Source: http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/ekonomia-ituna/ar-31943/be-1/
Timestamp: 2019-10-14 13:23:55
Document Index: 26942357

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'Artículo 1', 'Artículo 14', 'artículo 32', 'artículo 14', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 7', 'Artículo 26', 'artículo 32', 'Artículo 30', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 43', 'Artículo 48', 'Artículo 52', 'Artículo 61', 'Artículo 65', 'artículo 15', 'artículo 149']

Ekonomia Ituna (1977ko bertsioa)
El Concierto Económico (C.E.) es un acuerdo entre los Territorios Históricos (TT.HH) de la Comunidad Autónoma del País Vasco (C.A.P.V.= Alava, Bizkaia y Gipuzkoa) y el Estado español, mediante el cual algunos (o todos) los impuestos pagados por residentes en la C.A.P.V. son recaudados y, sujetos a ciertas restricciones armonizadoras con el Estado, diseñados (determinación de bases, tipos, etc.) por cada TH. A cambio, los TT.HH. pagan una cantidad de dinero al Estado como contribución a los gastos que el Estado realiza en beneficio de los residentes de la C.A.P.V. y como contribución a la solidaridad entre regiones. A los impuestos recaudados por los TT.HH. se les denomina impuestos concertados y a la cantidad pagada al Estado Cupo. El C.E., por tanto, es un acuerdo que dota a los TT.HH. de autonomía fiscal a cambio del pago de un Cupo. Es importante resaltar que en tanto los impuestos pertenecen a cada uno de los TT.HH, el Cupo es una cantidad que se fija globalmente para el conjunto de los tres TT.HH. Esto implica que el sistema fiscal puede ser diferente en los tres TT.HH. En la práctica, sin embargo, las diferencias entre TT.HH son pequeñas porque en 1989 se creó el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi cuya misión es, precisamente, evitar que las diferencias fiscales entre TT.HH sean sustantivas.
El C.E. es la base económica en la que se sustenta el autogobierno de la C.A.P.V.. Su justificación radica en una tradición histórica que se remonta en lo inmediato al siglo XIX pero que tiene sus raíces últimas en los derechos forales que han tenido los TT.HH. de la C.A.P.V. desde su incorporación a la corona de Castilla entre los siglos XI y XII. De hecho, el C.E., y la tradición de autogobierno a la que se asocia, están tan arraigados en la sociedad de la C.A.P.V. que no es aventurado decir que todos los ciudadanos, cualquiera que sea su ideología política, consideran al C.E. como un derecho irrenunciable.
Impuestos Concertados
Impuestos Concertados. Los impuestos concertados entre los TT.HH de la C.A.P.V. y el Estado, así como la capacidad normativa de los TT.HH sobre estos impuestos, han ido variando desde que se firmó el primer C.E. moderno en 1981 (última actualización en el Boletín Oficial del Estado nº186 de 5 de Agosto de 1997). Actualmente están concertados todos los impuestos del sistema fiscal excepto las cotizaciones a la Seguridad Social. Estas Cotizaciones son, sin embargo, unos impuestos de carácter singular ya que su recaudación está afecta al pago de las pensiones y las prestaciones por desempleo. Dado que estas prestaciones las paga actualmente el Estado, en tanto no sean transferidas a la C.A.P.V. no se podrán concertar las Cotizaciones. En cuanto a la capacidad normativa (libertad de los TT.HH para fijar tipos, bases, etc), el C.E. reconoce a los TT.HH libertad plena en los Impuestos Directos (IRPF, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones) en tanto que, en los Impuestos Indirectos más importantes (IVA e impuestos Especiales), los TT.HH. no tienen ninguna capacidad normativa y deben limitarse a aplicar los tipos y bases establecidos por el Estado. En algunos Impuestos Indirectos, menores en términos de recaudación (Tasa de Juego y Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados), los TT.HH tienen una capacidad normativa amplia.
En todo caso, el C.E., al mismo tiempo que reconoce a los TT.HH. autonomía normativa plena en los impuestos directos y algunos indirectos, establece que el conjunto del sistema fiscal de los tres TT.HH no debe distorsionar ni la competencia empresarial ni la libre circulación del capital, y debe dar lugar a una presión fiscal equivalente a la del resto del Estado. Estrictamente hablando, autonomía fiscal y no distorsión son contradictorias porque cualquier diferencia fiscal entre los TT.HH dará lugar a una cierta distorsión, aunque sea pequeña. Esta contradicción ha dado lugar a numerosos conflictos entre un Estado que interpretaba la no distorsión de una forma que casi eliminaba la autonomía normativa y unos TT.HH que entendían que la autonomía normativa legitimaba cualquier norma fiscal. Estos conflictos han acabado con frecuencia en los tribunales. Sin embargo, los tribunales han sido incapaces de establecer un equilibrio adecuado entre autonomía y no distorsión, y sus sentencias han sido a veces contradictorias, a veces contrarias a la racionalidad económica.
El Cupo. En la actualidad la contribución de la C.A.P.V. a los gastos del Estado en beneficio de los residentes en la C.A.P.V. es básicamente igual a la proporción de la riqueza de la C.A.P.V. en relación al conjunto de España. Esto se traduce en que la C.A.P.V. pague el 6,24% de los gastos totales que realiza el Estado en competencias no prestadas por la C.A.P.V., incluyendo entre los gastos del Estado parte de la redistribución que se realiza entre todas las Comunidades Autónomas del Estado español. Globalmente el cupo representa en torno al 10% de la recaudación por impuestos concertados de los tres TT.HH.
Origen del Concierto Económico
Origen del Concierto Económico. La derrota carlista en 1876 en la segunda guerra carlista supuso la eliminación definitiva del sistema foral que tradicionalmente habían tenido los Territorios Forales. No obstante, la monarquía borbónica reinante en España permitió que, como último rastro del sistema foral, los Territorios Forales conservaran un sistema fiscal especial. Esto dio lugar a que en 1878 se firmara el primer C.E. entre los Territorios Forales y el Gobierno Central. Este C.E., al igual que el actual, concertaba ciertos impuestos con los Territorios Forales a cambio de un Cupo. Sin embargo, a diferencia del sistema actual, cada TT.HH. tenía su Cupo individual que se definía como lo que se estimaba que recaudaban los impuestos concertados en el TH menos las necesidades de gasto de la Diputación del TH.
Este primer C.E. fue renovado primero en 1887 y, posteriormente en 1894,1906 y 1925. En estas renovaciones se mantenía la estructura básica- Impuestos concertados a cambio de un Cupo- si bien variaban los detalles de qué se concertaba y cuánto se pagaba. El C.E. de 1925 no llegó a su finalización debido a que en 1937, en plena guerra civil española, el general Franco lo abolió en Bizkaia y Gipuzkoa porque no se habían sumado al alzamiento militar contra la República. Alava, sin embargo, mantuvo el sistema de C.E. durante toda la era franquista. Navarra, que tenía un acuerdo con el Gobierno Central, denominado Convenio , que era similar al C.E. de los territorios Forales de la C.A.P.V., también mantuvo su autonomía fiscal durante el periodo franquista.
El reestablecimiento de la democracia en España supuso el reconocimiento de los derechos tradicionales de los TT.HH. Este reconocimiento se explicitó en la Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978 donde se establece que la "La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales". Esta provisión constitucional se incorporó al Estatuto de Autonomía del País Vasco que se aprobó en 1979 y que en su artículo 41.1 establece que "Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenio".
Como resultado de las provisiones establecidas por el Estatuto de Autonomía, en 1981 se aprobó la primera Ley del Concierto Económico de la época moderna. Esta Ley retomó los principios de las Leyes de C.E. de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y, al igual que aquéllas, estableció una concertación de impuestos a cambio de un cupo.
Los Resultados del Concierto Económico
Los Resultados del Concierto Económico. El C.E. ha sido un instrumento básico en el progreso económico de la C.A.P.V.. Por un lado, ha aportado unos recursos financieros considerables que han permitido desarrollar un Sector Público Vasco (S.P.V.) muy importante que, en términos de gasto, se aproxima al 25% del Producto Interior Bruto ( P.I.B.)(el Gobierno Central continua realizando gastos en favor de los residentes en la C.A.P.V. como las pensiones, las prestaciones por desempleo o las Relaciones exteriores, que suponen algo más del 20% del P.I.B.). Gracias al C.E., el S.P.V. no sólo ha podido hacer frente al coste de una reconversión industrial tan importante como la que ha atravesado la C.A.P.V. a lo largo de la década de los 80 y principios de los 90, sino que al mismo tiempo ha podido prestar a los ciudadanos unos servicios considerablemente mejores que los del resto del Estado.
Además de los recursos financieros, el Concierto ha aportado a la C.A.P.V. una capacidad normativa muy amplia en todos los impuestos directos. Esta capacidad normativa ha permitido ajustar el diseño de los impuestos a los objetivos de eficiencia y redistributivos que más se ajustaban a las preferencias y necesidades de los residentes de la C.A.P.V.. Así, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.), a partir de la asunción de competencias normativas en este impuesto en 1997, la C.A.P.V. ha diseñado un I.R.P.F. que es algo más progresivo que el de Territorio Común (el resto del Estado excluida Navarra) y, además difiere de él en otros elementos sustantivos. De igual forma, ante la profunda crisis industrial que han soportado los TT.HH a lo largo de los años 80 y comienzos de los 90, las Diputaciones, al igual que muchos otros gobiernos de la Unión Europea, han utilizado reducciones selectivas o generales de la fiscalidad empresarial (fundamentalmente en el Impuesto de Sociedades, I.S.) como instrumento para estimular la actividad económica.
La reformas realizadas por los TT.HH han contribuido a crear una fiscalidad propia y globalmente han supuesto unos impuestos más que en Territorio Común ya que, de forma consistente, la presión fiscal en la C.A.P.V. por tributos concertados ha sido más elevada que la de Territorio Común. Además, los TT.HH. han realizado una gestión eficaz de los impuestos que en muchos aspectos ha acercado la Administración al contribuyente y ha reducido el fraude en relación al del resto del Estado.
El Concierto Económico en comparación con el régimen de otras Comunidades Autónomas del Estado
El Concierto Económico en comparación con el régimen de otras Comunidades Autónomas del Estado. En el Estado español, a partir del año 2002, las denominadas Comunidades Autónomas (CC.AA) de Régimen Común (todas menos la C.A.P.V. y Navarra) se financian en principio mediante impuestos cedidos y participaciones en los ingresos del Estado. Sin embargo, en realidad los recursos que finalmente recibe una C.A. dependen, no de la recaudación obtenida en la C.A., sino de una estimación de las necesidades de gasto de la C.A.
En lo esencial lo que ocurre es que a cada C.A. se le ceden algunos impuestos menores desde el punto de vista recaudatorio (patrimonio, sucesiones, juego y transmisiones y actos jurídicos documentados) y se le da una participación en los impuestos que el Estado recauda en la C.A. (el 33% de lo recaudado por el IRPF, el 40% de los impuestos especiales de fabricación como hidrocarburos y tabaco y el 100% de otros impuestos especiales como el de la electricidad o el de matriculación). En el caso de los impuestos cedidos, quien generalmente recauda los impuestos es la C.A. En el caso de los impuestos participados quien recauda es el gobierno central que, de lo recaudado, transfiere a cada C.A. su parte.
Junto con la cesión y participación de impuestos, a cada C.A. se le estima su necesidad de gasto y si el rendimiento de los impuestos participados y cedidos es inferior a la necesidad estimada, recibe una transferencia por la diferencia. De esta forma, en la mayoría de los casos, los recursos finales serán iguales a la necesidad estimada y no a los impuestos pagados por los residentes en cada C.A.
Las C.C.A.A. de régimen Común tienen además una cierta capacidad normativa en su participación en el I.R.P.F., en los impuestos sobre la electricidad y de matriculación y en los impuestos cedidos. Así, por ejemplo, en el I.R.P.F. pueden cambiar la tarifa aplicable al 33% de la base y algunas deducciones (en la parte que corresponde al 33% de la base). En el caso de los impuestos participados (y recaudados por el Estado) su participación se ajusta al alza o a la baja según utilicen su capacidad normativa subiendo o bajando los impuestos. De esta forma, lo que reciben las C.C.A.A. es su necesidad estimada más las variaciones de impuestos (al alza o a la baja) que ellas decidan. Canarias, no obstante, tiene una capacidad normativa más amplia y un sistema de financiación algo diferente porque goza de un régimen fiscal especial.
En suma, por tanto, las C.C.A.A. de régimen Común tienen un sistema de financiación que es radicalmente diferente del sistema foral que se deriva del C.E.. En primer lugar, en el sistema común quien recauda la parte esencial de los impuestos es el gobierno central que, de lo recaudado transfiere una parte a las C.C.A.A. para que financien sus necesidades de gasto. En el sistema foral ocurre exactamente lo contrario. Quien recuda es la Comunidad Foral que transfiere parte de lo recaudado al Estado para que éste financie sus necesidades de gasto. En segundo lugar, los recursos forales dependen de la capacidad fiscal de los TT.HH, en tanto que en el sistema común los recursos dependen, primero, de la necesidad estimada y, en menor medida, de la capacidad fiscal. Tercero, el sistema de C.E. obliga a los TT.HH a hacerse responsables ante los contribuyentes de recaudar los impuestos que se necesitan para financiar el gasto, en tanto que en el sistema común las C.C.A.A. tienen una corresponsabilidad mucho menor. Finalmente, los TT.HH tienen una capacidad normativa mucho más amplia que las C.C.A.A. de territorio Común.
El Concierto Económico en comparación con otros países de la UE
El Concierto Económico en comparación con otros países de la UE. En la Unión Europea (U.E.) los países que tienen estructura federal son Alemania, Bélgica y Austria. En todos ellos se ha descentralizado parte de los impuestos. Sin embargo, esta descentralización se ha realizando de tal forma que se ha dado primacía a la uniformidad impositiva dentro del país sobre la autonomía fiscal de las regiones, de tal forma que en todos ellos la capacidad normativa de las regiones es mínima.
Así, los Länder ( estados) alemanes se financian mediante participaciones en los impuestos federales. Simplemente el gobierno central recauda los impuestos y cada Land recibe una parte de lo recaudado en su jurisdicción. De esta forma, los Länder reciben el 42,5% del I.R.P.F. y el 50% I.S. recaudados en su jurisdicción. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido ( I.V.A.), los Länder reciben globalmente el 44% de la recaudación, pero el total resultante no se distribuye entre Länder en función de lo pagado por los residentes en cada uno de ellos, sino en proporción a la población. Como resultado, la distribución del I.V.A. entre Länder incorpora un elemento de redistribución de recursos entre ellos. Esta redistribución se complementa con un esquema de transferencias entre Länder que tiende a igualar los recursos per capita.
Los Länder no tienen ninguna capacidad normativa en la parte de los impuestos que les corresponde. Es decir los tipos y bases son uniformes en todo el territorio alemán. No obstante, los Länder pueden influir en los tipos y bases comunes que se aplican el conjunto del país a través del Bundesrat que es una Cámara Territorial que juega un papel decisivo en las cuestiones que afectan a los Länder.
En Austria las cosas son similares. La fuente fundamental de ingresos de los Länder (estados) austríacos es una participación en los ingresos del gobierno federal que se distribuye para algunos impuestos en función de donde se ha generado el ingreso y, para otros, en función de la población o de otros indicadores de necesidad. Al igual que en Alemania, existe un sistema de igualación de recursos entre Länder y éstos carecen de capacidad normativa en los impuestos compartidos (participados) con el gobierno federal. Por otro lado, tienen cierta capacidad normativa en algunos impuestos menores que les han sido asignados en exclusiva.
Finalmente en Bélgica las regiones se financian mediante algunos impuestos propios de carácter menor (apuestas, sucesiones, etc.) y participaciones en algunos impuestos federales (I.R.P.F e I.V.A.). En los impuestos propios tienen autonomía normativa plena. En los compartidos sólo pueden establecer recargos en el I.R.P.F., aunque ninguna provincia lo ha hecho.
Tomando todo en cuenta no es aventurado decir que el C.E. es el esquema de descentralización fiscal más avanzado de la UE. Por un lado, confiere a los TT.HH de la C.A.P.V. el mayor grado de autonomía normativa de todos los gobiernos subcentrales de la U.E. (con la excepción, obviamente de Navarra). Segundo, convierte a la C.A.P.V. (junto con Navarra) en la única región de la U.E. donde el gobierno central del país en el que se integra carece de capacidad para recaudar impuestos.
El Concierto Económico y las normas de la Unión Europea
El Concierto Económico y las normas de la Unión Europea. En los últimos años la distintas Instituciones Europeas (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo, Comisión Europea, Grupo de Política fiscal) han cuestionado algunas medidas de los TT.HH en materia del I.S. Si bien los TT.HH no se han visto obligados a anular ninguna de sus normas (a veces porque las han retirado antes de verse obligadas a ello), en algunos casos las empresas han tenido que devolver beneficios fiscales obtenidos al amparo de estas normas.
El hecho de que la U.E. cuestione normas del I.S. no significa que esté cuestionando el C.E., porque el C.E., mucho más que la capacidad normativa en el I.S., es un sistema que garantiza que la C.A.P.V. recauda todos los impuestos pagados por sus residentes, ordena la estructura interna de su Sector Público y su relación financiera con el Estado se limita al pago de una cierta cantidad, el Cupo. Siendo cierto esto, no se debe minusvalorar el alcance de las actuaciones de la U.E. ya que si se anula la capacidad normativa de los TT.HH en el I.S., se perdería no sólo una parte sustancial de la autonomía fiscal (que fundamente quedaría limitada al I.R.P.F.), sino también un instrumento importante de regulación económica.
Desde la perspectiva de los acuerdos que sustentan la U.E., las normas fiscales vascas se pueden cuestionar, y de hecho se han cuestionado, en base a dos tipos de argumentos. En primer lugar, lo que se puede denominar un argumento político/legal. En segundo lugar, un argumento económico.
El argumento político-legal parte del hecho de que la U.E. es una Unión de países para, a partir de ahí, concluir que cualquier diferencia de impuestos dentro de un país que dé lugar a unos impuestos menores dentro de una región es discriminatoria entre quienes operan en el mismo país y, en el caso de impuestos empresariales, una ayuda regional de estado. Estas ayudas están explícitamente prohibidas en la U.E.. El argumento económico se apoya en que una fiscalidad inferior en una región de un país distorsiona la competencia y rompe la unidad de mercado. Ambos argumentos son difícilmente sostenibles.
El argumento político/legal supone que en todos los países existe un sistema fiscal general y, a partir de ahí, infiere que cualquier diferencia regional de impuestos, cualquiera que sea la causa que la justifica, es una excepción que, si conlleva impuestos más bajos, es una ayuda regional de Estado. Este argumento es inadmisible tanto en sus premisas como en sus implicaciones.
De entrada es falso que, de acuerdo con los criterios de la Comisión Europea y con las leyes españolas, en España exista un régimen fiscal general. Según la Comisión una norma es general cuando sea de aplicación en todo un Estado. De acuerdo con esto, el sistema foral claramente no es general, pero tampoco lo es el sistema fiscal de Territorio Común ya que, por ejemplo, una empresa que opere en la C.A.P.V. no puede acogerse a un incentivo que exista en el resto del Estado pero que no exista, o sea de menor cuantía, en los TT.HH. Simplemente, en España no existe un sistema general y, por tanto, difícilmente se puede decir que el sistema fiscal vasco es una excepción a un régimen general que no existe. El problema es que, como esto sólo ocurre en el Estado español, la Comisión no ha tenido en cuenta la posibilidad de que haya países en los que no exista un sistema general debido a que la potestad fiscal sobre los residentes de una región se haya asignado en exclusiva al gobierno de dicha región, de tal forma que el gobierno central carece de capacidad recaudatoria en la región en cuestión.
Por otro lado, el argumento de que las diferencias fiscales regionales son una ayuda de estado, cualquiera que sea la causa de que se derivan carece de sentido. Las causas y no sólo el resultado son fundamentales para valorar una acción ya que no es lo mismo una diferenciación de impuestos entre regiones que sea el resultado natural de un modelo de descentralización adoptado por un país que una diferenciación fiscal entre regiones que busque deslocalizar las inversiones en favor de una determinada región.
Por otro lado, las implicaciones de aceptar que cualquier diferenciación regional de impuestos societarios es una ayuda regional de estado son inaceptables porque supondrían que:
a) Los países no pueden descentralizar los impuesto empresariales. Consecuentemente, países como Suiza donde los impuestos empresariales sí están descentralizados deben saber que si quieren entrar en la U.E. lo primero que deben hacer es cambiar su Constitución y su sistema de financiación. Más aún, esto condiciona los esquemas futuros de descentralización en países como el Reino Unido, Francia, Italia o Bélgica donde existen ciertas tendencias globales o locales hacia la descentralización
b) Todos los países de la U.E. en los que los gobiernos subcentrales tienen alguna capacidad normativa sobre los impuestos que gravan los beneficios empresariales o, incluso, que sin gravar directamente los beneficios afecten a la actividad empresarial, deben retirar esta capacidad a los gobiernos subcentrales. En el primer caso estarían Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y España. En el segundo prácticamente todo los países de la U.E. ya que en todos ellos existe algún impuesto municipal que afecta a los empresarios.
Todo lo anterior pone de manifiesto que considerar a cualquier diferencia fiscal regional como ayuda regional de Estado es un principio cuestionable en sus fundamentos e inaceptable en sus implicaciones. Por ello, lo razonable es que la Comisión europea reconsidere este punto de vista. Y si no fuera así, la Comisión debería ser consciente de que es necesario reformar el concepto de ayuda de Estado de tal forma que no interfiera con el diseño de los procesos de descentralización nacionales que, lejos de ser artimañas para eludir normativas comunitarias, responden a situaciones social y políticamente consolidadas.
El argumento económico en contra de la capacidad normativa de los TT.HH en el I.S. es que la diferenciación del I.S. entre los TT.HH y el Territorio Común distorsiona la economía y rompe la unidad de mercado. De entrada esto es, al menos formalmente, imposible porque los propios criterios de armonización que establece el Concierto entre los sistemas fiscales de los TT.HH y el de Territorio Común lo impiden. Pero, dejando esto al margen, en tanto los sistemas fiscales de los TT.HH se apliquen de igual forma a todos los que operan en la C.A.P.V. ( es decir, sean generales), es absurdo afirmar que el hecho de que el I.S. de, digamos, Alemania sea diferente del de Francia no altera los principios de unidad de mercado y no distorsión que establece el Tratado pero que los TT.HH de la C.A.P.V. tengan un sistema general diferente al de Territorio Común va en contra del Tratado. O, por ponerlo de otra forma, decir que 15 sistemas diferentes del I.S. son totalmente acordes al Tratado de la Unión, pero 16 (ó 19) no lo son.
Todo lo anterior no significa que la autonomía normativa de la C.A.P.V. deba ser ilimitada. Significa simplemente que las normas fiscales vascas deben ser evaluadas por la U.E. como las de cualquier país soberano en materia de fiscalidad.
LEY 12/2002 DEL CONCIERTO ECONÓMICO
LEY 12/2002 DEL CONCIERTO ECONÓMICO.
Se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a que se refiere el artículo cuarenta y uno de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco en los términos establecidos en el anejo ala presente Ley.
"En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico."
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", si bien surtirá efecto desde el uno de enero de dos mil dos.
CAPÍTULO I: TRIBUTOS
CAPÍTULO I: TRIBUTOS.
Sección 1: Normas Generales.Artículo 1. Competencias de las Instituciones de los Territorios Históricos.
a) Se facilitarán, a través de sus centros de proceso de datos, toda la información que precisen. A tal efecto, se establecerá la intercomunicación técnica necesaria. Anualmente se elaborará un plan conjunto y coordinado de informática fiscal.
Primera. La regulación, gestión, inspección, revisión y recaudación de los derechos de importación y de los gravámenes ala importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Sección 2: Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Sección 2: Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Tratándose de entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y las Diputaciones Forales, las retenciones corresponderán a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación efectuada por el Impuesto sobre Sociedades. Estas retenciones se exigirán conforme ala normativa foral o común, según que ala entidad pagadora le resulte de aplicación la normativa foral o común del Impuesto sobre Sociedades, y la inspección se realizará por los órganos de la Administración que corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante lo anterior, las normas relativas al lugar, forma y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las establecidas por la Administración competente para su exacción.
Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y las Diputaciones Forales del País Vasco, la retención corresponderá a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación efectuada por el Impuesto sobre Sociedades. Estas retenciones se exigirán conforme a la normativa foral o común según que ala entidad pagadora le resulte de aplicación la normativa foral o común del Impuesto sobre Sociedades, y la inspección se realizará por los órganos de la Administración que corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante lo anterior, las normas relativas al lugar, forma y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las establecidas por la Administración competente para su exacción.
d) Los rendimientos derivados de operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez, cuando el beneficiario de los mismos o el tomador del seguro en caso de rescate tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco. e) Las rentas vitalicias y otras temporales que tengan por causa la imposición de capitales, cuando el beneficiario de las mismas tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.
A efectos de la liquidación del Impuesto sobre la Renta del perceptor, tendrán validez los pagos a cuenta que se hayan realizado en uno y otro territorio, sin que ello implique, caso de que dichos pagos se hubieran ingresado en Administración no competente, la renuncia de la otra a percibir la cantidad a que tuviera derecho, pudiendo reclamarla ala Administración en la que se hubiera ingresado.
Sección 3: Impuesto sobre sociedades
Sección 3: Impuesto sobre sociedades. Artículo 14. Normativa aplicable.
No obstante, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de euros, y en dicho ejercicio hubieran realizado en territorio común el 75 por 100 o más de su volumen de operaciones, quedarán sometidos a la normativa de dicho territorio.
Asimismo, será de aplicación la normativa autónoma a los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de euros y hubieran realizado la totalidad de sus operaciones en el País Vasco.
Si el ejercicio anterior fuese inferior a un año, el volumen de operaciones a que se refiere el apartado uno anterior será el resultado de elevar al año las operaciones realizadas durante el ejercicio.
Cuatro. En el supuesto de inicio de la actividad, se atenderá al volumen de las operaciones realizadas en el primer ejercicio y si éste fuese inferior a un año, el volumen de operaciones será el resultado de elevar al año las operaciones realizadas durante el ejercicio. Hasta que se conozcan el volumen y el lugar de realización de las operaciones en este ejercicio, se tomarán como tales, a todos los efectos, los que el sujeto pasivo estime en función de las operaciones que prevea realizar durante el ejercicio de inicio de la actividad.
Uno. Corresponderá de forma exclusiva a las Diputaciones Forales la exacción del Impuesto sobre Sociedades de los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco y su volumen de operaciones en el ejercicio anterior no hubiere excedido de 6 millones de euros.
Dos. Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiere excedido de 6 millones de euros tributarán, cualquiera que sea el lugar en que tengan su domicilio fiscal, a las Diputaciones Forales, a la Administración del Estado o a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el ejercicio.
1.° Las entregas de bienes muebles corporales cuando se realice desde territorio vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte. Esta regla tendrá las siguientes excepciones:
2.° Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio vasco los centros generadores de la misma.
3.° Las entregas de bienes inmuebles cuando los bienes estén situados en territorio vasco.
1.° Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco, cuando se efectúen desde dicho territorio.
2.° Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se entenderán realizadas en el País Vasco cuando dichos bienes radiquen en territorio vasco.
3.° Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en los apartados anteriores las operaciones de seguro y capitalización, respecto de las cuales se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 32 del presente Concierto Económico.
1.° Las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca de productos naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o capturas. 2.° Los servicios de transporte, incluso los de mudanza, remolque y grúa.
E) Las entidades que no realicen las operaciones previstas en el párrafo segundo del apartado dos del artículo 14 tributarán alas Diputaciones Forales cuando tengan su domicilio fiscal en territorio vasco.
Artículo 1 7. Pagos a cuenta del Impuesto.
Dos. Los sujetos pasivos que deban tributara ambas Administraciones ingresarán el pago fraccionado del impuesto en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio. A estos efectos, se aplicará la proporción determinada en la última declaración-liquidación del Impuesto.
Primera. El resultado de las liquidaciones del Impuesto se imputará alas Administraciones del Estado y del País Vasco en proporción al volumen de operaciones realizado en uno y otro territorio en cada período impositivo.
Asimismo, la inspección de los sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal radique en territorio común, su volumen de operaciones en el ejercicio anterior hubiera excedido de 6 millones de euros y hubieran realizado la totalidad de sus operaciones en territorio vasco, se realizará por la Diputación Foral competente por razón del territorio.
Dos. 1. Los grupos fiscales estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal foral cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran sujetas a normativa foral en régimen de tributación individual, y estarán sujetos al régimen de consolidación fiscal de territorio común cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran sujetos al régimen tributario de territorio común en régimen de tributación individual. A estos efectos, se considerarán excluidas del grupo fiscal las sociedades que estuvieran sujetas a la otra normativa.
En todo caso, se aplicará idéntica normativa ala establecida en cada momento por el Estado para la definición de grupo fiscal, sociedad dominante, sociedades dependientes, grado de dominio y operaciones internas del grupo.
Sección 4: Impuesto sobre la renta de no residentes
Sección 4: Impuesto sobre la renta de no residentes.
Uno. Cuando se graven rentas obtenidas mediante establecimiento permanente, la exacción del Impuesto corresponderá a una u otra Administración o a ambas conjuntamente, en los términos especificados en el artículo 1 5 anterior.
c) Los rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo dependiente cuando el trabajo se preste en territorio vasco.
j) Las ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles situados en territorio vasco o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho territorio. En particular, se consideran incluidas en esta letra:
No obstante, en los supuestos a que se refiere esta letra, la Administración competente para la exacción de la totalidad de los rendimientos será la del territorio donde tengan su residencia habitual o domicilio fiscal las personas, entidades o establecimientos permanentes que presenten la liquidación en representación del no residente, sin perjuicio de la compensación que proceda practicar a la otra Administración por la parte correspondiente ala proporción del volumen de operaciones realizado en el territorio de esta última.
Uno. Los pagos fraccionados que realicen los establecimientos permanentes y las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto que se les practiquen por las rentas que perciban, se exigirán de acuerdo con las reglas establecidas en las secciones 2.a y 3.a anteriores.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos a los que se refieren las letras e), f) e i) del apartado dos y en el supuesto previsto en el apartado tres, ambos del artículo anterior, se exigirán por las Diputaciones Forales en proporción al volumen de operaciones realizado en el País Vasco correspondiente al obligado a retener, aplicando las reglas especificadas en la sección 3.a anterior.
Sección 5: Impuesto sobre el patrimonio
Sección 5: Impuesto sobre el patrimonio.Artículo 24. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Sección 6: Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Sección 6: Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Artículo 25. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
a) En las adquisiciones "mortis causa" y las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco a la fecha del devengo.
b) En las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos radiquen en territorio vasco.
c) En las donaciones de los demás bienes y derechos, cuando el donatario tenga su residencia habitual en el País Vasco ala fecha del devengo.
Dos. En los supuestos contemplados en las letras a) y c) del apartado anterior, las Diputaciones Forales aplicarán las normas de territorio común cuando el causante o donatario hubiere adquirido la residencia en el País Vasco con menos de 5 años de antelación a la fecha del devengo del Impuesto. Esta norma no será aplicable a quienes hayan conservado la condición política de vascos con arreglo al artículo 7.° 2 del Estatuto de Autonomía.
Sección 7: Impuesto sobre el valor añadido
Sección 7: Impuesto sobre el valor añadido. Artículo 26. Normativa aplicable.
Primera. Los sujetos pasivos que operen exclusivamente en territorio vasco tributarán íntegramente a las correspondientes Diputaciones Forales, y los que operen exclusivamente en territorio común lo harán a la Administración del Estado.
Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior no hubiera excedido de 6 millones de euros tributarán, en todo caso, y cualquiera que sea el lugar donde efectúen sus operaciones a la Administración del Estado, cuando su domicilio fiscal esté situado en territorio común y ala Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio fiscal esté situado en el País Vasco.
Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural para el cómputo de la cifra anterior, las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades se elevarán al año.
Cinco. La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos, efectuadas por particulares o por personas o entidades cuyas operaciones estén totalmente exentas o no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, corresponderá a la Administración del territorio común o vasco en el que dichos medios de transporte se matriculen definitivamente.
1. Las entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice desde territorio vasco la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte. Esta regla tendrá las siguientes excepciones:
b) Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera del País Vasco, se entenderán realizadas en territorio vasco si los trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje no excede del 1 5 por 100 del total de la contraprestación.
2. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio vasco los centros generadores de la misma.
3. Las entregas de bienes inmuebles, cuando los bienes estén situados en territorio vasco.
1. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en territorio vasco cuando se efectúen desde dicho territorio.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles, las cuales se entenderán realizadas en el País Vasco cuando dichos bienes radiquen en territorio vasco.
3. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto en los apartados anteriores las operaciones de seguro y capitalización, respecto de las cuales se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 32 del presente Concierto Económico.
1.a Las entregas realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca de productos naturales no sometidos a procesos de transformación, que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o capturas.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrá aplicarse, previa comunicación a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa prevista en la sección 2.a del capítulo III del presente Concierto Económico, una proporción diferente en los siguientes supuestos:
a) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente alas Diputaciones Forales o, en su caso, a la Administración del Estado, se llevará a cabo por las inspecciones de los tributos de cada una de dichas Administraciones.
Segunda. Sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio vasco: la comprobación e investigación será realizada por los órganos competentes de la Administración Foral correspondiente al domicilio fiscal, sin perjuicio de la colaboración de la Administración del Estado, y surtirá efectos frente a todas las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda alas mismas. En el caso de que el sujeto pasivo haya realizado en el ejercicio anterior en territorio común el 75 por 100 o más de sus operaciones, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos, será competente la Administración del Estado sin perjuicio de la colaboración de las Diputaciones Forales.
Siete. Las declaraciones recapitulativas de entregas y adquisiciones intracomunitarias se presentarán ante la Administración tributaria que tenga atribuida la competencia para la comprobación e investigación de los sujetos pasivos.
Sección 8: Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
Sección 8: Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Artículo 30. Normativa aplicable.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos sujetos ala cuota gradual del gravamen de Actos Jurídicos Documentados, cuando radique en el País Vasco el Registro en el que deba procederse a la inscripción o anotación de los bienes o actos.
Sección 9: Impuesto sobre las primas de seguro
Sección 9: Impuesto sobre las primas de seguro. Artículo 32. Normativa aplicable y exacción del Impuesto.
Sección 10: Impuestos especiales
Sección 10: Impuestos especiales. Artículo 33. Normativa aplicable y exacción de los impuestos.
Uno. Los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. No obstante, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mismos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.
Las devoluciones de los Impuestos Especiales de Fabricación serán efectuadas por la Administración en la que hubieran sido ingresadas las cuotas cuya devolución se solicita. No obstante, en los casos en que no sea posible determinar en qué Administración fueron ingresadas las cuotas, la devolución se efectuará por la Administración correspondiente al territorio donde se genere el derecho a la devolución. El control de los establecimientos situados en el País Vasco así como su autorización, en cualquiera de sus regímenes, será realizado por las respectivas Diputaciones Forales, no obstante lo cual será necesaria la previa comunicación a la Administración del Estado y ala Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa.
No obstante lo dispuesto en el apartado uno, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta un máximo del 10 por 100 de los tipos establecidos en cada momento por el Estado.
Sección 11: Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos
Sección 11: Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.
No obstante lo anterior, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán establecer los tipos de gravamen del Impuesto dentro de los límites vigentes en cada momento en territorio común.
Asimismo, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e ingreso que contendrán, al menos, los mismos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.
b) Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los productos comprendidos en el ámbito objetivo del Impuesto, cuando se destinen directamente al consumo del importador o del adquirente en un establecimiento de consumo propio situado en el País Vasco.
Sección 12: Otros impuestos indirectos
Sección 12: Otros impuestos indirectos. Artículo 35. Normativa aplicable.
Sección 13: Tributos sobre el juego
Sección 13: Tributos sobre el juego. Artículo 36. Normativa aplicable.
Sección 14: Tasas
Sección 14: Tasas. Artículo 38. Competencia para la exacción de las tasas.
Sección 15: Haciendas locales
Sección 15: Haciendas locales. Artículo 39. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Dos. Corresponderá alas instituciones competentes de los Territorios Históricos la exacción del Impuesto sobre Actividades Económicas por las actividades ejercidas en su territorio, de acuerdo con las siguientes normas:
Sección 16: Normas de gestión y procedimiento
Sección 16: Normas de gestión y procedimiento. Artículo 43. Residencia habitual y domicilio fiscal.
Seis. Las discrepancias entre Administraciones que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes serán resueltas, previa audiencia de éstos, por la Junta Arbitral que se regula en la sección 3.a del capítulo III de este Concierto Económico.
b) Que en el año en el cual se produzca dicha situación, la tributación efectiva por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior ala que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa aplicable del territorio de residencia anterior al cambio.
c) Que en el año siguiente a aquel en el que se produce la situación a que se refiere la letra a) o en el siguiente, vuelva a tenerla residencia habitual en dicho territorio.
Uno. Corresponderá alas Diputaciones Forales del País Vasco la investigación tributaria de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las entidades financieras y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, en orden a la exacción de los tributos cuya competencia les corresponda.
Las entidades que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores que, de acuerdo con la normativa correspondiente, vengan obligadas ala presentación de los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta, deberán presentar los mismos con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administración a la que corresponda la competencia para la comprobación e investigación de dichas entidades.
Las entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y las Diputaciones Forales deberán presentar resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a los rendimientos a que se refieren los artículos 7.uno.c) y 9.uno.primera.a) del presente Concierto Económico, conforme alas normas sobre lugar, forma y plazo de presentación de declaraciones que establezca cada una de las Administraciones competentes para su exacción.
CAPÍTULO II: DE LAS RELACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO II: DE LAS RELACIONES FINANCIERAS.
Sección 1: Normas generales. Artículo 48. Principios generales.
Cuarto. Contribución del País Vasco alas cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma, en la forma que se determina en el presente Concierto Económico.
Sección 2: Metodología de determinación del cupo
Sección 2: Metodología de determinación del cupo. Artículo 52. Cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma.
(Tabla omitida) Tres. Será la Ley de Cupo la que determine para el período el valor de los índices a los que se hace referencia en el apartado uno anterior.
Uno. Si durante el período de vigencia anual del cupo, fijado con arreglo ala normativa precedente, la Comunidad Autónoma del País Vasco asumiese competencias cuyo coste anual a nivel estatal hubiese sido incluido dentro de las cargas del Estado que sirvieron de base para la determinación de la cuantía provisional del cupo, se procederá a reducir dicho coste anual proporcionalmente a la parte del año en que el País Vasco hubiera asumido tales competencias y, en consecuencia, el cupo en la cuantía que proceda.
CAPÍTULO III: DE LAS COMISIONES Y JUNTA ARBITRAL DEL CONCIERTO ECONÓMICO
CAPÍTULO III: DE LAS COMISIONES Y JUNTA ARBITRAL DEL CONCIERTO ECONÓMICO.
Sección 1: Comisión mixta del concierto económico
Sección 1: Comisión mixta del concierto económico. Artículo 61. Composición y acuerdos.
d) Acordar el nombramiento y régimen de los componentes de la Junta Arbitral especificada en la sección 3.a de este capítulo, así como lo referente a su funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de adopción de acuerdos.
Sección 2: Comisión de coordinación y evaluación normativa
Sección 2: Comisión de coordinación y evaluación normativa.
b) Resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación de los puntos de conexión contenidos en el presente Concierto Económico. Estas consultas se trasladarán para su análisis junto con su propuesta de resolución en el plazo de dos meses desde su recepción, al resto de las Administraciones concernidas. En el caso de que en el plazo de dos meses no se hubieran formulado observaciones sobre la propuesta de resolución, ésta se entenderá aprobada. De existir observaciones, se procederá a la convocatoria de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa quien, de no llegar a un acuerdo, la trasladará a la Junta Arbitral.
d) Facilitar alas Administraciones competentes criterios de actuación uniforme, planes y programas de informática y articular los instrumentos, medios, procedimientos o métodos para la materialización efectiva del principio de colaboración y del intercambio de información.
e) Analizarlos supuestos o cuestiones que se hayan planteado en materia de inspección entre la Administración del Estado y las respectivas Diputaciones Forales, así como los problemas de valoración a efectos tributarios.
Sección 3: Junta arbitral
Sección 3: Junta arbitral. Artículo 65. Composición.
Uno. La Junta Arbitral estará integrada por tres miembros cuyo nombramiento se formalizará por el Ministro de Hacienda Ve¡ Consejero de Hacienda y Administración Pública.
Las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tendrán las facultades que en el orden económico y administrativo les reconoció el artículo 15 del Real Decreto de 13 de diciembre de 1906 y que, en virtud del proceso de actualización general del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución se consideran subsistentes, sin perjuicio de las bases a que hace referencia el artículo 149.1.18.ªde la Constitución.
La cifra determinante del volumen de operaciones establecida en el presente Concierto Económico resultará de aplicación a aquellos ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2002.
Los tributos devengados con anterioridad ala entrada en vigor del presente Concierto Económico se regirán por los puntos de conexión vigentes en el momento de su devengo.
Los procedimientos no finalizados ala entrada en vigor del presente Concierto Económico se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio.
Una Comisión Mixta Paritaria, Ministerio de Hacienda -Diputación Foral de Álava, determinará la compensación que proceda establecer en favor de la Diputación Foral, en tanto ésta continúe desarrollando competencias y prestando servicios no asumidos por la Comunidad Autónoma del País Vasco y que en provincias de régimen común corresponden al Estado, así como las normas para la revisión anual de esta compensación en base al calendario de transferencia de competencias al País Vasco.