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Timestamp: 2018-12-18 15:42:36
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Exp. 3100-D-2013. Sustitución del art. 78 de la ley nº 1.472 del código contravencional de la C.A.B.A – Hernán Rossi
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INGRESADO – COAUTOR
Artículo 1° – Sustituyese el artículo 78 de la Ley N° 1.472, Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el siguiente texto:
“Artículo 78 – Obstrucción de la vía pública. Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención, siempre que se garantice la libre circulación en dos (2) carriles inmediatos a la derecha en avenidas, corredores del Sistema de Metrobús, carriles y contracarriles exclusivos y en un (1) carril en las demás vías públicas, para su utilización por los siguientes servicios: el transporte público de pasajeros, las ambulancias, las autobombas y los vehículos de las fuerzas policiales y de seguridad. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento.”
La presente iniciativa, de autoría del Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires Sergio F. Abrevaya, se basa en una modificación del artículo 78 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de garantizar la libre circulación del transporte público de pasajeros en 1 o 2 carriles de las vías públicas porteñas, en ocasión de su obstaculización por manifestaciones o protestas, en el marco de la compatibilización de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, como corolario del sistema democrático de gobierno.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Código Contravencional, Ley N° 1.472[1], sanciona las conductas que por acción u omisión dolosa o culposa implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos.
En la aplicación del citado Código resultan operativos todos los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados de Derechos Humanos, incorporados por el inciso 22 del artículo 75, en los demás tratados ratificados por el Congreso de la Nación y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Particularmente, el artículo 78 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que se halla incorporado en el Título III, Protección del Uso del Espacio Público y Privado, Capítulo I, “Libertad de Circulación”, establece: “Obstrucción de la vía pública. Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento.”
La tipicidad de la conducta regulada en el citado artículo 78 no se constituye sólo con el impedimento u obstaculización de la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, sino con dicha faz positiva más una omisión: no haber dado aviso a la autoridad competente con razonable anticipación; es decir con la sumatoria de aquella acción, más el incumplimiento de la conducta debida frente a tales supuestos.
La alusión al ejercicio regular de los derechos constitucionales, indica que se trata de una causa de justificación, es decir de un precepto permisivo incluido en la misma norma que contiene la conducta prohibida. Sin embargo, se observa que en tal caso aquella inclusión sería superflua, pues resultaría aplicable el precepto permisivo general contenido en el inciso 4) del artículo 34 del Código Penal de la Nación[2], por lo que dicho párrafo sólo refuerza lo allí establecido; no así el último párrafo que reglamenta el artículo de marras.
Así se trate de una causa de justificación o de atipicidad, el artículo 78 excluye la configuración del injusto allí previsto siempre que confluyan las dos exigencias previstas en forma conjunta: el ejercicio de un derecho constitucional y el previo aviso a la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Es conveniente destacar que la Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad en autos: “Dolmann, Francisco Alejandro y otros s/ infr. art. 78 CC”[3], en el 2009 dijo: “Creemos que el requerimiento de aviso previo importa una reglamentación legítima del derecho. Aún mas, en aquellos casos donde la legislación exige autorización previa, se consideró constitucional dicha exigencia en tanto se limitara a analizar el tiempo, lugar y modo de realización de la protesta para la conservación del orden público; de modo tal, que sólo aquellos rechazos arbitrarios del permiso requerido se consideran lesivos de los derechos de reunión y libre expresión (Cox v. New Hampshire, 312 U.S. 569[4]). Por consiguiente, comparando lo citado precedentemente con los requisitos establecidos por el legislador local para dispensar de responsabilidad contravencional a quien lleve a cabo la conducta tipificada, luce razonable la exigencia del mero aviso a los efectos de garantizar el orden público y de evitar la lesión de otros derechos de terceros, también garantizados por la Constitución Nacional y local.”
En efecto, la CSJN[5] ha dicho que no existen derechos absolutos en la Constitución Nacional y que todo derecho debe ser compatibilizado con los demás derechos enunciados en la Constitución[6], con los derechos de la comunidad[7] y con los deberes que aquella establece[8].
Germán J. Bidart Campos[9] enseña que la reglamentación de un derecho importa una regulación razonable, pues si fuera irrazonable se trataría de una alteración prohibida por el artículo 28[10] de la Constitución Nacional. Se ha sostenido que la razonabilidad es un standard valorativo que permite escoger una entre varias alternativas, más o menos restrictivas de los derechos, en tanto ella tenga una relación proporcional adecuada entre el fin de salud, bienestar o progreso, perseguido por la norma cuya constitucionalidad se discute y la restricción que ella impone a determinados derechos[11]. En otras palabras, una norma reglamentaria es razonable cuando guarda adecuada proporción entre el objetivo buscado y el medio (intensidad de la restricción) empleado[12] y es arbitraria cuando los medios que ella utiliza no se adecuan a los objetivos cuya realización procura.[13] Desde tal perspectiva, se observa que en relación a la norma en análisis, la reglamentación tiene por objeto asegurar el orden y la seguridad pública, mucho más ampliamente, persigue la obtención del bien común o bienestar general de la población, pues apunta a que se recaben las medidas adecuadas para preservar la seguridad. De allí que tal exigencia, de aviso previo a la autoridad competente es, por un lado razonable, por ser proporcionada a los fines que pretende obtener y, por otro lado, ha sido la alternativa menos onerosa posible para el derecho que restringe, teniendo en cuenta que no exige ni siquiera una autorización de la autoridad competente, apenas un simple aviso.
Daniel Sabsay y José Miguel Onaindia[14] comentando el artículo 28 de la Constitución Nacional que consagra el principio de razonabilidad, fundamental para la interpretación de las leyes que regulan el ejercicio de derechos constitucionales, dicen: “…los derechos se limitan como única manera de poder vivir en sociedad y que las restricciones que se dispongan en cuanto a su goce, no deben exceder de lo indispensable para ese fin, esto es, hacer compatible la libertad de cada uno con la de los demás. Mientras se atienda a este criterio, la limitación es “justa” y, por ende, “razonable”; en cuanto se lo deje de lado, surge el elemento de la irrazonabilidad. La reglamentación de los derechos persigue fines: para alcanzarlos, se vale de medios que deben resultar proporcionales a aquel fin. Debe existir siempre una adecuada relación entre fines y medios, una equivalencia entre las finalidades que se proponga una norma y los mecanismos, procedimientos o caminos que establezca para llegar a ellas.”
Cabe destacar que la posible prevalencia al derecho de reunión sobre el de libertad de circulación, no impediría que aquél pueda ser legítimamente reglamentado, como las consecuencias que se derivan del incumplimiento del aviso previo. Cabe tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación[15] ha dicho que: “…la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los derechos fundados en cualquiera de las cláusulas de la Constitución Nacional tienen igual jerarquía, por lo que la interpretación debe armonizarlas, ya sea que versen sobre los llamados derechos individuales o sobre atribuciones estatales.”
Además, desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación[16] ha afirmado que los derechos que emanan de cláusulas constitucionales han de conciliarse con los deberes que imponen otras, de manera que no se pongan en pugna sus disposiciones y se logre darles aquel sentido que las concilie y deje a todas con valor y efecto. La Constitución debe ser analizada como un conjunto armónico dentro del cual cada una de sus disposiciones ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de las demás[17].
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad[18] ha resuelto que: “No parece irracional que el ejercicio del derecho de reunión esté reglamentado por la ley común (parlamentaria, competente para ello), mediante la exigencia de un aviso previo a la obstrucción del tránsito de vehículos y peatones y, menos aún, que la interpretación… en el sentido de requerir cierta antelación del aviso, inexistente en el caso, según la prueba valorada-, para que la autoridad disponga alguna forma de ordenamiento mientras dure el problema, sea contraria a la regla constitucional que invoca el recurrente.”
En las sociedades democráticas se genera un grave problema cuando coinciden tanto los que cortan u obstruyen una calle o avenida para protestar o manifestarse por un reclamo o reivindicación, con los que ven impedida la libre circulación como consecuencia del reclamo de los primeros.
La respuesta del Estado, entonces, no es ni puede ser unidireccional, ya que de lo que se trata es propender al bien común o interés general. Entonces, la exigencia debe ser que el Estado atienda el reclamo de unos y disminuya la afectación de los derechos de los otros.
Ese es el equilibrio esperable en una sociedad justa que se desarrolla en el marco de una convivencia pacífica. El Estado debe ser consiente que la insatisfacción de los derechos básicos, cuando la desigualdad es manifiesta, dispara muchos otros conflictos que aportan a la división de nuestra sociedad, situación que debe ser inmediatamente restañada para limitar el perjuicio de la sociedad en su conjunto.
Así, emerge como un valor esencial el derecho a la libertad de expresión, que contiene al de protestar, manifestarse y al de criticar a las autoridades. Ese valor es común a toda la sociedad, o dicho de otro modo, que la “protesta social” no es exclusiva de ningún sector (partidos políticos, sindicatos públicos y privados, productores rurales, desocupados organizados, estudiantes, vecinos auto convocados afectados por una inundación o corte de luz, grupos ambientalistas, organizaciones barriales, etc.)
Actualmente no es ninguna sorpresa para cualquiera de nosotros convivir cotidianamente con piquetes, cortes de calles, avenidas y rutas, cacerolazos, tomas, escraches, carpas y/o otras modalidades de protesta.
Por estas circunstancias proponemos introducir una modificación al mentado artículo 78 de la Ley N° 1.472, Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de garantizar durante la obstrucción de la vía pública lalibre circulación en dos (2) carriles inmediatos a la derecha en avenidas, corredores del Sistema de Metrobús, carriles y contracarriles exclusivos y en un (1) carril en las demás vías públicas, para su utilización por los siguientes servicios: el transporte público de pasajeros, las ambulancias, las autobombas y los vehículos de las fuerzas policiales y de seguridad.
En tal sentido, proponemos sustituir el actual texto del artículo 78 del Código Contravencional de la Ciudad por el siguiente:
Como se evidencia, se incorpora al actual artículo 78 del Código Contravencional otro requisito más, un tercer elemento, como causa de justificación o de atipicidad. Se excluye la configuración del injusto allí previsto siempre que confluyan las tres exigencias previstas en forma conjunta: 1) el ejercicio de un derecho constitucional, 2) garantizar siempre la libre circulación en dos (2) carriles inmediatos a la derecha en avenidas, corredores del Sistema de Metrobús, carriles y contracarriles exclusivos y en un (1) carril en las demás vías públicas, para su utilización por los siguientes servicios: el transporte público de pasajeros, las ambulancias, las autobombas y los vehículos de las fuerzas policiales y de seguridad y 3) el previo aviso a la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los rasgos característicos de la democracia participativa y del gobierno republicano y representativo[19] es el respeto por la diversidad y una de las formas con que cuentan los ciudadanos para cambiar el rumbo de las cosas es la de manifestarte, protestar y quejarse frente a las autoridades.
Pero las consecuencias que el ejercicio de este derecho provoca a terceros, afectando otros derechos como el de transitar libremente, lejos de colisionar indefectiblemente pueden compatibilizarse.
Entendemos que no hay oposición absoluta entre estos derechos que deba ser resuelta priorizando uno por sobre el otro. Ese presunto conflicto debe encontrar solución en nuestro ordenamiento jurídico que se sienta sobre las bases del sistema constitucional que es la garantía de una convivencia pacífica en la que cada ciudadano, o grupo de ellos, puede hacer valer intereses, que tantas veces se encuentran confrontando en nuestra compleja sociedad.
Las manifestaciones pacíficas y ordenadas en la vía pública que garantizan al menos la libre circulación en dos carriles inmediatos a la derecha en avenidas, corredores y en un carril en las demás vías públicas, sumado al previo aviso a la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad; nunca podrían constituir contravención, pues el derecho de protesta se encuentra reconocido por la Constitución como corolario del sistema democrático de gobierno adoptado.
La Constitución Nacional en el artículo 14[20] dispone que todos los habitantes de la Nación gozan de los derechos allí señalados, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir que los derechos no son absolutos, sino relativos. Esta norma debe interpretarse conjuntamente con el artículo 28[21] de la Carta Magna Federal, que establece que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio.
En este marco podemos afirmar, además, que la incorporación propuesta para el artículo 78 del Código Contravencional en nada colisiona con el artículo 13 y el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[22] y con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[23], receptados con jerarquía constitucional, ya que no limita, disminuye ni suprime el goce y ejercicio de derechos, porque sólo tiene el objetivo de asegurar el orden y la seguridad pública, de manera amplia e indeterminada, porque con ello se persigue garantizar el bienestar general de la población.
Así como la exigencia normativa de dar aviso a la autoridad competente, con anticipación razonable, funciona, en nuestra Ciudad, como reglamentación del ejercicio regular de derechos constitucionales, entendemos que la obligatoriedad de garantizar siempre carriles para la libre circulación del transporte público de pasajeros, las ambulancias, las autobombas y los vehículos de las fuerzas policiales y de seguridad, constituye adecuadamente otra exigencia que completa el marco de la convivencia ciudadana
En efecto, el derecho a la protesta, como cualquier otro, puede ser objeto de reglamentación razonable, con la finalidad de mantener el orden y la seguridad en el tránsito de personas y vehículos, como también para garantizar una convivencia social pacífica, objetivos que justifican e imponen la razonabilidad y regularidad de su ejercicio, en los términos del artículo 14 de la Constitución Nacional.
En este marco, las dos exigencias 1) dar aviso previo a la autoridad competente de la Ciudad y 2) garantizar la libre circulación en carriles de calles, avenidas y carriles del Metrobús, no implica el desprecio al derecho -de peticionar y de reunión- en pos de otro – libertad de circulación-, sino que se trata de dos exigencias de sencillo cumplimiento y de grandes beneficios para todos.
Esta modificación del artículo 78 del Código Contravencional tiene por objetivo esencial asegurar el orden y la seguridad pública, y mucho más ampliamente, persigue la obtención del bien común o bienestar general de la población, pues apunta a que se recaben las medidas adecuadas para preservar el desenvolvimiento de la vida urbana.
La exigencia de aviso previo a la autoridad competente y la garantía de libertad de circulación en uno o algunos carriles o sector de la vía pública es la alternativa menos onerosa posible para el derecho que restringe, teniendo en cuenta que no exige ni siquiera una autorización de la autoridad competente, apenas un simple aviso.
Es mismo debe ser complementado con la observancia a las indicaciones de la autoridad respecto al ordenamiento del espacio público, la cual lejos de limitarlo, posibilita la compatibilización con otros derechos de igual jerarquía.
No sólo el derecho a la libre circulación se afecta en las obstrucciones y obstaculizaciones de la vía pública, sino que se lesionan otros derechos como el de los trabajadores, tal vez ocasionales transeúntes,que en su mayoría no circulan en sus propios automóviles, sino que lo hacen utilizando los servicios del transporte público.
Una ley reglamentaria de derechos no puede ni debe constitucionalmente alterar el derecho que está llamada a reglamentar, porque debe conservar incólume y en su integridad ese derecho, lo que vale decir que no debe ni puede degradarlo y mucho menos extinguirlo en todo o en parte; ningún otro que este puede ser el alcance que los constituyentes han querido dar al artículo constitucional de que se trata[24].
Ello así, el requerimiento de aviso previo a la realización de una manifestación en la vía pública y la garantía de dejar por los manifestantes uno o varios carriles de la arteria para la libre circulación no importa una reglamentación que elimine o altere los derechos de reunión y peticionar, sino que, sin excluirlos, tiende a atenuar los efectos de su ejercicio. Dicha exigencia resulta un medio proporcional en relación al fin buscado, específicamente, el mantenimiento del orden y la seguridad en la vía pública y, más genéricamente, el bienestar general de la población, especialmente los trabajadores, que transitan diariamente por esta Ciudad.
Deviene pertinente expresar que el bien jurídico protegido por el artículo 78 del Código Contravencional es la “libre circulación” en la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, en el extenso debate parlamentario de la sanción de la Ley Nº 1.472, la discusión del citado artículo 78 se basó esencialmente en determinar si para el ejercicio del derecho a peticionar o manifestarse públicamente en convocatorias masivas se establecía o no el requisito de previo aviso a la autoridad. En efecto, se dijo: “En el artículo en cuestión estamos defendiendo la libertad de circulación; estamos proponiendo una norma que hace al ejercicio regular de un derecho…”, “Considero que la propuesta que está en consideración (…) cumple con un equilibrio entre los bienes jurídicos tutelados: en este caso, la libertad de circulación y la libertad para peticionar y manifestarse.”[25]
Participamos desde hace tiempo en la política de la Ciudad de Buenos Aires y conocemos de cerca las manifestaciones, las protestas y las movilizaciones masivas, pero también sabemos que las obstrucciones de las vías públicas impiden a todos los trabajadores cumplir con sus actividades, a las ambulancias trasladar a los pacientes y al transporte público de pasajeros llegar a su destino, etc. Recordemos que en la Ciudad viven tres millones de personas y que más de dos millones ingresan casi diariamente para cumplir con sus obligaciones, por ello la presente iniciativa tiene en la mira la imperiosa necesidad de permitir el traslado de los trabajadores, especialmente a través del transporte público de pasajeros, por las calles y avenidas en medio del abigarrado tránsito vehicular.
En definitiva, tanto el aviso previo a las autoridades como la liberación de uno o dos carriles de la vía pública, según corresponda, permite que se adopten las medidas necesarias para mitigar los efectos que el ejercicio del derecho de peticionar y manifestarse irroga al resto de la comunidad.
Por todo lo expuesto solicitamos la sanción de la presente iniciativa.
[1] Ley Nº 1.472, artículo 1º, publicado en el BOCBA N° 2055 del 28/10/2004.
[2] Código Penal de la Nación, inciso 4) artículo 34: “Imputabilidad: No son punibles: El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo.”
[3]Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Causa N° 24093-00-00-07, autos: “Dolmann, Francisco Alejandro; Montes, Roberto Andrés y otros s/ infr. art. 78 CC. Apelación”. Sala I, del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dra. Elizabeth Marum (Dr. José Sáez Capel en disidencia parcial), 27-03-2009.
[4]Supreme Court of the United States, “Cox v. New Hampshire”, 312 U.S. 569. (1941).
[5] CSJN, Fallos: 304:319 y 1293; 312:318.
[6] CSJN, Fallos: 311:1439; 254:58.
[7] CSJN, Fallos: 253:134.
[8] CSJN, Fallos: 304:1525.
[9]Bidart Campos, Germán J., “Tratado Elemental de Derecho Constitucional”, Tomo I, Ed. Ediar, Bs. As., 1993, pág. 419/20.
[10] Constitución Nacional, artículo 28: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.”
[11]Ekmekdjian, Miguel A., “Tratado de Derecho Constitucional”, Ed. Depalma, Bs. As., 1994, pág. 36/37.
[12] CSJN, Fallos: 247:121; 307:326 y 906; 311:1176.
[13] CSJN, Fallos: 285:420; 306:1047; 311:1176 y 1937.
[14] Sabsay, Daniel, Onaindia, José Miguel, “La Constitución de los Argentinos”, 7° Edición, Ed. Errepar, Buenos Aires, 2009, pág. 81.
[15] CSJN, Fallos: 255:293, 258:267, entre otros.
[16] CSJN, Fallos; 1:297, 277:213, 279:128, 281:170; 296:372, entre otros.
[17] CSJN, Fallos: 305:1847.
[18] TSJ de la CABA, Voto del Dr. Julio Maier, en autos “Duarte, Daniel Rubén s/infracción art. 41 CC-Apelación”, Expte.N° 3231/04, 16/12/04.
[19] Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, artículo 1°: “La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y representativa…”
[20] Constitución Nacional, artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.”
[21] Constitución Nacional, artículo 18: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice.”
[22]Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13: “1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración, de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2.- El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o la reputación de los demás, b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral públicas…” artículo 29: “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; …”
[23] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19: “1.- Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2.- Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3.- El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujete a ciertas restricciones, que deberán sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás; b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”
[24]CSJN, Fallos: 98:50.
[25]Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Versión Taquigráfica N° 56, Sesión del 23 de septiembre de 2004.
29 mayo, 2014 at 6:58 pm