Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2014/se201400021.html
Timestamp: 2019-03-22 18:32:41
Document Index: 382949479

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 778', 'artículo 104', 'artículo 36', 'artículo 81', 'artículo 10', 'artículo 59', 'artículo 104', 'artículo 55', 'artículo 68', 'artículo 36', 'artículo 55', 'artículo 104', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 76', 'artículo 10', 'artículo 781']

se201401021
SENTENCIA: 021/2014
FECHA: Sucre, 27 de marzo de 2014
EXPEDIENTE Nº: 145/2007
PARTES: Empresa Fresco & Consultores Asociados SRL. contra la Superintendencia Tributaria General actualmente Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT.)
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa Fresco & Consultores Asociados S.R.L. contra la Superintendencia Tributaria General actualmente Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT.)
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 346 a 352, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0011/2007 de 5 de enero de 2007, la respuesta de fojas 381 a 385., los antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: Que la Empresa Fresco & Consultores Asociados S.R.L. representado por Roberto Fresco Mattos, al amparo del artículo 2 de la Ley 3092 y el artículo 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso administrativa expresando la misma, con los siguientes fundamentos:
La parte demandante refiere que habiendo sido notificado con la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ 0011/2007 de 5 de enero, que dispone la revocatoria parcial de la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0311/2006 de 21 de septiembre, con referencia a la Resolución Determinativa GDLP Nº 160 de 22 de marzo de 2006, plantea demanda contencioso administrativa con el objeto de que en aplicación de principios constitucionales de separación de poderes, debido proceso y presunción de inocencia deje sin efecto la Resolución que resolvió el Recurso Jerárquico, señalando que:
1.- Debido a la fiscalización realizada por la Administración Tributaria, el ente recaudador emitió la Resolución Determinativa Nº 160/2006 de 22 de marzo, estableciendo una supuesta omisión de declarar la totalidad de los ingresos disminuyendo el monto que supuestamente correspondía pagar por concepto del IVA, IT y IUE, resolución que fue revocado parcialmente por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, como emergencia del Recurso de Alzada interpuesta.
Ante este escenario, señaló que ambas partes presentaron Recurso Jerárquico ante la Superintendencia Tributario General, contra la Resolución de Alzada, instancia que habría efectuado un análisis incorrecto de los antecedentes, en la Resolución administrativa impugnada, Revocando Parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada, manteniendo en consecuencia firme y subsistente la Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria, y en virtud a ello y en busca de la efectiva tutela judicial presenta demanda contencioso administrativa.
2.- Refiere que tanto en sede administrativa como en la recursiva, aplicaron incorrectamente la normativa para establecer el cargo, sin considerar que se transgredió el plazo de doce meses para la realización del proceso de fiscalización, así como por la inexistencia de supuestas facturas de ventas emitidas y no declaradas, copias de facturas en blanco y supuestos ingresos no declarados, vulnerando el principio de buena fe del contribuyente en la determinación de impuestos a partir de la comparación de la carne comprada y vendida, siendo víctima de personas inescrupulosas que obtuvieron dolosamente facturas falsas obtenidas ilegalmente y utilizadas en forma indebida, en desmedro del derecho del sujeto pasivo.
Concluye manifestando que, en mérito a los documentos que acompaña en calidad de reciente obtención interpone demanda Contencioso Administrativa en contra de la Resolución de Recurso Jerárquico SGT-RJ 0011/2007 de 5 de enero, y que realizando el control de legalidad en definitiva se sirva dictar resolución declarando PROBADA la demanda y dejar sin efecto la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0011/2007 de fecha 5 de enero, y en consecuencia declarar la revocatoria de la Resolución Determinativa Nº 160/2006 emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales.
CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda y citado el demandado el 21 de mayo de 2007 (fs. 377); éste contesta negativamente por memorial cursante a fojas 381 a 385, al tenor de los siguientes extremos:
Refiere que, la caducidad al ser un lapso de tiempo que produce la extinción de un derecho, por lo que constituiría una figura jurídica aplicable en materia civil o comercial pero no en el campo tributario y es en ese contexto que si bien el artículo 104 parágrafo V de la Ley 2492 referiría que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la vista de Cargo no pudiera transcurrir más de 12 meses prorrogable por 6 meses; este aspecto no constituiría caducidad por incumplimiento de plazo por parte de la Administración Tributaria; asimismo refiere que si bien desde el inicio de verificación hasta la emisión de la Vista de Cargo se sobrepasó los doce meses, la norma en ningún momento establece la nulidad del acto administrativo por no haber sido ampliado el plazo, que, tampoco se ocasionó indefensión al contribuyente, no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341 ya que dicha figura únicamente se aplica cuando concurren lo señalado en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492.
Con referencia a los talonarios de facturas presentadas por el contribuyente señala que al ser inoportunas no cumple con el voto establecido en el artículo 81 de la Ley 2492, por que no sería justificativo que el demandante señale que “fueron escondidos por ex trabajadores de la empresa” ya que el titular se constituiría en responsable de sus actos y omisiones, por lo que no se hubiera desvirtuado los fundamentos de la Vista de Cargo Nº 134/05 y Resolución Determinativa Nº 160/06.
Asimismo refiere que, el demandante al haber impugnado la diferencia de la tabulación de los kilos de carne del IVA, IT e IUE, correspondía dar el mismo tratamiento a los tres impuestos por ser el hecho observado, del mismo modo que los periodos julio, agosto y septiembre de 2001 las cantidades vendidas hubieran superado las compradas y que el periodo octubre 2001 la cantidad comprada (Kg. 24.679) supera a la vendida (Kg. 17.114,94 resultando una diferencia de Kg.7.564,06, que harían un total de Bs. 79.422,59 observado por la Administración Tributaria como ventas no facturadas, por lo que el procedimiento aplicado sería el correcto debido a que el sujeto pasivo no hubiese presentado documentación que desvirtué lo afirmado por el ente tributario.
Concluye solicitando se declare improbada la demanda contencioso administrativa y en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0011/2007 de 5 de enero.
Luego el demandante presentó su réplica que cursa de fojas 390 a 391, ratificando su demanda y petición, en tanto por decreto de fojas 399 no se admitió la dúplica presentada por la entidad demandada por estar fuera de plazo, concluyendo con el correspondiente decreto de Autos para sentencia.
CONSIDERANDO III: Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia en única instancia, es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, por mandato del artículo 10 párrafo I de la Ley Nº 212 de Transición para el Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2011, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales, con relación a los hechos sucedidos en la fase administrativa y, realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Superintendencia Tributaria General hoy Autoridad de Impugnación Tributaria.
CONSIDERANDO IV: Que de la compulsa de los datos procesales como la resolución administrativa impugnada, se evidencia que:
La Administración Tributaria, procedió a la verificación de las obligaciones fiscales relativas al IVA por los periodos fiscales julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre-2001, el IT por los periodos fiscales julio, septiembre y ocubre-2001, e IUE por la gestión 2001, establece un adeudo tributario preliminar en la vista de cargo Nº 20-DF-SFE-134/2005 de 16 de marzo de 2005, y determina el adeudo de UFVs 241.693.- por el IVA, IT e IUE, debido a la falta de presentación de pruebas o descargos en el plazo fijado por ley, que incluye los intereses actualizados a la fecha de emisión, 22 de marzo de 2006 y la suma de 89.844 UFVs en aplicación de los arts. 114 y 116 de la Ley 1340.
La notificación con la Resolución Determinativa Nº 160/2006 de 22 de marzo, dio origen al Recurso de Alzada (fs. 23 a 26), formulado por el contribuyente, que fue resuelto por Resolución de Recurso de Alzada STR-LPZ/RA 0311/2006 de 21 de septiembre, que resolvió Revocar Parcialmente la Resolución Determinativa Nº 160/2006 de 22 de marzo, dejando sin efecto la obligación tributaria de Bs. 9.741.- por el Impuesto al Valor Agregado y de Bs.1.330.- por el Impuesto a las Transacciones, así como de Bs.17.274.- por el Impuestos a las Utilidades de la gestión 2001, más su mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión del IVA de los periodos fiscales julio, septiembre, octubre y noviembre de 2001 e IT de los periodos julio, septiembre y octubre de 2001, por prescripción establecida en el artículo 59 de la Ley 2492, manteniéndose firme y subsistente la obligación tributaria de Bs. 46.357.- por el IVA por los periodos fiscales julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001; Bs. 10.516.- por el IT omitido en los periodos julio, septiembre y octubre de 2001; y Bs. 78.530.- por IUE omitido en la gestión 2001, con mantenimiento de su valor en todos los casos, intereses y multa por evasión del IVA por el periodo diciembre 2001, y por evasión del IUE de la gestión 2001.
Ante éste hecho, el actor interpone Recurso Jerárquico de fojas 145 a 146, que fue resuelto mediante la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0011/2007 de 5 de enero (fs. 203 a 224), pronunciada por el Superintendente General Tributario a.i. de la Superintendencia Tributaria General, que resolvió Revocar Parcialmente la Resolución STR-LPZ/RA 0311/2006 de 21 de septiembre, por consiguiente firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 160/06, originando de esta forma la demanda contencioso administrativo.
De la normativa aplicable, de los antecedentes de la demanda se tiene: que al existir denuncia de vulneración de normas administrativas tributarias, corresponde su análisis y consideración, estableciendo, que el objeto de la presente controversia se circunscribe a tres hechos puntuales:
a) Si es evidente la nulidad en el proceso de fiscalización por vencimiento de plazo,
b) Si, las pruebas ofrecidas (talonarios de facturas) con juramento de reciente obtención deberían ser tomadas en cuenta para su valoración en demanda contencioso administrativa, y:
c) Si la determinación de impuestos calculadas al 31 de Octubre del 2001 por la diferencia de la carne comprada y vendida fue la correcta,
a). Ingresando al desarrollo de la primera controversia de: “nulidad de la pretensión de la Administración Tributaria, por haberse concluido el proceso de fiscalización fuera del plazo establecido en el art. 104 de la Ley 2492”. Pretende el demandante invalidar el acto administrativo de pretensión fiscal por haberse concluido el proceso de fiscalización fuera del plazo establecido por el artículo 104 de la Ley 2492, computables a partir de la notificación al contribuyente con el inicio de fiscalización.
Al efecto, el acto administrativo materia de controversia del que se pretende la nulidad, se origina en la notificación con la orden de fiscalización de 11 de febrero de 2004, y que concluyó con la emisión de la vista de cargo Nº 134/2005, notificada el 18 de marzo de 2005, habiéndose emitido fuera del plazo de los doce meses señalado por el articulo 104 parágrafo V de la Ley 2492, referida específicamente al procedimiento de fiscalización que se inicia con la Orden de Fiscalización que concluye con la emisión de la Vista de Cargo, en el que no deberá transcurrir más de doce meses, prorrogable hasta seis meses adicionales.
En la especie el acto administrativo denominado vista de cargo se constituye en una pretensión fiscal del sujeto activo, que no reviste las características de un acto administrativo de carácter definitivo, firme e irrevocable, consiguientemente es susceptible de modificación, dejado sin efecto en virtud a los descargos que presente el sujeto pasivo, o anulado en caso de que la Administración Tributaria detecte algún vicio en el desarrollo del procedimiento de fiscalización, por la facultad conferida por el artículo 55 del DS 27113 Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, siempre que no suponga una doble fiscalización, con las excepciones señaladas por la misma ley.
Se colige que el demandante no demostró la nulidad o anulabilidad del acto emitido por la Administración Tributaria, que hubiera provocado la vulneración de ningún derecho subjetivo exigido por el artículo 68 del CTB, que haga atendible la nulidad y/o anulabilidad pretendida en la demanda.
Sobre el particular el Tribunal Supremo ha desarrollado una línea jurisprudencial, con relación a la nulidad y anulabilidad establecida en los artículos 35 parágrafo II y el artículo 36 parágrafo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo (Ley 2341 de 23 de abril del 2002), al señalar que las nulidades y anulabilidades de los actos administrativos, solo podrán ser invocados mediante la interposición de los recursos administrativos previstos por Ley. La excepción a esta regla de invocación de las nulidades y anulabilidades, se encuentra en el artículo 55 del DS 27113 (Reglamento de la Ley 2341), que establece que se revocará el acto anulable cuando el vicio ocasione la indefensión o lesione el interés público. Entendiendo por indefensión, el no tener conocimiento del proceso en cuestión como señala la Sentencia Constitucional Nº 1357/2003-R de 18 de septiembre del 2003 al indicar: "(...) queda establecido de manera inobjetable que la indefensión en proceso, sólo puede ser denunciada y dada por cierta cuando se establece que la parte procesada no ha tenido conocimiento alguno del proceso seguido en su contra, de modo que no podrá alegarse aquélla cuando tuvo conocimiento material de la existencia del proceso e incluso intervino en él presentando memoriales y formulando peticiones inherentes a su defensa"; y se entiende por orden público las libertades, derechos y garantías fundamentales y que estos tienen un límite en la Ley (principio de reserva legal), así se deduce de las Sentencias Constitucionales Nº 779/2005-R de 8 de julio y 0083/2005 de 25 de octubre.
Asimismo, el Tribunal Constitucional en la SC 0731/2010-R de 26 de julio, ha establecido los presupuestos para que opere la nulidad procesal referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos 'No hay nulidad, sin ley específica que la establezca' (Eduardo Cuoture, 'Fundamentos de Derecho Procesal Civil', p. 386); dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, si el acto no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada. Quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que sólo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir, demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; siempre que el interesado no hubiera consentido expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no la impugna por los medios idóneos; incidentes, recursos, etc., dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, 'Nulidades Procesales').
En tal sentido y la línea jurisprudencial generada por el Tribunal Constitucional referido precedentemente que tiene carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, éste Tribunal de Justicia constituido en control de legalidad, llega al convencimiento de que no existe ningún acto administrativo anulable que hubiera ocasionado indefensión del demandante o lesione el interés público, por consiguiente el acto administrativo en cuestión, por ende la resolución determinativa por el que se establece el adeudo tributario, fue emitida en cumplimiento de la normativa legal vigente.
El actor acusó la nulidad en el procedimiento de determinación del tributo, expresando que en sede administrativa el proceso de fiscalización se excedió el plazo de doce meses fijado por el artículo 104 de la Ley 2492, lo que invalidaría la pretensión del tributo de la Administración Tributaria, sin identificar ni demostrar en qué medida hubiera provocado indefensión al contribuyente o qué acto procesal se hubiera realizado en violación de prescripciones legales sancionadas con nulidad, cuando la nulidad debe ser expresa, especifica y determinante, por cuanto ningún trámite o acto judicial debe ser declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la Ley, por ello no debe interpretarse desde el punto de vista subjetivo, refiriéndose al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo.
En la especie, conviene establecer que por determinación de los artículos 127, 129 y 131 de la Ley 1340, el ente tributario goza de plenas facultades de efectuar tanto el procedimiento de fiscalización y verificación, cuyo resultado fue puesto en conocimiento del sujeto pasivo, permitiendo de esta forma la impugnación no solo en sede administrativa, sino también en la fase recursiva de alzada y jerárquica respectivamente, de donde se colige que no demostró el demandante la vulneración de ningún derecho subjetivo exigido por el art. 68 del CTB, que haga atendible la nulidad y/o anulabilidad pretendida en la demanda, pues no basta la invocación genérica de la lesión al derecho a la defensa o debido proceso, habida cuenta que las normas procesales sirven de base para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar o entorpecer la resolución, extremos que en el sub lite el demandante no ha demostrado, máxime si en las fases recursivas luego de ser invocado con los mismos fundamentos han sido considerados y resueltos.
b) Respecto a la segunda controversia, consistente en determinar si, las pruebas ofrecidas (talonarios de facturas) con juramento de reciente obtención deben ser tomadas en cuenta para su valoración en demanda contenciosa administrativa, de obrados se evidencia que:
El recurrente, en uno de los argumentos vertidos en su demanda pretende que se tome en cuenta cinco talonarios de facturas originales que los presenta en esta demanda como pruebas bajo juramento de reciente obtención, con el fundamento de que estas fueron escondidas maliciosamente por ex trabajadores de la Empresa Fresco & Consultores Asociados SRL. y que los encontraron como resultado de un trabajo minucioso de búsqueda en los depósitos de la empresa, pruebas que desvirtuarían por completo los fundamentos de la Vista de Cargo Nº 20-DF-SFE-134/2005 y por ende la Resolución Determinativa Nº 160/2006.
En el caso de autos, se evidencia que tanto la Resolución Determinativa 160/2006, Resolución de Recurso de Alzada STR-LPZ-RA 0311/2006 y así como la resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ-0011/2007, emitieron criterio en base a las pruebas de cargo y descargo aportadas por el sujeto pasivo y sujeto activo en fase administrativa y recursiva correspondientemente, de las cuales no se evidencia que las pruebas que cursa a fojas 201 a 309 del expediente (talonarios de facturas originales) acompañadas a la presente demanda contencioso administrativa como de reciente obtención, no fueron motivo de examen en instancias administrativas y recursivas, por lo que este Tribunal no puede emitir criterio alguno sobre estas pruebas ni de ningún otro documento que no curse en los antecedentes del proceso administrativo y recursivo, por lo que no es viable valoración de las mencionadas facturas en el presente proceso.
c) De la tercera controversia, que consiste en: si la determinación de impuestos calculadas al 31 de Octubre de 2001 por la diferencia de la carne comprada y vendida fue la correcta, al respecto debemos indicar que:
El parágrafo II del artículo 43 de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, establece que uno de los métodos para la determinación de la base imponible de la obligación tributaria, será sobre base presunta en mérito a los hechos y circunstancias reguladas en el artículo 44, que expresa: "La Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo...", por otra parte el inciso 2) del mismo art. indica: “Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por este Código.”
En consecuencia, para mejor entendimiento de la interpretación de los artículos 43 y 44 del Código Tributario Boliviano, la determinación de la base imponible debe ser efectuada excepcionalmente sobre base presunta, cuando concurra alguna de las condiciones señaladas al efecto, como en el presente caso, las que deberán ser justificadas y por tanto fundamentadas, lo que a su vez, abre la posibilidad de aplicar el artículo 45 del mismo cuerpo legal.
Al respecto, de la revisión de antecedentes, se evidencia que el sujeto pasivo no aportó prueba alguna en aplicación del artículo 76 de la Ley 2492, que coadyuve para el cálculo exacto de la carne comercializada al 31 de octubre de 2001, lo que originó que la Superintendencia Tributaria General en aplicación de la normativa antes expuesta (arts. 43 y 44 CTB) proceda al cálculo del mismo, para determinar el tributo omitido en aplicación del método sobre base presunta.
Por todo lo expuesto, éste Tribunal de Justicia concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0011/2007 de 5 de enero de 2007, fue emitida en cumplimiento de la normativa legal citada, no habiéndose encontrado infracción o vulneración de derechos en el procedimiento administrativo, particularmente en la resolución impugnada, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde confirmar en todas sus partes la resolución jerárquica impugnada.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de lo establecido en el artículo 10 parágrafo 1 de la Ley 212 y artículo 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fojas 346 a 352, presentada por la Empresa Fresco & Consultores Asociados SRL. a través de su representante legal Roberto Fresco Mattos, y en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0011/2007 de 5 de enero de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria General actual Autoridad General de Impugnación Tributaria.
No suscribe la Magistrada Rita Susana Nava Duran por presentar voto disidente
Fdo.Sandra Magaly Mendivil Bejarano