Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-42251-de-diciembre-4-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f1243fb05a5f0058e0430a0101510058&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-22 07:04:56
Document Index: 127531099

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 8', 'artículo 177', 'artículo 24', 'artículo 8', 'artículo 133', 'artículo 267', 'artículo 133', 'artículo 8', 'artículo 133', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 133', 'artículo 8', 'artículo 133', 'artículo 8', 'artículo 133', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 133', 'artículo 8', 'artículo 133', 'artículo 8', 'artículo 133', 'artículo 8', 'artículo 133', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8']

﻿ Sentencia 42251 de diciembre 4 de 2013
SENTENCIA 42251 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:PENSIÓN RESTRINGIDA DE JUBILACIÓN. EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY 171 DE 1961, LA EDAD REQUERIDA PARA DISFRUTAR LAS PENSIONES RESTRINGIDAS DE JUBILACIÓN ES SOLO UN REQUISITO DE EXIGIBILIDAD Y NO DE CAUSACIÓN. DICHA PRESTACIÓN NACE DESDE EL MOMENTO EN QUE EL TRABAJADOR ES DESPEDIDO SIN JUSTA CAUSA CON MÁS DE 10 AÑOS DE SERVICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Sentencia 42251 de diciembre 4 de 2013
Rad. 42251
SL 861-2013
Acta: 40
Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz.
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Orlando Agudelo Carmona contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 20 de febrero de 2009, en el proceso promovido por el recurrente contra Panamco Industrial de Gaseosas S.A. —Indega S.A.—.
En lo que al recurso concierne se precisa indicar que el demandante persigue, a través de este proceso, el reconocimiento y pago en su favor y de su compañera permanente, en caso de su fallecimiento, de la pensión sanción o pensión cotización (…) con las mesadas adicionales de junio y diciembre desde el momento en que cumplió los 55 años de edad, debidamente indexada.
Que se reconozca que la última relación que existió entre las partes fue una verdadera relación de trabajo, y que fue continua desde mayo de 1991 hasta enero de 2003;y como consecuencia de esto, sea condenada la sociedad Panamco Industrial de Gaseosas S.A. al reconocimiento y pago de las respectivas prestaciones sociales, que relaciona a este propósito.
En la narración de los hechos, de la que se sirve para sustentar su reclamación, afirma haber ingresado a trabajar al servicio de la demandada bajo contrato de trabajo a término indefinido el día 19 de mayo de 1964, como jefe de mantenimiento, hasta el 30 de abril de 1977, fecha en la que renuncia sin que la empresa cumpliera a cabalidad con la obligación de cotizar para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte y devengando un salario de $12.000 cuando el salario mínimo de la época equivalía a $2.430; luego, el 28 de julio de 1982, suscribió contrato de trabajo nuevamente, a término indefinido, con la sociedad convocada al proceso el que se prolongaría hasta el 20 de mayo de 1983, día en el que se le despidiera sin justa causa; durante dicho lapso de igual manera no cumplió en forma rigurosala la empleadora con el deber de cotizar en su favor para amparar por concepto de IVM; en una tercera oportunidad, refiere, trabajaría con Panamco a partir del mes de mayo de 1991 bajo contrato de trabajo, a término indefinido de carácter verbal hasta el día 22 de octubre de 2000 cuando la compañía pretendió disfrazar la relación laboral que este tenía exigiéndole la firma de un contrato ficto denominado (…) “Orden de prestación de servicios” (…) Laborando de manera continua e ininterrumpida hasta el mes de enero de 2003 cuando fue despedido por reclamar el pago de las cotizaciones faltantes; que cumplió la edad de 55 años en 1990 —nacido el 6 de septiembre de 1935— (fl. 18).
Es cierto que el actor se vinculó al servicio de la empresa en una fecha bastante remota, dice esta al responder la demanda terminándose la relación laboral en 1983 por decisión unilateral de la propia empleadora; en referencia a la vinculación laboral que el demandante indicara como iniciada en mayo de 1991 y terminada en 2003,señala no constarle con exactitud (…) la fecha de inicio de los servicios que el demandante le prestó a la compañía como contratista; de cara a las pretensiones opone las de inexistencia de la obligación; falta de causa para pedir y prescripción.
El juez del conocimiento, que lo fuera el Juez Sexto Laboral del Circuito de Descongestión de Medellín, condena a la demandada a reconocer a partir del 6 de septiembre de 1995 pensión sanción de jubilación en proporción a $19.926 mensual, sin perjuicio de los incrementos anuales de ley. De igual manera, al pago de las mesadas pensionales causadas entre el mes de enero de 2001 y marzo de 2008 y a continuar reconociendo a partir del mes de abril de 2008, la suma de $ 71.154 mensuales sin perjuicio de los incrementos de ley. A pagar el valor de las prestaciones sociales causadas entre el 31 de mayo de 1991 a enero 31 de 2003; declara probada la excepción de prescripción frente a los derechos causados con antelación al 20 de enero de 2001. Absuelve de las demás pretensiones.
La determinación del superior confirma: a) la decisión declarar “la existencia de la relación laboral entre las partes fijando como extremos temporales los meses de mayo y enero de 1991 y de 2003 respectivamente como fechas inicial y final de la relación”; b) La referida a la condena a la sanción moratoria a la que fuera condenada la demandada; modifica: a) En cuanto a cancelar intereses las cesantías, multas por su no pago, primas de servicio y vacaciones, ordenando pagar lo correspondiente con base en los salarios descritos; b) En relación a la prescripción que declarada en lo relativo a la acción tendiente a reclamar derecho a adquirir el auxilio de cesantías; c) así como también al pago de los períodos de las vacaciones y la cuantía de su compensación en dinero; revoca la disposición que condena a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión sanción.
La señalada resolución, proferida en razón a recurso de apelación que ambas partes interpusieran, es epílogo, en cuanto interesa al recurso, de la disertación que delimita el campo de la controversia sometida a su análisis, a, “si existió o no la pregonada relación laboral entre las partes; (…) en caso de confirmar este punto, se continuará con la revisión del proceso en lo que hace a las cuantías que se ordenó pagar, en cuanto a la procedencia de la pensión sanción, al análisis del derecho sobre las cesantías para determinar si alguna parte de ellas prescribió o no, en cuanto a las vacaciones y a las sanciones moratorias solicitadas”.
En las consideraciones que realiza en cuanto a determinar la existencia de las diferentes relaciones laborales que el demandante sostiene lo vincularon con la empresa, el ad quem señala que debe partirse de recordar que, según lo dicho por el actor, este laboró en tres períodos diferentes: Uno primero, entre el 19 de mayo de 1964 y el 30 de abril de 1977, que terminaría por renuncia; el segundo, entre el 28 de julio de 1982 y el 20 de mayo de 1983, que fuera terminado unilateralmente y sin justa causa; y el tercero entre mayo de 1991 y 2003.
Al continuar, subraya que la empresa no puso mayor objeción sobre los dos primeros períodos pero sobre el tercero explicó que el señor Agudelo no había sido trabajador sino que había prestado servicio de otra índole.
La discusión la centran las partes, dice el juez de la apelación, en el tercer período, pues el demandante, de una parte, afirma que se trata de una vinculación de carácter laboral regida por contrato verbal y, de otra, la demandada, desconociendo tal condición en la relación que tuvieron para dicho lapso.
Encuentra que es bajo el alero de los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo que debe resolverse la disyuntiva planteada; y , al trascribirlos, indaga si, en el sub lite, se está en presencia de los indicados elementos esenciales del contrato de trabajo.
En procura de respuesta dirige su atención a la prueba obrante en el proceso, señalando que la carga de la misma, en virtud a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a quien alega el derecho, es decir, el actor, aparte de destacar que la presunción del artículo 24 aludido, no solo es desvirtuable (sic) por la prueba de una relación diferente entre las partes, si no, (…), con la ausencia de prueba de los requisitos esenciales del contrato de trabajo.
Pero la prueba documental que aportara el demandante, nada le dice, según sus propias palabras, al tribunal; más, la presentada por la empresarefiere la venta de un servicio de mantenimiento en mecánica industrial.
En cuanto a la testimonial extrae el ad quem que el actor prestó sus servicios en forma personal y directa para la sociedad demandada en los talleres de mantenimiento mediante un contrato verbal y, luego, uno escrito de prestación de servicios pero siempre con un horario de trabajo y una subordinación, con la herramienta de la empresa, con repuestos comprados por la empresa, con un carné, utilizando el restaurante de la compañía, sin que hubiera modificación en el trabajo después de firmado el contrato de prestación de servicios.
Glosa, igualmente, del análisis que hiciera a las declaraciones testimoniales vertidas,que alguno de los testigos quiere desvirtuar totalmente la existencia de esa relación laboral diciendo que se pagaba solo por lo que el actor laboraba por mano de obra con ayudantes propios, esas aseveraciones que no tienen asidero probatorio y lo único que buscan es confundir al fallador pues es inaudito que todos los testigos hagan afirmaciones tan contestes como las mencionadas y que vengan dos de ellos a decir todo lo contrario, testigos que, precisamente presentó la empresa demandada y que también ayudan a confirmar las versiones de los otros.
De las relaciones correspondientes a los dos primeros períodos; 19 de mayo de 1964 a 30 de abril de 1977; 28 de julio de 1982 a 20 de mayo de 1983; diría que respecto a aquella solo se hizo una mención en los hechos pero no se probó su duración ya que el empleador la aceptó pero no dentro de esos extremos temporales; y la del segundo, se da por probada porque el empleador ni siquiera se pronunció sobre ella.
Las reflexiones anteriores lo conducen a confirmar las valoraciones y determinaciones que en relación a ellas se hicieran en la primera instancia, permitiéndole, así, discurrir en torno a la controvertida decisión que ordena pagar la pensión sanción al demandante.
El juez, dice el tribunal al empezar este capítulo de sus consideraciones, ordenó pagar la pensión sanción al actor y argumentó que como se cumplían los requisitos del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, había que imponer al empleador la condena de reconocimiento y pago de esa pensión. La pensión sanción no es más ni menos que aquella de que trata el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 que modificó el artículo 267 del Código Sustancial del Trabajo que, a su vez, había sido subrogado por el 31 de la Ley 50 de 1990. Originariamente, la norma aplicable para este tipo de pensiones lo era la Ley 171 de 1961.
Sostiene que el efecto sancionatorio del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, que reproduce, solo se presenta cuando el trabajador no es afiliado al Sistema de Seguridad Social en pensiones por omisión del empleador. A folios 19 a 42 aparece la documentación suficiente para determinar que el señor (…) Agudelo Carmona siempre fue afiliado por su empleador. Esta afirmación no es cierta tratándose del último período trabajado por el actor pues a partir de entonces él cotizó como independiente, tal como lo muestra la copia de la historia laboral que se aportó.
De este último razonamiento concluye en la revocatoria de la determinación del juez que condena a la pensión sanción, para advertir que la primera instancia fundamenta su decisión en señalar que el juez dice, en primer lugar, que el despido realizado en 1983 fue sin justa causa. En primer término eso no se discutió durante el proceso, en segundo término la relación, sumados los tres períodos no se terminó con base en que no existiera justa causa para ello, y, por último, el actor siempre fue afiliado al Intituto de Seguros Sociales excepto en el último periodocuando no se probó el despido por justa causa. Por eso no se puede conceder la pensión sanción para el actor. Si fuéramos a concederla por la suma de los dos períodos laborados inicialmente no lo podríamos hacer porque hubo afiliación al Instituto de Seguros Sociales y si fuera por la suma de todos los períodos o del tercero, tampoco lo podríamos hacer porque no hubo o no se probó, despido injusto. No podemos tomar el despido del segundo período y sumarlo con la no afiliación del tercero para determinar que se tiene que pagar la pensión sanción.
Informado el demandante por su disentimiento respecto a las disposiciones colegiadas, incoa demanda de casación con la finalidad de que esta Sala de la Corte case parcialmente la sentencia impugnada en cuanto absolvió de la petición de reconocimiento de la pensión sanción y consecuencialmente del retroactivo pensional, para que una vez constituida en sede de instancia confirme la sentencia de primera instancia proferida por el juzgado (…) en cuanto condenó al pago de la pensión sanción y la modifique en cuanto al valor de a pensión sanción y del retroactivo pensional causado.
Dispone la acusación en tres cargos de diferente vía, que encuentran la respuesta de la demandada, respecto a los cuales se efectuaran los correspondientes pronunciamientos que por razones de método tendrán el siguiente orden:
Cargo Primero: Acusa a la sentencia de violar indirectamente y por aplicación indebida el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 8º de a Ley 153 de 1887.
El quebrantamiento indicado fue posible, en criterio del impugnante, al incurrir el tribunal en los siguientes errores de hecho que califica como evidentes:
1. No dar por demostrado, estándolo, que en el proceso si se discutió el despido del que fue objeto el demandante en mayo de 1983 y que tal supuesto explícitamente se adujo como fundamento de la pretensión formulada para el reconocimiento de la pensión sanción de jubilación.
2. No dar por demostrado, estándolo, que la relación laboral que ligó a las partes hasta el mes de mayo de 1983 terminó por despido sin justa causa del demandante.
Se cometen los señalados yerros en razón a la equivocada apreciación que hiciere el ad quem del texto de la demanda y de no haber estimado este la confesión contenida en la contestación de la demanda y de la respuesta de la sociedad demandada al oficio 678, librado por el juzgado de primera instancia.
Para empezar, precisa que su inconformidad con la sentencia se circunscribe a la disposición que desestima la pensión sanción demandada al considerar el colegiado que no fue discutido, dentro del proceso, que el despido del demandante en 1983 fue por justa causa y que el demandante siempre fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales, excepto en el último período en el que no se probó el despido por justa causa.
Reproduce el párrafo de las consideraciones del ad quem, que lo conducen a negar la pensión sanción reclamada, según las cuales el despido del que fuera objeto el demandante en 1983 no fue discutido durante el proceso así como también que éste se produjera sin causa justificada.
En lo que respecta a la primera de las afirmaciones, esto es, que el despido del demandante en 1983 no fue discutido durante el proceso; refiere de ella la notoria equivocación que comporta, pues en la demanda inicial expresamente se adujo como presupuesto fáctico de las pretensiones el despido del demandante el 20 de mayo de 1983 y al efecto trascribe el hecho quinto de la demanda en el que a ello se alude.
Posteriormente, copia el hecho 25 de la demanda:
“El demandante para cuando la empresa lo despidió sin justa causa el día 20 de mayo de 1983 tenía 47 años y había laborado de manera continua o discontinua con la compañía más de 10 años y por falta de cotización completa y por haber sido despedido sin justa causa tiene derecho a la pensión sanción o pensión cotización”.
Si fue alegado, entonces, como supuesto fáctico de la pensión sanción que se reclama el despido del que fuera objeto el demandante en 1983, sin que la solicitud de reconocimiento de la pensión tuviese como presupuesto esencial el período laborado por el demandante con posterioridad a tal época, como lo evidencia el hecho veinticinco de la demanda antes trascrito.
Del mismo modo, dice al continuar, quedó demostrado que el despido al actor que se produjera en 1983 fue realizado sin justa causa; encontrando respaldo para tal aseveración en la respuesta que el apoderado de la demanda diera al hecho quinto de la demanda: “el contrato de trabajo que estaba vigente en 1983 terminó por decisión unilateral de la empresa”.
De igual manera se sirve de la respuesta que al oficio 678 diera el representante legal de la demandada: “el contrato se terminó por decisión unilateral de la compañía, la que pagó oportunamente la indemnización a la que el señor Agudelo tenía derecho”.
Aduce que de ambas probanzas se sigue la demostración del desatino fáctico que se le atribuye al ad quem y la viabilidad de reconocimiento de la pensión sanción solicitada en la demanda de conformidad con el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 teniendo en cuenta que la misma se causó desde la fecha del despido del trabajador (…) cuando el demandante tenía más de 10 años laborados al servicio de la sociedad demandada (…).
No integra el impugnante, en su ofensiva a la sentencia acusada, la totalidad de los que fueren sus fundamentos jurídicos y fácticos; subraya el opositor del recurso.
No se encuentra asistido por la razón el replicante en las consideraciones de orden técnico que realiza, pues, de manera contraria a lo que afirmara, la censura hace objeto de su ataque la totalidad de los pilares sobre los que se construye la decisión impugnada en cuanto al iniciar su disertación, con toda claridad destaca y trascribe las reflexiones que el ad quem hiciera referente a: 1) afirmar equivocadamente el juez en su criterio que el despido realizado en 1983 fue sin justa causa; 2) que dicha controversia no hizo parte del actual proceso; 3) que sumados los tres períodos (la relación laboral) no se terminó con base en que no existiera justa causa para ello; 4) el actor siempre fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales excepto en el último periodo cuando no se probó el despido por justa causa.; fundamentos, expresos, de la determinación colegiada para no declarar el derecho del demandante a la pensión sanción demandada.
No obstante, debe subrayarse, como imprecisión del recurrente, que no tiene la virtualidad de negar el examen propuesto, la singularización de la supuesta confesión contenida en la contestación de la demanda del apoderado de la demandada, medio probatorio que solo enuncia sin que en el desarrollo del cargo se valga de él para acreditar su falta de apreciación o equivocada estimación por el juez para así arremeter contra la decisión impugnada.
De otra parte, y en cuanto al propio desarrollo del cargo, debe decirse que éste cobra éxito al lograr socavar los cimientos de la determinación acusada, como se expone a continuación:
En efecto, consigue demostrar la censura que el tribunal se equivoca en el enunciado según el cual el juez de primera instancia yerra al considerar queel despido realizado en 1983 fue sin justa causa al no ser siquiera objeto de controversia del presente proceso.
En realidad, como lo advierte el recurrente, a folio 118 en respuesta al oficio 678 el representante legal de la demandada puntualiza:
1. “El señor Agudelo estuvo vinculado laboralmente desde el 19 de mayo de 1964 hasta el 1º de mayo de 1977 (…).
2. “El señor Agudelo se vinculó por segunda vez a la sociedad Industrias Roman y Cia. C.A. desde el 28 de julio de 1982 hasta 21 de mayo de 1983, reportando las correspondientes afiliaciones al Instituto de Seguros Sociales, en donde consta que la compañía era su empleador. El contrato se terminó por decisión unilateral de la compañía, la que pagó oportunamente la indemnización a la que el señor Agudelo tenía derecho (…).
La anterior trascripción deja en evidencia el desatino fáctico del superior que parte, en la consideración que lo llevaría a negar el derecho, de la ausencia de respaldo para la afirmación según la cual el despido realizado en 1983 fue sin justa causa.
A similar dislate arriba el tribunal cuando para sustentar el anterior yerro que endilga al juez, aduce la inexistencia de discusión respecto a este tópico; de manera opuesta al indicado hecho 25 de la demanda (fl. 5) en el que textualmente se dice:
No deja duda la reproducción del reseñado hecho 25 de haber sido objeto de la disputa procesal, en tanto presupuesto del reclamado derecho pensional, la formulación conforme a la cual el despido del que fuera objeto el demandante en 1983 fue sin justa causa; por lo que la equivocación endilgada al ad quem se manifiesta evidente y relevante en razón a conducirlo a denegar la pensión sanción y en la que se advierte su ausencia de discernimiento entre la discusión que conduce a establecer si el empleador se encontraba asistido por una justa causa para despedir, que no era la del sublite; y la planteada en este, en la que el referido despido es premisa de la que se vale el actor para reclamar la referida prestación.
El cargo es fundado
Segundo cargo: Acusa a la sentencia de violar directamente y por aplicación indebida el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 y por infracción directa elartículo 8º de la Ley 171 de 1961;
Tercer cargo: Acusa a la sentencia de violar directamente y por aplicación indebida el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 y por interpretación errónea elartículo 8º de la Ley 171 de 1961.
Emplea, como se dijo, para ambos cargos una misma dialéctica que construye a partir de trascribir las que fueran las consideraciones del tribunal una vez copia el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 en las que éste enfatiza en el carácter sancionatorio que comporta la disposición tan solo cuando el trabajador no es afiliado al Sistema de Seguridad Social en pensiones por omisión del empleador (…).
Subraya que, en su criterio, el superior se equivoca al aplicar la señalada disposición cuando debía hacer producir efectos al artículo 8º de la Ley 171 de 1961; puesto que el despido sin justa causa, que es presupuesto de la sanción prevista en dicha norma, ocurrió en mayo de 1983.
Fundamenta lo dicho en que el juzgador debe aplicar la norma vigente al momento en que el derecho se habría causado; y como la pensión sanción se causa al momento del despido sin justa causa es la norma vigente al momento de la terminación unilateral de la relación laboral la que debe ser considerada para efectos de valorar la procedencia de la pensión sanción.
En arreglo a lo anterior, esto es, que la disposición que gobierna la controversia es la del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, no podía supeditarse la concesión de la pensión a la no afiliación del trabajador al riesgo IVM, pues para tal disposición (a diferencia de lo que ocurre con el artículo 133 de la Ley 100 de 1993) no condiciona la causación de la pensión sanción a la no afiliación del trabajador al Instituto de Seguros Sociales o al Sistema de Seguridad Social.
En procura de acreditar sus aserciones vierte sentencias de esta Sala de la Corte 17 de junio de 1993, sin radicación; 20 de enero de 1995, sin radicación y 11798 de julio 9 de 1999 en las que se delibera en torno a la coexistencia de la pensión sanción, como efecto del artículo 8º de a Ley 171 de 1961 con la de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales.
En ambos cargos aduce el replicante que se incurre por parte de quien impugna en el desatino de acumular dos causales en un mismo cargo si yo opto por acusar la sentencia por infracción directa, debo señalar la ignorancia del sentenciador en el espacio o en el tiempo que es el motivo que conduce a la infracción directa pero no puedo señalar que al mismo tiempo se cometió por el sentenciador una aplicación indebida de la ley (…).
Se equivoca el opositor en las glosas técnicas efectuadas puesto que en ambos cargos si bien se plantea que la trasgresión ocurre por causales diferentes, en cada uno de ellos, aplicación indebida del artículo 133 de la Ley 100 de 1993 y por infracción directa elartículo 8º de la Ley 171 de 1961, en el segundo; y aplicación indebida del artículo 133 de la Ley 100 de 1993 y por interpretación errónea el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, en el tercero; debe señalarse que el quebrantamiento se predica respecto a normas distintas evento en el cual no surge dificultad alguna; la que aparecería sí, cuando se alude a una pluralidad de modalidades de violación en relación con las mismas disposiciones, en razón al contrasentido que de ello se desprende.
En cuanto a la controversia circunscrita a establecer si el ad quem, como lo enuncia el recurrente, se equivoca cuando en aplicación del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, absuelve a la demandada al encontrar que el demandante siempre fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales; debe subrayarse que esta se dirime en favor de la censura puesto que al momento de la causación del derecho, esto es, 20 de mayo de 1983, fecha del despido sin justa causa como se estableciera en el cargo de vía indirecta; la disposición vigente correspondía al artículo 8º de la Ley 171 de 1961 en el que no se dispone, como factor que libere al empleador de la carga sancionatoria prevista, la afiliación del trabajador a la seguridad social.
La doctrina, como lo aduce el impugnante, se ha pronunciado en relación al presupuesto fáctico del artículo 8º de a Ley 171 de 1961, como lo hiciera, entre otras en sentencia de Radicación 21022 de noviembre 13 de 2003 en la que se expresó:
“Es necesario recordar que la edad requerida por la ley para disfrutar de las pensiones restringidas de jubilación, es simplemente un requisito para su exigibilidad y no para su causación, como lo tiene enseñado la Sala, para lo cual basta remitirse a la reciente sentencia del 14 de agosto del año en curso, Radicación 20486, en la que dijo:
(…) ciertamente la pensión restringida de jubilación que regulaba el artículo 8º de la Ley 171 se causaba cuando el trabajador era despedido sin justa causa y en ese momento llevaba 10 o más años al servicio de su empleador,constituyendosimplementelaedad requerida según el tiempo de labores, un requisito para su exigibilidad y no para su causación.
Así lo tiene definido la Sala y para ello basta remitirse a las sentencia del 12 de agosto de 1987, Radicación 323, en la que se citaron varias providencias de la corporación que se orientaron en ese sentido, y la del 31 de octubre de 1991, radicación 4489, en la que puntualmente se precisó que:
Los presupuestos del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, aplicables al presente son: Un tiempo de servicio mayor de diez años y menor de quince y el despido sin justa causa. Dados, entonces, tales elementos, se estructura la causa de la acción, pudiéndose efectuar condena de futuro, para cuando la extrabajadora cumpla la edad establecida por la misma normatividad para comenzar a gozar de la respectiva prestación”.
Salen avante ambos cargos.
Sin costas ante el resultado del recurso extraordinario.
En instancia, y conforme al petitum del recurso extraordinario, se confirmara la sentencia de primer grado que condenó a la demandada al pago, en favor del demandante, de la pensión sanción del artículo 8º de a Ley 171 de 1961, al demostrarse su vinculación laboral con la demandada al reiterarse lo expuesto en ámbito de casación, conforme a lo cual el demandante y en razón a la prueba obrante a folio 118 en respuesta al oficio 678 del juzgado del conocimiento, laboró en un primer período desde el 19 de mayo de 1964 hasta el 1º de mayo de 1977, fecha en que renuncia; y vincularse nuevamente “Desde el 28 de julio de 1982 hasta 21 de mayo de 1983. El que terminaría por decisión unilateral de la compañía, la que pagó oportunamente la indemnización a la que el señor Agudelo tenía derecho (…); para un total de 13 años, 9 meses y 5 días; de igual manera se confirmará la resolución que declara probada la excepción de prescripción frente a los derechos causados con antelación al 20 de enero de 2001 (fl. 12); .se modificará la determinación que condenara a la demandada al pago de $19.926 mensuales a partir de la fecha en que cumpliera 60 años de edad, esto es, 6 de septiembre de 1995 (fl. 18); en el sentido de ordenar su pago en conformidad con el salario mínimo mensual legal vigente, como se describe a continuación en el siguiente recuadro:
Fechas Número de pagos Valor pensión Valor total
20/01/2001 31/12/2001 13.37 $ 286.000 $ 3.822.866.67
01/01/2002 31/12/2002 14 $ 309.000 $ 4.362.000
01/01/2003 31/12/2003 14 $ 332.000 $ 4.648.000
01/01/2004 31/12/2004 14 $ 358.000 $ 5.012.000
01/01/2005 31/12/2005 14 $ 381.500 $ 5.341.000
01/01/2006 31/12/2006 14 $ 408.000 $ 5.712.000
01/01/2008 31/12/2008 14 $ 461.500 $ 6.461.000
01/01/2009 31/12/2009 14 $ 496.900 $ 6.956.600
01/01/2013 31/12/2013 12 $ 589.500 $ 7.074.000
Gran total: $ 78.067.466.67
En consecuencia se condenara a la demandada a la suma de $78.067.466,67 por concepto de las mesadas pensionales causadas entre el 20 de enero de 2001 y noviembre de 2013 y a continuar reconociendo a partir del mes de diciembre de 2013 la suma $589.500 mensuales sin perjuicio de los incrementos de ley. La señalada prestación es compartible con la pensión de vejez; se confirmará en lo demás.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, casa parcialmentela sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 20 de febrero de 2009, en cuanto absolvió de la petición de reconocimiento de la pensión sanción y consecuencialmente del retroactivo pensional; no la casa en lo demás;en el proceso promovidopor Orlando Agudelo Carmona contra Panamco Industrial de Gaseosas S.A. —Indega S.A.—. En instancia dispóngase conforme a la parte motiva de la sentencia.