Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0474_ES.html
Timestamp: 2019-09-22 23:42:21
Document Index: 10168519

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 102', 'artículo 116', 'artículo 4', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 101', 'artículo 101', 'artículo 39', 'artículo 101', 'artículo 209', 'artículo 101', 'artículo 222', 'artículo 42', 'artículo 39', 'artículo 101', 'artículo 39', 'artículo 101', 'artículo 150', 'artículo 172', 'artículo 167', 'artículo 209', 'artículo 101', 'artículo 222', 'artículo 164', 'artículo 222']

469k 86k
sobre el Informe anual sobre la política de competencia
Ponente: Michel Reimon
– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 7, 8, 9, 11,12, 39, 42, 101 a 109 y 174,
– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 35, 37 y 38,
– Vistos el informe de la Comisión, de 18 de junio de 2018, sobre la política de competencia 2017 (COM(2018)0482) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo acompaña, publicado en esa misma fecha,
– Visto el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado,
– Visto el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas,
– Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 9 de julio de 2014, titulado «Hacia un control más eficaz de las concentraciones de empresas en la UE» (COM(2014)0449),
– Vista la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de marzo de 2017, encaminada a facultar a las autoridades de competencia de los Estados miembros para aplicar la normativa con más eficacia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior (COM(2017)0142) (Directiva REC+),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de julio de 2016, relativa al concepto de ayuda estatal a que se refiere el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C(2016)2946),
– Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2014, sobre los acuerdos de cooperación de la UE para el cumplimiento de la política de competencia – el camino hacia adelante(1),
– Vistas las normas, directrices, decisiones, resoluciones, comunicaciones y documentos pertinentes de la Comisión en materia de competencia,
– Vistas sus Resoluciones, de 19 de abril de 2018(2) y de 14 de febrero de 2017(3), sobre los informes anuales sobre la política de competencia de 2017 y 2016 respectivamente,
– Visto el estudio de julio de 2018 titulado «Competition issues in the Area of Financial Technology (Fin Tech)» (Cuestiones de competencia en el ámbito de la tecnología financiera), encargado por el Grupo de trabajo sobre Competencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,
– Vistas las respuestas de la Comisión a las preguntas escritas E-000344-16, E-002666-16 y E-002112-16,
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 12 de diciembre de 2018, sobre el Informe de la Comisión de 18 de junio de 2018 sobre la política de competencia 2017,
– Visto el informe de la Comisión, de 10 de mayo de 2017, sobre el Informe final de la investigación sectorial sobre el comercio electrónico (COM(2017)0229),
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0474/2018),
A. Considerando que la política de competencia ha estado en vigor durante más de sesenta años y que una política de competencia de la Unión sólida y efectiva siempre ha sido una piedra angular del proyecto europeo;
B. Considerando que la evasión y la elusión fiscales generan una competencia desleal que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes);
C. Considerando que el blanqueo de capitales y la evasión y la elusión fiscales dañan la distribución equitativa de los ingresos fiscales en los Estados miembros y, por consiguiente, distorsionan la competencia en el mercado interior;
D. Considerando que la elusión fiscal a gran escala por parte de empresas y particulares con grandes patrimonios no solo penaliza al contribuyente de a pie, a las finanzas públicas y al gasto social, sino que también supone una amenaza para la buena gobernanza, la estabilidad macroeconómica, la cohesión social y la confianza pública en las instituciones de la Unión y de los Estados miembros;
E. Considerando que determinados gobiernos y jurisdicciones, algunos de ellos pertenecientes a la Unión, han creado o se han especializado en regímenes fiscales preferenciales que distorsionan la competencia en beneficio de las empresas multinacionales y los particulares con grandes patrimonios que, en realidad, no despliegan una genuina actividad económica dentro de estas jurisdicciones, sino que solamente están representados en ellas mediante sociedades fantasma;
1. Considera que una política de competencia destinada a garantizar unas condiciones de competencia equitativas en todos los sectores es una piedra angular de la economía social de mercado europea y un factor clave en la garantía del funcionamiento adecuado del mercado interior; acoge con satisfacción el Informe de la Comisión sobre la política de competencia 2017, así como las actividades y los esfuerzos desplegados por dicha institución para garantizar la aplicación efectiva de las normas de competencia en la Unión en beneficio de todos los ciudadanos de la Unión, especialmente de aquellos en una posición de consumidor débil; pide asimismo a la Comisión que siga garantizando la plena aplicación de las normas de competencia de la Unión, prestando especial atención a las dificultades a que se enfrentan las pymes, y que evite su aplicación desigual en los Estados miembros;
2. Acoge con satisfacción y sigue alentando el diálogo estructurado con la comisaria de Competencia y los esfuerzos de la Comisión por mantener una cooperación estrecha con los miembros de la comisión competente del Parlamento y su Grupo de trabajo sobre la política de competencia; considera que el Informe anual de la Comisión sobre la política de competencia es un ejercicio indispensable en términos de control democrático; recuerda que, en los últimos años, el Parlamento ha participado mediante el procedimiento legislativo ordinario en la configuración del marco de las normas de competencia, por ejemplo en la propuesta de Directiva REC+; señala que el Parlamento debe tener poderes de codecisión para configurar el marco de las normas de competencia y lamenta que no se haya reforzado la dimensión democrática de este ámbito de la política de la Unión en las recientes modificaciones de los Tratados; pide que se modifiquen los Tratados en consecuencia;
3. Pide a la Comisión que analice cuidadosamente el considerable perjuicio que la concentración propuesta de Siemens y Alstom puede tener sobre la competitividad del mercado ferroviario europeo, y sus efectos negativos para los usuarios de los ferrocarriles, que se enfrentarían a precios más altos, menos opciones y niveles más bajos de servicios, calidad e innovación; señala que es probable que la concentración propuesta perjudique al mercado del material rodante de alta velocidad, a los trenes de largo recorrido y a los trenes de metro, así como a toda la infraestructura ferroviaria, al crear una posición dominante en el sector de la señalización en la Unión, y en concreto en Estados miembros como Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos, Rumanía, España y el Reino Unido;
4. Observa que la Comisión elaboró una propuesta legislativa para crear en 2018 un producto paneuropeo de pensiones individuales, que consistiría en un fondo de pensiones privado; destaca que esta propuesta legislativa se inspiró originalmente en el gigante corporativo estadounidense de servicios financieros BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, que construyó aproximadamente dos tercios de su imperio —valorado en seis billones USD— sobre las pensiones, y fue propuesta por la Comisión tras una considerable presión por parte de BlackRock; ve, además, cada vez más pruebas de que los grandes gestores de activos como BlackRock obstaculizan la competencia en los mercados reales y entre empresas; pide a la Comisión que sea especialmente vigilante con los riesgos de posición dominante en el mercado para los productos de pensiones privadas;
5. Subraya que los consumidores son los principales beneficiarios de una competencia efectiva en el mercado único europeo;
6. Acoge favorablemente la investigación sobre el cártel de camiones; toma nota con satisfacción de que la Comisión no solo estudió el impacto del cártel compuesto por los grandes fabricantes de camiones sobre los precios de los camiones, sino que sancionó además que colaborasen entre ellos para retrasar la introducción de camiones más limpios;
7. Subraya que las normas de competencia se basan en los Tratados y que, tal y como viene consagrado en el artículo 7 del TFUE, deberían interpretarse a la luz de los valores europeos más generales en los que se sustenta la legislación de la Unión en materia de asuntos sociales, economía social de mercado, normas medioambientales, política sobre el clima y protección de los consumidores; considera que la aplicación de la legislación de la Unión en materia de competencia debería abordar todas las distorsiones del mercado, incluidas las creadas por externalidades sociales y medioambientales negativas;
8. Opina que la política de competencia debe actuar como catalizador para ayudar a promover la transición energética en el conjunto de la Unión, estimular la integración económica y social en Europa, fomentar las actividades agrarias ecológicamente sostenibles y limitar la capacidad de las grandes empresas energéticas para elevar los precios de los suministros energéticos;
9. Señala que, incluso cuando los productos o servicios se suministran gratuitamente, especialmente en la economía digital, los consumidores pueden tener que seguir enfrentándose a prácticas injustas, como una degradación de la calidad, de las opciones disponibles o de la innovación, o a prácticas extorsivas; opina que las normas de competencia de la Unión y su aplicación deberían trascender un enfoque centrado en los precios y tener en cuenta consideraciones más generales, como la calidad de los productos y servicios, también en relación con la privacidad de los ciudadanos;
10. Señala los inmensos cambios en los mercados resultantes de la continua evolución tecnológica, que, por un lado, ofrece oportunidades y, por otro, plantea desafíos; destaca, a este respecto, el papel fundamental que desempeña la política de competencia en el desarrollo ulterior del mercado único digital; subraya la urgente necesidad de un marco que, al tiempo que promueve la innovación de datos y los nuevos modelos de negocio, aborde eficazmente los retos de la economía basada en datos y algoritmos; subraya, en particular, que algunas plataformas digitales con capacidad para acceder a flujos de datos cada vez mayores y controlarlos pueden generar economías de escala y unas externalidades de red considerables, y dar lugar a deficiencias del mercado por una concentración excesiva y a la extracción de rentas por un poder de mercado abusivo; acoge favorablemente, en este contexto, el nombramiento de consejeros especiales para la comisaria que se van a centrar en los futuros desafíos de la digitalización para la política de competencia, y espera con interés sus conclusiones y recomendaciones de actuación; subraya la necesidad de un enfoque común a escala de la Unión sobre estas cuestiones;
11. Subraya que los usuarios no suelen ser conscientes de hasta qué punto sus datos se utilizan y transmiten a terceros con fines comerciales o de mercadotecnia; pide a la Comisión que, de conformidad con el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58/CE (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), vele por que las empresas digitales solo aprovechen los datos personales una vez que el abonado o usuario interesado hayan dado su consentimiento expreso, y que, sin dicho consentimiento, los datos no puedan transmitirse a terceros con los que la empresa o plataforma tenga un acuerdo; considera, por consiguiente, que los mercados digitales deben evaluarse desde una perspectiva pluridisciplinar, ya que un comportamiento anticompetitivo puede acarrear infracciones en otros ámbitos jurídicos, como la legislación en materia de protección de datos y defensa de los consumidores; destaca que una respuesta adecuada exigiría que diferentes autoridades competentes trabajasen conjuntamente, en particular las autoridades en materia de competencia, defensa de los consumidores y protección de datos, tal y como se sugiere en la iniciativa de un mecanismo de centralización(4) del Supervisor Europeo de Protección de Datos;
12. Pide a la Comisión que organice una audiencia con empresas tecnológicas en la que invite a los directores ejecutivos de Google, Facebook y Apple a fin de debatir, en particular, cómo recopilan y utilizan los datos personales de los consumidores terceros países; expresa su preocupación por que los usuarios, los reguladores y, en ocasiones, incluso los desarrolladores de aplicaciones y los anunciantes ignoran el alcance del flujo de datos que se transmite desde los teléfonos inteligentes a los grupos de publicidad digital y otras terceras partes; señala que los datos recopilados por terceros a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes pueden incluir desde información del perfil, como la edad y el sexo, hasta detalles de ubicación, incluyendo datos sobre torres de telefonía móvil cercanas o enrutadores wifi, además de información sobre todas las demás aplicaciones de un teléfono; cree que la Unión debería capacitar a los ciudadanos para entender los problemas de monopolio y concentración relacionados con estas empresas de rastreo;
13. Pide a la Comisión, a este respecto, que considere que el control de los datos necesario para la creación y prestación de servicios constituye un indicador de la existencia de poder de mercado, en particular en el marco de sus orientaciones sobre el artículo 102 del TFUE, y que exija interoperabilidad entre las plataformas en línea y los proveedores de redes sociales; señala asimismo la evolución de los algoritmos autodidactas y la inteligencia artificial, en particular cuando terceras partes los ofrecen a las empresas, así como su impacto sobre la naturaleza de la actividad del cártel; exige que la Comisión facilite información pormenorizada sobre estas cuestiones en su próximo informe anual sobre la política de competencia;
14. Considera importante garantizar el buen funcionamiento de los mecanismos de recurso colectivo de la Unión que tienen por objeto garantizar que los consumidores afectados por prácticas contrarias a la competencia reciban una compensación adecuada;
15. Considera necesario garantizar el derecho a la portabilidad transfronteriza de modo que las limitaciones existentes en este derecho hoy en día no se consoliden como prácticas legítimas de mercado; considera importante, por otra parte, terminar con el uso abusivo e injustificado de los bloqueos basados en razones geográficas y cuyo supuesto amparo en derechos de propiedad intelectual son inconsistentes;
16. Considera que los umbrales jurisdiccionales que establecen el punto de partida para que la Unión lleve a cabo el control de una operación de concentración, basados en los volúmenes de negocios de las entidades objetivo y compradora, no son siempre adecuados para la economía digital, cuyo valor es a menudo representado, con fines publicitarios, por el número de visitantes de un sitio web; propone que estos umbrales se revisen y adapten para incluir, entre otros, factores tales como el número de consumidores afectados por las concentraciones y el valor de las transacciones asociadas;
17. Subraya que los obstáculos a la entrada en algunos ámbitos de la economía digital son cada vez más insuperables, ya que, cuanto más se perpetúan las prácticas injustas, más difícil resulta invertir sus efectos anticompetencia; considera que las medidas provisionales pueden ser una herramienta útil a la hora de garantizar que la competencia no se vea afectada durante el curso de una investigación; afirma, a este respecto, que la Comisión debería hacer un uso efectivo de las medidas provisionales, garantizando al mismo tiempo el respeto de las garantías procesales y el derecho de defensa de las empresas objeto de la investigación; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de llevar a cabo un análisis de si existen medios para simplificar la adopción de medidas provisionales en un plazo de dos años a partir de la fecha de transposición de la Directiva REC+; recomienda a la Comisión, en este sentido, que aprenda de las mejores prácticas de otras jurisdicciones;
18. Pide a la Comisión que adopte medidas más ambiciosas para eliminar los obstáculos ilegítimos a la competencia en línea a fin de garantizar compras en línea sin barreras dentro de la Unión, que realice un seguimiento de los límites de precios en sectores como las plataformas en línea de alojamiento y de turismo, y que garantice que los consumidores tengan un acceso transfronterizo a una amplia gama de bienes y servicios en línea a precios competitivos; pide a la Comisión que lleve a cabo una investigación sectorial en el mercado de la publicidad para comprender mejor las dinámicas del mercado de la publicidad en línea y detectar prácticas anticompetitivas que sea necesario abordar en el marco de la aplicación del Derecho de competencia, como ya han hecho algunas autoridades nacionales;
19. Subraya que la digitalización de la economía moderna conlleva cambios en la lógica económica tradicional; hace hincapié, por tanto, en que cualquier sistema fiscal debe considerar que la digitalización es la nueva normalidad para todos los sectores de nuestra economía; toma nota de la propuesta de la Comisión relativa al establecimiento de normas para la fiscalidad de la economía digital; subraya que la fiscalidad digital debe abordar las asimetrías entre la economía tradicional y las nuevas prácticas económicas con base digital, y evitar obstaculizar la digitalización y la innovación y crear fronteras artificiales en la economía; subraya la importancia de encontrar soluciones internacionales y enfoques comunes en materia de fiscalidad en la economía digital; pide a la Comisión que prosiga sus esfuerzos en los foros internacionales, en particular la OCDE, para alcanzar dicho acuerdo;
20. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión relativa al impuesto sobre los servicios digitales como una medida fundamental para garantizar que el sector digital pague la parte de impuestos que le corresponde hasta que se adopte una solución permanente que permita gravar los beneficios donde se crea valor;
21. Reitera que la competencia en el sector de las telecomunicaciones es esencial para impulsar la innovación y la inversión en redes, y que deben fomentarse unos precios asequibles y una gama amplia de servicios para el consumidor; considera que las llamadas dentro de la Unión siguen representando una importante carga para las empresas y los consumidores, y que las medidas destinadas a eliminar las tarifas de itinerancia en la Unión para los consumidores no son suficientes si se quiere seguir avanzando en el mercado único; reconoce que deben crearse incentivos para situar al mismo nivel las llamadas dentro de la Unión y las llamadas locales, facilitando para ello las inversiones en una red totalmente europea o compartida; opina que las políticas deben favorecer la inversión eficiente en nuevas redes y tener en cuenta el impacto sobre los consumidores, sin dejar de prevenir, al mismo tiempo, nuevas brechas digitales entre los hogares con rentas bajas y con rentas altas; pide a la Comisión que promueva el despliegue de banda ancha mediante el fomento de un alto nivel de competencia y que garantice un alto nivel de conectividad y un rápido despliegue de la 5G en toda la Unión a fin de garantizar la competitividad global de la Unión y atraer inversiones; opina que, al llevar a cabo lo anterior, es importante que la política de competencia tenga en consideración las especificidades de la implantación de la banda ancha en las zonas rurales, de manera que se atienda al interés público y se invierta la tendencia hacia una disparidad tecnológica creciente entre las zonas rurales y urbanas en materia de acceso;
22. Considera que las cuentas corrientes y de ahorro no deben traer aparejado el pago de comisiones para el usuario salvo que estén ligadas a servicios específicos;
23. Acoge favorablemente la decisión de la Comisión en materia de defensa de la competencia consistente en imponer a Google una multa de 4 340 millones EUR por prácticas ilegales en relación con los dispositivos móviles Android cuyo objetivo era reforzar la posición dominante del motor de búsqueda Google; pide a la Comisión que concluya en 2019 el asunto en materia de defensa de la competencia «Google Shopping», que se inició hace ocho años, concretamente, en noviembre de 2010; recuerda a la Comisión que concluya la investigación sobre el tratamiento que Google da en sus resultados de búsqueda a otros servicios especializados de búsqueda Google, incluidas las cuestiones relacionadas con la búsqueda local que Yelp planteó en su reciente denuncia; recomienda que la Dirección General de Competencia reflexione sobre la duración de los asuntos en materia de defensa de la competencia digital y sobre la herramienta más adecuada para abordarlos; pide, en particular, a la Comisión que considere la posibilidad de establecer plazos para los asuntos en materia de defensa de la competencia, como ya hace con los casos de concentraciones;
24. Reitera la necesidad de que la Comisión considere también la plena desagregación estructural de los monopolios de tecnologías digitales como posible solución que permita restablecer la competencia y unas condiciones de competencia equitativas dentro del mercado digital europeo;
25. Hace hincapié en que la efectividad de la aplicación del Derecho de competencia depende de una concepción adecuada de las medidas correctivas y de las pruebas a las que estas se someten; destaca que las medidas correctivas orientadas a los consumidores son importantes para restablecer la competitividad en un mercado, dado que ayudan a estos a tomar decisiones informadas y abordar las tendencias a la inercia; opina que, al diseñar medidas correctivas de comportamiento, la Comisión debería incorporar la economía del comportamiento como una disciplina de apoyo, como han hecho algunas autoridades nacionales en los últimos años;
26. Observa que el presidente de la Comisión se ha comprometido a presentar propuestas para mejorar la cooperación fiscal entre los Estados miembros mediante una obligación de responder a las solicitudes de grupo en materia tributaria, de forma que un Estado miembro pueda proporcionar a los demás toda la información necesaria para actuar contra los responsables de evasión fiscal transfronteriza, así como a elaborar propuestas de reforma fiscal en virtud del artículo 116 del TFUE, que requieren la codecisión del Consejo y del Parlamento, para eliminar la distorsión de las condiciones de competencia en el mercado interior;
27. Observa que la Comisión llegó a la conclusión de que Luxemburgo había concedido ventajas fiscales indebidas a Engie por un valor de aproximadamente 120 millones EUR y que el procedimiento de recuperación todavía sigue en curso; lamenta que el Gobierno luxemburgués haya decidido recurrir la decisión de la Comisión;
28. Toma nota de la decisión de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, sobre la investigación relativa a la ayuda estatal a McDonald’s, en la que afirmaba que la no imposición de determinados beneficios de McDonald's en Luxemburgo no constituye una ayuda estatal ilegal; opina que el actual Reglamento de la Unión no es adecuado para combatir eficazmente la doble no imposición ni para poner fin a la competición a la baja en los tipos del impuesto de sociedades;
29. Señala que, en dos casos recientes, y pese a que la Junta Única de Resolución (JUR) había llegado a la conclusión de que la resolución no podía justificarse por razones de interés público, la Comisión aprobó ayudas estatales alegando que mitigarían las perturbaciones económicas a nivel regional, demostrando así dos interpretaciones distintas de lo que puede considerarse «interés público»; pide a la Comisión que examine las discrepancias existentes entre las normas sobre ayudas estatales en el ámbito de las ayudas a la liquidación y el régimen de resolución previsto en la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias, y que, tras ello, revise en consecuencia su Comunicación bancaria de 2013;
30. Observa que una serie de estudios(5) han demostrado el coste social oculto y la competencia reducida de productos correspondientes a niveles más altos de concentración horizontal de la titularidad; pide, por tanto, a la Comisión que se plantee revisar el Reglamento de concentraciones en este sentido y facilite directrices sobre el uso de los artículos 101 y 102 del TFUE en estos casos;
31. Señala que las ayudas estatales temporales al sector financiero pueden haber sido necesarias para estabilizar el sistema financiero mundial a falta de instrumentos de resolución, pero que ahora deben controlarse y eliminarse; lamenta el carácter insuficiente de este control; reitera, por consiguiente, su petición a la Comisión para que examine si, desde el comienzo de la crisis, las entidades bancarias se han beneficiado de subvenciones implícitas y de ayudas estatales a través de los aportes de liquidez por parte de los bancos centrales; recuerda el compromiso adquirido por la comisaria Vestager en el diálogo estructurado con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento en noviembre de 2017 de reflexionar sobre las posibles distorsiones de la competencia derivadas del programa de compras de bonos corporativos del BCE y de presentar un informe al respecto que incluya un análisis cualitativo; hace hincapié, a este respecto, en que el concepto de selectividad en las ayudas estatales es un criterio esencial que se debe investigar en profundidad y remite además al artículo 4, apartado 3, del TUE, que recoge el denominado «principio de lealtad»;
32. Considera prioritario garantizar el cumplimiento estricto e imparcial de las normas sobre ayudas estatales cuando se aborden futuras crisis bancarias, a fin de que los contribuyentes estén protegidos contra la carga de los rescates bancarios;
33. Acoge con satisfacción la introducción por la Comisión de una herramienta anónima de denuncia que permita la denuncia de cárteles u otros tipos de prácticas anticompetitivas ilegales, para aumentar así la probabilidad de detección y enjuiciamiento; observa los resultados positivos obtenidos tras los primeros meses de uso;
34. Manifiesta su preocupación por que la creciente concentración en el sector financiero pueda reducir el grado de competencia en el sector, así como por la ausencia de un verdadero mercado interior bancario, al persistir la fragmentación en mercados nacionales;
35. Destaca que Europa necesita un marco sólido armonizado sobre notificación y fiscalidad de las sociedades para las empresas multinacionales, con divulgación de información desglosada por países y una base imponible consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS); recuerda que, además de las reducciones de costes tanto para las empresas como para las administraciones fiscales de los Estados miembros, la adopción de estas medidas solucionaría el problema de los precios de transferencia y garantizaría una competencia más leal dentro del mercado único;
36. Pide a la Comisión que siga evaluando medidas fiscales perjudiciales de los Estados miembros en el Semestre Europeo y que examine en su integridad las distorsiones de la competencia y los efectos colaterales en otras jurisdicciones;
37. Pide a la Comisión que prosiga e incluso amplíe sus esfuerzos en lo que respecta a las investigaciones sobre el abuso de posiciones dominantes en el mercado en detrimento de los consumidores de la Unión; pide a la Comisión que supervise al mismo tiempo los monopolios gubernamentales existentes y la legalidad de las licitaciones de concesión a fin de evitar cualquier distorsión excesiva de la competencia;
38. Subraya el efecto distorsionador que las ayudas estatales pueden tener sobre el funcionamiento del mercado interior; recuerda los estrictos requisitos de aplicación del artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE; observa que la mayoría de las decisiones en materia de defensa de la competencia y de ayudas estatales se adoptan a nivel nacional; considera, por lo tanto, que la Comisión debería supervisar y adoptar medidas para garantizar la coherencia de las políticas dentro del mercado interior; pide a la Comisión que lance una hoja de ruta para una mejor orientación de las ayudas estatales; acoge favorablemente los esfuerzos constantes de la Comisión por aclarar los diferentes aspectos de la definición de ayuda estatal, como demostró en su Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal a que se refiere el artículo 107, apartado 1, del TFUE; señala, en particular, los esfuerzos por aclarar los conceptos de «empresa» y «actividad económica»; observa, no obstante, que sigue siendo difícil marcar los límites entre actividades económicas y no económicas; apunta asimismo que corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea garantizar la correcta interpretación del Tratado; pide a la Comisión que, al aplicar las normas sobre ayudas estatales de la Unión, especialmente en el contexto del apoyo estatal a regiones aisladas, remotas o periféricas de la Unión, siga prestando especial atención a la prestación de servicios de interés económico general (SIEG), también en los sectores de la energía, el transporte y las telecomunicaciones; subraya que, al aplicar ayudas estatales a fin de promover servicios de interés general, el objetivo debería ser el beneficio de los consumidores y los ciudadanos, y no el refuerzo de intereses creados;
39. Subraya que, debido a la regla de la unanimidad existente en el Consejo, la fiscalidad sigue siendo principalmente una competencia nacional y que, por lo tanto, la elección de políticas depende de las opiniones y la orientación políticas de los respectivos Gobiernos y Parlamentos nacionales de los Estados miembros; observa, sin embargo, que el instrumento tributario puede utilizarse para conceder ayuda estatal implícita a las empresas, lo que puede crear condiciones de competencia desiguales en el mercado interior; subraya, por tanto, la necesidad de garantizar que las políticas fiscales nacionales no distorsionen la competencia leal y, por consiguiente, que la política fiscal y de competencia se aplique de manera coherente en el mercado interior; acoge con satisfacción que el Grupo de trabajo sobre ayudas estatales en forma de ventajas fiscales se haya convertido en un órgano permanente; pide que se dote a ese Grupo de trabajo de recursos humanos y herramientas de investigación suficientes; pide que se establezca claramente en qué situación se hallan las investigaciones sobre esa clase de ayudas estatales, incluido el número de casos que se están investigando;
hace hincapié en que, en el mercado interior, se penaliza a los nuevos operadores y empresas, incluidas las pymes, que no utilizan prácticas fiscales agresivas; acoge positivamente las investigaciones exhaustivas de la Comisión sobre las prácticas contrarias a la competencia, tales como las ventajas fiscales selectivas o los sistemas de resoluciones fiscales relativas a los beneficios extraordinarios; se congratula, en particular, de la orientación proporcionada en la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal y que abarca las resoluciones fiscales; pide a los Estados miembros que abandonen las prácticas de competencia desleal basadas en incentivos fiscales injustificados; pide al Consejo que adopte la propuesta sobre la BICCIS; lamenta que, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la Unión, los impuestos no pagados recuperados de los beneficiarios de ayudas fiscales ilegales sean devueltos al país que concedió la ayuda; pide a la Comisión que trabaje para subsanar este problema;
destaca que las negociaciones ulteriores con el Reino Unido deberían incluir el respeto de la competencia leal y una garantía de que el Reino Unido no pueda conceder ayudas estatales en forma de acuerdos fiscales de conveniencia;
40. Subraya la extrema concentración que se da en la cadena de suministro alimentario, en la que un par de empresas forman un oligopolio en el mercado mundial de las semillas y los plaguicidas, en detrimento de los consumidores, los agricultores, el medio ambiente y la biodiversidad; señala que una estructura de esta índole hará que los agricultores sean aún más dependientes tecnológica y económicamente de unas pocas plataformas únicas de venta integrada a escala mundial, reducirá las variedades de semillas, alejará las actividades de innovación de un modelo de producción que respete el medio ambiente y la biodiversidad y, en última instancia y como resultado de una menor competencia, reducirá la innovación y la calidad de los productos finales; pide a la Comisión que, en vista de la caída de las rentas agrarias, particularmente entre los pequeños agricultores, oriente su intervención a hacer posible unos ingresos dignos para los productores agrícolas, especialmente los pequeños y medianos agricultores;
41. Considera imprescindible un control más exhaustivo por parte de la Comisión del uso de patentes en el ámbito agrícola; señala que el uso abusivo de patentes impone exigencias productivas a los agricultores que limitan las opciones de mercado de los mismos, empobrece la diversidad biológica de los cultivos y distorsiona la competencia, además de limitar la innovación; observa que las medidas recomendadas fomentarán el crecimiento de un modelo agroindustrial que promueva el tránsito hacia una agricultura biológica y ecológicamente sostenible;
42. Acoge con satisfacción iniciativas como la de los «pueblos inteligentes», que alienta a que los asentamientos se vuelvan más ágiles, a hacer un mejor uso de sus recursos y a participar más activamente en la competencia del mercado único, así como a mejorar su atractivo y la calidad de vida de los residentes rurales;
43. Reconoce el potencial de la tecnología de cadena de bloques para los servicios financieros; advierte, sin embargo, de que debe regularse el uso de dicha tecnología para la recaudación de fondos a fin de evitar un dumping excesivo respecto de los mercados financieros regulados, así como riesgos para los inversores y riesgos de blanqueo de capitales; pide a la Comisión, a este respecto, que proponga un marco regulador para ofertas iniciales de criptomonedas;
44. Manifiesta su preocupación por la reciente aprobación de la concentración de Bayer y Monsanto por la Comisión y su reconocimiento de que, en su decisión, no tuvo en cuenta los objetivos consagrados en el TFUE, en particular la seguridad alimentaria y la protección de los consumidores, del medio ambiente y del clima;
45. Opina que es importante tomar medidas contra las empresas que intervienen en las fases comercializadoras y de distribución de la cadena agraria y que producen una distorsión en los mercados agropecuarios en detrimento de las rentas agrícolas y de los precios al consumidor;
46. Acoge con satisfacción el enfoque adoptado por la Comisión al evaluar las concentraciones horizontales, consistente en centrarse cada vez más en la competencia en materia de innovación, en particular en concentraciones que afecten a mercados con un uso intensivo de I+D, y señala que las concentraciones deberían evaluarse desde la perspectiva del mercado interior en su conjunto; pide asimismo a la Comisión que presente una revisión del Reglamento sobre concentraciones de la Unión y que analice hasta qué punto debería dotársele de la facultad, como ocurre ahora en muchos Estados miembros, de adoptar medidas para proteger el orden público europeo y los derechos y principios consagrados en el TFUE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, incluida la protección del medio ambiente;
47. Reitera la conclusión preliminar de la Comisión de que Google ha abusado de su posición dominante en el mercado en calidad de motor de búsqueda al conceder una ventaja ilegal a sus productos; destaca que es necesaria una absoluta separación estructural entre los servicios de búsqueda general y especializados de la empresa para poner fin a este abuso;
48. Observa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta el artículo 101 del TFUE teniendo en cuenta los diferentes objetivos de los Tratados; subraya, no obstante, que la interpretación restrictiva del artículo 101 del TFUE por las directrices horizontales de la Comisión se ha considerado cada vez más un obstáculo a la colaboración de operadores del mercado más pequeños para la adopción de normas medioambientales y sociales más estrictas; considera que la Comisión debería crear seguridad jurídica sobre las condiciones en las que los acuerdos colectivos de las organizaciones de productores, incluidas las cooperativas, sus asociaciones y las organizaciones interprofesionales, que se celebran a lo largo de toda la cadena de suministro alimentario en aras de la sostenibilidad y de unas normas laborales justas, serían objeto de una evaluación con arreglo a la legislación sobre competencia, y que debería fomentar estas iniciativas en el marco de la política de competencia; subraya que este enfoque no debería impedir producir bienes a precios más bajos, especialmente en sectores en los que los consumidores son más sensibles al precio; destaca asimismo la importancia del principio de proporcionalidad, lo que significa que los límites a la competencia no pueden exceder de lo necesario para alcanzar el interés general;
49. Destaca las metas y objetivos comúnmente acordados de la Unión de la Energía y, en concreto, las dimensiones de seguridad, descarbonización de la economía, solidaridad y confianza; subraya la importancia de asegurar que los mercados de la energía europeos se funden en el Estado de Derecho, la competencia, la diversidad de fuentes de energía y proveedores, la previsibilidad y la transparencia, y de impedir que cualquier operador del mercado, establecido en la Unión o en un tercer país, se aproveche de una posición dominante en detrimento de los competidores y los consumidores; aboga, a este respecto, por un control reforzado de los operadores del mercado y, cuando sea necesario, por la imposición de medidas y obligaciones a dichos operadores; señala, en particular, que es necesario abordar adecuadamente la estrategia empleada por determinadas empresas del sector de la energía de repartir el mercado del gas de la Unión y, por extensión, de infringir potencialmente las normas de defensa de la competencia de la Unión; reconoce además que los compromisos jurídicamente vinculantes asumidos por los Estados miembros en el Acuerdo de París sobre cambio climático no se materializarán sin medidas estatales concretas que promuevan, incentiven y hagan posible la producción y utilización de energías renovables; toma nota de la próxima revisión de las directrices sobre ayudas estatales y energía, en la que ya no quedarán excluidos dos de los sectores que más se benefician de las subvenciones del Estado —a saber, la energía nuclear y la extracción de combustibles fósiles— y que brindará una mayor flexibilidad a las energías renovables generadas por el consumidor; destaca la importancia de completar la Unión de la Energía a través de la integración de los mercados, en particular mediante la inversión en interconectores allí donde sea necesario y sobre la base de las condiciones del mercado y el potencial comercial, y mediante el aumento de la capacidad negociable en las interconexiones existentes; hace hincapié, por tanto, en que toda aprobación de ayuda estatal para los mecanismos de capacidad debe someterse a una prueba de necesidad estricta que incluya un examen de medidas alternativas, en particular un uso más eficiente de los interconectores existentes; subraya que los mecanismos de capacidad representan a menudo un coste considerable para los consumidores y funcionan como una «subvención encubierta», apoyando unas centrales eléctricas no rentables y contaminantes, lo que hace necesario garantizar que estos sistemas no estén abiertos a los activos más contaminantes a la hora de aprobar las ayudas estatales que se les concedan;
50. Subraya la necesidad de una mayor transparencia cuando se barajen asociaciones público-privadas a fin de reducir la posibilidad de que estas sean utilizadas por socios del sector privado para asegurar ventajas competitivas sobre sus competidores;
51. Acoge con satisfacción la investigación de la Comisión sobre las prácticas de fijación de precios para los medicamentos que salvan vidas, en particular en el caso que implicaba a Aspen;
52. Destaca la importancia de otorgar los mismos derechos a todas las compañías aéreas que operen vuelos con origen o destino en la Unión; reconoce que, tristemente, este no siempre es el caso con las compañías aéreas de la Unión que operan fuera de la misma, que son objeto de prácticas desleales que afectan a la competencia; pide a la Comisión que haga frente a las prácticas anticompetitivas que socavan además la legislación en materia de protección de los consumidores; subraya una vez más la importancia de garantizar una competencia leal entre las compañías aéreas de la Unión y de terceros países;
53. Subraya la importancia de un sector del transporte competitivo; observa que aún debe completarse el mercado único del transporte, siendo el sector ferroviario el más fragmentado; acoge favorablemente las medidas adoptadas por la Comisión para impulsar la finalización y mejora del funcionamiento del mercado interior para el transporte de pasajeros por carretera;
54. Reafirma que los nuevos proyectos de infraestructuras, incluidos aquellos que conectan a un Estado miembro con un tercer país, tienen que estar sujetos a la legislación de la Unión, en particular a las normas en materia de desagregación y de formación de los precios del mercado;
55. Subraya la importancia y la necesidad de que la Dirección General de Competencia de la Comisión y las autoridades nacionales competentes cuenten con unos recursos financieros y humanos adecuados, así como con los conocimientos informáticos y digitales necesarios para hacer frente a los retos que plantea la economía basada en datos y en algoritmos; apoya, a este respecto, la propuesta de creación de un componente sobre competencia en el programa del mercado único en virtud del marco financiero plurianual 2021-2027;
56. Subraya que, al tomar resoluciones en materia de competencia, la Comisión debe considerar el mercado interior como un mercado único, y no como distintos mercados locales o nacionales independientes;
57. Hace hincapié en que la cooperación internacional es fundamental para una aplicación efectiva de los principios relativos a la competencia y para evitar incoherencias en las vías de recurso y en los resultados de las medidas de ejecución; opina, a este respecto, que la mejor forma de mejorar las normas y prácticas de competencia a escala mundial es participar en debates imparciales y transparentes; apoya la participación activa de la Comisión y de las autoridades de competencia nacionales y, en su caso, regionales en la Red Internacional de Competencia;
58. Se congratula de la Directiva REC+, que mejorará de forma significativa la aplicación sistemática y efectiva del Derecho de competencia europeo en toda la Unión al garantizar que las autoridades de competencia nacionales dispongan de las herramientas, los recursos y las salvaguardias adecuados para preservar la independencia, incluido un proceso transparente para elegir o nombrar a sus cargos de dirección, y al dotarlas de la facultad de imponer multas disuasorias por infracciones de la competencia; aprecia la asistencia temprana prestada por la Comisión a los Estados miembros en relación con la aplicación de esta Directiva;
59. Pide a la Comisión que vele por que todos los futuros acuerdos comerciales garanticen la igualdad de condiciones, en particular en el ámbito de la competencia y las ayudas estatales; destaca que las ayudas estatales deberían autorizarse únicamente en casos excepcionales y justificados regulados por la legislación, para evitar distorsionar la competencia en el mercado, a la vez que se prevén excepciones y justificaciones relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París sobre cambio climático; recuerda que «a medida que las empresas adquieren un ámbito mundial, también han de hacerlo las autoridades de competencia», especialmente desde que la propagación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la aparición de la economía digital han dado lugar a una concentración excesiva del mercado y el poder en algunos sectores; considera que las normas internacionales de competencia y el mayor nivel de coordinación entre las autoridades de competencia, en particular con respecto al intercambio de información en el marco de los procedimientos sobre competencia, constituyen una condición previa para el desarrollo de un sistema mundial de comercio justo;
60. Recuerda que los acuerdos comerciales y de inversión internacionales deberían incluir un capítulo específico y sólido sobre competencia;
61. Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para demostrar su ambición respecto de una apertura de los mercados internacionales de contratación pública y de la ampliación del acceso por parte de las empresas europeas a las asociaciones público-privadas en terceros países; considera necesario reducir las asimetrías en el acceso a los contratos públicos entre la Unión y terceros países, especialmente los Estados Unidos y China; insta a todos los socios comerciales de la Unión a que permitan el acceso no discriminatorio de las empresas y los trabajadores europeos a sus mercados de contratación pública; acoge con satisfacción el debate renovado sobre el instrumento de contratación pública internacional, que establece la necesidad de reciprocidad en los casos en los que los socios comerciales restrinjan el acceso a sus mercados de contratación pública, e insta al Consejo Europeo a que lo adopte rápidamente; apoya los esfuerzos de la Comisión por abrir los mercados de contratación pública de países terceros por medio de asociaciones comerciales bilaterales; recuerda que las empresas que no operan en condiciones de mercado y se rigen por consideraciones geopolíticas podrían vencer prácticamente a cualquier competidor en las ofertas de contratación pública europeas; pide a la Comisión que supervise las ofertas de contratación pública y evite que las empresas y los trabajadores europeos se vean afectados por la competencia desleal de empresas gestionadas por los Estados;
62. Señala que la lucha contra las prácticas comerciales desleales, también a través de la política de competencia, es necesaria para garantizar unas condiciones de competencia equitativas a escala mundial que beneficien a los trabajadores, a los consumidores y a las empresas, y es una de las prioridades de la estrategia comercial de la Unión; hace hincapié en que en el Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización se afirma que la Unión debe tomar medidas para restaurar unas condiciones de competencia justas; acoge con satisfacción la inclusión de disposiciones sobre políticas de competencia en el Acuerdo de Asociación Económica con Japón y en el Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá; lamenta, no obstante, que estas disposiciones tengan un alcance limitado y no prevean una aplicación efectiva ni un mecanismo de resolución de litigios; hace hincapié en la importancia de incorporar disposiciones ambiciosas sobre competencia en todos los acuerdos comerciales, así como de asegurar su aplicación con miras a garantizar unas normas justas;
63. Acoge con satisfacción la propuesta de establecer un marco europeo para supervisar la inversión extranjera directa; considera que se trata de un instrumento útil para proteger a las empresas europeas de interés estratégico de las prácticas comerciales desleales que puedan dañar la seguridad y el orden público, así como para salvaguardar el respeto de los principios de competencia leal en la Unión;
64. Hace hincapié en la importancia del instrumento antisubvenciones para combatir la competencia desleal a escala mundial y establecer unas condiciones de competencia equitativas con las normas de la Unión sobre ayudas estatales; lamenta, en este contexto, que en 2017 la República Popular China volviera a crear el mayor número de nuevos obstáculos comerciales para las empresas y los trabajadores europeos, y que haya estado implicada en la mayoría de los casos europeos antisubvenciones;
65. Expresa su preocupación por la política aduanera de los Estados Unidos y su impacto en la competitividad de las empresas europeas; destaca que las medidas adoptadas por la Comisión para reequilibrar el comercio con los Estados Unidos deberían ser firmes, pero también equilibradas, proporcionadas y compatibles con las normas de la OMC;
66. Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos por promover la competencia leal, en particular luchando contra el uso injustificado de barreras arancelarias y subvenciones, en el mercado mundial gracias a una cooperación más sólida con otros países, en foros como la OMC, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el G‑20 o el Banco Mundial; recuerda la labor realizada en el marco de la OMC entre 1996 y 2004 sobre la interacción entre el comercio y la política de competencia, y lamenta que esta cuestión no haya vuelto a incluirse en el programa de trabajo de la OMC desde entonces; hace hincapié en que los acuerdos de la OMC contienen disposiciones, tales como el artículo IX del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que constituyen una base para una mayor cooperación entre los miembros de la OMC en materia de competencia; pide, por tanto, que se realicen nuevos avances en la 12.ª Conferencia Ministerial de la OMC para garantizar una competencia internacional leal;
67. Expresa su preocupación, a pesar de creer firmemente en el papel fundamental de la OMC, por la presunta incapacidad de esta organización para hacer frente a los países sin economía de mercado y a las distorsiones de la competencia provocadas por las subvenciones y las intervenciones estatales; acoge con satisfacción la acción tripartita de los Estados Unidos, Japón y la Unión para reformarla en consecuencia;
68. Pide a la Comisión que incremente su apoyo a las pymes en la Unión para que estas puedan proteger y ejercer sus derechos en caso de prácticas comerciales desleales, como el dumping y las subvenciones por parte de países terceros; reconoce, en este sentido, los esfuerzos realizados por la Comisión para luchar contra la competencia desleal en casos de gran repercusión mediática contra empresas muy conocidas, pero hace hincapié en que garantizar la competencia leal en el caso de las pymes también reviste la máxima importancia;
69. Destaca que es importante garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones de desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales, a fin de mejorar las condiciones de vida en los países socios y proteger a las empresas europeas de la competencia desleal; acoge con satisfacción la introducción de criterios sociales y medioambientales en la reforma de las medidas antisubvenciones y antidumping.
70. Señala que la política de competencia de la Unión no está logrando los resultados deseados porque, si bien se aplica con el objetivo de defender la competencia leal entre todos los agentes del mercado interior, con especial énfasis en los intereses de los consumidores, la realidad es que, debido a las desigualdades en la cadena de suministro alimentario, los productores agrícolas se enfrentan a un nivel de presión inaceptable; considera que los intereses de los consumidores y de los productores agrícolas deberían situarse al mismo nivel;
71. Opina que las características específicas de las actividades agrícolas confieren a los organismos colectivos un papel esencial para reforzar la posición de los productores primarios en la cadena alimentaria y para poder alcanzar los objetivos de la PAC, tal como se definen en el artículo 39 del TFUE, y considera que las actividades colectivas realizadas por las organizaciones de productores y sus asociaciones, incluida la planificación de la producción y la negociación de las ventas, así como las condiciones contractuales, deben considerarse, por consiguiente, compatibles con el artículo 101 del TFUE; destaca que la asociación de los agricultores en las organizaciones de productores refuerza su posición en la cadena de suministro;
72. Considera que el modelo de las organizaciones interprofesionales es una forma de gestión sectorial que tiene éxito, ya que brinda una estructura y organiza las relaciones entre todos los agentes de un sector, representados de forma equitativa en su estructura, haciendo posible la transmisión de información económica y técnica, el refuerzo de la transparencia en el mercado y un mejor reparto de los riesgos y beneficios; considera que la PAC debería facilitar modelos de cooperación diferentes y debidamente estructurados, como el actual, para facilitar la creación de organizaciones interprofesionales de ámbito europeo;
73. Considera que, de conformidad con las tendencias actuales, es necesario reforzar aún más las competencias de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales para equilibrar la capacidad de negociación de los agricultores con la de los minoristas en la cadena de suministro alimentario; estima que debería incrementarse la cofinanciación de la Unión para la creación y el funcionamiento de estas organizaciones;
74. Pide a la Comisión que facilite la aplicación de instrumentos colectivos de gestión del mercado en caso de crisis a través de herramientas que no precisen de fondos públicos, como la retirada de productos mediante acuerdos entre operadores de la cadena alimentaria; señala que esta medida podría ser aplicada por las propias organizaciones interprofesionales;
75. Considera que la comercialización en el mercado europeo de productos procedentes de terceros países que no cumplen las mismas normas sociales, sanitarias y medioambientales genera una situación de competencia desleal para los productores europeos; pide, por consiguiente, que se protejan los sectores vulnerables y que se apliquen sistemáticamente los principios de reciprocidad y de conformidad en lo que respecta a los productos agrícolas en las negociaciones comerciales futuras y en curso; pide que la Comisión incluya este aspecto en las negociaciones sobre el Brexit;
76. Subraya que el acceso al mercado interior de la Unión debería estar supeditado al cumplimiento de las normas sanitarias, fitosanitarias y medioambientales; pide a la Comisión que, a fin de garantizar una competencia leal, promueva la equivalencia de las medidas y los controles entre terceros países y la Unión en el ámbito de las normas medioambientales y de seguridad alimentaria; observa que las normas más estrictas en materia de medio ambiente y bienestar animal pueden suponer costes más elevados y, por tanto, que rebajar las normas puede resultar en un comportamiento anticompetitivo; recomienda a la Comisión que explore formas de ampliar el alcance de la política de competencia para evitar este tipo de dumping en el mercado único y en las importaciones realizadas al mercado único;
77. Señala que los desastres climáticos, que afectan a los agricultores, repercuten en el mercado y debilitan la posición de estos últimos en la cadena de abastecimiento alimentario; recuerda que en las normas antidumping(6) de la Unión aplicables, entre otros, al sector agrícola, se considera que el dumping medioambiental genera competencia desleal; pide que se tengan en cuenta los intereses de los ciudadanos europeos que exigen una sociedad sostenible y respetuosa con el medio ambiente; pide, por tanto, a la Comisión, teniendo en cuenta el funcionamiento del mercado único y los beneficios para la sociedad en su conjunto, que permita exenciones a las normas de competencia con el fin de facilitar la cooperación, tanto horizontal como vertical, en el contexto de iniciativas en materia de sostenibilidad;
78. Insiste en que por «precio justo» no debería entenderse el precio más bajo posible para el consumidor, sino un precio razonable que permita una remuneración justa de todas las partes de la cadena de suministro alimentario; subraya que los consumidores tienen otros intereses además de los precios bajos, como el bienestar animal, la sostenibilidad medioambiental, el desarrollo rural, las iniciativas para reducir el uso de antibióticos y la prevención de la resistencia a los antimicrobianos, etc.; anima a las autoridades de competencia de los Estados miembros a tener en cuenta la demanda de los consumidores de una producción de alimentos sostenible, lo que requiere que se preste mayor atención al valor de los «bienes públicos» a la hora de fijar los precios de los alimentos; solicita, a este respecto, que la política de competencia de la Unión vaya más allá del mínimo común denominador de los «alimentos baratos»; considera que los costes de producción deben tenerse plenamente en cuenta a la hora de acordar precios en el marco de contratos entre minoristas/transformadores y productores con objeto de garantizar precios que cubran al menos los costes;
79. Celebra que el Reglamento «ómnibus» establezca un procedimiento mediante el cual un grupo de agricultores puede solicitar a la Comisión un dictamen no vinculante en relación con la compatibilidad de una acción colectiva con la excepción general a las normas de la competencia a que se refiere el artículo 209 del Reglamento de la OCM única; pide a la Comisión que, en vista de la recomendación del Grupo operativo sobre mercados agrícolas, aclare el ámbito de aplicación de la excepción general agrícola y su imbricación con las excepciones previstas en los artículos 149 y 152, y que, de ese modo, determine con más exactitud las excepciones de forma que la suspensión de la aplicación del artículo 101 del TFUE pueda ponerse en práctica y materializarse cuando proceda;
80. Señala que el límite máximo individual de las ayudas de minimis para el sector agrícola se duplicó en 2013 (de 7 500 EUR a 15 000 EUR) para hacer frente a la aparición de situaciones de crisis climáticas, sanitarias y económicas; señala que, paralelamente, el límite máximo nacional de minimis solo se ajustó de modo marginal (del 0,75 % al 1 % del valor de la producción agrícola nacional), reduciendo así el margen de maniobra de los Estados para ayudar a las explotaciones agrícolas en dificultades; apoya, por tanto, la propuesta de la Comisión tendente a conceder más flexibilidad a los Estados miembros y las regiones en el marco de las normas de minimis para el sector agrícola;
81. Acoge con satisfacción los cambios introducidos por el Reglamento «ómnibus» para facilitar la aplicación de las disposiciones del artículo 222 del Reglamento de la OCM única, que permite una excepción temporal a la legislación en materia de competencia; pide, no obstante, a la Comisión que aclare la aplicación de los artículos 219 y 222 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en lo que se refiere a la adopción de medidas en caso de perturbaciones del mercado y graves desequilibrios en el mismo, ya que la inseguridad jurídica que existe hoy en torno a ambos artículos hace que nadie los aplique por temor a incumplir las normas establecidas por las autoridades de competencia en los Estados miembros;
82. Recuerda que se ha efectuado una reestructuración horizontal y vertical significativa, que ha conducido a una mayor consolidación de los sectores, ya concentrados, de semillas, productos agroquímicos, fertilizantes, genética animal y maquinaria agrícola, así como en los sectores de la transformación y la venta al por menor; pide a la Comisión que, en este contexto y tras la adquisición de la empresa Monsanto por el grupo Bayer —que juntos controlan aproximadamente el 24 % del mercado mundial de plaguicidas y el 29 % del mercado mundial de las semillas—, vele por la protección de los intereses de los agricultores, los ciudadanos y el medio ambiente de la Unión mediante una evaluación exhaustiva y global del impacto, a escala de las explotaciones agrícolas, de las fusiones y adquisiciones de proveedores de insumos agrícolas, entre los que se incluyen los productores de productos fitosanitarios, para que los agricultores puedan tener acceso a productos innovadores de mayor calidad, con menos impacto ambiental y a precios competitivos; destaca que dichas fusiones y adquisiciones podrían perjudicar a la competencia en el ámbito del acceso por parte de los agricultores a productos esenciales; opina que las normas de comercialización de las semillas y los materiales de reproducción vegetal de uso menor deberían facilitarse y flexibilizarse en mayor medida;
83. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a las autoridades de competencia nacionales y, en su caso, regionales de los Estados miembros y a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros.
DO C 93 de 24.3.2017, p. 71.
Textos Aprobados, P8_TA(2018)0187.
DO C 252 de 18.7.2018, p. 78.
«Privacy and competitiveness in the age of big data: «The interplay between data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy» (Privacidad y competitividad en la era de los macrodatos: la interacción entre la protección de datos, el Derecho de competencia y la protección de los consumidores en la economía digital), dictamen preliminar del Supervisor Europeo de Protección de Datos, marzo de 2014, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-03-26_competitition_law_big_data_en.pdf
Common Ownership by Institutional Investors and its Impact on Competition (La propiedad común por parte de inversores institucionales y su repercusión en la competencia), OCDE, 5 y 6 de diciembre de 2017.
OPINIÓN de la Comisión de Comercio Internacional (11.10.2018)
Ponente de opinión: Adam Szejnfeld
1. Pide a la Comisión que vele por que todos los futuros acuerdos comerciales garanticen la igualdad de condiciones, en particular en el ámbito de la competencia y las ayudas estatales; destaca que las ayudas estatales deben autorizarse únicamente en casos excepcionales y justificados regulados por la legislación, para evitar distorsionar la competencia en el mercado, a la vez que se prevén excepciones y justificaciones relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París sobre cambio climático; recuerda que «a medida que las empresas adquieren un ámbito mundial, también han de hacerlo las autoridades de competencia», especialmente desde que la propagación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la aparición de la economía digital han dado lugar a la concentración excesiva del mercado y el poder en algunos sectores; considera que las normas internacionales de competencia y el mayor nivel de coordinación entre las autoridades de competencia, en particular con respecto al intercambio de información en el marco de los procedimientos sobre competencia, constituyen una condición previa para el desarrollo de un sistema mundial de comercio justo;
2. Recuerda que los acuerdos comerciales y de inversión internacionales deben incluir un capítulo específico y sólido sobre competencia;
3. Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos en favor de una apertura ambiciosa de los mercados internacionales de contratación pública y de la ampliación del acceso por parte de las empresas europeas a las asociaciones público-privadas de los países terceros; considera necesario reducir las asimetrías en el acceso a los contratos públicos entre la Unión y los países terceros, especialmente los EE. UU. y China; insta a todos los socios comerciales de la Unión a que permitan el acceso no discriminatorio de las empresas y los trabajadores europeos a sus mercados de contratación pública; acoge con satisfacción el debate renovado sobre el instrumento de contratación pública internacional, que establece la necesidad de reciprocidad en los casos en los que los socios comerciales restrinjan el acceso a sus mercados de contratación pública, e insta al Consejo Europeo a que lo adopte rápidamente; apoya los esfuerzos de la Comisión por abrir los mercados de contratación pública de países terceros por medio de asociaciones comerciales bilaterales; recuerda que las empresas que no operan en condiciones de mercado y se rigen por consideraciones geopolíticas podrían vencer prácticamente a cualquier competidor en las ofertas de contratación pública europeas; insta a la Comisión a que supervise las ofertas de contratación pública y evite que las empresas y los trabajadores europeos se vean afectados por la competencia desleal de empresas gestionadas por los Estados;
4. Señala que la lucha contra las prácticas comerciales desleales, también a través de la política de competencia, es necesaria para garantizar unas condiciones de competencia equitativas a escala mundial que beneficien a los trabajadores, a los consumidores y a las empresas, y es una de las prioridades de la estrategia comercial de la Unión; hace hincapié en que el documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización afirma que la Unión debe tomar medidas para restaurar unas condiciones de competencia justas; acoge con satisfacción la inclusión de disposiciones sobre políticas de competencia en el Acuerdo de Asociación Económica con Japón y en el Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá; lamenta, no obstante, que estas disposiciones tengan un alcance limitado y no prevean una aplicación efectiva ni un mecanismo de resolución de litigios; hace hincapié en la importancia de incorporar disposiciones ambiciosas sobre la competencia en todos los acuerdos comerciales, así como de asegurar su aplicación con miras a garantizar unas normas justas;
5. Subraya la importancia de la cooperación global para el cumplimiento de las normas de competencia; aboga por la participación activa de la Comisión y de las autoridades nacionales de competencia en la Red Internacional de Competencia;
6. Acoge con satisfacción la propuesta de establecimiento de un marco europeo para supervisar la inversión extranjera directa; considera que es un instrumento útil para proteger a las empresas europeas de interés estratégico de las prácticas comerciales desleales que puedan dañar la seguridad y el orden público, así como para salvaguardar el respeto de los principios de competencia leal en la Unión;
7. Hace hincapié en la importancia del instrumento antisubvenciones para combatir la competencia desleal a escala mundial y establecer unas condiciones de competencia equitativas con normas de la Unión sobre ayudas estatales; lamenta, en este contexto, que en 2017 la República Popular China haya vuelto a crear el mayor número de nuevos obstáculos comerciales para las empresas y los trabajadores europeos, y que haya participado en la mayoría de los casos europeos antisubvenciones;
8. Expresa su preocupación por la política aduanera de los Estados Unidos y su impacto en la competitividad de las empresas europeas; destaca que las medidas adoptadas por la Comisión para reequilibrar el comercio con Estados Unidos deben ser firmes, pero también equilibradas, proporcionadas y compatibles con las normas de la OMC;
9. Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos por promover la competencia leal, en particular luchando contra el uso injustificado de barreras arancelarias y subvenciones, en el mercado mundial gracias a una cooperación más sólida con otros países, en foros como la OMC, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el G20 o el Banco Mundial; recuerda la labor realizada en el marco de la OMC entre 1996 y 2004 sobre la interacción entre el comercio y la política de competencia, y lamenta que esta cuestión no haya vuelto a ser incluida en el programa de trabajo de la OMC desde entonces; hace hincapié en que los acuerdos de la OMC contienen disposiciones, tales como el artículo IX del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que constituyen una base para una mayor cooperación entre los miembros de la OMC en materia de competencia; pide, por tanto, que se realicen nuevos avances en la 12.ª Conferencia Ministerial de la OMC para garantizar una competencia internacional leal;
10. Expresa su preocupación, a pesar de creer firmemente en el papel fundamental de la OMC, por la presunta incapacidad de esta organización para hacer frente a los países sin economía de mercado y a las distorsiones de la competencia provocadas por las subvenciones y las intervenciones estatales; acoge con satisfacción la acción tripartita de los EE. UU., Japón y la Unión para reformarla en consecuencia;
11. Pide a la Comisión que incremente su apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la Unión Europea para que puedan proteger y ejercer sus derechos en caso de prácticas comerciales desleales, como el dumping y las subvenciones por parte de países terceros; reconoce, en este sentido, los esfuerzos realizados por la Comisión para luchar contra la competencia desleal en casos de gran repercusión mediática contra empresas muy conocidas, pero hace hincapié en que garantizar la competencia leal en el caso de las pymes también reviste la máxima importancia;
12. Destaca que es importante garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones de desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales, a fin de mejorar las condiciones de vida en los países socios y proteger a las empresas europeas de la competencia desleal; acoge con satisfacción la introducción de criterios sociales y medioambientales en la reforma de las medidas antisubvenciones y antidumping.
Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (Conde de) Dartmouth, Jan Zahradil
William (Conde de) Dartmouth
OPINIÓN de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (23.11.2018)
Ponente de opinión: Angélique Delahaye
A. Considerando que el Derecho de la Unión en materia de competencia está pensado para los sectores secundario y terciario;
B. Considerando que el artículo 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone que las normas sobre competencia solo son aplicables a la producción y el comercio de productos agrícolas en la medida definida por el Parlamento y el Consejo, habida cuenta de las características sin parangón y de la importancia única del sector agrícola; que la Comisión creó un grupo de expertos en enero de 2016 (el Grupo operativo sobre mercados agrícolas) con el fin de mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria; que en su informe final de noviembre de 2016, dicho Grupo operativo sugirió, entre otras cuestiones, cómo aumentar la transparencia de los mercados, mejorar las relaciones contractuales en la cadena alimentaria y desarrollar posibilidades de carácter jurídico en relación con la organización de acciones colectivas por parte de los agricultores; que, desde 1962, y debido a las especificidades naturales y estructurales de la agricultura, el legislador europeo siempre ha defendido la concesión de un estatuto especial al sector agrícola en relación con la aplicación del Derecho de competencia, dado que no se puede aplicar a este sector económico del mismo modo que a los demás;
C. Considerando que el TFUE y la jurisprudencia de la Unión dan preferencia a la política agraria común (PAC) respecto al Derecho de competencia;
D. Considerando que el artículo 39 del TFUE establece a la PAC el objetivo de garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola y a las personas que viven en las zonas rurales, en particular mediante el aumento de la renta individual de quienes trabajan en la agricultura, la estabilización de los mercados y garantizando el abastecimiento;
E. Considerando que la futura PAC debería también tener como objetivo el fomento de un sector agrícola inteligente, resiliente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria, la promoción de la protección del medio ambiente y la acción por el clima, y la contribución a la consecución de los objetivos de la Unión relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, así como el refuerzo del tejido socioeconómico de las zonas rurales;
F. Considerando que la reforma de la PAC de 2013, la denominada revisión «ómnibus» y las propuestas de la Comisión de 2018 se proponen reforzar el lugar que ocupan los agricultores en la cadena de abastecimiento alimentario;
G. Considerando que los objetivos específicos de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales entre empresas en el marco de la cadena de suministro alimentario persiguen el mantenimiento de la estabilidad del mercado, el incremento de los ingresos para los productores agrícolas y la mejora de la competitividad agrícola; que la propuesta de la Comisión de luchar contra las prácticas comerciales desleales entre las empresas de la cadena alimentaria representa un paso esencial para reequilibrar el poder de dicha cadena y conferir transparencia a la relación entre compradores y proveedores, así como para conseguir una cadena alimentaria más sostenible y competitiva en beneficio de los agricultores, los consumidores y el medio ambiente;
H. Considerando que en las últimas décadas(1) se ha registrado una tendencia al aumento constante de los precios de los insumos agrícolas, mientras que los precios que los agricultores reciben en la explotación por sus productos se han estancado;
I. Considerando que la «excepción agrícola» ha adquirido más pertinencia en el marco de una PAC orientada al mercado y de la creciente globalización de los mercados agrícolas y que debería seguir teniéndose en cuenta en la elaboración y la aplicación de las políticas y en el control de su cumplimiento por la Comisión y las autoridades nacionales de competencia;
J. Considerando que el componente agrícola del Reglamento sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (2016/0282B) (el denominado Reglamento «ómnibus») representa un avance importante para la PAC al precisar una excepción explícita a la aplicación del artículo 101 del TFUE para las organizaciones de productores;
K. Considerando que la cuestión prejudicial sustanciada ante el Tribunal de Justicia en el asunto C-671-15 Président de l’Autorité de la concurrence/Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) y otros refleja la necesidad de una mayor seguridad jurídica de los productores, las organizaciones de productores y las asociaciones de estas últimas en el ejercicio de sus actividades(2), en particular teniendo en cuenta que este sector se caracteriza por una oferta muy atomizada frente a una demanda concentrada, y una dificultad para dominar la oferta y prever la demanda; que la sentencia del Tribunal de Justicia relativa a la aplicación de las normas sobre competencia a los productores y las organizaciones de productores reviste una importancia crucial en términos de aclaración de las excepciones implícitas vinculadas a las misiones de las organizaciones de productores;
1. Señala que la política de competencia de la Unión no está logrando los resultados deseados porque, si bien se aplica con el objetivo de defender la competencia leal entre todos los agentes del mercado interior, con especial énfasis en los intereses de los consumidores, la realidad es que, debido a las desigualdades en la cadena de suministro alimentario, los productores agrícolas se enfrentan a un nivel de presión inaceptable; considera que los intereses de los consumidores y de los productores agrícolas deben situarse al mismo nivel;
2. Opina que las características específicas de las actividades agrícolas confieren a los organismos colectivos un papel esencial en el refuerzo de la posición de los productores primarios en la cadena alimentaria y para poder alcanzar los objetivos de la PAC, tal como se definen en el artículo 39 del TFUE, así como que las actividades colectivas realizadas por las organizaciones de productores y sus asociaciones, incluida la planificación de la producción y la negociación de las ventas, así como las condiciones contractuales, deben considerarse, por consiguiente, compatibles con el artículo 101 del TFUE; destaca que la asociación de los agricultores en las organizaciones de productores refuerza su posición en la cadena de suministro;
3. Considera que el modelo de las organizaciones interprofesionales es una forma de gestión sectorial que tiene éxito, ya que brinda una estructura y organiza las relaciones entre todos los agentes de un sector, representados de forma equitativa en su estructura, haciendo posible la transmisión de información económica y técnica, el refuerzo de la transparencia en el mercado y un reparto mejor de los riesgos y beneficios; considera que la PAC debe facilitar modelos de cooperación diferentes y debidamente estructurados, como el actual, para facilitar la creación de organizaciones interprofesionales de ámbito europeo;
4. Considera que, de conformidad con las tendencias actuales, deben reforzarse aún más las competencias de las organizaciones de productores y delas organizaciones interprofesionales para equilibrar la capacidad de negociación de los agricultores con la de los minoristas en la cadena alimentaria; estima que debería aumentar la cofinanciación de la Unión para la creación y el funcionamiento de estas organizaciones;
5. Pide a la Comisión que facilite la aplicación de instrumentos colectivos de gestión del mercado en caso de crisis a través de herramientas que no precisen de fondos públicos, como la retirada de producto mediante acuerdos entre operadores de la cadena alimentaria; considera que esta medida podría ser aplicada por las propias organizaciones interprofesionales;
6. Considera que la comercialización en el mercado europeo de productos procedentes de terceros países que no cumplen las mismas normas sociales, sanitarias y medioambientales genera una situación de competencia desleal para los productores europeos; pide, por consiguiente, que se protejan los sectores vulnerables y que se apliquen sistemáticamente los principios de reciprocidad y de conformidad en lo que respecta a los productos agrícolas en las negociaciones comerciales futuras y en curso; pide que la Comisión incluya este aspecto en las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión;
7. Subraya que el acceso al mercado interior de la Unión debería estar supeditado al cumplimiento de las normas sanitarias, fitosanitarias y medioambientales; pide a la Comisión que, a fin de garantizar una competencia leal, promueva la equivalencia de las medidas y los controles entre terceros países y la Unión en el ámbito de las normas medioambientales y de la seguridad alimentaria; observa que las normas más estrictas en materia de medio ambiente y bienestar animal pueden suponer costes más elevados y, por tanto, que rebajar las normas puede resultar en un comportamiento anticompetitivo; recomienda a la Comisión que explore formas de ampliar el alcance de la política de competencia para evitar este tipo de dumping en el mercado único y en las importaciones realizadas al mercado único;
8. Pide a la Comisión que tenga en cuenta las repercusiones en los agricultores, habida cuenta de su delicada situación financiera y de su papel fundamental en nuestra sociedad, de las distorsiones del mercado que resultan de los acuerdos comerciales con terceros países, toda vez que los mercados agrícolas se caracterizan por una gran volatilidad de los precios agrícolas, lo que acentúa la posición de debilidad de los agricultores en la cadena alimentaria,
9. Considerando que los desastres climáticos, que afectan a los agricultores, repercuten en el mercado y debilitan su posición en la cadena de abastecimiento alimentario; recuerda que las normas antidumping de la Unión(3) aplicables, entre otros, al sector agrícola, consideran que el dumping medioambiental genera competencia desleal; pide que se tengan en cuenta los intereses de los ciudadanos europeos que exigen una sociedad sostenible y respetuosa con el medio ambiente; pide, por tanto, a la Comisión, teniendo en cuenta el funcionamiento del mercado único y los beneficios para la sociedad en su conjunto, que permita exenciones a las normas de competencia con el fin de facilitar la cooperación, tanto horizontal como vertical, en el contexto de iniciativas en materia de sostenibilidad;
10. Insiste en que el concepto de «precio justo» no debe considerarse como el precio más bajo posible para el consumidor sino que debe ser razonable y permitir una remuneración justa a todas las partes de la cadena agroalimentaria; subraya que los consumidores tienen otros intereses además de los precios bajos, como el bienestar animal, la sostenibilidad medioambiental, el desarrollo rural, las iniciativas para reducir el uso de antibióticos y la prevención de la resistencia a los antimicrobianos, etc.; anima a las autoridades en materia de competencia de los Estados miembros a tener en cuenta la demanda de los consumidores de una producción de alimentos sostenible, lo que requiere que se preste mayor atención al valor de los «bienes públicos» a la hora de fijar los precios de los alimentos; solicita, a este respecto, que la política de competencia de la Unión vaya más allá del mínimo común denominador de los «alimentos baratos»; considera que los costes de producción deben tenerse plenamente en cuenta a la hora de acordar precios en el marco de contratos entre minoristas/transformadores y productores con objeto de garantizar precios que cubran al menos los costes;
11. Reitera la propuesta de que las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 (Reglamento OCM única) que autorizan el establecimiento de medidas de regulación de la oferta para los quesos con denominación de origen protegida (DOP) o indicación geográfica protegida (IGP) (artículo 150), los jamones con DOP o IGP (artículo 172) y los vinos (artículo 167) se amplíen a otros productos de calidad, a fin de garantizar una mayor capacidad de adaptación de la oferta a la demanda;
12. Pone de relieve que, a fin de evitar interpretaciones restrictivas, el concepto de «mercado pertinente» en el análisis de la Comisión debe redefinirse y entenderse como que se refiere al conjunto del sector afectado;
13. Destaca que la propuesta de limitación de los pagos directos puede afectar considerablemente a la competitividad de las explotaciones agrícolas de tamaño medio;
14. Celebra que el Reglamento «ómnibus» establezca un procedimiento mediante el cual un grupo de agricultores puede solicitar a la Comisión un dictamen no vinculante en relación con la compatibilidad de una iniciativa colectiva con la excepción general a las normas de la competencia en virtud del artículo 209 del Reglamento OCM única; pide, no obstante, a la Comisión, a la vista de la recomendación del Grupo operativo sobre mercados agrícolas, que aclare el ámbito de aplicación de la excepción general agrícola y su imbricación con las excepciones a los artículos 149 y 152 y que de ese modo determine con más exactitud las excepciones, de forma que la suspensión de la aplicación del artículo 101 del TFUE sea aplicable y realizable cuando proceda;
15. Señala que el límite máximo individual de las ayudas de minimis para el sector agrícola se duplicó en 2013 (de 7 500 EUR a 15 000 EUR) para hacer frente a la aparición de situaciones de crisis climática, sanitaria y económica; señala que, paralelamente, el límite máximo nacional de minimis solo se ajustó de modo marginal (del 0,75 % al 1 % del valor de la producción agrícola nacional), reduciendo así el margen de maniobra de los Estados para ayudar a las explotaciones agrícolas en dificultades; apoya, por tanto, la propuesta de la Comisión tendente a conceder más flexibilidad a los Estados miembros y las regiones en el marco de las normas de minimis para el sector agrícola;
16. Apoya la propuesta de la Comisión de conceder a los Estados miembros más flexibilidad relajando las normas sobre ayudas estatales en el sector agrícola a fin de alentar a los agricultores a constituir de forma voluntaria ahorros preventivos con el fin de afrontar mejor el aumento de los riesgos asociados al clima y a la salud, así como los económicos;
17. Acoge con satisfacción los cambios introducidos por el Reglamento «ómnibus» para facilitar la aplicación de las disposiciones del artículo 222 del Reglamento OCM única, que permite dichas una excepción temporal a la legislación en materia de competencia; pide, no obstante, a la Comisión que clarifique la aplicación de los artículos 219 y 222 del Reglamento (UE) 1308/2013 en lo que se refiere a la adopción de medidas en caso de perturbaciones del mercado y graves desequilibrios en el mismo, ya que la inseguridad jurídica que existe hoy en torno a ambos artículos hace que nadie los aplique por temor a incumplir las normas establecidas por las autoridades de competencia en los Estados miembros;
18. Resalta que, durante los períodos en que los mercados sufren graves desequilibrios, cuando el sector agrícola está amenazado y todos los ciudadanos resultan afectados por los posibles daños causados al abastecimiento de productos alimenticios básicos, una PAC orientada hacia el mercado debe apoyar a los agricultores y conceder excepciones adicionales, temporales y plenamente justificadas a las normas en materia de competencia en relación con los acuerdos y decisiones celebrados entre agricultores, organizaciones de agricultores, sus asociaciones y las organizaciones intersectoriales reconocidas; considera, asimismo, que debe ofrecerse la posibilidad de que el artículo 164 del Reglamento OCM extienda las normas en relación con los acuerdos o decisiones adoptadas en el marco de organizaciones agrícolas reconocidas de conformidad con el artículo 222 de dicho Reglamento;
19. Recuerda que se ha efectuado una reestructuración horizontal y vertical significativa, que ha conducido a una mayor consolidación de los sectores de semillas, productos agroquímicos, fertilizantes, genética de los animales y maquinaria agrícola, ya concentrados, así como en los sectores de la transformación y la venta al por menor; pide a la Comisión que, en este contexto y tras la adquisición de la empresa Monsanto por el grupo Bayer, que juntos controlan aproximadamente el 24 % del mercado mundial de plaguicidas y el 29 % del mercado mundial de las semillas, vele por la protección de los intereses de los agricultores, los ciudadanos y el medio ambiente de la Unión mediante una evaluación exhaustiva y global del impacto, a escala de las explotaciones agrícolas, de las fusiones y adquisiciones de proveedores de insumos agrícolas, entre los que se incluyen los productores de productos fitosanitarios, para que los agricultores puedan tener acceso a productos innovadores de mayor calidad, con menos impacto ambiental y a precios competitivos; destaca que dichas fusiones y adquisiciones podrían perjudicar a la competencia en el ámbito del acceso por parte de los agricultores a productos esenciales; opina que las normas de comercialización de las semillas y los materiales de reproducción vegetal de uso menor deberían facilitarse y flexibilizarse en mayor medida.
Datos de Eurostat sobre los índices de precios de los productos agrícolas (apri_pi); véase también el considerando B de la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2012, sobre la cadena de suministro de los insumos agrícolas: estructura e implicaciones (DO C 227 E de 6.8.2013).
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 14 de noviembre de 2017, Président de l’Autorité de la concurrence contra Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) y otros, C-671/15, ECLI:EU:C:2017:860.
Última actualización: 21 de enero de 2019 Aviso jurídico