Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-00921-de-marzo-3-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f63bce63349e0200e0430a0101510200&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-21 19:46:14
Document Index: 405206239

Matched Legal Cases: ['artículo 1500', 'artículo 39', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 49', 'artículo 71', 'artículo 1625', 'artículo 1757', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 39', 'Artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 1625', 'Artículo 1626', 'Artículo 1627']

﻿ Sentencia 1999-00921 de marzo 3 de 2014
SENTENCIA 1999-00921 DE 03 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. CUANDO SE PRETENDA QUE SE DECLARE QUE UN CONTRATO SE HA INCUMPLIDO O EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DE ÉL, O LO UNO Y LO OTRO, LA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES SUPONE, ENTRE OTRAS DEMOSTRACIONES, QUE SE ACREDITE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO CON EL DOCUMENTO QUE SE PIDE COMO SOLEMNIDAD CONSTITUTIVA PUES ACREDITANDO SU EXISTENCIA SE PODRÁN DETERMINAR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A FAVOR Y A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES PARA LUEGO PROCEDER, VERIFICANDO SI HUBO INCUMPLIMIENTO. YA QUE, EL CONTRATO ESTATAL ES UN NEGOCIO JURÍDICO SOLEMNE QUE DEBE CELEBRARSE POR ESCRITO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, VALIDEZ DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Sentencia 1999-00921 de marzo 3 de 2014
Radicación: 52001-23-31-000-1999-00921-01 (26.270)
Actor: Maribel Bernal Rendón
Demandado: Municipio de Puerto Asís
1. De conformidad con lo señalado por el artículo 1500 del Código Civil, los contratos pueden ser solemnes, consensuales o reales, siendo los primeros aquellos en los que para su perfeccionamiento es necesaria una solemnidad que expresamente se pide.
Con otras palabras, en este caso el documento cumple no sólo una función constitutiva sino además una función probatoria y este será el único medio probatorio pertinente para ello.
En consecuencia, cuando se pretenda que se declare que un contrato se ha incumplido o el cumplimiento de las obligaciones surgidas de él, o lo uno y lo otro, la prosperidad de semejantes pretensiones supone, entre otras demostraciones, que se acredite la celebración del contrato con el documento que se pide como solemnidad constitutiva pues acreditando su existencia se podrán determinar los derechos y obligaciones a favor y a cargo de cada una de las partes para luego proceder, ahí sí, a verificar si hubo tal incumplimiento.
El contrato estatal es un negocio jurídico solemne porque la ley dispone que debe celebrarse por escrito(2) y que se entiende perfeccionado “cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito”(3).
Sobre este aspecto esta Subsección ha expresado:
“En efecto, siendo el contrato estatal un negocio jurídico solemne porque debe constar por escrito(4), salvo algunos casos de urgencia manifiesta(5), la única prueba de su existencia es el documento que la ley pide como solemnidad constitutiva, tal como se desprende de los artículos 1760 del Código Civil(6) y 232 del Código de Procedimiento Civil(7).
Luego, el no demostrar este aspecto que se erige en la puerta de entrada para la exigencia de tales obligaciones y para reclamar la indemnización de perjuicios causados con el incumplimiento del vínculo contractual, implica, como es obvio, que toda pretensión que se enderece para recabar sumas por estos conceptos esté condenada al fracaso”(8).
2. El registro presupuestal no es un requisito para la existencia de los contratos estatales porque la ley no lo exige para el perfeccionamiento de esos negocios jurídicos, tal como se comprueba al darle lectura al artículo 39 y al inciso primero del artículo 41, ambos de la Ley 80 de 1993, y si el inciso segundo del citado artículo 41, en la redacción que tenía por la época de los hechos aquí debatidos, mencionaba que se requería de “las disponibilidades presupuestales,” lo hacía como requisito de ejecución más no de perfeccionamiento.
Sobre este tópico la Sección Tercera ha venido reiterando que el registro presupuestal no es un requisito de perfeccionamiento sino de ejecución del contrato, tal como se ve en la sentencia del 30 de julio de 2008(9) en la que señaló:
“El Consejo de Estado en varias providencias(10) al evaluar los cambios introducidos por la Ley 80 de 1993 respecto de la existencia y ejecución del contrato estatal, afirmó que este nace a la vida jurídica cuando se cumplen las condiciones previstas en el primer inciso del artículo 41, a pesar de que no se hayan cumplido los requisitos necesarios para su ejecución, tales como el relativo al registro presupuestal.
Sin embargo, la anterior posición fue modificada por la Sala en providencias proferidas a partir del auto del 27 de enero de 2000(11), en el que se afirmó que el registro presupuestal era un requisito de “perfeccionamiento” del contrato estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 179 de 1994, compilado en el artículo 71 del estatuto orgánico de presupuesto, Decreto-Ley 111 de 1996.
En sentencia proferida el 28 de septiembre de 2006, expediente 15.307, la Sala retomó la posición asumida antes del precitado auto de 2000 y advirtió que la condición relativa al registro presupuestal, no es una condición de existencia del contrato estatal o de su “perfeccionamiento”, porque es un requisito necesario para su ejecución”.
3. Según se desprende de lo preceptuado por el artículo 1625 del Código Civil las obligaciones se extinguen por el pago(12) y este consiste en “la prestación de lo que se debe”(13) y a hacerse “bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación”(14).
Por su parte el artículo 1757 de esa misma codificación prevé que “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta” y por consiguiente quien aduce que se ha incumplido una obligación que hay a su favor, tiene la carga de demostrar la existencia de esta, y, en demostrando esto, será entonces del resorte del deudor acreditar la extinción del vínculo obligacional, si quiere enervar la pretensión del acreedor.
Con otras palabras, quien demuestra que se le debe, deja inmediatamente en manos del deudor la demostración de que la obligación se extinguió y mientras esto no pruebe, el obligado será sujeto pasible de la victoria de las pretensiones del acreedor.
4. En el asunto que aquí se revisa por la vía de la apelación la demandante alega que el demandado le ha incumplido el contrato que tenían celebrado puesto que no le ha cancelado la suma de $ 15.115.793.25 correspondiente al saldo de la contraprestación pactada en aquel negocio jurídico.
Por lo tanto pide la declaratoria de incumplimiento del contrato, la consecuencial condena al pago de la suma adeudada, junto con sus intereses, y la condena a la indemnización de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.
Como la sentencia de primera instancia le fue desfavorable a la demandante y al sustentar su recurso de apelación recaba sobre las anteriores pretensiones sin cuestionar la decisión que el a quo tomó en relación con Findeter pues encontró que este demandado no estaba legitimado en la causa, se sigue que este último punto no es materia de revisión en esta alzada
4.1. La existencia de ese contrato, así como de la obligación que de él surgió en favor de la demandante, se encuentra plenamente demostrada con la copia del documento que lo contiene y que obra en el expediente(15), sin que para este efecto sea pertinente cualquier discusión sobre el registro presupuestal, y como quiera que está probado que el demandado se encuentra obligado a cancelarle a la actora la suma de $ 15.115.793.25 que ésta alega que se le debe y que el municipio de Puerto Asís no ha demostrado la extinción de la obligación mediante el pago, resulta que han debido prosperar las pretensiones que demandan la declaratoria de incumplimiento del contrato y la consiguiente condena al pago de la suma adeudada.
Este convencimiento se torna irrefutable si además se tiene en cuenta que el 29 de diciembre de 1997 el jefe de presupuesto de la secretaría de hacienda del municipio de Puerto Asís certifica que a Maribel Bernal Rendón se le canceló, a título de anticipo, el 50% del valor del contrato y que la cuenta por la suma de $ 15.115.793 no “no fue posible agilizarla en razón de insuficiencia presupuestal, ya que los recursos de Findeter no llegaron al municipio”(16).
Ahora, en lo que atañe a la indemnización de perjuicios que se pide en razón de daño emergente y de lucro cesante, esta pretensión no estaba llamada a prosperar porque no se arrimó prueba alguna que demostrara el daño causado y la cuantía del perjuicio.
Luego, la sentencia del tribunal ha debido declarar el incumplimiento del contrato, condenar al pago de la suma adeudada con los intereses moratorios y negar la indemnización de perjuicios.
Como quiera que de estas tres cosas el tribunal sólo atinó en la última, la sentencia apelada será reformada para revocar la decisión de no declarar el incumplimiento y la de negar la condena al pago de la suma adeudada junto con sus intereses y mantenerla en lo demás.
Sobre la suma que adeudaba el demandado se deben reconocer intereses moratorios a partir del 16 de agosto de 1997, en los términos y de acuerdo con lo previsto en el inciso final del numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993.
Para actualizar la suma de dinero que aquí se ordenará pagar se aplicará la consabida fórmula
Se toma como índice inicial 43.12 que corresponde a agosto de 1997.
Como índice final se toma 114.54 que corresponde a enero de 2014 y que es el último que se conoce.
PRIMERO. REFORMAR la sentencia apelada para revocar el numeral segundo de la parte resolutiva, quedando por consiguiente así la decisión:
1. DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa de la sociedad Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter.
2. DECLARAR que el municipio de Puerto Asís incumplió el contrato 032 del 23 de abril de 1997.
3. CONDENAR al municipio de Puerto Asís a pagarle a la demandante Maribel Bernal Rendón la suma de quince millones ciento quince mil setecientos noventa y tres pesos con veinticinco centavos ($ 15.115.793.25), suma esta que ya actualizada asciende hoy a cuarenta millones ciento cincuenta y dos mil doscientos dos pesos con diecinueve centavos ($ 40.152.202.19).
4. Sobre la suma que adeudaba el demandado SE RECONOCEN intereses moratorios a partir del 16 de agosto de 1997, en los términos y de acuerdo con lo previsto en el inciso final del numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993, los cuales ascienden al día de hoy a setenta y nueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil novecientos ocho pesos con veintiocho centavos ($ 79.645.908.28).
5. SE NIEGAN las restantes pretensiones de la demanda.
(2) Artículo 39 de la Ley 80 de 1993.
(3) Artículo 41 ibídem.
(4) Artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993.
(5) Inciso 3º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
(6) “La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere de esa solemnidad; y se mirarán como no ejecutados o celebrados…”.
(7) “La prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato…”.
(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de mayo de 2011, expediente 17864.
(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 15.079.
(10) Al efecto puede consultarse lo manifestado en sentencias proferidas el 6 de abril de 2000, expediente 12775 y en sentencia proferida el 3 de febrero de 2000 expediente 10399.
(11) Expediente 14935.
(12) Numeral 1º del artículo 1625 del Código Civil.
(13) Artículo 1626 ibídem.
(14) Artículo 1627 ibídem.
(15) Folios 10 a 11 y 140 a 141, cuaderno 1.
(16) Folio 12, cuaderno 1.