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Timestamp: 2020-07-15 09:10:57
Document Index: 309565677

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 350', 'artículo 2', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 33']

﻿ SENTENCIA 2006-03476/46119 DE OCTUBRE 23 DE 2017
SENTENCIA 2006-03476 DE 23 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:CULPA EXCLUSIVA DE QUIEN SIENDO FUNCIONARIO PÚBLICO SE APROVECHÓ DE LAS VENTAJAS QUE SU CARGO LE OTORGABA PARA PERMITIRLE A PERSONAS QUE NO TENÍAN LA CUALIDAD DE FUNCIONARIOS O BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE SALUD, PARA QUE DICHO SERVICIO LES FUERA PRESTADO DE MANERA IRREGULAR. DE LAS INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS REALIZADAS POR EL ENTE ACUSADOR, QUEDÓ PROBADO QUE LA DEMANDANTE, APROVECHÁNDOSE DE SUS LABORES AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN, LE OTORGÓ EL CARNÉ A UN PARTICULAR, PERMITIENDO QUE DISFRUTARA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTABA LA ENTIDAD DE SALUD CUANDO AQUELLA PERSONA NO CONTABA CON LOS REQUISITOS O LA CALIDAD PARA ACCEDER A TALES PRIVILEGIOS. EN ESTE SENTIDO, ES REPROCHABLE QUE PESE A LA EXPERIENCIA LABORAL CON LA QUE CONTABA LA DEMANDANTE EN LA SECCIÓN DE AFILIACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, Y EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, NO ACTUARA BAJO UN ÉTICA PROFESIONAL, SINO ADEMÁS QUE PERMITIERA ACTOS QUE ESTABAN EN CONTRA DE LAS REGULACIONES A LAS QUE COMO FUNCIONARIA DE LA ENTIDAD DEBÍA CEÑIRSE. CON FUNDAMENTO EN DICHAS ACTUACIONES ES QUE SE CONCLUYE QUE LA ACTUACIÓN DE LA VÍCTIMA FUE MUCHO MÁS QUE IMPRUDENTE, Y ES EVIDENTE LA CULPA GRAVE EN QUE INCURRIÓ LA ACCIONANTE, COMPROMETIENDO SU RESPONSABILIDAD EN LA INICIACIÓN Y APERTURA DEL PROCESO PENAL QUE SE ADELANTÓ EN SU CONTRA, DE MANERA QUE DEBE ASUMIR LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LA QUE FUE OBJETO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, SERVIDOR PÚBLICO, EMPLEADO PÚBLICO, SERVICIO DE SALUD, CULPA DE LA VÍCTIMA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
Sentencia 2006-03476 de octubre 23 de 2017
Radicación: 680012331000200603476 – 01 (46.119)
Actor: N.B.T.
Demandado: La Nación - Fiscalía General de la Nación.
En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes N.B.T., en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar, N.J.B.(16) (hijo), G.B.T.(17) (padre), N.M.T.(18) (madre), S.B.T.(19), G.B.T.(20), L.A.B.T.(21), R.B.T.(22) y L.E.B.T.(23) (hermanos), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.
Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial – frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las fiscalías seccionales en la etapa de instrucción a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.
En el caso concreto, la Sala observa que al demandante le fue precluida la investigación penal adelantada en su contra mediante providencia que quedó ejecutoriada el 9 de diciembre de 2004 y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 5 de diciembre de 2006, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A.
El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración.”(28).
3. El derecho a la libertad individual
4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad
“Ella (la sindicada) fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.
“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”(32)
“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa
En este asunto aparece demostrado que la exfuncionaria del Instituto de Seguro Social de Santander – ISS, N.B.T.-, quien laboraba en la sección de afiliaciones de dicha entidad(38), fue vinculada a la investigación penal que se inició de manera oficiosa, tras la compulsación de copias ordenada por el Tribunal Administrativo de Santander, por la presunta participación de varios funcionarios del ente que habrían incurrido en los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado y estafa.
La investigación penal estableció que la banda delincuencial generó un desfalco por la suma de 3.000.000.000 millones de pesos al ISS, mediante dos modus operandi:
“1…personas que a través de varias formas delictivas, quienes simulaban ser tramitadores o gestores ante el Seguro Social, “ ... “interceptaban a las personas que iban a retirar los formularios de autoliquidación para cancelar aportes a esta entidad, o aquellas que pretendían afilarse, siendo engañados por timadores, quienes lograban que el usuario contratara sus servicios de asesoría para el diligenciamiento del formulario de autoliquidación, comprometiéndose además a cancelar los aportes respectivos ante la entidad bancaria, pero solo consignaban un valor irrisorio, apoderándose del saldo restante, siendo adulterada la copia entregada por la entidad bancaria o corporación, y posteriormente agregaban en el formulario el valor que realmente debía cancelar el usuario”(39).
2. la creación de empresas ficticias o fachada, en la que aparecían los tramitadores como empleadores, quienes se registraban ante el instituto de los Seguros Sociales, logrando afiliar a un gran número de personas naturales con las que no tenían vínculo laboral alguno, pero requerían los servicios médicos prestados por la entidad promotora de salud, usuarios que efectivamente lograban la práctica de cirugías de alto costo, así como el pago de las consiguiente incapacidad, emolumentos que eran entregados a los empleadores ficticios como recompensa de la afiliación ilegal tramitada por estos.”(40).
Ahora bien, respecto a la investigación que se adelantó contra la señora B.T., el 5 de diciembre de 1999 en la resolución que resolvió su situación jurídica se estableció que la vinculación tuvo lugar porque, “mediante pesquisas adelantadas por el Grupo de Información Judicial Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, así como de la intercepción telefónica del abonado instalado en el inmueble de J.E.P., se estableció que para el desarrollo de las actividades delictivas ejecutadas por el precitado P.C., la empresa criminal estaba conformada por empleados del seguro, siendo identificados (...) y N.B.T.”(41).
Así mismo, se sabe que en la misma disposición le fue impuesta “medida de aseguramiento consistente en caución prendaria en contra [de] (...) N.B.T. como coautora responsable del concurso de los delios de falsedad en documento privado y estafa, a la que se fijó la suma de doscientos mil pesos”(42).
Inconforme con la medida restrictiva, el apoderado de la actora interpuso recurso de apelación en el que solicitó la revocatoria de la medida restrictiva de la libertad contra N.B.T. y que, en su lugar, le fuera otorgada libertad condicional(43). La Fiscalía Delgada en proveído del 16 de diciembre de 1999(44), resolvió la petición a favor de la recurrente y sustituyó la detención preventiva por detención domiciliaria.
El 16 de diciembre de la misma anualidad, se suscribió el compromiso de detención domiciliaria y la sindicada acreditó el pago de $236.460, como pre requisito para el gozo del beneficio(45).
Sin embargo, en certificación expedida el 16 de julio de 2002 por la Fiscalía Primera Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Bucaramanga, quedó probado que el 27 de enero de 2000, en virtud de los artículo 350 y 370 del C.P.P, se le otorgó la libertad provisional a la señora N.B.T.(46).
El 6 de diciembre de 2004(47) la Fiscalía Primera Especializada de Bucaramanga calificó el mérito del sumario y precluyó la investigación penal adelantada en contra de N.B.T., como coautora de los delitos concierto para delinquir, estafa y falsedad de documento privado.
Así las cosas, en cuanto al periodo durante el cual se extendió la privación de la libertad de la demandante, la Sala encuentra probado que la señora N.B.T. estuvo detenida desde el 5 de diciembre de 1999 hasta el 20 de enero de 2000. De manera que estuvo efectivamente privada de la libertad por el término(48) de 1,05 meses.
Conforme con lo anterior, la Sala determinará si la conducta del actor se enmarca dentro de una causal eximente de responsabilidad, como lo es el hecho de la víctima, la parte demandada está llamada a responder por la privación de su libertad.
Al respecto, la Sala encuentra demostrado que N.B.T. fue vinculada al proceso penal por las irregularidades que se estaban presentando en el Seguro Social de Santander, que generaron un millonario desfalco en la entidad, donde, según diligencias investigativas, existía participación de varios funcionarios, entre los cuales se identificó a N.B.T., quienes se aprovechaban las ventajas que les otorgaban sus cargos para permitirle a que personas no tenían la cualidad de funcionarios o beneficiarios del servicio de salud, para que dicho servicio les fuera prestado de manera irregular, entre otras.
Al respecto, con las interceptaciones telefónicas realizadas al abonado 6311192 - residencia del señor J.E.P.C., integrante de la banda delincuencial, y en aplicación del método de fonoespectrógrafo para la correspondiente transcripción efectuada por miembros de C.T.I, se encuentra probado:
“[N.B.T.] (...) quien para la fecha de los hechos laboraba en la sección de afiliaciones del Seguro Social y que coordina la forma de conseguir ayuda política para que le sea renovado en contrato a N. debido a que esta persona era fundamental en el trámite de afiliaciones fraudulentas y así se lo manifestó en una de las llamadas a R.C. a quien le hizo saber además que N. solucionar el problema con una afiliación irregular en el sistema.”(49)
Así las cosas, a partir de la transcripción de las llamadas efectuadas entre el señor J.E.P.C. y la aquí demandante, en el proceso penal quedó acreditado que N.B.T. buscaba la renovación de su contrato en el grupo de afiliaciones, a través del miembro de la banda delincuencial, cuyo desfalco era objeto de investigación, y además ayudó en la consecución irregular de un carne de afiliación al ISS, comportamientos que si bien no eran suficientes para proferir acusación en contra de la demandante, sí comprometen su responsabilidad por culpa grave de la víctima, en sede de reparación directa.
En este sentido, la misma demandante en la diligencia indagatoria(50) admitió tener comunicaciones telefónicas con el señor J.E.P.C.(51), de quien existían fuertes pruebas que lo identificaban como miembro de la banda que operaba en las diferentes modalidades para la afiliación irregular de particulares al ISS y el recaudo de las autoliquidaciones.
De dichas conversaciones también quedó probado que la demandante, aprovechando sus labores al interior del departamento de afiliación, le otorgó el carné de a un particular, permitiendo que disfrutara de los servicios que prestaba la entidad de salud cuando aquella persona no contaba con los requisitos o la calidad para acceder a tales privilegios.
Dado lo anterior, es reprochable que pese a la experiencia laboral con la que contaba la señora N.B.T. en la sección de afiliación del seguro social, y el conocimiento adquirido en el ejercicio de sus funciones, no actuara bajo una ética profesional, sino además que permitiera actos que estaban en contra de las regulaciones a las que como funcionaria de la entidad debía ceñirse.
Entonces, con lo establecido de la transcripción de las llamadas entre J.E.P.C. y N.B.T., y con la certeza de que la demándate habría otorgado un carné de afiliación a un ciudadano que no contaba con los requisitos legales, ella misma generó que las autoridades penales sospecharan de su colaboración dentro de la empresa criminal e iniciara la investigación penal adelantada en su contra, así como la privación de la libertad de la que fue víctima.
Así las cosas, con fundamento en el precedente de la subsección y el análisis del caso sub examine, la Sala concluye que la actuación de la víctima fue mucho más que imprudente; y es evidente la culpa grave en que incurrió la accionante, comprometiendo su responsabilidad en la iniciación y apertura del proceso penal que se adelantó en su contra, de manera que debe asumir la privación de la libertad de la que fue objeto.
En otras palabras, con su actuar reprochable la demandante conllevó a que la autoridad judicial adoptara la medida de seguridad, la cual aparece plenamente proporcionada dentro del juicio de ponderación que sopesa los intereses jurídicos de la comunidad, la efectividad de la función de la administración y el ejercicio de la pronta y cumplida Justicia, frente a los intereses individuales de la actora que con su conducta gravemente culposa y su omisión justificó la investigación penal adelantada en su contra.
Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad a la demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.
Lo anterior, no riñe con el hecho de que la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de sus funciones y en aplicación su valoración probatoria considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para acusar penalmente al sindicado por los delitos de concierto para delinquir, estafa y falsedad de documento privado, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.
En conclusión, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander – Subsección de Descongestión, por encontrarse probada la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.
Revocar la sentencia del Tribunal Administrativo del Santander proferida el 21 de junio de 2012, y en su lugar dispone:
Primero: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones aquí expuestas.
1 Fls.170 - 187 C.1 del Exp. 2001-0491
2 Fls. 73 - 80 C1
3 Fls 49 – 53 C1
4 Fl 55 C1
5 Fls.136-137 C.1
6 Fls.135-136 C.1
7 El Tribunal Administrativo de Santander inicialmente rechazó la demanda, que fue archivada el 28 de enero de 2009. Sin embargo, el 23 de abril de la misma anualidad se declaró la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia funcional y se remitió el expediente a los Juzgados Administrativos de Bucaramanga. El Juzgado Quinto del Circuito Judicial Administrativo, el 15 de julio de 2009 declaró falta de competencia para conocer el asunto y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Santander.
8 Fls 170 – 187 CP
9 Fls.193 C.P
10 Fls.197 C.P
11 Fl. 779 C.P
12 Fl. 781 C.P
13 Fls. 201 - 203 C.P
14 Fls 217 – 231 CP
16 Obra registro civil de nacimiento a Fls.30 C.2
17 Obra registro civil de nacimiento de la víctima directa a Fls.23 C.2
18 Obra registro civil de nacimiento de la víctima directa a Fls.23 C.2
19 Obra registro civil de nacimiento a Fls.25 C.2
20 Obra registro civil de nacimiento a Fls.26 C.2
21 Obra registro civil de nacimiento a Fls.27 C.2
22 Obra registro civil de nacimiento a Fls.28 C.2
23 Obra registro civil de nacimiento a Fls.29 C.2
24 ART. 21.—Suspension de la prescripcion o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (resaltado fuera de texto).
25 Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.
26 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.
27 Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324.
28 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.
29 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No. 4, 2000, p.174.
30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923.
31 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, Expediente: 15989.
32 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666.
33 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.
34 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
35 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.
36 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp.: 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp.: 41.326.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577.
38 Fl 30 c1.
39 Fl 20 C1.
40 Fl 20 C1.
41 Fl. 16 C1.
42 Fls.15 – 39 C1.
43 Fls.40 - 46 C1.
44 Fls.49 - 53 C1.
45 Fl.55 C1.
46 Fl 61 C12.
47 Fls. 63 - 72 C1.
48 La demandante estuvo privada de la libertad durante 4 meses, 26 días, esto es, 146 días.
49 Fl 30 C1.
50 En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (...). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (...)” - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp.36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016. Exp.44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación.
51 Fl 30