Source: http://abogados.enmalaga.net/2011/04/programas-para-abogados.html
Timestamp: 2017-08-19 18:28:30
Document Index: 112488696

Matched Legal Cases: ['artículo 197', 'artículo 18', 'artículo 205', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 85', 'artículo 27', 'artículo 7', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 268', 'artículo 20', 'artículo 18', 'Artículo 208', 'artículo 20', 'artículo 205', 'artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 29', 'artículo 20', 'artículo 38', 'artículo 14', 'artículo7', 'artículo12', 'artículo 197', 'artículo 620', 'artículo 16']

Abogados en Malaga: Programas para abogados
El balance o equilibrio no es sencillo Un aspecto también relevante se refiere a regular la libertad de expresión en Internet respecto los discursos de odio, algo que puede resultar positivo cuando tomamos en cuenta que las redes sociales son plataformas tan masivas en que se pueden difundir sin control mensajes discriminatorios hacia grupos vulnerables como las mujeres o los homosexuales. Respeto al secreto de las comunicaciones Así mismo, los mensajes de Whatsapp como medio de prueba deberán respetar el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, derecho que tiene una entidad propia, cuya regulación también la encontramos en el artículo 197 del Código Penal, diferenciada del derecho a la intimidad, ya que las comunicaciones deberán resultar protegidas con independencia de su contenido. De todo ello se infiere que existe una regulación específica en la materia que debe ser observada mientras se mantenga, y que finalmente en ella queda igualmente especificado (apartado que "el incumplimiento de las normas contenidas en la presente política del uso del correo electrónico determinará la utilización por parte de Aena de las restricciones que considere oportunas", lo que, en definitiva, viene avalado por la referida doctrina constitucional cuando dice que resultaría lícito desde esa suprema perspectiva que la empresa predeterminase las condiciones de utilización para fines sindicales de las comunicaciones electrónicas, siempre que no las excluyera en términos absolutos, y que no teniendo fundamento el derecho en una carga empresarial expresamente prescrita en el ordenamiento, la utilización del instrumento empresarial no podrá ocasionar gravámenes adicionales para el empleador.
Recordad que una vez que facilitáis unos datos es muy difícil, sino imposible, ejercitar vuestro derecho de cancelación de los mismos. No obstante, como ya se ha dicho, puede suponer un peligro para el destinatario, a quien sin duda se le facilita la recepción de la notificación pero a costa de ver mermadas sus garantías, pues ninguna duda hay de que es más sencillo que otra persona acceda, por ejemplo, con sus claves, y descargue la notificación sin su consentimiento, que si tiene, como hasta ahora, que firmar electrónicamente. En este imparable proceso de digitalización en el que de manera irreversible e inmediata nos encontramos, y sobre todo tras la reciente entrada en vigor de la reforma de, entre otras, las Leyes de Enjuiciamiento Civil y de Enjuiciamiento Criminal (pretendiendo la incorporación del llamado expediente electrónico y regulando detalladamente las medidas de investigación criminal limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución) adquiere especial relevancia el tratamiento en nuestro ordenamiento jurídico de las soportes electrónicos y su valor probatorio. Y el honor subjetivo, que es aquel que menoscaba nuestras cualidades o valores personales interiores como es la autoestima. En un momento en que criticamos, cada vez más, la labor del legislador en los últimos tiempos, es importante poner en valor la gran calidad del texto de nuestra Carta Magna que llegó a ser verdaderamente profético.
De ser así, supondría una novedad muy relevante, dado que una de las mayores dificultades que en la práctica de las notificaciones se ha encontrado la Administración ha sido precisamente el de requerir la firma electrónica para entender que ésta cumplía con el requisito de ser fehaciente. ¿qué consideramos como medio alternativo, menos gravoso? Se entiende por honor, según los tribunales españoles, la aspiración al respeto que corresponde a toda persona como consecuencia del reconocimiento de su propia dignidad. Está recogido en los artículos 205 a 207 del Código Penal. La firma electrónica, sea avanzada o no, tiene el efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita conforme a lo dispuesto en la Ley 59/2.003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica y en consonancia con el Reglamento de la UE nº 910/2014, de 23 de julio. La vejación, por tanto, se configura como una forma de injuria que busca ridiculizar o molestar a la víctima con un especial ensañamiento, tratando de provocarle el mayor sufrimiento posible.
En este caso, el Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga condenó a nueve personas como autores de un delito de injurias graves con publicidad a la pena de nueve meses de multa con una cuota diaria de cinco euros, así como al pago, en concepto de responsabilidad civil, de una indemnización a la jueza de 1.500 euros. La dificultad para acreditar fehacientemente la autenticidad de la misma –dificultad intrínseca a la naturaleza digital del soporte electrónico- y ante la hipotética impugnación de la contraparte, requiere un especial esfuerzo probatorio que permita finalmente una racional y correcta aplicación de las consabidas reglas de la sana crítica. Pero es posible que la Administración no esté preparada para ello, bien porque no tenga los medios electrónicos en general, o porque no se pueda presentar ese escrito en particular de forma electrónica. Hace algunos años el vicepresidente de Google, afirmaba en unas declaraciones que Internet es el espejo de la sociedad que lo usa y que si te pones delante de un espejo y no te gusta lo que ves, no es culpa del espejo. Parece que el motor principal de esta presencia viene de la mano de programas de calidad, atención y fidelización del cliente. Hasta cierto punto es lógico que en países como Alemania exista una tolerancia mínima a ciertas expresiones dado que la historia de este país, pero en otras naciones como Egipto o Venezuela, las regulaciones han llegado a suspender el uso de estos medios de comunicación restringiendo la libertad de las personas de manifestarse en contra de su gobierno y de acceder a información de interés colectivo.
Para evitar estos inconvenientes se han previsto mecanismos jurídicos, tanto en el orden civil como en el penal. El principal problema en estos casos es hacer frente al anonimato. El nuevo Código Mercantil, por ejemplo, está orientado hacia la comunicación digital. Aunque fuera algo casi simbólico, se tomaría más en serio", concluye Cotino. A este respecto, se comparte con algún autor el acierto), aunque el Consejo de Estado lo haya criticado, entendiendo que era más correcto mantener esa regulación en una norma especial y específica). El Alto Tribunal considera que el hecho de subir una fotografía a una red social haciéndola accesible al público en general, no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento de su titular. Y, por último, todavía subsistía un 8,5 % a baja velocidad (desde 144 KB hasta 2 Mb, no incluido) cuyo costo, éste sí, se encontraba por debajo de la media de la UE en un 4,8 %. Asimismo, «puede servir para fortalecer los servicios de educación y salud, el desarrollo económico local, la participación pública, el acceso a la información, la buena gobernanza y la erradicación de la pobreza». Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
Comete calumnia quien imputa a otro la comisión de un delito sabiendo que es mentira o sin estar seguro. El artículo 205 del Código Penal (C.P., en adelante) lo determina como la imputación de un delito a alguien, partiendo de la conciencia de su falsedad o mostrando una indiferencia hacia la verdad. Denunciar la publicación ante la red social. DERECHO Y/ O DEBER DE RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EJERCITARLO O CUMPLIRLO Si en el artículo 13 se enumeran los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones, es en el artículo 14 donde se precisa el derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente con éstas, lo que constituye una de las principales novedades de la ley. Aquí, por supuesto, se presenta el problema de que la gente muchas veces acepta los términos y condiciones de las redes sociales sin entender el alcance que puede tener compartir información personal en plataformas que responden muchas veces a legislaciones diferentes. Por último, en cuanto a las comunicaciones entre los interesados y las Administraciones Públicas, destaca también la utilización de la firma electrónica por los interesados, cuyo uso será obligatorio en los siguientes supuestos: (i) formulación de solicitudes; (ii) presentación de declaraciones responsables o comunicaciones; (iii) interposición de recursos; (iv) desistimiento de acciones; y (v) renuncia a derechos. Finalmente, es posible encontrar en las últimas redacciones de algunos Estatutos de Autonomía un reconocimiento al derecho de acceso a internet por parte de los ciudadanos. Y cuando la crisis haya pasado, reflexionar e informar sobre las causas para que el mismo incidente no vuelva a repetirse o estar preparados por si vuelve a suceder.
En éste tipo de delitos se pondera el derecho al honor y a la intimidad (personal, familiar y profesional) de la persona “ofendida” y la libertad de expresión de la que hable o escribe sobre otra. Entre los peligros que supone el uso de smartphones destacan los siguientes 70 : la adicción y el uso ex cesivo o la dependencia del teléfono; el acceso a contenidos inapropiados (acceso a imágenes de contenido sexual, racista o violento); el acoso sexual ( grooming ), el acoso escolar (bullying) y los mensajes sexuales ( sexting ); el riesgo económico o fraude q ue se concreta principalmente en el envío de me nsajes para participar en promociones o descargar aplicaciones, música o imágenes, resulta n do más INTECO y France Telecom España (Orange), “Estudio sobre hábitos seguros en el uso de smartphones por los niños y adolescentes”, caro de lo previsto ; riesgos de carácter técnico, que incluye virus, spam , o phishing y, finalmente, riesgos re laciona dos con la p rivacidad del menor, referido a actuaciones como el robo de contraseñas, el uso de información personal o la difusión de imágenes propias o de terceros.
En él se integraría, sin perder su genuina sustantividad como manifestación de derechos constitucionales de nomen iuris propio, toda la información en formato electrónico que, a través del uso de las nuevas tecnologías, ya sea de forma consciente o inconsciente, con voluntariedad o sin ella, va generando el usuario, hasta el punto de dejar un rastro susceptible de seguimiento por los poderes públicos. Creemos que se debe reforzar la prot ección de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores, tratando de impedir el acceso de los mismos a contenidos ilícitos, así como la divulgación de cualquier tipo de dato que pueda perjudicar el libre desarrollo de su personalida Un correo electrónico lo normal es darlo en formato electrónico, para ello si usamos un gestor de correo como thuderbird es tan sencillo como ir a "archivo/guardar como/" y elegir el destino y el nombre del archivo. Es reseñable asimismo, a nuestro juicio, la previsión del artículo 85 de la LPAC sobre la terminación de los procedimientos sancionadores en los casos en los que el infractor reconozca su responsabilidad y la consiguiente reducción de la sanción (en un mínimo del 20 por ciento susceptible de incrementarse reglamentariamente) condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa (ergo también jurisdiccional) contra la sanción, lo que, en última instancia, integra una suerte de disuasión (o penalización) del ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva (solve et non repete).
Confíe en expertos en querellas criminales por injurias a través de medios de la Sociedad de la Información, redes sociales, medios tecnológicos o telemáticos que den publicidad a la lesión a la dignidad hacia su persona. Un ejemplo constante de esta vía puede ser la labor legislativa -a través del derecho originario (los tratados) o del derecho derivado (elaborado por sus propios órganos)- de la Unión Europea. En su texto se modifica el artículo 27 del anterior Real Decreto 424/2005, ya citado, en el sentido de establecer que el servicio universal es «el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio razonable». Con respecto al correo electrónico por Internet y la telefonía por Internet: i) La identificación de usuario o el número de teléfono del destinatario o de los destinatarios de una llamada telefónica por Internet. Auditarse a sí mismo no parece la mejor idea.
Hasta ahí sin problema, pero las dudas surgen cuando a continuación establece que su no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; y que en el caso de que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que éste cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y plataformas. De un lado, el Código Penal exige que el afectado, si quiere que los hechos sean juzgados, tiene que personarse en el procedimiento penal, lo que hará mediante la presentación de una querella (sólo se procede de oficio cuando la ofensa se ha dirigido contra una autoridad o funcionario público).
Ambos atentan contra el honor y se regulan entre los artículos 205 y 216 del Código Penal. Lo que por otra parte, obvio es recordarlo, operará´ tan sólo respecto a lo que estrictamente constituye ese "secreto de las comunicaciones" , es decir, con exclusión de los denominados "datos de tráfico" o incluso de la posible utilización del equipo informático para acceder a otros servicios de la red como páginas web, etc., de los mensajes que, una vez recibidos y abiertos por su destinatario, no forman ya parte de la comunicación propiamente dicha, respecto de los que rigen normas diferentes como las relativas a la protección y conservación de datos ( artículo 18.4 CE ) o a la intimidad documental en sentido genérico y sin la exigencia absoluta de la intervención judicial ( artículo 18.1 CE ). Para ello, a la vez que no hay inconveniente en reconocer que es práctica común en las empresas el mantener comunicaciones internas a través del correo electrónico, el fax u otras tecnologías, se tiene en cuenta también que en el presente caso no consta que estén amparadas por firma electrónica avanzada las comunicaciones que se dicen mantenidas entre las dos partes en litigio, siendo posible su manipulación”.
Dichos delitos se encuentran perfectamente regulados en el Código Penal español, sin embargo ¿son de perfecta aplicación para aquellos casos en los que se vierten injurias y calumnias a través de un foro de Internet en el que sus miembros y su administrador se esconden tras un Nick? La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligatoriedad de presentar una querella criminal para proceder contra las injurias y calumnias, salvo en el caso de injurias vertidas contra fucionarios públicos en las que basta la presentación de denuncia, y a celebrar un acto de conciliación previo a la admisión a trámite de la querella. En cualquier caso, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 268,3 de la LEC, que exige, cuando el original del documento privado se encuentre en un expediente, protocolo, archivo o registro público, que se presente copia autentica o se designará el archivo, protocolo o registro”, lo que hace que resulte más que conveniente designar ante cualquier comunicación electrónica, que por su propia naturaleza no se puede aportar en su soporte original, el elemento o equipo donde se encuentra, facilitando todos los datos necesarios para su identificación ante la eventualidad, previa impugnación, de tener que proceder a su análisis.
Rige en estos casos la exceptio veritatis: si el acusado demuestra que el presunto calumniado realmente cometió el delito, quedará exento de pena, porque no hubo calumnia, sino acusación justificada. Y, en particular, respecto de las direcciones IP el Dictamen señala que “el Grupo de trabajo considera a las direcciones IP como datos sobre una persona identificable”, ya que como se indicó ya en el año 2000, «los proveedores de acceso a Internet y los administradores de redes locales pueden identificar por medios razonables a los usuarios de Internet a los que han asignado direcciones IP, pues registran sistemáticamente en un fichero la fecha, la hora, la duración y la dirección IP dinámica asignada al usuario de Internet. La primera dificultad a la que se enfrenta la Administración consiste en la necesidad de acometer los cambios necesarios en su funcionamiento, para la correcta implantación de la Administración electrónica. A ello hay que añadir la facilidad para manipular este tipo de mensajes, pues ya existen aplicaciones que permiten alterar el remitente o el contenido de los mismos. Desde el punto de vista jurídico, es recomendable por tanto ser muy conscientes de lo que supone enviar o recibir un correo electrónico, habida cuenta de la trascendencia que el mismo podrá tener en caso de un eventual pleito.
Abogados injurias por internet Abogados especialistas en delitos de injurias cometido por medios informáticos o por internet. Tan sencillo como esto. Reglas procesales sobre el resultado probatorio Se trata de aquellas reglas que establecen el grado de libertad que tiene el juez para valorar los medios de prueba específicos que hayan sido aportados al proceso. ¿Es siempre posible conocer estos datos de los prestadores de servicios/propietarios de una web/foro? No, porque la mayoría de ellos, conscientes de la ilicitud de su conducta, se escudan en el anonimato, por lo tanto, aunque el Código Penal regule perfectamente estas conductas delictivas resulta harto complicado dirigir el procedimiento contra ellos. Me explico: se vende la idea de que email o sms certificado es email o sms fehaciente, y actualmente he probado casi todos los servicios (para ahorrar coste respecto al burofax tradicional) y ninguno me ofrece lo mismo. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que ampara el «derecho al olvido» en la red, y que es fruto de un litigio entre la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Google, supone una revolución a la hora de garantizar la intimidad y privacidad de los ciudadanos, según expertos legales.
En cualquier caso, no es inusual la denuncia de estos dos delitos de forma simultánea. Ahora bien, nótese que a estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. Así, y después de este esbozo de algunos de los principales debates respecto el derecho frente las nuevas tecnologías de la información, sin duda alguna, Internet y las redes sociales son una experiencia maravillosa que nos ha permitido romper barreras de comunicación en todo el mundo; sin embargo, han traído consigo distintos acertijos regulatorios que representan un reto no menor para el derecho para preservar los valores de las democracias contemporáneas. Para la Audiencia, una afirmación de ese tipo no es un mero comentario, sino que es susceptible de suponer un ilícito penal por calumnias. En Oriente Medio la penetración sería de un 40,2 % y en América Central y del Sur y en el Caribe el porcentaje se situaría en el 42,2%]. No es lo mismo una instantánea de un momento de tus vacaciones, que una foto o trabajo profesional que quieras proteger.
De un lado, el tema de las copias auténticas, que, como ya se ha avanzado, se entiende crucial, y es que a mi juicio es el modo de garantizar la autenticidad de un expediente electrónico, en cuanto a lo que aporta o presenta el interesado se refiere, evidentemente respecto a la propia actuación de la Administración, los trámites correspondientes deberán llevar la firma electrónica del órgano o funcionario y, por supuesto, el sello de tiempo. Es importante que se aporte la certificación de conciliación previa para que se admita sin problemas la querella. retrata al abogado defensor, al fiscal y al juez en su actuación ordinaria dentro de un proceso judicial y deja claro que cada uno de estos sujetos salvaguarda intereses diferentes. Se ha de evitar en la transmisión de la información el empleo de frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, innecesarias para el fin informativo, dado que el artículo 20.1 de la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto. Esto es, cabe el control de abusividad de una cláusula relativa al precio y a la contraprestación si no es transparente. Uno de ellos es que lo que están comentando sea “socialmente relevante”, esto quiere decir que no pueden actuar igual cuando hablan de un político y cuando lo hace de una persona anónima.
Si la mera ocultación del número de los teléfonos que realizan llamadas ha merecido tal atención dentro de la Unión Europea, como una indudable garantía para el ejercicio de diversos derechos fundamentales, mucho más interés debería tener la protección del anonimato a la hora de navegar por internet. El coste de la prueba fue elevado, pero mereció la pena visto el resultado del procedimiento. Desde otro punto de vista, grandes empresas de internet como Google han cuestionado que la dirección IP sea considerada un dato personal. El artículo 18 de nuestra Constitución Española, garantiza el derecho al honor de las personas, y Injuria, así como la calumnia, son perseguibles por denuncia de parte, pues queda recogido en el propio Código Penal Injuria, entre los delitos contra el honor. Un correo electrónico no está en formato papel en su medio original, por lo que no tiene sentido imprimirlo para aportarlo en el juzgado.
Por otro lado, comenzaron a ser muy habituales las reclamaciones contra las empresas de telefonía, por cobros indebidos, retrasos en la prestación de los servicios, sobre todo en la instalación de Internet. Así, esta empresa no tiene ningún problema en señalar que «es importante que uses tu nombre para que las personas que quieran relacionarse contigo puedan encontrarte. de la Audiencia Nacional acuerda el planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que este Tribunal declare, entre otras cuestiones “Si la actividad de GOOGLE, como buscador de contenidos de terceras personas, puede considerarse un tratamiento de datos” y, por lo tanto, debe garantizar los derechos de cancelación y oposición, “Si la AEPD … puede requerir a GOOGLE para que cancele o bloquee la información, aun cuando su mantenimiento en la página de origen sea lícita, pero el solicitante considere que su aparición en los resultados de búsqueda atenta a su privacidad, dignidad o al derecho al olvido “ y, en definitiva, “si la AEPD … puede requerir directamente al buscador, sin dirigirse previa o simultáneamente al webmaster para exigir la retirada de la información”. únicamente conocía como el “Invisible” y logró anotar los datos del vehículo alquilado. (Artículo 208 C.P) Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves.
¿DE QUÉ SIRVE ANTE A LOS GIGANTES TECNOLÓGICOS? El Parlamento Europeo acaba de aprobar la polémica propuesta de regulación del Mercado Único de Telecomunicaciones, duramente criticada por algunos defensores de la neutralidad de la red como el propio padre de las tres uves dobles, Tim Berners-Lee. Cuando se hayan suprimido datos, el responsable del tratamiento no someterá dichos datos personales a ninguna otra forma de tratamiento. Bajo la teoría del fruto del árbol envenenado dicha bicicleta no podría ser objeto de un delito de robo ya que el registro domiciliario donde ella se encontró se basó en una prueba obtenida de un registro previo que era ilegal). Son teléfonos móviles que disponen de un hardware y un sistema operativo propio, de manera que, además de permitir realizar y recibir llamadas y mensajes telefónico s, también tienen la capacidad de llevar a cabo funciones semejantes a las realizadas por los ordenadores. Así «la gente tiene derecho a contar con una columna vertebral de la red (conocida como ‘back-bone’) bien distribuida y conectada a la red internacional». Asimismo, los «Datos necesarios para identificar el destino de una comunicación:... En este mismo sentido el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de febrero de 2009, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, ha manifestado que la libertad de expresión que reconoce el artículo 20.1 de la Constitución Española no es sólo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar a aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática.
Asimismo, «puede servir para fortalecer los servicios de educación y salud, el desarrollo económico local, la participación pública, el acceso a la información, la buena gobernanza y la erradicación de la pobreza». Por esta razón, la mejor opción cuando se es víctima de delitos contra el honor es consultar a los especialistas. Esta definición de dato personal se realiza en términos tan amplios que permite incluir sin ningún problema, como dato personal, todo aquel que permite vincular una información personal a una persona, condición que sin muchas complejidades, puede predicarse de las direcciones IP y en cumplimiento de ello han existido algunas resoluciones de la Agencia de Protección de Datos. Cabe señalar, que para que el correo electrónico sea valido bastará con presentarlo en formato electrónico. En estos casos también será responsable civilmente la persona física o jurídica propietaria del medio informativo por el que se difundiera la calumnia. Esta resolución ha de dispensar una protección al imputado frente al acto de injerencia de los poderes públicos. Así debéis ser responsables y conscientes de qué usáis y qué datos facilitáis.
Otras tecnologías relacionadas, como m2m, son extensiones de servicios de telecomunicaciones ya existentes y por tanto ya tienen un marco legislativo firme sobre el que se puede legislar. A partir de ahora, debemos tener en cuenta en usar según que palabras. El asunto. Si la parte contraria los admite, realmente da igual si se presentan en papel o no, el juez los valorará. En relación con el objetivo de este artículo, pretendemos plantear sólo algunos de los nuevos problemas que ahora aparecen en relación con la sociedad del conocimiento y las soluciones que, siquiera provisionalmente, se están utilizando para su resolución. Las redes sociales e Internet suponen un encuentro social diario que no queda al margen de la ley. Esa utilización personalizada se produce como consecuencia de las dificultades prácticas de establecer una prohibición absoluta del empleo personal del ordenador -como sucede también con las conversaciones telefónicas en la empresa- y de la generalización de una cierta tolerancia con un uso moderado de los medios de la empresa.
Son de sobra conocidos los casos de determinadas personas con proyección pública que han sido objeto de comentarios vejatorios de todo tipo, pero no son los “famosos” –si se nos permite la expresión- los únicos que sufren esta situación, ya que cualquier persona –incluso sin estar presente en las redes- puede ser víctima potencial de esta moderna modalidad de escarnio público. Se destaca como mayor novedad que las Administraciones Públicas pasen a relacionarse entre sí y con sus entidades dependientes, a través de medios electrónicos. Así, tras concluir que el BOE «al publicar en su página web los datos personales de ciudadanos, está realizando un tratamiento de datos total o parcialmente automatizado; y ello aunque exista una obligación legal de publicar determinados actos administrativos y de que sea considerado una fuente de acceso público», ello no le exime –según la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal- «de adoptar las medidas necesarias, y adecuadas según el estado actual de la tecnología, para evitar la indexación de los datos personales del reclamante en sus páginas, con objeto de que en el futuro los motores de búsqueda de internet no puedan asociarlas a él y con ello se impida la divulgación de manera indiscriminada de sus datos personales».
De ahí la importancia de que la garantía de aquellos derechos se haga efectiva siempre y en todo caso, con carácter anticipado, actuando como verdadero presupuesto habilitante de naturaleza formal. Ello tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la 'carga económica' que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la 'carga jurídica' del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos. Pinterest por su lado amplía la licencia a sus consumidores. ¿Qué se considera calumnia? El artículo 205 del Código Penal dispone que es calumnia “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio de la verdad”. Los tribunales han tenido profusas oportunidades para pronunciarse sobre la concurrencia de calumnias o injurias a través de Internet, y constituye certeza que incrementará su jurisprudencia en estos años. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.
La cuestión que se nos plantea es si dicha información contenida en un soporte tecnológico puede presentarse como prueba en un juicio (civil, penal, social,…) o si esta información atenta contra uno de los principios de nuestra Constitución, concretamente el artículo 18 CE que: La experiencia de Abogados en estos supuestos hace que se trabaje escrupulosamente en presentar cada una de las pruebas referidas acreditando el mantenimiento de la cadena de custodia y haciendo constar la ausencia de manipulación y cumplimiento de los requisitos para impedir cualquier impugnación de las mismas. Basta con acreditar el pronunciamiento, es decir, el mensaje, anuncio, conversación o fotografía por el que comete tal figura delictiva, mediante una captura de pantalla, una copia del historial o cualquiera de las múltiples posibilidades informáticas disponibles que identifiquen expresamente: quién comete la infracción; en qué consiste tal; el medio por el que se emite; la identificación directa, concreta e inconfundible del calumniado o injuriado; y el momento en que se produce. La fuerza de este correo electrónico, y que provocó la decisión final del juez, es que éste había sido validado por un prestador de servicios de certificación electrónica. Por supuesto, que también cabe la utilización, según los casos, del resto de los medios de prueba admitidos por nuestro derecho, como son el reconocimiento judicial o el interrogatorio de parte.
Para la puesta en marcha de una administración electrónica, debe cambiarse la mentalidad tradicional: la organización ha dejado de ser el centro de atención, ahora es el cliente (o el ciudadano si nos referimos a administración pública) es el destinatario de todas las actividades de la organización. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. Sigue leyendo para conocer cómo impedir que alguien te denuncie por esto. Veremos como se regulan los aspectos de su aportación. El estudio del Derecho, como no podría ser de otro modo, también está inmerso en este proceso. Insultos, imputación de delitos falsos, acusaciones de infidelidad. destacó que «el uso de internet continúa a la zaga en los países en desarrollo», por lo que es necesario que «los Estados desempeñen una función dinámica haciendo que Internet sea más asequible y facilitando el acceso», además, «alienta también a los Estados a prestar apoyo a la formación de aptitudes en tecnología de la información y de las comunicaciones», lo que, en su opinión, podría hacerse «integrando la alfabetización en internet en los programas de estudios escolares».
En segundo lugar, el permiso voluntario concedido por a la Policía, sin autorización judicial previa, a fin de que acceda a su correo electrónico para verificar las comunicaciones mantenidas por dicho señor con, implica para el Tribunal Supremo “consentimiento” del afectado que impide hablar de injerencia y afectación al secreto de las comunicaciones (artículo 18.3 CE). El perfil obtenido puede ser utilizado con diversos fines y puede entrañar serias amenazas para su libertad o seguridad. Sin perder de vista adicionalmente diversos dictámenes del Grupo del Artículo 29, así y las últimas novedades en el desarrollo del protocolo Do Not Track en el seno del W3C. La jurisprudencia ha tratado este tema de una manera reiterada y pacífica, en sentencias como la del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1993, estableciendo que “este delito tiene una doble vertiente, la objetiva, constituida por expresiones o acciones que menoscaben la honra, el crédito o la dignidad de la persona afectada, y la subjetiva, representada por ser precisamente esa la finalidad del agente, es decir, el producir esa lesión del honor y la dignidad.” El elemento objetivo se constituye por aquellos actos o expresiones con la carga ofensiva necesaria para lesionar la dignidad de una persona o menoscabar su fama.
Y es que es muy fácil publicar un mensaje en Twitter o en Facebook insultando o calumniando a una persona en un momento de enfado, frustración o enojo. una posibilidad sería modificar el artículo 20.1.d, de forma que no solo se reconociera y protegiera el derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión", como hasta ahora, sino directamente a la "autodeterminación informativa". Nuevamente en este caso, independientemente de que lo cancelemos de nuestra cuenta, si las imágenes han sido compartidas por otras personas, estas perduraran. Sin embargo valoramos nuestra privacidad y hay una corriente creciente que empieza a preguntarse sobre donde están los limites y si hay desequilibrios que se deberían corregir. No obstante también existen algunas opiniones en contra de considerar el acceso a internet como un derecho humano.
De esta manera se pondrá a disposición del personal técnico de los ayuntamientos una gestión electrónica de expedientes y una sede electrónica para los ciudadanos La gestión del cambio mediante un plan de aprendizaje de los aspectos técnicos y funcionales de la nueva herramienta para su puesta en funcionamiento, orientado a un correcto plan de comunicación y formación Un soporte al usuario que resuelva aquellas consultas derivadas de la operatoria y explotación de las aplicaciones, tanto por vía telefónica como telemática o asistencia presencial Servicios de mantenimiento correctivo, evolutivo y perfectivo que garanticen la subsanación de incidencias y la actualización e inclusión de nuevas funcionalidades Leo dos noticias en distinto medio y contenido pero que nos muestran la senda borrascosa de la administración electrónica española. Sin embargo, hacerlo con un e-mail certificado es casi imposible, ya que las compañías de certificación electrónica recogen todo tipo de pruebas de la comunicación. El derecho al olvido en España. No obstante, en los últimos tiempos, se han extendido hacía otras plataformas, las redes sociales, como Twitter o Facebook.
Esta Directiva fue trasladada al derecho interno español en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones que, en su artículo 38,3 indica que: «En particular, los abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas tendrán los siguientes derechos: ... La prueba nunca será fácil pero con la colaboración de redes sociales y de las compañías de la Sociedad de la Información resulta posible la identificación de quien estuviera detrás de las mismas. Algo esperanzadora es, en esta línea la labor que está desarrollando la Unión Europea en la línea que indica el documento de la Unión Europea conocido como el «Programa de Estocolmo. El artículo 14 contempla tres supuestos distintos: En primer lugar, el de las personas físicas, que podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas por alguna norma sectorial.
Al ser más una prueba electrónica que documental, deberemos de tratarla con cuidado. Es el caso, por ejemplo, de la inmensa mayoría de supuestos en cuanto al derecho de consulta de la Ley de transparencia, sin perder de vista igualmente el ámbito tributario, donde la presentación de la declaración del IRPF no requiere necesariamente de firma electrónica. Que hacer si es víctima de injurias por Facebook Los buscadores mayoritarios han habilitado sus propios formularios (Google, Bing o Yahoo ) para recibir las peticiones de ejercicio de derechos en este ámbito. El denunciante también puede enviar esa dirección a un correo electrónico de eGarante con la URL, que queda automáticamente capturada, guardada en formato PDF y remitida al ciudadano de forma gratuita. De hecho, la regulación de los nombres de dominios e, incluso, la creación de un cierto «gobierno de internet» exige la colaboración internacional Pero, ¿cuál debe prevalecer? A priori, ninguno. El derecho al honor actúa como límite a la libertad de expresión excluyendo del ámbito protegido por ésta aquellas manifestaciones que se realicen utilizando expresiones vejatorias. United States, 251 U.S. Los casos mencionados aluden o se refieren a la doctrina denominada teoría de los frutos del árbol envenenado que sostiene que todo resultado probatorio generado a partir de un medio de prueba ilícito -porque vulnera derechos y libertades fundamentales, o porque implica la realización de una actividad prohibida por la ley- adolece de nulidad insalvable y afecta a todos aquellos medios de prueba relacionados y derivados a partir de dicho medio de prueba.
¿Como actuar ante los comentarios negativos en internet? Es por eso que su empresa, ante comentarios negativos en internet que contengan alguna expresión injuriosa o vejatoria, puede activar a través de sus abogados los mecanismos legales recogidos tanto en la LO 1/1982 de Protección al Honor, o en el Código Penal artículos 205 y ss relativos a las calumnias e injurias. Por eso puede suceder, y de hecho sucede con frecuencia, que no proceda conceder el derecho frente al editor y sí frente al motor de búsqueda, ya que la difusión universal que realiza el buscador, sumado a la información adicional que facilita sobre el mismo individuo cuando se busca por su nombre, puede tener un impacto desproporcionado sobre su privacidad. Aunque aún es pronto para ver cuál puede ser la redacción definitiva de este Reglamento, lo cierto es que se siguen observando muchas similitudes con el derecho de cancelación ya conocido y estudiado. El menor de edad y los s martphone s : el WhatsA pp. En el delito de injuria vemos dos elementos constitutivos: Dicha sentencia también fue causada, también, gracias a una acción judicial impulsada desde nuestro país.
Es más, algunos países como EE UU los garantizan desde la Privacy Act de 1974, poseen legislaciones modélicas en el ámbito de los menores (Children Online Data Protection Act) y la Cuarta Enmienda ha sido un faro que nos guió en ámbitos como la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Dichas vulnerabilidades, a grandes rasgos, se fundamentan en: El conocimiento detallado de las personas que utilizan sus servicios les ha permitido, a muchas de estas empresas, desarrollar productos y servicios tremendamente atractivos tanto para el mercado publicitario como para los propios usuarios que en general los utilizan de forma gratuita a cambio de que las empresas puedan explotar los datos que les aportamos los propios usuarios. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por vía electrónica, la Administración enviará un aviso a la dirección de correo o dispositivo electrónico del interesado, informándole de la notificación en la sede electrónica, aunque la falta de práctica del aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
Áreas destacadas de especialización: Derecho de las Redes Sociales Internet, como canal de comunicación y difusión de información, así como herramienta a través de la cual se prestan servicios de diversa índole y se celebra una amplia variedad de transacciones comerciales, plantea muchos interrogantes en el ámbito del derecho. Se han referido a medidas de intervención o registro de las comunicaciones para investigaciones, exigiendo la autorización judicial y en base a los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. Los hechos se remontan al día 19 de agosto de 2014, fecha en la cual se publicaron en distintos medios de comunicación que la titular de un juzgado de Málaga había dictado auto de libertad para tres jóvenes imputados por un delito de violación. Se necesita, por tanto, replicar, en este aspecto, el funcionamiento de cualquier otra organización. No obstante, habrá que tener en cuenta también las previsiones que expresamente se incluyen en la regulación de las notificaciones, aunque no precisan este aspecto, lo que es del todo inapropiado. Y, como se aprecia, tales objetivos se supeditan a la transformación digital de la Administración Pública. Ello nos obliga a los juristas a que redoblemos los esfuerzos para que la utilización de estos nuevos instrumentos tecnológicos no supongan amenazas a la libertad y la igualdad de las personas.
Si la expresión proferida o la acción suponen deshonra , descrédito o menosprecio hacia su persona nos encontramos ante un delito de injurias que vienen a socavar la dignidad de la persona. Desde luego, las nuevas tecnologías no iban a ser una excepción. El TJUE dictó en fecha de 13-05-14 la Sentencia que ha dado nombre al que se viene llamando «derecho al olvido» en Internet, resolución cuyos parágrafos §§ 98 y 99 concluyen que los derechos a la vida privada y a la protección de datos personales reconocidos en los artículo7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE permiten a cualquier persona física exigir de los gestores de motores de búsqueda en Internet (como Google y similares), y al amparo de los artículo12 y 14 pár. Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación Se crea un Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, con efecto constitutivo, de forma que se pueda conocer la información relativa a los órganos de cooperación y coordinación en los que participa la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes, y qué convenios hay en vigor en cada momento.
Así, vamos a estudiar el modo en el que el ordenamiento jurídico responde a esos nuevos retos y se propone, finalmente, la configuración de unos nuevos derechos vinculados a estas tecnologías: el derecho de acceso, que se predica universal y no discriminatorio, el derecho al anonimato, consagrado en el ámbito de las comunicaciones telefónicas, pero muy discutido en el ámbito de internet, y el derecho al olvido como medio para evitar que la divulgación, utilizando las nuevas tecnologías, de informaciones antiguas, erróneas o desactualizadas, puedan afectar a la vida y condicionar la libertad de las personas. Así, por lo que se refiere a las peticiones de nombres, la Agencia recomienda que «No utilice su nombre real para configurar el ordenador, aplicaciones, móviles y otros servicios de internet para los que no sea realmente necesario». Las empresas están obligadas a poner en marcha una regulación que asegure que los trabajadores desconectan en su tiempo libre de las redes sociales corporativas de la empresa, según indica el Proyecto Technos que ha elaborado. Sin embargo, si la propia captación de imágenes no es consentida y con la intención de descubrir sus secretos o vulnerar su intimidad, ya sí estaríamos dentro lo prohibido por el artículo 197 del Código penal y podría imponerse la pena prevista en el mismo.
En el examen sucinto de algunos de estos aspectos vamos, pues, a detenernos en este artículo y, en concreto, por razones de espacio, en el examen de los seis siguientes: la obligatoriedad de las personas jurídicas de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas; el nuevo régimen de las notificaciones y, en particular, de las notificaciones electrónicas; el cómputo de los plazos; la denuncia como forma de inicio del procedimiento administrativo; la tramitación simplificada del procedimiento administrativo, y la terminación del procedimiento administrativo y, en particular, del procedimiento sancionador. He omitido ex profeso referirme a dichos casos ya que mi intención en este artículo ha sido resaltar cuando sí se aplica la teoría. La otra cara de la moneda para proteger la libertad de los ciudadanos, una vez que nuestra identidad ya haya aparecido claramente incorporada a la red, la protagoniza el «derecho al olvido». Un ejemplo real: Sujeto publica mensaje en una conocida página de anuncios clasificados gratuitos.
En este sentido, la protección del honor se ha concretado tanto en la legislación civil como en la legislación penal: civilmente, a través de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del honor, intimidad y propia imagen; y, penalmente, mediante los delitos de injurias (acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación) y calumnias (imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad) tipificados en los artículos 205 a 216 del Código Penal, y la falta de injuria leve tipificada en el artículo 620.2 del mismo Código. Claro que ahí el tema no es sencillo y de botepronto saltan varias preguntas: ¿Suprimir esa información implica una violación al derecho de acceso a la información? ¿Es relevante para el interés colectivo que se tenga un registro de todo el expediente de una persona? ¿Se debe privilegiar el derecho a la privacidad y a la intimidad por encima del acceso a la información? En personas que ejercen cargos públicos queda un poco más claro que hay un interés público en conocer su pasado, pero persiste el debate sobre qué tanto se estaría aplicando censura si se suprime información de particulares.
En la iniciativa, que recoge, los 'populares' constatan que la citada norma, que data de 1982, es una de las que "más trascendencia práctica" ha tenido en lo que a los derechos fundamentales de los ciudadanos se refiere, pero entienden que, pasados más de 30 años, resulta necesario regular "con una mayor precisión" estos derechos, puesto que, tal y como establece la ley, vienen determinados por las ideas que prevalezcan en cada momento en la sociedad y por el propio concepto que cada persona tenga sobre los mismos. El eje de su razonamiento es tan claro como rotundo: la libertad de expresión no puede ofrecer cobijo a expresiones que encierran desprecio a las víctimas, sin que ello suponga criminalizar opiniones discrepantes. Desde el punto de vista jurídico, es recomendable por tanto ser muy conscientes de lo que supone enviar o recibir un correo electrónico, habida cuenta de la trascendencia que el mismo podrá tener en caso de un eventual pleito. Las imágenes son, sin duda, un elemento fundamental en las redes sociales.
Contra esos dos medios acudi a la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, a virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 16, “Derecho de rectificación y cancelación”, el Instructor de la citada Agencia requirió a uno de los medios para que rectificase o cancelase los datos citados, con la advertencia expresa de la apertura de un expediente sancionador, ante lo cual optaron prudentemente por atender mi queja. Una persona puede consentir la captación de su imagen —posando por ejemplo— y oponerse a su difusión en las redes sociales por interpretar que esa imagen pertenece a un entorno más íntimo.
Publicado por Antonio - Malaga en 11:51