Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2003/A035-03.htm
Timestamp: 2017-11-20 15:17:00
Document Index: 365042018

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1']

A035-03
Conflicto de competencia entre la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
1. El dieciséis (16) de octubre de dos mil dos (2002), el señor Diego Fernando Lopera Pérez interpuso acción de tutela contra la Nación, Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de sus menores hijos al mínimo vital, a tener una familia y a la educación. Situación que fue motivada por los varios traslados que le fueron ordenados como empleado de carrera.
2. Surtido el reparto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio por auto del diecisiete (17) de octubre de dos mil dos (2002), se declaró incompetente para conocer del trámite de tutela. Consideró la Sala que según el inciso 2º del numeral 2º del artículo 1º del decreto 1382 de 2000 (competencia para conocer de tutelas contra autoridades judiciales), la autoridad competente para conocer del asunto era la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
3. Remitido el expediente, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por auto del seis (06) de noviembre de dos mil dos (2002), resolvió promover conflicto negativo de competencia. Según la Sala Disciplinaria el Decreto 1382 de 2000 no era aplicable en este caso, por la siguientes razones: i) porque el referido decreto, al radicar la competencia del trámite de tutela cuando la autoridad demandada es Sala Jurisdiccional del Consejo Superior, desconoce la garantía constitucional de la segunda instancia (artículo 86 de la Carta), ii) porque la Corte Constitucional mediante auto del 26 de septiembre de 2000 inaplicó el Decreto 1382 por considerarlo inconstitucional, y iii) Porque el fallo del 18 de julio de 2002 de la Sección Primera del Consejo de Estado, que se pronunció sobre varias acciones públicas que se interpusieron contra el decreto 1382 de 2000, está referido únicamente al control de legalidad del decreto. En efecto, según los artículos 49 de la LEAJ y 237 de la Constitución, el control de constitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno, que no haya sido atribuido a la Corte Constitucional, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y no a una de sus secciones.
4. Mediante auto del trece (13) de diciembre de 2002, la Sala Penal del Tribunal de Villavicencio rechazó las consideraciones de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, aceptó el conflicto de competencia propuesto y ordenó la remisión de la actuación a la Corte Constitucional con el fin de que dirimiese el conflicto.
3.- Sin embargo, la Corte constata que este conflicto lo es tan sólo en apariencia. En efecto, la entidad demanda es la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, una entidad administrativa del orden nacional. Y no la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que es una autoridad judicial. Razón por la cual es aplicable el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, y no el inciso 2º del numeral 2º del artículo 1º, como equivocadamente afirma el Tribunal.
En efecto, el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, aplicable al caso, dice:
4.- En conclusión, teniendo en cuenta (i) que el actor dirigió la petición de tutela al Tribunal Superior de Villavicencio, (ii) que la norma aplicable es la del numeral 1º del artículo 1º del decreto 1382 de 2000 (competencia para conocer de tutelas interpuestas contra autoridades públicas del orden nacional), y (iii) que la entidad demandada es la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte ordenará a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, asumir de forma inmediata el conocimiento de la solicitud de tutela presentada por el señor Diego Fernando Lopera Pérez.
Ordenar a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, asumir de forma inmediata el conocimiento de la solicitud de tutela presentada por el señor Diego Fernando Lopera Pérez contra la Nación, Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Salvamento de voto al Auto 035/03
Referencia: expediente ICC - 612
Peticionario: Diego Fernando Lopera Pérez