Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2011_03_24/992
Timestamp: 2020-02-20 00:05:30
Document Index: 311953973

Matched Legal Cases: ['artículo 224', 'artículo 192', 'artículo 192', 'artículo 224', 'artículo 46', 'artículo 105', 'artículo 76', 'artículo 105', 'artículo 46', 'in fine', 'artículo 233', 'Artículo 233', 'in fine', 'Artículo 233', 'artículo 36', 'artículo 50', 'artículo 72', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 72']

Gaceta: LXI/2SPO-234
Una, del Sen. Rubén Camarillo Ortega, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones No Gubernamentales, con la que remite el Informe de actividades de dicha comisión, correspondiente al año 2010.
Uno, por el que se designa al Sen. Fernando Castro Trenti como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar la construcción y equipamiento del nuevo recinto de la Cámara de Senadores y a la Sen. Gabriela Ruiz del Rincón como integrante del mismo Comité.
Del Sen. Ángel J. Alonso Díaz-Caneja, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 192-D y 224 fracciones I y IV de la Ley Federal de Derechos.
Propone establecer un nuevo modelo fiscal que tenderá a dotar de infraestructura al campo mexicano pero sobre todo a proveer el liquido haciéndolo accesible para todos los mexicanos, a través de reformas que permitan un sistema actualizado de tarifas de pago por el agua, situación que implica modificar por principio de cuentas la excepción al pago de derechos por el uso y extracción del agua establecido por el artículo 224 de la Ley Federal de Derechos para beneficiar a los productores del campo.
Bajo este mismo criterio propone una reforma al artículo 192–D del mismo ordenamiento legal para evitar la inhibición del pago de derechos por concepto de expedición de títulos de asignación o concesión para consumidores que no precisamente habitan en zonas marginadas y utilizarán dicho recursos para labores diferentes a las domésticas, evitando con ello la evasión de impuestos amparados en la ambigüedad de la Ley, situación que ha permitido discrecionalmente que grandes productores agrícolas y agroindustriales eviten el pago de derechos para el uso, explotación y aprovechamiento así como para la expedición de títulos y concesiones de aguas nacionales.
Con la reforma al artículo 192–D., se establece que no pagarán los derechos a que se refieren los artículos 192 y 192-A, fracciones II, III y V del Capítulo respectivo, los usuarios de aguas nacionales, zona federal y descarga de aguas residuales, que se dediquen a actividades agrícolas o pecuarias; y aquí la reforma plantea el énfasis distintivo en el que se refiere a solo los que habiten, según los indicadores establecidos por el Consejo Nacional de Población, en localidades con grado alto o muy alto de marginación.
Las reformas a las fracciones I y IV del artículo 224 de la ley se realizan en el mismo sentido para establecer que no pagarán los derechos correspondientes aquellas personas físicas dedicadas a actividades agrícolas o pecuarias; o por usos agropecuarios, incluyendo a los distritos y unidades de riego que habiten, según los indicadores establecidos por el Consejo Nacional de Población, en localidades con grado alto o muy alto de marginación.
De los Senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de conflictos de límites territoriales entre entidades federativas.
Propone reformar el artículo 46 constitucional para atribuir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad para conocer, sustanciar y resolver con carácter inatacable, los conflictos sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas, a petición de parte, y por la vía de la controversia constitucional en los términos del artículo 105 fracción I de esta Constitución. La reforma elimina la actual disposición contenida en el artículo que señala que las entidades federativas pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. Asimismo se suprime la disposición que señalaba que las resoluciones del Senado en la materia serían definitivas e inatacables.
La iniciativa deroga las fracciones X y XI del artículo 76, las cuales en el texto actual disponen que es facultad exclusiva del Senado el autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas; y el que refiere que el Senado esta facultado para resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes.
Finalmente propone la reforma del artículo 105 de la Constitución, para suprimir la referencia al artículo 46 vigente de la Constitución y permitir así a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer en los términos que señale la Ley Reglamentaria, de las controversias constitucionales con excepción de las que se refieran a la materia electoral.
En artículos transitorios se establece la entrada en vigor de las reformas al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, quedando derogadas todas las disposiciones normativas que contravengan este decreto. Y se ordena a la Cámara de Senadores remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los quince días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto, los expedientes 9/1997; 13/1997; 3/1998 y 51/2004 que obran en su poder con motivo del cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 8 de diciembre de 2005, para su respectiva prosecución jurisdiccional hasta la emisión de la resolución que en derecho corresponda a cada caso.
Del Sen. Felipe González González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos.
Propone expedir la Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos, la que tendrá por objeto regular en el territorio nacional, todo lo relacionado con los juegos con apuestas y sorteos en todos sus tipos, modalidades o variantes, con excepción de los realizados por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y por las operaciones y celebración de concursos que lleve a cabo la entidad Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los Estados, del Distrito Federal, de los municipios y de los órganos político administrativos del Distrito Federal; podrán celebrar sorteos cuando los fondos recaudados se destinen en su totalidad a instituciones de beneficencia pública o privadas sin fines de lucro o las realicen en cumplimiento de sus facultades o atribuciones, obteniendo el permiso correspondiente.
La Secretaría de Gobernación tendrá, entre sus atribuciones: reglamentar, autorizar, controlar, supervisar, intervenir, vigilar, auditar e inspeccionar la actividad de juegos con apuesta y sorteos en todas sus modalidades y etapas; expedir, renovar, modificar, revocar y cancelar los permisos y autorizaciones para celebrar juegos con apuestas y sorteos; instrumentar, organizar y operar el Registro Nacional de Permisionarios de Juegos con Apuesta y Sorteos en el Territorio Nacional; instrumentar, organizar y operar el Registro de Máquinas, Mecanismos, Equipos, Sistemas Electrónicos y Mecánicos, e Instrumentos Técnicos Autorizados y Certificados por la Secretaría, para operar en los Juegos con Apuestas y Sorteos Permitidos; publicar en el Diario Oficial de la Federación los formatos autorizados y demás información necesaria para tramitar y renovar los permisos correspondientes; realizar visitas domiciliarias, de inspección o verificación para comprobar el legal funcionamiento de las máquinas, mecanismos, sistemas electrónicos o mecánicos y cualquier otro instrumento técnico permitidos, utilizado en el juego con apuestas, sorteos así como el cumplimiento de las especificaciones establecidas al otorgamiento del permiso; ordenar y ejecutar la clausura temporal, definitiva, parcial o total y aseguramiento de los establecimientos fijos o semifijos embarcaciones, aeronaves y demás bienes muebles que se localicen y se usen de cualquier forma donde se practiquen juegos y sorteos prohibidos; imponer las sanciones por infracciones cometidas; presentar las denuncias o querellas relacionadas con juegos con apuestas y sorteos ilegales o prohibidos; e informar anualmente, dentro de los tres primeros meses del ejercicio fiscal, al Congreso de la Unión, de los permisos o autorizaciones expedidos en el ejercicio inmediato anterior, de las cancelaciones, revocaciones y juicios en la materia, premios otorgados por los permisionarios y premios no reclamados y en general toda aquella información relevante que permita a dicho poder conocer el ejercicio de la función.
En relación a la vigencia de los juegos, establece que: para la apertura y operación de hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números tendrán una vigencia máxima de 10 años; para ferias regionales, en peleas de gallos y en carreras de caballos en escenarios temporales, tendrán una vigencia máxima de 28 días; para la operación de sorteos en sistemas de comercialización, tendrán una vigencia máxima de 10 años; para la operación de sorteos con venta de boletos, sorteos sin venta de boletos y sorteos instantáneos, tendrán una vigencia máxima de tres años contados a partir de la fecha en que inició su vigencia.
Los premios que no sean reclamados al permisionario dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la fecha del evento en que el jugador o participante resultó ganador, y los no adjudicados, serán entregados a la Secretaría de Gobernación dentro de los siguientes cinco días a dicho término a efecto de que, les de un destino preferentemente para fines asistenciales.
Del Sen. Francisco Agundis Arias, a nombre propio y de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto de Interpretación Auténtica por el que se aclara y explica la fracción IV del artículo 233 de la Ley Federal de Derechos.
El presente decreto, busca exponer la interpretación del Congreso de la Unión a la fracción IV del Artículo 233 de la Ley Federal de Derechos y así evitar conflictos entre la autoridad y el gobernado al momento de aludir la aplicación de dicha fracción al caso concreto.
Propone formular Decreto de Intepretación autentica, con el objeto de aclarar a las autoridades encargadas del cobro de derechos sobre concesiones o permisos para el uso de las playas, la zona federal marítimo terrestre o cualquier otro depósito de aguas marítimas, así como la zona federal administrada por la Comisión Nacional del Agua, los alcances de la reforma hecha por el Congreso de la Unión para la exención de dicho pago a las asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro.
Se clarifica con esta reforma las interpretaciones particulares del Sistema de Administración Tributaria (SAT) quien interpreta erróneamente el texto del artículo pues confunde los conceptos de conservación y restauración, ya que la fracción IV del Artículo 233 de la Ley Federal de Derechos establece que estas acciones deberán darse “a través de la reforestación con especies nativas o la cobertura vegetal como manglares, vegetación de marismas.......”, las cuales únicamente se refieren a actividades de restauración y no de conservación.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
Propone la disminución del tiempo que deban guardar los historiales crediticios las Sociedades de Información Crediticia, para el caso de personas que paguen sus adeudos, y así quedar en posibilidad de solicitar créditos de nueva cuenta, y no tener que esperar 6 años para ser sujetos de este tipo de préstamos. La iniciativa señala que en el caso de aquellas personas físicas y morales con historiales crediticios que reflejen el cumplimiento de la obligación la temporalidad máxima que se conservarán será de doce meses.
Del Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Propone adiciones y reformas a los artículos 77, 78, 79, 81, 82, 83 fracciones I, II y III; 83 Bis fracciones I y II; 83 Ter, fracciones I, II y III; 83 Quat fracciones I, II y III; 84, 84 Bis, 85, 85 Bis, 86, 87 y 90 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para actualizar las multas y con ello tengan una proporcionalidad similar a las contempladas en el Código Penal Federal, así como en la relación con otros ordenamientos federales que prevén sanciones pecuniarias.
Formula elevar la pena de diez a cien días multa, por ciento ochenta a trescientos sesenta días multa a quienes posean armas sin haber hecho la manifestación de las mismas a la Secretaría de la Defensa Nacional; posean armas, cartuchos o municiones en lugar no autorizado; a quienes infrinjan lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley. En este caso, además de la sanción, se asegurará el arma, y quienes posean cartuchos en cantidades superiores a las que se refiere el artículo 50 de la Ley.
Eleva la pena de diez días multa por cincuenta a cien días, a quien se le recoja el arma y no lleve el interesado la licencia, e incrementa el plazo para exhibir la licencia, pasando de quince a treinta días. Por otra parte incrementa la pena de diez días, por cincuenta a cien días multa al funcionario que no informe de inmediato a su superior, así como a las demás autoridades del aseguramiento de un arma. A su vez parte plantea se incremente la multa actual de cincuenta a doscientos días multas por una de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de la Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.
En relación a la pena impuesta a quienes transmitan la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente, eleva la pena establecida de cien a quinientos días multa por una mayor de ciento ochenta a setecientos veinte días multa. Las multas comprendidas para quienes que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se elevan de uno a diez días multa por cincuenta a ciento ochenta días multa; de cincuenta a doscientos días multa, por ciento ochenta a trescientos sesenta días multa, y cien a quinientos días multa, se eleva por una mayor de trescientos sesenta a setecientos veinte días multa.
Al que sin permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se eleva la multa comprendidas en los supuestos, pasando de diez a trescientos días multa, por una que va de cien a setecientos veinte días multa, y actualiza la que refiere cien a quinientos días multa, por una más alta de trescientos sesenta a setecientos veinte días multa.
A quien sin el permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, eleva las multas pasando de uno a diez días multa, por cincuenta a ciento ochenta días multa; de veinte a cien días multa por otra de cien a trescientos sesenta días multa; y, la establecida de cincuenta a doscientos días multa, por una más alta de ciento ochenta a setecientos veinte días multa.
Se elevan las multas para quienes posean cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, pasando de diez a cincuenta días multa de cien a ciento ochenta; y de veinticinco a cien días multa, por una de cien a trescientos sesenta días. Asimismo plantea elevar la multa de veinte a quinientos días multa, por una de cien a setecientos veinte días multa al que participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control, así como a quien los adquiere con fines comerciales.
En relación con los residentes en el extranjero que por primera ocasión introduzcan una sola arma en forma clandestina de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se eleva la sanción administrativa pasando de doscientos días multa, por una mayor de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos, se eleva la multa de veinte a quinientos días multa, por una mayor de cien a setecientos veinte.
Plantea elevar la pena de cien a quinientos días multa, por otra que establece trescientos sesenta a setecientos veinte días multa, a quienes fabriquen o exporten armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente. También plantea elevar la pena establecida de dos a doscientos días multa por otra que impone cincuenta a trescientos sesenta días multa, a quienes sin el permiso respectivo compren explosivos, o los transporten organicen reparen, transformen o los almacenen. Para los supuestos en los que los responsables de la producción o almacenamiento no se ajusten a las condiciones de seguridad a que estén obligados, se eleva la pena de dos a cien días multa por una de cincuenta a ciento ochenta días multa. Finalmente y en relación con las demás infracciones a la presente Ley o su Reglamento, no expresamente previstas, pasa a elevar la pena de uno a doscientos días multa, por una que va de cincuenta a setecientos veinte días multa.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Del Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Propone adicionar el artículo 4 de la Ley para que se tutele la protección de la dignidad humana, para garantizar íntegramente el respeto de quienes se encuentren en territorio nacional. Asimismo, se establece que deberá de procurarse el goce o ejercicio en igualdad de oportunidades dentro de cualquier ámbito de la vida o bajo cualquier situación.
Pretende reformas las fracciones II, VI y VIII; y adicionar las fracciones IX, X, XI, XII y XIII al artículo 5 de la Ley: en la fracción II se considera a las “calificaciones requeridas” como una distinción que no es considerable como discriminación; en la fracción VI se amplía el término de “enfermedad mental” a fin de hacer extensiva la acción afirmativa a todas las personas que por padecer alguna enfermedad vean limitada o menoscabada su igualdad real de oportunidades; en la fracción VIII se modifica la redacción original para adicionar que dicho beneficio consistente en el trato diferenciado, no sea discriminatorio al tratarse de mujeres embarazadas o en estado de lactancia. Ahora bien, dentro de las fracciones IX a XIII, se tiene como fin reconocer la posibilidad de brindar un trato diferenciado a niñas, niños y adolescentes, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad y a los miembros de las comunidades y pueblos indígenas.
Por último, la adición al artículo 9 establece en su fracción XVIII como conducta discriminatoria toda aquella que realice o promueva el maltrato físico o psicológico por el origen étnico o nacional, caracteres genéticos, por vivir con alguna discapacidad y por padecer alguna enfermedad o por su condición social.
Del Sen. Heladio Ramírez López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con aval de grupo, la que contiene proyecto de decreto que expide la Ley Agrícola.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL; DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Propone expedir la Ley Agrícola, de observancia general y sus disposiciones son de orden general e interés público en los Estados Unidos Mexicanos. La cual establece que será el Ejecutivo Federal, el responsable de diseñar y ejecutar la política de Estado para el sector agrícola nacional, con visión de largo plazo, a través de los programas, inversiones e instrumentos previstos en la propia Ley.
Tiene como objetivos fomentar la producción, productividad y rentabilidad agrícola; otorgar certidumbre económica a los sujetos de esta Ley, mediante la planeación de corto, mediano y largo plazos de las actividades agrícolas, garantizándoles los apoyos, incentivos e inversiones estratégicas a la producción, procesamiento, distribución y comercialización de sus productos, y crear y mantener las reservas de granos básicos.
Esta integrada por un TÍTULO PRIMERO denominado de la Naturaleza y sus Objetivos, integrado por dos capítulos De la Naturaleza y De sus Objetivos. Un TÍTULO SEGUNDO, de la Planeación Agrícola, con dos capítulos De la Planeación y Del Presupuesto.
Un TITULO TERCERO, denominado Programas Agrícolas, con un Capítulo I, referido a las Disposiciones sobre los Programas Agrícolas; un Capítulo II, en el que se desarrolla lo relativo a los Programas de Apoyo al Ingreso, con una Sección 1, relativa al Procampo; una Sección 2, relativa al Progan; y una Sección 3, que se ocupa del Programa Ingreso Objetivo. Un Capítulo III, el cual se refiere a los Programas de Apoyo a la Productividad, con 13 secciones donde se desarrolla lo relativo a la Agricultura de Temporal para Productos Elegibles; la Reconversión Productiva, los Cultivos con Ventajas Comparativas; las Plantaciones Industriales; de la Agricultura Sustentable; el Programa Nacional de Fruticultura; el Programa Nacional del Trópico Húmedo; el Programa Nacional de Semillas; el Programa Nacional de Fertilizantes; los Programas Pecuarios; el Desarrollo de la Apicultura; Componentes Ambientales de Procampo y Progan; y una última sección que desarrolla el Programa de Organización y Capacitación de Productores. Un Capítulo IV, denominado De los Programas de Apoyo a la Comercialización, con 4 secciones referidas a Agricultura por Contrato; Fomento y Consolidación de Organizaciones para la Comercialización; Información Comercial de Productos Agrícolas; y, Adquisición de Leche de Producción Nacional por LICONSA.
Un TÍTULO CUARTO, denominado de las Inversiones Prioritarias, con un Capítulo Único referido a Disposiciones Generales para las Inversiones. Un TÍTULO QUINTO, denominado Investigación, Tecnología y Extensionismo, con dos capítulos de la Investigación y la Tecnología y Extensionismo.
Un TÍTULO SEXTO, denominado Restitución de la Capacidad Productiva ante Desastres Naturales, con dos capítulos, del Alcance y de los Apoyos.
Un TITULO SEPTIMO, denominado de la Institucionalidad, que en su Capítulo I, referido a la Comisión Federal Reguladora Agrícola, da origen a esta instancia como un órgano desconcentrado de la Secretaría con autonomía técnica y gestión. El Capítulo II, refiere la integración de la Comisión Federal señalando que estará integrada por cinco comisionados, incluyendo al presidente de la misma, los cuales serán propuestos por el Consejo Mexicano y serán designados por el titular del Ejecutivo Federal. Designados para desempeñar sus puestos por un periodo de siete años y sólo podrán ser removidos por el Titular del Ejecutivo Federal.
Un TÍTULO OCTAVO, denominado de Reserva Estratégica, con un Capítulo Único, referido a las Disposiciones para la Creación y Mantenimiento de la Reserva Estratégica de Granos Básicos. Un TÍTULO NOVENO, denominado de la Revisión y Evaluación de los Programas, con un Capítulo Único, referido a la Evaluación.
Finalmente un TÍTULO DÉCIMO, con un Capítulo único, relativo a las Sanciones y Responsabilidades.
De los Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 52 bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Propone la creación de juzgados administrativos especializados en materia ambiental, para consolidar el actual sistema de justicia y no dejar, en estado de indefensión o vulnerar los derechos de los ciudadanos. Los autores señalan que la importancia que tiene la especialización de las autoridades administrativas en materia ambiental, garantiza entre otras mejoras, la actuación de las autoridades en base a la certificación y constante capacitación de la materia ambiental; celeridad en la resolución de las controversias que se le presenten, además de que es un hecho notorio que la vía del recurso administrativo no ha sido suficiente para defender los problemas ambientales.
Con la adición de un artículo 52 bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establecería que los jueces de distrito en materia administrativa, especializados en equilibrio ecológico y protección al ambiente conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la afectación del equilibrio ecológico y protección al ambiente, originada en el territorio nacional o las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de la nación; o con relación a la afectación de las personas, atribuida a causa de una emergencia o contingencia ambiental.
Asimismo conocerán de las solicitudes realizadas sobre posibles riesgos o amenazas ante una contingencia ambiental o desequilibrio ecológico; así como de las resoluciones definitivas que emita la autoridad administrativa con relación a la materia, y en los términos que dispongan las leyes administrativas aplicables.
En artículos transitorios atribuyen la facultad al Consejo de la Judicatura Federal para determinar el número, división en circuitos y competencia territorial de los juzgados de distrito en materia administrativa, especializados en equilibrio ecológico y protección al ambiente.
Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone agregar al texto del artículo 25 constitucional, que los principios que guíen la rectoría del desarrollo nacional no se limiten sólo a garantizar que éste sea integral y sustentable, sino que haga hincapié en la competitividad.
Señala el autor que con esta reforma y al hacer este agregado al texto constitucional, se vinculará a las autoridades para que adopten las medidas necesarias para materializar la competitividad del Estado mexicano, pues el desarrollo económico habrá de ser competitivo tanto en un marco nacional como internacional.
De los Senadores Pablo Gómez Álvarez y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone modificar el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, para terminar con la exención de contribuciones sobre bienes del dominio público de la federación; por ello se facultará a los estados a establecer dichas contribuciones.
Dicha facultad tendrá un tope máximo a la tasa de imposición que pudieran establecer las entidades federativas a favor de los municipios sobre bienes del dominio público de la Federación, de tal manera que ningún estado pudiera discrecionalmente establecerla.
También se agrega una limitante para el Poder Ejecutivo en el sentido de que el decreto del Congreso de la Unión donde se establezcan los límites máximos de las contribuciones sobre los bienes de dominio público de la Federación, no podría ser observado debido a que el Poder Ejecutivo es el responsable administrativo tanto de las dependencias federales como de los organismos públicos que pagarían tales contribuciones.
De los Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción II del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone la incorporación de los conceptos de protección civil en la actividad educativa general del país, desde su nivel preescolar hasta el profesional. Para ello la iniciativa señala que es necesario que los Libros de Texto Gratuito y en los Planes y Programas de Estudio, se incorpore en forma articulada, gradual y sistemática los contenidos básicos de protección civil y las líneas conceptuales que permitan un nuevo enfoque de la cultura de la protección civil, incluyendo la percepción de la autoprotección y buscando la optimización de los ejercicios teóricos y prácticos de la prevención.
La adición de un inciso d) a la fracción II del artículo 3 de la Constitución tiene el propósito de establecer que la educación que imparta el Estado deberá informar y formar a los educandos en la protección civil, para que a través de acciones incluyentes, solidarias, participativas y corresponsales entre la sociedad y las autoridades se realice la detección de riesgos, la reducción de la vulnerabilidad, así como la prevención y actuación frente a los desastres, con el objeto de salvaguardar la integridad física personas, los bienes y el entorno, frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre.
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.
La iniciativa tiene por objeto reformar la Ley de Asistencia Social, a fin de establecer que sean sujetos de asistencia social las niñas, niños y adolescentes afectados por el alcoholismo y fármaco dependencia.
De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de cosméticos.
La Minuta plantea reformas a la Ley General de Salud en sus disposiciones referentes a los productos de perfumería y belleza, distinguiéndolos como productos cosméticos y de aseo, a fin de armonizar este ordenamiento con los estándares internacionales.
Se establece en la legislación mexicana el concepto “productos cosméticos” de manera específica, homologando el nombre utilizado por los socios comerciales de nuestro país en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, además de ser el concepto utilizado por los estándares internacionales de la ISO (International Organization for Standardization).
Por otra parte se define claramente aquellos productos que son considerados “cosméticos”, señalando que la misma intenta armonizarse en lo posible con la Directiva Europea de Cosméticos, de esta manera y para los efectos de la Ley, se consideran productos cosméticos las sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los dientes y mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales o atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana. Asimismo, se señala que no se considerará producto cosmético una sustancia o mezcla destinada a ser ingerida, inhalada, inyectada o implantada en el cuerpo humano.
Finalmente se realizan modificaciones pertinentes, relativas a las propiedades atribuibles a los productos cosméticos y a los estudios de seguridad y eficacia.
De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de tatuajes.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA. FUE APROBADO EN VOTACIÓN NOMINAL.
La iniciativa pretende establecer normas sanitarias y administrativas básicas para la realización tanto de tatuajes como piercing; en cuanto que los prestadores de estos servicios, previamente al inicio de actividades, obtengan constancia de capacitación expedida por los sistemas de salud pública. Asimismo, se establece como obligación de los tatuadores y perforadores, inscribirse en el registro de prestadores de servicios de esta actividad, implementado por las autoridades estatales y federales de salud a efecto de que se programen las infecciones y verificaciones correspondientes.
Sin embargo, las comisiones consideran que la propuesta en estudio resulta inviable, en virtud de que las modificaciones planteadas ya son materia del Anteproyecto de Decreto que Adiciona Diversas Disposiciones del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, por lo que se estima innecesaria.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 206 de la Ley del Seguro Social y 196 bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La iniciativa tiene como objetivo garantizar la permanencia de los niños que cumplan 4 años de edad antes de que inicie el período lectivo escolar que establece la Secretaría de Educación Pública, en las guarderías y estancias infantiles, como medida de apoyo a los padres trabajadores, cuyos ingresos les impiden acudir a otras instancias.
Sin embargo, las comisiones dictaminadoras estiman que la propuesta es improcedente ya que el funcionamiento y operatividad de estas estancias infantiles se encuentra regulada por lo que respecta al ISSSTE en el Reglamento del Servicio de Estancias Infantiles para el Bienestar y Desarrollo Infantil de dicho Instituto; y por parte del IMSS en el Reglamento para la Prestación del Servicio de Guarderías del IMSS.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 107 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La minuta reconoce que el propósito fundamental del Fondo de la Vivienda es otorgar el financiamiento para los trabajadores, por ello, considera adecuado proponer la adición de un cuarto párrafo al artículo 107 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de establecer la obligación del Fondo de la Vivienda para emitir estados de cuenta conforme a los lineamientos que al efecto se expidan.
Sin embargo, las comisiones dictaminadoras señalan que el pasado 31 de marzo de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que abrogó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1983 con sus reformas y adiciones.
Por tanto, resuelven desechar la minuta en estudio, en razón de que pretende reformar una disposición de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social.
La minuta remitida por la Cámara de Diputados, propone incluir a la “vivienda” dentro de la fracción I, referida a la “superación de la pobreza” que es una de las vertientes de la Política Nacional de Desarrollo Social.
Las dictaminadoras consideran innecesario incluir en el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, el concepto de “vivienda” como parte de la fracción referida a la superación de la pobreza, toda vez que existen diversos ordenamientos que regulan la vinculación de las políticas de desarrollo social y las de vivienda.
En consecuencia resuelven que no es de aprobarse la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, recibida por la Cámara de Senadores en la sesión del 21 de febrero de 2006 y determinan devolverla a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se deroga el Capítulo IV del Título Decimoquinto del Libro Segundo del Código Penal Federal
INTERVINO EL SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, PRD.
Propone la derogación de la figura del adulterio implícita en los artículos 273, 274, 275 y 276 del Capítulo IV del Título Decimoquinto que se deroga en el libro segundo del Código Penal Federal. Las dictaminadoras consideran procedente la despenalización del delito y de aquellas reglas afines al ejercicio de la acción penal, la obligación de castigar solamente el adulterio consumado y los efectos del perdón del ofendido.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Carlos Manuel Sada Solana, como Cónsul General de México en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Eduardo Arnal Palomera, como Cónsul General de México en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América.
FUE APROBADOEN VOTACIÓN NOMINAL. EL FUNCIONARIO RINDIÓ SU PROTESTA DE LEY.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano David Figueroa Ortega, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
RUBÉN CAMARILLO ORTEGA, PAN.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Andrés Imre Chao Ebergenyi, como Cónsul General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América.
Del Sen. Jaime Rafael Díaz Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud a que trabajen conjuntamente en las medidas que garanticen el suministro de Diesel UBA en todo el territorio nacional de manera prioritaria.
Del Sen. Alfonso Sánchez Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, presente un inventario actualizado y detallado de bienes y piezas arqueológicas en poder del Estado, entes públicos y privados, así como de otras formas de posesión, bajo el principio de máxima transparencia.
Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo sobre las emergencias sísmicas en el Distrito Federal.
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
Del Sen. Ricardo Torres Origel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, la que contiene punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, suspenda el proceso de desgravación arancelaria que lleva a cabo a diferentes fracciones de productos de importación, hasta entre tanto no se concerte con los diferentes sectores productivos nacionales que se ven afectados por estas disposiciones y regresar a los niveles arancelarios de 2008, de conformidad con lo establecido en la Ley de Comercio Exterior y la Ley Aduanera.
YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, PRD.
De la Sen. Magaly Ramírez Hermosillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que se aumente el número de centros de integración juvenil existentes en el estado de Nayarit.
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
Del Sen. Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo a la situación en la Gran Yamahiria Árabe Libia Popular Socialista.
De la Sen. María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se impulsen políticas públicas que atiendan los trastornos del sueño y se realicen campañas informativas para la población, con el fin de que conozcan los riesgos de este padecimiento.
Del Sen. Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer de manera extraordinaria los programas tendientes a aumentar la cobertura y la calidad de la educación superior pública y a diseñar, conjuntamente con diversas autoridades y dependencias, un plan rector transexenal para el fortalecimiento de la educación superior con equidad.
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo sobre la nula y escasa impartición de justicia que ha recibido el señor Fernando Flores González por parte de las autoridades del estado de México y del municipio de Huixquilucan, ante el despojo de un predio que legal y legítimamente le pertenece.
Del Sen. Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar el establecimiento de una mesa de trabajo permanente con miembros de las organizaciones campesinas y rurales y los titulares de las entidades del Gobierno Federal, en la que se discutan y acuerden medidas concretas para enfrentar la emergencia agroalimentaria en la que está nuestro país.
De los Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las secretarías federales y estatales competentes en la materia, a que recompensen a los cafetaleros certificados con sistemas orgánicos mediante el pago de servicios ambientales.
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=LXI_II&tp=Segundo%20Periodo%20Ordinario&np=Mar%2024,%202011&d=16
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=2&f=2011/3/24