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Timestamp: 2018-04-22 06:48:37
Document Index: 198501294

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Protejamos a los defensores de los derechos humanos - El Mundo del Abogado
Protejamos a los defensores de los derechos humanos
Rodrigo Santiago Juárez*
El autor revisa los principales criterios que los organismos internacionales, regionales y nacionales han aprobado en relación con los defensores de derechos humanos, a fin de que las autoridades conozcan las formas en que se busca afectar o criminalizar su labor, con el objeto de identificar estas conductas, prevenirlas y sancionarlas de conformidad con dichos estándares.
El 9 de diciembre de 1998 la Asamblea General de la ONU aprobó la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, que tiene por objeto reconocer y promover los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, que los Estados realicen acciones para su reconocimiento y protección así como garantizar que las y los defensores realicen sus actividades sin ningún tipo de obstáculo o afectación.1
En el marco del vigésimo aniversario de la aprobación de la Declaración, es oportuno revisar los principales criterios que los organismos internacionales, regionales y nacionales han aprobado en relación con los defensores, y que las autoridades conozcan algunas de las formas en que se busca afectar o criminalizar su labor, con el objeto de identificar estas conductas, prevenirlas y sancionarlas de conformidad con dichos estándares.
Concepto, relevancia y riesgo de la labor de las personas defensoras
Los defensores son personas que actúan de manera pacífica en la promoción y la protección de los derechos humanos impulsando el desarrollo, la lucha contra la pobreza, realizando acciones humanitarias, fomentando la reconstrucción de la paz y la justicia y promoviendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.2 El papel que juegan las defensoras y los defensores de derechos humanos es primordial para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad y dar vida a los procesos democráticos,3 así como para que los gobiernos cumplan con las obligaciones internacionales en esta materia.4
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha destacado que pueden ser defensores cualesquiera personas o grupos de personas que se esfuercen en promover los derechos humanos, desde organizaciones intergubernamentales asentadas en las mayores ciudades del mundo hasta individuos que trabajan en sus comunidades locales. Los defensores pueden ser de cualquier género, tener distintas edades, proceder de cualquier parte del mundo y tener cualesquiera antecedentes profesionales o de otro tipo.
Lo que más caracteriza a un defensor no es su título o el nombre de la organización para la que trabaja, sino el carácter de la actividad que desarrolla, sin importar si recibe o no remuneración por ello.5 Tampoco se requiere que se dediquen de manera permanente a esa labor, pues en muchas ocasiones estas personas pueden realizar actividades de defensa por una situación muy particular que los afecte a ellos o a su núcleo familiar o social.6
A pesar de la labor fundamental que realizan a favor de la sociedad, en algunas ocasiones sus actividades traen aparejados distintos riesgos. En muchos países las personas y las organizaciones dedicadas a promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales a menudo están expuestas a amenazas y a acoso y padecen inseguridad como resultado de esas actividades, incluso mediante restricciones de la libertad de asociación o expresión o del derecho de reunión pacífica, o abusos en los procedimientos civiles o penales. Estas amenazas y acoso repercuten negativamente en su labor y en su seguridad.7
En palabras del relator especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, en muchas ocasiones las personas que defienden nuestros derechos no cuentan con herramientas que puedan protegerlas. En la mayoría de los Estados donde viven y actúan los defensores no se cuenta con disposiciones que permitan alertar sobre su situación o contar con herramientas concretas y rápidas para su protección y que les permitirían seguir con su trabajo de defensa de los derechos humanos. Lamentablemente, es poco decir que el panorama parece cada vez más gris e inseguro para estas personas, y cuando se ataca a los centinelas que nos protegen sabemos que a la larga son nuestros derechos los que corren peligro.8
Derechos de las personas defensoras de derechos humanos
Derecho a la protección del Estado. El primer derecho que debe reconocerse a las y los defensores es el de ser protegidos por las autoridades estatales. Esta protección supone un amplio abanico de acciones (tanto positivas como negativas) que tengan como fin crear condiciones propicias para que estas personas realicen su labor sin afectaciones de ningún tipo. No obstante, quizá la mejor manera de proteger a las personas defensoras es acabar con la impunidad que prevalece en este tipo de agresiones.
Como lo ha destacado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el incremento de los delitos cometidos en su contra se puede vincular con los altos índices de impunidad registrados, así como con una reiterada omisión de las autoridades de establecer protocolos de investigación en los que sea obligatorio y prioritario identificar a las personas defensoras víctimas de delitos en relación con el contexto sociopolítico inherente al desempeño de sus actividades.9
Derecho a la libertad de reunión. La Declaración reconoce la legitimidad de la participación de las personas en actividades pacíficas para protestar contra violaciones de los derechos humanos y reconoce la libertad de reunión como un elemento muy importante de este derecho. Al respecto, los Estados tienen la obligación positiva de proteger activamente las reuniones que se realizan de conformidad con la ley y de manera pacífica, incluyendo la obligación de proteger a los participantes contra las personas o grupos que tratan de afectar la reunión o perpetrar actos violentos contra dichos participantes.10
Derecho a la libertad de asociación. La Corte Interamericana (CIDH) ha destacado que, en su dimensión individual, la libertad de asociación en materia laboral no se agota con el conocimiento teórico del derecho a formar sindicatos, sino que comprende, además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para ejercer esa libertad. En su dimensión social, la libertad de asociación es un medio que permite a los miembros de un grupo alcanzar ciertos objetivos en conjunto y obtener beneficios para sí mismos.11
La CIDH también estableció que los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades, protegerlos cuando son objetos de amenazas para evitar atentados a su vida e integridad, abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad.12
Derecho a comunicarse con organismos internacionales. La Declaración reconoce que el acceso y la comunicación con los organismos internacionales es esencial para que las y los defensores lleven a cabo su trabajo, para alertar a la comunidad internacional sobre problemas de derechos humanos y para hacer que los casos claves sean del conocimiento de los organismos y los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.
Por ello, se ha puesto de relieve el importante papel que desempeñan los defensores en la comunicación a los organismos internacionales de los problemas de seguridad o de derechos que vayan surgiendo. La información recogida y provista por los defensores sobre violaciones de derechos humanos en todo el mundo y, en particular, en sus comunidades, puede emplearse como un sistema práctico de alerta temprana para avisar a la comunidad internacional sobre la evolución de amenazas para la paz.13
Derecho a la libertad de opinión y expresión. La CIDH ha manifestado que la libertad de expresión es un derecho fundamental en el desarrollo de una sociedad democrática, indispensable para la formación de la opinión pública.14
El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General 34 sobre la libertad de opinión y de expresión, llama a los Estados partes a actuar con cautela para asegurar que las disposiciones relativas a la seguridad nacional sean diseñadas y aplicadas de manera que se garantice la libertad de opinión y expresión. El Comité advierte que la invocación de las disposiciones nacionales de seguridad, sobre delitos de traición y sedición, para procesar a periodistas, investigadores, ecologistas, defensoras o defensores de derechos humanos por haber difundido información de interés público, no es compatible con el artículo 19, apartado 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.15
Derecho a la protesta. Las protestas y las manifestaciones han sido motores de cambio y factores importantes que contribuyen a la promoción de los derechos humanos. En todas las regiones del mundo y en todas las épocas de la historia, defensoras y defensores anónimos y activistas reconocidos han liderado e inspirado movimientos de protesta que prepararon el terreno para los logros conseguidos en la esfera de los derechos humanos.16
En el caso Baczowski y otros vs. Polonia, relacionado con integrantes de organizaciones no gubernamentales que acompañaban casos de discriminación por orientación sexual, donde el Estado les negó el permiso para reunirse, el Tribunal Europeo observó que la denegación de la autorización para reunirse y protestar podía tener un efecto desalentador entre los participantes de las manifestaciones.17
En términos generales, podemos señalar que el derecho a la protesta se constituye como un derecho prevalente a partir del cual pueden defenderse y protegerse muchos otros derechos,18 por lo que es importante que las personas defensoras puedan ejercer el mismo de forma pacífica, sin verse sometidos a afectaciones de ningún tipo.
Derecho a debatir y desarrollar nuevas ideas. El artículo 7 de la Declaración señala que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos, y a preconizar su aceptación. Muchos de los derechos humanos básicos que hoy damos por hechos conllevan muchos años de lucha y deliberación antes de tomar su forma final y ser ampliamente aceptados. Hoy en día tenemos el caso de los defensores que trabajan por los derechos de la comunidad LGBTI. Igualmente, aunque los derechos de la mujer no son nuevos, en algunos contextos pueden ser percibidos como novedosos, ya que abordan temas que pueden ser un reto para la tradición y la cultura. No obstante, la tradición y la cultura no son estáticos, ni tampoco los conceptos de derechos humanos.19
Como señaló la relatora especial sobre defensores de la ONU, es por causa de la visión de defensores valientes que los derechos humanos han desarrollado y transformado nuestras sociedades. Estos visionarios y visionarias han señalado que las mujeres merecen los mismos derechos que los hombres, que los imperios no son inevitables, que las personas indígenas son seres humanos, o que la tortura o el genocidio son éticamente reprobables y no tienen por qué ser tolerados.
Derecho a un recurso efectivo. El artículo 9 de la Declaración señala que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegido en caso de violación de sus derechos. En el marco de la Declaración, esta obligación implica que el Estado debe garantizar, sin demoras indebidas, una investigación pronta e imparcial de las presuntas violaciones, el enjuiciamiento de los autores independientemente de su estatus, el otorgamiento de una reparación, incluida una indemnización adecuada a las víctimas, así como la ejecución de las sentencias. Cuando no se actúa de esta manera, con frecuencia se repiten los ataques contra defensores y se siguen violando sus derechos.20
En México, la CNDH emitió la Recomendación 4/2018 dirigida a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, relacionada precisamente con la violación del derecho de acceso a la justicia en su vertiente de procuración de justicia, pues los servidores públicos de esa Fiscalía no agotaron todas las diligencias para investigar el paradero de una defensora de derechos humanos que fue víctima de desaparición en marzo de 2016, ni tampoco tomaron en consideración las actividades de acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición que la víctima realizaba en ese estado de la República, a pesar la existencia de protocolos que así lo ordenaban.21
Derecho a acceder a recursos. El artículo 13 de la Declaración establece que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales en relación con el artículo 3 de la misma Declaración.
De acuerdo con la relatora especial, “para que las organizaciones de derechos humanos puedan realizar sus actividades, es indispensable que se les permita desempeñar sus funciones sin impedimentos, entre los que cabe mencionar las restricciones a su financiación”.22 Cuando los individuos son libres de ejercer su derecho de asociación, pero se les niegan los recursos para llevar a cabo sus actividades y operar una organización, el derecho a la libertad de asociación se torna nulo. La capacidad de los defensores para realizar sus actividades depende de su capacidad para recibir fondos y utilizarlos sin restricciones indebidas.23
Prohibición de utilizar el Derecho penal para criminalizar la labor de los defensores
Una de las acciones que lamentablemente se presentan en contra de defensores de derechos humanos es la descalificación de sus actividades, que puede ir desde la estigmatización hasta la imputación de delitos con el objeto de criminalizarlos. Esto tiene implicaciones no solamente de carácter individual en contra de las y los defensores que lo sufren, sino en todas aquellas temáticas y personas por ellos representados que se ven imposibilitados de acceder a la justicia o a la reparación de las violaciones a derechos humanos, además de generar un efecto inhibidor en los demás defensores y generar desconfianza de la sociedad civil en el gobierno.24
La Corte Interamericana ha tenido conocimiento de declaraciones, pronunciamientos y comunicados emitidos por autoridades estatales con el fin de incriminar a defensores por hechos sobre los que no existían procesos en curso o que no habrían sido determinados judicialmente o de los que ya habían sido absueltos. Estas declaraciones por lo general buscan deslegitimar el trabajo de defensa, estigmatizándolos ante la sociedad.25
En otros casos, los Estados recurren a las acciones legales para violar los derechos humanos de los defensores que denuncian violaciones a derechos humanos, quienes son aprehendidos y procesados por acusaciones falsas; en algunos casos son detenidos sin acusación alguna y a menudo sin tener acceso a un abogado, a cuidados médicos o a un proceso judicial, y sin ser informados de las razones de su aprehensión.
La Corte Interamericana se pronunció en el caso Fleury y otros vs. Haití, que guarda relación con la detención arbitraria de un defensor de derechos humanos. En la sentencia del caso, la Corte destacó que el arresto del señor Fleury fue contrario a Derecho pues no se cumplió con el principio de legalidad, además de que muy probablemente se intentó silenciar su actividad como defensor: “Toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad personal no sólo debe estar prevista en la ley […] su finalidad debe ser legítima y compatible con la Convención y no debe ser una consecuencia del ejercicio de derechos. En este caso, el señor Fleury no fue detenido en una situación de flagrancia y su detención por parte de la policía nunca persiguió el objetivo de formularle cargos o de ponerlo a disposición de un juez por la supuesta o posible extorsión o, en el contexto de amenazas y persecuciones a defensores de derechos humanos, amedrentarlo y disuadirlo en el ejercicio de su trabajo. Por ello, el señor Fleury fue detenido arbitrariamente, en violación del artículo 7.3 de la Convención”.26
A continuación, se destacan algunas conclusiones y recomendaciones que se derivan de los distintos criterios internacionales antes mencionados para prevenir y sancionar las conductas que buscan criminalizar a los defensores.
Como hemos observado, existen distintos estándares internacionales que tienen por objeto reconocer y salvaguardar la labor que realizan en todo el mundo las personas defensoras de derechos humanos, entre los que podemos destacar el derecho a la protección del Estado, el derecho a la libertad de reunión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a acceder y comunicarse con organismos internacionales, el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a la protesta, el derecho a debatir y desarrollar nuevas ideas en materia de derechos humanos, el derecho a un recurso efectivo y el derecho a acceder a recursos, entre otros derechos contemplados en la Declaración sobre defensores.
No obstante, un aspecto transversal a todos los derechos antes mencionados tiene que ver con la obligación de los Estados y los particulares de no criminalizar a los defensores mediante falsas acusaciones que pueden derivar en demandas o denuncias. Como parte de las recomendaciones que se han formulado para evitar la criminalización de las personas defensoras, están las siguientes:
Formulación de tipos penales conforme al principio de legalidad. El principio de legalidad comprende dos dimensiones: formal y material. La legalidad formal implica la emisión de normas jurídicas adoptadas por el órgano legislativo según el procedimiento requerido por el Derecho interno de cada Estado, dictadas por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Lo anterior implica que las mismas sean dictadas en función del bien común. En virtud de lo anterior, los Estados deben abstenerse de tipificar penalmente las actividades que son propias de la promoción de los derechos humanos.
Por otra parte, la dimensión material del principio de legalidad implica que los tipos penales estén formulados sin ambigüedades, en términos estrictos, precisos e inequívocos, que definan con claridad las conductas penalizadas como delitos sancionables, estableciendo con precisión cuáles son sus elementos y los factores que los distinguen de otros comportamientos que no constituyen delitos sancionables o no sancionables bajo otras figuras penales.27
Actuación de los operadores de justicia conforme al principio de legalidad. La ambigüedad del contenido de las leyes da pie a la discrecionalidad por parte de los operadores de justicia. Para evitar que las decisiones de los operadores de justicia no sean discrecionales, todas sus actuaciones deben regirse por el principio de legalidad.
De conformidad con la Corte Interamericana y la CIDH, respectivamente, “en un Estado de Derecho los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”.28 Estas precauciones cobran especial relevancia en aquellos casos que involucran a defensoras y defensores de derechos humanos.29
Evaluación de los elementos del delito conforme a los estándares de Derecho internacional. En los procesos iniciados en contra de defensoras y defensores, las y los operadores de justicia deben prestar especial cuidado en su determinación si una conducta constituye una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Según la Corte Interamericana, los fiscales deben velar por la correcta aplicación del Derecho y la búsqueda de la verdad de los hechos sucedidos, actuando con profesionalismo, buena fe, lealtad procesal, considerando tanto elementos que permitan acreditar el delito y la responsabilidad del imputado en dicho acto, como los que puedan excluir o atenuar la responsabilidad penal del imputado.30
Por su parte, la Comisión Interamericana ha tenido conocimiento de que en algunos Estados los operadores de justicia han decretado la preclusión, archivo o sobreseimiento de investigaciones tras examinar que las acusaciones presentadas en contra de defensores son infundadas o constituyen una mera represalia ante el ejercicio de su labor de defensa, por lo que considera positivo cuando los operadores de justicia no inician o interrumpen un proceso si el mismo ha carecido de una investigación objetiva e imparcial.31
Directrices para guiar el actuar de los operadores de justicia. En algunos Estados se han emitido directrices para guiar el actuar de las y los operadores de justicia, lo que se considera como una buena práctica para prevenir el uso indebido del Derecho penal en contra de defensores.
Por ejemplo, en Estados Unidos el Manual para los Fiscales Federales del Departamento de Justicia proporciona lineamientos a las y los operadores de justicia para impedir el procesamiento de defensores de derechos humanos por actividades constitucionalmente protegidas. Ese manual establece un estándar alto para que los fiscales puedan iniciar un proceso penal y para prevenir el uso indebido de la ley en perjuicio de personas que realizan actividades legítimas.32
Decisiones judiciales y sanciones por el mal uso del Derecho penal. Como menciona la Comisión Interamericana, los tribunales de justicia han respondido a la criminalización por medio de decisiones judiciales que reconocen la utilización del Derecho penal para criminalizar a los defensores. Eso implica en algunas ocasiones ordenar la clausura de procesos en contra de defensores cuando no existan indicios de la comisión de un delito, o bien corregir la inconvencionalidad de tipos penales que se utilizan para criminalizar a defensores mediante la interpretación de los mismos conforme a los estándares internacionales
A su vez, en los casos en que existan indicios respecto del uso indebido del Derecho penal por parte de funcionarios públicos, los Estados deben iniciar las investigaciones o procesos disciplinarios, administrativos o penales que sean necesarios respecto de las y los operadores que habrían violado la ley al investigar, decretar medidas cautelares o condenar de forma infundada a defensores de derechos humanos.33
Reconocimiento de la labor de las personas defensoras. Una de las medidas más necesarias para reivindicar la labor de las y los defensores es reconocer públicamente el trabajo que realizan. El hecho de que su labor no esté debidamente valorada y reconocida por parte de las autoridades y de la sociedad en general representa uno de los principales desafíos para la defensa de los derechos humanos.34
La Comisión Interamericana considera indispensable para la protección global de los defensores la promoción de una cultura que reconozca pública e inequívocamente el papel fundamental que ejercen las personas defensoras para la garantía de la democracia,35 y que el ejercicio de la protección y la promoción de los derechos humanos es una acción legítima que propende al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la ampliación de las garantías de todas las personas.36
En ese sentido, son muchas las actividades que pueden ser de utilidad para reconocer públicamente la labor de las personas defensoras. La CNDH realizó, conjuntamente con la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Foro Internacional “Personas defensoras de derechos humanos, retos y experiencias”, que contó con la participación de altas autoridades del Estado mexicano, representantes de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos y legisladores y defensoras y defensores de derechos humanos, que tuvo por objeto reconocer públicamente la labor que realizan estas personas en todo el territorio nacional.37
De igual manera, la CNDH, en coordinación con la sociedad civil organizada en México, dio a conocer la campaña “Para que algún día no tengamos que ser defensores de derechos humanos”, misma que se divulgó en medios de comunicación masiva y que tiene por objeto destacar y reconocer la labor de las y los defensores en México, cuestiones éstas que deben ser consideradas como buenas prácticas a favor de este grupo de población.38
Cabe señalar que no solamente los servidores públicos y las instituciones deben reconocer la importancia de la labor de los defensores, sino que todos los sectores de la sociedad, incluidos dirigentes políticos, sociales, religiosos, empresariales y medios de comunicación, deben contribuir a legitimar la labor de este grupo de población.39
Para finalizar, es necesario destacar que si bien los estándares mencionados en este artículo pueden servir para proteger a los defensores, prevenir agresiones y detectar y sancionar los intentos de criminalización en su contra, lo cierto es que solamente cambios importantes en la política pública de cada Estado pueden generar condiciones propicias para que estas personas puedan desarrollar sus actividades sin ningún tipo de obstáculo o afectación, y ahí radica el reto más difícil al que tenemos que enfrentarnos.
* Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid e investigador nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores. Es director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1 El texto completo de la Declaración sobre defensores puede consultarse en http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf.
2 ONU-DH, Comentario a la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado, Colombia/Guatemala/México, 2011, p. 3.
3 CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de los derechos humanos en las Américas, 2006, párrafo 330, p. 86.
4 Luis Raúl González Pérez, “Prólogo”, en Luis Raúl González Pérez (coord.), En defensa de periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo, CNDH/Tirant lo Blanch, México, 2016, p. 11.
5 ONU-DH, Los defensores de los derechos humanos: protección del derecho a defender los derechos humanos, folleto informativo 29, Ginebra, 2004, pp. 7-8.
6 Rodrigo Santiago Juárez, “Defensores de derechos humanos y periodistas. Un acercamiento conceptual”, en Luis Raúl González Pérez (coord.), En defensa…, op. cit., pp. 38-39.
7 ONU-DH, Comentario a la Declaración…, op. cit., p. 3.
8 Michel Forst, “Prólogo”, en Luis Raúl González Pérez (coord.), En defensa…, op. cit., pp. 17-18.
9 CNDH, Recomendación General 25, “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, 8 de febrero de 2016, párrafo 15.
10 ONU, Comentario a la Declaración…, op. cit., pp. 41-42.
11 CrIDH, caso Huilca Tecse vs. Perú, sentencia del 3 de marzo de 2005, párrafos 70-71.
12 CrIDH, caso Kawas Fernández vs. Honduras, sentencia del 3 de abril de 2009, párrafo 145.
13 ONU, Informe de la representante especial del secretario general sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani, A/60/339, 7 de septiembre de 2005, párrafos 8 y 9.
14 CrIDH, caso Ivcher Bronstein vs. Perú, sentencia del 6 de febrero de 2001, párrafo 149.
15 ONU, Observación General 34, Comité de Derechos Humanos, CCPR/C/GC/34, 12 de septiembre de 2011, párrafo 32.
16 Comentario a la Declaración…, op. cit., p. 101.
17 TEDH, Baczowski y otros vs. Polonia, solicitud 1543-2006, sentencia del 3 de mayo de 2007.
18 Roberto Gargarella, El derecho a la protesta: el primer derecho, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005.
19 ONU, Informe de la experta independiente en el campo de los derechos culturales, Sra. Farida Shaheed, presentado de conformidad con la resolución 10/23 del Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/14/36, 22 de marzo de 2010, párrafo 34.
20 ONU, Informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, de conformidad con la resolución 62/152 de la Asamblea General, A/65/223, 4 de agosto de 2010, párrafo 44.
21 CNDH, Recomendación 4/2018, 28 de febrero de 2018.
22 ONU, Informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, de conformidad con la resolución 62/152 de la Asamblea General, A/64/226, 4 de agosto de 2009, párrafos 91 y ss.
23 ONU, Informe presentado por su representante especial sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani, de conformidad con la resolución 58/178 de la Asamblea General, A/59/401, 1º de octubre de 2004, párrafo 77.
24 ONU, Informe de cierre de misión a México del señor Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, 24 de enero de 2017, p. 5.
25 CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. 31 de diciembre de 2015, párrafo 79.
26 CrIDH, caso Fleury y otros vs. Haití, sentencia del 23 de noviembre de 2011, párrafos 31-36 y 56-59.
27 CIDH, Criminalización de la labor…, op. cit., párrafos 242-243.
28 CrIDH, caso De la Cruz Flores vs. Perú, sentencia del 18 de noviembre de 2004, párrafo 80.
29 CIDH, Criminalización de la labor…, op. cit., párrafo 255.
30 CrIDH, caso Tristán Donoso vs. Panamá, sentencia del 27 de enero de 2009, párrafo 165.
31 CIDH, Criminalización de la labor…, op. cit., párrafos 257-258.
32 Ibid., párrafo 268.
33 Ibid., párrafos 270-275.
34 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, OEA/Ser.L/V/II.Doc./48/13, 30 de diciembre de 2013, párrafo 276.
35 ONU, Protección de los defensores de los derechos humanos, A/HRC/RES/13/13, 15 de abril de 2010, numeral 4.
36 CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras…, op. cit., Recomendación 2.
37 Véase el comunicado de prensa conjunto: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_020.pdf.
38 La campaña puede consultarse en el siguiente enlace: http://defensoresdh.cndh.org.mx/.
39 ONU, Protección de los defensores de derechos humanos, A/HRC/22/L.13, Recomendación 18.