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Timestamp: 2019-02-20 00:05:02
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El acoso moral en el ámbito del trabajo. Una lectura desde la perspectiva de los derechos humanos, por Mónica Di Nubila
EL ACOSO MORAL EN EL AMBITO DEL TRABAJO. UNA LECTURA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, por Mónica Di Nubila[1]
0. Reflexión preliminar. 1- Derechos fundamentales. Algunos rasgos a destacar. Derechos subjetivos. Obligaciones objetivas. Interdependencia. 2 -Evolución de los derechos fundamentales. 3 - La labor de la O.I.T. 4- El Estado social y los derechos sociales y económicos. 5- Las relaciones laborales actuales en España. Deberes y derechos. 6 - EL acoso moral en el trabajo en el contexto de la protección de los Derechos Humanos. 7- Europa como referente. Carta Social Europea. Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Constitución Europea. La resolución del Parlamento Europeo de 20 de septiembre de 2001. Conclusiones del Consejo de 15 de noviembre de 2001 sobre la lucha contra los problemas relacionados con el estrés y la depresión. Casos de acoso moral en la Unión Europea. 8 - La protección frente al acoso moral desde los derechos fundamentales. El modelo español. 9 – Conclusiones.
0. Reflexión preliminar.
Estas reflexiones son producto del estudio de diversas fuentes, de la lectura de numerosos autores y la consulta de jurisprudencia en una dilatada experiencia profesional, también de la vivencia de esos principios como miembro de una sociedad democrática y participativa en la labor de construcción de estos derechos. Pertenecen al sedimento que deja el tiempo. Tienen la intención de detener la mirada en el sólido andamiaje con que han quedado construidos los pilares teóricos de los derechos fundamentales, especialmente en el ámbito del trabajo y sus posibilidades de interpretación[2] [3] [4].
1. Derechos fundamentales. Algunos rasgos a destacar. Derechos subjetivos. Obligaciones objetivas. Interdependencia.
Los derechos fundamentales vienen delimitados en las Constituciones de los Estados en su contenido potencial, recogen la voluntad de los representantes de su propia ciudadanía y al menos los contenidos mínimos de normas internacionales insertas en los Acuerdos, Tratados, Convenciones, Resoluciones o Recomendaciones, elaboradas y admitidas por consenso en el ámbito de instituciones internacionales o supranacionales, en el momento de su promulgación. Así se fueron configurando o reconfigurando con los rasgos históricos que les afectan.
Algunos rasgos a destacar:
- En la actualidad, no hay duda que los derechos fundamentales además de constituir derechos subjetivos de las personas respecto del Estado, tienen una dimensión objetiva que los convierte en elementos directamente vinculados a la estructura básica del ordenamiento jurídico debiendo informarlo en su totalidad, en su contenido normativo como en la aplicación de las leyes y en su interpretación judicial. Se constituyen en principios generales del Derecho[5].
- La particularidad señalada en el apartado anterior, se advierte en la regulación de estos derechos en sede internacional como en el derecho interno, aunque en el primero no esté la subjetividad tan lograda como en el segundo.
- El reconocimiento de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos avalado por numerosas resoluciones de Naciones Unidas [6].
2. Evolución de los derechos fundamentales.
El proceso de identificación, la enunciación, la determinación de sus contenidos y proclamación se fueron dando en etapas, como respuesta a demandas sociales, a retos políticos, a coyunturas históricas.
En primer lugar se publicaron los derechos civiles y políticos[7] [8] [9], los derechos económicos, sociales y culturales[10], con posterioridad.
Los primeros consistieron en abstenciones, conductas pasivas, en obligaciones de no hacer del Estado respecto de los ciudadanos, presupone una idea de Estado con funciones políticas y organizadoras de las libertades individuales. El sujeto era la persona física y la idea central la libertad. La reivindicación consistía en reclamarle un “espacio” para el ejercicio individual de esos derechos. Buscaban el Estado de Derecho. Se resumían en el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad, fundamentalmente[11] [12] pensados desde y para un ser humano aislado.
Los derechos económicos, sociales y culturales[13] suponen un modelo de Estado diferente, con unas obligaciones de hacer para garantizarlos[14]. La incorporación al ordenamiento interno es coincidente con el proceso del constitucionalismo social que se inicia con la Constitución México (Querétaro, 1917) [15] hasta universalizarse. El rango legal es importante por su prevalencia, pero también porque significa la representación cultural de los valores implícitos. Es el Estado social y de Derecho y una nueva generación de derechos bautizados como sociales referidos a colectivos, a los efectos de este trabajo los trabajadores y sus organizaciones, concebidos como seres humanos en grupo.
El camino de la construcción de estos derechos es interminable y sin agotar la total implantación de los anteriores, somos espectadores y artífices del nacimiento de los llamados “nuevos derechos humanos” caracterizados por ser derechos de solidaridad o con vocación comunitaria y de titularidad universal, entre los que se encuentran el derecho a la paz[16], al medio ambiente[17], a la propiedad sobre el patrimonio común de la humanidad[18], al desarrollo[19] implica el reconocimiento a “todo ser humano” de la facultad de “participar” en el “desarrollo económico, social (...) en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales (...) contribuir (...) y a disfrutar de él” y “ la persona humana es el sujeto central”. Evidentemente, el desarrollo económico y social tiene vínculo directo con el trabajo humano, la salud y la dignidad de las personas y la protección jurídica de los mismos.
Estos derechos son individuales pero también colectivos desde el punto de vista de la titularidad, vinculados a la defensa y protección de intereses generales que afectan al conjunto de los humanos, a diversas entidades políticas y sociales, y a las personas. Corresponden solidaria y universalmente a todos los seres humanos, por su condición de tales.
Ahora frente al fenómeno de la “globalización”, demandamos el derecho a la plena y total integración en la familia humana y a la igualdad de derechos sin distinción de nacionalidades.
Esta evolución muestra en la enunciación de los conceptos, en los procesos y documentos en los que se van plasmando, una distinta mirada que amplía las necesidades contempladas, el cambio de valores individuales a valores sociales, la construcción de ámbitos de disfrute de derechos con presupuestos más colectivos. Tenían una finalidad genérica de garantizar el respeto a la dignidad humana, con la primera expresión en el derecho a la vida. El contexto histórico determinó que en cada momento se concretaran como derecho a la libertad, derecho a la igualdad, a la solidaridad, etc.
La consideración de los derechos enumerados en primer término se ha dado inicialmente en el ámbito internacional pero a partir de ahí, y en algunos casos a la vez, se fueron plasmando en las Constituciones como fórmula de adopción [20] , se convertían en regulaciones complementarias, se influyen recíprocamente el Derecho interno y el Derecho Internacional, y crean una permeabilidad jurídica nueva.
La nota constante es el progreso y la profundización, al menos en el campo teórico.
3. La labor de la O.I.T.
En materia de Derechos Humanos en el ámbito del trabajo, existen otros hitos a señalar:
La OIT fue creada en 1919 con el objetivo de promover la justicia social entendida como la búsqueda de condiciones de trabajo más dignas y más humanas, y la universalización de estos logros para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, marcando los mínimos. La Declaración de Filadelfia (1944) especificó más sus objetivos.[21] En la comunidad internacional se generó el convencimiento que el progreso económico y la paz social no sería posible sin la protección de los Derechos fundamentales. La labor se ha venido desarrollando a través de Convenios y Recomendaciones que en un nivel u otro vinculan a los Estados por la sola pertenencia a la Organización.
A modo de ejemplo, el contenido de los Convenio nº 111 de 1958 ya definía la discriminación mediante una descripción objetiva de situaciones o resultados, sin referirse a las intenciones del autor (articulo 1.1.a) ).
La OIT ha sido una institución pionera, adelantándose en las resoluciones de algunas de las Convenciones Internacionales de Trabajo a Naciones Unidas, para luego convertirse en el primer organismo especializado de la misma.
La característica más importante es que está conformada por la representación de los Estados, de los trabajadores y empleadores, hace su labor mediante procesos de consulta y de búsqueda de consenso, articula mecanismos de control de la aplicación de sus resoluciones y recomendaciones[22].
La preocupación por los principios y derechos fundamentales es constante en la andadura de esta organización y una referencia obligada es la Declaración de 1998, dentro de la estrategia de la OIT, al “renovar” la noción de trabajo especifica:
a) La dignidad humana en el trabajo debe ser un referente obligado en el momento de planear o llevar a cabo cualquier actividad económica y los derechos socio-laborales fundamentales adquieren una especial relevancia.
b) La actuación de la OIT ha servido para encauzar el esfuerzo de la comunidad internacional en la promoción de estos derechos.
c) La OIT tiene un papel importante en el proceso de aplicación y eficacia de estas normas, convirtiéndose en la referencia esencial.
La preocupación por la violencia en el ámbito del trabajo se hace visible[23] y al trabajo deseable se le pone adjetivo, se señalan las condiciones y objetivos[24] sin olvidar la distinción entre “acciones democráticas” y conductas de “democracia formal”, entre la voluntad política de cumplir ( o no) las normas internacionales o la imposibilidad de hacerlo por razones estructurales o de organización. Siempre presente (al menos en teoría) la asistencia técnica como expresión de solidaridad.
4. El Estado social y los derechos sociales y económicos.
Catalogar los derechos sociales y económicos como derechos fundamentales, indica que no se puede hablar de estos últimos sin pensar en términos económicos; los derechos de los hombres y mujeres en su condición de trabajadores, además de representar aspectos jurídicos tienen una significación económica, constituyen el capital humano de la empresa, y como tal debe ser atendido en sus necesidades y preservación.
Es importante cuidar el ambiente laboral. Hablamos de organizaciones de seres humanos, que alteradas en su concierto interno y funcionamiento pueden producir consecuencias funestas para las personas implicadas, sus familias, para los resultados económicos y la proyección social de todos estos efectos.
La concentración del poder económico es un hecho, la quiebra del equilibrio en perjuicio de las personas individuales y trabajadoras una primera consecuencia, con peligro para la identidad y la libre realización de ellas y del disfrute de sus derechos. El “descuido” de la “salud” de los ambientes de trabajo, más allá de los riesgos físicos, sin abarcar los riesgos psicosociales con amplitud, significa desconocer conquistas de los trabajadores.
Nuevos modelos de organizaciones, nuevas pautas de vida en la sociedad, evidencian nuevos riesgos. Los actuales Estados agregan a su calificación de derecho las connotaciones de social y democráticos, características que los hace competentes en materia de derechos sociales.
La actuación no pasa por la proliferación de leyes sino por la comprensión de los valores jurídicos[25] ya contenidos en el ordenamiento, y el funcionamiento de todo el sistema, la ley, la aplicación, los empresarios, los trabajadores, etc., en el marco de la evolución social.
En el artículo 23.1. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10.12.1949) se consagraba “ Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección (...), a condiciones (...) satisfactorias (...)”; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, comprometido desde el Preámbulo con la Declaración Universal, prevé: (Art. 7) “Nadie será sometido a torturas (...) tratos crueles, inhumanos o degradantes (...)”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (19 de diciembre de 1966), explicita: (Art. 6. 1.) “Los Estados Partes (...) reconocen el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. “ (Art. 6.2.) “ Entre las medidas (...) para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar (...) la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.”; (Art. 7) “ Los Estados Partes (...) reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo, equitativas y satisfactorias, que le aseguren en especial: (...) b) La seguridad y la higiene en el trabajo”.
Las nociones de “seguridad” o “higiene” en el trabajo tienen vínculo directo con la protección de la vida y la salud, y es en ese campo donde la evitación de conductas “tóxicas” tiene cabida.
La tarea de explicitar continúa: [26] “El desarrollo social exige que se garantice a toda persona el derecho a trabajar y a elegir empleo libremente. El progreso y el desarrollo en lo social exigen la participación de todos los miembros de la sociedad en un trabajo productivo y socialmente útil, (...) “ y la Convención de Viena (1993): “55. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos subraya que una de las violaciones más atroces de la dignidad humana es el acto de tortura, que destruye esa dignidad de las víctimas y menoscaba la capacidad de las víctimas para reanudar su vida y sus actividades.”
La existencia de este contexto jurídico indica que no puede ser “socialmente útil” un trabajo que no respete a la persona como sujeto, admita un entorno de violencia y trato degradante, y el uso del poder de forma antidemocrática.
5. Las relaciones laborales actuales en España. Deberes y Derechos.
La Constitución Española de 1978 en su artículo 1 se define como “Estado social y democrático de Derecho” e indica como “valores superiores” la “libertad”, la “igualdad” y en el artículo 9.2. compromete a los “poderes públicos” a “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad” de las personas y los grupos en que se integran permitan la “participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
También consagra el derecho al trabajo y a un Estatuto de los trabajadores (35) a sindicarse y de huelga (Art. 28) a la negociación colectiva (Art. 37) la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y se garantiza la defensa de la productividad (Art. 38) la participación de los trabajadores en el control de las empresas ( Art. 4 ET.).
Estas líneas generales se complementan con el reconocimiento al Estado de la potestad normativa laboral; han sido matizadas, las referidas a la productividad vinculadas al bienestar, la protección del mercado de trabajo y la contratación flexible.
El ordenamiento jurídico aplicable se complementa con el Derecho Comunitario porque España es un espacio de la Unión Europea, viene obligada a la armonización. La construcción de Europa se da bajo el imperativo de la exigencia de democracia y respeto de los derechos humanos en el territorio del país que busca su incorporación.
En los últimos años sin embargo, existe al menos un problema sin resolver referido a los procesos masivos de emigración, personas que eligen este destino como país de acogida. No se respetan en igual medida los derechos de los trabajadores y las desigualdades crecen.
6. El acoso moral en el trabajo en el contexto de la protección de los Derechos Humanos.
Son conductas que ponen de manifiesto comportamientos antisociales, admitidas sin intervenir, en organizaciones cerradas, estructuradas fundamentalmente en el control y el poder ejercido de forma absolutista, se anteponen a la productividad y la eficacia.
El bien afectado es la dignidad humana, la práctica del acoso significa un ataque al Estado de Derecho y a sus principios esenciales.
La dependencia (técnica, económica y jurídica) crea una situación de debilidad en una de las partes. Situación que incluye a sectores de trabajadores autónomos que mantienen una fuerte dependencia, en especial la económica, dentro de organizaciones empresariales ajenas. El poder es ejercido por una de las partes de esa relación. Los sujetos implicados son: acosador individual o colectivo y la victima, normalmente una sola persona.
En la experiencia española, el acoso también se da en ámbitos de estabilidad en el empleo como el caso de los funcionarios de la Administración Pública.
El acoso laboral puede ser vertical, ascendente o descendente, desde situaciones de poder con las personas dependientes, o la inversa, desde inferiores a superiores jerárquicos, también puede serlo horizontal, entre “iguales”, pero solo puede mantenerse con la complicidad del poder.
Las conductas definidas como acoso moral en el ámbito del trabajo necesitan conjuntamente con la regulación legal, el reproche social y la comprensión de que representan el ejercicio de violencia desde el poder que no deben consentirse.
Hay que tomar conciencia de la magnitud del problema y de los costes humanos y económicos. Hablar de acoso laboral en voz alta es un fenómeno reciente, nada es obvio, su tratamiento está en ciernes, descubrirlo como riesgo laboral es un objeto de estudio incipiente.
En el ámbito internacional habría que evitar el agravio comparativo y crear condiciones de igualdad en el nivel de protección de los trabajadores, para el supuesto que en términos económicos no se logre, sí en su calidad de vida laboral.
El acoso moral en el lugar de trabajo:
a) no es un problema nuevo[27], la novedad es la no-tolerancia y es una apuesta por la erradicación de comportamientos violentos.
b) afecta (atenta) a la dignidad del trabajador, quién como persona humana conserva sus derechos fundamentales en su puesto de trabajo.
c) dar “nombre” al problema, llevarlo al debate social representa el primer paso, y convertirlo en una resolución o una norma significa comenzar el “tratamiento social” y definirlo[28].
d) es un problema en las organizaciones laborales que generalmente produce efectos sobre la salud de la víctima con la correlativa vulneración del derecho a su protección de rango de fundamental.
e) es un problema social, sus consecuencias exceden el lugar de trabajo y afectan al entorno en el que convive la víctima, a su familia.
f) es un problema económico, puede llevar a la renuncia del trabajador a su puesto de trabajo, con el consiguiente resultado de pérdida, de bajas laborales que afectan a los resultados de la empresa.
g) es un problema del Estado, de legislación y de aplicación.
h) afecta a varios órdenes jurídicos: laboral, administrativo, penal, de derechos fundamentales.
i) tiene grados, algunos equivalentes a trato inhumano, degradante o tortura.
j) el daño ocasionado por el acoso moral reiterado ya se reconoce en la jurisprudencia como enfermedad-accidente laboral
k) las agresiones pueden producirse de forma directa o encubierta, frontal, colateral, etc., con una nota común, la continuidad.
l) la posición de la víctima es de inferioridad de hecho o de derecho
m) el problema no es tanto de legislar sino de aplicación del derecho, de unificar criterios, compromiso en la visualización y sensibilización de las instituciones implicadas.
n) es un riesgo laboral, tanto para trabajadores de empresas privadas o públicas, afectando por igual al personal laboral o funcionarios.
7. Europa como referente. Carta Social Europea. Derechos fundamentales en la UE y Constitución Europea. La resolución del Parlamento de 20 de septiembre de 2001. Conclusiones del Consejo de 15 de noviembre de 2001 sobre la lucha contra los problemas relacionados con el estrés y la depresión. Casos de acoso moral en la Unión Europea[29].
En la Carta Social Europea (1961), los signatarios se comprometieron a garantizar la no discriminación (Considerando 3º), mejorar el nivel de vida y promover el bienestar (Considerando 4º), el derecho a la libre elección del trabajo (Art. 1.2) y la seguridad e higiene en el mismo (Art. 3.1.), querían explicitar los derechos sociales.
La Declaración de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea[30] retoma los valores de dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad, democracia y Estado de Derecho, en ese marco dice “La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida”(Art. 1), en igual sentido el derecho a la “integridad física y psíquica”(Art. 3.1), la prohibición de la tortura y el trato degradante (Art. 4) y el derecho al trabajo (Art. 31.1.) en un contexto de libertad, igualdad y no discriminación (Arts. 15, 20 y 21) y actualmente forma parte de la “Constitución Europea”[31].
Específicamente, en materia de acoso laboral, el Parlamento Europeo en Resolución 2991/2339 (INI) de 20 de septiembre de 2001 abordó el tema, previos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales[32] y la opinión de la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, los Considerandos recogen datos alarmantes respecto de la violencia y el hostigamiento en los lugares de trabajo[33], las consecuencias respecto de la salud de los trabajadores, la mayor incidencia en los puestos ocupados por mujeres, la responsabilidad empresarial por las deficiencias no resueltas en la organización del trabajo, con coste para los trabajadores, la empresa y la sociedad en general.
Señala como hechos a considerar:
- la precariedad[34] en el empleo facilita el acoso
- los efectos devastadores en la salud física y psíquica de las víctimas,
- es un riesgo laboral, proviene del trabajo, no de la persona del trabajador
- es un riesgo psicosocial, afecta a la salud psíquica y física, y a los familiares de los afectados
- tiene costes para la persona, la empresa y la sociedad en general
- tienen trascendencia en la calidad de las relaciones sociales en el trabajo y en la prevención de la exclusión social
- existen víctimas no atendidas adecuadamente en las Instituciones europeas
- la tarea de erradicación compromete a las organizaciones empresariales, sindicales, a los Estados y a la propia Unión.
El valor de las normas internacionales viene dada por la “presión” que los Estados reciben para revisar su legislación y también por la creación del contexto. También por el llamado a la prevención y la conveniencia de la denuncia del problema o su exposición pública. Procede mencionar el propio tratado de la Unión Europea en su artículo 118 A, la Estrategia comunitaria presentada por la Comisión 2002/2006 y las Directivas 2000/43 CCE de 29 de junio y 2000/78/CEE de 27 de noviembre, sobre igualdad de trato y prohibición de discriminación.
La preocupación también estuvo presente a través de intervenciones como la de Anna Karamanou [35] y Rosa Míguéles Ramos[36] cuyas respuestas muestran aspectos de la cuestión:
(2003/C 92 E/030) PREGUNTA ESCRITA E-0850/02
de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión
(27 de marzo de 2002)
Asunto: Acoso moral en el trabajo
El mismo texto que la siguiente.
“(2002/C 229 E/170) PREGUNTA ESCRITA E-0849/02
de Rosa Miguélez Ramos (PSE) al Consejo
(3 de abril de 2002)
¿Qué medidas va a emprender la Presidencia española del Consejo para que se defina legalmente el acoso moral, para desarrollar políticas de prevención eficaces mediante, por ejemplo, su inclusión en la Directiva marco sobre la salud y la seguridad en el trabajo, y para elaborar un Libro Verde que contenga un análisis detallado, un plan de acción y un calendario específico?
(27 de junio de 2002)
El Consejo, aun insistiendo en que comparte las inquietudes de Su Señoría, tal y como pudo recordárselo en la sesión del turno de preguntas del mes de abril respondiendo a la pregunta H-0204/02 que le formuló sobre el mismo tema, le confirma que a falta de una propuesta de la Comisión en este sentido, no puede actuar por iniciativa propia y que, en cualquier caso, corresponde a la Comisión redactar el Libro Verde cuya publicación desea Su Señoría.”
Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión
(19 de abril de 2002)
La Comisión señala a la atención de Su Señoría su reciente Comunicación «Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006)» (1), que adopta un planteamiento global del bienestar en el trabajo, teniendo en cuenta los cambios del mundo del trabajo y la aparición de nuevos riesgos, especialmente psicosociales. A este respecto, como se indica en la mencionada Comunicación, la Comisión estudiará la conveniencia y el ámbito de aplicación de un instrumento comunitario sobre el acoso psicológico en el trabajo.
(1) COM(2002) 118 final de 11.3.2002.[37]
En materia de protección de la “salud metal” desde el prisma de la “promoción” y de “programas de acción” el Consejo de la Unión Europea en las Conclusiones del Consejo de 15 de noviembre de 2001 sobre la lucha contra los problemas relacionados con el estrés y la depresión “reconoce” la “ transmisión entre generaciones” y que suponen una “carga” con el resultado de “enfermedades y la pérdida de calidad de vida” señalando necesario “incrementar la perceptibilidad” de estos problemas “con miras a la prevención y a su rápido diagnóstico y tratamiento.”
Los procedimientos contenciosos, otra parcela de la realidad, resultan ilustrativos:
Recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas[38] C2004/007/78 interpuesto por Yves Matieu con domicilio en Bruselas. Acoso moral en EUROSTAT.
Recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas[39] C2003/171/57 de Nadine Schmit, residente en Italia. Acoso moral.
Recurso contra el Consejo de la Unión Europea[40] C2003/146/77 por Robert Charles Schochaert, Bruselas. Acoso moral.
Recurso contra el Banco Central Europeo[41] C2003/070/43 por Elizabeth Afari. Alemania. Acoso y motivos racistas.
Recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas[42] C2002/247/32 por “X”. Acoso moral.
La Constitución Europea representa en estos días la referencia actual; como punto de maduración común respecto de los derechos fundamentales en este primer mundo, la preocupación por ser un espacio respetuoso de las libertades con la existencia de un Tribunal especial supranacional.
8. La protección frente al acoso moral desde los derechos fundamentales. El modelo español
El artículo 15 de la Constitución Española de 1978 reconoce entre los derechos de la personalidad, considerados como esenciales, el derecho a la vida, y a la integridad física y moral. En consecuencia prohíbe la pena de muerte, la tortura, los tratos inhumanos o degradantes que afectarían a la integridad física y moral.
La redacción y contexto pueden llevar a razonar que fue pensado como límite a la acción del Estado. Seguramente fue así, sin embargo hoy nadie duda que en el actual contexto de interpretación de los derechos humanos también se le pide al Estado que garantice esa protección mediante conductas activas y lo que era prohibitivo para su propia actuación, también lo es respecto de las personas, instituciones sociales, compañías mercantiles, etc.
El derecho a la vida y el derecho a la integridad física implican el derecho a la salud y otros presupuestos vitales como seguridad e higiene en el trabajo (Art. 40.2), protección y mejora de la calidad de vida y defensa del medio ambiente. (Art. 45.2).
El contenido del derecho a la vida se ha enriquecido en la legislación y en la conciencia social, antes solo era tratado en las leyes penales, supone el respeto por parte del Estado y la protección de ese mismo Estado para conservarla respecto de las conductas de terceros. Incluye un modo de vivir acorde con los tiempos y los cambios sociales, y los recursos económicos necesarios para ello.
El derecho a la integridad física y moral incluye el derecho a no ser privado de ningún miembro corporal o vital, el derecho a la salud física y mental, el derecho al bienestar corporal o psíquico, el derecho a la propia apariencia personal.
Los artículos 173 a 176 del Código Penal regulan sobre trato degradante. El primero respecto de cualquier persona autora. Los conceptos claves son no el “daño físico” sino el “sufrimiento” físico o moral, la disminución de las facultades de conocimiento o cualquier atentado contra la integridad moral.
El Tribunal Constitucional desarrolla estos conceptos en S 57/1994 FJ 4º y S 120/1990 FJ 8º.
La práctica de los tribunales en sentencias recientes:
EDJ[43] 2004/152161
Jdo. Social Nº 13, Madrid, S 1-9-2004, nº 314/2004, nº autos 329/2004. Pte: Alonso Boggiero, Ángel Juan
Estima la demanda porque la conducta de la empresa ha provocado daño a la salud de la trabajadora y vulnerado su derecho a la dignidad personal y a la integridad física y moral.
EDJ 2004/90756
TSJ Cantabria Sala de lo Social, sec. 1ª, S 30-7-2004, nº 919/2004, Rec. 266/2004. Pte: López-Tamés Iglesias, Rubén
Reconoce como enfermedad- accidente y probado el nexo causal lesión- trabajo.
EDJ 2004/109724
TSJ Madrid Sala de lo Social, sec. 2ª, S 22-6-2004, nº 634/2004, Rec. 116/2004. Pte: García Alarcón, Virginia
Señala como obstáculos para probar el "mobbing" la objetivación, aparecen implicadas las intenciones de los presuntos agresores con sus conductas y, la atribución que, de esas intenciones realiza el trabajador afectado. Se constata la encomienda de trabajos impropios de su categoría, otros imposibles de realizar; amenazas, utilizando selectivamente la comunicación para reprender o amonestar, sin motivo; acciones de iniquidad estableciendo diferencias de trato, desigualdad remunerativa al satisfacerle el salario con retraso injustificado y sólo a ella aplicado. Extingue el contrato de trabajo por incumplimiento grave de los deberes de la empresa.
EDJ 2004/52046
TSJ Cast-La Mancha Sala de lo Social, sec. 1ª, S 25-5-2004, nº 788/2004, Rec. 704/2004. Pte: Rentero Jover, Jesús
Confirma la sentencia que declaró nulo el despido del trabajador. Considera la actuación empresarial es una reacción de represalia.
EDJ 2004/61587
TSJ Canarias (LPal) Sala de lo Social, sec. 1ª, S 19-5-2004, nº 457/2004, Rec. 2070/2003. Pte: Rodríguez Ojeda, Juan José
Confirma sentencia sobre extinción de contrato por acoso moral -mobbing-, consistente en la creación de un ambiente hostil hasta hacerlo insoportable para el trabajador y consiste en una agresión del empresario, o de alguno de sus empleados con el conocimiento y tolerancia de aquél, mediante hechos, órdenes o palabras, repetida y duradera en el tiempo, con el fin de desacreditar, desconsiderar y aislar al trabajador, que puede llegar incluso a deteriorar su salud, con objeto de conseguir un auto- abandono del trabajo, produciendo un daño progresivo y continuo a su dignidad.
EDJ 2004/16733
TSJ Extremadura Sala de lo Social, sec. 1ª, S 26-3-2004, nº 177/2004, Rec. 62/2004. Pte: Cano Murillo, Alicia
Confirma sentencia que declaró procedente la resolución del contrato del trabajador. La empresa colocó al trabajador en una posición degradante, teniéndole públicamente sin asunción de competencia alguna, y tal hacer lleva aparejado un menoscabo de su dignidad y profesionalidad.
EDJ 2004/73598
TSJ Andalucía (Gra) Sala de lo Social, sec. 2ª, S 2-3-2004, nº 796/2004, Rec. 2809/2003. Pte: Enríquez Broncano, Julio
Confirma la sentencia que condenó solidariamente a los demandados a indemnizar los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de acoso moral sufrido en su trabajo. Declara compatible la resolución del contrato con la indemnización de daños y perjuicios por la vía correspondiente en casos de acoso, ( atentado a derecho fundamental), no puede compensarse lo abonado por extinción del contrato a causa del incumplimiento grave y culpable del empresario apreciado judicialmente, y destinado a suplir la pérdida del puesto de trabajo, con la cantidad destinada a paliar las consecuencias del incumplimiento del deber general de no dañar y generador de una baja médica y de una secuela de la enfermedad determinante de aquélla.
EDJ 2004/ 88405
TSJ Cast-León (Bur) Sala de lo Social, sec. 1ª, S 6-7-2004, nº 466/2004, Rec. 377/2004. Pte: Galán Parada, Jesús Carlos
Explica la Sala que en el supuesto enjuiciado, la sucesión de acontecimientos habidos a partir del alta medica del trabajador aparecen como una reacción empresarial a lo que la entidad empleadora consideraba un incumplimiento por el actor de sus obligaciones laborales que debía ser corregido, lo que intentó verificarse primero mediante una reducción de un complemento de productividad que entendía que no merecía y después ajustando su horario a lo que estaba pactado en el contrato de trabajo, pero en ninguna de estas actuaciones cabe entender la existencia de un propósito humillante o degradante de las condiciones laborales del trabajador, siendo su proximidad temporal indicativo únicamente de un intento empresarial de resolver lo mas pronto posible lo que entendía irregular situación del actor y resultado de las sucesivas rectificaciones del horario como consecuencia de su defectuosa fijación.
EDJ2004/46940
TSJ Galicia Sala de lo Social, sec. 1ª, S 12-4-2004, Rec. 957/2004. Pte: Cadenas Sobreira, Miguel
Quien invoca acoso moral en el trabajo, no basta con que acredite posibles arbitrariedades empresariales ejerciendo su poder directivo, sino que es preciso demuestre que la finalidad del empresario como sujeto activo del acoso o en su caso como sujeto tolerante del mismo, era perjudicar la integridad psíquica del trabajador o desentenderse de su deber de protección en tal sentido, y que se le han causado unos daños psíquicos; circunstancias éstas que no se han probado en el presente supuesto.
EDJ 2004/10333
TSJ Valencia Sala de lo Social, sec. 1ª, S 26-1-2004, nº 157/2004, Rec. 3517/2003. Pte: Moreno de Viana Cárdenas, Isabel
La correcta o incorrecta ejecución de la reincorporación acordada en el acto de conciliación que puso fin a la demanda planteada en relación con la modificación de condiciones de trabajo, incluyendo la posible falta de ocupación efectiva que hubiera podido producirse, lo que no atenta a ningún derecho fundamental que pueda ser objeto de protección utilizando este procedimiento especial, tratándose de cuestiones de legalidad ordinaria.
I – El problema de la violencia [44] o acoso moral en el trabajo debe resolverse en el ámbito de la aplicación de los Derechos humanos y dentro del compromiso de los Estados para que estos se respeten en sus respectivos países.
II – Los derechos fundamentales resultan interdependientes. En materia de acoso moral en el trabajo estarían “implicados” el derecho a la vida y a no recibir trato degradante; a la dignidad, a la integridad moral y física, a la no discriminación; el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen; el derecho a la salud, al trabajo, a una adecuada política de seguridad e higiene. Erradicar el acoso laboral es una exigencia en el ámbito del respeto de estos derechos.
III - Un ambiente laboral correcto genera riqueza y como tal debe servir a los objetivos de desarrollo humano y social.
IV – El trabajo cumple funciones psicosociales que el Estado debe garantizar.
V- La realidad socio-laboral demuestra que el desarrollo normativo no se corresponde con la aplicación generalizada de las normas ni la eficacia de las mismas por las disculpas económicas o sociales admitidas, por la falta de percepción o invisibilización de las verdaderas dimensiones del problema.
VI - El derecho se construye desde todos los estamentos de la sociedad, sin que la enumeración sea exhaustiva:
El Estado desde todas sus responsabilidades.
La Administración Pública, en cuanto tal, velando por el cumplimiento de la legislación vigente y atendiendo de forma integral a las víctimas.
Los servicios de prevención internos y externos, incorporando sin reticencias en la evaluación de riesgos todas las herramientas necesarias para identificar, evaluar, intervenir y prevenir en el capítulo de riesgos psicosociales respecto de este tipo de violencia.
Las empresas implicándose en la prevención y en la resolución de estos conflictos adoptando las medidas necesarias.
Los sindicatos desarrollando actividades para la atención de las víctimas y la prevención desde su órbita de actuación.
La negociación colectiva, como expresión de democracia en el mundo del trabajo, debe ocuparse también de la prevención.
La administración de justicia incorporando el estudio de estos temas en los planes de formación de jueces y magistrados.
Los medios de comunicación, informando sobre estos temas garantizando la objetividad y la pluralidad de la visión del problema, facilitando el acceso a la parte más desfavorecida y sin privilegiar a la información difundida por los detentadores de poder. Asimismo, participando en la tarea de sensibilización y divulgación.
La solución más justa es la prevención y compromete a la urgente elaboración de estrategias.
Voces de afectados.
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«Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006)»
[1] Abogada, Título expedido el 21.05.74 por Universidad Nacional del Litoral. Argentina. Convalidado Universidad Complutense de Madrid. 1979. Licenciada en Derecho y Diplomada en Estudios Avanzados Área Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Universidad de Castilla la Mancha. Albacete. 2004.www.dinubila.com, monicadinubila@dinubila.com
[2] Estudia el tema de la “interpretación” en derecho MARMOR, Andrei. Interpretación y teoría del derecho. Gedisa Editorial. Enero 2001. Barcelona.
[3] El derecho como fenómeno cultural e interpretativo en COVER, Robert. Derecho, narración y violencia. Poder constructivo y poder destructivo en la interpretación judicial. Gedisa Editorial. 2002. Barcelona.
[4] Sobre la interpretación de las leyes: LARENZ, Karl Metodología de la ciencia del Derecho. Ariel Derecho. 1994. Barcelona. Pág. 308-358.
[5] Respecto de la formación histórica del concepto. BELADIEZ ROJO, Margarita. Los principios jurídicos. Tecnos. 1997. Págs. 18-30.
[6] Declaración sobre el derecho al desarrollo. Asamblea General, resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986, considerando décimo y artículo 6.
[7] Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 26 de agosto de 1789.
[8] Declaración de los Derechos Humanos. Resolución 217 A (iii) de la Asamblea General de Naciones Unidas. 10 diciembre de 1948.
[9] Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General de Naciones Unidas. 16 de diciembre de 1966.
[10] Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Resolución 2200 A (XXI) Asamblea General de Naciones Unidas. 16 de diciembre de 1966.
[11] Conforme al texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluyen el “derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad” (Art. 3); la proscripción de las “torturas (...) tratos crueles, inhumanos o degradantes” (Art. 5); la igualdad en dignidad (Art. 1), ante la ley y la prohibición de discriminar (Art. 2.1); la protección judicial activa y pasiva (Arts. 8 y 10); el respeto a la “vida privada”, “honra” o “reputación” (Art. 12); libertad de circulación y asilo (Arts. 13 y 14); derecho a tener una nacionalidad (Art. 15); a “casarse y fundar una familia” (Art. 16); derecho a la propiedad (Art. 17) y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (Art. 18).
[12] En igual sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), derecho a la libre determinación de los pueblos (Art. 1); proscripción de las discriminaciones y derecho a la igualdad (Arts. 2, 3, 4 y 27) derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad (Arts.6, 9 y 10), prohibición de las torturas, tratos crueles o degradantes (Art. 7), de la esclavitud (Art. 8); derecho a la libre circulación (Arts. 12 y 13); a la protección judicial, a la presunción de inocencia; al principio de legalidad y a la aplicación de la ley mas benigna (Art. 14 y 15); a la protección de su vida privada y la de su familia (Art. 18), la libertad de pensamiento, de opinión, de religión (Arts. 18 y 19); de reunión y asociación (Arts. 21 y 22); el derecho a contraer matrimonio, la protección de la familia y la infancia (Art. 23 y 24); los derechos políticos (Art. 25 ) y la protección de las minorías (Art. 27), además de articular la implementación de medidas para su ejecución.
[13] Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) incluye el derecho a la libre determinación (Art.1), a la igualdad y la proscripción de la discriminación entre las personas (Arts. 2 y 3); al trabajo y a unas condiciones dignas y equitativas para la persona y su familia (Art.7), el derecho a sindicarse y a la huelga (Art. 8); a la seguridad social (Art. 9); la protección a la familia, la maternidad, la infancia (Art. 10); el derecho a un nivel y condiciones de vida adecuado (Art. 11); a la salud física y mental (Art. 12); a la educación, la cultura, derecho de autor, libertad para la investigación científica y la actividad creadora. (Arts. 13, 14 y 15).
[14] El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé expresamente conductas activas al respecto y las fórmulas de seguimiento. (Arts. 16 y ss).
[15] Salvo algún precedente en la Constitución Francesa de 1848.
[16] Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz. Adoptada por la Asamblea General el 12 de noviembre de 1984. Resolución 39/11.
[17] Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 1972; Resolución 45/94 adoptada el 14 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de Naciones Unidas; Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992; Declaración de Bizkaia sobre el Derecho al Medio Ambiente, 1999, entre otros instrumentos internacionales.
[18] UNESCO. 1972.
[19] Declaración sobre el derecho al desarrollo. Adoptada por la Asamblea General el 4 de diciembre de 1986. Resolución 41/128.
[20] Colombia 1991- Paraguay – 1992.
[21] “El trabajo no es una mercancía” (Ap I a) ); “ todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades”(Ap II a) ) . “proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones” (Ap. III g)”
[22] Los procedimientos previstos en los artículos 24 y 26 de la Constitución de la OIT.
[23] La violencia en el trabajo: un problema mundial. O.I.T./98/30, 20 de julio 1998.
[24] “El objetivo primordial de la OIT es promover oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana” Juan Somavia. Director General de la OIT.
[25] Un análisis del “poder” del Derecho: KAHN, Paul. EL análisis cultural del derecho. Una reconstrucción de los estudios jurídicos. Gedisa Editorial. 2001. Barcelona.
[26] Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social. Asamblea General de Naciones Unidas de 11 de diciembre de 1969. Resolución 2542 (XXIV) Artículo 6.
[27] En otras áreas del derecho el trato cruel se denomina “sevicia” y como tal ha sido regulado.
[28] Resolución del Parlamento Europeo de 20/09/2001 apartado 10 “Pide a los Estados miembros que, con vistas a luchar contra el acoso moral (...) en el lugar de trabajo (...) examinen la definición de acoso moral y elaboren una definición uniforme”;
[29] Diario Oficial nº C006 de 09/01/2002 Pág. 1-2.
[30] 2000/C364/01 Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 18.12.2000.
[31] Conferencia de las representaciones de los gobiernos de los Estados miembros. Bruselas, 13 octubre de 2004. Tratado firmado el 29 de octubre de 2004 por los veinticinco Estados miembros y tres candidatos.
[32] La comunicación de 11.03.2002 de la Comisión de Empleo y Asuntos sociales pedía la regulación y tipificación de los riesgos psicosociales (estrés, acoso en el trabajo, depresión, ansiedad).
[33] Según una encuesta realizada por la Fundación Europea para la mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Reglamento (CEE) nº 1365/75).
[34] Precariedad en sentido amplio, no solamente como sinónimo de temporalidad.
[35]Pregunta escrita nº 1649/98 a la Comisión bajo el título de “La antigua en el trabajo y sus consecuencias”. Diario Oficial nº C050 de 22/02/1999 Pág. 65.
[36] Pregunta escrita E-0849/02. Diario Oficial nº 229 E de 26/09/2002 Pág. 148.
[37] C 92 E/28 ES 17.4.2003 Diario Oficial de la Unión Europea
[38] Diario Oficial nº C007 de 10/01/2004 Pág. 42-43.
[39] Diario Oficial nº C171 de 1/07/2003 Pág. 33-34.
[40] Diario Oficial nº C146 de 21/06/2003 Pág. 43.
[41] Diario Oficial nº C070 de 22/03/2003 Pág. 27.
[42] Diario Oficial nº C247 de 12/10/2002 Pág. 20-21.
[43] Base de datos El Derecho. Jurisprudencia. El Derecho Editores. Actualización. 5-2004. Ídem sentencias referidas a continuación.
[44] “Acción y efecto de violentar o violentarse” “Acción violenta o contra el natural modo de proceder” Diccionario de la Real Academia Española.