Source: https://es.scribd.com/document/134198593/ANALISIS-DE-LOS-PRINCIPIOS-DEL-DERECHO-PENAL-docx
Timestamp: 2017-09-20 06:04:59
Document Index: 68851874

Matched Legal Cases: ['In dubio', 'artículo 26', 'artículo15', 'artículo 19', 'artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 136', 'artículo 137', 'artículo 41', 'artículo 1', 'artículo 810', 'artículo 29', 'artículo 50', 'artículo 809', 'artículo 18', 'artículo 393', 'artículo 409', 'artículo 19', 'artículo 382', 'artículo 410', 'de lege lata', 'de lege ferenda', 'de LEGE LATA', 'Artículo 49', 'Artículo 16', 'artículo 24', 'Artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 493', 'artículo 508', 'artículo 2', 'artículo 507', 'artículo 3', 'Artículo 507', 'artículo 508', 'Artículo 507', 'artículo 509', 'Artículo 509', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'artículo 508', 'Artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 508', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 507', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 137', 'artículo 259', 'Artículo 19', 'artículo 507', 'Artículo 272', 'Artículo 272', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 507', 'Artículo 482', 'artículo 507', 'artículo 26', 'artículo 272', 'artículo 482', 'Artículo 23']

Cargado por Tania Jimenez
El análisis del fundamento del derecho a castigar del Estado, para que sirve y él por qué de su existencia, ha tenido a través de siglos explicación distinta en las diferentes escuelas, donde exponentes como: Beccaría, Carrara, Howard, Baratta, Zaffaroni, y Luigi Ferrajoli; en sus obras destacan el fundamento filosófico, axiológico, del derecho a castigar, los valores fundamentales del moderno Estado de Derecho. Actualmente se ha retomado la discusión de reformar el Código penal, se ha propiciado un ambiente de discusión en todas las esferas de la sociedad Venezolana. Se espera que desde la academia, se plantee la discusión de un proyecto de reforma al Código Penal, donde deberían participar todas las organizaciones e instituciones públicas, privadas y inclusive donde la comunidad participe en un sistema abierto, que puedan discutir, disentir, y buscar el consenso para la reforma de Código penal, que lleve el esfuerzo de todos los actores que hacen vida en la sociedad en general, para plantearles al poder legislativo, un proyecto de Código Penal, basado en la consulta y participación de todos los actores de la sociedad Venezolana, que tiene interés en conocer y aportar, en la reforma al Código Penal, que tiene como fin la pena, es decir, la privación judicial de la libertad de persona como sanción al delito, y no otra forma de sanción. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL. Los principios que deben regir el derecho penal deben estar en unas normas rectoras, que sean reconocidas como principios rectores de nuestra legislación penal, por su fundamental sentido del derecho penal, el cual debe esta guiado por normas rectoras y donde se encuentra preceptos orientados en la legalidad, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, que poseen el doble carácter de principios del derecho penal venezolano y elementos del concepto general e institucional de delito. Según el estudio de la teoría del delito, en Venezuela, se comienza con los principios rectores y solos puede moverse dentro de ellos. Los principios establecidos en la Constitución de 1999, por primera vez, los derechos humanos no solo son reconocidos sino llamados a garantizarlo, y donde el Estado se responsabiliza como garante para hacer cumplir su plena vigencia, y sancionar al responsable de delitos contra los derechos humanos, estableciendo la imprescriptibilidad de las referidas acciones penales derivadas de esta clase de delito, que son reconocidos en la referida constitución más los establecidos en los tratados internacionales, que tienen como base mínima la justicia social y seguridad jurídica tanto formal y material para la legitimación de un Estado Social de Derecho. Los principios del derecho penal, actualmente se encuentran en la Constitución con incidencias en el derecho penal, en este sentido la doctrina Constitucional y la ciencia del derecho, establece que la constitución, es el instrumento legal fundamental del ordenamiento Jurídico, el cual debe contener en su articulado un marco para la organización política y la estructura del Estado. Así la inclusión de preceptos o normas constitucionales con relevancia en el derecho penal se debe a que el Estado tiene que garantizar al ciudadano, por una parte, su libertad y otros bienes jurídicos frente al ius puniendi estatal y a los eventuales excesos o extralimitaciones, que son evitados a través de ese marco constitucional es decir, la auto limitación de la potestad punitiva; y por otra parte, se ha de garantizar la efectiva concreción o aplicación de la misma y de la precitada potestad puniendi o potestad punitiva estatal, para proteger ciertos intereses frente a intereses ilícitos y para que el ciudadano no tenga que recurrir a hacerse justicia por si mismo contra el delincuente, lo que es contraproducente e inadecuado conduciendo esta práctica únicamente a una especie de guerra civil, dejándose de tal manera la función de administrar justicia penal al Estado, lo que supone una mayor efectividad, y mejor organización.
En este sentido, existen disposiciones constitucionales con incidencia en el ámbito jurídico penal que son las siguientes: 1) Protección de los Derechos Humanos (Art.19). 2) Protección de los derechos inherentes a la persona (Art. 22). 3) Irretroactividad de la Ley (Art. 24), 4) Principio del In dubio Pro-reo (Art. 24). 5) Actos nulos y responsabilidad de los funcionarios (Art. 25). 6) Amparo y Procedimiento de Corpus (Art. 27). 7) Violaciones a los Derechos Humanos (Art. 29). 8) Indemnizaciones y Protección de Victimas (Art. 30). 9) Derecho a la vida (Art. 43). 10) Derecho a la Libertad Personal (Art. 44). 11) Desaparición Forzada de Personas (Art 45) 12) Derecho a la integridad física psíquica y moral (Art 46) 13) Inviolabilidad del Hogar y del recinto privado (Art. 47). 14) Secreto e inviolabilidad de las Comunicaciones (Art. 48). 15) Derecho al Debido Proceso (Art. 49). 16) No-imposición a la Pena de Extrañamiento (Art. 50). 17) Prohibición de esclavitud o servidumbre (Art. 54). 18) Derecho a la seguridad de la ciudadanía (Art. 55). 19) Libertad de Conciencia (Art. 61). 20) Prohibición de Extradición de nacionales (Art. 69). 21) Ilícitos económicos (Art. 114). 22) Confiscación de Bienes (Art. 116). 23) Delitos Imprescriptibles (Art. 271). 24) Sistemas y Establecimientos Penitenciarios (Art. 272). 25) Funciones del Ministerio Público (Art. 285). 26) Estados de Excepción (Art. 337). En un sistema penal deben gobernar principios, que sean la fuente y fundamento de aquello para que sirva de guía en el conocimiento de la dogmática penal, es decir, en la interpretación del derecho penal. Desde el punto de vista de la filosofía, se habla, de los "principios morales", de principios del ser (principios ontológicos) que son en realidad las causas y de principios del conocimiento (principios gnoseológicos) que son las máximas fundamentaciones del pensamiento explicativo o deductivo. Las ciencias por tanto explican todos y cada uno de los conocimientos de cada ciencia particular, pero se encuentran fuera de esta y no pueden ser explicados por ella, cada ciencia, y los principios que los contienen son, gnoseológicos prestados o tomados de otras
disciplinas, que poseen, por tanto, una mayor implicación en el conocimiento que debe ser expresados en fórmulas muy generales y clara para su entendimiento. Los principios, son el mejor punto de partida, de ninguna manera representan un punto de llegada o estado terminal del conocimiento, derivar conocimiento, los principios deben ser desarrollados y concretados, de tal modo que el conocimiento que se quede en ellos no-pasa de la generalidad. En el campo jurídico, esto significa que han de ser puestos en relación de sentido y armonía con las normas a que se refieren y a las que inspiran. El principio que no se aplica no solo no sirve para nada, sino que en verdad no es principio de nada, es por ello que los principios jurídicos penales, se funda en todo conocimiento y toda norma jurídico penal y de los que, en consecuencia, no se puede separarse de la práctica o del ejercicio del derecho penal. Según Fernando Carrasquilla (1989) señala que "El derecho penal se reconocerse como un mal necesario, y la pena como una amarga necesidad social, que presupone, por tanto, el empleo de una amplia variedad de medidas sociales previas que contrarresten las causas criminógenas que incide en el entorno que le toca actuar". Estos principios rectores, por su máxima generalidad, son difíciles en el nuevo sistema penal venezolano, cuyo impacto está llamado a garantizar el acceso a la justicia, tal como lo señala el artículo 26 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, cuando determina que el acceso a la justicia social.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD: Como lo anotaremos más adelante, se exige que el delito se encuentre expresamente previsto en una ley formal, previa, descrito con contornos precisos, de manera de garantizar la seguridad del ciudadano, quien debe saber exactamente cual es la conducta prohibida y, asimismo, cuales son las consecuencias de la trasgresión o las penalidades que siguen a su conducta lesiva a los bienes protegidos por la norma penal. Este principio, entonces, como lo explicamos, va mucho más allá de la exigencia de una ley formal previa que establezca las conductas delictivas y sus penas, para exigir la certeza o precisión de la ley penal, lo cual supone la determinación de los tipos penales, la reducción al mínimo de su contenido de elementos genéricos, equívocos, o librados a la libre apreciación del juzgador. Ello, sin embargo, no significa renunciar a la posibilidad de fijar tipos penales que se resisten a las formulas tradicionales y que exigen la necesidad de fijar de complementación, como en el caso de las normas penales en blanco, cuyo funcionamiento, en todo caso, debe garantizar la exigencia de certeza del ciudadano ante la ley penal, de manera que conozca de forma precisa los contornos de ilicitud penal. Según Cabanella Guillermo (1976) define principio. "Como el primer instante del ser, de la existencia de la vida, razón, fundamento, origen". El máximo principio que consagra la legitimidad y legalidad del derecho penal es el aforismo del Nullum crimen, nula poena sine praevia lege. En este sentido el autor Fernando C. (1989). Señala que "el principio de legalidad de los delitos y de las penas es el supremo postulado político criminal del derecho penal moderno, su importancia se observa en los Derechos del hombre y el ciudadano de 1789". La doctrina ha ido dando al postulado una formulación más acabada y completa mientras que tradicionalmente se enunciaba como Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, hoy se agrega el rasgo esencial de la ley cierta, es decir, los llamados tipos cerrados o leyes claras y precisas de las primeras épocas y muchos incluyen igualmente las medidas de seguridad.
y en algunos casos. de los tipos indeterminados. por supuesto el recurso de la analogía en orden a la creación de delitos y penas o de cualquier forma de incriminación penalística. Costumbre. El principio de Nullum crimen. cuyo efecto es la prohibición de leyes penales imprecisas o vagas. Prohíbe las penas sin ley y sin ley previa escrita y estricta. los estudiosos y expertos en las materias deber tener suficientemente claro. así como. no el gobierno. un poder punitivo del Estado. así mismo. El principio de la legalidad. "lo ideal y correcto es que tal competencia privativa para señalar las conductas punibles y precisas las penas que les son aplicables. después de la realización del hecho. está dado. así por ejemplo. es el acto sancionado por la asamblea Nacional como cuerpo legislador. prohíbe por tanto declara ilícitas. con lo que se señala que solo el legislador. que tanta incertidumbre siembra. que consecuencialmente se traduce en interpretaciones que van en perjuicios del imputado. enunciado anteriormente. cuando se hace referencia a la vida humana.Fernando C. Por otra parte. En los últimos años. cuáles son esas imprecisiones en la ley penal. descrito con contornos precisos de manera de garantizar la seguridad del ciudadano. Según el autor. es decir. "a una garantía de liberad y seguridad para el ciudadano y del otro. de allí que solo. ofrece importantes rasgos. nulla poena. y en este sentido. ni los jueces pueden asumir esa tarea. Sin embargo la personalidad humana existe y produce sus efectos desde el mismo momento de la concepción. la cual es una competencia consagrada a la Asamblea Nacional a quien le corresponde legislar en las materias de la competencia nacional. lo que le da el carácter de principio de reserva. en todo caso. excluye. PRINCIPIO DE PERSONALIDAD Clasificación de los derechos de la personalidad El derecho de la personalidad se divide según Bonnecase en tres partes: Existencia e individualización de las personas físicas: en este punto están comprendidas dos ideas:  La existencia y la duración de la personalidad física: En materia doctrinaria este punto genera cierta dificultades. sine lege. cuáles son las consecuencias de la trasgresión o las penalidades que siguen a su conducta lesiva a los bienes protegidos por la norma penal. la creación de normas de carácter penal a la Asamblea Nacional. En el Principio de Legalidad. ilegítimas las penas de hecho impuestas por cualquier autoridad. y es precisamente uno de los cambios que debe orientar el proceso de transformación de nuestro Código penal. es necesario establecer la perentoriedad de la exigencia de que tanto los delitos como las penas estén determinados en la ley. retroactividad y analogía prohibidas son solo las que obran contra el reo. por medio de la democracia representativa y de los legisladores una cierta participación en tan delicada y trascendental materia. se exige que el delito se encuentre expresamente previsto en una Ley Formal. a cada uno de los cuales apunta. La ley. quien debe saber exactamente cuál es la conducta prohibida. y. (1989) ha inferido que este principio de legalidad. siguiendo la teoría de las substituciones permitidas y . pues esto da al pueblo. se consideran dos facetas: el nacimiento y la muerte. se refiera a la ley en sentido formal. el desarrollo de una norma de garantía cuyo único objeto es la protección de los derechos del individuo contra las arremetidas del poder punitivo estatal. las que pudieran dimanar de la costumbre y las que se pudieran aplicar por una integración analógica de la Ley. que ejercer por medio de legisladores y jueces. la formulación con la exigencia de una ley cierta. las penas retroactivas o sea las creadas ad hoc y. previo. en el derecho penal moderno. la formación de las leyes. por cuanto no en todos los casos hay coincidencia de la personalidad con la existencia real del hombre. esto es.
c) Existencia. basta que haya nacido vivo. como corresponde a la patria potestad. siguiendo la teoría de las substituciones permitidas y de la institución contractual. el domicilio. Enumeración y distinción de las instituciones que se basan de representación del incapaz. Que las asociaciones. la personalidad humana existe y produce sus efectos desde el mismo momento de la concepción. lo cual comprende el estudio de los organismos de representación y de asistencia que suplen la incapacidad de las personas físicas y el funcionamiento de los mismos.de la institución contractual. corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado. y cuyas diferencias y distinciones están determinadas por el nombre. todos los seres o cuerpos morales de carácter público.2. Los límites de la capacidad de ejercicio y lo referente a las causas de incapacidad. Los lineamientos de la organización de la capacidad de las personas físicas y de sus variaciones.1. El Código Civil Venezolano en su artículo15 establece que las personas son naturales o jurídicas. La representación del incapaz y su asistencia. como la curatela. Enumeración y distinción de las instituciones que se basan en la asistencia de los incapaces. de cualquier credo que sean. 3. capaces de obligaciones y derechos: 1. tutela. que logra que el incapaz franquee los límites de su incapacidad y puedan participar en la vida jurídica.. Con respecto a las personas jurídicas determinadas en el artículo 19 eiusdem se establece en el ordinal 3ro. El artículo 17 del código en comento. entre otros. 2. se puede decir que el Derecho Civil toma en cuenta la personalidad humana antes de la concepción de los seres que la tendrán. y en algunos casos. Son dos los puntos a resaltar:  b. ya sean causas físicas.. Las iglesias. reza que el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien. Las asociaciones. en general. lo cual comprende:       La noción de capacidad en sus dos formas: capacidad de goce y de ejercicio y sus relaciones con la noción de personalidad. El artículo 16 eiusdem determina que "todos los individuos de la especie humana son personas naturales". la aptitud para ser titular de derechos o deberes jurídicos. legales. fisiológicas. corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado ." Personalidad: Cualidad de ser persona. individualización y capacidad de las personas morales o jurídicas. Capacidad de las personas físicas. ya sea general o especial. y para que sea reputado como persona. Se afirma que el feto adquiere derechos desde el momento de su concepción. o sea. b. el estado de la persona y por las actas del estado civil. Y el artículo 19 eiusdem establece que "son personas jurídicas y por lo tanto. Persona: ente apto para ser titular de deberes o derechos jurídicos.. se puede decir que el Derecho Civiltoma en cuenta la personalidad humana antes de la concepción de los seres que la tendrán.  Individualización de las personas físicas: Comprende los signos que hacen distinción de una personalidad a otra. La extensión de las diversas especies de incapacidad. El estudio de los organismos destinados a suplir la incapacidad de las personas físicas. las universidades y. La Nación y las entidades políticas que la componen.
.. como lo afirman Ripert y Boulanger. el esclavo no tenía personalidad porque no poseía el status libertatis. el extranjero a los efectos del ius civiles tampoco tenía personalidad porque carecían del status civitatis. se puede abstraer que la personalidad no admite grados. En este sentido. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil. en el derecho romano no se consideraba a la personalidad y capacidad jurídica por el hecho de ser una persona humana. y no a su conciencia o a su voluntad. Capacidad Jurídica y Personalidad. y los alienijuris. En este orden de ideas.adquirirán la personalidad con la protocolización de su acta constitutiva en la Oficina Subalterna de Registro. por cuanto se tiene o no se tiene personalidad. la doctrina plantea distinciones por cuanto el contenido del concepto de persona es más amplio debido a que comprende también a quien puede llegar a tener un derecho o un deber. coincide como sinónimo de persona.      Distinción entre Sujeto de Derecho. es decir. Sujeto de Derecho: aquel que actualmente tiene un derecho o deber. Pero la capacidad jurídica si puede variar dependiendo de la persona. Por ejemplo. sin hacer referencia a ningún derecho o deber en concreto. Capacidad: es la medida de esa aptitud para ser titular de derechos o deberes jurídicos. que el sujeto de derecho se relaciona jurídicamente por ser titular de un derecho o deber pautado o regido por una norma jurídica. Sin embargo los autores coinciden en la idea de que si se toma la expresión sujeto de derecho en sentido abstracto. con las excepciones establecidas por disposiciones especiales". para integrar ambos la consecuencia jurídica.  En el derecho vigente se considera que todos los individuos de la especie humana tienen personalidad jurídica. Así por ejemplo. aunque actualmente no lo tenga. Estas excepciones están englobadas en las causales de incapacidad. carecían de personalidad porque no tenían el status familiae. . Sin embargo. que la personalidad del individuo está vinculada con la existencia de éste. Persona. Para Savigny la relación jurídica consiste en una vinculación entre dos o más personas que es determinada por una norma jurídica. que están sujetos a la potestad de otro. Concepto El sujeto de Derecho en la Relación Jurídica Para el desarrollo de este punto es necesario dejar claro qué es una relación jurídica. ésta se puede entender en dos sentidos: a) como la vinculación establecida por una norma jurídica entre la condición y la consecuencia. Es decir. el artículo 18 del Código Civil: "Es mayor de edad quien haya cumplido dieciocho (18) años. la idea de este autor es de vital importancia porque plantea las relaciones jurídicas entre sujetos de derechos. sino que dependía del estado o status. Sujeto de Derecho Aquel que actualmente tiene un derecho o deber. Para tales efectos. por lo que el conocimiento de la consecuencia imputa a la condición. y b) como la vinculación establecida por la norma jurídica entre el deber y la obligación de un sujeto y la facultad o derecho subjetivo de otro. Con respecto a la persona y sujeto de derecho.
si fuere el caso. sino que constituyen normas que son dictadas en protección de intereses humanos. No debe confundirse este hecho con las disposiciones protectoras de los animales y vegetales que existen en el derecho vigente. porque se considera que éstos buscan fines humanos. como por ejemplo. y luego le siguieron otros códigos como el Código Civil Portugués. la capacidad jurídica.   Determinación de las personas Caracteres de los derechos de la personalidad. legal o de goce. Son en principio indisponibles. por lo cual no son innatos. Tampoco puede considerarse que el derecho vigente imponga a los animales el cumplimiento de deberes civiles o penales. renunciados. pero no se pudo crear una doctrina coherente. Por otra parte. La doctrina ha clasificado a la capacidad en derecho distinguiendo entre la capacidad de ejercicio. Es importante destacar que el derecho vigente ha corregido las desviaciones antiguas y medioevales. al estado y a las sociedades mercantiles. porque esto ni significa la concesión de derechos a tales seres. Sin embargo. en el Código Civil Chileno de 1855. que consiste en la medida de la aptitud para producir plenos efectos jurídicos mediante actos de la propia voluntad. Sin embargo. como es el caso del derechos de autor sobre una obra intelectual. Por ejemplo: el derecho a la vida. existen ciertos derechos que presuponen la creación previa de una obra o la redacción de un escrito. Entre las diferentes características que se pueden mencionar se encuentran:  En principio constituyen derechos originarios e innatos. donde se mezclaron elementos del Derecho Romano. porque son oponibles a todos. integridad física. Esta doctrina nace elaborada y distinguida en la etapa Bizantina del Derecho Romano bajo Teodosio II. aun cuando los dueños de éstos puedan llegar a tener algún tipo de responsabilidad con motivo de hechos realizados por sus animales. motivo por el cual el Código de Napoleón no las regula. disfrute o de obrar. modificados. La reglamentación legislativa expresa de las personas jurídicas tuvo su origen en el siglo pasado. porque no pueden ser creados. es decir. lo que presupone la creación de dicha obra y la creación de un escrito podría originar también el derecho de confidencialidad de dichos escritos. que constituye la medida de la aptitud de ser titular de derechos o deberes. transmitidos ni extinguidos por la voluntad de una persona. pero los emperadores romanos concedieron honores a ciertos animales y los juristas medioevales a exigir responsabilidades penales. su desarrollo se dio en la etapa medioeval. las cuales reconocían personalidad jurídica a ciertos entes. Germánico y Canónico. sino en la medida que la ley lo autorice. Son extrapatrimoniales. que se adquieren al nacer. por ejemplo. lo que no quiere decir que un hecho que lesione un derecho de la personalidad y un derecho patrimonial.    . privacidad e intimidad.   Son derechos absolutos. el derecho vigente no reconoce a los animales personalidad. dando origen a una reparación en dinero. erga omnes. Capacidad. porque no son susceptibles de valoración económica.Adicionalmente el derecho vigente reconoce personalidad jurídica a entes diferentes de la especie humana.
La capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción: La incapacidad existe porque está establecida en un texto legal. porque no existen individuos de la especie humana que carezcan totalmente de capacidad de goce. Las normas que establecen incapacidades son de interpretación restrictiva. capacidad procesal. es importante mencionar que la ley establece una incapacidad civil para determinada clase de personas. que es la medida de la aptitud para la realización de negocios jurídicos válidos en nombre propio. legal o de goce. la incapacidad civil es la que establece la misma ley. la sucesión hereditaria. La Capacidad de goce no presupone la capacidad de obrar. como por ejemplo los enajenados no entredichos. que es la medida de esa aptitud para realizar actos procesales válidos.La capacidad de obrar se subdivide. Además. por lo que debe ser reconocida por la ley. Es en este sentido que la incapacidad de obrar se podría clasificar en incapacidad natural e incapacidad civil. Por otro lado. quienes no tienen incapacidad natural. Como lo afirma José Luis Aguilar Gorrondona.     Grados de la Capacidad: Capacidad Jurídica y Capacidad de Obrar. La capacidad de obrar presupone la capacidad de goce. La primera deriva de la propia naturaleza. a pesar de que la ley dicta normas generales. Por ejemplo. pero si existen incapacidades generales de obrar. entre otras. entre otras cosas. Las normas que rigen la capacidad jurídica y la capacidad de obrar son diferentes: No puede haber incapacidades generales de goce. porque una persona puede ser titular de derechos o deberes que pueden nacer no por voluntad propia. Esto no impide la aplicación de las leyes extranjeras relativas al estado y capacidad de las personas en los casos autorizados por el Derecho Internacional Privado". tanto la incapacidad civil como la natural coinciden. porque su nacimiento puede provenir de otra fuente. por ejemplo los condenados a presidio. como es el caso de la minoría de edad. con las excepciones establecidas o que se establezcan. Principios que rigen la Capacidad Una persona natural siempre tendrá capacidad jurídica. que se refiere a la medida de la aptitud para quedar obligado por haber cometido un hecho ilícito. Ámbito de la Capacidad          Para desarrollar este punto es necesario citar el artículo 9 del Código Civil: "Las leyes concernientes al estado y capacidad de las personas obligan a los venezolanos. Estas normas de la legislación . ciertas personas afectadas de incapacidad natural no están afectadas de incapacidad civil. en capacidad delictual o de imputación. Otro artículo que ayudaría a la comprensión de este punto sería el 26 del código antes citado: "Las personas extranjeras gozan en Venezuela de los mismos derechos civiles que los venezolanos. y la capacidad de ejercicio. aunque residan o tengan su domicilio en país extranjero". porque para tener capacidad de obrar es necesario que la persona sea titular de los derechos o deberes que ese acto está llamado a producir. Las personas afectadas por incapacidades de obrar son mucho más que el número de personas afectadas por incapacidades especiales de goce. Quien alega la incapacidad tiene la carga de probarla. como es el caso de la incapacidad del enajenado mental.
El requisito de la nacionalidad entre otras se requiere para ser Ministro o Ministra (art. Es importante destacar que las normas del estado y la capacidad de un extranjero se aplicarán en Venezuela siempre y cuando no se opongan a los preceptos constitucionales venezolanos.C. Y entre . 227). establece que "las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos. el cual es derecho positivo y vigente en nuestro país y al cual debe recurrirse cuando se presente un problema de Derecho Internacional Privado entre los países que han igualmente ratificado este convenio. donde se requiere ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad (art. Igualmente si un venezolano casado viaja a un país donde se permite contraer varias veces matrimonio.   Limitaciones a la Capacidad en el Derecho Venezolano. un extranjero que según su ley nacional adquiera la capacidad a los 25 años no puede ser admitido a obrar o contradecir en juicio. aunque en este país la capacidad procesal se adquiera a los 18 años". las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. en Venezuela. y luego traída a Venezuela y traducida por un traductor público. según las leyes que regulen su estado o capacidad". Al respecto el mencionado Código Internacional determina: "Art. un extranjero.venezolana concuerdan con los principios pautados al respecto en el Código de Bustamante de 1. si esa acta de matrimonio es pasada por el consulado venezolano en ese país.928. Pero como la capacidad de las personas la determina su estatuto personal o ley nacional. resulta que entonces se puede probar en Venezuela que esa persona está casada dos veces y sería según la ley venezolana bígamo. para ser elegidos como diputados de la Asamblea Nacional es necesario ser venezolano por nacimiento o por naturalización… (art. deberán ser representadas o asistidas. que según su ley nacional adquiera el libre ejercicio de sus derechos a los 17 años de edad. Es por estas razones que el estado y capacidad de las personas son arrastradas por la misma persona aunque no se encuentren en el país. no puede venir a Venezuela y contraer varias veces matrimonio. la sordomudez. El autor Rengel Romberg plantea un caso interesante que ayudará a ilustrar este punto: "El nuevo código regula la capacidad procesal de las partes en juicio en el artículo 136. y la bigamia es un delito. "Art.999. se determina por su ley nacional. del orden público y las buenas costumbres. según el cual "son capaces para obrar en juicio. Por ejemplo. y se casa nuevamente. salvo las restricciones establecidas para su ejercicio por este Código o por el derecho local". salvo las limitaciones establecidas en la ley". las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados. este requisito de la nacionalidad también es requerido para ejercer otras funciones públicas como para ser Presidente de la República. porque en este caso se violarían los preceptos constitucionales. aunque según la ley venezolana. prodigalidad y la interdicción civil son únicamente restricciones de la personalidad. por sí mismo. que permiten derechos y aún ciertas obligaciones". tiene capacidad procesal para obrar o contradecir en juicio en Venezuela. la demencia o imbecibilidad. Por tanto. 188). un extranjero cuya nacionalidad le permita contraer varios matrimonios al mismo tiempo. 27: La capacidad de las personas individuales se rige por su ley personal.P. Como lo establece nuestra Carta Magna de 1. el artículo 137 C. de lo que se sigue que la capacidad procesal de los extranjeros en Venezuela. la mayoría de edad se adquiere a los 18 años cumplidos. 30: Cada Estado aplica su propia legislación para declarar extinguida la personalidad civil por la muerte natural de las personas individuales y la desaparición o disolución oficial de las personas jurídicas. así como para decidir si la menor de edad. Y viceversa. 244). del orden público y las buenas costumbres.
Contralor o Contralora General de la República.227 C. por personas interpuestas o en representación de otro. energía y minas.C. se prohíbe a los funcionarios públicos celebrar contratos por sí. así lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional: "Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad. a menos que hayan sido rehabilitados en forma legal (art.C. Otro ejemplo sería el establecido en el artículo 1. finanzas. Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional. Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la Nación. para los todavía no concebidos para el momento de la apertura de la sucesión. Defensor o Defensora del Pueblo. salvo las excepciones que establezcan las leyes. cuando determina que son incapaces de suceder los indignos. y sin perjuicio de lo dispuesto en leyes y reglamentos especiales. Fiscal o Fiscala General de la República. Igualmente. entendido que la indignidad del padre. podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República.144. se crea limitación. Vicepresidente ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva. cuando reza que no se permite ni es válido el matrimonio contraído por una persona ligada por otro anterior.otros ejemplos se puede mencionar como requisito de la nacionalidad venezolana por nacimiento para ser Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (art. educación: Gobernadores y Gobernadora y Alcaldes y Alcaldesas de los Estados y Municipios Fronterizos y aquellos contemplados en la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional". Procurador General de la República. Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Municipios y demás personas jurídicas de derecho público.  En relación con la nacionalidad: En este caso. no perjudica a los hijos o a los descendientes para recibir la mencionada herencia (art. 813 C. En este sentido. 263) y Procurador General de la República(art. Es el caso de el artículo 810 del Código Civil. ni el de un ministro de cualquier culto a quien le sea prohibido el matrimonio por su respectiva religión.  En relación con el estado de la persona: Un ejemplo claro de estas limitaciones se encuentran plasmadas en el artículo 29 de la Ley de Carrera Administrativa. cuando el legislador establece que no tienen capacidad para adquirir bienes muebles los institutos de manos muertas. 249). los Estados. con la República. por ejemplo.).). de suceder.). Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. De manera que algunos cargos públicos están reservados a los venezolanos por nacimiento sin otra nacionalidad. . Un ejemplo sencillo sería el artículo 50 del Código Civil.  En razón de la función pública que ejerce: La capacidad jurídica se podría ver limitada por la perpetuación de hechos ilícitos.N. 811 C. para ser Presidente de la República se exige ser de estado seglar (art. cuando entre otras cosas. aquellos institutos que no pueden enajenar bienes inmuebles de acuerdo a las leyes y reglamentos de su constitución. el estado de una persona puede limitar la capacidad jurídica. declarándoles incapaces según el artículo 809 del Código Civil.   En razón de medidas punitivas: En razón de las características de la personas: Esta limitación se basa en las características que puede presentar la persona para el momento de ser titular de un derecho o deber. de la madre o de los ascendientes para recibir la herencia de una persona. es decir.
solamente lo están los menores no emancipados y los entredichos por defecto intelectual. entonces se dice que ya no es asistente. Son menores de edad los que no hayan cumplido 18 años de edad.  En determinadas ocasiones la incapacidad y los regímenes de incapacidad no bastan para la protección de una persona. en los cuales el incapaz conserva la iniciativa y voluntad de realización del negocio jurídico y no es sustituido. .  Minoridad La minoridad se refiere a la minoría o menoría de edad. sin embargo no todos los incapaces sometidos a régimen de representación están sometidos a dicha potestad. en los que el incapaz es sustituido por otra persona quien realiza el negocio jurídico. La minoría de edad presupone que el niño o niña no tienen una conciencia o voluntad suficiente para participar en actos jurídicos o comprometer su responsabilidad civil o penalmente. sino que para la validez de un acto se requiere la actuación conjunta del incapaz y de la persona que lo está protegiendo.   Restricciones a la capacidad de ejercicio en las personas naturales Restricciones Genéricas de carácter total Este tipo de restricciones se llaman genéricas de carácter total. Porque según el artículo 18 del Código Civil. es decir. es decir de la persona que lo asiste. la ley ha creado el sometimiento de determinadas personas naturales al gobierno y dirección de su persona por otra. además de la incapacidad y regímenes de incapacidad. Regímenes de Incapacidad Existen dos regímenes de incapaces:  Los regímenes de representación. cuando el sujeto podría requerir que también se provea al gobierno de su persona. es mayor de edad el que haya cumplido 18 años. menor de edad. con las excepciones que establecen las disposiciones especiales. Consiste en el estado de las personas que no han alcanzado la mayoría de edad. No todos los incapaces están sometidos a la potestad de otro. es decir la edad que la ley confiere al ser humano a partir de la cual éste tendrá plena capacidad para la generalidad de los efectos jurídicos. como es el caso de los entredichos por condena penal. Los regímenes de asistencia y autorización. menoridad. Por esta razón. a no ser que tengan un régimen de representación o de potestad. y en ocasiones las funciones de potestad y representación se encuentran en manos diferentes. y por lo tanto es capaz para todos los actos de la vida civil. sino que se habla de autorización. porque sólo protegen a los incapaces en la esfera de los negocios jurídicos. por lo que está colocado bajo la autoridad de una persona de su familia. que el incapaz no interviene en dicha realización del negocio jurídico. porque mientras existan personas con los caracteres de minoridad e interdicción no podrán realizar negocios jurídicos válidos. no pudiendo realizar actos jurídicos por si mismo o en todo caso. Es importante destacar que todos los incapaces sometidos a potestad de otra persona están sometidos a régimen de representación. sin la debida autorización. Toda persona en la legislación venezolana que no haya llegado a la edad de dieciocho años se llama menor y por lo tanto incapaz. si la persona capaz tiene la función de aprobar o improbar los negocios jurídicos. Ahora bien. que no es otra cosa que el sometimiento a la potestad de otro.
Con respecto a la interdicción civil el legislador establece en el artículo 393 eiusdem. estos quedan emancipados con el matrimonio. El artículo 409 del Código Civil determina que "el débil de entendimiento cuyo estado no sea tan grave que dé lugar a la interdicción. llamadas también colectivas. morales. se encuentran según el contenido del artículo 19. físicas. por lo cual se le priva de ciertos derechos. aunque tengan intervalos lúcidos. simples o concretas.  La Emancipación Con respecto a la emancipación. complejas o abstractas. confiriéndole al menor la capacidad de realizar actos que no excedan de la simple administración. de lo contrario requerirá autorización del juez competente. que el mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses.   Restricciones Genéricas de carácter parcial La Inhabilitación La Inhabilitación consiste en el estado de una persona débil de entendimiento que ha sido judicialmente declarada como inhábil. Las personas jurídicas en sentido amplio (lato sensu). a no ser que el Juez Competente los haya declarado hábiles para manejar sus propios negocios. o para ejecutar cualquiera otro acto que exceda de la simple administración. Éstas no son personas o individuos de la especie humana. ordinales 1 y 2 del Código Civil: la Nación y las entidades políticas que la componen. incapaz. celebrar transacciones. es decir. el ciego de nacimiento o el que hubiere segado durante la infancia. porque no presenta un estado tan grave que de lugar a la interdicción y como consecuencia se le priva de ciertos derechos. Es decir que una vez autorizados los menores. y las iglesias de cualquier credo que sean. sin la asistencia de un curador que nombrará dicho juez de la misma manera que da tutor a los menores. quedarán sometidos de derecho a esta incapacidad de la inhabilitación. serán sometidos a interdicción.  Clasificación de las Personas Jurídicas Las personas jurídicas se pueden clasificar de la siguiente manera. y en general . La prohibición podrá extenderse hasta no permitir actos de simple administración sin la intervención del curador. que son todos los individuos de la especie humana. A las personas jurídicas en sentido estricto (stricto sensu). individuales. el Código Civil establece en el artículo 382 que el matrimonio produce de derecho la emancipación. ya sea por razón de delito o por otra causa establecida en la ley. se encuentran aquellas de derecho público y de derecho privado. llegados a la mayoría de edad. podrán ser declarados por el Juez de Primera Instancia inhábiles para estar en juicio. Entre los personas jurídicas (stricto sensu) de carácter público. y el pródigo. En este renglón de las personas jurídicas stricto sensu. dar ni tomar bienes. las universidades. comprende:   A las personas naturales. Interdicción civil La interdicción Civil consiste en el estado de una persona que ha sido judicialmente declarada entredicha. es decir. cuando sea necesaria esta medida…". Agrega el legislador en el artículo 410 que el sordomudo.
bajo la base de la voluntad fundacional. en lo que respecta a las personas jurídicas stricto sensu de carácter privado. por lo menos un peligro para un bien jurídico. se encuentran (art. en lo cual radica la esencia del hecho punible. Ejemplo: agrupaciones deinvestigación científica. Esta necesidad la determina la protección de bienes jurídico- . PRINCIPIO DEL BIEN JURÍDICO Todo delito supone la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. consisten en una masa de bienes adscrita al cumplimiento de unas funciones o fines de carácter caritativo. Ahora bien. que serían las normas por las cuales se regirá el ente. El Bien Jurídico hace referencia a los bienes. Por tanto. son valores legalizados: la salud. Las asociaciones lato sensu comprenden:    Las corporaciones: las cuales son mandadas a crear y son recogidas por una ley.todos los seres o cuerpos morales de carácter público. en las cuales sus miembros no persiguen un fin de lucro. Las sociedades. etc. religiosos. exigiéndose como requisito esencial para que una conducta pueda ser considerada como delito. como por ejemplo los colegios profesionales. una institución de investigación científica. sostenimiento o desarrollo de un servicio determinado. 3): De tipo fundacional: fundaciones y de tipo asociativo (asociaciones en sentido lato sensu).19. el Derecho Penal está destinado a proteger bienes y valores cuya protección se considera imprescindible para a existencia de la sociedad. la vida. es decir. Todo el Derecho Penal se orienta hacia la protección de los bienes o valores jurídicos y la determinación de estos ilumina y constituye la razón de ser de las normas incriminatorias. la cual debe ser apreciada por el juez. El Derecho penal solamente es admisible partiendo de la premisa de que se recurrirá a sus normas sólo cuando no existan sistemas punitivos menos lesivos. Este principio constituye otro de los principios básicos del Derecho Penal moderno y garantista. BIEN JURÍDICO Y BIEN JURÍDICO PENAL COMO LÍMITES DEL IUS PUNIENDI. Las fundaciones según Luis Recasens Siches. todo delito supone. Von Liszt considera que su origen reside en el interés de la vida existente antes del Derecho y surgido de las relaciones sociales. ord. Las asociaciones en sentido estricto (stricto sensu). que son efectivamente protegidos por el Derecho. Las personas jurídicas de carácter privado son un conjunto de personas que persiguen un fin común para lo cual destinan bienes de manera exclusiva y permanente. como por ejemplo los institutos autónomos. no siendo suficiente para incriminar un comportamiento que este aparezca como la simple expresión de una voluntad torcida o rebelde. Precisamente. donde los miembros buscan como fin el lucro para ellos mismos. y por tanto debe ser efectivamente necesario. En el campo del Derecho penal. carácter que condiciona la materialidad misma del hecho. a los fines de determinar la condición para que el hecho tenga importancia penal. tanto materiales como inmateriales. utilizando un fondo productivo de rentas para la realización. como podría ser el caso de un asilo. culturales. El interés social no se convierte en bien jurídico hasta que es protegido por el Derecho.
Debemos por ello tener bien presente y analizar qué bienes jurídicos merecen la denominación de penales y son consiguientemente susceptibles de amparo por parte del Derecho penal. Esta concepción del bien jurídico es obviamente fruto de un Estado Social y Democrático de Derecho. aunque este criterio es limitado dado que. Es un signo distintivo de que vivimos en un Estado democrático y no en un Estado autoritario donde la importancia de los intereses colectivos residiría en el impacto que su lesión provocaría para el sistema social en su .). Requisitos para que un bien jurídico sea también penal en sentido político-criminal. no deben ser confundidas en ningún caso. y dada su vertiente social. acuñado por Birnbaum a mediados del S. Esta concepción es demasiado abstracta y por ello no cumple con la función delimitadora del Ius puniendi que pretendemos revelar en el presente estudio. El concepto político criminal del bien jurídico trata de distinguir el bien jurídico de los valores morales. El concepto dogmático de bien jurídico. que si bien a veces pueden coincidir en determinados aspectos. Bienes jurídico-penales: Un Estado social y democrático de Derecho debe amparar sólo las condiciones de la vida social en la medida en que éstas perturben las posibilidades de participación de los individuos en el sistema social. Otro criterio que nos sirve para determinar el impacto social del bien que podría ser jurídico penal se basa en la comparación con los bienes jurídico-penales que representan el núcleo del Derecho Penal (suelen ser los que afectan al individuo). En un Estado democrático cabe destacar la importancia de la participación de los individuos de vivir en sociedad confiando en el respeto de la propia esfera de libertad individual por parte de los demás. El Derecho penal tiene su razón de ser en un Estado social porque es el sistema que garantiza la protección de la sociedad a través de la tutela de sus bienes jurídicos en su calidad de intereses muy importantes para el sistema social y por ello protegibles por el Derecho penal. El Derecho penal no debe ser visto (ni ser) por tanto como mero instrumento sancionador ya que se exige que el bien jurídico merecedor de tutela jurídico penal sea fundamental para la vida social. el reconocimiento de los bienes y derechos recogidos en la Constitución está dirigido principalmente a controlar la actuación de los poderes públicos (y no de los demás ciudadanos a excepción de algunos derechos fundamentales como "al honor". Ante todo es necesario que el bien jurídico a amparar revista la suficiente importancia social determinada por la proporcionalidad directa respecto a la gravedad de las consecuencias del Derecho penal. Como ya hemos mencionado anteriormente. o sea cuando las condiciones sociales a proteger sirvan de base a la posibilidad de participación de los individuos en la sociedad. requiere una ulterior concreción de la esfera de actuación del Derecho penal a la hora de tutelar intereses difusos.penales. o sea trata de plasmar la escisión entre Moral y Derecho. y por tanto en la medida que repercutan a cada persona afectada en concreto. entre otras razones. etc. Pero como ya hemos mencionado hay bienes jurídicos que no son amparados por el Derecho penal por ser intereses sólo morales y por ello sabemos que no todos los bienes jurídicos son bienes jurídico-penales y debemos distinguirlos. Bien jurídico: A lo largo de la evolución de la disciplina se han ido distinguiendo diversos conceptos de lo que representa el bien-jurídico. XIX. se refiere a los bienes que son efectivamente protegidos por el Derecho. Hay criterios que sirven para determinar la importancia social del bien objeto a examen como son su reconocimiento constitucional. Por tanto los bienes jurídicos serán jurídico-penales sólo si revisten una importancia fundamental. Para ello debemos primero detenernos en lo que define el término de bien jurídico. los intereses colectivos son importantes en función del daño que causaría su lesión a los individuos.
b La exigencia de fragmentariedad: lo que significa que al legislador penal no le compete castigar todos los delitos sino sólo aquellos que vayan contra bienes jurídicos susceptibles de protección penal y que solo se recurre al DP frente a los ataques más graves e intolerables. para que la pena sea necesaria tiene que darse 3 requisitos: (los últimos dos dirigidas sobre todo al legislador. Es requisito importante para determinar el grado de afectación del bien el concretar los daños y perjuicios y no mantenerse en la abstracción. Otra característica esencial de los bienes jurídico-penales es la necesidad de proteccion de los mismos. la sanción que se imponga ha de ser la menos grave posible de las que tengamos a disposición. Responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad. Por tanto. Significado y contenido: el principio de proporcionalidad suele estudiarse desde dos sentidos. ¿es realmente necesario que los ataques sancionables produzcan resultados lesivos al bien jurídico penal o basta con el mero hecho de que lo pongan en peligro? Debido a las dudas razonables que quedan tras analizar el principio de exclusiva protección de bienes jurídico penales como límite del Ius puniendi debemos reconocer que en un Estado Democrático de Derecho también se recurrirá a los principios de humanidad.conjunto y no respecto a cada individuo. Jurídico han fracasado en la tutela de un bien jurídico agredido. En 1ª instancia nunca debe intervenir el Derecho Penal. cuando se demuestre que el resto de mecanismos del ordenamiento. para ello se limita su uso a lo imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos. al juez solo en la medida en que tiene que individualizar) a. o sea que a través de otros medios de defensa que requirieran menos intervención y por tanto fueran menos lesivos no se logre amparar satisfactoriamente el bien. Este requisito ha de exigirse tanto en el momento de la culminación de la pena abstracta (o determinación en abstracto de la pena: 10 a 15 años) como en la fijación de la pena en concreto (11 años). resocialización y proporcionalidad. Para ello han de tener en cuenta el bien jurídico que se tutele. la proporcionalidad en sentido amplio engloba tres exigencias: 1. el amplio y el estricto. La exigencia de adecuación a fin: implica que bien el juez o el legislador tiene que elegir la medida o sanción que sea adecuada para alcanzar el fin que la justifica. pero este último se encuentra recogido dentro del primero. La exigencia de necesidad de pena: si se impone una pena innecesaria se comete una injusticia grave. La exigencia de menor injerencia posible o de intervención mínima: es decir. Pero. 2. La exigencia de subsidiariedad: quiere decir que el Derecho Penal solo ha de intervenir de manera residual. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD El principio de proporcionalidad constituye hoy en día quizá el más conocido y el más recurrente "límite de los límites" a los derechos fundamentales. 3. sólo en (última ratio). c. y en esa medida supone una barrera frente a intromisiones indebidas en el ámbito de los propios derechos. La pena optima ha de ser cualitativa y cuantitativamente adecuada al fin. La proporcionalidad en sentido estricto: se exige básicamente al juez para que este realice un juicio de ponderación o valoración donde valore la carga o gravedad de la pena (la cual .
fundamentalmente. sino que también adquiere dimensiones constitucionales. que ha de tener siempre presente la razonable exigibilidad de una conducta y la proporcionalidad de la pena en caso de incumplimiento. debido a la imposibilidad de su comprobación. Esta realidad y los problemas que de ella se derivan ha sido ampliamente discutida por la doctrina. que aun con imperfecciones. ni la lesión ni la puesta en peligro concreto del bien jurídico en cuestión. aquéllos. es decir aquella norma legal. Por una parte. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO AMPLIO Y DELITOS DE PELIGRO ABSTRACTO El principal problema que plantean los denominados delitos de peligro abstracto se debe. El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas. no se acaban en la compatibilidad de los delitos de peligro abstracto con el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y de ofensividad.tiene que venir dada por determinados indicios: gravedad conducta. puede también renunciar a la sanción penal de una conducta que objetivamente pudiera representar una carga insoportable. forman parte del principio de proporcionalidad en sentido amplio. pues. Además. y se han buscado distintas soluciones dogmáticas. etc. En las páginas que siguen nos plantearemos si desde el punto de vista constitucional. Sin embargo. en tanto se refiere a una ley en vigencia.) y el fin que persigue con esa pena. es la que hay que observar por encontrarse vigente. sin perjuicio de que. los cuales. falta la necesaria proporción entre la entidad del delito y la entidad de la pena. la importancia de este problema se debe a que no sólo posee dimensiones dogmáticas. en cuanto objetos ideales. Como señalan algunos autores. el medio para una protección jurídico-penal eficaz de los bienes jurídicos supraindividuales y los objetos de ataque. Los supuestos en los que se pone en peligro el bien jurídico de manera insignificante pueden plantear problemas puestos en relación con el principio constitucional de proporcionalidad en sentido estricto. dándose ambos requisitos. bien a proteger. como ya hemos visto. tanto española como extranjera. Se debe a que los delitos contra bienes jurídicos supraindividuales se suelen configurar como delitos de peligro abstracto. tendientes a asegurar un resultado . la ley no debería prever que en estos casos el autor quede impune y nos plantearemos también las diversas posibilidades que posee de lege lata y de lege ferenda (LEGE FERENDA es el laticismo usado para indicar "cosas a legislar en el futuro" y de LEGE LATA. o en los que. en el caso concreto no son idóneas para menoscabar el bien jurídico protegido. siga subsistiendo el deber de protección del Estado respecto del bien jurídico en otros ámbitos» PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO. siempre que se pongan en relación estos delitos con el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y con el principio de ofensividad. Se dirige a la ley tal como es. desde nuestro punto de vista. con el «peligro» que ello conlleva de ampliar demasiado el ámbito del Derecho penal a comportamientos en los que falta el merecimiento o la necesidad de pena. en el tipo se incluyen aquellas acciones que pese a ser subsumibles formalmente en el comportamiento descrito por la norma. consistiría en los delitos de peligro abstracto 1. «El legislador.) el legislador penal para solventar el problema de la proporcionalidad en sentido estricto en relación con estas conductas delictivas. en su caso. los problemas con relevancia constitucional que plantean. no exigiéndose. a la amplitud con la que son redactados por el legislador.
o el law of the land… . en el cual precisamente trabajamos en procura de nuestra tesis doctoral. debe ser justo. Su nacimiento tiene origen en la "Magna Carta Libertatum" (Carta Magna). para satisfacer las pretensiones de justicia que permitan mantener el orden social. o simplemente. conforma una serie de derechos y principios tendentes a proteger a la persona humana frente al silencio. tiene su antecedente tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Ahondemos el asunto entonces. imputada. Ermo.justo y equitativo dentro del proceso. texto sancionado en Londres el 15 de junio de 1215 por el rey Juan I de Inglaterra. Así. dentro de las limitaciones de extensión impuestas para este tipo de trabajo que versa sobre una novedad constitucional que amerita. y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. sino que. sino también bajo las pautas de lo que se ha llamado el debido proceso sustantivo o sustancial. sino que le importa más ser entendido como un Estado de Justicia. eventualmente. La noción del "Debido Proceso" como ha sido asumida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela comporta el categorizar a dicho Derecho como uno de los Derechos Humanos. ANTECEDENTES Los antecedentes históricos del derecho al debido proceso se encuentran en:  La Carta Magna Inglesa del Siglo XIII. Dicha garantía así concebida. el debido proceso. procesada y. más conocido como Juan sin Tierra. el debido proceso constitucional. como de la sociedad en su conjunto: a) Las personas tienen interés en defender adecuadamente sus pretensiones dentro del proceso. la garantía no es nueva: lo novedoso es la sistematicidad en su concepción integradora tal como está descrito en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. y no solo de los aplicadores del derecho. obviamente. El Debido proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada. sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos. En un primer momento se atribuyó valor y efecto constitucionales al principio del debido proceso legal como aún se conoce en la tradición británica y norteamericana: due process of law (1215). para diferenciarlo del adjetivo del propio legislador. ¿Que es el Debido Proceso Penal?). b) La sociedad tiene interés en que el proceso sea llevado de la manera más adecuada posible. como atribución inherente de un concepto de Estado al que no le basta ser catalogado como de Derecho. y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo. obviamente. En Venezuela. un desarrollo más extenso. vinculado éste a todo proceso jurisdiccional o administrativo y con miras a posibilitar tanto el requerimiento como el reconocimiento judicial a un "juicio justo". Este principio procura tanto el bien de las personas. Pero ya veremos que en dicho Artículo no se encierra de manera única el referido Derecho Humano. el error o a la arbitrariedad. acusada. El término procede del derecho anglosajón. por el contrario. dicha norma no es más que el punto de partida de una más global concepción de la garantía: el proceso. en el cual se usa la expresión "due process of law" (traducible aproximadamente como "debido proceso legal"). pronto y transparente (QUISBERT. para ser debido.
la que los inviste de jurisdicción y competencia. La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano. "Artículo 16.) con la parte contraria en juicio. Quedan prohibidas. Esta constitución debe ser anterior al hecho que motiva el proceso y debe contar con los requisitos mínimos que garanticen su autonomía e independencia. por estar relacionado de alguna manera (vínculo de parentesco. en la propia… Declaración de los Derechos del Pueblo de Venezuela. y no iremos en su busca. La exigencia de legalidad del proceso también es una garantía de que el juez deberá ceñirse a un determinado esquema de juicio. en general. sin poder inventar trámites a su gusto. negocios. lo que se concreta en la llamada "bilateralidad de la audiencia". o detenido en prisión. amistad. Ninguno debe ser juzgado ni castigado. Para evitar estas situaciones hay varios mecanismos jurídicos:  La mayor parte de las legislaciones contemplan la posibilidad de recusar al juez que no aparezca dotado de la suficiente imparcialidad. Este derecho va de mano con lo que es la predictibilidad que debe garantizar un sistema jurídico ya que los particulares deben estar en la concreta posibilidad saber y conocer cuáles son las leyes que los rigen y cuáles los organismos jurisdiccionales que juzgaran los hechos y conductas sin que esa determinación quede sujeta a la arbitrariedad de algún otro órgano estatal. El juez debe ser equidistante respecto de las mismas. salvo por el juzgamiento legal de sus pares y por la ley de la nación"    La Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia. a raíz de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. las sentencias dictadas sin un proceso previo. pueden considerarse las siguientes como las más importantes: Derecho al juez predeterminado por ley El contenido esencial del derecho señala la prohibición de establecer un órgano jurisdiccional ad-hoc para el enjuiciamiento de un determinado tema. y en virtud de una ley promulgada anterior al delito. Sin embargo. en ocasión de la declaración de independencia de 1811. por tanto. o desprovisto de su propiedad. El efecto retroactivo dado a la ley es un crimen"  Las diferentes constituciones nacionales promulgadas en el Siglo XIX y XX[1] Derecho al debido proceso En un Estado de derecho. de 1776. toda sentencia judicial debe basarse en un proceso previo legalmente tramitado. Derecho a un juez imparcial No puede haber debido proceso si el juez es tendencioso o está cargado hacia una de las partes. con los cuales pudiera crear un juicio amañado que en definitiva sea una farsa judicial. Esto es especialmente importante en el área penal. con ocasión a la Revolución Francesa de fines del Siglo XVIII. etc. sino después de haber sido oído legalmente. No existe un catálogo estricto de garantías que se consideren como pertenecientes al debido proceso. o de ninguna forma molestado. Como consecuencias adicionales se establece el requisito que todos los órganos jurisdiccionales sean creados y constituidos por ley. ni enviaremos por él. La ley que castigue delitos cometidos antes que ella exista será tiránica."Ningún hombre libre deberá ser arrestado. lo que la doctrina denomina"Tribunales de excepción". .
y además. se podría identificar dos caracteres:   El derecho a la defensa de carácter privado. atienda genéricamente una clase particular de casos. y no sea por tanto un tribunal ad hoc. un abogado). En el área penal. la sentencia judicial sólo puede establecer penas establecidas por la ley. Existen algunos sistemas jurídicos donde esta garantía es irrenunciable. por delitos también contemplados por la misma. en el caso que una persona comparezca ante un tribunal cuya lengua oficial no es la del particular. El derecho se consideraría vulnerado si a algún particular no se le permitiera asesorarse mediante un abogado aunque también se señala que se causaría una vulneración al mismo cuando la asesoría brindada (principalmente en el caso de abogados de oficio brindados por el estado) no ha sido la idónea. una persona versada en Derecho. Este derecho adquiere peculiar significado en zonas geográficas donde la variedad lingüística es amplia (principalmente Europa donde es recogido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). En caso de que la persona no pueda procurarse defensa jurídica por sí misma. designado por el Estado. creado especialmente para resolver una situación jurídica puntual. Derecho a asistencia letrada Toda persona tiene derecho a ser asesorado por un especialista que entienda de cuestiones jurídicas (típicamente. De esa forma se busca garantizar el cumplimiento del principio de igualdad y el uso efectivo del derecho de contradicción. su contenido no sólo se entiende a nivel internacional sino incluso nacional en el caso de que dentro de un país exista más de una lengua oficial o la Constitución del mismo reconozca del derecho de las personas de usar su lengua materna. se señala que toda persona tiene el derecho de ser escuchada por un Tribunal mediante el uso de su propia lengua materna. Legalidad de la sentencia judicial En el área civil. Derecho a usar la propia lengua y a ser auxiliado por un intérprete Basado en el reconocimiento al derecho fundamental de la identidad cultural. . Sin embargo. que le procura ayuda jurídica gratuita. Sin embargo existen también sistemas jurídicos que liberalizaron el principio estableciendo la obligación sólo en determinadas materias (Derecho penal). Dentro de este derecho. éste tiene el derecho a ser asistido por un intérprete calificado. El derecho a la defensa de carácter público. Asimismo. Una de las garantías básicas en el estado de derecho. Con la finalidad de garantizar que cualquier particular inmerso en un proceso judicial pueda contar con las mejoras formas de defender su derecho (y de estar realmente informado del verdadero alcance del mismo) es que se consolida dentro del derecho al debido proceso el derecho de toda persona a contar con el asesoramiento de un letrado (abogado). la sentencia judicial debe ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso. debiendo los particulares contar siempre con la asesoría de un abogado. o derecho del justiciable a que le sea proporcionado letrado de oficio cuando fuera necesario y se encontrase en uno de los supuestos que señala la ley respectiva. es que el tribunal se encuentre establecido con anterioridad a los hechos que motivan el juicio. concretado en el derecho de los particulares a ser representadas por profesionales libremente designados por ellas. se contempla la institución del defensor o abogado de oficio. lo que se concreta en la proscripción de la institución de laultra petita.
Todas estas situaciones son atentatorias contra el debido proceso. permitiéndose la retroactividad de la norma sólo como defensa o garantía de la libertad del ciudadano. en contra de los jueces venales y corruptos que aplicaban no la justicia más estricta. encontrándose fuera del ámbito temporal de aplicación de una nueva ley. el cual está estrechamente vinculado con el de seguridad jurídica y el de legalidad. entendida como la confianza y predictibilidad que los administrados pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación del Ordenamiento Jurídico vigente. la ley debe aplicarse hacia el futuro y no hacia el pasado. en la interdicción de la arbitrariedad en que pudieran incurrir los entes u órganos encargados de la aplicación de aquella". dentro del moderno estado de derecho. PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD Respecto al principio de retroactividad. no siempre las partes están en equivalencia de condiciones. de modo tal que la previsión del principio de irretroactividad de la ley se traduce. lleno de términos incomprensibles para el profano. En ese sentido. PRINCIPIO DE IRRECTROACTIVIDAD Y SU EXCEPCION EN EL DERECHO PENAL El principio de irretroactividad de la ley es uno de los principios informadores del ordenamiento jurídico. consolidaron y causaron efectos jurídicos con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma. porque la promoción en sus cargos hacia judicaturas superiores depende de esos contactos sociales que puedan conseguir. se entiende que todas las personas tienen igual derecho al acceso a la justicia. sin extender los términos legales a situaciones no contempladas. como el de la seguridad jurídica. Sin embargo. que por tanto no siempre entiende con claridad qué es lo que sucede dentro del proceso. conforme a tal principio. de forma que la disposición novedosa resulta ineficaz para regular situaciones fácticas consolidadas en el pasado. está consagrado en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es evidente que los jueces tenderán a juzgar con mayor benevolencia a aquellas personas mejor contactadas socialmente. expresó que "está referido a la prohibición de aplicar una normativa nueva a situaciones de hecho nacidas con anterioridad a su vigencia. Este principio. mientras que los litigantes de menores recursos dependerán muchas veces de defensores de oficio ofrecidos por el Estado. El principio de la irretroactividad se asienta en «los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y. Esta concepción permite conectar el aludido principio con otros de similar jerarquía. en decisión N° 00276 de fecha 23 de marzo de 2004. al final. . por tanto. no se ha conseguido encontrar una solución satisfactoria que las resuelva por completo. pero hasta la fecha. aquellas situaciones que se originaron. debido a que el litigante con mayores recursos tendrá la oportunidad de contratar mejores abogados. Por otra parte. el acceso del ciudadano común y corriente a la justicia se ve dificultado por el hecho de que el quehacer jurídico genera su propia jerga o argot. Por otra parte.El problema de asegurar el debido proceso a las personas La institución del debido proceso fue una conquista de la Revolución francesa. sino la voluntad del rey. ello no se condice con las condiciones del mundo actual.
Podemos definir la garantía de irretroactividad como la prohibición de efectos retroactivos. la norma regula un supuesto de hecho anterior a su vigencia. Por el contrario. El Código Penal admite la existencia de excepciones: "Artículo 2.La Ley no tiene efecto retroactivo". el Legislador toma en . aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena". Consideramos que la idea de limitación de derechos de libertad y propiedad se corresponde con la evolución histórica y el fundamento teleológico de la garantía de irretroactividad. las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del período respectivo del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley. En el ejemplo base. Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo. conforme al encabezamiento de este artículo (art. al utilizar el concepto de leyes gravosas: "como ley más gravosa se consideran no sólo las normas tributarias y otras leyes que contemplan prohibiciones. La garantía de irretroactividad de la ley. el artículo 24 de la Constitución venezolana de 1999 dispone que: "Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo. a normas que limiten derechos de libertad o las facultades del titular del derecho de propiedad. En efecto. pero ha dado lugar a varias interpretaciones por parte del propio legislador. en forma retroactiva desde enero de 2006.. excepto cuando imponga menor pena" En primer lugar debemos constatar que tal redacción se ha mantenido invariable en las Constituciones venezolanas desde 1874. la previsión constitucional puede inducir al error en el tratamiento del llamado principio de irretroactividad. La regulación no tendría el impacto esperado si el legislador decidiera que la norma sólo se aplicara hacia el futuro. Tal es el caso del ejemplo base. respecto de lo pasado no puede producir derechos ni obligaciones de ninguna especie. el servicio prestado en los cuatro meses anteriores. El Código Orgánico Tributario admite otra excepción de aplicación retroactiva de la ley: "Cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos. esto es. Al igual que muchas otras Constituciones. además. sino toda norma que desmejore una posición jurídica existente" Debemos advertir que la definición que aquí se propone es distinta de una interpretación literal de la Constitución venezolana. 8. Así lo establece el artículo 3º de nuestro Código Civil. Con ello el legislador procura beneficiar a un determinado sector de la población en un momento específico. Decir que la ley no tiene efecto retroactivo significa que solo ejerce influencia para lo futuro. normas que sólo tienen por objeto establecer consecuencias favorables y que en ningún caso suponen limitación de derechos de sus destinatarios. Ámbito de aplicación El ámbito de aplicación de la garantía de irretroactividad queda en consecuencia reducido a aquellas normas que tengan por objeto establecer una consecuencia desfavorable a una situación fáctica nacida con anterioridad a su vigencia. En el Código Civil el legislador consideró que se trataba de una prohibición absoluta:"Artículo 3. IV)" Ahora bien. Pero en Venezuela. En elejemplo base. La jurisprudencia alemana es más amplia en este sentido. pueden tener efectos retroactivos. la interpretación gramatical de la norma puede conducirnos a situaciones absurdas. el principio de irretroactividad tiene rango constitucional en el artículo 24 de nuestra Constitución. La Importancia de este principio de irretroactividad de las leyes se declara en el plano de la ley formal. Veamos el ejemplo siguiente: La ley dictada en mayo de 2006 resuelve aumentar el sueldo a los funcionarios públicos y autoriza el pago de la diferencia.LA LEY NO TIENE RETROACTIVO Concepto "retroactivo" es "lo que obra o tiene efecto sobre tiempo anterior".
el otorgamiento de medidas alternativas y fórmulas de cumplimiento de pena. por tanto debe regirse por la garantía de irretroactividad de la ley. por ejemplo del aumento de salarios en el ámbito del derecho laboral. los criterios específicos que delimitan la ejecución de la pena en el marco de esta corriente jurídica. se aumentó el tiempo de privación de libertad de los reclusos para la solicitud de formas de cumplimiento de pena y se implementó un régimen desigual para los beneficiarios de acuerdo al tipo de delito por el que fueron condenados. ante la comisión de un hecho penalmente punible por . No obstante. es el primer supuesto para considerar la posibilidad de restringir bienes o derechos individuales como la vida. Distinta sería la situación. Por su parte. PRINCIPIO DE LA PENA HUMANITARIA La reforma de la normativa procesal penal en Venezuela (1998) significó el cambio de un sistema mixto (escrito y oral) de corte inquisitivo por un sistema acusatorio (oral y público) que en un primer momento permitió la profundización de las garantías procesales. induciendo a la reformulación de las institucionesprocesales que en lo sustancial erosionó el sentido garantista del recién implementado modelo de justicia penal. Desde este punto de vista. el cual. tanto en la medida sustitutiva de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena como en las medidas de cumplimiento de pena. El objetivo principal de la reforma consistió en el endurecimiento de los criterios para optar a los beneficios. Con ello obtenemos una delimitación precisa de su ámbito de aplicación: aquellas normas que tengan por objeto establecer una consecuencia desfavorable a una situación fáctica nacida con anterioridad a su vigencia. y por esta razón se hace hincapié en su carácter de última ratio (que deviene de la ideología penal liberal del siglo XVIII). Pero tal consecuencia. Pues bien. tales como el impacto en las finanzas públicas o en la economía. si utilizáramos una interpretación literal del artículo 24 de la Constitución (Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo). la pena es también considerada un mal. se aumentaron los requisitos para su procedencia en función de condiciones personales del posible beneficiario y se ampliaron las atribuciones de los funcionarios administrativos del régimen de prueba. para poder adecuar su comportamiento a ellas. Asimismo. Se trataría de una limitación de un derecho de libertad del patrono y.consideración el impacto social de la norma. Según tal principio. Dentro de la concepción garantista. el ciudadano debe encontrarse en condiciones de establecer lo más claramente posible cuáles son los presupuestos de la norma que establece prohibiciones o limitaciones. Un beneficio a los empleados del Estado no estaría dentro de su ámbito de aplicación. así como otros factores. Se redujeron los delitos sobre los que puede decretarse la medida de suspensión condicional. tendríamos que concluir que la previsión de pago a un servicio prestado en el pasado es contraria a tal disposición. la libertad y la propiedad a través del castigo público. es absurda. la reforma al Código Orgánico Procesal Penal (2001). posterior a su puesta en vigencia en julio de 1999. Por tales razones este artículo analiza diversos aspectos: el primero referido al marco teórico donde se exponen los lineamientos del garantismo penal. En efecto. la interpretación teleológica nos indica que la regla del artículo 24 tiene por objeto la protección del principio de seguridad jurídica. de carácter judicial o administrativo. el mejoramiento del problema del retardo procesal y principalmente. en particular. un costo humano de la justicia. la pena es definida como "la última reacción institucional. la implementación del nuevo proceso acusatorio se vio afectada por las reacciones negativas tanto de la opinión pública como de las agencias involucradas en la administración de justicia penal. tuvo su mayor énfasis en las instituciones sobre la ejecución de la pena. una cierta restauración de la seguridad jurídica de los reclusos. según el cual el principio de necesidad.
Además de estas leyes latentes o eventualmente penales. porque parece ser inherente a la dinámica del poder la competencia y el estímulo para eludir las reglas establecidas" (Ibíd. se discriminan como indicadores de este fenómeno una serie de hechos históricos y sociales que constituyen parte de la dinámica política que acompaña la evolución del Estado de Derecho4. que para delimitar jurídicamente un concepto de pena es preciso atender a los principios del derecho penal: necesidad. 1982: 27). pedagógicas.: 40). en virtud de una limitación. Las razones invocadas por este autor están dadas por la complejidad en la que se desenvuelven los sistemas penales.) en cualquier ejercicio de poder político institucionalizado en forma de estado. tales como. existen numerosos actos de coacción que originan otras formas de control punitivo. culpabilidad y judicialidad. dentro de las cuales. . de forma tal que sea posible anteponer un criterio legítimo y jurídico a las formas de castigo encubiertas por la acción de las distintas agencias de control social. advierte sobre la imposibilidad de establecer un concepto jurídico de pena en torno a los principios demo liberales del derecho penal. Así. produciéndose una serie de espacios abiertos a formas de criminalización. que deriva en una participación caótica de las distintas agencias penales y extra penales dentro de la sociedad en la que se ejercen el control punitivo. El estado de policía nunca desaparece del todo. tutelar. las múltiples regresiones a sistemas políticos manifiestamente autoritarios y genocidas y la convivencia en los Estados Constitucionales de Derecho con formas de ejercicio punitivo al margen de la ley. legalidad. se encuentran leyes de tipo asistencial. la definición de la pena como núcleo central del modelo de justicia penal. en especial al principio de legalidad. la detención policial sin control judicial o detención preventiva ilegal. por cuanto es a partir de éstos que se legitima la reacción estatal o institucional frente a los delitos o las infracciones penales. se hace necesario considerar el ámbito funcional del sistema punitivo. Se entiende en tal caso. igualdad. para estructurar una definición de la pena5 dentro de parámetros racionales. comenzando por la perversión de sus instituciones en la propia Francia revolucionaria. la constante lucha social por abrir espacios a sectores desfavorecidos. sanitarias y otras reglamentaciones que posibilitan la participación coactiva policial o administrativa. el estado de derecho y el estado de policía3 coexisten y pugnan. que se encuentran fuera de los controles jurídicos formales propios de la legislación penal (por ejemplo los principios de legalidad y judicialidad).parte de un sujeto imputable" (Sandoval. que eventualmente llegan a convertirse en normas punitivas. cuyos límites e intenciones no son siempre los declarados por el orden jurídico penal: "(. tanto ideológica como material. Por tanto. las leyes constituyen la primera expresión latente o encubierta de perversiones de la intervención punitiva (Zaffaroni. adoptada en cualquier orden legal positivo o por el discurso jurídico. Sin embargo. sólo puede ser efectiva en relación a los fines y funciones manifiestas de ese sistema que es legitimado por un determinado discurso. el uso abusivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad y el ejercicio subterráneo del poder punitivo (como ajusticiamientos. pero que es insuficiente en relación a las funciones latentes o reales del mismo. en tanto su carácter penal depende de la modulación del ejercicio del poder coactivo de las agencias encargadas de aplicarlas. Zaffaroni (2000: 41-53) tras afirmar que la pena es una coerción que priva de derechos o infiere un dolor. debido a que cada agencia pretende extender su poder hasta el arbitrio. 2000) Tomando en cuenta que. En este sentido se observa que existen formas más o menos abiertas o visibles de este problema.. del alcance de las leyes penales como única fuente creadora de penas.. Desde esta perspectiva. paralelamente a las leyes penales propiamente dichas. como ingredientes que se combinan en diferente medida y de modo inestable y dinámico.
El respeto a la persona o principio de humanidad de las penas. la pena responde a una serie de principios que. En este sentido. tanto al discurso teórico como a la norma positiva. retributividad (nulla poena sine crimine) y culpabilidad (nulla actio sine culpa). la no modificación del término de la pena mediante mecanismos posteriores a la sentencia judicial. pero que en razón de la sistematicidad con la que se originan. . llevan a cuestionar tanto la legitimidad de los sistemas penales como el discurso que los justifica y fundamenta. Implica que la pena debe ser la mínima de las posibles con respecto a la utilidad que el castigo representa. según el esquema propuesto por Ferrajoli (1997).El principio de necesidad. forman parte de una política criminal "de hecho" lo cual es necesario considerar en la construcciónteórica sobre los límites del Derecho Penal. ya que se trata básicamente de un ejercicio de poder. a los principios de legalidad (nullum crime nulla poena sine lege). Implica la posibilidad de graduación y medición. Al justificar la pena en la defensa de la sociedad. no es casual que el estudio sobre los sistemas penales esté íntimamente ligado con el estudio del Estado. que corresponde al sistema de principios propios de la teoría del delito y. . que encuentra su asidero axiológico en las teorías basadas en el modelo político del consenso bajo la idea de la defensa social sin atender a la compleja realidad del conflicto político y considerando sólo una mínima parte del espectro jurídico que como ser humano rodea a los posibles o concretos infractores de la norma penal. El principio de la certeza de las penas.desaparición forzada de personas. 2001: 191). -El principio de proporcionalidad. sin lograr establecer verdaderos límites entre la libertad y la dignidad humana y el ejercicio programado de la violencia del Estado (Leal y García. basado en un criterio moral6. la llamada readaptación y reinserción del delincuente "son conceptos que pretenden demostrar que los conflictos penales son un producto individual y no el resultado de una problemática social. Ligado al principio de proporcionalidad de la pena. que se constituye en un nivel de principios convencionales establecidos para la minimización del arbitrio penal en cuanto a la calidad y cantidad de la sanción y en relación a los criterios utilitaristas y humanistas de la pena: . etc. el valor de la persona se impone como la limitación fundamental para la proscripción de penas crueles e infamantes. según el presupuesto técnico de la cuantificación de la pena de acuerdo al daño ocasionado por el hecho punible y el grado de culpabilidad de su autor. 2002). Tratamiento y readaptación social subrayan y legitiman los mecanismos disciplinarios insertos en el espacio cárcel" (Neuman. principalmente. Así. se ajustan a dos niveles del problema sancionador: el cuándo castigar. y el cómo castigar. en cuanto éste se construye sin tomar en cuenta los datos susceptibles de dotar. de dominio regulador del sistema de punición. Los límites difusos de la ley penal que dan cuenta de la realidad social y política del ejercicio del poder punitivo. este principio es un corolario del principio de legalidad que implica la no aplicación de penas que no están previa y expresamente establecidas en la norma penal como consecuencia de la comisión de un delito y por tanto.) que no son consideradas jurídicamente penas. Es importante también destacar que por cuanto en las teorías sobre la función resocializadora de la pena no se cuestionan los procesos de criminalización (primarios y secundarios) en ellas se admite una racionalidad del castigo que reproduce las desigualdades del sistema social. PRINCIPIOS JURÍDICOS DE LA PENA SEGÚN EL GARANTISMO De acuerdo con el modelo garantista de derecho penal.
Los anteriores principios serán tomados como directrices generales para el análisis de las normas previstas en el ordenamiento jurídico venezolano en el ámbito del subsistema de ejecución penal. a fin de no trabajar sobre puras ficciones y de recrear el sistema de garantías sobre las reglas del funcionamiento real de la institución penitenciaria la intención que procuro es que por intermedio de un discurso autónomo de la Defensa Pública trascendamos el habitus judicial para permitir quebrantar su dependencia externa que la mayoría de los magistrados tiene con la administración judicial y de ésta forma concientizar la violencia de las prácticas judiciales y de la anomia social que plasma su discurso.no hay libertad cuando algunas veces permiten las leyes que en ciertos acontecimientos el hombre deje de ser persona y se repute como cosa (. De los delitos y las penas. que en mano del fuerte es la cadena que liga las acciones de los incautos y los desvalidos. El pretendido juicio de validez de la norma de reinserción requiere concebir la norma como práctica con finalidades políticas transcurridas en el marco de interacciones institucionales (ámbito judicial y penitenciario) dentro de un mismo campo de acción (violencia estatal). Entonces.." CESARE BECCARIA. Este es la razón por la que en algunos gobiernos que tienen toda la apariencia de libertad está la tiranía escondida o se introduce en cualquier ángulo desde el legislador . Capítulo 20. Venezolano.182. de Profesión Indefinida.679. titular de la cédula de identidad N° 12. El modelo procurado pretende prima facie una efectiva judicialización de la pena desde el servicio de defensa pública pretendiendo un seguimiento continuo de las prácticas penitenciarias excediendo postular dicha judicialización sólo sobre los cambios cualitativos de la pena.. 26 de Febrero de 2007 196º y 148º ASUNTO PRINCIPAL: IP01-S-2003-002105 ASUNTO: IP01-P-2003-000151 RESOLUCION DE REDENCION JUDICIAL DE LA PENA POR EL TRABAJO Y EL ESTUDIO.. De ésta forma la validez de la norma rompiendo con el modelo kelseniano se constituye como categoría distinta de las de vigencia y efectividad (normatividad y realidad) con el objeto de remover dichas antinomias.) éste descubrimiento es el secreto mágico que cambia los ciudadanos en animales de servicio. De la revisión efectuada a la presente causa se pudo observar que este Tribunal recibió en esta fecha: 14 de Febrero de 2007. . Respecto a la resocialización de la pena y su manera de ser interpretada en Venezuela podemos citar una jurisprudencia emanada del TSJ: REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN EXTENSIÓN CORO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Coro. de la Junta Rehabilitadora del Recluso del Estado Falcón Constancia de Trabajo y Estudio del penado: ELI SAUL COLINA. Entendemos que respecto a los mecanismos críticos a la resocialización no ha reparado en el juicio de validez de la norma como modo de salvaguardar su vigencia acorde a una coherencia sistemática de principios jushumanistas que modelan la pena acorde al principio de mínima afectación. mayor de edad. Soltero. PRINCIPIO DE LA RESOCIALIZACION DE LA PENA ".
suscritos y ratificados por la República de Bolivariana de Venezuela. de la soledad y de la angustia. perdida de la identidad. efectuada por la Dirección de Custodia y Rehabilitación del recluso del internado Judicial de C en la cual consignan Constancia de Trabajo del penado: Eli Saúl Colina. tenemos que la LEY DE REFORMA PARCIAL DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL publicada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. entra a emitir pronunciamiento de ley bajo las siguientes consideraciones: Vista la solicitud de esta fecha 14 de Febrero de 2007. De la revisión de las actuaciones que conforman el presente asunto. es menester para esta juzgadora. se puede observar que el pre citado penado fue condenado a cumplir la Pena de Diez (10) Años y Dos (02) Meses de Presidio más las accesorias de ley y de acuerdo al cómputo inicial efectuado en esa fecha.residenciado en Sector la Cañada. en su artículo 1° suprime el artículo 493. la justicia. señalar como preámbulo de cualquier decisión lo siguiente: TERMINO REDENCION:: Término que está relacionado con el rescate. la libertad. se observa que el penado fue condenado por el delito de HURTO Y ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR Y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO. se modifica el artículo 508. libertad. Una vez analizada la presente solicitud este Tribunal observa que el mencionado penado cumple condena en el Internado Judicial de Coro de este Estado desde la fecha 22/09/2003. así como la consideración a la Doctrina Penal Vinculante y como punto de referencia la Jurisprudencia del más alto Tribunal de la República. La Junta de Custodia y Rehabilitación del Internado Judicial solicitó la Redención Judicial y consigna constancia del trabajo Intramuros desempeñado por el Penado de autos. Seis (06) Meses y Tres (03) Días de Presidio. esta Juzgadora. pagar. faltándole por cumplir: Cinco (05) Años y Ocho (08) Meses de Presidio. Del cómputo de pena practicado por este Tribunal en fecha 13 de Abril de 2005 que corre inserto a los folios del asunto. en Gaceta Oficial N° 38. así como los Pactos y Tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y Derechos del Hombre. Una vez descrito pedagógicamente el término Redención. Libertad de la opresión de los enemigos. antes identificado. Seis (06) Meses y Tres (03) Días de Presidio. la preeminencia de los derechos humanos. Casa N°: 4 Coro Estado Falcón.536 d fecha 04 de Octubre de 2006. librar. y quien actualmente cumple condena en el Internado Judicial del Estado Falcón y se encuentra cumpliendo el beneficio de Destacamento de Trabajo. el penado de autos tenía pena cumplida de: Dos (02) Años. Diez (10) Meses y Tres (03) días y para la presente fecha (27-02-2007) tiene pena cumplida de: Cuatro (04) Años. los principios de proporcionalidad de la pena y de Rehabilitación y reinserción Social del penado. ahora 507. rescate de la vergüenza. a cumplir la pena de: Diez (10) Años y Dos (02) Meses de Presidio. Ahora bien. en la forma siguiente: . Calle Hernández. Ahora bien. actuando como Juez Constitucional pasa de seguidas a formular las siguientes consideraciones: Corresponde a este Tribunal antes de entrar a resolver sobre el fondo de petición impetrada en este asunto. cancelar. la solidaridad. faltándole por cumplir: Cinco (05) Años y Ocho (08) Meses de Presidio. los valores fundamentales que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 2° y siguientes relativas a la igualdad. Del estudio concienzudo y minucioso de la disposición contenida en el artículo 507 de la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal y la ley especial de Redención Judicial de la Pena por el trabajo y el estudio. en su artículo 3. del último cómputo efectuado por este Tribunal se puede observar que el penado de autos hasta presente fecha tiene pena cumplida de: tiene pena cumplida de: Cuatro (04) Años.
El tiempo así redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y para las fórmulas de cumplimiento de ésta. el trabajo y el estudio.Artículo 507. Podrán redimir su pena con el trabajo y el estudio. . La de educación. (año 2001). y: c. "Cómputo del tiempo redimido. serán las siguientes: a. La de servicios. sino también de seguridad pública. A los efectos de la liquidación de la condena. De la interpretación gramatical y lógica a la disposición contenida en el reformado artículo 508 del Código Orgánico procesal Penal. verdaderamente comprometidos con la naturaleza y la esencia de la relación entre crimen y castigo. se tomará en cuenta el tiempo destinado al trabajo o al estudio mientras el recluso se encontraba en detención preventiva". y de la pena misma. Cómputo del tiempo redimido. "Redención Efectiva. Sin embargo. en cualquiera de sus niveles y modalidades. De las normas antes transcritas se puede inferir que la Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal vino a resolver el conflicto de leyes existente. siempre que haya sido autorizada por el instituto a cargo del trabajo penitenciario. las personas condenadas a penas o medidas correccionales restrictivas de la libertad. llevándolos a límites serios. la Reforma acota a ocho horas diarias lo que puede redimirse de la pena privativa de libertad por motivo del trabajo. que recibieron excarcelaciones inconcebibles. a pesar de que. Preceptúa lo siguiente: Artículo 507. conjunta o alternativamente. También establece el artículo 509 del citado código establece lo siguiente: Artículo 509. A los fines de la redención de que trata la Ley de Redención Judicial de la Pena por el trabajo y el Estudio. se podía observar de la exposición de motivos que los reformadores decidieron regular aquí directamente el contenido sustantivo y los requisitos de los principales beneficios. a razón de un día de reclusión por cada (2) de trabajo o estudio. La de producción en cualquier rama de la actividad económica. para desempeñar los puestos auxiliares que requieran las necesidades del establecimiento penitenciario o de instituciones públicas o privadas. siempre que la asignación del recluso a esta actividad haya sido hecha por la Junta de Rehabilitación Laboral y Educativa. por ejemplo. b. Las actividades que se reconocerán. realizados dentro del centro de reclusión" Sobre esta misma materia la Ley de Redención Judicial de la pena por el Trabajo y el estudio establece en su artículo Tercero lo siguiente: Artículo 3. a los efectos de la redención de la pena. Sólo podrán ser considerados a los efectos de la Redención de la pena de que se trata la ley. Artículo 5. como lo es la Ley de Redención Judicial del 3 de Septiembre de 1993. pero no para la sociedad que contempla indignada el desaguisado. para salir de nuevo a matar y robar? Eso puede ser muy bueno para el penado que recibe en horabuena y para quienes lo postulan o decretan. es una norma orgánica. siempre que se desarrolló de acuerdo con los programas autorizados por el Ministerio de Educación o aprobados por instituciones con competencia para ello. el tiempo redimido se computará a partir del momento en que el penado comenzare a cumplir la condena que le hubiere sido impuesta". el artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal del 14 de Noviembre de 2001 y por otro lado una ley especial. en las cuales una por un lado. ¿Dónde han estado todos estos años aquellos que impugnan está muy racional conformación de la Ejecución? ¡Acaso no conocieron de casos alucinantes de delincuentes impíos y dura piel condenados a largas penas por homicidio y robo. no solo como instrumento corrector. Tomado textualmente de la exposición de motivos formulada por el autor: Eric Lorenzo Pérez Sarmiento. hasta el punto de disipar todo resquicio de impunidad.
no prevé ninguna limitante acerca del momento en el cual se comenzará a computar la Redención de la Pena. unos a quienes les es aplicable la Ley Especial de Redención y son más favorecidos. frente a otro grupo que ve cercenado su derecho a la igualdad. a quienes les era aplicable la disposición contenida en susodicho 508 de la norma adjetiva que felizmente fue reformado por nuestros legisladores . Avance. "Venezuela se constituye en un Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia. Entonces pudiéramos decir que el deber ser del Derecho Penal. consagrados en nuestra carta magna y en Tratados Internacionales que han sido ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. creando así una tercera ley. por cuanto su texto legal en las disposiciones contenidas en especial atención a los artículos 3° y 5° relativas a la Redención de la Pena. ve más lejos su posibilidad de Reinserción y vuelta a la vida. Escalada. Desde el punto de vista de la doctrina y en la jurisprudencia. el cual establece textualmente: Artículo 2. en su ordinal c. y bien específico el artículo 5° cuando nos señala que actividades se reconocerán a los efectos de la redención. un grupo a los que le es aplicable el principio de Extra-actividad de la ley. estoy seguro. tendíamos entonces una población de penados. visualizamos también en esa pirámide las normas especiales por encima de las normas generales ordinarias en este caso (el COPP). . la igualdad. entonces debe tener preeminencia en la aplicación del derecho penal las normas concretas especiales que regulan la materia de Redención de la Pena y por supuesto la ley Suprema Constitucional. unos. cuando hace referencia especial a los servicios prestados en las instituciones públicas y privadas. Continuando con el análisis y en uso de la labor interpretativa del derecho. como es obvio. Próspero. Acreciento. Según lo argumenta la teoría de la Pirámide de Kelsen conocida por todos los estudiosos del Derecho Penal. existe en los penales del País. Progreso. sino que debe en todo caso aplicar la que considere más favorable. Perfeccionamiento. la libertad. la democracia. a criterio de esta juzgadora la norma contenida en el reformado artículo 508 adjetiva. la cual es perfectamente aplicable. la mitad de la pena impuesta privado de su libertad. Siguiendo este mismo orden debe esta juzgadora atender en este caso al contenido de la disposición contenida en el artículo 2 ° de la Constitución de 1999. Vanguardia. la justicia. la vida. Consecución. que resulta ser más favorable al reo. que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación. a los hechos punibles cometidos antes del 14 de Noviembre de 2001. es el de ser "Progresivo" que literalmente significa: Mejoría. las normas tienen una jerarquía y en la cúspide de esa pirámide en un orden sistemático y lógico encontramos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nuestra carta magna al mismo nivel de los Tratados y Convenios internacionales suscrito por Venezuela. por encontrase su conducta circunscrita a los hechos acontecidos antes del 14 de Noviembre de 2001. Evidentemente nos encontrábamos con una población penal dividida por el principio de la DESIGUALDAD. redenciones a razón de veinticinco y treinta horas diarias (¡!) Amanecerá y veremos. establecía una limitante para el cálculo de la Redención. con hechos punibles cometidos antes y después de la reforma procesal y promulgación del 508 del COPP. es decir aplicable en el tiempo y el espacio desde su entrada en vigencia y para aquellos hechos punibles cometidos a partir de la citada fecha. contradictorio con el principio de Progresividad de los derechos humanos. que no podrá el juez combinar varias leyes y aplicarlas simultáneamente. Norma orgánica ésta que entra en vigencia a partir del 14 de Noviembre de 2001. la solidaridad. por cuanto establecía taxativamente que ésta debe computarse a partir del momento en que el penado hubiere cumplido efectivamente. una diversidad de reclusos. Adelante. Ascender. la Ley de Redención Judicial de la Pena por el trabajo y el estudio del 3 de Septiembre de 1993. conforme a lo preceptuado en el artículo 2 del Código Penal.seguiremos viendo aún. Considera pues quien aquí suscribe que era el reformado 508 del COPP. dividida en dos.
el principio de resocialización. Entonces vemos como se da la incongruencia de que el juez tiene que ocuparse de la ley pero no de la justicia. Esa es la función finalista del derecho penal. es decir que al encontrar permanentemente vacíos de la ley debe el juez satisfacerlos o solucionar a través de la tesis garantista.la responsabilidad social y en general. Por último un ESTADO DE JUSTICIA. Entonces pudiéramos afirmar en la Ley de Reforma Parcial de la Legislación Procesal referida a la aplicación del contenido del artículo 507. en vez de las medidas alternativas. poco le importa conocer la realidad social. Entendemos pues que el Principio Resocializador de la pena peor sin violar la libertad personal. es decir la simplicidad del conocimiento meramente normativo de la ley y la finalidad mía como juez. no es un silogismo judicial lo que debe importar de las ciencias exactas (2+2= sigue siendo 4). Entonces cabe preguntarnos: ¿Cómo hemos podido pasar de un Estado que busca la realización de la ley (que es el estado formal de derecho) a un Estado Democrático. La disposición antes transcrita estable un límite al Ius Puniendo de un Estado Democrático y nos lleva al convencimiento de que si el Estado de Derecho exige el sometimiento de la potestad punitiva al principio de la legalidad y en el Estado Social dicha potestad sólo se legitima si sirve de eficaz y necesaria protección de la sociedad. debe enjuiciarse el derecho como un objeto final susceptible de valoración porque la realidad es construida sobre el hombre "SER HUMANO" y sobre ella se construye el derecho. en contra de lo que establece el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que no habla de la realización de la legalidad sino que habla de la REALIZACION DE LA JUSTICIA. lo que lleva a regular expresamente el principio de la tutela efectiva y de acceso a la justicia. amo dotado de una serie de derechos derivados de su dignidad humana. lo cual se enlaza con el principio de supremacía constitucional del artículo 7° con el sometimiento de los órganos del Poder Público a la Constitución y a las leyes. Puede así fundamentarse ciertos principios políticos criminales como el principio de la humanidad de la pena. Social de Justicia? Autores como Hidegard Rondón de Sans. la preeminencia de los derechos humanos. resuelve lacrisis fundamental del Derecho Penal y del Derecho en General es que la ciencia del Derecho Palio-Positivista (término acuñado por (Ferrajoli para designar a Kelsen) propio de la edad de piedra. la ética y el pluralismo político". contenido en el artículo 137 a los sistemas de control de la constitucionalidad que mencionan los artículos 334 y 336 y de control contencioso administrativo como lo prevé el artículo 259. el principio de proporcionalidad. que lo lleva a intervenir en la actividad económica como Estado prestacional. Finalmente el Estado de Justicia: Es el que tiende a garantizar la justicia por encima de la legalidad formal. son las circunstancias sociales las que deben importar al juez y poder ajustar la norma adjetiva a lo que me está pidiendo el nuevo sistema social de derecho y de justicia. de la igualdad real de los hombres y de su facultad de participación en la vida social. es el Estado que tiende a garantizar la justicia por encima de la legalidad formal. es decir cuando pensamos en penas enseguida pensamos en cárcel. que estas contradicciones entre normas se deben satisfacer o solucionar a través de la tesis garantista. Entonces mi función como juez debe ser revisar esas lagunas e ignominias dentro del sistema y solucionarlos. . se iguala a la simplicidad del conocimiento de la ley y aplicado al derecho penal es más crítico porque se trata del Derecho que tiene que ver con la libertad. él tiene que ocuparse de la realización de la legislación. es decir. expresa en su obra: El Estado social: Es aquel que tiene como objetivo la búsqueda de la justicia social. el principio de culpabilidad. un estado que además pretenda ser democrático tiene que llenar el derecho penal de un contenido respetuoso de una imagen del ciudadano. pensamos en pena pero de una manera diferente de castigar. porque su función es conocer solo la norma. Estado de Derecho: Es aquel que está sometido al imperio de la ley. pero no se tiene que ocupar de la realización de una decisión que se ajuste a la equidad y a la justicia. es decir a la legalidad.
los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia post-penitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y proporcionará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico" Ahora bien las Medidas alternativas del cumplimiento de la pena obedecen a una política criminal orientada a la humanización de la sanción punitiva del Estado. De igual manera considera esta Juzgadora que el derecho que tienen los condenados según nuestra Carta Magna a que se le respeten sus Derechos Humanos suscritos en tratados y ratificados por la República (Artículo 19 y 23 de la C. el deporte y la recreación.R. es una norma de política criminal que devuelve el derecho efectivo que tiene todo penado. se alargan las esperanzas para los penados que viven día a día esas consecuencias ajenas a su voluntad. quien aquí . mientras esperamos esa positiva solución del Estado a mediano plazo. debe atenderse entonces a la solución pronta del problema y optar por la aplicación de la Redención de la Pena por el trabajo.pensamos en pena y en la utilidad del derecho penal sin la necesidad de la cárcel. porque sabemos que las cargas de la desidia y desatención de políticas carcelarias por parte del Estado data de muchos años atrás. debe cumplir el importante fin de la resocialización. es decir. debe Por todas las motivaciones antes explanadas. en razón de los principios de Igualdad. se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias. la cárcel debe dar al sujeto condiciones mejores a aquellos por los cuales delinquió. "El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Progresividad. Mal podemos socializar una persona sustrayéndolo del medio donde ella se realiza. de la reinserción del penado en la sociedad y además de cumplir con la función de prevención por la vía de la disuasión general. desde su inicio y no a la mitad del cumplimiento de la pena como lo preceptuaba la citada norma. Para ello. pues la pena en un Estado Social de Derecho y Justicia como el nuestro. humanización de las penas y en especial de los Derechos Humanos del hombre consagrados universalmente por los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Venezuela. debe pensarse en pena sin violar la libertad personal. y se regirán por una administración descentralizada.V. que este artículo 507 de la Ley de reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal. pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. resocialización. Considera igualmente esta Juzgadora que debe considerarse también el Artículo 272 de nuestra Carta Magna que estatuye lo que a continuación se transcribe: Artículo 272. es decir. pese a los grandes y valiosos esfuerzos y a la voluntad política del hoy Gobierno Bolivariano de crear una nueva cárcel con el cumplimiento de las condiciones óptimas para la convivencia intramuros. a que se le redima su pena como estímulo al trabajo. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusorio.B. Debe procurarse que el sujeto no empeore sus condiciones sociales. a cargo de los gobiernos estatales o municipales. Precisamente esa es la realidad social a que se debe el juez de Ejecución al aplicar el fin último del Derecho La JUSTICIA SOCIAL tan anhelada por todos. debe ser necesaria. por lo tanto se extiende a los condenados por sentencia firme. en principio la libertad de conciencia y la autonomía de la razón. De que se les otorgue los respectivos Beneficios como fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. de manera que si los mismos fines pueden lograrse por otros medios sancionatorios.) donde no se hacen excepciones en cuanto a los derechos fundamentales que corresponden a todos los venezolanos y que. En general. al estudio y principalmente a la reinserción. una vez cumplidos los requisitos exigidos por la ley. el estudio. Considera quién aquí decide. racional y útil y proporcionada.
. Pero ¡Cómo podréis afirmar que creéis en Dios Hecho hombre si no os pronunciáis contra todo lo que degrada la persona humana y la Familia? No podéis eludir el esfuerzo para contribuir a la construcción de un mundo nuevo. "Todo hombre puede ser rescatado. Para finalizar no puedo dejar pasar por alto las hermosas palabras dejadas por el muy recordado Papa. Y así se declara. en el presente caso y para decidir hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: Señala la solicitud presentada que el penado de autos antes identificado ha laborado Intramuros como Artesano en lapso continuo. Todos los argumentos de derecho antes explanados. En consecuencia. entonces se aplicar la disposición contenida en el 507 de la ley de Reforma del COPP. espiritual. moral. UN (01) MES y VEINTITRES (23) DIAS de Presidio y según señala la constancia de estudio emanada por la Junta Rehabilitadora del Internado Judicial ha cursado estudios por el lapso de Diez (10) meses aprobando el Quinto grado de primaria.". obtiene esta Juzgadora que efectivamente. por lo tanto el tiempo especificado a los folios del asunto determinado específicamente por la Junta Rehabilitadota y al efectuarse la operación matemática de dos días de trabajo por uno de reclusión.. conforme a lo previsto en el artículo 3° de la cita Ley de redención. criterio este que si es vinculante y que sirve de referencia a todos los jueces de la República. con actividades laborales Intramuros con una jornada de Un (01) Año. UN (01) MES y VEINTITRES (23) DIAS de Presidio. este Tribunal Primero de Ejecución de Penas y de Medidas de Seguridad del Circuito Judicial . SEGUNDO: Señala el artículo 3 de la Ley de Redención Judicial por el Trabajo y el Estudio "Se podrá redimir su pena con el Trabajo y el Estudio a razón de UN (01) día de Reclusión por cada dos (02) de estudio o de trabajo. en este sentido este Tribunal. sobre la orientación de la política. de la economía. La solicitud interpuesta una vez consignadas las constancias correspondientes al tiempo de Trabajo y el Estudio. en base al criterio doctrinal y jurisprudencial abundantemente motivado por esta Juzgadora. redimido. emitir formal pronunciamiento a la solicitud de Redención de la Pena por el Trabajo y el Estudio remitida por la Junta de Rehabilitación Laboral y Educativa del Internado Judicial del Estado Falcón a favor del penado: Eli Saúl Colina Colina. ser salvado de sus pecados". vencer la carne. De la cultura de la tecnología al servicio del hombre y de su desarrollo integral. criterio emitido por el más alto Tribunal de la República. fundado sobre la fuerza del amor y del perdón sobre la lucha contra la injusticia y toda miseria física. aunado al hecho que fue suspendida la disposición adjetiva del 493 del COPP. porque entonces no se puede REDIMIR antes también. Cinco (05) Meses y Nueve (09) días y computando un tiempo efectivo en el desempeño de sus actividades de: UN (01) AÑO. antes identificado. cuando ya el penado se ha estimulado a trabajar dentro del Centro de Reclusión. si se puede otorgar un beneficio antes del cumplimiento de la mitad de la Pena..( Juan Pablo II). en su Sala Constitucional. condenado a cumplir pena de: Diez (10) Años y Dos (02) Meses de Presidio por la comisión del delito de: HURTO y ROBO de VEHICULO. soy fiel creyente de la Redención y Rehabilitación del hombre y que todavía quedan esperanzas. que garantiza todo derecho constitucional del hombre concebido como ser Humano provisto de su dignidad humana. revisada y analizada como ha sido la solicitud antes mencionada se observa que la misma cumple con las exigencias legales contenidas con las normas y jurisprudencias supra citadas. ser reconciliado con Dios. con la esperanza de hacer más llevadera su vida allí. Juan Pablo Segundo que con tanta humildad nos dijo: "El señor os quiere apóstoles intrépidos de su Evangelio y constructores de la nueva Humanidad. entonces corresponde entonces a este Tribunal.suscribe considera que lo ajustado a derecho es la aplicación de la Ley de Reforma Parcial del COPP y practicar la Redención Judicial de la Pena por el Trabajo. la redención posible es de: UN (01) AÑO.
YANYS C. las normas constitucionales.DISPOSITIVA En consecuencia expuestos los argumentos de derecho y de hecho en esta materia sometida al conocimiento de esta juzgadora. Calle Hernández. mayor de edad. este Tribunal Primero de Primera Instancia en la Penal en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal con sede en Coro del Estado Falcón Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley. LA JUEZ PRIMERA DE EJECUCION Mag. se REDIME LA PENA por efectos del trabajo al penado: ELI SAUL COLINA. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 3° y 5 de la Ley de Redención Judicial de la Pena. de profesión u oficio indefinida. en respeto a todos los principios constitucionales de Derechos Humanos relativos a la Progresividad de las normas. Titular de cédula V-12. titular de la cédula de identidad N° 12. Cúmplase.26 y 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cs. LA SECRETARIA. y los artículos 07. Venezolano. los artículos 2 y 7 del Pacto de San José de Costa Rica. Publíquese y Notifíquese. de 32 años de edad. Venezolano. a la jurisprudencia supra mencionada y el artículo 507 de la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal. UN (01) MES y VEINTITRES (23) DIAS de Presidio al penado: ELI SAUL COLINA COLINA.831. MATHEUS SUAREZ. natural de Coro. . Y así se decide. Juanita Sánchez Rodríguez. Y así se decide. de Profesión Indefinida. Certifíquese copia del presente auto y con oficio remítase. 19. A tal efecto se ordena efectuar nuevo Cómputo de Conformidad con el Artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal.679. residenciado en Sector la Cañada.Penal del Estado Falcón REDIME la Pena por efectos del Trabajo en: UN (01) AÑO. DECLARA: De conformidad con el artículo 507 de La Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal y el contenido de los Artículos 2. a la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario y a la Dirección del Internado Judicial del Estado Falcón. 21. cumpliendo condena de: Diez (10) Años y Dos (02) Meses de Presidio. Casa N°: 4 Coro Estado Falcón. el artículo 26 del Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos. Certifíquese copia del presente auto y con oficio remítase. el cual se encuentra recluido en el Internado Judicial de este Estado cumpliendo condena de: Diez (10) Años y Dos (02) Meses de Presidio más las accesorias de ley en UN (01) AÑO. Abg. previstos en el artículo 272 del Texto Constitucional.. a la Defensa Pública de este Circuito Judicial Penal y al Penado antes plenamente identificado. Regístrese. y actualmente recluido en el internado judicial de este Estado. Notifíquese a la Fiscalía Décima Séptima del Ministerio Publico.182. a la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario y a la Dirección del Internado Judicial del Estado Falcón.179. UN (01) MES y VEINTITRES (23) DIAS de Presidio solicitada por la Junta Rehabilitadora del Recluso y se practica nuevo cómputo de pena conforme alo previsto en el artículo 482 del COPP. 61 y 64 de la Ley de Régimen Penitenciario y los artículos 3 y siguientes de la Ley de Redención judicial de la Pena del Trabajo y el Estudio y atendiendo al contenido de la Doctrina Penal Vinculante. Soltero. de aplicabilidad inmediata conforme a lo preceptuado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional.
de la responsabilidad por el hecho. sin embargo. o librados a la libre apreciación del juzgador. va mucho más allá de la exigencia de una ley formal previa que establezca las conductas delictivas y sus penas. Según el principio de culpabilidad. del hecho al autor. ni pena. Aunque es parte de ciertas tendencias ignora este principio y se ha querido desplazar la normativa penal. Solo se puede responder temporalmente a la medida en que. con evidente amenaza a las exigencias garantistas del Derecho Penal y Estado de Derecho. Ello. sino por lo que ha hecho concretamente. Por tanto. Según el principio de legalidad. cuales son las consecuencias de la trasgresión o las penalidades que siguen a su conducta lesiva a los bienes protegidos por la norma penal. entonces. El Derecho Penal no castiga a un sujeto por su personalidad. y la responsabilidad penal no pude descansar en la simple causación de un daño sin referencia alguna a la voluntad culpable del autor. . por el hecho realizado debe ser posible la formulación de un juicio de reproche a su autor. se exige que el delito se encuentre expresamente previsto en una ley formal. del bien jurídico. el delito debe consistir en un comportamiento externo concreto o individualizado. Precisamente. no solo materialmente. por la realización de un hecho típico dañoso. la cual debe ser apreciada por el juez. entendida como retribución y con fines preventivos. como en el caso de las normas penales en blanco. no siendo suficiente para incriminar un comportamiento que este aparezca como la simple expresión de una voluntad torcida o rebelde. todo delito supone. Todo el Derecho Penal se orienta hacia la protección de los bienes o valores jurídicos y la determinación de estos ilumina y constituye la razón de ser de las normas incriminadoras. para exigir la certeza o precisión de la ley penal. a los fines de determinar la condición para que el hecho tenga importancia penal. quien debe saber exactamente cuál es la conducta prohibida y. de manera de garantizar la seguridad del ciudadano. carácter que condiciona la materialidad misma del hecho. la reducción al mínimo de su contenido de elementos genéricos. como lo anotaremos más adelante. De acuerdo con el principio del hecho. Este principio constituye otro de los principios básicos del Derecho Penal moderno y garantista. equívocos. por el cual se sanciona a su autor. Según el principio del bien jurídico. todo delito supone la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. lo cual supone la determinación de los tipos penales. cuyo funcionamiento. sino espiritualmente.CONCLUSIONES Los principios que rigen el Derecho Penal: Inspirado en un sistema democrático que ha sido transformado lentamente la estructura jurídico penal. no hay delito. exigiéndose como requisito esencial para que una conducta pueda ser considerada como delito. de manera que conozca de forma precisa los contornos de ilicitud penal. Este principio. por lo menos un peligro para un bien jurídico. de la exigencia culpabilista y de la pena humanitaria. en todo caso. no significa renunciar a la posibilidad de fijar tipos penales que se resisten a las formulas tradicionales y que exigen la necesidad de fijar de complementación. en lo cual radica la esencia del hecho punible. como lo explicaremos después. asimismo. por sus tendencias o por su modo de ser. gira en torno a los principios penalísticos de la legalidad de los delitos y de las penas. Sin culpabilidad. pudiendo y debiendo ajustarse a las exigencias del Derecho. optó por rebelarse contra ellas. debe garantizar la exigencia de certeza del ciudadano ante la ley penal. previa. descrito con contornos precisos. al cual debe pertenecer el hecho. el Derecho Penal está destinado a proteger bienes y valores cuya protección se considera imprescindible para a existencia de la sociedad. se puede dirigir un reproche personal a su autor por la actitud de su voluntad contraria al deber impuesto por la norma o por la expresión de una voluntad que.
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