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Timestamp: 2018-12-15 14:55:43
Document Index: 384920740

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 50', 'artículo 50']

Resolución de TEAC, 00/4533/2004, 13-07-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4533/2004 de 13 de Julio de 2006
Núm. Resolución: 00/4533/2004
En la Villa de Madrid, a 13 de julio de 2006 en la reclamación que ha de resolver este Tribunal Económico-administrativo Central, en Sala, interpuesta por la entidad ..., S.A., y en su nombre y representación D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de 16 de septiembre de 2004, número de expediente ..., por concepto Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1992 y 1993, por importe de 542.607,85 € (90.282.350 pts) de cuota e intereses.
PRIMERO.- Con fecha 26 de octubre de 1999 se incoa al obligado tributario acta de disconformidad, nº ..., por el concepto impositivo y periodos indicados. En el acta y en el preceptivo informe ampliatorio se hace constar: 1º) Que, en relación a la situación de la contabilidad y registros obligatorios a efectos fiscales, la inspección ha advertido la existencia de las anomalías contables sustanciales que se especifican en el informe ampliatorio y que exige aplicar el régimen de estimación indirecta, según artículo 50 de la LGT; 2º) Que, las actuaciones de comprobación e investigación se habían iniciado mediante comunicación notificada el 7 de octubre de 1997. 3º) Que, la actividad principal realizada por el sujeto pasivo es la de comercio al por menor de artículos ... Haciéndose constar que la causa determinante de la aplicación del régimen de estimación indirecta se centra en la ausencia de inventarios de más de la mitad de las existencias declaradas y la imposibilidad de identificar los artículos vendidos, lo que impide verificar la base imponible declarada; Detallando que, en cuanto a los justificantes de ventas, como tal han sido aportados unos vales no prenumerados, en los que no existe referencia ni descripción del artículo vendido; Detallando, asimismo, que el Libro de Inventarios diligenciado no contiene desglose alguno de existencias (ni en unidades, ni en pesetas), limitándose a su saldo a fin de ejercicio, que se correspondería con las existencias en almacén, mas las depositadas en las tiendas pendientes de venta. Además, respecto de 1992 no ha sido aportado ningún inventario de existencias, ni iniciales ni finales. Por otro lado, el representante de la interesada, en diligencia de 19 de enero de 1998, manifestó que "no hay control de artículos vendidos". Que, en cuanto a las existencias en tiendas, se ha constatado que tampoco existe inventario de las existencias depositadas en las tiendas, de modo que una vez salido un producto del almacén, no puede conocerse si ha sido ya vendido o si continúa como existencia. Que, respecto de los medios elegidos para determinar la Base Imponible, se ha utilizado documentación relativa al momento en que se estaban llevando a cabo las actuaciones de comprobación e investigación, habiendo manifestado los representantes de la interesada, en diligencias n° 7 y 10, que los márgenes comerciales aplicados no habían variado, por lo que, en consecuencia, los resultados obtenidos eran extrapolables al periodo regularizado; 4º) Considera en síntesis la inspección que se aprecian anomalías sustanciales en la contabilidad, resultando la imposibilidad de obtener los datos necesarios para determinar la base imponible en estimación directa, siendo procedente la aplicación del régimen de estimación indirecta, detallando en el informe la justificación de los medios elegidos para la determinación de los rendimientos de la actividad; 5º) Que, como resultado de la actuación inspectora se formula propuesta de liquidación correspondiente al los ejercicios 1992 y 1993, comprensiva de cuota por importe de 62.076.644 pts (373.088,14 €), e intereses de demora por 36.842.408 pts (221.427,33 €), total deuda tributaria por 98.919.052 pts (594.515,48 €).
SEGUNDO.- Que, se presenta escrito de alegaciones con fecha 24 de abril de 2001 por el interesado, en que se manifiesta su disconformidad con la procedencia de aplicación del régimen de estimación indirecta de bases, y con la corrección o no de los medios y cálculos efectuados para la estimación de las bases imponibles. Con fecha 29 de febrero de 2000, notificado el 23 de marzo de 2000, se dicta acuerdo de liquidación por el Inspector Jefe, confirmando la procedencia y cálculos de la estimación indirecta, practicando acuerdo de liquidación confirmando la propuesta inspectora contenida en el acta; Que, el interesado interpone recurso de reposición con fecha 10 de abril de 2000, detallando en sus alegaciones entre otros extremos que el Inventario se desglosa en dos bloques, el de existencias de almacén y el de existencias de tiendas, siendo la suma de ambos, la cifra que aparece en las Cuentas Anuales; los Inventarios de almacén se llevan de forma mecanizada y los Inventarios de tienda constan en las llamadas "hojas de recuento", están numeradas, en las mismas se referencia el artículo, aparece el nombre del proveedor, una descripción del producto, la medida o talla, el número de cuidados existentes, el precio unitario y el precio global. Que, a la vista de los documentos y alegaciones formuladas en el recurso, el inspector jefe dicta resolución del recurso de reposición interpuesto, estimando en parte las alegaciones planteadas, confirmando la liquidación correspondiente a 1992, y anulando la liquidación correspondiente al ejercicio 1993; haciendo constar en el acuerdo que en el expediente que nos ocupa, resulta probado -y así consta en la Diligencia Anexo 11- que en el ejercicio 1992, el obligado tributario, no lleva Inventario de Existencias, ni Iniciales, ni Finales, ni hojas de recuento, ni documentación alguna, en relación con las mismas, y éste incumplimiento sustancial de sus obligaciones contables, es una circunstancia que habilita la utilización del régimen de estimación indirecta, de acuerdo con el artículo 50 de la L.G.T.; Señala, sin embargo, que, en cuanto al ejercicio 1993, lleva el Libro de Inventarios, donde consta el saldo a fin de ejercicio, a su vez ese saldo, se corresponde por un lado, con el Inventario de Existencias de almacén sito en ..., donde los artículos están referenciados por grupos genéricos o familias y en listados mecanizados, donde consta el número de unidades físicas y su valoración, y por otro a Existencias de géneros en tiendas, no aportando inventarios de las mismas, sino las llamadas "hojas de recuento", adjuntándose en esta fase la siguiente documentación: La totalidad de los Inventarios mecanizados de almacén correspondientes al ejercicio 1993 y la totalidad de los Inventarios de tienda a mano e informatizados, procediendo a continuación a valorar los documentos que sirven de base a la pretensión que se ejercita. Que, del análisis de los inventarios de tiendas, transcritos informáticamente donde se detallan los siguientes conceptos: Artículo (Código), Descripción dibujo, color, Precio valor (se indica el número de unidades, precio unitario y el valor total), así como de las fotocopias de las hojas mensuales de recuento de géneros, donde consta: la localización física de las existencias en la tienda, el nombre del proveedor, descripción del artículo, número de unidades en existencia, Precio unitario, Valor de existencia por artículo, se obtiene como resultado, que ha sido posible efectuar una conciliación de códigos, artículos y precios de inventario de almacén con el de las tiendas, comprobándose que en ambos inventarios, "son iguales tanto la codificación de los artículos, como su descripción y el precio unitario", y así se deduce del examen de toda la documentación aportada junto al recurso de reposición. Como conclusión, el inspector jefe dicta resolución del recurso de reposición, con fecha 27 de septiembre de 2000, por el que acuerda, por un lado, confirmar la liquidación relativa al ejercicio 1992, con una cuantía de 90.282.350 pesetas (542.607,85 €), (Cuota 56.384.004 pts (338.874,69 €)+ Intereses 33.898.346 pts (203.733,16 €)) y, por otra parte, revocar la liquidación correspondiente al ejercicio 1993, con una cuantía de 8.636.702 pesetas (51.907,62 €) (Cuota 5.692.640 pts (34.213,46 €)+ Intereses 2.944.062 pts (17.694,17 €)) derivadas de la Liquidación n° ... dando de baja la misma.; notificado el 2 de octubre de 2000.
TERCERO.- Que, contra el anterior acuerdo, con fecha 11 de octubre de 2000, el obligado tributario interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., comunicándose la puesta de manifiesto del expediente el interesado presenta escrito de alegaciones en defensa de su derecho, referente a: 1) Previa cuestión procedimental referente al incumplimiento del plazo de duración de las actuaciones inspectoras establecido en la ley 1/98, lo que traería como resultado la no interrupción de la prescripción del ejercicio 1992 como consecuencia del inicio de actuaciones inspectoras. 2º) improcedencia de la aplicación del régimen de estimación indirecta, y de los medios y métodos utilizados para la estimación de la base imponible, en relación al ejercicio 1992, solicitando la anulación del acto impugnado.
CUARTO.- Que, el Tribunal Regional dicta Resolución con fecha 16 de septiembre de 2004, acordando en primera instancia, estimar en parte la reclamación interpuesta, considerando que no resulta de aplicación en el presente caso el plazo establecido en el artículo 29.1 de la ley 1/98, dado que las actuaciones inspectoras se iniciaron con anterioridad al vigencia de la Ley 1/98; confirmándose por el Tribunal el criterio inspector en cuanto a la procedencia de la aplicación del régimen de estimación indirecta, pero estimando las alegaciones formuladas en relación a la idoneidad de los medios y cálculos elegidos para la determinación de la base imponible, y en consecuencia la resolución acuerda anular la liquidación impugnada que deberá ser sustituida por otra de acuerdo con lo indicado en la referida resolución; notificado el 5 de octubre de 2004. Que, con fecha 5 de noviembre de 2004, contra la citada resolución del Tribunal Regional el obligado tributario interpuso recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, reiterando las alegaciones planteadas en referencia al incumplimiento del plazo de duración de las actuaciones inspectoras establecido en la Ley 1/98, y la improcedencia de la aplicación del régimen de estimación indirecta, en relación al ejercicio 1992, solicitando la anulación del acto impugnado y la resolución recurrida.
PRIMERO.- Concurren los requisitos de competencia, legitimidad y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente reclamación, siendo las cuestiones a dilucidar: 1) incumplimiento del plazo de duración de las actuaciones inspectoras; 2) procedencia de la aplicación del régimen de estimación indirecta, en relación al ejercicio 1992.
SEGUNDO.- En relación a la primera cuestión, referente al plazo de duración de las actuaciones inspectoras, como es sabido, hasta la promulgación de la Ley 1/98, de Derechos y Garantías del Contribuyente, el procedimiento inspector no estaba sometido a plazos concretos. En el artículo 29 de la Ley citada se establece que las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas acabo por la Inspección de los Tributos deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas, pero se afirma a continuación que podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, por otros doce meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias. Debe recordarse a este respecto que el artículo 31 del Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprobó el Reglamento de la Inspección de los tributos, establecía que, iniciadas las actuaciones, deberían seguir hasta su terminación y que se desarrollarían durante los días que fuesen precisos. Que, en el presente caso la actuación inspectora se inicio el 7 de octubre de 1997, notificándose al interesado el acuerdo de liquidación dictado por el Inspector Jefe con fecha 23 de marzo de 2000, argumentando el interesado en sus alegaciones que debería operar el limite máximo de 12 meses previsto en la Ley 1/1998 ya que la citada Ley ya estaba en vigor en la fecha en que se practica la liquidación; debiendo desestimarse la cuestión planteada, toda vez que la norma de derecho transitorio que regula la materia es la disposición transitoria única.1 de la citada Ley 1/1998, establece que "Los procedimientos tributarios ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión". Por consiguiente iniciadas las actuaciones de comprobación con fecha 7 de octubre de 1997, esto es antes de la entrada en vigor de la Ley 1/1998 de 26 de febrero, esta no resulta de aplicación al presente supuesto, que se regirá según lo dispuesto en la misma por la normativa anterior hasta su conclusión. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de abril de 2006, en recurso de casación en interés de la Ley.
Debe por tanto desestimarse la alegación planteada y considerar no aplicable al caso el plazo de duración de actuaciones establecido en el artículo 29 de la Ley 1/98, así como interrumpida la prescripción del ejercicio 1992 como consecuencia del inicio de las actuaciones realizadas, el 7 de octubre de 1997. En consecuencia, a la vista de lo anterior, ha de concluirse rechazando la alegación planteada, y confirmarse la resolución recurrida.
TERCERO.- En relación con la segunda cuestión planteada, el artículo 50 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la ley 10/1985 de 26 de abril dispone que: "Cuando la falta de presentación de declaraciones o las presentadas por los sujetos pasivos no permitan a la Administración el conocimiento de los datos necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o de los rendimientos, o cuando los mismos ofrezcan resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus obligaciones contables, las bases o rendimientos se determinarán en régimen de estimación indirecta utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios: A) Aplicando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto; B) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y de las rentas, así como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, atendidas las dimensiones de las unidades productivas o familiares que deban compararse en términos tributarios; C) Valorando los signos, índices ó módulos que se den en los respectivos contribuyentes, según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes". Este precepto fue posteriormente desarrollado por el art. 64 del RGIT de 25/4/1986 en el cual, después de declarar el carácter subsidiario que tiene el régimen de estimación indirecta, se enumeran las causas que pueden originar su aplicación, especificándose en el apartado 1º-c) "Que el sujeto pasivo o retenedor haya incumplido sustancialmente sus obligaciones contables", y según el número 2 del propio art. 64 "..., se entiende que existe incumplimiento sustancial de las obligaciones contables:..., a) Cuando incumpla la obligación de llevanza de contabilidad o de los registros establecidos por las disposiciones fiscales...; c) Cuando los registros y documentos contables contengan omisiones, alteraciones o inexactitudes que oculten o dificulten gravemente la exacta constatación de las operaciones realizadas...; e) Cuando la incongruencia probada entre las operaciones contabilizadas y las que debieran resultar del conjunto de adquisiciones, gastos u otros aspectos de la actividad permita presumir, con arreglo al articulo 118-2º de la Ley General Tributaria, que la contabilidad es incorrecta".
CUARTO.- Que, en una correcta aplicación de los preceptos mencionados, el procedimiento de estimación indirecta debe comenzar, necesariamente, por un examen del comportamiento o conducta observada por el contribuyente y de la documentación presentada por el mismo, con la finalidad de precisar si se dan los supuestos de hecho exigidos por el citado artículo 50, y una vez verificada y justificada la existencia de tales presupuestos debe procederse, en las mismas actuaciones inspectoras y siempre y cuando resulte imposible estimar directamente la base imponible, a la aplicación del régimen subsidiario mediante la estimación de la indicada base imponible aplicando los medios probatorios autorizados por la Ley, tales como datos, antecedentes, signos, índices o módulos que se estimen pertinentes. Esta estimación no debe coincidir obligatoriamente con la que resultaría de aplicar otros regímenes existentes, ya que se trata de una estimación basada en datos externos al contribuyente; no obstante, ha de aproximarse, lo más posible, al volumen de ventas que se hubiera fijado en el caso de aplicar un régimen normal de determinación, constituyendo el único procedimiento para determinar la base en aquellos sujetos pasivos que hayan incumplido sus obligaciones fiscales en términos tales que no permitan comprobar, en función del soporte registral contable y de archivo, los rendimientos objeto de imposición.
QUINTO.- Que por lo que se refiere al expediente que nos ocupa y según se desprende de las actuaciones que obran en este Tribunal, la Inspección fundamentó la aplicación del régimen de estimación indirecta para la determinación de las bases imponibles del ejercicio objeto de comprobación, en la ausencia de inventarios de existencias, ni iniciales ni finales, relativo al ejercicio 1992, y la imposibilidad de identificar los artículos vendidos. Que, en cuanto a los justificantes de ventas, como tal han sido aportados unos vales no prenumerados, en los que no existe referencia ni descripción del artículo vendido, al igual que sucede en el Libro Diario. Que, en cuanto al inventario de existencias, señala que el Libro de Inventarios diligenciado no contiene desglose alguno de existencias (ni en unidades, ni en pesetas), limitándose a su saldo a fin de ejercicio, que se corresponde con las existencias en almacén y las depositadas en las tiendas, pendientes de venta. Además, respecto de 1992 no ha sido aportado ningún inventario de existencias, ni iniciales ni finales, lo que impidió a la inspección la verificación pormenorizada de la situación fiscal del contribuyente, constituyendo ello un incumplimiento sustancial de las obligaciones contables por parte del interesado, que justifica acudir al régimen de estimación indirecta. Que además y habida cuenta que no basta exclusivamente para la aplicación del régimen de estimación indirecta con la existencia de las referidas anomalías sustanciales, puestas de manifiesto, en este caso por la incongruencia mencionada, sino que también es necesario que dichas anomalías impidan o dificulten gravemente la posibilidad de determinar las bases imponibles de forma directa, circunstancia ésta concurrente en el presente caso ya que, según se desprende de las actuaciones, la inspección no tuvo la posibilidad de utilizar otros datos o documentos que hubieran podido permitir, en su caso, una cuantificación directa y precisa de las bases imponibles, cabe concluir señalando que queda justificada la existencia de los presupuestos determinantes de la aplicación del referido régimen. Por lo expuesto procede desestimar el recurso de alzada interpuesto, debiendo confirmarse la resolución recurrida.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, vista la reclamación interpuesta por la entidad ..., S.A. y en su nombre y representación D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de ..., de 16 de septiembre de 2004, número de expediente ..., por concepto Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1992 y 1993, por importe de 542.607,85 € (90.282.350 pts) de cuota e intereses. ACUERDA: Desestimar el recurso de alzada interpuesto, confirmando la resolución recurrida.
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