Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2004-01624-de-marzo-31-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a2747397d70600b0e0430a01015100b0&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-21 00:24:56
Document Index: 253491249

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 34', 'artículo 99', 'artículo 34', 'artículo 39']

﻿ Sentencia 2004-01624 de marzo 31 de 2011
SENTENCIA 2004-01624 DE 31 DE MARZO DE 2011
CONTENIDO:ACCIÓN POPULAR. VULNERACIÓN A LOS DERECHOS COLECTIVOS AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO, A LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO, AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO, A LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO, A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS, AL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS, A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE Y A LA REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS, DE MANERA ORDENADA Y DANDO PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN POPULAR, PREVENCIÓN DE DESASTRES, DERECHOS COLECTIVOS
REVISTA TUTELA N°:138 DE JUNIO DE 2011, PG.872
Sentencia 2004-01624 de marzo 31 de 2011
Rad.: 76001-23-31-000-2004-01624-01(AP)
Actor: Benjamín Acosta Ortiz
Bogotá, D.C., treinta y uno de marzo de dos mil once
Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.”
Ahora, en el caso que nos ocupa, los derechos cuyo amparo se pretende son, ciertamente, derechos colectivos, contemplado en los literales a), b), c), d), e), g), j), i) y m) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia, susceptibles de protección mediante la interposición de la acción popular.
5.1. Actuación oficiosa.
Al entrar a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor, se advirtió que no habían sido notificados los ocupantes ilegales de la laguna “El Pondaje”, por lo que se ordenó su notificación, mediante auto de 13 de septiembre de 2010, con el fin de subsanar la nulidad.
5.1.1. Alejandro Chica Marín, presidente de la junta de acción comunal del barrio La Paz, manifestó que desde el año 2002, en la parte baja de la laguna “El Pondaje”, se han realizado construcciones de invasión.
Sostuvo que los habitantes de las construcciones ilegales destruyeron un polideportivo y aumentaron la inseguridad del sector.
Afirmó que en el año 2006 se realizó un censo en todos los asentamientos subnormales, como un primer paso para reubicar a las familias que allí habitan.
Manifestó que una vez iniciadas las reubicaciones, no fueron destruidas las antiguas viviendas de invasión, por lo que estas fueron nuevamente ocupadas.
5.1.2. Luis Carlos Anchundia Valencia, representante de la asociación de vivienda comunitaria Nueva Florida, asentamiento subnormal que reside sobre la laguna “El Pondaje”, manifestó que en el año 2005 se realizó un censo para determinar cuántos habitantes vivían en la laguna.
Sostuvo que no ha existido voluntad de las autoridades para dar una solución real al problema de vivienda que padecen los habitantes de los asentamientos subnormales de la laguna “El Pondaje”.
Afirmó que se han realizado acuerdos con Emcali, para que les suministre energía.
5.1.3. Roger Holbein Almendra, líder del asentamiento Villa Uribe, manifestó que se han venido adelantando trabajos con las autoridades locales, para reubicar a la totalidad de las familias.
Anexa censo de familias que quieren ser reubicadas.
5.1.4. Ovilda María Soto Murillo, representante de la comunidad de Playa Alta y habitante de los asentamientos subnormales de la laguna “El Pondaje”, manifestó que en el censo realizado en el año 2005, no se contó a la totalidad de los habitantes.
Sostuvo que en el año 2009 presentó una petición a la alcaldía, para que fueran reubicadas las personas que no habían sido incluidas en el censo de 2005.
Expresó que se han vulnerado sus derechos fundamentales y los de su hija, por las precarias condiciones en las que se encuentran las construcciones de la laguna “El Pondaje” y por los niveles de contaminación de la misma.
Solicitó que fueran reconocidos, restablecidos y cumplidos, los acuerdos establecidos con el municipio de Santiago de Cali, en especial, el preacuerdo político de cuatro puntos que firmo con el candidato a la Alcaldía Jorge Iván Ospina.
En el presente caso, el actor pretende que se amparen los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la moral administrativa, a la existencia del equilibrio ecológico, al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a los servicios públicos, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, debido a que la laguna “El Pondaje”, ubicada en la zona agrícola del municipio de Santiago de Cali, en inmediación de la diagonal 72 F con 26 I del barrio “El Laguito”, se encuentra invadida por construcciones ilegales que en ella y en sus alrededores se han realizado.
• Oficio 3600021- 0276- 2004, dirigido por el Procurador Ambiental y Agrario, al alcalde de Santiago de Cali, el 19 de abril de 2004, en que lo conmina a recuperar la laguna “El Pondaje” en atención a su importancia ecológica, del que se destaca:
“En estas instalaciones de la Procuraduría Ambiental y Agraria hemos recibido copia de la documentación que deja en evidencia la improvidencia e incuria de algunos funcionarios de su administración municipal, al promover y permitir, una ocupación ilegal en el área de la laguna El Pondaje, ubicada en el sector de la diagonal 72 F con 26 I del barrio el Laguito. Los representantes de esta comunidad ya se habían dirigido ante usted en misiva firmada el 25 de marzo de 2004, donde le exponían, entre otros aspectos, lo siguiente: no es justo que otras personas que buscan aprovecharse de estos recursos que nos cuestan bastante, sigan haciendo de las suyas por delante de las autoridades, como es el caso que se presentó el día 24 de marzo a las 6:00 P.M., en donde estas les mostraron a la Policía una carta, la cual fue la razón para que no los desalojaran de estos terrenos.
Se refieren al Acta 01 firmada por el Consejero de Paz de Cali, donde expresa que en reunión realizada en la cancha deportiva la paz, barrio La Paz, de la comuna 13, con los doctores Hernán Ulloa, Freddy Arango, previo consentimiento de María Grace Figueroa, resuelven solicitarle a la Policía Metropolitana que se abstenga de ejercitar operativos a esta comunidad, como medida temporal, habida cuenta que los sitios ocupados no son aptos para construir vivienda (...)
Señor alcalde, como usted bien lo sabe la laguna “El Pondaje” es un humedal que Cali debe recuperar. La importancia de los humedales estriba en el servicio proporcionado para el control de las inundaciones, pues evitan que los terrenos aledaños puedan anegarse. Colombia, dentro del ordenamiento jurídico, tiene la Ley 357 de 1997, que incorporo la convención RAMSAR, donde están definidos los humedales. Estos ecosistemas con su estructura natural cumplen también una tarea reguladora del medio ambiente, y son propiedad de la Nación, o sea, bienes de uso público; tienen por ende una función social y ecológica”(2) (se resalta)
• Oficio 300501-DCE-087-04, dirigido por el jefe del departamento de canales de Emcali, al secretario de gobierno, de convivencia y seguridad de Santiago de Cali, el 10 de febrero de 2004, solicita se tomen las medidas para suspender el arrojo de escombros a la laguna “El Pondaje”, en razón al riesgo que se genera, del que se destaca:
“Comedidamente solicito su intervención ante las autoridades, para que se suspenda el arrojo de escombros en el sector de la calle 73, avenida ciudad de Cali, entre la diagonal 26 G 2 y 26 G, material que está siendo utilizado para rellenar la laguna “El Pondaje”, construyendo cambuches al interior, colocando en grave riesgo no sólo a las personas invasoras, sino a los habitantes de los barrios ubicados aguas arriba de este sistema, al suspender la comunicación entre los canales y la estación de bombeo de Puerto Mallarino”(3).
• Quince (15) fotografías, en las que se aprecian las construcciones realizadas en el borde de la laguna “El Pondaje”, los residuos generados por estas, y el vertimiento de escombros(4).
• Derecho de petición elevado por los habitantes de los barrios el “Laguito” y “Ricardo Balcázar”, al alcalde de Santiago de Cali, el 25 de marzo de 2004, en el que ponen de presente la situación de invasión que se está presentando en la laguna “El Pondaje”:
“La situación que se está presentando en los sectores pertenecientes a las zonas verdes de protección de la laguna “El Pondaje”, ubicada en la diagonal 72 F con 26 I, barrio el “Laguito”, corresponde a la invasión de estos terrenos por parte de personas de mal vivir, que no generan ningún tipo de beneficio a nuestros barrios, ya que no solo malgastan los recursos que tenemos, sino que agreden con su estilo de vida y comportamientos a la comunidad de estos barrios”(5).
• Derecho de petición elevado por los habitantes de los barrios el “Laguito” y “Ricardo Balcázar”, al secretario de gobierno de Santiago de Cali, el 25 de marzo de 2004, por el cual solicitan se desaloje el sector de la laguna “El Pondaje”, toda vez que la invasión de dicho sector los está afectando:
“Haciendo uso de los derechos que nos da la Ley, queremos solicitar o exigir que se desaloje este sector, ya que no es lugar propicio para este tipo de invasiones, con personas desagradables, ni tampoco merecemos se nos afecte la poca tranquilidad que podemos tener”(6).
• Derecho de petición elevado por 293 habitantes del barrio el “Laguito”, al alcalde de Santiago de Cali, el 1º de abril de 2004, en el que solicitan adoptar medidas para impedir la invasión de la laguna “El Pondaje”, ponen de presente los problemas ambientales y sanitarios que se están causando, y la existencia de conexiones ilegales a las redes de servicios públicos por parte de los ocupantes ilegales. Se lee:
“1. Con el acta 1 firmada por el señor Luis Fernando Ortega Fernández, consejero de paz, detuvieron el operativo de desalojo oportuno en zona de protección de la laguna, enseguida del lote de la gobernación.
Ahora, la alcaldía se ampara en los vencimientos de términos, a sabiendas que son responsables por actitud negligente y promover invasiones, al dar permisos provisionales de estadía. (...)
3. El problema ambiental que se está generando sobre la laguna y el sanitario sobre los habitantes del sector, sin ningún compromiso por la Alcaldía para afrontarlos; ya que, cada día que pasa la situación se agrava y la invasión aumenta.
4. Como toda invasión, ya empezaron a conectarse fraudulentamente a los servicios de agua y luz; y los habitantes legales del sector tenemos que pagar estos desperdicios que Emcali carga a nuestros recibos. (...).
6. Nuestra petición inmediata es que nos solucionen y desalojen el reciente asentamiento que se generó con el acta, al lado del lote de la Gobernación, ya que en el momento es el que más problemas nos está causando”(7).
• Derecho de petición elevado por los habitantes del barrio el “Laguito”, al alcalde de Santiago de Cali, el 12 de abril de 2004, en el que manifiestan que algunos funcionarios de la administración con sus actuaciones han legitimado el asentamiento ilegal en la laguna “El Pondaje”. Se destaca:
“Observamos con tristeza, como algunos funcionarios de la administración, entre ellos los doctores Luis Fernando Ortega, consejero de paz, Hernán Huyoa, subsecretario de vivienda y Fredy Arango, subsecretario de gobierno, de manera ilegal y con la aprobación de la doctora María Grace Figueroa, secretaria de gobierno, suscribieron un documento mediante el cual autorizaron la estadía de los invasores en el lugar, constituyéndose su conducta en una flagrante violación al ordenamiento jurídico, que puede enmarcarse inclusive dentro de los tipos penales vigentes (prevaricato, urbanización ilegal), documento que ha servido de titulo a los ocupantes ilegales para evitar el desalojo por parte de las autoridades de Policía , y que a su vez los ha justificado para vender los lotes a personas incautas, por cifras que oscilan entre los $ 300.000 y $ 1.000.000 de pesos, asegurando que tienen el aval del municipio para ello”(8).
• Oficio SMURP-E-468-04, dirigido por el subsecretario de mejoramiento urbano y regularización de predios de Santiago de Cali, a los propietarios y moradores del barrio el “Laguito”, el 30 de abril de 2004, en que manifiesta que se han realizado reuniones con los líderes del sector manifestando siempre la necesidad de desalojar la laguna, del que se destaca:
“(...) Con los ocupantes de hecho de este asentamiento, se han realizado reuniones para buscar soluciones que convengan a la comuna y la ciudad, a las cuales han asistido representantes de la JAL de dicha comuna, planeación municipal, el Dagma, Desepaz, Emcali, lideres y representantes de los asentamientos subnormales, manifestándoles en estas reuniones la necesidad de su desalojo voluntario del sector, esto con el fin de no crear un problema social, ofreciéndoles soluciones habitacionales a mediano plazo, como lo enuncie anteriormente, pero siempre manifestándoles la conveniencia de que efectúen el desalojo voluntario del sitio, o si no la obligación del municipio, a través de la secretaría de gobierno, de realizar el proceso mencionado”(9).
• Oficio dirigido por el secretario de vivienda social de Santiago de Cali, al secretario de gobierno, convivencia y seguridad, el 25 de marzo de 2004, en el que pone de presente las invasiones que se están realizando en la laguna “El Pondaje” y el riesgo que estas presentan, del que se destaca:
“De acuerdo con la información dada por la comunidad y verificada por los funcionarios de la secretaria de vivienda social, en la zona de protección de la laguna El Pondaje ubicada en la comuna 13 y el jarillón del Rio Cauca, a la altura de la ciudadela Desepaz comuna 21, han venido ocurriendo ocupaciones de hecho sobre estos sectores. Lo anterior lo informo, ya que a pesar de no ser terrenos de propiedad de la Secretaria de Vivienda Social, Fondo Especial de Vivienda, son bienes de uso público, encontrándose estas ocupaciones de hecho en zonas de reserva y alto riesgo”(10) (se resalta).
• Acta 1. Firmada por Luis Fernando Ortega Consejero de Paz, previa consulta a la secretaría de gobierno, sin fecha, en la que se solicitó a la Policía se abstenga de realizar operativos de desalojo en la laguna “El Pondaje”, de la que se destaca:
“Siendo las 5:30 P.M. nos hicimos presentes los doctores Hernán Huyoa, subsecretario de vivienda, Fredy Arango, subsecretario de gobierno y Luis Fernando Ortega, consejero de paz, del municipio de Cali, en la cancha deportiva de la Paz, barrio la Paz, comuna 13, con el fin de escuchar a la comunidad asentada en estos lugares, y previos los diálogos con la comunidad y por vía telefónica con la doctora María Grace Figueroa, secretaria de gobierno, se acordó que mientras adecúe el municipio un lugar o lugares propicios que resuelvan provisionalmente, hasta tanto, conforme a las políticas de vivienda se incorporen a los distintos programas de vivienda, mientras esto no suceda, se solicitara al señor Comandante de la Policía Metropolitana se abstenga de ejercitar operativos a esta comunidad”(11) (se resalta).
• Copia presentación en Power Point del programa de renovación integral de zonas marginales, Prizma, adelantado por la Alcaldía de Santiago de Cali y la Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU, en la que se presenta dicho programa, las estrategias generales y específicas de trabajo, las condiciones de la laguna “El Pondaje” y las actividades a realizar entre las que se encuentran la elaboración de fichas de preinversión, y la construcción de un plan de acción, sin fecha, de la que se destaca:
“El Proyecto de recuperación integral de las lagunas Pondaje y Charco Azul, se inscribe en el programa Prizma, el cual busca dar respuestas integrales a problemas complejos urbanos en los ámbitos social, espacial, ambiental, normativo y económico. (...)
En la visita realizada el día 20 de marzo de 2004, se encontraron un Nº aproximado de 100 familias en proceso de asentamiento (...).
Actividades realizadas por EMRU: se han realizado 2 reuniones con las diferentes secretarias, en las cuales se presento el programa Prizma, con el fin de que las demás dependencias participen en forma coordinada en dichos proyectos de recuperación integral de las lagunas “El Pondaje” y Charco Azul y del Sector Los Chorros. En dichas reuniones se estuvo de acuerdo en apoyar con recursos de pre inversión e inversión que deberá aportar cada dependencia para la vigencia 2005.
Identificación de información secundaria sector Los Chorros y Laguna El Pondaje.
Visitas de reconocimiento con acompañamiento de la comunidad a los sectores”(12) (se resalta).
• Copia del Acta 1 “Asentamiento La Laguna El Pondaje”, de 1º de abril de 2004, firmada por el Secretario de Vivienda Social, el Subsecretario de Mejoramiento Urbano y Regularización de Predios del Municipio de Santiago de Cali y el topógrafo Alberto Gómez Echeverri, en la que se concluye que la solución adecuada para los asentamientos ilegales es la reubicación, de la que se destaca:
“Participantes: Presidenta JAL comuna 13
Representante Brisas de la Laguna
Representante Nueva Ilusión
Representante Belisario Betancur
Representante Balandal
Representante Brisas del Tres de Agosto
Representante Villa Uribe
Representante La Esperanza
Representante Nueva Florida
María del Carmen Londoño
Arquitecto Carlos Humberto Marín secretario de vivienda social
Alberto Gómez E Topógrafo
Subsecretario de mejoramiento urbano y regularización de predios
Asistente del congresista Alex López
Asunto: Asentamientos subnormales La Laguna El Pondaje C - 13
(..) La solución es un lote de terreno para desarrollar programas para reubicados, por lo tanto se deben reunir los requisitos mínimos que solicita la secretaria de vivienda social. Quedamos a la espera de encontrar pronto la tierra para llevar a cabo este proceso en las comunas 1,6,13,14,18,20 y 21 y en el jarillón; se trata también de trabajar por la reubicación de los sectores en alto riesgo, igualmente al problema de los chorros comuna 18, hay que darles gradualmente una solución”(13).
• Copia del Acta 2 “Asentamiento La Laguna El Pondaje”, sin firma, con fecha de 8 de abril de 2004, en el que se pone de presente que dadas las invasiones ilegales y la contaminación por estas generada, la capacidad de embalse de la laguna “El Pondaje se ha reducido en un 50 %, de la que se destaca:
“Participantes: Doctora Victoria Muñoz. Planeación
Doctor Oswaldo Ossa. Director Cali No 13
Doctor Luis Fernando Ortega. Director Desepaz
Doctor Otho Salazar. Dagma
Ingeniero Leonardo Sanz. Acueducto y Alcantarillado Emcali
Arquitecto Carlos Humberto Marín. Secretario vivienda social
Abogado Hernán Ulloa. Subsecretario mejoramiento urbano y regularización de predios ingeniero Luis Fernando Gómez
(...) se hizo un estudio hidrológico debido a las inundaciones y se verificó que se ha perdido el 50% de la capacidad de embalse (...)(14).
• Copia del acta “comité interinstitucional e interdisciplinario para el tratamiento de las invasiones en Santiago de Cali”, relatoría realizada por el gerente de EMRU, con fecha 23 de mayo de 2004, en la que se pone de presente la preocupación por la situación de ilegalidad y riesgo de las ocupaciones de la laguna “El Pondaje”, igualmente se expresa la necesidad de adquirir terrenos para la reubicación, de la que se destaca:
“Sobre el número total de invasores llegados hasta la presente semana no se tiene un censo actualizado (...).
Es necesario explorar la vía de un acuerdo con los invasores para el desalojo pacifico de los sectores ocupados. Para ello, se han establecido contactos y se han recibido manifestaciones en este sentido por parte de los representantes de la comunidad asentada ilegalmente.
Se han realizado reuniones previas en el sector, con la presencia de la secretaría de gobierno, la Corporación Autónoma Regional del Cauca, cuyos delegados en dichas reuniones han manifestado su preocupación por la situación de ilegalidad y de riesgo de la ocupación de terrenos con amenazas identificadas y con alta probabilidad de ocurrencia de crecientes del rio Cauca, por las condiciones climáticas temporales (...).
La Secretaria de Vivienda Social expone que ha considerado algunas alternativas de reubicación y se han proyectado algunas soluciones al problema, pero que esto implica dar respuestas en el mediano y largo plazo en lo referente a la solución concreta del problema de la vivienda. Para ello es necesario adquirir tierras y el proceso está avanzando al interior de la dependencia. La solución inmediata no existe”(15).
• Copia del acta de la reunión con la comunidad “Asentamientos laguna El Pondaje”, realizada por la secretaría de gobierno, convivencia y seguridad, subsecretaria de policía y justicia de Santiago de Cali, con fecha 8 de julio de 2004, se destaca:
“Frente a la palabra desalojo se le pide a la comunidad que se tranquilice, ya que todos son conocedores que deben salir de los sitios donde irregularmente se han asentado y la forma de salir es en dos modalidades así:
También se le informa que se toma como compromiso que en el evento de ejecutarse un desalojo, se les avisará con antelación y nada se hará a espaldas de la comunidad.
Se haría el desalojo con humanización ya que se tiene que intervenir tres poblaciones vulnerables a las cuales se les debe brindar protección, tales como:
Los niños a través de hogares ICBF
Los ancianos a través de los ancianatos
Los discapacitados”(16).
• Copia del Acta 3 “Asentamiento La Laguna El Pondaje”, con fecha de 25 de mayo de 2004, en la que se habla de la necesidad de realizar un censo para evitar se presenten situaciones de venta de mejoras, de la que se destaca:
“(...) Interviene el señor David Peña, representante de Villa Uribe, solicitando un censo en ese asentamiento porque hay gente comprando las mejoras; conozco las personas que están vendiendo la única solución es denunciar. Debido a esta situación nos comprometemos a realizar un censo que sea sólo de las personas que están viviendo en este sector, ósea los sitios donde sólo hay vivienda simbólica no se tendrán en cuenta
(...) el arquitecto Carlos Humberto Marín, les informa que se enviará personal de apoyo para llevar a cabo el censo”(17).
• Oficio 1069, dirigido por el alcalde de Santiago de Cali, al comandante de policía metropolitana, el 4 de noviembre de 2004,en la que en razón de la acción popular instaurada, le solicita ejerza las medidas policivas adecuadas para evitar se continúen realizando invasiones en la laguna “El Pondaje”, e impida se continúe con el vertimiento de escombros. Se lee:
“La administración municipal se encuentra afrontando en la actualidad, una acción popular interpuesta por un ciudadano, para la desocupación de la laguna “El Pondaje” (...).
Con lo expuesto anteriormente me permito solicitarle a usted, muy comedidamente, se ejerza por parte de la fuerza pública a su cargo, las siguientes actividades:
1. De acuerdo al Código Penal Colombiano, Código Nacional de Policía y Código Departamental de Policía, controlar y evitar de manera permanente, que no se invadan los sectores de la laguna.
2. Se hace necesario judicializar a las personas que promocionen, auspicien, vendan o directamente sigan invadiendo la laguna.
3. Organizar operativos de control para impedir que se siga rellenando la laguna con escombros y/o basuras, por parte de volquetas y carretillas”(18) (Se resalta).
• Oficio 1070, dirigido por el alcalde de Santiago de Cali, al Secretario de Tránsito y Transporte, el 4 de noviembre de 2004, en el que con ocasión de la acción popular le solicita realice los operativos necesarios para impedir la entrada de volquetas con escombros a la laguna “El Pondaje”, del que se destaca:
“La administración municipal se encuentra afrontando en la actualidad, una acción popular interpuesta por un ciudadano, para la desocupación de la laguna “El Pondaje” (...)
Con lo expuesto anteriormente me permito solicitarle a usted, muy comedidamente, se ejerza por parte de las unidades a su cargo, las siguientes actividades:
1. Llevar a cabo operativos por parte de los guardas de tránsito, para impedir la entrada de volquetas con escombros, por la diferentes entradas que tiene la laguna”(19).
• Copia del “proyecto Laguna del Pondaje acciones a seguir”, y de un cronograma de trabajo en el que se identifican cada una de las tareas a realizar por la entidad responsable, del que se destaca:
“Prioridad de reubicación 37.326 hogares localizados en zonas de alto riesgo.
Formulación de un proyecto para presentación ante Findeter, para conseguir recursos a partir de la adquisición de lotes”(20).
• Testimonio de María Grace Figueroa Ruiz, subsecretaria de policía y justicia de la secretaría de gobierno municipal, en el cual habla de la creación en el 2005 del comité interinstitucional para la recuperación y conservación de la laguna “El Pondaje”, y de la realización de un censo para establecer el número de familias a reubicar, realizado el 13 de octubre de 2005, del que se destaca:
“Se le ordena que haga un relato de cuanto le conste. Contestó: la administración municipal, desde enero del 2005 por Directriz del señor Alcalde municipal, doctor Apolinar Salcedo, creó un comité interinstitucional para la recuperación y conservación del jarillón del rio Cauca y de la laguna “El Pondaje”, comité que se reúne semanalmente, de los cuales existen actas como prueba de ello. A este comité acuden los comandantes de policía del sector donde está ubicada la laguna “El Pondaje”, que es el caso que nos ocupa, e igualmente la secretaria de transito. Hago referencia estas dos entidades específicamente para dejar claro las acciones que hemos venido tomando en regularizar la entrada de escombros para el relleno de la laguna e igualmente para no permitir más construcciones en el lugar. Igualmente asiste al comité la CVC, Emcali, el Fondo de Solidaridad, Acodal, la cámara de comercio, la Gobernación del Valle, para que en conjunto fijemos estrategias de recuperación del humedal, que no es otra decisión que debe ser desocupado por las familias que lo han ocupado. Lo que hemos venido discutiendo en el comité es el cómo hacerlo por el problema social, que existe en el lugar. Para ello adelantamos un censo oficial que llevó a cabo la secretaria de vivienda social, de cual era la realidad en cuanto al número de familias, de personas, su condición económica (...)(21).
• Copia del estudio socio económico, realizado por la secretaria de vivienda social del municipio de Santiago de Cali, sin fecha, en el que se calculan un total de 8.725 personas a ser reubicadas, del que se destaca:
“En promedio, se calcula que hay 8.725 personas entre adultos y niños/as en el sector del Pondaje con un numero de 5 personas por vivienda aproximadamente. Contando que el asentamiento con más numero poblacional por vivienda es Belisario Betancur, con un promedio de 15 personas por vivienda”(22).
• Oficio 010958, dirigido por la directora del Dagma, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 28 de febrero de 2005, en el que pone de presenta la contaminación generada en la laguna “El Pondaje” por los asentamientos subnormales, del que se destaca:
“Por los asentamientos subnormales y por la carencia de los servicios públicos en la zona, se genera un impacto negativo al ecosistema de la laguna”(23) (Se resalta)
La Sala advierte la vulneración a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a los servicios públicos, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, toda vez que los asentamientos ilegales construidos en la laguna “El Pondaje” la han contaminado y han aumentado el riesgo de que acaezca un desastre natural.
De las fotografías visibles a folios 5 a 12 del expediente, del Acta No 2 “Asentamiento La Laguna El Pondaje”, con fecha 8 de abril de 2004, visible a folios 94 a 97, y del Oficio 010958, con fecha de 28 de febrero de 2005, visible a folios 275 a 276 del expediente, se advierte que existe una creciente contaminación en la laguna, a causa de los asentamientos subnormales, al punto de que se afirma que esta ha perdido el 50% de su capacidad de embalse.
De los oficios 3600021- 0276- 2004, con fecha 19 de abril de 2004 y 300501-DCE-087-04, con fecha de 10 de febrero de 2004, suscritos respectivamente por el procurador ambiental y agrario y por el jefe departamento de canales de Emcali, y del oficio suscrito por el secretario de vivienda social, visibles a folios 1, 4 y 41 del expediente, se observa que es posible que ocurra un desastre, pues las invasiones de la laguna se encuentran ubicadas en un bien de uso público, situado en zona de alto riesgo.
Las pruebas documentales allegadas demuestran que pese a haber sostenido varias reuniones sobre esta temática en el año 2004, haber adelantado un censo en el año 2005 y haber determinado las mesas de trabajo y los comités interinstitucionales(24) la necesidad imperiosa de reubicar los asentamientos ilegales, el municipio de Santiago de Cali desde entonces no probó haber realizado avances graduales y progresivos en el agotamiento de las etapas presupuestales, financieras y contractuales para la ejecución del proyecto de reubicación de los asentamientos ilegales de la Laguna El Pondaje. Prueba de ello es que la problemática subsiste, pese a que desde entonces la procuraduría ambiental, el gerente de la empresa municipal de renovación urbana, y las juntas de acción comunal de los barrios afectados hayan sido reiterativos en requerir de las autoridades su eficaz intervención. Lo cierto es que las mesas de trabajo y los comités intersectoriales no han adoptado un programa de acciones concretas con su respectivo cronograma de ejecución, para que se materialice el programa de renovación integral de zonas marginales —Prizma— y el proyecto “potrero grande”, los que continúan en fase de formulación y preinversión, lo que resulta a todas luces inaceptable pues han transcurrido desde entonces más de 6 años y la evidencia documental prueba que la problemática ambiental de la laguna se ha agravado pues continúan los rellenos con escombros y los asentamientos subnormales.
Sirva, a estos efectos, reiterar la sentencia de 27 de febrero de 2003, (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), en que la sección puso de presente:
“De otra parte, es verdad que la ejecución de obras públicas está supeditada al plan de desarrollo municipal y a la disponibilidad de recursos en el presupuesto. Pero ello no excusa que las autoridades locales omitan adelantar las gestiones para que puedan preverse en el plan de desarrollo y contar con apropiación presupuestal, máxime cuando en esta materia el artículo 6º del Decreto 919 de 1989 “por el cual se organiza el sistema nacional para la prevención y atención de desastres y se dictan otras disposiciones” preceptúa:
“ART. 6º—El componente de prevención de desastres en los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Todas las entidades territoriales tendrán en cuenta en sus planes de desarrollo, el componente de prevención de desastres y, especialmente, disposiciones relacionadas con el ordenamiento urbano, las zonas de riesgo y los asentamientos humanos, así como las apropiaciones que sean indispensables para el efecto en los presupuestos anuales. Cuando sobre estas materias se hayan previsto normas en los planes de contingencia, de orientación para la atención inmediata de emergencias y en los planes preventivos del orden nacional, regional o local, se entenderá que forman parte de los planes de desarrollo y que modifican o adicionan su contenido”(25).
De igual modo, es del caso reiterar la advertencia que con ocasión de una problemática análoga, consignó la Sección en sentencia de 15 de febrero de 2007 (MP: Camilo Arciniegas Andrade):
“Es inaceptable que las autoridades municipales hayan desatendido sus obligaciones constitucionales y legales en un asunto tan trascendental como el de resolver la problemática de salubridad y de saneamiento ambiental del matadero de Tunja que ha persistido sin solución por más de 10 años si se tiene en cuenta que las actas de visita la documentan desde el año 1994. El municipio no demostró desde entonces haber efectuado avances graduales y progresivos para solucionarla en forma provisional y definitiva.
Esta Sala reformará el numeral primero de la sentencia impugnada y en observancia del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, definirá en forma precisa las órdenes que se imparten al alcalde de Pereira para que en el corto plazo se protejan los derechos al goce de un ambiente sano, a la preservación y conservación del medio ambiente, y a la salubridad pública cuya vulneración evidenciaron las pruebas allegadas al proceso. El a quo no impartió órdenes precisas para solucionar esta problemática en forma inmediata”(26) (se resalta).
En un mismo sentido, mediante sentencia de 13 de mayo de 2004, (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), esta Sala estableció:
“Las pruebas aportadas al proceso evidenciaron un grave problema de salubridad originado por la saturación del pozo séptico, por su rebosamiento con el consiguiente vertimiento de excretas a cielo abierto y de aguas residuales domésticas en el sector de La Balastrera, agravado por el desconocimiento de las más elementales normas de higiene y de seguridad por parte de sus habitantes, quienes arrojan a este basuras y residuos de alimentos, lo que incrementa la propagación de plagas e insectos, los malos olores y que además carece de cerramientos adecuados, lo que representa un peligro especialmente para la población infantil. Pese a no controvertir el compromiso a la salubridad que para los habitantes del sector representa la problemática descrita, el Municipio de Tulúa argumenta que la comunidad es responsable de haber creado la situación que produce la afectación de los derechos a la salubridad pública y el ambiente sano, pues se trata de un asentamiento ilegal. El municipio además aduce que los habitantes serán reubicados y que Ferrovías ha requerido el desalojo de las áreas que ocupan por corresponder a zona de seguridad del corredor férreo que en virtud de contrato de concesión la empresa Tren de Occidente está obligada a poner en funcionamiento. No le asistió razón al apoderado del municipio al aducir el artículo 99 de la Ley 812 de 2003, pues aunque ciertamente dispuso que “queda absolutamente prohibida la inversión de recursos públicos en asentamientos originados en invasiones o loteos ilegales realizados con posterioridad a la vigencia de la presente ley” no es esta la situación del caso presente pues el asentamiento ilegal a lo menos data de 1999 y esta tuvo lugar el 27 de junio de 2003. (Diario Oficial 45231). Desde la Resolución 006 de 12 de marzo de 2001 por la cual la Alcaldía de Tulúa ordenó la restitución del corredor férreo del sector La Balastrera y de su zona de protección o seguridad —12.50 metros contados de lado y lado a partir del eje de la vía— han transcurrido más de 3 años, sin que la Administración haya demostrado que desde cuando en el año de 2001 adquirió el predio y tramitó la licencia de construcción, haya adelantado la construcción del proyecto de vivienda, ni que haya un cronograma que haga factible que la reubicación tenga lugar en un plazo cierto y determinado. Por el contrario, el municipio adujo no haber procedido al desalojo porque «no se les ha solucionado una posible reubicación por la falta de aprobación del programa de vivienda adelantado por el municipio». De otra parte acertó el tribunal al conceder el amparo de los derechos al goce de un ambiente sano y a la salubridad públicas, pues el material probatorio allegado al expediente probó plenamente su vulneración a causa de la conducta omisiva de las autoridades municipales, quienes a lo menos desde el año 1999 conocen de los riesgos a la salubridad que produce la saturación del pozo séptico y su rebosamiento, sin que demostraran que han venido adoptando las medidas para que la reubicación de los habitantes del sector de La Balastrera se produzca en un plazo razonable”(27) (se resalta).
Fuerza, es entonces, revocar la providencia apelada y, en su lugar, ordenar a la alcaldía del municipio de Santiago de Cali que realice un censo en el que determine el número de familias y su nivel de vulnerabilidad, tomando en consideración la presencia de niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, y los diferentes niveles de riesgo de la zona, de modo que ates de expirar su actual período constitucional las reubique y demuela las viviendas ilegalmente construidas en el humedal.
1. REVÓCASE la sentencia apelada, y en su lugar,
2. ORDÉNASE a la alcalde del municipio de Santiago de Cali que, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de este fallo efectúe un censo, adelante las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales necesarias y establezca un plan de acción con su respectivo cronograma de ejecución, de modo para que a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes, efectúe la reubicación de los asentamientos ilegales de la Laguna El Pondaje, dando prioridad a los grupos familiares con menores de edad, ancianos, enfermos, mujeres embarazadas o personas discapacitadas, a las que presentan socavación de cimientos, u otro factor de inminente riesgo. Los miembros cabeza de familia de los núcleos familiares a reubicarse deberán concurrir con el municipio y contribuir en las obras de construcción requeridas para adelantar su reubicación.
3. ORDÉNASE a las Secretarías de Educación y de Salud efectuar en forma inmediata una campaña de educación sanitaria que instruya a los habitantes de los asentamientos ilegales de la Laguna El Pondaje sobre normas de higiene que deben observar en el tratamiento de desechos y basuras, para evitar enfermedades y riesgos a la salud, y adoptar medidas de prevención, principalmente en relación con la población infantil.
4. En asocio con el Comandante de la Policía Metropolitana adopte un operativo de policía permanente que prevenga nuevas ocupaciones ilegales en la Laguna El Pondaje, el vertimiento de escombros, la judicialización de los infractores y que contrarreste los factores de inseguridad que las ocupaciones ilegales causan a los habitantes de los barrios aledaños.
5. Conjuntamente con la CVC, adelante un programa de descontaminación y de recuperación ambiental del Humedal de la Laguna El Pondaje.
6. Conjuntamente con el comité local de atención y prevención de desastres y el personero municipal, adopte e implemente en forma permanente un plan de monitoreo y de prevención del riesgo en que se encuentran los habitantes de los asentamientos ilegales de la Laguna El Pondaje, ante la contingencia de un eventual crecimiento del volumen de las aguas lluvias o de deslizamiento por socavación de cimientos.
7. CONFÓRMASE un Comité de Verificación, integrado por el Procurador Regional del Valle del Cauca, los secretarios de vivienda social, gobierno, y mejoramiento urbano, el Gerente de la Empresa municipal de Renovación Urbana y el Comandante de la Policía Metropolitana de Cali, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quien hará seguimiento a lo ordenado en este fallo e informará al a quo sobre las decisiones y acciones que se tomen y realicen.
8. FÍJASE como incentivo, a favor de Benjamín Acosta Ortiz, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2011, los cuales deberá pagar el municipio de Santiago de Cali, dentro del término de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de este fallo.
(2) Folio 1
(3) Folio 4
(4) Folios 5 a 12
(5) Folio 13
(6) Folio 15
(7) Folio 17
(8) Folio 19
(9) Folio 39
(10) Folio 41
(11) Folio 42
(12) Folios 82 a 90
(13) Folio 91
(14) Folios 94 a 97
(15) Folios 99 a 102
(16) Folios 134 a 140
(17) Folios 144 a 147
(18) Folio 212
(19) Folio 214
(20) Folios 218 a 226
(21) Folios 245 a267
(22) Folios 253 a 262
(23) Folios 275 a 276
(24) Oficio SMURP-E-468-04 suscrito por el subsecretario de mejoramiento urbano y regularización de predios, visible a folio 39, Acta 1 firmada por Luis Fernando Ortega Consejero de Paz, visible a folio 42 , Copia del programa de renovación integral de zonas marginales, Prizma, adelantado por la Alcaldía de Santiago de Cali y la Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU, visible a folios 82 a 90, copia acta comité interinstitucional e interdisciplinario para el tratamiento de las invasiones en Santiago de Cali, visible a folios 99 a 102.
(25) Sentencia de 27 de febrero de 2003, Rad.: 68001-23-15-000-2000-3448-01(AP-3448), Actor: José Del Carmen Espinoza Rincón, M.P.: Camilo Arciniegas Andrade.
(26) Sentencia de 15 de febrero de 2007, Rad.: 15001-23-31-000-2001-01930-01(AP), Actor: Luis Alejandro Quiroga Zabala, M.P: Camilo Arciniegas Andrade.
(27) Sentencia de 13 de mayo de 2004, Rad.: 76001-23-31-000-2002-02821- 01(AP), Actor: David Grajales, M.P: Camilo Arciniegas Andrade.