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Timestamp: 2018-06-19 17:12:06
Document Index: 96815483

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 6', 'Artículo 3', 'Artículo 22', 'Artículo 16', 'Artículo 176', 'Artículo 151', 'Artículo 2', 'Artículo 21', 'Artículo 14', 'Artículo 13', 'Artículo 5', 'Artículo 57', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 4']

"La oficialidad de la lengua asturiana desde el punto de vista jurídico" (Rubén González Gómez)
La oficialidad de la lengua asturiana desde el punto de vista jurídico
Rubén González Gómez
Asignatura de Derecho Constitucional.Licenciatura de Ciencias Políticas
Van ya más de veinticinco años que los parlamentos de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares incluyeron en sus estatutos de autonomía el reconocimiento oficial de sus lenguas propias. De esa manera garantizaron a todos sus ciudadanos el derecho a usar y conocer su lengua y convirtieron su patrimonio lingüístico en un dinamizador social y económico bien potente.
En Asturias se siguió justamente el camino contrario. El Estatuto de Autonomía de Asturias nació de la mano de una clase política provinciana que quiso borrar de la historia la realidad lingüística y cultural del Principado de Asturias.
Veinticinco años después todo sigue igual: el asturiano es la única lengua del Estado que todavía no es oficial. Año tras año siguen apareciendo casos de discriminación por el uso de la lengua asturiana, la cual sigue teniendo una presencia marginal de vez en cuando hasta como motivo de risa- en los medios de comunicación, en el sistema educativo, y en las administraciones, etc.
El resultado de todo esto es que los asturianos son los únicos ciudadanos del Estado que actualmente no tienen reconocidos sus derechos lingüísticos y que por eso, si siguen así las cosas, la lengua asturiana está condenada a desaparecer entre la marginación y la vergüenza.
El motivo por el cual escogí el tema de "la oficialidad de la lengua asturiana desde un punto de vista jurídico" es que en estos días, los grupos parlamentarios representados en la "Xunta Xeneral del Princupau d Asturies" están en las negociaciones previas para la reforma del Estatuto de Autonomía. Por tanto, se trata de un tema de radiante actualidad.
Por otro lado es un tema que me interesa mucho a nivel personal. Considero que la oficialidad es el único instrumento útil para garantizar el futuro y la supervivencia de la lengua asturiana y supondría el reconocimiento de un derecho ciudadano. Además es la única fórmula jurídica capaz de garantizar definitivamente que, en Asturias, cualquier persona pueda usar la lengua que elija sin ningún tipo de trabas.
EL CONTEXTO SOCIAL DE LA "LLINGUA".
L asturianu es una lengua románica que desciende directamente del latín y que se habla principalmente en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, al norte del territorio del Estado español. También se habla en zonas de León, Zamora, Salamanca y Cantabria. En Portugal, el mirandés (dialecto del asturiano hablado por unas 15.000 personas) pasó a ser lengua oficial de la república el 17 de Septiembre de 1998, por decisión unánime del Parlamento.
El asturiano es la lengua propia de Asturias. Quiere decirse, la lengua que se configuró dentro del territorio que hoy conocemos como Asturias. El castellano llegó más tarde, a partir del s. XIV, sobre todo de la mano de funcionarios y mandatarios que la administración central enviaba para ocupar puestos de poder político y eclesiástico.
Las encuestas que tratan sobre la simpatía y nivel de uso del asturiano, reflejan desde finales de los años 70 unas actitudes positivas de los asturianos/as hacia su lengua. Los datos de la última encuesta hablan de un creciente consenso a favor de la normalización del asturiano en todos los ámbitos de la sociedad. Los encuestados reconocían casi unánimemente al asturiano como el idioma propio de Asturias y pedían un trato institucional equivalente al que tienen otras lenguas del Estado Español.
Este estudio sociolingüístico, hecho por el experto Francisco Llera Ramos y encargado por el Principado de Asturias, señala que de población total de 1.076.896 (según el último censo): 100.000 personas tienen al asturiano como primera lengua, y que 450.000 la tienen como segunda lengua.
Al valorar la labor institucional en pro del asturiano, los encuestados criticaron al gobierno más duramente que en encuestas anteriores. Llama la atención que un 57% de los encuestados consideren que las instituciones del Principado hacen poco o muy poco por la conservación y promoción de la lengua propia. A la hora de proponer medidas de normalización, el 88% están a favor de la presencia del asturiano en la escuela, y la mitad de los encuestados son partidarios de que fuera la lengua vehicular del proceso educativo.
Como dato significativo, merece la pena mencionar el hecho de que las manifestaciones en favor de la oficialidad de la lengua asturiana han llegado a contar con la asistencia de 25.000 personas (según datos del propio Gobierno de Asturias), lo que viene a significar ¼ de la población total.
No obstante, este estudio prendía las alarmas por el estancamiento lingüístico que viene del envejecimiento de buena parte de los hablantes y por la inexistente política lingüística a lo largo de todo este tiempo.
El marco legislativo en el que se encuadra la lengua asturiana es el que se refiere a las lenguas minoritarias, ya que sin entrar ahora en la perspectiva sociolingüística, desde la cual cabe matizar que la lengua asturiana es en realidad una lengua «minorizada», desde un punto de vista estrictamente jurídico, la lengua asturiana es calificada de "lengua regional o minoritaria". En el artículo 1 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (Estrasburgo, 1992), se establece que se entiende por «lengua regional o minoritaria».
Artículo 1. (Sobre definiciones) de la Carta Europea de las Lenguas Regionales: Por la expresión "lenguas regionales o minoritarias", se entenderán las lenguas habladas tradicionalmente en el territorio de un Estado por nacionales de ese Estado que constituyen un grupo numéricamente inferior al resto de la población del Estado; no se incluye a los dialectos de la/s lengua/s oficial/es del Estado ni a las lenguas de los inmigrantes.
CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LENGUAS MINORITARIAS.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó en su resolución 217 A (III), la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El objetivo de esta declaración, compuesta por 30 artículos, es promover y potenciar el respeto por los derechos humanos aquellos que el hombre posee por el mero hecho de serlo y las libertades fundamentales.
Entre los derechos citados por la Declaración se encuentran; a la educación, a la nacionalidad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Sin embargo, llama la atención que no se hace ninguna referencia explícita a los derechos lingüísticos de las minorías
La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos fue aprobada por la UNESCO en 1996 con el objetivo de integrarse con carácter complementario a la Declaración de Derechos Humanos. Esta declaración nace en un marco de reforzamiento de las instituciones internacionales capaces de garantizar un desarrollo sostenible y equitativo para toda la humanidad, y tiene como finalidad propiciar la organización de un marco político de la diversidad lingüística basado en la convivencia y el respeto de todas las lenguas.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue acordado en el seno de las Naciones Unidas, en 1966 y está plenamente vigente en España desde el 27/07/77.
Su art.26 establece que: "[], la ley impedirá toda discriminación y garantizará que todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".
Este artículo contiene una prohibición de discriminación autónoma, es decir, no afecta solamente a los derechos proclamados en el propio Pacto, sino que hace una distinción entre igualdad ante la ley e igualdad de ley y en él parece que se inspira el art.14 de la Constitución española.
Su art.27 dispone que: «En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma».
Evidentemente, ese derecho al empleo del propio idioma comprende, obviamente, tanto las relaciones de los ciudadanos con la Administración como los actos de carácter público, y ello sólo puede ser garantizado en nuestro ordenamiento a través de la correspondiente declaración de cooficialidad. En este sentido, considero relevante el hecho de que este artículo no haya sido objeto de reserva alguna -que yo sepa- por parte del Reino de España, como sí han hecho otros Estados.
LA LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE LAS LENGUAS MINORITARIAS.
En el plano europeo haré una honda reflexión sobre aquellos aspectos que han sido sistemáticamente pasados por alto por la Comunidad Europea. En concreto, los que se refieren a las minorías lingüísticas, a los idiomas regionales o minoritarios, lenguas de comunidades autonómicas, grupos étnicos o minorías nacionales y étnicas.
Llama la atención el hecho de que no encontramos referencias a las minorías lingüísticas en los tratados existentes de la Unión bajo ninguno de los términos anteriormente citados. La única posible referencia es la del art.151 del tratado relativo a la cultura, que dice en su primer párrafo: "La Unión contribuirá ampliamente al desarrollo cultural de los Estados Miembros en lo que se refiere a las identidades nacionales y regionales, destacando su común herencia cultural."
En el proyecto de Constitución europea se citan otros documentos, aunque en este momento, no formen parte del acervo comunitario: Me refiero, sobre todo, al Fuero de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este documento, contiene dos referencias relevantes; la primera relativa a la no discriminación, y la segunda, a la diversidad lingüística.
Los criterios de Copenhague para la admisión de nuevos Estados Miembros. Incluye el "respeto por la protección de las minorías" como requisito necesario para poder ser aceptado. Otras instituciones europeas también han considerado objetivo prioritario la protección de las minorías. Me refiero, en primer lugar, al Consejo Europeo y al marco de la Convención para la protección de las Minorías Nacionales. Junto con el Fuero Europeo para las Lenguas Nacionales y Minoritarias.
La Declaración de Laeken sobre el Futuro de la Unión Europea, fijó los límites entre los que debería operar la Convención. Esta declaración pone un especial énfasis en el respeto de la libertad, solidaridad, y sobre todo, diversidad, "lo que significa respeto por las lenguas, cultura y tradiciones de otros". Esto supone que la Unión Europea está abierta "sólo a aquellos Estados que respetan valores fundamentales. Es significativo que la protección de las minorías se considere al lado de valores fundamentales.
Desafortunadamente, los resultados no coincidieron con las expectativas. De hecho, la protección de las minorías no se encuentra entre los principios básicos del borrador de la Constitución. No obstante, el borrador tiene algunas novedades, en las que me detendré para considerarlas.
El primer punto trata del nuevo contexto de la ley internacional, representada por el borrador de la constitución. El Artículo 6 confiere a la Unión personalidad jurídica. Éste es un paso muy importante que resuelve los conflictos de competencia entre las Cortes de Justicia y la Corte europea de Derechos Humanos a favor de esta última, y permite a la Unión Europea firmar y rectificar otras convenciones internacionales. Este contexto general, a pesar de que no se refiere específicamente a las minorías, ofrece un nuevo alcance a la Unión Europea en el sector de los derechos humanos en un sentido amplio y así se crea una política más afín completamente previsible.
El segundo punto hace referencia a la diversidad lingüística, que el nuevo texto promueve como principal objetivo, introduciéndolo en el Artículo 3 del borrador de la constitución. Ésta fue una decisión difícil, resultado de una fuerte presión por parte de ciertos elementos de la convención. Esta diversidad se cita en el prólogo de la constitución, al referirse a Europa como "unida en su diversidad" y se recoge con el significado específico de diversidad lingüística. Esto es así también en el anteriormente mencionado Artículo 22 del Proyecto de Ley de Derechos Fundamentales. Estos principios tienen su aplicación práctica en el artículo relativo a la cultura: un sector en el que la Unión Europea podría intervenir, como se establece en el Artículo 16, con acciones complementarias, previstas en la base legal del Artículo 176 de la tercera parte de la Constitución, que vuelve al antiguo Artículo 151 de los tratados previamente citados. Sin embargo, aquí tenemos una novedad considerable, debido a que, para que se dé esa situación, ya no es necesario tener el voto unánime del consejo, ya que ahora pueden proceder con una mayoría cualificada. Así, ya no existe el peligro de que un solo Estado pueda bloquear con su veto la adopción de programas específicos para la protección de las minorías lingüísticas.
El tercer punto se refiere al principio de no discriminación, presentado en el Artículo 2 entre los valores fundamentales de la Unión. Este principio se recuerda en el ya citado Artículo 21 del Proyecto de Ley de Niza, que prohíbe toda discriminación basada en, entre otras cosas, la lengua, o pertenecer a una minoría nacional. Además, también consta que el Artículo 14 de la Convención Europea sobre los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del Consejo Europeo, (del que la Unión Europa formará finalmente parte con la rectificación que el texto de la constitución autoriza explícitamente) prohíbe cualquier discriminación basada, entre otras cosas,
la lengua o pertenecer a una minoría nacional. De esta forma, hay una voluntad convergente y frecuentemente expresada de introducir la lengua y la pertenencia a una minoría en los artículos que prohíben la discriminación. Sin embargo estos principios no se confirman en el artículo de la Unión Europea que ofrece los instrumentos para luchar contra la discriminación. El actual Artículo 13 de los tratados (Artículo 5 de la tercera parte de la constitución), autoriza a la Unión a ofrecer medidas contra la discriminación, pero sólo en lo que se refiere a sexo, origen racial o étnico, religión, orientación sexual o incapacidad, donde los términos racial u origen étnico. Por esto, nos encontramos frente al absurdo de la prohibición de la Comisión Europea de discriminación en lo que al tema del lenguaje se refiere.
El cuarto y último punto es el que se refiere a los criterios de Copenhague sobre la aceptación de nuevos miembros de la Unión. Ya he mencionado al anteriormente, que los criterios para la aceptación de los estados candidatos incluían "respeto y protección de las minorías". Ahora, en el borrador del texto constitucional, los estados candidatos están obligados, como se recoge en el Artículo 57, a respetar los valores fundamentales de la Unión, recogidos en el Artículo 2 de la constitución. Son sociedades pluralistas, que valoran la tolerancia, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la no discriminación. Las minorías no aparecen mencionadas. Con esto, aseguraron el respeto y la protección de las minorías como un requisito para los diez estados que entraron a formar parte de la Unión el 1 de mayo de 2004. Pero esto no se les pedirá a los futuros nuevos miembros a pesar del hecho de que en los otros estados candidatos (Bulgaria, Rumanía, Turquía y probablemente Croacia) las minorías representarán una parte sensible de la sociedad política y socialmente.
En el año 2001 España ratificó la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias hecha por el Consejo de Europa en 1991, tratado internacional que busca proteger y fomentar las lenguas minoritarias históricas de Europa de las que algunas corren peligro de desaparecer con el tiempo, de acuerdo a lo que se recoge en el propio preámbulo del texto.
Actualmente veintidós (22) Estados europeos han ratificado la Carta y otros once (11) la firmaron pero aun no la ratificaron. Desde el momento de la publicación de la Carta en el BOE (15 de Septiembre de 2001), ésta pasó a ser derecho interno español con fuerza de ley según el art.96.1 de la CE, lo que tiene un especial interés porque hasta ese momento ninguna norma regulaba la protección de las lenguas españolas minoritarias, cuestión que se dejaba a las Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos de Autonomía y normas de desarrollo.
La Carta se divide en cinco partes siendo las fundamentales la II (art.7), dedicada a los objetivos y los principios perseguidos y de aplicación general a todas las lenguas, y la III (arts. 8 a 14), de medidas especificas para el fomento del empleo de las lenguas minoritarias que suman 98 apartados que tratan de la enseñanza, la administración y servicios públicos, los medios de comunicación, las actividades y servicios culturales, y la vida económica y social. La Carta impone a los Estados firmantes el compromiso de escoger al menos 35 apartados o medidas a aplicar a sus lenguas minoritarias, y España suscribió 68 pero no para todos los idiomas minoritarios del Estado, sino que hizo una declaración diferenciando dos situaciones, como se recoge en el instrumento de ratificación:
"España declara que. A los efectos previstos en los citados artículos, se entienden por lenguas minoritarias, las lenguas reconocidas como oficiales en los Estatutos de Autonomía de P. Vasco, Cataluña, Islas Baleares, Galicia, C. Valenciana y Navarra.
Por otro lado, España declara, a los mismos efectos, que también se entienden por lenguas minoritarias las que los Estatutos de Autonomía protegen y amparan en los territorios donde tradicionalmente se hablan.
Mientras que para las lenguas de primer grupo se suscriben expresamente 68 medidas concretas de la parte III de la Carta, para las del segundo grupo se establece la siguiente limitación: "A las lenguas citadas en el párrafo segundo se aplicarán todas aquellas disposiciones de la parte III de la Carta que puedan razonablemente aplicarse de acuerdo con los objetivos y principios establecido s en el art.7. Es decir, para este segundo baremo de idiomas son de aplicación al menos los principios generales, pero no se especifican medidas de protección.
El art.7 de la Carta es de aplicación directa a todas las lenguas minoritarias de España; la redacción del apartado primero es la siguiente: "En materia de lenguas minoritarias en los territorios donde se hablan dichas lenguas y según la situación de cada una de ellas, les Partes basarán su política, su legislación y su práctica en los objetivos y principios siguientes []".
De acuerdo con la parte IV de la Carta (arts. 15 a 17) se crea un sistema de control del cumplimiento del tratado por medio de informes periódicos a elaborar cada tres años por un Comité de Expertos y a presentar ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que puede dar lugar a que este ultimo haga recomendaciones a los Estados.
En 2005 se presentó el primer informe del Comité de Expertos para España que motivó una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
En los antecedentes del informe ya se indica claramente que las lenguas nombradas en el segundo párrafo de la declaración española están solo protegidas por la parte II de la Carta por lo que la evaluación del cumplimiento de ésta a las lenguas no oficiales es parcial y genérica. En realidad el Comité de Expertos hace una confusa y tibia crítica del incumplimiento de las autoridades españolas del art.2.2 de la Carta al no señalar los 35 apartados de obligatoria aplicación a los Estados firmantes del Tratado para las lenguas afectadas.
En relación a Asturias el Comité de Expertos concluyó que la situación de la lengua asturiana es singular ya que a pesar de no ser oficial algunas de las medidas adoptadas para su promoción se asemejan a las disposiciones de la parte III de la Carta. Así mismo, se indica que la lengua asturiana está consiguiendo cada vez un mayor prestigio social, aunque hay algunas trabas para su promoción, especialmente en el ámbito de la educación.
Para mi idea esta visión del asturiano es muy complaciente pues las medidas para su promoción son muy pocas, reducidas en la mayoría de las ocasiones a cuestiones culturales y calculadas para no reconocer unos derechos mínimos a los asturfalantes. No hay una presencia digna de lengua en los medios de comunicación, y la enseñanza del asturiano se desarrolla en unas condiciones muy penosas y precarias, sobre todo en la enseñanza secundaria.
Aprecio que la Declaración hecha por España al ratificar la Carta contiene una profunda contradicción: por un lado establece una alta protección para los idiomas reconocidos como oficiales en los Estatutos de Autonomía respectivos y, por otro lado, mantiene una formula de protección difusa para las lenguas minoritarias que no tienen un status de oficialidad.
Aunque creo que la consecuencia última debe de ser la declaración de oficialidad, considero que una salida temporal a esta situación de limbo legal en la que se encuentran los idiomas minoritarios no oficiales para los que la Carta no logra una aplicación efectiva, que precisamente son las lenguas que más lo necesiten por su precaria situación legal, pasaría porque España suscribiera mediante una declaración anexa al menos los 35 apartados que impone la Carta para las lenguas amparadas y protegidas por los Estatutos.
LEGISLACIÓN ESTATAL SOBRE LAS LENGUAS DEL ESTADO.
EL artículo 3 de la Constitución española, tras declarar que "el castellano es la lengua oficial del Estado", declara que "las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía".
Esta redacción viene dando lugar a dos interpretaciones doctrinales opuestas: la que cree que las lenguas regionales puedes ser cooficiales en sus Comunidades Autónomas, pero nada más si así se declara en sus respectivos Estatutos de Autonomía que, además de ello, tienen que establecer el correspondiente modelo de oficialidad, y al contrario, entiende que la Constitución instaura la cooficialidad de toda lengua regional reconocida como tal y nada más delega a los Estatutos de Autonomía la adopción del modelo de cooficialidad que puede variar de unas a otras ya que la Constitución no impone un modelo único y uniforme.
No existe ningún texto legal que defina lo que en España se entiende por oficialidad u cooficialidad de las lenguas regionales. De todas maneras, por medio de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional: Puede entenderse que la oficialidad se restringe al empleo normal (palabra muy importante en este contexto) de la lengua por los poderes públicos.
El art. 1.1 de la Constitución reconoce la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico. Así mismo el art.14 de la Constitución establece que: "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
La redacción de este artículo, ampara tanto al principio de igualdad como al principio de no discriminación, manteniendo una dualidad de preceptos jurídicos: uno relativo al principio de igualdad y, otro, relativo a la prohibición específica de no discriminación.
Resulta evidente la violación del principio de igualdad en la regulación del asturiano. Y dicha violación es todavía más clara si tenemos en cuenta lo dispuesto en el segundo inciso del art. 14 CE, ya que no hay duda de que la expresión «cualquier otra condición o circunstancia personal o social» es comprensiva de la circunstancia lingüística.
Por ello, no puede admitirse la ordenación que se ha hecho y que se pretende volver a hacer de la lengua asturiana, una regulación normativa que provoca diferencias de trato que no son en absoluto ni razonables, ni objetivas, ni proporcionadas entre los hablantes de asturiano y los hablantes de cualquiera de las otras lenguas españolas distintas del castellano.
La desigualdad de la lengua asturiana con respecto al resto de las lenguas españolas distintas del castellano que se ha establecido y que se pretende volver a establecer en el Estatuto de Autonomía no sólo es contraria a la razón y por completo injustificable, sino que es contraria también a lo dispuesto en la propia Constitución. Las lenguas españolas -todas- son iguales ante la Ley, ante la norma suprema, nuestra Constitución: están amparadas por el art. 3.2, que declara la cooficialidad de las mismas y por el art.3.3.
El art.139.1 CE dispone que "todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado". Pero resulta evidente que la discriminación que sufren los hablantes de asturiano no soporta una comparación en pie de igualdad con respecto a los hablantes de otras lenguas españolas distintas del castellano.
LEGISLACIÓN DEL PRINCIPADO SOBRE LA LENGUA ASTURIANA.
La aprobación definitiva del texto estatuario de Asturias por el Congreso de los Diputados se produce en sesión plenaria de 15 de diciembre (BOCG/C/H-31-IV; DSCG/C/P/207). El texto del Estatuto aparece como Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, en el Boletín Oficial del Estado de 11 de enero de 1982.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias presenta una particularidad respecto del resto de autonomías con lengua propia: es el primero que, al amparo del art. 3.3 CE, incluye una cláusula de protección de una modalidad lingüística, el asturiano/bable (art. 4), sin llegar a la cooficialidad del art. 3.2 CE que aparecía en los Estatutos vaco, catalán y gallego.
El Estatuto de Asturias dispone en su art.4.1 que el asturiano/bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso, las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje. El art. 4.2 establece que una ley del Principado regulará la protección, uso y promoción del bable.
Así mismo, el art.10.1.14 señala como competencia del Principado "el fomento de la investigación y de la cultura, con especial referencia a sus manifestaciones regionales y a la enseñanza de la cultura autóctona".
Bajo este punto de vista, el asturiano constituye un legado histórico-cultural que es necesario defender y conservar, utilizando para ello los instrumentos jurídicos necesarios.
En 1998 el Parlamento asturiano aprobó una ley que desarrolla el artículo 4 del Estatuto de Autonomía. Se trata de la "Llei 1/98 de 23 de Marzu, d'Usu y Promoción del Bable/Asturianu" (BOPA Nº73, del 28-III-98). La ley impone a la administración autonómica aceptar los documentos redactados en asturiano y responder a estos documentos en asturiano. También impone una toponimia en asturiano con una excepción para las grandes ciudades con toponimia bilingüe. El asturiano también será enseñado excepto refus explicite des parents.
A continuación expondré alguno de los artículos más importantes de la citada ley:
Art.1 Lengua tradicional. Es asturiano, como lengua tradicional de Asturias, va a gozar de protección. El Principado va a promover su uso, difusión y enseñanza.
Art.3 Objeto de la ley. 1) Amparar el derecho de los ciudadanos a conocer y usar el asturiano y establecer los medios que lo hagan efectivo. 2) Asegurar su libre uso y la no discriminación de los ciudadanos por este motivo.
Art.4 Uso administrativo. 1) Va a tenerse por valido a todos los efectos el uso del asturiano en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias. 4) Asegurar su libre uso y la no discriminación de los ciudadanos por este motivo.
Art.8 Ayuntamientos. 1) Los ayuntamientos van a poder adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectividad del ejercicio de los derechos lingüísticos que esta ley otorga a los ciudadanos.
Art.10 Currículo. 1) En el ejercicio de sus competencias, el Principado de Asturias va a garantizar la enseñanza del asturiano en todos los niveles y grados, respetando no obstante, la voluntariedad de su aprendizaje. En todo caso, el asturiano tendrá que ser impartido dentro del horario escolar y va a ser considerado como materia integrante del currículo. 3) La elección del estudio o del uso de la lengua asturiana como asignatura del currículo, en ningún caso va a poder ser motivo de discriminación de los alumnos. Para los que lo escojan, su aprendizaje o uso no va a poder constituir un obstáculo para recibir la misma formación y conocimientos en igualdad de condiciones que el resto del alumnado.
Art.12 Medios de comunicación. 1) Las administraciones públicas van a promover el uso del asturiano en los medios de comunicación públicos y privados.
Los estatutos de la Universidad de Oviedo establecen que "[] la lengua asturiana tendrá el tratamiento adecuado de acuerdo con la legislación vigente. Nadie será discriminado por el empleo de la lengua asturiana.
Otros textos legales:
Decreto 71/2004, de 16 de Septiembre y el 72/2004, de 16 de Septiembre, por los que se aprueban los currículos de lengua asturiana de E.S.O.
Decreto 71/2004, de 16 de Septiembre y el 72/2004, de 16 de Septiembre, por los que se aprueban los currículos de lengua asturiana de Bachillerato.
Plan de normalización Social del asturiano 2005-07.
En la relación jurídica autonómica expuesta anteriormente, se sostienen las realidades de la política lingüística en Asturias y se prueba así que, según mi opinión, los deberes de los poderes autonómicos en esa materia están aun sin cumplir, vulnerando lo que se dispone en el art.3.2 y art.3.3 de la CE que, efectivamente remite a los Estatutos de Autonomía, entre otras, las medidas de fomento que se recogen en el art.4 y art.10 del Estatuto de Autonomía. Es decir, Dejando de lado el tema de la cooficialidad, los artículos del Estatuto de Autonomía sostienen una serie de mandatos imperativos que exigen de los poderes públicos autonómicos el fomento y la ejecución de un conjunto de acciones con un objetivo final: lograr la normalización lingüística.
Por otro lado, en 1980 y por decreto del Consejo de Asturias 33/1980 de 15 de Noviembre de 1980 y con Estatutos aprobados por el mismo órgano por Decreto 9/1981, modificados el 12 de Abril de 1995 (BOPA nº136 del 14 de Junio de 1995), se crea la Academia de la LLingua Asturiana.
La ALLA es una corporación de carácter institucional que goza de la independencia y de las potestades propias de las Administraciones independientes de base no territorial. Esta institución, tiene una serie de funciones atribuidas por el propio poder ejecutivo con clara relevancia jurídico-publica, entre las que se encuentran la detención del criterio de autoridad en materia lingüística, la normativización del idioma y la defensa de los derechos lingüísticos de los asturianos.
A mi entender, en el arduo debate generado alrededor de la cuestión lingüística en Asturias, nunca se le dio la suficiente importancia al propio acto mismo de la creación de la ALLA: un acto que, ya de por sí y desde entonces, fue capaz para cambiar la situación jurídica en la que se encontraba la lengua asturiana.
En efecto, poco después de la aprobación de la CE, y en el momento mismo de la creación de la Academia, la lengua asturiana nace a la nueva realidad jurídica. Y la consecuencia directa que se deriva de ello no puede ser otra que su reconocimiento dentro del conjunto de las lenguas españolas diferentes del castellano, a los efectos de lo expuesto en el art.3.2 de la CE. Pero además el ejecutivo reconoce la necesidad de dotarse de una institución independiente que garantice la necesaria neutralidad política en aquellas actuaciones relacionadas con la conservación y difusión de la lengua, así como la defensa de los derechos lingüísticos de sus hablantes. Es ahí, entonces, cuando el fenómeno lingüístico adquiere su propia y específica entidad jurídica. La lengua asturiana con más de mil años de existencia desde la perspectiva filológica  empieza a existir jurídicamente el día 16 de Septiembre de 1981.
Por lo que se refiere a la cuestión acerca de la oportunidad de la instrumentalización y, en consecuencia, de la interposición de alguno de los mecanismos tutelares para la resolución del problema lingüístico asturiano, ésta ya ha sido planteada en alguna ocasión. Pero dicha instrumentalización fue siempre finalmente rechazada, en función de la esperanza de alcanzar una solución a través de las instituciones políticas y, sobre todo, temiendo que una hipotética desestimación de los órganos jurisdiccionales por razones políticas fuese estableciendo una jurisprudencia contraria a los derechos que se exigen.
En nuestro ordenamiento, el sentido clásico de la jurisprudencia se está transformando, debido a la menor relevancia política del Tribunal Supremo o Tribunales Superiores de Justicia como tribunales de casación, los cuales ceden terreno ante la figura políticamente más relevante del Tribunal Constitucional.
No cabe duda de que la incidencia de las decisiones del Tribunal Constitucional sobre la jurisprudencia es innegable. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece una vinculación de los órganos de la jurisdicción ordinaria a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (art. 5 LOPJ). Los Jueces y Tribunales están sujetos a la interpretación y aplicación de las leyes y de los reglamentos a lo que resulte «conforme a la interpretación de los mismos de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos». La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y en concreto las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de normas jurídicas, producen efectos generales (art. 164 CE y 38 LOTC) y, en este orden, equivalen a una fuente de legislación negativa o anulatoria.
Aun siendo consciente de la trascendencia de las motivaciones políticas particulares de esta cuestión, en principio no veo razones para temer una respuesta desfavorable por parte del Tribunal Constitucional (TC).
En primer lugar, porque la lectura que aquí defiendo del art.3 de la CE está avalada por la razón jurídica, por la doctrina mayoritaria que ha estudiado con rigor y seriedad el tema y por la propia práctica legislativa. Como se ha visto, ni siquiera el Estado ha impugnado de inconstitucionalidad la declaración de cooficialidad del aranés en la Ley del Parlamento catalán sobre el Régimen Especial del Valle de Arán, de 13 de julio de 1990, la cual hace una lectura idéntica a la aquí defendida del mencionado precepto constitucional.
Con todo, ya he señalado que el TC parece querer hacer una lectura distinta en la desafortunada argumentación del Fundamento de Derecho 1º de su Sentencia de 15 de febrero de 1996, dictada en recurso de amparo interpuesto por el partido político Andecha Astur contra el acto de la Administración electoral que declaraba la no proclamación de la candidatura. Al tratar en esta Sentencia de vincular la regulación de la «realidad plurilingüe» de forma exclusiva a la regulación de un «patrimonio cultural digno de protección», el Tribunal no hace sino confundir los nítidos perfiles que el constituyente dejó establecidos para los párrafos 2 y 3 del art.3 de la Constitución y traslada a los Estatutos de Autonomía la facultad de poder declarar o no la cooficialidad de la lengua propia, en contra de lo establecido en la propia Constitución, donde no se dice que las lenguas "serán oficiales cuando lo dispongan sus Estatutos", sino que "serán oficiales de acuerdo con sus Estatutos", esto es, en los términos que establezcan sus Estatutos; y, además, si esa hubiese sido verdaderamente la intención del constituyente -trasladar a los Estatutos la facultad de declarar o no la cooficialidad de la lengua propia-, en el artículo 3.2 CE figuraría la expresión «podrán ser» y no «serán», que finalmente fue la opción elegida por el legislador.
Aun con todo, personalmente considero que una interpretación distinta del citado art.3 CE por parte del TC no deja de ser altamente improbable basándome en la sentencia del TC de 15/02/96. Además, hay que tener en cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 10.2 CE, la normativa española ha de ser interpretada de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Aunque es preciso observar también que, siempre que esos tratados estén ratificados por España, estarán ya integrados en nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto vincularán a los poderes públicos, no sólo por vía de la interpretación favorable, sino como verdaderas normas materiales, directamente incorporadas a nuestro sistema jurídico (art. 96 CE).
Sin embargo, tengo que reconocer que la realidad ha resultado ser más cruel con la lengua asturiana y los derechos de sus hablantes.
La Sentencia 40/2006 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo en Recurso núm. 281/2005 resultó contraria a los intereses del demandante por más que en los Estatutos de la Universidad de Oviedo se ampare el uso de la lengua asturiana y la no discriminación por su uso.
La sentencia resulta lamentable porque donde el art.4.2 de la Ley de Uso y Promoción de la Lengua Asturiana dice que "se tendrá por valido a todos los efectos el uso de la lengua asturiana en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias", la sentencia quiere que se lea que tal validez es nada más para "aspectos burocráticos, y ello sin más justificaciones que no sean las afirmaciones (que no razones): "entiende esta sala", "identifica" y "a nuestro juicio.
Una sentencia lamentable porque el art.10.2 de la Carta Europea de las Lenguas minoritarias, Tratado Internacional ratificado por España, extiende el compromiso de España a permitir y fomentar el empleo de las lenguas minoritarias no sólo a la presentación de solicitudes o comunicaciones, sino a todas las actividades que se desarrollan dentro del "marco de la administración autonómica o local". Si la sentencia hubiera reparado, cosa que no hace, en la existencia de este texto que de acuerdo con la Constitución Española, art.96, es parte de nuestro ordenamiento interno, se ahorrarían sus "esta sala entiende", "identifica" y "a nuestro juicio" que no son sino cavilaciones o interpretaciones restrictivas y de ningún valor cuando se encaran al texto generoso de un Tratado Internacional.
La sentencia es lamentable porque en el mismo Tratado Internacional, España, con el acto de la ratificación, hace para sí las declaraciones del preámbulo, en el que se sostiene que "el derecho a utilizar una lengua minoritaria en la vida privada y pública constituye un derecho imprescriptible". Es sabido (según el art.10.2 de la Constitución española) que "las normas que atañen a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretaran de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Tratados y Pactos Internacionales alcanzados por España". Por tanto, la misma conclusión de antes: los "entiende, "identifica y "a nuestro juicio", no son sino cavilaciones o interpretaciones restrictivas y de ningún valor cuando se encaran a un criterio interpretativo generoso impuesto por la Constitución española.
Sentencia lamentable porque en su preámbulo, nuestra Constitución sostiene que "la nación española proclama su voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus lenguas" y siendo así que el Preámbulo de la Constitución es, como poco, un utensilio interpretativo de las normas que atañen a los derechos fundamentales, los "entiende", "identifica", y "a nuestro juicio" no son sino cavilaciones o interpretaciones restrictivas de ningún valor cuando se encaran a un deseo generoso de toda la nación española.
Sentencia lamentable porque la Ley de Uso y Promoción de la Lengua Asturiana tiene por finalidad promover la lengua asturiana, además de amparar el derecho de los ciudadanos a su uso (art.3.1), lo que sostiene junto con la no discriminación por tal motivo (art.3.b). Y siendo tan clara su finalidad y no menos la obligación del art.3.1 del Código Civil que impone a los jueces respecto a interpretar y aplicar las leyes "atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas", los "entiende", "identifica" y "a nuestro juicio", no son sino cavilaciones y escurrimientos restrictivos y de ningún valor cuando se encaran a un criterio interpretativo generoso impuesto por el Código Civil.
Sentencia lamentable porque condena al pago de los costes al recurrente.
Poco tiempo después se vuelve a producir un nuevo caso de discriminación lingüística y de negación de derechos. El Principado rechazó tramitar un permiso para operar por estar escrito en asturiano.
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo en el procedimiento 18/07.
La respuesta de jefe del servicio jurídico de la Consejería de la Presidencia, con fecha 6 de marzo, dice que «no resulta posible dar curso oficial» a la petición porque «el artículo 4.2 de la ley 1/98, de 23 marzo, de uso y promoción del bable/asturiano sólo contempla "las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos del Principado de Asturias", sin hacer mención expresa a los asuntos que, en relación con el servicio, planteen los funcionarios de esta Administración en su condición de tales». En el último párrafo, le advierte de que «la citada solicitud de permiso no va a ser tramitada salvo que se presente en lengua oficial y, asimismo, cualquier escrito que me presente en lo sucesivo en lengua no oficial será archivado sin más trámites».
El titular del Juzgado nº3 de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo dictó una Providencia cuestionando la constitucionalidad de varios artículos de la Ley 1/98 de Uso y Promoción de la Lengua Asturiana, dentro de la tramitación procedimental del Recurso Contencioso-Administrativo iniciado por el Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, a consecuencia de la citada negativa de la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias a admitir un procedimiento de baja médica para poder operarse, por estar redactado en asturiano.
El juez encargado del caso estima que los arts.2, .4 y .7 de la Ley de Uso y Promoción de la Lengua Asturiana, le resultan inconstitucionales; afirmación que sostiene en la posible injerencia de la Ley en "materia que está reservada formalmente el Estatuto de Autonomía", cuidando que esa ley tiene "vocación de oficialidad". El Juez afirma también que la Ley "se mete en materia que es propio de la legislación administrativa básica y en el Estatuto de los funcionarios en los artículos tocantes al lenguaje administrativo oficial", y denuncia que esos artículos están redactados "en términos imperativos", concluyendo que la Ley de Uso podría "quebrantar el derecho de igualdad de los ciudadanos en relación a su actividad ante las Administraciones Públicas".
Tras conocer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo en el procedimiento de reclamación iniciado por Xurde Blanco ante la negativa de la administración a permitirle emplear el asturiano en su relación con ella, queda demostrado que en el plazo justo de un mes, sobre un mismo asunto dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, el 3 (tres) y el 5 (cinco), dan resoluciones opuestas.
Mientras el Juzgado numero 3 sostiene que "en caso de considerarse constitucional el art.4 de la ley 1/1998, en los términos en que se consideran validadas y eficaces las comunicaciones que dirijan los administrados en asturiano ante la Administración del Principado de Asturias, el fallo seria estimatorio de la pretensión del recurrente", el Juzgado número 5, no pone en duda la constitucionalidad del art.4, pero, sin embargo, también desestima las pretensiones del recurrente porque, según su fallo, donde la ley dice: "todos los ciudadanos" la jueza interpreta que hay que diferenciar entre ciudadanos funcionarios y ciudadanos no funcionarios y discrimina y dificulta al funcionario el empleo de su lengua porque afirma que no tienen en la ley (que nada dice al respecto) el mismo trato las comunicaciones "ad extra" y las comunicaciones "ad intra". Además, esta sentencia se produce mismamente cuando el funcionario está de baja laboral, lo que quiere decir en situación de suspensión de contrato, por lo que la relación no podría ser sino puramente ad extra.
Dejando de lado que una cosa es que los poderes públicos reconozcan una lengua como propia (cooficialidad) y otra bien distinta el derecho de sus hablantes a utilizarla ante los poderes públicos mismamente (conceptos que confunde el juez); y que el auto ignora otras cuestiones de fondo como el carácter de los Tratados Internacionales ratificados por España que de acuerdo con el art.96 de la Constitución "son parte del ordenamiento interno" y con el art.10 "inspiran la interpretación de las normas que afectan a los derechos fundamentales", creo que hay que destacar dos cosas en al auto:
De acuerdo con el contenido del auto, mientras no se declare la inconstitucionalidad de la ley 1/1998, todas las administraciones publicas situadas en la entidad territorial del Principado de Asturias están obligadas a tramitar y resolver todos los escritos en asturiano que les envíe cualquier ciudadano, funcionario o no.
Segundo, que tomando en cuenta que los Tratados Internacionales ratificados por España (Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, entre otras) la obligan a fomentar el empleo de las lenguas minoritarias en las administraciones y a que sus hablantes puedan presentar solicitudes orales o escritas en esas lenguas, si como sostiene el juez eso es inconstitucional cuando la lengua no es oficial, al Estado español no le queda más que reconocer la constitucionalidad del asturiano o incumplir los Tratados Internacionales.
NOTA: Ambos procedimientos se encuentran actualmente recurridos.
Con la Sentencia 107/2000 de 11 de febrero, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en Recurso núm. 2.326/1997 contra la declaración de la oficialidad de la lengua asturiana por el Excmo. Ayuntamientu del Conceyu de Morzin.
El fallo de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, fue desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Sr. Abogado del Estado contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Morcín de 18 de Septiembre de 1997, cuya nulidad se declara por ser contrario a derecho.
Este fallo sentó jurisprudencia para los siguientes procedimientos, que se resolvieron con fallos similares:
Sentencia 144/2000 de 21 de febrero, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en Recurso núm. 2.998/1997 contra la declaración de la oficialidad de la lengua asturiana por el Excmo. Ayuntamientu del Conceyu de LLaviana)
Sentencia 654/2000 de 5 de Octubre, de la Sedción Primera de la Sala de lo Contencioso-Alministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en Recurso núm. 2.034/1997 contra la declaración de la oficialidad de la lengua asturiana por el Excmo. Ayuntamientu del Conceyu de Bimenes.
Sentencia 435/2001 de 25 de Mayo, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en Recurso núm. 2.545/1997 contra la declaración de la oficialidad de la lengua asturiana por el Excmo. Ayuntamientu del Conceyu de LLengreu.
Sentencia 503/2001 de 8 de junio, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en Recurso núm. 2.778/1997 " " " " del Conceyu de Casu)
Sentencia 811/2001 de 24 de Septiembre, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en Recurso núm. 2.421/1997 " " " del Conceyu de Castrillon.
El caso es que, sean las comunicaciones burocráticas o académicas; ad extra o ad intra; omnicomprensivas o restringidas; se hagan ante la administración territorial o la autonómica; al amparo de leyes que le resultan al juez constitucionales o inconstitucionales puestas las cosas para arriba, puestas las cosas para abajo, da lo mismo, el resultado ante los juzgados y Tribunales de Asturias no cambia: se niega el ejercicio de los derechos lingüísticos de los asturianos, porque y en eso están todos de acuerdo la lengua asturiana no es oficial. Y no hay vuelta que darle: para los juzgadores asentados en Asturias, o una lengua es oficial o sus hablantes no tienen ningún derecho.
Así, las primeras conclusiones que extraigo para resolver la discriminación de los hablantes asturianos es:
Primera; (jurídica) hay que llevar el conflicto lingüístico fuera de los tribunales y juzgados situados en Asturias y llegar hasta el TC, de mano, y al Europeo de los Derechos Humanos, llegado el caso.
Segunda; (política) mientras no se reconozca la oficialidad de la lengua asturiana el ciudadano que quiera ejercer sus derechos lingüísticos tiene que estar dispuesto a padecer un larguísimo vía crucis por juzgados y tribunales.
Tercera; (practica) cuando los Tribunales Constitucional o Europeo de los Derechos Humanos respondan (dentro de 15 o 20 años), la lengua asturiana estará socialmente muerta. De todas formas es posible que goce de un gran florecimiento literario subvencionado por el mismo gobierno lengüicida. En ese momento se acudirá al, para algunos, desiderátum: el uso exclusivo de la lengua castellana y la protección museística para la asturiana.
Y es que la persecución de la riqueza y la diversidad lingüística del Estado, su negación autista o la irresponsable manipulación de las identidades es el mejor procedimiento para deshacer y erosionar un proyecto de vida en común, como lo demuestra la historia de nuestro país. En particular, la supervivencia de poblaciones con un idioma que permanece olvidado y desprotegido contrariamente al espíritu y la letra de la Constitución, que en su art.3.2 afirma que "las otras lenguas españolas serán también oficiales sus respectivas CC.AA. de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía". Por tanto de esta actitud de las administraciones solo se pueden desprender dos posibles consecuencias: o no son lenguas (no es el caso de la lengua asturiana con 1.000 años de historia) o no son españolas.
Entonces, si el asturiano es una lengua y, aceptamos que es una lengua española, la lengua asturiana esta amparada por el ya citado art.3.2 CE. Esto es, los asturfalantes, al igual que los hablantes del resto de lenguas españolas, tienen el derecho reconocido por la Constitución, a utilizar su lengua en sus relaciones con la Administración y en los actos de carácter público; por lo tanto, cualquier norma que negase o ignorase este derecho al uso propio del idioma (incluso el mismo Estatuto de Autonomía), entiendo, estaría incurriendo claramente en una inconstitucionalidad flagrante además de atentar directamente contra el principio de igualdad.
En Europa no se entiende el lio que aquí en España algunos quieren montar con el concepto de oficialidad. En Europa entienden que la oficialidad es el reconocimiento de la existencia de una lengua lo que origina unos derechos para sus hablantes, y no una declaración de oficialidad que dependa de un grupo de diputados. La Carta Europea de las lenguas regionales así lo afirma y es una norma de aplicación directa en España (es derecho español por incorporación) una vez ratificada por el Estado.
La declaración de oficialidad no es otra cosa que el reconocimiento por parte de la Administración de esa lengua como medio de comunicación "normal" dentro de ella y para con los administrados (ver sentencias del TC 4/1991 y 82/1996). Esto es, los derechos de los hablantes de asturiano no se derivan del reconocimiento de la oficialidad o no del idioma, sino de su propia existencia.
De todas formas, vuelvo a hacer hincapié en que la constitución declara en su art.3.2 la oficialidad de todas las lenguas españolas distintas del castellano (dice "todas las lenguas SERÁN oficiales" de forma imperativa, no dice "podrán ser" ni nada parecido) en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Manda seguidamente incorporar esa declaración y modular el alcance de esa oficialidad (dice "de acuerdo con sus Estatutos").
La Constitución (art.3.2 no dice que esa declaración quede al petite de los políticos de turno, que lo que tienen que hacer es cumplir la ley y modular el alcance de esa oficialidad según sean las realidades lingüísticas en las diferentes CC.AA. Es por eso que, en mi opinión y siguiendo la doctrina jurídica, mientras el Estatuto de Autonomía de Asturias no incorporé esa oficialidad, será una ley (ley orgánica) INCONSTITUCIONAL (O si se quiere, incurrirá en un claro vacio de inconstitucionalidad, porque la adecuación o no a la Constitución solo la declara el TC).
Así, mientras el art.3.2 está unido al principio de igualdad ante la ley de todos los españoles (art.14 CE), el art.3.3 proclama la protección tanto de las lenguas españolas como de sus variedades dialectales en cuanto que todas ellas forman parte del patrimonio cultural, en conexión con los arts.44 y 46 de la CE.
Esta es la única interpretación lógica de la ley de de toda la cuestión. Todo lo demás es, simplemente, voluntad manifiesta de no cumplir con los mandatos constitucionales y tratar de justificar una injusta situación de discriminación de los ciudadanos hablantes de asturiano.
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