Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-759-de-2003?documento=legcol&contexto=legcol_75992041e6def034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-16 15:44:39
Document Index: 221911119

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 32', 'artículo 8', 'artículo 50', 'artículo 73', 'artículo 8', 'artículo 72', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 117', 'artículo 6', 'artículo 159', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 77', 'artículo 74', 'artículo 54', 'artículo 73', 'artículo 55']

﻿ RESOLUCIÓN 759 DE 2003
RESOLUCIÓN 759 DE 29 DE AGOSTO DE 2003
CONTENIDO:CALIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN POR PARTE DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA DE DETERMINADOS REQUISITOS DE ETIQUETADO PARA CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR ORIGINARIOS DE LA SUBREGIÓN, COMO RESTRICCIÓN PARA EFECTOS DEL PROGRAMA DE LIBERACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ORGANISMOS COMERCIALES, INDUSTRIA, ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR
BOLETÍN N°:GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 974 DE SEPTIEMBRE 1 DE 2003
RESOLUCIÓN 759 DE 2003
Calificación de la aplicación por parte de la República de Venezuela de determinados requisitos de etiquetado para calzado y prendas de vestir originarios de la subregión, como restricción para efectos del programa de liberación.
El artículo 30 y el capítulo VI del Acuerdo de Cartagena sobre programa de liberación en el texto codificado mediante la Decisión 563; las decisiones 376 y 419 de la Comisión sobre el sistema andino de normalización, acreditación, ensayos, certificación, reglamentos técnicos y metrología y el reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y,
Que el 26 de julio de 2002, amparándose en la Decisión 419, el servicio autónomo de normalización, calidad, metrología y reglamentos técnicos de Venezuela (Sencamer), a través de correo electrónico, remitió a esta secretaría general dos proyectos de resoluciones conjuntas de los ministerios de Finanzas y de la Producción y el Comercio, que tendrían por objeto, uno de ellos, “establecer un registro de fabricantes nacionales e importadores de prendas de vestir (textil) y la información mínima que debe contener la etiqueta aplicable a todo tipo de prendas de vestir (textil) que se comercialicen en Venezuela, sean de procedencia nacional o importada”, y, el otro, “establecer un registro de fabricantes nacionales e importadores de calzados y la información mínima que debe contener la etiqueta aplicable a todo tipo de calzados que se comercialicen en Venezuela, sean de procedencia nacional o importada”. Dichos proyectos fueron notificados, a su vez, por la secretaría general a los países miembros y a sus respectivos organismos nacionales competentes, mediante comunicaciones de fecha 26 de julio de 2002;
Que el 28 de agosto de 2002 el Sencamer notificó a la secretaría general, a través de correo electrónico, una versión actualizada de los proyectos de resoluciones conjuntas, cuyo objetivo sería “establecer la información mínima obligatoria que debe contener el etiquetado de todo tipo de calzado que se comercialice en el territorio nacional” y “establecer la información mínima obligatoria que debe contener el etiquetado de todo tipo de prendas de vestir (textil) que se comercialice en el territorio nacional”. Estos proyectos fueron notificados por la secretaría general a los países miembros y a sus respectivos organismos nacionales competentes, mediante comunicaciones de fecha 29 de agosto de 2002;
Que el 1º de octubre de 2002, la secretaría general recibió una comunicación del Gobierno de Colombia, en la que formuló observaciones a los proyectos de resoluciones conjuntas de la República de Venezuela. Esta comunicación fue puesta en conocimiento del Sencamer el 3 de octubre de 2002;
Que, por su parte, el gobierno del Perú, mediante comunicación 205-2002-MINCETUR/VMCE/DNINCI del 11 de octubre de 2002, también formuló observaciones al citado proyecto. Tales observaciones fueron puestas en conocimiento del Sencamer de Venezuela el 16 de octubre de 2002;
Que, con fecha 6 de noviembre de 2002, el gobierno del Perú comunicó a la secretaría general que en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del 23 de septiembre de 2002 se habrían publicado dos reglamentaciones técnicas que habrían sido adoptadas aproximadamente a los sesenta (60) días de haber sido notificadas a los países miembros, sin cumplir con los plazos establecidos en la normativa andina para que los países miembros pudieran hacer llegar las respectivas observaciones. Indicó además que con dicha conducta el gobierno de Venezuela habría transgredido el artículo 32 de la Decisión 419, razón por la cual las referidas reglamentaciones técnicas no podrían hacerse exigibles a los demás países miembros. Adicionalmente, el gobierno del Perú reiteró las observaciones realizadas en su comunicación del 11 de octubre de 2002 y solicitó a la secretaría general que procediera a iniciar el correspondiente procedimiento administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8º de la decisión sobre el sistema andino de normalización, acreditación, ensayos, certificación, reglamentos técnicos y metrología, por supuestas restricciones al comercio;
Que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general contenido en la Decisión 425, mediante comunicación SG-F/4.2.1/2022/2002, del 14 de noviembre de 2002, dirigida al gobierno de Venezuela, se dio inicio a la investigación por los hechos denunciados y se le concedió un plazo de diez (10) días hábiles a fin de que presentara sus descargos. Dicha comunicación fue puesta en conocimiento de los gobiernos de los demás países miembros el 19 de noviembre de 2002;
Que el 3 de diciembre de 2002, el gobierno de Colombia reiteró los comentarios expuestos en su comunicación anterior. Así mismo, señaló que la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, Acicam, había expresado la dificultad que se presenta en el proceso de producción de algunos tipos de calzado al exigirse el etiquetado mediante impresión directa o colocación de etiquetas impresas, pegadas, estampadas o cosidas en, al menos, una de las piezas en cada par de calzado, por lo que consideraba conveniente la posibilidad de anexar por otro medio la respectiva etiqueta;
Que el gobierno de Venezuela, hasta la presente fecha, no ha dado respuesta alguna a la denuncia y observaciones formuladas por Colombia y Perú;
Que la medida objeto del reclamo por parte de la República del Perú y respecto de la cual la República de Colombia también ha formulado observaciones, se encuentra contenida en dos resoluciones conjuntas de los ministerios de Finanzas y de la Producción y el Comercio, publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela del 23 de septiembre de 2002:
i) La Resolución Conjunta 1174 del Ministerio de Finanzas y 396 del Ministerio de la Producción y el Comercio del 23 de septiembre de 2002, mediante la cual se establece la información mínima obligatoria que debe contener el etiquetado de todo tipo de calzado que se comercialice en el territorio nacional;
ii) La Resolución Conjunta 1178 del Ministerio de Finanzas y 395 del Ministerio de la Producción y el Comercio del 23 de septiembre de 2002, mediante la cual se establece la información mínima obligatoria que debe contener el etiquetado de todo tipo de prendas de vestir (textil) que se comercialice en el territorio nacional;
Que la República del Perú denunció, con carácter previo, el hecho de que los señalados reglamentos técnicos “fueron adoptados aproximadamente a los 60 días de haber sido notificados a los demás países miembros, es decir, sin haber cumplido con los plazos establecidos en la normativa andina (90 días), para que los demás países miembros hagan llegar sus observaciones”;
Que, al respecto, la secretaría general observa que tanto el reclamo original presentado por la República del Perú, así como el inicio de la investigación dentro del presente procedimiento, tuvieron por finalidad obtener el pronunciamiento de este órgano comunitario acerca de si la medida adoptada por la República de Venezuela constituye una restricción al comercio subregional en los términos del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, independientemente de que tal medida además pudiera constituir un incumplimiento de otra norma comunitaria. En este sentido, la República del Perú expresó que “al amparo de lo establecido en los artículos 7º y 8º de la Decisión 419, solicitamos a esa secretaría general que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo en contra de la República de Venezuela, toda vez que su conducta se traduce en un grave perjuicio al comercio intrasubregional”;
Que el artículo 8º del texto refundido de las decisiones 376 y 419, en lo pertinente, establece que “[s]i un país miembro considera que un reglamento técnico, norma técnica obligatoria, procedimiento de evaluación de la conformidad, certificación obligatoria o cualquier otra medida equivalente que hubiere adoptado o pretendiera adoptar otro país miembro, constituye una restricción al comercio de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 [actual 73] del acuerdo, podrá celebrar consultas con el país miembro que hubiere adoptado, adopte o pretenda adoptar la medida, solicitar la intervención técnica del comité o bien acudir a la Secretaría General de la Comunidad Andina para que ésta se pronuncie de conformidad con lo previsto en el artículo 73 (actual 74) del Acuerdo de Cartagena”;
Que sobre la improcedencia de realizar constataciones de incumplimiento dentro de un procedimiento que se dirija a determinar la posible aplicación de restricciones al comercio, y su consiguiente resolución, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha declarado:
“Las resoluciones que determinen que una medida adoptada unilateralmente por un país miembro constituye restricción al comercio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 73 [actual 74] del Acuerdo de Cartagena, deben limitarse a tal declaratoria, expresando los motivos que la justifiquen, sin que sea admisible utilizar el procedimiento de calificación de restricciones para fines distintos a los previstos en la norma invocada” (Sent. emitida el día 2 de jun./2000, dentro del proceso 2-AN-98);
Que de la citada sentencia del Tribunal Andino se desprende que un procedimiento destinado a verificar si una medida adoptada por un país miembro constituye una restricción al comercio, no puede ser utilizado para comprobar la existencia de un incumplimiento de una norma comunitaria, bajo prevención de que la resolución que resulte de tal investigación incurra en el vicio de desviación de poder y, particularmente, de desviación de procedimiento;
Que, por lo tanto, corresponde a la secretaría general resolver si la medida objeto del reclamo constituye una restricción, sin perjuicio de que este órgano comunitario pueda adelantar una investigación distinta con el fin de verificar si la puesta en vigencia de los reglamentos técnicos materia de este procedimiento, sin que supuestamente se hubieran observado los plazos establecidos en la normativa comunitaria, adicionalmente, pudiera ser considerado como un incumplimiento de normas que forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que del análisis de las reglamentaciones técnicas adoptadas por la República de Venezuela se observa que los requisitos de etiquetado a las prendas de vestir y calzados, que son cuestionados por Colombia y Perú, se aplicarían, en general, sin distinción tanto a los productos importados como a los de origen nacional;
Que, según aparece en la motivación expresamente consignada en las resoluciones conjuntas materia de la investigación, su objetivo sería garantizar el derecho consagrado en el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al cual “todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios de consumo, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno”;
Que la secretaría general considera que, siempre que no exista norma comunitaria en la materia, los países miembros mantienen su competencia para expedir reglamentaciones que afecten sin distinción a productos importados y nacionales, en la medida que tales reglamentaciones internas tengan por finalidad garantizar objetivos de interés general dignos de protección a la luz del derecho comunitario, como lo es la protección del consumidor, la cual, además de ser reconocida por las tradiciones constitucionales de los países de la comunidad, también resulta congruente con la finalidad de “procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión” que persigue el Acuerdo de Cartagena, así como con los objetivos del sistema andino de normalización, acreditación, ensayos, certificación, reglamentos técnicos y metrología, entre los cuales se encuentra propiciar “la mejora progresiva de la calidad de los productos y servicios que se intercambian en el comercio internacional, y para la protección de la salud, la seguridad, el medio ambiente y la protección al consumidor” (tercer considerando);
Que la protección de los derechos del consumidor ha sido reconocida expresamente por diversas disposiciones comunitarias y entre las más recientes en materia de defensa del consumidor cabe señalar que, mediante Decisión 539 del 11 de marzo de 2003, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, estableció una “Mesa andina de trabajo sobre la promoción y protección de los derechos del consumidor, como instancia consultiva dentro del marco del sistema andino de integración, para promover la activa participación de las instituciones, públicas y privadas, vinculadas con la defensa de los derechos del consumidor en los países miembros de la Comunidad Andina, en los procesos de concertación social y de toma de decisiones de la integración subregional en las áreas de su interés”. Así mismo, procede recordar la existencia de otras normas comunitarias que prohíben la importación o comercialización de productos que puedan afectar derechos del consumidor. Tal es el caso, por ejemplo, del Convenio de complementación industrial en el sector automotor que, en su artículo 6º, dispone que “[c]on el propósito de garantizar condiciones mínimas de seguridad, de protección del medio ambiente, de defensa del consumidor y de propiedad industrial, los países participantes sólo autorizarán la importación de vehículos nuevos, del año-modelo en que se realiza la importación o siguiente”. Con la misma finalidad de protección al consumidor, el artículo 159 del régimen común de propiedad industrial prohíbe la importación de mercancías identificadas con una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización; pero en este último supuesto, “las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor”. De igual modo, entre otras, las decisiones 483 “Norma andina para el registro, control, comercialización y uso de productos veterinarios” y 516 relativa a la armonización de productos cosméticos, imponen condiciones de comercialización relativas al etiquetado de productos, precisamente con la finalidad de garantizar una debida protección al consumidor;
Que, sin embargo, las anteriormente referidas reglamentaciones internas indistintamente aplicables a productos nacionales e importados, “no deberán tener por objeto o efecto crear obstáculos al comercio intrasubregional”, según lo prescribe el artículo 7º del texto refundido de las decisiones 376 y 419, por lo que los medios utilizados por los países miembros para alcanzar un objetivo digno de protección deberán cumplir con los criterios de proporcionalidad, causalidad e insustituibilidad a los que se ha referido en varias oportunidades este órgano comunitario y la jurisprudencia andina. En efecto, este tipo de medidas unilaterales, para que sean conformes con el derecho comunitario andino, deberán ser proporcionales con el fin perseguido, deberán estar vinculadas directa e inmediatamente con la solución del problema y además no deberán existir otros medios para lograr dicho fin menos restrictivos para los intercambios intracomunitarios, en los términos expresados por la jurisprudencia comunitaria andina (véanse las sents. emitidas por el tribunal de justicia en fechas mar. 24/97, feb. 26/98 y jun. 8/98, en los procesos 3-AI-96, 1-AN-97 y 5-AN-97, respectivamente);
Que, en consecuencia, procede examinar si los distintos requisitos de etiquetado aplicables a las prendas de vestir y a los calzados impuestos por la República de Venezuela cumplen con los criterios de proporcionalidad, causalidad e insustituibilidad enunciados, y, en su caso, si establecen un tratamiento discriminatorio a productos de origen subregional, respecto del trato que reciben los productos nacionales similares;
Sobre la exigencia de que el etiquetado contenga determinados números de registros nacionales
Que los gobiernos de Perú y Colombia coinciden en señalar en que el requisito de que toda prenda de vestir y todo par de calzado tenga un etiquetado que contenga los números de registro a los que se refieren los artículos 3º de ambos reglamentos técnicos venezolanos, constituye un obstáculo al comercio que no aporta información respecto a la calidad, naturaleza, origen o valor del producto, por lo que no tendría por objetivo proteger al consumidor contra prácticas que puedan inducirlo a error;
Que observa la secretaría general que tanto la Resolución Conjunta 1178 del Ministerio de Finanzas y 395 del Ministerio de la Producción y el Comercio, así como la Resolución Conjunta 1174 del Ministerio de Finanzas y 396 del Ministerio de la Producción y el Comercio del 23 de septiembre de 2002, en sus respectivos artículos 3º, establecen que todo par de calzado y toda prenda de vestir (textil) que se comercialicen en el territorio venezolano deben tener un etiquetado que contenga, entre otros, el número de registro de información fiscal, RIF, del fabricante o importador y el número de inscripción en el registro obligatorio de fabricantes nacionales e importadores a cargo del servicio autónomo de normalización, calidad, metrología y reglamentos técnicos, Sencamer;
Que esta secretaría general considera que el requisito de que toda prenda de vestir y todo par de calzado deban tener un etiquetado que contenga los números de registro a los que se refieren los artículos 3º de las resoluciones conjuntas materia de la investigación, puede resultar necesario para lograr una completa identificación del responsable de la comercialización del producto no sólo frente a la administración, sino también ante los propios consumidores;
Que no obstante que la identificación del responsable podría lograrse por otros medios, que incluso en algunos casos podrían resultar menos restrictivos, por ejemplo, mediante una descripción completa de la dirección y números de contacto por teléfono y fax, en ausencia de una armonización comunitaria, debe reconocerse que el requisito de que la etiqueta contenga los números del registro obligatorio de fabricantes e importadores así como el RIF puede resultar razonablemente proporcional con el fin perseguido, siempre que la obtención y renovación de dichos números de registro sea automática;
Sobre la exigencia de que el etiquetado de calzado se realice en el proceso de fabricación o producción mediante impresión directa o colocación de etiquetas impresas, pegadas, estampadas o cosidas
Que el gobierno del Perú considera que el requisito de que el etiquetado se realice en el proceso de producción y fabricación “obligaría de manera injustificada (ya que no implica una protección efectiva para el consumidor de dicho país) realizar procesos productivos diferenciados para el mercado venezolano, generando con ello sobrecostos innecesarios en la producción o fabricación de prendas de vestir y de calzado”;
Que, por su parte, el gobierno de Colombia expresó que “[l]a Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, Acicam, señala la dificultad que se presenta en el proceso de producción de algunos tipos de calzado, como sandalias o mocasines, al exigirse el etiquetado mediante impresión directa o colocación de etiquetas impresas pegadas, estampadas o cosidas en, al menos una de las piezas de cada par de calzado. La anterior dificultad, genera muchos inconvenientes en el proceso, por tal (sic) consideramos pertinente permitir la posibilidad de anexar por otro medio (adjuntar, colgar) la respectiva etiqueta”;
Que la Resolución Conjunta 1174 del Ministerio de Finanzas y 396 del Ministerio de la Producción y el Comercio del 23 de septiembre de 2002, en su artículo 6º, dispone que “[e]l etiquetado debe efectuarse en el proceso de fabricación o producción del calzado mediante impresión directa o colocación de etiquetas impresas, pegadas, estampadas o cosidas en, al menos, una de las piezas de cada par de calzado”;
Que, al respecto, esta secretaría general considera que para garantizar la lealtad de las transacciones comerciales y una debida información al consumidor no es necesario que el etiquetado se lleve a cabo en el proceso de producción o fabricación, por lo que no queda demostrado que dicha exigencia se encuentre vinculada directa e inmediatamente con el objetivo legítimo que aparentemente perseguiría, ya que el etiquetado puede cumplir igual propósito para la defensa del consumidor cuando éste se lleva a efecto en cualquier etapa del proceso de fabricación o de comercialización del producto;
Que, de otra parte, cabe reconocer que además de la impresión directa y la colocación de etiquetas impresas, pegadas, estampadas o cosidas existen soluciones alternativas que permiten alcanzar el objetivo perseguido e introducen un menor obstáculo en los intercambios comerciales intracomunitarios, como es la posibilidad de que el etiquetado se efectúe recurriendo a un soporte atado. En definitiva, en opinión de esta secretaría general, para transmitir una apropiada información al consumidor sería suficiente que el etiquetado sea visible, se encuentre bien sujeto y sea accesible al consumidor;
Sobre la exigencia de que el etiquetado de prendas de vestir se realice en el proceso de fabricación o producción, y, además, reúna determinadas características y, en ciertas condiciones, se supedite a una autorización previa
Que el reclamo del gobierno del Perú se refiere también al requisito de que el etiquetado de prendas de vestir (textil) se realice en el proceso de producción y fabricación;
Que, cuando el reglamento venezolano sobre etiquetado de prendas de vestir era todavía un proyecto, el gobierno de Colombia, planteó sus observaciones en los siguientes términos:
“El artículo 4º prevé que cuando la fijación de la etiqueta en forma directa pudiera perjudicar el uso o estética del mismo u ocasionar pérdida de su valor, se requerirá la autorización por escrito del servicio autónomo nacional de normalización, calidad, metrología y reglamentos técnicos, Sencamer. Al respecto, consideramos que esta solicitud se convertiría en un trámite adicional que se configuraría como una restricción al comercio.
Así mismo, el artículo 4º en el párrafo final exige que el tamaño de la letra no sea inferior en su altura a 2 milímetros, requisito que debe ser revisado teniendo en cuenta que manejar este tipo de información con el tamaño de letra propuesto, crearía dificultades en la comercialización y uso del bien”;
Que la Resolución Conjunta 1178 del Ministerio de Finanzas y 395 del Ministerio de la Producción y el Comercio del 23 de septiembre de 2002, en su artículo 4º, establece:
“El etiquetado debe efectuarse en el proceso de fabricación o producción de la prenda de vestir (textil) mediante impresión directa o colocación de etiqueta adherida de manera permanente (cosido o termofilado), salvo que los productos en los cuales la fijación de la etiqueta en forma directa pudiera perjudicar el uso o estética del mismo u ocasionen pérdida de su valor, tales como:
• Pantimedias
Para estos casos se requerirá la autorización por escrito del servicio autónomo nacional de normalización, calidad, metrología y reglamentos técnicos, Sencamer.
La etiqueta debe ser visible, su información legible y, en ningún caso, las letras deben tener una altura inferior a dos (2) milímetros”;
Que, en relación con el requisito de que el etiquetado de prendas de vestir (textil) se realice en el proceso de producción y fabricación, resultan aplicables las consideraciones expuestas supra en el sentido de que no queda demostrado que tal exigencia esté vinculada directa e inmediatamente con el objetivo legítimo que aparentemente perseguiría y que, por lo tanto, un etiquetado que se realice en cualquier ciclo industrial y comercial bien podría garantizar un apropiado nivel de protección al consumidor;
Que, por lo que se refiere a la autorización previa de la administración venezolana, en los casos en que la fijación de la etiqueta no pueda realizarse mediante impresión directa o colocación de etiqueta adherida de manera permanente, por razones de uso o estética de la prenda de vestir, esta secretaría general considera que tal exigencia produce obstáculos en los intercambios comerciales que no guardan proporción en relación con el objetivo de protección al consumidor perseguido. En efecto, de la reglamentación interna se desprende que tal autorización previa se requería incluso en casos en los que resulta evidente la imposibilidad de que la etiqueta se imprima o adhiera en forma permanente a la prenda de vestir, como ocurre en los artículos que se ejemplifican en el propio reglamento técnico (pantimedias, medias, calcetines);
Que en cuanto al requisito de que las letras de la etiqueta, en ningún caso, tengan una altura inferior a dos (2) milímetros, cabe señalar que la visibilidad y legibilidad del contenido de la etiqueta son requisitos necesarios para alcanzar el objetivo de proporcionar una apropiada información al consumidor. Por lo demás, no ha quedado demostrado que el límite mínimo de dos (2) milímetros del tamaño de las letras del etiquetado sea excesivo;
Sobre la exigencia de que el etiquetado de prendas de vestir exprese la composición del 100 por ciento de las fibras que integran el producto
Que el gobierno del Perú afirma que si bien la composición del producto constituye una información relevante para que los consumidores orienten sus intenciones de compra, resultaría excesivo llegar a un nivel de detalle en el que se especifiquen todas las fibras que integran el producto hasta completar el 100 por ciento. Agrega que bastaría que se declarara la composición mayoritaria del producto para que el consumidor conozca el valor de la prenda a través de su naturaleza;
Que la Resolución Conjunta 1178 del Ministerio de Finanzas y 395 del Ministerio de la Producción y el Comercio del 23 de septiembre de 2002, en su artículo 5º, establece:
“El fabricante nacional o el importador deben expresar en la etiqueta, la composición en porcentaje, con relación a la masa, de las diferentes fibras que integran el producto en orden del predominio de dicho porcentaje, hasta completar el ciento por ciento (100%) ...”.
Que en consideración de la secretaría general la composición del producto es una información relevante para el consumidor y, por lo tanto, su exigencia en el etiquetado de prendas de vestir es necesaria para alcanzar el objetivo de protección al consumidor. Sin embargo, respecto a la necesidad de completar hasta el 100% la composición en peso de las fibras que integran el producto, esta secretaría general no dispone de prueba o dato científico alguno que le permita deducir el límite hasta el cual sería necesario especificar el contenido de determinados componentes para lograr el objetivo señalado;
Sobre normas contenidas en las resoluciones conjuntas que afectarían de manera diferente a las importaciones comunitarias en relación con los productos de origen nacional
Que, adicionalmente a los planteamientos expuestos por los gobiernos de Perú y Colombia, observa esta secretaría general que las resoluciones conjuntas adoptadas por la República de Venezuela prohíben la importación de productos que no cumplan con los requisitos de etiquetado exigidos;
Que los países miembros tienen derecho a adoptar medidas que afecten únicamente a las importaciones intracomunitarias o que incidan más sobre los bienes importados y originarios de la Comunidad Andina que sobre los productos de origen nacional, siempre y sólo cuando dichas medidas unilaterales se justifiquen por alguna de las excepciones taxativamente previstas en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena;
Que, por su propia naturaleza, las excepciones establecidas en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena deben ser interpretadas de manera estricta;
Que, de la información de que dispone esta secretaría general, ninguna de las medidas adoptadas por la República de Venezuela sobre etiquetado de calzado y prendas de vestir (textil), y que se relacionan con la prohibición de importaciones, se encuentra justificada por alguna de las excepciones del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena. En tal virtud, la prohibición de importar productos que no cumplan con los requisitos exigidos por las resoluciones conjuntas debe ser considerada como restricción al comercio intracomunitario, a los efectos del programa de liberación;
Que, el artículo 77 del Acuerdo de Cartagena prescribe que “[l]os países miembros se abstendrán de aplicar gravámenes y de introducir restricciones de todo orden a las importaciones de bienes originarios de la subregión;
Que, en función de lo expuesto, y en uso de la atribución prevista en el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena y en el artículo 54 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, corresponde a este órgano comunitario resolver si la medida adoptada por la República de Venezuela constituye una restricción al comercio intrasubregional;
ART. 1º—Calificar como restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, las siguientes medidas contenidas en la Resolución Conjunta 1174 del Ministerio de Finanzas y 396 del Ministerio de la Producción y el Comercio del 23 de septiembre de 2002, y en la Resolución Conjunta 1178 del Ministerio de Finanzas y 395 del Ministerio de la Producción y el Comercio del 23 de septiembre de 2002, mediante las cuales se establece la información mínima obligatoria que debe contener el etiquetado de todo tipo de calzado y de prendas de vestir (textil) que se comercialice en el territorio venezolano:
a) La exigencia de que el etiquetado de calzado y prendas de vestir (textil), originarios de la subregión, se realice en el proceso de fabricación o producción;
b) El requisito de que el etiquetado de calzado originario de la subregión sólo se pueda realizar mediante impresión directa o la colocación de etiquetas impresas, pegadas, estampadas o cosidas;
c) La exigencia de una autorización previa, en los casos en que resulta evidente la imposibilidad de que la etiqueta se imprima o adhiera en forma permanente a la prenda de vestir por razones de uso o estética de la prenda de vestir (textil) originaria de la subregión;
d) La prohibición de importar calzado y prendas de vestir (textil), originarios de la subregión, que no cumplan con las disposiciones relativas al etiquetado.
ART. 2º—De conformidad con el literal e) del artículo 55 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, se concede a la República de Venezuela un plazo máximo de quince (15) días calendario para el levantamiento de la restricción determinada en el artículo anterior para las importaciones originarias de los demás países miembros.
ART. 3º—Comuníquese a los países miembros la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
De conformidad con lo establecido con los artículos 17, 37 y 44 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, se informa que contra la presente resolución procede recurso de reconsideración, dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, así como acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia;
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil tres.