Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:371:FULL&from=MT
Timestamp: 2019-11-21 23:54:36
Document Index: 241660009

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 93', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 110', 'artículo 101', 'artículo 101', 'artículo 36', 'artículo 101', 'artículo 78', 'in fine', 'artículo 101', 'artículo 132', 'artículo 136', 'artículo 56', 'artículo 36', 'artículo 101', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 215', 'artículo 275', 'artículo 1', 'artículo 191', 'artículo 37', 'artículo 15', 'artículo 134', 'artículo 1', 'artículo 108', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 16', 'artículo 108', 'artículo 8', 'artículo 215', 'artículo 6', 'artículo 296', 'artículo 41', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 48', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 87', 'artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 22', 'artículo 47', 'artículo 41', 'artículo 8', 'artículo 103', 'artículo 70', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 41', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 42', 'artículo 107', 'artículo 33', 'artículo 9']

Diario Oficial C 371/10 d
Asunto C-427/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) el 1 de agosto de 2016 — Chez Elektro Bulgaria AD/Yordan Kotsev
Asunto C-428/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) el 1 de agosto de 2016 — Frontex International EAD/Emil Yanakiev
DO C 364 de 3.10.2016
DO C 350 de 26.9.2016
DO C 343 de 19.9.2016
DO C 335 de 12.9.2016
DO C 326 de 5.9.2016
DO C 314 de 29.8.2016
DO C 305 de 22.8.2016
Recurso de casación interpuesto el 5 de julio de 2016 por Irlanda contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera ampliada) dictada el 22 de abril de 2016 en los asuntos acumulados T-50/06 RENV II y T-69/06 RENV II, Aughinish Alumina Ltd/Comisión Europea
(Asunto C-369/16 P)
Recurrente: República de Irlanda (representantes: E. Creedon, T. Joyce, agentes, P. McGarry, Senior Counsel)
Otras partes en el procedimiento: Aughinish Alumina Ltd, Comisión Europea
Anule la Decisión. (1)
En apoyo de su recurso, Irlanda invoca cuatro motivos:
El Tribunal General incurrió en error de Derecho al negar la aplicabilidad del principio de seguridad jurídica y rechazar su invocación por parte de Irlanda y Aughinish Alumina Ltd, a pesar de que la Comisión tardó inexcusablemente en adoptar la decisión impugnada.
El Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que no hubo violación del principio de protección de la confianza legítima, a pesar del hecho de que la demora de la Comisión en llevar a cabo su examen no estaba justificada.
El Tribunal General incurrió en error al concluir, primero, que la ayuda en cuestión «corresponde a un régimen de ayudas» en el sentido del artículo 1, letra d), del Reglamento n.o 659/1999; (2) segundo, al concluir que el plazo de prescripción del artículo 15 del Reglamento n.o 659/1999 debía contarse a partir de la fecha de cada importación de hidrocarburos efectuada por Aughinish Alumina Ltd.
El Tribunal General incurrió en error al denegar el recurso basándose en que la ayuda podía ser considerada ayuda ya existente en el momento de la adhesión.
(1) Decisión 2006/323/CE de la Comisión, de 7 de diciembre de 2005, relativa a la exención del impuesto especial sobre los hidrocarburos utilizados como combustible para la producción de alúmina en Gardanne, en la región de Shannon y en Cerdeña, ejecutada respectivamente por Francia, Irlanda e Italia [notificada con el número C(2005) 4436] (DO L 119, p. 12)
(2) Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 CE. (DO L 83, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el/la College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Países Bajos) el 11 de julio de 2016 — Vion Livestock B.V./Staatssecretaris van Economische Zaken
(Asunto C-383/16)
Demandante: Vion Livestock B.V.
¿Deben interpretarse los artículos 5, apartado 4, y 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas […], (1) en relación con las disposiciones relativas al cuaderno de a bordo u hoja de ruta contenidos en el anexo II de dicho Reglamento, en el sentido de que entrañan para el organizador del transporte y/o el poseedor de los animales, en caso de realización de un transporte de animales a un tercer país, la obligación de llevar el cuaderno de a bordo u hoja de ruta hasta el lugar de destino en dicho tercer país?
¿Deben interpretarse los artículos 5 y 7 del Reglamento (UE) n.o 817/2010 de la Comisión, de 16 de septiembre de 2010, por el que se establecen disposiciones específicas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo por lo que respecta a los requisitos para la concesión de restituciones por exportación en relación con el bienestar de los animales vivos de la especie bovina durante su transporte […], (2) en relación con el artículo 4 de dicho Reglamento, en el sentido de que debe procederse a la recuperación de la restituciones a la exportación si no se ha llevado el cuaderno de a bordo u hoja de ruta hasta el lugar de destino en el tercer país por haber cumplido el transportista su obligación, establecida en el número 7 del anexo II del Reglamento n.o 1/2005, de entregar el cuaderno de a bordo u hoja de ruta al veterinario oficial en el lugar de salida?
¿Deben interpretarse los artículos 5 y 7 del Reglamento n.o 817/2010, en relación con el artículo 4 de dicho Reglamento, en el sentido de que debe procederse a la recuperación de las restituciones a la exportación si el exportador no puede probar que ha cumplido lo dispuesto en el Reglamento n.o 1/2005, en una situación en la que el veterinario, en el marco de los controles que debe realizar en el tercer país en virtud del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 817/2010, no puede comprobar si los datos del plan de viaje (el cuaderno de a bordo u hoja de ruta) son o no satisfactorios, es decir, conformes con lo dispuesto en el Reglamento n.o 1/2005 (y, por consiguiente, tampoco puede declarar que el resultado de dichos controles sea satisfactorio), porque el transportista ha entregado el cuaderno de a bordo u hoja de ruta al veterinario oficial en el lugar de salida?
(1) DO 2005, L 3, p. 1.
(2) DO 2010, L 245, p. 16.
Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte d’appello di Milano (Italia) el 18 de julio de 2016 — Acacia Srl/Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG
(Asunto C-397/16)
Recurrente: Acacia Srl
Recurridas: Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG
¿Se oponen a) los principios de libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado interior; b) el principio de efectividad de las normas de la Unión en materia de competencia y de liberalización del mercado interior; c) los principios del efecto útil y de la aplicación uniforme del Derecho europeo en la Unión Europea; d) las disposiciones de Derecho derivado de la Unión Europea, como la Directiva 98/71 (1) y, en particular, su artículo 14, el artículo 1 del Reglamento n.o 461/2010 (2) y el Reglamento n.o 124 UN/ECE, a una interpretación del artículo 110 del Reglamento n.o 6/2002, (3) en el que figura la cláusula de reparación, por la que se excluya una llanta copiada, estéticamente idéntica a la llanta original de fábrica, homologada conforme al citado Reglamento UN/ECE n.o 124, del concepto de pieza de un producto complejo (automóvil) con el fin de permitir su reparación y restituir la apariencia inicial?
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿se oponen las normas sobre los derechos de propiedad industrial de modelos registrados, previa ponderación de los intereses mencionados en la primera cuestión, a la aplicación de la cláusula de reparación a productos complementarios copiados, que el cliente puede elegir libremente, sobre la base de que la cláusula de reparación ha de interpretarse en sentido restrictivo y sólo es aplicable a las piezas de repuesto con forma vinculada, es decir, piezas cuya forma ha sido fijada de modo sustancialmente inmutable con respecto a la apariencia exterior del producto complejo, excluyendo otras piezas que se consideren fungibles y puedan configurarse libremente a gusto del cliente?
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿qué medidas debe adoptar el fabricante de llantas copiadas con objeto de garantizar la circulación legítima de los productos destinados a la reparación y el restablecimiento de la apariencia exterior inicial del producto complejo?
(1) Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (DO 1998, L 289, p. 28).
(2) Reglamento (UE) n.o 461/2010 de la Comisión, de 27 de mayo de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor (DO 2010, L 129, p. 52).
(3) Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 18 de julio de 2016 — X BV/Staatssecretaris van Financiën
(Asunto C-398/16)
Demandante: X BV
¿Deben interpretarse los artículos 43 CE y 48 CE (actualmente artículos 49 TFUE y 54 TFUE) en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual no se permite a una sociedad matriz domiciliada en un Estado miembro deducir los intereses de un préstamo relacionado con un desembolso de capital en una filial establecida en otro Estado miembro, mientras que sí podría disfrutar de la deducción si la filial estuviera incluida en una unidad fiscal —con las características de la unidad fiscal neerlandesa— junto a la matriz porque en ese caso, en virtud de la consolidación, no se aprecia ninguna relación con tal desembolso de capital?
Petición de decisión prejudicial planteada por el/la Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 18 de julio de 2016 — X NV/Staatssecretaris van Financiën
(Asunto C-399/16)
Demandante: X NV
¿Deben interpretarse los artículos 43 CE y 48 CE (actualmente artículos 49 TFUE y 54 TUFE) en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual una sociedad matriz establecida en un Estado miembro no puede tener en cuenta las diferencias negativas de cambio en relación con el importe que ha invertido en una filial establecida en otro Estado miembro, mientras que sí podría hacerlo en el caso de que la filial estuviera incluida en una unidad fiscal —con las características de la unidad fiscal neerlandesa— junto a la matriz establecida en el Estado miembro mencionado en primer lugar, y ello como consecuencia de la consolidación en el seno de la unidad fiscal?
En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, ¿puede o debe partirse, a la hora de determinar las diferencias negativas de cambio que han de tenerse en cuenta, que también quedarían incluidas en la unidad fiscal las filiales (una o varias de las filiales) poseídas indirectamente por la matriz en cuestión a través de la filial y establecidas en la Unión Europea?
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿deben tenerse en cuenta únicamente las diferencias negativas de cambio que, en caso de inclusión en la unidad fiscal de la matriz, se hayan manifestado en los ejercicios sobre los que versa el litigio, o deben tenerse en cuenta las diferencias negativas de cambio manifestadas en ejercicios anteriores?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) el 1 de agosto de 2016 — «Chez Elektro Bulgaria» AD/Yordan Kotsev
(Asunto C-427/16)
Demandante:«Chez Elektro Bulgaria» AD
¿Se opone el artículo 101 TFUE, apartado 1 (prohibición de impedir, restringir o falsear la competencia), al artículo 36, apartado 2, de la Ley búlgara de la abogacía, con arreglo al cual una asociación de empresarios que ejercen profesiones liberales (el Alto Consejo de la Abogacía) dispone de discrecionalidad para establecer de antemano, en virtud de las competencias que tiene legalmente atribuidas, el importe mínimo de los precios de las prestaciones que realicen dichos empresarios (honorarios de abogado)?
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Es contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1, el artículo 78, apartado 5, in fine, de la Ley búlgara de enjuiciamiento civil (en la parte en que dicha disposición prohíbe pactar unos honorarios por debajo de un importe mínimo establecido)?
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Es contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1, el artículo 132, apartado 5, de la Ley búlgara de la abogacía (por lo que se refiere a la aplicación del artículo 136, apartado 1, de dicha Ley)?
¿Se opone el artículo 56 TFUE, párrafo primero (prohibición de restricción de la libre prestación de servicios), al artículo 36, apartado 2, de la Ley búlgara de la abogacía?
¿Es contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1, el artículo 78, apartado 8, de la Ley búlgara de enjuiciamiento civil?
¿Es contrario a la Directiva 77/249/CEE (1) el artículo 78, apartado 8, de la Ley búlgara de enjuiciamiento civil (por lo que respecta al derecho de las personas representadas por asesores legales a reclamar honorarios de abogado)?
¿Es contrario el artículo 2a de las disposiciones complementarias del reglamento n.o 1 a la Directiva 2006/112/CE, (2) que permite considerar el IVA como elemento integrante del precio de una prestación realizada en ejercicio de una profesión liberal (en relación con la inclusión del IVA como parte de los honorarios de abogado adeudados)?
(1) Directiva del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados (DO 1977, L 78, p. 17; EE 06/01, p. 224).
(2) Directiva del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) el 1 de agosto de 2016 — «Frontex International» EAD/Emil Yanakiev
(Asunto C-428/16)
Demandante:«Frontex International» EAD
Demandada: Emil Yanakiev
(1) Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados (DO 1977, L 78, p. 17; EE 06/01, p. 224).
(2) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).
Recurso de casación interpuesto el 2 de agosto de 2016 por Bank Mellat contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 2 de junio de 2016 en el asunto T-160/13, Bank Mellat/Consejo
(Asunto C-430/16 P)
Recurrente: Bank Mellat (representantes: S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, Solicitors, M. Brindle, QC, R. Blakeley, J. MacLeod, Barristers)
Que se anule la sentencia rcurrida.
Que se anule el artículo 1, apartado 15, del Reglamento 1263/2012, (1) bien en su totalidad o bien en cuanto se aplica al recurrente.
Que se declare la inaplicabilidad al recurrente del artículo 1, apartado 6, de la Decisión 2012/635/PESC. (2)
Que se condene al Consejo a cargar con las costas del presente recurso y con las del procedimiento ante el Tribunal General.
El recurrente, Bank Mellat (en lo sucesivo, «Banco»), interpone un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 2 de junio de 2016 en el asunto T-160/13, Bank Mellat/Consejo (EU:T:2016:331) (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»). En resumen, el Banco alega que el Tribunal General erró al no estimar su demanda de anulación, o declaración de inaplicabilidad al Banco, de varias medidas constitutivas de un «embargo financiero» contra el Banco, que son las siguientes:
Artículo 1, apartado 15, del Reglamento del Consejo (UE) n.o 1263/2012.
Artículo 1, apartado 6, de la Decisión 2012/635/PESC.
En particular el Banco formula tres motivos de casación concernientes a errores de Derecho en la apreciación por el Tribunal General del fondo de la demanda del Banco:
El Tribunal General cometió un error de Derecho al interpretar y aplicar el requisito de «necesidad» del artículo 215 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (motivo 1.o)
El Tribunal General cometió un error al apreciar que el embargo financiero era proporcionado, que dio lugar a varios otros errores de Derecho (motivo 2.o)
El Tribunal General erró al considerar que el embargo financiero se ajustaba a otros principios generales del Derecho de la Unión (motivo 3.o)
El Banco formula también dos motivos amplios de casación concernientes a errores de Derecho en la apreciación por el Tribunal General de la admisibilidad de ceirtas partes de la demanda del Banco:
El Tribunal General diferenció erróneamente varios aspectos del embargo financiero y consideró inadmisible la demanda del Banco respecto a ellos (motivo 4.o)
El Tribunal General erró al apreciar en particular que carecía de competencia conforme al artículo 275 TFUE para resolver sobre la impugnación por el Banco del artículo 1, apartado 6, de la Decisión 2012/635/PESC (motivo 5.o)
El Banco solicita al Tribubnal de Justicia que anule la sentencia recuurida y estime las pretensiones del Banco.
(1) Reglamento (UE) n.o 1263/2012 del Consejo, de 21 de diciembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 267/2012 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO 2012, L 356, p. 34).
(2) Decisión 2012/635/PESC del Consejo, de 15 de octubre de 2012, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO 2012, L 282, p. 58).
Recurso interpuesto el 27 de junio de 2016 — Dimos Athinaion/Comisión
(Asunto T-360/16)
Demandante: Dimos Athinaion (Ayuntamiento de Atenas) (Atenas, Grecia) (representante: G. Georgakarakos, abogado)
Anule el Reglamento (UE) 2016/646 de la Comisión, de 20 de abril de 2016, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 692/2008 en lo que concierne a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 6). (1)
Primer motivo, basado en la infracción del artículo 191 TFUE, que establece los objetivos de la política de la Unión Europea en el ámbito del medio ambiente.
Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que consagra el derecho a un nivel elevado de protección del medio ambiente.
Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 15 del Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos. (2)
(1) DO 2016, L 109, p. 1.
(2) DO 2007, L 171, p. 1.
Recurso interpuesto el 12 de julio de 2016 — Anheuser-Busch Inbev y Ampar/Comisión
(Asunto T-370/16)
Demandantes: Anheuser-Busch Inbev (Bruselas, Bélgica) y Ampar (Lovaina, Bélgica) (representantes: A. von Bonin, O. Brouwer y A. Haelterman, abogados)
Anule la decisión de la Comisión Europea de 11 de enero de 2016, sobre el régimen de ayuda de Estado por exención de beneficios excesivos SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN).
Condene en costas a la Comisión, con arreglo al artículo 134 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, incluidas las costas de las eventuales partes coadyuvantes.
Primer motivo, basado en un error de Derecho y en un manifiesto error de apreciación en la identificación de la supuesta ayuda de Estado y su clasificación como régimen de ayuda en el sentido del artículo 1, letra d), del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 107 TFUE.
Segundo motivo, basado en un error de Derecho y en una aplicación indebida del artículo 107 TFUE, apartado 1, al concluir que el sistema de ajustes por beneficios excesivos constituye ayuda de Estado.
Tercer motivo, basado en un manifiesto error de apreciación al identificar los grupos como beneficiarios de la supuesta ayuda y en la vulneración del principio de legalidad y del artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Cuarto motivo, basado en una vulneración de los principios de seguridad jurídica, protección de la confianza legítima y de una buena administración.
Recurso interpuesto el 25 de julio de 2016 — CK Telecoms UK Investments/Comisión
(Asunto T-399/16)
Demandante: CK Telecoms UK Investments Ltd (Londres, Reino Unido) (representantes: T. Wessely y O. Brouwer, abogados, y A. Woods, J. Aitken y M. Davis, Solicitors)
Anule en su totalidad la Decisión de la Comisión Europea, de 11 de mayo de 2016, C(2016) 2796 en el asunto COMP/M.7612 — Hutchison 3G UK Investments Limited/Telefónica (Europe plc) notificada a Hutchison el 13 de mayo de 2016, por la que se declara la propuesta de adquisición de Telefónica Europe plc por Hutchison incompatible con el mercado interior y el Acuerdo EEE, en virtud del artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo.
Condene a la Comisión al pago de las costas, incluidas las de cualquier posible parte coadyuvante.
Primer motivo, basado en que la Comisión incurrió en errores de Derecho y errores manifiestos de apreciación y en vicios sustanciales de forma al interpretar y aplicar el criterio jurídico para valorar los efectos horizontales no coordinados en el mercado de los servicios minoristas de telecomunicaciones móviles en el Reino Unido. En particular, la Comisión incurrió en error al calificar al demandante como «fuerza competitiva importante» y al evaluar la proximidad de la competencia. La Comisión también incurrió en errores manifiestos de apreciación al analizar las repercusiones previstas en los precios y los probables incentivos de la entidad resultante de la Concentración.
Segundo motivo, basado en errores manifiestos de apreciación y desnaturalización de las pruebas en lo que respecta al análisis de la hipótesis contrafáctica. En particular, la Comisión no analizó la capacidad de la red de Hutchison con respecto a la de sus competidores y se basa indebidamente en la supuesta capacidad de Hutchison para adoptar iniciativas «de gestión de la demanda», como el incremento de los precios, como razón para desestimar las pruebas de Hutchison relativas a la futura capacidad de red.
Tercer motivo, basado en errores de hecho, errores de Derecho, errores manifiestos de apreciación y vicios sustanciales de forma en lo que respecta a los efectos horizontales no coordinados derivados del uso compartido de red. En particular, la Comisión incurrió en error en relación con sus nuevas propuestas acerca de la necesidad y el alcance del «alineamiento» entre competidores en los acuerdos de uso compartido de red; asimismo, la Comisión incurrió en error de Derecho y en errores manifiestos de apreciación al basar sus conclusiones en el perjuicio potencial a los competidores de la entidad resultante de la Concentración en lugar de en el perjuicio a la competencia. La Comisión cometió también otros errores al rechazar los Compromisos ofrecidos por Hutchison de que resolvería plenamente todas sus reservas relativas al uso compartido de red.
Cuarto motivo, basado en errores manifiestos de apreciación, errores de Derecho y vicios sustanciales de forma en lo que respecta a los efectos horizontales no coordinados producidos en el mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en las redes móviles públicas en el Reino Unido. En particular, la Comisión incurrió en error al concluir que Hutchison es una «fuerza competitiva importante» en el mercado mayorista a pesar de que tiene una cuota de mercado muy pequeña (inferior al 3 %) y al basar sus conclusiones en las opiniones de terceros en lugar de llevar a cabo su propio análisis.
Quinto motivo, basado en errores de Derecho, errores manifiestos de apreciación, falta de motivación y vicios sustanciales de forma en lo que respecta a la evaluación de los Compromisos ofrecidos por Hutchison en respuesta a las reservas relativas a los mercados mayorista y minorista de telecomunicaciones móviles en el Reino Unido. En particular, la Comisión formuló indebidamente objeciones a los Compromisos propuestos, alegando que su puesta en práctica era incierta; la Comisión incurrió manifiestamente en error al evaluar la capacidad de los competidores nuevos y reforzados para competir de manera efectiva sobre la base de los Compromisos propuestos, y la Comisión incurrió en error al apreciar la aptitud global de los Compromisos propuestos para compensar la reducción de la competencia alegada en la Decisión.
Recurso interpuesto el 27 de julio de 2016 — Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY)
(Asunto T-400/16)
Demandante: Maximum Play, Inc. (San Francisco, California, Estados Unidos) (representante: M. Graf, abogado)
Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «MAXPLAY» — Solicitud de registro n.o 14047963
Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 26 de mayo de 2016 en el asunto R 2273/2015-4
No haber tomado debidamente en consideración registros de marca de la Unión Europea y registros nacionales, así como una solicitud nacional anteriores.
Recurso interpuesto el 31 de julio de 2016 — Makhlouf/Consejo
(Asunto T-409/16)
Anule consecuentemente la Decisión (PESC) 2016/850 de 27 de mayo de 2016 y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan a la parte demandante.
En apoyo del recurso, la parte demandante invoca cinco motivos, que son, en lo esencial, idénticos o similares a los invocados en el marco del asunto T-410/16, Makhlouf/Consejo.
(Asunto T-410/16)
Primer motivo, basado en la violación del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»), en el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE») y en los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación, en la medida en que la motivación dada por el Consejo no satisface la obligación que incumbe a las instituciones de la Unión Europea prevista en el artículo 6 del CEDH, en el artículo 296 TFUE y en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación cometido por el Consejo respecto a la implicación de la parte demandante en la financiación del régimen sirio.
Cuarto motivo, basado en que las medidas impugnadas restringen de manera injustificada y desproporcionada los derechos fundamentales de la parte demandante, y en particular su derecho a la propiedad previsto en el artículo 1 del Primer Protocolo adicional al CEDH y en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, su derecho al respeto de su reputación, que prevén los artículos 8 y 10, apartado 2, del CEDH, el principio de presunción de inocencia, previsto en el artículo 6 del CEDH y en el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, su libertad de expresión, prevista en el artículo 10 del CEDH, y su derecho a la libre circulación, previsto en el artículo 2, apartado 2, del Protocolo n.o 4 del CEDH.
Quinto motivo, basado en la vulneración de las directrices de 2 de diciembre de 2005 del Consejo sobre la aplicación y la evaluación de medidas restrictivas (sanciones) en el contexto de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea (documento 15114/05 del Consejo de 2 de diciembre de 2005).
Recurso interpuesto el 29 de julio de 2016 — De Masi/Comisión
(Asunto T-423/16)
Demandante: Fabio De Masi (Bruselas, Bélgica) (representantes: Prof. A. Fischer-Lescano)
Declare nula la decisión de la demandada de 20 de mayo de 2016 sobre la solicitud de acceso a los documentos del Grupo del Código de Conducta.
Declare nula la decisión de la demandada de 13 de julio de 2016 sobre la solicitud de acceso a los documentos del Grupo del Código de Conducta.
Condene a la demandada a pagar las costas del procedimiento y las costas de los posibles intervinientes en el procedimiento, con arreglo al artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
Primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 (1)
El demandante alega que las decisiones de la demandada de 20 de mayo de 2016 y de 13 de julio de 2016 vulneran el derecho a una respuesta adecuada sobre la solicitud confirmatoria, previsto en la citada disposición.
Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 15 TFUE, apartado 3, en relación con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 1049/2001
El demandante sostiene asimismo que la denegación del pleno acceso a los documentos relativos al Grupo del Código de Conducta (fiscalidad de las empresas), instituido por el Consejo, vulnera igualmente su derecho a la consulta de esos documentos, garantizado por las citadas disposiciones.
A este respecto, el demandante aduce que en el presente caso no resultan de aplicación las excepciones al principio de transparencia previstas en el artículo 4, apartados 3 y 1, letra a), cuarto guion, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001.
Añade que se ha producido una insuficiencia de ponderación y de motivación, y que la divulgación de los documentos reviste un interés público superior.
Recurso interpuesto el 29 de julio de 2016 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX)
(Asunto T-430/16)
Demandante: Intercontinental Exchange Holdings, Inc. (Atlanta, Georgia, Estados Unidos) (representante: P. Heusler, abogado)
Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «BRENT INDEX» — Solicitud de registro n.o 14284947
Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de junio de 2016 en el asunto R 8/2016-4
Recurso interpuesto el 1 de agosto de 2016 — VIMC/Comisión
(Asunto T-431/16)
Demandante: VIMC — Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Alemania) (representante: R. Bramerdorfer, abogada)
Declare nula la decisión de la Comisión de 27 de mayo de 2016 (asunto AT.40231 — VIMC/WK&FGB).
Mediante su recurso, la demandante solicita que se declare la nulidad de la decisión C (2016) 3351 final de la Comisión, de 27 de mayo de 2016, por la que se desestimó la denuncia presentada por la demandante sobre la base del artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1/2003. (1)
La demandante basa su recurso en un único motivo, en el que alega desviación de poder.
En este contexto, la demandante considera que la aplicación o no del artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1/2003 no es facultad discrecional de la Comisión. Afirma que la Comisión debe atender a las circunstancias peculiares del caso concreto y no puede basarse en dicho precepto para denegar sin mayor motivación una solicitud que ya está siendo examinada por una autoridad estatal.
(1) Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1).
Recurso interpuesto el 3 de agosto de 2016 — AEIM y Kazenas/Comisión
(Asunto T-436/16)
Demandantes: L’application électronique industrielle moderne (AEIM) (Algrange, Francia), Philippe Kazenas (Luxemburgo, Luxemburgo) (representante: B. Wizel, abogado)
Condene a la parte demandada a abonar a la demandante el importe de 536 912 euros correspondiente a las pérdidas económicas sufridas en relación con las inversiones realizadas a fondo perdido en las visitas previas a la adjudicación de los contratos públicos, que se adjudicaron fraudulentamente.
Condene a la parte demandada a abonar a la demandante el importe de 2 092 650 euros en concepto de lucro cesante en relación con los contratos públicos a los que la parte demandante hubiese podido acceder si éstos se hubiesen adjudicado equitativamente y sin corrupción.
Condene a la parte demandada a reembolsar al demandante el importe de 85 000 euros equivalente a los gastos y honorarios de abogado en los que tuvo que incurrir para preparar su defensa debido a la corrupción del funcionario europeo.
Condene a la parte demandada a abonar al demandante el importe de 150 000 euros por el daño moral sufrido.
Condene a la parte demandada a abonar a la demandante intereses compensatorios sobre todos esos importes desde diciembre de 2005, fecha de cesación del período de infracción.
Condene a la parte demandada a reembolsar los gastos y honorarios de abogado de la presente instancia, que ascienden a un importe de 75 000 euros.
Condene a la parte demandada a abonar intereses de demora a partir de la fecha de pronunciamiento de la futura sentencia.
Las partes demandantes aducen un comportamiento ilegal de un funcionario de la Comisión Europea en el marco de la adjudicación de contratos públicos, que les causó graves perjuicios directamente inducidos por dicho comportamiento, de los que solicitan el resarcimiento.
Consideran que se dan los tres requisitos necesarios para reclamar la responsabilidad extracontractual de la Unión Europea, a saber, un comportamiento ilegal de una institución o de uno de sus agentes, un daño real y una relación causal entre el comportamiento del agente y los perjuicios invocados.
En el caso de autos, alegan que la corrupción de un funcionario europeo en el marco de la adjudicación de contratos públicos constituye una vulneración suficientemente caracterizada de los principios de igualdad de trato y de transparencia, principios que el poder adjudicador ha de respectar en las licitaciones para todos los licitadores.
Las partes demandantes estiman que la adjudicación fraudulenta de los contratos públicos de que se trata ocasionó daños reales a la sociedad AEIM, que únicamente obtuvo contratos en países considerados peligrosos que no deseaban los dos otros licitadores, cuando, si todos los contratos públicos se hubiesen adjudicado sin corrupción, dicha sociedad, que fue la única que licitó honradamente, hubiera podido acceder a ellos.
Desean ampararse en el principio de buena administración de la Comisión, que en el caso de autos sufrió graves disfunciones, y en el principio de protección de la confianza legítima aplicable a todo operador económico al que una institución haya hecho albergar esperanzas fundadas.
Las partes demandantes consideran haber sufrido también, además de perjuicios económicos, perjuicios de carácter moral, causados en particular por el menoscabo de su reputación y la obligación de tener que defenderse contra acusaciones que resultaron inexactas e imaginarias.
Recurso interpuesto el 5 de agosto de 2016 — Italia/Comisión
(Asunto T-437/16)
Anule la convocatoria de oposición general EPSO/AD/322/16 con vistas a la constitución de listas de reserva de 86 candidatos para la cobertura de puestos vacantes de administrador (AD 5 y 7) en el ámbito de la auditoría, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea C 171 A, de 12 de mayo de 2016.
Primer motivo, basado en la infracción de los artículos 263 TFUE, 264 TFUE y 266 TFUE.
La Comisión ha incumplido la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-566/10 P, que declara ilegales las convocatorias que limiten al inglés, al francés y al alemán las lenguas que los candidatos a las oposiciones generales de la Unión puedan indicar como segunda lengua.
Segundo motivo, basado en la infracción de los artículos 342 TFUE y 1 y 6 del Reglamento n.o 1/58, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385; EE 01/01, p. 8).
A este respecto, se alega que, al limitar la elección de la segunda lengua de los candidatos a las oposiciones generales de la Unión a tres lenguas, la Comisión ha establecido en realidad un nuevo régimen lingüístico de las instituciones, invadiendo de este modo la competencia exclusiva del Consejo en la materia.
Tercer motivo, basado en la infracción de los artículos 12 CE, actualmente artículo 18 TFUE; 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión; 6 TUE, apartado 3; 1, apartado 2, y 3 del anexo del Estatuto de los Funcionarios; 1 y 6 del Reglamento n.o 1/58; 1 quinquies, apartados 1 y 6, 27, párrafo segundo, y 28, letra f), del Estatuto de los Funcionarios.
A este respecto, se alega que la limitación lingüística introducida por la Comisión es discriminatoria, debido a que las disposiciones mencionadas prohíben imponer a los ciudadanos europeos y a los propios funcionarios de las instituciones restricciones lingüísticas que no hayan sido previstas con carácter general y de modo objetivo en los reglamentos internos de las instituciones contemplados en el artículo 6 del Reglamento n.o 1/58, que hasta ahora no han sido adoptados, así como introducir tales limitaciones si no existe un interés específico del servicio suficientemente motivado.
Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 6 TUE, apartado 3, en la medida en que establece el principio de protección de la confianza legítima como derecho fundamental emanado de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros.
A este respecto, se alega que la Comisión ha quebrantado la confianza de los ciudadanos en la posibilidad de elegir como segunda lengua cualquiera de las lenguas de la Unión, como había venido ocurriendo hasta 2007 y tal como fue confirmado por la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-566/10 P.
Quinto motivo, basado en la desviación de poder y en la infracción de las normas sustantivas inherentes a la naturaleza y la finalidad de las convocatorias de oposiciones.
A este respecto, se alega que al limitar con carácter previo y general a tres las lenguas que se pueden elegir como segunda lengua, la Comisión anticipó de hecho a la etapa de la convocatoria e incluyó entre las condiciones de admisión la evaluación de las competencias lingüísticas de los candidatos, que no obstante debería tener lugar durante el desarrollo de las pruebas. Se señala que, de este modo, los conocimientos lingüísticos adquieren un valor decisivo en relación con las competencias profesionales.
Sexto motivo, basado en la infracción de los artículos 18 TFUE y 24 TFUE, párrafo cuarto; 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; 2 del Reglamento n.o 1/58 y 1 quinquies, apartados 1 y 6, del Estatuto de los Funcionarios.
A este respecto, se alega que, al establecer que las candidaturas deban presentarse obligatoriamente en inglés, francés o alemán y que éstas serán a su vez las lenguas de comunicación utilizadas por EPSO durante el desarrollo de la oposición, se ha vulnerado el derecho que asiste a los ciudadanos europeos de comunicarse con las instituciones en su propia lengua y se ha introducido una discriminación adicional en perjuicio de los ciudadanos que no tengan un conocimiento profundo de una de esas tres lenguas.
Séptimo motivo, basado en la infracción de los artículos 1 y 6 del Reglamento n.o 1/58; 1 quinquies, apartados 1 y 6, y 28, letra f), del Estatuto de los Funcionarios; 1, apartado 1, letra f), del anexo III del Estatuto de los Funcionarios y 296 TFUE, párrafo segundo (falta de motivación), así como en la violación del principio de proporcionalidad y en la distorsión de los hechos.
A este respecto, se alega que la motivación aducida por la Comisión en defensa de la limitación a las tres lenguas mencionadas es la exigencia de que el personal recién contratado sea inmediatamente operativo y capaz de comunicarse en el seno de las instituciones. Esta motivación distorsiona los hechos porque nada indica que las tres lenguas a que se hace referencia sean las más utilizadas en la comunicación entre diferentes grupos lingüísticos en el seno de las instituciones, al tiempo que resulta desproporcionada en cuanto implica la limitación de un derecho fundamental, como es el derecho a no sufrir discriminación por razón de la lengua.
Recurso interpuesto el 9 de agosto de 2016 — Italia/Comisión
(Asunto T-443/16)
Anule las convocatorias de oposiciones generales EPSO/AD/323/16 y EPSO/AD/324/16.
La demandante impugna ante el Tribunal General las convocatorias de oposiciones generales EPSO/AD/323/16 y EPSO/AD/324/16 con vistas a la constitución de listas de reserva, respectivamente, de 40 puestos para cubrir vacantes de administrador (AD 7) con el perfil de investigadores: gasto de la UE, lucha contra la corrupción y aduanas y comercio, tabaco y mercancías falsificadas y de 10 puestos de administrador (AD 9) con el perfil de investigadores: jefes de equipo, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea C 187 A, de 26 de mayo de 2016.
Estas mismas convocatorias de oposiciones constituyen el objeto del asunto T-401/16, España/Comisión.
Los motivos y las principales alegaciones son similares a los invocados en dicho asunto.
En particular, se alega la infracción de los artículos 18 TFUE, 24 TFUE y 342 TFUE, del artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Estatuto de los Funcionarios; la violación de los principios de protección de la confianza legítima y de proporcionalidad; la infracción de las normas sustantivas inherentes a la naturaleza y a la finalidad de las convocatorias de oposiciones; la existencia de desviación de poder y la infracción de los artículos 1 y 6 del Reglamento n.o 1/58.
Recurso de casación interpuesto el 10 de agosto de 2016 por CC contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 21 de julio de 2016 en el asunto F-9/12 RENV, CC/Parlamento
(Asunto T-446/16 P)
Recurrente: CC (Bridel, Luxemburgo) (representante: G. Maximini, abogado)
Declare que el recurso en casación es admisible y fundado.
En consecuencia, anule la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 21 de julio de 2016 en el asunto F-9/12 RENV (CC/Parlamento Europeo), salvo el punto 3 del fallo relativo a las costas.
En consecuencia, declare que el Parlamento Europeo incurrió en responsabilidad extracontractual por las faltas cometidas en la gestión de la lista de aptitud en la que estaba inscrita la recurrente y reconozca la obligación de reparar el perjuicio derivado de tales faltas.
Por consiguiente, estime las pretensiones formuladas por la recurrente en primera instancia.
Anule la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 21 de julio de 2016 en el asunto F-9/12 RENV (CC/Parlamento Europeo), salvo el punto 3 del fallo relativo a las costas.
Condene al Parlamento Europeo a abonar a la recurrente la cantidad de 749 449,30 EUR en concepto de indemnización por el perjuicio material sufrido, evaluado respecto del período comprendido entre diciembre de 2003 y diciembre de 2011, más los fondos de pensiones, y en lo que respecta al período posterior y hasta la edad legal de jubilación, proceda al pago mensual de los importes netos correspondientes al salario fijado para los funcionarios de la función AD a partir del grado AD 9, escalón 2, segundo año, basándose en la carrera normal de un funcionario del mismo grado, junto con las cotizaciones correspondientes al plan de pensiones así como las cotizaciones al seguro de enfermedad más los intereses de demora al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo incrementado en 2 puntos.
Además, condene al Parlamento europeo a abonar a la recurrente la cantidad de 70 000 EUR en concepto de indemnización por el perjuicio moral sufrido.
Condene al Parlamento europeo a cargar con sus propias costas así como con las costas en que haya incurrido la recurrente en primera instancia.
En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca seis motivos.
Primer motivo, basado en que se incurrió en error de Derecho en lo que concierne a la excepción de inadmisibilidad de las nuevas proposiciones de prueba.
Desnaturalización de los hechos, falta de motivación, incumplimiento de la exigencia de imparcialidad, vulneración del derecho a un juicio justo (artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), violación del principio nemo potest venire contra factum proprium y desnaturalización de los hechos en lo que respecta a la supuesta extemporaneidad de las nuevas proposiciones de prueba.
No reconocimiento del incumplimiento del deber de transparencia y de cooperación leal del Parlamento para con el Tribunal.
Error manifiesto de apreciación acerca del cambio de numeración de la lista de aptitud de EUR/A/151/98 a EUR/A/151.
Segundo motivo, basado en que se incurrió en error de Derecho en lo que concierne a la ausencia de calificación jurídica y de motivación de la decisión del Secretario General de 19 de mayo de 2005 y en la vulneración de la sentencia anulatoria dictada por el Tribunal General de la Unión Europea.
Ausencia de calificación jurídica de la decisión del Secretario General de 19 de mayo de 2005.
Vulneración de la sentencia anulatoria T-457/13 P.
Tercer motivo, basado en la desnaturalización de los hechos en lo que concierne a la correspondencia de la EPSO.
Cuarto motivo, basado en la desnaturalización del escrito de 15 de octubre de 2007 del Parlamento en lo que concierne a la afirmación de que la recurrente fue informada de la destrucción de su expediente relativo a la oposición.
Quinto motivo, basado en que se incurrió en error de Derecho en lo que concierne a la calificación jurídica de la decisión del Presidente del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2003.
Sexto motivo, basado en la vulneración de la sentencia anulatoria en lo que concierne al cálculo del perjuicio.
Recurso interpuesto el 10 de agosto de 2016 — Ellinikos Syndemos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO — 520 Barcode Ellas (520 Barcode Hellas)
(Asunto T-453/16)
Demandante: Ellinikos Syndemos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 (Argiroupoli Attikis, Grecia) (representante: A. Mouzaki, abogada)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: 520 Barcode Ellas — AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion (Kifisia Attikis, Grecia)
Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión que incluye los elementos denominativos «5 201000 603856 520 Barcode Hellas» — Solicitud de registro n.o 10881861
Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 14 de junio de 2016 en el asunto R 238/2015-4
Condene a la EUIPO a cargar con las costas de la demandante.
Infracción de los artículos 75 y 76, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 207/2009.
Recurso de casación interpuesto el 22 de agosto de 2016 por HI contra la sentencia dictada el 10 de junio de 2016 por el Tribunal de la Función Pública en el asunto F-133/15, HI/Comisión
(Asunto T-464/16 P)
Recurrente: HI (Bruselas, Bélgica) (representante: M. Velardo, abogado)
Anule la sentencia de 10 de junio de 2016 dictada en el asunto F-133/15 y resuelva él mismo sobre este asunto.
Primer motivo, basado en la vulneración del Derecho de la Unión Europea relativo a la obligación de motivación y al derecho de defensa, en la medida en que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de la Comisión Europea no expuso de forma detallada los motivos en los que basó su decisión de imponer a la parte recurrente una sanción disciplinaria consistente en el descenso de dos grados en el mismo grupo de funciones.
Segundo motivo, basado en la vulneración del Derecho de la Unión Europea por parte del Tribunal de la Función Pública (en lo sucesivo, «TFP») en lo atiente a la observancia del plazo razonable, del derecho a la defensa y de la obligación de motivación. Asimismo, se alega que el TFP desnaturalizó los hechos y los medios de prueba.
Tercer motivo, basado en la desnaturalización de los hechos y de los medios de prueba, en la vulneración del Derecho de la Unión Europea y en la infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea por parte del TFP.
Cuarto motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad por el TFP.
Recurso interpuesto el 23 de agosto de 2016 — Cotecnica/EUIPO — Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA)
(Asunto T-465/16)
Demandante: Cotecnica, SCCL (Bellpuig, España) (representantes: J. Devaureix, J. C. Erdozain López, y J. Galán López, abogados)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Visán Industrias Zootécnicas, SL (Arganda, España)
Marca controvertida: Marca de la Unión Europea figurativa que incluye los elementos denominativos «cotecnica OPTIMA» — Solicitud de registro no 13 292 479
Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 13/06/2016 en el asunto R 229/2016-2
admita la práctica de las pruebas que han resultado propuestas;
anule y deje sin efecto la resolución impugnada;
Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 y jurisprudencia del Tribunal General, en particular, la sentencia de 20 de enero de 2009 en el asunto T-424/07, Pioneer Hi-Bred International/OAMI (OPTIMUM).
Recurso interpuesto el 23 de agosto de 2016 — NRW. Bank/JUR
(Asunto T-466/16)
Demandante: NRW. Bank (Düsseldorf, Alemania) (representantes: A. Behrens, J. Kraayvanger y J. Seitz, abogados)
Declare nula la decisión de la demandada relativa a la contribución anual de la demandante al fondo de reestructuración correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
Primer motivo, basado en la infracción del artículo 103, apartados 2 y 7, de la Directiva 2014/59/UE (1) y del artículo 70, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 (2)
La demandante alega que la decisión de la demandada relativa a la contribución anual de la demandante es contraria a Derecho porque sólo tiene en cuenta como factores reductores de la contribución la actividad de fomento de la demandante, pero no su actividad auxiliar de fomento. Consecuentemente, afirma que se ha calculado un importe excesivo para la contribución anual de la demandante al fondo de reestructuración correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
Segundo motivo, basado en la infracción de los reglamentos de ejecución adoptados con respecto a la Directiva 2014/59/UE y al Reglamento (UE) n.o 806/2014, que han de ser objeto de una interpretación conforme con ambos actos jurídicos en el sentido de que también privilegian la actividad auxiliar de fomento.
Tercer motivo, formulado con carácter subsidiario y basado en la ilegalidad de los reglamentos de ejecución adoptados con respecto a la Directiva 2014/59/UE y al Reglamento (UE) n.o 806/2014
En este contexto, la demandante alega que si no fuera posible efectuar una interpretación de los reglamentos de ejecución conforme con la Directiva 2014/59/UE y con el Reglamento (UE) n.o 806/2014, los reglamentos de ejecución habrán de considerarse en esta medida contrarios a Derecho. Por consiguiente, la decisión de la demandada basada en dichos reglamentos de ejecución también deberá considerarse contraria a Derecho.
(1) Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (texto pertinente a efectos del EEE) (DO 2014, L 173, p. 190).
(2) Reglamento (UE) n.o o806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).
Recurso interpuesto el 23 de agosto de 2016 — Verein Deutsche Sprache/Comisión
(Asunto T-468/16)
Demandante: Verein Deutsche Sprache eV (Dortmund, Alemania) (representante: W. Ehrhardt, abogado)
Declare la nulidad de la Decisión adoptada el 10 de junio de 2016 por el Secretario General en nombre de la Comisión con arreglo al artículo 4 de las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y el Consejo.
Primer motivo, basado en la infracción del artículo 10 TUE, apartado 3, del artículo 11 TUE, apartado 2, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, Carta) — Falta de diálogo abierto y transparente
La demandante alega que la Decisión no tiene en consideración la intención de la demandante, que se desprende inequívocamente de la solicitud de acceso a documentos, de conseguir una visión completa del proceso de toma de decisión sobre la reforma de la sala de prensa en el edificio Berlaymont de la Comisión, que implica una limitación a los idiomas inglés y francés. Afirma que sólo se le ha dado acceso a unos pocos documentos, de contenido mayormente formal, que no contienen información acerca de los iniciadores de dicha decisión ni de sus motivos.
Según la demandante, la Comisión no hace referencia en la Decisión impugnada a cada una de las fuentes documentales citadas por la demandante ni expone los motivos por los que deniega el acceso, incumpliendo con ello su deber de tomar las decisiones de forma abierta y próxima a los ciudadanos y de exponer los motivos, establecido en el artículo 10 TUE, apartado 3, y en otras disposiciones del Derecho de la Unión.
Por otro lado, la demandante aduce que la Comisión ha incumplido su deber de mantener un diálogo abierto y transparente con las asociaciones representativas, establecido en el artículo 11 TUE, apartado 2, al hacer caso omiso de las intenciones de la asociación demandante, al no poner a su disposición documentos y al proporcionar información insuficiente acerca de los motivos para denegarle el acceso a documentos.
Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 15 TFUE, apartado 3, párrafo primero, del artículo 42 de la Carta y de los artículos 2, apartados 1 y 3, y 4, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 (1) — Denegación parcial del acceso a documentos
En el contexto del segundo motivo de recurso, la demandante alega que la denegación de partes esenciales de la solicitud vulnera el principio de transparencia de la Unión Europea.
Asimismo, la demandante aduce que la Comisión ha señalado erróneamente en su Decisión que no puede facilitar el acceso a un determinado documento a causa de la protección de datos, sin identificar concretamente dicho documento ni describir su contenido y sin motivar suficientemente esta decisión.
(1) Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43)
Recurso interpuesto el 25 de agosto de 2016 — Société wallonne des aéroports/Comisión
(Asunto T-474/16)
Demandante: Société wallonne des aéroports SA (SOWEAR) (Namur, Bélgica) (representantes: A. Lepièce y H. Baeyens, abogados)
Declare la solicitud de la demandante de que se acumule el presente asunto con el asunto T-818/14 admisible y fundada.
En consecuencia, anule los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Decisión de la Comisión de 1 de octubre de 2014, n.o SA.14093, relativa a las medidas ejecutadas por Bélgica en favor de Brussels South Charleroi Airport y Ryanair.
Primer motivo, basado en que la Comisión incurrió en error de Derecho al examinar el canon pagado por Brussels South Charleroi Airport (BSCA) a la parte demandante en relación con el artículo 107 TFUE, habida cuenta de que las decisiones de invertir, de proceder a la construcción de las infraestructuras aeroportuarias y de ponerlas a disposición de BSCA se tomaron antes de que se pronunciase la sentencia de 12 de diciembre de 2000, Aéroports de Paris/Comisión (T-128/98, EU:T:2000:290), confirmada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 24 de octubre de 2002, Aéroports de Paris/Comisión (C-82/01 P, EU:C:2002:617).
Segundo motivo, basado en que la Comisión incurrió en error de Derecho al calificar el Instrument Landing System (ILS) y el balizamiento de las pistas de equipos y servicios de carácter económico.
Tercer motivo, basado en que la Comisión incurrió en un incumplimiento de la obligación de motivación, dado que el razonamiento que esgrimió para determinar el canon anual del mercado a cargo de BSCA se basó en un método y en unos factores de cálculo erróneos que tuvieron un efecto decisivo en el importe de la ayuda.
Cuarto motivo, basado en que la Comisión incurrió en error de Derecho, por un lado, al incluir, en el importe del canon a cargo de BSCA, la ayuda otorgada para la misión de seguridad (esto es, la subvención «lucha contra incendios y mantenimiento»), y por otro, al no tomar en consideración la reducción de la «subvención lucha contra incendios y mantenimiento» de 2014 y 2015.
Recurso interpuesto el 4 de agosto de 2016 — ZZ/Comisión
(Asunto F-39/16)
Anulación de la decisión de no admitir a la demandante a las pruebas de selección del concurso EPSO/AD/309/15 (AD11) — Médicos para las sedes de Luxemburgo y de ISPRA y condena a la parte demandada al pago de daños e intereses por el perjuicio moral supuestamente sufrido por un importe de 10 000 euros.
Que se anule la decisión del jurado del concurso EPSO/AD/309/15 (AD11) — Médicos para las sedes de Luxemburgo y de Ispra (Ámbito: Médicos Luxemburgo) comunicada con fecha de 28 de septiembre de 2015, de no admitir a la demandante a las pruebas de selección organizadas en el centro de evaluación de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO).
Que se condene a la parte demandada al pago de un importe de 10 000 euros en concepto de perjuicio moral sufrido por la demandante.
Recurso interpuesto el 11 de agosto de 2016 — ZZ/SEAE
(Asunto F-41/16)
Demandante: ZZ (representante: M. Meyer, abogado)
Recurso por el que se solicita la declaración de nulidad o la anulación de las decisiones de la AFPN por las que se requiere al demandante la devolución de las asignaciones por escolaridad percibidas por éste de forma supuestamente indebida y se deniega al demandante la percepción de ulteriores asignaciones por escolaridad, así como la condena al demandado a abonar las cantidades retenidas.
Que se declaren nulas la resolución del demandado de 12 de mayo de 2016 sobre las reclamaciones R/18/16 y R/19/16 presentadas por el demandante, así como las decisiones relativas al curso escolar 2014/15 impugnadas mediante dichas reclamaciones.
Subsidiariamente, que se anulen la resolución del demandado de 12 de mayo de 2016 sobre las reclamaciones R/18/16 y R/19/16 presentadas por el demandante, así como las decisiones relativas al curso escolar 2014/15 impugnadas mediante dichas reclamaciones.
Que se condene al demandado a abonar al demandante las cantidades retenidas ilegítimamente sobre la base de la citada resolución.
Que se condene en costas al SEAE.
Recurso interpuesto el 12 de agosto de 2016 — ZZ/BEI
(Asunto F-42/16)
Demandante: ZZ (representante: N. Lhoëst, abogado)
Anulación de la solicitud de indemnización presentada por el demandante como reparación de los daños que estima haber sufrido desde noviembre de 2013.
Que se condene al BEI a pagar al demandante una cantidad igual a ocho veces su salario anual con arreglo al artículo 33 bis del Reglamento de Personal y al artículo 9.1.1 de las Disposiciones administrativas aplicables al personal.
Que se anule la decisión del BEI de 4 de junio de 2015 por la se clausuró la cuenta RCVP del demandante con efecto de 28.2.2015 y condene al BEI a pagar al demandante:
Un importe equivalente a las transferencias que el BEI hubiera continuado realizando a la cuenta RCVP del demandante (3 % del salario anual del demandante) si el BEI no hubiera clausurado su cuenta, a contar desde el 28.2.2015 hasta la fecha de reapertura efectiva de la cuenta RCVP del demandante.
Los intereses que el capital sobre la cuenta RCVP del demandante habría producido si su cuenta RCVP no hubiera sido clausurada el 28.2.2015 y si el demandante y el BEI hubieran podido continuar sus transferencias respectivas por importe del 3 % del salario anual del demandante, hasta la fecha de reapertura efectiva de la cuenta RCVP del demandante.
Que se condene al BEI al pago de 15 000 euros por daños e intereses evaluados ex aequo et bono en concepto de reparación por el daño moral sufrido.
Recurso interpuesto el 18 de agosto de 2016 — ZZ/Comisión
(Asunto F-43/16)
Demandante: ZZ (representante: M. Cornacchia, abogado)
Anulación de la decisión de excluir al demandante de la oposición EPSO/AST-SC/03/15 por no haber informado a la EPSO de su vínculo familiar con un miembro del tribunal de dicha oposición.
Que se anule la decisión de 19 de mayo de 2016 mediante la que el presidente del tribunal de la oposición EPSO/AST-SC/03/15, en respuesta a la solicitud de reconsideración presentada por el demandante el 5 de noviembre de 2015, confirmó la decisión de excluirle de dicha oposición, así como, en su caso, la decisión desestimatoria de la reclamación y la decisión inicial.
Recurso interpuesto el 19 de agosto de 2016 — ZZ/Comisión
(Asunto F-44/16)
Demandante: ZZ (representantes: N. de Montigny y J.-N. Louis, abogados)
Anulación de la decisión del tribunal calificador del concurso EPSO/AST-SC/01/14 de no inscribir a la demandante en la lista de reserva del dicho concurso por no reunir los requisitos relativos al título y a la experiencia profesional, exigidos para participar en dicho concurso.
Que se anule la decisión de 18 de febrero de 2015 del Jefe de Unidad del Comité de Selección de la EPSO, por la que se la informaba de que su candidatura al puesto de Secretaría (n.o EPSO/AST-SC/01/14) se había rechazado por no poseer el título y la experiencia profesional exigidos para participar en el concurso de que se trata.
Que se anule la decisión de 17 de septiembre de 2015 del Jefe de Unidad del Comité de Selección de la EPSO, por la que se la informaba de la denegación de su petición de revisión y se confirmaba la decisión de 18 de febrero de 2015.
Que se anule, en la medida en que sea necesario, la respuesta explícita desestimatoria de la reclamación de 12 de mayo de 2016.
Recurso interpuesto el 17 de agosto de 2016 — ZZ/BEI
(Asunto F-45/16)
Demandante: ZZ (representante: B. Maréchal, abogado)
Pretensión de indemnización por el perjuicio material y moral que la parte demandante alega haber sufrido tras declararse su invalidez total y permanente, que considera de origen profesional.
Que se le indemnice por el perjuicio o por parte del perjuicio en caso de que una parte del mismo haya sido reembolsada por el seguro del BEI AXA Belgium.
Abono de la cantidad de 150 000 euros por el daño moral sufrido por la parte demandante.
Reembolso de los gastos futuros de asistencia médica y psicológica en relación con los problemas de salud derivados del severo stress de la parte demandante que no reembolse el sistema de seguro de enfermedad del BEI.
Reembolso de los gastos efectuados hasta ahora por la asistencia médica y psicológica en relación con los problemas de salud derivados del severo stress que no reembolse el sistema de seguro de enfermedad del BEI.
Reintegro del importe provisional de 30 000 euros por las costas en que incurra la parte demandante en el presente procedimiento.
Recurso interpuesto el 26 de agosto de 2016 — ZZ/Comisión
(Asunto F-46/16)
Demandante: ZZ (representantes: L. Levi y A. Blot, abogadas)
Anulación de la decisión de la Comisión por la que se ejecuta una sentencia del Tribunal de la Función Pública, en la medida en que la Comisión se niega a seleccionar a la demandante para el puesto de funcionario para el que ya se había negado a seleccionarla y que fue objeto de la decisión anulada por dicha sentencia.
Que se anule la decisión de 27 de octubre de 2015, por la que la DG Recursos Humanos de la Comisión Europea adoptó medidas de ejecución de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 6 de octubre de 2015, F-119/14, FE/Comisión.
Que se anule la decisión de la AFPN, de 19 de mayo de 2016, por la que la AFPN desestimó la reclamación presentada por la demandante contra la decisión antes mencionada.
Que se condene a la demandada al pago de 25 000 euros en concepto de indemnización de los daños morales, habiéndose fijado tal cantidad con carácter provisional.
Que se condene a la demandada a cargar con la totalidad de las costas.
(Asunto F-47/16)
Pretensión de anulación de la decisión de no incluir al demandante en la lista de funcionarios promovidos en el marco del ejercicio anual de promoción 2015.
Que se anule la decisión de la AFPN de no promover al demandante en relación con el ejercicio de promoción 2015.
(Asunto F-48/16)
Demandante: ZZ (representante: J. Abiks, abogada)
Anulación de la resolución por la que se establece el número de anualidades reconocidas en el sistema de pensiones de la UE a raíz de una solicitud de transferencia de derechos de pensión y reclamación de una indemnización por el perjuicio ocasionado a la parte demandante como consecuencia de no haber respetado la parte demandada un plazo razonable en la tramitación de la solicitud.
Que se anule la resolución de 6 de noviembre de 2015 mediante la que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos adoptó la decisión final de fijar en 135 955,38 euros en lugar de 155 237,25 euros la cantidad transferida al sistema de pensiones de la UE.
Que se condene a la parte demandada a compensar la pérdida de 10 739,28 euros sufrida por la parte demandante por no haber observado los servicios de la Comisión el deber de buena administración.
Que se condene a la parte demandada a indemnizar a la parte demandada en la cantidad que estime conveniente el Tribunal —no inferior a 1 000 euros— el daño psicológico sufrido como consecuencia de la decisión final impugnada.
Auto del Tribunal de la Función Pública de 29 de agosto de 2016 — Roest/Comisión
(Asunto F-85/12) (1)
(1) DO C 295 de 29.9.2012, p. 35.
Auto del Tribunal de la Función Pública de 29 de agosto de 2016 — McMichael/Comisión
(Asunto F-18/13) (1)
(1) DO C 114 de 20.4.2013, p. 47.
Auto del Tribunal de la Función Pública de 29 de agosto de 2016 — Boyd/Comisión
(Asunto F-19/13) (1)
(1) DO C 123 de 27.4.2013, p. 30.
Auto del Tribunal de la Función Pública de 29 de agosto de 2016 — Hoeve/Comisión
(Asunto F-57/13) (1)
(1) DO C 226 de 3.8.2013, p. 27.
Auto del Tribunal de la Función Pública de 29 de agosto de 2016 — Cobo Benito/Comisión
(Asunto F-70/14) (1)
(1) DO C 388 de 3.11.2014, p. 28.
Auto del Tribunal de la Función Pública de 29 de agosto de 2016 — Marinozzi y Cat/Comisión
(Asunto F-128/15) (1)
(1) DO C 414 de 14.12.2015, p. 43.