Source: http://colegioabogados.cl/igualdad-ante-la-ley-libertad-ensenanza-las-razones-del-tc-rechazar-articulo-63/
Timestamp: 2020-08-12 08:52:24
Document Index: 226136154

Matched Legal Cases: ['artículo 63', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'artículo 18', 'in fine']

Igualdad ante la ley y libertad de enseñanza: las razones del TC para rechazar el artículo 63 - Colegio de Abogados
Fallo de la revisión de la nueva normativa que regula la educación superior.
Se eliminó la expresión «sin fines de lucro», que prohibía que personas jurídicas de derecho privado controlaran universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
La sentencia del tribunal fue firmada ayer y tiene 136 páginas.
La norma sostiene que las «instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro solo podrán tener como controladores a personas naturales, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o que deriven su personalidad jurídica de estas u otras entidades de derecho público reconocidas por ley». De esta disposición se deberá eliminar la expresión «sin fines de lucro», de acuerdo al fallo.
Los magistrados, además, declararon inconstitucional la palabra «63», contenida en el artículo 18° transitorio, que señala que «las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado al momento de la publicación de la ley deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 (…) dentro de dos años contados desde su publicación».
Primero, porque » impide que sean controladoras de los establecimientos de educación superior solo las personas jurídicas con fines de lucro, sin que el mismo impedimento se aplique a las personas naturales que se orienten en pos de igual finalidad». Segundo, porque esta diferencia «no guarda conexión con las normas generales del ordenamiento jurídico que rige a las corporaciones y entidades sin fines de lucro, las cuales no contemplan dicha prohibición». La mayoría estima que se las somete a la exigencia de este nuevo requisito para su creación y reconocimiento, adicional a aquellos originales establecidos en el DFL Nº 1 de Educación de 1980.
«Postura más estricta de deferencia al legislador»
El voto de minoría es de los ministros Carlos Carmona (que terminó su período), Gonzalo García, Domingo Hernández y Nelson Pozo, los que no eran partidarios de calificar este artículo como Ley Orgánica Constitucional. Los magistrados señalan en su argumentación que a partir de esta sentencia tendrán una «postura más estricta de deferencia al legislador». Esto, en medio de los proyectos de ley que buscan limitar la competencia del TC.
«Estos ministros enunciamos nuestra voluntad de retornar a una deferencia estricta al legislador, lo que nos impone el autocontrol respecto de las materias consultadas, remitiéndonos solo a aquellos preceptos que el Congreso ha remitido para su conocimiento y control», dicen.
Los disidentes agregan: «Estamos conscientes que los riesgos de esta tesis pueden llevar a disminuir el ámbito del control de constitucionalidad, lo que llevó al tribunal a ampliar su competencia en busca de un nuevo equilibrio (en 2005)».
La minoría cuestiona a los ministros que declaran la inconstitucionalidad por forma: falta de quórum en el Congreso.
«La esencia de la Ley de Educación Superior se mantiene absolutamente inalterada. La prohibición del lucro que esta ley ratifica es absoluta».
«Es un golpe tremendo a la autonomía universitaria. Los empresarios podrán sacar decanos y censurar a profesores que no vayan en la línea del grupo económico que controla la universidad».
JEFE DE BANCADA DE SENADORES DEL PS
«El fallo es muy sólido en demostrar lo importante y lo central que es la libertad de enseñanza para la Constitución».
«El artículo vulneraba la libertad de enseñanza, pues de manera caprichosa limitaba la forma de estructura jurídica de las instituciones de educación superior».
El presidente del TC, Iván Aróstica, en el fallo, defendió la postura de que «el proyecto en revisión es contrario a la Constitución».
A su juicio, la iniciativa crea un conjunto de prohibiciones, restricciones y limitaciones a las 103 instituciones de educación superior que «terminan por privar de toda virtualidad real a la autonomía que les reconoce la Carta Fundamental, «además de desnaturalizar el contenido esencial de la libertad de enseñanza, en circunstancias que sus facultades inherentes -abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales- son inafectables por el legislador».
Fuente: El Mercurio, viernes 27 de abril de 2018