Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14714
Timestamp: 2018-05-27 07:43:19
Document Index: 272735358

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 29', 'artículo 46', 'artículo 28', 'artículo 34', 'artículo 63', 'artículo 28', 'artículo 122', 'artículo 28', 'artículo 13', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 150', 'artículo 29', 'artículo 14', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 241', 'artículo 46', 'Artículo 122', 'artículo 13', 'artículo 93', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 30']

Sentencia C-070 de 2003 Corte Constitucional
Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 17, 46, 93 y 150 de la Ley 734 de 2002, "Por el cual se expide el Código Disciplinario Único".
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad los ciudadanos Donaldo Danilo Del Villar Delgado y Carlos Eduardo Meneses Cudriz, Francisco Nelson Ciro Saldarriaga, Janeth Domínguez Oliveros y Gustavo Adolfo Guevara Álvarez, Olga Lucía Millán Grajales, Néstor Ramos Ortiz demandaron por separado la inconstitucionalidad de los artículos 17, 46, 93 y 150 de la Ley 734 de 2002, "Por el cual se expide el Código Disciplinario Único".
1.1 A juicio de los demandantes (Expediente D-4096), el artículo 17 y 93 de la Ley 734 de 2002 son contrarios al artículo 29 de la Constitución, "ya que a través de los mismos se habilita, indebidamente, a personas que no tienen aún la condición de abogado para ejercer la defensa oficiosa del servidor público investigado disciplinariamente". Consideran que dichas normas consagran excepciones al principio de la defensa técnica del sujeto disciplinable, porque no es lo mismo ser asistido por un abogado titulado que serlo por un estudiante de consultorio jurídico, que no cuenta con la necesaria preparación académica ni práctica para tan delicada misión.
2.1 Los demandantes en el proceso D-4096 acusan parcialmente el artículo 46 de la Ley 734 de 2002 por violar los artículos 28, 34 y 13 de la Constitución. Estiman que la norma que establece una inhabilidad permanente como sanción a las personas sujetas al control disciplinario cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado, viola la prohibición constitucional de las penas y medidas de seguridad imprescriptibles (artículo 28 C.P.), la prohibición constitucional de las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación (artículo 34 C.P.) .prohibición ésta que no puede tomarse en sentido literal y taxativo y que también comprende la no limitación desproporcionada de los derechos fundamentales., y el principio de igualdad, ya que el artículo 63 de Ley 734 de 2002, que establece las sanciones aplicables a los notarios, no prevé la sanción de inhabilidad permanente para desempeñar la función pública cuando está de por medio la afectación del patrimonio del Estado.
2.2 El demandante en el proceso D-4112 estima que la norma acusada viola los artículos 28 y 13 de la Constitución. La norma, al hacer permanente la inhabilidad para el caso de la falta que afecte el patrimonio económico del Estado, radica en cabeza del disciplinado una sanción imprescriptible que no consulta el espíritu del artículo 28 de la Carta Política y que no está contemplada en el artículo 122 ibidem. Por otra parte, aduce que la norma viola el principio de igualdad, "pues mientras (para) otras personas sometidas a la Norma Superior llamadas así mismo a no infringir nuestro ordenamiento jurídico la inhabilidad para cumplir funciones públicas no va más allá del término máximo de la infracción, con la inhabilidad permanente que se radica en el disciplinado se está desbordando lo anterior".
2.3 Los demandantes en el proceso D-4113 además de considerar que la norma demandada viola el artículo 28 de la Constitución, consideran que viola la igualdad (artículo 13 C.P.), "por cuanto, establece una vergonzosa y aberrante discriminación, en tanto, permite que el disciplinado sea tratado de manera notoria desigualmente", y el artículo 25 de la Constitución, porque desconoce el derecho al trabajo en la medida que al sancionado con la inhabilidad permanente se le cierran las puertas del Estado, que es el principal empleador en Colombia, y tanto quien cometió una falta como su familia tienen que sufrir inconmensurables consecuencias.
2.4 La demandante en el proceso D-4115 afirma que la norma acusada lesiona los artículos 13, 21, 25, 26 y 28 de la Constitución. Considera que se vulnera la igualdad cuando se sanciona con la inhabilidad permanente a la persona, lo que significa su muerte civil, su discriminación por la sociedad, la afectación de su honra, la imposibilidad de prestarle sus servicios al Estado, lo que va en contra de los derechos fundamentales al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio. Finalmente estima que la forma permanente de la inhabilidad da a la sanción una "calidad de vitalicia" lo que vulnera el artículo 28 C.P. que indica expresamente que no habrá penas ni medidas de seguridad imprescriptibles.
2.5 El demandante en el proceso D-4117 sostiene que la norma acusada viola los artículos 1º y 28 de la Constitución. En cuanto a este último, considera que el ius puniendi del Estado debe ejercerse dentro de los límites constitucionales, uno de los cuales es la prohibición de imponer penas y medidas de seguridad imprescriptibles. La norma acusada lo hace al erigir la pena de inhabilidad de carácter permanente, lo que implica que "jamás el disciplinado podrá retornar al servicio público, pese a su genuino arrepentimiento o recuperación moral o mayor capacitación...". Considera igualmente que la norma demandada viola el artículo 1º de la Carta Política porque con ella se desconoce la dignidad humana: la drasticidad y el carácter indefinido de la sanción implican "la instrumentalización de la persona sancionada frente al resto de la comunidad (...)".
El actor acusa la inconstitucionalidad parcial del artículo 150 de la Ley 734 de 2002 que versa sobre la procedencia, los fines y el trámite de la indagación preliminar, por considerar que una etapa pre-procesal carente de término niega el debido proceso constitucional (artículo 29 C.P.), el cual recoge las garantías del derecho de toda persona a ser juzgada sin dilaciones indebidas .artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. y a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez competente .ordinal 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos..
1.1. Universidad Libre
1.2. Universidad de los Andes
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes sostiene que si bien en el derecho disciplinario pueden y deben aplicarse los principios del derecho penal, ello no debe hacerse sin límites. Estima que si en los procesos disciplinarios se considera idóneo el sujeto disciplinado para asumir su propia defensa, "con más razón lo será un estudiante adscrito a un consultorio jurídico quien a más de contar con una formación legal se encuentra actuado bajo la dirección y asesoría de los docentes de la institución de educación superior."
1.3. Pontificia Universidad Javeriana
El decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana aduce que a los artículos 17 y 93 de la Ley 734 de 2002 debe dársele el tratamiento de cosa juzgada constitucional, ya que en sentencia C-143 de 2001, la Corte declaró exequible el artículo 1º de la Ley 583 de 2000, el cual permite que los estudiantes pertenecientes a los consultorios jurídicos litigar en causa ajena, actuando como abogados de pobres, entre otros asuntos: "7. De oficio, en los procesos disciplinarios de competencia de las personerías municipales y la Procuraduría General de la Nación." (Artículo 1º numeral 7 de la Ley 583 de 2000). No obstante lo anterior, manifiesta que la norma referida no fija límites respecto de la competencia de los alumnos en materia de cuantía y tipo de conducta, lo cual hace imperativa la fijación de un margen de actuación a los estudiantes.
1.4. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario considera que las normas demandadas deberían declararse exequibles. Estima que con la normatividad demandada "no sólo se garantiza la defensa material sin que también la técnica; desarrollando también la función social inherente a la carrera de derecho materializada a través de los respectivos consultorios jurídicos ...".
En lo que respecta al artículo 46 acusado, considera que la sanción de inhabilidad permanente para ejercer funciones públicas por faltas que afecten el patrimonio económico del Estado no viola la Constitución y obedece a la necesidad de establecer "una sanción suficientemente ejemplarizante para conculcar en los servidores públicos los deberes que su cargo les exige."
2. Auditoría General de la República
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241.4 de la Constitución Política, la Corte es competente para conocer de la presente demanda.
Decimoprimero.- Declarar EXEQUIBLE, la expresión "pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente"contenida en el primer inciso del artículo 46 de la Ley 734 de 2002 bajo el entendido que se aplica exclusivamente cuando la falta sea la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso final del Artículo 122 de la Constitución Política."
Según doctrina mayoritaria de la Corte Constitucional cuando la Corte no otorga a su decisión efectos de cosa juzgada relativa a los cargos analizados en la sentencia, ni ésta es implícita por deducirse claramente de la parte motiva de la misma, en virtud de la presunción de control integral, y salvo la existencia de una cosa juzgada aparente por carencia de análisis o motivación del fallo, se considera que la decisión tiene el carácter de cosa juzgada absoluta.1 En la Sentencia C-948 de 2002, la parte resolutiva no se limita a los cargos presentados contra los apartes acusados, que por lo demás coinciden con los elevados en el presente proceso. Así, no se advierte la existencia de una cosa juzgada relativa o una cosa juzgada aparente, razones por las que opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional absoluta, debiendo la Corte estarse a lo resuelto en su anterior pronunciamiento. Precisamente en este sentido resolverá la Corte en la presente ocasión respecto de los artículos 17 y 46 de la Ley 734 de 2002.
En lo que respecta al segundo cargo, la Corte igualmente ya se pronunció a favor de la exequibilidad de la permisión legal a los estudiantes del consultorio jurídicos para actuar como defensores de oficio en los procesos disciplinarios, según los términos previstos en la Ley 583 de 2000. En efecto, mediante sentencia C-143 de 2001,2 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, la Corporación condicionó la exequibilidad, de los apartes demandados del numeral 7 del artículo 13 de la Ley 583 de 2000, a que "los estudiantes que actúen en su desarrollo ejerzan el Derecho bajo la supervisión, la guía y el control de las instituciones educativas a las cuales pertenecen". Ahora bien, el contenido normativo de los apartes demandados del artículo 93 de la Ley 734 de 2002 .que faculta a los estudiantes de los consultorios jurídicos para actuar como defensores de oficio en los procesos disciplinarios, según los términos previstos en la Ley 583 de 2000., coincide con el contenido normativo del numeral 7 del artículo 1 de la Ley 538 de 2000. Dado que la Corte ya se pronunció sobre la exequibilidad condicionada de esta última norma, se estará a lo resuelto en la Sentencia C-143 de 2001.
1 Corte Constitucional, Sentencia C-709 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; salvamento parcial de voto de los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Álvaro Tafur Galvis y Eduardo Montealegre Lynett.
2 La Corte Constitucional en sentencia C-143 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, resolvió "Declarar EXEQUIBLES los apartes demandados de los numerales 2, 4, 5, 7, 8 y 9 del artículo 1 de la Ley 583 de 2000, siempre que los estudiantes que actúen en su desarrollo ejerzan el Derecho bajo la supervisión, la guía y el control de las instituciones educativas a las cuales pertenecen."
3 LEY 583 de 2000, Artículo 1°. El artículo 30 del Decreto 196 de 1971 quedará así: || Las facultades de derecho oficialmente reconocidas organizarán, con los alumnos de los dos (2) últimos años lectivos, consultorios jurídicos cuyo funcionamiento requerirá aprobación del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, a solicitud de la facultad interesada. Los consultorios jurídicos funcionarán bajo la dirección de profesores designados al efecto o de los abogados de pobres, a elección de la facultad, y deberán actuar en coordinación con éstos en los lugares en que este servicio se establezca. || Los estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos de las facultades de derecho, son abogados de pobres y como tales deberán verificar la capacidad económica de los usuarios. En tal virtud, acompañarán la correspondiente autorización del consultorio jurídico a las respectivas actuaciones judiciales y administrativas. || La prestación del servicio del consultorio jurídico en ningún caso será susceptibles de omisión ni homologación. || Los estudiantes, mientras pertenezcan a dichos consultorios, podrán litigar en causa ajena en los siguientes asuntos, actuando como abogados de pobres: || 1. En los procesos penales de que conocen los jueces municipales y los fiscales delegados ante éstos, así como las autoridades de policía, en condición de apoderados de los implicados. || 2. En los procesos penales de competencia de la jurisdicción ordinaria, como representantes de la parte civil. || 3. De oficio, en los procesos penales como voceros o defensores en audiencia. || 4. En los procesos laborales, en que la cuantía de la pretensión no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y en las diligencias administrativas de conciliación en materia laboral. || 5. En los procesos civiles de que conocen los jueces municipales en única instancia. || 6. En los procesos de alimentos que se adelanten ante los jueces de familia. || 7. De oficio, en los procesos disciplinarios de competencia de las personerías municipales y la Procuraduría General de la Nación. || 8. De oficio, en los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías municipales, distritales, departamentales y General de la República. || 9. De oficio, en los procesos administrativos de carácter sancionatorio que adelanten las autoridades administrativas, los organismos de control y las entidades constitucionales autónomas. (Se subraya lo demandado en el proceso D-3982 acumulado al proceso D-3954).