Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-02-febrero-2007-ministerio-de-justicia-212704
Timestamp: 2016-10-23 08:09:35
Document Index: 231301078

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 199', 'artículo 323', 'artículo 19', 'artículo 38', 'artículo 86', 'artículo 199', 'artículo 86']

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Antonio Baltasar González Fernández, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Utrera, n.º 1, a cancelar por caducidad determinada anotación preventiva de embargo mediante instancia privada
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Antonio Baltasar González Fernández, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Utrera, n.º 1, a cancelar por caducidad determinada anotación preventiva de embargo mediante instancia privada Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Antonio Baltasar González Fernández, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Utrera, n.º 1, a cancelar por caducidad determinada anotación preventiva de embargo mediante instancia privada Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por don Antonio Baltasar González Fernández, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Utrera, número 1, don Francisco Manuel Álvarez Moreno a cancelar por caducidad determinada anotación preventiva de embargo mediante instancia privada.
Con fecha 2 de junio de 2006, don Antonio Baltasar González Fernández remite escrito al Registro de la Propiedad de Utrera solicitando la cancelación de la anotación preventiva de embargo, letra C, de la finca registral 14.057, a favor del B. C. H. A., al no haber sido objeto de renovación la citada anotación preventiva. En dicha solicitud expone que el embargo a favor de la citada entidad fue expedido en virtud de los Autos seguidos ante el Jugado de Primera Instancia, número 2 de Utrera, Autos 58/97, dicho embargo anotado con la letra C, de fecha 3 de julio de 1997, posteriormente fue prorrogado por 4 años más; y la fundamenta en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, por la modificación efectuada por la entrada en vigor de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone que la norma deberá ser de aplicación a los procedimientos en tramitación, incluso antes de su entrada en vigor, en cualquier momento, entendiéndose que la obligatoriedad de prorroga de tales anotaciones preventivas se ve afectada por el contenido del referido artículo 86 de la Ley Hipotecaria.
Presentada la citada instancia en el Registro de la Propiedad de Utrera, número 1, fue calificada con la siguiente nota: Examinada la precedente instancia suscrita por Don Antonio Baltasar González Fernández, que ha sido presentada a las once horas y treinta minutos del día dos de junio de dos mil seis, asiento 317, al folio 36 del diario 152. Resultando que en dicha instancia se solicita se cancele la anotación preventiva de embargo letra C, ordenada en los autos de juicio ejecutivo 58/97 y practicada con fecha tres de julio de mil novecientos noventa y nueve, y prorrogada por la anotación letra G, con fecha cuatro de diciembre de dos mil, de la finca registral 14.057, que obra al folio 193 del tomo 1612, libro 599 de Utrera. Resultando que la prorroga de la anotación preventiva se practicó con fecha anterior a la vigencia de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil. Considerando que la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha treinta de noviembre de dos mil cinco establece, de acuerdo con la Instrucción de doce de diciembre de dos mil del mismo Centro Directivo, que no cabe la cancelación por caducidad de una anotación preventiva prorrogada registralmente antes de la entrada en vigor de la nueva redacción del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, sometida a la prórroga indefinida del artículo 199, párrafo 2.º del Reglamento Hipotecario. Resuelvo denegar la cancelación de la anotación letra C, prorrogada por la anotación letra G, de la finca registral 14.057 del término de Utrera. De conformidad con el artículo 323 de la Ley Hipotecaria, el asiento de presentación queda prorrogado automáticamente por un plazo de sesenta días contados desde la fecha de la notificación de la presente calificación. De conformidad con el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, podrá solicitar una nueva calificación por el Registrador de Alcalá de Guadaira, competente según cuadro de sustituciones aprobado por resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha uno de agosto de dos mil tres (BOE número 185 de cuatro de agosto), conforme a las reglas contenidas en el Real Decreto 1039/2003 de uno de agosto (BOE número 184 de dos de agosto), en los quince días siguientes a la notificación de ésta calificación negativa. También, contra esta calificación podrá interponerse recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, presentado en esta Oficina o en cualquier otro Registro de la Propiedad o en los Registros y Oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde que sea recibida la notificación de la presente, en la forma y términos que expresan los artículos 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria. Igualmente podrá recurrir directamente en los dos meses siguientes a la notificación de la calificación, al Juzgado de Primera Instancia de Sevilla Capital. Utrera, a 7 de junio de 2006. El Registrador.-Fdo. Francisco Manuel Álvarez Moreno.
Don Antonio Baltasar González Fernández interpuso recurso contra la citada calificación, y alegó: Que la cuestión a dilucidar se centra en que si el hecho de que la anotación preventiva haya sido prorrogada, antes de la entrada en vigor de la Ley 1/00, de 7 de enero (Ley de Enjuiciamiento Civil), ha de presuponer la necesidad de nueva solicitud de prorroga o hay que entenderla caducada, al no haberse solicitado nuevamente esta prorroga. Con la reforma del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, en su redacción dada en la Disposición Adicional novena de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se puso fin al sistema de prorroga indefinida del artículo 199 del Reglamento Hipotecario, sin embargo no ha venido a solucionar las situaciones transitorias, las anotaciones prorrogadas antes de la entrada en vigor de la citada reformas. Que la argumentación que se considera aplicable es la de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado y entender como favorable la cancelación por caducidad por el simple transcurso de cuatro años desde la fecha de la anotación de prorroga sin necesidad de ningún requisito más. Que hay que tener en cuenta lo que dice la Resolución de 21 de julio de 2005, cuya doctrina ya se había apuntado en la Resoluciones de 27 de febrero, 12 de noviembre y 20 de diciembre de 2004 y 11 de junio de 2005.
El Registrador de la Propiedad, con fecha 29 de agosto de 2006 informó, y elevó el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Vistos los artículos 86 de la Ley Hipotecaria y 199.2 del Reglamento Hipotecario; la Instrucción de esta Dirección General de 12 de diciembre de 2000; así como las Resoluciones de esta Dirección General de 6 de mayo de 2000, 24 de mayo de 2001, 11 de mayo de 2002, 23 de mayo de 2002, 27 de febrero de 2004, 12 de noviembre de 2004, 20 de diciembre de 2004, 19 de febrero de 2005, 23 de mayo de 2005, 3 de junio de 2005, 11 de junio de 2005, 18 de junio de 2005, 21 de julio de 2005, 30 de noviembre de 2005 y 20 de octubre de 2006.
4. Frente al criterio unánime y reiterado a que se acaba de hacer referencia, una decisión aislada de este centro directivo, la Resolución de 21 de julio de 2005, adoptó la postura contraria. Así, en su Fundamento de Derecho único se afirma lo siguiente: «Se plantea en este supuesto la posible cancelación por caducidad de una anotación preventiva prorrogada con anterioridad a la vigencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta Dirección General ha interpretado la normativa aplicable en el sentido de no ser posible dicha cancelación en supuestos en los que la solicitud de cancelación se había presentado sin que hubiese transcurrido el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre prórrogas contenida en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria en su redacción dada por la Ley 1/2000 y sin perjuicio de otros requisitos aplicables al caso concreto. Ahora bien, en el presente supuesto han transcurrido ya cuatro años de vigencia de esta nueva normativa en el momento de la solicitud de cancelación sin que se haya procurado la prórroga de la anotación preventiva considerada, y según esa normativa no cabe la vigencia de anotaciones preventivas más allá del plazo de cuatro años si no consta la correspondiente prórroga. Por ello hay que interpretar que transcurrido el indicado plazo la anotación preventiva y su prórroga están caducadas y procede por tanto su cancelación». Ciertamente esta posibilidad se había apuntado ya en Resoluciones anteriores, concretamente en las de 27 de febrero de 2004, 12 de noviembre de 2004, y 20 de diciembre de 2004. Así en la Resolución de 27 de febrero de 2004 se afirma que «podría realizarse la cancelación si se acreditara la finalización del procedimiento en el que se tomó la anotación, siempre que hubiera transcurrido un plazo prudencial, pero en el presente caso no se ha acreditado ni siquiera tal finalización de dicho procedimiento, y, en todo caso, lo que es indudable es que no cabe la cancelación de una anotación prorrogada antes de enero de 2000 cuando aún no han transcurrido cuatro años desde la vigencia de la norma que expresamente recogió la posibilidad de tales prórrogas ulteriores». Lo anterior se reitera literalmente en las Resoluciones de 12 de noviembre y 20 de diciembre de 2004, en las que además se añade lo siguiente: «Cuestión distinta sería si la solicitud de cancelación se realizara transcurridos cuatro años de la entrada en vigor de dicha norma, pues, en dicho supuesto, podría mantenerse que una aplicación teleológica de tal doctrina legal, que impone la regla de la caducidad, sería incompatible con el mantenimiento de la prórroga transcurridos cuatro años desde su vigencia, pues en dicho plazo los interesados podrían haber instado una nueva prórroga; pero tal cuestión no es necesario resolverla en el presente supuesto». Igualmente en la Resolución de 11 de junio de 2005 se llega a afirmar: «Debe hacerse constar que tampoco procede por las circunstancias del supuesto considerar si debería entenderse o no vigente la prórroga de la anotación si hubieran transcurrido cuatro años desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre prórrogas incorporada a la Ley de Enjuiciamiento Civil; en efecto, en este caso, la adjudicación se inscribió bajo la vigencia de la legislación anterior y además ni siquiera han transcurrido los cuatro años indicados cuando el documento en cuestión se presenta en el Registro».
Madrid, 2 de febrero de 2007.-La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.