Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-060-16.htm
Timestamp: 2017-10-18 09:19:31
Document Index: 210767053

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ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Facultad de fallar extra y ultra petita
El juez de tutela está investido de la facultad oficiosa de proferir fallos extra y ultra petita, cuando de los hechos de la demanda se evidencia la vulneración de un derecho fundamental, incluso cuando no ha sido solicitado por el tutelante.
JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD-Cambio de parámetro de control
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION-Reanudación de términos para el ejercicio por UGPP, al evidenciar aumento desproporcionado en la mesada pensional, según sentencia C-258 de 2013
PENSIONES ADQUIRIDAS CON ABUSO DEL DERECHO O SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY-Indebida interpretación del régimen de transición para reliquidación de pensión
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal -UGPP.
1. Salvador Ramírez López en calidad de apoderado judicial[1] y subdirector jurídico pensional de la UGPP, solicita el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso (CP, 29) mediante la configuración de un defecto material o sustantivo y el desconocimiento del precedente y, al acceso efectivo a la administración de justicia (CP, 229), presuntamente vulnerados a la entidad pública por parte de un fallo judicial. La conducta de la violación se centra en el reconocimiento de una reliquidación sin topes pensionales de la mesada pensional del ciudadano Humberto Cárdenas Gómez, como beneficiario del régimen de transición previsto para los funcionarios de la Rama Judicial en el Decreto 546 de 1971, reconocida mediante fallo del 09 de septiembre de 2004, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, Sección Segunda – Subsección Tercera, y que a su juicio, trasgrede el principio de sostenibilidad financiera del Sistema Pensional.
2. Se solicita al juez constitucional dejar sin efectos el fallo atacado y el reintegro de las mayores sumas consignadas al pensionado, producto del abuso del derecho, al duplicarse la mesada pensional mediante una vinculación precaria -un mes- como Consejero de Estado[2].
3. Cajanal EICE (hoy liquidada) le reconoció al señor Humberto Cárdenas Gómez mediante Resolución No. 003895 del 9 de septiembre de 1998, una pensión del régimen de transición para los funcionarios de la Rama Judicial, por la suma de $1.493.012,25 efectiva desde el 1° de mayo de 1995[3], al cumplir con los requisitos previstos en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, una vez acreditara el retiro efectivo del servicio.
5. Dicho proceso fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, Sección Segunda – Subsección Tercera[4] mediante fallo del 09 de septiembre de 2004, en el cual: (i) declaró la nulidad de la resolución de reconocimiento; (ii) ordenó a Cajanal reliquidar la pensión de jubilación del demandante sin topes pensionales; (iii) efectuar los ajustes anuales; (iv) descontar de la suma que resulte, los aportes a que por ley haya lugar; y mediante sentencia de adición del 21 de octubre de 2004 (v) la indexación de los mayores valores acorde con el IPC. En cumplimento de este fallo, Cajanal EICE mediante Resolución 6588 del 02 de agosto de 2006 tasó la reliquidación de la mesada pensional en la suma de $9.195.490,31.
6. Mediante Decreto 2196 de 2009 se ordenó la liquidación y supresión de Cajanal EICE. Y, luego de varias prórrogas en el proceso de liquidación, las obligaciones pensionales de Cajanal fueron adquiridas por la UGPP el 11 de junio de 2013.[5] Posteriormente, el 09 de marzo de 2015[6] mediante apoderado judicial la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal interpone acción de tutela en busca de la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y denegación al acceso a la justicia, conculcados presuntamente por un fallo judicial.
(i) Defecto material o sustantivo al desconocer normas de rango constitucional, pues aplicó una interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y el Decreto 717 de 1978 ajena a su finalidad, ya que no tuvo en cuenta que el pensionado en los últimos meses de servicio tuvo un incremento desproporcionado de sus ingresos y por ello duplicó el monto de su mesada pensional, trastocando el ámbito de la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional. Sobre el particular trae a colación la sentencia de unificación SU-962 de 1999 (M.P. Fabio Morón Díaz) en la que se señaló: “que las decisiones que incurren en una vía de hecho por interpretación carece(n) de fundamento objetivo y razonable, por basarse en una interpretación ostensible y abiertamente contraria a la norma jurídica aplicable.”
(ii) Desconocimiento del precedente sentado en la sentencia C-258 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) por medio de la cual, la Corte Constitucional indicó que las pensiones reliquidadas por vinculaciones precarias en nombramientos en provisionalidad, constituyen un abuso del derecho. Es así como el pensionado pasó de devengar $7.666.877,06 a $15.483.395,15.[7]
8. Mediante Auto del 22 de abril de 2015, el juez de primera instancia notificó[8] a la Subsección Tercera, Sección Segunda, Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el auto admisorio de la presente tutela y concedió un término perentorio para ejercer el derecho a la defensa. Adicionalmente, procedió a vincular mediante oficio BLV-14164 del 28 de abril de 2015[9], al pensionado Humberto Cárdenas Gómez, en calidad de directo afectado con la decisión judicial que eventualmente se adopte. No obstante, el período para ejercer el derecho de contradicción, venció en silencio, sin que la el vinculado allegara escrito de contestación o se opusiera a los hechos. La Subsección Tercera, Sección Segunda, Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó que se declare improcedente la acción ante el incumplimiento del requisito de inmediatez.[10]
Primera instancia: Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 28 de mayo de 2015[11]
10. Mediante escrito del 12 de junio de 2015 el apoderado judicial de la UGPP impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que los aspectos negativos de la entidad sustituida no pueden ser imputados a su representada, y en ese sentido los años de inactividad no pueden transferírsele automáticamente. Máxime si se considera que Cajanal estuvo en un estado de cosas inconstitucionales[12] y, al tratarse de una prestación periódica como lo es una mesada pensional, el daño ocasionado a la actual administradora de pensiones no ha cesado.
Segunda instancia: Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, del 03 de agosto de 2015[13].
14. Tras aceptar el impedimento del Dr. Vargas Silva por ser beneficiario del régimen de transición y específicamente del Decreto 546 de 1971, el expediente rotó a la Magistrada en turno María Victoria Calle, quien también manifestó su imposibilidad de conocer el asunto por una causal similar, el 03 de diciembre de 2015. Razón por la cual, mediante oficio del 18 de diciembre de 2015[14] el proceso fue remitido a la Sala Segunda de Revisión, Despacho del Magistrado Alejandro Linares Cantillo, quien en esa misma fecha asumió el trámite de revisión.
15. En tanto que a partir del 1° de enero de 2016, se rotaron los números y la composición de las Salas de Revisión, el asunto sub lite le corresponde a la Sala Tercera de Revisión, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside.
21. Frente a esta exigencia, es necesario establecer dos distinciones respecto de los mecanismos judiciales. Por un lado, el fallo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo acusado fue proferido en primera instancia, por lo que en su momento, Cajanal EICE tenía la posibilidad de apelar dicha decisión, sin que se ejercitara adecuadamente dicho recurso, quedando la sentencia en firme. Y en tanto que la ahora demandante UGPP[15] asumió las funciones de la extinta Caja muchos años después, no es factible imputarle dicha negligencia, pues sus obligaciones de defensa fueron adquiridas desde el 11 de junio del 2013, tal y como se reconoció en la sentencia T-835 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
23. La Corte Constitucional al estudiar el régimen de pensiones especiales previsto en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 para los Congresistas y por extensión a Magistrados de Altas Cortes y otros funcionarios públicos, por medio de la sentencia C-258 de 2013, indicó que cuando la administradora de pensiones evidenciara irregularidades o abuso del derecho en el reconocimiento de la pensión del régimen de transición, podría optar por: (i) la revocatoria directa -Art. 19 de la Ley 797/03- o (ii) la revisión del reconocimiento -art.20 de la Ley 797/03-. No obstante, limitó dichos efectos[16] a los pensionados de ése régimen pensional, en los siguientes términos:
En este caso, los demandantes solicitan a la Corte declarar que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 es contrario al derecho a la igualdad y al Acto Legislativo 01 de 2005. La disposición acusada, prevista inicialmente para los Congresistas, es aplicable igualmente a otros servidores públicos en virtud de distintas normas; entre ellos se encuentran los Magistrados de Altas Cortes -artículo 28 del Decreto 104 de 1994- y ciertos funcionarios de la Rama Judicial, el Ministerio Público y órganos de control, como el Procurador General de la Nación –artículo 25 del Decreto 65 de 1998-, el Fiscal General de la Nación, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, y los Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado –artículo 25 del Decreto 682 del 10 de abril de 2002-.
En este orden de ideas, el análisis de constitucionalidad que se llevará a cabo en esta providencia se circunscribe al régimen pensional especial previsto en el precepto censurado, el cual es aplicable a los Congresistas y los demás servidores ya señalados. Por tanto, en este fallo no se abordará la constitucionalidad de otros regímenes pensionales especiales o exceptuados, creados y regulados en otras normas, como por ejemplo, los regímenes del Magisterio, de la Rama Ejecutiva, de la Rama Judicial y Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, del Departamento Administrativo de Seguridad, de las profesiones de alto riesgo, de los aviadores civiles, de los trabajadores oficiales, del Banco de la República, de los servidores de las universidades públicas, de Ecopetrol, del Instituto Nacional Penitenciario, o los dispuestos por convenciones colectivas, entre otros[17]. En consecuencia, lo que esta Corporación señale en esta decisión no podrá ser trasladado en forma automática a otros regímenes especiales o exceptuados.” (Subrayas fuera de texto)
24. Conforme a lo anterior, las consecuencias de reanudación de términos para interponer el recurso extraordinario de revisión, no fueron previstas para el régimen de la rama judicial, es decir, el contemplado en el Decreto 546 de 1971, al cual pertenece el ciudadano Humberto Cárdenas Gómez vinculado a la presente acción de tutela. Asunto además reiterado en el resolutivo de dicha sentencia, al precisar lo siguiente:
25. Ahora bien, conforme al artículo 251 de la Ley 1437 del 2011[18] el término oportuno para incoar dicho recurso para efectos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia. Oportunidad que a todas luces caducó para Cajanal EICE y que en todo caso no es imputable a la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, en tanto que para dicho momento era otra la entidad encargada de ejercer dicha defensa.
26. Así las cosas, se constata que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Pensiones y Parafiscales como administradora de la pensión del régimen de transición del ciudadano Humberto Cárdenas Gómez, no cuenta con un mecanismo ordinario o extraordinario a su disposición para solicitar la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente conculcados por un fallo judicial. En ese sentido, se entiende superado el cumplimiento de este requisito de procedibilidad.
28. No obstante lo anterior, aquello no implica que el juez constitucional pueda conceder la protección de los derechos fundamentales señalados como vulnerados cuando aquella se solicitó de manera manifiestamente tardía. El principio de inmediatez busca que la acción de tutela se ejerza dentro de un término razonable desde la presunta vulneración del derecho fundamental. En ese sentido, este Tribunal, a través de sus distintas Salas de Revisión ha acogido el criterio de determinar el término razonable con base en las características especiales de cada caso en concreto, por lo cual, en algunas ocasiones un plazo de seis (6) meses podría resultar suficiente para declarar la tutela improcedente y en otros eventos, un término de dos (2) años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela[19]. Dicha ponderación para el ejercicio oportuno de la acción depende de la casuística del proceso, como lo consideró la Sala Quinta de Revisión en la Sentencia T-328 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), así:
31. Teniendo en cuenta que la causa de la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia se origina en una sentencia judicial, la Sala Tercera de Revisión considera que, para el caso en concreto, el término oportuno y razonable para iniciar la demanda se determina con fundamento en los siguientes criterios decantados por la jurisprudencia -Supra numerales 29 y 30- :
33. Adicionalmente, debe resaltarse que en términos de caducidad, el Consejo de Estado ha considerado que tratándose de actos que reconocen o niegan prestaciones periódicas tales como el derecho pensional o su reliquidación, no son objeto de la excepción de caducidad cuando el juez debe pronunciarse sobre el orden justo. Por lo tanto, la posibilidad de controvertir decisiones que reconocen, niegan o modifican prestaciones periódicas, es aceptada en la sentencia del 02 de octubre de 2008[20], en la que el máximo órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo indicó lo siguiente:
“(…) y se incurre en el pecado que señala el aforismo latino de “súmmum jus summa injuria” -derecho estricto injusticia suprema- que se suele utilizar para indicar que al juez no puede considerársele como un autómata o esclavo de la norma escrita, por ley; debe entenderse el ordenamiento jurídico como un todo. Incluso, en los casos como el aquí examinado, la doctrina constitucional permite dejar de lado el texto de la ley para no proferir decisiones que contraríen el orden justo, valor este constitutivo de nuestro ordenamiento constitucional (…)”. En suma, la relectura y alcance que en esta oportunidad fija la Sala al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto dispone que los actos que reconocen prestaciones periódicas pueden demandarse en cualquier tiempo, no apunta sólo a aquéllos que literalmente tienen ese carácter, sino que igualmente comprende a los que las niegan. Ello por cuanto de un lado, la norma no los excluye sino que el entendimiento en ese sentido ha sido el resultado de una interpretación restringida, y de otro, tratándose de actos que niegan el reconocimiento de prestaciones periódicas, tales como pensiones o reliquidación de las mismas, para sus titulares que son personas de la tercera edad, ello se traduce en reclamaciones y controversias que envuelven derechos fundamentales.
No puede perderse de vista que la Carta Política garantiza la primacía de los derechos inalienables y éstos prevalecen sobre aspectos procesales. El derecho a la pensión y su reliquidación es un bien imprescriptible e irrenunciable para sus titulares. En el sub examine, al tiempo que como quedó expresado en párrafos anteriores, la demanda contra los actos impugnados fue presentada por fuera del término de caducidad -cuestión que extrañamente ignoró el Magistrado que admitió la demanda y la Sala que la decidió-, sin embargo bajo la motivación expuesta precedentemente, su extemporaneidad se torna en una inconsistencia inane, pues en cualquier caso, si no hay caducidad para los actos que reconocen prestaciones periódicas tampoco la habrá para aquellos que las niegan, fundamento que facilita el examen de fondo del asunto propuesto en esta instancia.” (Todas las subrayas fuera de texto)
46. Pese a que no se configuró una causal específica de procedencia de tutela contra providencia judicial, en la sentencia de unificación SU-195 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) la Sala Plena reiteró la facultad que ostentan los jueces de tutela para resolver un asunto distinto al solicitado[21]; en esa oportunidad este Tribunal indicó lo siguiente:
54. Finalmente, en reconocimiento al derecho viviente[23], en la sentencia C-258 de 2013 se demostró que con anterioridad e incluso después del Acto Legislativo 01 de 2005, algunos jueces de la República en aplicación de una interpretación contraria al espíritu de las normas de la transición pensional, reconocieron pensiones más allá de lo legalmente permitido. Por ello, algunas Salas de Revisión en corrección a dicha práctica interpretativa han venido extendiendo el precedente constitucional a regímenes pensionales distintos al de los Congresistas y Magistrados de las Altas Cortes y algunos servidores públicos.
4.3.2.1. Inciso segundo- establece (i) los requisitos para acceder al régimen de transición -40 años hombre / 35 mujer ó 15 años de tiempo de servicio-; (ii) los beneficios antes mencionados -edad, monto, y semanas o tiempo de servicio- y (iii) dispone que las demás condiciones y beneficios serán los de la Ley General de Pensiones.
56. El anterior pronunciamiento fue objeto de solicitud de nulidad, la cual se negó por parte de la Sala Plena en el Auto 078 de 2014 al considerar que “La solicitud de nulidad debe ser negada cuando se constata que la Sala de Revisión de Tutelas competente no cambió la jurisprudencia en vigor, sino que, por el contrario, adoptó su decisión en acatamiento de un precedente interpretativo fijado dentro de la ratio decidendi de una sentencia de constitucionalidad que es relevante y aplicable para la solución del caso concreto.”
“La Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 fijó el precedente en cuanto a la interpretación otorgada sobre el monto y el ingreso base de liquidación en el marco del régimen de transición, y por ende, a todos los beneficiarios de regímenes especiales. La sentencia fijó unos parámetros determinados para el régimen especial dispuesto en la Ley 4 de 1992, pero además, estableció una interpretación sobre la aplicación del IBL a los regímenes especiales sujetos a la transición del artículo 36 la Ley 100.
En esa medida, Sala Plena encontró que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, en su sentido natural y en concordancia con su configuración viviente, resultaba contrario al ordenamiento constitucional por cuanto (i) desconocía el derecho a la igualdad, en armonía con los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia que rigen un sistema pensional equitativo, (ii) generaba una desproporción manifiesta entre algunas pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 cuando, además, (iii) existía falta absoluta de correspondencia entre el valor de la pensión y las cotizaciones, lo cual conduce a que dicha desproporción excesiva sea (iv) financiada con recursos públicos mediante un subsidio muy elevado. Esto, además, (v) es incompatible con el principio de Estado Social de Derecho, puesto que si bien los subsidios en regímenes especiales no son per se contrarios a dicho principio fundamental, sí lo son los subsidios carentes de relación con el nivel de ingresos y la dedicación al servicio público del beneficiario del elevado subsidio.”
58. De todo lo expuesto, se puede concluir que como consecuencia de la interpretación que hizo esta Corporación en sede de control abstracto respecto del régimen de transición en el marco del régimen especial de la Ley 4 de 1992, dados sus efectos erga omnes, algunas Salas de Revisión e incluso en unificación han adoptado los criterios esgrimidos en la sentencia C-258 de 2013. Razón por la cual, la mención atinente a que lo que esta Corporación señale en esta decisión no podrá ser trasladado en forma automática a otros regímenes especiales o exceptuados -Supra numeral 23- hace referencia a una restricción para las administradoras de pensiones para hacer uso de lo indicado en esa oportunidad, dejando abierta la posibilidad a las Salas de Revisión de acoger esos criterios en otros casos en concreto, tal y como ocurrió en las sentencias mencionadas -Supra numerales 55 y 57-.
59. En el numeral 26 se constató que la UGPP no tuvo la oportunidad de ejercer los mecanismos legales para revisar la pensión concedida con un aparente abuso del derecho. Por lo que se hará una síntesis de los fundamentos de la C-258 de 2013 para ordenar el reinicio de términos en cuanto a la procedencia del recurso consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En primer lugar, se consideró que “En términos generales, comete abuso del derecho: (i) aquél que ha adquirido el derecho en forma legítima, pero que lo utiliza para fines no queridos por el ordenamiento jurídico; (ii) quien se aprovecha de la interpretación de las normas o reglas, para fines o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico; (iii) el titular de un derecho que hace un uso inapropiado e irrazonable de él a la luz de su contenido esencial y de sus fines; y (iv) aquél que invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada que desvirtúa el objetivo jurídico que persigue.”[24]
63. Acorde con la situación fáctica descrita por la accionante UGPP y que en todo caso no fue controvertida por el pensionado, siendo efectivamente vinculado desde el inicio de la acción de tutela, se evidencia con claridad que el primer monto de su pensión fue fijado en la suma de $1.493.012,25 -Supra numeral 3-; fue reliquidada por orden judicial en $9.195.490,31 -Supra numeral 3- y, posteriormente incrementada en $15.483.395,15[25] al haber fungido por un lapso muy corto como magistrado del Consejo de Estado -Supra numeral 7-. De lo que se colige que la reliquidación ordenada por un fallo judicial es sustancialmente superior al monto inicialmente reconocido, cumpliendo prima facie con los criterios esgrimidos en el numeral 61 atinentes a que: (i) la connotación de abuso del derecho no va dirigida al uso de conductas delictivas, sino a la interpretación que se hizo del régimen de transición; (ii) el desequilibrio entre el producto de la pensión –mesada- con lo efectivamente aportado –historial de cotización- debe ser evidente, de tal modo, que rompa con el promedio de lo cotizado durante toda la vida laboral; (iii) y, que el salto abrupto sea producto de vinculaciones precarias durante el último año para adquirir la pensión o la reliquidación. Los cuales, en todo caso deberán ser constatados por el juez de la jurisdicción competente y en el seno de un proceso judicial que garantice el debido proceso de ambas partes.
66. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal – UGPP mediante apoderado judicial interpuso una demanda de tutela el 09 de marzo de 2015 contra una providencia judicial del 09 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, Sección Segunda – Subsección Tercera, por la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso (CP, 29) mediante la configuración de un defecto material o sustantivo y el desconocimiento del precedente y, al acceso efectivo a la administración de justicia (CP, 229), en tanto que en dicho proveído se reconoció una reliquidación de la mesada pensional del ciudadano Humberto Cárdenas Gómez del régimen de transición del Decreto 546 de 1971 sin topes pensionales, con base en todo los elementos percibidos y con fundamento en vinculaciones precarias –Supra numeral 2- y que a su juicio, trasgrede el principio de Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional.
68. No obstante, la Sala de Revisión en ejercicio de sus facultades extra y últra petita, al evidenciar que en el caso en concreto podría mediar un posible abuso del derecho por parte de una interpretación judicial contraria a los principios del artículo 48, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, procedió a analizar si era posible aplicar el precedente sentado en la C-258 de 2013 respecto de la reanudación de términos en los casos en los que la administradora de pensiones identifique aumentos desproporcionados de la mesada producto de vinculaciones precarias.
69. Así las cosas, se identificó de los hechos presentados por la accionante UGPP y que no fueron controvertidos por el pensionado en el respectivo momento procesal, que el primer monto de la mesada se fijó inicialmente en la suma de $1.493.012,25 -Supra numeral 3-; por orden judicial se reliquidó en $9.195.490,31 -Supra numeral 3- y, posteriormente se incrementó en $15.483.395,15 al haber fungido por el lapso muy corto[26] como magistrado del Consejo de Estado -Supra numeral 7. La Sala estima que para este caso, lo pertinente es que el juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo verifique en el seno de un proceso judicial con respeto al debido proceso, si se cumplen las condiciones de abuso del derecho por vinculaciones precarias enunciadas en la C-258 de 2013.
PRIMERO. REVOCAR por las razones expuestas en esta sentencia, la providencia del 03 de agosto de 2015 dictada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, que a su vez confirmó con base en otras consideraciones, el fallo del 28 de mayo de 2015 proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, que declaró improcedente el amparo solicitado.
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO A LA SENTENCIA T-060/16
Referencia: expediente T-5.143.141
Acción de tutela instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal -UGPP-contra Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, Sección Segunda -Subsección Tercera y otro-.
No obstante que estimo acertadas las decisiones adoptadas en el presente asunto, quiero aclarar que la sentencia C-258 de 2013 se pronunció acerca de los siguientes aspectos: 1) no puede extenderse el régimen pensional previsto en la Ley 4 de 1992, a quienes con anterioridad al 1o de abril de 1994, no se encontraban afiliados al mismo, 2) en lo que tiene que ver con el ingreso base de liquidación deben aplicarse los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, 3) solo pueden tomarse como factores de liquidación de la pensión aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubiesen realizado las cotizaciones y, 4) en lo referente al tope de la pensión, las mesadas no pueden superar los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. De otra parte, en relación con las personas que adquirieron las pensiones de manera ilegal, con fraude a la ley o abuso del derecho, se reguló la revisión de estas prestaciones, y los mecanismos legales para ello.
En el fallo materia de la presente aclaración, se llega a la conclusión de que en los argumentos esgrimidos por la entidad accionante no se precisa cuál de los supuestos contenidos en la sentencia C-258-2013, fue desconocido o transgredido al reconocerse la pensión de jubilación del demandante o al efectuarse los reajustes de que esta fue objeto. En ese sentido se advierte que, no resulta claro si la UGPP busca la aplicación del tope pensional, la reliquidación de la mesada en consideración a los factores salariales, o en relación con el IBL.
Frente al punto, debo realizar la siguiente observación: en mi sentir, de las sentencias judiciales que reconocen la reliquidación de la mesada pensional en cuestión, se evidencia que la persona concernida como funcionario judicial, se desempeñó como Magistrado de Tribunal desde el 9 de julio de 1984 hasta el 30 de abril de 1999[27] (14 años 9 meses y 29 días). De conformidad con las normas que regulan la remuneración de un Magistrado de Tribunal y un Magistrado de alta Corporación, (artículo 1o del Decreto 610 de 1998, el Decreto 664 de 1999 y el Decreto 1102 de 2012)[28], se desprende que el salario de un Magistrado de Tribunal, equivaldría al 80% de lo que devenga un Magistrado de alta Corporación, por consiguiente, al tenerse en cuenta dicha realidad, y los múltiples pronunciamientos judiciales que así lo han reconocido, estimo que dicho análisis podría incidir en las consideraciones que deban efectuarse en relación con la posible configuración del supuesto "abuso del derecho", esto puesto que al momento de efectuar la liquidación de la pensión, es posible que no existan diferencias protuberantes en el monto alcanzado por la mesada pensional.
Ahora bien, por otro lado, ante la posibilidad de que la nueva entidad pueda promover los mecanismos judiciales idóneos a efectos de lograr la aplicación de los nuevos parámetros de control establecidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, y la sentencia C-258-2013, una vez proferidas las nuevas decisiones judiciales, nada impide que se pueda promover una nueva acción de amparo con la finalidad de dar aplicación al principio de sostenibilidad financiera y, además, velar por la protección del patrimonio público, en caso de que las mismas incurran en los defectos que según la jurisprudencia de esta Corte así lo permiten.
A LA SENTENCIA T-060/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto UGPP cuenta con el recurso previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003 para solicitar revisión de sentencia que haya reconocido pensión con abuso del derecho (Salvamento de voto)
Respecto del término para incoar el mecanismo de revisión de las decisiones judiciales que hayan reconocido pensiones con abuso del derecho existió un vacío legal que sólo se superó con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, que además constituye el único desarrollo sobre la materia en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y que estableció de forma expresa que: “el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”. Como quiera que sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, considero que esa es la disposición que debe regir la caducidad para el caso que ocupó la atención de la Sala.
PENSIONES ADQUIRIDAS CON ABUSO DEL DERECHO O SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY-UGPP estaba en término para formular solicitud de revisión de sentencia (Salvamento de voto)
Acción de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal UGPP contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, Sección Segunda Subsección Tercera
1. Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a continuación presento las razones que me llevaron a salvar el voto tal y como lo manifesté en la sesión de la Sala Tercera de Revisión adelantada el 15 de febrero de 2016, en la que, por votación mayoritaria, se profirió la sentencia T-060 de 2016.
2. La sentencia de la que me aparto revocó los fallos de instancia[29] que consideraron improcedente la acción de tutela formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal -en adelante UGPP- en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, Sección Segunda Subsección Tercera. En su lugar, concedió el amparo del derecho al acceso efectivo a la administración de justicia de la actora y restableció el término para incoar la revisión que está prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La UGPP solicitó, como medida de protección de sus derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, que se dejara sin efectos la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2004 por la autoridad judicial accionada, mediante la cual declaró la nulidad de la resolución[30] a través de la que CAJANAL EICE reconoció la pensión de vejez a Humberto Cárdenas Gómez, y ordenó la reliquidación de la prestación sin límites en la cuantía.
Para la accionante, la providencia judicial incurrió en dos causales específicas de procedibilidad de la tutela: desconocimiento del precedente sentado en la sentencia C-258 de 2013[31] y defecto sustantivo porque aplicó una interpretación de las normas regentes que contrarió el principio de sostenibilidad financiera, pues el pensionado en los últimos meses de servicio incrementó de forma desproporcionada sus ingresos y duplicó el monto de la mesada.
Como quiera que la acción de tutela se dirigió contra una providencia judicial, la sentencia de revisión emprendió el análisis de los requisitos generales de procedencia. En ese estudio estableció que: (i) el caso revestía importancia constitucional, en la medida en que se discutía la afectación de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia; (ii) se cumplía el presupuesto de inmediatez, debido al momento en el que la UGPP asumió la defensa judicial de los recursos del sistema pensional -11 de junio de 2013- y al carácter permanente de la afectación derivada del pago de una obligación de tracto sucesivo; (iii) se identificaron los hechos que generaron la vulneración; (iv) no se controvirtió una sentencia de tutela; y (v) se cumplió el requisito de subsidiariedad.
En el análisis de subsidiariedad se indicó que si bien no se formuló el recurso de apelación en contra de la decisión atacada, esa omisión no era imputable a la accionante porque adquirió sus obligaciones de defensa de los recursos del sistema pensional con posterioridad a la providencia judicial censurada. También se destacó que la actora no cuenta con el procedimiento de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, ya que venció el término para su formulación previsto en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, y no era viable aplicar, en el caso estudiado, la reanudación de términos ordenada en la sentencia C-258 de 2013, por cuanto ésta sólo se ocupó del régimen especial de pensiones previsto en el artículo17 de la Ley 4ª de 1992, el cual no corresponde al que se aplicó en la decisión cuestionada.
Advertida la concurrencia de los requisitos generales de procedencia de la tutela, se determinó que la sentencia controvertida no adolecía de los defectos que se le endilgaron. Esa conclusión se erigió en el momento en el que se profirió -9 de septiembre de 2004-, la introducción del principio de sostenibilidad financiera en el sistema pensional a través del Acto Legislativo 1 de 2005 y la fecha en la que se emitió la sentencia C-258 de 2013 -7 de mayo de 2013-.
No obstante lo anterior, la Sala en ejercicio de sus facultades extra y ultra petita planteó como problema jurídico establecer si era posible aplicar el precedente fijado en la sentencia C-258 de 2013, específicamente la medida de reanudación de los términos para controvertir la pensión aparentemente reconocida con abuso de derecho en la sentencia de 9 de septiembre de 2004, en los términos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Con el fin de responder dicho problema, hizo una síntesis de las razones expuestas en la sentencia C-258 de 2013 para ordenar la reanudación de términos. Particularmente sobre el abuso del derecho refirió: (i) las hipótesis generales en las que se presenta; (ii) los casos en los que podría configurarse en materia pensional y (iii) las consecuencias que provoca, dentro de las que destacó el desequilibrio entre la pensión y lo efectivamente cotizado. Luego resaltó que, de acuerdo con la sentencia de constitucionalidad mencionada, dichos criterios deben ser constatados por el juez ordinario en el marco de un proceso judicial que garantice el debido proceso.
Finalmente, en la sentencia T-060 de 2016 se consideró que la situación demostrada en el trámite de la acción se ajustó, en principio, a los criterios sobre abuso del derecho desarrollados en la sentencia C-258 de 2013, razón por la que dispuso la reanudación del término de caducidad de la solicitud de revisión para que, por esa vía, se constate una posible irregularidad en el reconocimiento de la pensión de Humberto Cárdenas Gómez.
3. Contrario a la posición mayoritaria de la Sala, considero que la acción formulada por la UGPP no superaba el análisis de procedencia por la inobservancia del carácter subsidiario de la tutela previsto en el artículo 86 de la Carta Política, pues el momento en el que la UGPP asumió las funciones de defensa judicial de CAJANAL y el tránsito legislativo sobre el recurso de revisión, llevan a concluir que la accionante cuenta con el recurso previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 para solicitar la revisión de la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2004.
En efecto, tal y como lo señaló la sentencia de la que me aparto, el mecanismo al alcance de la actora para satisfacer su pretensión y restablecer los derechos que adujo conculcados como consecuencia de un reconocimiento pensional indebido a su cargo es el procedimiento de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Sin embargo, contrario a la posición mayoritaria de la Sala, considero que en el caso examinado no operó la caducidad, tal como lo explicaré a continuación.
Para evidenciar la plausibilidad de la revisión de la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2004 deben considerarse las siguientes circunstancias:
(i) El mecanismo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, se estableció para la revisión de decisiones judiciales que reconocieron prestaciones periódicas a cargo del erario público únicamente por la trasgresión del debido proceso o por haber excedido lo debido de acuerdo con las disposiciones regentes.
(ii) El Acto Legislativo 1 de 2005 estableció la posibilidad de revisión de pensiones reconocidas con abuso del derecho.
(iii) No se ha efectuado un desarrollo legal del instrumento de revisión previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005.
(iv) Ante la omisión legislativa, se ha acudido al mecanismo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 para la revisión de pensiones obtenidas con abuso del derecho.
(v) El término de 5 años del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 comporta el único desarrollo respecto a la caducidad de la revisión por abuso del derecho en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005.
(vi) La situación especialísima que se configura frente a la UGPP, por el momento en el que asumió las funciones de defensa judicial de CAJANAL -11 de junio de 2013-.
4. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003[32] estableció la posibilidad de que el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias y por solicitud del Gobierno, revisen las providencias judiciales que “en cualquier tiempo” hayan decretado un reconocimiento que imponga al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza.
El procedimiento de revisión establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 procede cuando: (i) el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso o (ii) la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
De lo anterior se evidencia que la norma, en su acepción original, previó la posibilidad indefinida en el tiempo de revisar decisiones judiciales que reconocieron pensiones con violación del debido proceso o que superaron los topes legales, pero no aquellas obtenidas con abuso del derecho.
Posteriormente, la sentencia C-835 de 2003[33] declaró inexequible la expresión “cualquier tiempo” prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues consideró que la indeterminación que generaba, transgredía el derecho al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y el imperio del Estado Social de Derecho.
En esa oportunidad, la Corte destacó que la posibilidad de que se revisen en cualquier tiempo decisiones judiciales que configuraron una situación jurídica concreta, provoca una alta inseguridad jurídica y de paso: “(…) desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesto, de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede abandonarse a la suerte de un ad calendas graecas.”
Como consecuencia de la inexequibilidad de la expresión que permitía la revisión “en cualquier tiempo” se presentó un vacío en relación con el término durante el cual podía elevarse la solicitud correspondiente, el cual fue superado por la misma sentencia con una remisión a los términos vigentes para el recurso de revisión ordinario. Sobre el asunto, la Corte indicó que el mecanismo debía ser activado: “(…) de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo.”
De manera que, tras la expedición de la sentencia C-835 de 2003 se contaba con un instrumento especial para la revisión de decisiones judiciales que reconocieron prestaciones periódicas a cargo del erario público con violación del derecho al debido proceso o que superaron las cuantías fijadas en la ley. Así, la solicitud de revisión podía formularse dentro de los 2 o 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia cuando la competencia era de la jurisdicción contenciosa administrativa[34] o de la jurisdicción ordinaria laboral[35], respectivamente.
5. Luego, el Acto Legislativo 1 de 2005 adicionó un último inciso al artículo 48 Superior, según el cual: “[l]a ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados". (Subrayas fuera del texto original)
Ese precepto superior contempló un mecanismo específico para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho. Sin embargo, como no se expidió una ley que desarrollara dicho mandato, se ha acudido a la solicitud especial del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 como vía para la revisión de las pensiones en las hipótesis de abuso del derecho, tal y como lo hizo la sentencia C-258 de 2013[36].
Ahora bien, como quiera que la extensión del mecanismo del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 tuvo origen jurisprudencial y buscó hacer efectiva la previsión del Acto Legislativo 1 de 2005, los términos establecidos en la sentencia C-835 de 2003 no resultan aplicables para la verificación de pensiones obtenidas con abuso del derecho. Lo anterior, por cuanto esa decisión analizó la posibilidad de revisión únicamente frente a las dos causales previstas originalmente en la Ley 797 de 2003. En consecuencia, el abuso del derecho como causal de revisión independiente no se consideró por la Corte para establecer los términos de caducidad provisionales referidos.
Lo expuesto evidencia que respecto del término para incoar el mecanismo de revisión de las decisiones judiciales que hayan reconocido pensiones con abuso del derecho existió un vacío legal que sólo se superó con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, que además constituye el único desarrollo sobre la materia en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y que estableció de forma expresa que: “el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
Como quiera que sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, considero que esa es la disposición que debe regir la caducidad para el caso que ocupó la atención de la Sala.
6. Establecido el término para incoar el procedimiento de revisión -5 años- se advierte que, para su contabilización, se fijó un hito específico: la ejecutoria de la providencia judicial, el cual no puede servir como referente para determinar la caducidad respecto a la UGPP, en atención al momento en el que dicha unidad asumió las funciones de defensa judicial de CAJANAL y al estado de cosas inconstitucional de esta última entidad, reconocido por la Corte en las sentencias T-068 de 1998[37] y T-1234 de 2008[38], en las que advirtió un problema estructural de ineficiencia e inoperancia administrativa.
En efecto, la situación especialísima de la UGPP frente a su actividad judicial se ha considerado por esta Corporación en diversas oportunidades. Por ejemplo, en la sentencia T-835 de 2014[39] se analizó con menor rigor el presupuesto de subsidiariedad y se estableció el carácter oportuno de la acción formulada por la UGPP, bajo una consideración especial sobre el momento en el que dicha entidad asumió las funciones de defensa judicial de CAJANAL.
El estado de cosas inconstitucional que se configuró frente a CAJANAL y el momento en el que la UGPP asumió la competencia para la defensa judicial deben considerarse para la contabilización del término de 5 años establecido en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, pues si éste transcurrió durante el tiempo en el que se presentó la situación estructural de ineficiencia administrativa referida y cuando la accionante no tenía competencia para emprender las actuaciones judiciales correspondientes, como sucedió en el caso que examinó la Sala, la contabilización del término a partir de la ejecutoria de la providencia judicial se traduce en la inexistencia del mecanismo de revisión para la UGPP.
En consecuencia, el término previsto para formular la revisión debe contarse para la UGPP desde que efectivamente pudo promoverla, esto es, desde que se le asignó la competencia para la defensa judicial de CAJANAL -11 de junio de 2013-.
Esa aplicación de la norma le da un efecto útil a la revisión y al término de caducidad que: (i) concilia el interés general que resguarda el mecanismo de revisión y la seguridad jurídica que proporciona el término de caducidad; (ii) observa el raigambre superior del mecanismo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005; (iii) atiende a la inexistencia de un término de caducidad aplicable para la revisión de pensiones obtenidas con abuso del derecho; (iv) se ajusta a la autorización constitucional de afectar la intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas para impedir que se mantengan situaciones irregulares en desmedro del erario público; (v) atiende al principio general del derecho, según el cual de la ilegalidad no se generan derechos y, vi) responde a la situación especial de ineficiencia e inoperancia administrativa de CAJANAL.
De acuerdo con lo expuesto, el término de 5 años para que la UGPP formulara la solicitud de revisión de la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, Sección Segunda –Subsección Tercera- debió contabilizarse desde el 11 de junio de 2013, lo que descartaba la procedencia de la acción de tutela formulada por la UGPP como consecuencia del incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
[1] Escritura pública No. 2425 del 20 de junio de 2013, elevada ante la Notaría 47 del Círculo de Bogotá D.C. a folio 56 del Cuaderno No. 1.
[2] A folio 32 del Cuaderno No. 1 obra certificación laboral expedida por la Directora Administrativa de la División de Tesorería del Consejo Superior de la Judicatura, dando constancia de la vinculación de Humberto Cárdenas Gómez como Magistrado del Consejo de Estado del 1 al 31 de mayo de 1999.
[12] T-068 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) en la que en el resolutivo Sexto se decidió:
[15] Por medio del Decreto 4269 de 2011, Cajanal fue sucedida procesalmente por la UGPP “Que con fundamento en lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- se encuentra adelantando las acciones de alistamiento que le permitan asumir los procesos misionales de carácter pensional que actualmente ejecuta CAJANAL EICE en Liquidación, de conformidad con las funciones que le fueron asignadas por la Ley 1151 de 2007.”… “la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación adelantará. prioritariamente. las acciones que permitan garantizar el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4° del presente Decreto. de acuerdo con las normas que rigen la materia. Igualmente CAJANAL EICE en Liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP. creada por la Ley 1151”.
[20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección “A”, radicación número 25000-23-25-000-2002-06050-01(0363-08).
[21] Facultad reiterada posteriormente por la SU-515 de 2013 “Aunque esa censura fue planteada mediante escrito allegado durante el trámite de revisión efectuado por esta Corporación, la Sala considera que ella puede ser estudiada teniendo en cuenta la informalidad y el carácter garantista de la acción de tutela, que permiten que los jueces fallen los casos a través de decisiones ultra o extra petita.”
[23] C-258 de 2013 “Resultan inexequibles algunas expresiones del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, cuyo alcance evolucionó en el derecho viviente en un sentido contrario a la Carta. También se ha explicado por qué es necesario que las pensiones obtenidas con abuso del derecho o con fraude a la ley sean reliquidadas a 31 de diciembre de 2013. Igualmente, como efecto inmediato de la sentencia, a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá superar el tope de los 25 salarios. De igual manera, resulta claro que el régimen dispuesto por el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, es constitucional si se entiende que: (i) no puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, lo cual incluye lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1293 de 1994, no se encontraren afiliados al mismo, (ii) como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas, (iii) las reglas sobre Ingreso Base de Liquidación aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso y (iv) las mesadas correspondientes no podrán superar los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bajo esta óptica, la Sala Plena encontró que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, en su sentido natural y en concordancia con su configuración viviente, resulta contrario al ordenamiento constitucional por cuanto (i) desconoce el derecho a la igualdad, en armonía con los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia que rigen un sistema pensional equitativo, (ii) genera una desproporción manifiesta entre algunas pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 cuando, además, (iii) existe falta absoluta de correspondencia entre el valor de la pensión y las cotizaciones, lo cual conduce a que dicha desproporción excesiva sea (iv) financiada con recursos públicos mediante un subsidio muy elevado. Esto es, además, (v) incompatible con el principio de Estado Social de Derecho, puesto que si bien los subsidios en regímenes especiales no son per se contrarios a dicho principio fundamental, sí lo son los subsidios carentes de relación con el nivel de ingresos y la dedicación al servicio público del beneficiario del elevado subsidio.”
[24] Ibíd. Subraya fuera de texto.
[26] A folio 32 del Cuaderno No. 1 obra certificación laboral expedida por la Directora Administrativa de la División de Tesorería del Consejo Superior de la Judicatura, dando constancia de la vinculación de Humberto Cárdenas Gómez como Magistrado del Consejo de Estado del 1 al 31 de mayo de 1999.
[27] Folio 70 vuelta.
[28] ARTICULO 1°.A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corle Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. La remuneración para el año 2014 es de $20.899.256.
[29] Fallo de primera instancia proferido el 28 de mayo de 2015 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Fallo de segunda instancia proferido el 3 de agosto de 2015 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
[30] Resolución número 003895 del 9 de septiembre de 1998 expedida por Cajanal EICE.
[32] “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.”
[33]M.P. Jaime Araújo Rentería
[34] Artículo 187 del Código Contencioso Administrativo “El recurso deberá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia.”
[35] Artículo 32 Ley 712 de 2001 “El recurso podrá interponerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia penal sin que pueda excederse de cinco (5) años contados a partir de la sentencia laboral o de la conciliación, según el caso.”
[36] “Este procedimiento fue diseñado para otras causales y fue adoptado antes de 2005. Por lo tanto, no constituye el desarrollo del mandato contenido en el Acto Legislativo. Sin embargo, en ausencia de un vehículo legal específico, para esta hipótesis se dará aplicación a los artículo 19 y 20 de dicha ley. El primero, para las pensiones reconocidas exclusivamente por vía administrativa. El segundo, para las pensiones reconocidas en cumplimiento de una sentencia judicial sobre el alcance del derecho a la pensión, el derecho a la igualdad u otro derecho atinente al alcance del derecho pensional del interesado, no simplemente sobre el derecho de petición.”
[37] M.P. Alejandro Martínez Caballero
[39] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio