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Timestamp: 2019-10-14 13:05:32
Document Index: 140481715

Matched Legal Cases: ['artículo 1347', 'artículo 1362', 'artículo 106', 'artículo 98', 'artículo 105', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 200', 'artículo 200']

Su despacho juridico :: ARP & abogados
El TJUE dictamina que el impuesto de sucesiones en España vulnera las normativa europea
Domingo, 7 de Septiembre de 2014 por admin
La ley que regula el impuesto de sucesiones y donaciones penaliza sin causa justificada las herencias y donaciones en las que están involucrados ciudadanos no residentes y bienes en el extranjero. Esto supone una restricción de la libertad de movimiento de capitales incompatible con la legislación europea.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado en Sentencia de 3 de septiembre de 2014 que el impuesto sobre sucesiones y donaciones en España vulnera la legislación comunitaria al obligar a los no residentes a pagar más que a los residentes, ya que éstos son los únicos que pueden beneficiarse de las ventajas fiscales concedidas por las comunidades autónomas.
El fallo destaca que la sucesión o la donación en la que intervenga un heredero o un donatario o un fallecido o donante que no reside en el territorio español, o también una donación o una sucesión que tenga por objeto un bien inmueble situado fuera de territorio español, “no podrá beneficiarse de las reducciones fiscales que sólo se aplican en caso de conexión exclusiva con el territorio de las comunidades autónomas, debiendo soportar una mayor carga fiscal que las sucesiones o donaciones en las que sólo intervienen residentes o que sólo tienen por objeto bienes inmuebles situados en España”. “Al no poder gozar de los citados beneficios fiscales, el valor de esa sucesión o esa donación se reducirá. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dicha reducción constituye una restricción de la libre circulación de capitales”, resalta la sentencia.
Por ello, el TJUE declara que “la legislación española constituye una restricción de la libre circulación de capitales, prohibida en principio” por el Tratado. De acuerdo con el fallo, esta restricción no está justificada porque “no existe ninguna diferencia entre la situación objetiva de un residente y la de un no residente que pueda sustentar una diferencia de trato, puesto que la legislación española los considera como sujetos pasivos a efectos de la percepción del impuesto de sucesiones y donaciones sobre los bienes inmuebles situados en España, al margen de dónde residan”.
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES GRAVES
Jueves, 4 de Agosto de 2011 por admin
Ley 39/2010, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, introdujo modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social, entre ellas incorporó la prestación económica destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que tenían que reducir su jornada laboral para cuidar a menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
En concreto el BOE de 30 de julio de 2011 publicó el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la seguridad social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
Ésta norma entró en vigor el 1 de agosto de 2011, sin embargo sus efectos nacen a partir del 1 de enero de 2011.
Con esta norma se intenta ayudar a aquellas familias, que tienen a su cargo menores afectados por enfermedades graves, como el cáncer. Procesos curativos de larga duración, que muchas veces obliga a sus progenitores a ausentarse del trabajo. Para ello se plantea la reducción de, al menos, un 50% de la jornada de trabajo que lleven a cabo los padres, adoptantes y acogedores de carácter familiar preadoptivo o permanente, cuando ambos trabajen, para el cuidado del menor a su cargo.
•	Para los menores de 21 años: No se exige período mínimo de cotización.
•	Entre 21 y 26 años: Se exigen 90 días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores o 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral.
•	Mayores de 26 años: Se exigen 180 días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores o 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral.
Se trata de un subsidio, equivalente al 100 por 100 de la base reguladora establecida para la prestación por incapacidad temporal, derivada de contingencias profesionales o, en su caso, la derivada de contingencias comunes, aplicando el porcentaje de reducción que experimente la jornada de trabajo.
a) En las situaciones de incapacidad temporal, durante los periodos de descanso por maternidad y paternidad y en los supuestos de riesgo durante el embarazo y de riesgo durante la lactancia natural.
b) En el supuesto de alternancia en el percibo del subsidio entre las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras.
a) Por la reincorporación plena al trabajo o reanudación total de la actividad laboral de la persona beneficiaria.
b) Por la mejoría del estado de salud del menor o por su alta médica por curación.
c) Por cesar una de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras del menor en su actividad laboral.
LA HIPOTECA ES UNA DEUDA DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES Y NO UNA CARGA DEL MATRIMONIO
Miércoles, 6 de Julio de 2011 por admin
El Tribunal Supremo, mediante Sentencia nº 1659/2011 de 28 de marzo de 2011, unifica la doctrina dividida entre las Audiencias Provinciales, declarando que el pago de las cuotas de la hipoteca contratada por ambos cónyuges para la adquisición de la vivienda familiar es una deuda de la sociedad de gananciales y no una carga del matrimonio por lo que corresponde a ambos cónyuges su pago por mitad y el juez no puede modificar el porcentaje de cada uno de los cónyuges para ajustarlo a las condiciones de la prestación alimentaria a los hijos en la demanda de divorcio.
La Sala considera que el pago de las cuotas hipotecarias afecta al aspecto patrimonial de las relaciones entre cónyuges, porque si el bien destinado a vivienda se ha adquirido con la sociedad de gananciales vigente, debe aplicarse lo establecido en el artículo 1347.3 del Código Civil (CC) y no constituye carga del matrimonio a los efectos de lo dispuesto en los arts. 90 y 91 CC. Por tanto, será de cargo de la sociedad, según dispone el artículo 1362.2 del CC, que regula “la adquisición, tenencia y disfrute de los bienes comunes”.
EN SEPTIEMBRE ENTRA EN VIGOR LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DE CRÉDITO AL CONSUMO
CIRCULAR Nº 2 – LA REFORMA DEL CODIGO PENAL ESPAÑOL
Jueves, 27 de Enero de 2011 por admin
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificó la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, entró en vigor el pasado día 23 de diciembre de 2010, después que transcurriesen seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado nº 152 – BOE – de 23 de junio de 2010.
Sin perjuicio de la exégesis legal y doctrinal cuyo itere abordaremos en profundidad más adelante, lo primero que cabe encomiarse del nuevo epítome legal es cómo éste se constriñe a las exigencias demandadas por la mayoría de la sociedad española, al respecto de castigar con mayor dureza delitos como los de terrorismo, pederastia y aquellos otros conexos con los cada vez más frecuentes aquelarres de corrupción; texto legal que, a su vez, amplía el sumario de tipos, pautando la intervención del orden jurisdiccional penal ante figuras delictivas de nuevo cuño como lo son la piratería, el acoso laboral e inmobiliario, el tráfico de personas y la compraventa de órganos humanos.
Tres son, a grandes rasgos, los pilares básicos articulares de la reforma de la ley penal, alterando la longevidad del código, ahora preterida…
a) Por un lado dispone a favor de los Tribunales, cuando menos a priori, los medios necesarios para acabar con la actual convergencia disociada de criterios jurisprudenciales en la interpretación de cuestiones procesales y penitenciarias tales como prescripción de los delitos o los beneficios de cómputo y abono de la prisión preventiva, en aquellos casos en los que el sujeto sometido a dicha medida cautelar, estuviese al propio tiempo cumpliendo una pena privativa de libertad, como reo.
b) Por otro, se entrega a los actuarios del derecho herramientas precisas que han de servirles para intervenir la fuerza de la ley en contra la delincuencia económica y la corrupción, bien mediante la pericia de articular instrumentos de prevención de tales conductas, bien mediante el endurecimiento de las penas en delitos como los de fraude fiscal, urbanísticos, cohecho o tráfico de influencias; extendiéndose hasta diversificar los tipos hacia nuevos causales como la corrupción entre particulares, el acoso inmobiliario, el fraude de inversores, los delitos a través de Internet y la introducción por primera vez en el sistema penal español de la responsabilidad penal de las personas jurídicas – no exenta de polémica -, con el fin de acabar con la llamada “irresponsabilidad organizada”, y poner fin a la impunidad de quienes se aprovechan del anonimato que les procuran las personas jurídicas para cometer delitos y de quienes, sabiéndolo, toleran tales conductas.
c) Finalmente, el tercer gran bloque de la reforma viene actuado por la implantación de medidas tendentes a lo que el ministro llamó la “racionalización del sistema penal español”, cuyas tasas de encarcelamiento parecen elevadas en comparación con el resto de países de la Unión Europea atendidos los parámetros de una tasa delictiva de entre las más bajas de aquélla; pretendiéndose a su tenor ofrecer una respuesta penal más individualizada, distinguiendo los supuestos más graves de los que no lo son; mantenido la severidad para las conductas más graves pero, atendida la realidad de otros tipos delictivos, reduciéndola en aquellos delitos cuya penología actuaba fuera de los límites que racionalmente delimita el principio de proporcionalidad de la misma, permitiendo por tanto a los jueces y tribunales ajustar la pena a la gravedad del caso.
…hasta modificar un total de ciento sesenta plebiscitados del articulado anterior, con incidencia directa y efectiva en las siguientes cuestiones…
a) Nueva regulación, tratamiento y reordenación a los delitos de terrorismo, decretándose su imprescriptibilidad cuando el delito hubiere provocado el fallecimiento de cualquier ser humano.
b) Endurecimiento de las penas y tratamiento penitenciario en los delitos contra la explotación sexual de menores de edad o en los supuestos de pornografía infantil, y en general en todos aquellos casos de delitos contra la libertad sexual en los que concurra la reglada protección especial a las víctimas más vulnerables y a los menores de 13 años.
c) Establecimiento de la pena privativa de la patria potestad.
d) Nuevo tratamiento del delito de hurto, de la falta y habitualidad o multirreincidencia y de los delitos contra la propiedad.
e) Nueva regulación del tráfico ilícito de órganos humanos.
f) Reforma de la regulación de los delitos contra el urbanismo, ordenación del territorio y medio ambiente.
g) Nueva regulación del tipo del acoso laboral y del tipo del acoso inmobiliario.
h) Creación de un nuevo Título VII bis en el Código Penal denominado «de la trata de seres humanos» y diferenciación del tipo penal referido a la «inmigración clandestina».
i) Nueva regulación del itere de los delitos informáticos introduciendo pautas contra «daños, ataques y fraudes contra los sistemas de información».
j) Nueva regulación del blanqueo de capitales, agravando las penas, y ampliación de los tipos objetivados a la lucha contra la corrupción en el sector privado, regulándose el tipo penal del cohecho privado.
k) Reforma de los delitos contra las administraciones públicas.
l) Mayor proporcionalidad y reajuste en las penas de los delitos de tráfico de drogas en cumplimiento de la decisión marco del Consejo
m) Nueva adecuación de los delitos contra la comunidad internacional
… de todas las cuales merecen mención especial, las siguientes:
① La reprensión accesoria de libertad vigilada para los reos por delitos de terrorismo y para los condenados por delitos sexuales – principalmente pederastas – de tal forma que se contempla la imposición de tal reprensión en sentencia junto a la de ingreso en centro penintenciario; libertad vigilada que tendrá una duración máxima – en principio y como regla general – de cinco años, susceptible de prórroga hasta los diez años en determinados supuestos.
Esta prevención vigilada podrá actuarse junto a otras penas accesorias como las de prohibición de estar/permanecer en un determinado lugar o desempeñar algunas actividades concretas.
La medida de libertad vigilada está concebida para casos de especial peligrosidad una vez agotada la pena -«peligrosidad subsistente», lo que permite su aplicación no sólo cuando el pronóstico de peligrosidad del individuo pueda ser relacionado con estados patológicos, sino también cuando la peligrosidad derive del específico pronóstico del sujeto imputable en relación con la naturaleza del hecho cometido. En estos casos, tal como resulta del nuevo artículo 106.2, la medida se impone en sentencia junto a la pena privativa de libertad para su ejecución posterior a la excarcelación, y se hará o no efectiva justamente en función de ese pronóstico de peligrosidad, formulado cuando se acerca dicho momento extintivo de la pena y reconsiderado después con cadencia como mínimo anual (artículo 98.1).
Exige destacarse, atendiendo a su aplicabilidad, que en la concreción del contenido de la libertad vigilada habrán de intervenir tanto el juez de vigilancia penitenciaria – previo informe de los servicios penitenciarios – como el tribunal sentenciador, al que corresponderá hacer ejecutar lo juzgado.
Su duración se mantiene en general en un máximo de cinco años, pero a ello se añade la posibilidad de que el propio Código Penal la extienda hasta los diez años (artículo 105.2), tal y como ya ha sido manifestado, en los casos de terrorismo y en los delitos relacionados con la libertad e indemnidad sexual.
La reforma prevé igualmente que los condenados por este tipo de delitos puedan quedar compelidos al cumplimiento de medidas de localización permanente y/o a ser pautados en el seguimiento de determinados tratamientos médicos.
En el propio marco de los delitos contra la libertad sexual, el nuevo código penal resuelve sancionar con mayor dureza los casos de “ciber acoso infantil”, elevando las penas para los delincuentes que pudieren servirse de las redes sociales e Internet como medios para beneficiarse u obtener fines sexuales de cualesquiera personas menores de edad.
Ahondando en la mayor fuerza coercitiva del nuevo texto legal, toda sentencia dictada en causa penal por delitos contra la libertad e indemnidad de personas menores de trece años, por terrorismo, o bajo concurrencia de organizaciones mafiosas y/o crimen organizado, que falle la condena de un acusado al cumplimiento de pena de cárcel superior a cinco años, deberá ser cumplida, al menos, en la mitad de la pena por la misma impuesta sin que, con anterioridad, pueda el reo acceder al tercer grado penitenciario.
② Se excluye la prescripción en los sumarios de muertes acontecidas bajo el itere de delitos relacionados con actos de terrorismo que, a partir de la entrada en vigor de la reforma, quedan equiparados a los de genocidio y, en su virtud, no prescribirán nunca, de forma que su autor/es podrá/n ser juzgado/s y sentenciados como autores de aquéllas en cualquier momento.
③ Se modifica el tipo de los delitos contra la salud pública, en el arquetipo punitivo básico de las infracciones por tráfico de drogas – hasta la fecha sentenciado con penas entre los tres y los nueve años de prisión – limitándose las penas de privación de libertad hasta un máximo de seis años; todo ello con el objetivo – así al parecer pretendido y manifestado por el legislador – de reforzar el principio de proporcionalidad de la pena.
Con idéntico fundamento, ha sido vencida legislativamente la pena que puede ser impuesta a los reos por tráfico de estupefacientes en los que mediase la concurrencia de circunstancias agravantes – antes castigados con entre nueve y trece años de cárcel – que pasan a intervenirse con penas que oscilarán entre los seis y los nueve años de privación de libertad en centros penitenciarios; liquidación de penas que, coloquialmente, podría adjetivarse como “beneficio de mulas”, toda vez su incidencia práctica atañe a los que actúan como correos de la droga, más conocidos como “mulas” o “muleros”, condenados por introducir en España narcóticos y otras sustancias estupefacientes en el interior de su cuerpo.
④ En los procesos en los que sean juzgados delincuentes habituales, a los que se les considere reincidentes en causas seguidas con objeto de pequeños robos, se prevé que el cumplimento de las condenas dictadas pueda verificarse por aquellos durante fines de semana y otros días festivos.
⑥ Se desautoriza la anterior regulación punitiva – que preveía incluso penas de privación de libertad – respecto de los reos por delitos relacionados con el “top manta a pequeña escala” que, a partir de la entrada en vigor de la reforma – y con fundamento en el principio de proporcionalidad de la pena – ya no podrán ser condenados a ingresar en un centro penitenciario; de suerte que, por tanto, las penas privativas de libertad, pasan a ser sustituidas por multas económicas o trabajos en beneficio de la comunidad.
⑦ En el marco de las competiciones deportivas profesionales, se resuelve legislar con absoluta intransigencia los sucesos de corrupción acontecidos en dicha esfera, a través de un decidido endurecimiento de las penas, castigándose con tal fin cualquier soborno, dádiva o prebenda dirigido/a a alterar el resultado de un encuentro o competición profesional, con independencia en su caso de que sujeto activo del delito quede identificado en miembros o coagentes de las entidades o clubs deportivos, sus propios deportistas, e incluso por los árbitros y jueces de la competición de que se trate.
Dentro de los delitos intervenidos por causas de corrupción, más en este caso, constriñéndonos a la esfera de los cometidos por funcionarios y responsables públicos, el nuevo texto legal elimina la alternativa optativa anteriormente existente entre la aplicación de penas privativas de libertad y penas de multa; gracia de elección que queda en perjuicio del reo pues la norma colige que, en estos casos, se apliquen penas que habrán de suponer, siempre y en todo caso, el ingreso en prisión del reo.
La Ley 5/2010, de 22 de junio, incide especialmente en la persecución de toda autoridad o funcionario público que dedujese información positiva y favorable con relación a determinado/s proyecto/s, sabiéndolo contrario a su autenticidad y/o aciago o adverso al interés general, o en su caso, se inhibiese u omitiese aquellas normas que exigen y regulan la práctica de inspecciones a los administrador por parte de cualesquiera organismos o administraciones públicas.
⑧ Se precisa una diferencia normativa entre el acoso u hostigamiento laboral en el marco de las relaciones entre trabajadores y empresarios y/o, en su caso, personal de la función pública en sus diferentes escalas de superioridad, y la figura del acoso inmobiliario, cuyo espíritu se nutre de la más que creciente necesidad – acertadamente considerada por el legislador, a nuestro entender – de proteger a cualquier persona frente a actitudes coercitivas y/o intimidatorias de terceros con la finalidad de asediarles hasta conseguir de aquellos el abandono de su viviendas.
⑨ En su novedosa proyección punitiva, el nuevo código penal extiende la suerte de imputabilidad, como sujetos activos del delito, a las personas jurídicas, predicando respecto de sociedades y empresas, por primera vez, la cualidad procesal que permite el llamamiento de aquéllas a un proceso como responsables penales.
Sin temor a equivocarnos, estamos en disposición de afirmar que la intervenida constituye, no sólo la novedad más importante, en cuanto a la radicalidad procesal que supone el nacimiento de un tipo que regulan y reconoce la habilidad para que pueda ser decretada la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino por cuanto, su vez, su aplicabilidad en la instrucción de las causas y en los propios estrados, se antoja polémica y no exenta de multiplicidad de giros doctrinales y jurisprudenciales.
En todo caso, lo primero que debe señalarse es que la responsabilidad de las personas jurídicas no debe entenderse erga omnes, sino que únicamente podrá ser declarada en aquellos supuestos en los que expresamente se prevea. Igual claridad, en su caso, debe predicarse al respecto de que la responsabilidad penal de la persona jurídica podrá declararse con independencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad penal de la persona física.
La reforma concreta un amplio catálogo de penas imponibles a las personas jurídicas, desde su disolución, suspensión de actividades, clausura de establecimientos, a multa por cuotas y proporcional, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, prohibición de contratar con las administraciones públicas y descrédito de cualesquiera beneficios e incentivos fiscales o de seguridad social; si bien en principio la multa se colige como pena común y general.
⑩ Sucesos tan nefandos y vergonzantes como los desgraciadamente vividos por los tripulantes del pesquero Alakrana – abordado en el año 2009 en las costas de Somalia – se han postulado en cuna y linaje del nuevo delito de piratería que, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, castigar a toda persona que se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque o embarcación o atente contra sus tripulantes y/o pasajeros, con penas que oscilan entre los diez y los quince años de privación de libertad.
En similar consonancia con la experiencia tristemente deducida ante la instrucción y, en su caso, desarrollo plenario de los últimos y más recientes macroprocesos penales por causas de delincuencia económica – Gescartera, Ava, Forum-Afinsa e Investahorro, entre otros muchos – se ha introducido por la reforma la figura de la llamada “estafa de inversiones”, destinada a facilitar la incriminación de los administradores de cualesquiera sociedades o compañías mercantiles que, con el fin de captar fondos reembolsables de terceros o de sus propios inversores o, bajo interés de obtención de créditos, falseasen la información de sus cuentas, activos u elementos esenciales sin cuyo maquillaje no se hubiese resuelto posible la consecución de tales fines o propósitos.
⑪ En los delitos contra la seguridad del tráfico, el nuevo código castiga con penas que oscilan entre los tres y los seis meses de cárcel, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad al que condujese por encima de 60 Km./h en vía urbana o a más de 80 Km./h en vía interurbana, o lo hiciese bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. Para la determinación de la pena que proceda imponer al reo, corresponderá al tribunal su concreción de entre las postuladas, atendidas las circunstancias del caso enjuiciado.
⑫ Se introduce por primera vez, con autonomía normativa específica, la figura delictiva del tráfico ilícito de órganos humanos o de su trasplante.
⑬ En última instancia, atendida su cada vez más creciente repercusión y alarma social, y su innegable laxitud conexa al entramado de algunos delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y miembros de corporaciones locales, no sólo se podrá perseguir a estos últimos, como se ha expuesto anteriormente sino que, a su vez, y con independencia de que se medie intervención de otros terceros implicados, podrá perseguirse a toda aquella persona que edifique o promueva obras ilegales o clandestinas de urbanización, bajo el tipo de los delitos sobre la ordenación del territorio; delitos de orden o índole urbanística que podrán sentenciar a sus autores al cumplimiento de penas de hasta cuatro años privación de libertad.
Ciertamente esta reforma del Código Penal armoniza nuestro derecho penal con el derecho penal europeo… aunque la duda reside, más allá de la polémica regulación que determinadas cuestiones acunan desde los inicios del propio proyecto de ley, en cual se su acogida en los Juzgados y Tribunales, considerando la presencia excesivamente cualificada de principios jurídicos indeterminados en su articulado.
Desde el pasado 23 de diciembre de 2010, no hay reforma sino ley…
Stadum est chartae
CIRCULAR Nº 1 – LA NUEVA LEY DE MOROSIDAD
Miércoles, 26 de Enero de 2011 por admin
∆ Artículo 2, DEFINICIONES
Definición de “Administración”: los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con art.3.3 Ley 30/2007.
Definición de “Plazo de Pago” -Nueva inclusión-: se referirá a todos los días naturales del año, y serán nulos y se tendrán por no puestos los pactos que excluyan del cómputo los_periodos_vacacionales.
∆ Artículo 3, AMBITO DE APLICACIÓN
Sustituye la referencia RD Leg 2/2000 por Ley 30/2007.
∆ Artículo 4, DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE PAGO – Grandes cambios -
El plazo de pago ahora es de 60 días (antes 30 días) después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios; plazo que no puede ser ampliado por acuerdo entre las partes.
La factura o solicitud de pago tiene que llegar antes que se cumplan los 60 días (antes 30 días) desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o prestación de los servicios.
Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o comprobación y el deudor recibe la factura antes de la aceptación, el plazo de pago se computará a partir del día de recepción y no podrá prolongarse más de 60 días (antes 30 días) desde la fecha de entrega de la mercancía.
- Emisión de las facturas antes de que se cumplan 30 días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o prestación de servicios.
- Facturas electrónicas producen efectos del cómputo siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, integridad de la factura y recepción por el interesado.
- Se podrá agrupar facturas a lo largo de un periodo no superior a 15 días, siempre que el plazo de pago no supere los 60 días, desde la fecha correspondiente a la mitad del periodote la factura resumen.
Disposición transitoria Segunda Ley 15/2010
Calendario de ajuste progresivo de los plazos del art.4.1 Ley 3/2004 para aquellas empresas que vinieran pactando plazos de pago más elevados, de acuerdo con el siguiente calendario, no siendo de aplicación para productos frescos y perecederos que mantendrán el plazo de 30 días:
Plazo de pago desde el 07-07-2010 hasta el 31-12-2011 ——— 85 días.
Plazo de pago entre el 01-01-2012 hasta el 31-12-2012 ———- 75 días.
Plazo de pago a partir del 01-01-2013 ————————— 60 días.
∆ Artículos 5, 6 y 7, DEVENGO DE INTERESES DE DEMORA
Las modificaciones legislativas no han afectado a la anterior regulación del devengo de intereses de demora, o de sus requisitos, cuyo articulado no ha experimentado modificaciones.
∆ Artículo 8. INDEMNIZACIÓN POR COSTES DE COBRO
1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste. La indemnización no podrá superar, en ningún caso, el 15 por 100 de la cuantía de la deuda, excepto en los casos en que la deuda no supere los 30.000 euros en los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de la deuda de que se trate.
2. Se suprime el apartado que no permitía conjugar la indemnización prevista por el artículo 8 cuando, en su caso, los costes de cobro pudiesen haber sido cubiertos por la condena en costas.
∆ Artículo 9. CLÁUSULAS ABUSIVAS
Incorpora la posibilidad de que las asociaciones puedan denunciar prácticas abusivas en nombre de sus asociados por incumplir las condiciones de los contratos incluidos en la Ley 7/1998 o no incluidos, por incumplimiento habitual de los períodos de pago de la Ley 3/2004.
∆ Artículo 11.TRANSPARENCIA EN LAS BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES -Artículo de nueva inclusión-
Con el fin de velar por la plena transparencia en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones, las Administraciones promoverán la elaboración de un Código de buenas prácticas comerciales, así como la adopción de sistemas de mediación y arbitraje.
∆ Artículo 200.4. PLAZO PAGO
La Administración queda sujeta a la obligación de abonar el precio – certificaciones obra – en el plazo de 30 días (antes 60). Transcurrido el plazo, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración exigiendo el cumplimiento y en su caso los intereses de demora. Si en el plazo de un mes la Administración no contesta se podrá formular recurso contencioso administrativo.
Disposición Transitoria Octava. Aplicación progresiva plazo del artículo 200.4 de la Ley
A partir del 01-01-2013 ———————————————– 30 días.
Desde 07-07-2010 hasta 31-12-2010 ——————————- 55 días.
Entre el 01-01-2011 y 31-12-2011 ———————————– 50 días.
Entre el 01-01-2012 y 31-12-2012 ———————————–	40 días.
∆ Artículo Cuarto. MOROSIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Informes trimestrales de las AAPP sobre el cumplimiento de plazos.
∆ Artículo Quinto. REGISTRO DE FACTURAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
La Entidad local dispondrá de un registro de todas las facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas.
Aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y perecederos no excederán en ningún caso de 30 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías.
Este plazo se aplicará con efectos inmediatos desde 07-07-2010.
Aplazamientos de pago de productos de alimentación que no sean frescos o perecederos no excederán en ningún caso de 60 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías.
Calendario de ajuste progresivo de la Disposición Transitoria Segunda Ley 15/2010, para aquellas empresas que vinieran pactando plazos de pago más elevados, de acuerdo con el siguiente calendario:
Plazo de pago desde el 07-07-2010 hasta el 31-12-2011 ————— 85 días.
Plazo de pago entre el 01-01-2012 hasta el 31-12-2012 —————- 75 días.
Plazo de pago a partir del 01-01-2013 ——————————- 60 días.
Las facturas deberán hacerse llegar antes de que se cumplan 30 días desde la fecha de entrega y recepción de las mercancías.
Disposición Adicional Segunda. Distribución de libros
El gobierno podrá determinar un régimen especial de pagos.
Las sociedades tendrán que informar sobre los plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales, a partir ejercicio 2010.
Nueva línea de crédito ICO-morosidad Entes Locales, para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010.
Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor (07-07-2010).
Las empresas constructoras de obra civil que mantengan vivos contratos de obra con las diferentes Administraciones Públicas, con carácter excepcional, y durante dos años a contar desde 07-07-2010, podrán acordar con sus proveedoras y/o subcontratistas los siguientes plazos máximos de pago, de conformidad con el siguiente calendario de aplicación; (imposibilidad de pactos entre las partes por encima de estos plazos):
120 días desde 07-07-2010 hasta 31-12-2011.
90 días desde 01-01-2012 hasta 31-12-2012.
60 días desde 01-01-2013 hasta 31-12-2013.
EMPRESAS	85	85	75	60
ADMINISTRACION	55	50	40	30
FRESCOS Y PERECEDEROS 30	30	30	30
CONSTRUCTORAS O.C.	120	120	90	60
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO PLAZO MÁXIMO
LEVES: Hasta 6.000 euros,
GRAVES: Desde 6.000 euros a 300.000 euros.
MUY GRAVES: Desde 300.000 a 900.000 euros.
* Aplicación por las enmiendas en el Senado, que han permitido extender a los plazos de pago el régimen de sanciones de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista.
Se reduce el límite exento de la obligación de aportar garantías para aplazar o fraccionar deudas tributarias gestionadas por las CCAA
La prescripción de las acciones personales que no tengan plazo especial reduce su plazo a 5 años
Las Entidades financieras no podrán duplicar las comisiones a los usuarios de cajeros
El Congreso aprueba la reforma del Código Penal reforzando la lucha contra la corrupción
El interés legal del dinero se fija en el 3,50% anual
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