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Timestamp: 2019-12-06 23:37:05
Document Index: 402837801

Matched Legal Cases: ['De lege ferenda', 'artículo 4', 'artículo 237', 'artículo 238', 'artículo 19', 'artículo 61']

¿Puede provocar caducidad de la instancia el tiempo que tarda el TC en resolver un recurso de inconstitucionalidad? - El Derecho
Foro 15-06-2014 Coordinador: Córdoba Castroverde
Cuando en un determinado asunto el juez deba fundar su decisión en un precepto legal cuya constitucionalidad se encuentra cuestionada a través de un recurso de inconstitucionalidad, una elemental y básica prudencia aconseja suspender la tramitación del recurso hasta que el TC dicte la correspondiente sentencia.No obstante, a diferencia de lo que ocurre en una cuestión de inconstitucionalidad, en la que resulta obligatoria la suspensión del procedimiento (art. 35.3 LOTC –EDL 1979/3888-) o de lo que acontece cuando se plantea un conflicto de competencia (art. 61.2 de la LOTC), sin perjuicio de la previsión contenida en el art. 4 LRJCA –EDL 1998/44323- en torno a la prejudicialidad constitucional, no parece que nuestro ordenamiento jurídico contenga una previsión semejante que permita al juez suspender el proceso también cuando esté llamado a aplicar el precepto legal cuestionado a través de un recurso de inconstitucionalidad.
Por tanto ¿realmente en estos casos debe el juez suspender la tramitación del recurso hasta que se pronuncie el TC?
Ante una respuesta afirmativa, ¿cuáles serían los mecanismos o preceptos específicos que permitirían fundamentar una eventual decisión de suspensión?
Para el caso de acudirse a una suspensión "por voluntad coincidente de ambas partes" sobre la base del art. 19.4 LEC –EDL 2000/77463-, teniendo en consideración que el tiempo que se toma el TC en resolver un recurso de inconstitucionalidad suele sobrepasar ampliamente el plazo de dos años cabría preguntarse, ¿se produciría la caducidad en aplicación del arts. 179 y 237 LEC al considerar abandonada la instancia por no haber existido actividad procesal alguna en el plazo de 2 años o porque ninguna de las partes solicitara la continuación del procedimiento?.
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 2, el 15 de junio de 2014.
La caducidad es una forma de extinción de los procesos por inactividad duran...
La caducidad es una forma de extinción de los procesos por inactividad durante el plazo legalmente establecido.
El art. 237 LEC –EDL 2000/77463 (de aplicación supletoria a este Orden Jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en la Disp. Final Primera de la LJCA –EDL 1998/44323-, al no existir normativa específica en la LJCA) prevé el archivo del proceso por caducidad cuando no se produce actividad procesal de clase alguna durante dos años -en primera instancia-, salvo que dicha paralización sea por fuerza mayor o por causa no imputable a la parte y el art. 19.4 de la Ley Procesal Civil, también de aplicación supletoria, permite la suspensión del curso del procedimiento por un plazo máximo de sesenta días, previsiones normativas aplicables, como acaba de decirse, al proceso contencioso-administrativo (Ss. Sala Tercera del Tribunal Supremo, entre otras y por citar las más recientes, de su Sec. 4ª, de 14 julio 2009 –EDJ 2009/171738-; Sec. 5ª, de 29 junio 2009 –EDJ 2009/143881-, 9 –EDJ 2011/292782 y 22 diciembre 2011 –EDJ 2011/298355-, 31 enero –EDJ 2012/7168 y 14 marzo 2012 –EDJ 2012/65385-, y, Sec. 7ª, de 21 diciembre 2010 –EDJ 2010/320158-).
Existe una tendencia, a mi juicio procesalmente incorrecta, en los Juzgados y Salas de lo Contencioso-Administrativo de suspender, de oficio, pero con la aquiescencia de las partes, y, en otras ocasiones, a instancias de la propia actora, el curso de los procesos cuando sobre la cuestión en ellos debatida se ha planteado por otro órgano jurisdiccional cuestión de inconstitucionalidad pendiente de resolver o pende un recurso de inconstitucionalidad.
Y digo que procesalmente incorrecta porque no existe disposición legal que permita suspender el curso de las actuaciones por esta causa. El órgano jurisdiccional, sí tiene dudas de la constitucionalidad de una disposición legal determinante del fallo, lo que deberá hacer es plantear, dentro del plazo para dictar Sentencia, la pertinente cuestión de inconstitucionalidad.
Esta praxis lo que conduce es a la paralización de las actuaciones procesales en la instancia hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva, durante un período de tiempo muy superior a los dos años, plazo legalmente establecido para que se declare la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones, decisión que, en el ámbito contencioso-administrativo conlleva una importante trascendencia: la caducidad de la acción, dados los breves plazos de interposición del recurso (art. 46 LJCA –EDL 1998/44323-), y, con ella, la firmeza de la resolución administrativa impugnada.
De lege ferenda se ahorra el planteamiento de multitud de cuestiones de inconstitucionalidad idénticas, contribuyendo a no incrementar el u0022atascou0022 de nuestro Tribunal Constitucional, pero de lege data, al no existir una previsión normativa similar a la suspensión que se contempla en el art. 61.2 LOTC –EDL 1979/3888-, respecto de los conflictos de competencia pendientes ante el Tribunal Constitucional, carece de apoyatura legal, por lo que, entiendo que, transcurridos dos años de inactividad procesal, el órgano jurisdiccional, de oficio o a instancia del demandado (lógicamente, dicha petición nunca partirá del recurrente), podrá declarar la caducidad de la instancia mediante Auto, con el consiguiente archivo de las actuaciones.
El supuesto de hecho que se somete a nuestra consideración aconseja, por raz...
El supuesto de hecho que se somete a nuestra consideración aconseja, por razones de prudencia, acordar la suspensión provisional de las actuaciones judiciales mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra una ley a aplicar en el proceso en trámite.
Ahora bien, la posibilidad de acordar tal suspensión encuentra un obstáculo jurídico evidente reflejado en el art. 30 LO 2/1979, de 3 octubre, del Tribunal Constitucional –EDL 1979/3888-, que dispone que u0022La admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la Ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de Ley, excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el art. 161.2 de la Constitución –EDL 1978/3879 para impugnar, por medio de su Presidente, leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley de las Comunidades autónomas.u0022 A diferencia de lo que sucede con las cuestiones de inconstitucionalidad, al establecerse en el art. 35.3 LOTC que u0022El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión.u0022
Precisamente con fundamento jurídico en el citado art. 30 LOTC –EDL 1979/3888-, diversos órganos judiciales han denegado la petición de las partes de acordar la suspensión del curso del proceso. A título de ejemplo, la STSJ de Cantabria de 27 diciembre 2006 (recurso contencioso-administrativo nº 719/2005) –EDJ 2006/396667 y el Auto del TSJ de Madrid (Sec. 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 11 septiembre 2013 resolviendo la pieza separada de medidas cautelares del recurso nº 787/2013 –EDJ 2013/166478-.
Podríamos considerar la posibilidad legal de acordar la suspensión del procedimiento apreciando la existencia de una cuestión prejudicial constitucional. Así se acordó, de oficio, en la STSJ de Cataluña de 1 octubre 2007 (recurso contencioso-administrativo nº 33/2007) –EDJ 2007/243760-, por remisión a lo afirmado por el TS en sentencia de 28 de junio de 2005 –EDJ 2005/113642-, dictada en recurso de casación en interés de ley, que al interpretar el art. 4 LJCA –EDL 1998/44323-, sostiene que: u0022Por tanto, la regla general en esta materia es que al orden jurisdiccional administrativo le es dado conocer y pronunciarse sobre cuestiones ajenas a su competencia, sin necesidad de suspender el curso del proceso y esperar a que los órganos competentes emitan su resolución sobre las mismas, cuando de ello dependa la correcta resolución del objeto procesal principalu0022. Añadiendo: u0022La regla enunciada, sin embargo, sufre excepciones pues el conocimiento de las cuestiones prejudiciales no se extiende a las de carácter constitucional, penal y las reguladas en tratados internacionales. En estos casos, la normativa específica contempla la suspensión del curso de las actuaciones, mientras no sea resuelta por el órgano competenteu0022. Y también con cita de ciertos autos del TS, como los de 25 mayo 1998, 6 febrero y 14 abril 1999, que le permite razonar que procede la suspensión si así se considera, por razones de economía procesal y para evitar posibles contradicciones entre la resolución del litigio con la doctrina que pueda emanar del Tribunal Constitucional, por haber sido admitidas a trámite cuestiones de inconstitucionalidad u0022en relación con determinados preceptos susceptibles de incidir en la resolución del caso enjuiciadou0022, incluyendo el supuesto de estar pendiente de resolución un recurso de inconstitucionalidad.
Surgen dificultades, en cambio, si tal decisión se amparase en una previa petición de las partes con base en lo dispuesto en el art. 19.4 LEC –EDL 2000/77463-, habida cuenta el límite temporal de sesenta días allí fijado. Sin embargo, podríamos apreciar la posible aplicación del art. 38 LEC a fin de evitar una declaración de caducidad de las actuaciones por cuanto el motivo de suspensión (pendencia de un recurso de inconstitucionalidad) y la prolongación de la misma más allá de los plazos legalmente previstos, no equivaldrían a un abandono del proceso por las partes sino que responderían a una causa ajena a su propia voluntad.
Asimismo debemos hacer mención del ATS de 3 octubre 2005 (recurso de casación nº 133/2003) –EDJ 2005/163078 que acordó la suspensión del proceso en que se enjuiciaba la conformidad a derecho de un reglamento dictado en desarrollo de un Real Decreto-Ley sobre el que se había interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, por la aplicación analógica del art. 61.2 LOTC –EDL 1979/3888-, al afirmar que la ratio de la suspensión que en este precepto se contiene, que obedece a u0022evitar pronunciamientos discordantes en materia competencial por parte del Tribunal Constitucional por un lado y los Tribunales de la Jurisdicción ordinaria por otrou0022, es la misma que subyacía en la impugnación del reglamento, al existir un común fundamento competencial que subyace de manera decisiva en ambos procedimientos, todo ello al no resultar u0022oportuno ni procedente que esta Sala se pronuncie sobre una cuestión competencial, común al RDL 7/2000 –EDL 2000/83485 y al RD 833/2003 –EDL 2003/29356-, antes de que finalice el correspondiente proceso constitucional ante el Tribunal Constitucional, ante quien dicha controversia se encuentra sub iudice y a quien corresponde dilucidar en definitiva la titularidad de la competencia en litigiou0022, pese a indicar que u0022Es cierto que no existe un mandato análogo en relación con los recursos de inconstitucionalidadu0022. En similares términos se habían pronunciado anteriormente los AATS de 23 septiembre –EDJ 2005/167352 y 22 junio 2005 –EDJ 2005/101799-.
Finalmente indicar que basándose en razones de u0022lógica procesalu0022 y atendiendo la previa petición de la parte recurrente, dos AATS fechas 27 marzo 2007 y 5 febrero 2004, dictados en los recursos nº 57/2004 –EDJ 2007/37812 y 169/2002, respectivamente, acordaron suspender el señalamiento para votación y fallo hasta que el Tribunal Constitucional dictase sentencia resolviendo el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra una Ley aplicada por el Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado, no habiéndose dictado sentencia en los citados recursos hasta el día 9 mayo y 25 abril 2013, respectivamente.
La STS de 11 febrero 2008 (recurso de casación núm. 4808/2006) –EDJ 2008/...
La STS de 11 febrero 2008 (recurso de casación núm. 4808/2006) –EDJ 2008/9262 despejó la duda sobre la eventual aplicación supletoria del art. 237 LEC –EDL 2000/77463 (caducidad de la instancia) al proceso contencioso-administrativo. Y lo hizo afirmando expresamente lo siguiente:
u0022La figura de la caducidad del procedimiento no alberga una presunción de desistimiento, y menos aún la presunción de abandono o renuncia del derecho o de la acción que se está ejercitando. Se trata simplemente de una reacción o consecuencia objetiva que el ordenamiento anuda a la inactividad de la parte en el proceso -a la manera en que se regula la caducidad en los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado y que opera al margen de cualquier consideración subjetiva sobre la voluntad, expresa o presunta, del litigante que ha permanecido inactivo.
Siendo ese el significado y alcance de la figura de la caducidad, y teniendo en cuenta lo establecido concordadamente en el artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil –EDL 2000/77463 y en la disposición final primera de la Ley reguladora de esta Jurisdicción Contencioso-Administrativa acerca del carácter supletorio de aquélla en lo que no estuviere previsto en ésta, ninguna razón hay para que esa forma de terminación del proceso prevista en el artículo 237 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil no deba considerarse de aplicación al proceso contencioso-administrativou0022.
Presupuesta, pues, la aplicación al proceso contencioso-administrativo de la caducidad del procedimiento, dicho instituto viene condicionado legalmente a la concurrencia de dos requisitos: a) Que transcurran los plazos fijados legalmente (dos años si el asunto se encuentra en primera instancia, uno si está en segunda instancia, casación o revisión); b) Que la inactividad sea imputable a la parte, pues el artículo 238 de la Ley de Enjuiciamiento Civil –EDL 2000/77463 excluye tal declaración en los casos de paralización debida a fuerza mayor o u0022a causas ajenas a la voluntad de las partesu0022.
A mi juicio, la suspensión del procedimiento por la pendencia de un recurso de inconstitucionalidad hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el mismo no permitiría, de superarse los plazos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-, declarar caducado el procedimiento. La razón es simple: la inactividad se produce u0022por causas ajenas a la voluntad de las partesu0022.
Aunque pudiera parecer que el tenor literal de la sentencia del Tribunal Supremo más arriba citada otorga al instituto de la caducidad del procedimiento una naturaleza puramente objetiva, de suerte que la misma se produciría u0022automáticamenteu0022 una vez transcurridos los plazos legales, considero que tal interpretación no solo no se deprende de aquel pronunciamiento sino, sobre todo, no resultaría conforme con la regulación legal y con la necesaria concurrencia de los dos requisitos o presupuestos anteriormente mencionados (plazo y causa de la paralización).
La sentencia de 11 febrero 2008 –EDJ 2008/9262 señala, ciertamente, que la caducidad u0022opera al margen de cualquier consideración subjetiva sobre la voluntad, expresa o presunta, del litigante que ha permanecido inactivou0022. Pero de tal afirmación no se sigue en modo alguno que el litigante tenga que afrontar las consecuencias procesales de una paralización que no le es imputable, pues, insistimos, el art. 238 LEC –EDL 2000/77463 señala que no se producirá la caducidad cuando la paralización obedezca a causas ajenas a la voluntad de las partes.
Si el órgano judicial, prudentemente, con o sin anuencia de las partes, decide suspender el curso del proceso porque la norma jurídica con rango de ley que resulta determinante para el fallo está cuestionada ante el Tribunal Constitucional, no parece que la tardanza de este Tribunal en resolver el proceso constitucional correspondiente resulte imputable a las partes sino que constituye, cabalmente, una u0022causa ajena a su voluntadu0022.
Por lo demás, la necesidad de suspender el curso del proceso en estos casos aparece como una exigencia derivada del principio de seguridad jurídica y de la necesidad de que el órgano judicial cuente con la totalidad de los elementos de juicio para adoptar la resolución que proceda.
Pensemos en los perniciosos efectos que una eventual sentencia del Tribunal Constitucional declarando que la norma aplicada es contraria a la Constitución -EDL 1978/3879 podrían provocar al interesado, abocado entonces a un complejo y costoso nuevo proceso para obtener la revisión de un pronunciamiento que podría haber ganado firmeza, siendo así -además que el carácter tasado de los motivos de revisión ni siquiera garantizaría que su pretensión prosperara.
Variadas son las causas que inciden en los dilatados plazos temporales que in...
Variadas son las causas que inciden en los dilatados plazos temporales que invierte nuestro Tribunal Constitucional (en adelante, u0022TCu0022) para resolver los asuntos que se le someten, y cuyos efectos negativos se proyectan indefectiblemente en litigios cuya tramitación pende abierta ante los órganos de la jurisdicción ordinaria.
Esta situación contrasta con la agilidad que muestran, por ejemplo, otros grandes Tribunales cuya posición institucional se asemeja a nuestro máximo intérprete constitucional. Sería atípico que el Bundesverfassungsgerichts (Tribunal constitucional federal alemán) o el Conseil Constitutionnel francés emplearan más de 10 años en resolver algunas de las trascendentales controversias de las que conocen.
También esta laxa cadencia temporal sería tildada sin circunloquios de patología en la órbita del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que los tempos para resolver una cuestión prejudicial o un recurso directo (por ejemplo, de incumplimiento) se sitúan en una media de 24 meses (inferior si el Abogado General decide no presentar conclusiones).
Sin embargo, el escenario que dibuja el planteamiento cuya indagación se nos propone no responde a una hipótesis de laboratorio, pese a que la regla del impulso procesal de oficio (arts. 237 LOPJ –EDL 1985/8754 y 179.1 LEC –EDL 2000/77463-) ha reducido considerablemente el número de supuestos en los que la caducidad debería operar como forma de terminación del proceso, dado que, con carácter general, la falta de impulso del procedimiento por las partes o interesados no originará la caducidad de la instancia o del recurso (art. 236 LEC), aunque ésta se produciría cuando, a pesar del impulso de oficio, se produce la inactividad procesal de la parte en los términos que determina el art. 237 LEC.
En efecto, decimos que no nos encontramos ante una mera hipótesis, dado que el planteamiento se ha presentado ya ante los órganos de la jurisdicción ordinaria. En este sentido, gran parte de las respuestas a los interrogantes suscitados pueden inferirse de la Sentencia 947/2013, de 30 septiembre, de la Sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña –EDJ 2013/222578-.
Por su interés, glosaremos brevemente los antecedentes fácticos y jurídicos de esta sentencia, dictada en apelación
La controversia suscitada giraba en torno a la impugnación (ante un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo) de una liquidación por el concepto del impuesto autonómico de Grandes Establecimientos Comerciales, establecido por Ley 16/2000 del Parlamento de Cataluña, de 29 de diciembre –EDL 2000/89367-. Dicha disposición legal había sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad (núm. 1772/2001) interpuesto ante el TC por el Presidente del Gobierno.
Como venía sucediendo en prácticamente la totalidad de los asuntos en los que se impugnaban estas liquidaciones, la parte actora había solicitado del juez de instancia la suspensión del procedimiento hasta que el TC resolviera el recurso de inconstitucionalidad. Por su parte, la Administración demandada no se opuso a la suspensión.
No obstante, la juez de instancia entendió que el art. 61.2 de la LOTC –EDL 1979/3888 únicamente determina la preceptiva suspensión del proceso cuando se plantea un conflicto de competencia, lo que no era el caso; sin embargo, fundamentó su decisión de suspensión sobre la base del art. 19.4 LEC –EDL 2000/77463-, es decir, por voluntad coincidente de ambas partes, acordando luego el archivo provisional de las actuaciones mientras no se solicitara la continuación del proceso o se produjera la caducidad de la instancia.
Finalmente, la juez declaró la caducidad en la instancia del recurso contencioso administrativo en aplicación del art. 237 LEC –EDL 2000/77463-, como consecuencia de no haberse producido actividad procesal alguna en el plazo de 2 años.
Pues bien, la referida STSJC 947/2013, de 30 septiembre –EDJ 2013/222578-, advirtió que ninguna de las partes había impugnado la decisión del juez de fundamentar la suspensión del proceso a tenor del art. 19.4 LEC –EDL 2000/77463-.
Ahora bien, la sentencia interpretó que el instituto de la caducidad rezuma cierta idea de abandono por quienes debaten una cuestión jurídica ante un Tribunal y, así, el art. 238 LEC -EDL 2000/77463 en art. 238 excluye la aplicación de la caducidad en la instancia cuando la paralización obedece a una u0022causa contraria o no imputable a la voluntad de las partes o interesadosu0022 y cuando concurre u0022fuerza mayoru0022.
Pues bien, para la STSJC 947/2013, de 30 septiembre –EDJ 2013/222578-,
u0022...no parece que el presente caso venga caracterizado por un supuesto de fuerza mayor. Sin embargo, resulta difícil afirmar que el proceso hubiese quedado paralizado por una causa imputable a la voluntad de las partes.
Ciertamente, el Auto de 13 febrero 2006 acordó la suspensión de la tramitación sobre la base del artículo 19.4 LEC –EDL 2000/77463-, sin apreciar prejudicialidad constitucional alguna, decisión que no fue recurrida por las partes. Ahora bien, sin perjuicio de que en el momento actual resulta vedado a este Tribunal enjuiciar aquél Auto de 13 febrero 2006, debe repararse que la actora solicitó la suspensión como consecuencia de estar pendiente de resolver un recurso de inconstitucionalidad, petición a la que la parte demandada no llegó a ponerse en el momento en el que se le dio traslado. En consecuencia, una cosa es que el Auto de 13 febrero 2006 resultara consentido por no haberse impugnado y otra distinta considerar que por voluntad de las partes el proceso estuvo paralizado durante 2 años.
Vista la razón (la suspensión por motivo del recurso de inconstitucionalidad, razón a la que no se opuso la Administración demandada), hubiese resultado incoherente que antes del transcurso de los 2 años desde la última notificación se hubiere instado la continuación del procedimiento por alguna de las partes pues, evidentemente, la causa que motivó la petición de suspensión seguía vigente, en la medida que el recurso de inconstitucionalidad no se resolvió sino hasta la STC 122/2012, de 5 de junio de 2012, publicada en el BOE nº 159, de 4 de julio de 2012 –EDJ 2012/127279-, esto es, publicada incluso con posterioridad a la fecha del Auto objeto de la presente apelación.u0022
La indagación de los mecanismos para, en un supuesto como el planteado, acordar la suspensión del procedimiento, conduce al reconocimiento de una prejudicialidad constitucional pues, interpuesto un recurso de inconstitucionalidad en el que se debaten cuestiones que pudieran proyectarse de uno u otro modo sobre la controversia jurídica, de conformidad con el art. 4 LRJCA –EDL 1998/44323-, el órgano jurisdiccional carecía de competencia para adoptar una decisión (por sentencia, o mediante auto declarando el archivo) que determinara el fin del proceso -de no mediar, en principio, un allanamiento o un desistimiento dejando imprejuzgada la vertiente constitucional del asunto.
En un escenario en el que el debate está ya abierto y pendiente de resolución ante el TC, en mi opinión, el juez ordinario tendría tres opciones: La primera, tras la oportuna valoración, plantear una cuestión de inconstitucionalidad por considerar esencial dicho aspecto para resolver la contienda. La segunda, si entiende que dicha relevancia existe a los efectos de resolver el procedimiento, por razones de economía procedimental, podría, no obstante, declinar el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, suspendiendo el procedimiento hasta que se pronuncie el TC, a los efectos de aplicar después la doctrina que emane de su sentencia. La tercera, resolver el litigio, si justifica de forma motivada que las dudas de constitucionalidad sugeridas por las partes no se corresponden con las que han de debatirse ante el TC, por no tener relación con el asunto de que se trata o, en su caso, porque existan motivos suficientes de estricta legalidad ordinaria para estimar el recurso.
Lo que no le es dado al juez es resolver aspectos íntimamente ligados al debate constitucional abierto ante el Tribunal Constitucional, por lo que, su margen de maniobra al respecto resultaría francamente reducido pues, la existencia de una prejudicialidad constitucional que, por lo demás, desborda con mucho la voluntad de las partes (y la del propio juez) al tratarse de una cuestión de orden público le impediría tomar una decisión distinta a cualquiera de las tres que se acaban de enunciar. Esta es, por lo demás, la tesis que se infiere de la expresada STSJC 947/2013, de 30 septiembre –EDJ 2013/222578-.
En relación a la posibilidad de suspender el curso del proceso durante la su...
En relación a la posibilidad de suspender el curso del proceso durante la sustanciación de un recurso de inconstitucionalidad, lo primero que cabe señalar es que, tanto el supuesto de planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad como de formulación de un recurso de inconstitucionalidad, su admisión u0022no suspenderá la vigencia, ni la aplicación de la Ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de Ley, excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artículo ciento sesenta y uno, dos, de la Constitución –EDL 1978/3879 para impugnar, por medio de su presidente, Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomasu0022 (art. 30 LOTC –EDL 1979/3888-). Sin embargo, sucede que en el caso de la cuestión de inconstitucionalidad la LOTC contempla una previsión de suspensión del proceso, provisional hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión y definitiva, una vez admitida la cuestión, hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente la cuestión (art. 35.3 LOTC).
Ello suscita la duda de si cabe acordar esa misma suspensión del proceso por la tramitación de un recurso de inconstitucionalidad, caso en que la LOTC no prevé una disposición similar. La esencia del problema radica, en este caso, en la perspectiva del Juez o Tribunal llamado a resolver el proceso: si alberga dudas sobre la constitucionalidad de la Ley o no. En el primer caso, lo que procede es que el órgano judicial plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra la misma Ley sobre la que pende un recurso de inconstitucionalidad. En este sentido, debe recordarse la declaración del Tribunal Constitucional en su Sentencia 183/1992, de 16 noviembre 1992 –EDJ 1992/11269-, en la que se afirma u0022Dado que la interposición de un recurso de inconstitucionalidad no genera efectos suspensivos de los preceptos legales impugnados, la situación en que se encuentra un órgano judicial llamado a decidir sobre la aplicación de una Ley sobre cuya constitucionalidad alberga dudas es la misma existiendo un previo recurso que sin él. En consecuencia, si tiene dudas o incluso si las mismas derivan de la propia existencia del recurso -o el anterior planteamiento de otra cuestión-, tendrá que plantear la cuestión de inconstitucionalidadu0022 (F.J. 2º).
La cuestión se torna más problemática en el supuesto de que el Juez o Tribunal no albergue dudas sobre la constitucionalidad de la Ley que, por otra parte, está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Un argumento a favor de que la suspensión no es necesaria en estos casos lo encontramos en el art. 40 LOTC –EDL 1979/3888-. Conforme a su apartado primero, u0022las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en que se haya hecho aplicación de la Leyes, disposiciones o actos inconstitucionalesu0022, salvo las excepciones que el propio precepto contempla, y su apartado segundo declara que: u0022En todo caso, la jurisprudencia de los Tribunales recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionalesu0022. La LOTC está dando por supuesto que el carácter no suspensivo de los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad (art. 30 LOTC) habrá originado, durante la pendencia de éstos, procesos en los que se hayan aplicado las disposiciones recurridas o cuestionadas ante el Tribunal Constitucional. Ello sucederá, bien porque esa aplicación tenga lugar en procesos en que el Juez o Tribunal no tenga dudas sobre la inconstitucionalidad de la norma que, sin embargo, ha sido cuestionada por otro Juez o Tribunal, bien porque la disposición normativa esté impugnada ante el Tribunal Constitucional por la vía del recurso de inconstitucionalidad y el Juez o Tribunal llamado a aplicarla no suspenda el proceso hasta que se resuelva el procedimiento de inconstitucionalidad.
Dejando a un lado el carácter no necesario de la suspensión del proceso por la pendencia de un recurso de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley, hemos de preguntarnos si es admisible o si, por el contrario, está vedada dicha posibilidad. Los argumentos que se han empleado para defender ambas posturas son de diversa índole.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor apelando a un argumento analógico. Así, en el Auto de 22 junio 2005 (Recurso n.º 95/2003, Pte: D. Eduardo Espín Templado, F.J. 3º -EDJ 2005/101799-) se afirma por el Alto Tribunal: u0022(...) no puede desconocerse el común fundamento competencial que subyace de manera decisiva en ambos procedimientos, por lo que opera a favor de la suspensión la misma ratio que motivó la previsión aprobada por el legislador en el citado artículo 61.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional –EDL 1979/3888-, evitar pronunciamientos discordantes en materia competencial por parte del Tribunal Constitucional por un lado y los Tribunales de la Jurisdicción ordinaria por otrou0022. En el mismo sentido, Autos de 23 septiembre 2005 (Recurso n.º 105/2003, Pte: D. Manuel Campos Sánchez-Bordona) –EDJ 2005/167352 y de 3 octubre 2005 (Recurso n.º 133/2003, Pte: D. Óscar González González –EDJ 2005/163078-, ATS 11888/2005).
En el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia encontramos respuestas de signo dispar. Así, en el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 septiembre 2013 (Recurso n.º 787/2013, Pte: Doña María Fátima Arana Azpitarte, F.J. 7º) –EDJ 2013/166478-, se niega dicha posibilidad sobre la base del art. 30 LOTC –EDL 1979/3888-. En cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se sitúa en el extremo opuesto al afirmar, en el Auto de 30 septiembre 2013 (Recurso n.º 180/2012, Pte: D. Dimitry Berberoff Ayuda, F.J. 3º) –EDJ 2013/222578 que u0022cumple recordar nuestros pronunciamientos (por ejemplo, el contenido en la Sentencia 341/2012 de veintiocho de marzo, rollo de apelación nº 273/2011 –EDJ 2012/126063-) que consideran jurídicamente inaceptable no suspender el procedimiento de instancia ante la duda constitucional suscitada a través del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno frente a la Ley 16/2000 del Parlamento de Cataluña, de 29 diciembre, del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales –EDL 2000/89367-, del que se deriva, precisamente, la existencia de dudas razonables para, o bien plantear una cuestión de inconstitucionalidad o bien esperar hasta que dicho procedimiento se haya resueltou0022. El fundamento del carácter necesario de la suspensión se encuentra, para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el art. 4 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa –EDL 1998/44323 y en la STS de 28 de junio 2005 –EDJ 2005/113642 (STSJ Cataluña de 28 marzo 2012, Recurso n.º 273/2011, Pte: D. Dimitry Berberoff Ayuda, F.J. 3 º –EDJ 2012/126063-).
En mi opinión, el argumento analógico que utiliza el Tribunal Supremo para defender la suspensión del proceso en los casos anteriormente mencionados permite acordarla en cualquier supuesto de pendencia de un recurso de inconstitucionalidad, pues el centro de gravedad de la decisión suspensiva se encuentra en la necesidad de armonizar los pronunciamientos y no en las dudas sobre la constitucionalidad de la Ley que pueda albergar el Juez o Tribunal.
En relación a la posibilidad de suspensión por acuerdo de las partes (art. 19.4 LEC –EDL 2000/77463-), no veo obstáculo a su admisión en este supuesto, una vez admitida la aplicación supletoria de este precepto en el orden contencioso-administrativo (por ejemplo, en ATS de 6 marzo 2014, recurso n.º 420/2013, Pte: D. Eduardo Espín Templado –EDJ 2014/28349-).
En el supuesto de admitirse la suspensión del proceso durante la pendencia de un recurso de inconstitucionalidad, no creo que entre en juego el límite temporal que determina la caducidad de la instancia a que se refiere el art. 237 LEC –EDL 2000/77463 (u0022dos años, cuando el pleito se hallare en primera instancia; y de uno, si estuviere en segunda instancia o pendiente de recurso extraordinario por infracción procesal o de recurso de casaciónu0022). Y ello en atención a la disposición contenida en el art. 238 de la Ley de Ritos Civil: u0022No se producirá caducidad de la instancia o del recurso si el procedimiento hubiere quedado paralizado por fuerza mayor o por cualquiera otra causa contraria o no imputable a la voluntad de las partes o interesadosu0022. Estando condicionada la paralización del proceso, en el caso considerado, por la sustanciación de un recurso de inconstitucionalidad es evidente, en mi opinión, que se trata de un típico supuesto de paralización no imputable a la voluntad de las partes, en cuyo poder de disposición no se encuentra la duración del proceso ante el Tribunal Constitucional.