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Timestamp: 2018-08-21 15:49:50
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Artículo Revista Ciencias Penales n. 2 Marz. 1990 La inmunidad parlamentaria Lic. Hernán Esquivel Salas sumario
Artículo Revista Ciencias Penales n.2 MARZ.-1990
Lic. Hernán Esquivel Salas
1. Introducción. II. Consideraciones preliminares. III. Irresponsabilidad parlamentaria . A) Concepto. B) Naturaleza Jurídica. C) Límites. D) Consideraciones que se hacen en la sentencia No. 19 F de 1988 de la Sala Tercera acerca de la irresponsabilidad parlamentaria. E) Análisis. IV. Inviolabilidad parlamentaria. A) Concepto. B) Naturaleza Jurídica. O) Límites. D) Consideraciones que se hacen en la sentencia No. 19 F de 1988 de la Sala Tercera acerca de la inviolabilidad parlamentaria. E) Análisis. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.
En Costa Rica podemos afirmar que existe un vacío en relación con la Inmunidad Parlamentaria, pues hasta el momento el tema ha sido poco tratado por los estudiosos del Derecho y en especial del Derecho Constitucional. Además, se convierte en un asunto altamente controversial por las diferentes interpretaciones que a sus contenidos y alcances ha dado la doctrina jurídica contemporánea.
Por lo anterior, el objeto del presente estudio trata de aportar algunas consideraciones personales sobre el tema, a la luz de la Sentencia Judicial No. 19 F emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a las quince horas del veintiuno de enero de 1988.
Consideramos que tal sentencia es de gran importancia, debido a que el criterio contenido en ella será en adelante guía para las nuevas resoluciones, que sobre casos similares sean presentados ante los órganos jurisdiccionales de la República y sobre los cuales tengan que manifestarse.
La inmunidad parlamentaria tiene su origen en el Derecho Constitucional inglés y francés; la libertad de palabra y el "Freedom from arrest" (excepción de prisión por deudas) vienen del primero, y la inmunidad en los procesos penales del segundo. Su fundamento se explica en la lucha de los representantes del Parlamento con el Rey en el caso de Inglaterra y la lucha de los Diputados de la Asamblea Nacional Constituyente de 1789 y la Corte en Francia. Actualmente se explica en la independencia funcional de los Poderes del Estado y se puede definir como los derechos, prerrogativas e inmunidades que el Derecho Constitucional ha reconocido en favor de las Asambleas Legislativas con el propósito de preservar la libre expresión de su voluntad y facilitar el cabal cumplimiento de sus deberes. Por lo tanto, su fundamento es funcional y no personal, protege la función que desempeña el sujeto y no al sujeto mismo (1).
Esta garantía es reconocida en la gran mayoría de los países del mundo, independientemente de la orientación ideológica del régimen imperante, y con una mayor o menor amplitud en su contenido. En Costa Rica desde las primeras constituciones que datan de 1821 hasta nuestros días, tales privilegios han estado presentes.
La doctrina los clasifica en colectivos y personales, advirtiendo que los primeros se refieren a las cámaras consideradas como órganos del poder público y los segundos a los legisladores considerados individualmente (2).
Todo lo anterior tiene como fundamento, reiteramos, la protección a la independencia y autonomía del parlamento que es condición necesaria para garantizar el cumplimiento, sin mediatizaciones de ningún género, de su importante función legislativa, tanto al órgano como a sus miembros.
Nos referimos únicamente a las inmunidades de los miembros de la asamblea, destacando dos tipos: la irresponsabilidad y la inviolabilidad.
III. IRRESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA
La irresponsabilidad parlamentaria protege a los diputados en cuanto a las manifestaciones que hagan, porque la actividad funcional desarrollada por ellos en el Parlamento se basa en la libertad de palabra, ya que, el mismo es un órgano eminentemente deliberativo y necesita de la discusión para la formación de su voluntad político-legislativa (3). Está regulado tal concepto en el Artículo 110, párrafo primero, de nuestra Constitución Política. "El diputado no es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea" (4).
La naturaleza jurídica de este privilegio es objeto de discusión por parte de la doctrina. Existe un grupo que la considera una causa personal de exclusión de la pena (5). Para estos, el delito se produce, o sea se está ante una acción típica antijurídica y culpable, pero existen determinadas razones de tipo político, como la libertad de la función legislativa, que hacen que el legislador, en tales supuestos excluya la pena. El adoptar este criterio implicaría que aunque no se pena al diputado, subsistiría la responsabilidad civil, al estarse ante una acción antijurídica de su parte (sea contraria a derecho) (6), lo que no es conforme a la finalidad misma por la que se estableció la irresponsabilidad, y contrario a lo establecido sobre ésta en la Constitución Política, la que al decir que el diputado es irresponsable de las manifestaciones que hiciere en la Asamblea Legislativa (art. 110) se refiere no solo a que es irresponsable penalmente, sino también civilmente. Por ello es más acertada la tesis de los que consideran que nos encontramos ante una causa de justificación (7). Concretamente se está ante la causal de justificación denominada "ejercicio de un derecho", contemplada en el art. 25 del Código Penal.
Como consecuencia de sostener que se trata de una causa de justificación, los partícipes se benefician también de la irresponsabilidad del diputado, ya que conforme a la teoría de la accesoriedad limitada, hoy dominante, para que los participes sean responsables penalmente, se requiere que el autor haya realizado al menos una acción típica y antijurídica.
Es obvio que la irresponsabilidad juega un papel de gran importancia en la protección de la función que desarrollan sus beneficiarios en el parlamento.
Aún así, en algunos países se contemplan limitaciones, tal es el caso de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania que declara con relación a la irresponsabilidad, que tales disposiciones no se aplican a las injurias y calumnias (8).
Pero es evidente que existe una limitación material para tal privilegio, pues cubre los actos propios de la función parlamentaria, pero no protege contra los actos que permanecen al margen de tal función. Por ello, no comprenden naturalmente las manifestaciones privadas, ni los discursos de cualquier carácter que el legislador haya dicho fuera de su condición oficial.
Tampoco surte efecto esta inmunidad para el legislador en una gira de cortesía o ilustración, aunque lo haga en atención a su calidad de tal, lo mismo que en la actividad que pueda desplegar como político, periodista o particular.
Un diputado no es amparado por esta inmunidad cuando realiza actos que se relacionan con su actividad de hombre público y que no son necesarios para el ejercicio de su mandato, o sea, actos que podrían ser realizados por alguien que no es parlamentario, por ejemplo, el diputado que escribe en un periódico, que pone afiches, que habla en reuniones públicas que participa en manifestaciones en la vía pública.
Es importante acotar que a pesar de encontrarse dentro de la sede de la Cámara, muchas veces el beneficiario de tal privilegio no es cubierto por el mismo, ya que éste no cubre necesariamente todas las manifestaciones que se realicen dentro de la sede de la Cámara. Si un parlamentario en los pasillos injuria a un compañero, no está cubierto por la inmunidad. Las palabras pronunciadas en los pasillos o en las salas del palacio de las cámaras (aunque se dirijan solo a otros componentes de la Asamblea) reuniones de partido, etc., tampoco están protegidas por tal prerrogativa.
Existe otro límite importante a este privilegio que se refiere a las correcciones disciplinarias que las mismas cámaras imponen a sus miembros para enmendarlos en los posibles excesos verbales que puedan cometer como resultado del enfrentamiento en los debates de las respectivas cámaras.
Cada Cámara ejerce además sobre sus miembros diferentes poderes de control en el desempeño de su actividad, conducta, asistencia, renuncia y poderes disciplinarios para suspenderlos o excluirlos.
Estas sanciones están contempladas dentro de los reglamentos internos que las Asambleas dictan para su organización, ya que son ellas las que están en aptitud de saber cuáles son las mayores conveniencias para que la discusión se haga y la luz se produzca en los debates, y determinar cuáles son las correcciones que deben infligirse a sus miembros por hechos producidos durante una discusión (9).
En Costa Rica es facultad del Presidente de la Asamblea de conformidad con el artículo 10, inciso 10 de su reglamento, llamar al orden al diputado que, al hacer uso de la palabra no se concreta al tema de discusión, se desvíe de él, o haga alusiones injuriosas a un compañero o a los otros miembros de los supremos poderes o incluso a personas extrañas a la Asamblea; o que de cualquier modo pueda faltar el respeto debido al recinto en que se encuentra. Si el diputado prosigue en la conducta irregular, se le suspenderá del uso de la palabra (10).
Con relación a las publicaciones que se hagan del trabajo de las Asambleas tenemos: Los artículos 30 y 31 del Edicto de imprenta italiano, de 26 de mayo de 1848, establecieron que la publicación de las opiniones y votos de los Senadores y Diputados y las relaciones y otros escritos publicados por el Senado o por la Cámara, no pueden dar lugar a acción penal. En igual sentido, el Código Penal Alemán prescribe que las reseñas fieles a la verdad sobre las sesiones públicas de los órganos legislativos , o de comisiones, están exentos de toda responsabilidad.
En Francia, la Ley de Imprenta de 1819 sustrajo a toda acción judicial, sea criminal o civil los discursos pronunciados en el seno de las dos Cámaras, así como los informes y toda clase de piezas impresas por orden de una u otra de las cámaras.
La jurisprudencia argentina tiene declarado que no debe reputarse como calumniosa la reproducción de las versiones taquigráficas fuera de los diarios o sesiones. Además, la misma jurisprudencia considera que está amparado por el articulo 60 de la Constitución Nacional cuyo texto se refiere a la irresponsabilidad parlamentaria, el diputado que publica en un periódico una carta que contenga conceptos que pudieran, ser calumniosos, si esa carta es reproducción de sus opiniones vertidas como diputado en el Congreso (11).
Esta excepción por el delito de injuria o calumnia en que pueda incurrir un diputado mediante la manifestación de sus opiniones o votos, posteriormente publicadas en algún medio de difusión, la entendemos que protege únicamente al representante (y a sus partícipes: cómplices e instigadores); esto de conformidad con la naturaleza que en líneas atrás se analizó, del presente privilegio. Siguiendo las líneas del Dr. Hugo Muñoz (12), tenemos que en el caso de que un parlamentario manifieste en desempeño de su función algo injurioso o calumnioso y sus palabras se publiquen en un periódico, el Director o dueño será responsable por el daño ocasionado a terceros, y el hecho de que haya sido el diputado quien dijo lo que aparece publicado no exime al director o dueño, de responsabilidad y de omitir la frase injuriosa, (art. 7 de la Ley de Imprenta). Debe tenerse presente que es responsabilidad de los medios de información evitar posibles daños a personas ocasionados por publicaciones injuriosas o calumniosas.
Tampoco se exime de responsabilidad al director o dueño del periódico si pone entre comillas lo que dice el diputado. Con mucho más razón es responsable si por obtenerse una primicia informativa, se presiona al diputado para que firme o publique el artículo injurioso.
Es diferente la responsabilidad de la empresa de radio o televisión que transmite directamente la sesión parlamentaria, pues es difícil controlar los debates de los diputados, ya que coinciden en el tiempo sus palabras con la transmisión y en este caso no cabe ningún tipo de responsabilidad (12a).
D) Consideraciones que se hacen en la sentencia No. 19 F de 1988 de la Sala Tercera acerca de la irresponsabilidad.
La Sala Tercera manifestó lo siguiente: "El articulo 110 de la Constitución Política establece un privilegio especial para los diputados, del cual no disfrutan los restantes miembros de los Supremos Poderes, pues los primeros no son responsables por las opiniones que emitan en la Asamblea según la constitución. Se trata no de una inmunidad (entendida como un obstáculo para el ejercicio de la acción penal), sino de una verdadera y propia indemnidad, según la cual no son responsables penalmente aún cuando dejen de disfrutar del derecho de desafuero....
Ese privilegio de inmunidad, como indicábamos, debe distinguirse de la indemnidad establecida en el párrafo primero del artículo 110 de la Constitución Política, según la cual "El diputado no es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea...", pues ello significa que aún cuando deje de ser tal no puede ser perseguido penalmente por las manifestaciones que hubiere emitido ante ese cuerpo colegiado. Sin embargo, si bien la norma cubre las opiniones del diputado en la Asamblea, ella no es absoluta, máxime cuando las opiniones no fueron emitidas en el plenario....
Muchos autores (sobre todo argentinos, mexicanos, españoles e italianos) señalan que los diputados tienen una amplia libertad de opinión, es decir una indemnidad (o irresponsabilidad penal) por todas las afirmaciones que hagan en el desempeño de su cargo, pero debe puntualizarse que en la mayoría de esos países se establece una indemnidad que no es similar a la contenida en nuestra norma constitucional. En efecto, el articulo 67 de la Constitución Política italiana dispone que "los miembros del Parlamento no pueden ser perseguidos por las opiniones expresadas y los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones" (Véase I Codici Penali con la Constituzione e leggi vane, annotati da Giuseppe Lattanzi, Giuffré, Milano, 1978, p. 1869); la Constitución mexicana dispone en su artículo 61 que "los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas" (citado por JIMENEZ HUERTA, Mariano, Derecho Penal Mexicano, Ed. Porrúa, México. Segunda edición aumentada, tomo V. 1983, p. 483); por su parte la reciente Constitución Política de la Provincia de Córdoba, Argentina, señala en el articulo 93 que "ningún miembro del Poder Legislativo puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones, discursos o votos que emita en el desempeño de su mandato de legislador" (Constitución Política de la Provincia de Córdoba", Argentina, editada por el Banco Social de "Córdoba", Argentina, 1987). En similar sentido, el inciso primero el artículo 71 de la Constitución Política española señala que "los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por la opinión manifestada en el ejercicio de sus funciones" (Constitución Política Española de 1978, Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, tercera edición, Madrid, abril de 1979). Como puede apreciarse, todas esas normas señalan con términos parecidos, que los diputados no pueden ser objeto de persecución penal (en ningún caso) por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. A partir de esas disposiciones, la doctrina citada por la defensa señala que los diputados tienen una amplia libertad de expresión, pues son irresponsables penalmente por todo lo que digan, sin importar el lugar, siempre que lo hagan en el desempeño de sus funciones como legisladores, pero lo cierto es que la norma costarricense no tiene el mismo contenido, como indicaremos, con limitaciones que las otras constituciones no hacen, al menos en forma expresa. En todo caso, y antes de analizar nuestra situación, aún con normas tan amplias como la italiana y la argentina, algunos autores de esos países mantienen un criterio restrictivo. Así, Biscaretti refiriéndose a la norma italiana afirma que tal multiforme irresponsabilidad está estrictamente limitada en nuestro ordenamiento, a las opiniones y a los votos, y no se extiende, por consiguiente, a otros actos realizados en la Sala (que pueden, a veces, ser también penalmente perseguibles); además, continúa amparando al parlamentario (en relación con la actividad por él desplegada) después del cese del oficio, pero no obsta para que las opiniones citadas, si se vuelven a expresar en otro lugar (por ejemplo, en el ámbito periodístico: en forma independiente y no como simple reproducción de las "actas parlamentarias"), le hacen responsable, al respecto, según las normas del derecho común". (BISCARETTI Dl RUFFIA, Paolo. Derecho Constitucional, Ed. Tecnos, Madrid, 1973, p. 381). El ex-Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Argentina, Pablo Ramella, expresó, a partir de la norma constitucional de su país que "...la cláusula no protege al legislador por lo que haya dicho al margen del desempeño de sus funciones. Pero abarca, sin lugar a dudas, lo que el legislador exprese en el seno de las Comisiones de las Cámaras. Si el legislador publica por su cuenta discursos que contengan manifestaciones injuriosas, en cambio, los perjudicados pueden intentar las acciones del caso" (RAMELLA, Pablo. Derecho Constitucional, Depalma. Buenos Aires. 3ra. Edición actualizada, 1986, p. 669,). Como puede apreciarse, no obstante que en esos países la norma otorga plena indemnidad a los legisladores por las opiniones que emitan en el desempeño de sus funciones, autorizados estudiosos del Derecho Constitucional señalan que ello debe entenderse limitado a sus discursos y opiniones emitidas en las reuniones del cuerpo legislativo o de comisiones. Nuestra disposición constitucional es diferente, y como lo intuyó hace muchos años un costarricense, "la garantía ha sufrido, sin embargo, limitaciones constitucionales muy dignas de ser tomadas en cuenta para explicarnos su naturaleza y carácter propios. Así por ejemplo, en la Gran Bretaña, que fue de las primeras naciones en hacer la declaración del principio, los miembros de las Cámaras de los Lores y de los Comunes responden como particulares de las injurias, calumnias que hayan cometido en sus discursos si los publican por su cuenta..." (Así, LEIVA QUIROS, Elías. Principios de Ciencia Constitucional. Imprenta Gutenberg, San José, 1934, pp. 149 y 150). En efecto, la Constitución de nuestro país exime de responsabilidad a los diputados, insistimos, solo "...por las opiniones que emita en la Asamblea..." (Artículo 110), pero ello no puede extenderse a los campos pagados que hagan publicar en los periódicos" (13).
Si bien es cierto que la doctrina reconoce límites a la irresponsabilidad parlamentaria, consideremos que. el criterio dado por la Sala sobre este aspecto en el caso de nuestro país es restrictivo.
Encasillar las opiniones de los diputados a la Asamblea y al plenario, no lo creemos conveniente. No se debe olvidar la importancia que se les da actualmente a las Comisiones de Investigación que nombra el Plenario Legislativo para estudiar y rendir informes de enorme interés público y que su importantísima labor muchas veces trasciende a la Asamblea. Caso particular la Comisión de Narcotráfico.
Nuestro criterio es que el término "opiniones" es todo aquello que los diputados digan, escriban o hagan en el cumplimiento de su tarea: discursos pronunciados en tribuna o en Comisión, interrupciones en las sesiones, proposiciones de leyes o de resoluciones, informes, interpelaciones, preguntas escritas u orales o de una manera general, todo acto que supone que su autor es el titular de un mandato legislativo y que un ciudadano corriente no podría realizar (14).
En la doctrina se ha discutido durante varios años y con motivo de diferentes casos la posible extensión que debe darse a la inmunidad real o material, incluso aún cuando la constitución puede señalar taxativamente los actos del congresista. Lo anterior debido a la situación actual por la enorme importancia de los medios de comunicación colectiva, o sea esas condiciones que la vida moderna actual le exige al diputado, radio, televisión, imprenta servida por la composición mecánica, etc., hacen muy difícil el ejercicio de la función de representante de la nación, supeditado al ámbito de las Cámaras. Cada vez más los ciudadanos se interesan por los asuntos públicos o por reformas importantes a la legislación vigente, que puede incluso afectar un importante sector de la población; el diputado se ve obligado a utilizar tales medios de comunicación, informando a los ciudadanos sobre los asuntos por resolver en la Asamblea. Forzoso seria para el diputado ampliar el debate con ventajas para el funcionamiento del régimen democrático, ya que podemos considerar que en la actualidad las cámaras son apenas el centro de donde nace la acción parlamentaria y no se le debe confinar solo a ellas (15).
La Norma Constitucional debe interpretarse al disponer: "La Asamblea". No al edificio en que celebra sus sesiones el órgano deliberante ni que cubre únicamente las sesiones plenarias, sino que debe abarcar también las opiniones que el representante emita en las sesiones de comisión, ya sean ordinarias o especiales, aunque se reúnan fuera de la sede del Poder Legislativo (16).
Tal irresponsabilidad en Costa Rica (articulo 110 de la Constitución) no se trata de una suspensión o posposición del ejercicio de la justicia, que podría operarse una vez expirado el mandato legislativo, ni un privilegio de interpretación restringida que solo cubre al diputado en su opinión en el recinto o en el salón de sesiones de la Asamblea, sino de una protección de las opiniones que el representante realice en el ejercicio de su función, votos, expresiones, discursos, comentarios, escritos y manifestaciones de cualquier otra clase (17). Lo anterior, siempre y cuando los efectúe en su condición de diputado y contribuyendo con ellas a la formación de la voluntad general de la Cámara Legislativa.
Además, partiendo de que las deliberaciones que se producen en la Asamblea están dirigidas a la libre formación de la voluntad de las Cámaras, ésta puede perfectamente tener lugar fuera de su sede, no coincidiendo entonces dicha formación con el ámbito geográfico de las Cámaras.
Consideramos, al igual que el Dr. Luis Paulino Mora, que el término empleado por nuestra Constitución no es preciso y que el que se debió utilizar es "en el ejercicio de sus funciones", el cual resulta más comprensivo de toda la problemática, pues permitiría llamar a juicio al legislador por sus opiniones de carácter delictivo, que realizara al margen de su actividad representativa, aún dentro del recinto de la Asamblea, reconociendo también al mismo tiempo que la actividad legislativa no se reduce a la Asamblea, sino la que pudiera realizar fuera de ella en ejercicio de sus funciones y colaborando en la formación de la voluntad general de la misma (18).
IV. INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA
Esta inmunidad protege al representante contra las acusaciones que puedan llevarse a cabo contra él por hechos distintos a los protegidos por la irresponsabilidad, evitando así, que el elegido pueda ser objeto de intimidaciones o arrestos injustificados por parte del gobierno e incluso, de particulares que obstaculicen su función; salvo que mediante un procedimiento especial (desafuero) la misma asamblea acuerde que ha lugar a formación de causa, o termine su período de nombramiento (19). Está regulado tal concepto en el artículo 110, párrafo II de nuestra Constitución Política: "Desde que sea declarado electo propietario o suplente hasta que termine su período legal, no podrá ser privado de su libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya sido suspendido por la Asamblea. Esta inmunidad no surte efecto en el caso de flagrante delito, o cuando el diputado la renuncie. Sin embargo, el diputado que haya sido detenido por flagrante delito será puesto en libertad si la Asamblea lo ordenare" (20). Se debe aclarar que en algunos países el procedimiento del levantamiento del obstáculo es diferente al establecido en Costa Rica. Para los delitos comunes son los tribunales comunes los que juzgan al funcionario una vez que la Cámara Legislativa le haya levantado el privilegio. En cuanto a los delitos funcionales los juzga el Senado, previa acusación de la Cámara de Diputados (21).
Costa Rica sigue un criterio subjetivo para establecer cuándo es necesaria la autorización de la Asamblea para proceder, basta que el delito sea atribuido a un miembro de los supremos poderes, sin observar el carácter o la naturaleza del hecho delictivo que se le atribuye. (Criterio objetivo) (22).
Por lo tanto, la diferencia entre delitos comunes o funcionales no procede para estos efectos y los miembros de los supremos poderes, en este caso los diputados, son juzgados por la corte plena en cualquier tipo de delito.
La teoría de la acción penal contempla dentro de sus supuestos, la existencia de las denominadas condiciones de procedibilidad: Estas son todas aquellas causas que condicionan el ejercicio de la acción penal y sin cuya presencia no es posible promover o proseguir la acción. Según su incidencia en el ejercicio de dicha acción, tales condiciones pueden dividirse en: a) condiciones para la promoción (inicio de la acción penal), que debe existir desde el momento en que se promueve la misma, como en el caso de la querella; b) condiciones para la prosecución (ejercicio), dadas en razón de, la naturaleza del delito, una cualidad del sujeto pasivo, o una cualidad particular del sujeto activo, en cuyo caso el ejercicio de la acción está condicionado a la manifestación de la voluntad de una determinada voluntad jurídica.
La autorización para proceder es el acto en el cual la autoridad competente, en los casos previstos por la ley, declara que consiente la prosecución de la acción penal, removiendo el obstáculo a ella puesto por una particular disposición de la ley. Es evidente, que de lo anterior se desprende que esta es la naturaleza de la inviolabilidad parlamentaria, en razón de una particular condición del sujeto activo (23). En el caso que nos ocupa, tal particular condición se refiere lógicamente a la calidad de diputado o representante de los intereses generales de los integrantes de una comunidad ante la Asamblea Legislativa. Es imprescindible entonces la presencia del desafuero, o levantamiento de la inmunidad, para proseguir con el posible proceso incoado contra el legislador.
Dentro de los limites más importantes a la inviolabilidad parlamentaria y el cual interesa destacar, se refiere al ámbito temporal de la misma, ya que se reduce únicamente al período, de la función de legislador. Terminado tal período la protección ya no le cubre y queda allanado el camino para proceder contra él.
Finalizada entonces la legislatura, cesan inmediatamente las prerrogativas, ya que ha terminado el mandato cuya existencia es la única razón, por la cual son ellas concedidas (24).
Lo anterior es explicable debido a que la inmunidad no es un privilegio personal, sino que pertenece al cargo que se desempeña, o sea un privilegio funcional, y en este sentido se es o no inmune, por el hecho de desempeñar durante un tiempo un cargo público.
D) Consideraciones que se hacen en la Sentencia No. 19 F de 1988 dictada por la Sala Tercera acerca de la inviolabilidad.
La Sala manifestó lo siguiente: La inmunidad constituye un obstáculo de rito para el normal desarrollo del ejercicio de la acción penal, y la disfrutan todos los miembros de los Supremos Poderes y funcionarios equiparados. En virtud de ésta, las personas que la ostenten no pueden ser perseguidas por los hechos delictivos que realicen, mientras disfrutan del privilegio, salvo que la Asamblea Legislativa disponga someterlos a proceso (desafuero o levantamiento de la inmunidad). Lo importante por destacar es que la inmunidad no se traduce en una irresponsabilidad penal, sino en un privilegio para no ser sometido a proceso mientras se ejerce el cargo por el cual se otorga. El rol desempeñado por algunos funcionarios justifica insertar criterios discrecionales para valorar la conveniencia de someterlos a una acusación penal mientras se desempeñan en el puesto. Ello tiende a garantizar la continuidad de la función pública y a evitar inoportunas interrupciones que puedan ocasionar a la colectividad daños mayores de aquellos ya producidos por el delito. Además, se trata de una necesaria garantía para la independencia y el equilibrio entre los Poderes del Estado, frente a una eventual extralimitación judicial, pero no significa que la persona adquiera un derecho a la absoluta irresponsabilidad penal, pues una vez concluido el período de sus funciones, dichos personeros son perseguibles penalmente como cualquier otro ciudadano, por hechos cometidos incluso en el tiempo en que ejercieron su mandato, ya se trate de delitos comunes o funcionales. Tal es el caso de varias personas que ocuparon cargos por los cuales se les otorgaba el privilegio de inmunidad y hoy son perseguidos penalmente como cualquier otro ciudadano, por hechos supuestamente cometidos cuando desempeñaban la función. Esto es posible precisamente porque la inmunidad no constituye un derecho a la irresponsabilidad penal sino que, en síntesis, significa un derecho a no ser sometido a proceso penal mientras se desempeña el cargo, salvo que lo autorice la Asamblea Legislativa de conformidad con el inciso 9 del artículo 121 de la Constitución Política. En ese sentido Costa Rica, a diferencia de otros países, sigue un criterio subjetivo para establecer cuándo es necesaria la autorización de la Asamblea legislativa para proceder. Para ese fin basta que el hecho delictivo sea atribuido a un miembro de los Supremos Poderes del Estado o a un funcionario equiparado, sin observar el carácter o la naturaleza del hecho delictivo, a diferencia de otros países donde se sigue un criterio objetivo, en los cuales se disfruta del beneficio de inmunidad, aún cuando ya no se ejerza el cargo, si el hecho fue cometido con ocasión del ejercicio de sus funciones. (Al respecto véase ZAGREBELSKY, G. La giustizia costituzionale, Ed. II Mulino, Bologna, 1977, p.p. 231 ss.) (25).
En el caso de la inviolabilidad parlamentaria, compartimos plenamente el criterio emitido por la sala, al considerar que tal instituto no es una inmunidad de fondo, sino un obstáculo de rito para el normal desarrollo de la acción penal y que en virtud de ésta, mientras el funcionario ejerce su cargo y durante el período por el cual se otorga, no puede ser sometido a proceso. No es entonces un privilegio de absoluta irresponsabilidad penal, pues una vez concluido el periodo de sus funciones, los beneficiarios de dicho privilegio son perseguibles como cualquier otro ciudadano.
Lo anterior tiene su fundamento básicamente en la naturaleza de dicho privilegio, el cual es funcional y no personal. Se es o no inmune, por el hecho de desempeñar durante un tiempo un cargo público. Por lo tanto, se protege al diputado en cuanto desarrolla su función legislativa y sus actuaciones como miembro de la cámara a que pertenece.
Otro aspecto contemplado en la sentencia, tal y como lo expresamos anteriormente, es que la legislación costarricense no atiende a razones objetivas del hecho, sino solamente a consideraciones subjetivas (no personales), en relación con la investidura del sujeto y por razones de interés político. Esto quiere decir que no es necesario establecer si se trata de un delito común o funcional, o que el mismo hubiere sido cometido, dentro o fuera del período de ejercicio del funcionario, ya que la referencia temporal que importa es la de si la acusación se establece cuando el sujeto estaba ocupando el cargo al cual pertenece el privilegio. Procede entonces la remoción del obstáculo para que pueda realizarse el juzgamiento por parte de la corte plena (26).
Del anterior análisis, podemos concluir que la sentencia de la Sala Tercera comentada hace la diferencia de la naturaleza jurídica de la responsabilidad y la inviolabilidad. La primera la considera una inmunidad de fondo que protege a los diputados en su accionar legislativo, aunque el alcance de la misma la restringe a las opiniones que emita en la asamblea. La inviolabilidad parlamentaria es considerada como un obstáculo temporal para el desarrollo de la acción penal y protege al diputado de las posibles acusaciones que contra él puedan entablar otros funcionarios gubernamentales o particulares, y entorpecer el desarrollo de sus funciones en la Asamblea. También se concluye que se trata de una prerrogativa de índole funcional y no personal, por lo tanto protege al diputado en cuanto desarrolla su función legislativa y sus actuaciones como miembro de la cámara a que pertenece. Pero al terminar su período de nombramiento cesa su inmunidad y puede ser acusado por sus actuaciones que tengan relevancia jurídica en el campo penal, salvo los actos protegidos por la irresponsabilidad parlamentaria.
Asamblea Legislativa de Costa Rica. Departamento de Servicios Técnicos, Constitución Política de la República de Costa Rica. Editorial Juricentro, San José, 1977.
Bacigalupo, Enrique. Manual de Derecho Penal, Parte General, Temis ILANUD, 1984.
Bidhart Campos, (German J.). El Derecho Constitucional del Poder. Tomo I, Editorial Ediar, Buenos Aires, 1967.
Biscaretti Di Ruffia, (Paulo). Derecho Constitucional. Editorial Tecnos S.A. Madrid, 1965.
Bustos Ramírez, Manuel. Manual de Derecho Penal Español. Parte General, España, Ariel, 1984.
Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo IV, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1956.
Esquivel Salas, Hernán. La Inmunidad Parlamentaria.
Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, 1988.
Garzona Messeguer, Ercilia. Procedimiento Penal fundado en obstáculos constitucionales. Tesis para optar el titulo de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, 1982.
González Alvarez, (Daniel). La obligatoriedad de la acción en el proceso penal. Colegio de Abogados, San José, 1986.
González Calderón, (Juan A.). Derecho Constitucional Argentino, historia, teoría y jurisprudencia de la Constitución. Librería Nacional, Segunda Edición, Buenos Aires, 1923.
Jecheck. Tratado de Derecho Penal. España. Bosch, 1981.
Llobet Rodríguez, (Javier). Código de procedimientos penales anotado, con comentarios, concordancias y jurisprudencia. Alajuela, 1987.
Mora Mora, (Luis Paulino). Ambito Territorial de la Ley Penal. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
Muñoz Quesada, (Hugo A.). La Asamblea Legislativa en Costa Rica. Editorial Costa Rica, San José, 1977.
Ortiz Ortiz (Eduardo). Costa Rica. Estado Social de Derecho. Revista de Ciencias Jurídicas. San José. No. 29,1975.
Rodríguez, (Devesa). Derecho Penal Español. Parte General. Madrid, Gráficas..., 1979.
Seix (Francisco). Nueva Enciclopedia Jurídica. Tomo XII, Editorial Francisco Seix, Barcelona, 1977.
Tena Ramírez, (Felipe). Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúa S.A., México, 1980.
1). Enciclopedia Jurídica Omeba, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica, Tomo VI, 1956, Pág. 387-388.
2). Así, Segundo Linares Quintana; C.M. Bidegain; L.S. Cushing; R. Bielsa; citados por Enciclopedia Jurídica Omeba, op. cit. Tomo XIV, págs. 935-937. También Juan A. González Calderón, Derecho Constitucional Argentino, Historia, Teoría y Jurisprudencia de la Constitución, Tomo II, 2 Edición, Buenos Aires, 1933, pág. 475. Biscaretti Di Ruffia Paulo. Derecho Constitucional, Editorial Tecno S.A. Madrid, 1965, pág. 379; Bidhart Campos Germen, El Derecho Constitucional del Poder, Tomo I. Editorial Ediar 1967, págs. 269-270.
3). Esquivel Salas, Hernán. La Inmunidad Parlamentaria. Tesis de grado para optar al título de Licenciado en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1988, págs. 42-43.
4). Asamblea Legislativa de Costa Rica, Depto. de Servicios Técnicos, Constitución Política de la República de Costa Rica, Editorial Juricentro, San José, 1977, pág. 395.
5). Así: Jescheck, Tratado de Derecho Penal, España Bosch T.I., p. 249; Bustos Ramírez, Manual de Derecho Penal, Parte General, España Ariel, 1984, p. 114.
6). Sobre la responsabilidad civil cuando se ha realizado una acción típica y antijurídica: Llobet Rodríguez, Javier, Código de Procedimientos Penales, tratado, Alajuela, 1987. pp. 444-445.
7). Así: Rodríguez Devesa, Derecho Penal Español, Parte General, Madrid, Gráficas Loasa, 1979 p. 624; Bacigalupo, Manual de Derecho Penal, Parte General, Temis-Ilanud, 1984, p. 63.
8). Duverger, Maurice, citado por Muñoz Quesada, Hugo Alfonso. La Asamblea Legislativa en Costa Rica, Editorial Costa Rica, 1977, pág. 64-65.
9). Esquivel Salas, Hernán. op. cit. págs. 81-83.
10). Asamblea Legislativa de Costa Rica. Reglamento de orden, discusión y disciplina interior de la Asamblea Legislativa. Imprenta Nacional, 1983. San José, pág 6.
11). Esquivel Salas, Hernán. op. cit pp. 65-66.
12). Muñoz A. Hugo Alfonso. La Asamblea Legislativa en Costa Rica. Editorial Costa Rica, San José, 1977. pp. 65-66 12ª). Ibid.
13). Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia, San José, a las quince horas del veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y ocho. Querella por el delito de injurias por la prensa. D.O.Q contra Y.Z. y otros. La terminología utilizada por la Sala en cuanto a los conceptos: ver Zaffaroni G.R., Manual de Derecho Penal, Parte General, Ediar, Buenos Aires. 1979. En cuanto a los términos irresponsabilidad e inviolabilidad, se utiliza la terminología francesa. La inviolabilidad (en Francia irresponsabilité; en Italia insindacabilitá... ver Enciclopedia Jurídica Francisco Seix, Tomo XII, Barcelona, 1977, pág. 720. Parte de la doctrina denomina a la irresponsabilidad parlamentaria, inmunidad material, que se refiere a la garantía que disfruta el congresante de no ser perseguido por sus opiniones y votos en el ejercicio de la función legislativa. A la inviolabilidad parlamentaria, inmunidad procesal o formal, porque a diferencia de la primera no exime de responsabilidad, pero no podrá ser deducida mediante proceso sino con autorizaci6n de la cámara. Al respecto ver: Prieto Figueroa, Luis, Inmunidades Parlamentarias, Fotocopia, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. También se denomina a la irresponsabilidad parlamentaria, libertad de opinión y a la inviolabilidad parlamentaria. inmunidad penal, Biscareti Di Ruffia Paulo, Derecho Constitucional, Editorial Tecnos S.A., 1965, pág. 380.
14). A. Meller, Michel Parlaments, citado por Muñoz Quesada, Hugo A., La Asamblea Legislativa en Costa Rica, Editorial Costa Rica, 1977. Pág.64.
15). Prieto Figueroa, Luis B. Inmunidades Parlamentarias, fotocopia biblioteca. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, p. 15.
16). Mora Mora, Luis Paulino. Ambito territorial de la Ley Penal. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid. Pág. 149.
17). Ortiz Ortiz, Eduardo. Costa Rica, Estado Social de Derecho. Revista Ciencias Jurídicas, San José, No. 29, 1976, pp. 68-69.
18). Mora Mora, op. cit. Pág. 149.
19). Esquivel Salas, op. cit. págs. 61-62.
20). Asamblea Legislativa de Costa Rica. Depto. de Servicios... op. cit. Pág. 396.
21). Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional mexicano, Editorial Porrúa S.A., México. Págs. 556-558.
22). González Alvarez, Daniel. La obligatoriedad de la acción en el proceso penal costarricense. Colegio de Abogados, San José, 1986. Páq. 113.
23). Garzona Messeguer, Ercilia. Procedimiento Penal fundado en obstáculos constitucionales, San José, Tesis para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1982, Págs. 76-80.
24). Prieto Figueroa, Luis D. Inmunidades... op. cit. Pág. 5.
25). Sala Tercera de la Corte. Sentencia de las quince horas del veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y ocho. Querella por el delito de injurias por la prensa. D.O.Q. c/J.Z.N. y otros. Folio 21-22.
26). Esquivel Salas, Hernán. La inmunidad parlamentaria, op. cit. págs. 157-158.