Source: https://issuu.com/aedlmic/docs/inteco_guia_videovigilancia
Timestamp: 2017-11-21 05:13:30
Document Index: 194378156

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 197', 'artículo 20', 'artículo 20']

Guia de videovigilancia y proteccion de datos by AEDL MIC - issuu
2.	Bienes jurídicos afectados y normativa aplicable
3.	Principios del tratamiento de imágenes
4.	Derechos de los individuos afectados por sistemas de videovigilancia	15 5.	Obligaciones de los responsables sobre protección de datos
6.	Aplicaciones de la videovigilancia
1.1.	¿QUÉ ES LA VIDEOVIGILANCIA? En la actualidad es cada vez más frecuente la instalación de cámaras de vídeo en recintos determinados o en la vía pública para observar en todo momento lo ocurrido dentro del alcance de la misma.
Un sistema de videovigilancia está integrado, de forma básica, por un elemento de captación de la imagen (por ejemplo una cámara), uno de visualización (p.ej. una pantalla) y uno de almacenamiento (p.ej. un disco duro). Para que la imagen captada sea utilizada de forma inmediata o en un momento posterior, debe ser transmitida al elemento de visualización y al elemento de almacenamiento, respectivamente. A continuación se muestra un esquema de funcionamiento de un sistema de vigilancia basado en cámaras: Sistema de videovigilancia
1.2.	FINES DE LA VIDEOVIGILANCIA La captación y/o tratamiento de imágenes para garantizar la seguridad de bienes y personas es el principal fin perseguido por la videovigilancia. Sin embargo, la proliferación de estos sistemas amplía los ámbitos de aplicación. A continuación, se enumeran los principales:
•	Uso con fines de seguridad de los bienes materiales y de las personas. La captación de imágenes para controlar el acceso a recintos y espacios determinados se realiza por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) así como en entornos privados. •	Uso en entornos empresariales con fines de control laboral. En este caso, la utilización de las cámaras se destina a proporcionar información al empresario sobre el adecuado desempeño de las tareas propias del empleado. •	Otros fines. El auge de estos sistemas ha propiciado su uso en otros ámbitos, tales como la promoción turística, la investigación, los estudios conductuales, etcétera.
En los diferentes ámbitos, la utilización de imágenes que contengan personas identificables tiene una serie de implicaciones jurídicas. En primer lugar, existe el derecho de las personas a la intimidad, el honor y la propia imagen, por lo que la videovigilancia debe respetar este espacio íntimo de las personas. En segundo lugar, la imagen de una persona constituye un dato de carácter personal de la misma y por tanto, debe ser tratada de acuerdo a lo establecido en la legislación relativa a protección de datos.
En los siguientes apartados se exponen los bienes jurídicos afectados por esta práctica, la normativa aplicable, los principios y reglas generales que se deben aplicar, las obligaciones de los responsables y los derechos de los ciudadanos cuya imagen es captada por un sistema de videovigilancia. A partir de esta base, se profundiza en cada ámbito concreto y se determinan una serie de casos, como la captación de imágenes en una comunidad de vecinos, en un acontecimiento deportivo, en un establecimiento comercial, o en el contexto del control del desempeño de los trabajadores en una empresa, entre otros. En cada uno de estos casos se aportan las obligaciones específicas que todo responsable de sistemas de videovigilancia debe conocer para efectuar esta práctica de acuerdo con la ley y, en especial, con los derechos de las personas que son grabadas.
 ienes jurídicos afectados y B normativa aplicable
La videovigilancia implica la captación y, en su caso, la grabación de información personal en forma de imágenes. Es decir, en las imágenes pueden aparecer personas representadas y ser posible su identificación. Esta circunstancia puede propiciar una invasión de la intimidad de estos individuos y el incumplimiento de las políticas de protección de datos de carácter personal. Ambos constituyen los bienes jurídicos afectados por estos sistemas. La normativa legal vigente en relación con la aplicación y el tratamiento de la videovigilancia establece un marco para la efectiva protección de estos bienes jurídicos en los distintos ámbitos en los que se produce.
2.1.	BIENES JURÍDICOS AFECTADOS Intimidad, honor y propia imagen El derecho a la intimidad, honor y propia imagen se encuentra garantizado mediante la Constitución Española en su artículo 18. En relación con la grabación o captación de la imagen de las personas, este derecho implica: •	Consentimiento. Obtener, reproducir o divulgar la imagen de una persona sin el consentimiento del individuo supone una vulneración de este derecho fundamental. Por tanto, deben respetar el principio de legitimación, como se detalla en el apartado 3 Principios del tratamiento de imágenes. •	Espacios reservados. Los responsables de los sistemas de videovigilancia deben garantizar la intimidad de las personas en determinados espacios, como vestuarios o baños.
En el ámbito de la videovigilancia, deben aplicarse los principios sobre protección de datos siempre que se utilicen medios técnicos para grabar, captar, tratar, almacenar y reproducir imágenes de personas identificables, ya sea en tiempo real o en diferido. Esta obligación no existe en los siguientes supuestos: •	Al realizar grabaciones en el ámbito personal o familiar, esto es en situaciones de la vida privada de los individuos, como por ejemplo en celebraciones familiares. •	En el desempeño de las labores de información realizado por profesionales de medios de comunicación, en base a la libertad de información recogida en el artículo 20 de la Constitución.
2.2.	NORMATIVA APLICABLE A LA VIDEOVIGILANCIA En el presente apartado se reúnen las distintas normas legales que deben observarse en la aplicación y el tratamiento de la videovigilancia. En concreto, se enumeran en primer lugar las relativas a la protección de los derechos de intimidad y protección de datos de los individuos grabados, de aplicación
con carácter general en cualquier ámbito en el que se realice la captación y tratamiento de imágenes de personas. En segundo lugar, se detallan aquellas disposiciones que están relacionadas con la aplicación de la videovigilancia con fines de seguridad. Por último, se incluye la normativa que regula el uso de cámaras para el control laboral. Derecho al honor, la intimidad y la protección de datos •	Constitución Española. Específicamente, el artículo 18 trata sobre el derecho a la intimidad de los individuos. •	Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. •	Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). •	Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de LOPD, (RDLOPD). •	Instrucción 1/2006, de 15 diciembre, sobre videovigilancia, de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Normativa sobre seguridad •	Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana, modificada por la Ley 10/1999, de 21 de abril. •	Ley 23/1992, de 20 de julio, de Seguridad Privada. •	Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.
•	Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, también conocida como “Ley Omnibus”. En concreto, esta ley modifica la Ley 23/1992, de 20 de julio, de Seguridad Privada.
•	Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula específicamente la instalación de videocámaras y las grabaciones elaboradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. •	Real Decreto 596/99, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997. Normativa laboral •	Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores (ET).
Aquellas personas o entidades que instalen sistemas de videovigilancia para captar o tratar imágenes en las que puedan aparecer personas identificables, deben observar ciertos principios generales de actuación que se extraen de lo dispuesto por la normativa sobre protección de datos y por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)1.
Se interpretan a continuación estos principios: •	Calidad. Las imágenes obtenidas deben ser adecuadas, pertinentes y nunca excesivas, en relación con la finalidad que haya motivado la instalación de las cámaras. •	Proporcionalidad. El responsable debe ponderar el objetivo buscado y la posible afectación de los derechos de las personas, de tal forma que no exista un medio menos invasivo que cumpla la finalidad perseguida. Por ejemplo, utilizar videocámaras para grabar la vía pública sin respetar el principio de proporcionalidad puede conllevar una sanción grave, con multa de 40.001 a 300.000 euros. •	Finalidad. Se deben identificar de forma precisa los propósitos perseguidos en el tratamiento de los datos personales. 1	Fuente: •	Agencia de Protección de Datos, 2009. Guia de Videovigilancia. •	Agencia de Protección de Datos, Junio de 2009 Inspección Sectorial de Oficio. Videocámaras en Internet.
•	Legitimación. Este principio exige a los responsables contar con el consentimiento del individuo afectado para proceder a captar su imagen personal. Sin embargo, en determinadas situaciones se contempla la exención a esta autorización. En concreto, no se requiere el consentimiento: −− Si existe una ley que exime el consentimiento. La Ley Orgánica 4/1997 regula la instalación de videocámaras y grabaciones elaboradas por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en lugares públicos, abiertos o cerrados con fines de protección de la seguridad ciudadana. Por su parte, el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores contempla que los empresarios pueden utilizar los sistemas que crean oportunos para verificar el adecuado desempeño laboral de sus trabajadores, incluyendo la captación y/o tratamiento de imágenes sin el consentimiento de sus empleados. −− Si existe una relación jurídica que así lo establece y la captación es necesaria para su mantenimiento o cumplimiento, si la grabación forma parte de las funciones de la Administración pública o persigue el interés vital de los individuos grabados. Fuera de estas excepciones, si el responsable no solicita este consentimiento, se enfrenta a una sanción grave según el Código Penal, con multa de 40.001 a 300.000 euros. •	Información. Los individuos cuya imagen vaya a ser utilizada por los sistemas de videovigilancia deben ser notificados de la grabación antes de que se produzca. •	Seguridad. El responsable del tratamiento debe establecer las normas, procedimientos y acciones que garanticen que la información contenida
Principio del tratamiento de imágenes
en las imágenes va a ser accesible únicamente para aquellas personas o entidades autorizadas. •	Deber de secreto. Las personas que intervengan en el tratamiento de imágenes de otras personas captadas por los sistemas de videovigilancia están obligadas a respetar la confidencialidad de los datos personales a los que tienen acceso durante este tratamiento.
 erechos de los individuos afectados D por sistemas de videovigilancia
4.1.	DERECHO A SER INFORMADO Las personas expuestas a la videovigilancia deben ser informadas de modo expreso, preciso e inequívoco respecto a la colocación de los equipos, la zona que se monitoriza, el responsable de la instalación y las acciones que se pueden llevar a cabo por los individuos cuyas imágenes sean tratadas. Este derecho de los individuos es correlativo al deber de los responsables de la instalación de informar a las personas que puedan ser videovigiladas, en los términos establecidos en el apartado 5.1. Información sobre la realización de videovigilancia. Los individuos que quieran consultar la información disponible sobre una instalación de vigilancia por vídeo, pueden encontrarla en los siguientes elementos:
4.2.	DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN Las personas pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) frente al tratamiento de imágenes captadas en los sistemas de videovigilancia en las que aparezcan. El responsable del fichero debe disponer de solicitudes estándar y facilitárselas a los individuos que las reclamen, para que estos puedan ejercer dichos derechos ARCO. De forma concreta, estos derechos consisten en: •	Derecho de acceso a las imágenes con información personal. Los individuos que quieran acceder a los registros deben aportar una imagen actualizada para que el responsable verifique su presencia en el fichero. El acceso debe realizarse sin afectar el derecho de terceros que también puedan aparecer en estas reproducciones, por lo que el responsable debe ser meticuloso y proporcionar únicamente la información imprescindible para que el interesado ejercite este derecho. •	Derecho de rectificación. En este caso, la aplicación en la práctica no resulta posible debido a la imposibilidad de cambiar el contenido de una imagen.
•	Derecho de cancelación. La eliminación de esta información debe producirse en el plazo de un mes, salvo que el individuo afectado solicite la tutela de la AEPD para ejercitar sus derechos, en cuyo caso las imágenes deben ponerse a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales. •	Derecho de oposición. En principio, cualquier persona que lo solicite puede negarse a ser grabada en vídeo. Sin embargo, en el caso de instalaciones con fines de seguridad, puede primar el interés general (la protección de la seguridad) frente al derecho individual (oposición) de la persona grabada. En caso de que se deniegue alguno de estos derechos, la persona afectada puede interponer denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, organismo que tutela al afectado en el ejercicio de sus derechos.
4.3.	DERECHO A INDEMNIZACIÓN Los interesados que consideren que su intimidad o privacidad ha sido dañada por el incumplimiento de las obligaciones que debe realizar el responsable del tratamiento de las imágenes, tienen potestad para reclamar una indemnización. •	Cuando se trate de ficheros de titularidad pública, la responsabilidad se exige de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas. •	En el caso de los ficheros de titularidad privada, la acción se ejercita ante los órganos de jurisdicción ordinaria, quienes determinarán el daño o lesión y establecerán una compensación para el afectado.
 bligaciones de los responsables O sobre protección de datos
Todo aquel que realice una captación de imágenes en las que puedan aparecer personas identificables, debe observar y cumplir las obligaciones recogidas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en la normativa sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. A su vez, la AEPD pone a disposición de los interesados una serie de formularios y modelos que aseguren el cumplimiento de estos deberes en distintos momentos del proceso de videovigilancia.
5.1.	INFORMACIÓN SOBRE LA REALIZACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA El deber de información obliga al responsable del sistema de videovigilancia a advertir a los individuos que se está efectuando una captación de imágenes, del espacio en el que se produce y a facilitar información relativa a la instalación. A su vez, dicho responsable es también el encargado del fichero que incorpore el tratamiento de datos de carácter personal resultante de dicha actividad.
Para notificar la existencia de equipos de videograbación, es necesario instalar distintivos específicos2 en base al modelo facilitado por la AEPD en la Instrucción 1/2006. Este distintivo debe estar ubicado, al menos, en todos los 2	El modelo del cartel informativo está disponible para su descarga en el siguiente enlace: https://www. agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/estatal/common/pdfs/Logo_videovigilancia_Version-2.6.pdf
accesos al recinto donde se encuentren instaladas las videocámaras. Las personas que puedan ser vigiladas con estos equipos deben tener constancia de que se están realizando tareas de este tipo. Cartel informativo proporcionado por la AEPD
A su vez, el responsable debe tener impresos3 a disposición de los interesados, que recojan la información referente a las características de la instalación: •	Existencia del fichero o tratamiento de datos de carácter personal, motivo de la captación de las imágenes y destinatarios finales de la grabación o de la información resultante. •	La identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento, para que cualquier persona pueda dirigirse a este. 3	El modelo del impreso de información de la instalación está disponible para su descarga en el siguiente enlace: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/estatal/common/pdfs/ clAUSULA-INFORMATIVA.pdf
Además, el responsable del tratamiento debe proveer de impresos y procedimientos para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO)4 por cualquier individuo afectado. Si en ese momento no tiene impresos en papel, debe disponer de los medios necesarios para poder imprimirlos y proporcionarlos al interesado. Estas medidas obligatorias no excluyen la utilización de otros métodos para informar a los individuos de la captación de las imágenes y del correcto tratamiento que se hace de las mismas. Por ejemplo, se puede utilizar la página web de la empresa para informar a los clientes de la realización de esta actividad de vigilancia en las instalaciones de la misma, utilizar medios específicos para personas invidentes, etc. No informar a los ciudadanos de la existencia de un sistema de videovigilancia implica para el responsable de la instalación una sanción leve, con multa de 900 a 40.000 euros, según indica el recientemente reformado Código Penal. Por otro lado, aquel responsable que no facilita y garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación a las personas que lo solicitan se enfrenta a una sanción leve, con multa de 900 a 40.000 euros. En el caso de impedir al individuo ejercitar estos derechos, la sanción es considerada como grave, con multa de 40.001 a 300.000 euros. 4	Los modelos para el ejercicio de los derechos ARCO se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalciudadano/denunciasciudadano/index-ides-idphp.php
5.2.	REGISTRO DE LA INFORMACIÓN El tratamiento de las imágenes captadas mediante videocámaras implica la compilación de dichas imágenes en un fichero.
Esta obligación de creación y registro del fichero no existe si las cámaras emiten en tiempo real y no hay almacenamiento ni tratamiento de las imágenes resultantes. Una vez creado el fichero, el responsable del mismo (es decir, el responsable del tratamiento de las imágenes) deberá notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos5, para su inscripción en el registro general. No cumplir con esta obligación conlleva una sanción leve, con multa de 900 a 40.000 euros. Por último, los ficheros de titularidad pública (por ejemplo, aquellos derivados de la videovigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), exigen una notificación oficial previa a su creación, como recoge el artículo 20 de la LOPD.
5	La AEPD proporciona un sistema online para la creación e inscripción de dicho formulario, disponible en el siguiente enlace: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/ index-ides-idphp.php
5.3.	ACCESO A LA INFORMACIÓN POR TERCEROS Cuando el responsable de la instalación de videovigilancia (el responsable del tratamiento), contrata a una empresa de seguridad para que realice la instalación y el tratamiento de las imágenes, esta última se convierte en encargada y la responsabilidad también recae sobre la empresa externa. De manera que el encargado puede responder como responsable si las utiliza de forma indebida. Cuando se capturan y almacenan imágenes para cualquier finalidad, y es una empresa externa la encargada del tratamiento de los datos, el responsable debe: •	Velar porque la empresa externa encargada del tratamiento reúna las garantías para el cumplimiento de todas las obligaciones marcadas por la LOPD. •	Celebrar un contrato que establezca esta prestación de servicio y la relación entre el responsable y el encargado del tratamiento. •	Cancelar las imágenes una vez cumplida la relación contractual. •	Evitar que el encargado subcontrate a su vez el tratamiento de la información, salvo que se le autorice expresamente. El contrato que regula el tratamiento de imágenes por terceros está recogido en el RDLOPD siendo sus características principales las siguientes: •	Identificar la finalidad del tratamiento de los datos por el encargado.
•	Establecer expresamente que los datos son tratados conforme a las instrucciones del responsable, y que no se aplican con otro fin distinto al que figure en el contrato. •	Estipular las medidas de seguridad que el encargado está obligado a cumplir.
Las instalaciones de videovigilancia cuya finalidad es la seguridad están reguladas mediante el Real Decreto 2364/1994 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. Este reglamento, recientemente modificado por la ley conocida como Ley Omnibus, obliga a la contratación de la instalación y el tratamiento con una empresa de seguridad autorizada por el Ministerio del Interior, siempre y cuando la instalación de vigilancia se encuentre conectada con una central de alarmas6. En este caso concreto, se debe formalizar un contrato de servicio de seguridad y notificar a la autoridad competente.
No contratar a una empresa autorizada cuando la instalación está o vaya a estar conectada a una central de alarmas implica una sanción grave con multas de 40.001 a 300.000 euros. Si se contrata a una empresa de estas características pero se incumple la obligación de notificación, esta empresa pierde la legitimación como autorizada.
6	Fuente: Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos. 2009. Informe 0650/2009. Disponible en: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/videovigilancia/common/pdfs/2009-0650_Modificaci-oo-n-de-los-sistemas-de-videovigilancia-por-la-ley--oomnibus.pdf
5.4.	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN El responsable del tratamiento y del control de acceso de las imágenes, ya sea el propio interesado o la empresa de seguridad contratada para este fin, es el encargado de adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de las imágenes, en cuanto a la modificación, pérdida o acceso indebido. Además, debe informar a las personas con acceso a las imágenes sobre sus obligaciones de seguridad y su deber de confidencialidad respecto a los datos expuestos. Se establecen distintos niveles de seguridad7 en función de la información de carácter personal contenida en las imágenes: básico, medio y alto. Cada nivel establece unas medidas para asegurar unos criterios de confidencialidad e integridad de la información. •	Las medidas de nivel básico aplican siempre que exista un tratamiento de datos personales. Son medidas relativas a identificación y autenticación, gestión de soportes, copias de respaldo, criterios de archivo, responsable de seguridad, personal, incidencias, control de acceso, almacenamiento, custodia de soportes, copias o reproducciones, auditoría, telecomunicaciones y traslado de documentación. •	Las de nivel medio recogen las de nivel básico y añaden otras que implican el cumplimiento de unos criterios superiores de confidencialidad e integridad de la información en relación a la identificación, gestión de soportes, responsable, incidencias, control de acceso y auditoría. •	Las de nivel alto recogen las del medio y básico y suponen el cumplimiento de los criterios señalados en su grado máximo. Se refieren 7	Para más información sobre las medidas concretas: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_SEGURIDAD_2010.pdf
al control de acceso, gestión de soportes, copias de respaldo, almacenamiento, copia o reproducción, telecomunicaciones y traslado de documentación.
Toda instalación de este tipo debe contar con un documento de seguridad8 que reúna los protocolos y procedimientos para una correcta custodia de los datos de carácter personal.
No adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos y establecerlas en un documento de seguridad puede ser considerado como sanción grave, con multas que van desde los 40.001 a los 300.000 euros. El acceso no autorizado a las imágenes, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, es un delito tipificado en el artículo 197 del Código Penal.
5.5.	CANCELACIÓN DE LAS IMÁGENES El responsable del tratamiento debe eliminar las imágenes almacenadas en un plazo máximo establecido. De forma general para cualquier finalidad, se establece un plazo máximo de un mes para conservar las imágenes desde la fecha de captura de las mismas. Antes de alcanzar este límite, las imágenes del archivo deben ser canceladas o su acceso debe estar bloqueado. Únicamente han de conservarse en los casos en los que se haya registrado un delito o una infracción, para ponerlas a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales.
8	El modelo de dicho documento está disponible en el siguiente enlace: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/guia_documento/index-ides-idphp.php
5.6.	CUADRO RESUMEN El siguiente cuadro resume las obligaciones de los responsables de los sistemas en materia de protección de datos, extraídos de la normativa relacionada: LOPD y su Reglamento de Desarrollo e Instrucción 1/2006. Obligaciones en materia de protección de datos del responsable de la videovigilancia Obligación
El responsable debe: •	Colocar carteles informativos según modelo AEPD en los accesos al recinto. •	Proporcionar a los interesados impresos con la información de la instalación. •	Facilitar a los individuos afectados por la videovigilancia el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
•	Creación de fichero sobre la instalación de videovigilancia y el tratamiento de imágenes y registro ante AEPD. •	Los ficheros de titularidad pública requieren notificación oficial previa.
Acceso a la información Celebrar el contrato que regule el acceso a las imágenes por por terceros terceras partes.
Elaborar el Documento de Seguridad con medidas técnicas y organizativas.
Eliminación de las imágenes captadas en un plazo máximo de 30 días.
6.1.	VIDEOVIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD DE BIENES Y PERSONAS La seguridad es la finalidad de videovigilancia más utilizada en la actualidad. Tiene como objetivo principal la protección de los entornos y de las personas dentro del área vigilada. Existen básicamente dos normativas que, además de las relativas a protección de datos, regulan la utilización de cámaras con fines de seguridad. •	Por un lado, la Ley Orgánica 4/1997 regula la instalación de videocámaras y grabaciones elaboradas por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en lugares públicos, abiertos o cerrados. •	Por otro lado, el Real Decreto 2364/1994 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, regula las empresas autorizadas para la instalación de sistemas de videovigilancia en entornos privados. La última modificación del anterior reglamento, realizada por la Ley Omnibus, permite la libre instalación de estos sistemas siempre que no se encuentren conectados a una central de alarmas. Seguridad pública La videovigilancia que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, así como 9	Para la elaboración de este apartado se han tenido en cuenta, de forma no exclusiva, las aplicaciones recogidas por la Guía de Videovigilancia, de la AEPD. Ver nota al pie 1.
prevenir delitos y faltas relacionados con la seguridad pública. 1.	Responsable de la instalación y el tratamiento: las Comunidades Autónomas tienen competencia para regular y autorizar a las FCSE la utilización de videocámaras en este supuesto, así como la custodia de las grabaciones y el control de acceso de las imágenes. 2.	Normativa aplicable: •	La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, regula específicamente la instalación de videocámaras y las grabaciones elaboradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. •	La LOPD y la Instrucción 1/2006. 3.	Obligaciones de los responsables: •	La Ley Orgánica 4/1997 dispone: −− Autorización para la instalación de cámaras fijas y móviles. −− Disposición de las imágenes captadas a las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales. −− Infracciones y sanciones relacionadas con el desarrollo de la actividad policial.
•	La LOPD y la instrucción 1/2006 complementan a la anterior, apuntando: −− Obligaciones generales de protección de datos según cuadro general de obligaciones del responsable del sistema de videovigilancia10. −− Creación de ficheros mediante una disposición de carácter general publicada en el diario oficial. 4.	Ejemplo: videovigilancia en edificios públicos o acontecimientos como celebraciones oficiales. Seguridad vial El objeto de este tipo de instalaciones es el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico, así como seguridad de las vías. 1.	Responsable de la instalación y el tratamiento: las Administraciones Públicas con competencia para la regulación del tráfico, para autorizar la instalación y uso de las videocámaras. 2.	Normativa aplicable: •	La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, en su disposición adicional octava, contempla que la autoridad competente en cada caso es la encargada de efectuar la instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico. 10	Ver Tabla de la página 26.
•	La Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en su Título I, se refiere a las autoridades con potestad para el ejercicio y la coordinación de las competencias sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. •	La LOPD y la Instrucción 1/2006. 3.	Obligaciones de los responsables: •	La Ley Orgánica 4/1997 dispone: −− Autorización de la instalación de cámaras fijas y móviles. −− Identificación de las vías públicas. −− Medidas que garanticen la disponibilidad, confidencialidad e integridad de las imágenes. −− El órgano encargado de la custodia y tratamiento. −− Disposición de las imágenes captadas a las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales. •	La LOPD y la Instrucción 1/2006 complementan a la anterior, apuntando: −− Obligaciones generales de protección de datos según cuadro general de obligaciones del responsable del sistema de videovigilancia11. −− Creación de ficheros mediante una disposición de carácter general publicada en el diario oficial. 4.	Ejemplo: cámaras instaladas en determinados puntos de la red viaria. 11	Ver Tabla de la página 26.
Seguridad en eventos deportivos Los espectáculos deportivos son eventos en los que se reúne una gran cantidad de aficionados en un espacio cerrado. Para prevenir cualquier incidente de seguridad se recurre a la videovigilancia como herramienta de control de acceso al recinto y de vigilancia durante el encuentro. La instalación de cámaras se realiza en el exterior e interior de recintos, cubriendo las zonas de acceso y gradas donde el espectáculo se lleva a cabo. 1.	Responsable de la instalación y el tratamiento: el club deportivo es el responsable. En el caso de un acceso a las imágenes por una empresa de seguridad externa, el encargado del tratamiento responderá como titular en caso de un tratamiento indebido. 2.	Normativa aplicable: •	El RD 769/1993 autoriza la instalación de sistemas de videovigilancia para la prevención de la violencia durante espectáculos deportivos. •	La LOPD y la Instrucción 1/2006 en lo relativo al tratamiento de las imágenes captadas. 3.	Obligaciones de los responsables: •	El RD 769/1993 establece la autorización de la instalación y grabación mediante cámaras fijas y móviles de determinadas partes exteriores e interiores del estadio como accesos y gradas.
•	Obligaciones generales de protección de datos según cuadro general de obligaciones del responsable del sistema de videovigilancia12. 4.	Ejemplo: detección de individuos sospechosos de portar objetos peligrosos para la seguridad, durante el acceso las instalaciones. Seguridad privada con acceso a la vía pública La captación de imágenes de la vía pública se encuentra totalmente prohibida, pero en algunos casos es inevitable que las cámaras capten la vía pública dentro del objetivo. Por ejemplo, al vigilar puertas de acceso a edificios, la cámara puede captar fachadas, aceras, etc. 1.	Responsable de la instalación y el tratamiento: la entidad titular del fichero. 2.	Normativa aplicable: •	El Real Decreto 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. •	La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto establece que la labor de garantizar la seguridad de la ciudadanía corresponde en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y regula específicamente la instalación de videocámaras y las grabaciones elaboradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 12	Ver Tabla de la página 26.
•	La LOPD y la Instrucción 1/2006 en lo relativo al tratamiento de las imágenes captadas. Esta legislación se debe aplicar en conexión al Reglamento de Seguridad Privada. 3.	Obligaciones de los responsables: •	El Real Decreto 2364/1994, dispone que la instalación de seguridad debe realizarla una empresa autorizada por el Ministerio del Interior, siempre y cuando se encuentre conectada con una central de alarmas. •	La Ley Orgánica 4/1997 prohíbe la captación de imágenes de la vía pública, excepto en determinados supuestos, en los que para conseguir la finalidad prevista sea necesaria la captación de la misma. En estos supuestos debe tenerse en cuenta lo siguiente: −− Se ubicarán las videocámaras para que capten la menor porción de la vía pública y produzca un mínimo impacto sobre los viandantes. −− Esta excepción no constituye una habilitación para captar imágenes en espacios públicos. •	Obligaciones generales de protección de datos según cuadro general de obligaciones del responsable del sistema de videovigilancia13. 4.	Ejemplo: una empresa coloca cámaras para asegurar los accesos a una nave industrial. El área de grabación incluye parte de la calle.
13	Ver Tabla de la página 26.
3.	Obligaciones de los responsables: •	El Real Decreto 2364/1994, dispone que la instalación de seguridad debe realizarla una empresa autorizada por el Ministerio del Interior, siempre y cuando se encuentre conectada con una central de alarmas. •	Obligaciones generales de protección de datos según cuadro general de obligaciones del responsable del sistema de videovigilancia14. •	La Instrucción 1/1996 dispone: −− Los datos no podrán ser utilizados para otra finalidad que la de control de acceso. −− Los datos no podrán ser cedidos, salvo consentimiento del individuo afectado. •	La Instrucción 2/1996 dispone que los datos serán destruidos en el plazo máximo de 6 meses, a contar desde el último acceso. 4.	Ejemplo: uno de los ejemplos más evidentes es la instalación de cámaras de videovigilancia en joyerías, casinos y salas de juegos, etc., ya que son establecimientos que requieren fuertes medidas de seguridad. Seguridad en entidades financieras Las condiciones excepcionales de seguridad de los bancos, cajas de ahorro y demás entidades de crédito exige la instalación de cámaras en dichos entornos. 14	Ver Tabla de la página 26.
1.	Responsable de la instalación y el tratamiento: la entidad financiera. 2.	Normativa aplicable: •	El Real Decreto 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. •	La LOPD y la Instrucción 1/2006 en lo relativo al tratamiento de las imágenes captadas. Esta legislación se debe aplicar en conexión al Reglamento de Seguridad Privada. 3.	Obligaciones de los responsables: •	El Reglamento de Seguridad Privada obliga a los responsables a lo siguiente: −− Instalación de cámaras realizada por una empresa de seguridad debidamente autorizada por el Ministerio del Interior. −− Las imágenes están exclusivamente a disposición de las FCSE y de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales. −− El contenido sólo será accesible para la identificación de autores de delitos. −− El ejercicio del derecho de acceso de los individuos no es posible. −− La cancelación de las imágenes se realiza en un plazo de 15 días. •	Obligaciones generales de protección de datos según cuadro general de obligaciones del responsable del sistema de videovigilancia15. 4.	Ejemplo: una entidad financiera contrata la protección de la seguridad con una empresa de seguridad especializada. 15	Ver Tabla de la página 26.
Seguridad en servicios públicos de transporte La instalación de videocámaras en el interior de vehículos de servicio público, como autobuses urbanos y taxis, aumentan la seguridad del conductor y de los pasajeros. 1.	Responsable de la instalación y el tratamiento: el propietario del vehículo. 2.	Normativa aplicable: •	El Real Decreto 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. •	La LOPD y la Instrucción 1/2006 en lo relativo al tratamiento de las imágenes captadas. Esta legislación se debe aplicar en conexión al Reglamento de Seguridad Privada. 3.	Obligaciones de los responsables: •	El Real Decreto 2364/1994, dispone que la instalación de seguridad debe realizarla una empresa autorizada por el Ministerio del Interior, siempre y cuando se encuentre conectada con una central de alarmas. •	Obligaciones generales de protección de datos según cuadro general de obligaciones del responsable del sistema de videovigilancia16. 4.	Ejemplo: la instalación de cámaras en un taxi es una práctica cada vez más extendida para proteger al conductor de delincuentes, identificar ladrones, etc.
16	Ver Tabla de la página 26.
Seguridad en entornos escolares En la instalación de videocámaras en entornos escolares, donde la imagen de menores se encuentra involucrada, se deben adoptar medidas especiales. La finalidad de estas instalaciones es controlar conductas que puedan afectar a la seguridad. 1.	Responsable de la instalación y el tratamiento: centro educativo o empresa o entidad que lo gestiona. 2.	Normativa aplicable: •	El Real Decreto 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. •	La LOPD y la Instrucción 1/2006 en lo relativo al tratamiento de las imágenes captadas. 3.	Obligaciones de los responsables: •	El Real Decreto 2364/1994, dispone que la instalación de seguridad debe realizarla una empresa autorizada por el Ministerio del Interior, siempre y cuando se encuentre conectada con una central de alarmas. •	LOPD e Instrucción 1/2006: −− Obligaciones generales de protección de datos según cuadro general de obligaciones del responsable del sistema de videovigilancia17. −− Al tratarse de menores, se aplicará rigurosamente el principio de calidad, proporcionalidad y finalidad. 17	Ver Tabla de la página 26..
18	Ver Tabla de la página 26. 19	Ver Tabla de la página 26.
6.2.	VIDEOVIGILANCIA PARA EL CONTROL LABORAL Seguridad en centros de trabajo Según lo recogido en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, se permite al empresario la instalación de sistemas de videovigilancia para verificar el correcto cumplimiento de las labores de los trabajadores. Las prácticas de este tipo quedan limitadas a las finalidades legítimas reconocidas por el Estatuto y por la normativa vigente: LOPD e Instrucción 1/2006. 1.	Responsable de la instalación y el tratamiento: la empresa. 2.	Normativa aplicable: •	Estatuto de los Trabajadores, específicamente en su artículo 20.3. •	La LOPD y la Instrucción 1/2006 en lo relativo al tratamiento de las imágenes captadas. 3.	Obligaciones de los responsables: •	El Estatuto de los Trabajadores obliga a prestar especial atención a: −− Derecho a la intimidad. Está terminantemente prohibida la grabación en aquellos espacios del lugar de trabajo donde pudiera vulnerarse la dignidad del sujeto grabado, como pueden ser vestuarios, baños, duchas, etc.
−− Derecho a la vida privada. El responsable igualmente debe asegurar y no vulnerar el derecho a la vida privada de sus trabajadores. Por ejemplo, evitando que el sistema de vigilancia de la empresa recoja conversaciones privadas de los trabajadores. •	La LOPD y la Instrucción 1/2006: −− Obligaciones generales de protección de datos según cuadro general de obligaciones del responsable del sistema de videovigilancia20. −− La normativa insta a prestar especial atención a: ››Principio de proporcionalidad. Exige que el empresario determine previamente si mediante la utilización de estos sistemas se puede conseguir el objetivo propuesto y no existe otra medida más moderada para la consecución del propósito. ››Principio de información. Se informará debidamente a los trabajadores de las labores de videovigilancia. 4.	Ejemplo: el área de trabajo en una fábrica, como talleres y almacenes, se encuentra sometido a videovigilancia. Control laboral en entornos domésticos Es legítima la utilización de cámaras en entornos domésticos para el control laboral de personas ajenas contratadas, por ejemplo para el desempeño de tareas de mantenimiento, cuidado de niños o cualquier otro servicio prestado en el interior del domicilio.
20	Ver Tabla de la página 26.
1.	Responsable de la instalación y el tratamiento: la persona que instala y trata las imágenes en su domicilio particular. 2.	Normativa aplicable y obligaciones del responsable: las mismas que en el caso del control laboral en empresas. 3.	Ejemplo: una persona puede instalar cámaras en su jardín y vigilar si su jardinero realiza correctamente el trabajo para el cual ha sido contratado.
6.3.	OTROS ÁMBITOS DE LA VIDEOVIGILANCIA Servicios de videovigilancia a través de Internet En los últimos años y gracias a la plena expansión de las redes de comunicación, se experimenta un incremento de videocámaras sencillas que emiten su flujo de vídeo a través de Internet. Esta práctica incumple en ocasiones la normativa al mostrar imágenes sin ningún control. En este caso, se aplican todas las disposiciones expuestas por la LOPD y la Instrucción 1/200621. En concreto se debe prestar especial atención a las medidas de seguridad oportunas: •	Control del acceso de los usuarios a las imágenes. •	Garantía del acceso a través de Internet. 21	Ver Tabla de la página 26.
•	Documento de seguridad debidamente redactado teniendo en cuenta todas y cada una de las peculiaridades del sistema. Algunos ejemplos de servicios que utilizan sistemas de este tipo para la emisión en directo son: •	Colegios que ofrecen acceso a las aulas. •	Gimnasios que ofrecen imágenes en su página web para comprobar la ocupación de las instalaciones. Ante estos ejemplos se informará debidamente a las personas que trabajan en dichos entornos. Videoporteros El supuesto de la captación de imágenes a través de la cámara de un videoportero no es de aplicación para la normativa de protección de datos. Se entiende que el uso está enfocado a verificar la identidad de la persona que utiliza el equipo para comunicarse con el interior de la vivienda y/o acceder a ella y, por tanto, se entiende que pertenece al ámbito personal y doméstico. Investigaciones científicas La utilización de sistemas de videocaptación en el que se trate información relativa a personas, ya sea para investigación científica o para la realización de estudios de hábitos de uso o consumo, o los relacionados con el
desarrollo de tecnología de videograbación, precisan de la aplicación de los principios generales establecidos por la LOPD y la Instrucción 1/200622. Promoción turística Es cada vez más común la instalación de sistemas de videovigilancia para la promoción de determinados lugares, mediante la visualización online a través de Internet, como por ejemplo, determinadas grabaciones de partes de una ciudad ofrecidas desde la página web de un ayuntamiento. Siempre que aparezcan personas identificadas o identificables, se debe aplicar la LOPD y la Instrucción 1/200623.
22	Ver Tabla de la página 26. 23	Ver Tabla de la página 26.
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Guia de videovigilancia y proteccion de datos
Guía INTECO para la videovigilancia y protección de datos.