Source: https://es.scribd.com/document/90822819/POR-QUE-LA-PRACTICA-RACIONAL-DEL-DERECHO-POR-PARTE
Timestamp: 2019-04-25 08:08:32
Document Index: 309039743

Matched Legal Cases: ['Artículo 348', 'Artículo 85', 'Artículo 89', 'Artículo 5', 'Artículo 158', 'Artículo 99', 'Artículo 192', 'Artículo 8', 'Artículo 191', 'Artículo 162', 'Artículo 5', 'Artículo 3', 'Artículo 165']

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¿POR QUÉ LA PRÁCTICA RACIONAL DEL DERECHO POR PARTE DEL JUEZ ES ABSOLUTAMENTE IRREALIZABLE? * por Gustavo González Solano
Es fácil soñar con teorías grandiosas sobre la naturaleza humana y la sociedad, y es igualmente fácil ridiculizar tales teorías comparándolas con la inagotable riqueza de la realidad y con la infinita variedad de deseos, ideas, sentimientos y aspiraciones del hombre. Pero después, la dimensión crítica de las teorías queda reemplazada, no por un esquema mejor o por ideas más sofisticadas, sino una vez más por la acción. FEYERABEND1
El presente artículo pretende demostrar la imposibilidad de establecer una práctica racional por parte del juez. Ello debido a que es necesario una serie de condiciones tan rigurosas en el Derecho y en el Juez, que de antemano, no asegura y, por el contrario casi imposibilitan dicho ejercicio de manera realmente racional. Así la primera parte intenta describir algunos los presupuestos de una práctica racional del Derecho para que puedan servir como instrumento de las actividades científicas. Se señalan algunos requisitos semánticos y pragmáticos. La segunda parte estudia algunos los presupuestos sociales e institucionales, y los personales e individuales que el operador jurídico ha de reunir para el desempeño de ese tipo de actividad. Así que por favor, empecemos a soñar. Primeramente, la práctica racional del Derecho debe contemplar básicamente los elementos que entran en juego en su formación, es decir, el Derecho y el operador jurídico. Señalar los requisitos o presupuestos mínimos indispensables que debe cumplir una actividad jurídica racional, plantea no solo problemas sobre cuáles puedan ser en realidad, esos presupuestos sino también, si verdaderamente configuran efectivamente esa actividad. Por demás está también la duda de si los requisitos señalados tenderán, en la medida de lo posible, a ser realmente adoptados por los participantes del “juego” o no. Se señala primero algunos de esos requisitos y las dudas de tipo explicativo, aplicativo y volitivo se resolverán conforme surjan. Es una tarea sino imposible, sumamente difícil, presentar todos los elementos necesarios, de los diversos aspectos que contempla una conducta o un campo de esa clase. No se pretende en este texto dar por sentado lo que por muchos años otras personas han profundamente tratado de desentrañar. Por lo que han de tomarse este artículo como unos simples apuntes introductorios de una problemática que ni ha
Publicado el 16 de julio de 2003. Profesor de Lógica jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. gagonzal@cariari.ucr.ac.cr 1 FEYERABEND (Paul), Adiós a la razón, Madrid, Editorial TECNOS S.A., Segunda edición, 1992, p. 78 (Traducción de José R. de Rivera).
- 227 Revista Telemática de Filosofía del Derecho, nº 6, 2002/2003, pp. 227-245.
Introducción a la Filosofía del Lenguaje. 176-182 . El semántico y el pragmático. Como lenguaje. Barcelona. 1985. que han de estar presentes en el discurso jurídico para que este pueda servir como un medio adecuado para la resolución de los casos que se le presenten a juez. En este trabajo ha de concebirse el Derecho como un lenguaje2 especial que los operadores jurídicos manejan para la resolución de sus casos.. La segunda parte intenta describir y prescribir algunos de los requisitos mínimos pragmáticos del Derecho. Así por presupuestos semánticos se ha de entender las simples nociones que como tales pueden servir al juez a solucionar los conflictos. De ellos se tomará sólo dos. . pp. La primera parte está dedicada al estudio de algunos de los presupuestos semánticos del Derecho que como lenguaje ha de cumplir para el ejercicio de la actividad racional en el campo jurídico. La Haya-París. Esto significa que para la formación y conocimiento de las creencias normativas.A. Nº 51. el Derecho puede ser abordado desde varios puntos de vista. San José. BUSTOS (Eduardo) y QUESADA (Daniel). Sobre la discusión actual de ese tipo de distinción ACERO (Juan José).Gustavo González Solano terminado aún en las discusiones respectivas ni se pretende darla por acabada aquí. Esto se logra justamente precisando con claridad el significado normativo que se quiere aludir. Madrid. Mouton. Fundamentos de la teoría de los signos. I. los enunciados en que ellas se estipulen han de cumplir a cabalidad dicha función. Además véase la cita que inicia este capítulo. p. 227-245. Tercera edición. p. Ediciones Cátedra S. Precisión como tantas veces se ha dicho es la univocidad en el elemento 2 HABA MÜLLER (Enrique Pedro) Ciencia Jurídica: ¿Qué ciencia? (El Derecho como ciencia: una cuestión de métodos) en Revista de Ciencias Jurídicas. 1989. Tomar el Derecho como lenguaje no es realizar ningún estudio restringido de lo que puede o es el Derecho. 1971). como medio por el cual se puedan conocer los contenidos normativos aplicables a un caso concreto. Es simplemente un punto de estudio el cual se considera más fértil para las apreciaciones que se pueden realizar al respecto. Ediciones Paidós Ibérica S. 3 MORRIS (Charles). de verdad. Presupuestos del Derecho Este apartado se divide en dos partes.. págs.A. A) Presupuestos semánticos del Derecho El Derecho concebido como lenguaje normativo en su dimensión semántica3 ha de establecer previamente la mayoría de las condiciones necesarias para que pueda servir. Primera edición en español. Presupuestos semánticos o pragmáticos son aquellas circunstancias. 55-66 (Traducción de Rafael Grasa de la edición en inglés “ Foundations of the Theory of Signs “ publicado como la Parte Segunda de Writings on the General Theory of Signs.228 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. 2002/2003. nº 6. 11-35. setiembre-diciembre de 1984.
Un signo (de significado normativo) es algo que alude algo a alguien. ¿Por qué tiende a crear eso? La respuesta es simple. Las dimensiones semánticas del Derecho o lo que llaman semántica normativa. 2002/2003. respecto de los usos descriptivos del lenguaje.Gustavo González Solano caracterizador de una palabra o frase. que es promotor de situaciones de acción de las personas. Un signo es algo que alude algo a alguien. es necesario ante la particular constitución del lenguaje normativo. describir los elementos necesarios que. se producen los 4 Este tipo de respuesta de comportamiento que provoca el lenguaje normativo. es señalar una dirección normativa y como dirección es establecer un único camino o vía de acción. más en la conformación de las nociones jurídicas que serán usadas justamente para provocar ese tipo de situaciones. no se señala bien la dirección o no hay dirección señalada. que cuando se le presente. 227-245. el uso rígidamente determinado del único significado que a una palabra se le puede atribuir. pp. es simplemente el estudio del uso instrumental del lenguaje. En el caso de que se presenten varios significados ha de elegirse uno y usarse como el significado válido para aludir al objeto o situación por el cual se eligió esa palabra y no otro para representarlo. . solo que “lo” aludido tiende a comunicarle un estado de cosas (elemento descriptivo) real o no. en nuestro caso el uso instrumental del lenguaje normativo. es decir. Es decir. a mantener la situación que señala la norma como actual4. él reaccione de esa manera. porque hay un hábito de conducta social que se le ha sido impuesto. pero deseado. ¿Cuáles son esos elementos? Que quede claro que no es la hipotetización de los elementos empíricos necesarios para dar órdenes. pero cuando se confunden entre varias vías distintas. Es relativamente fácil ordenar. Y en la estipulación semántica de los presupuestos del Derecho esto tiene su relevancia. Esto quiere decir que este tipo de lenguaje tiende a crear en las personas una idea (e inclusive sentimientos) de obligación a realizar el estado de cosas señalado (por los enunciados normativos) que simplemente es deseado y no existente realmente. sino que son los elementos semióticos necesarios para que los enunciados puedan significar imperativamente algo a alguien. nº 6. en este caso. Este tipo de lenguaje presenta la particularidad.229 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. ¿Qué significa esto? Pues que para determinar los presupuestos semánticos necesarios. y a crearle una idea o sentimiento de realizar o mantener ese estado de cosas. este tipo de lenguaje. coaccionado a cumplir y a que otros cumplan. Esto que pareciera tan redundante es lo que ha motivado más de un estudio que desconoce el funcionamiento de los imperativos en el Derecho. Si no se sabe estipular concisamente los enunciados normativos se pierde este tipo de respuesta de comportamiento. . requiere para producir las respuestas de comportamiento de las personas. no puede dejarse de lado en los estudios del lenguaje jurídico. sentirse compelido. Si la situación existiera el sujeto tiende. concretamente el lenguaje jurídico.
consistente. entre diversas ramas del Derecho. por otro lado. las delimitaciones de sus áreas de normación son a veces confusas por lo cual tiene que ser precisada con exactitud. En cuanto a la materia. . Sobre semántica puede hay libros enteros. Derecho Comercial) y eso. Pero eso no se hace por fines científicos sino de otro tipo. o Derecho Civil versus Derecho Agrario. aunque no hay que descartar los esfuerzos de los estudiosos en ese campo. Son realmente pocas las ramas que tienen una delimitación autónoma realmente clara de su campo de acción (Derecho Penal. de como hacer menos imperfecto el lenguaje jurídico.Gustavo González Solano mismos efectos que si nunca se hubiera señalado dirección.230 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. pp. vaguedades e indeterminaciones sino pierden sus elementos descriptores de un estado de cosas deseado y la producción de la respuesta de comportamiento dirigida a ese fin. . Por lo cual las consideraciones sobre el lenguaje jurídico que en general se pueden hacer y ya otros autores han señalado no se efectuarán aquí. La delimitación de los contenidos normativos repercute también en el establecimiento de un listado jerárquico de normas que señalen los significados normativos imperantes tanto por rango como por materia. sino que la misma ley ha tenido que encargarse de evitar cualquier desorden y explícitamente enmarcar el área de acción de una disciplina dada. esa claridad no han sido producto de estudios con procedimientos siempre rigurosos y sistemáticos que realizan exámenes o acuerdos entre científicos jurídicos. 227-245. con ausencias de ambigüedades. Cuando lo que pasa en realidad es que se quieren aplicar (o desaplicar) un tipo de normativa para aplicar o no aplicar en otro lado. Derecho Procesal Penal. sistemática. en mucho porque la misma la ley lo ha establecido así. Básicamente la acción regulada por normas requiere que la estipulación de sus enunciados esa sumamente estricta. o Derecho Penal). es decir. Aún así. Con lo dicho se puede tener una idea general de que es lo que se pretende dar a entender con los requisitos semánticos del Derecho entendido como lenguaje. nº 6. 2002/2003. Pero otro aspecto importante del Derecho que se quiere destacar es la dimensión pragmática. unívoca. no hay imperativo. Pero acontece a veces que tal límite muy claro pero por principios “omnicomprensivos” pasan a formar parte de las discusiones de las “áreas confusas”(véase Derecho Laboral versus Derecho Administrativo.
67-85 y ACERO (Juan José). por parte de los operadores jurídicos. la real ejecución de los mandatos normativos6. pero no se indican los medios para alcanzar esos objetivos. GUIBOURG (Ricardo A. Como presupuestos pragmáticos del Derecho. Primera edición. Toda norma siempre pretende el cumplimiento de la situación de la realidad deseada o mantenida. Apuntes sobre el Lenguaje jurídico (III): alternativas para el intérprete. págs. San José. También ha de querer el operador jurídico llevar a cabalidad la realización de lo estipulado en la norma y no inventar otros contenidos. Op. El uso real del Derecho está básicamente dado por la adopción consciente forzada o no. págs. para ello requiere también que algo signifiquen esas normas. 227-245. San José.). que pueda tener el operador jurídico. p. setiembre-diciembre de 1979.231 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. HABA MÜLLER (Enrique Pedro). Nº 37.. Revista de Ciencias Jurídicas.Gustavo González Solano B) Presupuestos pragmáticos del Derecho. San José. 167-225 6 Sobre el lenguaje normativo se ha escrito bastante y con especial mención véase HABA MÜLLER (Enrique Pedro). HABA MÜLLER (Enrique Pedro). Nº 38.225-317. los operadores jurídicos. Así pueden concebirse leyes “retóricas” o hasta “ideológicas”. el lenguaje jurídico será usado.153-258. 1984. lleven a cabo. Revista de Ciencias Jurídicas. GHIGLIANI (Alejandro) y GUARINONI (Rrcardo). son consideraciones relativas al uso. por parte de los usuarios de ese lenguaje. como condición necesaria pero no como condición suficiente para que efectivamente se utilice el Derecho. Cit. que efectivamente se da o despierta el lenguaje jurídico en ellos y con el cual ellos también realizan sus labores en el campo jurídico. en el sentido de que son un engaño para no regular la verdadera situación de hecho. eneroabril de 1979. pp.11-93. Introducción al conocimiento jurídico. Como se ve. Op. tal como se enuncia en las normas. Buenos Aires. Los aspectos pragmáticos5 del Derecho entendido como lenguaje. Apuntes sobre el Lenguaje jurídico (II): el problema de la precisión. . o la inexistencia de 5 MORRIS (Charles). nº 6. . 19-115. Revista de Ciencias Jurídicas. 2002/2003. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. o la inexistencia de objetivo claro por pretender buscar otro objetivo. Como puede ser el caso de estipular objetivos a cumplir. y para ello se requiere que se les dé un tratamiento semántico normativo estricto. Apuntes sobre el Lenguaje jurídico (I): de la lengua común a la lengua de las leyes. es decir. Nº 39. págs.. Científicamente no se tendría que concebir (aunque en la realidad suceda así) que se ordene para que no surta efectos en la realidad. o si se estipulan los medios éstos no son los idóneos para la realización de ese objetivo. de los conceptos y contenidos normativos estipulados en las expresiones jurídicas. Convertir los contenidos normativos en concretas respuestas de comportamiento de los operadores jurídicos tales que. BUSTOS (Eduardo) y QUESADA (Daniel).. págs. p. cit. mayo-agosto de 1979. Ello acarrea que se estipulen contenidos concretos que regulen aspectos materiales de la vida cotidiana o de su propia organización (procesales).
por demás es asunto de otra disciplina normativa. Requisito previo de esta racionalidad es la existencia de medios aptos por los cuales el operador jurídico pueda construir sus decisiones de modo racional. Porque. Para ello requiere del material jurídico idóneo. El conocimiento de esa orden plantea el conocimiento empírico de la existencia de esa norma y vigencia de esa norma y de la estipulación jurídica concreta. poco efecto imperativo logrará el enunciado. San José. no publicado. sólo que para nuestros efectos. ¿Controlar. qué? ¿Verificar. Se puede ver lo ilusorio de un tipo de modelos de estos. las leyes. . es decir. la lógica jurídica9. fotocopiado. 2003. El sujeto si no la detecta. Aquí es donde se plantea la necesidad de estipular de modo científico los contenidos de la norma. el lenguaje jurídico tiene que participar también de la certeza de la creencia sugerida. si no hay precisión en lo que se dice o regula. 8 HABA MÜLLER (Enrique Pedro). más que nada en cualquier país se sabe que ello queda en manos de otro tipo de personas. es también arracionalidad e irracionalidad8. 2002/2003. muchos de los niveles de racionalidad dependen de las estipulaciones normativas concretas que las normas señalen en ese lenguaje. otra norma que ordena la realización de una acción deseada. Cierto que existen procedimientos jurídicos tradicionales por los cuales las incongruencias de los significados normativos pueden corregirse. El conocimiento jurídico fundamentado es simplemente aquella creencia sobre significados normativos que tiene otro enunciado que estipula su significado normativo en esa creencia jurídica. No quiere decir estos que las aproximaciones teóricas no puedan ser racionales. de su imperatividad. Esto último acarrea la necesidad de construir el material normativo del modo más científico. en el papel y en la descripción de un modelo científico de la racionalidad jurídicacientífica. 1996. también dicho establecimiento ha sido siempre puesto en duda. 256 p. no puede haber acuerdo en que tomar como X o Y fundamento de X o Y conclusión. Lógica Jurídica. cómo? Y aunque no se descarta el uso de inferencias.Gustavo González Solano medios idóneos por no plantearse o la inadecuación de esos medios que no sirven para alcanzar ese fin. piénsese en los procedimientos constitucionales de control de leyes que evitan la contradicción entre los fundamentos normativos cuando hay un choque de ellos (con el llamado principio de regularidad 7 Como lenguaje que señala acciones. nº 6. Los significados normativos han de establecer conocimientos jurídicos.232 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. ni la creación de ellas depende de un concienzudo análisis de la vida o necesidades sociales. pero fundamentados. Editorial de la Universidad de Costa Rica. y el acuerdo en las fundamentaciones jurídicas de un caso. sea de la rama que sean. § 12 9 GONZÁLEZ SOLANO (Gustavo). El Derecho es más que racionalidad jurídica. . Todas estas observaciones son dadas. San José. pero sí para lograr otros objetivos7. pp. Los paradigmas científicos en la Teoría del Derecho (Sobre distintos modos de concebir (paradigmas) la ciencia del derecho. más incertidumbre hay de la forma de controlarlos. es decir. 227-245. no siempre personas adiestradas en el campo científico. Es decir.
se podría revisar en concreto cualquier contenido normativo a la luz de la adecuación medio-fin. 1990. como el principio de razonabilidad de las normas. . estipulaciones religiosas. 2002/2003. instituciones jurídicas concretas. Todas ellas en su gran mayoría están llenas de los más amplios significados y otra gran mayoría de contenidos vacíos. Ya que si fuera bien entendido tal principio. Pero eso es apenas una pauta obvia para tratar de evitar la existencia de confusiones entre las normas. sino que la determinación de la razonabilidad está aún plagada de consideraciones de tipo social. y sobre todo. Pero en la práctica pareciera que la efectividad de las normas es un asunto que concierne simplemente al tipo. No se puede decir. en este amplio campo de acción. a la valoración que se haga del contenido normativo concreto que se ventile en el control constitucional. . es una norma que evita que una norma que vaya en contradicción con los enunciados de la Constitución. ya que se deshace de las normas contradictorias pero a posteriori. 126-128. La Tutela de los Derechos Fundamentales.233 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. Más con la problemática que plantean los contenidos de los documentos constitucionales que son propuestas sociales revueltas con pancartas políticas de su tiempo. San José. siendo sumamente casual y casuístico el señalamiento del contenido concreto de ese principio y su aplicación. normativo y descriptivo. Dicho principio no es más que una norma que descarta las normas que no son medios aptos para cumplir sus objetivos. Es simplemente un instrumento anti-desorden. etc. Es. nº 6. presentes en nuestro país. Desgraciadamente no es aún entendida como es definida aquí. Ante ello el operador jurídico puede sugerir u ordenar el arreglo de la solución con la estipulación de nuevos 10 HERNANDEZ VALLE (Rubén). El principio de regularidad entre las normas. morales. y como sustituto del Dogma de la “racionalidad” de la voluntad del legislador. Editorial Juricentro.Gustavo González Solano jurídica10 de las normas o el principio de razonabilidad de las leyes). que es un control preciso y conciso de los diversos tipos de fundamentos que sirva como instrumento previo para el desempeño jurídico. ese control y ni siquiera hay forma de saber si se tuvo razón en escoger ese sentido que se usa como patrón y no otro. pp. sino que es una medida a posteriori ante los conflictos entre fundamentos que se presenten. La adecuación entre los significados normativos de uno u otro rango está dada por lo que el operador crea que dice la Constitución y no por medios de control estrictos que verifiquen dicho contenido lingüístico. 227-245. Primera edición. político. págs. tendría que revisarse de modo claro y sistemático la efectividad de las normas. Tampoco hay un acuerdo entre los operadores para establecer ese medio que verifique el acuerdo entre los operadores que seleccione ese contenido. que se pueden establecer principios de regulación materiales de las normas.
Si no hay acuerdos claros de cómo “jugar bien” con las normas y cómo razonar bien con ellas. queda la determinación de las opciones (sí conocibles pero no verificables y revisables por gente competente con métodos de control para corregirlas) y selecciones al operador jurídico. El primero señala los presupuestos sociales o individuales que el operador jurídico ha de tener para cumplir alguna posible actividad jurídica racional y el segundo apartado indica los presupuestos personales e individuales que el operador jurídico ha de tener para pretender alcanzar dicho fin. ellos son solamente unos criterios rectores de la similitud normativa o no. 227-245. El control de constitucionalidad y los principios de regularidad y razonabilidad. una descripción de la diversidad de presupuestos que debieran de existir para el desempeño de una práctica racional del Derecho marca a todas una serie de enfoques . ni controles claros no pueden haber racionalidad científica-jurídica.Gustavo González Solano significados o ordenar al órgano emisor encargado la creación de la norma. Respecto al juez.Persona como fundamento empírico o fundamento formal) dejando fuera del análisis. Esta sección se divide en dos apartados. . pero como se vio. nº 6. Podría también decirse que el control de constitucionalidad previo que realiza el órgano encargado de las normas tienden a asegurar ese tipo de control estricto y metódico de los fundamentos normativos. II. pp. Justamente porque se dejan llevar por un criterio. y no hay ni acuerdos de cómo controlar eso. Su función es en realidad la de establecer un marco de regularidad general. De ese modo no se puede llegar a establecer fundamentaciones científicas o racionales de los contenidos normativos. controles de ese tipo dejan la regulación de las situaciones peor de los que estaban. las jerarquías sin Fundamento Material) que a las Fundamentaciones Materiales. Por lo cual vemos que. Lo que habrá serán mecanismos tradicionales que evitan el desorden normativo pero que no ordenan los conocimientos y prácticas jurídicas. axiomático o empírico). entre los diversos fundamentos normativos materiales. los demás tipos de fundamentos (Fundamentación Material o fundamentos de tipo axiológico. los controles “de verdad” tienen sus requisitos que difícilmente realiza este órgano.234 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. a veces. Se da preponderancia a las Fundamentaciones Formales (es decir. Y ante el amplio panorama de los conceptos jurídicos (entiéndase no todos determinados) de la Constitución. no muy estricto. en este caso el de la existencia empírica de una norma en un sistema de jerarquía de dichas normas (lo que llamábamos Autoridad. Presupuestos del Juez. de algunos significados normativos. 2002/2003.
sobre otro o dejar de ejecutar “como debe” alguno de ellos. se obtienen o intentan obtener. se pueden asentar algunas (¡no todas por supuesto!) prácticas científicas en sentido estricto en el campo jurídico? En concreto. A) Presupuestos sociales e institucionales del Juez. sociológicos. como funcionario público o como especialista de las leyes. Los posibles desempeños a los cuales está sometido el juez y que tienden a determinar su labor en su Despacho se encuentran los de tipo laboral. Lo único que se quiere resaltar es el hecho de que la actividad científica jurídica. Aun así se esbozarán algunos presupuestos mínimos que pudieran tenerse como los aptos para realizar una supuesta práctica racional del Derecho. Cada una de ellas no es contradictoria o incompatible entre sí. su proceder o cualquier otro proceder o no. como empleado público. combinación de empleado o servidor del estado con órgano representante y que . se encuentra rodeada (y hasta determinada. 1) Laboralmente: el juez es un funcionario público. pero que están presentes en la determinación de muchas de las diversas actividades que él despliega. 227-245. es la aplicación del Derecho. pp. los que le asignan o atribuyen por el cargo funciones públicas.Gustavo González Solano psicológicos. Ese “como debe” lo que quiere señalar es que para cada tipo de papel. antropológicos y demás ramas relacionadas con la conducta humana. nº 6. por una diversidad de situaciones de otra índole.235 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. ¿Modifican algunas de ellas. y las derivadas directamente de sus actividades materiales o intelectuales concretas que ejecuta para llevar a cabo su función jurisdiccional. El juez como individuo se enmarca dentro de un contexto social determinado formando parte de instituciones sociales concretas con fines específicos en una sociedad. esto. en uno de ellos. . ¿Hay alguna situación que afecta un despliegue de las actividades racionales? ¿Positiva o negativamente? ¿Cuáles? Veamos algunos ejemplos. ¿Determinan en al modo. no siempre simultáneamente. funcionamiento y desempeño en la obtención de ciertos fines que con la ejecución de las directrices que regulan cada rol. hay una serie de reglas que gobiernan su estructura. ese tipo de instituciones? Básicamente el papel del juez se encuentra delimitado por tres tipos sencillos de roles que tiene que cumplir conjuntamente. sea hasta como un fin en sí mismo). una práctica racional de fundamentación y argumentación de las conclusiones? Si se ¿modifican también muchos de las situaciones actuales que no fomentan la actividad científica. sea como medios indispensables para realizarla. 2002/2003. mientras no prevalezcan los intereses que tenga el juez.
en la medida que se apliquen. San José. Alcance 35 del 3 de noviembre de 1989. . 1993. corrupción) que esto podría darse. Pero creo que fueron hechas para otros motivos y no tanto la búsqueda de precisos controles y elaboración de concisas prácticas inferenciales. la función jurisdiccional. cualquier remuneración económica mayor o menor que reciba influya en el desempeño de su actividad (no se le va a hacer caso a las absurdas leyes económicas que rezan que “ si se aumenta el ingreso de un trabajador ese será más productivo ya que empleará sus ingresos en medios o capacitación que lo hará más eficiente”). Para eso están los sistemas de responsabilidad civil11 y penal12 que establece la misma ley para evitar esas situaciones. como motivos. en el más amplio de los sentidos que.236 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. Véase además artículos 85-95. Son normas que se pretende que tengan algún efecto motivador o atemorizante en él. uno de los tantos condicionantes de la posible actividad o acción que realice. en el desempeño de sus funciones. publicada y tomada de la Gaceta N1 208 . no indica número de edición. ¿Es ello positivo o negativo. Sí hay situaciones normativas concretas que pensamos tenderían en cualquier operador jurídico a hacerlo pensar y actuar de una forma que influye y determine en cierta forma lo que falle y cómo lo falle. Y se quiera o no. a la luz de los principios de “buen desempeño judicial” u otros de índole moral. 12 “Artículo 348: Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos…” Código Penal. nº 6. Esos disparates no funcionan ni aquí ni en muchos sectores de la vida cotidiana). sin que sea necesario que haya precedido proceso penal…” Artículo 85. Ya sería por situaciones anómalas a las corrientes (pagos indebidos. de 16 de agosto de 1989.A. ellos motivan. ante el superior inmediato de quien hubiere incurrido en la falta. Código Procesal Civil. infringieren las leyes. Investigaciones Jurídicas S. Podemos observar que como criterio de orden esa norma perfectamente puede cumplir también el papel de 11 “Cuando los funcionarios que administran justicia. atemorizan o coercionan lo que haga el juez en su concreta labor judicial. la científica.Gustavo González Solano desempeña una de las funciones del Estado. . 2002/2003. para no “salirse del esquema” o que no lo saquen del puesto por no cumplir a cabalidad con las reglas del juego? ¿Establecen o determinan esas normas la forma de decidir un caso? No podemos negar que no influyen dentro de las condiciones generales presentadas al operador jurídico. ¿Estas situaciones también tienden a crear en el operador jurídico una fidelidad a las formas tradicionales de resolver los conflictos. 227-245. pero en la ejecución normal de las actividades ello no influye directamente en su labor. pp. dietas políticas. motivador o un obstáculo para la realización de efectivas prácticas científicas? Se tendría que analizar si esas normas son en realidad medios efectivos para cumplir esa finalidad. Ubicado en una estructura jerárquica y especializada de funciones y competencias no tendría que pensarse. Ley Nº 7130. Pero en concreto eso es lo que es. o para sancionar. Ley Nº 4573 de 4 de mayo de 1970 publicada en la Gaceta Nº 257 el 15 de noviembre de 1970. la parte perjudicada podrá exigir responsabilidad contra aquéllos. las prácticas arbitrarias e incorrectas de los jueces. Fueron hechas para evitar.
dándole por consiguiente contenido a aquellas normas.237 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. Se escoge la protección del juez redactor si se confirma la decisión obtenida. . son cuestiones que no se pueden discutir aquí. tiene sus pro y sus contras. sin casos concretos u objetos de análisis específicos que realmente se puedan observar. que tiene que ser resuelto como una selección (que la ley hizo y fue a favor de la protección del juez y su cargo) entre la protección del juez ante posibles reclamos de cualquier persona interfiriendo en su trabajo y los intereses del reclamante para ver satisfechos sus reclamos. 2) El sistema de jerarquía de los funcionarios judiciales permite el descargo de responsabilidad del redactor de una resolución mediante la ratificación del superior del resultado de esa resolución. Ley Nº 7130. publicada y tomada de la Gaceta Nº 208 . provoca controles (y mantenimiento) poco estrictos de verificación de las conclusiones jurídicas. Ello nos llevaría a lugares posiblemente muy “alejados” y con poca utilidad explicativa en este momento. Alcance 35 del 3 de noviembre de 1989.Gustavo González Solano medio motivador de prácticas racionales y hasta de sancionador del no acatamiento de las mismas. Pensar por el contrario. 227-245. lo que produce una inmunidad de los verdaderos actores o productores del fallo13. Confirmación. desde el punto de vista del reclamo civil o penal de responsabilidad. ya que tiende a crear en algunos jueces de rangos inferiores la convicción o la creencia de que si “Artículo 89. De lo mucho que depende la racionalidad jurídica es de claros contenidos normativos presentes en las normas sancionadoras y si ellas no son acatadas su vulneración es evidente. de 16 de agosto de 1989. La confirmación del superior libra de responsabilidad al juzgador que dictó la sentencia o auto que sea motivo de las demanda de responsabilidad…” Código Procesal Civil. justamente porque lo “motivan” a seguir en ellas. si esas normas son obstáculos que tienden a que cualquier operador jurídico solo siga (como siempre lo ha hecho). sino hay mecanismos estrictos de control metódico-científicojurídico de fallos?) Y desde nuestro el punto de vista. pero una desventaja es que se implanta un medio que permite la impunidad del juez o de los jueces por esos fallos en la eventualidad de ser errados (y ¿cómo saber si son errados o no. 2002/2003. nº 6. El descargo de la obligación de responsabilidad del juez. pp. esquemas tradicionales de razonar. Por eso entre esas normas y la instauración de medidas científicas de practicar el Derecho se puede establecer una colaboración recíproca: estas normas fijan justamente los castigos a las desviaciones de los contenidos normativos o de las prácticas para conocer los hechos y las normas y las actividades racionales que señalan como ha de hacerse ese tipo de práctica. este sistema de descargo de responsabilidad por ratificación del fallo por parte del superior. o si lo coercionan a continuar sus labores intelectuales corrientes por temor a cometer errores que le pueden costar económica (el salario) o laboralmente (el cargo) caro. Una ventaja para el juez obviamente es su descargo de responsabilidad. 13 .
tampoco ha de pensarse que un juez superior confirmará un fallo errado. en la medida de lo posible. . No se puede negar que los que posiblemente redactaron eso tenían en mente que con la “…Artículo 5. Alcance 24 de 1 de julio de 1993. Ley Nº 7333 de 5 de mayo de 1993 publicada en la Gaceta Nº 124. 227-245.Gustavo González Solano no fallan. Claro. integren o delimiten. …los principios generales del Derecho y la Jurisprudencia servirán para interpretar. como han fallado sus superiores. la decisión de un caso concreto con X o Y fundamentos. (cursiva es nuestra). Y dependería menos de aclaraciones terminológicas y más sobre descripciones y acuerdos serios de nociones precisas.238 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. semiótica y metodología científica jurídica. no dejan de ser apreciaciones de un grupo de personas que por el cambio de integrantes pueden variar. no se tiene únicamente que recalcar. La simple enseñanza técnico jurídica del juez (y no el adiestramiento científico ni sistemático en lógica. este tipo de situaciones no se presentaría. nº 6. No pueden ser los simples hábitos jurisprudenciales los que prevalezcan así porque así. 14 . Si las conclusiones jurídicas. estos pueden no confirmarles sus decisiones y acarrearles situaciones que los exponen a esos reclamos y esas responsabilidades. Este tipo de sumisión (el de las debidas y no debidas decisiones) es parte de cualquier procedimiento que tiene que instaurar una serie regular de conductas o de acciones (los fallos) ante casos similares o repetitivos. Esto lo que significa es que los reiterados fallos de un Tribunal Superior o de una Sala de la Corte Suprema de Justicia tienen que ser seguidos por parte del operador jurídico de rango inferior como normas estrictas de regulación de un caso concreto. pero la forma acientífica de decidir la resolución de un caso seguirá existiendo con las consecuencias ya indicadas. Al operador jurídico se le ordena en el caso de nuestro país. integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpreten. son adecuaciones prácticas a casos concretos que se han presentado siguiendo un criterio X. Lo revocará y mandará que se corrija. Pero su establecimiento tiene que hacerse con procedimientos más estrictos de los simplemente utilizados hoy en día. dichas fuentes tendrán rango de ley…” Ley Orgánica del Poder Judicial. por decir algo). Cuando se trate de suplir la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia. alcanzarían una resolución más perdurable y sólidamente fundada. la utilización de la Jurisprudencia. 2002/2003. como norma de rango legal cuando haya ausencia de leyes que regulen una situación determinada. Si se dieran conocimientos y metodologías de estudio científico. pp. 3) Problema aun mayor se plantea en el campo jurídico y específicamente en la labor argumentativa-científica con la instauración de la obligación de seguir los fallos del superior al establecer que la jurisprudencia es fuente de Derecho14. o al menos.
Lo que hace la ley es establecer una vía científicamente poco útil para resolver las omisiones normativas. que los fallos jurisprudenciales. pero sí aclarar cualquier concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan sobre punto discutido en el litigio. por decirlo llanamente no son todos correctos. Si no se dice cómo se fundamentó. La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos por la demanda. Alcance 35 del 3 de noviembre de 1989. Elección que es. Selecciones que con controles precisos no tendrían que ser tan tajantes y contradictorias como las que dice la ley. publicada y tomada de la Gaceta Nº 208 . casos no previstos. en este caso de los procesos civiles.” Código Procesal Civil. pero ya en otro caso porque sobre el mismo caso se sabe que un juez no puede cambiar su decisión15. . etc. publicada y tomada de la Gaceta Nº 208 . La aclaración o adición de la sentencia sólo proceden respecto de la parte dispositiva…” Código Procesal Civil. y así pasa. por ahora. Aclaración y adición. versus la “no puesta en duda de la imparcialidad del juez”.Gustavo González Solano jurisprudencia se pueden resolver muchos sino casi todos los problemas que presenta la técnica legislativa (sobre todo las omisiones. Aunque. Congruencias. Alcance 35 del 3 de noviembre de 1989. Bien puede ser que sea la “rectitud o perfección del fallo” en el primer caso. 4) El sistema disciplinario de la Corte Suprema de Justicia establece patrones de comportamiento que regula en el desempeño intelectual de sus funcionarios. Esta es otra determinante (¿positiva o negativa para el desarrollo de actividades científicas?) de los procesos fundamentadores de decisiones. 2002/2003.239 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. de 16 de agosto de 1989. ya que eso. No se puede ver en esa estipulación un medio por el cual se trate de solventar muchos de los problemas reales y de modo científico que tiene la aplicación concreta del Derecho. por parte de otras personas y solo pueden hacerse por parte del mismo operador jurídico. además de que lo que se decida ha de estar sujeto a lo simplemente solicitaron las partes16. insustancial exponer o escoger. de 16 de agosto de 1989. confusiones. otro determinante de la labor fundamentadora del juez. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.). Los jueces y los tribunales no podrán variar ni modificar sus sentencias. 15 “…Artículo 158. las revisiones críticas no se pueden hacer. . ordenado o fundamentado. como se ve. Tal intento es encomiable pero solo eso. No tienen todos una fundamentación completa y precisa como la que se lograría con los métodos estrictos de fundamentación racional. el legislador lo hizo y plasmó en la ley. nº 6. pp. esa no es la única opción. Solo enunciaremos éstos últimos puntos ya que su posibles discusión corresponde al choque o preponderancia de ciertos fines concretos sobre otros en diversa jerarquía. 227-245. o de la “congruencia lógica” versus evitar posibles “arbitrariedades o liberalidades del juez”. Ley Nº 7130. 16 “…Artículo 99. Ley Nº 7130. Muchas veces sucede. sino que pueden ser otras o hasta participar ambas en diversos grados y dependiendo de la disciplina jurídica que sea. Allí no hay controles de lo dicho.
alcalde o agente fiscal que conozca de un proceso tendrán facultades para ordenar lo que corresponda. Aplicar leyes o otras normas o actos de cualquier naturaleza que sean contrarios a la Constitución Política. El abandono injustificado y reiterado del desempeño de la función…6. Ley Nº 7333 de 5 de mayo de 1993 publicada en la Gaceta Nº 124. Tampoco podrán interpretarlos o aplicarlos de manera contraria a los precedentes o jurisprudencia de la Sala Constitucional. cuando. 19 “…Artículo 192. 2002/2003. nº 6. “…Artículo 8. Todo juez tiene limitada su competencia al territorio y a la clase de asuntos que le estén señalados para ejercerla. Aplicar decretos. “…Artículo 191. 2. los artículos que van del 174-223. Los funcionarios que administran justicia no podrán: 1. o en su resolución cuando no constituya una falta más grave…” Ley Orgánica del Poder Judicial. “…Artículo 162. Ante ello se puede señalar que uno de los presupuestos sociales e institucionales para el desarrollo de algunos puntos de las actividades científicas. Entre las que nos interesan destaca el hecho que se sanciona disciplinariamente los incumplimientos a las funciones básicas de la judicatura. Alcance 24 de 1 de julio de 1993.Gustavo González Solano El Poder Judicial como institución social establece un patrón de conducta específico para sus integrantes. salvo autorización legal en contrario. el juez deja de serlo o queda suspendido temporalmente en sus funciones. Las infracción de las prohibiciones o deberes establecidos en la presente ley…8. El juez como autoridad pública tiene una serie de regulaciones que dirigen su conducta en el desempeño de sus funciones. 2. Las acciones u omisiones que generen responsabilidad civil…” Ley Orgánica del Poder Judicial. (cursiva es nuestra). Se consideran faltas graves. Cuando se dice infraestructura se entiende no solo todos aquellos medios materiales que sirven de soporte no solo para albergar a las personas. distintos a los estrictamente jurídicos. Alcance 24 de 1 de julio de 1993. Alcance 24 de 1 de julio de 1993. Ley Nº 7333 de 5 de mayo de 1993 publicada en la Gaceta Nº 124.240 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. Ley Nº 7333 de 5 de mayo de 1993 publicada en la Gaceta Nº 124. Si tuvieren duda sobre la constitucionalidad de esas normas o actos. …los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma que aplicar y deberán hacerlo de conformidad con las normas escritas y no escritas del ordenamiento. sólo se podrán practicar por medio de este. en el cumplimiento de sus funciones…”. como faltas gravísimas18 o graves19 las incorrectas actuaciones o señalamiento indebido de decisiones jurídicas o resoluciones de los casos. pp. “…Artículo 5. son autoridades que tienen que establecer decisiones jurídicas17. es que éstas tienen que ser objetivamente plasmadas en la infraestructura misma del Poder Judicial. . son funcionarios públicos. acuerdos y otras disposiciones que sean contrarias a la ley…”. sino que “…Artículo 3…el juez. 18 Sobre el régimen disciplinario véase de la Ley Orgánica del Poder Judicial. según la escala jerárquica de sus fuentes…”. Que sea o no a causa de una función y no alguna finalidad científica no excluye la posibilidad de aprovechar sus controles y consecuencias.”. Se consideran faltas gravísimas. El retraso injustificado en el Despacho de los asuntos. que sean por otros motivos. La facultad de administrar justicia se adquiere con el cargo al que está anexa y se pierde o suspende para todos los negocios. reglamentos. 227-245. 17 . 3. las diligencias que los procesos de que conozca exijan se hagan en el territorio de otro juez. por cualquier motivo. deberán hacer la consulta correspondiente a la jurisdicción constitucional.” Todas los anteriores artículos son de la Ley Orgánica del Poder Judicial. “…Artículo 165.
Plaza & Janez S. equipos. 227-245. eficiencia cualitativa y cuantitativa de las resoluciones judiciales. podemos abordar la cuestión misma de qué procedimientos usar como un problema de decisión. Ediciones Paidós Iberoamerica S. en nuestro caso serían de tipo más científico. de cuán importante o serio pueda ser el error. 315. el mayor o menor desempeño de las actividades intelectuales científicas en el ámbito jurídico es posible realizarlo. “…cuán estrictos tengan que ser los criterios para estimar razones dependerá de lo que ande en juego. etc. págs 311-319) 21 NOZICK (Robert). De una falta de diligencia no debe forzosamente inferirse la ociosidad del agente. oficinas. que pretendan establecer tipos concretos de conductas reiteradas en los operadores jurídicos para la resolución racional y científica de sus casos. Princeton University Press. saldos positivos entre los casos presentados y los resueltos. costos presupuestarios). La naturaleza de la racionalidad. Si hay distintos grados de rigurosidad.A. tiempo de duración de los procesos hasta su resolución final. nº 6. . Northcote Parkinson ha presentado el fenómeno socio-administrativo con un humor un poco estridente. de cuánta energía. 20. calculando los costes y los beneficios de cada procedimiento en su contexto específico…”21. p. pp. de la naturaleza general de la empresa. Una ocupación mínima no presupone la pereza del que anda enfrascado en ella. que el trabajo en general (y de un modo especial el concerniente a toda suerte de papeleo) es en sí tan elástico en cuanto al tiempo que su realización exige. Y de que ese resultado quiera.) y beneficios materiales y funcionales que se obtengan (aumento de la “calidad” de las decisiones. 20 . La tarea pendiente va adquiriendo mayor importancia y complejidad en razón directa del tiempo disponible…” HUISMAN (Denis) director de. nuevos órganos. si se dan para ellos motivantes institucionales. (artículo de DIBIE (Jean). 1993). 1978. etc. en parte. cuánto tiempo y cuántos recursos habría que dedicar al empleo de procedimientos que satisficieran esos criterios más estrictos. Enciclopedia de la Psicología.A. La función pública. Barcelona. 1995. Así en concreto. Admitiendo pues. llevado a la práctica. 2002/2003. podemos afirmar que no existe la menos relación entre una determinada tarea y el tiempo que debe absorber.. y la implantación de los concretos mecanismos desbucratización científicos de control de juridicidad de los fallos. Primera edición en castellano. La implantación de ellos y su efectividad dependerá del resultado entre el análisis de los costos de la implantación de una estructura (nuevos funcionarios. p. ser. Eso confiando que las diversas “interpretaciones políticas” (equilibrios inestables de compromisos) de estos cambios (a los cuales están sometidos las modificaciones infraestructurales -modificaciones “…C. con los costos y el dinero correspondiente y existente. 138 (Traducción de Antoni Domènech de la edición en inglés “The nature of rationality”.. centros de capacitación.Gustavo González Solano también tienden a darles y crearles un hábitat social en el cual se han o se pueden establecer nuevos hábitos de conducta. bajo el título de las leyes de Parkinson: Todo trabajo se dilata indefinidamente hasta llegar a ocupar la totalidad del tiempo disponible para su completa realización. New Jersey. Barcelona.241 Revista Telemática de Filosofía del Derecho.
sería cualquier otra cosa.Gustavo González Solano de las leyes orgánicas. 227-245. Es también necesario. no serían modelos.242 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. Aún no se ha hecho ese intento y tal vez sea difícil sino imposible que se lleve a cabo eso. pp. Otras veces no siguen ni siquiera los procedimientos tradicionales de fundamentación jurídica (ni ejecutan menos métodos científicos) debido a errores conceptuales. Se puede desempeñar en la resolución de los casos. definitivamente el más importante es la voluntad y el interés mismo que tenga el operador jurídico en seguir y cumplir una . la existencia de ciertos presupuestos personales e individuales del operador jurídico para que tal situación se lleve a cabo. pero como vimos en algunas se ve en algunas sentencias ello no fue estrictamente así. menos unas reglas que seguir para resolver los casos. No se puede afirmar que se encuentran con la posibilidad.y económicas -presupuesto) no las obstaculicen. tales modificaciones. No solo de las estructuras en donde trabaja el juez. o el tipo de especialización concreta en el desarrollo de sus actividades intelectuales. de los jueces. Si lo fueran. B) Presupuestos personales e individuales del Juez. De todos los presupuestos personales e individuales pensables o imaginables. nº 6. Algunas veces no fue así porque ellos mismos lo dijeron (aunque en lo realmente hecho no se hizo así). . 2002/2003. se puede decir que es más libre o menos atada. o errores argumentativos para determinar los hechos y hasta las consecuencias jurídicas (¡aunque uno se pone a pensar si más bien siguieron al pie de la letra los procedimientos corrientes de fundamentación jurídica!). de una manera diversa y como es la científica. ¿Qué consecuencias acarrea eso? Su función. el problema no es tanto que represente eso o no ese tipo de directrices. Como órganos “jurisdiccionales” pareciera que intentan seguir los procedimientos tradicionales de la fundamentación jurídica. o las funciones que desempeña como funcionario público. sino es con un cambio radical del universo simbólico del Derecho en concreto. por no existir tantas limitaciones institucionales (distintas a las que por política está destinado a indicar. o tergiversen. menos para justamente lo importante que es llevar a la práctica. de implantar modelos argumentativos de “libertad absoluta”. y más a la raíz. Esto último nos lleva al siguiente punto. lo importante es que en sus funciones concretas de fundamentación jurídica no revuelva o confunda los procedimientos científicos de argumentación jurídica con discursos políticos o ideológicos) que tiendan a determinar (motivando o coercionando) su forma de resolver los casos. es lo que únicamente determinan en parte las prácticas racionales del Derecho. utilizándolas como medios para cualquier otro asunto.
Gustavo González Solano serie de pautas tan estrictas y poco cómodas como las de índole científico. RESCHER (Nicolas). los menos ineficientes y los que tendrían algún provecho mayor que los que ahora se tiene en la resolución de los casos.243 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. 1993. Estos últimos son que. pp. La Racionalidad. 2002/2003. algunos de los prácticos de tipo social.. Lo verdaderamente importante está en cómo se resuelven los casos. sino en su papel normativo en tanto indicación de cómo la gente debería funcionar en relación con intereses superiores de sus preocupaciones cognoscitivas y prácticas. Oxford University Press. Las normas de racionalidad. Esto no está fuera de la racionalidad científicojurídica.) el real y efectivo desarrollo de una serie de pautas racionales en el campo jurídico dependerá de la elección y adopción de la racionalidad científico-jurídica y de los modelos científicos estrictos como finalidades a conseguir. Editorial TECNOS S. las personas que se desempeñen en este tipo de prácticas. alcanzar y mantener en el campo jurídico. como la moralidad. A Philosophical Inquiry into the Nature and the Rationale of Reason”. “…la clave del asunto es que la importancia de la racionalidad no descansa en el fondo en su papel como caracterización descriptiva del proceder humano (cómo funciona la gente). La racionalidad. si quisieran implantar procedimientos científicos de fundamentación jurídica. . de ninguna manera se ven afectadas o invalidadas por el hecho de que la gente las viole…”22. y falta señalar los prácticos de tipo individual. Ello conlleva por consiguiente la búsqueda. métodos o procedimientos utilizados y la racionalidad científico-jurídica trata de señalar los menos malos.A. 227-245. 1988). 22 . Podría señalarse que las verdaderas finalidades que busca un órgano jurisdiccional son resolver los casos. Primera Edición en español. lo apropiado. cuales son los medios. los jueces serían quienes tendrían. 217 (Traducción de Susana Nuccetelli de la edición en inglés “Rationality. elección y adopción de los medios efectivos por los cuales se pueda llevar a cabo la realización de toda esa serie de procedimientos denominados racionalidad jurídica. por parte de los participantes de esta labor. Algunos de los cuales ya hemos tratado de esbozar a lo largo de todo este trabajo: los teoréticos en la primera parte y. que elegir y adoptar realmente ese tipo de racionalidad y fijarlos como finalidad a alcanzar. las formas inteligentes de hacer las cosas y no al curso de acontecimientos meramente usuales o habitual. tiene un peso normativo y concierne a lo correcto. nº 6. p. En nuestro concreto objeto de estudio. Madrid. simplemente. etc. Y esto básicamente nos lleva a dos puntos sencillos de señalar: que personalmente fuera de otras observaciones de tipo psicológico (psicología de la automotivación. en punto anterior. como las de moralidad.
Claro que como así y todo. pp. No sobra decir. etc. 2002/2003. Como señala HABA “…los seres humanos piensan y actúan racionalmente. después o a lo largo del trabajo. esto es. negocios. la gente entiende y actúa. la “opinión pública” (i. Las recomendaciones que se intentaron formular fuera antes. al fin de cuentas se trata ciertamente de algún “orden”. sea por su gran conocimiento adquirido por capacitación o adiestramiento en este tipo de conocimientos y procedimientos que conforman la racionalidad jurídica. cualquier intento de encarar el estudio de una sociedad o su derecho como si fuera un sistema racional. de la no cotidiana labor jurídica. movida principalmente por impulsos que no somete a reflexiones racionales: intereses (opuestos). lo que opinan las grandes cadenas de televisión y los periódicos de mayor venta). al menos no inadecuado de ella. . y más que nada en todo -¡y es mucho!. ante todo. sólo en esferas bastantes limitadas de los comportamientos habituales. cuya racionalidad es de alcances muy parciales. prejuicios estereotipados. la conducta racional de cada cual no va más allá hasta donde alcancen sus conocimientos reales del asunto. incluidas las de origen ideológico (convicciones políticas. fantasías ideológicas. Tales contradicciones pasan a poblar igualmente lo que es el conjunto de la teoría y de la práctica del derecho. no los ciega sus emociones. Casi siempre. al menos aminorará la retórica empleada en el razonamiento jurídico. que como en toda disciplina.Gustavo González Solano han de cumplir con los requisitos de idoneidad intelectual. nº 6. para el desempeño. poco descrito. Ello es una opción. En lo demás. etcétera. Esto hace que. como lo hacen. de hecho. cuando uno simplemente está recomendando. han de ser personas competentes las que integren los órganos jurisdiccionales (sea por demostración científica o prueba de sus verdaderas y útiles capacidades) y quienes realicen (ellas y no otras personas) esas funciones. el “orden” social sea un tejido extremadamente contradictorio de conductas y de ideas.244 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. costumbres. en la práctica. que sino cumple al menos con sus cometidos principales. Por eso. tanto en la forma de conducir su vida personal como en la generalidad de las conductas que forman la coordinación macrosocial. La influencia de esta última es apenas secundaria en la vida cotidiana de ese “orden”. conduce inevitablemente a perder contacto con los factores reales que la hacen funcionar. el restringido ámbito de ciertos tipos de experiencias propiamente personales de la vida cotidiana (amistades. consiguen ser racionales únicamente cuando. solo intentan contrastar. sentimientos de toda clase.. esto implica que allí se dan también .cuando depende de su (in)comprensión de las fuerzas reales que producen esa coordinación.e. y otros que tiendan a la incorporación de métodos científicos en la resolución de los casos. Lo que se quiso explicar en este texto fueron algunos aspectos del panorama. múltiples presiones personales. los diversos tipos de enfoques y resultados que sufre la actividad jurídica. religiosas. Por lo general. 227-245.). destacando de nuestra parte la imposibilidad de agregar algunos elementos racionales. etc.).
Estas últimas. constituyen. que claro está. Cuadernos de filosofía del Derecho. buena parte de la actual Teoría del Derecho vuelca sus afanes a efectuar indagaciones sobre cómo puedan razonar los juristas de mundos por el estilo. cuáles de las respectivas irracionalidades (y también ciertas racionalidades) se impondrán a cuáles otras. aunque relativamente inestable. en función de los juegos de fuerzas sociales subyacentes. y algunas alusiones a la actual Teoría del Derecho) en Revista de Ius et Praxis. Número 14. sobre todo de tipo procedimental. Sin embargo. Kirchmann sabía menos. de ciertas ideas y conductas que predominan en una colectividad dada. ((También hay una versión publicada en la revista Doxa. pp. Alicante. en razón de su origen y de sus protagonistas. en líneas generales. que Kirchmann conocía tan bien. dan lugar. sea un aspecto más o menos secundario y se le pueda corregir…”23. quedan subordinadas a amplias franjas de irracionalidad en cuanto al fondo de las decisiones. 1993. En toda colectividad.. que allí presionan cada una para su lado. más que en los acomodables mundos del wishful thinking. Nº 24. Juristas. se dirigen a determinar. constituyen “reglas de juego” para llevar adelante en la práctica la irracionalidad de cada cual -¡incluida la de los jueces!. en definitiva. no sea otra cosa que en él. y en general su endeblez como discurso científico. pero sin que cada una de ellas ni sus relaciones mutuas obedezcan fundamentalmente a unos patrones firmes de racionalidad. poco tienen en común con aquellos otros. sino que son antes bien el resultado de una complejísima madeja de irracionalidades -los proteicos deseos de individuos y de grupos. ni pueden existir. mediante formulaciones más detalladas y en un lenguaje algo técnico. Este no es.245 Revista Telemática de Filosofía del Derecho. 91-94. nº 6. y en su derecho. 304-307. Pero este. . temporalmente. HABA MULLER (Enrique Pedro). aunque también pueden servir para promover ciertos aspectos racionales en la solución de esos conflictos.Gustavo González Solano una serie de regularidades fundamentales. como esfuerzo teorético no puede ser. La política y el derecho derivado de ella. las formas. págs. otra cosa que un conjunto de prácticas intelectuales cuya racionalidad sea lo bastante débil como para ser generalmente aprobada. 227-245. lo racional y lo irracional.. Universidad de Alicante. un equilibrio de fuerzas que se traduce en dicho orden. Y aunque llegue a contener ciertas racionalidades formales. Dichas reglas de juego. Pero esas regularidades NO responden a ninguna racional planificación global sistemática. a lo que se conoce como: el Derecho. los de carne y hueso. 23 . mientras que el orden en cuestión subsista. De ahí que el carácter retórico del razonamiento jurídico. una mezcla indisoluble y siempre variable..¡ pero vio mejor ! (Sobre la vigencia de un viejo diagnóstico. Una sociedad y un derecho racionales no existen.que encuentran. Lima. hasta qué punto pueden hacerlo y bajo qué formas. los cotidianos. en la práctica. 1991 págs. 2002/2003. originadas básicamente en las ideologías políticas. sino la regularidad temporal. y las multiformes maneras de ponerlos en práctica.
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