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Timestamp: 2018-02-26 04:01:39
Document Index: 327142278

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 99', 'artículo 23', 'artículo 5', 'artículo 47']

RECURSO DE APELACIÓN EXPEDIENTE: SUP-RAP-316/2009 RECURRENTE: FRENTE MEXICANO PRO DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, ASOCIACIÓN CIVIL - PDF
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Carmelo Gil Toledo
1 RECURSO DE APELACIÓN EXPEDIENTE: SUP-RAP-316/2009 RECURRENTE: FRENTE MEXICANO PRO DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, ASOCIACIÓN CIVIL AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MAGISTRADA: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA SECRETARIO: RAÚL ZEUZ ÁVILA SÁNCHEZ México, Distrito Federal, a veintitrés de diciembre de dos mil nueve. V I S T O para resolver los autos del recurso de apelación radicado en el expediente SUP-RAP-316/2009, interpuesto por Jorge Humberto Carreto Siller, ostentándose como Presidente y representante legal de Frente Mexicano Pro Derechos Humanos del Distrito Federal, Asociación Civil, en contra de la resolución CG554/2009, de cuatro de noviembre de dos mil nueve, emitida por el Consejo General del Instituto Federal, por medio del que resolvió respecto de los informes de ingresos y gastos de las organizaciones de observadores electorales correspondientes al proceso electoral federal , y R E S U L T A N D O
2 I. El cuatro de noviembre de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución CG554/2009, por medio del que aprobó la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ORGANIZACIONES DE OBSERVADORES ELECTORALES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL En dicha determinación, entre otros aspectos, se impuso a la organización de observadores electorales Frente Mexicano Pro Derechos Humanos del Distrito Federal, una multa de cien días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; la notificación a dicha organización, se verificó el veintitrés de noviembre del presente año. II. El veintiséis de noviembre de dos mil nueve, Jorge Humberto Carreto Siller, ostentándose como presidente y representante legal de Frente Mexicano Pro Derechos Humanos del Distrito Federal, Asociación Civil, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, presentó escrito por el que IMPUGNA la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral Respecto al Dictamen CG554/2009. III. El dos de diciembre del año en curso, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, se recibió el oficio número SCG/3752/2009, de la misma fecha, suscrito por el 2
3 Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por medio del que, entre otros documentos, remitió: A. El escrito de promoción de impugnación; B. Copia certificada del acuerdo CG554/2009; C. diversas constancias relativas a la tramitación del medio impugnativo, y D. El informe circunstanciado de ley. IV. En esa misma fecha, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por Ministerio de Ley, acordó integrar el expediente SUP-AG-48/2009, así como turnarlo a la ponencia a cargo de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, para que propusiera a la Sala la resolución que corresponda conforme a derecho; dicho acuerdo se cumplimentó mediante oficio TEPJF-SGA-11432/09, suscrito por el Subsecretario General de Acuerdos de esta Sala Superior. V. El siete de diciembre de dos mil nueve, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó tramitar el asunto general antes referido, como recurso de apelación, motivo por el que se registró bajo la clave SUP-RAP-316/2009 y se turnó a la ponencia a cargo de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. VI. El dieciséis de diciembre de dos mil nueve, la Magistrada Instructora, entre otros aspectos, acordó radicar el expediente SUP-RAP-316/2009 en la ponencia a su cargo, así como admitir a trámite la demanda respectiva. 3
4 VII. El veintidós de diciembre de dos mil nueve, la Magistrada Instructora acordó cerrar la instrucción del expediente y ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente, y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación señalado en el rubro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción V, y 189, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación promovido por una organización de observadores electorales, en contra de una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral por medio de la que le impuso una sanción, por la omisión de presentar el informe de ingresos y gastos de las organizaciones de observadores electorales, correspondientes al procedimiento electoral federal dos mil ocho- dos mil nueve. SEGUNDO. Procedencia. En el presente recurso de apelación se satisfacen los requisitos de procedencia del medio de impugnación, previstos en los artículos 8, párrafo 4
5 1, 9, párrafo 1, 13, párrafo 1, inciso a), fracción I; 40, párrafo 1, inciso b), y 45, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como enseguida se razona. a) Oportunidad. El recurso fue presentado dentro del plazo de los cuatro días establecido en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que la resolución identificada con la clave CG554/2009 se emitió el cuatro de noviembre dos mil nueve, y se notificó el veintitrés del mismo mes y año, mientras que la demanda se presentó el veintiséis siguiente, como se aprecia en el acuse de recibo que se tiene a la vista en la foja 5 del expediente. b) Forma. El recurso de apelación se presentó por escrito ante la autoridad responsable, haciéndose constar el nombre del actor, su domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para ello. En el referido ocurso también se identifican el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que causa el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados, y se hacen constar tanto el nombre como la firma autógrafa del promovente. c) Legitimación. El medio de impugnación se promovió por el representante legal de Frente Mexicano Pro Derechos Humanos del Distrito Federal, Asociación Civil, el cual se 5
6 encuentra legitimado, conforme a lo previsto en el artículo 45, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. d) Personería. Se tiene por acreditada la personería del C. Jorge Humberto Carreto Siller, en su calidad de representante legal de Frente Mexicano Pro Derechos Humanos del Distrito Federal, Asociación Civil, en términos de lo dispuesto en el artículo 45, párrafo 1, inciso b), fracción III, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en razón de la copia del testimonio notarial que acompañó a su escrito de demanda, así como del reconocimiento de la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado. e) Definitividad. En el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que el principio de definitividad es requisito de procedibilidad en todos los medios de impugnación electorales, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluido el recurso de apelación. Al respecto, cabe señalar que la resolución que se combate se estima como definitiva y firme en sí misma, toda vez que del análisis de la legislación federal aplicable se constata que contra la misma no procede algún medio de impugnación que debiera agotarse antes de acudir en la vía propuesta ante este órgano jurisdiccional, de ahí que el 6
7 medio impugnativo que se resuelve cumpla con el requisito bajo análisis. En vista de lo anterior, procede entrar al estudio de fondo de los agravios que se hacen valer ante esta Sala Superior. TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior debe suplir la deficiencia en la expresión de los agravios, siempre y cuando estos puedan ser deducidos claramente de los hechos narrados, aspecto que encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes volumen Jurisprudencia, páginas 182 y 183. Aplicando el criterio antes referido, este órgano jurisdiccional federal en materia electoral advierte que la lectura integral del escrito de demanda permite deducir los agravios siguientes: 1. Que el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos del Distrito Federal, Asociación Civil, buscó ser admitida como organización de observadores electorales, sin embargo, estimó que su solicitud resultó extemporánea. 7
8 2. Que el nombre correcto de la organización de observadores electorales es Frente Mexicano Pro Derechos Humanos del Distrito Federal, Asociación Civil, y no el nombre precisado en la notificación de la resolución impugnada. 3. No se dio a conocer a la referida Asociación Civil, aviso alguno para presentar el informe respectivo. 4. La falta se calificó como grave mayor sin justificación alguna, toda vez que no sustentó debidamente la presunta omisión en que incurrió la Asociación. 5. La afirmación de que la asociación cuenta con la capacidad económica para cubrir la multa propuesta no se justifica, ya que omite tomar en consideración que se trata de una organización no lucrativa. 6. Solicita se revise el procedimiento del Movimiento de actuación de la asociación, para efecto de que se deslinden responsabilidades. Como se advierte de lo anterior, los agravios del enjuiciante pueden agruparse en tres aspectos principales, los cuales son: A. Falta de obligación de presentar el informe de ingresos y gastos por no haber tenido conocimiento de que se admitió su solicitud como organización de observadores 8
9 electorales, así como la omisión de notificarle que se encontraba vinculado a presentar el informe. B. Indebida calificación de la falta como grave mayor, y C. Indebida individualización de la sanción. El motivo de inconformidad precisado en el apartado A, del resumen previo, es fundado y suficiente para revocar la resolución impugnada, en virtud de los motivos, razones y fundamentos que se exponen a continuación. La notificación de los actos de las autoridades administrativas electorales, debe entenderse como la actuación por la que se hace del conocimiento de aquél al que se encuentra dirigida o le impone obligaciones, el contenido integral, puntual, exacto y directo de la determinación adoptada. Lo anterior, se sustenta en los principios de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva establecidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que sólo en el caso de que el afectado conozca la determinación de la autoridad, se encuentra en condiciones de aceptar u oponerse a los derechos y obligaciones emanados de la resolución respectiva, llevando a cabo los actos necesarios para cumplir con las obligaciones determinadas o controvirtiendo la resolución mediante la promoción de los medios de impugnación que estime pertinentes. 9
10 Así, sólo está en condiciones de aceptar los efectos jurídicos de un acto de autoridad, o de oponerse a ellos, aquél que tiene el conocimiento integral, exacto y directo, de la determinación adoptada por el órgano competente. En este contexto, cuando la autoridad emite un acto en el que se imponga a un gobernado una obligación de hacer, de no hacer, o se le autoriza para realizar conductas determinadas, es necesario que la resolución vinculante se haga del conocimiento real, directo, integral y exacto, del sujeto al que se encuentra destinado, máxime, cuando exista una previsión legal que vincule a la autoridad a notificar dichos actos, pues sólo en ese caso, existe certeza del destinatario, de la situación jurídica en la que se encuentra, con el respectivo conocimiento de las obligaciones y derechos a que está sujeto. Ahora bien, aún en el supuesto de que la determinación de la autoridad emane de una solicitud formulada por el sujeto obligado, resulta indispensable que el acuerdo que recaiga a su petición, se notifique al interesado, pues sólo en dicho caso, tendrá certeza de la situación jurídica a la que se encuentra sujeto y se encontrará en condiciones de llevar a cabo los actos tendentes para cumplir con las obligaciones impuestas y ejercer los derechos respectivos o, en su caso, estar en condiciones reales para impugnar la determinación de la autoridad. 10
11 En el caso, el apelante señala que presentó la solicitud para acreditar a la organización Frente Mexicano Pro Derechos Humanos del Distrito Federal, Asociación Civil como observador electoral, sin que se le notificara respuesta alguna o se le hiciera saber su obligación de presentar el informe respectivo, de manera que presumió que la solicitud resultó extemporánea. Como se advierte, los argumentos del recurrente se encuentran encaminados a señalar que no tuvo conocimiento de que su solicitud para participar en el proceso electoral en calidad de organización de observadores electorales se respondió en sentido favorable, y que por la misma razón, desconocía su obligación de presentar el informe de ingresos y gastos respectivo. Al respecto, debe señalarse que el órgano administrativo electoral se encontraba obligado a notificar a la organización de ciudadanos que pretendían obtener su acreditación como observadores electorales, la resolución que emitiera a dicha petición, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 4, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; dicho precepto, es del siguiente tenor: ARTICULO Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como de los que se lleven a cabo el día de la jornada electoral, en la forma y 11
12 términos en que determine el Consejo General del Instituto para cada proceso electoral, de acuerdo con las siguientes bases: c) La solicitud de registro para participar como observadores electorales, podrá presentarse en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, ante el presidente del Consejo Local o distrital correspondiente a su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 31 de mayo del año de la elección. Los presidentes de los consejos locales y distritales, según el caso, darán cuenta de las solicitudes a los propios consejos, para su aprobación, en la siguiente sesión que celebren. La resolución que se emita deberá ser notificada a los solicitantes. El Consejo General garantizará este derecho y resolverá cualquier planteamiento que pudiera presentarse por parte de los ciudadanos o las organizaciones interesadas; En la norma referida, se establece la obligación de la autoridad de notificar a los solicitantes, la respuesta a las solicitudes de acreditación de observadores electorales. Toda vez que, como se ha señalado en párrafos previos, es obligación de la autoridad administrativa electoral notificar la resolución que recaiga a las solicitudes de registro de observadores electorales y, en el caso, la apelante señala que en momento alguno se le notificó la respuesta a dicha petición, por lo que no se encontró en condiciones de presentar el informe, ya que desconocía el sentido de la respuesta, la litis del presente asunto, consiste en determinar si se notificó a la organización apelante la respuesta a su solicitud de acreditación. La revisión cuidadosa de las constancias que integran el expediente SUP-RAP-316/2009, llevan a este órgano 12
13 jurisdiccional a acoger la pretensión del recurrente, toda vez que no existe documental alguna con la que se acredite fehacientemente que la autoridad administrativa electoral notificó al Frente Mexicano Pro Derechos Humanos del Distrito Federal, Asociación Civil que su solicitud de registro como organización de observadores electorales fue aprobada. En efecto, en la resolución impugnada, la autoridad administrativa electoral señala que la referida organización no presentó el informe de ingresos y gastos, sin embargo, no precisa que se haya notificado al actor el acuerdo por el que se admitió su solicitud de acreditación como organización de observadores electorales. Cabe mencionar que en el informe circunstanciado, el órgano administrativo electoral responsable tampoco manifiesta haber notificado la resolución recaída a su solicitud de acreditación como organización de observadores electorales, pues, contrario a ello, expone que la solicitud se aprobó mediante el acuerdo identificado con la clave CD/A/09/05/13/09, emitido el veintiocho de abril de dos mil nueve, y que desde dicho momento, la organización se encontraba registrada, y por ende, se encontraba vinculada a presentar el informe respectivo. Conforme se ha expuesto a lo largo del presente considerando, si no se encuentra acreditado que el recurrente tuvo conocimiento cierto, directo e integral de la 13
14 resolución por la que se aprobó su solicitud de acreditación como organización de observadores electorales, resulta evidente que desconocía el sentido en que se emitió dicha respuesta y, por ende, no se encontraba en condiciones de llevar a cabo los actos necesarios para ejercer los derechos respectivos y cumplir con las obligaciones de la situación jurídica en que se encontraba, de ahí lo fundado del agravio. Toda vez que resulta fundado el agravio que se ha estudiado, resulta innecesario el estudio de los diversos motivos de inconformidad. Por lo anterior, lo procedente es revocar la resolución impugnada, en lo que respecta a la sanción impuesta al Frente Mexicano Pro Derechos Humanos del Distrito Federal, Asociación Civil, en términos de lo previsto en el artículo 47, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se revoca en la materia de impugnación, la resolución CG554/2009, de cuatro de noviembre de dos mil nueve, emitida por el Consejo General del Instituto Federal, relativa a la multa impuesta a Frente Mexicano pro Derechos Humanos del Distrito Federal, Asociación Civil. 14
15 NOTIFÍQUESE, personalmente al recurrente en el domicilio señalado en autos; por oficio, acompañando copia certificada del presente acuerdo, al Consejo General del Instituto Federal Electoral; y por estrados a los demás interesados, con acorde con lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28 y 48 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Devuélvanse las constancias que correspondan a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de los Magistrados José Alejandro Luna Ramos, Salvador Olimpo Nava Gomar, y Pedro Esteban Penagos López, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA MAGISTRADO MAGISTRADO CONSTANCIO CARRASCO DAZA FLAVIO GALVÁN RIVERA 15
16 MAGISTRADO MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO 16