Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-234-de-marzo-18-de-2003?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041dd1df034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-15 06:56:00
Document Index: 248414179

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 363', 'artículo 363', 'artículo 363', 'artículo 29', 'artículo 216', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 363', 'artículo 221', 'artículo 229', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 18', 'artículo 29', 'artículo 363']

﻿ SENTENCIA C-234 DE MARZO 18 DE 2003
SENTENCIA C-234 DE 18 DE MARZO DE 2003
CONTENIDO:PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR. SE DECLARAN EXEQUIBLES LOS INCISOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 363 DE LA LEY 522 DE 1999. (CÓDIGO PENAL MILITAR)
TEMAS ESPECÍFICOS:FUERZAS MILITARES, CÓDIGO PENAL MILITAR, PROCESO PENAL MILITAR, EXEQUIBILIDAD DEL CÓDIGO PENAL MILITAR
Sentencia C-234 de marzo 18 de 2003
Sentencia C-234 de 2003
Ref.: Expediente D-4269
Demandante: Alexander Carrillo Cruz
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 363 (parcial) de la Ley 522 de 1999 (Código Penal Militar).
A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43.665 del 13 de agosto de 1999, resaltando los apartes demandados:
LEY NÚMERO 522 DE 1999
ART. 363.—Sustentación. Antes del vencimiento del término de ejecutoria de la providencia, quien interponga el recurso de apelación deberá exponer por escrito las razones de la impugnación ante quien la profirió en primera instancia. En caso contrario no se concederá.
El trámite del recurso en segunda instancia se surtirá en el original, cuando el expediente sea enviado por apelación o consulta de la providencia con la cual culmine la primera instancia”.
Corresponde a la Corte determinar si al disponer el artículo 363 de la Ley 522 de 1999 (CPM) que el recurso de apelación debe sustentarse al ser interpuesto, dentro del término de ejecutoria de la providencia, y que en caso contrario no se concederá, y al preceptuar que cuando dicho recurso se interponga como subsidiario del de reposición, se entenderá sustentado con los argumentos que se presentaron para la reposición, se vulnera el principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y, también, el contenido de los artículos 4º, 85 y 89 u otro precepto superior.
i) Un elemento subjetivo, que consiste en la calidad de miembro de la Fuerza Pública, o sea, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 216 de la Constitución, en servicio activo.
ii) Un elemento funcional, que consiste en la relación de los delitos con el servicio o las funciones de la Fuerza Pública, consagradas en los artículos 217 y 318 superiores, en virtud de los cuales “las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” y el fin primordial de la Policía Nacional es el “mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.
“Dado que la propia Constitución contempla la existencia de un Código Penal Especial para el juzgamiento de los militares en servicio activo y en razón de los actos cometidos en relación con el mismo servicio, y que por la naturaleza misma de los códigos, éstos buscan regular de manera completa una materia, el Código Penal Militar contiene un régimen completo, tanto sustantivo como procesal, que si bien debe respetar y desarrollar los principios y valores constitucionales, y responde por consiguiente a los mismos principios y valores que se aplican para el régimen penal ordinario, puede diferenciarse del mismo, cuando así lo exijan las especiales condiciones para las cuales está previsto, o cuando de tal diferencia no se derive detrimento la Constitución. Sobre el particular la Corte ha expresado que “la Constitución no establece que las normas procesales del Código Penal Militar deban ser idénticas a las del Código de Procedimiento Penal. Si las disposiciones de la legislación especial garantizan el debido proceso y se sujetan a la Constitución Política, en principio, no son de recibo las glosas que se fundamenten exclusivamente en sus diferencias en relación con las normas ordinarias, salvo que éstas carezcan de justificación alguna. La Constitución ha impuesto directamente una legislación especial y una jurisdicción distinta de la común. Por consiguiente, el sustento de una pretendida desigualdad no podrá basarse en la mera disparidad de los textos normativos” (1) ” (2) .
(1) Sentencia C-358 de 1997 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz. En aquella oportunidad la Corte, entre otras cargos, se ocupó del estudio del que pretendía que existía una violación del principio de igualdad, por la manera distinta como la acumulación jurídica de las diversas penas impuestas contra una misma persona en diferentes procesos, estaba prevista en la justicia penal ordinaria y en la justicia penal militar. La Corte señaló que la diferencia existente en los dos regímenes procesales no resulta violatoria de la Constitución.
(2) Sentencia C-1068 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
3.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150, numerales 1º y 2º, de la Constitución, corresponde al Congreso de la República hacer las leyes, interpretarlas, reformarlas y derogarlas y expedir códigos en todos los ramos de la legislación.
“El legislador ordinario, como tantas veces lo ha reiterado esta Corte, en ejercicio de la libertad de configuración legislativa, cuenta con una amplia gama de atribuciones, entre ellas la de regular los distintos procesos judiciales, estableciendo cada una de las actuaciones que en ellos han de surtirse, los términos procesales, los recursos ordinarios o extraordinarios, la oportunidad para interponerlos, los efectos en los que se conceden, en fin, para establecer las distintas reglas y procedimientos que rigen el debido proceso o las denominadas formas propias del juicio, en todos los campos del derecho. Sin embargo, en el desarrollo de tales actividades, el legislador no goza de una potestad discrecional absoluta puesto que debe respetar el ordenamiento constitucional y los derechos y garantías fundamentales de las personas” (3) .
(3) Sentencia C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Aclaración de voto de Manuel José Cepeda Espinosa. Salvamento de voto de Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis.
En otras ocasión expresó:
“La jurisprudencia de esta corporación ha sido constante en manifestar que conforme a lo dispuesto en los artículos 29, 150 y 228 de la Carta Política, el legislador se halla investido de amplias facultades para configurar los procedimientos judiciales, siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales y obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad (4) .
(4) En Sentencia C-555 de 2001 dijo la Corte al respecto: “... el legislador al diseñar los procedimientos judiciales no puede desconocer las garantías fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben propender por el hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, del juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso”. También en Sentencia C-927 de 2000 se dijo: “De conformidad con lo preceptuado por el artículo 150-2 del ordenamiento constitucional, le corresponde al Congreso de la República “Expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”, es decir, goza el legislador, por mandato constitucional, de amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial. Por lo tanto, el órgano legislativo tiene una importante “libertad de configuración legislativa”, que le permite desarrollar plenamente su función constitucional y, en ese orden de ideas, le corresponde evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial”. Esta doctrina ha sido vertida en múltiples pronunciamientos: C-803 de 2000, C-742 de 1999, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-1717 de 2000.
“El legislador goza de libertad de configuración en lo referente al establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades. Es la ley, no la Constitución, la que señala si determinado recursos —reposición, apelación, u otro— tiene o no cabida respecto de cierta decisión, y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos —positivos y negativos— que deben darse para su ejercicio (5) .
(5) Sentencias C-742 de 1999, C-384 de 2000, C-803 de 2000 entre otras.
“Corresponde al Congreso fijar las etapas de los diferentes procesos y establecer los términos y las formalidades que deben cumplir. Sin embargo, en esta labor el legislador tiene ciertos límites, representados fundamentalmente en su obligación de atender los principios y fines del Estado y de velar por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos (6) .
“La radicación de una competencia en una determinada autoridad judicial, no configura una decisión de índole exclusivamente constitucional sino que pertenece al resorte ordinario del legislador, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita entre los distintos entes u órganos del Estado (7) .
Compete al legislador recular lo concerniente a los medios de prueba. Como algo consustancial al derecho de defensa, debe el legislador prever que en los procesos judiciales se reconozcan a las partes los siguientes derechos: i) el derecho para presentarlas y solicitarlas; ii) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra; iii) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción; iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste; v) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos; y vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso (8) ” (9) .
(9) Sentencia C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Salvamento de voto de Álvaro Tafur Galvis.
3.4. La exigencia contenida en el artículo 363 del Código Penal Militar en el sentido de que el recurso de apelación debe sustentarse al ser interpuesto y que si el mismo se interpone como subsidiario del de reposición se entenderá sustentado con los argumentos que se presentaron para esta última, de tal manera que sin la sustentación, en una u otra forma, no se concede el recurso, está claramente comprendida en la facultad de configuración de los procedimientos judiciales asignada al legislador por el ordenamiento superior.
Por tal razón, el legislador bien puede establecer para el recurso de apelación de las providencias de la jurisdicción penal militar condiciones de interposición y trámite distintas de las señaladas para el mismo recurso ante la jurisdicción común o la jurisdicción de lo contencioso administrativo, más aún teniendo en cuenta que, como se anotó, la primera jurisdicción tiene un carácter especial y autónomo de conformidad con lo previsto en el artículo 221 superior y lo expuesto en la jurisprudencia de esta corporación.
Es por ello que, por ejemplo, conforme al Código de Procedimiento Civil la apelación se concede sin necesidad de sustentación (art. 352, modificado por el D.E. 2282/89 art. 1º) y la misma puede ser sustentada en una oportunidad posterior, una vez admitida por el superior (arts. 359 y 360, modificados por el D.E. 2282/89 art. 1º), sin que la falta de sustentación en esta oportunidad conlleve unas consecuencias procesales adversas para el recurrente, pues aun así el superior deberá resolver el recurso.
Si el recurrente no sustenta oportunamente el recurso se declarará desierto y ejecutoriado el auto objeto de la apelación” (arts. 212 y 213, subrogados por los D.E. 2304/89 art. 51 y 52).
3.5. El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia que consagra el artículo 229 superior, también llamado derecho a la jurisdicción, significa que toda persona tiene la posibilidad de instaurar acciones ante los funcionarios judiciales con el fin de obtener la protección de sus derechos sustantivos, la cual ha de ser efectiva o real, y no sólo formal, mediante el desarrollo de los procesos y actuaciones respectivos establecidos en la ley, que tienen un carácter instrumental subordinado al logro de aquella finalidad.
El ejercicio de dicho derecho sólo es posible con base en su desarrollo legal, por lo cual se afirma que es un derecho de prestación, en contraposición al derecho de libertad, susceptible de ejercerse directamente a partir de la Constitución, y permite asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, como fines esenciales del Estado contemplados en el artículo 2º de aquella.
3.6. En el derecho de defensa que forma parte integrante del principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política está comprendida, sin lugar a discusión, la garantía de impugnar las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales y administrativas, por lo cual dicha disposición establece que quien sea sindicado tiene derecho “a impugnar la sentencia condenatoria”. Por su parte, el artículo 31 ibídem consagra la misma garantía en relación con las sentencias judiciales, al señalar que “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”.
Esa garantía es cumplida por los artículos 360 y 362 del Código Penal Militar, que no son objeto de acusación, al disponer respectivamente que “[s]alvo disposición en contrario, el recurso de apelación procede contra la sentencia y las providencias interlocutorias de primera instancia “ y que “[l]as apelaciones se interpondrán así: contra los autos interlocutorios, de palabra en el momento de la notificación, o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes. Contra las sentencias y autos de cesación de procedimiento, de palabra en el momento de la notificación o por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes”, y es cumplida también por la norma acusada, en cuanto otorga a las partes del proceso para la sustentación del recurso de apelación los mismos términos indicados en la segunda disposición para su interposición.
Por otra parte, aunque es cierto, como anota el demandante, que la norma impugnada no prevé un traslado a las demás partes del proceso, que no son recurrentes, para que ejerzan el derecho de defensa en relación con el recurso interpuesto y sustentado, ello no significa que aquella viole tal derecho, pues evidentemente la misma no regula todo el trámite del recurso de apelación, sino la parte inicial de él, y, por consiguiente, mediante una necesaria interpretación sistemática debe aplicarse el principio de integración contemplado en el artículo 18 del mismo Código Penal Militar, en virtud del cual “[e]n aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en este código, son aplicables las disposiciones de los códigos Penal, Procesal Penal, Civil, Procesal Civil y de otros ordenamientos, siempre que no se opongan a la naturaleza de este código”.
Por estas razones, la disposición acusada no quebranta y, por el contrario, desarrolla el principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. Por consiguiente, dicha disposición tampoco infringe el principio de la supremacía del estatuto superior (art. 4º), ni el efecto inmediato del derecho previsto en aquel artículo (art. 85), ni el mandato sobre la regulación legal de los recursos, las acciones y los procedimientos necesarios para la defensa de la integridad del orden jurídico y de los derechos de los particulares frente a la acción u omisión de las autoridades públicas, ni otro precepto superior.
DECLARAR EXEQUIBLES los incisos primero y segundo del artículo 363 de la Ley 522 de 1999 (Código Penal Militar).