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Timestamp: 2019-01-22 08:53:54
Document Index: 358888182

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 15', 'artículo 20', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 23', 'artículo 32', 'artículo 44', 'artículo 173', 'artículo 15', 'artículo 29', 'artículo 32', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 15', 'Artículo 20', 'Artículo 74', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 5', 'Artículo 32', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 12', 'Artículo 33', 'Artículo 6', 'Artículo 10', 'Artículo 78', 'Artículo 173', 'Artículo 183', 'Artículo 186', 'Artículo 169', 'Artículo 169']

﻿ SENTENCIA T-114 DE ABRIL 3 DE 2018
SENTENCIA T-114 DE 03 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA Y LA NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA POR LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN. SE PRECISA QUE A FIN DE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN CAPTADA POR LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN, RESULTA IMPORTANTE TENER EN CUENTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA, ESTO ES, SI ESTÁN DISPUESTAS EN: I) LUGARES PRIVADOS, COMO POR EJEMPLO, EN UNA RESIDENCIA, II) ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS ABIERTOS AL PÚBLICO O, III) ESTABLECIMIENTOS Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS. RESPECTO DE LA ANTERIOR DISTINCIÓN, SE TIENE QUE LA INFORMACIÓN CAPTADA POR LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN EL DOMICILIO DE UNA PERSONA ES INDISCUTIBLEMENTE PRIVADA. DE IGUAL MANERA, LA INFORMACIÓN CAPTADA POR LOS EQUIPOS DE VIGILANCIA INSTALADOS EN ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS ABIERTOS AL PÚBLICO TAMBIÉN TIENEN LA NATURALEZA DE PRIVADA, DEBIDO A QUE CONTINUAMENTE SE ENCUENTRA REGISTRANDO INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE FRECUENTAN ESTE TIPO DE LUGARES. COSA DISTINTA, OCURRE CON LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN ESTABLECIMIENTOS Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS, DEBIDO A QUE, SEGÚN LA TIPOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, ESTÁ CAPTANDO IMÁGENES EN UN LUGAR ABIERTO AL PÚBLICO. FINALMENTE SE CONCLUYE SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE INFORMACIÓN CONSTRUIDA POR LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, LOS REGISTROS AUDIOVISUALES CONTENIDOS EN LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE TENGAN CARÁCTER PRIVADO, COMO QUIERA QUE VERSEN SOBRE INFORMACIÓN PERSONAL, SOLO PUEDEN SER OBTENIDA Y OFRECIDA POR ORDEN DE AUTORIDAD JUDICIAL EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, ENTIDAD PÚBLICA, DERECHO DE PETICIÓN, CLASES DE INFORMACIÓN PÚBLICA, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
Sentencia T-114 de abril 3 de 2018
Bogotá, D.C., tres de abril de dos mil dieciocho.
7. Concluyó que a fin de obtener información acerca de los motivos del fallecimiento del señor Quiñones Castillo, necesita verificar el registro fílmico de la fecha de acaecimiento del accidente y, ante tal negativa, la entidad accionada está vulnerando los derechos fundamentales de información, petición y acceso a la administración de justicia, por cuanto, “para nosotros los parientes no es posible determinar la causa probable de la muerte de mi padre si no se tiene conocimiento de los hechos que rodearon el suceso que le llevó a la muerte”(1).
2. Pretensiones(2)
9. El 14 de julio de 2017, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira admitió la referida acción constitucional y, ordenó tener como pruebas los documentos aportados con el referido recurso de amparo(3).
11. Adujo la configuración de un hecho superado “con relación al derecho de petición radicado el 07 de julio de 2017 y contestado el 11 de julio de 2017, por considerar que los presupuestos invocados por el actor para fundamentar su acción de tutela en este sentido habían desaparecido una vez se dio respuesta”(4). Además, arguyó que la respuesta no fue favorable, debido a que la Ley 1581 de 2012 prohíbe a la sociedad accionada y a cualquier persona jurídica que administre datos “exponer o circular datos sensibles, la circulación de imágenes de (menores de edad) quienes además estaban en vestido de baño”(5).
12. En lo atinente al suministro de los registros de las cámaras de seguridad, la entidad accionada expresó que no era posible acceder a tal solicitud, toda vez que, “las cámaras de video guardan información solo 8 días y luego graban sobre el mismo disco, por lo tanto no existe dicho registro, a excepción de la piscina de algas (lugar cercano donde sucedieron los hechos) y de la cual Ecotermales San Vicente S.A. guarda una copia de seguridad para aportar a una eventual investigación en caso de ser requerida por una autoridad judicial que pretenda analizar los hechos”(6).
En este orden de ideas, queda esclarecido con respecto al derecho de petición, que existe ya una respuesta por parte de la accionada configurándose así una carencia actual de objeto por ser un hecho superado. Así las cosas, respecto al presente asunto, se denegará la tutela impetrada”(7).
14. El 8 de agosto de 2017, la tutelante formuló impugnación en contra de la decisión aludida en el numeral anterior, a fin de que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la mencionada acción constitucional. En efecto, señaló que “el derecho de petición no solamente busca que las peticiones sean resueltas sino que busca una verdadera satisfacción al derecho de información (…) y lo que busca es conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que falleció mi padre, antes que sean borrados los registros fílmicos que darán cuenta de lo sucedido, información de la cual no es reserva”(8).
En consecuencia, se confirmará el fallo emitido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira, el día veintiséis de junio del año que avanza, el cual negó el amparo por la señora Lizeth Quiñones Balanta”(9).
3. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela (Reiteración de jurisprudencia).
20. El artículo 86 de la Carta Política dispone que toda persona puede acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares. En relación con estos últimos, la mencionada disposición señala que la acción de tutela procede siempre que sean encargados de la prestación de un servicio público, que afecten grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes se esté en situación de indefensión o subordinación(10). Por último, la referida acción constitucional resulta procedente cuando el accionante no disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección de sus derechos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la consolidación de un perjuicio irremediable.
23. Sin embargo, el referido decreto ley distinguió algunos eventos en los cuales se faculta a terceras personas para solicitar el amparo de derechos ajenos a través de la figura de la agencia oficiosa(11). De igual manera, el defensor del pueblo y los defensores municipales también pueden incoar dicha acción constitucional(12).
24. En el presente caso, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de la señora Lizeth Quiñones Balanta, toda vez que allegó copia de su registro civil de nacimiento(13) del cual se desprende que es hija del señor Segundo Medardo Quiñones Castillo, quien sufrió un accidente en el establecimiento de comercio “Termales San Vicente” que, posteriormente, le produjo su fallecimiento.
25. La jurisprudencia de esta corporación ha sido pacífica en afirmar que el artículo 86 de la Constitución Política diseñó la acción de tutela como un mecanismo con carácter residual y subsidiario(14). La principal finalidad de esta acción consiste en la protección de los derechos fundamentales ante posibles vulneraciones y/o amenazas “cuando no exista otro medio idóneo de defensa de lo invocado, o cuando existiéndolo, no resulte oportuno o se requiera acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”(15). Es decir, siempre que exista otro medio judicial que garantice la eficacia de la protección de los derechos de la tutelante, deberá acudirse a estos y no a la acción de tutela.
26. A su turno, el referido precepto constitucional consagró que, en principio, la acción de tutela se invoca para la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. No obstante, la tutela también procede contra acciones u omisiones de particulares siempre que estén “encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”(16).
27. Habida cuenta de que el presente asunto está referido a una supuesta vulneración del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 23 de la Constitución y desarrollado en la Ley Estatutaria 1755(17) de 2015, esta Sala de Revisión destaca que aquel se encuentra a cargo de personas naturales y jurídicas, cuyo núcleo esencial está compuesto por: (i) la pronta resolución; (ii) la respuesta de fondo; y (iii) la notificación de la respuesta.
28. La mencionada normatividad regula, entre otros aspectos, lo atinente al derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas y, para tal efecto, consagró que toda persona se encuentra facultada para ejercer este derecho, a fin de garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes(18).
29. Además, estableció que este derecho también podía ejercitarse ante personas naturales siempre y cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situación de indefensión, subordinación, o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario(19).
(i) La prestación de un servicio público o el desempeño funciones públicas: dentro de este supuesto se destacan las entidades financieras, bancarias o cooperativas, en tanto que se trata de personas jurídicas que desempeñan actividades que son consideradas servicio público(20). De igual forma, se alude a las universidades de carácter privado, las cuales prestan el servicio público de educación(21). Respecto de la segunda situación, se destacan las actividades de los curadores urbanos, quienes son particulares encargados de la verificación del cumplimiento de la normatividad urbanística o de edificación(22).
En los mencionados eventos, el derecho de petición opera como si se tratase de una autoridad pública y, por consiguiente, al ser similar la situación y la calidad del particular a una autoridad pública, este tiene el deber de dar respuesta a las peticiones presentadas en virtud del artículo 23 de la Constitución Política(23).
(iii) En aquellos asuntos en los cuales exista una relación especial de poder entre el peticionario y la organización de privada, la cual puede ser reglada o de facto. A propósito de ello, la Ley 1755 de 2015, en cuya virtud se reguló el derecho fundamental de petición, dispuso que el citado derecho se podía ejercer ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encontrara en: a) situaciones de indefensión o subordinación o, b) la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario(24).
31. Al descender al caso concreto, se tiene que la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. es una organización privada, tal y como se desprende del correspondiente certificado de existencia y representación legal(25), cuyo principal objeto social consiste, entre otras cosas, en la explotación de la industria hotelera y turística. En ese orden, se trata de una persona jurídica que, según la Ley Estatutaria 1755 de 2015, se encuentra obligada a darle trámite a aquellas solicitudes que formulen ciudadanos a fin de garantizar otros derechos fundamentales.
33. Este requisito de procedibilidad le impone al tutelante el deber de formular la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales(26). La jurisprudencia de la Corte Constitucional, de manera reiterada, ha sostenido que no existe un plazo de caducidad para incoar la referida acción constitucional, tal como se indicó en la Sentencia C-543 de 1992, en cuya virtud se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11(27), 12(28) y 40(29) del Decreto Ley 2591 de 1991.
34. Empero, la inexistencia de un término de caducidad de la acción de tutela no implica per se que dicho recurso pueda presentarse en cualquier tiempo, por cuanto una de las principales características de este mecanismo de protección es la inmediatez, por consiguiente, esta corporación ha señalado que la acción constitucional aludida debe formularse dentro de un plazo razonable que permita la protección inmediata del derecho fundamental presuntamente transgredido y/o amenazado(30).
35. El referido aspecto temporal pretende combatir la negligencia, el descuido o la incuria de quien la ha presentado, por cuanto es deber del tutelante evitar que transcurra un lapso excesivo, irrazonable o injustificado desde que se presentó la actuación u omisión que causa la amenaza o vulneración de las garantías constitucionales hasta la presentación de la acción de tutela(31).
36. A su turno, esta Corporación(32), de manera reiterada, ha identificado una serie de situaciones a fin de determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el desconocimiento de la atribución fundamental y el reclamo ante el juez constitucional, entre las cuales se destacan las siguientes:
i) Que existan razones válidas para justificar la inactividad de los accionantes. Pueden ser situaciones de fuerza mayor, caso fortuito y, en general, la incapacidad del accionante para ejercer la acción en un tiempo razonable(33).
ii) Que la amenaza o la vulneración permanezca en el tiempo, a pesar de que el hecho que la originó sea antiguo(34).
iii) Que la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable, no resulte desproporcionada por una situación de debilidad manifiesta del accionante, por ejemplo, en casos de interdicción, minoría de edad, abandono, o incapacidad física(35).
38. La jurisprudencia de esta corporación(36) ha sido clara en señalar que cuando se trata de proteger el derecho fundamental de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo.
40. Ahora bien, resulta menester advertir que el derecho de petición implica diversas modalidades: reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerimiento de información, examen o petición de copias de documentos, formulación de consultas, quejas, denuncias y reclamos e interposición de recursos(37).
4. Derecho fundamental de petición y acceso a la información. Clasificación. Reiteración de jurisprudencia.
43. En primer lugar, debe señalarse que la Convención Americana sobre Derechos Humanos(38) garantiza el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el cual está comprendido por la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea de manera oral, escrita o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a elección de la persona interesada.
46. En el ordenamiento jurídico interno, el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental. En efecto, el artículo 15(39) de la Constitución Política prescribe que todas las personas tienen derecho a conocer las informaciones que se hayan recogido en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. A su turno, el artículo 20(40) Superior consagró la garantía de toda persona a la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial. Además, el artículo 74(41) Fundamental dispuso que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley.
47. Esta Corte ha destacado que el derecho a la información no es solamente el derecho a informar, sino también el derecho a estar informado. “De ahí la importancia del artículo 74 de la Constitución Nacional, que al consagrar el derecho de acceder a los documentos públicos, hace posible el ejercicio del derecho a la información, y de esta manera los demás derechos fundamentales ligados al mismo”(42).
49. Igualmente, esta Corte enfatizó que la libertad de información es un derecho fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y, a su vez involucra obligaciones y responsabilidades, por cuanto, es un derecho-deber, esto es, un derecho no absoluto que supone una carga que condiciona su realización(43).
iv) Reservada o secreta, es aquella que por versar igualmente sobre información personal y por su estrecha relación con los derechos fundamentales del titular - dignidad, intimidad y libertad- se encuentra reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Como por ejemplo, “los datos sobre la preferencia sexual de las personas, su credo ideológico o político, su información genética, sus hábitos”(44).
52. Asimismo, esta Corte, de manera reciente, señaló que el derecho a la intimidad comprendía la información reservada, la privada y la semiprivada. Además, que respecto de cada una de ellas existe un interés jurídicamente protegido, que se traduce en la posibilidad de oponerse absolutamente a la búsqueda, divulgación y uso de la información (información reservada) o en la necesidad de que tales actividades estén precedidas de una autorización judicial (información privada) o administrativa (información semiprivada)(45).
4.1. Acceso a la información pública.
54. Con la expedición de la Ley 1712 de 2014 se promulgó la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. En dicha normatividad se catalogó como fundamental el derecho de acceso a la información pública y, adicionalmente, su artículo 2°, definió la información pública como aquella que está en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado, la cual no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal(46).
56. Justamente, la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, en su artículo 5(47), señaló las personas que se encuentran obligadas a hacer entrega de la información, así:
• Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital.
• Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control.
• Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública o servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público.
• Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función.
• Las empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado y sociedades en que este tenga participación.
• Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos.
• Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público.
57. Se advierte en la mencionada ley estatutaria que aquellas personas naturales o jurídicas de carácter privado que sean usuarios de información pública no serán sujetos obligados a entregar información(48). Sin embargo, la Ley 1755 de 2015(49), en su capítulo III(50), reguló el derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas y, en consecuencia, le impuso el deber a tales sujetos de atender las solicitudes que presenten las personas en ejercicio de aquel a fin de garantizar sus derechos fundamentales y, habida cuenta que el derecho de acceso a la información es una modalidad del derecho de petición(51), se impone concluir que las personas jurídicas de derecho privado sí se encuentran obligadas a suministrar información.
59. En lo que tiene que ver con la restricción al acceso a la información pública, esta corporación estableció unas reglas para considerar legítima una restricción del derecho de acceso a la información pública <<o el establecimiento de una reserva legal sobre cierta información>>, así(52):
60. En la mencionada decisión, se advirtió que la finalidad de proteger la seguridad o defensa nacional resultaba constitucionalmente legítima y, por ende, para el logro de tales objetivos podía establecerse la reserva de cierta información. No obstante, en cada caso se debía “acreditar que tales derechos o bienes se verían seriamente afectados si se difunde determinada información, lo que hace necesario mantener la reserva”(53).
61. La jurisprudencia de la Corte Constitucional define la información privada como aquella que se encuentra en el ámbito propio del sujeto a quien le incumbe y, por ende, sólo puede accederse a esta por orden de autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones(54). La información personal comprende la relacionada con los libros de los comerciantes, los documentos privados, las historias clínicas, la información extraída a partir de la inspección del domicilio o luego de la práctica de pruebas en procesos penales sujetas a reserva(55). De igual forma, tiene naturaleza de información privada “la información genética que reposa en bancos de sangre, esperma, laboratorios, consultorios médicos u odontológicos o similares”(56).
62. La Corte ha advertido que en los eventos aludidos, esta información revela facetas importantes de la vida personal, social y económica del individuo y que, debido a expresa disposición constitucional o por su propia naturaleza, solo puede ser divulgada por autorización de la persona a la que se refiere, o por la existencia de una decisión judicial. “En estos casos, la justificación que explica la posibilidad de divulgar la información, en contra de la voluntad de la persona a la que se refiere, puede hallarse en finalidades especialmente importantes como ocurre, por ejemplo, con la búsqueda de la verdad en un proceso penal”(57).
63. Recientemente, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional precisó que las reglas establecidas para el acceso a la información y a los documentos públicos no son aplicables en el caso de los documentos e informaciones privadas, pues como lo ha señalado la Corte, las relaciones entre particulares se desarrollan bajo el postulado de la libertad y la autonomía de la voluntad privada y, por tanto, no deben existir desequilibrios ni cargas adicionales para los ciudadanos(58).
64. A propósito de lo anterior, debe traerse a colación que la Ley 1581 de 2012(59) reguló lo relacionado con el tratamiento de datos personales. Entre sus principios orientadores está el de confidencialidad, en cuya virtud las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos, están obligadas a garantizar la reserva de la información, incluso después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en el mencionado cuerpo normativo(60).
65. Efectivamente, la mencionada ley estatutaria delimitó el concepto de datos sensibles como aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como los que revelen el origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político o garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos(61).
66. La normativa aludida prohibió el tratamiento de datos sensibles(62), salvo los siguientes eventos, cuando:
67. Ahora bien, en lo atinente a los datos personales de niños, niñas y adolescentes(63), la Ley 1581 proscribió el tratamiento de dicha información, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública(64).
4.3. Naturaleza de la información recopilada por los circuitos cerrados de televisión, CCTV.
68. En primer lugar, un circuito cerrado de televisión o Closed Circuit Television, CCTV, es un conjunto de componentes directamente entrelazados, que crean un circuito de imágenes y, se les denomina circuito cerrado porque a diferencia de la televisión tradicional, este solo permite un acceso limitado y restringido del contenido de las imágenes a algunos usuarios(65).
69. En efecto, el CCTV puede estar compuesto de una o varias cámaras de vigilancia conectadas a uno o más monitores o televisores, los cuales reproducen imágenes capturadas; estas imágenes pueden ser, simultáneamente, almacenadas en medios analógicos o digitales, según lo requiera el usuario(66).
70. Precisamente, la Superintendencia de Industria y Comercio publicó la guía denominada “Protección de datos personales en sistemas de videovigilancia”(67), en la cual se brinda una orientación a aquellas personas naturales o jurídicas que implementen tales sistemas y, en consecuencia, los exhorta para que adecúen el uso de los mismos a las disposiciones que regulan la protección de datos personales.
72. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corte ha reconocido que los métodos de vigilancia son instrumentos encaminados a la prevención del delito o de las faltas por medio de la disuasión y a la identificación de delincuentes en un entorno físico determinado. En consecuencia, las cámaras de seguridad reducen la posibilidad de cometer delitos, por cuanto, al estar el espacio respectivo bajo vigilancia, resulta más complejo la perpetración de una conducta punible(68).
73. De igual manera, esta Corte, en aquella oportunidad, recordó que los sistemas de videovigilancia no solo graban las actuaciones delictivas, sino todas las actividades que llevan a cabo las personas en espacios públicos, con el agravante de que, en la mayoría de los casos, la ciudadanía no tiene conocimiento de que está siendo grabada, ni mucho menos que está siendo observada, ni tampoco para qué fines se utilizan los mencionados videos(69).
74. Aunado a ello, esta corporación ha sostenido que la filmación en espacios privados como el domicilio, no son tan generalizadas. En efecto, “las cámaras pueden ser instaladas para garantizar la seguridad, por voluntad del interesado, cuando por ejemplo quiere vigilar la conducta del personal de servicio, o en el perímetro de una casa para evitar los asaltos, o pueden ser utilizadas para filmar las actividades de las personas dentro de la casa con diferentes fines. En estos casos, no es el Estado o el dueño de un espacio semi-público o semi-privado quien controla la grabación, sino el propio individuo, por consiguiente, al pertenecer a su esfera privada, no se vulnera derecho alguno a menos de que la información sea divulgada por un tercero”(70).
i) El objeto social que desarrolla la empresa, pues es lógico que las medidas se refuercen en bancos o establecimientos públicos tales como organismos de inteligencia, en los que esté en juego la seguridad nacional;
ii) El lugar donde la medida es implementada, pues es razonable que recaiga en lugares donde se desarrolle la actividad laboral que, por ejemplo, se encuentren abiertos al público, pero no lo sería en aquellos donde el trabajador ejerce una esfera privada como lugares de descanso, tales como baños o vestuarios;
iii) La finalidad de la medida, que guarden una relación directa con la seguridad necesaria de las instalaciones de trabajo o el control del cumplimiento de los deberes y funciones de los trabajadores;
iv) Que puedan tomarse otras medidas menos invasivas para lograr los propósitos legítimos;
v) Que los perjuicios derivados de la medida, en lo posible, sean mínimos;
vi) Que la medida sea conocida, pues de manera excepcional puede legitimarse medidas subrepticias y;
vii) Que la medida no implique someter a la persona a tratos crueles, inhumanos o degradantes, los cuales se encuentran proscritos de manera absoluta.
82. Según lo manifestado en la contestación(71) del derecho de petición y en la correspondiente contestación a la acción de tutela, la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. indicó que no era posible acceder a la petición elevada por la señora Lizeth Quiñones Balanta, habida cuenta de que en los referidos videos de seguridad se registraban las imágenes de niños, niñas y adolescentes en vestidos de baño, por lo tanto, se trataba de datos sensibles que se encuentran protegidos por la Ley Estatutaria de Datos Personales.
85. La jurisprudencia de esta Corte ha sido coincidente en afirmar que el derecho de petición, contemplado en el artículo 23 de la norma fundamental, resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, concretamente el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Política de 1991(72), así como también, le permite a los ciudadanos, entre otras cosas, reclamar ante las autoridades y/o particulares explicaciones acerca de las decisiones que los puedan llegar a afectar directa o indirectamente(73).
86. De igual forma, esta corporación ha precisado que el contenido del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la correspondiente solicitud, por cuanto, resultaría inocua la posibilidad de acudir ante las autoridades y/o particulares si aquellos no resuelven o se reservan para sí el sentido de lo decidido(74).
87. Aunado a ello, la Corte Constitucional ha enfatizado en que la respuesta debe cumplir con los requisitos de: i) oportunidad; ii) debe ser de fondo, clara, precisa y congruente con lo pedido y, iii) debe darse a conocer al peticionario(75). De igual manera, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita(76).
Por lo tanto, no es posible acceder a sus peticiones, sin perjuicio de que su obligatoriedad jurídica haya sido condicionada a los casos que la ley así lo exija”(77) (Se destaca).
89. Al descender al caso concreto, esta Sala observa que la petición de información elevada por la tutelante fue contestada de manera oportuna, esto es, sólo transcurrieron dos días hábiles(78) desde la presentación de la petición (7 de julio de 2017) hasta la contestación respectiva (12 de julio de 2017). Asimismo, una vez revisada la respuesta emitida por la sociedad Ecotermales San Vicente S.A., se observó que:
• Se trata de una respuesta de fondo porque pese a que no fue favorable a lo pedido por la tutelante, lo cierto es que sí se plasmaron los argumentos que justificaban la negativa a entregar los videos de las cámaras de seguridad del día 2 de julio de 2017;
• Es clara debido a que, de manera inequívoca, se indicó que no era posible acceder a la referida petición;
•Es precisa habida cuenta de que se expusieron las razones jurídicas que impedían el suministro de los correspondientes videos de seguridad y;
• Es congruente con lo solicitado, esto es, se pidió la entrega de unas grabaciones de seguridad y, la sociedad accionada, en su contestación, se pronunció sobre la misma, aduciendo los motivos por los cuales no se accedería a tal solicitud.
90. Ahora, bien, en punto de la negativa de la información requerida por la peticionaria, está acreditado que el sustento de la misma se fundamentó en la reserva de la información autorizada en la ley de tratamiento de datos sensibles, razón por la cual, la sociedad accionada atendió lo previsto en el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1755 de 2015(79), según el cual, las organizaciones privadas solo podrán invocar dicha reserva en los casos expresamente autorizados en la Carta Política y la ley.
91. Al respecto resulta pertinente mencionar que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-487 de 2017, resolvió un caso relacionado con una solicitud de tutela al derecho fundamental de petición, que en su criterio resultó vulnerado con la negativa de Winner Group S.A., de expedirle copia magnética a su costa, de los videos tomados por las cámaras del establecimiento comercial Rio Casino, que captan imágenes de la calle y del espacio público, del día 13 de agosto de 2016 entre las 8:30 pm y las 9:30 pm, las que enfocaban la salida — entrada del parqueadero que se ubica sobre el andén peatonal.
92. Efectivamente, la sociedad Winner Group S.A. invocó que la información solicitada tenía carácter de reservada y que tan solo podía ser entregada en cumplimiento de una orden judicial. Sin embargo, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional consideró que en este caso procedía el amparo, toda vez que la sociedad accionada “violó la prohibición de invocación genérica de reservas eventualmente inexistentes” y, en tal sentido, precisó que “las informaciones o documentos reservados sólo adquieren ese carácter o estatus, porque una norma legal o constitucional se lo otorga, y no por la opinión o el parecer de la organización privada”(80) (se resalta).
96. Lo anterior, a fin de preservar el derecho a la intimidad personal que tienen los niños, niñas y adolescentes que se encontraban para esa fecha en el establecimiento Termales San Vicente, el cual, según el Código de Infancia y Adolescencia(81), se materializa a través de la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia, así como también, respecto de toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad(82).
97. En línea con lo anterior, no debe perderse de vista que, tal como lo ha reiterado esta Corte en abundante jurisprudencia(83), la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se hace efectiva a través del principio del interés superior del menor, consagrado en el mismo artículo 44 fundamental al disponer que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” y, en el numeral 1° del artículo tercero de la Convención de los Derechos del Niño, el cual dispone que “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
99. En efecto, la señora Lizeth Quiñones Balanta tiene la posibilidad de iniciar un proceso judicial por el fallecimiento del señor Segundo Medardo Quiñones Castillo ante la jurisdicción ordinaria y, habida consideración que la Ley 1581 de 2012(84) prohibió el tratamiento de datos sensibles, salvo que el mencionado tratamiento se refiera a datos que fueren necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, el correspondiente juez podrá requerirle a la sociedad Ecotermales San Vicente S.A.
100. Es más, se destaca que la referida ley de protección de datos personales señaló que el tratamiento de datos requiere de la autorización previa e informada del titular, sin embargo, no habría necesidad de la misma en aquellos casos en que se trate de una información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial(85).
101. Ahora bien, debe advertirse que aun cuando el Código General del Proceso consagró como un deber(86) a cargo de las partes y sus apoderados, el de abstenerse de solicitar a la autoridad judicial la consecución de documentos que directamente o a través del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir, lo cierto es que en el asunto bajo estudio se encuentra demostrado que la hoy tutelante intentó obtener los videos de seguridad aludidos, no obstante, no logró su consecución debido al carácter de reservados que tenían los mismos.
102. En tal sentido, en el evento en que la señora Lizeth Quiñones Balanta decidiera adelantar un proceso judicial con ocasión de la muerte de su padre, señor Segundo Medardo Quiñones Castillo, el juez que asuma el conocimiento de dicho litigio no podrá abstenerse de decretar la solicitud de obtención de tales registros fílmicos invocando el contenido del segundo inciso del artículo 173 del Código General del Proceso(87).
105. Las anteriores consideraciones conllevan a la Sala a concluir que el derecho fundamental de petición de la señora Lizeth Quiñones Balanta no fue vulnerado, por cuanto —se insiste— a pesar de que no fue resuelto de manera positiva a sus intereses, lo cierto es que sí se cumplió con los requisitos exigidos por la jurisprudencia para que la respuesta fuere adecuada.
106. La Corte Constitucional ha precisado que el derecho fundamental al hábeas data, consagrado en el artículo 15 de la Norma Superior, se traduce en la facultad que tienen las personas para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que respecto de ellas reposen en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas(88). Aunado a ello, ha sostenido que el objetivo del mencionado derecho fundamental es el de preservar los intereses del titular de la información ante potenciales abusos del poder informático(89).
107. En lo atinente al contenido del núcleo esencial del citado derecho, esta corporación ha precisado que está integrado por el derecho a la autodeterminación informativa, el cual consiste en la facultad de las personas para autorizar el uso, conservación y circulación de sus datos y por la libertad, en general y en especial económica, en cuanto ésta se vulnera por la indebida circulación de datos que no sean veraces o no autorizados por la persona concernida(90).
110. Para esta Corte, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, constituye para el individuo una necesidad inherente a su condición y naturaleza, por cuanto, sin el ejercicio del mismo, los sujetos y la sociedad misma no podrían desarrollarse y carecerían de un instrumento esencial para garantizar su convivencia armónica(91).
111. Precisamente, la efectividad del mencionado derecho fundamental radica en que no resulta suficiente con que la autoridad judicial le dé trámite a la solicitud, por cuanto, es indispensable que dicho funcionario proceda a la resolución de las peticiones, previo el análisis y la ponderación de las pruebas y los argumentos que se alleguen al respectivo proceso, lo cual le permitirá arribar a una decisión razonada y razonable(92).
112. En el presente caso, esta corporación no encuentra vulneración alguna del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia derivada de la respuesta negativa de su petición de información, toda vez que, si la intención de la tutelante es presentar dicha prueba dentro de algún proceso judicial que decida iniciar con ocasión de la muerte de su padre, cuenta con dos posibles alternativas, esto es, practicar alguna prueba anticipada(93)(94) o, con ocasión del proceso, solicitar el decreto de la referida prueba(95).
115. Aunado a ello, teniendo en cuenta que se trataba de una petición de información, se observa igualmente que la información requerida no fue suministrada por la accionada, negativa que obedeció a la reserva de la información autorizada en la ley de tratamiento de datos sensibles, por lo tanto, la sociedad accionada atendió lo previsto en el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1755 de 2015(96), según el cual, las organizaciones privadas solo podrán invocar dicha reserva en los casos expresamente autorizado en la Carta Política y la ley.
117. Finalmente, la Sala de Revisión no encontró vulnerado el derecho al habeas data, en tanto la accionada no tuvo a su disposición datos personales de la tutelante, ni divulgó información personal de su fallecido padre. Tampoco estableció vulneración alguna a su derecho de acceso a la administración de justicia, en razón de que la respuesta a su derecho de petición hubiere sido negativa, por cuanto, en ningún momento se le está impidiendo acudir ante un juez, por el contrario, una vez, decida iniciar el correspondiente proceso judicial, la tutelante tendrá la oportunidad para solicitar el decreto de la referida prueba(97).
Primero. CONFIRMAR las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira, el 26 de julio de 2017 y por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 13 de septiembre de la misma anualidad, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. INFORMAR a la tutelante que puede hacer uso de los mecanismos procesales vigentes para solicitar la entrega del material de video de las cámaras de seguridad ubicadas en el establecimiento de comercio Termales San Vicente.
Tercero. ADVERTIR a la sociedad Ecotermales San Vicente S.A. el deber de custodia que tiene frente a los videos de seguridad solicitados por la tutelante, debido a que eventualmente podrían ser requeridos por alguna autoridad judicial.
1 Folio 2 cuaderno 1.
2 Folio 3 cuaderno 1.
3 Folio 10 cuaderno 1.
4 Folio 18 cuaderno 1.
5 Folio 17 cuaderno 1.
6 Folios 18-19 cuaderno 1.
7 Folios 38-40 cuaderno 1.
8 Folio 44 cuaderno 1.
9 Folios 4-7 cuaderno 2.
10 Decreto 2591 de 1991. Art. 42.
11 Artículo 10 del Decreto - Ley 2591 de 1991: “(…). También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.
12 Artículo 10, inciso 3 del Decreto - Ley 2591 de 1991.
13 Folio 8 cuaderno 1.
17 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
18 Artículo 32 de la Ley 1755 de 2015: “Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes. (…)”.
19 Parágrafo 1° del artículo 32 de la Ley 1755 de 2015.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-146 de 2012.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-808 de 2012.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-984 de 2010.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-951 de 2014.
24 Ley 1755 de 2015, artículo 32, parágrafo 1°.
25 Folios 27-30 cuaderno 1.
26 Corte Constitucional, Sentencia SU-961 de 1999.
27 Decreto Ley 2591 de 1991, Artículo 11: “[l]a acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente”.
28 Decreto Ley 2591 de 1991, Artículo 12: “[l]a caducidad de la acción de tutela no será obstáculo para impugnar el acto o la actuación mediante otra acción, si fuere posible hacerlo de conformidad con la ley”
29 La declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma se fundó en la unidad normativa con los artículos 11 y 12 declarados inconstitucionales. Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-291 de 2017.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-172 de 2013.
32 T 575 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-526 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-890 de 2006 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-243 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-691 de 2009 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-100 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-047 de 2014 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-899 de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
33 Corte Constitucional, sentencia T-299 de 2009.
34 Corte Constitucional, sentencia T-788 de 2013.
35 Corte Constitucional. Sentencia T-410 de 2013.
36 Corte Constitucional. Sentencias T-149 de 2013, T-165 de 2017.
37 Ley 1755 de 2015, en cuya virtud se sustituyó el Título II, Derecho de Petición, Capítulo I, Derecho de Petición ante las autoridades-Reglas Generales, Capítulo II Derecho de petición ante autoridades-Reglas Especiales y Capítulo III Derecho de Petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33, de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011.
38 Aprobada por el Congreso de Colombia a través de la Ley 16 de 1972.
39 Artículo 15 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. // En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. // La correspondencia y demás formas de comunicación privadas son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. (…)”.
40 Artículo 20 de la Constitución Política: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. // Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
41 Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. // El secreto profesional es inviolable”.
42 Corte Constitucional. Sentencia T-473 de 1992.
43 Corte Constitucional. Sentencia T-578 de 1993.
44 Corte Constitucional. Sentencia C-602 de 2016.
46 Artículo 2º de la Ley 1712 de 2014: “Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley”.
47 Disposición normativa corregida por el artículo 1° del Decreto 1494 de 2015.
48 Parágrafo del artículo 5 de la Ley 1712 de 2014.
49 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
50 Artículo 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. “Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes. (…)”.
51 Corte Constitucional. Sentencia T-691 de 2010. De la mencionada providencia se destaca el siguiente aparte: “Este derecho guarda estrecha relación con el derecho de petición, el cual a su vez puede ser un mecanismo para acceder a información de carácter público. En efecto, cabe recordar que las solicitudes dirigidas a las autoridades públicas pueden versar precisamente sobre documentos públicos o sobre información pública, razón por la cual en ocasiones el objeto protegido por ambos derechos parece confundirse, aunque en todo caso es susceptible de ser diferenciado” (Se destaca).
52 Corte Constitucional. Sentencia C-491 de 2007.
54 Corte Constitucional. Sentencia C-1011 de 2008.
56 Corte Constitucional. Sentencia C-602 de 2016.
58 Corte Constitucional. Sentencia T-487 de 2017.
59 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
60 Artículo 4 de la Ley 1581 de 2012.
61 Artículo 5º de la Ley 1581 de 2012.
62 Artículo 6º de la Ley 1581 de 2012.
63 Artículo 7º de la Ley 1581 de 2012. “En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. // Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. // Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus datos personales, y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y la de los demás. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley”.
65 GARCIA MATA, Francisco Javier. Videovigilancia: CCTV usando videos IP. Editorial Vértice. 2010. Págs. 266.
67 http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Guia_Vigilancia_sept16_2016.pdf
68 Corte Constitucional. Sentencia T-407 de 2012.
71 Se destaca el siguiente aparte: “de manera atenta me permito informar que la empresa como responsable del manejo de datos y responsable del tratamiento de los mismos, se abstiene de disponer o circular información restringida o datos sensibles, lo anterior toda vez que en el video que usted solicita sin efectivamente acreditarse como causahabiente, aparecen niños, niñas y adolescentes en vestido de baño, quienes tienen derechos prevalentes, en virtud del artículo 3º, numeral 3º, artículo 12 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, de cara a respetar y asegurar los derechos fundamentales y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. // Por lo tanto, no es posible acceder a sus peticiones, sin perjuicio de que su obligatoriedad jurídica haya sido condicionada a los casos que la ley así lo exija” (folios 5-7 cuaderno 1).
72 Corte Constitucional. Sentencia T-012 de 1992.
73 Corte Constitucional. Sentencia T-587 de 2006.
74 Corte Constitucional. Sentencia T-377 de 2000.
77 Folios 5-7 cuaderno 1.
78 Días hábiles: 10 y 11 de julio de 2017.
79 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
80 Corte Constitucional. Sentencia T-487 de 2017.
81 Ley 1098 de 2016, a través de la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia.
82 Artículo 33 de la Ley 1098 de 2016.
83 Corte Constitucional. Sentencia C-273 de 2003.
84 Artículo 6º de la Ley 1581 de 2012: Tratamiento de datos sensibles. “Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando: (…). d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial; (…)”.
85 Artículo 10 de la Ley 1581 de 2012: Casos en que no es necesaria la autorización. “La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; (…)”.
86 Artículo 78 del Código General del Proceso: “Son deberes de las partes y sus apoderados: (…). 10. Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir. (…)”.
87 Artículo 173 del Código General del Proceso: “(…). El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiere sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. (…)”.
88 Corte Constitucional. Sentencia C-877 de 2005.
89 Corte Constitucional. Sentencia C-1011 de 2008.
90 Corte Constitucional. Sentencia C-877 de 2005.
91 Corte Constitucional. Sentencia T-476 de 1998.
93 Artículo 183 del Código General del Proceso: “Podrán practicarse pruebas extraprocesales con observancia de las reglas sobre citación y práctica establecidas en este Código. // Cuando se soliciten con citación de la contraparte, la notificación de ésta deberá hacerse personalmente, de acuerdo con los artículos 291 y 292, con no menos de cinco (5) días de antelación a la fecha de la respectiva diligencia”.
94 Artículo 186 del Código General del Proceso: “El que se proponga demandar o tema que se le demande, podrá pedir de su presunta contraparte o de terceros la exhibición de documentos, libros de comercio y cosas muebles. // La oposición a la exhibición se resolverá por medio de incidente”.
95 Artículo 169 del Código General del Proceso: “Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. (…)”.
96 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
97 Artículo 169 del Código General del Proceso: “Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. (…)”.