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Timestamp: 2019-05-24 15:27:47
Document Index: 52507319

Matched Legal Cases: ['artículo 965', 'artículo 1748', 'artículo 1748', 'artículo 1748', 'artículo 1746', 'artículo 1748', 'artículo 1748', 'artículo 1748', 'artículo 380', 'artículo 1951', 'artículo 1748', 'artículo 955']

﻿ SENTENCIA OCTUBRE 14 DE 1976 DE OCTUBRE 14 DE 1976
SENTENCIA OCTUBRE 14 DE 1976 DE 14 DE OCTUBRE DE 1976
CONTENIDO:LESIÓN ENORME. INSTITUCIÓN EXCEPCIONAL CON RÉGIMEN PROPIO
TEMAS ESPECÍFICOS:LESIÓN ENORME
Sentencia de octubre 14 de 1976
Institución excepcional con régimen propio
Bogotá, D.E., catorce de octubre de mil novecientos setenta y seis.
Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en este proceso ordinario de María Esther Farfán de Bonilla contra Luis María Arciniegas Cruz.
1. El litigio se inició con demanda que contiene las siguientes peticiones:
a) Que se declare que pertenecen a la demandante las porciones de terreno distinguidas con los números 1 y 2, comprendidas en el predio rural denominado La Gironda, cuya ubicación y linderos, así como las de aquéllas, indica la súplica;
b) Que se condene al demandado a restituir a la actora esas dos porciones;
c) Que se lo obligue a pagarle los frutos naturales y civiles de los bienes reivindicados, no sólo los percibidos, sino también los que la dueña hubiera podido percibir con mediana inteligencia y cuidado desde cuando principió la posesión;
d) Que se declare que la demandante no está obligada a las expensas de que trata el artículo 965 del Código Civil, por cuanto el demandado es poseedor de mala fe, y
e) Que se inscriba la sentencia en la oficina de registro correspondiente.
2. Estas pretensiones se apoyan en hechos que pueden resumirse así:
a) Durante el matrimonio católico que contrajeron Jesús María Farfán y María Casaguas el 28 de junio de 1924, el marido adquirió a título oneroso la finca La Gironda, cuyo dominio ingresó al haber de la sociedad conyugal;
b) María Casaguas de Farfán falleció el 13 de septiembre de 1942, y en el proceso sucesorio de ella fueron reconocidos: María Esther Farfán de Bonilla, como heredera en su calidad de hija legítima de la de cujus, y Miguel Ángel Farfán, como cesionario de los derechos del cónyuge sobreviviente y de todos los demás hijos legítimos de la causante;
c) Dentro del mencionado proceso sucesorio, el partidor presentó su trabajo el 14 de enero de 1960, por el cual no adjudicó a María Esther Farfán de Bonilla derecho alguno en La Gironda; e inconforme con la distribución de bienes que por aquél se hizo, María Esther demandó por la vía ordinaria a Miguel Ángel Farfán para que se rescindiera por lesión enorme esa partición, súplica que fue acogida favorablemente mediante sentencia definitiva del 3 de agosto de 1964;
d) Como ni esta sentencia ni la demanda que dio origen al proceso sobre lesión enorme fueron registrados, Miguel Ángel Farfán vendió entre tanto a Juan de Dios Farfán toda la finca La Gironda, que por entonces le pertenecía en virtud de la partición atacada, y Juan de Dios, por su lado, se la vendió después a Luis María Arciniegas, mediante sendas escrituras fechadas el 27 de septiembre de 1961 y el 16 de septiembre de 1963, respectivamente;
e) En la nueva partición que se efectuó el 13 de diciembre de 1965 en cumplimiento de lo resuelto en la sentencia del 3 de agosto de 1964 pronunciada en el proceso ordinario sobre rescisión por lesión enorme, se le adjudicó a María Esther un derecho proindiviso en La Gironda por valor de $ 6.750, formándose así una comunidad sobre ese inmueble;
f) Más tarde, en el año de 1967, María Esther promovió contra Miguel Ángel proceso de división material de La Gironda y en éste obtuvo la adjudicación de las dos porciones de terreno que forman parte de dicha finca y que ahora reivindica, y
g) El demandado Luis María Arciniegas posee materialmente tales dos porciones de terreno, no obstante que “al comprarle los derechos al cesionario Miguel Ángel Farfán, tenía necesariamente que someterse a la partición material del predio rural denominado La Gironda, pues sobre éste existía una comunidad formada por mi poderdante y Miguel Ángel Farfán”.
3. Luis María Arciniegas dio respuesta a la demanda manifestando oponerse a todas las pretensiones deducidas en ella, afirmando que no le constan los hechos en su mayoría, advirtiendo que él compró y posee La Gironda sin el menor conocimiento de que hubiera habido proceso por lesión enorme y alegando la prescripción adquisitiva de los terrenos que se reivindican. Además, denunció el pleito a Juan de Dios Farfán, quien también se opuso a las súplicas de la demandante.
4. El Juez Primero Civil del Circuito de Neiva desató la primera instancia del proceso mediante fallo en que acogió favorablemente, con algunas salvedades, las peticiones de la parte actora, y decretó a cargo de Juan de Dios Farfán el saneamiento por la evicción causada a Luis María Arciniegas, con imposición a éste de las costas de la instancia.
5. Al desatar el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el recurso de apelación que contra la sentencia del inferior interpuso la parte demandada, la revocó en su totalidad y, en su lugar, absolvió a ésta de los cargos contenidos en la demanda.
1. Comienza el tribunal enumerando los diversos actos jurídicos a que ha sido sometido el dominio del predio La Gironda, los cuales resume así:
a) La Gironda fue adquirida por Jesús María Farfán durante la existencia de la sociedad conyugal que formó con María Casaguas. La escritura de compra fue la 524, otorgada en la Notaría Primera de Neiva el 28 de septiembre de 1938;
b) En el proceso de sucesión de María Casaguas de Farfán ese inmueble fue adjudicado en su totalidad a Miguel Ángel Farfán, como cesionario de los derechos del cónyuge supérstite y de los herederos Alfonso, José Ignacio, Anselma y Saúl Farfán Casaguas, en tanto que a la demandante se le adjudicaron otros bienes, según partición aprobada mediante sentencia y que fue debidamente registrada el 26 de agosto de 1960;
c) Miguel Ángel Farfán, por la Escritura 1505 del 21 de noviembre de 1961, de la Notaría Primera de Neiva, vendió La Gironda a Juan de Dios Farfán, y éste, como consta en la Escritura 944 del 16 de septiembre de 1963, de la notaría segunda del mismo circuito, se la vendió a Luis María Arciniegas;
d) Decretada la rescisión por lesión enorme de la partición verificada en el proceso sucesorio de María Casaguas de Farfán, como consecuencia de la demanda ordinaria que María Esther Farfán de Bonilla formuló contra Miguel Ángel Farfán, La Gironda les fue adjudicada proindiviso a éste y a la actora en las proporciones determinadas en la nueva partición que se practicó en el mismo proceso sucesorio, de la cual da cuenta la Escritura 388, otorgada en la Notaría Segunda de Neiva y registrada el 16 de febrero de 1967, y
e) Este título sirvió a la demandante para obtener que se le adjudicaran, en proceso divisorio que siguió contra el mismo Miguel Ángel Farfán, las dos porciones de terreno que son objeto de su pretensión reivindicatoria.
2. Con apoyo en estos antecedentes, debidamente demostrados en el proceso, encuentra el tribunal que quedaron establecidos los presupuestos de la acción de dominio. Pero advierte que tal acción no es ejercitable contra Luis María Arciniegas, como quiera que éste, cuando adquirió a título de compraventa el predio La Gironda, “obró con buena fe exenta de culpa, o buena fe invencible creadora de derecho”, proveniente de no haberse registrado la demanda de rescisión por lesión enorme incoada por María Esther Farfán de Bonilla contra Miguel Ángel Farfán, ni haberse cancelado los registros de la partición rescindida. Al efecto, pone el tribunal de manifiesto que “ni Juan de Dios Farfán Cortés, poseedor en 1961 de la finca La Gironda, ni su actual poseedor Luis María Arciniegas Cruz, desde 1963, tuvieron forma de conocer la existencia del vicio que dio origen, a la rescisión de la partición, en razón de la ninguna publicidad que se le dio a la demanda ni al fallo con que terminó dicho pleito”.
Finalmente, cita en apoyo de esta tesis la doctrina sentada por la Corte, acerca de la buena fe creadora de derecho, en sentencia del 23 de junio de 1954, publicada en la Gaceta Judicial Nº 2198, tomo LXXXVII, páginas 234 a 243, y concluye: “De tal suerte que, frene al texto legal del artículo 1748 del Código Civil, se erige la excepción unánimemente enseñada por la doctrina y la jurisprudencia, que consiste en la necesidad de proteger la buena fe creadora de derechos, o sea la buena fe cualificada, fuente de la equidad, con que obró el demandado Luis María Arciniegas Cruz, actual poseedor de la heredad que se disputa en reivindicación con la demandante María Esther Farfán de Bonilla, buena fe invencible opuesta como excepción a la actora, cuya prosperidad tiene que admitir la Sala...”.
Un solo cargo propone la parte recurrente, con apoyo en primera causal.
Lo plantea el impugnador diciendo que la sentencia acusada viola directamente, por falta de aplicación, los artículos 946, 947, 950, 952, 1746, 1893 y 1895 del Código Civil, a consecuencia de errónea interpretación del 1748 del mismo código.
En desarrollo del cargo, dice la censura: “Afirmo que el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva dejó de aplicar los artículos 946, 947 y 950 del Código Civil, por cuanto, no obstante que en la sentencia, reconoce que se halla integrada la pretensión reivindicatoria de la demandante, esto es, que se trata de cosa singular reivindicable, con título de dominio de la actora sobre la misma, posesión real del bien por el demandado e identidad entre la cosa poseída por el demandado y la pretendida por el reivindicante, en forma inexplicable, al finalizar o concluir dicha sentencia, se ignoran estos elementos y se concluye afirmando que frente al texto legal del artículo 1748 del Código Civil se erige la excepción de la buena fe cualificada”. Y agrega: “El honorable Tribunal Superior de Neiva, al interpretar erróneamente el artículo 1748 del Código Civil y dejar de aplicar los artículos 946, 947 y 950 del mismo estatuto, le concedió al demandado Luis María Arciniegas Cruz un derecho que no le pertenece, pues tan sólo era jurídico, lógico y equitativo reconocerle las mejoras útiles realizadas con anterioridad a la contestación de la demanda, ya que la extrema amplitud de la sentencia en favor del demandado lesiona en forma grave los intereses de la demandante”.
Luego afirma: “El honorable Tribunal Superior de Neiva dejó de aplicar el artículo 1746 del Código Civil, por cuanto debió considerar que todos los contratos que se hicieron con posterioridad a la adjudicación de la finca “La Gironda“ al cesionario Miguel Ángel Farfán, eran contratos nulos por cuanto la partición en el proceso sucesorio de María Casaguas de Farfán fue declarada nula por lesión enorme...”.
Finalmente dice: “El honorable Tribunal Superior de Neiva dejó de aplicar los artículos 1893 y 1895 del Código Civil, también como consecuencia de haber interpretado erróneamente el artículo 1748 del mismo estatuto...”.
a) La institución de la lesión enorme apareció en la antigua Roma, durante la decadencia del imperio, por obra de Justiniano —con fundamento en preceptos que éste atribuyó a Dioclesiano— y como régimen especial que se apartaba del principio de la libertad de contratar. Más tarde algunos glosadores defendieron con ahínco esta innovación, inspirando lo que sobre el particular vino a adoptarse en varias codificaciones medievales españolas, como las Siete Partidas y la Novísima Recopilación. El Código Civil francés la acogió, como también el colombiano y el chileno; mas en estas tres obras tiene, como desde su origen lo tuvo, neto carácter de institución excepcional.
La regla del sistema civil de Colombia en materia de contratos es la tradicional: cada parte puede obligarse libre y válidamente hasta el límite en que ambas convengan (art. 1602 del código), con tal que, por cuanto a sus condiciones personales atañe, sean una y otra capaces (arts. 1503 y 1504) y su consentimiento no provenga de error, fuerza o dolo (arts. 1508 y ss.). Lo que de este principio general se aparta es el precepto de iure singulare conforme al cual si alguna de las partes sufre desmedro que afecte su patrimonio en determinadas proporciones expresamente previstas por la ley, para reparar esta situación desventajosa se le otorgue la acción rescisoria por lesión enorme;
b) La institución de la lesión, aplicable a poquísimos contratos y no en general a todos, se hizo extensiva por el legislador a los actos de partición (art. 1405, inc. 2º del código). Y en este proceso se discute precisamente si la que se efectuó ab initio en el sucesorio de María Casaguas de Farfán, rescindida más tarde por lesión enorme a solicitud de María Esther Farfán de Bonilla, quedó anulada con los efectos legales propios de esta declaración judicial, o sean los previstos por el artículo 1748 del código.
Algunos expositores de derecho civil, colombianos y extranjeros, sostienen que la lesión es vicio del consentimiento, y apoyándose en la circunstancia de que en varios códigos civiles, entre otros el nuestro, se establece la rescisión para ciertos actos lesivos, concluyen que se trata de una causal de nulidad relativa, con todos los efectos legales que la declaración judicial de ésta conlleva, señaladamente el previsto por el mencionado artículo 1748.
La Sala estima, sin embargo, que en el régimen civil colombiano la lesión no es motivo de nulidad relativa, puesto que el código no la contempla como tal (art. 1750) y es hecho indiscutible que las nulidades son de carácter taxativo. Por ser la lesión institución excepcional, cuya estructura y cuyos efectos difieren notablemente de la que aquella otra tiene, no todo acto o contrato, sino unos pocos determinados de modo expreso por la ley, pueden ser rescindidos por esa causa especial, en tanto que la nulidad absoluta o relativa es capaz de herir por igual todas las manifestaciones unilaterales y plurilaterales de voluntad.
Así, no es exacto que en nuestro régimen civil la lesión sea vicio del consentimiento. El que acepta enajenar una cosa por precio inferior a la mitad o adquirirla por precio superior al doble del que se considera justo, no hace proceso volitivo vicioso, o si lo hace no lo invoca como causa cuando pide que el acto o contrato no rescinda por lesión. Su aceptación en estas circunstancias no implica de por sí una falsa noción del valor real de la cosa, ni una fuerza física o moral que lo constriña, ni un engaño del otro contratante, que fueran suficientes para inclinar su voluntad. La lesión está estructurada en Colombia sobre un factor puramente objetivo (el justo precio), con toda independencia del móvil subjetivo y de la manera como éste haya influido en el consentimiento.
Compárense además las consecuencias de la declaración de nulidad, absoluta o relativa, con las de la rescisión por lesión enorme. Mientras aquélla puede pronunciarse cualquiera que haya sido la suerte de la cosa sobre que se contrató, la segunda no puede ser dictada por el juez si dicha cosa se perdió en poder del contratante que la recibió o si éste la enajenó (art. 1951). Y en tanto que la declaración de nulidad procede aun en el caso de que el demandado ofrezca pagar lo que según el contrato debe, la rescisión por lesión enorme puede evitarse si el comprador, o en general la persona que ha reportado del acto excesivo provecho, completa el justo precio de la cosa con deducción de una décima parte o restituye el exceso del precio recibido aumentado en igual cuota (art. 1948). A lo cual cabe agregar que cuando la nulidad es pronunciada contra poseedor de mala fe, éste es deudor de los frutos percibidos o que hubieran podido percibirse desde cuando él entró en posesión de la cosa, al paso que el demandado por lesión enorme sólo debe, en toda hipótesis, frutos o intereses desde la fecha de la demanda (ibídem, inc. final);
c) Adviértese además que la circunstancia de que en el código se use el vocablo “rescisión” para indicar el afecto de la lesión enorme, no es argumento en apoyo de que ésta genera nulidad relativa. Primeramente es de señalada importancia, como antecedente legislativo, el hecho de que don Andrés Bello, en el inciso segundo del artículo 380 de su segundo proyecto de Código Civil (1847), dijera que tanto el comprador como el vendedor, en caso de lesión enorme, tenían derecho, o bien a efectuar a favor de la otra parte contratante una prestación en dinero o bien a “pedir que se resuelva la venta” (resalta la Sala), expresión ésta acaso más adecuada, pero que probablemente cambió el señor Bello en su último proyecto (1853) para ajustarse mejor a los antecedentes históricos de la institución. A lo cual cabe agregar que en el código se usa la palabra “rescisión” en otros casos en que tampoco hay nulidad relativa v. gr. en los previstos por los artículos 1483, 1484 y 2294;
d) Lo expuesto lleva a la conclusión de que, conforme al artículo 1951 del código, la lesión enorme no da acción contra terceros poseedores en el caso de que al adquirente haya enajenado la cosa, lo cual significa que el artículo 1748, que sí la otorga en todos los casos de nulidad, absoluta y relativa, no era aplicable al objeto del proceso, puesto que Miguel Ángel Farfán, quien era el dueño de La Gironda antes de decretarse la rescisión por lesión enorme de la partición en que se le adjudicó todo ese inmueble, lo enajenó a Juan de Dios Farfán, y éste, a Luis María Arciniegas, mediante tradiciones que fueron válidas, como quiera que la demanda de María Esther no fue registrada, ni puso por tanto el bien fuera del comercio (arts. 1521 y 2674 del código), y
e) Finalmente, mirado el asunto por otro aspecto, aun en el supuesto inaceptable de que la lesión enorme tuviera los mismos efectos de la nulidad, la sentencia que dio fin al proceso por lesión enorme es inoponible a Juan de Dios Farfán y a Luis María Arciniegas, puesto que ni el uno ni en el otro fueron parte en él, ni adquirieron La Gironda por actos entre vivos celebrados con posterioridad al registro de la demanda que le dio origen (CPC, art. 332), ya que ésta no fue registrada.
Las conclusiones a que ha llegado la Corte en esta sentencia dejan a salvo la acción reivindicatoria que, con arreglo al artículo 955 del Código Civil, pueda competir a la señora demandante.
En mérito de las razones precedentes, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia materia del recurso extraordinario, pronunciada en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.
Costas de la actuación ante la Corte a cargo de la parte recurrente.
Ángel Antonio Cardoso González, Secretario.