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Timestamp: 2018-04-24 23:09:04
Document Index: 206991073

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 10', 'artículo 86', 'artículo 136', 'artículo 185', 'e contrario', 'artículo 10']

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FUENTE FORMAL: LEY 446 DE ARTICULO 10
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José Ángel Rey Blanco
1 ACCION DE REPARACION DIRECTA - Accidente de tránsito con vehículo oficial / ACCIDENTE DE TRANSITO - Causado con vehículo de la Gobernación del Valle del Cauca / DAÑO ANTIJURIDICO - Muerte de dos motociclistas que viajaban de Santander a Caloto Cauca, causada por conductor de vehículo oficial con ingesta de bebidas alcohólicas / VEHICULO OFICIAL - Ocasionó muerte de motociclistas / COLISION - Ocurrida entre motocicleta particular y vehículo oficial / MUERTE DE MOTOCICLISTAS - Por colisión con vehículo oficial El 15 de noviembre de 1998 se presentó un accidente de tránsito en la vía Santander- Caloto con saldo de una persona muerta y otra herida por choque entre vehículos. Se hace constar, también, que la colisión se presentó en zona urbana, en tramo de vía, con tiempo lluvioso; vía recta, doble sentido, calzadas: 1, carriles: 1, estado: bueno, condiciones: húmeda, sin iluminación, mala iluminación, señales ninguna. La descripción de los vehículos refiere un campero de servicio oficial y una motocicleta de servicio particular, el primero, vehículo oficial, campero Toyota de propiedad del departamento del Valle del Cauca. PRUEBA TRASLADADA - Valor probatorio de las solicitadas por ambas partes / PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL - Se vulnera cuando una de las partes solicite el traslado y si lo demostrado contraría sus pretensiones solicita su inadmisión Cuando el traslado ha sido solicitado por ambas partes, las pruebas practicadas en otro asunto pueden ser objeto de valoración sin más, así las partes en el asunto de que se trata no hubieren sido tales en el original y no hubieren sido ratificadas en el proceso, en el que se pretenden hacer valer. Lo anterior, atendiendo al principio de lealtad procesal, pues contrariarlo sería que una de las partes solicite el traslado y, en el evento en que lo demostrado le fuere contrario a sus pretensiones, solicitará su inadmisión. Aunado a que, en los términos del artículo 10 de la Ley 446 de 1998 la ratificación no opera sin previa solicitud. FUENTE FORMAL: LEY 446 DE ARTICULO 10 CONDUCCION DE VEHICULOS - Es una actividad peligrosa gobernada por el régimen de responsabilidad objetiva / REGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA - Aplicable en la actividad de conducir vehículos La conducción de vehículos se considera peligrosa, gobernada por el régimen de responsabilidad objetiva sin que ello obste, como de manea reciente, en sentencia de Sección de 19 de abril de 2012, lo advirtió esta Sala, para que en consideración al modelo de responsabilidad estatal establecido por el constituyente de 1991 se privilegie tal régimen puesto que a la luz de la norma constitucional, compete al juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. NOTA DE RELATORIA: En relación la conducción de vehículos, consultar sentencia de 19 de abril de 2012, Exp , MP. Hernán Andrade Rincón. PRINCIPIO DE LA SANA CRITICA - Regla / PRINCIPIO DE LA SANA CRITICA - El juez da al material probatorio la mayor o menor credibilidad según conexión con los hechos y su capacidad de convencimiento / PRINCIPIO DE LA SANA CRITICA - El juez goza de libertad a la hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción / PRINCIPIO DE LA SANA CRITICA - Permite al fallador en ejercicio de su autonomía decidir el peso de cada
2 prueba que sustenta los hechos En el presente caso, dado que existen dos medios de prueba que se contradicen entre sí, generando dos hipótesis susceptibles de ser comprobadas, la Sala en aplicación del principio de la sana crítica dará mayor valor probatorio a aquella que la lleve a un convencimiento superior y le aporte elementos suficientes, para luego determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, establecer si existió o no responsabilidad de la entidad demandada en su consumación y así definir las pretensiones de la presente demanda. ( ) las reglas de la sana crítica permiten al fallador, en ejercicio de su autonomía, decidir el peso que dé a cada una de las pruebas presentadas para sustentar los hechos, sin que ello comporte un ejercicio arbitrario, pues, en todo caso, se habrá de sustentar su experiencia y raciocinio en el ordenamiento. Sin tener que sujetarse a reglas fijas sobre el valor de cada medio, aunque con respeto de los principios constitucionales, particularmente las facultades de audiencia y contradicción de las partes. NOTA DE RELATORIA: Referente a la aplicación de las reglas de la sana crítica, consultar sentencia de 07 de abril de 2011, Exp PRUEBA TRASLADADA - Proceso penal no consultó la realidad probatoria de los hechos La Sala advierte que al proceso se allegó la prueba traslada de la investigación penal, adelantada en contra del señor Zapata Rivera, por el delito de homicidio culposo y dentro esta copia del informe según el cual, como quedó anotado en el capítulo de hechos probados de la presente providencia, el accidente habría ocurrido porque la motocicleta de placas KQK colisionó al campero de propiedad del departamento del valle del Cauca; empero ello no consulta la realidad probatoria en este asunto, dado que los testigos son contestes en afirmar que ello no ocurrió así y sus versiones son convincentes, en tanto el informe de tránsito en el que se apoyó el a quo no lo es. PRUEBA TESTIMONIAL - Valor probatorio / PRUEBA TESTIMONIAL - De testigos presenciales dan cuenta de la existencia del daño / PRUEBA TESTIMONIAL - Permitió establecer la imprudencia del conductor del vehículo oficial Todos los testimonios transcritos dan cuenta, además, de la existencia del daño, de la imprudencia del conductor del vehículo oficial quien, sin verificar la presencia del otro automotor, se introdujo al carril correspondiente a aquellos que se desplazan por la vía en el sentido Santander Caloto. Para la Sala, dando aplicación a las reglas de la sana crítica, siendo estas, ante todo, reglas de entendimiento humano propias de la lógica y la razón, sumadas a la experiencia dará pleno valor a la prueba testimonial obrante dentro del expediente y no así al informe que la contradice, comoquiera que el servidor público que elaboró el documento no presenció lo ocurrido, en tanto los testigos, por demás, coincidentes sí. PRUEBA DOCUMENTAL - Informe técnico del accidente resultó débil por elaborarse con suposiciones / INFORME TECNICO - El agente que lo elaboró no estuvo presente, ni consultó testigos, siendo insuficiente su reconstrucción El informe de accidente al que se hace mención pese a su calidad de documento público y de prueba técnica, resulta débil en cuanto realizado con base en suposiciones, pues el agente estatal que lo elaboró no estuvo presente, ni
3 consultó a los testigos siendo insuficiente su reconstrucción a partir de huellas, señales y partes de los vehículos, entre otros hallazgos. Siendo preocupante que no dejara consignado lo dicho por el testigo cuya presencia fue reconocida por los agentes de la Fiscalía en el acta de levantamiento de cadáver. ( ) dado que los testigos presenciaron el hecho y el agente de tránsito no, tanto así que según la declaración del señor Edgar Rodríguez, éste no se hizo presente hasta cuando él estuvo en el lugar del accidente, para la Sala resulta de mayor convicción lo dicho por quienes conocieron de primera mano lo ocurrido, que aquello consignado en el informe de tránsito, elaborado con posterioridad, sin el apoyo de los testigos presenciales. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Se configuró al acreditarse que el conductor del vehículo oficial intentó adelantar imprudentemente la motocicleta causando la colisión / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - Configuración al probarse que vehículo oficial invadió carril contrario Analizado en su conjunto el material probatorio obrante dentro del proceso, se observa que los vehículos y el cuerpo de una de las víctimas quedaron ubicados en el carril que correspondía a la motocicleta lo cual permite señalar, así mismo, éste como el lugar de la colisión, al punto que el señalado en el croquis responde mas bien, como lo señaló uno de los testigos a los restos de la farola del willys que intentó adelantar el vehículo oficial. ( ) Y es que de la comparación íntegra de los testimonios es dable colegir la presencia de los carros que antecedían y precedían el vehículo oficial y que este invadió el carril de la vía contraria, dando lugar a la colisión. Es dable señalar que los testigos no fueron tachaos por sospecha, y que no guardan relación directa con las víctimas o sus familiares. De modo que nada indica que coincidieron en faltar a la verdad. Efectivamente, habiendo tenido la oportunidad la demandada no tachó los testigos y tampoco se hizo uso de este recurso en el proceso penal, así que la Sala dará mayor credibilidad a ese medio probatorio por ser el que más certeza le otorga respecto de las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se presentaron los hechos y lo que la lógica demuestra haber ocurrido. HECHO EXCLUSIVO DE LA VICTIMA - Eximente de responsabilidad del Estado / HECHO EXCLUSIVO DE LA VICTIMA - Excepción propuesta por el Departamento del Valle del Cauca / HECHO EXCLUSIVO DE LA VICTIMA - Excepción planteada por los llamados en garantía / HECHO EXCLUSIVO DE LA VICTIMA - Excepción no probada / HECHO EXCLUSIVO DE LA VICTIMA - No se desvirtuó que los motociclistas invadieran el carril que transitaba vehículo oficial La parte demandada, así como los llamados en garantía, excepcionaron, a efectos de eximir su responsabilidad en el hecho exclusivo de la víctima, bajo el argumento de que fueron las personas que se transportaban en la motocicleta las que actuaron de manera imprudente invadiendo el carril por el que transitaba el vehículo oficial. No obstante la Sala encuentra desvirtuada dicha excepción, pues la única prueba allegada para soportarla es el informe de accidente el cual, como quedó anotado, no tiene el valor suficiente para esclarecer lo ocurrido. En ese orden de ideas, correspondía a la demandada recabar el material probatorio que fuera necesario para imputar el hecho de la víctima alegado; empero se limitaron al informe de tránsito, sin la fundamentación requerida. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA - Existencia al demostrarse que conductor de vehículo oficial causó
4 el accidente por encontrarse bajo la ingesta de bebidas alcohólicas / ALCOHOL ETILICO EN LA SANGRE - Constituye un riesgo en la conducción de vehículos / INVASION DE CARRIL CONTRARIO - Ocasionó colisión de vehículo oficial y motocicleta / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Dado que el daño lo ocasionó agente estatal que conducía vehículo oficial sin observar normas de tránsito / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - Por el daño causado por la acción de un agente suyo Está plenamente demostrado que el agente del Estado conducía el vehículo oficial bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, lo cual, sin lugar a duda, debió incidir en la ocurrencia del accidente, pues está demostrado que la presencia del alcohol etílico en la sangre, dependiendo del porcentaje que se halle, constituye un riesgo en la conducción de vehículos. Respecto del Estado de alicolaramiento que presentaban los señores Adrian Erney Rivera y José Cibares Paz, la Sala advierte que, aún cuando vía testimonio se conoció dicha situación y se echa de menos la prueba técnica correspondiente, lo cierto tiene que ver con que el conductor de la moto recibió el impacto, de suerte que el accidente habría acontecido de todas maneras, con alicoramiento del conductor o sin ello, sin que por ello se pueda entender que es dable conducir en estado de alicoramiento. Lo que ocurre es que i) de un parte no se cuenta con prueba técnica correspondiente y ii) la colisión fue causada por el conductor del vehículo oficial este sí en el estado que la demandada pretende atribuir a las víctimas. Es claro entonces que la colisión se produjo porque el señor Zapata Rivera invadió el carril izquierdo de la vía pública que de Caloto conduce a Santander de Quilichao, sin observar las normas de tránsito que regulan el adelantamiento en carretera. ( ) Siendo así la Sala advierte que en el presente caso, pese a que el tribunal absolvió a la administración por el hecho de la víctima la sentencia de instancia habrá de revocarse para, en su lugar, condenar al departamento a reparar el daño causado por la acción de un agente suyo, en cuanto para adelantar un vehículo invadió el carril contrario, pasando por alto normas de tránsito que, de haberse observado habrían evitado la colisión. PERJUICIOS MORALES - Reconocimiento a padres, madre, hermanos y abuelo de la víctima De conformidad con las reglas de la experiencia se infiere que los antes nombrados en calidad de padres, madre, hermanos y abuelo de las víctimas, respectivamente, sufrieron congoja y aflicción por el fallecimiento de los señores Rivera Pineda y Paz Velasco. En consecuencia, la Sala reconocerá a favor de los señores Reinaldo Rivera, Olga Pineda y Evangelina Velasco Méndez, el máximo reconocido por la Corporación a título de perjuicio moral, esto es por la muerte de un hijo, es decir el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. PERJUICIOS MATERIALES - Daño emergente / DAÑO EMERGENTE - Negados por no acreditar gastos en que incurrieron familiares / PERJUICIOS MATERIALES - Lucro cesante / LUCRO CESANTE - Reconocimiento a madre Se solicitó el pago de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante que se encontraren demostrados en el proceso; sin embargo, no se señalan gastos en los que hayan tenido que incurrir los familiares de las víctimas, ni obra prueba alguna de la que se puedan deducir. Por lo anterior, no hay lugar a reconocimiento en esta modalidad de perjuicio. ( ) no resulta procedente el reconocimiento del lucro cesante reclamado por la muerte del señor
5 José Cibares Paz Velasco, por cuanto existía para la época de los hechos otra hija quien, de acuerdo con las reglas de la experiencia ya se encontraba en edad de producir y de asumir la obligación alimentaria de su progenitora. Sin embargo, dentro del proceso quedó probado, a través de los testimonios, que obran en el expediente, que al momento de su muerte, el señor José Cibares Paz Velasco ayudaba a la madre y a su hermana y lo seguiría haciendo, mediante el ingreso que percibía de sus actividades varias, entre estas ayudante de construcción. A folios 218, 219, 224 a 227 del cuaderno 1 del expediente obran testimonios de las señoras Mercedes Victoria Zapata, Pedro José Victoria Acevedo, Venancio Noscue y Carmen Elvira Cruz, rendidos ante el Juzgado Civil del Circuito de Caloto. ( ) es menester acceder a la pretensión indicada, pues está demostrado que el señor José Cibares Paz Velasco ayudaba a su madre en el sostenimiento del hogar y las reglas de la experiencia indican que lo haría hasta cumplir los 25 años de edad. PERJUICIOS MATERIALES - Lucro cesante / LUCRO CESANTE - Indemnización futura / INDEMNIZACION FUTURA - Negada por contar occiso con 26 años de edad para la época de los hechos Dado que para la época de los hechos Adrian Erney contaba con 26 años de edad, época para cual, de acuerdo con las reglas de la experiencia, él se habría independizado, realidad que no se desvirtuó, la Sala se abstendrá de reconocer el perjuicio. LLAMAMIENTO EN GARANTIA - Aseguradora La Previsora S. A. / RESPONSABILIDAD DE COMPAÑÍA DE SEGUROS - Al acreditarse que con póliza de seguros se garantizaban los daños ocasionados por el Departamento del Valle del Cauca Respecto del vínculo contractual que legitima al departamento del Valle, para llamar en garantía a la aseguradora la Previsora, obra en el proceso copia de la póliza No , aportada por el Subgerente de seguros regional de la misma, vigente entre el 31 de julio de 1998 y el 28 de febrero de 1999, acompañada del documento contentivo de las condiciones generales, referidas a los amparos y a las exclusiones. ( ) Dado que se demostró la vinculación del señor Absalón Zapata Rivera a la demandada en condición de conductor, ( ) análisis de alcoholemia el que arrojó como resultado 75mg% de alcohol etílico en su sangre, la aseguradora habrá de responder, de todas maneras por el monto asegurado, esto es, $ , que actualizado con las fórmulas que para el efecto ha establecido la jurisprudencia asciende a la fecha a la suma de $ ,oo. Aplicable como único límite en cuanto no obra otro en la póliza, así se anuncie. LLAMAMIENTO EN GARANTIA DE SERVIDOR PUBLICO - Al demostrarse la vinculación del conductor con el Departamento del Valle del Cauca / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE PERSONA NATURAL LLAMADA EN GARANTIA - Por la conducta negligente e imprudente del conductor de vehículo oficial vinculado a entidad estatal / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL LLAMADO EN GARANTIA - Conductor de vehículo oficial por conducta gravemente culposa por conducir embriagado e invadir carril contrario Existe en el proceso copias auténticas de los actos de nombramiento y posesión que acreditan la calidad de servidor público del señor Zapata Rivera. ( ) con base en los argumentos expuestos, para la sala resulta forzoso concluir que la conducta
6 negligente e imprudente del señor Absalón Zapata fue gravemente culposa, pues, además de haber ingerido bebidas alcohólicas, decidió adelantar los vehículos que le precedían en la vía que de Caloto conduce a Santander de Quilichao sin observar si el carril izquierdo estaba libre, con la poca luminosidad de la vía y malas condiciones climáticas, teniendo previo conocimiento de que la carretera era de doble sentido, por lo cual era evidente que, en cualquier momento circularía un vehículo en sentido contrario al que él se dirigía. Actuar irresponsable que amerita que el mismo responda por el 70% de la condena. REEMBOLSO DE CONDENA DEL LLAMADO EN GARANTIA A ENTIDAD DEL ESTADO - Del setenta por ciento del total de la condena / REEMBOLSO DE CONDENA DE PERSONA NATURAL A DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - Llamado en garantía por los perjuicios causados / ACCION DE REPARACION DIRECTA - Se ordenó al llamado en garantía servidor público reembolso de valor de la condena Se condenará al llamado en garantía señor Absalón Zapata conductor del vehículo oficial de placas ONG 980, a reembolsar al departamento del Valle del Cauca el 70% del total de las sumas que la entidad territorial demandada cancele a los demandantes en este asunto por concepto de la presente decisión. De lo que se colige que el departamento demandado asumirá el 30% del valor, suma que deberá ser atendida por la compañía de seguros La Previsora hasta el monto del valor asegurado actualizado-, en los términos expuestos. Al respecto la Subsección advierte que el departamento pagará el 100% de la condena a los demandantes, sin perjuicio del derecho de la entidad territorial de repetir por el 70% a cargo del conductor. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B Consejera ponente: STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013) Radicación número: (27355) Actor: ADRIAN ERNEY RIVERA PINEDA Y OTROS Demandado: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION DE REPARACION DIRECTA Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 21 de octubre de 2003, por el Tribunal
7 Contencioso Administrativo del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. I. ANTECEDENTES 1. Pretensiones El día 10 de diciembre de 1998, los señores Telmo Reinaldo Rivera, Olga Marina Pineda de Rivera; Adrian Erney, Vitalino, Nuby Mary, Aracely y Luz Eugenia Rivera Pineda; Evangelina Velasco Méndez, Yamileth Paz Velasco, Daniel Velasco Rivera, Eladio Paz y María de Jesús Uznas, a través de apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, contra el departamento del Valle del Cauca (fls. 31 a 62 y 67 a 101, c. 1). Demanda que fue corregida 1, en atención a que el señor Adrián Erney Rivera Pineda falleció días después de su presentación. La modificación consistió en excluir del grupo demandante al occiso y en su lugar solicitar perjuicios por su muerte (folios 67 a 101 c. 1). Una vez modificadas las pretensiones quedaron como sigue: Declárase al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA representado por el Gobernador doctor Gustavo Álvarez Gardeazabal responsable de la muerte del señor ADRIAN ERNEY RIVERA PINEDA y por la muerte del señor JOSÉ CIBARES PAZ VELASCO, y por consiguiente de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a cada uno de los integrantes que conforman cada grupo familiar, relacionados en esta demanda. ( ) Como consecuencia de la anterior declaración, háganse las siguientes o similares condenas: 1. POR PERJUICIOS MATERIALES: Condénese al departamento del Valle del Cauca, a pagar las cantidades que por concepto de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante), se prueben dentro del presente proceso, los cuales se liquidarán a favor de los padres de los occisos en la proporción que ha determinado la jurisprudencia correspondiente a la suma que ADRIAN ERNEY RIVERA 1 El 29 de enero de 1999 y sin que se hubiera admitido la demanda, la parte demandante presentó escrito de corrección en el sentido de excluir del grupo demandante al señor Adrián Erney Rivera Pineda con ocasión de su deceso ocurrido como consecuencia del accidente que sufrió el 15 de noviembre de El 19 de marzo siguiente, el a quo admitió la demanda y su reforma, reconociendo personería a los abogaos para actuar en representación de los demandantes, dentro de los que, en atención a la reforma, no se incluyó al señor Adrián Erney Rivera (folios 109 a 110 c.1).
8 PINEDA (q.e.p.d), dejará de producir en razón de la muerte de la que fue objeto y por lo que dejó de producir el señor JOSÉ CEBARAS PAZ VELASCO (q.e.p.d), en razón de la muerte de que fue objeto y por todo el resto posible de vida que le quedaba en la actividad económica a que se dedicaban, habida cuenta de la edad de los occisos y a la esperanza de vida calculada (...). Para los efectos anteriores, los ingresos deberán ser ACTUALIZADOS de conformidad con la fórmula aplicada en forma reiterada por el Honorable Consejo de Estado ( ). También serán reconocidos en la estimación de los perjuicios, las mesadas correspondientes a primas, cesantías, vacaciones y demás emolumentos que constituyen salario, o por lo menos el aumento del 25% que ha reconocido nuestra jurisprudencia del Consejo de Estado. La indemnización comprenderá dos periodos EL VENCIDO O CONSOLIDADO, que se establecerá aplicando la siguiente fórmula ( ). La FUTURA O ANTICIPADA ( ). Subsidiariamente A falta de bases suficientes para la fijación o liquidación matemático actuarial de los perjuicios que se debe a los padres de los occisos, el Tribunal se servirá fijarlos, por razones de equidad, en el equivalente en pesos de cuatro mil gramos de oro (4.000), para cada grupo familiar a la fecha de la ejecutoria de la sentencia ( ). 2. POR PERJUICIOS MORALES ( ) Concretando la petición, se debe indemnizar a cada uno de los demandantes, o a quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo, con el equivalente en pesos a gamos de oro actualizados por supuesto, o la suma que reemplace los $ ,oo de 1981, para la fecha de esta sentencia ( ). 3. POR INTERESES Se debe a cada uno de los actores que compone cada grupo familia o a quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo, los intereses que se generen a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. De conformidad con el art del C.C. todo pago se imputará primero a intereses. Se pagarán intereses comerciales y transcurridos seis (6) meses los de mora. 4. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA La Nación colombiana dará cumplimiento a la sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su ejecutoria, de conformidad con lo reglado en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. (negrilla del texto).
9 2. Fundamentos de hecho 2.1 El 15 de noviembre de 1998, los señores José Cibares Paz Velasco y Adrian Erney Riera Pineda se transportaban en una motocicleta modelo 1996 de servicio particular, por la vía que de Santander conduce a Caloto (Cauca). 2.2 De conformidad con los hechos de la demanda, las personas atrás mencionadas fueron embestidas por el vehículo oficial de placas ONG 980, adscrito a la gobernación del Valle del Cauca, conducido por el señor Absalón Zapata, quien conducía en estado de embriaguez y al tratar de adelantar a otro vehículo invadió el carril contrario, ocasionando la muerte instantánea del señor Paz Velasco y lesiones graves al señor Rivera Pineda, quien, como consecuencia de las mismas, falleció el 26 de diciembre siguiente. 2.3 Según afirman los demandantes, la muerte de los antes nombrados resulta imputable a la entidad territorial demandada, dado que el conductor, en cumplimiento de una misión oficial, actuó con negligencia dando origen a la responsabilidad extracontractual del Estado, por falla presunta de la administración, obligada a asumir el riesgo. 3. Oposición a la demanda En escrito presentado el 6 de agosto de 1999, la parte demandada contestó (fls. 117 a 128, c. 1) en el sentido de oponerse a las pretensiones. Para el efecto adujo que el accidente de tránsito no le puede ser imputado. Afirmó que, contrario a lo afirmado en la demanda, el vehículo oficial involucrado en el accidente mantuvo su carril y fue impactado por la motocicleta en la que se movilizaban los occisos, pues así lo revela el croquis elaborado el día de los hechos, en el que también se puede constatar que las víctimas se transportaban sin luces. Señaló que, del informe del accidente y del croquis aportados con la demanda, se aprecia que la colisión se presentó sobre el carril que le correspondía al vehículo
10 oficial, de donde no queda sino concluir que la motocicleta invadió el contrario y colisionó de frente con el campero Toyota. Aclaró la entidad, que no obra dentro del expediente prueba alguna que de cuenta del estado de beodez que se imputa al conductor del vehículo oficial; por el contrario lo que encuentra claro, es que las personas que se desplazaban en la moto habían ingerido alcohol, de acuerdo con el testimonio rendido por un compañero de los occisos, quien se desplazaba en una motocicleta algunos metros atrás. Según la entidad territorial No es cierto que la muerte de los ocupantes de la moto obedeciera al accionar de un vehículo oficial, como lo manifiesta el apoderado de los demandantes, pues el accidente obedeció a la conducta irresponsable de los ocupantes de la moto quienes se encontraban alicorados, invadieron el carril contrario, no portaban los cascos reglamentarios y obligatorios, portaba parrillero mayor de edad, transitaba sin luces y finalmente no transitaba por su derecha, como lo ordena el Código Nacional de Tránsito. Concluyó la demandada que no le corresponde al Estado indemnizar a los dolientes de los occisos en el presente asunto, porque fueron imprudentes e irresponsables dando lugar a su muerte, pues no hubo disposición de tránsito que no haya sido desconocida por los dos ocupantes de la moto. Aunado a lo expuesto encontró exageradas las pretensiones indemnizatorias y al margen de las normas penales relacionadas con la materia. Especialmente se opuso al reconocimiento del perjuicio fisiológico, por la posterior muerte del señor Rivera Pineda. Propuso la excepción de hecho exclusivo de la víctima. Sostuvo que se encuentra probado que el accidente ocurrió sobre el carril que le correspondía al vehículo oficial, al punto que por ello la Fiscalía se abstuvo de decretar medida de aseguramiento contra el servidor público que lo conducía. Insistió el departamento en que, sumado a lo anterior, para la prosperidad de la excepción debe tenerse en cuenta que el conductor de la motocicleta ingirió licor antes de emprender su camino y desconoció la normatividad de tránsito, sobre la utilización del vehículo.
11 En escritos separados, radicados el mismo 6 de agosto de 1999, la parte demandada llamó en garantía a la Compañía de Seguros la Previsora S. A., en virtud de la póliza de responsabilidad civil extracontractual que amparaba el vehículo oficial, involucrado en los hechos de la demanda; así como al señor Absalón Zapata Rivera conductor del mismo. 4. Llamamiento en garantía El 6 de junio de 2000, el a quo resolvió admitir las solicitudes de llamamiento y citar a los garantes para que intervinieran en el proceso (fls. 211 a 213 c. 1). Mediante escrito de 9 de agosto de 2000, el señor Absalón Zapata Rivera contestó oponiéndose a las imputaciones de la demanda. Afirmó que el accidente en el que perdieron la vida los señores Paz Velasco y Rivera Pineda obedeció a la conducta irresponsable de los mismos quienes, encontrándose embriagados, invadieron el carril por el que circulaba el vehículo oficial y desconocieron las normas de tránsito. Con base en lo anterior y reiterando los argumentos expuestos por la parte demandada, propuso la excepción de hecho exclusivo de la víctima (fls. 220 a 226 c. 1). La llamada en garantía, compañía de seguros la Previsora S. A., intervino por medio de escrito radicado el 30 de octubre de Propuso como excepciones i) el hecho exclusivo de la víctima, pues la motocicleta transitaba por el carril que por prelación legal le correspondía al vehículo oficial; excediendo su capacidad, pues además del conductor se transportaba un parrillero y se conducía sin luces en condiciones no favorables de visibilidad, según lo sostenido por la autoridad de tránsito; ii) inexistencia de responsabilidad por ausencia de los elementos estructurales y iii) límites de amparo asegurado y así mismo agotamiento de la cobertura (fls. 243 a 255 c. 1). 5. Sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia de 21 de octubre de 2003, exoneró a la entidad territorial demandada por hecho de las víctimas y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda (fls. 201 a 226, c. ppal).
12 Fundó su decisión en que como la conducción de vehículos implica un riesgo, correspondía a la demandada demostrar el eximente de responsabilidad, carga con la que se cumplió efectivamente. Puso de presente el material probatorio trasladado del proceso penal, particularmente la prueba testimonial, aunque no ratificada, empero aceptada por ambas partes y utilizada para fundar los alegatos, es decir sobre la que se surtió el requisito constitucional de la contradicción. Destacó el a quo que la parte demandante solicitó el traslado de lo actuado en la investigación seguida contra el conductor del vehículo oficial y que la demandada se fundó en ella para estructurar su defensa. Indicó que si bien las diferentes declaraciones rendidas dentro del proceso no son absolutamente coincidentes, particularmente en la ubicación de los vehículos luego de la colisión, esto último se confirma con el croquis, en el que también se dejó constancia del estado de alicoramiento de los ocupantes de la motocicleta. Credibilidad que no fue controvertida, pues se trata de un documento público cuya legalidad no fue desvirtuada. Con base en los anteriores argumentos, el Tribunal Administrativo del Cauca declaró probado el hecho exclusivo de la víctima y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda. 6. Recurso de apelación Inconforme con la decisión, el 4 de noviembre de 2003, la parte demandante interpone recurso de apelación (fl. 311 c. ppal), sustentado mediante escrito de 23 de noviembre siguiente (fls. 326 a 333 c. ppal). Solicita revocar la sentencia y, en su lugar, condenar a la entidad pública demandada, acorde con las pretensiones invocadas en la demanda. Manifiesta la actora que el fallo de primera instancia que declaró el hecho exclusivo de la víctima, fundado en el informe de tránsito, contradice la prueba
13 testimonial, rendida por quienes presenciaron la colisión y por ello con mayor valor probatorio. Adujo que, así la preclusión de la investigación penal, adelantada en contra del conductor del vehículo oficial, se haya adoptado también con base en el informe de tránsito, dejando a un lado la prueba testimonial, ello no da lugar a sostener que el accidente ocurrió como se sostuvo en dicha causa particularmente si se considera que la justicia penal contó con elementos limitados para el efecto informe de tránsito insuficiente para exonerar de responsabilidad al departamento del Valle en este asunto. Afirmó que el conductor del vehículo oficial violó el Código Nacional de Tránsito por cuatro razones. En primer lugar porque, antes de efectuar el adelantamiento de una calzada a otra no observó el carril contrario, como debía, a fin de verificar si estaba libre y tampoco anunció su intención, mediante el uso de luces direccionales o señales ópticas. En segundo lugar, dado que está prohibido adelantar, cuando la visibilidad es desfavorable, tal como ocurrió en el presente caso, en el que está probado que la carretera en la que se presentaron los hechos se encontraba húmeda y sin iluminación. En tercer lugar, en razón de que el conductor no disminuyó la velocidad, a pesar de las condiciones deficientes de visibilidad y, en cuarto lugar, por cuanto el conductor del vehículo oficial se encontraba en estado de embriaguez, tal como quedó demostrado con la prueba realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Sur, el cual determinó 75 miligramos por ciento de alcohol etílico. Porcentaje que, de acuerdo con lo manifestado por el laboratorio de Investigación y Especialización Científica, demuestra la disminución de los reflejos y alteración de la percepción, pues los 50 mgrs% fueron superados. Respecto del estado de alicoramiento predicable de los occisos, el recurrente pone de presente que no se les practicó prueba de alcoholemia y que nada puede alegarse al respecto. Señala que el fallador de primera instancia desconoció que la razón por la que la Fiscalía se abstuvo de abrir instrucción, en contra del agente estatal, conductor del vehículo causante del accidente, no fue porque la denuncia careciera de veracidad, sino por la imposibilidad física de los testigos presenciales de rendir declaración, pues uno de ellos fue asesinado y el otro amenazado.
14 Controvierte la actora la conclusión del ad quo, según la cual los testigos presenciales no son tales porque no se dejó constancia sobre los vehículos en los que se desplazaban, pasando por alto que sus afirmaciones no fueron controvertidas, lo que comporta seguridad jurídica sobre la coherencia argumentativa de sus afirmaciones, al margen de la identificación que se echa de menos. Respecto del régimen objetivo, aplicable al caso, advierte que no puede desconocerse que uno de los automotores involucrados, para el caso el vehículo oficial, tendría que considerarse de mayor peligrosidad y así mismo con la carga de desvirtuar la responsabilidad, sin que sea necesario que se pruebe la falla del servicio. Concluyó que la entidad demandada no puede ser exonerada, porque, contrario a lo afirmado, en el fallo impugnado, el hecho de las víctimas no se probó y en ese orden de ideas debe estarse a lo efectivamente demostrado. No hacerlo así implicaría aceptar que los jueces pueden fundar sus decisiones en meras posibilidades o en fallos de autoridades, en las que no opera la justicia rogada. 7. Alegaciones en segunda instancia. La parte demandada, en escrito de 3 de agosto de 2004, insiste en que el accidente debe atribuirse a la vulneración de las normas de tránsito y al estado de alicoramiento de las víctimas (fls. 347 a 349 c. ppal). La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1.1 Competencia Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que negó las pretensiones, comoquiera que la cuantía de la demanda corresponde a la
15 exigida en vigencia del Decreto 597 de , para que la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocida por el Consejo de Estado. 1.2 Legitimación en la causa Los registros civiles allegados al proceso acreditan el interés en este asunto de los demandantes Reinaldo Rivera y Olga Pineda, Luz Eugenia, Aracely, Nuby Mary y Vitalino Rivera Pineda, dada su condición de padres y hermanos de Adrian Erney, quien falleció el 26 de diciembre de 1998 a causa de un accidente en el que se vio involucrado un vehículo de propiedad de la demandada (fls. 4 a 9 c. 1). Al igual que los registros civiles abiertos a nombre de Evangelina Velasco Méndez, Yamileth y José Cibares Paz Velasco, madre del señor José Cibares y hermanos entre sí, que igualmente demuestran la condición del señor Daniel Velasco, padre de Evangelina y abuelo de José (fls. 19, 20, 22 y 24 c. 1). Respecto de los señores Eladio Paz González y María Jesús Usnas Cifuentes, dado que no obran documentos que den cuenta de su parentesco con el señor Paz Velasco, pues sólo se conoce, porque se desprende de la partida eclesiástica que obra en el expediente que contrajeron matrimonio católico, la Sala mediante auto de 29 de julio 2013, ordenó oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que remitiera copia del registro civil del señor José Cibares Paz Usnas que como se sabe es el progenitor del occiso; sin resultado, pues la Registraduría no encontró que el antes nombrado figure registrado, en cuanto la cédula del mencionado señor se expidió con partida de bautismo. El 15 de octubre de 2013, se puso en conocimiento de las partes la respuesta, sin pronunciamiento alguno por parte de estas. No obstante lo anterior, existe prueba testimonial 3 en la que se les reconoce como abuelos paternos de la víctima, con la que se encuentra acreditada su condición de damnificados y así serán considerados. 2 El 10 de diciembre de 1998, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ artículos 129 y 132 del C.C.A. subrogados por el Decreto 597 de y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de $ a favor del señor Adrian Erney Rivera Pineda, por concepto de perjuicios fisiológicos.
16 Finalmente, obra en el expediente prueba de la propiedad del vehículo involucrado en los hechos que originaron la presente demanda, amén de la vinculación del conductor de la entidad demandada, de donde se colige la legitimación del departamento del Valle del Cauca - Secretaría de Obras Públicas para concurrir a la litis (fls. 243 a ). 1.3 Caducidad Se observa que los demandantes acudieron a la justicia dentro del término establecido en el artículo 136 del Decreto 01 de 1984, pues los hechos ocurrieron el 15 de noviembre de 1998 y la presentación de la demanda data del 10 de diciembre siguiente. 2. Problema jurídico De acuerdo con los hechos de la demanda y los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si resulta imputable al departamento del Valle del Cauca el accidente de tránsito en el que murieron los hijos, hermanos y nietos de los demandantes. Ocasionado por la colisión entre la motocicleta particular en la que los mismos viajaban y un vehículo de propiedad de la entidad; pues el a quo, de modo que la parte actora controvierte, exoneró a la demandada al encontrar probado el hecho de la víctima. 3. Cuestión previa En relación con el traslado de pruebas, el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, dispone: Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. 3 Testimonios de los señores Pedro José Victoria Acevedo e Isabel Zape Ascue, obrantes a folios 219 a 220 c. 2.
17 Al respecto ha dicho la jurisprudencia de esta Sección que cuando el traslado ha sido solicitado por ambas partes, las pruebas practicadas en otro asunto pueden ser objeto de valoración sin más, así las partes en el asunto de que se trata no hubieren sido tales en el original y no hubieren sido ratificadas en el proceso, en el que se pretenden hacer valer. Lo anterior, atendiendo al principio de lealtad procesal, pues contrariarlo sería que una de las partes solicite el traslado y, en el evento en que lo demostrado le fuere contrario a sus pretensiones, solicitará su inadmisión. Aunado a que, en los términos del artículo 10 de la Ley 446 de 1998 la ratificación no opera sin previa solicitud. Se tiene, entonces, de conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, probados los siguientes hechos: 3.1 Hechos probados El 15 de noviembre de 1998, falleció el señor José Cibares Paz Velasco a causa de un accidente de tránsito; de ello dan cuenta el certificado de defunción No expedido el 19 de noviembre de 1998 por la Notaría Única de Santander de Quilichao, aportado en copia auténtica por la parte demandante (fl. 21 c. 2) y el acta de inspección de cadáver No. 009 de la misma fecha 4, expedida por el cuerpo Técnico de Investigación Seccional Popayán de la Fiscalía General de la Nación. Documento este en que se hace constar, además, las graves heridas que le ocasionaron la muerte (fls. 517 a 518 c. 3). En el acta se consignaron los siguientes datos: Fecha muerte: 15 de noviembre de 1998 Cómo se determinó: Información de testigos Manera muerte: Homicidio accidente de tránsito 4 Los documentos obrantes a folios 515 a 678 del C. 2, son copias del proceso penal que contra el conductor del vehículo oficial se adelantó y fueron remitidos mediante oficio No. 049 PC 5356 de 7 de febrero de 2002, por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los jueces Penales del Circuito de acuerdo con la solicitud de pruebas realizada por las partes y decretada por el ad quo mediante auto de 17 de agosto de Los documentos obrantes a folios 310 del C. 2 a 514 c. 3, por su parte fueron remitidos de la investigación penal, adelantado por los delitos de prevaricato por omisión y contra la fe pública en contra del policía de carreteras que elaboró el informe de accidente.
18 Medidas de seguridad: uso de casco: No Presentación del cadáver: Cabeza al occidente y pies al oriente. El occiso llevaba como parrillero al señor HENRY RIVERA (amigo), quien no se encontró en el lugar de los hechos puesto que fue trasladado grave al hospital de esta población e inmediatamente de allí remitido al universitario del Valle. A folios 552 y 553 del cuaderno 3, obra el protocolo de necropsia No , elaborado por el médico rural Edgar Hernán Orozco Hurtado quien de los exámenes externos e internos realizados al señor Paz Velasco concluyó: Occiso adulto quien en vida respondió al nombre de JOSÉ CIBARES PAZ quien fallece a consecuencia directa: Mecanismo de muerte: contusión cerebral Causa de muerte: Trauma craneoencefálico severo PROBABLE MANERA DE MUERTE: accidente de tránsito En razón del accidente, el señor Adrian Erney Rivera Pineda fue trasladado al Hospital Universitario del Valle [q]uien ingresó a esta institución después de sufrir accidente de tránsito presentando: TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO SEVERO, TRAUMA RAQUIMEDULAR CERVICAL, FRACTURA CONMINUTA TIBIA Y FIBULA IZQUIERDA, FRACTURA POLO INTERIOR DE PATELA, FRACTURA CONMINUTA SEGMENTARIA DE FEMUR IZQUIERDO, INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO, BRONCONEUMONÍA EN RESOLUCIÓN y falleció el 26 de diciembre siguiente, de conformidad con lo consignado en la historia clínica que reposa en el expediente, remitida mediante oficio ES de 15 de febrero de 2002, suscrito por la secretaria de la sección estadística y de archivo del Hospital Universitario (fls. 288 a 309 c. 2). Mismo día en que se realizó inspección de cadáver consignada en el informe No. 3768, acorde con el cual la muerte del señor Adrian Erney Rivera Pineda ocurrió a consecuencia de accidente de tránsito (fls. 578 a 579 c.3). A folio 103 c.2, obra copia auténtica del certificado de defunción No , expedido el 29 de diciembre de 1998 por la Notaría Doce de Cali De acuerdo con el informe No de 15 de noviembre de 1998, elaborado por el agente Pablo César Cárdenas Ruiz, -allegado a este proceso como prueba trasladada, según se anotó- el 15 de noviembre de 1998 se presentó un accidente de tránsito en la vía Santander- Caloto con saldo de una persona
19 muerta y otra herida por choque entre vehículos. Se hace constar, también, que la colisión se presentó en zona urbana, en tramo de vía, con tiempo lluvioso; vía recta, doble sentido, calzadas: 1, carriles: 1, estado: bueno, condiciones: húmeda, sin iluminación, mala iluminación, señales ninguna. La descripción de los vehículos refiere un campero de servicio oficial y una motocicleta de servicio particular, el primero, vehículo oficial, campero Toyota de propiedad del departamento del Valle del Cauca. Como causas probables se señaló: Vehículo No. 1: No codifica Vehículo No. 2: Código 135. Transitar por fuera del carril Versión cond No.1: La moto venía sin luces Versión Cond No. 2: Falleció en el lugar Observaciones: el lugar se encontraba sin iluminación. El croquis utiliza las siguientes convenciones: 1. Vehículo placas ONG980 4 Vehículo moto KQK 5 Occiso 6 Partes moto (sillón) 7 Zona impacto fragmento vidrios 8 Sentido vial 9 Sentido vehículo No. 2. Figura, también, gráfica en cuadrícula indicativa de la vía, la ubicación de los vehículos, del cadáver y del sillón de la moto, así: A la izquierda, vista sentido Caloto Santander de Quilichao se observan los dos vehículos y el cuerpo está a 0.50 mts de la motocicleta. En el otro sentido al lado izquierdo casi al frente de los vehículos una marca indica partes de la moto (sillón). Al lado derecho en el mismo sentido de la vía se marca el lugar de la colisión. De acuerdo con el croquis las víctimas transitaban de Santander a Caloto por el sentido contrario al señalado en la vía En razón de la muerte de los señores Paz Velasco y Rivera Pineda, la Fiscalía 001 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito adelantó investigación penal, en contra del conductor del vehículo oficial, Absalón Zapata Rivera, por el delito de homicidio culposo y lesiones personales por accidente de
20 tránsito. El 2 de febrero de 2001, la Fiscalía 004, ante los jueces penales del Circuito dictó medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva con beneficio de excarcelación, revocada mediante resolución de 7 de noviembre de 2001, (fls. 640 a 647 y 672 a 674 c.3.) se señaló al respecto: Corolario de la anterior exégesis es la necesidad de aplicar en este evento concreto las nuevas normas del C. de P. Penal, en forma retroactiva, vale decir a casos ocurridos antes de su vigencia, pues por ser normas de orden público de riguroso cumplimiento y procesales de efectos sustanciales prevalecen sobre las anteriores, en razón a su evidente favorabilidad, pues no es lo mismo una medida de aseguramiento de detención preventiva, así sea con excarcelación caucionada, que diferir tal decisión hasta la sentencias ( ) Los actos de nombramiento y posesión acreditan la calidad de servidor público del señor Zapata Rivera allegados por el Jefe de la Unidad Administrativa del departamento del Valle del Cauca (fls. 201 a 210 c. 1). Igualmente se demostró que el vehículo marca Toyota, clase montero, de placas ONG 980, a tiempo de los hechos prestaba servicio a la Secretaría de Obras Públicas (fl. 244 c.2) Con ocasión de los hechos objeto de la presente demanda, la Secretaría General de la Gobernación del Valle del Cauca adelantó investigación disciplinaria en contra del señor Absalón Zapata Rivera, [s]ervidor público de esa entidad, en su calidad de motorista ( e ) de la Oficina Regional para la Atención y Prevención de Desastres del Despacho del Gobernador por presunta falta consistente en la utilización del vehículo oficial de placas ONG 980 el día 15 de noviembre de 1998, sin autorización previa por parte de su jefe, con tan mala fortuna que colisionó con una moto, muriendo sus dos ocupantes. De ello da cuenta la copia del oficio CDI 0760 LEI remitido por el jefe de la Unidad Administrativa del Despacho del Gobernador, obrante a folio 209 c La mencionada actuación disciplinaria terminó con la expedición de la Resolución No. 051 de 1999, por medio de la cual se declaró al señor Absalón Zapata Rivera responsable disciplinariamente y acreedor de la sanción de 60 días de suspensión de su vinculación laboral. De lo anterior da cuenta el oficio CDI 0940 de 22 de noviembre de 2001 suscrito por la Coordinadora del área de Control Disciplinario de la Gobernación del Valle del Cauca, documento allegado en fotocopias auténticas por la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Gobernación del Valle del Cauca (fls. 249 a 250 c.1).
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