Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S27-93.html
Timestamp: 2014-11-01 09:01:14
Document Index: 20972751

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo\n8', 'artículo\n8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo\n8', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo\n8', 'artículo 8', 'artículo 41', 'artículo 13', 'artículo 41', 'artículo 37', 'artículo 46', 'artículo 37', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 114', 'artículo 82', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 30', 'artículo 50', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 37']

v. Canada, Caso 11.092, Informe No. 27/93, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.85 Doc. 9
rev. en 32 (1994).
El 10 de diciembre de 1992, la Comisión recibió una comunicación
presentada en nombre de la señora Cheryl Mónica Joseph, en contra del Gobierno
de Canadá, en relación con su Procedimiento de Inmigración de Solicitudes
de Refugio. La denuncia alega lo siguiente:
1. Que la señora Joseph, una ciudadana de Trinidad, residió en
Canadá durante cinco años con su esposo y sus cinco niños. Que su esposo
perdió la vida en un accidente en Canadá, dejándole la responsabilidad
por los cinco niños. Que ella está aún pendiente de terminar procedimientos
legales en Canadá, y está tratando de resolver asuntos de seguros, relacionados
con la muerte de su esposo. Que ella es actualmente única cabeza de familia,
y que no sería razonable esperar que una madre sola acompañada de cinco
hijos consiguiera los gastos de viaje para reubicar a toda la familia en
Trinidad, después de cinco años en Canadá, y pudiera pagar los costos legales
de presentarse en una audiencia en Canadá. Afirma la denuncia que la mayoría
de los parientes de la víctima, incluyendo su madre, son ciudadanos o residentes
permanentes en Canadá, y que ella no tiene ninguna razón para regresar
a su país. Sus niños han desarrollado lazos de cariño con Canadá, especialmente
su hijo mayor, quien vivió a través de los críticos y formativos años de la adolescencia en Canadá. Que ella presentó
la solicitud para obtener la calidad de refugiada en marzo de 1988, y ahora
tiene una expulsión prevista para el 13 de diciembre de 1992, y no parece
haber ninguna razón convincente para deportarla, ni a ella ni a sus hijos.
2. A la señora Joseph se le dio la opción entre la "deportación" y
el "aviso de salida". Afirma la denuncia que esta opción no puede ser interpretada como una "opción" para salir. Que al ofrecer la deportación o la salida, ella no está escogiendo
libre y voluntariamente regresar a Trinidad. Que el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, en sus Comentarios Generales 15, explican la
obligación de un Estado así: "Que el artículo 13 del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos es aplicable
a todos los procedimientos dirigidos a la salida obligatoria de un extranjero,
ya sea que esté descrito en la ley nacional como expulsión o de otra forma".
1. En su petición a la Comisión, esperan que la CIDH ejerza sus
facultades en relación con la Declaración Americana de manera concordante
con otras obligaciones convencionales de Canadá en materia de derechos
humanos. Que la deportación de la señora Joseph sea aplazada, y se le permita
continuar residiendo en Canadá, por compasión y por razones humanitarias.
2. Los peticionarios finalmente solicitan que la Comisión adopte
medidas provisionales bajo el artículo 29 de su Reglamento, a fin de evitar
daño irreparable a la señora Joseph, que le sea otorgado un permiso temporal
para permanecer en Canadá, y que su orden de deportación sea aplazada.
3. En sus comentarios a la respuesta del Gobierno, los peticionarios
solicitaron que la Comisión adopte medidas que aseguren el derecho al trabajo
y a los servicios sociales de la señora Joseph mientras se resuelve su
caso. Que se le debe permitir continuar disfrutando los derechos que tienen
otros extranjeros residentes en Canadá, y otorgársele un permiso de trabajo
que será reconocido por las autoridades locales como evidencia de que posee
cierta forma de legitimación para permanecer en Canadá.
III. EN RELACIÓN CON ELLO, EL DENUNCIANTE ALEGA LA VIOLACIÓN
1. Los artículos XVIII, XXVII, V, VI, VII de la Declaración Americana
2. El artículo 26 del Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos
1. Una vez recibida la denuncia, el 10 de diciembre de 1992,
y hasta el 24 de febrero de 1993, la Comisión, a través de su Secretaría,
cumplió con todos los requisitos procedimentales contemplados en los artículos
30 a 35 de su Reglamento. Se comunicó con los peticionarios y con el Gobierno
de Canadá, estudió, consideró y examinó toda la información remitida por
2. Durante este período, la Comisión envió varias notas, y remitió
las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de Canadá, solicitándole
que suministrara la información adecuada respecto a las alegaciones de
los peticionarios, así como lo relativo al tema del agotamiento de los
recursos internos. La Comisión calificó la solicitud, afirmando que "la solicitud de información no constituye una decisión respecto a la admisibilidad
de la comunicación". Hubo también varias llamadas telefónicas entre la Comisión y el Gobierno.
3. La Comisión recibió varias notas del Gobierno de Canadá, incluyendo
la respuesta de éste a la denuncia. Una de las notas, de fecha 14 de enero
de 1993, informó a la Comisión que el Gobierno de Canadá había decidido
aplazar temporalmente el traslado de la señora Joseph de Canadá. El Gobierno
también remitió su respuesta a la denuncia, en la cual manifestó que los
recursos internos no se habían agotado, que la petición debería ser declarada
inadmisible, que los argumentos de los peticionarios carecían de méritos,
y que se reservaba el derecho de enviar posteriores presentaciones para
referirse a los méritos.
4. También durante este período, la Comisión envió varias notas,
y recibió otras tantas de los peticionarios. Entre las notas enviadas a
los peticionarios se encontraba una de fecha 15 de enero de 1993, informando
en esa ocasión de la decisión del Gobierno de Canadá de aplazar temporalmente
el traslado de la señora Joseph de Canadá, y enviándoles una copia de la
respuesta del Gobierno de Canadá a la denuncia.
5. Los peticionarios enviaron varias notas a la Comisión, incluyendo
una en la cual indicaron que la naturaleza de la orden de remoción contra
la señora Joseph sería cambiada de un "aviso de salida" a una "orden de deportación" el 31 de enero de 1993, bajo las disposiciones retroactivas de la nueva legislación.
También solicitaron con urgencia a la Comisión la adopción de medidas provisionales.
Posteriormente remitieron documentación para demostrar que la señora Joseph
había sido empleada remunerada en Canadá en diversos períodos cuando estaba
pendiente su solicitud de la calidad de refugiada. Los peticionarios comentaron
la respuesta del Gobierno y argumentaron en sus observaciones que los recursos
internos en Canadá habían sido agotados. Además reiteraron sus argumentos
previos, contenidos en la denuncia respecto al por qué a la señora Joseph
debe permitírsele permanecer en Canadá.
1. Los peticionarios sostienen que la señora Joseph está cubierta
por las disposiciones de un procedimiento especial, el Procedimiento de
Autorización de Refugios Pendientes (Refugee Backlog Clearance Process),
creado para responder a cerca de 100.000 solicitantes de refugio en Canadá
a partir del 1 de enero de 1989, cuando la nueva legislación entró en vigor.
Que por la experiencia general de este procedimiento, una presentación
de esta naturaleza por razones compasivas y humanitarias, representa la
última posibilidad de solución prevista por la ley de Inmigración. Los
peticionarios sostienen que no existen recursos simples efectivos para
los derechos implícitos en la expulsión de la señora Joseph. Que se violarían
los artículos XVIII, XXVII, V, VI, VII de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, y que derechos esenciales de la familia
se encuentran en peligro por la deportación. Que otros convenios internacionales
aplicables son el Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, artículo 26, y diversos instrumentos internacionales.
Que el artículo 26 provee amplia protección contra las leyes y prácticas
discriminatorias, incluso cuando el derecho sustantivo en debate no está
reconocido en el Pacto. Que esto constituye una base para la protección
de los no nacionales.
2. Que la Ley de Inmigración, tal como fue enmendada en 1989,
contiene bases explícitas de carácter compasivo y humanitario en contra
de la orden de salida, a saber, las siguientes: a) personas cuyos Gobiernos probablemente impondrán graves sanciones
a su regreso al país; b) dependencia familiar; y c) personas cuyas circunstancias personales, en relación con
las leyes y prácticas de su país, son tales que sufrirían excesivamente
a su regreso al país.
3. Que en la interpretación de estas bases explícitas se hace
referencia al caso de Sobrie contra Mei [(1987) 3 IMM.L.R. (2d) 81 FCID].
De acuerdo con las páginas 86 y 89 de dicha decisión, "La intención es brindar una visión fresca de la situación del inmigrante desde
una nueva perspectiva. El propósito ... no es simplemente repetir el procedimiento..."..."...el Ministro... debe ser capaz de dirigir su mente hacia lo que siente el solicitante
que son sus circunstancias humanitarias y compasivas".
4. Que además de las bases explícitas, la Sección 3 (g) de la
Ley de Inmigración busca cumplir con las obligaciones internacionales de
Canadá. Que las bases humanitarias y compasivas deben ser interpretadas
a fin de brindar la protección requerida para "todos". Que de acuerdo con la Corte Suprema de Canadá, "el término 'todos' en la Sección 7 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades
incluye a toda persona físicamente presente en Canadá, y en virtud de tal
presencia, sujeta a las leyes canadienses".
5. Los peticionarios sostienen tres puntos fundamentales en favor
del aplazamiento de la deportación y el permiso a la señora Joseph de continuar
en el país por parte del Gobierno de Canadá. Estos son, la familia, las
circunstancias personales y la mínima compensación.
Familia: Que la protección de la familia ha surgido recientemente
como un derecho que prevalece sobre el deseo de expulsión del Estado en
una variedad de situaciones de inmigración. Que las obligaciones relevantes
para Canadá se encuentran en los artículos 17 y 23 del Pacto de las Naciones
Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, y en los artículos V y VI de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Que el Comité
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas subraya la prohibición de la
interferencia arbitraria en la familia, y que al término "familia" se le da una interpretación amplia que incluye a "todos aquellos comprendidos en la familia según se entiende en la sociedad del
Estado parte correspondiente". Que el derecho de los cónyuges extranjeros de unirse y gozar de la vida de
casados con ciudadanos, adquirió precedencia sobre las leyes de inmigración
en el caso de Aumeeruddy-Cziffra contra Mauricio, Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, 1981. Que la jurisprudencia de la Corte Europea de
Derechos Humanos es parte del contexto que puede ser utilizado para interpretar
el Pacto de acuerdo con la Convención de Viena sobre la interpretación
de tratados. Así, el caso de Abdulaziz, Cabales y Balkandali contra Reino
Unido puede usarse para dar claridad sobre el caso del Comité de Naciones
Unidas Aumeeruddy-Cziffra. También, la jurisprudencia reciente de la Corte
ha prohibido la expulsión de un número de extranjeros incluso con antecedentes
penales, con fundamento en relaciones de familia - Beldjoudi contra Francia,
1992; Djeroud contra Francia, 1991; Moustaquim contra Bélgica, 1991.
6. Que por instrucción de la Corte Suprema, los derechos de la
familia deben estar, cuando menos, al nivel de la Carta de Derechos y Libertades.
Que la más cercana aproximación a la Carta es el derecho a la seguridad
de la persona, Sección 7. Que alternativamente, la negación de los derechos
de la familia puede ser interpretada como un trato cruel o degradante,
Sección 12. Que en todos los casos internacionales de derechos humanos,
la noción de la dependencia de la familia ha jugado un papel importante.
Que el caso de la señora Joseph es diferente, pero está presente la misma
noción de dependencia familiar. Su esposo murió, y fue enterrado en Canadá.
En sí mismo, este hecho establece un vínculo con Canadá que está relacionado
con la seguridad de la persona de la señora Joseph. También significa que
la noción de dependencia de la familia debe ser considerada en el sentido
de unirla a otros miembros de su familia que reemplazaron la seguridad
de la persona normalmente correspondiente al cónyuge. La mayoría de sus parientes más cercanos se encuentran actualmente en Canadá.
Su madre y su hermana son ciudadanas, dos hermanas y un hermano residen
allí. Ella tiene actualmente sólo dos hermanas y su hijo menor en Trinidad.
En una primera instancia, la señora Joseph viajó a Canadá a visitar a su
7. Que no es solamente la señora Joseph quien sería expulsada,
sino también su familia. Su hija mayor, que ahora tiene 20 años de edad,
ha sido formada significativamente durante cinco años de adolescencia en
Canadá. Los otros hijos, quienes acompañaron a su madre para el funeral
de su esposo en septiembre de 1989, han permanecido allí por tres años.
Estos jóvenes, en su mayoría en edad adolescente, tienen lazos familiares
en Canadá, y como resultado de sus cortas edades, la mayor parte de su
seguridad como personas está relacionada con sus amigos, y con sus vidas
allí. Que es importante señalar que la Corte Europea considera los lazos
con los abuelos como lazos de familia, en su principal sentencia sobre
derechos de la familia, Marckx contra Bélgica, 1979. Los hijos de la señora
Joseph tienen una abuela que es ciudadana canadiense. Que bajo la Convención
de los Derechos del Niño, artículo 3(2), los Estados deben "asegurar a los niños tal protección, y el cuidado necesario para su bienestar...". Que estas palabras hablan por sí mismas. Que como única cabeza de familia con
tres niñas y un niño, y una hija de 20 años, no puede esperarse que la
señora Joseph mantenga sus vínculos con la mayor parte de su familia que
es ahora residente de Canadá, si es expulsada hacia Trinidad.
8. Circunstancias personales: Que son las circunstancias personales
las que sustentan la solicitud de la señora Joseph de protección contra
la expulsión por los derechos familiares. Su situación familiar también
lleva a una situación de miseria indebida si es devuelta. La señora Joseph
está actualmente comprometida en esfuerzos legales para garantizar un acuerdo
de seguro por la muerte de su esposo. Si es devuelta a Trinidad antes de
que esta situación se resuelva, podría caer en miseria financiera. Primero,
tratar de dar instrucciones a un abogado canadiense desde Trinidad sería
difícil. Segundo, pagar por un abogado canadiense sería difícil para una
madre única cabeza de familia en Trinidad. Tercero, para proteger su derecho
eventual de inmigrar con su familia a Canadá, la señora Joseph tendría
que partir. Que ella tendría que comprar pasajes aéreos para ella y sus
niños hacia Trinidad. Ello le dificultaría la consecución de fondos para
continuar con la acción legal. De este modo, devolverla efectivamente niega sus derechos de buscar satisfacción bajo la ley canadiense
con respecto a su petición de seguro.
9. Mínima compensación: que existen numerosos indicios de que
el Procedimiento de Autorización de Refugios Pendientes (Refugee Backlog
Clearance Process) ha violado obligaciones internacionales de derechos
humanos, y derechos consagrados en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
Que estos pueden ser resumidos así:
a) Disposiciones retroactivas: este fue uno de los más de 50
temas constitucionales destacados por el Consejo Canadiense de Iglesias
en su presentación de la petición ante los tribunales canadienses. Que
aunque la Corte Suprema rechazó el caso por las razones técnicas de "legitimación procesal", reconoció, en términos generales, la validez de varios de los temas presentados.
b) Disposiciones confusas: en diciembre de 1988, las personas
fueron animadas a optar por un programa de casos pendientes que les ofrecía
una simple y rápida resolución de su problema en un término de dos años.
Que el programa aún no está completo, casi cuatro años más tarde.
c) Discriminación: algunos grupos angloparlantes de peticionarios
fueron escogidos para procedimientos acelerados pese a que el programa
prometía trabajar sobre la base de que el primero en llegar es el primero
en ser atendido. En octubre de 1990, el Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas recomendó a Canadá que no favoreciera la escogencia de grupos de
personas en busca de asilo.
d) Tratamiento cruel: los arreglos procedimentales cambiaron
durante 1989, y la primera mitad de 1990, introduciendo incertidumbre acerca
de la naturaleza y duración del programa. El Comité Inter-Iglesias para
Refugiados proporcionó evidencia de que el proceso conducía al aumento
de los síntomas post-traumáticos de tensión para algunos grupos de solicitantes
en el programa, especialmente aquellos separados de sus cónyuges e hijos.
Este grupo incluiría a la señora Joseph.
e) Proceso injusto: las personas en los procedimientos legales
tales como una demanda civil tienen el derecho a un juicio dentro de un
tiempo razonable. Personas dentro de un proceso penal tienen casos en contra
de ellas que son desistidos después de dos años, porque una demora mayor
constituiría un juicio injusto. Un juicio justo debe tener lugar dentro
de un término razonable de tiempo para satisfacer parámetros de justicia.
También hay un elemento de discriminación al no permitir los parámetros
normales canadienses de justicia en procesos cuya función es una audiencia
de expulsión para no nacionales.
10. Finalmente, no es necesario determinar que ha ocurrido alguna,
o todas las posibles violaciones de las obligaciones de Canadá de proteger
los derechos humanos antes expuestas. Que si se considera probable que
una o más de éstas han tenido lugar, ello debe ser considerado como una
base compasiva y humanitaria para aplazar la deportación, y para otorgar
el derecho a continuar residiendo. Los canadienses tienen una obligación
de honrar la Constitución, la cual implica por lo menos aquellas protecciones
derivadas de los tratados de derechos humanos. Que los funcionarios de
inmigración también tienen una obligación de actuar en consonancia con
la Ley de Inmigración, la cual en sí misma busca satisfacer las obligaciones
internacionales de Canadá. Hasta tal punto esto no ha sido cumplido hasta
ahora, que un funcionario debe buscar satisfacción para la situación. Esto
puede hacerse aplazando la expulsión, y permitiendo a la señora Joseph
continuar residiendo.
11. Conclusión: la señora Joseph debe continuar residiendo por
razones familiares, y por razones de circunstancias personales que la conducirían
a una indebida miseria si es devuelta. Que ella es una persona en el proceso
de solicitud de refugio de casos pendientes, a quien no le ha sido dado
un tratamiento ni ha recibido los procedimientos acordes con las obligaciones
internacionales de Canadá, y que la residencia es un recurso abierto a
1. La respuesta del Gobierno proporcionó información sobre antecedentes
y delineó el proceso mediante el cual las solicitudes de refugio son consideradas
bajo las disposiciones de la Ley de Inmigración de Canadá, 1976-77, c.52,
S.1, S.2 (1) (a), S.6 (2), y párr. 114 (1) (d). También remitió documentación
y respondió a la petición presentada en nombre de la señora Joseph. 2. Información sobre antecedentes: la Convención de las Naciones
Unidas relativa al Estatuto de los Refugiados (la Convención sobre Refugiados)
recibió la accesión de Canadá el 4 de junio de 1969, y entró en vigor el
2 de septiembre de 1969. En consecuencia, Canadá se obligó a no expulsar
de su territorio personas de otros Estados, --ya fueran nacionales de esos
Estados o residentes que carecían de una nacionalidad--, que no pudieran
o no desearan regresar, o valerse por sí mismas de la protección de nacionalidad
u origen, por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un
determinado grupo social u opinión política (Ver ss. 2(1)(a) Ley de Inmigración,
1976-77, c.52, S.1, adjunta como anexo A). Canadá también ofrece protección
similar para las personas que, aunque no sean estrictamente refugiadas
según la Convención sobre Refugiados, son de todos modos desplazados o
perseguidos (Ver ss. 6(2) y párr. 114 (1)(d) de la Ley de Inmigración).
3. La Ley de Inmigración también establece los procedimientos
para obtener la calidad de refugiado en Canadá. Esta ley fue sustancialmente
reformada en 1989, porque se había demostrado que era incapaz de manejar
efectivamente la llegada de cifras masivas de nuevos solicitantes. El 1
de enero de 1989, para la época de la enmienda que establecía un nuevo
sistema de determinación del refugio, existía un excedente (pendencia)
de aproximadamente 95.000 solicitudes de refugio en diferentes etapas de
tramitación bajo el sistema anterior. El Gobierno canadiense actuó para
aclarar esta pendencia a través de un proceso expedito paralelo y consistente
con el nuevo sistema. (El otorgamiento de una amnistía fue considerado
para aclarar la pendencia de solicitudes de refugio. Sin embargo, fue finalmente
rechazado debido a que habría recompensado injustamente a algunos inmigrantes
ilegales y hubiera sido injusto con las personas que habían seguido los
procedimientos normales de inmigración).
4. En esencia, este proceso dispone que donde puedan establecerse
unas "bases creíbles" para la solicitud de refugio, y la persona sea elegible de otro modo (por ejemplo,
cumple con los requisitos estatutarios normales relativos a salud, antecedentes
criminales, etc.), el solicitante puede pedir la residencia permanente
estando dentro de Canadá. No es necesario para las personas con casos pendientes
que inicien una audiencia completa de determinación de la calidad de refugiados.
Este proceso fue promulgado mediante el Reglamento para Solicitantes de
Refugio Determinados (Anexo B) y puede dividirse en cinco etapas:
En primer lugar, se realiza una entrevista personal entre el
solicitante y un funcionario de inmigración para determinar si el reclamante
posee bases humanitarias y compasivas que permitirían el uso de la autoridad
discrecional para procesar a la persona a fin de que resida en Canadá.
Esta es una revisión discrecional por parte del ejecutivo, y está más allá
de las exigencias de la Convención de Refugiados. Si el funcionario de
inmigración determina que existen bases compasivas y humanitarias, el peticionario
puede solicitar la residencia permanente en Canadá. Si se realiza una determinación
negativa, el peticionario puede, con autorización, intentar la revisión
judicial de la decisión por la Corte Federal de Apelaciones, y entonces
otra vez, con autorización, por la Corte Suprema de Canadá. (Existía un
paso anterior para las personas que el 1º de enero de 1989, fecha en que
los reglamentos de casos pendientes entraron en vigor, ya habían sido examinadas
bajo juramento por un funcionario de inmigración principal, bajo el sistema anterior. En tales circunstancias, si estaba
disponible una transcripción de los procedimientos, ésta sería revisada
por un funcionario de inmigración para evaluar si era obvio que el solicitante
poseía un fundamento para permanecer en Canadá. Si se tomaba una decisión
positiva, el propósito de esta revisión de documentos era reducir el número
de audiencias públicas, y la revisión, por razones humanitarias y compasivas,
de casos obvios. Más de 15.000 casos se decidieron positivamente sobre
esta base).
6. En este punto, los solicitantes que no habían tenido éxito
contaban con dos opciones. La primera es dejar Canadá voluntariamente,
y solicitar la inmigración a Canadá desde el exterior. Aquellos que abandonaban
voluntariamente el país recibían una carta de presentación para la Embajada
o el Consulado canadiense en su país de origen, así como una consideración
favorable por su experiencia adquirida en Canadá. La segunda opción, que
es solicitar una audiencia, se discute más adelante.
Se lleva a cabo una audiencia por un panel de dos miembros consistente
en un funcionario con poder decisorio (Adjudicator), y un miembro del Consejo
de Inmigración y Refugiados (el IRB, Immigration Refugee Board), a fin
de evaluar si el solicitante posee unas bases verosímiles para creer que
él o ella es un refugiado, según lo define la Convención de las Naciones
Unidas sobre Refugiados, incorporada en la ss. 2(1)(a) de la Ley de Inmigración.
Los requisitos del procedimiento de casos pendientes son menos estrictos
que los del proceso normal de solicitud de refugio en cuanto sólo debe
demostrarse una base creíble. El individuo no necesita demostrar que él
o ella cumple todas las condiciones de la Convención sobre Refugiados.
La decisión se basa en el registro de derechos humanos del país de origen
del solicitante, previas decisiones del IRB, y cualquier otra evidencia
creíble o confiable presentada por el solicitante en apoyo de su petición.
Si alguno de los miembros del panel considera que existe evidencia fidedigna o verosímil presentada por el solicitante en favor de su
petición, éste puede solicitar la residencia permanente de acuerdo con
el Reglamento para Solicitantes de Refugio Determinados, en lugar de adelantar
una audiencia completa ante el Consejo de Inmigración y Refugiados.
8. Si se determina en esta audiencia que un solicitante no posee
una base creíble para su petición, él o ella puede, con autorización, buscar
la revisión judicial por la Corte Federal de Apelaciones, y después de
ello, con autorización, por la Corte Suprema de Canadá.
Las personas que no tienen éxito en todas las etapas antes descritas,
recibirán una revisión final, humanitaria y compasiva, antes de su traslado
de Canadá. Funcionarios principales en el Departamento de Inmigración revisarán
todas las circunstancias de cada solicitante cuyo traslado se ha ordenado,
a fin de determinar si éste se justifica sobre bases humanitarias y compasivas.
El caso es entonces remitido al delegado del Ministro, quien toma la decisión
10. En resumen, para diciembre de 1992, 93.733 casos habían sido
decididos con una tasa global de aceptación del 58%. A 43.000 solicitantes
se les había otorgado ya la residencia permanente y aproximadamente 20.000
habían dejado Canadá bien sea por deportación o por salida voluntaria.
Más de 14.000 personas habían dejado de cumplir con este procedimiento,
y ahora no son elegibles para procesamiento bajo este programa.
La peticionaria, su esposo y su hija mayor, llegaron a Canadá
el 16 de diciembre de 1987, desde Trinidad, y pidieron la calidad de refugiados.
Otros cuatro niños permanecieron al cuidado de la hermana de la señora
Joseph en Trinidad. En septiembre de 1989, el esposo de la peticionaria
perdió la vida en un accidente automovilístico, y entonces los niños que
estaban en Trinidad se unieron a su madre. El 27 de mayo de 1992, la solicitante
sostuvo una entrevista inicial humanitaria y compasiva. No se encontraron
bases para autorizarla a permanecer en Canadá. Posteriormente, el 29 de
octubre de 1992, se realizó la audiencia sobre bases creíbles, ante un
funcionario con poder decisorio (Adjudicator) y un miembro del IRB. Los
dos miembros del panel concluyeron que la peticionaria no había demostrado
una base creíble para temer que ella podría sufrir graves sanciones o persecución
si era devuelta a Trinidad. En consecuencia, se emitió un aviso de salida
para la señora Joseph y sus cuatro hijos, solicitándoles que partieran el 13 de diciembre de 1992. (La hija mayor de la señora
Joseph estaba sujeta a su propio procedimiento individual de pendencia
de refugio. También le ha sido emitido un aviso de salida).
12. El 7 de diciembre de 1992 se realizó una revisión final humanitaria
y compasiva, y nuevamente se concluyó que no existían razones extraordinarias
que autorizaran apartarse de las exigencias normales de la Ley de Inmigración.
Entre los factores considerados estaba la existencia continuada de vínculos
familiares en Trinidad. En relación con los procesos del seguro referentes
a la muerte de su esposo, la señora Joseph podía dar, en caso de ser necesario,
un poder de representación a un pariente o amigo residente en Canadá. Así
mismo, si los procedimientos requerían su regreso a Canadá, podría solicitar
una autorización especial del Ministro. Otro factor relevante en la consideración
humanitaria fue que la señora Joseph había conseguido muy pequeños vínculos
laborales. Entonces, no era posible esperar razonablemente que la señora
Joseph pudiera sostenerse a sí misma, y su familia en Canadá no está dispuesta
a brindarle ayuda. La señora Joseph ha dependido básicamente de los pagos
de la asistencia social. La solicitante podría, por supuesto, solicitar la entrada a Canadá
desde Trinidad como un inmigrante normal.
El artículo 35 del Reglamento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (el Reglamento), estipula que para que una petición sea
admitida por la Comisión, todos los recursos internos deben haber sido
agotados. Es la posición del Gobierno de Canadá que, al no haber buscado
la autorización para apelar tanto la decisión sobre bases creíbles, como
la revisión humanitaria y compasiva, la solicitante dejó de agotar todos
los recursos disponibles en su favor en Canadá. El artículo 35 del Reglamento
refleja un principio fundamental de Derecho Internacional de que se agoten
los recursos locales antes de acudir en búsqueda de una solución internacional.
Esto asegura que los recursos internos no sean anulados por un órgano internacional,
y que el Estado tiene la oportunidad de corregir cualquier error que pueda
ser demostrado ante su fuero interno, antes de que se comprometa la responsabilidad
internacional del Estado. (Robertson, A.H., "Human Rights in Europe" - Derechos Humanos en Europa), Manchester University Press: Oxford 1970, 160;
Mose, E., y Opsahl, T. "The Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights" (El Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos);
1981, Santa Clara Law Review 271 en 302).
14. Más aún, los tribunales domésticos están generalmente en
mejor posición de determinar los hechos y el derecho aplicable a un caso
particular, y, donde sea necesario, de formular y hacer cumplir una solución
adecuada. Como se señaló antes, las decisiones del panel de dos miembros
sobre bases creíbles, y las de los funcionarios de Inmigración sobre bases
humanitarias y compasivas, pueden ser apeladas, con autorización, ante
la Corte Federal de Apelaciones. Una solicitud de autorización debe presentarse
dentro de los 15 días siguientes a la fecha de notificación de las conclusiones
del panel o de Inmigración, según el caso (s. 82.1(3) de la Ley de Inmigración).
A su vez, una decisión de la Corte Federal de Apelaciones puede ser apelada,
con autorización, ante la Corte Suprema de Canadá. En su solicitud de autorización,
la señora Joseph pudo haber presentado los argumentos que puso a consideración
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo la Carta Canadiense
de Derechos y Libertades. La Carta estipula, entre otros, los siguientes derechos y libertades:
7. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y seguridad
de su persona y el derecho a no ser privada de éstos, excepto en virtud
de los principios de justicia fundamental. 15(1) Todo individuo es igual ante y bajo la ley y tiene el derecho
a igual protección y a los mismos beneficios legales sin discriminación
y, en particular, sin discriminación basada en la raza, origen nacional
o étnico, color, religión, sexo, edad o incapacidad física o mental.
24(1) Toda persona cuyos derechos o libertades, garantizados
por la presente Carta, hayan sido infringidos o denegados, puede acudir
a un tribunal de jurisdicción competente, para obtener el remedio que la
corte considere apropiado y justo según las circunstancias.
15. La señora Joseph pudo también haber buscado la revisión judicial
sobre la base de los principios de derecho administrativo. Estos incluyen
su derecho a la justicia natural, y un deber de justicia a cargo de los
funcionarios públicos. Debe también recordarse que en Consejo Canadiense
de Iglesias contra Su Majestad la Reina y otros, la Corte Suprema de Canadá
negó legitimación procesal al Consejo Canadiense de Iglesias para impugnar
el procedimiento de determinación de refugiados de la Ley de Inmigración
porque la legislación afectaba directamente a todos los solicitantes de
refugio. Los solicitantes tenían que acudir necesariamente ante los tribunales,
y tenían una oportunidad de debatir las disposiciones de la Ley. La Corte
destacó que los solicitantes de refugio estaban, de hecho, presentando
a diario argumentos similares a los sostenidos por el Consejo Canadiense
de Iglesias. Por lo tanto, se sostiene que los recursos internos efectivos
estaban a disposición de la peticionaria. Ella tenía el deber de valerse de tales recursos antes de hacer su solicitud ante un cuerpo
internacional, pero escogió no invocarlos. La falla de haber usado esa
opción no debe permitirle pasar por alto el importante prerequisito establecido
en el artículo 35 del Reglamento, y, en consecuencia, la petición debe
ser rechazada por falta de agotamiento de los recursos internos.
16. Artículo V: protección contra ataques abusivos a la vida
La peticionaria alega una violación del derecho a ser protegida
contra ataques abusivos a la familia consagrado en el artículo V de la
Declaración, como consecuencia de habérsele negado la residencia en Canadá.
El Gobierno de Canadá sostiene, en primer término, que no existe evidencia
de una conducta "abusiva" de parte del Estado, y en segundo lugar, que el artículo no incluye el derecho
de entrar o residir en un Estado determinado. No existe prueba de que la
señora Joseph haya sufrido "ataques abusivos" en el trámite de su petición de refugio. Ella recibió una audiencia de bases
creíbles de acuerdo con la Ley de Inmigración y las normas del debido proceso.
Así mismo, la revisión discrecional sobre bases compasivas y humanitarias
se realizó de acuerdo con criterios públicamente establecidos. Más aún,
no existe evidencia de conducta arbitraria o de mala fe de parte de los
funcionarios públicos que examinaron la solicitud de la señora Joseph.
17. Se sostiene además que el artículo V no otorga el derecho
a ingresar o residir en un país determinado, especialmente si no existen
obstáculos legales para que una persona establezca su vida familiar en
otro país con el cual la persona está vinculada. La Comisión Europea y
la Corte de Derechos Humanos han interpretado repetidamente el artículo
8 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y
las Libertades Fundamentales ("la Convención Europea") en este sentido. El caso de Abdulazia, Cabales y Balkandali [(15/1983/71/107-9)
Serie A, vol. 94], citado por los peticionarios, ofrece una clara ilustración.
Las esposas de los tres solicitantes, quienes estaban legal y permanentemente
establecidas en el Reino Unido, alegaron en parte, una violación del artículo
8 debido a la negativa del Gobierno de permitir que sus esposos no nacionales
ingresaran o permanecieran en el Reino Unido. La Corte Europea señaló en
primer lugar que "como un asunto de derecho bien establecido, y sujeto a sus obligaciones convencionales,
un Estado tiene el derecho de controlar el ingreso de no nacionales a su
territorio" (pág. 34). La Corte también señaló que:
El deber impuesto por el artículo 8 no puede ser considerado
como extendiendo una obligación general de parte del Estado Contratante
de respetar la opción de las parejas casadas del país donde desean su residencia
matrimonial y aceptar a los cónyuges no nacionales para asentarse en ese
país. (Pág. 34).
18. Debido a que cada una de las esposas de los solicitantes podía establecer
una vida familiar en otro país con el cual ellas o sus esposos tenían un
vínculo, la Corte estimó que no había violación del artículo 8 de la Convención
Europea. Sin embargo, las solicitantes tuvieron éxito sobre la base de
que las Reglas de Inmigración hacían más fácil que un hombre residente
del Reino Unido obtuviera permiso para que su cónyuge no nacional pudiera
entrar o permanecer en ese país, que si se trataba de una mujer residente
en el Reino Unido. Las leyes discriminaban entonces sobre la base del sexo
en el goce del derecho protegido por el artículo 8. Fue esta discriminación,
contraria al artículo 14 de la Convención Europea, la que la Corte encontró
19. De manera similar, en Agee contra Reino Unido ( 7729/76 DR
7, 164), el denunciante alegó, en parte, que su deportación afectaría negativamente
su vida familiar, contrariando el artículo 8 de la Convención Europea.
La Comisión declaró esta argumentación manifiestamente infundada por las
El solicitante y su compañera permanente quienes aparentemente
han estado viviendo juntos en Inglaterra desde 1973, son ambos extranjeros
y tienen diferentes nacionalidades. Han estado residiendo en el Reino Unido
de modo temporal y no se ha demostrado que serían incapaces de hacer los
arreglos razonables para vivir juntos fuera del Reino Unido, aunque preferirían
quedarse. Si bien en tales circunstancias la esposa tiene la posibilidad
de seguir a su esposo fuera del país, esto no constituye, en opinión de
la Comisión, una interferencia con la vida familiar contraria al artículo
8(1)... (Págs 173-4).
20. Otro ejemplo se presenta en X y Y contra Reino Unido (5269/71
CD 39, 1004). La Comisión sostuvo en ese caso que en algunas circunstancias,
la exclusión de una persona de un país donde estaban viviendo miembros
cercanos de su familia podría significar una violación del artículo 8 de
la Convención Europea ( p.e., cuando la única residencia legal que una
pareja puede hallar es en un país sin conexión con ninguno de ellos). Sin
embargo, ése no fue el caso donde el esposo denunciante estaba siendo deportado,
y su esposa podía seguirlo. Ello es así incluso siendo la esposa ciudadana
del Reino Unido y teniendo "vínculos muy cercanos" con sus padres, con quienes la pareja vivía en el Reino (ver también X y X contra
Reino Unido (5445/72 y 5446/72 CD 42) y X contra Reino Unido ( 5301/71
CD 43, 82).
21. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha interpretado
las disposiciones relevantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos ("el Pacto") en el mismo sentido. Al expedirse en Aumeeruddy-Cziffra contra Mauricio (Comunicación
Nº 35/1978), un caso citado por el peticionario, existían estatutos que
otorgaban prácticamente la residencia automática a las esposas extranjeras
de hombres nacionales, pero requerían permisos de residencia para esposos
extranjeros de nacionales femeninas. Estos permisos podían ser rechazados
o retirados en cualquier momento, por lo cual los esposos podían ser deportados
sin revisión judicial. El Comité de Derechos Humanos no sostuvo que las
restricciones a la entrada de esposos extranjeros eran en sí mismas una
interferencia con la familia, contraria a los artículos 2 (1), 3 y 26 del
Pacto, en relación con la forma en que sus nacionales podían ejercer sus
derechos protegidos por los artículos 17 y 23:
Aunque podría justificarse que Mauricio restringiera el acceso
de extranjeros a su territorio y los expulsara del mismo por razones de
seguridad, el Comité considera que la legislación que sólo somete a aquellas
restricciones a los esposos extranjeros de mujeres de Mauricio, pero no
a las esposas extranjeras de hombres de Mauricio, es discriminatoria con
respecto a las mujeres de Mauricio y no puede ser justificada por razones
22. Esta interpretación también es consistente con el Comentario
General 16 del Comité de Derechos Humanos (sobre el artículo 17) también
citado por la peticionaria. Independientemente de qué tan amplia sea la
interpretación dada a la "familia", el derecho en el artículo 17 no otorga a la peticionaria y sus hijos el derecho
a entrar y residir en un país de su elección, especialmente cuando tienen
estatus y conexiones con su país de origen.
23. La peticionaria también cita otros tres casos europeos en
apoyo a su posición. Se sostiene que éstos no son similares a las circunstancias
en cuestión en tanto no compromete el derecho de un individuo de ingresar
en un país. Moustaquim contra Bélgica (31/1989/191/291 serie A, Vol. 93)
se refiere a compensaciones por una deportación por 5 años, como consecuencia
de conducta criminal, de un joven que ya tenía la calidad de residente
en Bélgica. La orden de deportación, que la Corte consideró desproporcionada
a los delitos, trajo como consecuencia la separación del denunciante de
sus padres y hermanos, después de haber permanecido toda su vida en Bélgica.
24. Los casos de Beldjoudi contra Francia (55/1990/246/317 Serie
A, Vol. 234-A) y de Djeroud contra Francia (34/1990/225/289 Serie A, Vol.
191) también se relacionaban con deportaciones como resultado de conductas
criminales, de individuos con calidad de residentes en Francia. De nuevo,
los solicitantes habían permanecido la mayoría de su vida en Francia (en
ambos casos cerca de 40 años) y en consecuencia no tenían familia ni vínculos
sociales con su país de origen, Argelia. Así las cosas, la deportación
se consideró desproporcionada con el objetivo del Estado de prevenir el
crimen y el desorden (finalmente la Corte no trató el asunto porque durante
su trámite se dio un arreglo amistoso entre las partes).
25. La importancia de distinguir en la aplicación del artículo
8 entre un reclamante con calidad de residente en un Estado determinado
y uno que simplemente está buscando el ingreso, se destacó en Berrehab
contra Holanda (3/1987/126/177 Serie A, Vol. 138). El reclamante, un nacional
marroquí, había recibido una visa por parte de las autoridades de ese país
que le permitía vivir con su esposa holandesa. Después de que él y su esposa
se divorciaron, las autoridades le negaron posteriores visas, incluso teniendo
el reclamante amplios derechos de visitar a su pequeña hija nacida del
matrimonio. Al encontrar que había una violación del artículo 8, la Corte
afirmó: ... Debe enfatizarse que el presente caso no se refiere a un extranjero
buscando su admisión a Holanda por primera vez sino a una persona que ha
vivido legalmente allí por varios años...
26. Se sostiene, con base en el caso antes citado, que la peticionaria
no ha demostrado una violación del artículo V de la Declaración. No ha
habido conducta arbitraria o abusiva de parte de los funcionarios canadienses.
Más aún, el artículo V no pretende interferir con el derecho general de
los Estados de determinar políticas de inmigración y condiciones de ingreso
a extranjeros. Por lo tanto, se argumenta que el artículo V no puede ser
invocado por la señora Joseph con el propósito de obtener por primera vez
la residencia para ella y sus hijos en Canadá, especialmente estando ella
en capacidad de regresar a su país de origen, Trinidad. La señora Joseph
tiene vínculos y familia en Trinidad, y de hecho ha vivido muchos más años
allá que en Canadá. No está siendo separada de sus hijos, ya que ellos
deben partir con ella. Por lo tanto se sostiene que la peticionaria ha
dejado de demostrar incluso una violación prima facie del artículo V y
que la petición debe ser declarada inadmisible a la luz del artículo 41 del Reglamento. 27. Artículo VI: Protección de la familia:
La peticionaria alega una violación del artículo VI de la Declaración
debido a que a ella y a su familia no les ha sido otorgado permiso para
residir en Canadá. Se sostiene que por las razones dadas en la sección
inmediatamente anterior, el artículo VI tampoco es aplicable a las circunstancias
de la peticionaria. Se argumenta que la protección de la familia no incluye
el derecho de una familia de escoger su país preferido de residencia. Esto
es particularmente cierto donde todos los miembros de la familia tienen
estatus legal en su país de origen y no corren el riesgo de ser perseguidos
en éste. Al respecto debe hacerse referencia a la decisión de Aumeeruddy-Cziffra
contra Mauricio, discutido anteriormente. Al considerar la garantía paralela
bajo el Pacto, el Comité de Derechos Humanos señaló que la protección de
la familia no le impedía a un Estado restringir el ingreso de extranjeros
Se sostiene nuevamente que la peticionaria ha dejado de demostrar
cualquier hecho que pudiese constituir una violación del artículo VII de
la Declaración. La protección otorgada por este artículo no autoriza a
la peticionaria a elegir su país de residencia.
También se sostiene por parte de la peticionaria que se le negó
el derecho consagrado en el artículo XVIII de la Declaración de acudir
a los tribunales por violaciones de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente. Este artículo obliga a los Estados a garantizar a
los individuos medios efectivos de recurso judicial para la determinación
de sus derechos (Sieghart, Paul, "The International Law of Human Rights" (El Derecho Internacional de los Derechos Humanos), (Clarendon Press; Oxford,
1983). El Gobierno de Canadá sostiene que no sólo existen recursos legales
y judiciales efectivos disponibles en Canadá, sino que éstos, de hecho,
han sido utilizados por la peticionaria. Según se discutió anteriormente,
la señora Joseph recibió una audiencia oral frente a un panel independiente
e imparcial para determinar si tenía bases creíbles para su solicitud de
refugiado según la Convención (las personas en el proceso de casos pendientes
sólo necesitan demostrar una "base creíble" y no que son refugiados según la Convención).
30. La señora Joseph tuvo el beneficio del derecho a asesoría,
así como el amplio marco de todas las garantías del debido proceso. Estas
incluían el derecho a recibir una copia de la información sobre la cual
se basaba la investigación, el derecho a presentar pruebas, a examinar
y a contrainterrogar testigos, hacer uso de un intérprete, de ser necesario,
y conocer los fundamentos sobre los cuales la orden de remoción fue emitida.
Asimismo, la señora Joseph tuvo la opción de buscar autorización para apelar
la decisión del panel ante la Corte Federal de Apelaciones, aunque escogió
no ejercitar tal opción. Además, la señora Joseph recibió el beneficio
de dos revisiones humanitarias y compasivas. También pudo haber buscado
la revisión judicial de dichas decisiones, con autorización, por parte
de la Corte Federal de Apelaciones, pero decidió no hacerlo. Con base en
lo anterior, se sostiene que la ley canadiense no sólo es consistente con
el derecho delineado en el artículo XVIII de la Declaración, sino que la peticionaria tuvo el completo beneficio y uso de ese derecho. En consecuencia
no hay prueba de una violación del artículo XVIII.
El artículo XXVII de la Declaración Americana otorga el derecho
de buscar y recibir asilo de acuerdo con las leyes internas y los tratados
internacionales. El instrumento internacional de mayor relevancia en las
actuales circunstancias es la "Convención de las Naciones Unidas relativa al Estatuto de los Refugiados". Como se indicó anteriormente, sus obligaciones han sido incorporadas a la Ley
de Inmigración. Claramente, la señora Joseph ejerció su derecho de solicitar
asilo. No lo recibió debido a que un panel independiente e imparcial determinó
que ella no había demostrado una base creíble sobre la cual podía considerarse
como un refugiado según la Convención. Además, se realizaron varias revisiones
humanitarias y compasivas del caso de la señora Joseph a fin de determinar
si existían circunstancias extraordinarias que justificaran su residencia
en Canadá, a pesar del hecho de que no cumplía con las exigencias legales
para obtener la calidad de refugiado.
32. Es importante señalar el caso de Maroufidou contra Suecia,
(Comunicación No.13/58 bajo el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas). En ese caso la
peticionaria alegó que su deportación sobre la base de que existían buenas
razones para creer que ella participaría en Suecia en un acto terrorista,
violaba el artículo 13 del Pacto. Este artículo consagra que:
Un extranjero legalmente en el territorio de un Estado parte...puede
ser expulsado de allí sólo en cumplimiento de una decisión tomada de acuerdo
con la ley y podrá, excepto donde apremiantes razones de seguridad así
lo requieran, permitírsele someter los argumentos contra su expulsión...
33. El Comité de Derechos Humanos sostuvo que no había habido
violación del Pacto debido a que la peticionaria fue expulsada de acuerdo
con el procedimiento establecido por la ley interna del Estado y que no
había evidencia de mala fe o de abuso de poder. Lo más importante, el Comité
de Derechos Humanos concluyó que cuando un extranjero era expulsado en
cumplimiento del procedimiento establecido por la ley interna del Estado,
al Comité no le correspondía evaluar si las autoridades competentes habían
interpretado y aplicado correctamente dicha ley, a menos que se estableciera
que habían actuado de mala fe o habían abusado de su poder. 34. El Gobierno de Canadá considera que el razonamiento del Comité
de Derechos Humanos es aplicable a las actuales circunstancias. La decisión
de no otorgar la calidad de refugiado a la señora Joseph fue realizada
de acuerdo con el derecho nacional e internacional. No existe evidencia
de abuso de poder por parte de las autoridades canadienses, ni falta de
interpretación y aplicación de la ley canadiense por parte de dichas autoridades.
En consecuencia se sostiene que no existe prueba de una violación del artículo
XXVII de la Declaración.
La denuncia contiene una amplia variedad de alegaciones contra
el proceso de refugios pendientes en general. Sin embargo no se presentan
pruebas que apoyen dichas alegaciones, y en consecuencia se sostiene que
la petición debe ser rechazada por la Comisión Interamericana como manifiestamente
infundada de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento.
36. En conclusión, el Gobierno de Canadá sostiene que la presente
petición debe ser declarada inadmisible de acuerdo con el Reglamento de
la Comisión. Sin embargo si la Comisión llega a una conclusión diferente
respecto a alguno de los temas antes expuestos, el Gobierno de Canadá se
reserva el derecho de presentar nuevos argumentos en el futuro.
2. Los hechos denunciados constituyen violaciones de los derechos
humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre? 1. ES ADMISIBLE ESTA PETICION?
Antes de la presentación de la presente petición, las dos partes
enviaron diversos documentos describiendo los procedimientos de la Ley
de Inmigración de Canadá, una copia de la Ley de Inmigración canadiense
según fue reformada en 1989, una copia de la Ley canadiense de 1982 que
incluye una copia de la Constitución de 1982, cuya parte I contiene disposiciones
de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, sentencias judiciales,
y otra documentación que ha sido considerada por la Comisión como relevante
y que será utilizada para la determinación de la presente petición. A fin
de definir si la petición es admisible, es necesario examinar los artículos
pertinentes aplicables al caso. El artículo 37 del Reglamento de la Comisión
1. Para que una petición pueda ser admitida por la Comisión, se
requerirá que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción
a. no exista en la legislación interna del Estado de que se trata
se alegan han sido violados.
de agotarlos.
c. haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados
3. Cuando el peticionario afirme la imposibilidad de comprobar
el requisito señalado en este artículo, corresponderá al Gobierno, en contra
del cual se dirige la petición, demostrar a la Comisión que los recursos
internos no han sido previamente agotados, a menos que ello se deduzca
claramente de los antecedentes contenidos en la petición.
2. Es necesario hacer un examen del artículo 46 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, porque éste refleja la mayoría de las
disposiciones del artículo 37 del Reglamento de la Comisión, a pesar de
que éste no es el instrumento porque Canadá aún no ha ratificado la Convención.
El artículo 46 estipula que:
1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a
a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción
b. que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir
c. que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente
d. que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre,
la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o
El artículo 2 estipula que los incisos 1.a. y 1.b. no se aplicarán
3. Los peticionarios afirman que varios derechos consagrados
por la Declaración Americana serían violados si se expulsa a la señora
Joseph de Canadá. Estos artículos son V, VI, VII, XVIII, y XXVII.
i. El artículo V estipula que: "Toda
persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos
a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar".
ii. El artículo VI estipula que: "Toda
persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la
sociedad, y a recibir protección para ella".
iii. El artículo VII estipula que: "Toda
mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño,
tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales".
iv. El artículo XVIII estipula que: "Toda
persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo
debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia
lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno
de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".
v. El artículo XXVII estipula que: "Toda
persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero,
en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común
y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales".
4. A continuación se presenta un examen acerca de qué recursos
internos tenía la señora Joseph en Canadá a fin de determinar si ella debió
haberlos invocado y agotado en Canadá, antes de la presentación de su petición.
Después de su llegada a ese país, el 16 de diciembre de 1987, la señora
Joseph solicitó la calidad de refugiada en marzo de 1988. Durante la pendencia
de su solicitud, existían tres grupos de procedimientos de inmigración
bajo la Ley de Inmigración reformada en Canadá. El primero era el Procedimiento
de Inmigración para peticiones normales de inmigración, tales como residencia
permanente, y solicitudes de ciudadanía, pero no estaba limitado a las
peticiones. El segundo era el Procedimiento de la Convención de Refugiados,
para tratar aquellas solicitudes de las personas que alegaban ser refugiados
según la Convención. El tercer Procedimiento, resultante de la reforma
de la Ley de Inmigración de 1989, es conocido como el Reglamento para Solicitantes
de Refugio Determinados, a menudo llamado el Proceso de Refugios Pendientes (Refugee Backlog Process).
5. No existe discusión entre las partes respecto a que el Proceso
de Refugios Pendientes fue establecido para manejar el gran número de solicitudes
para la calidad de refugiado bajo el Procedimiento de la Convención de
Refugiados, y a fin de hacer más expedito el procesamiento de dichas peticiones.
Se estimuló a los peticionarios a presentar sus solicitudes bajo este procedimiento
que presuntamente sería un trámite simple, rápido y breve. Al optar por
procesar sus solicitudes bajo este procedimiento, se alega que los peticionarios
renunciaron a sus derechos de apelación ante la División de Apelaciones
de Refugio del Consejo de Inmigración. En lugar de ello, las personas podrían,
con autorización, apelar directamente a la División de Juicios de la Corte
Federal del Distrito o a la División de Apelaciones de la Corte Federal,
también con autorización.
6. La señora Joseph optó por tramitar su solicitud bajo el procedimiento
expedito, el Proceso de Refugios Pendientes (Refugee Backlog Process).
Tuvo su entrevista inicial humanitaria y compasiva el 27 de marzo de 1992.
De este modo, los instrumentos rectores aplicables a su solicitud para
el estatuto de refugiada son la Ley de Inmigración de Canadá de 1985, reformada
en 1989, y el Reglamento realizado en virtud de ésta, titulado Reglamento
para Solicitantes de Refugio Determinados, a menudo llamado el Proceso
de Refugios Pendientes (Refugee Backlog Process). Las secciones pertinentes
aplicables al caso de la señora Joseph son la Sección 6(2), 114(1)(d) y
7. La Sección 6(2) de la Ley de Inmigración reformada en 1989
A cualquier refugiado según la Convención y cualquier persona
miembro de un grupo (class), designado por el Gobernador en Consejo como
grupo (class), cuya admisión de miembros debe ser acorde con la tradición
humanitaria de Canadá con respecto a los desplazados y perseguidos, puede
concedérsele la admisión sujeta a tales reglamentaciones según se establezcan
con respecto a aquellas y sin perjuicio de otras reglamentaciones hechas
bajo la presente Ley. (1976), 77, c.52.6)
8. El término "Refugiado según la Convención" está
definido bajo dos conceptos: "Convención" y "Refugiado según la Convención". La "Convención" se define como queriendo significar:
la Convención de las Naciones Unidas relativa al Estatuto de los
Refugiados firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951, e incluye el Protocolo
firmado al respecto en la ciudad de Nueva York el 31 de enero de 1967;
"Refugiado según la Convención" significa
a) por razón de un temor bien fundado de persecución por razones
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social,
u opinión política,
i) está fuera del país de su nacionalidad y no puede, o por razón
de tal temor, no desea valerse de la protección de tal país, o
ii) no teniendo un país del cual es nacional, está fuera del país
donde tenía su residencia habitual y no puede, o por razón de tal temor,
no desea valerse de la protección de tal país, y
b) no ha dejado de ser un refugiado según la Convención en virtud
de la Subsección (2), pero no incluye ninguna persona a quien no se aplique
la Convención, en desarrollo de la Sección E o F del artículo 1 de la misma,
cuyas secciones están planteadas en el programa de la presente Ley;
El Gobernador, en Consejo, puede hacer reglamentaciones diseñando
grupos (classes) de personas para los efectos de la Subsección (6)(2).
El artículo 114(2) estipula que "el
Gobernador en Consejo puede, mediante reglamentación, exceptuar a cualquier
persona de alguna de las reglas hechas bajo la subsección (1) o facilitar
de otra forma la admisión de cualquier persona en caso de que el Gobernador
en Consejo estime que la persona deba ser exceptuada de la regla o que
la admisión de la persona deba ser facilitada por razones de orden público
o debido a la existencia de consideraciones compasivas o humanitarias".
10. Una vez concluida la entrevista inicial de la señora Joseph
sobre bases humanitarias y compasivas, no se deben encontrar razones que
justificaran el otorgamiento del "estatuto" para permanecer en Canadá. Dado que ésta era una revisión discrecional, la señora
Joseph tenía el derecho de llenar una solicitud para que se autorizara
la revisión judicial de dicha decisión en la División de Juicios de la
Corte Federal, según la Sección 18 de la Ley de la Corte Federal. Dicha
Sección estipula que "la División de Juicios tiene jurisdicción original exclusiva para:
a) emitir mandamientos judiciales, autos de avocación, decretos
inhibitorios, órdenes judiciales privadas o administrativas, o declarar
un derecho como tal, contra cualquier consejo federal, comisión u otro
b) escuchar y decidir cualquier solicitud u otro procedimiento
de reparación de la naturaleza de la contemplada en el parágrafo (a), incluyendo
cualquier procedimiento en contra del Procurador General de Canadá, tendiente
a obtener reparación contra un consejo federal, comisión u otro tribunal". (R.S.c. 10.2do. sup.).
11. La señora Joseph también pudo haber buscado la revisión judicial
de esta decisión según la Sección 28 de la Ley de la Corte Federal. Podría
haber hecho ésto llenando una solicitud de autorización para revisión judicial
en la División de Apelaciones de la Corte Federal, sobre la base de que
no se cumplió con los principios de justicia natural. La Sección 28 señala
Sin perjuicio de la Sección 18 o de las disposiciones de cualquier
otra ley, la Corte de Apelaciones tiene jurisdicción para escuchar y decidir
una solicitud de revisión y rechazar una decisión u orden, diferente de
aquellas de naturaleza administrativa que no requieren por ley ser realizadas
sobre bases judiciales o cuasijudiciales, realizadas por o en el curso
de procedimientos ante un consejo federal, comisión u otro tribunal, sobre
la base de que el consejo federal, comisión u otro tribunal:
a) dejó de observar un principio de justicia natural, o actuó
más allá, o se negó a ejercer su jurisdicción;
b) erró en derecho al tomar su decisión u orden, aparezca o no
el error en el conjunto de las actuaciones judiciales; o
c) basó su decisión u orden en una determinación errónea de los
hechos que realizó de manera contradictoria o arbitraria, o sin tener en
cuenta el material puesto a su consideración.
12. Sin embargo ella no intentó la revisión de esta decisión
ni bajo la Sección 18 ni amparada en la sección 28 de la Ley de la Corte
Federal. El 29 de octubre de 1992, se realizó una audiencia sobre bases
creíbles, ante un funcionario con poder decisorio (Adjudicator) y un miembro
del Consejo de Inmigración y Refugiados. Los factores que deben ser tenidos
en cuenta para tomar una decisión sobre "bases creíbles" pueden expresarse según se consagran en la Sección 46.01 de la Ley de Inmigración.
La Sección 46.01(6) señala que:
Si el funcionario con poder decisorio (Adjudicator) o el miembro
de la División de Refugiados, después de haber considerado las pruebas
aducidas en la investigación o audiencia, incluyendo aquellas relacionadas
a) el registro relativo a derechos humanos en el país que el solicitante
abandonó, o fuera del cual el solicitante permanece por razones de temor
de persecución, y
b) disposiciones bajo esta ley o los reglamentos de solicitudes
que sean de refugiados según la Convención hechas por otras personas que
alegan temor de persecución en ese país, es de la opinión de que existe
evidencia creíble o confiable sobre la cual la División de Refugiados pueda
determinar que el solicitante es un refugiado según la Convención, el funcionario
con poder decisorio (Adjudicator) o el miembro determinará que el solicitante
tiene bases creíbles para su petición.
13. En el caso de la señora Joseph, ni el funcionario con poder
decisorio (Adjudicator) ni el miembro del Consejo de Inmigración concluyeron
que ella tenía "bases creíbles" para su solicitud del estatuto de refugiado. En esta audiencia, la señora Joseph
no tenía que probar que era una "refugiada según la Convención"; sólo tenía que establecer que poseía "bases creíbles" para su solicitud de refugio. El Gobierno afirmó en su respuesta a la denuncia
que ella tenía el beneficio del derecho a asesoría, el derecho a recibir
una copia de la información sobre la cual se basaba la investigación, el
derecho a presentar pruebas, a examinar y a contrainterrogar testigos,
a hacer uso de un intérprete, de ser necesario, y a conocer los fundamentos
sobre los cuales fue emitida la orden de remoción. La señora Joseph pudo
haber buscado la revisión judicial de la decisión del panel, en ejercicio
de las Secciones 18 y 28 de la Ley de la Corte Federal, pero no lo hizo. 14. La señora Joseph recibió su revisión final humanitaria y
compasiva el 7 de diciembre de 1992 y se determinó que no existían razones
extraordinarias que justificaran apartarse de los requisitos normales de
la Ley de Inmigración. Dada la opción de una "orden de deportación"o de un "aviso de salida" para dejar Canadá, ella escogió el "aviso de salida" que es el acto voluntario de salir por sí misma con sus hijos de Canadá y que
no le impide la búsqueda de una admisión en el futuro a Canadá. Se emitió
entonces una orden de salida solicitándole que ella y sus cuatro hijos
abandonaran Canadá el 13 de diciembre de 1992. Una "orden de remoción" es, según la definición "una orden de exclusión o una orden de deportación".
15. Nuevamente pudo la señora Joseph haber presentado una solicitud
de revisión judicial de esta orden bajo las Secciones 18 y 28 de la Ley
de la Corte Federal, así como la Ley de Inmigración según fue reformada
en 1989, cuyo artículo 82(1) dispone que:
Una solicitud u otro procedimiento puede ser iniciado bajo las
Secciones 18 o 28 de la Corte Federal con respecto a cualquier decisión
u orden, o a cualquier otro asunto pertinente, bajo esta Ley o las reglas
o reglamentos, sólo con la autorización de un juez de la Corte Federal-División
de Juicios de la Corte Federal de Apelaciones, según el caso.
16. Por lo tanto, la señora Joseph pudo haber buscado autorización
para presentar la solicitud de revisión judicial pudiendo haber obtenido
la revisión humanitaria y compasiva, en contra de la orden de remoción,
debido a que la Sección señala que "una solicitud u otro procedimiento puede ser iniciado bajo las Secciones 18 o
28 de la Corte Federal con respecto a cualquier decisión u orden, o a cualquier
otro asunto pertinente, bajo esta Ley o las reglas o reglamentos..."
17. Sin embargo, se impone un tiempo límite bajo la Sección 82.1(3)
de la Ley, que dispone:
Una solicitud de autorización para iniciar un procedimiento bajo
la presente Sección debe ser presentada ante la Corte competente dentro
de los quince días siguientes a la fecha en la que el reclamante es notificado
de la decisión u orden o conoce el asunto pertinente.
18. De este modo, la solicitud de permiso para obtener la revisión
judicial de la decisión del Consejo debe ser presentada dentro de un término
de quince días. La Ley estipula además, bajo la Sección 82.1(6) que:
Un juez de la Corte competente puede, por razones especiales,
permitir una extensión del plazo para presentar una solicitud de autorización
para iniciar un procedimiento o para comenzar el procedimiento.
19. Así las cosas, si la solicitud de autorización para obtener
la revisión judicial no se presentó dentro del plazo de los quince días,
una solicitud posterior puede presentarse ante la Corte Federal para que
extienda el término de quince días si existen razones especiales para no
presentar la solicitud dentro del término original. Además, la Ley consagra
una "suspensión de la ejecución de la orden de remoción cuando se cumplan ciertas
condiciones". El artículo 49 estipula:
49(1) Excepto en el caso de una persona que resida o habite en los Estados Unidos
o en St. Pierre y Miquelon contra quien se realice una orden de remoción
como resultado de un informe elaborado de acuerdo con el parágrafo 20(1)(a),
la ejecución de una orden de remoción es suspendida:
a) en cualquier caso en que la persona contra quien la orden fue
emitida tenga el derecho de apelar ante la División de Apelaciones, a solicitud
de tal persona hasta 24 horas después de que la persona fue informada del
derecho de apelación de acuerdo con la Sección 36;
b) en cualquier caso en que la persona contra quien la orden fue
emitida tenga el derecho a presentar una solicitud de autorización para
iniciar un trámite u otro procedimiento bajo las Secciones 18 y 28 de la
Ley de la Corte Federal respecto a la orden, a solicitud de tal persona,
hasta 72 horas desde el momento en que la orden fue pronunciada;
c) en cualquier caso en que una apelación de la orden ha sido
presentada ante la División de Apelaciones, hasta que la apelación haya
sido escuchada y decidida o haya sido declarada desierta por la División
20. Por lo tanto, si la señora Joseph hubiera ejercido su derecho
y presentado la solicitud de autorización para iniciar el procedimiento
contra la orden de remoción, dentro de las setenta y dos (72) horas desde
el momento en que la orden fue pronunciada, ésta habría tenido el efecto
de suspender la ejecución de la orden de remoción (artículo 49 (1)(b)).
La Ley además dispone y delinea el derecho a Asesoría en el artículo 30(3).
En aquellos casos en los que, según se prescribe, una persona
contra la cual se emite una orden de remoción, o a quien se da un aviso
de partida, deberá estar representada, a costa del Ministro, con respecto
a cualquier solicitud de autorización para iniciar una petición bajo la
Sección 28 de la Ley de la Corte Federal en relación con la orden de remoción
o el aviso de partida, y con relación a la solicitud bajo tal sección,
por un abogado o representante legal que esté dispuesto a recibir instrucciones
referentes a tal solicitud:
a) en el caso de una persona contra quien se emita una orden
de remoción, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la emisión de
la orden; o
b) en el caso de una persona contra quien se emita una orden
de salida, antes de la fecha en que la persona debe abandonar Canadá.
21. Entonces, la señora Joseph tenía el derecho de que un Asesor
la representara en su solicitud de autorización para iniciar el procedimiento
en contra de la orden de remoción. Esta Asesoría pudo haberle sido otorgada
por el Ministro, a costa de éste, quien es definido en la Ley como "el miembro del Consejo Privado de la Reina para Canadá, designado por el Gobernador
en Consejo como Ministro para los efectos de la presente Ley". O, la señora Joseph pudo haber tenido su propio Asesor, quien habría estado
a su disposición veinticuatro horas después de la emisión de la "orden de remoción", o en el caso de un "aviso de salida", antes de la fecha en la que debía abandonar Canadá.
22. A continuación se presenta un análisis de las otras Secciones
relevantes de la Ley.
82.2(1) dispone que "Ninguna apelación
condiciona a la Corte Federal de Apelaciones de una decisión de un juez
de la Corte Federal-División de Juicios, sobre una solicitud bajo la Sección
82.1 para autorización de iniciación de una petición u otro procedimiento
bajo la Sección 18 de la Ley de la Corte Federal".
82.2(2) estipula que "Ninguna
apelación condiciona a la Corte Suprema de Canadá de una decisión de un
juez de la Corte Federal de Apelaciones, sobre una solicitud bajo la Sección
82.1 para autorización de iniciación de una petición bajo la Sección 28
de la Ley de la Corte Federal".
82.1(4) señala que "A menos que
un juez de la Corte competente lo disponga de otro modo, una solicitud
bajo la Sección de autorización para iniciar un procedimiento, será dispuesta
sin presentación personal".
82.1(5) estipula que "Cuando se
otorgue la autorización bajo esta Sección para iniciar un procedimiento,
el mismo comenzará dentro de los quince días siguientes a la concesión
de la autorización".
El artículo 50(1)(a) dispone que "Una
orden de remoción no será ejecutada si la ejecución de la orden ocasionare
directamente una contravención de otra orden emitida por cualquier cuerpo
judicial o funcionario en Canadá".
23. Por lo tanto, si bien la señora Joseph no estaba obligada
a presentarse personalmente para su solicitud de permiso tendiente a iniciar
el procedimiento contra las dos decisiones que le negaron el derecho de
permanecer en Canadá sobre bases humanitarias y compasivas, y la conclusión
de que no existían "bases creíbles" a que llegó el Consejo de Refugiados, se podía haber presentado una solicitud
en su nombre ante la Corte Federal, Divisiones de Juicios y Apelaciones.
Sin embargo, al interpretar las Secciones anteriores, si la solicitud era
para obtener autorización para presentar una petición de revisión judicial,
y ésta era negada, no habría derecho de apelación ante la División de Apelaciones
de la Corte Federal, ni ante la Suprema Corte de Canadá. Más aún, si la
autorización presentada para una petición estaba pendiente ante la Corte,
la ejecución de la orden hubiera sido aplazada por 72 horas bajo la Sección
49(1)(b) antes comentada, o en caso de que su ejecución contraviniere la
orden de un cuerpo judicial o de un funcionario en Canadá.
24. Además de los derechos y recursos antes discutidos, la señora
Joseph contaba con otros derechos y recursos otorgados por la Carta Canadiense
de Derechos, que están contenidos en la Ley de Canadá de 1982, y la Ley
de la Constitución del mismo año. Se presenta un breve examen de los derechos
y libertades relevantes, y de los recursos disponibles bajo la Carta para
una persona que esté físicamente presente en Canadá.
Todo individuo tiene el derecho a la vida, la libertad y la seguridad
de la persona, y el derecho a no ser privado de éstas, excepto en virtud
de los principios de justicia fundamental.
Todo individuo es igual ante y bajo la ley y tiene el derecho
Toda persona cuyos derechos o libertades, garantizados por la
presente Carta, hayan sido infringidos o denegados, puede acudir a un tribunal
de jurisdicción competente, para obtener el remedio que la corte considere
apropiado y justo según las circunstancias.
25. Al revisar la documentación remitida a la Comisión por las
partes, el término "toda persona" ("everyone") contenido en la Carta, se aplica a "toda persona físicamente presente en Canadá", y no está limitado a personas con "visas de residencia permanente" en Canadá, ni a "ciudadanos canadienses". De este modo, teniendo en cuenta el examen y discusión previos, la señora Joseph
pudo haber utilizado los recursos internos disponibles a su favor en Canadá,
invocándolos y agotándolos, esto es, presentando una solicitud de autorización
para obtener la revisión judicial de las tres decisiones que se produjeron
en su contra, y en particular, si se le otorgaba, sobre la base de una
violación de los principios de justicia natural, o atacando la constitucionalidad
de la Ley de Inmigración. Además, los argumentos contenidos en la petición
presentada por los reclamantes con respecto a las violaciones de los derechos
contenidos en la Carta Canadiense de Derechos, podrían haber sido presentados
por la peticionaria ante las Cortes.
26. La pregunta que debe formularse en este punto es si los recursos
internos antes examinados habrían sido adecuados y efectivos para resolver
la petición de la señora Joseph. Este aspecto fue discutido en el Caso
Velásquez Rodríguez, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
relación con los recursos internos de un Estado que deben ser invocados
y agotados según "los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". La Corte señaló, al interpretar el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, página 28, párrafo 63, que: "El artículo 46.1.a) de la Convención remite "a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". Esos principios no se refieren sólo a la existencia formal de tales recursos,
excepciones contempladas en el artículo 46.2".
27. La Corte estableció además en la página 28, párrafo 64, que: "Que
sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema
todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico,
el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica
el principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no
puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado
sea manifiestamente absurdo o irrazonable. Por ejemplo, un procedimiento
de orden civil, expresamente mencionado por el Gobierno, como la presunción
de muerte por desaparecimiento, cuya función es la de que los herederos
puedan disponer de los bienes del presunto muerto o su cónyuge pueda volver
a casarse, no es adecuado para hallar la persona ni para lograr su liberación
si está detenida (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de
29 de julio de 1988, Serie C.4).
28. En la pág. 29, párrafo 66, la Corte señaló que: "Un
recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado
para el que ha sido concebido. El de exhibición personal puede volverse
ineficaz si se le subordina a exigencias procesales que lo hagan inaplicable,
si, de hecho, carece de virtualidad para obligar a las autoridades, resulta
peligroso para los interesados intentarlo o no se aplica imparcialmente". La Corte fue más allá al señalar en la misma página, párrafo 67, que: "En cambio, al contrario de lo sostenido por la Comisión, el mero hecho de que
un recurso interno no produzca un resultado favorable al reclamante no
demuestra, por sí solo, la inexistencia o el agotamiento de todos los recursos
internos eficaces, pues podría ocurrir, por ejemplo, que el reclamante
no hubiera acudido oportunamente al procedimiento apropiado". 29. De este modo, del examen y discusión realizados, surge que
existían recursos internos disponibles para la señora Joseph en Canadá
contra la entrevista inicial compasiva y humanitaria, la audiencia sobre "bases creíbles", la revisión final sobre bases compasivas y humanitarias, y la orden de remoción.
Estos recursos deberían haber sido invocados y agotados mediante la presentación
de una solicitud tendiente a obtener autorización para la revisión judicial
de dichas decisiones, bajo la Ley de Inmigración reformada, sobre los principios
de justicia natural, impugnando la constitucionalidad de la Ley, y por
las presuntas violaciones de los derechos y libertades consagrados en la
Carta Canadiense. 30. Los peticionarios presentaron una serie de argumentos relacionados
con "consideraciones familiares" que son revisables por el Consejo de Revisión de Inmigración bajo el "Procedimiento de Refugio de la Convención", en el que los reclamantes deben demostrar que son, de hecho, Refugiados según
la Convención, lo que implica una carga probatoria más compleja. La petición
de la señora Joseph no se trató bajo este procedimiento. Su petición fue
tramitada bajo el "Proceso de Refugios Pendientes" (Refugee Backlog Process), donde sólo se aplican parámetros de "bases creíbles" y no es necesario demostrar que se es un "refugiado según la Convención". 31. Con base en los hechos del presente caso, el análisis y discusión
anterior se centró en los recursos internos que estaban a disposición de
la señora Joseph bajo el Procedimiento de Inmigración que ella escogió
para tramitar su petición, según se expuso, a saber, el Reglamento para
Solicitantes de Refugio Determinados, conocido como el Proceso de Refugios
Pendientes (Refugee Backlog Process). Habiendo examinado los recursos internos
disponibles para la señora Joseph bajo ese procedimiento, los peticionarios
no han demostrado que los recursos internos disponibles para ella en Canadá
eran "inadecuados e ineficaces", por lo que se podría haber excusado de su invocación y agotamiento según el
artículo 37(2) del Reglamento antes analizado. Entonces, por estas razones,
y según se expresó anteriormente, la petición es inadmisible, y por lo
tanto no debe emitirse una decisión sobre los méritos del caso. LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
1. Considerando los recursos de la jurisdicción interna a disposición
de la señora Joseph, bajo los procedimientos indicados arriba y teniendo
en cuenta los aspectos humanitarios de este caso.
2. Invita al Gobierno de Canadá a considerar favorablemente la
posibilidad de permitir a la señora Joseph permanecer en Canadá hasta que
se terminen las acciones judiciales iniciadas en relación con la herencia
de su fallecido esposo. 3. Concluye que esta petición es inadmisible. Inicio || Tratados || Busca || Enlaces