Source: https://gradoceroprensa.wordpress.com/2016/09/01/caso-baena-ricardo-y-otros-vs-panama-cidh/
Timestamp: 2017-07-25 04:46:52
Document Index: 218838686

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 137', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7']

“Caso Baena Ricardo y otros vs Panamá” CIDH – Grado Cero Prensa
1 septiembre, 20161 septiembre, 2016	“Caso Baena Ricardo y otros vs Panamá” CIDH	Por Alejandra Contreras Correa
“Trabajadores del mundo, uníos, no tenéis nada que perder excepto vuestras cadenas”
El presente trabajo pretende dar una perspectiva de las violaciones que existen hacia los derechos laborales y la Corte Interamericana de derechos humanos como un mecanismo de defensa para los mismos, todo esto para poder entender la importancia que a nivel nacional representan la lucha de los derechos laborales desde siempre.
Del mismo modo se presenta un análisis de una sentencia emitida por la Corte Interamericana en la que como tal se hace una defensa a los derechos laborales de manera colectiva, viendo de manera tangible que puede recurrir a estos mecanismos de defensa y que además resultan viables.
Derecho Laboral visto de manera internacional
Los derechos laborales han representado desde siempre una lucha constante en el ser humano, derramamiento de sangre, grandes manifestaciones y sobre todo un caos y perturbación continua es lo que representa el que el día de hoy al trabajador se le reconozcan sus derechos, sin embargo y a pesar de que existan leyes para la protección del trabajador las vulneraciones al trabajo continúan, no obstante en la actualidad existen mecanismos que nos permiten denunciar estas violaciones a los derechos, no sólo a nivel nacional sino también en un ámbito internacional como lo puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora bien, la existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se da con el objetivo de proteger, asegurar y sobre todo dar cuenta de la existencia real de los derechos humanos hacia todos los individuos, es decir que no hayan violaciones de ningún tipo, en este mismo tenor de ideas se encuentran también los derechos económicos, sociales y culturales, a pesar de que están reconocidos en un listado extenso, consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados en cada país en particular.
Con todo lo antes mencionado, es importante resaltar que los derechos laborales no son un tema recurrente en los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo motivo no es la ausencia de violaciones a estos derechos, sino que la gravedad de otras violaciones han permeado las laborales y también del mismo modo las denuncias ante la corte resultan menores.
La Corte al ser un mecanismo de justicia internacional debe reconocer las vulneraciones a los derechos laborales y los Estados deben de la misma manera dar cuenta de la autoridad, es decir las sentencias son de un carácter declarativo, es vinculante para los Estados miembros, constituyendo de esta forma una fuente de obligaciones internacionales para los países miembros, por el sólo hecho de serlo.
Por todo lo anterior debemos decir, que el Sistema Interamericano ofrece garantías, instrumentos y mecanismos para la protección efectiva de los derechos laborales, así como para el acceso por parte de las víctimas, representantes o cualquier persona que pretenda la defensa de derechos laborales frente a un Estado que ha incumplido sus obligaciones internacionales al respecto.
Primero debemos mencionar que es el único caso en el cual la Corte ha amparado directamente la protección de un derecho laboral: el derecho a la libertad de asociación sindical.
La Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales de Panamá, tras presentar un pliego de peticiones ante el Gobierno que fue rechazado, decidió convocar a una marcha el 4 de diciembre de 1990 y a un paro laboral de 24 horas el día siguiente. Sin embargo, en la fecha programada el ex jefe de la Policía Nacional, coronel Eduardo Herrera Hassán y otros militares escaparon. El Estado vínculo este hecho con la marcha organizada por los dirigentes sindicales, y por ellos éstos decidieron suspender el paro el 5 de diciembre de 1990 a todo esto el Estado tomo medias como despidos masivos de trabajadores, aplicando una ley inconstitucional, la llamada “Ley 25” que resultaba retroactiva para los hechos ocurridos el día 4 de diciembre de 1990.
Ahora bien una vez entendido los hechos, hemos de considerar que todos los trabajadores interesados agotaron sus instancias nacionales antes de llegar a la Corte Interamericana, analizado como fue el caso se consideró la existencia de vulneraciones de derechos laborales, en especial como ya mencionamos al derecho consagrado el de Libertad sindical.
Para esto debemos entender que se entiende por libertad sindical en este caso estamos ante la definición de Mario de la Cueva, como lo siguiente:
“La libertad sindical que se ocupa de una libertad concreta, el estudio, defensa y mejoramiento de las condiciones de trabajo; la libertad general de asociación es un derecho que se concede contra el poder público, en cambio, la libertad sindical es un derecho de una clase social frente a otra.[1]
Es decir hemos de entender que a través de esta libertad sindical lo que se busca es ejercer simplemente eso una “defensa y mejoramiento en las condiciones de trabajo” De ahí que entonces el hecho de que los trabajadores sindicalizados organizarán una marcha simplemente se estaba ejerciendo su derecho para hacer valer sus necesidades.
Durante el desarrollo del juicio se emitieron las pruebas pertinentes que fueron consideradas para la sentencia, alguna de estas fueron testimoniales las cuales se toman como elemento fundamental y de las que sirven como motivo para el análisis correspondiente de la sentencia.
Antes de iniciar debemos atender que Panamá vivía una situación muy complicada por el Golpe de Estado, de ahí que se encontraban en una alerta máxima, y que se tenía resguardado al Coronel Eduardo Herrera Hassán pues se temía de nueva cuenta un Golpe de Estado, las extracciones que se presentan a continuación de testimonios dan muestra del peligro que veían los integrantes por parte del Gobierno y como es que justifican su forma de actuación ante la marcha que realizaron los trabajadores pues pensaron que estaban coludidos y que eran parte del golpe de estado que se pretendía dar.
A continuación se presentan extractos de diferentes testimonios, los cuales se van explicando y son conclusión de la ley llamada “Ley 25” la cual representa la mayor vulneración a los derechos laborales, ya que primeramente es una ley que causa retroactividad por un lado y por otro también la forma de llevar a cabo el proceso de impartición de justicia puesto que resulta poco eficaz y presenta trabas para los trabajadores.
“En ningún momento se consideró el cese de labores en las dependencias del Estado como motivación para el despido de los funcionarios”
Declaración de del Viceministro de Gobierno y Justicia
Sin embargo esto no explica cómo es que el Presidente de la República ordeno la discusión de un proyecto de ley en el Consejo de Gabinete, el cual fue remitido a la Asamblea Legislativa y que tenía como propósito despedir a algunos personas que habían participado en las manifestaciones que coincidieron con la sublevación militar.
“El proyecto de la Ley 25 establecía que era de orden público y de interés social y disponía que se aplicará a hechos ocurridos desde el 4 de diciembre de 1990”
Esto mismo declaró el ministro de Gobierno y Justicia, es decir finalmente está ley lo que buscaba era privar el derecho de la libertad sindical en todas sus formas posibles.
Por otro lado las declaraciones de los directores de la dependencia argumentaban lo siguiente:
“Durante el período que duró el parto en el INTEL se mantuvieron los servicios esenciales funcionando. Mientras persuadían a los trabajadores en paro para que se reincorporaran a sus labores.”
“La marcha fue pacífica, sin incidentes”
Este tipo de declaraciones fueron hechas por los directores de las dependencias, declarando entonces que la marcha que se había organizado en un principio resulto de forma totalmente tranquila, pacífica e incluso en algún momento se canceló ya que por el mismo hecho del Coronel Hassán para no suscitar problemas, no obstante durante los testimonio llama uno mucho la atención, ya que aquí se puede demostrar el trasfondo del asunto de la marcha, por qué finalmente se privó el derecho de la asociación sindical en realidad.
“Se le pidió que acusara, en su carácter de Procurador General de la Nación, a la dirigencia sindical de tener participación delictiva junto con el Coronel Eduardo Herrera Hassán; sin embargo, no accedió porque no encontró elementos de juicio que le permitieran vincular a los dirigentes sindicales con los actos delictivos que se investigaban. El propósito de la Ley 25 era sencillamente hacerlos desaparecer”
Declaración de Rogelio Cruz Ríos. Procurador General de la Nación
En este caso tenemos que ver la fuerza los sindicatos. Es muy importante tomar en cuenta esto para entender cómo llegaron las violaciones a los derechos fundamentales en específico a los laborales.
Por último podemos ver el testimonio de los trabajadores, los cuales resultaron afectados principalmente, quienes únicamente aseguraron lo siguiente reiteradamente:
“Me notificaron mi despido únicamente, me dijeron que era por haber participado en la marcha del día 5 de diciembre, yo no conocía y no tenía nada que ver con el Coronel Eduardo Herrera Hasseín”
Todo lo anterior sólo demuestra que el Estado de Panamá claramente violó los derechos fundamentales laborales del trabajador, no sólo en cuanto a lo que se refiere a la libertad sindical sino también aunando a esto, la forma de accesar a la justicia para el trabajador, ya que como veremos más adelante con la “Ley 25” el proceso para acceder a la justicia para el trabajador se vio en vuelto en trabas y sin resolución concreta alguna.
Para mayor entendimiento se transcribe la “Ley 25”
(De 14 de diciembre de 1990)
“Por la cual se adoptan medidas en las entidades gubernamentales tendientes a proteger la Democracia y el Orden Constitucional”.
Artículo 1. Con el fin de preservar el Orden Constitucional, se autoriza al Órgano Ejecutivo y a los directores de instituciones autónomas y semiautónomas, empresas estatales, municipales y demás dependencias públicas del Estado para que declaren insubsistentes los nombramientos de los servidores públicos que participaron y que participen en la organización, llamado o ejecución de acciones que atenten contra la Democracia y el Orden Constitucional, y que ocupen o no cargos en las juntas directivas de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de servidores públicos; sus delegados y representantes sindicales o sectoriales, directores de las asociaciones de servidores públicos con independencia de la existencia o no de fuero sindical; o que estén o no regidos por leyes especiales.
Artículo 2. Las autoridades superiores de las distintas dependencias del Estado, tales como Ministros de Estado, directores de las instituciones autónomas y semi-autónomas, de las empresas estatales; y demás dependencias públicas, el Procurador de la Nación y el de la Administración, el Contralor General de la República, los Gobernadores y Alcaldes respectivos podrán, previa identificación, declarar insubsistente el nombramiento de funcionarios públicos que participen en los actos descritos en el Artículo 1 de esta Ley.
Parágrafo: El Órgano Ejecutivo, a través del Consejo de Gabinete, determinará si las acciones son contra la Democracia y el Orden Constitucional para aplicar la sanción administrativa de destitución.
Artículo 3. Contra la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de un servidor público, sólo caben los recursos de reconsideración ante la propia autoridad que dictó la decisión; y el de apelación ante la autoridad superior, agotándose con ésta la vía gubernativa.
Artículo 4. Para los efectos de la aplicación de esta Ley, en el caso de los sindicatos de trabajadores del sector público, no será aplicable la Sección Segunda del Capítulo VI del Título I del Libro III del Código de Trabajo, ni el Artículo 137 de la Ley No. 8 de 25 de febrero de 1975.
Artículo 5. Esta Ley modifica, en cuanto le sean contrarias, las disposiciones contenidas en la Ley No. 8 de 25 de febrero de 1975, la Ley No. 34 de 26 de septiembre de 1979, las Leyes Nos. 38 y 39 de 27 de septiembre de 1979, la Ley No. 40 de 28 de septiembre de 1979, y cualquier otra disposición que le sea contraria.
Artículo 6. Esta Ley es de orden público y tendrá efecto retroactivo a partir del 4 de diciembre de 1990.
Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1991.
Es menester recordar el objeto de una ley, y como es que estas se crean para brindar seguridad jurídica a las personas o bien en su defecto garantizar algún derecho o en el caso sancionarlo, según sea el caso.
Los puntos destacados por los cuales debemos de decir que está ley era inconstitucional y sobre todo atentada contra los derechos laborales, son los siguientes:
En primer lugar es una ley particular, es decir solamente se fija para un grupo determinado personas, para aquellas que participaron en la huelga del 5 de diciembre de 1990.
Se transgrede directamente el derecho de la libertad de asociación puesto que se hace la indicación de que si participaste particularmente en el hecho de la huelga deberás ser deshabilitado de tu cargo.
Se acusa de que la huelga atento contra el orden público, la democracia y la estabilidad del Gobierno mismo, cosa que sin pruebas y sin fundamento alguno se atenta contra el trabajador y el sindicato en correlación
La sanción resulta ser sin más la destitución del trabajador, no existe un antecedente previo simplemente se le hace saber que tiene que abandonar su trabajo
Los recursos que se ofrecen en caso de inconformidad es ante la misma autoridad, en este caso si la autoridad fue la que decidió el despido en qué forma se decidirá el recurso, una falta de seguridad jurídica para el trabajador
La ley resulta retroactiva
Analizando los testimonios y con los puntos que se han desarrollado de la ley, podemos afirmar que si hubo violaciones a los derechos laborales de los trabajadores, que el Estado de Panamá actuando únicamente por cosas políticas y económicas quería destruir al sindicalismo de ese país, creando en ellos perturbación, caos pero sobre todo grandes vulneraciones a derechos adquiridos desde toda una historia.
Cabe destacar que la Suprema Corte del Estado de Panamá la máxima institución de impartición de justicia hizo caso a omiso a dichas violaciones y simplemente declaró que la ley si se encontraba dentro de la legalidad, y que existían medios de defensa para que el trabajador pudiera defender sus derechos, cosa que resultaba por demás falso, es decir todo el Estado se puso en contra no sólo de dar cuenta de la existencia de violaciones a los derechos laborales sino más grave aún de reconocer al ser humano como un trabajador que lucha día con día por mejorar sus condiciones, simplemente por querer progresar, al final del día me parece una situación alarmante no reconocer al otro como igual, porque al final todos somos parte de la esfera del trabajo, y todos buscamos lo mejor para quienes nos rodean, de ahí el efecto de una creación de la huelga, el sindicato, en fin, la lucha que continuamente se busca y es así como se llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso dictó una resolución favorable a los trabajadores haciendo valer los siguientes puntos sustanciales: El derecho de asociación, las garantías judiciales y procesales, principio de legalidad, retroactividad.
Haciendo énfasis en cada uno de los puntos mencionados, se va haciendo un pequeño resumen de la forma de resolución de la Corte.
Derecho de reunión/Libertad de asociación
En este caso los trabajadores que participaron en la huelga en ningún momento realizaron algún acto que pusiera en peligro a las personas o al Estado mismo como se argumentó, todo se realizó de manera pacífica.
Por otro lado la libertad de asociación, en materia sindical, consiste básicamente en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho.
En este caso y reiteradamente se ha dicho los trabajadores iniciaron su huelga de manera pacífica en el momento en que suscitaron los hechos del Coronal Hassán se suspendió la huelga inmediatamente y todos regresaron a sus labores sin más preámbulo, es decir por parte de los trabajadores hubo un grado de comprensión para no general más disturbios.
Respecto de este punto la “Ley 25” desde su emisión no permitió a los trabajadores un acceso pronto a la impartición de justicia, si previó recurso como lo era presentarlo ante la misma autoridad, pero finalmente esto generaba un poco de controversia a la hora de la resolución final, por otro lado también tenemos que no había un proceso ante las Juntas de Conciliación sino se iba directamente a presentar recurso ante la Suprema Corte, que al ser el máximo órgano de justicia se entendía por tanto que debía resolver con intereses únicamente apegados al derecho, lo que no sucedió como ya hemos visto
Como ya hemos visto la “Ley 25” resulta en su misma estructura ilegal en mucha formas, como ya analizamos con anterioridad el punto simplemente diremos que resulta ilegal y del mismo una ley no debe ser retroactiva, porque entonces se traduce en una ley que busca castigar sin ver todo el panorama, o bien sin estudiar todo lo que rodea a la misma ley.
Ya estudiando las pruebas, y todos los hechos la Corte decidió que se tenía que indemnizar a los trabajadores, además de que se debería de reinstalar a muchos de ellos en los puestos anteriores sin perjuicio alguno, en este parte debemos decir que al momento que se presentó la demanda ante la Corte el Gobierno de ese momento decidió tomar acciones para no ser sancionados y exhibidos internacionalmente devolviendo a algunos sus empleos, sin embargo aun así el caso siguió su curso hasta que se dio una verdadera justicia a todos los que habían sido afectados
El Derecho del Trabajo se encuentra inmerso en todo el mundo y como afirmamos desde un inicio el trabajador centro clave de todo esto siempre ha luchado por que se reconozcan sus derechos, en este caso el trabajador quería mejoras a su trabajo, es decir con esto podemos entender que la lucha que existe ahora no es que los derechos sean parte de la Constitución de un país o se encuentren en Convenios Internacionales sino más bien que estos se cumplan y en determinado momento y debido a la situación cambiante se modifique y briden seguridad jurídica al trabajador.
El caso que se presentó me causó conmoción y tristeza, porque los derechos de los trabajador no se deben ver como algo minimizando sino al contrario los debemos tener presentes siempre, porque desde los tiempos más remotos el trabajador ha estado presente y no se debe simplemente hacer un lado, la fuerza de trabajo se traduce en una de las cosas más importante que tiene una persona para hacer valer su propia voluntad.
Ahora bien, la Corte Interamericana al ser la última instancia de justicia dio cuenta de que la existencia, y reconocimiento de los derechos laborales en toda su extensión, parece algo insignificante pero el hecho de que la Corte haya tomado el caso y protegido los derechos laborales, encasillados en los llamados derechos sociales demuestra que existe un avance en la defensa de dichos derechos, si bien son muy pocos los pronunciamientos de la Corte relativos a estos derechos así como la jurisprudencia se ve un avance a través de estos casos y es así como un organismo internacional va avanzando a grandes pasos.
El caso que se trata en el siguiente trabajo viola a mi parecer no sólo uno de los derechos más importantes como lo es la libertad sindical, y los derechos de asociación sino también da cuenta de la existencia del trabajador y sus derechos en particular, como lo pueden hacer el acceso a la justicia, una forma tan simple pero que representa mucho, del mismo la creación de una ley particularizada solamente da paso a que se cree un Estado de inconciencia en el país, el trabajador día con día lucha por su trabajo y muestra de eso fue el pliego que los trabajadores pidieron como peticiones y el cual el gobierno tajantemente sin negociación alguna rechazó de ahí que se organizará la huelga y se montará todo un escenario en el cual se acusaba a todos los trabajadores generalizando de estar coludidos con el supuesto Golpe de Estado, esto al momento del juicio el estado jamás lo pudo probar, entonces podemos decir que simplemente se traduce en una estrategia política por destituir a los grandes sindicatos, los cuales se formaron a base de esfuerzos.
Como reflexión final queda simplemente el empezar a ver la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una institución viable para poder dar cuenta de la impartición de justicia, no pensar solamente que es para caso de violaciones hacia la vida, condición humana, raza social, sino que también atiende al trabajador mismo, ve por el ser social que somos y ayuda a la defensa y mejoramiento de las condiciones de trabajo, creó que lo más importante al final es reconocer en nosotros nuestra capacidad de trabajo, de voluntad, de fuerza y de lucha que aquellos por lo que por años se ha luchado siga vivo, que los derechos no sólo estén plasmados sino se genere su cumplimiento y en caso de que no seas así recurrir hasta la instancia que sea necesaria un claro ejemplos estos 240 trabajadores que fueron despedidos pero recuperaron la dignidad, la voluntad y el trabajo digno.
[1] Cueva, Mario de la, El nuevo derecho mexicano del trabajo, 6a. ed., México, Porrúa, 1992, t. II, p. 241 Y 242
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