Source: https://barnabogado.com/etiqueta/penas/
Timestamp: 2020-07-03 19:07:16
Document Index: 384889357

Matched Legal Cases: ['artículo 550', 'artículo 40', 'artículo 248', 'artículo 24', 'artículo 118', 'artículo 520', 'artículo 13', 'artículo 472', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 13', 'artículo 502']

penas | Abogados Barcelona
Aunque puedan parecer delitos similares y en algunas ocasiones se tienda a confundirlos, el delito de atentado y el delito de resistencia a agentes de la autoridad son dos delitos distintos. La diferencia básica entre ellos radica en el hecho de que en el delito de atentado existe un ánimo explícito de causar algún tipo de mal al agente sobre el que se atenta, y en el de resistencia grave a la autoridad “solamente” se impide al agente en cuestión el realizar algún tipo de actuación. Veamos ahora con mayor detenimiento cada uno de estos delitos. Delito de atentado El delito de atentado a agentes de la autoridad está recogido en el Código Penal, en el artículo 550. En dicho artículo se especifica que: “Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los que acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”. Así, podemos afirmar que para que se produzca un delito de atentado deben concurrir una serie de requisitos y esos requisitos son: El sujeto pasivo debe poseer carácter de autoridad, […]
Dentro de las penas privativas de derechos, es decir, dentro de aquellas penas consistentes en restringir al culpable de algún delito el ejercicio de algún derecho distinto al de permanecer en libertad encontramos tres grandes grupos. Uno de ellos es el de las inhabilitaciones y suspensiones. Otro, el de la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Finalmente, el tercer grupo está formado por aquellas penas y prohibiciones que están relacionadas directamente con la víctima. En este artículo queremos centrar nuestra mirada en el primer grupo, es decir: en las penas consistentes en la inhabilitación o suspensión del penado. Inhabilitaciones La pena de inhabilitación puede ser absoluta o especial. Recogida en el artículo 40 del Código Penal, la pena de inhabilitación absoluta consiste en la privación de todos los honores, empleos y cargos públicos del penado o, en su caso, en la privación temporal del derecho a obtener dichos derechos, honores, cargos y empleos públicos. Una vez cumplida la pena, el penado podrá acceder a esos mismos empleos y cargos, pero para ello deberá, de nuevo, cumplir todos los requisitos de acceso a ellos. Es decir: si accedió a ellos por oposición deberá, de nuevo, opositar. Y si su […]
El artículo 248 del Código Penal establece que “cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”. Según este mismo artículo, también se consideran reos de estafa: «a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de estafas previstas en este artículo. c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o un tercero». Así, para que se considere que existe un delito de estafa, es necesario que concurran varios elementos. Esos elementos son los siguientes: Que exista ánimo de lucro. El dolo es, en el delito de estafa, imprescindible para que el acto sea considerado como tal delito. El delito de estafa, pues, al contrario que otros delitos, no puede cometerse por imprudencia. Que exista engaño y que éste guarde un nexo causal, […]
El sistema jurídico español garantiza constitucionalmente la presunción de inocencia. En el artículo 24.2 de la Carta Magna se especifica claramente cuando dice que todas las personas «tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia». Estos derechos fundamentales están reflejados igualmente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y amparan tanto a los investigados como a los detenidos y presos. Respecto a los primeros, la LECrim especifica en su artículo 118.1 que todo investigado tiene «derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, y a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formule». Por su parte, y respecto a los detenidos y presos, la LECrim especifica en su artículo 520.2 que un detenido o un preso está amparado por los siguientes derechos: Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar […]
Tras meses de juicio, finalmente el Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el proceso que se ha seguido contra los acusados por la celebración del referéndum unilateral sobre la independencia de Catalunya del 1 de Octubre de 2017. En dicha sentencia se ha determinado que los acusados cometieron un delito de sedición y no uno de rebelión tal y como sostenía la Fiscalía. La sentencia del Tribunal Constitucional ha sido recibida con disparidad de opiniones. Para unos, la sentencia es excesivamente dura. Para aquellos que sostienen que los actos cometidos por los políticos acusados fueron actos que deberían ser tipificados como actos de rebelión, la sentencia resulta excesivamente condescendiente. No vamos en este artículo a analizar la sentencia ni a opinar sobre ella ni sobre si los políticos independistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo merecen dicha condena o no, pero sí vamos a intentar exponer qué dice el Código Penal sobre ambos delitos y cuáles son las circunstancias que deben concurrir para que se produzca un delito de sedición o, en su caso, uno de rebelión. El delito de rebelión El delito de rebelión, del que ya hablamos en nuestro blog en un artículo dedicado en exclusivo a él, […]
El título de auto de cuantía máxima es un título al que en algunas ocasiones se hace mención cuando ha finalizado un procedimiento penal derivado de un accidente de tráfico. Al dictar un auto de cuantía máxima, lo que el Juez está dictaminando es la cantidad líquida máxima que se puede reclamar como indemnización por los daños sufridos en un accidente que esté amparado por el seguro de suscripción obligatoria. El auto de cuantía máxima se encuentra regulado en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 8/2004 y para ser dictado es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: Que el hecho se derive de la circulación de vehículos. Que los daños derivados del hecho sean cubiertos por el seguro obligatorio del vehículo. Que se trate de un procedimiento penal con sentencia absolutoria o renuncia de la acción penal. Que no se haya renunciado a la acción civil. Que exista una oferta motivada. El auto de cuantía máxima debe dictarse de oficio, pero en muchos casos la parte acostumbra a solicitarlo para, así, conseguir que se determine la cantidad máxima que se puede reclamar a la compañía de seguros del vehículo o, en su caso, al Consorcio. Para cobrar el […]
La actualidad política española ha puesto en el punto de mira de la opinión pública un delito al que desde hacía mucho, seguramente desde el fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981, no se había prestado excesiva atención: el delito de rebelión. Considerada la Ley suprema, el legislador ha establecido una serie de tipos penales en la que se recogen aquellos delitos que se considera que atentan contra la misma Constitución y que, por tanto, son especialmente penados. Entre dichos delitos encontramos los delitos de rebelión y sedición. En este artículo vamos a hablar del primero, de los requisitos que se exigen para que se cumpla, de los diferentes tipos de delitos de rebelión existentes, de las diferencias que separan al delito de rebelión del delito de sedición y de las penas que se imponen para este tipo de delitos. El delito de rebelión está tipificado en el artículo 472 y siguientes del Código Penal y se define como un alzamiento violento y público contra la Constitución Española. Para que una persona pueda ser encausada por haber cometido un delito de rebelión es necesario que se den los siguientes requisitos: Ostentación pública Ocupación de las vías públicas […]
Entre los atenuantes que el Código Penal recoge en su artículo 21 y que sirven para rebajar la pena que se puede imponer a un acusado hay uno que recibe el nombre de “atenuante de confesión”. En ese artículo explicamos en qué consiste, cuándo concurre y analizaremos los efectos que tiene sobre la pena que debe imponerse a la persona que ha sido juzgada y declarada culpable. A la hora de analizar el atenuante de confesión hay que prestar atención a lo que, de manera clara, especifica la ley. En ese sentido, el artículo 21.4 del Código Civil establece que la pena al culpable puede ser atenuada en el caso de que el culpable, antes de conocer el procedimiento dirigido contra él, confesara la infracción cometida a las autoridades. Por su parte, el Tribunal Supremo se ha encargado de enumerar los requisitos necesarios para que concurra este atenuante de confesión. Lo hizo con su sentencia de fecha de 26 de Marzo del 2012. En dicha sentencia, el Tribunal Supremo establecía que dichos requisitos eran los siguientes: Necesidad de que exista un acto de confesión de la infracción. Necesidad de que quien realiza la confesión sea, efectivamente, el culpable de la […]
Las estadísticas de Tráfico habían demostrado que cada vez son más los causantes de accidentes de tráfico contra ciclistas o peatones que huyen del lugar del accidente abandonando al accidentado a su suerte. Para intentar frenar esta tendencia, el Ejecutivo español decidió impulsar una reforma legislativa. Fruto de ese deseo es la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, titulada “en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono de lugar del accidente”. Con esta Ley Orgánica, el Gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez ha devuelto a la vía penal una serie de siniestros, catalogados de “menos graves”, que la reforma del Partido Popular, aprobada en 2015, había devuelto a la vía civil. Las principales novedades de la nueva Ley Orgánica respecto al concepto de imprudencia en los accidentes de circulación y a la catalogación de los delitos cometidos son las siguientes: La nueva Ley introduce tres supuestos que se van a considerar imprudencia grave. La nueva Ley introduce una interpretación auténtica de la imprudencia menos grave. Se incrementan las penas en este tipo de conductas delictivas. Se introduce en la legislación el delito de abandono del lugar del accidente. La imprudencia […]
De vez en cuando el término extradición aparece en la primera página de los diarios. Cuando lo hace, se está hablando de la entrega de una persona refugiada o detenida en un país (denominado requerido) a las autoridades de otro al que se denomina requirente y que reclama a dicha persona bien sea para enjuiciarla, bien para que, en caso de haber sido ya enjuiciada y condenada, cumpla su condena. La extradición aparece reflejada en el artículo 13.3 de la Constitución Española. En dicho artículo se indica que la extradición sólo se concederá en cumplimiento de un Tratado o de una Ley, atendiendo al principio de reciprocidad. En dicho artículo se especifica también que quedan excluidos de la posibilidad de extradición los delitos políticos, no considerándose en caso alguno como delito político los actos de terrorismo. Tipos de extradición Cuando se habla de extradición, se distingue entre la extradición activa y la extradición pasiva. Cuando se habla de extradición activa se está hablando de la extradición vista desde la perspectiva del país requirente. Por el contrario, cuando hablamos de extradición pasiva estamos hablando de la extradición vista desde el país requerido, es decir, desde aquél que debe analizar y resolver […]
De entre las medidas cautelares que un Juez puede dictar antes de que finalice un proceso judicial penal destaca, por su carácter excepcional, la prisión provisional. Recogida en el artículo 502 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la prisión provisional “sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional”. Con dicho redactado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal cumple con el llamado principio de ultima ratio o principio de intervención mínima. Es decir: que la prisión provisional sólo debería aplicarse cuando no existiera otra alternativa, algo sobre lo que el Consejo de Europa se reafirmó cuando, en su resolución 11/65, estableció que la prisión provisional debe ajustarse siempre a los siguientes principios: No debe ser obligatoria y la autoridad judicial tomará su decisión teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Debe ser considerada una medida excepcional. Debe ser mantenida cuando sea estrictamente necesaria y en ningún caso debe aplicarse con fines punitivos. La utilización de la prisión provisional con fines punitivos, de hecho, […]
En nuestro artículo “Eximentes, atenuantes y agravantes del delito” recogíamos los factores principales que, según indican los artículos 19 y 20 del Código Penal, podían servir para matizar la responsabilidad penal en caso de que se hubiera cometido un delito. En esta ocasión vamos a tratar de una de las causas que provocan la exclusión de la responsabilidad penal: el llamado error de prohibición. ¿Cuándo se produce lo que se llama error de prohibición? Cuando la persona que delinquió no sabía que lo estaba haciendo. Para que el error de prohibición quede probado, quien ha delinquido debe acreditar fehacientemente que, en el momento de delinquir, no sabía que el acto que estaba cometiendo estaba tipificado como delito. Como error de prohibición no puede considerarse aquel acto en el que el delincuente, pensando cometer un delito leve, comete uno grave. El Tribunal Supremo, por su parte, determinó en una sentencia dictada el 2 de febrero de 2004 que el acusado tampoco puede invocar el error de prohibición cuando ha cometido alguna infracción “de carácter natural o elemental, cuya ilicitud es notoria y evidente y de comprensión y constancia generalizada”. Es decir: que el acusado no podrá recurrir a la alegación de […]