Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-683-96.htm
Timestamp: 2019-05-22 20:01:40
Document Index: 78529738

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C-683-96
RECOMPENSAS POR EL ESTADO-Protección de derechos
El Estado, en su legítimo derecho, puede establecer mecanismos como el sistema de las recompensas con el fin de mantener el orden y hacer del derecho una realidad de convivencia para los ciudadanos, es decir, las recompensas previstas en el artículo cuestionado en opinión de la Corte, responden a una necesidad legítima. En consecuencia, el poder público, se justifica, en cuanto, mediante vías preventivas pretende proteger los derechos fundamentales y los principios generales de un estado de derecho democrático, participativo, descentralizado y garantista de los derechos humanos. Es conforme a derecho informar al público de esas recompensas pues de ese modo ésta adquieren la eficacia indispensable al facilitar la ubicación de la persona buscada.
Referencia: Expediente D-1312
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1 del Decreto legislativo 1199 de 1987, adoptado como legislación permanente por el artículo 1º del Decreto 2271 de 1991; el artículo 1º del Decreto legislativo 2790 de 1990 modificado por el Decreto legislativo 099 de 1991 en su artículo 64, y el artículo 89 del Decreto legislativo 2110 de 1992.
Santafé de Bogotá, D.C., diciembre cinco (5) de mil novecientos noventa y seis (1996)
El ciudadano JAIME ENRIQUE LOZANO, mediante escrito dirigido a la Corte Constitucional en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad establecida en la Constitución Política de 1991, demandó la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 1o. del Decreto legislativo 1199 de 1987, adoptado como legislación permanente por el artículo 1o. del Decreto 2271 de 1991; el artículo 1o. del Decreto legislativo 2790 de 1990 modificado por el decreto legislativo 099 de 1991, en su artículo 64, el artículo 89 del decreto legislativo 2110 de 1992.
Mediante auto de fecha mayo veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y seis (1996) el Magistrado ponente resolvió admitir la demanda de inconstitucionalidad únicamente en cuanto a los artículos 1o. del Decreto 1199 de 1987 adoptado como legislación permanente por el artículo 1º del Decreto 2271 de 1991; así como los incisos primero, segundo y tercero del artículo 64 del Decreto 2790 de 1990 modificado por el artículo 1o. del Decreto 099 de 1991 adoptado como legislación permanente por el decreto 2271 de 1991, artículo 4º y el artículo 89 del decreto 2110 de 1992, y rechazó la parte de la demanda que se dirigió contra los incisos 4 y 5 del artículo 1º del Decreto 2790 de 1990 modificado por el artículo 64 del Decreto 099 de 1991, adoptado como legislación permanente por el decreto 2271 de 1971 artículo 4, en atención al hecho de que ya mediante sentencia C-093 de 1993, esta Corporación se había pronunciado, con lo cual existía cosa juzgada constitucional.
No obstante lo anterior, mediante escrito de fecha 31 de mayo de 1996, el ciudadano de la referencia, interpuso el recurso de súplica contra el auto admisorio, el cual fue confirmado en su integridad por la Sala Plena de la Corporación mediante decisión de fecha 27 de junio del año en curso.
De igual modo se decretó la fijación en lista de la demanda y se ordenó hacer las comunicaciones de rigor constitucional y legal al Presidente de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, así como al Fiscal General de la Nación, para los efectos de ley.
Una vez admitida la demanda, cumplida la fijación en lista del negocio y realizadas las comunicaciones pertinentes, se dió traslado al despacho del señor Procurador General de la Nación, quien dentro de la oportunidad procesal correspondiente, rindió el concepto de su competencia. Cumplidos como se encuentran todos y cada uno de los trámites que corresponde para esta clase de actuaciones de la Corte Constitucional, esta Corporación procede a adoptar su decisión.
Adoptado como Legislación permanente por art. 1o. Decreto 2271/91.
Artículo 1o. Quien suministre a la autoridad informes que permitan hacer efectivo el cumplimiento de órdenes de captura dictadas con ocasión de la comisión de delitos en el territorio nacional o fuera de él, podrá ser beneficiario de una recompensa monetaria.
"Esta misma recompensa podrá ser reconocida a la persona que suministre informaciones y pruebas eficaces que fundamenten la responsabilidad penal o permitan hacerla extensiva a otras personas."
DECRETO LEGISLATIVO 2790 DE 1990
Modificado según art. 1o. del Decreto Legislativo 99/91.
"Artículo 64. Quien no siendo autor o partícipe del hecho punible, suministre a la autoridad informes que permitan hacer efectiva orden de captura del sindicado o incautación de bienes destinados a la comisión o que provengan de la ejecución de delito de competencia de los jueces de orden público, o informes que permitan determinar la autoría, participación o responsabilidad penal en los mismos, será beneficiario de una recompensa monetaria cuya cuantía no excederá el equivalente a un mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, la que podrá ser pagada dentro o fuera del país.
Los informes se consagrarán en acta reservada, en la cual se hará constar la versión y se suscribirán por los ordenadores del gasto o por su delegado especial, un agente del Ministerio Público y el informante, quien además estampará su impresión dactilar. El acta se remitirá a la jefatura del organismo que la haya autorizado donde se conservará con la debida reserva y seguridades, y de su contenido el jefe del DAS, el Director General de la Policía Nacional o el Director Nacional de Instrucción Criminal deberá expedir copia autenticada, prescindiendo de la firma y datos de identidad del informante, con destino a la respectiva investigación penal, quedando su valor probatorio sujeto a la estimación que haga el magistrado o juez.
En todo lo relacionado con el contenido del acta para la identificación del informante, el levantamiento de su reserva para el juez y fiscal, o en caso de comprobación de falsedad de la información o de motivos fraudulentos, así como de la protección del exponente se aplicará lo previsto para el caso del testigo a que se refiere el artículo 22 del presente estatuto."
DECRETO 2110 de 1992
"Artículo 89. Recompensas. Corresponde al director del Departamento Administrativo de Seguridad determinar los casos en los cuales se reconozcan recompensas, su cuantía y la oportunidad de su pago, a quien suministre informes que permitan hacer efectivo el cumplimiento de órdenes de captura dictadas con ocasión de la comisión de delitos en el territorio nacional o fuera de él, a la persona que proporcione informaciones y pruebas eficaces que fundamenten la responsabilidad penal o permitan hacerla extensiva a otras personas."
La demanda presentada por el ciudadano JAIME ENRIQUE LOZANO se dirige contra los artículos 1º del Decreto 1199 de 1987, adoptado como legislación permanente por el artículo 1º del Decreto 2271 de 1991; así como los incisos primero, segundo y tercero del artículo 64 del Decreto 2790 de 1990 modificado por el artículo 1º del Decreto 099 de 1991, adoptado a su vez como legislación permanente por el Decreto 2271 de 1991 artículo 4º y el artículo 89 del Decreto 2110 de 1992.
Para el actor de esta demanda, las normas atrás referidas son contrarias a lo dispuesto en los preceptos superiores: Preámbulo, artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 12, 13, 15, 21, 29, 42, 44, 94 y 97 de la Carta Política. En apoyo de su tesis, se fundamenta en las siguientes consideraciones:
Estima en primer término que, dentro de un estado social de derecho cuya base se fundamenta en los principios jusfilosóficos previstos en el preámbulo, los principios generales de la democracia participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana y en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, no puede haber personas residentes en Colombia, aun las "sindicadas" de los delitos más graves, que sin antes de ser oídas y vencidas en juicio, se les reclame, mediante la publicación de avisos de prensa, radio y televisión, lo cual a todas luces lesiona sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Argumenta el demandante que el sistema de delación consagrado en las disposiciones acusadas implica una táctica que procura que los ciudadanos se interesen en la publicidad, en las recompensas monetarias y sociales, con lo cual se contraría el principio de solidaridad como un deber constitucional, pues, en opinión del demandante, con ello se erosionan preceptos como el artículo 13, 47 y 95 de la Carta, pues ningún colombiano irá a colaborar con las autoridades, libremente o espontáneamente, sino buscando las recompensas, con lo cual se desdibuja la noción jurídica de la denuncia, en virtud a que una cosa es informar o delatar a una persona por razones mercantilistas o de trueque, y, otra muy distinta denunciar un hecho punible a sus copartícipes y a sus autores, sin olvidar además que el acto procesal de la denuncia, implica su posterior ratificación con las formalidades previstas en las normas del Código de Procedimiento Penal.
De otro lado, sostiene el demandante, que los avisos que ofrecen recompensas por los medios de comunicación masivos, constituyen una manifiesta incapacidad del Estado, de sus agentes, de respetar los derechos, creencias y libertades de los asociados; con ello se materializa la crisis y la ausencia de los sistemas de investigación y reprensión judicial que el Estado, en vez de mejorarlas, lo que hace es acudir a vías violatorias de elementales derechos fundamentales.
Afirma igualmente, que aparte de lesionar el principio de dignidad humana, se atenta con estas publicaciones de avisos, la integridad de la familia, pues los miembros de la misma se ven afligidos sicológicamente y socialmente no solo por el acoso de las autoridades y de la comunidad en general, sino también por los delatores y buscadores de fortuna, a quienes poco les importa la suerte de sus víctimas.
De otra parte, argumenta el demandante, que las normas demandadas constituyen un trato degradante en relación con otro tipo de delincuentes, quienes no se ven sometidos a odiosas discriminaciones, ni a escarnios públicos, que en el fondo se convierten en sentencias anticipadas y condenatorias por la ineludible presión que ejercen los medios de comunicación sobre el funcionario judicial competente, violando principios como el juez natural, el debido proceso y el derecho de defensa, introduciendo en la práctica el sistema norteamericano del "FART WEST" o "lejano oeste", al país, con sus secuelas negativas.
Expone el demandante que con esta legislación se vulneran los artículos 93 y 94 superiores, así como los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia, entre otros los artículos 1, 2-1, 11 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre derechos humanos, suscrito en San José de Costa Rica.
Finalmente, luego de hacer unas precisiones sobre el contenido y alcance de algunos artículos de los decretos legislativos demandados, concluye, asegurando que la condición de "informante" o de "delator" pagado por el Estado excluye por sí solo, cualquier valor probatorio a los medios de prueba recogidos en aplicación de la política de ofrecimiento de recompensas, así como a su pago por parte de los ordenadores del gasto de las entidades comprometidas.
En la oportunidad que procede, el abogado ALVARO NAMEN VARGAS, se presentó ante la Corte Constitucional como apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, para defender la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.
En efecto aparte de reseñar las disposiciones acusadas, y de resumir los cargos de la demanda, contestó la misma con los siguientes argumentos:
Sostiene que la existencia, establecimiento, uso y otorgamiento de recompensas a los ciudadanos que colaboren con la justicia consagrada en las disposiciones acusadas, son unos mecanismos de prevención y represión del delito legítimos y necesarios en un Estado Social de Derecho; en apoyo de su argumento, cita apartes de la sentencia T-561 de 1993, de esta Corporación.
Considera, igualmente el apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, que el Estado en su labor de aseguramiento de la convivencia de los ciudadanos puede y debe hacer uso de las herramientas que tenga a su alcance, con el fin de tratar de repeler a los delincuentes, quienes no respetan los derechos ajenos; las recompensas y los avisos de prensa se convierten en instrumentos necesarios como manifestación del monopolio de la fuerza del Estado. Afirma además el apoderado, que las recompensas responden a una necesidad de búsqueda de mecanismos de lucha contra la delincuencia organizada y que el Poder Público, amparado en un marco de legalidad propio, es autónomo en la creación y aplicación de estrategias para hacer cumplir la Constitución y la ley y reducir el embate de los delincuentes y de quienes se apartan de la legalidad.
De otro lado, considera el apoderado, que las normas demandadas no contradicen el preámbulo, ni los principios fundamentales del Estado Colombiano como la vida, la convivencia, el trabajo, la libertad o la paz, ya que no pueden entenderse estas normas en su conjunto solamente en forma teórica y fría, puesto que bien pueden los ciudadanos expresarse en las denuncias de las conductas delictivas y de sus presuntos autores, como un servicio a la paz y la seguridad de todos los miembros de la comunidad colombiana.
De otra parte, sostiene el apoderado que dentro de los deberes de los ciudadanos está el colaborar con la justicia, pero ello no implica que el riesgo de su colaboración no pueda ser compensado monetariamente con beneficios que se ofrecen como la reserva de identidad y la ubicación en el exterior, pues ellos son mecanismos para proteger la vida, salvaguardando a quien informe sobre la comisión de un hecho ilícito o sobre sus autores, pues es legítimo que el Estado, brinde su protección a los conciudadanos utilizando instrumentos para la prevención del crimen.
Finalmente, luego de reseñar, de modo suficiente, los derechos a la dignidad humana, la honra, la intimidad y el buen nombre, la solidaridad, el derecho a la igualdad y el debido proceso, así como manifestaciones jurisprudenciales sobre estos temas, concluye, solicitando a la Corporación que declare la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.
El Procurador General de la Nación, rindió en término el concepto fiscal de su competencia y en él solicita a esta Corporación que se declare INHIBIDA para conocer de la demanda impetrada en contra de los artículos 1º del Decreto 1199 de 1987, 64 parcial del Decreto 2790 de 1990, modificado por el artículo 1 del Decreto 099 de 1991, y 89 parcial del Decreto 2110 de 1992.
En primer término, argumenta que el Decreto 2110 de 1992, por medio del cual se estableció la reestructuración orgánica del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, hace parte de aquella colección de normas expedidas en obediencia a lo preceptuado por el artículo 20 transitorio de la Carta Política; que no es de competencia de la Corte Constitucional, según lo previsto en el artículo 241 de la Carta; la Corporación ha de inhibirse para conocer del contenido de la disposición y limitar su pronunciamiento a los preceptos acusados de los decretos 1199 de 1987 y 099 de 1991, convertidos en legislación permanente por autorización del artículo 8 transitorio de la Constitución.
Considera el Ministerio Público, con relación a la demanda, que esta adolece de un defecto adicional, toda vez que del examen del petitorio resulta que los cargos de inconstitucionalidad esgrimidos en contra de las precitadas normas se enfilan hacia un supuesto normativo ajeno al contemplado por los preceptos acusados.
Argumenta el concepto fiscal que los artículos 1o. del Decreto 1199 de 1987 y 64 parcial del Decreto 099 de 1991, contemplan la posibilidad de que quienes proporcionen a las autoridades competentes información útil, bien para la aprehensión de personas sindicadas de la comisión de un ilícito; para la identificación de los autores o partícipes en el mismo o para la incautación de bienes relacionados con el punible se hagan merecedores a una recompensa monetaria cuyo monto y forma de hacerse efectiva será determinada por los respectivos ordenadores del gasto de las entidades y organismos comprometidos en la seguridad nacional, consagra situaciones jurídicas que son contrarias a la argumentación presentada por el accionante, pues éstas no guardan correspondencia con las normas acusadas, lo que, a juicio del Ministerio Público, no constituyen conceptos de violación que justifique pronunciarse de fondo por parte del juez constitucional, con lo cual solicita que la Corte se inhiba de pronunciarse.
Esta Corporación es competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 1 del Decreto 1199 de 1987, adoptado como legislación permanente por el artículo 1 del Decreto 2271 de 1991; así como los incisos primero, segundo y tercero del artículo 64 del Decreto 2790 de 1990, el artículo 1º del Decreto 099 de 1991, adoptado a su vez como legislación permanente por el Decreto 2271 de 1991, en su artículo 4º y el artículo 89 del Decreto 2110 de 1992, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 transitorio de la Constitución Política, el cual dispone que corresponde a esta Corporación el examen de la constitucionalidad de los decretos que haya expedido el gobierno nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas en los artículos transitorios 5º, 6º y 8º de la misma codificación constitucional.
Para adelantar el examen de la constitucionalidad del conjunto de disposiciones jurídicas que hacen parte de la demanda que se estudia en esta oportunidad por la Corporación, es necesario advertir que se trata de los artículos 1º del Decreto 1199 de 1987 adoptado como legislación permanente por el artículo 1º del decreto 2271 de 1991, así como los incisos primero, segundo y tercero del artículo 64 del Decreto 2790 de 1990, modificado por el artículo 1º del decreto 099 de 1991, adoptado como legislación permanente por el Decreto 2271 de 1991, artículo 4º, expedidos por el gobierno nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el constituyente para revestir de carácter permanente a las normas expedidas al amparo de la Constitución de 1886, dentro de la figura del anterior estado de sitio, cuya finalidad es garantizar la eficacia de la administración de justicia en el ámbito penal, y para rodear a los ciudadanos que colaboren con la justicia, de especiales garantías ante la escalada de la delincuencia organizada del narcotráfico y el terrorismo.
En relación con el artículo 89 del Decreto 2120 de 1992, esta norma hace parte del Decreto por el cual se reestructura orgánicamente al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, dentro de las facultades previstas en el artículo 20 transitorio de la Carta Política de 1991, con el objeto de que la estructura de la Administración Nacional, se adecuara a la filosofía y propósitos del nuevo orden constitucional:
Se contrae el argumento del impugnante básicamente a que la publicación de avisos por los cuales se ofrece recompensas monetarias en contra de quien ha sido tildado de delincuente, sin haber sido oído y vencido en juicio, no solamente desfigura la verdadera solidaridad ínsita en la denuncia, en fomento de la delación inspirada en intereses mercantilistas, sino que impone a la persona sindicada de la comisión de hechos delictivos, un trato denigrante y discriminatorio en virtud del cual prevalece la razón del Estado en contra del ciudadano, afectando el derecho a la dignidad de la persona y vulnerando de paso, la honra, la intimidad de la familia, el debido proceso y el derecho de defensa.
Esta Corporación en relación con la finalidad y el contenido de los decretos adoptados como legislación permanente por el Gobierno Nacional bajo el régimen del Estado de sitio que no fueron improbados por la Comisión Especial Legislativa, señaló en sentencia C-093/93, lo aplicable al caso bajo estudio, lo siguiente:
"Se trata de una expresión normativa compleja en la que están presentes tanto la voluntad del Gobierno Nacional, como la de la Asamblea Nacional Constituyente y la Comisión Especial Legislativa, fundada en la idea de rodear de garantías y seguridades a los jueces, funcionarios y empleados de la Rama Judicial del Poder Público, para hacer efectivas sus actuaciones y sus decisiones. Dicha expresión política de los poderes públicos se funda también en la necesidad de fortalecer la acción de los organismos judiciales en las labores de investigación, acusación y juzgamiento en un ámbito especial de las modalidades criminales contemporáneas en las que están de por medio grandes poderes de organización y financiación, y que por las acciones realizadas de manera sistemática denotan propósitos concientes de ataques a la vida y a la integridad de los funcionarios judiciales y de sus familias; por lo mismo, se trata de proteger también a los testigos y colaboradores eficaces de la administración de justicia y a los miembros de la fuerza pública que participan en el ejercicio de funciones de Policía Judicial.
Basta examinar los antecedentes y las persistentes situaciones de amenaza, atentados y crímenes para percibir con claridad que se trata de una grave condición de presión que debe ser atendida con medidas especiales que respondan a ella. Es necesario advertir en primer término que las normas a las que pertenecen las disposiciones acusadas tienen como propósito final el de permitir a los funcionarios judiciales condiciones de protección y de agilidad suficientes y necesarias para el cabal cumplimiento de las tareas que le encomienda la Constitución a todos los órganos del Estado en general y a la Rama Judicial en particular, la que en condiciones ordinarias no ha sido suficientemente efectiva para contrarrestar los ataques al orden jurídico, a la paz pública y a la convivencia ciudadana.
Estos asertos fueron recogidos de manera expresa por la Comisión Especial Legislativa y por el Gobierno Nacional bajo el entendido de que no obstante su carácter de emergencia debían mantenerse dentro del nuevo marco organizativo y funcional de la Carta, puesto que las condiciones que rodean el funcionamiento de la Rama Judicial en el mencionado ámbito especial de la legislación penal contra el crimen organizado y el terrorismo, se mantenían y continuaban en su persistente acción.
Las normas convertidas en legislación permanente por el Decreto 2271 de 1991 y ahora algunas de ellas acusadas en las demandas que se examinan, integran un estatuto especial que se caracteriza por el mantenimiento de unas instituciones judiciales vigorosas y eficaces, en condiciones que les permitan funcionar dentro del Estado de Derecho en las tareas de investigar y juzgar las conductas criminales de la delincuencia organizada y terrorista. Se trata, en otros términos de que el Legislador ha estimado necesario preservar de manera especial bienes jurídicos de alto valor, que por las particularidades de las modalidades criminales advertidas afectan gravemente la convivencia y la seguridad ciudadanas.
De otra parte, destaca la Corte en esta oportunidad que conforme a lo previsto en el artículo 3o. del Decreto 2271 de 1991, se adoptaron como legislación permanente algunas medidas contenidas en el Decreto 2790 de 1990, cuyo artículo 100 de modo especial prescribe que "En las materias no reguladas por este Decreto, se aplicarán las normas del Código Penal y las del Código de Procedimiento Penal, así como las que los adicionen o reformen".
"Téngase en cuenta que aun cuando el nuevo Código de Procedimiento Penal regule en forma sistemática las actuaciones procesales ordinarias, en ningún momento puede entenderse que por su entrada en vigencia se haya producido el fenómeno de la derogatoria de las normas especiales que se examinan en esta providencia." (Sentencia C-093 de febrero 27 de 1993. Magistrados Ponentes: Dr. Fabio Morón Díaz y Dr. Alejandro Martínez Caballero).
En este orden de ideas, estima la Sala que es necesario tomar en consideración estos elementos especiales que sirvieron de inspiración al legislador extraordinario para producir una legislación cuyo propósito especial anima y recoge una particular exégesis interpretativa cuando se trata de establecer sus alcances y contenido, pues a nadie escapa la situación dramática, alarmante y crítica que implica el enfrentamiento de situaciones especiales como el narcotráfico, con su variable de narcoterrorismo; la guerrilla con su capacidad de reacción y de acoso permanente frente a la población civil en vastas zonas del país, así como la delincuencia organizada o no que presiona a testigos y jueces de la República, en todo el territorio patrio.
B. La materia de las normas acusadas
1. El artículo 1º del Decreto legislativo 1199 de 1987 adoptado como legislación permanente por el artículo 1º del Decreto 2271 de 1991, regula el régimen de las recompensas monetarias al establecer que "quien suministre a la autoridad informes que permitan hacer efectivo el cumplimiento de órdenes de captura dictadas con ocasión de la comisión de delitos en el territorio nacional o fuera de él, podrá ser beneficiario de una recompensa monetaria". Igual suerte corre "la persona que suministre informaciones y pruebas eficaces que fundamenten la responsabilidad penal o permita hacerla extensiva a otras personas".
Sea lo primero advertir que la Corporación no encuentra inconstitucionalidad alguna en la norma demandada; en efecto, en jurisprudencia de esta Corte se ha expuesto la tesis según la cual las autoridades de la República están instituídas para proteger a las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades frente a lo cual, el primer deber de las autoridades es la protección de los conciudadanos y por esta vía asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. El mantenimiento del orden se concreta y desarrolla en el artículo 2º de la Carta que establece que uno de los fines esenciales del Estado es "asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo", todo lo cual redunda en un ambiente de paz, en una sociedad donde el Estado es el único titular de la fuerza, el cual se manifiesta en el derecho como instrumento del disfrute de las prerrogativas de todos; por el contrario, cuando impera la ley del más fuerte, la suerte de los derechos se desvanece, el Estado pierde su razón de ser.
En este orden de ideas, es un hecho de la cruda realidad nacional, el que las organizaciones criminales desafían permanentemente la acción del Estado, y someten a la población civil inerme a un condición incesante de inseguridad y zozobra.
El Estado en su existencia misma se justifica precisamente en cuanto es un mecanismo para proteger a las personas en sus derechos fundamentales, en especial la vida, la libertad, frente a lo cual el poder público debe actuar mediante una vía preventiva, cuyo objetivo es impedir la acción de los delincuentes y otra posterior que se concreta en la capacidad punitiva o de castigo para impedir que se repitan los hechos punibles.
En este sentido la Corporación, en sentencia T-561/93 (M.P. Dr. Jorge Arango Mejía), afirmó que "Si bien todos los delincuentes, sin excepción tienen derecho al debido proceso, con todo lo que este implica, la lucha contra las organizaciones delictivas no puede adelantarse por los métodos que ordinariamente son suficientes frente a los delincuentes ocasionales. Cualquiera entiende que hay una gran diferencia entre los grupos armados de la delincuencia subversiva o guerrillera o narcotraficante y la persona generalmente pacífica que ocasionalmente delinque".
Surge del criterio plasmado en la sentencia que se acaba de citar que medidas como las analizadas tienen un carácter eminentemente excepcional en atención a los especiales retos que la organización política debe enfrentar en el propósito de garantizar la paz y la convivencia ciudadana, cuando se trata de modalidades delictivas que por su incidencia y gravedad superan el marco propio de las actuaciones que pese a ser contrarias a la ley, carecen de las implicaciones que se advierten en la acción de grupos organizados .
Ya la Corte Constitucional puso de presente en la comentada sentencia T-561/93 que la protección de todas las personas es uno de los deberes del Estado para cuyo cumplimiento se torna indispensable hacer comparecer ante los estrados de la justicia a las personas buscadas por las autoridades, a efecto de que se sometan a su fallo.
Dentro de ese propósito de lograr la comparecencia de las personas buscadas se justifica la adopción de un sistema de recompensas en favor de quienes suministren informaciones, sistema que se orienta a hacer efectivo el cumplimiento de órdenes judiciales.
No escapa al juicio de la Corte que siendo deber de todas las personas y de los ciudadanos apoyar a las autoridades, contribuir al logro y mantenimiento de la paz y colaborar al buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95 C.P.), pudiera, en principio, pensarse que la colaboración ciudadana deberá ser en todos los casos gratuita y desinteresada; empero, conviene insistir en la naturaleza excepcional de medidas tales como la recompensa que, de conformidad con lo advertido a lo largo de esta providencia, constituye un instrumento del que se vale el Estado con la finalidad de neutralizar los efectos nocivos para la paz social que se derivan de las actividades de organizaciones ubicadas al margen de la ley, situación que justifica el ofrecimiento de un estímulo que, a la vez. constituye compensación por el riesgo que asume la persona que de ese modo presta su ayuda a las autoridades.
En este orden de ideas es claro entonces que el Estado, en su legítimo derecho, puede establecer mecanismos como el sistema de las recompensas con el fin de mantener el orden y hacer del derecho una realidad de convivencia para los ciudadanos, es decir, las recompensas previstas en el artículo cuestionado en opinión de la Corte, responden a una necesidad legítima. En consecuencia, el poder público, se justifica, en cuanto, mediante vías preventivas pretende proteger los derechos fundamentales y los principios generales de un estado de derecho democrático, participativo, descentralizado y garantista de los derechos humanos.
De otra parte, en cuanto a las publicaciones referentes a personas buscadas por las autoridades, la Corporación considera, en armonía con los criterios vertidos en la varias veces citada sentencia T-561 de 1993, que es conforme a derecho informar al público de esas recompensas pues de ese modo ésta adquieren la eficacia indispensable al facilitar la ubicación de la persona buscada.
En lo que tiene que ver con las informaciones acerca de los resultados obtenidos por las autoridades en sus labores de búsqueda, la Corte consideró que en desarrollo del principio de publicidad, contemplado en el artículo 209 superior, "la comunidad tiene derecho a conocer las gestiones de las autoridades, especialmente las que tienen que ver con su protección y defensa".
En relación con el artículo 64 del Decreto 2790 de 1990, modificado por el artículo 1º de Decreto 099 de 1991, según se evidencia de su lectura, contempla la posibilidad de que quien proporcione a las autoridades competentes información útil y eficaz, bien para la aprehensión de personas sindicadas de la comisión de un ilícito, para la identificación de los autores partícipes del mismo o la incautación de bienes relacionados con el punible, se haga merecedor a una recompensa monetaria cuyo monto y forma de hacerse efectiva será determinada por los respectivos ordenadores del gasto de las entidades y organismos comprometidos con la seguridad nacional.
Ahora bien, la Corte Constitucional encuentra que en lo relacionado con esta legislación especial de carácter penal y procedimental que se examina en esta oportunidad, aparecen disposiciones que, en cuanto no resultan contrarias a la Carta Fundamental deben ser examinadas con criterios sistemáticos, adecuadores e integradores en procura de su cabal interpretación frente a la normatividad penal vigente.
Los incisos primero, segundo, tercero del artículo 64, modificado por el artículo 1º del Decreto 099 de 1991, aparecen acusados por el actor bajo el cargo de que en atención a ellos se ofrecen recompensas monetarias, desfigurándose la verdadera naturaleza de la denuncia, fomentando la delación inspirada en intereses egoístas, mercantilistas, imponiendo un trato degradante y discriminatorio, afectando derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como la dignidad, la honra y la intimidad personal y de los miembros de la familia. No encuentra la Corte que estas disposiciones contravengan la Carta, puesto que es legítimo que el Estado obrando conforme a derecho aplique primero la ley a quienes delinquen, puesto que quien se comporta, reprochablemente, debe ser castigado por el Estado.
El artículo 099 de 1991, permite a quienes no son autores o partícipes de hechos punibles de competencia de los jueces y fiscales regionales: "recibir recompensas cuya cuantía no excede el equivalente de un mil salarios mínimos legales mensuales, sobre delación de autoría, participación y responsabilidad penal, con fines de captura de los sindicados y de incautación de bienes provenientes de la ejecución del delito". Igualmente, dispone la norma que: "El beneficio será determinado por el Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, el Director General de la Policía Nacional o el Director Nacional de Instrucción Criminal, según el caso, quienes serán los ordenadores del gasto, el que se cargará contra la cuenta especial del presupuesto de la respectiva entidad y cuyo manejo será cobijado por reserva legal, la cual podrá ser levantada solamente y en forma indelegable por el Contralor General de la República a quien corresponderá previamente su auditaje, o por el Procurador General de la Nación y para las investigaciones penales o disciplinarias que promueven."
La Corte tampoco encuentra vicio alguno de constitucionalidad y por el contrario reitera sus consideraciones anteriores; en efecto, el artículo 64 cuestionado en sus incisos primero, segundo y tercero se fundamenta en la necesidad de proteger a testigos e informantes quienes tienen derecho a obtener recompensa por la colaboración útil a la Administración de Justicia, supuesto que se soporta en la necesidad de una legislación especial ante las modalidades criminales que la provocaron. Las informaciones que ellos suministran los ponen en situación de riesgo, dadas las graves modalidades que adquiere el crimen organizado y por tanto el Estado está en la obligación no solo de recompensarlos monetariamente sino de darles una protección. Adviértese que la expresión "Director Nacional de Instrucción Criminal" deberá entenderse sustituída por la de Director Nacional de Fiscalías, dentro de la nueva estructura del procedimiento penal; en consecuencia de lo anterior, en la parte resolutiva de la sentencia así se decidirá.
De otro lado, en relación con el artículo 89 del Decreto 2110 de 1992 que a su tenor reza: "Corresponde al Director del Departamento Administrativo de Seguridad determinar los casos en los cuales se reconocerá recompensas, su cuantía y la oportunidad de su pago, a quien suministre informes que permitan hacer efectivo el cumplimiento de órdenes de captura dictadas con ocasión de la comisión de delitos en el territorio nacional y fuera de él, a la persona que proporcione informaciones y pruebas eficaces que fundamenten la responsabilidad penal o permitan hacerla extensiva a otras personas".
Estima esta Corporación, mediante auto admisorio de fecha 24 de mayo de 1996, el cual admitió la demanda en cuanto al artículo referido bajo el entendido de existir unidad normativa con relación a las demás normas cuestionadas por el actor, al versar la disposición sobre el mecanismo de la recompensas, procedió de acuerdo con el artículo 6o. del Decreto 2067/91.
No obstante lo expuesto anteriormente, comparte plenamente la Sala el concepto del Procurador General de la Nación vertido en este expediente, en el sentido de que a la luz de las previsiones contenidas en el artículo 241 de la Carta, las cuales, en su clasificación, demarcan el ámbito de conocimiento de la jurisdicción constitucional, esta Corte resulta incompetente para conocer de la demanda interpuesta contra el artículo 89 parcial del Decreto 2110 de 1992, en atención a que él mismo hace parte de un decreto expedido en acatamiento a lo preceptuado en el artículo 20 transitorio de la Carta Fundamental, cuya competencia y control constitucional le corresponde al Consejo de Estado, dentro de la cláusula residual de competencia, fijada por el propio constituyente en el ordinal 2º del artículo 237 de la C.N., y así entendida por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en sentencia abril 22 de 1993, Sala de lo Contencioso Administrativo.
En virtud de lo anterior y en relación exclusivamente con el artículo 89 cuestionado, la Corporación se declara inhibida para pronunciarse de fondo.
Primero. Declarar EXEQUIBLES el artículo 1º del Decreto 1199 de 1987 incorporado como legislación permanente por el artículo 1º del Decreto 2271, así como los incisos primero, segundo y tercero del artículo 64 del Decreto 2790 de 1990 modificado por el artículo 1º del Decreto 099 de 1991 incorporado como legislación por el Decreto 2271 de 1991, artículo 4º y en la forma como aparecen transcritos en el apartado II de esta sentencia y bajo las consideraciones en ella contenidas.
Segundo. Declararse INHIBIDA en relación con el artículo 89 del Decreto 2110 de 1992.
Aclaración de voto a la Sentencia C-683/96
RECOMPENSAS POR EL ESTADO-Vulneración de derechos/PRESUNCION DE INOCENCIA DEL PROCESADO-Aviso publicitario estatal/PROCESADO-Garantías constitucionales (Aclaración de voto)
La denominación y la exposición gráfica del peticionario como un delincuente en la propaganda militar - sin haber sido condenado mediante sentencia judicial - constituye una acción violatoria de los derechos fundamentales de la persona capturada que es sujeto de investigación penal. La persona procesada por una presunta infracción de la ley penal no puede ser tratada o presentada a la opinión pública como un "delincuente", calificación negativa y estigmatizante que sólo puede ser consecuencia de la declaratoria de culpabilidad pronunciada por la autoridad judicial al término de un proceso penal con el lleno de las garantías constitucionales. El proceso es el medio legítimo a través del cual el Estado interviene en la esfera de derechos y libertades del sindicado. La intensidad de la intromisión oficial en la esfera individual como consecuencia de la comisión de un hecho punible es atenuada mediante el otorgamiento de garantías constitucionales al procesado. La presunción de inocencia es una de estas garantías en favor del sindicado y, por tanto, ella constituye un límite objetivo para las autoridades públicas. El Estado no puede procesar imparcialmente a un posible infractor de la ley penal y, al mismo tiempo, calificarlo de delincuente, pese a la existencia de serias evidencias que así lo demuestren, pues éstas deberán ser debatidas y confrontadas en juicio antes de poder traducirse en una condena.
No obstante considerar que las normas demandadas son exequibles, con todo respeto discrepamos de algunas consideraciones que se hacen en la sentencia, particularmente de las que se consignan en la sentencia T-561 de 1993 (M.P. Dr. Jorge Arango Mejía) que, a nuestro juicio, no se compadecen con los postulados del debido proceso y de la presunción de inocencia. En este sentido prohijamos las razones que en su oportunidad se expusieron en el salvamento de voto que se formuló en relación con la sentencia citada y a la cual, a nuestro juicio, innecesariamente, se remite el presente fallo: