración no 42, que precisa que, en aplicación de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el principio de atribución de competencias no debería servir para ampliar el ámbito de competencia de la Unión más allá del marco general que se deriva del conjunto de disposiciones de los Tratados.
6. Principales consecuencias para la política del mercado interior
6.1 Por lo que se refiere concretamente a las modificaciones introducidas en los Tratados sobre la política del mercado interior, cabe subrayar lo siguiente:
La sustitución de las palabras «mercado común» por «mercado interior» ilustra el paso cualitativo de un mercado común a un mercado interior, lo cual permite aclarar conceptos discutidos de la doctrina, reforzando así la idea de que la UE no es sólo un mercado libre en un sentido puramente económico de zona de libre comercio, sino más bien un mercado interior para los ciudadanos (artículo 26 del Tratado FUE) (17).
Respecto del refuerzo del principio de subsidiariedad y una definición más detallada de éste, se constata en cambio que la preferencia por las directivas sobre los reglamentos que se contemplaba en el protocolo no 30 del Tratado CE ha desaparecido del protocolo no 2 del Tratado de Lisboa.
Al objeto de velar por el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, se concede a los parlamentos nacionales un cuasi derecho de veto, establecido en un tercio de la totalidad de los votos atribuidos a los parlamentos nacionales. Un parlamento nacional puede además oponerse a una iniciativa legislativa en materia de derecho de familia (artículo 81 del Tratado FUE).
Se reconocen nuevos poderes al Parlamento Europeo gracias a la extensión del procedimiento de codecisión, que pasa a denominarse «procedimiento legislativo ordinario». Queda equiparado al Consejo en materia presupuestaria y elige al Presidente de la Comisión. En el Tratado de Lisboa se indica que el Parlamento Europeo está compuesto por representantes «de los ciudadanos de la Unión», mientras que en el Tratado CE se hablaba de «representantes de los pueblos de los Estados».
Se aplicará un procedimiento de codecisión (procedimiento legislativo ordinario) con un nuevo sistema de mayoría cualificada de los votos del Consejo a numerosos ámbitos nuevos (18).
Los Estados miembros han suprimido de los objetivos de la Unión la referencia a «un mercado interior en el que la competencia sea libre y no esté falseada». La política de competencia aparece ahora definida como un instrumento «necesario para el funcionamiento del mercado interior». Al mencionar entre los objetivos de la Unión «un mercado interior en el que la competencia sea libre y no esté falseada», el Tratado Constitucional había provocado ciertos temores en algunos.
Una nueva consideración de los intereses de los consumidores y de las PYME, de la que se deriva el «paquete» Nueva visión y la Comunicación «Un mercado único para la Europa del siglo XXI» (19).
Una nueva concepción de los servicios de interés general (artículo 14 del Tratado FUE y Protocolo no 26), que clarifica las responsabilidades de la Unión y el amplio poder discrecional de las autoridades nacionales, regionales y locales abordados en la Comunicación «Servicios de interés general, incluidos los sociales: un nuevo compromiso europeo» (20), que propone la consolidación del marco europeo aplicable a los SIG.
Una mayor preocupación por integrar los aspectos sociales de la realización del mercado interior (lucha contra la exclusión y la discriminación, promoción de la justicia y de la protección social, igualdad entre hombres y mujeres, solidaridad entre las generaciones, protección de los derechos de la infancia) en relación con la Comunicación «Oportunidades, acceso y solidaridad: hacia una nueva visión social para la Europa del siglo XXI» (21).
El Tratado de Lisboa innova al ampliar la posibilidad de establecer cooperaciones reforzadas al conjunto de la acción de la Unión, exceptuado el ámbito que corresponde a las competencias exclusivas de la Unión (artículo 20 del Tratado UE), a condición de que participen al menos nueve Estados miembros (sea cual sea el número de Estados miembros). Ello se deriva de una decisión del Consejo, que se pronuncia por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo (artículo 329, apartado 1, del Tratado FUE) y podría por tanto tener consecuencias en el mercado interior, el mercado de la energía, la política de inmigración y la protección civil en particular.
Bruselas, 14 de julio de 2010.
(1) CESE 241/2008 - INT/393 (no publicado en el DO).
(2) DO C 83 de 30.3.2010 – En lo sucesivo todas las referencias al Tratado de Lisboa deben entenderse hechas a esta versión consolidada.
(3) Artículo 1, apartado 3, del Tratado UE: El Tratado UE y el Tratado FUE se sitúan en pie de igualdad, mientras que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia había reconocido el 13.9.2005, en una sentencia relativa a la protección del medioambiente por el Derecho penal, la preeminencia del Tratado CE sobre el Tratado UE.
(4) No obstante, pese a que la Carta careciese de carácter jurídicamente vinculante, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas hacía frecuentemente referencia a ella. Como ejemplo reciente véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 2008, Dynamic Medien (C-244/06, Rec. p. I-505), relativa a la libre circulación de mercancías. El Tribunal de Justicia cita el artículo 24, apartado 1, de la Carta, que dispone que los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar (apartado 41 de la sentencia). Véase igualmente la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 2008, Varec (C-450/06, Rec. p. I-581), relativa a la libertad de establecimiento. El Tribunal de Justicia cita el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, relativo al derecho al respeto de la intimidad (apartado 48 de la sentencia).
(5) La versión del proyecto de Tratado de Lisboa de 23.7.2007, CIG 3/07, preveía en su Declaración no 11 que la Carta de los Derechos Fundamentales sería solemnemente proclamada por las tres instituciones el día en que se firmase el Tratado de Lisboa, aunque guardaba silencio sobre el valor jurídicamente vinculante de la Carta.
Las tres instituciones de la Unión Europea proclamaron por segunda vez la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea el 12.12.2007 en Estrasburgo. Esta segunda proclamación era necesaria porque se habían añadido explicaciones y notas a pie de de página después de que la Carta fuera proclamada por primera vez en diciembre de 2000 en la Cumbre de Niza.
(6) El artículo 7 del Tratado UE prevé dos procedimientos distintos aplicables, uno, al «riesgo claro de violación grave» y, el otro, a la «existencia de una violación grave y persistente».
(7) DO C 77 de 31.3.2009, p. 15, y DO C 182 de 4.8.2009, p. 1.
(8) COM(2008) 703 final.
(9) Véase el dictamen del CESE DO C 128 de 18.5.2010, p. 103.
(10) Recomendación 2009/524/CE; véase la importante resolución del PE de 9 de marzo de 2010 (Doc A7-0064/2009).
(11) Según los últimos datos de Eurostat.
(12) El CESE ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el Informe de Larosière (DO C 318 de 23.12.2009, p. 57).
(13) Discurso pronunciado en Madrid el 15 de marzo de 2010, día del Consumidor, «An ambitious Consumer Rights Directive: boosting consumers’ protection and helping businesses» (Una ambiciosa directiva sobre los derechos de los consumidores: reforzar la protección del consumidor y ayudar a las empresas).
(14) Dictamen de iniciativa sobre «La aplicación del Tratado de Lisboa: la democracia participativa y el derecho de iniciativa de los ciudadanos» (CESE 465/2010, SC/032), en el que se ha analizado y comentado el Libro Verde de la Comisión (COM (2009) 622 final, de 11.11.2009), así como el dictamen de iniciativa sobre «Las organizaciones de la sociedad civil y la presidencia del Consejo de la UE» (CESE 464/2010, SC/031); véase también la importante resolución del PE de 7 de mayo de 2009 sobre la aplicación de la iniciativa popular (Doc A6-0043/2009).
(15) Dictamen de iniciativa del CESE 634/2010, INT/498.
(16) DO C 162 de 25.6.2008, p. 1, y DO C 128 de 18.5.2010, p. 97.
(17) El Tribunal de Justicia ya había afirmado, en la sentencia Schul (sentencia de 5 de mayo de 1982, Schul, 15/81, Rec. p. 1409, EE p. 349), que el mercado común, simple zona de libre comercio, era anterior al mercado interior. El mercado interior indica, pues, un grado superior de integración económica.
(18) Protocolo no 36 sobre las disposiciones transitorias.
(19) COM(2007) 724 final, SEC(2007) 1517, 1518, 1519, 1520 y 1521.
(20) COM(2007) 725 final, SEC(2007) 1514, 1515 y 1516.
(21) COM(2007) 726 final.