Source: http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/es-obligado-permitir-la-indexacion-de-datos-de-boletines-oficiales-en-buscadores
Timestamp: 2020-01-28 06:48:14
Document Index: 26438891

Matched Legal Cases: ['artículo 59', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 45', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 17']

28 de Enero de 2020 | 07:48
Todo comienza con la llegada de Internet y con esta los conocidos y utilizados buscadores, quedando atrás la época en la que para consultar una ley o acto publicado, tenías que ir a una biblioteca municipal. Y claro, como toda innovación tecnológica, tiene sus pros y sus contras. Y es que es muy cómodo escribir en un buscador el nombre de una ley, una sentencia, una convocatoria de subvención, una licitación pública, etc, y que nos lleve directamente al boletín en el que se ha publicado. Quizás sólo exista un contra, el que un buscador indexe lo publicado y contenga datos personales, pero al poder ser vulnerado el derecho a la protección de datos de carácter personal, se produce una situación suficientemente lesiva como para que los responsables de estas publicaciones adopten las medidas correctoras oportunas y la Agencia Española de Protección de Datos de un paso adelante en defensa de "nuestros datos".
Si analizamos la normativa que regula estos boletines y diarios, vemos que sus publicaciones son actos o disposiciones de inserción obligatoria y que están amparados en su publicación por ley (véase a modo de ejemplo el artículo 59 de la ley 30/1992 LRJAPyPAC), por lo que no podemos ni negarnos a su publicación, ni exigir su eliminación o rectificación. Tampoco podríamos oponernos a estar incluidos en la edición electrónica del diario o boletín, ya que está amparada por la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Además el artículo 3.j de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal incluye a los Diarios o Boletines Oficiales en el catálogo de fuentes accesibles al público, entendiendo estas como "aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada, por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación".
Es más, si ejercitamos nuestro derecho de oposición, la Agencia Española de Protección de Datos es muy probable que estime nuestra reclamación alegando que ".....en el presente supuesto, se debe considerar que dado el tiempo transcurrido desde la publicación en el Boletín y no concurriendo en la actualidad interés en la puesta indiscriminada a disposición de terceros de la información personal afectada, asiste a la reclamante un motivo legítimo y fundado en el mantenimiento de su privacidad y en el consecuente deseo de limitar el acceso a la información relativa a su persona", permitiendo en un primer momento la indexación y por ello, el tratamiento masivo e indiscriminado de datos, pero yo me pregunto si esto de Internet no se nos ha ido a todos de las manos por la argumentación que daré a continuación.
Dejando fuera de este estudio a la normativa reguladora de los Diarios y Boletines de CCAA, con similitudes normativas entre sí, y centrándonos en los Boletines Oficiales de las Provincias y el Boletín Oficial del Estado, tenemos por un lado la Ley 5/2002 reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias y el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial "Boletín Oficial del Estado".
El artículo 9 de la Ley 5/2002 dispone que "conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Diputaciones Provinciales impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la prestación del servicio del Boletín Oficial de la Provincia, debiendo quedar en todo caso garantizada la autenticidad de los documentos insertados" y su artículo 10 dispone que "las Diputaciones Provinciales facilitarán en sus locales la consulta pública y gratuita del Boletín Oficial de la Provincia".
Continuando con la normativa del BOE, el Real Decreto 181/2008 establece en su artículo 10.2 que "la edición electrónica del «Boletín Oficial del Estado» respetará los principios de accesibilidad y usabilidad, de acuerdo con las normas establecidas al respecto, utilizará estándares abiertos y en su caso aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos" y el artículo 11.1 dispone que "la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado garantizará, a través de redes abiertas de telecomunicación, el acceso universal y gratuito a la edición electrónica del diario oficial del Estado". Por su parte los apartados 1 y 2 del artículo 14 establecen que "los ciudadanos tendrán acceso libre y gratuito a la edición electrónica del «Boletín Oficial del Estado». Dicho acceso comprenderá la posibilidad de búsqueda y consulta del contenido del diario, así como la posibilidad de archivo e impresión, tanto del diario completo como de cada una de las disposiciones, actos o anuncios que lo componen", y que "en todas las oficinas de información y atención al ciudadano de la Administración General del Estado, se facilitará la consulta pública y gratuita de la edición electrónica del «Boletín Oficial del Estado. Con ese fin, en cada una de estas oficinas existirá al menos un terminal informático, a través del cual se podrán realizar búsquedas y consultas del contenido del diario. Las mencionadas oficinas deberán facilitar a las personas que lo soliciten una copia impresa de las disposiciones, actos o anuncios que requieran, o del diario completo, mediante, en su caso, la contraprestación que proceda". Finalmente el artículo 17 establece que "la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado ofrecerá en su sede electrónica, con carácter diferenciado a la edición electrónica del «Boletín Oficial del Estado», una base de datos gratuita que permita la búsqueda, recuperación e impresión de las disposiciones, actos y anuncios publicados en el «Boletín Oficial del Estado», con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal".