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Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 45', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 107']

BOE.es - Documento BOE-A-1991-12093
Documento BOE-A-1991-12093
«BOE» núm. 121, de 21 de mayo de 1991, páginas 16036 a 16040 (5 págs.)
BOE-A-1991-12093
Sea notorio que la Junta General del Principado ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía para Asturias, vengo en promulgar la siguiente
Asturias cuenta con un medio natural extraordinariamente rico. La conjugación en un espacio reducido de zonas de montaña con una costa variada en sus características, la existencia de una cubierta vegetal donde permanecen aún ejemplos notables del bosque autóctono, y la supervivencia de una fauna que ha encontrado en esos parajes naturales sus últimos refugios, son características que hacen de Asturias una región singular.
Aunque la mayoría de la población se asienta en la zona central de la región, siendo ésta, en consecuencia, la que muestra unas características naturales más alteradas, el conjunto del territorio no escapa a las presiones y problemas ambientales propios de las Sociedades industrializadas.
Es, pues, necesaria una eficaz actuación de los poderes públicos, encaminada a garantizar la existencia de un medio natural bien conservado en el conjunto del territorio asturiano.
La propia Constitución Española recoge, en su artículo 45, esta exigencia encomendando a los poderes públicos que velen por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.
La actuación seguida en esta materia por el legislador asturiano ha estado inspirada, desde el principio, por este mandato constitucional. Buenos ejemplos son la Ley 1/1987, de 30 de marzo, de Coordinación y Ordenación del Territorio; la Ley 2/1988, de 10 de junio, de Declaración del Parque Natural de Somiedo; la Ley 3/1988, de 10 de junio, de Sanciones de Pesca, o la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Caza.
Sin embargo, la protección del medio natural en Asturias exige de un instrumento jurídico general que, a la vez, posibilite la conservación y gestión específica de los espacios naturales que lo necesiten particularmente, establezca un marco de protección referido al conjunto del territorio y permita el desarrollo de los criterios orientadores para la defensa global de la naturaleza y los recursos frente a diversas causas de degradación.
La presente Ley pretende tal objetivo, para lo que busca sus principios inspiradores en las premisas básicas de la estrategia mundial de conservación, y se articula como desarrollo de la legislación básica estatal. En ejecución de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en virtud de lo previsto en el artículo 11, b), del Estatuto de Autonomía para Asturias, reproduciéndose en parte, por razones de coherencia y de mejor comprensión de la misma, normas de carácter básico contenidas en dicha legislación.
1. Como instrumento para la planificación de los recursos naturales se elaborará el plan de ordenación de los recursos naturales de Asturias.
2. Para aquellas unidades naturales de ámbito supracomunitario, cuya conservación se realice en coordinación con las Comunidades Autónomas limítrofes, podrán elaborarse planes de ordenación de los recursos naturales particulares referidos a dichos espacios.
Los planes a que se refiere el artículo anterior tendrán el siguiente contenido mínimo:
c) Determinación de las limitaciones generales y específicas que de los usos y actividades hayan de establecerse en función de la conservación de los espacios y especies a proteger, con especificación de las distintas zonas, en su caso.
d) Señalamiento y justificación de las zonas sobre las que proceda aplicar los regímenes especiales de los espacios naturales protegidos previstos en esta Ley.
e) Proposición, en su caso, de inclusión de especies de flora y fauna en los correspondientes catálogos de especies amenazadas, y determinación de las directrices para la salvaguarda y gestión de la vida silvestre en el ámbito territorial en cuesión.
f) Concreción de aquellas actividades, obras o instalaciones públicas o privadas a las que deba aplicarse cualesquiera de los regímenes de evaluación previstos en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental; en la Ley del Principado 1/1987, de 30 de marzo, de Coordinación y Ordenación del Territorio, o en el título III, capítulo primero, de la presente Ley.
g) Formulación de los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadoras de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con los objetivos de conservación de la naturaleza en el ámbito territorial de aplicación del plan.
2. Los planes de ordenación de los recursos naturales serán obligatorios y ejecutivos en las materias reguladas por la presente Ley, constituyendo sus disposiciones un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o fisica, cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar dichas disposiciones. Los instrumentos de ordenación territorial o fisica existentes que resulten contradictorios con los planes de ordenación de los recursos naturales se aplicarán, en todo caso, prevalenciendo sobre los instrumentos de ordenación territorial o fisica existentes.
La iniciación del procedimiento para la elaboración del plan de ordenación de los recursos naturales de Asturias se hará por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado, a iniciativa propia o del Consejero de la Presidencia. Dicho acuerdo contendrá las indicaciones que se juzguen necesarias o convenientes para la orientación de los trabajos.
Cuando se trate de los planes a que se refiere el artículo 3.2, el acuerdo de iniciación contendrá, además, las fórmulas acordadas con las Comunidades Autónomas limítrofes para la coordinación de actuaciones.
1. La elaboración y aprobación inicial de los planes de ordenación de los recursos naturales corresponde a la Agencia de Medio Ambiente.
2. Los planes, una vez aprobados inicialmente, serán sometidos a información pública durante un período de treinta días hábiles.
3. Simultáneamente, y por idéntico plazo, serán sometidos a informe de los Ayuntamientos afectados y de las asociaciones que persigan el logro de los principios del artículo 2 de la presente Ley.
4. Finalmente, la Agencia de Medio Ambiente, previo informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio y del Comité Regional de Planificación y Coordinación de Inversiones Públicas, elaborará la correspondiente propuesta del plan, que, antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno, será remitido a la Junta General para su examen y debate por la Comisión de Política Territorial de la Junta General del Principado, de acuerdo con lo previsto en el capítulo II del título X del Reglamento de la Cámara.
1. Los planes de ordenación de los recursos naturales tendrán una vigencia indefinida, salvo que en su proio texto se indique otra cosa.
2. Se procederá a la actualización del contenido de los planes cuando la modificación de los criterios y objetivos que hayan prevalecido en su redacción así lo exijan. Igualmente, se procederá a la actualización cuando la transformación de las condiciones económicas, sociales o naturales de los espacios protegidos así lo hagan necesario.
El procedimiento de actualización será el mismo que el definido para la aprobación.
1. La utilización del suelo con fines agrícolas, forestales y ganaderos deberá orientarse al mantenimiento del potencial biológico y la capacidad productiva del mismo, con respecto a los ecosistemas del entorno.
2. Si la actividad está promovida por un Organismo público será éste el encargado de realizar y resolver en primera instancia la evaluación preliminar del impacto.
c) Consideración del impacto como compatible, moderado, severo o critico.
d) Determinación del Organismo evaluador sobre el proyecto, que podrá ser aprobatoria, aprobatoria con condiciones y recomendaciones para atenuar el impacto, denegatoria o impositoria de la realización de una evaluación de impacto ambiental.
Del resultado se dará traslado a la Agencia de Medio Ambiente.
6. En los supuestos de evaluación preliminar de actuaciones o proyectos ejecutados, total o parcialmente, por o a cargo de la Administración regional, los resultados de ésta deberán figurar en el expediente de tramitación de los créditos presupuestarios correspondientes.
f) Favorecer el desarrollo socioeconómico de las áreas integradas en la red, de forma compatible con los objetivos de conservación.
1. Para satisfacer los objetivos enumerados en el artículo antenor, en función de los bienes y valores a proteger, los espacios naturales protegidos se clasificarán en algunas de las siguientes categorías:
2. Las reservas naturales se clasificarán, a su vez, en reservas naturales integrales y reservas naturales parciales.
1. En los espacios naturales protegidos declarados por ley se podrán establecer zonas periféricas de protección destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del exterior, en cuyo caso en la propia norma de declaración se establecerán las limitaciones necesarias.
De la declaración de los espacios naturales protegidos
d) Elaboración, por la Agencia de Medio Ambiente, a la vista de los informes, alegaciones y sugerencias recibidas, de la propuesta definitiva de declaración de espacio natural protegido, que será sometida a la aprobación del Consejo de Gobierno a propuesta del titular de la Consejería.
La propuesta se hará en forma de anteproyecto de ley en los casos de declaración de parques naturales y reservas naturales integrales, y de proyectos de decreto en las restantes categorías de espacios naturales protegidos.
De la planificación y gestión de los espacios naturales protegidos
Sección 2.ª Elaboración y aprobación de los instrumentos de planificación
b) Información pública, por plazo de treinta días hábiles, para que puedan formular alegaciones cuantas Entidades y particulares lo deseen.
c) Valoración de las observaciones y sugerencias recibidas por la Comisión Rectora y envío de las mismas, junto con el plan, a informe de la correspondiente Junta del Parque.
d) Formulación por la Comisión Rectora del Parque de la pro-puesta definitiva que se elevará, por conducto del titular de la Consejería de la Presidencia, al Consejo de Gobierno para su aprobación, en su caso, por decreto.
2. Las Juntas se integrarán por representantes de la Administración del Principado, de las Administraciones locales, de los titulares de los derechos afectados y de las Entidades, asociaciones y grupos que realicen actividades en favor de los valores que a los parques corresponde proteger. Igualmente podrán formar parte de las mismas representantes de la Administración del Estado y de la Universidad de Oviedo.
Los Conservadores ejercerán funciones de dirección y supervisión de las actuaciones que se desarrollen en los parques y, en particular, las siguientes:
2. Los Conservadores serán nombrados por el Consejo de Gobierno de entre personal perteneciente a la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejero de la Presidencia, oídas, en cada caso, las correspondientes Juntas.
Actuaciones complementarias y medios económicos
A los efectos del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, por el transmitente se notificarán fehacientemente al órgano actuante las condiciones esenciales de la transmisión pretendida y, en su caso, copia fehaciente de la escritura pública en la que haya sido instrumentada la citada transmisión. El derecho de tanteo podrá ejercerse en el plazo de tres meses y el de retracto en el de un año, ambos a contar desde la correspondiente notificación, que deberá efectuarse en todo caso, y será requisito necesario para inscribir la transmisión en el Registro de la Propiedad.
2. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objetivo lograr, en la medida de lo posible, la restauración del medio natural al ser y estado previos al hecho de producirse la agresión. Asimismo, la Administración del Principado podrá, subsidiariamente, proceder a la reparación a costa del obligado. En todo caso, el infractor deberá abonar los daños y perjuicios ocasionados en el plazo que, en cada caso, se fije en la resolución correspondiente.
2. La alteración de las condiciones de un espacio natural protegido o de los productos propios de él mediante ocupación, roturación, corta, arranque, quema u otras acciones.
5. La instalación de carteles, publicidad y almacenamiento de chatarra en los espacios naturales protegidos y en su entorno, cuando se rompa la armonía del paisaje y se altere la perspectiva del campo visual.
6. La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de actividades, obras, trabajos, siembras o plantaciones en zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su destino o uso.
8. Cualquier otro incumplimiento de lo dispuesto en las normas reguladoras de los espacios naturales protegidos.
1. Las citadas infracciones serán calificadas leves, menos graves, graves y muy graves, atendiendo a su repercusión, su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y los bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como a la irreversibilidad del daño o deterioro producido en la calidad del recurso o bien protegido.
En los supuestos y términos a que se refiere el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo podrán imponerse multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, como consecuencia de la ejecución de lo dispuesto en esta Ley y en las normas reguladoras de los espacios naturales protegidos, y cuya cuantía no excederá en cada caso de 500.000 pesetas.
1.1 Dunas.
1.2 Estuarios.
1.3 Acantilados y rasas.
1.4 Zonas de particular interés de ámbito submareal en las aguas interiores.
(Publicado en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia» número 87, de 17 de abril de 1991)
el art. 33.2, por Ley 10/2017, de 24 de noviembre (Ref. BOE-A-2017-15287).
el art. 44, por Ley 3/2012, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-1924).
el art. 34.2, por Ley 9/2006, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-5589).
sobre Declaración del Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa: Ley 5/2006, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-2006-14407).
sobre Declaración del Parque Natural de Ponga: Ley 4/2003, de 24 de marzo (Ref. BOE-A-2003-9511).
sobre Declaración del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias: Ley 12/2002, de 13 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-1811).
sobre Declaración de la Reserva Natural Integral de Muniellos: Ley 9/2002, de 22 de octubre (Ref. BOE-A-2002-23344).
sobre Declaración del Parque Natural de Redes: Ley 8/1996, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-1997-2522).
DE CONFORMIDAD con los arts. 11.B) y 31.2 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1982-634).
Ley 2/1989, de 6 de junio (Ref. BOE-A-1989-15374).
Ley 3/1988, de 10 de junio (Ref. BOE-A-1988-19037).
Ley 2/1988, de 10 de junio (Ref. BOE-A-1988-19036).
Ley 1/1987, de 30 de marzo (Ref. BOE-A-1987-11088).
Reglamento publicado por Acuerdo de 8 de mayo de 1985 (Ref. BOE-A-1985-20798).