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Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 171', 'artículo 36', 'artículo 8', 'artículo 106', 'artículo 44', 'artículo 370', 'artículo 333']

Asesores Legales y Tributarios CIALT Abogados | 2012 enero
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23 enero, 2012 /0 Comentarios/en Derecho Mercantil, Propiedad Industrial e Intelectual Español /por Eugenia Gibanel Sanz
PLAZO DE CONCESION PARA APORTAR LA DOMENTACION EN UN PROCEDIMIENTO DE INSPECCION EN EL MARCO DE OPERACIONES VINCULADAS: ¿DILACION?
16 enero, 2012 /0 Comentarios/en Derecho Fiscal, Inspección, Normas Básicas y de Procedimiento Español /por Arantxa Pinto Paniagua
Cada vez es más común que en los Tribunales, a consecuencia de los procesos de inspección en el marco de operaciones vinculadas, se discuta la imputación a los contribuyentes de las dilaciones valoradas por la Inspección y que suelen derivar del retraso en la entrega de datos o documentos solicitados.
Entre la múltiple jurisprudencia existente, podemos destacar las sentencias de la Audiencia Nacional de 9 de marzo de 2011, de 26 de enero de 2011 o de 21 de julio de 2011.
En todas ellas, el problema de base es el mismo: nos encontramos en un procedimiento de inspección en el cual se solicita al obligado tributario información que no se encuentra a su disposición sino que obra en poder de otras empresas vinculadas o participadas por éste.
En estos casos el Tribunal es tajante en cuanto a la aplicación del artículo 36.4 del Real Decreto 939/1986 de 25 de abril (actualmente artículo 171.3 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio) y la concesión de un plazo mínimo de 10 días para el cumplimiento del requerimiento no considerándose dilación imputable al obligado los plazos que “razonablemente” excedan de ese plazo mínimo.
De las sentencias antes mencionadas, se puede concluir que si la Administración no concede tiempo alguno por encima de los 10 días obligatorios, se entiende aplicable de facto dicho artículo, lo que incidirá directamente en el cómputo de las dilaciones. Así lo entiende el Tribunal al señalar que “en definitiva, si la Administración dejó un tiempo prudencial para aportar la documentación no proporcionada, ese plazo, a falta de una concesión expresa por parte de la Administración, al amparo del referido artículo 36,4 del RGIT , debe de entenderse referido por la Sala, no sólo al plazo mínimo de 10 días -que deben reputarse hábiles- (…)”.
Lo anterior nos permite avanzar más y señalar que la jurisprudencia entiende que el plazo concedido siempre tiene que ser superior al mínimo de 10 días, dada la dificultad de obtención de dicha información. Así lo entiende, por ejemplo, el Tribunal en la sentencia 26 de enero de 2011 “en este ámbito debe jugar un papel esencial el principio de proporcionalidad, de manera que ese plazo mínimo será exigible cuando la aportación de documentación sea sencilla, pero en absoluto puede mantenerse cuando la aportación de datos sea compleja o se refiera a datos de difícil búsqueda”.
Esto es muy relevante, ya que la Inspección tiende a declarar como dilación imputable al interesado todo plazo que exceda del mínimo de 10 días para aportar la documentación y por tanto, excluye de forma casi automática todo este tiempo del cómputo global de la duración del procedimiento.
La no consideración de dichas dilaciones como imputables al obligado tributario puede determinar en muchos casos una duración del procedimiento superior a doce meses y por tanto, la posibilidad de que pueda haber quedao prescrito el derecho a liquidar de la Administración.
Otra cuestión que es importante no olvidar a efectos de la concesión de un plazo acorde a la complejidad de la documentación requerida es, que en la mayoría de los casos, la información solicitada no sólo no se encuentra en poder del obligado, sino que su obtención se torna imposible al ser documentación de terceros que el obligado ni puede ni tiene autoridad para conseguir. Para este supuesto, en la sentencia de 21 de julio de 2011, el Tribunal dio la razón al obligado tributario en cuanto se le solicitó información mercantil correspondiente a terceros que se integraban con él en el mismo grupo empresarial, aunque en este caso se trataba de información de aportación no obligatoria
Todo ello comporta que el Tribunal falle a favor de los obligados y considere que nunca se puede entender dilación el plazo concedido al obligado para poder localizar y preparar este tipo de documentación, siendo aplicable la normativa general del procedimiento de inspección también en el marco de las operaciones vinculadas.
Cabe recordar, como último inciso, que aunque se beneficie en este sentido al obligado en cuanto a la concesión de un plazo acorde con la complejidad del requerimiento, la Dirección General de Tributos en la Consulta Vinculante 1/2011 entiende que es responsabilidad del sujeto conservar en su poder toda la documentación relativa a operaciones vinculadas y que pueda ser solicitada por la Administración en cumplimiento del ordenamiento vigente y que su no aportación o no tenencia puede acarrearle sanciones incluso cuando no sea su deber la elaboración de la misma sino de otra entidad o de la matriz.
GUÍA PARA NO PERDERSE EN MATERIA DE RETENCIONES CON LAS NUEVAS REFORMAS FISCALES
9 enero, 2012 /0 Comentarios/en Concierto Económico, Derecho Fiscal, Normas Básicas y de Procedimiento Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
El pasado 27 de diciembre de 2011, se publicaron en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa las Normas Forales 4 y 5/2011 por las que se articulaba la reforma fiscal promovida por el Ejecutivo guipuzcoano y que suponía, de facto, convertir al Territorio Histórico de Gipuzkoa en la región con una mayor presión fiscal en el IRPF de todo el territorio nacional.
A los pocos días, el 30 de diciembre, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley 20/2011, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 31 de diciembre de 2011, en el que se establecía un gravamen complementario en el IRPF y se elevaban prácticamente todos los tipos de retención, superándose los niveles que había alcanzado la reforma guipuzcoana.
A la vista de ambas reformas fiscales, y de la obvia existencia de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico (en adelante, Concierto) conviene fijar las pautas en materia de retenciones y del tipo a aplicar para no evitar disgustos.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los efectos del Concierto es un tributo concertado de normativa autonómica, lo cual equivale a admitir que los diferentes Territorios Históricos tienen competencia para aprobar y regular en la materia sus correspondientes IRPF.
No obstante lo anterior, existen unas limitaciones que pesan sobre los Territorios Históricos con respecto al tipo de retención de determinadas rentas. En concreto, el artículo 8 del Concierto, encargado de establecer los criterios de conexión en materia de pagos a cuenta de rendimientos de actividades económicas, establece que en la exacción de estas retenciones e ingresos a cuenta, las Diputaciones forales aplicarán idénticos tipos a los de Territorio Común. Por lo tanto, con independencia del resultado que arroje la aplicación del concreto punto de conexión establecido en el Concierto, el tipo de retención o ingreso a cuenta a aplicar será idéntico con independencia de la normativa que se esté aplicando.
Lo mismo predica el Concierto de las retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos del capital mobiliario, así como de las retenciones relativas a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva y las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios.
A sensu contrario, las demás retenciones e ingresos a cuenta podrán tener un tipo diferente aprobado por cada uno de los Territorios Históricos, teniendo una especial significación a los efectos que nos interesa en el presente artículo las retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos del trabajo y del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles.
¿A qué situación nos lleva esto?
La normativa de Territorio Común ha elevado los tipos de retención de rendimientos del trabajo, que sólo serán efectivos, por regla general, para aquellos contribuyentes cuyo centro de trabajo al que esté adscrito esté situado fuera del País Vasco. Es decir, el gravamen complementario no afectará a quien sea residente fiscal en Gipuzkoa, por ejemplo, y trabaje en Gipuzkoa, adscrito a un centro de trabajo radicado en Gipuzkoa. En este caso resultará de aplicación el tipo de retención aprobado por Gipuzkoa que será aquel que resulte de aplicar la siguiente tabla:
Dentro de los rendimientos del trabajo, el tipo de retención de los administradores ha sido aumentado del 35 % al 42 % en Territorio Común mientras en País Vasco ha permanecido inalterado en el tipo del 35 %. En la medida en que la entidad pagadora de dichas retribuciones tenga su domicilio fiscal en Territorio Común, el tipo de retención a aplicar a sus administradores será del 42 %, a pesar de que dicho administrador sea residente fiscal en Gipuzkoa.
Por lo que respecta a los rendimientos procedentes de pensiones, haberes pasivos y prestaciones percibidas de los Regímenes Públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas, Instituto Nacional de Empleo, Montepíos, Mutualidades, fondos de promoción de empleo, planes de pensiones, entidades de previsión social voluntaria así como las prestaciones pasivas de empresas y otras entidades, se aplicará la normativa de los Territorios Históricos cuando el perceptor tenga su residencia habitual en el País Vasco.
No obstante lo anterior, corresponderán a la Administración del Estado las retenciones relativas a las retribuciones, tanto activas como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del perceptor, satisfechas por aquélla a los funcionarios y empleados en régimen de contratación laboral o administrativa del Estado, exceptuándose de lo anterior funcionarios y empleados de Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales.
En lo atinente al tipo de retención o ingreso a cuenta de los rendimientos del capital mobiliario, la normativa de Territorio Común lo ha elevado al 21 %, por lo que éste será el tipo a aplicar desde el 1 de enero de 2012, a pesar de que la normativa aplicable sea la de País Vasco que tiene aprobado un tipo de retención del 19 %, lo que en la práctica supondrá el adelanto de un 1 % de tributación para los residentes fiscales en Gipuzkoa por aquella parte de renta del ahorro inferior a 4.000 €.
Por último, y sin ánimo de que el carácter meramente informativo de este artículo se vea desvirtuado por un afán desmesuradamente exhaustivo, por lo que respecta a la retención en el supuesto de rendimientos del capital inmobiliario, el tipo de las normativas de los diferentes Territorios Históricos es del 19 % mientras la de Territorio Común es del 21 %. ¿Cuándo deberá de aplicarse una u otra? El criterio de conexión es la residencia del obligado a retener. Es decir, si en un arrendamiento el obligado a retener reside en Territorio Común, el tipo a aplicar será el 21 %, aunque el retenido-arrendador tenga su domicilio en País Vasco. Tal y como se puede comprobar, la coyuntura económica que ha dado lugar a la aprobación de reformas fiscales de calado en los últimos días del año, unidos a la existencia de las diferentes relaciones reguladas por el Concierto, ha provocado que debamos tener en cuenta las diferencias aquí apuntadas para evitar, por medio de la aplicación de la inercia, cometer inoportunos errores en materia tributaria.
A modo de resumen, y sin perjuicio de que la situación actual es la descrita, no debería descartarse el hecho de que las diferentes Diputaciones Forales decidan acomodar el tipo de retención, en todo caso, en todos aquellos rendimientos que no sean los de trabajo, y en los que tenga capacidad normativa, al previsto en Territorio Común, para lo cual no necesitaría la aprobación de una Norma Foral, sino que bastaría con un Decreto Foral. En aquellas materias en las que no tengan capacidad normativa propia en breve será de esperar la aprobación de un Decreto Foral Normativo.
3 enero, 2012 /0 Comentarios/en Noticias Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
Con fecha 30 de diciembre el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, con un paquete de medidas anticrisis que afecta al actual sistema impositivo. Con carácter de urgencia en el presente post compartimos una presentación en la que se pueden ver las principales novedades contenidas en dicho Real Decreto-ley.
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¿TIENEN LOS ACREEDORES DERECHO A OPONERSE EN EL CASO DE REACTIVACIÓN DE UNA SOCIEDAD LIMITADA?: Resolución DGRN de 10 de septiembre de 2011
2 enero, 2012 /0 Comentarios/en Derecho Mercantil Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
La Resolución de la DGRN de fecha 10 de septiembre de 2011 plantea el supuesto de una sociedad limitada que tras haber acordado su disolución, posteriormente decide en Junta Universal de Socios reactivar la sociedad por haber desaparecido la causa de disolución.
No obstante lo anterior, unos acreedores de la sociedad, teniendo conocimiento del acuerdo, presentan un escrito en el Registro Mercantil de Barcelona manifestando su oposición al acuerdo de reactivación y exponiendo que eran titulares de un crédito contra la sociedad que estaba siendo objeto de una causa judicial pendiente de resolución definitiva y firme, por lo que no procedía llevar a cabo la reactivación hasta que se garantizara su crédito. El Registrador califica negativamente la escritura presentada y da la razón a los acreedores, interponiendo la sociedad recurso frente a dicha calificación.
Hasta la publicación de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), la antigua Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (Ley 2/1995), señalaba en su artículo 106.3 que los acreedores de la sociedad se podían oponer al acuerdo de reactivación en las mismas condiciones y con los mismos efectos que para el caso de la fusión. Esto implicaba que según disponía, y dispone, la Ley 3/2009, de Modificaciones estructurales de las Sociedades Mercantiles en su artículo 44, que los acreedores de la sociedad disponían del plazo de un mes desde la publicación del anuncio de reactivación para oponerse al mismo, salvo aquellos que tuvieran su crédito suficientemente garantizado. Este régimen era el mismo para sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.
Sin embargo, la nueva Ley de Sociedades de Capital establece en su artículo 370.4 que “los acreedores sociales podrán oponerse al acuerdo de reactivación, en las mismas condiciones y con los mismos efectos previstos en la ley para el caso de reducción de capital”.
Esta disposición conlleva que se ha de acudir al régimen previsto en la Ley para la reducción de capital, siendo distinta la regulación del derecho de oposición de acreedores a la reducción de capital en las sociedades anónimas frente al régimen establecido para las sociedades limitadas.
En efecto, para estas últimas, el artículo 333 establece que sólo existirá derecho de oposición de los acreedores a la reducción de capital si está previsto en los Estatutos. En cambio, en las sociedades anónimas, los acreedores sociales tienen por ley derecho de oposición, salvo algunos supuestos tasados, pudiendo oponerse los acreedores al acuerdo en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio en el BORME.
La Resolución de la DGRN que comentamos, entiende, en consecuencia, que al establecer la Ley de Sociedades de Capital que se ha de acudir al régimen establecido para cada tipo de sociedad, si en el caso concreto de la sociedad limitada que se reactiva no está previsto estatutariamente, no existirá derecho de oposición de los acreedores.
Por tanto, esta nueva regulación de la Ley de Sociedades de Capital establece un régimen distinto para ambos tipos de sociedades, anónimas y limitadas. Como bien expone la Resolución comentada, el hecho de que los acreedores de las sociedades limitadas no puedan oponerse al acuerdo de reactivación si no está previsto en los Estatutos no supone que queden desprotegidos, puesto que la reactivación únicamente puede producirse cuando el patrimonio contable no es inferior al capital social y no ha comenzado el pago de la cuota de liquidación a los socios.
A mi entender no se justifica el diferente régimen entre ambos tipos de sociedades, puesto que los mismos requisitos se exigen para adoptar la reactivación tanto en las sociedades anónimas como limitadas. Si en el caso de las sociedades limitadas se considera que los acreedores no se ven perjudicados al no existir derecho de oposición, lo mismo debería ocurrir en el caso de sociedades anónimas.
Otra cuestión que plantea la Resolución es que los Registradores Mercantiles únicamente deben tomar en consideración para calificar una operación mercantil (en este caso, la reactivación de una sociedad), los documentos presentados para su inscripción (escritura notarial, certificado de sociedad, etc.), nunca documentos extrarregistrales como es el caso del escrito presentado por los acreedores de la sociedad en el Registro.
En efecto, el Registrador únicamente debería haber tomado en consideración para la inscripción de la reactivación la escritura que eleva a público el acuerdo de reactivación adoptado por la sociedad. Los acreedores sociales, deberían haber ejercitado su derecho de oposición, en el caso que éste hubiera existido, por las vías previstas legalmente para ello.