Source: https://es.scribd.com/document/55905442/Inconstitucionalidad-del-parentesco-politico-despues-del-matrimonio
Timestamp: 2017-10-17 11:44:31
Document Index: 371427686

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Cargado por Hector Yepez Martinez
Descripción: La Corte Constitucional de Ecuador declara inconstitucional la frase "o ha estado" en el art. 23 del Código Civil, de manera que, de ahora en adelante, el parentesco por afinidad o parentesco polít...
La Corte Constitucional de Ecuador declara inconstitucional la frase "o ha estado" en el art. 23 del Código Civil, de manera que, de ahora en adelante, el parentesco por afinidad o parentesco político se extingue al momento de la terminación del matrimonio (Registro Oficial Suplemento 2, 452, 19 mayo 2011).
Quito, Jueves 19 de Mayo del 2011
ING. HUGO ENRIQUE DEL POZO BARREZUETA DIRECTOR Quito: Avenida 12 de Octubre N 16-114 y Pasaje Nicolás Jiménez Dirección: Telf. 2901 - 629 -- Oficinas centrales y ventas: Telf. 2234 - 540 Distribución (Almacén): 2430 - 110 -- Mañosca Nº 201 y Av. 10 de Agosto Sucursal Guayaquil: Malecón Nº 1606 y Av. 10 de Agosto - Telf. 2527 - 107 Suscripción anual: US$ 400 + IVA -Impreso en Editora Nacional -12 páginas -Valor US$ 1.25 + IVA 1.000 ejemplares
Págs. CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN SENTENCIA: 0001-11-SIN-CC Declárase la inconstitucionalidad de la frase “o ha estado” del inciso primero del artículo 23 de la Codificación del Código Civil vigente, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 46 del 26 de junio del 2005 … ORDENANZA MUNICIPAL: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo: Por la cual se establece el cobro de la tasa retributiva por servicios administrativos ........................................................ Quito D. M., 14 de abril del 2011
SENTENCIA N.º 0001-11-SIN-CC CASO N.º 0074-09-IN LA CORTE CONSTITUCIONAL para el período de transición: 1 Jueza Constitucional Ponente: Dra. Nina Pacari Vega I. ANTECEDENTES De la demanda y sus argumentos El señor Andrés Santiago Sánchez López plantea acción pública de inconstitucionalidad por el fondo respecto al inciso primero del artículo 23 de la Codificación del Código Civil, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.º 46 del 26 de junio del 2005, en la parte del texto que dice “o ha estado”, manifestando:
Registro Oficial Nº 452 --
Actualmente en el Código Civil Ecuatoriano se conceptualiza a la afinidad como “…el parentesco que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer…”; que este concepto se ha mantenido desde el primer Código Civil, pues no existía la institución del divorcio, por lo que se justificaba que el matrimonio era “para toda la vida”. El Código Civil, desde sus inicios, refleja la influencia que ha tenido tanto el Código Napoleónico y el Derecho Romano, los mismos que guardan directa relación con el Derecho Canónico dominante en esa época. El artículo 23 del Código Civil establece el concepto de afinidad que se mantiene desde el año de 1860, pues en el primer Código Civil ecuatoriano se manifestaba en el artículo 26 que: "Afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido ó mujer"; disposición que guardaba relación con el hecho de que el matrimonio era "para toda la vida". Con la revolución liberal y la incorporación del Estado laico se introduce la figura del divorcio con la Ley de Matrimonio Civil que rigió desde el primero de enero de 1903, incorporada luego al Código Civil; no obstante, se mantuvo en el referido artículo la frase “o ha estado casada”. El artículo 1055 numeral 1 del Código de Derecho Canónico define al matrimonio como: "La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados"; y en consonancia con esto, el artículo 98 del Código Civil de 1860 definía al matrimonio como: "un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente para toda la vida...”. Era lógico en aquella época, que si el matrimonio es para toda la vida, lo sea también el parentesco con los consanguíneos del marido o mujer; pero en la actualidad, esto ha perdido vigencia por el desarrollo de los derechos constitucionales y los cambios de legislación, pues se eliminó la indisolubilidad y perpetuidad del matrimonio, como consta en el actual artículo 81 y el artículo 105 del Código Civil. Al terminar el contrato principal se dan por terminados los efectos secundarios, como lo es la sociedad conyugal, por lo que bajo esta percepción, cuando el artículo 23 del Código Civil dice: “o ha estado casada" consagra un trato discriminatorio que privilegia a una religión, en este caso, la Católica, lo cual es abiertamente contrario al artículo l de la Constitución, que define al Ecuador como: "un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico". Bajo este criterio, la norma acusada no resiste satisfactoriamente el más mínimo cuestionamiento acerca de cual es el fin que se persigue: mantener indefinidamente el parentesco por afinidad, incluso en aquellos casos en los
que el matrimonio ha terminado; es más, señala que una persona puede divorciarse varias veces y volverse a casar en infinidad de ocasiones, manteniendo, según la frase que acusa, decenas de parientes por afinidad. La disposición impugnada coarta el derecho de los ciudadanos a ejercer un cargo público, pues en virtud del parentesco por afinidad establecido en esta forma, un ciudadano no podría laborar en dicho sector cuando en el mismo labore un consanguíneo de su ex cónyuge, lo que se constituye en un discrimen y en un trato desigual. Disposiciones constitucionales que considera violadas El legitimado activo señala que la norma impugnada, es decir, la frase que consta en el inciso primero del artículo 23 de la Codificación del Código Civil, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.º 46 del 26 de junio del 2005, en la parte del texto que dice “o ha estado”, viola los siguientes preceptos Constitucionales establecidos en los artículos 1, 11 numerales 2, 4; artículos 33, 61 numeral 7; 76 numeral 6, así como también contraría el artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”; al igual que los artículos 1 , 7 y 23 numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pretensión El legitimado activo solicita: “1.- se declare la inconstitucionalidad de la frase “o ha estado” del Art. 23 del Código Civil. 2.- Se fije la Interpretación Obligatoria compatible, conforme lo establecido en el numeral 5 del artículo 76 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Resumen de admisibilidad El 28 de diciembre del 2009 a las 15h37, se presenta esta acción pública de inconstitucionalidad por el fondo, contra acto normativo. La Corte Constitucional, a través de la Sala de Admisión, considerando que la presente acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos reúne todos los requisitos de admisibilidad, mediante providencia del 24 de agosto del 2010 a las 17h10, admite a trámite la acción y dispone: Correr traslado con la providencia y la demanda a los señores Presidente de la República, Presidente de la Asamblea Nacional y Procurador General del Estado, a fin de que intervengan, defendiendo o impugnando la constitucionalidad de la norma demandada, en el término de quince días, debiendo señalar casilla constitucional para notificaciones. En igual término se solicita al señor Presidente de la Asamblea Nacional que remita a la Corte los expedientes con los informes y documentos que dieron origen a la norma impugnada. Se dispone la publicación de un resumen de la demanda en el Registro Oficial, hecho ocurrido en el Registro Oficial N.º 285 del 23 de septiembre del 2010, y portal electrónico de la Corte Constitucional, a fin de que el público tenga conocimiento de la acción. La Secretaría General de la Corte Constitucional, mediante oficio N.º 2586-CC-SG-2010 del 17 de septiembre del 2010, comunica a la doctora Nina Pacari Vega, que ha sido
designada en calidad de Jueza Sustanciadora de la causa, de conformidad con el sorteo efectuado por el Pleno del Organismo, en sesión ordinaria del día 09 de septiembre del 2010, por lo que se remite el expediente con el fin de que dé el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. Mediante providencia dictada el 13 de diciembre del 2010 a las 10h30, avoca conocimiento de la presente causa en calidad de Jueza Constitucional Sustanciadora. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 436 numeral 2 de la Constitución de la República, la Corte Constitucional es competente para: 2. “Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos y autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado”. Por su parte, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.º 52 del 22 de octubre del 2009, en el Título III CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD, trata de esta acción. De manera particular, el artículo 74 señala: “Art. 74.- Finalidad.- El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma, entre normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico”. De la contestación a la demanda El Presidente de la Asamblea Nacional, arquitecto Fernando Cordero Cueva, mediante escrito presentado el 14 de septiembre del 2010 a las 12h12, da contestación a la demanda planteada en los siguientes términos: Según la demanda propuesta por el accionante se deja señalado que: “el actual artículo 23 del Código Civil…es un rezago de sociedades puritanas y disposiciones de la iglesia Católica establecidas en el Derecho Canónico”. Y que de conformidad con lo establecido en los artículos 81 y 105 del mismo cuerpo legal al terminar el matrimonio termina la relación por afinidad. Al parentesco por afinidad se lo concibe como el vínculo que se establece entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro; es decir, el grado y la línea de afinidad, manifiesta el legitimado pasivo, se determinan según el grado y la línea de consanguinidad.
El parentesco por afinidad se lo adquiere por el hecho del matrimonio, remitiéndose al concepto actual de esta institución que es un contrato solemne que puede disolverse por las causas de terminación establecidas en la ley, por lo que disuelto el matrimonio no existiría dicho parentesco. Haciendo un análisis de las normas establecidas en el Código Civil, en el artículo 105 se establecen las causales para dar por terminado el vínculo matrimonial, siendo estas la muerte de uno de los cónyuges, la sentencia de nulidad del vínculo matrimonial, la sentencia que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido y el divorcio. Al ser este análisis de elemental sentido común, al no existir el vínculo del matrimonio por el cual se adquiría el parentesco por afinidad, no cabe en la definición de éste precepto establecido en el artículo 23 del Código Civil, que se mantenga la frase “o ha estado casado”. Por las consideraciones expuestas, se allana a la demanda planteada por encontrarse ajustada a derecho. Procuraduría General del Estado La Procuraduría General del Estado, mediante escrito presentado el 20 de septiembre del 2010 a las 8h58, da contestación a la demanda de inconstitucionalidad manifestando: Que el estado civil depende de las relaciones de familia del cual nacen derechos y obligaciones civiles, pues la familia es el conjunto de personas unidas entre sí por lazos de parentesco o de matrimonio, surgiendo de este último vínculo 3 calidades diversas: la de los cónyuges, la de consanguíneos y la de afines; este hecho conlleva a que el estudio de la familia tenga gran importancia por cuanto los Estados tienen como fundamento esencial a la familia. El parentesco por afinidad es el que se contrae en virtud del matrimonio y que su importancia en el ámbito legal es considerada hasta el segundo grado, produciendo efectos en casi todas las esferas del ordenamiento jurídico. Para efectos civiles, determinados grados de parentesco constituyen impedimentos matrimoniales, mientras que otros generan derechos y obligaciones alimenticias., El parentesco, para efectos penales, puede constituirse en causa eximente de responsabilidad atenuante o agravante; en el administrativo, el parentesco crea incompatibilidad o nepotismo para determinadas personas que pueden ejercer funciones en una misma dependencia pública. El parentesco por afinidad o político, aún en el caso de terminación del matrimonio, crea nexos indisolubles entre los relacionados, por lo que no se extingue en el ámbito subjetivo, intrínseco, psicológico, existencial y espiritual. En base a lo argumentado radica la parte medular para defender la pertinencia y constitucionalidad de la frase impugnada, en el sentido de que toda norma debe gozar no sólo de legalidad, sino también de legitimidad; es decir, a
más de provenir de autoridad competente, debe guardar conformidad con los principios éticos y morales de la sociedad. En caso de eliminarse la frase impugnada, esto es, “o ha estado” del artículo 23 del Código Civil, se estaría afectando de manera directa los intereses públicos, puesto que, como ejemplo, señala, un ex cuñado de una autoridad nominadora o dignatario de una entidad del Estado podría ser libremente nombrado o contratado por ello, arguye el Director Nacional de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado, que la lógica indica que por más que una persona pierda su vínculo jurídico por afinidad, no necesariamente así el de confianza y el relativo a los lazos indestructibles que en razón del parentesco político surgieron en un momento, para que los intereses de la familia sigan prevaleciendo, por las razones que fuere. Por lo mismo, al otorgar un nombramiento o contrato en las condiciones expuestas se hablaría de “permisividad legal”, atentando contra la ética y la moral; por lo tanto, no sólo sería atentatorio al espíritu del artículo 7 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (normativa vigente a la fecha de presentación de la presente acción de inconstitucionalidad, y que sería derogada expresamente por la Ley Orgánica de Servicio Público), sino que también a otras disposiciones del Derecho Público que prohíben expresamente adjudicar contratos para la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios cuando existe (o ha existido) la relación de parentesco político, materia de análisis. La presente acción de inconstitucionalidad estaría no solo contrariando lo previsto en los artículos 83 numeral 7, 226, 227 (transparencia) y 232 de la Constitución de la República, sino que también, de ser acogida por la Corte Constitucional, se obligaría a dar una interpretación conforme lo requiere el demandante, ya que la norma impugnada no contraría ningún principio ni derecho constitucional. Bajo estas consideraciones, solicita que se rechace la demanda de inconstitucionalidad. Presidencia de la República La Presidencia de la República da contestación a la demanda de inconstitucionalidad, mediante escrito presentado el 22 de septiembre del 2010 a las 15h03, y afirma: El demandante alega que el hecho de mantener el parentesco de afinidad una vez disuelto el matrimonio, por cualquier circunstancia, es un factor discriminatorio para quien pretende acceder al servicio público. El mismo accionante reconoce que la disposición contenida en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en su definición de nepotismo, es una disposición que persigue garantizar la moralidad e imparcialidad en el desempeño del servicio público. La Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, más concretamente su artículo 6, busca garantizar el ingreso en igualdad de condiciones de todas
las personas que se postulen a un cargo público, y que a su vez, la Constitución establece que en el ejercicio del servicio público se prohíbe el nepotismo, con lo que se reafirma que ningún funcionario público puede designar a un familiar para que ocupe un cargo dentro de cualquier institución pública. El legitimado activo, al fundamentar la presente acción, sostiene que se sacrifica el acceso de los ciudadanos al ejercicio de cargos públicos, afirmación que no es válida, ya que los parientes por afinidad pueden acceder y desempeñar cargos públicos en base a sus méritos y capacidades; por el contrario, la restricción señalada hace referencia cuando es una Autoridad nominadora y no para el resto de funcionarios. Es indudable que por las relaciones de parentesco nazcan ciertos deberes y derechos, no sólo de tipo moral sino también económico y emocional, por lo que la prohibición de nepotismo tiene su razón de ser. Al no existir la inconstitucionalidad demandada, solicita que se rechace la demanda y en consecuencia se ratifique la constitucionalidad y plena vigencia del artículo 23 del Código Civil. Sobre otros intervinientes Publicado el extracto de la demanda de inconstitucionalidad en el Registro Oficial N.º 285 del 23 de septiembre del 2010, a fin de que dentro del término de 15 días cualesquier ciudadano coadyuve a la demanda o defienda las normas impugnadas, habiendo fenecido el término concedido, no ha comparecido ciudadano alguno a pronunciarse sobre el tema. Análisis constitucional del caso Marco General En un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico como el nuestro, conforme lo señala el artículo 1 de la Constitución, la acción pública de inconstitucionalidad, establecida en el artículo 436 numeral 2 de la Norma Suprema, edifica una garantía constitucional en aras precisamente de realizar un control abstracto de constitucionalidad, ya sea por el fondo y/o por la forma, respecto de actos normativos expedidos por órganos y autoridades públicas que tengan el carácter general, para lo cual se interpondrá esta acción ante la Corte Constitucional. En este marco, la Corte Constitucional está llamada a cumplir dos objetivos fundamentales: salvaguardar y defender el principio de la supremacía constitucional, y proteger los derechos, garantías y libertades públicas. En los Estados de derecho más consolidados, la garantía del orden jurídico la cumple una Corte que tiene como función primordial, garantizar el principio de la supremacía de la Constitución; es así que la Corte Constitucional deviene como consecuencia lógica de la evolución histórica del control constitucional en el Ecuador.
El juez constitucional debe, por lo tanto, esforzarse por hallar las interpretaciones que mejor sirvan a la defensa de los derechos fundamentales. La legitimidad de una Corte Constitucional depende fuertemente de la capacidad de argumentar su interpretación de la Constitución, y apelar mediante tal interpretación a las opciones y valores ciudadanos. Como bien lo dice Robert Alexy: “los jueces constitucionales ejercen una representación argumentativa”. La acción de inconstitucionalidad, en su naturaleza, es pública y participativa, pues se vincula expresamente con el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político; con ese propósito se otorga al ciudadano la facultad de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. La interposición de la acción tiene una justificación intrínseca como episodio de la vida democrática y está, por lo tanto, desligada de cualquier proceso específico en curso o de la eventual aplicación de la ley a un caso concreto; por el contrario, la acción de inconstitucionalidad per se da lugar a un análisis jurídico constitucional autónomo e independiente, en el que prevalece su carácter abstracto y participativo. En esta acción, la Corte Constitucional debe hacer un control integral y de unidad normativa, a fin de que en la sentencia se pronuncie de fondo sobre todas las normas o actos demandados; adicionalmente, el fallo podrá cobijar normas no demandadas que, sin embargo, conformen unidad normativa con aquellas otras que se declaran inconstitucionales. La unidad normativa se define a partir de la existencia de una relación lógica, necesaria, principal y objetiva entre las disposiciones que son objeto de la declaración de inconstitucionalidad y las que identifica la Corte, unidad que se conforma con el objeto de que el fallo de inconstitucionalidad que se profiera no vaya a ser inocuo. El Profesor de Derecho Constitucional y ex Presidente del Tribunal Constitucional de Colombia, en su artículo sobre “Jurisdicción Constitucional en Colombia”, al referirse a esta acción, la cataloga como un mecanismo de control de constitucionalidad concentrado, al señalar que "en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales"1. La Constitución postula su pleno valor normativo al establecer que es la norma suprema (norma de normas) que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, y que con los tratados internaciones de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan más derechos favorables que los establecidos en la Constitución, tiene supremacía sobre cualesquiera otra norma2; que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales3; que los derechos y garantías constitucionales consagrados en la norma suprema y en los tratados internacionales de derechos humanos serán de cumplimiento y aplicación inmediata4; que las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a aquella en su integralidad, y que en caso de duda se interpretará en el sentido más favorable para la plena vigencia de los derechos5. La acción de inconstitucionalidad como medio de control constitucional La importancia de la acción pública de inconstitucionalidad, como un medio de control constitucional, es evidente; una de las características que le agrega importancia es que es un medio de control al alcance de órganos del Estado, sin limitar su procedencia o invasión de esferas de competencia, como es el caso de la controversia constitucional. En estos términos, la acción de inconstitucionalidad podrá ocuparse no solo de violaciones a la parte orgánica de la Constitución (lo que ocurre en el caso de la controversia constitucional), sino que la acción de inconstitucionalidad podrá también ocuparse de violaciones a garantías o derechos individuales o colectivos, según el caso. La acción pública de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 436 numerales 2, 3, 4, 8 y 10 de la Constitución de la República, faculta a la Corte Constitucional a vigilar la constitucionalidad, tanto de los actos normativos de carácter general (numeral 2), el declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas de los casos sometidos a su conocimiento (numeral 3), de los actos administrativos con efectos generales (numeral 4), de las declaratorias de los estados de excepción (numeral 8) y, por la omisión en la que incurran las instituciones o autoridades públicas de los mandatos de las normas constitucionales (numeral 10). En el evento de que se pretenda impugnar la inconstitucionalidad de un acto normativo, es necesario tener en cuenta que estos constituyen instrumentos jurídicos cuyos efectos son generales o "erga omnes". Sobre el carácter de la norma impugnada y su constitucionalidad El artículo 23 de la Codificación del Código Civil, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.º 46 del 26 de junio del 2005, manifiesta: “Afinidad es el parentesco que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer, o bien, entre uno de los padres de un hijo y los consanguíneos del otro progenitor. La línea y grado de afinidad entre dos personas se determina por la línea y grado de consanguinidad respectivos; así, entre suegros y yernos hay línea recta o
Un texto al respecto se publicó originalmente en la obra del Dr. Francisco Fernández Segado “La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica” pp. 469-497. Ver Art. 424 CRE.
Ver Art. 425 CRE Ver Art. 426 CRE Ver Art. 427 CRE
directa de afinidad en primer grado, y entre cuñados, línea colateral de afinidad en segundo grado.”(La negrilla nos pertenece). Esta norma se encuentra establecida en dicho cuerpo legal en el título preliminar, parágrafo quinto, que establece: “la Definición de varias Palabras de Uso Frecuente en las Leyes”. Nuestra legislación, con un origen eminentemente grecolatino, pretendió, a decir del Dr. Juan Larrea Holguín, establecer en este título el desarrollo de los principios generales aplicables a todo el Código y aun a otros cuerpos legales, estatuyendo de esta manera la teoría general del derecho civil. La norma cuya inconstitucionalidad se demanda, se encuentra inmutable desde la vigencia del primer Código Civil ecuatoriano, (1861), cuerpo legal que en su artículo 26 contiene la misma redacción del actual artículo 23, lo que denota la trascendencia y vigencia que ha mantenido la norma por mas de 150 años. Para tratar sobre el tema impuesto es necesario ingresar al estudio del derecho de familia que realiza el español Federico Castro Bravo, quien manifiesta que: “el derecho civil al tratar de la familia se refiere a su constitución, formas, variaciones y derechos que derivan de las relaciones familiares...”6. Nuestra legislación no ha consagrado una definición jurídica para “familia”; no obstante, de la lectura de los artículos 67 y 68 de la Constitución de la República7 se desprende que esta deviene originariamente del vínculo matrimonial entre las personas, es esta la forma primaria como se constituye una familia y por ende da origen al parentesco; pero se ha reconocido también la existencia de otro tipo de familia, como es la que se basa en aspectos de hecho. Luis Parraguez Ruiz conceptualiza al parentesco como “una de las más importantes relaciones jurídicas que genera la institución familiar, es precisamente esta del parentesco, la que podemos definir como la relación de familia que vincula a dos o más personas. Esta relación familiar puede obedecer a distintas fuentes u orígenes y según ellas puede clasificarse en parentesco por
consanguinidad y parentesco por afinidad. A su vez, cada uno de ellos puede ser considerado en dos líneas distintas, según la dirección de descendencia existente: la línea recta o directa y la línea colateral…”8. Es conocido por todos que el parentesco por consanguinidad deviene del vínculo de sangre que existe entre dos personas, y puede ser descendiente o ascendiente, o entre aquellos que sin tener esta línea de descendencia proceden de un tronco común. El parentesco por afinidad o llamado político, es aquel que surge del vínculo matrimonial, pues determina la familiaridad entre los consanguíneos del marido con los de la mujer o viceversa. Nuestra legislación civil ha establecido que este tipo de parentesco subsista aun cuando el matrimonio no; es decir que el parentesco (familiaridad política) se mantiene con independencia del vínculo jurídico principal que lo originó. El matrimonio, vínculo jurídico, conforme lo establecido en el artículo 105 del Código Civil, se termina por: 1. 2. 3. 4. Muerte de uno de los Cónyuges; Sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; Sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido; Divorcio.
De estas formas de terminación se observa que solo en una de ellas se expresa la voluntad del cónyuge de dar por terminado el vínculo matrimonial que los une, siendo esta el divorcio; en el caso de la nulidad del matrimonio, es la ley la que establece la inexistencia de esta institución, y en el caso de la muerte de uno de los cónyuges o de la muerte presunta de uno de estos, no existe la voluntad de dar por terminado el matrimonio. Ahora bien, si no existe la voluntad de dar por terminado el vínculo matrimonial, ¿será lógico que se extinga el parentesco por afinidad, cuando este nace como expresión accesoria de la voluntad de los contrayentes del matrimonio? La respuesta es no; sin embargo, estos aspectos jurídicos nos enfrentan a otra situación legal, como constituye la voluntad, individual o conjunta, del cónyuge de dejar sin efecto el vínculo matrimonial y por ende terminar con el parentesco político. Según el derecho romano, parentesco viene de “parens, parentis”, el padre o la madre, el abuelo u otros ascendientes de quien se desciende; los romanos entendían el parentesco en dos sentidos: el parentesco del derecho civil o “agnatio” y el natural o llamado “cognatio”. La “agnatio” es el parentesco civil fundado sobre la autoridad paterna, ya que del paterfamilias dependía la composición de la familia, siendo libre de cambiarla a su arbitrio.
CASTRO BRAVO, Federico, “Curso de Derecho Civil”, Madrid, 1954, pag. 80 Art. 67 Constitución de la República del Ecuador “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.” Art. 68 “La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.”
PARRAGUEZ RUIZ, Luis, “Manual de Derecho Civil Ecuatoriano”, Quito, 1977, pág. 173
La “cognatio” es el parentesco que une a las personas descendientes unas de otras en línea directa o que descienden de un autor común, sin distinción de sexo. Así también, Roma reconocía el parentesco por afinidad como aquel que se origina por el matrimonio y lo forman los parientes de uno de los esposos y los parientes del otro. De la relación de parentesco surge una serie de obligaciones y vínculos no solamente jurídicos, sino psicológicos y afectivos, vínculos que para el caso del parentesco por afinidad nacen del vínculo matrimonial, es decir, surgen de una libre expresión de voluntad, y conforme a nuestra legislación, dicho vínculo de familiaridad subsiste, aun cuando el matrimonio no persista. La Corte Constitucional observa que el concepto y la acepción de familia no se constituye en un hecho inmutable, por el contrario, la misma ha evolucionado desde el derecho romano hasta nuestros días, quizá por ello la definición de familia no ha sido recogida en cuerpos legales y se la ha dejado a la doctrina, pues la dificultad de definirla nos revela de inmediato el contenido relativo de la misma, su flexibilidad y los continuos cambios que han operado durante el tiempo. El Código Civil ecuatoriano, desde su origen en 1861, así como sus antecedentes jurídicos, es decir el Código Napoleónico y el Código Civil de Andrés Bello, no ha conceptualizado a la familia; de igual forma ha ocurrido con la norma constitucional, la cual ha reconocido a la familia como núcleo de la sociedad y le ha provisto de la protección jurídica correspondiente para el desarrollo de sus fines. Por su parte, el Código Sustantivo Civil se ha limitado a establecer en qué consiste el parentesco y como se establece el mismo. En el año de 1861, fecha en que se estatuyó la norma impugnada, se estableció que el parentesco por afinidad subsiste aun cuando el matrimonio ha terminado, pero debe recordarse que en aquella fecha la forma de terminación del matrimonio era la muerte de uno de los cónyuges, pues el matrimonio se ligaba de manera directa con los esponsales religiosos, sin que exista la figura jurídica del divorcio. Frente a este hecho, si se tenía una concepción de familia indisoluble, es normal que el parentesco por afinidad no se disuelva por el hecho de terminar el vínculo matrimonial mediante la muerte de uno de los cónyuges, hecho que escapa a su voluntad. Una vez que se instituye la figura del divorcio en el Ecuador, luego de la Revolución Liberal, el matrimonio puede terminarse por la voluntad de las partes, sin embargo, nuestra legislación civil continuó manteniendo el clásico concepto de matrimonio como un contrato “indisoluble y por toda la vida”; es recién en las reformas al Código Civil, publicadas en el Suplemento del Registro Oficial N.º 256 del 18 de agosto de 1989, en que se establece que se elimina esta calidad de indisoluble y por toda la vida, con lo que se reconoce la realidad jurídica del momento y el hecho de la terminación voluntaria del vínculo matrimonial. El legitimado activo afirma que el hecho de mantener en el artículo 23 del Código Civil la frase “o ha estado”, ubica en
condición discriminatoria a las personas cuyo vinculo matrimonial ha terminado, e impide y traba el libre ingreso al servicio público, pues existe el impedimento del nepotismo establecido en el artículo 230 numeral 2 de la Constitución, conceptualizado hoy en el primer inciso del artículo 6 de la Ley Orgánica de Servició Público (normativa jurídica que derogó a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa), en la que se establece que: “Se prohíbe a toda autoridad nominadora, designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica, de las señaladas en el artículo 3 de esta Ley, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho (…)”. Esta consideración la efectúa el legitimado activo, al considerar que la disposición legal impugnada, artículo 23 del Código Civil, generaliza el concepto de parentesco por afinidad y abarca a personas sobre quienes ya el vínculo que lo originó es inexistente; no obstante aquello, por mandato de ley (ficción legal), continúan ostentando la condición de familia, aspecto que les implica una expresa prohibición de ejercicio de cargos públicos frente a hipotéticos casos en el que se vean inmersos con personas con las que tuvieron un vínculo de familiaridad política ya extinguida en el hecho. Afirma el legitimado activo que puede darse el caso en el que una persona que contrajere matrimonio y se divorciare en varias ocasiones, iría acumulando para sí una serie de parientes afines, a pesar de ya no tener con ellos un vínculo social, afectivo, psicológico o emocional, por obvias razones. Estas afirmaciones del legitimado activo obligan a la Corte a formular las siguientes consideraciones: Como ya se ha manifestado, el parentesco por afinidad nace del matrimonio: es este contrato el único hecho jurídico que le da origen9; es también un contrato que no es indisoluble, por el contrario, el mismo puede terminar por causas voluntarias o por hechos ajenos a la voluntad de las partes; que la legislación nacional considera que no por el hecho de haberse terminado el matrimonio se extingue el parentesco por afinidad, circunstancia que en el fondo perjudica a quienes en el hecho no ostentan ya dicha familiaridad, salvo por la ficción legal, pues continúan siendo considerados como parte de un entorno social al que ya no pertenecen.
Salas de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia: 15-V-2001 (Resolución No. 79-2001, Primera Sala, R.O. 369, 16-VII-2001) "CUARTO.- En atención a que la emplazada ha formulado reparos, sobre la idoneidad del testigo G. P., de quien afirma que es 'cuñado de la accionante' es oportuno puntualizar: A).- El parentesco por afinidad y que en el caso subjúdice correspondería al segundo grado, nace como es obvio, de la ley. Así, el artículo 23 del Código Sustantivo Civil, lo define como: 'El parentesco que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer; o bien, entre uno de los padres de un hijo y de los consanguíneos del otro progenitor'. B).- De lo dicho se infiere, que tal parentesco surge o tiene como antecedente únicamente el Contrato - Institución del matrimonio.
En el caso en estudio se hace evidente la serie de repercusiones jurídicas que devienen de la existencia del parentesco por afinidad y el mantenimiento del mismo una vez que el matrimonio ha terminado, pero existe una violación al principio constitucional de igualdad y por ende un trato discriminatorio a las personas que en el hecho real han salido del círculo familiar. La Constitución de la República, en el artículo 67 reconoce a la familia en sus diversos tipos, imponiendo para el Estado la obligación de protegerla como núcleo fundamental de la sociedad, garantizando la consecución de sus fines; es decir, establece que la familia nace de vínculos afectivos, psicológicos y consanguíneos. Este aspecto de la familiaridad y de los vínculos que de ella derivan ha llevado al legislador a establecer una serie de obligaciones y prohibiciones jurídicas con el propósito de protegerla; estos efectos jurídicos se ha previsto que subsistan hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad10; entre ello tenemos la prohibición en materia penal de acusarse entre quienes ostentan esta familiaridad (excepto violencia intra familiar); hay también prohibiciones procesales, en el ámbito administrativo se prohíbe el nepotismo, en el campo civil impedimentos dirimentes para el matrimonio, etc. La Corte Constitucional observa que la protección que la Constitución ha dado a la familia, se efectúa hasta quienes ostentan el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, pues es con ellos con quienes la familia tiene sus vínculos afectivos más que jurídicos, que propenden al desarrollo y cumplimiento de los fines que se hallan garantizados por la Constitución, y que parten del principio de solidaridad para la consecución de las garantías establecidas en la norma suprema. Esta garantía al núcleo familiar se establece bajo la imposición de prohibiciones y obligaciones que permiten proteger la intimidad de los vínculos que originan el parentesco; es por ello que al establecer el artículo 23 del Código Civil que este parentesco por afinidad subsiste aun cuando se haya extinguido el matrimonio, confronta a la garantía de protección a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, así como a la consecución de sus fines, establecido en el artículo 67 de la Constitución, pues mantiene efectos jurídicos, obligaciones y prohibiciones, (que nacieron en el principio de tutela jurídica a la familia), para quienes ya no pertenecen a la misma, toda vez que se hallan fuera de su seno, ya sea por acto voluntario, divorcio, o por causas ajenas a ellos, como muerte del contrayente. Es competencia de la Corte Constitucional dilucidar frente al conflicto normativo que se presente entre la legislación y la norma Constitucional, debiendo, en caso de encontrar contradicciones con la norma suprema, expulsarla del ordenamiento jurídico, esta acción de expulsión debe ser la última medida que adopte el juez constitucional, dando de esta forma cumplimiento al principio doctrinario “indubio
pro legislatore” y a los principios establecidos en el artículo 76 numerales 2, 3, 4 y 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Desde este orden de cosas la normativa impugnada, artículo 23 del Código Civil, es evidente que se confronta con el precepto constitucional, los objetivos y alcances establecidos en el artículo 67 de la Constitución de la República. Por consiguiente la parte del texto “o ha estado” del inciso primero del artículo 23 de la Codificación del Código Civil, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.º 46 de 26 de junio del 2005, es evidentemente inconstitucional por lo que debe ser expulsado del ordenamiento jurídico. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional, para el período de transición, expide el siguiente: DICTÁMEN 1. Declarar la inconstitucionalidad de la frase “o ha estado” del inciso primero del artículo 23 de la Codificación del Código Civil vigente, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N.º 46 del 26 de junio del 2005. 2. Notifíquese, publíquese y cúmplase. f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente. f.) Dra. María Augusta Durán, Secretaria General (e). Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con ocho votos de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Hernando Morales Vinueza, Ruth Seni Pinoargote, Nina Pacari Vega, Edgar Zárate Zárate y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia del doctor Manuel Viteri Olvera, en sesión del día jueves catorce de abril del dos mil once. Lo certifico. f.) Dra. María Augusta Durán, Secretaria General (e).
CAUSA Nº 0074-09-IN Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue suscrita por el doctor Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional, el día lunes dieciocho de abril de dos mil once.- Lo certifico. f.) Dra. María Augusta Durán Mera, Secretaria General (e).
Cuarto de Consanguinidad: abuelos, padres, nietos, tíos, sobrinos. Segundo de Afinidad: suegros, cuñados.
CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.Revisado por f.) Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a 16 de mayo del 2011.- f.) El Secretario General.
Caso N.º 0074-09-IN CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN.- Quito, DM., 05 de mayo de 2011, las 11h00.- VISTOS.- Agréguese al proceso la petición presentada el 25 de Abril del 2011, por el Dr. Alexis Mera Giler, en su calidad de Secretario Nacional Jurídico, habiendo sido ingresada dentro del término de ley, proveyendo la misma sobre la base del Art. 94 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicitando que la Corte Constitucional se pronuncie sobre los siguientes puntos, a saber: a) En la sentencia, “[…] nunca se manifiesta la forma y la medida en que la disposición contenida en el Art. 23 de la Codificación del Código Civil se contrapone con los principios de protección de familia establecidos en el Art. 67 de la Constitución; b) No se especifica ni determina como la frase <<o ha estado>> del aludido artículo 23, en virtud de la cual se mantiene los vínculos de parentesco de afinidad con los consanguíneos de ex cónyuge, impide que la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, cumpla con sus fines objetivos; c) Lo único que consta es la afirmación de la Corte de que su vigencia dentro del ordenamiento jurídico confronta con la Constitución, lo cual está lejos de motivar la resolución que se solicita ampliar, coloca a los sujetos procesales ante una decisión obscura carente de lógica, e impide al lector la comprensión cabal del texto de las ideas que ha llevado a esta Corte Constitucional a determinar tal inconstitucionalidad.” Al respecto la Corte Constitucional, considera que: Primero.En la Sentencia No.- 001-11-SIN-CC, al contrario de lo afirmado por el recurrente, no existen puntos obscuros que dificulten su comprensión, puesto que de forma justificada dentro del estudio del caso, se analiza la constitucionalidad del inciso primero del Artículo 23 del Código Civil, dentro del contexto histórico y jurídico constitucional donde se ha identificado claramente que el matrimonio es una forma primaria de constituir la familia. Posteriormente, se explica la relación del parentesco así como su división: por consanguinidad y afinidad. En la Sentencia se ha analizado detalladamente (fojas 13-19) las formas de terminación del matrimonio; siendo el divorcio un acto jurídico que lo concluye. Así, la Corte afirma que una vez roto el vínculo matrimonial, por divorcio, termina el parentesco político, porque afecta la protección constitucional reconocida en el Artículo 67 de la Constitución, debido a que los efectos jurídicos de forma inconstitucional se extienden por un parentesco de afinidad que se vuelve inexistente por la terminación del matrimonio. Segundo.- Asimismo, de forma motivada, la Corte afirma que el matrimonio no es un contrato indisoluble como tampoco lo sería la familia por afinidad o política que está ligada a éste; y al existir una serie de repercusiones jurídicas que se derivan del parentesco de afinidad una vez que el matrimonio ha terminado, esas obligaciones eran contrarias a lo dispuesto en el artículo 67 de la actual Constitución de la República, a partir de su vigencia, por lo que la protección reconocida
para los diversos tipos de familia, genera repercusiones no sólo a quienes “tienen vínculos afectivos más que jurídicos” sino también afectando a quienes ya no los tienen como de forma clara lo expresa el fallo. Tercero.- Como señala el recurrente, la Corte Constitucional afirma que la frase “ha estado” que constaba en el primer inciso del Art. 23 del Código Civil confrontaba el Artículo 67 de la Constitución vigente, y es así, debido al extenso análisis constitucional realizado en el fallo, y lo que se expresa, en el mencionado párrafo constante en la foja 18 de la sentencia, es una conclusión de las motivaciones antes desarrolladas. De esta manera queda atendida la petición del recurrente. Notifíquese, Publíquese y Archívese.f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente.
Razón: Siento por tal, que la providencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con siete votos a favor, de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Hernando Morales Vinueza, Ruth Seni Pinoargote, Nina Pacari Vega y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia de los doctores Luis Jaramillo Gavilanes y Manuel Viteri Olvera, en sesión ordinaria del día jueves cinco de mayo de dos mil once.- Lo certifico. f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General. CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.Revisado por f.) Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a 16 de mayo del 2011.- f.) El Secretario General.
EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO Considerando: Que, es necesario establecer un cobro real por la presentación de servicios administrativos, a fin de lograr una mejora de las finanzas municipales, propendiendo conforme a la ley a una eficiente autogestión administrativa; Que, para el efecto señalado en el considerando anterior, el Art. 57 del COOTAD, señala como atribuciones del Concejo Municipal, entre otras, las siguientes: a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor; y,
c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que ejecute; Que, el Art. 124 del ya citado cuerpo legal, respecto a la autonomía para la organización y ejercicio de las competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, señala que esta se halla garantizada obligatoriamente respecto de efectividad política, administrativa y financiera; Que, el Art. 139 del COOTAD, al referirse de la competencia de formar y administrar catastros inmobiliarios, dice: “La formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de manejo y acceso a la información deberán seguir los lineamientos y parámetros metodológicos que establezca la ley. Es obligación de dichos gobiernos actualizar cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural”; Que, el Art. 163 ibídem, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: “Recursos propios y rentas del Estado.- De conformidad con lo previsto en la Constitución, los Gobiernos Autónomos Descentralizados generarán sus propios recursos financieros…”; Que, el Art. 171, literal a) del COOTAD al determinar los tipos de recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso, de carácter municipal, señala entre ellos a los Ingresos propios de la gestión, como son los que corresponden a la presente ordenanza; Que, el Art. 172 del mismo COOTAD, trata efectivamente de los ingresos propios de la gestión y, al respecto, en el inciso 2do. cuando trata lo pertinente a dichos ingresos, indica: “Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas….” La aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria; Que, el Art. 186 del COOTAD, establece la facultad tributaria a favor de los gobiernos municipales y distritos metropolitanos autónomos, cuando dice: “podrán crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas, por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su responsabilidad, el uso de bienes o espacios públicos, y en razón de las obras que ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción, así como la regulación para la captación de las plusvalías. Cuando por decisión del gobierno metropolitano o municipal, la prestación de un servicio público exija el cobro de una prestación patrimonial al usuario, cualquiera sea el modelo de gestión o el prestador del servicio público, esta prestación patrimonial será fijada, modificada o suprimida mediante ordenanza.
Los municipios aplicarán obligatoriamente las contraprestaciones patrimoniales que hubieren fijado para los servicios públicos que presten aplicando el principio de justicia redistributiva. El incumplimiento de esta obligación podrá ser causal de destitución de los funcionarios responsables. En caso de incumplimiento el órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado respectivo sancionará, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, al funcionario responsable del incumplimiento”; Que, el Art. 322 del COOTAD, respecto a las decisiones legislativas, dispone, en tratándose de los concejos municipales como ocurre en el presente caso, aprobarán en dos sesiones y en días distintos, ordenanzas con el voto conforme de la mayoría de sus miembros; siendo que para ello, los proyectos de ordenanzas, deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la exposición de motivos, como así se lo ha hecho en forma previa, al sustentarse en el respectivo informe técnico-económico presentado para el efecto por la Jefatura de Planificación del Gobierno Municipal del Cantón Tisaleo, a través de la Dirección de Obras Públicas; Que, así mismo, el Art. 492 del COOTAD, ordena que el cobro de los tributos que deban realizar las municipalidades, lo reglamentarán por medio de ordenanzas; Que, el Art. 495 del COOTAD, establece como facultad de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, la de realizar el avalúo de los predios; actividad relacionada con uno de los servicios administrativos materia de la presente ordenanza; Que, los Art. 566, 567 y 568 del ya referido COOTAD, estipulan el objeto y la forma de determinación de una tasa como la que corresponde a la presente ordenanza, quienes se hallan obligados a su pago y cuáles son los servicios susceptibles de su imposición; así: Art. 566.- Objeto y determinación de las tasas.- Las municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos que se establecen en este código. Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios públicos municipales o metropolitanos siempre que su monto guarde relación con el costo de producción de dichos servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de producción el que resulte de aplicar reglas contables de general aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos generales de la Administración Municipal o Metropolitana que no tengan relación directa y evidente con la prestación del servicio. Sin embargo, el monto de las tasas podrá ser inferior al costo, cuando se trate de servicios esenciales destinados a satisfacer necesidades colectivas de gran importancia para la comunidad, cuya utilización no debe limitarse por razones económicas y en la medida y siempre que la diferencia entre el costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos generales de la Municipalidad o Distrito Metropolitano. El monto de las tasas autorizadas por este código se fijará por ordenanza.
Art. 567.- Obligación de pago.- El Estado y más entidades del sector público pagarán las tasas que se establezcan por la prestación de los servicios públicos que otorguen las municipalidades, distritos metropolitanos y sus empresas. Para este objeto, harán constar la correspondiente partida en sus respectivos presupuestos. Las empresas públicas o privadas que utilicen u ocupen el espacio público o la vía pública y el espacio aéreo estatal, regional, provincial o municipal, para colocación de estructuras, postes y tendido de redes, pagarán al Gobierno Autónomo Descentralizado respectivo la tasa o contraprestación por dicho uso u ocupación. Art. 568.- Servicios sujetos a tasas.- Las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del Alcalde Municipal o Metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo Concejo, para la prestación de los siguientes servicios: a) b) Aprobación de planos e inspección de construcciones; Servicios administrativos,…….”;
3.- La emisión de líneas de fábrica y nivel de las aceras y bordillos. 4.- Los avalúos y reavalúos de predios. 5.- Replanteo de terrenos y de cerramientos. 6.- Por aprobación de lotizaciones, urbanizaciones, parcelaciones, desmembraciones, divisiones, integración de terrenos y todo lo relacionado con terrenos que se encuentren dentro de las cuatro zonas determinadas en la Ordenanza de Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Área de Control Urbano y Rural del Cantón Tisaleo. 7.- La concesión de copias y certificaciones de documentos en general; excepto los que hubieren sido declarados como reservados por el Concejo. 8.- La concesión de certificados de no adeudar al Municipio. 9.- La concesión de certificados de avalúos y reavalúos. 10.- Las autorizaciones para obtener copias de planos. 11.- Por toda emisión de orden de pago referente a adquisiciones, contratos de obras y prestación de servicios en general; y, 12.- Cualquier otro servicio administrativo que implique un costo y que la Municipalidad está facultado para conceder. Art. 2.- Del Hecho Generador.- El hecho generador de la tasa por servicios administrativos constituye las prestaciones de servicios que soliciten los usuarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo. Art. 3.- Sujeto Activo.- De las tasas por servicios administrativos de las prestaciones que se crean y determinan mediante esta ordenanza, es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo. Art. 4.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos de la tasa materia de la presente ordenanza, todas aquellas personas naturales y/ o jurídicas que demanden la prestación de los servicios señalados en el Art. 1, en concordancia con lo previsto en el Art. 2 de la presente ordenanza. Art. 5.- Tarifas.- La tasa retributiva por servicios administrativos establece las siguientes tarifas: a) El dos por mil del valor de las construcciones por los servicios señalados en los numerales 1) y 2) del Art.1 de esta ordenanza; Siete dólares (USD 7.00) por los servicios señalados en los numerales 4) y 5) del Art. 1 de esta ordenanza; Por emisión de líneas de fábrica y nivel de aceras y bordillas señalado en el numeral 3, la cantidad de doce dólares (USD 12.00);
Que, en el Art. 264 de la Constitución de la República en vigencia, al referirse a la competencia exclusiva de los gobiernos municipales, en el numeral 5) dice: “crear, modificar, o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales por mejoras.”; Que, finalmente, el Art. 270 de la ya citada Constitución dispone: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad; Que, por todo lo expuesto en los considerados anteriores, es necesario expedir normas para aplicar con buen criterio el hecho de que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo, debe propender a la autogestión y el financiamiento de recursos que ayuden a solventar sus gastos; y, En uso de las facultades normativas consagradas en el COOTAD y en la propia Constitución de la República del Ecuador, Expide: LA ORDENANZA POR LA CUAL SE ESTABLECE EL COBRO DE LA TASA RETRIBUTIVA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Art. 1.- Materia Imponible.- Como realidad económica un costo, constituye materia imponible de las tasas por servicios técnicos y administrativos, lo siguiente: 1.- Los permisos de construcción de edificaciones, ampliaciones y/o reparaciones de inmuebles. 2.- Los estudios de planos, inspección de construcciones o aprobación final de los mismos.
Por lo señalado en el numeral 6) del Art. 1, el contribuyente solicitante del trámite pagará una tasa equivalente al dos por mil del costo de la obra a ejecutarse, que será determinado por el Departamento de Obras Públicas Municipales. Por ningún concepto esta será inferior a USD 4.00; Por aprobación de planos y permisos provisionales o definitivos de edificaciones, inclusive cerramientos que se encuentren dentro de la zona urbana, de expansión urbana y zona rural determinados en la Ordenanza de Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Área de Control Urbana y Rural del Cantón Tisaleo, pagarán el sujeto pasivo de la obligación una tasa retributiva por gastos administrativos de aprobación de planos sobre el costo total de la obra que será el equivalente al dos por mil del avalúo total; Por las certificaciones señaladas en los numerales 7, 8 y 9 del Art. 1 de esta ordenanza, la cantidad de cincuenta centavos de dólar (USD 0.50), este valor está incluido en el formulario que sirve para la emisión de certificados de no adeudar al Municipio y certificado de avalúos y reavalúos de predios; y, Por las autorizaciones para conceder copias de planos la cantidad de cincuenta centavos de dólares (USD 0.50) por cada hoja de ellos.
f.) Ing. Rodrigo Garcés Capuz, Alcalde del G.A.D. Municipal de Tisaleo. f.) Abg. Carlos Villegas Miranda, Secretario de Concejo.
SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO. El suscrito Secretario de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo, en uso de las atribuciones que le confiere el COOTAD. Certifico que: la presente ordenanza reformada por la cual se establece el cobro de la tasa retributiva por servicios administrativos, fue discutida y aprobada en dos sesiones ordinarias; la primera llevada a cabo a los veintiún días del mes de enero del 2011 y la segunda llevado a cabo a los treinta y un días del mes de enero del 2011. Tisaleo, 31 de enero del 2011. f.) Abg. Carlos Villegas Miranda, Secretario de Concejo.
Art. 6.- Para solicitar un servicio el usuario deberá adquirir el respectivo formulario que tendrá un costo de acuerdo al trámite a darse, con el cual podrá iniciar el trámite y en el mismo se liquidará y determinará el monto de la tasa por el servicio solicitado. Art. 7.- Al tenor de lo que dispone el artículo innumerado a continuación del Art. 567 del COOTAD, el Estado y más entidades del sector público, pagarán las tasas que se establezcan por la prestación de los servicios públicos que otorguen las municipalidades y sus empresas. Para este objetivo harán constar la respectiva partida en sus respectivos presupuestos. En consecuencia también las instituciones indicadas en el presente artículo pagarán la tasa de servicios administrativos en caso de solicitar algún trámite en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo. Art. 8.- La presente ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de publicación en el Registro Oficial. Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil once.
ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO Tisaleo, 1 de febrero del 2011, las 12h00 Por reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 324 del COOTAD, vigente, sanciono favorablemente la presente ordenanza reformada por la cual se establece el cobro de la tasa retributiva por servicios administrativos. f.) Ing. Rodrigo Garcés Capuz, Alcalde del G. A. D. Municipal de Tisaleo.
SECRETARÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO. Tisaleo, 1 de febrero del 2011, las catorce horas en punto.Proveyó y firmó el decreto que antecede el ingeniero Rodrigo Garcés, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo, el día y hora señalados, certifico. f.) Abg. Carlos Villegas Miranda, Secretario de Concejo.
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