Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0281_ES.html
Timestamp: 2019-11-18 04:42:47
Document Index: 122628284

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 18', 'artículo 47', 'artículo 6', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 47', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 4']

Textos aprobados - Plazo de prescripción para los accidentes de tráfico - Martes 4 de julio de 2017
Plazo de prescripción para los accidentes de tráfico
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el plazo de prescripción para los accidentes de tráfico (2015/2087(INL))
– Visto el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),
– Visto el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II)(2),
– Visto el Convenio de La Haya, de 4 de mayo de 1971, sobre la Ley aplicable en materia de Accidentes de Circulación por carretera (en lo sucesivo, «Convenio de La Haya de 1971»),
– Vista la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad(3) (en lo sucesivo, «Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles»),
– Visto el estudio de evaluación del valor añadido europeo realizado por la Unidad de Valor Añadido Europeo del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) y titulado Limitation periods for road traffic accidents (Plazos de prescripción para los accidentes de tráfico), que acompaña al informe de iniciativa legislativa del Parlamento Europeo(5),
– Visto el estudio de la Dirección General de Políticas Interiores titulado Cross-border traffic accidents in the EU-the potential impact of driverless cars (Accidentes de tráfico transfronterizos en la Unión: impacto potencial de los coches sin conductor)(6),
– Visto el estudio de la Comisión titulado Compensation of victims of cross-border road traffic accidents in the EU: Comparison of national practices, analysis of problems and evaluation of options for improving the position of cross-border victims (Indemnización de las víctimas de accidentes transfronterizos de carretera en la Unión: comparación de las prácticas nacionales, análisis de problemas y evaluación de las opciones para mejorar la situación de las víctimas transfronterizas)(7),
– Vista la Comunicación de la Comisión de 20 de abril de 2010 titulada «Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos – Plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo»(8),
A. Considerando que las normas sobre prescripción en las reclamaciones por daños y perjuicios varían notablemente de un Estado miembro a otro, de manera que no hay en la Unión dos Estados miembros que apliquen exactamente las mismas normas básicas para los plazos de prescripción; que, además, la prescripción se determina en función de varios factores, por ejemplo si lleva aparejadas acciones penales o si la responsabilidad se considera contractual o extracontractual;
C. Considerando que el desconocimiento de la normativa en materia de prescripción de otro país puede llevar a perder el derecho a interponer una demanda que por lo demás habría sido válida, u obstaculizar el acceso de las víctimas a la justicia al provocar costes y retrasos adicionales;
E. Considerando que, en el caso de los accidentes de tráfico transfronterizos, el único objeto de acción ya armonizado a nivel de la Unión es el establecido en el artículo 18 de la Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles, que permite a las víctimas reclamar una indemnización en su país de residencia mediante una reclamación por daños y perjuicios presentada directamente a una entidad aseguradora o a un organismo de indemnización pertinentes en concepto de responsabilidad civil derivada del uso de vehículos de motor(11);
G. Considerando que los plazos de prescripción para las reclamaciones son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica y el carácter definitivo de los litigios; que debe buscarse, no obstante, un equilibrio entre el derecho del demandado a la seguridad jurídica y al carácter definitivo del litigio y el derecho fundamental del demandante de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, y que unos plazos de prescripción innecesariamente breves podrían obstaculizar el acceso efectivo a la justicia en toda la Unión;
H. Considerando que, habida cuenta de las divergencias que actualmente existen en las normas aplicables en materia de prescripción y los tipos de problemas directamente derivados de las diferencias en las disposiciones nacionales que regulan los daños personales y materiales en caso de accidente transfronterizo, la única forma de garantizar un grado adecuado de certeza, previsibilidad y simplicidad en la aplicación de las normas de los Estados miembros en materia de prescripción en los accidentes de tráfico transfronterizos es conseguir un cierto grado de armonización;
I. Considerando que una iniciativa legislativa así debe alcanzar un equilibrio equitativo entre las partes en las cuestiones relativas a las normas sobre los plazos de prescripción, y facilitar el cómputo y la suspensión del plazo; que, por tanto, está previsto adoptar un enfoque específico que tenga en cuenta el aumento del tráfico transfronterizo en el interior de la Unión sin tener que revisar completamente todo el marco jurídico de los Estados miembros;
1. Reconoce que la situación de las víctimas de accidentes de tráfico ha mejorado considerablemente en las últimas décadas, incluso en el ámbito del Derecho internacional privado, pues las víctimas transeúntes pueden iniciar un procedimiento en el Estado miembro en el que están domiciliadas para cualquier reclamación directa a la aseguradora de la responsabilidad civil del vehículo o a los organismos de indemnización;
2. Señala, no obstante, que la existencia en la Unión de dos regímenes paralelos que rigen el Derecho aplicable en casos de accidente de tráfico en función del país en el que se presenta la reclamación, a saber, el Convenio de La Haya de 1971 sobre Accidentes de Circulación y el Reglamento Roma II, sumado a las posibilidades de elección del foro con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(12), genera inseguridad y complejidad jurídica, así como la posibilidad de buscar el foro más conveniente;
3. Reitera que, en los litigios transfronterizos, las investigaciones y las negociaciones suelen prolongarse mucho más que en el caso de las reclamaciones nacionales; subraya, en este contexto, que esas dificultades podrían verse exacerbadas cuando entran en juego las nuevas tecnologías, como en el caso de los coches autónomos;
5. Observa que la existencia de unas normas mínimas comunes en relación con los plazos de prescripción en los litigios transfronterizos es fundamental para garantizar tanto la seguridad jurídica como la efectividad de los mecanismos jurídicos disponibles para la protección de las víctimas de accidentes de tráfico transfronterizos;
6. Hace hincapié en que los plazos de prescripción desproporcionadamente breves de algunos ordenamientos jurídicos nacionales constituyen un obstáculo a la tutela judicial efectiva en los Estados miembros que puede vulnerar el derecho a un juez imparcial establecido en el artículo 47 de la Carta y en el artículo 6 del CEDH;
7. Destaca que las notables diferencias en las normativas de los Estados miembros sobre plazos de prescripción en los casos de accidentes de tráfico transfronterizos genera obstáculos adicionales para las víctimas a la hora de presentar sus demandas de indemnización por los daños personales y materiales sufridos en Estados miembros distintos del propio;
10. Pide a la Comisión que le presente, sobre la base del artículo 81, apartado 2, del TFUE, una propuesta de acto sobre los plazos de prescripción en relación con los daños personales y los daños materiales en accidentes de tráfico transfronterizos, siguiendo las recomendaciones que se recogen en el anexo;
(1) Véanse, entre otras: sentencia de 18 de septiembre de 2003, Peter Pflücke contra Bundesanstalt für Arbeit (C-125/01, ECLI:EU:C:2003:477); sentencia de 25 de julio de 1991, Theresa Emmott contra Minister for Social Welfare y Attorney General (C-208/90, ECLI:EU:C:1991:333); y sentencia de 13 de julio de 2006, Vincenzo Manfredi y otros contra Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA y otros, asuntos acumulados C-295/04 a C-298/04, ECLI:EU:C:2006:461.
(2) DO L 199 de 31.7.2007, p. 40.
(4) STCE 076.
(5) PE581.386, julio de 2016.
(6) PE571.362, junio de 2016.
(7) Accesible en línea: http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_compensation_road_victims_en.pdf (30 de noviembre de 2008).
(8) DO C 121 de 19.4.2011, p. 41.
(9) DO C 250 E de 25.10.2007, p. 99.
(10) Textos aprobados, P5_TA(2003)0446.
(11) Véase también: sentencia de 13 de diciembre de 2007, FBTO Schadeverzekeringen NV contra Jack Odenbreit (C-463/06, ECLI:EU:C:2007:792).
RECOMENDACIONES PARA UNA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE LOS PLAZOS COMUNES DE PRESCRIPCIÓN PARA ACCIDENTES DE TRÁFICO TRANSFRONTERIZOS
1. En la Unión, la aplicación del Derecho por parte de los órganos jurisdiccionales sigue dependiendo en gran medida de normas procesales y de prácticas de carácter nacional. Los órganos jurisdiccionales nacionales son también órganos jurisdiccionales de la Unión. Son, por tanto, esos órganos jurisdiccionales los que garantizan la equidad, la justicia y la eficiencia en los procedimientos que se desarrollan ante ellos, así como la aplicación efectiva del Derecho de la Unión, garantizando la protección en toda la Unión Europea de los derechos de los ciudadanos europeos.
2. La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Según las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, y en particular su punto 38, debe redactarse nueva legislación procesal para asuntos transfronterizos, en particular, en aquellos elementos que son decisivos para allanar el camino a la cooperación judicial y para mejorar la tutela judicial efectiva, como, por ejemplo, las medidas cautelares, la obtención de pruebas, las órdenes de pago y los plazos.
3. Las normas mínimas comunes para los plazos de prescripción aplicables a los litigios transnacionales por daños personales y materiales derivados de los accidentes de tráfico se consideran necesarias para reducir los obstáculos a los que se enfrentan los demandantes para hacer valer sus derechos en Estados miembros distintos del propio.
6. La Directiva propuesta no pretende sustituir los regímenes nacionales de responsabilidad civil en su totalidad, sino que, sin dejar de respetar las especificidades nacionales, tiene por objeto establecer unas normas mínimas comunes aplicables a los plazos de prescripción de las reclamaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2009/103/CE que tengan carácter transfronterizo.
(2) De conformidad con el artículo 81, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, esas medidas deben incluir las destinadas a garantizar, entre otros aspectos, la tutela judicial efectiva y la eliminación de los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles, fomentando si fuera necesario la compatibilidad de las normas del proceso civil aplicables en los Estados miembros.
(3) Según la comunicación de la Comisión de 20 de abril de 2010 titulada «Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos — Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo»(1), cuando los ciudadanos conducen un vehículo en otro Estado miembro y tienen la mala suerte de tener un accidente, deben disfrutar de seguridad jurídica sobre los plazos de prescripción de la indemnización del seguro. A tal fin, se anunció un nuevo Reglamento sobre los plazos de prescripción de los accidentes de tráfico transfronterizos, que se adoptaría en 2011.
(4) Las normas de prescripción repercuten considerablemente no solo en el derecho de las partes perjudicadas a una tutela judicial efectiva, sino también en sus derechos sustantivos, dado que no puede existir un derecho efectivo sin una protección adecuada y correcta. La presente Directiva tiene por objeto fomentar la aplicación de plazos de prescripción comunes a los accidentes de tráfico transfronterizos para garantizar una tutela judicial efectiva en la Unión. El derecho de acceso a la justicia, generalmente reconocido, viene confirmado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
(5) La exigencia de seguridad jurídica y la necesidad de hacer justicia en cada caso concreto son elementos esenciales en cualquier ámbito de la justicia. Los plazos de prescripción comunes que aumentan la seguridad jurídica, garantizando la resolución de los litigios y contribuyendo a un régimen de ejecución eficaz son, por lo tanto, necesarios para garantizar la aplicación de este principio.
(6) Las disposiciones de la presente Directiva deben aplicarse a las reclamaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(2), que son de carácter transfronterizo.
(7) Nada impide que los Estados miembros apliquen en su caso la presente Directiva también a asuntos puramente internos de accidentes de tráfico.
(8) Todos los Estados miembros son parte en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), de 4 de noviembre de 1950. Las cuestiones a las que se refiere la presente Directiva deben tratarse de conformidad con dicho Convenio, y en particular los derechos a una tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
(9) El principio de lex loci damni constituye la regla general establecida en el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo(3) en lo que respecta a la ley aplicable a los casos de daños personales o materiales, el cual debe, por lo tanto, determinarse sobre la base del lugar en el que se produzca el daño, independientemente del país o países en los que pudiera haber consecuencias indirectas. Con arreglo al artículo 15, letra h), de dicho Reglamento, la ley aplicable a la obligación extracontractual regula, en particular, el modo de extinción de las obligaciones, así como las normas de prescripción y caducidad, incluidas las relativas al inicio, interrupción y suspensión de los plazos de prescripción y caducidad.
(11) Resulta habitual en los asuntos de tráfico transfronterizo que antes de que puedan empezar las negociaciones con el reclamado, esté cercana la expiración del plazo del que dispone el reclamante para demandar. Así sucede muy a menudo cuando el plazo global es especialmente corto o cuando existe ambigüedad en cuanto a la forma en que se puede suspender o interrumpir el plazo de prescripción. La recopilación de información sobre un accidente ocurrido en un país extranjero puede llevar un tiempo considerable al reclamante. Por consiguiente, el cómputo del plazo general establecido en la Directiva debería suspenderse tan pronto como se presente una reclamación a la aseguradora o al organismo de indemnización, para permitir al reclamante la posibilidad de negociar la liquidación del siniestro.
(12) La presente Directiva debe establecer normas mínimas. Los Estados deben poder establecer un nivel de protección más elevado. Este mayor nivel de protección no debe ser óbice a la tutela judicial efectiva que estas normas mínimas pretenden facilitar. Por tanto, el nivel de protección previsto por la Carta e interpretado por el Tribunal de Justicia y la primacía, unidad y eficacia del Derecho de la Unión no deben verse afectados.
(13) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 864/2007 y el Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(4).
(15) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, establecer normas mínimas comunes para los plazos de prescripción, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. En virtud del principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.
(16) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, [dichos Estados miembros han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva]/[y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, dichos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva y no quedan vinculados por ella ni sujetos a su aplicación].
(17) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.
El objetivo de la presente Directiva es fijar normas mínimas relativas a la duración total, comienzo, suspensión y cómputo de los plazos de prescripción de las reclamaciones de indemnización por daños personales y materiales y de reembolso con arreglo a la Directiva 2009/103/CE, en el caso de los accidentes de tráfico transfronterizos.
La presente Directiva se aplicará a las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente causado por un vehículo cubierto por un seguro y presentadas contra:
1. Los Estados miembros se asegurarán de que se aplique un plazo de prescripción de cuatro años como mínimo a las reclamaciones de indemnización por daños personales y materiales como consecuencia de un accidente de tráfico transfronterizo contemplado en el artículo 2. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del día en que el reclamante tuvo conocimiento, o tuvo motivos razonables para tener conocimiento del alcance de la lesión, pérdida o daño, su causa y la identidad de la persona responsable, así como de la entidad aseguradora que cubre a la persona responsable en lo que respecta a la responsabilidad civil o del representante para la liquidación de siniestros o del organismo de indemnización ante quien se debe presentar la reclamación.
1. Los Estados miembros garantizarán que la prescripción prevista en el artículo 4 de la presente Directiva se suspenda durante el período comprendido entre la presentación de la reclamación por el reclamante:
y el rechazo de la reclamación por parte del reclamado.
Relación con el Derecho nacional
A más tardar el 31 de diciembre de 2025, y posteriormente cada cinco años, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social sobre la aplicación de la presente Directiva basándose tanto en información cualitativa como cuantitativa. En ese contexto, la Comisión deberá, en particular, evaluar el impacto de esta Directiva en la tutela judicial efectiva, en la seguridad jurídica y en la libre circulación de personas. De resultar necesario, el informe irá acompañado de propuestas legislativas para adaptar y reforzar la presente Directiva.
(1) COM(2010)0171
(2) Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO L 263 de 7.10.2009, p. 11).
(3) Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DO L 199 de 31.7.2007, p. 40).
(4) Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1).