Source: http://elyoacusoargentino.blogspot.com/2013_05_01_archive.html
Timestamp: 2017-04-27 16:51:05
Document Index: 122585888

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 29', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3']

El Yo Acuso Argentino: mayo 2013
Capítulo 622 - Criterios concretos para que una situación de violencia pueda ser entendida como un CANI según el art. 3 Común. (continuación) El
artículo 3 común se refiere expresamente a «cada una de las partes en conflicto”, dando a entender con ello que un requisito previo
para su aplicación es la existencia de dos partes, como mínimo.
Normalmente no es difícil establecer si existe una parte estatal, pero determinar
si un grupo armado no estatal constituye una «parte» a efectos del artículo 3
común sí puede plantear dificultades sobre todo por la falta de claridad en los
hechos concretos y, en algunas ocasiones, por la ausencia de voluntad política de los Gobiernos de
reconocer que están implicados en un CANI. Sin embargo, está ampliamente reconocido
que por «parte no estatal en un CANI» se entiende un grupo
armado con cierto grado de organización.
La jurisprudencia internacional ha elaborado elementos indicativos que sirven
de base para considerar el criterio de «organización». Estos incluyen la existencia de una estructura de mando,
de normas y mecanismos de disciplina dentro del grupo armado, un centro de operaciones,
la capacidad de procurarse, transportar y distribuir armas, la capacidad del grupo de planificar, coordinar y llevar
a cabo operaciones militares, incluidos los movimientos de las tropas y la
logística, capacidad para negociar y pactar acuerdos,
por ejemplo un alto el fuego o un acuerdo de paz. Dicho de otra
pesar de que el nivel de violencia en una situación concreta puede ser muy alto
(en una situación de disturbios masivos, por
ejemplo), no se puede hablar de CANI, a menos que una de las partes sea un grupo organizado. El segundo criterio al que se recurre habitualmente para saber si hay un
conflicto armado según el artículo 3 común es el
grado de intensidad que la violencia debe alcanzar. Éste es también
un criterio fáctico, cuya evaluación depende de un examen de lo que ocurre
sobre el terreno. Según la jurisprudencia internacional, los elementos indicativos para la evaluación incluyen el número de enfrentamientos y la duración e
intensidad de cada uno de ellos, el tipo de
armas y de otros material militar utilizado,
el número y el calibre de las municiones utilizadas, el número de personas y los tipos de fuerzas que participan
en los enfrentamientos, el número de bajas, la extensión de la destrucción material y el número de civiles que huyen de las zonas de combate.
Asimismo, la eventual intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas puede dar una idea de la intensidad de un conflicto. Según el Tribunal
Penal Internacional para ex Yugoslavia (TPIY), existe un CANI en el sentido
del artículo 3 común cuando hay una violencia
armada prolongada (sin cursiva en el original) entre autoridades
gubernamentales y grupos armados organizados, o
entre estos grupos, en el territorio de un Estado. Las subsiguientes decisiones
del Tribunal se han basado en esta
definición, explicando que el requisito de «prolongado» es, de hecho, parte integrante del criterio de intensidad.
este contexto, cabe señalar el Documento
de Opinión del CICR, publicado en 2008, en el cual se
definen los CANI como
«enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más
o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado [Parte en los Convenios de Ginebra]. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de
las partes que participan en el conflicto deben poseer un mínimo de organización». Ha habido
diferentes situaciones de hecho en los CANI que se rigen por el artículo 3
común, especialmente durante los últimos diez años. Un cambio esencial ha sido
el incremento de los CANI con un elemento extraterritorial. Por esta razón, se
ha cuestionado si la clasificación actual de los conflictos armados es suficiente.
(…) En primer
lugar, hoy sigue habiendo CANI tradicionales o «clásicos» que se rigen por el artículo 3 común, es decir aquellos en que las
fuerzas armadas gubernamentales se enfrentan con uno o varios grupos armados
organizados en el territorio de un solo Estado.
Estos conflictos armados se rigen no sólo por el mencionado artículo, sino también por
las normas del DIH consuetudinario. En
segundo lugar,. (…) Como es sabido, las disposiciones convencionales que rigen los CANI son mucho menos numerosas que las que regulan los CAI y no pueden responder en forma adecuada a la multitud de
cuestiones jurídicas y de protección que se
plantean en la práctica. Se ha dicho que los CANI no están
reglamentados de forma sustancial porque la aplicación del artículo 3 común
está limitada, geográficamente, al territorio de un Estado parte en un conflicto
armado. Esta opinión no es correcta porque las disposiciones de ese artículo
son, sin duda alguna, normas de derecho consuetudinario y porque el DIH consuetudinario
contiene muchas otras normas que son aplicables a un CANI. El Estudio que el
CICR hizo sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, publicado
en 2005 (en inglés, y en 2007, en español), a solicitud de la Conferencia
Internacional celebrada diez años antes, llegó a la conclusión de que 148 normas consuetudinarias de
161 se aplicaban también en los CANI. Estas normas son una fuente adicional para
determinar las obligaciones tanto de los Estados
como de los grupos armados organizados no
estatales. Las normas del DIH consuetudinario son muy importantes
porque ofrecen una orientación jurídica a las partes en todos los tipos de
CANI, incluidos los que tienen el elemento extraterritorial mencionado más arriba.
del derecho consuetudinario, los principios y
normas básicos del DIH que regulan la conducción de las hostilidades son, con muy pocas excepciones, esencialmente idénticas para
todos los conflictos, independientemente de la clasificación. Lo
mismo vale por lo que respecta a las normas que regulan los diferentes aspectos
de la detención, a excepción de las garantías procesales en caso de
internamiento en un CANI, (…). La opinión del CICR sobre la forma en que puede
fortalecerse el derecho relativo a la detención se trata en el informe El
fortalecimiento de la protección jurídica de las víctimas de los
conflictos armados ya mencionado más arriba, en el cual se destacan también
otros ámbitos del derecho que sería útil examinar más a fondo.
determinar el derecho aplicable es sin duda importante, lo es mucho más que los
Estados reconozcan su aplicabilidad cuando se cumplen los criterios fácticos
necesarios. En su informe de 2007 sobre El derecho internacional humanitario
y los retos de los conflictos armados contemporáneos, el CICR
observaba la tendencia de algunos Estados a ampliar la aplicación de DIH a
situaciones que, de hecho, no constituían conflictos armados. Hoy se advierte
otra tendencia igualmente preocupante, que adopta dos formas. Una es que algunos Estados
rechazan la aplicabilidad del DIH a las situaciones que, de hecho, pueden constituir
un CANI, y prefieren llamarlas operaciones de «lucha contra el terrorismo», las cuales están sujetas a otros regímenes de derecho.
que Estados que antes reconocían que actuaban en
una situación de CANI contra un grupo armado no estatal, han repudiado esa clasificación, y también han
declarado que, en lo sucesivo, aplicaban una normativa destinada a luchar
contra el terrorismo. En ambos casos, el planteamiento parece
basarse, esencialmente, en la presunción de que reconocer la existencia de un
CANI (o su continuación) legitima a la parte no estatal otorgándole un estatuto
jurídico particular. Cabe
señalar que el DIH no corrobora esta presunción, ya que, según el artículo 3
común, la aplicación de sus disposiciones «no afectarán el estatuto jurídico de
las Partes en conflicto [armado no internacional]». La finalidad del artículo 3
común es regular el trato que deben recibir las personas en poder del
adversario, mientras que, como ya se ha señalado, otras normas del DIH
consuetudinario aplicable a los CANI rigen la conducción de las hostilidades. Cuando los Estados niegan la aplicabilidad del DIH en un CANI, privan a las personas civiles y al propio personal que pueda estar detenido por una parte no estatal de la protección de la única
rama del derecho internacional que inequívocamente impone obligaciones a los grupos
armados no estatales y cuya violación puede ser
sancionada en el plano internacional. Como se discutirá más
adelante, no se considera, en general, que los grupos armados no estatales
estén obligados a respetar el derecho de los derechos humanos, y su falta de
voluntad para aplicar el derecho interno en la práctica puede inferirse del
hecho de que han tomado las armas contra el Estado. Sin embargo, la
aplicabilidad del DIH a una situación determinada de ninguna manera obsta para que
los miembros de la parte no estatal sigan estando legalmente sujetos al derecho
interno y puedan ser enjuiciados de conformidad con éste derecho por los
crímenes que puedan haber cometido. Precisamente en esto pensaban los
redactores del artículo 3 común cuando establecieron que la aplicación de sus
disposiciones no afecta el estatuto jurídico de las partes en conflicto, y es lo
que se pasa por alto cuando se rechaza su aplicabilidad, en detrimento de las
víctimas de los conflictos armados.”(http://www.icrc.org/spa/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-es.pdf). Publicado por
Criterios concretos para que una situación de violencia pueda ser entendida como un CANI según el art.3 Común.
Reiteramos entonces que bajo tales lineamientos, válidas resultan ser las
apreciaciones del señor Fiscal en cuanto expresa que “…sólo
una prohibida aplicación retroactiva del derecho penal internacional consuetudinario permitiría
afirmar que violaciones al ius in bello (derecho en la guerra) aplicable a situaciones de conflicto armado interno
acontecidas en la década de 1970 pueden ser consideradas crímenes de guerra. Ello, sin perjuicio de que, como diré de seguido, no es posible afirmar que en la República Argentina haya existido un conflicto
armado interno de acuerdo al derecho
internacional aplicable…”. Sin embargo el
enfrentamiento de unas horas, poco más de un día, en el Ataque al Regimiento de
Infantería de La Tablada, fue considerado por la Comisión I.D.H. como
suficiente causa como para que se aplicara el DIH. Sobre esto último, es menester señalar que “…si bien los Convenios de Ginebra –en el artículo 3 común- no otorgan mayores detalles acerca de qué debe
entenderse por conflicto armado no internacional, precisiones sobre este concepto aparecen en el
Protocolo II, aprobado en 1977, esto es, tiempo después del hecho
cuyo análisis nos convoca…”.
“…En su artículo 1 dispone el presente Protocolo,
que desarrolla y completa el artículo 3
común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus
actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo
Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se
desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de
un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control
tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas, concertadas y aplicar
el presente Protocolo´…”.“…A continuación se
agrega que el Protocolo […] no se aplicará
a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos,
que no son conflictos armados´…”. “…Desde
las prescripciones de este Protocolo puede afirmarse que la idea de conflicto
armado interno exige que los grupos en pugna tengan cierto grado de
organización interna, lo que implica una estructura jerárquica que asegure un
control operacional por un mando responsable y un control disciplinario que
permita aplicar la normativa del Protocolo, a su vez, los grupos deben tener
capacidad para planear y llevar a cabo operaciones militares de manera
continuada a raíz del control ejercido sobre una parte del territorio del
Estado afectado…”.
Sin perjuicio de ello, “…debe decirse que en la jurisprudencia
del Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, más allá de la cuestión específica del control territorial, se han requerido operaciones sostenidas
entre las fuerzas beligerantes, esto es, una
en nuestro país…”.“…La cuestión de la
gravedad del conflicto fue también tratada
recientemente en uno de los primeros pronunciamientos de la Corte Penal Internacional. En la ocasión, luego de mencionar los aspectos que exige el Protocolo II
configure un conflicto armado interno y lo sostenido por la Sala de Apelaciones
del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, la Corte expresó
que la violencia del conflicto debe ser
sostenida y haber alcanzado cierto grado de
intensidad. En particular, al analizar el caso, se valoró la capacidad del
grupo armado para llevar adelante operaciones militares a gran escala por un
período prolongado y el control ejercido sobre el territorio…” (Caso “Lubanga Dyilo”,
ICC-01/04-01/06, Pre Trial Chamber, 29 de enero de 2007). “…Conforme lo reseñado, se advierte que, tal como surge del
Protocolo Adicional II de 1977, uno de
los parámetros que, al menos en la década de
1970, determinaba el estándar mínimo del concepto
de conflicto armado interno era el efectivo control territorial por parte de las facciones
en pugna…”.
Es por ello que, tal y como refiere el doctor Auat respecto del
como no puede acreditarse que la organización “Montoneros” haya tenido control sobre una
parte sustancial del territorio argentino, se debe concluir que las
operaciones armadas llevadas adelante por esta organización no son compatibles con el concepto de conflicto armado interno –tal como ése se consideraba a la época del hecho, de acuerdo a las prescripciones de los artículos 3 común a todos
los Convenios de Ginebra y 1 del Protocolo Adicional II a esos Convenios”.
Más adelante, el dictamen Fiscal esgrime
un argumento más para refrendar su singular tesitura, expresando que “…Por
otra parte, ni siquiera desde los parámetros actuales parece posible afirmar la
existencia de un conflicto armado interno, dado que tampoco puede
sostenerse que [“Montoneros”] haya podido desarrollar acciones armadas de
una envergadura tal que puedan ser consideradas un
conflicto armado. Entonces, aun cuando se prescindiera del control del
territorio como requisito ineludible, no podría
considerarse que el hecho analizado en las presentes actuaciones alcanzó la categoría de un
conflicto armado…”. No se computan, en el dictamen Fiscal referido, alrededor de 22.000 hechos imputados
a las organizaciones subversivas… Téngase en cuenta que en un evento menor, en
el Asalto al Cuartel Militar de La Tablada, – un
solo hecho, al que nos hemos referido en
forma reiterada precedentemente- la Comisión interamericana de los Derechos
Humanos, in re Abella, resolvió que se trataba
de un acto de guerra. Un conflicto armado no
internacional… Ello nos revela que algo no anda bien. Ese resultado arbitrario
redundará en perjuicio de alguna de las partes. O asiste razón a nuestra
justicia y es valedera la tesitura que ella sustenta o, caso contrario, asiste
razón a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos quien calificó como conflicto armado no internacional un evento que
nuestra justicia, se cuida de calificar de tal forma. Las conclusiones a las que arribara
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no son opiniones aisladas,
carentes de sustento jurídico alguno. Muy por el contrario, si recurrimos al
Comité Internacional de la Cruz Roja, podemos establecer que la fanatizada
postura de nuestros jueces, de nuestra
justicia con minúscula, de nuestra “justicia retaliativa y cainista”, no es acompañada por la mayoría de la doctrina
internacional. Teniendo en cuenta la actitud rectora del C.I.C.R.,
cuando ese organismo internacional, dictamina con relación a este tema, nos
señala un rumbo a seguir que, para la mayoría de las naciones, es su Norte. Reseña el Comité que “Según
el DIH, los CAI son los conflictos en que se enfrentan Estados (o un Estado y
un movimiento de liberación nacional siempre que se cumplan ciertas
condiciones1). De conformidad con el artículo 2 común de los Convenios de
Ginebra de 1949, las
de estos tratados se aplican en todos los casos de guerra declarada o de «cualquier otro
conflicto armado que surja» entre dos o varios Estados Partes en esos Convenios, aunque uno
de ellos no reconozca el estado de guerra. Como explica Jean Pictet en sus
Comentarios a los cuatro Convenios de Ginebra: «Toda diferencia entre dos Estados que ocasione la
intervención de fuerzas armadas es un conflicto armado en el sentido del artículo 2
aunque una de las Partes niegue la existencia del estado de guerra. Ni la duración del
conflicto ni la mortandad que éste cause influyen en modo alguno en esa definición». En los años que
han pasado desde que se aprobaron los Convenios, pocas veces se ha considerado
que la duración o la intensidad sean elementos constitutivos para la existencia de un CAI.” Últimamente, sin
embargo, se ha puesto en tela de juicio este enfoque, indicando que las hostilidades deben alcanzar
cierto grado de intensidad para poder calificarlas de conflicto armado, lo que
significa que haría falta cumplir un criterio de intensidad para poder
calificar un
uso de la fuerza entre Estados como un CAI. Según esta opinión, los usos
aislados o esporádicos de fuerza armada entre Estados son «incursiones
fronterizas», «incidentes navales», «choques», y otras «provocaciones armadas»
que no pueden ser clasificados como CAI a causa de la baja intensidad de
violencia que acarrean. Por esta razón, esos Estados no las han clasificado
explícitamente como CAI.
de que domina la opinión jurídica contraria, se reconoce que debería mantenerse
la ausencia de un requisito de umbral de intensidad para clasificar una
situación como CAI, a fin de evitar controversias de orden jurídico y político
sobre si se ha alcanzado el umbrala la luz de los hechos específicos. Por lo
que respecta a la protección, también hay razones convincentes para no
relacionar la existencia de un CAI con un umbral de violencia. Para ilustrar
este punto de vista, basta un solo ejemplo: según el III Convenio de Ginebra,
los miembros de las fuerzas armadas de un Estado que se opone a otro que son
capturados por las fuerzas armadas del Estado adversario, llenan los requisitos
para que les confiera el
de prisioneros de guerra, independientemente de que haya realmente enfrentamientos
entre los dos Estados. El estatuto de prisionero de guerra (PG) y el trato que
éste debe recibir están bien definidos en el DIH, incluido el hecho de que un
PG no será perseguido por actos de guerra lícitos. Es bastante evidente que el
personal militar capturado no gozaría de una protección jurídica equivalente
solo de conformidad con el derecho interno del Estado detenedor, aunque este
ordenamiento esté complementado con el derecho internacional de los derechos
humanos. El hecho de que en una situación particular un Estado no haga
explícitamente alusión, por motivos políticos o de otra índole, a un CAI no es
óbice para clasificarla jurídicamente como tal. La aplicación del derecho de los conflictos
armados internacionales fue separada hace muchas décadas de la necesidad de que
se hicieran declaraciones oficiales, a fin de evitar que algún Estado pudiera
negarse a ofrecer la protección que asigna ese derecho. Este razonamiento
conserva hoy toda su validez.” En
debates recientes y actuales se ha planteado la cuestión de saber si la actual
dicotomía del DIH, según la cual los conflictos armados están clasificados como
internacionales y no internacionales, es suficiente para abordar nuevas
situaciones de hecho, y si hace falta una nueva clasificación de los
conflictos. Cabe
recordar que la distinción esencial entre conflicto
armado internacional y no internacional es
la calidad de las partes implicadas. Mientras
que un CAI presupone el uso de fuerza armada entre dos o varios Estados, un CANI implica hostilidades entre un Estado y un grupo
armado organizado no estatal (la parte no
estatal), o entre grupos de esta índole. En la práctica no hay,
aparentemente, ninguna situación de violencia armada entre partes organizadas
que no pueda ser equiparada a una de las dos clasificaciones antes mencionadas.
observa es que predominan los CANI, y se puede decir que es una tipología que
se ha extendido, como se expondrá más adelante. Cabe recordar al
menos dos criterios concretos para que una situación de violencia pueda ser entendida
como un CANI según el artículo 3 común:
Nuestra justicia considera que el conflicto armado ocurrido en la Década del 70 no debe calificarse como CANI.
Capítulo 620 - No hay lugar para tipos abiertos de derecho consuetudinario ya que tal afirmación es negatoria del mismo derecho internacional consuetudinario.
“Por otra parte, en el
momento de los hechos no existía -y posiblemente ni aún hoy
exista- la claridad necesaria sobre
la definición del crimen contra la humanidad como para poder afirmar
que ya había una costumbre internacional. Basta echar una mirada a
las diferentes formulaciones de este crimen en el derecho internacional para
darse cuenta de que lo único cierto es que no hay certeza
sobre cuáles son sus elementos constitutivos. Más allá de algunas variaciones en cuanto
a las conductas individuales, el llamado elemento de contexto - cuyo
acaecimiento convierte un crimen del derecho penal común en un crimen contra la
humanidad y justifica, según el derecho internacional, el tratamiento diferencial-ha
cambiado en casi todas las oportunidades en
las que la comunidad internacional lo ha definido. (Con razón ha sido afirmado que de todas
las formulaciones sobre el elemento de contexto del crimen contra la humanidad
existentes a nivel internacional "el único denominador común es el hecho
de que alguna clase de contexto ha sido requerido"). “A lo sumo, se podría conceder que algo de certeza comienza a haber a
partir de la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero,
de todos modos, en cuanto a los hechos juzgados en la
sentencia bajo análisis esta formulación no puede ser utilizada sin
que se haga una aplicación retroactiva de la ley. Si esto es así, difícilmente
pueda hablarse de costumbre internacional. En estas condiciones, sólo quien
quiera asignarle al juez tareas propias de legislador y acepte un rol
preponderante de este funcionario en la creación del derecho puede estar
de acuerdo con que en el caso concreto el juez debe ocuparse de construir un
tipo penal a partir de un cuadro normativo compuesto con variadas disposiciones
en parte contradictorias y no siempre claras. A mi modo de ver, es un precio
muy alto para la seguridad jurídica”.
recurso a la costumbre internacional debería estar reservado para
casos excepcionalísimos en donde ninguna duda exista acerca de
la norma -con todos sus elementos-
que se pretenda aplicar.
La norma consuetudinaria debe ser algo evidente, algo, por decirlo de modo
coloquial, que salte a la vista. Si un juez debe hacer trabajosas
elucubraciones para saber cuál es la costumbre,
entonces eso más bien indica que esa pretendida costumbre no
existe. En otras palabras: una "norma"
no escrita sólo puede ser derecho cuando es absolutamente
cierta. No hay lugar para tipos vagos o abiertos de
derecho consuetudinario, pues esa afirmación niega los presupuestos de
existencia de la norma consuetudinaria.
Éste es el principal argumento en contra del recurso al derecho consuetudinario
para fundar el crimen contra la humanidad. Estas conclusiones del
profesor Ezequiel Malarino, están avaladas por la misma Convención Americana de
Derechos Humanos, la que en su art. 29
letra b), como norma de interpretación, establece que "ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido
de (...) limitar el goce o ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados
partes...". A pesar de esta taxativa disposición de la CADH, los jueces de la
argentina, al fallar en cada caso relacionado con el tema, no tienen en cuenta lo que se establece en tal Convención. Hemos leído resoluciones judiciales que lisa y llanamente, parecerían que en caso de duda limitan el goce o ejercicio de un derecho del justiciable, con el pretexto que de tal forma se ampara a la supuesta
víctima. (…) En relación
con esta cuestión, la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha
sostenido que "[d]e conformidad
con el artículo 29.b) de la Convención, si alguna ley
del Estado Parte u otro tratado internacional del cual sea Parte dicho Estado otorga una mayor protección o regula con mayor amplitud
el goce y ejercicio de algún derecho o libertad, éste deberá
aplicar la norma más favorable para la tutela de los derechos humanos". Es importante hacer notar que la CorteIDH
pronunció esas palabras precisamente al
discutir el alcance del principio de legalidad.” Ha señalado un Tribunal argentino,
“Los recurrentes se agravian por cuanto afirman que el hecho por el cual
resultaron damnificados habría sido violatorio del derecho internacional aplicable a los
conflictos armados de carácter interno, en particular del artículo 3 común a los
cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Al respecto y partiendo de un
análisis sobre la normativa citada por las querellas, válidamente sostuvo la Cámara a
quo que el concepto de crimen de guerra “…se extiende no sólo a los conflictos armados
internacionales sino también a conflictos
armados internos, pero siempre que estos últimos
alcancen la duración e intensidad requeridas para ello. De modo que no toda violación vinculada a conflictos armados constituye
un crimen de guerra, ni tampoco toda situación
de violencia armada representa un conflicto armado…” (fs. 586). En
igual sentido, explicó
el Fiscal General doctor Auat en el informe elaborado para la causa “Larrabure,
Argentino del Valle s/su muerte” que
“…los crímenes
de guerra, al igual que los crímenes contra
la humanidad, también requieren para su configuración un elemento de contexto…”.
Y que, en punto a ello, “…los
Convenios de Ginebra [contienen] disposiciones [que] se refieren exclusivamente
conflictos armados de índole ´internacional´, siendo que sólo el artículo 3
común a todos los Convenios tiene como objeto de regulación los conflictos
armados ´internos´, motivo por el cual ninguna de las demás
prescripciones de estos instrumentos es aplicable a este tipo de situaciones…”.
Ahora bien, “…debe decirse que los Convenios de Ginebra no establecen normas
penales en sentido estricto, esto es, normas dirigidas a los individuos bajo
amenaza de pena. En verdad, los Convenios de Ginebra no tuvieron por objeto codificar
el derecho penal internacional. Es por ello que no definen y, ni siquiera mencionan, los
´crímenes de guerra´. Los Convenios contienen ciertos mandatos y
prohibiciones y, entre otras cosas, obligaciones dirigidas a los Estados en
materia penal, tales como el deber de sancionar penalmente ciertas conductas
–las llamadas infracciones graves- o el deber de cooperar con otros Estados
para la persecución penal. Todas estas obligaciones en materia penal están referidas
a conductas cometidas en el marco de conflictos armados ´internacionales´…”.
“…Los Convenios…
no establecen ninguna obligación de reprimir penalmente las infracciones al
artículo 3 común aplicable a conflictos armados internos. Ello no es
más que el reflejo de la evolución del derecho internacional humanitario y,
paralelamente, del contenido del derecho penal internacional, específicamente
de los crímenes de guerra…”.
Sin embargo, refirió el señor Fiscal General a
cargo de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por
violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado que
criminalización de infracciones al derecho
internacional humanitario aplicable a conflictos
armados internos aparece recién en la década de 1990. Como
es sabido, esta década marca para el derecho penal internacional una etapa de
consolidación y desarrollo.
A esa etapa corresponde la
incorporación a la categoría de los crímenes de guerra de conductas cometidas en el marco de
conflictos armados internos. Ello sucede especialmente con el
establecimiento, en 1994, del Estatuto para el Tribunal Penal Internacional
para Rwanda.
En efecto, el Estatuto habilita al
Tribunal a perseguir a personas que cometan o den la
orden de cometer infracciones graves del artículo 3 común a las Convenciones de
Ginebra para la protección de las
víctimas en tiempos de guerra, y al Protocolo Adicional II a dichas
Convenciones del 8 de junio de 1977…”.“…Hasta entonces no hubo elementos que permitan pensar que tales violaciones podían dar lugar a la responsabilidad penal internacional. Por el contrario…, existen
circunstancias para fundar acabadamente que hasta entrada la década de 1990 se
consideraba que el concepto de crímenes de
guerra estaba limitado a los conflictos armados de
índole internacional…”.
Así las cosas, con el correr de los
años, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia entendió, “…a partir de
una decisión adoptada en el caso ´Tadic´, dictada en 1995, que ´…las
leyes o prácticas de la guerra también se referían a
conflictos armados internos. Esta decisión, de
fecha posterior a la aprobación del Estatuto
del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, marcó un hito en la materia y determinó que el Tribunal Penal Internacional para la Ex
Yugoslavia pudiera juzgar conductas
cometidas en el marco de conflictos armados internos pese a que ello no surgía
explícitamente de la letra del Estatuto…”.“…Es
Tribunal Penal Internacional para Rwanda y de la jurisprudencia de los
tribunales ad hoc posteriores a él que se aceptó que las infracciones del derecho internacional
humanitario aplicable en conflictos armados no internacionales pueden ser punibles en virtud
del derecho internacional consuetudinario…”. Así, en función de lo expuesto, en nuestro país, el Fiscal General doctor Auat señaló que no
puede concluirse que el hecho traído a estudio (en el caso particular, el referido a la muerte
del Teniente Coronel Larrabure) constituya
un crimen de guerra, dado que a la época en que este acontecimiento ocurrió la configuración de este tipo de delitos sólo tenía lugar frente a determinadas violaciones del
derecho internacional humanitario aplicable a
conflictos armados de índole internacional, conclusión lógica a la cual también derivará la solución en
el presente caso en punto a la pretendida calificación del hecho en análisis en
función del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra. Publicado por
No hay lugar para tipos abiertos de derecho consuetudinario ya que tal afirmación es negatoria del mismo derecho internacional consuetudinario.
Capítulo 619 - Proceso involutivo en la Argentina en la etiología del delito de lesa humanidad
Numerosos y distinguidos juristas, enrolados en lo
podríamos denominar “la normalidad” del pensamiento judicial, destacaron a la consideración de sus colegas lo aberrante y
arbitrario del mecanismo que se usó para poder arribar sin obstáculos a la
aspiración de máxima, muchas veces hecha conocer como una suerte de
alarde tardío. Muchos de los magistrados son conocidos por profesar ideologías
extrañas al ser argentino. Mecanismo aceptado sin más, tanto por los juzgados como
por los demás tribunales superiores, incluso la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. No es de extrañar los cuestionamientos locales,
cuando en el mundo, hasta se ha llegado a cuestionar la buena fe con la que
obra la Corte Penal Internacional. Se la ha llegado a calificar como
racista. En efecto, nos señala la agencia AFP del 27 de mayo del 2013: “La Corte Penal
Internacional (CPI) lleva a cabo una "suerte de cacería racial" al procesar únicamente a africanos, afirmó el lunes el
actual presidente de la Unión Africana (UA), el primer ministro etíope Hailemariam Desalegn, tras la clausura de
la cumbre de jefes de Estado de la organización en Adís Abeba. Cuando se creó la CPI "el
objetivo era evitar toda suerte de impunidad, pero ahora el proceso ha
degenerado en una suerte de cacería racial", declaró, al término de una
cumbre que reclamó
la transferencia a la justicia keniana de los procesos iniciados por la CPI
contra el presidente y el vicepresidente de Kenia, por crímenes contra la
humanidad. “Los dirigentes africanos no comprenden los procesos
contra esos presidentes (los dos jefes del ejecutivo keniano), pienso
en consecuencia que la CPI debe ver bien que no debería procesar a los
africanos", añadió ante la prensa. Kenia pidió el abandono total de la acción emprendida por la Corte Penal Internacional contra Uhuru Kenyatta y William Ruto, elegidos
respectivamente jefe de Estado y vicepresidente el pasado 4 de marzo, en una
carta al Consejo de Seguridad de la ONU. Los dos hombres, que se impusieron en
primera vuelta de la presidencial del 4 de marzo, están procesados por crímenes
contra la humanidad por su presunta responsabilidad en las terribles violencias
posteriores a las anteriores elecciones presidenciales, a finales de 2007,
durante la cual pertenecían a los dos campos rivales. El proceso de Uhuru Kenyatta debe comenzar
el 9 de julio en La Haya, sede de la CPI. El de William Ruto habría
debido comenzar el martes, pero ha sido aplazado. Desde su creación, la CPI ha
inculpado a unas 30 personas, todos ellos africanos, por crímenes ocurridos en
ocho países de África (República Democrática del Congo, República
Centroafricana, Uganda, Sudán (Darfur), Kenia, Libia, Costa de Marfil, Mali). (http://noticias.terra.com/crimenes/presidente-de-ua-cpi-lleva-a-cabo-una-caceria-racial-contra-africanos,d17a5fd80b4ee310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html)
En “Jura Gentium” apareció una nota firmada por el Dr. Ezequiel
Malarino, que se ocupa en forma brillante de este aspecto de la cuestión. Teniendo a la vista en la web la
nota intitulada “La cara represiva de la reciente
jurisprudencia argentina sobre graves violaciones de los derechos humanos,
rescatamos una crítica de la sentencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 14 de junio de 2005 en el caso Simón”,
de su autoría, donde describe con singular acierto lo
anteriormente referido. En su crítica a lo resuelto por nuestra
justicia, in re Julián Simón, señala el autor que ella ha apelado a caminos
poco ortodoxos, desde el punto de vista del derecho sustantivo y formal a fin
de llegar a lo deseado: la condena de los acusados que vistieron uniforme de
las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Correlativamente el mismo empeño no se puso
de manifiesto nunca, cuando los acusados fueron los integrantes de las
sanguinarias bandas subversivas que asolaron a nuestra Patria. Señala Malarino: “El
segundo grupo de problemas que abordaré se refiere a la calificación de los hechos como crímenes contra la humanidad.
Como he adelantado, según la CSJN para la aplicación del régimen jurídico
especial respecto al derecho penal normal (imposibilidad de amnistiar,
imprescriptibilidad, etc.) era necesario que los hechos pudieran ser calificados como
crímenes contra la humanidad. El primer problema que se
presentaba a la CSJN era que el crimen contra la humanidad no estaba previsto en el
derecho positivo argentino a la época de los hechos. En efecto, sólo varios
años más tarde fueron ratificados por Argentina algunos tratados
internacionales que contenían definiciones sobre este crimen y recién con
posterioridad a la sentencia aquí comentada fue aprobada una ley interna que lo
contempla. Para sortear este obstáculo la CSJN recurrió a la costumbre
internacional; sostuvo que el crimen contra la humanidad estaba previsto al
momento del hecho en el derecho consuetudinario internacional y por ello la calificación de los
hechos como crímenes contra la humanidad no violaba el principio de legalidad; varios jueces
sostuvieron, además, que el derecho de gentes en materia penal goza de rango
constitucional en virtud del art. 118 CN. Sin
embargo, la CSJN no utilizó las disposiciones del derecho internacional
consuetudinario para el encuadre típico de los hechos, ni para la
determinación del marco sancionatorio. Más bien, ella efectuó una articulación
normativa entre las disposiciones del derecho penal común y aquellas del derecho internacional. Las normas del derecho interno jugarían en el nivel de la tipicidad
y en el sancionatorio (delitos de privación
de la libertad y torturas previstos en los arts. 144 bis, inciso primero y
último párrafo, 142 incisos primero y quinto y 144 ter párrafos primero y segundo, Código penal) y las del derecho internacional servirían para convertir a esos hechos en crímenes
internacionales (en el caso concreto, en el crimen contra la humanidad de
desaparición forzada de personas) y atribuirles las
consecuencias que el derecho internacional establece para esta categoría de
crímenes (por ejemplo, imprescriptibilidad, etc.).Es decir, la CSJN efectuó una doble
subsunción de los hechos: una subsunción primaria de tipificación y sanción por las leyes locales y una subsunción secundaria de cualificación por las leyes internacionales consuetudinarias.
“El razonamiento de la CSJN
presenta numerosos problemas. En lo que sigue mostraré, por un lado, que, a
pesar de lo que afirma la CSJN, el recurso a la costumbre internacional
plantea serios problemas desde el punto de vista del principio
de legalidad (punto XV) y, por el otro, que la
afirmada costumbre internacional tampoco existía al momento
del hecho, pues, primero, no
había claridad sobre la definición del elemento de contexto del
crimen contra la humanidad (punto XVI) y, segundo, el derecho
internacional ni siquiera conocía en esa época el crimen de desaparición
forzada de personas (punto XVII). Luego pondré de manifiesto que la
CSJN ni siquiera ha intentado verificar tal costumbre, limitándose a afirmar
dogmáticamente su existencia (punto
XVIII). A continuación, analizaré -y rechazaré- dos argumentos que están
enunciados en la sentencia de la CSJN que, si hubieran prosperado, habrían
podido obviar los problemas de legalidad que causa el recurso al derecho
consuetudinario; primero, me referiré al argumento de la CSJN
de que la previsión del delito de secuestro de personas en el
Código penal con anterioridad al hecho es suficiente para satisfacer
el principio de legalidad (punto XIX); después me ocuparé del
argumento de que un tribunal interno al juzgar crímenes
internacionales debe aplicar exclusivamente las reglas y principios del derecho
penal internacional, sin estar vinculado a los principios
del derecho constitucional argentino, y que ésto es una exigencia de
la Constitución argentina (punto XX).” “A pesar de lo afirmado
por la CSJN, la
calificación de los hechos como crímenes contra la humanidad con base
en el derecho consuetudinario es problemática para el principio de
legalidad. Un
principio de legalidad tan débil, concebido como mero nullum
crimen sine iure, no satisface las exigencias del art. 18
CN. Esta disposición
constitucional requiere una "ley anterior al
hecho" y esa ley sólo puede ser aquella dictada
por el Congreso de la Nación, que en el ordenamiento jurídico argentino
es el único órgano autorizado a dictar leyes penales (art.
75 inciso 12 CN). De
este modo, la misma Constitución argentina exige una ley formal del
Congreso para satisfacer el
principio de legalidad. Esta decisión del constituyente tiene un
fundamento en el principio de división de poderes. Dado que el legislador representa la
soberanía popular, el proceso de discusión y aprobación de las leyes en el
Parlamento otorga a la norma legitimidad democrática. Si bien la aplicación de
una norma consuetudinaria que efectivamente es sentida y practicada por la
comunidad como norma vinculante de derecho podría en parte atenuar esta
objeción, pues en ese caso podría argumentarse que es el pueblo quien, en
cierto modo, legisla directamente, esto no ocurre cuando, como en el
caso, se trata de una costumbre internacional, a cuya formación participan
Estados y no individuos. Si es que existe algo parecido a un componente
democrático en las normas creadas por prácticas de Estados -ya el nombre
poder legislativo. La
singularidad de la sanción penal fundamenta claramente la necesidad de
legitimidad democrática de la norma penal y, por ello, la necesaria
intervención del parlamento. La aplicación de la pena constituye una injerencia tan dura en los
derechos del ciudadano que la determinación de sus presupuestos de aplicación
sólo puede ser efectuada por la instancia que más directamente representa al
pueblo como titular del poder del Estado. El reemplazo de una ley formal del parlamento por una norma
consuetudinaria identificada judicialmente afecta el principio de división
de poderes que es uno de los valores fundamentales que protege el principio de
legalidad del art. 18 CN. Esta disposición exige un principio de legalidad
fuerte y no uno débil como propone la CSJN". Publicado por
Proceso involutivo en la Argentina del delito de lesa humanidad.