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Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 62', 'Artículo 38', 'Artículo 54', 'Artículo 14', 'Artículo 20']

Constitución de Honduras de 1825 - Wikisource
1 CAPITULO I - DEL ESTADO
2 CAPÍTULO II - DE LA RELIGIÓN
3 CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HONDUREÑOS Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO
4 CAPÍTULO IV - DE LA ELECCIÓN DE LOS SUPREMOS PODERES DEL ESTADO
5 CAPITULO V - DEL PODER LEGISLATIVO
6 CAPÍTULO VI - DEL CONSEJO REPRESENTATIVO
7 CAPÍTULO VII - DEL PODER EJECUTIVO
8 CAPÍTULO VIII - DEL MINISTRO GENERAL
9 CAPÍTULO IX - DEL PODER JUDICIAL
10 CAPÍTULO X - DEL CRIMEN
11 CAPÍTULO XI - DEL GOBIERNO INTERIOR EN CADA PARTIDO O DEPARTAMENTO
12 CAPÍTULO XII - DEL GOBIERNO INTERIOR Y POLICÍA DE CADA PUEBLO
13 CAPÍTULO XIII - DE LA HACIENDA PÚBLICA Y SU ADMINISTRACIÓN EN GENERAL
14 CAPÍTULO XIV - DE LA OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES
CAPITULO I - DEL ESTADO[editar]
El Estado de Honduras es libre e independiente de toda potencia o gobierno extranjero, y no será jamás patrimonio de ninguna familia ni persona.
Es uno de los federales de la República de Centro América.
Él es libre e independiente en su interior administración y gobierno.
Su territorio comprende todo lo que corresponde, y ha correspondido siempre al obispado de Honduras. Una ley demarcará sus límites, y arreglará sus departamentos.
CAPÍTULO II - DE LA RELIGIÓN[editar]
El Estado de Honduras profesa, y profesará, siempre, inviolablemente la Religión cristiana, apostólica, romana, sin permitir mezcla de otra alguna.
El Estado la protegerá con leyes sabias y justas; y no consentirá, se hagan alteraciones en la disciplina eclesiástica, sin consultar a la Silla Apostólica.
Todo ciudadano, y principalmente los que ejercen jurisdicción, velarán sobre las observancia de los artículos anteriores. Las leyes designarán las penas que merecen los infractores.
CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HONDUREÑOS Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO[editar]
Todos los Hondureños son libres, y ciudadanos los que tengan la edad, y demás condiciones que establece la Constitución de la República.
El Estado protege con leyes sabias y justas la libertad, la propiedad, y la igualdad; viviendo sujetos a la Constitución y la ley; respetando a las autoridades, contribuyendo con proporción a sus facultades para los gastos del Estado y federación, para sostener la independencia, su integridad y seguridad; y tomando las armas para defender la patria, cuando fueren llamados por la ley.
El gobierno del Estado es popular representativo, y en la federación que ha acordado, fija su felicidad y prosperidad.
El Supremo Poder estará dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; aunque estos dos últimos, la Asamblea del Estado podrá hacer alteración por medio de una ley, en las autoridades subalternas, según lo exijan las circunstancias y localidad.
Los pueblos que componen el Estado, ni por sí, ni por autoridad alguna, pueden ser despojados de la soberanía, que reside en todos, no podrán ejercerla sino únicamente en las elecciones primarias, practicándolas en la forma que prescribe la Constitución federal.
Los habitantes del Estado de Honduras tienen el derecho de petición y la libertad de imprenta para publicar sus discursos, proponer medios útiles al Estado y censurar con decoro la conducta de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, y el de velar sobre el cumplimiento de las leyes, que se dicten sobre los objetos indicados en este artículo.
CAPÍTULO IV - DE LA ELECCIÓN DE LOS SUPREMOS PODERES DEL ESTADO[editar]
La elección de los Supremos Poderes del Estado se verificará guardando las formalidades que previene el Artículo 3 de la Constitución federal para la de las supremas autoridades federales, con solo la variación que contienen los artículos siguientes.
En el tiempo de elecciones constitucionales, las juntas populares se celebrarán siempre el primer domingo del mes de octubre: las de distrito en el tercero del mismo mes; y las de departamento el segundo domingo del mes de noviembre.
La regulación de votos para la elección de Senadores y Supremas autoridades
del Estado, de que tratan los Artículos 47 y 48 de la Constitución federal,
se verificará en la forma siguiente:
Los pliegos que contengan el registro de los votos, que dieren los electores de las juntas de departamento,
se abrirán en sesión pública y el Presidente, Secretario y dos Escrutadores, nombrados al efecto, procederán a computar los votos de todos y cada uno de los electores que hayan sufragado en dichas juntas. Cuando algún ciudadano reuniere la mayoría de votos escrutados, la Asamblea publicará la elección. En caso contrario lo verificará entre los que hubieren obtenido quince o más, y si esto no se verificare, entre los que reunieren diez o más votos, y si faltare este número, la Asamblea elegirá entre todos los designados por las juntas.
La Asamblea luego que reúna los datos necesarios, dividirá la población del Estado con la posible exactitud y comodidad en las juntas populares, en distritos y departamentos.
La base para la representación será por ahora la de un diputado por cada quince mil almas.
Aumentándose la población de modo que exceda el número de diputados al de veinte y uno, podrán las Asambleas futuras hacer las reformas que crean necesarias.
CAPITULO V - DEL PODER LEGISLATIVO[editar]
La Asamblea del Estado se compondrá por ahora de once diputados; y nunca podrá bajar de este número, ni subir de veinte y uno.
La Asamblea se renovará por mitad cada año, y los mismos representantes podrán ser reelegidos una vez sin intervalo alguno.
La primera legislatura decidirá por suerte los representantes que deben renovarse en el año siguiente: en adelante la renovación se verificará en los de nombramiento más antiguo.
Las sesiones darán principio en cada año el día dos de enero a cuyo efecto los diputados deberán hallarse reunidos en el lugar que se celebre el día veinticuatro de diciembre para las juntas preparatorias, previas a las sesiones.
La Asamblea ordinaria continuará reunida por sesenta días, y cuando más por noventa; a excepción de la primera que puede prorrogarse todo el tiempo que juzgue necesario; se volverá a reunir en sus recesos si el Consejo la convocare, para uno o más asuntos urgentes del Estado no pudiendo tratar de otro en esta reunión.
La residencia de la Asamblea será en la capital del Estado; pudiéndola variar, cuando lo estime conveniente con mayoría absoluta de votos.
Para que haya Asamblea se necesitan las dos terceras partes de los diputados; pero tres podrán compeler a los demás a reunirse en el tiempo designado para las Legislaturas ordinarias, y para las extraordinarias que hayan de celebrarse a juicio del Consejo.
Para la formación de la ley, se observará todo lo prevenido en los Artículos 71, 72, 73, 75 y 76, de la Sección 1. del Título 5. de la Constitución federal.
Aprobado un proyecto de ley por la Asamblea, pasará el Consejo directivo para la sanción, y dada la pasará al Jefe Supremo del Estado para la publicación y ejecución.
En caso de que el Consejo niegue la sanción, devolverá el proyecto entre diez días a la Asamblea, informando los fundamentos que tenga para la negativa y examinada ésta por la Asamblea, si las dos terceras partes de ella la desaprobasen, se tendrá por sancionada la ley, devolviéndola al Consejo.
La forma de que usará el Consejo para la sanción será: Pase al Jefe Supremo del Estado; cuando la niegue: Vuelva a la Asamblea; por sancionada: Pase al Jefe Supremo del Estado.
La derogación de las leyes vigentes se hará por los mismos trámites que se decretaron las del Estado.
Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por autoridad alguna podrán ser reconvenidos por ellas. en las causas criminales que contra ellos se intente, no podrán ser juzgados, sino por el tribunal de la Asamblea en los términos que prescribe el reglamento de su gobierno interior. Durante las sesiones, y un mes después, los diputados, no podrán ser demandados, ni ejecutados por deudas.
4. Dar las ordenanzas a la milicia activa y cívica conciliándolas con las del ejercicio permanente de la federación.
7. Formar la estadística del Estado por medio de los Jefes, municipalidades, o del modo que lo permitan las circunstancias.
11. Erigir los establecimientos, corporaciones y tribunales inferiores para el mejor orden en justicia, economía, o instrucción publica.
17. Dar reglamento para el comercio interior del Estado.
18. Admitir por dos terceras partes de votos las denuncias que por causas graves hagan de sus oficios los diputados a la Asamblea, el Jefe y Vice-Jefe del Estado, los Consejeros y Ministros de la Corte Superior de Justicia y las de Senadores, antes de posesionarse.
CAPÍTULO VI - DEL CONSEJO REPRESENTATIVO[editar]
Habrá un Consejo, compuesto de un representante por cada departamento elegido por sus respectivos pueblos.
Para ser Consejero se necesita naturaleza en la República; residencia en el Estado, lo menos de cinco años: ser mayor de treinta en el ejercicio de la ciudadanía: del Estado seglar o del eclesiástico secular; y de conocida adhesión al sistema constitucional adoptado.
Cada departamento elegirá un suplente que reúna las mismas calidades del propietario, para los casos de muerte, imposibilidad declarada por el Consejo.
El Consejo durará tres años; renovándose por tercios en cada uno, pudiendo ser reelegidos sus individuos una vez, y la suerte decidirá en el primero y segundo año los que deban mudarse.
El Consejo celebrará diariamente sus sesiones en el tiempo de las de la Asamblea y dos veces cada semana en el resto del año, y cuando extraordinariamente lo convoque el Jefe Supremo del Estado.
1. Sancionar las leyes de la Asamblea del Estado con arreglo a los Artículos 78, 79, 80, 81, 82; 83 y 86, del Título 5. de la Constitución de la República.
5. Proponer en terna al Jefe Supremo, el Comandante general o primer Jefe militar, el Intendente Tesorero general de hacienda publica, Factor de tabacos y los Jefes primeros de departamento.
6. Velar sobre la conducta de los funcionarios nombrados en este artículo, declarando en su caso cuando ha lugar a formación de causa.
7. Nombrar Presidente de su seno, cuando estuviere impedido el designado por la Constitución.
11. Velar sobre la observancia de la Constitución y leyes del Estado, y dar cuenta a la Legislatura de las infracciones, que haya notado o de que este informado.
CAPÍTULO VII - DEL PODER EJECUTIVO[editar]
El Poder Ejecutivo reside en un Jefe nombrado por todos los pueblos, que componen el Estado, como lo determine la ley.
Al tiempo de esta elección se nombrará otro en los mismos términos que le subrogue, o supla en ausencia, enfermedad, muerte o suspensión.
El Jefe Supremo del Estado y Vice-Jefe lo serán únicamente por cuatro años, y sólo podrán ser reelectos, una vez.
El Vice-Jefe presidirá el Consejo sin voto, y sólo lo tendrá para decidir en caso de empate.
No asistirá al Consejo cuando halla de nombrarse el tribunal que establece el Artículo 62.
Son atribuciones del Jefe Supremo del Estado:
1. Publicar la ley y hacer se publique en el Estado dentro del termino de treinta días. La retardacion de este acto se hace responsable, después de cumplido el término señalado.
3. Nombrar los primeros magistrados de que habla el Artículo 38 en el párrafo 5 a propuesta del Senado, y a los subalternos a igual propuesta de sus inmediatos Jefes.
4. Disponer de la fuerza armada del Estado, y usar de ella en su defensa en caso de invasión repentina, pedir auxilio en el mismo caso a los demás Estados, y suministrarlo cuando ellos lo pidan; dando cuenta a la Asamblea para que ella lo verifique al Congreso de la federación.
CAPÍTULO VIII - DEL MINISTRO GENERAL[editar]
El Jefe Supremo tendrá y nombrará un Ministro general para el despacho de los negocios, el cual será substituido en casos de suspensión, enfermedad o ausencia, por el oficial primero del mismo Ministro.
Estará a cargo del Ministro:
1. Formar la planta de la Secretaría, que el Jefe Supremo del Estado presentará con su informe a la Asamblea.
El Ministro será responsable con las penas a que de lugar el proceso, si autorizase órdenes y decretos contra ley o Constitución.
El Jefe Supremo podrá suspender al Ministro general por un mes, sin necesidad de formación de causa, y deponerlo con pruebas justificativas de ineptitud o desobediencia, con acuerdo en vista de ellas de las dos terceras partes del Consejo.
CAPÍTULO IX - DEL PODER JUDICIAL[editar]
El Poder Judicial es independiente en sus atribuciones del Legislativo y Ejecutivo; a él exclusivamente pertenece la aplicación de las leyes en las causas civiles y criminales.
La Corte Superior de Justicia se compondrá por ahora de un presidente, dos ministros y un fiscal; debiendo ser precisamente letrados.
El presidente y el fiscal serán elegidos popularmente se renovaran por mitad cada dos años y podrán siempre ser reelegidos quedando sin árbitros la admisión. En los dos años primeros la suerte decidirá los que deban salir, y en los siguientes los de nombramiento más antiguo.
Para ser ministro de Corte de Justicia se requiere ser ciudadano, en el ejercicio de sus derechos, mayor de treinta años, del estado secular, y con instrucción a lo menos en el Derecho Público.
Será la Corte Superior de Justicia el tribunal de última instancia, y por una ley se arreglará el orden de nombrarse con jueces en los casos de recusación en que haya lugar a ella, conforme a las leyes.
Conocerá de los recursos de nulidad y de los de fuerza con arreglo a las leyes.
Juzgará a los primeros funcionarios del Estado, después que la Asamblea, o el Congreso hayan declarado que ha lugar a la formación de causa.
La Corte Superior de Justicia y demás juzgados inferiores son responsables, con arreglo a la ley, del ejercicio de sus funciones.
La infracción de Constitución y de leyes, el cohecho, soborno y prevaricación, produce acción popular.
La Corte Superior de Justicia decidirá las dudas, que se le presenten por los jueces y autoridades inferiores, sobre la inteligencia de las leyes, consultando en su caso, con la Asamblea; cuando ésta se halle en receso, con el Consejo.
Conocerá la Corte de Justicia de las causas de residencia de los empleados públicos con arreglo a la ley, que sobre esta materia se dicte.
Examinará las listas de las causas civiles y criminales, pendientes en ella misma y en los juzgados inferiores.
Propondrá ternas para el nombramiento de los jueces inferiores, y velará en el cumplimiento en el ejercicio de sus funciones.
La Corte Superior de Justicia decidirá las competencias que se susciten entre los juzgados inferiores.
Para juzgar con apelación a los funcionarios, de que habla el Artículo 54, se formará un tribunal compuesto de tres individuos, nombrados por el Consejo, entre los suplentes del mismo y de la Asamblea, que no hayan funcionado.
Este tribunal juzgará de las acusaciones contra los individuos de la Corte Superior de Justicia; y en apelación conocerá otro tribunal que nombre la Asamblea, entre los que tuvieren votos para la misma Corte.
Habrá otro tribunal que conozca en segunda instancia de todas las causas comunes, que deberá formarse del modo y circunstancias que determine la ley.
Habrán jueces de la instancia, que a más de las circunstancias que deben concurrir en ellos para el desempeño en el ejercicio de sus funciones, deben ser mayores de veinte y cinco años.
En los pueblos en particular se administrará justicia por el Alcalde o Alcaldes, bajo los limites y términos que la ley señale.
A ninguno se le prohibe comprometerse en arbitrios para terminar sus diferencias: el compromiso será una ley que hará ejecutoria la sentencia de los árbitros, que no será apelable, si las partes no se reservaren este derecho.
Los Alcaldes de los pueblos ejercen en ellos oficios de conciliadores en las demandas civiles, y sobre injurias que deben establecerse en juicio escrito.
Sin que haya precedido este juicio conciliatorio, no se podrá establecer pleito alguno.
CAPÍTULO X - DEL CRIMEN[editar]
Ninguno podrá ser preso, si no es por delito que merezca pena más que correccional; y en ningún caso sin previo mandamiento por escrito de juez competente.
Intimado el auto de prisión, debe ser cumplido; y por su desobediencia incurrirá en la pena que señale la ley.
Cuando sea la resistencia con armas de cualquiera especies y se temiere la fuga, se usará de la fuerza para asegurar la persona.
Todo delincuente en el acto de cometer el delito, puede ser arrestado o detenido por cualquiera persona y entregado al juez; más no podrá usarse de fuerza que ponga en peligro la vida de los ejecutores o del delincuente.
No se admitirán acusaciones de ninguna clase sin que se firme, o conste por formal diligencia quien es el acusador. Las denuncias secretas y delaciones guardarán la misma forma. Unos y otros, en su caso, serán responsables en el de salir falsas.
Toda autoridad, corporación, o empleado, que por el orden de informe acuse algún delito, quedará sujeto a la prueba y la responsabilidad que las leyes detallen.
En ningún caso, ni por delito alguno habrá confiscación de bienes; y sólo podrán embargarse cuando haya responsabilidad pecuniaria, en la cantidad que la cubra.
Los infractores de los Artículos del Título 10 y 11 de la Constitución federal se sujetarán a la pena que la ley prescriba.
CAPÍTULO XI - DEL GOBIERNO INTERIOR EN CADA PARTIDO O DEPARTAMENTO[editar]
Habrá en cada departamento un Jefe Político Intendente, a cuyo cargo estará el gobierno político y de hacienda, bajo el orden que disponga la ley, la cual arreglará la cantidad con que debe afianzar.
El ramo gubernativo de los pueblos será a cargo del alcalde que el Jefe de departamento designe en cada parroquia al cual estarán subordinadas las demás municipalidades y pueblos de la misma parroquia. Una ley particular designara las atribuciones del indicado Alcalde, que desempeñará con subordinación al Jefe Intendente.
En la cabeza del departamento, el Jefe Político Intendente desempeñará iguales atribuciones en el distrito de la parroquia que resida.
La duración de los Jefes Políticos Intendentes será la de cuatro años, pudiendo continuar y ser promovidos a otro destino, justificada que sea su solvencia y buen desempeño.
CAPÍTULO XII - DEL GOBIERNO INTERIOR Y POLICÍA DE CADA PUEBLO[editar]
En cada pueblo que su comarca tenga de quinientas almas arriba habrá municipalidad elegida popularmente. Una ley designará el número de individuos de que deba componerse cada uno y sus atribuciones.
Los pueblos, reducciones y valles que no lleguen al número de quinientos habitantes se gobernarán por un Alcalde auxiliar nombrado por la municipalidad a que corresponda, y sus atribuciones serán las que le designa la ley.
Cada municipalidad formará bajo su responsabilidad matrícula de los ciudadanos de su comprensión que reúnan las circunstancias y cualidades que previene el Artículo 14 del Título 2 de la Constitución federal.
Se formará cada año con presencia de esta matrícula una relación de los ciudadanos que se hallen el ejercicio de sus derechos, y no estén comprendidos en lo que previene el Artículo 20 del mismo Título.
Esta relación se tendrá presente para recibir las votaciones en toda elección.
Sólo los ciudadanos que estén en ejercicio pueden obtener empleo en la República.
CAPÍTULO XIII - DE LA HACIENDA PÚBLICA Y SU ADMINISTRACIÓN EN GENERAL[editar]
Habrá un Intendente General del Estado a quien inmediatamente estarán subordinados todos los empleados de hacienda. Su duración será de cuatro años, pudiéndose prorrogar todo el tiempo que se tenga por conveniente, a vista de su exacto cumplimiento y adelantamientos que noten en la hacienda pública.
El Jefe Supremo del Estado tomando los datos que sean necesarios, propondrá a la Asamblea el número de empleados que debe tener cada ramo.
El Intendente afianzará su responsabilidad con la cantidad que la ley le declare.
Los ramos que deben componer la hacienda publica los arreglará una ley especial, que dictará la Asamblea continuando por ahora las rentas establecidas, y contribuciones.
Habrá un Tribunal de cuentas, que examinara anualmente las de la Tesorería general, y se publicará cada año un Estado de cargo y data de caudales de hacienda pública.
CAPÍTULO XIV - DE LA OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES[editar]
Todo funcionario público está obligado a guardar, cumplir, y ejecutar la Constitución y leyes; deberán jurarlo así al tomar posesión de sus empleos, y su infracción exige responsabilidad.
Todo ciudadano o habitante pueden representar a la Asamblea al Jefe Supremo, Consejo representativo, y jueces de la primera instancia, la infracción de Constitución y leyes.
La Asamblea por cada seis meses pedirá relaciones especiales a la Corte de Justicia de las causas de infracciones de Constitución y leyes, y en su visita proveerá la conveniente.
La Constitución del Estado no podrá sufrir alteración en aquellos artículos que no tenga una relación inmediata con los de la federación, sino es hasta pasados cuatro años de hallarse en práctica y en los que tengan, en ningún tiempo.
Las leyes y disposiciones que actualmente rigen, y que no se opongan a la Constitución federal, y a la particular del Estado, quedando en su vigor y fuerza.
MANUEL JACINTO DOBLADO -Diputado por Yoro, Vicepresidente.
JOSÉ MARÍA DEL CAMPO - Diputado por Nacaome.
JOSÉ ROSA DE YZAGUIRRE - Diputado por Santa Bárbara.
ÁNGEL FRANCISCO DEL VALLE -Diputado por Cantarranas .
JOSÉ MARÍA DONAIRE - Diputado por Gracias, Secretario.
MIGUEL RAFAEL VALLADARES - Diputado Suplente por Tegucigalpa, Secretario.
Comayagua, diciembre once de mil ochocientos veinte y cinco. Ejecútese: Firmada de mi mano, y refrendada por el Secretario del despacho general.
El Secretario general del Gobierno Supremo del Estado - FRANCISCO MORAZÁN.
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