Source: http://legislacion.derecho.com/ley-6-2005-de-coordinacion-de-las-policias-locales-de-las-illes-balears
Timestamp: 2016-10-24 14:52:32
Document Index: 182741273

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 29', 'artículo 63', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 21', 'Artículo 32']

LEY 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears
LEY 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears	LEY 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears Mis Leyes
LEY 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears Estado	:
TÍTULO II. CUERPOS DE POLICÍA LOCAL.
TÍTULO III. LA COORDINACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES EN LAS ILLES BALEARS.
CAPÍTULO II. LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES DE LAS ILLES BALEARS.
TÍTULO IV. ESTRUCTURA Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.
CAPÍTULO I. ESTRUCTURA BÁSICA.
CAPÍTULO II. MUNICIPIOS SIN CUERPO DE POLICÍA LOCAL.
TÍTULO V. FORMACIÓN, SELECCIÓN, MOVILIDAD Y PERMUTA.
CAPÍTULO I. FORMACIÓN.
CAPÍTULO II. SELECCIÓN.
CAPÍTULO III. MOVILIDAD.
CAPÍTULO IV. PERMUTA.
TÍTULO VI. RÉGIMEN ESTATUTARIO.
CAPÍTULO II. LA SEGUNDA ACTIVIDAD.
CAPÍTULO III. JUBILACIÓN.
CAPÍTULO II. FALTAS Y SANCIONES.
CAPÍTULO III. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Por su parte, el título II, denominado Cuerpos de policía local, hace referencia a la naturaleza jurídica de los cuerpos, las funciones y su ámbito territorial de actuación, respetando escrupulosamente las previsiones impuestas por la Ley Orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad.
El título III, bajo la rúbrica Coordinación de policías locales, se divide en dos capítulos. En el primero, denominado Principios generales, en el que se aborda el concepto de coordinación, se enumeran las funciones en las que se concreta y se establecen los órganos que las ejercen. Se da también rango legal al Registro de Policías Locales y de Cuerpos de Policía Local, instrumento importante que ha de permitir a la consejería competente disponer de información actualizada del colectivo sobre el que actúa, a efectos de programar y ejecutar de forma adecuada las funciones previstas en esta Ley.
El título IV, Estructura y régimen de funcionamiento, está dividido en tres capítulos que regulan, respectivamente, la estructura básica de los cuerpos de policía local, los municipios sin cuerpo de policía local y su régimen de funcionamiento.
El título V, Formación, selección, movilidad y permuta, se divide en cuatro capítulos que regulan la formación, la selección, la movilidad y la permuta, y determina los criterios para la selección de los policías locales, al mismo tiempo que prevé la promoción, en las variantes interna y externa, y la movilidad entre los diferentes cuerpos de policía local de las Illes Balears. En cuanto a la formación, se da una importancia primordial a la Escuela Balear de Administración Pública, órgano que se encarga de la formación para el acceso y la promoción de todos los miembros de la policía local. En lo que concierne a la movilidad, se establece como novedad un procedimiento centralizado desde la consejería competente para la adjudicación de todas las plazas destinadas a dicha modalidad. Finalmente, el capítulo IV, también como novedad, regula la figura de la permuta.
El título VII, Régimen disciplinario, dota de carácter legal a los preceptos contenidos hasta ahora en una norma reglamentaria, tal y como establecen los principios constitucionales. Está compuesto de tres capítulos: en el primero se establecen los principios que inspiran el régimen disciplinario, en el capítulo II se regulan las faltas y las sanciones y en el capítulo III se establece el régimen disciplinario de la Escuela Balear de Administración Pública, a la vez que se indican las faltas graves y se deja para el desarrollo reglamentario la regulación de las restantes faltas y del procedimiento sancionador.
CUERPOS DE POLICÍA LOCAL.
1. Los cuerpos de policía local son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada bajo la jefatura superior y dependencia directa del alcalde respectivo. En cada municipio se integran en un cuerpo propio y único con la denominación genérica de cuerpo de policía local, y sus dependencias con la denominación de jefatura de la policía local, sin perjuicio de la organización interna que adopte cada ayuntamiento.
1. Los cuerpos de policía local actuarán en el ámbito territorial de sus municipios. No obstante, sus miembros podrán actuar fuera de su término municipal cuando sean requeridos por la autoridad competente en situaciones de emergencia y previa autorización de los respectivos alcaldes. En estos casos actuarán bajo la dependencia del alcalde del municipio que los haya requerido y bajo el mando del jefe del cuerpo de este municipio, sin perjuicio de las tareas de coordinación que correspondan a la consejería competente en materia de coordinación de policías locales y emergencias.
1. Los municipios de la comunidad autónoma de las Illes Balears podrán crear cuerpos de policía local propios, siempre que lo consideren oportuno en función de sus necesidades, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, la Ley reguladora de las bases del régimen local, la presente Ley y otras disposiciones que sean de aplicación, y dispondrán de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar la prestación de sus funciones de forma permanente.
1. Los municipios de las Illes Balears, en atención a su realidad socioeconómica peculiar, podrán crear, en sus plantillas de personal funcionario, plazas de policía turístico. En aquellos municipios sin cuerpo de policía local las plazas serán de policías auxiliares turísticos.
LA COORDINACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES EN LAS ILLES BALEARS.
El establecimiento de las normas marco a las que se deben ajustar la estructura, la organización y el funcionamiento de los cuerpos de policía local, y a las que se ajustarán los reglamentos de policía local que aprueben las respectivas corporaciones locales.
La fijación de las bases y los criterios uniformes para la formación, la selección, la promoción y la movilidad del personal de las policías locales, incluyendo los niveles educativos exigibles para cada categoría profesional.
La formación profesional de los miembros de los cuerpos de policía local y de los policías auxiliares.
El impulso de un régimen retributivo que establezca la especificidad, la peculiaridad y otras circunstancias que definen la función policial.
La organización de un sistema de intercomunicaciones policiales que permita la máxima eficacia en las actuaciones en materia de seguridad y prevención y favorezca los canales de comunicación entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que actúan en las Illes.
La creación del marco en el que tendrá que desarrollarse el apoyo y la colaboración interpolicial en materia de información, actuaciones conjuntas y prestaciones recíprocas de carácter temporal y extraordinario.
El establecimiento de una red de transmisiones que enlace a los diferentes cuerpos de policía local en un centro de coordinación.
El establecimiento de un sistema bibliográfico, documental y de información legislativa, con atención preferente a la administración municipal y su policía local.
La dirección de la eventual cooperación entre las distintas administraciones públicas con el fin de atender necesidades temporales o extraordinarias.
El impulso de la coordinación de las actuaciones de los municipios de la comunidad autónoma en materia de tráfico y seguridad vial.
Las demás que establezca esta Ley.
La consejería competente en materia de coordinación de policías locales.
La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears.
1. La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears es el órgano de consulta y participación en la materia previsto en esta Ley y que se adscribe a la consejería competente en materia de coordinación de policías locales.
El presidente, que será el consejero competente en materia de coordinación de policías locales.
El presidente podrá nombrar hasta dos vicepresidentes que han de ser directores generales.
Veintinueve vocales, de los que habrá:
Cuatro en representación de la comunidad autónoma de las Illes Balears, designados por el presidente.
Tres en representación de los consejos insulares, uno a propuesta de cada consejo.
Uno en representación del Ayuntamiento de Palma.
Catorce en representación de los restantes ayuntamientos, con la siguiente distribución: siete por Mallorca, tres por Menorca, tres por Eivissa y uno por Formentera.
Uno en representación de la Delegación de Gobierno.
Cuatro en representación de los sindicatos que tengan la consideración de más representativos en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Dos jefes de los cuerpos de policía local propuestos por las asociaciones profesionales más representativas de ámbito autonómico, uno en representación de los municipios de más de 20.000 habitantes y el otro de los demás municipios.
El secretario, que será un funcionario del grupo A adscrito a la consejería competente en materia de coordinación de policías locales a propuesta del presidente, que actuará con voz pero sin voto.
Informar sobre los proyectos de disposiciones generales que se dicten en desarrollo de las previsiones en materia de coordinación de esta Ley y las que establezcan en materia de policía local los respectivos ayuntamientos.
Proponer a los órganos competentes en materia de policía local de las diferentes administraciones públicas la adopción de las medidas que consideren oportunas para mejorar la prestación de los servicios policiales y la homogeneización de sus medios humanos y materiales.
Informar sobre la programación de la formación de los miembros de los cuerpos de policía local y los policías auxiliares que elabore la Escuela Balear de Administración Pública.
Ejercer las funciones de mediación y arbitraje, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable, en los conflictos entre cuerpos de policía local y los conflictos internos de cada cuerpo de carácter profesional, cuando lo soliciten, de común acuerdo, el ayuntamiento afectado y la junta o los delegados de personal.
Cualesquiera otras funciones que le atribuyan la presente Ley u otras disposiciones vigentes en esta materia.
ESTRUCTURA Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.
Intendente, comisario y mayor
Inspector y subinspector
Oficial y policía
MUNICIPIOS SIN CUERPO DE POLICÍA LOCAL.
Ordenar y regular el tráfico en el núcleo urbano, de acuerdo con las normas de circulación.
Participar en las tareas de auxilio al ciudadano y de protección civil, de acuerdo con lo que dispongan las leyes.
Velar por el cumplimiento de reglamentos, ordenanzas, bandos, resoluciones y otras disposiciones y actos municipales.
Además de las anteriores funciones pueden llevar a cabo otras compatibles con las funciones propias de las policías locales.
2. Como norma general los servicios policiales serán siempre con armas; no obstante, corresponderá al alcalde de los municipios con cuerpo de policia local determinar, en forma motivada, las circunstancias y los servicios en que tengan que llevarse armas de fuego.
FORMACIÓN, SELECCIÓN, MOVILIDAD Y PERMUTA.
1. De acuerdo con el artículo 3 de la presente Ley, corresponde a la consejería competente en materia de coordinación de policías locales, mediante la Escuela Balear de Administración Pública, el ejercicio de las competencias relacionadas con la selección, la formación y la promoción de los miembros de los cuerpos de policía local y los policías auxiliares para asegurar su homogeneización y coordinación, además de otras que tenga atribuidas.
1. Los ayuntamientos podrán realizar ellos mismos o mediante sus escuelas de formación, o por medio de convenios con otras entidades, cursos de especialización y perfeccionamiento para el desarrollo profesional de los funcionarios de sus propios cuerpos de policía o de los policías auxiliares, cuando respondan a necesidades formativas no atendidas por la Escuela Balear de Administración Pública, y en todo caso bajo su coordinación para asegurar el aprovechamiento de las acciones que se organicen.
1. Corresponde a los ayuntamientos la competencia para la selección de nuevo ingreso, la promoción y la movilidad del personal de los cuerpos de policía local y de los policías auxiliares, de acuerdo con las previsiones de las respectivas ofertas anuales de empleo público, entre los aspirantes que tengan la capacitación, previamente facilitada por la Escuela Balear de Administración Pública, adecuada a cada categoría profesional.
Se accede a la categoría de policía o policía auxiliar por el sistema de turno libre y movilidad. En los casos de creación del cuerpo de policía local, los ayuntamientos interesados que dispongan de policías auxiliares funcionarios de carrera, podrán aplicar el sistema de promoción en la variante interna.
Se accede a las categorías de oficial, subinspector e inspector por los sistemas de promoción, con las dos variantes, y de movilidad.
Se accede a las categorías de mayor, comisario e intendente por los sistemas de promoción, en las dos variantes, de movilidad o de turno libre, respetando siempre la reserva para movilidad establecida en la presente Ley.
Tener la condición de funcionario de carrera en alguno de los cuerpos de policía local de las Illes Balears.
Haber permanecido como mínimo dos años en situación de servicio activo en la escala de procedencia como funcionario de carrera en las categorías que le permitan acceder a la plaza convocada.
Haber superado el curso de capacitación correspondiente a la categoría a la cual se accede.
Para el caso de la promoción externa, además, que falten más de cinco años para pasar a la situación de segunda actividad con destino por razón de edad.
Se utilizará el procedimiento de concurso en el caso de los aspirantes que cumplan los requisitos legalmente establecidos y tengan la capacitación previa adecuada a la categoría, para cubrir las plazas por los sistemas de turno libre en la categoría de policía o policía auxiliar y para la movilidad en todas las categorías.
Se utilizará el procedimiento de concurso-oposición en el caso de los aspirantes funcionarios de carrera de cuerpos de policía local o, en su caso, policías auxiliares, que cumplan los requisitos legalmente establecidos y tengan la capacitación previa adecuada a la categoría, para cubrir las plazas por los sistemas de promoción interna y promoción externa en todas las categorías.
Se utilizará el procedimiento de concurso-oposición en el caso de los aspirantes que cumplan los requisitos legalmente establecidos, para cubrir las plazas por el sistema de turno libre en las categorías de mayor, comisario e intendente. En este caso la capacitación se obtendrá con posterioridad.
1. Cuando un ayuntamiento tenga necesidad de cubrir puestos de trabajo de forma urgente y temporal en las diferentes categorías de los cuerpos de policía local o policías auxiliares se nombrarán interinamente a los aspirantes que formen parte de la bolsa de trabajo de la que disponga el ayuntamiento. En el caso de que la bolsa se haya agotado o tenga una antigüedad superior a los dos años, el ayuntamiento podrá convocar una nueva o bien acudir a la bolsa permanente de la consejería competente en materia de coordinación de policías locales.
1. Los miembros de los cuerpos de policía local podrán ocupar plazas vacantes de su misma categoría u otra inferior en otros cuerpos de policía local de las Illes Balears, en la forma que se determine reglamentariamente. Los policías auxiliares sólo podrán cubrir plazas de otros municipios que dispongan de policías auxiliares.
Que falten más de cinco años para pasar a la situación de segunda actividad con destino por razón de edad.
Que tengan cinco años ininterrumpidos de servicio activo y con un número de años de servicio que no difiera entre sí en más de cinco años.
Que falten como mínimo cinco años para cumplir la edad para el pase a la situación de segunda actividad con destino por razón de edad.
Que no se produzca la jubilación voluntaria y anticipada o la excedencia voluntaria regulada en el artículo 29.3 de la Ley 30/1984 de alguno de los permutantes en los dos años siguientes a la fecha de la permuta. En este caso, cualquiera de las dos corporaciones afectadas puede anular la permuta.
A una formación profesional adecuada, que se configura también como un deber para el funcionario.
A una promoción profesional adecuada.
Al vestuario y el equipo adecuado al puesto de trabajo que ocupan, que será proporcionado por la corporación local respectiva. Quien preste servicios sin hacer uso del uniforme reglamentario tendrá derecho a una indemnización sustitutoria por este concepto.
A las prestaciones sociales y sanitarias previstas para los demás funcionarios en la legislación vigente.
Cuando sean inculpados judicialmente por actos derivados del cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas, el respectivo ayuntamiento habrá de:
Prestar las fianzas que se indiquen.
Asumir las costas procesales e indemnizaciones de responsabilidad civil que correspondan.
En sus comparecencias ante la autoridad judicial derivadas de actos de servicio, los miembros de las policías locales tendrán que ser asistidos por un letrado de los servicios municipales o al servicio del ayuntamiento, en los casos en que lo decida el propio ayuntamiento o lo soliciten los policías objeto de la comparecencia.
A una protección adecuada de la salud física y psíquica.
A percibir una indemnización, que fijará el ayuntamiento en los casos en que les sea retirado el permiso de conducir con motivo de accidentes producidos por causa del servicio.
Actuar con la dignidad y la integridad inherentes al ejercicio de su función.
Obedecer y ejecutar las órdenes de sus superiores jerárquicos, siempre y cuando no constituyan un ilícito penal o sean contrarias al ordenamiento jurídico.
Llevar a cabo sus funciones con la dedicación debida, e intervenir, en todo tiempo y lugar, estén o no de servicio, en defensa de la legalidad y la seguridad ciudadana y para evitar cualquier tipo de delito o falta.
Observar una conducta ajustada a la dignidad de la profesión, tratando con respeto a los ciudadanos.
Saludar reglamentariamente a las autoridades locales, autonómicas y estatales, a los símbolos e himnos oficiales en actos de carácter oficial, así como a cualquier ciudadano al que se dirijan.
Presentarse en perfecto estado de uniformidad y limpieza personal, y mantener en buen estado de conservación tanto el vestuario como los equipos que les sean entregados o encomendados para su uso o custodia.
Cumplir íntegramente la jornada de trabajo, excepto en los casos reglamentariamente previstos o por causas excepcionales debidamente justificadas, en que deberán comunicarlo previamente a su superior jerárquico y, si eso no fuera posible, en el menor tiempo posible después de abandonar el servicio.
Dar apoyo a sus compañeros y a los demás miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando sean requeridos o cuando sea preciso que intervengan.
Informar a los detenidos de sus derechos.
No utilizar el arma, excepto en los casos y en la forma prevista en la normativa aplicable.
Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o drogas tóxicas o estupefacientes durante la prestación del servicio, así como incorporarse al servicio bajo su influencia.
Mantener en el servicio una actitud de vigilancia activa e informar a sus superiores de las incidencias que se produzcan.
En la realización de los servicios, el de mayor categoría asumirá la iniciativa y la responsabilidad de los mismos. En caso de igualdad de categoría, poseerá el mando el de mayor antigüedad, a no ser que quien corresponda efectúe la designación expresamente.
Respetar el derecho de los ciudadanos a dirigírseles en cualquiera de las lenguas oficiales de las Illes Balears.
Embarazo y lactancia de la mujer.
Escala técnica: 60 años.
4. Los funcionarios afectados por el pase a la segunda actividad con destino percibirán las retribuciones propias del puesto de trabajo efectivamente desarrollado, y se les garantizarán en todo caso las correspondientes a su último puesto de trabajo, incluidas las actualizaciones, excepto el complemento de productividad.
La insubordinación individual o colectiva, respecto de las autoridades o los mandos de los que dependan, así como la desobediencia a las legítimas instrucciones que les den.
El hecho de no prestar auxilio con urgencia, en los hechos o las circunstancias graves en que sea obligada su actuación.
La violación del secreto profesional y la falta del sigilo adecuado en los asuntos que conozcan en razón de su cargo que perjudiquen al desarrollo de la tarea policial o a cualquier persona.
El ejercicio de actividades públicas o privadas incompatibles con el desarrollo de sus funciones.
La participación en huelgas, en acciones sustitutivas de las mismas, o en actuaciones concertadas con la finalidad de alterar el normal funcionamiento de los servicios.
La embriaguez o el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio o habitualmente.
La desobediencia a los superiores en el cumplimiento de las funciones y el incumplimiento de las órdenes recibidas, si no constituye falta muy grave.
El hecho de originar enfrentamientos en el servicio o en el puesto de trabajo o participar en los mismos.
El consumo de alcohol durante el servicio.
La negativa a realizar, a requerimiento motivado de un superior jerárquico, las comprobaciones técnicas pertinentes para determinar el nivel de alcohol en aire aspirado o para las comprobaciones que correspondan para detectar el consumo de sustancias tóxicas.
El incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y los derivados de la propia función.
La conducta profesional que implique violación de la neutralidad o de la imparcialidad política.
La grave desconsideración a los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos.
Las manifestaciones públicas de crítica o disconformidad respecto de las decisiones de los superiores cuando perjudiquen al servicio, a la imagen policial y falten a la verdad o la tergiversen.
La negativa a realizar servicios, actos o tareas en los casos en que lo ordenen expresamente los superiores jerárquicos o responsables del servicio, porque lo impongan necesidades de cumplimiento urgente e inaplazable, siempre y cuando posteriormente se hayan ejecutado, a menos que sean manifiestamente ilegales.
La omisión grave de la obligación de informar a los superiores de cualquier asunto que requiera su conocimiento o su decisión urgente.
El hecho de excederse arbitrariamente en sus facultades en el ejercicio de su cargo o función.
El abandono manifiesto de facultades, o la infracción de deberes y obligaciones inherentes al cargo o a la función.
El hecho de no mantener hacia el jefe o superior la disciplina debida o tolerar el abuso o la extralimitación de facultades en el personal subordinado.
El aprovechamiento de su cargo o función para cometer abusos o acoso moral o sexual que perjudiquen a los subordinados o al servicio o causen daños a los particulares.
La actuación con abuso de atribuciones causando daño a los particulares, así como el uso injustificado o desmesurado de la violencia física o moral, siempre y cuando no constituya falta muy grave.
El hecho de no presentarse inmediatamente en la dependencia de destino o en la más próxima, en los casos de declaración de los estados de alarma, excepción o sitio, o de grave alteración de la seguridad ciudadana, cuando se ordene, se disponga o se establezca.
El hecho de no reincorporarse un funcionario en situación de segunda actividad al servicio cuando sea requerido por el alcalde.
La tercera falta injustificada de asistencia al servicio en un período de tres meses cuando las dos anteriores hayan sido objeto de sanción por falta leve.
El hecho de alegar presunta enfermedad o simular mayor gravedad para no prestar servicio.
La falta de rendimiento consciente y deliberada que afecte al funcionamiento normal de los servicios y no constituya falta muy grave, establecida en el Reglamento del régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado.
La emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar substancialmente a la verdad, la desnaturalicen, utilizando términos ambiguos, confusos o tendenciosos, o la alteren mediante inexactitudes, siempre y cuando el hecho no constituya delito.
El hecho de no llevar en los actos de servicio los distintivos de la categoría o el cargo, excepto causa justificada, así como el arma reglamentaria, si así lo ha establecido el alcalde del municipio, al igual que otros medios de protección o acción que se determinen, así como provocar su extravío, pérdida o sustracción por negligencia inexcusable.
La exhibición de los distintivos de identificación o del arma reglamentaria sin causa justificada, así como la utilización del arma en acto de servicio o fuera del servicio infringiendo las normas establecidas.
La asistencia de uniforme o haciendo uso u ostentación de los emblemas y distintivos de identificación en cualquier manifestación o reunión pública.
El hecho de causar, por negligencia inexcusable, daño grave en la conservación de locales, material o documentos de los servicios, o provocar su extravío por la misma causa.
El hecho de impedir, limitar u obstaculizar a los subordinados el libre ejercicio de los derechos que tengan reconocidos, siempre y cuando no constituya falta muy grave.
La embriaguez o consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas fuera del servicio, en lugar público o privado abierto al público, cuando afecte de manera notoria a la imagen de la policía o de la función pública.
Los actos o las omisiones negligentes o deliberados que causen grave daño a la tarea policial, o la negativa injustificada a prestar la colaboración solicitada, con motivo de un servicio, siempre y cuando no constituya falta muy grave.
La solicitud o la obtención de permutas de destino o cambio de turno mediante afán de lucro o falseando las condiciones exigidas.
El hecho de promover o asistir a cierres en locales policiales o la ocupación de dichos locales sin la autorización debida.
La ausencia, aunque sea momentáneamente, sin causa justificada, de un servicio de seguridad.
El hecho de haber sido sancionado por la comisión de tres o más faltas leves en el período de un año.
La comisión de cualquiera de las conductas tipificadas como falta muy grave y que, de acuerdo con los criterios que establece el artículo 63 de esta Ley, merezca la calificación de grave.
La condena del funcionario por falta dolosa.
La incorrección hacia los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos, siempre y cuando no merezcan una calificación más grave.
La demora, la negligencia o el olvido en el cumplimiento de las funciones o de las órdenes recibidas sin causas justificadas, así como la falta de interés en la instrucción o preparación personal para ejercerlas.
El descuido en la presentación y la limpieza personal, y el incumplimiento de las normas de uniformidad.
El descuido o el mal uso de los bienes de equipamiento, en la conservación de las instalaciones, los materiales, los vehículos y otros elementos del servicio, cuando no merezcan una consideración más grave.
La ausencia injustificada en el servicio cuando no tenga una consideración más grave.
La solicitud o la consecución de permuta de destino o de cambio de servicios con afán de lucro o con falsedad de las condiciones para tramitarlas.
El hecho de prescindir del conducto reglamentario al formular cualquier solicitud o reclamación, excepto en el caso de urgencia o imposibilidad física, así como la interrupción de la tramitación a la persona destinataria.
Las faltas repetidas de puntualidad durante un mismo mes sin causas justificadas.
La falta de asistencia un día sin causa justificada.
La omisión intencionada de saludo a un superior o infringir las normas que la regulen.
La práctica de cualquier clase de juego de azar que se realice durante la prestación del servicio.
La utilización injustificada de piezas reglamentarias de vestuario cuando no se vaya uniformado.
Suspensión de funciones y pérdida de remuneraciones de tres a seis años.
Los daños y perjuicios producidos a la administración o a los ciudadanos.
El grado de participación en la comisión o la omisión.
El arrepentimiento del funcionario cuando pueda deducirse de los actos llevados a cabo así como la reparación del daño causado.
La reincidencia. Existirá cuando, al cometer la falta, el funcionario haya sido sancionado ejecutoriamente por otra falta disciplinaria de mayor gravedad o por dos faltas de gravedad igual o inferior.
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Las faltas podrán ser muy graves, graves y leves. Las muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves al mes. La prescripción se interrumpirá en el momento en que se incoe el procedimiento disciplinario.
Las agresiones físicas contra superiores, alumnos, profesores y demás personal de la Escuela.
Las ofensas personales o familiares graves dirigidas a las personas mencionadas en la letra anterior, así como las amenazas de producirles daño físico o patrimonial.
La insubordinación individual o colectiva respecto de las decisiones e instrucciones emanadas de órganos directivos o profesores de la Escuela, relativas al desarrollo y a la ejecución de las actividades académicas o al buen orden en la impartición de las clases. La insubordinación deberá consistir en la negativa a aceptar las decisiones o instrucciones o a discutirlas de forma vehemente, además de las manifestaciones públicas e intensas de protesta o desagrado.
La tenencia, durante el horario lectivo o de prácticas, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como su consumición.
La embriaguez manifestada en actos o gestos que demuestren una alteración de las condiciones psicofísicas habituales durante el horario lectivo.
El hecho de sustraer o causar maliciosamente daños al material, a la documentación o a las instalaciones de la Escuela, así como a las propiedades de los otros alumnos.
El acceso sin autorización a instalaciones o dependencias de la Escuela que la requieran, forzando cerraduras, instalaciones de seguridad o cualquier sistema que impida el acceso libre y sin obstáculos al interior.
La utilización de medios que tengan por objeto falsear el resultado de las pruebas, las evaluaciones o los exámenes.
El abandono de las aulas, las salas, las dependencias o los espacios de prácticas en que se desarrolle una actividad formativa contra la expresa voluntad del profesor o responsable del acto sin causa justificada.
El hecho de no presentarse a las acciones formativas injustificadamente por un período superior al 10% del tiempo lectivo previsto para dichas acciones.
Las faltas graves y leves se determinarán reglamentariamente, y sus tipos reflejarán una intención proporcional inferior a la establecida para las faltas muy graves. Las conductas constitutivas de faltas graves o leves deberán resaltar su incompatibilidad con actitudes, actuaciones y comportamientos propios de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, valorando, asimismo, el ámbito académico y de formación sobre el que es de eventual aplicación el presente régimen disciplinario. La graduación de estas faltas y sanciones se realizará con arreglo a los siguientes criterios:
Perturbación en el funcionamiento normal de la Escuela.
Daños y perjuicios de todo tipo que puedan ocasionarse a la Escuela.
Infracción de los principios de disciplina y jerarquía.
Situación y condiciones personales del alumno.
En razón de las faltas pueden imponerse las sanciones siguientes:
Por la comisión de faltas muy graves:
Expulsión del curso que se realice y prohibición de realizar cualquier otro hasta un período máximo de cuatro años.
Expulsión del curso que se realice.
Por la comisión de faltas graves:
Pérdida del derecho a percibir las subvenciones, ayudas o indemnizaciones que estén previstas.
Reducción de las calificaciones entre un 20% y un 50% en la nota de la acción formativa de que se trate. En los cursos básicos y de capacitación para policías y bomberos la reducción afectará a la nota de conducta y actitud.
Por la comisión de faltas leves:
Reducción de las calificaciones hasta un 20% en la nota de la acción formativa de que se trate. En los cursos básicos y de capacitación para policías y bomberos la reducción afectará a la nota de conducta y actitud.
Se determinará reglamentariamente el procedimiento para incoar y resolver los expedientes disciplinarios del personal alumno de la Escuela.
4. Los que en el mencionado plazo no consigan acreditar el requisito de titulación o no superen los cursos de equivalencia indicados pasarán a la situación de a extinguir en sus respectivos grupos de titulación, y mantendrán sólo los efectos económicos y la evolución de las retribuciones de los nuevos grupos creados en la presente Ley, excepto si obtienen la titulación requerida.
2. Aquellos que no se integren en la nueva categoría permanecerán en la de procedencia en situación de a extinguir, y les será de aplicación a partir de este momento lo previsto en el artículo 21.3 de la presente Ley.
1. Excepcionalmente, los municipios de las Illes Balears con cuerpos de policía local pueden convocar pruebas selectivas para proveer plazas de policía auxiliar turístico, si han quedado plazas vacantes en la convocatoria anual para proveer las plazas de policía turístico. Los aspirantes deben tener el curso básico de capacitación para policía local y el nivel de titulación previsto en el artículo 20, de la Ley 6/2005, de 3 de junio.
2. Los policías auxiliares turísticos mencionados, que tienen la consideración de agentes de la autoridad, pueden ejercer las funciones indicadas en las letras b, c, d y e del apartado 1 del artículo 21. Durante la prestación del servicio no pueden portar armas de fuego, si bien el alcalde puede autorizar que lleven el equipo básico reglamentario.
3. Esta excepción puede aplicarse anualmente hasta el día 31 de diciembre del año 2011, siempre que el municipio acredite en el expediente administrativo para la provisión de las plazas de policía auxiliar turístico, la imposibilidad de nombrar policías turísticos por falta de aspirantes.
José María Rodríguez Barberá.
Disposición transitoria décima:
Añadido por Ley 7/2008, de 5 de junio, por la cual se modifica la Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears Artículo 32 (apdo. 3):
Redacción según Ley 9/2012, de 19 de julio, de modificación de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Cerrar
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