Source: https://es.scribd.com/doc/4914496/24/Principios-que-rigen-para-la-aplicacion-de-medidas-de-coercion
Timestamp: 2015-10-13 21:48:57
Document Index: 137192519

Matched Legal Cases: ['artículo 264', 'artículo 19', 'artículo 264', 'in dubio', 'artículo 19', 'artículo 264', 'artículo 247', 'artículo 264', 'artículo 12']

1.Principios que rigen para la
aplicación de medidas de coerción for Manual de estrategias de litigio con enfoque de genero
P. 1Manual de estrategias de litigio con enfoque de generoManual de estrategias de litigio con enfoque de generoRatings: 4.75 (1)|Views: 1.361|Likes: 31Publicado porpublicacionesidppEste Manual constituye un instrumento innovador por medio del cual se pretende articular los mejores esfuerzos para una adecuada defensa de las mujeres en conflicto con la ley penal, de tal manera que, en un proceso paulatino, se logre transformar actitudes culturales de frente a este sector que constituye la mayoría de la población guatemalteca, por parte de los funcionarios y funcionariasque ejercen justicia, tanto en materiade persecución, como desde las judicaturas y,sobre todo, desde la defensa.Este Manual constituye un instrumento innovador por medio del cual se pretende articular los mejores esfuerzos para una adecuada defensa de las mujeres en conflicto con la ley penal, de tal manera que, en un proceso paulatino, se logre transformar actitudes culturales de frente a este sector que constituye la mayoría de la población guatemalteca, por parte de los funcionarios y funcionariasque ejercen justicia, tanto en materiade persecución, como desde las judicaturas y,sobre todo, desde la defensa.More info:Published by: publicacionesidpp on Aug 20, 2008Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/4914496/Manual-de-estrategias-de-litigio-con-enfoque-de-genero06/06/2013pdftextoriginalSectionsPRESENTACIÓNGÉNERO Y JUSTICIA PENALINTRODUCCIÓNA. CONSIDERACIONES GENERALESB.Género y Sexo1.Origen de la categoría género2.Sexo y género3.Teoría de género y perspectiva de géneroC.Género y Derecho1.La forma en que se interpretan y
aplican las normas2.El contenido de las normas jurídicas3.Principio de igualdadD. Violencia de Género2.Violencia intrafamiliar3. Violencia sexualDETERMINACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE DEFENSAA. MARCO DE REFERENCIAB. Facultades defensivas
frente a la imputación1.Aspectos normativos de la imputación2.Análisis de la imputación3.Tipo subjetivoC.CulpabilidadD.Facultades defensivas vinculadas
a la aplicación de las medidas
de coerción1.Principios que rigen para la
aplicación de medidas de coerción2.Presupuestos para la aplicación
de medidas de coerción3.Clases y características de
las medidas de coerción4.Procedimiento para la aplicación
de las medidas de coerción5.Medidas de coerción tendientes
a la búsqueda de la verdadE.Facultades defensivas vinculadas
a la operativización del sistema
de garantías1.Juez natural y derecho de defensa2.Juez imparcial y derecho de defensaGLOSARIOINSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERESBIBLIOGRAFÍAAnexo I
Ficha de registro en casos de violencia sexualFICHA DE REGISTRO EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL
En la práctica judicial se suele considerar que los
principios, al igual que las garantías constituyen
meros postulados abstractos desarrollados por la
doctrina y, en consecuencia, la aplicación o vincu-
lación para los/as operadores del sistema de justi-
cia es poco tangible.
Dicha concepción genera que pocas veces se pro-
fundice en los alcances de los principios y garan-
tías, cuando no, se pasan por alto y se prefiere in-
gresar de lleno a los institutos que conforman, en
este caso, los límites que tiene el Estado para im-
poner una medida de coerción a la persona impu-
tada durante el proceso penal.
Los principios y garantías constituyen el punto de
partida que permite determinar el grado de legiti-
midad del ejercicio del poder coercitivo y puniti-
vo del Estado y, de esta cuenta, verificar el nivel
de arbitrariedad, o no, de ese poder, más aún cuan-
do está pendiente la emisión de una sentencia de-
finitiva que determine, conforme a los principios
del modelo de Estado, la imposición de una san-
ción, como es el caso de las medidas de coerción
durante el proceso penal.
Como se verá, el sistema de garantías se caracteri-
za por su carácter sistémico. Los principios y ga-
rantías son en consecuencia normas de aplicación
directa que constituyen límites al ejercicio del po-
der del Estado, en donde la vulneración de una de
ellas afecta a las otras, constituyendo de esta ma-
nera una unidad que permite darle coherencia. De
allí su naturaleza sistémica.
En cuanto a los principios que regulan la aplica-
ción de las medidas sustitutivas, éstos parten de la
Constitución Política de la República en la cual se
establecen como garantías básicas: la presunción
de inocencia, el juicio previo, la defensa en juicio,
juez natural y la prohibición de la doble persecu-
ción por un mismo hecho.
Todas estas garantías surgen a partir del principio
de libertad de acción (CPR, art. 5), por medio del
cual toda persona tiene libertad de hacer todo aque-
llo que la ley no prohíbe, y sólo cuando ha ejecu-
tado una acción u omisión prohibida por la ley
(CPR, art. 17) puede ser perseguida judicialmen-
te, dando paso, a la operativización del sistema de
En el caso de las medidas de coerción, durante el
proceso penal operan el principio de legalidad,
jurisdiccionalidad, proporcionalidad, excepciona-
lidad y subsidiariedad. Estos cinco principios per-
miten verificar si la medida de coerción impuesta
fue aplicada conforme al modelo normativo y si es
la adecuada conforme al caso concreto. De lo con-
trario daría posibilidad a que la defensa pudiera re-
currir a la medida de acuerdo a los mecanismos es-
tablecidos en la legislación procesal.
El principio de legalidad referido a las medidas de
coerción durante el proceso penal tiene una triple
connotación: La primera de ellas se encuentra re-
ferida a que únicamente pueden imponerse aque-
llas medidas reguladas en el Código Procesal Pe-
nal (CPP, art. 14, tercer párrafo), la segunda, a que
sólo pueden imponerse las medidas cuando con-
curran los presupuestos que la ley establece (CPP,
arts. 262, 263 y 264 primer párrafo) y, la tercera, a
que sólo pueden imponerse siguiendo el procedi-
miento que regula el ordenamiento jurídico (CPP,
arts. 3 y 4).
DETERMINACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DEFENSA
En relación con la primera connotación, la legis-
lación nacional permite la imposición de tres ti-
pos de medidas de coerción: las medidas provi-
sionales «citación, conducción, retención, aprehen-
sión policial o particular», medidas sustitutivas y
prisión preventiva; por fuera de éstas, no puede
imponerse ninguna otra.
El control de este principio en la práctica es simple,
basta con remitirse a las medidas reguladas en la
ley y verificar si ahí se encuentra consignada, de lo
contrario, es decir, si la medida no se encuentra re-
gulada, se podría promover la revocatoria o apela-
ción de la medida impuesta, por no estar regulada
La segunda connotación del principio de legali-
dad «sólo pueden imponerse las medidas cuando
concurran los presupuestos establecidos en la ley»
exige que: el “hecho” por el cual se impone una
medida de coerción sea considerado como delito;
la persona a la que se impone la medida sea consi-
derada como partícipe; y, además, concurran los
presupuestos de peligro de fuga u obstaculización
Es indispensable para el control de esta connota-
ción el principio de legalidad que cada uno de los
presupuestos sea sujeto a verificación fáctica, es
decir, que cada presupuesto sea descrito con pre-
cisión, sin incluir valoraciones sujetivas o norma-
tivas que impidan su comprobación; además, que
esa descripción de la realidad sea sustentable en
pruebas que permitan tornar tangibles las descrip-
ciones de cada uno de los presupuestos.
Como puede advertirse, no es suficiente para te-
ner por aceptada la concurrencia de los presupues-
tos que habilitan la imposición de una medida de
coerción que la judicatura, en su resolución, indi-
que que existe un hecho punible, el nivel de parti-
cipación y los peligros de fuga u obstrucción de la
investigación sin relatar la forma en que se mani-
fiestan en el caso concreto, ni los medios de prue-
ba o convicción que lo llevan a las conclusiones
El principio de legalidad en esta connotación tam-
bién impide que se impongan medidas de coer-
ción en determinados hechos delictivos cuando la
acción no corresponde al órgano del Estado, es
decir, en los delitos de acción privada y en los de
acción penal mixta. En el primer caso, hasta que
la víctima no haya requerido la aplicación de la
medida de coerción; y, en el segundo, hasta en tan-
to, la víctima no haya puesto en conocimiento
«mediante denuncia o querella» al órgano
persecutor «Ministerio Público» el hecho punible.
Definitivamente, quedan excluidas de la imposi-
ción de una medida de coerción durante el proce-
so aquellas personas a las que se le impute, exclu-
sivamente, la comisión de una conducta califica-
da por la ley como falta (CPR, art. 11).
Es preciso advertir que tanto en los delitos de ac-
ción privada como en los delitos cuya acción de-
penda de instancia particular «acción mixta» las
medidas de coerción provisionales sólo pueden
imponerse para evitar que la lesión continúe. La
autoridad policial en estos casos no puede, de ofi-
cio, proceder a la aprehensión por más que el he-
cho sea flagrante; su función se limita únicamente
a evitar que continúe la actividad delictiva, evitar
que se pierdan o estropeen los medios de prueba e
identificar a la imputada (CPP, art. 24 ter).
En cuanto a la tercera connotación del principio de
legalidad «sólo pueden imponerse las medidas
sustitutivas siguiendo el procedimiento establecido
en el ordenamiento jurídico». Esta, se caracteriza
porque las medidas sustitutivas sólo pueden impo-
MANUAL DE ESTRATEGIAS DE LITIGIO CON ENFOQUE DE GÉNERO
nerse luego de haberse oído a la imputada «derecho
de audiencia» con las formalidades y garantías es-
tablecidas en el ordenamiento jurídico.
Lo anterior implica como mínimo: que la imputa-
da haya declarado libremente; que se le haya puesto
en conocimiento del hecho que se le imputa y el
grado de participación, así como los medios de
prueba existentes al momento de su declaración;
que haya sido asistida por un/a defensor/a de su
elección o uno/a de oficio nombrado por la judi-
catura; si la imputada no comprende o no habla el
idioma del tribunal debe ser asistida por un/a tra-
ductor/a de su confianza o uno/a nombrado por la
judicatura; y, obviamente, que el o la juez que
recibe la declaración de la imputada sea compe-
tente para resolver su situación jurídica.
De las connotaciones del principio de legalidad
referidas a las medidas de coerción, la segunda y
la tercera son las que con frecuencia se vulneran
En cuanto a la forma en que se vulnera la segunda
connotación, se ha encontrado que los fallos judi-
ciales, en momento alguno describen fácticamente
los hechos que llevan a la judicatura a concluir que
la imputación es de naturaleza delictiva, ni, mucho
menos, cuáles son los supuestos fácticos que sus-
tentan el peligro de fuga u obstaculización de la in-
vestigación. Es más, generalmente las resolucio-
nes que imponen medidas sustitutivas se caracteri-
zan, por indicar, únicamente: “...dado que a la im-
putada se le atribuye un hecho delictivo y existien-
do motivos racionales para considerar que él lo co-
metió o participó en el mismo...” y “...que no exis-
ten motivos racionales para considerar el peligro de
fuga u obstaculización de la investigación... es pro-
cedente imponer una medida sustitutiva”.
Como se puede advertir ninguno de los razonamien-
tos describen fácticamente cómo el tribunal llega a
concluir que la imputación es delictiva ni mucho
menos el grado de participación, así como tampoco
de dónde surge la existencia del peligro de fuga u
obstaculización de la investigación, es más, la au-
sencia del peligro de fuga u obstaculización de la
investigación hace procedente únicamente, la liber-
tad por falta de mérito (CPP, art. 272).
Como estrategia de la defensa en estos casos se
puede utilizar el recurso de apelación por falta de
fundamentación de la resolución, o bien, la
revocatoria de la medida de coerción por ausencia
de uno de los presupuestos para la imposición de
En cuanto a la vulneración de la tercera connota-
ción del principio de legalidad, se ha encontrado
que las mismas se imponen sin que la imputada haya
prestado declaración con las formalidades estable-
cidas en el ordenamiento jurídico. En especial, las
relativas a que quien recibe su primera declaración,
por regla general no es el o la juez sino un oficial
del juzgado; y, por otra parte, de ordinario, la pri-
mera declaración se presta con regularidad ante el
o la juez de paz en ausencia de la defensa.
Los aspectos antes descritos son suficientes para que
esta primera declaración no constituya presupuesto
alguno para fundar la decisión judicial de medida
de coerción (CPP, art. 281, primer párrafo), por con-
siguiente, la medida de coerción dictada con poste-
rioridad a dicha declaración es anómala y nula de
pleno derecho (CPR, art. 44, último párrafo).
Esta nulidad se puede hacer valer durante la reali-
zación del acto o bien mediante el recurso de ape-
lación del auto que dicta la medida de coerción.
Los efectos serían la revocación de la resolución
que impone la medida.
b.Jurisdiccionalidad
El principio de jurisdiccionalidad relacionado con
la aplicación de medidas de coerción durante el
proceso penal, tiene dos connotaciones. La prime-
ra de ellas se encuentra referida a que la judicatura
es la única que puede imponer una medida de coer-
ción; la segunda, que esta misma es también la
única que puede valorar en el caso concreto las
medidas de coerción que se impondrán.
Ambos principios son consecuencia de las atribu-
ciones de juzgar y ejecutar lo juzgado (CPR, art.
203) que le son atribuidas a las y los jueces, por
ello, la judicatura, es la única con potestad para
restringir la libertad de las personas.
En las medidas de coerción provisionales el prin-
cipio de jurisdiccionalidad se encuentra, en casos
urgentes, atenuado al darle posibilidad a la policía
y particulares de aprehender en flagrancia, pero
esta facultad, sólo se encuentra dada en los delitos
de acción penal pública.
La legislación guatemalteca contiene en ambas
connotaciones disposiciones que vulneran el prin-
cipio de jurisdiccionalidad. En relación con la pri-
mera de las connotaciones, que se refiere a que el
o la juez es la única persona que puede imponer
medidas de coerción, resulta evidente que el/la le-
gislador/a ha hecho una extensión de este princi-
pio al otorgarle a los notarios y jefes de policía,
que tengan conocimiento del asunto, la potestad
de constituir el arresto domiciliario cuando se tra-
te de hechos por accidentes de tránsito (CPP,
art. 264 bis).21
En relación con dicha norma la Corte de Constitucionalidad mediante razonamientos poco claros, ha indicado
que la misma no vulnera principios constitucionales,22
dado que: “...el artículo 264 del Código Procesal Penal,
como regla general, prevé que las medidas sustitutivas deben ser aplicadas por juez competente, las cuales
están dirigidas fundamentalmente hacia los delitos dolosos; y la adición que genera el artículo 19 impugnado
–se refiere al artículo 264 bis– es una alternativa para los hechos culposos, que por ser de menor gravedad y
por ende, de menor peligro de obstaculización de la verdad y fuga del imputado, requieren de mayor facilidad
de aplicación de la medida sustitutiva por excelencia para esos hechos: el arresto domiciliario.”
El razonamiento que se transcribe merece dos comentarios: El primero referido a que la Corte de
Constitucionalidad está valorando en abstracto la medida aplicable a hechos dolosos y culposos, cuando esa
valoración sólo puede hacerse en cada caso concreto, que es donde se valora el peligro de fuga u obstaculiza-
ción de la investigación; quitarle esa potestad a la judicatura, mediante la creación de ficciones normativas
implica hacer nula la función de juzgar propia de estos órganos (CPR, art. 203). Por otra parte, la Corte también
incurre en el error de valorar que en los hechos culposos existe menor peligro de obstaculización de la verdad
y fuga de la persona imputada, ante este argumento opera siempre el in dubio pro reo (CPP, art. 14, último
párrafo) que es una consecuencia del estado de inocencia (CPR, art. 14) y, su valoración, también opera en el
caso concreto, es decir, no puede hacerse en abstracto mediante la regulación de ficciones normativas.
21Esta reforma fue introducida mediante el artículo 19 del decreto 32-96 del Congreso de la República.
22Ver sentencia dictada dentro del expediente 929-96 con fecha 24 de febrero de 1997, Gaceta Jurisprudencial No. 43.
La segunda forma de vulnerar el principio de
jurisdiccionalidad contenida en la legislación na-
cional se encuentra referida al establecimiento de
supuestos o figuras delictivas a los que no les es
aplicable la imposición de medidas sustitutivas.
Precisamente, la introducción de supuestos nor-
mativos a los que no les es aplicable medidas
sustitutivas “...subroga la facultad intelectiva del
juzgador por una presunción legal que le obliga
–aunque no crea– a decretar el auto de prisión,...”
como consecuencia de ello, “...contradice el prin-
cipio de discrecionalidad que la Constitución es-
tablece como requisito para decretar el auto de
prisión, y como tal, restringe un derecho público
subjetivo de los procesados, de ser sometidos a
prisión provisional únicamente por auto motivado
racionalmente por autoridad judicial que “crea”
que la persona detenida ha cometido o participado
en un delito, y no por una ley de carácter proscrip-
El segundo comentario que amerita el razonamiento de la Corte de Constitucionalidad se refiere a la valoración
que hace de la necesidad de “...mayor facilidad de aplicación de la medida sustitutiva por excelencia para esos
hechos –se refiere a los hechos por accidentes de tránsito–: el arresto domiciliario.” Nuevamente con este
argumento la Corte está haciendo valoraciones en abstracto que exceden las facultades que le otorga el ordena-
miento jurídico, sin evidenciar, que con ello está profundizando la vulneración del principio de igualdad (CPR,
art. 4º), dado que en este supuesto la igualdad se encuentra referida no al tipo de hecho imputado sino a su
calidad de procesado o procesada, en donde toda persona procesada debe encontrarse en igualdad de derechos.
Más grave e irresponsable resulta el siguiente razonamiento: “...Aplicar la medida de arresto domiciliario es
facultad que estuvo por años en el antiguo Código Procesal Penal. Y la misma (sic) no constituye acto jurisdic-
cional, pues todo lo actuado en la fase preliminar son actos de investigación y preparatorios para el eventual
juicio penal. La función de juzgamiento se inicia con el período intermedio ante el juez respectivo y se matiza
con más preeminencia en la fase del juicio...”.
Como se puede advertir, en el argumento antes citado, el tribunal constitucional niega el carácter jurisdiccional
del arresto domiciliario, lo que implicaría, tal y como lo afirma esa Corte, que todas las medidas de coerción
durante el proceso no necesariamente deben ser impuestas por la judicatura; y, por lo tanto, a cualquier legis-
lador/a se le podría ocurrir emitir una ley en la que se le otorgue a cualquier funcionario distinto del juez la
potestad de dictar la prisión preventiva, basados en el infortunado argumento de que: “... todo lo actuado en la
fase preliminar son actos de investigación y preparatorios para el eventual juicio penal...”.23
Contrario al criterio de la Corte de Constitucionalidad y como se abordará en el apartado III, el arresto domici-
liario implica la restricción a la libertad y, por tanto, la misma, por su naturaleza, no puede ser confiada a otro
funcionario sin que ello conlleve la vulneración de los principios del Estado Republicano. Como consecuencia
de ello la judicatura es la única que puede imponer esta medida de coerción y cualquier otra que se encuentre
regulada. Este es en sí el fondo de la discusión en el otorgamiento a otros funcionarios distintos a la judicatura
de la potestad de emitir medidas que restrinjan la libertad.
23Dada la limitación de extensión de este documento no se abordará la función jurisdiccional. Baste por el momento referirse a que en la etapa
preparatoria existen decisiones que siempre implican la función de juzgar, si bien, esta función cobra mayor relevancia al momento de emitir la
sentencia y no en el juicio, como afirma la Corte en dicho fallo.
tivo que establece una presunción legal que no
admite prueba en contrario...”.24
Lamentablemente, dicho criterio sustentado por la
Corte de Constitucionalidad ha sido variado en
fallos posteriores con motivo de inconstitucio-
nalidades de carácter general promovidas en con-
tra de los decretos 32-96 y 79-97 del Congreso de
la República, en los cuales la Corte de Constitu-
cionalidad ha expuesto razonamientos poco cohe-
rentes y contrarios al modelo constitucional25
tivo por el cual aún se conserva en la legislación
nacional la prohibición de otorgar medidas sustitu-
tivas a: reos considerados reincidentes o delincuen-
tes habituales, o a quienes se les impute los delitos
de homicidio doloso, asesinato, parricidio, viola-
ción agravada, violación calificada, violación de
menor de doce años de edad, plagio o secuestro en
todas sus formas, sabotaje, robo agravado, hurto
agravado26
, narcotráfico (CPP, art. 264 último y
penúltimo párrafo), evasión y cooperación para la
evasión (CP, art. 270).
La ilegitimad de la introducción de supuestos nor-
mativos a los que no se les puede imponer medi-
das sustitutivas, más allá de las inconstituciona-
lidades esgrimidas y los argumentos dados últi-
mamente por la Corte de Constitucionalidad, han
generado un conflicto de normas, que igualmente,
dados los principios del derecho procesal penal,
que surgen del modelo constitucional, tornan
inaplicable la existencia de supuestos que prohíben
el otorgamiento de medidas sustitutivas para cier-
tos delitos y supuestos normativos.
Debe notarse que en el mismo artículo 264 del
Código Procesal Penal coexisten una norma fa-
cultativa y otra prohibitiva, es decir, por una parte
se establece: “Siempre que el peligro de fuga u
obstaculización de la averiguación de la verdad
pueda ser razonablemente evitado por la aplica-
ción de otra medida menos grave, el o la juez o
tribunal competente, de oficio, podrá imponerle
alguna o varias de las medidas...” enumeradas en
esa norma, y por la otra, prohíbe conceder las
“...medidas enumeradas...”.
En relación con esta contradicción tanto las reglas
de interpretación contenidas en la Ley del Orga-
nismo Judicial (LOJ, arts. 10 y 14) como las con-
tenidas en el Código Procesal Penal (CPP, art. 14),
permiten concluir que el o la juez siempre debe
optar por la imposición de la medida menos grave
a la persona imputada. Si esto no es suficiente,
hay que tener en cuenta que la judicatura, confor-
me el ordenamiento constitucional se encuentra
obligada a observar en todos sus fallos que la Cons-
titución prevalece sobre cualquier ley o tratado
(CPR, art. 204).
Precisamente la regla que autoriza la imposición
de medidas sustitutivas, congruente con el princi-
24Cf. Sentencia dictada dentro del expediente 69-87 y 70-87 con fecha 21 de mayo de 1987.
25Al respecto se pueden confrontar los fallos emitidos dentro de los expedientes 69-87 y 70-87 con los dictados dentro de los expedientes 929-96 y
26La introducción de este delito fue declarada inconstitucional por la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente No.
105-99, con fecha 16 de diciembre de 1999. El argumento utilizado por la Corte de Constitucionalidad también es poco ortodoxo ya que quiebra
toda la argumentación vertida en todo el fallo por dicho tribunal. Por lo anterior, al analizar el delito de hurto agravado, en todas las modalidades
que determina el artículo 247 del Código Penal, no se encuentra justificación suficiente, dentro de los márgenes de lo razonable, para que el
legislador lo haya incluido dentro de los casos de excepción a los principios procesales que, en lo general, sostienen que el proceso no puede ser
instrumento punitivo sino es un medio para la averiguación de la verdad material que se pesquisa, por lo que la aplicación de medidas sustitutivas
a la prisión provisional puede ser perfectamente controlada por los jueces competentes en cuanto no revelando objetivamente los ingredientes
característicos de los otros delitos incluidos en la norma cuestionada, cabe que analicen ante el caso concreto si existen las circunstancias que las
impidan, tales serían el peligro de fuga o la obstaculización del proceso. Por estas consideraciones, debe estimarse que la inclusión de “y hurto
agravado” en la norma atacada resulta en efecto inconstitucional, y así deberá declararse en la parte resolutiva de esta sentencia”.
pio de excepcionalidad de la prisión preventiva,
es consecuencia de la garantía de presunción de
inocencia (CPR, art. 14) y a partir de ser una regla
que integra dicha garantía puede ser incluida den-
tro de aquellos que a pesar de no figurar expresa-
mente en la constitución, son inherentes a la per-
sona (CPR, art. 44) sujeta a proceso penal27
Por último, en la práctica judicial se ha vulnerado
desde antaño este principio a partir de que, quien
en realidad impone la medida de coerción es el/la
oficial del juzgado. Creando así, una ficción, del
sistema de administración de justicia en el que los
operadores de carácter administrativo vienen cum-
pliendo funciones que no les compete: «delega-
ción indebida de funciones».
Esta práctica tribunalicia es consecuencia de la or-
ganización judicial que aún hoy en día no ha trans-
formado la oficina judicial, y, por lo tanto, la fun-
ción jurisdiccional se ve atrapada por la estructura
administrativa que, en definitiva, es la que toma la
mayor de las veces las decisiones, convirtiendo de
esta manera a la judicatura en un consultor de las
decisiones que previamente ha tomado el personal
administrativo –oficiales y secretarios/as–.
Resulta evidente que muchos de los problemas que
enfrenta el sistema judicial en la aplicación de las
instituciones reguladas en el Código Procesal Pe-
nal, y en especial, las referidas a la imposición de
las medidas de coerción se pueden solucionar sólo
si la organización del poder judicial favorece la
inmediación de los jueces a los casos concretos, la
que en esencia, debe ir orientada no sólo a que el/
la juez presida los actos procesales, sino también
que sea quien emita las resoluciones judiciales.
c.Acusatorio
El principio acusatorio es consecuencia del mode-
lo de administración de justicia propio de un Esta-
do Republicano y Democrático de Derecho (CPR,
art. 140). Las implicaciones de este modelo de
Estado exigen que el órgano encargado de juzgar
sea distinto al órgano impulsor del proceso con la
finalidad de hacer operativa la imparcialidad de la
judicatura al emitir un fallo.
Como consecuencia de ello, el modelo constitu-
cional otorga a la judicatura la potestad de juzgar
y ejecutar lo juzgado (CPR, art. 203) y, al Minis-
terio Público la potestad de ejercer la persecución
y acción penal pública (CPR, Art. 251).
El principio acusatorio en relación con las medi-
das de coerción exige que el/la juez únicamente
puede imponer dichas medidas cuando el órgano
encargado de la acción penal se lo requiere: la víc-
tima en el caso de los delitos de acción privada, y
el Ministerio Público en los casos de los delitos de
acción penal pública y delitos de acción penal pú-
blica dependientes de instancia particular, «deli-
tos de acción mixta». En este último caso siempre
que la víctima haya puesto en conocimiento me-
diante denuncia o querella al órgano persecutor del
Si bien es cierto, la exigencia de este requerimien-
to no se encuentra claramente determinada en la
legislación ordinaria; una interpretación adecua-
da al marco constitucional exige que el titular de
la acción impulse el proceso, y, que como conse-
cuencia de ello formule el requerimiento de impo-
sición de medidas de coerción, puesto que éste es
27Es claro que esta interpretación puede ser rechazada de entrada, sin embargo, lo que no puede negarse es la contradicción interna existente en el
mismo artículo 264 del Código Procesal Penal, y, por lo tanto, ambas normas no pueden coexistir siendo aplicables o inaplicables. La solución
más adecuada al modelo constitucional siempre sería la aplicación de la norma que sea más favorable al imputado.
el único órgano que puede aportar los elementos
suficientes para considerar si es procedente o no
la aplicación de una medida que restrinja los dere-
chos de la persona imputada «imputación y peli-
gro de fuga u obstaculización de la investigación».
De la misma forma en que sería impensable y con-
traria al modelo normativo constitucional, la exis-
tencia de una resolución de apertura a juicio, sin
que se hubiere formulado acusación por parte de
la fiscalía o del querellante, en su caso (CPP, arts.
332 y 345 quater), la imposición de una medida
restrictiva de los derechos de la persona imputa-
da, es igualmente impensable; y, contraria al orde-
namiento jurídico cuando es dictada directamente
por el/la juez, sin que la misma le haya sido reque-
rida y sustentada fáctica y probatoriamente.
Nótese que las normas que regulan los derechos
de la persona detenida hacen referencia a que és-
tos deben ser puestos a disposición de autoridad
judicial competente dentro de las seis horas si-
guientes a su detención (CPR, art. 6), a efecto, de
ser interrogadas, por dichas autoridades, en un
plazo que no exceda las 24 horas (CPR, art. 9).
De dichas disposiciones se extraen dos finalida-
des que conllevan la obligación de poner a la per-
sona imputada a disposición de autoridad judi-
cial competente. La primera se circunscribe al
derecho de audiencia, es decir, que la persona
detenida pueda declarar, «derecho a ser oído» y,
la segunda, a que el/la juez verifique la legalidad
de la detención (CPR, art. 8). Legalidad que úni-
camente puede verificarse en forma imparcial si
el titular de la acción penal formula requerimien-
to para la imposición de una medida que restrin-
ja los derechos de la persona detenida durante el
La ausencia, entonces, del requerimiento formu-
lado por el titular de la acción penal para la impo-
sición de una medida de coerción torna nula la re-
solución emitida por el o la juez dado que, el prin-
cipio acusatorio constituye al igual que el de im-
parcialidad judicial una garantía para la persona
imputada, complementándose uno con otro, es
decir, para que la independencia judicial pueda
materializar es necesaria la existencia de un órga-
no acusador «en el sentido extenso de la palabra»
y, a la vez, la existencia del órgano acusador da
paso a la concreción de la imparcialidad judicial,
constituyendo de esta forma dos caras de una mis-
ma moneda.
La nulidad o el defecto que produce la ausencia
del requerimiento de imposición de medidas de
coerción por parte del órgano acusador, es de ca-
rácter absoluto, por cuanto implica inobservancia
de derechos y garantías previstos tanto en la Cons-
titución como en los tratados internacionales rati-
ficados por Guatemala (CPP, art. 283).
Si bien en la práctica judicial pocas veces se mate-
rializa el principio acusatorio, referido a la impo-
sición de medidas de coerción, esto no implica que
la resolución que impone la restricción a los dere-
chos de la persona imputada sea legal.
Para la defensa, la ausencia del requerimiento del
órgano acusador referido a la imposición de medi-
das de coerción, también ha representado desde el
punto de vista práctico una desventaja, dado que,
previo a la imposición de la medida de coerción
no se materializa sobre la misma el contradicto-
rio, pues, ¿con quién discute la defensa en igual-
dad de condiciones la pertinencia o no de la impo-
sición de una medida que restringe los derechos
de su patrocinado/a?
Obviamente, en la práctica, no se hace con la judi-
catura, defecto de la actividad forense, en donde,
también la revocatoria se da, ordinariamente, lue-
go de que la persona imputada es sujeta a prisión
preventiva, por 5, 10 ó más días, por el mismo juez.
Como consecuencia de ello, la mayoría de las ve-
ces, la defensa tolera la imposición de una prisión
preventiva u otra medida de coerción a sabiendas
que posteriormente será sustituida por otra, o bien,
revocada, desfigurándose de esta forma el litigio
derivado del contradictorio que impone el princi-
pio acusatorio y legitimándose, en la práctica, un
trámite meramente administrativo y, no, judicial o
En el caso que el o la juez dicte la medida de coer-
ción sin requerimiento, la defensa podrá interpo-
ner una inconstitucionalidad en el caso concreto
basado en que la norma está restringiendo garan-
tías constitucionales, específicamente, la garantía
de juez independiente.
d.Proporcionalidad
El principio de proporcionalidad, referido a las
medidas de coerción, tiene tres connotaciones: La
primera, se refiere a los riesgos procesales «peli-
gro de fuga u obstaculización de la investigación»;
la segunda, a la sanción que se espera como con-
secuencia del procedimiento penal «pena o medi-
da de seguridad y corrección»; y, la tercera, a la
duración de la misma «el tiempo que una persona
puede estar sujeta a medidas de coerción».
En relación con la primera, ésta se refiere básica-
mente, a que las medidas de coerción sólo pueden
imponerse cuando exista peligro de fuga u obsta-
culización de la investigación, y, siempre, aquella
que sea menos grave para la persona imputada, es
decir, la que perjudique lo menos posible los dere-
chos de la persona sujeta a proceso, y, a la vez, sea
suficiente para garantizar de manera eficiente que
no se fugará u obstaculizará la investigación (CPP,
art. 264, primer párrafo).
En ausencia de riesgos procesales «peligro de fuga
u obstaculización de la investigación», procede
únicamente, la libertad de la persona por falta de
mérito (CPP, art. 272), en virtud de que la libertad
«entendida en sentido amplio» no debe restringirse
sino en los límites absolutamente indispensables
para asegurar su presencia en el proceso penal o
evitar la obstaculización de la investigación; pre-
supuestos que surgen de la garantía de presunción
La segunda connotación de este principio se en-
cuentra vinculada a la sanción que se espera como
producto de la sustanciación del proceso penal, esto
es, la pena o medida de seguridad y corrección
que se espera del procedimiento (CPP, art. 14, pe-
núltimo párrafo). Su finalidad es evitar que la per-
sona imputada se sustraiga a la consecuencia deri-
vada de su conducta ilícita.
Es preciso advertir que esta segunda connotación
se encuentra contenida como uno de los supuestos
para determinar el peligro de fuga (CPP, art. 262.2),
motivo por el cual, su valoración no puede ser in-
dependiente, sino más bien, como un riesgo pro-
cesal referido a dicho peligro.
Producto de las reformas introducidas al Código
Procesal Penal, mediante los decretos 32-96 y 79-
97 del Congreso de la República, se ha distorsio-
nado esta segunda connotación del principio de
proporcionalidad en dos sentidos: La primera dis-
torsión se da cuando el legislador introduce como
criterio para la determinación de las medidas
sustitutivas que éstas “deben guardar relación con
la gravedad del delito” (CPP, art. 264), creando
así una contradicción aparente entre el criterio que
debe regir para la determinación de la medida a
imponer, es decir, si corresponde el criterio referi-
do a la expectativa de pena o el referido al bien
jurídico lesionado28
Frente a dicha contradicción es evidente que de-
biera regir el criterio normativo más favorable a la
persona imputada y, en todo caso, regiría el fin
referido a la expectativa de pena, criterio que, aún
sustancialista, va más acorde con los fines proce-
sales (CPP, art. 14 segundo y tercer párrafos).
La otra distorsión que introdujeron las reformas ci-
tadas, se vincula con la introducción de criterios,
para la determinación de las medidas sustitutivas,
referidos a que éstos deben guardar relación con el
daño causado (CPP, art. 264 último párrafo), o bien,
la prestación de garantía suficiente para el pago de
responsabilidades penales (CPP, art. 464 bis, pri-
mer párrafo luego del numeral 4), el primero de los
criterios citados, referido a los delitos patrimonia-
les y, el segundo, a los pilotos del transporte colec-
tivo de pasajeros, escolares o de carga en general y
cualquier transporte comercial.
Igualmente, la distorsión a la que se hace referen-
cia, acogiendo la norma más favorable a la perso-
na imputada y, por lo tanto, dada la contradicción
verificada y que la reparación civil «daño» sólo
opera a requerimiento de parte, dicho criterio no
operaría (CPP, art. 14). Más aún, cuando la cau-
ción económica debe evitarse cuando la persona
carezca de recursos económicos (CPP, art. 264).
La tercera connotación del principio de propor-
cionalidad se orienta a que la medida de coerción
no puede ser indeterminada en el tiempo, es decir,
la persona sujeta a una medida de coerción no pue-
de estar indefinidamente sometida a la misma. De
allí, la existencia de plazos que son fatales, es de-
cir, no pueden ser superados y deben adecuarse
según el tipo de medida de coerción.
Así, por ejemplo, en las medidas de coerción pro-
visionales «retención y detención», los plazos son
más cortos que las medidas de coerción decreta-
das por la judicatura «prisión preventiva o medi-
das sustitutivas». En las primeras, el plazo se res-
tringe sólo hasta que el acto finaliza, en el caso de
la retención, o bien, en un plazo de seis horas en el
caso de la aprehensión, tiempo que tiene la policía
para poner a la persona a disposición del juez.
En el caso de la prisión preventiva y las medidas
sustitutivas operan diversos plazos: El primero de
ellos, consiste en el establecimiento del plazo du-
rante el cual una persona puede estar sujeta a una
medida de coerción sin que se haya formulado re-
querimiento conclusivo del procedimiento prepa-
ratorio, en otras palabras, es el plazo máximo que
puede sujetarse a una persona a medida de coerción
sin que exista una acusación penal. Este plazo, se-
gún la legislación guatemalteca, es de tres meses
cuando la persona es sujeta a prisión preventiva, y
seis meses cuando está sujeta a medida sustitutiva
(CPP, art. 324 bis). En el primer caso, el plazo corre
a partir del auto de prisión preventiva y en el segun-
do, a partir del auto de procesamiento.
Cabe advertir que las consecuencias en el incum-
plimiento de los plazos anteriores no extinguen la
acción penal, esto es, que ante la falta de requeri-
miento conclusivo del procedimiento preparato-
rio, en los plazos indicados, la persona queda
automáticamente en libertad, sin posibilidades de
ser sujeta a medida de coerción durante el proceso
penal y sin perjuicio de que el Ministerio Público
formule el requerimiento conclusivo en otro mo-
28Difícil resulta, en muchos casos, determinar la gravedad del delito. Hasta hoy no hay criterio que dé una solución racional a dicho concepto.
mento, situación que tampoco habilita la imposi-
ción de medida de coerción alguna.
El segundo plazo se encuentra relacionado con el
tiempo máximo que puede estar sujeta una perso-
na a medida de coerción durante la tramitación del
proceso. Situación que presupone que el requeri-
miento conclusivo de la etapa preparatoria se ha
hecho en los plazos antes señalados.
Resulta importante advertir que la legislación na-
cional solamente establece en este nivel un plazo
máximo para aquellas personas sujetas a prisión
preventiva, no así, para las sujetas a medidas
sustitutivas, aspecto que necesariamente debe tam-
bién contener un plazo, ya que en definitiva, estas
últimas también, están limitando sus derechos.
Dos son los criterios que la legislación contempla
para la determinación del plazo en que una perso-
na puede estar sujeta a prisión preventiva: el pri-
mero, cuando “su duración supere o equivalga a
la condena que se espera, considerando, incluso,
la posible aplicación de reglas penales relativas a
la suspensión o remisión de la pena, o a la libertad
anticipada”; y, el segundo, cuando, “su duración
exceda de un año; pero si se hubiere dictado sen-
tencia condenatoria pendiente de recurso, podrá
durar tres meses más” (CPP, art. 268).
En el primero de los criterios señalados operan las
reglas para la determinación de la pena (CPP, art.,
65), además de los beneficios penitenciarios rela-
tivos a la redención de penas por trabajo o estudio
(al respecto ley de redención de penas) y, a la con-
mutación y suspensión de la pena. Importante es,
en este sentido, la sanción que contiene la con-
ducta típica dentro de la cual se enmarca el hecho
delictivo, pero más que eso, la expectativa de pena.
De allí, que dada la regulación contenida en el
Código Procesal Penal relativa con la ampliación
de los plazos de duración de la prisión preventiva
(CPP, art. 268, último párrafo), este supuesto ad-
quiere una doble juego con el segundo criterio.
Primero, opera para aquellos supuestos cuya san-
ción punitiva esperada es inferior a un año y lue-
go, para aquellos en los que la pena es superior a
un año, pero se han verificado prórrogas y las mis-
mas alcanzan la sanción penal esperada; en estos
casos, la prórroga en ningún caso podría ser supe-
rior a la pena en expectativa.
Cabe advertir que este supuesto no ha sido utiliza-
do en la actualidad, o al menos, no se tiene noticia
de su uso en ninguna de las formas señaladas. Su
falta de utilización puede obedecer a la compleji-
dad que presenta su interpretación y consecuente-
mente su aplicación.
El segundo supuesto es sumamente claro, sin em-
bargo, deja abiertas las posibilidades de prórroga,
en tres sentidos: primero, en relación con que la
Corte Suprema de Justicia de oficio podrá autorizar
la ampliación del plazo; luego, por la ausencia de
criterios para la determinación de los supuestos que
autorizan la prórroga; y, tercero, porque tampoco
establece un plazo para las prórrogas, con lo cual el
margen de discrecionalidad es sumamente amplio.
La ampliación del plazo de oficio por parte de la
Corte Suprema constituye, de por sí, un avoca-
miento de la causa que limita el contradictorio de
la defensa sobre las causas que han impedido el
juzgamiento de la persona dentro del año, que es
el límite máximo razonable para la existencia de
una sentencia firme. Dicha situación se ve agra-
vada, en la medida en que se interprete la inexis-
tencia de un procedimiento para decidir la proce-
dencia de la prórroga por parte de la Corte Supre-
ma de Justicia, tal y como ha sido interpretado por
la Corte de Constitucionalidad29
Preocupante resulta también que la Corte de
Constitucionalidad interprete, sobre la prórroga de
la prisión preventiva: “...para emitir resolución la
Corte Suprema de Justicia (órgano competente)
debe valorar única y exclusivamente las circuns-
tancias y los hechos que aparecen en el proceso
respectivo, de los cuales depende la decisión de
mantener o no la prisión preventiva que fue de-
cretada, y de ahí que resulte innecesario probar
otros que sean extraños a tal proceso.”30
El nivel de arbitrariedad que puede derivarse de
tal interpretación es grande, así, por ejemplo, ¿qué
pasaría si el retraso obedece a un problema de or-
ganización judicial?, o bien, ¿por el retraso de los
jueces en la emisión de resoluciones dentro de los
plazos establecidos en la ley?; situación que es fre-
cuente en la práctica judicial. Evidente resulta que
estas deficiencias nunca podrían operar en contra
de la persona imputada y, por ende, no se podría
ampliar el plazo de la prisión preventiva por la
inoperancia de los órganos y funcionarios encar-
gados de la administración de justicia. ¿Cómo
entonces, la persona imputada puede advertir o
alegar que los retrasos obedecieron a deficiencias
de los órganos del Estado?
Debe advertirse que el plazo máximo de duración
de la prisión preventiva constituye una garantía
para la persona frente al poder coercitivo del Esta-
do, y, por tanto, no puede emitirse resolución que
amplíe dicho plazo sin que pueda contradecir, pues-
to que de esta manera se estaría vulnerando la de-
fensa en juicio (CPR, art. 12, CPP, arts. 14 y 20).
De ahí, que por las características propias de la
proórroga de la prisión preventiva, sea preciso que
la misma se ventile a través del procedimiento de
los incidentes en aplicación de las disposiciones
de la Ley del Organismo Judicial.
En el caso en que se prorrogue el plazo de la prisión
preventiva sin dar audiencia a la defensa, ésta de-
berá interponer un amparo, basándose que se vul-
nera el artículo 12 de la Constitución, ya que la per-
sona es afectada en sus derechos sin haber sido oída.
Un aspecto que se ha tornado conflictivo en cuan-
to a la aplicación de la prórroga de la prisión pre-
ventiva, se encuentra referido al momento en que
debe solicitarse y autorizarse. Al respecto la Cor-
te de Constitucionalidad ha venido interpretando,
contrario al texto de la norma, que puede solicitarse
y autorizarse aún cuando el plazo de un año de
prisión ya hubiere transcurrido, “...porque dicha
norma no establece que la prórroga deba
solicitarse con anterioridad a la fecha de venci-
miento del año de prisión, sino que únicamente
indica que podrá solicitarse cuando la duración
de la privación de libertad exceda de un año, sin
determinar dicho exceso, lo que significa que di-
cha calificación es facultad de los tribunales de la
jurisdicción ordinaria...”31
La Corte de Constitucionalidad omite que las dis-
posiciones que “...restringen la libertad del impu-
tado... serán interpretadas restrictivamente”, con
prohibición expresa de la interpretación extensiva
y la analogía, mientras no favorezcan la libertad...”
(CPP, art. 14).
29Sentencia dictada dentro del expediente 1131-95 de la Corte de Constitucionalidad con fecha 1 de abril de 1997.
30Sentencia dictada dentro del expediente 1131-95 de la Corte de Constitucionalidad con fecha 1 de abril de 1997.
31Sentencia dictada dentro del expediente 1518-96 de la Corte de Constitucionalidad con fecha 15 de mayo de 1997; y, Sentencia dictada dentro del
expediente 162-97 de la Corte de Constitucionalidad con fecha 29 de octubre de 1997.
Cabe advertir, además, que la norma en momento
alguno establece que la prórroga de la prisión “...
podrá solicitarse cuando la duración de la privación
de la libertad exceda de un año...” La norma única-
mente plantea que “La Corte Suprema de Justicia,
de oficio, o a pedido del tribunal o del Ministerio
Público, podrá autorizar que los plazos anteriores
se prorroguen cuantas veces sea necesario, fijando
el tiempo concreto de las prórrogas...”.
La prórroga, entonces, debe pedirse y resolverse
siempre previo al vencimiento del plazo de un año,
o bien, previo al vencimiento de las prórrogas; de
lo contrario se estaría frente a una interpretación
extensiva que está prohibida por el marco norma-
tivo. Una vez que el año transcurrió, es decir, al
año un día sin que se haya emitido la resolución
que autorice la prórroga, procede la libertad inme-
diata de la persona sujeta a prisión preventiva. En
el caso de que no se decrete, la defensa debería
interponer una exhibición personal.
e.Excepcionalidad
El principio de excepcionalidad es consecuencia
de la garantía de presunción de inocencia que im-
pide la imposición de una sanción previa a la emi-
sión de una sentencia de condena.
Tradicionalmente se ha venido considerando que
las medidas de coerción durante el proceso penal
sólo pueden imponerse con la finalidad de asegu-
rar la presencia de la persona imputada durante el
proceso penal, evitar la obstrucción en la investi-
gación y garantizar el cumplimiento de la sanción
penal en caso de una sentencia condenatoria.
Dicha situación, como ya se advirtió, ha generado
una ficción jurídica y teórica que, fundamental-
mente, intenta justificar la imposición de medidas
de coerción que tienen identidad con la sanción
penal, como el caso de la prisión preventiva con la
pena privativa de libertad, aspecto que aún no ha
sido superado por la doctrina ni por los modelos
La legislación guatemalteca es clara al indicar que
las medidas de coerción “...tendrán carácter de
excepcionales...” (CPP, art. 14) y, por ende, “La
libertad no debe restringirse sino en los límites
absolutamente indispensables para asegurar la pre-
sencia del imputado en el proceso.” (CPP, art. 259),
disposición, que se encuentra referida a la prisión
preventiva, pero que es extensiva a cualquier me-
dida de coerción. Más aún, cuando la misma le-
gislación permite que “En casos especiales, se
podrá también prescindir de toda medida de coer-
ción, cuando la simple promesa del imputado de
someterse al procedimiento baste para eliminar el
peligro de fuga o de obstaculización para la averi-
guación de la verdad”. (CPP, art. 264).
Importante resulta advertir que para construir el
principio de excepcionalidad en la regulación del
Código Procesal Penal, es preciso realizar una in-
terpretación sistemática, en la cual se advierte: en
ausencia del peligro de fuga u obstrucción de la
investigación se debe decretar la libertad por falta
de mérito (CPP, art. 272), es decir, lo único que
justificaría en la legislación guatemalteca la im-
posición de una medida de coerción previo a la
sentencia de condena es la subsistencia del peli-
gro de fuga u obstrucción de la investigación.
En especial, la legislación también ha hecho hin-
capié en la utilización excepcional de la prisión
preventiva en los delitos menos graves y en aque-
llos cuya sanción prevista no sea la de privación
de libertad (CPP, art. 261), ya sea porque tiene
contemplada una sanción distinta «multa, por
ejemplo», o bien, cuando como consecuencia del
caso concreto no se espere una sanción que res-
trinja la libertad por la aplicación de una solución
alternativa de conflictos «criterio de oportunidad,
suspensión condicional de la persecución penal,
conciliación» o la aplicación de un beneficio pe-
nitenciario «suspensión de la pena, o conmutación
de la pena».
El sistema procesal de esta manera se encuentra
en coherencia con el modelo constitucional que
consagra el derecho a la libertad de las personas
(CPR, arts. 5 y 26) y, puede darse sólo cuando exis-
te riesgo de fuga u obstrucción de la investigación,
así como en aquellos casos en que la sanción es-
perada no sea privativa de libertad.
f.Subsidiariedad
El principio de subsidiariedad consiste en postu-
lar siempre la utilización del mecanismo menos
gravoso para la persona imputada, sobre la base
de que la coerción procesal sólo puede justificarse
para el logro de los fines procesales «presencia del
imputado durante el proceso, evitar la obstrucción
en la investigación».
De esa manera, la medida a imponer siempre debe
ser la menos lesiva y en ningún caso debe utilizar
las medidas de coerción “...desnaturalizando su
finalidad” o, imponiendo medidas cuyo cumpli-
miento fuere imposible (CPP, art. 264).
Una prohibición especial, contenida en la legisla-
ción nacional es la de evitar la imposición de cau-
ciones económicas cuando el estado de pobreza o
la carencia de medios de la persona imputada im-
pidan la prestación (CPP, art. 264). En el caso de
mujeres sometidas a proceso penal, es fundamen-
tal que la defensa tome en consideración su situa-
ción económica y la alegue al momento de dictarse
una caución económica, ya que la mayoría de pro-
cesadas son mujeres de escasos recursos, madres
solteras, jefas de hogar.
Así un estudio realizado por el Instituto de Estu-
dios Comparados en Ciencias Penales de Guate-
mala, en el año 2003 reveló que el 98% de las
mujeres privadas de libertad son madres, de cuyo
total el 80% son solteras. El 71% de las mujeres
madres indicó tener hijos menores que dependen
económicamente de ellas. El 95.5% de las muje-
res privadas de libertad realizaba trabajos como
lavar ropa ajena, vender alimentos en casetas, ha-
cer tortillas, etc., oficios catalogados como “pro-
pios para mujeres” y el 49% reportó haber tenido
ingresos no mayores a Q1,000.00 mensuales32
En la selección de la medida de coerción se debe,
entonces, partir de las medidas menos lesivas has-
ta llegar a aquellas más graves, y no a la inversa
como se ha instalado en la práctica judicial, en
donde, la primera medida a imponer es la prisión
preventiva y luego es reemplazada por una medi-
da sustitutiva.
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