Source: https://it.scribd.com/document/350988539/Reglas-procesales-EPD
Timestamp: 2020-07-11 18:58:41
Document Index: 307394562

Matched Legal Cases: ['Artículo 88', 'Artículo 240', 'artículo 21', 'Artículo 75', 'Artículo 51', 'artículo 48', 'artículo 11', 'artículo 48']

Reglas procesales EPD | Ley procesal | Evidencia (ley)
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La naturaleza jurídica de los procesos concursales, tienen naturaleza compleja. El Art. 273 de la Ley de Concurso y Quiebras diseña una nómina de reglas procedimentales generales aplicables a todo el proceso concursal y a sus incidentes, las cuales rigen en plenitud, salvo disposición especial en contrario de la misma ley concursal. Esa enumeración de ningún modo agota el repertorio de principios y reglas procesales existentes , las que se hayan diseminadas a lo largo de todo el articulado de la ley. Por otro lado, existe también previsto un procedimiento incidental para tramitar las cuestiones que tengan relación con la cuestión principal, regulado en los Art. 280 y ss Ley de Concurso y Quiebras.
ARTICULO 273.- Principios comunes. Salvo disposición expresa contraria de esta ley, se aplican los siguientes principios procesales:
1) Todos los términos son perentorios y es consideran de CINCO (5) días en caso de no haberse fijado uno especial; 2) En los plazos se computan los días hábiles judiciales, salvo disposición expresa en contrario; 3) Las resoluciones son inapelables; 4) Cuando se admite la apelación, se concede en relación y con efecto suspensivo; 5) La citación a las partes se efectúa por cédula; por nota o tácitamente las restantes notificaciones; 6) El domicilio constituido subsiste hasta que se constituya otro o por resolución firme quede concluido el concurso. Cuando el domicilio se constituye en edificio inexistente o que desapareciere después, o en caso de incumplimiento por el fallido o administradores de la sociedad concursada de la obligación impuesta por el Artículo 88, inciso 7, se tiene por constituido el domicilio en los estrados judiciales, sin necesidad de declaración ni intimación previa. 7) No se debe remitir el expediente del concurso a juzgado distinto del de su tramitación. En caso de ser imprescindible para la dilucidación de una causa penal, puede remitirse por un término no superior a CINCO (5) días, quedando a cargo del juzgado que lo requirió la obtención de testimonios y otras constancias que permitan su devolución en término; 8) Todas las transcripciones y anotaciones registrales y de otro carácter que resulten imprescindibles para la protección de la integridad del patrimonio del deudor, deben ser efectuadas sin necesidad del previo pago de aranceles, tasas y otros gastos, sin perjuicio de su oportuna consideración dentro de los créditos a que se refiere el Artículo 240. Igual norma se aplica a los informes necesarios para la determinación del activo o el pasivo; 9) La carga de la prueba en cuestiones contradictorias, se rige por las normas comunes a la naturaleza de la relación de que se trate. Es responsabilidad del juez hacer cumplir estrictamente todos los plazos de la ley. La prolongación injustificada del trámite, puede ser considerada mal desempeño del cargo.
Análisis de los incisos. 1) Perentoriedad de los plazos: el inciso 1 del Art. 273 dispone que todos los términos son perentorios y se consideran de cinco días, salvo la existencia de un plazo distinto. La perentoriedad de los plazos implica que su mero vencimiento imposibilita fatalmente la futura producción del acto del que se trate. Dicho de otro modo, el vencimiento del mismo produce la caducidad del derecho sin necesidad de actividad alguna ni del juez, ni de la parte.
Sin embargo, existen excepciones, como por ejemplo al Sindico, para que subsane las omisiones incurridas, bien cuando se le corre una vista al Sindico para que opine (Art. 56 1 ), o en relación al período de exclusividad en el concurso preventivo, donde se otorgan plazos adicionales con el fin de auspiciar la concreción de la solución preventiva, admitiendo se prorrogue aquel para obtener un acuerdo y así lograr conservar la fuente de trabajo, entre otros supuestos. Cabe aclararse que aunque los plazos sean fatales, rige respecto de ellos el plazo de gracia que consiste en extender la expiración del término por dos horas más al día siguiente en que operó el vencimiento. Por ejemplo, si el plazo vencía el día 28/11, podrá realizarse la presentación hasta incluso el día 29/11 a las 9:59 de la mañana en los Tribunales de Córdoba, pues estos abren a las 8:00 horas. ¿En caso que algún plazo no haya sido fijado? La segunda parte del inc. 1 prevé que los términos serán considerados de cinco días en caso de no haber sido fijados.
2) Cómputo de los plazos. Días hábiles judiciales. Como principio general decimos que el cómputo de los plazos será realizado en días hábiles judiciales tal como lo establece el inc. 2 del Art. 273, salvo excepción legal expresa en contrario en la misma ley de quiebra, como por ejemplo:
En el Art. 196 la quiebra no produce la disolución del contrato de trabajo, sino su suspensión de pleno derecho por el término de 60 días corridos En el Art. 25 se le encomienda al concursado y, en su caso, a los administradores y socios con responsabilidad ilimitada de la sociedad concursada que comuniquen al juez del concurso su viaje al exterior, el que no podrá extenderse por un plazo superior a 40 días corridos; entre otros casos.
3) Inapelabilidad. el inc. 3 del Art. 273 establece la regla de la inapelabilidad de las resoluciones, salvo que la ley expresamente lo establezca. La razón de ser de esta regla es lograr la mayor celeridad y agilidad de los trámites concursales. Existen excepciones a esta regla, como ser: en primer lugar, las excepciones que la ley prevé expresamente, por ejemplo la decisión que rechaza la petición de Concurso Preventivo (Art. 13), o la admisión y denegatoria del pronto pago laboral (Art. 16) existen otras excepciones que si bien no están previstas de manera expresa en la ley, se admiten por vía jurisprudencial, cuando no constituya una traba para el normal desarrollo del proceso y que la decisión que se pretende revisar, cause un agravio irreparable, o constituya una severa restricción al derecho del reclamante,
1 Ley de Concurso y Quiebras – ARTICULO 56.- Aplicación a todos los acreedores. El acuerdo homologado produce efectos respecto de todos los acreedores quirografarios cuyos créditos se hayan originado por causa anterior a la presentación, aunque no hayan participado en el procedimiento. También produce iguales efectos respecto de los acreedores privilegiados verificados, en la medida en que hayan renunciado al privilegio. Son absolutamente nulos los beneficios otorgados a los acreedores que excedan de lo establecido en el acuerdo para cada categoría. Socios solidarios. El acuerdo se extiende a los socios ilimitadamente responsables, salvo que, como condición del mismo, se estableciera mantener su responsabilidad en forma más amplia respecto de todos los acreedores comprendidos en él. Verificación tardía. Los efectos del acuerdo homologado se aplican también a los acreedores que no hubieran solicitado verificación, una vez que hayan sido verificados. El pedido de verificación tardía debe deducirse por incidentes mientras tramite el concurso o, concluido éste, por la acción individual que corresponda, dentro de los dos años de la presentación en concurso. Si el título verificatorio fuera una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el del concurso, por tratarse de una de las excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío, si, no obstante haberse excedido el plazo de dos años previsto en el párrafo anterior, aquél se dedujere dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia. Vencidos esos plazos prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores como del concursado, o terceros vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de prescripción sea menor. Cuando la verificación tardía tramite como incidente durante el concurso, serán parte en dicho incidente el acreedor y el deudor, debiendo el síndico emitir un informe una vez concluido el período de prueba. Los acreedores verificados tardíamente no pueden reclamar de sus coacreedores lo que hubieren percibido con arreglo al acuerdo, y el juez fijará la forma en que se aplicarán los efectos ya ocurridos, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones.
violatoria al derecho constitucional de defensa en su sentido amplio. Por ejemplo, podemos señalar
la resolución de categorízación; la decisión concerniente al cumplimiento o no de la propuesta
efectuada por un tercero en los términos del Art. 48, Ley de Concurso y Quiebras, la resolución que intimó a satisfacer una cuota concursal bajo apercibimiento de quiebra , la denegación del pedido de prórroga del período de exclusividad; la resolución que dispuso la desafectación de un inmueble del régimen de bien de familia; etc.
Todo lo dicho, no implica que no puedan interponerse otros recursos específicos de la ley concursal como la reposición, nulidad o aclaratoria. ¿Qué efectos produce la concesión de un recurso? Cuando el recurso se concede, es con efecto suspensivo.
4) Sistema de notificaciones. La citación a las partes se hace por cédula y las restantes notificaciones son automáticas, esto es, por nota o de acuerdo a lo que disponga el Código Procesal de la Provincia (inc. 5). Así, por ejemplo, el periodo de exclusividad comienza a computarse una vez que quede notificada por ministerio de la ley la resolución de categorización. ¿Puede el Juez notificar? El juez concursal , en su carácter de director del proceso y en uso de las facultades instructorias, tiene atribuciones suficientes para establecer expresamente, y para un caso determinado, la notificación personal o por cédula.
5) Domicilio procesal. El inciso 6 de la norma en análisis establece que el domicilio constituido subsiste hasta que se constituya otro o por resolución firme quede concluido el concurso. La norma agrega que, cuando el domicilio se constituye en edificio inexistente o que desapareciere después, o en caso de incumplimiento por el fallido o administradores de la sociedad concursada de la obligación impuesta por el Art. 88, inc. 7, se tendrá por constituido su domicilio en los estrados del tribunal, sin necesidad de declaración o intimación previa, lo cual significa que las notificaciones serán en todos los casos automáticas o por nota. Idéntica previsión establece el Art. 12 2 .
6) La no remisión del expediente principal. En cuanto a la regla sentada por el inc. 7 del Art.
273 respecto a la imposibilidad de la remisión del expediente principal a un juzgado diferente del de
su tramitación , es de vital importancia. La única excepción a esta regla es en caso de que resulte indispensable para dilucidar una causa penal, quedando expresamente aclarado que el plazo máximo de remisión será de cinco días y que es a cargo del juzgado requirente la obtención de testimonios y otras constancias que permitan su devolución en término.
7) Gastos del concurso. Como es bastante común en las quiebras que no exista dinero líquido al
momento de su apertura, el inc. 8 del art . 273 establece la regla de la gratuidad de cualquier trámite
y anotación registral y de otro carácter que resulten imprescindibles para la protección de la
integridad del patrimonio del deudor, debiendo realizarse sin necesidad de previo pago de aranceles, tasas y todo otro gasto. Esta regla no implica la gratuidad en el trámite, sino su diferimiento para el momento de la distribución. El Sindico deberá incluir dichos gastos en el proyecto de distribución final, los que gozan del privilegio previsto en el Art. 240 3 .
2 Ley de Concurso y Quiebras – ARTICULO 12.- Domicilio procesal. El concursado y en su caso, los administradores y los socios con responsabilidad ilimitada, deben constituir domicilio procesal en el lugar de tramitación del juicio. De no hacerlo en a primera presentación, se lo tendrá por constituido en los estados del juzgado, para todos los efectos del concurso.
3 Ley de Concurso y Quiebras – ARTICULO 240.- Gastos de conservación y de justicia. Los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el trámite del concurso, son pagados con preferencia a los créditos contra el deudor salvo que éstos tengan privilegio especial. El pago de estos créditos debe hacerse cuando resulten exigibles y sin necesidad de verificación. No alcanzando los fondos para satisfacer estos créditos, la distribución se hace a prorrata entre ellos.
8) La carga de la prueba. El inc. 9 establece que la carga de la prueba en cuestiones contradictorias se rige por las normas comunes a la naturaleza de la relación de que se trate. Es decir, que frente a una cuestión contradictoria, a los fines de dilucidar las reglas aplicables en materia probatoria, previamente debe existir un análisis respecto del fondo a los fines de definir la materia de la que se trata.
La ley concursal si bien pretende ser autosuficiente, en muchas ocasiones debe recurrirse a otros ordenamientos, pues no todas las situaciones encuentran una regulación expresa. El Art. 278 de la Ley de Concurso y Quiebras prevé la aplicación subsidiaria de las normas procesales de la ley del lugar del juicio que sean compatibles con la rapidez y economía del trámite concursal. Indica el ARTICULO 278.- Leyes procesales locales. En cuanto no esté expresamente dispuesto por esta ley, se aplican las normas procesales de la ley del lugar del juicio que sean compatibles con la rapidez y economía del trámite concursal. La ley concursal contiene normas procesales que prevalecen sobre el régimen procesal local, pues la sanción de una ley de quiebras ha sido expresamente diferida por la Constitución al Congreso Nacional (art. 75, inc. 12 CN 4 ). El orden de aplicación de las normas procesales sería:
1. En primer lugar prevalecen las reglas procesales previstas en la ley 24.522;
2. En defecto de solución, debe acudirse a la aplicación analógica de otra norma procesal concursal, si existiera;
3. En último término, si la cuestión no puede solucionarse dentro del ordenamiento concursal, ha de acudirse a las leyes procesales locales, en la medida de su compatibilidad, con la rapidez y economía del trámite concursal.
La perención de instancia.
¿Qué implica la perención de instancia? La perención de instancia es un modo anormal de terminación del proceso, previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba en el Art. 339 y ss 5 . y en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en el Art. 310 6 . Para que
4 Constitución Nacional - Atribuciones del Congreso - Artículo 75.- Corresponde al Congreso - Inciso 12 . Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina: así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.
5 CPCyC Cba. ARTICULO 339 – Perención de instancia. La perención de instancia sólo puede ser declarada a petición de parte, y se producirá cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos:
1) Un año en primera o única instancia; 2) Seis meses en los procedimientos incidentales y en segunda o ulterior instancia; 3) En el que se opere la prescripción del derecho si fuere menor a los indicados precedentemente; 4) De un mes, en el incidente de perención de instancia. La instancia se abre con la promición de la demanda aunque no hubiere sido notificada la resolución que la dispone. CPCyC Cba. ARTICULO 340 – Computo. Los plazos se computarán desde la última petición de parte o actuación del tribunal que tuviere por efecto impulsar el procedimiento. Para el cómputo de los plazos no se contará el tiempo en que el procedimiento hubiere estado suspendido por acuerdo de parte, por fuerza mayor o por disposición del tribunal salvo que, en este último caso, la reanudación del trámite quedare supeditada a actos procesales que deba cumplir la parte a quien incumbe impulsar el proceso. Para los plazos de seis meses o menores, salvo los de prescripción, no se computará la feria del mes de enero.
6 CPCyC Nación. PLAZOS Art. 310. - Se producirá la caducidad de instancia cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos: 1) De seis meses, en primera o única instancia; 2) De tres meses, en segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias en el juicio sumarísimo, en el juicio ejecutivo, en las ejecuciones especiales y en los incidentes; 3) En el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados precedentemente; 4) De un mes, en el incidente de caducidad de instancia. La instancia se abre con la promoción de la demanda aunque no hubiere sido notificada la resolución que dispone su traslado y termina con el dictado de la sentencia.
proceda la perención de instancia, se requiere que haya inactividad procesal de las partes durante un lapso determinado de tiempo que prevé la ley, y que no haya motivos que justifiquen la inacción. Ahora bien, la regla de perención en materia concursal se encuentra en el ARTICULO 277.- Perención de instancia. No perime la instancia en el concurso. En todas las demás actuaciones, y en cualquier instancia, la perención se opera a los TRES (3) meses. Como puede verse, la regla es que el proceso principal no termina por perención de instancia, siempre que se trate de un concurso abierto o declarado. Sin embargo, el resto de las actuaciones, como son los incidentes, acciones promovidas por el sindico, el fallido, acreedores, y también la etapa previa a la apertura del concurso o de la quiebra, perimen a los tres meses. ¿Resulta computable el periodo de feria judicial? se excluye el periodo de feria judicial del mes de Enero del cómputo del plazo de caducidad de instancia. ¿Puede solicitarse la perención de instancia? Puede declararse la perención de instancia a pedido de parte interesada, ¿Resulta procedente de oficio? Resulta procedente que el juez decrete de oficio la perención de la instancia, desde que cuenta con atribuciones suficientes para ello (Art. 274 7 ).
Legajo de copias.
¿Qué es el legajo de copias? El Art. 279 legisla sobre el legajo de copias destinado a la consulta de las constancias del expediente, que se forma con la copia de todas las actuaciones fundamentales del juicio y las previstas especialmente por la ley concursal. ¿Cuál es su importancia? Su importancia radica en que el proceso concursal es plurisubjetivo y, por ende, será consultado por distintos sujetos interesados. Así, como durante la tramitación del concurso o la quiebra, el expediente no estará siempre a disposición, se crea este legajo de copias, para que cualquier interesado pueda consultar este legajo de copias, en cualquier momento. Se trata de un “expediente paralelo” y debe estar a disposición de los interesados en Secretaria y constituye falta grave del secretario la omisión de mantenerlo actualizado. Todas las copias glosadas en él deben llevar la firma de las personas que intervinieron. ¿Cómo se da en la practica? En la práctica, el interesado que pretende agregar un escrito de relevancia al expediente acompaña tres copias: una para el expediente principal, otra para el legajo y otra para constancia del solicitante.
El Art. 276 8 contempla la actuación del Ministerio Público en el concurso, y establece que es parte en la Alzada en los supuestos de impugnación del acuerdo preventivo (Art. 51 9 ). Junyent Bas y Molina Sandoval 10 entienden que la norma es anacrónica, y el Fiscal debe intervenir tanto en el APE (Acuerdo Preventivo extrajudicial) como en el concurso, como en la quiebra en la
7 Ley de Concurso y Quiebras – ARTICULO 274.- Facultades del Juez. El juez tiene la dirección del proceso, pudiendo dictar todas las medidas de impulso de la causa y de investigación que resulten necesarias. A tales fines puede disponer, entre otras cosas: 1) La comparencia del concursado en los casos de los Artículos 17 y 102 y de las demás personas que puedan contribuir a los fines señalados. Puede ordenar el auxilio de la fuerza pública en caso de ausencia injustificada; 2) La presentación de documentos que el concursado o terceros tengan en su poder, los que deben devolverse cuando no se vinculan a hechos controvertidos respecto de los cuales sean parte litigante.
8 Ley de Concurso y Quiebras – ARTICULO 276.- Ministerio Público. Actuación. El ministerio fiscal es parte en la alzada en los supuestos del Artículo 51. En la alzada deberá dársela vista en las quiebras cuando se hubiere concedido recurso en que sea parte el síndico.
9 Ley de Concurso y Quiebras – ARTICULO 51: Resolución. Tramitada la impugnación, si el juez la estima procedente, en la resolución que dicte debe declarar la quiebra. Si se tratara de sociedad de responsabilidad limitada, sociedad por acciones y aquellas en que tenga participación el Estado nacional, provincial o municipal, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 48, salvo que la impugnación se hubiere deducido contra una propuesta hecha por aplicación de este procedimiento. Si la juzga improcedente, debe proceder a la homologación del acuerdo. Ambas decisiones son apelables, al solo efecto devolutivo; en el primer caso, por el concursado y en el segundo por el acreedor impugnante.
10 JUNYENT BAS, Francisco A.; MOLINA SANDOVAL, Carlos A., Ley de Concursos y Quiebras, ob. cit., t. II . p. 678.
medida que intervenga la sindicatura y aun en su ausencia, cuando lo justifique le interés público concursal.
Existen distintas cuestiones que no pueden tramitarse en el expediente principal y, por ello, la ley concursal ha estructurado, en los Arts. 280 a 287 un procedimiento tipo a través del cual se encauzan todas las cuestiones que tengan relación con el concurso y que, a su vez, no tengan un trámite especial. Se trata de un verdadero proceso de conocimiento, que resolverán sobre todas las pretensiones que se susciten entre el concursado, el síndico y los acreedores, o pretensores a serlo. Através de esta vía, se canalizan, por ejemplo, las verificaciones tardías, los incidentes de revisión, el incidente de desafectación de vivienda, entre otros ejemplos. Los incidentes tramitan por cuerda separada, es decir, que se trata de expedientes independientes del proceso principal, pero que guardan íntima relación con aquel, por lo que se entablan ante el mismo juez de la Quiebra. El ARTICULO 280.- Casos. Toda cuestión que tenga relación con el objeto principal del concurso y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Es importante no confundir éste procedimiento, con aquellos establecidos en los CPCyC tanto nacional como provincial.
Desarrollo del proceso de incidentes.
1) Trámite 11 . Demanda y ofrecimiento de prueba. La demanda incidental, debe cumplimentar con los requisitos que imponen en el Art. 175 CPCyC Cba 12 ( y a nivel nacional en el Art. 330, CPCCN) debe ser presentada ante el mismo juzgado en el que tramita el proceso principal, sea concurso, sea quiebra. Debe ser hecha por escrito, el presentante en el mismo acto debe ofrecer toda la prueba que hace a su derecho y acompañar la documental que haya ofrecido, siendo ésta la única oportunidad procesal para su presentación (salvo casos excepcionales como por ejemplo, que no haya tenido en su poder la documental al momento de presentar la demanda). Si no ofrece toda la prueba en este momento, su oportunidad procesal precluyó. ¿Qué puede hacer el Juez? Puede suceder que el juez del concurso considere que la petición es manifiestamente improcedente y, en ese caso, está habilitado para rechazarla in limine. Tal resolución, admite el recurso de apelación, lo que constituye una excepción al Art. 273, inc. 3. Ésta facultad, en la práctica no se utiliza con frecuencia en razón de la posible afectación del derecho de acceso a la justicia y el derecho de defensa del incidentista.
2) La traba de la Litis. Admitida la demanda, se corre traslado por diez días a la contraria, el que se notifica por cédula, a fin de que ofrezca la prueba que hace a su derecho y acompañe la documental que haya ofrecida.
11 Ley de Concurso y Quiebras – ARTICULO 281.-Trámite . En el escrito en el que se plantee el incidente debe ofrecerse toda la prueba y agregarse la documental. Si el juez estima manifiestamente improcedente la petición, debe rechazarla sin más trámite. La resolución es apelable al solo efecto devolutivo. Si admite formalmente el incidente, corre traslado por DIEZ (10) días, el que se notifica por cédula. Con la contestación se debe ofrecer también la prueba y agregarse los documentos.
12 CPCyC Cba – ARTICULO 175.- LA demanda se deducirá por escrito y expresará:
1) El nombre, domicilio real, edad y estado civil del demandante; tipo y número de documento de identidad. 2) El nombre y domicilio del demandado. 3) La cosa que se demande designada con exactitud. Si se reclamase el pago de una suma de dinero, deberá establecerse el importe pretendido, cuando ello fuese posible, inclusive respecto de aquellas obligaciones cuyo monto depende del prudente arbitrio judicial. 4) Los hechos y el derecho en que se funde la acción. 5) La petición en términos claros y precisos.
Deberá notificarse a la sindicatura de la demanda incidental, para que también sea parte en el proceso incidental. Contestada la demanda, se traba la Litis y, por ende, corresponde analizar la procedencia o no de la apertura a prueba del incidente.
3) La prueba. Corresponde a las partes urgir para que la prueba se diligencie e incorpore al proceso, dentro de los veinte días hábiles judiciales que prevé el Art. 282 13 de la Ley de Concurso y Quiebras como plazo máximo; pudiendo ser menor, de acuerdo a la prueba ofrecida. ¿Qué puede hacer el Juez? El precepto faculta al juez a declarar de oficio la negligencia producida y, también, a dictar resolución una vez vencido el plazo, aún cuando la prueba no se haya diligenciado, si estima que no es necesaria su producción. Éstas amplias y discrecionales facultades judiciales deben ejercerse dentro del marco de la razonabilidad, para evitar afectar el derecho de defensa y el debido proceso, garantías constitucionalmente protegidas. En cuanto a los medios probatorios, en general existe libertad probatoria, por lo que son admitidos todos los medios de prueba, incluso la confesional. El Art. 283 14 regula la prueba pericial, la cual se practicará por un solo perito, salvo que, por la naturaleza del asunto, el juez considere designar tres. Lo mismo sucede en cuanto al número de testigos, regulado en el Art. 284 15 (prueba confesional) ya que se admiten cinco testigos por cada parte; aunque por la complejidad de la causa o hechos controvertidos las partes pueden ofrecer un mayor número. La última palabra al respecto la va a tener el Juez. ¿Qué sucede concluido el periodo probatorio? En el trámite del incidente concursal no hay alegatos, por lo que el Juez resuelve una vez clausurado el período probatorio.
4) La resolución. Finalmente, se procederá al dictado de la resolución, la que admitirá o rechazará el incidente incoado. Cabe señalar como indica el Art. 285 16 que, sólo es apelable la resolución que pone fin al incidente; ¿Qué sucede respecto de las demás cuestiones planteadas? Las otras cuestiones que se plantearan en el expediente podrán ser subsanadas por el Tribunal de Alzada al resolver la cuestión definitiva, ¿Cómo deberá actuar quien pretenda apelar ante la Alzada? Que la parte que se sienta agraviada deberá hacer reserva en su oportunidad de la situación que lo afecta y plantearla al momento de interponer el recurso de apelación en contra de la resolución definitiva. ¿Qué naturaleza tiene la resolución que pone fin al incidente? Tratándose de un procedimiento de conocimiento pleno, existe unanimidad en la doctrina respecto de que la resolución de los incidentes, tiene los efectos de cosa juzgada material.
13 Ley de Concurso y Quiebras – ARTICULO 282.- Prueba. La prueba debe diligenciarse en el término que el juez señale, dentro del máximo de VEINTE (20) días. Si fuere necesario fijar audiencia, se la designa dentro del término indicado, para que se produzca toda la prueba que la exija. Corresponde a las partes urgir para que la prueba se reciba en los términos fijados; el juez puede declarar de oficio la negligencia producida y también dictar resolución una vez vencido el plazo, aun cuando la prueba no esté totalmente diligenciada, si estima que no es necesaria su producción.
14 Ley de Concurso y Quiebras – ARTICULO 283.- Prueba pericial. La prueba pericial se practica por UN (1) solo perito designado de oficio, salvo que por la naturaleza del asunto el juez estime pertinente designar TRES (3). En este último caso, dentro de los DOS (2) días posteriores a la designación, las partes pueden proponer en escrito conjunto DOS (2) peritos. Estos actúan con el primero de los designados por el juez, quedando sin efecto la designación de los restante.
15 Ley de Concurso y Quiebras – ARTICULO 284.- Testigos. No se admiten más de CINCO (5) testigos por cada parte. Cuando por la complejidad de la causa o de los hechos controvertidos resulte necesario mayor número, se deben proponer con la restante prueba. Si no se admite la ampliación comparecen solamente los CINCO (5) ofrecidos en primer término.
16 Ley de Concurso y Quiebras – ARTICULO 285.- Apelación. Sólo es apelable la resolución que pone fin al incidente. Respecto de las resoluciones que deciden artículo o que niegan alguna medida de prueba, la parte interesada puede solicitar al tribunal de alzada su revocación cuando lo solicite fundadamente en el recurso previsto en el párrafo precedente.
Simultaneidad de incidentes. El Art. 286 17 , prevé que todas las cuestiones incidentales de las que el accionante tenga conocimiento deben ser planteadas conjuntamente. En caso de que se omita tal presentación en término, es decir, que sean presentados con posterioridad, el juez podrá desestimarlos de oficio, en virtud del principio de eventualidad. Ello así, en protección de la celeridad y economía procedimental que debe primar en el concurso. Para concluir recordamos que la perención de instancia en los incidentes concursales, tal como vimos, opera a los tres meses (Art. 277).
Honorarios. ARTICULO 287.- Honorarios de incidentes. En los procesos de revisión de verificaciones de créditos y en los de verificación tardía, se regularán honorarios de acuerdo a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias locales, tomándose como monto del proceso principal el del propio crédito insinuado y verificado.
ARTICULO 288.- Concepto. A los efectos de esta ley se consideran pequeños concursos y
quiebras aquellos en los cuales se presente, en forma indistinta cualquiera de estas circunstancias:
1. Que el pasivo denunciado no alcance el equivalente a trescientos (300) salarios mínimos
vitales y móviles.
2. Que el proceso no presente más de veinte (20) acreedores quirografarios.
3. Que el deudor no posea más de veinte (20) trabajadores en relación de dependencia sin
necesidad de declaración judicial.
Análisis del articulo. La configuración de uno solo de los elementos citados en los tres incisos del Art. 288 es suficiente para calificar como pequeño concurso o pequeña quiebra al proceso en cuestión. Es el fallido quien tiene que proporcionar los elementos e información necesaria para que el juez califique al proceso como pequeño concurso. La decisión judicial de encuadramiento corresponde al juez concursal en oportunidad de la apertura del proceso, ya sea preventivo (Art. 14), o liquidativo (art. 88). Rouillon entiende que dicha decisión es recurrible o irrecurrible, según lo sea la sentencia dentro de la cual estuviese contenido el respectivo pronunciamiento. ¿La decisión que califica de pequeño concurso o quiebra, resulta definitiva? La decisión no es definitiva y puede ser modificada con posterioridad, durante la tramitación del proceso, si se advierten nuevos elementos de juicio que, demuestren que la calificación no se corresponde con la realidad socio-económica del deudor concursado o quebrado. En este último caso, el juez deberá adecuar el proceso a las reglas que rigen los grandes concursos.
ARTICULO 289.- Régimen aplicable. En los presentes procesos no serán necesarios los dictámenes previstos en el artículo 11, incisos 3 y 5, la constitución de los comités de acreedores y no regirá el régimen de supuestos especiales previstos en el artículo 48 de la presente ley. El controlador del cumplimiento del acuerdo estará a cargo del síndico en caso de no haberse constituido comité de acreedores. Los honorarios por su labor en esta etapa serán del 1% (uno por ciento) de lo pagado a los acreedores.
Análisis del articulo. En la presentación del pequeño concurso preventivo no resultan necesarios los dictámenes del contador público (incs. 3 y 5 del art. 11). Este dispositivo tiende a simplificar y a abaratar los costos de la presentación.
17 Ley de Concurso y Quiebras – ARTICULO 286.- Simultaneidad de incidentes. Todas las cuestiones incidentales cuyas causas existieran simultáneamente y sean conocidas por quien los promueve deben ser planteadas conjuntamente. Se deben desestimar sin más trámite las que se entablen con posterioridad.
Tampoco resulta necesaria la constitución de los comités de acreedores, en los pequeños concursos preventivos no se constituye comité de control provisorio y el definitivo es de carácter optativo. La norma establece que en el pequeño concurso no rige el régimen de supuestos especiales previsto en el Art. 48 (Ley de Salvataje). No es aplicable el período de salvataje o de propuestas de acuerdo preventivo por terceros, aunque la concursada fuera persona jurídica de alguno de los tipos previstos al efecto por el Art. 48. Ésta disposición aparece absolutamente disvaliosa, ya que poco tiene que ver la dimensión de la empresa con su viabilidad económica y, por ende, con la posibilidad de que opere su rescate mediante la intervención de terceros. La doctrina ha criticado la exclusión de los pequeños concursos de la alternativa del salvataje y, consecuentemente, ha propuesto la modificación de la norma para permitir el rescate empresario, en tanto y en cuanto exista una empresa viable. A su vez, la jurisprudencia ha admitido esta alternativa. La ley establece que el control del cumplimiento del acuerdo estará a cargo del síndico, situación que se regula ante la ausencia del comité de acreedores, pero que en realidad constituye una práctica tribunalicia muy común también en los grandes concursos. Incluso en los pequeños concursos debe cumplimentarse lo que exige la Ley 26.684 que tiene por fin reguardar los derechos de los trabajadores, tales como las exigencias del libro especial, de Art. 52 LCT, y que están obligados a llevar todos los empleadores. También, en redundancia con el inciso 5, se requiere se declare la existencia de deuda laboral y con los organismos de la seguridad social. Tal requisito queda cumplido con la certificación contable. Por último, la norma establece la pauta regulatoria de la sindicatura para la labor de control del acuerdo y establece que dichos honorarios deben estipularse en el 1% de lo que el deudor haya abonado a los acreedores en cumplimiento del acuerdo homologado. La regulación correspondiente debe practicarse por el juez al dictar la resolución que declara el cumplimiento del acuerdo, de conformidad al Art. 59, Ley de Concurso y Quiebras.
Cuestiones procesales. En el concurso preventivo el concursado al solicitar la apertura del mismo podrá requerir al juez la aplicación del trámite de "pequeño concurso preventivo" demostrando que se produjo alguna de las circunstancias necesarias para la procedencia del trámite simplificado. El juez puede, incluso de oficio, resolver la aplicación de dicho trámite. Al momento de resolver la apertura del concurso preventivo, deberá especificar cuando se trate de un "pequeño concurso preventivo”. En la quiebra al momento de declarar la quiebra, el juez deberá especificar cuando se trate de una "pequeña quiebra".
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