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Timestamp: 2019-09-16 13:10:18
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Matched Legal Cases: ['artículo 118', 'artículo 29', 'artículo 118', 'artículo 29', 'artículo 168', 'artículo 131', 'artículo 318', 'artículo 318', 'artículo 168', 'artículo 118', 'artículo 168', 'artículo 167', 'artículo 318', 'artículo 118']

Adjudicación de los PANAPS (Poderes Adjudicadores no admón. Pública en la nueva LCSP - CONTRATACIÓN PÚBLICA
Publicado por JUAN CARLOS GARCÍA MELIAN el febrero 5, 2018 a las 10:50am en Adjudicación.
Me gustaría compartir con vosotros las conclusiones que se extraen del texto literal de los artículos 317 y 318 de la nueva LCSP, en los que se regula la adjudicación de los PANAPS. Y las comparto porque indudablemente son llamativas y porque por supuesto, me gustaría conocer los argumentos de quienes extraen otras conclusiones.
1.- Adjudicación Directa (art. 318. a LCSP ): Los contratos de menos de 15.000 en suministros y servicios y 40.000 en obras, se adjudican sin otro requisito que el que contratista designado tenga capacidad de obrar y en su caso habilitación. Digo sin otro requisito, porque estos contratos, no se pueden identificar con los contratos menores del 118 y sus requisitos, por lo siguiente:
- Aunque en la cuantía coincida con los contratos menores del artículo 118 LCSP, evita llamarlos "menores", probablemente porque no quiera que se confunda su régimen jurídico.
-Si el legislador hubiera querido que se le aplicaran los requisitos del 118, simplemente lo hubiera dicho o señalado, como expresamente sí lo hace para el resto de contratos de los PANAPS.
Otra cuestión más delicada, planteada abiertamente por MARC GIL VAN BEVEREN en una colaboración “Mercantiles de capital público: vuelta a la senda que se ha de volver a pisar. Pinceladas de la nueva norma relativas a poderes adjudicadores no Administración Pública” publicada en el Observatorio de la Contratación Pública http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.328/relme... es si le es de aplicación a estos contratos de adjudicación directa la prohibición de prórroga y la duración máxima de un año. El artículo 29 de la LCSP, aún estando dentro de las normas de aplicación general a la contratación de todo el sector público, sólo limita a un año el plazo de duración y prohíbe la prórroga de los "contratos menores descritos en el artículo 118", quedando fuera de esas limitaciones, por lo tanto, los contratos de adjudicación directa de los PANAPS.
Es decir, en teoría podrían adjudicarse contratos directos por los PANAPS sometidos -en relación con su duración-, únicamente a la prescripción introductoria del artículo 29: "1. La duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos." y a los límites generales de duración previstos en ese precepto según el tipo de contrato. Sé que nos movemos en arenas movedizas, pero me atengo estrictamente a lo que se concluye del texto literal de la norma.
2.- Resto de contratos no sujetos a regulación Armonizada (318. b LCSP)): es decir, los contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 40.000 euros e inferior a 5.548.000 euros y los contratos de servicios y suministros de valor estimado superior a 15.000 euros e inferior a 221.000 euros. Estos contratos, se podrán adjudicar por los PANAPS por cualquiera de los procedimientos previstos en la Sección 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley, con excepción del procedimiento negociado sin publicidad, que únicamente se podrá utilizar en los casos previstos en el artículo 168. La sección segunda mencionada, que comprende desde el artículo 131 al 187, ambos incluidos, describe en ella los procedimientos abiertos, también en su modalidad simplificada y simplificada abreviada, restringidos, con negociación, diálogo competitivo y asociación para la innovación.
Del tenor literal del artículo 318 b) se concluye que se podrá utilizar “cualquier procedimiento” de los señalados. De tal manera que con fundamento en esta habilitación y sin perjuicio del sometimiento del principio de eficiencia en la contratación (art. 28 LCSP) no será necesario justificar porqué se utiliza un procedimiento determinado u otro en cada caso particular. Pero la cuestión es si esta libertad de elección del procedimiento permite utilizar cualquier procedimiento (salvo el negociado sin publicidad) independientemente de los requisitos específicos que de ordinario permiten su utilización. Es decir, si independientemente de la cuantía o también de los supuestos y condiciones que específicamente habilitan la utilización de algunos de ellos. Por ejemplo, parece que es posible utilizar el procedimiento abierto simplificado para contratos no armonizados que sin embargo estén por encima de la cuantía máxima que habilita este procedimiento (por ejemplo en servicios y suministros hasta 100.000 euros, según el art. 159 LCSP). Y ya lanzándonos a la piscina, la cuestión también es si la utilización de ese procedimiento ha de respetar los demás requisitos o supuestos, además del de la cuantía, por ejemplo el que los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor no puedan superar el 25% en el procedimiento abierto simplificado. Si nos atenemos a texto de la Ley la respuesta podría ser positiva. Principalmente porque si así no lo hubiera querido el legislador, no hubiera hecho la salvedad expresa que sí hizo en relación al procedimiento negociado sin publicidad, que como dice el artículo 318 b) “únicamente se podrá utilizar en los casos previstos en el artículo 168” A sensu contrario, los demás procedimientos se podrán utilizar por los PANAPS sin limitarse a los casos específicamente previstos ni a otras condiciones salvo la de respetar el límite de la cuantía de los contratos no armonizados.
3.- Contratos Armonizados (317 LCSP) “La preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada que concierten los poderes adjudicadores a que se refiere el presente Título se regirán por las normas establecidas en las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro II de esta Ley.” Es decir, además de las normas generales, le son de aplicación todas las normas contenidas en los artículos 115 a 187. He reproducido literalmente el texto del precepto, porque ha de notarse que, en la preparación de los contratos, los PANAPS únicamente están sometidos a las previsiones de la Ley (dejando claro está las que hayan de deducirse a partir de las normas generales de aplicación a todo el sector público del Título preliminar, artículos 1 a 27, y el Libro Primero de la Ley arts. 28 a 114 LCSP) cuando se trata de contratos armonizados. En el resto de contratos, particularmente en lo que se refiere al expediente del contrato (contenido y aprobación), los PANAPS se moverán aparentemente con cierto margen.
Confío en no haber aburrido con un texto largo, pero creo que la importancia de los PANAPS en el sector público lo merece (basta con ver el esquema adjunto) y no sé yo si, dejando a salvo lo relativo a la publicidad, se ha dado un salto adelante o a un lado en lo que a los poderes adjudicadores no administración pública se refiere.
para PANAPS.jpg, 3.1 MB
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para imane laaouich hamrouche el febrero 6, 2018 a las 9:50am
Ayer estuve en un curso impartido por:
Interventor Delegado en el Ministerio de Hacienda y
En relación a lo que comentas, nos indicó que los que somos poderes adjudicadores no administración pública, que la ley se nos aplica como si fuésemos administración pública, y concretamente pregunté lo que comentas a los contratos menores y me indicó que si debemos tenerlo en cuenta.
Igualmente me indicó que la Abogacía del estado emitió ayer un informe en relación a los PANAP y que viene a aclarar lo que nos es de aplicación respecto a la nueva Ley.... en cuanto me llegue la puedo colgar por aquí.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para David Gómez Correa el febrero 6, 2018 a las 11:07am
Sí por favor, sería muy interesenta tener ese informe de la abogacía del Estado.
Consultores y abogadosPermalink Responder para JUAN CARLOS GARCÍA MELIAN el febrero 6, 2018 a las 11:15am
Muchas gracias José María. A ver si entre todos se va despejando el camino por el que andar con algo de certidumbre en estas cuestiones que han quedado un poco en el aire y ciertamente algo contradictorias con el espíritu de la Ley que se anuncia en su preámbulo.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para imane laaouich hamrouche el febrero 6, 2018 a las 2:53pm
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para imane laaouich hamrouche el febrero 6, 2018 a las 2:54pm
Informe%20abogacia.pdf
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para David Gómez Correa el febrero 6, 2018 a las 4:18pm
Consultores y abogadosPermalink Responder para JUAN CARLOS GARCÍA MELIAN el febrero 6, 2018 a las 8:29pm
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Lawyer Gti el febrero 6, 2018 a las 6:10pm
Es muy interesa lo que manifiestas, despeja mucho mas si cabe cuando podamos leer el informe de la Abogacía del Estado.
Mi pregunta es: Un poder Adjudicador NO Administracion Publica en determinación de la nueva Ley 9/2017 referente a los contratos menores, la duración podrá ser superior a un año? el artículo 118 esta encajado dentro del Libro Segundo. Contratos de las Administraciones Publicas por tanto se entiende que a los poderes Adjudicadores no les es de apliación dicho artículo respecto a los contratos menores.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para David Gómez Correa el febrero 6, 2018 a las 8:35pm
Muchos pensábamos que sí, pero el informe de la Abogacía del Estado dice que es de aplicación el régimen de las administraciones públicas, por lo tanto no podrá ser superior a un año.
Consultores y abogadosPermalink Responder para JUAN CARLOS GARCÍA MELIAN el febrero 6, 2018 a las 8:37pm
En opinión de la Abogacía del Estado, no.
Sus argumentos para mí, no son del todo convincentes (salvo el teleológico, claro) dejando sin explicación alguna el porqué el legislador si pretendía hacer lo que han interpretado desde la Abogacía del Estado, simplemente no se remitió al 118 y santas pascuas. Pero se trata de la Abogacía del Estado haciendo una interpretación ajustada al sentido común, poniendo en evidencia la incoherencia de la Ley entre la finalidad que proclama y el texto literal de sus previsiones en lo que se refiere a los PANAP
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para David Gómez Correa el febrero 7, 2018 a las 9:50am
Totalmente de acuerdo con Juan Carlos.
Pero es que la interpretación de la abogacía está aún más cogida con pinzas respecto a la regulación de los no SARA. El legislador se podría haber remitido a la sección 2ª del Capítulo I del Título I de Libro Segundo sin más. A mí me surgen la siguientes preguntas:
¿Qué sentido tiene que se diga que que estos contratos se podrán adjudicar por cualquiera de los procedimientos previstos en dicha sección?, si es de aplicación el régimen de las AAPP no se entiende que se haga esta salvedad o precisión, ya que es algo que va de suyo.
¿Qué sentido tiene la excepción del negociado sin publicidad si no se interpreta que hay libre elección de procedimiento sin tenen en cuenta la cuantía?, porque es una perogrullada decir que el negociado sin publicidad solo se puede utilizar en los casos previstos en el artículo 168 si estamos diciendo que hay que aplicar la misma normativa que las administraciones públicas.
Según la Abogacía del Estado, ¿qué ventaja supone para los PANAPS, o más bien, qué ha querido el legislador diciendo que se podrá adjudicar por cualquiera de los procedimientos previstos?, porque las AAPP también podrán escoger cualquiera de esos procedimientos simplemente justificándolo en el expediente, excepto los negociados, ¿qué pasa que los PANAPS podrán utilizar el negociado con publicidad en supuestos ajenos a los contemplados en el artículo 167?, ¿es eso lo que ha querido el legislador?
Toda esta interpretación de la Abogacía del Estado es lo que les lleva a su vez a decir que hay que suprimir la Instrucciones Internas, en las cuales los PANAPS íbamos a regular precisamente los contratos no SARA y a establecer los procedimientos a usar en los menores y no SARA (nosotros pensábamos aplicar siempre el simplificado, que no creo que atente contra los principios generales de la Ley). Si los PANAPS no son más ágiles, ¿qué sentido tiene su diferenciación en la Ley?, ¿simplemente por los efectos y extinción de los contratos?, lo lógico hubiera sido regular a todos los poderes adjudicadores por igual y dejarno de tantas complicaciones.
Si la Abogacía del Estado está en lo cierto, la chapuza del legislador en la redacción de la Ley ha sido mayúscula, ya que han sido capaces de hacer complicado lo que resultaba mucho más sencillo.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Guillermo Yáñez Sánchez el febrero 7, 2018 a las 2:07pm
Hola Juan Carlos, muchas gracias por pasarte por la comunidad. Copio y pego lo que dice la Abogacía del Estado:
A la espera del pronunciamiento por parte de la JCCA del Estado, una consulta del ICO a la Abogacía del Estado (la dejamos anexada),plantea, entre otras interesantes nueve cuestiones, si los contratos de las PANAPS a los que se refiere el artículo 318. a) (“Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, de concesiones de obras y concesiones de servicios, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios y suministros, podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación objeto del contrato.”), han de ser considerados como contratos menores y, en consecuencia, si les es de aplicación la limitación del artículo 118.3, y como opera la misma. Si bien el dictamen de a A.E. considera aplicable a estos contratos de las PNAPS el mismo régimen que el de los contratos menores, y si bien señala que la normativa que regula estos últimos “…incorpora ciertas cautelas tendentes a evitar su uso abusivo y fraudulento,…”tampoco se pronuncia sobre la extensión de tales cautelas, a la espera, seguramente, -como todos-, del informe que esperemos, que en breve, apruebe la Junta Consultiva".