Source: https://www.derecho.com/boe/resolucion-de-29-de-marzo-de-2019-de-la-direccion-general-de-los-registros-y-del-notariado-en-el-recurso-interpuesto-contra-la-nota-de-calificacion-extendida-por-el-registrador-de-la-propiedad-de-gernikalumo-por-la-que-se-deniega-la-cancelacion-de-cargas-ordenada-en-un-mandamiento-dictado-en-procedimiento-ejecutivo-92168
Timestamp: 2019-04-22 04:03:04
Document Index: 26821353

Matched Legal Cases: ['artículo 656', 'artículo 659', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 674', 'artículo 86']

Nº de Disposición: BOE-A-2019-5790|Boletín Oficial: 91|Fecha Disposición: 2019-03-29|Fecha Publicación: 2019-04-16|Órgano Emisor: Ministerio de Justicia
En el recurso interpuesto por doña A. R. Z., procuradora de los tribunales, en nombre y representación de la entidad mercantil «Cosecha del Mar, S.L.», contra la nota de calificación extendida por el registrador de la Propiedad de Gernika-Lumo, don Germán Barbier Gaminde, por la que se deniega la cancelación de cargas ordenada en un mandamiento dictado en procedimiento ejecutivo, por estar caducada la anotación en la que se sustenta la adjudicación.
Por virtud de testimonio, de fecha 11 de septiembre de 2018, dictado por don S. S. S., letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Getxo, en los autos de ejecución de títulos judiciales número 291/2014, que recogía el decreto dictado el día 30 de julio de 2018 por la letrada de la Administración de Justicia del citado Juzgado, doña O. F. D., se disponía la cancelación de la anotación de embargo ordenada en el procedimiento judicial en cuestión, así como la anotación posterior letra B y todas las inscripciones o anotaciones posteriores practicadas sobre la finca adjudicada. Al tiempo de la presentación en el Registro de Propiedad del indicado testimonio, día 20 de septiembre de 2018, la anotación letra A, en la que se sustentaba el procedimiento, se encontraba ya caducada.
Presentado el referido testimonio judicial en el Registro de la Propiedad de Gernika-Lumo, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«El registrador de la propiedad de Gernika:
Examinado el precedente documento, que se presentó a las 12:30 del día 20 de septiembre de 2018, bajo el asiento 2944 del Diario 93, en unión de auto de adjudicación de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, se deniega la inscripción de la cancelación de cargas posteriores a la anotación ejecutada por el siguiente motivo:
No es aplicable la virtualidad cancelatoria prevenida en los arts. 1518 LEC y 175.2 R.H., ya que al tiempo de presentarse el mandamiento en el Registro resulta caducada la anotación base del procedimiento, toda vez que la caducidad de los asientos que nacen con duración determinada (como la anotación preventiva de embargo) expira de manera radical y automática una vez llegado el día prefijado, perdiendo su prioridad registral y virtualidad cancelatoria en caso de ejecución.
Gernika Lumo a, cuatro de octubre de dos mil dieciocho.
Este documento ha sido firmado digitalmente por el registrador: don Germán Barbier Gaminde con firma electrónica reconocida».
Contra la anterior nota de calificación, doña A. R. Z., procuradora de los tribunales, en nombre y representación de la entidad mercantil «Cosecha del Mar, S.L.», interpuso recurso el día 10 de enero de 2019 mediante escrito del siguiente tenor literal:
I. El día 20 de septiembre de 2018 con el auto de adjudicación del inmueble se presenta en el Registro de la Propiedad de Gernika el mandamiento de cancelación de cargas establecido por el decreto del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción de Getxo de fecha 30 de julio de 2018, por el que se decreta la cancelación de la anotación de embargo a favor de la interesada y de todas las anotaciones e inscripciones posteriores (…)
II. Mediante certificado de fecha 4 de octubre de 2018 el Registrador de la Propiedad de Gernika deniega la cancelación de cargas posteriores en base y resumido a que al tiempo de presentarse el mandamiento en el Registro resulta caducada la anotación base del procedimiento (…)
A los anteriores hechos se presentan las siguientes
Primera.–Esta parte no está de acuerdo con la mencionada denegación puesto que la jurisprudencia y la doctrina entienden claramente que la certificación registral expedida en su día tiene un valor esencial en el desarrollo del procedimiento de apremio y que la situación registral que proclama fija las condiciones para la adquisición del bien inmueble de que se trate, de forma que cualquier alteración posterior -como puede ser la caducidad de la anotación de embargo extendida a favor del ejecutante- no modifica dicha situación.
Por lo tanto, la aprobación del remate y la adjudicación conlleva como efecto propio la cancelación de todas las anotaciones de embargo posteriores, que carecen de preferencia sobre la que servía de apoyo a la ejecución, pues la anotación de embargo que beneficiaba al ejecutante ha causado estado y producido su finalidad para dicha ejecución desde la fecha de la emisión de la certificación de cargas y gravámenes.
Segunda.–Remitimos a la Sentencia n.º 427/2017 del Tribunal Supremo Sala de lo Civil de 7 de julio de 2017 que resuelve esta cuestión y que transcribimos:
"Quinto. Para la resolución del tema debatido hemos de acudir a la doctrina sentada por esta sala en su sentencia n.º 282/2007, de 12 de marzo, que ha sido reiterada por la n.º 88/2015, de 23 de febrero, pues dicha doctrina -pese a que su formulación se hizo en relación con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881- ha de ser mantenida con arreglo a las disposiciones de la actual LEC 2000, especialmente sus artículos 656, 659y 674.
Dicha doctrina reconoce una especial significación al momento de emisión por parte del Registro de la Propiedad de la certificación de cargas y gravámenes (artículo 656 LEC). Dicha certificación acreditativa de los derechos y cargas que afectan al inmueble sobre el que se ha iniciado la ejecución, persigue varios objetivos: a) Conocer el importe de todas las cargas y derechos anteriores al gravamen por el que se sigue la ejecución a los efectos de determinar la valoración del bien para la subasta (que se calcula deduciendo su importe del avalúo): b) Proporcionar a los posibles licitadores una información completa sobre las condiciones de adquisición y, en concreto, sobre la existencia de cargas anteriores que no desaparecerán con la adquisición: y c) Identificar e individualizar a los titulares de derechos y cargas inscritos o anotados con posterioridad al del acreedor ejecutante, los cuales quedarán extinguidos por la realización del bien, a los efectos de comunicarles la pendencia del proceso de ejecución para que puedan intervenir en él a los efectos legalmente previstos. La expedición de dicha certificación, sin duda, ha dado lugar a la extensión de nota marginal en la hoja registral a efectos de publicidad; y la existencia de la ejecución es comunicada a los titulares de derechos que figuren en asientos posteriores al del derecho del ejecutante (artículo 659.1 LEC), todo lo cual no se ha cuestionado por las partes. En consecuencia puede afirmarse que el contenido de tal certificación tiene un valor esencial en el desarrollo del procedimiento de apremio y que la situación registral que proclama fija las condiciones para la adquisición del bien inmueble de que se trate, de forma que cualquier alteración posterior -como puede ser la caducidad de la anotación de embargo extendida a favor del ejecutante- no modifica dicha situación. En el mismo sentido sobre la eficacia de la fecha de expedición de la certificación de cargas cabe citar la sentencia de esta sala n.º 1097/1994, de 5 diciembre. En definitiva, la aprobación del remate y la adjudicación conlleva como efecto propio la cancelación de todas las anotaciones de embargo posteriores, que carecen de preferencia sobre la que servía de apoyo a la ejecución, pues la anotación de embargo que beneficiaba al ejecutante ha causado estado y producido su finalidad para dicha ejecución desde la fecha de la emisión de la citada certificación de cargas y gravámenes."
Que presentado en tiempo y forma este escrito y documentos que se acompañan, se admita y tenga por presentado recurso contra la calificación negativa del registrador de la Propiedad de Gernika y previos los trámites legales oportunos se acceda, en la finca registral en cuestión, a la cancelación de todas las anotaciones e inscripciones posteriores a la anotación de embargo realizada en su día a favor de la interesada».
Con fecha 7 de febrero de 2019, don Germán Barbier Gaminde, registrador de la Propiedad de Gernika-Lumo, elaboró informe en defensa de su nota de calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Vistos los artículos 17, 24, 32, 66, 82, 86, 97, 220 y 326 de la Ley Hipotecaria, 108, 111.2.º, 165, 175 y 321 del Reglamento Hipotecario; 629, 666, 668, 674 y 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2007, 23 de febrero de 2015 y 7 de julio de 2017, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de julio de 1989, 30 de octubre de 1999, 20 de marzo de 2000, 11 de abril de 2002, 13 de noviembre de 2003, 18 de noviembre de 2004, 14 de enero de 2005, 15 de febrero de 2007, 4 de enero y 11 de diciembre de 2008, 19 de abril y 28 de octubre de 2010, 5 de diciembre de 2011, 19 de mayo y 20 de julio de 2012, 3 de abril, 15, 27 y 28 de junio y 3 de diciembre de 2013, 31 de enero, 10 de febrero, 3 y 12 de junio, 7 de agosto y 18 de diciembre de 2014, 28 de enero de 2015, 30 de junio y 19 y 20 de julio de 2017 y 9 de abril de 2018, ésta de consulta vinculante.
En concreto, la cuestión planteada se refiere a la negativa del registrador a cancelar las cargas posteriores a la anotación en la que se funda el procedimiento ejecutivo por encontrarse caducada y cancelada por caducidad dicha anotación, tomada como consecuencia y para seguridad de dicho procedimiento, antes de que la documentación calificada fuese presentada en el Registro de la Propiedad.
El recurrente funda su recurso exclusivamente en la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2017.
2. Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera «ipso iure» una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien a favor del adjudicatario con cancelación de cargas posteriores, de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el artículo 175.2.ª del Reglamento Hipotecario, si al tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad. Y ello porque como consecuencia de ésta, han avanzado de rango y pasado a ser registralmente preferentes (cfr. Resoluciones de 28 de noviembre de 2001 y 11 de abril de 2002). De otro modo: caducada la anotación, como acontece en el caso, no es posible obtener el trasvase de prioridad en detrimento de las cargas posteriores, debiendo el registrador denegar la inscripción de la adjudicación y del mandamiento en que se recoja la cancelación. El artículo 175 del Reglamento Hipotecario prevé la posibilidad de cancelación, como consecuencia de la ejecución del embargo trabado, si bien dicha virtualidad cancelatoria sólo surte sus efectos mientras dicha anotación conste vigente (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de octubre de 2010 y artículo 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Podría pensarse que tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2017, cuando se expida una certificación de cargas en un procedimiento de ejecución de embargo, el registrador deberá extender nota al margen de la anotación, y dar a dicha nota la virtualidad de prorrogar indefinidamente la anotación a la que se refiere, pero no hay apoyo legal que le permita hacerlo. Es más, si lo hace estaría contraviniendo frontalmente el texto del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, y el espíritu de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, que acabó con la posibilidad de vigencia indefinida de las anotaciones preventivas prorrogadas, precisamente para evitar que las mismas se eternizasen, constituyendo un obstáculo permanente para el mercado inmobiliario.