Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=653737
Timestamp: 2019-05-24 20:30:00
Document Index: 261298160

Matched Legal Cases: ['artículo 162', 'artículo 62', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 60', 'artículo 82', 'artículo 82']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 16
Sergio Sepulveda Gumucio
OTORGA GARANTÍAS DEL ESTADO A LAS OBLIGACIONES QUE INDICA, DISPONE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE PROGRAMACIÓN CON EL SISTEMA DE EMPRESAS Y MODIFICA LA LEY N° 19.767.
REACCIÓN DE SENADOR SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR ANTE CAMPAÑA EN SU CONTRA
ATRIBUCIONES A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA FIJACIÓN DE TARIFAS DE SERVICIOS SANITARIOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
PROMOCION DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS INTERNACIONALES POR BUQUES PESQUEROS EN ALTA MAR
CONVENIO CON UCRANIA SOBRE COOPERACIÓN COMERCIAL Y ECONÓMICA
CAMBIO DE ESCUDO DE ARMAS. OFICIO
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Julio Canessa Robert
POLÍTICA Y PLANES DE DESARROLLO DE DIRECCIÓN DE AERONAÚTICA CIVIL. OFICIO
Julio Canessa Robert
CREACIÓN DE CONSEJO DE PROBIDAD Y AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO. OFICIOS
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
ELEVADO COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAPITÁN PRAT Y GENERAL CARRERA Y FINANCIAMIENTO PARA RECONVERSIÓN DEL SISTEMA. OFICIOS
NECESIDAD DE PRESENCIA DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN PASOS FRONTERIZOS DE UNDÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
AUMENTO DE EMBARCACIONES PARA TRANSPORTE EN LAGO GENERAL CARRERA. OFICIO
DÉFICIT DE RECURSOS HUMANOS EN HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO. OFICIO
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE FACULTA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA ABSOLVER CONSULTAS REFERIDAS A INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CAUSALES DE CESACIÓN EN CARGOS PARLAMENTARIOS (3153-07)
Sesión 16ª, en martes 3 de diciembre de 2002
Acuerdos de Comités (el proyecto, boletín Nº 3949-05, se aprueba en particular, por no haber sido objeto de indicaciones)....................
Reacción de Senador señor Andrés Zaldívar ante campaña en su contra........
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica el DFL Nº 70, de 1988, Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, a fin de conceder al Presidente de la República atribuciones que indica (2430-09) (se aprueba su informe, que rechaza el proyecto)......................................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Acuerdo para Promover el Cumplimiento de Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación por Buques Pesqueros que Pescan en Alta Mar (2910-10) (se aprueba en general y particular)............................................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Convenio sobre Cooperación Comercial y Económica entre Chile y Ucrania (3062-10) (se aprueba en general y particular).................................................................
Cambio de escudo de armas. Oficio (observaciones del señor Canessa).....
Política y planes de desarrollo de Dirección de Aeronáutica Civil. Oficio (observaciones del señor Vega)............................................................
Día Internacional del SIDA (intervención del señor Naranjo).....................
Creación de Consejo de Probidad y Auditoría Interna del Gobierno. Oficios (observaciones de los señores Frei y Silva)......................................
Elevado costo de energía eléctrica en Capitán Prat y General Carrera y financiamiento para reconversión del sistema. Oficios (observaciones del señor Horvath)...........................
Necesidad de presencia de Policía de Investigaciones en pasos fronterizos de Undécima Región. Oficios (observaciones del señor Horvath)..........................................................
Aumento de embarcaciones para transporte en Lago General Carrera. Oficio (observaciones del señor Horvath).............................................
Déficit de recursos humanos en Hospital Regional de Temuco. Oficio (observaciones de los señores García y Lavandero)...................................
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior ; Secretario General de la Presidencia; de Economía , Fomento y Reconstrucción y Presidente de la Comisión de Energía ; y de Salud.
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 28 señores Senadores.
Las actas de las sesiones 13ª, ordinaria, en 19 de noviembre; 14ª, especial, y 15ª, ordinaria, ambas en 20 de noviembre, todas del año en curso, se encuentran en secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con los dos primeros inicia los siguientes proyectos de ley:
1.- El que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior (Boletín Nº 3130-04), y
2.- El relativo al financiamiento de estudios de educación superior (Boletín Nº 3131-04).
Asimismo, incluye ambos proyectos en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional .
--Pasan a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el tercero inicia un proyecto de ley que autoriza la liberación de cauciones constituidas por personas naturales para garantizar créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Boletín Nº 3145-01).
Asimismo, incluye el proyecto en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional .
Con el cuarto retira la urgencia, y la hace presente nuevamente en el carácter de "discusión inmediata", al proyecto que modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de subrogación del cargo de alcalde en los casos que indica (Boletín Nº 3064-06).
Con los dos siguientes retira la urgencia, y la hace presente nuevamente en el carácter de "suma", de los siguientes proyectos de ley:
1.- El de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios (Boletín Nº 2429-05), y
2.- El que faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a las obligaciones que indica, dispone la suscripción del convenio de programación con el sistema de empresas y modifica la ley Nº 19.767 (Boletín Nº 3049-05).
Con el séptimo retira la urgencia, y la hace presente nuevamente en el carácter de "simple", respecto del proyecto que modifica el decreto ley Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana (Boletín Nº 2980-11).
Con el último retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a principios de conservación, medidas de administración, planes de manejo, desconcentración funcional, límite máximo de captura por armador, pesca artesanal e institucionalidad del sector pesquero (Boletín Nº 2970-03).
Con el primero comunica su aprobación al proyecto que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.713, establece un nuevo nivel de patente pesquera industrial e introduce modificaciones a la Ley General de Pesca, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (Boletín Nº 3138-21).
Hago presente a la Sala que el señor Ministro de Economía propuso a los Comités enviar este proyecto a Comisiones unidas. Sin embargo, después de intercambiar opiniones, me ha solicitado que sea visto primero por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura -como procede-, y luego por la de Hacienda, en su caso.
Señor Presidente, deseo hacer una proposición sobre este punto de la Cuenta.
Señor Presidente , estuve en la reunión de Comités y allí se adoptó un acuerdo distinto. Sin embargo, me allano a lo que plantea la Mesa.
Por eso, solicito que se pida el asentimiento del Senado para que la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura funcione hoy simultáneamente con la Sala, a fin de no demorar su despacho.
No hay ningún problema, señor Senador. El Honorable señor Arancibia, Presidente de la Comisión , puede citarla cuando estime conveniente, y según me ha manifestado el Presidente de la de Hacienda, ésta se reunirá mañana.
La tiene, señor Senador .
Señor Presidente , este asunto se discutió en la reunión de Comités, y estoy un poco sorprendido, porque la idea era disponer de tiempo para revisar el informe de aquí a mañana. Si las Comisiones trabajan unidas tendremos la posibilidad de despachar el informe hoy, lo cual permitiría que los señores Senadores lo leyeran y analizaran, evitando así lo que sucedió en la Cámara de Diputados, en donde los Parlamentarios, en el último minuto, no tenían claro qué se estaba votando.
Esperamos que la Comisión despache el proyecto esta tarde y que el informe se ponga en conocimiento de los señores Senadores mañana en la mañana. De esa manera la Sala trataría la iniciativa en la sesión de la tarde. Y la Comisión de Hacienda rendiría verbalmente su informe.
Señor Presidente , no concuerdo con lo planteado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Precisamente, con el criterio de actuar con rapidez, cinco personas integran una Comisión para tratar de buscar consenso, lo que resulta mucho más fácil que si fuera una cantidad superior de personas.
Nosotros debemos tomar el compromiso -porque así nos lo exige la ley- de despachar el proyecto a la brevedad. Si la Mesa y la Sala están de acuerdo en ello, la Comisión se pondrá a trabajar en cuanto se le entregue el documento.
No habría inconveniente.
¿Hay acuerdo en lo planteado?
--Se autoriza a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura para sesionar simultáneamente con la Sala.
Con el segundo oficio, la Cámara de Diputados comunica que ha aprobado el proyecto que modifica el decreto ley Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2980-11).
¿Es sobre la Cuenta, señor Senador ?
No me queda claro cuál fue el acuerdo recién adoptado.
Que el proyecto pasa primero a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y luego a la de Hacienda. La primera emitirá un informe escrito, y la segunda lo entregará verbalmente en la Sala.
Entonces no hay Comisiones unidas.
Señor Presidente, sobre la Cuenta.
Señor Presidente , discrepo respecto de que el proyecto referido a una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecimiento de la participación ciudadana, sea visto en conjunto por las Comisiones de Salud y de Hacienda. Se trata de temas técnicos para cuyo análisis la Comisión de Salud está muy preparada, y sobre los cuales ya ha trabajado.
Nos parece adecuado que la iniciativa vaya a la Comisión de Salud, y que posteriormente la de Hacienda estudie los asuntos de su competencia, que son los menos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Así se dispone en la Cuenta, señor Senador.
El señor RÍOS.- Tiene razón, señor Presidente . Le ruego que me disculpe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Continúa la Cuenta.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).- Con el tercer oficio comunica su aprobación a las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica el artículo 162 del Código del Trabajo, estableciendo que el finiquito deberá suscribirse ante un funcionario de la Inspección del Trabajo (Boletín Nº 2835-13).
Del señor Contralor General de la República por medio del cual, y con relación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, remite copia de un sumario administrativo instruido en la Gobernación Provincial de Cauquenes por la Contraloría Regional del Maule.
De la señora Ministra de Relaciones Exteriores mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, acerca de la eventual instalación, en territorio argentino de Tierra del Fuego, de bases extranjeras destinadas a programas de defensa antimisiles.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Viera-Gallo, relativo a las finalidades de la Organización de las Naciones Unidas en los procesos de mantención de la paz mundial.
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath referido al seminario denominado "El valor de Aysén como reserva de vida del planeta";
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, respecto del problema de la corrupción en la Administración Pública, y
Con el tercero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo relativo a la dictación del reglamento de la ley Nº 19.419, que regula actividades relacionadas con el tabaco.
Dos de la señora Ministra de Educación:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Stange referido al proyecto de diseño de ampliación de la escuela de la localidad de Estaquilla, comuna de Los Muermos, Décima Región, y
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo acerca de los proyectos adjudicados en los años 2000, 2001 y 2002 en la Séptima Región, por medio del Concurso Nacional de Proyectos de Fomento del Libro y la Lectura.
Del señor Ministro de Justicia, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Cantero respecto de eventuales irregularidades cometidas en la Corporación Cultural de Antofagasta.
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath sobre la posibilidad de mandar a tramitación un proyecto de ley que permita a ciertos cotizantes la desafiliación del sistema de pensiones creado mediante el decreto ley Nº 3.500, de 1980, y
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Cantero relativo a una presentación efectuada por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa C.M.S. Tecnología S.A. de la Zona Norte, perteneciente a CODELCO Chile.
Siete del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath referente a la posibilidad de extender la Carretera Austral hasta la comuna de Tortel, Undécima Región;
Con los dos siguientes contesta igual número de oficios enviados en nombre de la Honorable señora Matthei: el primero relativo al cierre de acequias que recogían las aguas lluvias en la localidad de Quilimarí, comuna de Los Vilos; y el otro relacionado con la posibilidad de construir un paradero de buses interprovinciales en el poblado de Huentelauquén y con el pago de peaje en el sector Angostura de Gálvez, Cuarta Región;
Con el cuarto y el quinto responde sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Moreno: uno, relativo a las bruscas variaciones que se han producido en la cota del lago Rapel; y el otro, tocante a la necesidad de establecer protecciones en las riberas del río Cachapoal, Sexta Región;
Con el sexto da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Stange concerniente al proyecto de construcción y operación de un puente sobre el canal de Chacao, Décima Región, y
Con el séptimo remite un resumen de los oficios dirigidos a los señores Parlamentarios en el mes de octubre del año en curso, en respuesta a consultas de competencia de la Cartera de Estado a su cargo.
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Bombal atinente al Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos , Alimentos de Uso Médico y Cosméticos;
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Ominami sobre algunas prácticas realizadas por las instituciones de salud previsional en lo tocante a las licencias médicas, y
Con el tercero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath respecto de las prestaciones otorgadas a los beneficiarios de la tercera edad del sistema público de salud.
Dos del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange relativo a la situación de dos comités de vivienda del campamento Las Camelias, comuna de Puerto Montt, y
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Andrés Zaldívar sobre una presentación efectuada por la directiva del Sindicato Solidaridad de Lota .
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero relativo a la situación de un grupo de trabajadores que prestaron servicios a la Empresa Constructora y Comercial EICO S.A.
Del señor Ministro de Minería , en respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Lavandero tocante al homenaje realizado a don Mariano Puga Vega.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción , en contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath relativo al anunciado cese de operaciones de la empresa "Transportes Marítimos Chiloé Aysén".
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, por el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Lavandero respecto del homenaje efectuado a don Mariano Puga Vega.
Del señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , en respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín relacionado con la inquietud planteada por la Cámara de Comercio de Linares en cuanto al aumento de cheques protestados por orden de no pago.
Del señor Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre de los Honorables señores Espina y García concerniente a la labor desarrollada por la entidad a su cargo en apoyo de los pequeños agricultores de las comunas de la Región de la Araucanía afectadas por reiterados temporales.
Del señor Director Nacional del Instituto de Normalización Previsional, por el que contesta un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Horvath y Romero relativo a la agilización del trámite de liquidación del bono de reconocimiento que señala.
Del señor Director General de Territorio Marítimo y Marina Mercante , en contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath sobre los motivos por los cuales se impide el traslado de combustibles en las barcazas que cruzan el lago General Carrera, en la Undécima Región.
Del señor Director General de Aguas , en respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Andrés Zaldívar relativo a la solicitud de aprovechamiento de aguas subterráneas efectuada por la Comunidad Villa Esperanza de la comuna de Huechuraba.
De la señora Intendenta de Valores subrogante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín tocante a la inquietud planteada por la Cámara de Comercio de Linares sobre falta de resguardo crediticio del cheque.
Del señor Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Espina acerca del estado de contaminación del río Traiguén.
Del señor Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena , en contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina atinente a postulación al subsidio rural indígena.
Del señor Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín respecto de la reparación y restauración de la Iglesia de Nirivilo, comuna de San Javier, Séptima Región.
Del señor Coordinador Nacional del Programa de Reconocimiento al Exonerado , a través del cual remite información relativa a la gestión del programa a su cargo al 31 de octubre del año en curso.
Del señor Intendente de la Sexta Región, en respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno referido a la posibilidad de considerar en las prioridades del Fondo Nacional de Desarrollo Regional el proyecto presentado por el Liceo Industrial de San Fernando.
Tres del señor Intendente de la Novena Región , por los que contesta igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Espina: el primero acerca de los montos entregados a la Municipalidad de Renaico por concepto de subsidios de agua potable para el Comité de Tijeral; el segundo relativo al estado del proyecto de agua potable rural para el sector de Agua Santa, comuna de Lautaro, y el último con relación a las medidas adoptadas para paliar la cesantía en la comuna de Angol.
Del señor Gobernador Provincial de Malleco, en respuesta a un oficio enviado en nombre de los Honorables señores Espina y García tocante a la ayuda otorgada a las comunas de la Provincia de Malleco que resultaron damnificadas por los recientes temporales.
Del señor Alcalde de Victoria , en contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina referente a los programas de empleo municipal, previstos para el futuro, que serían ofrecidos en la localidad de Selva Oscura, comuna de Victoria.
Del señor Secretario Ministerial de Agricultura de la Región Metropolitana , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Andrés Zaldívar relativo al problema expuesto por la Junta de Vecinos Nº 48, Santa Mónica, de la comuna de Padre Hurtado, acerca de la existencia de una organización que promueve un loteo irregular en terrenos agrícolas.
Del señor Secretario Ministerial de Educación de la Novena Región , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina respecto de la situación previsional de los docentes de la Escuela F-322 " Eduardo Frei Montalva" de la comuna de Perquenco.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Novena Región , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina concerniente a la transferencia de terreno fiscal que señala a la Municipalidad de Curacautín.
De la señora Directora de Obras Hidráulicas de la Cuarta Región , en respuesta a un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei referido a la posibilidad de instalar agua potable en la localidad de El Boldo, comuna de Salamanca.
Del señor Jefe de la Novena Zona de Carabineros de Chile, con el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina con referencia a la preocupación de los vecinos de la comuna de Collipulli debido al incremento de la delincuencia.
De la señora Jefa de Gabinete del Ministerio de Salud , en respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor García en cuanto a la adopción de medidas tendientes a apoyar la recuperación de víctima de tragedia carretera.
De la señora Ministra de Defensa Nacional , en contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Ruiz referido a los hechos ocurridos el 19 de julio del año en curso en Puerto Natales, entre el remolcador de la Armada "Leucotón" y la lancha pesquera "Sandy".
Del Senador señor Andrés Zaldívar, mediante la cual inicia un proyecto de reforma constitucional que faculta al Tribunal Constitucional para absolver consultas referidas a inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en cargos parlamentarios (Boletín Nº 3.153-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. (Este proyecto no podrá ser tratado mientras Su Excelencia el Presidente de la República no lo incluya en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional ).
De los señores Gastón Iván Mora Jorquera y Andrés Vicente Allende Astudillo, de rehabilitación de sus respectivas ciudadanías (Boletines Nº S 645-04 y Nº S 646-04).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que dicta normas sobre la educación parvularia y regulariza la instalación de jardines infantiles (Boletín Nº 2.404-04).
Los Comités, es sesión de hoy, acordaron lo siguiente:
1) Pasar el proyecto de Ley General de Pesca a las Comisiones de Pesca y Acuicultura y de Hacienda, unidas, con el voto en contra del Honorable señor Coloma, acuerdo que se acaba de revertir.
2) Dar por despachado el proyecto sobre garantías del Estado para las obligaciones que señala, ya que venció el plazo para presentar indicaciones, sin que se haya formulado ninguna.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3049-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 7ª, en 29 de octubre de 2002.
Hacienda, sesión 13ª, en 19 de noviembre de 2002.
Sesión 13ª, en 19 de noviembre de 2002 (se aprueba en general).
--Se aprueba la iniciativa en particular con el voto de 40 señores Senadores, quedando despachado el proyecto en este trámite. (Boletín Nº 3049-05)
Finalmente, por unanimidad, los Comités también resolvieron otorgar al señor Presidente del Senado el uso de la palabra antes de entrar a la tabla de Fácil Despacho de hoy.
El Honorable señor Arancibia ha solicitado la palabra.
Señor Presidente, por su intermedio, comunico a los miembros de la Comisión de Pesca y Acuicultura que sesionaremos a las 18.
Quedará constancia de ello, señor Senador.
Tiene la palabra la Senadora señora Carmen Frei.
Solicito la autorización de la Sala para que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización se reúna a las 17:30 para analizar el proyecto, con urgencia calificada de "discusión inmediata", sobre subrogación durante el embarazo de una alcaldesa, a fin de permitir el permiso de pre y postnatal.
Señor Presidente , señoras Senadoras, señores Senadores, excúsenme por tener que distraer esta tarde el tiempo de la Corporación a raíz de algo que me afecta personalmente, y también, en mi concepto, al Senado, en razón del cargo que ocupo en representación de ustedes durante más de cinco años.
Desde hace algún tiempo, un señor Senador ha tratado, en forma directa e indirecta, de presentarnos a mí y a mi hermano Adolfo como defensores de los intereses de un empresario pesquero. Esta imputación gratuita ha culminado en estos días con la grave acusación de que yo estaría ocupando el cargo de Senador para obtener beneficios pecuniarios tanto para mi persona como para mi familia: mi esposa, mis hijas y mis hermanos.
Lo he analizado con mucha tranquilidad. Al parecer, todo partió hace un mes, cuando a mi oficina de la Presidencia del Senado concurrió un numeroso grupo de dirigentes sindicales de los trabajadores de la industria pesquera de la Octava Región, quienes solicitaron que me preocupara y apoyara una iniciativa que presentaría el Gobierno con motivo del atraso que podría sufrir el proyecto sobre la Ley General de Pesca que estaba en conocimiento de la Cámara Alta.
Les manifesté -porque así lo creía- que vería el asunto y que mi decisión era la de apoyar al Ejecutivo si el proyecto realmente beneficiaba al país en su conjunto, y por supuesto, a ellos como trabajadores.
Al poco tiempo, para sorpresa mía, en el edificio de la Cámara Alta en Santiago, ese Senador, ejerciendo su derecho, realizó una conferencia de prensa para denunciar tales hechos, acompañado por un dirigente o presidente de una organización de pescadores artesanales y por un señor que se menciona como presidente de la denominada "Fundación Terram".
En esa conferencia de prensa ellos expresaron -y se reiteró luego- que quien habla y Adolfo , mi hermano, estábamos tratando de aprobar un proyecto de ley a favor de un empresario, al cual pensábamos regalarle con eso alrededor de mil millones de dólares. Y, por supuesto, incurrieron -no ese señor Senador, sino quienes lo acompañaban- en una serie de otras afirmaciones injuriosas y calumniosas contra mi persona.
Con motivo de esas declaraciones, aquí, en la Cámara Alta, solicité a dicho señor Senador que conversáramos. Y le planteé mi extrañeza y mi reclamo airado, porque yo no podía permitir que, en su presencia, se hicieran aseveraciones injuriosas que afectaban profundamente mi honorabilidad.
El señor Senador me escuchó y me dijo que él no había intervenido en ese sentido, lo cual creí. Tanto es así que me ofreció una carta de excusas, que efectivamente recibí. Y distribuí entre los señores Senadores copias de ella.
Yo pensaba que el incidente había terminado. Pero no fue así.
A fines de la semana antepasada, en declaraciones al diario "La Nación", ese mismo señor Senador y el presidente de la ya referida Fundación, señor Claude , volvieron a sus andanzas, formulando nuevamente afirmaciones inexactas y faltas a la verdad, que me hacían aparecer como comprometido con los intereses pesqueros de cierta empresa y de determinada persona.
Del diario "La Nación" me llamaron el sábado para hacerme presente que venía un reportaje a ese respecto y manifestarme su deseo de que también diera mi versión, cosa que hice. Planteé mi posición y cuál era la verdad de los hechos.
En esa publicación, ese Senador reclamaba mi inhabilidad como Parlamentario para pronunciarme sobre la Ley de Pesca. Tiene derecho a hacerlo. No se lo puedo negar. Lo importante es saber dónde plantearlo y cómo, con el respeto que nos debemos entre nosotros.
La publicación apareció el domingo. Al día siguiente comuniqué oficialmente, en forma clara y derecha, a través de los medios de comunicación -ya que por esa vía dicho señor Senador había pretendido recusarme, inhabilitarme-, que iba a solicitar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que estudiara mi condición personal en relación con el proyecto sobre la Ley de Pesca que habría de votarse en el Senado, el cual no ha sido discutido ni votado en esta Sala ni en Comisión (recientemente el Senado despachó otra iniciativa de la Cámara, conocida como "ley corta"). O sea, antes de que yo emitiera juicio se me estaba condenando por esos personeros en una campaña persistente, con injurias y faltas a la verdad, a lo cual el Senador que menciono adhería reclamando mi inhabilidad. Y dije que me iba a ceñir -y lo he reiterado; soy hombre de palabra- a lo que determinase la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor Senador , ante esa observación mía, sostuvo que dicha Comisión no era suficientemente independiente y carecería de capacidad (él tenía dudas) para proceder a una definición. Y reclamó que el Tribunal Constitucional debía ser el órgano competente. A través de los medios de comunicación, le hice ver que, seguramente por no ser abogado y no conocer las normas jurídicas, él no sabe que, de acuerdo con la Carta Fundamental, el Tribunal Constitucional no tiene facultad para pronunciarse sobre ese tema.
Tanto es así que hoy día, precisamente frente a ese vacío y porque creo que debe haber un organismo con competencia especial para solucionar este tipo de problemas a fin de que ningún Senador sufra nunca lo que yo he padecido, estoy solicitando que el Tribunal Constitucional pueda absolver consultas de los Parlamentarios que nos sintamos involucrados en algún hecho que eventualmente ponga en duda la conducta que debemos tener con relación a algún proyecto.
Esa campaña ha sido sostenida.
¿Cuál es mi verdad? Y espero que me crean. Muchos de ustedes me conocen por bastante tiempo.
Efectivamente, conozco al referido empresario desde hace largos años. Nunca he tenido con él vínculo contractual, ni tampoco una relación de amistad permanente. Lo he visto, sí, muchas veces. Este año hace más de seis meses que no nos hemos encontrado. Nos topamos un día en una recepción en la Nunciatura.
Considero -porque soy leal- que se trata de un empresario exitoso; que no es un delincuente; que ha entregado gran esfuerzo al país; que ha establecido industrias; que ha creado puestos de trabajo; que ha sido reconocido por sus pares como empresario ejemplar.
En el Congreso Nacional, por iniciativa de varios Senadores, entre los cuales me incluyo, le otorgamos la nacionalidad por gracia con una abrumadora mayoría; me parece que hubo uno o dos votos en contra o abstenciones.
Tal empresario jamás ha tenido conflictos laborales. No sé por qué, entonces, habría de avergonzarme de la relación que pudiera tener con él, ni de que fuera mi amigo. ¡He tenido tantos amigos! ¡Y buenos amigos! Los he tenido en el mundo sindical: fui íntimo amigo de Tucapel Jiménez ; muy amigo de Manuel Bustos , de Clotario Blest, como también lo he sido de dirigentes de diferentes tiendas políticas y, por supuesto, de gente del mundo empresarial. Para mí no es un estigma tener amigos.
Pero, ¿qué más se dice? "¡Ah! Es que este Parlamentario, este señor, tiene un hermano". ¿Y debo avergonzarme de tener hermanos? ¡Tengo siete, y estoy orgulloso de cada uno! Todos son personas distinguidas, profesionales que han entregado su vida en diversas actividades también en beneficio del país.
Es cierto que uno de ellos ha trabajado al lado de ese empresario. Por más de 40 años se desempeñó como gerente general de la empresa. Y fue un ejecutivo exitoso, que llevó a buen puerto a la compañía, donde tuvo muy buenas relaciones con su gente, creó ocupaciones, se preocupó de los trabajadores y, naturalmente, percibió una remuneración justa por sus esfuerzos. Él no es un hombre indigno. Tampoco es incorrecto. Y no buscaría presionarme para que asuma determinada conducta en el Senado a los efectos de votar en un sentido o en otro.
¡Juro por Dios, por mi madre y por mi padre que ese hermano jamás me ha presionado frente a una votación de esta Alta Cámara durante el tiempo que pertenezco a ella!
¡No somos todos de la misma calaña, contrariamente a lo que puede creer el señor Senador! ¡Somos gente honrada!
Afirmó también ese señor Senador que yo había patrocinado un proyecto de ley respecto de la Primera y la Segunda Regiones. Es verdad. Y lo presentamos junto con dos representantes de esa época por la Región de Tarapacá: uno de su propio partido y el Senador señor Julio Lagos . ¿Por qué lo hice? A petición precisamente de los dirigentes laborales de la zona, quienes anhelaban el mismo trato que las empresas y los trabajadores de la Octava Región, que habían tenido una buena experiencia con la ley ya dictada. Sostenían que eso les podía dar estabilidad en su fuente de empleo.
¡Tal fue la razón! ¡No la de enriquecerme!
Se dice: "Desde que se aprobó esa ley, las acciones de este señor" -después me referiré a la materia- "han subido".
Debo señalar al señor Senador que las acciones suben o bajan, no por una ley, sino porque hay más pesca o menos pesca. Esa empresa ha arrojado pérdidas durante seis años porque no ha habido pesca. En el presente año sí la ha habido, y los precios se han incrementado en más de 40 por ciento. Éste es el motivo por el cual, después de tanto tiempo, a fines del 2002 seguramente tendrá utilidades.
Durante todos estos días he debido sufrir, no sólo ataques a través de los medios de comunicación o de conferencias de prensa, sino además la movilización de piquetes de 10 a 12 personas por diversas calles de Santiago con afiches contra mí y contra mi hermano Adolfo . Incluso ayer, frente a la puerta principal del Senado en la Capital, cuando recibíamos oficialmente a una delegación del Parlamento chino y mientras ese señor Senador concurría legítimamente, ejerciendo su derecho, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para ser escuchado, llegó un grupo de 10 a 12 personas que portaban lienzos extendidos y gritaban consignas en mi contra, voceando mi nombre.
¿Es posible soportar todo eso? ¿Qué pasa, señor Senador? ¿Cuál es el porqué de su alianza con la Fundación Terram y su presidente ?
Yo no lo entendía. Sin embargo, ayer tuve una explicación. El señor Marcel Claude , presidente de la mencionada Fundación, declaró que su relación con el Senador Ávila "Es un negocio mutuo". Y agregó: "Es un negocio. Nos ha servido en términos que su figura nos ha permitido colocar los temas en la prensa con más facilidad, y a él le hemos servido en la medida que se alimenta de lo que hacemos".
¡Es un buen negocio...! Seguramente es un buen negocio traficar con la honra de los demás. ¡Ése es el criterio del señor Claude!
Pero el señor Claude ha ido mucho más allá. Porque en el programa de televisión denominado "El Termómetro" ya no sólo formuló críticas a mi persona, sino que además profirió injurias. Nos ubicó a mí y a Adolfo como corruptos. Señaló que estábamos en uno de los negocios más corruptos en la historia de los últimos tiempos. Hoy entregué los antecedentes a la Justicia, con el objeto de iniciar querella en contra del señor Claude y para que se reponga mi honra ante los tribunales.
Se me ha expresado: "¡Señor, cómo interpone querella en contra del señor Claude ! ¡Es atentar contra la libertad de expresión, contra la libertad de pensamiento!".
Yo respondo: He sufrido mucho por defender las libertades: de pensamiento, de expresión. Viví fuera de mi patria por ello. ¡Pero lo que no voy a defender nunca, jamás, es el que haya libertad para injuriar y deshonrar a la gente! Contra eso siempre me rebelaré. Soy un hombre de paz, ¡pero no puedo aceptar que alguien intente manchar mi honra!
¿Qué se pretende con esta campaña antes de que me pronuncie, antes de que vote el proyecto en cuestión? Que me inhabilite. No se espera lo que resuelva la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, ni menos lo que yo mismo diga el día de la votación. Se desarrolla toda esta campaña, se hacen movilizaciones, se mueve gente, se emiten opiniones, etcétera. ¿Hay algo detrás de esto? ¿Qué se cree? ¿Tal vez que inhabilitando nuestros dos votos podrían tener el quórum suficiente para imponer su criterio?
Yo encuentro razón al señor Senador y a otros colegas que discrepan de lo que uno piensa. Algunos pueden estimar que la ley es buena, y otros, que es mala. Es así la democracia. Para eso están los Parlamentos. Pero nadie puede pretender imponer a otro su criterio y, si piensa distinto, descalificarlo.
Es legítimo que unos consideren que la prórroga de la ley puede hacerse por un año, como también es legítimo que el Gobierno y otros Senadores estimen adecuado el plazo de diez años. Será aquí, en el Congreso Nacional, donde resolveremos qué es mejor para el país, pero sin pretender por la vía torcida, a lo mejor, ganar la votación.
El Senador Ávila tiene toda la razón. No puedo descalificarlo porque piense distinto de mí. Yo no he presentado ninguna indicación. Él ha formulado noventa y seis, para defender su tesis de la licitación, etcétera; y es perfectamente legítimo que lo haga. Ni siquiera he querido intervenir en ese sentido. He sido cuidadoso. Sin embargo, he recibido un ataque feroz y doloroso durante todo este tiempo.
Siempre he manifestado mi respeto a quien tiene otra posición. Y también lo he hecho con usted. Jamás lo he descalificado.
En una declaración aparecida en el diario "La Tercera" del viernes pasado, usted señala que está muy dolido conmigo porque hice una observación en un programa de televisión (precisamente, en "El Termómetro"). Usted estaba en un sitio, y yo, en otro; y fuimos puestos en contrapunto. Usted manifiesta que se encuentra muy dolido por algo que le dije.
Deseo relatar los hechos, para que seamos claros.
En ese programa, a propósito de que yo había sostenido que mi porcentaje de acciones no era determinante, que no me confería la calidad de empresario, que no me otorgaba ninguna capacidad de gestión dentro de la empresa, ni siquiera la posibilidad -así se lo expresé- de contratar a un portero, usted, con la ironía que le caracteriza -quizá a veces no se da cuenta de cómo hiere a la gente; lo he visto en este propio Senado, donde en algunas ocasiones sus intervenciones irónicas, y muy inteligentes, hieren mucho y provocan problemas a las personas-, expresó: "Esto es como una mujer embarazada, quien no puede decir que está un poquitito embarazada". Yo le retruqué, tratando de hacerlo también con ironía -seguramente no soy tan bueno en este aspecto-: "Senador Ávila, si usted está con problemas de embarazo, sexuales, vaya a ver un ginecólogo, que yo no tengo ninguna dificultad al respecto".
Usted expresa en el diario "La Tercera" que eso es tremendo, porque, en un caso judicial que defendió con mucha fuerza, lo habían vinculado con una organización mafiosa de homosexuales.
Yo no he querido ofenderlo a usted. No lo he hecho, ni lo haría jamás, porque nunca me ha gustado ser recipiente de rumores ni recoger basura, ni siquiera para afectar a quien no esté de acuerdo conmigo o sea mi peor contradictor.
Le digo entonces que, si hay esos rumores, no seré yo quien los use. ¡No los usaré jamás! Por el contrario, repudiaría al que me los trasmitiera, porque no me relaciono de esa forma con la gente.
Por lo tanto, le expreso al señor Senador que, en mi concepto, carece de autoridad moral para ser mi juez en materia ética.
¡Tengo cuarenta años de vida pública transparente!
Usted ha llegado a decir que en mi declaración de intereses he faltado a la verdad. Su Señoría no la hizo; pero no lo voy a criticar por eso.
He tenido especial cuidado para realizar, no sólo una declaración de intereses, sino también una patrimonial.
Usted sostiene: "¡No declaró todas las acciones!". Yo trato de explicarle, y acompaño un certificado, emitido por el propio Secretario del Senado , donde queda constancia de que todas mis acciones están ahí. Ellas se encuentran a mi nombre en el Registro Público , para quien desee verlo. ¡Nunca las he escondido u ocultado!
Más aún, he cumplido mucho más allá de la ley, porque hice una declaración voluntaria en el 2000 y volví a efectuarla en el presente año, complementando la anterior. Pero no se trata sólo de una declaración de intereses, sino además de una patrimonial, donde individualicé mis propiedades y los papeles de dos sociedades donde soy accionista principal.
¡Nunca he ocultado nada! ¡No tengo necesidad de hacerlo, pues creo ser una persona correcta que jamás ha pretendido aprovecharse o beneficiarse de la función pública que ejerce!
Por lo tanto -y lo digo con toda fuerza-, ¡no acepto que nadie ponga en duda mi honorabilidad y la de mi familia!
Usted, en un libro que escribió, menciona una cita muy irónica de su padre (no sé si quería referirla a alguno de los nuestros): "Si los pillos supieran el buen negocio que es ser honesto, serían honestos de puro pillos que son".
Recogiendo la cita de su padre, le digo: ¡No soy pillo de la primera clase ni de la segunda! ¡Soy honrado por formación, por excelencia y por convicción valórica!
En este incidente, algunas personas me han criticado por la decisión que tomé la semana pasada de ordenar la venta de todas las acciones que me pertenecen. Lo hice, no porque sea una causal de inhabilidad, sino porque no deseo tener problemas. ¡No quiero ser el pasto de la injuria de nadie! ¡No quiero ser objeto de la maledicencia de nadie!
Reitero que tengo cuarenta años de vida pública trasparente y que por formación no me expongo a este tipo de situaciones. Vendí las acciones, no para habilitarme en una votación, sino porque deseo evitar problemas. He sufrido mucho, y nadie tiene derecho a provocarme tanto daño.
Según dije, votaré como me lo indique la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Me ceñiré estrictamente a ello. Por lo tanto, en la sesión de mañana, al comenzar el debate del proyecto en cuestión, anunciaré la forma como procederé, en razón de que todavía no tengo en mis manos el informe de ese órgano.
Deseo manifestar al señor Senador que es necesario que nos conozca, que conozca quiénes somos los políticos en este país. La gran mayoría de chilenos y chilenas muchas veces empiezan a dudar de nuestra calidad. Los dirigentes políticos estamos siendo desprestigiados precisamente por este tipo de actuaciones.
He sido testigo -y se lo digo porque tengo más años que usted en la vida pública- del paso de tantos políticos, de un sector y otro: de Derecha, de Izquierda y de Centro. Toda gente honorable. Habrá alguna excepción. He visto a Presidentes de la República , como Jorge Alessandri , Eduardo Frei Montalva , Patricio Aylwin, Salvador Allende, Juan Antonio Ríos. ¡Tanta gente que uno conoce! ¡Tantos Senadores a los que he visto en esta Cámara entregarse por entero a la política y salir siempre más pobres de lo que eran, sin excepción!
En consecuencia, tengo gran respeto por las personas que están en el servicio público. Y me parece que debemos respetarlas, en vez de ayudar a destruir nuestras instituciones con acciones de este tipo.
Podemos discrepar. Pero la discrepancia no autoriza para descalificar o injuriar al que no piensa igual que uno. Quienes actúan así empuercan muchas veces su propio nido.
Ninguno de nosotros puede pretender erigirse en juez ético o moral de persona alguna.
Señor Senador, no le corresponde condenar, y menos anticipadamente. No puede hacer lo que ha hecho: poner en duda la honorabilidad de la gente. No le puedo permitir que con sus ataques por diversos medios de comunicación y a través de conferencias de prensa pretenda poner un ápice de sombra en mi honorabilidad y en la de mi familia.
Tengo mis manos limpias. He entregado todo lo que he podido, con mucho sacrificio. He sufrido mucho por volcarme al servicio público. No he profitado de él. Al contrario, he renunciado a tener, seguramente, mayor bienestar y patrimonio. Pero eso no me importa, ni ha sido jamás el norte de mi vida.
Puede estar seguro, señor Senador, de que nunca me haré cargo de los rumores -como le he dicho- que puedan circular contra cualquier persona; tampoco, de los que circulen en contra de usted. No lo haré jamás, ni les daré cabida. Y cuando alguien me lo insinúe, lo rechazaré de plano. Si una persona incurre en conductas sancionables, para eso está la justicia humana. Y para los que creemos en Dios, también la justicia divina.
Agradezco a los señores Senadores el apoyo y la solidaridad que me han expresado todos, sin excepción. Eso me gratifica y me da fuerzas.
También agradezco al Senador Ávila por haberme dado la oportunidad de poner las cosas en su lugar.
Quiero decirle, señor Senador, que debe cuidar también su propia honra, porque es muy necesaria en esta vida. Cuídese de no pretender hacer a otros lo que no quiere que le hagan a usted. No crea que tiene la verdad. Aprenda a discrepar. Respete a la gente. No piense que por usar un lenguaje teatral, que cae en la ironía, queda libre de la responsabilidad de observar la conducta que corresponde para con quienes participamos en un organismo colegiado como el Senado. Puede estar seguro, Senador Ávila, de que contará con el respeto de los demás en la misma medida en que usted sepa respetar.
Ahora, quiero plantear al Senado una reflexión.
En mi concepto, todos los dirigentes políticos, los líderes de la cultura, los guías espirituales, los conductores del Gobierno, los representantes de la sociedad civil, los responsables de los medios de comunicación, debemos preocuparnos de poner término a este estilo de hacer política; a esta manera de hacer noticia; a esta forma de buscar la notoriedad y la publicidad, sobre la base sólo del escándalo o de la transformación de nuestros actos en un show permanente.
El país está siendo testigo en estos tiempos -creo- de la peor campaña que se puede dar, al parecer, con la intención de destruir nuestras instituciones. Ya nada tiene coto; nada para este tipo de campañas.
Cuando una sociedad pierde la capacidad de razonar, de respetar la dignidad y la honra de la gente; cuando unos creen que pueden denostar e injuriar gratuitamente y constituirse en jueces de los otros; cuando el vocabulario se torna procaz; cuando se insulta y se miente, por ese camino se va a la desintegración de las instituciones y se imposibilita la convivencia nacional. Y muchos países saben cuál es el destino que les espera después de eso.
Estimo que debemos hacer un esfuerzo a ese respecto: es nuestra responsabilidad.
Antes de terminar mis palabras, deseo también hacer presente al Senado que quien ha encabezado desde el mundo civil, desde la Fundación Terram, los ataques a mi persona es alguien que recibe financiamiento extranjero -y él mismo lo confiesa-, desde la Fundación Ford, por más de 350 mil dólares.
Al emplazamiento que le hice, él ha dado respuesta. Tengo en mi mano la información.
En una reciente reunión, celebrada en Edimburgo, se da cuenta de que la Fundación Terram ha llevado un video fuertemente crítico hacia la industria del salmón chileno, el que fue mostrado a las organizaciones ambientalistas escocesas, como parte de una campaña para prevenir a los consumidores en Europa de que no deben consumir ese producto nuestro porque en Chile no se cumplen los requisitos ambientales que permitan darle garantía. Y anuncia el señor Pizarro , quien concurre en representación de esa Fundación, que van a hacer extensiva la campaña a Europa, Japón y Estados Unidos.
Además, yo pregunto: el señor Claude , que se ha tratado de convertir en juez, en acusador; que pretende deshonrarme, y que está detrás de esos 350 mil dólares, ¿no es el mismo señor Claude que fue echado del Banco Central en 24 horas por dar a conocer antecedentes confidenciales en materia de bosque nativo?
Es bueno que él responda; es bueno que diga qué está haciendo detrás de todo esto, y si con ello quiere destruir una fuente de trabajo que hoy día es una de las principales actividades exportadoras chilenas, como es la industria del salmón, al igual que también lo será mañana la forestal.
Señores Senadores, creo que todos ustedes me conocen; no sólo los que militan en mi Partido (a quienes también les agradezco muy sinceramente el apoyo que me dieron ayer mediante una declaración). Con muchos he discrepado en nuestras visiones políticas, y aun en las valóricas. He tenido encontradas posiciones en tiempos pasados.
A todos ustedes les digo:
No vengo a pedir perdón ni a rogar a nadie; no vengo aquí a excusarme por mis actos. Vengo ante ustedes, mis pares, a reclamar que se respeten mi honra y mi dignidad, y las de mi esposa, mis hijas y demás familiares.
¡Creo que me asiste derecho a ello!
Tengo muchos defectos, y a lo mejor, pocas virtudes. Pero una de ellas es mi honor, que no permitiré que persona alguna mancille. He sido, soy y trato de ser siempre un buen y leal servidor público. He procurado tener un solo norte: el bien de mi patria. Por ello estoy dolido. He sufrido; no lo puedo negar. Pero, al mismo tiempo, pueden estar seguros de que nadie me va a doblegar, porque tengo mi conciencia tranquila para conmigo mismo, como también para ante ustedes.
Doy gracias a Dios por mi vida, por mi familia, por la gente que me rodea, por la inmensa solidaridad que he sentido en estos días tan amargos.
Corresponde ocuparse del informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto sobre modificación del decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, con el objeto de conceder al Presidente de la República atribuciones que indica. (Boletín Nº 2430-09).
--Los antecedentes sobre el proyecto (2430-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En trámite de Comisión Mixta, sesión 1ª, en 1º de octubre de 2002.
Obras Públicas, sesión 27ª, en 10 de septiembre de 2002.
Mixta, sesión 16ª, en 3 de diciembre de 2002.
Sesión 1ª, en 1º de octubre de 2002 (se rechaza y pasa a Comisión Mixta).
La controversia entre ambas Corporaciones se originó en el rechazo por parte del Senado, en el segundo trámite constitucional, de la totalidad del proyecto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados.
Cabe recordar que la iniciativa tenía por objeto establecer que la fijación de las fórmulas tarifarias se realizaría mediante decreto supremo, el que debería llevar la firma del Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción y, también, facultar al Presidente de la República , por una sola vez, antes de la dictación del decreto tarifario, para modificar el porcentaje de variación de las tarifas.
La Comisión Mixta, luego de intercambiar opiniones sobre la materia en cuestión, acordó rechazar el proyecto por seis votos y una abstención.
En efecto, votaron en contra los Senadores señores Horvath, Sabag, Stange y Zurita y los Diputados señores Encina y Tuma. Se abstuvo el Diputado señor Delmastro.
Cabe señalar que la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta en sesión celebrada el 14 de noviembre último.
En discusión la proposición de la Comisión Mixta.
Señor Presidente , me corresponde presentar lo resuelto por la Comisión Mixta acerca del proyecto en discusión, que se originó en la Cámara Baja en moción de los Diputados señores Patricio Cornejo , Jaime Jiménez , Pablo Lorenzini , Carlos Olivares y Luis Pareto .
Conocida la iniciativa por nuestra Comisión de Obras Públicas, recomendó su rechazo, lo que fue aprobado por la Sala.
Formada la respectiva Comisión Mixta, también expresó disconformidad con el proyecto, recomendando su rechazo por mayoría, con la abstención del Diputado señor Delmastro .
Daré a conocer en seguida, señor Presidente , las razones que movieron a la Comisión Mixta a asumir esa posición, que fueron las mismas que se adujeron en las anteriores instancias.
1) Vicios de inconstitucionalidad
Se estimó que se vulnera el artículo 62, Nº 2º, de la Carta Fundamental, por cuanto la materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , quien tiene la potestad excluyente de determinar las funciones o atribuciones de los servicios públicos. Por lo demás, el Honorable señor Zurita expresó que habría una inconstitucionalidad de fondo, pues se atenta contra el derecho de propiedad que tendría el servicio prestador en cuanto a la forma de fijación tarifaria sobre una base legal, como lo es en la actualidad, y que se trataría de modificar por un simple decreto supremo, posición que la Comisión hizo suya.
2) Contradicción con el marco regulatorio
La normativa existente deja escaso margen a la discrecionalidad, pues la ley y su reglamento establecen las pautas para fijar tarifas sobre la base de criterios técnico-económicos, otorgándose al prestador garantías de transparencia y publicidad.
3) Creación de incertidumbre
La Comisión estimó que introducir argumentos ajenos a los propiamente técnico-económicos en la decisión de la entidad regulatoria provoca efectos negativos para los planes de ampliación o desarrollo de los servicios.
4) Preexistencia de norma
En la actualidad existe la facultad presidencial de suspender temporalmente la aplicación de fórmulas tarifarias para obtener otras inferiores, siempre que en la Ley de Presupuestos del Sector Público se autorice la compensación que el Fisco debe otorgar a los prestadores.
En lo referente a la modalidad de suscripción del decreto supremo que fija el monto de las tarifas, la Comisión acordó que no tiene mayor relevancia, toda vez que es igual al mérito administrativo de un decreto supremo suscrito por el Presidente de la República o dictado en cumplimiento de una orden suya.
En razón de las argumentaciones precedentes y de acuerdo con lo que resolvió por mayoría, con una abstención, la Comisión Mixta recomienda rechazar la iniciativa.
Si le pareciera a la Sala, se rechazaría el proyecto.
--Se rechaza.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros que Pescan en Alta Mar, adoptado por la Conferencia de la FAO mediante Resolución 15/93, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2910-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Relaciones Exteriores, sesión 15ª, en 20 de noviembre de 2002.
El instrumento internacional en análisis tiene como objetivo regular la pesca en alta mar, vinculando los busques pesqueros que operan en este espacio marítimo a un Estado determinado.
La Comisión de Relaciones Exteriores reseña en su informe el contenido del Acuerdo, describe el debate suscitado a su respecto y concluye proponiendo a la Sala, por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Ávila, Cariola, Martínez y Valdés), que el proyecto de acuerdo sea aprobado en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe señalar que, por tratarse de una iniciativa de artículo único y al tenor de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, la Comisión de Relaciones Exteriores propone al señor Presidente que sea discutida en general y particular a la vez.
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo, que cumple en el Senado su segundo trámite constitucional, tuvo origen en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República .
A las sesiones en las cuales se analizó la iniciativa asistieron, especialmente invitados, la jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca, doña Jéssica Fuentes ; el gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca, señor Cristián Jara , y el asesor de dicha entidad, don Fernando Zegers .
El instrumento internacional en estudio, denominado "Acuerdo sobre Embanderamiento", fue adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) durante su 27º período de sesiones, celebrado en noviembre de 1993, mediante la Resolución 15/93, y tiene por objeto regular la pesca en alta mar, vinculando los buques pesqueros que operan en este espacio marítimo a un Estado determinado.
Dicho Estado es el de su pabellón, el cual queda facultado y obligado a adoptar una serie de medidas destinadas a obtener del buque un comportamiento con fines de ordenación y conservación pesquera en alta mar.
El principio básico del Acuerdo es la facultad de cada Estado para regular por su derecho interno el otorgamiento y el uso de su pabellón a cualquier nave, lo que implica la incorporación de ella al sistema establecido en el Convenio.
Así, en virtud de este instrumento se establece un mecanismo de control respecto de las operaciones de pesca en alta mar, sobre la base de las responsabilidades que asumen los Estados que otorgan a las naves pesqueras el derecho a llevar su pabellón. Igualmente, ellos son los habilitados para autorizar a sus barcos para pescar en alta mar y someter las operaciones pertinentes en esa área marítima a las condiciones de la autorización, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las medidas internacionales vigentes o de las que a futuro puedan tomarse con respecto a la ordenación y conservación de los recursos vivos en alta mar.
Cabe destacar que la adopción de este Acuerdo representa una importante ventaja, pues refuerza la potestad de Chile para regular la pesca de sus nacionales en alta mar, quienes hoy sólo encuentran sustento normativo en la aplicación de la Ley General de Pesca y Acuicultura y en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esto resulta especialmente importante en el caso de las pretensiones de nuestros nacionales parea operar en áreas marítimas más allá de las aguas jurisdiccionales chilenas.
El Acuerdo aparece, así, como un instrumento que en el largo plazo puede contribuir a una adecuada gestión pesquera en alta mar, de particular relevancia para Chile por la existencia de pesquerías migratorias o transzonales, que ameritan una regulación fuera de la zona económica exclusiva. Para las naves nacionales, tal regulación podría adoptarse sobre la base de las normas del Acuerdo.
Por otra parte, su aprobación resulta fundamental en vista de la celebración de acuerdos regionales de regulación para la adopción de medidas de ordenación y conservación de las pesquerías en el Pacífico Sur (es el caso del "Acuerdo de Galápagos", suscrito el año 2000) y frente a las pretensiones de los Estados de aguas distantes, en la medida en que permite condicionar la participación y la permanencia en tales instrumentos a la fijación y cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Código de Embanderamiento.
Además, debe considerarse que, en virtud de este Acuerdo, se radican en el Estado del Pabellón importantes responsabilidades fiscalizadoras.
Finalmente, el Acuerdo contribuirá a una disminución de las actividades de pesca ilegal en alta mar.
Sometido a votación, el proyecto de acuerdo en análisis fue aprobado en general y en particular en la Comisión por la unanimidad de sus miembros presentes.
Señor Presidente , el Acuerdo en comento es de suma importancia para Chile, ya que nuestro país es dueño de un espacio marítimo que prácticamente abarca todo el cuadrante suroriental del océano Pacífico.
En él se prevé la pesca como una actividad económica de relevancia estratégica creciente en el mundo, que como tal pasa a ser un bien codiciado por las grandes potencias y, por tanto, sujeto al juego de sus intereses y poderes.
Esto me lleva a hacer presentes tres aspectos que, a mi juicio, merecen remarcarse.
Primero, el carácter estratégico de la pesca como actividad que implica la explotación de un bien codiciable y de creciente relevancia económica para el desarrollo de los Estados ha llevado a que la comunidad mundial se encuentre preparando el denominado "Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable". Se piensa que la demanda y el interés por acceder a las grandes pesquerías oceánicas van a ser tan grandes en el futuro que no sólo se producirán fricciones y problemas internacionales, sino que además será necesario evitar el agotamiento de los recursos de alta mar debido a la captura indiscriminada.
El Acuerdo que hoy se somete a la consideración de la Sala formará parte de ese Código, que si bien aún es esquemático, no se ha concretado, obliga a plantear aspectos adicionales contenidos en otros convenios, algunos de los cuales todavía no han sido ratificados por Chile.
Por eso, en la Comisión de Relaciones Exteriores se sugirió que el Supremo Gobierno formule una declaración interpretativa en el sentido de que la adhesión al denominado "Acuerdo de Embanderamiento" no supone necesariamente una toma de posición por parte de nuestro país respecto a convenios internacionales de los cuales no es parte hasta el momento.
En tal virtud, solicito, en nombre de la referida Comisión, oficiar a la señora Canciller para que, si lo tiene a bien, emita una declaración interpretativa en los términos expresados. Esto es sumamente importante para el tercer aspecto que presenta este Acuerdo en cuanto a que, frente a los intereses de ciertas naciones europeas, no se está dando un instrumento adicional para reforzar la acción del Estado y, por esa vía, obligar a los países que han suscrito convenios con Chile a someterse a las normas nacionales que se establezcan para proteger determinadas especies.
Por último, insisto en un punto que, aunque no se visualiza bien, posee suma relevancia y refuerza el Acuerdo de Galápagos. Me refiero a crear una unidad dentro de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que agrupa a los cuatro países ribereños de esa zona -Chile, Perú, Ecuador y Colombia-, con el objeto de realizar una acción colectiva y coordinada para proteger nuestra pesca más allá de las 200 millas, en el área que el Senador que habla llama "mar presencial".
El Convenio, señor Presidente, es sobremanera importante para estructurar una administración pesquera que regule las presiones e intereses futuros de las grandes potencias sobre espacios marítimos hoy ricos, poco explotados y que van a ser demandados insistentemente por ellas.
Por las razones indicadas, votaré a favor del proyecto.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, que queda despachado en este trámite.
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Convenio sobre Cooperación Comercial y Económica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Ucrania, suscrito en Santiago el 3 de mayo de 1999, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3062-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 9ª, en 5 de noviembre de 2002.
El Convenio tiene como objetivo establecer, en el ámbito de las respectivas legislaciones y de conformidad con los compromisos internacionales, un marco jurídico adecuado para crear condiciones favorables que permitan expandir y facilitar el comercio bilateral de bienes y servicios recíprocos, como también propender al fomento de las inversiones mutuas.
La Comisión de Relaciones Exteriores, en su informe, luego de describir el instrumento internacional, propone a la Sala, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Ávila, Cariola, Martínez y Valdés), que el proyecto de acuerdo sea aprobado en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, sugiere al señor Presidente que sea discutido en general y en particular a la vez.
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo, que cumple su segundo trámite constitucional, tuvo origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República .
El Convenio sobre Cooperación Comercial y Económica en análisis se inscribe en el marco de la política del Gobierno de Chile en orden a ampliar, mantener y dinamizar los lazos de amistad y cooperación con la comunidad internacional, especialmente con aquellos países con los cuales se puede, mutuamente, ofrecer y obtener valiosos aportes de cooperación en materia comercial y económica, como sucede con la República de Ucrania.
Los acuerdos de esta clase tienen especial relevancia cuando se suscriben con Estados que no son miembros de la Organización Mundial del Comercio, como en este caso, ya que en su virtud las partes se otorgan recíprocamente el trato de nación más favorecida en el comercio de bienes y servicios, y trato nacional en cuanto al comercio de bienes.
Finalmente, cabe destacar que el objetivo del presente Acuerdo es establecer, en el ámbito de las legislaciones respectivas y de conformidad con sus compromisos internacionales, un marco jurídico adecuado que cree condiciones favorables con el fin de expandir y facilitar el comercio bilateral de bienes y servicios recíprocos, así como propender al fomento de inversiones mutuas.
Sometido a votación, el proyecto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa en la forma propuesta.
Ha llegado a la Mesa el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la consulta del Excelentísimo señor Presidente del Senado acerca del alcance de lo dispuesto por el artículo 8º del Reglamento de la Corporación, que establece causales de impedimento para participar en determinados asuntos. (Boletín Nº S 643-10).
Se tiene presente.
¿Se va a repartir a todos los Senadores?
Se está imprimiendo.
A los señores Ministro de Minería y Presidente Ejecutivo de CODELCO , planteándoles las CONSECUENCIAS DE ERROR DE CÁLCULO EN PROCESO DE TRASLADO DE 2.500 TRABAJADORES DESDE CHUQUICAMATA A CALAMA.
A los señores Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y Presidente Ejecutivo de CODELCO , solicitándoles información acerca de PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL EN CHUQUICAMATA (todos de la Segunda Región).
A la señora Ministra de Educación , pidiéndole FINANCIAMIENTO PARA SEGUNDA ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN DE LICEO LUIS A. BARRERA, DE PUNTA ARENAS (Duodécima Región).
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores , planteándole INQUIETUD POR DENOMINACIÓN DE BUQUES ARGENTINOS "CABO DE HORNOS" Y "CANAL BEAGLE".
A los señores Ministros de Hacienda y de Economía y al señor Subsecretario de Pesca , solicitándoles información en cuanto a AVANCE DE CREACIÓN DE FONDO SOLIDARIO PARA INDEMNIZACIONES DE TRIPULANTES DE FLOTA PESQUERA DE PUERTO CHACABUCO CESANTES (Undécima Región).
A los señores Ministro de Bienes Nacionales y Presidente del Consejo de Monumentos Nacionales , haciéndoles presente la necesidad de FISCALIZACIÓN DE EVENTUAL EXTRACCIÓN DE ARENA CERCA DE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN CARTAGENA (Quinta Región).
A los señores Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Intendente de Santiago y Director de la COREMA de la Región Metropolitana , pidiéndoles información respecto de EFECTOS MEDIOAMBIENTALES NEGATIVOS DE PROYECTO "CANTERAS DOMINGA Y LA VIÑA", DE CEMENTO MELÓN, EN MAIPÚ Y CUENCA DE SANTIAGO (Región Metropolitana).
A la señora Ministra de Educación y al señor Alcalde de Puerto Montt, exponiéndoles IRREGULARIDADES EN ESCUELA MUNICIPALIZADA MARCELA PAZ, DE PUERTO MONTT (Décima Región).
A los señores Subsecretario de Telecomunicaciones y Gerente General de la Empresa de Correos de Chile, solicitándoles informaciones concernientes a CIERRE DE OFICINAS DE CORREOS EN COMUNAS DE LA DÉCIMA REGIÓN; y a diversas autoridades, requiriéndoles CONTESTACIÓN A OFICIOS SIN RESPUESTA.
En el tiempo del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Canessa.
Señor Presidente , hace algunos meses me referí a la necesidad de aclarar el sentido, alcance y fundamento jurídico del logo institucional que el Gobierno está usando en reemplazo del tradicional escudo de armas chileno.
Como se recordará, el Poder Ejecutivo fue requerido al efecto por esta Corporación, y el señor Ministro Secretario General de Gobierno contestó que dicho cambio era legal, pues no existía ninguna objeción jurídica para que el Jefe del Estado estableciera una imagen distintiva del Gobierno y que tal figura fuera adoptada por los organismos administrativos, pues así lo había resuelto la Contraloría General de la República.
Solicité entonces que dicho órgano de control proporcionara al Senado el texto de aquella resolución y copia de los antecedentes en virtud de los cuales se autorizó al Gobierno para implantar un cubo tricolor diseñado por una empresa de publicidad, en reemplazo del escudo de armas que por siglo y medio simbolizó el Estado de Chile y su Gobierno. Mediante oficio Nº 22.689, de 20 de junio último, el señor Contralor comunicó al Senado que su pronunciamiento se contiene en el dictamen Nº 6.140, de 19 de febrero de 2001, que adjuntó en fotocopia. Pues bien, dicho documento atiende una inquietud de la Cámara de Diputados, similar por cierto a la que nos ocupa ahora en la Sala, aunque, en mi opinión, dista mucho de ser una respuesta satisfactoria.
En efecto, me llama la atención que la Contraloría, luego de pasar revista al tipo de relación existente entre el Presidente de la República y la Administración del Estado -un punto ajeno a la materia en estudio y sobre el cual no hay controversia-, se limite a señalar textualmente: "en consecuencia, atendido que los servicios públicos son entidades que forman parte del Gobierno, en el sentido orgánico que empleó la Carta Fundamental, y que se encuentran sometidos al Jefe del Estado por vínculos de dependencia y supervigilancia, no se advierte objeción jurídica para que el Presidente de la República establezca una imagen distintiva del Gobierno, que incluya la frase "Gobierno de Chile", a adoptar por tales órganos administrativos.". Fin de la cita.
Puedo estar equivocado; pero me parece que todavía es válido aquello de que en Derecho Público sólo se pueda hacer lo expresamente autorizado y, aplicando dicho aforismo al presente caso, debo suponer que, a juicio del ente Contralor, el señor Presidente de la República está facultado para establecer una suerte de gallardete de mando propio, esto es, destinado a ser utilizado por la Administración que preside, y sólo durante el período de su mandato. Con esa lógica, cada vez que se produzca un cambio de Gobierno la Presidencia de la República y los órganos de la Administración Pública lucirán una imagen corporativa propia.
No conozco una norma que los autorice para ello. Por el contrario, está vigente el decreto Nº 1.534, de 18 de octubre de 1967, Ministerio del Interior, que determina los emblemas nacionales y reglamenta su uso. El artículo 1º de dicho cuerpo legal señala que los emblemas nacionales son: el Escudo de Armas de la República, la Bandera Nacional, la Escarapela o Cucarda , y el Estandarte Presidencial o Bandera Nacional de Chile. Y no hay otro emblema público en el Estado de Chile.
Ahora bien, el número 6) del artículo 60 de la Constitución establece que modificar "la forma o características de los emblemas nacionales" es materia de ley. Y, que yo sepa, ninguna autorizó alterar la forma legal del escudo nacional, que incluye en su base una cinta con el lema "Por la razón o la fuerza", ni menos ha ordenado crear el escudo del Gobierno a que nos hemos referido.
Lamento ser majadero en este asunto; pero, teniendo en consideración los elementos de juicio que acabo de exponer, no puedo sino solicitar que se oficie nuevamente al señor Contralor General de la República para que nos explique el razonamiento en virtud del cual ha determinado que la creación de una nueva imagen corporativa de Gobierno se ajusta a Derecho.
Creo indispensable despejar cabalmente este asunto. Para la mayoría de los chilenos, el respeto a los símbolos patrios tiene enorme significación. Nuestra Nación tiene que evolucionar para seguir avanzando hacia el cumplimiento de su destino -¡quién lo duda!-, pero sin dejar de ser por ello lo que esencialmente es. En caso contrario, la identidad común se desdibujará y la cohesión social se irá perdiendo poco a poco, pero inexorablemente.
Debo añadir que ni siquiera en este gesto se ha sido original. En muchos lugares, fuerzas del mismo signo están empeñadas en romper las tradiciones seculares creyendo así impulsar el avance hacia lo que se suele llamar posmodernidad. Pero, como no se trata de un juego inocente, ha sido necesario tomar cartas en el asunto. Y así, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de anular, a petición de una entidad privada, el acuerdo de la Administración que reemplazaba el escudo heráldico de Barcelona por una figura de diseño abstracto, según algunos visionarios, más acorde con los tiempos...
Edificar el porvenir supone ser capaz de asumir el pasado colectivo. Los símbolos forman parte de nuestro acervo común, cimiento firme de lo que las próximas generaciones podrían llegar a realizar. No les privemos de la gloriosa herencia que representan los emblemas de la Patria.
Por todo lo anterior, reitero mi solicitud de que se oficie al señor Contralor General de la República para que, al tenor de lo precedentemente expuesto, se pronuncie e informe al Senado, de manera expresa y concreta, sobre la legalidad de la imagen corporativa que está usando el actual Gobierno.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado por el señor Senador , con adhesión de los Senadores señores García , Horvath , Martínez , Vega y Cordero.
En lo que resta del tiempo correspondiente al Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Vega.
Señor Presidente , me referiré a algunos comunicados de institutos de estudios mencionados en el Senado hace algunos días con motivo del debate sobre el proyecto de Ley de Presupuestos. Entonces, se hizo alusión a distorsiones que afectarían a una organización muy importante en Chile -la Dirección de Aeronáutica Civil-, relativas a sus procedimientos y eficiencia. Conozco la materia, y quiero exponer algunos alcances técnicos que en nada la comprometen. Me parece pertinente hacerlo ahora. Pedí la palabra en aquella ocasión, pero como entonces el tiempo disponible era escaso, no pude intervenir.
Creo que el sistema aeronáutico nacional figura entre los primeros del mundo. Definitivamente, se ubica entre los diez o doce dispositivos de control de vuelo más importantes del orbe. Se destaca por su gestión de seguridad técnica, y es calificado con grado 3 de seguridad aérea por la Federación Nacional Norteamericana de Aviación. Es el único país que ha alcanzado tal categoría en Latinoamérica. Esto demuestra que una institución estatal administrada adecuadamente, bien racionalizada, puede obtener niveles de eficiencia tan altos como los exhibidos por el sector privado. En consecuencia, los juicios emitidos a su respecto sobre la gestión financiera, la excelencia de su personal y su capacidad operacional carecen de fundamento real y riguroso. Su sobresaliente administración es consecuencia directa del elevado estándar profesional de su potencial humano, preparado en instituciones de la Defensa y, principalmente, en la Fuerza Aérea. Son pocos los organismos de aeronáutica del mundo que disponen de escuelas tan eficientes, incluido el aspecto seguridad, que ni siquiera es considerado en las de Estados Unidos.
En la actualidad, la Dirección es responsable del control de 500 mil operaciones aéreas al año y del transporte de alrededor de 10 millones de pasajeros, que representa un crecimiento espectacular en los últimos diez años, si se considera que a comienzos de los 90 los usuarios sólo alcanzaban a cerca de dos millones. Asimismo, maneja cerca de 300 mil toneladas de carga, certifica aproximadamente mil aeronaves y otorga más de 7 mil licencias de especialistas nacionales y extranjeros. Entre paréntesis, todos los pilotos de las líneas aéreas internacionales que vuelen en el país deben ser calificados por esta Dirección.
Desde 1992 el sistema aeronáutico de Chile dejó de recibir aporte fiscal y debe autofinanciarse sobre la base de las tasas aeronáuticas -que es parte de su presupuesto-, de derechos de embarque, de concesiones y de servicios anexos.
En consecuencia, los aeropuertos con mayor tráfico son los que sostienen -particularmente el de Arturo Merino Benítez - la seguridad y control de vuelo -que dependen básicamente de la calidad de las radioayudas, de los radares y de la información satelítica, y que apoyan a los aviones comerciales desde el despegue hasta su aterrizaje-, y la red de aeropuertos y aeródromos con sus respectivos terminales aéreos.
Lamentablemente, estas fuentes de financiamiento se han visto limitadas -ése es el actual problema de fondo-, porque los recursos obtenidos no son reinvertidos ciento por ciento en el sistema de seguridad aeronáutico, y un porcentaje importante se deriva a las empresas que licitan aeropuertos y terminales -es parte del progreso-, lo que ha generado puntualmente un debilitamiento en el perfeccionamiento de la seguridad aérea, principalmente, por ejemplo, en el FIR Puerto Montt, que es el segmento de vuelo entre esa ciudad y Punta Arenas.
En la respectiva Subcomisión de Presupuestos, se comentó este debilitamiento y la falta de un radar para mantener un control positivo de los vuelos entre Puerto Montt y Punta Arenas. Quedó de estudiarse, por parte de la Dirección de Aeronáutica, un sistema alternativo para que las compañías aéreas nacionales continúen operando carga aérea desde esa zona a los centros industriales de los países desarrollados. Se hizo un buen perfeccionamiento desde Punta Arenas y se segmentó desde Puerto Montt a Iquique, y desde esa ciudad directamente a los Estados Unidos o Europa.
Por lo tanto, creo que la autoridad política debe considerar alternativas económicas más eficientes que las licitaciones para dar una solución puntual a este problema regional.
El desarrollo aeronáutico hoy día es un problema país, o de Estado, por lo que debiera reestudiarse el actual sistema de licitaciones aeroportuarias, muy positivo para las empresas y consorcios constructores, pero con cero aporte a la seguridad de vuelo, que es el eje y el núcleo vital del sistema. El mejoramiento de aeropuertos no puede hacerse a costa de la seguridad de vuelo y no existe alternativa económica para su perfeccionamiento.
Por estas razones, me llamó la atención que durante el análisis del Presupuesto de la Nación para el año 2003 se catalogara la gestión financiera de la Dirección de Aeronáutica como "poco eficiente y poco austera".
Señor Presidente , es conveniente generar instancias para conocer y comprender técnicamente la compleja y real gestión de esta Dirección. Hoy es un elemento esencial y directo para la integración a los Tratados con la Unión Europa y con Estados Unidos. Sin este eslabón fundamental, Chile no podrá conectarse a estos grandes polos de desarrollo.
Dentro de los próximos seis años entrarán en servicio aeronaves con alcances superiores a los 14 mil kilómetros y con nueva generación de sistema de navegación satelital. Ambos avances tecnológicos implicarán un mejoramiento complejo e inevitable tanto para la red de infraestructura aeronáutica del país como para el equipamiento del tránsito aéreo.
Por lo tanto, ante la visión distorsionada que se tiene de esta esencial institución del sistema aeronáutico nacional, solicito que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones cite a representantes de la Dirección General de Aeronáutica y del Ministerio de Obras Públicas, y al Director de Aeropuertos , para que expongan las políticas y planes de desarrollo, aspectos esenciales para el Chile moderno que deseamos para los próximos años.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador , de conformidad al Reglamento, petición a la que adhieren los Honorables señores Lavandero , Martínez , Canessa , Aburto y Horvath .
El Comité Institucionales 2 no hará uso de la palabra.
En el tiempo del Comité Mixto Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
Señor Presidente , junto con agradecer al Comité Mixto Partido Por la Democracia la cesión de su tiempo, quiero aprovechar la ocasión para referirme al Día Internacional del Sida, que el 1º de diciembre se conmemoró en Chile, al igual que en todo el mundo, como una forma no sólo de recordar a los cientos de miles de personas que han muerto por esta enfermedad, sino también de hacer conciencia en la sociedad sobre sus peligros y verdaderos alcances.
Según diversas estadísticas, existen en la actualidad alrededor de 50 mil chilenos infectados con el virus del sida, cifra que, sin lugar a dudas, esconde un número mayor, ya que no todas las personas se practican los exámenes para detectar este mortal virus.
Nadie puede desconocer que en Chile se han dado pasos importantes para enfrentar esta enfermedad, como la dictación de la ley que estableció un sistema de protección a las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y las diversas campañas informativas desarrolladas por el Ministerio de Salud, la Iglesia y organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, pues cada día que pasa nuevos chilenos -especialmente jóvenes- adquieren la enfermedad y otros mueren por la acción del sida.
Debemos entender que, más allá de los esfuerzos particulares como país, el tema del virus de la inmunodeficiencia adquirida debe ser abordado como un fenómeno mundial y, por lo tanto, requiere una solución global. Consciente de esta situación, la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas desde hace casi dos décadas ha venido desarrollando una estrategia global que incluye, por primera vez en la historia de la lucha contra una enfermedad, el respeto a los derechos humanos y, como puntos centrales, la protección contra la discriminación y la promoción de los valores de la solidaridad y comprensión.
Es así como en octubre de 1987 -es decir, hace 15 años- ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, su Secretario , al referirse al combate contra el sida, señaló textualmente: "es también la lucha contra el miedo, contra el prejuicio y contra las acciones irracionales nacidas de la ignorancia, porque éstas son las causas de algunas de las violaciones más críticas a los derechos humanos".
Entonces, es necesario avanzar para que la sociedad chilena en su conjunto, en cada una de sus actividades, respete la dignidad básica de la persona humana. Y son justamente la discriminación y la estigmatización que sufren día a días las personas portadoras del VIH las que atentan contra la dignidad de los enfermos.
Lamentablemente, hoy, en pleno siglo XXI, los portadores del virus del sida siguen siendo discriminados y segregados en Chile tanto en el plano laboral como en el educacional, lo que, sumado a juventud de la gran mayoría de los infectados y el alto costo de los tratamientos, determina que quien sufre la enfermedad queda virtualmente en la indigencia. Esto ha llevado a señalar a diversos dirigentes ligados a organizaciones relacionadas con este síndrome "que los enfermos de sida en nuestro país mueren más por la discriminación y la pobreza antes que por la enfermedad".
Por eso, en nuestro país debe asegurarse el término de toda discriminación y segregación, y, por otro lado, que en los recintos de salud pública los portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) reciban toda la atención que requieren, ya que no es posible que aún hoy muchos de ellos se encuentren en lista de espera para poder recibir sus medicamentos, situación que agrava su salud hasta la muerte.
Señor Presidente , combatir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida no sólo es tarea de un grupo de expertos en medicina, de autoridades gubernamentales o del personal de salud: es igualmente misión de toda la sociedad.
El único comportamiento ético que debe definir la lucha contra el sida es el respeto de los derechos humanos. Ese flagelo presenta un gran desafío a la conciencia humanista y solidaria: el de que todas las personas, cualquiera que sea su enfermedad, puedan vivir y morir dignamente y con la deferencia que, como seres humanos, merecen de otros que se consideran también seres humanos.
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI .-
Señor Presidente , cada cierto tiempo, diversos organismos internacionales han destacado a nuestro país como uno de los más probos del mundo y el primero de América Latina en ese sentido. Tal distinción no es mérito de un Gobierno en particular, sino el resultado de una larga tradición republicana de servicio público, prestado con dedicación y esfuerzo por varias generaciones de chilenas y chilenos que, en la gran mayoría de los casos, han ejercido sus funciones con honestidad, eficiencia y patriotismo. Fruto de ello es que se nos mire con respeto y admiración, lo que ha contribuido a que Chile sea valorado como estable y atractivo para invertir, circunstancia que genera más crecimiento y más empleos.
Esa realidad es un patrimonio que se debe cuidar y fortalecer, sobre todo en momentos en que la conducta impropia de unos pocos pareciera tender un manto de duda sobre la honorabilidad de todos los funcionarios. Los hechos conocidos en el último tiempo son graves y pueden erosionar la percepción general sobre la probidad pública, además de causar en el mediano o largo plazo un daño irreparable a nuestra imagen como país.
Los acontecimientos recientes han provocado el categórico rechazo de la ciudadanía, que hoy exige medidas concretas. Aquí se hallan en juego nuestra voluntad y capacidad de hacer más transparente la gestión pública. Por lo mismo, todo esfuerzo que signifique contribuir a cuidar la ética pública debe ser apoyado.
Un Gobierno al servicio de la ética pública
Mi preocupación por el tema no es nueva. El Gobierno que tuve el honor de presidir impulsó diversas iniciativas destinadas a instaurar una política de Estado para el ámbito a que hago referencia. Fue así como a través de diversos instrumentos administrativos se determinó un sistema de auditoría y control interno gubernamental.
En efecto, por medio del instructivo presidencial Nº 6, de 3 de mayo de 1994, se solicitó a los Ministros de Estado la designación de auditores calificados que se encargaran, bajo su dependencia, de implementar modernas herramientas de auditoría en apoyo de la gestión.
Con posterioridad, otro instructivo presidencial, de agosto de 1994, estableció el Plan Prototipo de Auditoría, a través del cual se solicitó un examen detallado de las políticas de recursos humanos y la constante revisión y control de las metas ministeriales.
También cabe recordar el decreto supremo Nº 70, de abril de 1995, que aprobó el Primer Programa de Auditoría Gubernamental , obligando a cada Ministerio a desarrollar un programa sectorial.
Un año más tarde se dictó el instructivo presidencial Nº 96, sobre examen integral de los procesos asociados a los contratos directos de bienes y servicios y a la adjudicación de licitaciones en el sector público. Uno de los resultados más destacables de este último trabajo fue el diseño de un nuevo sistema de compras y contrataciones públicas, materializado en 1999 a través del decreto supremo Nº 1.312, del Ministerio de Hacienda. Ello fue complementado con el envío al Congreso del proyecto de ley que regula los contratos administrativos, en actual tramitación, como tantos otros que demoran años en el Parlamento.
A las anteriores iniciativas se sumaron, en 1997, el decreto supremo Nº 12, que creó el Consejo de Auditoría General de Gobierno; el instructivo presidencial que dispuso el examen integral del uso de las consultorías externas por parte del Gobierno; el instructivo presidencial en el sentido de que los intendentes crearan unidades de auditoría interna en los gobiernos regionales, y, finalmente, en 1998, el instructivo presidencial que ordenó el examen integral a los sistemas de control interno institucionales.
Mención especial merece la entrada en vigencia, durante 1999, de las leyes Nº 19.645, que modificó el Código Penal, respecto de los delitos de corrupción, y Nº 19.653, que dictó normas sobre probidad administrativa. Esta última implicó modificar varios cuerpos legales, como la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y el Estatuto Administrativo, entre otros.
Deseo recordar que en 1994 convoqué a la Comisión Nacional de Ética Pública, que planteó 41 iniciativas administrativas y legales, y siete proyectos de ley que han sido aprobados por el Congreso. Y gran parte de ello se encuentra hoy en operación.
El relato de las acciones en ese ámbito reviste el mérito de consignar no sólo el esfuerzo realizado, sino que también permite concluir -lo que es más importante aún- que dicha tarea aún es insuficiente, a la luz de determinados hechos que cada cierto tiempo hacen resaltar que no podemos cesar de revisar y perfeccionar nuestras instituciones y actuaciones.
En tal sentido, considero que el trabajo de auditoría interna de Gobierno, efectuado a través de los instrumentos administrativos antes descritos, requiere necesariamente consagración legal, que le permita contar con una institucionalidad estable en el tiempo. Es preciso disponer de un control permanente, que se traduzca en que las autoridades superiores - Presidente de la República , Ministros, intendentes- sean informadas oportuna y verazmente de las deficiencias y eventuales irregularidades que lleguen a afectar la gestión. Al control externo, siempre indispensable, debe acompañar un sistema de control interno que actúe complementariamente en forma rápida y, en lo posible, preventiva.
Para ello, se debe establecer una adecuada coordinación entre los órganos externos y un sistema de control interno descentralizado y ágil, que se caracterice por poseer un órgano permanente, al más alto nivel, con independencia funcional, de amplia cobertura, esencialmente preventivo y coordinador, marcadamente técnico, de asesoría a la alta dirección gubernamental y con una estructura organizacional pequeña y desconcentrada.
El Consejo de Auditoría y su proyección futura
Al asumir mi mandato, nos encontramos con que no existía un órgano especializado que cumpliera a cabalidad las funciones de coordinar y orientar el proceso asociado al control interno de la Administración. Era indispensable adquirir una experiencia compatible con nuestra forma de Estado, sistema de Gobierno y control externo, efectuado este último principalmente por la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República.
Para cubrir ese vacío se creó, mediante decreto supremo, el Consejo de Auditoría General de Gobierno, como un organismo asesor del Presidente . Las funciones respectivas no las mencionaré en detalle, pero se hallan claramente explicadas en el proyecto de ley que hoy presento junto a la bancada de Senadores de la Democracia Cristiana.
La actividad que ha desarrollado y sigue desarrollando esa entidad es muy positiva, pero demuestra que, para ser eficaz, es indispensable una organización permanente. Ello significa, entre otras cosas, explicitar el ámbito de acción sobre los temas asociados a la probidad pública, contar con una planta de personal independiente de las de los Ministerios y no formar parte del organigrama de una Cartera determinada, porque le corresponde conocer un asunto que supera las competencias sectoriales.
Todo lo anterior, que hoy opera a nivel de reglamento y en las Secretarías de Estado y las intendencias, debe establecerse en virtud de una ley. Por tal razón, la Honorable Cámara de Diputados, coincidiendo con lo expuesto, solicitó formalmente al Presidente de la República , mediante oficio de 1998, la presentación de un proyecto de ley para consagrar un sistema permanente de auditoría interna de Gobierno.
Concretar esa idea exige, lógicamente, el patrocinio del Ejecutivo , que estoy seguro que no dudará en otorgar, pero, por sobre todo, el apoyo de todos los partidos políticos representados en el Honorable Congreso Nacional. A todos ellos apelo y convoco para apoyar ésta y otras iniciativas que permitan fortalecer las instituciones públicas y, en último término, el sistema democrático.
Para terminar, informo que también estoy trabajando en un proyecto sobre el lobby, que no tiene ningún tipo de regulación en el país. En mi última visita a Washington recabé los antecedentes de la legislación local - en Estados Unidos existen tres leyes respecto del tema- y espero presentar un proyecto de ley, en los próximos días, para que sea conocido por el Congreso Nacional.
Por otra parte, tengo aquí el libro "Auditoría interna de gobierno", que trata sobre la experiencia chilena, editado después de terminados los seis años de mi Administración, el que ha recibido reconocimiento internacional. El prólogo fue escrito por la Federación Internacional de Auditores Externos, que agrupa a más de cien países, la cual calificó de notable el trabajo realizado en Chile en esa área. Asimismo, esta obra fue auspiciada por las Naciones Unidas. Además, enmarcada en un convenio suscrito con el Gobierno de los Estados Unidos, recibió un premio del Departamento de Estado como una importante iniciativa tendiente a reforzar la transparencia en nuestro país.
Sin embargo, el trabajo realizado durante los últimos años no ha contado con una ley que lo sustente, lo respalde y le permita funcionar como ocurre en todas las democracias del mundo, con autonomía y autoridad, a fin de que los actos gubernamentales se controlen diariamente y en el momento mismo en que se llevan a cabo. Tal labor es complementaria a la de la Contraloría y en ningún momento se entromete en la función que compete a ésta. Y, como señalé, esto corresponde a una experiencia internacional conocida.
Por lo tanto, doy a conocer este proyecto, solicitando que el Ejecutivo lo incorpore en su agenda sobre probidad.
Señor Senador, ¿está solicitando que se envíe un oficio al Ejecutivo ?
Esta tarde ingresé el proyecto en la Oficina de Partes. De modo que pido oficiar al Ejecutivo, en mi nombre, para que lo patrocine y lo agregue a la iniciativa sobre la materia que el Ministro del Interior está estudiando.
Restan 15 minutos al Comité Demócrata Cristiano.
En nombre del Comité Demócrata Cristiano, que represento, adhiero a la solicitud del Senador señor Frei de oficiar al Presidente de la República , a través de la Secretaría General de Gobierno. Y pido que se envíe también oficio a los Intendentes Regionales, a fin de que, previo a que el proyecto sea patrocinado por el Ejecutivo , adopten los criterios de una sana política de probidad, contenidos precisamente en la intervención que hoy día hizo el ex Presidente de la República y Senador señor Eduardo Frei .
Por lo tanto reitero-, en nombre del Comité Demócrata Cristiano, solicito que estos antecedentes sean enviados al Gobierno central y a cada uno de los intendentes de nuestro país.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador , en conformidad al Reglamento, con la adhesión del Comité Demócrata Cristiano.
Señor Presidente , no sé si será posible remitir los oficios en nombre de la Corporación. Quiero destacar que se trata de una iniciativa de singular relevancia. De ninguna manera esta materia viene a entrabar -como muy bien lo aclaró el Honorable señor Frei - las competencias actuales de los órganos de control externo, como la Contraloría General de la República. Pero en el mundo de hoy prevalece esta iniciativa, la misma que se adoptó durante el Gobierno del actual señor Senador, la cual es de tal importancia que, a nuestro juicio, amerita que se dicte una ley que la respalde.
Desconozco si será posible acordarlo ahora, por el quórum que se requiere, en el sentido de que los citados oficios se envíen en nombre de la Corporación. Pero pienso que el Senado debe hacerse parte en una iniciativa de tanta relevancia.
Sin perjuicio de lo ya acordado, dejaríamos pendiente la sugerencia de Su Señoría para que en la próxima reunión de Comités se decida si se envían los oficios en nombre del Senado.
Ningún otro señor Senador intervendrá en los 13 minutos que restan al Comité Demócrata Cristiano.
El Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes no hará uso de su tiempo.
Señor Presidente , durante la semana regional tuve la oportunidad de recorrer parte importante del sector sur de la Región de Aisén, donde pude constatar, dentro de sus múltiples desafíos y problemas, algunos que quiero hacer presentes en la Sala.
En las provincias de Capitán Prat y General Carrera, al sur de la comuna de Coihaique, la energía eléctrica tiene uno de los costos más altos, no sólo de Chile, sino del mundo. Esto se debe a un círculo vicioso, ya que se trata de un número reducido de personas que demandan poco al sistema, por lo cual los gastos de instalación resultan bastante elevados, debido a las grandes distancias que se deben cubrir para transmitir la energía. Por otro lado, la demanda tampoco crece, producto del alto valor del servicio eléctrico.
En consecuencia, obviamente, existe la necesidad de que el Estado ejerza una acción subsidiaria, sobre todo en una Región nueva, con una amplia gama de alternativas de desarrollo, especialmente en la línea de una producción limpia. Y, en este sentido, la electricidad calza bien.
La empresa regional ha hecho un esfuerzo importante para readecuar los procedimientos de producción de energía y convertir ésta en renovable, sustituyendo la actual, que emplea petróleo, por sistemas eólicos e hidroeléctricos.
Sin embargo, las dos provincias que mencioné tienen un sistema de producción muy bajo, lo cual lleva a que, por ejemplo, el costo de la energía residencial sea superior a 131 pesos el kilowatt/hora. Ello genera un fuerte impacto social, pues, por una parte, hay habitantes de la zona que no tienen capacidad económica para pagar ese alto precio, y por otra, las industrias del sector tampoco agregan valor a los recursos naturales, por la falta de disponibilidad de energía.
Según el tamaño de los sistemas, la empresa ha propuesto negociar las nuevas tarifas con las comunas respectivas. Empero, los precios ofrecidos resultan inadecuados e imposibles de pagar. Además, tampoco se puede pedir que la compañía tenga pérdidas. Por esta razón, y de acuerdo a las leyes vigentes, las comunas de Cochrane y de Chile Chico han planteado la intermediación de la Comisión Nacional de Energía a fin de que la solución sea justa para las partes.
Por otro lado, existe la posibilidad de interconectar el sistema central de la Región de Aisén con las comunas y las provincias que he señalado. Lo anterior significa conectar en alta tensión al sector de Cerro Castillo con Bahía Murta, donde hay gran cantidad de pobladores rurales y otros que se están reinstalando, producto de la recompra de los predios afectados por la erupción del volcán Hudson, en 1991. Es así como se puede hacer una buena combinación de los programas de electrificación rural para las áreas aludidas, pero con energía de alta tensión que pueda ser utilizada por las industrias de la zona, a lo que se interconectaría el sector sur, el cual se beneficiaría con la reconversión de energía a sistemas renovables.
Por lo tanto, solicito que se oficie, en mi nombre, a la Comisión Nacional de Energía, al Ministerio del Interior y a la Intendencia de la Undécima Región , a fin de que se busque el financiamiento que permita concretar la interconexión mencionada y se resuelva de raíz el problema.
Señor Presidente , en visita a la Región pude constatar que existen dificultades en algunos pasos fronterizos entre Chile y Argentina, por no contar con sistemas computarizados y, en ciertos casos, por la ausencia de las instituciones correspondientes y competentes, como la Policía de Investigaciones. Los trámites pertinentes se transforman en un proceso bastante engorroso, el que, además, en algunos momentos se complica por la falta de líneas telefónicas.
En tal sentido, aparte la regularización de la situación expuesta a través de las tarjetas vecinales, solicito que se oficie en mi nombre a la Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile y al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objeto de que se otorguen las facilidades del caso para que el personal de Investigaciones tenga presencia en el lugar y con ello se haga más expedito el movimiento transfronterizo.
Señor Presidente , en el lago General Carrera -el tercero de mayor superficie en América del Sur-, el acceso a la ribera sur presenta dificultades debido a que la antigua barcaza Pilchero , que el Ministerio de Obras Públicas entregó en concesión, se encuentra en reparaciones y a que la otra barcaza privada que existe en la zona realiza preferentemente transporte de carga. En tal sentido, las localidades del sector se ven muy perjudicadas.
Cabe destacar que, incluso, cuando las embarcaciones funcionan, los traslados se efectúan en condiciones bastante difíciles.
Por lo tanto, es necesario contar con una tercera barcaza que facilite el movimiento de pasajeros y carga entre la parte norte y la ribera sur de este importante lago del país.
Por eso, solicito oficiar al señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones , a fin de que se estudien el subsidio para una tercera barcaza, con tecnología más actual, del tipo catamaranes de alta velocidad, y el proceso de licitación para su compra, a los efectos de conectar en una hora Puerto Ingeniero Ibáñez (capital comunal) con Chile Chico, trayecto que actualmente demora dos horas y media.
Además, se hace imprescindible otra embarcación, por cuanto la ruta pavimentada ya llega desde la conexión del camino Austral hasta Puerto Ingeniero Ibáñez , con lo cual el sistema de barcazas se está transformando en un cuello de botella para el sector sur de la Región de Aisén.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor García.
Señor Presidente , el 18 de junio del año en curso, junto con el Honorable señor Lavandero , nos dirigimos a varias autoridades de Gobierno -entre ellas, a los Ministros de Salud y de Hacienda; al Director de Presupuestos ; al Director Regional del Servicio de Salud Araucanía Sur, y al Subsecretario de Salud - con el propósito de darles a conocer el grave déficit de personal que aqueja al Hospital Regional de Temuco, el centro asistencial más grande de la Región de La Araucanía.
Con fecha 2 de julio aportamos mayores antecedentes a las mismas autoridades y reiteramos nuestra solicitud en cuanto a que, con cargo a los recursos del Presupuesto de 2003, se financiara el servicio de 177 cargos, de distintos estamentos, vitales para el buen funcionamiento de ese centro asistencial.
En nuestra nota recordábamos que "representamos la zona del país que registra la población más vulnerable, con los índices de mayor pobreza, y ello amerita que sus necesidades sean atendidas por parte del Estado con primera prioridad.".
El 16 de julio de 2002, con el Honorable señor Lavandero recibimos una nota de la señora Jefa de Gabinete del Ministro de Salud , donde señalaba: "Por especial encargo del señor Ministro de Salud , acuso recibo de la carta de fecha 2 de julio de 2002, que en conjunto con el Senador señor Jorge Lavandero Illanes , enviaron a esta Secretaría de Estado, haciendo ver el déficit de recursos humanos que presenta el hospital de Temuco.
"Al respecto" -continúa la nota- "le informo que los antecedentes respectivos fueron remitidos a nuestra División de Gestión de la Red Asistencial (Departamento de Gestión de Recursos Humanos), para su estudio y análisis, de forma tal que en su debida oportunidad el señor Ministro de Salud dará a ustedes debida respuesta.".
Señor Presidente , dado que el Parlamento ya despachó el proyecto de Ley de Presupuestos del próximo año y que en estos momentos comienzan a impartirse las instrucciones para la implementación correspondiente, pido que, en nombre del Senador señor Lavandero y en el mío, se oficie al señor Ministro de Salud con el propósito de que nos entregue una respuesta definitiva respecto de la solicitud de financiamiento para 177 nuevos cargos para el Hospital Regional de Temuco.
Señor Presidente , por cierto, apoyo el planteamiento del Senador de mi Región señor García , con quien hemos intervenido insistentemente para regularizar la situación que afecta al Hospital Regional de Temuco , que incluso recibe pacientes prácticamente desde Biobío hasta Valdivia y Osorno .
Por consiguiente, lo solicitado ahora por el Honorable señor García es indispensable. Urge que el Ministro de Salud dé una respuesta concreta a la petición que en diversas oportunidades le hemos formulado. De tal manera que soy copartícipe de la solicitud de Su Señoría.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de los Senadores señores García y Lavandero, de conformidad al Reglamento.
No intervendrán más Comités.
Como sabemos, los artículos 6º y 7º de nuestra Carta Fundamental consagran los principios que informan el Estado de Derecho. De acuerdo a ellos, los órganos del Estado someten su actuación a la constitución y sólo pueden realizar aquellos actos que se encuentren dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley.
En el caso del Tribunal Constitucional sus funciones se enumeran taxativamente en el artículo 82 de la Ley Suprema.
El examen de este precepto permite observar una carencia que es necesario satisfacer. En efecto, siendo dicho Tribunal la entidad llamada a preservar el imperio de la Constitución, carece de la facultad elemental para absolver consultas previas relativas a materias precisamente entregadas a su resolución.
En nuestro sistema jurídico, la institución de la consulta es ampliamente admitida y su procedencia es indiscutida. Se advierte respecto de distintos órganos y en distintas instancias. Es el caso, por ejemplo, de las que el Presidente de la República puede formular al Senado; las que se plantean a la Contraloría General de la República, las que ordinariamente se plantean a los tribunales de justicia a través de los juicios de mera certeza e, incluso, las que, en el ámbito comunal, se formulan a la ciudadanía.
Últimamente, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que el Tribunal Constitucional dirima cuestionamientos referidos a supuestas causales de inhabilidad en el ejercicio del cargo de parlamentario.
Este órgano ya cuenta con la función de pronunciarse sobre estas situaciones. Resulta pertinente, entonces, que pueda, previamente, despejar dudas evacuando el correspondiente dictamen. De este modo solamente se explicita una competencia de que este Tribunal ya dispone y que, en la práctica, evitará pugnas y pérdidas de tiempo innecesarias y, a la vez, otorgará a la ciudadanía la necesidad claridad y certeza jurídica en relación a estas materias.
Para sustanciar esta petición, se mantendría lo que actualmente prescribe el mismo artículo en el sentido de que el Tribunal Constitucional sólo podrá conocer de esta petición a requerimiento del Presidente de la República o de no menos de diez parlamentarios en ejercicio.
En consecuencia, vengo en presentar el siguiente
"Artículo único. Introdúcese la siguiente enmienda al artículo 82 de la Constitución Política:
Agregar el numeral 12º, corrigiendo los numerales que siguen :
"Nº 12.- Absolver consultas de parlamentarios por posibles impedimentos o inhabilidades que pudieren afectarles".
(FDO.): Andrés Zaldívar Larraín, Senador de la República