Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/11853
Timestamp: 2018-05-22 00:23:34
Document Index: 154474580

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8']

Sentencia: CE SIII E 16306 DE 2011
Las inhabilidades de los miembros de un consorcio o de una unión temporal recaen sobre las mismas figuras de contratación
CE SIII E 16306 DE 2011
CONSORCIO DISTRIMUNDO VS. MUNICIPIO DE ARMENIA –QUINDIO
Un municipio inició un proceso de licitación para la adjudicación de un contrato. Al proceso se presentaron tres oferentes: dos consorcios y una persona jurídica. Después de realizarse la evaluación de las propuestas, el municipio decidió adjudicar el contrato a uno de los consorcios. El consorcio perdedor manifestó ante la entidad que uno de los miembros del consorcio ganador se encontraba inhabilitado, debido a que su esposa se había desempeñado como funcionaria del municipio ejerciendo funciones de control fiscal, pese a que esta renunció a su cargo meses después de adjudicada la licitación. Configurándose entonces la causal de inhabilidad respecto del consorcio establecida en el literal b del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Frente a esto, la entidad manifestó, entre otras cosas, que no se configuraba tal inhabilidad ya que la inhabilidad recaía sobre la persona y no sobre el consorcio al que le fue adjudicado el contrato.
¿Puede una entidad pública celebrar un contrato con un consorcio, en el cual uno de los miembros se encuentra inhabilitado?
«(...) Toda vez que el consorcio o la unión temporal no constituye una persona diferente de los miembros que lo conforman, no puede afirmarse, como lo hace la entidad pública demandada, que la inhabilidad que recaía sobre el señor Héctor Tangarife no afectaba al consorcio, toda vez que la capacidad legal para presentar propuestas y para celebrar contratos se predica de todos y cada uno de sus miembros, por cuanto la participación en la licitación mediante la figura del consorcio no puede servir de pretexto para esconder irregularidades.
Cabe advertir que en tanto alguno de los miembros de un consorcio o de una unión temporal se encuentre en situación de inhabilidad o de incompatibilidad, el consorcio o la unión temporal no puede ser proponente o contratista del Estado, toda vez que como bien lo advierte el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, “las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman”. (...)»
Una entidad pública no puede celebrar un contrato con un consorcio, en el cual uno de los miembros se encuentra inhabilitado, debido a que tanto el consorcio como la unión temporal son unas figuras de contratación que no constituyen una persona diferente a los miembros que la conforman, y además, el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 establece que las actuaciones de las personas que conforman el consorcio, afectan al mismo, como sucede con la inhabilidad que sobrevenga en uno de ellos.
REVOCA PARCIALMENTE la Sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío el 25 de noviembre de 1998, así:
Primero: Declárase la nulidad de la Resolución No. 635 del 25 de abril de 1997, expedida por el Alcalde de Armenia, mediante la cual se adjudicó al Consorcio San Francisco, la licitación pública No. 02 de 1997, cuyo objeto constituyó el suministro y distribución de 4.900 desayunos escolares.
Tercero: Compúlsense copias de la presente sentencia con destino al Fiscal General de la Nación, al Procurador General de la Nación y al Contralor General de la República, para lo que corresponda a la competencia de cada uno de tales Despachos.
Las inhabilidades establecidas en los literales b y e del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 no requieren declaración judicial
Un municipio inició un proceso de licitación para la adjudicación de un contrato. Al proceso se presentaron tres oferentes: dos consorcios y una persona jurídica individual. Después de realizarse la evaluación de las propuestas, el municipio decidió adjudicar el contrato a uno de los consorcios. El consorcio perdedor manifestó ante la entidad que uno de los miembros del consorcio ganador se encontraba inhabilitado, debido a que su esposa se había desempeñado como funcionaria del municipio ejerciendo funciones de control fiscal, pese a que esta renunció a su cargo meses después de adjudicada la licitación. Configurándose entonces la causal de inhabilidad establecida en el literal b del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Frente a esto, la entidad manifestó, entre otras cosas, que no se configuraba tal inhabilidad ya que para ello se requiere declaratoria expresa de un juez, la cual no existía en el caso.
¿Puede una entidad pública celebrar un contrato con una persona que se encuentra inhabilitada por el literal b del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, argumentado que la inhabilidad debe declararse expresamente por un juez?
«(...) Respecto de la extensión y la circunstancia dispuestas por el legislador para que se configuren algunas de las inhabilidades contempladas en el ordinal 1 del artículo 8 de la Ley 80, en el inciso final del mismo artículo se estipuló lo siguiente:
“Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución; las previstas en los literales b) y e), se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la participación en la licitación, o de la de celebración del contrato, o de la de expiración del plazo para su firma.”
Puede observarse que cuando la norma hace referencia al término durante el cual se extienden las inhabilidades consagradas en los literales c), d), e i), expresamente se refiere al acto que declaró la caducidad, la sentencia que impuso la pena o el acto que dispuso la destitución, es decir, estos casos requieren bien de un acto o de una sentencia previa de declaratoria; también dispone la norma que aquellas a las cuales se refieren los literales b) y e) se cuentan a partir del hecho de la participación en la licitación, o de la celebración del contrato, o de la expiración del plazo para su firma, de cuyo texto se infiere que las inhabilidades consagradas en estos dos literales no requieren de una declaratoria, por cuanto basta con la ocurrencia de los supuestos de hecho contenidos en la norma para que se configure la inhabilidad a la cual aluden.
Así pues, de conformidad con lo expuesto anteriormente, respecto de la interpretación restrictiva de las inhabilidades, puede concluirse que en el caso que ahora estudia la Sala no se requería de tal declaratoria, toda vez que esta exigencia no se encuentra consagrada en la norma, bastaba el hecho de la participación en la licitación, encontrándose incurso en una incompatibilidad, para que la inhabilidad se configurara.(...)»
Una entidad pública no puede celebrar un contrato con una persona que se encuentra inhabilitada por el literal b del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, argumentado que la inhabilidad debe darse declararse expresamente por un juez, debido a que el inciso final del mismo artículo establece que para los literales b y e, la inhabilidad se cuenta a partir de la ocurrencia del hecho de la participación de la licitación, por lo que no requieren de una declaratoria. Para determinar la existencia de la inhabilidad estos dos casos, basta con la ocurrencia de los supuestos de hechos contenidos allí.
Documento: CE SIII E 16306 DE 2011
Las inhabilidades de los miembros de un consorcio o de una unión temporal recaen sobre las mismas..
Las inhabilidades establecidas en los literales b y e del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 no..
Consejo de Estado - Sección Tercera - Sala de lo Contencioso Administrativo, C.P Hernán Andrade Ri