Source: http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/spanish/1239-2004.html
Timestamp: 2014-04-17 04:15:11
Document Index: 129866388

Matched Legal Cases: ['artículo 326', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 26', 'artículo 87', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1']

John Wilson v. Australia, Comunicación No. 1239/2004, U.N. Doc. CCPR/C/80/D/1239/2004 (2004).
Comunicación Nº 1239/2004 : Australia. 29/04/2004. CCPR/C/80/D/1239/2004. (Jurisprudence) Convention Abbreviation: CCPR
ANEXO* Decisión del Comité de Derechos Humanos emitida a tenor del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - 80º período de sesiones - Comunicación Nº 1239/2004¨ Presentada por: John Wilson (no está representado por un letrado) Presunta víctima: El autor Estado Parte: Australia Fecha de la comunicación: 20 de marzo de 2003 (comunicación inicial)
Reunido el 1º de abril de 2004 Adopta la siguiente:
Decisión sobre la admisibilidad 1. El autor de la comunicación, presentada inicialmente el 20 de marzo de 2003, es el ciudadano australiano John Wilson, nacido en 1942 y residente en Australia. (1) El autor afirma ser víctima de una violación por Australia de los artículos 1, 2, 9, 14 y 17 del Pacto. No está representado por un letrado. Los hechos expuestos por el autor 2.1. El autor afirma que ha incoado varios procesos por distintos motivos en el Estado de Nueva Gales del Sur, que en su opinión han sido sustanciados sin las debidas garantías al denegársele el derecho a ser juzgado por un jurado. El autor afirma que esta fue la causa de que fuese ilícitamente encarcelado y desalojado de su propiedad y difamado. También afirma que ha sido víctima de lo que él describe como un uso ilícito de la autoridad por una Potencia extranjera. 2.2. El autor afirma que el 5 de septiembre de 1997 fue detenido y acusado de un delito en virtud del artículo 326 de la Ley penal de Nueva Gales del Sur de 1990, que tipifica como delito amenazar con causar daños y perjuicios a un testigo de un proceso, a un jurado o a un funcionario judicial (el autor no ha proporcionado los pormenores de los cargos presentados contra él ni las circunstancias concurrentes). El 26 de septiembre de 1997 el autor compareció ante el tribunal local, en el que insistió en ser juzgado por un jurado, a lo que accedió el juez-presidente. 2.3. El 17 de noviembre de 1997, el autor compareció ante el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur tras la orden de comparecencia expedida por el secretario de ese tribunal con la finalidad de que el autor fuese acusado de desacato. No se proporcionan pormenores ni tampoco queda en claro si ese cargo guarda relación con los tipificados en la Ley penal y de qué manera. El autor solicitó que su juicio por desacato se celebrase con jurado. El magistrado-presidente desestimó esa solicitud. El autor impugnó esa decisión ante el Tribunal Supremo, pero su impugnación también fue desestimada por un único magistrado del Tribunal el 13 de febrero de 1998, y posteriormente por el Tribunal de Apelación el 26 de agosto de 1998. El autor presentó una nueva solicitud ante el Tribunal Superior de Australia para que se le concediese una autorización especial para recurrir contra la denegación de su petición para que su juicio se celebrase con jurado, pero fue desestimada el 16 de abril de 1999. 2.4. El autor afirma que fue encarcelado ilícitamente del 9 de noviembre de 1999 al 28 de febrero de 2000 en el Centro Penitenciario Silverwater de Sidney, tras haber sido juzgado y condenado por desacato por el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur. No se proporcionan pormenores de las circunstancias que concurrieron en su condena. Afirma que se le denegó su petición de que fuese juzgado por un jurado en relación con los cargos de desacato presentados contra él. El 28 de febrero de 2000 abandonó la prisión, tras darle razón el Tribunal de Apelación en el recurso que interpuso. El autor afirma que las circunstancias antes descritas ponen de manifiesto una vulneración del párrafo 5 del artículo 9 del Pacto. 2.5. El autor afirma que el 28 de diciembre de 2000 interpuso una acción contra el St. George Bank en la que acusaba a esa entidad de haber cometido fraude en detrimento suyo en relación con un contrato de préstamo para vivienda al incluir condiciones sobre la variabilidad del tipo de interés. En la denuncia, el autor también acusó al Estado de Nueva Gales del Sur, que, a juicio del autor, era "responsable subsidiario" por una decisión anterior dictada por un magistrado del Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur. Por esa decisión se accedía a la petición del banco de que se le concediese la posesión de la vivienda del autor, dado que éste había dejado de reembolsar el préstamo. El autor afirmaba que el magistrado que había intervenido en el asunto anterior no le había hecho justicia al no concederle un juicio por jurado en la denuncia que presentó el banco contra él. En su denuncia contra el banco y el Estado de Nueva Gales del Sur, el autor argumentaba que tenía derecho a que lo juzgara un jurado, pero su pretensión fue desestimada por un magistrado del Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur, y los ulteriores recursos interpuestos por el autor contra esa decisión sobre el procedimiento ante el Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur y el Tribunal Superior fueron desestimados el 16 de noviembre de 2001 y 14 de febrero de 2003, respectivamente. 2.6. El autor hace referencia a las 23 actuaciones en que los tribunales competentes desestimaron su petición de un juicio por jurado y afirma que ello supone una violación por el Estado Parte de los artículos 2 y 14 del Pacto. 2.7. El autor alega además que la causa que interpuso contra una compañía de medios de comunicación en junio de 1997 por difamación, cuyas circunstancias no se explican, no prosperó, y que el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur rechazó su denuncia pese a la pretensión del autor de que la causa fuese oída y juzgada por un jurado. Según se afirma esto representa una violación del artículo 17 por el Estado Parte. 2.8. Asimismo, el autor también afirma que debido a que los magistrados y parlamentarios del Estado Parte prestan juramento de lealtad a la Reina Isabel II, monarca de un Estado extranjero, también se vulnera el artículo 1 del Pacto. 2.9. Por último, el autor sostiene que la inadmisibilidad por los tribunales del Estado Parte de sus denuncias contra el banco antes mencionado en relación con el contrato de préstamo constituyó una violación del artículo 26, toda vez que se le negó el amparo de la ley contra lo que él define como prácticas fraudulentas del banco. La denuncia 3.1. El autor sostiene que, en los distintos procesos mencionados en su comunicación, no se le permitió ser juzgado por un jurado y que los procesos no fueron sustanciados con las debidas garantías, lo que constituye una violación de los artículos 9 y 14. También afirma que la conducta denunciada representa una violación de los artículos 1, 2, 17 y 26 del Pacto. Deliberaciones del Comité 4.1. Antes de examinar cualquier denuncia formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 87 de su reglamento, debe decidir si la comunicación es admisible con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto. 4.2. El Comité ha comprobado, como se requiere en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, que este mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales. 4.3. El Comité reitera su posición de que una persona no puede reivindicar la condición de "víctima" en relación con presuntas violaciones del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, consagrado en el artículo 1 del Pacto. (2) En consecuencia, esta parte de la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 1 del Protocolo Facultativo. 4.4. En cuanto a las afirmaciones del autor en relación con los artículos 2, 9, 14, 17 y 26 del Pacto, el Comité considera que, o bien caen fuera del alcance de esas disposiciones, o bien no han sido motivadas a los efectos de su admisibilidad. En particular, el Comité observa que el Pacto no reconoce el derecho a un juicio por jurado en un proceso ni civil ni penal, sino que su piedra angular es que todos los procesos judiciales, con o sin jurado, se sustancien con las debidas garantías. (3) En consecuencia, la denuncia del autor no es admisible con arreglo a los artículos 2 y 3 del Protocolo Facultativo. 5. Por ello, el Comité decide que la comunicación es inadmisible. La presente decisión será transmitida al autor y, para su información, al Estado Parte. ________________________________
[Aprobada en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.] * Participaron en el examen de la presente comunicación los siguientes miembros del Comité: Sr. Nisuke Ando, Sr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Sr. Alfredo Castillero Hoyos, Sra. Christine Chanet, Sr. Franco Depasquale, Sr. Maurice Glèlè Ahanhanzo, Sr. Walter Kälin, Sr. Ahmed Tawfik Khalil, Sr. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, Sr. Martin Scheinin, Sr. Ivan Shearer, Sr. Hipólito Solari Yrigoyen, Sr. Roman Wieruszewski y Sr. Maxwell Yalden. Notas
1. El Protocolo Facultativo entró en vigor en lo que respecta a Australia el 25 de diciembre de 1991. 2. Véase, por ejemplo, Hom c. Filipinas, comunicación Nº 1169/2003, decisión adoptada el 8 de agosto de 2003. 3. Véase, por ejemplo, Kavanagh c. Irlanda (Nº 1), comunicación Nº 818/1998, dictamen aprobado el 4 de abril de 2001. Inicio || Tratados || Busca || Enlaces