Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-46556-de-febrero-22-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a15ce900933601f6e0430a01015101f6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-17 04:39:29
Document Index: 118836448

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 36', 'artículo 18', 'artículo 12', 'artículo 12', 'e contrario', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 46', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 58', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 66', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 36', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 12', 'artículo 36', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 46', 'artículo 12', 'artículo 46', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 58', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 12']

﻿ Sentencia 46556 de febrero 22 de 2011
SENTENCIA 46556 DE 22 DE FEBRERO DE 2011
CONTENIDO:ALCANCE EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA. SE PRECISA QUE NO SE PUEDE ADUCIR COMO PARÁMETRO PARA LA APLICACIÓN DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA, CUALQUIER NORMA LEGAL QUE HAYA REGULADO EL ASUNTO EN ALGÚN MOMENTO PRETÉRITO EN QUE SE HA DESARROLLADO LA VINCULACIÓN DE LA PERSONA CON EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SINO LA QUE REGÍA INMEDIATAMENTE ANTES DE ADQUIRIR PLENA EFICACIA Y VALIDEZ EL PRECEPTO APLICABLE CONFORME A LAS REGLAS GENERALES DEL DERECHO”Y QUE “LO QUE NO PUEDE EL JUEZ ES DESPLEGAR UN EJERCICIO HISTÓRICO, A FIN DE ENCONTRAR ALGUNA OTRA LEGISLACIÓN, MÁS ALLÁ DE LA LEY 100 DE 1993 QUE HAYA PRECEDIDO –A SU VEZ-, A LA NORMA ANTERIORMENTE DEROGADA POR LA QUE VIENE AL CASO, PARA DARLE UNA ESPECIE DE EFECTOS ‘PLUSULTRACTIVOS’, QUE RESQUEBRAJA EL VALOR DE LA SEGURIDAD JURÍDICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ISS, INTERÉS MORATORIO, PROCESO ORDINARIO LABORAL, RECURSO DE CASACIÓN, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, MESADA PENSIONAL, PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA
Sentencia 46556 de febrero 22 de 2011
Rad. 46556
Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación interpuesto por B... E... V... G..., S... M... M... V... y E... M... V... contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, de fecha 6 de abril de 2010, proferida en el proceso ordinario laboral que le siguen al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
B... E... V... G..., en su nombre y en representación de las menores S... M... Moncada Valencia y E... M... V..., demandó al Instituto de Seguros Sociales para obtener la pensión de sobrevivientes, con sus mesadas adicionales, los intereses moratorios y/o la indexación de las condenas.
Afirmó que J... A... M... Z... falleció el 6 de noviembre de 2005, con el cual había contraído matrimonio el 23 de junio de 1984, unión de la cual nacieron S... M... y E... M... V...; que el 27 de marzo de 2006 reclamó la pensión de sobrevivientes que le fue negada por no tener la densidad mínima de semanas cotizadas exigidas por la legislación; que se debe aplicar el principio constitucional de la condición más beneficiosa y conceder la pensión impetrada, porque el causante cotizó 26 semanas antes de su muerte y tenía cotizadas las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, según el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
El Instituto de Seguros Sociales se opuso; adujo que algunos hechos no le constan y de los demás que son apreciaciones jurídicas. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción especial, compensación, imposibilidad de condena en costas y la innominada (fls. 16 a 18).
El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia de 25 de marzo de 2009, condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar la pensión de sobrevivientes a B... E... V... G... y a S... M... Moncada Valencia y E... M... V..., y la indexación de las mesadas. Autorizó descontar lo pagado por indemnización sustitutiva.
El ad quem estimó que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe dirimirse a la luz de la normatividad vigente en el momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, como lo ha expresado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, puesto que el legislador no estableció un régimen de transición en relación con esa prestación, como sí lo hizo para la pensión de vejez, mediante el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual reprodujo junto con el inciso 2º, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.
Arguyó que, al no existir un régimen de transición frente a la pensión de sobrevivientes, la normatividad aplicable es la contenida en la Ley 797 de 2003, cuya entrada en rigor comenzó el 29 de enero de 2003, en razón de que el afiliado falleció el 6 de noviembre de 2005, es decir, en su vigencia, la cual introdujo algunas reformas al Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, como los artículos 12 y 13, sobre requisitos exigidos para obtener esa prestación a los beneficiarios.
Transcribió el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y afirmó que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-556 de 20 de agosto de 2009, declaró inexequibles los literales a) y b) del referido artículo 12, que establecía un requisito de fidelidad al sistema para acceder a la pensión de sobrevivientes, por ser manifiestamente contrario al principio de progresividad de los derechos establecidos por el constituyente, y que en igual sentido la Sentencia C-1094 de 19 de noviembre de 2003 declaró inexequible el parágrafo 2 de esa norma.
Copió el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y aseveró que el demandado negó a las demandantes la pensión de sobrevivientes deprecada y les concedió, en su defecto, la indemnización sustitutiva.
Explicó que, pese a que el causante, J... A... M... Z..., cotizó 685 semanas en toda su vida laboral, pero en los tres años anteriores a su deceso, es decir, entre el 6 de noviembre de 2002 y el 6 de noviembre de 2005, no cotizó las 50 semanas que exige el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, puesto que en ese interregno sólo cotizó 28 semanas, conforme a dicho precepto a las demandantes no les asiste el derecho reclamado.
Precisó que el asunto puesto a su consideración no puede decidirse a la luz de lo previsto por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su texto original, porque el principio de la condición más beneficiosa en materia pensional sólo tiene cabida sobre los afiliados que habiendo cotizado un número suficiente de semanas para acceder a la pensión de sobrevivientes, dentro de la normatividad anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993, fallecieran bajo la vigencia de ésta sin acreditar las semanas de cotización exigidas, en razón de que se estimó que el nuevo régimen exigía un menor número de cotizaciones respecto del anterior, tal como lo expresó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 2 de noviembre de 2008, radicación 32765, cuyo texto transcribió.
Concluyó que en el presente caso no tiene aplicación, por vía de excepción el principio de la condición más beneficiosa, puesto que impera la regla general, según la cual son las normas vigentes al momento del deceso del afiliado las que gobiernan el caso, es decir, la Ley 797 de 2003, cuyos requisitos no fueron acreditados en su integridad.
Lo interpuso la parte demandante y con él pretende que la Corte case totalmente la sentencia del tribunal para que, en sede de instancia, confirme la del Juzgado y la adicione con los intereses moratorios.
Con esa intención, propuso tres cargos, que fueron replicados. Por razones de método, la Corte estudiará inicialmente el tercero, y luego los restantes.
Acusa a la sentencia del tribunal de violar por la vía directa, por infracción directa, los artículos 12 de la Ley 797 de 2003, 1º, 2º, 11, 12, 46, 47, 48, 50, 74, 141, 142 y 272 de la Ley 100 de 1993, 48 y 53 de la Constitución Política.
Acepta que al caso no lo ampara el principio de la condición más beneficiosa por no tener el asegurado 50 semanas cotizadas en los tres últimos años anteriores a su deceso.
Transcribe el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y dice que éste exige 50 semanas en los tres años antes de la muerte y una fidelidad de 20, condiciones declaradas inexequibles en la Sentencia C-556 de 2009, pero que en el parágrafo se consigna otra opción para acceder a la pensión de sobrevivientes, que consiste en cotizar el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media con antelación a la muerte del afiliado, sin haber recibido una indemnización sustitutiva de pensión de vejez o una devolución de saldos.
Destaca que la densidad mínima de cotizaciones es de 500 para acceder a la pensión de vejez hasta el 31 de julio de 2010, para quienes abrigue la transición, e insiste en que cuando se refiere al parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 (que transcribe), es claro que alude a los requisitos para una pensión de vejez, porque no de otro modo se entiende que se refiera a la indemnización sustitutiva, pues lo dice también literalmente, que a los derechohabientes mencionados en el numeral 2 de ese artículo también les asiste derecho a la pensión. Por lo tanto, asevera, si el asegurado tiene 500 semanas dentro de los 40 y 60 años y fallece, la muerte le habilita la edad, según la Ley 12 de 1975, por lo que allí se trataría de un derecho adquirido que él transmite a sus derechohabientes en los términos del artículo 58 de la Constitución Política, que es inmutable.
Explica que por ello no es pertinente pedir la fecha de nacimiento del afiliado, ni si era beneficiario del régimen de transición, porque, como atrás se puntualizó, el querer del legislador era recoger los pronunciamientos de las Altas Cortes sobre la condición más beneficiosa si el asegurado hubiere cotizado 500 semanas, número superior a 300, con el que se condenaba a pensiones de sobrevivientes, suficientes para obtenerla en el tránsito de legislación.
Advierte que el tribunal echó de menos el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que posibilita obtener la prestación si el asegurado cotizó la densidad mínima en el régimen de prima media, en tiempo anterior a su deceso, sin haber recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
Arguye que en instancia sobre la posibilidad de que concurran la indexación y los intereses moratorios la Corte se expresó en la sentencia de 1 de diciembre de 2009, radicación 32279, de la que copia un fragmento.
Sostiene que es incontrovertible que el 6 de noviembre de 2005, fecha en que falleció el asegurado, la norma aplicable para la concesión de la pensión de sobrevivientes era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por lo cual sus beneficiarios debieron acreditar que el afiliado fallecido había cotizado 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a su deceso y, como demostraron que sólo cotizó 28 dentro de ese lapso, no es posible concederles la prestación reclamada.
Es cierto que el tribunal, pese a que lo transcribió, no se refirió en concreto al parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Pero esa omisión, de cara a la decisión que adoptó, no tiene la trascendencia suficiente para dar al traste con el cargo por cuanto, como se verá con posterioridad, el causante no cotizó el número de semanas suficiente para que sus beneficiarios se hicieran acreedores a la pensión de sobrevivientes en los términos señalados en el citado precepto, al que el juez de la alzada no le hizo producir efectos.
En efecto, incurrió el tribunal en el quebranto normativo que se le atribuye, para lo cual basta traer a colación lo que expuso la Corte en la sentencia del 31 de agosto de 2010, radicación 42628, en la que explicó su discernimiento sobre los requisitos para acceder a la pensión consagrada en el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en particular la que surge del fallecimiento de afiliados beneficiarios del régimen de transición pensional. Se dijo en esa providencia:
“Para dar adecuada respuesta a ese argumento, debe copiarse el texto del parágrafo en cuestión, que es del siguiente tenor literal:
‘Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima (sic) en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes en los términos de esta ley’.
‘Pero esa remisión a la densidad de cotizaciones exigida en el régimen de prima media debe ser entendida dentro del ámbito de la propia Ley 100 de 1993, y no una invocación de normas que con anterioridad regulaban dicho régimen en los reglamentos del Instituto de Seguro Social derogadas de tiempo atrás, con la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones’
“En efecto, toda vez que el inciso segundo del reseñado artículo 33 de la Ley 100 de 1993 establece que serán aplicables al régimen de prima media con prestación definida “...las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en este ley”, es dable considerar que las disposiciones de esos reglamentos, con las restricciones dispuestas por el artículo 33, hacen parte del régimen de prima media con prestación definida, en cuanto no hayan sido derogadas o modificadas por la Ley 100 de 1993, o en cuanto puedan ser aplicadas por razón de la utilización del régimen de transición pensional, previsto en el artículo 36 de esa ley.
‘No cabe duda de que el régimen pensional solidario de prima media con prestación definida regulado por la Ley 100 de 1993 conserva las mismas características principales del consagrado para el seguro de invalidez, vejez y muerte por los Acuerdos del Instituto de Seguros Sociales, vigentes antes de la expedición de la citada ley, particularmente el 049 de 1990, pues de este régimen la memorada ley mantuvo los más sobresalientes rasgos que lo identifican y le dan naturaleza propia, esto, es, entre otros, el sistema de financiación a través de la contribución obligatoria de empleadores y afiliados; el manejo y distribución de los recursos necesarios para otorgar los beneficios a los afiliados, a través de un fondo común de naturaleza pública; las prestaciones previstas para la cobertura de los riesgos y contingencias —definidas de antemano por la ley—, su naturaleza jurídica y la forma de establecer su cuantía; los requisitos exigidos para acceder al derecho, esto es, el cumplimiento de determinada edad y de cierta densidad de cotizaciones —aun cuando modificando sus montos— y, aparte de ello, el principal administrador del régimen, que siguió siendo el Instituto de Seguros Sociales.
‘Lo anterior significa que, con las modificaciones introducidas por la Ley 100 de 1993, el actual régimen pensional de prima media con prestación definida es, en esencia, el mismo de que trata el Acuerdo 049 de 1990. Tal conclusión surge claramente de los argumentos expuestos por algunos legisladores en el trámite que en el Congreso surtió el proyecto de Ley 155 de 1992 que dio origen a la expedición de la Ley 100 de 1993. En efecto, en la ponencia para el primer debate que en el Senado se dio a ese proyecto, se expresó por los ponentes, al explicar las adiciones y reformas a aquél introducidas: “El modelo de prima media se reforma pero se mantiene como alternativa. Prima media y capitalización se ofrecen como opciones, voluntarias para nuevos trabajadores o vinculados con posterioridad a la iniciación de la vigencia de la ley.” Y al describirse en ese mismo documento las características del régimen de prima media con prestación definida, que finalmente quedaron contenidas en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, en los mismos términos como se propuso en el texto de esa ponencia, se dijo: “El régimen de prima media con prestación definida puede compararse con el actual régimen de los seguros sociales obligatorios que en materia de invalidez, vejez y muerte administra el Instituto de Seguros Sociales. De hecho, serán aplicables al nuevo régimen las disposiciones vigentes que regulan dicha materia, con las modificaciones, adiciones y excepciones contenidas en el proyecto”. (Gaceta del Congreso. Año III. Nº 94, págs. 5 y 8).
‘Que el régimen pensional de los acuerdos del Seguro Social que reglamentaron el seguro de invalidez, vejez y muerte no se diferencie del de prima media con prestación definida y que, según el señalado artículo 31 de la Ley 100 de 1993, a este último régimen se hallen incorporadas las normas de aquél que no hayan sido expresamente modificadas, ha permitido a la Corte concluir que en tratándose de prestaciones reconocidas en vigencia de la mentada Ley 100 de 1993 pero con base en las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, debe entenderse que la respectiva prestación ha sido conferida con sujeción a la normatividad integral de la Ley 100 de 1993, por virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del mencionado artículo 31 de la Ley 100 de 1993, que, como se dijo, integró al régimen solidario de prima media con prestación definida las “disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley”, al preceptuar que esas disposiciones le serán aplicables a ese régimen, que, como es suficientemente sabido, es uno de los dos que componen el sistema general de pensiones.’
“Ahora bien, importa anotar que la circunstancia de que las normas del Acuerdo 049 de 1990 formen parte del régimen de prima media con prestación definida no significa que todas ellas mantengan vigencia y que desplacen la aplicación de las de la Ley 100 de 1993, pues es claro que tendrán vocación jurídica de ser aplicadas, según el reseñado artículo 31 de ese estatuto, “...con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley”, esto es, en cuanto no hayan sido derogadas o modificadas por la Ley 100 de 1993.
Como surge de los criterios de esta Sala, antes transcritos, para que se cause la pensión que surge del parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 no basta, como se afirma en el cargo, que el causante cotizara 500 semanas, pues ello será así siempre y cuando que se trate de un beneficiario de las normatividades que regulan el régimen de transición pensional. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en este caso, no se demostró que el afiliado fallecido, J... A... M... Z..., se beneficiara del régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque nació el 22 de marzo de 1963, según el registro de folio 6; luego, no tenía más de 40 años de edad cuando entró a regir el sistema de pensiones creado por la Ley 100 de 1993. Y no aparece prueba en el expediente de que para esa fecha tuviera más de 15 años de servicios o de cotizaciones, pues según el documento de folio 37, comenzó a cotizar el 21 de mayo de 1986.
Por lo expuesto, pese a la equivocación jurídica del Tribunal, el cargo no prospera.
Acusa a la sentencia del Tribunal de violar por la vía directa, por infracción directa, los artículos 46 y 47 originales de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 50, 141 y 142, ibídem, 8º de la Ley 4ª de 1976, y por aplicación indebida los artículos 12 de la Ley 797 de 2003, 25, 40, 42, 48 y 53 de la Constitución Política.
Afirma que la seguridad social es un derecho de raigambre superior, refrendado en su carácter de positivo en la Ley 100 de 1993, y que el principio de progresividad implica que toda reforma de aquélla, debe constituir un avance cualitativo de la base normativa para que se cumpla el cometido de universalidad e irrenunciable, si la Ley 797 de 2003 es regresiva, resulta inaplicable, por lo que el tribunal incurrió en su indebida aplicación al no aplicar la legislación antecedente que establece el acceso al derecho en condiciones más flexibles que la nueva reglamentación, y transcribe un fragmento de la sentencia de la Corte, de 17 de junio de 2008, radicación 32681.
Explica que el asegurado fallecido cumplió los requisitos exigidos en la Ley 100 de 1993, por lo que atendiendo el pasaje trascrito de esa sentencia, a las beneficiarias les asiste pleno derecho a la pensión reclamada en el régimen que precedió a la Ley 797 de 2003, en aplicación del principio de progresividad expuesto en la Sentencia T-287 de 2008, y que en instancia son concurrentes la indexación y los intereses moratorios según tesis expuesta por la Corte en la sentencia de 1 de diciembre de 2009, radicación 37279, de la cual reproduce un breve fragmento.
Sostiene que es incontrovertible que el 6 de noviembre de 2005, fecha en que falleció el asegurado, la norma aplicable para la concesión de la pensión de sobrevivientes era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por lo cual sus beneficiarios debieron acreditar que el afiliado fallecido había cotizado 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a su deceso y, como demostraron que sólo cotizó 28 semanas dentro de ese lapso, no es posible concederles la prestación reclamada.
En relación con lo planteado en el cargo, esta Sala de la Corte, en la sentencia de 9 de diciembre de 2008, radicación 32642, precisó que “no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho”; y que “Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido —a su vez—, a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos ‘plusultractivos’, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la Corte se ha negado a aplicar la condición más beneficiosa en los procesos decididos por las sentencias del 3 de diciembre de 2007 (rad. 28876) y 20 de febrero de 2008 (Rad. 32.642).”
En esas condiciones, cuando ocurrió la muerte de J... A... M... Z..., que lo fue el 6 de noviembre de 2005, estaba vigente el artículo 12 del Decreto 797 de 2003 —su vigor jurídico comenzó el 29 de enero de 2003—, el que, a su vez, modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
Resulta de lo hasta aquí expresado que el derecho a la pensión de sobrevivientes reclamado en la demanda introductoria de la presente causa judicial, ha de definirse a la luz del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige del afiliado cincuenta (50) semanas cotizadas dentro de los tres (3) últimos años anteriores a su fallecimiento. Y ello es así porque, no obstante la declaratoria de inconstitucionalidad de sus literales a) y b), se hallaban ellos vigentes para la fecha de fallecimiento del afiliado, porque la sentencia de la Corte Constitucional C-556 de 2009, que dispuso esa inexequibilidad, no tiene efectos retroactivos. Además, no halla la Corte razones para aplicar en este caso específico la excepción de inconstitucionalidad. También resulta aplicable el parágrafo primero del citado artículo, en los términos explicados por la Corte al resolver el cargo anterior.
“Teniendo en cuenta los razonamientos jurídicos traídos en los cargos, para la Sala son acertados los cuestionamientos que la parte recurrente le hace a la sentencia de segunda instancia, en relación con el precepto legal que debió acogerse para dirimir el conflicto, y la inaplicación en el sub judice del principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa, siendo equivocada la posición del juez colegiado, según la cual por virtud del mismo, era aplicable la disposición anterior a la Ley 797 de 2003, esto es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, antes de la modificación que le fuera introducida en el artículo 12 de la primera ley citada; pues la normatividad que gobierna el caso, es la vigente para el momento de la muerte del afiliado.
Y en lo que concierne con el principio de progresividad, cabe recordar lo que sobre el mismo ha considerado esta Corporación, en materia de pensiones, entre otras en la sentencia de 2 de septiembre de 2008, radicación 32765, a la que pertenecen los siguientes apartes:
“1. Para dar respuesta a la oposición, se ha de anotar que no desconoce la Sala la obligación de progresividad con que el Estado debe ofrecer la cobertura en la seguridad social, la cual como ya lo ha dilucidado la jurisprudencia constitucional, no es un principio absoluto sino que debe estar sujeto a las posibilidades que el sistema tenga de seguir ofreciendo unas prestaciones sin que se afecte la sostenibilidad financiera del sistema.
Acusa a la sentencia del tribunal de violar por la vía directa, por interpretación errónea, el mismo elenco normativo del cargo primero que, por economía, no se reproduce.
Afirma que es indiscutido que en el presente caso no opera el principio de la condición más beneficiosa y que el tribunal se apoyó en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 para denegar la pensión.
Manifiesta que la pensión de sobrevivientes tiene como norte proteger al núcleo familiar del asegurado o pensionado fallecido, frente a la calamidad de la muerte, el cual se ve obligado a sobrellevar solo las cargas materiales y espirituales del diario vivir, y que no comparte con el ad quem el alcance que le imprimió al referido precepto, del que transcribe su parágrafo primero, para luego expresar que establece varias hipótesis para que los beneficiarios accedan a la pensión deprecada, como las 50 semanas y la fidelidad y satisfacer el mínimo de semanas cotizadas en el régimen de prima media, lo que denota que ese juzgador lo interpretó erróneamente, al creer encontrar en él sólo una de las hipótesis.
Asevera que la norma dice que “...el afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento...”, referida al régimen del Instituto de Seguros Sociales, es decir, al Acuerdo 049 de 1990 en armonía con el 36 de la Ley 100 de 1993, que exige 500 semanas para la pensión de vejez y no 25 (sic) de ésta, porque con ese número de aportes se obtiene una pensión de vejez en ese régimen hasta el año 2010 o 2014, según el caso, porque no de otra manera se entiende que se refiera a la indemnización sustitutiva o a la devolución de saldos, en cuyo numeral 2 también tienen derecho.
Explica que si el afiliado tiene 500 semanas dentro de los 40 y los 60 años y fallece, la muerte le habilita la edad, según la Ley 12 de 1975, por lo que se trataría de un derecho adquirido que él transmite a sus beneficiarios en los términos del artículo 58 de la Constitución Política, que es inmutable, por lo cual no es pertinente pedir la fecha de nacimiento del asegurado, ni si el fallecido era beneficiario del régimen de transición, porque el querer del legislador era recoger los pronunciamientos de las Altas Cortes sobre la condición más beneficiosa y pedir, como lo fue, que el asegurado hubiere cotizado 500 semanas, superiores a 300 que es el número con el cual se condenaba a satisfacer pensiones de sobrevivientes, suficientes para obtener la prestación en el tránsito de legislación, por lo que estima notorio el desvarío interpretativo del tribunal, por restringir el alcance del precepto acusado, y aduce que, en instancia, para que concurran la indexación y los intereses moratorios existen sentencias de la Corte que confirman esa tesis, como la de 1º de diciembre de 2009, radicación 27279, de la que copia un breve pasaje.
Asevera que no incurrió el ad quem en error al no aplicar la condición más beneficiosa, porque ello está en conformidad con reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, como en la sentencia de 20 de febrero de 2008, radicación 20649, cuyo texto reproduce.
La norma que la acusación estima como erróneamente apreciada en realidad no lo fue, toda vez que en el presente caso el trabajador fallecido no estaba amparado por el régimen de transición, de manera que no era beneficiario de la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990, que exigía 500 semanas de cotización pagadas en los últimos 20 años, anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o un número de 1000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo, por lo que no se hallaba en el supuesto hipotético que prevé la norma para ser beneficiario de la pensión de que trata el parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que es el de prima media con prestación definida, tal y como lo expresó esta Sala de la Corte en la sentencia de 31 de agosto de 2010, radicación 42628, cuyo texto se transcribió al resolver el cargo tercero.
Por ende, el cargo carece de vocación de prosperidad en el recurso extraordinario.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, de fecha 6 de abril de 2010, proferida en el proceso ordinario laboral que B... E... V... G..., S... M... M... V... y E... M... V... le siguen al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
No se causan costas en el recurso extraordinario, por cuanto el cargo tercero demostró el desacierto jurídico en que incurrió el Tribunal, aunque no haya prosperado.