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Timestamp: 2018-01-19 21:45:14
Document Index: 115520574

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Description: La Tortura en El Sistema Interamericano de Derechos Humanos
revista de estudios marítimos y sociales artículos on-line 19-12-2011
LA TORTURA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Oscar Jesse Rojas Ortiz Alfredo Salazar López Universidad del Mar Los instrumentos regionales han contribuido de manera fundamental para sancionar la tortura, esto lo encontramos en distintos organismos y documentos internacionales regionales. La instrumentación jurídica en el ámbito de los Derechos Humanos en continente americano data a partir de la mitad del siglo XX, con la creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y protocolos, convenios, pactos, tratados, realizados por los países americanos para impedir la tortura, estas son acciones fieles a cumplir con la responsabilidad internacional, vinculadas a impedir el desgaste de la dignidad como violación a cualquier derecho humano. El Doctor Modesto Seara Vázquez afirma que: “…la violación, origen de la responsabilidad, debe ser imputable a un Estado, o a una organización internacional, y extendemos aquí a las organizaciones internacionales la posibilidad de imputación de la responsabilidad internacional porque, siendo sujetos del Derecho internacional y habiendo sido reconocida su capacidad para ser titulares de las obligaciones que se producen como resultado a una violación de Derecho Internacional que realiza un Estado (…), se sigue lógicamente la consecuencia de que pueden ser también sujetos de responsabilidad”1 Por lo tanto, vemos que la responsabilidad recae en los esfuerzos de los Estados y de organismos internacionales tales como la OEA para impedir eficazmente cualquier acto de tortura, esto se ha logrado por medio de la complementación en las legislaciones de cada uno de los Estados partes. Es necesario aclarar que la materialización de la responsabilidad internacional que un Estado pueda ejercer en lucha contra la tortura debe su fundamento en la deontología jurídica, la cual parte de dos corrientes, a saber, el iusnaturalismo y el iuspositivismo. El primero se fundamenta en la existencia previa e inventora del derecho por parte del hombre; en cambio, la segunda se justifica y argumenta sobre el plano de la preexistencia de una juricidad previa e inherente del hombre2. Para comprobar la causalidad del conocimiento del hombre, se necesita del conocimiento científico, donde el derecho al ser positivo se sustenta del reconocimiento estatal, a través de sus preceptos constitucionales y no del proceso evolutivo jurídico que depende de la divinidad de la naturaleza debido a que se sumerge en utopías sin valor jurídico 3. De aquí, que, el consenso de la comunidad internacional, como parte de la costumbre genera la creación del Derecho Internacional y sus instrumentos, en el caso de los Tratados no constituyen a este Derecho, sino que lo suponen. El ámbito jurídico estatal y el ámbito jurídico interestatal no son antitéticos, sino complementarios. Lo nacional y lo internacional no son mundos divorciados, escindidos, sino
MODESTO Seara Vázquez. Derecho Internacional Público. Ed. Porrúa. México 2004. Pág. 346 Entrevista Mtro. Ulises Sandal Ramos Koprivitza. Director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad del Mar, campus Huatulco. 3 Ibíd.
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compenetrados, unidos. Un Estado destaca más cuanto más universaliza su destino4 sine qua non para un derecho positivo interno coherente. De aquí la razón de ser de los instrumentos internacionales, los cuales modifican sustancialmente la reglamentación interna de los Partes en las máximas pacta sunt servanda y el res inter alios acta, cumplir lo pactado y las obligaciones deben ser cumplidas principalmente por los Estados Partes y de bona fide. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre En el ámbito de la lucha contra la tortura en nuestro continente, podemos distinguir al procurador de los indios, Fray Bartolomé de las Casas en su obra, “Historia de la Destrucción de las Indias” donde expone al príncipe de las Españas, Don Felipe, la situación de los indios desde el momento que llegaron los españoles y que por cuarenta años asesinaron, violaron y ejercieron tratos crueles sobre los sobrevivientes, entre ellos, sirvientes y mujeres. Así nos narra Fray Bartolomé la situación de los indígenas: Y, otra cosa no han hecho de cuarenta años a esta parte, hasta hoy, e hoy en este día lo hacen, sino despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas por las extrañas y nuevas e varias e nunca otras tales vistas ni leídas ni oídas maneras de crueldad, de las cuales algunas pocas abajo se dirán, en tanto grado, que habiendo en la isla Española sobre tres cuentos de ánimas que vimos, no hay hoy de los naturales de ella doscientas personas5 Como vemos, la violación de los Derechos Humanos y el ejercicio de la tortura fueron denunciados por Fray Bartolomé de las Casas en 1552. En consecuencia, es un antecedente fiel a los esfuerzos americanos por el respeto de la dignidad humana, materializándose en el impedimento de tratos crueles y tormentos que causaban los españoles contra los indios; Asimismo, la defensa por los derechos humanos a favor de los indios, Fray Bartolomé de las casas lo llevó hasta el grado de enfrentar a Juan Ginés de Sepúlveda, el defensor del primer imperialismo español6, en la Junta de Valladolid en 1550-1551, dos partes en conflicto, los derechos de los indios y los intereses de los conquistadores. Todo esto antecede al esfuerzo de la protección de los derechos humanos, donde el procurador de los indios recogía la dignidad humana como un bien jurídico tutelado al evidenciar los tormentos que los conquistadores les causaban. Para el siglo XX, hablar de los Derechos Humanos en América Latina es retomar el antecedente de 1948, fecha en la cual se crearon dos instrumentos importantes para América Latina en el marco de la IX Conferencia Internacional Americana, la creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En esta última, nos afirma dentro de su preámbulo lo siguiente: “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad.
AGUSTÍN Basave Fernández del Valle. Filosofía del Derecho Internacional. Edit. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. México 2001. Pág. 38. 5FRAY Bartolomé de las Casas. Brevísima Relación de la destrucción de las indias. En Crónica de indias. Obra colegiada por el Obispo don Fray Bartolomé de las Casas o Casaus, de la orden de Santo Domingo, año 1552.
FRANCISCO Fernández Buey (1992) “La controversia entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Una revisión” En Boletín Americanista. Número 42-43. P.p. 301-347
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Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan. Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu. Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre7. Con este instrumento regional, vemos que los esfuerzos de los países americanos se encaminaban desde entonces por el reconocimiento de la dignidad humana como pilar sobre los demás derechos fundamentales que se estipulan en este foro regional. Sin embargo, este instrumento por su carácter declarativo no constituyó una medida rígida en la extensión hacia las constituciones de los países americanos. Cabe destacar que “México ha participado de manera constructiva, brindando su apoyo a la OEA y buscando en el marco de la Carta el desarrollo de normas, instituciones y valores comunes, que en muchos casos ha resultado aportaciones significativas al derecho internacional y a la agenda mundial” 8. Con esto, queremos decir que aunque la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre no sea un instrumento netamente vinculante por su carácter declarativo, es necesario tener presente que ha sido un instrumento coadyuvante a nuestro país con los compromisos dentro del marco de una organización regional. Debemos tener en cuenta que dentro de nuestra Constitución federal, no se antepone a la Declaración antes citada debido a que en el artículo 1, donde expresa el inicio de las Garantías Individuales nos menciona: “…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las persona”9 Por lo tanto, la tipificación y protección de la dignidad humana en nuestra Carta Magna representa la abolición de la tortura en todas sus formas, mostrando congruencia entre los esfuerzos regionales en dicha declaración, consecuentemente, ésta última es armónica a los compromisos de México en el sistema regional en la protección de los derechos humanos. La importancia de lo anterior estriba de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), donde se enuncia que los tratados son ley suprema en todo el territorio de la Unión por encima de cualquier norma ordinaria, secundaria o individualizada, ya sea de orden general, federal o del fuero común; siempre y cuando dicho instrumento internacional no disponga circunstancias contrarias a las
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Disponible en línea [http://www.jusneuquen.gov.ar/share/legislacion/leyes/tratados/derechos_deberes_hombre.htm] Fecha de consulta [20/08/09]
OEA. México en la OEA. Disponible en pdf [http://www.oas.org/ezine/ezine31/Mx.-OEA.pdf] Fecha de consulta [20/08/09]
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Edit. Centro de Documentación, Información y Análisis. Última reforma Diario Oficial de la Federación 29-07-2010.
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dispuestas en la Carta Magna10, en cuyo caso, se resolverá el supuesto conflicto de leyes a favor de lo que disponga la Constitución federal. En el mismo sentido encontramos que las reformas a la CPEUM publicada el pasado 10 de junio de 2011 en el Diario oficial de la Federación, establecen tres supuestos, que son enunciativos, no limitativos11, que hace que adquieran una importancia supina los instrumentos en materia de derechos humanos, esto es la Cláusula Conforme, así como la ponderación que se deberá hacer de los instrumentos en materia de derechos humanos, y en los supuestos de interpretación el reconocimiento del principio pro persona interna Ahora bien, el valor jurídico de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre no toma el carácter de “tratado” como lo han expresado los Estados Partes, sin embargo, “esa intención no es suficiente para restarle valor legal ni para determinar sus efectos jurídicos en la actualidad (…) por cuanto es concebible... que una declaración formal de un principio de conducta, aún no formulado como una regla de derecho, sea tratado en la práctica (subsecuente) como una obligación legal" 12. En consecuencia, es la costumbre internacional que rige la validez como un compromiso legal y moral entre los Estados Americanos. Además sirve como un elemento de interpretación a otros instrumentos jurídicos dentro del sistema interamericano. La misma Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirma la posición de esta declaración diciendo que “este tipo de Declaraciones constituyen un elemento importante en la generación de costumbre internacional”.13 Asimismo, está inspirada en las legislaciones de los Estados y la referencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en consecuencia, muestra el respaldo del ius conges y obligaciones erga omnes. El primero, establece la relación entre el Estado y la norma misma, destacándose una característica específica de este Derecho, su carácter inderogable (…) impone valores fundamentales frente a la comunidad internacional que superan el consentimiento de los Estados que en el Derecho Internacional condiciona la validez de las normas14; y la segunda con los mismos valores de la primera, establece la obligación que se asume frente a otros, o sea, frente a “la comunidad internacional” donde se reconocen un conjunto de derechos que pasan a ser parte
Según nos dice la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario "pacta sunt servanda", contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional” Véase Novena Época, Pleno, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, P. 6, tesis P. IX/2007, aislada, constitucional.
La reforma de la CPEUM del pasado 6 de junio de 2011 sin duda prevé una innovación en materia de derechos humanos, ya que nos sólo toma en cuenta los aspectos que se resaltan, también se encuentran en el artículo primero lo relativo a la reparación del daño, principios progresividad, imparcialidad, --------y en materia de género, sin embargo como se comentó para efectos de este artículo se resaltó los efectos de las Cláusula conforme. 12 WFRT. Observaciones del Estado de Costa Rica. Disponible en línea [http://www.wfrt.net/humanrts/iachr/B/10esp-2.html] Fecha de consulta [05/09/09]
Alicia Cebada Romero (2002) Los conceptos de la Obligación Erga Omnes, Ius Cogens y la Violación grave a la luz del nuevo proyecto de la CDI sobre responsabilidad de los Estados por Hechos ilícitos. En Revista Electrónica de Estudios Internacionales, Número 4/2002.
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de la Costumbre Internacional y por lo tanto, de carácter jurídico y obligatorio para los Estados en la escala internacional y regional. Posteriormente, un esfuerzo regional tangible fue en la Quinta Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en el año de 1959. Se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compuesta de siete miembros, elegidos a título personal de ternas presentadas por los gobiernos, por el consejo de la OEA 15. Esta comisión está encargada de velar por los derechos humanos en los países signatarios, además es una de las dos entidades del sistema interamericano, es un órgano principal y autónomo de la OEA. La otra entidad es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En suma a los instrumentos regionales, se aterrizan los esfuerzos de los Estados al crear órganos para velar el cumplimiento de las obligaciones y el mantenimiento de valores fundamentales. Convención Americana de Derechos Humanos. En los esfuerzos regionales por la garantía de los Derechos Humanos, figura la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual aborda de manera sustancial la abolición de la tortura. Asimismo, hace alusión a los esfuerzos previos, como es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que asume el carácter de Pacto Internacional al ser producida la Convención antes mencionada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Su entrada en vigor fue hasta el 18 de julio de 1978.16 El esfuerzo tangible lo podemos localizar en su capítulo de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 5, párrafo 2 nos menciona: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”17 Con esto, entendemos que se concretizan los esfuerzos sobre la preservación de los derechos humanos, pero de una forma más específica, luchando contra la tortura. Esto complementa estrictamente las aspiraciones y mandamientos en nuestra Constitución. Asimismo, la tipificación de tortura en nuestra Ley Fundamental la podemos ver en el artículo 20, Inciso b, Fracción II. Nos dice lo siguiente: “…Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda comunicación, intimidación o tortura…”18 Sin embargo, la ratificación de la Convención por parte de México sucedió hasta el 24 de marzo de 198119. También, otro paso importante fue el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humano que México realizó hasta el 16 de diciembre de 199820, la cual se maneja como un órgano competente de la Convención y reconocido por los
LUZ del Carmen Martí Capitanachi (2000) “Los Derechos Humanos en América Latina”. En Revista Letras Jurídicas. Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad. Volumen 1, Enero-Junio 2000. P.p. 1-19.
Ibíd. Departamento de Derecho Internacional OEA. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Disponible en línea [http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html] Fecha de consulta [20/08/09]
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Edit. Centro de Documentación, Información y Análisis. Última reforma Diario Oficial de la Federación 29-07-2010
Departamento de Derecho Internacional OEA. B-32 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. Disponible en línea [http://www.oas.org/Juridico/spanish/firmas/b-32.html] Fecha de consulta [24/08/09]
Oscar Jesse Rojas Ortiz /Alfredo Salazar López
Estados Partes. El otro órgano es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ambas establecidas en el artículo 33 de la Convención. De lo anterior se deriva que la Convención Americana de Derechos Humanos representa un punto de inflexión sobre la construcción del sistema regional en la protección en este rubro, sobre todo, en la lucha contra la tortura, de manera sustancial con la creación de estos dos órganos.. Por lo tanto, es el fiel antecedente de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, pero ya con una estructura definida (establecido en los Capítulos VII y VIII de la Convención) para el cumplimiento de ésta por parte de los países firmantes. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Fue adoptada en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Cartagena de Indias, Colombia el 9 de diciembre de 1985, entrando en vigor el 28 de febrero de 198721. Cabe mencionar que México depositó su ratificación sin reservas el 22 de junio de 1987 22. El objetivo primordial de esta convención es lograr que en el continente se proteja la dignidad humana, convirtiéndose en un ejercicio imperativo para los gobiernos. Uno de los aspectos más relevantes de la convención es la claridad de la definición, la cual dice en su artículo 2: “Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.23 Véase que dentro de la definición no hace referencia a la intensidad del sufrimiento como grave, debido a que dicho sufrimiento es relativo y no existe un mecanismo que mida la gravedad entre una persona y otra. Cabe mencionar que de los 36 países signatarios de la convención, solamente 20 países lo firmaron y únicamente 16 lo ratificaron24. Esto quiere decir que los esfuerzos regionales, todavía, a esta fecha han sido dúctiles, tomando en consideración que la tortura representa uno de los delitos de lesa humanidad. La prohibición total de la tortura, consecuentemente, se extiende a lo que se conoce como “obediencia debida”, entendida esta última como: “La que se rinde al superior jerárquico y es circunstancia eximente de responsabilidad en los delitos” 25. Esto se traduce en la invalidez de invocar circunstancias excepcionales para ejercer la tortura. En este caso, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en su artículo 5 rechaza el ejercicio de excepciones para proliferar la tortura en todas sus formas, nos dice:
Departamento de Derecho Internacional OEA. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Disponible en línea [http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html] Fecha de consulta [20/08/09]
LUZ del Carmen Martí Capitanachi (2000) “Los Derechos Humanos en América Latina”. En Revista Letras Jurídicas. Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad. Volumen 1, Enero-Junio 2000. P.p. 1-19 23 Departamento de Derecho Internacional OEA. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Disponible en línea [http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html] Fecha de consulta [20/08/09]
The Free Dictionary. Obediencia Debida. Disponible en línea [http://es.thefreedictionary.com/obediencia] Fecha de consulta [24/08/09]
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“No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas. Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura”26. Por lo tanto, la convención incita a tomar medidas jurídicas efectivas en la reglamentación interna de los Estados firmantes. En el caso de México, posterior a esta convención, se aprueba su LFPST en 1991 y aunque es una normatividad vinculatoria al Sistema de Naciones Unidas, nos muestra la equiparación en los compromisos contraídos para lucha contra la tortura al prohibir radicalmente el ejercicio de ésta por alguna excepción. Lo podemos ver en su artículo 6: “No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoque o exista situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad” 27 Efectivamente, por el tipo penal que representa este delito, no existen excluyentes que justifique el ejercicio de la tortura, sobre todo como bien menciona al enunciar la inestabilidad política interna. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en el Estado de Oaxaca durante el conflicto de 2006. En consecuencia, existe un apego a los convenios y tratados regionales en la reglamentación interna de México y es a partir de esta década que los estados de la República comienzan a implementar una legislación específica sobre la tortura, ya sea como una ley nueva o como parte dentro de sus códigos penales.
H. Congreso de la Unión. Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Diario Oficial de la Federación, última reforma publicada DOF 10 de enero, 1994.
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