Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A213-01.htm
Timestamp: 2017-11-18 10:13:36
Document Index: 253740229

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 5', 'artículo 86', 'artículo 189', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 86']

Auto 213/01
Referencia: expediente I.C.C - 313.
Conflicto de competencias entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Noveno Penal Municipal de Cali.
Bogotá, D.C., junio seis (6) de dos mil uno (2001).
1. Carlos Alfonso Muñoz Ruíz promovió acción de tutela ante el Juzgado Noveno Penal Municipal de Cali, contra la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, con el objeto de que fueran protegidos sus derechos fundamentales, en virtud de que la entidad demandada se niega a suministrar tratamiento médico al accionante.
2. Mediante auto del quince (15) de marzo de 2001, el Juzgado Noveno Penal Municipal se declaró incompetente para conocer del asunto y, por ende, remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En tal sentido, el Despacho consideró:
“Del estudio de las presentes diligencias se advierte que se equivocó el accionante al haber presentado su petición de Amparo ante los Jueces Penales Municipales, por cuanto las entidades supuestamente vulneradoras son LAS FUERZAS MILITARES y el MINISTERIO DE DEFENSA del orden Nacional, situación ésta que se constituye en un obstáculo para que los Juzgados Penales Municipales se pronuncien de fondo sobre las pretensiones del actor por carecer de competencia para ello, conforme lo dispone el Decreto 1382 de 2000, Artículo 1°. Numeral 1°., normatividad que aún se encuentra vigente por cuanto hasta la fecha no ha sido declarado inconstitucional y solo tiene un pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional por medio de la cual inaplicó por vía de excepción, decisión que no produce efectos generales.
Con fundamento en lo anterior este Despacho dispone la remisión de la actuación ante el Honorable Tribunal Administrativo Oficina de Reparto de la ciudad de Santafe de Bogotá, disponiéndose igualmente comunicarle esta determinación al accionante” (fl.23).
3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por auto del veinticinco (25) de abril de 2001, consideró que carecía de competencia para conocer sobre el asunto referido, en consecuencia, ordenó enviar el expediente a la Corte Constitucional. El Despacho manifestó:
”El Tribunal no acepta la competencia asignada por estas breves razones: 1. El Decreto1382 de 2000, actualmente no tiene vigencia alguna, toda vez que fue suspendido por el Gobierno Nacional mediante Decreto 404 de marzo 14 del 2001; en consecuencia, no es acertado, por decir lo menos, sustentar una falta de competencia con un Decreto que carece de efectos jurídicos. 2. El Decreto 1382 de 2000, siempre fue y es, inconstitucional, toda vez que desborda la potestad reglamentaria del Gobierno. 3. Además siendo la entidad demandada un establecimiento público de Orden Nacional (Sector descentralizado) la competencia era del Juzgado Penal del Circuito; circunstancia que a pesar de haber sido reconocida en el auto remisorio, inexplicablemente las diligencias se enviaron a éste Tribunal, desconociendo el numeral 1, inciso 2 del artículo 1 del Decreto de marras. 4. Resta agregar, que si los hechos en que se sustenta la tutela sucedieron en la ciudad de Cali, lugar donde tiene la residencia el accionante, son los funcionarios judiciales del lugar y no los de ésta Capital los que deben conocer de la acción instaurada” (fl.33 y 34).
1. La Corte Constitucional tiene competencia para resolver sobre los conflictos de competencia que se susciten entre jueces o tribunales de distinta jurisdicción. Así lo ha expresado la Corporación:
En este caso, la Corte Constitucional es competente para conocer del conflicto de competencia negativo planteado entre el Juzgado Noveno Penal Municipal de Cali y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2. El artículo 86 de la Carta Política vigente consagra la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales cuando quiera que estos se encuentren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y autoriza al legislador para establecer aquellos ‘casos en que esta acción procede contra los particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión’.
4. No obstante ello, el propio constituyente en el artículo 5º transitorio de la Carta invistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para ‘reglamentar el derecho de tutela’, como aparece en el literal b) de la norma citada, facultades estas para cuyo ejercicio se requería que el proyecto de decreto respectivo no fuera improbado por la ‘Comisión Especial’ creada por el artículo transitorio 6º de la Constitución.
5. El Gobierno Nacional en acatamiento a lo establecido por los artículos transitorios 5º, literal b) y 6º de la Carta, expidió entonces el Decreto 2591 de 1991 ‘por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política’, decreto que en virtud de la materia a que el se refiere, aunque expedido por el Ejecutivo en razón de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República para ese efecto por la Asamblea Constituyente, es de carácter legislativo, es decir sus normas tienen la categoría de ley en sentido material. Y, siendo ello así, su reforma sólo compete al legislador, no al Presidente de la República mediante decreto reglamentario, pues ello no le es permitido conforme a lo dispuesto por el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política.
6.1. Mientras el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que para el conocimiento de dicha acción tienen competencia, ‘a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud’, el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 fija unas reglas nuevas de competencia teniendo en cuenta para ello si la acción de tutela se interpone contra cualquier autoridad pública nacional, departamental o municipal, hipótesis en las cuales la acción habrá de ejercerse en unos casos ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura, en otros ante los Jueces del Circuito o con categoría de tales, en algunos otros casos ante los Jueces Municipales y, además, se agrega que cuando la acción se dirija en relación con ‘la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable’.
6.2. Adicionalmente, el artículo 1º del citado Decreto 1382 de 2000 establece que si la acción de tutela se ejerce ‘contra más de una autoridad’ el asunto será de conocimiento del ‘juez de mayor jerarquía’, según corresponda al nivel de las autoridades respecto de las cuales se impetra la protección de derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración.
8. Pero es más. Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la ‘acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar’ para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en cualquier momento y en todo lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.
Por otra parte, mientras el Consejo de Estado decide la legalidad del Decreto 1382 de 2000, el Gobierno Nacional a través del Decreto 404 del catorce (14) de marzo de 2001 determinó suspender la aplicación de la mencionada norma. En tal sentido, en el artículo 1 dispuso: “Suspéndase por un año la vigencia del Decreto No.1382 del 12 de julio de 2000, Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela, en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo”.
3. En el asunto objeto de estudio, conforme al artículo 37 del decreto 2591 de 1991, según el cual “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” (Subraya la Sala), se resolverá el conflicto de competencia planteado entre el Juzgado Noveno Penal Municipal de Cali y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de remitir el expediente ante la autoridad judicial donde tuvo lugar la presunta violación de los derechos invocados. Por lo tanto, esta Corporación ordenará al Juzgado Noveno Penal Municipal de Cali dar trámite a la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política y el art. 37 del decreto 2591 de 1991.
DIRIMIR el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Noveno Penal Municipal de Cali, en cuanto a la acción de tutela incoada por Carlos Alfonso Muñoz Ruiz contra la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, en el sentido de que la competencia para conocer de ella corresponderá al Juzgado Noveno Penal Municipal de Cali, al cual se remitirá el expediente respectivo.
Salvamento de voto al Auto 213/01
Referencia: expediente ICC - 313
Peticionario: Carlos Alfonso Muñoz Ruíz
[2] Sobre el tema, ver lo autos: 087 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; 087A de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; 087B de 2000, M.P. Martha Victoria Sachica; 096 de 2000, M.P. José Gregorio Hernandez; 098 de 2000, M.P. Alvaro Tafur Galvis; 100 de 2000, M.P. Martha Victoria Sachica; 101 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; 103 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 104 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz; 112 de 2000, M.P: Martha Victoria Sachica; 122 de 2000, M.P. José Gregorio Hernandez; 125 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; 133 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz y 163 de 2000, M.P. Alvaro Tafur Galvis.