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Timestamp: 2017-11-19 04:50:19
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 4', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 8']

Decreto 156/1996, de 13 de junio, por el que se regulan las subvenciones que tengan por objeto el fomento de la Formación Profesional Ocupacional y se crea el Registro de Entidades Colaboradoras - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO 156/1996, DE 13 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES QUE TENGAN POR OBJETO EL FOMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES COLABORADORAS (BOC y L DEL 18)
Art. 3. Derechos y obligaciones de los alumnos
Art. 6. Creación del Registro
Art. 7. Registro de entidades
Art. 8. Solicitudes de inscripción
Art. 10. Derechos y obligaciones de las entidades colaboradoras
Art. 11. Revocación de la inscripción registral
Art. 12. Comprobación y control
Art. 14. Liquidación
Art. 15. Informe especial de revisión
Primera. Solicitud de autorización
Segunda. Estudio
Segunda. Inscripción en el registro
Corrección de errores BOC y L de 5 de julio
La experiencia acumulada por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la gestión de los diversos programas de subvenciones a la Formación Profesional Ocupacional desarrollados por las diferentes Consejerías: así como el aumento de entidades interesadas en la ejecución de las actividades formativas subvencionadas con recursos financieros procedentes de la Comunidad Autónoma y del Marco Comunitario de Apoyo, aconsejan la elaboración de unas normas generales que, conforme a las previsiones establecidas en el Acuerdo para el Desarrollo Industrial, regule la definición y registro de las entidades colaboradoras y las directrices a que ha de acomodarse el procedimiento general de actuación.
En la presente disposición, se crea el Registro de Entidades Colaboradoras de formación profesional y se regula el procedimiento para la eficaz gestión de las subvenciones y mayor rigor en los procedimientos de justificación del gasto, y en general, las fórmulas de garantía de la eficaz utilización de los recursos empleados.
En su virtud, oída la Comisión regional para el empleo y la formación, a propuesta del Consejero de Presidencia y Administración Territorial y del Consejero de Industria, Comercio y Turismo y previa deliberación de la Junta de Castilla y León en su reunión de 13 de junio de 1996, dispongo:
Artículo 1. Objeto.-Podrán recibir ayudas y subvenciones de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León las entidades y empresas que realicen actividades de formación profesional ocupacional que reúnan las características previstas en este Decreto.
Artículo 2. Definición.-1. La formación profesional ocupacional, financiada o cofinanciada por la Comunidad de Castilla y León, comprende el conjunto de acciones y proyectos formativos dirigidos a cualificar profesionalmente los recursos humanos en Castilla y León, conforme a las necesidades del sistema productivo.
2. Para determinar las familias profesionales y especialidades formativas se utilizará fundamentalmente la misma clasificación que la establecida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la homologación de especialidades en sus centros colaboradores y de uso normativo del Instituto Nacional de Empleo, así como la normativa elaborada por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Artículo 3. Derechos y obligaciones de los alumnos.-1. Los participantes en las acciones formativas tendrán derecho a recibir una formación teórica y práctica adecuada a las demandas del mercado de trabajo, a obtener de la entidad una acción positiva orientada a la inserción profesional y la mejora de la cualificación profesional, y a recibir un diploma que acredite que han seguido el curso con aprovechamiento.
La Consejería competente exigirá a las entidades beneficiarias que entreguen a todos los participantes en sus actividades una documentación que les permita la formulación de reclamaciones o sugerencias.
2. Los alumnos seleccionados para un curso determinado no podrán asistir a otro simultáneamente, ni causar baja en uno para poder acceder a otro, salvo que en este último caso se alegue causa que justifique la baja. El incumplimiento de la obligación de justificar la baja determinará la no expedición del diploma que pudiera corresponder.
3. Serán causa de exclusión de los cursos:
- Tener cinco faltas de asistencia no justificadas en un mes.
- Haber acumulado faltas superiores al 10 por ciento de las horas totales del curso cualquiera que sea el motivo de las mismas.
- No seguir el curso con el suficiente grado de aprovechamiento a criterio de los responsables de su impartición.
- Cualquier otra circunstancia que, suficientemente motivada por la entidad, sea tomada en consideración por el órgano gestor de la subvención.
En todos los casos la exclusión será comunicada por escrito, alegando la causa que la motiva, tanto al alumno como a la Consejería convocante de las subvenciones.
Artículo 4. Beneficiarios.-1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas y subvenciones:
a) Las empresas, entidades o instituciones que dispongan de centros de formación en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
b) Las organizaciones empresariales y sindicales de ámbito regional que impartan formación a través de centros de formación profesional ocupacional.
2. Las subvenciones se otorgarán a partir de las correspondientes convocatorias. Excepcionalmente se podrán conceder por medio de Convenios de colaboración los cuales se suscribirán con:
a) Confederaciones empresariales de ámbito regional y uniones regionales de sindicatos más representativos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como organizaciones representativas de la economía social, de idéntico ámbito territorial.
b) Universidades públicas de Castilla y León y Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de la región.
c) Fundaciones o entidades promovidas por las Administraciones públicas.
Artículo 5. Requisitos generales.-Los solicitantes de las subvenciones convocadas por las distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León y que tengan por objeto el fomento de la formación profesional ocupacional, deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Inscribirse en el Registro regulado en el artículo 6.
b) Disponer de un centro de formación que deberá reunir los requisitos mínimos exigidos por el Instituto Nacional de Empleo o la autoridad educativa competente, atendida la forma didáctica, la actividad formativa de la especialidad o especialidades a impartir en los mismos y las características propias de la formación profesional ocupacional.
Son centros de formación el conjunto de medios técnicos, materiales y personales, a través de los cuales las entidades colaboradoras pretendan impartir acciones formativas, cualquiera que sea su forma didáctica.
c) Disponer de los elementos docentes y equipamiento técnico indispensable exigidos para la homologación de la especialidad de que se trate por el Instituto Nacional de Empleo o la autoridad educativa.
Artículo 6. Creación del Registro.-1. Se crea el Registro de entidades colaboradoras en materia de formación profesional ocupacional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el que se inscribirán las entidades, los centros, especialidades formativas y Convenios de colaboración en la formación suscritos conforme a lo dispuesto en este Decreto.
A estos efectos, el Registro constará de cuatro secciones: Entidades, centros, especialidades formativas y Convenios de colaboración.
2. El Registro de entidades colaboradoras tiene carácter público y gratuito; y constituye un instrumento de conocimiento, ordenación y supervisión de las entidades beneficiarias de las subvenciones, que impartan formación profesional ocupacional.
La inscripción en el registro es necesaria para poder solicitar las ayudas y subvenciones que en esta materia convoque la Comunidad.
Artículo 7. Registro de entidades.-El registro dependerá de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo y estará adscrito a la Dirección General de Trabajo, del modo que se determine en su estructura orgánica.
Artículo 8. Solicitudes de inscripción.-1. La inscripción en el Registro deberá solicitarse ante la Dirección General de Trabajo, en la forma y con la documentación que reglamentariamente se determine.
Este apartado 1 ha sido redactado por el Decreto 125/1998, de 25 de junio (BOCYL del 30).
2. Para la inscripción de centros, las entidades colaboradoras inscritas en el Registro, deberán presentar la siguiente dcumentación:
a) La acreditación documental de reunir los requisitos y condiciones impuestos por la normativa aplicable por el Instituto Nacional de Empleo o la autoridad educativa.
b) Documento de propiedad del local o legitimación de uso del centro.
c) Licencia de apertura o, en su defecto, documento acreditativo de la solicitud.
d) Planos del local donde se impartirá la formación.
3. Para la anotación registral de especialidades formativas, las entidades colaboradoras inscritas en el Registro, deberán presentar la siguiente documentación:
a) Relación de especialidades formativas cuya inscripción se solicita.
b) Solicitud de inscripción por cada especialidad formativa.
c) Esquema gráfico de utilización de espacios y recursos por cada especialidad formativa.
d) Ficha de especialidades formativas a inscribir.
e) Perfil profesional del profesorado a contratar para impartir la especialidad.
f ) Dotación: equipo y material (elementos principales del equipo) y, en su caso, herramientas y utillaje, material de consumo y elementos de protección que se utilizarán en cada curso.
g) Programa del curso: relación secuencial y datos específicos de cada módulo y temporalización.
h) Otras aplicaciones: nuevas tecnologías, investigación pedagógica, investigación socio-laboral, etc., de incidencia sobre la acción formativa.
4. A las entidades colaboradoras inscritas en cualquiera de los Registros del Instituto Nacional de Empleo o del Ministerio de Educación y Cultura, y para las especialidades formativas homologadas por éstos, será suficiente, para la inscripción registral, la presentación de solicitud acompañada por la resolución de autorización efectiva expedida por los mencionados organismos.
Artículo 9. Tramitación y resolución.-La Dirección General de Trabajo procederá a la revisión de las solicitudes de inscripción, requiriendo a los firmantes de las defectuosas o con documentación insuficiente para que en el plazo de diez días hábiles subsanen la falta o acompañen los documentos requeridos, con apercibimiento de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, archivándose la solicitud sin más trámite.
La Dirección General de Trabajo acordará la inscripción registral de la entidad solicitante en la que concurran los requisitos exigidos por la presente norma y las dictadas en su desarrollo. Del mismo modo se procederá en el caso de los centros y especialidades cuya inscripción se solicite.
Las solicitudes no resueltas transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud se entenderán desestimadas.
Los Convenios de colaboración a que se refiere el artículo 4, deberán ser objeto de inscripción registral en el momento de su formalización, con los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 10. Derechos y obligaciones de las entidades colaboradoras.-1. La condición de entidad colaboradora, debidamente inscrita en el Registro a que se refiere el presente Decreto, dará derecho a solicitar las ayudas y subvenciones proporcionadas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, o gestionadas por ella, procedentes de la Unión Europea, siempre que el desarrollo de la actividad se acomode a las condiciones de la correspondiente convocatoria y a las normas contenidas en el presente Decreto.
a) Realizar los cursos conforme a las exigencias de cada especialidad y a las restantes condiciones fijadas en las respectivas convocatorias de subvenciones o en los Convenios de colaboración.
b) Mantener las instalaciones y la estructura de medios sobre la base de las cuales se ha producido la inscripción del centro y adaptarlas a los requisitos mínimos que en cada momento se exijan para cada especialidad.
c) No percibir cantidad alguna de los alumnos incluidos en las acciones formativas impartidas.
d) Colaborar en la inserción de los alumnos en el mercado de trabajo.
e) Solicitar autorización expresa, en su caso, para la impartición de nuevas especialidades formativas.
f ) Cumplir con las normas relativas a la inscripción registral.
g) Cumplir las normas en materia laboral, de Seguridad Social, y de prevención de riesgos laborales, así como cualesquiera otras que legalmente les sean exigibles como empresarios en relación con el personal a su servicio.
h) La llevanza de una contabilidad adecuada para las actividades a desarrollar por dichas entidades, en la que exista una identificación de los gastos y los pagos imputables directa e indirectamente a cada acción formativa, de acuerdo con lo previsto en la Orden de desarrollo del presente Decreto.
3. Las entidades colaboradoras estarán obligadas a comunicar a la Dirección General de Trabajo todo cambio que se produzca en los datos esenciales constitutivos de su incorporación, dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzca la alteración.
Artículo 11. Revocación de la inscripción registral.-Podrá ser revocada la inscripción registral cuando, debidamente comprobada la modificación de los requisitos que sirvieron de base a la misma, se acuerde como consecuencia de expediente instruido al efecto.
Las circunstancias para la valoración de las alteraciones producidas en los requisitos de la inscripción, se establecerán en las normas que se dicten en el desarrollo del presente Decreto.
Artículo 12. Comprobación y control.-1. Con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones que en cada caso hayan determinado la subvención, de acuerdo con su normativa reguladora y con el contenido de los proyectos aprobados, se podrán realizar durante cinco años inspecciones de la ejecución de los distintos programas. A tal fin, las entidades beneficiarias se someterán a todas aquellas actuaciones de comprobación y control que, en relación con las subvenciones concedidas, se realicen por las Consejerías de la Junta de Castilla y León, las intervenciones general y delegadas, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los organismos competentes de la Unión Europea y Administración Central.
2. Las entidades colaboradoras facilitarán a los técnicos actuantes el acceso a las instalaciones donde se realice el programa, y también toda la documentación de carácter técnico, administrativo y contable que tenga relación con la actividad subvencionada.
Las visitas de inspección se podrán realizar sin previo aviso y se podrá igualmente entrevistar a los profesionales o participantes de las diversas acciones formativas.
Artículo 13. Justificación.-La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, así como el pago de la misma, se realizarán con sometimiento al régimen regulado por la Ley 7/1986, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el correspondiente ejercicio, por el presente Decreto, así como por la Orden de convocatoria de la subvención a cuyo amparo se realice la acción formativa en concreto.
Artículo 14. Liquidación.-1. La liquidación de la subvención a la entidad beneficiaria se efectuará de acuerdo con el contenido del informe especial de revisión, emitido por la empresa auditora contratada por la Consejería correspondiente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo siguiente.
Además del informe especial de revisión el órgano gestor de la ayuda emitirá informe certificado relativo al seguimiento y cumplimiento del desarrollo de la acción formativa de que se trate.
Esta certificación, junto con el citado informe emitido por el auditor, servirá como justificación suficiente para efectuar el reconocimiento de obligaciones y posterior ordenación de pagos.
2. Lo señalado en el apartado anterior de este artículo se aplicará si así lo establece la correspondiente Orden de convocatoria.
Este artículo 14 ha sido redactado por el Decreto 277/1996, de 12 de diciembre (BOCYL del 13-rectificado en el BOCYL de 7 de enero de 1997-).
Artículo 15. Informe especial de revisión.-1. El informe especial de revisión será emitido por auditor de cuentas y tendrá por objeto comprobar si la documentación justificativa aportada por la entidad cumple con las exigencias legales previstas en la convocatoria y demás normas reguladoras de la subvención. Dicho informe alcanzará la totalidad de los justificantes acreditativos de los gastos satisfechos, así como sin correcta emisión y contabilización.
2. En todo caso, la entidad beneficiaria vendrá obligada a conservar todos los justificantes acreditativos de los gastos efectuados debidamente archivados y contabilizados durante el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se produzca el último pago de la subvención concedida.
3. Corresponde a la Intervención General la determinación de las prescripciones técnicas relativas a la elaboración de los informes de revisión, así como su dirección y coordinación, sin perjuicio de la facultad de recabar la supervisión de los trabajos de los auditores en los casos que se considere conveniente.
4. La estructura y contenido del informe especial de revisión, así como la documentación complementaria que en su caso corresponda, se determinará por una orden promulgada en desarrollo del presente Decreto.
Artículo 16. Incumplimiento.-Se declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas en los supuestos en que los beneficiarios incurrieran en las siguientes situaciones:
a) Cesión a tercero de la ejecución de la acción formativa objeto de subvención.
b) Aplicación de las subvenciones a un fin distinto a aquel para el que fueron concedidas.
c) Incurrir en alguna de las prohibiciones para contratar con la Administración que establece el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
Disposición adicional primera.-Cuando la especificidad de la acción formativa a desarrollar desaconseje su impartición conforme a lo establecido en este Decreto o se dirija a colectivos amenazados de su exclusión del mercado de trabajo, la Consejería competente deberá solicitar autorización de la Junta de Castilla y León, a fin de que dicha acción formativa proyectada pueda recibir ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Disposición adicional segunda.-La Consejería de Industria, Comercio y Turismo, previo análisis y evaluación de los resultados de la actual programación, realizará un estudio de las necesidades, el cual servirá como base para la elaboración de un nuevo plan de acciones formativas que tendrá como objetivo principal el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo.
Disposición transitoria primera.-Los expedientes que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor del presente Decreto, se resolverán conforme a la normativa que era aplicable a la convocatoria de la subvención que motivó su solicitud.
Disposición transitoria segunda.-A los efectos de lo establecido en el artículo 8 de esta norma, la inscripción en el Registro para el año 1996 se realizará desde la fecha de publicación del presente Decreto hasta el día 15 de septiembre.
Disposición final primera.-Las distintas Consejerías dictarán las disposiciones precisas para el desarrollo del presente Decreto en las materias propias de su competencia.
Disposición final segunda.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.