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Timestamp: 2020-07-06 22:28:53
Document Index: 131682620

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 251']

Sentencia de Tutela nº 836/06 de Corte Constitucional, 12 de Octubre de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 43625561
Sentencia de Tutela nº 836/06 de Corte Constitucional, 12 de Octubre de 2006
Derecho a la salud, la seguridad social y de petición. Señora de la tercera edad solicita se le reconozca como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su hija. Reconocimiento de pensión de sobrevivientes en sede de tutela. Concedida
Sentencia T-836/06
DERECHO DE PETICION-Solicitud pensión de sobrevivientes de madre que dependía económicamente de su hija
ACCION DE TUTELA Y PENSION DE SOBREVIVIENTES-Procedencia excepcional para reclamar reconocimiento
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Dependencia económica no puede establecerse a partir de la convivencia entre madre e hija
Para esta S. de Revisión es evidente que la dependencia económica de la solicitante no puede establecerse a partir de la convivencia con su hija, puesto que la ausencia de una condición -convivencia- no implica de manera necesaria la falta de la segunda -dependencia económica- Y, en definitiva, este elemento resulta totalmente ajeno al proceso de reconocimiento de derechos pensionales en la medida en que la ley así no lo ha previsto, por lo cual el operador no puede establecer presunciones que carecen de respaldo legal.
DERECHO AL MINIMO VITAL-Reconocimiento pensión de sobrevivientes a madre que dependía económicamente de su hija
Referencia: expediente T-1378403
Acción de tutela instaurada por T.N.Z., actuando como agente oficiosa de la señora T. de J. Z. de N. contra el Instituto de Seguro Social ISS.
Bogotá D.C doce (12) de octubre de dos mil seis (2006).
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, S. Jurisdiccional Disciplinaria, en la acción de tutela instaurada por T.N.Z., actuando como agente oficiosa de su madre, T. de J.Z. de N. contra el Instituto de Seguro Social ISS.
En calidad de agente oficioso, la señora T.N.Z. presentó acción de tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura contra el Instituto de Seguro Social ISS por considerar que la entidad estaba violando los derechos de petición, a la seguridad social y a la salud de su progenitora, T. de J.Z. de N..
La accionante señala que T. de J.Z. de N., titular de los derechos supuestamente conculcados, no puede iniciar el proceso judicial por sus propios medios, por lo que acude a la figura de la agencia oficiosa, debido a su avanzada edad y a los problemas de salud que padece, los cuales han reducido su visión, limitado enormemente su capacidad de desplazamiento y, por consiguiente, han hecho imposible su comparecencia durante el proceso judicial. La acción de tutela se fundamenta en los siguientes hechos:
El día 11 de febrero de 2003 falleció la señora L.I.N.Z., hija de T. de J.Z. de N.. De acuerdo a la declaración juramentada presentada por la accionante, la finada era quien proporcionaba a su madre los medios económicos de subsistencia, debido a que aquella no tenía hijos, esposo o compañero permanente que demandaran gastos, ella asumió esta responsabilidad. En la mencionada declaración, la señora T. de J. hace la siguiente anotación ''Que yo dependí económicamente de mi hija L.I.N.Z. (...) quien me suministraba vivienda, vestido y alimentación''; igualmente manifestó ''que ella nunca se casó, que no tuvo hijos durante los 20 años no se le conoció ninguna clase de marido o compañero''.
Con motivo del deceso de su hija, el día 13 de agosto de 2003 T. de J. presentó ante el Instituto del Seguro Social ISS, S.B., solicitud encaminada a la obtención del reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en su calidad de única beneficiaria, de acuerdo al orden de prelación establecido en la Ley 100 de 1993.
Debido a que en un lapso que superó dos años y siete meses la entidad no otorgó respuesta alguna a la solicitud, el 10 de febrero de 2006 la accionante presentó un derecho de petición dirigido al Centro de atención al pensionado del Instituto del Seguro Social ISS, seccional Sucre, en el cual reiteraba su solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes.
Por medio del oficio SS-CAP-SUC No. 393-06 del 7 de marzo de 2006 la oficina de coordinación de pensiones del ISS, S.S., dio respuesta a la solicitud informando que la petición sobre la prestación económica de la causante Sra. L.I.N.Z., fue enviada a nuestro Centro de Decisión en Pensiones del ISS seccional Atlántico, ubicado en la ciudad de Bogotá D. C. Esto, de acuerdo a la Resolución No. 0667 del 19 de Abril de 2004, emanada de la Presidencia del ISS, a través de la cual se reasignaron competencias en materia de prestaciones económicas de la S.B. -a la cual fue dirigido el derecho de petición radicado el día 13 de agosto de 2003- a la seccional Atlántico, razón por la cual los expedientes de prestaciones económicas deben ser enviados a ese Departamento para su estudio y decisión. A renglón seguido la oficina informa que la solicitante debe dirigir la solicitud a la Seccional Atlántico, con sede en Bogotá, pues es ésta la entidad competente para dar respuesta a su petición.
El día 15 de marzo de 2006, por conducto de su hija T.N.Z., quien actuaba en calidad de agente oficioso, la señora T. de J. presentó acción de tutela contra el Instituto del Seguro Social por considerar que la respuesta obtenida de la oficina de coordinación de pensiones del ISS no constituía una respuesta de fondo frente a la solicitud presentada, ya que las razones dilatorias que le fueron ofrecidas no satisfacían, en su concepto, sus derechos de petición, a la seguridad social y al mínimo vital. En atención al estado de salud de T. de J. y valiéndose de lo establecido en el artículo 7 del decreto 2591 de 1991, en el libelo de demanda se solicitó al juez de tutela como medida provisional para atemperar la supuesta violación de los derechos de la accionante que le permitieran disfrutar de los servicios de salud a los cuales tendría derecho en calidad de beneficiaria.
La señora T. de J.Z. de N. es una persona de la tercera edad que padece de algunos problemas de salud que han hecho mella en sus capacidades ordinarias de existencia, aquellas que posibilitan una vida orientada por el horizonte de libertad y autodeterminación. De acuerdo al diagnóstico médico del 6 de marzo de 2006, T. de J. presenta un cuadro de enfermedad coronaria, glaucoma severo con limitación de agudeza visual en un 90% con osteoartrosis degenerativa de rodillas que amerita cirugía.
La acción que dio inicio a este proceso judicial fue presentada ante el Consejo Superior de la Judicatura, autoridad que, en providencia del 23 de marzo de 2006, se abstuvo de tramitar la acción de tutela y ordenó la remisión del expediente a la S. Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, entidad que goza de competencia para conocer en primera instancia de procesos de tutela llevados en contra del Instituto del Seguro Social, ISS.
Una vez fue remitido el expediente, por medio de providencia del 17 de abril de 2006 el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca avocó conocimiento y ordenó notificar el trámite de la acción al Director del Instituto del Seguro Social ISS, al Coordinador de pensiones del ISS Seccional Atlántico y al Director de pensiones del ISS S.S..
Mientras se surtía la primera instancia, el día 27 de abril de 2006 la señora L.J.S.S., jefe del Departamento de atención al pensionado Seccional Atlántico, acercó al despacho copia de la resolución número 3694 expedida en esa misma fecha, por medio de la cual se daba respuesta a la solicitud de sustitución pensional elevada por la accionante. En dicha resolución se niega la petición a la accionante debido a que, de acuerdo a la oficina, a la señora T. de J. no la unía una relación de dependencia económica total y absoluta con la finada, como en criterio de la oficina lo exige la Ley.
De acuerdo a la investigación administrativa, cuyos resultados fueron vertidos en la resolución, la señora L.I. en vida nunca reportó a su madre como beneficiaria del servicio de salud; además, según el criterio de la oficina, las necesidades económicas de la accionante eran atendidas de manera conjunta por sus hijos, razones por las cuales la oficina negó la sustitución pensional.
Una vez el juez de primera instancia recibió copia de esta comunicación, profirió sentencia el día 27 de abril de 2006 en la cual negó la solicitud de amparo de la accionante al considerar que la respuesta contenida en la resolución 3694, expedida por el Departamento de atención al pensionado Seccional Atlántico, era una respuesta de fondo que atendía de manera directa y suficiente la solicitud de la accionante. Así pues, en atención a que de la presentación de un derecho de petición sólo se puede esperar legítimamente una respuesta oportuna que absuelva sustancialmente la solicitud planteada, mas no una solución afirmativa a las pretensiones expuestas, la respuesta negativa ofrecida por el ISS deja al proceso de tutela sin objeto material, por lo que el amparo resultaba improcedente.
En sentencia del 31 de mayo de 2006 la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió la impugnación confirmando el fallo de primera instancia. Según el ad quem la respuesta proferida por el Departamento de atención al pensionado Seccional Atlántico satisface de manera suficiente el derecho fundamental de petición de la accionante toda vez que contiene una decisión de fondo sobre la solicitud presentada.
En el presente caso la S. de Revisión debe abordar dos cuestiones jurídicas previas con el objetivo de llegar a la solución del problema concreto que motivó el inicio del proceso de tutela. (i) En primer lugar es preciso establecer el contenido y alcance del derecho de petición en materia pensional, haciendo particular énfasis en las solicitudes orientadas al reconocimiento de pensión de sobrevivientes, (ii) para luego hacer una reiteración jurisprudencial sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en sede de tutela.
Contenido y alcance del derecho de petición en materia pensional
De la abundante jurisprudencia elaborada por la Corte Constitucional a propósito del derecho fundamental de petición Corte Constitucional, sentencias T-014 de 1992, T-222 de 1992, T-407 de 1992, T-859 de 1999, T-930 de 1999, T-938 de 1999, T-1005 de 1999, T- 1172 de 2003, T-510 de 2002, T-266 de 2000, T-484 de 2005, T-115 de 2004, entre otras., esta S. de Revisión encuentra preciso resaltar el carácter informal que distingue su ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Constitución.
El texto constitucional consagra en favor de los ciudadanos un derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. De la lectura de esta disposición constitucional no se deduce que su eficacia esté condicionada a que el solicitante informe el sustento normativo en que apoya su petición. Considerar lo contrario implica, a juicio de la S. de Revisión, reconocer que las autoridades y organizaciones privadas sólo se encuentran obligadas a atender las peticiones de los ciudadanos cuando éstos cumplan un requisito formal que es extraño al texto constitucional y que, al mismo tiempo, desdibuja el propósito del constituyente que pretendía ofrecer a los ciudadanos una herramienta eficaz para facilitar un diálogo fluido entre la ciudadanía y las autoridades estatales y organizaciones privadas.
En tal sentido, las autoridades y organizaciones privadas no pueden dilatar la respuesta a las solicitudes que le son planteadas por los ciudadanos, como tampoco les es permitido ofrecer cualquier respuesta que desatienda materialmente la petición, amparándose en que el solicitante no informó que ésta se presentaba en desarrollo del derecho consagrado en el artículo 24 del texto constitucional.
Hecha esta aclaración, procede la S. de Revisión a abordar el tema del trámite de las solicitudes encaminadas al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Para iniciar, es necesario hacer una consideración preliminar sobre las peticiones de reconocimiento de pensión en general. Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que, en atención al carácter particular de estas peticiones, las cuales requieren un estudio administrativo complejo, el Legislador ha establecido términos especiales que se apartan del régimen general contenido en el Código Contencioso Administrativo aplicable a las solicitudes ordinarias Al respecto se pueden consultar las sentencias T-325/03, T-588/03 y T-642/03..
Así pues, en sentencia T-273 de 2004, que a su vez ratifica lo establecido en las sentencias T-326 de 2003 y T-422 de 2003, la Corte señaló que cuando se trata de peticiones orientadas a obtener el reconocimiento de una pensión, las entidades públicas o privadas del Sistema General de Pensiones cuentan con un lapso máximo de seis meses para tramitar la solicitud. Durante los primeros 15 días de este período la entidad debe ofrecer al solicitante atención preliminar y está llamada a hacerle las indicaciones que sean pertinentes para su solicitud. A partir de este término, la entidad debe resolver la solicitud en los cuatro meses siguientes, de tal manera que, en caso de que resulte procedente, la prestación económica se empiece a pagar en un lapso no mayor a seis meses después de que ésta haya sido presentada.
En ese sentido, la Corte Constitucional señaló en sentencia T-292 de 1995 que la pensión de sobrevivientes -anteriormente conocida como sustitución pensional- es una medida de justicia social que encuentra sustento en la situación de necesidad a la cual quedan sometidos los beneficiarios con ocasión del deceso del causante. Esta especial condición de desamparo, según el fallo en comento, demanda un tratamiento diferencial positivo encaminado a atender de manera urgente las necesidades de los afectados.
Al respecto, en repetidas ocasiones Corte Constitucional, sentencias T-081 de 2003, T-829 de 1999, T-827 de 1999, T-173 de 1994, T-702 de 2005. la Corte Constitucional ha manifestado que en aquellos casos en los cuales los dependientes del causante queden expuestos a una grave situación de necesidad y desamparo producida por la muerte de quien les ofrecía asistencia, a tal punto que se vea comprometido su mínimo vital, el derecho a obtener la pensión de sobrevivientes adquiere el carácter de fundamental. Esta consideración se funda adicionalmente en la íntima relación que en estos casos guarda el derecho a obtener la pensión con los derechos a la vida, al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud y al trabajo.
Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional Corte Constitucional, sentencias T-636 de 2006, T-477 de 2002, T-377 de 2000, T-298 de 1997, T-457 de 1994.
, el contenido del derecho fundamental de petición consiste en la facultad de exigir del destinatario de la solicitud una respuesta oportuna y suficiente. Lo cual significa que la solución a la cuestión planteada a la autoridad u organización privada debe abordar la petición en términos de fondo; debe además ser clara, precisa y congruente con lo solicitado. Finalmente, se exige que la respuesta sea puesta en conocimiento del solicitante y que sea proferida oportunamente.
En el caso de las peticiones presentadas ante autoridades estatales, la exigencia de oportunidad promueve, a su vez, el fortalecimiento de lazos de confianza, que al final se traducen en mayor legitimidad para el Estado, en la medida en que el ciudadano puede constatar de manera real que las autoridades estatales se encuentran establecidas con el objetivo de prestar un servicio oportuno y de calidad a la ciudadanía. Igualmente, el establecimiento de sanciones por la violación de estos términos deja ver a los ciudadanos que no se encuentra a merced de las autoridades y que, en tal sentido, éstas se hallan obligadas a fomentar la existencia de canales de comunicación idóneos y efectivos a partir de las solicitudes que le sean presentadas.
El reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en sede de tutela
En abundante jurisprudencia la Corte Constitucional ha indicado que el reconocimiento del derecho pensional como pretensión desborda el objeto de la acción de tutela Corte Constitucional, sentencias T-001 de 1997, T-036 de 1997, T-718 de 1998, T-660 de 1999, T-408 de 2000, T-476 de 2001..
En sentencia T-182 de 2004 sostuvo la Corte que las controversias suscitadas por el reconocimiento de derechos pensionales no son competencia del juez de tutela debido a que, no solo el ordenamiento jurídico ha dispuesto medios judiciales específicos para la solución de este tipo de conflictos En el mismo sentido, Corte Constitucional sentencia T-246 de 1996
, diferentes a la acción de tutela, sino que la única labor que está llamado a cumplir el juez de tutela en este contexto se reduce a verificar que la entidad encargada de dar respuesta a la solicitud pensional ofrezca una respuesta oportuna y suficiente.
Esta S. de Revisión señala que la procedencia de este recurso es excepcional y que, por tal motivo, se encuentra condicionada a precisos límites sustanciales y probatorios. En primer lugar, debe estar acreditado el perjuicio irremediable que se produciría en el caso en que el juez de tutela no reconozca, así sea de manera provisional, el derecho pensional. La íntima relación que guarda el reconocimiento de las mesadas pensionales con los derechos a la vida, al mínimo vital, al trabajo y a la salud demandan del juez de tutela la más esmerada atención con el objetivo de establecer si en el caso concreto alguno de estos derechos se encuentra amenazado.
Esta consideración recoge el planteamiento que había sido vertido en sentencia T-996 de 2005, en la cual la Corte señaló que en aquellos casos en los que exista un error evidente en el análisis de los requisitos a satisfacer por el solicitante o en la aplicación de la regulación pertinente, procederá el reconocimiento del derecho pensional en sede de tutela siempre que el juez haya verificado previamente la afectación del mínimo vital Corte Constitucional sentencias T-671/00, 730/00, T-1565/00, T-775/00, T-1294/00, entre otras..
Una de las hipótesis en las cuales puede presentarse una vía de hecho por parte de la entidad encargada de hacer el reconocimiento pensional consiste en que ésta expida la resolución solicitada negando la procedencia del derecho una vez se ha iniciado el proceso de tutela en el cual se demanda el amparo del derecho de petición. De ordinario podría considerarse que en este caso hay carencia material de objeto - de hecho, ésta fue la opinión de los jueces de primera y segunda instancia en el proceso que ahora revisa la Corte- en la medida en que la entidad demandada ha dado una respuesta que aborda en términos de fondo la solicitud planteada. No obstante, como lo ha señalado la Corte Constitucional Corte Constitucional, sentencia T-235 de 2002 ''Cuando el ISS remite al Juez de tutela una resolución negando la pensión, proferida con posterioridad a la presentación de la acción de tutela. En este evento, el juez de tutela está en la obligación de ir mas allá del simple examen de si hubo o no contestación formal por parte de la administradora de pensiones'', en estos casos el juez de tutela está llamado a hacer un análisis que supere la simple constatación formal de la existencia de una respuesta por parte de la entidad demandada En igual sentido, Corte Constitucional, sentencia T-463 de 1996.
El juez debe hacer en estos casos un examen adicional debido a que, como fue aclarado por la Corte en la sentencia en comento, su labor consiste en garantizar la eficacia de los derechos fundamentales que de acuerdo al material probatorio se encuentren en peligro. En estos términos, ''El juez de tutela no tiene solamente la facultad sino la obligación de proteger todos los derechos que de conformidad con las pruebas aportadas dentro del proceso encuentra vulnerados, de conformidad con lo establecido en los artículo 3 y 14 del decreto 2591 de 1991'' Corte Constitucional, Sentencia T-684/01
A pesar de que la accionante interpuso la acción de tutela con el objetivo de que fuera amparado su derecho a obtener respuesta por la solicitud que presentó el día 10 de febrero de 2006, esta S. de Revisión encuentra preciso aclarar que la primera petición que fue allegada a las oficinas del ISS reunía las características descritas por el artículo 24 de la Constitución Política. En tal sentido, esta S. reitera que el ejercicio del derecho fundamental de petición no está sujeto a que el ciudadano informe a la autoridad a la cual se dirige que la presentación de la solicitud se hace en virtud del derecho consagrado en el texto constitucional.
Como ya ha sido precisado con anterioridad, considerar que sólo aquellas solicitudes que sean presentadas bajo esta rúbrica, esto es, aquellas que informen de manera expresa que se elevan con fundamento en el artículo 24 de la Constitución, pueden ser consideradas como ejercicio del derecho fundamental de petición implica una desnaturalización de éste.
Ahora bien, a partir del análisis del expediente, esta S. de Revisión encuentra probado que el Instituto del Seguro Social ISS violó el derecho fundamental de petición de la accionante toda vez que la respuesta a su solicitud sólo fue expedida 2 años y 8 meses después de haber sido interpuesta, a pesar de que, como ha sido expuesto, de acuerdo a la Ley 717 de 2001 la entidad contaba con un término máximo de dos meses.
Por tal razón La señora T.N.Z. interpuso acción de tutela obrando como agente oficioso de T. de J.Z. de N., solicitando por esta vía el amparo de sus derechos fundamentales de petición, a la seguridad social y a la salud. En atención a que el ISS sólo dio respuesta a la solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes una vez ya se encontraba en curso el proceso de tutela, esto es, dos años y ocho meses después de que había sido radicada la primera petición, esta S. de Revisión debe hacer un estudio más detenido de la resolución número 3694, del 27 de abril de 2006, por medio de la cual se negó la procedencia del derecho pensional, tal como ha sido establecido por la jurisprudencia anteriormente citada.
La mencionada resolución hace un recuento de la historia laboral de la señora L.I.N.Z., el cual informa que la asegurada cotizó un total de 819 semanas en calidad de trabajadora dependiente, de las cuales 90 fueron cotizadas en los últimos tres años de servicio. La resolución concluye que en este caso, la difunta dejó acreditadas (sic) el número de semanas para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. (folio 55)
Según consta en el oficio SS-CAP-SUC No. 859-04 (folio 21), del 10 de diciembre de 2004, la aludida investigación administrativa se adelantó por medio de dos entrevistas practicadas a T. de J.Z. de N. y a R.M.A. Garrido, vecina de la solicitante. Del análisis de dichas entrevistas, el ISS arribó a la siguiente conclusión: de conformidad a la investigación administrativa (...) la cual se llevó a cabo a fin de verificar si la señora T. de J.Z. de N. (Sic) se deduce lo siguiente: la (Sic) necesidades básicas de la solicitante eran sufragadas por todos sus hijos quienes le colaboraban económicamente a cubrir sus gastos y por su hija L.I.N.Z., quien vivió y estudió toda su vida en Bogotá y solamente convivía con su madre en las vacaciones temporales; por lo que el (Sic) preguntarle a la señora Z. de N. en curso de la investigación administrativa quienes eran los beneficiarios de los aportes en salud realizados por la fallecida contestó que ''la verdad era que L. siempre fue mi hija que estuvo pendiente de mí, todos los aportes de sudor eran para mí y mis gastos pero no me tenía como beneficiaria''.(folio 56)
Ahora bien, al analizar la entrevista practicada a la accionante (visible a folios 23, 24 y 25) se arriba a una conclusión diferente a la encontrada por el ISS, toda vez que si bien la señora T. de J. manifestó que todos sus hijos le ofrecían respaldo económico, también es cierto que en la entrevista y en la declaración juramentada informó que la fuente principal de recursos económicos era la asistencia que su hija L.I. le ofrecía, en contra de lo cual no obra prueba en el expediente.
La Corte declaró inconstitucional este aparte de la norma debido a que de manera flagrante desconocía el principio de proporcionalidad al sacrificar los derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana por alcanzar una cierta austeridad del sistema de seguridad social en pensiones. En ese sentido, la dependencia económica a la cual hace alusión la disposición no puede entenderse como una carencia total y absoluta de recursos, lo cual exigiría en términos prácticos -como fue señalado en la sentencia en comento- que el solicitante se encontrase en situación de indigencia para que fuera procedente el reconocimiento del derecho pensional En ese sentido, Consejo de Estado. Sección segunda. Sentencia del 11 de abril de 2002. Expediente No. 2361. Radicación No. 11001-03-25-000-1998-0157-00 La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquéllas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros..
En segundo lugar, no es aceptable que la entidad se haya valido del cumplimiento de las obligaciones familiares por parte de los hijos de la accionante para negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, toda vez que al desaparecer la persona que brindaba la mayor parte de la asistencia económica requerida por T. de J., lo más lógico y acorde con el principio de solidaridad y con las obligaciones establecidas por el Código Civil en materia de alimentos era que sus hijos asumieran las cargas económicas de su madre, que a la época del fallecimiento de la señora L.I. tenía 76 años de edad.
Adicionalmente, esta S. de Revisión encuentra evidente que los falladores de instancia no tuvieron en cuenta las condiciones particulares en las que se encuentra la accionante. La señora T. de J. tiene 79 años de edad y, de acuerdo a los informes médicos que reposan en el expediente, presenta un cuadro de enfermedad coronaria; glaucoma severo que ha generado una pérdida del 90% de su capacidad visual y presenta, además, una osteoartrosis degenerativa de rodilla que requiere pronta cirugía. Estas circunstancias debieron ser atendidas por los jueces de tutela que conocieron en primera y segunda instancia este proceso con el objetivo de establecer si, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la resolución 3694 expedida por el ISS incurría en una vía de hecho al negar la pensión de sobrevivientes una vez se había iniciado el proceso de tutela.
En tal sentido, como ya ha sido señalado, la accionante ha sido sometida a una violación de su derecho fundamental de petición, la cual se materializó en el lapso excesivamente largo -dos años y ocho meses- que tuvo que esperar para obtener respuesta a su solicitud a pesar de la regulación legal, que exigía que dicha respuesta fuera tramitada en un término no mayor a dos meses.
Ahora bien, el análisis de la resolución 3694 expedida por el ISS deja ver que la solicitud de la señora T. de J. cumple con suficiencia el requisito de tiempo de cotización, como la misma entidad lo reconoce en el aparte antes citado. Queda por establecer, entonces, la dependencia económica de la accionante a la asistencia ofrecida por la causante, la cual debe ser examinada a la luz de los postulados del Estado social de derecho, el principio de solidaridad y la protección especial que merece la tercera edad.
Así pues, no obra en el expediente prueba en contra de la declaración juramentada rendida por la accionante ni del testimonio tomado a esta misma por la entidad demandada según las cuales existía tal dependencia económica. Al contrario, tales elementos probatorios, a los que se suma la entrevista practicada a R.M.A., vecina de la accionante, acreditan de manera suficiente que, en efecto, la señora T. de J. dependía económicamente de su hija. La S. reitera que esta dependencia económica no puede ser vista como una subordinación absoluta al auxilio del causante, sino que debe ser examinada de manera proporcional que garantice el respeto de los derechos al mínimo vital y a la dignidad humana, los cuales se ponen en riesgo al realizar un examen tan severo y desproporcionado.
La S. de Revisión reitera, igualmente, que el ISS no puede negar el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, cuya procedencia se encuentra acreditada, argumentando que los hijos de la accionante le están brindado soporte económico, toda vez que a la muerte de la señora L.I., T. de J. requería, por su avanzada edad y por su estado de salud, la más solidaria atención de sus otros hijos, la cual no debe ser entendida como un mero acto de liberalidad sino como estricto cumplimiento a los deberes establecidos por la ley civil, particularmente de aquel contenido en el artículo 251 del Código Civil, según el cual el hijo independiente queda siempre obligado a cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilios.
En conclusión, se encuentra probado que la accionante reúne la totalidad de los requisitos materiales para que sea procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes -819 semanas de cotización, 90 de ellas dentro de los últimos tres años y dependencia económica del causante- por lo que, como medida extraordinaria, en consideración de las especiales condiciones en que se encuentra la accionante, la S. de Revisión concederá el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.
Primero.- REVOCAR las sentencias proferidas por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y por la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en consecuencia conceder el amparo impetrado en orden a evitar un perjuicio irremediable, para proteger los derechos fundamentales indicados en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.- ORDENAR al G. General del ISS o a quien corresponda reconocer en cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, si a la fecha aún no se ha hecho, la pensión de sobrevivientes a favor de la accionante. La pensión se empezará a cancelar a partir del mes siguiente a su reconocimiento y hacia el futuro, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes.