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Timestamp: 2017-07-23 07:01:21
Document Index: 291330388

Matched Legal Cases: ['artículo 81', 'artículo 9', 'artículo 38', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 38', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 31', 'Artículo 31', 'artículo 38', 'artículo 41', 'Artículo 35', 'artículo 29', 'artículo 37', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 17']

Ley 6/2004, de 23 de diciembre de modificación de la ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones (Vigente hasta el 01 de Enero de 2006).
Modificaciones de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones
DLeg. 2/2005 de 28 Dic. CA Illes Balears (TR de la ley de subvenciones) Ley [BALEARES] 6/2004, 23 diciembre, derogada por la letra c) del número 1 de la disposición derogatoria única del D Leg. 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones («B.O.I.B.» 31 diciembre) el 1 de enero de 2006.
La aprobación por el Parlamento de las Illes Balears de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, implicó una regulación sistemática del régimen jurídico de las subvenciones dentro del ámbito de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y, en particular, del procedimiento administrativo para concederlas, el cual, hasta aquel momento, no estaba regulado de manera íntegra en ninguna disposición autonómica de rango legal o reglamentario, sino tan sólo parcialmente en determinados preceptos de las leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma para los años 1993 y 1996, y de la normativa reglamentaria de desarrollo de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales. En su día, la mencionada Ley 5/2002, de 21 de junio, supuso un importante avance en la regulación de las subvenciones dentro del ámbito autonómico. Algunas de sus aportaciones han influido, incluso, en la reciente legislación estatal dictada en esta materia, la cual ha sustituido un marco normativo formado, tan sólo, por el artículo 81 de la Ley general presupuestaria, entonces vigente, y por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, que aprueba el reglamento de concesión de subvenciones públicas en el ámbito de la Administración del Estado.
Por último, esta reforma viene acompañada de otras modificaciones puntuales en el articulado de la ley que pretenden incorporar mejoras técnicas a la regulación autonómica vigente. En este mismo sentido, la experiencia de los últimos años y la existencia de una doctrina consolidada en la materia permiten contribuir a la simplificación del procedimiento de elaboración de las órdenes por las cuales se aprueban las bases reguladoras de subvenciones, mediante la introducción en la Ley reguladora del Consejo Consultivo de una regla específica sobre el plazo de emisión de los dictámenes de este alto órgano asesor en esta materia De acuerdo con lo anterior, se modifican los artículos 2 a 7, 9 a 14, 19 a 21, 24, 31, 35, 38, 39, 41, 43 a 47, 49 y la disposición adicional primera de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, y se añaden dos nuevos artículos, el artículo 9 bis y el artículo 38 bis. Asimismo, y oído el Consejo Consultivo de las Illes Balears, se modifica el artículo 17.1 de la Ley 5/1993, de 5 de junio, del Consejo Consultivo de las Illes Balears. Artículo único
Modificaciones de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones 1. Se modifican los artículos 2.1, 3.1 c), 3.2, 4, 5, 6, 7.1, 9.2, 9.3, y se añade el apartado 3 al artículo 2, el apartado 4 al artículo 9 y el artículo 9 bis en el título I de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, con la siguiente redacción:
e) Las aportaciones dinerarias a favor de otras administraciones públicas o de sus entidades dependientes que deban hacerse efectivas en virtud de planes y programas o de convenios de colaboración formalizados de acuerdo con la legislación de régimen jurídico aplicable a las administraciones públicas».
1 c) Las demás entidades de derecho público dependientes».
2. Las subvenciones establecidas por la Unión Europea, el Estado u otro ente público, cuya gestión corresponda, total o parcialmente, a la Administración de la comunidad autónoma, así como los eventuales complementos de dichas subvenciones que pueda otorgar esta administración, tienen que regirse por el régimen jurídico aplicable al ente que las establezca, sin perjuicio de las especialidades organizativas y procedimentales de la administración gestora. En cualquier caso, esta ley tiene que aplicarse con carácter supletorio respecto de la normativa reguladora de las subvenciones financiadas por la Unión Europea».
Exclusiones del ámbito material 1. Esta ley no es aplicable a los premios que se otorguen sin la solicitud previa del beneficiario, a las subvenciones previstas en la legislación de régimen electoral y en la legislación de financiación de los partidos políticos, y a las subvenciones a los grupos parlamentarios del Parlamento de las Illes Balears, las cuales tienen que regirse por su normativa específica. 2. Las ayudas consistentes en la cesión de bienes o derechos del patrimonio de la comunidad autónoma se regirán por la legislación de patrimonio. No obstante, tiene que aplicarse la presente ley cuando la ayuda consista en la cesión de bienes o derechos o en la prestación de servicios, cuya adquisición o contratación se haya efectuado con la finalidad exclusiva de entregarlos a terceras personas.
3. La actividad de patrocinio tiene que regirse por su normativa específica y, supletoriamente, por la presente ley».
Ayudas al exterior 1. Por decreto del Consejo de Gobierno tienen que aprobarse las normas especiales reguladoras de las ayudas al exterior. 2. Esta regulación puede contener excepciones justificadas a los principios de publicidad y concurrencia, así como reglas especiales en relación con el pago, la justificación, la comprobación y el control de la aplicación de los fondos, el reintegro y el régimen de infracciones y sanciones, en la medida en que las subvenciones se fundamenten en la actividad de proyección institucional y de cooperación al exterior del Gobierno de las Illes Balears y la naturaleza de los proyectos o las características de los destinatarios así lo requieran».
Principios de actuación administrativa 1. Por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda y Presupuestos, tienen que aprobarse uno o diversos planes estratégicos de subvenciones, de acuerdo con la información y las propuestas que, a tal efecto, presenten las consejerías y las entidades públicas dependientes. Los planes tendrán que concretar, al menos, el alcance temporal, los objetivos y los efectos que se pretenden, su plazo de consecución, sus costes previsibles y sus fuentes de financiación, todo dentro del marco de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la programación presupuestaria plurianual. Asimismo, los planes tienen que especificar la incidencia eventual sobre el mercado de los objetivos que se pretendan conseguir, y, en su caso, la orientación de tales objetivos hacia la corrección de los errores que se identifiquen al efecto de que la distorsión del mercado sea mínima.
c) Eficiencia en la asignación y la utilización de los recursos públicos».
b) Cuando la concesión o la cuantía de las subvenciones venga impuesta por una norma de rango legal. En tal caso, el procedimiento de concesión se regirá por la normativa aplicable. c) Cuando por las características especiales del beneficiario o de la actividad subvencionada no sea posible, objetivamente, promover la concurrencia pública.
d) Con carácter excepcional, las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, o cualquier otra razón debidamente justificada que dificulte la concurrencia pública, mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno que tiene que fijar los programas presupuestarios correspondientes».
4. No pueden ser beneficiarias de subvenciones las personas, entidades o agrupaciones en las que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. La forma de justificación de la no concurrencia de estas prohibiciones y, en su caso, la apreciación de su concurrencia se regirá igualmente por lo establecido en los apartados 4 a 7 del mencionado precepto legal».
j) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 38 de la presente ley».
2. Se modifican los artículos 10, 11 c), 12.3, 12.4, 13.2 a), 13.3, 14.3, 19.3, 20.2, 21 y 24, y se añade la letra m) al artículo 11, y un apartado 4 a los artículos 13 y 14 del título II de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, con la siguiente redacción:
a) Cuando las normas sectoriales específicas de la subvención incluyan las bases reguladoras con el alcance previsto en el artículo 11 de la presente ley.
a) El estudio económico a que se refiere el artículo 42.1 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears, deberá suscribirlo la secretaría general de la consejería correspondiente y tendrá que pronunciarse sobre la suficiencia de recursos económicos, previstos o previsibles, a los efectos de prever las disponibilidades presupuestarias que permitan dictar, en su caso, el acto de convocatoria regulado en el artículo 13 de esta ley. b) Tiene que adjuntarse al anteproyecto de orden un informe de la dirección general competente en materia de presupuestos relativo a la adecuación del anteproyecto al plan estratégico de subvenciones aplicable».
4. En los casos a que se refiere el apartado anterior de este artículo, el órgano competente para la concesión de la subvención puede dictar un acto de convocatoria informativa, el cual tendrá el carácter de simple presupuesto de los procedimientos que, en su caso, se inicien posteriormente con las solicitudes que se presenten».
a) La indicación de la disposición o del instrumento jurídico que establecen las bases reguladoras y el Butlletí Oficial de les Illes Balears en que se haya publicado, salvo los supuestos a que se refieren las letras b) y c) del artículo 10.1 de la presente ley, en los que la convocatoria podrá incluirse en el propio instrumento de planificación o convenio, respectivamente.Asimismo y con carácter excepcional, la convocatoria podrá incluirse en la propia norma sectorial a que se refiere la letra a) del artículo 10.1 de la presente ley, siempre que la simultaneidad de la convocatoria sea inherente al establecimiento de las normas reguladoras de la subvención, dadas sus peculiares características.
4. De acuerdo con la legislación de finanzas de la comunidad autónoma, es nulo de pleno derecho el acto de convocatoria dictado sin la consignación previa del crédito presupuestario correspondiente. Cuando la ayuda consista en la cesión de bienes o derechos o en la prestación de servicios, cuya adquisición o contratación se haya hecho con la finalidad exclusiva de entregarlos a los beneficiarios, será necesaria la consignación previa del crédito presupuestario destinado a la adquisición o contratación correspondiente».
4. En la propuesta de resolución tiene que expresarse el beneficiario o la lista ordenada de beneficiarios para los cuales se propone el otorgamiento de la subvención y la cuantía de ésta»
3. En los supuestos exentos de publicidad y concurrencia previstos en las letras c) y d) del artículo 7.1 de la presente ley, la resolución tendrá que expresar las condiciones de la concesión, sin perjuicio de la formalización de los convenios en los términos indicados en el apartado anterior».
2. La modificación de la resolución de concesión implica la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención, y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas indebidamente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la presente ley».
Anulación de la resolución de concesión La resolución de concesión de subvención es inválida por cualquiera de las causas de nulidad de pleno derecho o anulabilidad establecidas en el ordenamiento jurídico aplicable. En estos supuestos, el órgano competente tiene que proceder, en su caso, a la revisión de oficio o a la declaración de lesividad y a la impugnación del acto, respectivamente, de acuerdo con la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas. Asimismo, el órgano competente tiene que iniciar, si procede, el procedimiento de reintegro de las cantidades abonadas».
Régimen general 1. Las bases reguladoras pueden establecer que la entrega de los fondos públicos a los beneficiarios o la realización de otras funciones de gestión de las subvenciones se lleven a cabo mediante entidades colaboradoras. 2. Pueden obtener la condición de entidades colaboradoras:
El contrato, que tiene que incluir necesariamente el contenido mínimo previsto en el apartado 5 de este artículo, así como lo que sea preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos administrativos, tiene que hacer mención expresa a la sumisión del contratista al resto de las obligaciones que la presente ley impone a las entidades colaboradoras».
3. Se modifica el artículo 31 del título III de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, que pasa a tener la siguiente redacción: «Artículo 31
Publicidad de las subvenciones 1. Con la periodicidad y en los términos que se determinen reglamentariamente, tienen que publicarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears las subvenciones que otorguen la Administración de la comunidad autónoma y las entidades públicas dependientes de ésta, con expresión de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputen, el beneficiario, la cantidad concedida y la finalidad o las finalidades de la subvención. 2. Esta publicación no será necesaria en lo que concierne a las subvenciones que se relacionan a continuación:
4. Los beneficiarios tienen que cumplir las medidas de difusión relativas al carácter público de la financiación de la actividad objeto de subvención que, en su caso, se establezcan en las bases reguladoras de la subvención».
4. Se modifican los artículos 35, 38, 39 y 41.2, y se añade el artículo 38 bis y los apartados 4 y 5 al artículo 41 en el título IV de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, con la siguiente redacción: «Artículo 35
Justificación de la aplicación de los fondos, de los gastos susceptibles de subvención y de la subcontratación de las actividades 1. Los beneficiarios y, en su caso, las entidades colaboradoras tienen la obligación de justificar ante el órgano concedente la aplicación de los fondos percibidos a la finalidad que haya servido de fundamento a la concesión de la subvención, en la forma y en los plazos que las bases reguladoras y la convocatoria establezcan.
3. Se consideran gastos susceptibles de subvención aquéllos que respondan, indudablemente, a la naturaleza de la actividad objeto de subvención, se realicen dentro del plazo establecido en las bases reguladoras y no superen el valor de mercado. A tal efecto, y excepto que las bases reguladoras establezcan otro criterio, se considerará como gasto realizado aquél que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del plazo de justificación que establezcan las bases reguladoras de la subvención. En todo caso, tienen que aplicarse las normas en materia de gastos susceptibles de subvención, comprobación de subvenciones y comprobación de valores que establecen los artículos 31, 32 y 33 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 4. El beneficiario sólo puede subcontratar, total o parcialmente, la ejecución de la actividad subvencionada cuando las bases reguladoras lo prevean y en el marco del artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones».
Reintegro 1. Corresponde el reintegro, total o parcial, de las cantidades recibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha de la resolución por la cual se acuerde el reintegro, en los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 2. El reintegro parcial de la subvención como consecuencia del cumplimiento parcial de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención se regirá por lo que dispongan los criterios de gradación a que se refiere el artículo 11 m) de la presente ley, y, en todo caso, por el principio de proporcionalidad, siempre que la finalidad de la subvención, atendida su naturaleza, sea susceptible de satisfacción parcial.
6. Las cantidades reintegrables tendrán la consideración de ingresos de derecho público y podrán ser exigidas por la vía de apremio».
5. En caso de defunción del obligado al reintegro, la obligación de satisfacer las cantidades pendientes de restitución se transmitirá a los causahabientes, sin perjuicio de lo que establezca el derecho civil común, foral o especial aplicable a la sucesión para determinados supuestos, particularmente para el caso de aceptación de la herencia a beneficio de inventario».
Autoevaluación de los programas de subvenciones Al finalizar cada ejercicio presupuestario, y de acuerdo con los criterios establecidos en los planes estratégicos aprobados por el Gobierno de las Illes Balears, las consejerías y las entidades públicas indicadas en el artículo 3.1 de esta ley tienen que evaluar los programas de subvenciones ejecutados con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia del mantenimiento o de la supresión de dichos programas».
2. Con carácter general, prevalecen los controles posteriores a los previos, los cuales tienen que ejercerse de conformidad con la legislación de finanzas de la comunidad autónoma y sus normas de desarrollo. El control financiero de ayudas y subvenciones financiadas total o parcialmente con fondos comunitarios se regirá por lo establecido en la legislación estatal básica y en la normativa autonómica aplicable.
5. Los funcionarios de la Intervención General de la comunidad autónoma, en el ejercicio de las funciones de control financiero de subvenciones, serán considerados agentes de la autoridad».
5. Se modifican los artículos 43, 44, 45, 46, 47.3 y 49 del título V de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, que pasan a tener a la siguiente redacción:
Infracciones Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones, cuando intervenga dolo, culpa o simple negligencia, las acciones u omisiones de los beneficiarios y de las entidades colaboradoras establecidas en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones».
Régimen de responsabilidades 1. Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los entes sin personalidad a que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de esta ley, que por acción u omisión incurran en los casos tipificados como infracciones en esta ley, y, en particular, según corresponda en cada caso: a) Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas jurídicas y de las agrupaciones que prevén el apartado 2 y el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 9 de esta ley, en relación con las actividades subvencionadas que se hayan comprometido a efectuar.
4. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en las que la ley limite la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, se transmitirán a éstos las sanciones pecuniarias pendientes, los cuales responderán solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya adjudicado o se les hubiera debido adjudicar».
Supuestos de exención y formas de extinción de la responsabilidad 1. Las acciones y omisiones tipificadas en la legislación estatal básica no darán lugar a responsabilidad por infracción administrativa en materia de subvenciones en los supuestos siguientes:
2. La responsabilidad derivada de las infracciones se extinguirá por el pago o cumplimiento de la sanción, por prescripción y por defunción».
Prescripción de infracciones Las infracciones previstas en la presente ley prescribirán en el plazo de cuatro años».
3. Las infracciones leves serán objeto de sanción de multa de 75,00 a 6.000,00 euros».
Prescripción de sanciones Las sanciones previstas en la presente ley prescribirán en el plazo de cuatro años».
6. Se modifica la disposición adicional primera de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, que pasa a tener la siguiente redacción:
3. A los efectos de la presente ley se consideran consorcios sometidos al ordenamiento autonómico aquéllos que cumplan los requisitos establecidos para ello en la legislación de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma. Por otra parte, la delimitación de las fundaciones del sector público autonómico a efectos de la presente ley se regirá por lo establecido en la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones».
Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 17 de la Ley 5/1993, de 5 de junio, del Consejo Consultivo de las Illes Balears, con la siguiente redacción: «No obstante, el plazo de emisión de los dictámenes que versen exclusivamente sobre bases reguladoras de subvenciones será de veinte días»
4. El régimen sancionador previsto en la presente ley será de aplicación a los beneficiarios y a las entidades colaboradoras, en lo que concierne a las acciones u omisiones cometidas antes de su entrada en vigor, siempre que sea más favorable que lo establecido en la legislación anterior. Disposición transitoria tercera
Los primeros planes estratégicos de subvenciones regulados en la presente ley tienen que aprobarse antes del 31 de diciembre de 2005, con efectos a partir del año 2006. Disposición derogatoria única
Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior a la presente ley que se opongan a su contenido. DISPOSICIONES FINALES
A los efectos de la presente ley, las referencias contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, a la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado, se entenderán hechas a la Ley autonómica 2/1996, de 19 de noviembre, por la que se regula el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos. Disposición final segunda
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que correspondan la hagan guardar.