Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-15858-de-agosto-13-de-2008?documento=jurcol&contexto=jurcol_759ec51409b490cce0430a01015190cc&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-15 16:45:32
Document Index: 203361616

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 48', 'artículo 53', 'artículo 153', 'artículo 161', 'artículo 271', 'artículo 48', 'artículo 161', 'artículo 69', 'artículo 77', 'artículo 1096', 'artículo 177', 'artículo 230', 'artículo 168', 'artículo 177', 'artículo 249', 'in fine', 'artículo 2', 'Artículo 2']

﻿ SENTENCIA 15858 DE AGOSTO 13 DE 2008
SENTENCIA 15858 DE 13 DE AGOSTO DE 2008
CONTENIDO:APELACIÓN SENTENCIA INDEMNIZATORIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD MÉDICA
Sentencia 15858 de agosto 13 de 2008
Ref.: Apelación sentencia indemnizatoria
Exp.: 15.857
Rad.: 25000-23-26-000-1995-00732-01
Actor: Farid Guillermo Bermejo Velásquez y otros
Demandado: Hospital Militar Central y otro
Bogotá, D.C, trece de agosto de dos mil ocho.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado por la parte demandante en juicio de dos instancias (1) , con el objeto de que revoque el fallo proferido por el tribunal a quo.
Esta corporación es competente para conocer en segunda instancia del asunto de la referencia, toda vez que el monto de la pretensión mayor (el equivalente a 4000 gramos oro: $ 47’093.720), para la época de presentación de la demanda —marzo 13 de 1995—, superaba la cuantía mínima requerida para ello, que era de $ 9’610.000.
Por otra parte, advierte la Sala que se trata de un evento de responsabilidad extracontractual del Estado por la actividad médico asistencial, atribuida a una entidad pública; por lo tanto, es esta la jurisdicción competente para conocer de la controversia, tal y como ya lo ha manifestado la jurisprudencia de esta corporación en otras ocasiones, al establecer que debe hacerse la distinción entre esta clase de responsabilidad y la que puede derivarse de las relaciones laborales de los servidores del Estado con las entidades públicas, en virtud de dicho vínculo y del régimen prestacional al que el mismo da lugar; al respecto, sostuvo en pasada ocasión (2) :
“(...) debe advertir la Sala, que esta no es la vía procesal adecuada para la reclamación de indemnizaciones de índole laboral y prestacional, toda vez que una cosa es la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, surgida de los hechos que le son atribuibles o de las omisiones en las que este incurra y que irroguen daños a terceros —responsabilidad civil—, y otra cosa, las obligaciones que se derivan de la vinculación laboral de las entidades estatales con sus empleados y trabajadores, sujeta a un régimen legal específico que rige dicha relación laboral y establece los derechos y obligaciones que surgen de ella para las partes (3) —responsabilidad laboral—, como son las indemnizaciones a que haya lugar como consecuencia de los llamados accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento no puede obtenerse mediante la acción de reparación directa aquí ejercida (4) .
No obstante, tal y como lo ha determinado con anterioridad la jurisprudencia de la Sala, de un accidente sufrido por el empleado público o trabajador oficial en el ejercicio de sus funciones —calificado o no como accidente de trabajo— o de una enfermedad que contraiga en las mismas condiciones —enfermedad profesional o común—, también se puede derivar la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, cuando los mismos constituyan daños producidos por una falla del servicio o un riesgo excepcional, y/o cuando hayan dado lugar a ocasionar perjuicios a terceras personas por las lesiones o la muerte de un trabajador del Estado como consecuencia de un accidente o una enfermedad, independientemente de que los mismos puedan ser calificados o no como accidente de trabajo o enfermedad profesional (5) ; ha dicho la Sala, que:
“Esta jurisdicción “de lo contencioso administrativo” ha diferenciado y precisado la responsabilidad en relación con los hechos dañinos sufridos por los trabajadores con ocasión, de una parte, del desempeño laboral (accidente de trabajo) y, de otra parte, de situaciones externas y ajenas a ese desempeño pero producidas por la misma persona que es su patrono.
“Ha dicho que:
“Si un agente del Estado con causa y por razón del ejercicio y por los riesgos inherentes a este sufre accidente y sobrevive, tiene derecho a las prestaciones laborales predeterminadas en la legislación laboral; pero si fallece, son sus beneficiarios los que tienen el derecho a esas prestaciones. Este tipo de responsabilidad ha sido denominado “a forfait”.
“Pero, si el agente del Estado sufre un accidente por la conducta falente o culposa de la misma persona que es su patrono, pero en “forma independiente a la prestación ordinaria o normal del servicio” y/o “por fallas del servicio ajenas al trabajo profesional propio del agente”, tiene derecho a solicitar la declaratoria de responsabilidad del Estado, por medio de la acción respectiva, como ya se explicará. Este tipo de responsabilidad es la llamada “extracontractual” (6) .
Lo anterior, obedece al hecho, en primer lugar, de la consagración constitucional de la responsabilidad —contractual y extracontractual— del Estado (art. 90), al establecer la Carta que este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
Y en segundo lugar, a la competencia que el legislador le ha atribuido a esta jurisdicción especializada, la contencioso administrativa, para conocer de todas aquellas controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas (CCA, art. 82, modificado por L. 1107/2006, art. 1º).
Específicamente en lo relacionado con la responsabilidad extracontractual del Estado, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, establece que la persona interesada, podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, lo cual implica que recae sobre el demandante la carga procesal de probar los elementos de dicha responsabilidad, o sea la existencia del daño y que el mismo fue producto de los hechos, omisiones, operaciones administrativas u ocupaciones atribuibles a la administración.
Conforme a lo anterior, se deduce claramente que es esta la jurisdicción llamada a juzgar si las entidades estatales han comprometido o no su responsabilidad extracontractual, por haber ocasionado un daño injustificado a otra persona con ocasión de hechos u omisiones provenientes de sus propios funcionarios, en cualquier ámbito de la actuación estatal, aplicando la normatividad y los desarrollos doctrinales y jurisprudenciales propios de la responsabilidad estatal (7) ” (resalta la Sala).
Es claro entonces, que se trata de definir un evento de responsabilidad patrimonial del Estado.
Sobre el principio de responsabilidad, conforme al cual el Estado está en la obligación de reparar los daños que cause con sus actuaciones a los particulares, observa la Sala que, junto con el principio de legalidad, constituyen los dos grandes pilares del Estado de derecho, e implican no solo la sujeción de aquel al ordenamiento jurídico, sino su compromiso en la garantía de la integridad patrimonial de los asociados cuando la misma se vea afectada por hechos u omisiones que puedan ser imputados a las autoridades estatales, de tal manera que la administración se vea impelida a indemnizar los perjuicios que ocasione con su actuación.
Ni siquiera eventos que se calificaron como manifestación de la soberanía estatal, han quedado por fuera del ámbito de la responsabilidad, tal y como lo sostuvo la Sala en pasada ocasión (8) :
“La construcción de la irresponsabilidad del Estado fundada en su soberanía, es teoría completamente superada en el panorama jurídico universal y en nuestro derecho.
Si bien la instauración del Estado de derecho y de la sujeción de aquel al ordenamiento jurídico, como supuesto básico del sistema, no desencadenó de inmediato la obligación estatal de reparar los daños que causara a los particulares con su acción, no hay duda de que constituyó fundamento político necesario para la implantación posterior del instituto indemnizatorio.
Relegadas ciertas formulaciones políticas del ancien regime tales como aquella que desligaba al príncipe del orden jurídico (princeps legibus solutus est) a través del principio de legalidad y de la concepción del Estado como persona jurídica, paulatinamente se empieza a consagrar y a consolidar el principio de responsabilidad que, en la época actual, es considerado como uno de los pilares fundamentales de un Estado de derecho”.
Y es que, como es bien sabido, las actuaciones de las autoridades estatales están sujetas a la normatividad que las regula, en forma tal, que aquellas solo pueden hacer aquello para lo cual están expresamente autorizadas; es por ello que el artículo 6º de la Constitución Política, establece que los servidores públicos responden no solo por infringir la Constitución y las leyes, sino también por la omisión o la extralimitación en el ejercicio de sus funciones, sin que se pueda perder de vista además, que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; y estas autoridades pertenecen a un Estado social de derecho, que tiene como fin esencial servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, y también, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (9) .
Para el cumplimiento de todos sus fines y la ejecución de las funciones, las autoridades estatales cuentan con una serie de facultades y prerrogativas que les han sido concedidas por el ordenamiento jurídico, las cuales implican la posibilidad de imponer unilateralmente el cumplimiento de sus mandatos, bien sean ellos legales, administrativos o judiciales y aun de ejercer coercitivamente el poder público estatal en cuanto ello sea necesario para la obtención de los objetivos impuestos por la Constitución Política, utilizando inclusive la fuerza, cuyo monopolio ostenta el Estado.
No obstante, como contrapartida al ejercicio del poder público y como una garantía a favor de los administrados, que pueden resultar afectados por el mismo, surgió históricamente la figura de la responsabilidad del Estado, que, como ya se dijo, lo obliga a reparar los daños que ocasione con su actuación.
Dicha responsabilidad del Estado, según afirmó en Francia el Comisario de Gobierno David, en el famoso “fallo Blanco”, antecedente fundamental del desarrollo de esta institución, “... no es ni general ni absoluta; (...) tiene sus reglas especiales que varían según las necesidades del servicio y la necesidad de conciliar los derechos del Estado con los derechos privados”, explicando que cuando el Estado actuaba “... como potestad pública encargada de asegurar la marcha de los diversos servicios públicos”, era la jurisdicción administrativa la competente para conocer de la respectiva controversia, en aplicación de las normas que así lo disponían, y en consecuencia, consideró que los jueces ordinarios “... son radicalmente incompetentes para conocer de todas las demandas contra la administración por razón de los servicios públicos, cualquiera que sea su objeto, así ellas no tiendan a hacer anular, reformar o interpretar por la autoridad judicial los actos de la administración, sino simplemente a hacer pronunciar contra ella condenas pecuniarias en razón de daños causados por sus operaciones” (10) ; de modo que la decisión en el mencionado fallo no fue, como se ha entendido por una parte de la doctrina moderna, porque la administración hubiera usado prerrogativas exorbitantes del derecho común, sino porque se trataba de operaciones de “gestión pública”, como se diría a principios del siglo XX, que la competencia, en el caso allí juzgado —la pequeña Agnes Blanco había sido atropellada por una vagoneta de la Compañía Nacional de Manufactura de Tabaco, de propiedad estatal, cuando trataba de atravesar los rieles que cortaban la calle en la ciudad de Burdeos, en el año de 1873—, correspondía a la jurisdicción administrativa (que allí era ejercida por autoridades administrativas).
Este fallo fue importante en el desarrollo de la institución de la responsabilidad extracontractual del Estado, en la medida en que i) descartó el principio de su irresponsabilidad, ii) planteó el principio de que la responsabilidad administrativa no se rige por las normas del Código Civil sino que está sujeta a reglas especiales que surgen de los imperativos propios de los servicios públicos, y iii) precisó, finalmente, que los problemas que plantea la responsabilidad administrativa, son de competencia de la jurisdicción administrativa.
En sentencia del 2 de noviembre de 1960 (11) , el Consejo de Estado reiteró la autonomía del derecho público, surgida en virtud de la naturaleza de las relaciones que regula y que se dan entre gobernantes y gobernados, y de los intereses en juego, teniendo en cuenta que el fin esencial del Estado es la satisfacción de las necesidades colectivas, las cuales lo limitan en sus actuaciones, pero al mismo tiempo le otorgan poderes singulares de imposición y facultades excepcionales de decisión unilateral, incompatibles con los sistemas de derecho privado, que condujeron así mismo, con miras a la protección de las situaciones jurídicas particulares, a la estructuración, “... como contrapartida necesaria de ese régimen de privilegio estatal, un sistema autónomo de responsabilidad que tutela los derechos subjetivos y protege el interés general (...). El Estado actúa generalmente por vía de imposición, pero el derecho objetivo señala los límites y establece las bases de su actuación unilateral. De allí que su actividad se desenvuelva en torno de dos principios directrices que constituyen la esencia del derecho administrativo y que dan a esta rama jurídica autonomía plena: La idea de imposición, y la idea de responsabilidad”; en esta oportunidad, la Sala se refirió al fallo Blanco, seguido de cerca por la jurisprudencia nacional, y analizó el fundamento constitucional y legal de la responsabilidad estatal, encontrando que tanto en los artículos 2º, 16 y 136 de la Carta (de 1886) como en el Código Contencioso Administrativo, se estructuró un sistema jurídico autónomo y congruente sobre responsabilidad del Estado, que hizo inoperante en estas materias, la reglamentación del derecho privado, por proceder de una relación de derecho público nacida entre la administración y los particulares; en consecuencia, “Ese nuevo sistema jurídico está regido por normas sustantivas de derecho público, por reglas adjetivas de derecho público y sometido al control de una jurisdicción especial de derecho público, porque parte del principio básico de que la actividad del Estado es de naturaleza jurídica distinta de la actividad de los particulares y debe estar, por consiguiente, reglamentada por normas diferentes”, tal y como ya lo había establecido la jurisprudencia de la corporación, en dos providencias anteriores, en las que se expuso la tesis de la inaplicabilidad de los artículos 2341 y siguientes del Código Civil a los casos de responsabilidad patrimonial del Estado.
Y en sentencia del 28 de abril de 1967 (12) , dijo la Sala:
“(...) es el primer deber del Estado procurar la realización del bien común, principio consagrado en el artículo 16 de la Constitución; para ello dispone y organiza los llamados ‘servicios públicos’. Ahora bien: si como consecuencia, bien de un mal funcionamiento del servicio o de su ‘no funcionamiento’ o del tardío funcionamiento del mismo se causa una lesión o un daño, el Estado es responsable y por consiguiente está en la obligación de indemnizar los perjuicios causados. Y esto con prescindencia de la culpa personal del agente o agentes encargados de la prestación del servicio, pues bien sea que aquel o aquellos aparezcan o no como responsables del hecho dañoso, la administración debe responder cuando el daño se ha causado como consecuencia de una falla en el servicio que estaba obligado a prestar, por cuanto, se repite, esa responsabilidad se origina en último término en el deber primario del Estado de suministrar a los asociados los medios conducentes a la efectividad de sus servicios, a la consecución de sus fines; en otras palabras, a la realización del bien común. Pero para que pueda condenarse al Estado por culpa aquiliana se requiere que aparezcan demostrados en el expediente los siguientes presupuestos: existencia del hecho (falla en el servicio); daño o perjuicio sufrido por el actor y relación de causalidad entre el primero y el segundo”.
Y si bien la teoría del servicio público, como criterio jurídico de aplicación del derecho administrativo y como fundamento de la competencia de la jurisdicción administrativa para conocer de los eventos de responsabilidad estatal ha sido superada doctrinal y jurisprudencialmente, bajo la consideración de que tales servicios públicos no son de prestación exclusiva de la administración y en ellos pueden también actuar los particulares, subsiste el criterio del ejercicio de la función pública como actividad propia del aparato estatal —excepcionalmente ejercida por particulares—, dotada de un régimen jurídico propio y sometida al juzgamiento de una jurisdicción especial.
Se observa entonces, que la determinación de la responsabilidad estatal, impone el deber de juzgar las actuaciones del Estado —que adelanta a través de sus órganos o servidores— a la luz de la normatividad que rige el respectivo servicio o función que desarrolla o ejecuta y en virtud de la cual se produce el daño, tarea que implica analizar principalmente —aunque no exclusivamente— normas de derecho público contentivas de los objetivos, las competencias, las funciones, los deberes, las prohibiciones, etc., de las autoridades estatales para establecer, de este modo, la medida de su cumplimiento o incumplimiento así como las consecuencias de tales actuaciones u omisiones en los derechos y el patrimonio de los administrados afectados, tarea que constituye a la vez, un indicador de los niveles o estándares de eficiencia del aparato administrativo, con miras a la formulación de políticas públicas.
La doctrina extranjera le ha reconocido al instituto de la responsabilidad estatal, varias funciones: i) la reparación de los daños que pueda producir la actuación de la administración; ii) una función preventiva, en la medida en que la perspectiva de tener que pagar una indemnización tanto la entidad como sus agentes, sirve de incentivo para tratar de evitar los daños que puede causar con sus actuaciones u omisiones; iii) una función demarcatoria, conforme a la cual se cree un sistema de la responsabilidad patrimonial del Estado, que permita tener certeza sobre cuáles actuaciones públicas generarán obligación indemnizatoria y cuáles no, es decir, que las normas sobre responsabilidad satisfagan la necesidad de certeza del derecho, expresada técnicamente a través del principio de la seguridad jurídica, el cual reviste un interés general y es necesario para garantizar un correcto funcionamiento de los servicios; y iv) una función de control, que explica así:
“Íntimamente vinculada a la función preventiva se encuentra una tercera función de la responsabilidad civil, antes apuntada, que reviste especial importancia cuando de lo que se trata es de la responsabilidad de la administración pública: la función de control, control —en el caso de la administración— del buen funcionamiento de los servicios públicos (...).
Pionero, una vez más, fue García de Enterría, que detectó esta importante función hace ya más de cuarenta años, cuando escribió que ‘A través de la verificación de la imputación en estos supuestos [los supuestos de funcionamiento anormal de la administración], la jurisdicción administrativa ha de ejercer un formidable control sobre el grado de rendimiento social de los servicios públicos, como efectivamente viene realizando en Francia el Conseil d’Etat. De este modo, a la vez que se asegura la integridad patrimonial de los administrados, se ejercita un saludable control sobre el funcionamiento administrativo, imponiéndole positivamente la carga de una diligencia funcional media, que puede operar visiblemente en nuestra un tanto postrada administración (...) (13) ” (14) .
Resulta evidente entonces, el alcance que tiene la función del juez contencioso administrativo en el juzgamiento de la responsabilidad estatal, que va más allá de establecer la existencia y monto de los daños sufridos por los afectados, por cuanto su labor también apunta a generar correctivos en el obrar de la administración y propugnar por la eficacia de sus actuaciones, labor que le corresponde ejercer por antonomasia a esta jurisdicción especializada.
Volviendo al caso presente, observa la Sala que la competencia de esta jurisdicción para resolver controversias originadas en eventos de responsabilidad médico asistencial de entidades públicas ha sido cuestionada, con fundamento en lo dispuesto por la Ley 712 de 2001 en el numeral 4º de su artículo 2º, el cual, es del siguiente tenor:
4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan”.
Esta norma, fue la que sirvió de fundamento a la jurisdicción ordinaria, para sostener que las controversias originadas en la responsabilidad médico asistencial de las entidades estatales, eran competencia suya, por hacer parte del sistema de seguridad social integral (15) .
Al respecto, observa la Sala que la disposición en cuestión, se refiere a las controversias que pueden surgir en materia de seguridad social, en la medida en que se trata de una consecuencia de las relaciones laborales; y es por ello que establece que la jurisdicción laboral será competente para conocer de las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de los actos jurídicos que se controviertan, lo que en realidad significa, que la competencia de dicha jurisdicción recae sobre todas aquellas actuaciones u omisiones presentadas dentro del ámbito de la seguridad social, que pueden afectar los derechos de las personas vinculadas a dicho sistema, en cuanto a la posibilidad de acceder al goce de las prestaciones legales que hacen parte del mismo y la forma como tales prestaciones serán proporcionadas a los afiliados, beneficiarios o usuarios.
Será competencia suya entonces, juzgar las actuaciones de las entidades pertenecientes al sistema general de seguridad social, en cuanto a la “... cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional...”, que es lo que constituye en últimas su finalidad, con el objeto de “... lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”, tal y como reza el preámbulo de la Ley 100 de 1993.
Se trata pues, de que la jurisdicción especializada en lo laboral y lo prestacional, garantice la estricta aplicación de la ley en cuanto al acceso de todas las personas al sistema general de seguridad social en los términos en que la misma lo determine, y que vele también, porque las entidades que lo componen, reconozcan a favor de los usuarios, afiliados y beneficiarios del sistema, la totalidad de las prestaciones económicas y asistenciales a las que legalmente tengan derecho, en materia de salud, pensiones y riesgos profesionales.
En consecuencia, dicha competencia está relacionada con la garantía de prestación del servicio público de seguridad social, definido en el artículo 4º de la Ley 100 de 1993, en los siguientes términos:
“ART. 4º—Del servicio público de seguridad social. La seguridad social es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y que será prestado por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones establecidos en la presente ley.
Este servicio público es esencial en lo relacionado con el sistema general de seguridad social en salud. Con respecto al sistema general de pensiones es esencial solo en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones”.
Es decir que la jurisdicción ordinaria laboral, desde el punto de vista de la materia sobre la cual recae su competencia en virtud de la especialidad de esa rama jurisdiccional, está encargada de juzgar las controversias que tengan que ver con los actos de vinculación y desvinculación de los afiliados al sistema de seguridad social integral y las decisiones que versen sobre la forma y alcances de dicha vinculación, así como los derechos que para los titulares, beneficiarios y usuarios surjan de tales decisiones, provenientes de las entidades —públicas o privadas— que pertenecen a este sistema de seguridad social integral.
Desde esta perspectiva, considera la Sala que las obligaciones derivadas del sistema general de seguridad social, no pueden confundirse con las que surgen del régimen de responsabilidad estatal, puesto que se trata de dos ámbitos jurídicos diferentes, con regulaciones propias y finalidades distintas; en consecuencia, no resulta procedente mezclar dos temas disímiles como son, el de la responsabilidad extracontractual del Estado y el de los derechos laborales y prestacionales consagrados en las normas sobre seguridad social integral.
La seguridad social, surgió en torno a la relación laboral patrono - trabajador, como el conjunto de obligaciones prestacionales a cargo del primero frente al segundo, en virtud del vínculo creado por la respectiva relación de trabajo, origen que no desaparece por el hecho de que el actual sistema de seguridad social integral, consagrado en nuestro sistema jurídico, apunte a brindar cobertura a toda la población, con miras a garantizar sus derechos irrenunciables, tendientes a obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, como reza el preámbulo de la Ley 100 de 1993, el cual además impone la obligación de las entidades vinculadas al sistema de seguridad social integral, de garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de dicha ley, y de las que se incorporen normativamente en el futuro.
Al respecto, se observa que el artículo 48 de la Constitución Política, consagra la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, y como un derecho irrenunciable de todos los habitantes, de conformidad con lo regulado por la ley; por su parte, el artículo 53 de la Carta, consagró, adicionalmente, como un derecho de los trabajadores, la garantía de la seguridad social.
“De esa manera ante cualquier eventualidad o afección de salud, el trabajador podrá acudir a las entidades respectivas para obtener la atención que sea necesaria, en atención a que la finalidad de la cobertura a seguridad social es amparar a los trabajadores y a sus beneficiarios en los daños o deterioros a los que está expuesta la salud y la vida, y los riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y vejez” (16) .
En efecto, el artículo 153 de la Ley 100 de 1993 contempla la obligatoriedad para todos los habitantes de afiliarse al sistema general de seguridad social en salud y, en consecuencia, dispone que le corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a dicho sistema. El artículo 161 ibídem señala, como uno de los deberes del empleador, inscribir en alguna EPS a todas las personas que tengan alguna vinculación laboral, ya sea verbal o escrita, temporal o permanente. En materia de pensiones tal obligación se encuentra prevista en los artículos 15 y 22 del mismo ordenamiento, y el artículo 271, por su parte, señala las sanciones a las cuales se hace acreedor el empleador cuando por cualquier medio impida o atente contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral. Dicha norma prescribe:
“Sanciones para el empleador. El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al fondo de solidaridad pensional o a la subcuenta de solidaridad del fondo de solidaridad y garantía del sistema general de seguridad social en salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”.
3.3. Debe destacarse que la jurisprudencia ha señalado (17) que cuando el empleador ha sido negligente con el cumplimiento de su obligación de afiliar a los trabajadores a una entidad promotora de salud, no se le puede trasladar ese descuido al trabajador, sino que aquel debe asumir directamente y en forma total esa responsabilidad, cuestión que se refleja en el cubrimiento de los costos que demanden los servicios médicos, como consultas, medicamentos, tratamientos, atención por maternidad, etc.
“... al estudiar con detenimiento el momento de la afiliación y de la cotización al sistema de salud, se evidencia que las consecuencias del incumplimiento de las dos relaciones encuentran claras coincidencias y diferencias legales. Así, la negativa a la afiliación, como es obvio, no vincula jurídicamente a la entidad administradora de seguridad social, y el empleador se obliga a asumir directamente el pago de los servicios médicos (L. 100/93, art. 161). En consecuencia, si no hay afiliación, la entidad promotora de salud no debe prestar los servicios al trabajador, comoquiera que ‘la existencia del sistema de seguridad social no desplaza la obligación primaria radicada en cabeza del patrono’. No obstante, la inobservancia de la obligación de cotizar a la seguridad social genera sanciones moratorias, administrativas y disciplinarias en caso de que el incumplimiento del deber se ocasione por culpa de un servidor público. Igualmente, si el patrono no transfiere a las EPS las sumas retenidas, no solamente se encuentra sujeto a las sanciones administrativas y económicas previstas por la Ley 100 de 1993 sino que además su conducta podría ser penalmente sancionada, pues estaría desviando recursos que no son suyos, ya que tales dineros, tal y como esta Corte lo ha precisado, son contribuciones parafiscales afectadas a propósitos específicos” (18) .
“El artículo 48 de la Constitución consagra el derecho irrenunciable de todos los habitantes a la seguridad social, la cual podrá ser prestada por entidades públicas o privadas. La Ley 100 de 1993, que creó el sistema de seguridad social integral, consagró en su artículo 161 los deberes y responsabilidades de los empleadores a quienes corresponde inscribir a sus empleados a una EPS, o en caso de no hacerlo o de no girar oportunamente las cotizaciones, tienen la obligación de cubrir la totalidad de los gastos que requieran sus empleados en materia de salud (19) ” (20) .
Se observa por otra parte, que la jurisprudencia, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia, ha reconocido de tiempo atrás, el distinto origen de los reconocimientos a los que tiene derecho una persona que sufre un daño y que recibe, de un lado, el pago de las prestaciones derivadas de una relación laboral y de otro, el pago de la indemnización de perjuicios sufridos con ocasión del hecho dañoso imputable a un tercero, sea un particular o el Estado mismo; así, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, en cierta ocasión, sostuvo:
“Tal cual aparece demostrado en el expediente, a la fecha del fallecimiento de Edelberto Niño Granados (jun. 27/86), este era trabajador al servicio de la Electrificadora de Santander S.A., y, en consecuencia, al momento de su muerte, con las condiciones y el lleno de los requisitos legales para el efecto, su cónyuge Alix Marina Quiñones y su hija Lizeth Karina Niño Quiñones, adquirieron el derecho a devengar la suma correspondiente a la pensión de sobrevivientes, que tiene su origen en la relación de índole laboral que ligaba al de cujus con la empresa mencionada y en su carácter de afiliado al Instituto de los Seguros Sociales, prestación esta que es por completo independiente del derecho que asiste a las demandantes a ser indemnizadas por la responsabilidad civil extracontractual cuya declaración solicitaron al iniciar este proceso contra los recurrentes en casación, comoquiera que esta indemnización tiene origen en el accidente causado por el vehículo SK 5842, afiliado a la Empresa Copetrán Ltda., en desarrollo de una actividad peligrosa. De suerte que, siendo independiente la causa de estas prestaciones a favor de la viuda y la hija de Edelberto Niño Granados, mal podría aceptarse que la parte demandada pudiese descontar del monto de la indemnización por ella debida, el valor de las sumas pagadas a las demandantes en virtud de la relación laboral que su esposo y padre tenía con una empresa diferente y, como trabajador afiliado al ISS, pues, en tal caso, el responsable civilmente de una actividad peligrosa, a la postre resultaría obteniendo un beneficio de lo que las leyes de carácter laboral han previsto en beneficio del trabajador y su familia, sin que hubiere ninguna causa de orden jurídico ni norma expresa en contrario, y, siendo ello así, a expensas de lo que paga el Seguro Social, se disminuiría el valor de la indemnización a cargo de la parte demandada, por el daño ocasionado a los damnificados por su actividad, es decir, que, vendría a lucrarse por el hecho de que la víctima del accidente estuviere afiliada al Instituto de Seguro Social. No hay pues, pese a lo afirmado en el tercero de los cargos de la primera demanda de casación una doble indemnización” (21) (las negrillas son de la Sala).
Por su parte, el Consejo de Estado también se ha pronunciado sobre las distintas prestaciones e indemnizaciones que surgen en estos casos y la posibilidad de acumularlas o no; en sentencia del 3 de mayo de 2007, sostuvo (22) :
“Es preciso poner de presente que la señora María Disney Sánchez Betancourth y el menor Sergio Andrés Méndez Sánchez, en calidad de esposa e hijo del fallecido patrullero Nelson Méndez Rodríguez, fueron beneficiarios del reconocimiento por parte de la entidad pública demandada de las siguientes prestaciones sociales: compensación por muerte y cesantía, correspondientes a un monto total de $ 11’522.720,44, de conformidad con los artículos 49, 50, 61, 64, 66, 68, 70, 72, 78 y 77 del Decreto 1091 de 1995 “Por el cual se expide el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995”. Ello, a través de la Resolución 00732 de julio 30 de 1997 (copia auténtica de la Res. 00732/97 a fl. 52A, cdno. pruebas).
Posteriormente, el subdirector general de la Policía Nacional expidió la Resolución 1220 de diciembre 11 de 1997, mediante la cual se reajustó el anterior valor en una suma de $ 6’882.874,64, en consideración a que el occiso había prestado sus servicios a la institución durante 5 años, 5 meses y 3 días y que su baja se debió a muerte en actos del servicio. Así mismo, se señaló que en cumplimiento del artículo 69 del Decreto 1091 de 1995 la cónyuge supérstite y el hijo del patrullero Méndez, tienen derecho a una pensión mensual por muerte equivalente a $ 255.638 para cada uno, la cual se extingue para la cónyuge, por muerte o cuando contraiga nupcias o haga vida marital y, para el hijo, por muerte, constitución de familia, independencia económica o por haber llegado a la edad de 21 años, al tenor de artículo 77 ibídem (copia auténtica de la Res. 1020/97 a fl. 54, cdno. pruebas).
Lo anterior lleva a la Sala a analizar si, cuando por causa de un daño el damnificado con el mismo recibe compensaciones de diferentes fuentes —reconocimiento y pago de las prestaciones sociales— procede o no la acumulación de dichos beneficios, con la indemnización plena proveniente de la responsabilidad del Estado por un daño que se le ha imputado.
Al respecto, reitera la Sala su posición (23) según la cual, para determinar si es procedente la acumulación de beneficios, es pertinente revisar las causas jurídicas de los mismos y, si existe o no la posibilidad de subrogación de quien pagó, en la acción que tenía la víctima frente al autor del daño y, respecto de las causas de los beneficios. Se debe tener presente además que, la única prestación que tiene carácter indemnizatorio es aquella que extingue la obligación del responsable:
“Así, la intención de quien compensa a la víctima debe ser extinguir su obligación, si se trata del pago por otro, frente al daño causado; de lo contrario, no habrá una indemnización o reparación del perjuicio sino el cumplimiento de una obligación con carácter diferente, ya sea legal o contractual.
En conclusión, cuando un tercero, cuya intención no era la de extinguir la obligación del responsable del daño, otorga a la víctima un bien que total o parcialmente repone el que fue dañado, y la ley no establece a favor de aquel el derecho a subrogarse en la acción de esta última, se podrán acumular la prestación entregada por ese tercero y la indemnización debida por el causante del perjuicio (24) .
Las anteriores precisiones resultan, también, aplicables cuando quien paga a la víctima es el responsable, pero no lo hace con la intención de extinguir la obligación de indemnizar el daño causado, sino en cumplimiento de una obligación de otra naturaleza, ya sea legal, contractual, o, simplemente, impulsado por sentimientos de caridad o beneficencia” (25) .
En efecto, cuando en el ordenamiento jurídico de manera previa se establecen una serie de compensaciones, reconocimientos patrimoniales y prestacionales especiales —que en derecho francés se han denominado “indemnización a forfait” (26) — su reconocimiento es compatible con la indemnización a cargo de quien es encontrado responsable de un daño, por cuanto la causa jurídica de la primera es la ley y, la causa jurídica de la indemnización plena proveniente de la responsabilidad, es el daño mismo. En otras palabras, los dos beneficios: el a forfait y la prestación indemnizatoria a cargo del responsable del daño, tienen causas jurídicas distintas y por lo tanto no se excluyen entre sí (27) .
En el caso en estudio, a la esposa y al hijo del patrullero fallecido, la entidad pública demandada les reconoció las prestaciones sociales consolidadas y la compensación por muerte, así como una pensión de sobrevivientes, de conformidad el Decreto 1091 de 1995. Entonces, la causa jurídica por la cual se llevó a cabo dicho reconocimiento es el mencionado decreto y, aquella que justifica el reconocimiento de una indemnización a cargo de la Nación en el presente proceso, es el daño antijurídico que se le imputa, por ser además la única prestación que tiene la virtud de extinguir la obligación reparatoria a su cargo.
Por lo tanto, la compensación legal por muerte y las prestaciones sociales consolidadas, reconocidas a los familiares del patrullero Méndez Rodríguez, no son incompatibles con la indemnización de perjuicios que se liquidará en la presente providencia, en consecuencia, no hay lugar a descuento ni tampoco a subrogación, por cuanto esta última no está prevista legalmente —Código de Comercio, artículo 1096—”.
Es clara entonces la diferencia que existe entre el régimen prestacional derivado de las relaciones laborales y del sistema general de seguridad social —obligación cuya fuente es la ley—, en el cual la competencia para conocer de las controversias que se puedan suscitar entre los distintos actores del mencionado sistema le ha sido atribuida a la jurisdicción laboral, y la obligación indemnizatoria derivada de la responsabilidad estatal por los daños que el Estado puede ocasionar con sus actuaciones u omisiones, en concreto, para el presente caso, los derivados del ejercicio de la actividad médico asistencial desplegada por entidades estatales, cuyo juzgamiento es de exclusiva competencia de esta jurisdicción contencioso administrativa.
El régimen de responsabilidad patrimonial
En el presente proceso, la parte actora alegó que se le causó un daño imputable al Estado, proveniente de la “... incapacidad relativa y permanente en el pie del afectado, pendiente de evaluación definitiva de carácter laboral, dejándole de todos modos como secuela, una deformidad locomotiva permanente e irreparable” al señor Farid Guillermo Bermejo Velásquez, debido al descuido en el tratamiento y por colocarle yeso en una herida abierta en su pie izquierdo; con ocasión de este daño, los demandantes reclaman la indemnización de perjuicios morales para todos, y además, materiales y fisiológicos para el lesionado, Farid Guillermo.
La responsabilidad que se imputa a la entidad demandada, proviene de la prestación del servicio médico asistencial a uno de los demandantes por parte del Hospital Central Militar, por cuanto según sus afirmaciones, dicho servicio no fue adecuado, hubo error en el tratamiento del lesionado, “... a quien aplicaron yeso en la curación de la pierna, provocando la infección de la herida y el daño irreversible del miembro inferior a resultas de una intervención quirúrgica que requirió la sección de una parte del tendón de Aquiles...”.
Al respecto, observa la Sala que el tratamiento jurisprudencial de la responsabilidad por la prestación de servicios de salud a cargo de la administración pública, ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años, puesto que inicialmente, se manejó con fundamento en el régimen de la falla del servicio probada, tanto respecto del daño proveniente del deficiente funcionamiento de los servicios médico asistenciales, como en relación con el causado por actos médicos propiamente dichos; en consecuencia, bajo este régimen de responsabilidad, la carga de la prueba recaía en la parte actora, a quien le correspondía acreditar tanto la existencia del daño alegado, como la falla del servicio y el nexo causal entre esta y aquel.
En 1992 se produjo un cambio, pues la jurisprudencia de la Sala consideró que no podía dárseles el mismo tratamiento a estos dos eventos: deficiente funcionamiento de los servicios médico asistenciales y actos médicos, teniendo en cuenta la complejidad que envolvía a estos últimos y las dificultades que implicaba para los pacientes desde el punto de vista probatorio, el acreditar los daños causados con ellos; por tal razón, mientras la responsabilidad por la atención hospitalaria y asistencial siguió rigiéndose por la falla probada del servicio, que exige acreditar los tres elementos constitutivos de la misma, cuando se tratara de establecer una responsabilidad médica, o sea aquella en la que interviene la actuación del profesional de la medicina en materias tales como diagnóstico, tratamiento, procedimientos quirúrgicos, etc., en los que está en juego la aplicación de los conocimientos científicos y técnicos de la ciencia de la medicina, la jurisprudencia asumió la inversión de la carga de la prueba respecto del elemento “falla”, presumiendo su existencia y radicando en cabeza del demandante únicamente la carga de probar el daño y su nexo con el servicio; acreditados estos dos elementos de la responsabilidad, le correspondía a la entidad demandada para exonerarse de la misma, la obligación de acreditar que su actuación fue oportuna, prudente, diligente, con pericia, es decir, que no hubo falla del servicio, o romper el nexo causal, mediante la acreditación de una causa extraña, como lo son la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho también exclusivo y determinante de un tercero (28) ; este fue el régimen conocido como de la falla del servicio presunta:
“Esta solución surge en aquellos casos en los cuales, por las particulares circunstancias en las que se produce el hecho dañoso, es la entidad demandada quien está en mejores condiciones de aportar la prueba; por ejemplo, cuando se aduce que el daño provino de una intervención quirúrgica, a la cual desde luego quienes tienen acceso y conocen todas sus incidencias, son precisamente los profesionales que la practicaron, mientras que el paciente o los parientes de este, se hallan en imposibilidad de aportar las pruebas necesarias para acreditar la falla que se pudiera haber presentado por desconocer tanto la ciencia, como las incidencias mismas del procedimiento” (29) .
En sentencia del 10 de febrero de 2000, Expediente 11.878, la Sala consideró que la aplicación en términos tan definitivos del principio de las cargas probatorias dinámicas, tal y como se venía manejando por la jurisprudencia, podía conducir a desvirtuar su propio fundamento, porque existían casos en los cuales “... los hechos y circunstancias relevantes para establecer si las entidades públicas obraron debidamente...” no tenían implicaciones técnicas o científicas, estando el paciente en mejores condiciones para probarlos, por lo cual lo procedente era que él lo hiciera y no que también en estos casos se invirtiera la carga de la prueba, porque precisamente en eso era que consistía la mencionada teoría de las cargas probatorias dinámicas.
Al respecto, en sentencia del 1º de julio de 2004 (30) , dijo la Sala:
“Así las cosas, se concluye que la demostración de la falla en la prestación del servicio médico asistencial será carga de la parte demandante, a menos que aquella resulte extraordinariamente difícil o prácticamente imposible y dicha carga se torne, entonces, excesiva. Solo en este evento y de manera excepcional, será procedente la inversión del deber probatorio, previa la inaplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil —que obligaría a la parte actora a probar siempre el incumplimiento por el demandado de su deber de prestar debidamente el servicio mencionado—, por resultar la regla en él contenida, en el caso concreto, contraria a la equidad, prevista en el artículo 230 de la Constitución Política como criterio auxiliar de la actividad judicial (31) ”.
Y en sentencia del 13 de julio de 2005 (32) , acotó:
“Quiere decir lo anterior, que la Sala retomó el régimen jurídico probatorio aplicable en materia contencioso administrativa, teniendo en cuenta para ello que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, “En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del procedimiento civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.
Específicamente sobre el deber de probar los hechos fundamentales del proceso, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil establece que “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, consagrando así el principio de la carga de la prueba, según el cual, al demandante le corresponde acreditar los hechos en los cuales edifica sus pretensiones.
De acuerdo con lo anterior, aún tratándose de la responsabilidad extracontractual del Estado derivada de una actividad médico asistencial a su cargo, cuando se demande buscando la indemnización de perjuicios que según la víctima del daño se produjeron con ocasión de una actuación u omisión atribuible a autoridades o entidades médicas y hospitalarias estatales, por actos médicos o asistenciales, en principio le corresponderá al interesado probar los extremos de tal responsabilidad; es decir, la existencia del daño antijurídico, y su imputabilidad a la parte demandada.
Dicha exigencia legal en materia probatoria, se ve morigerada en aquellos casos en los cuales, por razones de equidad, deba ser la entidad demandada quien asuma la carga probatoria, porque en razón de las especiales características del hecho a acreditar a ella le resulte más fácil aportar los medios de prueba mientras que para el demandante representaría una carga excesiva, como sucede por ejemplo, con las incidencias de los procedimientos quirúrgicos, que se adelantan a puerta cerrada en salas a las que solo ingresa el personal autorizado y el paciente que será sometido a cirugía, y que por la misma razón no está en condiciones de enterarse de nada de lo que allí suceda”.
También sobre el tema de la carga de la prueba, la Sala ha sostenido que resulta necesario tener en cuenta las consecuencias que se desprenden del incumplimiento por las partes respecto de su deber de lealtad procesal, al dificultar con sus actuaciones u omisiones el recaudo probatorio necesario (33) :
“Sin embargo, no es necesario modificar las reglas probatorias señaladas en la ley para hacer efectivas las consecuencias que se derivan de la violación del deber de lealtad de las partes, dado que el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, establece que el juez podrá deducir indicios de su conducta procesal.
Así, por ejemplo, de la renuencia a suministrar la historia clínica, o hacerlo de manera incompleta, o no documentar datos relevantes de la prestación médica, puede inferirse el interés de la parte de ocultar un hecho que le resulta adverso a sus intereses; como puede serlo también en contra de la parte demandante, el negarse a la práctica de un examen médico con el fin de establecer la veracidad de las secuelas que hubieran podido derivarse de una intervención, o el ocultar información sobre sus antecedentes congénitos, que por ejemplo, pudieran tener incidencia sobre la causa del daño aparentemente derivado de la intervención médica”.
Con relación al nexo causal entre el daño y la actividad de la administración, también ha reiterado la Sala que él debe aparecer debidamente acreditado puesto que no se presume, aunque en reconocimiento de la dificultad que surge en no pocas ocasiones para lograr tal prueba, por los elementos de carácter científico que pueden estar involucrados y que resultan de difícil comprensión y demostración por parte del interesado, se admite para ello “... que la demostración de la causalidad se realice de manera indiciaria, siempre que, dadas las circunstancias del caso, resulte muy difícil —si no imposible— para el demandante, la prueba directa de los hechos que permiten estructurar ese elemento de la obligación de indemnizar” (34) .
Queda claro entonces, que en la medida en que el demandante alegue que existió una falla del servicio médico asistencial que produjo el daño antijurídico por el cual reclama indemnización, como sucede en el sub lite, deberá acreditar los tres extremos de la misma: la falla propiamente dicha, el daño antijurídico y el nexo de causalidad entre aquella y esta, por lo cual, resulta procedente ahora, analizar cuáles hechos fueron probados en el presente caso.
De acuerdo con lo anterior, resulta necesario entonces, establecer los hechos probados en el plenario, para deducir a partir de los mismos, si se acreditó o no la responsabilidad que se le imputa a la entidad demandada.
2.1. El señor Farid Guillermo Bermejo Velásquez es hijo de los señores Adalberto Bermejo Marriaga y Silvia Rosa Velásquez, y hermano de Milena Patricia, Adalberto Segundo, Martha Ligia, Beatriz Cecilia, Atrix Mercedes, Dunia del Socorro y Ana del Carmen Bermejo Velásquez (documentos públicos. Registros civiles de nacimiento fls. 1-9, cdno. 3).
2.2. El 30 de agosto de 1996, el jefe de división del archivo general del Ministerio de Defensa certificó que Farid Guillermo Bermejo Velásquez ingresó al ejército “como soldado dado de alta en el Batallón Santander el 6 de febrero de 1992, y fue dado de baja por incapacidad relativa y permanente, según la OAP Nº 1-047 de 1994 del comando del ejército, novedad con fecha de 1º de julio de 1994” (Certificado original fl. 36, cdno.3).
2.3. El 30 de agosto de 1996, el jefe de división del archivo general del Ministerio de Defensa, certificó que el 23 de junio de 1993 el soldado Farid Guillermo Bermejo Velásquez se encontraba en servicio activo, en ejercicio de sus funciones y pertenecía al batallón Santander (certificado original fl. 35, cdno.3).
2.4. En el acta de junta médica laboral Nº 907 de 1º de junio de 1994, registrada en la dirección de sanidad del ejército, consta lo siguiente:
“Sección traumática tendón de Aquiles izquierdo. Necrosis del pie. Se realizó colgajo y reparación del tendón quedando como secuelas: A) limitación severa movimientos cuello pie izquierdo B) cicatrices dolorosas pierna y talón de pie izquierdo.
Conceptos de los especialistas
Ortopedia: Concepto del especialista: Hace año y medio sección - traumática tendón de Aquiles miembro inferior izquierdo.
Necrosis piel. Se realizó colgajo e injertos piel luego de reparación T. injertos. Concepto: Cicatrices a nivel tendón de Aquiles izquierdo dolorosa. Limitación de movimientos de tobillo. Úlcera superficial de 3 cm de diámetro cara radial tobillo izquierdo. Fdo. Dr. Otalora ESP. Basán” (fls. 41-34, cdno. 3).
2.5. En el informativo administrativo por lesiones, elaborado por el Comandante del batallón Nº 15 de Santander, consta que el 15 de junio de 1993, cuando el soldado Bermejo Velásquez se encontraba en una finca del municipio de Origueca (Magdalena) disfrutando de permiso, al realizar labores junto con su familia, pisó un vidrio de botella cortándose el tendón de Aquiles. Fue conducido por sus familiares a un puesto de salud de Origueca donde le prestaron los primeros auxilios; posteriormente regresó por término de permiso a la Base Militar de Morales (sur de Bolívar) pero al transcurrir los días la herida siguió infectándose por lo que se trasladó al batallón Santander de donde fue conducido al Hospital Regional de Ocaña, diagnosticándosele lesión antigua del tendón de Aquiles izquierdo con signos de infección, por lo que se remitió al Hospital Militar Central (fl. 44, cdno.3).
2.6. Mediante Resolución 12021 del 11 de noviembre de 1994, el subsecretario general del Ministerio de Defensa Nacional reconoció en favor de Farid Guillermo Bermejo Velásquez y con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 94 de 1989, una indemnización por disminución de la capacidad laboral en un 33,27%, por valor de $ 1’723.850 (fls. 62 y 63, cdno. 3).
2.7. En la historia clínica del señor Bermejo Velásquez, remitida al proceso por el jefe de la sección de bioestadística del Hospital Militar Central (fls. 73 y ss., cdno. 3), consta que el paciente ingresó el 4 de julio de 1993 a dicha institución, con trauma en el pie izquierdo; en el resumen de la historia, se lee (fl. 76):
“Paciente de 25 años quien presentó ruptura tendón de Aquiles izquierdo realizándosele reparación quirúrgica el día 23-jul-93 tenorrafía tendón aquiles con posterior infección de la herida quirúrgica y périda (sic) de la tenorrafia. En revista del servicio de ortopedia se decide trasladar a servicio de cirugía plástica para cubrimiento cutáneo y posteriormente por consulta externa según evolución programar injerto (Alloinjerto o injerto de dacrón) se da salida por ortopedia y traslado a cirugía plástica.
— El mismo día 4 de julio, fue hospitalizado en el servicio de ortopedia, en donde se registró de la historia clínica, que se trata de paciente de 24 años de edad, remitido del municipio de Ocaña, que sufrió hace dos semanas herida con objeto cortante (vidrio) en región del tendón de Aquiles, motivo por el cual fue visto inicialmente en el municipio de Morales (Bolívar), en donde le suturaron la herida; “Hace 4 días presenta dehiscencia (35) de herida y es visto en Ocaña donde lavan herida y colocan férula larga posterior en equino y lo remiten con Dx de ruptura del tendón de Aquiles”; al examen que se le practicó en ortopedia del Hospital Militar, se encontró “... herida transversa sobre tendón de Aquiles de 5 cm con secreción serosa. Prueba de (ilegible) presente. No déficit neurovascular distal. IDx: Ruptura parcial del tendón de Aquiles izquierdo herida sobreinfectada. Cx: Se realiza curación de la herida y se coloca férula larga posterior MII con rodilla flexión de 30 grados y tobillo en equino. Se hospitaliza para continuar manejo” (fl. 141, cdno. 3).
— Desde el día de su ingreso a ortopedia y hasta la fecha de la cirugía de reparación que le fue practicada, que se produjo el 22 de julio de 1993, el paciente presentó buen estado general, estuvo asintomático, afebril, hidratado, con buena perfusión distal; fue sometido a curaciones diarias y se le suministró droga —heparina, prostafilina, acetaminofén y dicloxacilina— (36) (fls. 78 a 84, cdno. 3).
— El 22 de julio de 1993, se llevó a cabo cirugía de reparación del tendón de Aquiles, mediante la técnica de Linhonm, procedimiento que no tuvo complicaciones (fl. 84, cdno. 3).
— El 26 de julio siguiente, al 5º día posoperatorio de la tenorrafia (37) del tendón de Aquiles, habiendo disminuido el dolor en la zona de la cirugía, se retiró la tapa posterior del yeso y se observó dehiscencia de dos puntos, sin evidenciarse secreción purulenta, por lo que se ordenaron curaciones diarias y mantener el pie en alto, y se le suministró lactato ringer (1.000 cc 24 horas), prostafilina (antibiótico) y lisalgil intravenosos.
— Así permaneció hasta el 28 de julio, cuando sí presentó tendón expuesto y secreción purulenta, por lo que se ordenaron 2 curaciones diarias, se diagnosticó sobreinfección de la herida, se tomó nueva muestra para cultivo y se inició manejo con un antibiótico adicional —cefalexina— (fls. 86 a 89, cdno. 3).
— El 30 de julio de 1993, el paciente fue examinado por el departamento de cirugía plástica, registrándose en la historia clínica que presenta infección de la herida, la cual aparece cruenta, de 4 cm de diámetro, secreción purulenta, tejido necrótico escaso, y exposición del tendón de Aquiles; “Idx: Área cruenta cara pos cuello de pie izquierdo con signos de infección. C/ Se inician curaciones para mejorar lecho cruento. Según evolución: Injertos vs. Colgajo Fc. local” (fl. 90, cdno. 3).
— El 2 de agosto se le practicó al paciente lavado quirúrgico, y se le siguieron haciendo curaciones diarias de la herida, manteniendo el suministro de droga —antibiótico, analgésico— (fls. 91 a 93, cdno. 3).
— Se consulta nuevamente con cirugía plástica el 5 de agosto de 1993, que evalúa al paciente y al día siguiente, 6 de agosto, este departamento advierte que “ante tejido no granulado, se cierra interconsulta con Cx plástica. Por favor cuando el área cruenta esté apta para el injerto, solicitar nueva IC a Cx plástica” (fl. 96, cdno. 3).
— Ese mismo día, ortopedia registra en la historia clínica que se practicó “lavado debridamiento”. No hay continuidad del tendón. Extremos separados, permanecen suturas con monofilamento. Tendón próximo y distal dehiscente, secreción purulenta escasa, piel bien. Lavado con 3.000 cc SIN” (fl. 96, cdno. 3).
— El 7 de agosto se anota que el paciente está afebril, con poco dolor, neurovascular distal normal, y estable; así mismo, consta en la historia que se le siguen suministrando antibióticos y se le prescribe dieta hiperproteica; anotación similar aparece para el día 8 de agosto, en el que el paciente refiere leve dolor (fls. 96 y 97, cdno. 3).
— El 9 de agosto, el departamento de cirugía anotó que el paciente presenta área cruenta sobreinfectada y dehiscencia de tenorrafia tendón de Aquiles; dice que “... se comentó el paciente en revista general del servicio y se decidió cerrar IC hasta que el área cruenta esté apta para el cubrimiento cutáneo favor pasar nueva IC” (interconsulta) (fl. 97, cdno. 2).
— Se continúa con el mismo manejo 9 y 10 de agosto de 1993, y el 11 del mismo mes, se anota que “El tendón se encuentra en pérdida 100% continuidad y sin infección activa por lo cual se programará reparación...” (fl. 98, cdno. 3).
— Se anota que el día 10 de agosto se efectuó lavado quirúrgico debridando bordes necróticos, sin complicaciones, y los días 12, 13 y 15 del mismo mes, se anotó que el paciente seguía alerta, afebril e hidratado, que se hicieron curaciones diarias y consta que se le siguieron suministrando los antibióticos prescritos (fl. 99, cdno. 3).
— El 16 de agosto las anotaciones son similares, pero se advierte además que el vendaje está limpio, y en cuanto a la dieta, se le cambia a una hiposódica; el 17 se anota nuevamente que la venda está limpia, que el paciente está pendiente de programar y se vuelve a dieta normal y se ordena suspender la prostafilina, retirar (ilegible) (fl. 101, cdno. 3).
— El 18 y 19 de agosto, se anota que el paciente se halla pendiente de control de infección para reconstrucción quirúrgica y que el plan es el de “curación diaria”; en el mismo sentido son anotaciones de los días 20, 21 y 22 de agosto de 1993 (fls. 102 y 103, cdno. 3).
— El 23 de agosto, se decide nueva interconsulta con cirugía plástica, para cubrimiento cutáneo y diferir reconstrucción del tendón de Aquiles; El servicio de cirugía plástica anota que el paciente, ya conocido del servicio, “... presenta área cruenta talón de 5 x 3 cm con fondo sucio mostrando tendón distal del Aquiles suelto y necrótico. Se considera por nuestro servicio, que si no se realizarán nuevos procedimientos Qx [quirúrgicos] al tendón se podría cerrar con injertos de pien (sic) previo debridamiento del muñón del tendón. Si se realizarán nuevos procedimientos se podría cubrir con colgajo. Favor definir conducta futura en la H. C.”. (fl. 104, cdno. 3).
— El 25 de agosto de 1993, ortopedia registra en la historia clínica que “Por parte de ortopedia no se realizará ningún tratamiento quirúrgico en esta hospitalización. Se programará cirugía cuando esté cubierto y se hará programado por consulta” (fl. 105, cdno. 3).
— El 26 de agosto, el servicio de cirugía anota que se encuentra “Área cruenta talón con secreción moderada, se continúa manejo con curaciones”; y el 27 del mismo mes, anota: “Área cruenta con abundantes detritus, exposición del Aquiles, se decide cobertura con colgajo [ilegible] debido a necesidad de nueva Qx” (fl. 106, cdno. 3).
— Sigue en iguales condiciones durante los días siguientes; el 2 de septiembre se registra que el área cruenta se encuentra limpia, sin infección y se ordena suspender la Cefalixina; al día siguiente, la herida sigue limpia, granulada, con exposición del talón de Aquiles (fl. 108, cdno. 3).
— Las observaciones e indicaciones continúan iguales, con curaciones diarias; el 10 de septiembre de 1993 se le hizo al paciente una valoración por rehabilitación, en donde se concluyó la existencia de discapacidad para la marcha, por lo cual “Se inicia manejo por RHB tendiente a conservar arcos de movimiento, entrenamiento en marcha” (fl. 112, cdno. 3).
— Se programa cirugía para el 15 de septiembre y se ordena mientras tanto seguir las mismas indicaciones: dieta corriente y continuar con las curaciones diarias (fl. 113, cdno. 3).
— El 13 de septiembre, se reitera que el plan es “cirugía el día miércoles 15 de septiembre. Posible colgajo de Masquelet. Se solicitan paraclínicos y reserva de sangre”. En las prescripciones se ordenó suspender el acetaminofén, dieta corriente, práctica de parcial de orina y cuadro hemático, reservar sangre y efectuar al siguiente día la demarcación del colgajo más fotografía clínica (fl. 114, cdno. 3).
— El 14 de septiembre, el paciente es valorado por anestesiología, y al día siguiente, 15 de septiembre, es intervenido quirúrgicamente sin complicaciones, según nota operatoria en la que consta que se efectuó un procedimiento de “Colgajos: área cruenta de talón de Aquiles de ± 5x6 cm con exposición de fragmentos de tendón de Aquiles izquierdo”; se registró que hubo poco sangrado y se consignaron las prescripciones en cuanto alimentación, posición del paciente, droga y cuidados para el mismo (fls. 115 y 116, cdno. 3).
— El control posoperatorio se efectúa día a día (fls. 117 a 122, cdno. 3), advirtiendo desde el primer día posoperatorio signos de sufrimiento, razón por la cual se aflojan los vendajes, se retira la férula y se sueltan los puntos; el 18 de septiembre es valorado por junta médica, que encuentra colgajo ademizado de coloración violácea, con aparente congestión venosa importante con sangrado y temperatura adecuada; se inicia oxigoterapia de soporte, y se hacen otras recomendaciones; el 21 de septiembre, se practica procedimiento de desbridamiento, y se consigna:
“POP día 6 colgajo F.C. de flujo reverso (Masquelet).
Colgajo con sufrimiento por congestión venosa ocurrida en 24 hs. POP. Se efectúa desbridamiento de superficie distal del mismo donde hay tejido graso-cutáneo acartonado necrótico. Irrigación de lidocaína sobre borde residual, y gasa por imbibición a ese nivel. Pronóstico reservado. Se esperará evolución completa para ver zona residual”.
— Se impartieron las prescripciones necesarias: dieta hiperproteica, abundantes líquidos por vía oral, suspender líquidos parenterales, suspender keflin, suministrar cefalexina 500 mg vía oral cada 6 horas, ASA 100 mg vía oral al día, Acdol idem, vitamina C y Alopurinol idem, mantener pierna elevada (fl. 122, cdno. 3).
— El paciente continúa al cuidado del servicio de cirugía, por cuanto ortopedia manifestó que no haría ningún otro procedimiento en esta hospitalización; diariamente es revisado el estado del paciente y se le hacen curaciones, estando pendiente de “nueva cobertura”; presenta necrosis del colgajo, por lo que se le practica nuevo desbridamiento el 11 de octubre de 1993 y el 14 del mismo mes, se le efectúan injertos de piel; todos los días aparecen anotaciones en la historia clínica con las recomendaciones de los médicos que examinan al paciente, quienes ordenan no hacer curaciones en este posoperatorio, hasta el día 19 en que se reinician, estando pendiente de reinjertación; el 23 de octubre, se encuentra el “área cruenta granulando satisfactoriamente” y se ordena seguir el mismo manejo, hasta el 27, cuando se imparten órdenes distintas porque al día siguiente, 28 de octubre, será intervenido nuevamente para el reinjerto (fls. 122 in fine y ss., cdno. 3).
— El 1º de noviembre de 1993, el servicio de rehabilitación anota en la historia clínica que el paciente evoluciona satisfactoriamente hacia la mejoría, se encuentra mejoría de arcos de movilidad en cuello de pie, necrovascular distal normal, y que se encuentra pendiente de salida; por su parte, cirugía encuentra que en el 5º día del posoperatorio de injertos de la región aquiliana, el paciente está asintomático, buen estado general, afebril, hidratado; los injertos integrados en su totalidad, viables, sin signos de infección, con vendajes limpios, buena evolución. Como plan, se indica: “Curaciones pasado mañana jueves 4 noviembre. Por residente” (fl. 157, cdno. 3).
2.8. El 4 de febrero de 1997, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de fisiatra forense, dictaminó sobre la herida sufrida por el señor Farid Guillermo Bermejo Velásquez. En su informe se lee lo siguiente:
“(...) sufrió herida en talón de Aquiles izquierdo, junio de 1993 con sección del tendón aquiliano, con fragmento de vidrio.
Inicial manejo en el Hospital de Ocaña, y trasladado al Hospital Militar el 23 de julio de 1993, reconstrucción en el Hospital Militar, saliendo en noviembre de 1993, desde entonces no ha recibido ningún otro tratamiento.
Al examen actual presenta:
1. Cicatriz en cara externa de pierna izquierda de 5 cm, circular que se continúa a lo largo de la cara externa de pierna hasta llegar al cuello de pie y hacerse posterior, en área de 15 cm.
2. Movilidad de cuello de pie hace plantiflexión activa y pasiva completa, normal. La dorsiflexión llega hasta neutivo faltándole 25º de dorsi.
3. Marcha funcional. Igualmente lo hace en puntas y con ligera dificultad en talones.
4. Ascenso de rampas, gradas, etc. Normal.
Presenta como deficiencia una limitación de la dorsiflexión del cuello del pie izquierdo (pierde 20º).
No se comprueba ninguna otra deficiencia.
No hay discapacidades.
No hay minusválidas.
El señor Farid Guillermo Bermejo Velásquez, tiene una pérdida de la capacidad laboral del 3% de carácter permanente” (original fl. 149, cdno. 3).
2.9. El 5 de agosto de 1996, se practicó el testimonio del señor Mario Romero Mesa quien afirmó ser médico de profesión y jefe del servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital Militar Central; el testigo manifestó que efectivamente, el señor Farid Guillermo Bermejo Velásquez fue valorado por esa institución y que se trataba de “un paciente que había sufrido una herida cortante en el talón de Aquiles con el antecedente de que había sido atendido en una zona rural de Morales Bolívar, en donde frecuentemente estos pacientes que sufren este tipo de accidentes se infectan fácilmente”; sostuvo que posteriormente, el paciente fue enviado a Ocaña y finalmente al Hospital Militar, institución a la que llegó infectado gravemente. Por último manifestó que las conductas médicas que se efectuaron para el manejo del paciente, fueron ajustadas a los protocolos y a la práctica médica (fls. 11 y 12, cdno. 3).
2.10. En la misma fecha, depuso el señor Alcides Velásquez Linero quien manifestó ser el médico jefe del servicio de cirugía plástica del Hospital Militar Central; sobre los hechos de la demanda, afirmó que “sin tener en cuenta el tiempo transcurrido entre el momento del accidente del paciente y su atención en el Hospital de Morales Bolívar y su llegada posteriormente al Hospital Militar Central, con un tiempo transcurrido entre más o menos unos 15 días considero que hubo una gran demora de la llegada del paciente a la institución militar, ya con visos de una infección que considero grave para su evolución posterior”, y que “las medidas tomadas desde el mismo momento de ingreso del paciente al Hospital Militar Central, fueron claras, correctas y debidamente las indicadas en los protocolos de atención” (fls. 23 y 14, cdno. ppal.).
2.11. El 18 de abril de 1997, se recibió el testimonio del señor Gustavo Adolfo Beltrán Zuccardy quien dijo ser médico del Hospital Militar y afirmó que el paciente llegó a esa institución “complicado, con una infección severa de tejidos blandos y sección completa del tendón de Aquiles, el tratamiento que se le instauró fueron lavados y desbridamiento de la herida, cultivos y antibiogramas y dándole el antibiótico de acuerdo al resultado del antibiograma, posteriormente cuando el (sic) soldado se le controló la infección se le procedió a practicarle (sic) rafida del tendón de Aquiles con alargamiento del mismo, procedimientos que son heroicos para tratar de medio restablecerle la función de su pie, durante el posoperatorio el soldado presentó una dicencia de sutura, lo cual es una complicación que se debería esperar por la calidad de esos tejidos que era muy mala”. Manifestó además, que se hizo interconsulta con el servicio de cirugía plástica, que manejó la herida hasta que cicatrizó; y que las complicaciones se explican, porque al paciente no se le dio el tratamiento adecuado pues, entre otras cosas, este fue remitido casi un mes después de haberse presentado la lesión (fls. 151 a 154, cdno. 3).
De acuerdo con los medios de prueba aportados en debida forma al plenario, se acreditó que el señor Farid Guillermo Bermejo era miembro del Ejército Nacional desde el 6 de febrero de 1992, cuando ingresó como soldado del batallón Santander y que permaneció en las Fuerzas Armadas hasta el 1º de julio de 1994, cuando fue dado de baja por incapacidad relativa y permanente.
Así mismo, se probó que, conforme al informe administrativo por lesiones efectuado por el comandante del batallón de infantería 15 “Santander” (fl. 44, cdno. 3), el día 15 de junio de 1993, el soldado Farid Guillermo Bermejo, que se encontraba disfrutando de un permiso, se dedicaba junto con su familia a ejecutar labores de excavación de una zanja para construir un muro, en la finca Catalín, del municipio de Origueca, departamento del Magdalena, cuando accidentalmente pisó un vidrio —pedazo de botella— y se lesionó la pierna derecha, siendo conducido inmediatamente por sus familiares al puesto de salud municipal, donde le prestaron los primeros auxilios; que terminado el permiso, el uniformado se reintegró a la Base Militar de Morales (sur de Bolívar), de donde días después, fue trasladado al Hospital Regional de Ocaña, siendo diagnosticada “lesión antigua del tendón de Aquiles izquierdo con signos de infección”, siendo posteriormente remitido al Hospital Militar Central.
Se probó así mismo, que la lesión sufrida por el soldado Bermejo Velásquez fue de cierta gravedad, puesto que resultó suficiente para que en junta médico laboral le dictaminaran una disminución de la capacidad laboral, del 33,27%, la cual dio lugar a que se le reconociera una indemnización consecuencial, y así mismo, medicina legal dictaminó que existía para la época en que fue evaluado por esta entidad, una deficiencia consistente en la limitación de la dorsiflexión del cuello del pie izquierdo, equivalente al 20% (fls. 41 a 47 y 149, cdno. 3).
En relación con los cargos que se aducen en la demanda en contra de la Nación - Hospital Militar Central y que a juicio de la parte actora configuran una falla del servicio, puesto que se alega que hubo una atención y un tratamiento erróneos que condujeron a la incapacidad del demandante señor Bermejo Velásquez y que produjeron por lo tanto, los perjuicios por los cuales se reclama indemnización, la Sala observa:
A pesar de que la herida inicial se produjo el día 15 de junio de 1993, según consta en el informativo administrativo por lesiones (fl. 145, cdno. 3) —entre otras cosas, el único medio de prueba relativo a la fecha de ocurrencia de los hechos sin que en parte alguna conste tampoco, prueba sobre la extensión del permiso que gozaba el demandante cuando se lesionó, ni de la fecha en la que ingresó nuevamente al servicio—, solo hasta el día 4 de julio de 1993, ingresó a urgencias del Hospital Militar Central, en donde se registró que se trataba de paciente remitido con concepto de ortopedista particular por lesión del tendón de Aquiles izquierdo, de acuerdo con la historia clínica remitida al proceso (fl. 140, cdno. 3).
Y el estudio cuidadoso de la historia clínica correspondiente a la atención que recibió el señor Farid Guillermo Bermejo desde el día de su ingreso al Hospital Militar Central, resulta demostrativo, a juicio de la Sala, de que el paciente fue constantemente atendido y que recibió los tratamientos, procedimientos y medicamentos que su estado requería, sin que se advierta en parte alguna que se hubiera obrado en su atención con negligencia, descuido o impericia.
En la demanda, el único hecho que aduce la parte actora como constitutivo de una grave falla del servicio y que fue la que produjo la infección de la herida y consecuentemente el grave daño irreversible del miembro inferior del lesionado, es el de haberle sido colocado un yeso en la curación de la pierna; sin embargo, en parte alguna obra prueba, de un lado, de que efectivamente se le hubiera aplicado yeso a la herida, puesto que de las anotaciones de la historia clínica, lo que se desprende es que el miembro inferior izquierdo lesionado y sometido a diferentes procedimientos quirúrgicos, fue inmovilizado con férulas (38) ; y de otro lado, tampoco se aportó elemento probatorio alguno en el sentido de que el procedimiento adelantado con los medios descritos en la historia clínica, hubiera sido la causa del daño por el que se reclama en la demanda.
De lo hasta aquí expuesto, se concluye que en realidad en el plenario no obra prueba que permita inferir, con visos de realidad, que la conducta asumida por los médicos y personal de la entidad demandada constituyó la causa regular y adecuada del evento dañino por el que se reclama, esto es, la incapacidad relativa y permanente del pie izquierdo del demandante Farid Guillermo Bermejo, así como la deformidad “locomotiva” permanente e irreparable (fl. 10, cdno. 1); al contrario, aparece acreditado que, a pesar de haber sufrido la lesión consistente en ruptura del tendón de Aquiles con bastantes días de anterioridad a su ingreso a la entidad hospitalaria demandada y de que al momento de su entrada por urgencias ya se encontraba infectada la herida de su pie, a partir de los procedimientos y tratamientos médico quirúrgicos que se practicaron en el Hospital Militar Central, el demandante logró una recuperación casi total, al punto que, cuando fue valorado por medicina legal, varios años después de su salida del Hospital Militar, esta entidad lo encontró casi perfecto, detectando como secuela una disminución de su capacidad de flexionar el pie, que calculó en un 20%, lo que a su juicio representaba apenas, una disminución de su capacidad laboral del 3%.
Las consideraciones anteriores, llevan a la Sala a la conclusión de que la sentencia de primera instancia merece ser confirmada, y así lo hará.
Confírmase la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de julio de 1998.
(1) La pretensión mayor se formuló por concepto de perjuicios fisiológicos o daño a la vida de relación, por el monto de $ 80.000.000, suma que supera la exigida a esa fecha (mar. 13/95) para que un proceso fuese conocido en primera instancia, que ascendía a $ 9’610.000.
(2) Sentencia del 24 de abril de 2008, Expediente 15903, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(3) La Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones, estableció en materia de salud, que los trabajadores vinculados por contrato de trabajo y servidores públicos pertenecen al régimen contributivo del sistema general de seguridad social en salud (art. 157) y en su libro tercero, el sistema general de riesgos profesionales, regulando todo lo atinente a la invalidez por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, su calificación, las pensiones a que da lugar, las prestaciones médico asistenciales, etc.
(4) El artículo 2º de la Ley 712 de 2001, que reformó el Código de Procedimiento Laboral, le atribuyó a la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, la competencia para conocer de las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.
(5) Al respecto, se pueden consultar las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, del 7 de septiembre de 2000, Expediente 12.544 y del 7 de junio de 2007, Expediente 15.722.
(6) Sentencia del 7 de septiembre de 2000, ya citada.
(7) Específicamente en relación con los conflictos de competencia suscitados entre la jurisdicción ordinaria laboral y la jurisdicción contencioso administrativa frente a la solución de controversias surgidas de daños ocasionados por el servicio público de salud, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, que conforme a lo dispuesto por los artículos 256 numeral 6º de la Constitución Política y 112 numeral 2º de la Ley 270 de 1996, tiene a su cargo dirimir tales conflictos, ha resuelto que le corresponde la competencia a la jurisdicción contencioso administrativa. Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias: del 7 de febrero de 2007, Exp. 110010102000 200700102, M.P. Temístocles Ortega Narváez; del 16 de octubre de 2001, Exp. 20021385 01/664-C, M.P. Guillermo Bueno Miranda; y del 14 de diciembre de 2001, Exp. 20010428 01/556-C, M.P. Guillermo Bueno Miranda.
(8) Sentencia del 2 de febrero de 1995, Expediente 9273, M.P. Juan de Dios Montes Hernández.
(9) Artículo 2º de la Constitución Política.
(10) Long, M. y otros, Les Grands Arrets de la Jurisprudence Administrative, París, Dalloz, 1993, pág. 1.
(11) Expediente 298. Actor: Ira Elischa Washburn. M.P. Carlos Gustavo Arrieta. ACE, T. 62, Nº 387 a 391, pág. 154.
(12) Sección Tercera. M.P. Carlos Portocarrero Mutis. A.C. de E., T. LXXII, Nº 413-414, pág. 257.
(13) Nota de la transcripción: “García de Enterría, Eduardo, Los principios de la nueva ley de expropiación forzoza, op. cit., págs. 211-212”.
(14) Mir Puigpelat, Oriol; “La responsabilidad patrimonial de la administración: Hacia un nuevo sistema”, Civitas Ediciones, S.L.; Madrid, España, 2002, págs. 143 a 146.
(15) Sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia: del 13 de febrero de 2007, Expediente 29519, M.P. Carlos Isaac Nader; y del 22 de enero de 2008, Expediente 30621, M.P. Eduardo López Villegas.
(16) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-382 del 30 de julio de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
(17) Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-005 de 1995, T-120 de 1999, ya citadas, T-848 del 26 de octubre de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y T-1058 del 5 de octubre de 2001 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
(18) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-177 del 4 de mayo de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
(19) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-347 del 27 de marzo de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández).
(20) Sentencia de la Corte Constitucional, T-1014 del 15 de octubre de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(21) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de junio de 1996, Expediente 4662, M.P. Pedro Lafont Pianetta; citada por el autor Javier Tamayo Jaramillo en su Tratado de responsabilidad civil. t. II., Legis Editores S.A. 2ª ed. 2007; págs. 645 y 646.
(22) Expediente 25020. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(23) Se reiteran los planteamientos esgrimidos en: Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de marzo 1º de 2006, Expediente 14002 y, sentencia de abril 26 de 2006, Expediente 17529.
(24) Tamayo Jaramillo, Javier, “De la responsabilidad civil”, tomo IV, Ed. Temis, Bogotá, 1999. Pág. 228.
(25) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de julio 14 de 2004, Expediente 14308, C.P. Alier Hernández.
(26) Respecto de la indemnización a forfait, ver entre otras las siguientes sentencias: Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, julio 25 de 2002, Expediente 14001, C.P. Ricardo Hoyos; agosto 19 de 2004, Expediente 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; agosto 10 de 2005, Expediente 16205, C.P. María Elena Giraldo; marzo 1º de 2006, Expediente 15997, C.P. Ruth Stella Correa y marzo 30 de 2006, Expediente 15441, C.P. Ramiro Saavedra.
(27) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de noviembre 27 de 2006, Expedientes acumulados 15583 y 17287, C.P. Ramiro Saavedra.
(28) Sentencia del 30 de julio de 1992, Expediente 6897. Actor: Gustavo Eduardo Ramírez.
(29) Sentencia del 14 de diciembre de 2004; Expediente: 12.830. Actor: Libardo Garcés y/o M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(30) Expediente 14696. M.P. Alier E. Hernández E.
(31) Sobre la aplicación de la equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial, que permite la corrección de la ley para evitar una consecuencia injusta no prevista por el legislador, ver sentencias de la Corte Constitucional C-1547 de 2000 y SU-837 de 2002.
(32) Expediente 13.542 (R-1243). Actor: Ángela Patricia Gómez y/o M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(33) Sentencia del 31 de agosto de 2006. Expediente 15.772. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(34) Sentencia de 14 de junio de 2001. Expediente 11.901.
(35) Dehiscencia: Separación de una incisión quirúrgica o ruptura del cierre de una herida. Diccionario de Medicina Océano Mosby.
(36) Diccionario de Medicina Océano Mosby: Dicloxacilina sódica: Agente antibacteriano. Indicaciones: Tratamiento de las infecciones estafilocócicas, especialmente las debidas a cepas de estafilococos productores de penicilinasa.
Heparina: Mucopolisacárido natural que actúa en el organismo como factor antitrombina evitando la coagulación intravascular. Es producida por los basófilos y los mastocitos que se encuentran en gran número en el tejido de los pulmones y el hígado. La sal sódica de la heparina se utiliza como fármaco anticoagulante. Heparina sódica: Anticoagulante. Indicaciones: Tratamiento y profilaxis de diversas enfermedades tromboembólicas.
Prostafilina: Antibiótico.
Cefalexina: Antibacteriano de la familia de las cefalosporinas. Indicaciones: Tratamiento oral de ciertas infecciones.
(37) Teno: Pefijo que significa “relativo o perteneciente a un tendón”; Rafia: Sufijo que significa “sutura”. Diccionario de Medicina Océano Mosby.
(38) Férula: Dispositivo ortopédico para inmovilizar, limitar el movimiento o sostener cualquier parte del cuerpo. Puede ser rígida (de metal, escayola o de madera) o flexible (de fieltro o piel). Férula larga para la pierna: Férula ortopédica que se aplica para inmovilizar la pierna desde los dedos del pie hasta la porción superior del muslo. Se utiliza en el tratamiento de las fracturas y luxaciones de la rodilla, para mantener la posición e inmovilización de la rodilla, la pierna y el tobillo después de ciertas intervenciones quirúrgicas y para corregir, o mantener la corrección del pie, la pierna y la rodilla.