Source: https://issuu.com/procuraunperdon/docs/auto_-_solicitud_de_libertad_-_bva
Timestamp: 2018-02-25 01:04:21
Document Index: 336478143

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 340', 'artículo 342', 'artículo 10', 'artículo 29', 'Artículo 90', 'Artículo 31', 'artículo 34', 'artículo 29', 'artículo 20', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 10', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 20', 'artículo 24', 'Artículo 470', 'artículo 29', 'Artículo 8', 'artículo 470', 'artículo 20', 'artículo 31', 'artículo\n31', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 93', 'artículo 29', 'Artículo 40', 'artículo 29', 'artículo 199', 'artículo 29', 'artículo 26', 'artículo 90', 'artículo 178', 'artículo 26']

Respuesta Magistratura Justicia y Paz - Peticion de Libertad by Procurando Un Perdon - issuu
José Rubén Peña Tobón; Wilmer Morelo Castro; José Manuel Hernández Calderas.
Radicados: Delito: Procedencia:
2008-83194; 2007-83070 Homicidio y otros. Fiscalía 22 Unidad Nacional de Justicia y Paz de Bogotá.
Rama Judicial TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE JUSTICIA Y PAZ
Magistrada Ponente: LÉSTER MARÍA GONZÁLEZ ROMERO
Bogotá, D. C.; veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012).
Ejecutoriada la sentencia condenatoria proferida en este asunto el 1º de diciembre de 2011, con la competencia asignada por el artículo 32 de la Ley 975 de 2005 y atendiendo las exigencias de oralidad que referencia el artículo 12 de la misma legislación, esta Sala de conocimiento convocó a los intervinientes en este proceso a diligencia de Audiencia Pública con el fin de recaudar los fundamentos que sostienen las peticiones de Libertad que por el cumplimiento de la pena alternativa, fue presentada mediante solicitud escrita de los señores defensores de los condenados José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Caldera. Con aquellos fines la diligencia se celebró el 22 de Febrero del año en curso, oportunidad en la que además informaron sus posturas el señor delegado de la Procuraduría General de la Nación, el Defensor de víctimas, los condenados y la Fiscal asignada por la Unidad de Justicia y Paz.
2008-83194; 2007-83070
Delito: Procedencia:
Homicidio y otros. Fiscalía 22 Unidad Nacional de Justicia y Paz de Bogotá.
II. GENERALES DE LEY DE LOS CONDENADOS
JOSÉ RUBÉN PEÑA TOBÓN, a. Lucho y/o El Sargento. Nacido el 23 de marzo de 1967 en Cúcuta (Norte de Santander), identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.485.776 expedida el 13 de mayo de 1985 por la Registraduría 1
Nacional del Estado Civil del mismo municipio , hijo de Hermenegildo Peña y Ernestina Tobón, mayor de cuatro hermanos, de estado civil casado con Adriana Luley Hernández, sostiene una relación afectiva con Martha Lucía Blandón Trejos, padre de 5 hijos; se vinculó voluntariamente al grupo armado denominado Bloque Vencedores de Arauca el 12 de enero del 2003 en la que desempeñó funciones de instructor de la escuela La Gorgona. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERAS, a. Platino. Nacido en Montería (Córdoba) el 22 de febrero de 1979, identificado con la cédula de ciudadanía 2
número 10.931.088 expedida en el mismo municipio , hijo de José María y Sol María, mayor de cuatro hermanos; con formación académica hasta 3º de primaria; convivió con Nadia del Rosario Rodríguez, padre de un menor de edad. WILMER MORELO CASTRO, a. Boqui. Nacido el 21 diciembre de 1973 en Manaure - Guajira, se identifica con la cédula de ciudadanía número 15.619.044
expedida en San Antero - Córdoba; con formación académica hasta 9º grado; hijo de Eloy y Magola Cecilia, tiene dos hermanas, soltero padre de un menor de edad.
III. COMPETENCIA Esta Sala de Decisión tiene competencia para resolver respecto de las solicitudes de libertad que se presenten con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia, de acuerdo con los artículos 62 de la Ley 975 de 2005 (que ordena 1
Folio 20, carpeta de anexos de formulación de cargos.
Informe de LofoscopiaNo.38969552
Informe de Lofoscopia No. 432311.
por complementariedad acudir al Código de Procedimiento Penal para todo lo no dispuesto por esta ley) y 471 de Ley 906 de 2004, que prescribe que los condenados que reúnan los requisitos previstos por esta Ley podrán solicitar al Juez de ejecución de penas su libertad condicional. Se aclara que en el especial procedimiento diseñado por la Ley 975 de 2005, compete a las Salas de conocimientos el control sobre la ejecución de la sentencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8 inciso 7° del Decreto 4760 de 2005.
IV. ACTUACIÓN PROCESAL Y SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CONDENADOS
Alias lucho y/o El Sargento, encontrándose privado de la libertad se desmovilizó colectivamente el 5 de diciembre de 2005 en el municipio Puerto Gaitán-Tame, al ser reconocido por el miembro representante del Boque Vencedores de Arauca Miguel Ángel Mejía Múnera como integrante de la organización. Fue 5
postulado por el Gobierno Nacional el 21 de diciembre de 2007 ante la Fiscalía General de la Nación, para acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005. Una vez el postulado ratificó su voluntad de someterse a la ritualidad prevista 6
por la Ley 975 de 2005, previa e idónea convocatoria de víctimas se inició su versión libre, lo que se hizo en sesiones del 26, 27, y 28 de marzo de 2008; y 2, 3 y 8 de septiembre de 2008, durante las que el postulado confesó su militancia en la organización ilegal armada durante dos (2) meses y nueve (9) días, comprendidos entre el doce (12) de enero de dos mil tres (2003) y el veinte (20) de marzo de ese mismo año. El cuatro (4) de febrero de dos mil nueve (2009) se impuso en su contra medida de aseguramiento por parte del Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá.
Cuaderno de 2ª Formulación de Cargos Folio 13.
Visible a folio 9, Carpeta de requicitos de elegibilidad.
Carpeta de requicitos de elegibilidad.
El nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009) se surtió la diligencia de formulación de cargos. Adicionalmente, previa imputación, el veintiuno (21) de mayo de dos mil diez (2010), junto con Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas le fue formulado el cargo por el delito de Concierto para delinquir Agravado, previsto en el Libro II, Titulo XII, Capitulo Primero de la Ley 599 de 2000 en su artículo 340 Incisos 2º y 3º; para Peña Tobón además, se consideró la agravante especifica establecida por el artículo 342 de la misma legislación por su condición de ex miembro del Ejército Nacional. Superada la diligencia de legalización de cargos y el Incidente de reparación integral, el 1º de diciembre de 2011 se profirió en su contra sentencia condenatoria, en razón de su acreditada responsabilidad penal en los delitos de Concierto para delinquir agravado, en razón de su vinculación con la concertación armada ilegal entre el 20 de marzo de 2003 fecha en que fue capturado y el 5 de diciembre de 2005 cuando se desmovilizó colectivamente, Homicidio
Acceso Carnal violento;
Secuestro; Tortura, Actos de terrorismo, Destrucción de bienes protegidos y Entrenamiento para actividades ilícitas agravadas. De otra parte, conforme a como fue acreditado por la Fiscalía, en contra de JOSÉ RUBEN PEÑA TOBON, - hasta la fecha- se verifica la emisión de una (1) sentencia condenatoria proferida el 20 de noviembre de 2007 por el Juzgado Único Penal Especializado de Descongestión del Circuito Judicial de Arauca 7
Radicado No 092-2006 (causa No. 2004-057) , que se encuentra ejecutoriada, en la que se le condenó a la pena de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión por hallarlo responsable en condición de coautor material de los delitos de Concierto para delinquir agravado con fines de paramilitarismo, Homicidio, Desaparición forzada, Tortura, Secuestro simple agravado y Hurto calificado agravado en concurso heterogéneo sucesivo, por hechos ocurridos el 4, 5 y 9 de marzo del 2003. En cumplimiento de orden emitida en aquel proceso fue capturado el 20 de marzo de 2003, por tanto se concluye, que desde esa fecha se inició la ejecución de la pena que le fue impuesta en 2007 por cuenta de esos delitos y además, que para el 4 de febrero de 2009 cuando se impuso en 7
Cuaderno de 2ª Formulación de Cargos, folio10.
su contra medida de aseguramiento por parte del Magistrado de control de garantías de justicia y paz, este postulado se encontraba, como hasta ahora, en aquellas condiciones jurídicas.
WILMER MORELO CASTRO Y JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERA
Estos dos postulados de igual forma se desmovilizan como militantes de la estructura paramilitar BVA privados de la libertad, junto con 96 detenidos de la organización,
representante del Bloque Vencedores de Arauca Miguel Ángel Mejía Munera. Fueron postulados por el Gobierno Nacional el 21 de diciembre de 2007 para 8
acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005 . Al igual que José Rubén Peña Tobón, los mencionados postulados hoy condenados, se encuentran detenidos
desde el 20 de marzo de 2003 a
disposición del Juzgado Único Penal Especializado de Descongestión del 10
Circuito Judicial de Arauca , en cumplimiento de la Sentencia proferida dentro del radicado 057-04 el 20 de noviembre del año 2007. Importa reiterar que el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 11
Descongestión del Circuito Judicial de Arauca , en el proceso Radicado No. 2004-057 el 2 de Noviembre de 2007 profirió en contra de ambos postulados sentencia condenatoria por los delitos de Concierto para delinquir agravado en términos de su militancia con la organización paramilitar AUC, en concurso con los delitos de Homicidio múltiple agravado, Tortura, Hurto calificado y Desaparición forzada, según hechos sucedidos el 4, 5 y 9 de marzo de 2003 y por los que fueron capturados el 20 del mismo mes y año junto con José Rubén Peña Tobón. En contra de estos postulados impuso el fallador una pena principal de 480 meses de prisión y accesorias de ley. 8
Oficio OFI07-37657-GJP-0301.
Penitenciaria El Espinal, Pabellón de Justicia y Paz.
Debe anotarse que el marco cronológico considerado en el fallo para efectos de la concertación criminal se extiende obviamente desde la hasta entonces incierta fecha de vinculación de estos dos postulados con el grupo ilegal armado, hasta el día de su captura sucedida como se dijo en marzo 20 de 2003. Lo anterior por cuanto con aquella decisión condenatoria mal se podría estar sancionado infracciones o delitos a futuro, como que ello sería el resultado de considerar que con la citada sentencia condenatoria se sancionó la pertenencia de los postulados con la organización hasta la fecha de su desmovilización colectiva o con posterioridad a sus capturas del 20 de marzo de 2003. Como fue mencionado por la Sala en las decisiones de legalización de aceptación de cargos y condena, con respecto a estos postulados y en lo relativo al delito de Concierto para delinquir agravado, en la Sentencia del 2 de noviembre que se menciona, se presenta situación idéntica a la analizada para José Rubén Peña Tobón, es decir, que no obstante que la parte motiva del fallo se referencia o se considera la responsabilidad de estos procesados por el delito de Concierto para delinquir agravado en cuanto a que se les hacen cargos “….por pertenecer al grupo de autodefensas bloque vencedores que
opera en la vereda Bogota, El Feliciano, El Caracol y otros sectores periféricos de Arauca….” y que además esta imputación fue atendida para efectos de la dosificación de la pena impuesta, se omitió en la parte resolutiva del aludido fallo la anotación o registro literal del delito de Concierto para delinquir agravado por el que se estaba condenando en concurso con las restantes ilicitudes que allí se relacionaron. De esta forma se entiende que los postulados se encuentran condenados por su militancia a la organización paramilitar Bloque Vencedores de Arauca, hasta el 20 de marzo de 2003 fecha en que fueron capturados. La Sala resalta, que según la secuencia procesal acreditada, para el mes de mayo de 2009 fecha en la que el Señor Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz, impuso en contra de los citados medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio liberatorio, en razón de sus probables
responsabilidades en los delitos noticiados durante sus versiones libres y verificados por la Fiscalía
asignada de la Unidad de Justicia y paz, estos
postulados hoy condenados, al igual que Peña Tobón, se encontraban detenidos en cumplimiento de la ejecución de la pena impuesta por el Juzgado único Penal del Circuito Especializado de Arauca que ya se mencionó.
V. DE LA PETICIÓN DE LIBERTAD
DEFENSORES En desarrollo de diligencia de audiencia pública dispuesta para el efecto, los señores defensores de los condenados José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Caldera demandan la inmediata libertad de sus asistidos, al considerar que han ejecutado en detención preventiva, la sanción impuesta bajo la connotación de Pena Alternativa, pretensiones que fundamentaron con argumentos similares. Los doctores Paulo Cesar Ospitia Rosso defensor de Wilmer Morelo Castro, y Ricardo Ortega quien ostenta la defensa técnica de José Rubén Peña Tobón y José Manuel Hernández Calderas, señalan que respecto de sus representados se encuentran acreditadas sus condiciones de desmovilizados de la organización armada ilegal BVA y de postulados por el Gobierno Nacional para su investigación, procesamiento, sanción y reconocimiento de beneficios conforme a lo dispuesto por la Ley 975 de 2005, proceso que culminó ante esta Sala mediante sentencia condenatoria que cobró ejecutoria el diecisiete (17) de enero de dos mil doce (2012). Resaltan los señores defensores que ante esta jurisdicción, tal y como fue reconocido por la Sala en la decisión de legalización de cargos y en la sentencia en cita, se acreditó el cumplimiento de los postulados respecto de los requisitos de elegibilidad que se tratan en el artículo 10 de la citada Ley 975 de 2005. Informan que tal y como se verifica en autos, los tres postulados se desmovilizaron colectivamente en condición de detenidos, pues para la fecha en que se surtieron las mismas, se hallaban privados de la libertad en cumplimiento de la ejecución de la medida de aseguramiento de detención preventiva que se les impuso el veinticinco (25) de
abril dos mil tres (2003) dentro del radicado 057-04, en el cual, se les profirió sentencia condenatoria el dos (2) y veinte (20) de noviembre del año dos mil siete (2007). Referencian los señores defensores que si bien para el 3 y 4 de Febrero de 2009, cuando se profirió en contra de los postulados medida de aseguramiento en esta sede de Justicia y Paz y hasta la fecha, los condenados están ejecutando la pena impuesta por la justicia ordinaria, como quiera que en la decisión de condena de la justicia ordinaria se informa con suficiencia que los delitos allá juzgados fueron cometidos por estos durante y con ocasión de sus militancias al Bloque Vencedores de Arauca -B.V.A., debe entenderse que la ejecución de la sanción privativa de la libertad allá impuesta, comporta inequívoca ejecución simultánea de las penas impuestas por esta Sala de Justicia y Paz, como principal y alternativa, pues no obstante el legislador no fijó derroteros claros respecto del marco temporal en el que ha de entenderse ejecutada la pena alternativa, lo cierto es que frente a este vacío, en aplicación del principio de favorabilidad, resulta procedente reconocer que con la ejecución de la pena impuesta por la justicia ordinaria, se agotan así mismo las impuestas conforme a la Ley 975 de 2005. Destacaron los defensores, que el propósito de reconciliación de sus asistidos se evidencia de sus desmovilizaciones voluntarias y de sus confesiones sin condicionamiento respecto de sus militancias en la organización armada ilegal y delitos cometidos; que consecuentemente fueron postulados por el Gobierno Nacional para los fines de la Ley 975 de 2005, investigación que se ha surtido a cabalidad, pues en este proceso se reconoció el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, siendo condenados en decisión de diciembre 1º de 2011, que se encuentra ejecutoriada y en la que les fue impuesta una pena principal de cuarenta (40) años de prisión y les fue reconocido que tienen derecho a una pena alternativa que se tasó en ocho (8) años. Consecuente con los anteriores argumentos concluyen que desde la fecha en que fueron capturados, veinte (20) de Marzo de dos mil tres (2003), han descontado un periodo de privación de la libertad que supera los ocho (8) años
impuestos por concepto de pena alternativa, de manera que se hacen acreedores a la libertad a prueba de que trata la Ley 975 de 2005, pues de no ser así, seria evidente una prolongación ilícita de la privación de la libertad. Finalmente recaban que sus asistidos tienen toda la voluntad para cumplir dentro del plazo estipulado en la sentencia, las obligaciones allí impuestas, por modo, que desde esta óptica también es claro que se han surtido los propósitos de la Ley 975 de 2005.
La Doctora Yaneth Niño Farfan inicia su intervención señalando que luego de sus desmovilizaciones colectivas en condición de detenidos, los postulados 12
ratificaron su voluntad de sometimiento a la Ley 975 de 2005 , haciéndolo el diecisiete (17) de marzo de dos mil ocho (2008) WILMER MORELO CASTRO, en tanto que el veintiséis (26) de marzo y el veintidós (22) de abril del mismo año, lo hicieron JOSÉ RUBÉN PEÑA TOBÓN y JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERA respectivamente. Expone que el veinte (20) marzo de dos mi tres (2003) fueron capturados en razón de los hechos por los que posteriormente fueron condenados por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de descongestión del Distrito Judicial de Arauca, autoridad que el dos (2) de noviembre de dos mil siete (2007) profiere sentencia en contra de WILMER MORELO CASTRO y JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERAS y el veinte (20) de noviembre del mismo año, contra JOSÉ RUBÉN PEÑA TOBÓN, decisiones que en su orden cobraron ejecutoria el veinticuatro (24) de diciembre y el doce (12) de septiembre de dos mil diez (2010). Estima entonces debe ser negado el reconocimiento de la libertad que se demanda, por cuanto los postulados condenados no han satisfecho las obligaciones consignadas en la sentencia y en la ley para ser merecedores de la libertad a prueba (L.975/05, art.29 inc. 4°) y por cuanto además, es inexacta la contabilización del tiempo expuesta por los defensores, puesto que no es Audiencia pública. Febrero 22 de 2012. CD, Récord 02:06:10 min.
procedente calcularlo a partir del veinte (20) de marzo de dos mil tres (2003), pues desde esa fecha fueron detenidos a disposición y por orden de la justicia ordinaria, y tales detenciones se surtieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 975 de 2005, e incluso a sus desmovilizaciones. Concluye la Fiscalía, que la ejecución de la Pena Alternativa, debe ser contabilizada a partir del momento en que los postulados ratificaron su voluntad de sometimiento a la Ley 975 de 2005, siempre que se haya verificado además que se encuentren privados de la libertad en establecimiento carcelario en virtud de la medida de aseguramiento impuesta en jurisdicción de Justicia y Paz, condición que en este proceso informa, que de la pena alternativa tasada en ocho (8) años, solo han ejecutado los postulados algo más de cuatro (4) años.
El doctor Jairo Alberto Moya M. apoderado de víctimas
reconoce la dificultad
que implica exponer su punto de vista como parte procesal en un asunto que en principio, incumbe al Estado y a los postulados; no obstante, entiende que, la participación de las víctimas en la Audiencia pública en la que se decide la libertad por presunta pena cumplida de los Postulados Condenados WILMER MORELO CASTRO, JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERAS y JOSÉ RUBÉN PEÑA TOBÓN es pertinente en la medida que busca asegurar el derecho a la Justicia, en el marco de los principios inherentes a este modelo de justicia transicional. En punto de las solicitudes de libertad, apoya la argumentación y los cálculos de ejecución de la pena alternativa que señalara la Fiscalía. Finalmente manifiesta que si bien las constancias expedidas por los distintos centros penitenciarios en los que han estado recluidos los postulados, son muestra clara de sus propósitos de resocialización, lo cierto es que es sólo uno de los requisitos que deben cumplirse.
Ídem, Récord02:25:58 min.
PROCURADOR JUDICIAL En representación de la Procuraduría General de la Nación, acudió el doctor Rafael Uribe Escobar quien luego de resumir
peticiones liberatorias, solicita a la Sala se precise el marco temporal en el que ha de entenderse se inicia la ejecución de la pena alternativa para los postulados JOSÉ RUBÉN PEÑA TOBÓN, JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERAS y WILMER MORELO CASTRO. Agrega que es importante destacar el propósito de los postulados en cuanto a la celebración de una misa solemne como acto simbólico de reparación a favor de las víctimas, postura que objetivamente informa el arrepentimiento de los postulados y que no se trata entonces de dar por cumplidos unos requisitos para ser merecedores de la libertad a prueba.
WILMER MORELO CASTRO El postulado condenado WILMER MORELO CASTRO intervino en Audiencia 15
pública afirmando la importancia de resolver favorablemente las solicitudes de libertad, pues de reuniones en el patio de Justicia y Paz de la Penitenciaría del Espinal junto con otros postulados que cumplen condenas de Sentencias ordinarias, se ha enterado de la tendencia por algunos a preferir continuar en la Jurisdicción Penal Ordinaria en el evento en que el tiempo ejecutado hasta el momento no vaya a tenerse en cuenta en sede de Justicia y Paz.
Atendida la naturaleza de las peticiones liberatorias que se resuelven, como quiera que inequívocamente se comprometen en su resolución posturas referidas a la acumulación jurídica de penas, a la naturaleza del modelo de justicia transicional que implementó la Ley 975 de 2005, al de justicia ordinaria de que trata la ley 600 de 2000, así como los conceptos fundantes de la penas
Ídem, Récord02:36:14 min.
Ídem, Récord 02:45:50 min.
ordinaria y alternativa y al principio de favorabilidad a ello se referirá la Sala como soporte legítimo de la decisión que aquí se adopta. Lo anterior, por cuanto no obstante las importantes diferencias entre uno y otro proceso y entre una y otra sanción, de lo que se trata es de resolver si la ejecución de la pena de prisión que iniciaron los postulados el 20 de marzo 2003-, esto es con anterioridad a la fecha en cobró vigencia la Ley 975 de 2005 -25 de julio de 2005-, y que fue impuesta como principal por la justicia ordinaria conforme a las ritualidades de la Ley 600 de 2000, en razón de la probada responsabilidad de los postulados por delitos cometido durante y con ocasión de sus pertenencias a la organización paramilitar BVA, comporta simultáneamente, la ejecución de la pena alternativa, cuyo instituto como se dijo, inició su vigencia a partir del veinticinco (25) de julio de dos mil cinco (2005). Aquellas precisiones obligan entonces a concluir que una es la situación de quienes se desmovilizaron como miembros de la organización ilegal armada AUC estando en libertad y otra, es la que se corresponde con aquellos que lo hicieron en condición de detenidos, por encontrarse a disposición de la justicia ordinaria. Para los primeros, ninguna duda surge respecto de que el término de ejecución de la pena alternativa, ha de contabilizarse en términos del articulo 11 del Decreto 3391 de 2006, esto es, desde su reclusión en centros penitenciarios administrados por el INPEC. Sin embargo, respecto de los segundos la situación se torna algo más compleja, en la medida en que pueden presentarse varias hipótesis. Para el caso que nos ocupa, se trata de establecer si no obstante que los acá condenados se hallaban detenidos por cuenta de otra autoridad para la fecha en que cobra vigencia la Ley 975 de 2005 con la que nace el instituto de la pena alternativa y hasta la fecha, aun así, ha de entenderse que con fundamento en el principio de favorabilidad, aquella ejecución material de la pena principal que les fue
impuesta en ese proceso, se identifica con la ejecución de la sanción alterna reconocida en la sentencia que se profirió bajo la Ley 975 de 2005. Lo que se verifica en el proceso es que JOSÉ RUBÉN PEÑA TOBÓN ingresó a la organización armada ilegal a partir del 12 de enero de 2003, WILMER MORELO CASTRO el 5 de diciembre de 2001 y JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERAS desde el 29 de octubre de 2001; el 20 de marzo de 2003 fueron capturados en situación de flagrancia por tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, en momentos en que se desplazaban en un vehículo con abundante material de guerra, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Arauca; por tales acontecimientos el 21 de marzo de 2003 se profirió resolución de apertura de Investigación y el 25 de abril de 2003 les fue resuelta la situación jurídica, imponiéndose en contra de los tres capturados, medida de aseguramiento de detención preventiva en principio por el delito de Concierto para delinquir, negándose beneficios de excarcelación . Sin embargo, la investigación poco a poco se fue ampliando, toda vez que después de la captura, se recibieron denuncias por hechos ocurridos el 26 de noviembre de 2002, relacionados con el hurto de un vehículo y el homicidio de Diego Javier Díaz Carvajal; por lo sucedido el
4, 5 y 6 de marzo de 2003
respecto de la desaparición de Pedro Manuel Camacho, Teobaldo Martínez, Jaider Martínez, Edinson Martínez, Edwin Martínez, Maith Altamar y Juan Evangelista Pérez, y por el homicidio de Julio Roberto Blanco Tovar y el secuestro de Yesica Juliana Blanco Castañeda sucedido el 9 de marzo del mismo año. Se presentó ruptura de la unidad procesal, situación que generó que el Juzgado 16
Único Penal Especializado de Descongestión del Circuito Judicial de Arauca , 16
condenara a José Rubén Peña Tobón el 20 de noviembre de 2007, en condición de coautor penalmente responsable de los delitos de Desaparición forzada agravada y Desaparición forzada en concurso material homogéneo, tortura, homicidio agravado, secuestro simple y hurto calificado y agravado, sentencia que cobro ejecutoria el 12 de septiembre de 2008. El mismo despacho condenó a Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Caldera, por los punibles de Concierto para delinquir agravado, Homicidio, Desaparición forzada, Tortura, Secuestro simple agravado y Hurto calificado agravado, por hechos ocurridos el 4, 5 y 9 de marzo del 2003, a través sentencia proferida el 2 de noviembre de 2007, la que cobro ejecutoria el 15 de diciembre de 2009. Para los fines que interesan al objeto de esta decisión, la Sala precisa que en términos de las sentencias de fechas noviembre 2 y 20 de 2007 proferida en contra de los postulados por la justicia ordinaria, puede verse que los hechos por los que se ameritaron aquellas condenas, fueron cometidos por los postulados durante sus militancias en la organización ilegal armada BVA, y con ocasión de esa pertenencia, al punto, que en este proceso fueron condenados por delitos conexos con aquellos, tales como los que aparecen referenciados en el Caso No. 23 y No. 2 que es la tortura de la que resultó víctima PEDRO MANUEL CAMACHO GUARDIA. De esa forma estando privados de la libertad, el 5 de diciembre de 2005 se desmovilizan colectivamente y el 21 de diciembre de 2007 fueron postulados por el Gobierno Nacional para acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005. En sede de Justicia y Paz José Rubén Peña Tobón asistió a diligencias de versión libre en sesiones que se surtieron durante los meses de marzo y septiembre de 2008. Wilmer Morelo Castro rindió versiones libres en marzo, abril y julio de 2008, y en septiembre de 2009; mientras que José Manuel Hernández Calderas rindió versiones libres los meses de abril, mayo, julio, y agosto de 2008, y en septiembre de 2009.
Ante el Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, se llevó a cabo audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, el 3 de febrero de 2009, para MORELO CASTRO y HERNÁNDEZ CALDERA y el 4 de febrero del mismo año para PEÑA TOBÓN; posteriormente el 9 de julio de 2009, se realizó Audiencia de Formulación de Cargos, dentro de la cual se reiteraron los cargos formulados durante la audiencia de imputación y se introdujeron algunas variaciones por parte de la representante del ente fiscal. Posteriormente, el 4 de marzo de 2010 se llevó a cabo diligencia de audiencia de formulación de imputación adicional ante el Magistrado de Control de Garantías de la ciudad de Bogotá, en la que la Fiscal 22 Delegada de la Unidad de Justicia y Paz, imputó a los postulados JOSÉ RUBÉN PEÑA TOBÓN, WILMER MORELO CASTRO y JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERAS, el cargo por concierto para delinquir agravado. En virtud de lo anterior, el 21 de mayo de 2010 tuvo lugar la diligencia de audiencia de formulación de cargos adicional ante el respectivo Magistrado de Control de Garantías, por el delito de Concierto para delinquir agravado; con posterioridad en los meses de agosto y septiembre de 2010, se llevaron a cabo diligencias de audiencia pública de legalización de los cargos formulados. El 12 de agosto de 2011, se resolvió por esta Sala de decisión, la legalización de la aceptación de los cargos parcialmente formulados y entre el 5 al 16 de septiembre de 2011 se adelantó el correspondiente Incidente de Reparación Integral. Finalmente, el pasado 1º de diciembre de 2011, se profirió sentencia en contra de los tres postulados, siendo condenados a la pena principal de cuarenta (40) años de prisión y multa de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por hallarlos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, desaparición forzada, secuestro simple agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos, hurto calificado y agravado, y deportación
expulsión o traslado de población. De manera adicional se condenó a José Rubén Peña Tobón por los delitos de acceso carnal violento en persona protegida y entrenamiento para actividades ilícitas agravado. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 975 de 2005, en la misma sentencia se resolvió a favor de los condenados, la alternativa de ejecutar la pena principal impuesta, en un término de ocho (8) años. Al aceptarse los desistimientos de los recursos de apelación que inicialmente se interpusieron en contra de la sentencia, quedó ejecutoriada el 17 de enero de 2012. Conforme a lo que viene expuesto, entiende la Sala que previa resolución de los pedimentos que nos ocupan, ha de pronunciarse respecto de la eventual procedencia de la acumulación jurídica de las penas privativas de la libertad que fueron impuestas en las sentencias de la justicia ordinaria y por esta Sala de Justicia y Paz.
Es la institución del Derecho procesal penal a través de la cual, en aplicación de los principios de unidad
y conexidad procesal , y del mecanismo de concurso
de conductas punibles , a una persona a la que le han sido impuestas más de Dispone que las conductas punibles conexas se investiguen y juzguen conjuntamente.
PROCEDIMIENTO PENAL, LEY 600
2000.Artículo 90. Conexidad. Se decretará solamente en la etapa de
investigación, cuando: 1. La conducta punible haya sido cometida en coparticipación criminal. 2. Se impute a una persona la comisión de más de una conducta punible con una acción u omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de tiempo y lugar 3. Se impute a una persona la comisión de varias conductas punibles, cuando unas se han realizado con el fin de facilitar la ejecución o procurar la impunidad de otras; o con ocasión o como consecuencia de otra 4. Se impute a una o más personas la comisión de una o varias conductas punibles en las que exista homogeneidaden el modo de actuar de los autores o partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y, la prueba aportada a una de las investigaciones pueda influir en la otra. 19 CÓDIGO PENAL, LEY 599 DE 2000.Artículo 31: Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas
una condena en dos o más procesos penales, se le agrupan todas las penas a efectos de imponer una sola, previo el cumplimiento de determinados requisitos.
redosificación punitiva menos gravosa, regida por los parámetros establecidos para el concurso de hechos punibles, en los casos de sentencias proferidas contra un mismo condenado en diferentes procesos”.
Esta figura de la acumulación tiene la finalidad de evitar la suma aritmética de penas, que en nuestro sistema jurídico esta proscrita, en cuanto a que daría lugar a condenas tan elevadas que a la postre se traducirían en pena de prisión perpetua, prohibida por el artículo 34 de la Constitución Política. No obstante que se hayan proferido diversas sentencias de condena, debe la Sala aclarar que no en todos los casos resulta procedente la acumulación de las penas privativas de la libertad impuestas. Al respecto la Corte Suprema de Justicia, en Auto de única instancia del 19 de noviembre de 2002, enunció como requisitos de su procedencia los siguientes:
Que contra una misma persona se hayan proferido sentencias
condenatorias en diferentes procesos y las mismas estén ejecutoriadas. “b) Que las penas a acumular sean de igual naturaleza. “c) Que los delitos no se hayan cometido con posterioridad al proferimiento de sentencia de primera o única instancia en cualquiera de los procesos. “d) Que las penas no hayan sido impuestas por razón de delitos cometidos por la persona cuando se encontraba privada de la libertad. Y, “e) Que las penas no estén ejecutadas y no se encuentren suspendidas”.
La necesidad de que las sentencias estén ejecutoriadas encuentra asidero jurídico, por el principio de la seguridad jurídica, pues antes de estas ejecutorias las decisiones pueden ser removidas por la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios. cada una de ellas. CORTE SUPREMA
CASACIÓN PENAL . Sentencia del 24 de abril de 1997. M. P. Fernando E. Arboleda
Ripoll. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL . Auto Única instancia Rad. 7.026 de noviembre 19 de 2002. M. P. Yesid Ramírez Bastidas. 21
Por igual, la identidad que se exige respecto de las naturalezas de las penas a acumular, tiene sentido en que resultarían incompatibles y por tanto no acumulables, sanciones privativas de la libertad y sanciones económicas por ejemplo. En este punto vale destacar que este requisito explica la improcedencia de la acumulación de penas alternativas que se impongan conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 975 de 2005, con penas principales, pues como se motivará en el aparte pertinente, sus disímiles naturalezas se derivan de las respuestas que comportan a políticas criminales distintas y por tanto, exigen diferentes requisitos y se ejecutan de manera igualmente diferente. El tercer y cuarto requisito, tienen justificación en las finalidades de la pena, “pues con ella se pretende impedir que personas condenadas puedan seguir
delinquiendo al amparo de un benévolo tratamiento punitivo que excluiría la 22
ejecución sucesiva de las condenas” . Por último, tiene justificación el hecho de que no haya lugar a que se acumulen penas cuando estas estén ejecutadas o se encuentran suspendidas, máxime que de un lado no tendría razón de ser, acumular una pena ejecutada o cumplida y de otro lado, sería gravoso para el condenado acumularle una pena que le ha merecido el reconocimiento de uno de los beneficios consagrados legalmente, pues ello implicaría su eventual revocatoria. Se concluye por tanto que el principal efecto de la acumulación jurídica de penas, es excluir la ejecución sucesiva de las penas privativas de la libertad y con ello lograr la limitación de la punibilidad de varias condenas En materia de Justicia y Paz, el legislador previó este mecanismo, y para ello lo consagró en el artículo 20 de la Ley 975 de 2005 estableciéndose que:
“ARTÍCULO 20. ACUMULACIÓN
PENAS. ……..
Cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL . Sentencia del 24 de abril de 1997. Op. cit.
armado organizado al margen de la ley, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre acumulación jurídica de penas.” (Subrayas fuera de texto). Como puede verse, con la anterior disposición se hace una expresa remisión a los contenidos que sobre esta materia fueron desarrollados en el Código 23
Penal . Por su parte en el artículo 10 del Decreto 3391 de 2006, que reglamentó la Ley 975 de 2005, se hizo una exposición más amplia y precisa acerca de las condiciones necesarias para que se de aplicación a la acumulación jurídica de penas dentro de los procesos de justicia y paz, indicándose que:
“ARTÍCULO 10. ACUMULACIÓN
JURÍDICA DE PENAS PARA EFECTOS DE LA FIJACIÓN DE LA PENA ORDINARIA,
CUYA EJECUCIÓN ES REEMPLAZADA POR LA PENA ALTERNATIVA.
El desmovilizado que haya sido
previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley, podrá ser beneficiario de la pena alternativa de que trata la Ley 975 de 2005 si cumple con los requisitos correspondientes para su concesión. Habiéndose acogido el desmovilizado a la Ley 975 de 2005, de existir condenas previas en los términos del inciso 2° del artículo 20 de la misma, para la fijación de la pena ordinaria en la sentencia que profiera la Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre acumulación jurídica de penas, de forma que aquellas se acumularán jurídicamente a la nueva condena que se llegare a imponer. Una vez efectuada dicha acumulación jurídica, en la sentencia condenatoria la Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial establecerá la pena ordinaria (pena principal y accesorias) y fijará la pena alternativa si se cumplen los requisitos establecidos por esta, y señalará los demás aspectos de que trata el artículo 24 de la mencionada ley. La pena ordinaria resultante de la acumulación jurídica, se suspenderá en su ejecución reemplazándola por la pena alternativa. Si transcurrido el tiempo de la pena alternativa y el período de prueba, el sentenciado ha cumplido a cabalidad con las obligaciones CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, LEY 600 DE 2000. Artículo 470. Acumulación jurídica. Las normas que regulan la dosificación de la pena, en caso de concurso de conductas punibles, se aplicarán también cuando los delitos conexos se hubieren fallado independientemente. Igualmente, cuando se hubieren proferido varias sentencias en diferentes procesos. En estos casos la pena impuesta en la primera decisión se tendrá como parte de la sanción a imponer. 23
establecidas en la Ley 975 de 2005, la pena inicialmente determinada en la sentencia como resultado de la acumulación jurídica se declarará extinguida. En caso contrario, se revocará y el sentenciado deberá cumplir la pena acumulada, inicialmente determinada en la sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la citada ley.” (Subrayas fuera de texto original) Debe reiterarse que la competencia para resolver respecto de la acumulación jurídica de penas, entre las que se considere una sanción privativa de la libertad impuesta en sede de Justicia y Paz debidamente ejecutoriada, radica en los Magistrados con funciones de conocimiento, quienes fungen en estos eventos 24
como Jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad , bien sea por petición de parte o de oficio, de acuerdo con lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 27 de octubre de 2004, en la que señaló:
“Si la acumulación de penas es un derecho del condenado, sobre lo cual la Sala no tiene ninguna duda en consideración a que su procedencia no está sujeta a la discrecionalidad del Juez de Penas, su aplicación también procede de oficio, simplemente porque la ley contiene un mandato para el funcionario judicial de acumular las penas acumulables, que no supedita a la mediación de petición de parte. “Si eso es así, entonces cuando una pena se ejecutaba y era viable acumularla a otra u otras, pero no se resolvió oportunamente así porque nadie lo solicitó o porque no se hizo uso del principio de oficiosidad judicial, son circunstancias que no pueden significar la pérdida del derecho y, por lo tanto, en dicha hipótesis es procedente la acumulación de la pena ejecutada.”
(Subrayas
fuera de texto original) En término de las motivaciones precedentes, teniendo en cuenta que la ausencia de ejecución de las penas privativas de las libertad que fueron impuestas respecto de los procesados mediante sentencias de noviembre dos (2) y veinte (20) de dos mil siete (2007), así como de la sanción impuesta por esta Sala en sentencia del 1º de diciembre de 2011 muestran procedente su DECRETO 4760 DE 2005. Artículo 8. Inciso 7.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. Proceso No. 7026.Octubre27de2004. M. P. Yesid Ramírez Bastidas.
acumulación, a ello se procede de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 470 de la Ley 600 de 2000 y 31 de la Ley 599 de 2000. En ese sentido en lo que tiene que ver con los postulados, la actuación procesal informa que respecto de los mismos se encuentran vigentes y formalmente ejecutoriadas dos sentencias condenatorias. Las primeras, resueltas por el Juzgado penal del circuito especializado el 2 y 20 de noviembre de 2007, la segunda proferida por esta Sala de decisión el 1º de diciembre de 2011. En ambas decisiones como se observa se impuso en contra de estos postulados una pena privativa de la libertad de 40 años de prisión. A la luz del artículo 20 de la Ley 795 de 2005 y 10º del Decreto 3391 de 2006, en el caso de JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERA, WILMER MORELO CASTRO y JOSÉ RUBÉN PEÑA TOBÓN, hay lugar a efectuar la acumulación jurídica de penas, pues tales normas así lo permiten, máxime que la obligación que imponen para la procedencia, es que las condenas que existan, sean por hechos cometidos durante y con ocasión a la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, situación que claramente se presenta aquí, pues MORELO CASTRO ingresó el 29 de octubre de 2001, HERNÁNDEZ CALDERAS el 5 de diciembre de 2001 y PEÑA TOBÓN el 12 de enero de 2003; y los hechos por los que han sido condenados en la jurisdicción ordinaria, como quedo expuesto, son todos acaecidos con ocasión de esa pertenencia. Así las cosas, resulta evidente que se encuentran reunidos todos y cada uno de los presupuestos necesarios para que la Sala resuelva la acumulación jurídica de las penas impuestas, por lo que se dosificará la sanción teniendo en cuenta los parámetros indicados por la ley para el efecto. Tales parámetros son los previstos en el artículo 31 del Estatuto Punitivo que regula lo relativo a la punibilidad en caso de concurso de hechos punibles y por los cuales se faculta al juez para imponer como sanción la que establezca la pena más grave - aumentada hasta en otro tanto - siempre y cuando su monto no supere la suma aritmética de las sanciones impuestas en los fallos.
Por tanto, resulta imperioso partir de la pena impuesta más grave; empero, para el evento materia de estudio, los tres postulados, en la jurisdicción ordinaria fueron condenados a 480 meses de prisión por parte del Juzgado Único Penal Especializado de Descongestión del Distrito Judicial de Arauca, igual que en esta jurisdicción, en la cual se les condenó al mismo número de meses, es decir, 40 años de prisión como pena principal, pena que no podrá ser objeto de incremento, máxime que el mismo artículo
31 de Código Penal en su inciso
2º, dispone que “En ningún caso la pena privativa de la libertad podrá exceder
de cuarenta (40) años”. En conclusión, si bien se procederá a la acumulación jurídica de penas, lo cierto es que la pena a imponer no será superior a 40 años, por la expresa prohibición antes transcrita. Por ende, para JOSÉ RUBÉN PEÑA TOBÓN, lo procedentes es acumular la pena impuesta por los punibles de Concierto para delinquir, Desaparición forzada y Homicidio de los que resultaron víctimas Julio Roberto Blanco, Nayib Altamar, Juan Evangelista Pérez y Teobaldo, Edwin, Jaider y Edinson Martínez. La Desaparición forzada de Pedro Manuel Camacho, el Secuestro de Jessica Juliana Blanco, la Tortura de Julio Roberto Blanco y los Hurtos calificados de los que fueron víctimas Diego Javier Díaz Carvajal y Julio Roberto Blanco, dentro de la sentencia proferida por el Juzgado Único Penal Especializado de Descongestión del Distrito Judicial de Arauca, bajo el radicado No. 2004-057(092-2006), a la impuesta por esta Sala de decisión, por los delitos de Concierto para delinquir agravado, Acceso carnal violento en persona protegida, Entrenamiento para actividades ilícitas agravado, Homicidio en persona protegida, Tortura en persona protegida, Desaparición forzada, Secuestro simple, Destrucción y apropiación de bienes protegidos, Disparo de arma de fuego contra vehículo y Deportación, expulsión o traslado de población civil, bajo el radicado No. 200883194, para finalmente imponer como pena total acumulada 40 AÑOS DE PRISIÓN. Por su parte, para WILMER MORELO CASTRO y JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERAS, lo procedente es acumular la pena impuesta por los punibles de Sin la modificación del artículo 1º de la Ley 890 de 2004.
Concierto para delinquir, Desaparición forzada y Homicidio de los que resultaron víctimas Julio Roberto Blanco, Nayib Altamar, Juan Evangelista Pérez y Teobaldo, Edwin, Jaider y Edinson Martínez. La Desaparición forzada de Pedro Manuel Camacho, el Secuestro de Jessica Juliana Blanco, la Tortura de Julio Roberto Blanco y los Hurtos calificados de los que fueron víctimas Diego Javier Díaz Carvajal y Julio Roberto Blanco, dentro de la sentencia impuesta por el Juzgado Único Penal Especializado de Descongestión del Distrito Judicial de Arauca, bajo el radicado No. 2004-057, a la impuesta por esta Sala de decisión, por los delitos de Concierto para delinquir agravado, Homicidio en persona protegida, Tortura en persona protegida, Desaparición forzada, Secuestro simple agravado, Destrucción y apropiación de bienes protegidos, Hurto calificado y agravado, y Deportación, expulsión o traslado de población civil, bajo el radicado No. 2007-83070, para finalmente imponer como pena total acumulada 40 AÑOS DE PRISIÓN. Ahora bien, respecto a la pena principal de multa, los tres postulados, en la jurisdicción ordinaria fueron condenados a dos mil doscientos cuarenta (2240) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en esta jurisdicción la Sala de Conocimiento condenó a los tres postulados a la pena principal de multa de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes; sin embargo, para efectuar la acumulación debe indicarse que la pena de multa que fue impuesta por esta Sala de decisión correspondiente a 50.000 SMLMV, no podrá ser objeto de incremento alguno, máxime que el artículo 39 del Código Penal en su numeral 1º, dispone que: “Clase de multa. La multa puede aparecer como acompañante de la pena de
prisión, y en tal caso, cada tipo penal consagrará su monto, que nunca será superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” (Negrilla fuera de texto original) Por tanto, en expresa aplicación de la norma antes transcrita, para el caso de JOSÉ RUBÉN PEÑA TOBÓN se procede a acumular la pena de multa impuesta por el Juzgado Único Penal Especializado de Descongestión del Distrito Judicial de Arauca, a la impuesta por esta Sala de decisión, con las precisiones antes
Fiscalía 22 Unidad Nacional de Justicia y Paz de Bogotá.
hechas, para finalmente imponer como pena de multa total acumulada cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el caso de WILMER MORELO CASTRO y JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERAS, lo procedente es acumular la pena de multa, impuesta en la jurisdicción ordinaria bajo el radicado No. 2004-057, a la impuesta por esta Sala de decisión, para finalmente imponer como pena de multa total acumulada cincuenta mil (50.000)salarios mínimos legales mensuales vigentes. Una vez en firme esta determinación por Secretaría de la Sala se dispondrá que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que tiene a cargo la vigilancia de la ejecución de las penas impuestas en la jurisdicción ordinaria, remitan ante esta sede los correspondientes procesos para el control pertinente; y se comunicará lo resuelto al juzgado fallador y a las autoridades a quienes se les hubieren informado las condenas, con miras a que se actualicen los datos de los condenados en los registros respectivos. De acuerdo con la secuencia argumentativa que viene Sala
lo que corresponde en relación con las diferencias entre el proceso
ordinario y el transicional rituado por Ley 975 de 2005 de 2005, así como las diferencias que se marcan entre las penas principales y la alternatividad penal que consagra el artículo 29 de la Ley 975 de 2005, así como el estudio del reconocimiento de la aplicación favorable retroactiva de este último instituto, como fue pedido por el defensor de PEÑA TOBÓN y HERNÁNDEZ CALDERA.
Los señalados modelos de justicia ordinaria y transicional guardan diferencias sustanciales y formales, en atención a los principios y finalidades que guían uno y otro. Inclusive, algunas fórmulas jurídicas se presentaron como nuevas en el sistema jurídico colombiano con el objeto de dar por satisfechos los derechos de las víctimas del conflicto armado y buscar la consecución de la paz nacional, como es el caso de la “pena alternativa”.
Referente a la naturaleza
del proceso rituado por Ley 975 de 2005, se
establece en su artículo 1º que su “Objeto” se propone “ facilitar los procesos
de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación…” Por su parte, el artículo 2º de del Decreto 3391 de 2006 que reglamentó la Ley 975 de 2005, precisó sobre el tema que “La Ley 975 de 2005 consagra una
política criminal especial de justicia restaurativa para la transición hacia el logro de una paz sostenible, mediante la cual se posibilita la desmovilización y reinserción de los grupos armados organizados al margen de la ley, el cese de la violencia ocasionada por los mismos y de sus actividades ilícitas, la no repetición de los hechos y la recuperación de la institucionalidad del Estado de Derecho, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Para tal efecto, el procedimiento integrado establecido en esta ley
incluye un proceso judicial efectivo de investigación, juzgamiento, sanción y otorgamiento de beneficios penales a los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley, dentro del cual las víctimas tienen la oportunidad de hacer valer sus derechos, a conocer la verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos punibles y a obtener reparación del daño sufrido.” Referente a los objetivos de la Justicia ordinaria, la Corte Constitucional ha sido reiterativa en declarar que “Uno de los presupuesto esenciales de todo Estado,
y en especial del Estado social de derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de ella, se protegen y se hacen efectivos los derechos, las libertades y las garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y los deberes que le asisten a la administración y a los asociados. Se trata del compromiso general en alcanzar la convivencia social y pacífica, de mantener la concordia nacional y de asegurar la integridad de un 27
orden político, económico y social justo” . Lo anterior permite asegurar diferencias sustanciales y procesales entre la Legislación penal ordinaria y el modelo de justicia restaurativa y transicional Corte Constitucional, sentencia de febrero 5 de 1996.
que se referencia por la Ley 975 de 2005 llamada Ley de Justicia y Paz, que como se observa, persigue unos fines especiales y extraordinarios que difieren de los propósitos de la Ley penal ordinaria
En ese sentido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Auto del 9 de febrero de 2009, proferido dentro del radicado 30955, precisó: “...las situaciones previstas en una y otra reglamentación son diferentes por lo
que no debe entenderse que la Ley 975 incorpora un proceso de partes, sino que describe los lineamientos generales de un proceso concebido al interior de una justicia de transición y por lo tanto con diferencias sustanciales con los cometidos del proceso penal ordinario.” “Que la legislación penal ordinaria tiene unos destinatarios distintos a los de la normatividad que busca la reconciliación y la conquista de la paz, es evidente: mientras que aquélla está dirigida a los ciudadanos del común que eventualmente pudieran ser, en el futuro, responsables de una conducta delictiva, la normatividad transicional está dirigida a personas que hacen parte de grupos organizados al margen de la ley, que se dedicaron en el pasado a sembrar el terror y a quienes el Estado busca ahora atraer
institucionalidad.” “También en términos de expectativas podemos decir que el marco de la regulación ordinaria es distinto al de la legislación que persigue la consolidación de la paz: mientras que el proceso penal ordinario asegura garantías al justiciable, el previsto en la Ley 975 de 2005 le ofrece a los desmovilizados sometidos voluntariamente a ella, significativas ventajas punitivas, que de otra manera serían imposibles de alcanzar.” “Además, en lo referente a los derechos de que son titulares cada uno de los dos procesados en los distintos ordenamientos, también encontramos particularidades propias de la especialidad de cada ley: mientras que el de la justicia ordinaria tiene derecho a exigir que se le investigue dentro de un plazo razonable, amparado entre otros, por el derecho a la no autoincriminación, el desmovilizado somete su poder al del Estado (entregándole sus armas y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL . Auto de diciembre 19 de 2009. Rad.30955.
cesando todo accionar violento), y renunciando a la garantía constitucional contenida en el artículo 33 superior, confiesa voluntariamente sus crímenes, ofrece toda la información suficiente para que se constate su confesión, y espera a cambio de dicha actitud las ventajosas consecuencias punitivas que consagra la ley a cuyo favor se acoge.” “Por eso la actitud en uno y otro caso también es diferente: mientras que el procesado por la justicia y con la legislación ordinaria está enfrentado con el Estado, en términos de combativa exigencia, producto del ejercicio pleno de sus garantías procesales, el justiciable desmovilizado se encuentra sometido, doblegado voluntariamente ante el Estado en busca de la indulgencia ofrecida por la alternatividad penal prevista en la Ley.” “También la pena, en uno y otro caso tiene objetivos diferentes: mientras que en la legislación ordinaria el anuncio general de la pena tiene una función preventiva, frente a la legislación de Justicia y Paz el anuncio de una pena tan benigna busca efectos seductores, si se quiere, de invitación a la reconciliación sin mayor retribución, a la otra oportunidad, al ejercicio de la alternativa por una vida alejada de la violencia, a la restauración de las heridas causadas con su accionar delincuencial, a la transición hacia una paz sostenible, posibilitando la desmovilización armada y la reinserción a la vida civil de los integrantes de aquellos grupos violentos.” “Y lo más importante, el protagonista en uno y otro escenario procesal es también diferente: mientras que la modernidad construyó el proceso penal para rodear de garantías y derechos al procesado, la legislación de Justicia y Paz colocó como eje central de su accionar a la víctima, para quien hay que reconstruir la verdad de todo lo acontecido, de lo que hasta ahora solo ha percibido el dolor de la muerte, el desplazamiento, la violencia sexual y la desesperanza producida por la soledad en la que la abandonó el Estado;
cuya reivindicación hay que aplicar justicia como aporte a su duelo; y para quien hay que garantizar la reparación con todos sus componentes”. De lo anterior resulta evidente que son los mismos propósitos del legislador los que sin dubitaciones informan las estructurales diferencias entre una y otra jurisdicción. Diferencias radicales en cuanto a que se informa que
que el proceso penal ordinario tiene como destinatarios a ciudadanos del común que puedan ser responsables de la comisión de conductas punibles, la Ley de Justicia y Paz cobija de manera exclusiva a miembros de grupos armados organizados ilegales, que han decidido desmovilizarse, para contribuir con la paz y la reconciliación nacional a través de un proceso que procura, a más de satisfacer postulados de verdad, justicia y reparación a las víctimas, la resocialización del desmovilizado. Desde otra óptica, el proceso penal ordinario asegura al procesado las garantías constitucionales a las que como sujeto de la ley penal impuesta por el Estado tiene derecho, mientras que en el modelo de justicia restaurativa y transicional que impone la Ley 975 de 2005, el destinatario, desmovilizado sometido de manera voluntaria a tal legislación, tiene la expectativa de ser acreedor de una sanción alterna a la principal, condicionada al cumplimiento de una obligaciones exigidas por dicha normatividad. En cuanto a los derechos de los procesados en ambas legislaciones, lo que se observa es que en la ley penal ordinaria gozan de la garantía de la no autoincriminación
prevista por el
artículo 33 de la Carta Política; en
contraposición, bajo los parámetros de la Ley 975 de 2005 el procesado renuncia a esa garantía en cuanto a que se obliga a la confesión completa, veraz, libre y espontánea de los hechos en los que hubiera participado y de los que tuviera conocimiento. En cuanto a la finalidad de las penas, surgen también importantes diferencias entre ambas legislaciones, que si bien no se refieren a las
principales, si en
lo que respeta a la alternativa de su menor ejecución y que se consagra por el artículo 29 de la Ley 975 de 2005 bajo la denominación de Pena alternativa. En la legislación penal ordinaria, la pena
cumple, sin lugar a dudas, una
función preventiva (L.906/04, art. 296) en la medida en que siempre será proporcional a la gravedad del delito cometido. En la pena alternativa que se consagra por el artículo 29 de la Ley 975 de 2005, se explica su notable desproporción a partir de su propósito de seducir a los integrantes de los grupos armados ilegales para la contribución al logro de
intereses superiores como la paz y la reconciliación nacional, al punto que en Sentencia C-370 de 2006, sobre este aspecto precisó la Corte Constitucional:
“(…) la necesidad de celebrar acuerdos políticos de reconciliación con amplios grupos sociales exige cierta flexibilidad a la hora de aplicar los principios que dominan el ejercicio de la función judicial. Se aceptan con ciertas restricciones amnistías, indultos, rebajas de penas o mecanismos de administración judicial más rápidos que los ordinarios, que propicien el pronto abandono de las armas o de los atropellos, como mecanismos que facilitan la recuperación de la armonía social”.
“La comunidad internacional ha reconocido esta realidad, admitiendo una
forma especial de administración de justicia para estas situaciones de tránsito a la paz, a la que ha llamado “justicia transicional” o “justicia de transición”, pero no ha cedido en su exigencia de que las violaciones a los derechos fundamentales sean investigadas, enjuiciadas y reparadas, y los autores de las mismas contribuyan a identificar la verdad de los delitos cometidos y reciban algún tipo de sanción.” (Subrayas fuera de texto) A mas de lo anterior, los presupuestos sobre los que se estructura la citada Ley 975 de 2005 Verdad, Justicia y Reparación- recaen en beneficio directo de las víctimas, que se constituyen precisó la
en esta legislación su eje central, tal como se
Sala de Casación penal en la providencia que vienen citada al
considerar que: “La corte quiere reiterar que el protagonista del procedimiento previsto en la
Ley 975 de 2005 es la víctima, será la destinataria de la verdad que se encuentre a partir de las confesiones de los desmovilizados, de suerte que esa es tal vez una de las tareas más importantes para mitigar su sufrimiento: la reivindicación de su intimidad personal y familiar, la recuperación de la vergüenza y la dignidad arrebatadas por la impotencia que provoca el silencio y la desventaja humillante”. También desde la perspectiva de la ejecución de la pena principal y de la alternatividad de su cumplimiento menor, se infieren notables diferencias; 29
Fundamento 4.2.2.
puede verse que en el marco del proceso penal ordinario se han instaurado algunas formas de ejecución de la pena que pasan desde la vigilancia electrónica mediante dispositivo hasta la reclusión en centro carcelario o penitenciario. El procesado que cumpla ciertos requisitos puede solicitar cambios de medida de ejecución así como la suspensión de la misma, como en el caso de la libertad condicional (L.906/04, art. 471) la que procede en el momento en que se demuestre efectivamente al Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad sus esfuerzos por buscar la resocialización (L.906/04, art. 472), la cancelación de determinada caución o de la multa impuesta (L.906/04, art. 461 y art. 476) o la reparación de los daños ocasionados con el delito (L.906/04, art. 474). En el proceso penal transicional diseñado por la Ley 975 de 2005, para el postulado procesado
no se establecen ni reportan beneficios adicionales
concurrentes con la alternativa de reducción de la pena principal que establece el artículo 29; a mas de condicionarse su reconocimiento al cumplimiento de los fines de este especial proceso tal y como lo referencia el mismo artículo 29,
el postulado debe cumplir esta pena alternativa de manera material y
efectiva, sin que apliquen en ningún caso subrogados penales, rebajas complementarias o beneficios adicionales. De las reflexiones antes expuestas se concluyen las disímiles naturalezas de la pena principal, para con la alternatividad de su menor ejecución que se establece por el artículo 29 de la ya citada Ley 975 de 2005. Importa además precisar que si bien el Legislador omitió consignar el tiempo desde el cuál iniciaría el cumplimiento de la pena alternativa, corresponde al operador de justicia en cada caso hacer una interpretación sistemática de las normas y de las circunstancias fácticas a la luz de los principios orientadores para alcanzar tal precisión. En la sentencia ya citada del 27 de abril de 2007, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al estudiar este vacío, aceptó la aplicación del artículo 11 del Decreto 3391 de 2006 a efectos de perfilar el marco cronológico de ejecución de la pena alternativa en los casos
en los que de forma voluntaria los desmovilizados que se hallaban en libertad, buscaron acogerse a los procedimientos de Justicia y Paz. La normatividad en cita establece sobre el punto que:
“Artículo 11. Acumulación de procesos. “(…)”. “Parágrafo. Los miembros desmovilizados del grupo armado organizado al margen de la ley, que voluntariamente se pongan a disposición de las autoridades en virtud de su acogimiento a la Ley 975 de 2.005, podrán ser ubicados en los establecimientos de reclusión de justicia y paz administrados y definidos por el INPEC y en los previstos por el parágrafo 2 del artículo 21 de la Ley 65 de 1.993, mientras se adelantan los procesos judiciales pertinentes de que trata la citada ley. El tiempo de privación de la libertad cumplido en estos establecimientos de reclusión, previo a que el magistrado de control de garantías profiera la respectiva medida de aseguramiento de conformidad con la Ley 975 de 2.005, se imputará al cumplimiento de la pena alternativa que corresponda”. De lo anterior se concluye que la ejecución de la
pena alternativa se inicia
desde el momento mismo en que el desmovilizado hasta entonces en libertad, es recluido a disposición de las autoridades de Justicia y Paz y en establecimientos bajo la competencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC. Como
puede verse, que el postulado esté a disposición de Justicia y Paz
asuma las correlativas obligaciones para con las víctimas, la
sociedad y el Estado en materia de verdad, justicia y reparación integral, so pena de perder la menor ejecución alternativa de la pena principal. Es a partir de entonces que se entiende que el postulado cumple una pena material y efectiva en el marco de la Ley 975 de 2005, circunstancia que no aplica en los eventos en los que el postulado se encontraba privado legalmente de su libertad desde antes de la vigencia de la Ley 975 de 2005, cuando decidió desmovilizarse, es decir, por que para ese momento se encontraba detenido en cumplimiento de medida de aseguramiento o de pena impuesta
por la justicia ordinaria y por cuanto además no estaba vigente este especial instituto. Conforme a estas reflexiones, una vez se tenga por cumplido este tiempo y se hayan acatado todas las obligaciones legales o sentenciadas, el postulado condenado entrará en un periodo de libertad a prueba por una duración de la mitad del tiempo impuesto como pena alternativa (L.975/05, art. 29). Durante dicho interregno, el postulado tendrá, además de la obligación de no incurrir dolosamente en la comisión de delitos, la obligación de informar sobre su cambio de residencia y presentarse de forma periódica ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial. Finalizado este periodo a prueba sin inconvenientes, el postulado condenado se verá beneficiado de la extinción de la pena principal, lo que implica de suyo, la extinción de las penas que hayan sido impuestas en otras instancias de decisión judiciales y que se hayan acumulado. Debe destacarse que la alternatividad opera únicamente para la pena privativa de la libertad. De este modo, la extinción de la pena principal de la que habla el artículo 29 de la normatividad de Justicia y Paz no aplica para la pena pecuniaria de multa. Con ocasión de este tema la Corte Suprema de Justicia afirmó que: “(…) integrar la multa a la pena alternativa implicaría ni más ni menos que conceder un indulto, pues de esa manera el postulado quedaría exonerado de cumplir una de las sanciones contempladas en la legislación penal, lo cual no está en armonía con la normativa consagrada en la Ley de Justicia y Paz que no consagró ese tipo de beneficios sino exclusivamente un tratamiento más benigno en punto de la pena privativa de la libertad, (…). “En esas condiciones, cuando el inciso quinto del artículo 29 de la Ley de Justicia y Paz impone declarar extinguida “la pena principal” una vez cumplidas las obligaciones que dieron lugar a la pena alternativa y superado el período de prueba, ha de entenderse que la norma alude exclusivamente a la sanción privativa de la libertad, lo cual se confirma en cuanto la referencia se hace en forma singular.”
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia. Rad. 34547 de 2011, Op.cit.
Finalmente, la Sala debe destacar la novedad de esta figura de la alternatividad en el sistema jurídico colombiano. La pena alternativa es formulada en el marco de una política criminal transicional que busca la reintegración de
miembros de grupos armados para que decidan declinar sus armas y cumplir ciertas obligaciones en respuesta a los graves crímenes cometidos mientras militaban en un grupo armado y organizado al margen de la ley. No encuentra esta Sede de decisión una figura similar que se haya aplicado en la historia constitucional del país y que, así mismo, sea contentiva de las tensiones por buscar la paz nacional y brindar una mínima retribución punitiva. La aplicación de esta alternativa de ejecución menor, mal puede ser aplicada retroactivamente por favorabilidad como se motivará, pues su naturaleza no es asimilable ni se identifica con la de ningún otro instituto penal; por ello, necesariamente debe entenderse que sus efectos sólo pueden rastrearse desde el día 25 de julio de 2005, fecha en la que entra en vigencia la Ley 975 de 2005 al ordenamiento jurídico nacional. Motivado que no existe correspondencia alguna entre las naturalezas inherentes a las penas ordinarias o principales y la alternativa de su menor ejecución que estipula el artículo 29 de la Ley 975 de 2005, se aborda por la Sala la resolución de la aplicación retroactiva favorable que se demanda de este último instituto y como consecuencia de ello, el eventual reconocimiento de la Libertad a prueba de que trata el artículo 29 de la Ley 975 de 2005.
La solicitud de libertad gravita esencialmente en la procedencia de la libertad a prueba por la cabal ejecución de la pena alternativa reconocida a favor de los postulados en la sentencia condenatoria del 1º de diciembre de 2011,
entenderse que como se hallan detenidos desde el 20 de marzo de 2003, se ha superado en exceso los
ocho (8) años de prisión en los que fuera tasada e
La legislación internacional sobre derechos humanos ratificada por Colombia en incorporada a su legislación interna
por la vía del bloque de
constitucionalidad que consagra el artículo 93 de la Constitución nacional, comprende el principio de favorabilidad en materia penal. De la misma forma la Constitución, de manera expresa, impone este postulado como norma del debido proceso en el artículo 29, en acatamiento de lo cual se ha incorporado en la legislación penal ordinaria, sustantiva y procesal. En ese sentido debe señalarse que el principio de favorabilidad irradia todo el derecho penal, entendido este no solo como el conjunto de normas sustanciales penales, sino las normas penales procedimentales y las referidas a la ejecución 31
de la pena, no obstante que
anteriormente , se entendió que este principio
solo era aplicable en las normas penales de carácter sustancial; sin embargo, en análisis de dicho principio, la Sala de Casación Penal en sentencia del 19 de julio del 2005, bajo el radicación No. 23910 se encargo de precisar que:
“Consiguientemente,
jurisprudencia nacional, la aplicación del principio de favorabilidad no puede estar limitada sólo a supuestos en los que la nueva norma penal descriminaliza la conducta típica o disminuye el quantum de su pena, sino también, cuando la nueva ley (ley penal material, procesal o de ejecución) beneficie al procesado, en el ámbito de su esfera de libertad; siendo comprensiva de tal ámbito, entre otras, las medidas cautelares personales y los parámetros de prescripción de la acción penal. Por lo tanto, el baremo o medida de valoración para la determinación de la aplicación retroactiva de la ley penal favorable no está en que el precepto invocado forme parte del derecho penal material, sino en que el mismo afecte esferas de libertad del individuo, por lo que es frecuente encontrar en los códigos de procedimiento penal normas de indiscutible naturaleza sustantiva. Del análisis que precede se extraen las siguientes conclusiones: Ley 153 de 1887. Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezara regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. 31
La prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal se extiende a las normas de contenido sustantivo que se encuentren en leyes tanto materiales como procesales y de ejecución. Una norma tendrá carácter sustantivo, cuando afecte las esferas de libertad del imputado o condenado, entendiéndose a la libertad aquí aludida, como la facultad de autodeterminarse que tienen los hombres, sin sujeción a una fuerza o coacción proveniente del exterior, en este caso, del sistema penal. Conforme a ello, aquellas normas contenidas en leyes penales que afecten, restrinjan o limiten los derechos fundamentales de las personas, tendrán carácter sustantivo. Ahora bien, los principios de favorabilidad y retroactividad benigna de las normas penales y en particular de las penas, han sido positivizados como expresión de la tutela de los derechos básicos y fundamentales de las personas en los Estados que se reclaman democráticos de derecho, por lo que además hallan sustento en algunos tratados internacionales de protección a los derechos humanos”. (Subrayas fuera del texto original) En las anotadas condiciones, en el caso de estudio es evidente que al tratarse de la libertad de los postulados condenados por presunto cumplimiento de la pena alternativa, el tema tiene innegables efectos de carácter sustancial. Se tienen como presupuestos del principio de favorabilidad: “1) La sucesión de
dos o más leyes en el tiempo; 2) la regulación de un mismo supuesto de hecho, pero que conlleva a consecuencias jurídicas distintas; y, 3), la permisibilidad de una disposición respecto de la otra”.
De acuerdo con lo motivado respecto de las disimiles naturalezas del procesos ordinario y del transicional y restaurativo que consagra la Ley 975 de 2005, así como de las estructurales diferencias entre la pena principal y el instituto de la alternatividad penal, es claro que no se trata de la sucesión de leyes como tal. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. M. P. Augusto J. Ibáñez Guzmán. Sentencia del 8 de abril de 2008. Radicado No. 25306. 32
Las anteriores condiciones lo que indican es, que nos hallamos en presencia de la coexistencia de dos sistemas jurídicos sustancialmente distintos, uno ordinario
y otro transicional , con vigencia simultánea pero con teleologías
diferentes. Sin embargo, para la Sala también es claro que no siempre la disparidad de sistemas jurídicos hace inaplicable el principio de favorabilidad, si se tiene en cuenta que la reiterada jurisprudencia de la
Justicia y de la Corte Constitucional, le ha reconocido aplicación en sistemas jurídicos distintos, como es caso del sistema inquisitivo
y sistema acusatorio
que aun coexisten en el país, y frente a los cuales se aplicó dicho principio respecto de las instituciones de la sentencia anticipada y el allanamiento a cargos, por considerarse que se trataba de idénticos institutos. Ahora bien, respecto del segundo de los presupuestos, esto es, la regulación de un mismo supuesto de hecho, pero que conlleva a consecuencias jurídicas distintas, la Sala debe manifestar que es inviable, la aplicación del principio de favorabilidad alegado por los apoderados de los postulados, toda vez que lo pretendido es que en aplicación de ese principio de favorabilidad se tenga en cuenta para la ejecución de la pena alternativa, el periodo que efectivamente los postulados han estado privados de la libertad desde el mes de marzo de 2003. La improcedencia de este reconocimiento se deriva ante todo, de que al ser la pena alternativa un mecanismo de ejecución condicionada de la pena principal, que responde a propósitos
distintos propios de un modelo de justicia
diferente, es evidente que se trata
de un novedoso instituto
expuso en precedencia, ninguna similitud guarda con la pena principal, en cuanto a que además resulta connatural e inherente a este modelo de justicia transicional que empezó a regir con la vigencia de la Ley 975 de 2005.
Ley 599 de 2000; Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004.
Conviene advertir que en este sentido es distinta la naturaleza de cada una de las figuras antes mencionadas (penas principales y alternativas), pues cada una de ellas
hace parte de estructuras procesales cuya filosofía y alcance
difieren en lo estructural. Por ello, al no corresponderse esta figura con las penas ordinarias, resulta improcedente su aplicación retroactiva favorable en cuanto a que se insiste, las sanciones ordinarias y la alternativa no regulan idénticos supuestos de hecho. De otro lado, debe señalarse, que es tal su especificidad, que el mismo artículo 29 de la Ley 975 de 2005, prevé que en ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa, situación que no se presenta con las penas de prisión impuestas en la jurisdicción
ordinaria, que son objeto de beneficios, rebajas o subrogados
penales, lo que el legislador expresamente prohibió para la efectos de la ejecución de la pena alternativa aquí impuesta. Pretender que se tenga como tiempo a descontar de la pena alternativa, el periodo que los postulados estuvieron privados de la libertad, antes de la entrada en vigencia la Ley 975 de 2005 sería tanto como reconocer beneficios adicionales, en tanto a que bien puede surgir la eventualidad de que sobre la pena principal impuesta y acumulada ya se hubieran reconocido rebajas por trabajo y /o estudio, en términos del régimen penitenciario y carcelario. Se reitera entonces que la aplicación favorable sólo opera frente a instituciones jurídicas similares, y en el caso bajo estudio no hay lugar a predicar la aproximación o una efectiva correspondencia entre las penas principales y el instituto de la alternatividad penal, que como se dijo comporta por su naturaleza, teleología unos efectos incompatibles.
Por lo anterior, la Sala concluye que la ejecución de la pena alternativa solo podrá contabilizarse en el presente caso a partir de la vigencia de la citada Ley 975 de 2005, esto es, desde el 25 de julio de esa misma anualidad. 37
Salvo lo contemplado por el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 – Ley de Infancia y Adolescencia.
Hechos los cálculos que corresponden, lo que se observa es que a partir de la fecha antes mencionada, los postulados no han padecido en detención preventiva el término impuesto en ocho (8) años como pena alternativa y por lo que se despachará negativamente las peticiones liberatorias que se resuelven. Finalmente, la Sala quiere invitar a los Postulados condenados a continuar de manera proactiva con el cumplimiento de las medidas que le fueron impuestas en el marco de su primera sentencia dentro del proceso de Justicia y Paz.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
PRIMERO: ACUMULAR jurídicamente las penas de prisión y multa que en contra de los
condenados se impusieron en las sentencias de fechas
noviembre 2 y 20 de 2007 y 1º de diciembre de 2011. En virtud de la acumulación resuelta se dispone: SEGUNDO: CONDENAR a JOSÉ RUBÉN PEÑA TOBÓN, conocido con los alias de “Lucho” y “El Sargento”, e identificado con cédula de ciudadanía número 13’485.776, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Cúcuta (Norte de Santander), a la pena principal de cuarenta (40) años de prisión y multa de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, luego de haber sido hallado responsable como autor de los delitos de que dan cuenta las sentencias de noviembre 20 de 2007 y de diciembre 1º de 2011 que vienen referenciadas en esta decisión. TERCERO: CONDENAR a WILMER MORELO CASTRO, conocido con el alias de “Boqui”, e identificado con la cédula de ciudadanía número 15’619.044,
expedida en Manaure (Guajira) y a JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERAS, conocido con el alias de “Platino”, e identificado con la cédula de ciudadanía número 10’931.088, expedida en Montería (Córdoba),, a la pena principal de cuarenta (40) años de prisión y multa de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, luego de haber sido hallados responsables de los delitos de que dan cuenta las sentencias de noviembre 2 de 2007 y de diciembre 1º de 2011 que vienen referenciadas en esta decisión. CUARTO: Conforme a lo motivado
NO CONCEDER a favor de JOSÉ RUBÉN
PEÑA TOBÓN, JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERAS y WILMER MORELO CASTRO, de generales de ley conocidas en este proceso, la libertad a prueba de que trata el artículo 29 de la Ley 975 de 2005. QUINTO: Se dispone que por Secretaria de la Sala, se notifique de la primera audiencia de seguimiento y control de medidas, para el próximo veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012), a partir de las nueve (9:00 a. m.) de la mañana, para lo cual serán convocadas todas las entidades en el presente auto señaladas, así como los apoderados de víctimas y sus representados, los apoderados de los postulados condenados y éstos últimos. SEXTO: De conformidad con lo consagrado en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, el cual establece que “Salvo la sentencia, la reposición procede para
todas las decisiones y se sustenta y se resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia”,
y que “La apelación procede contra los autos que
resuelven asuntos de fondo, adoptados durante el desarrollo de las audiencias...", contra de la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación en subsidio. SÉPTIMO: Conforme a lo reglado por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 que modificó el artículo 178 de la ley 906 de 2004, el recurso de apelación contra autos
se interpondrá, sustentará y se correrá traslado a los no
impugnantes en la respectiva audiencia. De ser debidamente sustentado se concederá de inmediato en el efecto suspensivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 975 de 2005.
LÉSTER MARÍA GONZÁLEZ ROMERO Magistrada
ULDI TERESA JIMÉNEZ LÓPEZ Magistrada
EDUARDO CASTELLANOS ROSO Magistrado (Aclara voto)
Respuesta Magistratura Justicia y Paz - Peticion de Libertad
Respuesta de los Magistrados de Justicia y Paz, a la solicitud de Libertad de los postulados alias Lucho, Boki, Platino; desmovilizados del...