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Timestamp: 2017-09-24 06:52:21
Document Index: 5527249

Matched Legal Cases: ['artículo 298', 'artículo 623', 'artículo 629', 'artículo 623', 'artículo 301', 'artículo 570']

Publicaciones sobre Delitos informáticos
Principales Delitos informáticos ocurridos durante el año 2014 según el informe de la fiscalía. La ciberdelincuencia, o delitos cometidos haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, no han hecho más que crecer año tras año.
Así lo refleja el informe de la fiscalía, que hace de resumen de los principales delitos informáticos que no sólo aumentan en cantidad, también lo hacen en variedad debido al progreso tecnológico y al creciente uso de internet por los ciudadanos, y los legisladores han tenido que hacer frente a esta circunstancia aportando respuesta ágiles que faciliten la protección de los usuarios, tanto empresas como particulares.
Entre los principales delitos nos podemos encontrar:
Revista legal | Resumen de los delitos informáticos ocurridos durante 2014 por la fiscalía | Delitos
La ciberdelincuencia, o delitos cometidos haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, no han hecho más que crecer año tras año.
Apelación de un condenado por utilizar por internet la tarjeta de crédito de otra persona.
El Juzgado de lo Penal de Soria dictó, en junio de 2014, una sentencia condenatoria por hechos cometidos en el año 2012. Varios sujetos, cuya identidad no ha podido ser acreditada, penetraron en el garaje particular de una comunidad de vecinos, donde procedieron a romper los cristales de varios de los vehículos aparcados. De uno de ellos extrajeron el DNI y una tarjeta de crédito (de Caja Rural) del propietario. Dicha tarjeta fue utilizada posteriormente por un hombre para apostar al póker a través de internet en la página Pokerstars (su participación en los hechos iniciales no se demostró), realizando dos transacciones de 200€.
Las pruebas apuntaban a un hombre, hijo de la dueña de la casa a la que correspondía la identificación de la IP a través de la cual se cometió la estafa. La IP es el rastro que dejan las operaciones electrónicas que se hacen a través de redes inalámbricas (a las que usualmente se las conoce como wi-fi).
El hombre fue condenado por un delito de receptación (artículo 298 del Código Penal) y por una falta de estafa (artículo 623 CP). La receptación consiste en aprovecharse, por diversos medios, de los efectos procedentes de un delito. La estafa, por su parte, puede constituirse en delito o en falta, dependiendo de si se superan o no los 400€ en la defraudación.
Las penas que se le impusieron fueron las siguientes:
-	Prisión de 6 meses.
-	Pena accesoria, por el mismo tiempo, de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
-	300€ de multa (10€ diarios durante un mes).
La sentencia fue apelada ante la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Soria, que dio resolución al recurso el día 7 de noviembre de 2014. Explica la Ponente, Doña María Belén Pérez-Flecha Díaz, que el parecer de la Audiencia era contrario a la culpabilidad del acusado.
La única prueba que había era que el sospechoso residía en la vivienda cuya señal de internet se había utilizado para realizar las transferencias de dinero. Sin embargo, la madre del acusado declaró que había dado consentimiento a unos vecinos para acceder a su señal inalámbrica de internet. También estimaron los Magistrados de la Audiencia que dichas señales son fácilmente accesibles por terceros, sobre los que no se puede tener ningún control.
En conclusión, el recurso de apelación prosperó por falta de pruebas de cargo suficientes. Sólo había una prueba indiciaria, y eso, según el Tribunal Supremo, no es suficiente para dictar una sentencia condenatoria. El condenado fue absuelto de su responsabilidad criminal.
05 de junio de 2015 | Comentar
Recurso de apelación frente a una condena por entregar dinero falso en la compra-venta de un teléfono móvil.
Muchos son los casos que están llegando a los tribunales relacionados con pequeñas estafas realizadas a través de internet. De entre todas ellas, las ventas de teléfonos móviles suponen un porcentaje muy elevado. Un asunto de estas características fue el que supuso la condena de un sujeto, que posteriormente actuó como apelante en la Sentencia que vamos a analizar.
El hombre en cuestión fue condenado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcira por la comisión de dos faltas, una contra los intereses generales (artículo 629 del Código Penal) y otra de estafa (artículo 623 CP), a la pena de 320€ de multa y a abonar, en concepto de indemnización por la responsabilidad civil causada, 200€ al denunciante.
La Sentencia consideró probado lo siguiente: que el denunciante había puesto un anuncio en internet en el que ofrecía la venta de un teléfono de la marca Apple, modelo IPhone 5, por 430€; que el acusado respondió al anuncio y concertaron una cita para efectuar la transacción; que el acusado le entregó, al menos, dos billetes falsos de 100€ en el momento de la compra; que el vendedor no se dio cuenta de que los billetes no eran auténticos hasta que transcurrieron 21 días desde la venta, cuando intentó pagar con uno de esos billetes de 100€ en una gasolinera.
Sin embargo, el comprador del teléfono móvil, decidió recurrir en apelación la Sentencia que le condenaba. Del recurso de apelación conoció la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valencia, siendo Magistrada Unipersonal de la misma Doña Lucía Sanz Díaz.
La Magistrada, en Sentencia de 26 de enero de 2015, a pesar de que no pudo determinarse el origen del dinero utilizado por el condenado para pagar el teléfono móvil, y a pesar también de que en el momento de comprarlo ni siquiera abrió la caja en la que se lo entregó el denunciante, consideró que los hechos no habían sido suficientemente probados, por los siguientes motivos:
-	No puede afirmarse que el comprador entregara los billetes falsos utilizados por el vendedor en la gasolinera, a pesar de los indicios existentes en ese sentido.
-	Transcurrieron muchos días -21- entre la compra-venta del teléfono y el intento de pago en la gasolinera.
-	No pudo demostrarse que el comprador enviara un mensaje de texto al vendedor en el que dijera: “otro que también ha picado”, susceptible de ser interpretado como favorable a la estafa.
Por todas estas razones, la Audiencia revocó la sentencia condenatoria contra el comprador del teléfono y le declaró absuelto de toda responsabilidad criminal.
16 de mayo de 2015 | Comentar
Recurso de apelación frente a una sentencia absolutoria por blanqueo de capitales.
No siempre los recursos de apelación se interponen por los condenados en un proceso penal. Muchas veces es el Ministerio Fiscal el que trata de obtener la revocación de las sentencias absolutorias. Eso es, precisamente, lo que sucedió frente a la Sentencia dictada el día 2 de mayo de 2014 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Barcelona, que fue recurrida en apelación por la Fiscalía.
La sentencia recurrida declaraba la ausencia de responsabilidad criminal en los dos sujetos acusados. Aunque, en principio, no se conocían entre ellos, la acusación sostenía que ambos habían colaborado con otras personas -que no pudieron ser identificadas- en el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas (de transferencias on-line no consentidas por los titulares de cuentas bancarias).
La red encargada del blanqueo se dedicaba a localizar personas a través de internet, enviándoles correos electrónicos. En ellos se les ofrecía la posibilidad de ganar dinero recibiendo ciertas cantidades en cuentas corrientes de su titularidad; una vez ingresada la cantidad debían quedarse con una parte de ella en concepto de compensación y sacar el resto de dinero de la cuenta (es decir, pedir un reintegro) para hacer una transferencia vía Western Union a la persona designada.
Sin embargo, como decía, el Juzgado decretó la absolución de los dos acusados, al estimar que de las pruebas presentadas no podía concluirse que tuvieran conocimiento de la procedencia ilícita del dinero que ayudaban a transferir.
El Ministerio Fiscal presentó recurso de apelación, del que conoció la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Don Jesús Navarro Morales, Ponente de la Sentencia dictada en apelación, realiza en la misma una detallada explicación de la reiterada jurisprudencia constitucional que existe con relación a la valoración, por parte de los tribunales de apelación, de las pruebas ya practicadas en la instancia.
Para respetar los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, es necesario que las Audiencias no entren a valorar las pruebas discutidas en el juicio oral, porque de lo contrario desvirtuarían los principios de inmediación y oralidad, necesarios en toda práctica probatoria.
De manera que, sin poder valorar de nuevo los hechos, ya declarados probados por el Juzgado sentenciador, la Audiencia no podía más que confirmar la primera Sentencia, confirmando la absolución de los acusados. Es más, para ello no fue necesario, ni siquiera, que la Audiencia celebrara vista pública, decidiéndose todo el asunto mediante una votación de sus magistrados.
Sentencia absolutaria en casos de blanqueo de capitales u ofertas de empleo falsas
Juicio al estafar por internet en la venta de una videoconsola.
En julio del año 2014 el Juzgado de Instrucción nº 1 de Aranjuez dictó Sentencia condenatoria contra una mujer por una falta de estafa (no era delito porque no superaba los 400€). Tenía que pagar 180€ en concepto de multa, las costas procesales y 24€ de indemnización al estafado.
Según el Juez, quedó demostrado que la acusada había estafado por internet al denunciante. Puso un anuncio en www.tablonanuncios.com; en él ofrecía la venta de una videoconsola PlayStation 3 nueva y pedía 85€ por ella. Cuando el denunciante respondió al anuncio, ambos acordaron el pago de 35€ en concepto de señal -que fueron ingresados en una cuenta corriente de la denunciada-, dejando el pago de los 50€ restantes para cuando se recibiera la consola. Sin embargo, ésta nunca fue enviada. Frente a las reclamaciones del comprador, la vendedora procedió a devolverle 11€.
La Sentencia fue recurrida en apelación por la condenada ante la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid. El Ponente de la Sentencia resolutoria del recurso, Carlos Francisco Fraile Coloma, explica que la Audiencia da por buenos los mismos hechos que el Juez declaró probados, al tiempo que desvirtúa los argumentos de la apelación:
-	La apelante afirma que sólo recibió el primero de los dos folios de la cédula de citación para el juicio. La Audiencia, por su parte, estima que, aunque eso fuera cierto, su derecho a la defensa no se habría visto perjudicado. Con el primer folio era suficiente para darse por enterada de los hechos que se le imputaban.
-	También rechaza la segunda línea de defensa de la apelación. No es verdad que la falta de envío de la consola y la posterior falta de devolución del precio constituyan un asunto civil, y no penal. Del desarrollo de los hechos puede fácilmente extraerse que la condenada tenía, desde el primer momento, intención de estafar al comprador. Eso queda demostrado porque sólo devolvió 11€, en vez de los 35€ que había recibido.
Al hilo de los hechos analizados, se trataba de una apelación con poco fundamento para conseguir la revocación de la Sentencia. Y así fue, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la sentencia (4 de marzo de 2015) y, por lo tanto, también la condena de la apelante. No obstante, como no se apreció mala fe en el recurso de apelación, la Audiencia declaró las costas de oficio.
Juicio de estafa al intentar vender coches inexistentes por internet.
La Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó Sentencia, el día 4 de marzo de 2015, en un juicio en el que se analizaba la responsabilidad criminal de dos sujetos. Ambos estaban acusados de los delitos de estafa (artículos 248 y 250 del Código Penal), blanqueo de capitales (artículo 301 CP) y pertenencia a grupo criminal (artículo 570 CP).
El modus operandi del mencionado grupo se desarrollaba entre España y Rumanía. Varios sujetos afincados en Rumanía -que previsiblemente habían residido algún tiempo antes en España- ponían anuncios falsos en internet relativos a la venta de coches. Cuando conseguían que una persona interesada en alguno de los anuncios se decidiera a comprar el vehículo, le hacían ingresar un dinero en alguna de las cuentas corrientes que tenían abiertas en España.
Aquí es donde entran en juego los acusados, los cuales, presumiblemente en connivencia con los líderes de la organización -los que vivían en Rumanía-, buscaban a personas para que abrieran cuentas bancarias a cambio de dinero. Si bien se identificó a cuatro sujetos, dos de ellos consiguieron escapar, por lo que fueron declarados en rebeldía. De manera que en el juicio sólo fueron juzgados dos de ellos.
Uno, en principio, estaba en contacto con los cabecillas; y el otro había abierto algunas cuentas corrientes a petición del primero y, supuestamente, tenía conocimiento de la estafa que tramaba el grupo.
Aparentemente los hechos estaban claros: habían defraudado decenas de miles de euros y tendrían que hacer frente, por todos los delitos, a penas de 12 años y 15 días de prisión, multa de 103.600€ e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, sin perjuicio de pagar, además, las costas procesales.
Sin embargo, la Audiencia Provincial consideró que no había pruebas de cargo suficientes como para desvirtuar la presunción de inocencia de los dos acusados. El supuesto cabecilla negaba conocer el destino de los ingresos en las cuentas. El que abrió una cuenta a su nombre a cambio de dinero le echó la culpa a aquél, afirmando que sí tenía conocimiento de toda la trama criminal.
Para desmontar sus testimonios y demostrar su culpabilidad la Audiencia sólo tenía indicios, pero carecía de pruebas: los atestados policiales no habían sido aportados a la causa y los policías encargados de la investigación no habían sido citados como testigos en el juicio.
Al final se dictó Sentencia absolutoria a favor de ambos acusados, determinando el pago de oficio de las costas procesales.