Source: http://crysol.blogspot.com/2013/03/
Timestamp: 2017-06-25 01:43:49
Document Index: 221784579

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 72', 'artículo 15', 'artículo 72']

Crysol: marzo 2013
Juristas internacionales afirman que Uruguay será observado
Juristas internacionales afirman que Uruguay será observado por fallo de SCJ
MONTEVIDEO (Uypress) - La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) visitó Uruguay y anunció que el país será observado por organismos internacionales tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró 'inconstitucional' a la ley 18.831, porque deja entender que los delitos de lesa humanidad son delitos 'comunes' y por tanto, prescriben.
Así manifestó su preocupación el jurista brasileño, Belisario dos Santos Junior, quien declaró al diario El País que: 'La visita nos hizo ver que hay cosas más graves de lo que imaginábamos al principio', y aclaró que no 'cuestiona' el fallo que de la Corte sino que se entiendan los delitos de la dictadura como 'delitos comunes'.
Sin embargo, consideró que las investigaciones y los juicios se llevarán adelante, ya que 'tras haber hablado con muchos fiscales, ellos parecen decididos a seguir, porque dicen que la ley que fue declarada inconstitucional no era necesaria para investigar los crímenes de torturas y desapariciones'.
Dos Santos añadió que 'la CIJ tiene status consultivo ante distintos organismos de Naciones Unidas y sus recomendaciones son escuchadas' por la comunidad internacional.
El abogado consideró que el fallo de la SCJ viola 'la Convención Americana' de derechos humanos y que el informe que presenten será tomado en cuenta por otros organismos y comisiones que visitarán y observarán el país, que luego harán sus propias evaluaciones.
La visita de la CIJ se produjo la semana pasada tras el alerta que causó el traslado de la jueza Mariana Mota del juzgado penal al civil. Los juristas se reunieron con la magistrada, con fiscales, y legisladores, pero no pudo pautar un encuentro con la Corte.
'Lo que nos impresiona es que tanto la decisión de la jueza como la de inconstitucionalidad en cuanto a su razonamiento encajan en una campaña en contra del Sistema Interamericano de protección, que fue un avance universal y regional en la protección de los derechos humanos', remarcó dos Santos.
Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
recibió 225 denuncias en 9 meses
La Institución Nacional de DD.HH y Defensoría del Pueblo
presentó este lunes su primer informe anual en el cual se asegura que desde
junio de 2012 a marzo de 2013 recibió 225 denuncias, individuales o colectivas,
146 se presentaron en 2012 y 79 en lo que va del año, las cuales se refieren a
seguridad ciudadana y discriminación sexual, por discapacidad, raza o género.
Este lunes la Institución Nacional de DD. HH y Defensoría
del Pueblo realizó su primera Asamblea Nacional de derechos humanos en el
Edificio Anexo al Palacio Legislativo.
En ese marco presentó su informe de actuación desde su
creación el 25 de junio de 2012 hasta el 15 de marzo pasado. Actualmente hay
159 organizaciones registradas y son 225 las denuncias recibidas a nivel
nacional, especialmente en los temas de seguridad ciudadana y discriminación
sexual, por discapacidad, raza o género.
Juan Faroppa, encargado de la recepción de denuncias,
informó que desde el 25 de junio de 2012 hasta el pasado 15 de marzo de 2013 se
recibieron 225 denuncias, individuales o colectivas, 146 se presentaron en 2012
y 79 en lo que va del 2013.
Faroppa aseguró que la institución está trabajando en un
informe público que se presentará en el primer cuatrimestre de este año ante la
Asamblea General, con un “detallado relevamiento estadístico”.
En la primera sesión temática, los talleres de la Asamblea
trataron los siguientes temas: “desarrollo y medio ambiente; mujeres; derechos
económicos, sociales y culturales; niños, niñas y adolescentes; toda forma de
discriminación; verdad justicia y lucha contra la impunidad; libertad de
expresión y comunicación democrática, y seguridad ciudadana y privación de
Faroppa también remarcó que la institución se instalará
físicamente en el edificio del ex Centro de Altos Estudios Nacionales, ubicado
en Bulevar Artigas y Palmar.
Por su parte, Juan Raúl Ferreira destacó que son 159 las
organizaciones no gubernamentales, a nivel nacional, registradas, que
cumplieron con los requisitos.
En tanto que, Mirtha Guianze afirmó que el relacionamiento
logrado con las entidades que están sujetas al contralor de la institución fue
“progresivo, pero satisfactorio”.
El objetivo de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos es
convocar a los organismos del Estado y a las organizaciones no gubernamentales
a un espacio de discusión de los grandes temas de derechos humanos que
Su cometido es elaborar recomendaciones a las autoridades
públicas estatales y a las empresas privadas a través de los organismos
controladores del Estado.
No puede dictar sentencias ni fallos, pero sí
recomendaciones que, si no se cumplen, se harán públicas en el informe a la
Puede realizar inspecciones, con o sin aviso, a cualquier sector
objeto de su competencia; pedir informes, examinar expedientes, archivos o todo
tipo de documentos; presentar denuncias penales e interponer recursos de hábeas
corpus o amparo; ingresar con o sin previo aviso a lugares de detención,
hospitales, establecimientos militares y cualquier otro establecimiento con
personas privadas de libertad o internadas.
Canessa. Caso de tupamaro muerto en penal de Libertad
El país - 19 3 13
Como consecuencia del fallo de la Suprema Corte de Justicia
(SCJ) sobre la ley interpretativa de la Caducidad, una jueza archivará la causa
que indaga la muerte de un tupamaro en 1982. Abogados de militares presentan
Edgar Francisco Sosa Cabrera era un mecánico y militante del
MLN-T nacido en Colonia en 1937. Fue detenido en 1973, cuando el golpe de
Estado. Desde entonces, estuvo recluido en varias unidades militares.
El 20 de abril de 1982, las autoridades castrenses
informaron a sus familiares que Sosa se había intentado suicidar en su celda
del Penal de Libertad mediante ahorcamiento. Cuatro días más tarde, el hombre,
de 44 años de edad, murió en el Hospital Militar.
Representada por el abogado Oscar López Goldaracena, Tania
Sosa, hija del fallecido, denunció el caso de su padre y pidió que se
investigue a varios militares que en esa época prestaban funciones en el Penal
El caso recayó en la jueza penal Fanny Canessa, quien
primero lo archivó por falta de mérito a pedido del exfiscal Eduardo Fernández
Dovat. Ante eso, López Goldaracena presentó nuevos elementos en base a los
cuales el expediente se reactivó.
La jueza retomó el caso en base a lo que previó la ley
aprobada en octubre de 2011 por la cual se restableció la pretensión punitiva
del Estado en relación a los crímenes cometidos por militares y policías
durante la dictadura (1973-1985).
La ley, que eliminó los plazos de prescripción y definió los
delitos de la dictadura como de lesa humanidad, fue declarada inconstitucional
por la SCJ. Una de las sentencias de la Corporación fue a raíz de un recurso
que presentaron los abogados de los militares indagados por la muerte de Sosa.
Y en virtud de esa sentencia de la SCJ, la jueza Canessa
dispondrá la clausura del expediente, ya que considera que no puede continuar
la indagatoria teniendo el fallo contra la ley dictado por la Corporación,
adelantaron fuentes judiciales consultadas por El País.
A Sosa "lo asesinaron y, por ahora, los responsables
gozan de impunidad jurídica. Cuando reformemos la Constitución quizás volvamos
a subir unos escalones en la búsqueda de justicia", escribió López
Goldaracena en su cuenta de la red social Facebook.
Entre los operadores jurídicos hay diferentes criterios
sobre lo que implica la postura de la SCJ sobre la ley interpretativa de la
Algunos expertos sostienen que el pronunciamiento del máximo
órgano del Poder Judicial implica el cierre de todos los expedientes, y otros
afirman que es posible seguir investigando en base al fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado uruguayo por la
desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976.
Hasta el momento, la SCJ dictó la inconstitucionalidad de la
nueva ley en cuatro expedientes: el caso de Sosa; en una denuncia por torturas
contra expresos políticos; en relación el homicidio de Vladimir Roslik en Río
Negro; y en la causa por el secuestro y homicidio de Julio Castro (ver aparte).
La denuncia por torturas, en relación a la cual la SCJ
emitió la primera sentencia de inconstitucionalidad contra la ley
interpretativa de Caducidad, está a estudio de la fiscal María Camiño, que
debería decidir si junto con el juez Pedro Salazar puede o no seguir la
instrucción de la causa.
DOS MÁS. La defensa de varios militares y policías indagados
en casos de torturas presentarán esta semana dos nuevos recursos de
inconstitucionalidad contra la norma que interpretó la ley de Caducidad.
Los recursos serán presentados ante los jueces Julia
Staricco y Carlos García, quienes tramitan las denuncias, y citaron a los
implicados para esta semana, dijeron a El País fuentes vinculadas a esos casos.
Los recursos son presentados puesto que los pronunciamientos
de la SCJ se aplican a cada caso concreto, por lo que las sentencias de la
Corporación en otros expedientes no tienen validez alguna.
La SCJ, por mayoría de cuatro ministros a uno, consideró
"flagrantemente ilegal" la ley interpretativa de la ley de Caducidad
por lo cual se eliminó la prescripción de los crímenes de la dictadura. "Una ley que prevea un aumento del término de
prescripción o, lisa y llanamente, la declaración de imprescriptibilidad de
cualquier delito no puede regir para situaciones ocurridas con anterioridad a
su entrada en vigencia (...)", concluyó la SCJ, con el voto de los jueces
Jorge Ruibal, Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Julio Chalar.
Comisión del FA analiza “curso de acción” ante
“inconstitucionalidad” de Ley interpretativa de la Caducidad.
La República - 19 3 13
La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, citó para
este miércoles a una reunión con la comisión que redactó la Ley interpretativa
de la Caducidad, que declaró imprescriptibles los delitos de la dictadura, con
el objetivo de analizar el “curso de acción” ante la reciente declaración de
inconstitucionalidad de dos de sus artículos por parte de la Suprema Corte de
La reunión se realizará este miércoles en la
sede del Frente Amplio. Según informó Montevideo Portal, los legisladores y juristas
que integran el grupo de trabajo frenteamplista contarán con un informe
redactado por el ex senador socialista José Korzeniak y otro por el director
nacional de Derechos Humanos, Javier Miranda.
Asimismo, trascendió que habrá un documento elaborado por
Alberto Pérez Pérez, quien en la actualidad es miembro de la Corte
La decisión de convocar al grupo que redactó la Ley de
imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura
fue comunicada este lunes por Xavier durante la reunión semanal del
Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio.
La Suprema Corte de Justicia emitió sentencia por la cual
consideró que la Ley de imprescriptibilidad “viola en sus artículos 2 y 3 el
principio constitucional de legalidad y el de irretroactividad de la ley penal
más gravosa”. Ante la impugnación, el Frente Amplio analizará si es
“conveniente redactar una nueva ley o si emprenderá otros caminos”.
Por su parte, el abogado constitucionalista y ex senador
socialista, José Korzeniak, resaltó que en la Corte Penal Internacional,
establecida por el Estatuto de Roma, se juzgan los delitos de lesa humanidad
cuando en las naciones donde debieran juzgarse no se lo hace, entonces agotadas
todas las vías en un país, puede recurrirse a dicho tribunal.
Korzeniak dijo a LA RED 21 que “los problemas que hay en
este caso, y en este fallo, que es debatible, es que hay una larga discusión
sobre cuál es el derecho que predomina en un país, si el internacional o el
“Hay quienes dicen que el derecho internacional está por
encima del interno, incluso por encima de la Constitución, en tanto que otros,
con un criterio más positivista, opinan lo contrario”, comparó.
Aseguró que en este caso “la discusión existe” y sí puede
hablarse de “dos bibliotecas, es decir que desde el punto de vista
constitucional sí hay lugar a dudas razonables”. La SCJ dice que cuando se
estableció la imprescriptibilidad, Uruguay no había adherido a un tratado
que dijera que estos delitos son de lesa humanidad.
Sin embargo, “en la práctica internacional ha predominado,
desde la Segunda Guerra Mundial, que tiene mas valor el derecho internacional,
cuando se refiere a los derechos humanos”, reiteró.
Además -dijo Korzeniak-, existe la Corte Penal
Internacional creada por el Estatuto de Roma “donde se juzgan los delitos de
lesa humanidad cuando en los países donde debieran juzgarse no se hace.
Entonces, agotadas todas las vías en una nación –como en el caso de Uruguay-,
puede recurrirse a este un tribunal internacional”.
De todas maneras, el constitucionalista aclaró que no estaba
impulsando esa posibilidad, pero tampoco la descartó.
Gobierno evalúa introducir “cambios sustanciales” a la Ley
La diaria - 18 3 13 - Por Natalia Uval
Con la firma de Gregorio Álvarez, el 30 de noviembre de 1984
el gobierno dictatorial de la época aprobó una ley que regula las competencias
del Ejército, y que sigue vigente. Lo mismo sucede con la Ley Orgánica Militar,
aprobada en 1974. El gobierno del Frente Amplio (FA) se había propuesto enviar
una nueva norma en este período pero no lo hará; en cambio, evalúa
modificaciones parciales. Ayer el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio
Fernández Huidobro, aseguró que se someterá a los militares presos por violaciones
a los derechos humanos a Tribunales de Honor, regidos por normas firmadas por
La aprobación de la Ley Marco de Defensa Nacional constituyó
el primer paso en la reestructura de las Fuerzas Armadas proyectada por los
gobiernos del FA. Otros hitos de esa reestructura aún no se han concretado: uno
de ellos es la aprobación de una nueva ley orgánica militar. Se había previsto
redactarla una vez que se definiera una política general de defensa en el país.
Esa tarea le compete al Consejo de Defensa Nacional, pero este organismo, si
bien cuenta con documentos al respecto elaborados por algunos ministerios, no
se está reuniendo y no ha llegado siquiera a un borrador común.
El senador frenteamplista José Luis Gallo (Asamblea Uruguay)
se mostró “preocupado” porque el tema está “relativamente quieto”. “El hecho de
que esté retrasada [la Ley Orgánica Militar] retrasa un poco toda la
reestructura [de las Fuerzas Armadas]”, evaluó.
Por su parte, el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez,
dijo que la cartera prepara cambios parciales a la Ley Orgánica Militar. Carlos
Silva, director general de Políticas de Defensa, aseguró que serán
modificaciones “sustanciales”. “Si nos dieran los tiempos enviaríamos una ley
nueva. Pero acá los tiempos son lentos y va a ser una discusión muy grande en
las dos cámaras. Por eso pensamos en reformar la que tenemos, por lo menos para
que quede más potable”, explicó. Aclaró que todavía no se definió cuáles serán
las modificaciones centrales.
El honor según Álvarez
El ministro Fernández Huidobro declaró el viernes, en
entrevista con el diario La República publicada parcialmente ayer, que su
cartera resolverá el envío de los militares procesados por violaciones a los
derechos humanos a los Tribunales de Honor del Ejército. Afirmó que “está
agendado” el envío y que la decisión cuenta con el apoyo del comandante en jefe
del Ejército, Pedro Aguerre. Gallo saludó la decisión y comentó que “llama la
atención” que esta medida no se haya tomado antes. Fernández Huidobro evaluó
que el retraso en tomar esta determinación fue “un problema de política”. “Es
que las cosas se deben hacer con el menor daño posible para la sociedad y con
el mayor beneficio posible para la ciudadanía”, consideró. “El tema ya estaba
agendado. Quizá otros ministros no pudieron agendarlo y concretarlo, pero no
soy juez de nadie. Nosotros lo vamos a hacer”, agregó.
Los Tribunales de Honor del Ejército -a los que se
someterían Gregorio Álvarez, José Gavazzo, Ernesto Ramas, Jorge Silveira y Luis
Maurente- están regidos por la Ley Orgánica Militar de 1974, por el decreto-ley
de 1984 que regula las competencias del Ejército y por el Reglamento de los
Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas. Están habilitados a juzgar el
“aspecto moral” de la conducta de militares en actividad o retirados en
“cuestiones de honor que se susciten” entre militares, o entre militares y
civiles, en las que esté “en juego el buen nombre”, el “decoro” y el “honor”
Los jueces son militares. Sus resoluciones -que pueden ir
desde amonestaciones como la pérdida del derecho a usar el uniforme hasta la
pérdida del estado militar y de sus beneficios- tienen el carácter de actos
administrativos y deben ser ratificadas por el Ministerio de Defensa. Las
sentencias se agregan al legajo personal de los involucrados.
El concepto de “honor” figura en el Reglamento de los
Tribunales de Honor, incorporado a la normativa mediante un decreto en febrero
de 1985, también firmado por Álvarez. “El honor es la cualidad moral que nos
lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo y a
nosotros mismos. Es la virtud militar por excelencia, es una religión, la
religión del deber, que señala en forma imperativa el comportamiento que
corresponde frente a cada circunstancia”, se señala en el artículo 1°.
En el texto se establece además que debe seguirse el “ideal
del perfecto caballero”. El reglamento, aprobado en las postrimerías de la
dictadura cívico-militar, también menciona el respeto a los “ideales
democráticos” como una cualidad del honor, y destaca que el militar debe dar
“una prueba de urbanidad” en cuanto a su comportamiento con los civiles. Más
allá de valoraciones, está incorporado explícitamente en el reglamento que la
condena por delitos comunes por parte de tribunales ordinarios es causal para
la pérdida del estado militar.
No fue ni un “técnico” ni un civil más, sino uno de los
planificadores de la dictadura y un agente de la inestabilidad de 1975. El
“éxito” de su plan económico, que fue la pieza central del proyecto de los
Página 12 - 17 3 13- Por Raúl Dellatorre
No fue simplemente uno más de los “civiles” que colaboraron
con el golpe militar del ’76. Tampoco se podrá decir que fue un “especialista”
convocado por las Fuerzas Armadas para ponerle el cuerpo y darle nombre a un
plan que pasaría a la historia por sus consecuencias políticas, sociales y
económicas. Fue más que eso, mucho más. Un digno representante de su clase, la
que le dio su nombre –por su abuelo– al pabellón principal del centro de
exposición de Palermo aún apropiado por la Sociedad Rural. Honor que el nieto
devolvió con creces, articulando primero el apoyo empresario para concretar el
golpe de marzo del ’76, y luego ejecutando el plan que constituyó la pieza
central del proyecto de largo plazo que alentaba la dictadura, del que se ha
dicho, con certeza, que “pocas veces en la historia argentina o de otros países
se ha visto operar una redistribución del ingreso regresiva de características
tan masivas”.
Su “plan”, formalmente anunciado el 2 de abril de 1976, en
realidad comenzó a trazarse y ejecutarse un año antes. Tras la muerte de Juan
Domingo Perón en julio de 1974, comenzó la batalla abierta de los grupos de
poder contra el Plan Gelbard, del ministro que Isabel Perón mantuvo por algunos
meses en el gobierno hasta que cedió a la presión de los sectores dominantes ya
aliados con fuerzas militares golpistas. José Ber Gelbard, junto a la CGT,
alentaba un pacto social que, con un gobierno debilitado y una central sindical
que perdía representatividad frente al avance de sectores combativos, era cada
vez más difícil de sostener.
Del lado de enfrente, la entidad que se ocupaba de sumar
fuerzas en contra del gobierno era el Consejo Económico Argentina, CEA,
presidido por José Alfredo Martínez de Hoz, titular por entonces de Acindar,
miembro de la Sociedad Rural y con buena llegada a los militares. Desde ese rol
múltiple ejecutó su tarea estratégica. Colocó en el gobierno a quien se
convertiría en un estrecho colaborador suyo, Ricardo Zinn, en el rol de
viceministro de Economía de Celestino Rodrigo en junio de 1975. Así ejecutarían
el violento plan de ajuste conocido como Rodrigazo, que dinamitó la relación
del gobierno de Isabel con la CGT y la escasa capacidad de manejo que le
quedaba a la viuda de Perón. El camino a la dictadura había quedado
prolijamente asfaltado.
Desde el CEA, Martínez de Hoz diseñó el plan de sabotaje de
grupos económicos del campo, el comercio, la industria y las finanzas para
terminar de derrocar al gobierno. El mismo se reunió, en los meses finales de 1975,
con Videla (ya jefe del Ejército) en nombre del CEA para expresarle la
preocupación por la conflictividad laboral y la necesidad de una mano firme
para controlarla. Llegó el golpe y el plan que se presentó, con razones, como
“proyecto refundacional”. El plan tuvo varios hitos, según el análisis de los
investigadores Daniel Azpiazu (ya fallecido) y Martín Schorr, de Flacso. Por un
lado, hubo una reducción de salarios reales de más del 30 por ciento en el
segundo trimestre de 1976 por la devaluación, congelamiento salarial y
liberalización de precios (un índice de precios al consumidor del 87,5 por
ciento en el período). También se derogaron los derechos laborales y
suspendieron actividades gremiales, lo que posibilitó una expulsión masiva de
trabajadores y una feroz represión justificada en la necesidad de bajar costos
laborales y ganar eficiencia.
A esto se sumó el desmantelamiento de las bases de
sustentación del modelo sustitutivo y su correlato en un elevado grado de
desindustrialización, reestructuración regresiva del sector fabril,
reprimarización del tejido productivo, lo que derivó en la desaparición de
numerosas pymes y una creciente concentración del poder económico. La reforma
de la Ley de Entidades Financieras, junto a la “tablita cambiaria”, facilitó la
especulación de capitales extranjeros. Estas herramientas determinaron la
hegemonía de la valorización financiera como eje dinámico del régimen de
acumulación, en un marco de crecimiento exponencial de la deuda externa y la
fuga de capitales. Finalmente, hubo una profunda apertura importadora, alentada
además por la “tablita”. “En apenas cinco años se desarticularon las bases
económicas y sociopolíticas de la industrialización sustitutiva y se logró
alterar radicalmente la correlación de fuerzas obrero patronales”, concluyen
Martínez de Hoz tiene bien ganado el reconocimiento de haber
sido uno de los ejecutores más lúcidos del plan. Un brillante cuadro de los
grupos de poder. Un verdugo de los sectores populares.
MURIO BAJO PRISION DOMICILIARIA JOSE ALFREDO MARTINEZ
Ideólogo del golpe, figura icónica de la oligarquía y de sus
intereses más crudos, el ex ministro de Videla defendió el genocidio, la
represión y la destrucción económica hasta el último momento de sus 87 años.
Página 12 17 3 13 - Por Carlos Rodríguez
“Las guerras nunca se pelean con guantes blancos. Hemos
usado con los terroristas los mismos métodos drásticos que ellos habían
empleado.” Además de construir la patria financiera, destruir la industria,
elevar la desocupación a límites escandalosos y encadenar el futuro de la
Argentina al cepo de la usura internacional mediante el crecimiento descomunal
de la deuda externa, José Alfredo Martínez de Hoz –que murió ayer en Buenos
Aires– fue un furioso defensor del genocidio. La frase que abre este
recordatorio fue dicha por Joe en una conferencia de prensa que ofreció el 20
de septiembre de 1978, poco antes de pronunciar un discurso ante el Consejo de
Asuntos Mundiales reunido en el hotel Biltmore, en Los Angeles, Estados Unidos
(ver diario La Prensa del 21/9/78, que reproduce un despacho de la agencia
United Press International).
Martínez de Hoz, que falleció a los 87 años mientras cumplía
arresto domiciliario por estar acusado en tres causas por crímenes de lesa
humanidad, hizo su defensa pública del genocidio, cuando todavía se estaba
ejecutando, para responderle a un “infiltrado”, según sus propias palabras, en
alusión a un integrante de Amnistía Internacional que le hizo una pregunta
acerca de la situación de los desaparecidos en la Argentina.
El entonces ministro de Economía de la dictadura respondió
con palabras similares a las que usó en otro momento de la historia reciente el
dictador Jorge Rafael Videla: “Algunos (se refería a los desaparecidos) fueron
muertos y sus cadáveres enterrados por sus propios camaradas terroristas. Otros
han pasado a la clandestinidad. Otros han huido a Europa. Algunos han
abandonado el movimiento terrorista y se ocultan porque temen represalias”
(textual de la misma nota de La Prensa).
En forma simultánea a esas expresiones, el Ministerio de
Economía dio a conocer un comunicado en Buenos Aires. En ese texto se afirmaba
que el ministro había reivindicado “la lucha antisubversiva”, a la vez que
había asegurado que la situación no estaba “totalmente solucionada”, dado que
existían “grupos aislados que colocan bombas o asesinan gente”. En ese informe
oficial hasta se reconocía la existencia de grupos paramilitares y parapoliciales
a disposición de las grandes empresas.
Según el comunicado, la violencia era por culpa del gobierno
de Héctor Cámpora por haber liberado en 1973 a los presos políticos. “La
situación llegó a un nivel donde los grupos privados o alquilaron o formaron
sus propios grupos antiterroristas para enfrentar a esos grupos con esas mismas
armas”. En ese punto se insistió en que “los grupos terroristas no usaban
guante blanco y los que los combatían tampoco lo usaban”. El parte oficial
aseguraba que el discurso de Joe había sido recibido con aplausos por parte de
los empresarios reunidos en Los Angeles.
Durante la dictadura, en sordina, se decía que él era
“Martínez Dios”, en alusión a su poder y a su condición de mentor intelectual,
junto con otros civiles, del golpe militar del 24 de marzo de 1976. José
Alfredo Martínez de Hoz nació el 13 de agosto de 1925, hijo de una familia de
estancieros vitalicios de la Sociedad Rural Argentina. Alumno aplicado de la
escuela monetarista de Chicago, pulverizó la industria nacional para favorecer
a los grupos financieros y a las empresas trasnacionales. Su plan económico,
anunciado el 2 de abril de 1976, incluyó el congelamiento de los salarios y
despidos masivos en grandes empresas, entre ellas Clarín, que dejó cesantes a
400 trabajadores, el mismo día del discurso del ministro de facto.
Cuando en 1984 declaró ante la Cámara de Diputados que
investigaba la “nacionalización” dolosa de la Compañía Italo-Argentina de
Electricidad (Ciade), reveló que antes del golpe del ’76 le llevó a Videla una
copia de su plan económico. La entrevista fue en 1975 y Martínez de Hoz le dijo
al futuro golpista que el gobierno peronista de entonces “impedía la libertad
de trabajo, la producción y la productividad”. Sostuvo que fue ante Videla para
que se impusiera “el imperio del orden por sobre todas las cosas”. Para lograr
ese objetivo, decenas de miles de personas fueron asesinadas, desaparecidas o
tuvieron que marchar al exilio.
En una entrevista que concedió en 2007 a un estudiante de
periodismo de TEA, dijo que los hombres que más admiraba de la historia
argentina eran Domingo Faustino Sarmiento y Julio Argentino Roca. Sobre Ernesto
“Che” Guevara dijo que era “un asesino”, mientras que negó que Videla lo fuera:
“A Videla hay que conocerlo. La gente juzga por cosas que oye o se dicen”. En
ese momento, Videla ya había sido condenado a perpetua por crímenes de lesa
humanidad y luego le dieron 50 años de cárcel por el robo de bebés durante la
Sobre el genocidio, sostuvo que Videla “no quería dar el
golpe, porque es una persona de una gran seriedad y comprensión”, pero una vez
que asumió como presidente de facto tenía que “defender a la sociedad”. Admitió
que “evidentemente hubo procedimientos que uno hubiera preferido que no se hicieran”.
Martínez de Hoz vivió en el cuarto piso del edificio Kavanagh, en el barrio de
Retiro. En su casa tenía retratos de George Bush y Margaret Thatcher, y algunos
trofeos de sus cacerías de caza mayor junto con el ex ministro del Interior
En pos del paraíso económico prometido por Martínez de Hoz,
la dictadura declaró la ilegalidad de las actividades políticas y sindicales,
prohibió el derecho de huelga, clausuró el Congreso, destituyó a la Corte
Suprema, censuró a los medios de prensa, secuestró, torturó y asesinó a los
opositores de cualquier signo.
La represión golpeó duro a los delegados obreros de Acindar,
en Villa Constitución, en 1975. Martínez de Hoz fue presidente de la empresa y
fue procesado por ser considerado responsable de secuestros y desapariciones,
al igual que su sucesor, el general Alcides López Aufranc. Como se había
admitido en 1978, en el comunicado del ministerio a cargo de Martínez de Hoz,
en Acindar actuó un grupo parapolicial conocido como Los Pumas.
También fue procesado por el secuestro extorsivo de los
empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim, en el año 1976. La tercera causa
en su contra tiene que ver con la desaparición, en junio de 1977, del
economista español Juan Carlos Casariego, que se había opuesto a la
nacionalización de la Ciade.
Ya era hora: Militares condenados irán a Tribunal de Honor
El país digital - 17 3 13
Según un extracto de entrevista al ministro de Defensa,
Eleuterio Fernández Huidobro, publicada este domingo por La República, varios
militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última
dictadura deberán pasar por un Tribunal de Honor Militar.
Algunos de ellos son Gregorio Álvarez, Juan Carlos
Larcebeau, José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, Jorge
Silveira, Ernesto Soca y Luis Maurente.
Fernández Huidobro aseguró que él resolvió que esto
ocurriese y que cuenta con el apoyo del comandante en jefe del Ejército, Pedro
Aguerre.
"Las cosas se deben hacer con el menor daño posible
para la sociedad y con el mejor daño posible para la sociedad y con el mejor
beneficio posible para la ciudadanía", opinó.
La jueza abrió nuevos expedientes para continuar con las
Uno de los militares citados para declarar en la semana que
pasó por las presuntas violaciones y torturas aplicadas a 28 mujeres durante la
dictadura, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley
interpretativa de la Caducidad. Con el recurso se suspende el juicio, ya que la
jueza penal Julia Staricco debe enviar el expediente a la Suprema Corte de
Justicia (SCJ) para que lo estudie. La Corte declaró inconstitucional esa
ley para otros dos casos, por lo que es posible que el fallo se repita. Staricco informó a El Observador que dividirá el expediente en varias piezas
para evitar que este recurso de inconstitucionalidad frene toda la
investigación. “La inconstitucionalidad rige para este indagado en este caso,
pero para el resto de los casos no”, dijo la jueza. En este caso no se indaga a
un grupo de personas que actuó en forma unida y, por lo tanto, comete delitos
conjuntamente, explicó la jueza. Agregó que las acciones que denuncian las 28 mujeres fueron cometidas en
diferentes años y en varios centros de reclusión (ver apunte).
Tras formar las distintas piezas, elevará el expediente que alude al militar
que presentó el recurso de inconstitucionalidad a la SCJ para que la
corporación resuelva sobre el recurso.
Cuatro militares (Julio Litovsky, Héctor Lascano, Asencio Lucero y Orosmán
Pereyra) estaban citados a declarar esta semana. Ninguno de ellos se presentó
en el juzgado. Uno de ellos presentó el recurso de inconstitucionalidad, a otro
no le llegó en forma adecuada la citación y los restantes dos presentaron
recursos alegando que los delitos por los que se los acusan prescribieron. En estos últimos dos casos, es la jueza la que debe resolver sobre los recursos
presentados. La magistrada deberá señalar su posición sobre si los delitos que
se indagan prescribieron o si considera que son delitos de lesa humanidad.
“A raíz de que cada uno de los indagados está asumiendo distintas actitudes,
vamos a formar expedientes por cada uno de ellos, porque es materialmente
imposible tramitarlo como un megaexpediente”, dijo Staricco, quien estimó que
quizás se lleguen a formar más de 30 piezas, una por cada militar indagado.
Fuentes judiciales informaron a El Observador que abogados del Centro Militar
tienen prontos los recursos de inconstitucionalidad para presentar cuando sean
citados los demás indagados. De esta forma, la investigación de Staricco no
podrá prosperar.
La jueza está a cargo además de otros dos expedientes en los que se investiga a
militares por torturas a hombres durante la dictadura. Y hay otros dos jueces
penales (Carlos García y Pedro Salazar) que están citando militares por
denuncias de delitos de la dictadura.
SI EL GOYO MUERE, HAY QUE HOMENAJEARLO COMO A SEREGNI
Según un reglamento promulgado por Gregorio Álvarez cuatro
días antes de cesar como dictador, los oficiales encarcelados deben pasar a
Tribunal de Honor –algo que no ha ocurrido con ninguno de los 24 presos por
crímenes durante la dictadura, pero que podría cambiar tras la ruptura del
comandante Aguerre con el Centro Militar.
Caras y Caretas 15 3 13
ROGER RODRÍGUEZ/ rogerrodriguez@adinet.com.uy
“Si el dictador Gregorio Álvarez muriera hoy, el Estado
debería rendirle honores de comandante similares a los que se tributaron al
general Liber Seregni en 2004: llevarlo al cementerio en la cureña del Ejército
tirada por caballos, custodiado por un contingente militar y al son de marchas
fúnebres entonadas por las bandas musicales de las tres armas, en procesión que
desfilaría frente a las distintas unidades de las Fuerzas Armadas… Semejante
homenaje sólo se cancelaría si un Tribunal de Honor lo juzgara y le quitara su
rango y condición”, explicó a Caras y Caretas, con alarma, un oficial retirado
que actualmente se desempeña en el gobierno. La impactante imagen descrita por la fuente castrense es
ejemplo de la impunidad que, en su condición de militares, mantienen los
oficiales procesados con prisión o fugados que, aun habiendo sido enjuiciados y
hasta condenados por los crímenes que cometieron durante la dictadura militar,
todavía no fueron sometidos a los correspondientes tribunales de honor en sus
respectivas armas y continúan cobrando sus jubilaciones, pueden utilizar sus
uniformes y mantienen las mismas prebendas o beneficios que el resto de la
oficialidad en situación de retiro. En su edición del 24 de febrero de 2012, Caras y Caretas
informaba que el Ministerio de Defensa Nacional había solicitado a la Suprema
Corte de Justicia la confirmación de los nombres de los oficiales presos que ya
habían recibido “condenas firmes”, para que una comisión iniciara los
procedimientos correspondientes para someterlos a tribunales de honor militares
y, eventualmente, darles de baja, sin derecho a uniformarse u ocupar cargos, y
con la pérdida de los beneficios y la reducción del cincuenta por ciento de sus
ingresos. Un año después, sin embargo, ni las autoridades militares ni
el gobierno han adoptado resolución alguna sobre el tema y se desconoce si el
Poder Judicial finalmente remitió algún documento que confirmase formalmente
las condenas. El impulso para convocar a los tribunales de honor fue simultáneo
a la denuncia que por violencia sexual había realizado entonces un grupo de
presas políticas ante el Juzgado Penal de 16° Turno, a cargo de la jueza Julia
Staricco, a donde esta semana fue citado a declarar como indagado el militar
Julio Litovsky, quien no se presentó. “FALTA DE HIDALGUÍA” La “falta de hidalguía” fue, precisamente, uno de los
argumentos manejados esta semana por el propio comandante en jefe del Ejército,
general Pedro Aguerre (h), al justificar su decisión de renunciar, después de
cuarenta años, a la condición de socio del Centro Militar, ante las
difamaciones anónimas de las que venía siendo objeto dentro de la institución
social por la relación que mantiene con su padre, preso durante la dictadura y
que recientemente editó el libro Hermano, trabajaremos de presos, en el que
destaca al fallecido coronel Pedro Montañez, otro militar constitucionalista. “En el Centro Militar se ha cuestionado el trato que le
dispenso a mi padre, lo que no es ético, no es lógico y no es racional, pero
sobre todo no es humano”, escribió Aguerre en su misiva al Centro Militar. “En
esa sede se han incrementado rumores y murmuraciones sin fundamento, lógica, ni
mucho menos verdad, y que sólo muestran egoísmo y falta de hidalguía […] Soy el
comandante y no puedo permitir que se me difame, se me juzgue y se me condene
por cosas que no he hecho, sin siquiera poder manifestarme. Considero que este
tipo de actitudes mina el mayor concepto en los Principios de la Guerra y me
refiero a la Moral del Ejército Oriental”, fundamentó. Las críticas desde el Centro Militar al actual comandante en
jefe del Ejército se han planteado “solapadamente” desde el mismo día en que
asumió el mando, pero se intensificaron cuando, a poco de su asunción,
aparecieron los restos del maestro y periodista Julio Castro, ejecutado de un
balazo en la cabeza, y Aguerre convocó a una conferencia de prensa en la que
sostuvo que “el Ejército Nacional no es una horda, malón o algo similar. El
Ejército no aceptará, tolerará, ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus
filas”, y a la vez que dio la orden de “revocación” de cualquier “pacto de
silencio” en la fuerza, pidió colaboración para delimitar responsabilidades. En esferas del Ministerio de Defensa Nacional no se descarta
que la situación pueda liberar al general Aguerre de un compromiso político
interno que han mantenido sus predecesores en el Comando del Ejército, quienes
no sólo no han sometido a los militares presos a tribunales de honor, sino que,
incluso, los han amparado económicamente, como aún ocurre con Tomás Casella,
Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, los tres oficiales extraditados a Chile
por el asesinato del agente Eugenio Berríos;; o como sucede con los prófugos
Jorge Tróccoli y Manuel Cordero, quienes pese a la situación de deserción siguen
cobrando sus haberes desde el exterior. “REGLAMENTO DEL GOYO”
Paradójicamente, fue el propio Gregorio Conrado Álvarez
Armelino quien, el 8 de febrero de 1985 (a sólo cuatro días de entregarle su
cargo de Presidente de la República a Rafael Addiego Bruno, entonces titular de
la Suprema Corte de Justicia, quien tras dieciséis días como mandatario de
facto le pasaría el mando al electo Julio María Sanguinetti) promulgó el
Decreto 55/985 con el que se impuso el Reglamento de los Tribunales de las
Fuerzas Armadas que establece el “concepto de honor” al que, además de a la
Constitución, las leyes, el Código Penal Militar y la Ley Orgánica Militar,
están sometidos los militares. El reglamento explica en su artículo 1° que “el honor es la
cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes
respecto al prójimo y a nosotros mismos. Es la virtud militar por excelencia,
es una religión, la religión del deber, que señala en forma imperativa el
comportamiento que corresponde frente a cada circunstancia”;; y agrega en el
artículo 2° que representa el “ideal del perfecto caballero”, para imponer en
el artículo 3° que “el criterio con que se juzgue, considerará la realidad,
pero deberá tener en cuenta, especialmente, que las Fuerzas Armadas son una
institución de excepción diferenciada de la sociedad civil, a la que está
confiada la custodia de los bienes espirituales y materiales de la Nación y
que, en consecuencia, cada Oficial está obligado a ser un ejemplo de conducta”.
Los tribunales de honor, se explica en el reglamento del
Goyo, pueden aplicar cinco tipos de sentencias: cuatro de ellas (absolución,
amonestación por falta leve, amonestación por falta grave y descalificación por
falta gravísima) por delitos punibles en los códigos y leyes militares, y la
restante por “descalificación por condena de Tribunales Ordinarios”, es decir,
que sólo el hecho de haber sido condenados por la Justicia civil es sinónimo de
descalificación. Al menos ocho oficiales que tienen condenas confirmadas
deberían haber sido juzgados moralmente: Gregorio Álvarez, Juan Carlos
Silveira y Luis Maurente. No se incluye a Ricardo Medina y José Sande Lima,
quienes por su condición de policías no califican en “el ideal del perfecto
caballero”. Los miembros de los tribunales de honor pueden sancionar con
una “falta grave” (Límite C), por la que se pierde el uso del uniforme;; una
“descalificación gravísima” (Límite D), que supone el pase a “situación de
reforma” y la inhabilitación para ocupar cargos;; o “la pérdida del estado
militar (baja)” (Límite E), que implica la quita de todos los beneficios
(incluso sanidad militar) y que se impone ante “delitos contra la Patria”,
“delitos de carácter doloso” o “delitos comunes, juzgados por tribunales
ordinarios, cuando la condena fuese de penitenciaría y aun de simple prisión”.
Es decir que la mayoría de los militares presos perderían todas sus prebendas,
incluso los homenajes póstumos, si su honor fuera juzgado. Los deshonrables Gregorio Alvarez, general, condena firme a 25 años de
prisión por 37 homicidios especialmente agravados ocurridos durante la
dictadura militar de 1973 a 1985. Había sido procesado también por la muerte de
Roberto Luzardo en el Hospital Militar, pero el delito fue revocado por el
Tribunal de Apelaciones de 4° Turno. Juan Carlos Larcebeau, capitán de fragata, condena firme a
20 años de prisión por coautoría en el homicidio de 29 personas trasladadas
desde el exterior en 1978. José Nino Gavazzo, coronel, condena firme a 25 años de
prisión por la muerte de 28 uruguayos secuestrados en Argentina en el marco del
Plan Cóndor en 1976. Procesado por el homicidio de Roberto Gomensoro Josman en
1973 y la desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976. Indagado en
varias causas. Tiene antecedentes penales en 2002, cuando fue procesado por
estafa y falsificación. En 1978 pidió la baja (cuando lo sancionó Gregorio
Álvarez por el incidente de El Talero) para no ser sometido a un tribunal
militar y perder su retiro. Ricardo Arab, coronel, condena firme a 25 años de prisión
por la muerte de 28 uruguayos secuestrados en Argentina en el marco del Plan
Cóndor en 1976. Procesado por la desaparición de María Claudia García de Gelman
en 1976. Ya fue expulsado de las Fuerzas Armadas por un tribunal militar por
otros delitos a la moral. Gilberto Vázquez, coronel, condenado a 20 años de prisión
por 28 homicidios en el marco del Plan Cóndor. El juez le computó la atenuante
de confesión por vía analógica porque admitió la existencia de homicidios en la
dictadura. Procesado por la desaparición de María Claudia García de Gelman en
1976. En las normas militares, se le puede imputar otros delitos por su fuga
del Hospital Militar en 2006. Ernesto Ramas, coronel, condenado a 20 años de prisión por
28 homicidios en el marco del Plan Cóndor. Se ha mantenido internado en el
Hospital Militar. Jorge Silveira, coronel, condenado a 20 años de prisión por
28 homicidios en el marco del Plan Cóndor. Procesado por la desaparición de
María Claudia García de Gelman en 1976. Fue confesado por el arzobispo de
Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, cuando amenazó con suicidarse. Se le
indaga por otras causas, que incluyen delitos de violencia sexual. Luis Maurente, coronel, condenado a 20 años de prisión por
28 homicidios en el marco del Plan Cóndor. Ernesto Soca, soldado, condenado a 20 años de prisión por 28
homicidios en el marco del Plan Cóndor. Carlos Calcagno, coronel, con pedido de condena de 25 años
de prisión por la desaparición de Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde en 1977.
Por razones humanitarias, la jueza Mariana Mota le permitió cumplir su prisión
en forma domiciliaria. Se lo indaga por el homicidio de Humberto Pascaretta en
1976. Juan C. Gómez, coronel, procesado por el homicidio de
Roberto Gomensoro Josman en 1973. Héctor Gómez Graña, capitán, procesado por la muerte por
torturas de Gerardo Alter en 1973. Arturo Aguirre, coronel, procesado por la muerte por
torturas de Gerardo Alter en 1973. Tranquilino Machado, coronel, procesado por el homicidio
especialmente agravado del estudiante Juan Ramón Peré en 1973. El Tribunal de
Apelaciones de 4° Turno cambió su carátula por homicidio simple y para impedir
la prescripción aplicó la Ley 18.831, que recientemente la Suprema Corte
declaró inconstitucional. Miguel Dalmao, general, procesado por el homicidio de Nibia
Sabalsagaray en 1974. José Chialanza, coronel, procesado por el homicidio de Nibia
Sabalsagaray en 1974. José Araújo Umpiérrez, coronel aviador, procesado por el delito
de homicidio político de Ubagesner Cháves Sosa en 1976. La jueza Mota le otorgó
prisión domiciliaria. Enrique Rivero, coronel aviador, procesado por el delito de
homicidio político de Ubagesner Cháves Sosa en 1976. El contragolpe de los fiscales
La mayoría de los fiscales tienen previsto promover la
imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura y, por ende, continuar con
las investigaciones, a pesar de las sentencias de inconstitucionalidad dictadas
por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). “Es una posición mayoritaria entre los
colegas de que los delitos no prescriben, en virtud de los preceptos del
derecho internacional de los derechos humanos y diversos tratados
internacionales que el Estado uruguayo se comprometió a cumplir y respetar”,
indicaron a Caras y Caretas fuentes del Ministerio Público.
La tesis de la imprescriptibilidad fue impulsada por los
fiscales Ana María Tellechea, Ariel Cancela y Carlos Negro, entre otros,
quienes se alinean a los argumentos esgrimidos por el fiscal de Corte, Jorge
Díaz. El máximo representante del Ministerio Público consideró que jueces y
fiscales deben continuar investigando, en aplicación del fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humano (Corte IDH), por el caso Gelman. “No existe
ningún principio que le otorgue a los Estados el poder de sustraerse de los
fallos adversos mediante la invocación de su impopularidad”, expresó Díaz en un
dictamen judicial.
Sin embargo, los fiscales (incluso el doctor Ricardo
Perciballe, quien elaboró un extenso trabajo teórico sobre el tema) presentaran
otros argumentos para continuar investigando, entre ellos, la incorporación a
la legislación uruguaya, vía artículo 72 de la Constitución de la República, de
la Declaración sobre Derechos Humanos de la ONU de 1948 (por la cual se creó el
marco regulador para el juzgamiento de los delitos de genocidio, torturas y
todos los delitos contra la personalidad humana) y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, vigente en Uruguay desde 1969, que establece que
la irretroactividad de la Ley Penal no se aplica para casos de violaciones al
Asimismo, la fiscal Tellechea reclamó en un alegato en la
causa de Oscar Fernández Medieta, que se descuente del cómputo de la
prescripción el plazo de vigencia de la Ley de Caducidad, ya que durante ese
período las víctimas y sus familiares estuvieron imposibilitados de acudir ante
los tribunales, ya que la Justicia “estaba vedada de realizar cualquier tipo de
La Ley de Caducidad cercenó las “garantías constitucionales”
de las víctimas, y “sin duda que modificó los términos de prescripción por
cuanto no hubo un verdadero Estado de Derecho, no pudiéndose iniciar
investigaciones”, lo cual garantizó “la impunidad” de los responsables. Por
ende, el plazo de prescripción debe contabilizarse recién a partir de la
decisión de la SCJ de declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad,
en octubre de 2009, ya que “al justo impedido no le corre el tiempo de la
prescripción”, estimó Tellechea.
Por su parte, los fiscales Enrique Rodríguez y Dora Domenech
se plegarían a la tesis esgrimida por la SCJ. Ambos fiscales avalan que las
figuras especiales para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad
entraron en vigencia con posteridad a que se perpetraran los crímenes por parte
de agentes del Estado, por lo que su aplicación para los crímenes del período
chocaría con el principio de irretroactividad de la Ley Penal. En tanto, el
fiscal Gilberto Rodríguez no tiene posición formada sobre el tema.
Las decisiones en torno a la continuidad de las
investigaciones, empero, estará a cargo de los jueces. En las últimas horas,
los jueces Carlos Garcia y Julia Staricco, dispusieron la citación de decenas
de policías y militares, por denuncias de torturas en la DNII y de violaciones
a ex presas políticas en predios militares, respectivamente.
El fallo de la SCJ que declaró la inconstitucionalidad de la
Ley N°18.831 fue cuestionado por varios integrantes del foro, por cuanto
contraviene los avances en materia de legislación sobre derechos humanos que
venía registrando el Estado uruguayo. Empero, varias críticas se centraron sobre
la interpretación “parcial” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos que se realiza en la sentencia.
El ministro Julio Cesar Chalar fundó la imposibilidad de
aplicar la ley en forma retroactiva, entre otros argumentos, en los preceptos
del artículo 15 de dicho pacto, incorporado a la Constitución de la República,
vía el artículo 72 de la Carta. “Nadie será condenado por actos u omisiones que
momento de la comisión del delito (...)”, dice el artículo.
Sin embargo, varios integrantes de la magistratura y
abogados querellantes en causas de Derechos Humanos cuestionaron la “omisión”
de Chalar de citar el numeral segundo de dicho artículo: “Nada de lo dispuesto
en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos
u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los
principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”.
“No hay dudas que para la comunidad internacional estos delitos son de lesa humanidad
y, por ende, imprescriptibles, desde 1948”, criticaron los abogados