Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v1834-10-04-08-2010-1390721
Timestamp: 2017-10-22 00:47:10
Document Index: 15762782

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 93', 'artículo 5', 'artículo 111', 'artículo 115', 'artículo 113', 'Artículo 113', 'artículo 111', 'artículo 107', 'artículo 106', 'artículo 105', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 27', 'artículo 111', 'artículo 164', 'artículo 9', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 161', 'artículo 193', 'artículo 187']

Resolución Vinculante de DGT, V1834-10, 04-08-2010 | Iberley
Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1834-10 de 04 de Agosto de 2010
Órden: Administrativo Fecha: 24/06/2015 Tribunal: Tsj Aragon Ponente: Garcia Mata, Fernando Num. Sentencia: 421/2015 Num. Recurso: 304/2013
Sentencia Administrativo Nº 1956/2016, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 1877/2010, 08-07-2016
Órden: Administrativo Fecha: 08/07/2016 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Santandreu Montero, José Antonio Num. Sentencia: 1956/2016 Num. Recurso: 1877/2010
Sentencia Administrativo Nº 561/2016, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 807/2014, 10-05-2016
Órden: Administrativo Fecha: 10/05/2016 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Ornosa Fernandez, Maria Rosario Num. Sentencia: 561/2016 Num. Recurso: 807/2014
Sentencia Administrativo Nº 306/2011, TSJ La Rioja, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 154/2010, 12-07-2011
Órden: Administrativo Fecha: 12/07/2011 Tribunal: Tsj La Rioja Ponente: Escanilla Pallas, Jesus Miguel Num. Sentencia: 306/2011 Num. Recurso: 154/2010
Sentencia Administrativo Nº 1204/2015, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 647/2012, 22-12-2015
Órden: Administrativo Fecha: 22/12/2015 Tribunal: Tsj Comunidad Valenciana Ponente: Lopez, Antonio Tomas Num. Sentencia: 1204/2015 Num. Recurso: 647/2012
Sólo pueden deducir el IVA los siguientes sujetos pasivos: Los que tengan la condición de empresarios o profesionales, cuando hayan iniciado la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus activida...
Órden: Fiscal Fecha última revisión: 14/04/2016
Órden: Fiscal Fecha última revisión: 01/09/2017
Requisitos deducciones (IVA)
Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas por las operaciones gravadas que realicen en el interior del país las que, devengadas en el mismo territorio, hayan soportado por repercusión directa ...
Operaciones no sujetas (IVA)
El Art. 7 ,LIVA enumera las operaciones que no se encuentran sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). No estarán sujetas al impuesto, en virtud de lo dispuesto en el Art. 7 ,LIVA, las siguientes operaciones: 1- La transmisión de un con...
Solicitud de autorización para realizar importaciones destinadas a personas con minusvalía, con exención en el IVA
NOTA: Estarán exentas del impuesto las importaciones de bienes especialmente concebidos para la educación, el empleo o la promoción social de las personas físicas o mentalmente disminuidas, efectuadas por instituciones u organismos debidamente au...
Resolución Vinculante de DGT, V1835-10, 04-08-2010
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 04/08/2010
Núm. Resolución: V1835-10
Resolución Vinculante de DGT, V0229-15, 21-01-2015
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 21/01/2015
Resolución Vinculante de DGT, V2817-14, 20-10-2014
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 20/10/2014
Núm. Resolución: V2817-14
Resolución Vinculante de DGT, V2437-08, 18-12-2008
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 18/12/2008
Núm. Resolución: V2437-08
Resolución Vinculante de DGT, V0592-09, 25-03-2009
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 25/03/2009
Núm. Resolución: V0592-09
Fecha: 04 de Agosto de 2010
Núm. Resolución: V1834-10
Ley 37/1992 arts. 4, 5, 93, 99, 100, 111, 112 y 113
Procedencia de la deducibilidad de la cuota soportada por la compra del local, plazo de tiempo que debe transcurrir a tales efectos para que dicha deducibilidad no se pierda y, caso de regularizar las deducciones practicadas, régimen de recargos aplicable.
La consultante, persona física, adquirió en el año 2005 un local comercial para destinarlo al alquiler, procediendo a darse de alta en el censo de empresarios y profesionales y a cumplir con todos los requisitos que manda la normativa tributaria. En la actualidad sigue presentado las declaraciones trimestrales de dicho Impuesto. Por motivos ajenos a la consultante el local no ha podido ser arrendado hasta la fecha.
1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (Boletín Oficial del Estado del 29), estarán sujetas al citado tributo las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.
Por su parte, el artículo 5, apartado uno, letra c) de la citada Ley declara que, a efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes.
En este sentido, el apartado dos del mismo precepto considera actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Asimismo, se establece que, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, "las actividades empresariales o profesionales se considerarán iniciadas desde el momento en que se realice la adquisición de bienes o servicios con la intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos al desarrollo de tales actividades, incluso en los casos a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado anterior. Quienes realicen tales adquisiciones tendrán desde dicho momento la condición de empresarios o profesionales a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido."
De acuerdo con todo lo anterior, el consultante tendrá la consideración de empresario a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y, por tanto, de sujeto pasivo de dicho Impuesto, desde el momento de adquirir los bienes, (local comercial) a que se hace referencia en el escrito de consulta con la finalidad de destinarlos al ejercicio de una actividad empresarial.
2.-En otro orden de cosas, el artículo 93 de la Ley 37/1992 regula los requisitos subjetivos para la deducción y establece en su apartado uno lo siguiente:
"Podrán hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del Impuesto que tengan la condición de empresarios o profesionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley y hayan iniciado la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio de la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales podrán deducirse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 111, 112 y 113 de esta Ley.".
El mismo artículo señala en su apartado cuatro:
"No podrán ser objeto de deducción, en ninguna medida ni cuantía, las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios efectuadas sin la intención de utilizarlos en la realización de actividades empresariales o profesionales, aunque ulteriormente dichos bienes o servicios se afecten total o parcialmente a las citadas actividades."
El artículo 111, apartados uno, dos y tres, de la Ley 37/1992 prevé lo siguiente:
"Uno. Quienes no viniesen desarrollando con anterioridad actividades empresariales o profesionales y adquieran la condición de empresario o profesional por efectuar adquisiciones o importaciones de bienes o servicios con la intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos a la realización de actividades de tal naturaleza, podrán deducir las cuotas que, con ocasión de dichas operaciones, soporten o satisfagan antes del momento en que inicien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a dichas actividades, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo y en los artículos 112 y 113 siguientes.
Tres. Los empresarios o profesionales podrán solicitar la devolución de las cuotas que sean deducibles en virtud de lo establecido en el presente artículo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 115 de esta Ley.".
3.- Por su parte, el artículo 113.Uno de la Ley 37/1992 dispone lo siguiente:
"Artículo 113.- Regularización de las cuotas correspondientes a bienes de inversión soportadas con anterioridad al inicio de la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales.
Uno. Las deducciones provisionales a que se refiere el artículo 111 de esta Ley correspondientes a cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de bienes de inversión, una vez regularizadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, deberán ser objeto de la regularización prevista en el artículo 107 de esta misma Ley durante los años del período de regularización que queden por transcurrir".
4.- La justificación por parte de la consultante de su intención de destinar los bienes o servicios adquiridos al desarrollo de una actividad empresarial, debe señalarse que se trata una cuestión de hecho que deberá acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, por lo que deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en materia de prueba en la sección 2ª del capítulo II del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En particular, habrá que estar a lo señalado en su artículo 106.1, el cual establece que "en los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa" y en el artículo 105.uno, que en relación con la carga de la prueba establece que "en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo".
A los efectos de una correcta interpretación de los referidos preceptos, respecto de la intención de destinar los bienes o servicios adquiridos al desarrollo de una actividad empresarial, como del plazo razonable para la utilización efectiva de los mismos, ha de hacerse referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de marzo de 2000, asuntos110/98 y 111/98 a 147/98 (acumulados), sentencia Gabalfrisa, en la que se manifiesta lo siguiente:
"46. El artículo 4 de la Sexta Directiva no impide, sin embargo, que la Administración Tributaria exija que la intención declarada de iniciar actividades económicas que den lugar a operaciones sujetas a impuesto se vea confirmada por elementos objetivos. En este contexto, es importante subrayar que la condición de sujeto pasivo sólo se adquiere definitivamente si la declaración de la intención de iniciar las actividades económicas previstas ha sido hecha de buena fe por el interesado. En las situaciones de abuso o de fraude en las que, por ejemplo, este último ha fingido querer ejercer una actividad económica concreta, pero en realidad ha pretendido incorporar a su patrimonio privado bienes que pueden ser objeto de deducción, la Administración Tributaria puede solicitar, con efecto retroactivo, la devolución de las cantidades deducidas, puesto que tales deducciones se concedieron basándose en declaraciones falsas (sentencias Rompelman, apartado 24, e INZO, apartados 23 y 24, antes citadas).
47. De ello se deduce que quien tiene la intención, confirmada por elementos objetivos, de iniciar con carácter independiente una actividad económica en el sentido del artículo 4 de la Sexta Directiva y realiza los primeros gastos de inversión al efecto debe ser considerado sujeto pasivo. Al actuar como tal, tendrá derecho, conforme a los artículos 17 y siguientes de la Sexta Directiva, a deducir de inmediato el IVA devengado o ingresado por los gastos de inversión efectuados para las necesidades de las operaciones que pretende realizar y que conlleven derecho a deducción, sin necesidad de esperar al inicio de la explotación efectiva de su empresa.
53.Pues bien, resulta obligado reconocer que la normativa nacional que se discute en el litigio principal no sólo condiciona el ejercicio del derecho a la deducción del IVA soportado por un sujeto pasivo antes del inicio de la realización habitual de las operaciones gravadas a la presentación de una solicitud expresa y al respeto de un plazo de un año entre dicha solicitud y el inicio efectivo de las operaciones gravadas, sino que sanciona igualmente el incumplimiento de dichos requisitos con un retraso sistemático del ejercicio del derecho a deducir hasta el momento del inicio efectivo de la realización habitual de las operaciones gravadas. Dicha normativa puede incluso dar lugar a la pérdida de este derecho, si tales operaciones no se inician o si el derecho a deducir no se ejercita en un plazo de cinco años a partir del nacimiento del derecho.
54. Por consiguiente, tal normativa va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos de asegurar la exacta percepción del impuesto y evitar el fraude.
55. Procede, por tanto, responder a la cuestión prejudicial que el artículo 17 de la Sexta Directiva se opone a una normativa nacional que condiciona el ejercicio del derecho a la deducción del IVA soportado por un sujeto pasivo con anterioridad al inicio de la realización habitual de las operaciones gravadas al cumplimiento de determinados requisitos, tales como la presentación de una solicitud expresa al efecto antes de que el impuesto sea exigible y el respeto del plazo de un año entre dicha presentación y el inicio efectivo de las operaciones gravadas, y que sanciona el incumplimiento de dichos requisitos con la pérdida del derecho a la deducción o con el retraso del ejercicio del derecho hasta el inicio efectivo de la realización habitual de las operaciones gravadas."
En este sentido, el artículo 27 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE del 31), que desarrolla el artículo 111 de la Ley 37/1992, dispone lo siguiente:
"1. Quienes no viniesen desarrollando con anterioridad actividades empresariales o profesionales, y efectúen adquisiciones o importaciones de bienes o servicios con la intención de destinarlos a la realización de tales actividades, deberán poder acreditar los elementos objetivos que confirmen que, en el momento en que efectuaron dichas adquisiciones o importaciones, tenían esa intención, pudiendo serles exigida tal acreditación por la Administración tributaria.
2. La acreditación a la que se refiere el apartado anterior podrá ser efectuada por cualesquiera de los medios de prueba admitidos en derecho.
a) La presentación de la declaración de carácter censal en la que debe comunicarse a la Administración el comienzo de actividades empresariales o profesionales por el hecho de efectuar la adquisición o importación de bienes o servicios con la intención de destinarlos a la realización de tales actividades, a que se refieren el número 1º del apartado uno del artículo 164 de la Ley del Impuesto y el apartado 1 del artículo 9º del Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, por el que se regulan las declaraciones censales que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios.
bÂ) La llevanza en debida forma de las obligaciones contables exigidas en el Título IX de este Reglamento, y en concreto, del Libro Registro de facturas recibidas y, en su caso, del Libro Registro de bienes de inversión.
4. Lo señalado en los apartados anteriores de este artículo será igualmente aplicable a quienes, teniendo ya la condición de empresario o profesional por venir realizando actividades de tal naturaleza, inicien una nueva actividad empresarial o profesional que constituya un sector diferenciado respecto de las actividades que venían desarrollando con anterioridad.".
En cuanto a la valoración de las pruebas, hay que señalar que en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio general de valoración libre y conjunta de todas las pruebas aportadas, quedando descartado como principio general el sistema de prueba legal o tasada.
En consecuencia con todo lo anterior, este Centro Directivo no puede especificar cuales son los medios más idóneos para acreditar la intención de los consultantes de destinar los bienes y servicios adquiridos al ejercicio de una actividad empresarial. Serán los interesados quienes habrán de presentar, en cada caso, los medios de prueba que, conforme a derecho, sirvan para justificar tal intención, los cuales serán valorados por la Administración Tributaria.
5.- En consecuencia con lo expuesto, esta Dirección General le comunica lo siguiente:
1º) La consultante adquirió la condición de empresario o profesional cuando compró el local comercial en el año 2005 siempre que tuviera la intención de destinarlo al arrendamiento.
2º) Siempre que concurran el resto de requisitos para el ejercicio del derecho a la deducción de las correspondientes cuotas soportadas, dicho derecho no se perderá cuando por causas ajenas al empresario o profesional no sea posible la aplicación de los bienes y derechos adquiridos al ejercicio de su actividad empresarial o profesional.
3º) Concurriendo los requisitos señalados en los apartados anteriores de esta contestación, y en estas circunstancias, el Impuesto soportado en la compra del local en el año 2005 será deducible, y en el caso consultado no debe ser reembolsado el importe devuelto por la Administración tributaria en el año 2006, sin perjuicio de las regularizaciones que procedan conforme a lo dispuesto en los artículos 107,110 y 113 de la Ley 37/1992.
R>6.- En el supuesto de que la intencionalidad en la compra del local no quedara acreditada, se plantea cuáles son los recargos y las sanciones, en su caso, aplicables a la conducta manifestada por el consultante.
Para la contestación a las anteriores cuestiones hay que distinguir a su vez dos situaciones según la regularización se realice por el consultante voluntariamente o bien, la regularización sea efectuada a instancias de la Administración tributaria.
1. Regularización del consultante.
En primer lugar, es necesario realizar una precisión, y es que se considera que la regularización que efectúa el consultante es sin requerimiento previo por parte de la Administración tributaria,
El artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (BOE de 18 de diciembre), en adelante LGT, establece que:
El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en este apartado se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando no se hayan realizado los ingresos a que se refiere el párrafo anterior en los plazos previstos incluidos los correspondientes al acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento.".
A la vista de lo anterior, se aplicaría el recargo que proceda según el artículo 27.2 de la LGT en función del periodo de tiempo trascurrido desde el final del término establecido para la presentación e ingreso de la autoliquidación hasta el momento de presentación de la autoliquidación, sin que proceda la imposición de sanciones que hubieran podido exigirse en su caso.
2. Regularización por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
2.1. Recargos.
En principio, para el caso de regularización (liquidación) efectuada por la Administración tributaria la norma no prevé la imposición de ningún recargo.
No obstante lo anterior, en el caso de inicio del periodo ejecutivo respecto de la liquidación practicada por la Administración tributaria sí se podría devengar, en su caso, alguno de los recargos del periodo ejecutivo a los cuales se refiere el artículo 28 de la LGT.
Así, el artículo 28 de la LGT establece que:
"1. Los recargos del período ejecutivo se devengan con el inicio de dicho período, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 de esta ley.
5. El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora. Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.".
2.2. Sanción.
El consultante manifiesta que hasta el día de la consulta no ha arrendado el bien inmueble, en cuyo caso, tampoco se han devengado cuotas y, por lo tanto, tampoco se han generado cuotas a ingresar por el IVA.
Conforme a lo anterior, en el caso de que los hechos constatados se considerasen constitutivos de infracción por la Administración tributaria, sin perjuicio de otras infracciones que en su caso se pudieran verificar, podría resultar de aplicación, eventualmente, lo dispuesto en el artículo 193 de la LGT que señala que:
"1.Constituye infracción tributaria obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
La sanción por infracción muy grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 al 150 por 100 y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de estaLey.".
Pérdida del derecho a deducción