Source: http://nlrabogadosalicante.com/noticias/2017/02/
Timestamp: 2017-09-23 23:43:20
Document Index: 270491586

Matched Legal Cases: ['artículo 172', 'artículo 172', 'artículo 172', 'artículo 556', 'artículo 695', 'artículo 379']

﻿ febrero | 2017 | Noticias | Navarro & La Rosa | ABOGADOS ALICANTE
La reforma del código penal, a través de la Ley Orgánica 1/2015, incorporó un nuevo delito denominado “stalking” o “acoso ilegítimo”, recogido en el Título VI Delitos contra la libertad, artículo 172 ter, el cual, tal y como se recoge en la Exposición de Motivos de la Ley, está destinado a ofrecer respuestas a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, terminaban sin ser calificadas como coacciones o amenazas, pero que llegan a producir una alteración de la vida normal del acosado y por ende, limitando la libertad de obrar del sujeto pasivo.
A partir de dicho precepto penal, el cual tiene como fin proteger la libertad de obrar, se pretende castigar aquellas conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, sometiendo a la víctima a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas, u otros actos continuos de hostigamiento. No obstante, aunque el bien jurídico protegido sea la libertad de obrar, pueden verse afectados otros bienes jurídicos como el honor, la integridad moral o la intimidad, en función de los actos en que se concrete el acoso.
Según el artículo 172 ter “será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:
La vigile, la persiga o busque su cercanía física. (incluyendo conductas tanto de proximidad física como de observación a distancia y a través de dispositivos electrónicos y cámaras de vigilancia).
Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas. (Incluyendo tanto la tentativa de contacto como el propio contacto).
Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. (Por ejemplo un supuesto recogido en este apartado sería en supuestos casos en que el sujeto activo publica un anuncio en internet ofreciendo algún servicio que provoca que la víctima reciba múltiple llamadas).
Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.” (No se llega a especificar qué clase de atentado contra la libertad o patrimonio. En este aspecto, alguna parte de la doctrina defiende la inclusión de la amenaza de atentado a la libertad, y de la amenaza y atentado contra la vida y la integridad física).
A partir de su redacción podemos establecer que para que la conducta delictiva de stalking pueda ser encuadrada en dicho precepto legal deben tenerse en consideración que:
El precepto se refiere a este tipo de acoso al llevado a cabo de forma insistente y reiterada, exigiendo por tanto, un patrón de conducta, por lo que los actos aislados no podrán ser considerados como un delito de stalking.
No es suficiente con que la conducta sea insistente y reiterada sino que se debe existir una estrategia sistemática de persecución. Tal y como señala D. Oscar Ortega Sebastián, Magistrado del Juzgado nº3 de Tudela, “Lo esencial en el stalking sería para la autora la estrategia sistemática de persecución, no las características de las acciones en que ésta se concreta”.
Que la realización de la conducta típica altere gravemente el desarrollo de la vida cotidiana del sujeto pasivo.
Un ejemplo de la aplicación del artículo 172 ter del Código Penal lo encontramos en la Sentencia del juzgado de instrucción nº3 de Tudela, en la cual se considera al denunciado como autor de un delito de stalking, el cual, a raíz de conocer a la denunciante por la pérdida y recuperación de un perro de su propiedad, comienza a hacer llamadas al teléfono de la misma, enviando mensajes de whatsapp y remitiendo fotografías y mensajes de contenido sexual, alterando la normal vida de la denunciante. El denunciado fue condenado a una multa de cuatro meses con una cuota diaria de cuatro euros y la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia no inferior a cincuenta metros, así como comunicarse con ella de cualquier forma o manera.
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Sin duda, una de las situaciones más complicadas a las que se tiene que afrontar el deudor hipotecario comienza con la interposición por la entidad financiera de una demanda ejecutiva reclamándole no solamente la cuotas impagadas, sino además, la totalidad del préstamo hipotecario, intereses de demora y costas procesales. En este momento y debido al escaso margen de actuación que establece el artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciendo un plazo de diez días para formular oposición, recordamos la importancia de ser asesorados por abogados especialistas en aras de evitar esa falta de oposición que conllevaría a perjuicios más graves para el deudor, al poder encontrarse en un momento posterior en una subasta judicial y la consecuente adjudicación, por la entidad financiera, de la vivienda por el 50% del valor con el que hubiera salido en subasta, si no concurriera ningún postor a la subasta (70% en el caso de que fuera vivienda habitual). Por ello, desde el Despacho Navarro & La Rosa, abogados especialistas en materia hipotecaria, analizamos cuales son las causas de oposiciones que determina la ley de enjuiciamiento civil.
Tal y como recoge el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece una serie de causas tasadas las cuales podremos alegar como causa de oposición a la ejecución hipotecaria. Estos motivos son:
A) Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, siempre que se presente certificación del Registros expresiva de la cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la prensa sin desplazamiento, o escritura pública de carta de pago o de cancelación de la garantía.
B) Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá acompañar su ejemplar de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta y sólo se admitirá la oposición cuando el saldo que arroje dicha libreta sea distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante.
C) En caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que se haya constituido prenda sin desplazamiento, la sujeción de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento, lo que habrá de acreditarse mediante la correspondiente certificación registral.
D) El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.
El auto que estime la oposición basada en las causas A) y B) producirá el sobreseimiento del proceso de ejecución. En cambio, no ocurrirá lo mismo cuando la causa de oposición se funde en un error en la determinación de la cantidad exigible, motivo D), cuyo auto de estimación fijará la cantidad por la que haya de seguirse la ejecución.
El motivo más relevante y sobre el cual queremos incidir, por ser una de las causas que mayor protección otorga al deudor hipotecario, es el motivo de oposición a la ejecución por la existencia de cláusulas abusivas en el préstamo hipotecario, como puede ser la cláusula de vencimiento anticipado o la cláusula de limitación a la baja de la variación del tipo de interés, cuando refleje falta de información o transparencia. No obstante, no todas las cláusulas abusivas son susceptibles de suspender la ejecución sino sólo aquellas que sean fundamento esencial de la ejecución hipotecaria, siendo las demás tenidas por no puestas, por lo que continuará la ejecución sin aplicar dicha cláusula.
Navarro & La Rosa Abogados Alicante queda a vuestra disposición para atender cualquier cuestión acerca de este procedimiento pudiendo contactar con nosotros en los teléfonos 966.08.46.29 y 628.924.698 o a través del email info@NLRabogadosalicante.com
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Uno de los accidentes de tráficos más habituales son aquellos ocasionados por peatones que no utilizan el paso de cebra y deciden cruzar por otro punto de la vía poniendo en riesgo su integridad física. Si bien es sabido por todos los conductores que los peatones que atraviesen una vía por un paso de cebra tienen preferencia sobre los turismos,¿qué pasa en cuando se produce un siniestro vehículo-peatón por haber cruzado este último por un lugar no habilitado al efecto? ¿De quién es la responsabilidad?
Los conductores suelen argumentar que la responsabilidad del accidente es siempre del peatón (pese a superar el límite del velocidad de la vía), por ello, desde el Despacho Navarro & La Rosa queremos resolver esta cuestión la cual esperemos sirva para concienciar a todos los conductores.
¿Responsabilidad exclusiva del peatón, del conductor o concurrencia de culpa?
Basándonos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se puede hacer recaer toda la responsabilidad del accidente al peatón por el mero hecho de no haber utilizado el paso de cebra ya que se tendrá que valorar la forma en la cual el peatón atraviesa la vía y si el conductor tuvo tiempo material para evitar el siniestro. En aquellos casos en los que, por ejemplo, el peatón estuviera atravesando la vía y fuera atropellado cuando hubiera realizado casi la totalidad del recorrido no existirá concurrencia de culpa de ambos sino una imprudencia del conductor ya que como argumenta D. Vicente Magro Servet, exPresidente de la Audiencia Provincial de Alicante “El conductor ha tenido tiempo material de sobra para poder cerciorarse de la existencia del peatón, y si al final lo atropella es que no se ha adoptado las medidas de diligencia exigibles en la conducción”.
Por ello, no podemos considerar que la infracción del peatón da lugar siempre a una responsabilidad exclusiva del peatón, eximiendo de culpa al conductor, sino que habrá que determinar si, pese a esa infracción del peatón, el conductor hubiera sido capaz de evitar, en circunstancias normales de conducción, el atropello.
No obstante,el tribunal podrátambién considerar que la responsabilidad es compartida, apreciando concurrencia de culpa de conductor y peatón, si considera que el siniestro es el resultado de la contribución de ambos en la causación del siniestro. Esto conllevará a una rebaja en la indemnización que tenga derecho a recibir el peatón en base a esa contribución en la causación del siniestro.
Entonces ¿Cuándo existirá responsabilidad exclusiva del peatón? Según el art.1 del Texto refundido sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, se establece que elconductor quedará exonerado de dicha responsabilidad cuando pruebe que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva el perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción del vehículo. Por tanto, se deberá demostrar, no solo que actuó con la debida diligencia sino que la negligencia del peatón fue la causa única y determinante de la producción del accidente.
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Uno de los problemas que suelen aparecer en las reclamaciones que el asegurado realiza contra la aseguradora en accidentes causados en situación de embriaguez, surgen a partir de las argumentaciones que realizan las aseguradoras al considerar que existe dolo o intencionalidad al conducir bajo los efectos del alcohol y por tanto, no están en la obligación de ofrecer una cobertura al asegurado amparándose en los arts. 19,100 y 102 de la Ley de Contrato de Seguros.
Las aseguradoras suelen ampararse en el art.19 Ley de Contrato de Seguros en el que se establece que “El asegurador estará obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del acusado”. En virtud de dicho artículo las aseguradoras suelen alrgumentar que el hecho se cometió con dolo o intencionalidad, ya que consideran que es un delito doloso regulado en el art. 379 del Código Penal y por tanto, existe un riesgo provocado por el asegurado. Las aseguradoras suelen invocar además que el art. 100 de la Ley de Contrato de Seguros establece que “Sin perjuicio de la limitación del riesgo que las partes efectúen en el contrato, se entiende por accidente la lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte”. En virtud de dicho precepto, las aseguradoras alegan que al conducir bajo los efectos del alcohol o drogas existe intencionalidad y por tanto se trata de un supuesto excluido del concepto de accidente y por ende, no susceptible de aseguramiento conforme al art.19 de la Ley de Contrato de Seguros al haber sido originado el siniestro por una causa no ajena a la intencionalidad del asegurado. Además, el art.102 de la Ley de Contrato de Seguro establece que “Si el asegurado provoca intencionalmente el accidente, el asegurador se libera del cumplimiento de su obligación”.
El Tribunal Supremo ha venido estableciendo que sólo son susceptibles de ser consideradas como intencionales las situaciones en las que el asegurado provoca consciente y voluntariamente el siniestro o se lo representa como altamente probable y lo acepta para el caso de que se produzca, cuya carga de la prueba recae sobre la aseguradora, no considerando como tales las conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Ejemplo de ello lo encontramos en la sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de julio de 2006,en la que la aseguradora se negaba a satisfacer la póliza a los familiares del asegurado, el cual había fallecido en el accidente y cuya tasa de alcoholemia era de 2,7g de alcohol por litro de sangre, alegando además que la póliza incluía una cláusula en la que se excluía los accidentes sufridos por el asegurado en situación de embriaguez. En dicha sentencia, el alto tribunal no asimila que la ingesta de alcohol hubiera sido intencional para luego tener un accidente o haber buscado de forma dolosa e intencional el mismo. Además se establece que dicha cláusula se trata de una cláusula limitativa la cuales, según como establece el art.3 de la Ley de Contrato de Seguros, la misma debe constar aceptada de manera expresa en el contrato y firmada por el asegurado aceptando claramente que conducir bajo los efectos del alcohol o drogas no asumirá la aseguradora responsabilidad alguna, por lo que no se puede considerar excluida la cobertura del seguro.
Sin perjuicio de lo anterior, debemos señalar dos cuestiones: en primer lugar, existe la posibilidad de la aseguradora decida intentar repetir (reclamar) los gastos y desembolsos contra el conductor ebrio pero eso es una cuestión distinta; en segundo lugar, no debemos olvidar mencionar que la conducción bajo la influencia de “drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas” es un delito penado en el artículo 379 del Código Penal, responsabilidad a la que tendrá que hacer frente el autor. Por tanto, recuerda… “Si bebes, no conduzcas.” Buen fin de semana.
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La reforma del Código Penal, a través de la LO 1/2015 de 30 de marzo, ha facilitado el procedimiento de cancelación de antecedentes penales al suprimir la exigencia del informe del juez o tribunal sentenciador así como el requisito de la constancia del pago de la responsabilidad civil o la insolvencia del penado. No obstante, se produce también una revisión de los plazos previstos para su cancelación lo cual provoca un aumento de los plazos de cancelación para delitos graves.
La nueva redacción del Art.33 del Código Penal clasifica las penas dependiendo de su naturaleza y duración en tres bloques, Graves, Menos Graves y Leves.
Graves Menos Graves Leves
Prisión permanente revisable. Prisión de 3 meses hasta 5 años Privación derecho a conducir de 3 meses a 1 año
Prisión superior a 5 años. Inhabilitación Especial hasta 5 años. Privación tenencia de armas de 3 meses a 1 año.
Inhabilitación Absoluta. Suspensión de empleo o cargo público hasta 5 años. Inhabilitación Especial para tenencia de animales de 3 meses a 1 año.
Inhabilitación Especial por tiempo superior a 5 años. Privación derecho a conducir de 1 año y un día a 8 años. Privación residir en determinados lugar por tiempo inferior a 6 meses.
Suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a 5 años. Privación tenencia de armas de 1 año y un día a 8 años. Prohibición aproximarse a la víctima o familiares por tiempo de 1 meses a menos de 6 meses.
Privación derecho conducir por tiempo superior a 8 años. Inhabilitación Especial para tenencia de animales de 1 año y un día a 5 años. Prohibición de comunicación con la víctima o familiares por tiempo de 1 mes a menos de 6 meses
Privación tenencia de armas por tiempo superior a 8 años. Privación residir en determinados lugares, por tiempo de 6 meses a 5 años. Pena Multa de hasta 3 meses.
Privación residir en determinados lugares por tiempo superior a 5 años. Prohibición aproximarse a la víctima o familiares por tiempo de 6 meses a 5 años. Localización permanente de 1 día a 3 meses.
Prohibición aproximarse a la víctima o familiares por tiempo superior a 5 años. Pena Multa de más de 3 meses. Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 días a 1 año.
Prohibición comunicación con la víctima o familiares por tiempo superior a 5 años. Multa proporcional, cualquiera que fuera su cuantía.
Privación de la Patria potestad. Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 días a 1 año.
Dependiendo del tipo de consideración de la pena impuesta, el art. 136 del Código Penal establece un plazo en el cual el penado no deberá volver a delinquir si quiere ver cancelados sus
antecedentes penales. Dicho plazo será el siguiente:
1) Seis meses para las penas leves.
2) Dos años para las penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes.
3) Tres años para las penas menos graves castigadas con penas inferiores a 3 años.
4) Cinco años para las penas menos graves castigadas con penas iguales o superiores a 3 años.
5) Diez años para las penas graves.
Una vez cumplidos los plazos, los solicitantes deberán rellenar una solicitud en la que deberán de incluir los siguientes datos:
La solicitud podrá ser presentada mediante representación acreditada, personándose en el Registro General del Ministerio de Justicia o en cualquier Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, así como solicitarlo por Internet desde Aquí. Para el caso de ciudadanos españoles que residen en el extranjero, pueden instar la cancelación a través de las oficinas diplomáticas y consulares de España, previa presentación del titular en las mismas, quien solicita y autoriza la gestión en la forma convenida entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y el Ministerio de Justicia.
El plazo de tramitación es de unos tres meses. Una vez transcurrido dicho plazo, se podrá entender estimada la cancelación cuando no haya resolución expresa. No obstante, el plazo se resolución se suspenderá cuando sea necesario recabar por el órgano judicial la fecha de extinción de la responsabilidad penal, necesaria para el inicio del cómputo de los plazos de cancelación. Una vez recaída la resolución, si la identificación del solicitante se ha llevado a cabo correctamente, le será notificada por correo a la dirección designada en la solicitud.
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