Source: http://absta.info/sentencia-nmero-c-536-de-12-07-2006-corte-constitucional-unida.html
Timestamp: 2019-02-18 22:25:21
Document Index: 248195296

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 241', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 95', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 338']

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Sentencia Número C 536 de 12-07-2006. Corte Constitucional.
No se debe confundir el certificado de antecedentes judiciales con la información relativa a la situación judicial de un ciudadano frente a la justicia y autoridades colombianas, información a la cual, en principio, pueden acceder los interesados por medios distintos al certificado judicial, como por ejemplo, en ejercicio del derecho de petición. No obstante, a pesar de lo expuesto en uno de los escritos de intervención del DAS, esta entidad interpreta las disposiciones legales y reglamentarias vigentes de manera tal que sólo suministra esta información al interesado mediante la expedición del certificado de antecedentes judiciales, es decir, una vez se ha pagado la tasa prevista en la Ley 961 de 2005. Resulta entonces que en la práctica el acceso a la información sobre si una persona tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales y de policía, o si no es solicitado por las mismas autoridades está condicionado al pago de un tasa. Lo cual resulta a todas luces inconstitucional, porque una persona interesada, que carezca de los recursos suficientes para el pago del tributo, no podrá acceder a esa información en extremo relevante para su libertad personal, ni tampoco podrá actualizarla ni corregirla, tal como prevé el artículo 15 constitucional. Supeditar el ejercicio de derechos fundamentales al pago de una contraprestación económica significa ignorar su carácter inalienable, tantas veces puesto de relieve por la jurisprudencia constitucional.
El literal a) del artículo tercero de la Ley 961 de 2005 prevé como hechos generadores de la tasa demandada la expedición física del certificado de antecedentes judiciales y sus renovaciones (numeral 1) y la disponibilidad electrónica de información sobre antecedentes judiciales para ser consultados por el interesado o por terceros (numeral 2). De manera tal que todas las posibilidades de acceso a la información sobe los antecedentes judiciales están condicionadas al pago de una tasa, razón por la cual la Corte Constitucional declarará la inexequibilidad de la expresión “por el interesado” contenida en el numeral 2 del literal a) del artículo 3 de la Ley 961 de 2005, para garantizar que las personas interesadas puedan tener acceso a la información electrónica sobre sus antecedentes judiciales de manera gratuita, y de esta manera quede a su disposición una vía no onerosa para poder asegurar el ejercicio de su derecho a la autodeterminación informativa.
DERECHO A LA AUTODETERMINACION INFORMATIVA EN CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES-Desconocimiento en interpretación según la cual DAS está autorizado a informar sobre antecedentes judiciales solamente través de certificado/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD-Obligación de suministrar gratuitamente y a petición del interesado información sobre sus antecedentes judiciales
En el caso concreto el demandante y el Ministerio Público sostienen que la tasa prevista como contraprestación de la expedición del certificado de antecedentes judiciales es excesivamente alta, de manera tal que se erige en una barrera para el ejercicio del derecho al trabajo, debido a que este documento es un requisito para el ejercicio de cargos y funciones públicas, para celebrar contratos de prestación de servicios con el Estado y adicionalmente es exigida por muchos empleadores privados. Empero, esta Sala estima que estos cargos no pueden ser examinados en la presente decisión, por dos razones, en primer lugar porque las disposiciones que regulan el sistema y el método para fijar la tarifa de la tasa no fueron demandadas en el presente proceso. En segundo lugar, porque la Ley 961 de 2005 no fija directamente el valor de la tarifa, pues las disposiciones legales se limitan a fijar el sistema y el método para calcularla y delegan en la Administración, específicamente en el Departamento Administrativo de Seguridad, su cómputo. Por tal razón un estudio sobre la constitucionalidad del valor de las tarifa prevista por la expedición del certificado de antecedentes judiciales desborda las competencias de esta Corporación, por suponer el examen de disposiciones legales que no fueron demandas y, adicionalmente, por implicar el examen de disposiciones reglamentarias, específicamente actos administrativos expedidos por el DAS, los cuales como se sostuvo con anterioridad, escapan al control abstracto de constitucionalidad que realiza esta Corporación.
Aduce el demandante que la tasa en cuestión vulnera el principio de igualdad, en su manifestación de la progresividad del tributo, pues es una tasa uniforme que no consulta la capacidad de pago de los sujetos gravados. Como antes se señaló la jurisprudencia constitucional ha sostenido que no se ajustan a la Constitución las tasas uniformes establecidas para la expedición de documentos que permiten el acceso a ciertos beneficios y servicios estatales, las cuales condicionan la expedición del documento a una suma fija que no consulta la capacidad económica de los potenciales usuarios de los servicios y establecen un trato discriminatorio entre quienes pueden sufragar el costo de la tasa y, de esta manera, acceder a los servicios prestados y quienes carecen de los recursos económicos necesarios y por lo tanto se ven privados de las prestaciones estatales. Al respecto cabe señalar que el certificado de antecedentes judiciales no es un documento previsto para acceder a prestaciones estatales, sino un documento que acredita la situación judicial de un ciudadano frente a la justicia y autoridades colombianas, requerido para ciertos trámites judiciales y administrativos. En esa medida este criterio fijado por la jurisprudencia constitucional para establecer en ciertos eventos la inexequibilidad de las tasas previstas por la expedición de un documento público, no resulta aplicable en este caso concreto. En esa medida considera esta Corporación que la tasa prevista por la expedición de un documento público, como el certificado de antecedentes judiciales, puede ser una tasa uniforme, en aras de garantizar la eficiencia tributaria, siempre y cuando atienda exclusivamente los gastos en que incurra el Estado por la prestación de este servicio, sin que esto constituya una vulneración el principio de progresividad tributaria.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Guillermo Otálora Lozano demandó apartes de los artículos 1 y 3 de la Ley 961 de 2005, “por la cual se regulan tasas por la prestación de los servicios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y se dictan otras disposiciones”.
Por medio de auto de primero (01) de diciembre de dos mil cinco (2005), el Magistrado Sustanciador admitió la demanda presentada, en la misma providencia decidió comunicar la iniciación del trámite al Presidente del Congreso, al Presidente de la República y al Ministerio del Interior y de Justicia para que, de considerarlo oportuno, intervinieran en el proceso. Así mismo, ofició a la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, al Instituto Colombiano de Derecho Tributario -ICDT- y al Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- para que emitieran concepto sobre la exequibilidad de los enunciados normativos demandados. Igualmente invitó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Comisión Colombiana de Juristas y a las facultades de derecho de las Universidades Andes, Externado, Javeriana, Libre y Nacional Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a las Universidades Andes, Católica, Externado, Javeriana, Libre, Nacional y Rosario, a que intervinieran en el presente proceso mediante la presentación de un escrito en el que consignaran su parecer sobre la constitucionalidad de los enunciados normativos demandados.
El día catorce (14) de diciembre el Director Académico del Instituto Colombiano de Derecho Tributario solicitó una prórroga para emitir el concepto solicitado en el auto admisorio de la demanda. El día dieciséis (16) de diciembre de dos mil cinco el representante del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- presentó el concepto solicitado en la providencia de primero (01) de diciembre de dos mil cinco (2005). Vencido el término probatorio ordenado en el auto admisorio fue recibido un escrito de fecha veinticinco (25) de enero de dos mil seis (2006), suscrito por la Dra. Cecilia Montero Rodríguez, Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Posteriormente, mediante auto de veintiséis (26) de enero de dos mil seis (2006), el Magistrado Sustanciador ordenó dar cumplimiento a los numerales tercero y siguientes del auto admisorio de la demanda.
Dentro del término de fijación en lista se recibió escrito firmado por el ciudadano Carlos Andrés Ortiz Martínez en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dentro del mismo término se recibió escrito presentado por el Sr. Guillermo Otálora Lozano en uso de sus facultades como ciudadano en ejercicio. Vencido el término de fijación en lista el Sr. Otálora Lozano presentó un escrito de intervención adicional. El día diez (10) de marzo de dos mil seis (2006) el Procurador rindió concepto en el proceso de la referencia.
ARTÍCULO 1o. Obligación Tributaria. La presente ley regula las tasas por la prestación de los servicios de certificados sobre los antecedentes judiciales de nacionales o extranjeros residentes en el país, las cédulas de extranjería, la prórroga de permanencia en el territorio nacional de los extranjeros, los salvoconductos de permanencia y salida del país, el registro de extranjeros y movimientos migratorios de nacionales y extranjeros que desarrolla el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en cumplimiento de sus funciones de inteligencia de Estado, investigación criminal, Interpol, control migratorio y protección de altos dignatarios.
d) Base de imposición y tarifa. Las tasas a que se refiere la presente ley serán establecidas con sujeción a los principios y a las condiciones a las que se refieren los artículos 2 y 4 en relación con los hechos generadores previstos en el literal a) del presente artículo.
Asegura también que infringe el derecho a la igualdad, pues a su juicio desconoce el deber del Estado colombiano de asegurar la igualdad “real y efectiva”. Consigna que la disposición demandada limita de manera ilegítima el derecho al trabajo y al acceso a los cargos y funciones públicas debido a que la mayoría de las entidades públicas exigen la presentación del certificado de antecedentes judiciales para “ejercer empleos”. Sostiene, así mismo, que la tasa demandada es inconstitucional porque restringe la libertad económica de las personas menos favorecidas.
Aduce que el cobro de una tasa uniforme para la expedición del certificado de antecedentes judiciales contraría el principio de solidaridad económica, una de cuyas manifestaciones encuentra el actor en el numeral 9 del artículo 95 constitucional, pues a su juicio “…no debe el Estado, en una visión puramente capitalista del servicio esencial que éste presta, considerar que está vendiendo un servicio por el cual todos pagan el mismo precio de equilibrio que sirve para cubrir los costos. En virtud de sus facultades constitucionales, el estado debe exigir solidaridad de aquellos que gozan de una capacidad económica superior, con el fin de llevar a cabo sus fines esenciales consagrados en el Preámbulo y los artículos 1, 2 y 5 de la Constitución”. Estima, por lo tanto, que se deben buscar fuentes de financiación distintas al cobro de una tasa para garantizar los recursos dirigidos a asegurar el funcionamiento de las bases de datos administradas por el Departamento Administrativo de Seguridad.
Estima el demandante que si bien la sostenibilidad financiera es un criterio constitucionalmente relevante, cuya finalidad es asegurar el adecuado cumplimiento de los fines estatales, en todo caso debe ceder frente a la primacía de los derechos inalienables de la persona, consagrada en el artículo 5 constitucional, razón por la cual el Estado no puede “priorizar la sostenibilidad financiera con una tasa uniforme y directa aun cuando esta beneficie a una gran mayoría de personas”.
Concluye de esta manera que el Legislador debe adoptar otras alternativas para asegurar la recuperación de los costos de las bases de datos administradas por el DAS, tales como “…utilizar su potestad impositiva sobre las personas más favorecidas económicamente al cobrar un impuesto progresivo, u ordenar inaplicar el cobro de la tasa para personas en circunstancias de debilidad económica manifiesta”.
Formula finalmente una solicitud de declaratoria de inexequibilidad diferida de los preceptos acusados porque considera que la declaratoria de inconstitucionalidad con efectos inmediatos “... generaría una situación caótica en el DAS, que atentaría contra la sostenibilidad de las dependencias encargadas de expedir el pasado judicial”, lo que podría atentar contra los derechos fundamentales de los residentes en Colombia.
IV. CONCEPTOS RENDIDOS A SOLICITUD DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1. Concepto del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-.
El ciudadano Edison Córdoba Chicango rindió concepto, como apoderado especial del Departamento Administrativo de Seguridad, en defensa de la exequibilidad de las disposiciones demandadas. Sostiene que la Ley 961 de 2005 fue expedida por el Congreso de la República en ejercicio de sus competencias y con plena observancia del procedimiento establecido en la Constitución, e igualmente que el artículo 4 del mencionado estatuto “contempla de forma detallada, clara y rigurosa cada uno de los elementos y procedimientos constitucionales como son el método y el sistema para definir los costos y beneficios, y la forma de hacer el reparto, además el parágrafo 1º Ibid., prevé el tope máximo de las tarifas de las tasas reguladas en la citada ley, adviniéndose completamente la norma al precepto constitucional de artículo 338 superior”.
Aduce que los criterios distributivos sugeridos por el demandante, como el cobro de tarifas diferenciales, no son aplicables respecto del certificado de antecedentes judiciales por distintas razones, entre las que menciona (i) no se trata de un servicio que permita hacer efectivos derechos civiles o políticos, (ii) la expedición del certificado judicial no es un servicio público ni este documento “tiene un vasto alcance en el orden social”, (iii) la tarifa de la tasa es irrisoria pues es inferior al diez por ciento (10%) del salario mínimo mensual, (iv) afecta a una pequeña parte de la población colombiana, (v) no se trata de un documento indispensable para acceder a empleos públicos o privados.
Alega el apoderado el DAS que la disposición demandada no vulnera el derecho a la autodeterminación informática pues los interesados en actualizar, corregir o modificar la información que figura en los archivos de la entidad estatal pueden ejercer este derecho mediante la presentación de solicitudes ante el DAS, sin costo alguno “ya que el hecho generador de la tasa es la expedición física del certificado sobre antecedentes judiciales y sus renovaciones, así como la disponibilidad electrónica de la información sobre los antecedentes judiciales” (negrillas en el original).
Como colofón agrega que el Legislador en ejercicio de su libertad de configuración en materia impositiva decidió crear una tasa como contraprestación a la expedición de certificados de antecedentes judiciales por parte el DAS, con sujeción a las disposiciones constitucionales vigentes, razón por la cual solicita la declaratoria de exequibilidad de las disposiciones acusadas.