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Timestamp: 2018-07-20 21:09:27
Document Index: 179852932

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 1']

Publicado en BOJA núm. 43 de 04 de Marzo de 2016 y BOE núm. 65 de 16 de Marzo de 2016
Artículo 3 Naturaleza y régimen jurídico aplicable
Artículo 5 Requisitos de los beneficiarios y cuantificación de las ayudas
Artículo 6 Procedimiento de concesión de la ayuda
Artículo 7 Medidas para favorecer la empleabilidad y la recolocación en al mercado de trabajo
Artículo 11 Extinción y suspensión de las ayudas extraordinarias
Disposición adicional tercera Régimen de responsabilidades
Disposición transitoria única Efectos de las ayudas contempladas en la presente ley
LEY RELATIVA A LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AYUDAS A LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO NÚM. 160/2004, CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA HITEMASA
Hilados y Tejidos Malagueños, S.A. (Hitemasa) fue la textil malagueña que nació en 1997 tras hacerse con los activos de lntelhorce (Industrias Textiles del Guadalhorce), fundada en 1957. Los trabajadores de esta empresa invirtieron sus indemnizaciones para que Hitemasa fuera una realidad, constituyéndose la nueva sociedad con el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A. (Promálaga), y con la Junta de Andalucía, a través de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea). Hitemasa sobrevivió hasta 2004, pero de la intensa actividad que la empresa tuvo en el pasado y de las buenas expectativas que suscitó su refundación, se pasó a su declive y cierre, con los consiguientes efectos sobre las economías domésticas de los trabajadores que se habían hecho cargo de la misma hasta ese momento.
El primer expediente de regulación de empleo, que tiene lugar en 2001, se tramitó bajo el núm. 203/2001; finalizó con acuerdo entre empresa y trabajadores, aprobado por la autoridad laboral, por medio del cual los trabajadores afectados accedían a un plan de prejubilaciones que les proporcionaban determinadas prestaciones de rentas a través de la suscripción de un contrato de seguro colectivo de rentas que se financiaba, en principio, totalmente por la Junta de Andalucía, por un importe total de 16.666.537,50 euros.
El segundo expediente de regulación de empleo, que tiene lugar en el 2004, se tramitó con el núm. 160/2004. Igual que el expediente del 2001, finalizó con acuerdo entre empresa y trabajadores, siendo aprobado por la autoridad laboral, por medio del cual cada uno de los trabajadores afectados accedían también a un plan de prejubilaciones que les proporcionaban determinadas prestaciones de rentas a través de la suscripción de un contrato de seguro colectivo de rentas con la compañía aseguradora Fortia Vida. En esta ocasión, la mayor parte de la financiación de la prima de la póliza era con cargo de la empresa Hitemasa (ya participada en un 98% por sus propios trabajadores en activo).
Posteriormente, el contrato de seguro colectivo de rentas que afectaba a trabajadores incluidos en el expediente de regulación de empleo de 2004 fue objeto de cesión a la compañía aseguradora belga Apra Leven, N.V., que por distintas circunstancias se encuentra desde enero de 2011 en liquidación.
El Parlamento de Andalucía adoptó en la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por unanimidad, el 4 de octubre de 2012, tres proposiciones no de ley relativas a la finalización, una vez cumplidos, de los compromisos de la Junta de Andalucía en materia de ayudas sociolaborales; y, en particular, el Legislativo andaluz acordó lo siguiente: entre otras actuaciones, «instar al Consejo de Gobierno a adoptar cuantas medidas resulten necesarias para el cumplimiento de los compromisos firmados en relación al pago de las ayudas sociolaborales, entre otros, de las personas trabajadoras afectadas por la situación de liquidación de la compañía aseguradora Apra Leven».
Con fecha de 16 de octubre de 2012, se aprueba el Decreto Ley 4/2012, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores y extrabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, en el que se contempla, en el apartado 3 del artículo 3, aquellos colectivos de extrabajadores beneficiarios de ayudas sociolaborales instrumentadas a través de contratos de seguro colectivo de rentas, que vieron suspendido el cobro de las mismas como consecuencia del proceso de liquidación por concurso en que se encuentra la compañía aseguradora Apra Leven, N.V., y que presentaron solicitud para acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía de 13 de marzo de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a las personas trabajadoras beneficiarias de una ayuda sociolaboral en virtud de un expediente de reestructuración de empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, afectadas por la situación de liquidación de la referida compañía aseguradora. No está incluido el colectivo de extrabajadores de Hitemasa entre los 19 colectivos, ya que quedaron fuera del ámbito objetivo de aplicación del citado decreto ley; al no figurar entre los contemplados expresamente en el mismo y al no estar su póliza ya entre las afectadas por la liquidación de la compañía Apra Leven, ya que, a la fecha de su promulgación, tenían su póliza suscrita con la compañía Vida Caixa S.A., no presentaron solicitud de ayuda sociolaboral a la referida orden.
Estos antiguos trabajadores de Hitemasa no perciben desde febrero de 2015 rentas derivadas del contrato de seguro suscrito con la compañía aseguradora Vida Caixa, S.A. (póliza núm. 2003.385), que suscribieron con la aportación inicial del importe de prima percibida del Consorcio de Compensación de Seguros, ya que este cubrió las cantidades no transferidas por Fortia Vida a la entidad Apra Leven, N.V, y solo perciben actualmente, bien, la pensión por jubilación reducida al haber accedido anticipadamente a la misma, bien el subsidio de prestación por desempleo que tienen reconocido, teniendo en este caso que hacer frente a los pagos de las cuotas del convenio especial suscrito con la Tesorería General de la Seguridad Social.
1. El objeto de la presente ley es establecer un marco jurídico para el establecimiento de ayudas a los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo número 160/2004, de fecha 8 de octubre de 2004, correspondiente a la empresa Hitemasa que hayan figurado como beneficiarios de una póliza de seguro de rentas en proceso de financiación con la compañía aseguradora Apra Leven, N.V. y que, previo a la entrada en situación concursal de dicha compañía, rescataron del Consorcio de Compensación de Seguros el importe no transferido de Fortia Vida a Apra Leven, N.V. y que se destinaron a financiar el contrato de seguro colectivo de rentas suscrito por los trabajadores de este colectivo con la compañía aseguradora Caixa Vida, S.A., a fin de compensar la pérdida de rentas y del nivel de cotización que habían sufrido tales trabajadores como consecuencia de la referida pérdida de empleo.
1. Para acogerse a estas medidas, los trabajadores señalados en el artículo 1.1 deberán reunir los siguientes requisitos:
Ascenderá al 88% del salario neto al 31 de diciembre de 2003 (prorrateándose las pagas extras dentro de las doce mensualidades), con un mínimo garantizado de 1.000 € mensuales, con un incremento del 3,1% y actualizándose hasta la fecha de jubilación cada año en un 2% anual, no pudiendo superar la renta final el importe de la pensión máxima prevista en el Régimen General de la Seguridad Social. Dicha renta se percibirá por aquellos extrabajadores y extrabajadoras que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley desde el 1 de febrero de 2015 hasta que se cumpla la edad de 60 años.
Cálculo de renta a partir de los 60 años:
a) Supuesto 1. Trabajador mutualista.
La renta a percibir será fija y vitalicia, que será igual a la diferencia entre el salario de garantía y la pensión de jubilación anticipada del trabajador. Dicha renta se percibirá por aquellos extrabajadores y extrabajadoras que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley desde el 1 de febrero de 2015.
b) Supuesto 2. Trabajador no mutualista.
La renta a percibir se corresponderá con el 88% del salario neto al 31 de diciembre de 2003 (prorrateándose las pagas extras dentro de las doce mensualidades), con un mínimo garantizado de 1.000 € mensuales, con un incremento del 3,1% y actualizándose cada año en un 2% anual, no pudiendo superar la renta final el importe de la pensión máxima prevista en el Régimen General de la Seguridad Social. Y se abonará el convenio especial suscrito con la Tesorería General de la Seguridad Social y las actualizaciones que legalmente procedan hasta los 61 años o hasta la edad en la que se cumplan los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.
A partir de la fecha de jubilación, si ha lugar, podrán percibir un complemento mensual vitalicio fijo, que se corresponderá con la diferencia entre 88% del salario neto actualizado y la pensión de jubilación que le corresponda a cada trabajador. No procederá complemento vitalicio en el supuesto de que la pensión de jubilación supere el 88% del salario neto actualizado, si ha lugar.
a) Hasta cumplir la edad de 55 años: Renta temporal y constante equivalente a la diferencia entre el salario de garantía descrito anteriormente y el 55% de la base reguladora de la prestación de incapacidad inicial reconocida, con un mínimo garantizado de 1.000 € mensuales.
b) A partir de los 55 años: Renta vitalicia y constante equivalente a la diferencia entre el salario de garantía y el 75% de la base reguladora de la prestación de incapacidad inicialmente reconocida, con un mínimo garantizado de 1.000 € mensuales.
El importe de las ayudas se actualizarán cada año en un 2% anual, no pudiendo superar la renta final el importe de la pensión máxima prevista en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio del incremento que sobre dicha cuantía de ayuda suponga la financiación del convenio especial con la Seguridad Social, en los supuestos en que legalmente procedan.
- Por los extrabajadores: multa que ascenderá a una anualidad del importe de la ayuda previa a la jubilación ordinaria.
- Por los extrabajadores: las infracciones leves se sancionarán con la pérdida de una mensualidad del importe de la ayuda previa a la jubilación ordinaria.