Source: http://carreteros.org/legislaciona/seguridad/rd1627_97/otros/memoria.htm
Timestamp: 2019-02-17 08:00:01
Document Index: 118488299

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 118', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 42', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 10', 'Artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 39', 'Artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 18']

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO DE REAL DECRETO (11-8-97)
NOTA DE WWW.CARRETEROS.ORG:
La Memoria Justificativa que se acompaña, era la del Proyecto de Real Decreto de 11-8-97.
MEMORIA JUSTIFICATIVA del PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales constituye el marco institucional básico en materia de salud y seguridad en el trabajo. La nueva Ley tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. La aprobación de la Ley ha dado respuesta a los mandatos constitucionales y a las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo.
El artículo 40.2 de la Constitución Española establece que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo, configurando este mandato como principio rector de la política social y económica y cuyo reconocimiento, respeto y protección informa la legislación positiva y la actuación de los mismos.
Asimismo, la seguridad y salud de los trabajadores ha sido objeto de diversos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por España y que, por tanto forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Destaca por su carácter general, el Convenio numero 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo de 22 de junio de 1981, ratificado por España el 26 de julio de 1985 y que entró en vigor en nuestro país el 11 de septiembre de 1986. También hay que señalar, este de carácter más especifico, el Convenio numero 62 relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación, ratificado por España el 12 de junio de 1958, que entró en vigor en nuestro país el 24 de Junio de 1959.
Por último, el articulo 118 A del Tratado de la Comunidad Europea, en la redacción actual dada al mismo por el Acta Unica Europea, impone como objetivo a los Estados Miembros procurar la mejora, en particular, del medio de trabajo para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Con esa base jurídica, la Unión Europea se ha dotado en los últimos años de un cuerpo normativo informado por la adopción o por la mejora de las medidas preventivas para preservar la seguridad y salud de los trabajadores y dirigido a garantizar un mejor nivel de protección. Ese cuerpo normativo esta integrado por diversas Directivas especificas que han desarrollado la Directiva marco 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, cuya transposición e incorporación al Derecho español se ha efectuado en virtud de la citada Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Las causas de la aprobación de la nueva Ley han sido básicamente la adaptación de las condiciones de salud y seguridad al desarrollo técnico, los principios prevencionistas que hoy inspiran esta materia y sobre todo, la necesidad de homologar nuestra normativa a la comunitaria.
La Ley ha su puesto un paso mas respecto a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y en la dispersa normativa vigente sobre la seguridad e higiene en el trabajo. El carácter proteccionista de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (también presente en el articulo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores al reconocer el derecho de los trabajadores en la relación de trabajo a una adecuada política de Seguridad e Higiene, derecho que se concreta en el deber empresarial de protección contenido en el artículo 19 de esta última norma), es superado por el carácter prevencionistas que informa, desde su misma denominación, e! contenido de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La propia Ley es consciente de que la normativa sobre prevención de riesgos laborales no se agota con los mandatos contenidos en la misma, previéndose la existencia de disposiciones de desarrollo o complementarias en su articulo 1, cuyo carácter de Derecho necesario, mínimo e indisponible, como las contenidas en la Ley, establece su artículo 2. El artículo 5 de la Ley señala que la política en materia de prevención se llevará a cabo por medio de las normas reglamentarias que correspondan y que regulará las materias que se relacionan en el artículo 6 de la Ley, materias entre las que se incluyen las que son objeto de regulación en este Proyecto de Real Decreto: las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
El Proyecto recurre en ocasiones al uso de conceptos o expresiones que podrían entenderse dotados de una cierta ambigüedad o indeterminación, como hacen la Ley, la Directiva-marco, las Directivas especificas y, en general, toda norma de seguridad y de salud laboral. Ahora bien, el hecho de que determinadas obligaciones o que ciertas definiciones utilizadas en el Proyecto posean un carácter abierto no significa que no existan criterios útiles para su concreción o que pueda tacharse su contenido de impreciso.
Como ya hace la misma Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Proyecto de Real Decreto huye del casuismo de la antigua Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de la ingenua pretensión de ésta de prever todos los riesgos en una norma jurídica y darles solución. Tanto la Ley como este Proyecto de Real Decreto optan por un enfoque diferente, mas realista, en el que los conceptos y las obligaciones se concretarán en razón de las circunstancias inherentes al trabajo y a los riesgos que de él se deriven y del trabajador al que se refieren.
En definitiva, caso por caso habrá que interpretar los conceptos y las obligaciones recogidos en el Proyecto de Real Decreto en el marco de los objetivos y de los principios del articulo 2 LPRL, de las definiciones de su artículo 5 y de los principios de la acción preventiva que enumera el articulo 15 LPRL.
Este Proyecto se aprueba, por tanto, como desarrollo reglamentario de la LPRL, de acuerdo con la habilitación expresa que incluye su articulo 6.
Por otra parte, el Proyecto de Real Decreto transpone al Derecho español la Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles, que es la octava Directiva especifica con arreglo al apartado 1 del articulo 16 de la Directiva Marco 89/391/CEE antes mencionada.
La Directiva 92/57/CEE, aprobada con la base jurídica del artículo 118 A TCE antes mencionado, tuvo su origen en la consideración de que las obras de construcción temporales o móviles constituyen un sector de actividad que implica riesgos particularmente elevados para los trabajadores. En efecto, los índices de siniestralidad laboral en el sector, así como la gravedad de las consecuencias de muchos de los accidentes que se producen, dan idea de las condiciones en que en muchas ocasiones se desarrolla el trabajo.
La Directiva mencionada ofrece un enfoque diferente en el ámbito comunitario, no del todo novedoso en nuestro país como explicaremos posteriormente, respecto a la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción. Parte de este enfoque se basa en la certeza de que una gran parte de los accidentes laborales en las obras de construcción en la Comunidad Europea está relacionada con decisiones arquitectónicas y de organización inadecuadas o con una deficiente planificación en la fase de proyecto de las obras, posteriormente, durante la realización de la obra (ejecución del proyecta) la participación simultanea o sucesiva de diferentes empresas en una misma obra, sin una adecuada coordinación, da lugar a un elevado número de accidentes de trabajo.
Frente a todo ello, por un lado, la Directiva crea dos nuevas figuras intervinientes en el sector que sin duda, y debido a sus funciones, resultarán fundamentales a la hora de reducir el elevado numero de accidentes laborales en las obras. Así, el "coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra" deberá coordinar la aplicación de los principios generales preventivos en materia de seguridad y de salud durante el proyecto de la obra, con objeto de prevenir los riesgos laborales. El "coordinador en materia de seguridad y de salud durante la realización de la obra" tendrá, entre otras funciones, la de coordinar la aplicación en la obra de los principios preventivos generales.
Por otro lado, la Directiva establece la necesidad de que exista en la fase de elaboración del proyecto de obra un "plan de seguridad y de salud" en el que se precisen las normas aplicables a dicha obra, y que posteriormente deberá adaptarse en función de la evolución de los trabajos y de las modificaciones que pudieran haberse producido. La Directiva señala que el plan de seguridad y de salud deberá contener medidas especificas relativas a los trabajos cuya realización implica riesgos especiales para los trabajadores.
Como señalábamos anteriormente, son estos dos aspectos de la Directiva -la designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud en las obras y la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud y adaptarlo posteriormente, y sin olvidar el resto de las obligaciones y derechos que la Directiva establece para los demás sujetos intervinientes en las obras-, los que suponen el enfoque diferente en el ámbito comunitario respecto a la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción.
Pero además, y en relación con la Directiva que se transpondrá mediante el futuro Real Decreto, hay que recordar que la Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, por la que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo (en los lugares de trabajo más "habituales", como pueden ser fabricas, comercios, oficinas) excluye de su ámbito de aplicación determinados lugares de trabajo "no habituales", dotados de características especificas, como los medios de transporte, los campos de cultivo, los buques de pesca y las obras de construcción, todos ellos lugares de trabajo regulados a través de Directivas (algunas no han sido todavía aprobadas) que tienen en cuenta sus peculiares características y su especificidad. Precisamente, en el ámbito que nos ocupa es la Directiva 92/57/CEE la que se refiere a estos lugares de trabajo tan particulares porque, en definitiva, las obras de construcción no son sino lugares de trabajo donde, además, debido a sus características se presentan unos riesgos laborales que no se dan en otros sectores.
En el plano interno se ha optado por seguir este mismo esquema, que se considera del todo coherente y racional. Así, el Real Decreto sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo excluye de su ámbito de aplicación a las obras de construcción, en el entendido de que será precisamente el Real Decreto cuyo Proyecto es objeto de la presente Memoria el que se ocupará de su regulación.
Pero esta regulación requiere además un nuevo elemento que la dota de especial complejidad. Así, no podemos olvidar que actualmente esta vigente en nuestro país el Real Decreto 555/86, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. Este Real Decreto fue posteriormente modificado por el Real Decreto 84/90, de 29 de enero, que daba nueva redacción a los articulo 1, 4, 6 y 8 del Real Decreto 555/86.
La implantación del Real Decreto 555/86 supuso en nuestro país un claro avance en orden a la reducción de la accidentabilidad en el sector de la construcción, ya que superaba el carácter proteccionista de nuestra legislación hasta ese momento, al considerar -recordemos que ello fue previo a la aprobación de la LPRL- que "la actuación preventiva sólo puede efectuarse con eficacia mediante la planificación, puesta en práctica, seguimiento y control de medidas de seguridad e higiene, integradas en las distintas fases del proceso constructivo, así como su mantenimiento y reparación lo que debe lograrse a partir de la inclusión de estas materias adecuadamente estudiadas y desarrolladas, en el propio proyecto de obra". Partiendo de esta consideración se consideró procedente establecer la obligatoriedad de incluir, en los proyectos de construcción, un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el que se reflejaran los requisitos y condiciones anteriormente analizados. El mismo Real Decreto obligaba a que, en aplicación del Estudio de Seguridad e Higiene, el contratista o constructor principal de la obra elaborara un plan de seguridad e higiene en el que se analizasen, estudiasen, desarrollasen y complementasen, en función de los sistemas de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el Estudio citado.
En aras de una mayor seguridad jurídica, y con objeto de evitar la dispersión de normas en esta materia, se ha optado por incorporar en el Proyecto de Real Decreto los aspectos del Real Decreto 555/86 y del Real Decreto 84/90 que se han revelado de utilidad para la seguridad y salud en las obras, adaptando sus disposiciones a las establecidas por la Directiva, fundamentalmente en lo que se refiere al "plan de seguridad y salud" de la Directiva, pero de manera que ello no suponga una disminución del nivel de seguridad existente en nuestro país, razón por la cual varias disposiciones del Proyecto son mas rigurosas que las establecidas por la propia Directiva.
Así, el Proyecto de Real Decreto establece las disposiciones mínimas aplicables en materia de seguridad y salud en las obras, al tiempo que transpone la Directiva 92/57/CEE e incorpora y actualiza las disposiciones del Real Decreto 555/86 y su posterior modificación.
II. Estructura y contenido.
El Proyecto de Real Decreto se estructura en diecinueve artículos, divididos en cuatro Capítulos, una Disposición transitoria, una Disposición derogatoria, dos Disposiciones finales y cuatro Anexos. Su contenido se detalla a continuación.
Por razones sistemáticas se ha optado por dividir el Proyecto de Real Decreto en cuatro Capítulos. Este Capítulo I, que empieza a ser característico de las normas españolas de transposición de Directivas comunitarias tiene carácter horizontal, en el sentido de que su contenido informa al resto del articulado y de los Anexos del Proyecto.
Como ya se señaló en la Introducción, el Proyecto de Real Decreto tiene por objeto el establecimiento de las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción. En el articulado, pero fundamentalmente en los Anexos, como se verá más adelante, se establecen una serie de disposiciones mínimas que deberán aplicarse en las obras, dirigidas a alcanzar los objetivos de seguridad y salud de acuerdo con un enfoque prevencionista. El carácter de Derecho necesario, mínimo e indisponible del presente Proyecto de Real Decreto, como se deduce del artículo 2 LPRL, implica que toda regulación estatal o pactada que se adopte sobre esta materia habrá de respetar su contenido, que podrá ser mejorado a través de cotas mayores de protección.
Téngase en cuenta que las características generales de los lugares de trabajo, -y como ya señalamos anteriormente así deben ser consideradas las obras de construcción- deben entenderse como condiciones de trabajo según dispuesto en el articulo 4 LPRL, y como tales pueden tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido deben ser objeto de prevención y protección de acuerdo con los principios de la acción preventiva que informan el texto de la LPRL y del presente Proyecto.
El apartado 2 del articulo se corresponde con una disposición similar en la Directiva. En efecto la Directiva 92/57/CEE excluye de su ámbito de aplicación a las actividades de perforación y de extracción -es decir, a los sondeos y a las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas-. Estas actividades ya han sido objeto de regulación por otras dos Directivas comunitarias, una de las cuales, la referida a sondeos, ya ha sido transpuesta mediante el Real Decreto 150/96, de 2 de febrero, por el que se modifica el articulo 109 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, mientras que está pendiente de aprobación el Real Decreto referido a las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas. Ello lleva a la redacción del apartado 2 mencionado, en el que se señala que el Proyecto de Real Decreto no se aplicará a "las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas o por sondeos, que se regularan por su normativa especifica". Además, en orden a facilitar la comprensión de cara a la aplicabilidad tanto del Proyecto de Real Decreto sobre obras de construcción como del futuro Real Decreto referido a las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas, se ha acordado con el Ministerio de Industria y Energía realizar una referencia cruzada en ambas normas. El objeto de esta referencia es aclarar que, cuando las actividades de perforación y excavación de túneles y galerías se desarrollen en obras de construcción, resultarán de aplicación ambos órdenes normativos, el propio de la obra de construcción en su conjunto en la que tales actividades se insertan y el especifico de dichas actividades en cuanto actividades mineras. Por ello, el segundo párrafo del apartado 2 de este artículo 1 dispone que: "La aplicación del presente Real Decreto a los trabajos de perforación o excavación de túneles o galerías desarrollados en las obras de construcción a las que se refiere el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa específica relativa a dichos trabajos y, en particular, de lo establecido en el Real Decreto ____, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras". Una disposición equivalente, conforme a lo acordado, figurará en éste último Real Decreto.
Por último, el apartado 3 declara la aplicación del Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, a las obras de construcción. Nótese que el citado Reglamento es una norma general, de aplicación horizontal a toda la normativa de prevención de riesgos laborales, de manera que todos los aspectos regulados en el Reglamento para hacer posible la prevención de los riesgos laborales (como actividad integrada en el conjunto de actuaciones de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, a partir de una planificación que incluya la técnica, la organización y las condiciones de trabajo, presidido todo ello por los principios de eficacia, coordinación y participación que informan la LPRL) serán igualmente aplicables a las obras de construcción. Es en este contexto donde cobra sentido lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 7 del Proyecto en relación con los puestos de trabajo en las obras.
El apartado 1 de este articulo define, a efectos del Proyecto de Real Decreto, los conceptos principales utilizados en su articulado y en los Anexos. Algunas de las definiciones coinciden básicamente con las contenidas en la Directiva que es objeto de transposición, si bien ha sido necesario buscar la equivalencia terminológica entre la normativa española y la comunitaria, efectuando los necesarios ajustes; téngase en cuenta que la amplitud terminológica utilizada en la Directiva resultaba necesaria para dar cabida a la variedad de agentes y figuras intervinientes en el sector de la construcción en los diferentes Estados miembros. Por ello, y en aras de una mayor seguridad jurídica, se ha optado por adaptar la terminología de la Directiva a la implantada en nuestro país.
Por obra de construcción se entiende, a efectos del Proyecto, cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva figura en el Anexo I.
La segunda definición se refiere a los "trabajos con riesgos especiales" entendiendo por tales a aquéllos cuya realización exponga a los trabajadores a riesgos especiales para su seguridad y salud. Una relación no exhaustiva de estos trabajos se encuentra en el Anexo II. Aunque esta definición no se incluye en la Directiva, se ha preferido incluirla en el Proyecto con objeto de facilitar la comprensión del mismo.
Por promotor se entiende "cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra". Si bien la Directiva utiliza esta definición para el término "propiedad", como anteriormente señalábamos respecto a las equivalencias, se ha optado por aplicar esta definición al término de "promotor", por ser en nuestro país este agente interviniente la persona por cuenta de la cual se realiza la obra.
Razones similares llevan a la definición de "proyectista" como el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del proyecto de obra.
No ha sido necesario, en cambio, buscar una equivalencia respecto a las figuras de los "coordinadores en materia de seguridad y salud", dado que hasta el momento éstos no existían como tales, si bien algunas de sus funciones eran asumidas en nuestro país por otros agentes intervinientes en el sector de la construcción.
Se define el "coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra" como el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios que se mencionan en el articulo 8.
A su vez, el "coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra", se define como el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9. En las dos definiciones de coordinador se ha optado deliberadamente, por que la referencia sea al "técnico competente" en lugar de la mención expresa a los numerosos profesionales que, en orden a sus diferentes titulaciones, pueden intervenir como coordinadores en las obras; hay que recordar al respecto, que el Proyecto se aplicará no sólo en la edificación, sino también en cualquier obra de ingeniería civil.
Se entiende por "dirección facultativa", a los efectos del Proyecto, el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. Esta definición, también adaptación de la definición de "director de obra" de la Directiva, se ajusta a la terminología utilizada en nuestro país.
Las definiciones de "contratista" y "subcontratista", no incluidas en la Directiva, resultan necesarias en el Proyecto.
Aunque la Directiva 92/57/CEE no incluye en su artículo 2 una definición de empresario sí se establecen una serie de obligaciones del mismo en el artículo 9, además de referirse a su responsabilidad en el artículo 7.2. Para asegurar una mejor comprensión del texto se ha considerado oportuno que en el articulo 2 del Proyecto del Real Decreto se incluyera una definición de los empresarios en el sector de la construcción: los contratistas y los subcontratistas. Ambas figuras intervienen en las obras de construcción, asumiendo la realización de la totalidad o parte de las mismas, a través de una relación contractual civil ante el promotor (en el caso del contratista) o ante el contratista (en el caso de los subcontratistas). Ahora bien, contratistas y subcontratistas son empresarios respecto de sus trabajadores respectivos a todos los efectos. Es por ello que en el apartado 2 de este articulo se aclara que ambos tendrán la consideración de empresarios a los múltiples efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Como hace la Directiva, el Proyecto incluye una definición de lo que debe entenderse a efectos de este Real Decreto por trabajador autónomo, una figura muy corriente en las obras de construcción. La definición se inspira en el concepto de trabajador autónomo contenido en el Decreto 2530/70, de 20 de agosto, relativo al Régimen Especial de Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Aunque con un matiz: sólo es trabajador autónomo la persona física, individual, que con su sola actividad profesional realiza determinadas partes o instalaciones de la obra. Como aclara el segundo párrafo de la letra j) de este artículo si el trabajador autónomo emplea a su servicio a trabajadores por cuenta ajena deja de ser considerado trabajador autónomo a efectos del Real Decreto teniendo la consideración de contratista o subcontratista.
Por último, el apartado 3 del artículo pretende dar solución a una situación que se produce con cierta frecuencia: la del promotor que contrata directamente trabajadores autónomos. Para evitar inseguridad jurídica y el desconocimiento por omisión de las obligaciones recogidas en la norma, el Proyecto establece que en ese caso el promotor tendrá la consideración de contratista respecto de tales trabajadores autónomos. También aquí se introduce una cautela: lo anterior no será de aplicación cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda. Redacción inspirada en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores y que pretende evitar que un cabeza de familia asuma las obligaciones propias de los empresarios ya que carece de toda la organización necesaria a tal efecto.
CAPITULO II. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS FASES DE PROYECTO Y EJECUCION DE LAS OBRAS.
El Capítulo II del Proyecto incluye los artículos 3 a 14 del Proyecto. La confusa estructura de la Directiva, junto con la necesidad de incluir diferentes disposiciones del RD 555/86 y su posterior modificación, han aconsejado la estructura establecida en el Proyecto, en la que los diferentes artículos mantienen un orden lógico en razón de su contenido. El artículo 3 contiene disposiciones relativas a la designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud; mientras que los artículos 4 y 5 se refieren al Estudio de Seguridad y Salud; los artículos 6 y 7 se refieren, respectivamente, al Documento básico de seguridad y salud y al Plan de Seguridad y Salud; el artículo 8 contiene los principios generales aplicables al proyecto de obra, mientras el articulo 9 establece las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, y el artículo 10 se refiere a los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra; los artículos 11 y 12 establecen, respectivamente las obligaciones de los contratistas y subcontratistas y las de los trabajadores autónomos; por último, el articulo 13 contiene todas las disposiciones relativas al Libro de incidencias y el articulo 14 las referidas a la paralización de los trabajos.
Articulo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.
Se señalan en los apartados 1 y 2 de este articulo, los casos en los que de acuerdo con la Directiva resulta necesaria la designación de coordinadores en materia de seguridad y salud.
Así, cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor deberá designar un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra. Por otro lado, cuando en la ejecución de la obra intervenga mas de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor deberá designar, antes del inicio de los trabajos, un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
El apartado 3 del mismo artículo, ofrece la posibilidad de que en una misma persona puedan recaer ambas figuras.
En el apartado 4 se establece que el hecho de que el promotor designe a los coordinadores, no le exime de sus propias responsabilidades.
Artículo 4. Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud o del Documento básico de Seguridad y Salud en las obras.
De acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la Directiva, el promotor queda obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en los que se den determinados supuestos.
Si bien la Directiva se refiere a un "plan de seguridad y de salud" éste es, en principio, equivalente a nuestro Estudio de Seguridad y Salud establecido por el RD 555/86, razón por la que se ha preferido mantener la denominación de Estudio de Seguridad y Salud, dejando en el Proyecto la denominación de "Plan de Seguridad y Salud", para el plan establecido por el RD 555/86 (documento de adaptación del Estudio) y que en la Directiva carece de denominación específica (letra c) del artículo 6 de la Directiva, refiriéndose la misma únicamente a las "adaptaciones del plan de seguridad y de salud". Pretende así evitarse la confusión que podría originarse por un cambio de denominaciones ampliamente aceptadas como son las de Estudio de Seguridad y Salud, que pasaría a denominarse Plan de Seguridad y Salud, y de Plan de Seguridad y Salud, que pasaría a denominarse "adaptaciones del Plan". Bien entendido que este cambio de denominación, respecto a las disposiciones de la Directiva, no influye en la correcta transposición de la misma.
Por otro lado, los supuestos en los que debe realizarse el Estudio de Seguridad y de Salud tampoco se corresponden exactamente con los de la Directiva. Así, las condiciones señaladas en las letras b) y c) del Proyecto coinciden con las establecidas por la Directiva. Sin embargo, nuevamente aquí, ha sido necesario realizar ajustes acordes con nuestra normativa actual. Así, lo dispuesto en la letra a) se corresponde con el criterio seguido en el RD 555/86, que obligaba a la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud en obras en las que el presupuesto global del proyecto de obra fuera igual o superior a 100.000.000 de pesetas. Sin embargo, la misma norma señalaba la transitoriedad de la disposición y especificaba que ello sería así inicialmente y sin perjuicio de su futura vigencia en la totalidad del ámbito a que se refería el articulo 1º. Ello lleva a que más de diez años después de la aprobación del RD 555/86 parezca conveniente reducir a 75.000.000 de pesetas la cantidad inicialmente requerida para la obligatoriedad de realización del Estudio de Seguridad y Salud. Razones similares llevan a la necesidad de incluir entre los supuestos a las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
En el apartado 2 se señala que el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Documento básico de seguridad y salud en los proyectos de obras que no están incluidos en ninguno de los supuestos anteriormente señalados. Explicaremos esta disposición, posteriormente, cuando nos refiramos al artículo 6 del Proyecto.
El apartado 1 dispone que el Estudio de Seguridad y Salud será elaborado por el técnico competente designado por el promotor. También en este caso se obvian las menciones a las titulaciones requeridas para la elaboración del Estudio. Se concreta, eso si, que cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho Estudio.
El apartado 2 contiene los documentos que, como minino, deberán formar parte del Estudio. Esta disposición, mucho más especifica que la establecida por la Directiva, incorpora al Proyecto la relación de documentos que deben formar parte del Estudio de Seguridad y Salud del RD 555/86. Unicamente en la letra a) se han hecho los ajustes necesarios para adecuar las actuaciones a los principios de la acción preventiva de la LPRL.
Los apartados 3 y 4 contienen básicamente disposiciones similares a las establecidas en el RD 555/86, con algunas mejoras redaccionales y de orden técnico.
El apartado 5 tiene su origen en la Directiva y resulta fundamental al exigir que el Estudio de Seguridad y Salud contenga medidas especificas relativas a los trabajos relacionados en el Anexo II (los que implican riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores).
El apartado 6 también tiene su origen en la Directiva si bien dado que ya existía una disposición similar en el RD 555/86 se ha preferido mantener para el apartado la redacción de este último, mucho menos confusa. De acuerdo con ello, en el Estudio deben tenerse en cuenta las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
Articulo 6. Documento básico de Seguridad y Salud.
El Documento básico de seguridad y salud implica una obligación no establecida por la Directiva pero que se ha revelado necesaria a la hora de reducir la accidentabilidad en el sector de la construcción. El origen está en la dificultad de extender la obligatoriedad de realización del Estudio de Seguridad y Salud (de indudable complejidad) a cualquier obra sin importar su envergadura. Pero al mismo tiempo no se puede olvidar que puede haber obras de escasa entidad en que los riesgos para los trabajadores sean de especial gravedad. Este Documento vendría a ser así, una especie de Estudio "simplificado". De acuerdo con el apartado 1, deberá ser elaborado por el técnico competente designado por el promotor excepto cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, pues en este caso le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho Documento.
El apartado 2 contiene la relación de elementos de que deberá constar dicho Documento, todo ello en orden a la prevención de riesgos laborales en el sector.
Por último, el apartado 3 señala que también en el Documento deben contemplarse las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
En el apartado 1 se establece que, en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso del Documento básico, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio o Documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. La Directiva contempla un documento similar, sin denominación alguna, al referirse a las "posibles adaptaciones del Plan de seguridad y de salud". Sin embargo, nuevamente en este caso, se ha preferido mantener las disposiciones equivalentes del RD 555/86 y su modificación, mucho más específicas y detalladas, en orden a no disminuir el nivel de protección establecido por nuestra legislación, y dada la utilidad de la misma, con alguna mejora y adaptación debido, fundamentalmente, a la creación de las figuras de los coordinadores en materia de seguridad y salud, y a la nueva normativa española en materia de prevención de riesgos laborales.
También según lo dispuesto en el apartado 1, el Plan deberá incluir, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica; en el texto se recalca que las medidas alternativas no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio o Documento.
En el último párrafo de este apartado se señala que para los Planes elaborados en aplicación del Estudio las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, y que ésta no podrá implicar disminución del importe total.
El apartado 2 supone adaptación de nuestra normativa a la Directiva. Así, y es del todo coherente, el Plan de seguridad, una vez elaborado por el contratista, deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. El segundo párrafo contiene una especificidad necesaria para el caso de las obras promovidas por las Administraciones Publicas; en este caso el Plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la obra.
Resulta fundamental, y así se contempla en el párrafo tercero, que cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de este apartado sean asumidas por la dirección facultativa.
Dado el contenido del Plan de Seguridad y Salud, así como las características específicas de las obras como lugares de trabajo, se pretende con el apartado 3 evitar la duplicidad tanto documental como de contenido, referido a la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva, respecto a lo establecido en el Capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Por ello se establece en este apartado que "en relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el Capitulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención".
En el apartado 4 se dispone que el Plan podrá ser modificado por el contratista, siempre con la aprobación expresa anteriormente señalada, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. Se dispone también, a continuación, quiénes podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas al Plan de Seguridad y Salud.
Por último, el apartado 5 contempla la necesidad de que el Plan de Seguridad y Salud se encuentre en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa.
El apartado 1, cuyo origen se encuentra en la Directiva, contiene disposiciones fundamentales desde el punto de vista de la prevención, y con objeto de integrar la misma en todas las fases de la obra, empezando por el proyecto. Así, los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15 de la LPRL deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y, en particular, al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente, y al estimar la duración requerida para los mismos.
Además, según lo dispuesto en el apartado 2, durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier Estudio de Seguridad y Salud o Documento básico, así como las previsiones e informaciones útiles anteriormente señaladas.
De acuerdo con el apartado 3, el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra, coordinará la aplicación de los dos primeros apartados de este artículo.
Incluye las obligaciones del coordinador en esta materia. Le corresponde al coordinador durante la ejecución de la obra coordinar la aplicación de los principios generales de prevención al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente, y al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
Otra obligación señalada en el artículo, y no menos importante desde el punto de vista de la prevención, es la de coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la LPRL durante la realización de los trabajos y, en particular, en las tareas o actividades mencionadas en el articulo 10.
De acuerdo con la letra c) de este artículo, al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, le corresponde aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, así corno las modificaciones introducidas en él. Sin embargo, esta función deberá ser asumida por la dirección facultativa cuando no resulte necesaria la designación de coordinador.
Otras funciones señaladas en este articulo son: organizar la coordinación de actividades empresariales, coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo, y adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
Este artículo, transcripción casi literal del artículo 8 de la Directiva, recoge las tareas o actividades en las que, especialmente deben aplicarse los principios de la acción preventiva señalados en el articulo 15 de la LPRL.
Dado su contenido no parece necesario efectuar más aclaraciones al respecto. Unicamente hay que señalar que dada su importancia, debido a los riesgos que pueden originarse cuando no se ejecutan de acuerdo con los principios de la acción preventiva, se ha considerado procedente, igual que hace la Directiva, incluir esta relación de tareas en el articulado del Proyecto.
El apartado 1 de este articulo contiene las obligaciones tanto de los contratistas como de los subcontratistas. La letra a) de esta apartado obliga a aplicar los principios de la acción preventiva durante la ejecución de la obra, en particular al realizar las tareas o actividades mencionadas en el articulo 10 del Proyecto.
De acuerdo con las letras b) y c) deberán, respectivamente, cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, especialmente las disposiciones mínimas que se establecen en el Anexo IV del Proyecto.
Según la letra d) deberán, necesariamente, informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Por último, según lo dispuesto en la letra e), deberán atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Los apartados 2 y 3 del artículo precisan la responsabilidad de los sujetos intervinientes en la obra. Así, contratista y subcontratista son responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas que para cada uno establezca el Plan de Seguridad y Salud que cada contratista tiene la obligación de elaborar. Ello supone que contratista y subcontratista responden solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan que fueran imputables a cualquiera de ellos. Por último, el hecho de que en el Proyecto se reconozcan responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximen de las suyas al contratista y subcontratista.
Articulo 12. Obligaciones de los trabajadores autónomos.
Como transposición del apartado 1 del artículo 10 de la Directiva, el presente articulo incluye el listado de obligaciones de los trabajadores autónomos, añadiendo a las previstas en la Directiva algunas otras que de manera lógica se derivan del articulado del Proyecto.
En este sentido, las obligaciones previstas en la letras c), e), f) y g) son trasunto de las obligaciones establecidas en la Directiva, aunque haciendo mención expresa a los artículos y normas españolas que han ido incorporando al ordenamiento jurídico español las diferentes Directivas comunitarias que se citan en el correspondiente artículo de la Directiva 92/57/CEE.
El resto de obligaciones que deben cumplir los trabajadores autónomos se deriva de otros artículos del Proyecto, ofreciéndose así en un solo artículo un catálogo completo de obligaciones de los trabajadores autónomos que facilitará su conocimiento y por tanto, su cumplimiento. Es el caso de las obligaciones previstas en las letras a), b), y d), así como lo previsto en el apartado 2 de este artículo.
El objetivo de este artículo, que no tiene reflejo en la Directiva, es mantener la existencia de un elemento que ha resultado de evidente utilidad en orden a la reducción de la accidentabilidad en el sector.
Así, como ya contemplaba el RD 555/86, en cada centro de trabajo deberá existir con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un Libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
Supone esta redacción, sin embargo, una modificación sustancial respecto a la del RD 555/86, ya que en éste el Libro de incidencias constaba de hojas cuadruplicadas, mientras que según el Proyecto, a partir de ahora, deberá constar de hojas por duplicado. La razón está en lo comentado anteriormente respecto a la desaparición de la figura del "contratista principal", lo que llevaría a que el Libro de incidencias debiera constar de un número elevado de hojas, destinadas cada una de ellas, además de las figuras recogidas en el RD 555/86, a los diversos contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. Razones de operatividad han aconsejado, por tanto, que se limite a dos el número de hojas de que deberá constar el Libro de incidencias.
Por otro lado, mediante la letra a) del apartado 2 se intentan salvar las dificultades que por el RD 555/86 se planteaban a la hora de facilitar el Libro de incidencias; además, también en este caso, razones de operatividad aconsejan que el Libro de incidencias sea facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el Libro de incidencias deberá ser facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3, el Libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, matización ésta que la práctica ha revelado necesaria respecto al RD 555/86, y estar en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. Se relacionan a continuación, en el mismo apartado, las personas que deberán tener acceso al Libro de incidencias y que podrán hacer anotaciones en el mismo, siempre relacionadas con los fines que al Libro se le reconocen en el apartado 1 (también en este caso la practica demuestra que esta matización es necesaria, evitándose así la situación actual en la que se efectúan en el Libro, en muchas ocasiones, variopintas anotaciones).
De acuerdo con el apartado 4, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, siempre que se haya efectuado una anotación en el Libro de incidencias, está obligado a remitir. en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Por razones obvias, también está obligado a notificar las anotaciones en el Libro al contratista afectado y a los representados de los trabajadores de éste.
Lo dispuesto en el apartado 1 de este articulo se basa en una disposición similar, en materia de paralización de trabajos, que ya existía en el RD 555/86. Sin embargo en el Proyecto, y en coherencia con las funciones de la nueva figura de coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, se faculta a éste -además de a cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa- para que en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponga la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
El apartado 2 dispone que la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de estos.
Todo lo dispuesto en los apartados 1 y 2 se entiende, como señala el apartado 3, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del articulo 21 y en el artículo 44 de la LPRL. Recordemos que el articulo 21 de esta Ley regula el derecho de los trabajadores a la interrupción y abandono del lugar de trabajo en caso de riesgo grave e inminente para su vida o su salud, además de regular la actuación de los representantes legales de los trabajadores en cuanto a la paralización de la actividad en casos de riesgo grave e inminente. El artículo 44 de la LPRL, por su parte, contempla la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en materia de paralización de trabajos, ante los riesgos graves e inminentes para la seguridad y la salud de los trabajadores.
El último apartado, y en términos idénticos a los del Real Decreto 555/86, declara que lo dispuesto en el articulo a propósito de la paralización de los trabajos se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las Administraciones Publicas en lo relativo al cumplimiento de plazos y suspensión de obras, y ello teniendo en cuenta que el Real Decreto será de aplicación a las obras públicas. Por tanto, la lectura de la norma deberá completarse con la de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y, en su caso, de la normativa de desarrollo legislativo de las Comunidades Autónomas.
CAPITULO III. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
El Capítulo III del Proyecto incluye los artículos 15 y 16. El artículo 15 se refiere a la información que los trabajadores deben recibir. Por su parte, el artículo 16 contiene disposiciones especificas en materia de consulta y participación de los trabajadores de las obras de construcción.
La información que reciban los trabajadores sobre los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, y recordemos que así son consideradas las obras, sirven sin duda para garantizar un mayor grado de protección. De acuerdo con esa premisa que informa el deber empresarial de protección en la LPRL, el Proyecto de Real Decreto impone como obligación, tanto a contratistas como a subcontratistas, que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Respetando lo establecido en el artículo 18 LPRL, se asegura de esta manera que los trabajadores conozcan todos los aspectos relativos a las condiciones de seguridad y salud en las obras, lo cual redundará en unas mejores condiciones de trabajo.
De acuerdo con el apartado 2, para que la información sea útil y cumpla con los objetivos deseados deberá ser comprensible para los trabajadores.
El apartado 1 de este articulo se limita a imponer al contratista que la consulta y la participación de los trabajadores o sus representantes sobre todas las cuestiones a las que se refiere el Proyecto de Real Decreto se ajusten a los principios contenidos al respecto en la LPRL. A lo largo del Capítulo V de la Ley se establecen diversas obligaciones para el empresario sobre las materias y las formas de consulta, y se recoge el modelo de participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para la prevención de los riesgos laborales.
Entre estas materias de consulta obligada a través de las fórmulas de participación previstas en la Ley deberán incluirse necesariamente las referidas a las obras de construcción.
Pero además, como dispone el apartado 2, en determinadas ocasiones, cuando el nivel de riesgo y la importancia de la obra lo requieran, la consulta y participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en la obra deberá efectuarse con la adecuada coordinación, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 39 de la LPRL donde se establece que en orden a la necesaria colaboración entre empresas en los supuestos de desarrollo simultaneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comités u otras medidas de actuación coordinada.
Por último en esta materia, y dado que el Plan de Seguridad y Salud puede ser considerado el instrumento fundamental en materia de prevención de riesgos en la obra, una copia del mismo y de sus posibles modificaciones, deberá ser facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo, a efectos de su conocimiento y seguimiento.
CAPITULO IV. OTRAS DISPOSICIONES.
El último Capítulo del Proyecto de Real Decreto incluye los artículos 17, 18 y 19, donde se incluyen diversas obligaciones para los sujetos intervinientes en las obras referidas a sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Artículo 17. Visado de Proyectos,
En una redacción prácticamente idéntica a la del Real Decreto 555/86 este artículo establece que la inclusión en el proyecto de ejecución de obra del Estudio de Seguridad y Salud será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio Profesional correspondiente, expedición de la licencia municipal de obras, etc. A través del visado por los colegios se asegura la corrección técnica del Estudio y su coherencia con el proyecto, reforzándose además la cultura de prevención de riesgos laborales que deben informar la ejecución o realización de las obras, objetivo que también se refuerza en el caso de que, de una u otra manera, cualquier Administración Pública tenga conocimiento del proyecto.
En el apartado 2 se establece que en el caso de las obras publicas la Oficina de Supervisión de Proyectos, u órgano equivalente que exista en Administraciones Públicas licitadoras distintas de la Administración del Estado, deberá hacer declaración de la inclusión del Estudio en el Proyecto en la tramitación para la aprobación del mismo.
Este artículo del Proyecto de Real Decreto es transposición del artículo 3,3 de la Directiva. El promotor, como persona por cuenta de la cual se realiza una obra, deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente en razón del territorio antes del comienzo de los trabajos en las obras del artículo 4.1 (para las que se exige Estudio de Seguridad y Salud), informando de una serie de datos que se precisan en el Anexo III. De esta manera, la autoridad laboral conoce los sujetos intervinientes en la obra a los efectos que puedan ser necesarios, sujetos entre los que se incluyen algunos que sólo el promotor puede conocer por ser el que tiene la obligación de designarlos (como es el caso del proyectista o de los coordinadores) o ser él quien los va a contratar (como es el caso de los contratistas). La envergadura o peligrosidad de las obras enumeradas en el articulo 4.1 aconsejan que el promotor, antes del inicio de los trabajos informe a la autoridad laboral de que ha satisfecho las obligaciones que el Real Decreto le impone.
El último artículo del Proyecto de Real Decreto incluye dos obligaciones que ya estaban presentes en el Real Decreto 555/86: la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente (prevista en el artículo 6 del todavía vigente en este punto Real Decreto-Ley 1/86, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales, desarrollado por la Orden de 6 de mayo de 1988 del Ministro de Trabajo y Seguridad Social) deberá incluir el Plan de Seguridad y Salud a que se refiere el artículo 7; además, el Plan deberá estar a disposición permanente de los órganos encargados de la supervisión de las condiciones de trabajo y de seguridad y salud.
Aunque, aparentemente, aviso previo y comunicación de apertura parecen ser coincidentes se trata de documentos diferenciados:
1º. El aviso previo lo efectúa el promotor, mientras que la comunicación de apertura la efectúa el contratista. Nótese que la comunicación de apertura incluye el Plan de Seguridad y Salud, que corresponde elaborar a cada contratista, no al promotor.
2º. Mientras que el aviso previo se efectúa antes del inicio de los trabajos, la comunicación de apertura se realiza dentro de los treinta días siguientes al hecho que la motiva.
3º. Los contenidos materiales del aviso y de la comunicación son diferentes.
4º. El aviso previo exige una actualización permanente de la que carece la comunicación de apertura
DISPOSICIONES DE LA PARTE FINAL.
El Proyecto concluye con una Disposición transitoria, una Disposición derogatoria y dos Disposiciones finales.
La Disposición transitoria única hace frente a la necesidad de mantener transitoriamente la aplicación del Real Decreto 555/86, que se deroga, respecto de aquellas obras cuyo Proyecto hubiera sido visado por el Colegio o aprobado por las Administraciones Públicas antes de la entrada en vigor de la norma.
La Disposición derogatoria incluye una derogación genérica de las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el Real Decreto y una derogación expresa del Real Decreto 555/86, modificado por el Real Decreto 84/90 dado que el Real Decreto proyectado ofrece una regulación global de la seguridad y salud en las obras de construcción.
La Disposición final primera incluye una habilitación genérica al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe favorable de los Ministros coproponentes, y previo informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el desarrollo del Real Decreto y una autorización para las adaptaciones de carácter estrictamente técnico de los Anexos.
La Disposición final segunda establece una "vacatío" de dos meses para la entrada en vigor de la norma, que parece oportuna teniendo en cuenta las nuevas y variadas disposiciones que se introducen en la seguridad y la salud en las obras de construcción.
El Proyecto de Real Decreto consta de cuatro anexos, transcripción prácticamente literal de los de la Directiva aunque en algunas ocasiones ha sido necesario realizar ciertos ajustes de índole técnica y algunas mejoras en materia de redacción.
ANEXO i. Relación no exhaustiva de las obras de construcción o ingeniería civil.
Este anexo contiene una relación no exhaustiva de las obras de construcción o de ingeniería civil. a las que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 2 del Proyecto. Este anexo tiene idéntico contenido que el Anexo I de la Directiva ya que no se ha considerado necesario ampliar la relación.
ANEXO II. Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores.
También en este caso se ha mantenido la misma relación no exhaustiva que en el Anexo II de la Directiva. Se refiere este Anexo a los trabajos cuya realización pueda exponer a los trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud, mencionados en la letra b) del apartado 1 del artículo 2.
Este Anexo, correspondiente al Anexo III de la Directiva, contiene los datos que deberán incluirse en el Aviso previo señalado en el artículo 18 del Proyecto de Real Decreto.
Las únicas modificaciones respecto a la Directiva, y que no afectan a la correcta transposición de la misma, son las siguientes: en el apartado 3 se ha sustituido a "la propiedad" por "el promotor"; en el apartado 5 se ha sustituido "el director de la obra" por "el proyectista"; en el apartado 11 se han sustituido "las empresas" por "los contratistas y subcontratistas"; por último, en el apartado se han sustituido "las empresas" por "los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos". Todo ello de acuerdo con el contenido del Proyecto de Real Decreto.
ANEXO IV. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras.
Este Anexo se corresponde con el Anexo IV de la Directiva. Está dividido, igual que la Directiva, en tres partes. Sin embargo, dada la longitud del Anexo, se ha optado por incluir la observación preliminar en el encabezamiento de cada una de las partes en lugar de hacerlo, como lo hace la Directiva, después del título del Anexo.
La Parte A, Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras, será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.
Esta Parte contiene las disposiciones mínimas relativas a: estabilidad y solidez; instalaciones de suministro y reparto de energía; vías y salidas de emergencia; detección y lucha contra incendios; ventilación; exposición a riesgos particulares; temperatura; iluminación; puertas y portones; vías de circulación y zonas peligrosas; muelles y rampas de carga; espacio de trabajo; primeros auxilios; servicios higiénicos; locales de descanso o de alojamiento: mujeres embarazadas y madres lactantes; trabajadores minusválidos y, por último, disposiciones varias.
La Parte B. Disposiciones mininas especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de locales, contiene disposiciones en materia de: estabilidad y solidez; puertas de emergencia; ventilación; temperatura; suelos, paredes y techos de los locales; ventanas y vanos de iluminación cenital; puertas y portones: vías de circulación; escaleras mecánicas y cintas rodantes y, por último, dimensiones y volumen de aire de los locales.
La Parte C, Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales, contiene disposiciones relativas a: estabilidad y solidez; caídas de objetos; caídas de altura; factores atmosféricos; andamios y escaleras; aparatos elevadores; vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales; instalaciones, máquinas y equipos; movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles; instalaciones de distribución de energía; estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas y, por último, disposiciones relativas a otros trabajos específicos.