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Timestamp: 2018-09-22 09:47:39
Document Index: 26084867

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 97', 'artículo 122', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 25', 'artículo 65', 'artículo 150']

﻿ Sentencia 41186 de mayo 7 de 2014
SENTENCIA 41186 DE 07 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:INSTITUCIONES NACIONALIZADAS. EN AQUELLAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE FUERAN NACIONALIZADAS, LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, LO QUE SIGNIFICA QUE, INDEPENDIENTEMENTE DEL CAMBIO DE NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD QUE CONLLEVE EL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN Y EL CONSECUENTE CAMBIO DEL RÉGIMEN LABORAL QUE PUDIERAN TENER SUS SERVIDORES SEGÚN LOS CRITERIOS LEGALES GENERALES, ÉSTOS PRESERVARÍAN SU CATEGORÍA LABORAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADOR, INSTITUCIÓN FINANCIERA, NACIONALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA, TRABAJADOR, NACIONALIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA, CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL
Sentencia 41186 de mayo 7 de 2014
Rad.: 41186
SL6074-2014
1. En atención a lo expuesto por la censura quien centra su ataque en cuanto a la naturaleza del vínculo laboral de los trabajadores del Banestado, corresponde a esta Corte definir si efectivamente el demandante tenía el carácter de trabajador oficial —como lo dijo el tribunal— o de empleado particular sometido a las reglas del Código Sustantivo del Trabajo —como lo alega el recurrente—.
De la definición del problema jurídico planteado anteriormente, dependerá de si la aplicación de la indemnización moratoria de que trata el artículo 52 Decreto 2127 de 1945 —norma propia del sector oficial— originada por la indemnización adeudada al trabajador, era procedente o no.
2. Pues bien, para resolver importa recordar que si bien es cierto que conforme al artículo 97 de la Ley 489 de 1998, por regla general, el régimen de los servidores de las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte de la Nación, de entidades territoriales y de entidades descentralizadas, sea igual o superior al 90% del capital social es el de las empresas industriales y comerciales del Estado, y por ende, sus servidores son trabajadores oficiales, a excepción de los que, conforme a los estatutos de dichas empresas, desempeñen actividades de dirección y confianza, que serán empleados públicos, también lo es que dicho criterio general no es óbice para que el legislador en ejercicio de su facultad de determinar el régimen laboral de los servidores de los organismos y entidades de la administración pública, disponga otra cosa.
Ciertamente, si la ley es la que se encarga de fijar los criterios generales para establecer la naturaleza jurídica del vínculo laboral de los trabajadores con la administración pública, es la misma ley la que puede fijarles excepciones y establecer tratamientos particulares(1).
Así ocurrió precisamente con los trabajadores del Banco del Estado S.A. (hoy en liquidación), a quienes, en principio, por encontrarse vinculados con una entidad cuya naturaleza jurídica es la de una sociedad de economía mixta con aporte estatal superior al 90% de su capital social —y por ende, su régimen asimilable al de las empresas industriales y comerciales del Estado—, son trabajadores oficiales, pero que, como se verá a continuación, en virtud de disposiciones especiales con fuerza de ley en realidad tienen el carácter de empleados particulares sometidos a las reglas del Código Sustantivo del Trabajo.
En efecto, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 122 de la Constitución Política de 1886, y en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 2919 de 1982, el Presidente de la República dictó el Decreto Legislativo 2920 del 8 de octubre de 1982, el que en su artículo 15 señaló:
ART. 15.—Las relaciones laborales en las instituciones financieras que se nacionalicen, seguirán rigiéndose por las normas del Código Sustantivo del Trabajo, y por las disposiciones legales y convencionales vigentes, sin que los derechos sociales de los trabajadores puedan ser desmejorados como consecuencia de la aplicación del presente decreto. Se atenderá especialmente a los intereses de los trabajadores, para proteger a quienes están cumpliendo correctamente, sus deberes.
Nótese como el decreto en cita, estableció que en aquellas instituciones financieras que fueran nacionalizadas —como ocurrió con el Banco del Estado que antes de su nacionalización y reorganización era una sociedad anónima y en sus relaciones con sus trabajadores se regía por el Código Sustantivo del Trabajo— las relaciones laborales con sus trabajadores seguirían rigiéndose por las normas del Código Sustantivo del Trabajo, lo que significa que, independientemente del cambio de naturaleza jurídica de la entidad que conlleve el proceso de nacionalización y reorganización y el consecuente cambio del régimen laboral que pudieran tener sus servidores según los criterios legales generales, estos preservarían su categoría laboral.
En este orden, ante la existencia de una norma con fuerza de ley de carácter especial, no era dable que el tribunal se remitiera al criterio legal según el cual el régimen de los servidores de las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte estatal sea superior al 90% de su capital social, corresponde al de las empresas industriales y comerciales del Estado.
Sobre el particular, esta Corporación en sentencia CSJ SL, 19 ago. 2009, rad. 35841, recordó que la ley —entiéndase toda norma con fuerza de ley— es en últimas la que define el régimen laboral de los trabajadores de las entidades y organismos de la administración pública. Así reflexionó la Sala:
(...) la facultad de fijar la calidad de los servidores públicos corresponde exclusivamente al legislador, y no a la voluntad del administrador, ni como resultado de los actos que el empleador oficial o el servidor ejecuten, en virtud de la vinculación.
3. Ya sobre esta misma entidad, la jurisprudencia de la corporación en sentencias CSJ SL, 26 nov. 2003, rad. 20548 y CSJ SL, 21 jul. 2010, rad. 34369, había señalado que el régimen laboral de los trabajadores del Banestado era el contenido en el Código Sustantivo del Trabajo y no el del sector oficial. Al respecto, dijo la Corte en el primero de los fallos rememorados:
No obstante, como lo señala la réplica, el actor estaba sometido en su régimen laboral al Código Sustantivo de Trabajo y no al propio de los trabajadores oficiales, tal como se desprende del siguiente análisis:
El artículo 15 del Decreto 2920 de 1982 dispuso:
“ART. 15.—Las relaciones laborales en las instituciones financieras que se nacionalicen, seguirán rigiéndose por las normas del Código Sustantivo del Trabajo, y por las disposiciones legales y convencionales vigentes, sin que los derechos sociales de los trabajadores puedan ser desmejorados como consecuencia de la aplicación del presente decreto. Se atenderá especialmente a los intereses de los trabajadores, para proteger a quienes están cumpliendo correctamente, sus deberes”.
Según se desprende del Decreto 1258 de 1983, por medio del cual se acogieron los estatutos del banco demandado, el Presidente de la República, mediante Resolución ejecutiva 203 del 9 de octubre de 1982, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 2920 de 1982, procedió a la nacionalización del Banco del Estado y en el artículo 25 dispuso:
“ART. 25.—Estatuto de personal. Las relaciones laborales entre el Banco del Estado y sus trabajadores continuará rigiéndose por las normas del Código Sustantivo del Trabajo y las disposiciones legales y convencionales pertinentes, sin que puedan ser desmejoradas como consecuencia de la aplicación del Decreto 2920 de 1982 y de la Resolución ejecutiva 203 de 9 de octubre del mismo año, proferida por el Presidente de la República. Se atenderá especialmente a los intereses de los trabajadores, para proteger a quienes están cumpliendo correctamente sus deberes”.
En las anteriores condiciones, no tenía derecho el demandante a las prestaciones reclamadas previstas para servidores del sector público, por los que los errores señalados por el censor carecen de trascendencia en la decisión.
En consecuencia, el cargo habrá de prosperar y por ende, se casará parcialmente la sentencia recurrida en cuanto fulminó condena por la indemnización moratoria por las sumas adeudadas por concepto de indemnización.
Dado que la acusación tuvo éxito, no hay lugar a las costas en el recurso extraordinario.
Como consideraciones de instancia, a más de lo expuesto en la esfera casacional, la Corte recuerda que la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no se causa por las indemnizaciones adeudadas a los trabajadores sino por los salarios y prestaciones sociales debidos y no cancelados a la fecha de terminación del contrato de trabajo, lo cual no es del caso.
Así mismo, y como quiera que se revocará la condena por sanción moratoria impartida por el juez a quo, procede la indexación de la suma adeudada al trabajador por concepto de despido sin justa causa, la que al 30 de abril de 2014, incluyendo el capital, asciende a la suma de $ 5.884.534, sin perjuicio de la indexación que se cause hasta la fecha del pago efectivo.
En torno a las costas de las instancias corren a cargo del demandado.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 26 de febrero de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso adelantado por Jaime Velosa Mora contra el Banco del Estado S.A. —en Liquidación—.
1. Revocar la condena por concepto de indemnización moratoria impartida en la sentencia del 16 de febrero de 2007 y dictada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá.
2. Condenar a la entidad demandada al pago de la indexación del valor adeudado por concepto de indemnización por despido sin justa causa, indexación que al 30 de abril de 2014, incluyendo el capital, asciende a la suma de $ 5.884.534, sin perjuicio de la indexación que se cause hasta la fecha del pago efectivo.
(1) La competencia frente a la definición del régimen laboral de los empleados de las entidades y organismos de la administración pública, es propia del legislador, a quien conforme al numeral 7º del artículo 150 de la Carta Política, le corresponde determinar la estructura orgánica y funcional de la administración. A nivel territorial, dicha competencia recae en las asambleas y consejos.