Source: https://parcan.es/pub/ds.py/2014/111/8/
Timestamp: 2019-10-17 00:24:46
Document Index: 39422239

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Diario de Sesiones 111/2014, de fecha 26/2/2014 - Punto 8 - Parlamento de Canarias
DS 111/2014 (26/feb/2014)
Diario de Sesiones 111/2014, de fecha 26/2/2014 - Punto 8
8L/PL-0013 DEBATE DE PRIMERA LECTURA. PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 2/2003, DE 30 DE ENERO, DE VIVIENDA DE CANARIAS, Y DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA.
El señor PRESIDENTE: Con lo que han propuesto unánimemente todos los portavoces, vamos a ver a continuación el proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra la señora consejera de Cultura, Deportes y Vivienda.
La señora CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Rojas de León): Señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Comparece el Gobierno hoy ante el Pleno del Parlamento de Canarias para presentar el proyecto de Ley de Modificación de la Ley canaria de Vivienda.
Señorías, vengo hoy a presentarles una buena ley, una excelente ley, una ley histórica, que nos permitirá, por primera vez en el ámbito de nuestra autonomía, legislar sobre la vivienda libre. La dimensión de la situación de crisis económica que atraviesan España y Canarias supone poner a prueba los cimientos en los que se asienta el modelo de Estado diseñado por la Constitución española. Nunca como ahora se ha hecho tan necesario comprobar si los principios e instrumentos que la Constitución pone al servicio de los poderes públicos son suficientes para garantizar la configuración del Estado español como Estado social de derecho, tal y como empieza afirmando el texto constitucional.
La precariedad económica, laboral y social que atraviesan miles de familias obliga a poner en máxima tensión todos los mecanismos propios de un Estado social de derecho, que, por definición, está llamado a corregir los desequilibrios que origina la economía de mercado. Este proyecto de ley, por tanto, es fruto de la necesidad de que la comunidad autónoma canaria intervenga con mecanismos correctores y, por lo tanto, se presenta aquí en el ámbito de las líneas estratégicas, de las líneas básicas de la Estrategia frente a la pobreza, la exclusión social y a favor del desarrollo humano, que el Gobierno de Canarias presentó a través de una comunicación el pasado 30 de julio en este Parlamento.
Si los planes frente a la pobreza en otras épocas tenían que ver con la formación, con enseñar habilidades sociales e integrar a las familias y a sus hijos en el sistema de bienestar social, la situación hoy es otra, señorías. Hoy nos encontramos con familias en esa situación, pero también con familias formadas que son las que hasta hace cuatro o cinco años formaban parte de la clase media canaria. Señorías, son muchas las circunstancias que han motivado esta crisis que se nos escapa a nivel local, pero una de ellas ha sido precisamente la explosión del mercado inmobiliario y la deuda no solo pública, sino sobre todo privada de empresas y familias y la escasez de préstamo por parte de las entidades financieras.
La Estrategia frente a la pobreza contempla medidas de gran profundidad y calado, la primera, esta: modificar la Ley de Vivienda; y la segunda modificar la Ley de Prestación Canaria de Inserción, porque las causas del desempleo y, por lo tanto, de la pobreza son diferentes de las de otras épocas, por lo tanto las soluciones también deben ser diferentes. Las medidas coyunturales, como los comedores escolares, el Plan Social de Empleo, el plan de emergencia para los ayuntamientos y las organizaciones no gubernamentales o los incrementos presupuestarios significativos, son medidas urgentes, pero las modificaciones de estas dos leyes, a las que yo incluiría también, señorías, la Ley de Servicios Sociales, que quisiera, que quiero, que quiere el Gobierno traer también a esta Cámara, significarán un cambio en el modelo de atención social en Canarias.
Señorías, en el periodo 2008-2012 más de 10.000 personas o familias han sufrido el lanzamiento judicial de sus viviendas en Canarias a causa de un proceso de ejecución hipotecaria. Esto se traduce en que miles de familias se encuentran al borde de la pobreza, en muchos casos por carecer de una vivienda de la que han sido privados por no poder pagar los préstamos concertados para su adquisición. Sin trabajo, sin ingresos, la legislación actual les obliga no solo a abandonar sus casas, sino que además deben asumir de por vida, casi, una deuda con la entidad financiera, ya que hasta ahora el Estado no ha habilitado una normativa adecuada para favorecer la dación en pago, esto es, saldar la deuda con la propiedad expropiada.
Al mismo tiempo que esto ocurre, en Canarias se estima que tenemos alrededor de 130.000 viviendas deshabitadas y unos 35.000 solicitantes de vivienda. Si esta situación, señorías, se mantiene y se está manteniendo, no solo por las entidades financieras -que ya no tanto-, sino que en estos momentos hay mayores desahucios o se avecinan mayores desahucios desde la parte del alquiler privado, como digo, si esto se mantiene, señorías, es lo que, desde esta óptica, el Gobierno ve y busca que existe una clarísima justificación para habilitar mecanismos correctores a esta situación Y, en consecuencia, el mandato constitucional de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna cobra todo su sentido en las circunstancias actuales e impone a los poderes públicos la obligación de actuar.
El Gobierno, por tanto, modifica esta ley con dos objetivos prioritarios. Por un lado, no desalojar; no desalojar de sus viviendas a las familias en emergencia social que sean desahuciadas. Y, por otro lado, señorías, movilizar el parque de viviendas vacías mediante la obligación de un registro de viviendas -desde luego, deshabitadas- que se encuentran en el mercado libre, ya que, en la actualidad, no hay mecanismos para que las administraciones públicas sepamos cuántas son y dónde están esas viviendas. Se establece la obligatoriedad de la incorporación de esas viviendas al registro y al mercado del alquiler, al mercado del alquiler a precios absolutamente asequibles a los ingresos que tenga la familia de la zona donde esté ubicada la vivienda. Y se establecen además medidas sancionadoras a las entidades financieras, especialmente, y a sus filiales inmobiliarias, que es a quienes más va dirigida precisamente esta ley, si no se cumpliera la norma. Con estas medidas el Gobierno pone en marcha, como les decía, medidas correctoras en el mercado de la vivienda libre en alquiler.
Señorías, Canarias ha sido siempre una comunidad pionera en política social de vivienda. Estamos hablando de que esta comunidad es la segunda comunidad en número de viviendas en régimen social detrás del País Vasco, que es la primera. En estos momentos, mantenemos 17.000 alquileres entre 2 y 90 euros. También somos, señorías, la primera comunidad en desarrollar un plan para la rehabilitación y reposición de barrios degradados con 46 convenios de los que ya hemos concluido 14.
Canarias cuenta con una empresa pública que a lo largo de su historia ha facilitado la vivienda en propiedad a cerca de 25.000 familias en régimen de protección oficial privada. También fuimos la primera comunidad que incluyó, ya en el año 2009, la dación en pago para la vivienda de protección oficial y publicó, además, un decreto que evita los desahucios en las viviendas públicas de alquiler, que hoy, como saben, señorías, son alrededor de 12.000 familias las que tienen algún tipo de deuda con estas viviendas; pero siguen viviendo bajo el paraguas de la política social de vivienda de este Gobierno, porque entendemos que la vivienda es el soporte material de múltiples derechos y libertades individuales y está íntimamente conectada con valores y derechos protegidos constitucionalmente como es la dignidad de la persona. El siguiente paso lógico era intervenir en la vivienda libre para otorgarle también un carácter social, lejos de especulaciones y que la vivienda cumpliera, de una vez por todas, el mandato de la Constitución española: la función social de la vivienda.
El fin principal de esta modificación es velar por el bien general y apoyar a las familias en riesgo de exclusión social. Aquellas familias que nunca imaginaron su situación actual porque tenían, cuanto menos, una formación adecuada, pero, sobre todo, un trabajo que les permitía una vida estable, porque estable era también su trabajo. Ahora pierden ese empleo, la formación ya no sirve, en este momento encontramos gente formada que no encuentra hueco en el mercado laboral y no pueden hacer frente a la hipoteca de su vivienda. Aquí no se trata, por tanto, señorías, de posicionarse a favor o en contra de la ley -que, desde luego, es lo que vamos a solicitar-, aquí de lo que se trata es de estar o no de acuerdo en buscar soluciones, cuanto menos, a estas 35.000 familias que solicitan una vivienda, 35.000 familias que solicitan una vivienda en un lugar donde hay, que sepamos, hasta más de 100.000 viviendas cerradas en estos momentos. Desde luego, la solución pasaría, inequívocamente, por que la situación económica mejorara, por que todo el mundo tuviera empleo; pero, a pesar de campanas al aire, que podemos lanzar, y que, desde luego, parece más esperanzador el horizonte, se habla de mejoras probablemente, ahora mismo, en la macroeconomía. Pero la realidad es que el desempleo sigue estando ahí y que las familias no verán, en mucho tiempo, probablemente, que puedan decir de verdad, hemos salido de la crisis.
Los servicios sociales se han convertido, señorías, en la puerta de urgencia para las familias que no ven otra salida y que esperan que los poderes públicos demos un paso adelante para aliviar su situación. Y ese paso adelante es legislar, en este momento, sobre la vivienda libre para impedir situaciones de verdadera necesidad social; eso sí, señorías, tal como contempla la ley: sin erosionar el derecho a la propiedad. Sin erosionar -vuelvo a repetirlo- el derecho a la propiedad.
Estamos ante una situación en la que el mercado no se autoregula por su propia cuenta, por tanto, es absolutamente necesario que el Gobierno entre a legislar o a regular en esta materia. Por eso ha indagado en el ordenamiento jurídico del territorio español, que contempla posibilidades que, hasta ahora, no se habían explorado y que empiezan a ser utilizadas en el ámbito normativo y judicial.
Me gustaría resaltar, en primer lugar, el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que habilita soluciones verdaderamente extraordinarias para evitar el lanzamiento de su vivienda de familias que se encuentran en una situación de especial riesgo de exclusión, en detrimento de los derechos de las personas adjudicatarias de las viviendas en el correspondiente proceso de ejecución hipotecaria. En el plano autonómico, señorías, el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, de la Junta de Andalucía, que contiene un paquete de medidas similar a las previstas en la presente ley. O, también pongo como ejemplo la más reciente, la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes -también- para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra.
En el ámbito judicial, también son cada vez más las voces y las resoluciones que abogan por reinterpretar el marco normativo para evitar situaciones de claro desequilibrio en perjuicio de las familias que corren el riesgo de perder su vivienda por un imprevisible y sobrevenido cambio de sus circunstancias económicas. Buscar un equitativo equilibrio entre los intereses en juego a la vista de la modificación extraordinaria de las circunstancias económicas, parece ser una tendencia que se abre paso en sede judicial ante los efectos contraproducentes que genera la aplicación estricta de la norma vigente.
El proyecto de ley que hoy presenta el Gobierno está amparado en el título competencial recogido en el artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación del territorio, del litoral, urbanismo y vivienda. Por otra parte, la presente norma también tiene acomodo en los títulos jurídicos derivados de la reciente Ley del Estado 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que, en su artículo 3, señala que: "Los poderes públicos formularán y desarrollarán en el medio urbano las políticas de su respectiva competencia de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional", para que, entre otros fines, favorezcamos y fomentemos "la dinamización económica y social y la adaptación, la rehabilitación y la ocupación de las viviendas vacías o en desuso".
En virtud de estas competencias, el Gobierno declara, en esta modificación, en este proyecto de ley, la función social de la vivienda. Y por eso evita el desalojo de sus viviendas a las familias que se encuentren en emergencia social y sean desahuciadas, en desalojo, desahuciadas, en procesos judiciales por las entidades financieras, expropiando, si fuera necesario, el uso de la vivienda.
¿Quiénes podrían ser beneficiarios de esta expropiación, señorías? Del derecho del uso, las personas que cumplan, desde luego, los siguientes requisitos. En primer lugar, tener o ser su única residencia habitual y permanente, que sea desde luego la vivienda objeto de una ejecución hipotecaria, que sea su única vivienda en propiedad y que ningún miembro de la familia que vive en esa vivienda hipotecada tenga ninguna otra vivienda y que, además, el desahucio genere una situación de emergencia o de exclusión social. Y en cuanto a los requisitos económicos, el procedimiento de ejecución hipotecaria tiene que ser consecuencia de impago de un préstamo concedido, que las condiciones económicas de la persona hayan sufrido un importante menoscabo, provocando una situación de endeudamiento sobrevenido a las condiciones y circunstancias existentes cuando se solicitó el crédito o el préstamos hipotecario.
Cumpliendo estos requisitos, señorías, se impediría el desalojo de la vivienda por parte de la entidad financiera mediante una expropiación forzosa. Y lo digo con el tono que lo tengamos claro: el uso de la vivienda, nunca expropiamos la vivienda, el uso de la vivienda, para que realmente las familias por un periodo de tres años que se encuentren en la situación que venimos comentando desde luego perderán su vivienda, porque no tenemos nosotros competencias en materia de ley hipotecaria, pero no saldrá de la vivienda, sino que tendrá otra relación, probablemente de alquiler social, con la entidad o directamente con el Gobierno, expropiando, como les digo, ese uso.
Señorías, esta ley ya ha producido, solo su pronunciamiento o su anuncia por parte del presidente del Gobierno, ya empezó a tener beneficios, puesto que las propias entidades financieras, al conocer esta situación, ya empezaron a trabajar en que en lugar de lanzar de sus viviendas a las personas desahuciadas, pues pudiera haber un acuerdo entre ellos para que desde luego esto no se produjera.
Démonos cuenta de que, con esta ley, señorías, vamos a regular una situación muy compleja tanto para las entidades financieras como para los propios ayuntamientos, que tienen en sus arcas a las personas desahuciadas como deudoras del IBI de esas viviendas que ya no son suyas y que son de las entidades financieras y que no han puesto a su nombre, sino que sigue apareciendo como morosa la persona desahuciada. Esta ley vendría a regular desde luego esta situación.
Decirles que el capítulo uno de la ley introduce una gran novedad, que es la creación de un nuevo título, el título VIII, de "Medidas para evitar la existencia de viviendas deshabitadas", y la creación del registro de viviendas deshabitadas. Y en este capítulo, además, señorías, se da una definición, de qué se entiende qué es una vivienda deshabitada y cuándo se entiende que está deshabitada. Como quiera que seguro que esto lo podrán debatir luego los grupos parlamentarios, en aras a culminar mi intervención voy a saltármelo, pero se pueden todos imaginar que con una serie de hechos se puede demostrar que la vivienda está deshabitada porque su propietario en este caso casi siempre la entidad financiera no la pone en uso. Además de inscribir la vivienda en este registro, se le obliga a ponerla en el mercado del alquiler a precios absolutamente asequibles, y además se les sanciona y se les inspecciona a quienes no cumplan la norma. Por lo tanto, los títulos -VIII y añado también el IX- que se insertan en esta ley, van precisamente a hacer posible que las viviendas puedan ser asequibles a las familias. No puede ser, como siempre defino, el mundo al revés: las familias por un lado y las viviendas por otro lado. Sobran, además, viviendas para el número de familias demandantes. Y creo que debe hacer lo que está haciendo el Gobierno, facilitar la herramienta que permita ese encuentro.
En el siguiente punto -aquí quiero hacer un inciso importante- del informe económico de la Dirección General de Presupuestos. Creo que es absolutamente importante, señorías, que sepamos que el primer punto en la creación del registro de viviendas, no vamos a crear un nuevo registro con un coste económico, sino que tenemos ya presupuestado el coste del contrato del registro actual de viviendas que tenemos en estos momentos -de vivienda protegida- y es el que vamos a aprovechar para la vivienda deshabitada también.
Lo mismo sería para la constitución del equipo sancionador inspector, que el Gobierno no tiene la intención -no va a hacerlo- de hacer nuevas contrataciones, sino de reubicación del personal de la propia comunidad autónoma. Y en cuanto al coste que supondría la expropiación del uso de esas viviendas. Señorías, el informe se hace en base al número de desahucios que hubo en el año 2012, sin tener en cuenta que esos desahucios fueran de fincas, de locales comerciales, de edificios, de segundas residencias, y no se ha tenido en cuenta por la premura de no poder evaluar cuántas de esas viviendas eran de uso único y además cuántas de esas viviendas eran de familias en exclusión social. Con lo cual, teniendo en cuenta, además, que la ley contempla también una parte de ingresos con las sanciones y porque también la ley regula que aquellos depósitos de las fianzas que se dan por los alquileres los intereses de esos depósitos sirvan desde luego para también cubrir esa parte de gastos de...
El señor PRESIDENTE: Señora consejera, cinco minutos le voy a dar para que vaya terminando. Cinco, sí.
Porque es absolutamente importante, que desde luego el Gobierno ha tomado una decisión política clara de saber que tiene necesidad de hacer este tipo de acciones, de tomar este tipo de medidas, y no lo hace de forma irresponsable, sino que técnicamente se ve cómo podríamos solventar y solucionar esta situación de la modificación de esta ley poder llevarla a cabo.
Por lo tanto, la ley, que es ya uno de los pilares fundamentales de la estrategia para hacerle frente a la pobreza y a la exclusión social en Canarias, desde luego va a regular y va a permitir que hoy en día las familias que -no sé si ustedes lo saben, yo lo vivo diariamente-, en estos momentos los mayores desahucios se están produciendo en viviendas privadas; personas que tienen sus viviendas alquiladas y que tampoco pueden sostener a familias que no le pueden hacer frente al alquiler, porque, a su vez, esas mismas personas probablemente también tienen un crédito hipotecario a cuenta de esa vivienda.
Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer, señorías? Una ley de este tipo hará que desde luego el nivel de los alquileres baje absolutamente prácticamente para todos, de tal forma que hará bastante más viable y llevable la vida para la gente en general que, en estos momentos, como saben, pues son muchos.
Yo quiero romper también aquí una lanza importante en lo siguiente. El Gobierno ha venido a presentar hoy aquí una buena ley, señorías. Creo que era absolutamente necesario modificar nuestra ley canaria de viviendas para que dé respuesta a la sociedad actual que tenemos en estos momentos. Señorías, toda la sociedad en general, las entidades financieras incluso, no se han puesto en contra; pero quiero decir aquí lo siguiente. Aunque todo el mundo ha ido poniéndose, colocándose al lado de la situación, quien realmente movió conciencias, quien tocó conciencias y quien realmente cambió las cosas, fue el movimiento ciudadano, señorías, y por eso hoy me gustaría que, desde luego, tuviéramos en cuenta que ese movimiento ciudadano es el que nos hizo de alguna forma también cambiar a todos y darnos cuenta de que las leyes, con toda la buena voluntad, que hemos construido hasta ahora eran las que correspondían y las que solucionaban problemas a la sociedad, tenemos una nueva sociedad con nuevas dificultades y, por tanto, las leyes hay que adaptarlas.
Señorías, la ley de vivienda está en el Parlamento. A ustedes les toca ahora, señorías, y espero que, de verdad, juntos todos puedan no solo apoyarla, puedan mejorarla. Y, además, he visto que tres de los cuatro grupos hoy representados en el Parlamento han dicho que, desde luego, piensan apoyar esta ley. A mí me gustaría que también miráramos, si el otro grupo no puede apoyarla, que por lo menos facilite que se pueda tramitar de la forma más rápida posible. Señorías, hay muchas dificultades ahí fuera que esta ley va a poder solventar de forma absolutamente importante; va a haber un antes y un después en la sociedad canaria. Hoy hablamos de una sociedad con unas dificultades enormes, que nos tienen a la cabeza en porcentaje de pobreza y que, precisamente, garantizar la vivienda a las familias, garantizar el techo, todo lo demás puede ser más fácil conseguirlo, pero desde luego el techo es lo más importante. Por lo tanto, les pido que esta buena ley que ahora necesita la ciudadanía, que entre todos juntos logren discutirla y puedan hacerle aportaciones para, si es posible, mejorarla.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Inés Rojas, señora consejera de Cultura, Deportes y Vivienda.
Hay una enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley al Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Don Felipe Afonso El Jaber.
El señor AFONSO EL JABER: Señorías, ni uno, ni uno de los 37.000 demandantes de vivienda de Canarias, ¡ni uno!, verá mejorada su situación con esta ley. ¡Ni uno! La falta de recursos para adquirir una vivienda solo se resuelve o con ayudas públicas o con viviendas públicas, y esta ley no trae ni ayudas públicas ni viviendas públicas. Los hechos demuestran que esta ley es un paripé con el que el Gobierno de Canarias, Coalición Canaria y el PSOE, quiere tapar su fracaso en política de vivienda. Una tomadura de pelo para aquellos que realmente lo están pasando mal.
Esta ley es un calco de la aprobada en Andalucía y de la aprobada por la oposición en Navarra. En un caso, el PSOE, como aquí con Coalición Canaria; en otro, con Izquierda Unida; en otro, con Bildu. Y digo esto para situarnos ideológicamente sobre las medidas que hoy estamos debatiendo. La Abogacía del Estado y el Consejo de Estado han visto motivos para impugnarla, el Tribunal Constitucional la ha suspendido, el Consejo Económico y Social ha pedido su paralización, el Consultivo la ha llenado de salvedades en los aspectos fundamentales, al menos 13 informes de Hacienda dicen que ni hay ni habrá dinero a medio plazo para esta ley. Señorías, se está jugando con los sentimientos y las necesidades de los canarios. Lamentable forma de hacer política.
Acompaña a esta ley un documento firmado por la consejera que dice que, en el 2014, en los presupuestos, había 15 millones de más en el Instituto Canario de la Vivienda. Sabe su señoría que eso no ha sucedido. De la Comunidad Autónoma es la competencia; de la Comunidad Autónoma es la responsabilidad de hacer efectivo el derecho constitucional de acceder a una vivienda digna, y esta ley carece de medidas de estímulo reales que permitan garantizar tal derecho. Esta ley es una simple excusa para tapar su ineficacia, difiriendo al futuro soluciones milagrosas y con ese rollo llevan ya un año.
Señorías, hay que solucionar hoy los problemas de hoy, las necesidades de hoy, a los ciudadanos de hoy. Eso debió pensarlo hace un año, y desde hace un año para acá solo han aumentado los demandantes de vivienda en Canarias. A la nefasta gestión de la política de vivienda se suma la insolvencia de Visocan, cuyo plan de viabilidad tiene una máxima: no haremos más vivienda los próximos años. Esa es la máxima del plan de viabilidad de Visocan, a pesar de las importantes bolsas de suelo que tiene la comunidad autónoma, muchas de ellas cedidas gratuitamente por los ayuntamientos y que están en unos inventarios desde hace años. Como la multitud de viviendas públicas que están vacías en Canarias.
Señorías, los problemas de los canarios en materia de vivienda se pueden resumir en dos grupos. El de aquellas personas sin ingresos para cubrir el coste de una vivienda y el de aquellos que, teniendo posibilidad de adquirir una vivienda, no consiguen el préstamo necesario. Son los dos problemas que hay en Canarias. Ninguna de las medidas contenidas en este proyecto de ley afronta estas necesidades. Ninguna, ninguna ley de la Unión Europea dice a cuánto se tienen que poner los precios en el mercado libre. En ningún lugar de la Unión Europea. Esta ley, obviamente, tampoco lo hace, no afronta estos dos principales problemas.
El primero se soluciona con líneas públicas de apoyo, de subvenciones para que las personas puedan pagar sus viviendas, puedan adquirir o alquilar una vivienda, y optimizando las viviendas públicas y el suelo público, y para eso no hace falta ninguna ley, lo que hace falta es vocación y ganas de hacerlo.
Al segundo problema de la financiación se puede argumentar que Canarias no tiene competencias en ello, y es cierto; no tiene competencia de ello al igual que tampoco la tiene en la financiación bancaria de rehabilitaciones turísticas y hemos visto múltiples reportajes fotográficos del presidente del Gobierno con todos los banqueros de este país. Cada cual tiene las prioridades que tiene, y la vivienda no está entre las prioridades del Gobierno más allá de una patada para echarlos hacia adelante.
Nada, nada de los contenidos en los múltiples informes que he citado le importa a este Gobierno. ¿Es consciente de que existe fundamento más que suficiente para que la ley termine en el Tribunal Constitucional? ¿Lo saben? Y la llamada para que no se recurra es impropia de un Estado de Derecho, ¿ustedes creen que eso de prometer guardar y hacer guardar la Constitución por su conciencia y honor es para el álbum familiar nada más? ¿Es para hacerse una foto y hacer un video y contárselo luego a los hijos y a los nietos? ¡No, hombre, no! Es un imperativo legal guardar y hacer guardar la Constitución. Pero para ustedes es un círculo perfecto, una ley sin medidas concretas ni financiación, para tapar los fracasos de la política de vivienda y anunciar soluciones de futuro, y finalmente un recurso de inconstitucionalidad a quien echarle todas las culpas. Este y no otro es el paripé que ustedes están montando aquí.
Y, mire, es una lamentable forma de ejercer las responsabilidades políticas. Lo que demuestran con esto es que no les importan nada esos 37.000 demandantes de vivienda. Ustedes han decidido tirar la legislatura a la papelera, darla por acabada, tirarse al monte con referéndums ilegales, leyes anticonstitucionales y Estatuto sin apoyo suficiente. En definitiva, tirar la legislatura, lo que queda de ella, a la papelera.
La ley define el derecho a la propiedad sin tener competencia para ello; es un tema de legislación civil y esta comunidad no tiene competencias para ello. Lo ha dicho la Abogacía del Estado, lo ha dicho el Consejo de Estado, lo ha dicho el Consejo Consultivo, lo ha dicho el Consejo Económico y Social, lo ha dicho todo el mundo. Por lo tanto, yo sé que ustedes lo saben, y les importa poco: se trata de tirar la pelota para adelante y luego le echamos la culpa al que recurra al Tribunal Constitucional. Y además establece sanciones, vulnerando el principio de culpabilidad y basándose en presunciones, teniendo el ciudadano, según la ley, que demostrar que usan la vivienda, por ejemplo, según la ley, para esparcimiento y ocio. Yo creo que esto va a vulnerar más de una intimidad personal y familiar.
El proyecto aboga por realizar expropiaciones no previstas en la legislación expropiatoria. No está prevista la expropiación de uso de la vivienda en la legislación expropiatoria y aquí no nos la podemos inventar. Y, además, dígame, ¿por qué prefiere aplazar durante tres años el lanzamiento pagando por ello, frente a la posibilidad de aplazar durante dos años el desahucio que prevé la ley nacional sin coste para la comunidad autónoma, destinando esos recursos a políticas activas de vivienda? ¿Díganme por qué prefieren eso?
Y la función social de la vivienda como causa motivadora de la expropiación queda en entredicho cuando no se explica por qué se prefiere esta vía a la celebración de un contrato de alquiler o ayudar temporalmente a las familias a cumplir las obligaciones crediticias. Tampoco, porque es mejor pagar el 25 % de los ingresos de una unidad familiar para estar hasta tres años más en una vivienda frente a la suspensión del lanzamiento durante dos años sin que la unidad familiar tenga que pagar nada. Explíqueme eso. ¿A quién beneficia eso? ¿O por qué el alquiler de una vivienda pública, el máximo que paga la unidad familiar, constituye el 12 % de sus ingresos, y aquí una familia que ha perdido su casa y que está en un riesgo de exclusión social, más del doble, el 25 %? ¿Esto es igualdad o esto es una escandalosa incoherencia? Una de las muchas.
Tampoco ha considerado el Gobierno modificar los artículos de la ley que regulan el desahucio administrativo, el desahucio de las viviendas públicas, los dejan exactamente igual que como estaban; ¿para dar protecciones a aquellas personas sin que una consejera tenga que estar dando grandes declaraciones? No, para que esté en la ley que aquellos que no puedan pagar no sean desahuciados administrativamente, no está en esta ley tampoco.
Y otra incoherencia -y esto ya es el máximo- es que aquellas casas que se alquilen bajo la intermediación del Gobierno de Canarias y que no se estén pagando porque la persona que está en ese alquiler no puede pagarlo, para poder cobrar el seguro de impago hay que desahuciar y lanzar al inquilino, al margen de su condición económica. A lo mejor esa persona es merecedora de una ayuda pública para poder pagar ese alquiler... Pues no; el Gobierno dice: "si quiere cobrar el seguro y pago, lo echa a la calle y yo te pongo el abogado". Lo dicen los informes que acompañan a esta ley; incoherencia que ilustra que no se está respetando el principio de igualdad que consagra nuestra Constitución.
La supuesta mediación de actuaciones de fomento para evitar la existencia de viviendas es un párrafo indeterminado sin medidas concretas y, en cualquier caso, dependerá de las posibilidades presupuestarias. Y luego el artículo 91 dice: "Si no quiere aparecer en el registro de viviendas públicas haga alguna de las cosas que yo digo en virtud del artículo 97", y el artículo 97 no dice nada, ¡nada! La arbitrariedad administrativa llevada al extremo. Y dice que solamente se sanciona a las personas jurídicas, ¿y acaso no es una medida coercitiva amenazar a alguien con el listado de la vergüenza del registro de viviendas deshabitadas? ¿Acaso eso no es una medida coercitiva? Sin tener competencia ni siquiera para regular qué es una vivienda vacía, porque eso es legislación civil y ustedes no tienen competencias. Se lo ha dicho la Abogacía del Estado, el Consejo del Estado, el Consejo Consultivo, no tienen competencias para regular lo que es una vivienda vacía, es legislación civil básica.
Y quien tanta ineficacia acredita, ¿pretende ejercer el gran hermano de la intimidad de los ciudadanos canarios, convirtiéndose en una especie de asesor inmobiliario a la fuerza? Son incapaces de gestionar las viviendas públicas y quiere convertirse en el gran hermano de las familias canarias, invadiendo su intimidad personal y familiar para hurgar dónde realizan las llamadas telefónicas. El CNI canario. Dónde realizan las comunicaciones informáticas -¡lo dice la ley!-, cuánto gasta de luz, cuánto gasta de agua. Y esto son presunciones, y demuestre usted lo contrario, aunque sea la casa para esparcimiento, o sea, uno se lo deja a los hijos los fines de semana, ¿no? Pues va a tener que explicarle a un funcionario cuál es su esparcimiento y cuál es su ocio privado y la intimidad de su familia. Pues no, esto va contra la protección de la intimidad privada y luego dicen: "No, y todos estos datos me los dan respetando la legislación sobre protección de datos", ¡pero si la propia ley obliga a incumplirlos!, si es que entra en vigor... Y además la indagación de estos datos se pide a una empresa privada, del agua, de la luz, que se la tiene que dar sin el consentimiento ni el conocimiento del privado incluso la indagación de circunstancias no predefinidas al tiempo de la solicitud de la información. La arbitrariedad más absoluta, la arbitrariedad más absoluta. Alguien decide, bueno, lo dice literalmente, incluso para la indagación de las circunstancias no predefinidas al tiempo de la solicitud, y desde que le llega una información y le dice: "Este gasta poca agua". Mi madre gasta poquísima, bueno, la metería en un listado, ya, de entrada, en un listado público, esa casa puede estar vacía. Venga la Policía Nacional a decir que usted cuando se vaya de vacaciones, que nadie se dé cuenta, y el Gobierno de Canarias te mete en un listado público de posibles viviendas vacías, sea cierto o no, haya terminado o no, lo sepa o no, simplemente, ya de entrada. Y más allá -lo dice la ley-, y más allá, aunque esa casa se ocupe seguirá en el listado. Lo dice la ley, yo me la he leído con detalle.
Es difícil, por tanto, saber a qué se refiere esta ley cuando dice que se ha de proteger la protección de los datos. Mire, ustedes desconoce la realidad de Canarias, ustedes desconocen la realidad de miles de familias que necesitan alquilar una vivienda, de miles de familias que necesitan vender una vivienda y que no consigue alquilarla ni venderla, no porque no exista demanda, que existe -yo tengo amigos que han intentando vender su casa, que la han intentado alquilar, que ha puesto un cartel y que se ha puesto amarillento el cartel-; no tenemos un problema de oferta de viviendas, tenemos un problema de capacidad de pago de la demanda, en unos casos, y de financiación de la otra. Pero esta ley de: "Vamos a obligar a la gente a poner la casa en el mercado" ya la tiene la gente. Vaya usted por los barrios y empiece a mirar carteles de "Se vende", "Se alquila" y se pegan meses y años. Ese no es el problema de los canarios, el problema viene por el otro lado: necesitan ayudas públicas para poder alquilar una vivienda o necesitan una vivienda pública. Ese es el problema de los canarios y no es un problema de oferta de viviendas, es un problema de capacidad de pago de la demanda. Y no enterarse de eso, que es la ley, que es el motivo, que es lo básico que debe hacerse antes de hacer una ley es no enterarse en qué región se está viviendo, no enterarse en qué región se está viviendo.
Dicen ustedes que solo defendemos a los bancos. Mire, los promotores y constructores dicen que ustedes con esta ley solo defiende a los bancos, que ellos también tienen viviendas vacías que quieren que se las alquilen. Eso dicen los promotores en sus alegaciones -que, por cierto, se citan pero no acompañan, pero yo me entero porque tengo muchos pajaritos que me cuentan las cosas-. Las alegaciones de los promotores y constructores básicamente dicen: "¿Oiga, y por qué no me alquila la mía que yo también la tengo vacía?, ¿por qué no me trata con equidad, con igualdad?, ¿por qué no alquila la mía? ¿O por qué prefieren pagarles a los bancos por tres años para retrasar tres años el alzamiento que no pagarle, como dice la ley nacional, y mantenerlo dos años? ¿Qué prefieren los bancos? Que les paguen. Por lo tanto, ¿quién está beneficiando a los bancos? Es evidente quiénes son los que están beneficiando a los bancos.
Miren, voy terminando, voy terminando...
El señor PRESIDENTE: Sí, a partir de ahora...
El señor AFONSO EL JABER: Se les llena la boca...
El señor PRESIDENTE: Don Felipe, a partir de ahora le quedan dos minutos.
El señor AFONSO EL JABER: Se les llena la boca hablando de que nosotros somos los que defendemos las viviendas... (Corte producido por el sistema automático de cómputo del tiempo.) ...que decía en el año 2008 que creaban juzgados para agilizar los desahucios. Mire, eso son los que vienen a dar lecciones. Y la misma ministra que decía eso, tiene la poca vergüenza después de decir que la gente se estaba suicidando por culpa del PP, la misma ministra que decía que creaban juzgados nuevos para desahuciar... Los mismos que en el año 2009 aprobaron una Ley de desahucios exprés. Esos son los que ahora vienen a dar lecciones de sensibilidad social. Mire, no. Las lecciones de sensibilidad social pasan por los presupuestos de la comunidad autónoma, pasan por darle prioridad a lo que es prioridad para el ciudadano, pasan por tener ayudas a los ciudadanos para que puedan alquilar viviendas, dentro, obviamente, siempre de los límites humanos, pero por ahí pasa. Pasa por optimizar la vivienda pública, pasa por optimizar el suelo público, pasa por poner a los mejores al frente de los problemas de vivienda de Canarias, pasa por esas cosas... Y eso no es lo que está haciendo este Gobierno de Canarias, no tiene entre sus prioridades las políticas de vivienda; se ve en los presupuestos, se ve en la gestión, se ve en los perfiles de las personas que pone al frente de los problemas de vivienda.
Esta ley -repito- es solamente un paripé para tapar la incapacidad del Gobierno de Canarias. Ni uno de los 37.000 demandantes de vivienda de Canarias se verá beneficiado por esta ley, porque ni tiene ayuda para que consiga alquilar una vivienda ni le ponen viviendas públicas.
Por lo tanto solucionemos hoy los problemas de hoy y tomémonos en serio los problemas de la gente. Para eso, y no para otra cosa, estamos en política.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Felipe Afonso.
Para el turno en contra, don José Miguel Ruano, del Grupo Nacionalista Canario.
El señor RUANO LEÓN: Señor presidente, señorías, buenas tardes.
Quizá deba empezar mi intervención con un reproche a la consejera; el reproche de la invitación formulada -al Partido Popular, al Grupo Popular-, a sabiendas de la enmienda presentada y a sabiendas de la voluntad del Grupo Popular en un asunto como este. Por tanto, no nos engañemos para empezar el debate.
Igual que el señor Afonso, hablaba de vergüenza, y hablaba de vergüenza refiriéndola a estar inscrito en el registro de viviendas vacías. ¿Vergüenza?, ¿vergüenza, señor Afonso? Vergüenza será no tener vergüenza de aceptar la situación de lanzamiento de miles y miles de familias que no han podido afrontar el pago de su hipoteca porque no se tomaron decisiones en torno a la legislación hipotecaria española. Eso es no tener capacidad de respuesta ante problemas reales de los ciudadanos.
¿Es o no una política pública, es o no de interés público conocer cuál es el parque de viviendas vacías en Canarias? ¿Tiene interés?, ¿tiene interés para la sociedad? ¿Tiene interés saber si se puede dar un uso social? ¿Tiene interés saber que el derecho de propiedad está modulado por la política social porque la vivienda es un principio general que inspira la Constitución, el artículo 47? ¿Tiene interés? Pues si lo tiene, tendrá que tener un desarrollo legislativo.
Lo que no ha podido decir don Felipe -que nos amenaza una vez más, porque parece ser que esto es la..., con los recursos de inconstitucionalidad-, es que la vivienda, el artículo 47 no es un artículo de desarrollo por ley orgánica, como tampoco lo es el derecho de propiedad, está en el artículo 31 de la Constitución española, no es materia reservada la ley orgánica. Por tanto, el derecho de propiedad sí está modulado en relación con la necesidad de que se establezcan sus perímetros, su contenido, por ley. Y esa ley puede ser, básicamente, será, la legislación civil en torno a lo que se refiere al propio código civil, a la legislación de arrendamientos urbanos, a la legislación mercantil, en ocasiones incluso a la legislación hipotecaria. Porque lo que hay que recordar también es que se han producido el pasado año modificaciones de la legislación hipotecaria de una ley de 1909, porque además hubo un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en torno a que había que considerar determinadas cláusulas como cláusulas abusivas. Y en todo el proceso, la reacción del Gobierno de España se produce porque se produce una reacción social, una reacción social contundente. Porque, ¿es que van a ser los ciudadanos -y ahora hablamos de toda la ciudadanía española- los responsables de la burbuja inmobiliaria, del estallido de la burbuja inmobiliaria? ¿Lo son? ¿Hemos o no hemos inyectado 42.000 millones de euros a las entidades financieras españolas? ¿Se ha hecho? ¿Qué se ha pedido a cambio?, ¿cuál es la dotación transferida y qué se ha pedido a cambio? ¿Cómo se van a producir los procesos de privatización de esas empresas, una vez refinanciadas con dinero público? ¿Es esto cierto?
Esta es la situación, señorías. Mantenerse ajeno al problema, actuar solo porque el problema te presiona a tiempos de que por determinadas situaciones subjetivas se produce una legislación. Yo voy a intentar contestar algunas de las cuestiones o de autocuestiones que se hacía don Felipe Afonso en su intervención. Mire, yo he subido y he asumido el asunto porque voy a convenir con usted una cosa: este es un asunto, desde el punto de vista jurídico delicado, complicado, y por eso requiere el mayor esfuerzo desde nuestra tarea como legisladores para hacerlo bien. Y en ese sentido está el compromiso del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario -por el que hablo, naturalmente los demás lo harán después- en torno a intentar mejorar el texto en su regulación, incluso en cuestiones de las que usted, como es frecuente ya en su grupo, ha realizado aquí haciendo chascarrillos acerca de cómo se mide, si la vivienda está vacía, el consumo del agua y la luz, en fin. Cuestiones que a lo mejor usted lo sabe hacer mejor y propondrá enmiendas parciales que nos faciliten el tema, y, sin duda alguna, vamos a contribuir con ello al propósito de la ley, que es tener un registro de viviendas vacías y por tanto saber cuál es el parque inmobiliario de vivienda vacía -de vivienda, no de locales comerciales ni de otros inmuebles, de vivienda vacía-, y procurar darle un uso, porque la situación es la que es conocida, una situación de demanda social alarmante.
Mire, se ha referido también usted a las medidas adoptadas por el Gobierno de España. Podemos entrar si fueron tardías, si debieron ser antes, si están propiciadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si están a su vez propiciadas porque el Consejo General del Poder Judicial hizo un informe diciendo que la legislación hipotecaria era legislación que no se adaptaba a la realidad social actual, si están propiciadas a su vez por la demanda social producida por tanta gente lanzada de sus viviendas, por los suicidios de personas que, al perder la capacidad de financiar su vivienda, se suicidaron. Y si convenimos todo eso, podemos preguntarnos, ¿es suficiente la legislación española? ¿Es suficiente el real decreto-ley que después dio lugar a la Ley 1/2013, para la protección del deudor hipotecario? Nos preguntamos sobre eso y decimos: en lo que no sea suficiente, vamos a hacerlo nosotros. ¿Y tenemos capacidad para hacerlo? Tenemos capacidad para hacerlo. ¿Estamos afectando a la legislación civil?, ¿estamos, por tanto invadiendo competencias? Porque aquí ahora se erige todo el mundo en Tribunal Constitucional y lo único que sabemos es que hay un procedimiento constitucional de recurso, que, de acuerdo con el artículo 161, el apartado 2, si se invoca se suspende durante cinco meses, sin que hasta el momento se haya producido pronunciamiento alguno acerca de la legislación andaluza o de la legislación navarra. Me parece además de muy poco estilo el invocar cómo se produce la votación en el Parlamento foral de Navarra para referirse a una determinada organización política, y vincularnos a los que estamos sentados en esta Cámara con esa organización política. Por tanto, eso no se lo voy a tolerar.
Dicho eso, vamos a ver en la legislación española, en la legislación que marca producida con el origen en ese decreto-ley, que después se aprueba como Ley 1/2013, ¿qué protecciones le damos, por ejemplo, a una familia monoparental con un hijo?, ¿puede acogerse a la ley?, ¿puede acogerse a la ley del 2013? ¿Qué protección le damos a una pareja sin hijos? ¿Qué protección se le da a una familia con hijos mayores de 3 años y que no sea familia numerosa? ¿Saben por qué digo todo esto? Pues porque la Ley 1/2013, del Estado, establece unos supuestos subjetivos y unos supuestos objetivos. Y se da el supuesto subjetivo concreto o no se tiene derecho, y, por tanto, como es un supuesto, es un modelo de supuestos tasados, he querido dar algunos otros que no están recogidos o amparados por esa ley y que por tanto podrían tener encaje en la defensa que nosotros podamos hacer de la expropiación temporal de uso de una vivienda propiedad de una entidad financiera cuando quiera producir un lanzamiento tras una ejecución hipotecaria.
Esta es la situación. Es un tema complicado, muy complicado, pero es que el proyecto de ley, don Felipe, señor Afonso, querido compañero de clase, no lo elude, lo dice. Dice que efectivamente este es un tema delicado, complicado, en términos jurídicos y en términos sociales.
Entonces, uno no puede venir a frivolizar. Se puede plantear la enmienda de totalidad, eso forma parte de los legítimos derechos de los grupos; pero no ignorar que el planteamiento de lo que está ocurriendo en la sociedad, más allá de que, gracias... hay que reconocerlo. Y una de las cuestiones que hay que decir de esta ley es que habrá que ensamblarla con la legislación estatal, es decir, no podemos, cuando se toma la decisión de iniciar el proceso de regulación, todavía no había salido en forma de ley la legislación estatal. Por tanto, una de las cuestiones a modificar mediante enmiendas parciales es tener en cuenta cuál es el ámbito objetivo-subjetivo de la legislación del Estado y cuál es el ámbito que nosotros vamos a cubrir porque no lo cubre la legislación del Estado. Por tanto, eso es una tarea que se puede y se debe hacer en virtud de las enmiendas parciales.
Este es el tema, señorías. Yo no quiero acusar a nadie de tener responsabilidades... en fin, pues porque es que, además, podríamos remontarnos, cuando se habla de la burbuja inmobiliaria, de las responsabilidades adicionales a la crisis financiera producida en el mundo desde el 2008, se habla de porqué se produce la burbuja inmobiliaria en España y se habla de la vocación urbanizadora del suelo que se da por la Ley del Suelo del año 97. Hay quienes quieren, quizás, remontarse a esa situación porque la Ley de Suelo, efectivamente, considera de forma general que todo el suelo tiene vocación urbanizable; por tanto, con esa decisión lo que se hace es propiciar un modelo en el cual la promoción privada y pública de viviendas, pues, se acentúa. A su vez, las entidades financieras españolas piden créditos para financiar un proceso que acaba, en términos económicos, produciendo la llamada burbuja inmobiliaria. ¿Quién es el responsable? Los ciudadanos no. Los ciudadanos no son los responsables de eso; o, a lo mejor, en la cuota que la enésima parte de su responsabilidad al contraer un crédito hipotecario les proporciona. Esa es la responsabilidad. Y nosotros, los responsables públicos, en la medida de la responsabilidad que tenemos cada uno en la institución a la que representamos -en este caso al Parlamento de Canarias- tenemos el deber de introducir o propiciar soluciones.
Me parece una osadía llegar a afirmar con tanta rotundidad temas que son, ciertamente, señor Afonso, cuando menos delicados y dudosos. Por ejemplo, dice usted: "ustedes no tienen competencia para decir cuál no es una vivienda vacía". Pues yo le voy a decir más: el Estado no tiene competencias sobre vivienda. No las tiene. No tiene competencias en vivienda. Léase usted el artículo 148 de la Constitución y el artículo 149, lea usted los estatutos de autonomía y dígame usted qué capacidad tiene el Estado para hacerlo. ¿Sabe qué ha hecho el Estado con unos y otros gobiernos para tener competencias en vivienda? Pues establecer planes de vivienda. "En la medida en que yo tengo planes de vivienda, tengo dinero, si tú quieres sumarte al plan, tienes que firmar y, por tanto, yo tengo competencias también". Esa es la razón. Si fuéramos ricos y no necesitáramos el concurso financiero del Estado, por ejemplo, para los planes de vivienda, no precisaríamos del Estado y no habría ni una sola intervención del Estado en materia de vivienda, por lo menos de vivienda pública, de promociones de vivienda pública en Canarias. Y, por ejemplo, no se habrían producido las consecuencias que se están produciendo, porque el Estado ha decidido que determinadas subvenciones a las viviendas de protección oficial que estaban propiciadas a través de los propios planes del Estado, ahora las ha retirado y tenemos un problema grave, también. Y hoy día en muchas comunidades autónomas hay quejas por los distintos defensores del pueblo autonómicos en relación con los perjuicios generados a las personas que fueron receptoras de viviendas de protección oficial y que se les ha retirado el subsidio o la subvención propiciada por los planes estatales de vivienda.
En fin, doctores tiene la Iglesia, señorías, y el Derecho, por fortuna, no es una ciencia exacta. Lo que sí sabemos es que todas las personas, todos los que tenemos la responsabilidad de representar al pueblo de Canarias sabemos que Canarias tiene en este un gran problema, y tenemos la obligación de concurrir con nuestro esfuerzo, con nuestro conocimiento, con el trabajo en ponencia, en comisión y después, nuevamente, en pleno, para hacer una buena ley que proteja a los colectivos que están desamparados en el marco estatal tras la Ley 1/2013, que ha sido una respuesta, tardía -pero respuesta al fin y al cabo- que el Estado ha querido dar, pero insuficiente, que nosotros vamos a completar con esta ley de vivienda.
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones.
Señor don José Miguel Ruano, muchas gracias, del Grupo Nacionalista.
Por fin vienen ustedes a esta Cámara a cumplir con una competencia exclusiva. Es la política de vivienda competencia exclusiva de las comunidades autónomas y lo es de esta. Y vienen ustedes a atacar aquí un problema gravísimo en el sexto año de la crisis, ¡en el sexto año de la crisis! Es más, las veces que en esta Cámara hemos discutido este tema ha sido a propuesta de los grupos de la oposición, y concretamente del mío. En noviembre de 2011 todavía gobernaba Zapatero y trajimos aquí este problema, que nos alertó no nuestra conciencia -que también la tenemos-, nos alertó la ciudadanía; porque el mérito, ¡el verdadero mérito!, no está ni en su Gobierno ni en este Parlamento ni en el Gobierno de España ni en las Cortes Generales. Está en los que están pitando ahí afuera, que son los que pusieron en el tapete el drama, la dura cara de la crisis, echando a miles de familias con los niños chicos en medio de la miseria de sus viviendas. Han sido los ciudadanos los que han obligado a los gobiernos y a los parlamentos a intervenir sobre este desastre, ¡desastre absoluto! Y el Gobierno de Canarias llega tarde. ¡Seis años después de iniciarse la crisis! ¡Teniendo todas las competencias! Por una vez, asumamos que hay cosas que dependen de nosotros y otras de Madrid, pero ya está bien de simplificar todos los problemas y endosar la culpa a los demás. ¡Así no avanzaremos! Hay responsabilidades que son de la Unión Europea, del sistema financiero internacional, de los banqueros, de las mayorías políticas en el Congreso, pero hay otras que son nuestras, y esta es nuestra y llegamos tarde.
Nosotros vamos a apoyar la toma en consideración de la ley -fíjense por qué- por razones ideológicas, ¡políticas! Esta es una responsabilidad de la colectividad, de las instituciones canarias, de este Parlamento. Y dicen algunos que salimos ya de la crisis, los jefes de don Asier en Madrid. El daño que ha hecho esta crisis a las personas, a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, a los servicios públicos es yo creo que irreparable o por lo menos costará décadas salir de ella. Y, en una competencia absolutamente de esta comunidad, no se ha hecho, frente a este drama, ¡nada, nada, nada! Y esta ley, que no es una buena ley -y lo veremos-, tiene buenos propósitos, los que son buenos son las ideas que pretende resolver.
Yo no soy jurista, lo sabe mi buen amigo Ruano, pero algo de sentido común adquieres después de tantos años en esta actividad. Esta ley es un batiburrillo. Esta ley actúa sobre realidades complejísimas, actúa sobre asuntos... porque la vivienda es competencia nuestra, eso no hay duda, lo que no es competencia nuestra, por ahora, es la regulación del Código Civil y de los códigos mercantiles, etcétera, etcétera. Es ahí donde no podemos intervenir.
Y hay que decir, desgraciadamente, que nosotros no hemos hecho bien las tareas: tenemos la comunidad con más paro, con más pobreza, con más quiebra social, con más daño socioeconómico y, por lo tanto, los problemas aquí son mayores en todos los ámbitos. Aquí tenemos más pobres, aquí tenemos más gente con dificultades para llegar a final de mes, aquí tenemos más gente para garantizar el derecho a la vivienda y por lo tanto aquí hay que redoblar los esfuerzos. Y nosotros hemos llegado aquí tarde. Y alguna comunidad autónoma, que fue pionera en algunas de la propuestas que ahora comentaremos, trató de intervenir en esa parte de la realidad, porque la problemática de la vivienda no es solo los que la pierden, sino los que no acceden a ella, los que teniendo derecho y necesidad, no tienen una vivienda.
Y yo les tengo que decir que nosotros no hemos presentado la enmienda a la totalidad, aunque se nos pasó por la cabeza por razones ideológicas y políticas, porque estamos obligados en este Parlamento, y el Gobierno al que ustedes pertenecen, a actuar, a intervenir con rigor y sin simplificación y sin demagogia y sin arrogarse ningún mérito porque no lo tienen, no lo tienen.
Mire, el Partido Socialista, en la primera etapa de esta crisis, intervino, mal no, pésimamente mal frente a esta problemática. Año 9, año 10, año 11; pésimamente mal. El Partido Popular también, también. Llegan tarde y mal a la problemática que la ciudadanía en las calles ha reclamado. Y nosotros llegamos más tarde que el Gobierno socialista español y más tarde que el Gobierno popular español, siendo los competentes exclusivos. Pero yo me alegro, incluso, de que empecemos a hablar de esta problemática, de esta quiebra, de esta parte de la crisis, en el sexto año de la misma. Porque hay dos buenos propósitos en la ley, lo que nos han hecho no enmendar a la totalidad esta norma y apoyar su trámite, procurar enriquecerla y es parar los desahucios, parar los lanzamientos.
Pero tenemos un problema, nosotros creemos que son plenamente constitucionales las expropiaciones temporales y, por lo tanto, con justiprecio. El pequeño problema que tenemos -y no es igual que el anterior, el del turismo- es que el Gobierno de España, en el Decreto-Ley de Andalucía, en la ley de Andalucía y en la ley de Navarra, ha ido al Constitucional y ha suspendido la norma. De manera que es de cajón de madera de tabla que nos pase lo mismo aquí con relación a este tema. Y mi primera preocupación es, vamos a ver, yo no tengo dudas, que es más dura la Ley estatal, la 1/2013, en su artículo 1, porque esa no expropia, esa confisca, confisca. Lo he dicho aquí en más de una ocasión, yo sé que aquí hay poca memoria, ¿no?, pero lo he dicho aquí. Confiscatoria porque le dice al dueño del banco, le dice al dueño del banco: "Esta familia se queda durante dos años, como mínimo, y no paga nada, ni la familia ni el Gobierno". ¿Eso cómo se llama? Confiscación; coger tus bienes no expropiártelo porque expropiar hay compensación económica. Yo no creo que sea inconstitucional este tema, el problema es que no lo podemos decidir aquí porque la interpretación que se ha hecho no la podemos modificar en este Parlamento, ya nos gustaría, todo se conquistará. De manera que es seguro -pero no porque uno sea mal pensado- que si aprobamos la ley en estos términos, al minuto siguiente de publicarse se presenta el recurso y se paraliza y, por lo tanto, la eficacia de la medida será cero. Y a nosotros lo que nos tiene que importar es resolverle los problemas a la gente, y por eso nosotros estamos ideando una alternativa a esta propuesta, que no es fácil, una alternativa. Porque de qué sirve, yo sé que debiera haber alguno en el Gobierno -que yo, sabe usted, que tengo por allí también pajaritos que me informan-, que a lo mejor a algunos lo que les interesa que la ley se tumbe, que se la tumbe el Tribunal Constitucional, se tranquilizan las conciencias de cara a la opinión pública y, si te vi, no me acuerdo. Pudiera ocurrir, vamos, pudiera ocurrir, pudiera ocurrir... Y, a lo mejor, algo de eso tiene que ver con los informes -algunos insustentables- de alguna dirección general, no lo sé. Vamos a no pensar mal, vamos a suponer que es solo incompetencia, vamos a suponerlo, vamos a suponerlo.
Pero el planteamiento es: qué sentido tiene persistir en una medida que, aunque nosotros la defendemos, que nos parece de justicia, que nos parece constitucional, pero que tenemos un contratiempo que no podemos modificar y es tres paralizaciones del Tribunal Constitucional de tres leyes iguales. Porque ustedes no se rompieron la cabeza con esto, lo copiaron -un añito para copiarlo, un añito para copiarlo, ¿eh?-. Lo van a paralizar y entonces va a ocurrir lo siguiente, que el problema que tienen las familias que están siendo expulsadas de sus viviendas por la ejecución hipotecaria van a seguir en la calle. Entonces tenemos que buscar un mecanismo, aunque defendamos ese tema, aunque lo aprobemos: si no hay un sustituto, la eficacia de esa medida será cero, como hasta ahora. El Gobierno de Canarias no ha hecho nada, ni una sola medida, en relación con los lanzamientos hipotecarios siendo competentes ¡en exclusiva! Y si la ley no la hacemos bien, seguirá sin hacer nada, porque desde el momento que se suspenda no se podrá aplicar.
Por lo tanto, con relación a este tema, habrá que idear una alternativa, no podemos permitir que la gente en situación de emergencia social -declarado esto por interés social- se vaya a la calle porque nos suspendan la ley. Y este es uno de los dos grandes propósitos de la ley y lo tenemos que cambiar ¡por imperativo legal!, porque no se puede ir contra los elementos. ¿Qué sentido tiene persistir en este tema para que te lo suspendan a las 24 horas?
Segunda cuestión: movilizar el parque de viviendas. Esto no tiene tanto que ver con esto como con la política de vivienda, y es verdad que la crisis lo ha endurecido. Y es gente que quiere vivienda, 38.000 y otros que no se apuntan porque no tienen ninguna esperanza, toda persona mayor de edad que quiera proyectar su vida aspira a tener una vivienda, ¡toda! El pequeño problema es que la mayoría no tiene un duro, y los que tienen un trabajo y unos ingresos no tienen crédito; de manera que el acceso a la vivienda se ha convertido en un asunto de minoría.
¿Hay que movilizar las viviendas? Sí. Y yo me pregunto, ¿y por qué no lo han hecho hasta ahora? ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? ¿Qué ley necesitan para eso? Yo estoy de acuerdo que puede ser de interés social conocer el registro de viviendas vacías, puede ser muy interesante. Hay países en la Unión Europea donde se actúa sobre las viviendas vacías públicas y privadas, yo estoy hablando de países como Alemania, que no es el comunismo, que no es el comunismo. Por lo tanto, yo lo que echo de menos, por parte del Gobierno de Canarias, es una política sobre vivienda y una política para paliar el desastre de los desahucios, y sobre las dos cosas hay un déficit terrible y la norma esta no lo resuelve -bueno, la norma la tengo allí-, este papel que ustedes nos presentan no lo resuelve.
Por lo tanto, señora consejera, nosotros apoyaremos la toma en consideración de esta iniciativa, como digo, por razones políticas, ideológicas, porque creemos que la culpa de que esto no esté encauzado es nuestra, de la política, de las instituciones, del Gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias porque nos corresponde a nosotros paliar este problema porque el derecho constitucional a la vivienda lo tenemos garantizar en el estructura competencial nosotros, esta comunidad.
Decía el señor Ruano -que me puso la pelotita en el punto de penalti- que el Estado solo interviene poniendo cuartos, lo hace también en otras políticas exclusivas de las comunidades autónomas. Recuerdo cuando se discutió la Ley de Dependencia, siendo yo diputado en las Cortes Generales, que había una invasión evidente de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de asistencia social, ¡competencia exclusiva de las comunidades autónomas! Sin embargo, el gobierno de Zapatero, con buen criterio, establece una ley y pone una condición que era yo creo que irreprochable hasta para los nacionalistas, y es que ponía dinero para arreglar un problema muy importante, que era que un montón de ciudadanos tenían necesidades básicas no cubiertas, y algunos otros nacionalistas, con los que mantenemos y manteníamos muy buena relación, fueron al Tribunal Constitucional por invasión de competencias de la Ley de Dependencia en esta materia. De manera que las competencias exclusivas se las tienen que ventilar las comunidades autónomas y el Estado participa cuando pone dinero.
De manera que nosotros vamos a estar ahí, lo vamos a hacer con cariño. Le vamos a exigir, aunque sea tarde, que actúe. No les vamos a permitir doble juego y doble lenguaje como en otras cuestiones, como por ejemplo en la pobreza.
A mí me sacan de quicio pocas cosas a estas alturas de mi vida, pocas; pero no puede uno apuntarse tantos donde hay fracasos contrastados. Y en la lucha contra la pobreza esta comunidad tiene un fracaso contrastado, y esta ley no es ningún avance ni ninguna revolución, ni ninguna transformación, ni ninguna solución definitiva sobre casi nada. Ahora bien, ¿que tenemos margen para acordar y buscar soluciones? Sin duda. ¿Que nos tumban en el Tribunal Constitucional las expropiaciones temporales? Alternativa, alternativa: el dinerito que iba para eso ponemos en marcha políticas de alquiler para esas mismas familias. Vamos a suponer que la Dirección General de Planificación y Presupuesto solo se equivocó, pues el dinero que estaba previsto para esto lo dedicamos a una política de alquiler para las familias en esa situación.
Y sobre la movilización del parque, a nosotros nos parece bien, que algo tenemos que hacer y el registro puede ser una buena fuente de información. Y luego hay que hilar fino cómo se interviene ahí, pues ya veríamos el mecanismo. Coercitivamente funcionan pocas cosas, ¿eh?, pocas. Yo creo que pudiera ser del interés -como se ha dicho aquí y lo han dicho en los periódicos- de las inmobiliarias, en vez de tener cerradas las viviendas y asaltadas, alquilarlas a un precio razonable con el aval del Gobierno. Aquí hay una experiencia, aquí hay una experiencia. Yo tengo dos amigas íntimas que están en la Bolsa de Vivienda del Gobierno desde hace muchísimos años y tienen la garantía de que el Gobierno intermedie, tienen la garantía de que el Gobierno protege legalmente y tienen la garantía que hay un seguro en esta materia.
En definitiva, señora consejera, menos apuntarse tantos, que no está este Gobierno para apuntarse tantos, no. Usted dijo: "¡esta ley es buenísima!, ¡esta ley nos va a cambiar! Esta ley..."
El señor PRESIDENTE: Dos minutos, don Román.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ... no sirve para nada. Nos la hemos leído, la hemos discutido. Hemos visto Andalucía, nos hemos visto con los chicos de las plataformas de allá y de aquí cuatro o cinco veces, y esta ley, así, ni moviliza el parque de viviendas vacías ni para los desahucios, porque, insisto, la medida eficaz la paraliza el tribunal seguro, porque hay tres antecedentes, no hace mil años, hace seis meses, un año. De manera que ideemos una fórmula para ayudar a las familias y evitar los lanzamientos y busquemos un mecanismo para que el derecho a la vivienda en esta comunidad, que lo tiene que garantizar el Gobierno de Canarias y este Parlamento, sea una realidad, y asumamos nuestras propias responsabilidades. Yo he de decir que, en los cambios de la legislación estatal, el Gobierno español no ha ido más allá; pero sí le digo una cuestión, el artículo 1 de la Ley 1/2013 confisca durante dos años, y las condiciones objetivas, las económicas -que son las difíciles- son casi iguales. La única diferencia es que tres veces el IPREM, que no cuatro -tres, tres, igual que Madrid-, lo único que el porcentaje en vez del 30 % es del 50, en lo demás, en las condiciones objetivas, es igual que Madrid. Sería bueno que el Gobierno encauzara todas las propuestas posibles por la ley estatal hasta donde se pusiera y el dinero que pudiéramos tener para atender a las familias en desahucio buscáramos una forma, que, seguramente, la más corta, la más fácil, la más eficaz, sea un programa de alquiler para salvar esas familias y no se vayan a la calle.
Por lo tanto, tendrán ustedes nuestro voto, pero van a tener el aliento nuestro aquí atrás (Tocándose la nuca).
Fijación de posiciones también. Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla.
La señora JEREZ PADILLA: Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes.
El comienzo de mi intervención sobre la modificación de la Ley de Vivienda, es sobre lo último que dijo la señora consejera: "el objetivo de esta reforma es garantizar la vivienda y garantizar el techo a esos ciudadanos que están fuera en la calle". Ese es el sentir de la ley. Yo no voy a intervenir en el plan jurídico, porque no soy jurista, pero sí soy más social, soy de un campo social y voy hablar, a nivel social, de lo que están sintiendo esas personas que están ahora mismo pitándonos fuera, que están con carteles diciéndonos sí a una ley, stop a los desahucios. Hacia ellas es a las que voy hablar no hacia ustedes, señorías.
Señorías, esta es una ley que surge ante una situación de crisis por la que están pasando muchas familias canarias, y es una ley que, sobre todo, reconoce la vivienda como un bien social (Murmullos en la sala).
El señor PRESIDENTE: Sí, señorías, por favor, guarden silencio.
La señora JEREZ PADILLA: Gracias, señor presidente.
Pero, además, como bien decía la señora consejera, es una ley que fue solicitada por todos los grupos parlamentarios -bueno, sin ser el Partido Popular- y además fue solicitada por esas personas que están en la calle, por esas personas que se han montado en una plataforma que se dice "Plataforma Stop Desahucios" y fueron ellas las que dijeron: "sí, hay que traer una ley a Canarias, hay que modificar la ley canaria porque no atiende a las necesidades que nosotros ahora mismo tenemos".
¿Y es necesaria, señores del Partido Popular? Pues sí, sí es necesaria aunque no lo entienda, porque la ley del Estado, señorías, es una ley que ayuda a los bancos, aunque ellos quieran reconocer que no. Ayuda a los bancos y sigue desahuciando sin control ninguno, como otras tantas leyes que perjudican a los ciudadanos, es decir, yo lo dije en la última comisión, si usted recordará, señora consejera, que el PP ha sacado a los pobres de las universidades, ha sacado a los pobres del trabajo y, por supuesto, va a sacar, con la ley que ellos tienen en el Estado, a los pobres de sus casas, y esto no lo podemos permitir.
Señorías, desde el 2007 hasta ahora se han producido en Canarias miles de ejecuciones hipotecarias; muchos canarios y canarias tuvieron que afrontar en estos cuatro años el drama de un desahucio. Si a esto añadimos el stock de 130.000 viviendas vacías que algunos expertos estiman que existe en Canarias, así como los 32.000 demandantes de viviendas censados por el Instituto Canario de la Vivienda, la conclusión es clara, señora consejera: en las islas no se está cumpliendo con la función social de la propiedad de la vivienda que proclaman los artículos 31 y 47 de la Constitución española. Un incumplimiento que sobrepasa el plano jurídico e institucional para convertirse en un auténtico drama para miles de familias, un drama ante el que la única alternativa que no es posible es la impasibilidad. Impasibilidad de la que hace gala el Partido Popular con su enmienda a la totalidad, de la que me ocuparé, desde luego, aunque el portavoz del Grupo de Coalición Canaria ha hablado de la enmienda a la totalidad yo, desde luego, voy a decir un par de cosas. Y con respecto a la enmienda a la totalidad, tengo que felicitar al Partido Popular. ¿Por qué? Porque es una enmienda que ha batido récords. En tres folios, han dicho, ¡vamos!, han dicho lo que no se puede decir; han justificado su dejadez con la sensibilidad de la materia que realmente nos ocupa. Señorías, admitimos -que no compartimos, señorías del Partido Popular- todas las críticas que puedan hacer al proyecto de la ley del Gobierno. Y, desde luego, también al portavoz del Grupo Mixto. Lo que no podemos admitir es que la alternativa que el Partido Popular trae hoy aquí proponga la devolución del proyecto. Si esta ley no les parece bien, no les parece adecuada, pongan una alternativa; no se queden de brazos cruzados como han hecho hasta ahora, para eso existe el proceso de enmiendas, existe una comisión donde se va a trabajar con la ley. No se escuden en esos informes en contra, señorías, a pesar de informes que dicen que la ley es imposible. Yo creo que, si el Gobierno ha traído esta ley, se entiende que la ley va a seguir para adelante con lo cual no tiene sentido el que se escuden en esos informes. Y, aparte de eso, seguramente lo diré más adelante, ya la consejera ha explicado por activa y pasiva cuál va a ser la consecuencia de esos informes, tanto aquí en sede parlamentaria como en las comisiones.
Hay que recordar que, desde que el PP llegó a la Moncloa, en diciembre del 2011, señorías, ha asumido el papel de árbitro, yo le digo, del Monopoly, ¿por qué? Porque con el Partido Popular siempre gana la banca y pierden las personas; yo no sé cómo se las arreglan, que siempre gana la banca y pierden las personas. Cuando la plataforma Stop Desahucios y diversos grupos parlamentarios presentamos en las Cortes iniciativas legislativas contundentes para frenar esas miles de desgracias que tenían esas familias, esos miles de desahucios, su respuesta fue la siguiente: primero, que ni hablar, y después que sí, pero con medidas descafeinadas. Con lo cual, nada y lo mismo es igual. Si a ello le añadimos la paralización en el Tribunal Constitucional de las leyes andaluza y navarra, la amenaza a la ley canaria de correr la misma suerte y la enmienda de devolución que hoy nos plantean, pues la conclusión vuelve a ser la misma, y bien clarita: la prioridad del Partido Popular, señorías, son los bancos y no las personas. ¿Y en qué se justifica el Partido Popular para pedir la devolución de la ley en primer lugar, señora consejera? Dicen que no afronta las necesidades reales de Canarias, que no cuenta con las medidas efectivas para garantizar el derecho a la vivienda. Yo no sé si ellos no han bajado a la Tierra, si no han salido a la calle, si no ven los telediarios y ven a esas personas que se ponen las camisetas y dicen Stop desahucios. No me saquen de mi casa. Queda claro que no han entendido, señora consejera, de qué va la ley ni el salto cualitativo que supone. La actual ley, la que conocemos todos, centra sus esfuerzos en facilitar el acceso a una vivienda mediante diversos instrumentos, como es el Plan de Vivienda, la promoción de vivienda para su compra, medidas para facilitar el alquiler, o la rehabilitación, etcétera, etcétera. La modificación que hoy traemos además introduce medidas para garantizar el mantenimiento de las viviendas ante impagos hipotecarios, elemento para el que ustedes, señorías, no han sido capaces de articular ninguna medida efectiva.
Dicen que hay dudas sobre la constitucionalidad de la ley y que genera inseguridad jurídica -aquí, si me lo permite, entrar en una contradicción para intentar justificar lo injustificable-: arranca la enmienda reconociendo que el artículo 30 del Estatuto atribuye las competencias exclusivas a Canarias en materia de vivienda, y aquí se están contradiciendo. Por tanto, si tenemos competencias exclusivas en materia de vivienda y competencias exclusivas para regular los mecanismos que se han de poner en marcha cuando una persona carece de vivienda, ¿por qué resulta tan descabellado que una comunidad autónoma legisle sobre la función social del derecho de propiedad sobre las viviendas, señorías? Pero está visto que a algunos partidos políticos, esta cuestión les genera dudas. ¿Por qué no le generó dudas, señoría, de constitucionalidad la actual legislación hipotecaria y las cláusulas abusivas de la banca? ¿Y han tenido que venir el Tribunal de Justicia y la Unión Europea y la doctrina jurisprudencial, como así han comentado otros intervinientes, a decirnos que las cosas que se estaban haciendo estaban mal?
Señorías, que la Ley canaria de Vivienda es una ley que puede generar dudas, señora consejera, estamos de acuerdo. Que estamos dispuestos a correr el riesgo, lo estamos, señora consejera. Que la impasividad de la que hacen gala algunos no es una opción, no lo es, señora consejera y, mire, plantear que las expropiaciones de uso no están justificadas porque se pueden sustituir por un contrato de alquiler, tampoco. Señorías, cuando leí este argumento, el argumento que planteaba el Partido Popular, lo que pensé es que el Partido Popular parece estar instalado en un mundo de fantasía. Claro que es preferible que, ante un impago de hipotecas, los bancos reciban las viviendas en dación en pago y sustituyan la cuota por una renta más baja en concepto de alquiler; pero, hasta donde yo sé, señora consejera, las entidades financieras no están siendo precisamente hermanitas de la caridad, ni mucho menos parecen ser conscientes de la grave fractura social a la que están contribuyendo con un papel destacado. Señorías, si los bancos actuaran en ese momento, en ese mundo idílico que tratan de pintarnos, no haría falta esta ley, señora consejera; pero lo cierto es que, si no les ponemos el palo de una posible expropiación, no van a ir a la zanahoria de un alquiler social.
En último término, me quiero referir a los argumentos que esgrime en contra de la medida a aplicar sobre las viviendas desocupadas. Señor del Partido Popular, usted dice textualmente que, "lamentable es que aquellos que tanta ineficacia acreditan en la gestión de los recursos públicos disponibles dediquen su tiempo a ejercer de Gran Hermano de la intimidad de los ciudadanos canarios. -Además, dice-: La privacidad e intimidad personal o familiar es violentada y queda subordinada a la discrecionalidad y potestades de la Administración". Señorías, el grado de cinismo político que muestran con esta afirmación es de tal envergadura que me ha resultado extremadamente difícil elegir unos calificativos adecuados para este marco parlamentario. Cómo es posible que el mismo partido que está intentando imponer su moral a toda la sociedad española, el mismo partido que pretende cercenar la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y sobre su maternidad, se atreva a decir que el Gobierno de Canarias quiere ejercer de Gran Hermano, violentando la privacidad e intimidad familiar de los canarios? ¿Cómo se puede sostener tal afirmación, señorías? Supongamos por un momento que el Gobierno de Canarias quiere violentar la intimidad de los canarios y canarias. Si así fuera, sería por la digna causa, señora consejera, de tratar de evitar que miles de familias de esta tierra se queden viviendo en la calle, no para calmar los ánimos del ala más derechosa del Partido Popular, ni para contentar desde luego a la Conferencia Episcopal, como están haciendo allá.
Con respecto al Partido Socialista, que lo han nombrado, simplemente decirle que, mire, nosotros llevamos en el ADN el saber pedir perdón cuando nos equivocamos, pero el problema es que hay muchos, hay otros que no saben pedir perdón cuando se equivocan, continúan cometiendo errores, continúan perjudicando a las familias que más están necesitándolo ahora mismo, y siguen.
Señora consejera, ya ha aclarado en sede parlamentaria, como decía, lo de los informes, y, por lo tanto, para finalizar, esta es una ley necesaria para todos aquellos canarios... (Rumores en la sala). -Gracias, señoría. Yo creo que este es un tema superimportante, yo igual cometí un error al decirles que no hablaba para ustedes que hablaba para los que estaban en la calle, y por eso quizás a ustedes, pues, no les interese lo que estamos diciendo hoy aquí-. Decirle, señora consejera, para finalizar, que esta es una ley necesaria para todos aquellos canarios que lo están pasando mal, y que, desde luego, será mejorada en comisión vía enmienda, para lo que tendremos en especial consideración todas aquellas aportaciones que nos remitan tanto desde todas las plataformas como de todos aquellos colectivos que no se encuentran implicados o no están dentro de esas plataformas, pero que nosotros sí recibiremos esas aportaciones bienvenidas.
Y, desde luego, queremos felicitar al Gobierno por ser valiente, señora consejera, y traer a la Cámara una ley de esta envergadura, que va a mejorar las condiciones de todas aquellas personas que se encuentran en proceso de desahucio, aunque a algunos les duela prenda y digan que es una copia de la andaluza, de la navarra; pero, mire, viene a solucionar problemas, señora consejera, viene a solucionar problemas y bienvenida sea.
Señorías, se les podrá quitar derechos a las familias, pero cuando una persona...
El señor PRESIDENTE: Doña Rosa, dos minutos. Sí, puede continuar.
Señorías, cuando a una persona -decía- se le quita su casa se envuelve en una situación muy difícil de asumir. Yo conozco muchas familias que han perdido su casa y entran en un proceso de depresión en que muchos no quisiéramos vernos, desde luego, en su pellejo.
Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta ley, señora consejera, va a apoyar la reforma de la ley y, desde luego, sí les quiero decir, a los que han dicho no a la ley, que salgan ahí afuera, que salgan ahí afuera y que le digan a los que están ahí con pancartas que han dicho no a tener Canarias una ley, y que le han dicho no y que van a verse en la calle, ¿eh?, porque se han negado a apoyar la ley que trae hoy el Gobierno de Canarias aquí. ¡A eso a lo que están ellos dispuestos!
El señor PRESIDENTE: Gracias, muchas gracias, doña Rosa Jerez.
(El señor presidente acciona el timbre de llamada a votación.) (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a votar -atiendan, señorías- la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley del Gobierno en materia de vivienda. Lo que se vota es la propuesta de devolución del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. Señorías, silencio, por favor (Pausa).
Resultado: 51 presentes, 18 a favor, 33 en contra, ninguna... Yo lo que les ruego es que... Todos sabemos lo que dice el Reglamento de las votaciones, no se puede alterar el orden en el momento de las votaciones de ninguna manera, ni el propio presidente del Parlamento. Entonces, cuando nos pongamos a votar, en lugar de estar diciendo por ahí "sí", "no". No, que cada uno vote lo que quiere y atiendan. El sistema informático funciona perfectamente porque aquí está todo encendido, voy a repetir la votación.
Votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular al proyecto de Ley de Vivienda del Gobierno de Canarias.
Resultado: 54 presentes, 20 a favor, 34 en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda a la totalidad y, por lo tanto, el proyecto de Ley de Vivienda del Gobierno continúa su tramitación en ponencia y en comisión.