Source: https://www.fundamedios.org.ec/category/informes/page/3/
Timestamp: 2020-06-02 01:39:23
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Informes Archivos - Página 3 de 9 - Fundamedios
La transparencia pública ha sufrido serios retrocesos en el Ecuador
En Ecuador se ha consolidado una cultura de la opacidad. Es la conclusión a la que llega Fundamedios, luego de haber realizado un estudio entre diciembre de 2014 y junio de 2015. Consistió en el monitoreo sobre los niveles de transparencia pasiva en las instituciones públicas.
Para ello, se enviaron solicitudes de información tanto a nombre de la organización como de personas naturales. En total, se hicieron 74 pedidos a 37 instituciones de la función ejecutiva. En el informe se señala que cuatro de ellas no fueron aceptadas.
De las 70 aceptadas, se recibió respuesta de 35. No obstante, solo 10 instituciones entregaron información completa. Eso quiere decir, que el 14% de entidades proporcionaron datos completos.
Pese a que se obtuvo respuesta de 24 instituciones, es decir, del 65%, ésta se encontró incompleta. Y en 17 casos, se sugirió que se revise la página web de la institución para encontrar la información. Además, una entidad pidió que se aclare la solicitud.
Cuando la información fue solicitada por ciudadanos, apenas cuatro entidades entregaron datos completos. Eso representa al 12% de las peticiones hechas. Once solicitudes tuvieron información incompleta. Además, dos instituciones explicaron que entregarían los datos en las siguientes semanas, pero no lo cumplieron.
En el estudio, Fundamedios aclara que “una institución respondió que no contaban con la información requerida, una dio información incompleta y una remitió a la página web”.
Pero la entrega de información no es lo único que cuenta. También se requiere del cumplimiento con el plazo establecido por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). La normativa determina que las entidades públicas deben entregar información hasta dentro de 10 días, a partir de la solicitud. Sin embargo, en el primer monitoreo solo siete de las 24 entidades cumplieron el plazo. El 70% restante, lo hizo fuera del tiempo.
De forma paralela a estos monitoreos, Fundamedios ha realizado un seguimiento permanente sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, que comprende el período entre mayo de 2014 y mayo de 2016. En ese marco, se presentaron 35 solicitudes a la SUPERCOM, tanto a la matriz como a las intendencias zonales. En el estudio se señala que siete de los 35 pedidos fueron respondidos. Sin embargo, hubo impedimentos en el resto de solicitudes. Por ejemplo, la entidad pidió que se justificara la necesidad de la información pedida.
Ante esta respuesta, Fundamedios pidió una Acción de Acceso a la Información, con el fin de que la entidad entregara los datos pedidos. El 8 de junio, fecha en que se realizó la audiencia, los juzgados de Contravenciones, los abogados de la Supercom argumentaron que la matriz no puede entregar información de las intendencias zonales. Además, dijo que Fundamedios abusa del derecho al Acceso de la Información.
En el estudio de Fundamedios, también se incluyen detalles sobre un pedido de información a la Unidad de Gestión de Medios (Ugemed), para conocer datos sobre la situación financiera de las empresas, en especial de los canales Gama Tv y TC Televisión. Se presentó la solicitud el 15 de marzo de 2016, sin haber recibido respuesta hasta la actualidad.
El informe de Fundamedios, de 29 páginas, entrega detalles de los pedidos realizados, y el porcentaje de su cumplimiento o incumplimiento. También se explica el proceso en casos particulares: Visión 360, Yasuní, Pacayacú, Refinería del Pacífico, Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, diario La Hora, El Universo, y el proceso de concurso de frecuencias radioeléctricas.
Este estudio fue presentado durante el foro “Transparencia en concursos públicos” que se llevó a cabo el 11 de noviembre, y que fue organizado por Fundamedios, la Universidad Internacional del Ecuador y Alianza Regional por la Libre Expresión y el Acceso a la Información. El encuentro se enmarcó en el contexto del concurso de frecuencias radioeléctricas que está en proceso.
Los panelistas invitados fueron Álvaro Rosero, director de Exa FM Ecuador; José Luis Santamaría Zañartu, presidente del Consejo para la Transparencia de Chile y presidente de la Red de Transparencia de las Américas, RTA; Juan Carlos Solines, abogado y miembro del Observatorio de Frecuencias; y Edison Toro, director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional del Ecuador.
En la presentación al evento, César Ricaurte, director de Fundamedios, señaló que “los estándares que se están manejando en Ecuador significan retrocesos severos”. Asimismo, resaltó una parte del informe, en la cual se habla de las limitaciones que encuentran los medios de comunicación y periodistas el momento de acceder a información: “invariablemente se encuentran con un muro de silencio”.
Álvaro Rosero habló del concurso de frecuencias de radio y TV, actualmente en marcha, y señaló que la “falta de transparencia se inicia con la determinación de las reglas del juego. Normas específicas del concurso que ni siquiera se han fijado con la Ley Orgánica de Comunicación ni los estándares internacionales”. Se refirió a la cadena que el gobierno impuso la mañana del 11 de noviembre dentro de la programación de la radio que Rosero dirige. En ella, “se repite en tres ocasiones –dice Rosero- que hay igualdad de condiciones”. Sin embargo, relató el testimonio de su radio, que no corresponde a las aseveraciones incluidas en la cadena.
Rosero señaló que “se publicaron unas bases del concurso, pero no se determina nada relativo al proceso de evaluación”. Añadió que “ninguno de los participantes conoce con quiénes participa, no se conoce cuál es el avance del proceso. Se está manejando de una manera absolutamente oscura”. De esta manera, hizo un llamado a que se detenga este concurso, “que se evite esta sospechosa coincidencia que se realice en el marco electoral. Y que se lleve a cabo en un próximo gobierno”.
El presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, José Luis Santamaría, a continuación, explicó el proceso de concurso y transparencia que se aplica en su país, incluso las regulaciones que existen cuando se presenta a concurso alguna empresa extranjera. Explicó que la administración del Estado dispone de 850 órganos que deben efectuar sus ofertas de compra a través un sistema tecnológico, en donde decide de forma autónoma una oferta de compra de servicios.
Juan Carlos Solines argumentó que “el Ecuador optó por un orden equivocado del acceso de datos”. Se refirió así a la aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso la Información Pública (Lotaip), en el 2004. “Recién en el 2016, 12 años después de la aprobación de la Lotaip, se está conociendo un primer proyecto de ley de protección de datos personales, que tiene bastantes falencias, pero que sobre todo, debe ser absolutamente reformado”.
A propósito del concurso de frecuencias, Edison Toro señaló que la comunicación es un elemento importante para el gobierno. “El Estado está en todo, frente a esto, la contratación pública le sirve para estar en todo”.
Por ello, para Juan Carlos Solines, este concurso de frecuencias no tiene problema de falta de ley ni de instituciones, si de institucionalidad. La institucionalidad en Ecuador no funciona en Ecuador, debido al acaparamiento del control del poder”. Y ello explica que el proyecto de ley de protección de datos personales “no es un proyecto de ley pensado en el ciudadano y sus datos, sino en el control del flujo de datos”
Informes de Acceso a Información Pública
Negativas, evasivas, desorganización y trabas en la entrega de información resume gran parte del actuar de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y las distintas intendencia zonales a la hora de entregar información sobre las sanciones a los medios.
¿La consecuencia? Un subregistro de 182 sanciones contra medios. La cultura del ocultamiento es notoria. No es gratuito. Si ya más de 200 sanciones con más de 350 procesos abiertos era absolutamente escandaloso, al multiplicarse la cifra de procesos y sanciones, la situación para la libertad en el Ecuador se torna intolerable.
Desde mayo de 2014, luego de constatar que la Supercom no informaba de los procesos y sanciones de forma veraz y oportuna, Fundamedios inició un monitoreo especial y exhaustivo. Para esto, se realizan periódicas solicitudes de acceso a la información, amparados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Esta acción ha sido calificada por los abogados de la Supercom como “un abuso del derecho”.
La situación se volvió aún más compleja tras constatar que las distintas intendencias zonales no reportaban todos lo procesos y sanciones a la Superintendencia central, tal como ordena la Ley. Así que hubo que hacer solicitudes de acceso, intendencia por intendencia, cada vez con más trabas de por medio.
El 1 marzo de 2016 se decidió concluir el monitoreo especial a la Ley de Comunicación (LOC) con las solicitudes físicas de los procesos contra los medios en las dependencias zonales y el 4 de abril fue el último pedido ante la Supercom en Quito. Entonces se hizo un balance general y el resultado fue desconcertante: 182 sanciones no habían sido reportadas oportunamente entre 2014 y 2016. Fundamedios había reportado 216 sanciones hasta el 14 de junio de 2016. Pero la cifra de sanciones, después de evaluar exhaustivamente el subregistro, es de 398 sanciones. Esto incrementa sustancialmente el total de agresiones a la libertad de expresión bajo la aplicación de la LOC. Este dato es hasta el último corte reportado el 14 de junio de este año.
Al finalizar esta etapa del monitoreo, de las 182 sanciones no reportadas, 32 corresponden a 2014, 122 a 2015 y 28 a 2016. Por zonal, el número de sanciones no registradas son las siguientes:
Zonal 1 (Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos): 5 casos
Zonal 3 (Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza): 11 casos
Zonal 4 (Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas) : 65 casos
Zonal 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago): 7 casos
Zonal 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe): 51 casos
Esta última respuesta es una clara negativa a entregar información pública. Pero además, la Supercom miente al afirmar que toda la información se encuentra en la página web. Es muy sencillo verificar que no todos los procesos no están en línea o están incompletos o se los sube a la web semanas y hasta meses después de cerrados.
Las respuestas de las zonales en muchos casos son incompletas y parciales. En los recientes pedidos a estas Intendencias, las dependencias 1, 4, 5-8, 6 y 7 respondieron y enviaron un listado y los procesos. Sin embargo, la zonal 3 y la Superintendencia Central contestaron negativamente y con evasivas, remitiendo al portal web de la Supercom donde, la información no está completa, en una versión del juego infantil de “dónde está la pelotita”.
Al inicio del proceso en el 2014, la Supercom y las Intendencias Zonales respondieron el primer pedido de información de manera normal y dentro del tiempo como lo establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOITAIP). Pese a que la información no fue entregada de manera completa, no hubo trabas para responder y entregar dicho pedido.
Sin embargo, desde enero de 2015, la Supercom y las Intendencias Zonales se encargaron de poner obstáculos para que se pudiera acceder de manera abierta y oportuna a cada uno de los procesos, como lo consagra el artículo 1 de la LOTAIP, el cual establece que el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado.
Fundamedios utilizó un mismo formato especial para todos los pedidos de información, con mínimas variaciones. Pese a ello, la Supercom actuó de una manera particular. Luego, como una especie de efecto dominó, las intendencias Zonales respondieron con la misma negativa y usando los mismos argumentos.
Se solicita que César Ricaurte Pérez adjunte firma de responsabilidad dentro de los formularios y se adjunte documentación que permita verificar la calidad en la que comparece.
Se señala que la información de resoluciones está en la sección de “Transparencia” en el sitio web www.supercom.gob.ec –la información requerida por Fundamedios no se encuentra en el portal hasta el cierre de éste informe- (Respuesta Zonal 3. Oficio Nro. Supercom-Z3-DIZ-0142-2016, firmado por María Victoria Paucar Castro. Riobamba, 29 de marzo de 2016).
El 1 de marzo del 2016, se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 3 ubicada en Riobamba. Fundamedios recibió la respuesta el 29 de marzo del mismo año con número de Oficio Supercom-Z3-DIZ-0142-2016. Allí se detalló toda la información solicitada está en la página web. Sin embargo, los procesos no se ubican en el portal de la Supercom.
El 19 de mayo del 2015, se envió una solicitud anterior. Se recibió la respuesta el 9 de junio del 2015. A continuación se detallan los trámites no reportados por Fundamedios:
Zonal 3: 11 procesos
El 1 de marzo del 2016, se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 4 ubicada en Portoviejo. Fundamedios recibió la respuesta el 23 de marzo del mismo año con número de Oficio Supercom-Z4-DIZ-0054-2016.
El 1 de marzo del 2016, se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 6 ubicada en Cuenca. FUNDAMEDIOS, recibió la respuesta el 18 de marzo del mismo año con número de Oficio SUPERCOM-Z6-DIZ-0041-2016. Allí se informó que desde el 26 de noviembre del 2015, se han tratado cuatro denuncias y tres trámites han sido archivados. Del total de trámites, nueve no han sido reportados; los mismos que se detallan a continuación:
El 1 de marzo del 2016, se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 7 Sur ubicada en Loja. FUNDAMEDIOS, recibió la respuesta el 1 de abril del mismo año con número de Oficio SUPERCOM-Z7-DIZ-0124-2016. Allí se detalló que desde el 11 de agosto del 2015, se han tratado 15 denuncias, 17 trámites de oficio y únicamente dos trámites han sido archivados. Del total de trámites, 26 no han sido reportados; los mismos que se detallan a continuación:
El 1 de marzo del 2016, se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 8 ubicada en Guayaquil. FUNDAMEDIOS, recibió la respuesta el 24 de marzo del mismo año con número de Oficio SUPERCOM-Z8-DIZ-0084-2016. Allí se detalló que desde el 16 de noviembre del 2015, se han tratado 5 denuncias, 24 trámites de oficio y únicamente dos trámites han sido archivados. Del total de trámites, 29 no han sido reportados; los mismos que se detallan a continuación:
NOTA: En algunos casos las respuestas de las Intendencias Zonales, llegaban incompletas, por esa razón algunos campos se encuentran en blanco; como es el caso de las fechas.
El “Tuitómetro Ecuador: La batalla en 140 caracteres” es un monitoreo de Fundamedios al discurso contra la prensa en las cuentas de funcionarios e instituciones del Estado.
Medios y periodistas, otras víctimas del terremoto en Ecuador
El edificio de FB Radio quedó inhabitable tras el terremoto. Foto: Cortesía FB Radio
Solo que esto no era una película y detrás del silencio había tragedia. Casi la totalidad de los 86 medios locales en Manabí y Esmeraldas dejaron de transmitir. Pero 16 de ellos tuvieron daños severos: el derrumbe total de sus instalaciones, la muerte de trabajadores y familiares, afectaciones estructurales irreparables, averías en los equipos de transmisión…
Haga click en la imagen para acceder al mapeo de medios afectados por el terremoto.
Otros 19 medios presentaron perjuicios que significaron su silencio hasta por 48 horas después del momento de la catástrofe.
Altamar, en cambio, ya está al aire desde un estudio improvisado al lado de los escombros de lo que fueron los estudios de la radio. Funcionan con equipos prestados que trajeron desde Portoviejo. “Estamos bajo los escombros pero usamos un slogan: ‘No nos vamos, nos quedamos en Pedernales’. Ha pegado muchísimo porque una vez que salió la radio al aire la gente se empezó a motivar”, asegura el periodista Aquiles Zambrano.
Radio Farra, La Voz del Espíritu Santo de Dios y FB Radio siguen fuera del aire (hasta el corte de este informe) pero buscan equipos prestados y nuevos lugares para reestablecer su señal.
Es hora de pensar en ellos, cuando desde el Estado se anuncia la reconstrucción de las zonas devastadas . Por ejemplo, ¿se puede seguir sosteniendo un concurso para la adjudicación de 120 frecuencias en esa zona con medios semidestruidos? ¿Las autoridades de comunicación y telecomunicación pueden ser tan indolentes a lo que está sucediendo?
What were you doing at 18:58 on Saturday 16 April? The answers to this question will be quite diverse. But how would you answer ‘what were you doing when the earth stopped shaking’? Certainly, we all reacted in the same way: ensuring that everyone was alright, checking in on our loved ones who were likely doing the same and trying to reach us to let us know what happened.
In Ecuador, more than two hours passed before the national media circulated the news that there had been an earthquake. This information had already been distributed by most of the international news agencies. What was going on during those two hours?
Those minutes, those hours of misinformation, felt like an eternity in the areas where the 7.8 earthquake struck with the most intensity: Muisne, Pedernales, Canoa, Bahía, San Vicente, Chone, Manta and Portoviejo. There was no electricity and therefore no access to the Internet. Mobile phone communication could continue until the phones’ batteries ran out. On the radio there was silence. The local TV channels also stopped broadcasting. There was a quiet, reminiscent of a 1950s style disaster movie.
Except this wasn’t a film and behind the silence tragedy was unfolding. Almost all of the 86 local media outlets in Manabí and Esmeraldas stopped broadcasting. But 16 of those suffered severe damage: their facilities were demolished, some of their employees or their relatives were killed, they suffered irreparable structural damage, or their transmission equipment broke down.
Another 19 media outlets were affected and forced off the air for up to 48 hours from the moment disaster struck.
The initial scenes were marked by darkness, shouts from the victims, the world around them collapsing, desolation and despair. Once this paralysing fear passed one had to face the reality of the situation whose full impact was unknown at that moment. Soon after the earthquake struck, three radio stations and one TV channel began to work together to bring to Manabí residents the little official information that was available at that moment. Depending on a diesel electric generator, one of the stations served as the headquarters; another station could only emit the broadcasting signal, as their studios had been destroyed. The stations did this in coordination with each other, even though they risked a penalty for their actions under the schizophrenic legislation that governs media in Ecuador. On the one hand the Communication Law allows connections between media outlets – however, the Telecommunications Law stipulates that such links can only be established after prior notification to the Agency of Regulation and Control of Telecommunications (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel). “Someone needed to say something, we informed everyone that there was no tsunami warning. We were doing our job, trying to inform people,” explained one of the media outlets.
If there was anything that stands out from Fundamedios’ research on how the media and journalists were impacted in the earthquake, it is the unbeatable will of the media outlets to get back to the task of communicating as soon as possible, undaunted by the challenges that were facing them. These challenges stemmed from the damage incurred by their offices and equipment, but also from the fact that some of their staff lost family members or their property. Fundamedios found that more than 80 members of the media, among them journalists, radio station operators, technicians and others, were directly impacted by the earthquake, either by losing a loved one or having their home destroyed.
The most serious case was in Pedernales, the epicentre of the earthquake. The only two radio stations based in this city, Altamar and Tropical FM, were reduced to rubble. Some of their workers lost everything and now live in shelters.
“Radio Tropical disappeared. I watched the station’s building collapse,” said Jorge Sárchez who worked at the station. The station’s owner, Marcelo Cepeda, lost his wife, daughter and three grandchildren, all of whom were inside the building.
Jorge is now staying in a shelter in El Carmen and is getting by with help from family and friends. He said that of the six employees at the station, he has been impacted the most as his home was completely destroyed when his neighbour’s house collapsed on top of his. He is also a correspondent for El Diario newspaper, but he doesn’t have a computer that he can do his work on.
Altamar, in contrast, is already back on air operating from a makeshift studio set up next to the remains of the station’s former studios. They are using borrowed equipment that was brought from Portoviejo. “We are under the rubble but we are using this slogan: ‘We are not going anywhere, we are staying in Pedernales.’ It really struck a chord because as soon as the radio station was back on the air people were inspired,“ said journalist Aquiles Zambrano.
Other media outlets that suffered serious damage are located in Portoviejo, Manta, Bahía de Caráquez and Chone. Of the 14 that were identified by Fundamedios, six are still off the air due to serious damage to their equipment and infrastructure. Among these is, for example, Bahía Stereo FM that used to operate in a commercial centre that collapsed. Station owner Trajano Velasteguí estimates the losses at around US$10,000, due to the damage to the control panels and the antennas. “We are trying to find some equipment to use temporarily, I am in contact with friends outside the city to ask for their help,” he explained.
Radio Farra, Sono Onda, La Voz del Espíritu Santo de Dios and FB Radio are still off the air but are also looking for equipment they could borrow and new locations from where they can relaunch their transmissions.
At the same time, there were some positive stories coming out of this disaster. Some of the media outlets were able to set up impromptu studios so they could operate or had to rent space. TV Manabita, for example, is broadcasting from the University San Gregorio as their studios were seriously affected. The El Mercurio newspaper remains in circulation with an edition of eight pages (normally it has 32) and is continuing to print even though its printing press was damaged.
In an era of mass global media, social networks that seem to unify people from all over and a massive flow of information that travels the world, the importance of small local media is still immense. It is impossible to imagine how a community can develop without access to local news sources so that people can be informed about their own communities, and a forum where they can share their opinion, oversee and debate the actions of government officials and demand accountability.
In the regions that were impacted by the earthquake, a large number of media outlets have suffered damage and dozens of press workers have lost their jobs, their loved ones or their belongings. On 3 May, World Press Freedom Day, Fundamedios, together with other press and media organisations, will launch a campaign to help these small and medium sized media outlets and their staff. And we also add our voice to the call for assistance for the 27 Ediasa workers who were impacted. El Diario newspaper is published by Ediasa.
The impact on these media outlets and journalists must be taken into consideration, as the State announces its plans for the reconstruction of the decimated zones. For example, will it be possible to continue the conversation about the allocation of 120 broadcasting frequencies in the region when so many media are in this state of disrepair? Could the communications and telecommunications authorities be that indifferent to what is happening?
Pedidos de rectificación y réplica: el mecanismo favorito de los funcionarios estatales para imponer su verdad
Aparecen en las portadas de los medios; en sus páginas centrales; como cadenas obligatorias y ahora también buscan camuflarse como noticias dentro de un diario, pues vienen previamente diagramadas y tituladas. Algunas insultan, descalifican y hasta interrumpen los espacios noticiosos en los medios ecuatorianos. Se trata de los pedidos de réplica y rectificación que cada día se incrementan y copan las páginas de diarios, revistas y espacios informativos.
Desde que se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la cual en sus artículos 23 y 24 contemplan el derecho a la rectificación y réplica, respectivamente, ya habían cuestionamientos sobre la forma de aplicación, sobretodo, porque el cuerpo legal faculta a la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) a ordenar a los medios a divulgarlas si dicha entidad lo considera pertinente, como ya se ha visto en la práctica con las recientes sanciones a diario Expreso, del pasado 12 y 21 de junio, respectivamente, cuando el medio fue ordenado por esa entidad a publicar rectificaciones a pedido de Richard Espinoza, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.
Y es que, desde antes de la aplicación de este cuerpo legal ya había inquietudes respecto al nivel de subjetividad e independencia que podría tener la entidad de control de los medios si se toma en cuenta que su titular, Carlos Ochoa fue elegido por una terna enviada por el Presidente de la República y fue quien incluso antes de asumir su cargo no ocultaba su animadversión hacia los medios privados desde un discurso peyorativo, como se evidenció en un informe anterior que hizo Fundamedios.
«Muchas veces ni siquiera se rectifica sino que
se desvía la atención con contenido propagandístico»
Juan Manuel Yépez, editor general de diario Extra
Tras dos años de aprobada la LOC ya se pueden sacar las primeras conclusiones de su aplicación y es que, en la práctica, parecería no estar claro, al menos para el Estado, quién es el titular de los derechos; si son los ciudadanos, o es el mismo Estado, el cual a través de la imposición de contenidos en los medios –por pedido directo o mediante sanción- y cadenas, ha manifestado que de esa manera ejerce su derecho a la réplica y brinda “información veraz, verificada y contextualizada” a los ciudadanos.
Ejemplos claros de los abusos en la aplicación de estos artículos se ven en las últimas sanciones a diario El Universo, Expreso y El Comercio, por mencionar algunas, en cuyos casos los pedidos de réplica han tenido que ser publicados y re publicados, primero, por pedido directo del funcionario, o por la Secretaría de Comunicación y luego por una sanción de la Supercom tras un proceso administrativo.
Un ejemplo de ello lo ocurrido con diario Expreso el pasado el 12 de junio, cuando la Supercom sancionó a ese medio con la obligación de presentar disculpas públicas y difundir nuevamente una rectificación a pedido Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social IESS, por la nota titulada: “IESS: ni créditos ni salud para los nuevos afiliados”, publicada el 5 de mayo de 2015. Espinosa denunció al medio de comunicación tras sentirse inconforme con la rectificación publicada el pasado 12 de mayo, porque supuestamente no fue presentada en los términos que establece la ley, ni divulgada con la diagramación y los títulos remitidos por el Funcionario. La Supercom concluyó que el medio “no viabilizó adecuadamente lo que indica el artículo 23 de la LOC, debido a que al publicar la rectificación lo hizo con el título ‘pedido de réplica’ y lo que corresponde es ‘rectificación’ o ‘aclaración’ ”.
“En algún momento esto va a quedar como un documento de uno
de los periodos más ignominiosos de la historia del Ecuador”
Martín Pallares, periodista independiente
Esta nota fue posteriormente replicada por el medio con la respectiva publicación de las disculpas públicas al funcionario. Sin embargo, cabría preguntarse ¿hasta qué punto se deban llenar los espacios en los medios con notas de este tipo?
El funcionario Richard Espinosa lo tiene claro; durante la audiencia de sustanciación por el tema de diario Expreso, el pasado 5 de junio, dijo lo siguiente: “No nos vamos a doblegar ante los medios de comunicación, si es que los medios de comunicación tienen que llenar sus periódicos de rectificación, y si es que las rectificaciones superan a las noticias, pues bienvenida la Ley Orgánica de Comunicación, al fin los ciudadanos, estoy hablando de los ciudadanos y también como autoridad, tenemos derecho a la réplica, tenemos el derecho a informar adecuadamente a la ciudadanía”.
Esto es una muestra que evidencia el pensamiento de los funcionarios estatales. En efecto, cada día los pedidos de réplica o rectificación llenan los espacios noticiosos. Incluso cuando dicho pedido no llega a conocimiento de la entidad de control como un proceso, sí llama la atención que estos cada día se vuelven más habituales en el contenido que difunden los medios privados. Muchos de ellos, son pedidos que los hace directamente la Secretaría de Comunicación (Secom) y que han logrado copar incluso la portada de un diario, como ocurrió con diario La Hora el pasado 23 de junio, cuando en su portada publicó bajo protesta un texto diagramado ordenado por esa entidad.
“Creen que el lector es bobo y que el pedazo de propaganda
que lo metieron diagramado lo van a entender como reportaje”
Luis Vivanco, editor general de Diario La Hora
Por su parte, los editores y periodistas de los medios se quejan de que los funcionarios, al ser contactados para dar su versión dan largas o se niegan a conceder entrevistas o dar información y después, cuando la información es publicada sin su versión, envían misivas pidiendo, en el mejor de los casos, se publique su réplica, y en el peor de ellos, con cartas llenas de descalificaciones y epítetos. Un ejemplo de ello se evidenció en un reciente caso que le ocurrió a revista Vistazo, cuando tuvo que dedicar tres páginas de ese medio para publicar réplicas que pudieron haber sido evitadas si los funcionarias hubiesen concedido entrevistas oportunamente.
Todo esto evidencia que la aplicación de la Ley ya resulta un limitante para el ejercicio de la libertad de expresión. En un informe anterior publicado por Fundamedios, la abogada Daniela Salazar, exfuncionaria de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y catedrática de la Universidad San Francisco de Quito apuntó que el derecho a la réplica es siempre una limitación al ejercicio de la libertad de expresión y el libre flujo de ideas. “Limitaciones que en algunas circunstancias puede ser legítima. Pero si se abusa de este derecho para obligar a los medios a publicar información con miras a difundir una verdad única, más aún si es la del gobierno, la libertad de expresión se ve comprometida de manera excesiva e ilegítima. Recordemos que el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a que a los medios no les sean impuestos contenidos ajenos”.
Para Salazar, el derecho a la réplica, como todos los derechos humanos, es una facultad de la que gozamos los seres humanos frente a la autoridad del Estado, por lo que este no goza de derechos humanos. “Las autoridades que son parte del Estado, como personas, pueden ejercer el derecho a la réplica y rectificación, pero recordando siempre que respecto de ellos existe un estándar más elevado que permite mayor libertad de expresión. Las autoridades deben permitir que se los critique, incluso que se los ofenda, es parte de su trabajo y si no les gusta deben cambiar de trabajo, no ejercer el derecho a la réplica al punto de inhibir las expresiones disidentes que son necesarias en toda sociedad democrática”, apuntó.
A continuación se expondrán los casos más recientes que se han registrado en este año y que evidencia la aplicación de una Ley que ha cristalizado los temores que se tenían respecto a la imposición de contenidos en los medios.
El caso El Comercio y la sanción que obligó a difundir una mentira
El hecho ocurrió el pasado 20 de mayo, cuando el rotativo se vio obligado a publicar a seis columnas y con despliegue de una página interior, una supuesta rectificación por orden de la Supercom. En la portada se podía leer el siguiente mensaje: “El 5 de abril pasado, este diario afirmó que hubo un ajuste de USD 606 millones al costo final de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. En aplicación al derecho a la rectificación que estipula la Ley Orgánica de Comunicación, el Ministro de Electricidad y Energía Renovable y la Empresa Pública Coca Codo Sinclair rectifican que no existe ajuste en el costo de esa central hidroeléctrica”.
La rectificación publicada por dicho rotativo y las disculpas que presentó el director del mismo se dieron pese a que el medio demostró, con amplia documentación, que lo publicado inicialmente en la nota periodística no tenía errores y, por el contrario, tenía todos los respaldos y hasta citaba a fuentes oficiales con documentos que certificaban que el presupuesto de la obra pasó de USD 2245 millones a USD 2851.
Como bien lo detalló el rotativo, el presupuesto inicial de la central hidroeléctrica era de USD 2 245 millones, según lo había dicho el ministro coordinador de Sectores Estratégicos en su rendición de cuentas de 2011 y ratificado por el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, en un informe. De igual manera, respecto al presupuesto actual que sumaba 606 millones más, el medio tenía su respaldo en un oficio de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) enviado al ministro Albornoz en agosto de 2014 y que fue registrado en el plan anual de inversiones del ministerio de Electricidad y en la tabla que el propio presidente de la República presentó al país en su sabatina 416, el 21 de marzo, cuya información también fue publicada al día siguiente por el diario estatal El Telégrafo.
Extrañado por las cifras, el periodista envió cartas a funcionarios del Ministerio de Electricidad y al representante de la empresa constructora para confirmar el dato y del porqué de esta variación sin que obtuviera respuesta. El único que respondió algo de manera escueta fue el gerente de la empresa pública Coca Codo Sinclair quien le indicó que ambos valores eran correctos, pero que el primero “no consideraba obras de desarrollo territorial, compensación social, IVA e impuestos”. Es decir, que la segunda cifra era el resultado de la suma de esos costos que representan un ajuste en USD 606 millones, como lo publicó el medio.
Pese a ello, el Ministro de Electricidad, en una carta enviada al medio el pasado 8 de abril, acusó al medio y al periodista de mentir, manipular y distorsionar los hechos y de ser mala fe y tener una “clara intención de hacer daño”.
Tras esto, el 14 de mayo la Supercom sancionó a Diario El Comercio con la obligación de rectificar y presentar disculpas públicas por la información contenida en la nota periodística al concluir que hubo “deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública” y estableció un plazo de 72 horas para que el medio cumpla con la sanción impuesta, de la cual ya se conoció su desenlace.
El 8 de agosto de 2015 diario El Comercio publicó por segunda ocasión y bajo protesta una réplica a pedido del secretario de comunicación Fernando Alvarado, quien cuestionó el artículo titulado “La contradicción como discurso presidencial” escrito por Carlos Rojas, a quien tildó de “opinólogo anquilosado”. El texto de réplica fue publicado en la página 9 de la sección de opinión bajo el título “La contradicción en el tendencioso discurso mediático”. El medio explicó que dicho texto ya había sido publicado anteriormente el 5 de agosto, como una primera réplica al artículo original de Rojas publicado el pasado 21 de julio, pero que se ven obligados a hacerlo nuevamente a raíz de un nuevo pedido hecho por el funcionario, quien, a través de una carta, aseguró que el rotativo “hizo caso omiso” e incumplió con la normativa. A criterio de Alvarado, el medio debió publicar su réplica diagramada, en el mismo espacio, tipo de letra y color.
El 14 de mayo de 2015, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), sancionó a Diario El Comercio con la obligación de rectificar y presentar disculpas públicas por la información contenida en una nota periodística publicada el 5 de abril de 2015 titulada “El proyecto Coca-Codo tendrá un ajuste de USD 606 millones”. Esta sanción responde a una denuncia presentada por el Ministro de Electricidad y Energía Renovable quien también es Presidente del Directorio Coca Codo Sinclair EP por supuestamente inobservar el artículo 23, numeral 1 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que dispone la rectificación y disculpa pública en el mismo espacio de la nota original.
El 6 de marzo de 2015, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), sancionó con una amonestación escrita a diario El Comercio, por supuestamente inobservar el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) referente al derecho a la réplica, al no difundir en el mismo espacio, sección y página el pedido de réplica de Luis Ruales Corrales, Gerente Subrogante del proyecto Coca-Codo Sinclair, por una nota titulada “La Contraloría y la fiscalizadora alertaron fallas en el Coca-Codo”, publicada el 21 de Diciembre de 2014. La entidad de control, que inició un proceso de oficio, dio al medio de comunicación 72 horas para publicar la réplica, a la vez que le instó a “corregir y mejorar sus prácticas, para el pleno y eficaz ejercicio de los derechos a la comunicación”.
El 12 de junio de este año, la Supercom sancionó a diario El Universo con una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses –aproximadamente USD 350 mil dólares- por considerar que el medio era reincidente al supuestamente incumplir con un pedido de réplica de la Secretaría de Comunicación (Secom). Dicha entidad acudió ante la Supercom por un reportaje sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y una supuesta deuda del Estado, que ya había sido replicada a pedido del Ministro de Finanzas, pero que no satisfizo a dicha Secretaría porque el medio no publicó con el título y la diagramación enviada por esta. La nota original difundida el 22 de marzo fue titulada en portada: “Deuda estatal por $1700 millones afecta al sistema de salud IESS”, pero la Secom pedía que su réplica se titulara: “El IESS ha progresado y mejorará aún más en los próximos años”, como si se tratara de una nota escrita por el medio. Este Hecho que fue rechazado por el diario por considerarlo “una intromisión editorial que contraría la Constitución de la República y las leyes vigentes”, según denunciaron públicamente, por lo que se declararon en resistencia por considerar que no habían garantías para el debido proceso. Incluso, la defensa del rotativo decidió abandonar las audiencias de sustanciación en dos ocasiones como muestra de su rechazo.
El 3 de junio de 2015, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) sancionó a diario El Universo con la obligación de publicar “en forma completa e íntegra, en el mismo espacio y sección” una réplica a pedido del secretario de comunicación Fernando Alvarado, quien denunció al medio después de que este no publicó la mencionada réplica con el diagrama y los textos que, hasta en titulares, envió esa Secretaría. Además, el Director del medio tiene que presentar por escrito una disculpa pública a los afectados directos. La entidad de control determinó que el medio inobservó el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), referente al derecho a la réplica por una nota publicada en portada el pasado 23 de marzo de 2015 bajo el titular “Presidente los provocó, responden acusados”, la cual fue desarrollada en la página 2, sección Actualidad, con el titular “Los acusados niegan emboscada”, sobre las acciones de la Policía cuando se produjeron incidentes en el paso de la caravana del presidente Rafael Correa por calles de Riobamba.
El 26 de mayo de 2015 diario El Universo dedicó parte de su portada para publicar una rectificación a pedido de la Secretaría de Gestión de Riesgos, María del Pilar Cornejo, quien solicitó se rectifique su propia versión dada en días anteriores, sobre la seguridad a los fieles en la misa que oficiará el papa Francisco en Guayaquil. El medio aclaró que Cornejo cuestionó el titular: “Gobierno no da garantías a fieles durante misa papal” y publicó lo que la funcionaria quiso rectificar: “No es posible garantizar físicamente la seguridad para el millón doscientos mil asistentes a la misa planificada en el santuario de la Divina Misericordia”.
El 19 de abril de 2015 diario El Universo fue obligado a destinar parte de su portada y sus páginas centrales para publicar una réplica del ministro coordinador de Política Económica, Patricio Rivera, por orden de la Secretaría de Comunicación (Secom). A pesar de que dicha réplica ya había sido publicada la semana anterior, la entidad estatal consideró que el diario no cumplió “de manera correcta con la Ley de Comunicación” y solicitó que se reproduzca nuevamente la carta del Ministro, en respuesta a un reportaje sobre la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.
El 28 de octubre de 2015, diario El Universo dedicó parte de su portada y media página interior para publicar una réplica impuesta por la Secretaría de Comunicación (Secom) por la difusión de una reseña de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, publicada el 7 de octubre. Esto ocurre un día después de que la Secom obligara a diario La Hora la difusión de una réplica por una nota similar, en donde se expusieron cuestionamientos a la Ley Orgánica de Comunicación. Para el rotativo, “nuevamente la Secom pretendió imponer diseño, texto y títulos a este Diario con su réplica, al margen de lo que dice la Ley de Comunicación”. La nota original titulada: “SIP insiste en que Rafael Correa debe consultar a CorteIDH por Ley de Comunicación”, fue reemplazada por la réplica oficial como “SIP no representa a los ecuatorianos sino a los intereses de sus socios”, en portada, y en página interior con el titular “Resoluciones de SIP obedecen a intereses de dueños de medios”.
El 10 de agosto de 2015 diario Expreso dedicó una parte de su portada y tres cuartos de una página interior para publicar una rectificación a pedido del padre César Piechestein, vocero de la Arquidiócesis de Guayaquil. El sacerdote cuestionó al medio de comunicación por “desinformar” a los lectores, al publicar una nota periodística que hacía referencia a la catequesis semanal del Papa Francisco del pasado 4 de agosto, sobre la acogida a los divorciados en nueva unión que fue titulada: “Los divorciados no están excomulgados”.
El 2 de julio de 2015 la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), impuso una rectificación a diario Expreso, por considerar que el medio de comunicación “ha tergiversado las expresiones del presidente Rafael Correa” por la publicación de la nota titulada “Correa no dará “ni un paso atrás”, del 26 de junio, referente al discurso del Jefe de Estado en un encuentro de Gobiernos Parroquiales, realizado en Montecristi un día antes. En media página, diario Expreso reprodujo la nota impuesta por la Secom e indicó que lo hace “con errores incluidos”, pues esta fue publicada con la diagramación enviada, es decir con titulares y fotografías incluidas.
El 12 de junio de 2015, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) sancionó a diario Expreso con la obligación de presentar disculpas públicas y difundir nuevamente una rectificación a pedido Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social IESS, por la nota titulada: “IESS: ni créditos ni salud para los nuevos afiliados”, publicada el 5 de mayo de 2015. Espinosa denunció al medio de comunicación tras sentirse inconforme con la rectificación publicada el pasado 12 de mayo, porque supuestamente no fue presentada en los términos que establece la ley, ni divulgada con la diagramación y los títulos remitidos por el Funcionario. La Supercom concluyó que la nota periodística referida “no cumplió con los principios de verificación, contrastación y precisión, puesto que no constató si los hechos narrados efectivamente sucedieron, tampoco se recogió, ni publicó las versiones de las personas involucradas en dichos hechos. Además, no viabilizó adecuadamente lo que indica el artículo 23 de la LOC, debido a que al publicar la rectificación lo hizo con el título ‘pedido de réplica’ y lo que corresponde es ‘rectificación’ o ‘aclaración’ ”.
El 5 de agosto de 2015 diario La Hora publicó bajo protesta un pedido de rectificación del Servicio de Rentas Internas (SRI). El medio de comunicación aseguró que publicaba dicho contenido para evitar ser sancionados por parte de la entidad reguladora. Sin embargo cuestionó que en el texto enviado no se explicaron los presuntos errores de la nota periodística referente a los cambios del régimen tributario dentro de este gobierno, sino que se presentó una “apología a la gestión” de esa entidad estatal.
El 23 de junio de 2015, diario La Hora fue obligado a publicar, en su portada y en página interior, una réplica impuesta por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), que envió la nota previamente diagramada y titulada. El diario indicó en su editorial que lo hace bajo protesta, al considerar el hecho como una humillación. La réplica impuesta se dio en respuesta a la nota periodística titulada “Impuesto afectaría a la clase media”, publicada el 27 de mayo de 2015. El medio explicó que el 22 de junio recibió una carta de Ximena Amoroso, directora general del Servicio de Rentas Internas, pidiendo una réplica por las supuestas inconsistencias y tergiversación de algunos datos contenidos en la nota. El medio apuntó que les llamó la atención que sin haber hecho saber previamente de su reclamo, la misiva llegó acompañada por una carta y un CD de la Secom en la que pedía su publicación con titular, texto y diagramación impuesta.
El 25 de febrero de 2015, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) ordenó a diario La Hora, edición regional de Loja (sur del Ecuador), publicar una rectificación y disculpas públicas al alcalde de ésta ciudad, Bolívar Castillo, quien denunció al medio de comunicación por supuestamente incumplir con un pedido de rectificación realizado el 21 de enero por una nota periodística referente al uso de toletes eléctricos por parte de la policía de esa municipalidad. La Supercom resolvió que el diario La Hora incumplió con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) sobre la obligación de los medios a rectificar información “cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información”.
El 30 de enero de 2015, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) sancionó a Diario “La Hora” con la obligación de pedir disculpas y rectificar un artículo de opinión en el que se mencionó acerca de presuntas irregularidades cometidas en la administración de la Universidad “Luis Vargas Torres” de la ciudad costera de Esmeraldas, tras pedido de Bernarda Salas, Rectora encargada de dicho centro de estudios. La denuncia a Diario La Hora nació tras la publicación del artículo titulado “UTE intervenida”, difundido el pasado 27 de octubre de 2014 porque la rectora encargada aseguró “no estar de acuerdo con la información vertida” en dicha publicación. La sanción fue impuesta aplicando el artículo 23 numeral 2 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), referido al derecho a la rectificación. La Supercom resolvió que el rotativo debe atender el pedido “por haber difundido información sin la debida verificación, contrastación y precisión”.
El 23 de octubre de 2015, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) ordenó a diario La Hora publicar una réplica de una nota periodística titulada “Viteri le recuerda a Ochoa su apego al discurso oficial”, del 22 de octubre, por considerar que el medio le dio menos del 25% del espacio de la misma a la versión del Superintendente, Carlos Ochoa. Según la Supercom, el haberle otorgado menos de ese porcentaje al titular de esa entidad “afecta su reputación” por lo que solicitaron, “en apego al principio de equidad”, difundir la réplica correspondiente. La nota en cuestión era una crónica sobre la intervención de la asambleísta de oposición Cynthia Viteri ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, en donde presentó un Proyecto de Reforma a la Ley de Comunicación. También estuvo presente en la Comisión el Superintendente Ochoa.
El 27 de octubre de 2015, diario La Hora publicó bajo protesta una réplica impuesta por la Secretaría de Comunicación (Secom) para la cual debió destinar parte de su portada y tres cuartos de una página interior. La imposición se dio por una nota publicada el pasado 7 de octubre, sobre cuestionamientos a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa. Al igual que en ocasiones anteriores, la réplica llegó titulada, diagramada y con una baja calidad gráfica, por lo que el diario, en una nota adjunta de la redacción se disculpó con sus lectores y aseguró que no es responsable de la publicación. “Ofrecemos disculpas a nuestros lectores por la publicación enmarcada en esta página, ya que la misma es una imposición del Gobierno y este medio no es responsable de su contenido. Diario La Hora rechaza este uso abusivo de la Ley de Comunicación y publica esta réplica bajo protesta, pues no hacerlo implicaría multas insostenibles por parte del organismo oficial de sanción (…) Este contenido impuesto responde precisamente a una nota en la que la prensa del continente denunciaba este tipo de abusos”, precisó el medio de comunicación.
El 30 de octubre de 2015, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), ordenó a Diario La Hora presentar disculpas públicas a la ciudadana Anabela Yépez y su familia en un plazo de 72 horas, por no haber acogido un pedido de rectificación solicitado anteriormente.Yépez denunció al periódico por supuestas deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de una nota periodística que mencionaba a su difunto padre y que fue publicada el 8 de septiembre en la edición regional de Imbabura bajo el título: “Una pedrada en la cabeza habría puesto fin a su vida”, y en contraportada: “Muere horas después de recibir una pedrada” sobre un disturbio durante un partido de fútbol.
El 24 de noviembre de 2015, diario La Hora dedicó dos columnas de la página B3 para publicar una réplica a pedido del Ministro del Interior, por una nota del 18 de noviembre titulada: “Para Correa, cúpula militar fue mediocre”. La nota refería al discurso dado por el Presidente tras una polémica desatada después de que la cúpula militar asistiera a la primera audiencia por un supuesto caso de lesa humanidad y que lo justificaron bajo el argumento de que iban a defender la posición institucional. En la réplica, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional rechazaron categóricamente dicha aseveración y afirmaron que “el titular de la noticia no guarda relación con la realidad, sino al contrario, demuestra malicia y una tergiversación a lo que manifestó el presidente, Rafael Correa, este martes 17 de noviembre, durante la graduación de policías como tecnólogos en Seguridad Ciudadana y Orden Público”. Para el Ministerio del Interior “la descontextualización de las líneas discursivas expuestas por el presidente, Rafael Correa, en la nota periodística publicada por diario La Hora, es motivo de rechazo. Esto entendiendo el derecho de la ciudadanía de obtener información veraz y precisa dada la relevancia pública del tema”. Sin embargo, La Hora, en una nota adjunta de la redacción aclaró que “el medio tituló esa noticia con la propia intervención presidencial.
El 29 de noviembre de 2015, diario La Hora dedicó publicó una réplica impuesta por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), por una nota periodística del pasado 23 de noviembre titulada “Los recortes afectarán a nuevos centros infantiles”, cuya fuente principal era la ministra de esa cartera de Estado, Betty Tola. La réplica, titulada “Recortes presupuestarios no afectarán a los centros infantiles del Estado” llegó al periódico previamente diagramada como si fuera una nota de ese medio, a pedido de la directora de comunicación de ese Ministerio, Silvia Zurita. El diario publicó dicho texto con una carta adjunta dirigida a Zurita, en donde se cuestionó que “el texto impuesto (…) sobrepasa de manera abusiva los límites de la ley, pero a sabiendas de que no existe oportunidad de conseguir un proceso justo y que la sanción será inminente, lo publican reservándose el derecho de explicar a los lectores todo el contexto”. En dicha carta el medio aseguró que “sorprende” que el texto que la funcionaria llama ‘réplica’ ratifica lo dicho por el texto original y le recordó que la réplica es una respuesta a algo, por lo que resulta “paradójico” que la fuente principal del texto objetado es precisamente la Ministra.
El 21 de mayo de 2015, en su edición No 1146 la revista Vistazo dedicó tres páginas completas para publicar tres pedidos de réplica de funcionarios estatales. El primero solicitado por Pedro Kléber Merizalde, ministro de Hidrocarburos, el segundo por César Regalado, gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT EP, y el tercero, de menor tamaño, por Gustavo Araujo, Gerente general de la Empresa Pública Importadora EPI EP. La réplica que ocupó mayor espacio -dos hojas completas- fue la solicitada por el Ministro de Hidrocarburos por la publicación del reportaje titulado en portada “¡Elefante blanco? 570 millones para almacenar el gas que dejaríamos de usar con las cocinas de inducción” y con título interior: “Cuando el gas se evapora”, publicado en la edición No 1145, el cual cuestionaba la inversión gubernamental en infraestructura y almacenamiento de gas licuado y el paradójico plan para disminuir el consumo de este en los hogares. Al respecto, Vistazo, en una nota adjunta de la redacción, aclaró que el Ministro no rectificó ninguno de los datos aparecidos en el reportaje, los cuales, según explicó el medio, fueron tomados de diversas fuentes oficiales que son citadas en dicha nota.
El 31 de agosto de 2015 una cadena de 22 minutos y medio de duración y una réplica de casi un minuto ordenadas por la Secretaría de Comunicación (Secom) y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), respectivamente, interrumpieron la transmisión normal del programa investigativo de Ecuavisa Visión 360.El programa, de una hora de duración, se vio obligado a adelantar su transmisión media hora antes, por lo que fue difundido a las 22:00. Esto para evitar la interrupción de la cadena, la cual consistió principalmente en un espacio de corte propagandístico sobre las acciones y obras emprendidas por el gobierno en aspectos sociales como la equidad, igualdad, diálogo y justicia. Esta misma cadena ya había sido difundida la noche del pasado 12 de agosto, interrumpiendo los espacios noticiosos estelares de los medios televisivos nacionales
El 21 de mayo de 2015, un espacio ordenado por la Asamblea Nacional a manera de réplica, interrumpió durante cinco minutos el noticiero estelar de Ecuavisa para descalificar a su presentador y Vicepresidente de noticias, Alfonso Espinosa de Los Monteros, por comentarios vertidos acerca de la falta de independencia del poder legislativo.
El 8 de noviembre de 2015, el programa de investigación Visión 360 de Ecuavisa fue obligado a destinar 3 minutos y medio para difundir tres pedidos de rectificación y réplica ordenados por la Secretaría de Comunicación (Secom) tras el reportaje titulado “Periodismo en tiempos de revolución” difundido el pasado 25 de octubre. En la primera rectificación, se cuestionó al canal por comentarios vertidos por la periodista Carolina Mella y uno de los entrevistados, el caricaturista Xavier Bonilla, Bonil, respecto a la elección del Superintendente de la Información y Comunicación. Según la Secom, “La imprecisión se debe a que se ignora o se pretende ignorar todo el proceso de designación del cargo ordenado por la Constitución y que se llevó a cabo acorde al Reglamento de Designación del Procurador y Superintendentes”. En ese sentido se explicó que la candidatura de Ochoa superó las fases de selección, a partir de una terna enviada por el Presidente. La segunda fue una réplica solicitada por Marcelo del Pozo, gerente general subrogante del canal estatal Ecuador TV después de que ese programa mencionara en dicho reportaje que habría una prohibición para que los periodistas de ese medio den declaraciones al programa. En la réplica se dijo que tras recibir comunicación de la realizadora de ese espacio para entrevistar a uno de los periodistas del medio estatal, la respuesta fue que este estaría ocupado por una asignación y que seguro encontrará otro colega que lo pueda ayudar. Luego se amenazó al medio de comunicación: “Ante la mentira exigimos una rectificación sin el perjuicio de iniciar otro tipo de acciones legales”. Ante esto, Ecuavisa aclaró que “Vision 360 contactó telefónicamente a los periodistas de Ecuador TV quienes confirmaron su participación en el programa periodístico ahora cuestionado; sin embargo, el director de noticias del medio público con una respuesta maniobrada canceló dicho compromiso adquirido, indicando falta de disponibilidad e invitando a que acudamos a otros colegas. Esto lo reconocemos como una prohibición”, apuntó el medio. La tercera fue una réplica de la Secom para aclarar que, en una réplica anterior que esa cartera de Estado solicitó a diario Expreso por la nota “Correa no dará ni un paso atrás”, aludida en el programa, no estaba contenida en el video oficial del discurso del primer mandatario, en el evento Somos Gobiernos Parroquiales y que, de existir dicha frase dicha, el rotativo la utilizó en un contexto ajeno al expuesto por el medio.
El 28 de enero de 2015, se interrumpió el espacio noticioso “Notihoy” de radio Centro FM para presentar, a manera de réplica, una carta suscrita por la embajadora de Ecuador en Ginebra María Fernanda Espinosa como ex ministra de Defensa, luego de una entrevista realizada a esta estación al exjefe de Inteligencia Militar, el Coronel Mario Pazmiño, a propósito de la publicación de un libro en el que se menciona el intercambio de información y acercamiento de las Fuerzas Armadas del Ecuador con el grupo militar de Estados Unidos. El espacio de cuatro minutos de duración justificó su emisión “en beneficio de un equilibrado informativo” y dio lectura a la misiva dirigida a la periodista Carmen Andrade, directora de Notihoy, en donde la funcionaria “deploró que temas de defensa y de seguridad integral se hayan utilizado, según la Exministra, “de manera distorsionada y falaz” por el señor Pazmiño.
Entre el 16 y 19 de febrero medios de comunicación como diario El Comercio, La Hora, Radio Centro y Teleamazonas difundieron una réplica exigida por Fernando Alvarado, titular de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) para, supuestamente, aclarar “la desinformación provocada por la prensa mercantilista”, por artículos de opinión y notas de prensa referentes a la censura a la libertad de expresión en las redes sociales. En su misiva, el Secretario de Comunicación cuestionó que usuarios en las redes “han ocupado este espacio para insultar, difamar y agredir, incluso escondiéndose en el anonimato, para realizar amenazas en contra de la integridad y de la vida del Jefe de Estado” y aseguró que estas “deben constituirse en un espacio que permita el debate civilizado, con ideas y propuestas, sin incurrir en agravios o amenazas hacia los involucrados directos y terceros”.
El 21 de julio de 2015 la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) -mediante un oficio enviado a los diarios miembros de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep)- ordenó publicar una «réplica» a un anuncio que había sido divulgado el día anterior, a pedido de Diego Cornejo, director ejecutivo de la AEDEP.
Durante los primeros nueve meses de este año, Fundamedios contabilizó 279 agresiones contra la libertad de expresión, de un total de 1310 desde nuestros registros en 2008. Con ello, 2015 se convierte en el año más violento para el ejercicio del periodismo y la protesta social, pues, solo en estos meses se han superado con creces las agresiones registradas en 2014, que cerró con 254 casos.
El contexto actual para el ejercicio de la libertad de expresión es complejo, pues, además del clima hostil que se vive desde hace varios años -en donde se agrede e insulta a periodistas, producto de una estigmatización al trabajo de los comunicadores desde las más altas esferas del poder- hay que sumar el hecho de que cada vez se limita más el contenido noticioso y de opinión en los medios independientes y hasta en internet, en donde los blogs y las redes sociales se han convertido en el nuevo blanco favorito para la censura.
Es así que las sanciones a medios de comunicación, producto de la aplicación de una Ley de Comunicación es la principal agresión en este 2015. Los “Procesos por aplicación de normativas contrarias a la libertad de expresión” suman un total de 71 casos, de los cuales 64 son sanciones y 7 son denuncias, convirtiendo a los medios independientes en las principales víctimas.
Sin embargo, algo que también preocupa es la imposición de contenido oficial en los medios, a través de réplicas obligatorias que llegan en forma de cadenas, o como notas tituladas y diagramadas de funcionarios o entidades estatales que prácticamente copan los espacios noticiosos y de opinión, tomándose incluso las portadas de los principales medios impresos del país.
Esto se evidencia en cifras, pues la segunda mayor agresión de este 2015 se dio por el “Uso abusivo del poder estatal” con 57 casos. De ellos, 47 corresponden a “abusos de cadenas y otras herramientas de comunicación del Estado”, en donde también se incluyen los pedidos de réplicas de funcionarios estatales; 5 casos corresponden a la “Concesión y/o cancelación arbitraria de frecuencias de radio y TV o espectro digital”; 4 al “Uso abusivo de medios oficiales cuando genere consecuencias para el ejercicio de la libertad de expresión”, en donde se incluyen las campañas orquestadas desde medios estatales para descalificar a ciudadanos, periodistas y demás personajes considerados de oposición. El resto de las 57 agresiones de esta categoría incluyen cancelaciones arbitrarias de programas, abusos de organismos de control, entre otros.
La tercera principal agresión corresponde a “Ataques verbales” con 40 casos, de los cuales, 26 corresponden a “Insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas”; 8 a amenazas y 6 a insultos de particulares, lo que da cuenta del clima hostil que viven los periodistas que cada sábado son tildados de “corruptos” por parte del Presidente, quien dedica un segmento de su Enlace Ciudadano para cuestionar a la prensa.
Otra agresión que ha incrementado de manera preocupante es la relacionada a la vulneración de los “derechos digitales” con 34 casos que incluyen el “Hackeo a sistemas informáticos de medios y organizaciones sociales”; Ciberamenazas y acoso sistemático por redes y medios sociales; Censura en internet como el cierre y suspensión arbitraria de cuentas de redes sociales y abuso de normas de derechos de autor con el fin de silenciar, entre otras.
“La agresiones físicas” también fueron 34, muchas de ellas producto de la represión en las recientes jornadas de protestas que marcaron los últimos meses.
Finalmente, y en menor número, se registraron 24 casos dentro de “Procesos penales”, muchos de ellos por detenciones a ciudadanos en medio de las protestas; 7 casos de “Censura”, 6 dentro del “Marco jurídico contrario a estándares internacionales” y uno por “Uso abusivo del poder no estatal”.
En cuanto a las víctimas, los medios de comunicación y los periodistas y trabajadores de los medios siguen siendo los principales agredidos con 157 y 57 ataques respectivamente, mientras que preocupa el incremento de ataques contra personajes públicos, con 18 casos; contra ciudadanos con 16; contra cyberactivistas con 13 y contra ONGs con 12.
El principal agresor en todos estos casos sigue siendo el Estado. Responsable del 50% del total de los ataques (141 casos), seguido por los Funcionarios públicos, responsables del 28% de ellos (78 casos). En menor número se han dado agresiones perpetradas por parte de desconocidos y de Grupos violentistas en el 14% y 10% respectivamente.
Más allá de estas cifras expuestas, hay hechos graves que evidencian el deterioro de las libertades en el Ecuador. Casos como el despido del periodista Martin Pallares de diario El Comercio -por haber tenido comentarios críticos al gobierno en su cuenta personal de Twitter- muestran el temor y la auto censura que existe dentro de las redacciones, pero además, el hecho de que medios como diario La Hora y Expreso hayan tenido que ceder portadas y páginas enteras para publicar réplicas, pero a la par, tener que declararse en resistencia para denunciar los abusos de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) cuya más reciente sanción se dio por no replicar un anuncio pagado a pedido de esa misma entidad, poniendo en duda la verdadera utilidad de la Ley de Comunicación y de manifiesto la cuestionada independencia de esa entidad reguladora, al estar actuando como juez y parte, pese a que su titular Carlos Ochoa haya negado estas acusaciones. Lo que ocurrirá en la segunda mitad del año es predecible, pues tal y como van las cosas, lamentablemente se prevé que las agresiones se dupliquen, que las cadenas e insultos descalificatorios continúen y que el Estado, el principal responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales se haga el de oídos sordos y siga siendo el principal agresor, como lo ha venido siendo en los últimos ocho años.
Pero Ecuador también vive su propio boom de medios nativos digitales. En las últimas semanas, estos medios han resaltado en un contexto donde cada vez los medios tradicionales ceden cancha a las restricciones de la Ley de Comunicación. Algunos ejemplos: Las investigaciones de la revista Plan V; los streamings nítidos de La República de las protestas desde junio; los reportes diarios de Wambraradio de los 11 días de la marcha indígena en su camino a Quito; las entrevistas exclusivas de Rayuela Radio a María Corina Machado, Manuela Picq y Martín Pallares, o los análisis de Gkillcity sobre la coyuntura. No sorprende que algunos de estos portales hayan sido víctimas en más de una ocasión de ataques de DDoS.
De hecho, en los últimos años varias iniciativas han desaparecido. En el 2012, en el “Mapa de medios digitales del Ecuador” publicado por Ciespal aparecían 34 medios nativos digitales, de los cuales solo 15 siguen vigentes. Las radios digitales son el grupo con mayores ausencias: de las 14 existentes en el 2012, hoy solo una de aquellas está al aire (Radio Turismo Ecuador).
El estudio completa así el perfil de los medios nativos digitales ecuatorianos: Más de la mitad de los medios mapeados (55%) tiene una periodicidad diaria y el 35% está conformado por grupos de trabajo entre dos y cuatro personas (Gráfico 3). La falta de financiamiento permanente explica este último fenómeno. En el I Encuentro de Medios Digitales del Ecuador, que se llevó a cabo el 22 de abril pasado en la Universidad Internacional, representantes de 21 portales explicaron que la monetización es uno de sus principales retos y coincidieron en la necesidad de diversificar sus ingresos más allá de la publicidad, siempre que esto no afecte la línea editorial.
Otra necesidad que surgió fue la de crear un plan de negocios con estrategias de marketing y de difusión de los contenidos. Concluyeron en que este tipo de medios “no son el resultado de una sólida planificación”, se mueven empíricamente y tienen un alto índice de mortalidad.
El mapeo de Fundamedios muestra que la presencia en redes apareció como una estrategia prácticamente asumida por el grupo analizado. Casi el 100% está en Facebook y el 92% en Twitter. Aunque aún hay retos por incorporar nuevas redes, aplicaciones y estrategias de difusión de contenido. De hecho, la falta de innovación fue uno de los puntos de discusión en el Encuentro. Los emprendedores que asistieron consideraron que existe poco interés en innovar en los medios en general y que hay una responsabilidad de las escuelas de Comunicación Social del país en la formación de periodistas especializados en medios digitales.
Pero este tema es una discusión regional. El reciente estudio “»Regenerating Journalism: Exploring the ‘Alternativeness’ and ‘Digital-ness’ of Online Native Media in Latin America” concluyó que “los medios nativos digitales latinoamericanos son más innovadores por los temas sobre los que informan que por el uso de recursos digitales sofisticados”. En los 67 medios analizados en esa investigación, que incluyó tres portales ecuatorianos, se inclinan más a cubrir “temas alternativos”. “Mientras que los sitios nativos de internet consideran su innovación y carácter digital como un factor distintivo respecto de los medios de origen tradicional, la realidad es que su uso efectivo de los recursos digitales presenta un grado modesto”, dice el estudio según la reseña publicada por el portal Las2orillas.co.