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Timestamp: 2020-01-25 11:28:21
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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 101', 'artículo 102', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 102', 'artículo 43', 'artículo 80', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 16', 'artículo 79', 'artículo 42', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 42', 'artículo 9']

La fiscalidad de los sistemas de retribución flexible
II. FISCALIDAD EN EL I.R.P.F. II.1. Regulación general
II.2. Retribuciones que no son renta en especie para el perceptor
REGULACIÓN PAGOS EN ESPECIE NO CONSIDERADOS RENTAS EN ESPECIE DEL PERCEPTOR
II. FISCALIDAD EN EL I.R.P.F.
II.1. Regulación general.
II.2. Retribuciones que no son renta en especie para el perceptor.
II.3. Valoración de las rentas en especie del trabajo.
II.4. Reflexiones sobre retribuciones relevantes para los SSRF.
II.5. Postura de la DGT en el IRPF.
III. FISCALIDAD EN EL IVA
III.2. Doctrina de la DGT anterior a la Consulta V0475-11 de 23-03-2011.
III.3. Doctrina de la DGT desde la Consulta V0475-11 de 23-03-2011.
III.4. Reflexiones sobre el nuevo enfoque doctrinal de la DGT.
IV. EJEMPLO PRÁCTICO
Existe abundante publicidad de empresas que ofertan como servicio el diseño de un sistema de retribución flexible (en adelante SRF o en plural SSRF). Una rápida ojeada a dicha publicidad nos permite concluir que lo que fundamentalmente se ofrece es una ventaja fiscal. En efecto, todas las ofertas se centran en destacar que los SSRF permiten a los trabajadores elegir los elementos que componen una parte de su paquete retributivo en función de sus necesidades y preferencias individuales, optimizando al mismo tiempo la fiscalidad del empleado y la posición competitiva del empleador, al permitir a éste mejorar las retribuciones sin aumentar los costes de personal. En definitiva, el objetivo es pagar más con el mismo coste. La receta para conseguirlo es la fiscalidad.
Siendo el objetivo que el trabajador obtenga un ahorro, sólo interesará incluir dentro de un SRF pagos en especie que permitan tal ahorro, pues de otro modo el asalariado siempre preferirá elegir libremente cómo gasta sus retribuciones dinerarias. Es preciso además que el SRF no incremente los gastos de personal del empleador, salvo que se esté dispuesto a asumir tal incremento en beneficio de los empleados. Obviamente ha de tratarse de bienes y/o servicios (en adelante B/S) cuya provisión o prestación sea interesante para el trabajador. Pero no sólo la fiscalidad favorece la implantación de SSRF, puesto que han de ponderarse también otros aspectos, como el precio más o menos ventajoso obtenga el empleador en el mercado respecto al que tendrían que pagar los trabajadores. Un análisis también interesante es el que ha de hacerse si los B/S que conforman las retribuciones en especie son precisamente aquellos de los que el empleador es proveedor o prestador.
En cualquier caso, algunos estudios indican que casi la mitad de las grandes y medianas empresas españolas tiene implantado un SRF. De hecho, en los últimos años ha habido un aumento espectacular de estos sistemas al mismo tiempo que se han generalizado como opción retributiva para todos los trabajadores, no sólo para el personal directivo.
Llama la atención que en el sector público no se hayan implantado SSRF, excepción hecha de algunos casos de uso de vivienda oficial o de algunas otras excepciones que confirman la regla general. El motivo podría encontrarse en una especie de recelo, o si se quiere vergüenza, por otorgar ventajas fiscales a los empleados públicos, lo que seguro que muchos aplaudirán. Sin embargo, como veremos posteriormente mediante ejemplos, si las Administraciones Públicas y singularmente el Estado, pagaran en especie con B/S cuyo coste de adquisición fuera similar al valor de la renta dineraria llamada a sustituir, se produciría un incremento efectivo del coste salarial, mientras que en el sector privado esto sólo ocurre, y en menor medida, si no hay repercusión al trabajador del ingreso a cuenta de las rentas satisfechas en especie. La razón está en que los pagos a cuenta para el Estado, y en última instancia para el sector público en general, son más aparentes que reales ya que no representan un aumento efectivo de la recaudación líquida. No obstante, en la misma hipótesis de equivalencia entre coste de adquisición de los B/S y renta dineraria a sustituir, si se trata de pagos en especie que conforme a la normativa del IRPF no son renta gravable del perceptor, el aumento del coste salarial que se produce cuando es la Administración pública quien paga, es equivalente a la pérdida recaudatoria que se produce si es una empresa privada quien lo hace. Cabe concluir que, al menos respecto de este último supuesto, la ausencia de SSRF en la Administración Pública puede ser un peaje más por la estabilidad en el empleo. Por otro lado, demostraremos que si se trata de retribuciones en especie en las que el coste de adquirir los B/S en que consistan es inferior a la renta dineraria que sustituyen, se produce un descenso del coste salarial, tanto en el sector público como en el privado. Pero no es momento de adelantar más conclusiones.
En el presente trabajo abordaremos los aspectos fundamentales de la fiscalidad de los sistemas de retribución flexible y no sólo desde el punto de vista de la imposición directa, sino también desde la óptica de la imposición indirecta. En efecto, no se trata sólo de analizar la fiscalidad del trabajador en el IRPF o del empleador en dicho impuesto o en el Impuesto sobre Sociedades, sino de analizar también la fiscalidad de estos sistemas retributivos en el IVA, sobre todo porque en 2011 la Dirección General de Tributos ha explicitado una nueva doctrina que aborda, con base en los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE), aspectos nuevos no analizados antes y que difieren de lo que hasta entonces se había interpretado por las empresas.
Desde el punto de vista laboral las percepciones en especie no pueden superar el 30% de la remuneración total, y en todo caso deben ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia, debiendo atribuírseles un valor justo y razonable. Dado el carácter salarial de estas percepciones, deberán computarse también para el cálculo de la indemnización procedente en caso de extinción del contrato de trabajo. De hecho, y así lo reconoce la Dirección General de Tributos en estos casos (DGT V0405-10 de 05-03-2010), en tanto en cuanto la indemnización por despido fijada teniendo en cuanta las retribuciones en especie, se encuentre dentro de los límites que el Estatuto de los Trabajadores fija para los despidos improcedentes, estará exenta conforme a la letra e) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF (en adelante LIRPF).
Antes de comenzar nuestro análisis debemos hacer una breve reflexión histórica sobre la fiscalidad de las retribuciones en especie. Se trata simplemente de recordar que la reforma fiscal de 1977 y la aparición del primer antecedente comparable de nuestro actual Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley 44/1978, de 8 de septiembre), supuso una modernización de nuestra fiscalidad que fue pareja al aumento de la carga tributaria y de la progresividad. Para intentar escapar del IRPF, como claramente se observó en los años ochenta del pasado siglo, se produjo un aumento de las retribuciones en especie. No es que tales retribuciones no formarán parte de la renta gravable, sino que una mala regulación y la inexistencia de la obligación de realizar un ingreso a cuenta de las retribuciones en especie del trabajo, dificultaba el control de tales rentas. La Ley 18/1991, de 6 de junio, del IRPF, abordó la cuestión regulando la obligación de realizar un ingreso a cuenta de las retribuciones en especie del trabajo y detallando el tratamiento fiscal de éstas con un grado suficiente de desarrollo. En esencia fue una regulación muy similar a la actual. La exposición de motivos de aquella Ley de 1991 decía que “…es de subrayar, por una parte, la regulación de las retribuciones en especie, fórmula retributiva que está tomando un gran auge y que carecía de un marco normativo adecuado…”
II.1. Regulación general
Puesto que se pretende estudiar la fiscalidad de los SSRF, nos centraremos en los rendimientos en especie del trabajo personal. Ahora bien, en el IRPF además de los pagos en especie que son para el perceptor rendimientos del trabajo, se contemplan también aquellos otros que originan rendimientos del capital, ganancias patrimoniales o rendimientos de actividades económicas. Pero son los pagos en especie del trabajo los que se incluyen en los SSRF. No analizaremos en profundidad qué requisitos han de cumplir ciertos pagos en especie para que no se les considere renta en especie del trabajador sometida a tributación, aunque de una manera descriptiva los estudiaremos en el apartado II.2. Lo esencial en nuestro análisis será descifrar las consecuencias fiscales que tales rentas en especie no gravadas implican en los SSRF (cheques guardería, bonos transporte, vales-comida, etc.).
Pues bien, la regulación de las retribuciones en especie del trabajo se encuentra fundamentalmente en los artículos 42 y 43 de la LIRPF y en los artículos 43 a 38 del Reglamento del IRPF, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (en adelante RIRPF). Estos artículos regulan las rentas en especie en general, aunque se refieren principalmente a rentas en especie del trabajo personal. En cuanto al ingreso a cuenta de las retribuciones en especie del trabajo, hay que acudir al artículo 101.1 de la LIRPF y sobre todo al artículo 102 del RIRPF.
El artículo 42 de la LIRPF define las rentas en especie como “…la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda.”. Añade el precepto que “Cuando el pagador de las rentas entregue al contribuyente importes en metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o servicios, la renta tendrá la consideración de dineraria.”. A continuación, y esto es fundamental para los SSRF, el apartado 2 del artículo 42 de la LIRPF establece qué supuestos no se consideran retribución en especie. Es decir, si la retribución en especie del trabajo es una de las previstas en el artículo 42.2 de la LIRPF, no es renta del trabajador sin que por ello deje de ser gasto del empleador. En estas retribuciones, aunque no exclusivamente, es donde se centran los SSRF porque es en ellas donde hay un gran ahorro fiscal del perceptor permaneciendo inalterable el gasto del empleador.
El artículo 43 de la LIRPF regula las reglas de valoración de las rentas en especie con una regla general (valor normal en el mercado) y un conjunto de reglas específicas que se contienen, para los rendimientos del trabajo en especie, en el apartado 1.1.º del mencionado artículo 43 (vivienda, vehículos, préstamos, seguros, previsión social, etc.). El artículo 43.2 señala que la renta en especie obtenida es la que resulta de añadir a su valoración el ingreso a cuenta efectuado, salvo que su importe hubiera sido repercutido al perceptor de la renta. Es decir, el rendimiento del trabajo no es el valor de lo percibido en especie sino dicho valor más el importe del ingreso a cuenta efectuado, con la salvedad de que se haya repercutido al trabajador dicho importe ingresado a cuenta, en cuyo caso el rendimiento del trabajo es exclusivamente el valor de lo percibido en especie.
Respecto al ingreso a cuenta de las rentas del trabajo en especie, el artículo 102 del RIRPF establece que “…se calculará aplicando a su valor, determinado conforme a las reglas del artículo 43.1 de la Ley del impuesto, y mediante la aplicación, en su caso, del procedimiento previsto en la disposición adicional segunda de este Reglamento, el tipo que corresponda de los previstos en el artículo 80 de este Reglamento”. Es decir, que se les aplica el tipo de retención que corresponda a las retribuciones dinerarias. Por tanto, determinado el valor de la renta en especie se debe efectuar un ingreso a cuenta igual al resultado de aplicar a dicho valor el tipo de retención calculado para las retribuciones dinerarias. Como ya se ha indicado, el rendimiento obtenido por el perceptor será la valoración de la renta en especie tras añadir, si no se le ha repercutido al trabajador, el importe del ingreso a cuenta. En todo caso, conforme al artículo 102.2 del RIRPF, no existe obligación de realizar un ingreso a cuenta respecto a las contribuciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones, de planes de previsión social empresarial y de mutualidades de previsión social que reduzcan la base imponible. Es lógica esta ausencia de ingreso a cuenta en sistemas de previsión social que reducen la base imponible, pues tales rentas en especie (contribuciones) no van a tributar hasta un ejercicio futuro en el que, tras producirse las contingencias previstas, se perciba la prestación por el beneficiario. Puede incluso que el beneficiario sea un obligado tributario distinto del trabajador, si la contingencia acaecida fuera el fallecimiento.
La referencia que el artículo 102 del RIRPF hace a la disposición adicional 2.ª de la propia norma reglamentaria, nos remite a la posibilidad de celebrar acuerdos previos de valoración sobre retribuciones en especie del trabajo personal a efectos de la determinación del correspondiente ingreso a cuenta del IRPF. En efecto, dicha disposición adicional 2.ª prevé que las personas o entidades obligadas a efectuar ingresos a cuenta como consecuencia de los rendimientos del trabajo en especie que satisfagan, puedan solicitar a la Administración tributaria la valoración de dichas rentas, conforme a las reglas del Impuesto, a los exclusivos efectos de determinar el ingreso a cuenta correspondiente. El precepto regula el procedimiento para tales acuerdos previos, que básicamente consiste en la presentación de una solicitud antes de efectuar la entrega de B/S a que se refiera, acompañada de una propuesta de valoración formulada por el solicitante. La Administración, por su parte, examinará la documentación y requerirá, en su caso, cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes tengan relación con la propuesta. Tras la puesta de manifiesto y trámite de audiencia se dicta resolución debiendo resolverse el procedimiento en el plazo máximo de seis meses. La resolución aprobará o no la propuesta pero no será recurrible, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que puedan interponerse contra los actos de liquidación que se efectúen como consecuencia de la aplicación de los valores establecidos en la resolución. La Administración tributaria y los solicitantes deberán aplicar la valoración de las rentas en especie del trabajo aprobadas en la resolución durante su plazo de vigencia, siempre que no se modifique la legislación o varíen significativamente las circunstancias económicas que fundamentaron la valoración.
El artículo 79 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante LIVA), establece que en las operaciones vinculadas, cuando el adquirente no tiene derecho a deducir el impuesto como ocurre con las retribuciones en especie del trabajo, la base imponible es el valor de mercado del bien o servicio de que se trate. Pues bien, la Dirección General de Tributos entiende que la valoración de las rentas en especie a efectos del IRPF mediante los acuerdos previos de valoración a que acabamos de referirnos, puede usarse para determinar la base imponible de las operaciones vinculadas en el IVA. Entiende la DGT que cuando el artículo 79.Cinco de la LIVA se remite, en cuanto proceda, al régimen de las operaciones vinculadas del artículo 16 del TRLIS, se debe entender que hace remisión también en idénticos términos a la Disposición adicional segunda del RIRPF. Así, la DGT ha señalado con relación al suministro eléctrico a precio rebajado a los trabajadores de una compañía eléctrica, que el valor de mercado que procede aplicar en el IVA a dicha operación vinculada, puede ser el fijado mediante acuerdo previo de valoración celebrado para valorar la renta en especie en el IRPF (DGT V1492-07 de 05-07-2007). Si el suministro se realizase sin contraprestación estaríamos ante un autoconsumo sujeto, por lo que se debería fijar la base imponible según las reglas previstas para estas operaciones asimiladas, no las de las operaciones vinculadas (DGT V2405-08 de 16-12-2008). Debemos tener presente que el TJUE diferencia claramente unas operaciones de otras, de forma que si una operación sujeta se realiza sin contraprestación, se determina su base imponible según las reglas del autoconsumo, aunque se trate de una operación vinculada. De la misma forma, cuando hay contraprestación no deben aplicarse las reglas del autoconsumo (Sentencia del TJUE de 09-06-2011, Asunto C-285/10). Como luego se verá, los SSRF vienen a sustituir parte de las retribuciones dinerarias, pues son contraprestación del trabajo. Siendo operaciones onerosas procede aplicar el valor de mercado a que se refiere el artículo 79.Cinco de la LIVA (DGT V1466-11 de 07-06-2011).
Finalmente ha de mencionarse la disposición adicional 25.ª de la LIRPF, que contiene otra medida relacionada con los SSRF. Esta disposición estaba inicialmente prevista para el período 2007 a 2010, siendo ampliada a 2011 por la Ley de PGE para dicho año, y posteriormente a 2012 por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. El precepto señala que no se consideran retribución en especie los gastos e inversiones efectuados durante dichos años para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, cuando su utilización sólo pueda realizarse fuera del lugar y horario de trabajo. Por tanto, en el IRPF sí se les considera gastos de formación pero no rentas en especie, al encuadrarse dentro de la letra b) del artículo 42.2 de la LIRPF al que luego nos volveremos a referir. Por otro lado, en el Impuesto sobre Sociedades o IRPF del pagador, dichos gastos e inversiones sí que dan derecho a la aplicación de la deducción prevista en el artículo 40 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004 (en adelante TRLIS). Esta deducción, cuya desaparición está señalada para períodos iniciados desde 2011, se mantiene subsistente no obstante hasta 2012 para este específico caso por mor de la disposición transitoria 20.ª de la LIRPF, creada por la Ley de PGE para 2011 y modificada por el Real Decreto-ley 20/2011. Queda así excluido hasta 2012 el artículo 40.3 del TRLIS de la disposición derogatoria 2.ª de la LIRPF, que es la que regula el calendario de desaparición de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades. En cualquier caso, esta deducción es muy poco significativa desde 2010 pues, conforme al apartado 1 de la disposición adicional 10.ª del TRLIS, es de sólo el 1% de los gastos e inversiones, o del 2% del exceso de los mismos sobre la media de los dos años anteriores.
El siguiente cuadro refleja qué retribuciones no se consideran rendimientos del trabajo en especie y bajo qué requisitos. Como se ha señalado, son las retribuciones en las que se centran los SSRF, aunque nuestro análisis no está dirigido a estudiar los requisitos exigidos, que simplemente se describen, sino las consecuencias fiscales que representan estas rentas no gravadas en el IRPF dentro de los SSRF.
PAGOS EN ESPECIE NO CONSIDERADOS RENTAS EN ESPECIE DEL PERCEPTOR
Arts. 42.2.a) LIRPF y 43 RIRPF
La entrega a los trabajadores en activo, de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, de acciones o participaciones de la propia empresa o de otras empresas del grupo de sociedades, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio. Existe un límite, para el conjunto de las entregadas a cada trabajador, de 12.000 euros anuales. Si se sobrepasa el exceso será retribución en especie.
Cuando se trata de grupos la entrega puede ser de acciones o participaciones de una sociedad del grupo a trabajadores de sociedades que formen parte del mismo subgrupo o, cuando la entrega sea de acciones o participaciones en la dominante, a trabajadores de cualquier sociedad del grupo. No es preciso que el trabajador reciba las acciones de la específica sociedad del grupo en la que esté contratado.
a) Que la oferta se realice dentro de la política retributiva general de la empresa o, en su caso, del grupo de sociedades y que contribuya a la participación de los trabajadores en la empresa.
b) Que cada uno de los trabajadores, conjuntamente con sus cónyuges o familiares hasta el segundo grado, no tengan una participación, directa o indirecta, en la sociedad en la que prestan sus servicios o en cualquier otra del grupo, superior al 5 %.
c) Que los títulos se mantengan, al menos, durante tres años. El incumplimiento motivará la obligación de presentar una autoliquidación complementaria, con los correspondientes intereses de demora, en el plazo que medie entre la fecha en que se incumpla el requisito y la finalización del plazo reglamentario de declaración correspondiente al período impositivo en que se produzca dicho incumplimiento.
Art. 42.2.b) y DA 25.ª LIRPF, y art. 44 RIRPF
No tendrán la consideración de retribuciones en especie a estos efectos, los estudios dispuestos por Instituciones, empresas o empleadores y financiados directamente por ellos para la actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades especializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto para las dietas en el artículo 9 del RIRPF.
Aquí tienen cabida hasta 2012, como antes se ha señalado, los gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, cuando su utilización sólo pueda realizarse fuera del lugar y horario de trabajo.
Arts. 42.2.c) y 45 RIRPF
Las entregas a empleados de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de empresa o economatos de carácter social. Tienen dicha consideración las fórmulas indirectas de prestación del servicio, admitidas por la legislación laboral, en las que concurran los siguientes requisitos:
a) Que el servicio sea durante días hábiles para el empleado o trabajador.
b) Que el servicio no tenga lugar durante los días que el empleado o trabajador devengue dietas por manutención exceptuadas de gravamen.
En estas fórmulas indirectas han de cumplirse, además, estos requisitos:
a) No se pueden superar 9 euros diarios o será retribución en especie el exceso. Esta cuantía podrá modificarse por orden ministerial.
b) Si se articula el servicio con vales-comida o similares, tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago, se observará lo siguiente:
No podrá obtenerse el reembolso del importe.
La Empresa que los entregue deberá llevar y conservar relación de los entregados a cada empleado, con expresión de:
Art. 42.2.d)
La utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal empleado. Tendrán esta consideración, entre otros, los espacios y locales, debidamente homologados por la Administración pública competente, destinados por las empresas o empleadores a prestar el servicio de primer ciclo de educación infantil a los hijos de sus trabajadores, así como la contratación, directa o indirectamente, de este servicio con terceros debidamente autorizados.
Art. 42.2.e)
Arts. 42.2.f) y 46 RIRPF
Las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad, cuando se cumplan los siguientes requisitos y límites:
Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por cada una de las personas señaladas en el párrafo anterior. El exceso constituirá retribución en especie.
Art. 42.2.g)
Arts. 42.2.h) y 46 bis RIRPF
La cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros con la finalidad de favorecer el desplazamiento de los empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo, con el límite de 1.500 euros anuales para cada trabajador. Se incluyen las fórmulas indirectas de pago mediante la entrega a los trabajadores de tarjetas o cualquier otro de medio electrónico de pago que cumplan los siguientes requisitos:
b) Que la cantidad que se pueda abonar con las mismas no supere 136,36 euros mensuales por trabajador, con el límite de 1.500 euros anuales.
c) Que estén numeradas, sean nominativos y figure la empresa emisora.
d) Que sean intransmisibles.
e) Que no pueda obtenerse el reembolso de su importe.
La empresa que entregue las tarjetas o el medio electrónico de pago deberá llevar y conservar relación de los entregados a cada uno de sus trabajadores, con expresión del número de documento y de la cuantía anual puesta a disposición del trabajador.
Si las tarjetas o medios de pago electrónicos que no cumplen los requisitos existirá retribución en especie por la totalidad, pero si lo que se incumple es el límite de importe, sólo existirá retribución en especie por el exceso.