Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-227-de-abril-3-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fa04574ad29d0122e0430a0101510122&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-22 06:03:30
Document Index: 376385706

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 73', 'ARTÍCULO 112', 'ARTÍCULO 73', 'ARTÍCULO 112', 'ARTÍCULO 112', 'artículo 112', 'artículo 241', 'artículo 112', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 73', 'artículo 112', 'artículo 73', 'artículo 29', 'artículo 73', 'artículo 112', 'artículo 73', 'artículo 112', 'artículo 107']

﻿ Sentencia C-227 de abril 3 de 2014
SENTENCIA C-227 DE 03 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE A LOS VISITANTES DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN QUE SON SORPRENDIDOS PORTANDO OBJETOS PROHIBIDOS. DIFERENCIAS DEL CONTENIDO NORMATIVO DEL INCISO NOVENO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY 1709 Y DEL ANTIGUO INCISO QUINTO DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY 65. AUNQUE EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LOS TEXTOS, LO CIERTO ES QUE LA LEY 1709 ARTÍCULO 73 INCISO NOVENO TRAE UNA REGULACIÓN INTEGRAL DE LA MISMA SANCIÓN DISCIPLINARIA A LA QUE ALUDÍA EL ARTÍCULO 112, DEMODO QUE HA OPERADO UNA DEROGACIÓN ORGÁNICA Y DEBE CONCLUIRSE QUE AQUEL HA PERDIDO SU VIGENCIA, ADICIONALMENTE NO SIGUE PRODUCIENDO EFECTOS EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD. SE INHIBE DE EMITIR PRONUNCIAMIENTO DE FONDO ACERCA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXPRESIÓN "DEFINITIVAMENTE" DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY 65 DE 1993.
TEMAS ESPECÍFICOS:ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, VISITADOR, SANCIONES AL VISITADOR, RESTRICCIONES AL RÉGIMEN DE VISITAS AL INTERNO, DEROGACIÓN ORGÁNICA
Sentencia C-227 de abril 3 de 2014
Ref.: Expediente D-9865
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 5º del artículo 112 de la Ley 65 de 1993 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.
Demandantes: Beatriz Elena Fernández Padilla y Rubiel Adolfo Berrío Medina
A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada; se resalta el aparte censurado:
Al visitante sorprendido o que se le demuestre posesión, circulación o tráfico de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, arras o suma considerable de dinero, le quedará definitivamente cancelado el permiso de visita a los centros de reclusión, sin perjuicio de la acción penal correspondiente.
2.2. Examen de vigencia de la expresión demandada.
2.2.1. De conformidad con el artículo 241-4 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes”. Esto significa que las leyes deben estar vigentes dentro del ordenamiento, pues de lo contrario no tendría sentido una decisión de exequibilidad o inexequibilidad, es decir, una decisión sobre si la disposición legal debe ser o no expulsada del ordenamiento.
No obstante, también se ha señalado que pese a que un precepto de orden legal ha sido derogado —tácita, expresamente o de forma orgánica—, esta corporación es competente para examinar su constitucionalidad si no ha perdido su eficacia, es decir, si continúa proyectando sus efectos dentro del ordenamiento(1).
2.2.2. En este caso, la Sala advierte que el artículo 112 de la Ley 65 fue modificado por el artículo 73 de la Ley 1709 de 2014(2), cuyo enunciado es el siguiente:
“ART. 112.—Régimen de visitas. Las personas privadas de la libertad podrán recibir una visita cada siete (7) días calendario, sin perjuicio de lo que dispongan los beneficios judiciales y administrativos aplicables.
El horario, las condiciones, la frecuencia y las modalidades en que se lleven a cabo las visitas serán reguladas por la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Se concederá permiso de visita a todo abogado que lo solicite, previa exhibición de su Tarjeta Profesional y si mediare aceptación del interno.
Los visitantes que observen conductas indebidas en el interior del establecimiento o que contravengan las normas del régimen interno serán expulsados del establecimiento y se les prohibirán nuevas visitas, de acuerdo con la gravedad de la falta, teniendo en cuenta la reglamentación expedida por la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
En casos excepcionales, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, podrá autorizar visita a un interno, por fuera del reglamento, dejando constancia escrita del hecho y de las razones que la motivaron y la concederá por el tiempo estrictamente necesario para su cometido. Una vez realizada la visita, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, informará de la misma al Ministro de Justicia y del Derecho, indicando las razones para su concesión.
De toda visita realizada a un establecimiento penitenciario o carcelario, sea a los internos o a los funcionarios que allí laboran debe quedar registro escrito. El incumplimiento de este precepto constituirá falta disciplinaria grave” (resaltado fuera del texto).
El inciso noveno del artículo citado trae una nueva regulación de las sanciones que pueden imponerse a los visitantes de los centros de reclusión que son sorprendidos portando objetos prohibidos como “armas de cualquier índole, sustancias psicoactivas ilícitas, medicamentos de control especial, bebidas alcohólicas, o sumas de dinero”. En esos casos, de acuerdo con la nueva normativa y sin perjuicio de las demás acciones legales pertinentes, la sanción consistirá en (i) la prohibición del ingreso al centro de reclusión (ii) por un periodo de hasta un año, dependiendo de la gravedad de la conducta.
2.2.3. El contenido normativo del inciso noveno del artículo 73 de la Ley 1709 trae entonces una regulación integral que deroga de forma orgánica(3) el antiguo inciso quinto del artículo 112 de la Ley 65. En efecto, la nueva disposición regula los mismos contenidos de los que se ocupaba el antiguo inciso quinto, como se demuestra en el siguiente cuadro comparativo:
Criterio de comparación Inciso quinto del texto original del artículo 112 de la Ley 65 Inciso noveno del artículo 73 de la Ley 1798(sic)
Conducta tipificada Ser sorprendido o que se demuestre posesión, circulación o tráfico de algunos bienes y sustancias prohibidas, en los establecimientos carcelarios. Ser sorprendido tratando de ingresar al establecimiento penitenciario cualquier artículo prohibido en el reglamento de dichos establecimientos.
Artículos prohibidos “Sustancias sicotrópicas, estupefacientes, arras o suma considerable de dinero”. Se dan algunos ejemplos de artículos prohibidos, pero se deja su definición a los reglamentos de los establecimientos de reclusión. Los ejemplos son: “armas de cualquier índole, sustancias psicoactivas ilícitas, medicamentos de control especial, bebidas alcohólicas, o sumas de dinero”.
Sanción Cancelación definitiva del permiso de visita a los centros de reclusión. Prohibición del ingreso al establecimiento de reclusión por un periodo de hasta un año, dependiendo de la gravedad de la conducta.
En esencia, los dos incisos se ocupan de los mismos aspectos; las diferencias se reducen a que los siguientes puntos: (i) el nuevo inciso noveno delega al reglamento la definición de los elementos prohibidos y solamente da ejemplos de algunos de ellos, entre los que mencionan los que eran proscritos en el antiguo inciso quinto, como las sustancias sicotrópicas y el dinero(4); (ii) los incisos aluden a distintos verbos rectores, pero todos tienen en común la posesión de ciertos bienes; y (iii) el nuevo inciso noveno cambia la sanción, en tanto (a) le impone un límite temporal, y (b) la restringe al ámbito del centro carcelario donde se cometió la infracción.
En suma, aunque existen algunas diferencias entre los incisos quinto del texto original del artículo 112 de la Ley 65 y noveno del artículo 73 de la Ley 1709, lo cierto es que este último trae una regulación integral de la misma sanción disciplinaria a la que aludía el primero, de modo que ha operado una derogación orgánica y debe concluirse que aquel ha perdido vigencia.
2.2.4. Adicionalmente, a juicio de la Sala, el inciso acusado no sigue produciendo efectos en virtud del principio de favorabilidad.
La Sala recuerda que la favorabilidad es uno de los elementos integrantes del debido proceso en materia sancionatoria(5). Al respecto se sostuvo lo siguiente en la Sentencia C-481 de 1998(6):
“(…) esta corporación ha señalado, en numerosas ocasiones, que el derecho disciplinario es una modalidad de derecho sancionador, por lo cual los principios del derecho penal se aplican, mutatis mutandi, en este campo, pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales en favor de la persona investigada se realiza, de un lado, en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en comento, y del otro, para controlar la potestad sancionadora del Estado. Por tal razón, la Corte ha concluido que el principio de favorabilidad, plasmado en el artículo 29 de la Constitución, y según el cual, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable, opera también en el campo disciplinario” (citas eliminadas).
Según este principio, en casos como el que se examina, la ley posterior más beneficiosa debe aplicarse de forma retroactiva, esto es, debe irradiar sus efectos a situaciones ya consolidadas, como las sanciones impuestas a la luz de la normativa antigua.
El nuevo inciso noveno del artículo 73 de la Ley 1709 contiene una regulación más beneficiosa que la anteriormente consagrada en el inciso quinto del artículo 112 de la Ley 65. En efecto, el precepto recientemente introducido (i) no contiene la expresión “definitivamente” y, por el contrario, señala que la prohibición de ingreso al establecimiento de reclusión puede imponerse hasta “por un periodo de hasta un año”; (ii) introduce las expresiones “dependiendo de la gravedad de la conducta”, con lo que se invita al operador a graduar la sanción de acuerdo con el nivel de lesividad de la conducta que da lugar a la sanción; y (iii) no dispone que la sanción se predique de todos los centros de reclusión sino que la restringe al establecimiento donde se comete el tipo sancionado, por ello se emplea los enunciados “no serán autorizados para realizar la visita respectiva y deberá ser prohibido su ingreso al establecimiento de reclusión”.
Por tanto, la normativa derogada no puede seguir produciendo efectos, dada la entrada en vigencia de una regulación más favorable.
2.2.5. En resumen, en esta ocasión la Sala advierte que el precepto al que pertenece la expresión demandada —el inciso quinto del art. 112 de la L. 65— fue derogado de forma orgánica por inciso noveno del artículo 73 de la Ley 1709, ya que este último regula los mismos contenidos de los que se ocupaba el antiguo inciso quinto. En consecuencia, dicho inciso ya no se encuentra vigente. Adicionalmente, el referido inciso no sigue surtiendo efectos en la vida jurídica, toda vez que a la luz del principio de favorabilidad, la nueva regulación, en tanto más beneficiosa, debe aplicarse a las sanciones que hayan sido impuestas con fundamento en la normativa derogada. Así las cosas, ante la ausencia de objeto sobre el cual pronunciarse, esta corporación concluye que debe emitir un fallo inhibitorio.
INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la constitucionalidad de la expresión “definitivamente” del artículo 112 de la Ley 65 de 1993, por carencia actual de objeto.
(1) Ver entre otras las sentencias C-397 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-540 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-801 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-1067 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-309 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-714, de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa.
(2) La Ley 1709, de conformidad con su artículo 107, entró en vigencia el 21 de enero de 2014, teniendo en cuenta que fue publicada en el Diario Oficial 49039 del 20 de enero de 2014.
(3) En la Sentencia C-901 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, se explicaron las diferentes formas de derogación que contempla el Código Civil de la siguiente forma: “(…) en la derogación expresa el legislador determina de manera precisa el o los artículos que retira del ordenamiento, por lo que no se hace necesaria ninguna interpretación, ya que simplemente se cumple una función de exclusión desde el momento que así se establezca. La derogación orgánica refiere a cuando la nueva ley regula integralmente la materia, que en términos de la Corte Suprema de Justicia supone ‘que la nueva ley realiza una mejora en relación con la ley antigua; que aquella es más adecuada a la vida social de la época y que, por tanto, responde mejor al ideal de justicia, que torna urgente la aplicación de la nueva ley; (…) que por lo mismo debe ser lo más amplia posible para que desaparezcan las situaciones que el propio legislador ha querido condenar y evidentemente arrasó con la ley nueva’. || Por su parte, la derogación tácita obedece a un cambio de legislación, a la existencia de una incompatibilidad entre la ley anterior y la nueva ley, lo cual hace indispensable la interpretación de ambas leyes para establecer la vigente en la materia o si la derogación es parcial o total. Tiene como efecto limitar en el tiempo la vigencia de una norma, es decir, suspender su aplicación y capacidad regulatoria, aunque en todo caso el precepto sigue amparado por una presunción de validez respecto de las situaciones ocurridas durante su vigencia”.
(4) La nueva regulación en este punto es incluso más amplia, pues alude a cualquier suma de dinero, mientras en antiguo inciso quinto empleaba la expresión “suma considerable de dinero”.
(5) Sobre la aplicación del principio de favorabilidad al derecho administrativo sancionador ver las sentencias T-233 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-625 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-481 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-181 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-328 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-692 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, y T-152 de 2009, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.