Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2000/08/registro-oficial-17-de-agosto-del-2000
Timestamp: 2020-08-15 19:38:59
Document Index: 246357641

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 119', 'artículo 19']

Registro Oficial. 17 de AGOSTO del 2000
Jueves 17 de Agosto del 2000
\n 656\n Autorízase\n al Ministro de Economía y Finanzas, suscriba con el Banco\n Interamericano de Desarrollo, un Contrato Modificatorio destinado\n a financiar el "Proyecto de Apoyo a la Inversión\n Privada en Infraestructura", cuyo organismo ejecutor es\n el CONAM
\n 659 Exceptúase de la\n prohibición contenida en el articulo 15 del Decreto No.\n 262 de 29 de octubre de 1996, que expidió las Normas de\n Restricción del Gasto Publico a las reuniones convocadas\n por los respectivos secretarios ejecutivos de las comisiones\n de vecindad con Colombia y Perú
\n 666 Dispónese que el\n uso sostenible y el aprovechamiento comercial de la llama (lama\n glama) y la alpaca (lama pacos) hacia y desde el territorio nacional,\n su importancia y exportación estarán sujetos a\n las respectivas normas sobre bioseguridad, control sanitario,\n producción ganadera y el comercio de productos a nivel\n nacional como internacional
\n 667 Autorizase al Ministro de Economía\n Finanzas, suscriba con el Banco Interamericano de Desarrollo,\n un Contrato Modificatorio destinado a financiar el "Programa\n Complementario para Afrontar el Fenómeno de El Niño\n - Red Vial de la Costa", cuyo organismo ejecutor es la Presidencia\n de la República por medio del COPEFEN
\n 668 Autorizase al Ministro\n de Economía Finanzas, suscriba un préstamo con\n el Banco Mundial, destinados a financiar el "Proyecto de\n Asistencia Técnica al Sector Financiero"
\n 669 Elimínase la Tarifa\n por Cláusula de Salvaguardia para varios productos de\n importación
\n 672 Ratifícanse las\n enmiendas al Tratado para la Proscripción de las Armas\n Nucleares en la América Latina y El Caribe, aprobadas\n por la Conferencia General del OPANAL .
\n 673 Ratifícanse las\n enmiendas al Tratado para la Proscripción de las Armas\n Nucleares en la América Latina y El Caribe, aprobada por\n la Conferencia General del OPANAL .
\n TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL:
\n Destitúyese\n del cargo de Juez Séptimo de lo Penal de los Ríos\n y suspéndese sus derechos políticos por un\n año, a partir de la presente fecha al señor Ab.\n José Sánchez Córdova.
\n 234-2000 José Ñacata Sinailín\n y otros en contra de José Manuel Chumaco y otros
\n 239-2000 Justina Vélez y otro\n en contra de Publio Ormaza Ganchozo
\n 242-2000 Rosa Vargas Vargas en contra\n de Enrique Andrade Zambrano
\n 244-2000\n Verónica\n Simbaña Gualichico en contra de José Simbaña\n Coyago
\n 245-2000 Eduardo Granizo Salazar\n en contra de Juan Noboa Alvarado
\n 161-97 Teodoro Fermín Plúas\n Aquiño en contra el Benemérito Cuerpo de Bomberos\n de Guayaquil
\n 213-99 Cristóbal Elizalde\n Sánchez en contra de la Municipalidad de Guayaquil
\n 255-99 María Felicidad Martínez\n Ponce en contra de Cecilia Pazmiño y otro
\n 399-99 Omar Washington Gómez\n Unigarro en contra de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado\n y Agua Potable
\n 412-99 Segundo Prado Araujo en contra\n de la empresa Eternit Ecuatoriana S.A.
\n 414-99 Milton Hugo Rivadeneira Benítez\n en contra del Ilustre Municipio de Ibarra
\n 20-2000 Ludwin Gonzalo Yépez\n Palma en contra del Banco Nacional de Fomento
\n 36-2000 David Reece Dousdebés\n en contra de la compañía Ecuasanitas S.A
\n 47-2000 Maria Vélez Menéndez\n en contra de EMELMANABI
\n 53-2000\n Carlos Gencon\n Cruz en contra del Banco Ecuatoriano de la Vivienda
\n 63-2000 Genner Velásquez Almeida\n en contra del Banco del Pichincha C.A.
-\n Cantón Cayambe: Que\n reforma a la orde-nanza municipal, publicada en el Registro Oficial\n No. 126 del 9 de febrero de 1999
-\n Cantón San Francisco de Puebloviejo: Que crea la Unidad de Gestión\n del Plan de Desarrollo Cantonal
-\n Cantón San Francisco de Puebloviejo: Que expide el Reglamento Interno de\n la Unidad de Gestión del Plan de Desarrollo Cantonal
ORDENANZAS\n PROVINCIALES:
-\n Provincia de Galápagos: Que\n expide el Reglamento interno de viáticos, transporte y\n subsistencias
-\n Provincia de Galápagos: Para\n la aplicación del 75% y bono insular en beneficio del\n sueldo que percibe el señor Prefecto y dietas a los señores\n Consejeros
Que con fundamento en lo establecido en el Decreto Ejecutivo\n No. 433 de 18 de diciembre de 1998, la República del Ecuador\n y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, suscribieron el\n 6 de enero de 1999, el contrato de préstamo No. 1136 -\n OC - EC, por el valor de US$ 13500.000, con el propósito\n de financiar el "Proyecto de Apoyo a la Inversión\n Privada en Infraestructura", a cargo del CONAM;
Que mediante comunicación No. CEC - 5106 de 15 de diciembre\n de 1999, la representante del BID en el Ecuador, somete\n a consideración de esta Cartera de Estado un Proyecto\n de Convenio Modificatorio a través del cual se incorpora\n al beneficio de la "Cuenta de Facilidad de Financiamiento\n Intermedio", el ochenta y siete por ciento (87%) del monto\n del préstamo antes especificado;
Que la Procuraduría General del Estado, a través\n del oficio No. 12468 de 6 de junio del 2000, emitió dictamen\n legal favorable para la celebración del Convenio Modificatorio\n No. 1, al contrato de crédito No. 1136/OC/EC;
Que el Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador,\n mediante oficio No. DBCE - 0579 - 2000 - 00 - 00981, de 21 de\n marzo del 2000, comunicó que el organismo de su presidencia\n resolvió emitir dictamen favorable a las modificaciones\n propuestas al convenio No. 1136/OC/EC;
Que el señor Ministro de Economía y Finanzas,\n ha expedido la Resolución No. STyCP - 033 de 19 de julio\n del 2000; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere la Constitución\n Política de la República y la ley,
Art. 1. - Autorizase al Ministro de Economía y Finanzas,\n para que a nombre y representación de la República\n del Ecuador, suscriba el contrato modificatorio No. 1, al contrato\n de préstamo No. 1136/OC/EC, suscrito el 6 de enero de\n 1999 por la República del Ecuador y el Banco Interamericano\n de Desarrollo, por el valor de US$ 13'500.000, con el propósito\n de financiar el "Proyecto de Apoyo a la Inversión\n Privada en Infraestructura", cuyo organismo ejecutor es\n el CONAM;
Art. 2. - Las modificaciones que se autoriza introducir al\n convenio de préstamo antes especificado, se resumen a\n lo siguiente:
1. - En la Sección 2 "Elementos Integrantes del\n Convenio y Referencia a la Normas Generales" se incluye\n como parte integrante del Convenio, al Anexo F.
2. - En la cláusula 1.02 "Monto del Financiamiento",\n se agrega la letra b), con el texto que sigue: "Del monto\n del Financiamiento mencionado en el párrafo anterior,\n hasta la suma de nueve millones trescientos mil dólares\n (US $ 9'300.000) podrán beneficiarse de la financiación\n parcial de intereses con cargo a la Cuenta de la Facilidad de\n Financiamiento Intermedio, de acuerdo con lo dispuesto en el\n Anexo F del presente Contrato".
3. - En la Sección III del Anexo A "Costo del\n Programa y plan de financiamiento" el cuadro por categorías\n de inversión y por fuentes de financiamiento se redistribuye\n incorporando la columna de los rubros beneficiarios de la financiación\n parcial de intereses con cargo a la cuenta de Facilidad de Financiamiento\n Intermedio.
4. - El Anexo F, que se agrega al convenio, en virtud de la\n ampliación de la Sección 2 de la introducción\n "Elementos Integrantes del Convenio y Referencia a las Normas\n Generales", contiene los términos en los cuales el\n BID, en su calidad de administrador de la Cuenta de la Facilidad\n de Financiamiento Intermedio, ha determinado que se financie\n con recursos de la cuenta, sin cargo para el prestatario, una\n parte de los intereses adeudados por éste al Banco en\n relación con la parte del préstamo a la que se\n refiere el párrafo b) de la cláusula 1.02 de las\n estipulaciones especiales del contrato pertinente.
Art. 3. - Las demás estipulaciones y condiciones financieras\n del contrato de préstamo No. 1136/OC/EC, celebrado el\n 6 de enero de 1999, quedan inalteradas.
Art. 4. - De la ejecución del presente decreto, que\n entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese el Ministro de Economía\n y
\n Finanzas.
Dado en el Palacio Nacional de Gobierno, en Quito a 9 de agosto\n del 2000.
f) Ing. Luis U. Iturralde M., Ministro de Economía\n y Finanzas.
\n PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Que, la programación prevista por el Gobierno Nacional\n para el funcionamiento de las comisiones de vecindad con Colombia\n y Perú demanda la movilización de funcionarios\n pertenecientes a diversas instituciones para participar activamente\n en reuniones transfronterizas y analizar múltiples temas\n relacionados con la integración económica y desarrollo\n fronterizo;
Que, la segunda reunión de la comisión de vecindad\n Ecuatoriano - Peruana efectuada en la ciudad de Quito, el 16\n de diciembre de 1999 resolvió recomendar a las instituciones\n públicas de ambos países que declaren de interés\n prioritario el manejo de los asuntos atinentes a la comisión\n de vecindad y sus diversas instancias;
Que, las Normas de Restricción del Gasto Público,\n expedidas con Decreto No. 262, publicado en el Suplemento del\n Registro Oficial No. 59 de 1 de noviembre de 1996, en su artículo\n 15, facultan a la Presidencia de la República para calificar\n conceptos de excepción, en relación a la prohibición\n de viajes al exterior, contenida en el mismo artículo;
Que, con oficio No. SPYC - AD - 2000 - l5 1 de 20 de enero\n del presente año, el Ministerio de Finanzas y Crédito\n Público emite su pronunciamiento favorable para que conjuntamente\n con el Ministerio de Relaciones Exteriores se estudie el mecanismo\n operativo que viabilice el funcionamiento óptimo de las\n comisiones de vecindad con Colombia y Perú; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución\n de la República y la ley,
Artículo Primero. - Exceptúase de la prohibición\n contenida en el artículo 15 del Decreto No. 262 de 29\n de octubre de 1996, que expidió las Normas de Restricción\n de Gasto Público, a aquellas reuniones convocadas por\n los respectivos secretarios ejecutivos de las comisiones de vecindad\n con Colombia y Perú para las reuniones plenarias, comités\n técnicos binacionales y comités de frontera nacionales\n que se efectúen en territorio colombiano y peruano, incluyéndose\n ciudades cercanas a la línea de frontera.
Artículo Segundo. - La excepción rige exclusivamente\n para las dos máximas autoridades institucionales; y, en\n el caso de ser necesaria una delegación de funciones,\n ésta será específica para el evento convocado\n y, el funcionario designado, se acreditará con acto administrativo\n válido expedido por el máximo nivel jerárquico\n del organismo representado.
Artículo Tercero. - El tratamiento previsto en el artículo\n anterior se aplicará a los representantes permanentes\n de la máxima autoridad institucional.
Artículo Cuarto. - El Ministerio de Relaciones Exteriores\n llevará el respectivo registro de los documentos legalmente\n válidos que acreditan la representación oficial\n de cada uno de los delegados permanentes.
Artículo Quinto. - Refórmase el Decreto No.\n 262, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 59 de\n 1 de noviembre de 1996.
Artículo Sexto. - De la ejecución del presente\n decreto, que entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárgase al Ministro de Relaciones\n Exteriores y al Ministro de Finanzas y Crédito Público.
Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 9 de agosto del 2000.
f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República del Ecuador.
f) Heinz Moeller Freile, Ministro de Relaciones Exteriores.
f) Luis Iturralde Mancero, Ministro de Finanzas y Crédito\n Público.
N0 666
Que existe evidencia histórica que demuestre que en\n tiempos precolombinos el territorio ecuatoriano estuvo habitado\n por cuatro especies de camélidos sudamericanos, la vicuña;\n vicugna; guanaco, lama guanicoe; llama, lama glama; y, alpaca,\n lama pacos, los mismos que representan singular importancia para\n el país por su valor ecológico, económico\n y cultural;
Que mediante Decreto Supremo N0 84 de 11 de febrero de 1976,\n publicado en el Registro Oficial N0 30 de 20 de febrero de 1976\n el Estado ecuatoriano se adhirió al convenio para la conservación\n de la vicuña, suscrito entre los gobiernos de Bolivia\n y Perú, en la Paz - Bolivia, el 16 de agosto de 1969,\n con el fin de salvar a la vicuña (Vicugna vicugna) de\n la extinción, habiendo suscrito además, en la ciudad\n de Lima - Perú; el 20 de diciembre de 1979, el convenio\n para la conservación y manejo de la vicuña, y lo\n ratificó mediante Decreto Ejecutivo N0 794 del 14 de abril\n de 1982, publicado en el Registro Oficial 226 de 21 de abril\n de 1982, reconociendo a esa especie como una alternativa de producción\n económica para beneficio de las comunidades indígenas\n y campesinas andinas;
Que en materia de regulación para su conservación,\n manejo y aprovechamiento sostenible, los camélidos sudamericanos\n del país requieren de un tratamiento diferenciado entre\n las especies silvestres - vicuñas (Vicugna vicugna) -\n y las especies domésticas - llama (lama glama) y alpaca\n (lama pacos), puesto que para la primera por tratarse de una\n especie silvestre amenazada en proceso de reintroducción\n en el país requiere de un régimen de protección,\n mientras que las restantes se trata de atender a su aprovechamiento\n sustentable por tratarse de especies de alto valor económico\n e importancia ecológica;
Que mediante Decreto Ejecutivo N0 505 de 22 de enero de 1999,\n publicado en el Registro Oficial N0 118 de 28 de enero de 1999,\n se estableció que el Ministerio del Ambiente ejercerá\n las funciones y atribuciones que la Ley Forestal y de Conservación\n de Áreas Naturales y Vida Silvestre asigna al Ministerio\n de Agricultura y Ganadería;
Que es política nacional del Estado ecuatoriano promover\n el aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos\n constantes en el territorio nacional, y en consecuencia al manejo\n de llamas y alpacas dentro de las áreas protegidas a cargo\n del Ministerio del Ambiente; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución\n y la ley,
Art. 1. - El uso sostenible y el aprovechamiento comercial\n de la llama (lama glama) y la alpaca (lama pacos) hacia y desde\n el territorio nacional, su importancia y exportación estarán\n sujetos a las respectivas normas sobre bioseguridad, control\n sanitario, producción ganadera y el comercio de productos\n a nivel nacional como internacional.
Art. 2. - La caza y comercialización interna y la exportación\n de la vicuña (Vicugna vicugna), así como la exportación\n de sus elementos constitutivos y productivos derivados, conforme\n a lo establecido en el Art. 3 del convenio para la conservación\n y manejo de la vicuña, y lo establecido en la convención\n sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora\n y fauna silvestres (CITES), se encuentra prohibida hasta tanto\n el Estado determine que las poblaciones de esta especie han alcanzado\n un nivel que garantice su conservación y permita su aprovechamiento\n sostenible.
Art. 3. - Para fomentar la propagación de los camélidos\n silvestres (vicuña), se permite su tenencia y manejo por\n parte de comunidades indígenas y campesinas bajo el estricto\n control del Estado, a través del Ministerio del Ambiente,\n de preferencia en el ámbito de las áreas naturales\n protegidas pero también en áreas naturales privadas\n ecológicamente aptas que para el efecto y que hayan sido\n declaradas reservas privadas y estén manejadas según\n los principios que establezca la autoridad ambiental nacional.
Art. 4. - El Ministerio del Ambiente en el plazo de 90 días,\n a partir de la publicación del presente decreto en el\n Registro Oficial, realizará la evaluación técnica\n de todos los componentes del Proyecto de Fomento de Camélidos\n que ha venido ejecutando.
Art. 5. - Los aspectos técnicos para la aplicación\n de este decreto, serán establecidos por el Ministerio\n del Ambiente, el mismo que entrará en vigencia a partir\n de su publicación en el Registro Oficial.
Art. 6. - De la ejecución del presente decreto, que\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese el Ministro del Ambiente.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 9 de agosto del 2000.
f) Rodolfo Rendón, Ministro del Ambiente.
N0 667
Que con fundamento en lo establecido en el Decreto Ejecutivo\n N0 499 de 21 de enero de 1999, la República del Ecuador\n y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, suscribieron el\n 27 de enero del mismo año, el contrato de préstamo\n N0 1l38 - OC - EC, por el valor de US$ 48'000.000, con el propósito\n de financiar el "Programa Complementario para Afrontar el\n Fenómeno de El Niño" (Red Vial de la Costa);
Que mediante comunicación N0 CEC - 5106 de 15 de diciembre\n de 1999, la representante del BID en el Ecuador, somete\n a consideración de esta cartera de Estado un proyecto\n de convenio modificatorio a través del cual se incluye\n la totalidad del crédito a la "Cuenta de Facilidad\n de Financiamiento Intermedio", reforma que es conveniente\n a los intereses del país;
Que la Procuraduría General del Estado, a través\n del oficio N0 10905 de 1 de marzo del 2000, emitió dictamen\n legal favorable para la celebración del Convenio Modificatorio\n al Contrato de Crédito N° 1138-/OC/EC
Que el Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador,\n mediante oficio N0 DBCE - 0533 - 2000 - 00 - 00865, de 14 de\n marzo del 2000, comunicó que el organismo de su presidencia\n resolvió emitir dictamen favorable a las modificaciones\n propuestas al Convenio N0 1138/OC/EC;
Que el señor Ministro de Economía y Finanzas,\n ha expedido la Resolución N0 039 STyCP 21 de julio del\n 2000; y'
Art. 1. - Autorizase al Ministro de Economía y Finanzas,\n para que a nombre y representación de la República\n del Ecuador, suscriba el Contrato Modificatorio del Contrato\n de Préstamo N0 1138/OC/EC, suscrito el 27 de enero de\n 1999 por la República del Ecuador y el Banco Interamericano\n de Desarrollo, con el objetivo de financiar el "Programa\n Complementario para Afrontar el Fenómeno de El Niño\n - Red Vial de la Costa", cuyo organismo ejecutor es la Presidencia\n de la República por medio del COPEFEN, con la participación\n del MOP, como organismo coejecutor.
En la letra b) de la cláusula 1.02, que se refiere\n al monto del financiamiento se modifica la suma de US$ 34'300.000,\n por US$ 48'000.000, que corresponde al monto total del crédito\n contratado y que se beneficia con la financiación parcial\n de intereses con cargo a la cuenta de la facilidad de financiamiento\n intermedio de acuerdo con el Anexo D, cuyo beneficio consiste\n en un subsidio al pago de intereses.
Consecuentemente, la Sección III del Anexo A, referente\n al Costo del Programa y Plan de Financiamiento, el Cuadro por\n Categorías de Inversión y por Fuentes de Financiamiento,\n modifica su distribución, reflejando los rubros beneficiarios\n de la financiación parcial de intereses, con cargo a la\n Cuenta de Facilidad de Financiamiento Intermedio.
Art. 3. - Las demás estipulaciones y condiciones financieras\n del contrato de préstamo N0 1138/OC/EC, celebrado el 27\n de enero de 1999, se mantendrán inalteradas.
Art. 4. - De la ejecución del presente decreto, que\n entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese el Ministro de Economía\n y Finanzas.
f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República
N0 668
Que dentro de las políticas del Gobierno Nacional,\n se encuentra el saneamiento de la banca, el fortalecimiento institucional\n de la Superintendencia de Bancos y de la Agencia de Garantía\n de Depósitos, que les permita contar con los instrumentos\n necesarios para transferir al sector privado la administración\n y disposición de los activos que actualmente se encuentran\n en manos de la Agencia de Garantía de Depósitos,\n AGD;
Que mediante oficio N0 STyCP - 2000 - 0075 - 0144 de 7 de\n febrero del 2000, el Ministro de Finanzas, a nombre del Gobierno\n Nacional, solicitó al Banco Mundial, la concesión\n de un crédito por un monto de US$ 10.0 millones, destinado\n a financiar el "Proyecto de Asistencia Técnica al\n Sector Financiero";
Que el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial, con fecha 22\n de junio del año 2000, aprobó la concesión\n del préstamo destinado a financiar el referido proyecto;
Que el Directorio del Banco Central del Ecuador, ha emitido\n su dictamen favorable sobre las condiciones financieras del convenio\n de préstamo de la referencia, según consta del\n oficio N0 DBCE - 0743 - 2000 - 00 - 0 1384 de 25 de abril del\n 2000;
Que la Procuraduría General del Estado ha emitido su\n dictamen favorable para la celebración del citado convenio,\n según consta del oficio N0 11632 de 10 de abril del 2000;
Que el Ministro de Economía y Finanzas, ha expedido\n la Resolución N0 STyCP - 2000 - 040 de 21 de julio del\n 2000, por la que se aprueba la celebración del respectivo\n contrato de préstamo; y,
Art. 1. - Autorizase al Ministro de Economía y Finanzas,\n para que personalmente o mediante delegación, a nombre\n y en representación de la República del Ecuador,\n en calidad de prestatario, suscriba con el Banco Mundial en calidad\n de prestamista, un contrato de préstamo, por el monto\n de hasta DIEZ MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA\n (US$ 10'000.000). Los recursos de este préstamo se destinarán\n para financiar el "Proyecto de Asistencia Técnica\n al Sector Financiero
\n PRESTAMISTA: Banco Mundial.
PRESTATARIO: República del Ecuador.
\n EJECUTOR: Superintendencia de Bancos.
MONTO: Hasta por US$ 10 millones.
PLAZO: 17 años.
PERIODO DE GRACIA: 5 años.
\n DESEMBOLSOS: 4 años.
FORMA DE PAGO: Mediante 24 cuotas semestrales: 23 iguales\n de US$ 415.000 y una de US$ 455.000.
TASA DE INTERES: Igual a la tasa Libor a seis meses, más\n un margen total Libor, el mismo que para cada periodo de interés\n significa: a) 3/4 del 1%; b) menos (o más) el margen promedio\n ponderado para dicho periodo de interés, por debajo (o\n sobre) la tase Libor u otras tasas referenciales para depósitos\n a 6 meses.
\n RETORNO: 4.15%.
COMISION DE 3/4 del 1% anual sobre el
\n COMPROMISO: monto del capital no desembolsado de tiempo en tiempo.
COMISION DE 1% sobre el monto total del
\n ADMINISTRACION: crédito.
Art. 3. - El servicio total de la deuda y demás costos\n financieros del contrato de préstamo que se autoriza celebrar\n mediante este decreto, serán cubiertos con cargo al Presupuesto\n General del Estado, a partir del año 2001. Para lo cual\n el Ministerio de Economía y Finanzas, fideicomisará\n sus rentas en el Banco Central del Ecuador, debiendo además,\n crear las partidas presupuestarias correspondientes para el cumplimiento\n total y oportuno de las obligaciones que contrae.
Art. 4. - De la ejecución del presente decreto, que\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese el Ministro de Economía\n y Finanzas.
Dado en el Palacio Nacional de Gobierno, en Quito, a 9 de\n agosto del 2000.
N0 669
Que, mediante Resolución N0 063 del COMEXI de 27 de\n julio del 2000, se emitió dictamen favorable para la eliminación\n de la Tarifa de Cláusula de Salvaguardia para varias instituciones;
Que, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Aduanas,\n faculta al COMEXI, emitir dictamen previo al establecimiento,\n reforma o supresión de aranceles, tanto en su nomenclatura\n como en sus tarifas; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo\n N0 15 de la Ley Orgánica de Aduanas,
Artículo N0 1. Se elimina la Tarifa por Cláusula\n de Salvaguardia para las importaciones detalladas a continuación:
(Anexo 17AGT1)
Articulo N° 2. De la ejecución del presente decreto,\n que entrará en vigencia a partir de la publicación\n en el Registro Oficial, encárguese al señor Ministro\n de Economía y Finanzas y al señor Ministro de Comercio\n Exterior, Industrialización y Pesca.
Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 9 de agosto del 2000
f) Roberto Peña Durini, Ministro de Comercio\n Exterior Industrialización y Pesca.
Que el Ecuador es Estado Parte del Tratado para la Proscripción\n de Armas Nucleares en la América Latina y El Caribe (Tratado\n de Tlatelolco);
Que el 26 de agosto de 1992, el Ecuador suscribió las\n enmiendas al Tratado para la Proscripción de las Armas\n Nucleares en la América Latina y El Caribe, aprobadas\n por la Conferencia General del OPANAL, en su Séptimo Período\n Extraordinario de sesiones, mediante Resolución 290 (VII).\n en la ciudad de México, en esa misma fecha;
La Resolución Legislativa N0 R - 21 - 033. expedida\n por el H. Congreso Nacional, el 11 de abril del 2000:
Que dicha conferencia general aprobó las enmiendas\n a los artículos 14, 15, 16, 19 y 20 del Tratado de Tlatelolco\n que se refieren a la verificación y control de las actividades\n nucleares, inspecciones nucleares y las relaciones con el organismo\n internacional de Energía Atómica y otras organizaciones\n vinculadas a la materia;
Que luego de examinar dichas enmiendas las considera convenientes\n para los intereses del país; y,
En uso de las atribuciones que le confieren la Constitución\n Política y las leyes de la República.
ARTICULO PRIMERO. - Ratifíquense las enmiendas al tratado\n para la proscripción de las Armas Nucleares en la América\n Latina y El Caribe, aprobadas por la conferencia general del\n OPANAL, en su séptimo periodo extraordinario de sesiones,\n mediante Resolución 290 (VII), en la ciudad de México,\n el 26 de agosto de 1992, cuyo texto lo declara Ley de la República\n y compromete para su observancia el Honor Nacional.
ARTICULO SEGUNDO. - Procédase a efectuar el correspondiente\n depósito del instrumento de ratificación ante el\n depositario.
ARTICULO TERCERO. - Publíquese el texto de dichas enmiendas\n en el Registro Oficial, una vez que las mismas entren en vigencia\n según las disposiciones del Tratado de Tlatelolco;
ARTICULO CUARTO. - Encárgase la ejecución del\n presente decreto al señor Ministro de Relaciones Exteriores.
Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los 9 días\n del mes de agosto del año dos mil.
f) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública
N0 673
Que el 13 de septiembre de 1991, el Ecuador suscribió\n la Enmienda al Tratado para la Proscripción de las Armas\n Nucleares en la América Latina y El Caribe, aprobada por\n la Conferencia General del OPANAL, en su Duodécimo Periodo\n Ordinario de Sesiones, mediante Resolución 268 (XII),\n en la ciudad de México, el 10 de mayo del mismo año;
La Resolución Legislativa N0 R - 21 - 033, expedida\n por el H. Congreso Nacional, el 11 de abril del 2000;
Que dicha Conferencia General aprobó la enmienda que\n sustituye al párrafo 2, del artículo 25, del Tratado\n de Tlatelolco que regula la incorporación de nuevos estados\n al referido instrumento internacional.
Que luego de examinar dicha Enmienda la considera conveniente\n para los intereses del país; y,
En uso de las atribuciones que le confieren la Constitución\n Política y las leyes de la República,
ARTICULO PRIMERO. - Ratificase la Enmienda al Tratado para\n la Proscripción de las Armas Nucleares en la América\n Latina y El Caribe, aprobada por la Conferencia General del OPANAL,\n en su Decimosegundo Periodo Ordinario de Sesiones, mediante Resolución\n 268 (XII), en la ciudad de México, el 10 de mayo de 1991,\n cuyo texto lo declara Ley de la República y compromete\n para su observancia el Honor Nacional.
ARTICULO TERCERO. - Publíquese el texto de dicha enmienda\n en el Registro Oficial, una vez que la misma entre en vigencia\n según las disposiciones del Tratado de Tlatelolco.
Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los 9 días\n del de agosto del año dos mil.
f.) Marcelo Santos Vera. Secretario General de la Administración\n Pública.
Que, el Tribunal Supremo Electoral, en sesión de 27\n de julio del 2000, resolvió declarar nulas las elecciones\n para elegir las dignidades de Prefecto Provincial de Los Ríos\n y alcaldes municipales de los cantones Montalvo y Quevedo de\n la misma provincia, realizadas el domingo 21 de mayo del 2000,\n en vista de que se configuró la causal prevista en el\n literal c) del Art. 109 de la Codificación de la Ley de\n Elecciones;
Que, el Tribunal Supremo Electoral, en sesión del 28\n de julio del 2000, resolvió convocar a comicios para elegir\n las dignidades de Prefecto Provincial de Los Ríos, alcaldes\n municipales de los cantones de Montalvo y Quevedo, en la provincia\n de Los Ríos, acto eleccionario que se llevará a\n cabo el día domingo 6 de agosto del 2000;
Que, el señor Walter Andrade Cassanello, presentó\n un recurso de Amparo Constitucional en contra del Tribunal Supremo\n Electoral, impugnando la resolución mencionada precedentemente,\n el mismo que ha sido calificado por el señor Ab. José\n Sánchez Córdova, Juez Séptimo de lo Penal\n de Los Ríos;
Que, dentro del expediente del Recurso de Amparo propuesto\n por el señor Walter Andrade Cassanello, en contra del\n Tribunal Supremo Electoral, con fecha 29 de julio del 2000, a\n las 11h20, el señor Juez Séptimo de lo Penal de\n Los Ríos dictó una providencia ordenando la suspensión\n provisional de los efectos de la resolución adoptada por\n el Tribunal Supremo Electoral, el día 27 de julio del\n 2000, auto que fuera notificado al Tribunal Supremo Electoral\n el día 31 de julio de 2000, a las 10h10;
Que, el Tribunal Supremo Electoral está facultado por\n el Art. 209 de la Constitución Política del Ecuador,\n para organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales,\n tanto más, cuanto que los artículos 134, 142, 143,\n 144, literal b) y 20, literal j) de la Codificación de\n la Ley de Elecciones, le facultan para juzgar las infracciones\n de carácter electoral;
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión\n de 31 de julio del 2000, resolvió, iniciar el juzgamiento\n por infracción electoral en contra del Ab. José\n Sánchez Córdova, Juez Séptimo de lo Penal\n de Los Ríos, al amparo de lo previsto en el Art. 143 de\n la codificación de la Ley de Elecciones;
Que, la disposición del Ab. José Sánchez\n Córdova, Juez Séptimo de lo Penal de Los Ríos,\n de suspender la citada resolución del Tribunal Supremo\n Electoral, interfiere en el funcionamiento de los organismos\n electorales, transgrediendo la garantía del sufragio contenida\n en los Arts. 134 y 135 de la Codificación de la Ley de\n Elecciones, e incurriendo en la infracción electoral tipificada\n en el literal e) del Art. 155 de la referida ley;
Que, el Tribunal Supremo Electoral, notificó al señor\n Ab. José Sánchez Córdova, Juez Séptimo\n de lo Penal de Los Ríos, a fin de que comparezca, el día\n 2 de agosto del 2000, a las 10h00, ante el Pleno de este organismo,\n y ejerza su legítimo derecho a la defensa, en consecuencia\n con lo previsto en el Art. 23, numeral 26, en concordancia con\n lo establecido en el Art. 24, numerales 5, 7, 10, 12 de la Constitución\n Política de la República;
Que, con fecha 2 de agosto del 2000, el Pleno del Tribunal\n Supremo Electoral, se reunió en audiencia de juzgamiento,\n para determinar la infracción electoral y la responsabilidad\n del señor Ab. José Sánchez Córdova,\n Juez Séptimo de lo Penal de Los Ríos, quien no\n habiendo comparecido a dicha audiencia, únicamente ha\n remitido, con fecha 2 de agosto del 2000, a las 10h00, un escrito\n de cuyo tenor no se desvirtúa la infracción que\n se le imputa; y,
PRIMERO. - Destituir del cargo de Juez Séptimo de lo\n Penal de Los Ríos, y suspender sus derechos políticos\n por un año, a partir de la presente fecha, al señor\n Ab. José Sánchez Córdova, por haber incurrido\n en la infracción electoral tipificada en el Art. 155,\n literal e) de la codificación de la Ley de Elecciones,\n en concordancia con lo estipulado en el Art. 134 del mismo cuerpo\n legal invocado, al haber dictado en providencia de 29 de julio\n del 2000 de 11h20, lo siguiente: "se ordena suspensión\n provisional de los efectos de la Resolución impugnada\n conforme lo solicitado"
SEGUNDO. - Notificar al infractor señor Ab. José\n Sánchez Córdova, con el contenido de la presente\n resolución, para cuyo efecto se delega al señor\n Presidente del Tribunal Provincial Electoral de Los Ríos.
TERCERO. - De conformidad con lo previsto en el Art. 147 de\n la codificación de la Ley de Elecciones, se dispone notificar\n con esta resolución, para los fines legales consiguientes,\n a los señores: Presidente de la Corte Suprema de Justicia;\n Contralor General del Estado; Ministro de Gobierno y Policía;\n Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura; Jefe del Comando\n Conjunto de las Fuerzas Armadas; Comandante General de la Policía;\n Superintendente de Bancos; Gobernador de la Provincia de Los\n Ríos; Presidente de la Corte Superior de Justicia de Babahoyo;\n Director del Registro Civil, Identificación y Cedulación;\n y, Presidente del Tribunal Provincial Electoral de Los Ríos.
CUARTO. - Difundir la presente resolución entre los\n medios de comunicación colectiva del país, a fin\n de que a través de estos, la ciudadanía de la provincia\n de Los Ríos conozca que la actuación ilegal del\n señor Juez Séptimo de lo Penal de Los Ríos\n no afectará la convocatoria a las elecciones que se efectuarán\n el 6 de agosto del 2000, ratificándose así lo resuelto\n por el Tribunal Supremo Electoral, en sesión de 28 de\n julio del 2000.
Publíquese en el Registro Oficial. - Dada en la Sala\n de Sesiones del Tribunal Supremo Electoral el día 2 de\n agosto del 2000.
f.) Dr. Carlos J. Aguinaga A., Presidente (E).
f) Lcdo. Jorge Valdospinos Rubio, Vocal.
f.) Ing. Alfredo Arévalo, Vocal.
f.) Sr. José María Cabascango, Vocal.
f) Dr. Armando Cazar Valenzuela, Vocal.
f) Dra. Janina Naranjo López, Secretaria General.
Certifico: que las fotocopias que anteceden son iguales a\n los originales que reposan en los archivos.
Quito, 10 de agosto del 2000.
f) Secretario General (E).
N0 234\n - 2000
ACTORES: José Ñacata Sinailín\n y otra
\n DEMANDADOS: José Manuel Chumano y otra.
Quito, a 17 de julio del 2000; las 16h35.
VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala el recurso de\n casación que han presentado los accionantes José\n Pedro Ñacata Sinailín y María Santos Andrango\n de Ñacata (fojas 13 a 14 de segunda instancia), impugnando\n la legalidad de la resolución dictada por la Segunda Sala\n de la Corte Superior de Quito (fojas 8 y vuelta del segundo grado),\n que revoca el fallo del Juez a quo, desechando la demanda, dentro\n del juicio ordinario de prescripción adquisitiva de dominio\n que se han incoado en contra de José Manuel Chumaco y\n otros. EL recurrente en su escrito de casación sostiene\n la violación de los artículos 117 de la Constitución,\n 119 y 211 del Código de Procedimiento Civil. Habiéndose\n agotado la tramitación, corresponde resolver, al hacerlo,\n se hacen las consideraciones siguientes: PRIMERO. - La Sala ha\n asegurado la competencia por lo preceptuado en el artículo\n 200 de la Constitución, artículo 1 de la Ley de\n Casación y por el sorteo de ley. SEGUNDO. - El recurrente\n en su escrito de casación dice textualmente: "2.\n Las normas de derecho que estimamos infringidas son: Art. 117\n de la Constitución Política del Estado, Arts: 119\n y 211 del Código de Procedimiento Civil. 3. El presente\n recurso de casación lo fundamentamos en las siguientes\n causales: Las cinco causales establecidas y determinadas en el\n Art. 3 de la Ley de Casación, publicada en el RO. N0 192\n del 18 de mayo de 1993, por cuanto consideramos que existe aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de normas de derecho, normas procesales, disposiciones o preceptos\n constitucionales, jurisprudenciales doctrinarios, que ponen de\n manifiesto en la diminuta sentencia pronunciada en la causa.\n En forma muy manifiesta se puede apreciar que existe una aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n en los preceptos jurídicos APLICADOS A LA VALORACION DE\n LAS PRUEBAS, lo cual ha ocasionado una distorsión de la\n sentencia. Además, en la sentencia se omitió la\n apreciación total de la prueba en conjunto por lo que\n solicitamos la aclaración y ampliación de la sentencia\n y mediante el auto respectivo nada dice la Sala y reproducen\n las frases sacramentales que justifican la evasiva de ampliación\n y aclaración de lo solicitado. 4. El recurso lo fundamentamos,\n en el hecho de que la Sala al resolver la presente causa se aparta\n de la realidad procesal, y sin ningún fundamento ni argumento\n legal, por sí y ante sí, sentencia indicando que\n nosotros no estamos en posesión del lote de terreno materia\n del presente juicio y esto sucede u ocurre por cuanto la Sala\n o el Tribunal no se da la molestia de revisar el acta de inspección\n del inmueble materia del litigio y aun leer el informe del perito\n que intervino en dicha diligencia, solamente se han detenido\n a examinar las declaraciones de los testigos... "(sic).\n La transcripción hecha permite apreciar la fémina\n vaga, poco técnica y contradictoria al imputar vicios\n de omisión y comisión cometidos por el Tribunal\n inferior que realizan los demandados en la fundamentación\n del recurso, tornando imposible la labor de la Sala para controlar\n la legalidad del fallo examinado. TERCERO. - El artículo\n 211 del Código de Procedimiento Civil, señala la\n obligación que tienen los jueces y tribunales de apreciar\n la prueba testimonial conforme a las reglas en la sana critica,\n norma que tiene que ser concordada con el artículo 119\n del mismo cuerpo legal, que señala para la apreciación\n en conjunto de la prueba se aplicará, el sistema evaluatorio\n de la sana crítica, que no es otro que la lógica\n y la experiencia, unida en el acto intelectivo del juzgador al\n conocer, tramitar y resolver la causa. En la especie, el recurso\n de casación intentado pretende que en el nivel jurisdiccional\n supremo, se realice una nueva valoración de la prueba\n practicada, y más aún una revisión de los\n hechos, actuación que es privativa de los jueces y tribunales\n de instancia, ya que la potestad de la Sala de Casación\n se encuentra limitada a establecer y controlar que en esa valoración\n no se hayan violentado normas de derecho que las regulan, fundamentalmente\n el sistema previsto por el Legislador. como también que\n no hayan conducido a una equivocada aplicación de nominas\n sustantivas, careciendo por tanto de basamento tal alegación.\n No pudiendo alegarse falta de aplicación de una norma\n y al mismo tiempo haberse producido indebida o errónea\n aplicación de la misma, pues los vicios contenidos en\n la causal aducida por el recurrente son excluyentes entre sí.\n Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de casación\n por falta de base legal. Con costas. Publíquese. Notifíquese.\n Cúmplase con el artículo 19 de la Ley de Casación.
Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo\n y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces.
Certifico: Que las dos copias que anteceden, son tomadas de\n sus originales, constantes en el juicio ordinario N0 22 - 98\n (Resolución N0 234 - 2000), que por prescripción\n adquisitiva de dominio sigue José Ñacata Sinailín\n y otros, contra José Manuel Chumano y otros.
Quito, julio 26 del 2000.
f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator, Segunda Sala de lo Civil y Mercantil.
N° 239\n - 2000
ACTORES: Justina Vélez y otro.
\n DEMANDADO: Publio Ormaza Ganchozo.
Quito, a 18 de julio del 2000; las 16h30.
VISTOS: Ha venido a conocimiento de la Sala este juicio ordinario,\n en que se ha deducido acción reivindicatoria sobre un\n solar urbano ubicado en la parroquia Angel P. Giler, (Estancilla),\n del cantón Tosagua, provincia de Manabí, por parte\n de Justina Apolonia Vélez Bailón y Milton Cedeño\n Arteaga, en contra de Publio Ecuador Ormaza Ganchozo, habiéndose\n interpuesto recurso de casación por el demandado vencido\n (fs. 28 y vta, de segundo grado), objetando la sentencia dictada\n por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo\n (fs. 27 de segunda instancia), confirmatoria de la del inferior:\n el Juez Vigésimo de lo Civil de Manabí (fs. 191\n a 193 de primera instancia), que declara con lugar la demanda,\n y dispone que en el término de quince días se entregue\n la propiedad. El recurrente señala que en la sentencia,\n se ha configurado aplicación indebida del Art. 953 del\n Código Civil, violación de los Arts.: 141 y 236\n del Código de Procedimiento Civil, finalmente menciona\n que se ha producido errónea interpretación de los\n preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba. Habiéndose agotado el trámite en\n esta instancia suprema, corresponde resolver, al hacerlo, se\n considera: PRIMERO. - La competencia de la Sala está asignada\n por mandato constitucional del Art. 200, en armonía con\n el Art. 1 de la Ley de Casación y por la razón\n de resorteo de 22 de febrero de 1996 (fs. 3 de este nivel). SEGUNDO.\n - El cargo hecho a la sentencia impugnada, referente a la indebida\n aplicación del Art. 953 del Código Civil, por cuanto\n sostiene que los demandantes no son titulares del dominio, por\n haber solamente adquirido derechos y acciones sobre el inmueble\n materia de litigio, sin tener probado ser dueños, para\n poder así demandar la reivindicación alegada, carece\n de asidero legal, por las razones siguientes: 2.1. La base para\n que una acción reivindicatoria prospere, se encuentra\n en el cumplimiento de los requisitos legales: a) calidad de due&n