Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-570-de-octubre-19-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_8a853eadf661496fbb5449f8721dca08&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-26 16:10:56
Document Index: 341978841

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 150', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 150', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 67', 'artículo 70', 'artículo 71', 'artículo 95', 'artículo 63', 'artículo 72', 'artículo 313', 'artículo 8', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA C-570 DE OCTUBRE 19 DE 2016
SENTENCIA C-570 DE 19 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:FACULTAD DEL CONGRESO PARA AUTORIZAR GASTO PÚBLICO EN LEYES DE HONORES, DE CONMEMORACIONES Y DE RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES CON CONTENIDO RELIGIOSO. SE PRECISA, EN CUANTO A LAS MEDIDAS DE AUTORIZACIÓN AL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL, PARA INCLUIR PARTIDAS DIRIGIDAS A CONTRIBUIR A LA FINANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS DE FOMENTO, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS, SE DEBE AJUSTAR A LOS CRITERIOS DEFINIDOS POR LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, EN EL SENTIDO QUE EL ESTADO, POR INTERMEDIO DEL CONGRESO Y EL GOBIERNO, SE ENCUENTRA COMPROMETIDO CON LA SALVAGUARDA DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES, COMPROMISO QUE INCLUYE LA POSIBILIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS DE FINANCIACIÓN PARA SU FOMENTO, APOYO Y PROMOCIÓN. AHORA BIEN, SEGÚN LO EXPLICADO, EN LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA DEL CONGRESO EN LA MATERIA, LA MISMA SE LIMITA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE LEY, CORRESPONDIENDO AL GOBIERNO (NACIONAL Y REGIONAL) LA DECISIÓN DE INCORPORAR, SI ASÍ LO CONSIDERA, LA RESPECTIVA PARTIDA PRESUPUESTAL, SIENDO ESTE EL CONTEXTO EN QUE QUEDARON DEFINIDAS LAS MEDIDAS DE GASTO PÚBLICO CONTENIDAS EN LA LEY 1754 DE 2015. EN CONCORDANCIA CON LO EXPUESTO, SE DECLARA LA EXEQUIBILIDAD DE LA LEY 1754 DE 2015, SALVO LAS EXPRESIONES “Y RELIGIOSA” Y “RELIGIOSA Y” CONTENIDAS EN EL TÍTULO Y EN EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY, RESPECTIVAMENTE, QUE SE DECLARAN INEXEQUIBLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:FACULTADES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, DEBERES DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO, PROTECCIÓN DEL BIEN CULTURAL, GASTO PÚBLICO
Sentencia C-570 de octubre 19 de 2016
Referencia: Expedientes D-11320 y D-11327
Asunto: Demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 1º y la totalidad de la Ley 1754 de 2015 “Por la cual se reconoce la importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, del municipio de Belalcázar, en el departamento de Caldas, y se dictan otras disposiciones”.
Paula Andrea Sánchez Camargo
Cristian Julián Carreño Piragauta
Bogotá, D.C., diecinueve de octubre de dos mil doce.
A continuación se transcribe el texto de la norma demandada, Ley 1754 de 2015 “ Por la cual se reconoce la importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, del municipio de Belalcázar, en el departamento de Caldas, y se dictan otras disposiciones”.
LEY 1754 DE 2015
Diario Oficial 49.554 de 25 de junio de 2015
Por la cual se reconoce la importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, del municipio de Belalcázar, en el departamento de Caldas, y se dictan otras disposiciones.
ART. 1º—Reconózcase la importancia cultural y religiosa del monumento a Cristo Rey, ubicado en el municipio de Belalcázar, departamento de Caldas.
ART. 2º—En el ámbito de sus competencias, las Entidades Públicas encargadas de proteger el patrimonio cultural, concurrirán para la organización, protección y conservación arquitectónica e institucional del monumento a Cristo Rey, ubicado en el municipio de Belalcázar, Caldas.
El Ministerio de Cultura prestará asesoría técnica en lo de su competencia.
ART. 3º—Autorízase al Gobierno nacional, para que contribuya al fomento, promoción, protección, conservación, restauración, divulgación, desarrollo y financiación que demande el reconocimiento del monumento a Cristo Rey, ubicado en el municipio de Belalcázar, Caldas.
ART. 4º—El Gobierno nacional, el departamento de Caldas y el municipio de Belalcázar, quedan autorizados para impulsar y apoyar ante otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la obtención de recursos económicos adicionales o complementarios a los que se autorizaren apropiar en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal, destinados al objeto que se refiere la presente ley.
ART. 5º.—La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
[Siguen firmas]”.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 241 de la Constitución Política, esta Corporación es competente para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que se formulan contra la Ley 1754 de 2015.
2. Alcance de las demandas
En el asunto sometido a la consideración de la Corte, los actores le solicitan a la corporación que declare inexequible la Ley 1754 de 2015, “[p]or la cual se reconoce la importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, del municipio de Belalcázar, en el departamento de Caldas, y se dictan otras disposiciones”.
Quien actúa como demandante en el expediente D-11320, dirige la acusación contra el artículo primero de la referida ley, por considerar que dicha norma, al reconocerle importancia religiosa y cultural al monumento de Cristo Rey, el cual es representativo de la fe católica, está privilegiando a esta religión frente a los demás cultos existentes en el país, lo que resulta contrario al principio pluralista, al carácter laico del Estado colombiano y el derecho a la igualdad de trato en materia religiosa (C.P., arts. 2º, 13 y 19).
Por su parte, el actor en el expediente D-11327, direcciona su demanda contra los cinco artículos que componen la citada Ley 1754 de 2015, sobre la base de entender que dichas normas, en la medida en que reconocen importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, y autorizan al Gobierno Nacional y regional de Caldas para apoyar y contribuir a la financiación que demande el referido monumento, transgreden el principio pluralista, al carácter laico del Estado colombiano y el derecho a la igualdad de trato en materia religiosa (C.P., arts. 2º, 13 y 19), pues al ser tal monumento una manifestación representativa de la fe católica, se está privilegiando a esta religión frente a los demás cultos existentes en el país.
Advierte la Corte, entonces, que los cargos presentados en ambas demandas, coinciden en el fundamento argumentativo, cual es el cuestionar las medidas contenidas en la Ley 1754 de 2005, a partir de considerar que las mismas están reconociendo privilegios y beneficios públicos a una manifestación de la fe católica, afectando la neutralidad religiosa del Estado y la igualdad de trato en materia confesional.
En relación con la anterior acusación, el Ministerio Público y el grupo mayoritario de intervinientes, del que hacen parte el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Universidad de Caldas y la Universidad Javeriana, le solicitan a la Corte que declare la exequibilidad de la ley impugnada, tras considerar que las medidas en ella adoptadas tienen un carácter predominantemente cultural y no religioso, dirigidas a proteger y exaltar una obra civil de importante valor cultural y arquitectónico para la región cafetera y para el país en general.
En contraste, quien interviene en representación de la Universidad Nacional de Colombia, le pide a este Tribunal que declare la inexequibilidad de la Ley 1754 de 2015. Básicamente, sobre la base de entender que la ley acusada le atribuye al monumento a Cristo Rey una declaratoria especial, el carácter de bien “de importancia cultural y religiosa”, siendo esta una categoría que no existe en la ley general de cultura y que establece una discriminación religiosa contraria a la Constitución.
Una posición intermedia a las anteriores presenta quien interviene en representación de la Universidad del Bosque. Dicha institución educativa le solicita a la Corte que declare la exequibilidad de la Ley 1754 de 2015, salvo la expresión “patrimonio religioso”, contenida en el título y en el artículo primero, tras entender que si bien las medidas adoptadas en dicha ley buscan proteger una manifestación material de importante valor arquitectónico histórico y cultural, razón por la cual se ajustan a la Constitución, la exaltación del monumento como de “importancia religiosa” si estaría vinculando al Estado con un reconocimiento a la religión católica, lo que contraría las garantías superiores de pluralismo y neutralidad.
No obstante los planteamientos de fondo presentados, quien interviene en representación de la Universidad de Caldas, le plantea a la Corte, como petición principal, la existencia de una presunta ineptitud sustantiva de las demandas, derivada de la falta de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en sus acusaciones, pues considera que las mismas surgen de meras apreciaciones personales y sin llevar a cabo un estudio detallado de las razones de inconstitucionalidad.
Frente a la petición principal esbozada por la Universidad de Caldas, aprecia la Corte que, aun cuando los textos de las demandas presentan inconsistencias e insuficiencias argumentativas, en todo caso, las mismas cumplen con los requisitos mínimos de procedibilidad previstos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, toda vez que de las acusaciones en ellas formuladas puede extraerse la adecuada estructuración de al menos un cargo concreto de inconstitucionalidad basado en razones claras, ciertas, pertinentes, suficientes y específicas(23).
En efecto, a juicio de la Corte, no obstante advertirse cierto déficit de estructuración en la formulación de las demandas bajo estudio, quienes la promueven si presentan, por lo menos, una acusación consistente de inconstitucionalidad contra la ley pugnada. En efecto, los demandantes, a través de los cargos formulados, plantean un problema jurídico constitucionalmente relevante, en cuanto reprochan las medidas contenidas en la Ley 1754 de 2015, por considerar que estas, en cuanto reconocen la importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, y autorizan al Gobierno Nacional y regional de Caldas para apoyar y contribuir a la financiación que demande el referido monumento, transgreden el principio pluralista, al carácter laico del Estado colombiano y el derecho a la igualdad de trato en materia religiosa, pues le están reconociendo privilegios a una manifestación representativa de la fe católica, por encima de los demás cultos existentes en el país.
Sobre esa base, la acusación cuenta con un grado mínimo de coherencia y solidez, que permite llevar a cabo una confrontación objetiva entre la ley acusada y la Constitución, pues, prima facie, la misma permite despertar una duda razonable sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, derivada, a su vez, de la necesidad de establecer si tales disposiciones desconocen, en realidad, el principio de neutralidad religiosa, la libertad de cultos y la igualdad de trato que se predica de todos los credos frente al Estado y frente a la ley.
En consecuencia, en virtud del principio pro actione, para la Corte es claro que la acusación formulada se ampara en razones claras, ciertas, pertinentes, suficientes y específicas, en la medida en que la misma: (i) permite entender el sentido de la demanda y lo que con ella se persigue, (ii) se dirige a controvertir directamente el contenido de las normas impugnadas, (iii) algunos de los argumentos en que se basa son de naturaleza estrictamente constitucional, (iv) contiene igualmente elementos fácticos que buscan poner en duda la constitucionalidad de las medidas normativas cuestionadas, e (v) intenta mostrar la manera como las preceptivas acusadas puedes contrariar la Constitución.
Así las cosas, estima esta corporación que en la presente causa se está en presencia de demandas en forma, motivo por el cual debe proferirse el respectivo pronunciamiento de fondo.
3.1. Teniendo en cuenta el contenido de las demandas formuladas y las distintas intervenciones, en esta ocasión le corresponde a la Corte establecer si las medidas adoptadas en la Ley 1754 de 2015, en cuanto exaltan una manifestación representativa de la fe católica e imponen cargas públicas con respecto a ella, vulneran los principios constitucionales de laicidad y pluralismo religioso, y la igualdad de derecho de todas las confesiones religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico.
3.2. Concretamente, deberá la corporación determinar si el legislador desbordó su ámbito de configuración normativa, al reconocerle importancia religiosa y cultural al monumento a Cristo Rey, y al autorizar al Gobierno Nacional y regional de Caldas para contribuir a la financiación que demande el referido monumento y para adoptar medidas de apoyo al mismo.
3.3. Para resolver el anterior problema jurídico, la Corte abordará los siguientes temas: (i) el modelo de Estado laico que impera en Colombia y los criterios fijados por la jurisprudencia frente a la facultad del Congreso para expedir leyes que exalten y promuevan bienes a los que se les reconozca un valor cultural o de otro orden y que tengan como base una connotación religiosa; (ii) la facultad del Congreso para autorizar gasto público en leyes que exalten y promuevan bienes a los que se les reconozca un valor cultural o de otro orden y que tengan un contenido religioso; (iii) para finalmente, con base en los criterios anteriores, evaluar la constitucionalidad de las normas impugnadas.
4. El modelo de Estado laico y pluralista que impera en Colombia. Criterios de jurisprudencia frente a la facultad del Congreso para expedir leyes de honores, de conmemoraciones y de reconocimientos institucionales con contenido religioso
4.1. Esta corporación, en un número considerable de pronunciamientos, ha tenido oportunidad de analizar medidas legislativas que involucran al Estado, a través de decisiones públicas, con expresiones o manifestaciones sociales, artísticas, culturales e históricas que tienen o pueden tener como base fenómenos con cierta connotación o implicación religiosa, y frente a las cuales las instituciones públicas han asumido responsabilidades generalmente relacionadas con la imposición de erogaciones presupuestales o de gasto público.
4.2. Tales les decisiones, han sido adoptadas, entre otros, en el contexto de las llamadas leyes de honores, de conmemoraciones y de reconocimientos institucionales en general, entendiendo por tales, aquellas leyes cuyo objeto o finalidad puede ser, o bien exaltar o enaltecer a personas, hechos o instituciones que merecen ser destacados públicamente por promover significativamente valores de interés constitucional, o bien promocionar, respaldar y/o apoyar ciertos bienes -materiales e inmateriales-, monumentos, eventos, situaciones o manifestaciones que tengan o se les reconozca un valor cultural, social o histórico determinado(24).
4.3. En el estudio que la Corte ha realizado sobre ese tipo de medidas legislativas, la corporación ha abordado el análisis de constitucionalidad desde la perspectiva del modelo de Estado laico y pluralista que impera en Colombia a partir de la expedición de la Constitución de 1991, caracterizado por una estricta separación entre el Estado y las iglesias, y en el que se garantiza la plena libertad religiosa y la igualdad de derecho de todas las confesiones religiosas frente al propio Estado y frente al ordenamiento jurídico.
4.4. Ha destacado la jurisprudencia que, si bien la laicidad del Estado no fue incorporada expresamente en la Carta, mediante norma explícita, se trata de un principio que hace parte del orden constitucional a partir de la interpretación sistemática y genealógica sobre los cambios producidos por la Constitución de 1991 en relación con la Constitución Centenaria de 1886, a través del cual se propugna por la separación entre iglesia y Estado, la neutralidad del Estado frente a las distintas religiones y la prohibición de favorecimiento a algunas de ellas(25).
4.5. El anterior planteamiento ha sido explicado, señalando la Corte que el Estado Social de derecho que rige en Colombia por decisión del Constituyente de 1991, tiene entre sus componentes más importantes: (i) el pluralismo religioso; (ii) la prohibición de medidas que identifiquen al Estado con una confesión determinada -prohibición del confesionalismo-; (iii) la libertad religiosa; y (iv) la igualdad entre las distintas confesiones. Aclarando la misma Corporación que la “invocación a la ‘protección de Dios’, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia en particular”(26).
4.6. En ese sentido, lo ha reconocido la propia jurisprudencia, el constituyente de 1991 abandonó el modelo adoptado por la Constitución de 1886 que consagraba un Estado con libertad religiosa pero de orientación confesional, derivado de la protección preferente que le reconocía a la Iglesia Católica, y estableció un Estado laico, con plena libertad religiosa, caracterizado, como se ha dicho, por una estricta separación entre el Estado y las iglesias, y por la igualdad de derechos de todas las confesiones religiosas.
4.7. Conforme con ello, los principio de laicidad y pluralismo religioso, que identifican el Estado social de derecho, imponen que las diferentes creencias tengan idéntico reconocimiento y protección por parte del Estado, lo que conlleva, a su vez, que, prima face, resulten constitucionalmente inadmisibles aquellas medidas legislativas o de otra naturaleza que tengan como propósito específico desincentivar o desfavorecer a las personas o comunidades que no compartan la práctica religiosa mayoritaria, ya sea porque pertenecen a otros credos, porque no se asocian a ninguno, o, simplemente, por la circunstancia de manifestarse en oposición a cualquier dimensión religiosa, espiritual y en todo caso trascendente(27).
4.8. De ese modo, lo ha reconocido la jurisprudencia en forma unánime, se entiende reivindicado el carácter laico del Estado colombiano, alejado, por tanto, de la posibilidad de adscribirse a una doctrina oficial en materia religiosa, y comprometido con el deber de neutralidad en virtud del cual no es posible la promoción, patrocinio o incentivo religioso.
4.9. Sobre esas bases, las decisiones más relevantes en punto a las leyes que exaltan, promueven, promocionan y respaldan personas, manifestaciones artísticas, culturales, históricas o sociales, y que tienen connotación religiosa, han tenido lugar en los siguientes pronunciamientos:
— Sentencia C-568 de 1993, donde la Corte declaró exequibles algunas disposiciones de la Ley 37 de 1905, de la Ley 57 de 1929, de la Ley 6a. de 1945, del Código Sustantivo de Trabajo y de la Ley 51 de 1983, en las cuales se establecieron días festivos coincidentes con fiestas católicas.
— Sentencia C-350 de 1994, donde la Corte adoptó las siguientes decisiones: (i) declaró exequibles los artículos 3º y 4º de la Ley 33 de 1927, a través de los cuales el Estado declaraba de utilidad pública el monumento del Templo del Voto Nacional y el 5º de la Ley 1ª de 1952, que prevé el establecimiento de un día de descanso obligatorio durante la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús; y (ii) declaró inexequible el artículo 2º de la Ley 1ª de 1952 que asociaba al Estado a la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. En dicho fallo, la Corte consideró que la consagración oficial al Sagrado Corazón de Jesús desconocía el nuevo ordenamiento constitucional, donde se “establece un Estado laico y pluralista, fundado en el reconocimiento de la plena libertad religiosa y la igualdad entre todas las confesiones religiosas”.
— Sentencia C-766 de 2010, donde la Corte analizó la objeción gubernamental presentada al Proyecto de ley 195 de 2008 - Senado y 369 de 2009 - Cámara, “[p]or medio del cual se conmemoran los cincuenta años de la coronación de la imagen de nuestra señora de Chiquinquirá en el municipio de La Estrella, Antioquia, y se dictan otras disposiciones”, y en la que se declaró “inconstitucional” el referido proyecto de ley.
— Sentencia C-817 de 2011, donde la Corte declaró inexequible la Ley 1402 de 2010, “[p]or la cual la Nación se asocia a la celebración de los 50 años de la Diócesis de El Espinal y se declara monumento nacional a la catedral de El Espinal, en el departamento del Tolima”.
— Sentencia T-139 de 2014, donde la Corte llevó a cabo la revisión de una acción de tutela promovida contra la Gobernación de Santander, por la aparente vulneración de los derechos a la igualdad y a la libertad religiosa, al haber contratado la referida entidad territorial la ejecución de una obra alegórica a un ser superior dentro del proyecto turístico “Ecoparque cerro del Santísimo”. En dicho pronunciamiento, la Corte concluyó que el proyecto no desconocía los derechos invocados, en cuanto el mismo no tenía una finalidad religiosa sino turística y cultural.
— Sentencia C-948 de 2014, donde la Corte, de manera general, declaró exequible Ley 1710 de 2014, “por la cual se rinde honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa colombiana”, e inexequibles los artículos 3º, 4º, la expresión “como la cuna moderna de la evangelización para los indígenas de América y el mundo moderno”, contenida en el artículo 6º y el parágrafo del artículo 8º de la misma ley.
— Sentencia C-224 de 2016, donde la Corte declaró inexequible el artículo 8º de la Ley 1645 de 2013, “por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras disposiciones”; norma que, en el contexto de la citada ley, autorizaba a la administración municipal de Pamplona para asignar partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual, para el al fomento, promoción, difusión, conservación, protección y desarrollo del Patrimonio Cultural material e inmaterial de las procesiones de la Semana Santa de Pamplona, Norte de Santander.
— Sentencia C-441 de 2016, donde la Corte declaró exequibles los artículos 6º y 7º de la Ley 1767 de 2015, "[p]or medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación la celebración de la semana santa en Tunja, Boyacá y se dictan otras disposiciones"; preceptivas que, en el contexto de la citada ley, autorizaban, de un lado, al Gobierno Nacional para incorporar al Presupuesto General de la Nación las apropiaciones requeridas para contribuir a la celebración de la Sama Santa en Tunja, y, del otro, a la administración municipal de dicha ciudad para asignar también partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual, con destino al mismo fin.
4.10. En tales decisiones, la Corte ha venido fijando las reglas a partir de las cuales deben ser evaluadas las medidas legislativas que comprometen al Estado —fundamentalmente en materia presupuestal o de gasto público—, con expresiones o manifestaciones sociales, artísticas, culturales e históricas en la que confluye la cuestión religiosa, teniendo como premisa fundamental que el principio de separación entre las Iglesias y el Estado impone neutralidad de las autoridades frente a las manifestaciones religiosas e impide que el Estado adhiera o promueva una determinada religión.
4.11. Con ese criterio, la Corte ha rescatado la legitimidad constitucional de las leyes que rinden homenajes, las que celebran aniversarios de municipios colombianos y las que hacen conmemoraciones o reconocimientos institucionales en general, poniendo de presente que el Congreso de la República, en virtud de la cláusula general de competencia y por expreso mandato del numeral 15 del artículo 150 de la Carta Política, se encuentra ampliamente facultado para adoptar ese tipo de medidas, cuyo propósito, como ya ha sido anotado, es el reconocimiento estatal a personas, hechos o instituciones que merecen ser destacados públicamente, así como también a ciertos bienes, monumentos, eventos o situaciones a los que se les reconozca un valor cultural, social o histórico determinado, e incluso arquitectónico o turístico.
4.12. En esa orientación, la jurisprudencia ha precisado que esa clase de leyes, conforme a los principios que informan el estado social de derecho, si bien deben tener una clara connotación social, cultural, histórica o turística, destacándose en ellas su naturaleza secular, pueden también tener como base fenómenos vinculados con alguna religión, siempre que ello no implique desconocer el carácter laico del Estado colombiano.
4.13. Sobre ese particular, ha puesto de presente que en el régimen constitucional colombiano es posible que en una ley de las connotaciones señaladas coincidan el elemento cultural, histórico o social y el elemento religioso. Sin embargo, dentro del propósito de hacer prevalecer los principios de laicidad y neutralidad del Estado frente a las distintas religiones y la prohibición de favorecimiento a algunas de ellas, la causa principal de la medida legislativa debe ser la de naturaleza secular, de manera que el componente o aspecto religioso, derivado, en su generalidad, del origen o la naturaleza propia de la manifestación que se pretende exaltar, no sea el protagonista, evitando con ello que se promocione una determinada práctica confesional, lo cual es inadmisible desde el punto de vista constitucional.
4.14. En apoyo a dicha regla, la Corte, en la Sentencia C-766 de 2010, refiriéndose a ese tipo de medias legislativas, destacó que “el análisis constitucional no conduce a entender que la neutralidad estatal implica un total aislacionismo de la religión respecto de los intereses del Estado”, sino a entender que, en todo caso, “las actividades que desarrolle el Estado en relación con la religión deben tener como único fin el establecer los elementos jurídicos y fácticos que garanticen la libertad de conciencia, religión y culto de las personas, sin que se encuentre fundamento legítimo para que las funciones públicas se mezclen con las que son propias de las instituciones religiosas, siendo ejemplo de estas últimas las que atienden a la definición de su ideología, su promoción y difusión”. Ello, tras considerar que “no puede ser el papel del Estado promocionar, patrocinar, impulsar, favorecer o realizar cualquier actividad de incentivo respecto de cualquier confesión religiosa que se practique en su territorio.”
4.15. Conforme con ello, en el mismo fallo se precisó que “el Estado podría promocionar, promover, respaldar o tener acciones de expreso apoyo y protección jurídica respecto de manifestaciones que, incluyendo algún contenido religioso, tuvieran un claro e incontrovertible carácter de manifestación cultural para un grupo o comunidad de personas dentro del territorio colombiano”, caso en el cual el elemento cultural “deberá ser el protagonista de dicha manifestación. Son ejemplo de este tipo expresiones culturales las festividades populares en las que se exalta un santo o un acontecimiento religioso –Fiestas de San Francisco de Asís en Quibdó o las Fiestas de San Pedro en el Huila-, pero que, sin lugar a dudas, involucran como elemento fundacional y principal una manifestación de la cultura de dicha población.”
4.16. La posición adoptada en la Sentencia C-766 de 2010, ha sido reiterada en la Sentencias C-817 de 2011, C-948 de 2014, C-224 de 2016 y, más recientemente, en la Sentencia C-441 de 2016. En efecto, en la Sentencia C-817 de 2011, la Corte explicó que, “si bien resulta admisible prima facie que el Estado exalte manifestaciones sociales que tengan un referente religioso, para que esto resulte válido desde la perspectiva constitucional, se requiere que la normatividad o medida correspondiente tenga un factor secular, el cual (i) sea suficientemente identificable; y (ii) tenga carácter principal, y no solo simplemente accesorio o incidental”. Con base en dicho criterio, precisó que aquellas normas jurídicas mediante las cuales el Estado promueve una práctica religiosa específica, que carezcan del factor secular o que existiendo, el mismo sea apenas marginal y no principal, son contrarias al Estado laico, al pluralismo religioso y a la libertad de cultos, y por tanto contrarias a la Constitución, en tanto se entiende que el fundamento de la disposición es la promoción de dicho credo.
4.17. En plena correspondencia con lo anterior, en la Sentencia C-224 de 2016, la Corte manifestó que, “si bien es cierto que el Legislador está legitimado para adoptar políticas de protección y promoción a manifestaciones culturales, aún si tienen alguna connotación religiosa, también lo es que el fundamento cultural debe ser el protagonista, y no a la inversa, porque en tal caso se afectarían los principios de laicidad y neutralidad religiosa, pilares esenciales de un Estado social de derecho que pregona el pluralismo y el respeto por la igualdad de todas las confesiones”.
4.18. En desarrollo de lo dicho, se expresó en el mismo pronunciamiento que “es posible que en una ley converja una dimensión religiosa con el reconocimiento o exaltación de elementos culturales, históricos o sociales; por ejemplo, en aquellas que pretenden rendir homenajes a ciudadanos, celebrar aniversarios de municipios o hacer conmemoraciones institucionales. Sin embargo, en tales eventos, para evitar que los principios de laicidad y neutralidad del Estado se vulneren, la jurisprudencia ha sido categórica en exigir que el fundamento religioso sea ‘meramente anecdótico o accidental en el telos de la exaltación’”.
4.19. Con base en ello, en la citada Sentencia C-224 de 2016, la Corte destacó que el análisis de constitucionalidad de normas que relacionen al Estado, específicamente frente a erogaciones patrimoniales, con expresiones artísticas y culturales que revistan carácter religioso, impone tener en cuenta los siguientes dos criterios: (i) que la medida sea susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de condiciones; y (ii) que el aparato estatal no incurra en algunas de las prohibiciones identificadas en la Sentencia C-152 de 2003, en virtud de las cuales las autoridades públicas no pueden: “(i) establecer una religión o iglesia como oficial; (ii) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión; (iii) realizar actos de adhesión, así sean simbólicos, con una creencia, religión o iglesia; (iv) tomar decisiones que tengan una finalidad religiosa; (v) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial sea promover, beneficiar o afectar a una religión en particular; (iv) aprobar medidas de connotaciones religiosas que sean únicas y necesarias, es decir, que se adscriban claramente para favorecer o afectar una confesión o iglesia”.
4.20. De ese modo, la jurisprudencia ha dejado en claro que, siendo Colombia un Estado laico, basado en la libertad religiosa y en la igualdad de trato en materia confesional, no es posible adoptar medidas legislativas o de otra naturaleza, que consagren tratamientos más favorables o perjudiciales a una religión en particular, a partir del hecho determinante de buscar promocionar su práctica o rechazo. Ello, sin embargo, no significa que la ley no pueda exaltar, promocionar o patrocinar manifestaciones religiosas que, por las trazas culturales, sociales e históricas que las prácticas confesionales han dejado con el paso del tiempo, merezcan ser destacadas y apoyadas por el Estado. Lo que significa es que, en tales casos, debe ser el componente secular o laico, es decir, la connotación social, cultural, histórica, económica, arquitectónica e incluso turística, la razón principal de la adopción de la medida legislativa correspondiente, la cual a su vez debe ser verificable, consistente y suficiente.
4.21. Ahora bien, dentro del propósito de definir la constitucionalidad de medidas legislativas de exaltación o apoyo donde hay participación de elementos religiosos, la misma jurisprudencia(28) ha señalado que los criterios de interpretación literal, histórica y de contexto de dicha ley, pueden aportar insumos importantes para efectos de establecer si se está en presencia o no de efectos seculares preponderantes. En plena correspondencia con ello, también ha precisado este Tribunal que resulta igualmente relevante analizar la disposición acusada desde una perspectiva integral, lo que implica evaluarla, a partir de las medidas en ella adoptadas y en el ámbito en el que se desarrollan, tomando en consideración su motivación y finalidad. En busca de tal propósito, resulta útil acudir a otros elementos probatorios que coadyuven en el propósito de determinar si existe el factor secular preponderante, manifestado en elementos que puedan ser identificados y que tengan carácter principal tales como, la cultura, la historia, la arquitectura, el turismo y los efectos económicos.
4.22. Bajo esas premisas, la Corte ha avalado aquellas normas en las cuales, a pesar de incorporarse un elemento religioso, se ha podido establecer que el propósito legislativo, antes que dirigido a promocionar o privilegiar una determinada confesión, busca destacar otros propósitos seculares que resultan constitucionalmente admisibles, los cuales a su vez son evidentemente prevalentes en el contexto de las medidas adoptadas. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Sentencia C-568 de 1993, donde la Corte declaró la exequibilidad de algunas disposiciones de la Ley 37 de 1905, de la Ley 57 de 1929, de la Ley 6a. de 1945, del Código Sustantivo de Trabajo y de la Ley 51 de 1983, en las cuales se establecieron días festivos coincidentes con fiestas católicas. También en la Sentencia C-948 de 2014, en la cual la Corte, con excepción hecha de algunas regulaciones menores, declaró exequible Ley 1710 de 2014, “por la cual se rinde honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa colombiana”. Y en la Sentencia C-441 de 2016, en la que la Corporación declaró exequibles los artículos 6 y 7 de la Ley 1767 de 2015, "[p]or medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación la celebración de la semana santa en Tunja, Boyacá y se dictan otras disposiciones"; preceptivas que, en el contexto de la citada ley, autorizaban, de un lado, al Gobierno Nacional para incorporar al Presupuesto General de la Nación las apropiaciones requeridas para contribuir a la celebración de la Sama Santa en Tunja, y, del otro, a la administración municipal de dicha ciudad para asignar también partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual, con destino al mismo fin.
4.23. Por oposición a lo anterior, y con fundamento en las mismas reglas de jurisprudencia, la Corte ha decidido retirar del ordenamiento jurídico aquellas medidas legislativas en las cuales ha encontrado que su propósito ha sido el de privilegiar el componente religioso por encima de los elementos seculares existentes en la medida, sean estos sociales, culturales, históricos o de otra naturaleza, al advertir en sus preceptivas un claro, abierto y franco desconocimiento a los principios de laicidad y neutralidad del Estado, así como también a los derechos a la libertad religiosa y la igualdad de trato de todas las confesiones religiosas frente al propio Estado y frente al ordenamiento jurídico. En esa dirección, cabe mencionar la Sentencia C-350 de 1994, donde se declaró inexequible el artículo 2º de la Ley 1ª de 1952 que asociaba al Estado a la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. Se puede relacionar, igualmente, la Sentencia C-766 de 2010, donde este Tribunal analizó la objeción gubernamental presentada al Proyecto de ley 195 de 2008 - Senado y 369 de 2009 - Cámara, “[p]or medio del cual se conmemoran los cincuenta años de la coronación de la imagen de nuestra señora de Chiquinquirá en el municipio de La Estrella, Antioquia, y se dictan otras disposiciones”, y en la que se declaró la inconstitucionalidad del referido proyecto de ley. En la misma línea, cabe citar la Sentencia C-224 de 2016, donde la Corte declaró inexequible el artículo 8º de la Ley 1645 de 2013, “por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras disposiciones”; norma que, en el contexto de la citada ley, autorizaba a la administración municipal de Pamplona para asignar partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual, para el al fomento, promoción, difusión, conservación, protección y desarrollo del Patrimonio Cultural material e inmaterial de las procesiones de la Semana Santa de Pamplona, Norte de Santander.
4.24. En ese orden de ideas, en virtud del modelo de Estado laico y pluralista que impera en Colombia y dentro del propósito de garantizar la plena libertad religiosa y la igualdad de derecho de todas las confesiones religiosas, el Estado no puede: (i) adoptar una religión o iglesia como oficial; (ii) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión; (iii) realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, con una creencia, religión o iglesia; (iv) tomar decisiones o adoptar medidas que tengan una finalidad religiosa, en especial, si la misma comporta una manifestación de preferencia por una determinada religión o credo; (v) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial sea promover, beneficiar o afectar a una religión en particular; y (vi) aprobar medidas de connotaciones religiosas que sean únicas y necesarias, es decir, que se adscriban claramente para favorecer o afectar una confesión o iglesia.
4.25. Conforme con ello, frente a medidas legislativas dirigidas a salvaguardar una manifestación cultural, social, histórico o de otro orden con contenido religioso, la constitucionalidad de las mismas dependerá de que en ellas (vii) se pueda identificar un criterio secular principal o predominantemente, el cual debe ser verificable, consistente y suficiente; e igualmente, (viii) que quede a salvo la posibilidad de conferir medidas de esa misma naturaleza a otros credos, en igualdad de condiciones.
5. Facultad del Congreso para autorizar gasto público en leyes de honores, de conmemoraciones y de reconocimientos institucionales con contenido religioso
5.1. La jurisprudencia constitucional ha sostenido(29), de manera uniforme, que el Congreso de la República se encuentra facultado constitucionalmente para autorizar gasto público mediante ley. Ello, a partir de considerar que, de acuerdo con la Carta Política, en particular con lo dispuesto en los numerales 11 y 12 de su artículo 150, no se requiere iniciativa gubernamental para todas las leyes que decreten gasto. No obstante, dentro del ámbito de la aludida competencia, también ha precisado la misma jurisprudencia que la decisión a cerca de la inclusión de dicho gasto en el presupuesto, le corresponde adoptarla directamente al Gobierno Nacional o, en su defecto, a los gobiernos territoriales, según sea el caso, por ser en ellos en quien reside la iniciativa general en materia de gasto público.
5.2. Sobre el particular, la Corte ha puesto de presente que la vocación de la ley que decreta un gasto es la de constituir un título jurídico para la eventual inclusión de las respectivas partidas en el presupuesto, siendo esta última actividad una atribución exclusiva y excluyente del Gobierno, la cual, por tanto, no le puede ser impuesta ni exigida por el Congreso de la República(30).
5.3. Ha explicado al respecto que, aun cuando el Congreso haya incluido la autorización del gasto en una ley, es al Gobierno a quien compete incorporar las partidas autorizadas en el proyecto de presupuesto, pudiendo también abstenerse de hacerlo si así lo considera, pues cuenta con un margen de maniobra en la materia que le permite actuar de esa forma, “de acuerdo con la disponibilidad de los recursos y las prioridades del Gobierno, siempre de la mano de los principios y objetivos generales señalados en el Plan Nacional de Desarrollo, en el estatuto orgánico del presupuesto y en las disposiciones que organizan el régimen territorial repartiendo las competencias entre la Nación y las entidades territoriales”.(31)
En la Sentencia C-290 de 2009, la Corte se refirió al punto, en los siguientes términos:
“La asignación presupuestal para la realización de gastos autorizados por ley es eventual y la decisión acerca de su inclusión le corresponde al Gobierno, luego el legislador no tiene atribución para obligar al Gobierno a que incluya en el presupuesto alguna partida específica y, por ello, cuando a la autorización legal previa el Congreso agrega una orden con carácter imperativo o perentorio dirigida a que se apropien en el presupuesto las sumas indispensables para ejecutar el gasto autorizado, la ley o el proyecto de ley están afectadas por un vicio de inconstitucionalidad derivado del desconocimiento del reparto de las competencias relativas al gasto público entre el legislador y el Gobierno.(32)
5.4. Cabe destacar, que la competencia reconocida al Congreso para autorizar gasto público, en las condiciones definidas por la jurisprudencia, se entiende extendida a las medidas legislativas expedidas para la financiación pública de manifestaciones culturales, sociales e históricas, las cuales pueden estar comprendidas en las llamadas leyes de honores, de conmemoraciones o de reconocimientos institucionales en general. Dicha atribución, encuentra fundamento específico en el amplio conjunto de disposiciones constitucionales que protegen la cultura y su diversidad —lo que le ha permitido a dicho bloque recibir el calificativo de “Constitución Cultural”—, a partir del cual resulta razonable inferir que el Estado, a través del Congreso de la República, se encuentra habilitado para autorizar la financiación de manifestaciones culturales.
5.5. En efecto, tal y como la reconocido esta corporación(33), la cultura y su promoción, encuentra respaldo constitucional: (i) en el artículo 2º, que señala como fin esencial del Estado facilitar la participación de todos en la vida cultural de la Nación; (ii) en los artículos 7º y 8º, que le imponen al Estado el deber de proteger la diversidad y las riquezas culturales de la Nación; (iii) en el artículo 44, que define la cultura como un derecho fundamental de los niños; (iv) en el artículo 67, que reconoce la educación como un derecho que busca afianzar los valores culturales de la Nación; (v) en el artículo 70, que obliga al Estado a promover y fomentar el acceso a la cultura de los colombianos, y que reconoce la cultura en sus diversas manifestaciones como fundamento de la nacionalidad; (vi) en el artículo 71 que también le impone al Estado la obligación de crear incentivos para fomentar las manifestaciones culturales; (vii) en artículo 95-8 que señala como uno de los deberes de la persona y el ciudadano la protección de los recursos culturales y naturales; y (viii) en los artículos 311 y 313-9, que encomiendan de manera especial a los municipios, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
5.6. De igual manera, en lo que se refiere a la defensa del patrimonio cultural y arqueológico y al régimen constitucional de protección, su fundamento surge directamente del (ix) artículo 63, en el que se consagra que el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables; y, de manera especial, del (x) artículo 72, que prevé que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado, al tiempo que establece que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. En plena armonía con las citadas disposiciones, (xi) el artículo 313-10 del mismo ordenamiento Superior, le atribuye a los Concejos Municipales la función de expedir las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, mientras que (xii) el articulo 333 deja en manos de la ley la delimitación del alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
5.7. Sobre esas bases, como se ha dicho, el Estado, a través del Congreso y el Gobierno, se encuentran comprometidos con la salvaguarda de las manifestaciones culturales, compromiso que incluye la posibilidad de adoptar medidas de financiación para su fomento, apoyo y promoción. Ahora, según se ha explicado, en lo respecta a la competencia del Congreso en la materia, la misma se limita a la autorización del gasto público mediante ley, correspondiendo al Gobierno la decisión de incorporar la respectiva partida en el presupuesto si así lo considera. Tal criterio, fue reiterado en la Sentencia C-948 de 2014, proferida, precisamente, en el contexto del estudio de constitucionalidad de una ley de honores, la Ley 1710 de 2014, “[p]or la cual se rinde honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa colombiana”, y a propósito de la autorización que el Congreso le dio al Gobierno en dicha ley, con el fin de destinar las partidas necesarias para la construcción de una carretera entre los municipios de Pueblo Rico y Jericó (Antioquia).
5.8. En el aludido fallo, se hizo claridad en torno a la competencia constitucional que le asiste al Congreso para incorporar medidas que impliquen gasto público, en particular frente a las leyes de honores, a condición de que se trata de simples autorizaciones que no comprometan al Gobierno, pues es a este último a quien corresponde definir la inclusión de las respectivas partidas en el presupuesto al momento de ejercer su iniciativa en materia de gasto público. Al respecto, dijo la Corte:
“En lo concerniente a la incorporación de medidas que impliquen o puedan generar gastos del erario en leyes de honores, la Corporación tiene plenamente definida una regla de decisión, según la cual el Congreso de la República no puede incorporar en ellas apropiaciones o partidas no previstas en las normas de presupuesto, pero sí puede autorizar gastos, en el ejercicio de su potestad de configuración del derecho, pues, según lo ha precisado esta Corporación, tales gastos podrán ser efectuados o no por el Gobierno Nacional, quien determinará si define las partidas y apropiaciones necesarias al momento de ejercer su iniciativa en materia de gasto público.”
5.9. En el mismo sentido se pronunció la Corte en la Sentencia C-224 de 2016, al al llevar a cabo el estudio de constitucionalidad del artículo 8º de la Ley 1645 de 2013, “por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras disposiciones”, norma mediante la cual se autorizaba a la administración municipal de Pamplona para asignar partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual, para el fomento y promoción de las procesiones de la Semana Santa de Pamplona, Norte de Santander. Sobre el particular, se afirmó en la sentencia:
“En este sentido, el Congreso de la República, en uso de sus facultades constitucionales, tiene la competencia de autorizar, mas no de obligar al Gobierno Nacional o sus entidades territoriales para asignar partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual para el cumplimiento de lo dispuesto en una ley que declara una manifestación cultural como de patrimonio cultural inmaterial de la Nación”.
5.10. En consecuencia, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el Congreso se encuentra facultado para autorizar gasto público, particularmente en relación con leyes de honores, de conmemoraciones o de reconocimientos institucionales en general, sin que dicha facultad comprenda la posibilidad de ordenar, con carácter imperativo o perentorio, apropiar en el presupuesto las sumas indispensables para ejecutar el gasto autorizado, pues esa es una atribución exclusiva y excluyente del ejecutivo, a nivel nacional o territorial, que ejerce como titular de la iniciativa general en materia de gasto y que, por tanto, no le puede ser impuesta por el legislativo. Sobre esa base, lo ha dicho la Corte, “cuando una ley le otorga la facultad al Gobierno o lo autoriza para hacer las apropiaciones en su presupuesto con un objetivo específico, se debe entender que el Congreso no le está dando una orden, y por lo tanto no vulnera la regla constitucional de iniciativa gubernamental en materia de gasto público”(34). Por el contrario, si lo que hace la ley es ordenarle al gobierno llevar a cabo las respectivas apropiaciones, la referida medida estaría afectada por un vicio de inconstitucionalidad derivado del desconocimiento del reparto de las competencias relativas al gasto público entre el legislador y el gobierno.
5.11. En relación con esto último, resulta de mayor importancia precisar que, tratándose de la asignación de partidas presupuestales dirigidas a salvaguardar una manifestación cultural, social, histórico o de otro orden con contenido religioso, “es relevante analizar dicha competencia bajo la óptica del principio de Estado laico y del pluralismo religioso en la Constitución colombiana, con el objetivo de determinar si dicho título presupuestal tiene un fin constitucional admisible”(35). En ese caso, conforme ha sido explicado en el apartado anterior, la constitucionalidad de la medida legislativa dependerá de que en ella se pueda identificar un criterio principalmente secular, que sea verificable, consistente y suficiente.
5.12. Precisamente, en la Sentencia C-441 de 2016, este tribunal, reiterando lo dicho en decisiones anteriores, destacó que el anterior criterio de interpretación constitucional se predica también de aquellas medidas legislativas en las que se asignan recursos del presupuesto de las entidades públicas para promover manifestaciones culturales, sociales, históricas o de otra naturaleza que puedan tener connotación o implicación religiosa. En dicho fallo, se sostuvo que, “si una Constitución reconoce la libertad religiosa, la libertad de cultos y la libertad de conciencia, como en efecto lo hizo la Carta Política de 1991, la mejor forma de garantizar esas libertades por parte del Estado es procurando su neutralidad”, de manera que “[l]a adopción de signos religiosos por parte del Estado, la promoción de una religión en particular, la financiación de un credo o festividad religiosa con dineros públicos, terminan por afectar esas libertades religiosas porque altera el plano de igualdad en el que se encuentran las distintas religiosas”. Tal situación solo es admisible desde el punto de vista constitucional, si en las medidas que en tal dirección de adopten “se encuentra un criterio predominantemente secular que la[s] justifique”.
6. Resolución de la acusación planteada contra la Ley 1754 de 2015
6.1. La medida legislativa acusada es la Ley 1754 de 2015. Dicha ley anuncia en su título la materia principal de la que se ocupa, como es la de reconocer la importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, del municipio de Belalcázar, en el departamento de Caldas. En ese contexto, el referido ordenamiento consta de cuatro artículos con contenido sustantivo y un artículo relativo a su vigencia.
6.2. El artículo primero, materializa el objetivo propuesto por la citada ley, en el sentido de reconocer formalmente la importancia cultural y religiosa del monumento a Cristo Rey. Sobre esa base, los tres artículos siguientes establecen compromisos concretos al Estado relacionados con el aludido reconocimiento. Así, bajo tal reconocimiento, el artículo segundo, responsabiliza a las Entidades Públicas encargadas de proteger el patrimonio cultural, para que, en el ámbito de sus competencias, concurran para la organización, protección y conservación arquitectónica e institucional del monumento a Cristo Rey, imponiéndole al Ministerio de Cultura prestar asesoría técnica en lo de su competencia. En ese mismo orden, el artículo tercero autoriza al Gobierno Nacional para que contribuya al fomento, promoción, protección, conservación, restauración, divulgación, desarrollo y financiación que demande el reconocimiento del monumento a Cristo Rey. Finalmente, el artículo cuarto, de forma concurrente, autoriza al Gobierno nacional, al departamento de Caldas y al municipio de Belalcázar, para impulsar y apoyar ante otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la obtención de recursos económicos adicionales o complementarios a los que se autorizaren apropiar en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal, destinados al objeto que se refiere la ley bajo estudio.
6.3. Al respecto, cabe recordar que la acusación que se estructura contra la Ley 1754 de 2015, parte de considerar que las medidas legislativas en ella adoptadas, permiten una vinculación formal y material del Estado con una manifestación representativa de la fe católica, el Cristo Rey de Belalcázar, lo que a juicio de los demandantes conlleva un claro desconocimiento de los principios constitucionales de laicidad y pluralismo religioso, y de igualdad de trato de todas las confesiones religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico.
6.4. Como ha sido explicado, la jurisprudencia ha considerado constitucionalmente admisible que el Congreso exalte manifestaciones sociales, culturales, históricas o de otro orden, que tengan una connotación religiosa, a condición de que en ellas (i) se pueda identificar un criterio secular principal o predominantemente, el cual debe ser verificable, consistente y suficiente; e igualmente, (i) que no comprometa la posibilidad de conferir medidas de esa misma naturaleza a otros credos, en igualdad de condiciones.
6.5. Dentro del propósito de definir en cada caso concreto, si se está en presencia o no de efectos seculares importantes, lo ha dicho la Corte, el juez constitucional debe entrar a analizar la norma que se acusa desde una perspectiva integral. Ello le permite evaluarla, por ejemplo, teniendo en cuenta el criterio de interpretación histórica, el cual consiste en analizar las propuestas y los debates que se dieron en el proceso de formación de la ley para reconstruir de esa manera la intención aproximada del órgano legislativo con su expedición. También puede el juez constitucional, observar y buscar la caracterización de la medida, a partir de su propio contenido, y en el contexto en el que esta se desarrolla, buscando entender su finalidad y motivaciones, para lo cual podrá acudir a otros elementos probatorios, tales como la cultura, la historia, la arquitectura y el turismo, que contribuyan al propósito de identificar la existencia del criterio secular principal, y si este es verificable, consistente y suficiente.
6.6. En relación con esto último, es importante destacar que de las medidas adoptadas en la Ley 1754 de 2015, se extraen aspectos que son relevantes para dar solución a la problemática planteada. Un primer aspecto tiene que ver con el hecho de que mediante el mencionado ordenamiento (i) se vincula a la Nación, representada en el Gobierno Nacional, en las Entidades Públicas encargadas de proteger el patrimonio cultural y en los gobiernos Departamental de Caldas y municipal de Belalcázar, en la exaltación de una manifestación material alusiva a la religión católica, como lo es el monumento a Cristo Rey. Que dicha vinculación, a su vez, se hace efectiva, de una parte, (ii) a través de actos de contenido formal, como es precisamente el reconocimiento de la importancia cultural y religiosa del aludido monumento; y, de otra, (iii) mediante acciones materiales en su favor, que pueden tener repercusiones económicas con cargo a los recursos del Estado, en caso de ser atendidas por las autoridades comprometidas. Es el caso, precisamente, a) del llamado que se hace a las Entidades Públicas encargadas de proteger el patrimonio cultural, y al Ministerio de Cultura, para participar de la organización, protección y conservación arquitectónica e institucional del monumento a Cristo Rey; b) de la autorización que se hace al Gobierno Nacional para que contribuya al fomento, promoción, protección, conservación, restauración, divulgación, desarrollo y financiación que demande el reconocimiento del monumento a Cristo Rey; y c) de la autorización también al Gobierno nacional, al departamento de Caldas y al municipio de Belalcázar, para impulsar y apoyar ante otras entidades públicas la obtención de recursos económicos adicionales destinados al reconocimiento del monumento a Cristo Rey.
6.7. De lo dicho se colige, que la Ley 1754 de 2015 busca exaltar una manifestación material alusiva a la religión católica, el monumento Cristo Rey, al que se le reconoce un valor religioso y cultural, y en el que se busca comprometer al Estado para contribuir al fomento, promoción, protección, restauración y conservación arquitectónica del mismo.
6.8. Sobre esa base, siguiendo el precedente metodológico fijado por la jurisprudencia constitucional, encuentra la Corte relevante acudir a la caracterización del monumento del Cristo Rey(36), a los antecedentes legislativos(37) y al propio contenido de las normas acusadas, a efectos de establecer cuál de los elementos, el secular o el religioso, fue considerado como el más importante por el legislador para justificar la expedición de la Ley 1754 de 2015.
6.9. El monumento a Cristo Rey, que es materia de regulación en la Ley 1754 de 2015, se erige en el municipio de Belalcázar, al sur-occidente del Departamento de Caldas, sobre la Colina antes conocida como “El alto del Oso”. Dicho monumento, que también se identifica con el nombre de “Corcovado de Caldas”, fue construido a iniciativa del presbítero Antonio José Valencia Murillo, “como una plegaria por la Paz de Colombia, y sobre todo del Occidente del Departamento, tan golpeado, en esa década, por la violencia partidista”(38), motivada en los cruentos hechos del 9 de abril de 1948.
6.10. La planeación y construcción del monumento estuvo a cargo del arquitecto Libardo González y del ingeniero Alfonso Hurtado Sarria, sobre terrenos donados por algunas familias de la región. El monumento, que tuvo un costo de 300.000 pesos, se elaboró en concreto reforzado y representa la imagen de Jesucristo de Nazaret asentado sobre un pedestal, dirigiendo su mirada hacia el municipio de Belalcázar. Su construcción duró seis años, entre 1948 y 1954, siendo inaugurado el día 12 de enero de 1954(39). Las circunstancias en que se llevó a cabo la construcción del referido monumento, es descrita por los historiadores señalando que: “[e]n el empeño de esa construcción, en el Alto del Oso, iniciada en 1948, se comprometió cada uno de los belalcazaritas. No fue trabajo de unos cuantos. Se trataba de un panal en que colaboran hombres, mujeres, jóvenes y niños, en actividades tan desacostumbradas como subir, en baldes, desde las cañadas, el agua para hacer la mezcla de la arena y el balasto con el cemento ya que los pueblos de esa Cuchilla se han caracterizado, desde su fundación, por la escasez de agua corriente. La subida del agua se hacía por medio de una larga cadena de personas que se pasaban una a una las pesadas vasijas”.(40)
6.11. En cuanto a las características de la obra, se destaca que la misma alcanza una altura aproximada de 45.5 metros, que incluye la imagen del cristo que tiene 37 metros —equivalente a un edificio de 12 pisos— y el pedestal que lo soporta que cuenta con una altura de 8.5 metros. Las manos de este Cristo se encuentran abiertas y extendidas, formando y simulando los brazos de la cruz. Con su mano derecha señala el sol naciente y con su mano izquierda el sol poniente. En el primer piso se ubica “la capilla del Señor Caído” y en los pasillos de los balcones donde están las puertas de ingreso se encuentra grabado el nombre de su gestor e impulsor en conmemoración a su labor. En su interior cuenta con 163 escalas para su recorrido y espacios amplios donde se puede apreciar el paisaje. El monumento a Cristo Rey, es el único de su tipo que permite el acceso por el interior de la estatua, pudiéndose ingresar a través de un par de escaleras en forma de caracol hasta la cabeza de la misma y desde allí contemplar el majestuoso paisaje que se erige, el cual también es posible divisar, incluso, a través de los orificios que conforman los ojos y la nariz del cristo.
6.12. En el interior, a lo largo de sus diferentes alturas, se, repite, es posible observar la diversidad de paisajes concurrentes que ofrece la vista. Desde su cabecera se divisan los nevados del Ruíz, Cisne y Santa Isabel; así como también territorios de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y norte del Valle, abarcando la vista desde el Parque Natural de los Nevados, al oriente, hasta el Parque Natural del Tatamá, al occidente. Como parte de los referidos territorios, se pueden observar desde la cabeza del Cristo los municipios de Cartago, La Virginia, Viterbo, San José, Anserma, Manizales, Palestina, Santuario, Balboa, fuera de caseríos y veredas de esos y otros municipios. Se observan igualmente los inmensos cafetales de la zona, y dos ríos que, por la ocurrencia de accidentes naturales acaecidos a través del tiempo -cataclismos, corren en distintas direcciones. Son estos el río Cauca que atraviesa el Valle de su mismo nombre y se encañona al salir de La Virginia, corriendo de sur a norte. Y el río Risaralda que nace por Mistrató, Belén y Anserma y desemboca en el río Cauca, corriendo de noroccidente a sur(41).
6.13. La majestuosa vista que ofrece el monumento a Cristo Rey, ha dado lugar a que el municipio de Belalcázar sea distinguido a nivel nacional e incluso internacional, con el apelativo de “El balcón del paisaje”.
6.14. El monumento a Cristo Rey, con sus 45.5 metros, se constituye además en uno de los más alto del mundo en su género. A nivel internacional, supera, entre otros: (i) al “Cristo de la Concordia”, que se erige en una colosal estatua de Jesucristo, ubicada en el Cerro de San Pedro de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y que alcanza una altura máxima aproximada de 40.44 metros, incluyendo los 34. 20 metros del cristo y los 6.24 metros del pedestal; (ii) a la famosa estatua “Cristo Redentor”, situado a 709 metros sobre el nivel del mar, en el Cerro del Corcovado, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el cual tiene una altura de 38 metros, incluido el cristo de 30 metros y el pedestal de 8 metros; y, entre otros, (iii) la estatua de “Cristo Rey de Swiebodzin”, situada en Swiebodzin, Polonia, que cuenta con 36 metros, incluyendo su corona sobrepuesta.
6.15. Atendiendo a su historia y características, el monumento a Cristo Rey, más que una manifestación religiosa, derivada de su relación originaria con la fe católica, es en realidad un símbolo de paz y reconciliación, y una expresión cultural, arquitectónica, histórica y turística de importancia para el país. Desde ese punto de vista, dicho monumento tiene, ante todo, un propósito u objetivo secular.
6.16. Como fue explicado, su construcción surgió a la manera de un proyecto común de los miembros de la sociedad de Belalcázar, y también de otros sectores de la región cafetera, como reacción a la violencia partidista que siguió al asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Desde esa perspectiva, dicho monumento es un componente importante de cohesión social, tradición y memoria colectiva de los habitantes de Belalcázar, y referente de la identidad de los “belalcazaritas”, hasta el punto de formar parte de sus símbolos oficiales, pues dicho monumento se encuentra integrado al escudo oficial del municipio y es también parte de la letra de su himno.
6.17. Se trata, además, de una obra monumental, de inocultable valor arquitectónico y paisajístico con un gran significado cultural, histórico y turístico. Desde sus contornos, es posible apreciar y conocer aspectos de la cultura regional y disfrutar de los encantos que ofrece la naturaleza. Se constituye, así, en una expresión turística y cultural que lleva más de 60 años de desarrollo y que ha requerido de una infraestructura vial, hotelera y de atención en beneficio de los pobladores de la región y de los turistas nacionales y extranjeros.
6.18. El Monumento a Cristo Rey es, entonces, un símbolo para los habitantes del municipio de Belalcázar, y para muchos colombianos y extranjeros, quienes escogen este sitio no solo como lugar de peregrinación, sino también y principalmente como destino turístico. Desde ese punto de vista, el mencionado monumento, durante sus más de 60 años de desarrollo como expresión turística y cultural, se ha convertido en un bien de uso público, respecto del cual surge la necesidad de brindarle protección estatal.
6.19. Los aspectos descritos, fueron considerados en el curso del trámite legislativo del proyecto que dio paso a la Ley 1754 de 2015. Ciertamente, aun cuando en el curso de los debates se hizo evidente el elemento religioso, también se destacaron elementos seculares asociados a la importancia del monumento de Cristo Rey como símbolo de paz y reconciliación, y como expresión cultural, arquitectónica y turística.
6.20. Así, en la exposición de motivos del proyecto que dio paso a la expedición de la Ley 1754 de 2015, y en los informes de ponencia que se presentaron a lo largo de los cuatro debates se destaca(42), como fundamento constitucional del proyecto, la obligación impuesta al Estado de proteger el patrimonio cultural. Al respecto, se menciona: “[e]l artículo 72 de la Constitución Política señala que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado y que los bienes culturales conforman la identidad nacional, la cual pertenece a la Nación”. A continuación, tanto en la exposición de motivos como en los distintos informes de ponencia, se hace referencia al objetivo del proyecto, señalando que “[l]a iniciativa busca reconocer la importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey, ubicado en el municipio de Belalcázar, Caldas, y autoriza al Gobierno Nacional para contribuir al fomento, promoción, protección, restauración y conservación arquitectónica del mismo”. Más adelante se realiza un relato de la historia, características e importancia del monumento a Cristo Rey -a lo que ya se ha hecho referencia-, destacando, entre otros aspectos, que: (i) el “monumento fue levantado como un símbolo de paz, en una actitud de protección y súplica religiosa por motivo de la cruda violencia que azotó la región a mediados del siglo XX”; (ii) que “[l]a construcción inició en el año de 1948, concluyendo en 1954”; (iii) que “es el más grande del mundo, (…) [con] una altura de 45,5 metros”; y (iv) que desde su cabecera a la cual se ingresa por unas escaleras en forma de caracol, puede “observarse un majestuoso paisaje conformado por los municipios de La Virginia, Viterbo, Santuario, Balboa, Anserma, Palestina, Manizales, El Águila, Cartago y Anserma Nuevo, los nevados del Ruiz, Cisne y Santa Isabel, así como los Ríos del Cauca y Risaralda que corren en sentido inverso”. Para finalmente concluirse en los referidos textos que se trata de un monumento “visitado por muchas personas con fines religiosos y siendo hoy signo de paz y sus brazos abiertos son una llamada a la reconciliación por una Colombia en paz”, el cual “[r]eviste además un significado cultural, propio de la identidad de los belalcazaritas, ya que la imagen de Cristo Rey hace parte del escudo del municipio” (negrillas fuera de texto).
6.21. Los elementos tenidos en cuenta durante el proceso de adopción de la Ley 1765 de 2015, son coincidentes con las consecuencias que se derivan de la caracterización del monumento a Cristo Rey, en el sentido de considerar que el mismo hace parte de la historia del municipio de Belalcázar y de la tradición, memoria colectiva e identidad de los “belalcazaritas”. Atendiendo a la importancia reconocida a dicho monumento, el propósito del legislador para expedir la citada ley no fue la de favorecer la religión católica, sino proteger y promover la conservación de la obra y evitar su deterioro, tomando en consideración que se trata de una obra civil de interés cultural, histórico, arquitectónico y turístico.
6.22. El monumento a Cristo Rey, por sus características y destinación, permite que las personas y turistas, independientemente de cual sea la religión que estos profesen y sin ningún tipo de restricción relacionada con el credo católico, hagan uso del mismo y puedan disfrutar de los beneficios culturales y paisajísticos que ofrece. En ese sentido, coincidiendo con lo manifestado por algunos de los intervinientes, es posible que seguidores de todos los cultos, sean ellos, cristianos, judíos, musulmanes, budistas, ateos o agnósticos, tengan acceso libre al monumento y puedan disfrutar, desde una perspectiva secular, de sus ventajas turísticas y culturales.
6.23. La importancia cultural del monumento, como criterio definitorio en la decisión del legislador para expedir la Ley 1754 de 2015, surge también del propio cuerpo normativo del citado ordenamiento, pues es claro que la mayoría de las medidas allí adoptadas se centran, precisamente, en la trascendencia e importancia cultural del mismo. En efecto, sobre la base de reconocer su importancia, específicamente a nivel cultural, el artículo segundo, se refiere a la “organización, protección y conservación arquitectónica e institucional del monumento a Cristo Rey”, responsabilizando de dichas funciones, precisamente, a las Entidades Públicas encargadas de proteger el patrimonio cultural. Del mismo modo, la autorización que el Congreso le reconoce al gobierno en el artículo tercero, es, exclusivamente, para que “contribuya al fomento, promoción, protección, conservación, restauración, divulgación, desarrollo y financiación que demande el reconocimiento del monumento a Cristo Rey”. Y en plena correspondencia con ello, la otra autorización del Congreso al Gobierno Nacional, al Departamento de Caldas y al Municipio de Belalcázar, es para impulsar y apoyar ante otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la obtención de recursos económicos adicionales con destino al objeto de la ley, es decir, a la organización, protección y conservación arquitectónica del monumento a Cristo Rey.
6.24. Como ya ha sido señalado, de conformidad con la Constitución Política, el Estado, a través del Congreso y el Gobierno, se encuentran comprometidos con la salvaguarda de las manifestaciones culturales, compromiso que incluye la posibilidad de adoptar medidas de financiación para su fomento, apoyo y promoción. El conjunto de disposiciones constitucionales, que conforman la llamada “Constitución Cultural”, lideradas por el mandato expreso contenido en el artículo 72 Superior, no dejan duda que la promoción de la cultura y la protección de las manifestaciones culturales y del patrimonio cultural de la Nación, tiene especial relevancia, “en tanto que éste constituye un signo o una expresión de la cultura humana, de un tiempo, de circunstancias o modalidades de vida que se reflejan en el territorio, pero que desbordan sus límites y dimensiones(43)”, para lo cual, “la salvaguarda estatal del patrimonio cultural de la Nación tiene sentido en cuanto, después de un proceso de formación, transformación y apropiación, expresa la identidad de un grupo social en un momento histórico”(44).
6.25. En oportunidades diversas, la Corte ha resaltado, no sólo la importancia del régimen constitucional de protección a las manifestaciones culturales, “sino también la obligación que asiste a todos, y en particular al Estado, de asegurar la conservación y recuperación de los bienes que conforman dicho patrimonio cultural y arqueológico”(45). Ha recordado este Tribunal que, para tales efectos, es la propia Carta Política la que le impone al Estado el deber de proteger el patrimonio cultural de la Nación (C.P. art. 72).(46)
6.26. Lo dicho permite concluir, entonces, que con la expedición de la Ley 1754 de 2015, no se vulneraron los principios de laicidad, neutralidad y pluralidad religiosa, así como tampoco la igualdad de derecho de todas las confesiones religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico (C.P., arts. 2º, 13 y 19).
6.27. La Ley 1754 de 2015, al reconocer la importancia cultural al monumento de Cristo Rey, no está buscando adoptar una religión o iglesia como oficial. Tampoco persigue identificar al Estado colombiano con la religión católica, ni realizar actos oficiales de adhesión a dicho credo. Como ha sido explicado, la decisión de reconocerle importancia al monumento a Cristo Rey, no tiene como finalidad exaltar una religión, pues su objetivo principal se orienta a promover la conservación del monumento y a impedir su deterioro, teniendo en cuenta que se trata de una obra civil de importancia cultural, histórica, arquitectónica y turística. De igual manera, no tiene como propósito promover la religión católica, puesto que, no obstante que el monumento representa una figura propia del catolicísimo, este tiene una importancia mayor que va más allá de las consideraciones religiosas, como su impacto cultural, materializado, a su vez, se repite, en su importancia arquitectónica, histórica, turística e incluso económica, lo cual muestra de manera consistente y suficiente, que el criterio secular es el predominante.
6.28. Conforme con ello, y acorde con lo expuesto, frente a las medidas legislativas de la citada ley, se advierte también que las mismas están dirigidas a salvaguardar una manifestación cultural, social, arquitectónica e histórica, el monumento a Cristo Rey, que no obstante su connotación religiosa, es su razón principal, siendo el criterio secular el predominante, el cual es a su vez verificable, consistente y suficiente. En efecto, aun cuando las medidas adoptadas en la Ley 1754 de 1015, tienen un impacto religioso, este, además de no ser primordial, se convalida en el propósito de conseguir y alcanzar un objetivo constitucionalmente relevante como lo es la protección del patrimonio cultural.
6.29. Finalmente, en cuanto a las medidas de autorización al Gobierno Nacional y regional del departamento de Caldas, para incluir partidas dirigidas a contribuir a la financiación de las medidas de fomento, promoción y protección, restauración y conservación arquitectónica del monumento a Cristo Rey, las mismas se ajusta estrictamente a los criterios definidos por la jurisprudencia constitucional, en el sentido que el Estado, por intermedio del Congreso y el Gobierno, se encuentra comprometido con la salvaguarda de las manifestaciones culturales, compromiso que incluye la posibilidad de adoptar medidas de financiación para su fomento, apoyo y promoción. Ahora bien, según se ha explicado, en lo que respecta a la Competencia del Congreso en la materia, la misma se limita a la autorización del gasto público mediante ley, correspondiendo al Gobierno (Nacional y regional) la decisión de incorporar, si así lo considera, la respectiva partida presupuestal, siendo este el contexto en que quedaron definidas las medidas de gasto público contenidas en la Ley 1754 de 2015.
6.30. En el entendido que es la importancia cultural del monumento de Cristo Rey, el criterio predominante de las medidas adoptadas en la Ley 1754 de 2015, razón por la cual considera la Corte que las mismas se ajustan a la Constitución Política, la declaración expresa que hace el legislador sobre la importancia religiosa del referido monumento, en el título de la citada ley y en su artículo 1°, resulta entonces inconstitucional por quebrantar la neutralidad del Estado Colombiano.
6.31. En efecto, según quedo explicado, la Sala pudo establecer que las medidas contenidas en la ley bajo estudio, en favor del monumento al Cristo Rey, fueron adoptadas, predominantemente, en virtud de su componente secular, materializado en la importancia cultural, social, arquitectónica e histórica que el mismo representa. Siendo ello así, expresiones normativas que en alguna medida impliquen destacar el componente religioso del monumento, generan equívocos en torno a una posible identificación formal o explicita con un determinado credo (la religión católica), lo que sin duda afecta el carácter laico y pluralista del Estado colombiano.
6.32. Por las razones expuestas, la Corte procederá a declarar la exequibilidad de la Ley 1754 de 2015, únicamente por los cargos generales analizados en esta sentencia, salvo las expresiones “religiosa y” y “y religiosa” contenidas en el título y en el artículo 1° de la citada ley, respectivamente, que se declararan inexequibles.
Declarar EXEQUIBLE la Ley 1754 de 2015, únicamente por los cargos generales analizados en esta sentencia, salvo las expresiones “y religiosa” y “religiosa y” contenidas en el título y en el artículo 1° de la ley, respectivamente, que se declaran INEXEQUIBLES.
1 Sentencia C- 817 de 2011.
2 El interviniente sustenta lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 397 de 1997, el cual prevé que: “Las funciones los servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el Artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional”.
3 Folio 42.
4 Folio 84.
6 Folio 105.
7 Folio 105.
9 Folio 127
10 Folio 125.
11 Folio 59.
12 Folio 61.
13 Folio 66.
14 Folio 74.
16 Sentencia C- 817 de 2011.
17 Folio76.
18 Folio 133.
19 Folio 134.
20 Folio 137.
21 Folio 138.
23 De acuerdo con el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, esta Corporación, en múltiples pronunciamientos sobre la materia, ha dejado en claro que, para que exista demanda en forma y la Corte pueda adoptar la respectiva decisión de fondo, es necesario que el escrito de acusación contenga: (i) las normas que se acusan como inconstitucionales y (ii) las disposiciones superiores que se estiman violadas, siendo además imprescindible la (ii) formulación de por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad, el cual, a su vez, debe estar respaldado en razones “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”. La Misma jurisprudencia constitucional, de manera particular en la Sentencia C-1052 de 2001, ha explicado que existen razones “(i) claras, cuando la acusación formulada por el actor es comprensible y de fácil entendimiento, (ii) ciertas, si la acusación recae directamente sobre el contenido de la disposición demandada y no sobre una proposición jurídica inferida o deducida por el actor, (iii) específicas, en cuanto se defina o se muestre en forma diáfana la manera como la norma vulnera la Carta Política, (iv) pertinentes, cuando se utilizan argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia, y (v) suficientes, en la medida en que contengan todos los elementos fácticos y probatorios que son necesarios para adelantar el juicio de inconstitucionalidad, de forma que exista por lo menos una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado”.
24 Consultar, entre otras, las Sentencias C-057 de 1993 y C-817 de 2011.
25 Cfr. entre otras, las Sentencias C-350 de 1994 y C-948 de 2014.
26 Sentencia C-350 de 1994.
27 Cft. Sentencias C-224 de 2016 y C-441 de 2016.
28 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-948 de 2014, C-441 de 2016 y C-224 de 2016.
29 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-490 de 1994, C-360 de 1996, C-197 de 2001, C-782 de 2001, C-373 de 2010, C-755 de 2014 y C-948 de 2014.
30 Cft. Sentencia C-290 de 2009.
31 Sentencia C-782 de 2001.
32 Sentencia C-197 de 2001.
33 Cfr. Sentencias C-366 de 2000 y C-082 de 2014.
34 Sentencia C-224 de 2016.
35 Sentencia C-224 de 2016.
36 Para la elaboración de este aparte de la Sentencia se tomaron como fuente las siguientes fuentes: (i) texto “Belalcázar (Caldas) abre los brazos”, escrito por el Historiador Octavio Hernández Jiménez; (ii) artículo “Belalcázar, pinceladas de historia”, autor Juan Alberto Rivera Gallego, Miembro de la Academia Caldense de Historia, poeta, periodista, investigador, Diario del Otún – Sección Cultura, edición del día miércoles 5 de octubrede2016, Pereira–Colombia; (iii) página internet elcristomasalto.files.wordpress.com/2011/03/principal1.jpg;(iv) Gacetas del Congreso 630 de 2013, 697 de 2013, 204 de 2014, 521 de 2014 y 704 de 2014.
37 Antecedentes legislativos de la Ley 1754 de 2015. Exposición de motivos, Gaceta del Congreso 630 de 2013. Informe de ponencia para primer debate, Senado, Gaceta 697 de 2013. Informe ponencia segundo debate Senado, Gaceta 204 de 2014. Informe de ponencia primer debate Cámara, Gaceta del Congreso 521 de 2014. Informe de ponencia segundo debate Cámara, Gaceta 704 de 2014.
38 Cita tomada del texto “Belalcázar (Caldas) abre los brazos”, escrito por el Historiador Octavio Hernández Jiménez.
39 Cft. Diario del Otún – Sección Cultura, edición del día miércoles 5 de octubre de 2016, Pereira – Colombia, artículo “Belalcázar, pinceladas de historia”, autor Juan Alberto Rivera Gallego, Miembro de la Academia Caldense de Historia, poeta, periodista, investigador.
40 Texto “Belalcázar (Caldas) abre los brazos”, escrito por el Historiador Octavio Hernández Jiménez.
41 Cft. Texto “Belalcázar (Caldas) abre los brazos”; artículo Diario del Otún, “Belalcázar, pinceladas de historia”; página internet elcristomasalto.files.wordpress.com/2011/03/principal1.jpg; Gacetas del Congreso 630 de 2013, 697 de 2013, 204 de 2014, 521 de 2014 y 704 de 2014.
42 Antecedentes legislativos de la Ley 1754 de 2015. Exposición de motivos, Gaceta del Congreso 630 de 2013. Informe de ponencia para primer debate, Senado, Gaceta 697 de 2013. Informe ponencia segundo debate Senado, Gaceta 204 de 2014. Informe de ponencia primer debate Cámara, Gaceta del Congreso 521 de 2014. Informe de ponencia segundo debate Cámara, Gaceta 704 de 2014.
43 Sentencia C-742 de 2006.
44 Sentencia Ibídem.
45 Sentencia C-082 de 2014.
46 Ver Sentencia C-474 de 2003, así como, entre otras, las sentencias C-339 de 2002. Fundamento 6.2, C-091 de 2001, y 366 de 2000.