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Timestamp: 2018-10-20 19:45:08
Document Index: 150734420

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 5', 'artículo 305', 'artículo 87', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 3']

﻿ Sentencia 2005-05124 de marzo 22 de 2013
SENTENCIA 2005-05124 DE 22 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:LOS APORTES EFECTUADOS POR LA EMPRESA A LOS TRABAJADORES POR MEDIO DEL FONDO DE EMPLEADOS, SON UN GASTO DEDUCIBLE. LOS APORTES HECHOS AL FONDO DE EMPLEADOS AUTORIZADOS COMO ESTRATEGIA CORPORATIVA, CONSTITUYEN UN INCENTIVO A LOS TRABAJADORES, POR LO TANTO LAS EROGACIONES POR ESTE CONCEPTO SON DEDUCIBLES, EN CUANTO CUMPLAN LOS REQUISITOS LEGALES, PUESTO QUE TIENEN ORIGEN EN LA RELACIÓN LABORAL Y CON ELLAS, LA EMPRESA BUSCA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y ASÍ MISMO SUS INGRESOS. ASÍ, EXISTE RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL GASTO Y LA ACTIVIDAD PRODUCTORA DE RENTA, ES NECESARIO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS INGRESOS Y ES UNA PRÁCTICA NORMAL EN LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA EL CONTRIBUYENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEDUCCIÓN TRIBUTARIA, FONDO DE EMPLEADOS, DEDUCCIÓN POR PAGO LABORAL, GASTOS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:499 DE JULIO DE 2013, PG.1212
Sentencia 2005-05124 de marzo 22 de 2013
Rad.: 050012331000200505124 01 (19002)
Actor: Prebel S.A. (NIT 890.905.032-1)
Renta - 2002
En el caso, se discute la legalidad de la liquidación oficial renta sociedades - revisión 110642004000183 del 15 de diciembre de 2004, por la cual la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta del 2002 presentada por la sociedad actora.
En primer lugar, se precisa que el tribunal declaró la nulidad parcial del acto demandado al aceptar como deducibles los aportes al fondo de empleados y el castigo de cartera y estimó ajustado a derecho el desconocimiento de la deducción de los intereses moratorios pagados a la DIAN.
Aunque la decisión fue parcialmente favorable a las pretensiones de la demandante, esta no apeló, ni se adhirió al recurso formulado por la demandada, por lo que la Sala entiende que la aceptó sin objeciones, por esta razón, la Sala revisará la providencia solo en los puntos que fueron objeto de cuestionamiento por la recurrente.
En los términos del recurso de apelación, la Sala determinará si los pagos por concepto de aportes al fondo de empleados y las obligaciones “castigadas”, reúnen las condiciones previstas en la ley y los reglamentos para aceptarlas como deducciones.
Tratándose de deducciones en renta, el artículo 107 del estatuto tributario establece una regla general, según la cual: “Son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad”. Precisa, además, que “La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes”.
La norma establece como presupuestos esenciales para que los gastos sean deducibles que, entre estos y la actividad productora de renta exista relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Sobre tales requisitos, la Sala reitera(6) el alcance fijado de cada expresión, en oportunidades anteriores, así:
“La relación de causalidad significa que los gastos, erogaciones o simplemente salida de recursos deben guardar una relación causal con la actividad u ocupación que le genera la renta al contribuyente. Esa relación, vínculo o correspondencia debe establecerse entre la expensa (costo o gasto) y la actividad que desarrolla el objeto social (principal o secundario) pero que en todo caso le produce renta, de manera que sin aquella no es posible obtener esta, que en términos de otras áreas del derecho se conoce como nexo causal o relación causa-efecto.
“Por otro lado, la proporcionalidad de las expensas, es decir la magnitud que aquellas representen dentro del total de la renta bruta (utilidad bruta) deberá medirse y analizarse en cada caso de conformidad con la actividad lucrativa que se lleve a cabo, conforme con la costumbre comercial(7) para ese sector, de manera que la rigidez normativa cederá ante los gastos reiterados, uniformes y comunes que se realicen, sin perjuicio de la causalidad y necesidad que también deben cumplir.
“... Es claro y determinante el texto del artículo 107 del estatuto tributario, al establecer que para que las expensas sean deducibles se requiere que el gasto sea ‘necesario’ o sea, el normal para producir o facilitar la generación de la renta por parte de la actividad generadora de la misma, y lo acostumbrado en la correspondiente actividad empresarial, vale decir, proporcional de acuerdo a la actividad, y que exista una ‘relación de causalidad’ la cual está referida al vínculo que debe existir entre la actividad productora de renta y el motivo de las expensas...”(8).
Bajo el anterior marco normativo y jurisprudencial se revisará si los aportes que la empresa realizó al fondo de empleados, reúnen los requisitos exigidos para aceptarlos como deducibles.
Los aportes al fondo de empleados, objeto de cuestionamiento, tienen origen en la autorización dada por la junta directiva de Prebel en la reunión del 14 de febrero de 2001. Según el acta 104 de esa sesión, los miembros asistentes aprobaron, por unanimidad, el aporte mensual a los empleados vinculados a la empresa a término indefinido y asociados a Fonprebel, el fondo de empleados de la sociedad, en los siguientes términos:
“Dicho aporte por instrucciones del empleado se consignará en Fonprebel mensualmente, en cabeza de cada trabajador, y será el equivalente i) al 50% del valor ahorrado por concepto de aporte social por cada empleado, y con un límite de $ 15.000 mensuales, y ii) al 100% del valor ahorrado por concepto de ahorro especial por cada empleado, y con un límite de $ 40.000 mensuales. Este incentivo no constituirá salario ni se computará para la liquidación de prestaciones sociales (pues así se acordará expresamente con cada empleado)”(9).
De lo anterior se advierte que el aporte fue autorizado como un incentivo para los trabajadores que tengan carácter permanente en la empresa y sean afiliados al fondo de empleados, constituyéndose en un pago indirecto mensual a favor de aquellos que cumplan tales condiciones.
Según el certificado de existencia y representación legal de la actora, la actividad económica que desarrolla es: “la elaboración de preparaciones cosméticas, productos de belleza, lociones, perfumes, cremas, polvos, jabones, desodorantes y demás artículos relacionados con el arte cosmético para usos femenino y masculino; (...)”.
En la industria cosmética, la mano de obra es indispensable en las distintas etapas del ciclo productivo, la distribución y venta de los productos elaborados, por ende, en la producción de los ingresos.
Dado que los aportes en cuestión fueron autorizados como estrategia corporativa, según lo afirmó la demandante, y constituyen un incentivo(10) a los trabajadores, las erogaciones por este concepto son deducibles, dado que cumplen los requisitos legales, puesto que tienen origen en la relación laboral y con ellas, la empresa busca mejorar el rendimiento de los trabajadores para incrementar la producción y así mismo sus ingresos. Así, existe relación de causalidad entre el gasto y la actividad productora de renta, es necesario para la obtención de los ingresos y es una práctica normal en la actividad que desarrolla la contribuyente.
La Sala reitera que los aportes efectuados por la empresa a los trabajadores, por intermedio del fondo de empleados, son un gasto deducible, de carácter laboral, que tiene nexo causal con la actividad productora de renta, puesto que, la fuerza laboral es elemento indispensable para obtener los ingresos, por lo que se trata de un gasto necesario y acostumbrado en la actividad productora de la renta. En esa oportunidad la Sala señaló(11):
“Conforme lo previsto en el artículo 5º del Decreto Reglamentario 3750 de 1986, concordante con el artículo 305 del estatuto tributario, ‘... constituyen pagos indirectos hechos al trabajador, los pagos que efectúe el patrono a terceras personas, por la prestación de servicios o adquisición de bienes destinados al trabajador...’; definición que permite confirmar el carácter laboral de los pagos hechos por la empresa a sus trabajadores a través del fondo de empleados, pues en esencia, tales pagos constituyen una retribución adicional para el trabajador.
“El carácter laboral del gasto, permite igualmente afirmar que existe un nexo causal frente a la actividad productora de renta, puesto que la fuerza laboral constituye, sin duda, un elemento indispensable en la producción de la renta, y por la misma razón, resulta necesario el gasto, para la obtención efectiva del ingreso, en cuanto incide de manera directa en la productividad de la empresa.
“De igual forma, el concepto del gasto ‘pagos laborales’, indica que es el normalmente acostumbrado en la actividad productora de renta, es decir que su determinación con criterio comercial, atiende a la necesidad de vincular trabajadores al proceso productivo, como es en el caso de la actora, la fabricación y venta de cosméticos y productos de tocador”.
La demandada al apelar insistió en que no son gastos deducibles porque la contribuyente no acreditó la respectiva retención en la fuente.
En la liquidación acusada fue desconocida esta deducción porque “el contribuyente no comprobó (...) (que) haya efectuado la respectiva retención en la fuente por concepto de ingresos laborales en cabeza del beneficiarios (sic) de los pagos por bonificaciones con destino a Fonprebel (...) requisito exigido por el artículo 87-1 del estatuto tributario el cual fue adicionado por la Ley 788 de 2002...”(12).
La Sala advierte que, tratándose del impuesto de renta del 2002, tal requisito no era exigible, pues, como la misma administración lo aceptó al contestar la demanda, tal exigencia no era procedente, pues “no era afortunado señalarle como aplicable a su caso una disposición contenida en la Ley 788 de 2002, dado que la misma solo era aplicable a partir del año gravable 2003”(13).
En resumen, los aportes al fondo de empleados efectuados por la actora, en el período discutido, cumplen las condiciones legales para tenerlos como deducibles.
En cuanto a la deducción por la “cartera castigada”, la apelante sostiene que no es procedente, puesto que no reúne los requisitos exigidos en el ordenamiento legal.
Es preciso señalar que en el requerimiento especial, la administración propuso el desconocimiento de esta deducción “por no haberse agotado todos los pasos necesarios con base a una sana práctica comercial como se muestra en los informes expedidos por la empresa encargada de realizar los cobros en las cuales no existen veredictos definitivos que informen sobre la insolvencia real de las personas y empresas y de la imposibilidad de realizar el cobro de la cartera”(14).
Luego, en la liquidación oficial de revisión indicó que “las pruebas aportadas por el contribuyente”, para desvirtuar el cargo anterior, “no permiten verificar su realidad, toda vez que no fueron aportados los documentos que comprueben las acciones adelantadas por el departamento jurídico quien determinó castigar las diferentes cuentas por cobrar, calificándolas de irrecuperables, solo se limita a enviar, sin ninguna comprobación, oficios firmados por el jefe del departamento jurídico y del resumen del procedimiento utilizado por la empresa para el desarrollo de los cobros”(15).
El estatuto tributario contempla la deducción por deudas manifiestamente perdidas o sin valor, en el artículo 146, cuyo texto dice:
“Deducción por deudas manifiestamente pérdidas o sin valor. Son deducibles para los contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación, las deudas manifiestamente perdidas o sin valor que se hayan descargado durante el año o período gravable, siempre que se demuestre la realidad de la deuda, se justifique su descargo y se pruebe que se ha originado en operaciones productoras de renta. Cuando se establezca que una deuda es cobrable solo en parte, puede aceptarse la cantidad correspondiente a la parte no cobrable. Cuando los contribuyentes no lleven la contabilidad indicada, tienen derecho a esta deducción conservando el documento concerniente a la deuda con constancia de su anulación.
Al tenor de la disposición, los contribuyentes que lleven la contabilidad por el sistema de causación podrán deducir de la renta las “deudas manifiestamente perdidas o sin valor” que hayan descargado en el período gravable, siempre y cuando: i) prueben la realidad de la deuda, ii) justifiquen el descargo y, iii) prueben que la misma tuvo origen en operaciones productoras de la renta.
El Gobierno Nacional reglamentó esta deducción mediante el Decreto 187 de 1975, en el que dispuso:
“ART. 79.—Se entiende por deudas manifiestamente pérdidas o sin valor aquellas cuyo cobro no es posible hacer efectivo por insolvencia de los deudores y de los fiadores, por falta de garantías reales o por cualquier otra causa que permita considerarlas como actualmente perdidas, de acuerdo con una sana práctica comercial.
Según el reglamento “las deudas manifiestamente perdidas o sin valor” son aquellas cuyo cobro no es posible hacer efectivo por insolvencia de los deudores y de los fiadores, por falta de garantías reales o por cualquier otra causa que permita considerarlas como actualmente perdidas, de acuerdo con una sana práctica comercial. Y, establece como requisitos para la procedencia de esta deducción que el contribuyente acredite: i) que la obligación fue contraída con justa causa y a título oneroso, ii) que la tuvo en cuenta al determinar la renta en períodos anteriores, iii) que la descargó en el período y cuáles fueron las cuentas afectadas, iv) que existía al momento de descargarla y v) las razones que justifican que se trata de deuda manifiestamente perdida o sin valor.
La administración desconoció la deducción por valor de $ 154.690.000, partida conformada por las siguientes obligaciones:
NIT Nombre del cliente Valor $
32.317.502 Villegas Bustamante María Teresa [Distribuciones Aloma] 16.584.688
41.647.752 Mosquera de Díaz Clara E. [Representaciones M.V. Ltda.] 49.500.699
17.843.759 Cáceres Melgarejo Alirio [Distribuidora mis cosméticos] 36.696.654
890.320.102 Distribuidora Las Américas 22.130.053
800.171.348 Waked Internacional de Colombia 29.778.000
Desde el requerimiento especial, la administración no aceptó la deducción “por no haberse agotado todos los pasos necesarios con base a una sana práctica comercial como se muestra en los informes expedidos por la empresa encargada de realizar los cobros en los cuales no existen veredictos definitivos que informen sobre la insolvencia real de las personas y empresas y de la imposibilidad de realizar el cobro de la cartera”.
Por su parte, la contribuyente ha insistido en que, adelantó un “procedimiento comercial riguroso”, el cual resumió así:
“a) Luego de efectuarse algún negocio generador de renta, los vendedores (...) son los primeros encargados de motivar el cobro de la cartera que está sufriendo algún deterioro (...).
“b) Una vez agotada esta primera etapa, y si la situación de morosidad persiste, nuestro departamento de cartera es el encargado de implementar todos los procedimientos necesarios y suficientes para logar los pagos de las deudas insolutas; y
“c) De ser infructuosa la etapa anterior, (...) la compañía se encarga de contratar, dependiendo de la situación, el departamento jurídico de la misma compañía y/o abogados externos y/o empresas de cobranzas que tienen como misión igualmente lograr el cobro judicial y/o extrajudicial de esa cartera en mora”(16).
Luego, afirmó que tales etapas fueron surtidas y que el resultado de esa labor de cobro fue infructuosa, además, que el abogado encargado de la cobranza conceptuó que se trataba de deudas manifiestamente perdidas e irrecuperables, y que, por tales razones aplicó el artículo 146 del estatuto tributario.
Es un hecho acreditado que la actora cuenta con un procedimiento para el cobro de la cartera morosa, el cual consta de tres etapas. La primera, la desarrollan directamente los vendedores de la misma empresa. La segunda, si el incumplimiento persiste, es adelantada por el personal del departamento de cartera de la entidad. Y, la tercera, si la actividad anterior llegara a ser infructuosa, serán el departamento jurídico de la empresa y/o abogados externos y/o empresas de cobranzas los encargados de efectuar el cobro extrajudicial y/o judicial de las obligaciones en mora.
Sin embargo, la Sala debe revisar el material probatorio para determinar si las obligaciones dadas de baja cumplen los requisitos previstos en la normativa para considerarlas deducibles.
Con la demanda fueron aportadas como prueba las “cartas enviadas por el departamento jurídico de Prebel S.A. en las cuales solicita el castigo de cartera durante el año 2002”(17), documentos que había allegado al proceso gubernativo con la respuesta al requerimiento especial.
Revisado el cuaderno principal y el de antecedentes administrativos, se encuentran dos escritos firmados por el “Jefe del departamento jurídico” en los que dice: “Con el objeto de que se castiguen las diferentes cuentas por irrecuperables, me permito especificar en los siguientes clientes”.
El primero, del 3 de abril de 2002, relaciona, entre otros, los siguientes(18):
NIT Nombre cliente Dirección Valor ($)
32.317.502 Villegas Bustamante M. Teresa Desconocida 16.584.688
41.647.752 Mosquera Clara E. Díaz de Cra. 26 Nº 13-83 49.500.699
890.320.102 Distribuciones Las Américas Desconocida 22.130.053
El segundo, del 2 de septiembre de 2002, menciona, entre otros, los siguientes(19):
17.843.759 Alirio Cáceres Melgarejo Desconocida 36.696.654
800.171.348 Waked Internacional de Colombia Calle 50 79-54, interior 4 29.777.925
En los dos documentos anteriores, a continuación de cada lista, se lee:
“Respecto de los anteriores deudores se han presentado circunstancias como las siguientes:
a) Desconocimiento total de la ubicación: el local comercial que poseía el deudor ya no existe, y no se acreditó si se trasladó a algún lugar. Los comentarios normales de la gente vecina es que el deudor ‘se perdió’, y que otras personas de otras empresas lo estaban buscando para cobrarle otras deudas insolutas;
“b) Insolvencia total;
“c) Presentación de la demanda y/o cobro extrajudicial y se han intentado la práctica de varios embargos, en los predios y lugares que según él relacionaba eran de su propiedad, no se han podido hacer efectivos, por no aparecer activos a nombre del deudor;
“d) En otros eventos no se ha logrado la notificación del demandado, habiéndose intentado ya en diferentes ocasiones y lugares;
“e) Además del desconocimiento de la ubicación física del cliente, que es la práctica más frecuente, ha sido usual que el demandado no posea bienes que puedan embargar y la renuencia del cliente a cancelar su crédito.
“Por las anteriores circunstancias y porque muy probablemente continuar el cobro de la anterior cartera puede ser aún más costoso para Prebel S.A., sugiero castigar la misma”.
De estos dos elementos de prueba, la Sala advierte que si bien incluyen las obligaciones aquí cuestionadas, las razones que se exponen como sustento para sugerir que sean castigadas, son generales, para todos los casos incluidos en las dos listas, sin que sea posible establecer cuál o cuáles de las circunstancias que se señalan es la que corresponde a cada uno de los clientes atrás mencionados.
En consecuencia, estos documentos que desde la respuesta al requerimiento especial la actora aportó como prueba de que la cartera castigada correspondía a deudas manifiestamente perdidas o sin valor, la Sala advierte que no son prueba suficiente, pues, no ofrecen certeza de la causa por la cual cada una de las obligaciones que integran la partida glosada es manifiestamente perdida o sin valor, es decir, no muestran en cada caso cuál es la causa por la que el cobro es imposible, si es la insolvencia de los deudores o fiadores, la falta de las garantías reales o cualquiera otra, pero, se repite, frente a cada obligación que integra la partida glosada.
Además, restan valor probatorio a los anteriores documentos, los siguientes que están en el cuaderno de antecedentes:
1. Memorial suscrito por Clara Inés Franco Mesa (abogada)
30 de agosto de 2002 Devolver a la actora documentación de Distribuciones Aloma, así:
i) “las notas crédito originales 34383, 34384, 34439, 34440, 34476, 34510 y 34511. Dichos créditos fuero (sic) descontados de la obligación inicial de este deudor después de un previo acuerdo con ellos” y
ii) las facturas 153940, 153941, 153945, 153967, 154046 y 154047 que le habían sido entregadas el 3 de febrero de 2000 para iniciar el cobro jurídico a Aloma Distribuciones - María Teresa Villegas Bustamante(20).
Además, dice: “En este caso se localizó a la responsable de las distribuciones Aloma y se logró que devolviera parte de la mercancía. Se había comprometido a cancelar mediante abonos pero cerró las distribuciones y cambió de residencia, no habiendo dado resultado alguno el cobro. Por lo anterior recomiendo castigar esta cartera”(21).
Este documento permite establecer que la empresa entregó a la mencionada abogada, en el 2000(22), la documentación para el cobro de las obligaciones adeudadas por María Teresa Villegas Bustamante - Distribuciones Aloma, y hasta agosto del 2002, la devolvió. Hecho del cual surge la falta de certeza de cuál fue el “veredicto” que sirvió de fundamento para castigar la obligación y el momento en que se realizó. Sorprende que esta deuda esté incluida en el escrito del 3 de abril de 2002 del jefe del departamento jurídico y, se indique que su dirección es desconocida.
2. Escritos de “Burgo AC” dirigidos a la jefatura de tesorería y crédito de Prebel con el informe de las gestiones realizadas para el cobro prejurídico y/o jurídico de, entre otros clientes, “Representaciones M.V.” (Clara E. Díaz de Mosquera).
14 de septiembre de 2001 “Hemos agotado todas las posibilidades a nuestro alcance por medio de nuestros asociados, buscando información tanto en Pasto como en Cali y no se ha encontrado al deudor ni tampoco algún bien a su nombre, por lo que en los próximos días devolveremos toda la documentación que nos fue entregada”(23).
29 de noviembre de 2001 “Después de realizar varias investigaciones, nuestra recomendación es iniciar un proceso ejecutivo contra el cliente, porque aunque no se les han encontrado bienes continúan distribuyendo mercancía en la ciudad de Pasto. Otra alternativa es buscar un acuerdo de pago de la deuda, para lo cual estamos proponiendo una reunión para los próximos días con el deudor. Quedamos pendientes de su decisión”(24).
20 de marzo de 2002 “Hemos logrado investigar las cuentas bancarias de este deudor y encontramos que tenía tres en entidades diferentes, pero todas fueron canceladas por el alto volumen de cheques sin fondos que ha emitido. También encontramos que Conavi tiene un proceso jurídico con embargo de una propiedad, sobre la cual queda un remanente de aproximadamente $ 15.000.000, por lo cual les proponemos el inicio del proceso jurídico contra el deudor, apoyados en el remanente de este proceso. Quedamos a la espera de su confirmación para el inicio del mismo”(25).
19 de abril de 2002 “Estamos a la espera de su confirmación para el inicio de un proceso ejecutivo contra el deudor”(26).
23 de mayo de 2002 “Aunque en los informes anteriores indicamos la posibilidad de iniciar un proceso jurídico contra este cliente, debido a que tienen remanentes sobre otro proceso que existe en su contra, revisamos nuevamente la documentación pero encontramos que la facturación se encuentra prescrita, por lo cual se hace necesario iniciar el proceso jurídico con el pagaré firmado en blanco con la carta de instrucciones”(27).
25 de junio de 2002 “Estamos analizando la probabilidad de éxito para el inicio de un proceso jurídico, debido a que existen dudas acerca de la viabilidad del mismo. En los próximos días les estaremos confirmando”(28).
2 de noviembre de 2002 “Estamos analizando la probabilidad de éxito para el inicio de un proceso jurídico, debido a que existen dudas acerca de la viabilidad del mismo. En los próximos días les estaremos confirmando. Adicionalmente y según nuestra conversación de días pasados, estamos buscando un nuevo abogado que maneje el caso directamente desde la ciudad de Pasto, debido a que el que teníamos renunció”(29).
9 de diciembre de 2002 “Estamos analizando la probabilidad de éxito para el inicio de un proceso jurídico, debido a que existen dudas acerca de la viabilidad del mismo. En los próximos días les estaremos confirmando. Adicionalmente y según nuestra conversación de días pasados, estamos buscando un nuevo abogado que maneje el caso directamente desde la ciudad de Pasto, debido a que el que teníamos renunció”(30).
Estos elementos muestran que, la documentación que soporta la obligación a cargo de Clara E. Díaz de Mosquera - Representaciones M.V. Ltda. fue entregada a “Burgo AC”, según se menciona en el escrito del 14 de septiembre de 2001, y que esta empresa adelantó gestiones tendientes a recuperar la deuda. Que al 9 de diciembre de 2002, aún ellos consideraban la posibilidad de éxito de un proceso judicial. Así, no se cuenta con un informe definitivo que permita concluir que se trata de una obligación manifiestamente perdida o sin valor.
3. Escritos de “Burgo AC” dirigidos a la jefatura de tesorería y crédito de Prebel con el informe de las gestiones realizadas para el cobro prejurídico y jurídico de, entre otros clientes, “Distribuidora mis cosméticos”, así:
2 de noviembre de 2002 “Estamos pendientes de la revisión del vehículo que ofreció en dación en pago, para abonar a la deuda y para poder continuar con el cobro del saldo pendiente que ofrece cancelar mediante cuotas. Quedamos pendientes de su información(31).
9 de diciembre de 2002 “Según nuestro informe anterior, continuamos pendientes por parte de ustedes de la revisión del vehículo que ofreció en dación en pago, para abonar a la deuda y para poder continuar con el cobro del saldo pendiente que ofrece cancelar mediante cuotas”(32).
La deuda a cargo de Alirio Cáceres Melgarejo - Distribuidora mis cosméticos, según se infiere de estos dos documentos, fue asignada para su cobro a “Burgo AC” y, según los citados informes, el deudor ofreció pagarla, parte, con un vehículo y, el saldo, en cuotas, de lo cual se colige que no se trata de obligaciones manifiestamente perdidas o sin valor, pues al 9 de diciembre de 2002, la empresa de cobranzas estaba pendiente de la decisión de la sociedad actora para continuar el cobro. Llama la atención que esta obligación, igualmente, esté incluida en el escrito del 2 de septiembre de 2002 del jefe del departamento jurídico y, se indique que, su dirección es desconocida.
4. Escritos de “AS Jurídicas” del 26 de septiembre de 2001(33), 4 de diciembre de 2001(34) y 4 de febrero de 2002(35), mediante los cuales informa a Prebel que las gestiones adelantadas en el proceso liquidatorio, en el que se encuentra Distribuciones Las Américas Ltda.(36), no han sido fáciles pero que este continúa.
Contra lo afirmado por la demandante a lo largo del proceso, está probado en el expediente que la partida correspondiente a “cartera castigada” no reúne los requisitos legales para tenerla como deducible, sin que el hecho de que la empresa pague los servicios jurídicos de un profesional encargado del recaudo de cartera, sea suficiente para aceptarla como lo entendió el tribunal, por lo que se dará prosperidad a este cargo.
A continuación se practica nueva liquidación del impuesto sobre la renta del 2002 para mostrar, la decisión del tribunal que mantuvo el desconocimiento de la deducción por concepto de intereses moratorios, parte no apelada, y lo decidido en esta instancia, esto es, la procedencia de la deducción por concepto de aportes al fondo de empleados y la improcedencia de la deducción solicitada por deudas manifiestamente perdidas o sin valor, la cual quedará así:
Impuesto sobre la renta 2002
Ingresos netos declarados [IG] 41.431.247.000
Menos: total costos [CT] 20.890.542.000
Menos: total deducciones determinados [DT] 22.437.590.000
• Total deducciones declaradas 22.594.693.000
• Total deducciones que se desconocen 157.103.000
— Cartera castigada 154.690.000
— Intereses por mora 2.413.000
Pérdida líquida determinada [RB] 1.896.885.000
• Pérdida líquida declarada 2.053.988.000
• Menos: pérdida líquida a desconocer 157.103.000
Renta presuntiva declarada [RC] 1.514.525.000
Renta líquida gravable 2002 [RE] 1.514.525.000
Impuesto neto de renta [Fu] 527.518.000
Total retenciones declaradas año gravable 2002 [Gr] 1.532.393.000
Menos: saldo a favor año 2001 [Gn] 0
Más: anticipo sobretasa para el año gravable 2003 [oz] 26.376.000
Sanción [vs] 0
Total saldo a favor [HB] 978.499.000
Por las anteriores razones, la Sala confirmará el ordinal primero de la sentencia apelada que declaró la nulidad parcial de la liquidación oficial demandada y modificará el ordinal segundo, en el que, a título de restablecimiento del derecho, se declarará que la liquidación del impuesto sobre la renta del 2002 de la sociedad actora, es la aquí practicada.
1. Modifícase el ordinal Segundo de la sentencia del 20 de mayo de 2011 del Tribunal Administrativo de Antioquia, objeto de apelación, el cual quedará así:
“Segundo: a título de restablecimiento del derecho, téngase como liquidación del impuesto de renta del año gravable 2002, de Prebel S.A, la inserta en la parte motiva de esta providencia, por las razones antes expuestas.
RECONÓCESE personería a la doctora Luz Nelly Urian Suesca como apoderada de la demandada, en los términos del memorial que está a folio 199 del cuaderno principal.
(6) Sentencia de 5 de mayo de 2011, Exp. 17888.
(7) Sobre la costumbre mercantil el artículo 3º del Código de Comercio expresa:
(8) Sentencia del 13 de diciembre de 1995. Expediente 7158. C.P. Delio Gómez Leyva.
(9) Folio 104, c.a.
(10) www.rae.es “Incentivo (...) 2. m. Econ. Estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos”.
(11) Sentencia del 12 de mayo de 2005, Expediente 13614, C.P. Héctor J. Romero Díaz.
(12) Cfr. Folio 36, c.p.
(13) Folio 111, c.p.
(14) Cfr. Folio 162, c.a.
(15) Cfr. Folio 236, c.a.
(16) Cfr. Folios 194, c.a. [respuesta requerimiento especial], 17, c.p. [demanda] y 189, c.p. [alegatos 2ª inst.].
(17) Cfr. Folio 18, c.p.
(18) Folio 109, c.a. y 58, c.p.
(19) Folio 111, c.a. y 62, c.p.
(20) Folio 151, c.a.
(21) V. folio 149, c.a.
(22) V. folio 151, c.a.
(23) Folio 129, c.a.
(24) Folio 127, c.a.
(25) Folio 126, c.a.
(26) Folio 125, c.a.
(27) Folio 124, c.a.
(28) Folio 123, c.a.
(29) Cfr. Folio 121, c.a.
(30) Cfr. Folio 118, c.a.
(31) Cfr. Folio 120, c.a.
(32) Cfr. Folio 117, c.a.
(33) Folio 145, c.a.
(34) Folio 144, c.a.
(35) Folio 143, c.a.
(36) Folio 147, c.a.