Source: https://www.slideshare.net/xavierten/modificaciones-en-la-parte-general-del-cdigo-penal-corregida
Timestamp: 2018-02-20 04:53:31
Document Index: 172529812

Matched Legal Cases: ['artículo 66', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 66', 'artículo 110', 'artículo 31', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 183', 'artículo 468', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 579', 'artículo 80', 'artículo 88', 'artículo 95', 'artículo 105', 'artículo 98', 'artículo 97', 'artículo 98', 'artículo 468', 'artículo 614', 'artículo 614']

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1. 10/11/2010 1 Cátedra de Derecho Penal. Facultad de DerechoCátedra de Derecho Penal. Facultad de DerechoCátedra de Derecho Penal. Facultad de DerechoCátedra de Derecho Penal. Facultad de Derecho Decanato de los Juzgados de LeónDecanato de los Juzgados de LeónDecanato de los Juzgados de LeónDecanato de los Juzgados de León JORNADAS SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio León, 9, 10 y 11 de noviembre de 2010 Modificaciones en la Parte General del Código Penal Miguel Díaz y García Conlledo Catedrático de Derecho Penal Universidad de León Sumario 1. Introducción: la incesante reforma penal 2. Circunstancias modificativas 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica 4. Clasificación de las penas 5. El periodo de seguridad 6. La pena de localización permanente 7. Penas privativas de derechos 8. La pena de trabajos en beneficio de la comunidad 9. Penas accesorias 10. El abono de la prisión preventiva 11. La suspensión (y sustitución) de las penas privativas de libertad 12. La expulsión penal de extranjeros 13. Medidas de seguridad 14. La medida de libertad vigilada 15. El comiso 16. La prescripción del delito y de la pena
2. 10/11/2010 2 1. Introducción: la incesante reforma penal El Derecho penal como conjunto estable de normas La constante reforma del Código Penal de 1995 (y la indiferencia del color político) Los intentos recientes de reforma General tendencia al endurecimiento punitivo y al abuso de la pena de prisión: los matices en la LO 5/2010 Contradicción con los principios limitadores del Derecho penal La excusa de los compromisos internacionales (especialmente europeos) 1. Introducción: la incesante reforma penal La excusa de la cambiante realidad social (¿a golpe de telediario?) Falta de justificación suficiente en España Seguridad, populismo punitivo y efecto simbólico Falta de línea político-criminal clara Sobrecarga del sistema penal y penitenciario Necesidad urgente de garantismo, alternativas a la prisión y eficiente ejecución de ésta
3. 10/11/2010 3 2. Circunstancias modificativas La nueva circunstancia atenuante de dilación indebida (art. 21.6ª CP) (Son circunstancias atenuantes:) «6.ª La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa.» Ratificación legal de una práctica jurisprudencial (atenuante analógica, en sentencias y en acuerdos del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo) Reconocimiento de efectos a la vulneración de un derecho fundamental 2. Circunstancias modificativas La ampliación de la circunstancia agravante de discriminación (art. 22.4ª CP) (Son circunstancias agravantes:) «4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, la enfermedad que padezca o (minusvalía que padezca) su discapacidad.» Captación de la discriminación de transexuales Adaptación a nueva terminología
4. 10/11/2010 4 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica Derogación del art. 31.2 CP «2. En estos supuestos (los de actuar por otro en delitos especiales), si se impusiere en sentencia una pena de multa al autor del delito, será responsable del pago de la misma de manera directa y solidaria la persona jurídica en cuyo nombre o por cuya cuenta actuó. » Oscura naturaleza Defectuosa configuración Acierto al derogarlo 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica La nueva regulación: art. 31 bis CP A. La declaración básica (art. 31 bis.1) «1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.»
5. 10/11/2010 5 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica ¿Societas delinquere potest? Los criterios de imputación: Delitos de representantes legales o administradores de hecho o de Derecho en nombre o por cuenta y en provecho de la persona jurídica Falta de ejercicio del debido control de personas sometidas a la autoridad de las anteriores ¿Responsabilidad por hecho propio? Subsisten dudas, para algunos incluso de constitucionalidad 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica B. Independencia (relativa de la responsabilidad de la persona física) (art. 31 bis.2) «2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.»
6. 10/11/2010 6 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica C. Circunstancias (art. 31 bis.3 y 4) «3. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado siguiente.» ¿Ni las eximentes, especialmente las causas de justificación? 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica «4. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades: a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades. b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos. c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.» Siempre comportamiento postdelictivo positivo
7. 10/11/2010 7 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica D. Las exclusiones (art. 31 bis.5 CP) «5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.» Algunas discutibles, especialmente partidos y sindicatos 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica Las penas (arts. 33.7 y 66 bis CP) A. Las distintas penas (art. 33.7; v. también 33.3 j) «7. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes: a) Multa por cuotas o proporcional. b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita. c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años. d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años. e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años. f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
8. 10/11/2010 8 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica «g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años. La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa.» Podría haber más: p. ej. restricciones publicitarias Posibilidad de medidas cautelares 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica B. Peculiaridades de la pena de multa para personas jurídicas (arts. 50.3 y 4, 52.4 y 53.5 CP, más lo visto: art. 31 bis.2) Extensión mínima y máxima (art. 50.3) «3. Su extensión mínima será de diez días y la máxima de dos años. Las penas de multa imponibles a personas jurídicas tendrán una extensión máxima de cinco años.» Valor de la cuota diaria (art. 50.4) 4. La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros, excepto en el caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, en las que la cuota diaria tendrá un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros. A efectos de cómputo, cuando se fije la duración por meses o por años, se entenderá que los meses son de treinta días y los años de trescientos sesenta.»
9. 10/11/2010 9 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica Sustitución de la multa proporcional en supuestos de imposible claculo (art. 52.4) «4. En los casos en los que este Código prevé una pena de multa para las personas jurídicas en proporción al beneficio obtenido o facilitado, al perjuicio causado, al valor del objeto, o a la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, de no ser posible el cálculo en base a tales conceptos, el Juez o Tribunal motivará la imposibilidad de proceder a tal cálculo y las multas previstas se sustituirán por las siguientes: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años. b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior. c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.» 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica Posibilidad de fraccionamiento del pago (art. 53.5) «5. Podrá ser fraccionado el pago de la multa impuesta a una persona jurídica, durante un período de hasta cinco años, cuando su cuantía ponga probadamente en peligro la supervivencia de aquélla o el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la misma, o cuando lo aconseje el interés general. Si la persona jurídica condenada no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta en el plazo que se hubiere señalado, el Tribunal podrá acordar su intervención hasta el pago total de la misma.»
10. 10/11/2010 10 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica C. La determinación de la pena (art. 66 bis) «En la aplicación de las penas impuestas a las personas jurídicas se estará a lo dispuesto en las reglas 1.ª a 4.ª y 6.ª a 8.ª del primer número del artículo 66, así como a las siguientes: 1.ª En los supuestos en los que vengan establecidas por las disposiciones del Libro II, para decidir sobre la imposición y la extensión de las penas previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 habrá de tenerse en cuenta: a) Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos. b) Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores. c) El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber de control. 2.ª Cuando las penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 se impongan con una duración limitada, ésta no podrá exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona física. 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica Para la imposición de las sanciones previstas en las letras c) a g) por un plazo superior a dos años será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes: a) Que la persona jurídica sea reincidente. b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal. Para la imposición con carácter permanente de las sanciones previstas en las letras b) y e), y para la imposición por un plazo superior a cinco años de las previstas en las letras e) y f) del apartado 7 del artículo 33, será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes: a) Que se esté ante el supuesto de hecho previsto en la regla 5.ª del primer número del artículo 66. b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal».» Excepcionalidad de las penas diferentes a la multa. Criterios
11. 10/11/2010 11 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica Supuestos de no extinción de responsabilidad penal (art. 130.2 CP) «2. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella. No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica. Se considerará en todo caso que existe disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.» Moderación para evitar absurdos daños a nueva persona jurídica Evitación del fraude 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica Delitos en que existe responsabilidad penal de la persona jurídica Tráfico de órganos (art. 156 bis) Trata de seres humanos (art. 177 bis) Prostitución (art. 189 bis) Acceso ilícito a datos y programas informáticos (art. 197.3) Estafa (art. 251 bis) Insolvencias punibles (concursos) (art. 261 bis) Alteraciones, supresiones o daños informáticos (art. 264.4) Delitos relativos al mercado y los consumidores y corupción (económica) entre particulares (art. 288) Receptación y conductas afines (art. 302.2) Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis.4)
12. 10/11/2010 12 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica Delitos contra la ordenación del territorio (art. 319.4) Delitos contra el medio ambiente (arts. 327 y 328.6) Delitos relativos a radiaciones ionizantes (art. 343.3) Delitos relativos a explosivos (art. 348.3) Tráfico de drogas (art. 369 bis) Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis) Cohecho (art. 427.2) Tráfico de influencias (art. 430) Corrupción de funcionario público extranjero o de organización internacional (art. 445.2) Organizaciones y grupos criminales (art. 570 quáter) Financiación del terrorismo (art. 576 bis.3) 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica Responsabilidad civil (art. 116.3 CP) «3. La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 110 de este Código de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos.»
13. 10/11/2010 13 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica Responsabilidad penal de entes sin personalidad jurídica (consecuencias accesorias) (art. 129 CP) A. La regulación «1. En caso de delitos o faltas cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis de este Código, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con el contenido previsto en los apartados c) a g) del artículo 33.7. Podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita. 2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere en el apartado anterior sólo podrán aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones en él mencionados cuando este Código lo prevea expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos o faltas por los que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas. 3. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa a los efectos establecidos en este artículo y con los límites señalados en el artículo 33.7.» Confuso y farragoso Posibilidad de medidas cautelares 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica B. Delitos en que cabe imponer consecuencias accesorias Los mismos en que cabe responsabilidad penal de las personas jurídicas y: Alteración de precios en concursos y subastas públicas (art. 262.2) Delito societario contra actvidades supervisoras o inspectoras (art. 294) Delitos contra los derechos de los trabajadores (art. 318, ¡hablando de personas jurídicas!) Delitos contra la salud pública (art. 366) Falsificación de moneda (art. 386) Incomprensible y perturbador. Defecto de técnica legislativa (no revisión de supuestos de la regulación actual)
14. 10/11/2010 14 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos entes sin personalidad jurídica Valoración general ¿Era necesario o conveniente? Defectos técnicos Absoluta necesidad de un regulación procesal aún inexistente 4. Clasificación de las penas Todas las penas previstas para personas jurídicas son graves (art. 33.7): remisión La pena de privación de la patria potestad es grave (art. 33.2.j) La pena de localización permanente es menos grave o leve según su duración (art. 33.3.l y 33.4.g) Hay penas en el articulado del CP no mencionadas en el art. 33
15. 10/11/2010 15 5. El periodo de seguridad Modificaciones en dos sentidos un tanto contradictorios: flexibilización de su aplicación e incremento de los delitos en que se aplica rígidamente (art. 36.2 CP) «2. Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, (la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse) el Juez o Tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. En cualquier caso, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma: a) Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código. b) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal. 5. El periodo de seguridad c) Delitos del artículo 183. d) Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código, cuando la víctima sea menor de trece años. El Juez de Vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, (cuando no se trate de delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II de este Código o cometidos en el seno de organizaciones criminales) oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el párrafo anterior.» El que sea potestativo cuadra mejor con el fin resocializador (CE, LOGP) El aumento de delitos parece cesión a demandas sociales (más o menos irracionales) y dificulta el fin resocializador
16. 10/11/2010 16 6. La pena de localización permanente Ampliación de la pena de localización permanente (arts. 37 y 88.1 CP) Art. 37: «1. La localización permanente tendrá una duración de hasta (12 días) seis meses. Su cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el Juez en sentencia o posteriormente en auto motivado. No obstante, en los casos en los que la localización permanente esté prevista como pena principal, atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que así lo disponga expresamente el concreto precepto aplicable, el Juez podrá acordar en sentencia que la pena de localización permanente se cumpla los sábados, domingos y días festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio del penado. 2. Si el reo lo solicitare y las circunstancias lo aconsejaren, oído el ministerio fiscal, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que la condena se cumpla durante los sábados y domingos o de forma no continuada. 6. La pena de localización permanente 3. Si el condenado incumpliera la pena, el juez o tribunal sentenciador deducirá testimonio para proceder de conformidad con lo que dispone el artículo 468. 4. Para garantizar el cumplimiento efectivo, el Juez o Tribunal podrá acordar la utilización de medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo.» Art. 88.1 (párrafos primero y tercero): «1. Los jueces o tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma sentencia, o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a su ejecución, las penas de prisión que no excedan de un año por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, y en los casos de penas de prisión que no excedan de seis meses, también por localización permanente, aunque la Ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos habituales, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un día de localización permanente. En estos casos el Juez o Tribunal podrá además imponer al penado la observancia de una o varias obligaciones o deberes previstos en el artículo 83 de este Código, de no haberse establecido como penas en la sentencia, por tiempo que no podrá exceder de la duración de la pena sustituida.
17. 10/11/2010 17 6. La pena de localización permanente (…) En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente en lugar distinto y separado del domicilio de la víctima. En estos supuestos, el Juez o Tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª y 2.ª, del apartado 1 del artículo 83 de este Código.» Pena menos grave si más de tres meses y leve si menos (art. 33.3 l y 4 g CP) Tendencia general positiva a sustituir prisión y favorecer resocialización, a medios electrónicos Puntos oscuros en ejecución (p. ej.: centros penitenciarios en fin de semana y festivos, ¿resocialización o ahorro?) Falta de previsión en ejecución y, sobre todo, memoria económica 7. Penas privativas de derechos La nueva pena de privación de la patria potestad (arts. 33.2 j, 39 j y 46 CP; art. 55 y 56.1.3º: remisión a penas accesorias) Art. 33.2 j: «Son penas graves: (…) j) La privación de la patria potestad.» Art. 39 j: «Son penas privativas de derechos: (…) j) La privación de la patria potestad.» Art. 46: «La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, priva al penado de los derechos inherentes a la primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena. La pena de privación de la patria potestad implica la pérdida de la titularidad de la misma, subsistiendo los derechos de los que sea titular el hijo respecto del penado. El Juez o Tribunal podrá acordar estas penas respecto de todos o alguno de los menores o incapaces que estén a cargo del penado, en atención a las circunstancias del caso. A los efectos de este artículo, la patria potestad comprende tanto la regulada en el Código Civil, incluida la prorrogada, como las instituciones análogas previstas en la legislación civil de las Comunidades Autónomas.»
18. 10/11/2010 18 7. Penas privativas de derechos Es pena principal sólo en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (art. 192.3 CP) Parece que su duración sería definitiva (para diferenciarla de la inhabilitación especial), lo que plantearía problemas en relación con la posibilidad de recuperarla a que se refiere el art. 170.2 CC Aplicabilidad a las faltas de la pena de prohibición de residir en o acudir a determinados lugares (art. 48.1 CP) «1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito o falta, o a aquél en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos.» ¡No se prevé en ningún caso! 7. Penas privativas de derechos La nueva pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social (art. 33.3 m CP) «Son penas menos graves (…) m) La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, cualquiera que sea su duración.» Sin más precisiones en la Parte General Hay otras dispersas por el articulado del CP
19. 10/11/2010 19 8. La pena de trabajos en beneficio de la comunidad Ampliación de las posibilidades de cumplimiento de la pena (art. 49, párrafo primero CP) «Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes:» Origen en normativa de seguridad vial Necesidad de distinguirlo de reglas de conducta en suspensión y sustitución de la pena (arts. 83.1.5ª y 88.1 CP) 9. Penas accesorias Las nuevas penas accesorias relacionadas con la patria potestad y afines (arts. 55 y 56.1.3º CP) Art. 55: «La pena de prisión igual o superior a diez años llevará consigo la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, salvo que ésta ya estuviere prevista como pena principal para el supuesto de que se trate. El Juez podrá además disponer la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, o bien la privación de la patria potestad, cuando estos derechos hubieren tenido relación directa con el delito cometido. Esta vinculación deberá determinarse expresamente en la sentencia.» Art. 56.1.3º: «En las penas de prisión inferiores a diez años, los jueces y tribunales impondrán, atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias, alguna o algunas de las siguientes:
20. 10/11/2010 20 9. Penas accesorias (…) 3.ª Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o cualquier otro derecho, la privación de la patria potestad, si estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 579 de este Código.» Ocasión desaprovechada para revisar a fondo las penas accesorias 10. El abono de la prisión preventiva Precisión expresa del modo de abono de la prisión preventiva o provisional (art. 58.1 CP) «1. El tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente será abonado en su totalidad por el Juez o Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en que dicha privación fue acordada, salvo en cuanto haya coincidido con cualquier privación de libertad impuesta al penado en otra causa, que le haya sido abonada o le sea abonable en ella. En ningún caso un mismo periodo de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa.» Pronunciamiento expreso del legislador en la polémica entre el TC (STC 57/2008, de 28 de abril) y el TS (STS 1391/2009, de 10 de diciembre), a favor de la tesis de éste
21. 10/11/2010 21 11. La suspensión (y sustitución) de las penas privativas de libertad Ampliación de las posibilidades en una regla de conducta (art. 83.1.5ª CP) «1. La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el plazo fijado por el juez o tribunal, conforme al artículo 80.2 de este Código. En el caso de que la pena suspendida fuese de prisión, el juez o tribunal sentenciador, si lo estima necesario, podrá también condicionar la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes que le haya fijado de entre las siguientes: (…) «5.º Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales y otros similares.» Afecta a sustitución (Art. 88.1 CP). En ésta, v. además lo dicho para localización permanente 12. La expulsión penal de extranjeros La reforma de la expulsión de extranjeros como sustitutivo de las penas privativas de libertad (art. 89 CP) «1. Las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español, salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, de forma motivada, aprecie (que la naturaleza del delito justifica) razones que justifiquen el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España. También podrá acordarse la expulsión en auto motivado posterior, previa audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las demás partes personadas.
22. 10/11/2010 22 12. La expulsión penal de extranjeros (Igualmente, los jueces o tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal, acordarán ensentencia la expulsión del territorio nacional del extranjero no residente legalmente en España condenado a pena de prisión igual o superior a seis años, en el caso de que se acceda al tercer grado penitenciario o una vez que se entiendan cumplidas las tres cuartas partes de la condena, salvo que, excepcionalmente y de forma motivada,aprecien que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España. La expulsión se llevará a efecto sin que sea de aplicación lo dispuesto en los artículos 80, 87 y 88 del Código Penal. La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España. En el supuesto de que, acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la pena privativa de libertad originariamente impuesta o del período de condena pendiente. 2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la fecha de su expulsión, y, en todo caso, mientras no haya prescrito la pena.) 2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado. 12. La expulsión penal de extranjeros 3. La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España. (3. El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de entrada a la que se refieren los apartados anteriores será devuelto por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad.) 4. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas. No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad. 5. Los jueces o tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia del penado y de las partes personadas, acordarán en sentencia, o durante su ejecución, la expulsión del territorio nacional del extranjero no residente legalmente en España, que hubiera de cumplir o estuviera cumpliendo cualquier pena privativa de libertad, para el caso de que hubiera accedido al tercer grado penitenciario o cumplido las tres cuartas partes de la condena, salvo que previa audiencia del Ministerio Fiscal y de forma motivada aprecien razones que justifiquen el cumplimiento en España.
23. 10/11/2010 23 12. La expulsión penal de extranjeros 6. Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos en este artículo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad en ejecución de la pena impuesta, el Juez o Tribunal podrá acordar, con el fin de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros, en los términos y con los límites y garantías previstos en la Ley para la expulsión gubernativa. En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena originariamente impuesta o del período de condena pendiente, o a la aplicación, en su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma o su sustitución en los términos del artículo 88 de este Código. 7. Las disposiciones establecidas en los apartados anteriores no serán de aplicación a los extranjeros que hubieran sido condenados por la comisión de delitos a que se refieren los artículos 312, 313 y 318 bis (515.6º, 517 y 518 del Código Penal) de este Código.» 12. La expulsión penal de extranjeros Mejoría tímida de la regulación (se mencionan sólo algunos aspectos) Lo peor: mantenimiento del automatismo de la expulsión Dudoso: la posibilidad de expulsión posterior a la sentencia, falta de modulación en incumplimiento, ingreso en centro de internamiento Mejora: motivos abiertos para cumplimiento en España, audiencia, especialmente al penado, posibilidad de modular duración de prohibición de regresar, posibilidad de régimen de suspensión y sustitución Institución discutible, no igualitaria y un tanto hipócrita. Mejor cumplimiento en España o país de origen. No se modifica la correspondiente expulsión sustitutiva de medidas de seguridad del art. 108 CP (cuestionable)
24. 10/11/2010 24 13. Medidas de seguridad Concentración de varias medidas en la nueva de libertad vigilada (art. 96.3 CP) (Remisión: adaptación del art. 103.3, nuevo 106 y reajuste del 105 CP) «3. Son medidas no privativas de libertad: 1.ª) La inhabilitación profesional. 2.ª) La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España. (3ªLa obligación de residir en un lugar determinado. 4ª La prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe. En este caso, el sujeto quedará obligado a declarar el domicilio que elija y los cambios que se produzcan. 5ª La prohibición de acudir a determinados lugares o territorios, espectáculos deportivos o culturales, o de visitar establecimientos de bebidas alcohólicas o de juego.) 3.ª) La libertad vigilada 4.ª) La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia Penitenciaria y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado. 5.ª) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 6.ª) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. 13. Medidas de seguridad 9.ª La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal. 10.ª La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal. 11.ª La sumisión a tratamiento externo en centros médicos o establecimientos de carácter socio-sanitario. 12.ª El sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, de educación sexual y otros similares.)» Bastante razonable, aunque podría haberse aprovechado para aclarar la naturaleza de algunas penas coincidentes con medidas Deseable mayor armonización entre arts. 96.3 y 105
25. 10/11/2010 25 13. Medidas de seguridad Precisiones respecto de la ejecución de las medidas (arts. 97 y 98 CP) Art. 97: «Durante la ejecución de la sentencia, el Juez o Tribunal sentenciador adoptará, (mediante un procedimiento contradictorio) por el procedimiento establecido en el artículo siguiente, (previa propuesta del Juez de Vigilancia Penitenciaria) alguna de las siguientes decisiones: a) Mantener la ejecución de la medida de seguridad impuesta. b) Decretar el cese de cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto. c) Sustituir una medida de seguridad por otra que estime más adecuada, entre las previstas para el supuesto de que se trate. En el caso de que fuera acordada la sustitución y el sujeto evolucionara desfavorablemente, se dejará sin efecto la sustitución, volviéndose a aplicar la medida sustituida. d) Dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido con su aplicación, por un plazo no superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia que la impuso. La suspensión quedará condicionada a que el sujeto no delinca durante el plazo fijado, y podrá dejarse sin efecto si nuevamente resultara acreditada cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 95 de este Código. (A estos efectos, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida de seguridad de la pena privativa de libertad impuesta).» 13. Medidas de seguridad – Art. 98: «1. A los efectos del artículo anterior, cuando se trate de una medida de seguridad privativa de libertad o de una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma. Para formular (la propuesta a que se refiere el artículo anterior) dicha propuesta el Juez de Vigilancia Penitenciaria deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad o por las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, el resultado de las demás actuaciones que a este fin ordene. 2. Cuando se trate de cualquier otra medida no privativa de libertad, el Juez o Tribunal sentenciador recabará directamente de las Administraciones, facultativos y profesionales a que se refiere el apartado anterior, los oportunos informes acerca de la situación y la evolución del condenado, su grado de rehabilitación y el pronóstico de reincidencia o reiteración delictiva. 3. En todo caso, el Juez o Tribunal sentenciador resolverá motivadamente a la vista de la propuesta o los informes a los que respectivamente se refieren los dos apartados anteriores, oída la propia persona sometida a la medida, así como el Ministerio Fiscal y las demás partes. Se oirá asimismo a las víctimas del delito que no estuvieren personadas cuando así lo hubieran solicitado al inicio o en cualquier momento de la ejecución de la sentencia y permanezcan localizables a tal efecto.»
26. 10/11/2010 26 13. Medidas de seguridad Es positivo que se especifique más el procedimiento de ejecución, aunque sigue siendo demasiado genérico y quedan dudas, surgiendo otras (p. ej., la audiencia a la víctima sólo parece tener sentido en relación con la medida de libertad vigilada) Precisión sobre quebrantamiento del sometimiento a tratamiento médico (ahora dentro de la libertad vigilada) (art. 100.3 CP) «3. En ambos casos el Juez o Tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento. A estos efectos, no se considerará quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente consentido. No obstante, el Juez o Tribunal podrá acordar la sustitución del tratamiento inicial o posteriormente rechazado por otra medida de entre las aplicables al supuesto de que se trate.» Respuesta a problemas del tratamiento médico coactivo Sigue la duda de si el quebrantamiento de medidas debe someterse al mismo régimen que el de penas 14. La medida de libertad vigilada Introducción de la nueva medida de libertad vigilada, en la que se integran algunas de las antiguas: remisión a lo ya mencionado (arts. 96.3, 98, 100.3 y 105 –duración hasta 5 o de 5 a 10 años- CP), pero también se prevé para imputables Configuración de la nueva medida (art. 106 CP) «1. La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas: a) La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente. b) La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal establezca. c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el Juez o Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo.
27. 10/11/2010 27 14. La medida de libertad vigilada d) La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorización del Juez o Tribunal. e) La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal. f) La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal. g) La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos. h) La prohibición de residir en determinados lugares. i) La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza. j) La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares. k) La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico periódico. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105, el Juez o Tribunal deberá imponer en la sentencia la medida de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad impuesta siempre que así lo disponga de manera expresa este Código. 14. La medida de libertad vigilada En estos casos, al menos dos meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad, de modo que la medida de libertad vigilada pueda iniciarse en ese mismo momento, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, por el procedimiento previsto en el artículo 98, elevará la oportuna propuesta al Juez o Tribunal sentenciador, que, con arreglo a dicho procedimiento, concretará, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 97, el contenido de la medida fijando las obligaciones o prohibiciones enumeradas en el apartado 1 de este artículo que habrá de observar el condenado. Si éste lo hubiera sido a varias penas privativas de libertad que deba cumplir sucesivamente, lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá referido al momento en que concluya el cumplimiento de todas ellas. Asimismo, el penado a quien se hubiere impuesto por diversos delitos otras tantas medidas de libertad vigilada que, dado el contenido de las obligaciones o prohibiciones establecidas, no pudieran ser ejecutadas simultáneamente, las cumplirá de manera sucesiva, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal pueda ejercer las facultades que le atribuye el apartado siguiente.
28. 10/11/2010 28 14. La medida de libertad vigilada 3. Por el mismo procedimiento del artículo 98, el Juez o Tribunal podrá: a) Modificar en lo sucesivo las obligaciones y prohibiciones impuestas. b) Reducir la duración de la libertad vigilada o incluso poner fin a la misma en vista del pronóstico positivo de reinserción que considere innecesaria o contraproducente la continuidad de las obligaciones o prohibiciones impuestas. c) Dejar sin efecto la medida cuando la circunstancia descrita en la letra anterior se dé en el momento de concreción de las medidas que se regula en el número 2 del presente artículo. 4. En caso de incumplimiento de una o varias obligaciones el Juez o Tribunal, a la vista de las circunstancias concurrentes y por el mismo procedimiento indicado en los números anteriores, podrá modificar las obligaciones o prohibiciones impuestas. Si el incumplimiento fuera reiterado o grave, revelador de la voluntad de no someterse a las obligaciones o prohibiciones impuestas, el Juez deducirá, además, testimonio por un presunto delito del artículo 468 de este Código.» 14. La medida de libertad vigilada La medida para imputables tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad sólo se prevé para delitos contra la libertad sexual (art. 192.1 CP) y de terrorismo (art. 579.3 CP) Mejor regulación que la proyectada de hacerla pena y más severa (aunque en cierta medida comparte rasgos de pena) Aún así, mezcla del régimen general de las medidas de seguridad y gran novedad (discutible): una medida para imputables una vez cumplida la pena privativa de libertad (hay instituciones similares en otros países) Pesa en buena medida “presión social” en relación con dos sectores próximos o inmersos en el Derecho penal del enemigo. Cierta demagogia y “cortoplacismo” (tardará en aplicarse: no aplicación retroactiva) Ocasión perdida de haber utilizado la libertad vigilada como alternativa a la pena privativa de libertad
29. 10/11/2010 29 15. El comiso Posibilidad de ampliación del comiso en delitos relacionados con el terrorismo y en ciertos delitos imprudentes (art. 127 CP) «1. Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar. Los unos y las otras serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquirido legalmente. El Juez o Tribunal deberá ampliar el decomiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal o terrorista, o de un delito de terrorismo. A estos efectos se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal o terrorista o por un delito de terrorismo cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas. 15. El comiso 2. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el Juez o Tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan del mismo y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito, cualquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. 3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el comiso de los bienes señalados en (el apartado anterior) los apartados anteriores de este artículo, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del hecho. 4. El Juez o Tribunal podrá acordar el comiso previsto en los apartados anteriores de este artículo aun cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido, en este último caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita. 5. Los que se decomisan se venderán, si son de lícito comercio, aplicándose su producto a cubrir las responsabilidades civiles del penado si la ley no previera otra cosa, y, si no lo son, se les dará el destino que se disponga reglamentariamente y, en su defecto, se inutilizarán.»
30. 10/11/2010 30 15. El comiso Declaración expresa (en DF Sexta LO 5/2010) de que las novedades responden al cumplimiento de la Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito La presunción del segundo párrafo del nº 1 debe admitir prueba en contrario (interpretarse como iuris tantum) La disposición protectora de terceros de buena fe contenida en el primer párrafo del nº 1 debe referirse también a los supuestos de comiso en ciertos delitos imprudentes La prescripción del delito y de la pena Plazos de prescripción: aumento del plazo para los “demás delitos”, exclusión de la imprescriptibilidad de un delito y declaración de imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con muerte (arts. 131.1 y 4 y 133.2 CP) Art. 131: «1. Los delitos prescriben: […] (A los tres años, los restantes delitos menos graves.) A los cinco, los demás delitos, excepto los (delitos) de injuria y calumnia, que prescriben al año. 4. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso. Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona.»
31. 10/11/2010 31 La prescripción del delito y de la pena Art. 133: «2. Las penas impuestas por los delitos de lesa humanidad y de genocidio y por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso. Tampoco prescribirán las penas impuestas por delitos de terrorismo, si estos hubieren causado la muerte de una persona.» Tendencia al mayor rigor punitivo en el aumento del plazo “general” de prescripción, con desproporción para ciertos delitos Cesión a la “presión social” y tendencia al Derecho penal del enemigo en la declaración de imprescriptibilidad de delitos terroristas con muerte: ¿por qué no otros de igual gravedad? “Cortoplacismo” de nuevo La prescripción del delito y de la pena Introducción de un regla expresa para la prescripción en caso de concurso de infracciones o infracciones conexas (art. 131.5) «En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave.» Aporta claridad, aunque cabe imaginar alguna posibilidad distinta
32. 10/11/2010 32 La prescripción del delito y de la pena Novedades en materia de cómputo, interrupción y suspensión de la prescripción (art. 132.2 CP) «2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra (el culpable) la persona indiciariamente responsable del delito o falta, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes: 1.ª Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta. 2.ª No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses para el caso de delito y de dos meses para el caso de falta, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia. La prescripción del delito y de la pena Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en el apartado anterior, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia. Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis o dos meses, en los respectivos supuestos de delito o falta, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dichos plazos, el Juez de Instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en este artículo. 3.ª A los efectos de este artículo, la persona contra la que se dirige el procedimiento deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su identificación directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho.»
33. 10/11/2010 33 La prescripción del delito y de la pena Intento loable por clarificar cuestiones complicadas, aunque subsisten algunas dudas Se pretende mediar en una dura polémica entre el TC y el TS y se opta por el camino, en parte discutible, de dar·una de cal y otra de arena”: opta por la doctrina del TC (que parece razonable) en materia de interrupción, pero la suaviza dando entrada a la del TS, si bien no llegando tan lejos como éste, al no dar efecto interruptivo, sino sólo suspensivo (y con requisitos) a la querella o denuncia Cátedra de Derecho Penal. Facultad de DerechoCátedra de Derecho Penal. Facultad de DerechoCátedra de Derecho Penal. Facultad de DerechoCátedra de Derecho Penal. Facultad de Derecho Decanato de los Juzgados de LeónDecanato de los Juzgados de LeónDecanato de los Juzgados de LeónDecanato de los Juzgados de León JORNADAS SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio Muchas gracias Miguel y Díaz y García Conlledo mdiag@unileon.es
3. Sociología del Control Penal
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