Source: http://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=62955&legiid=489
Timestamp: 2019-01-22 16:44:26
Document Index: 408821444

Matched Legal Cases: ['Artículo 64', 'artículo 73', 'Artículo 171', 'Artículo 277', 'Artículo 18', 'Artículo 495', 'artículo 4', 'artículo 67', 'Artículo 1', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 485', 'artículo 486', 'artículo 496', 'artículo 50', 'e contrario', 'artículo 81', 'artículo 81', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 41']

MINUTO DE SILENCIO POR RECIENTE DECESO DE SEÑOR MANUEL MAMANI MAMANI
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO PARA EXIMICIÓN DE NORMAS TÉCNICAS A VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DE CUERPOS DE BOMBEROS
REGULACIÓN DE INCIVILIDADES
MODIFICACIONES DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CANADÁ Y EN MATERIA DE INVERSIÓN Y EN COMERCIO Y GÉNERO
ASOCIACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL CON REPÚBLICA DE INDONESIA
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios de Prevención del Delito, señora Katherine Martorell Awad; General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y del Medio Ambiente, señor Felipe Riesco Eyzaguirre.
Siete de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con ellos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que establece pago a treinta días (boletín N° 10.785-03).
2.- Proyecto de ley que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (boletín N° 11.245-17).
3.- Proyecto de ley que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica (boletín N° 11.621-04).
4.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo para Modificar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha modificado, entre la República de Chile y el Gobierno de Canadá" y el "Acuerdo para Modificar en Materia de Inversión y en Comercio y Género el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha modificado, entre la República de Chile y el Gobierno de Canadá", ambos suscritos en Ottawa, Canadá, el 5 de junio de 2017 (boletín N° 11.605-10).
5.- Proyecto que modifica la ley N° 20.032, que Establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), y su régimen de subvención, y el decreto ley N° 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica (boletín N° 11.657-07).
6.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo de Asociación Económica Integral entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Indonesia", suscrito en Santiago el 14 de diciembre de 2017 (boletín N° 11.748-10).
7.- Proyecto de acuerdo que aprueba la Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo Previsto en los Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, y sus Anexos I y II, firmados por la República de Chile, la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú en Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica, el 14 de octubre de 2017 (boletín N° 11.871-10).
Mediante el cual comunica su ausencia del territorio nacional los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018 para dirigirse a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en visita oficial, para participar en la 13ª Cumbre de Líderes del G-20.
Con el primero comunica que aprobó el proyecto que modifica la ley N° 20.032, que establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), y su régimen de subvención, y el decreto ley N° 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica (boletín N° 11.657-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo informa que aprobó el proyecto que establece un marco legal para el fomento del arte gráfico urbano (boletín N° 11.810-24) (con urgencia calificada de "simple").
Con el tercero informa que aprobó, con modificaciones, el proyecto de ley que establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica (boletín N° 9.014-03) (con urgencia calificada de "simple").
Expide copias de las sentencias definitivas pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 64 de la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, y artículo 73 del decreto N° 412, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.
-Artículo 171, inciso cuarto, del Código Tributario.
-Artículos 195, inciso tercero, parte final; y 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290.
-Artículo 277, frases "cuando lo interpusiere el Ministerio Público" y "de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente", del Código Procesal Penal.
-Artículo 18, inciso final, del Código Penal.
-Artículos 1°, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo.
-Artículo 495, inciso final, del Código del Trabajo y artículo 4°, inciso primero, de la ley N° 19.886.
Responde consulta efectuada en nombre del Senador señor Sandoval, respecto de derecho de exfuncionaria de la JUNAEB a percibir la bonificación de la ley N° 20.948.
Ante requerimiento efectuado en nombre del Senador señor Durana, remite datos sobre las acciones adoptadas para la cimentación del canal Uchusuma y otras materias de interés hídrico de la frontera chileno-peruana.
En respuesta a solicitud realizada en nombre del Senador señor De Urresti, entrega antecedentes sobre la situación de salud de la persona que se individualiza.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social:
Aclara inquietud del Senador señor Latorre relativa a la modificación de la ley N° 20.255, para que los exonerados políticos accedan al pilar solidario.
En respuesta a oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, expone sobre el gasto fiscal de FONASA derivado del rechazo de los beneficios a que tienen derecho los trabajadores, conforme a la ley N° 16.744.
Atiende la inquietud planteada en nombre del Senador señor Navarro acerca del mecanismo de fijación tarifaria para el transporte público en el Gran Valparaíso.
De la señora Ministra del Deporte:
Responde petición enviada en nombre del Senador señor De Urresti, referida al proyecto de parque náutico y pista de aguas quietas de la Región de Los Ríos.
Del señor Subsecretario General de Gobierno:
Contesta oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, relativo al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, año 2018.
Ante solicitud enviada en nombre de la Senadora señora Aravena, informa sobre los planteamientos formulados por la Cámara de Comercio de Villarrica referidos al impacto negativo de la reforma tributaria en sus actividades.
Del Senador señor Navarro, referido a los estudiantes no videntes.
Del Senador señor Latorre, respecto de la situación del Instituto Down de la Región del Biobío.
Responde consultas formuladas en nombre del Senador señor Navarro, sobre materias relativas a adopción de menores.
Da respuesta al requerimiento enviado en nombre del Senador señor Guillier, referido a actividad pesquera industrial en área de reserva artesanal.
Contesta planteamiento formulado en nombre del Senador señor Bianchi, relativo a una asesoría a la municipalidad de Punta Arenas sobre el uso de la subvención escolar preferencial.
Adjunta antecedentes, solicitados en nombre del Senador señor Sandoval, sobre la transferencia del manejo bosque nativo y dendroenergía productivo Capitán Prat.
Ante requerimiento expresado en nombre del Senador señor De Urresti, reporta sobre el vertedero privado de lodos orgánicos del sector de Cachillague.
Del señor Director Ejecutivo del Instituto Forestal:
Atiende solicitud enviada en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de la creación de la Corporación del Agua.
En respuesta a planteamiento formulado en nombre del Senador señor Latorre, informa sobre las sanciones cursadas por esa entidad a sostenedores de establecimientos educacionales.
Envía datos, solicitados en nombre de la Senadora señora Allende, referidos a la situación que afecta a la persona que se individualiza.
Remite antecedentes, pedidos en nombre del Senador señor De Urresti, relativos a la estación médico-rural de Los Ulmos.
Del Senador señor Girardi, con las que informa acerca de su participación en las siguientes actividades:
-Panel "¿El proyecto transhumanista de GAFA (Google-Apple-Facebook-Amazon) ganará el mundo?", realizado en Burdeos, Francia, del 12 al 16 de septiembre recién pasado.
-Asamblea General de Naciones Unidas, Nueva York, 25 al 29 de septiembre de 2018.
-139ª Asamblea Unión Interparlamentaria, celebrada en Ginebra, Suiza, del 14 al 17 de octubre de 2018.
-Sesión de Alto Nivel "Diplomacia de la Ciencia en las Américas", efectuada en ciudad de Panamá del 22 al 24 de octubre de 2018.
-Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición y IX Foro de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre y la Malnutrición, Madrid, del 28 al 31 de octubre de 2018.
-Encuentro sobre "Acciones legislativas y judiciales para proteger la salud y mejorar la nutrición en América Latina", Guadalajara, México, 11 al 15 de noviembre de 2018.
Del Senador señor Soria, por la que informa acerca de las actividades en que participó en el marco del cambio de Gobierno en Asunción, Paraguay, realizadas entre el 13 y el 16 de agosto recién pasado.
Del Senador señor Latorre, mediante la cual informa acerca de su participación en la 64ª Sesión del Comité Contra la Tortura, para el examen del IV Informe periódico sobre Chile, realizada en Ginebra, Suiza, en julio del presente año.
Del Senador señor Harboe, a través de la cual informa acerca de su participación en la 5ª Conferencia y Exhibición Internacional de Ciberseguridad y Seguridad Interior, realizada en Tel Aviv, Israel, entre el 12 y el 15 de noviembre.
Oficio de la Honorable Cámara de Diputados por el que comunica que ha dado su aprobación, con las excepciones que indica, a las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2019, y comunica la nómina de los Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto (boletín N° 12.130-05) (con la urgencia establecida en el inciso primero del artículo 67 de la Carta Fundamental).
--Se toma conocimiento y se designa a los miembros de la Comisión de Hacienda para integrar la referida Comisión Mixta.
El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se citará a sesión de la mencionada Comisión Mixta a las 17 horas, en paralelo con la Sala, a fin de que pueda emitir su informe.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán, sobre la Cuenta.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, se dio cuenta del proyecto, en tercer trámite, que establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en diversos establecimientos. La Cámara de Diputados introdujo una modificación pequeña, nimia, y la propia Secretaría de la Comisión de Salud considera que no es necesario que vuelva a dicho órgano técnico, sino que se puede ver directamente en la Sala.
En tal sentido, solicito que se pueda poner en tabla de Fácil Despacho para la sesión de mañana.
El señor MONTES (Presidente).- La Secretaría ha analizado el punto y considera que hay cuatro a cinco modificaciones.
Por lo tanto, quizás en una sola sesión la podría ver la Comisión de Salud antes de que venga a la Sala.
El señor CHAHUÁN.- Muy bien, señor Presidente.
1.- Tratar en primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica (boletín N° 11.570-06).
2.- Citar a sesión especial para mañana, miércoles 28, de 16 a 16:30 horas, retrasando el inicio de la sesión ordinaria, con el objeto de conocer el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar integrante del Consejo Nacional de Televisión a la señora Carolina Dell'Oro.
3.- Postergar la sesión especial citada para mañana, miércoles 28 del presente, de 11 a 14 horas, sobre La Araucanía, hasta el miércoles 12 de diciembre del año en curso, en el mismo horario.
El señor MONTES (Presidente).- El motivo de esta postergación es una situación que afecta al Ministro Chadwick, quien está con algún problema en las dos muñecas.
El señor MOREIRA.- ¡Tiene problemas con las muñecas...!
El señor MONTES (Presidente).- ¡Desde hace un tiempo...!
El señor KAST.- ¡Mucho uso...!
El señor MONTES (Presidente).- Los Senadores señores Durana e Insulza solicitan el acuerdo de la Sala para guardar un minuto de silencio en recuerdo del destacado hijo ilustre de Arica don Manuel Mamani Mamani, quien falleció el pasado 20 de noviembre.
Ruego a los presentes ponerse de
--(La Sala guarda un minuto de silencio).
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, pido que se recabe la autorización para que la Comisión de Defensa sesione en paralelo con la Sala desde las 17:30, pues están citados el Ministro de Defensa y el Comandante en Jefe del Ejército.
Si hubiera alguna votación de quorum especial, los integrantes de la Comisión, obviamente, vendríamos a votar.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala?
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir, señor Senador.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, no tenemos problemas. Pero también debe funcionar la Comisión Mixta del proyecto de ley de Presupuestos, lo que tendrá que ser, más o menos, a la misma hora. De lo contrario, no vamos a poder cumplir con el plazo para que sea despachado por ambas Cámaras, que vence mañana.
El señor MONTES (Presidente).- Hay tres proyectos en tabla que se encuentran en etapa de discusión general. Entonces, en la medida que sea necesario, se solicita que vengan a votar.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del Senador señor Elizalde.
Boletín N° 11787-22
El señor MONTES (Presidente).- Señores Senadores, el señor Secretario se referirá al proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito para eximir a los vehículos de los cuerpos de bomberos y otros de emergencia del cumplimiento de las condiciones técnicas que indica.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.787-22) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 53ª, en 25 de septiembre de 2018 (se da cuenta).
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 57ª, en 9 de octubre de 2018.
Sesión 61ª, en 17 de octubre de 2018 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, en sesión de 17 de octubre de este año se aprobó en general el proyecto individualizado por el señor Presidente.
Respecto a esta iniciativa, no se han presentado indicaciones en el plazo fijado al efecto, por lo que correspondería entenderla aprobada también en particular, a menos que se solicite un nuevo plazo para presentar indicaciones.
El señor MONTES (Presidente).- Como se señaló, venció el plazo para formular indicaciones...
El señor HARBOE.- Señor Presidente, pido que se reabra un plazo para presentar indicaciones a este proyecto, porque hay una situación bien delicada que estudiar ahí.
El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará un nuevo plazo para formular indicaciones hasta el 10 de diciembre, a las 12.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Además, se ha solicitado un plazo para formular indicaciones, hasta el lunes 10 de diciembre, al proyecto de ley que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica (boletín N° 11.621-04).
El señor MONTES (Presidente).- Solicito autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de la SEGPRES, señor Claudio Alvarado; la Subsecretaria de Prevención del Delito, señora Katherine Martorell, y el Subsecretario de Medioambiente, señor Felipe Riesco.
Boletín N° 11922-07
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto, iniciado en moción de los Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Harboe, Huenchumilla y Quintana, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, a fin de prohibir el ingreso de niños y niñas de cero a tres años a residencias, como medida de protección, con informe de la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.922-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de las Senadoras señoras Rincón y Provoste y señores Harboe, Huenchumilla y Quintana):
En primer trámite: sesión 34ª, en 18 de julio de 2018 (se da cuenta).
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes: sesión 69ª, en 20 de noviembre de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo del proyecto es prohibir la internación de niños de cero a tres años de edad en residencias, como una posible medida de protección a decretar respecto de ellos.
En esa línea, se establece un plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la ley en proyecto, para que los menores que se encuentren en tal situación sean restituidos en su derecho a vivir en familia, ya sea de origen o extendida, si ello fuera posible, o disponiendo su cuidado alternativo con una familia de acogida.
La Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes deja constancia de que acordó proponer a la Sala discutir solo en general este proyecto de ley, no obstante ser de artículo único.
El órgano técnico aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señoras Allende y Rincón y señores Ossandón y Quintana).
Cabe señalar que el artículo permanente y el transitorio de la iniciativa en estudio revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 23 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página pertinente del primer informe de la Comisión.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón para informar respecto del proyecto.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Abrimos la votación?
El señor MONTES (Presidente).- Saludo al Ensamble de Música Antigua Sur Canoris (Cantos Melodías Dulces del Sur), de la Casa Azul del Arte, de Punta Arenas.
Son nueve niños y tres adultos, quienes fueron invitados por el Senador señor Carlos Bianchi.
El señor MONTES (Presidente).- En votación la idea de legislar.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, desde hace bastante tiempo se han venido elaborando diversas iniciativas de ley a consecuencia de los dramáticos hechos que ha debido reconocer nuestro país en lo relativo a la atención a los menores.
Nos ha tocado tramitar varias de esas iniciativas (entre otras, las atinentes al Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez; al Defensor de la Niñez; a la Subsecretaría de la Niñez), todas ellas en procura de hacernos cargo de las vergüenzas que nuestro país ha tenido que enfrentar y asumir ante lo que significan la atención y el cuidado a quienes son, sin duda, los más vulnerables de nuestra sociedad: los niños, las niñas y los adolescentes.
Por ello, cuando se plantean proyectos de esta naturaleza, hay que darles esa dimensión humana para valorar el accionar -yo lo valoro- de los Senadores que presentaron esta proposición de ley, porque es necesario entender lo que significa que un niño de entre 0 y 3 años de edad deba ser remitido a una institución, cualquiera que sea y con independencia de las mayores o menores condiciones que tenga para atenderlo.
Al respecto, uno recuerda iniciativas que han ido en dirección similar.
Quienes fuimos alcaldes y conocimos las escuelas rurales y los colegios con internado recordamos los espacios fríos e impersonales existentes para atender durante gran parte del año escolar a niños provenientes de lugares muy alejados, de sectores rurales, quienes quedaban desarraigados de sus casas porque cerca de ellas no había condiciones para educarlos.
¡Qué mejor que, de aquel entonces, destacar la iniciativa de los hogares de radicación y ubicación de esos niños, en vez de institucionalizarlos en aquellos antiguos internados, hoy, en su mayoría, prácticamente desaparecidos!
¡Qué estudios, por más científicos y expertos que sean quienes los hagan, pueden no concluir que un niño jamás estará mejor que en el seno de sus progenitores: de su padre y de su madre!
En defecto de aquel, en el seno de la familia extendida (o sea, dentro de una familia debidamente habilitada para recibir a menores y atenderlos). Y en ausencia de ella, ojalá bajo ninguna circunstancia en un hogar institucionalizado.
Sabemos que aquello da lugar a diversas interrogantes.
¿Está nuestro país preparado -así analizábamos hoy este proyecto en nuestra bancada- para asumir lo que significa la cantidad de hogares que se pudieran requerir? No lo sabemos. Habrá que estudiarlo, analizarlo. Es una situación que deberá resolverse en el debate particular del proyecto.
¿Estarán todas las familias preparadas para recibir los casos más extremos: los de aquellos niños que a lo mejor están en una condición de vida más precaria, quienes, por supuesto, van a requerir una atención particular?
La Senadora Luz Ebensperger, quien está a mi lado, me decía: "Don David, ¿qué va a pasar con los niños que además no tienen capacidad física plena? ¿Habrá familias disponibles para recibirlos y atenderlos?".
Evidentemente, estamos ante un proyecto de contenido humano y fundamentalmente social que hemos de enfrentar y asumir.
Si nuestro país no está preparado, no cuenta con la institucionalidad requerida y carece de condiciones adecuadas, no nos cabe duda alguna de que, tratándose de los niños, tenemos la obligación ética y el deber moral de hacer que todo aquello exista.
De lo contrario, estaremos fallando como sociedad con los grupos más vulnerables: ni más ni menos que con los niños de entre 0 y 3 años de edad.
Señor Presidente, nuestra bancada votará a favor de esta iniciativa.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, en primer lugar, le agradezco a la Senadora Ximena Rincón la posibilidad de haber participado como coautor de esta moción.
A través de esta iniciativa se prohíbe -según muy bien se ha dicho-, como medida de protección, internar en residencias a niños de entre 0 y 3 años de edad.
Al efecto, se establece un plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la ley en proyecto, para que los menores que se encuentren en dicha situación sean restituidos, conforme a su derecho a vivir en familia, sea en su familia de origen -es lo que todos quisiéramos-; sea en una familia extendida, si ello fuera posible, o bien, si no lo fuera, disponiendo su cuidado alternativo con una familia de acogida.
Las investigaciones científicas han alertado sobre los perjuicios que tienen la privación de familia y la internación en las etapas tempranas del desarrollo, circunstancias que afectan de manera decidida el desarrollo neurológico y emocional de los niños, que incluso se reflejan en ciertos padecimientos y secuelas físicas y en su salud mental.
De acuerdo a los argumentos entregados, se expresa que, tratándose de niños menores de 3 años de edad, se estima que por cada año que viven en una institución pierden cuatro meses de desarrollo, además de estar seis veces más expuestos a la violencia y cuatro veces más expuestos al abuso sexual que en los programas de cuidado alternativo de tipo familiar.
Por ello, el Comité de Derechos Humanos ha hecho presente con claridad la conveniencia de que los niños privados del cuidado parental se encuentren en condiciones que se asemejen a las que caracterizan al medio familiar y no en hogares.
Por otra parte, los niños que fueron adoptados o que se integraron a familias de acogida tienen un mejor desempeño, no solo físico y cognitivo, sino también en logros académicos e integración social como adultos independientes que aquellos que crecieron en instituciones.
Como consecuencia de lo anterior, y considerando el estado actual de los conocimientos sobre el impacto del cuidado institucional en el desarrollo infantil, es necesario que los Estados desarrollen acciones para poner fin a la internación de niños menores de 3 años con el fin de garantizarles el derecho a crecer en un ambiente familiar.
Para eso, se debe implementar en nuestro país, entre otras reformas, la prohibición de adoptar como medida de protección la internación de tales niños en residencias, acelerando la toma de decisiones y el proceso administrativo de implementación de las familias de acogida necesarias para su resguardo.
Cuando se habla de la necesidad de cuidar a nuestros niños y niñas, muchas veces la discusión se circunscribe a aquellos o a aquellas que viven en condiciones de tranquilidad o que están en el sistema educacional. Empero, se olvida poner primeros en la fila a los niños o a las niñas que, sin que les quepa ningún tipo de responsabilidad, han sido separados de sus familias.
Por eso, y considerando el estado actual de instituciones tanto públicas cuanto privadas y su incapacidad para hacerse cargo de la formación de esos niños a temprana edad, es que he sido uno de los patrocinadores de la moción que dio origen a esta iniciativa.
Por eso, señor Presidente, nuestro Comité votará a favor de la idea de legislar.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, los niños y las niñas menores de 3 años que viven hoy en el SENAME y en otras instituciones necesitan una respuesta urgente.
Aquí se ha hablado de lo esencial que es en los primeros años de vida, para el desarrollo sano de ellos, que puedan ejercer el derecho a vivir en un ambiente familiar -esa es la cuestión de fondo: ¡en un ambiente familiar!-, lo cual se conoce desde los años cuarenta como Teoría del Apego.
En los primeros 3 años de vida los niños se encuentran en una etapa de desarrollo neuronal que hace fundamental que reciban cariño, estimulación y comprensión. Todo ello está acreditado por estudios científicos y médicos.
Lamentablemente, los niños institucionalizados en el SENAME no tienen eso. Existe rotación de funcionarios, quienes cumplen turnos de diversa índole; hay niños en residencias y cambio de compañeros que entran al sistema. Además, en los últimos años se han evidenciado diferentes problemas.
Todo ello les imposibilita contar con el apego y el afecto tan necesarios. Y no solo eso: también provoca un severo daño en la capacidad de aprendizaje y en la salud mental, el que se acrecienta con la institucionalización prolongada.
Hoy escuchamos en la Comisión de Infancia a la experta de la UNICEF Carolina Bascuñán, Doctora de Investigaciones en Ciencias Sociales FLACSO; Máster en Necesidades y Derechos de Infancia y Adolescencia, y Consultora Internacional en Derechos de la Infancia.
La referida especialista nos relató una de las investigaciones más conocidas, el "Proyecto de Bucarest", que comparó los daños de niños institucionalizados con los de niños en familias de acogida. Según los datos recogidos, por cada dos meses que un niño permanece en una residencia pierde a lo menos un mes de desarrollo.
Las cifras del SENAME arrojan que 42 por ciento de niños y niñas menores de 3 años que están institucionalizados se encuentran en centros de residencia; es decir, 1.220 se hallan en esta situación, tanto en lugares públicos como en privados.
Por lo tanto, es urgente que tramitemos este proyecto (aprovecho de felicitar a la Senadora Ximena Rincón y a quienes la acompañaron en la presentación de la moción correspondiente), que prohíbe la internación, a fin de que, siguiendo la recomendación de las Naciones Unidas, evitemos el daño que se les puede ocasionar a los niños sometidos a aquel sistema.
Además, 65 por ciento de los niños menores de 3 años internados en el SENAME han perdido a lo menos dos meses de desarrollo por el hecho de haber sido sometidos al sistema.
La Asamblea General de las Naciones Unidas de 2010 señaló las directrices sobre las modalidades alternativas al cuidado de los niños. En el numeral 21 del documento respectivo se indica que, de acuerdo a la opinión de expertos, "el acogimiento alternativo de los niños de corta edad, especialmente los de menos de 3 años, debería ejercerse en un ámbito familiar.".
A su turno, la UNICEF dice: "Aprobar legislación que limite la internación de niñas y niños menores de 3 años en instituciones de protección o cuidado, estableciendo excepciones estrictas por un tiempo prefijado y muy limitado.".
Tales recomendaciones las han seguido algunos países de Latinoamérica, como Paraguay. La Doctora Bascuñán nos ilustró hoy hablándonos del cierre del "Hogarcito", en que se traspasó a niños a cuidados familiares. Posteriormente se evaluó el cambio en sus factores cognitivos y emocionales: estos mejoraron en un plazo de solo dos meses.
Siguiendo esas obligaciones y recomendaciones internacionales, podemos apoyar la iniciativa sometida a nuestra resolución.
Hemos entendido -y hoy lo señalaba la ya referida experta- que esto no se puede hacer de una sola vez. Sin duda, debe haber gradualidad. No puede ser masivo, de la noche a la mañana, porque se necesitan el apoyo y el compromiso del Ejecutivo, ya que se requieren financiamiento, planes y, por supuesto, la participación de profesionales dedicados a la materia.
Asimismo, la Doctora Bascuñán nos destacó la importancia de dar el primer paso: respaldar la prohibición de la internación, entendiendo que no va a ser masiva ni de una sola vez. Ello es fundamental si de verdad queremos proteger a los niños.
Creo que las experiencias que nos relató hoy dicha especialista -estaba presente en la sesión el Ministro de Desarrollo Social; y ello fue positivo- son demasiado ilustrativas como para que alguien pueda desconocer la importancia que reviste el hecho de actuar en la línea correcta, como lo hace la moción que dio origen a este proyecto.
Por supuesto -y lo hemos entendido así-, el texto de la iniciativa se puede perfeccionar tras discutir las distintas alternativas.
Estamos hablando de cómo se trabaja con las familias de origen, con las alertas tempranas. A veces se cometen errores que podrían detectarse a tiempo si se trabajara con un sistema mejor.
Como alternativa a la familia siempre están la posibilidad de la familia extendida y la de la familia de acogida. Y como última solución tenemos la adopción. Pero lo que no conviene -y así lo han demostrado todos los estudios- es que los niños permanezcan en residencias.
El señor DURANA.- Señor Presidente, este proyecto de ley establece la prohibición de decretar que los niños de 0 a 3 años sean internados en residencias. Ello, como medida de protección, bajo la premisa de que constituye una vulneración grave del derecho a la libertad física y psíquica de los menores de las edades antes mencionadas.
Conforme a los datos estadísticos del SENAME de 2016, un 30,6 por ciento del total de los niños y las niñas sujetos a medidas de protección corresponden al rango etario de 0 a 3 años, lo que hace que la medida de prohibición planteada sea urgente y necesaria.
De acuerdo a criterios científicos, justamente entre esas edades el cerebro de los niños y las niñas se forma de manera determinante para el desarrollo de su pensamiento, lenguaje, motricidad, sociabilidad y creatividad.
Los niños de esa edad requieren, según los profesionales del sector, la mayor interacción y estimulación posible, y el lugar óptimo para ello es la familia.
Cabe preguntarse si existe una red suficiente de casas de acogida para la implementación de la medida propuesta, sobre todo considerando el plazo breve, de 6 meses, que se considera para la vigencia plena de la ley en proyecto.
Será necesario que junto con el Estado tengamos una política proactiva para desarrollar una red de familias de acogida y de entidades destinadas a que la prohibición de internación en residencias sea una realidad.
A tal efecto, el plazo de 6 meses aparece como una meta difícil de cumplir.
De esa forma, al aprobar el proyecto de ley que nos ocupa asumimos el compromiso de poner a los niños en el primer lugar de la fila; de trabajar conjuntamente con el Poder Ejecutivo, y de crear los incentivos necesarios para el establecimiento de las casas de acogida a fin de dar una cobertura adecuada.
Por otra parte, en la etapa de indicaciones deberemos abordar algunas problemáticas asociadas, tales como la situación de los hermanos, quienes no deben ser separados en distintos lugares de acogida; la situación de los menores con necesidades especiales o que deben enfrentar algún problema de salud, y la adecuada regulación de los tiempos máximos de acogida a los menores con relación a su estabilidad y desarrollo.
Asimismo, si el rango etario para esta medida fuera ampliado hasta los 5 años, podríamos abarcar a más del 50 por ciento de niños y niñas en la situación descrita.
Creo que el esfuerzo que hemos de hacer como país debe tener una meta aún más ambiciosa en el futuro cercano.
Por ello, con la esperanza del compromiso que hoy volvemos a asumir para con nuestros niños, voto favorablemente este proyecto de ley.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, tal como se ha señalado, esta es una iniciativa de la máxima importancia.
Quiero destacar el rol de la Honorable señora Rincón, quien nos invitó al patrocinio y a iniciar un debate que tiene mucho que ver con todo lo que el país ha discutido en los últimos años, como en el caso del SENAME, fundamentalmente.
El Gobierno cuenta con un conjunto de propuestas sobre la materia. El Ministro señor Moreno nos planteaba recién en la Comisión sobre la Infancia las indicaciones que se están formulando al proyecto de ley sobre garantías de los derechos de la niñez, el cual presenta algunos cambios respecto de lo que venía de la Cámara de Diputados. Ciertas cosas se fortalecen, en tanto que otras nos generan algunas dudas, pero lo central es que habrá una institucionalidad en los próximos tres años.
Creo que el plazo es fundamental. Porque la Directora del SENAME y la Subsecretaria de la Niñez igualmente nos expresaban que, claro, finalmente vamos a llegar al camino planteado por la Senadora señora Rincón, pero es probable que eso nos tome tres años, y toda la red latinoamericana de acogimiento familiar, la propia UNICEF y distintos organismos internacionales -también Naciones Unidas- vienen recomendando ya desde hace mucho tiempo la necesidad de desinternar a los menores de que se trata.
Estamos haciendo referencia a niños entre cero y tres años, que representan poco más del diez por ciento -son cerca de mil doscientos- de todos los que hoy día se hallan en residencias, donde no debieran estar.
Hay varias investigaciones sobre el particular. La Senadora señora Allende ya se refería al caso de Paraguay. Otra, antes de 2009, decía relación con Bucarest. Fueron los primeros intentos más masivos por iniciar un proceso de desinternación.
Pero ello tiene que ir acompañado, como se manifestó recién, por un modelo de prevención del abandono. Aquí vamos a requerir una red muy activa, y por eso es tan importante lo que se haga respecto de la oficina en cada comuna, en el marco de la ley de garantías, porque finalmente ahí se va a dar la señal de alerta.
Nosotros les formulamos consultas a los expertos que nos acompañaban, entre ellos Carolina Bascuñán, quien es una de las investigadoras chilenas en la materia más prestigiosas en Latinoamérica, diría.
Entre las investigaciones, llama la atención la que tiene que ver con que el 67 por ciento de los niños desinternados vuelven a la familia de origen. O sea, es posible reunificarlos con ella. Ahí uno se pregunta: "Bueno, ¿qué no funcionó? ¿En qué parte no sonó la alerta? ¿Falló el SENAME? ¿Fallaron las policías? ¿Fallaron los municipios?".
Nos exponen que fallaron la protección universal -o sea, los servicios de salud, básicamente- y los colegios, que debieron ser los primeros en dar la alerta o, tal vez, junto a darla, en advertir que en la familia de origen había una posibilidad de mantener la acogida por motivos que explicaban en detalle las Honorables señoras Allende y Rincón, los cuales tienen que ver con el apego. Se trata de algo completamente demostrado.
El Senador señor Durana también lo mencionó recién.
El asunto incide en el desarrollo neuronal y en todo lo que ocurre en los niños de cero a tres años. A ello obedece la necesidad de buscar por todos los medios a la familia de origen; en subsidio, a la familia extendida; luego, a una familia especializada; con posterioridad, la adopción, y, como ultima ratio, por cierto, las residencias.
Ahora, no digo que en todos los lugares ocurra lo mismo, pues probablemente algunas de las entidades colaboradoras realizan una buena labor, pero, en general, lo que más afecta es la falta de la figura materna y lo que más complica las cosas es la rotación de los funcionarios que se encargan del cuidado de los niños. O sea, no se dispone de un sustituto permanente, estable, que podría ayudar justamente conforme a la teoría del apego y a cómo trabajar todos los aspectos emocionales, cognitivos y de socialización que se desarrollan en esa época y cuya capacidad se forma en el menor, independientemente de que asimismo pueda adquirirlos en el futuro.
Entonces, me parece fundamental el paso que estamos dando. Por supuesto que en la discusión particular del proyecto habrá espacio para presentar indicaciones. Se requieren también recursos, que hoy día están. O sea, no es preciso crear de nuevo la institucionalidad.
Estimo que sí es necesario ser más eficaz en agotar todos los medios para que la familia de origen, en especial, se haga cargo del menor, salvo cuando no sea dable insistir en ello, obviamente, como en los casos de abuso sexual y, por supuesto, de maltrato físico o de intento de homicidio. En esas situaciones, como es evidente, todos los dispositivos que se creen tienen que descartar absolutamente la posibilidad de hacerlo.
Con todo, estamos realizando un avance esencial, a mi juicio, conforme a la lógica de la prioridad que debe merecer la infancia en el tratamiento que le damos como país.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir la Honorable señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, todos los estudios científicos -y las personas a quienes hemos escuchado en la Comisión también lo han planteado- dicen que la internación en hogares resulta negativa para los niños de cero a 3 años. Por lo tanto, el proyecto de la Senadora señora Rincón está bien inspirado y va en la dirección correcta.
Sin embargo, nosotros escuchamos hoy a Carolina Bascuñán, quien trabaja en la UNICEF y cuenta con mucha experiencia en la iniciativa de desinternación de menores de esa edad. Ella dijo -y lo manifestó de manera reiterada- que la prohibición de la internación de niños de 0 a 3 años se tiene que realizar con un programa, dentro de un sistema y ser financiada, porque no se puede llevar a cabo -y eso me preocupa del proyecto- en seis meses.
De hecho, informó que en otros países se ha actuado de una sola vez y que incluso se han perdido niños o no se sabe dónde están, porque el sistema no se armó bien y de manera responsable, de modo que estos pudieran volver a su familia de origen o permanecer en familias de acogida.
Hizo presente que antes de aprobar la iniciativa se tiene que saber cuánto cuesta, por cuánto tiempo se va a aplicar, y cómo y quién se hará cargo. El texto dispone que se prohíbe la internación de los menores y que ello se tiene que concretar en seis meses. Lo que la especialista de la UNICEF subrayó con mayor énfasis es que la medida cuesta dinero.
Me pregunto si, en ese sentido, el proyecto es admisible, porque su implementación exige fondos. Si no, vamos a dejar a los jueces con la reflexión: "El niño no se puede internar. ¿Adónde vuelve? ¿Adónde lo enviamos, si no puede retornar a su familia de origen?".
Porque, al elaborarse todo un proyecto para desinternar, Carolina Bascuñán observaba que los menores vuelven a sus familias de origen en alrededor del 70 por ciento de los casos. Sin embargo, si no pueden hacerlo y tampoco llegar a un hogar, entonces su destino son las familias de acogida. Pero estas deben encontrarse capacitadas, seleccionadas y supervigiladas, ya que, de otra manera, podemos provocar otra vulneración de los derechos de esos niños.
Por otra parte, se explicó que se necesita un sistema. Ella manifestó que se precisa bastante tiempo, incluso dos años, con una revisión a medida que se vaya avanzando en ciertos programas piloto, los cuales tienen que ser flexibles, porque a veces funciona una cosa y no otras. Por lo tanto, es preciso que exista, en ese sentido, una supervigilancia muy precisa de la desinternación.
Por mi parte, voy a votar a favor, porque creo que la idea va -repito- en la dirección correcta. Pero si la iniciativa no es acogida por el Ejecutivo, no se le ponen fondos y no se les entregan a las instituciones correspondientes las tareas precisas a través de las cuales llevar a cabo el programa, no se podrá concretar.
Una parte de la discusión que cabe realizar en la Comisión de la Niñez es cómo llevar a cabo de buena manera el proyecto, porque tenemos que saber quién financia, cuánto cuesta, y quién y cómo lo realiza. Si no procedemos de manera responsable, se pueden provocar efectos negativos. Se requieren los fondos necesarios e instituciones absolutamente comprometidas.
La propia UNICEF puntualizó que el inicio tiene que ser con un número de casos reducido. Si no es así, como para ir avanzando de buena manera, la conclusión de la profesional es que el asunto puede ser complejo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ossandón
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, antes de fundamentar mi voto le pido a la Mesa recabar la autorización de la Sala para que la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes pueda discutir en general y en particular a la vez el proyecto que modifica la ley N° 20.032, que establece el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y su régimen de subvención, y el decreto ley N° 2.465, del año 1979, del Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica (boletín N° 11.657-07).
Lo anterior, a fin de que el órgano técnico proceda en los términos establecidos en los artículos 126 y 127 del Reglamento del Senado.
No lo pedimos al principio, porque estábamos reunidos en la misma Comisión.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, así se acordará.
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El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede proseguir, Su Señoría.
El señor OSSANDÓN.- Fundamentaré mi voto en 30 segundos, señor Presidente.
Como aquí se ha repetido, todas las personas a quienes hemos escuchado en la Comisión de la Infancia han demostrado científicamente la importancia de prevenir y trabajar con los menores de cero a tres años para que no ingresen a una residencia.
Uno de los aspectos más importantes mencionados para considerar en el trabajo y el proceso de indicaciones venideros es el planteamiento de todos los especialistas en el sentido de que el texto cuente con artículos transitorios y de que cabe la existencia de un proceso progresivo, sin llegar y cerrar todo de un día para otro, porque, al final, los estándares sufrirían y la problemática sería muchísimo más grave.
Expresaron que los procesos no pueden depender de la capacidad técnica de cada equipo, sino que se necesita un estándar nacional, dirigido por la Subsecretaría, porque el asunto debe ser parte de una política universal.
Nos manifestaron -y hemos llegado a esa conclusión- que se precisa una normativa flexible, porque la realidad igualmente lo es, no solo en relación con las situaciones de los niños, sino también en cuanto a los lugares en que viven. En una región del sur o del norte no es lo mismo que en una población del Gran Santiago o del Gran Concepción.
En la actualidad hay mil 200 menores de tres años en nuestro sistema, y la idea es que el proyecto contribuya a mejorar todos los procesos para que la internación sea absolutamente la última opción, ya que se parte por la familia propia, por una cercana o por una de acogida.
Y para terminar, en los nuevos artículos y ojalá en las indicaciones que formulemos se tiene que dar una salida a los casos especiales y las realidades distintas. Por ejemplo, si nace un niño oxígeno-dependiente, por supuesto que tiene que estar en un establecimiento en que pueda ser atendido. Eso sobre todo dice relación con los menores enfermos.
En resumen, apoyo la idea de legislar, porque creo que va en la línea correcta. Como nos manifestó hoy día el Ministro señor Moreno, el sistema se va a ir integrando a lo que plantea la estrategia general del Gobierno del Presidente Piñera respecto de la niñez.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir la Senadora señor Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, queremos saludar el esfuerzo y la motivación que ha tenido la Honorable señora Rincón.
Tanto los Senadores señores Quintana, Huenchumilla y Harboe como quien habla hemos acompañado la iniciativa con el firme compromiso de entender que el desarrollo humano se encuentra influido por factores genéticos, pero también ambientales. La interacción dinámica y continua en todo el desarrollo de las neurociencias nos indica que el sistema nervioso y el cerebro, en particular, realmente se dejan modular por los estímulos del entorno.
Eso ha estado en la base de las transformaciones que hemos hecho en los Gobiernos anteriores a partir de la primera infancia y para afirmar que no basta con que los niños estén bien cuidados en algunos programas planteados como de cuidadoras infantiles, sino que deben estar atendidos por educadoras, profesionales y técnicos que puedan desplegar al máximo sus capacidades y talentos.
Si ello pasa en el ámbito educativo, claramente debemos colocar nuestra mirada en lo que está ocurriendo en los primeros meses de vida. En ese sentido, el desarrollo infantil se ve fuertemente influido por los estímulos ambientales cuando existen adultos con una dedicación y una entrega de afectos particulares especiales a un niño.
Son muchos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que hacen referencia a la importancia de la familia y al deber de los Estados de adoptar medidas de protección al respecto. La familia representa el núcleo central del resguardo a la infancia y los menores tienen derecho a vivir con ella. Por lo tanto, los Estados están obligados no solo a disponer, sino también a ejecutar directamente tales medidas en relación con los niños, además de favorecer, de manera muy amplia, el desarrollo y el fortalecimiento del núcleo familiar.
¿Qué ocurre, señor Presidente? Me parece que esta es una ocasión para todos aquellos que no dudan en aseverar que los menores están primero en la fila, pero que a la hora de apoyar una iniciativa sobre el particular comienzan a decir: "Sí, pero tenemos dificultades, porque se requieren mayores recursos". Bueno, si se dijo: "Los niños están primero en la fila", esta es una oportunidad. Tenemos que ser capaces de no condenarlos en sus primeros meses y años de vida a los sistemas de internación del Estado.
Por lo tanto, creemos que acá se hace urgente -y ese es el sentido de la moción- generar acciones concretas que permitan tomar decisiones a los Estados; reconocer que los primeros años son fundamentales para la relación afectiva.
Chile es uno de los países en el mundo que han desarrollado una mayor incidencia de suicidio infanto-juvenil. Y ello claramente presenta condiciones de origen, de pérdida de afectos y de lazos que no se construyen en los primeros años de vida.
¿Cómo no va a ser mejor que una familia de acogida pueda entregar, a través del vínculo, una relación de afecto, de cariño, de resguardo, de amor a niños que no han encontrado un espacio de protección -insisto- en sus familias de origen, lo que constituye nuestra principal tarea?
Por eso, nosotros concordamos en todo lo que ha señalado el Comité de los Derechos del Niño en sus Observatorios y en todo lo que ha planteado al respecto la propia Corte Suprema, la cual nos hace dos sugerencias, plenamente compartidas -los miembros de la Comisión de Infancia también han abordado estas materias-, y que apuntan a que solo en casos excepcionales el juez pueda decretar una medida de internación.
Esperamos que eso sea cada vez más conocido, reconocido y adoptado desde el Poder Judicial.
Pero, sin duda, esta es una oportunidad para probar si están dispuestos a hacer carne el discurso de "Los niños primero en la fila" en una iniciativa tan concreta como la que discutimos hoy.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Me sumo absolutamente a la intervención que ha hecho usted, señora Senadora.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Solicito autorización de la Sala para que me remplace en la testera el Honorable señor Harboe, ya que debo acudir a la Comisión de Defensa Nacional, que va a comenzar a sesionar a partir de los próximos minutos.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Harboe, en calidad de Presidente accidental.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, cuando uno escucha a las personas que han impulsado este proyecto y al conjunto de señores Senadores y señoras Senadoras que han hablado positivamente, no puede sino reconocer que estamos frente a una afirmación que es real: para cualquier niño es mucho mejor estar en una familia que en una residencia.
Eso, a mi juicio, se halla fuera de discusión.
Todos debemos hacer un esfuerzo para que los niños de Chile tengan una familia. Ese es el trabajo que hay que realizar sostenidamente, porque los principales dañados por el debilitamiento, la destrucción de las familias son los niños.
Por lo tanto, quien plantea una situación de esta naturaleza indudablemente tiene la simpatía de quienes lo escuchan.
Pero nosotros tenemos la obligación de legislar, de llevar adelante normas legales que verdaderamente se apliquen.
Quiero valorar las palabras de la Senadora Allende, quien planteó que este es un programa que no puede funcionar inmediatamente, que debe tener un período de transición para incorporar aquello con lo que el Ejecutivo quiere contribuir y, sobre todo, para darles certeza y seguridad a los menores.
Porque, si no hacemos eso, nuestros tribunales de familia -y, sin duda, los señores Senadores y las señoras Senadoras han conversado con los jueces en sus respectivas comunas- se verán enfrentados a una realidad: tener que resolver sobre un determinado caso, sobre un niño, sin que exista la oferta programática necesaria.
La dificultad es que cuando llega a su conocimiento el abandono de un niño, la situación de padres drogadictos, delincuentes o inexistentes, el tribunal debe resolver y llama a los organismos del Estado, pero se encuentra con que la oferta programática es, en el mejor de los casos, precaria.
Este es, claramente, un proyecto de ley que va a ser efectivo en la medida en que la oferta programática para la atención y para la protección de la niñez exista. Y hoy día eso no es así.
Reiterando lo que dijo la Senadora Allende, en la discusión en particular tenemos que poner normas transitorias que garanticen que habrá un tiempo para poder aplicar la normativa.
Porque, además, puede presentarse una dificultad -y lo miro desde la perspectiva de lo que hoy tienen que resolver los jueces de familia-: esta es una prohibición absoluta. No tiene ninguna flexibilidad, ninguna excepcionalidad. Y todos sabemos que los tribunales de familia -porque son ellos los que deben resolver- se ven enfrentados a casos disímiles, de dificultades crecientes.
Por lo tanto, establecer una prohibición absoluta, con la agravante de una oferta programática precaria, hace que la situación sea extraordinariamente grave y difícil.
Además, cabe considerar que la norma transitoria de este proyecto de ley, que fija un plazo de seis meses para la salida de los niños que están en instituciones, ha sido observada por la Corte Suprema, la cual señala en el oficio respectivo que ese plazo puede generar más riesgo y más dificultades. Debemos oír eso, tenerlo presente.
Esta es una aspiración que todos tenemos y es necesario luchar y trabajar para concretarla. Ojalá que no exista ningún niño en Chile de tres años -o más- que carezca de una familia en la cual cobijarse, donde sea bien tratado, donde sea bien educado, donde sea bien alimentado, donde tenga cariño y amor. Pero esa realidad tenemos que construirla, porque hoy día no existe.
En consecuencia, para que este proyecto de ley se estructure en la realidad se requerirá un trabajo, primero, de la Comisión de Infancia de nuestro Senado, en todo lo que son las normas transitorias; pero también del Ejecutivo, a través de programas, políticas e indicaciones. De lo contario, la iniciativa será una simple aspiración, una mera declaración de principios, un saludo a la bandera que nos deja tranquilos porque decimos que los niños tienen que estar en familia hasta los tres años, cuando la realidad que viven nuestros jueces de familia es absolutamente distinta.
Por lo tanto, yo voto a favor de esta iniciativa con el compromiso de trabajar arduamente en los próximos meses para que ella pueda caminar hacia la realidad.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, según la opinión predominante de los expertos, el acogimiento alternativo de los niños menores de tres años debería ejercerse en un ámbito familiar.
En eso, creo yo, no hay nadie en esta Sala que no esté de acuerdo.
Sin embargo, también se reconoce que pueden admitirse excepciones a este principio, particularmente en aquellos casos en los que se quiere evitar una separación de los hermanos o en que el acogimiento tenga un carácter de urgencia o sea por un tiempo prefijado y muy limitado.
En este sentido, y compartiendo la visión de que el cuidado alternativo de los niños y las niñas entre cero y tres años debiera siempre entregarse a las familias y no a las instituciones, en los hechos existen casos en que esto no es posible, ya sea por razones de salud, de falta de oferta de familias de acogida disponibles u otros motivos de alta complejidad que impiden que una familia se pueda hacer cargo del cuidado de un niño o una niña de corta edad. En estos casos excepcionales debe necesariamente existir una oferta de cuidado residencial; tema que han planteado prácticamente todos los Senadores que han tomado la palabra.
En aquellas oportunidades en que se dicte una medida de protección de separación de la familia, se debiera optar preferentemente por una familia de acogida, pero sin establecer una prohibición que no admita excepciones, ya que, como señalé anteriormente, podría haber situaciones en que esto sea inevitable.
Quiero recordarles a mis colegas que este año falleció una niña -se llamaba Ámbar- del Valle del Aconcagua. Ella tenía un año y siete meses de edad, había sido retirada de la tuición de su madre y entregada a una tía, pero el conviviente de esta no solo la golpeó y la violó, sino que terminó asesinándola.
En este caso, y en muchos otros, lamentablemente los familiares no tienen habilidades parentales para hacerse cargo de un niño desvalido, que efectivamente no puede defenderse.
Este proyecto tiene un muy buen principio, pero me preocupa que el juez no disponga de alternativas en caso de que no exista la cantidad de familias de acogida que se requieran, porque no contamos con un informe detallado que nos dé a conocer si hoy día el Estado de Chile tiene una red que permita que estos niños sean acogidos.
Recordemos que la norma dice: "Se prohíbe decretar para los niños y niñas de 0 a 3 años de edad la internación en residencias como una medida de protección. Dicha internación constituye una vulneración grave del derecho a la integridad física y psíquica de éstos".
En ese contexto, me asisten dudas respecto de su aplicabilidad, ya que no permitiría a los jueces buscar otra alternativa en caso de emergencia.
Por lo mismo, dados mis argumentos e indicando que considero que efectivamente la familia siempre va a ser el mejor lugar para educar a los niños -aunque lamentablemente hay excepciones, como la que mencioné-, prefiero abstenerme.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero llamar la atención de la Sala respecto de un proyecto de ley que presenté hace ya casi dos años, junto con el Senador Quintana, sobre la situación de los niños en las cárceles de Chile.
Según datos del 2016, hay unos 130 niños menores de tres años que viven encarcelados con sus madres.
La situación de la prisión de la mujer ha ido en aumento en Chile después de la dictación de la ley N° 20.000, sobre drogas. A fines de ese año, 4.032 mujeres se encontraban privadas de libertad, por diversos delitos. El 88,5 por ciento de ellas declara que son madres o jefas de hogar.
Y la situación de estos 130 niños es exactamente la misma que la que estamos viendo hoy día con la derivación de los jueces a los llamados "centros de asistencia", que, en los hechos, constituyen una verdadera cárcel, pues quedan separados de sus padres y en condiciones de absoluta lejanía de la familia.
Yo quiero aludir a la normativa internacional a propósito de este proyecto de ley, que surgió a raíz del caso de Lorenza Cayuhan, quien dio a luz engrillada el 13 de octubre del 2016, en la Clínica Alemana de Concepción. La situación causó impacto internacional y, por cierto, da cuenta de una discriminación brutal hacia la mujer y, en particular, hacia la mujer mapuche.
En el informe de la iniciativa se detalla el conjunto de normas internacionales que nos deben hacer reflexionar sobre la obligación del Estado de Chile de realizar todos los esfuerzos necesarios para que los niños permanezcan en familia.
Lo contrario, en primer lugar, constituye una violación a la protección de la maternidad y de la infancia establecida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 1: el derecho a nacer libres e iguales en dignidad); en segundo lugar, contraviene la garantía del respeto a la dignidad del o los privados de libertad contenida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como las obligaciones jurídicas respecto a los niños, niñas y adolescentes, para cuya protección se deben establecer medidas especiales; en tercer lugar, vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce los derechos del niño respecto a su familia, la sociedad y el Estado; y, en cuarto lugar, no da cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño y sus tres Protocolos facultativos.
En efecto, dicha Convención se refiere específicamente a esta temática en los artículos 9 y 20.
En primer término, hace mención explícita a los derechos de los niños, niñas y adolescentes a mantener relaciones personales y contacto directo con sus padres cuando se hallan separados, cualquiera sea el motivo -incluido el encarcelamiento-, a menos que ello vaya en detrimento del interés superior del niño.
Y, en segundo término, afirma que todo niño o niña que sea separado de sus padres tiene derecho a recibir protección y asistencia especial del Estado.
Esta Convención establece el interés superior del niño como principio rector dentro de los ordenamientos jurídicos, lo que implica que -¡atención!- tanto jueces como autoridades gubernamentales y políticas deberán tenerlo en cuenta de manera primordial al momento de adoptar cualquier decisión.
Señor Presidente, tenemos un grave problema en relación con los niños, y en particular con los protegidos por el Estado: ¡más del 55 por ciento de los menores que pasan por el SENAME van a parar a las cárceles!
Señor Presidente, usted lo sabe muy bien: ¡La mitad, el 60 por ciento -y en algunos casos más- de los condenados y procesados en las cárceles chilenas han pasado por el SENAME! Y todos los estudios que tuvimos a la vista en esta llamada "Ley Sayén" revelan de manera clara y precisa que los ambientes de encarcelamiento, de separación de los padres causan grave deterioro psicomotriz, emocional; generan desadaptación, trastornos de la personalidad, problemas de alimentación, pues está la situación de la leche materna.
En definitiva, creo que un proyecto como este, que busca establecer las mejores condiciones para los niños, dado que los hogares que hemos planteado probadamente están en graves problemas -es una situación que hay que revisar-, es necesario, ya que la internación en las residencias constituye una vulneración grave a la integridad física y psíquica. Eso es así. Y, por lo tanto, las familias de acogida hay que trabajarlas.
Me llama mucho la atención que los Senadores de este Gobierno, que, tal como dijo la Senadora Yasna Provoste, ha puesto el lema de "Los niños primero" como una política fundamental -y estoy completamente de acuerdo en eso; el Gobierno cuenta con mi apoyo-, cuestionen los costos.
Señor Presidente, ¿vamos a pagar todos los costos durante décadas? Porque, si estos niños no reciben atención temprana, cuando se transformen en adolescentes van a terminar en las cárceles, tal como sucede hoy.
Por tanto, el tratamiento temprano es fundamental.
Por eso, voy a votar a favor, señor Presidente. Y creo que el Gobierno debiera evaluar un apoyo decidido -no solo en recursos- a este proyecto, para que se convierta en ley.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar el hecho de que estemos hablando de este tema, porque muchas veces ponemos atención a los escándalos, los sufrimientos y no nos abocamos todos a ver de qué manera les podemos dar una familia a esos niños.
Quienes hemos tenido la posibilidad de haber sido educados en una familia, con cariño, con amor, pensamos que eso es lo que nuestra sociedad tiene que entregarles a todos los niños del país.
Eso es lo más importante. El problema es cómo podemos entregarlo.
Yo valoro la iniciativa, porque me parece absolutamente loable y fundamental que les demos la posibilidad de tener una familia. Y lo digo porque he visto casos impactantes, señor Presidente. Conozco familias que no pueden tener hijos y que han adoptado niños del Pequeño Cottolengo en situación de discapacidad tanto física como intelectual.
Esto tenemos que asociarlo muy fuertemente a una nueva y ágil legislación sobre adopción, materia en la que nuestra legislación se quedó atrás.
Por eso, debemos unir esta decisión con la factibilidad de que numerosas personas tengan la posibilidad, que cuesta mucho, de ser padres adoptivos. ¡Y qué ejemplo nos dan ellas!
En ese sentido, señor Presidente, creo que la idea planteada por la Senadora Rincón es lo que todos anhelamos: que los menores no salgan de una familia. Sin embargo, hay situaciones muy complejas que deberemos analizar en la discusión particular a través de indicaciones. En múltiples ocasiones no es posible entregar niños a familias sin recursos y sin la preparación adecuada y que muchas veces solamente los acogen por intereses económicos, para que ellos reciban todo lo que nosotros queremos: amor, cariño, una formación importante.
Lo ideal sería eso, pero cuando se trata de menores con discapacidad física o motriz, por ejemplo, con frecuencia resulta difícil que puedan recibir ese apoyo en un hogar. Lo mismo ocurre en el caso de los niños electrodependientes, mencionado por una señora Senadora, quienes se encuentran en una situación totalmente distinta de aquellos que pueden valerse por sus propios medios. Es decir, hay excepciones que vamos a tener que ver con mayor detención.
Lo fundamental, como afirmó la Senadora Ena von Baer, es contar con recursos y que las familias estén preparadas, a fin de que también como sociedad podamos ir preparándonos para recibir a estos niños, que no han tenido la posibilidad de estar en una familia y que es muy difícil que retornen a la suyas, donde muchos de ellos han sido abusados o donde existen padres en situación de drogadicción o alcoholismo que los maltratan. Devolverlos a sus familias de origen es muy riesgoso y supercomplejo.
Por lo tanto, este proyecto es muy importante, pero debe ir unido a la iniciativa, esencial y necesaria, de poner a los niños en la primera fila, y también con el tema de la adopción. Mientras ellos sean adoptados en una etapa lo más cercana a su nacimiento, mejor será su calidad de vida, porque muchas veces las familias que están esperando y no han podido tener descendencia propia son las que les pueden dar mayores posibilidades de desarrollo, de llevar una vida feliz y de sentirse hijos, como se merece cualquier persona.
Felicito a la Senadora Rincón por su iniciativa, señor Presidente.
--Se aprueba en general el proyecto (36 votos a favor y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 17 de diciembre.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvieron la señora Aravena y el señor Coloma.
El señor MONTES (Presidente).- Antes de pasar al siguiente punto de la tabla, quiero saludar a Minou Josefina Tavárez Mirabal, filóloga, profesora y política dominicana, quien se encuentra en las tribunas.
Ella es hija de los abogados y políticos Manolo Tavárez y Minerva Mirabal, ambos fundadores del Movimiento Revolucionario 14 de junio, que buscaba el derrocamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
Su madre fue una de las víctimas de la dictadura y su padre fue fusilado en 1963, convirtiéndose en huérfana a la edad de 7 años.
Ha sido Diputada y se desempeñó como Viceministra de Relaciones Exteriores.
Es fundadora y presidenta del partido Opción Democrática.
La hemos invitado a entregar su testimonio y experiencia respecto de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer al haberse conmemorado el pasado 25 de Noviembre el Día Internacional con ese propósito, instaurado por Naciones Unidas.
Invitamos a todos a la conferencia que ella dictará este jueves, a las 18 horas, en la Sala de Sesiones del ex Congreso Nacional en Santiago.
Le agradecemos, Minou Josefina, su visita a nuestro país.
¡Bienvenida a Chile!
Boletín N° 11913-25
El señor MONTES (Presidente).- En el segundo lugar de la tabla figura el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que sanciona conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población, con informe de la Comisión de Seguridad Pública y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.913-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 33ª, en 17 de julio de 2018 (se da cuenta).
Seguridad Pública: sesión 66ª, en 13 de noviembre de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es regular las denominadas "incivilidades", a fin de recuperar los espacios públicos para las personas, y rechazar actos de vandalismo o desorden que perturben la convivencia social, aumenten la sensación de inseguridad y priven a las familias del goce de su vecindad, plazas o equipamiento comunitario.
La Comisión de Seguridad Pública discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Allamand, Huenchumilla, Insulza y Kast.
Cabe tener presente que el inciso segundo del nuevo artículo 26 bis, contenido en el numeral 3) del artículo 2°; el artículo sustitutivo 53, contenido en el numeral 9) del artículo 2°, y el nuevo inciso tercero propuesto en la letra b) del artículo 4° del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 23 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 44 a 51 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor MONTES (Presidente).- En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Insulza para que informe el proyecto.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, como recuerda el mensaje del Ejecutivo, las llamadas "incivilidades" corresponden a desórdenes u ofensas que producen la migración de los sujetos de espacios públicos que en otras oportunidades servían de lugar de reunión y de convivencia social. De esta manera, lo que resulta ser objeto de actos vandálicos o deterioro es el espacio público en tanto promotor de la cohesión social. Son conductas que pueden o no estar tipificadas como delitos, pero son hechos cuya perpetración transmite una sensación de inseguridad y ausencia de control de la autoridad gubernamental. Así, se considera que las incivilidades tienen la capacidad de deteriorar las bases de la convivencia comunitaria y afectar la cohesión social por la pérdida de espacios públicos.
El proyecto consta de cuatro artículos permanentes que incorporan enmiendas en el Código Penal, la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, la Ley sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, y la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Tales enmiendas aluden a los siguientes aspectos:
a) En lo que atañe al Código Penal:
-Se incorporan, en el artículo 485, figuras calificadas de daños, referidas a aquellos que recaen en establecimientos educacionales (que considera el valor del perjuicio para la determinación de la sanción aplicable); los que inciden en infraestructura comunitaria, y los realizados sobre medios de transporte público de pasajeros.
-Se propone también un artículo 486 bis para sancionar al que, sin contar con la autorización respectiva, fije mensajes, firmas, rayados, dibujos u otras figuras y expresiones en bienes muebles o inmuebles públicos o privados mediante carteles, avisos u otros impresos, o sirviéndose de marcadores o pinturas de cualquier tipo.
-Se incluye, en el artículo 496, una falta que sanciona a quien, poniendo en riesgo la salud de terceros o interfiriendo su libre tránsito, acumule basura en el exterior de su domicilio o en cualquier espacio público, sitios eriazos o lugares privados de libre acceso al público sin la autorización correspondiente o fuera de los espacios destinados para dicho efecto.
b) En cuanto a la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, se trasladan las sanciones al consumo de alcohol en la vía pública y su comercio clandestino desde el régimen infraccional al sancionatorio penal, y se establece como falta penal el consumo no autorizado de alcohol en las zonas comunes de condominios o inmuebles sujetos al régimen de copropiedad.
c) En lo tocante a la Ley sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, se incorpora una referencia, dentro de la falta prevista en su artículo 50, al consumo en espacios que correspondan a bienes de dominio común al tenor de la Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria.
d) Respecto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se refuerza la obligación de construir cierros en sitios eriazos ubicados en áreas urbanas y que enfrenten una vía de uso público.
Para el estudio general de la iniciativa, la Comisión escuchó a personeros de instituciones públicas y privadas interesadas en la materia, entre ellos: el Ministro del Interior y Seguridad Publica, señor Andrés Chadwick; los asesores de esta Secretaría de Estado señores Pablo Celedón, Diego Izquierdo y Gonzalo Santana; el abogado asesor del Ministerio Público señor Hernán Libedinsky; el profesor de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez señor Antonio Bascuñán; el Defensor Nacional Público, señor Andrés Mahnke; los representantes de la Asociación de Grafiteros y Muralistas de Chile señores Fernando Ossandón, Mario Ormazábal y Alejandro González, y el Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Henry Campos, junto al Secretario Técnico, señor René Jofré.
El informe de la Comisión da cuenta de los principales comentarios favorables y de las observaciones críticas de que fue objeto el proyecto.
En lo que concierne a los reparos, estos recaen fundamentalmente en la idea de que mediante esta iniciativa podrían estarse estableciendo modificaciones penales aisladas o simplemente reactivas a situaciones de hecho. Proceder legislativamente de esta manera -se sostuvo- podría generar descontextualizaciones, desproporciones y desequilibrios en las sanciones.
En tal sentido, hubo quienes plantearon que el reproche social de determinadas conductas y el amparo que requieren ciertos bienes jurídicos no pueden sustituirse por soluciones distantes de una respuesta legislativa que acometa el problema de modo sistemático e integral. Por lo mismo, cabría evitar introducir distorsiones en el esquema sancionatorio penal asignado a algunos delitos, particularmente cuando se trata de aquellos que atentan contra la propiedad, frente a otros ilícitos que, desde el punto de vista del reproche social y siendo de mayor gravedad, tienen una sanción menor.
Lo anterior se verificaría en el proyecto, según los detractores, porque las conductas que sanciona afectan bienes jurídicos de menor relevancia social y prevén sanciones más gravosas que las dispuestas para otros tipos penales de mayor reproche social (como el homicidio), y por la circunstancia de trasladar ciertas figuras desde el ámbito infraccional al sistema penal.
Por otra parte, se cuestionó muy sustantivamente la llamada "teoría de las ventanas rotas" a que apela el mensaje para sustentar esta iniciativa, arguyéndose, por invitados a la Comisión, que es un postulado académico que no se relaciona con la mantención del bienestar general o las condiciones de convivencia en espacios comunes ni con la sensación de seguridad ciudadana, cuestionamiento que también efectuó la Corte Suprema de Justicia a través de un oficio. Esta doctrina entiende que existiría una correlación causal entre la persecución policial eficaz de faltas o delitos sancionados con penas bajas y la disminución de crímenes violentos, como los de homicidio, lesiones graves, agresiones sexuales y robo con violencia e intimidación en las personas. En otras palabras, se empieza por romper un vidrio y se termina cometiendo delitos mucho más graves.
Sobre el particular, se hicieron dos prevenciones principales.
En primer término, el aspecto de la teoría que más atención ha recibido no es el de la supuesta correlación causal entre ilicitud de baja gravedad y criminalidad violenta, sino entre la persecución policial efectiva de la primera y la disminución de la tasa de la segunda. Esto significa que una política pública basada en la teoría de las ventanas rotas no es tanto una política legislativa o un asunto sobre el cual se pueda dictar leyes, sino una política gubernativa concerniente a la organización y dirección de la actividad policial. Las diferencias que separan a Chile de estados de los Estados Unidos en lo que se refiere al gobierno civil de la policía y su responsabilidad política ante las comunidades urbanas y rurales dificultan reproducir en nuestro país experiencias foráneas de aplicación de la teoría de las ventanas rotas.
En segundo término, en la literatura especializada existen controversias importantes acerca de la corroboración empírica de la supuesta correlación causal defendida en la teoría. Incluso, la defensa más entusiasta de esta teoría concede que la correlación empírica constatable en la experiencia de Nueva York a fines de los años ochenta y principios de los noventa, entre la política de tolerancia cero y la disminución de crímenes violentos, corresponde a un bajo porcentaje de esa tasa histórica negativa, en una situación caracterizada además por un despliegue policial mucho mayor al que nuestro país está disponible para emprender.
Luego del exhaustivo análisis que hizo la Comisión sobre las ventajas y desventajas de un proyecto de ley de esta naturaleza, sus miembros fuimos partidarios de aprobarlo en general, previo compromiso explícito de los representantes del Ejecutivo en orden a introducir en la etapa pertinente del proceso legislativo todas aquellas indicaciones que perfeccionen y corrijan sus debilidades y objeciones, de tal manera que la normativa pueda convocar una más amplia legitimidad ciudadana y reflejar fielmente el propósito por el que insta la Comisión. Se trata, por una parte, de que ante un problema real, que suscita inquietud en la ciudadanía, el legislador sea capaz de ofrecer una alternativa de solución que tienda a prevenir esta clase de conductas, y por la otra, de establecer una señal política clara acerca de la conveniencia de articular una política integral que acometa las causas que origina este tipo de conductas.
En ese entendido, y habiendo ya recibido de parte del Ejecutivo un conjunto de propuestas, algunas de las cuales ya se convirtieron en indicaciones al proyecto, el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, los cuales solicitamos, para continuar nuestro trabajo, que la Sala lo acoja en los mismos términos.
El señor OSSANDÓN.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente, respetando los tiempos?
El señor QUINTEROS.- Se me preguntaba, señor Presidente, qué entendíamos por el término "incivilidades". Y la verdad es que, tal como ya se ha dicho, cuando hablamos de incivilidades nos referimos a acciones como depositar basura en lugares que no corresponde, escuchar algo a volumen excesivo, rayar paredes o muros, utilizar lenguaje no adecuado, entre otras.
El proyecto que se nos plantea, el cual tiene por objeto regular esas denominadas "incivilidades" y recuperar los espacios públicos para las personas, modifica normativas como el Código Penal, la Ley de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y la Ley sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes. O sea, estamos hablando, en general, de conductas de vida que podemos convenir o no que son susceptibles de ser penadas, ya sea por ley o bien mediante disposiciones que sancionan conductas infraccionales.
La ciudadanía demanda más seguridad pública, y es efectivo que la sensación de inseguridad se ve afectada no solo por delitos más graves o de mayor connotación social, sino también por conductas antisociales de menor gravedad, pero que se perciben como un riesgo o una amenaza de un delito mayor. El peligro en que se incurre es el de caer en una actividad invasiva que regule las más diversas conductas.
Sociedades más evolucionadas -como la de Holanda, por ejemplo- han disminuido el delito mediante una mayor cobertura de los derechos sociales para todos, durante décadas, lo que igualmente se expresa en disminución del vandalismo. Estas sociedades no solo castigan a los delincuentes, sino que también previenen los delitos, ya sea a través de más educación, más salud o más cultura.
Debemos avanzar por esa senda. La política criminal debe ser una política de Estado con la suficiente robustez para atacar tanto las conductas como las causas que llevan a las personas a cometer esas conductas.
Estoy por aprobar la idea de legislar, pero el proyecto, sin duda, necesita cambios. Como ya lo decía el Presidente de la Comisión, quien ha elaborado varias indicaciones a mi juicio pertinentes y que veremos en profundidad.
Yo me pregunto: ¿es el cambio de la justicia de policía local a la penal la solución a la recuperación de los espacios públicos?
Es importante destacar que no podemos legislar únicamente sobre la base de encuestas y teorías como las de las ventanas rotas. Debemos ser cautos. El proceso legislativo requiere reflexiones profundas y análisis concretos que, en definitiva, nos permitan hacer buenas leyes y normas que rijan la convivencia ciudadana.
Tal como lo dije, seguramente el proyecto será objeto de modificaciones que van a permitir que cumpla un rol efectivo en materia de conductas que afecten la percepción de inseguridad, pero que también aseguren el ejercicio de libertades básicas tal como las entendemos a estas alturas del siglo XXI.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, quiero partir destacando el trabajo que efectuó la Comisión de Seguridad, presidida por el Senador señor Insulza, ya que no solamente logramos un acuerdo general en términos de aprobar por unanimidad el proyecto, sino que simultáneamente hemos ido avanzando, tal como lo señalaba el Senador señor Quinteros, en términos de ciertos perfeccionamientos que requiere el texto original.
Pero, en fin, estamos en una discusión en general, y parece importante partir por preguntarse cuál es la diferencia entre aquellas conductas que la ENUSC (Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana) califica como "violencias" y las que se denominan "incivilidades".
Uno podría decir, en términos globales, que las "violencias" fundamentalmente constituyen delitos, como los asaltos en la vía pública. Y las "incivilidades" podríamos cobijarlas bajo el concepto general de "vandalismo". Por eso que aquí se encuentran, por ejemplo, la destrucción de establecimientos educacionales, de su mobiliario, de vehículos de transporte público y los rayados no autorizados.
Ahora bien, ¿por qué es necesaria esta legislación?
Yo pienso, señor Presidente, que las razones sobran. Hoy día no existe un reproche penal claro y severo a los daños causados en colegios y vehículos de transporte, como estoy señalando. No hay un reproche expreso para daños a bienes comunitarios, que tan usuales son lamentablemente en el caso de manifestaciones públicas.
No existe claridad ni en la ley, ni en la jurisprudencia para castigar los actos que, en definitiva, constituyen daños a la apariencia de una cosa mueble o inmueble.
No hay claridad, por ejemplo, para sancionar la acumulación de basura en calles y espacios públicos, no obstante que estos actos afectan, obviamente, la vida cotidiana de los vecinos.
Tampoco ha sido posible castigar en forma eficaz el consumo de drogas y alcohol en espacios públicos y en los espacios comunes de la propiedad inmobiliaria.
No se ha podido frenar en forma razonable el expendio clandestino de alcohol, que tiene efectos directos en su venta a menores de edad.
Asimismo, no ha sido posible disminuir las consecuencias que se derivan de la existencia de sitios eriazos, en cuanto a que se transforman en focos de reunión precisamente de aquellos que posteriormente incurren en incivilidades.
Es decir, señor Presidente, hay una categoría de actos que, en definitiva, afectan enormemente la convivencia ciudadana, la vida familiar y que implican la degradación del espacio público.
¿Qué es lo que hace este proyecto?
Tal como ha explicado el Presidente de la Comisión, en forma muy simple, modifica el Código Penal, la Ley de Alcoholes, la Ley de Drogas y la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Se incluyen en el Código Penal, dentro de los daños calificados, algunas figuras que en este minuto no se encuentran contempladas. Se tipifica una forma para los rayados en bienes públicos y privados, cuando estos no cuenten con la debida autorización y los daños que generen sean considerables y duraderos.
Aquí hay que distinguir estas figuras de las propias del llamado "muralismo", que opera, por supuesto, en el evento de que exista autorización para realizar precisamente estas obras, que en muchos casos son consideradas expresiones de arte urbano. Por lo tanto, lo que se sanciona es simplemente la destrucción y, fundamentalmente, los rayados no autorizados en propiedades públicas o privadas.
Hemos visto en estos días, por ejemplo, como se ha dañado la escultura que se encuentra frente al Museo de Bellas Artes, que ha sido objeto en dos oportunidades de rayados o pinturas.
En fin, se sanciona, como señalé, la acumulación de basura en la vía pública o en espacios de igual naturaleza y el consumo de alcohol y drogas en los espacios comunes de la propiedad comunitaria; se traspasa al Código Penal el expendio clandestino de alcoholes, y se autoriza a las municipalidades para asumir actitudes proactivas en todo lo que tiene que ver con el cierre de los sitios eriazos.
Señor Presidente, en general, junto con aumentar algunas penalidades, el proyecto incluye dentro de las figuras de daños, conductas que hoy día no se encuentran expresamente contempladas y, en algunos casos, se trata de transformar faltas administrativas en faltas penales, en determinadas condiciones muy calificadas.
Vamos a instar por la aprobación de esta iniciativa en general, sin perjuicio de las modificaciones que sea necesario introducir, fundamentalmente porque es un proyecto extraordinariamente necesario. Contribuye a la recuperación de espacios públicos para la familia y protege y resguarda de los daños graves que afectan a la propiedad pública y privada, que en estos momentos, y en muchos casos, terminan en completa impunidad.
Hay algunos que pueden considerar que estas materias no tienen tanta gravedad como para ser objeto de una iniciativa legal. Eso es profundamente equivocado. Este proyecto es extraordinariamente anhelado por la ciudadanía, que ve hoy que su vida familiar se encuentra perturbada, que debe asistir a la degradación de los espacios públicos o, simplemente, a la destrucción impune de la propiedad pública y privada.
Por las razones antedichas, solicito a la Sala la aprobación en general de este proyecto.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, conforme a los resultados de la última encuesta de victimización que entregó ayer la Fundación Paz Ciudadana, podemos observar cómo se va consagrando la desigualdad del delito.
Porque, si bien hay una baja en la victimización de hogares en términos generales, esta se registra en los hogares de mayores ingresos y en los de ingresos medios. Pero en los ingresos bajos aumenta considerablemente el delito, llegando a cerca de 37,5 por ciento. Es decir, casi cuatro de cada diez hogares de nivel socioeconómico bajo ha sido víctima de algún tipo de delito.
Y, adicionalmente, cuando uno observa de qué tipo de delitos se trata, se visualiza un incremento de los delitos violentos. Esto genera una afectación de la libertad, una afectación del legítimo derecho de vivir seguros que tienen todos los ciudadanos. Pero es más grave al tratarse de personas de escasos recursos, porque estos hogares no pueden financiar seguridad privada, no tienen personal en su casa, no tienen alarmas, no tienen cerco eléctrico. La única seguridad con que cuentan es la pública. Y no se está brindando de buena forma.
Muchas veces en el entorno de esos barrios vive algún delincuente. Y ese papá, esa mamá, esa abuela que debe criar al niño, siente el temor permanente de que debe ir a trabajar y de que su hijo, hija, nieto, o quien esté a su cuidado, ha de estar todo el día solo en esa casa, sin medidas de seguridad y con un delincuente eventualmente rondando.
¿Por qué explico esto, señor Presidente? Porque el trabajo en torno a la delincuencia no es solo un tema policial, pero la presencia policial es importante, porque es el único mecanismo que el Estado puede proveer a los ciudadanos para brindarles mayores niveles de seguridad.
Sin embargo, junto con ese mecanismo de seguridad policial, existen otros mecanismos a mi juicio mucho más eficientes y que tienen que ver con lo que estamos discutiendo, que es crear entornos seguros que no favorezcan el delito.
Porque cuando uno va a un barrio, ve el color verde de los parques y las plazas; pero cuando uno va a otros barrios, otras regiones, ve el color gris del cemento o el café de la tierra. No hay espacios públicos integradores, se producen, en general, entornos que facilitan la comisión de delitos. Hay numerosos sitios eriazos, hay falta de iluminación.
Ahí es cuando uno dice: "Bueno, el Estado tiene que llegar con prevención situacional, pero también con prevención social, de manera de dar mayores alternativas a los jóvenes y a las personas para que puedan tener opciones distintas que la comisión de ciertos delitos o las relaciones de violencia".
¿Y por qué vinculo esto con el proyecto? Porque, consultado en la Encuesta de Victimización, quienes más reclaman respecto de las incivilidades son las familias de nivel socioeconómico más bajo, pues se trata de conductas que, sin estar necesariamente penalizadas, generan inseguridad.
Cuando una señora sale a comprar bebidas después de las ocho de la noche para el cumpleaños de su hija en una población tomada por el narcotráfico, se encuentra con que le "cobra peaje". "Cobrar peaje" no es un delito, pero es una incivilidad que genera miedo.
Cuando una familia sale de su casa a pasear y se encuentra con que permanentemente le rompen los vidrios del auto, de la casa, o con que le rayan permanentemente su vivienda sin autorización, se va generando, por un lado, una cultura de falta de respeto a la vida cotidiana y, por otro, una molestia permanente y también una sensación de inseguridad, de temor.
Entonces, este proyecto se hace cargo de ciertas incivilidades. Y digo "de ciertas incivilidades", no de todas.
Por ejemplo, ¿cómo se distribuye la policía hoy día? En función de una fórmula matemática que involucra denuncias, victimización, condición social, etcétera, pero que nada dice de estas incivilidades. Para efectos prácticos, cuando se distribuyen los carabineros, el "cobro de peaje" no está dentro de la ecuación. Entonces, la señora a que me referí dice: "Oiga, yo también quiero vivir segura, y quiero que se sancione esa incivilidad. Y quiero que cuando venga un grupo de gente y agarre una cantidad de basura y me la tire en la puerta de mi casa, también sea sancionado, porque no corresponde ese tipo de relación".
Ciertamente, como se planteaba aquí, en el mundo ideal, en los países nórdicos probablemente, el nivel de educación y de compromiso con el resto de la comunidad es de tal magnitud que a nadie se le ocurriría ir a botarle basura al otro, a rayarle la casa al otro, a cobrarle peaje al otro, porque la molestia, la rabia, se expresan de una forma distinta, civilizada, no atentando contra el otro.
Aquí tenemos todavía ese flagelo.
Y es cierto que probablemente no haya que penalizarlo todo.
En la discusión que dimos en la Comisión de Seguridad del Senado el Gobierno venía con un conjunto de planteamientos bastante duros en algunas materias: por ejemplo, consumo de alcohol en la vía pública, sanción penal. ¿Qué quiere decir esto? No que vayan a meter preso al infractor, porque en la práctica, por las penas asignadas nunca lo iba a estar, pero se le mancharían los antecedentes, y en este país un joven con antecedentes no puede encontrar pega.
Entonces, nosotros dijimos: "En vez de manchar los antecedentes, ¿por qué no hacemos una cosa distinta, y buscamos un tipo de sanción que permita, además, que se trate a la persona que cometa la acción, en caso de que padezca un tipo de adicción?"
Y lo mismo en cuanto a pasar al nivel de sanción penal al que hace una raya en una estatua (mal ejemplo, pues está penado en la Ley de Monumentos Nacionales), en una pared sin autorización. No me refiero a los grafitis, a los que excluimos completamente, porque es un tipo de arte, sino a la raya.
Se dio la discusión y pregunté: "¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué queremos? ¿Que ese joven, adulto o el que sea, no raye, y si lo hace que lo mandemos preso? ¿Le vamos a manchar los antecedentes penales?".
Yo sugiero una cosa un poquito más creativa, porque esa fórmula ya no nos dio resultado: "Si usted hace una raya y es sorprendido, ¡me borra diez rayas, pues!". Es mucho más útil. No le manchamos los antecedentes, pero vamos limpiando la ciudad.
Entonces, hay que ir creando mecanismos más atractivos para sancionar ciertas incivilidades, pero que no caigan en la cultura penal, porque, al final del día, el Código Penal se aplica preferentemente al más pobre.
Esa es una tremenda injusticia social. Y si ya el delito es desigual, lo que no podemos hacer es que la ley penal sea igualmente desigual.
Por eso, señor Presidente, creo que este proyecto avanza en la línea correcta. Y, junto con otros Senadores, vamos a presentar un conjunto de indicaciones para ir cambiando esta modalidad, pero por una cosa atractiva, novedosa.
Hoy día la Ley General de Urbanismo y Construcciones contempla la posibilidad de que cuando haya un sitio eriazo, el Director de Obras dé la orden para cerrarlo. Se da un plazo de seis meses, y el proyecto dice máximo dos meses. Pero además le dice: "Si usted no cierra el sitio eriazo y se comete un delito adentro, usted va a ser solidariamente responsable por los daños civiles que se cometan en su interior".
Porque hay gente que especula inmobiliariamente. Grandes empresarios o personas que tienen un gran sitio eriazo esperan que suba de precio, que pase de rural a urbano, para ganar un poquito más, para hacer el gueto vertical, ¡ese que molesta! Pero en ese sitio eriazo violan niñitas, asaltan señoras.
¡Bueno! Que sean responsables. ¡Si quieren ganar plata, que sean responsables también de los daños que se puedan generar ahí!
El proyecto contempla eso, con el fin de dar un incentivo al dueño de esa propiedad, que no vive en esa comuna, en ese barrio en que se genera inseguridad -porque él vive en otro barrio, mucho más tranquilo-, para que se haga responsable de eso, para que seamos responsables de los entornos. Y se dan facultades.
En consecuencia, hay mecanismos interesantes en esta iniciativa de ley.
Hemos incorporado una parte importante de las observaciones del Defensor Nacional. Ciertamente, él decía: "No podemos trasladar del nivel infraccional al nivel penal, porque en la práctica eso no da resultados".
Por eso es que durante el plazo para presentar indicaciones vamos a incorporar un conjunto de normas para hacer que esta iniciativa sea eficiente y que la gente pueda volver a convivir. Porque, al final del día, ¿de qué se trata esto, señor Presidente? De que podamos convivir en paz y en tranquilidad.
Entonces, cuando alguien dice: "¿Sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con el tema de la seguridad, porque es un tema de represión". ¡No, señor! Hay un derecho a vivir seguros. Sin seguridad no hay libertad. Y los que no tienen libertad son los más pobres, quienes no pueden proveerse de seguridad privada por sus medios.
Y ahí es donde, a mi juicio, desde mi visión política, el Estado tiene que estar presente con prevención social, con prevención situacional, ojalá con una reforma al sistema de financiamiento de los municipios, por cierto, pero también con control, porque la gente también tiene derecho a vivir segura.
En consecuencia, voy a votar a favor en general, y presentaré indicaciones en el período que fijemos para ello.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, en este debate no hace falta una definición de "incivilidades" ni recordar teorías como la de las ventanas rotas, enunciada por un profesor de la Universidad de Stanford, y que se conversó largamente en la Comisión.
No hace falta una definición, porque todos al caminar por las calles de nuestras respectivas ciudades y del país hemos visto conductas (o sabido de ellas) que afectan el orden público y, en definitiva, también a nuestra convivencia social.
Por cierto, muy lamentablemente además, la Región de Tarapacá, que represento en el Senado, no escapa de esta realidad del resto del país, sobre todo en una región en que tenemos la tasa más alta de inseguridad y de victimización.
Las conductas descritas en el Código Penal, que persiguen los daños contra la propiedad pública y privada, no se encuentran acordes a una realidad cada vez más dinámica y cambiante, como la que hoy vivimos. De eso se tendrá que hacer cargo la Comisión en el estudio en particular de este proyecto, al momento de revisar y redactar nuevamente estos tipos penales o infraccionales que contempla.
Sin embargo, estimo que debe cuidarse la proporcionalidad de la pena con la conducta que se busca sancionar, de manera de no volver inaplicable una sanción que -en opinión de la magistratura-, podría aparecer desproporcionada, y también el procedimiento judicial a que se sometan estas nuevas contravenciones, particularmente cuando se cambia la competencia, como es el caso de algunas de las infracciones a la Ley de Alcoholes que antes eran de competencia de los juzgados de policía local.
Señor Presidente, creo que es importante también dejar claro que aquí no se persiguen las legítimas actividades de expresión artística o festiva. Muy por el contrario, se busca la sana convivencia en todos los espacios comunes, públicos y privados, para salvaguardar precisamente dichas expresiones.
Valoro enormemente las innovaciones introducidas por el presente proyecto a la legislación en vigor, toda vez que tienen su correlato en otras iniciativas impulsadas por el actual Gobierno de Sebastián Piñera, como la modificación a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que conoce la Comisión de Vivienda; o la lucha sin cuartel contra la delincuencia y el narcotráfico, lo que en la Región de Tarapacá se ha traducido en la implementación del Plan Frontera Segura, o la recuperación de espacios baldíos.
Finalmente, relevo el papel fundamental de las municipalidades -el propio proyecto en estudio lo reconoce- en la prevención, reparación y superación de estas incivilidades. Dichas corporaciones son las primeras en entrar en contacto con la ciudadanía; las primeras en dar soluciones e incurrir en gastos para ello. Espero también que sean las primeras, junto con la ciudadanía, a las que esta futura ley les signifique, al menos, un pequeño alivio.
Por esas razones, señor Presidente, voto favorablemente esta iniciativa en general.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de ley busca, a través de la modificación del Código Penal y de diversos cuerpos normativos, contribuir a una mejor convivencia ciudadana y a fortalecer la percepción de seguridad en la población, algo que nos exige la ciudadanía y para lo cual efectivamente se debe incorporar la tipificación de algunas conductas, como la de ocasionar daño a los establecimientos educacionales, lo que es concordante con la iniciativa, recientemente aprobada, referida al "Aula Segura".
El resguardo de la infraestructura de tales establecimientos o de todos los espacios públicos importa a la comunidad; por ello, su destrucción total o parcial debe ser sancionada.
En ese mismo sentido, en el proyecto se tipifican nuevas figuras y establecen sanciones para las acciones que conlleven la afectación de equipamientos o bienes públicos de uso comunitario (multicanchas, luminarias, juegos, bancas u otros) en plazas, parques o en la vía pública; así como los daños que se ocasionen en los medios de transporte público de pasajeros, espacios que pertenecen a todos y cuyo resguardo o conservación constituye un imperativo social.
De la misma forma, se busca proteger adecuadamente a la población de los riesgos que implica la no mantención de sitios eriazos en el área urbana y, también, de los efectos del comportamiento de las personas que consumen bebidas alcohólicas y sustancias sicotrópicas en la vía pública.
La adecuada y proporcional sanción a esas conductas implica una señal de política criminal y de orden público, cuyo objetivo es establecer parámetros de seguridad ciudadana.
Con esta iniciativa estamos respondiendo a una inmensa cantidad de vecinos y a sus dirigentes, quienes de manera permanente ven que, a través de la Ley de Alcoholes, la regulación de muchas de esas incivilidades se expresa de forma tal que, lamentablemente, al no ser vinculante con una sanción mayor, no genera ningún efecto.
Creo que el proyecto avanza en generar una mejor percepción ciudadana, razón por la cual voto favorablemente la idea de legislar.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Quiero saludar a la Subsecretaria de Prevención del Delito, señora Katherine Martorell, quien nos acompaña hoy día.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, seré breve.
Valoro esta iniciativa y el tratamiento que le dio la Comisión de Seguridad Pública.
Entiendo, como han dicho mis antecesores en el uso de la palabra, que este es un proceso que estamos iniciando. Habrá muchas indicaciones que buscarán colocar en orden algunas preocupaciones evidentes.
Es claro que no todas las conductas de las que estamos hablando acá tienen la misma relevancia y afectación para la ciudadanía.
Solo quiero plantear algo que es importante desde mi punto de vista.
Con este proyecto nos hacemos cargo de muchas de las grandes preocupaciones para los municipios: los sitios eriazos abandonados; los daños con grafiti a la propiedad privada, principalmente a edificios patrimoniales. De alguna manera estamos enfrentando una preocupación permanente que las municipalidades no son capaces de abordar, sobre todo las que no disponen de los fondos necesarios.
Debemos poner nuestro mayor acento en las áreas que ocupan las personas de escasos recursos y en las comunas en las que no existe posibilidad de contar con guardias para resguardar la mayor cantidad de jardines, espacios verdes y de recreación.
Todos los seres humanos tienen derecho a contar con paisajes y entornos dignos. De alguna manera, esto viene a facilitar el control de muchos municipios, que verán en esta normativa un apoyo para resolver un gran número de los problemas que enfrentan.
En ese contexto, sin duda, aprobaremos en primera instancia este proyecto.
Durante la discusión en particular, habrá que definir en detalle cada una de las penas, multas y sanciones. La de trabajos comunitarios, por ejemplo, me parece una excelente idea para algunas situaciones, sobre todo considerando que la iniciativa pretende cambiar conductas.
Donde terminan los derechos de un individuo comienzan los de otro. Por lo tanto, es necesario empezar a normar esas acciones para que conviva en paz y respeto cada uno de los habitantes de este país.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Órdenes.
La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, las incivilidades parecen bien abstractas en el discurso público, pero en lo cotidiano presentan bastante sintonía con los barrios, sobre todo cuando hablamos desde el ámbito local.
El consumo de alcohol en la vía pública, las personas durmiendo en la calle, el comercio ambulante, ciertos rayados, los microbasurales son los hechos que a veces condicionan de manera más significativa la sensación de inseguridad de una comunidad.
No es casual que las políticas en este ámbito, como el Fondo Nacional de Seguridad Pública, en su gran mayoría estén orientadas a la instalación de alarmas comunitarias o de luminarias en la vía pública, porque también tienen como inspiración recuperar el espacio común para la ciudadanía.
Ahora bien, voy a apoyar en general esta iniciativa que sanciona las referidas conductas. Pero creo que parte de la discusión que debe dar la Comisión de Seguridad Pública apunta a definir cuál es la frontera -me parece bastante sutil- entre lo penal y la conducta que puede ser categorizada como "falta" -así está establecida hoy día-, entendiendo que el proyecto sí es un desafío para las políticas públicas en general.
En este escenario, los municipios tienen un rol importante que cumplir. A través de las ordenanzas municipales, pueden abordar problemáticas como las señaladas.
El tema de los perros abandonados es hoy día una de las incivilidades más importantes para la comunidad, por cuanto condiciona el libre tránsito y constituye una amenaza para las personas en la vía pública. Por lo tanto, la SUBDERE, los municipios y los distintos actores deben cumplir un rol al respecto.
En materia de seguridad pública, sobre todo en lo relativo a incivilidades, imagino que abordaremos el asunto con una mirada mucho más integral.
A veces se habla de Programas de Mejoramiento de Gestión en materia de género, entre otras variables.
Todo eso no puede ser tarea solo de una Subsecretaría que coordine políticas públicas ni del Fondo Nacional de Seguridad Pública. Así no vamos a resolver nunca el problema.
Se requiere la cooperación de distintos actores y que las políticas públicas que están en diferentes servicios y ministerios incorporen una mirada integral. De esa forma podremos dar un paso significativo en esa línea.
Por lo mismo, creo que los Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública tienen mucho que decir en esta materia.
Estas son mis dudas. Las dejo manifestadas.
Voy a apoyar en primera instancia la iniciativa del Ejecutivo. Pero considero que hay bastante que clarificar en la Comisión.
Desde ya, hago presente que no me parece que todas las incivilidades deban tener una categoría penal. En su oportunidad revisaremos todo eso. Ello será parte del ejercicio que haremos conjuntamente.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, parto señalando que me gustaría que este proyecto tuviera otro nombre: sobre convivencia e incivilidades. Así, podríamos mirar los fenómenos en su real significado.
Eso de ver todo desde un lado nomás, de decir: "Aquí hay tal transgresión, tal incivilidad, ¿cómo la golpeamos?", sin hacer un análisis más amplio acerca de por qué se produce, qué significa y qué actitud la motiva detrás, puede generar el efecto exactamente contrario.
Está demostrado que decir: "¡No a la droga! ¡No a la droga! ¡No a la droga!" es una forma de estimular determinadas conductas para consumir drogas, porque hay edades, actitudes, situaciones, vías que buscan agredir a la propia sociedad.
Entonces, creo que aquí se requiere objetivar el problema. Pero también se necesitan respuestas lo más inteligentes posibles para obtener resultados, y con un enfoque básicamente penal puede que terminemos provocando lo contrario de lo que queremos.
Debemos buscar mecanismos para construir convivencia entre los jóvenes. ¡Es un problema serio cómo ellos conviven!
Lo mismo, con relación al respeto entre todos. El respeto es una palabra que hay que refortalecer. Me refiero al que se debiera mostrar hacia los adultos mayores -ese es un problema que se ha debilitado- y, por cierto, hacia los bienes públicos.
Yo me pregunto en qué análisis de la realidad popular se fundamenta este proyecto. ¿Cuál es el diagnóstico? No pido que me indiquen el problema, sino el diagnóstico: por qué se producen las conductas descritas. Y, a su vez, quisiera saber cuáles son las experiencias comparadas.
He visto el problema de la basura en los barrios. Conocí un programa de mujeres mapuches que realizan recolección de basura y educación en esta materia en todo el sector de Bajos de Mena. Encuentro que es una iniciativa realmente espectacular. No solo se hace una labor comunitaria; también se educa y se da un ejemplo a los demás.
He visto experiencias sobre rayados en Puente Alto y La Florida. En este ámbito, Puente Alto orientó el quehacer del grafiti en determinados muros y organizó a los jóvenes en varios lugares de la comuna. Con ello generó una conducta distinta. ¿Es suficiente o no? No sé, pero se ve una perspectiva que contiene el control de una acción y, a su vez, la educación.
Con relación a las personas en estado de ebriedad y al consumo de alcohol en la calle, entiendo que en la legislación alemana, por ejemplo, tales conductas no están prohibidas. Pero cualquiera que esté curado y agreda a una persona o dañe un bien comunitario recibe fuertes sanciones. No se castiga por el hecho de haber consumido, sino por el perjuicio causado.
No digo que esa sea la respuesta, pero tampoco lo es simplemente señalar: "No se puede andar tomando en las calles. Apliquemos una fuerte sanción".
Y llegamos al límite de querer regular lo que ocurre en las copropiedades. La gente ahí se toma una cerveza con el vecino. ¡No van a estar pidiéndole permiso al comité de administración para eso! Hay que ver bien cuando ello podría ser un problema.
También se hace una serie de referencias a los sitios eriazos y a las propiedades abandonadas. En este punto, solo les pido que miren la Ley sobre Rentas Municipales, porque contiene algo bastante más avanzado de lo que propone la iniciativa. Y ese cuerpo legal lo sacamos de la experiencia holandesa y contempla toda una manera de enfocar esta materia.
Bueno, creo que hay que fortalecer dicha normativa. Pero no creo que sea tan sencillo como lo que plantea el proyecto.
En cuanto a los establecimientos educacionales, pienso que hay que cuidarlos mucho. Pero debemos generar alguna valoración de ellos, algún orgullo de tenerlos y sentirlos como propios. Veamos lo que ocurre hoy día en Recoleta: transformarlos en centros culturales, en lugares para la gente; así la comunidad los cuida y los mira de otra manera.
Esto de establecer una tremenda sanción a quien pone carteles y avisos no me gusta. Contaré mi experiencia en La Florida: yo ponía lienzos con distintos contenidos, con frases culturales, hasta que llegó un alcalde que dijo que solo él colocaba carteles. ¡Nadie más! Y no nos deja poner ninguno y reprime cualquier expresión que no sea la de él.
Ante eso uno se pregunta: ¿qué hacer? Le hemos buscado por todos lados. Pedimos todos los permisos pertinentes. Sin embargo, los niega o los deja fuera de plazo.
Entonces, se requiere plantear cuestiones más o menos equilibradas. Si no, se afecta la libertad de expresión. Debe haber exigencias para quien desea ejecutar la conducta, pero simplemente prohibirla y no permitir cierta libertad de expresión genera muchas broncas y termina siendo bastante negativo.
Con todo, es efectivo que estamos ante un problema; sí se dan todas esas expresiones. Pero hay que saber cuál es el origen de ellas, cómo las contenemos y cómo atacamos sus causas.
Sé que existen situaciones particularmente extremas, respecto de las cuales tenemos que ver qué hacemos.
Sin lugar a dudas, las armas son el problema principal en el mundo popular. Son un problema muy serio. ¡Hay muchas armas y nos hacemos los lesos con el asunto!
¡Cuándo vamos a hacer algo en serio al respecto!
En lo personal, estoy convencido de que se debe suspender el comercio de armas un año o dos hasta que ordenemos esta cuestión.
Además, espero que ahora, después de lo que ocurrió con el Ejército, se prohíba que los miembros de las Fuerzas Armadas compren armas en la calle y las vendan a otros. ¡Si eso es absurdo! Urge regular de otras maneras este asunto.
¡Está lleno el país de armas! Antes eran hechizas, ahora son de todo lujo.
Y, probablemente, el origen es aquel. En varias discusiones que sostuvimos, incluso en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos -y lo sabe la Subsecretaria de Prevención del Delito-, pensábamos que esto tenía que ver con contrabando. Sin embargo, todo indica que no es así, que las armas están entrando de modo totalmente legal: se transfieren a través de un policía o de un militar que compra de determinada manera.
En definitiva, las armas y las municiones son un problema tremendamente grave. Tratamos desde hace mucho tiempo de regular esto. Y la verdad es que nos ganó. ¡Nos ganó!
En los debates que hemos realizado los parlamentarios de zonas rurales, particularmente, han dicho: "¡Cómo van a limitarnos el uso de las armas!". Eso ocurrió muchas veces.
Tenemos que optar y ponernos de acuerdo. A mi juicio, podemos encontrar una mejor ecuación respecto de quiénes utilizan armas, cuándo y qué hacer con las demás. Recordemos que las armas son la principal amenaza en la vida cotidiana popular y en otros ámbitos.
La segunda cosa que me parece muy grave es lo relativo a la droga. Más que el que bebe alcohol, preocupa el drogado, el "volado", el que sale a pasear y nadie sabe en qué va a terminar. ¡Y siempre son los mismos! ¿Qué hacemos con el drogadicto que circula? Existen distintas formas de enfrentar el problema; no solo aplicando una multa, etcétera. Hay que ver cómo abordamos esta situación, que está muy ligada a los lugares de venta.
Respecto del Plan Microtráfico Cero, todos los análisis dicen que ha funcionado bien. Pero lo concreto es que en el mundo popular todavía tiende a haber una gran cantidad de lugares de venta de microtráfico. Tenemos que buscar la forma de fortalecer el combate contra esto.
Un tercer aspecto -y en esta materia he conocido referencias- son las familias agresivas. Echa a perder un barrio la presencia de una familia que agrede y grita a todos a su alrededor. ¡Existen familias descontroladas! ¿Qué hacemos en esos casos? No sabemos, y le liquidan la vida a mucha gente en su entorno.
Lo otro que uno ve con cierta frecuencia son los enfermos esquizofrénicos. Tampoco sabemos cómo actuar al respecto. Una persona con esa condición que sale a caminar por la población sin haber tomado su medicamento puede convertirse en un peligro. ¿Y qué hacemos con eso? No es un delincuente; por tanto, no cabe sancionarlo como tal. Es un problema social y de salud.
¡Y hay bastante gente en esa situación!
Hablo de "convivencia", al igual como lo hizo el Senador señor Harboe, porque, además de enfrentar las conductas descritas, debemos ver cómo fortalecer los espacios positivos de encuentro, que están muy débiles.
¿Qué pasa con las canchas en las poblaciones hoy día? Se encuentran muy debilitadas: no cuentan con monitores y presentan distintos tipos de problemas.
En muchos lados -por lo menos, en Santiago- los niños no ocupan las canchas por miedo a lo que les pueda ocurrir. Debemos abordar eso, pues el niño no tiene otros espacios donde convivir, donde aprender a socializar y donde estar con otros.
¡Para qué hablar de los colegios! Los que se abren a la comunidad son los mínimos.
A ello se suma toda la dinámica deportiva, cultural, de encuentros, en fin. Son muchas cosas.
Termino mi intervención sugiriendo a quienes tengan motivación en esta materia leer el libro Los condenados de la ciudad, de Wacquant, que aborda en profundidad estos mismos fenómenos en Chicago y en París. Describe la manera en que diagnosticaron y enfrentaron los casos en ambas ciudades e indica cuándo hubo resultados positivos y cuándo no.
En el caso de Chicago, los gringos dijeron: "Mire, esto no tiene vuelta. ¡Retiremos!". Y entregaron a su suerte áreas de 400 mil personas. Las entregaron, ocurra lo que ocurra, para que se autorregulen. Se generó cierto nivel de control, pero también surgieron problemas muy serios.
En París, los franceses actuaron más a la chilena: intervinieron; trataron de hacer cosas. Sin embargo, han pedaleado mucho en banda.
Entonces, tenemos que crear una respuesta inteligente, con mucha finura. No basta con una ley. Sugiero que abordemos este tema en un marco un poco más amplio, de tal manera que represente un aporte y no solo una sanción para los que se pasan de cierta frontera.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, con esta iniciativa me surge un montón de dudas.
Yo conocí mucho de esta realidad cuando fui alcalde de una ciudad importante, como es Temuco. Los ediles sabemos mucho de lo que sucede en los barrios más modestos, en los barrios donde vive, fundamentalmente, la gente pobre.
Cuando llegó este proyecto a la Comisión de Seguridad Pública, me pareció que el tema había que tratarlo, que ameritaba que nosotros pudiéramos abordarlo como Senado.
Por eso voté favorablemente la idea de legislar, porque me parece que algo tenemos que hacer como sociedad al respecto.
Pero a partir de ahí uno empieza a estudiar el tema, a leer los documentos, a interiorizarse un poco acerca de para dónde va esto. Y, entonces, le surgen las mismas preguntas que aquí se han hecho algunos señores Senadores.
Alguien planteaba: "¿Y cómo se obtiene la seguridad? ¿Cómo se ataca esto?".
Entonces, yo me pregunto: ¿Esto se ataca simplemente criminalizando los hechos y estableciendo una serie de penas, más altas, más bajas, dependiendo de las conductas? ¿Se ataca solo mediante las medidas del Derecho Penal en sus distintas facetas y diversas naturalezas de los delitos o faltas que se establecen para estas conductas?
En este Senado hemos visto un montón de proyectos que se centran específicamente solo en lo penal. El otro día decía que en la Comisión de Constitución tenemos ochenta proyectos de ley que van exclusivamente en esta línea.
Por lo tanto, es natural que a uno le surjan todas las dudas respecto de cómo encarar este problema social, que existe.
Entonces, creo que la discusión en particular será la oportunidad para que precisemos exactamente de qué se trata este fenómeno social.
Ahora bien, si uno se pregunta cómo atacar este problema, a lo mejor está la experiencia de los países desarrollados, pero hay una connotación en el sentido de que se trata de naciones mucho más ricas en recursos que nosotros.
Sin embargo, yo recuerdo dos tipos de intervenciones.
Una de ellas se llevó adelante durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Mientras yo era Intendente, en representación de la Primera Mandataria en la Región, el Gobierno de la Presidenta Bachelet estableció un programa que se llamaba "Quiero Mi Barrio", donde se intervinieron más de doscientos barrios críticos en Chile. A mí me tocó elegir siete barrios en las comunas de Temuco y de Padre las Casas. Hablo de barrios vulnerables, de gente sencilla, modesta, donde pasaban todas las cosas que aquí se describen como incivilidades.
Y se trató de una intervención multifacética, de todo tipo, que incluía una gran cantidad de recursos. Se atacó el problema de la basura y se atendió la situación de los espacios públicos, de los jardines, de las bibliotecas, de la iluminación, de la organización social. Constituyeron un conjunto de medidas respecto de las cuales hoy día podemos decir que dieron un gran resultado en esos siete barrios críticos de la ciudad de Temuco. Y no fue necesaria ninguna legislación penal que sancionara determinadas conductas antisociales, que son las que se pretende sancionar por medio de este proyecto de ley.
Uno ha visto otras experiencias internacionales, como la que impulsó el Alcalde de Medellín Sergio Fajardo entre 2004 y 2007. ¡Medellín, donde todavía se vivían consecuencias de los tiempos de Pablo Escobar! Este caballero después escribió un libro sobre su intervención en la ciudad de Medellín, donde había desde incivilidades hasta los delitos más altos, como las armas o la droga, como aquí se ha señalado.
Y allí la intervención fue más o menos en la misma línea de lo que hizo el proyecto "Quiero Mi Barrio" de la Presidenta Bachelet: espacios públicos, bibliotecas, canchas, iluminación, combate a la basura, organización de los vecinos, oportunidades de trabajo para los jóvenes, bolsas de empleo, un trato amable con la policía, los vecinos y el municipio. O sea, una manera distinta de enfocar la situación.
En consecuencia, creo que nosotros debemos hacer una buena combinación de aquello que tenemos que atacar por la vía de la acción punitiva del Estado respecto de las faltas más graves. Por supuesto que los delitos entran en otra categoría. Pero aquí estamos hablando de conductas antisociales que no logran ser necesariamente delitos. Y si es así, ¿nosotros vamos a criminalizar el tema?
Pero hay algo, señor Presidente, que me hace mucha fuerza.
La Comisión le pidió un informe a la Corte Suprema sobre este proyecto. Estrictamente, desde el punto de vista jurídico, no era necesario solicitarle informe al Máximo Tribunal sobre esta materia. Y este contestó al requerimiento de la Comisión.
Y la Corte Suprema, respecto de la cual normalmente decimos que es un órgano del Estado bastante conservador, rechaza absolutamente este proyecto. Y me voy a permitir leer las conclusiones.
Dice la Corte Suprema que, en mérito de las consideraciones precedentes, concluye:
Primero, que los objetivos del proyecto no son totalmente concluyentes para fundar una propuesta modificatoria de esta envergadura. Así, por una parte, las cifras mencionadas en el mensaje no coincidirían con las publicadas en la propia fuente citada; y por otra, la teoría criminológica que le sirve de inspiración ha sido objeto de varias críticas por el espacio que abre para la discriminación, la xenofobia y el abuso policial. (Esto lo dice la Corte Suprema).
Segundo, que en lo que concierne a las disposiciones consultadas, en particular las relativas a la ley sobre expendio de bebidas alcohólicas, referidas principalmente al traspaso de determinadas conductas desde el régimen infraccional al régimen penal, las enmiendas serían imprecisas, en la medida que no logran conciliar su contenido con la aplicación de las normas reguladas en el Código Procesal Penal, en especial las que dicen relación con el procedimiento monitorio. Además, parecieran no considerar criterios de proporcionalidad y conveniencia al establecer el traspaso de una regulación a otra. Por último, sería cuestionable su intromisión en la regulación del régimen de copropiedad inmobiliaria, caracterizado por el principio de autonomía de la voluntad, estimándose que la regulación, en este sentido, podría desnaturalizar dicho régimen y resultaría, de todas formas, innecesaria.
Tercero, que similares problemas de proporcionalidad y conveniencia se verificarían respecto al contenido del nuevo inciso tercero que se propone para el artículo 81 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Cuarto, que respecto de otras modificaciones se advierten algunas imprecisiones y omisiones de las que adolece el texto legal propuesto.
A mí me hace mucha fuerza esto. Lo dice la Corte Suprema, que rechaza completamente este proyecto.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que debemos tener en consideración esto.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, esta iniciativa es elaborada sobre la base de encuestas y reportes policiales.
El proyecto agrava penas, crea figuras penales y traslada faltas desde el régimen infraccional al sistema penal. La idea se funda en teorías criminológicas que tienen como hito la "Teoría de las Ventanas Rotas", propuesta por autores en Estados Unidos en 1982, que enfatiza la relación entre el desorden urbano, las ofensas menores y el crimen violento, para sugerir una vinculación estrecha entre estos fenómenos y el impacto que provocan en la población como sensación de vulnerabilidad e inseguridad.
El Gobierno está mal utilizando esta teoría para justificar el aumento de penas, cuando los teóricos nunca lo pensaron para eso. El concepto básico de esta propuesta era que un lugar abandonado, público o privado, puede convertirse en un eventual foco de conductas ilícitas por el descuido del Estado o de una comunidad determinada. Lo que esta teoría promueve es la pronta y efectiva intervención del lugar: la reposición de la ventana rota, el retiro de la basura, su iluminación, recuperación y habilitación para actividades sociales y comunitarias. La teoría no se limita a sancionar penalmente a las personas que se encuentran en dicho sector y cometen una conducta contraria a la ley.
La confusión se origina porque a partir de esta teoría surge la denominada "tolerancia cero", según la cual, como de delitos de menor entidad deriva la comisión de otros de mayor gravedad, se haría necesario interrumpir las carreras delictuales, sin que ello comprometa a un determinado rango etario.
La tolerancia cero carece de evidencia empírica. En estricto rigor, la reducción de delitos violentos en Harlem y el Bronx, en la ciudad de Nueva York, coincidió con la intervención de una serie de inmuebles comunitarios y plazas y con proyectos de inversión residencial que se entregaron a personas que demostraban residencia en esos barrios y que podían acceder a subsidios. En otras palabras, la disminución no fue causada por la tolerancia cero, sino por la positiva intervención que hicieron los organismos públicos concernidos de los barrios y vecindarios y la entusiasta respuesta ciudadana.
Uno de los mayores cuestionamientos en la atribución a la tolerancia cero de la disminución de delitos radica en que coloca en riesgo la relación entre policía y comunidad. Esto es así porque un cuerpo policial netamente represivo suscita desconfianza en la población.
Y sabemos, además, del incremento de población privada de libertad, especialmente afrodescendiente, latina, joven, pobre, en condiciones de exclusión social, que llenaron las cárceles en Estados Unidos.
Ese mismo enfoque se está trasladando peligrosamente hace años en Chile, con la famosa guerra contra las drogas y con una orientación netamente punitiva, que criminaliza la pobreza, que criminaliza nuestros barrios populares y criminaliza particularmente a los jóvenes.
Yo creo que es un enfoque equivocado, tal como lo fue el de Aula Segura. Y esto se traslada ahora al ámbito comunitario. Y lejos de resolver los problemas, los puede incluso incrementar.
Así fue la opinión crítica del Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, que planteó varios reproches y varias advertencias a este proyecto de ley.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la señora Subsecretaria.
La señora MARTORELL (Subsecretaria de Prevención del Delito).- Señor Presidente, saludo, por su intermedio, a todos los Senadores.
En primer término, de acuerdo con las palabras que se han formulado, es evidente que todos somos conscientes de que esto sí genera un problema en la comunidad.
¿Hay formas distintas de enfrentarlo? Sí, también.
Se habló mucho de los barrios, en particular de los barrios prioritarios.
He estado varias veces en La Legua, en distintos barrios. Y el Estado invierte mucho en lugares públicos que no se pueden utilizar por miedo. Y eso también es una realidad de los barrios.
Y tienen miedo, de la gente consumiendo alcohol y drogas; de la sensación de oscuridad, y, además, al ver cómo otros destruyen lo que muchas veces los dirigentes sociales tratan de construir, como obras sociales, sedes comunitarias, etcétera.
Pensar que una ley solo punitiva es la solución a este problema claramente no es lo adecuado.
Esto se aborda con una política integral. Pero también es evidente que debemos avanzar en sancionar este tipo de situaciones.
Ayer se dio a conocer el índice de Paz Ciudadana, y tenemos una baja histórica en percepción de inseguridad: llegamos a un 10,4 por ciento. Pero eso nunca va a bajar más mientras no seamos capaces de darles seguridad y una visión de una ciudad ordenada y limpia, que permita que las personas que han postulado a una cancha puedan jugar en esa cancha, puedan desarrollar el deporte; que haga posible que cuando se mejore una plaza los niños puedan ir a jugar a ella y que esa plaza no sea finalmente tomada por personas que están drogándose. No queremos que siga sucediendo lo que señalaba el Senador Harboe, por ejemplo, en que la familia no puede salir a comprar porque tiene miedo de que le cobren un peaje.
¡Esa es la realidad de los barrios, y de los barrios más críticos!
Entonces, es evidente que esta es una iniciativa de ley mejorable, perfectible, y que se ha trabajado profundamente en la Comisión. Y la intención del Ejecutivo es seguir perfeccionándola.
Sabemos que la Corte Suprema hizo mención a la proporcionalidad. Y, en este sentido, nosotros estamos disponibles para avanzar hacia el mejor sistema.
La normativa en análisis se tiene que complementar con políticas públicas preventivas que estamos impulsando desde la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Queremos llegar a los barrios más críticos, pero con medidas integrales.
Sin embargo, también debemos darles a las personas que quieren vivir en paz la sensación de seguridad, de una ciudad ordenada y también de respeto.
Todas las personas merecen tener una convivencia sana.
Solo a modo de información, desde 2005 a 2013 los casos policiales referidos a las incivilidades registran un aumento de 70 por ciento; el consumo de alcohol en la vía pública, un incremento de 423 por ciento.
A los padres, a los hermanos les da miedo que sus hijos o sus hermanos vayan a la plaza a jugar cuando está lleno de personas consumiendo.
¿Tenemos que llegar al origen del problema? ¡Por supuesto!
¿Tenemos que generar políticas integrales? ¡También!
Pero hoy día somos testigos de cómo los alcaldes se sienten atados de manos porque no tienen capacidad ni presupuestaria ni legal para enfrentar este tipo de situaciones.
Son necesarias las políticas integrales.
Precisamente es a eso a lo que los invitamos: a avanzar en esta legislación, a construirla juntos, a mejorarla.
Pero también, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito vamos a avanzar en generar programas que eviten que se cometan delitos; que den calidad de vida; que ayuden a las familias a tener habilidades para salir adelante; que ayuden a disminuir el consumo de alcohol, sobre todo en adolescentes; que logren evitar la deserción escolar. Hablamos de un trabajo integral.
Sin embargo, no podemos dejar de lado esto, porque es un tema muy importante para los alcaldes y, sobre todo, para quienes no pueden disfrutar los espacios públicos, porque han sido tomados, han sido rayados o han sido usados como basurales por otras personas.
Efectivamente, lo que busca este proyecto es mejorar la convivencia. Y a través de la convivencia se crean redes, se genera una mejor comunidad. Y una comunidad organizada lucha de mejor manera contra el delito.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ¿qué es la incivilidad? La incivilidad es hacer que una familia de siete u ocho integrantes viva en 34 metros cuadrados; hacer que, en verdaderos guetos, no existan espacios de áreas verdes.
El SERVIU exige 8 por ciento de áreas verdes. Todas las inmobiliarias determinan que áreas verdes son los montes, los terrenos escarpados. A veces no hay un metro de terreno plano para poder tener un área de esparcimiento.
En muchos departamentos en mi Región no cabe ni el ataúd, señor Presidente. ¡No cabe!, ni por las escaleras, ni por la ventana, ni por la puerta. No tienen áreas verdes; no tienen iluminación.
Este proyecto de ley no considera políticas integrales. Se lo señalo -por su intermedio- a la Subsecretaria. Esta iniciativa solo busca establecer represión, es decir, aplicación penal de un Código para ver si transformamos estas incivilidades -que existen- en conductas -comillas- apropiadas.
La seguridad privada en este país representa -¡esto es increíble!- más de 140 mil guardias privados. Carabineros tiene 60 mil efectivos y los guardias privados son más de 140 mil. Y este es un negocio que mueve más de mil 400 millones de dólares al año.
Estamos frente a una situación en que claramente hay problemas de seguridad.
Se habla de que este proyecto crea redes ciudadanas. Pero no hay ni un solo invitado de la sociedad civil, salvo la Asociación de Grafiteros.
Yo participé en una de las sesiones de la Comisión, y sostuve que si queremos preguntar qué hay que hacer con estas conductas, preguntémosles a la ciudadanía, a los dirigentes de las juntas de vecinos, a los dirigentes de la tercera edad, a los grupos juveniles, a los clubes deportivos.
Pero a la Comisión no asistió nadie en representación de la sociedad civil, a excepción de los muralistas que están asociados y que es una expresión bastante formal.
Este proyecto de ley carece de una opinión directa de la ciudadanía.
Por tanto, debiéramos revisar la situación.
Si una iniciativa dice que va a beneficiar a los sectores con problemas, no se puede escuchar solo a la institucionalidad, dejando de lado a los dirigentes sociales, a la gente.
Señor Presidente, en el caso de los rayados, el presidio menor en su grado mínimo y la multa de 5 a 10 UTM ¡no van a dar resultado!
La penalidad fijada para la acumulación de basura en los exteriores ¡no va a dar resultado!
Se castiga con multa de una UTM a quienes consumen bebidas alcohólicas en la calle.
Sin embargo, eso tiene un defecto.
En Santiago, en el barrio Bellavista uno ve las veredas copadas con sillas y gente bebiendo. ¡Pero los locatarios están autorizados por el municipio...!
Hay quienes dicen que ha crecido el índice de alcoholismo. Nos espanta que los jóvenes puedan beber en la calle. ¡Pero las camisetas usadas para jugar fútbol, el deporte más popular de Chile, tienen propaganda de cerveza...!
Esa publicidad no se combate: la toleramos.
O sea, les decimos a los jóvenes: "Si quieres sentirte hombre o un gran deportista, bebe cerveza". ¡Y luego nos extrañamos porque los muchachos beben en la calle...!
Nadie se ha atrevido a ponerle coto a la publicidad hecha mediante las camisetas de los clubes profesionales de fútbol. Estos debieran fomentar el deporte, la vida sana. Sin embargo, ¡todos pagan por la publicidad de cerveza en sus camisetas...!
Ahora, señor Presidente, considero un exceso que el proyecto determine -llamo la atención de mis colegas- que el joven al que detienen ebrio, si tiene plata, pueda consignar el 25 por ciento de la multa ante el oficial de guardia de la comisaría, y además, que se obligue a este, cuando se junten tres detenciones, informar de este hecho al juzgado de policía local. O sea, estamos dándole una nueva tarea a Carabineros y obligándolo a recibir dinero de un ebrio que debe realizar la consignación correspondiente.
En consecuencia, con aquello se está haciendo una grave discriminación y dejando de resolver el problema de fondo.
En la misma línea, se dispone que al joven ebrio detenido Carabineros no lo pondrá al lado de delincuentes, de personas que han cometido delitos.
¡Yo no entiendo, señor Presidente!
Vayan a las comisarías de los pueblos más pequeños: ¡en ellas existe una sola celda...! Por tanto, en muchos lugares la referida medida se transformará en un problema y provocará el efecto de las redadas masivas.
Respecto de los negocios clandestinos, hay un proyecto de ley de mi autoría que busca establecer la "ley de la puerta".
Hoy se sanciona a los minimarkets que expenden bebidas alcohólicas y que tienen una puerta que les permite a los propietarios comunicarse con su casa. Ello, porque si cierran el negocio y salen a la calle con la recaudación ¡los asaltan!
Es una situación que debe resolverse.
Yo espero -se lo he planteado al Senador Huenchumilla- que abordemos la absurda medida que impide que, para mayor seguridad, dichos comerciantes se conecten internamente con su vivienda.
De otro lado, señor Presidente, se habla de "espacios libres".
¡Esta iniciativa no tiene nada que contribuya a crearlos!
El Senador Huenchumilla hacía mención del programa Quiero Mi Barrio.
Yo debo recordar que cuando no se pagan las contribuciones correspondientes a una casa esta se remata.
Lo planteé cuando era Diputado: ¿Por qué, en vez del remate, el municipio no retiene el inmueble y lo devuelve a la comunidad?
Siento, entonces, que la política de crear más espacios públicos para que la gente se reúna está mal enfocada.
Decir que tratándose del cierre de los sitios eriazos vamos a establecer que tras un plazo de dos o tres meses el municipio procederá al cierre y luego a cobrarle los gastos al dueño es absolutamente irreal: las municipalidades no van a cerrarlos, porque después no tendrán a quién cobrarle y deberán asumir un gasto tremendo.
A mi juicio, si hay incumplimientos reiterados, la propiedad se expropia. Los municipios tienen facultades para hacerlo.
Si hay un sitio peligroso en el que se han cometido sucesivos delitos, procede que la municipalidad lo expropie para transformarlo en un lugar de acogida y esparcimiento.
Por otra parte, en el artículo 81 bis que se propone agregar a la Ley General de Urbanismo y Construcciones se expresa: "Cualquier persona podrá denunciar a la municipalidad la existencia de propiedades abandonadas".
Señor Presidente, démosles facultad a los alcaldes para que, si una propiedad está abandonada y se constituye en un sitio "ocupa" y ocasiona problemas, la expropie y la transforme en un centro cultural.
A mi entender, si todo lo vamos a someter a un sistema de multas, ¡este proyecto no va a tener efecto!
Nos hemos acostumbrado a hacer iniciativas de ley mediante las cuales aumentamos y aumentamos las penas y en que los únicos que ganan son aquellos que tienen cárceles concesionadas y los proveedores de los recintos penitenciarios chilenos.
¡Nos cuesta 839 mil pesos mensuales -dicho por el Director Nacional de Gendarmería- cada persona recluida en una cárcel, sea procesada o condenada!
Se sostiene que el juez de policía local podrá tomar a un joven ebrio o drogado y mandarlo a un centro de rehabilitación.
¡Esa es la mentira más grande que he escuchado, señor Presidente!
¡Es imposible reintegrar a la sociedad a ningún joven porque no se cuenta con centros disponibles y en aquellos donde sí existe espacio el costo es elevado!
¡Eso no se va a hacer!
Chile ha fallado en materia de rehabilitación a drogadictos o a alcohólicos.
Por lo tanto, lo descrito en el proyecto no va a ocurrir, pues faltan centros para aquello.
Muchas organizaciones han venido al Senado a pedir recursos para dar tratamiento a jóvenes drogadictos o alcohólicos. Sin embargo, nada se ha concretado.
Por consiguiente, señor Presidente, me voy a abstener. Creo que el proyecto está bien orientado, pero con él no se van a cumplir los objetivos perseguidos.
Además, se está eludiendo la cuestión central: la responsabilidad del Estado y la adopción de medidas efectivas para resolver los problemas de fondo.
Esto parece más bien un fuego de artificio: ¡aumentamos las penas y permitimos que el joven o el adulto detenido por embriagarse en la calle consigne ante el oficial de guardia de la comisaría 25 por ciento de la multa...!
¡Eso constituye un desatino absoluto!
Entonces, yo planteo que hagamos una sesión a la que invitemos a los dirigentes sociales para que juntos construyamos fórmulas que nos permitan abocarnos a los problemas de fondo. Y eso significa más política del Estado en el ámbito preventivo; más política del Estado en materia de espacios públicos, y más política que le permita a la gente resolver sus propios problemas en forma comunitaria.
Porque aquí se quiere imponer mediante el Código Penal un conjunto de normas que en definitiva, señor Presidente, ¡no van a funcionar!
Quienes hemos estado en los sectores populares, que es donde estas dificultades existen de verdad -¡y tenemos que enfrentarlas!-, este tipo de medidas no van a ser la solución: más bien -convengo con quienes lo han dicho-, pueden terminar agravando los problemas, pues dan lugar a redadas masivas y detenciones y establecen discriminaciones odiosas, pues ¡el que puede pagar la multa queda en libertad...!
Por supuesto, en el barrio Bellavista, como se le paga al municipio, se puede beber en la vía pública -comillas- legalmente.
Pero los jóvenes que no tienen dinero para ir a ese sector y toman cerveza en su barrio sí van a ser penalizados. Más encima, quedarán en la comisaría seis horas, que es el tiempo mínimo establecido.
El proyecto, señor Presidente, devela una realidad que no podemos ocultar, pero no resuelve los problemas de fondo.
Por eso, me abstengo. E insisto en que es necesario traer a los dirigentes sociales para buscar una solución junto con ellos.
El señor CHAHUÁN.- ¿Cómo logramos, señor Presidente, el punto de inflexión? ¿De qué manera conseguimos finalmente que la sociedad civil se apropie de los espacios públicos?
El Senador Huenchumilla planteó el caso de Medellín.
Una bomba explotó en una plaza de juegos infantiles. La sociedad civil dijo: "¡No más!". Así, comenzó a apropiarse de los espacios públicos y a estructurar, a partir de un plan de urbanismo integral, la solución final para incluir a todos los sectores dentro de un mismo proyecto de ciudad. Y a todos los sintió parte de él.
Por una parte, existe una cultura del metro cuadrado, de la individualidad. Por otra, hay una cultura del miedo.
Quienes estamos todos los días en las poblaciones de nuestras ciudades vemos cómo las bandas de narcotraficantes se están tomando el territorio; de qué manera la posesión de armas de fuego es parte del tono de cada día, y cómo somos capaces de enfrentar lo que hoy día están viviendo nuestros vecinos en términos de sentir miedo: miedo a ser asaltado en la calle: a ser víctima de la delincuencia; a ser víctima de una acción violenta por parte de bandas de narcotraficantes, y, finalmente, a que los hijos no tengan espacios públicos, ni áreas verdes, ni las plazas de juego necesarias.
En consecuencia, se requiere generar aquel espacio y ese punto de inflexión.
Por eso, me parece que este proyecto de ley está bien orientado, porque busca clarificar que, respecto de actos para los cuales ha habido permisividad, finalmente existe una señal del Parlamento y del Ejecutivo, que dicen: "Acá hay un bien público de responsabilidad de todos que debemos cuidar".
En ese orden de cosas, creo que el proyecto de ley procura soluciones.
Medellín, luego de ser de las ciudades más violentas y peligrosas del mundo, se convirtió en una de las ciudades más seguras del orbe.
Cuando ocurrió el megaincendio en Valparaíso, yo esperaba que ese fuera el punto de inflexión. O sea, que hubiéramos sido capaces de hacer prospectiva: de elaborar un plan macro de ciudad; de generar la posibilidad de integrar a los vecinos de los sectores altos de Valparaíso a un proyecto único de ciudad.
Ello, porque la autoridad siempre está pensando en lo contingente, en lo cotidiano; mirándose el ombligo, y es incapaz de proyectar soluciones integrales y definitivas para todos los ciudadanos.
Por eso, señor Presidente, quiero llamar la atención de Sus Señorías.
Cuando uno escucha al Senador Navarro dice: "También tiene algo de razón".
El Estado de Chile es fallido en varios aspectos.
Por ejemplo, en el ámbito de la protección a niños, niñas y adolescentes, como hemos visto, no es capaz de garantizar horas psiquiátricas infantiles; tampoco, a veces, de garantizar el orden público en algunas regiones de nuestro país; asimismo, de garantizar rehabilitación en materia de alcoholismo y drogadicción.
Les quiero contar simplemente lo que está ocurriendo acá, en Valparaíso, con el Hospital Psiquiátrico del Salvador: ¡se cerró un programa para 200 personas que hoy tienen esa única solución para salir de la adicción al alcohol...!
¡Eso no debe ocurrir!
Pero qué hacemos a partir de las facultades del Parlamento y del Ejecutivo: tratar de generar aquel punto de inflexión; y ello implica a lo menos una señal política con respecto a qué Chile queremos construir.
Obviamente, es necesario escuchar a cada uno de los actores sociales.
Nosotros, señor Presidente, estamos ¡todos los días! en las poblaciones de nuestras ciudades. Sabemos del miedo permanente que existe y -reitero- cómo las bandas de narcotraficantes se están tomando nuestros territorios y de qué manera la posesión de armas de fuego genera incertidumbres e inseguridades.
Sí: los índices de victimización han bajado. Pero debo decirles que, si bien eso es una buena señal, la temperatura ambiente que existe en los habitantes indica que en los sectores altos de nuestras ciudades cualquiera puede ser víctima de la delincuencia en algún momento.
Entonces, ¿cómo generamos el punto de inflexión?
Vamos a las soluciones locales, señor Presidente.
Primero, incorporar a los actores locales en la solución de sus propias realidades.
Segundo, aplicar políticas públicas.
En este debate se ha hablado también del programa Quiero Mi Barrio.
¿Saben Sus Señorías lo que provoca el referido programa? Que los propios vecinos valoren su entorno, su población, y en definitiva se apropien de sus espacios públicos. Y ello genera un cambio de paradigma.
Lo que provoca Quiero Mi Barrio es lo que nosotros debemos producir en general en nuestra vida en comunidad.
Es cierto que las soluciones no vienen de un proyecto de ley emanado del Ejecutivo y aprobado por el Parlamento, con las correcciones necesarias para su mejoramiento. Pero, sí, las señales políticas son importantes.
Entonces, en esta sociedad, donde hay una falta de confianza constante y en que lo único permanente es la incertidumbre, la generación de puntos de inflexión y de proyectos colectivos es de gran urgencia.
Por eso, señor Presidente, voy a aprobar esta iniciativa.
Sí, es preciso buscar soluciones inclusivas.
A mí me gustaría que Valparaíso tuviera la transformación experimentada por Medellín, ciudad llena de grafitis en que los propios vecinos defendieron su patrimonio (el público y el privado), pues cada uno de ellos consideró un deber moral para la convivencia en sociedad la protección del escenario, del ambiente, del clima, todo lo cual permite el desarrollo.
Por eso, estimo necesario avanzar en tal dirección.
Felicito al Ejecutivo por la presentación de este proyecto, que ciertamente no soluciona todos los problemas, pero envuelve una señal política que puede dar el Parlamento en el día de hoy.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, no pensaba intervenir. Pero la verdad es que me dejan muchas dudas algunos planteamientos que se han hecho -los escuché atentamente-, incluso por los más optimistas, y también por el Ejecutivo, respecto del problema existente en la materia que nos ocupa.
Por ejemplo, nos dice la Subsecretaria: "Bueno. Esto hay que mejorarlo".
Un Senador señalaba recién: "Esto no soluciona todos los problemas".
Otro colega, de las bancas del frente, expresaba: "Esto es muy parecido a Aula Segura".
Entonces -repito-, ello me deja muchas dudas.
Se habló de la Teoría de las Ventanas Rotas (Nueva York, años noventa) y de cómo la situación evolucionó a Tolerancia Cero.
Ahora, si bien en la década de los noventa hubo una baja en los delitos, ello tenía que ver también con otro hecho (lo señalaba el Senador Huenchumilla hace un rato): la intervención en el barrio -justamente como el programa Quiero Mi Barrio, mencionado por el Senador Chahuán-, donde los vecinos, por ejemplo, no se conocen (el conocimiento entre ellos es básico, elemental).
Se trata, pues, de una intervención más social y no punitiva.
Creo que en aquello todos estamos de acuerdo. Yo no he escuchado a ningún Senador decir que la paz social y el orden público son bienes que no hay que proteger. La cuestión radica en cuál es la herramienta que estamos entregando para resguardarlos.
Ahora, el Derecho Penal no es la solución para cambiar conductas desviadas, menos las consignadas en la encuesta que hemos conocido.
Obviamente, los delitos y las conductas graves ya están tipificados.
Entonces, yo considero que el cambio de conductas no va por el camino de esta "miscelánea penal".
Esto se parece mucho a la detención por sospecha, con la salvedad de que en este caso podríamos llegar incluso más lejos.
En efecto, con esta iniciativa, en la forma como se halla planteada, podríamos generar una persecución penal por sospecha. Porque existe el prejuicio: social, racial, en fin.
El prejuicio existe en cada uno de nosotros, señor Presidente.
Por ejemplo, si dos jóvenes con determinada apariencia están en una comuna bebiendo cerveza y llegan otros dos mejor vestidos -mejor entre comillas- y con características físicas distintas, es probable que alguien que los esté observando diga acerca de los últimos: "Estos muchachos son de otra comuna y andan acá de visita".
Entonces, tal vez aquel prejuicio, que -reitero- todos tenemos, se traducirá en un elemento que van a utilizar los policías que harán la persecución penal.
En consecuencia, señor Presidente, aquí no se está luchando contra el crimen; ¡para nada!: se está intentando cierta disciplina social con acciones a través del poder punitivo.
Yo creo que en este caso debemos aplicar mecanismos de otro tipo: acciones con los habitantes, con las juntas de vecinos, con las organizaciones, con los jóvenes, con la escuela (el señor Presidente señalaba que en todo esto el rol de la escuela es fundamental).
¡Y qué decir de la convivencia! ¡No hablamos nada de ella y nos estamos yendo a la causa!
De otro lado, pienso que debemos asumir que registramos un déficit en la persecución penal. Y eso tiene que ver con el prejuicio; también, con la selección penal que se hace: dónde voy a intervenir.
En definitiva, me parece que esto va a tener un destinatario claro: los barrios pobres de Chile. Ahí se van a enfocar finalmente las policías. Y ello, ni siquiera por algo que se les pueda atribuir a ellas.
Ya está escrito en muchos países en qué han terminado los intentos por aplicar la solución punitiva a problemas que más bien son de carácter social.
Por todo eso, y porque espero, sí, que el texto mejore en la Comisión, como todos han expresado, voy a abstenerme.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para el efecto del quorum constitucional requerido, de que se registran 23 votos contra uno y 11 abstenciones, y se fija el lunes 14 de enero de 2019 como plazo para la presentación de indicaciones.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Órdenes, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Moreira, Ossandón, Prohens, Quinteros y Sandoval.
Se abstuvieron las señoras Allende, Muñoz y Provoste y los señores De Urresti, Elizalde, Huenchumilla, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana y Soria.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se ha pedido fijar hasta mañana, miércoles 28, a las 12, el plazo para formular indicaciones al proyecto que modifica las normas para la incorporación de trabajadores independientes a los regímenes de protección social. Se recibirán en la Secretaría de la Comisión de Hacienda,
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para ello?
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la Comisión de Hacienda recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica (boletín N° 11.570-06).
El señor MONTES (Presidente).- Se ha considerado la idea de discutir mañana el asunto. Hay una indicación pendiente del Ejecutivo, cuya llegada esperamos, porque media un compromiso al respecto, y un acuerdo en la Comisión en el sentido de acogerla en la Sala.
El señor MONTES (Presidente).- Si no hay inconvenientes, podemos ocuparnos en dos proyectos de acuerdo incluidos en el Orden del Día que se podrían despachar en poco tiempo.
Boletín N° 11605-10
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo para Modificar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha Modificado, entre la República de Chile y el Gobierno de Canadá" y el "Acuerdo para Modificar en Materia de Inversión y en Comercio y Género el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha Modificado, entre la República de Chile y el Gobierno de Canadá", ambos suscritos en Ottawa, Canadá, el 5 de junio de 2017, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.605-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 15ª, en 15 de mayo de 2018 (se da cuenta).
Relaciones Exteriores: sesión 69ª, en 20 de noviembre 2018.
Hacienda: sesión 69ª, en 20 de noviembre 2018.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión general y particular a la vez.
Si no hay objeciones, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
Boletín N° 11748-10
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo de Asociación Económica Integral entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Indonesia", suscrito en Santiago, República de Chile, el 14 de diciembre de 2017, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.748-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El señor MONTES (Presidente).- Por haberse cumplido su objetivo, procederé a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Ministro de Hacienda, pidiendo aclarar CRITERIOS PARA APLICACIÓN DE LEY NAVARINO EN REGIÓN DE MAGALLANES.
Al señor Ministro de Defensa Nacional, solicitándole remitir información acerca de COMPOSICIÓN DE MANDOS DE INSTITUCIONES CASTRENSES, REGLAMENTO SOBRE VIÁTICOS Y VIAJES EN FUERZAS ARMADAS, CONVENIOS ENTRE MINISTERIO DE DEFENSA Y CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y CIERRE DE SUMARIO SOBRE SUELDOS Y VIÁTICOS FALSOS EN EJÉRCITO.
A la Contraloría General de la República, para que ordene CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 41 DE ESTATUTO DE ASISTENTES DE EDUCACIÓN, EN CUANTO A VACACIONES, POR PARTE DE DIRECCIONES DE EDUCACIÓN MUNICIPAL O DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.
A la Dirección del Trabajo, para pedir DICTAMEN EN DERECHO SOBRE APLICACIÓN DE ARTÍCULO 41 DE ESTATUTO DE ASISTENTES DE EDUCACIÓN PARA CASO DE CORPORACIONES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
A la Superintendencia de Educación, a fin de solicitar DECRETO EN ORDEN A VACACIONES DE ASISTENTES DE EDUCACIÓN DE SISTEMA PÚBLICO CONFORME A ARTÍCULO 41 DE SU ESTATUTO.
--Se levantó la sesión a las 19:22.