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Timestamp: 2020-04-07 11:40:12
Document Index: 212762000

Matched Legal Cases: ['Artículo 11', 'Artículo 29', 'Artículo 36', 'artículo 70', 'artículo 39', 'artículo 68', 'artículo 20', 'artículo 27', 'artículo 6', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 22', 'artículo 19', 'artículo 31', 'artículo 13', 'artículo 70', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 74', 'artículo 29', 'artículo 46', 'artículo 29']

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia
Publicado en BOB núm. 165 de 28 de Agosto de 2018
Artículo 11 Fiscalización o intervención de conformidad
Artículo 29 Forma de ejercicio
Artículo 36 Personas destinatarias de los informes
Disposición Adicional Primera Régimen jurídico de los convenios celebrados entre la Diputación Foral de Bizkaia y las entidades locales
Disposición Adicional Segunda Modificación del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia
Disposición Adicional Tercera Formación continua por parte de las personas encargadas del control
Disposición Adicional Cuarta Acceso a la información correspondiente a las auditorías realizadas por servicios de auditoría privada
Disposición Adicional Quinta Remisión al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
El presente decreto foral tiene por finalidad la regulación de un modelo foral de control interno en el sector público local que respetando el principio de autonomía local fije unos estándares mínimos de control eficaz que tengan en cuenta los riesgos y los medios disponibles para llevarlo a cabo.
Mediante el presente decreto se desarrolla por tanto el Título IV, referido al control interventor, de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, de conformidad con lo previsto en su disposición adicional tercera.
No es objeto de este decreto foral la regulación del ejercicio de aquellas otras funciones asignadas a los órganos interventores en el ordenamiento jurídico y que cuentan con una regulación concreta, tales como la asistencia a las mesas de contratación o la emisión de informes que tengan la consideración de consultas solicitadas por los miembros de la corporación.
Este decreto contiene 5 títulos.
El título I regula las disposiciones comunes del ejercicio del control interno en las entidades locales con la siguiente división en capítulos:
a) El capítulo I se refiere al alcance objetivo y subjetivo del decreto foral, concretando los tipos de controles a realizar en función de la estructura organizativa o características de la entidad.
Desde el punto de vista técnico, el control interno se estructura en dos modalidades, función interventora y control financiero incluyéndose en ambos, el control de eficacia. Asimismo, el control financiero se configura en dos regímenes de ejercicio diferenciados: el control permanente y la auditoría pública.
b) El capítulo II desarrolla los deberes y facultades del órgano interventor.
El título II desarrolla el ejercicio de la función interventora comprendiendo todas y cada una de las fases presupuestarias. La función interventora tendrá como objetivo principal la fiscalización e intervención previa de los actos de susceptible repercusión económica, financiera y patrimonial de la entidad local y de sus organismos autónomos, así como de los consorcios, en su caso, antes de que sean aprobados dichos actos.
El desarrollo de la función interventora podrá realizarse mediante la fiscalización e intervención previa ordinaria o bien mediante un régimen de fiscalización limitada previa. Dentro de esta última el Pleno está facultado para determinar un régimen de requisitos básicos.
En desarrollo de lo regulado en el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia se recoge en el decreto la posibilidad que tiene la Presidencia de la entidad local de solicitar informe sobre la discrepancia planteada al Departamento competente en materia de tutela financiera de la Diputación Foral de Bizkaia.
Por último, en el título II se desarrollan otros dos aspectos relevantes de la función interventora. Por un lado, el ejercicio de la función interventora en la fase de intervención de la comprobación material de la inversión, reflejándose en el texto unos requisitos mínimos para el desarrollo de estas actuaciones, y, por otro lado, el procedimiento a seguir en caso de producirse alguna omisión de la función interventora.
El título III, referido a la modalidad del control financiero se estructura en cuatro capítulos:
a) El primero de ellos, refleja los aspectos generales del control financiero.
Se introduce como requisito básico que el órgano interventor elabore y adopte un plan anual de control financiero, del que deberá informar al Pleno de la entidad local, así como de las modificaciones o alteraciones que se produzcan.
b) El segundo referido al ejercicio del control financiero en la modalidad de control permanente fija como objetivo comprobar, de forma continua, que la actividad económico-financiera realizada por el sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera.
c) El tercero sobre el ejercicio del control financiero en la modalidad de auditorías públicas regula la verificación a realizar con posterioridad de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público local, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos. Esta modalidad comprenderá las auditorías de cuentas anuales, de cumplimiento y operativas.
d) El cuarto concreta los criterios básicos para la plasmación y tramitación de los resultados del control efectuado.
El título IV introduce una importante novedad en el régimen de control interno en las entidades locales. Conforme a los resultados reflejados en el informe, las entidades locales deberán formalizar un plan de acción donde se determinen las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias o incumplimientos reflejados en dicho informe.
Se desarrolla en el título V del texto un régimen de control simplificado de aplicación potestativa para aquellas entidades locales que cuentan con una menor dimensión en su actividad económico-financiera y que podrían encontrarse, en principio, en peores condiciones para asumir el régimen de control general.
Por último conforman el decreto foral cinco disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.
La Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, en su disposición adicional tercera establece que se autoriza a la Diputación Foral para desarrollar reglamentariamente los preceptos en ella contenidos, previo informe de la Asociación de Municipios de mayor implantación en el Territorio Histórico.
El artículo 39 k) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia determina que compete a los diputados forales y a las diputadas forales proponer a la Diputación Foral, para su aprobación, los proyectos de decreto foral en las materias propias de su departamento.
En su virtud, a iniciativa de la diputada foral del Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales y previa deliberación de la Diputación Foral de Bizkaia en su reunión del día 22 de agosto de 2018.
1. La presente disposición tiene por objeto el desarrollo reglamentario del Título IV, referido al control interventor, de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, de conformidad con lo previsto en su disposición adicional tercera.
2. Las actuaciones de control interno que se lleven a cabo en las entidades que conforman el sector público local se ajustarán a los preceptos contenidos en la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, en el presente decreto foral y en las normas reguladoras aprobadas por las entidades locales en desarrollo de las anteriores disposiciones.
1. El control al que se refiere el título IV de la Norma Foral 10/2003, será ejercido sobre la totalidad de entidades que conforman el sector público local por los órganos de intervención con la extensión y los efectos que se determinan en los artículos siguientes.
2. Este decreto foral será de aplicación a las siguientes entidades:
e) Otras entidades de derecho público o privado adscritas siempre que sus actos estén sujetos al poder de decisión de la entidad local.
Una entidad se considera adscrita cuando cumpla con los requisitos establecidos para tal categoría en la normativa de estabilidad presupuestaria.
Se entiende que una entidad está sujeta al poder de decisión cuando la entidad local ostenta más de la mitad de los votos en los órganos de gobierno.
3. El órgano interventor ejercerá también el control establecido en la normativa aplicable sobre las entidades colaboradoras y personas beneficiarias de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos que integran el sector público local.
4. El control de la entidad local respecto a los consorcios adscritos cuyos actos no estén sujetos al poder de decisión de la entidad local se ejercerá mediante auditoría de las cuentas anuales.
1. El control interno de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá por el órgano interventor mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero. En ambos se incluirá el control de eficacia y eficiencia referido en el artículo 68 de la Norma Foral 10/2003.
En los consorcios adscritos sujetos al poder de decisión de la entidad local la función interventora se realizará en aquellos casos en los que así se determine por el Pleno de la entidad local a la que esté adscrito.
4. El control financiero así definido comprende las modalidades de control permanente y la auditoría pública.
1. El órgano interventor de la entidad local, en el ejercicio de sus funciones de control interno, estará sometido a los principios de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado, responsabilidad limitada y procedimiento contradictorio.
2. El órgano interventor de la entidad local ejercerá el control interno con plena autonomía respecto a los órganos y entidades a las que controla. A tales efectos, el personal funcionario que lo realice, tendrá independencia funcional respecto de los titulares de las entidades controladas.
3. El órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello la entidad local deberá habilitar los medios necesarios y suficientes. El ejercicio del control interno del sector público local podrá llevarse a cabo directamente por el órgano interventor o mediante órganos delegados. Asimismo, podrá servirse de la colaboración, bajo la supervisión y dirección del órgano interventor, de medios ajenos a la propia entidad local contratados al efecto cuando se refiera al ejercicio del control financiero.
4. El órgano interventor de la entidad local dará cuenta a los órganos de gestión controlados de los resultados más relevantes de las comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten aconsejables.
5. El órgano interventor sólo es responsable en los casos en que con dolo, culpa o negligencia grave no haya salvado su responsabilidad acerca de la improcedencia o ilegalidad de aquellos actos o disposiciones que causen daños y perjuicios a la hacienda local y en cuyo proceso de formación, emisión y supervisión haya participado previamente.
1. Las personas que ejerzan la función interventora o realicen el control financiero, deberán guardar el debido sigilo con relación a los asuntos que conozcan en el desempeño de sus funciones.
2. El órgano interventor deberá facilitar el acceso a los informes de control en aquellos casos en los que legalmente proceda. En defecto de previsión legal, la solicitud de los mismos deberá dirigirse directamente a la persona que gestione directamente la actividad económico-financiera controlada.
2. Las personas que ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en las entidades locales o en sus entidades dependientes o adscritas deberán prestar la debida colaboración y apoyo al órgano encargado de la realización del control.
Asimismo, los órganos interventores podrán recabar a través de la Presidencia de la entidad local, el asesoramiento e informe de los servicios de asistencia local y de los órganos competentes de la Diputación Foral.
5. Las entidades locales deberán garantizar y adoptar las medidas necesarias para la defensa jurídica y protección del personal de los órganos interventores en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia de su participación en actuaciones de control interno.
6. El personal funcionario actuante en el control financiero podrá revisar los sistemas informáticos de gestión que sean precisos para llevar a cabo sus funciones de control.
7. La intervención local podrá interponer los recursos y reclamaciones que autoricen las disposiciones vigentes. Asimismo, podrá instar la declaración de lesividad y la revisión de oficio de aquellos actos que considere perjudiciales para los intereses económicos de la hacienda local.
a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos, acuerden y ordenen devoluciones de ingresos indebidos y acuerden movimientos de fondos y valores.
b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión, y en general, de la aplicación de los fondos públicos.
2. La función interventora se ejercerá en sus modalidades formal y material. La modalidad formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. En la modalidad material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
1. La función interventora se ejercerá bien como fiscalización previa bien como intervención previa en los términos señalados en los apartados siguientes. El ejercicio de la función interventora no atenderá a cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones intervenidas.
2. Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete al órgano interventor de examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso.
3. La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones es la facultad del órgano interventor para comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y que la persona o entidad acreedora ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación.
La intervención de la comprobación material de la inversión se ajustará a lo establecido en el artículo 20 de este decreto foral. La intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija se realizará de acuerdo con el artículo 27.
5. La intervención material del pago es la facultad que compete al órgano interventor para verificar que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y se realiza en favor de la persona o entidad perceptora y por el importe establecido.
1. La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la tesorería de la entidad local, la de sus organismos autónomos y, en su caso, la de los consorcios adscritos se podrá sustituir, siempre que lo haya acordado el Pleno, por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior a que se refiere el apartado siguiente.
2. El control posterior de los derechos e ingresos de la tesorería de la entidad local, la de sus organismos autónomos y, en su caso, la de los consorcios adscritos se efectuará mediante el ejercicio del control financiero.
4. En el caso de que en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados y la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos o movimiento de fondos o valores a favor de las entidades locales, sus organismos autónomos o, en su caso, consorcios adscritos, así como a la anulación de derechos, la oposición se formalizará en nota de reparo que en ningún caso suspenderá la tramitación del expediente.
2. El órgano interventor fiscalizará el expediente en el plazo de diez días hábiles. Este plazo se reducirá a cinco días hábiles cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención previa regulada en los artículos 13 y 14 de este decreto foral.
Cuando el órgano interventor haga uso de la facultad a que se refiere el artículo 6.4 se suspenderá el plazo de fiscalización previsto en este artículo y quedará obligado a dar cuenta de dicha circunstancia al órgano gestor.
2. Si el reparo afectase a la aprobación o disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquel sea solventado en los casos establecidos en el artículo 70.3 de la Norma Foral 10/2003.
3. En el supuesto previsto en el apartado c) del artículo 70.3 citado, procederá la formulación de un reparo suspensivo en los casos siguientes:
b) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de la persona o entidad perceptora.
c) Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la tesorería de la entidad local o a terceras personas.
5. En el supuesto de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites que no sean los considerados esenciales ni el resto de los incluidos en el artículo 70.3 de la Norma Foral 10/2003, la Intervención podrá emitir informe favorable, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá al órgano interventor la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos.
El órgano interventor remitirá al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas las resoluciones y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los reparos formulados conforme a lo previsto en este apartado.
1. Previo informe del órgano interventor y a propuesta de la Presidencia, el Pleno de la entidad local podrá acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada previa.
Cuando se tramiten anticipadamente gastos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o cuya financiación sea afectada se comprobará la existencia de condición suspensiva de la efectiva existencia de crédito o de consolidación de los recursos que han de financiar el gasto correspondiente.
Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 22 de la Norma Foral 10/2003.
Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos del artículo 19 de la Norma Foral 10/2003 y del Marco conceptual de la contabilidad pública del plan general de contabilidad pública adaptado a la administración local aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia.
c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno a propuesta de la Presidencia previo informe del órgano interventor.
4. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención limitada previa a que se refiere el apartado 2 de este artículo podrán ser objeto de otra plena con posterioridad.
Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las actuaciones del control financiero que se planifiquen en los términos recogidos en el título III de este decreto foral. En este sentido, el control financiero permanente a llevar a cabo se incluirá en el plan anual de control financiero elaborado por el órgano interventor de acuerdo con el artículo 31 de este decreto foral.
1. Si no se cumpliesen los requisitos exigidos en el artículo 13.2 del presente decreto foral, el órgano interventor procederá a formular reparo en la forma y con los efectos previstos en esta sección 1.ª
1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por la Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo.
2. Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el órgano interventor en el ejercicio de la función interventora planteará a la Presidencia de la entidad local una discrepancia.
3. En el plazo de quince días desde la recepción del reparo, las discrepancias se plantearán a la Presidencia o al Pleno de la corporación local, según corresponda, y, en su caso, a través de las personas responsables de los organismos autónomos locales, y consorcios en los que se realice la función interventora, para su inclusión obligatoria, y en un punto independiente, en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, dejando constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos por el órgano de intervención.
La resolución de la discrepancia por parte de la Presidencia o el Pleno será indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva.
4. El órgano competente para resolver la discrepancia podrá solicitar informe sobre la misma al departamento competente en materia de tutela financiera de la Diputación Foral de Bizkaia. La solicitud se realizará a través de la Presidencia de la entidad local y previamente a la resolución.
A tales efectos, la Presidencia remitirá propuesta motivada de resolución de la discrepancia junto con el expediente completo al departamento competente en materia de tutela financiera de la Diputación Foral de Bizkaia, concretando el extremo o extremos acerca de los que solicita valoración y comunicará la remisión al órgano interventor y demás partes interesadas.
El departamento competente en materia de tutela financiera de la Diputación Foral de Bizkaia, sin perjuicio de su facultad para recabar los informes o dictámenes que sean necesarios, deberá informar sobre las cuestiones planteadas en el plazo de un mes desde la solicitud, siempre que se cuente con el expediente completo. Este plazo se interrumpirá en el caso de que sea necesario solicitar aclaraciones o informes para la resolución de la discrepancia.
Cuando las resoluciones y acuerdos adoptados por la entidad local sean contrarios al informe del órgano interventor o al emitido por el departamento competente en materia de tutela financiera de acuerdo con el párrafo anterior, se incluirán en el informe referido en el apartado 6 de este artículo.
5. El departamento competente en materia de tutela financiera de la Diputación Foral de Bizkaia gestionará una base de datos sobre los informes emitidos en relación con las propuestas de resolución de discrepancias sometidas a su valoración, con objeto de unificar criterios y realizar el seguimiento de su aplicación.
A la base de datos tendrán acceso tanto los órganos de control interno de las entidades locales, que podrán utilizar la información facilitada como elemento de motivación en otros expedientes, así como, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para el ejercicio de sus competencias.
6. Con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local y por el Pleno contrarias a los reparos efectuados o a los informes emitidos por el departamento competente en materia de tutela financiera de acuerdo con el apartado 4 de este artículo, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función interventora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. La Presidencia de la entidad local podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
7. Una vez informado el Pleno de la entidad local, con ocasión de la cuenta general, el órgano interventor remitirá anualmente, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, todas las resoluciones y acuerdos referidos en el apartado 6 anterior, y en su caso, los informes justificativos de la resolución adoptada.
8. El informe anual referido en el apartado 6 anterior deberá diferenciar de forma clara y concisa, el carácter suspensivo o no de los reparos efectuados por los órganos interventores.
9. La Diputación Foral de Bizkaia tendrá acceso a los informes del apartado 7 remitidos al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas tras la formalización del oportuno convenio entre ambas entidades.
1. Sin perjuicio del régimen de fiscalización limitada previa regulado en el artículo 13, están sometidos a fiscalización previa todos los actos de los órganos de la entidad local y de sus organismos autónomos, y, en su caso, consorcios adscritos, cualquiera que sea su calificación, por los que se apruebe la realización de un gasto.
En este momento deberá quedar documentalmente acreditado que se cumplen todos los requisitos necesarios para el reconocimiento de la obligación, entre los que se encontrará, en su caso, la acreditación de la realización de la prestación o el derecho de la persona o entidad acreedora de conformidad con los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto así como el resultado favorable de la comprobación material de la inversión.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de este decreto foral, al efectuar la intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones se deberá comprobar además:
1) Identificación de la persona o entidad acreedora.
2) Importe exacto de la obligación.
3) Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago.
1. En ejercicio de la función de fiscalización material de las inversiones, antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación el órgano interventor asistirá a la recepción material de todos los contratos, excepto los contratos menores, y verificará la efectiva realización de las mismas y su adecuación al contenido del correspondiente contrato. Para llevar a cabo la intervención de la comprobación material de la inversión podrá utilizar procedimientos de muestreo.
2. La intervención de la comprobación material se realizará por el órgano interventor o por la persona en quien delegue. El órgano interventor podrá estar asesorado cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación material.
3. Los órganos gestores deberán solicitar al órgano interventor, o en quien delegue, su asistencia a la comprobación material de la inversión cuando ésta sea obligatoria de acuerdo con el apartado 1, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate.
4. La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo el órgano interventor, o en quien delegue, al acto de recepción de la misma.
Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el órgano interventor podrá acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de la inversión.
5. El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que será suscrita por todos los que concurran al acto de recepción de la inversión y en la que se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción.
6. En los casos en que la intervención de la comprobación material de la inversión no sea preceptiva, la comprobación de la inversión se justificará con el acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma o con una certificación expedida por la persona responsable del centro, dependencia u organismo a quien corresponda recibir o aceptar las inversiones, en la que se expresará haberse hecho cargo de las mismas, y que se han ejecutado con arreglo a las condiciones previamente establecidas.
En los supuestos de existencia de retenciones judiciales o de compensaciones de deudas de la persona o entidad acreedora, las correspondientes minoraciones en el pago se acreditarán mediante los acuerdos que las dispongan. La intervención formal de la ordenación del pago alcanzará a estos acuerdos de minoración.
b) Situar fondos a disposición de las personas facultadas legalmente para realizar pagos.
Dicha intervención incluirá la verificación de la competencia del órgano para la realización del pago, la correcta identidad de la persona o entidad perceptora y la coincidencia del importe a pagar con el de la obligación previamente reconocida.
2. Cuando el órgano interventor encuentre conforme la actuación firmará los documentos que autoricen la salida de los fondos y valores. Si no la encuentra conforme en cuanto a la identidad de la persona o entidad perceptora, o la cuantía del pago formulará reparo motivado y por escrito, en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.
d) Que el órgano pagador, a cuyo favor se libren las órdenes de pago, ha justificado dentro del plazo correspondiente la inversión de los fondos percibidos con anterioridad por los mismos conceptos presupuestarios. No obstante, no procederá el reparo por falta de justificación dentro del plazo de libramientos anteriores cuando, para paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública, la Presidencia de la entidad autorice la expedición de una orden de pago específica.
e) Que la expedición de órdenes de pago «a justificar» cumple con el plan de disposición de fondos de la tesorería aprobado por la Presidencia de la entidad, salvo en el caso de que se trate de paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública.
Se entenderá que se cumple con el plan de disposición de fondos de la tesorería, cuando las órdenes de pago a justificar se realicen con cargo a conceptos presupuestarios autorizados en la norma de ejecución del presupuesto y se acomoden a dicho plan en los términos establecidos en el artículo 21.
La fiscalización previa de las órdenes de pago para la constitución modificación o reposición de los anticipos de caja fija se verificará mediante la comprobación de los siguientes requisitos:
a) Que se adapta a lo regulado en la Norma de Ejecución Presupuestaria para su constitución, modificación o reposición.
1. Sin perjuicio de las regulaciones específicas sobre esta materia que pueda establecer la Norma de Ejecución Presupuestaria, en la intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija, se procederá de la siguiente manera:
a) Se comprobará que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable en cada caso, que son adecuados al fin para el que se entregaron los fondos, que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios y que el pago se ha realizado a la persona o entidad acreedora determinada por el importe debido.
2. Con ocasión de la remisión al Pleno del informe anual referido en el artículo 15.6 y, en un punto adicional, se elevará a dicho órgano un informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija.
1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este decreto foral, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo.
2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las actuaciones, pueda la Presidencia de la entidad local decidir si continúa el procedimiento o no y demás actuaciones que en su caso, procedan.
En los casos de que la omisión de la función interventora se refiera a las obligaciones o gastos cuya competencia sea de Pleno, la Presidencia de la entidad local deberá someter a decisión del Pleno si continúa el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso, procedan.
Este informe que no tendrá naturaleza de ejercicio de función interventora, salvo el reparo emitido cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago, se incluirá en la relación referida en el apartado 6 del artículo 15 de este decreto foral y pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:
b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del órgano interventor informante, se produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos legales infringidos.
e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, que será apreciada por el órgano interventor en función de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los incumplimientos legales que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión del acto se materializará acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía procesal, sólo sería pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone.
3. En los municipios de gran población, en función de la competencia atribuida sobre las obligaciones y gastos, corresponderá decidir a la Presidencia o a la Junta de Gobierno Local, si continúa el procedimiento o no y demás actuaciones que en su caso, procedan.
Cuando sea la Junta de Gobierno Local la competente para resolver, será el órgano titular del departamento o de la concejalía de área al que pertenezca el órgano responsable de la tramitación del expediente o al que esté adscrito el organismo autónomo, o, en su caso, consorcio el que deba trasladar el expediente a la Junta de Gobierno Local sin que dicha competencia pueda ser objeto de delegación.
4. El acuerdo favorable de la Presidencia, del Pleno o de la Junta de Gobierno Local no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.
2. El control permanente podrá ser ejercido sobre la entidad local, los organismos públicos y en su caso, los consorcios en los que se realice la función interventora con objeto de comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental. A estos efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas de auditoría.
El ejercicio del control permanente comprende:
a) Las actuaciones de control que, con carácter potestativo, se incluyan en el correspondiente plan anual de control financiero.
b) Las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor.
3. La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público local, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría del sector público. La auditoría pública engloba, en particular, las siguientes modalidades:
a) La auditoría de cuentas que tiene por objeto la verificación relativa a si las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.
El órgano interventor realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales de:
i) Los organismos autónomos locales cuya contabilidad no se lleve por parte del órgano interventor.
ii) Las entidades públicas empresariales locales.
iii) Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan anual de auditorías.
b) La auditoría de cumplimiento en la que se verificará que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación y tendrá como finalidad mejorar la gestión del sector público local en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.
El órgano interventor realizará la auditoría de cumplimiento sobre las entidades del sector público local dependientes o adscritas no sometidas a función interventora ni a control financiero permanente potestativo.
c) La auditoría operativa en la que se examinarán de una manera sistemática y objetiva las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas. Igualmente tendrá como finalidad mejorar la gestión del sector público local en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.
El órgano interventor realizará la auditoría operativa sobre las entidades del sector público local dependientes o adscritas no sometidas a función interventora ni a control financiero permanente potestativo.
2. A estos efectos, los órganos gestores, de acuerdo con el deber de colaboración que se establece en el artículo 74 de la Norma Foral 10/2003, deberán facilitar la información de carácter económico o de otra naturaleza que sea relevante para la realización de las actuaciones de control.
5. En ningún caso el órgano interventor tendrá la obligación de procurarse por sí mismo la documentación e información directamente de los archivos físicos y de las aplicaciones y bases de datos informáticas, sin perjuicio de que se pueda utilizar este procedimiento cuando quienes realicen el control financiero y las personas responsables de la entidad lo acuerden y siempre que la documentación sea fácilmente accesible.
El órgano interventor responsable del control financiero fijará el plazo de respuesta a las peticiones de documentación e información teniendo en cuenta la naturaleza, volumen y dificultad de obtención de las mismas.
6. En aquellos supuestos en que se apreciara obstrucción o falta de colaboración con el personal encargado de la ejecución del control financiero, el órgano interventor comunicará tal circunstancia a la persona titular del órgano, organismo o entidad objeto de control con el objeto de que proceda a adoptar las medidas correctoras oportunas. En todo caso, la falta de colaboración podrá hacerse constar en el informe de control.
7. El órgano interventor podrá solicitar a las personas titulares de los órganos administrativos y a quienes ostenten la presidencia o dirección de los organismos y entidades controladas los informes emitidos por los órganos de auditoría interna o de control interno, así como los soportes documentales o informáticos que se hayan generado como consecuencia de la realización de ese trabajo.
Podrán también solicitar a las mencionadas personas copia de los informes emitidos por los órganos de control externo e inspecciones de servicios y de las alegaciones efectuadas por las entidades en relación con los correspondientes informes.
Asimismo, podrán solicitar a las mencionadas personas los informes de auditoría, consultoría o asesoramiento en materias que afecten a su gestión económico-financiera emitidos por empresas de auditoría, consultoría o asesoría.
2. El plan anual de control financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal y las que anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles.
3. Identificados y evaluados los riesgos, el órgano interventor elaborará el plan anual de control financiero concretando las actuaciones a realizar e identificando el alcance objetivo, subjetivo y temporal de cada una de ellas. El plan así elaborado será remitido a efectos informativos al Pleno.
b) El seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los objetivos asignados.
c) La comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
d) La ejecución de las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector público local atribuidas al órgano interventor.
e) El análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas.
f) La verificación en la entidad local, mediante técnicas de muestreo, de que los datos y la información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la información contable, reflejan razonablemente el resultado las operaciones derivadas de su actividad económico-financiera.
4. En el caso de que dichas verificaciones se efectúen aplicando procedimientos de auditoría se someterán a lo establecido en las normas de auditoría del sector público.
1. Las actuaciones de auditoría pública se someterán a las normas de auditoría del sector público, en particular, en los aspectos relativos a la ejecución del trabajo, elaboración, contenido y presentación de los informes, y colaboración de otras personas auditoras, así como aquellos otros aspectos que se consideren necesarios para asegurar la calidad y homogeneidad de los trabajos de auditoría pública.
2. El órgano interventor comunicará por escrito el inicio de las actuaciones a la persona titular del servicio, órgano, organismo o entidad auditada. Cuando los trabajos de auditoría incluyan actuaciones a desarrollar dentro del ámbito de actuación de otro órgano de control delegado, se comunicará el inicio de las actuaciones a la persona titular de dicho órgano de control.
Asimismo, en aquellos casos en que sea necesario realizar actuaciones en otros servicios, órganos, organismos o entidades públicas distintas de los que son objeto de la auditoría, se comunicará a la persona titular de dicho servicio, órgano, organismo o entidad.
d) Solicitar de terceras personas o entidades relacionadas con el servicio, órgano, organismo o entidad auditada información sobre operaciones realizadas por el mismo, sobre los saldos contables generados por éstas y sobre los costes, cuando esté previsto expresamente en el contrato el acceso de la administración a los mismos o exista un acuerdo al respecto con dichas terceras personas o entidades. Las solicitudes se efectuarán a través de la entidad auditada salvo que el órgano de control considere que existen razones que aconsejan la solicitud directa de información.
f) Efectuar las comprobaciones materiales de cualquier clase de activos de los entes auditados, a cuyo fin las personas que realicen la auditoría tendrán libre acceso a los mismos.
A tal efecto, se consignarán en los presupuestos de las entidades locales las cuantías suficientes para responder a las necesidades de colaboración.
3. Asimismo, para colaborar con el órgano interventor la entidad local podrá contratar servicios de auditoría privada que deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por aquel.
Los servicios de auditoría privada serán contratados por un plazo máximo de dos años, prorrogable en los términos establecidos en la legislación de contratos del sector público, no pudiendo superarse los ocho años de realización de trabajos sobre una misma entidad a través de contrataciones sucesivas, incluidas sus correspondientes prórrogas, ni pudiendo a dichos efectos ser contratados para la realización de trabajos sobre una misma entidad hasta transcurridos dos años desde la finalización del período de ocho.
No podrán ser contratadas para colaborar con el órgano interventor las sociedades de auditoría ni los auditores o auditoras de cuentas que, en el mismo año o en el año anterior a aquel en que se va a desarrollar la auditoría, hayan realizado o realicen otros trabajos para la entidad, sobre áreas o materias respecto de las cuales deba pronunciarse en el informe de auditoría.
2. La estructura, contenido y tramitación de los mencionados informes se ajustará a lo establecido en las normas técnicas de control financiero y auditoría.
1. Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por el órgano interventor a quien gestione directamente la actividad económico-financiera controlada y a la Presidencia de la entidad local.
1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno.
2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través de la Presidencia de la corporación, de acuerdo con lo establecido en la Norma de Ejecución Presupuestaria del presupuesto y en defecto de regulación, con motivo de la aprobación de la cuenta general y contendrá los resultados más significativos derivados de las actuaciones de control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior.
1. La Presidencia de la entidad local formalizará un plan de acción que determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen referido en el artículo anterior.
2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe resumen al Pleno y contendrá las medidas de corrección adoptadas, la persona responsable de llevarlas a cabo y el calendario de actuaciones a realizar, tanto en la propia corporación como en los entes dependientes o adscritos sobre los que se ejerza el control interno.
3. El plan de acción será remitido al órgano interventor de la entidad local, que valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos. La Presidencia informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de las medidas correctoras implantadas para la mejora de las gestión económico financiera.
Podrán aplicar el régimen de control interno simplificado las entidades locales y sus entes dependientes o adscritos cuyas previsiones iniciales del último presupuesto aprobado no excedan, en términos consolidados, de 5.000.000 de euros.
Las entidades locales acogidas al régimen de control interno simplificado ejercerán la función interventora, en sus dos modalidades de régimen ordinario y especial de fiscalización e intervención limitada previa, respecto a la gestión económica de la entidad local, no siendo de aplicación obligatoria la función de control financiero, sin perjuicio de la aplicación de la auditoría de cuentas en los supuestos previstos en el artículo 29.3.a) de este decreto foral y de aquellas actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal.
Las entidades locales, previo informe del órgano interventor, podrán formalizar el oportuno convenio con la Diputación Foral de Bizkaia para la realización de actuaciones de apoyo encaminadas a reforzar la autonomía y eficacia de los órganos responsables del control interno de la gestión económico-financiera, contable y presupuestaria en el ámbito de las entidades locales.
1. Se modifica la Regla 32 Tratamiento contable de las operaciones de administración de recursos por cuenta de otros entes públicos en el ente gestor del anexo 1, quedando redactada como sigue:
ANEXO 1.-INSTRUCCIÓN DE CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES DE BIZKAIA
Regla 32.- Tratamiento contable de las operaciones de administración de recursos por cuenta de otros entes públicos en el ente gestor
1) Las entidades que administren recursos por cuenta de otros entes públicos registrarán en su contabilidad patrimonial las operaciones derivadas de la gestión que realicen en relación con dichos recursos de acuerdo con los criterios que seguidamente se indican:
a) Cuando se suministre la información indicada en el apartado 1 de la regla anterior a las entidades titulares de los recursos, sólo se incorporarán al balance de la entidad gestora los débitos y créditos existentes con dichas entidades derivados de los cobros y pagos que se hubiesen producido en relación con los recursos gestionados.
A estos efectos, se utilizarán exclusivamente las cuentas 453, «Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar», y 456, «Entes públicos, c/c efectivo», de acuerdo con lo que se establece para las mismas en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.
b) Si la información indicada en el apartado 1 de la regla anterior no se suministra, dándose la circunstancia señalada en el párrafo primero de su apartado 3, al margen de los débitos y créditos referidos para el caso anterior, también deberán incorporarse al balance de la entidad gestora los créditos y débitos que se deriven de las actuaciones de gestión que se hubiesen realizado en relación con recursos de otros entes públicos.
En esta situación las entidades que administren recursos por cuenta de otros entes públicos utilizarán la totalidad de las cuentas que se contienen en el subgrupo 45, «Deudores y acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos», del mencionado plan contable.
2. Se eliminan los siguientes conceptos y subconceptos de la clasificación económica de gastos:
ANEXO 2.-ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES
2) Clasificacion economica de los gastos del presupuesto de las entidades locales
- Concepto 603: Patrimonio público del suelo.
- Subconcepto 622.01: Edificios y construcciones del patrimonio público del suelo.
- Subconcepto 622.02: Otros edificios y construcciones.
- Concepto 646: Adquisición de aprovechamientos urbanísticos.
3. Se modifica quedando redactado como sigue:
ANEXO 3.-PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA ADAPTADO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Primera parte.-Marco conceptual de la contabilidad pública
5) Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales
4) Gastos e ingresos presupuestarios:
Se reconocerá un gasto presupuestario cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido, se dicte el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación presupuestaria. Supone el reconocimiento de la obligación presupuestaria a pagar y, simultáneamente, el de un activo o de un gasto o la disminución de otro pasivo.
No obstante, a efectos de cierre del ejercicio regulado en el artículo 46 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, durante el periodo de cierre presupuestario, podrán reconocerse gastos con cargo al presupuesto a cerrar aunque el correspondiente acto administrativo se haya producido en el ejercicio vigente, siempre que se correspondan con gastos que hayan devengado en el ejercicio a cerrar. A estos efectos, se considerara periodo de cierre presupuestario el plazo de tiempo comprendido entre los días 1 y 31 de enero.
Debe reconocerse un ingreso presupuestario cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido, se dicte el correspondiente acto administrativo de liquidación del derecho de cobro, o documento equivalente que lo cuantifique. Supone el reconocimiento del derecho presupuestario a cobrar, y simultáneamente el de un pasivo, o de un ingreso, o bien la disminución de otro activo, o de un gasto o el incremento del patrimonio neto.
El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvenciones recibidas debe realizarse cuando se produzca el incremento del activo en el que se materialicen (tesorería). No obstante, el ente beneficiario de las mismas podrá reconocer el ingreso presupuestario con anterioridad, si existe un acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención a favor de dicho ente, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción.
Con carácter general, la operación de endeudamiento se registrará como ingreso presupuestario simultáneamente al desembolso de los capitales por parte del prestamista. Dicho momento, generalmente, es coincidente con la finalización del periodo de suscripción en las emisiones en masa, y con el momento de la formalización del contrato de préstamo en las operaciones singulares.
No obstante, podrá reconocerse dicho ingreso presupuestario, así como el correspondiente pasivo financiero, con anterioridad, si de las condiciones del contrato se deduce que este es firme y exigible por ambas partes y siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
a) Que la operación de endeudamiento haya sido formalizada antes del cierre del ejercicio.
b) Que se pueda justificar de modo suficiente la relación entre las inversiones previstas y el recurso a la operación de endeudamiento para su financiación.
c) Que no exista ninguna restricción para la completa disposición de estas operaciones formalizadas, respondiendo la disposición parcial o progresiva de sus capitales a decisiones adoptadas en el ámbito de la gestión de la tesorería municipal.
d) Que las inversiones financiadas por dichas operaciones de crédito figuren al cierre del ejercicio, al menos, en fase de «obligación reconocida».
En las permutas, solo las compensaciones recibidas o abonadas en metálico generarán un ingreso o un gasto presupuestario, respectivamente.
4. Se modifica quedando redactado como sigue:
Tercera parte.-Cuentas Anuales
1) Normas de elaboración de las cuentas anuales
10) Estado de liquidación del presupuesto:
El estado de liquidación del presupuesto, comprende, con la debida separación, la liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos de la entidad, así como el resultado presupuestario.
En la liquidación del presupuesto de ingresos, en la columna denominada «derechos anulados» se incluirán los derechos anulados por anulación de liquidaciones, cobradas previamente o no, así como, los anulados por aplazamiento o fraccionamiento; en la columna denominada «derechos cancelados» se incluirán los cobros en especie y los derechos cancelados por insolvencias y otras causas. Asimismo, en la columna denominada «derechos reconocidos netos» se incluirá el total de derechos reconocidos durante el ejercicio minorado por el total de derechos anulados y cancelados durante el mismo. En la columna, «exceso/defecto previsión», se recogerá la diferencia entre los derechos reconocidos netos y las previsiones de ingreso definitivas.
El resultado presupuestario estará integrado por las siguientes magnitudes:
a) La diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo período.
b) La diferencia entre las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores anuladas o rectificadas, durante el ejercicio y los derechos reconocidos en ejercicios anteriores anulados, cancelados o rectificados durante el ejercicio.
El resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse al alza en función de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales. Asimismo, el resultado presupuestario, en su caso, se ajustará en función de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada. En este sentido, las desviaciones de financiación positivas minorarán el resultado presupuestario y las negativas lo aumentarán.
Los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas, así como las anulaciones de obligaciones y derechos reconocidos en ejercicios cerrados, que conforman el resultado presupuestario se presentarán en las siguientes agrupaciones:
a) Operaciones corrientes: operaciones imputadas a los capítulos 1 a 5 del presupuesto.
b) Operaciones de capital: operaciones imputadas a los capítulos 6 y 7 del presupuesto.
c) Activos financieros: operaciones imputadas al capítulo 8 del presupuesto.
d) Pasivos financieros: operaciones imputadas al capítulo 9 del presupuesto.
5. Se modifica quedando redactado como sigue:
2) Modelos de cuentas anuales
Conceptos Derechos reconocidos netos Obligaciones reconocidas netas Resultado presupuestario ejercicio corriente
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE
(1 = a+b+c+d)
Conceptos Anulación, cancelación o rectificación de derechos reconocidos Anulación o rectificación de obligaciones reconocidas Resultado presupuestario ejercicios cerrados
2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERADOS (2=a+b+c+d)
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
3. TOTAL AJUSTES (3= a+b-c)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3)
6. Se modifica quedando redactado como sigue:
21) Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación
Tipo de contrato Procedimiento abierto Procedimiento restringido Procedimiento negociado Diálogo competitivo Adjudicación directa Total
Multiplic criterio Único criterio Total Multiplic. criterio Único criterio Total Con publicidad Sin publicidad Total
De concesión de servicios públicos
De concesión de obra pública
De carácter administrativo especial
1. Las personas responsables del control interno deberán seguir los cursos y realizar las actividades de formación continuada necesarias para asegurar un nivel suficientemente elevado de conocimientos teóricos, cualificaciones y valores profesionales.
2. La Diputación Foral de Bizkaia analizará las necesidades de formación y programará las actuaciones necesarias con los organismos públicos especializados en la materia.
En el ejercicio de sus funciones de control el órgano interventor podrá acceder a los papeles de trabajo y a los documentos soporte que hayan servido de base a cualquier informe de auditoría del sector público local realizado por servicios de auditoría privada.
Corresponde al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas establecer la forma, el alcance y el procedimiento que deberá aplicarse para la remisión que el órgano interventor debe efectuar anualmente al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de las resoluciones y acuerdos adoptados por la Presidencia de la entidad local y por el Pleno de la corporación que sean contrarios a reparos formulados, así como del resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, a los que han de acompañarse, en su caso, los informes justificativos presentados por la corporación local.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en este decreto foral.
Las auditorías de cuentas previstas en el artículo 29.3.a) se realizarán sobre las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se inicie a partir de 1 de enero de 2019.
Se autoriza al diputado o diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente decreto foral.