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Timestamp: 2019-02-21 03:44:56
Document Index: 121937656

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 64', 'artículo 1', 'artículo 171', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 7']

Registro Oficial. 12 de ABRIL del 2002
Viernes 12 de Abril del 2002
REGISTRO OFICIAL No. 554
2526 Autorízase al señor\n Ministro de Gobierno y Policía, suscriba el contrato para\n la adquisición de 30000 rollos de película Polaroid\n VIVA, para las labores exclusivas de identificación y\n cedulación con la compañía Computadoras\n y Equipos Electrónicos del Ecuador CYEDE Cía. Ltda.
2527 Refórmase el Reglamento\n para la Contratación Laboral por Horas, publicado en el\n Suplemento del Registro Oficial No 305 del 12 de abril\n del 2001.
2528 Expídese el procedimiento\n para la devolución de los impuestos al comercio exterior\n pagados por la importación de insumos incorporados en\n productos exportados.
JB-2002-439\n Dispónese\n que las disposiciones del artículo 7 de la Sección\n III Disposiciones generales , de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n solo deben aplicar las instituciones financieras que encuentran\n en procedimiento de saneamiento.
309-2001 José Samuel Aguilar\n Aguilar en contra de la Universidad Técnica de Machala.
310-2001Lolo Modesto Montaño\n Luque en contra de la Universidad Técnica Luis Vargas\n Torres.
313-2001 Yester Urinalda Rivas Valle\n en contra del Presidente de la Casa de la Cultura, Núcleo\n de Manabí.
318-2001\n Celso Ernesto\n López Bravo en contra de la Universidad Técnica\n de Machala.
319-2001 Franklin Almeida Lojas en\n contra de la Universidad Técnica de Machala.
320-2001 Ingeniero Pablo Aucapiña\n Ojeda en contra del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
321-2001 Luis Alfonso Sánchez\n Romo en contra del Director General del IESS.
322-2001\n Precooperativa\n "2 de Agosto" en contra del INDA.
51-AI-2000\n Acción\n de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General\n de la Comunidad Andina contra la República de Venezuela,\n por la no expedición oportuna de permisos fitosanitarios\n para la importación de papa proveniente de Colombia.
-Cantón\n Babahoyo: De\n institucionalización del Cuerpo de Bomberos.
-Cantón\n Sigchos: Sustitutiva\n que reglamenta la prestación del servicio del camal municipal\n y la determinación y recaudación de la tasa de\n rustro.
-Cantón\n Echeandía: Modificatoria\n de la que crea la tasa por servicio de agua potable.
- Juicio\n de expropiación seguido por el Municipio de Guayaquil\n en contra de Ernestina Italia Rosero Matheus vda. de Olmedo y\n otros (3ra publicación).
-Juicio\n de expropiación\n seguido por el Municipio de Pelileo en contra de Gloria Punina\n Pomboza y otros (1ra publicación).
-Juicio\n de expropiación\n seguido por el Municipio de Pelileo en contra de los herederos\n de Angel María Morales (1ra publicación).
-Juicio\n de expropiación seguido\n por la ilustre Municipalidad del Cantón Riobamba en contra\n de los herederos del señor Ramón Andino Rodríguez\n (1ra publicación).
-Juicio\n de expropiación seguido\n por el Municipio de Riobamba en contra de Ana Santillán\n Oleas vda. de Mancero y otros (1ra publicación).
N0\n 2526
Que conforme lo establece el artículo 1 de la Ley General\n del Registro Civil, Identificación y Cedulación,\n reformado por Ley No. 125, publicada en el Registro Oficial No.\n 479 de 26 de abril de 1983, es facultad de la Dirección\n General del Registro Civil, Identificación y Cedulación\n otorgar los documentos de identificación personal a todos\n los ecuatorianos y extranjeros residentes en el país;
Que la Dirección del Registro Civil, Identificación\n y Cedulación para cumplir con este objetivo y atender\n eficazmente a la ciudadanía en virtud del proceso de elecciones\n que se avecina, requiere adquirir 30.000 rollos de película\n Polaroid VIVA;
Que mediante Resolución No. 0038 de 7 de febrero del\n 2002, el señor Ministro de Gobierno y Policía,\n según lo establece el literal j) del Art. 6 de la Ley\n de Contratación Pública, resuelve exonerar de los\n procedimientos precontractuales la adquisición dc 30.000\n rollos de película Polaroid VIVA, cuyo único distribuidor\n es la firma "Computadoras y Equipos Electrónicos\n del Ecuador CYEDE CIA. LTDA";
Que la Contraloría General del Estado y la Procuraduría\n General del Estado mediante oficios Nos. 08681 DCP y 23157 de\n 14 de marzo del 2002, respectivamente, y mediante oficio No.\n 1791 SJM-2002 de 19 de marzo del mismo año, el Ministerio\n de Economía y Finanzas, emiten los informes respectivos,\n de acuerdo a lo que establece el inciso segundo del artículo\n 60 de la Ley de Contratación Pública, publicada\n en el Registro Oficial No. 272 de 22 de febrero del 2001;
Que de acuerdo a la certificación del Departamento\n Financiero de la Dirección General del Registro Civil,\n Identificación y Cedulación, existe la disponibilidad\n presupuestaria para la adquisición de 30.000 rollos de\n película Polaroid VIVA por el valor de US$ 412.968,oo;\n y,
En ejercicio de la atribución que le confieren el inciso\n segundo del Art. 54 de la Ley de Contratación Pública\n y el Art. 77 de su Reglamento de Aplicación,
Art. 1.- Autorizase al señor Ministro de Gobierno y\n Policía, para que por si o por delegación al señor\n Director General del Registro Civil, Identificación y\n Cedulación, suscriba el contrato para la adquisición\n de 30.000 rollos de película Polaroid VIVA, para las labores\n exclusivas de identificación y cedulación, con\n la Compañía COMPUTADORAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS\n DEL ECUADOR CYEDE CIA. LTDA., por un monto de US $ 363.000,oo,\n con cargo a la Partida Presupuestaria No. 53.08.00.000.1 correspondiente\n a "BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTES", previo el cumplimiento\n de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico\n vigente.
\n Art. 2.- Celebrados los contratos o convenios, se remitirán\n a la Contraloría y Procuraduría General del Estado,\n sendos ejemplares de los documentos relativos a los contratos\n o convenios que se suscriban.
Art. 3.- De la ejecución del presente decreto, encárguese\n el señor Ministro de Gobierno, Policía y Municipalidades.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 4 de abril del 2002.
f) Marcelo Merlo Jaramillo, Ministro de Gobierno y Policía.\n Es fiel copia del original.-
N0 2527
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1406, publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 305 del 12 de abril del 2001, se expidió\n el Reglamento para la Contratación Laboral por Horas;
Que es necesario reformar dicho reglamento para darle mayor\n impulso a la reactivación del trabajo productivo, y de\n esta manera cumplir con los propósitos delineados por\n el Gobierno Nacional a través de la Ley para la Promoción\n de la Inversión y la Participación Ciudadana, y,
En ejercicio de la atribución constante en el numeral\n 5 del Art. 171 de la Constitución Política de la\n República del Ecuador.
REFORMAR EL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACION LABORAL POR HORAS,\n publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 305 del 12\n de abril del 2001, en los siguientes términos:
ARTICULO UNO: En el artículo tercero, sustitúyanse\n los incisos primero y segundo, por los siguientes:
Art. 3.- De las regulaciones para el contrato por horas para\n la ejecución de labores continuas.- Cuando las labores\n fueren continuas, entendiéndose por aquellas las que se\n ejecutan regularmente y de manera sistemática durante\n todo el año, en jornadas de ocho horas diarias y cuarenta\n horas semanales, como generalmente se desarrollan en la industria\n manufacturera o en el comercio, considerando su especial modalidad,\n se permite el trabajo suplementario, entendiéndose por\n tal, exclusivamente a aquel que supere la jornada ordinaria semanal\n de cuarenta horas, que se pagará con el cincuenta por\n ciento de recargo, no en función de la duración\n de la jornada diaria sino del total de horas laboradas en la\n semana que excedan las cuarenta y hasta un máximo de cincuenta\n y dos, sin considerar para el efecto si la jornada diaria es\n inferior o superior a la máxima ordinaria de ocho horas;\n e indistintamente si la relación contractual implica el\n trabajo en uno, varios o incluso en los siete días de\n cada semana.
Prohíbese en esta modalidad de contratación\n mantener simultáneamente trabajadores contratados por\n horas por un número que exceda al cuarenta por ciento\n del total de los trabajadores contratados por tiempo indefinido\n o a plazo fijo.
ARTICULO DOS: En el Art. 4, introdúzcanse las siguientes\n modificaciones:
-	Sustitúyase el primer inciso; por el siguiente: "Art.\n 4.- De las regulaciones para el contrato por horas para la ejecución\n de labores discontinuas.- Si las labores fueren discontinuas,\n no se aplicará la restricción porcentual determinada\n para los contratos por horas para la ejecución de labores\n continuas a las que se hace referencia en el artículo\n anterior".
- En el literal c), a continuación de: "Educación\n particular", agréguese: "transporte público".
- Como inciso final, agréguese lo siguiente: "En\n este tipo de labores se aplicarán los mismos conceptos\n que para el pago de sobretiempo constan expresados en el inciso\n primero del articulo precedente".
ARTICULO TERCERO: En el artículo 9, después\n del inciso primero, agréguese como segundo inciso, el\n siguiente:
"En los contratos por hora para la ejecución de\n labores continuas, así como en aquellos excepcionados\n en función del número de trabajadores, a los que\n se refieren los artículos 3 y 5, respectivamente, del\n presente Reglamento, en el correspondiente contrato individual\n de trabajo, los empleadores deberán formular una declaración\n en el sentido de que con la respectiva contratación no\n se excede el porcentaje límite o el número de trabajadores,\n según el caso, establecidos en este Reglamento".
ARTICULO CUARTO: En el artículo 13, agréguense\n los siguientes incisos:
"Para el efectivo ejercicio de los derechos y obligaciones\n respecto al pago completo y oportuno de las respectivas remuneraciones\n que tienen derecho a percibir los trabajadores contratados por\n horas, los empleadores que empleen a más de quince trabajadores\n bajo esta modalidad, deberán llevar controles donde consten\n registradas las horas efectivamente laboradas".
El presente decreto entrará en vigencia a partir de\n su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución\n encárguese el señor Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos.
\n Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 4 de abril del 2002.
f.) Martín Insua Chang, Ministro da Trabajo y Recursos\n Humanos.
N°\n 2528
Que el sistema de dolarización implementado en el Ecuador\n exige consolidar un esquema competitivo para las exportaciones\n ecuatorianas;
Que el artículo 64 de la Ley Orgánica de Aduanas\n consagra el derecho de los exportadores a obtener la devolución\n de los impuestos pagados en las importaciones sujetas a ese régimen\n especial;
Que la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas\n regula la devolución a los exportadores del IVA pagado\n en actividades de importación;
Que el Decreto Ejecutivo N° 2048 de 31 de octubre del\n 2001, publicado en el Registro Oficial N0 503 de 28 de enero\n del 2002 estableció en el artículo 1 como política\n prioritaria de Estado la Agenda Nacional de Competitividad;
Que en las acciones para propender a la competitividad nacional\n que constan en la agenda señalada, bajo el titulo apertura\n comercial, consta la de implementar la devolución condicionada\n de impuestos a las exportaciones;
Que es necesario armonizar y unificar los procedimientos de\n devolución de los impuestos al comercio exterior, de conformidad\n con las leyes que los rigen;
Que el proceso de devolución a implementarse exige\n establecer un adecuado sistema de control y fiscalización\n a efectos de salvaguardar los recursos del Estado;
Que el Directorio del Servicio de Rentas Internas expidió\n el día 3 de abril del 2002 una resolución en la\n cual acordó constituir oficinas únicas del Servicio\n de Rentas Internas con la Corporación Aduanera Ecuatoriana,\n CAE, para la administración del régimen especial\n aduanero de devolución condicionada de tributos, la que\n por tanto será la que realice la gestión de la\n devolución condicionada de impuestos al comercio exterior\n a los exportadores que cumplan las condiciones y el procedimiento\n establecido en el decreto que para dicho efecto expida el Presidente\n de la República; y,
En ejercicio de sus deberes y atribuciones previstas en el\n numeral 5 del artículo 171 de la Constitución Política\n de la República,
Expedir el procedimiento para la devolución de los\n impuestos al comercio exterior pagados por la importación,\n de insumos incorporados en productos exportados.
Art. 1.- ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- La devolución\n de impuestos que regula el presente decreto se efectuará\n a través de un procedimiento unificado que se realizará\n en Oficinas Unicas de Devolución de Impuestos, las que\n se integrarán con personal, ya sea de la administración\n pública o que para el efecto se contrate y que determine\n la Corporación Aduanera Ecuatoriana y el Servicio de Rentas\n Internas. Estas Oficinas Unicas de Devolución de Impuestos\n deberán estar habilitadas en el término de 8 días\n contados a partir de la vigencia de este decreto.
Art. 2.- BASE DE CALCULO.- Para la devolución de los\n impuestos pagados se procederá a determinar un porcentaje\n del precio FOB de las mercaderías exportadas, para cada\n exportador que solicite la devolución, a través\n de la matriz insumo-producto que será aprobada por la\n Corporación Aduanera Ecuatoriana y el Servicio de Rentas\n Internas en el plazo máximo de 8 días contados\n a partir de la vigencia de este decreto. Este porcentaje será\n determinado a través de una auditoria que practicarán,\n a pedido de la Corporación Aduanera Ecuatoriana o del\n Servicio de Rentas Internas, universidades legalmente establecidas,\n o auditores debidamente autorizados o calificados por las Superintendencia\n de Bancos y Compañías, a costa del exportador.\n Los informes de auditoría deberán ser presentados\n en un plazo máximo de treinta días contados a partir\n de la fecha de la solicitud inicial presentada por el exportador.\n La Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE y el Servicio\n de Rentas Internas determinarán, de conformidad con la\n ley, el mecanismo para sufragar los costos de estas auditorias.
Efectuada la auditoria y determinado el porcentaje de devolución,\n siempre que el proceso productivo no se modifique y que los elementos\n que sirvieron de base para la auditoría se mantengan inalterados,\n el exportador tendrá derecho a que la devolución\n del porcentaje así determinado le sea entregado de manera\n automática y recurrente, en la forma y plazos que más\n adelante se determinan, siempre que cumpla con los requisitos\n previstos en este decreto y sin perjuicio de la obligación\n del Estado de fiscalizar que el monto devuelto se ajuste plenamente\n al valor de los impuestos efectivamente pagados en la importación\n de las mercaderías o insumos exportados.
Art. 3.- SOLICITUD DE DEVOLUCIONES.- El procedimiento de devolución\n a los exportadores previsto en el artículo 2, se inicia\n con la presentación de la respectiva solicitud en las\n Oficinas Unicas de Devolución de Impuestos, debidamente\n suscrita por el representante legal de la empresa o su mandatario,\n insertando en forma detallada y rigurosamente técnica\n lo siguiente:
a.	Números de formularios y refrendos de las Declaraciones\n de Importación DUIs que sirvieron de base para la importación\n directa del total o parte de los bienes incorporados al producto\n final exportado;
b.	Copias de las facturas de proveedores nacionales, a los\n cuales haya adquirido asamos de origen extranjero, en las que\n se encuentre el número del RUC de los mismos y el precio\n pagado;
c.	Números de formularios y refrendos de los FUEs\n que sirvieron de bases a la exportación de los bienes\n finales que dan origen a la devolución condicionada;
d.	Descripción del proceso que desarrolló la\n unidad productiva, a partir de los diferentes insumos o componentes\n importados o nacionales;
e.	La estructura de costos y precios en donde deberá\n constar el porcentaje que significa el valor de los siguientes\n conceptos en relación con el precio FOB de exportación\n del producto final, por unidad de producto importado:
1.	Valor CIF de materias primas de origen extranjero, incluyendo\n por separado el valor de los desperdicios o mermas irrecuperables.
2.	Valor Ex Work de la mano de obra directa incorporada por\n unidad de producto exportado.
3.	Valor agregado de gastos generales de producción\n fabricación, por unidad de producto exportado.
4.	Valor de utilidad o margen de rentabilidad bruta, el que\n deberá ser expresado como un porcentaje del valor FOB;
f	Identificación por su nombre comercial y número\n de RUC de cada uno de los proveedores locales de materias primas\n e insumos nacionales o extranjeros;
g.	Los productos que importa habitualmente a consumo y a régimen\n aduanero suspensivo de pago de impuestos, para incorporarlos\n a su proceso de elaboración exportable, cuantificando\n desagregadamente lo que haya pagado efectivamente en importaciones\n durante el período que se trate y haciendo constar, según\n corresponda:
1.	Número de formularios y refrendos de los DUIs.
2.	Valores CIF.
3.	Derechos arancelarios.
4.	Salvaguardias
5.	Base imponible para IVA.
6.	Monto de IVA pagado.
7.	Valor ex Aduana.
8.	Base para el ICE.
9.	Monto de ICE,
h.	Información en una hoja electrónica de la\n masa de tributos al comercio exterior efectivamente pagados,\n así como su aplicación a las exportaciones efectivamente\n realizadas, indicando para cada insumo que incorpore a la estructura\n de insumo -producto la siguiente información: posición\n arancelaria de la importación, valor CIF unitario, valor\n de derechos arancelarios, valor de tributos internos (IVA e ICE),\n total de tributos al comercio exterior pagados en cada unidad\n del insumo importado;
i.	Declaración de la cantidad de insumo nacional e\n importado que ha sido incorporado por unidad de producto final\n exportado, considerando los desperdicios o mermas irrecuperables\n que como descarte no tiene recuperación alguna en el proceso\n productivo; y,
j.	Determinación de la relación porcentual efectiva\n de los tributos pagados con relación al valor FOB facturado\n y documentado en los FUEs por el periodo que se trate, para lo\n cual se deberá dividir el monto total de los tributos\n pagados por cada bien final exportado, por el precio FOB unitario\n de dicho bien exportado, multiplicando el resultado por cien.
En las solicitudes, se exigirá que de manera sustentada\n se compruebe la relación impuestos / insumo / producto\n exportado para el periodo que corresponda.
Recibida la solicitud, si ésta cumple los requisitos\n señalados, en el termino máximo de 2 días,\n el Jefe de la Oficina Unica de Devoluciones dispondrá\n que las auditoras o universidades señaladas en este decreto\n procedan a efectuar una auditoria para determinar el porcentaje\n de devolución previsto en el articulo 2 de este decreto.\n Los informes de auditoría deberán ser presentados\n en el término máximo de 12 días contados\n a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la\n recepción de los resultados de la auditoria que establezca\n el porcentaje de devolución, mediante resolución\n única debidamente motivada, el Gerente General de la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana y la Directora del Servicio de Rentas Internas\n dispondrán el registro del solicitante para acceder a\n la Devolución Condicionada de Impuestos.
En caso de que la solicitud no fuese clara, sea incompleta\n o se haga necesaria su ampliación, las Oficinas Unicos\n de Devolución, en un plazo no mayor a tres días\n hábiles, notificará al peticionario para que la\n aclare, complete o amplíe.
El exportador estará obligado a mantener en archivo,\n por el plazo de tres años, copias auténticas de\n los documentos que sustentan la devolución de impuestos\n solicitada y concedida, los mismos que deberán ser presentados\n durante los procesos de auditoria. Este plazo se contará\n a partir de la devolución de los impuestos.
La devolución deberá ser solicitada por el exportador\n registrado en el plazo máximo de 180 días hábiles,\n contados a partir de la fecha constante en el refrendo puesto\n por la CAE en el FUE respectivo.
La petición inicial para la devolución, en este\n procedimiento, no podrá contener la pretensión\n de devolución de impuestos pagados por importaciones efectuadas\n con una antelación mayor a veinticuatro (24) meses antes\n de la fecha de exportación, contados desde la cancelación\n registrada por el banco recaudador ni podrá incluir la\n devolución de impuestos que hubieran sido anteriormente\n reclamados.
Art. 4.- DEVOLUCION CON GARANTIA.- No obstante lo indicado\n en los artículos 2 y 3, los exportadores que desearen\n acogerse al sistema de devolución automática, inmediatamente\n después de la expedición de este decreto, tendrán\n derecho a la devolución de hasta el cinco (5%) del valor\n FOB exportado, siempre que previamente a la devolución\n rindan una garantía del 100% del valor a recibir, improrrogable\n y con vigencia por 30 días. Esta garantía cubrirá\n los resultados de las auditorias que para cada caso se deberán\n efectuar a través de las auditoras o universidades indicadas\n en este decreto, que determinarán el valor de Ios impuestos\n pagados que deben ser devueltos y el porcentaje específico\n de devolución.
En el evento de que no se llevare a cabo la referida auditoría,\n la garantía fenecerá en los plazos señalados,\n sin que pueda exigirse una nueva para que el exportador continúe\n acogiéndose al sistema en las mismas condiciones iniciales,\n sin perjuicio de la facultad prevista en el inciso segundo del\n artículo 2 de este decreto, para el periodo que corresponda.
Este sistema se aplicará hasta tanto se efectúe\n la auditoría que permita determinar el porcentaje señalado\n en el artículo 2 de este decreto, para lo cual se concede\n un plazo máximo de 30 días contados a partir de\n la solicitud de devolución a que se refiere este articulo.
Para la auditoria el exportador deberá presentar toda\n la información referida en el articulo 3 de este decreto.
Art. 5.- SOLICITUD DEL SISTEMA DE DEVOLUCION AUTOMATICA.-\n Las personas naturales o jurídicas que se dedican a la\n exportación y que deseen acogerse al régimen de\n Devolución Condicionada de Impuestos (Draw Back), prevista\n en el artículo 4, deberán presentar una solicitud\n en las Oficinas Unicas de Devolución de Impuestos señaladas\n en el artículo 1 de este decreto, para lo cual presentarán\n una solicitud que contenga:
a.	La petición de acogerse al régimen de Devolución\n Condicionada de Impuestos;
b.	La razón social de la beneficiaria, número\n del RUC, nombre del representante legal, domicilio tributario\n de la casa matriz y de las sucursales y la especificación\n del domicilio para notificaciones;
c.	La descripción del proceso productivo del bien exportado,\n adecuado a lo prescrito en este reglamento y específicamente\n a la matriz insumo-producto prevista en este decreto; y,
\n d.	La declaración en la que reconozca como cierta la información\n constante en su petición.
El Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana\n y la Directora del Servicio de Rentas Internas, o sus delegados,\n mediante resolución única debidamente motivada,\n dispondrán el registro del solicitante para acceder a\n la Devolución Condicionada de Impuestos, luego de la verificación\n del cumplimiento de los requisitos previstos en los literales\n a), b), c) y d) de este artículo, en un plazo que no podrá\n exceder de tres (3) días contados a partir de la fecha\n de presentación de la solicitud del exportador. En la\n misma resolución se dispondrá la realización\n de una auditoría, que determinará el valor de los\n impuestos pagados que deben o debían ser devueltos y el\n porcentaje de devolución, para cuyo efecto se presentarán\n a la auditora todos los documentos señalados en el articulo\n 3 de este decreto, para el periodo que corresponda.
En coso de que la solicitud no fuese clara, sea incompleta\n o se haga necesaria su ampliación, la Oficinas Unicas\n de Devolución, en un plazo no mayor a tres días\n hábiles, notificarán al peticionario para que la\n aclare, complete o amplíe, para lo cual les concederá\n un plazo de cinco días. Si transcurrido el plazo no se\n la complete o amplía, se denegará la solicitud\n y se dispondrá su archivo.
Art. 6.- INFORME OBLIGATORIO.- Las Oficinas Unicas de Devolución\n de Impuestos, sobre la base de la documentación presentada,\n elaborarán el informe respectivo, que versará sobre\n el cumplimiento de los requisitos previstos en este decreto y\n remitirán todo el expediente al Gerente General de la\n Corporación Aduanera Ecuatoriana y a la Directora del\n Servicio de Rentas Internas, para su conocimiento y decisión,\n acompañando, según corresponda, el proyecto de\n resolución, que deberá mencionar los productos\n de exportación, su descripción comercial y el ítem\n arancelario respectivo.
Art. 7.- EXPORTACIONES FUTURAS.- Dictada la correspondiente\n resolución, el exportador solicitará, de manera\n automática y recurrente a la Oficina Unica de Devolución\n de Impuestos que corresponda, la emisión de las Notas\n de Créditos Tributario por los impuestos pagados en las\n exportaciones efectuadas, siempre que justifique el ingreso de\n las divisas y cumpla con los requisitos previstos en este decreto.
Art. 8.- PLAZO PARA LA EMISION DE NOTAS DE CREDITO.- La Corporación\n Aduanera Ecuatoriana y el Servicio de Rentas Internas deberán\n emitir las Notas de Crédito por el valor de la devolución\n en un término no mayor a (5) días hábiles,\n contados a partir de la fecha en que el exportador presente la\n solicitud señalada en el artículo 7 de este decreto.\n El incumplimiento de esta disposición dará lugar\n a la destitución de los funcionarios responsables, previo\n el cumplimiento de las garantías del debido proceso y\n obligará al Gerente General de la Corporación Aduanera\n Ecuatoriana y a la Directora del Servicio de Rentas Internas\n a emitir, en el término de 24 horas, las correspondientes\n Notas de Crédito Tributario. En este caso, se repetirá\n contra los funcionarios responsables por los perjuicios que se\n causen al Estado.
Art. 9.- EXCLUSIONES.- No es admisible la Devolución\n Condicionada de Impuestos (Draw Back) en los siguientes casos:
a)	Impuestos que no se hubieren pagado efectivamente en la\n importación;
b)	En la proporción que se hubiere acogido a algún\n régimen especial aduanero,
c)	En la proporción utilizada como crédito tributario;\n y,
d)	En la exportación de hidrocarburos, sean del sector\n público o privado.
Art. 10.- CONTROLES OPERATIVOS.- La Corporación Aduanera\n Ecuatoriana y el Servicio de Rentas Internas mantendrán\n una permanente coordinación con el Ministerio de Comercio\n Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, Ministerio\n de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador y todo\n órgano de la Administración Pública necesario\n para precautelar el interés fiscal y evitar la práctica\n de actos fraudulentos.
La Corporación Aduanera Ecuatoriana podrá ejercer\n sus trabajos de auditoria por el lapso de tres años, contados\n a partir de la devolución, por importaciones o exportaciones\n realizadas al amparo de este régimen especial, para lo\n cual podrá contratar auditorias especializadas.
Art. 11.- VIGENCIA DE NUEVOS PORCENTAJES.- Si como resultado\n de las auditorías practicadas, se determina que el porcentaje\n de devolución no corresponde a los impuestos efectivamente\n pagados, sin perjuicio de proceder a la recuperación de\n los valores indebidamente devueltos, inclusive por vía\n coactiva, se procederá a determinar un nuevo porcentaje,\n el que regirá para las siguientes devoluciones.
Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas\n en el Código Tributario y en la Ley Orgánica de\n Aduanas, los casos en que aparezcan indicios de fraude, determinados\n como consecuencia de las auditorías practicadas, serán\n denunciados a la Fiscalía General del Estado.
Art. 12.- DEROGATORIA.- Derógase en forma expresa todas\n las normas reglamentarias o de inferior rango jerárquico\n expedida por cualquier órgano del Estado o persona jurídica\n de la Administración Pública que regule la devolución\n de los impuestos que aquí se reglamente. Se derogan así\n mismo los artículos 121 al 127 del Reglamento a la Ley\n Orgánica de Aduanas.
Art. 13.- VIGENCIA.- El presente decreto entrará en\n vigencia desde el día siguiente al de su publicación\n en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese\n a la Corporación Aduanera Ecuatoriana y al Servicio de\n Rentas Internas, entidades que, de conformidad con sus competencias,\n dictará las disposiciones que sean necesarias para la\n plena aplicación de este decreto.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a abril 4 del 2002.
\n No.\n JB-2002-439
Que en el Subtitulo VIII "Disposiciones generales a otras\n normas", del Titulo XIV "Disposiciones generales"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, consta el Capítulo\n XIII "Normas para la aplicación del Decreto Ejecutivo\n No. 1.168, publicado en el Registro Oficial No. 257 de 1 de febrero\n del 2001, que contiene el reglamento de reestructuración\n de créditos del sector productivo con las instituciones\n financieras";
Que el articulo 7 de la Sección III "Disposiciones\n generales" del citado capítulo dispone que: "Sólo\n los créditos vencidos y adeudados a instituciones financieras\n en procedimiento de saneamiento a puerta cerrada bajo la administración\n de la Agencia de Garantía de Depósitos podrán\n extinguirse, total o parcialmente, con certificados de depósito\n garantizados por la AGD, los que serán recibidos a valor\n nominal.";
Que la redacción de la norma citada en el considerando\n anterior, ha presentado dudas en cuanto a su alcance y aplicación,\n lo que determina la necesidad de emitir un criterio interpretativo\n único que debe observarse de manera consistente y homogénea;
Que la Junta Bancaria, en sesión celebrada el 21 de\n marzo del 2002, interpretó las disposiciones contenidas\n en el articulo 7 de la Sección I; y,
ARTICULO 1.- Las disposiciones del artículo 7 de la\n Sección III "Disposiciones generales", del Capítulo\n XIII "Normas para la aplicación del Decreto Ejecutivo\n No. 1.168, publicado en el Registro Oficial No. 257 de 1 de febrero\n del 2001, que contiene el reglamento de reestructuración\n de créditos del sector productivo con las instituciones\n financieras", del Subtitulo VIII "Disposiciones generales\n a otras normas", del Título XIV "Disposiciones\n generales" de la Codificación de Resoluciones de\n la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n solo deben aplicar las instituciones financieras que se encuentran\n en procedimiento de saneamiento. Los deudores de las instituciones\n financieras públicas y privadas, podrán extinguir\n sus deudas, total o parcialmente, con certificados u otros títulos,\n de conformidad con las disposiciones constantes en el Capitulo\n XVIII "Norma para el pago de deudas con certificados u otros\n títulos", del citado Subtitulo VIII.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, a los veintiún días del mes de marzo\n del año dos mil dos.
f) Econ. Miguel Dávila Castillo, Presidente de la Junta\n Bancaria
LO CERTIFICO: Quito, Distrito Metropolitano, a los veintiún\n días del mes de marzo del año dos mil dos.
f.) Dr. Diego Fernando Navas Muñoz, Secretario de la\n Junta Bancaria.
N0 309-2001
Quito, a 5 de noviembre del 2001; las\n 09h15.
VISTOS (263/00): El Ing. Víctor Cabrera Jaramillo,\n Rector de la Universidad Técnica de Machala deduce recurso\n de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal\n Distrital N0 2 de lo Contencioso Administrativo en el juicio\n seguido por José Samuel Aguilar Aguilar contra la entidad\n antes señalada; sentencia de mayoría en la cual\n se declara con lugar la demanda y se dispone que la demandada\n pague al actor la cantidad de diecinueve millones trescientos\n cuarenta y dos mil seiscientos cuatro sucres. Sostiene el recurrente\n que en la sentencia impugnada se han infringido los artículos:\n 38 y 52 de la Ley de Modernización del Estado; 6, 7, 30\n lit. b), 31 y 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso\n Administrativa; 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público;\n 71 de la Ley de Presupuesto para el Sector Público; 19\n de la Ley de Casación; 168, 169, 182 y 184 del Código\n de Procedimiento Civil, violaciones que a su criterio han configurado\n las causales constantes en los numerales primero y tercero del\n Art. 3 de la Ley de Casación por falta de aplicación\n de las normas de derecho y por falta aplicación de las\n normas procesales. Durante la correspondiente oportunidad procesal,\n se calificó el recurso estableciéndose la competencia\n de la Sala para conocerlo y resolverlo, por lo que habiéndose\n agotado en el caso el trámite establecido por la ley,\n es pertinente el que se dicte sentencia, a efecto de lo cual\n se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO.- El Art. 6\n de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa\n dispone que: "No corresponden a la jurisdicción contencioso\n administrativa: a) Las cuestiones que, por la naturaleza de los\n actos de los cuales procede o de la materia sobre que verse,\n se refieren a la potestad discrecional de la administración.";\n en tanto que el Art. 7 amplía lo que corresponde especialmente\n a la potestad discrecional, señalando en el lit. c): "Las\n decisiones que nieguen o regulen gratificaciones o emolumentos\n no prefijados por una ley o reglamento, a los funcionarios públicos\n que presten servicios especiales". En el caso es evidente\n que se reclama el pago de una compensación por retiro\n de la entidad establecido por la Universidad Técnica de\n Machala a favor de quienes renuncien voluntariamente a sus labores\n como servidores de la entidad, la misma que conforme reconoce\n expresamente el actor y consta de autos, fjs. 29 y 30 ha sido\n establecida mediante resolución. La renuncia voluntaria\n constituye un proceso dentro de la modernización de las\n instituciones públicas y por lo mismo renunciar voluntariamente\n constituye un servicio especial a favor de la entidad; a tal\n punto que reconociendo la singular naturaleza de esta renuncia,\n con carácter general el Art. 52 de la Ley de Modernización\n creó una compensación específica para tales\n casos. La compensación creada mediante resolución\n de 23 de mayo de 1991, es decir antes de que se dicte la Ley\n de Modernización del Estado, por la demandada, es un emolumento\n no prefijado por una ley o reglamento, establecido a favor de\n los funcionarios públicos de la Universidad de Machala\n que presentaban su renuncia voluntaria. Por consiguiente, es\n evidente que el acto materia de la impugnación, contiene\n cuestiones que por su naturaleza se refieren a la potestad discrecional\n de la administración. Examinada la sentencia de mayoría\n se encuentra que en ella no se ha considerado este aspecto del\n acto impugnado, por lo que es evidente que hubo una falta de\n aplicación del Art. 6 lit. a) y del Art. 7 lit. c) de\n la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,\n falta de aplicación que es suficiente fundamento para\n la aceptación del recurso y que por su efecto releva a\n esta Sala del examen de las otras normas que se dice han sido\n violadas. Existiendo fundamento para aceptar el recurso, es decir\n una violación de derecho concretamente establecida, de\n conformidad con lo que dispone la Ley de Casación en su\n Art. 14, corresponde a la Sala, casando la sentencia impugnada,\n expedir la que en su lugar correspondiere con el mérito\n de los hechos establecidos en la sentencia o auto.- TERCERO.-\n Descartada la vieja doctrina, según la cual existían\n actos discrecionales, y aceptada por la norma positiva la nueva\n doctrina, según la cual un acto administrativo, como el\n impugnado, tiene elementos discrecionales, que en el caso están\n dados por la circunstancia de la existencia de un emolumento\n que no ha sido prefijado por la ley o reglamento a favor de servidores\n públicos que presten un servicios especial, es evidente\n que la existencia de tal elemento en el acto administrativo no\n le libera a éste estar sujeto a la justiciabilidad, y\n en consecuencia corresponde a la jurisdicción contencioso\n administrativa conocer y resolver sobre tal acto, controlando\n su legalidad o ilegalidad, desde luego no con el método\n tradicional para los actos reglados, sino siguiendo el procedimiento\n de la doctrina apoyada por la jurisprudencia establecida para\n el control del ejercicio de la potestad discrecional dentro de\n los actos administrativos. La ley es la única fuente de\n los actos administrativos, exista o no en estos elementos discrecionales\n (Art. 119, de la Constitución Política de la República).\n La diferencia está en que la ley o el reglamento en la\n mayor parte de los casos regla hasta el detalle la realización\n de los actos administrativos, siendo este el caso de los actos\n reglados, pero puede suceder que si bien la ley regla la posibilidad\n del nacimiento del acto administrativo deja algún detalle\n o elemento sin reglar, dejando al criterio subjetivo del administrador,\n y en tal evento estamos ante la existencia de actos administrativos\n en los que el administrador puede ejercer la potestad discrecional.\n La labor del Juez en el primer caso, es decir, en el de los actos\n administrativos totalmente discrecionales, se reduce a establecer\n si el administrador cumplió con toda la normatividad establecida\n por la ley; en tanto que habiendo elementos discrecionales en\n un acto administrativo, el Juez debe ejercer su labor de control\n de la legalidad, primero estableciendo si el administrador al\n producir el acto administrativo, cumplió con los elementos\n reglados que en el existen, y si esto ocurre, tendrá que\n someter el caso a los métodos de control de la discrecionalidad\n que la moderna doctrina administrativa los acepte universalmente.\n Y es que conforme hemos demostrado anteriormente en todo acto\n administrativo existen elementos reglados aunque coexisten elementos\n discrecionales. La doctrina universal ha establecido la existencia\n de por lo menos cuatro elementos reglados en todo acto administrativo\n en el que se haya ejercido la potestad discrecional, los cuales\n aparecen de la normatividad legal. Estos son: a) La existencia\n misma de la potestad; b) La extensión de tal potestad\n discrecional, la cual conforme señalamos anteriormente\n no' puede ser absoluta; c) El órgano atribuido de la competencia\n para ejercer la potestad discrecional; y, d) El fin por el cual\n la ley ha concedido tal potestad discrecional al administrador.\n Si el acto sujeto a análisis por el Juez supera el control\n de los elementos reglados, este puede aplicar las cinco vías\n o métodos de control no ya de los elementos reglados,\n sino de los elementos discrecionales del acto administrativo.\n Los cuatro primeros de tales métodos fueron enunciados\n inicialmente en forma específica, como consecuencia de\n la aplicación reiterativa de la jurisprudencia francesa\n y española, por Eduardo García de Enterría,\n en su célebre conferencia pronunciada en la Facultad de\n Derecho de la Universidad de Barcelona, el 2 de marzo de 1962,\n y que luego fue publicada en un opúsculo denominado: "La\n lucha contra las inmunidades de poder", el cual a la presente\n constituye un clásico de la doctrina administrativa. El\n quinto es resultado de la elaboración de la jurisprudencia\n del Consejo de Estado Francés que ha sido aceptada universalmente.\n Estos son: a) El control del fin y la desviación de poder\n b) El control de los hechos determinantes; c) El control de los\n principios generales del derecho; d) El control de la inequidad\n manifiesta y, e) La técnica del balance de costo beneficio\n (Consejo de Estado Francés, 1971, Arret Ville Nouvelle\n Est.).- CUARTO.- -Aplicando la metodología antes señalada\n al caso tenemos lo siguiente: es evidente que la universidad\n demandada tiene facultades, como consecuencia de su autonomía,\n consagrada por la Constitución, para dictar resoluciones\n como las ejercidas, tanto para establecer la compensación\n por retiro de la entidad, como para reformarla, limitarla o derogarla.\n Ahora bien, habiendo la ley establecido una compensación\n con carácter general para quienes presenten sus renuncias\n voluntarias y habiéndose referido en la norma a otros\n beneficios similares, es evidente que han establecido los limites\n de la extensión da la potestad discrecional en esta materia\n (Art. 52, inc. 5 de la Ley de Modernización del Estado).\n El texto legal al respecto señala: "Para los casos\n en que los beneficiarios de esta compensación cuenten\n en sus respectivas entidades u organismos con un fondo de cesantía\n u otro similar, creado anteriormente, y que hubiere sido alimentado\n con recursos de la institución públicos y propios,\n no serán considerados como parte de la compensación\n por separación voluntaria, ni como indemnizaciones y deberán\n ser entregados al trabajador, empleado o funcionario dentro de\n un plazo máximo de 90 días independientemente de\n la compensación creada por esta ley, de modo que la tina\n no excluye a la otra. De la transcripción anterior se\n establece claramente que la compensación adicional a la\n que se refiere la norma, puede ser entregada al empleado, funcionario\n o trabajador, siempre que cumpla las condiciones establecidas\n en dicha ley. La primera de ellas es que la entidad cuente con\n un fondo de cesantía u otro similar, el que, para ser\n tal, debe haber sido alimentado con recursos provenientes de\n la entidad y del trabajador o funcionario, condición este\n "sine que non para la existencia de cualquier prestación\n que se considere fondo de cesantía o similar. Tan es evidente\n esto, que a continuación la norma, luego de señalar\n que tal fondo debía haber sido creado con anterioridad\n a la compensación del Art. 52, señala: ".\n . .y que hubiere sido alimentado con recursos de la institución,\n públicos y propios...", es decir recursos institucionales\n y recursos del trabajador. En el caso es evidente que la resolución\n del Consejo Universitario tomada con fecha 23 de mayo de 1991,\n crea una compensación originada exclusivamente en recursos\n institucionales, para cuyo cumplimiento, en ningún caso,\n se ha conformado un fondo especial, el cual por no existir, no\n podía ser alimentado con fondos de la institución\n y particulares de los futuros beneficiarios. Lo anterior, nos\n demuestra sin duda alguna que el acto administrativo impugnado\n es legitimo, en cuanto la autoridad que lo emitió tenía\n atribución para ello, siendo así, por otra parte,\n que en cuanto a la extensión de la potestad discrecional,\n es evidente que la ley lo había limitado únicamente\n a los casos señalados, por lo que no cumpliendo los requisitos\n formales exigidos por ésta, no podía proceder de\n otra manera el Consejo Universitario que negando la petición\n como lo hizo. Tan evidente es esta situación, que la Corte\n Suprema de Justicia, en sesión de 5 de septiembre del\n 2001, dirimiendo los fallos contradictorios expedidos por la\n Sala titular de lo Contenciosos Administrativo y la Sala de Conjueces\n de la misma materia, adoptó una resolución generalmente\n obligatoria, según la cual: "Para el pago de beneficios\n adicionales a la compensación previste en el articulo\n 52 de la Ley de Modernización del Estado, se deberán\n cumplir las condiciones puntualizadas en el inciso quinto de\n la citada disposición legal", a las que nos hemos\n referido anteriormente. Sin otras consideraciones, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se casa la sentencia re unida y se desecha la demanda. Sin costas.-\n Notifíquese, devuélvase y publíquese.
Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia\n Moreno, Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez Permanente\n de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Excma. Corte\n Suprema de Justicia.
RAZON: Las tres copias que anteceden son iguales a su original.-\n Quito, a 18 de enero del 2002.
N0 310-2001
Quito, a 5 de noviembre del 2001; las\n 09h30.
VISTOS (390/00): José Benito Reyes Pazmiño deduce\n recurso de casación contra la sentencia dictada por el\n Tribunal Distrital N0 4 de lo Contencioso Administrativo dentro\n del juicio propuesto por Lolo Modesto Montaño Luque; sentencia\n en la cual se acepte parcialmente a la demanda. Sostiene el recurrente\n que en el fallo impugnado se han infringido las siguientes normas\n de derecho: 2438 y 2445 del Código Civil; 65 de la Ley\n de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 9 y 10\n del Reglamento Unico de Estabilidad de