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Timestamp: 2020-03-29 01:57:02
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La consignación del principal no ha de impedir la ejecución de la sentencia por los intereses
Lopez Collado Abogados
Jaime López Collado Abogados Barcelona
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21 marzo 2020 lopezcollado
Presentada demanda de ejecución de sentencia, condenatoria al pago de cantidad, consistente ésta en el principal reclamado y los intereses calculados en base al artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro (LCS), el Juzgado deniega la ejecución, por decir que el demandado «ya ha había consignado en el Juzgado el principal, remitiendo a la ejecutante a presentar liquidación de los intereses».
Entendemos que dicha resolución no se ajusta a derecho, atendiendo a la regulación de la ejecución judicial dispuesta por la Ley de Enjuiciamiento Civil y, también, a la regulación del cumplimiento de las obligaciones dinerarias, el pago, que resulta del Código Civil.
En la demanda se reclama la cantidad de 30.000 € con más los intereses del artículo 20 LCS devengados desde la fecha del siniestro hasta la fecha del pago.
La sentencia estima íntegramente la demanda
El demandado consigna en el Juzgado el principal 30.000 € y también 9.000 € “a cuenta de intereses prudenciales”.
Se presenta ejecución de sentencia, por el principal de 30.000 €, con más 20.000 € de intereses devengados desde el día del siniestro hasta la consignación, manifestando que ya consta abonado el principal, así como 9.000 € de intereses, y solicitando se despache ejecución por los intereses pendientes de pago 11.000 € con más 3.000 € presupuestados para intereses y costas de la ejecución, argumentando que para que la consignación hubiera sido liberatoria debería haber comprendido el principal y ya, también, los intereses del artículo 20 LCSdesde el día del siniestro hasta el día en que consignó, pues estos eran perfectamente determinables y liquidables.
El Juzgado resuelve no haber lugar a despachar ejecución de la sentencia, por decir que “al haberse ya consignado el principal, solamente restaba practicar la liquidación de intereses”.
Según mi criterio, esta resolución infringe los artículos 549, 572 y 575 de la LEC y la doctrina jurisprudencial del TS y Audiencias sobre el ámbito de la acción ejecutoria
Se desarrollan los siguientes motivos:
Concepto, ámbito y alcance de la demanda ejecutoria. Pretensiones deducibles y de necesario acogimiento judicial en el Auto ejecutorio.
Cumplimiento de los presupuestos y requisitos legales y procedibilidad del despacho de ejecución
El pago posterior a la sentencia y previo a la demanda ejecutoria. Prestación íntegra.
1. Concepto, ámbito y alcance de la demanda ejecutoria. Pretensiones deducibles y de necesario acogimiento judicial en el Auto ejecutorio.
La definición de la pretensión deducible en una demanda ejecutoria dineraria de un título judicial y su correlativo necesario acogimiento en el Auto despachando la ejecución solicitada resulta de los artículos 549, 572 y 575 LEC:
1. Sólo se despachará ejecución a petición de parte, en forma de demanda, en la que se expresaran:
El título en que se funda el ejecutante.
La tutela ejecutiva que se pretende, en relación con el título ejecutivo que se aduce, precisando, en su caso, la cantidad que se reclame conforme a lo dispuesto en el artículo 575 de esta Ley.
1. La ejecución se despachará por la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta. La cantidad prevista para estos dos conceptos, que se fijará provisionalmente, no podrá superar el 30 % de la que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la posterior liquidación.
Así, será líquida toda cantidad de dinero determinada (los intereses del fallo de la sentencia lo eran, pues establecía la misma su tipo señalando el art.20 LCS, y el periodo de devengo); y el mismo artículo 572 continúa estableciendo la innecesaridad de liquidar en la demanda los intereses que puedan devengarse durante la ejecución (esto es, a partir del despacho de la misma), siendo pues necesario, a sensu contrario, que el ejecutante liquide en la demanda ejecutoria los intereses devengados hasta la interposición de la misma.
El artículo 575 objetiva, para la decisión judicial, el ámbito material del objeto de la ejecución: comprenderá la cantidad que haya reclamado en la demanda ejecutiva en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos.
Con todo ello, la LEC define que el proceso de ejecución dineraria ha de comprender tanto el principal como los intereses que estén determinados y sean liquidables, y que, todo en junto, ha de ser objeto de la demanda de ejecución, tanto como, todo en junto, ha de ser comprendido en el Auto ejecutorio, que determinará como objeto de la ejecución (como principal propio de la ejecución) la suma de ambas cantidades.
De acuerdo con tal ordenación de la LEC, no podemos sino concluir que el Auto denegatorio de la ejecución, infringe los referidos artículos pues deniega la ejecución por decir que ya obra consignada y ofrecida la “cantidad de condena”, remitiendo a un proceso liquidatorio la reclamación del resto pendiente, siendo que con ello viene a considerar que solamente es susceptible de demanda ejecutiva y de despacho de la misma el principal de la sentencia.
Debiera el juzgador, atendiendo al dictado de la LEC, haber despachado ejecución por la cantidad total solicitada, que comprendía el principal y los intereses determinados, liquidables por un mero cálculo y exigibles, sin perjuicio de, tal como se le solicitaba en demanda, librar mandamiento de pago por la cantidad consignada, y seguir la ejecución por el resto pendiente, sin tener que acudir a una instancia posterior liquidatoria.
2. Cumplimiento de los presupuestos y requisitos legales y procedibilidad del despacho de ejecución .
Considerando que lo anteriormente referido había de llevar a una solución de admisibilidad de la demanda ejecutoria y al despacho ejecutorio, sin embargo el juzgador deniega la ejecución justificándolo en que, al obrar ingresada “la cantidad de condena” y “haber sido puesta a disposición de la parte actora” no concurrirían “los presupuestos y requisitos legalmente exigidos para el despacho de la ejecución” (art. 552 LEC).
Si el tribunal entendiese que no concurren los presupuestos y requisitos legalmente exigidos para el despacho de la ejecución, dictará auto denegando el despacho de la ejecución.
Así, debe deducirse que el juez considera que el pago o la consignación previa a la demanda sería uno de los presupuestos o requisitos legalmente exigidos de admisibilidad (inadmisibilidad en este caso) de la demanda.
Cabe realizar una primera crítica a dicha consideración, pues entendemos que el pago (la inexistencia de pago) no debe considerarse un presupuesto o requisito de la acción ejecutoria, dado que los requisitos y presupuestos legalmente exigidos no se refieren al derecho de ejecución accionado, sino a la procedibilidad procesal de la demanda; son tales presupuestos, los procesales de no caducidad de la acción ejecutoria (518 LEC) y su fundamento en uno de los títulos reseñados en los artículos 517, y 519 a 521 LEC, según su modalidad; y son tales requisitos, procesales siempre, el cumplimiento de las prescripciones de la LEC sobre “Partes de la Ejecución”, “representación y defensa”, y demás del Capítulo I a III del Título III (de la Ejecución: Disposiciones Generales), así como los demás requisitos exigidos para cada una de las modalidades de ejecución (dineraria, de hacer, etc…. ).
Esta afirmación se sustenta igualmente en el artículo 557 LEC, que constituye “el pago” como un motivo de oposición, siendo con ello que en modo alguno puede considerarse como eventual causa de denegación del despacho de ejecución en el juicio apriorístico sobre la procedibilidad de la demanda ejecutoria.
En segundo lugar, y considerando otra vez el ámbito o alcance de la acción ejecutoria definido por la LEC, según hemos referido anteriormente, y haciendo abstracción dialécticamente de que el pago (o la falta de pago) haya de ser un requisito o presupuesto de procedibilidad de la demanda ejecutoria, cabe afirmar que no es cierto el presupuesto de hecho considerado por el juez para denegar la ejecución solicitada: no es cierto que el demandado hubiera consignado la cantidad de condena, pues, como resulta de los autos y hemos detallado antes, la consignación efectuada por el demandado fue de 39.000 € y “la cantidad de condena”, cierta, líquida y determinable que resultaba del fallo de la sentencia, al momento de la última consignación del deudor debiera haber sido de 50.000 €, en concepto de principal con más los intereses líquidos y exigibles devengados de dicho principal, desde el siniestro hasta el día en que se realizó la consignación.. Sólo en este caso la consignación hubiera tenido efecto liberatorio de la obligación que para él resultaba de la sentencia de la Audiencia.
De acuerdo con lo anterior, del mismo modo consideramos que el Auto recurrido no se ajusta a derecho, pues ni “la falta de pago o falta de cumplimiento de la prestación contenida en el título” ha de considerarse como presupuesto o requisito de procedibilidad de la demanda ejecutoria; tampoco dicho pago o prestación atendió al cumplimiento íntegro de las obligaciones derivadas del título ejecutivo.
Cabrá considerar, por último, en primer lugar, cuándo la prestación realizada por el deudor tendrá efectos liberatorios, en segundo lugar, si realizada íntegramente la prestación del título, podrá considerar el Juzgador que este hecho enervó la acción ejecutoria del acreedor, procediendo en tal caso la denegación del despacho ejecutorio.
3. El pago posterior a la sentencia y previo a la demanda ejecutiva. Prestación íntegra.
Dado que en la LEC no se establece modo alguno de realizar la prestación de pago contenida en un título judicial, habrá que estar a las normas del Código Civil que regulan dicha institución (artículo 1.157 y siguientes), en lo que nos afecta:
Artículo 1157.
Artículo 1176.
Artículo 1180.
De conformidad con dichas disposiciones, para que pueda entenderse total o íntegramente cumplida la obligación derivada de un título (sentencia en nuestro caso), deben concurrir los siguientes requisitos:
Ofrecimiento del pago al acreedor previamente a la consignación, que sólo procederá cuando el acreedor se negare a recibir la prestación.
Prestación o pago íntegro
En caso de consignación, aceptación por parte del acreedor.
Como venimos diciendo, la prestación íntegra obligatoria contenida en la sentencia, la “cantidad de condena”, cierta, líquida y determinable a cuyo pago venía obligado el demandado, era la de la suma del principal más los intereses determinados en el artículo 20 LCS devengados desde el siniestro hasta el momento del pago.
Siendo conocida tal resolución por el deudor, fuera de ofrecer el pago al acreedor, procedió a la consignación judicial; y fuera de consignar la integridad de la deuda, consignó solo una parte.
Ha de ser obvio pues, que al momento de interponerse la demanda de ejecución, el deudor no había cumplido íntegramente la prestación líquida y determinable según sentencia. No puede considerarse que abonando el principal el deudor demandado quedara liberado, pues los intereses objeto de la condena eran determinables, y por ello, el pago con pretensión liberatoria y en pretendido cumplimiento íntegro de la sentencia debiera haber comprendido los mismos. Con ello, la denegación del despacho de ejecución sólo se habría ajustado a derecho, en principio, si hubiera constado consignado el total de la obligación, y se hubiere ofrecido el pago al acreedor.
Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) Sentencia núm. 77/1999 de 30 enero Ponente: Alfonso Villagómez Rodil
En el motivo tercero se denuncia infracción del artículo 1176 del Código Civil, ya que dicho precepto contiene una modalidad particular del pago de deuda mediante la consignación de su importe total, es decir debe de tratarse de pago completo, para lo cual el deudor lleva a cabo una manifestación explícita de su voluntad decidida de querer pagar, con entrega efectiva, que no es suficiente, y con ello no se produce el pago, pues necesita de la recepción y cobro por el acreedor y sólo cuando sin razón o justificación dotada de racionalidad suficiente, éste se niega a admitirlo, es cuando se opera la liberalización del deudor, para lo cual el Juez debe ponderar si la consignación practicada se ajusta estrictamente a las disposiciones que regulan el pago, a fin de declararla bien hecha y cancelar la obligación, con lo que se alcanza condición de definitiva e irrevocable (artículos 1177 y 1180 del Código Civil).
En el caso que nos ocupa sucede, como quedó ya suficientemente explicado, que los esposos recurrentes no consignaron el total de la cantidad debitada, pues no se demostró lo contrario o que la actitud de la Caja fuera caprichosa o absurda, en la órbita de la sinrazón, con lo cual entra en juego el artículo 1157 del Código Civil que declara que no se entenderá pagada una deuda, sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consista, por lo que debe de tratarse de pago íntegro (Sentencias de 12-2-1993 [RJ 1993\765], que cita las de 25-9-1986 [RJ 1986\4789] y 30-6-1987 [RJ 1987\4829]). Resulta argumento peregrino que no se debían intereses cuando expresamente se pactaron para el préstamo hipotecario. El motivo no procede.
Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 1036/2006 de 18 octubre Ponente: Ignacio Sierra Gil de la Cuesta
Pero esa intención no puede pasar de ahí, en la medida en que en modo alguno cabe reconocer en la consignación de las rentas efectuada ante Notario otros efectos que los que le atribuye la sentencia recurrida. La consignación realizada –las sucesivas consignaciones– carecen de efectos liberatorios para el deudor de su obligación de pago de las rentas desde el momento en que no reúnen los requisitos de los artículos 1176, 1177 y 1178 del Código Civil ( LEG 1889, 27) , y que se resumen en la reciente Sentencia de esta Sala de fecha 14 de febrero de 2006 del siguiente modo: a) que preceda el ofrecimiento de pago, en el caso de que haya lugar a la consignación por negarse el acreedor a admitirlo –artículo 1176 del Código Civil–; b) que, en todo caso, sea la consignación previamente anunciada a las personas interesadas en el cumplimiento de la obligación –artículo 1177, apartado primero–; y c) que la consignación se ajuste, bajo pena de ineficacia, a las disposiciones que regulan el pago.
Audiencia Provincial de León (Sección 2ª) Auto de 6 febrero 2003 Recurso de Apelación núm. 520/2002 Ponente: Ilmo. Sr. D. Antonio Muñiz Díez
En los artículos 1.176 y ss del Código Civil ( LEG 1889, 27) se regula la consignación como uno de las causas de extinción de las obligaciones. Sin embargo la Ley condiciona su eficacia liberatoria a la declaración de voluntad del acreedor aceptando la consignación o a la existencia de una declaración judicial en la que se establezca que la consignación esta correctamente realizada (art. 1.180 del Código Civil), procediendo este pronunciamiento judicial cuando resulte acreditado el cumplimiento de los requisitos siguientes: a) formales, consistentes en el previo ofrecimiento de pago al acreedor, y b) materiales, que se traducen en la observancia de los requisitos exigidos para el pago.
Pues bien, ninguno de los anteriores requisitos pueden entenderse cumplidos con la consignación realizada por D. Leonardo, con fecha 20 de octubre de 2001, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cistierna, pues no consta que precediera a aquella el ofrecimiento de pago ni cumplía con el requisito de la integridad del pago, pues no se consigno el total de la cantidad debida, sino únicamente el principal que ascendía a 6.911,64 euros (1.150.000 pesetas), cuando es así que en la propio fallo de la sentencia recaída, con fecha 31 de julio de 2001, en el Juicio Ordinario n° 58/01 del Juzgado de Sahagún, se le condena también al pago de los intereses legales de dicha suma devengados desde el día 26 de abril de2001 y hasta su completo pago, con lo cual entra en juego el artículo 1157 del Código Civil que declara que no se entenderá pagada una deuda, sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consista, por lo que debe de tratarse de pago íntegro ( Sentencia de 30 de enero de 1999 [ RJ 1999, 10] que remite a la de 12-2-93 [ RJ 1993, 765] , que cita las de 25-9-1986 [ RJ 1986, 4789] y 30-6-1987 [RJ 1987, 4829]). «
Con todo ello, a partir de ser dictada una sentencia condenatoria, agotado ya el proceso declarativo previo, entendemos que el órgano judicial ha de quedar absolutamente desvinculado de la ejecución de la sentencia o de la efectiva realización de la prestación, y solamente su intervención como mediador en el del pago podrá ser instada, en virtud del principio dispositivo, por una de las partes. Dictado el título judicial comprensivo de cualesquiera obligaciones, en nuestro caso, el pago, y a falta de regulación expresa en la LEC, el deudor, como cualquier otro deudor con obligaciones derivadas de un título ejecutivo (sea cual sea) debe atender los preceptos del Código Civil, y ofrecer el pago al acreedor, que aceptado, cancelará las obligaciones de aquel, sin intervención del Juzgado.
En caso de que el deudor pretenda la solución del pago por medio del Juzgado, igualmente deberá acreditar haber cumplido el requisito previo del ofrecimiento, y en caso de no ser aceptado, instar la correspondiente demanda ejecutiva, que deberá considerar como presupuesto o requisito de admisibilidad la acreditación por parte del deudor de aquel ofrecimiento previo.
Entendemos que, sin perjuicio de que los títulos judiciales hayan emanado de un Juzgado, y sin perjuicio de la obligación judicial de hacer cumplir las sentencias, la regulación legal de la LEC y CC establecen los mecanismos necesarios para obtener el acreedor la prestación íntegra de su crédito sin necesidad de acudir a la instancia judicial; e igualmente, dispone el deudor del mecanismo regulado legalmente para cumplir su prestación, sin necesidad de convertir al Juzgado en una oficina depositaria de consignaciones. Solamente para el caso referido de rechazo del pago extrajudicial por parte del acreedor, podrá acudir el deudor a la instancia judicial para instar acción de ejecución de sentencia y proceder a la consignación íntegra de sus responsabilidades.
Por último, entendemos que aún en el caso de que al Juzgado le constara cumplida la prestación, y entendiera pagada “la cantidad de condena”, deberá atender y acoger en todo caso la demanda ejecutiva presentada por el acreedor, pues será indicadora en todo caso dicha demanda de la disconformidad del acreedor con la prestación o consignación efectuada por el demandado. En su caso, podrá oponer el deudor ejecutado la realización del pago, pero en ningún caso podrá el Juzgador tener por realizada íntegramente la prestación sino por la manifestación en ese sentido del acreedor.
J. Lopez Collado. mar-20
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