Source: http://www.revistapersona.com.ar/Persona54/54Cuba.htm
Timestamp: 2017-01-24 19:18:54
Document Index: 372873416

Matched Legal Cases: ['artículo1', 'artículo 22', 'artículo 127', 'artículo 233', 'artículo 466', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 31', 'artículo 32']

La Persona en Roma y el Código Civil Cubano de 1987 El pasado año 2005 realicé, de conjunto con una colega de la facultad, la profesora Joanna González, un breve estudio sobre la vigencia de los principios romanos en nuestra legislación civil vigente. La motivación de aquel estudio era el debate existente entre distintos romanistas y civilistas que niegan o afirman la presencia de nuestro Código Civil y de nuestro derecho en el Sistema de Derecho Romano-Francés. Este trabajo me motivó a hacer esta reflexión ahora en el contexto puramente de la persona, para ver cuanto de ello quedó en nuestra legislación vigente actual.
Desde la llegada de los colonizadores españoles, estos trasladaron a Cuba todas sus costumbres originarias, incluyendo dentro de ellas su legislación y principios jurídicos. Por esta vía, Cuba se convierte, con el descubrimiento y colonización de América, en una colonia de España. En este sentido, el estudio de las raíces españolas permite entender la composición y funcionamiento jurídico insular desde estos primeros tiempos y la manera en que luego trasciende la tradición jurídica española a los nuestros.
Con la extensión del sistema jurídico español a Cuba esta se incorpora al Sistema Romano Francés con mucha fuerza. Durante la Primera Intervención Norteamericana se trata de subvertir el orden jurídico imperante con la incorporación de elementos del Sistema Anglosajón, careciendo de eficacia todas las normas promulgadas en ese orden. Un ejemplo de ello fue la Orden Militar que establecía la posibilidad de realizar juicios por el mecanismo de los jurados y estos no fueron solicitados por ningún cubano, recurriendo todos a la vía habitual y española de solución de conflictos. El resultado de esta resistencia es la Orden Militar que otorgó vigencia a todas las normas promulgadas por España y hechas extensivas a la Isla. Esta situación se mantuvo durante los años republicanos, lo cual se manifiesta en los distintos componentes de nuestro sistema jurídico. Es importante tener en cuenta que nunca la cercana influencia de los Estados Unidos en su relación jurídica con Cuba pudo sino incluir determinados aspectos de corte anglosajón en nuestro sistema judicial pero que no se pierde en ningún momento el legado español y dentro de este el elemento romano.
Al triunfo revolucionario resultó cuestionable la permanencia o no de Cuba dentro del sistema de Derecho Romano Francés pues los principios jurídicos se mantuvieron en su mayoría, solo que ahora se ajustaron a la incorporación de otros nuevos de carácter socialista que integraban más nuestro sistema jurídico hacia el de los países de Europa del Este, el llamado Sistema de Derecho Socialista. Sin embargo, casi todos estos países presentan como base jurídica el Derecho Romano, habiendo formado anteriormente parte del Sistema de Derecho Romano Francés. Por otra parte, nunca se abandonaron los mecanismos que identificaban al sistema jurídico como romano, manteniendo en todo momento los mismos aspectos funcionales ahora a disposición de una sociedad diferente. En Cuba este proceso quedó expresado por la vigencia de la legislación española de algunos cuerpos legales como el Código Civil por varios años, e incluso hasta nuestros días. En este otro caso están el Código de Comercio y la ley Hipotecaria, con modificaciones no solo por la adaptación a los nuevos principios sino por el paso del tiempo, que ya restaba eficacia a la norma por la variación en algunas de sus circunstancias.
El Código Civil de 1987 es la primera codificación civil propiamente cubana que se realiza, establece un puente entre los Sistemas de Derecho Romano Francés y el Sistema de Derecho Socialista. El Código era un anhelo y una necesidad de nuestro ordenamiento jurídico en el cual ya habían aparecido otros cuerpos legales autóctonos como el Código de Familia; la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral; el Código Penal y el Código del Trabajo, entre otros. Mucho se ha debatido sobre el mismo. Entre sus virtudes se plantean: la existencia de una parte general basada en el abstracto concepto de la relación jurídica, la cual constituye el eje central de toda la normativa civil y la claridad y precisión de las normas de Derecho Internacional Privado, expresión de una mentalidad pluralista y moderna. Entre las críticas establecidas se expresan: la realización de un Código para un momento histórico determinado; la excesiva brevedad que permite proliferar las normativas especiales; el excesivo carácter supletorio que desnaturaliza su principal carácter regulador de las relaciones sociales; la carencia de un sistema de fuentes, lo cual genera dificultades en hermenéutica jurídica y en materia de interpretación e integración, entre otras. El Código sigue la estructura del Plan Germánico de Savigny a través del cual se divide en las siguientes materias: Disposiciones Preliminares (artículo1 al 21), Libro I Relación Jurídica (artículo 22 al 126), Libro II Derecho de Propiedad y otros Derechos sobre Bienes (artículo 127 al 232), Libro III Derecho de Obligaciones y Contratos (artículo 233 al 465), Libro IV Derecho de Sucesiones (artículo 466 al 547) y Tres Disposiciones Especiales, Seis Transitorias y Tres Finales.
Ya en las Disposiciones Preliminares se aprecia el componente romano en nuestra legislación cuando se exponen los principios que informan este Código.
El artículo 4 plantea que es ilícito el ejercicio de un derecho cuando su fin sea causar daño a otro recordando una de las tres máximas romanas que expone Ulpiano en el Digesto: alterum non laedere.
El artículo 6 establece que la buena fe se presume, lo cual pone en vigor el segundo de los preceptos romanos, honeste vivere.
Establece la existencia de presunciones iuris tantum contra las disposiciones establecidas por la ley.
Referido en específico a la Persona, Hermogeniano plantea en el Digesto (D.1, 5, 2.): Hominum causa omne ius constitutum est. Ya con esta idea se ubica al hombre en el centro de las relaciones humanas y jurídicas, se define al sujeto como el creador pero también la causa fundamental para la creación del derecho. La persona, entonces, es regulada en nuestra legislación y abarca el estudio del sujeto de derecho los artículos del 24 al 38 del Código Civil, sin incluir lo relativo a las personas jurídicas. El articulado sobre el tema es breve, sobre todo ante el Derecho Comparado por el cual vemos que otras legislaciones dedican a este aspecto mayor número de artículos, como el de la misma República Argentina. No obstante, el pensamiento romano se expresa en ellos.
Para comenzar, desde la antigua Roma, la Persona – término derivado del latín persona como la máscara utilizada por los actores en el teatro- ha sido entendida como todo ente natural o ficticio al cual el ordenamiento jurídico reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones. Aunque tal definición no aparece expresamente en nuestro Código, la idea se manifiesta en distintos momentos. No existe, de hecho, un concepto de persona natural.
Tampoco han variado en el tiempo los límites de la existencia del ser humano. Continúan siendo el nacimiento y la muerte, sucesos entre los que se desarrolla la personalidad jurídica y que aparecen establecidos en el artículo 24.
El Código Civil Cubano, acogiendo la doctrina de su antecesor, el español de 1889, reconoce que la personalidad se origina con el nacimiento, pero retrotrae sus efectos a dicho momento para proteger los derechos del futuro ser ya concebido pero no nacido solo en lo que le favorezca a condición de que nazca vivo, en virtud del artículo 25.
La muerte desde Roma ha sido un hecho jurídico y todavía hoy conserva consecuencias jurídicas muy similares: Primero, mediante este suceso se extingue la persona natural y la personalidad jurídica. Por ello, la persona pasa al status de cadáver. En esta condición el cuerpo es considerado bien extra comercium. Aquí también se establece un vínculo con el pensamiento romano quien consagró la persona del fallecido al considerar el sepulcro como res religiosae, lo cual constituye un antecedente de los posibles derechos de disposición o no sobre el cadáver tan polémicos en nuestra doctrina. Con la muerte se realiza la apertura de la sucesión mortis causa. También, como en la Roma antigua, se extinguen los vínculos familiares o semi-familiares como la patria potestas, el matrimonio y la tutela, al igual que aquellos actos jurídicos relacionados indisolublemente a la persona como los contratos
intuito personae, con los ejemplos de la sociedad y del mandato.
Otro de los aspectos que son elementales haber heredado de Roma han sido la capacidad jurídica y la capacidad de hecho, reguladas en los artículos del 29 al 32 del Código. El artículo 28 dispone que la persona natural tenga capacidad para ser titular de obligaciones y derechos desde su nacimiento. A continuación se establecen los requisitos para la plena capacidad en Cuba: arribar a la mayoría de edad con los 18 años cumplidos o por matrimonio del menor. Tienen restringida su capacidad para ser realizar actos jurídicos los menores de edad que han cumplido los 10 años de nacidos, los que padecen de enfermedad o retraso mental sin que esto los prive totalmente del discernimiento, y los que por impedimentos físicos no pueden expresar su voluntad de modo inequívoco. Se relacionan en el artículo 31 aquellos que carecen de capacidad para realizar los actos jurídicos que son los menores de 10 años y los mayores que hayan sido declarados en dicho estado. Para estos casos, aunque no se regula la curatela, sensu contrario se prevé la tutela. Su origen se encuentra en el Derecho Romano para los impúberes y las mujeres y se regula hoy para los supuestos de incapacidad.
Ante las circunstancias de hecho que influyen en la capacidad de obrar se remite al Código de Familia y a la ley procesal en busca de instituciones que suplen dicha incapacidad, según el artículo 32.
Uno de los grandes principios que nos ha legado el Derecho Romano es el de que nadie puede causar a otro derivado de las tres máximas: honeste vivere, alterum non laedere y suum cuique tribuere. De este quebrantamiento de la pacífica convivencia de los hombres se deriva la responsabilidad jurídica civil contractual y extracontractual, la última proveniente de la Lex Aquilia de daño. Los postulados en torno a la persona son en general bastante escasos en nuestro ordenamiento, el cual resulta parco en dicho contenido. No obstante, a través de la Persona se aprecia la permanencia de los principios romanos en la legislación cubana actual y cómo este viejo sistema sigue en la defensa del centro y motivo del derecho que es el propio hombre. La presencia del elemento romano en nuestra legislación es una garantía en este sentido, pues si bien la legislación no es suficiente la lógica jurídica romana y el pensamiento latino pueden complementar de manera indirecta las insuficiencias de la norma en el momento de la interpretación y alejados de los conceptos positivistas. La norma, por su parte, pudiera ser objeto de perfeccionamiento en futuras modificaciones a este texto legal.