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Timestamp: 2018-11-15 10:35:29
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Ensayos de derecho público. En memoria de Maurice Haurior by Andry Matilla, Jaime Santofimio, and Héctor Santaella by Andry Matilla, Jaime Santofimio, and Héctor Santaella - Read Online
by Andry Matilla, Jaime Santofimio, and Héctor Santaella
Length: 1,210 pages24 hours
Publisher: Universidad ExternadoReleased: Jan 1, 2013ISBN: 9789587721492Format: book
Ensayos de derecho público. En memoria de Maurice Haurior - Andry Matilla
Imagen de cubierta: Busto de Maurice Hauriou
Composición: Precolombi EU-David Reye
"(…) En realidad, no existen creadores de ideas: solo existen los
que las hallan. Un trovador, un poeta inspirado, encuentra una idea
de la misma forma que un minero encuentra un diamante: las ideas
objetivas existen de antemano en el vasto mundo, incorporadas a las
cosas que nos rodean; en los momentos de inspiración, nosotros las
hallamos y las libramos de su ganga".
La teoría de la institución y de la fundación.
(Ensayo de vitalismo social). 1925
En 2011 vio la luz en México una obra colectiva titulada Ensayos de Derecho Público en conmemoración del sesquicentenario del natalicio de León Duguit¹. Con ella se pretendió rendir homenaje a tan importante figura del Derecho Público, tomando como excusa el mencionado aniversario del nacimiento del maestro de Burdeos. La idea de realizar ese libro fue alumbrada en Cuba, en el marco de un evento científico sobre la obra y el pensamiento jurídicos de Duguit (diciembre de 2009), auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (unjc); y se concretó finalmente en el papel en tierra mexicana (marzo de 2011), gracias al apoyo de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A tal empeño editorial se sumaron no pocos autores de reconocida labor científica dentro del mundo jurídico del continente europeo y de América Latina, convocados por los coordinadores.
Paralelamente al interés por organizar una obra colectiva relacionada con el quehacer científico-jurídico de León Duguit, también nos había surgido la intención de llevar a vías de hecho otra obra colectiva, pero esta vez perfilada en torno a otro de los indispensables del Derecho Público moderno: Maurice Hauriou. Y ello, porque tanto Duguit como Hauriou son dos nombres a los que hay que asociar importantes aportaciones científicas a ese Derecho Público moderno que no deja de desarrollarse y evolucionar; y que, en cuanto tales, los escritos de ambos maestros han devenido clásicos cuya lectura ha ido adquiriendo el valor de lo necesario para las generaciones de iuspublicistas que le han seguido en el tiempo, hasta hoy.
Con esa idea en ristre, y aprovechando las sesiones del X Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, que en septiembre de 2011 sesionó en la ciudad de San Salvador (El Salvador), compartimos nuestra inquietud de una obra a propósito de Hauriou con el profesor y amigo Jaime Orlando Santofimio Gamboa, quien inmediatamente hizo suya esa idea y nos procuró el apoyo determinante de la prestigiosa Universidad Externado de Colombia. Desde hace algunos años ya, Jaime Orlando Santofimio Gamboa se desempeña como uno de los más importantes profesores de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, y al amparo de esa casa de estudios ha pasado a ser uno de los más prestigiosos iusadministrativistas de toda Latinoamérica (actualmente, el profesor Santofimio Gamboa es magistrado del Honorable Consejo de Estado de la República de Colombia).
De tal suerte, y unidos los esfuerzos en pos de ese fin común, hicimos la convocatoria para esta nueva obra colectiva, y rápidamente respondieron importantes figuras del Derecho Público europeo y latinoamericano. Respuesta que ha permitido convertir en realidad, luego de meses de trabajo ininterrumpido para materializarla, esta aspiración de dejar en letra impresa, y con sabor contemporáneo, algunas reflexiones científicas en torno al pensamiento jurídico de Maurice Hauriou, no solo como mejor forma de evocarle, sino, en especial, de pulsar el valor que aún conserva su quehacer científico dentro del universo jurídico, en especial en el ámbito del Derecho Público.
Una obra colectiva en torno a Hauriou no es, en verdad, una novedad dentro del panorama bibliográfico que se ha ido levantando desde el siglo xx hasta la actualidad. Para constatarlo, baste recordar, en este sentido, las obras colectivas: Mélanges Maurice Hauriou, Librairie du Recueil Sirey (Société Anonyme), Paris, 1929; y La pensée du doyen Maurice Hauriou et son influence, Journées Hauriou, Toulouse, mars 1968, Éditions A. Pédone, Paris, 1969.
Tampoco son novedad editorial los estudios, con mayor o menor aliento, sobre el pensamiento y la obra escrita de Hauriou –incluso no solo en su alcance jurídico, sino también desde la Ciencia Política y otras aristas del conocimiento–. De hecho, mucho se ha escrito sobre este profesor acerca de lo mejor de la ciencia jurídica iuspublicistica –especialmente en Francia– luego del primer cuarto del siglo xx y lo que va del xxi. Esto ha permitido construir, así, una excelente bibliografía sobre su figura y su pensamiento que, muy amplia ya, propicia que se puedan conocer con más profundidad y mayor claridad las claves que fundamentan y se derivan de las ideas sostenidas por Hauriou.
Así las cosas, son numerosos los estudios que han tenido como motivo central la figura y el pensamiento jurídico de Hauriou; así como las secciones de obras con otro talante que incluyen referencias o análisis importantes sobre el maestro de Toulouse. Pero, de todo ese mar de letras impresas –la mayor parte del cual encierra un apreciable valor– es necesario rescatar como lo más destacable la excelente tesis doctoral de Lucien Sfez, Essai sur la contribution du doyen Hauriou au Droit Administratif français, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1966.
A pesar de todo ese panorama, creemos nosotros, es perfectamente justificable –en cualquier momento– una nueva obra a propósito de tópicos relacionados con las concepciones jurídicas de Maurice Hauriou, en particular si es esta una publicación de carácter coral, que llega en lengua castellana y está especialmente destinada a la comunidad hispanohablante. Hasta donde conocemos, algo así
–alrededor de Hauriou– no se ha hecho con anterioridad dentro del panorama bibliográfico iberoamericano relacionado con el Derecho.
Maurice Hauriou nació el 17 de agosto de 1856, en Ladiville, departamento de Charente, Francia.
De sus estudios secundarios (cursados en el Liceo de Angoulême) destaca el hecho de que realizó una doble titulación, con excelentes resultados, como bachiller: en letras y en ciencias. En razón de ello, dijo Sfez que su doble cultura literaria y científica le serviría de mucho a lo largo de su carrera².
Hauriou obtuvo el título de Licenciado en Derecho en la Facultad de Burdeos, donde en 1876 defendió la tesis de licenciatura: Du terme, en droit romain et en droit français. Pocos años después, en 1879, en la propia universidad bordelesa, alcanzó el grado de Doctor en Derecho con, a la usanza de la época, dos trabajos de tesis: uno sobre Derecho Romano, Etude sur la condictio, y el otro de tema iusprivatista, Des contrats à titre onéreux entre époux. No deja de resultar llamativo el hecho de que Hauriou cursara sus estudios superiores de Derecho y se doctorara en la casa de altos estudios que quedaría nominalmente asociada a la línea conceptual (Escuela de Burdeos) que se convirtió en la principal línea de discrepancia, dentro de Francia, –en términos de dirección general– con la orientación conceptual que simbolizaría Hauriou.
En 1882 participó en el concurso de agregación universitaria donde obtuvo el primer lugar. Fue ese un memorable concurso al que concurrirían además otras tres figuras que, junto a Hauriou, pasarían a ser nombres de primera línea en el iuspublicismo francés de finales del xix y principios del xx: León Duguit, León Michoud y Henri Berthélemy. Como parte de los ejercicios del concurso de agregación, Hauriou presentaría un trabajo escrito con el título: Quaternus verum sit venditorem non obligari ut rem faciat emptoris; destacando igualmente la disertación: La clause d’ameublissement, también como exigencia en tal concurso.
De toda esta etapa inicial se puede apreciar la vocación de Hauriou por el Derecho Privado, el Derecho Romano y la Historia del Derecho, donde ya iba cobrando presencia por sus trabajos escritos dentro de esta orientación histórica, romanista e iusprivatista en la que se estaba formando. Para nosotros, esa vocación originaria y formación inicial en esos perfiles jurídicos, dentro de su actividad docente y científica, le determinará una forma de pensamiento que le servirá también para desarrollar el sello que le imprimió a su trabajo creador dentro del Derecho Público.
En enero de 1883, Hauriou asumió la enseñanza de la Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Toulouse; desempeñándose en esa materia hasta 1888, cuando se produjo un cambio en su orientación como docente.
En efecto, enero de 1888 hubo de marcar un inesperado viraje para el desenvolvimiento docente y científico de Maurice Hauriou dentro del universo jurídico, en tanto que tuvo que abandonar la enseñanza efectiva de las materias que venía impartiendo desde 1883, para asumir la cátedra de Derecho Administrativo en la universidad tolosana. Esta asunción, impuesta a un joven profesor que no aceptó de buena gana, significó la reorientación de Hauriou hacia un nuevo campo profesional dentro del Derecho (el Derecho Administrativo y Público en general), que no gozaba en ese tiempo de la consideración y valoración de otras cátedras como las iusprivatistas, en tanto el Derecho Administrativo era aún considerado –por no pocos– como un campo menor desde el punto de vista científico-jurídico.
Pero, como las cosas del destino operan muchas veces por alguna razón que en su momento nos es difícil develar, esta reorientación, algo forzosa, de Hauriou hacia los predios de un sector jurídico que no había cultivado hasta ese momento como profesional de la actividad de enseñanza universitaria –al menos no de manera visible como sí puede apreciarse en lo que, hasta ese momento, venía haciendo en el Derecho Romano, la Historia del Derecho y el Derecho Privado–, devendría más temprano que tarde como una suerte para la ciencia del Derecho Público, en tanto Hauriou contribuiría de forma decisiva, con su obra y su pensamiento creador, a abonar definitivamente y a propiciar un salto cualitativo en el desarrollo científico del Derecho Administrativo, y del Derecho Público en general, de su época.
En los años posteriores, Hauriou tuvo una labor fecunda, tanto en la enseñanza universitaria como en la literatura jurídica iuspublicistica. En noviembre de 1906 resulta elevado a la responsabilidad de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toulouse; cargo que ocuparía por reelección hasta finales de agosto de 1926. Por su trayectoria en esa responsabilidad, y por su prestigio docente y científico alcanzado ya, Hauriou sería reconocido con la condición de Decano Honorario de la Facultad que condujo por todo ese tiempo.
Antes, a comienzos de noviembre de 1920, le había sido asignada la cátedra de Derecho Constitucional en la propia Facultad de Derecho tolosana.
Hauriou murió el 12 de marzo de 1929. Ese día dejó de existir físicamente una figura imprescindible del Derecho Administrativo moderno (y del Derecho Público en general). Sin embargo, no se apagó el eco de su existencia en el universo intelectual del Derecho; antes bien, su nombre pasó a formar parte de ese Olimpo de la memoria al que solo pueden elevarse los grandes maestros del Derecho para trascender hacia todos los tiempos en el futuro, y su obra científica pasó a ser, definitivamente, patrimonio importante de ese universo jurídico.
Uno de los legados más valiosos de Maurice Hauriou fue precisamente su obra escrita, que ha quedado como la huella indubitada de la construcción conceptual que, especialmente en lo jurídico, fue levantando con el andar de los años de estudio, de reflexión y de análisis de la realidad de su tiempo.
Sus escritos alcanzan varias temáticas, desde los tempranos trabajos de corte romanista, de Historia del Derecho y de Derecho Privado, hasta sus textos mayores sobre Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Público, Teoría del Derecho, y otros de índole política, filosófica y sociológica.
La obra de Hauriou ha sido perfectamente identificada por los estudiosos posteriores del Derecho, y se ha convertido en fuente necesaria de conocimiento para todos los que, de un modo u otro, han andado luego el camino de la ciencia del Derecho Público. Aunque no nos parece fuera de lugar expresar que si bien creemos que la lectura de los textos del Decano de Toulouse debe ser –como el caso de otros clásicos contemporáneos suyos o los que le precedieron– una lectura de importancia y valor inexcusable, si se quiere andar con cierta suerte aquel camino científico, no deja de ser también cierto que tenemos el sentimiento de que los juristas de los nuevos tiempos conocen menos a Hauriou (como a otros clásicos al respecto) y se hurga poco en su pensamiento –por lo menos fuera de Francia–. De ahí que pensemos que para muchos hoy, dentro del ámbito jurídico, Hauriou es un conocido inexplorado .
Aplicando al maestro de Toulouse lo que escribimos en otra ocasión a propósito del Decano de Burdeos (León Duguit)³, nos es preciso advertir que algunos consideran que el tiempo que hoy corre no es tiempo de clásicos como Maurice Hauriou, y, tal vez, no les falta algo de razón en esa consideración. Sin embargo, quienes así piensan soslayan un detalle, y es el hecho de que, si bien no estamos en tiempos de clásicos como Maurice Hauriou, los clásicos como Maurice Hauriou son para todos los tiempos. Y es, con y desde su obra escrita, que este último maestro se revela y proyecta con ese clasicismo.
Poco aportaría en este espacio enlistar todos los trabajos escritos que se deben a la autoría de Hauriou. Algo que en su momento hizo Lucien Sfez, dejando constancia de ello en las páginas de su magnífico texto sobre la contribución de aquel profesor al Derecho Administrativo francés. Por lo que remitimos a lo consignado al respecto en el volumen de Sfez, si se desea tener una rápida idea nominal de todo lo escrito por Hauriou⁴.
Sin embargo, no olvidemos que en la segunda mitad del siglo pasado y a comienzos de este siglo se reimprimieron: Précis de droit constitutionnel, 2.ª ed., Recueil Sirey, Paris, 1929, reedición del cnrs, 1965; Aux sources du droit. Le pouvoir, l’ordre et la liberté, Bibliothèque de Philosophie politique et juridique, Textes et Documents, Centre de Philosophie politique et Juridique, Caen, 1986 (compilación de trabajos de Hauriou originalmente publicada en 1933); Notes d’arrêts sur les décisions du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits, publiées au Recueil Sirey de 1892 à 1928, réunies et classées par André Hauriou, Paris, 1929, 3 vols., reeditados por La Mémoire du Droit, Paris, 2000; Précis de droit administratif, 12e, revu et corrigé par André Hauriou, 1933, reimpresión, Éditions Dalloz, Paris, 2002; Principes de droit public, reimpresión, Éditions Dalloz, Paris, 2010, con un Préface de Olivier Beaud (la primera edición se publicó en 1910).
Con independencia de lo anterior, queremos dedicar una mención que recuerde los textos suscritos por el Decano de Toulouse que han sido trasladados a nuestro idioma y que el lector hispanohablante pudiera encontrar a su disposición si se detiene un momento frente a los anaqueles de las bibliotecas especializadas.
En efecto, hasta donde conocemos, el primer trabajo que aparece publicado en castellano es su artículo La teoría del «riesgo imprevisible» y los contratos influidos por instituciones sociales , que se incluyó en las páginas de la española Revista de Derecho Privado, año xiii, n.º 148, enero, 1926, Madrid, pp. 1 a 13.
Luego, en 1927, aparecerían los Principios de Derecho Público y constitucional, con traducción, estudio preliminar, notas y adiciones de Carlos Ruiz del Castillo, editados por la Editorial Reus en Madrid.
Igualmente, Hauriou prologa el texto de Recaredo Fernández de Velasco: El acto administrativo (exposición doctrinal y estudio del Derecho español), editado por la Revista de Derecho Privado, Madrid, y publicado en 1929 (el mismo año en que fallecería Hauriou). El interesante contenido que abarcaba este prólogo lo justificaba su autor con las siguientes palabras: (…) y como quiera que el presente libro me ha incitado a meditar sobre las relaciones que median entre el acto jurídico y la regla de Derecho, no habrá de parecer mal que aquí consigne el fruto de mis reflexiones por vía de prólogo; al fin y al cabo, del libro nacieron y a él son debidas ⁵.
Décadas después se publica La teoría de la institución y de la fundación (ensayo de vitalismo social), en Buenos Aires, por la Abeledo-Perrot, en 1968, con un valioso prólogo sobre la vida y obra de Hauriou debido al profesor argentino Antonio Enrique Sampay. Esta traducción ha tenido mucha difusión en América Latina, especialmente en Suramérica.
En 1976, nuevamente en Madrid, aparece en un solo texto la traducción de algunos de los materiales bibliográficos de la autoría del Decano de Toulouse. Bajo el título Obra escogida, tuvo como traductores a los (por entonces jóvenes) profesores Juan Alfonso Santamaría Pastor (quien escribió la Presentación que abre el contenido del libro) y Santiago Muñoz Machado. Esta obra se incluye en la colección Clásicos de la Administración , Serie A, n.º 2, del Instituto de Estudios Administrativos (Escuela Nacional de Administración Pública), de Madrid. En definitiva, esa obra comprende los importantes prefacios que Hauriou colocó en sus Précis de droit administratif y Précis de droit administratif e de droit public général, correspondiente, en sus casos, a las ediciones siguientes: 1era (1892), 3era (1893), 4ta (1901), 5ta (1903), 6ta (1907), 7ma (1911), 9na (1919) y 11na (1927) –esa edición de 1927 fue la última que realizara en vida (en 1933, años después de fallecido Hauriou, se da a conocer una 12ma edición en Francia, pero revisada y corregida por su hijo, el también profesor de Derecho Público André Hauriou)–. Asimismo, el volumen que ahora nos ocupa, contenía además los trabajos: La gestión administrativa (1900), La declaración de voluntad en el Derecho administrativo francés (1903), y La teoría de la institución y la fundación (1925). Esta Obra escogida de Maurice Hauriou ha tenido igualmente mucha difusión en Iberoamérica.
Recientemente, se ha publicado un poco conocido y divulgado texto bajo los siguientes datos editoriales: Hauriou, Maurice y Jèze, Gastón, Derecho administrativo y derecho público, vol. 1, Editorial Juridica Universitaria, México, 2007.
Como se ve en estas referencias, el pensamiento del maestro tolosano ha tenido su divulgación directa en Iberoamérica, durante estos años y mostrándose la diversidad de ese pensamiento. Sin embargo, no se ha dejado de echar en falta, en todo este tiempo, una traducción a nuestro idioma de su obra general de Derecho Administrativo (no ya de sus notas jurisprudenciales, que pueden ser un proyecto de este tipo algo más complejo), atendiendo, precisamente, a que es el campo iusadministrativo en el que pueden apreciarse sus mayores aportaciones científicas y al que prestó una especial dedicación.
El pensamiento y las aportaciones de Maurice Hauriou han sido objeto de análisis en muchos trabajos escritos; de hecho, este texto colectivo que presentamos contiene una muestra de ello.
Hauriou fue un estudioso profundo de su tiempo, católico convencido, un liberal que asistió directamente a las importantes transformaciones que se operaban en la vida política, económica, social y jurídica del último cuarto del siglo xix y del primero del xx. Fue un excelente polemista; y en el recuerdo queda su contrapunteo con la llamada Escuela de Burdeos, encabezada por León Duguit (con quien sostuvo una amistad, más allá de la polémica conceptual y científica).
Ciertamente fue un hombre visitado por las ideas ⁶ –¡y de qué manera!– en su trabajo científico. Su pensamiento jurídico fue un pensamiento dinámico, siempre en evolución, que contribuyó a revolucionar, en no pocos aspectos, la manera de comprender y explicar el Derecho Público de su tiempo. Su obra tiene el sabor de comulgar siempre en el sentido del presente, en el sentido de lo real , como le aconsejara a su hijo André Hauriou⁷. Como el propio Hauriou señala: Nadie se extrañará que exija de mí mismo un progreso en la claridad de mis propias ideas. Cuando se observan directamente los hechos […] se pueden extraer inducciones generales bastante seguras de estas primeras observaciones, aun cuando subsisten en el detalle y, por así decirlo, en las aristas, muchas oscuridades que solo se disipan a la larga, después de verificaciones reiteradas. No tengo la pretensión de haber introducido todos los retoques y correcciones necesarias, mucho más teniendo en cuenta que la jurisprudencia del Consejo de Estado se perfecciona día a día; solo espero que el público reconozca mi buena voluntad y mis esfuerzos ⁸.
Como ya hemos dicho, variados son los aportes que se desgajan del quehacer de Maurice Hauriou dentro de la ciencia jurídica. Ahí está su teoría de la institución como ejemplo más palpable de sus contribuciones a la Teoría del Derecho; lo mismo sucede con el Derecho Constitucional y el Derecho Público en general, por citar otro ejemplo. Pero, dentro del espectro objetivo que alcanza su trabajo jurídico y científico, es el Derecho Administrativo el corazón de la obra de Hauriou y la disciplina de su predilección , como acuñara Jean Rivero⁹.
Hauriou es una de los autores de la belle époque o época de oro del Derecho Administrativo que contribuyó a transformar la visión científica del mismo y a consolidarlo como rama del conocimiento jurídico. En este sentido es uno de sus transformadores y de los que lo revolucionan.
Quizás, la más alta valoración sobre el pensamiento y la obra de Hauriou dentro del Derecho Administrativo podemos cifrarla en las palabras de una figura de relieve como su contemporáneo Henri Berthélémy, profesor de Derecho Administrativo en París, cuando en su discurso durante la ceremonia de inauguración del monumento al maestro de Toulouse el 22 de abril de 1931, dijo que podía decirse que Hauriou había creado el Derecho Administrativo, en tanto que "(…) on peut dire que celui-là crée la science du droit qui en découvre le plus exactement les origines lointaines, qui en aperçoit, qui en décèle et en analyse le mieux les causes subtiles et les ressorts cachés, qui justifie les d’décisions des juges, en signale l’orientation, en aperçoit les tendances et en fait comprendre motifs. (…)"¹⁰.
Tiempo después, Jean Rivero volvería sobre esa idea expresando: (…) Pero la sistematización que, aunque ciertamente retocada y enriquecida, continúa siendo la base de nuestra idea del derecho administrativo, no veo a quién atribuírsela excepto a Hauriou. Con él comienza el que todavía es nuestro derecho administrativo ¹¹.
Por supuesto que no es esta presentación el espacio más apropiado para detenernos, in extenso, sobre la trascendencia de la obra de Maurice Hauriou; algo que sobrepasa, por mucho, las limitadas pretensiones que nos mueven en estas líneas. Con ellas, solo queremos dejar anunciados algunos puntos que nos ayuden a llevar al lector a adentrarse en las páginas que conforman este volumen colectivo.
Desde nuestro punto de vista, si bien quizás sea demasiado calificar a Hauriou como el creador de la ciencia del Derecho Administrativo , lo cierto es que nadie como él representa la conversión de ese saber en un saber técnico-jurídico. En buena lid, Hauriou, con sus construcciones conceptuales, no levanta un sistema al estilo del que se trasluce en la obra duguitiana, por ejemplo. Sin embargo, se preocupó grandemente por la elaboración técnica del Derecho Administrativo. Hauriou es el gran orfebre técnico del Derecho Administrativo, constructor dedicado de muchas de sus piezas esenciales (legalidad, acto administrativo, responsabilidad, servicio público, dominio público, función pública, etc.). Condición esta que no solo se la gana con sus artículos monográficos y obra general, sino en especial con sus comentarios de jurisprudencia administrativa, en lo que deviene –a nuestros ojos– en el paradigma de comentarista jurisprudencial dentro del campo iusadministrativista.
Dentro del Derecho Administrativo, Hauriou se identifica como cabeza de la que se ha dado en llamar la Escuela de Toulouse o Escuela de la puissance publique. En su fuerte polémica con representantes de la Escuela del servicio público (especialmente con Gastón Jèze, a quien catalogó como l’enfant terrible de ese escuela), a propósito del valor de la noción de servicio público dentro del Derecho Administrativo francés –una noción técnico-jurídica que él mismo alumbraría¹²–, manifestó que puissance publique y el servicio público eran dos nociones matrices del Derecho Administrativo francés, el primero era la obra a realizar por la Administración y la segunda es el medio de realización¹³. En consonancia con sus ideas, terminaría sosteniendo "(…) la base du droit administratif c’est l’activité de la puissance publique; ce n’est pas, comme on l’a prétendu, le service publique"¹⁴.
En definitiva, el valor de lo aportado por Maurice Hauriou al Derecho Administrativo puede ser pulsado desde diversas perspectivas y con profundo calado. Y sin duda, este maestro tolosano se suma a aquellos que han hecho de su paso por el universo de la ciencia del Derecho Administrativo un tránsito constructivo, creador, fructífero, enriquecedor, que ha fortalecido los cimientos de esa zona del saber jurídico y de la realidad iuspública.
Finalmente, no queremos dejar de agradecer a todos aquellos prestigiosos especialistas del Derecho, de diversas latitudes, que acudieron al llamado de los coordinadores de esta obra, y prestaron sus colaboraciones escritas para hacer de ella una realidad que resulta de un esfuerzo coral. Igualmente, y en especial, dejar constancia de nuestro agradecimiento a la Universidad Externado de Colombia, por hacer suyo este proyecto y propiciar su materialización.
Solo esperamos que los lectores sientan que las páginas que siguen están a la altura de un esfuerzo como el que merece la evocación de la memoria de Maurice Hauriou. Si en estas páginas el lector encuentra utilidad y siente que le han permitido acercarse con provecho a algunas cuestiones puntales relativas a ese complejo campo que es el Derecho Público, nuestras expectativas estarán colmadas y nos damos por satisfechos. Y es así de simple, porque ningún espacio y esfuerzo resultan suficientes para rendir tributo a un grande del Derecho moderno como lo es Maurice Hauriou.
La Habana, julio de 2013.
1 Matilla Correa, Andry; Prado Maillard, José Luis y Rodríguez Lozano, Luis Gerardo (Coordinadores), Ensayos de Derecho Público en conmemoración del sesquicentenario del natalicio de León Duguit, Lazcano Garza Editores, Monterrey, Nuevo León (México), 2011.
2 Sfez, Lucien, Essai sur la contribution du doyen Hauriou au Droit Administratif français, Thèse pour le doctorat en Droit, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1966, p. 67.
3 Véase nuestro Prólogo en Matilla Correa, Andry; Prado Maillard, José Luis y Rodríguez Lozano, Luis Gerardo (coords.), Ensayos de Derecho Público en conmemoración del sesquicentenario del natalicio de León Duguit, ob. cit., p. 20.
4 Sfez, Lucien, Essai sur la contribution du doyen Hauriou au Droit Administratif français, ob. cit, pp. 507 a 509.
5 Hauriou, Maurice, Prólogo , Fernández de Velasco, Recaredo, El acto administrativo (exposición doctrinal y estudio del Derecho español), Revista de Derecho Privado, Madrid, 1929,
6 Utilizando aquí una expresión usada por Lucien Sfez a propósito de una referencia de André Hauriou sobre su padre. Ver: Sfez, Lucien, Essai sur la contribution du doyen Hauriou au Droit Administratif français, ob. cit., p. 71.
7 Ver: Sfez, Lucien, Essai sur la contribution du doyen Hauriou au Droit Administratif français, ob. cit., p. 5.
8 Hauriou, Maurice, Prefacio de la 5ta edición (1903) de su Précis de Droit Administratif et de Droit Public Général, en Hauriou, Maurice, Obra escogida, Traducción de Juan Alfonso Santamaría Pastor y Santiago Muñoz Machado, Instituto de Estudios Administrativos (Escuela Nacional de Administración Pública), Madrid, 1976, p. 48.
9 Rivero, Jean, Maurice Hauriou et le droit administratif , este trabajo fue publicado originalmente en Annales de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Toulouse, tomo xvi, 1968, p. 141, y ha sido consultado por nosotros en De Laubadère, Andrè; Mathiot, Andrè; Rivero, Jean y Vedel, Georges, Pages de Doctrine, volume 1, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, lgdj, Paris, 1980, p. 28. También puede verse la versión en español en: Rivero, Jean, Páginas de Derecho Administrativo, Dirección y coordinación de Libardo Rodríguez Rodríguez, Editorial Temis, S.A., Universidad del Rosario, Maestría en Derecho Administrativo, Bogotá, D.C., 2002, p. 105.
10 Berthélémy, Henri, Discours prononcé à l’inauguration de monument élevé à la Faculté de Droit Toulouse à M. Hauriou, le 22 Avril 1931 , reproducido en Bonnecase, Julien, La pensée juridique français, de 1804 à l’heure présente. Ses variations et ses traits essentiels, volumen 1, Delmas, Bordeaux, 1932, pp. 478-479.
11 Rivero, Jean, Maurice Hauriou et le droit administratif , en De Laubadère, Andrè; Mathiot, Andrè; Rivero, Jean, y Vedel, Georges, Pages de Doctrine, volume 1, ob. cit., p. 32. También en: Rivero, Jean, Páginas de Derecho Administrativo, ob. cit., p. 109.
12 Véase: Rivero, Jean, Hauriou et l’avènement de la notion de service public , en aa.vv., L’évolution du droit public. Études offertes à Achille Mestre, Sirey, Paris, 1956, pp. 461 y ss.
13 Hauriou, Maurice, Préface. La puissance publique et le service public , en su Précis de Droit Administratif et de Droit Public, Onziéme edition, Société Anonyme du Recueil Sirey, Paris, 1927, p. vii.
14 Hauriou, Maurice, La Jurisprudence Administrative de 1892 à 1929, D’après les notes d’arrêts de Recueil Sirey reúnies et classées par André Hauriou, tomo i, Librairie du Recueil Sirey (Société Anonyme), Paris, 1929 (Nouveage tirage 1931), p. 1.
Contribuciones sobre la parte general del
derecho administrativo y el derecho público
en la obra de Maurice Hauriou
Hauriou y el derecho público
Maurice Hauriou en perspectiva
Resumen. Este escrito constituye una aproximación al aporte de Maurice Hauriou al espíritu del derecho administrativo francés y a la contribución del doctrinante en lo referente a categorías jurídicas aun vigentes. El texto explora los conceptos de puissance publique, personalidad jurídica de la administración, acto administrativo, entre otros temas estudiados a profundidad por el Decano de Toulouse. A partir del estudio de estas categorías, el recuento de su vida y su ideología política, demuestra como todos estos factores influenciaron su ideología y producción literaria.
Palabras clave: Derecho civil y derecho administrativo, puissance publique, persona jurídica pública, Acto Administrativo.
Abstract. This article asserts an approximation to the contribution of Maurice Hauriou to the spirit of French administrative law and his contribution regarding still applicable legal categories. The article explores the concepts of puissance publique, public legal entity, administrative statute, among others in depth subjects studied by the Dean of Toulouse. Based on the study of these categories, the account of his life and his political ideology, it demonstrates how these factors influenced his ideology and professional contribution.
Keywords: Civil Law and Administrative Law, puissance publique, public legal entity, Administrative statute.
I. la figura de hauriou
La figura de Maurice Hauriou es ampliamente conocida en el mundo del derecho público. Podría decirse que es, incluso, familiar para generaciones de estudiosos del derecho administrativo, entre los que me cuento. Directamente y a través de discípulos como Jean Rivero o Georges Vedel y, por qué no decirlo, de las controversias con Duguit o Jêze, se llevó a cabo una parte de mi formación. Volver al mítico Decano de Toulouse es de algún modo un revival de años lejanos.
Constituyó un referente inexcusable en la investigación sobre "la cláusula de progreso en los servicios públicos", que pasaba por ser una solución de valor general importada de Francia y alumbrada, nunca mejor dicho, para resolver la querelle du gaz et de l´electricité ¹. La hipótesis a comprobar era si el mismo problema de la iluminación pública de las ciudades, provocado por el avance de la ciencia y la estabilidad de los contratos que los municipios habían suscrito con empresas, se había suscitado también en España y cuál había sido la solución.
Ni la solución propuesta por Hauriou en numerosos comentarios de jurisprudencia fue la definitivamente aceptada por el Conseild´État, ni la de este prejuzgó la solución española, que fue anterior. Pero las consideraciones del Decano de Toulouse al hilo de los diferentes casos, con apelaciones frecuentes al sentido común y no exentas de pragmatismo para resolver la controversia de intereses de los particulares amparados en los contratos suscritos y la presión ciudadana por el progreso, constituyeron un enriquecimiento personal, así como la confirmación de la virtualidad del derecho administrativo para resolver problemas que desde la perspectiva del derecho privado resultaban prácticamente insuperables.
La idea había sido sugerida por mi maestro, el profesor Villar Palasí, embarcado entonces en revelar raíces autóctonas del derecho español. A su iniciativa, como Director del Instituto de Estudios Administrativos, en la antigua Universidad de Alcalá de Henares, en cuya dirección colaboré, se debe la publicación de una serie de trabajos de M. Hauriou y muy significadamente los prólogos de las sucesivas ediciones de su Précis².
Resultaría de todo punto improcedente reproducir lo que ha significado Maurice Hauriou para el derecho administrativo francés. Se ha realizado en diferentes ocasiones: en estudios colectivos en 1929 y en 1969³ y ha sido objeto de un estudio exhaustivo por Lucien Sfez, reiteradamente citado⁴. Se comprende que se resistiese a realizar esa tarea un profesor tan caracterizado como Jean Rivero, aunque con maestría y profundo conocimiento de la obra de M. Hauriou, la ha analizado desde el exterior para intentar de alguna manera trazar sus contornos y ubicarla en su contexto , utilizando para ello los numerosos comentarios de jurisprudencia⁵. La frase de Berthélemy que recoge, pronunciada en 1931, expresa la admiración por la obra del Decano de Toulouse: Yo he popularizado el derecho administrativo. De Hauriou puede decirse que lo ha creado . Incluso, su colega discrepante, el Decano Duguit, a quien achacó un anarquismo individualista ⁶, reconoció su auctoritas.
Con independencia de sintonías de escuela, no ofrece duda que ha contribuido decisivamente a la construcción de categorías jurídicas que permanecen y que con León Duguit en el umbral del templo de la doctrina administrativa sus dos estatuas se elevan permanentemente ⁷.
Es, indudablemente, el genuino representante y defensor del régime administratif, del que se siente altamente orgulloso, al compararlo con el derecho anglosajón⁸.
Soy, pues, un resuelto partidario de nuestro derecho administrativo francés y acepto que esté basado en la prerrogativa de la administración, ya que esta solución parece ser la más juiciosa…
Aunque añade que su admiración no es ciega. A los defectos observables puede ponerse remedio mediante el desarrollo de sus propios principios ⁹.
Hay una construcción completa y homogénea, fiel a las raíces del derecho que coincide con la emergencia de la administración resultante de la Revolución y la impronta centralista que dejó Napoleón no solo en el Conseil d´État. En 1903 al tratar de los caracteres y el espíritu del derecho administrativo francés afirma: "En Francia no solo hemos sacado el mejor partido de la prerrogativa, sino que creemos haber hecho bien en admitirla, por cuanto la centralización administrativa lo exige y por cuanto la centralización nos parece necesaria"¹⁰, como un eco de Tocqueville, la centralisation que l´Europe nous envie . En 1919, con referencia a la guerra de 1914–1918, realiza un encendido elogio de la centralización: Si la civilización se ha salvado, ha sido gracias a la centralización…Podremos renovar los hombres, modernizar las fórmulas, sacudir las rutinas, pero no cesaremos nunca de centralizar: el movimiento es irreversible ¹¹.
Apela también a la tradición para mantener que el contencioso siga atribuido a una jurisdicción administrativa porque en la mayor parte de las operaciones administrativas se conserva un acentuado poder público¹², un juez que pertenece a la administración ¹³, la hábil fórmula ideada por los revolucionarios para entender de los actos de la administración y evitar su control por los tribunales ordinarios ligados al Antiguo Régimen¹⁴.
Desde sus comienzos, en 1897, se declara liberal: el Estado se ha hinchado en exceso, es él quien amenaza con oprimir la libertad, se es liberal luchando por limitar al Estado ¹⁵. Para calificar de excepcional el Derecho administrativo respecto del derecho civil sostendrá que en último término la sociedad civil tiene más importancia que las formas políticas que le sirven de envoltura protectora aunque esas formas políticas sean las del Estado ¹⁶.
La fidelidad a sus convicciones no le impidió desarrollarlas para dar respuesta a los nuevos problemas que se planteaban. Más allá de las formulaciones en que se concretaban, es esa atención a la realidad lo que resulta imperecedero. De ahí su extensa producción de comentarios de jurisprudencia: el derecho administrativo, dirá, debe ser estudiado en su vértice contenciosa, dado su carácter eminentemente jurisprudencial y el hecho de que sus reglas de fondo no están separadas de las reglas de procedimiento ¹⁷, de acuerdo con el carácter pretorial con que se ha calificado tradicionalmente al francés y él mismo reconoce¹⁸ La concepción administrativa del derecho administrativo –dirá– es la concepción jurisprudencial, y por ello real ¹⁹. Por eso su continuado elogio a la actividad del Conseild´État: es él quien ha hecho el derecho administrativo francés ²⁰, en cuyas decisiones, a su vez, influirá.
Se aprecia esa influencia, por ejemplo, en las conclusiones del comisario del gobierno Romieu en el arrêt Terrier. A la jurisdicción administrativa corresponde, dirá este, en qué casos se encuentra en presencia de un servicio público funcionando con sus reglas propias y su carácter administrativo o, por el contrario, frente a actos que aun interesando a la comunidad adoptan la forma de gestión privada y se mantienen exclusivamente en el terreno de las relaciones de particular a particular en las condiciones del derecho privado . Para entonces, 1903, Hauriou ya había escrito en 1900 sobre la gestión administrativa, integrada por actos de gestión y consistente en la ejecución de servicios públicos, distinta de la gestión patrimonial ad usum privatorum, superando la tradicional división de actos de autoridad y actos de gestión²¹.
Esa plausible aproximación realista explica las sucesivas modificaciones que introdujo en las ediciones de su Précis, de lo que son muestra también los diferentes prólogos, que inicialmente podrían desorientar. Los justifica, no como cambios de doctrina porque afortunadamente me he encontrado desde el comienzo con la buena dirección , sino como profundizaciones en la doctrina . De ello pone como ejemplo la discutida teoría jurídica de la institución, con la que admite la noción de un derecho objetivo fundada sobre el orden general de las cosas y así superar la noción civilista única de un derecho subjetivo fundado sobre las relaciones del tráfico jurídico ²².
Otra muestra paradigmática es la asunción del servicio público junto al poder público que defendió desde el principio como elemento clave del derecho administrativo, hasta el punto de tecnificar la idea de Duguit convirtiéndola en una auténtica categoría jurídica²³. El servicio público es la obra a realizar por la administración pública, el poder público es el medio de realización ²⁴. La fidelidad a su doctrina le lleva a poner en primer plano el medio sobre el fin, llegando a calificar como la herejía del socialismo jurídico lo contrario, una inversión de valores ²⁵, si bien termina por reconocer que aunque en un segundo plano, es la idea del servicio la que entraña la autolimitación objetiva del poder ²⁶. En 1903 reconocerá que el derecho administrativo está orientado más hacia la gestión de los servicios públicos y de la satisfacción de los administrados que hacia el ejercicio de la pura policía ²⁷.
Este dinamismo de Hauriou, e incluso su pasión, es lo que permite considerarlo vivo desde la distancia como una manera de hacer, aun siendo conscientes de que su obra y él mismo se corresponden a una época de nuestra historia, que podríamos identificar como la del Estado liberal de derecho.
No es del caso rastrear la huella que Hauriou haya dejado en la doctrina científica e, incluso, en la legislación española. Su definición del derecho administrativo basada en la consideración de la personalidad jurídica de la administración ha encontrado eco en la mejor doctrina española (García de Enterría y Villar Palasí) por no citar las prerrogativas, la fuerza expresiva de la decision executoire para identificar el acto administrativo y su ligazón con el contencioso administrativo o su concepción del dominio público²⁸.
La influencia francesa se reconoce con frecuencia en los primeros tratadistas del incipiente derecho administrativo español del siglo xix²⁹. Unas muestras serán suficientes. Posada Herrera en 1842³⁰ dirá La Francia será para nosotros siempre un modelo en materia de instituciones administrativas, como lo ha sido en materia de instituciones políticas; no creo por esto que debamos abandonar nuestros usos, nuestras costumbres . Para ratificar esta última afirmación subraya la necesidad de buscar todas las reales órdenes y decretos desde la Novísima recopilación hasta el día . En la misma dirección se manifiesta Oliván en 1843³¹.
Para mi generación el panorama comparado, de entrada, era ya amplio desde el punto de vista de la doctrina científica y subsistía la preocupación por ahondar en la propia historia, como se advirtió con anterioridad. La aparición de la Revista de Administración Pública en 1950 había constituido un punto histórico de inflexión. Estábamos ya familiarizados con fenómenos que excedían del horizonte avizorado por Hauriou, que en 1901 conjeturaba sobre un futuro en el que las condiciones internas de la vida social impondrán prontas y profundas transformaciones ³². Para decirlo de un modo rápido, el Estado social de derecho, las nacionalizaciones y empresas públicas, la emergencia de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1978, otro tournant de la historia, en cuya redacción me embarqué. Aun siendo deudores de una concepción contenciosa del acto administrativo, los caminos del derecho español y del francés empiezan a separarse con la ley de la jurisdicción contencioso–administrativa de 1956, de matriz judicial, que abandona la dualidad de recursos por exceso de poder y de plena jurisdicción.
De la orientación de Hauriou ha quedado su interés por la jurisprudencia para construir las categorías jurídicas, un método que he calificado de inductivo³³ y que he procurado transmitir a mis discípulos. También tener en cuenta la movilidad consustancial al derecho administrativo – nunca he comprendido bien la noción de un derecho inmóvil , dirá en 1911³⁴–, por su servidumbre respecto de la oportunidad, que tiene que ver con les affaires courants du public, por su apego a la política³⁵.
Esta rencontre con Hariou puede servir para testimoniar de qué manera en algunos casos ha constituido un punto de referencia, en qué medida es deudor de la etapa histórica en que desarrolló su actividad y de su nacionalismo y hasta qué punto las categorías manejadas por él han sufrido la erosión del tiempo o no alcanzan a dar respuesta a nuevos fenómenos. Sin perjuicio de atender a lo que constituye el núcleo de su concepción del derecho administrativo, bastarán unas referencias.
Resulta obvio que la defensa del centralismo que hace Hauriou no tiene un posible paralelo en Estados compuestos como el español³⁶. La preocupación por las empresas públicas³⁷ o más recientemente por la regulación³⁸ quedan fuera de su horizonte temporal.
Un diálogo peculiar es el establecido con motivo del dominio público. El artículo 132 de la Constitución española introdujo la categoría a ese nivel: los bienes que se determinen por la ley y en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas. En principio, se había propuesto para estos últimos bienes que fuesen de dominio público por naturaleza, a lo que me opuse en el debate correspondiente, porque era suficiente que lo fuesen por determinación constitucional, y además por una vieja tradición doctrinal del decano Hauriou… sobre el dominio público y el metro cuadrado ³⁹. La apelación a esa tesis valía no para rechazar el dominio publico por naturaleza en la tesis de Hauriou, defensor de la affectation administrative des choses à l´utilité publique⁴⁰, sino para negar su carácter de necesario, aunque también Hauriou al hablar de aquella se refiere a la sorte de prédestination naturelle qui se remarque dans certains objets tels que les rivages de la mer. La divergencia fundamental sobre el dominio público vendrá de no construirlo como propiedad, deudora de la concepción civilista, sino como título habilitante o técnica de intervención expresada por Villar Palasí, cuya orientación he seguido⁴¹.
II. la construccin del derecho administrativo
En el núcleo de la concepción de Hauriou sobre el derecho administro se encuentra la idea de poder, la puissance publique, que con ardor combatiría Duguit. La aministración pública como personaje poderoso, titular de prerrogativas que le son connaturales para ejercer su función y que son impropias de los particulares y del derecho que regula las relaciones entre ellos. Por eso, el ejercicio del poder, significado en la décision exécutoire, tiene en principio la fuerza de imponerse. Poder sometido a derecho desde esa posición, de superioridad relativa bajo el imperio de la ley, que tiene como base la equidad.
En diferentes momentos ha expuesto esas ideas centrales. En diálogo con Dicey, para reafirmar su convicción de la superioridad del régime administraitif sobre el common law británico, sostendrá que el derecho administrativo francés es "un derecho de equidad basado en la prerrogativa de la administración, hecho por el juez y organizado conforme a la teoría del acto"⁴², derecho de equidad, que considera derecho de concesión⁴³. El derecho administrativo ha transformado la prerrogativa en equidad ⁴⁴. El derecho administrativo es el derecho de los personajes poderosos que son las administraciones públicas, tal y como la centralización las ha hecho ⁴⁵.
Desde este punto de vista la misión del derecho administrativo se verá como limitación de esas facultades exorbitantes, como una simbiosis de poder público y comercio jurídico . El personaje poderoso, dirá gráficamente Hauriou, ha bajado del olimpo de su soberanía, conservando, no obstante, vestigios de su procedencia⁴⁶.
En el fondo de esa concepción se encuentra el despegue del derecho civil. Estamos, pues, en presencia de un derecho que en lugar de estar fundado, como nuestro derecho civil actual, en la igualdad de las partes, lo está sobre el estatuto especial y sobre la prerrogativa de las partes más poderosas ⁴⁷. El derecho administrativo tendrá así una naturaleza excepcional , reconociendo que el derecho civil constituye el derecho común ⁴⁸.
En mi obligada toma de posición académica respecto de la asignatura a explicar en las aulas universitarias inicié mi diálogo con la doctrina de Hariou. En 1967 hablé de los fenómenos de imitación y complejo ante el derecho civil. La superioridad del derecho civil se hacía descansar en la importancia que Hauriou atribuía a la sociedad civil, citada con anterioridad, como algo que procede del orden natural de las cosas y que en mi opinión era un prejuicio de época, un prejuicio burgués⁴⁹. No es del caso de repetir las razones históricas que habían favorecido esa apreciación en las que ha tenido que ver incluso la recepción y estudio del derecho romano en lo que la pandectística ha influido⁵⁰.
Al inicio de su docencia como profesor de derecho administrativo, a la que se vio forzado académicamente, reconocerá Hauriou veinte años después, que entreveía en el derecho administrativo un derecho autónomo . En mis comienzos resultaba claro que se trataba de un iuscommune. Esto significaba, ante todo, "que no debe estar sometido a más pruebas de limpieza de sangre que el derecho civil , que debían cortarse amarras innecesarias que han ligado al derecho administrativo al civil por razones solo históricas"⁵¹.
Es una convicción que ha ido confirmándose con el transcurso del tiempo, como he intentado exponer en el libro citado sobre Las categorías jurídicas en el derecho administrativo, publicado en 2011, que recoge una serie de trabajos redactados en los últimos años. Existen algunas que no encuentran dificultad para ser incluidas en el ámbito del derecho administrativo, como el servicio público, pero ni la expropiación forzosa ha de ser entendida como una venta del mismo carácter, ni la relación del funcionario con la administración es contractual (Hauriou maneja un concepto estatutario, incorporation à une institution ). Es posible una concepción iusadministrativista de los contratos públicos; el contrato es un supraconcepto , no reducible al ámbito privado.
Las fuentes del derecho no son patrimonio del derecho civil, aunque aparezcan en el Código del mismo nombre. Ni se reducen a la ley, la costumbre y los principios generales. La consideración de la jurisprudencia more privato no ha permanecido inalterada después de la vigencia de la Constitución.
El reglamento y demás disposiciones administrativas son normas típicas del derecho administrativo. Los principios generales del derecho no se limitan a resolver problemas de lagunas, la analogía o la equidad. Incluso su carácter informador del ordenamiento jurídico , que se le atribuye desde la perspectiva civilista, se ha ampliado desde la constitucional. Es más, la inclusión de determinados principios en la Constitución les dota del carácter normativo que esta tiene, superando la función de fuente subsidiaria. Sin perjuicio de que sean aplicados principios que operan en el derecho privado como el de buena fe, existen otros característicos del derecho administrativo como el de confianza legítima en la administración, la interdicción de la arbitrariedad o el de tutela al servicio del interés general.
La perspectiva constitucional ha ampliado también la concepción civilista de la jurisprudencia en donde no opera la doctrina del precedente. La sentencia estimatoria de un recurso contencioso administrativo contra una disposición de carácter general al declarar su nulidad total o parcial incide directamente en el ordenamiento jurídico del que aquella desaparece. Se comporta como una auténtica fuente del derecho y el tribunal como un normador negativo y no solo como intérprete y aplicador de la ley.
El derecho administrativo no tiene que acudir al derecho civil para contar con sus propias Pandectas, en la exclamación de Otto Mayer, sino que ha de hundir sus raíces en la Constitución. Por eso me he permitido utilizar en mis explicaciones en las aulas universitarias la expresión derecho administrativo constitucional , no solo como derecho constitucional concretizado , sino también por su virtualidad constitucionalizante, ya que principios, regímenes e instituciones surgidos en el derecho administrativo se han constitucionalizado⁵².
La construcción del derecho administrativo sobre la administración, como un personaje poderoso, titular de prerrogativas o privilegios, ha sido seguida por una corriente doctrinal mayoritaria encabezada por el magisterio de García De Enterría: el derecho propio y específico de las administraciones públicas, un derecho estatutario de la administración. En 1967 manifesté mi reticencia a admitir tal orientación. Puse el acento en lo que entonces denominé intereses colectivos como el campo de acción del derecho administrativo, y el carácter subordinado o vicarial de la administración en la gestión de ellos⁵³. Hacía notar ya entonces que esos intereses se buscaban también a través de normas jurídico–privadas, que el uso de normas privadas por la administración no era quantité negligéable, en la expresión de Hauriou⁵⁴. Se trataba de evitar la elefantiasis de la administración como complejo orgánico, a la que puede corresponder el monopolio de la responsabilidad, pero no el de la gestión de los intereses colectivos. La preocupación fundamental era evitar las consecuencias que podrían derivarse de la identificación de administración pública e interés general, de la consideración de aquella como un dominus a lo que ayudaban los privilegios heredados del Antiguo Régimen que como poder –Hauriou es una referencia– se les reconocía.
Esta posición entroncaría con naturalidad en la Constitución de 1978, en cuya redacción intervine⁵⁵, cuyo artículo 103 subraya que la administración pública sirve los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Ese sometimiento barría de un plumazo toda inmunidad de poder. En un Estado social y democrático, que Hauriou no llegó a ver, no hay una asunción monopolística de los intereses generales, como ha reconocido el tribunal constitucional⁵⁶:
La configuración del Estado como social de derecho viene así a culminar una evolución en la que la consecución de los fines de interés general no es absorbida por el Estado, sino que se armoniza en una acción mutua Estado–Sociedad⁵⁷.
El control de la administración marca la evolución del derecho administrativo y en el caso francés es mérito del Conseild´État que no es del caso subrayar. De un modo muy expresivo lo manifiesta la propia denominación del recurso por exceso de poder, reconocimiento palmario de un poder excesivamente concentrado. Aun siendo las prerrogativas de la administración una nota definidora del derecho administrativo en Hariou, él mismo reconoce que si las prerrogativas de la administración deben restringirse, es decir, si la virtud ejecutora del acto debe debilitarse, parece natural que el poder perdido pase al juez . En esa línea se ha adelantado en la misma escuela de Hauriou, que el poder de la administración no es solo un más sino también un menos: administration plus puissance, administration plus lié⁵⁸.
La cuestión, sin embargo, ha de plantearse en un terreno más avanzado: el de la función y alcance de las prerrogativas. Hasta qué punto son admisibles los privilegios de la administración. La reflexión parte del carácter servicial a los intereses generales en lo que se fundan las potestades que se reconocen a la administración. Un objetivo ajeno al derecho privado, con el que no es necesario establecer la comparación que es patente en la noción de prerrogativa. La potestad pública está vinculada al fin que le asigna el ordenamiento jurídico y desde él es controlable, como expresa el artículo 106 de la Constitución española, en relación con el quantum, el cómo, incluso el cuándo, en cuyo enjuiciamiento operan principios de proporcionalidad y razonabilidad.
La administración se encuentra obligada a razonar, motivar, el empleo de la potestad en los términos en que lo hace, trátese de actos o de normas administrativas. Las potestades son parte necesaria de la función encomendada constitucionalmente a la administración, como ha reconocido la jurisprudencia de un modo expreso⁵⁹: Las potestades que la Constitución y las leyes encomiendan a la administración no son privilegios, sino instrumentos normales para el cumplimiento de sus fines y, en definitiva, para la satisfacción de los intereses generales .
No es del caso desarrollar lo que he expuesto en otros lugares para rechazar una serie de privilegios tradicionalmente atribuidos a la administración, en las leyes, o en la doctrina como ocurre con el inencontrable privilegio de autotutela⁶⁰. A título de ejemplo, pierde consistencia diferenciar las sanciones administrativas según sean consecuencia de autotutela o heterotutela, lo decisivo es la naturaleza del hecho sancionable. Resulta discutible la utilización de la prerrogativa de la recuperación de oficio de sus bienes por la administración sin intervención judicial, ni siquiera cautelar, cuando no ha cumplido con su obligación de inscribirlos en el registro de la propiedad. La administración no goza de sus prerrogativas cuando incumple sus obligaciones amparándose en la autotutela. La presunción de validez del acto administrativo, la presunción de veracidad de actas de inspección, el privilegio de interpretación de los contratos serían unas muestras que introducen serias dudas sobre su admisión.
La relevancia efectiva que los derechos fundamentales han acabado por tener en las Constituciones ha permitido un vuelco en el entendimiento del derecho administrativo y de sus instituciones posterior a Hauriou. El reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos , según el artículo 9,3 de la Constitución española⁶¹ ha supuesto el retroceso de las prerrogativas de la administración, prevaleciendo frente a ellas. En ese sentido, se encuentra la presunción de inocencia en el ámbito sancionador, o el derecho a la tutela judicial efectiva, que ha ampliado el campo de las medidas cautelares y cambiado el fundamento de las medidas cautelares tradicionalmente reducidas a la suspensión del acto⁶².
III. el acto administrativo como pralable y su revisión
En numerosos pasajes de su obra, Hauriou sitúa el acto administrativo en el centro del derecho administrativo.
El derecho administrativo francés ha hundido su raíz jurídica en el acto de administración y en él se encuentra sólidamente implantado. Desde un principio ha sido el acto objeto de las reclamaciones y los recursos"⁶³.
Lo reitera al tratar de la declaración de voluntad en diálogo con el derecho alemán: el administrado
para obtener justicia deberá formular una reclamación administrativa ante la autoridad competente, y la decisión expresa o tácita de la misma constituirá el acto sin el cual no es posible el contencioso⁶⁴.
Es la conocida tesis de la necesidad del acto préalable. Esa decisión tácita hace referencia a la institución del silencio administrativo. Para Hauriou, con referencia a la ley de 17 de julio de 1900, se dan
…los últimos toques a la teoría del acto, corrigiendo su único inconveniente serio, que era la posibilidad que tenía la administración de frenar el movimiento de la máquina jurídica mediante la negativa de realizar el acto que se solicitaba, acto que era el único que podía impulsar a aquella⁶⁵.
Esa ligazón del acto administrativo a la jurisdicción contencioso-administrativa ha sido tradicional en el derecho español y su huella se percibe en el derecho comunitario (artículo 230 del Tratado de la ue). No obstante, la ley española de esa jurisdicción de 1956 dejó claro en su exposición de motivos que ante ella se sigue un auténtico juicio o proceso entre partes que tiene por objeto específico el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de la administración pública sujetos al derecho administrativo .
El acto administrativo, se reconocerá en vía jurisprudencial, no es el objeto del proceso, sino solo su presupuesto. El accionante podía pretender no solo la nulidad del acto, sino además el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su restablecimiento. La pretensión pasaba a tener prevalencia sobre el acto. La jurisdicción, podría decirse, operaba con ocasión de un acto administrativo. Este empezó entonces a dejar de ser el monopolio de lo contencioso administrativo. Esa tendencia se acentuará con la Constitución de 1978, cuyo artículo 106 dice que los tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa, que incluye la inactividad y la vía de hecho y puede ser entendida como comportamiento de la administración en cuanto al ejercicio de sus potestades.
En la ley de la jurisdicción contencioso–administrativa 29/1998 de 13 de julio se refleja, obviamente, esa orientación, en cuanto es posible la interposición de recurso sin acto previo en caso de inactividad y vía de hecho, pero subsiste la ficción o presunción del acto administrativo para sustentar el silencio administrativo, negativo o positivo, equivalente a la denegación o estimación de la petición, necesarias para que pueda interponerse contra ellas el recurso contencioso-administrativo.
Este planteamiento tradicional es revisable.⁶⁶ El punto de partida es la consideración de la inactividad de la administración: formal, la no contestación a una petición dentro de un procedimiento, o material, un no hacer en el marco de sus competencias. Los efectos desestimatorios del silencio negativo se justifican, decía la Ley de la jurisdicción contencioso–administrativa de 1956, como garantía para los administrados frente a las demoras de la administración . Se trataba de facilitar el acceso a la jurisdicción sin esperar a que la administración dictase un acto expreso. En el mismo sentido se manifestaba la Ley de procedimiento administrativo de 1958. Esa tesis es asumida por una jurisprudencia consolidada. El silencio negativo es una mera ficción legal .
Lo fundamental es proporcionar una facultad de reacción del particular. La concepción del contencioso administrativo llevó a considerar la ficción de un acto y a que se llegase en algún momento a hablar de acto tácito frente al auténtico acto que es el expreso. Daba pie para esa consideración el lugar que el silencio ocupaba en la ley no procesal: el modo de terminar un procedimiento administrativo.
La referencia al acto se manifestó en alambicadas construcciones para determinar el dies a quo a partir del cual pueden interponerse los recursos, llegando a utilizar para ello lo dispuesto para notificaciones defectuosas o incompletas de los actos expresos. La ficción es indudable. Se utiliza la notificación de un acto expreso para un acto que no se ha dictado, cuyo contenido esencial se da por supuesto. Para conseguir el objetivo que se persigue no es necesaria la ficción de un acto o, si se prefiere subrayar más la contradicción, de un acto ficticio.
El silencio negativo era la regla general. Sólo en algunos casos limitados se admitía el silencio administrativo positivo. Existía práctico consenso doctrinal en que en