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Timestamp: 2017-08-21 04:28:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 37', 'artículo 51', 'Artículo 55', 'artículo 144', 'artículo 155', 'artículo 159', 'artículo 202', 'artículo 203', 'artículo 40', 'artículo 3', 'artículo 175', 'in fine', 'Artículo 189', 'Artículo 35', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 16', 'in fine', 'in fine']

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« La Hacienda Publica
Derecho 1 – Resumen 14 Unidades »
Es la disciplina que se ocupa de la economía de la HACIENDA PUBLICA, cuyas operaciones estudia en conjunto y en detalle, a los efectos de formar y perfeccionar, por vía racional y experimenta la doctrina administrativa de aquella. (BAYETTO).
Se dirige al estudia de la gestión económica, osea no toda la gestión sino la que se refiere a la obtención y aplicación de los recursos, que permitan la satisfacción de las particulares necesidades del estado. Lo dicho demuestra el condicionante de la acción política para la gestión económica que abarca la contabilidad pública.
Podemos dividir a la contabilidad pública en subramas que la conforman y que son inseparables entre las mismas, pero que a los fines del análisis nos servirán de mucho.
La Contabilidad Preventiva, que se plasma en el presupuesto es el comienzo de la actividad , con todos los aspectos que se agregan día a día en su desarrollo.
La Contabilidad Ejecutiva Financiera, que se ocupa de la gestión financiera propiamente dicha, se basa en la preventiva y se relaciona directamente con el manejo de fondos.
La Contabilidad Ejecutiva Patrimonial, que se encarga del manejo de los bienes que son del patrimonio estatal, considerando en éstos a los bienes públicos de dominio privado.
La Contabilidad Crítica, correspondiendo a la misma la aplicación de la teoría del control, haciendo efectiva la asignación de los responsables de la gestión pública.
Sabemos de las concepciones de las distintas personas jurídicas y físicas, y de las peculiaridades con las que se destaca el Estado, como ente político máximo, por la cual la Hacienda Pública, es la Coordinación económica activa de personas (habitantes afincados en un territorio) y bienes económicos con la finalidad de satisfacer las necesidades de orden colectivo o común, que los individuos no podrían atender aisladamente.
Tienes características particulares, a saber por:
• Por su DURACION, es perdurable
• Por la NATURALEZA DEL VINCULO, se ingresa en forma coactiva no voluntaria
• Por su FINALIDAD, de producción o de erogación
• Condición jurídica del TITULAR,
• Por la INTEGRACION DE LOS ORGANOS DEL ENTE
• Por la DIVISION DEL TRABAJO, divisa
Estas características constituyen formas de clasificar a las haciendas y en particular de diferenciarse con las haciendas privadas.
Las diferencias sustanciales están dadas por el Presupuesto (con las características que el presupuesto público posee), por el Marco Normativo, y por su Estructura Compleja.
La previsión es una de las funciones iniciales y se plasma a través de la herramienta del Presupuesto, la mención que haremos a ésta altura es la de que se diferencia con las hacienda privadas en su concepción, y en que básicamente se trata de:
• Mandato de hacer.
• Una expresión de la toma de decisiones según las políticas públicas.
• La guía financiera de la ejecución de la política en función de las restricciones de fondos, la oportunidad de los ingresos, etc..
• El documento base para efectuar el control de ejecución, analizando, evaluando y estimando indicadores homogéneos de efectividad de la gestión
Es importante al estudiar a la Contabilidad Pública en la Argentina, nos sepamos situar dentro del Gobierno Federal y de cada una de sus divisiones, para las cuales se observan distintas normas que quizás puedan coincidir en su contenido, pero que se dan a través de sus propias instituciones.
A tal fin destacamos al Sector Público Nacional, Provincial y Municipal, diferenciando en las distintas provincias y dentro de las mismas a sus municipios, con distintas caracterizaciones dependiendo del grado de autonomía que le otorgan las distintas provincias.
La constitución Argentina promueve la división en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y enmarca como un gobierno federal, republicano y representativo.
En cuanto a la Administración Financiera, la Ley 24156 es la actual norma que regula la misma, desde el año 1992, distinguiendo para el presente ejercicio su artículo 9 que se transcribe a continuación:
Art. 9º -En el contexto de esta ley se entenderá por entidad a toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio; y, por jurisdicción a cada una de las siguientes unidades institucionales:
Posee su propia constitución, y la materia es regida por la Ley de Contabilidad y normas que se dan para temas específicos así como la Ley Permanente de Presupuesto y demás.
ORGANIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Constitución Provincial del año 1934 con la modificación del año 1994, organiza la Hacienda Provincial de la siguiente forma:
Poder Legislativo – Sección Cuarta
Esta compuesto por dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores, elegidos directamente por los electores. (art. 68)
Cada Cámara puede nombrar comisiones de su seno para examinar el estado del tesoro y para el mejor desempeño de las atribuciones que le conciernen y también pedir a los departamentos de la Administración y por su conducto a sus subalternos, los informes que crea convenientes (art. 90); como asimismo hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo, para pedirles informes (art. 92).
La Legislatura sanciona su presupuesto, acordando el número de empleados que necesite, su dotación y la forma en que deben proveerse. Esta ley no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo (art. 94). Al no fijar el cálculo de recursos para financiar el presupuesto legislativo, ni estar contemplado este en el de la administración general, el resultado preventivo de la hacienda pública provincial resulta en consecuencia deficitario.
Las Cámaras abren automáticamente sus sesiones ordinarias, el primer día hábil del mes de marzo de cada año y las cierran el 30 de noviembre (art. 84).
Las atribuciones del Poder Legislativo, vinculadas con la materia son las que a continuación se detallan, complementadas con la establecida en la primera parte del artículo 37 que establece “Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho a recibir, a través de políticas efectivas de acción social y salud las utilidades producidas por los juegos de azar debidamente creados y reglamentados por ley:
Establecer los impuestos y contribuciones necesarios para los gastos de servicio público (art. 103, inc. 1º). Esta prescripción se complementa con la establecida en el artículo 51 que dispone “Ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar la construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente a objetos destino de los determinados en la ley de su creación, ni durará por más tiempo que el que se emplee en redimir la deuda que se contraiga.
Fijar anualmente el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos de la administración general de la Provincia; con relación a los nuevos gastos la iniciativa corresponde exclusivamente al Pode Ejecutivo pudiendo la Legislatura disminuir o suprimir los que le fuesen propuestos. Si el Poder Ejecutivo no remitiera los proyectos de presupuesto y leyes de recursos para el ejercicio siguiente antes del 31 de agosto, la legislatura puede iniciar su estudio y sancionarlos, tomando por base las leyes vigentes. Vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura hubiese sancionado una nueva ley de gastos y recursos, se tendrán por prorrogadas las que hasta ese momento se encontraban en vigor (art. 103, inc. 2º).
Organizar la carrera administrativa y crear o suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia, determinando sus atribuciones, responsabilidades y dotación (art. 103, inc. 3º y 12º).
Autorizar empréstitos y emisión de fondos públicos por ley sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara, especificando los recursos especiales con que deba hacerse el servicio de la deuda y su amortización; no pudiendo aplicarse los recursos del empréstito que se obtengan a otros objetivos (art. 47/49).
Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades de todos los recaudadores de rentas y tesoreros de la Provincia y sus municipios, y las responsabilidades civiles de los funcionarios públicos (art. 103, inc. 7º).
Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades civiles de los funcionarios públicos (art. 103, inc.8º).
Los diputados duran cuatro (4) años, pero la Cámara se renueva por mitad cada dos años (art. 70).
Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados prestar su acuerdo para el nombramiento del Consejo General de Cultura y Educación (art. 73) y acusar ante el Senado al Gobernador de la Provincia, al Vicegobernador y sus ministros, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, al Procurador y Subprocurador General de la misma y al Fiscal de Estado (art. 73 inc.2º). Cualquier habitante de la Provincia tiene acción para denunciar ante la Cámara el delito o falta, a efectos que se promueva la acusación (art. 73).
Los senadores duran cuatro (4) años, pero la Cámara se renueva por mitades cada dos años (art. 75).
Es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, constituyéndose al efecto en tribunal. Prestar su acuerdo a los nombramientos que deba hacer el Poder Ejecutivo con este requisito y presentar una terna alternativa para el nombramiento del Contador y Subcontador, Tesorero y Subtesorero de la Provincia (art. 75).
Asamblea Legislativa – Capítulo VII
Ambas Cámaras sólo se reunirán para el desempeño de las siguientes funciones: apertura y clausura de las sesiones; recibir el juramento de ley al gobernador y vicegobernador; tomar en consideración y admitir o desechar las renuncias que hicieren de su cargo los mismo funcionarios; verificar la elección de senadores al Congreso Nacional; tomar conocimiento del resultado del escrutinio de la elección de gobernador y vicegobernador, proclamando a los electos y considerar la renuncia de los senadores electos al Congreso de la Nación, antes que el Senado tome conocimiento de su elección (art. 113).
La Asamblea podrá funcionar solamente con la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara (art. 118).
Defensor del Pueblo – Artículo 55
Tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes. Ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Supervisa la eficiencia de los servicios públicos que tenga a su cargo la Provincia o sus empresas concesionarias.
Tendrá plena autonomía funcional y política. Dura cinco años en el cargo pudiendo ser designado por un segundo período. Es nombrado y removido por la Legislatura con el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara.
Junta Electoral – Artículos 62, 63 y 64
Corresponde a la Junta Electoral formar y depurar el registro de electores, designar y remover los electores encargados de recibir los sufragios, realizar los escrutinios, sin perjuicio de lo que disponga la Legislatura, juzgar la validez de la elecciones y diplomar a los legisladores, municipales y consejeros escolares.
Estará integrada por los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas y de tres Cámaras de Apelaciones del Departamento de la Capital.
Poder Ejecutivo – Sección quinta
El Poder Ejecutivo de la Provincia es desempeñado por un ciudadano con el título de “Gobernador de la Provincia de Buenos Aires”, que es el jefe de la administración provincial (art. 119). El gobernador y vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período. Son elegidos directamente por el pueblo (art. 122/3). Gozan del sueldo que la ley determine, no pudiendo ser alterado en el período de sus nombramientos (art.133).
Las atribuciones del Gobernador que es el jefe de la administración de la Provincia, vinculadas a la materia son establecidas en el artículo 144:
Nombrar y remover directamente a los ministros secretarios del despacho. Con acuerdo del Senado nombrar a los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, al Procurador y al Subprocurador General, al Fiscal de Estado, al Director General de Cultura y Educación, al Presidente y Vocales del Tribunal de Cuentas y al Presidente y directores del Banco de la Provincia; con acuerdo de la Cámara de Diputados a los miembros del Consejo General de Cultura y Educación. Designar a los demás jueces e integrantes del ministerio público de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado en sesión pública.
Hacer recaudar las rentas y decretar su inversión con arreglo a las leyes, debiendo hacer publicar mensualmente el estado de la Tesorería; remitir el proyecto de presupuesto de la administración y las leyes de recursos
Informar a la apertura de la Legislatura del estado general de la administración y oportunamente del estado de la hacienda y de la inversión de los fondos votados para el ejercicio precedente, debiendo hacer publicar mensualmente el estado de la Tesorería.
Ministros secretarios – Capítulo IV – artículos 147/153
El despacho de los negocios administrativos de la Provincia está a cargo de dos o más ministros secretarios y una ley especial deslinda los ramos y funciones adscriptas al despacho de cada uno. En los 30 días posteriores a la apertura del período legislativo presentarán la memoria detallada del estado de la administración correspondiente a cada uno de los ministerios, indicando en ellas las reformas que más aconsejen la experiencia y el estudio.
Los ministros pueden concurrir a las sesiones de las Cámaras y tomar parte en las discusiones pero no tendrán voto. Por sus servicios gozarán de un sueldo establecido por la ley, que no podrá se aumentado ni disminuido a favor o en perjuicio de los que se hallen en ejercicio.
Fiscal de Estado – Capítulo V – artículo 155
El Fiscal de Estado, inamovible, es el encargado de defender el patrimonio del Fisco y será parte legítima en los juicios contencio-administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado.
Contador de la Provincia – Capítulo V – artículos 156/157
El Contador no podrá autorizar pago alguno que no sea arreglado a la ley general de presupuesto o a leyes especiales; es nombrado por el Poder Ejecutivo de una terna elevada por Senado, dura 4 años pudiendo ser reelecto.
Tesorero de la Provincia – Capítulo V – artículos 157 y 158
El Tesorero no podrá ejecutar pagos que no hayan sido previamente autorizados por el Contador; es nombrado por el Poder Ejecutivo de una terna elevada por Senado, dura 4 años pudiendo ser reelecto.
H. Tribunal de Cuentas – Capítulo VI – artículo 159
El Tribunal examina las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobándolas o desaprobándolas y en este último caso, indicando el funcionario responsable, como también el monto y la causa de los alcances respectivos.
También es atribución, inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad.
Esta integrado por un presidente abogado y cuatro vocales contadores públicos, todos inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Pueden ser enjuiciados y removidos en la misma forma y en los mismos casos que los jueces de las Cámaras de Apelación.
Dirección General de Cultura y Educación – Sección Octava – Capítulo III
La Dirección, órgano autárquico, administra el sistema cultural y educativo, priorizando el control de la calidad en la prestación del servicio educativo. El Director General que es designado con acuerdo del Senado, dura 4 años, pudiendo ser reelecto, tiene atribuciones para nombrar y remocionar a todo el personal técnico, administrativo y docente (art. 201). El presupuesto de gastos dispondrá los recursos necesarios para la prestación adecuada de los servicios educativos, constituyendo además en forma simultánea y específica, un Fondo Provincial de Educación que será administrado por la Dirección (art. 204).
Consejo General de Cultura y Educación – artículo 202
Asesora al Director General, esta integrado por 10 miembros, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados, seis de ellos por propia iniciativa, y los otros cuatro a propuestas de los docentes en ejercicio. Duran 1 año en sus funciones, pudiendo ser reelectos.
Consejos Escolares – artículo 203
Estos órganos desconcentrados de la Dirección General de Cultura y Educación, tienen a su cargo la administración de los servicios educativos en el ámbito local, con exclusión de los aspectos técnico-pedagógicos
Los consejeros escolares son elegidos por el voto popular y duran 4 años, pudiendo ser reelegidos, pero el cuerpo se renueva cada 2 años por mitades.
Ente a cargo del sistema de seguridad social – artículo 40
El sistema de seguridad social para los agentes públicos estará a cargo de entidades con autonomía económica y financiera administradas por la Provincia con participación en las mismas de representantes de los afiliados.
La Constitución no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica (art. 37) y la Legislatura no podrá disponer de suma alguna del capital del Banco de la Provincia (art. 50).
El Presidente y los directores son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado (art. 144 inc. 18º).
Tribunal Social de Responsabilidad Política – artículo 3
Tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos provinciales o municipales.
Este organismo está previsto por la Constitución en la Sección de Declaraciones, Derechos y Garantías, no habiéndose a la fecha creado por ley.
Poder Judicial – Sección sexta
El Poder Judicial será desempeñado por una Suprema Corte de Justicia, Cámaras de Apelación, Jueces y demás Tribunales que la ley establezca.
La Suprema Corte debe pasar anualmente a la Legislatura una memoria o informe sobre el estado en que halla dicha administración
Nombra y remueve directamente a los secretarios y empleados
Los Jueces de la Suprema Corte, el Procurador y el Subprocurador General, son designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus miembros. Los demás jueces e integrante se Ministerio Público serán designados por el Poder Ejecutivo, de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado en sesión pública.
Consejo de la Magistratura – artículo 175 in fine
Su función es seleccionar los postulantes mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos predeterminados de evaluación.
Se compondrá equilibradamente con representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los jueces de las distintas instancias y de la institución que regula la matrícula de los abogados en la Provincia, estando conformado con un mínimo de quince miembros.
La integración arriba señalada, lo constituye en un atípico organismo interpoderes que está ubicado en la sección del Poder Judicial pero en la cual no existe un orden jerárquico directo entre sus integrantes.
Ministerio Público – Artículo 189
El Ministerio Público será desempeñado por el procurador y subprocurador general de la Suprema Corte de Justicia; por los fiscales de Cámaras, por agentes fiscales, asesores de menores y defensores de pobres y ausentes. El procurador general ejercerá superintendencia sobre los demás miembros del Ministerio Público.
Mediante la ley de ministerios se establece los ministerios la competencia y deslinde de los ramos ministeriales; además de fijar incompatibilidades y responsabilidades por los actos que legaliza y solidariamente de los que acuerda con sus colegas..
Establece que en cada Ministerio, los Subsecretarios tendrán la jerarquía inferior al Ministro, correspondiéndose con el denominado Oficial Mayor por la Constitución.
LEY DE CONTABILIDAD, Decreto – Ley n° 7.764/71 para el H. Senado, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y Ley n° 10.426 para la Cámara de Diputados.
En cuanto a organización, la ley de contabilidad no crea ningún ente, pero sí precisa algunas de las funciones de los organismos constitucionales.
LEY Nº 10.189 COMPLEMENTARIA PERMANENTE DEL PRESUPUESTO
Contiene disposiciones referentes a la modificación y ejecución presupuestaria, a los recursos afectados, al régimen de personal, a las colocaciones financieras y otras normas que hacen al funcionamiento de la hacienda provincial; resaltándose las siguientes:
Prevalencia de la Ley de Presupuesto, sobre toda otra que autorice o disponga gastos.
Nulidad de todo acto que implique obligación de pagar que no estuviere contemplada en el presupuesto, responsabilizándose a la persona que lo realice o autorice.
La exclusión como recurso el “Débito” y como gasto el “Crédito” en aquellas reparticiones alcanzada como responsables al IVA.
Autorizando al Poder Ejecutivo a anticipar a la Municipalidades las participaciones que le correspondan en los impuestos nacionales y provinciales.
Faculta al Poder Ejecutivo a suscribir convenios y constituir consorcios con Municipalidades, Cooperadoras y/o vecinos para la realización de obras, trabajos y servicios públicos.
Limita las contribuciones de Rentas Generales a Organismos Descentralizados, al monto necesario para cubrir las erogaciones correspondientes al ejercicio.
De los órganos y organismos creados por la Constitución, la Legislatura mediante leyes especiales, regulan su organización y funcionamiento; al igual que a los organismos descentralizados.
Se aprecian los servicios sustantivos, que hacen a la finalidad del ente y los servicios de apoyo que coadyuvan en el logro de los fines. Dentro de estos últimos se encuentran los administrativos.
Organigrama de la hacienda publica provincial
Los distintos órganos de la hacienda provincial detallados anteriormente, se interrelacionan.
Organización de una dirección de contabilidad y servicios auxiliares.
La organización de cada repartición esta compuesta por servicios sustantivos y de apoyo;. Dentro de estos últimos, para nuestra materia el más representativo, es el Administrativo, el cual tiene una estructura que contempla lo siguiente, con las funciones que se detallan:
CONDUCCIÓN ÁREA FUNCIÓN
Director contabilidad 2-3-5-6-8
[10] tesorería 7
MISION; intervenir centralizadamente en la respectiva sede, en la gestión y control de la hacienda,
2. Preparar el anteproyecto de presupuesto e intervenir en los ajustes ulteriores,
3. Registrar la transacciones vinculadas a la hacienda y exponerla oportunamente.
4. Intervenir en la gestión previa y en la ejecución de todo contrato o acto que afecte a la hacienda. Contabilizar las ordenes en los registros pertinentes
5. Proceder a la liquidación de los gastos efectuados y al libramiento respectivo.
6. Centralizar la gestión patrimonial.
7. Custodiar y disponer de los fondos y valores asignados. Contabilizar las operaciones en los registros específicos.
8. Elevar a la Contaduría General las rendiciones de cuentas de las percepciones e inversiones realizadas.
9. Realizar arqueos, inventarios e inspecciones
10. Intervenir en todos los asuntos vinculados con la Ley de Contabilidad, disposiciones concordantes y demás funciones que reglamentariamente se le asigne.
MARCO LEGAL ESPECÍFICO DEL SISTEMA CONTABLE PROVINCIAL
 Ley de contabilidad
La ley de contabilidad en el- Capitulo III- Del registro de la Operaciones, establece:
Artículo 35, “Todos los actos u operaciones comprendidos en la presente ley deben hallarse respaldados por medio de documentos y registrarse contablemente de modo que permita la confección de cuentas, estados demostrativos y balances que hagan factible su medición y juzgamiento.”
El registro de las operaciones se integrará con los siguientes sistemas:
1.- financiero, que comprende:
a.1.- cálculo de recursos – importes calculados y recaudados
a.2.- presupuesto erogaciones – créditos autorizados, compromisos contraídos y mandado a pagar.
b.- fondos y valores – entradas y salidas del Tesoro, originadas o no en el presupuesto .
2.- patrimonial, que comprende:
a.- bienes del estado – existencias y movimientos de bienes
b.- deuda pública – autorizaciones de emisiones de empréstitos u otras formas de crédito, separando la deuda consolidada de la flotante.
3.- de orden, que comprende:
a.- cargos y descargos de fondos –
b.- cargos y descargos de bienes –
c.- compromisos de ejercicio presupuestarios futuros
4.- ingresos y egresos extrapresupuestarios, que comprende:
a.- Cuentas de Terceros – atención de trabajos o servicios solicitados por terceros.
b.- Cumplimiento de donaciones y legados – ingresos monetarios
c.- Cuentas varias – ingresos, en los cuales el Estado es depositario o tenedor temporario.
Es obligación de la Contaduría General de conformidad a lo establecido en el artículo 42, la confección del plan de cuentas y la determinación de los instrumentos y formas de registro.
Los estados contables que componen la cuenta general de ejercicio, establecidos en el artículo 43, son los siguientes:
Ejecución presupuestaria de erogaciones
Ejecución del cálculo de recursos
De las afectaciones especiales
De las autorizaciones por aplicación del artículo 16
Movimiento de las Cuentas de Terceros y Cumplimiento de Donaciones y Legados
Estados contables de la cuenta general del ejercicio Resultado financiero del ejercicio, por comparación entre los compromisos contraídos y las sumas efectivamente recaudadas para su financiación.
Evolución de los residuos pasivos
Situación del Tesoro(Activo/Pasivo y Saldo)
Deuda pública (consolidada/flotante, al inicio y al cierre
Situación de los bienes del estado.
 Ley de Ministerios
 Leyes Orgánicas de Entes Descentralizados
 Ley Complementaria Permanente del Presupuesto
 Ley de presupuesto
 Leyes fiscales
Normas de Administración Financiera y Control del Se-ctor Público Nacional
Compendio de las Leyes Nº 11.672 (T.O. 1999) y 24.156.
Se expone a continuación un compendio de las Leyes Nº 24.156 Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (T.O. 1999). Esta última, entre otras, contiene normas directamente relacionadas con la Administración Financiera y el Control del Sector Público Nacional. Se estima conveniente presentar ambos textos legales en uno sólo, con el ordenamiento de la Ley 24.156.
Al mencionarse la ley ésta es la Nº 24.156. En algunos casos se citan disposiciones de otro origen por considerarlo necesario para dar una mayor consistencia.
Los números entre paréntesis corresponden a los artículos de la Ley 24.156 y entre comillas a los de la Ley 11.672 (T.O. 1999).
La ley establece y regula materias comprendidas
La Administración financiera (1º) a) obtención de los recursos públicos (2º)
b) aplicación de los recursos públicos a los fines del Estado (2º) y la rendición de cuentas de los funcionarios (3º)
El control (1º) y Títulos VI – VII a) interno de la autoridad superior de la jurisdicción y entidad (101), de la Sindicatura General de la Nación (7º) y de las unidades de auditoría interna (100)
b) externo de la Auditoría General de la Nación (7º)
En la Administración financiera los:
Sistemas comprendidos son (5º) Órganos rectores son
1. Presupuesto Oficina Nacional de Presupuesto (16)
2. Crédito público Oficina Nacional de Crédito público (68)
3. Tesorería Tesorería General de la Nación (73)
4. Contabilidad Contaduría General de la Nación (89)
5. Administración de bienes se mantienen las disposiciones de la ley de Contabilidad (Capítulo V) hasta la sanción de otra que la reemplace
6. Contrataciones id (Capítulo VI) incluyendo la ley de obras públicas 13.064 y sus modificatorias
También corresponde a la Administración financiera el sistema tributario aunque por su especificidad y complejidad es usual tratarlo separadamente.
Entes comprendidos (8º y 9º) Denominación Personería Jurídica
Administración Central de la Administración Nacional Jurisdicciones: Poder Legislativo
Poder Judicial, Poder Ejecutivo ministerios, secretarías de la Presidencia y Ministerio Público Única (Código Civil Art. 33)
Organismos descentralizados de la Administración Nacional
Entes privados sujetos al control externo de la Auditoría General de la Nación (117)
Haciendas paraestatales Propia
El órgano de coordinación de la Administración Financiera (6º) es la Secretaría de Hacienda de la Nación (Decreto 2.666/92 Art. 6º).
Título II Sistema presupuestario.
Capítulo 1 Disposiciones generales y organización del sistema.
Sección 1 Normas técnicas comunes.
El Título II abarca al Sector Público Nacional (11).
“Los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio. los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese período, en sus cuentas corriente y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas” (12).
Capítulo II Presupuesto de la Administración Nacional.
Sección 1 Estructura de la ley de Presupuesto de la Administración Nacional.
La estructura (19) es la siguiente:
Títulos Materia que comprende
II Recursos y gastos de la Administración Central
III Recursos y gastos de los organismos descentralizados
Sección II Formulación del Presupuesto de la Administración Nacional.
El anteproyecto lo prepara la Oficina Nacional de Presupuesto considerando:
1. como base los lineamientos generales del Poder Ejecutivo Nacional (24 primer párrafo)
2. los documentos programa monetario, presupuesto de divisas, última cuenta de inversión y Presupuesto consolidado vigente del Sector Público Nacional (24 tercer párrafo, Capítulo IV y 95)
3. los anteproyectos parciales preparados por dependencias especializadas de las Jurisdicciones y de los Organismos descentralizados (25).
Podrán contar con créditos para gastos reservados o secretos (“11”);
la Secretaría General de la Presidencia de la Nación;
la Secretaria de Inteligencia del Estado;
el Ministerio de Defensa;
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto;
el Poder Legislativo Nacional y
La secuencia en caso de no sanción en término por el Congreso (27) es la siguiente:
1. el Poder Ejecutivo Nacional presenta el proyecto de ley 2. el Congreso no lo aprueba 3. el Poder Ejecutivo Nacional pone en vigencia
Antes del 15 de setiembre Antes del 1º de enero el presupuesto anterior con ajustes
Sección III Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional
Los créditos del presupuesto de gastos:
a) constituyen el máximo de autorizaciones para gastar (29).
b) son distribuidos analíticamente por el Poder Ejecutivo Nacional (30).
c) son imputados definitivamente cuando se devengan los gastos (31).
d) deben como mínimos registrarse por las Jurisdicciones y Entidades cuando los gastos son: comprometidos, devengados y pagados (32).
e) Los créditos que se asignan para las Jurisdicciones 90 Servicio de la deuda Pública y 91 Obligaciones a cargo del Tesoro no podrán disminuirse para incrementar créditos de las restantes jurisdicciones y entidades integrantes de la Administración Nacional. (“84”).
Las Jurisdicciones y entidades deben programar la ejecución física y financiera del presupuesto general (34).
El monto total de las cuotas de compromisos fijado para el ejercicio (17 inc. h y 74 inc. b) no podrá ser superior al monto de los recursos recaudados durante el mismo (34).
Los subsidios presupuestarios podrán cubrir sólo hasta el 75 % de los gastos del ente beneficiario Dichos subsidios sólo se podrán destinar hasta el 50 % en sueldos, viáticos o gastos equivalentes (“7º y 8º).
Los tres Poderes del Estado fijarán los límites cualitativos y cuantitativos para contraer compromisos (35).
Corresponden al Congreso las decisiones que afecten el monto total, el endeudamiento y el incremento de gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital (37)
Los Presidente de las Cámaras del Congreso Nacional podrán disponer los sobrantes de sus presupuestos y de recaudaciones propias para reforzar partidas, atender exigencias imprevistas o extraordinarias, ejecutar obras y adquirir inmuebles (“9º). También podrán reajustar los créditos presupuestarios y disponer libremente de los mismos dentro del marco legal que los autorice (“13”).
Los créditos aprobados por las leyes de presupuesto para la atención de las pensiones graciables que otorga el Poder Legislativo mantendrán la vigencia, hasta su total utilización, no obstante la finalización de los ejercicios presupuestarios de su aprobación (“76”)
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrá libre disponibilidad de los créditos presupuestarios jurisdiccionales, dentro del marco legal aplicable, pudiendo reajustarlos dentro del total asignado, sin originar aumentos automáticos para ejercicios futuros ni aumentar remuneraciones de cualquier tipo al personal, salvo que el Poder Ejecutivo Nacional apruebe un refuerzo presupuestario para ese fin o para crear cargos por lapsos menores de 12 meses (“14”).
El Poder Ejecutivo Nacional podrá:
a) autorizar gastos no incluidos en el Presupuesto General para atender el socorro inmediato en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor. (39)
b) acordar a las Provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires anticipos a cuenta de impuestos nacionales coparticipados con el fin de subsanar deficiencias de caja o por razones de urgencia los que deberán reintegrarse en el mismo ejercicio. (“20”)
c) restringir facultades de administración a las jurisdicciones y entidades de su dependencia (“23”).
Aféctase hasta el 12 por mil de la recaudación de gravámenes que efectúa la Dirección General Impositiva, neto de la coparticipación federal con el fin de atender comisiones bancarias y la impresión de valores fiscales (“24”).
Las instituciones bancarias oficiales nacionales, provinciales o municipales designados distribuirán automática y diariamente, sin cargo, los fondos de coparticipación federal, a las Provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de buenos Aires de (“33”).
Los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Nacional o a alguno de sus entes al pago de una suma de dinero serán satisfechos dentro de las autorizaciones para gastar del Presupuesto General de la Administración Nacional, sin perjuicio del mantenimiento del régimen de la ley 23.982. Si el crédito fuera insuficiente el Pode Ejecutivo Nacional deberá incluir la previsión en el presupuesto del ejercicio fiscal siguiente (“67”).
La Administración Nacional de la Seguridad Social está facultada a instrumentar la forma de pago de los retroactivos que pudieren generarse por reajustes de haberes, rehabilitaciones que hubieren sido reconocidos en sede administrativa y hasta la disponibilidad de los respectivos recursos (“83”)
Sección IV Cierre de cuentas de la Administración Nacional
Las cuentas de recursos y gastos se cerrarán el 31/12 de cada año (41).
Los gastos devengados y no pagados al 31/1 se cancelarán al año siguiente Los gastos comprometidos y no devengados al 31/12 se afectarán al ejercicio siguiente. (42) En ambos casos los gastos estarán cubiertos por disponibilidades necesariamente obtenidas en el ejercicio de origen (34).
Este cierre de cuentas produce una razonables separación de los ejercicios fiscales pues está basada en considerar como fundamental la actividad productiva pública. ( Ver segunda parte).
La información de la ejecución financiera junto con el análisis de correspondencia entre los gastos y la producción de bienes y servicios (17 inc, k) será centralizada en la Contaduría General de la Nación para la elaboración de la Cuenta de inversión (43 y 95).
Sólo el Poder Legislativo y las Universidades Nacionales podrán constituir fondos de reserva, economías de inversión o similares, constituidos con saldos de crédito no comprometidos al cierre del ejercicio fiscal (“34”).
Sección V Evaluación de la ejecución del ejercicio de la Administración Nacional.
Las Jurisdicciones y Entidades deberán registrar la gestión física y participarán los resultados a la Oficina Nacional de Presupuesto (44).
La Oficina Nacional de Presupuesto hará el análisis crítico de los resultados físicos y financieros y de sus efectos (45).
Capítulo III Régimen presupuestario de las empresas y sociedades del Estado.
El proyecto de presupuesto anual debe aprobarse por los directorios o máxima autoridad ejecutiva y remitirse a la Oficina Nacional de Presupuesto antes del 30 de setiembre de cada año (46), considerando como base el devengado de las transacciones a ejecutar (47). La Oficina Nacional lo elevará con su informe al Poder Ejecutivo Nacional, para su aprobación (48 y 49).
Si las empresas y sociedades del Estado no presentan en término sus proyectos, estos serán elaborados por la Oficina Nacional de Presupuesto (49).
Los representantes estatales en los órganos de conducción que estatutariamente pueden aprobar los presupuestos deberán proponer y votar el presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional (50).
El Poder Ejecutivo Nacional: con relación al presupuesto, aprobará:
a) dicho documento, previo informe de la Oficina Nacional de Presupuesto pudiendo delegar esta atribución en el Ministro de Economía y de Obras y Servicios Públicos (48 y 49).
b) la publicación de una síntesis en el Boletín Oficial (51).
c) las modificaciones que disminuyan los resultados operativo o económico, alteren substancialmente la inversión o incrementen el endeudamiento autorizado, , previo informe de la Oficina Nacional de Presupuesto (52).
El 31 de diciembre de cada año se cerrarán las cuentas (53).
Las Instituciones del Sistema Bancario Oficial someterán anualmente a aprobación del Poder Ejecutivo Nacional su presupuesto y plan de acción Son los Bancos Central de la República Argentina, de la Nación Argentina, de Inversión y Comercio Exterior S.A. e Hipotecario Nacional (“29”).
Capítulo IV Presupuesto consolidado del Sector Público Nacional (55)
La Oficina Nacional de Presupuesto elevará, antes del 31 de marzo del año de su vigencia, el presupuesto consolidado del Sector Público Nacional, con información de las transacciones netas con el resto de la economía, al Poder Ejecutivo Nacional. Aprobado por éste se enviará al Congreso para conocimiento
Título III Sistema de crédito público.
El crédito público es la capacidad del Estado de endeudarse para realizar inversiones reproductivas, atender necesidades o reestructurar sus pasivos; no podrá utilizarse para financiar gastos operativos (56).
El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito se denominará deuda pública (57), excluidas las letras del Tesoro emitidas para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije la ley de Presupuesto y que se reembolsen en el mismo ejercicio (82).
La deuda pública se clasifica en (58):
1. Interna contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en el país y de pago exigible dentro del territorio nacional.
2. Externa contraída con Estados, organismos internacionales y personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas fuera del país y cuyo pago puede exigirse fuera del territorio nacional; requiere opinión del Banco Central de la República Argentina respecto del impacto en la balanza de pagos (61).
3. Directa el Estado es el deudor principal.
4, Indirecta el Estado avala, da fianza o garantía, autorizado por ley (62 y 64).
Los entes del Sector Público Nacional antes de iniciar trámites para realizar operaciones de crédito solicitarán autorización a la Secretaría de Hacienda de la Nación (59).
El endeudamiento de la Administración Nacional debe autorizarse por ley de presupuesto o especial.
El Poder Ejecutivo Nacional podrá formalizar operaciones de crédito público con los organismos financieros internacionales (60) de los que la Nación forma parte por los tratados aprobados por leyes.
Las empresas y sociedades del Estado podrán efectuar operaciones de crédito dentro de los límites de su responsabilidad patrimonial (62).
Los avales, fianzas o garantías que cualquier ente público otorgue a personas ajenas al sector requerirán autorización por ley de presupuesto o especial. (64) La misma autorización legal se requiere para otorgarlos a las empresas y sociedades del Estado (62).
Los entes públicos y privados avalados por el Tesoro Nacional deberán atender el pago de los servicios y sólo subsidiariamente se podrán afectar las cuentas de dicho Tesoro. Si esto ocurre la Secretaría de Hacienda podrá afectar órdenes de pago a favor de dichos entes, afectar recursos de coparticipación federal previa autorización provincial y afectar cuentas bancarias de los entes en cualquier banco oficial o privado. (“17”).
El Poder Ejecutivo Nacional podrá reestructurar la deuda pública cuando mejore montos, plazos o intereses de las operaciones originales (65).
La operación de crédito que contravenga la ley será nula (66).
La ley autoriza al Banco Central de la República Argentina a operar crediticiamente con instituciones financieras internacionales para garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria (71).
Para la atención de los gastos que legalmente deban cubrirse con el producido de la negociación de empréstitos (“4º”) el Poder Ejecutivo Nacional emitirá anualmente títulos que
documenten la deuda con las condiciones generales de y el tratamiento tributario
interna o externa reembolso con o sin prima, amortizaciones totales o con pagos sucesivos iguales o no o por rescate acordando excepciones impositivas al capital y/o a la renta conforme a la situación de los mercados interno o externo
a) contratar préstamos con entes internacionales económico – financieros a los que pertenezca como miembro la República Argentina, ajustados a términos y condiciones usuales, cuando convenga movilizar capitales en los mercados interior o exterior, para atender necesidades públicas. (“16”):
b) someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras jurisdicciones, tribunales arbitrales o a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. (“16”).
c) declarar canceladas las deudas que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional mantengan con el Tesoro Nacional por contribuciones para planes de obras, anticipos con cargo de reintegro y pagos efectuados por cuenta de aquéllos (“19”)
d).disponer la afectación de créditos del presupuesto y de fondos disponibles de entes del Sector Público Nacional deudores de otros entes del mismo Sector. (“19”).
e) emitir Bonos Externos (Ley 19.686) fijando cuotas, plazos de amortización y tipo de interés variables dentro de límites superior e inferior. ; las cuotas serán como mínimo semestrales y los plazos mayores a 5 años (“26”)
La Secretaría de Hacienda podrá:
a) ofrecer Bonos de Consolidación (Ley 23.982) para cancelar deudas:
a) 1. posteriores al 1/4/1991, cuando los deudores sean entes del Estado Nacional declarados en estado de liquidación y transferidos al Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos (“45”).
a) 2. escindidas o desafectadas de dichos entes y transferidas al Tesoro Nacional como consecuencia de la reforma del Estado.
La Secretaría de Hacienda podrá realizar operaciones de administración de pasivos cualquiera sea el instrumento que las exprese (compraventa de bonos o acciones, pases de monedas, tasas de interés a o títulos, compra – venta sobre instrumentos financieros y transacciones habituales en mercados de productos derivados). Los instrumentos que se adquieran mediante estas operaciones o por venta de activos podrán mantenerse en cartera con el fin de poder utilizarlos en operaciones de pase, opciones, conversiones y cualquier otro tipo de operación habitual en los mercados (“46”).
La facultad del Poder Ejecutivo Nacional de debitar las cuentas bancarias de las entidades que no cumplan en término el servicio de la deuda pública, podrá ser delegada en la Secretaria de Hacienda. El mismo procedimiento será aplicado a las provincias y municipalidades respecto de la deuda avalada por el Tesoro Nacional; deberá preverse en los contratos subsidiarios la afectación de la coparticipación federal. (70) y (“47”).
Título IV Sistema de Tesorería.
Comprende a órganos, normas y procedimientos relativos al flujo de fondos del Sector Público Nacional y a la custodia de las disponibilidades del mismo (72).
Además de la Tesorería General de la Nación (73) funcionará una Tesorería Central, componente del Servicio Administrativo Financiero respectivo, en cada Jurisdicción y Entidad de la Administración Nacional (77) las que recaudarán, recibirán fondos y pagarán.
Se podrá utilizar caja única o fondo unificado (80). El Poder Ejecutivo Nacional adoptó para la Administración Central el sistema de caja única, desde el 1/1/1995.
Se podrán establecer fondos permanentes o de caja chica, reciclases por rendición de cuentas (81).
El Poder Ejecutivo Nacional podrá colocar disponibilidades de Tesoro Nacional y de las instituciones de seguridad social, en cuentas remuneradas del país o del exterior, o en la adquisición de títulos públicos o valores locales o internacionales de reconocida solvencia (“48”).
Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector Público, (efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y cualquier otro medio de pago) son inembargables y no admitirá toma de razón alguna que afecte su libre disponibilidad (“66”).
Título V Sistema de Contabilidad Gubernamental.
Comprende a los principios, órganos, normas y procedimientos técnicos de recopilación, valuación, procesamiento y exposición de los hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio del Sector Público Nacional (85).
Los objetivos del sistema serán (en todo el Sector Público Nacional) (86):
a) registrar todas las transacciones que afecten o puedan afectar la situación económica financiera.
b) producir informes financieros para la toma de decisiones y los terceros interesados.
c) presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo.
d) integrar la información en el sistema de cuentas nacionales.
El sistema, en todo el Sector Público Nacional deberá (87):
a) ser común único uniforme.
b) permitir integrar cuentas presupuestarias, del tesoro y patrimoniales entre sí y con las cuentas nacionales.
c) exponer la ejecución del presupuesto, movimiento y situación del tesoro y las variaciones, composición y situación del patrimonio de las jurisdicciones, entidades y empresas y sociedades del Estado.
d) orientarse a determinar los costos de las operaciones públicas.
e) basarse en principios y normas de contabilidad de aceptación general aplicables.
La Contaduría General de la Nación tendrá competencia para (91):
a) dictar normas de contabilidad para todo el Sector Público Nacional.
b) coordinar el registro primario de las jurisdicciones y entidades.
c) llevar la contabilidad general de la Administración Central y administrar el sistema de información financiera de los organismos descentralizados y del Sector Público Nacional.
d) elaborar las cuentas económicas del Sector Público Nacional conforme al sistema de cuentas nacionales.
e) preparar la cuenta de inversión para remitir al Congreso al que le corresponde aprobarla o desecharla (Constitución Nacional Art. 75 inciso 8 in fine).
La cuenta de inversión de cada ejercicio fiscal contendrá como mínimo (95):
a) los estados:
a) 1 de ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional al cierre.
a) 2 de movimientos y situación del tesoro de la Administración Central;
a) 3 contables financieros de la Administración Central;
b) los informes de:
b) 1 la gestión consolidada del Sector Público Nacional y de los resultados operativos, económicos y financieros.
b) 2 el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Presupuestos;
b) 3 de costos e indicadores de eficiencia de la producción pública;
b) 4 la gestión financiera del Sector Público Nacional.
La Secretaria de Hacienda podrá, respecto de la Cuenta de Inversión (“25”):
a) depurar importes, sin movimiento, mayores de 10 años con débito o crédito a Rentas generales según corresponda.
b) dar de baja a activos oportunamente cancelados por el organismo deudor pendientes de regularización.
La documentación financiera, de personal, de control, administrativa y comercial de la Administración Pública Nacional, podrá ser archivada y conservada en soporte electrónico u óptico indeleble, cualquiera sea el soporte primario en que esté redactada y construida. Los originales redactados o producidos en primera generación, perderán su valor jurídico y podrán ser destruidos o dársele el destino que se determine procediéndose previamente a su anulación. (“49”).
Título VI Sistema de control interno.
Estará a cargo de la Sindicatura General de la Nación, dependiente del Presidente de la Nación Abarca a las jurisdicciones, entidades y empresas y sociedades del estado que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. (96 a 99).
El sistema, además de la Sindicatura General de la Nación, órgano normativo, de supervisión y coordinación, comprenderá a las unidades de auditoría interna las que:
a) se establecerán en cada jurisdicción y entidad.
b) dependerán jerárquicamente de la autoridad superior de la jurisdicción o entidad
c) actuarán coordinadas técnicamente por la Sindicatura General de la Nación (100).
d) examinarán a posteriori las actividades financieras y administrativas.
El modelo de control interno abarcará aspectos, presupuestarios, financieros, económicos y de gestión, la evaluación de programas proyectos y operaciones y estará fundado en criterios de economía, eficacia y eficiencia (102).
La Autoridad superior de cada jurisdicción y entidad será responsable primaria del control interno el que debe necesariamente incluir el previo (103).
Son funciones de la Sindicatura General de la Nación (104):
a) dictar y aplicar normas de control interno coordinadas con la Auditoría General de la Nación.
b) Respecto de las unidades de auditoría interna, aprobar los planes de trabajo, verificar el cumplimiento de las normas y planes de trabajo y el curso seguido a las observaciones y recomendaciones acordadas con los responsables y fijar requisitos profesionales del personal.
c) realizar o coordinar auditorías por profesionales independientes.
d) vigilar la aplicación de las normas contables de la Contaduría General de la Nación.
e) facilitar la acción de la Auditoría General de la Nación.
f) asesorar a las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional en su materia y recomendar mejoras de gestión administrativa y contable.
g) informar respecto de las jurisdicciones, entidades y sociedades del Estado que son de su competencia a:
el Poder Ejecutivo Nacional, en especial, sobre actos u omisiones que hubiesen o puedan causar perjuicios a la hacienda pública: la Auditoría General de la Nación. ; la opinión pública, periódicamente.
Título VII Sistema de control externo.
Capítulo 1. Auditoría General de la Nación.
Es el organismo técnico de asistencia del Poder Legislativo para que éste ejerza su atribución de control externo posterior del Sector Público Nacional, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y entes privados adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos. Su conducción es colegiada y su Presidente se designa a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso (Constitución Nacional Segunda Parte Capítulo Sexto; 116 y 117).
Son funciones de la Auditoría General de la Nación (112):
a) fiscalizar el cumplimiento de las normas para la utilización de los recursos una vez dictados los actos correspondientes.
b) realizar auditorías externas “financieras” y de “gestión” (Normas de auditoría externa de la Auditoría General de la Nación 1994).
c) auditar por sí o por medio de profesionales independientes a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por organismos internacionales de crédito.
d) dictaminar:
d) 1 los estados contables financieros al cierre de cada ejercicio de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional.
d) 2 los estados contables financieros del Banco Central de la República Argentina independientemente de cualquier otro control.
d) 3 respecto de actos y contratos de significación económica, por sí o por indicación de las Cámaras del Congreso o de la Comisión Parlamentario Mixta Revisora de Cuentas.
d) 4 la memoria y estados contables financieros y grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del Estado.
e) controlar la aplicación de los fondos del uso del crédito público.
f) fijar requisitos de idoneidad de los profesionales independientes de auditoría que pudiese contratar.
g) verificar que las jurisdicciones y entidades mantengan el registro patrimonial de sus funcionarios públicos.
La Auditoría General de la Nación: (119)
a) requerirá la colaboración de las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional.
b) promoverá las investigaciones de contenido patrimonial.
c) establecerá las normas de auditoría externa.
d) presentará la memoria del ejercicio anterior antes del 1º de mayo a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso,
El Congreso podrá extender la competencia de control externo a las entidades públicas no estatales o a las de derecho privado paraestatales (120).
Capítulo II Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Esta Comisión, con relación a la Auditoría General de la Nación (129):
a) aprobará juntamente con las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras el programa de acción anual y analizará los informes periódicos del cumplimiento.
b) analizará:
b) 1 el presupuesto anual y lo remitirá al Poder Ejecutivo Nacional para su inclusión en el Presupuesto General de la Nación.
b) 2 la memoria anual.
c) encomendará estudios, investigaciones y dictámenes especiales.
d) podrá requerir información sobre las actividades cumplidas.
Capítulo III Responsabilidad.
Toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia de la Auditoría General de la Nación responderá de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial (130).
Título VIII Disposiciones varias.
El Capítulo 1 del Título VII no será reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional. Se refiere al control externo de la Auditoría General de la Nación (136 in fine).
Se mantiene la vigencia de los Capítulos V “De la gestión de los bienes del Estado” y VI “De las contrataciones” de la ley de Contabilidad, hasta tanto no se promulguen leyes específicas para ambos temas (135 y l37 a)
Resumen elaborado por el Dr. Alfredo Le Pera