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Timestamp: 2020-08-05 10:32:06
Document Index: 286558927

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 36', 'artículo 298', 'artículo 298', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 6', 'Artículo 298', 'Artículo 4']

﻿ Sentencia T-306 de mayo 22 de 2015
SENTENCIA T-306 DE 22 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA, CUANDO LA FALTA DE LA OBRA AMENAZA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL DE UNA COMUNIDAD. ES PROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA SOLICITAR A LAS ENTIDADES TERRITORIALES LA CONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO DE OBRAS PÚBLICAS EN LOS CASOS EN LOS CUALES SE AMENAZAN LOS DERECHOS A LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, POR PARTE DE UNA ENTIDAD TERRITORIAL AL NO REALIZAR LAS OBRAS PERTINENTES PARA ASEGURAR EL TRANSITO SEGURO DE SUS HABITANTES, Y EN ESPECIAL DE LOS NIÑOS COMO EN EL CASO DE ESTUDIO, POR LOS CUERPOS DE AGUA QUE RODEAN EL TERRITORIO RÍOS O AFLUENTES CAUDALOSOS POR LOS CUALES TIENEN QUE TRANSITAR TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, MÁS CUANDO DICHO TRAYECTO ES NECESARIO PARA DESARROLLAN ACTIVIDADES COTIDIANAS, QUE ADEMÁS CONLLEVAN LA PROTECCIÓN DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES, COMO EL DE LA EDUCACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, CONSTRUCCIÓN, CLASES DE CONSTRUCCIÓN, DERECHO A LA VIDA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, AMPARO POR VÍA DE ACCIÓN DE TUTELA, PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA, REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, ADMISIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, ACCIÓN DE TUTELA POR VÍA DE HECHO, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PUBLICA, CLASES DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, DERECHO A LA VIDA DIGNA
Sentencia T-306 de mayo 22 de 2015
Ref.: Expediente T-4.683.950.
1.2.1. El accionante es el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Bocanas de las Verdes, ubicada en el sector norte del municipio de Belén de los Andaquíes - Caquetá. La vereda se encuentra rodeada por el río Pescado y la quebrada Las Verdes.
1.2.2. Actualmente, Bocanas de las Verdes no cuenta con un puente que permita a sus habitantes cruzar estos ríos. Existen algunas estructuras artesanales que son utilizadas por todos los habitantes, incluyendo a los niños que necesariamente deben atravesarlas para asistir a la institución educativa rural Pueblo Nuevo, sede Bocana de las Verdes. Para evidenciar esta circunstancia, el accionante adjuntó material fotográfico de ambas estructuras, las cuales se componen de tablas y cuerdas atadas de forma artesanal(2).
2.1. Respuesta de la alcaldía del municipio Belén de los Andaquíes(3). Considera el alcalde que la acción de tutela es improcedente, toda vez que de la narración de los hechos, se desprende que la conducta endilgada a la alcaldía, se fundamenta en una posible vulneración a derechos de naturaleza colectiva y no a derechos fundamentales. En consecuencia, considera que el actor debió acudir a una acción popular y no a la acción de tutela.
Finalmente aduce que el municipio no puede acceder a la pretensión del actor, toda vez que la construcción de un puente en concreto sobre uno de los afluentes que surca la vereda, podría tener un costo superior a los $ 2.000 millones de pesos; dinero con el que no cuenta la entidad territorial.
2.2. Secretario de educación de la gobernación de Caquetá(4). Manifiesta el funcionario que la secretaría de educación departamental se limita a prestar el servicio educativo y que no tiene relación alguna con el funcionamiento de las vías y puentes inter veredales pertenecientes al municipio de Belén de los Andaquíes. En consecuencia, considera que la entidad no debe pronunciarse respecto a los hechos, por existir falta de legitimación en la causa por pasiva.
3.1. Única instancia: Sentencia del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Belén de los Andaquíes, del 18 de septiembre de 2014(5).
El treinta (30) de abril de 2015 la secretaría de esta corporación recibió comunicación de la entidad en la que manifestaba que “El departamento del Caquetá no tiene a su cargo las vías terciarias o rurales, las cuales les corresponde su mantenimiento y cuidado al municipio de Belén de los Andaquíes, es así que la adecuación de la infraestructura de dicha vereda se encuentra a cargo del municipio(6)”.
(iii) A la secretaría de educación departamental del Caquetá que presentará un informe sobre la cantidad de estudiantes matriculados en la institución educativa Pueblo Nuevo, sede Bocana de las Verdes, en el que además se relaciones la edad y el grado de escolaridad de los niños”.
El seis (6) de mayo de dos mil quince (2015), esta corporación recibió(7) la respuesta de la alcaldía de Belén de los Andaquíes, señalando que el once (11) de marzo de 2015 fue suscrito un convenio con la junta de acción comunal de la vereda Bocana Las Verdes por el valor de diecisiete millones ochocientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos ($ 17.867.545), para la construcción de un puente de herradura sobre la quebrada Las Verdes.
“(...) no suministramos información referente a la construcción del puente sobre el río Pescado debido a que hasta el momento no se han iniciado las actividades tendientes a realizar la construcción del mismo teniendo en cuenta que no se cuenta con la disponibilidad presupuestal necesaria para adelantar esta obra y que optamos en razón a la urgencia para los niños de la comunidad en la construcción del puente sobre la quebrada de la Bocana las Verdes ya mencionado.
Respecto del puente que cruza el río Pescado existe otro paso que está ubicado aproximadamente 300 metros río abajo por lo que los niños de la vereda la Quisayá que está al otro lado del río Pescado teniendo en cuenta la ubicación de la escuela de la vereda Bocana las Verdes tienen que realizar un recorrido más largo para poder acceder a la institución educativa.
Es menester para la alcaldía municipal de Belén de los Andaquíes informarles que la construcción del puente sobre el río Pescado del sector referido a pesar de estar proyectado para este año debió ser aplazado debido al recorte realizado por el Gobierno Nacional a los recursos del sistema general de participaciones y por lo tanto su ejecución se realizará a la mayor brevedad posible”(8).
Finalmente, el siete (7) de mayo de dos mil quince (2015), fue recibida una última comunicación por parte de la alcaldía, en la que, luego de una inspección ocular al puente que cruza el río Pescado, se manifestó lo siguiente:
Cuarto. La alcaldía municipal de Belén de los Andaquíes no ha tomado hasta el momento ningún tipo de acción pertinente a proteger la vida e integridad de los niños que cotidianamente cruzan este tramo del río para llegar hasta la escuela de la Bocana las Verdes”(9).
La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la Constitución Política —artículos 86 y 241, numeral 9º— y las disposiciones del Decreto 2591 de 1991 -artículos 31 a 36(10).
2.1. Alegación de afectación de un derecho fundamental. Se alega la amenaza a los derechos fundamentales a la vida y a la educación (C.P., arts. 11, 44 y 67).
(...)” (negrillas fuera del texto original).
Sobre el particular es pertinente recordar que de acuerdo a la jurisprudencia de esta corporación, cualquier persona está legitimada para presentar una acción de tutela que pretenda garantizar los derechos de los niños(11).En consecuencia, el señor Víctor Hugo Perilla Ríos está legitimado para actuar como accionante y agente oficioso en el presente caso.
2.3. Legitimación pasiva. El artículo 5º del Decreto 2591 de 1991(12) establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que vulnere o amenace los derechos fundamentales. Teniendo en cuenta que la acción de tutela que nos ocupa está dirigida contra la presunta omisión de la alcaldía municipal de Belén, Caquetá, la secretaría de educación departamental de Caquetá y la dirección de tránsito y transporte de la gobernación del Caquetá, se entiende que supera este requisito.
Respecto de la gobernación del Caquetá, si bien es cierto que las obras están a cargo del municipio, acorde con los principios de subsidiariedad(13) y concurrencia(14), es su deber brindar apoyo a la alcaldía municipal para cuando esta se muestre incapaz o sea ineficiente para llevar a cabo sus responsabilidades.
Al respecto, el accionante refiere que el municipio está desconociendo el deber que le asiste de solucionar las necesidades básicas insatisfechas de seguridad y educación(15) y reitera en el peligro al que se están viendo enfrentados los menores que se ven obligados a atravesar las estructuras, improvisadas por los habitantes, para asistir a sus clases.
Sin embargo, es posible que la afectación de un interés colectivo implique la vulneración, o amenaza de un derecho fundamental; caso en el cual la acción de tutela podrá ser admitida solo si se comprueba que la acción popular no resulta adecuada para amparar el derecho fundamental o cuando, siendo idónea la acción popular, el actor acuda a la acción de tutela como mecanismo de protección transitorio. De lo contrario, la acción de amparo pierde toda legitimidad y es necesario iniciar el trámite establecido en la Ley 472 de 1998(16).
“Corresponde sí al Estado procurar el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de vida de la población, pero con sujeción a ciertos parámetros y prioridades, y supeditado por las posibilidades presupuestales y de cobertura, disponibles (...)”
De esta forma, si bien en principio la acción de tutela no es procedente para inmiscuirse en funciones propias del ejecutivo, especialmente cuando estas implican ejecución de recursos y construcción de obras públicas, es claro que el juez de tutela no puede ignorar aquellos casos en los que la inacción del Estado derive en la afectación o puesta en peligro de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Esta postura ha sido desarrollada en jurisprudencia, posteriores, como las sentencias SU-1116 de 2001, T-219 de 2004 y la Sentencia T-081 de 2013 en la que la Corte concluyó lo siguiente,
“(...) la regla general de procedencia de la acción de tutela, incluso en los casos de la necesidad de la construcción de una obra pública, debe partir de la comprobación efectiva de la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes. Tal situación implica que los medios ordinarios y convencionales de defensa, a la luz de la situación del caso concreto, sean medios ineficaces e inidóneos para salvaguardar de manera efectiva los derechos amenazados, y por otra parte, que se acredite la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la interposición de la acción de tutela como un mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales. Tal perjuicio irremediable debe ser inminente, grave y que por tanto requiera medidas urgentes e impostergables para su solución”.
Ahora bien, la Corte ha desarrollado ampliamente los parámetros que el juez constitucional debe seguir para emitir las órdenes a las que haya lugar cuando la pretensión versa sobre la construcción de obras públicas. Al respecto ha referido que existen dos tipos de órdenes que pueden ser emitidas por el juez de tutela: las órdenes simples, entendiendo por estas, aquellas órdenes que implican una decisión de hacer o de abstenerse de hacer algo e cabeza exclusiva de la persona, autoridad o entidad accionada en la tutela; y las órdenes complejas las cuales, “conllevan un conjunto de acciones u omisiones que sobrepasan la órbita de control exclusivo de la persona destinataria de la orden, y, con frecuencia, requieren de un plazo superior a 48 horas para que el cumplimiento sea pleno”(17).
La alcaldía municipal informó que actualmente se está ejecutando el convenio suscrito con la junta de acción comunal para la construcción de un puente de herradura sobre la quebrada Las Verdes. Al respecto manifestó que dicha obra se está ejecutando con el fin de “garantizar el acceso de los niños a las escuelas rurales en condiciones de seguridad y sin poner en riesgo su integridad personal para que gocen del ejercicio pleno de su derecho a la educación”(18).
Sobre el puente requerido para cruzar el río Pescado, refirió el representante de la entidad, que actualmente no cuentan con la disponibilidad presupuestal para adelantar la obra y que optaron por realizar la construcción de la estructura requerida para atravesar la quebrada Las Verdes, toda vez que esta era la que los niños de la vereda Bocanas de las Verdes, requerían para asistir a sus clases.
“Cláusula Quinta: Plazo. El plazo para la ejecución del presente Convenio será de Uno (1) meses, contados a partir de la Orden (Sic) de iniciación que impartirá el municipio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo”(19).
Respecto de la estructura requerida para atravesar el río Pescado, se evidenció que hasta el momento no se han tomado medidas y que, en consecuencia, existe una amenaza de los derechos a la vida e integridad de los habitantes de las veredas Bocanas de las Verdes y la vereda Quisayá y, en especial, de los derechos de los niños que habitan en la vereda Quisayá y que, a falta de otro paso, necesariamente deben cruzar la estructura para acceder a la institución educativa rural Pueblo Nuevo, sede Bocana de las Verdes. Por esta razón, se ordenará a la entidad territorial que diseñe un plan que asegure la construcción definitiva de un puente que atraviese el cuerpo de agua, obra que deberá realizarse de forma prioritaria en razón de los peligros a los que se están viendo enfrentados los menores. Al respecto, se recuerda a la alcaldía el deber consagrado en el artículo 3º de la Ley 1551 de 2012 según el cual corresponde al municipio,
“Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de I desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal”(20).
“Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social con inclusión del componente de derechos humanos y de derecho internacional humanitario y de obras públicas, que deberá estar coordinado con los planes departamentales y nacionales”.
Esta orden tendrá la naturaleza de una orden compleja(21), toda vez que reconoce la Sala que la construcción de la obra está supeditada a un trámite administrativo y a una disponibilidad presupuestal. Sin embargo, para asegurar que su ejecución se desarrolle en un plazo razonable, ordenará esta Sala que, en todo caso, el proceso no puede superar el término de un año, circunstancia para la cual se trasladará el seguimiento del cumplimiento de la presente sentencia al juez de primera instancia, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Belén de los Andaquíes; lo anterior en virtud de lo estipulado en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Ahora bien, respecto de la responsabilidad imputable a la gobernación del Caquetá, recuerda esta corporación que, si bien cada entidad territorial tiene unas competencias asignadas, en virtud del artículo 298 de la Constitución Política, “los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes”(22). Así mismo, el Decreto 1222 de 1986, establece que los departamentos deben prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los municipios, deber que está consagrado en la Ley 1551 de 2015 a modo de principio de subsidiariedad, según el cual, La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando se demuestra su imposibilidad de ejercerlas debidamente”(23).
1. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Belén de los Andaquíes el 18 de septiembre de 2014 que negó el amparo. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de los habitantes de la vereda Bocanas de las Verdes y de los niños que asisten a la institución educativa rural Pueblo Nuevo.
2. ORDENAR a la alcaldía municipal de Belén de los Andaquíes que, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de esta sentencia, haga efectivo el Convenio 111-26-01-006, culminando la construcción del puente que atraviesa la quebrada Las Verdes.
3. ORDENAR a la alcaldía municipal de Belén de los Andaquíes que en el término de 1 año a partir de la notificación de esta sentencia, realice los estudios previos, el diseño, la disposición de recursos en el presupuesto y la construcción del puente necesario para atravesar el río Pescado.
4. ORDENAR a la alcaldía municipal de Belén de los Andaquíes que en el plazo de ocho (8) días realice un plan con la policía municipal y las entidades y autoridades que considere pertinente, para garantizar que, mientras concluye la construcción de los puentes sobre la quebrada Las Verdes y sobre el río Pescado, se garantice la seguridad, vida e integridad de los habitantes de las veredas Bocana de las Verdes y Quisayá y, en especial, de los niños de ambas veredas que deben cruzar las estructuras existentes para asistir a la institución educativa rural Pueblo Nuevo, sede Bocana de las Verdes. Dicho plan, en todo caso, deberá contemplar la asignación de al menos dos miembros de la Fuerza Pública que vigilen de forma permanente los dos extremos de ambas estructuras.
5. ORDENAR a la dirección de tránsito y transporte de la gobernación del Caquetá que, de acuerdo al principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo 298 de la Constitución, apoye en lo que se requiera al municipio de Belén de los Andaquíes, para la terminación definitiva de los puentes objeto de las órdenes anteriores.
6. REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que, en ejercicio de sus funciones, acompañen el cumplimiento de las órdenes proferidas en la presente sentencia.
7. El seguimiento de la presente sentencia estará a cargo del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Belén de los Andaquíes, quien podrá adoptar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento efectivo de este fallo.
8. Desvincular a secretaría de educación departamental del Caquetá de la presente acción de tutela.
(1) Acción de tutela presentada el cuatro (4) de septiembre de 2014 (fls. 1-3, cdno. 2).
(2) Folios 13 y 14, cuaderno 2.
(3) Folios 26-30, cuaderno 2.
(4) Folios 31-36, cuaderno 2.
(5) Folios 5-59, cuaderno 2.
(6) Folios 19-20, cuaderno 1.
(7) Folios 29-36, cuaderno 1.
(8) Folio 37, cuaderno 1.
(9) Folio 46, cuaderno 1.
(10) En auto del veintisiete (27) de enero de dos mil quince (2015) la Sala de Selección Uno de la Corte Constitucional, dispuso la revisión de la providencia en cuestión y procedió a su reparto.
(11) Sentencias T-306/11 y T-541A-14, entre otras.
(12) De conformidad con el Artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, “La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley”. C.P., art. 86; D. 2591/91, art. 1º.
(13) El principio de subsidiariedad, finalmente, corresponde a un criterio, tanto para la distribución y como para el ejercicio de las competencias. Desde una perspectiva positiva significa que la intervención el Estado, y la correspondiente atribución de competencias, debe realizarse en el nivel más próximo al ciudadano, lo cual es expresión del principio democrático y un criterio de racionalización administrativa, en la medida en que son esas autoridades las que mejor conocen los requerimientos ciudadanos. A su vez, en su dimensión negativa, el principio de subsidiariedad significa que las autoridades de mayor nivel de centralización solo pueden intervenir en los asuntos propios de las instancias inferiores cuando estas se muestren incapaces o sean ineficientes para llevar a cabo sus responsabilidades.
(14) El principio de concurrencia parte de la consideración de que, en determinadas materias, la actividad del Estado debe cumplirse con la participación de los distintos niveles de la administración. Ello implica, en primer lugar, un criterio de distribución de competencias conforme al cual las mismas deben atribuirse a distintos órganos, de manera que se garantice el objeto propio de la acción estatal, sin que sea posible la exclusión de entidades que, en razón de la materia estén llamadas a participar. De este principio, por otra parte, se deriva también un mandato conforme al cual las distintas instancias del Estado deben actuar allí donde su presencia sea necesaria para la adecuada satisfacción de sus fines, sin que puedan sustraerse de esa responsabilidad.
(15) Folio 41, cuaderno 2.
(16) Sentencias T-081 de 2013, T-661 de 2012.
(17) T-086 de 2003.
(18) Folio 29, cuaderno 1.
(19) Folio 35, cuaderno 1.
(20) Numeral 3º del artículo 6º de la Ley 1551 de 2012.
(21) Ver Sentencia T-081 de 2013.
(22) Artículo 298, Constitución Política.
(23) Artículo 4º, Ley 1551 de 2012.