Source: https://ecoleygranada.es/category/civid/
Timestamp: 2020-04-10 17:48:24
Document Index: 348316185

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 6', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 275', 'artículo 2']

Covid – ECOLEY | Economistas & Abogados
2nd abril 2020 /0 Comentarios/en Covid /por lalaau
PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO Y DE LOS LANZAMIENTOS PARA HOGARES VULNERABLES SIN ALTERNATIVA OCUPACIONAL
Ante la situación excepcional provocada por la pandemia y el consiguiente estado de alarma, en los últimos días han sido muchas las disposiciones publicadas, en concreto, entre los días 27, 29 y 31 de marzo de 2020, el Gobierno español ha publicado, hasta tres Reales Decreto-Leyes.
El pasado 11 de marzo de 2020, la OMS declaró pandemia internacional a la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19. La crisis sanitaria con la consiguiente declaración del estado de alarma, ha motivado una profusa actividad legislativa para adoptar medidas urgentes que tratando amortiguar el impacto de esta crisis que no tiene precedentes.
En el último de ellos, el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico.
Nos vamos a centrar en desgranar las medidas de apoyo a las familias y colectivos vulnerables en relación con los arrendamientos de viviendas habituales.
El ARTÍCULO 1 regula la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa ocupacional.
Una vez levantada la suspensión de los plazos procesales, cualquier persona que haya pasado a ser desempleada, o afectada por un ERTE, o reducido su jornada o, siendo autónomo hay sufrido una “pérdida sustancial de ingresos”, y que no disponga de otra “solución habitacional,” y siempre que su unidad familiar gane menos de 1.613,52 € ( más 161,35 € por hijo), si tiene interpuesto en contra un desahucio, podrá solicitar del Letrado de la Administración de Justicia, (en adelante LAJ (no se aclara si con abogado o procurador)), que se está en situación de vulnerabilidad, acompañado la documentación señalada en el artículo 6 del Real Decreto-Ley, de la que disponga o mediante declaración responsable.
Comunicada el LAJ iniciará el plazo de suspensión extraordinaria. No se aclara si el LAJ debe valorar esas circunstancias, pudiendo aceptar o rechazar esa petición. No obstante puede entenderse que si no se acredita la vulnerabilidad, podría rechazar la petición. Será difícil ese supuesto, puesto que
cabe sustituir la aportación de la documentación con una declaración responsable del propio peticionario sobre la concurrencia de requisitos. El trámite sería el siguiente:
Petición al LAJ acreditando la situación de vulnerabilidad y aportando documentación y/o declaración responsable.
El artículo ordena que comunique esa petición a los Servicios Sociales competentes y paraliza el procedimiento en el estado en que se encuentre.
Los Servicios Sociales competentes deben emitir informe (entretanto suspendidas las actuaciones).
LAJ atendiendo a ese informe, fijará plazo de suspensión, nunca superior a 2 de octubre de 2020.
Si el arrendador está en situación vulnerabilidad, puede presentar escrito acreditando su situación y el LAJ lo trasladará a Servicios Sociales para que se tenga en cuenta en la Terminación del plazo y “otras medidas”.
El ARTÍCULO. 2 establece que, si en el periodo comprendido entre 2 de abril de 2020 a dos meses después de fin del estado de alarma, expira el plazo de un arrendamiento de vivienda habitual, puede pedirse una prórroga por seis meses con idénticas condiciones, obligatoria para el arrendador.
Las medidas para procurar la moratoria de la deuda arrendaticia de los arrendatarios en situación de vulnerabilidad se regulan desde el artículo 3 al 9.
El ARTÍCULO 4 regula la aplicación automática a grandes tenedores y empresas o entidades públicas.
Comienza por definir que “gran tenedor” es la persona física o jurídica que disponga de más de 10 inmuebles urbanos (excluidos garajes y trasteros) o un inmueble de más de 1.500 m2.
El arrendatario que este en situación de vulnerabilidad, puede pedir antes del 2 de mayo de 2020 un aplazamiento extraordinario y temporal del pago o una condonación total o parcial (si antes no ha habido acuerdo).
El arrendador comunicará en el plazo de 7 días laborables su decisión a elegir entre:
Una reducción del 50% mientras dure el estado de alarma y durante las mensualidades siguientes que necesite el inquilino, con un máximo de 4 meses. No se dice cómo se gradúa el alcance de la reducción o si pedida ésta el arrendador puede modificar la propuesta. Lo lógico es que no se pueda alterar, pero si lo hace, realmente hay poca posibilidad de maniobra por el inquilino.
Una moratoria en el pago, “que se aplicará de forma automática”, durante el periodo de alarma prorrogable, mensualidad a mensualidad, hasta cuatro meses después del fin de la alarma. La devolución se hará fraccionando lo aplazado en cuotas a pagar durante, mínimo 3 años, o en su caso, por lo que reste por cumplir de contrato, sin penalización ni intereses.
Si el arrendador es gran tenedor o es una entidad pública, el arrendatario debe acreditar la situación vulnerabilidad. La cuestión que se plantea es: ¿puede el arrendador rechazar la petición si entiende que no se acreditada la situación de vulnerabilidad? Hay que tener en cuenta que, difícilmente puede rechazar la acreditación de esa situación dado que se pueden sustituir los documentos acreditativos por una mera declaración responsable a completar en un mes tras fin del estado de alarma.
El ARTÍCULO 5 contiene la definición de la situación de vulnerabilidad económica a efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual.
Concurrencia CONJUNTA de los siguiente requisitos:
Que la persona que esté obligada a pagar el alquiler, “pase a estar” en desempleo, afectado por un ERTE o reducido su jornada por motivos de cuidados; o en caso de ser empresario por otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos que suponga que la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud no gana más de 3x iprem (1.613 euros). (incrementado en 161,31 euros por hijo).
Que la renta, más gastos y suministros básicos suponga un 35% o más de los ingresos netos de la Unidad Familiar
La Unidad familiar la componen el inquilino, su cónyuge o pareja de hecho inscrita con hijos (o bajo tutela, guarda) y parejas de estos.
Se excluye de esa situación al arrendatario que disponga de una vivienda en España, como propietario y usufructuario, con excepción de las heredadas o si se acredita la no disponibilidad por causas ajenas.
Al hablar de “pasen a estar”, parece que se excluye de la vulnerabilidad la situación de desempleo anterior.
El ARTICULO 6 en relación a la acreditación de las condiciones subjetivas establece los documentos que se deben acompañar (Desempleo: Certificado entidad gestora de las prestaciones; Cese actividad trabajadores cuenta propia: Declaración cese actividad; Unidad familiar:. Libro familia, empadronamiento del momento y seis meses antes; Titularidad bienes: Servicio de Índices del Registro de la Propiedad).
Si no se pueden aportar documentos puede sustituirse por declaración responsable.
El ARTÍCULO 8 regula la modificación de las condiciones en arrendamientos con arrendadores que no son grandes tenedores ni son administraciones u organismos públicos.
El arrendatario en situación de vulnerabilidad puede solicitar el aplazamiento o condonación en el plazo de un mes. Antes del 2 de mayo de 2020.
Recibida la solicitud, el arrendador tiene 7 días para comunicar si acepta o posibles alternativas.
Si no acepta, el inquilino puede optar por acceso al programa de ayudas a la financiación.
Si no hay acuerdo, no hay posibilidad de moratoria ninguna.
En el ARTICULO 9 establece que, a través del ICO se desarrollará una Línea de avales para que los Bancos puedan ofrecer ayudas a la financiación de
arrendatarios en situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta 6 años (prorrogables otros 4).
ARTICULO 10 establece un NUEVO PROGRAMA DE AYUDAS con objeto hacer frente a la devolución de los préstanos que se hayan concedido con el límite de 900 euros mes, sin superar 100% renta, o en su caso el 100% principal e intereses del préstamo.
En definitiva, si una familia con dos hijos, afectada por un ERTE o desempleada, gana 1.936 € o menos al mes, con un contrato de alquiler en vigor, contratado con un particular y paga una renta de 450 € y otros 200 de suministros, sin que disponga de otra vivienda, puede pedirle al arrendador una reducción de renta o un aplazamiento, pero si no acepta no puede hacer nada. Teniendo en cuenta que el 85% de los propietarios son personas físicas que no son grandes tenedores, podemos presumir que ha sido demasiado fuego de artificio para una efectividad nula.
Sí podrían acogerse a préstamos para financiar el pago de un máximo de seis rentas avaladas por el estado. Pero si, para lograr un aval en un préstamo de 2.700 €, hay que esperar a que se mueva la maquinaria del estado, es más que probable que puedan acudir a la financiación bancaria sin necesidad de ese mero aval.
Sí podrían lograr ayudas para pagar el alquiler, si bien no hay garantía ninguna de su concesión y se desconoce el importe destinado a dotar esas ayudas.
En resumen, mucho papel para tan poca trascendencia real.
CIRCULAR SOBRE LOS ÚLTIMOS DECRETOS PUBLICADOS III
RDL 11/2020 DE 31 DE MARZO DE 2020
Ante la situación excepcional provocada por la pandemia y el consiguiente estado de alarma, en los últimos días han sido muchas las disposiciones publicadas, en concreto, entre los días 27, 29 y 31 de marzo de 2020, el Gobierno español ha publicado, hasta tres Reales Decreto-Leyes:
3.- El tercero de los RDL publicados, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, regula, entre otras cuestiones, el Derecho a la percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19, que viene regulado en el artículo 28, que dispone que “tendrán la consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual aquellos consumidores que, cumpliendo el requisito de renta, acrediten que con posterioridad al decreto del estado de alarma, el titular, o alguno de los miembros de su unidad familiar (autónomos), que tienen derecho a la prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo”
Si el contrato de suministro de la vivienda habitual estuviera a nombre de una persona jurídica, el bono social deberá́ solicitarse para la persona física.
Para poder adquirir la condición de consumidor vulnerable, será́ condición necesaria que la renta del titular o la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca sea igual o inferior:
a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;
El derecho a percibir el bono social, se extinguirá́ cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia.
En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable se extenderá́ más de 6 meses desde su devengo, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
La empresa comercializadora estará́ obligada a indicar al consumidor, en la última factura que emita antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha de tal vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el consumidor pasará a ser facturado a PVPC (precio voluntario al pequeño consumidor)
Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en los apartados anteriores y solicitar la percepción del bono social, el consumidor remitirá́ a un comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su página web, el modelo de solicitud definido en el Anexo IV junto con la siguiente documentación acreditativa:
Acreditación de su condicio conforme el Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19. En particular, cuando el trabajador autónomo se encuentre en el supuesto de cese de actividad, la acreditación se realizará mediante certificado expedido por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
La comercializadora de referencia remitirá́ al titular del punto de suministro un correo electrónico de confirmación de recepción de la solicitud.
El artículo 30 del RDL 11/2020 establece también un subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.
Así, tendrán derecho al subsidio extraordinario por falta de actividad las personas que, estando de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de despido recogida en el articulo 49.1.k del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o por el desistimiento del empleador o empleadora, en los términos previstos en el articulo 11.3 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.
2. La acreditación del hecho causante deberá efectuarse por medio de una declaración responsable, firmada por la persona empleadora o personas empleadoras, respecto de las cuales se haya producido la disminución total o parcial de servicios. En el supuesto de extinción del contrato de trabajo, este podrá acreditarse por medio de carta de despido, comunicación del desistimiento de la empleadora o empleador, o
documentación acreditativa de la baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.
En cuanto a la Cuantía del subsidio (art 31) será el resultado de aplicar a la base reguladora correspondiente a la actividad que se hubiera dejado de desempeñar, dicha base estará́ constituida por la base de cotización del empleado de hogar correspondiente al mes anterior al hecho causante, dividida entre 30, de ser varios los trabajos desempeñados se calculará la base reguladora correspondiente a cada uno de los distintos trabajos que hubieran dejado de realizarse.
La cuantía del subsidio será el resultado de aplicar el 70% a la base reguladora, y no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En el caso de pérdida parcial de la actividad, la cuantía del subsidio indicada se percibirá́ en proporción directa al porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora; si la cuantía total del subsidio, previamente a la aplicación de dichos porcentajes, alcanzara el importe del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se prorrateará dicho importe entre todos los trabajos desempeñados atendiendo a la cuantía de las bases de cotización durante el mes anterior al hecho causante de cada uno de ellos, aplicándose a las cantidades así́ obtenidas el porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora en la actividad correspondiente.
Se percibirá́ por periodos mensuales, desde la fecha del nacimiento del derecho, entendiendo por dicha fecha, aquella identificada en la declaración responsable cuando el hecho causante consista en la reducción de la actividad, o la fecha de baja en la Seguridad Social, en el caso del fin de la relación laboral.
Dicho subsidio extraordinario será compatible con las percepciones derivadas de las actividades por cuenta propia o por cuenta ajena que se estuvieran desarrollando en el momento de su devengo, incluyendo las que determinan el alta en el Sistema Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, siempre que la suma de los ingresos derivados del subsidio y el resto de las actividades no sea superior al Salario Mínimo Interprofesional.
Sin embargo, será incompatible con el subsidio por incapacidad temporal y con el permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto-ley 10/2020.
Por último, el Artículo 33 regula el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal.
Serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal, las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses de duración, incluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo, con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran de rentas en los términos establecidos en el artículo 275 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Dicho subsidio consistirá́ en una ayuda mensual del 80 por ciento del IPRE mensual vigente y su duración será de un mes, ampliable si así́ se determina por Real Decreto-ley.
El Artić ulo 34 establece la moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social.
La citada moratoria afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, vía Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS), debiendo comunicarse a la Tesorería
General de la Seguridad Social dentro de los 10 primeros dias naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo, sin que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud. La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes al de la solicitud. Aquellas solicitudes presentadas por las empresas, o por los trabajadores por cuenta propia, que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.
Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, siendo de aplicación un interés del 0,5%. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros días naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado.
En los próximos días, nuevas disposiciones legales complementarán o matizarán muchas de las ya establecidas, estando a la evolución de los acontecimientos y adaptándonos tanto trabajadores como empresas a las circunstancias futuras, sin perjuicio de que nuevas prórrogas tanto del estado de alarma como de los permisos obligatorios recuperables o medidas establecidas pudieran adoptarse.
Antonio Peña García apenya@ecoleygranada.es
Abogado – Asociado en
CIRCULAR SOBRE LOS ÚLTIMOS DECRETOS PUBLICADOS II
RDL 10/2020 DE 29 DE MARZO DE 2020
2.- El Real Decreto-Ley 10/2020 de 29 de marzo de 2020 se concibe con la idea de tratar de limitar al máximo la circulación de personas y reducir aún más la movilidad de la población, tratando de evitar el número de contagios de Covid-19 y liberar en a medida de lo posible los servicios sanitarios. Este último RDL relaciona en su anexo las distintas actividades.
La primera de las cuestiones a tener en cuenta, dada la cantidad de RDL que se viene publicando en los últimos tiempos y las confusiones que pudieran generar estos en cuanto a la afectación a los trabajadores, en artículo primero establece el ámbito subjetivo de aplicación. En este sentido quedarían incluidas
Trabajadores que prestan servicios mediante el teletrabajo.
Trabajadores cuyos contratos están suspendidos por un ERTE.
Trabajadores en situación de incapacidad temporal.
Trabajadores cuyo sector es considerado como esencial.
En consecuencia, todos aquellos trabajadores que no estuvieran incluidos en alguna de las excepciones citadas deberían obligatoriamente, acogerse al permiso retribuido recuperable establecido en el artículo 2 del RDL 10/2020.
Dicho permiso abarcará el periodo de 30 de marzo de 2020 a 9 de abril de 2020 (ambos incluidos) Hay que tener en cuenta que, si bien los días naturales
de permiso son 15, solo será necesario recuperar los días hábiles (laborables) que serán 8, en la mayoría de los casos, dado que se deben descontar en dichas fechas 2 domingos, dos sábados y 2 festivos.
El permiso obligatorio “disfrutado” por los trabajadores afectados deberá recuperase entre el periodo comprendido entre el día siguiente al cese del estado de alarma hasta el día 31 de diciembre de 2020. Debiendo llevarse a efecto un periodo de consultas (negociación) entre empresa y trabajadores, en el plazo máximo de 7 días, a través de sus representantes sindicales o sindicatos más representativos, o bien designando a tres trabajadores de la empresa o en su defecto una mediación o arbitraje (en base al art 83 E.T.) De no llegar las partes a acuerdos, se notificará por parte del empresario al trabajador la fecha de recuperación del periodo en cuestión en el plazo de 7 días.
La recuperación del periodo que finalmente hubiera abarcado el permiso obligatorio deberá respetar los descansos diarios (12 horas entre el final de una jornada el comienzo de la siguiente) y semanal (un día y medio ininterrumpido) establecidos en el E.T. Así como no superar la jornada máxima anual establecida en el convenio colectivo de aplicación. Dicha recuperación, particularmente la relativa a los trabajadores con jornada a tiempo completo, va a generar conflictos a buen seguro, ya que en muchos casos no será posible recuperar los días de permiso disfrutados sin exceder dicha jornada máxima anual, dado que muchos trabajadores ya la realizan en los límites máximos establecidos.
Dicho permiso recuperable obligatorio, no será retribuido como tal, (pese a que así se defina por la Norma) sino que será el propio trabajador, con su trabajo al recuperar dichos días de permiso, quién devengue el salario correspondiente, siendo por tanto el salario percibido en dicho periodo por el trabajador generado por el mismo y no derivado de ningún permiso retribuido.
El anexo del RD 10/2020 relaciona las actividades consideradas como esenciales, citando, entre otras, las actividades relacionadas con el sector de la alimentación, tanto de personas como de animales, sanidad, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, medios de comunicación, transportes públicos, así como aquellas funciones sociales básicas como salud, seguridad, bienestar social, funcionamiento eficaz de las administraciones públicas, suministro de energía eléctrica, derivados del petróleo, gas natural, hostelería (solo reparto a domicilio) trabajadores del sector industrial manufacturero, empleados de hogar y cuidadores, gestorías, asesorías, despachos de abogados, notarías, registros, limpieza y mantenimiento, vigilancia, etc.
Abogado – Asociado
CIRCULAR SOBRE LOS ÚLTIMOS DECRETOS PUBLICADOS I
RDL 9/2020 DE 27 DE MARZO DE 2020
1.- El Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, entre otras se establecen:
En primer lugar (art 1), se mantiene la actividad de centros sanitarios y centros de atención a personas mayores o dependientes.
Durante el estado de alarma, las actividades, (públicas o privadas), relativas a la gestión de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como las de los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, se entenderán como servicios esenciales, no pudiendo suspender o reducir su actividad. Su incumplimiento será sancionado.
El art 2 establece medidas extraordinarias para la protección de desempleo.
No se podrán esgrimir como causas justificativas de la extinción del contrato de trabajo las causas alegadas para presentar un ERTE, ya sea por fuerza mayor o por casusas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Incentivando la adopción de medidas suspensivas y no extintivas.
El art 3 establece medidas de desarrollo del art 25 del RDL 8/2020 y reglas aplicables a los ERTES derivados del Covid-19 y la agilización de las prestaciones por desempleo.
Se inicia mediante solicitud colectiva (individualizada para cada centro de trabajo) efectuada por la empresa para el cobro de las prestaciones por
desempleo. A la que deberán acompañar los datos de empresa y trabajadores y medidas adoptadas en el ERTE, en el modelo habilitado a tal efecto por el SEPE.
Dichos datos deberán remitirse a través de los medios telemáticos habilitados por el SEPE, una vez transcurrido el plazo previsto de 5 días desde la presentación del ERTE por fuerza mayor, sin que la autoridad laboral se haya pronunciado al respecto, entendiéndose estimada por silencio administrativo positivo, disponiendo que su duración no podrá extenderse más allá de la duración del estado de alarma y sus posibles prórrogas.
La no trasmisión por parte de la empresa de la información y datos requeridos para el cobro de las prestaciones por desempleo se considerará conducta constitutiva de la infracción grave (multa de entre 626 y 6.250 euros).
Se articula una Medida extraordinaria aplicable a las sociedades cooperativas para la adopción de acuerdos en los procedimientos de suspensión total y/o parcial, (según lo previsto en los arts 22 y 23 del RDL 8/2020)
No pudiendo ser convocada la Asamblea General de las sociedades cooperativas para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector tendrá competencia para aprobar la suspensión total o parcial de la prestación de trabajo de sus socios emitiendo la certificación para su tramitación.
El art 5 establece la Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, suspendidos por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de tal manera que, una vez concluido el estado de alarma, seguirán vigentes continuando desde el día en el que fueron suspendidos.
El periodo de duración de los ERTEs por fuerza mayor coincidirá con la situación del estado de alarma, y sus prórrogas, concluyendo el ERTE una vez se levante dicho estado de alarma, sin perjuicio de plantear a posteriori otro ERTE por otras causas. (D.A. 1ª)
Las falsedades o incorrecciones en los datos facilitados, las medidas solicitadas en relación al empleo que no resultaran necesarias o el reconocimiento indebido de prestaciones, conllevará la imposición de sanciones, con las responsabilidades correspondientes, así como la obligación de devolver las prestaciones indebidamente percibidas. (D.A. 2ª)
Pudiendo en tal caso el SEPE comunicarlo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos oportunos. (D.A. 4ª)
Por último, la D.A. 3ª aclara que la fecha de efecto de la situación legal de desempleo en los supuestos de fuerza mayor será la fecha del hecho causante de la misma, pero para el caso de los ERTEs por otras causas (ETOP) al no tener efecto retroactivo como si lo tiene la fuerza mayor, la fecha de efectos será la de la comunicación a la autoridad laboral. En todo caso, deberá figurar en el certificado de empresa la fecha de efectos.