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Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 10']

Fallo que declara inconstitucional el Art. 562 del CCyC en caso concreto de gestación por sustitución - Abogados de FamiliaAbogados de Familia
Fallo que declara inconstitucional el Art. 562 del CCyC en caso concreto de gestación por sustitución
Publicado el	21 marzo, 2016
Expte. Nº LZ-62420-2015 – “H. M. y Otro/a s/medidas precautorias (Art. 232 del CPCC)” – JUZGADO DE FAMILIA Nº 7 DE LOMAS DE ZAMORA (Buenos Aires) – 30/12/2015 (sentencia firme)
C. H. (37 años) ha contraído matrimonio con L.C. O. (39 años) en 2009 (fs.26) y tienen tres hijos menores de edad, M.M. H. O. nacida en 2007 (fs.22), Th.L. H. O. nacido en 2005 (fs.20) y M.S. H. O. (fs.24) nacida en 2012, conforme surge de la documentación obrante en autos. M. R. H. (36 años) mantiene una unión convivencial con C.J.N. A. (34 años), DNI…, desde 2010, conforme surge de las actuaciones ante el Juzgado de Paz Letrado de Esteban Echeverría, agregadas a fs.40-41.
C. H., hermana de M. R., decidió ayudar a gestar el bebé, en forma altruista y desinteresada, pero cuando estaban haciendo los primeros estudios recibió la noticia de que estaba embarazada, de quien luego fuera su tercer hija M.S. O.H.. Luego de un tiempo prudencial (dos años) se retomaron los estudios, esta vez en el Instituto de Obstetricia, Ginecología y Fertilidad, por la cercanía su domicilio, donde M. C. se sometió a diversos estudios médicos y psicológicos para determinar su aptitud como mujer gestante. Expresan que el tratamiento fue el de fecundación in vitro (con óvulos extraídos de M. R. H. y espermatozoides de C.J.N. A.) y posterior implantación de dos embriones en el útero de M. C. H., habiendo anidado sólo uno de ellos.
C. cursa el octavo mes de embarazo, sufre de hipertensión arterial y realiza tratamiento para ello. Se desempeña como ama de casa. L.C. O. se desempeña como empleado de farmacia. Cuenta la cobertura de O.S. ELEVAR.
R. expresa que cuenta con capacidad ovulatoria pero discapacidad gestacional, lo que también surge de los diagnósticos médicos agregados en el expediente, tales como: alteración malformativa del útero y vagina hipoplásicos, asociado a malformación renal (ectopia renal cruzada y fusionada) y síndrome de Mayer-Rokitansky. Dicha diversidad funcional le impide gestar un embarazo.
La gestación por sustitución es una Técnica de Reproducción Humana Asistida –en adelante TRHA–, considerada como una figura jurídica compleja, que en alguna de sus modalidades -como es el caso de autos- pone en tela de juicio la célebre máxima del derecho romano mater semper certa est, lo que ha dado lugar al inicio del expediente con el objeto de inscribir el nacimiento de la niña por nacer como hija de la mujer que ha aportado el óvulo y de su pareja que ha aportado el esperma para que, luego de la fertilización in vitro, se le implantara el embrión a la mujer gestante.
En el dec. 956/2013 (B.O.: 23/7/2013) que reglamenta la Ley 26.862: “…Se consideran técnicas de baja complejidad a aquellas que tienen por objeto la unión entre óvulo y espermatozoide en el interior del sistema reproductor femenino, lograda a través de la inducción de ovulación, estimulación ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación e inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con semen de la pareja o donante”. (art.2)
Respecto de esta modalidad, en el decreto mencionado supra, se establece que “se entiende por técnicas de alta complejidad a aquellas donde la unión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema reproductor femenino, incluyendo a la fecundación in vitro; la inyección intracitoplasmática de espermatozoide; la criopreservación de ovocitos y embriones; la donación de ovocitos y embriones y la vitrificación de tejidos reproductivos…” (art. 2°).
Gil Domínguez considera que en nuestro ordenamiento constitucional y convencional, la voluntad procreacional es un derecho fundamental y un derecho humano que se proyecta en toda clase de relación, sin que el Estado pueda realizar intervenciones que impliquen un obstáculo a su ejercicio.
Asimismo, siguiendo el enfoque interdisciplinario, insoslayable en la decisiones a adoptar en el fuero de familia, afirma que “desde una perspectiva psico-constitucional-convencional, la voluntad procreacional puede ser definida como el deseo de tener un hijo o hija sostenido por el amor filial que emerge de la constitución subjetiva de las personas.” (…) “El elemento central es el amor filial, el cual se presenta como un acto volitivo, decisional y autónomo”. (Gil Dominguez, Andrés, La voluntad procreacional como derecho y orden simbólico, Ediar, 2014, p. 13)
Los derechos humanos a los que esta ley intenta dotar de virtualidad y eficacia son lo que consagró la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Artavia Murillo y otros (F.I.V) vs Costa Rica”[Fallo en extenso: elDial.com – elDial.com – AA7C53] : derecho de acceder a las TRHA para intentar procrear, ya sea como un derecho autónomo o como un derecho derivado de la libertad de intimidad, del derecho a formar una familia o del derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnologías – derecho fundamental y humano que encuentra en el Estado y en los demás particulares un claro sujeto pasivo al cual se le atribuyen los deberes de atención y prestación.
En paticular, respecto de la discapacidad, la Corte IDH concluyó que “teniendo en cuenta la definición desarrollada por la OMS según la cual la infertilidad es una enfermedad del sistema reproductivo (supra párr. 288), la Corte considera que la infertilidad es una limitación funcional reconocida como una enfermedad y que las personas con infertilidad en Costa Rica, al enfrentar las barreras generadas por la decisión de la Sala Constitucional, debían considerarse protegidas por los derechos de las personas con discapacidad, que incluyen el derecho de acceder a las técnicas necesarias para resolver problemas de salud reproductiva. Dicha condición demanda una atención especial para que se desarrolle la autonomía reproductiva.
Valor de la jurisprudencia interamericana. Para apreciar adecuadamente la importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cabe tener presente que en la tarea que incumbe a los jueces de controlar constitucional y convencionalidad, aun de oficio, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, todos sus órganos, incluyendo sus jueces, están sometidos a aquel, lo cual los obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. En esa tarea, además, los jueces deben tener en cuenta, no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana , como intérprete última de la Convención. Vale decir que la “fuerza normativa” de la Convención Americana alcanza a la interpretación de la misma realice la Corte Interamericana como “intérprete última” de dicho tratado. Por lo que, sus interpretaciones adquieren el mismo grado de eficacia que el texto del tratado. Entonces, la norma convencional que deben aplicar los Estados es el resultado de la interpretación efectuada por la Corte.
“El aludido ‘control de convencionalidad’ importa, pues, una búsqueda de compatibilidad entre las normas locales y las supranacionales, y cuando hablamos de esas últimas no nos referimos sólo al Pacto de San José de Costa Rica, sino a otros Tratados Internacionales ratificados por la Argentina (que integran el corpus iuris convencional de los derechos humanos), al ius cogens y a la jurisprudencia de los tribunales supranacionales”. (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, P.L., J. M. c. I.O.M.A., 18/08/2010, voto del Dr. Juan Carlos Hitters)
En este marco, el CCCoN incorpora expresamente el principio de constitucionalización del derecho privado, conforme se expresa en los Fundamentos del Anteproyecto… “ y establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado (…) existe una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos humanos con el derecho privado (…) se sigue de cerca diferentes principios constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados que impactan de manera directa en el derecho filial, tales como:
1) el principio del interés superior del niño (artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y artículo 3 de la ley 26.061); 2) el principio de igualdad de todos los hijos, matrimoniales como extramatrimoniales; 3) el derecho a la identidad y, en consecuencia, a la inmediata inscripción (arts. 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño y artículo 11 de la ley 26.061); 4) la mayor facilidad y celeridad en la determinación legal de la filiación; 5) el acceso e importancia de la prueba genética como modo de alcanzar la verdad biológica; 6) la regla según la cual corresponde reparar el daño injusto al derecho a la identidad del hijo; 7) el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y su aplicación y 8) el derecho a fundar una familia y a no ser discriminado en el acceso a ella”. (Fundamentos del Anteproyecto de CCCoN elaborado por la Comisión creada por dec. 191/2011, integrada por los Dres. Highton de Nolasco, Kemelmajer de Carlucci y Lorenzetti.)
Con razón se ha visto la decisión de eliminar la regulación de la gestación por sustitución como un retroceso, “al desatender una realidad instalada en nuestra sociedad que deja traslucir una fragmentación social entre quienes contando con capacidad económica pueden recurrir a una gestación por sustitución internacional vía Estados Unidos o la India y aquellos que no se encuentran en condiciones de poder hacerlo, situación que conlleva a una afectación del principio bioético de justicia. […] Atendiendo a esta realidad, la justicia nacional abrió un camino que se proyecta hacia la admisión de la gestación por sustitución nacional. Adherimos al criterio seguido, por entender que conforme el sistema de fuentes interno en el derecho argentino, el borrar la gestación por sustitución del CCCoN no implica prohibición. Encuentra sustento nuestra posición en la amplitud que consagra el art. 7 de la Ley 26.862, y especialmente, en el resguardo de los derechos humanos personalísimos comprometidos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, los cuales junto con la Constitución nacional ocupan el vértice de la pirámide jurídica; como lo expresa el CCCoN en su Título Preliminar.” (Krasnow, Adriana N. – Pitasny, Tatiana, “Gestación por sustitución e identidad. Su recepción implícita en el CCCoN”, 14/12/2015, Microjuris.com Argentina; Cita: MJ-DOC-7539-AR | MJD7539)
El concepto de “autonomía” debe ser objeto de algunas precisiones, a fin de resaltar sus limitaciones y así cumplir con la obligación estatal de “estar alertas y condenar todas las formas de discriminación, incluso aquellas que no se mencionan en forma expli´cita en la Convencio´n o que puedan aparecer con posterioridad.” (Recomendación General Nro.28, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, ONU – CEDAW/C/GC/28 – párr..15)
Obstaculizando de esta manera tanto el reconocimiento como el establecimiento de su vínculo de filiación respecto de su padre biológico, el Estado francés ha ido más allá de lo que le permitía su margen discrecional, por lo que el Tribunal Europeo concluyó que se había ignorado el derecho de los niños al respeto a su vida privada, violando el artículo 8 del Convenio. Por ello, se condenó a Francia a satisfacer a cada uno de los niños afectados en el caso 5.000 euros por daños morales. (Lamm, Eleonora, “Gestación por sustitución. La importancia de las sentencias del Tribunal Europeo, Ars Iuris Salmanticensis, vol. 2, diciembre 2014, pp.35-50,Ediciones Universidad de Salamanca – Scotti, Luciana Beatríz, “La gestación por sustitución y el Derecho Internacional Privado: Perspectivas a la luz del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina”, Revista de la Facultad de Derecho, No. 38, ene.-jun. 2015, nota al pie 5, pp.213-249).
El interés superior del niño se asegura limitando el poder de las partes, y esto sólo puede hacerse a través de la regulación legal de los convenios. Ese interés exige contar con un marco legal de protección, que “brinde seguridad jurídica y le garantice una filiación acorde a la realidad volitiva”. (Tratado de Derecho de Familia según el CCCoN de 2014, dirigido por Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera, Marisa; Lloveras, Nora; Tomo II, art.5509 a 593, 1ª edición, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, pág.526)
Así en el artículo 2.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece el derecho a un recurso efectivo y en la Observación General Nro.31 del Comité de Derechos Humanos –intérprete autorizado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- se destacó que “además de dar una protección efectiva a los derechos del Pacto, los Estados partes [deben garantizar] que toda persona disponga también de recursos accesibles y eficaces para justificar esos derechos. Esos recursos deben adaptarse de manera adecuada para que tengan en cuenta la particular vulnerabilidad de determinadas categorías de personas, con inclusión en particular de los niños”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva 17/2002 sobre Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, expresó el interés superior del niño ha de ser entendido “como la premisa bajo la cual debe interpretar, integrar y aplicar la normativa de la niñez y la adolescencia (…) se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño (…) y es el punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en este instrumento, cuya observación permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades”.
Grosman señaló que el interés superior del niño representa su reconocimiento como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo de allí que resultará de su interés toda acción o medida que tienda a respetar de manera más efectiva la mayor cantidad de derechos involucrados. Esta directriz cumple una función correctora e integradora de las normas legales, constituyéndose en pauta de decisión ante un conflicto de intereses y en criterio para la intervención institucional destinada a proteger al niño (Grosman, C. P., “Significado de la Convención sobre los Derechos del Niño”, LL, 1993-B-1095).
En un breve intervalo de tiempo, el Dr. Gil Domínguez responde con el objeto de “intentar rebatir dicha tesis a la luz del Estado constitucional y convencional de derecho como paradigma argentino vigente receptado por el CCCoN en su título preliminar”. 2. 3.
“21) Que, por su parte, la Corte Interamericana ha señalado que “es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los Casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana -CIDH Serie C N- 154, caso “Almonacid”, del 26 de septiembre de 2006, parágraf. 124.” 42. 43.
La Cantuta vs. Perú (2006) – párr..173
2. Boyce y otros vs. Barbados (2007) – párr..79
3. Heliodoro Portugal vs. Panamá (2008) – párr..180
4. Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos (2009) – párr.. 339
5. Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia (2010) – párr..307
6. Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay (2010) – párr..311
7. Fernández Ortega y Otros vs. México (2010) – párr..234
8. Rosendo Cantú y Otra vs. México (2010) –párr. 219
9. Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia (2010) – párr.. 202
10. Vélez Loor vs. Panamá (2010) – párr..287
11. Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil (2010) – párr..106
12. Cabrera García y Montiel Flores vs. México (2010) – párr..225
13. Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina (29/11/2011) – párr..114
14. Atala Riffo y Niñas vs. Chile (2012) – párr.. 281-282 y 284
15. Fornerón e hija vs. Argentina (2012) – párr..177
16. Furlan y Familiares vs. Argentina (31/8/2012) – párr..303-305
Artavia Murillo y otros vs.Costa Rica (28/11/2012)
Licencia por maternidad para el cuidado de la hija. Según el informe socioambiental obrante en autos, M. R. H., DNI … se desempeña en relación de dependencia como empleada de farmacia (fs.167).
Dichos instrumentos de derechos humanos, en los que se reconoce el derecho a formar una familia, los derechos de sus integrantes y las obligaciones de la sociedad y el Estado de asegurarle protección son: Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 16), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. VI), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) (artículo 10), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 23), Convención Americana sobre Derechos Humanos (art.17), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) (arts. 9 y 16), Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 9, 10, 20, 21 y 22), Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art.23), Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (art. 15), Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (arts. 4, 44, 45 y 50),
1) Declaración Universal de Derechos Humanos : art. 7 “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley [y] contra toda discriminación” y 25.2 “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños (…) tiene derecho a igual protección social”; 2) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: art. 2 “Cada uno de los Estados… se compromete a respetar y garantizar… sin distinción alguna” y art. 24.1 “todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna… a las medidas de protección que su condición de menor requieren”; 3) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: art. 2 “cada uno de los Estados partes… se compromete a adoptar medidas… para lograr progresivamente… la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos (…) [y] a garantizar el ejercicio…. Sin discriminación alguna” y art. 10.3 “se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna”; 4) Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre: art. II “todas las personas son iguales ante la ley” y art. VII “todo niño, tiene derecho a protección, cuidados y ayudas especiales”; 5) Convención Americana sobre Derechos Humanos: art. 1 “respetar… y garantizar… sin discriminación alguna” y “todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tiene derecho, sin discriminación, a igual protección ante la ley” y art. 19 “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: arts. 3, 5, 7 y 23.
10) Regular los honorarios profesionales de las letradas: Dra. N. N. D. A., inscripta en al CALZ T …. Folio …en la suma de pesos .. ($….); Dra. G. L., inscripta al CALZ T ….Folio 28 en la suma de pesos … ($…); Dra. M. R. M., inscripta al CALZ T …Folio … en la suma de pesos … ($…) y a la Dra. L. R. D. A., inscripta al CALZ T …. Folio … en la suma de PESOS … ($…) (arts.13 y 16 Ley 8904/77).