Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=651940
Timestamp: 2019-05-24 20:48:39
Document Index: 68248430

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 50', 'artículo 65', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 133', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 32', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 125', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 131', 'artículo 3', 'artículo 3', 'in fine', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 3', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 31', 'artículo 52']

FACILIDADES PARA ACCESO A INFORMACIÓN DE ÓRGANOS PÚBLICOS
CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS AGRÍCOLAS
RESTABLECIMIENTO DE BONIFICACIÓN FISCAL PARA ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS
RESTABLECIMIENTO DE EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA PARA DIVERSAS CARRERAS DEL ÁREA DE LA SALUD
PROYECTO "TEATRO PENCOPOLITANO". OFICIOS
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Cesar Augusto Parra Munoz
EXCLUSIÓN DE TERCERA REGIÓN DE PROGRAMA "VACACIONES PARA LA TERCERA EDAD". OFICIO
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ÁVILA, PARRA, SILVA CIMMA Y VÁSQUEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONFIERE CARÁCTER DE TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO A LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (4006-04)
Sesión 39ª, en miércoles 5 de octubre de 2005
(De 16:19 a 19:1)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SERGIO ROMERO PIZARRO, PRESIDENTE ,
I. ASISTENCIA...............................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN..................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.......................................................
IV. CUENTA.....................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.419, en materias relativas a publicidad y consumo de tabaco (3825-11) (se aprueba en particular)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre acceso a la información pública (3773-06) (se aprueba en particular)¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre agricultura orgánica (3674-01) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que restablece bonificación fiscal para enfermedades catastróficas establecidas en la ley Nº 19.779 (3960-11) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que confiere carácter de título profesional universitario a carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional (3849-04) (se aprueba en general)¿¿¿..
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)............................................
Proyecto Teatro Pencopolitano. Oficios (observaciones de los señores Parra y Viera-Gallo)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Exclusión de Tercera Región de Atacama en programa "vacaciones para la tercera edad" . Oficio (observaciones del señor Prokurica)
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia , de Justicia y de Salud.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 35ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, y 36ª, ordinaria, en 13 y 14 de septiembre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
-El 10 de octubre en curso, en vuelo hacia el continente europeo.
-El 11 de octubre, en visita de trabajo en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
-Los días 12 y 13 de octubre, en visita de trabajo en Madrid, Reino de España.
-Los días 14 y 15 de octubre, para asistir a la Cumbre Iberoamericana en la ciudad de Salamanca, Reino de España.
-El 16 de octubre, en vuelo de regreso al territorio nacional.
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 18.290 en materia de tránsito terrestre, con urgencia calificada de "suma" (boletín Nº 999-15).
Con el segundo informa que prestó su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba la "Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas" (Convención de San Salvador), adoptada el 16 de junio de 1976 en el Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrado en Santiago, Chile (boletín N° 3.746-10).
Con el tercero comunica que ha desechado la enmienda propuesta por el Senado al proyecto de ley que suspende la inscripción de automóviles colectivos y buses en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros (boletín Nº 3.399-15), a la vez que comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
Del señor Ministro de Obras Públicas , mediante el cual da respuesta a sendos oficios remitidos en nombre de los Senadores señores Horvath y Stange, sobre la necesidad de contar con un camino sin interrupciones que permita conectar las ciudades de Puerto Montt y Chaitén.
De la señora Ministra de Planificación y Cooperación, con el que responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Stange, con relación a la factibilidad de ejecutar los proyectos que indica, presentados por la Municipalidad de Cochamó.
Del señor Subsecretario de Carabineros, por medio del cual contesta un oficio remitido en nombre de la Senadora señora Carmen Frei, referido a la posibilidad de destinar un cuartel móvil con calabozo para la comuna de Tocopilla.
Dos del señor Subsecretario de Obras Públicas:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, relativo a la factibilidad de entubar el canal de regadío del sector de Tapihue, en la comuna de Requínoa.
Con el segundo responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Horvath, acerca de intervenciones a glaciares en el país por actividades mineras, viales u otras.
Del señor Superintendente de Seguridad Social, por medio del cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, respecto de beneficiarios de pensiones asistenciales y lista de espera de postulantes que cumplen con los requisitos para acceder a ellas.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Economía de Aisén , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a la situación energética de la localidad de Puerto Gaviota.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Planificación y Cooperación de Aisén, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, sobre programa de zonificación del borde costero y del mar interior de las Décima y Undécima Regiones.
De la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que regula la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana (boletín Nº 1.993-11).
De la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Navegación respecto de naves abandonadas (boletín Nº 2.733-02).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre competencia desleal (boletín Nº 3.356-03).
Segundos informes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza erigir un monumento en la ciudad de Copiapó en memoria de Monseñor Fernando Ariztía Ruiz, Obispo Emérito de Copiapó (boletín Nº 3.564-04).
2) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza erigir un monumento y santuario en memoria del Padre Pío de Pietrelcina , en la Región del Maule (boletín Nº 3.719-04).
3) Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que autoriza la construcción de un monumento, archivo y museo en memoria del geógrafo don Juan Steffen Hoffmann (boletín Nº 3.545-04).
4) Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que autoriza erigir un monumento, en la ciudad de La Serena, en memoria del sacerdote Angelo Panigati (boletín Nº 3.902-04).
De los Senadores señores Ávila, Parra, Silva Cimma y Vásquez, con la que inician un proyecto de ley que confiere el carácter de título profesional universitario a la carrera de Administración Pública (boletín N° 4.006-04).
Moción de los Senadores señores Horvath y Prokurica, mediante la cual presentan un proyecto de ley que suspende la aplicación del artículo 50 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que establece el reemplazo de inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal, respecto de armadores artesanales, en los casos que indica.
--Se declara inadmisible por referirse a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , conforme a lo dispuesto en el número 2.° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Si le parece a la Sala, se enviará un oficio al Ejecutivo solicitando su patrocinio para este proyecto.
Señor Presidente , solicito tratar como si fueran de Fácil Despacho las iniciativas signadas con los números 8 y 9 de la tabla (lo conversé con el señor Ministro ). Ambas se refieren al proceso de modernización del Poder Judicial y fueron aprobadas en general por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Como se debe abrir plazo para formular indicaciones; se encuentran al final de la tabla, y restan pocas sesiones de aquí a fin de año, de esa manera se podría alcanzar a despacharlas y cumplir con un anhelo de los miembros del Poder Judicial.
No creo que surja algún inconveniente aquí en la Sala, por cuanto -repito- fueron aprobadas de manera unánime en la Comisión.
Se trata, específicamente, de las reformas orgánicas y procedimentales concernientes al Poder Judicial , y de la flexibilización del manejo de los fondos asignados a éste en la Ley de Presupuestos.
La número 8 viene con segundo informe de Comisión, señor Senador. De modo que sólo podría tratarse como si fuera de Fácil Despacho la Nº 9.
Si le parece a la Sala, la iniciativa signada con el número 9 se tratará como si fuera de Fácil Despacho, sin debate.
Señor Presidente , a mi juicio, los dos proyectos que encabezan la tabla deberían ser despachados hoy, por la importancia que revisten.
Respecto del Nº 2, referente al acceso a la información pública, la Sala acordó ayer votarlo en primer lugar de la sesión de hoy. El debate terminó y sólo queda la votación de 3 disposiciones: el número 2, el artículo 14 quáter y una indicación renovada.
No tengo problema en que se discuta como si fuera de Fácil Despacho el Nº 9, siempre que se trate antes el que he mencionado, en el cual -repito- sólo resta votar tres puntos.
El señor Vicepresidente puede dar fe de lo que señalo, porque él mismo sugirió efectuar esas votaciones en primer lugar del Orden del Día de hoy. Y así lo acordó la Sala.
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Transportes, pido que se incluya en la tabla de Fácil Despacho el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 18.290 en materia de tránsito terrestre, que tiene urgencia calificada de "suma" y lleva ya 12 años en el Parlamento.
Tendría que ser en la de la próxima sesión, Su Señoría, porque no figura en el Orden del Día de hoy.
Sólo he transmitido un acuerdo de la referida Comisión, pues su Presidente no se encuentra presente en este momento.
Se incorporará en la tabla de Fácil Despacho de la próxima sesión.
En segundo lugar, y también por encargo de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, quiero referirme a la iniciativa que suspende la inscripción de automóviles colectivos y buses en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros .
Lamentablemente, la Cámara de Diputados no aceptó la enmienda propuesta por el Senado y habrá Comisión Mixta.
Pido a la Mesa recabar de los Comités que dicha Comisión Mixta se forme con la mayor brevedad, porque el plazo de vigencia de la ley respectiva expira el 15 de noviembre. Y se puede perder todo el objetivo de ésta si el proyecto no se convierte en ley antes de esa fecha.
Por lo tanto, señor Presidente , le solicito hacer notar a los Comités la necesidad de que dicha Comisión Mixta se constituya lo antes posible, con el objeto de que la normativa en proyecto entre en vigor antes del 15 de noviembre. De lo contrario, no tendría ningún sentido.
Vamos por orden, señores Senadores. Porque se han expuesto varios puntos.
Ante todo, informo al Honorable señor Prokurica que ya están designados los integrantes de la Comisión Mixta, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y haremos gestiones ante su Presidente a fin de que apure el informe.
Señor Presidente , si se hubiera procedido conforme a la tabla, ya habríamos despachado a lo menos dos proyectos. Porque el primero, que modifica la ley Nº 19.419 en materias relativas a la publicidad y el consumo del tabaco, viene aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Salud.
Respeto la opinión de los Honorables colegas; pero solicito que comencemos a analizar los asuntos de tabla y así vayamos despejándola.
Estoy al servicio de los señores Senadores. Me han pedido la palabra -entre ellos, Su Señoría-, y debo otorgarla.
Señor Presidente , acojo lo planteado por el Senador señor Naranjo. Y quiero pedir que después de las dos primeras iniciativas se trate la número 4, que restablece la bonificación fiscal para enfermedades catastróficas y que fue aprobada por unanimidad en la Comisión. Por consiguiente, no tiene problema de mayorías y es muy breve.
La tabla del Orden del Día la elabora la Secretaría. En ella figura primero el proyecto relativo a la publicidad y el consumo del tabaco -entiendo que por acuerdo de la Sala y, además, por tener calificación de "suma urgencia"; luego, el relativo a la información pública, que quedó pendiente ayer y respecto del cual sólo resta votar tres artículos.
En consecuencia, si comenzamos ahora podremos despacharlos rápidamente.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.419 en materias relativas a la publicidad y el consumo del tabaco, con informe complementario del segundo informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "suma".
Salud (complementario de segundo), sesión 38ª, en 4 de octubre de 2005.
Sesiones 4ª, en 8 de junio de 2005 (se aprueba en general); 33ª, en 7 de septiembre de 2005 (queda pendiente se discusión particular); 36ª, en 14 de septiembre de 2005 (vuelve a Comisión).
Cabe recordar que, en sesión de 14 de septiembre recién pasado, la Sala acordó enviar a la Comisión de Salud, para un informe complementario del segundo informe, sólo los artículos 10, 11 y 12, contenidos en el numeral 9 (antes Nº 7) del artículo 1º del proyecto.
La Comisión analizó las mencionadas disposiciones y efectuó a su respecto diversas modificaciones, las cuales fueron acordadas por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Matthei y señores Ruiz-Esquide y Viera-Gallo.
-En el artículo 10, se prohíbe fumar en determinados lugares, incluyendo sus patios y espacios al aire libre interiores.
-En el artículo 10 bis, se prohíbe fumar en otros lugares, salvo en sus patios o espacios al aire libre. Por ejemplo, no se podrá fumar al interior de los recintos o dependencias de los órganos del Estado. Sin embargo, en las oficinas individuales se podrá fumar sólo en el caso de que cuenten con ventilación hacia el aire libre o extracción del aire hacia el exterior.
-En el artículo 11 se dispone que los restoranes, bares, pubs, discotecas, casinos de juego y otros con una superficie superior a 100 metros cuadrados, deberán separar ambientes para fumadores y no fumadores. Si la superficie es igual o inferior a 100 metros cuadrados, se podrá optar por destinarla a fumadores o no fumadores, de lo cual deberá informarse en su acceso.
Corresponde tener presente que las modificaciones acordadas por unanimidad deben ser votadas sin debate, en conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, a menos que algún señor Senador desee impugnar la propuesta de la Comisión respecto de alguna de ellas y solicite discutirla.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe la ley Nº 19.419; el texto aprobado en general; las modificaciones efectuadas en el segundo informe de la Comisión de Salud; las enmiendas propuestas en el informe complementario, y el texto final que resultaría de aprobarse estas últimas.
Propongo a la Sala votar en conjunto las tres propuestas, porque, en definitiva, se refieren a una misma situación. Se trata de normas muy claras y fueron aprobadas por unanimidad.
¿Habría acuerdo para acoger los artículos 10, 11 y 12?
--Se aprueban por unanimidad y queda despachado el proyecto en este trámite.
Señor Presidente , salvo que yo recuerde mal, me parece que falta por despachar el resto de las disposiciones del proyecto sobre publicidad y consumo del tabaco. En la sesión en que se trató estaban siendo analizados uno por uno los preceptos y la discusión fue interrumpida en el artículo 10.
Ahora bien, si el señor Secretario afirma que están aprobadas todas las disposiciones, no habría problema; pero sería bueno hacer la precisión.
Señor Senador, todas las normas fueron acogidas en la sesión anterior, excepto los artículos 10, 11 y 12.
Comunico a Sus Señorías que me ausentaré de la Sala, porque debo recibir a la Comisión del Parlamento Europeo que hace su visita tradicional, por lo cual seguirá dirigiendo la sesión el señor Vicepresidente .
Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señores Larraín y Gazmuri, sobre acceso a la información pública, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3773-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Gazmuri y Larraín).
Gobierno, sesión 54ª, en 18 de mayo de 2005.
Gobierno (segundo), sesión 34ª, en 7 de septiembre de 2005.
Sesiones 3ª, en 8 de junio de 2005 (queda pendiente su discusión general); 4ª, en 8 de junio de 2005 (se aprueba en general); 38ª, en 4 de octubre de 2005 (votación pendiente).
Recuerdo a Sus Señorías que hay tres disposiciones pendientes y que en la sesión de ayer acordamos votarlas sin discusión. Los señores Senadores podrán fundar el voto.
Señor Presidente , en la sesión de ayer, cuando se trató este asunto, se propuso, como es habitual, dar por aprobadas todas las normas acogidas por unanimidad en la Comisión de Gobierno; pero no se adoptó el correspondiente acuerdo.
Si le parece a la Sala, se aprobarán todos los artículos acogidos unánimemente y respecto de los cuales no se pidió discusión separada.
--Se aprueban (27 votos).
La primera proposición incide en el número 2 del artículo 1º, que dice: "Sustitúyese el inciso tercero del artículo 13, por el siguiente:".
Se trata de una norma de rango orgánico constitucional y se ha pedido votarla separadamente.
Como ayer la discusión fue extensa e incluso se dio por cerrado el debate, no ofreceré la palabra para referirse al tema sustantivo.
Cabe recordar que hubo un principio de acuerdo en orden a que no sería necesario, para la coherencia del proyecto, que dicha disposición permaneciera en la normativa, por cuanto sólo reproduce el texto del artículo 8º aprobado en la reciente reforma constitucional.
Destaco lo anterior para que los señores Senadores tomen conocimiento de lo sucedido.
En votación electrónica el número 2.
--Se rechaza el número 2 del artículo 1º (21 votos contra 9 y una abstención).
Votaron por la negativa los señores Ávila, Canessa, Chadwick, Coloma, Frei (don Eduardo), Gazmuri, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Ominami, Parra, Ruiz-Esquide, Silva, Stange, Valdés, Vásquez, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Espina, Fernández, García, Horvath, Larraín, Novoa, Orpis y Prokurica.
Se abstuvo el señor Ruiz (don José).
Como el número fue rechazado, rige en consecuencia la norma vigente.
La siguiente proposición se refiere al artículo 14 quáter, que en la sesión de ayer el Senador señor Viera-Gallo solicitó votar de manera separada. Esta norma también debe ser aprobada con quórum de ley orgánica constitucional.
Señor Presidente , creo importante proporcionar cierta información a los Senadores que no estuvieron en la sesión de ayer, aunque sea en forma sucinta.
Si los Honorables colegas leen el artículo en cuestión, podrán observar que para las empresas públicas se establece una exigencia más rígida que las consignadas en la Ley de Sociedades Anónimas, al disponer que aquéllas deberán publicar las actas de su directorio dentro del quinto día, salvo si una mayoría especial acuerda lo contrario. Si ello no se cumple, es posible que se apliquen sanciones por la responsabilidad en los perjuicios que pudieren ocasionarse.
Evidentemente, eso significa colocar algún tipo de dificultad para las empresas en materia de competencia. Así podría suceder con Televisión Nacional u otras empresas.
Por ese motivo pedimos votación separada
Se procederá a votar en forma electrónica.
Recuerdo a Su Señoría que dispone de cinco minutos para fundar su voto.
Señor Presidente , este artículo contiene un elemento que va en contra de la disciplina y el funcionamiento de las entidades de que se trata. Porque se castiga al director que, dolosa o culpablemente, concurra con su voto favorable a la declaración de reserva, en circunstancias de que en un precepto anterior se permite dar carácter reservado a las actas si la mayoría de los directores así lo acuerdan.
Creo que hay un error en la norma, salvo que esté mal redactada. De otra manera, existiría una contradicción.
Si el directorio acuerda que ellas sean reservadas, ¿por qué se coloca a sus integrantes en una situación en que podría interpretarse como dolosa la concurrencia de su voto?
En consecuencia, me parece que hay un problema de redacción en la norma, o bien su contenido está equivocado.
Señor Presidente , anuncio que votaremos en contra del artículo 14 quáter.
Deseo mencionar algo que el Senador señor Orpis planteó en la sesión de ayer, esto es, que la materia en análisis se encuentra incorporada en el proyecto sobre gobiernos corporativos. Y recordemos que esa iniciativa llegará a la Sala en primer informe en fecha próxima, donde tendremos la oportunidad de discutir la cuestión con mayor y detención profundidad.
El artículo que se propone incluye a empresas como FAMAE, ASMAR y, en general, a todas las del sector público. En consecuencia, tiene implicancias que van más allá de la gestión de las más tradicionales de las empresas públicas chilenas. Representa, como está planteado, un grave riesgo para su posición competitiva.
Me preocupa la aproximación tan ideologizada que se advierte en nuestra sociedad frente a las empresas públicas. El editorial de un importante diario santiaguino de circulación nacional se refirió a la materia en el día de ayer y anunció, precisamente con ocasión de estas iniciativas, que todas ellas tendían a poner a las empresas públicas en la misma línea de las particulares, lo que, naturalmente, constituía un paso importante hacia su privatización final.
Creemos que las empresas estatales deben tener una gestión eficiente y transparente, y que los principios afirmados en el artículo 8º de la Constitución les son plenamente aplicables. Sin embargo, estimamos también que las proposiciones que se hagan a su respecto tienen que ser cuidadosas, no sólo porque constituyen un elemento fundamental del patrimonio público, sino porque representan, como lo hemos visto en fecha reciente, instrumentos muy calificados para llevar adelante políticas económicas y sociales.
Por esa razón, los Senadores de estas bancas vamos a votar en contra del artículo 14 quáter.
Señor Presidente , a mi juicio, la transparencia en este caso es buena. Por eso no logro entender cuál es el elemento que podría perjudicar el objetivo final; esto es, que las decisiones de los directorios estén en consonancia con la ley y con el interés público de las propias empresas.
Durante los doce años en que fui Diputado comprobé el hecho de que las mismas empresas que figuran aquí -ENAP, CODELCO, Correos de Chile, Televisión Nacional, ENAMI, el Banco del Estado- ni siquiera contestan los oficios de fiscalización enviados por la Cámara. Esto lo he repetido muchas veces. Seguramente, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , aquí presente, me lo habrá escuchado.
En mi opinión, la norma en votación, de alguna forma, abre una caja de Pandora. Nadie sabe lo que pasa en esos directorios. Además, resulta imposible conseguir una mínima información sobre las remuneraciones de los funcionarios del BancoEstado, de Televisión Nacional y de la ENAP. O sea, llevamos 16 años de democracia y el órgano consagrado en la Constitución para fiscalizar, como es la Cámara de Diputados, ni siquiera sabe -tampoco el país- cuánto ganan esos servidores públicos.
Las respuestas son muy variadas; pero, además, los directorios de tales empresas son integrados por Ministros de Estado. Y ellas mismas han presentado demandas de mera certeza -algunas veces les hemos ganado en los tribunales- para no informar a la Cámara de Diputados.
Entonces, no podemos limitarnos en esta materia. Hay que avanzar en transparencia, en especial en las empresas del sector público, donde nos interesa saber cómo votan los directores. Porque aquí -según se ha conversado muchas veces- algunos tienen intereses personales y, en definitiva, nadie sabe cómo votan. Y es bueno que se sepa.
Si hay algún problema como el planteado por algunos señores Senadores , para eso está la excepción en cuanto a que los directores pueden, por un acuerdo, no divulgar determinada parte del acta respectiva.
Señor Presidente , como señalé ayer, se está haciendo el esfuerzo de introducir cambios de envergadura en los gobiernos corporativos de las empresas públicas, los cuales van mucho más allá de la norma establecida en este artículo, que procura asimilarlas a las normas de la Ley de Valores y de la Ley de Sociedades Anónimas en cuanto al acceso a la información, a la transparencia, a la información privilegiada, a los actos entre personas relacionadas. Es decir, estamos ante una proposición de bastante trascendencia.
Al menos desde mi punto de vista, la objeción apunta a que en esta norma estamos siendo más exigentes que la propia Ley de Sociedades Anónimas.
Por lo tanto, sin perjuicio de apuntar hacia una mayor transparencia e información, creo que en esta materia lo correcto sería asimilar la situación de las empresas públicas a la de las sociedades anónimas abiertas o a la de aquellas instituciones que se hallan inscritas en el Registro de Valores .
Por eso, señor Presidente, voy a votar en contra de la norma, sabiendo de antemano que este asunto va a ser abordado en profundidad y de manera extensa cuando tratemos el proyecto de ley sobre gobiernos corporativos.
Señor Presidente , en el último tiempo he tenido una actividad importante en el sentido de denunciar muy malas prácticas en algunas empresas públicas, particularmente en CODELCO. En el caso de ésta, por ejemplo, todo el país estaba convencido de que sus costos de producción eran bajísimos (55 centavos la libra); sin embargo, sólo a través de una publicación del diario "El Mercurio" nos enteramos de que son muy altos. No sólo eso: también supimos de diversos contratos realmente vergonzosos.
Dicho lo anterior -y estando absolutamente a favor de avanzar hacia una mayor transparencia en el trabajo de las empresas públicas-, anuncio que votaré en contra del artículo. Porque, publicar las actas de los directorios de las empresas a los cinco días de haberse realizado una sesión, me parece realmente algo complicado. Hay una serie de problemas que, aunque no afectan la política comercial, el secreto de otras personas, van marcando pautas y rumbos. El BancoEstado, por ejemplo, compite con otros, que son privados. Televisión Nacional compite con canales que son universitarios o privados. Por lo tanto, no me parece adecuado pedir a estas empresas públicas algo que las privadas que compiten con ellas no realizan.
El artículo en debate exagera en su búsqueda de la transparencia, causando, en mi concepto, un perjuicio a tales empresas. Pero debo declarar que la situación actual es vergonzosa, por la falta de información. Ojalá pudiéramos encontrar un equilibrio razonable. Porque lo que hoy día existe es escandaloso. Me tocó, por ejemplo, hace varios años, denunciar lo que ocurrió en EMPREMAR. ¡Se la robaron entera! Hubo personas que fueron condenadas a la cárcel, pero finalmente, cuando eso se logró, la empresa ya no existía. Lo que quedaba de ella lo vendieron como chatarra. Ésa es la verdad. Y, en su momento, llegó a valer más de 100 millones de dólares. Eso costaba cuando llegó el Gobierno de la Concertación, y la enajenaron como chatarra. ¡Se la robaron completa!
Algo similar está ocurriendo con otros organismos públicos. Lo que sucede en CODELCO es inaceptable. ¡Inaceptable! Por ejemplo, se celebró un contrato con un ex Diputado al cual se le pagaron 44 millones de pesos por patrocinar un juicio. ¡Curioso! Porque ya existía la reforma procesal penal, y se supone que para eso está el Fiscal. Además, se decía en el contrato que no se pagaría esa suma hasta que el juicio estuviera resuelto. ¡Se canceló todo al día siguiente! ¡44 millones de pesos!
Eso ocurre a diario. Recordemos, por ejemplo, el caso de las indemnizaciones que se autootorgaron funcionarios de muchas empresas, incluida ENAP. Fue vergonzoso. Hubo quienes recibieron 100 millones de pesos de indemnización por haber trabajado un año en una de ellas.
Obviamente, se debe avanzar en esta materia, pero me parece que la disposición va demasiado lejos. Aquí no se trata de perjudicar a esas instituciones, muchas de las cuales deben seguir siendo públicas y competitivas. Si queremos que cumplan esos requisitos, el hecho de ponerles esta exigencia en el fondo las hace prácticamente inviables.
Por lo tanto, votaré en contra de este artículo.
Señor Presidente , para aquellos señores Senadores que no lo sepan, debo hacer presente que muchas de esas empresas están obligadas a informar directamente a la Superintendencia de Valores y Seguros.
No informan nunca.
Ruego no interrumpir, Su Señoría.
Durante el fundamento del voto, no se conceden interrupciones.
¡Cómo no advierte!
En consecuencia, frente a la observación de la Honorable señora Matthei , lo que corresponde en último caso es reclamar a la Superintendencia para que ésta haga valer sus facultades. Pero muchas de esas empresas están justamente protegidas respecto de su información a través de la Superintendencia de Valores y Seguros en sus hechos esenciales y actos reservados. De tal modo que ni siquiera en ese aspecto puede señalarse que desde el punto de vista legal esas empresas deban publicar sus directorios.
Junto con sumarme a lo que ya se ha dicho, anuncio mi voto en contra del artículo, fundado precisamente en este nuevo antecedente.
Señor Presidente , deseo fundar el voto sobre esta norma. Creo que si este asunto se va a tratar en otro proyecto de ley, lo mejor es que lo resolvamos ahí.
Sin embargo, no puedo dejar pasar las palabras vertidas por la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra. Discúlpenme. No me gusta provocar confrontaciones. Pero es muy grave que en el seno del Senado se hable de que se robaron una empresa e incluso se señale el monto, lo cual constituye un delito grave. Yo no me he enterado de que la Honorable colega haya interpuesto una demanda en ese sentido con el objeto de aclarar esta situación.
Entonces, quiere decir que los tribunales no le dieron la razón, porque yo no he visto a nadie condenado por ese delito.
Hay tres personas condenadas.
¡Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos! Estamos en el fundamento del voto y no en un debate.
No se robaron a EMPREMAR. Puede haber habido errores o una mala administración, pero no un robo. Son términos distintos.
Por lo tanto, quiero dejar esta constancia al momento de fundar el voto, porque considero muy grave que quede registrado en esta Corporación que hubo un robo por 100 millones de dólares sin que nadie en Chile se diera cuenta de la sustracción de una cifra de esa cuantía. A mí modo de ver, eso es inaceptable.
¡Le voy a traer las condenas!
--Se rechaza el artículo 14 quáter (22 votos contra 7).
Votaron por la negativa los señores Ávila, Canessa, Coloma, Fernández, Flores, Gazmuri, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Ominami, Orpis, Parra, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Vásquez, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Chadwick, Horvath, Larraín, Prokurica y Stange.
Se procederá a votar la indicación renovada recaída en la letra c) del artículo 3º.
¿Me permite, señor Presidente ? Deseo formular una cuestión de orden.
¿Sobre este tema?
Con el Honorable señor Andrés Zaldívar queremos hablar acerca de un punto anterior.
No. Primero vamos a efectuar la votación que he anunciado y después ofreceré la palabra por si hubiere algo que agregar.
Debo señalar que esta materia ocupó gran parte del debate habido ayer.
Conforme al texto propuesto por la Comisión, tienen el carácter de secretas las sesiones que se refieran a rehabilitación de ciudadanía, otorgamiento de nacionalidad por gracia y nombramientos.
La indicación renovada pretende eliminar el voto secreto en el caso de los nombramientos que efectúa el Senado.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín para explicar la indicación.
En efecto, señor Presidente , más que referirse a las votaciones secretas, el artículo 3º modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional al establecer qué sesiones pueden ser secretas. Hay tres tipos de ellas que tienen dicho carácter. En primer lugar, las que consagra la propia Constitución en el artículo 32, número 17º, al facultar al Presidente de la República para que en ciertas materias de política internacional pueda pedir discusión secreta de ellas. En segundo término, las que las Cámaras acuerden con los quórum que allí se establecen. Y, por último -así lo acordó la Comisión-, las relativas a rehabilitación de ciudadanía, a otorgamiento de la nacionalidad por gracia y nombramientos.
Respecto de las sesiones secretas en materia de nombramientos, voté en contra y presenté una indicación renovada para eliminarlas. Por lo tanto, sólo debe votarse este punto, porque los otros están aprobados. Es decir, hay que pronunciarse acerca de si tales designaciones requerirán sesiones que tengan dicho carácter.
Conforme al acuerdo adoptado por la Sala en sesión de ayer, se votará sin debate.
Pero yo solicité la palabra antes, señor Presidente.
Salvo que haya acuerdo en contrario, tengo que cumplir con dicha resolución.
Si se pide abrir debate sobre la materia, deberá ponerse en votación dicha solicitud.
Señor Presidente , no quiero discutir. Sólo quiero decir que ayer se tomó el acuerdo de que esta disposición, que fue muy debatida, sea vista por la Comisión de Constitución.
No. Eso fue respecto. ..
Entonces, me parece que tal forma se resolvería el tema.
Es posible. Pero el acuerdo formal -y estoy aquí para hacerlos cumplir- fue votar hoy sin discusión.
Por tanto, pongo en votación la indicación.
Señor Presidente, deseo respaldar lo expresado por el Senador señor Prokurica.
Es verdad que reglamentariamente tanto usted como el Honorable señor Larraín tienen toda la razón. Sin embargo, éste es uno de los temas que deseamos analizar a fondo, porque de acuerdo con la letra b) del artículo 3º, que estaría aprobada, sólo el Presidente del Senado puede declarar secreta una sesión cuando haya algún documento que incida en una de las circunstancias establecidas en el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución. Pero, ¿qué pasa si se trata de un argumento, y no de un documento, dado por un Ministro o un Senador y respecto del cual el Presidente de la Corporación considera -ayer relaté el caso que me tocó en la Cámara de Diputados- que por razones de seguridad del país no conviene que salga a la luz pública? Queda maniatado.
Entonces, lo lógico es que todos estos temas los analice la Comisión de Constitución. Por ello, formalmente solicito recabar la unanimidad de la Sala para operar en tal sentido.
No la hay, señor Senador.
Quiero fundar el voto.
El Honorable señor Larraín , con el número reglamentario de firmas, ha renovado la indicación número 30, que dice:
"Artículo..- Reemplázase la letra c) del artículo 3º de la ley Nº 18.918 por la siguiente:
"c) Las que se refieran a la rehabilitación de ciudadanía y al otorgamiento de la nacionalidad por gracia.".
Como podrán observar Sus Señorías, no figura el término "nombramientos".
Señor Presidente , aun cuando esta materia se discutió latamente ayer, me parece que la indicación renovada va en contra de un principio respecto del cual al menos yo creo: que todo lo relacionado con nombramientos de personas -ésa es la médula de la indicación- debe hacerse en discusión y votación secreta. Y lo digo no pensando en la lógica del elector parlamentario, sino en función de la independencia que deben tener quienes han sido elegidos bajo una fórmula determinada.
Por ejemplo, el día de mañana -ojalá no ocurra- uno podría comparecer en juicio ante la Corte Suprema. Y para mí no sería una cuestión menor que el juez que deba resolver conociera que yo voté a favor de su nombramiento. No me gustaría ser la contraparte de alguien que de alguna manera aparece apoyando públicamente a un juez que después tiene que resolver un tema en su contra, y también sucedería a la inversa.
En cierto modo se va perdiendo algo muy importante para mí: la absoluta autonomía e independencia, las cuales, desde mi perspectiva, son también las que se invocan para que el voto ciudadano sea secreto.
Analicémoslo en forma técnica. Porque es un resguardo de la forma de tomar una decisión acerca de la afirmación o de la negación. Y, obviamente, lo razonable es que ello también se haga en una sesión de las mismas características.
Aquí no pretendo defender ningún fuero, sino la independencia de las personas que adoptan una decisión y, sobre todo, la de los que han sido objeto de una decisión con respecto a quien la tomó.
Me parece que este tema es muy profundo, muy de fondo, en lo que dice relación al espíritu del servicio público. Por eso, no obstante apreciar el buen deseo de la indicación, pienso que apunta en un sentido incorrecto en cuanto al buen funcionamiento de las instituciones.
Por consiguiente, voto en contra.
Señor Presidente , deseo manifestar que sostengo la misma opinión que el Senador señor Coloma . Creo que el Senado ha sido muy sabio durante más de cien años.
Se ha establecido y usado una disposición de este tipo, dado que cuando uno vota un nombramiento, sobre todo el de una autoridad que el día de mañana puede tener capacidad de resolución, debe resguardarse tanto su independencia como la del Senador. Porque esa persona podría encontrarse, a lo mejor, subordinada a quien le dio o no su voto, o así podría pensarse, aun cuando no lo estuviera. Por ejemplo, es dable suponer que un Ministro de la Corte Suprema podría favorecer en un fallo a alguien que hace uno o dos meses o más participó en su nombramiento; o, al contrario, fallar en contra de quien no votó a favor de él.
Ésa es la sabiduría de la disposición. No tiene otro sentido. Aquí nadie está escondiendo la voluntad de decir por quién vota o no vota. Este tema posee un sentido lógico, y así debe entenderse. No se trata de un problema de transparencia, ni de evitar, a lo mejor, arreglos con relación a determinadas votaciones para que no se sepa por quien vota una u otra persona.
Creo que hay que mantener esta norma, que se encuentra vigente desde hace mucho tiempo. Y quien pretende innovarla ahora, está yendo en contra del espíritu mismo de lo que se pretende.
Señor Presidente , pienso que el problema es general en este artículo, porque en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso no hay norma alguna sobre qué debe ser secreto y qué no en el funcionamiento del Parlamento. Quien propuso esa ley -a lo mejor está sentado entre nosotros- fue sabio al disponerlo así. Esa libertad se dejó a cada rama del Congreso, y por eso cada Reglamento determina qué es secreto y qué no lo es.
Al establecerse que sólo serán secretas las sesiones a), b) y c) la situación se pone muy rígida. E insisto en que, además de lo señalado por los Senadores señores Andrés Zaldívar y Coloma respecto a la letra c), para mí el problema mayor es la letra b), porque resulta que el Presidente de la Cámara respectiva no puede declarar secreta una sesión en la cual se empieza a debatir una materia -no un documento- que lleve de alguna manera a comprometer la seguridad de la nación.
Recuerdo que el Senador señor Silva , entonces Ministro de Relaciones Exteriores , intervino en una sesión de la Cámara de Diputados, para dar a conocer las razones por las cuales Chile le otorgó asilo a Hoenecker, y las consecuencias de ello para nuestra política exterior. En esa circunstancia, me tocó declarar secreta una parte de la sesión -como es natural-, y el Honorable señor Silva no presentó ningún documento, sino que dio argumentos.
Por lo tanto, por qué privar de esa facultad al Presidente del Senado o de la Cámara de Diputados por ley. Por qué no dejar la norma como está, que es más flexible.
Señor Presidente , voy a votar en contra de la indicación. Además, quiero decirle que tiene toda la razón al aplicar el Reglamento, pero no es razonable lo que se está haciendo. La Sala no puede ser tan rígida y no querer escuchar argumentos.
En tal virtud, solicito que nuevamente se recabe la unanimidad para aprobar lo propuesto por el Senador señor Prokurica : votar el artículo entero, no sólo la indicación.
Señor Senador, no insistamos en ello. No hay unanimidad. Yo no estoy aquí para resolver la razonabilidad de los argumentos, sino solamente para ordenar el debate.
Me gustaría hacerlo, pero desgraciadamente no tengo esa atribución como Presidente del Senado en ejercicio.
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila para fundar el voto.
Señor Presidente , estoy a favor de eliminar el secreto en el caso de los nombramientos. Siento que el secreto favorece el doble estándar, y aquí hemos tenido algunos ejemplos. No cabe ninguna duda de que el sistema binominal ha introducido algún tipo de perversión en ciertas decisiones que se adoptan en esta rama del Congreso Nacional.
De hecho, aquí han sido rechazados nombres de distinguidos magistrados, y creo que a la ciudadanía la asiste el derecho de conocer las razones que tienen a la vista cada uno de los que votan para hacerlo de una u otra manera en determinado momento.
Eso no puede quedar envuelto en la penumbra.
Los más altos magistrados de la República poseen un juicio propio, y es menospreciarlos pretender que porque alguien votó a favor en el Senado quedan con su criterio definitivamente hipotecado respecto de esa persona. Francamente, eso es absurdo. Creo que se les infiere un agravio gratuito que no merecen.
Entonces, en estas circunstancias, reitero que lo sano es eliminar la condición de secreto para estos nombramientos o, por último, configurar una situación que refleje lo que aconteció en la última oportunidad. Esto es, que en el marco de una sesión pública, se emplee el mismo y tradicional procedimiento y que dependa de la persona que vota si lo hace en secreto o a la luz pública.
Señor Presidente, creo que ayer la Sala del Senado dio una respuesta bastante clara en torno al punto que estamos debatiendo.
En un incidente un tanto confuso, después de un acuerdo de Comités, se produjo el hecho bastante anecdótico de hacer una sesión pública para que se viera cómo uno votaba en secreto.
En verdad, el hacer pública una sesión y votar en secreto casi es una ironía, porque en el fondo no tiene ninguna otra característica, salvo que alguien quiera violar la obligación de votar en secreto y mostrar la balota, con el objeto de hacer un espectáculo o un show con un derecho que debe ejercer en forma secreta.
Creo que los argumentos dados son claros. Personalmente, estimo que el Senado es un organismo serio, en el cual las razones para votar a favor o en contra de la designación en determinados cargos de órganos del Estado poseen, obviamente, una connotación personal, pero también política. ¡Para qué nos vamos a engañar! Cuando cierta fracción de la Sala decide no dar su apoyo a algún postulante, ejerce un derecho político, aun cuando esa persona -como ha sido reconocido en casos que hemos analizado- reúna los requisitos necesarios.
Eso no tiene que llamar a escándalo ni se trata de un doble estándar. Y el país sabe, a pesar de que el voto es secreto, quiénes votaron de una forma y quiénes de otra.
Repito: ¡para qué nos engañamos! Hace unas semanas se presentó una propuesta del Presidente de la República para un cargo de Ministro de la Corte Suprema , ocasión en que no se reunió el quórum requerido, no obstante que la persona estaba plenamente capacitada.
Y nadie incurre en confusiones respecto de quién votó a favor y quién en contra, sin individualizar el nombre y el apellido. ¿Por qué? Porque se estaba ejerciendo un derecho, desde el punto de vista de la condición del pronunciamiento del Senado y de la representación política que en ese momento se expresaba de esa manera.
Permitir una semipolitización en cuanto al ejercicio del derecho de votar para los cargos de Contralor General de la República o de Ministro de la Corte Suprema , mediante una presión relativa a cómo se pronuncia fulano o zutano, no me parece conveniente.
No hallo ninguna lógica en hacer parodias de sesiones públicas -y presento mis excusas, pero no lo digo con el ánimo de ofender a nadie- para pronunciarse en secreto.
Estoy por mantener el derecho de los Senadores a votar en secreto los nombramientos de esa naturaleza.
Por lo tanto, me pronunciaré en contra de la indicación, en el entendido de que esta Corporación va a mantener las sesiones secretas en los momentos en que lo requiera, así como también la votación de ese carácter en el caso de la nominación de cargos que la Constitución establece.
Señor Presidente, creo que hay dos maneras de explicar la presente discusión.
La primera de ellas es desde el punto de vista de la transparencia que se quiere en todos los actos de la Administración Pública y, probablemente, en otras materias.
También se ha esgrimido el argumento, en cuanto al secreto del voto en algunos nombramientos en el Senado, de que aprobar la indicación que se está votando significa mucho más conocimiento público y una mayor obligatoriedad para los Parlamentarios -en este caso específico- en cuanto a ser bastante más cuidadosos, además de evitarse los dobles estándares.
La segunda mirada que se puede dar apunta a cierto grado de sentido común en los actos de todo Gobierno y a las cosas que en la vida pública, de una u otra manera y por razones obvias -que podríamos discutir-, deben llevar algún nivel de secreto.
Sobre la base de uno de los criterios expuestos, entonces, bastaría poner en debate, exagerando las cosas, algunas materias como el secreto profesional, respecto del cual se concluiría, con esa lógica, que en un momento determinado quizás debería ser público. Eso me parece absolutamente inadecuado.
Señor Presidente , el argumento básico es que cualquiera de los dos extremos, de las dos propuestas, puede llevar al mal uso. Pero todos sabemos, por una lógica mínima, que el mal uso no implica desechar la utilización de algún instrumento.
Si hoy hacemos las cosas de una manera y se producen excesos, obviamente deberíamos ver cómo limitarlos. Pero llegar, a contrario sensu, a lo que ahora se pretende lo considero mucho más peligroso que lo existente y que pudiera ser atropellado por la falta de criterio de un Senador o de la Sala.
En esas condiciones, intervengo, más que nada, porque me parece que hay un asunto de fondo. Tengo la sensación, muy real, de que hemos sido ganados por una especie de exageración respecto a estas materias. Se sostuvo que había que ser transparentes en muchísimos aspectos, pero estamos llevando la llamada "transparencia" a un punto en que puede transformarse en algo absolutamente inconveniente para un Estado, para un Gobierno, para un país. No sé hasta dónde va a llegar esta propensión. Hoy día estamos analizando esto y mañana podemos llegar a cosas aún más exigentes.
Honestamente, pienso que hay asuntos de Estado y del Senado que deben ser reservados y, obviamente, secretos.
De otro modo -perdonen Sus Señorías que se los diga-, también se acabarán los espías. No serán necesarios. Y eso es lo que algunos Senadores quieren.
¿Pero qué pasaría si aquí, por razones de esta lógica, llegamos a establecer que algunas materias tienen que ser discutidas públicamente, como un secreto profesional, como ya he dicho, de carácter personal? ¿Debería ser tratado de esa manera? ¿Debería contemplarse, de alguna forma, un criterio tan amplio como para llegar a una conclusión como aquella a la que se está arribando?
En mi opinión -no sé qué señor Senador lo dijo, pero probablemente debió ser el Honorable señor Parra , por la exquisitez de su pensamiento-, cuando se abre un camino como éste debemos ser extremadamente prudentes. La prudencia es, a mi juicio, la mejor exigencia que se debe imponer a los cambios que se quieren realizar en todas nuestras organizaciones.
Por mi parte, votaré en contra de la indicación, señor Presidente . Más allá de razones absolutamente legales, que no son de mi incumbencia, lo haré por un criterio de formación profesional, por lo que he visto en la política chilena, por lo que he percibido que sucede cuando llegamos a estos excesos, que casi se transforman en un "desnudismo" político exagerado y que no es bueno para el país.
Señor Presidente , voy a fundamentar mi voto diciendo lo siguiente.
El punto objeto de la indicación es, a mi juicio, el menos dañino de todo lo que se contempla. Y, al revés, creo que es el único que no genera ningún problema. No comparto la tesis que sostiene que, si uno vota por un ministro de Corte o un Contralor, tal pronunciamiento involucra consecuencias en una u otra forma. Lo que sí me preocupa son los otros aspectos del precepto que ya están aprobados, respecto de los cuales no tenemos posibilidad de discutir.
Pero como se trata de algo mucho menos grave que lo otro, votaré a favor de la indicación, pues al parecer no origina ninguna dificultad, por lo menos en lo que a mí respecta.
Y, además, creo que efectivamente es bueno que se vea públicamente cómo vota cada Parlamentario.
No estoy muy seguro de lo que piensan algunos señores Senadores acerca del hecho de que después de una votación se da por entendido que determinadas personas votaron de una forma o de otra. No estoy muy seguro de que sea así.
Creo que es preferible que las cosas queden claras y que lo más transparente, frente a nombramientos, es que se sepa cómo votó cada uno y que cada cual asuma su responsabilidad.
Por lo tanto, votaré a favor. Y voy a propiciar cualquier acuerdo para que el resto del artículo vaya a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, pues me parece que es lo más razonable.
Señor Presidente , si las demás partes del artículo se hallan aprobadas, creo, tal como lo he manifestado privadamente a diversos señores Senadores , que podemos conversar acerca de la manera de perfeccionarlo en la Cámara de Diputados, a fin de no detener la tramitación de la iniciativa. Y me ofrezco para tal efecto, pues encuentro que varias de las consideraciones hechas son razonables, pero perfectamente corregibles en el segundo trámite constitucional.
Respecto de la indicación específica que nos ocupa, estimo que los asuntos que deberían ser secretos, en cuanto a una decisión del Senado, fundamentalmente se plantean con motivo de la situación de personas individuales cuya vida privada se ve afectada.
Por eso, me parece perfectamente comprensible que la rehabilitación de ciudadanía, por ejemplo, se analice en una sesión secreta, porque se trata de alguien que fue condenado y que, habiendo cumplido la sanción que le fue impuesta y acreditando honorabilidad en su conducta, intenta ser rehabilitado respecto de un efecto colateral de la pena principal. Me parece razonable que si el Senado se va a pronunciar lo haga en privado, porque si lo hiciera en público pondría en evidencia la situación de esa persona. Y no es el caso de quien ya pagó públicamente al haber sido repudiado con una sanción penal por una conducta específica.
Pero las decisiones que esta Corporación toma cuando aprueba o no un nombramiento propuesto por el Presidente de la República en el ámbito de la Corte Suprema, del Consejo del Banco Central, de Televisión Nacional o de tantos otros casos constituyen, esencialmente, el ejercicio público de una atribución que tenemos los Senadores. Y de ello debemos dar cuenta pública y hacernos cargo de lo que decimos o no.
Respeto y entiendo la prudencia de algunos Honorables colegas al fundamentar su voto, porque, por cierto, estamos frente a algo estrictamente opinable. Sin embargo, reitero que el fundamento último es que debemos dar cuenta de nuestros actos ante la opinión pública cuando los intereses de terceros no se ven afectados ni su vida privada queda desprotegida. Estamos ante una situación respecto de la cual los ciudadanos tienen derecho a saber por qué nos oponemos a determinado nombramiento o por qué lo favorecemos. Y estimo que nos enfrentamos a actos de Estado cuando debemos aprobarlos o no. Y, en esas circunstancias, tenemos que manifestarnos.
Por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema, el Máximo Tribunal elabora una quina y la votación respecto de ella es pública. El Primer Mandatario elige un nombre y se hace responsable de decir por qué cree que esa persona debe ser designada Ministro del Alto Tribunal . ¡Y nosotros votamos en secreto! ¡Podemos rechazar la proposición, en secreto, por las razones más peregrinas! ¡Eso fomenta la irresponsabilidad! A mi juicio, uno tiene que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.
Por eso, señor Presidente, pienso que debemos votar favorablemente esta indicación.
--Se rechaza la indicación renovada Nº 30 (20 votos contra 8 y una abstención).
Votaron por la negativa los señores Aburto, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Flores, Frei (don Eduardo), Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Orpis, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Ávila, Fernández, Larraín, Parra, Ruiz (don José), Silva y Vásquez.
Se abstuvo el señor Viera-Gallo.
¿Me permite una petición reglamentaria, señor Presidente?
Señor Presidente , en virtud del artículo 125 del sabio Reglamento que nos gobierna, solicito que se reabra la discusión respecto del artículo 3º del proyecto.
Me explico. El referido precepto reglamentario dice textualmente: "Durante la discusión particular" -es la que estamos realizando- "podrá también formularse indicación para reabrir el debate acerca de algunas disposiciones, pero sólo cuando del estudio de otra aparezca como necesaria dicha reapertura.".
Estimo que precisamente del estudio de la indicación renovada anterior surgió una preocupación expuesta por varios señores Parlamentarios respecto del tema de fondo.
Agrega la citada norma que "Esta indicación no tendrá segunda discusión y requerirá para ser aprobada del voto de los dos tercios de los Senadores presentes.".
Por lo tanto, a la luz de esa disposición, parece evidente que de la proposición formulada surgió una reflexión respecto del artículo 3º en general. Así se desprende, por lo que recuerdo, de las intervenciones de los Honorables señores Viera-Gallo, Andrés Zaldívar y Ruiz.
En virtud de la norma reglamentaria, señor Presidente , solicito someter a la consideración de la Sala la reapertura del debate, lo que deben aprobar los dos tercios de los Senadores presentes, y ver si es posible mejorar nosotros mismos el texto, en lugar de enviarlo a la Cámara. La idea es despachar una buena legislación.
Es opinión de la Mesa que hay fundamento para la petición del Honorable señor Coloma.
Entonces, se pondrá en votación la solicitud de reabrir debate respecto del artículo 3º del proyecto, disposición que consta de tres letras: a), b) y c), esta última objeto de la discusión.
Perdón, señor Presidente . ¿Por qué no aclara la propuesta? A mí me parece bien y la voy a votar a favor; pero hay un informe pendiente de la Comisión de Constitución y me gustaría que ese punto también se incluyera.
Nos encontramos primero en aspectos de procedimiento. Es evidente, a raíz de la indicación que discutimos, que la reflexión a que ello dio lugar comprendió la idea de que no sólo se quería analizar la letra c), sino también las letras a) y b), todas las cuales tienen que ver con el tema en debate, esto es, las condiciones que hacen plausibles sesiones y votaciones secretas en el Senado. Ése es el sentido exacto.
Antes de votar la solicitud del Honorable señor Coloma, ¿algún señor Senador desea fundar su posición?
Señor Presidente , independiente de la justificación de la petición formulada, debo recordar que el artículo en comento venía en el proyecto presentado en enero de este año. Y tal cual se ha aprobado. Por lo tanto, hemos tenido largo tiempo para analizarlo con motivo de la discusión general y de las indicaciones presentadas. De manera tal que plantear ahora la necesidad de reabrir el debate me parece tardío, por no decir algo distinto.
En seguida, aquí se ha manifestado que el asunto se envió a la Comisión. En verdad, lo que se remitió a ella fue la interpretación que hizo ayer el señor Presidente del Senado acerca del significado de la reforma constitucional, en cuanto a que regía in actu, según las expresiones de su informe. Y ello, por lo tanto, hacía que nuestro Reglamento estuviese modificado, al igual que otras disposiciones, como los reglamentos dictados en virtud de los artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los cuales se refieren a la determinación de los servicios públicos de declarar secreta o reservada cierta parte de sus actividades, de sus actuaciones. Eso es lo que se ha enviado a estudio, lo cual no guarda relación con esto.
El artículo 3º del proyecto enmienda la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para determinar qué sesiones son secretas. Y si aquí todavía se suscitan inquietudes al respecto, cabe tener presente que en el segundo trámite constitucional, en la Cámara de Diputados, se puede seguir estudiando y avanzando en esta materia, y que, eventualmente, puede existir un tercer trámite, al igual que una Comisión Mixta y, por último, un veto. De manera que detener el avance del proyecto es inconducente y, además, inoportuno.
Por eso, voy a rechazar la indicación.
Señor Presidente , es efectivo que desde enero la iniciativa ha estado a nuestra disposición, pero realmente se ha discutido en el órgano técnico. Yo, al menos, no he tenido la oportunidad de revisarla en la forma como lo hemos hecho ahora. Por ello, considero perfectamente conducente lo que se pretende realizar.
Además, pienso que la petición del Honorable señor Coloma tiene perfecto fundamento. Y el señor Presidente lo ha reconocido. Y si queremos sacar adelante el proyecto, es bueno que nos aboquemos a ello aquí y no confiemos en lo que puede hacer la Cámara de Diputados, porque puede que ella no debata el tema en los términos que lo estamos haciendo. Lo lógico sería que corrigiéramos la disposición, en lo posible, y que fuera a la otra rama del Congreso un texto armónico y consecuente con lo que queremos.
Por lo señalado, creo conveniente reabrir el debate y revisar también las letras a) y b) del artículo 3º.
Señor Presidente , en la misma línea de lo manifestado por el Honorable señor Andrés Zaldívar, creo que básicamente debería cambiarse la letra b) por una redacción como la siguiente: "Las que así sean declaradas por el Presidente de la Cámara respectiva cuando en ellas se traten materias que incidan en algunos de los puntos del artículo 8º, inciso segundo, de la Constitución". O sea, podría establecerse la reserva o secreto de actos y resoluciones "cuando su publicidad afectare el debido cumplimiento de la funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional", con lo cual los Presidentes de cada rama del Parlamento quedan plenamente facultados para ejercer sus funciones.
Recuerdo que la reapertura del debate requiere la aprobación de los dos tercios de los Senadores presentes en la Sala.
--Se aprueba (22 votos a favor y 3 en contra).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Frei (don Eduardo), Horvath, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Parra, Prokurica, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Vásquez, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Aburto, Gazmuri y Larraín.
Queda reabierto el debate sobre el artículo 3º.
Para efectuar una discusión lo más provechosa posible, ofreceré primero la palabra a quienes estén en condiciones de plantear proposiciones específicas y concretas sobre el particular.
Señor Presidente , yo estaría de acuerdo con el artículo, que básicamente se refiere a la determinación del carácter de secretas de las sesiones. Según la letra a) serán tales las solicitadas por el Primer Mandatario. Es evidente: está en la Constitución.
El problema fundamental radica en la letra b), que restringe mucho las facultades del Presidente de cada rama del Parlamento . Entonces, podría decirse: "Las que así sean declaradas por el Presidente de la Cámara respectiva cuando se debatan materias que incidan en lo establecido en el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución". Reitero: las "materias" tienen que ver con los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Esa redacción otorga al Presidente de cada Corporación bastante latitud para dirigir la sesión y usar con buen criterio la facultad de declararla secreta.
Con eso, señor Presidente, me parece que quedaría salvado el problema de las sesiones secretas, destrabando la marcha del proyecto.
Tengo la impresión, si me permiten intentar interpretar el espíritu de esta discusión, de que la sugerencia del Senador señor Viera-Gallo responde a las preocupaciones y debates sobre el tema.
Entonces, sin más trámite, propondría aprobar el artículo 3º, con la indicación del Honorable señor Viera-Gallo . Para ser precisos: serán sesiones secretas las así declaradas por el Presidente de cada Cámara -se elimina el requisito de los dos tercios- cuando haya argumentos o materias que incidan en lo que establece el inciso segundo del nuevo artículo 8º de la Constitución.
Verifiquemos el quórum.
Se llamará a los señores Senadores. Faltan cinco.
Señor Presidente , quiero insistir en mi propuesta respecto al tema de la Comisión de Constitución, porque igual llegará a su conocimiento. Entonces, ¿para qué repetir el ejercicio?
Perdón, señor Senador , pero ya tomamos un acuerdo unánime en otro sentido.
Se ruega a los señores Senadores que no abandonen la Sala.
Algunos se encuentran sesionando en la Primera Subcomisión de Presupuestos.
Señor Presidente , en caso de no reunirse el quórum requerido, pediría la aplicación del Nº 1 del artículo 131 del Reglamento, a fin de aplazar la votación.
Ya estamos votando.
Todavía no. Iba a empezar la votación.
Otros Honorables colegas asisten a la Reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación Unión Europea-Chile.
Someto al asentimiento de la Sala el artículo 3º en los términos propuestos por el Senador señor Viera-Gallo.
--Se aprueba el artículo 3º (26 votos a favor), dejándose constancia de que se reunió el quórum exigido, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre agricultura orgánica, con informe de la Comisión de Agricultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3674-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Agricultura, sesión 38ª, en 4 de octubre de 2005.
El objetivo principal de la iniciativa es crear un Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos que asegure y certifique que dichos productos sean producidos, elaborados, envasados y manejados de acuerdo con la normativa de la ley y su reglamento.
La Comisión de Agricultura la discutió solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Cariola, Coloma y Naranjo), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe señalar que obligatoriamente en la discusión en particular el proyecto debe analizarse por la Comisión de Hacienda.
Dada la aprobación unánime de la iniciativa en general y que, según ha señalado el Ministro de Agricultura, urge su despacho considerando plazos internacionales sobre la materia, propongo acoger la idea de legislar sin debate.
Sugiero como plazo para presentar indicaciones el día lunes 17 de octubre.
Perdón, señor Presidente . Si estamos urgidos de tiempo, que sea el próximo lunes.
Tendría que ser el martes 11, porque el lunes 10 es feriado.
--Se fija el martes 11, a las 12, el plazo para presentar indicaciones.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre restablecimiento de la bonificación fiscal para enfermedades catastróficas establecidas en la ley Nº 19.779, con informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3960-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 34ª, en 7 de septiembre de 2005.
Salud, sesión 38ª, en 4 de octubre de 2005.
1.- Restablecer el régimen de bonificaciones fiscales para la importación de medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades calificadas como catastróficas.
2.- Ampliar hasta 2006 el plazo para impetrar la bonificación fiscal para las personas que reúnen los siguientes requisitos: padecer alguna de las enfermedades catastróficas; presentar insolvencia económica en relación al costo de sus tratamientos; no tener acceso a los medicamentos de acuerdo con sus planes de salud, y que la importación de éstos se efectúe mediante instituciones sin fines de lucro.
La Comisión de Salud discutió sólo en general el proyecto y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Matthei y señores Naranjo, Ruiz-Esquide y Viera-Gallo), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe hacer presente que la iniciativa, en la discusión en particular, debe ser informada también por la Comisión de Hacienda.
Señor Presidente , sería innecesario explayarse más de lo informado por el señor Secretario , que fue muy claro.
La Comisión aprobó por unanimidad el restablecimiento de un beneficio para personas de escasos recursos que tienen un familiar enfermo que requiere importar una droga de alto costo. En estos casos, se da una bonificación equivalente al arancel aduanero.
Desgraciadamente, esta medida había caducado. Ahora se repone, aun cuando sólo hasta 2006. Ojalá en el segundo informe el Gobierno -su tramitación legislativa corresponde exclusivamente al Presidente de la República - extienda su aplicación por algunos años.
En consecuencia, pido la aprobación unánime de la idea de legislar.
Nos interesa que el plazo para formular indicaciones sea lo más breve posible. Hasta el martes a las 12.
--Se aprueba en general el proyecto y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el martes 11, a las 12.
La Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos ha mandado un oficio a la Mesa en el que solicita acuerdo para sesionar paralelamente con la Sala el martes 11 de octubre, de 15 a 22, con el objeto de estudiar las Partidas de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, de Salud, de Justicia, de Relaciones Exteriores; del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo pedido, dejando constancia de que, si hay votaciones que requieran quórum especial, los señores Senadores serán llamados al Hemiciclo.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que confiere el carácter de título profesional universitario a las carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3849-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (Moción de Senadores señora Matthei y señor Espina).
Educación, sesión 31ª, en 31 de agosto de 2005.
Cabe indicar que esta iniciativa tuvo su origen en una moción de los Senadores señora Matthei y señor Espina.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutió en general y en particular el proyecto. (Su texto original estaba conformado por artículo único, lo que ya no es así).
1.- Reconocer la relevancia científica y la calidad esencial y exclusivamente universitaria de las carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional.
2.- Modificar el artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza con la finalidad de agregar las referidas carreras a su listado de títulos profesionales que requieren licenciatura previa para su otorgamiento.
La Comisión aprobó la idea de legislar en esta materia por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Fernández, Moreno, Parra y Vega).
En cuanto a la discusión en particular, el órgano técnico efectuó diversas modificaciones al proyecto original: agregó dos artículos permanentes y dos artículos transitorios con el propósito de que los profesionales titulados en institutos profesionales o quienes se encuentren cursando estudios en estos institutos no se vean perjudicados con la entrada en vigencia de esta ley, manteniendo los mismos derechos y calidades que los profesionales que cursen estudios en las universidades, excepto, naturalmente, el grado de licenciado.
Para la obtención de este grado, las universidades deberán establecer planes y programas especiales para quienes hubieren obtenido su título en institutos profesionales.
Todas estas enmiendas fueron acordadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión (Senadores señores Fernández, Moreno, Parra y Vega).
Yo estuve en esa sesión y me abstuve. Y aquí aparece que hubo unanimidad. No sé si ahí existe un error de la Secretaría. Figuran cuatro señores Senadores y, pese a estar presente, no se registra mi votación.
Hay un problema de la Secretaría de la Comisión, según entiendo.
Quedará anotada la observación de Su Señoría a fin de incorporar la corrección correspondiente.
Señor Presidente , no veo inconveniente en acoger lo observado. Lo que ocurrió fue que la votación en la Comisión tuvo efecto en una sesión posterior. Pero es efectivo que el Senador señor Muñoz Barra , cuando se discutió por primera vez la materia, manifestó su abstención.
La relación de la Secretaría ha sido bastante explícita.
La parte más compleja del debate, que terminó siendo modificada y generando un artículo transitorio nuevo, se refería a que algunos institutos profesionales -no todos imparten esta formación- han otorgado títulos que deberían someterse a un reconocimiento, incluyendo a los que estudiaban sobre la base de adscribirse a un procedimiento universitario que les permitía completar su educación, dado que normalmente estudiaban durante cuatro años en los institutos, terminando el quinto a través de convenios con diferentes universidades. Algunas de éstas hicieron explícito en la Comisión su deseo de colaborar para resolver la situación.
El proyecto beneficia a cerca de 10 mil personas que ejercen estas actividades, para quienes constituye una aspiración muy sentida. Por eso, la Comisión de Educación acogió la iniciativa en los términos señalados por el señor Secretario.
Señor Presidente, a nuestro juicio, el proyecto beneficia a todos los chilenos, no solamente a aquellos que ejercen las profesiones a que él se refiere.
En este momento nos encontramos en una campaña para propiciar mayor información y estrictez en cuanto a quiénes pueden acercarse a un paciente. Por ejemplo, en la Ley de Autoridad Sanitaria se normó qué personas están habilitadas para exhibir el título de especialista de una carrera médica.
La especialidad médica se puede adquirir por la vía de trabajar mucho en determinada área -caso en el cual el postulante debe rendir ciertos exámenes- y por la de realizar un curso de especialización, que se halla sujeto a una serie de normas y que, básicamente, es impartido por las universidades.
Sin embargo, hasta hoy ocurre que un paciente puede acudir a un médico que se dice especialista, pero que carece de acreditación que lo avale como tal. Incluso, algunos declaran tener tres especialidades y no es efectivo.
Por ello, en la Ley de Autoridad Sanitaria dispusimos que todos los médicos que poseen el título respectivo para trabajar en Chile deben figurar en un listado público.
Lo mismo acontece con los especialistas. De manera que cuando alguien consulte a uno de ellos sepa si realmente tiene esa calidad o sólo se la atribuye, pues ahí hay una diferencia muy grande.
El proyecto en debate avanza en la misma dirección.
En la actualidad, existen una serie de actividades que ejercen únicamente los médicos, en circunstancias de que podrían ser ejecutadas por este tipo de profesionales.
Así, hoy día sólo atiende dolencias relacionadas con los ojos el médico oftalmólogo, cuya formación requiere aproximadamente diez años.
En algunos países, otros tipos de profesionales pueden efectuar exámenes básicos que inmediatamente detectan si hay un problema más serio y el paciente pasa a un médico oftalmólogo. Es factible que dichos exámenes sean practicados, por ejemplo, por tecnólogos médicos con mención en oftalmología.
Existe una universidad que imparte la carrera de Tecnología Médica con mención en Oftalmología, pero sus egresados no pueden ejercer la especialidad porque carecen de campo laboral.
Igual sucede con Kinesiología. Los kinesiólogos son profesionales altamente formados, con estudios de anatomía y otros muy importantes. En clínicas privadas, muchas veces se hacen cargo, en la UCI, de la parte respiratoria de un enfermo grave. Incluso, proceden a entubarlo, a ponerle el respirador mecánico, etcétera.
Creo que estas materias deberían regularse.
En Chile contamos con innumerables profesionales de la salud muy bien formados, pero subutilizados porque la tuición de prácticamente todo se entrega a los médicos, en circunstancias de que muchos procedimientos podrían ser ejecutados con gran experticia por aquéllos.
Eso significaría, por ejemplo, que si un tecnólogo médico somete a una persona a un screening a través del cual se desecha la existencia de un problema grave a la vista, no deberá esperar entre dieciocho meses y dos años -según la lista de espera que existe en la Región que represento- para ser examinada por un oftalmólogo. En cambio, aquellos pacientes que sufran una dolencia más compleja pasarían de inmediato a un médico oftalmólogo.
De esa forma, los especialistas podrían dedicarse a enfermedades más complicadas, como operaciones de cataratas, tratamientos a los ojos de gente aquejada por diabetes, etcétera.
Entonces, la idea es que todos los médicos y especialistas estén acreditados. Probablemente avanzaremos en el sentido de que cada cierto número de años tengan la obligación de realizar cursos a fin de ponerse al día sobre los progresos de la medicina, donde los avances son variados y muy rápidos.
El proyecto que nos ocupa tiene que ver con lo mismo: con el hecho de que, por una parte, aseguremos la calidad del resto de las profesiones vinculadas a la salud; que las especializaciones se encuentren normadas en forma clara, con el objeto de que si un profesional dice ser especialista en algún área, efectivamente haya aprobado los cursos respectivos, tenga cómo probar su especialización y cuente con la experiencia necesaria para ejercerla. Y, por otro lado, con que otros profesionales de la salud puedan asumir labores que hoy desarrollan de modo exclusivo los médicos.
Por eso, la iniciativa representa un primer paso, que se traduce en que las carreras vinculadas a la salud puedan ser impartidas sólo por universidades. Quizás también se avance en cuáles son las materias que esos estudiantes deberían conocer; en qué tipo de cursos habrán de participar después; en cómo ponerse al día con el progreso de la medicina y, además, en la forma de tomar otras responsabilidades en este campo.
Lo anterior nos permitiría un mejor aprovechamiento de la excelente calidad de los profesionales de la salud con que contamos.
Sin embargo, para lograr eso debemos precavernos de que las personas encargadas de tales funciones -que son críticas porque se relacionan con la salud y pueden significar la muerte de un paciente si no se desempeñan bien- tengan una formación de excelencia.
Por eso, junto con el Senador señor Espina , presentamos esta iniciativa. Y me alegro de que la Comisión de Educación la haya aprobado por unanimidad. Espero que se transforme en un eslabón más de la cadena tendiente a racionalizar el uso del recurso humano de especialidad, que -como decía- es tan escaso en los hospitales y en nuestro sistema de salud.
En consecuencia, naturalmente votaré a favor del proyecto. Y agradezco la acuciosidad que ha mostrado la Comisión para perfeccionarlo.
Recuerdo a Sus Señorías que el Orden del Día concluye a las 18:32. Y advierto mucho interés en la discusión de la iniciativa porque hay cinco oradores inscritos.
El quórum se encuentra muy ajustado en este momento.
Por ese motivo, propongo abrirla a las 18:15.
Mejor ahora mismo, señor Presidente .
Entonces, se abre la votación.
Sus Señorías pueden depositar su voto en la Mesa.
Sí. Hoy el quórum es de 15 Senadores, porque hay dos con permiso constitucional, y están presentes 16.
Por lo tanto, es posible poner en votación el proyecto y continuar con la discusión general.
Reitero que está abierta la votación.
Señor Presidente , yo participé en el debate de la iniciativa en la Comisión y, por supuesto, lo voté a favor porque estoy de acuerdo con él.
Sin embargo, hubo varias opiniones complementarias con respecto al problema de la acreditación. Esta discusión ya la hicimos anteriormente a raíz de proyectos similares relativos a las carreras de matrón y de trabajo social. Por ello, estimo que todas las iniciativas de la misma índole deberían juntarse en una sola, para los efectos de una mayor eficiencia legislativa.
Desde mi punto de vista, deberíamos haber partido por otro lado: con la modificación del artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Porque no sólo son estas carreras las que enfrentan el problema. Hay cientos de otros casos en que se presentará la misma dificultad, de manera que tendremos que estar aprobando proyectos por goteo. No están los astrofísicos, los astrónomos, los físicos, los químicos; en fin, existen diversas carreras que deberán seguir idéntico procedimiento si desean alcanzar la misma garantía. A mi oficina han llegado representantes de otras profesiones planteando similar aspiración.
Entonces, lo lógico sería modificar el citado artículo 52, generalizándolo, de modo que las universidades otorgaran las licenciaturas que estimasen convenientes de acuerdo con sus programas. Y ahí el Ministerio de Educación debería entrar a hacer una reevaluación y reforma del precepto, formalizando las distintas carreras que pretendan una licenciatura.
Hoy, con la estructura tecnológica existente, necesitamos maestrías y doctorados. Sabemos muy bien que el modelo carece de un número importante de doctores y particularmente de maestros. Es preciso resolver esto si no queremos seguir dependiendo de la tecnología extranjera.
Ése es el primer problema: la modificación del artículo 52 en orden a generalizarlo.
El segundo dice relación a los institutos profesionales. Y debiera preocuparnos, pues con este proyecto y la acreditación de las especialidades que él incorpora van a quedar fuera de la opción los egresados de tales establecimientos. A pesar de que en el artículo 3° se reconocen a estos profesionales las mismas garantías con las cuales salieron de ellos, no será así en el futuro.
Por lo tanto, los interesados no querrán estudiar en un instituto, sino, inevitablemente, en una universidad, con lo cual los institutos de educación superior perderán una significativa cantidad de alumnos, debilitándose su desarrollo y su aspecto financiero. Cuando partieron, lo hicieron muy conscientes de que contaban con la garantía establecida en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Ahora, sin embargo, se la estamos eliminando, lo cual perjudicará a un considerable número de personas. Desconozco la cifra exacta. No me pude reunir con todos los afectados, pero entiendo que en el caso de los trabajadores sociales fluctúa entre 8 mil y 8 mil 500. Y en el resto es el doble. Son de 16 mil a 20 mil los profesionales que están sufriendo un detrimento con esta enmienda, independiente de que la ley les considerará los títulos que obtuvieron en los institutos.
Los egresados de universidades -y éste es un tercer punto- han aumentado, desde 1992 hasta la fecha, en 300 a 400 por ciento. De 150 mil estudiantes se pasó a más de 400 mil o 500 mil. Los demás son alumnos de enseñanza técnico-profesional, que de 95 mil llegaron a 110 mil. O sea, experimentaron un crecimiento inferior a 30 por ciento. Esto quiere decir que las carreras técnico-profesionales están quedando atrás y, sencillamente, alejándose de las universidades, que son las que gozan de preferencia, por la LOCE.
No hemos atendido el problema de los institutos profesionales, que hoy constituyen la base de las microempresas, del desarrollo económico y de las certificaciones de calidad. Estas últimas se encuentran en manos de los técnicos que laboran en terreno. Y cuando nos exigen la ISO 9000, por ejemplo, se revisa el trabajo de profesionales de institutos de educación superior y no necesariamente de las universidades.
Por esa razón es tan importante que demos una mirada más de fondo al nivel de la educación superior de carácter tecnológico, para asimilarlo al que existe en los países desarrollados. En Chile tenemos una pirámide invertida: una mayor proporción de profesionales provenientes de universidades y una mínima cantidad de egresados de institutos profesionales. En las naciones más avanzadas la situación es inversa.
Me parece que se debería revisar este aspecto. Lo conversamos en la Comisión con la Jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, señora Pilar Armanet , cuya opinión consta en el informe.
En conclusión, señor Presidente , pienso que, en primer lugar, se requiere una modificación de fondo del artículo 52 de la LOCE, para no seguir agregando profesiones y más profesiones. Existen más de mil, de manera que va a llegar un momento en que nos hallaremos tapados de pequeños proyectos.
En segundo lugar, es necesario revisar la acreditación de la calidad de la educación superior. Esto se está examinando en otra iniciativa. Y hay opiniones con respecto al acortamiento de las carreras universitarias en general. En definitiva, quizás todos estos temas se abordarán dentro del análisis de dicha materia.
Pero insisto: debemos preocuparnos de los institutos profesionales, que, a mi modo de ver, son la base de nuestras microempresas, de nuestro desarrollo económico y de nuestras certificaciones de calidad.
Quería hacer estos alcances, señor Presidente . Y voté a favor en la Comisión considerando las reflexiones y puntos de vista que he expuesto.
Señor Presidente, lamento profundamente que el debate acerca de un proyecto de esta naturaleza se esté desarrollando en la Sala en las actuales condiciones, emitiéndose el voto sin escuchar todos los argumentos, no obstante que se trata de una materia bastante delicada, sobre la cual tengo justificadas aprensiones.
Deseo partir haciendo presente -como lo he hecho en otras oportunidades- que, por desgracia, el Estado no ha definido, desde 1990 hasta la fecha, una política institucional respecto de la educación de nivel superior. Y, por razones que no es del caso analizar en este minuto, se ha venido legislando bajo diferentes coyunturas y se han ido abriendo algunas ventanas para desahogar una realidad que, en mi opinión, resulta tremendamente cruel con grandes sectores de la sociedad chilena.
Vale la pena señalar que estudiar en las universidades chilenas constituye un privilegio que cada día se va estrechando más y más, porque tanto las públicas como las privadas se parecen mucho en cuanto al sistema de financiamiento, aranceles, etcétera.
Es cierto que el Estado, a través de los diferentes Gobiernos, ha ido entregando recursos, ha ido subsidiando; pero todos los cálculos indican que las ayudas entregadas no superan el 30 ó 35 por ciento del costo de un tipo de carrera, ya sea en las universidades públicas o en las privadas.
En esta situación, señor Presidente , hay cosas que realmente no encajan o que a uno lo dejan confuso. Por ejemplo, existen posiciones diversas acerca de un proyecto de ley relativo a la acreditación de las universidades para acceder a recursos del Estado y solicitar a instituciones financieras fondos destinados al otorgamiento de créditos.
¿Y cuál es la discusión que se suscita a propósito de esa iniciativa, respecto de la cual se ha expresado que, incluso, se puede a recurrir a instancias superiores para examinar su constitucionalidad? ¿Qué sucede, en este aspecto, en cuanto a la acreditación? Las universidades están divididas: las particulares tienen una posición (no la voy a comentar, porque tienen razón desde el punto de vista del ámbito en que ellas existen) y las del Consejo de Rectores, conocidas como "tradicionales", otra distinta.
Entonces, para su acreditación, para la aprobación de sus proyectos tendientes a obtener ciertos recursos las universidades necesitan ser reconocidas por instituciones acreditadoras y por un consejo nacional, en el cual tiene gran injerencia el Estado. Sobre este punto existe división.
Se ha avanzado en la materia, ya que se determinó que las de docencia y de medicina tendrían que acreditarse.
Siempre he tenido una posición respecto de la responsabilidad protagónica estatal en materia de educación superior. Incluso, he señalado que a todo joven inteligente, cuya situación económica sea comprobadamente difícil, el Estado debe garantizarle el ingreso a las universidades públicas. Y una vez que egrese, obtenga su título y firme un contrato de trabajo, pueda devolver lo invertido en él para que sea profesional.
He sido muy claro en mi posición.
Sin embargo, señor Presidente, en Chile se han creado, en total, 189 institutos profesionales y centros de formación técnica, con el respaldo del Parlamento.
Por lo tanto, surgen dudas frente a determinadas iniciativas que son producto, evidentemente, de la interpretación de un grupo respetable de Parlamentarios y también, del lobby que realizan ciertos gremios.
Se han propuesto diferentes proyectos de ley para entregar la exclusividad de ciertas carreras a las universidades, sean públicas o privadas. Y en cuanto a exclusividad en la formación profesional de algunas de ellas, hay un criterio unánime que se manifiesta de una u otra manera.
De modo que, hoy día, mediante una moción que cuenta con apoyo de una mayoría, se pretende dar título profesional universitario a las carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura y Nutrición , Dietética, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional.
Como señaló un señor Senador , hay 500 ó 700 carreras más. Con tal procedimiento, el día de mañana, algunos Parlamentarios de estas bancadas, de las del lado o de las del frente, en su legítimo derecho, van a presentar otra iniciativa para conferir título universitario a otras 10 ó 15 profesiones, según sea la capacidad de lobby de determinado grupo de personas. Esto me preocupa mucho, lo que no puedo dejar de representar respetuosamente en el debate.
No debe olvidarse que hace un tiempo, por iniciativa parlamentaria, se pretendió modificar algunos currículos. Es decir, si por medio de tal procedimiento se cambian los programas de ciertas asignaturas y se da el carácter de exclusividad a instituciones respecto de algunas carreras, me parece que el Gobierno -como representante del Estado- debería patrocinar un proyecto de ley, en el cual el Congreso tenga la oportunidad de enriquecerlo, corregirlo, modificarlo, etcétera.
Estoy de acuerdo en que determinadas carreras pueden ser consideradas dentro del área médica. Las de Enfermería y Obstetricia caben dentro de la prerrogativa de ser impartidas en las universidades como carreras médicas. Pero, si somos responsables de lo que aprobamos, la enseñanza de kinesiología, fonoaudiología -que hoy día se desarrolla mediante instrumentos según la tecnología actual-, puericultura, nutrición, dietética, tecnología médica y terapia ocupacional, es perfectamente posible que quede a cargo de los institutos profesionales.
Por lo tanto, de una vez por todas debemos discutir si vamos a modificar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza para definir todas las carreras de este tipo que serían de exclusividad universitaria. No veo por qué ciertas especialidades tienen que ser consideradas con ese carácter y otras no, según lo señalaron algunos señores Senadores .
Votaré en contra del proyecto, porque estimo que el Estado chileno -expresado ahora en un Gobierno que está a punto de terminar o en el que se elija próximamente, cualquiera que sea su color político- debe proponer legislar sobre el particular para que exista una posición definitiva en la educación superior. A mi juicio, no se pueden seguir presentando iniciativas legales que, aunque sean respetables y bien intencionadas, quiebran un poco el cuerpo coherente de un nivel educacional de tan alta selección y responsabilidad, como es el de la enseñanza superior.
Deseo hacer un llamado a los señores Senadores, a fin de que digamos claramente que los institutos profesionales deberán ser cerrados por no tener carreras que impartir. Así podría ocurrir con INACAP, DUOC y otras instituciones que enseñan muchas de las profesiones a que se refiere el proyecto en debate.
El señor Ministro de Salud , en la Comisión, reconoció la alta capacidad de las personas formadas en institutos profesionales, y dijo que no tenía aprensión ni podía dar argumentos en cuanto a que los egresados de tales establecimientos hayan deteriorado los planes de salud.
Por esa razón, invito a los señores Senadores presentes en la Sala a que observen con bastante acuciosidad la situación, porque se puede dejar prácticamente sin posibilidad de acción a los institutos, cuyo funcionamiento nosotros mismos hemos aprobado. Al quitarles las carreras que enseñan, les cambiamos las reglas del juego y los llevamos a un terreno que puede resultar sumamente peligroso.
Ahora bien, mañana o pasado, algunos Parlamentarios podrán sugerir que otras 15 ó 20 carreras pueden tener carácter universitario. Y así, en el transcurso de un año, todas pasarán a ese nivel. Tal vez sea bueno, y hasta yo quizás esté en esa "parada".
Sin embargo, mientras en el país haya institutos profesionales con aranceles más bajos para este tipo de carreras y a éstas puedan optar grandes sectores de la sociedad chilena, estaré reclamando el derecho que nosotros mismos les conferimos para incursionar en profesiones de tal naturaleza.
Señor Presidente , lamentablemente, no voy a respaldar la iniciativa en debate. Y aunque sea el único en tal sentido, tengo la profunda convicción de que no podemos seguir otorgándole dicho carácter a materias tan importantes como la educación superior, por respetables que sean las mayorías parlamentarias que alcancen las bancas del frente, las del lado o las de mi propio sector. Me parece que ésa no es la manera de modernizar la educación universitaria.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
Señor Presidente , en la Comisión presté mi aprobación al proyecto y a otras iniciativas similares que dicen relación al tema.
Comparto plenamente lo planteado por el señor Senador que me ha precedido en el uso de la palabra, al hacer referencia a un hecho realmente preocupante: los institutos profesionales se están extinguiendo no por un problema de calidad académica -porque la suya es de gran nivel-, ni porque sean inferiores a las universidades, sino por una mala apreciación del estatus que significa ser egresado de una universidad o de un instituto, lo que constituye un problema social. De modo que si los institutos profesionales van a ir desapareciendo es porque todos quienes se forman allí aspiran a que sus carreras tengan rango universitario. Se mira en forma peyorativa los títulos que se otorgan por ellos, en circunstancias de que estudios serios demuestran que muchas de sus carreras son de un nivel incluso superior al de diversas universidades. De manera que no es un problema de calidad académica, sino de estatus.
Lamentablemente, no tenemos cómo enfrentar esa forma de pensar y de actuar. Y de modo inevitable, vamos a la extinción de los institutos, que son órganos de gran eficiencia y que prestan un servicio de calidad profesional y técnica de alto nivel. Por ejemplo, INACAP se está transformando en universidad, porque, precisamente, la mayor parte de las carreras que en la actualidad imparte se adjudica por medio de una ley a las universidades. Y tal institución tiene un nivel igual o superior al de muchas de éstas.
Por eso, nosotros en la Comisión vemos esto con mucha preocupación, y hemos pedido al Gobierno fijar una línea y una política a este respecto. Porque, de lo contrario, proyectos como éste se van a ir sucediendo uno a uno en el Senado.
Todas las carreras van a aspirar a ser universitarias. Y las que no tengan ese carácter se considerarán como de segunda categoría, lo cual no corresponde a la realidad.
Los institutos poseen alta eficiencia y calidad. A mi juicio, cumplen una función social, porque sus costos muchas veces son más bajos que los de las universidades.
En fin, no nos parece que estemos en situación de poder frenar esta línea. Por ello he ido aprobando iniciativas legales, no obstante estar en una posición muy similar a la señalada por el Honorable señor Muñoz Barra , porque, en mi concepto, no podemos ir contra una realidad: la gente aprecia, estima y da un plus al título universitario distinto al de un instituto profesional, en circunstancias de que la calidad de éste puede ser semejante o superior a la de la universidad. Pero eso es un hecho.
Por tal motivo, reclamo del Gobierno que fije una línea de acción, una política respecto de los institutos con relación a las universidades, porque si no -repito-, tendremos una sucesión de proyectos y todas las carreras van a pasar a ser universitarias. Con buenas, regulares o malas argumentaciones no nos podremos oponer, porque la manera de hacerlo significará establecer niveles de carrera inferiores para los institutos, y ése no es el propósito buscado.
No nos olvidemos de que a nivel internacional existen institutos de gran prestigio (en Francia, en Estados Unidos; el MIT, por ejemplo), que no necesitan tener la calidad de universidad para dar una educación de gran calidad.
Por tales razones, votaré a favor del proyecto; pero reclamo del Gobierno una definición respecto del destino de los institutos profesionales.
Advierto a Su Señoría que dispone de cuatro minutos.
Señor Presidente , ante todo, quiero agradecer a la Comisión de Salud el haber aprobado esta iniciativa legal, que presentamos junto con la Senadora señora Matthei ; y, por supuesto, a todos los señores Senadores que la respalden.
Sólo quiero hacer algunas precisiones.
En primer lugar, el informe de la Comisión consigna el planteamiento de la Jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, doña Pilar Armanet , quien, a mi juicio, apunta al fondo de lo que plantea el proyecto al señalar:
"En nuestra legislación existen ciertas carreras que no pueden ser impartidas si no consideran el otorgamiento del Grado Académico de Licenciado, es decir, si no incorporan en el plan de estudios todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada. Lo anterior se justifica en cuanto existen ciertas profesiones que requieren de una base disciplinaria o científica profunda, de manera previa a la formación más específica de tipo profesional.".
Señor Presidente, aquí estamos hablando de carreras que sin lugar a dudas requieren la licenciatura.
Veo con preocupación cómo en nuestro país algunas carreras que precisan a lo menos de cinco o seis años de formación, lenta y paulatinamente se han ido acortando. Quienes las hemos estudiado sabemos que es del todo imposible formar un buen profesional -que cada vez tiene que incorporar mayores grados de conocimiento- cuando se acorta el tiempo de estudio.
La tendencia en los países modernos consiste, precisamente, en una primera fase, en que las licenciaturas demoran una determinada cantidad de años, y posteriormente, los que las logran requieren estudios adicionales para la especialización.
Se trata de carreras que dicen relación a aspectos muy sensibles, como la salud de las personas; por lo que quienes las cursan necesitan un altísimo grado de preparación y profesionalización. Reconocer esto no es menoscabar a los institutos profesionales, que tienen un amplio campo donde ejercer sus actividades. Pero ciertas carreras precisan la licenciatura. Me parece que las incorporadas aquí son algunas de ellas. Sin embargo -insisto- ello no significa, en caso alguno, restar mérito a los referidos institutos.
Uno de los problemas que afectan a Chile es la falta de formación de profesionales, como lo vimos en la Comisión de Salud cuando estudiamos el proyecto sobre nueva concepción de la autoridad sanitaria.
Si bien se ha creado, como nunca, una amplia gama de alternativas para estudiar carreras profesionales, hoy día existen más cupos que postulantes a las universidades. O sea, en la práctica, resulta imposible que un joven no pueda estudiar una carrera, salvo por razones económicas, lo que, probablemente, ocurre en muchos casos. Pero la realidad de las cosas es que el nivel de preparación de profesiones de alta confiabilidad ciudadana no es el esperado. El control de cómo se forman algunos profesionales es insuficiente. Por eso, se está estudiando el proyecto de ley sobre acreditación de carreras y de universidades.
Me parece bien exigir que ciertas carreras tengan el grado de licenciatura. En otras los requisitos podrán ser menos rigurosos, no por ser inferiores, sino porque el grado de conocimiento o especialización es menor.
Por esa razón, comparto la inquietud de quienes nos hicieron presente esta materia. Creo que estamos dando un paso en el sentido correcto. En un país como el nuestro, en que la ciencia avanza permanentemente, el grado de preparación de los profesionales debe ser mayor y más exigente y el deber del Estado es dar facilidades a los jóvenes para que puedan estudiar esas carreras.
Desde ese punto de vista, creo que el proyecto está bien orientado.
Por consiguiente, voto que sí.
Ha terminado el Orden del Día, señor Senador. Desgraciadamente, tengo que hacer cumplir el Reglamento. También se hallaba inscrito el Senador señor Parra, a quien tampoco podré conceder la palabra. No hay quórum para prorrogar esta parte de la sesión, lo cual habría sido una alternativa.
--Se aprueba en general el proyecto (16 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Canessa, Espina, Fernández, Horvath, Martínez, Matthei, Moreno, Parra, Prokurica, Ruiz (don José), Sabag, Stange, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Arancibia y Muñoz Barra.
Se abstuvieron los señores Gazmuri y Orpis.
No tenemos quórum para fijar plazo para presentar indicaciones. Se resolverá en la próxima sesión.
Al señor Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda , requiriendo estudiar la posibilidad de conceder BENEFICIOS PREVISIONALES A JUBILADOS Y MONTEPIADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN.
Al señor Contralor General de la República tocante a SOLICITUD DE BENEFICIOS DE DECRETO Nº 127 A DEUDORES HABITACIONALES DEL COMITÉ "UNIÓN COMUNAL LAS LOMAS DE LA COMUNA DE MACHALÍ" (Sexta Región).
A los señores Ministros de Educación , de Obras Públicas y de Agricultura, demandando su preocupación en cuanto a DICTACIÓN DE ESTATUTO EN BENEFICIO DE ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE TOCOPILLA.
Al señor Ministro de Educación y a la señora Ministra de Bienes Nacionales , acerca de RECUPERACIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA LICEO MARTA NAREAS DE ANTOFAGASTA.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, solicitando su atención respecto a CONGELAMIENTO DE PARQUE AUTOMOTRIZ DE TAXIS EN CALAMA.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, en lo concerniente a VIVIENDAS PROPIAS PARA PERSONAS DE TERCERA EDAD OCUPANTES DE CASAS EN COMODATO (todos de la Segunda Región).
Al señor Ministro de Economía y al señor Subsecretario de Pesca , solicitando su atención sobre AUMENTO DE CUOTA PARA PESCADORES ARTESANALES DE REGIÓN DE LOS LAGOS POR PARTE DE INSTANCIA DENOMINADA "MESA DEL ERIZO".
A la señora Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y al Director de la Región Metropolitana de dicha entidad, pidiéndoles la confección de un MAPA CON FIJACIÓN DE LÍMITES PARA TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS EN ZONA DE PRECORDILLERA ANDINA.
Al señor Director del Servicio de Salud de Biobío, dándole a conocer DENUNCIA SOBRE ANOMALÍAS EN FUNCIONAMIENTO DE HOSPITAL DE NACIMIENTO (Octava Región).
Señor Presidente , deseo referirme esta tarde a una materia que para la Región del Biobío, y en particular para la ciudad de Concepción, tiene la máxima importancia. Por una feliz coincidencia, lo hago en el día en que Concepción cumple 455 años desde que fuera fundada por Pedro de Valdivia.
La materia que me propongo abordar dice relación al emblemático proyecto de construcción del llamado "Teatro Pencopolitano", el cual, según lo manifestado en algún momento, formaría parte del conjunto de iniciativas con que el país pretende celebrar el Bicentenario, pero que, desafortunadamente, no registra a esta fecha el nivel de avance ni ha recibido el apoyo público que se había comprometido en su minuto.
Este proyecto nace hace ya diez años de una iniciativa ciudadana que ha interpretado a la opinión pública local y que ha dado origen, en fecha más reciente, a una corporación especial en la que confluyen quienes impulsaron en su momento dicha iniciativa, encabezados por el destacado abogado y ex Parlamentario don Juan Eduardo King , por universidades, municipalidades y otras instituciones públicas y privadas de la ciudad y de la Región.
Concepción ha desarrollado históricamente una actividad cultural particularmente significativa. La conserva y la ha intensificado. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción viene de ofrecer, una vez más, su temporada de invierno y está dando inicio a la temporada de primavera, siguiendo una de las tradiciones culturales más sostenidas en el tiempo que existen en nuestro país.
El propio Presidente de la República hace sólo unos meses premió, en ceremonia realizada en La Moneda, a esa Orquesta Sinfónica. Reconoció su valor, su impacto, en todo el sur del país y, también, en el territorio nacional en general. De esta manera le otorgó el reconocimiento que merecía.
El activo cultural de la ciudad, sin embargo, va muchísimo más allá de eso. A la Orquesta se suma una intensa labor coral, un renaciente trabajo teatral, actividades en materia de ballet clásico, ballet moderno, ballet folklórico y, en definitiva, un muy importante quehacer artístico en el campo de las artes musicales y de la representación.
De ahí que la necesidad de un teatro sea compartida, porque toda esa actividad no está acompañada de una infraestructura adecuada. El viejo Teatro Concepción , construido a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que fue en su minuto administrado por la Universidad de Concepción, se destruyó con ocasión del terremoto de 1960 y, posteriormente, a raíz de un incendio, que lo dejó definitivamente inhabilitado.
Dicha casa de estudios superiores, cuyo compromiso con las actividades artísticas y culturales ha sido permanente y emblemático en el campo universitario chileno, procedió entonces a realizar el esfuerzo de dotar a esa ciudad de una sala que permitiera cubrir la emergencia. Adquirió así un inmueble que estuvo destinado a cine, frente a la Plaza de Armas de Concepción , y rehabilitándolo a un alto costo, ha hecho posible que hasta el día de hoy la ciudad cuente con una sala. Sin embargo, ésta no ofrece las condiciones necesarias para el montaje de obras mayores, como felizmente la ciudad ya ha empezado a verlas.
En la temporada reciente de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción se montaron en versión escénica dos óperas: "Rigoletto" y "Cosi fan tutte". Esta última sobre la base de un acuerdo entre dicha entidad y la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago, que aportó el elenco con el cual se hizo el montaje de esa célebre ópera de Mozart en el Teatro Municipal de Santiago .
Y en conjunto, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción y el elenco del Teatro Municipal, llevaron aquella ópera a otras ciudades, como Temuco.
El teatro no es, pues, un capricho; es una necesidad. Está plenamente justificado por ese activo cultural tan valioso y significativo con que la ciudad cuenta. Sin embargo, constituye una aventura mayor.
La Corporación Cultural de la Universidad de Concepción ha hecho camino: obtuvo del Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle la asignación de terrenos, en los que debería levantarse el teatro. Esto tuvo lugar, señor Presidente , en la ribera norte del río Biobío y se hizo en el contexto de un proyecto de recuperación de esos espacios, con fines cívicos, habitacionales y, también, culturales. Por la misma razón, ha tenido un impacto muy grande en la vida local.
La Corporación contrató los servicios del destacado arquitecto chileno Borja Huidobro , quien elaboró el boceto arquitectónico. Y ya existe una maqueta -la hemos podido presenciar los penquistas-, que vista desde la ribera sur del río Biobío, sobre la que el inmueble quedaría anclado, semeja el casco de un conquistador español.
Aquélla fue la frontera durante muy largos años entre La Colonia española y el pueblo mapuche, que mantenía su rebeldía y sus deseos de autonomía. Pero el río, con el tiempo, se ha transformado también en un poderoso factor de integración. El hecho de que ese teatro haya sido concebido mirando hacia el sur del país obedece justamente a que él debería ser un polo de desarrollo cultural que trascienda, por cierto, el ámbito de la vida local.
¡El país está en deuda con Concepción! Y esa deuda es particularmente fuerte en el ámbito cultural.
En esta parte de mi exposición, me remito al Informe de Desarrollo Humano en Chile del PNUD, correspondiente al año 2002. En este documento se contemplan índices que se aplican a las regiones del país en materia de recursos culturales. Y a pesar de estar sobradamente reconocida la calidad de polo del desarrollo artístico chileno que tiene la ciudad de Concepción, de esos antecedentes resulta que la Región con más baja infraestructura cultural es la del Biobío.
Allí el Estado ha emprendido una que otra obra. El teatro de la ciudad de Chillán, por ejemplo, cuya construcción se inició a fines de la década de los 40, espera todavía su conclusión.
Ha habido un muy escaso desarrollo en cuanto a los museos y, desde luego, no lo hay respecto del asunto que me estoy refiriendo de manera particular. Y, especialmente, en el caso de la ciudad de Concepción.
La segunda Región del país, que tiene una actividad cultural y artística potente, autónoma y que irradia a todo el centro sur de Chile, evidentemente, merece un trato de distinta naturaleza.
Por eso, el Presidente Lagos manifestó su voluntad de respaldar esta iniciativa. Sin embargo, en septiembre del año pasado, junto con los Senadores señores Viera-Gallo y Sabag, como también con algunos alcaldes y directivos de la mencionada Corporación, sostuvimos una reunión con el entonces Ministro del Interior don José Miguel Insulza , para ver la forma en que se materializaría el apoyo ofrecido por el Estado. Solicitamos, entonces, a modo de respaldo, la entrega de 400 millones de pesos para realizar los estudios de especialidades y dejar la obra en condiciones de ser adjudicada idealmente el 2006.
Se nos aseguró que íbamos a contar con dicha ayuda. Ha transcurrido más de un año. Sin embargo, entre los Ministerios del Interior y de Hacienda no se habla el mismo lenguaje y cada vez con más frecuencia estamos recibiendo respuestas evasivas, cuando no francamente contradictorias. Eso evidentemente nos preocupa y nos rebela.
Por otro lado, en el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2006, presentado a la consideración del Congreso Nacional -me refiero específicamente al Capítulo 16, de la Partida 9, Ministerio de Educación, referente al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes-, nada hay correspondiente a aquellos compromisos.
Esperábamos que en el Presupuesto del 2006 apareciera una glosa que garantizara la ejecución de la obra, sin perjuicio del esfuerzo que viene realizando la Corporación Pro Teatro Pencopolitano, y que tendrá que seguir efectuando, para cubrir también la parte de los costos que le concierne.
Hay iniciativas tan importantes, como el Proyecto del Museo de Ciencias en la Universidad de Concepción, que alberga valiosísimas colecciones que tendrían un enorme impacto, no sólo en la vida cultural y en el atractivo turístico de la ciudad, sino también en el sistema educacional, que por desgracia no pueden ser exhibidas hoy al público por no contarse con la infraestructura adecuada.
El Proyecto Bicentenario hermana el hermoso campus de la Universidad de Concepción con el río Biobío. En nuestra opinión, debiera nacer en ese Museo de Ciencias Naturales y terminar en el Teatro Pencopolitano.
El Primer Mandatario ha manifestado su voluntad de colaborar en la materialización de dichos proyectos y su comprensión acerca del compromiso que el Estado tiene pendiente con la ciudad de Concepción. Sin embargo, ya es hora de requerir la materialización de esas buenas intenciones.
Por estas razones, en nombre de los Honorables señores Viera-Gallo, Sabag y en el mío propio, solicito que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República y a los señores Ministros del Interior y de Hacienda , transcribiéndoles estas observaciones y requiriendo a la vez la pronta materialización del apoyo que ha comprometido el Poder Ejecutivo en esta trascendente iniciativa de la ciudad de Concepción.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de los Senadores señores Parra, Viera-Gallo y Sabag, en conformidad al Reglamento, petición a la que se suma el señor Vicepresidente .
En seguida, corresponde el turno al Comité Demócrata Cristiano.
Señor Presidente , el Comité Demócrata Cristiano me ha cedido su tiempo.
Dispone de 25 minutos, Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO .- Seré muy breve, Señor Presidente .
Sólo deseo reiterar las elocuentes palabras vertidas por el Honorable señor Parra en este día, que coincide justamente con el aniversario de la ciudad de Concepción y con la conmemoración del triunfo del No, que fue sin duda no sólo una expresión política, sino también una manifestación de libertad y de cultura.
Es efectivo que Concepción ha progresado mucho y que ha habido una enorme inversión, especialmente en infraestructura. Pero existe una carencia evidente en lo que se refiere a espacios de creatividad cultural, no obstante que en la ciudad, como muy bien ha dicho el Honorable señor Parra , existen movimientos de todo tipo, de danza, de música, de jazz , de rock, literarios, etcétera, que requieren un recinto adecuado. Los principales conjuntos de rock, por ejemplo, y algunos importantes intérpretes de jazz, como Claudia Acuña , han surgido de las comunas de Concepción y Talcahuano.
Toda esta actividad cultural se desarrolla con muy poco apoyo. Hace poco se creó el Consejo Regional de las Artes y la Cultura, que ha cumplido una significativa labor. Pero es una Región muy grande, que cuenta con pocos recursos y carece de suficiente personal.
Dentro de ese contexto, o de ese panorama, se encuentra el Proyecto de Teatro Pencopolitano.
A lo dicho por el Senador señor Parra , quiero agregar que se han efectuado dos estudios de administración del teatro. De tal manera que no se pueda pensar que se tratará de un elefante blanco, vacío, que dejará pérdida. Porque la idea es que sea un centro cultural que, si bien no va a tener elencos estables y, por lo tanto, un presupuesto de gastos corrientes muy elevado, ofrezca a la zona sur de Chile la posibilidad de contar con un gran espacio cultural que atraiga no sólo la creatividad nacional y regional, sino también la internacional.
El otro punto sobre el cual hemos puesto énfasis durante todos estos años de lucha por el Teatro Pencopolitano es que, por tratarse de un proyecto de gran envergadura y de largo o mediano aliento, debiera ser modular, es decir, que se vaya realizando por etapas. Sería muy positivo que el Gobierno del Presidente Lagos terminara una primera fase de construcción que tuviera una lógica en sí misma. Y así ir construyendo paso a paso el gran proyecto del arquitecto Borja Huidobro .
Desgraciadamente, por mil razones, nada de eso se ha logrado. Por mucho tiempo hemos vuelto a reclamar, a levantar la voz y a buscar caminos, pero los compromisos concretos no se han materializado.
Es lamentable que el compromiso públicamente contraído por el ex Ministro del Interior señor José Miguel Insulza -hoy ausente del país y por tanto no podemos hacerle llegar un oficio a la Secretaría General de la OEA- y asumido también por el Gobierno, hasta la fecha no se haya concretado en una partida especial de la Ley de Presupuestos o simplemente en un contrato con cargo al Tesoro Público para que dicho proyecto pueda realizarse.
Deploro que así sea y espero que el Gobierno, antes de que termine su período, cumpla el compromiso adquirido, porque sobre la base de ese estudio de factibilidades se podrá llevar adelante la materialización, aunque sea por etapas, de esta gran iniciativa.
Quiero hacer sólo dos reflexiones más, señor Presidente .
La verdad es que a veces una inversión cultural de envergadura cambia la lógica con que funciona una zona o una provincia entera. Es muy conocido el caso del Museo de Guggenheim, en Bilbao. Antes no había flujo turístico hacia esa ciudad. Sin embargo, hoy la gente concurre a ella por la existencia de aquél. O sea, la lógica cambia.
Estoy cierto de que si contáramos con este gran centro cultural, con atractivos nacionales e internacionales, se produciría una dinámica de flujo de personas, de turismo, de inversión, con enorme beneficio para todo el sur de Chile.
Cuando el anterior alcalde, señor Ariel Ulloa , invitó al tenor Luciano Pavarotti a actuar en Concepción, se juntaron miles de personas al aire libre -porque no había un teatro- que vinieron de Puerto Montt, Valdivia , Temuco y de la propia Región del Biobío.
Por lo tanto, se debe tener visión de futuro y pensar que dicha inversión, aun cuando aparezca como muy grande en un primer momento, vale la pena.
En segundo lugar, miramos con preocupación el centralismo de las inversiones en cultura. Me alegro enormemente de que ahora se esté construyendo la nueva Biblioteca en la Quinta Normal y el gran Museo en la Plaza de la Ciudadanía, pero al menos una de esas obras podría haberse construido en Concepción. No se ve por qué las principales obras del Bicentenario deban estar concentradas sólo en Santiago.
En un primer momento, este proyecto calificó como obra Bicentenario, pero poco a poco, no se sabe con qué lógica, fue siendo postergado y no entró en la selección de las grandes construcciones con que se va a conmemorar el 2010.
Pero todavía estamos a tiempo. Esperamos que la actual Administración entregue la plata prometida y que el próximo Gobierno inicie la construcción del teatro.
Quiero aprovechar también para señalar que a veces es lamentable observar cómo no se toma con fuerza un impulso en esta materia.
Se consiguió -hice muchas gestiones para ello- que el pabellón de Chile en la Expo Lisboa fuera entregado por el Gobierno del Presidente Frei -en especial por su esposa, Martita Larraechea , quien se ocupaba del asunto- a la ciudad de Concepción, en un afán descentralizador, ya que primitivamente estaba destinado al Museo Interactivo.
Pues bien, han pasado años -transcurrió toda la Administración Frei y llevamos una parte importante del Gobierno del Presidente Lagos-, y ese museo todavía se halla en los cajones.
Existe un espacio donde se puede instalar dicho pabellón, que cuenta con una capacidad enorme de interacción, debido a la completa tecnología que tiene (ya no sé si decir "tiene" o "tenía", porque, con el paso del tiempo, es factible que en aquellos cajones ya no quede nada).
Es así como se va generando cierta desidia.
El pabellón en comento fue donado a la Municipalidad de Concepción, la cual hasta ahora no ha sido capaz de ponerlo en pie.
Con esto no quiero cargar las tintas a nadie ni hacer política, porque ello ocurrió hace muchos años y existe sobre el particular una responsabilidad ciudadana compartida.
Entonces, con mayor razón deberíamos alzar la voz aquí -como lo hizo el Senador señor Parra - a los efectos de que el proyecto emblemático por excelencia de la ciudad de Concepción se pueda concretar. Y para ello no es obstáculo el hecho de que el Centro Cultural Bellavista, que felizmente logró un espacio y un aporte en dinero, sea trasladado de su local en Lota y se instale cerca del centro de aquella ciudad. O sea, desde ningún punto de vista eso puede reemplazar el proyecto del teatro Pencopolitano, porque se trata de funciones distintas.
Concluyo adhiriendo a lo manifestado por el Honorable señor Parra y pidiendo que mis expresiones sean enviadas en mi nombre -mediante el oficio de Su Señoría o en uno separado- a las mismas autoridades que él señaló y, además, al Intendente de la Región del Biobío .
Así se hará, señor Senador. Y se incluirá su intervención en el oficio que solicitó enviar el Honorable señor Parra .
Y agregando la adhesión del Senador señor Sabag.
No hay inscritos en el turno del Comité Unión Demócrata Independiente.
Señor Presidente , también adhiero al oficio que pidieron enviar los Senadores de Gobierno.
Ahora bien, si ellos se quejan de que el Ejecutivo no cumple su palabra ni los compromisos asumidos en la materia planteada, por supuesto que los Parlamentarios de Oposición podemos tener bastantes argumentos para hablar la tarde completa en esa línea.
Se considerará la adhesión de Su Señoría.
Señor Presidente , voy a exponer una situación que me preocupa.
En el año 2001 el Servicio Nacional de Turismo comenzó el programa piloto denominado "Vacaciones para la tercera edad", con un presupuesto de 600 millones de pesos y 10 mil 400 beneficiarios.
Para la segunda temporada, en el 2002, se previeron recursos por 1.000 millones, abarcándose ciudades como Arica, Iquique , Viña del Mar y Valparaíso. Y así se van incorporando, sucesivamente, otras ciudades.
Para esta temporada sólo se hallan incluidas Arica , Iquique , La Serena , Coquimbo, Viña del Mar, Valparaíso , Concepción, Valle Las Trancas , Pucón , Villarrica , Valdivia , Puerto Montt y Chiloé.
Todo el mundo sabe, señor Presidente , que este año se producirá el fenómeno del "desierto florido", que, a no dudarlo, es un espectáculo de nivel mundial.
Pedí al Director Nacional de SERNATUR que incluyera a la Tercera Región en los programas correspondientes -que son buenos-, pero no me fue bien.
Tengo la mejor impresión sobre dichos programas, pues sin ellos mucha gente de la tercera edad nunca podría conocer el país ni pasar lindas vacaciones.
Mediante esa vía, además, se retroalimenta toda la hotelería en una época complicadísima. Si no fuera por tales programas, durante ella dicho sector pasaría por problemas muy serios.
Por eso me pregunto por qué la referida institución deja afuera, una vez más, a la Región de Atacama.
En consecuencia, solicito oficiar al Director del Servicio Nacional de Turismo para que informe, de un lado, por qué nuevamente, en el quinto año de funcionamiento del programa Vacaciones para la tercera edad, no se ha incluido a la Tercera Región; y de otro, si la tiene considerada para años venideros o para programas diferentes.
Creo que debe existir una explicación al respecto. He conversado con el Director del SERNATUR en diversas oportunidades, y siempre la razón aducida es que "no hay agente de turismo". Eso no es verdad: en la Región de Atacama hay agente de turismo.
Jefe de la Redacción subrogante.
La Ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza reserva a las universidades el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales sin perjuicio de la facultad de los Institutos Profesionales para otorgar también estos últimos. Al mismo tiempo establece en su artículo 52 una lista de títulos profesionales a los que sólo se puede acceder obteniendo en forma previa el grado de Licenciado.
Por otro lado, el artículo 31 de la referida ley, en su inciso 10°, define el grado de Licenciado como "un programa de estudio que comprenda todos los aspectos esenciales de un área de conocimiento o de una disciplina determinada".-
Desde hace décadas en Chile se forman Administradores Públicos, principalmente en carreras denominadas de Ciencias Políticas y Administrativas o Administración Pública. Ellas nacieron en la Universidad de Chile y se desarrollaron en las universidades tradicionales, de modo que desde sus orígenes tuvieron un indiscutible carácter universitario. Sin embargo, en los últimos años, al amparo de la LOCE han empezado a proliferar carreras de Administrador Público impartidas por Institutos Profesionales generando una verdadera anarquía en la duración y nivel de exigencias de los estudios.
Sin lugar a dudas la formación de Administradores Públicos es de la mayor importancia para materializar la reforma del Estado y para elevar la calidad de la gestión pública. Ella responde a un área de conocimiento, en la que convergen diversas disciplinas y respecto de la cual es imprescindible el dominio de todos los aspectos esenciales de la misma. Es decir, quienes cursan estos estudios deben poder acceder al grado de Licenciado, como en etapas más avanzadas al de Magister y/o al de Doctor.
En otras palabras, la tradición y la concepción de nuestra propia legislación en materia de enseñanza superior evidencian la necesidad de agregar el título de Administrador Público a la lista de aquellos que requieren la obtención previa del grado de Licenciado. En razón de ello os proponemos el siguiente:
ARTÏCULO PRIMERO: Agrégase al inciso tercero del artículo 52 de la Ley 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, la siguiente letra nueva:
q) Título de Administrador Público: Licenciado en Administración Pública.
ARTICULO SEGUNDO: Quienes actualmente cursan estudios de Administración Pública en Institutos Profesionales podrán proseguirlos en ellos hasta la obtención del título profesional correspondiente.
ARTICULO TERCERO: Las universidades que otorguen el grado de Licenciado en Administración Pública deberán ofrecer programas especiales para aquellos profesionales que, habiendo obtenido el título de Administrador Público, no hubieran accedido en forma previa al grado de licenciado.
ARTICULO CUARTO: Quienes hayan obtenido el título de Administrador Público, sin licenciatura previa, hasta la fecha de publicación de esta ley se entienden habilitados de manera permanente para el ejercicio de la profesión sin que les sean aplicables exigencias académicas adicionales.
(Fdo.):ENRIQUE SILVA CIMMA, Senador.-AUGUSTO PARRA MUÑOZ, Senador.- NELSON ÁVILA CONTRERAS, Senador. GUILLERMO VÁSQUEZ UBEDA, Senador.