Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-758-02.htm
Timestamp: 2019-05-20 17:01:39
Document Index: 415681808

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 16', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 63', 'artículo 56', 'artículo 38', 'artículo 52', 'Artículo 52', 'artículo 20', 'artículo 52']

C-758-02
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Pretensión de inexequibilidad
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-No corresponde al demandante pretensión de interpretación conforme a la Constitución
SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE-Objetivos
SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE-Organismos que hacen parte
ORGANISMO DEPORTIVO DEL SECTOR ASOCIADO-Nivel jerárquico
ORGANISMO DEPORTIVO-Reconocimiento deportivo
ORGANISMO DEPORTIVO-Contenido mínimo para estatutos
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE “COLDEPORTES” EN ORGANISMO DEPORTIVO Y DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE-Inspección, vigilancia y control
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE “COLDEPORTES” EN ORGANISMOS DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE-Atribuciones del Director
DEPORTE-Ejercicio/DEPORTE-Manifestaciones/ORGANIZACION DEPORTIVA-Vigilancia y control por el Estado/ORGANIZACION RECREATIVA-Vigilancia y control por el Estado
DERECHO AL DEPORTE, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE-Integración con derechos a la salud y educación
DEPORTE, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE-Derechos
El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre constituyen derechos para que el individuo desarrolle su vida dignamente de acuerdo con sus expectativas y decisiones y le abren espacios vitales al ser humano frente al Estado y a los particulares.
ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA-Intervención del Estado
En la medida en que las actividades deportivas y recreativas comportan usualmente derechos y deberes comunitarios que implica la observancia de normas mínimas de conducta deben ser objeto de intervención del Estado por cuanto el Estado no solo debe fomentar su ejercicio, sino porque la sociedad tiene un legítimo interés en que tal práctica se lleve a cabo de conformidad con los principios legales, de manera que con ella se alcancen objetivos educadores y socializadores.
ACTIVIDAD DEPORTIVA, RECREATIVA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE-Relación Estado-persona/ACTIVIDAD DEPORTIVA, RECREATIVA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE-Relación Estado-organizaciones deportivas y recreativas
La relación Estado-Persona, en el ámbito de las actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, tiene como eje central la consideración de ser su ejercicio “un derecho de todas las personas”, que al propio tiempo ostenta la función de formarlas integralmente y preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. Y la relación Estado - Organizaciones Deportivas y Recreativas, se desenvuelve en torno de, por una parte, las acciones de fomento y, por otra, de la inspección vigilancia y control, habida cuenta del papel que estas organizaciones están llamadas a cumplir en la sociedad como medios eficaces para la realización de los fines sociales y de los derechos constitucionales de las personas.
ESTADO-Funciones de inspección, vigilancia y control
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Funciones de inspección, vigilancia y control
ESTADO-Funciones de inspección, vigilancia y control corresponden a grados diferentes de intervención
ESTADO-Objetivos en funciones de inspección, vigilancia y control
ORGANISMO DEPORTIVO-Alcance de la inspección, vigilancia y control por el Estado
La inspección, vigilancia y control, con las finalidades constitucionales expresadas, deben considerar y preservar la autonomía de las organizaciones deportivas, pero que dicha autonomía institucional no puede erigirse en obstáculo para la protección y realización de los derechos fundamentales de quienes ejercitan el deporte, sino por el contrario, en instrumento especialmente eficaz de protección y realización de aquellos, como reiteradamente ha puesto de presente esta Corporación.
ORGANISMO DEPORTIVO-Finalidades de la suspensión temporal de miembros de órganos directivos, administradores y de control
La medida de solicitar la suspensión temporal de los miembros de los órganos directivos, administradores y de control, se fundamenta en la necesidad de asegurar el correcto funcionamiento de esos órganos, dentro de una determinada organización deportiva sujeta a inspección y vigilancia y control por parte del Estado. Medida de intervención, que no solo busca el funcionamiento correcto de una determinada organización deportiva sino ante todo, garantizar a través de ella la efectividad de derechos constitucionales de las personas, que como lo ha señalado esta Corte, ostentan la calidad de derechos fundamentales. Al fin y al cabo “los organismos del sector asociado” se prevén y deben establecerse, organizarse y funcionar para asegurar el derecho de “todos” a la practica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
ORGANISMO DEPORTIVO-Suspensión temporal de miembros cuando medie investigación y exista pliego de cargos o vinculación formal en proceso penal
DERECHOS FUNDAMENTALES-No son absolutos/ORGANISMO DEPORTIVO DEL SECTOR ASOCIADO-Solicitud de suspensión temporal de miembros de órganos directivos, administradores y de control por investigación disciplinaria o penal
Los derechos fundamentales, como todo derecho constitucionalmente reconocido y garantizado, no es absoluto y que pueden ser limitados por los derechos de los demás y por el orden jurídico. En ese sentido encuentra la Corte que bien puede la ley establecer condiciones especiales para el acceso y permanencia en los cargos de dirección, administración y control de los organismos deportivos y en especial de los del deporte asociado, habida cuenta de los intereses superiores encomendados a esos organismos, que tocan con finalidades de protección y garantía de los derechos a la salud, a la educación de los niños y jóvenes practicantes y cercanos a las actividades deportivas.
ACTIVIDAD DEPORTIVA-Protección y garantías de derechos a la salud y educación
PRESUNCION DE INOCENCIA-Solicitud de suspensión temporal en el cargo por investigación disciplinaria o penal
ORGANISMO DEPORTIVO ASOCIADO-Finalidad de solicitud de suspensión temporal en el cargo por investigación disciplinaria o penal
La solicitud de suspensión en el cargo por parte de la autoridad titular de la inspección y vigilancia, no tiene carácter sancionatorio ni comporta un juicio sobre la conducta de la persona, sino la constatación de un hecho objetivo, que puede llegar a afectar el buen funcionamiento del organismo deportivo, el cual, habida cuenta de los altos interés sociales confiados, ha merecido la especial protección del ordenamiento jurídico. Además, la solicitud formulada por la autoridad de inspección y vigilancia, no equivale a orden o a la decisión misma de suspensión; ésta compete a los órganos de dirección del organismo directivo y se diferencia de manera nítida de la medida de suspensión que dentro de un proceso disciplinario o sancionatorio cabría aplicar, pues en este último la legitimidad de la medida se funda en la necesidad de que no se interfiera por el investigado, la investigación misma.
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5 del artículo 39 del Decreto 1228 de 1995 “Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995”.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Alejandro De Castro González, demandó la inconstitucionalidad del numeral 5 del artículo 39 del Decreto 1228 de 1995, “Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995”.
“DECRETO NUMERO 1228 DE 1995
Con el fin de desarrollar los análisis pertinentes, el demandante formula el siguiente interrogante “¿Vulnera el legislador extraordinario el derecho a la libertad de los miembros de los organismos directivos, administradores y de control de los organismos deportivos de cualquier nivel al autorizar a Coldeportes para solicitar la suspensión temporal de aquellos, cuando medie investigación disciplinaria o penal y exista pliego de cargos o vinculación formal al respectivo proceso penal?”.
Como argumento central de su demanda señala que con la norma acusada se transgrede el principio de proporcionalidad. Al efecto, luego de mencionar algunas disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y hacer referencia a interpretaciones que de los mismos ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y algunos Tribunales Europeos, y con apoyo en citas de la jurisprudencia de esta Corte acerca del principio de razonabilidad, “como también se denomina al de proporcionalidad”, indica que la norma demandada persigue una finalidad que resulta prima facie constitucional, por cuanto con ella se propende por la aplicación del principio de moralidad dentro de la administración de los organismos deportivos, evitando que personas involucradas en procesos penales o disciplinarios, por cuya causa están cuestionados social o moralmente, participen en dichos cargos.
De igual manera, considera que el medio elegido por el legislador es necesario porque la única forma de evitar que una persona sobre la cual penda una investigación penal o disciplinaria participe en la dirección, administración y control de un “club deportivo”, es precisamente impidiendo que ocupe el cargo respectivo.
No obstante, para el demandante, el medio elegido por el legislador no es proporcionado en sentido estricto, en cuanto sacrifica excesivamente bienes constitucionales de más jerarquía que aquél que se quiere proteger. Al respecto señala que los miembros de los organismos directivos, administradores y de control de los “clubes deportivos”, tienen el derecho constitucional a hacer parte de dichos cargos, si así lo desean, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho al trabajo, es decir, a elegir ese oficio o actividad lícita. Estos derechos solo pueden ser limitados por los derechos de los demás y el orden jurídico (artículo 16 de la Carta).
Por lo anterior, en concepto del demandante, el medio elegido sacrifica en exceso la libertad personal o libre desarrollo de la personalidad de los miembros de los organismos directivos, administradores y de control de los “clubes deportivos, en cuanto basta que “medie investigación disciplinaria o penal y exista pliego de cargos o vinculación formal al respectivo proceso penal”, sin importar si la situación legal del afectado se encuentra debidamente definida mediante decisión judicial en firme, o su equivalente.
Mediante apoderada especial, el Ministerio de Educación Nacional interviene en el proceso y solicita la declaración de exequibilidad del numeral 5 del artículo 39 del Decreto 1228 de 1995. De antemano la interviniente pone de presente que la norma demandada no trata del tema de la demanda “tema que es regulado por el Decreto 1228 de 1995”. En consecuencia no debió ser aceptada por la H. Corte Constitucional”.
De acuerdo con la intervención, el numeral cuestionado establece que se debe solicitar a las autoridades competentes de los organismos deportivos de cualquier nivel, la suspensión temporal cuando medie investigación disciplinaria; esta facultad está otorgada a COLDEPORTES pues no obliga a los organismos deportivos a acogerla, por el contrario, estos pueden hacer un análisis sobre la situación individual del miembro del órgano directivo investigado, con lo cual se garantiza el derecho al debido proceso.
Pone de presente la interviniente, que la suspensión temporal no constituye una sanción, pues es una medida que se contempla en las normas disciplinarias, y que es aplicada en los casos en que existan serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio, facilita la interferencia del presunto autor de la falta en el trámite normal de la investigación, o ante la posibilidad de la continuidad o reiteración de la falta.
En conclusión, la norma acusada no vulnera el derecho al trabajo, ni mucho menos el libre desarrollo de la personalidad, porque no está limitando al investigado de la actividad, sino que establece un procedimiento en materia disciplinaria o penal, con el fin de que no se vea obstaculizada la investigación adelantada en su contra.
2. Intervención del Instituto Colombiano del Deporte -Coldeportes-.
Con el fin de rendir el concepto de rigor, el Ministerio Público formula el problema jurídico que suscita el presente proceso, en los siguientes términos: “establecer si es inconstitucional, facultar al Director del Instituto Colombiano del Deporte, COLDEPORTES y a las autoridades en las cuales se delegue la función sancionatoria, la posibilidad de solicitar a las autoridades competentes de los organismos directivos de cualquier nivel, la suspensión temporal de los miembros de los órganos directivos, administradores y de control, contra quienes existe pliego de cargos dentro de un proceso disciplinario o su vinculación formal en una investigación penal”.
Con el fin de resolver el problema jurídico así planteado, el concepto fiscal se ocupa en determinar la naturaleza jurídica de la medida cautelar de suspensión temporal, tomando como referencia el proceso disciplinario “al que aludía la Ley 200 de 1995 y la Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario vigente actualmente.”
Al respecto recuerda que esta Corporación ha determinado, que la suspensión provisional, “es una medida de prudencia disciplinaria que tiende a proteger el interés general”, por lo cual es perfectamente razonable que el legislador la establezca en procesos disciplinarios. Así mismo recuerda, que la suspensión del cargo es reglada, es decir, solo debe operar en los casos expresamente señalados por el legislador, pese a que en la procedencia de ésta el funcionario pueda actuar en forma discrecional al decir si ordena o no la medida. De otra parte, el concepto fiscal, con apoyo en la sentencia C-004 de 1996, señala que la medida de suspensión temporal de un cargo no se opone al principio constitucional de presunción de inocencia.
En consecuencia, la vista fiscal solicita la inexequibilidad de la disposición acusada pues a su juicio “la falta de reglamentación de la suspensión temporal prevista en él, constituye una omisión legislativa relativa, que vulnera de forma manifiesta el principio al debido proceso, consagrado en el articulo 29 supralegal”.
Si bien el actor reconoce que mediante la norma acusada el legislador, al prever que el Instituto Colombiano del Deporte -COLDEPORTES- puede solicitar a las autoridades competentes de los organismos deportivos la suspensión temporal de los miembros de los organismos directivos, administrativos y de control, cuando medie investigación disciplinaria o penal, y exista pliego de cargos o vinculación formal al respectivo proceso penal, busca una finalidad legitima -proteger la organización y funcionamiento de las organizaciones deportivas-, mediante medios idóneos y necesarios, considera que dichos medios son absolutamente desproporcionados. Así, afirma, que el medio utilizado -la suspensión temporal de los directivos, administradores y funcionarios de control en el ejercicio del cargo- sacrifica en exceso la libertad personal o libre desarrollo de la personalidad de los afectados, en cuanto basta que medie investigación disciplinaria o penal, sin importar si la situación de éstos se encuentra debidamente definida mediante decisión judicial en firme o su equivalente, y que desde la perspectiva de la presunción de inocencia, el hecho de que curse una investigación penal o disciplinaria no es por sí mismo demostrativo de la “inmoralidad social” o poca transparencia del investigado.
“Que al analizar la demanda presentada por el Señor Alejandro De Castro González se observa que el texto transcrito por el actor – en el acápite de la demanda- no corresponde a lo establecido en el decreto 1229 de 1995 sino a lo dispuesto en el inciso 5° del artículo 39 del decreto 1228 de 1995 y en ese sentido debe entenderse su admisión”.
4.1 El numeral 5° del artículo 39 del Decreto 1228 de 1995, “Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la ley 181 de 1995”, disposición acusada dentro del presente proceso, forma parte del titulo IV del Decreto que se refiere de manera precisa a “inspección y vigilancia y control” sobre los organismos deportivos.
La Ley 181 de 1995 “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte”, regula, como su título insinúa, lo relativo a la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar, los principios fundamentales a los que debe sujetarse la actividad deportiva y la organización de la misma en los diferentes niveles.
En ese orden de ideas, la ley establece el Sistema Nacional del Deporte como “conjunto de organismos articulados entre sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física”, (Art. 46). Así mismo señala los objetivos de dicho Sistema Nacional del Deporte, entre ellos el de “organizar y establecer las modalidades y formas de participación comunitaria en el fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre que aseguren la vigencia de los principios de participación ciudadana” (Art. 48 numeral 2).
4.2. En el título VII “Organismos del Sistema Nacional del Deporte”, la Ley 181 de 1995 prevé las funciones que corresponden a los diferentes organismos y entidades integrados en el Sistema Nacional del Deporte.
En desarrollo de ese enunciado normativo, la ley señala que el Instituto Colombiano del Deporte -Coldeportes- es el máximo organismo planificador, rector, director y coordinador del Sistema Nacional del Deporte y director del deporte formativo y comunitario. Entre las funciones que corresponden a esta entidad, de conformidad con el artículo 63 de la ley, cabe destacar para efectos de los análisis que posteriormente adelantará la Corte los siguientes: Coordinar el Sistema Nacional del Deporte para el cumplimiento de los objetivos (numeral 3); promover y regular la participación del sector privado asociado o no en las diferentes disciplinas deportivas, recreativas, de aprovechamiento del tiempo libre y de educación física (numeral 4); elaborar de conformidad con la ley orgánica respectiva y con base en los planes municipales y departamentales el plan sectorial para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo que garantice el fomento y la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en concordancia con el Plan Nacional de Educación regulado por la Ley 115 de 1994 (numeral 6); ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte por delegación del Presidente de la República y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 49 de 1993 “y de la presente ley sin perjuicio de lo que sobre el tema compete a otras entidades” (numeral 8); celebrar convenios o contratos con las diferentes entidades de los sectores públicos o privados, nacionales o extranjeros, para el desarrollo de su objeto bien sea del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física de acuerdo con las normas legales vigentes (numeral 10).
4.5. En el Capítulo V del título I del Decreto, como normas comunes a los organismos deportivos se prevé el reconocimiento deportivo, “que será otorgado, revocado, suspendido o renovado, según el caso por Coldeportes y los alcaldes a través de los entes deportivos municipales del Sistema Nacional del Deporte” (art. 18).
Este reconocimiento deportivo se concederá por el termino de dos (2) años y para su otorgamiento se requiere “acreditar entre otros requisitos, el cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Ley 181 de 1995 y del presente Decreto”. También se prevé lo relativo a la cancelación del reconocimiento deportivo y al efecto se dispone que Coldeportes y los entes deportivos, suspenderán o revocarán el reconocimiento deportivo de los organismos deportivos cuando estos incumplan las normas legales o estatutarias que los regulan y según la gravedad de la infracción (art. 19).
Finalmente la ley en este capítulo dispone sobre las competencias para el otorgamiento de la personería jurídica de los organismos deportivos y prevé que “los clubes deportivos y promotores del nivel municipal solo están obligados a obtener personerías jurídicas y organizarse como corporaciones deportivas, para acceder a recursos públicos y en los demás eventos que expresamente la ley determine. Coldeportes otorgará la personería jurídica de los clubes con deportistas profesionales organizados como corporaciones o asociaciones” (art. 24).
Al respecto, se señala que por delegación del Presidente de la República el Instituto Colombiano del Deporte -Coldeportes-, debe ser llamado a ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control de los organismos deportivos y demás entidades del Sistema Nacional del Deporte, “de acuerdo con las competencias que le otorga el presente Decreto, y con sujeción a lo dispuesto sobre el particular en la Ley 181 de 1995 y demás disposiciones legales”.
En este capítulo el Decreto precisa quiénes son sujetos de las funciones de inspección vigilancia y control y el ámbito de dicha actividad. Así mismo señala que la inspección, vigilancia y control se ejercerá “Sobre los organismos deportivos, clubes deportivos profesionales que conforman el Sistema Nacional del Deporte en el nivel nacional y departamental, así como los entes deportivos departamentales, del Distrito Capital, distritales y municipales, para verificar que se ajusten en su formación y funcionamiento y en el cumplimiento de su objeto a las previsiones legales y estatutarias y en especial a las disposiciones que reglamentan el desarrollo del Sistema Nacional del Deporte y el Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física” (art. 36 numeral 1°). Sobre las instituciones de educación públicas y privadas, pero solo en relación con el cumplimiento de las obligaciones de la Ley 181 de 1995, les impone (numeral 2). Sobre las Cajas de Compensación Familiar y demás organismos integrantes del Sistema Nacional del Deporte, pertenecientes a otros sectores económicos y sociales y solo en los aspectos que se relacionen directamente con el desarrollo de las actividades a su cargo relativas al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el tiempo libre, respetando sus objetivos, régimen legal sistema financiero y autonomía administrativa. (numeral 3).
En el marco de las funciones de inspección y vigilancia se prevé que el director de Coldeportes “tendrá las siguientes atribuciones sobre los organismos que conforman el Sistema Nacional del Deporte”. Entre esas funciones cabe destacar las siguientes: Otorgar, suspender y revocar la personería jurídica; otorgar, suspender, revocar y renovar el reconocimiento deportivo; aprobar sus estatutos, reformas y reglamentos; verificar que cumplan las disposiciones legales y estatutarias y que sus actividades estén dentro de su objeto social; resolver las impugnaciones de los actos y decisiones de los órganos de dirección y administración en los términos del Código Contencioso Administrativo; verificar que los entes deportivos departamentales, distritales y municipales den cumplimiento a los compromisos a su cargo, en relación con la participación en el diseño ejecución y cumplimiento del Plan Nacional del Deporte, la recreación y la educación física; y velar por la adecuada aplicación de los recursos que del presupuesto del Sistema Nacional del Deporte y demás rentas nacionales, se destinen a los organismos deportivos y a los entes deportivos departamentales, municipales y distritales (art. 6).
Se establece igualmente que en ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control el Director del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, y las autoridades en las cuales se delegue esta función, previo el correspondiente proceso, podrán imponer a los organismos deportivos y a los miembros de sus órganos de administración y control, las sanciones de amonestación pública, multa hasta por cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, suspensión o cancelación de la personería jurídica, suspensión o revocatoria del reconocimiento deportivo. Todo lo anterior, señala el artículo 38, “sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades disciplinarias, administrativas, civiles o penales respectivas, las acciones u omisiones que por su competencia les corresponda adelantar, que se deriven de los hechos investigados”.
En efecto, en el texto del artículo 52, tal como fue aprobado por la Asamblea Constitucional se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre y el deber del Estado de fomentar estas actividades y de inspeccionar las organizaciones deportivas “cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”.
Así las cosas, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre constituyen derechos para que el individuo desarrolle su vida dignamente de acuerdo con sus expectativas y decisiones y le abren espacios vitales al ser humano frente al Estado y a los particulares[1].
Así mismo, en la medida en que las actividades deportivas y recreativas comportan usualmente derechos y deberes comunitarios que implica la observancia de normas mínimas de conducta deben ser objeto de intervención del Estado por cuanto el Estado no solo debe fomentar su ejercicio, sino porque la sociedad tiene un legítimo interés en que tal práctica se lleve a cabo de conformidad con los principios legales, de manera que con ella se alcancen objetivos educadores y socializadores [2].
Entonces, la relación Estado – Persona, en el ámbito de las actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, tiene como eje central la consideración de ser su ejercicio “un derecho de todas las personas”, que al propio tiempo ostenta la función de formarlas integralmente y preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano[3]. Y la relación Estado - Organizaciones Deportivas y Recreativas, se desenvuelve en torno de, por una parte, las acciones de fomento y, por otra, de la inspección vigilancia y control, habida cuenta del papel que estas organizaciones están llamadas a cumplir en la sociedad como medios eficaces para la realización de los fines sociales y de los derechos constitucionales de las personas.
5.2. Como se explicó atrás -al exponer el panorama normativo sobre la acción de la sociedad y del Estado en el ámbito del deporte y los medios institucionales a través de los cuales ella se encauza dentro del marco constitucional-, los desarrollos legales correspondientes se plasman actualmente en la Ley 181 de 1995 y en el Decreto 1228 del mismo año. En estos ordenamientos se señalan precisamente, de una parte, el cauce de las actividades de fomento, y los recursos económicos destinados al efecto, comprendidos, a partir del Acto Legislativo 02 de 2000, en el concepto de gasto social del estado[4] y, de otra, el régimen de la inspección, vigilancia y control, sobre las organizaciones privadas que gestionan el deporte asociado; este régimen definido en la Ley 181 y en el Decreto 1228 desde 1995, en los términos atrás analizados, adquirió un más fuerte sustento con la expedición del Acto Legislativo mencionado, que según se expresó, complementó la inspección inicialmente mencionada en la norma constitucional, con la vigilancia y el control.
En ese orden de ideas, la ley al regular ya sea la inspección o la vigilancia, o el control o todas estas modalidades de intervención, en cada caso, deberá determinar sus objetivos los cuales se habrán de encaminar a resguardar el cumplimiento de las actividades a cargo de una determinada entidad, de acuerdo con los fines propios de ésta, por cuanto el cumplimiento de los mismos interesa a la sociedad en su conjunto[5]. Igualmente deberá el legislador precisar los medios a través de los cuales ha de realizarse la intervención, esto es, las atribuciones de vigilancia, inspección y control.
Por lo demás, en el análisis de la intervención del Estado mediante la inspección, la vigilancia y el control, habrá de considerarse que estos mecanismos hallan sus límites en la necesidad de asegurar el cumplimiento de los fines de la entidad (principio de especialidad) y en la autonomía que le sea propia, conforme a sus características institucionales y régimen aplicable[6].
En armonía con lo anteriormente expuesto, para el caso sometido a la decisión de la Corte, cabe puntualizar que la inspección, vigilancia y control, con las finalidades constitucionales expresadas, deben considerar y preservar la autonomía de las organizaciones deportivas, pero que dicha autonomía institucional no puede erigirse en obstáculo para la protección y realización de los derechos fundamentales de quienes ejercitan el deporte, sino por el contrario, en instrumento especialmente eficaz de protección y realización de aquellos, como reiteradamente ha puesto de presente esta Corporación [7].
6.1. No obstante, de manera previa, debe la Corte ocuparse de analizar el planteamiento formulado por el Señor Procurador en su concepto, cuando señala que si bien es cierto, que la medida de suspensión del cargo prevista en la norma acusada es constitucional, en cuanto a su finalidad (garantizar la buena marcha y la continuidad de la función pública sin que con ello se afecte el empleo ni se atente contra la honra ni el derecho a la libertad ni el debido proceso del investigado), es también cierto, a su juicio, que la medida establecida por la norma demandada adolece de falta de reglamentación pues no “contempla la posibilidad de que en caso de resultar absuelto el funcionario, este sea reintegrado al servicio y se le reconozca lo dejado de percibir durante el tiempo de duración de la medida en estudio así como el término de ésta”.
Ahora bien, en ese orden de ideas es lo cierto, que a juicio de la Corte, sí se cumplen los requisitos de precisión que echa de menos el Señor Procurador. En efecto, el decreto 1228 de 1995 (título V conforme se analizó) en consonancia con las disposiciones constitucionales (Artículo 52) prevé que: i) los titulares de tales instrumentos de intervención son el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes y las otras entidades en las cuales se delegue la función; ii) que la solicitud debe hacerse ante “las autoridades competentes de los organismos deportivos de cualquier nivel”; iii) la suspensión es temporal, lo que debe entenderse referido al tiempo en que dure la investigación disciplinaria o penal correspondiente. En fin puede agregarse que la mencionada suspensión en el contexto normativo donde está llamada a operar, habida cuenta de las características y efectos ya analizados, no configura una sanción ni una medida cautelar.
6.2.1. Debe considerar la Corte que la medida de solicitar la suspensión temporal de los miembros de los órganos directivos, administradores y de control, se fundamenta en la necesidad de asegurar el correcto funcionamiento de esos órganos, dentro de una determinada organización deportiva sujeta a inspección y vigilancia y control por parte del Estado. Medida de intervención, que como ya se expresó atrás, no solo busca el funcionamiento correcto de una determinada organización deportiva sino ante todo, garantizar a través de ella la efectividad de derechos constitucionales de las personas, que como lo ha señalado esta Corte, ostentan la calidad de derechos fundamentales. Al fin y al cabo “los organismos del sector asociado” se prevén y deben establecerse, organizarse y funcionar para asegurar el derecho de “todos” a la practica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
Es cierto, como lo afirma el demandante, que en tales casos no ha mediado una decisión sobre responsabilidad disciplinaria o penal. Pero teniendo en cuenta las finalidades de protección y garantía de los derechos a la salud, a la educación de los niños y jóvenes practicantes y cercanos a las actividades deportivas, a juicio de la Corte, la medida prevista en la norma acusada no resulta manifiestamente desproporcionada, bien entendido es que la autoridad de inspección, vigilancia y control no está llamada a adoptarla directamente -supuesto que desconocería la condición jurídica del organismo deportivo-, sino tan solo la “solicita,” cuando se dan las circunstancias objetivas que menciona la norma, quedando al organismo deportivo competente el estudio y decisión sobre ella. Y naturalmente que en el procedimiento correspondiente deben observarse todos los principios y reglas constitucionales pertinentes; al efecto, el artículo 20 del Decreto 1228 de 1995 dispone que los actos que se expidan en ejercicio de las atribuciones de inspección, vigilancia y control de los organismos deportivos deben ser motivados y están sujetos al procedimiento y recursos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
Establecido que la finalidad perseguida con la medida prevista es constitucionalmente loable (útil y necesaria, según reconoce el demandante) y que con ella no se afecta la autonomía constitucionalmente protegida de los organismos deportivos del sector asociado (pues la decisión de suspensión corresponde a ellos y no les es impuesta por el titular de las funciones de inspección, vigilancia y control), es necesario determinar si la circunstancia de que la ley autorice la formulación de la suspensión, cuando medie la existencia de la investigación disciplinaria o penal, siempre y cuando exista pliego de cargos en el proceso disciplinario, o vinculación formal en el proceso penal, resulta violatoria de los derechos invocados por el demandante, estos son el derecho a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo, vale decir a elegir precisamente oficio o actividad lícita como resulta ser la de actuar como “miembro de los órganos directivos, administradores y de control” de los organismos deportivos de cualquier nivel.
En cuanto a la afectación de la regla conforme a la cual “toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”, es claro que la medida prevista en la disposición acusada no tiene la incidencia que pretende proyectar el actor, por cuanto la solicitud de suspensión en el cargo por parte de la autoridad titular de la inspección y vigilancia, no tiene carácter sancionatorio ni comporta un juicio sobre la conducta de la persona, sino la constatación de un hecho objetivo, que puede llegar a afectar el buen funcionamiento del organismo deportivo, el cual, habida cuenta de los altos interés sociales confiados, según se expresó, ha merecido la especial protección del ordenamiento jurídico.
[1] Como se enfatiza en la ponencia para primer debate al Proyecto de Acto legislativo número 158 de 1999 Cámara 16 de 1999, Senado “Por el cual se modifica el artículo 52 de la Constitución Política”, presentada por el Senador Luis Alfonso Gómez Gallo- Gaceta del Congreso miércoles 7 de junio de 2000, página 5.
[2] Ibidem página 5. No solo en esta ponencia, sino en las ponencias elaboradas en la Cámara de Representantes, tanto en primera como en segunda vuelta, se hace énfasis en la necesidad de que en relación con las organizaciones deportivas y recreacionales, el Estado ostente no solo potestades de inspección sino también de vigilancia y control “en procura de desarrollar los postulados de interés común y las responsabilidades públicas llamadas a intervenir dentro de los parámetros constitucionales garantizando normas mínimas de convivencia” (gaceta del Congreso No. 148 jueves 18 de mayo de 2000 ponencia de los representantes Joaquín Vives Pérez, William Vélez Mesa, Gustavo Ramos Arjona y Rafael Flechas Díaz).
[3] Esta Corporación aún antes de la expedición del Acto legislativo 02 de 2000 ya había señalado en torno del derecho al deporte y a la recreación que “no obstante estar ubicado en el marco de los derechos sociales, económicos y culturales adquiere el carácter de fundamental por su estrecha conexidad con otros derechos que ostentan ese rango”. Sentencia T- 410 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[4] Al respecto, cabe señalar en este punto que una de las motivaciones que se expresan en las ponencias sustentatorias de la modificación constitucional contenida en el acto legislativo es la declaratoria de inconstitucionalidad del articulo 75 de la Ley 181 de 1995 que establecía destinación especifica del producto del IVA para ciertas actividades de apoyo al deporte. En efecto la Corte, en su sentencia C- 317 de 1998 encontró que esa destinación no podía ordenarse por ley ordinaria. El Congreso al estudiar el proyecto de acto legislativo optó por definir el punto mediante el acto legislativo y no dejarlo a la ley orgánica, con el fin de poner esa destinación al resguardo directo de un texto superior.
[5] Sentencias C- 1190 de 2000 y C-008 de 2001.
[6] Ver entre otras sentencia C-008 de 2001.
[7] Sentencia T- 302 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero. En la Sentencia C-226 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, a propósito del ámbito de la autonomía de los organismos deportivos se puntualizó: “El reconocimiento de derechos fundamentales a las personas, introduce límites a la expansión del poder público. Algunos derechos fundamentales se realizan merced al concurso de organizaciones colectivas -como es el caso de las "organizaciones deportivas"-, de suerte que se torna indispensable reconocer un reducto mínimo de autonomía a éstas, si no se quiere coartar el despliegue de las propias autonomías individuales constitucionalmente reconocidas. Por esta razón, la exigencia de un margen mínimo de autonomía, también debe reivindicarse en favor de ciertos colectivos cuyo funcionamiento independiente tiene relevancia directa para el ejercicio de los derechos fundamentales de sus miembros. Lo que la Corte sí enfatiza, a propósito de agrupaciones del tipo examinado, es que la ley no debe desvirtuar, hasta anular, su potencial de autonomía social o comunitaria, la cual de reducirse más allá de una cierta medida, podría restarles toda eficacia, utilidad y fisonomía propia.”.