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Timestamp: 2018-08-22 06:58:52
Document Index: 138979645

Matched Legal Cases: ['artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 19']

Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 10 de abril de 2013 - Página 6
La enmienda de Convergència i Unió la vamos a aceptar. Es verdad que en un principio nuestra posición se refería solamente a aquellos textos aprobados por los parlamentos, pero hay otra posición política anterior a esa. Nosotros como Grupo Socialista lo que defendemos es la sentencia del Tribunal Constitucional y es que cada comunidad autónoma puede gravar los impuestos con impuestos a los depósitos bancarios, y ese principio está por encima de aquella otra postura solamente referida a los parlamentos que lo hicieron por decreto.
Por lo tanto, nosotros aceptamos el punto 1 y el punto 2 de la enmienda que plantea Convergència i Unió.
El señor VICEPRESIDENTE (Vicente González): Gracias, señoría.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Utilizo este turno en contra para explicar el voto del Grupo Popular, que será contrario a la moción por una única y simple razón, y es que resulta una moción del todo innecesaria, senador Fuentes. Innecesaria porque proponen instar al Gobierno a realizar una serie de acciones, una serie de decisiones que, como el propio ministro explicó en el debate de la interpelación, han sido ya adoptadas en el seno de la política tributaria del Gobierno.
Plantean ustedes, lo ha dicho, incrementar el tipo impositivo cero establecido para el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito y compensar a las comunidades autónomas que tenían vigentes impuestos en su ámbito territorial por los ingresos que dejan de percibir más allá del sistema de financiación de comunidades autónomas.
Eso es lo que proponen en la moción, pero lo plantean ustedes a pesar y después de que el ministro explicara de forma clara y precisa cuáles son las intenciones del Gobierno en breve y qué es lo que está ya haciendo en esta materia. Y, senadores, el ministro decía: ¿cómo vamos a financiar la compensación a las comunidades autónomas? Implantando un tipo no muy superior a cero en el impuesto estatal. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Se está trabajando ya -decía el ministro- en el cálculo exacto de esa compensación para preparar y trasladar una propuesta a las comunidades autónomas en las respectivas comisiones bilaterales. Y aclaró qué comunidades autónomas: Extremadura, Canarias y Andalucía, porque son esas tres comunidades autónomas –decía el ministro- las que tienen aprobados tributos sobre depósitos en leyes aprobadas con anterioridad a 1 de diciembre de 2012.
Y en este punto, senador Bel, le hago una precisión. Usted decía que la Comunidad Autónoma de Cataluña está en las mismas circunstancias que Andalucía, porque en Andalucía se aprobó por decreto ley. Efectivamente, el Decreto Ley de 6 de julio de 2010. Pero lo que no ha dicho usted es que ese decreto ley en Andalucía se transformó en la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, que convalida por rango de ley el decreto ley aprobado inicialmente. Por tanto, no son las mismas circunstancias.
Ustedes incluyen en la moción -y tengo que referirme a ello- la compensación al Principado de Asturias pero, como muy bien han dicho, esta comunidad incorporó la creación de un impuesto sobre depósitos en su ley de presupuestos para 2013. Y, senador Iglesias, no es una exigencia formal, es la Constitución Española la que establece en su artículo 134.7 que las leyes de presupuestos no pueden crear impuestos, por eso hay interpuesto un recurso de inconstitucionalidad. No es el argumento del Gobierno, como usted ha señalado, es el artículo 134.7 de la Constitución Española. Y, senador Bel, no es igual el caso de Cataluña que el de Andalucía –por eso, también hay un recurso de inconstitucionalidad en Cataluña- porque en Andalucía hay una ley aprobada, como le he dicho, la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, y, en cambio, en Cataluña se aprobó por decreto ley.
Senador Fuentes, yendo de nuevo al texto, resulta difícil entender por qué presentan ustedes esta moción, porque, como he dicho, el ministro le comunicó la intención de fijar un pequeño tipo impositivo, no con ánimo recaudatorio pero sí suficiente para generar los recursos y compensar a esas comunidades autónomas. Por tanto, están proponiendo al Gobierno que haga lo que se les dijo que ya se está haciendo, por eso entendemos que esta moción es innecesaria, porque el compromiso del ministro fue claro e inequívoco y porque esa compensación financiera a las comunidades autónomas está prevista ya y aprobada por ley; en el artículo 19.13 se determina que, en la medida en que el impuesto que establece la ley recaiga sobre hechos gravados por las comunidades autónomas y produzca una disminución de sus ingresos, se prevén medidas de compensación o coordinación adecuadas, se prevé la aplicación del artículo 6.2 de la Lofca, y que esa disposición es aplicable a los tributos autonómicos establecidos en una ley aprobada con anterioridad a 1 de diciembre de 2012.
Por eso, porque así lo aprobamos en la ley, el Estado va a satisfacer esa compensación a las comunidades autónomas cuyos tributos estaban establecidos en leyes aprobadas con anterioridad a 1 de diciembre de 2012, que son: Extremadura, Andalucía y Canarias. Por tanto, no tiene sentido generar ninguna duda al respecto.
Y termino, señora presidenta, señalando que en absoluto esto supone ninguna burla a la sentencia del Tribunal Constitucional ni va contra la autonomía de las comunidades autónomas; es la propia sentencia a la que todos ustedes se han referido la que señala que el poder tributario de las comunidades autónomas puede ser delimitado por el Estado, porque esa competencia autonómica no se configura en términos absolutos sino que está sujeta a los límites establecidos por el Estado.
Por tanto, ni se vulnera la potestad tributaria de las comunidades autónomas ni la autonomía, ni mucho menos pueden hablar ustedes de deslealtad institucional.
Los argumentos de la portavoz popular convencen, al menos a Cataluña y a Asturias, de que esta moción resulta no solo necesaria sino imprescindible, puesto que ustedes se ratifican en que ni Cataluña ni Asturias van a tener ninguna compensación por el impuesto sobre depósitos bancarios.
El discurso que en relación con este tema ha mantenido el Gobierno ha sido absolutamente errático. Recuerdo los argumentos que se han barajado. Primer argumento, manejado por el ministro de Hacienda cuando se les encendió la bombilla a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional y tuvieron la ocurrencia de colar la enmienda que da lugar a la creación del nuevo impuesto: Se trata de homogeneizar el tratamiento fiscal del sistema financiero en el conjunto del Estado para que no haya desigualdades territoriales, para que las entidades financieras, que es lo que importa al Gobierno, tengan el mismo tratamiento fiscal en todo el territorio. ¿Ese argumento fue aparcado por el ministro de Hacienda cuando se produce la interpelación que da lugar a esta moción? No. Entonces el ministro dice que se trata de dar respuesta a una exigencia de la Unión Europea, que manda mucho, como todos sabemos, que marca la política del Gobierno y que acaba convirtiéndose en el burladero tras el que el Gobierno esconde su responsabilidad política. Yo no sé si la Unión Europea lo exigió o no, pero el Gobierno está encantado con esta decisión que encaja con su política y que es una expresión más de su estrategia económica y financiera. Por tanto, no necesita a la Unión Europea para tomar esta decisión.
Y luego está el cambio en la estrategia. Primero cambió el discurso y ahora la estrategia. Se crea la figura impositiva con el tipo cero. Pero si ya iban a hacer esto, ¿qué trabajo les costaba en vez de poner 0 poner el 0,1‰ o el 0,2‰? La enmienda podía haber dicho eso desde el principio. Pero no; ahora crean un tipo ridículo sobre los depósitos financieros exclusivamente para compensar a las comunidades autónomas a las que ustedes y el Gobierno reconocen soberanamente el derecho a recibir esa compensación. Obviamente, para las entidades financieras este tipo ridículo no va a suponer ningún problema. Pero yo creo que en el fondo de ese cambio, y también en la estrategia, existe la necesidad de justificarse ante los recursos planteados ante el Tribunal Constitucional. Difícilmente iban a poder argumentar ustedes ante el Tribunal Constitucional el mantenimiento del tipo cero. Difícilmente iban a poder decir que estaban ejerciendo las competencias que corresponden al Estado en materia tributaria cuando no había tributo, cuando no se iba a tributar. Ustedes toman la decisión de cambiar la estrategia y establecer un ridículo tipo de gravamen solo para intentar tener más posibilidades de no perder los recursos ante el Tribunal Constitucional.
Por todo ello, yo acepto que el grupo proponente asuma la enmienda presentada por el grupo catalán, porque resuelve el objeto de la enmienda que he formulado, y mantendré el apoyo a la moción presentada.
Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Martínez.
La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente anderea.
Senatariok, nire talde parlamentarioa alde dago mozio honen arimarekin, batera goaz, zeren guk pentsatzen dugu, azken finean, mozioak esaten duena, atzoko mozioaren modura, edozein pertsonak, edo edozein erakundek legea bete egin behar duela, ezta?
Señorías, mi grupo parlamentario está a favor del alma de esta moción porque pensamos que lo que dice, al igual que la moción de ayer, es que la ley debe ser cumplida por el Gobierno y por toda sociedad.
Al fin y al cabo esta moción no viene más que a pedir que se dé cumplimiento a una ley, en este caso de financiación de comunidades autónomas, y que se acate la sentencia. En este sentido, viene muy en línea con la moción que nosotros presentábamos ayer como grupo parlamentario, que pedía precisamente eso. No deja de ser una paradoja que a estas alturas de la democracia tengamos todavía que presentar mociones los diferentes grupos parlamentarios para pedir que el Gobierno cumpla las leyes o acate las sentencias.
Pero al margen de esta coincidencia o de esta posición favorable al texto y a la esencia de la moción presentada, en este caso por el Grupo Parlamentario Socialista, nuestro voto va a ser de abstención por una cuestión clara, y es que esta moción se refiere fundamentalmente al mecanismo de financiación de las comunidades autónomas, que es ajeno tanto a la Comunidad Autónoma vasca como a la Comunidad Foral de Navarra en virtud del régimen foral de las haciendas vasca y Navarra respectivamente y a su capacidad tributaria propia. Por lo tanto, en este sentido nuestro grupo va a abstenerse pese a manifestar a priori el apoyo a cualquier moción que vaya a pedir el cumplimiento de la ley y el acatamiento de las sentencias.
El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyories.
Amb molta brevetat, nosaltres donarem suport a aquesta moció conseqüència d’interpel·lació. Cal analitzar que té el seu origen en un fet. En un primer moment és la Comunitat d’Extremadura que aprova una llei l’any 2001 que crea aquest impost. El Govern, en aquell moment, recorre aquesta llei al Tribunal Constitucional, l’any 2002. Després, altres comunitats van crear també aquest impost ―altres comunitats a les quals s’ha fet referència: Andalusia, Canàries, Astúries i Catalunya―, i és l’any 2012, el 14 de novembre, tot just fa uns mesos, quan es desestima el recurs del Govern d’Espanya per part del Tribunal Constitucional.
Quan es desestima el recurs interposat pel Govern d’Espanya i que, per tant, és plenament consolidada la legislació del conjunt de comunitats autònomes ―tot i que el recurs feia referència exclusivament a Extremadura―, es trobava en tramitació a la Comissió d’Hisenda i Administracions Públiques al Congrés, amb competència legislativa plena, i després al Senat, la Llei 16/2012. És precisament el 4 de desembre del 2012 ―és a dir, uns dies després de la sentència―, que es van introduir aquestes dues esmenes a les quals feia referència el portaveu socialista. A partir de l’article 19, creen aquest impost sobre dipòsits a les entitats de crèdit. I és el 13 de desembre quan el Senat aprova la llei. En aquell moment, i en aquella discussió, per part del Govern no es va fer servir un dels arguments a què va fer referència el senyor Montoro amb motiu de la interpel·lació del Grup Socialista. No es va dir res llavors de la carta d’emplaçament de la Comissió Europea; una carta que, per cert, va dir el ministre que era del mes de febrer. Des del febrer del 2012 que tenien la carta i, casualment, uns dies després de la sentència del Tribunal Constitucional és quan es provoca aquesta creació de l’impost, aprofitant que estava en tramitació la Llei 16/2012. Una casualitat que la carta emergeixi justament dies després d’aquesta sentència del Tribunal Constitucional. Mitjançant aquella llei, es crea un impost que, aparentment, no té voluntat recaptatòria, almenys de moment. De fet, el que es buscava amb l’excusa comunitària era una via indirecta per evitar l’existència dels impostos autonòmics sobre els dipòsits bancaris. Des del meu punt de vista, això comporta un excés en l’exercici de la competència estatal, i la correlativa lesió en detriment de la competència autonòmica per a la creació de tributs, que vulnera el principi de lleialtat constitucional i que deteriora el reconeixement del poder tributari de les comunitats autònomes i de la seva autonomia financera, establerta per la Constitució i pels estatuts d’autonomia. Perquè obtenir ingressos és definitori del concepte de tribut, i les comunitats autònomes ho poden fer en el marc de la Constitució espanyola i de la Lofca. Però l’objectiu que pretenia aquella llei, la introducció d’aquest article 19 en la Llei 16/2012 no podia ser evidentment impedir que les Comunitat Autònomes poguessin establir els seus tributs, sinó evitar la doble imposició, com per cert senyala el Tribunal Constitucional, en concret, en aquesta sentència de la llei extremenya.
Aquí el que és qüestionable no és que les comunitats autònomes gravin un fet imposable, que ja gravava l’Estat, sinó tot just el contrari. I això és un exemple de manca de lleialtat constitucional.
S’ha creat fins aquest moment, aparentment, un impost que crea el miratge de gravar un fet imposable. És una llei que, des del meu punt de vista, ignora la Lofca, que desconeix, desplaça i limita les competències autonòmiques i que estableix una prohibició contrària a l’autonomia financera de les comunitats autònomes.
Ara bé, dit tot això, la llei està en vigor. El ministre es va comprometre a compensar, contradient algunes afirmacions anteriors, les comunitats autònomes per la pèrdua de recursos que els suposarà la supressió de facto de les lleis autonòmiques referents a l’impost sobre dipòsits bancaris; i, entre altres coses, ho fa perquè és obligatori d’acord amb la legislació vigent.
Malgrat tot, el temps passa, i per això la moció fixa el termini de dos mesos per incrementar el tipus impositiu, que en aquest moment és zero, i compensar totes les comunitats autònomes que haguessin acordat en les seves respectives normatives la creació d’aquest impost abans de la publicació en el Butlletí Oficial de la Llei 16/2012. Per tant, sense les distincions subjectives a què feia referència la portaveu del Grup Popular.
Per tot això, per totes aquestes raons, nosaltres donarem el vot favorable a aquesta moció.
Con mucha brevedad, nosotros vamos a apoyar esta moción consecuencia de interpelación, que tiene su origen en un hecho, y es que en un primer momento es la Comunidad de Extremadura la que aprueba una ley en el año 2001 que crea este impuesto; el Gobierno recurre esa ley ante el Tribunal Constitucional en 2002; luego hay otras comunidades que crearon también este impuesto −otras comunidades a las que se ha hecho referencia: Andalucía, Canarias, Asturias y Cataluña− y es en el año 2012, el 14 de noviembre, hace apenas unos meses, cuando se desestima el recurso del Gobierno de España por parte del Tribunal Constitucional.
Cuando se desestima el recurso interpuesto por el Gobierno de España y, por tanto, queda plenamente consolidada la legislación del conjunto de las comunidades autónomas aunque el recurso hacía referencia exclusivamente a Extremadura, se encontraba en tramitación en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso con competencia legislativa plena, que luego pasaría al Senado, la Ley 16/2012. Es precisamente el 4 de diciembre de 2012, es decir, unos días después de la sentencia, cuando se introdujeron estas dos enmiendas a las que hacía referencia el portavoz socialista, a partir del artículo 19 y creando este impuesto sobre depósitos en la entidades de crédito. El 13 de diciembre el Senado aprueba la ley y, evidentemente, en aquella ocasión no se utilizó por parte del Gobierno uno de los argumentos al que hizo referencia el señor Montoro con motivo de la interpelación del Grupo Socialista. No se habló, no se dijo nada entonces de la carta de emplazamiento de la Comisión Europea, esa carta que, por cierto, dijo el ministro que era del mes de febrero: desde febrero de 2012 tenían la carta, y casualmente unos días después de la sentencia del Tribunal Constitucional es cuando se provoca la creación de este impuesto aprovechando que estaba en tramitación esta ley, la Ley 16/2012. Una casualidad que la carta surja precisamente días después de esta sentencia del Tribunal Constitucional, creando mediante aquella ley un impuesto que aparentemente no tiene voluntad recaudatoria, al menos hasta el momento. Lo que se buscaba con la excusa comunitaria era una vía indirecta para evitar la existencia de los impuestos autonómicos sobre depósitos bancarios que, evidentemente, comporta, desde mi punto de vista, un exceso en el ejercicio de la competencia estatal y la correlativa lesión en detrimento de la competencia autonómica para la creación de tributos, que vulnera el principio de lealtad constitucional y que deteriora el reconocimiento del poder tributario de las comunidades autónomas y su autonomía financiera, establecida por la Constitución y por los estatutos de autonomía. Porque obtener ingresos es definitorio del concepto de tributo y las comunidades autónomas lo pueden hacer en el marco de la Constitución Española y de la Lofca, pero el objetivo que pretendía aquella ley, la introducción de ese artículo 19 en esta Ley 16/2012, no podía ser, evidentemente, impedir que las comunidades autónomas pudieran establecer sus tributos, sino evitar la doble imposición, como por cierto señala el Tribunal Constitucional, en concreto esa sentencia sobre la ley extremeña.
Aquí, lo que es cuestionable no es que las comunidades autónomas graven un hecho imponible que ya gravaba el Estado, sino lo contrario, precisamente. Y este es un ejemplo de falta de lealtad constitucional.
Se ha creado hasta este momento, aparentemente, un impuesto que crea el espejismo de gravar un hecho imponible; una ley que, desde mi punto de vista ignora la Lofca, que desplaza las competencias autonómicas y que establece una prohibición contraria a la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Ahora bien, dicho todo esto, es evidente que esta ley está en vigor y el ministro se comprometió a compensar, contradiciendo algunas afirmaciones anteriores, a las comunidades autónomas por la pérdida de recursos que supondrá para ellas la supresión de facto de las leyes autonómicas referentes al impuesto sobre depósitos bancarios. Y en este sentido, entre otras cosas, lo hace porque es obligatorio de acuerdo con la legislación vigente.
A pesar de todo, el tiempo pasa y, por eso, la moción fija el plazo de dos meses para incrementar el tipo impositivo, que en este momento es cero, y compensar a todas las comunidades autónomas que hubieran acordado en sus respectivas normativas la creación de este impuesto antes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 16/2012 y, por lo tanto, sin las distinciones subjetivas a que hacía referencia la portavoz del Grupo Popular.
Por todas estas razones, nosotros vamos a dar nuestro voto favorable a esta moción.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, senyories.
Jo coincideixo amb la intervenció de la portaveu del Grup Nacionalista Basc. Aquesta és una moció que té molta relació amb la d’ahir, perquè té molta relació amb el concepte de lleialtat institucional. Poden fer els discursos que vulguin, poden fer les argumentacions que vulguin, però al final, és una absoluta falta de lleialtat institucional constant del Govern de l’Estat amb relació a les comunitats autònomes. I això és així. Al final es poden utilitzar les argumentacions que es vulgui, però la realitat és com és.
Va haver-hi lleialtat institucional a l’hora d’imposar aquest nou tribut per part de l’Estat? No, absolutament cap. Que va consultar les comunitats autònomes que tenien l’impost? Que els va demanar el parer? Que es va debatre en el Consell de Política Fiscal aquesta proposta que afectava les finances de les comunitats autònomes? No, absolutament no. Es va fer a corre-cuita, i es va fer amb la intenció de no recaptar. Es va fer amb la intenció que no recaptessin uns i de no recaptar. Després es rectificarà o no, però es va fer amb aquesta intenció. Perquè, que figura alguna partida als Pressupostos de l’Estat per ingressos d’aquest impost? No. Algú podria dir: no, és que no ens va donar temps. Els dóna temps de presentar l’esmena i modificar una llei que s’estava tramitant conjuntament amb els Pressupostos Generals de l’Estat, en el mateix tempo, i no modifiquen els Pressupostos Generals de l’Estat considerant més ingrés i, òbviament, més despesa en la compensació. És que no en tenien cap intenció. No volien recaptar i el que volien és que no recaptessin les altres comunitats autònomes.
Després rectifiquen aquest error i vénen a dir: sí, recaptarem, i amb el que recaptarem d’aquest impost compensarem les comunitats autònomes que mereixen compensació. I aquí també fan una discriminació. Òbviament, com deia abans el portaveu del Grup Mixt, aquesta moció és més necessària que mai, perquè no volen compensar totes les comunitats autònomes. Vostès tenen voluntat de compensar-ne tres i d’excloure’n dues. Per tant, el primer problema és un problema de lleialtat institucional. Els ho dic de veritat. Vostè dir: no, nosaltres tenim la potestat legal de fer-ho. La potestat legal no és, com també els recordava ahir el nostre portaveu en pregunta al President del Govern, la raó política; no és la voluntat política. I a vostès, amb aquesta pretesa lleialtat institucional, sempre els manca voluntat política.
Una altra qüestió: deixen fora Astúries i Catalunya. Poden utilitzar tots els arguments jurídics que vulguin. Poden utilitzar tots els artificis que creguin necessaris per justificar aquesta decisió. Però aquesta decisió, com altres decisions, fa cada dia que a Catalunya entenguin menys que s’hagi de mantenir una relació amb l’Estat espanyol com s’ha mantingut fins ara. I això els agradarà escoltar-ho o no, però és una gota més en un vas que ja està sobreeixint des de fa molt de temps.
Per tant, al final, vostès tenen la majoria en aquestes cambres i vostès decidiran, però sàpiguen que aquestes decisions també tenen altres afectacions. Tenen afectacions en la mentalitat, el pensament i el sentiment dels catalans i les catalanes. I quan els catalans i les catalanes veuen que, una vegada més, sense cap tipus de fonament ni raonament coherent, s’exclou Catalunya d’una compensació en què pensem que tenim raó, segurament estan fonamentant i incrementant la desafecció dels catalans amb relació a l’Estat espanyol.