Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6227
Timestamp: 2019-09-18 05:26:41
Document Index: 355404301

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 28', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 57', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 50', 'Artículo 53', 'Artículo 53', 'Artículo 53', 'Artículo 53', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 54', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 57', 'Artículo 57', 'Artículo 57', 'Artículo 57', 'Artículo 57', 'Artículo 61', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 62', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 63', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 260/2007
SENTENCIA 260/2007, de 20 de diciembre
ECLI:ES:TC:2007:260
b) Expuesto lo anterior la representación procesal del Parlamento Vasco inicia el examen de los distintos preceptos impugnados, comenzando por el punto 5 del artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, que modifica el apartado 1 del art. 7 de la Ley Orgánica 4/2000, relativo a la regulación del derecho de reunión, el cual se reconoce para los extranjeros que hubieran obtenido autorización de residencia o estancia en España. Esta previsión, que priva del derecho de reunión a los extranjeros en situación administrativa irregular, conculcaría el art. 21.1 CE, que reconoce el derecho de reunión, y los tratados internacionales que sirven de canon hermenéutico en la materia ex art. 10.2 CE, entre los que cita el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades públicas (CEDH) y el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP).
c) Análogas consideraciones se realizan en torno al derecho de asociación regulado en el punto 6 del artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2000, que da nueva redacción al art. 8 de la Ley Orgánica 4/2000. Esta nueva regulación, en cuanto condiciona el ejercicio del derecho de asociación a los extranjeros a la obtención de autorización de estancia o residencia en España, vulnera el art. 22 CE, que proclama sin restricciones el derecho de asociación, en la interpretación que debe de hacerse del mismo en conexión con los arts. 10 y 13.1 CE y los Tratados internacionales en la materia firmados por España, por cuanto impide el ejercicio del mismo a los extranjeros que se encuentren en España que no hayan obtenido la autorización de estancia o residencia.
d) La modificación de la regulación de las libertades de sindicación y huelga contenida en el art. 11 de la Ley Orgánica 4/2000 constituye el objeto del punto 9 del artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2000. Esa regulación hace depender el derecho de sindicación de los extranjeros de la autorización de estancia o residencia en España y el derecho de huelga de la autorización para trabajar. El precepto, al despojar en absoluto del ejercicio del derecho de la libertad sindical a los extranjeros sin autorización de estancia o residencia, conculca el art. 28.1 CE, ya que la condición de extranjero no guarda ninguna relación con las restricciones que al mencionado derecho fundamental permite establecer el citado precepto constitucional. En igual vicio de inconstitucionalidad incurre el apartado 2 del art. 11 al privar en la práctica del derecho de huelga a los extranjeros que no tengan permiso de trabajo, pues el art. 28.2 CE no toma en consideración el dato de la nacionalidad al reconocer el derecho de huelga.
e) Los puntos 12 y 13 del artículo 1 de la Ley impugnada dan nueva redacción a los arts. 16.2, 17.2 y 18.4 de la Ley Orgánica 4/2000, relativos a la intimidad familiar y al reagrupamiento familiar, remitiendo a su posterior desarrollo reglamentario. El motivo de inconstitucionalidad de los tres apartados transcritos reside en que el legislador ha renunciado a regular con la necesaria precisión en la Ley Orgánica las cuestiones atinentes a la vida en familia y a la intimidad familiar de los extranjeros, defiriendo su regulación, dentro de unos márgenes excesivamente amplios, al Gobierno mediante el Reglamento, con lo que se vulnera la reserva de ley orgánica del art. 8 1.1 CE, en relación con el derecho a la intimidad (art. 18 CE).
f) El punto 50 del artículo 1 da nueva redacción al art. 57 (antes 53) de la Ley Orgánica 4/2000, cuyo apartado 1 prevé la expulsión de los extranjeros en una serie de supuestos. En la demanda se estima que el art. 57.1 es contrario a los principios de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE), al principio de proporcionalidad en materia sancionadora y, en definitiva, al principio de legalidad consagrado en el art. 25.1 CE. Al principio de seguridad jurídica en cuanto un mismo tipo de infracción puede ser castigado indistintamente con multa y con expulsión, en función de variables criterios de oportunidad de la política de inmigración, pudiendo emplear criterios dispares las diferentes autoridades competentes. Al principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos porque será en definitiva facultad discrecional del Subdelegado o Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas y, en última instancia, del Ministerio del Interior decidir la imposición de la sanción de multa o la expulsión. El precepto vulnera además el principio de proporcionalidad, desde el momento en que equipara, por una parte, penas cualitativamente tan dispares como son la expulsión y la multa y, por otra, propone la expulsión indistintamente como sanción para las infracciones muy graves como para muchas de las graves. La inconstitucionalidad del art. 57.1 llevaría consigo la de sus apartados 5,6 y 7.
g) Finalmente se impugnan los apartados 54, 55 y 56 del artículo 1, por los que se reforman los arts 61, 62 y 63 de la Ley Orgánica 4/2000. En concreto se recurren los nuevos arts 61.1 b), 62.2, y 63.2, argumentando que la medida cautelar prevista en el primero de ellos, consistente en la obligación de fijar la residencia en un lugar determinado por parte de quien está sometido a un expediente de expulsión, es una medida que conlleva una severa limitación de la libertad del afectado que se adopta por la autoridad gubernativa competente sin ninguna intervención judicial y sin que se establezca tampoco ninguna limitación temporal. Nada se opone a que se prolongue mientras esté abierto el procedimiento, y tampoco nada hace pensar que resulte de aplicación el límite de duración de cuarenta días previsto en el art. 60.2 para el internamiento. En estas condiciones la medida cautelar vulnera el art. 17 CE. En relación con el art. 62.2 se dice en la demanda que teniendo en cuenta que, el internamiento es una medida cautelar y no una sanción, la fijación del tiempo máximo de duración en cuarenta días parece excesiva, sobre todo si se considera que implica una real privación de libertad, de modo que supone un sacrificio desmesurado de la libertad de las personas y es contrario al art. 17 CE. Finalmente el art. 63.2 vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al establecer para formular alegaciones el breve plazo de cuarenta y ocho horas.
2. Mediante providencia de 22 de mayo de 2001 la Sección Segunda del Tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad; dar traslado de la demanda y de los documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones que estimasen pertinentes; y, finalmente, publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”. Dicha publicación se llevó a efecto en el Boletín Oficial del Estado núm. 131, de 1 de junio de 2001.
3. Por escrito registrado el 31 de mayo de 2001 el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, compareció en el proceso y solicitó una prórroga del plazo para alegaciones por ocho días más, que le fue concedida por providencia de la Sección Segunda del Tribunal de 5 de junio de 2001.
a) El escrito se inicia con una consideración previa señalando que nuestra Constitución no establece una equiparación absoluta en materia de derechos fundamentales entre extranjeros y nacionales, ya que el art. 13.1 CE prevé la posibilidad de establecer un régimen especial, y por otro lado ello no puede deducirse de las expresiones utilizadas en los preceptos constitucionales, ni siquiera poniéndolos en conexión con los arts. 53.1 y 10 CE. En relación con el primero, porque del mismo no se infiere el ámbito subjetivo de los derechos fundamentales, ya definidos en los textos correspondientes, sino unas medidas de garantía de un derecho preexistente. En relación con el segundo, porque, a pesar de que la jurisprudencia constitucional ha aplicado el art. 10 CE para señalar aquellos derechos que son imprescindibles para garantizar la dignidad humana, nunca ha afirmado que todos los derechos fundamentales se hayan de aplicar con igual extensión a todos, al margen de su nacionalidad. La generalización de la equiparación entre españoles y extranjeros hace quebrar la argumentación de la demanda, que va en contra del criterio sostenido por el Tribunal Constitucional (STC 107/1984), y de ahí que no pueda aceptarse la afirmación de que los derechos de reunión, asociación, sindicación y huelga son derechos propios de la dignidad humana.
b) A continuación el Abogado del Estado señala que, al plantear el principal problema constitucional que suscita el presente recurso, a saber, si el legislador orgánico ha excedido su capacidad al establecer restricciones a los derechos de los extranjeros, la parte recurrente ha olvidado tener en cuenta la virtualidad del Ordenamiento jurídico al configurar la situación jurídica de aquéllos cuando se encuentran en territorio español. Las impugnaciones formuladas, a su juicio, habrían atendido escasamente al presupuesto general de aplicación de la legislación española (el derecho de permanencia en el territorio español), abordando los derechos fundamentales como derechos extraterritoriales con vigencia universal independientemente de cualquier conexión territorial. De este modo se habría olvidado que los derechos a residir y circular dentro de las fronteras del Estado no son derechos imprescindibles para la dignidad humana, y por tanto, no pertenecen a todas las personas en cuanto tales al margen de su condición de ciudadanos (SSTC 107/1984; 94/1993).
d) Por lo que hace a la limitación de los derechos de sindicación y huelga (nueva redacción del art. 11 de la Ley Orgánica 4/2000), la parte demandante los sitúa en el ámbito de las relaciones de trabajo, partiendo de que el trabajador extranjero, aun ilegalmente en España, puede ser sujeto de un contrato válido de trabajo (art. 38.3 de la Ley). Para el Abogado del Estado, no se trata de que la ley reconozca el derecho de quien no puede estar en España, sino de una medida de eficacia relativa y parcial que tiende a evitar tanto el abuso del trabajo ajeno como la permanencia ilegítima de extranjeros no autorizados. Sin embargo los extranjeros no autorizados para estar o residir en España no están autorizados tampoco para trabajar válidamente. Y ello porque constituiría un absurdo irreconciliable con el sentido común permitir que quien no está autorizado a trabajar pudiera ejercer el medio de presión sobre el empresario que le otorga el derecho fundamental a la huelga.
e) A continuación el Abogado del Estado rechaza la pretensión de la parte recurrente de fundamentar la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados en su contradicción con los tratados internacionales ratificados por España en materia de derechos fundamentales. Y ello porque, de acuerdo con lo previsto en el art. 10.2 CE, la configuración de los derechos fundamentales en los tratados internacionales no es un parámetro de constitucionalidad de las leyes españolas, pues la citada disposición constitucional está destinada a la interpretación de aquéllos (ATC 195/1991). La constitucionalidad de los preceptos recurridos debe enjuiciarse utilizando como parámetro, en primer lugar, los artículos de la Constitución, pero no comparando directamente los términos de los preceptos recurridos con las expresiones contenidas en los tratados internacionales. En la demanda se reconoce que los derechos regulados pueden ser restringidos para los extranjeros, de acuerdo con lo previsto en el art. 13.1 CE y la STC 115/1987, pero se afirma que la restricción contenida en los preceptos recurridos vulnera la Constitución de acuerdo con el alcance que tiene de conformidad con los tratados internacionales ratificados por España. Tal planteamiento no puede prosperar, porque los tratados invocados no contienen una previsión expresa sobre el alcance subjetivo que han de tener esos derechos en relación con los extranjeros, ni es posible deducirla de las expresiones que contienen. Por el contrario en esos tratados sí es posible encontrar el “orden público” como motivo de limitación al ejercicio de los derechos que se regulan en la Ley impugnada.
f) En relación con la impugnación de los nuevos arts. 16.2, 17.2 y 18.4 de la Ley Orgánica 4/2000, entiende el Abogado del Estado que la reagrupación familiar no forma parte del derecho a la intimidad personal, atendida la configuración constitucional de éste último ,y afirma que tampoco reconoce nuestra Constitución un derecho a la vida familiar, del que quepa deducir una suerte de derecho ilimitado a la reagrupación familiar, el cual, por otra parte, sería difícilmente compatible con el Derecho comunitario. Por ello el derecho de reagrupación familiar ha de estar sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones materiales y procedimentales, coherentes con el carácter de derecho de configuración legal que ha de atribuirse a la reagrupación familiar. De esta forma la reagrupación familiar aparece como el cumplimiento de un mandato constitucional que dimana de un principio rector de política social (art. 53.3 CE). Por ello a la regulación de la reagrupación familiar no le es de aplicación ninguna de las reservas constitucionales invocadas en la demanda. Añade que la remisión reglamentaria se justifica en la necesidad de regular las condiciones accesorias para el ejercicio y queda, en todo caso, subordinada a la a Ley.
g) El Abogado del Estado rechaza la impugnación de la nueva redacción del art. 57 de la Ley Orgánica 4/2000, por cuanto entiende que resulta cuando menos dudoso que se trate de una sanción en sentido estricto, citando al respecto la STC 24/2000, de 31 de enero, en la que se pone de manifiesto que el ejercicio de la potestad de expulsión tiene un fundamento y una virtualidad especiales en relación con las facultades de la autoridad gubernativa. De ahí que no pueda apreciarse la alegada vulneración de la reserva legal en materia sancionadora, pues el legislador ha querido diferenciar la facultad de expulsión de la de imponer sanciones administrativas ordinarias. En cuanto a la vulneración del principio de seguridad jurídica estima que no se produce ya que la Ley prevé con precisión en qué casos es posible que se dicte una resolución de expulsión, circunstancia que, además, excluye que se produzca la arbitrariedad denunciada en la demanda.
h) Según el Abogado del Estado los nuevos arts. 61 y 62 de la Ley Orgánica 4/2000 regulan la imposición, como medida cautelar, de la residencia obligatoria en un determinado lugar, así como la duración máxima de la medida de internamiento, de forma que responden a una restricción de la libertad de circulación y no de la libertad personal que resulta claramente proporcionada al fin que se persigue. En cuanto a las alegaciones relativas al art. 63.2, referidas al procedimiento preferente de expulsión, señala que la entidad recurrente no cuestiona las causas de expulsión que motivan el procedimiento preferente, sino la brevedad del plazo para formular alegaciones por sus repercusiones indirectas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva. Sin embargo tales objeciones no quedarían justificadas, puesto que el legislador ha instituido un procedimiento más abreviado de expulsión para causas de muy sencilla apreciación o de especial gravedad, pero ha previsto trámites suficientes y un derecho a la resolución motivada, observando así las garantías esenciales de cualquier procedimiento administrativo, sin limitar las formas de control y tutela judicial previstas en el Ordenamiento jurídico.
2. En este punto, es de señalar que las cuestiones planteadas en estos autos han sido ya resueltas por la STC 236/2007, de 7 de noviembre, y la dictada por el Pleno de este Tribunal 259/2007, de 19 de diciembre. De sus fallos, en lo que ahora importa, derivan las siguientes consecuencias:
a) En cuanto se impugna el art. 11.2 de la Ley Orgánica 4/2000, hemos de declarar la extinción de este proceso, por desaparición de su objeto, dado que la última de las citadas Sentencias declara su inconstitucionalidad y nulidad.
3. Procede, pues, comenzar con el examen de los apartados 12 y 13 del artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2000, los cuales dan nueva redacción al art. 16.3 y añaden un nuevo art. 17.2 a la Ley Orgánica 4/2000, respectivamente. La representación procesal del Parlamento Vasco considera que la remisión reglamentaria que contienen los citados preceptos, relativos al derecho a la intimidad familiar y al reagrupamiento familiar, vulnera la reserva de Ley Orgánica ex art. 81 CE en relación con el derecho a la intimidad del art. 18 CE. Pues bien, la cuestión planteada, una vez examinada, ha de reputarse resuelta por la doctrina que este Tribunal Constitucional ha establecido en el fundamento jurídico 11 de la STC 236/2007, de 7 de noviembre, en el que desestimamos este motivo de inconstitucionalidad al apreciar que los preceptos impugnados no regulaban ni desarrollaban el derecho fundamental a la intimidad familiar (art. 18.1 CE), ni estaban sometidos a la reserva de Ley Orgánica (art. 81.1 CE), ni a la reserva de ley establecida para los “derechos y libertades reconocidos en el capítulo II” (art. 53.1 CE), por lo cual las remisiones reglamentarias contenidas en los artículos recurridos no habían infringido aquellas disposiciones constitucionales.
4. Hemos de abordar a continuación la impugnación de los apartados 1, 5, 6 y 7 del nuevo art. 57 (antes 53) de la Ley Orgánica 4/2000 en la redacción que a los mismos da el punto 50 del artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2000.
7. Cuando el extranjero se encuentre procesado o inculpado en un procedimiento por delitos castigados con penas privativas de libertad inferiores a seis años, el Juez podrá autorizar, previa audiencia del Fiscal, su salida del territorio español, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de enjuiciamiento criminal, o su expulsión, si ésta resultara procedente de conformidad con lo previsto en los párrafos anteriores del presente artículo, previa sustanciación del correspondiente procedimiento administrativo sancionador”.
“la necesidad de que la ley predetermine suficientemente las infracciones y las sanciones, así como la correspondencia entre unas y otras, no implica un automatismo tal que suponga la exclusión de todo poder de apreciación por parte de los órganos administrativos a la hora de imponer una sanción concreta. Así lo ha reconocido este Tribunal al decir en su STC 207/1990, de 17 de diciembre, FJ 3, que el establecimiento de dicha correspondencia ‘puede dejar márgenes más o menos amplios a la discrecionalidad judicial o administrativa’; lo que en modo alguno puede ocurrir es que quede ‘encomendada por entero a ella’, ya que ello equivaldría a una simple habilitación en blanco a la Administración por norma legal vacía de contenido material propio, lo cual, como hemos dicho anteriormente (con cita de la STC 42/1987), contraviene frontalmente las exigencias constitucionales” (FJ 6).
“Pues bien, la norma cuestionada no contiene esa habilitación en blanco a la Administración, tal como sostiene el órgano promotor de la presente cuestión. En primer lugar, el art. 57, apartados 5 y 6 de la Ley Orgánica 4/2000 acota negativamente el ámbito de aplicación de la sanción de expulsión. En segundo lugar, el art. 55, apartado 3 establece criterios para la aplicación de dicha sanción al regular la graduación de las sanciones establecidas en la Ley. Finalmente, el art. 50 remite a lo establecido en el art. 131 de la Ley 30/1992 en concreción del principio de proporcionalidad y los criterios de graduación de la sanción a aplicar en el curso de un procedimiento administrativo que deberá acomodarse a las exigencias del art. 20, apartado 2 de la misma Ley Orgánica 4/2000”.
“En la misma STC 113/2002, el Tribunal declaró que el hecho de que la sanción pueda imponerse con carácter potestativo, como así lo hace el precepto ahora cuestionado (“podrá aplicarse…”), sin fijar unos criterios específicos que sirvan como orientación para decidir sobre su imposición y graduación, no supone la consagración legal de una inadmisible discrecionalidad a favor de la Administración sancionadora (FJ 7). Al igual que en aquella resolución, también aquí se puede afirmar, en un examen preliminar, que el precepto cuestionado cumple con las exigencias de predeterminación normativa y certeza que se derivan de los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los arts. 25.1 y 9.3 CE, pues la imposición de la sanción de expulsión no depende de la absoluta discrecionalidad de la Administración, cuya actuación se encuentra condicionada, de una parte, por la existencia de una conducta tipificable como infracción grave [art. 53, a) de la Ley Orgánica 4/2000], y, por otra, por la concurrencia de los criterios establecidos en la misma Ley o por la remisión de ésta a la Ley 30/1992. Tal como afirma el Fiscal General del Estado en sus alegaciones, la Ley establece unos presupuestos objetivos y subjetivos, así como unos criterios de aplicación que condicionan normativamente a la Administración para decidir cuándo procede la imposición de la sanción de expulsión y permiten el control jurisdiccional de sus decisiones”.
“Art. 62. Ingreso en centro de internamiento.
2. El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, sin que en ningún caso pueda exceder de cuarenta días, ni acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente. La decisión judicial que lo autorice, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, podrá fijar un período máximo de duración del internamiento inferior al citado”.
“Lo que el precepto legal establece es que el órgano administrativo, en el plazo máximo de setenta y dos horas, ha de solicitar del Juez que autorice el internamiento del extranjero pendiente del trámite de expulsión. El órgano judicial habrá de adoptar libremente su decisión teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en el caso, en el bien entendido no las relativas a la decisión de la expulsión en sí misma (sobre la que el Juez no ha de pronunciarse en este procedimiento), sino las concernientes, entre otros aspectos, a la causa de expulsión invocada, a la situación legal y personal del extranjero, a la mayor o menor probabilidad de su huida o cualquier otra que el Juez estime relevante para adoptar su decisión. Interpretado en estos términos el precepto impugnado, es plenamente respetuoso no sólo del art. 17.2 de la Constitución, sino, al mismo tiempo, también del art. 25.3, al no ser una decisión administrativa, sino judicial, la que permite la pérdida de libertad, pues no existe condicionamiento alguno sobre el Juez para decidir sobre esa libertad. Tampoco entraría el precepto en colisión con el art. 24.2 de la Constitución, porque del mismo no se deduce limitación alguna de los derechos de defensa del extranjero ni se impide su intervención en el correspondiente procedimiento”.
7. El último precepto impugnado por el Parlamento Vasco es —con arreglo a la concreción hecha en el fundamento jurídico 2 de la presente sentencia— el apartado 56 del artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2000 que añade un nuevo art. 63 a la Ley Orgánica 4/2000, en el cual se regula el “procedimiento preferente” para la tramitación de los expedientes de expulsión en determinados supuestos previstos en el apartado 1 del precepto, en concreto, los de las letras a) y b) del apartado 1 del art. 54, así como los de las letras a), d) y f) del art. 53. El apartado 2 del art. 63 establece:
“Cuando de las investigaciones se deduzca la oportunidad de decidir la expulsión, se dará traslado de la propuesta motivada por escrito al interesado, para que alegue lo que considere adecuado, en el plazo de cuarenta y ocho horas. En los supuestos en que se haya procedido a la detención preventiva del extranjero, éste tendrá derecho a la asistencia letrada que se le proporcionará de oficio, en su caso, y a ser asistido por intérprete, y de forma gratuita en el caso de que careciese de medios económicos.”
1º Declarar extinguido el recurso por desaparición sobrevenida del objeto respecto de la impugnación del inciso “cuando estén autorizados a trabajar” del art. 11.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.
2º Declarar la inconstitucionalidad, con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 2 b), de los arts. 7.1, 8 y 11.1 (exclusivamente respecto al derecho a sindicarse libremente) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas a la Sentencia de fecha 20 de diciembre de 2007, recaída en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1644- 2001, al que se adhiere el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 1644-2001
Fecha de resolución 20/12/2007
Interpuesto por el Parlamento Vasco respecto a diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Derechos fundamentales de los extranjeros: sindicación, intimidad familiar, defensa en el procedimiento administrativo sancionador (SSTC 236/2007 y 259/2007), legalidad penal, libertad de circulación y libertad personal; sanción de expulsión del territorio nacional alternativa a multa; residencia obligatoria e internamiento de extranjeros. Inconstitucionalidad de preceptos legales. Voto particular.
Aplicando la doctrina de las SSTC 236/2007, de 7 de noviembre, y 259/2007, de 19 de diciembre, se estima parcialmente el recurso. Se declaran inconstitucionales, pero no nulos, los preceptos que regulan el derecho de los extranjeros a sindicarse libremente porque niegan ese derecho a aquellos que carezcan de autorización de estancia o residencia en España. Esa supeditación vulnera el artículo 28 de la Constitución interpretado a la luz de los textos internacionales en la materia.
Se desestima el recurso en relación con el resto de preceptos legales impugnados.
El precepto que regula como alternativa a la sanción de multa la expulsión del territorio nacional no vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad, ya que se establecen presupuestos objetivos y subjetivos, así como criterios de aplicación que condicionan normativamente a la Administración para decidir cuándo procede la imposición de la sanción de expulsión, y que permiten el control jurisdiccional de sus decisiones (STC 113/2002) [FJ 4].
Aplica la doctrina sobre la predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes (SSTC 219/1989, 113/2002; ATC 409/2007) [FJ 4].
La medida cautelar de residencia obligatoria en determinado lugar, que puede adoptarse en procedimientos sancionadores de expulsión de extranjeros, no vulnera derechos fundamentales porque se acuerda en el marco de un procedimiento en el que se establecen requisitos y condiciones exigibles a los extranjeros para su entrada y residencia en España y se dirige a asegurar la eficacia de la resolución que se adopte (SSTC 107/1984, 97/1993) [FJ 5].
La medida cautelar impuesta sobre el extranjero, consistente en la obligación de residir en un lugar determinado, no afecta a la libertad personal sino a la libertad de residencia y circulación [FJ 5].
Doctrina sobre la libertad de residencia y circulación de los extranjeros (SSTC 107/1984, 97/1993) [FJ 5].
El plazo de duración máxima de la medida cautelar de internamiento adoptada en los expedientes sancionadores de extranjeros no vulnera la libertad personal, ya que no es una decisión administrativa, sino judicial, la que permite la pérdida de libertad, ni limita los derechos de defensa del extranjero, ni impide su intervención en el procedimiento (SSTC 115/1987, 303/2005) [FJ 6].
Aplica la doctrina sobre el derecho de libertad personal en la medida cautelar de internamiento de extranjeros (SSTC 115/1987, 303/2005) [FJ 6].
La cuestión planteada sobre el derecho de los extranjeros a sindicarse libremente es sustancialmente igual a la decidida por la STC 236/2007 [FJ 2].
Este recurso, en lo que respecta a la remisión reglamentaria que contienen los preceptos impugnados, relativos al derecho a la intimidad familiar y al reagrupamiento familiar de los extranjeros, guarda esencial identidad con el resuelto por la STC 236/2007 [FJ 3].
La cuestión planteada sobre el plazo que se otorga al interesado para formular alegaciones en su defensa, regulada en la tramitación del expediente de expulsión con carácter preferente, es sustancialmente idéntica a la decidida en la STC 236/2007 [FJ 7].
Procede declarar la extinción del proceso por desaparición de su objeto en relación con la impugnación relativa al derecho de huelga de los extranjeros, dado que los preceptos impugnados han sido declarados inconstitucionales y nulos con anterioridad (STC 259/2007) [FJ 2].
Reitera la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados respecto al derecho de los extranjeros a sindicarse libremente, sin que proceda declarar su nulidad (STC 236/2007) [FJ 2].
Artículo 16.2 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 16.3 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 17 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 18 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 19 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 57 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 61 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 62 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
Artículo 1.50
Artículo 1.55
Artículo 5.1 f), ff. 5, 6
Artículo 7.1 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 1, 2, VP
Artículo 8 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 1, 2, VP
Artículo 11.1 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), f. 2, VP
Artículo 11.2 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), f. 2
Artículo 16.2 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), f. 1
Artículo 16.3 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 1 a 3
Artículo 17 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), f. 1
Artículo 17.2 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 2, 3
Artículo 18 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), f. 1
Artículo 19 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), f. 1
Artículo 20.2 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), f. 4
Artículo 50 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), f. 4
Artículo 53 a) (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 4, 5, 7
Artículo 53 b) (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 4, 5, 7
Artículo 53 c) (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 4, 5, 7
Artículo 53 d) (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 4, 5, 7
Artículo 53 f) (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 4, 5, 7
Artículo 54 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), f. 5
Artículo 54.1 a) (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 4, 7
Artículo 54.1 b) (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), f. 7
Artículo 55.3 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), f. 4
Artículo 56 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), f. 2
Artículo 57 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 1, 2, 4
Artículo 57.1 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 2, 4
Artículo 57.5 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 2, 4
Artículo 57.6 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 2, 4
Artículo 57.7 (redactado por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre), f. 4
Artículo 57.7 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 2, 4
Artículo 61 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), f. 1
Artículo 61.1 b) (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 2, 5
Artículo 62 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 1, 6
Artículo 62.1 (redactado por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre), f. 6
Artículo 62.2 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 2, 6
Artículo 63 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), ff. 1, 2, 7
Artículo 63.2 (redactado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), f. 7
Artículo 1.9, f. 1
Artículo 1.12, ff. 1 a 3
Artículo 1.13, ff. 1 a 3
Artículo 1.50, ff. 1 a 3
Artículo 1.54, ff. 1, 2, 5
Artículo 1.55, ff. 1, 2, 6
Artículo 1.56, ff. 1, 2, 7
Artículo 1.58, f. 6
Derecho de libre sindicaciónDerecho de libre sindicación, f. 2
Derechos fundamentales de los extranjerosDerechos fundamentales de los extranjeros, ff. 2, 3, 4, 5, 6, 7
Libertad de circulaciónLibertad de circulación, f. 5
Libertad de residenciaLibertad de residencia, f. 5
Predeterminación normativaPredeterminación normativa, f. 4
Expediente de expulsiónExpediente de expulsión, ff. 4, 7
Expulsión de extranjerosExpulsión de extranjeros, f. 4
ExtranjeríaExtranjería, ff. 2, 3, 4, 5, 6, 7
Internamiento de extranjerosInternamiento de extranjeros, f. 6
Procedimiento administrativo sancionadorProcedimiento administrativo sancionador, ff. 5, 6
Reagrupación familiarReagrupación familiar, f. 3
Sustitución de multa por expulsión de extranjeroSustitución de multa por expulsión de extranjero, f. 4
Residencia obligatoria de extranjeroResidencia obligatoria de extranjero, f. 5