Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2007/C-958-07.htm
Timestamp: 2017-10-23 04:24:46
Document Index: 23816693

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 189', 'artículo 209', 'artículo 241', 'artículo 167', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 241', 'artículo 8', 'artículo 294', 'artículo 293', 'artículo 294', 'artículo 16', 'artículo 160']

C-958-07
La Sala Plena identificó la existencia de un vicio de procedimiento en la formación en la ley, consistente en el incumplimiento del requisito del anuncio previo a la discusión y aprobación del proyecto de ley, para el caso del trámite en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Del mismo modo, concluyó que de acuerdo con la jurisprudencia aplicable a la materia y la instancia en que se había verificado, el vicio en comento era de naturaleza subsanable, por lo que era pertinente aplicar lo dispuesto en el parágrafo del artículo 241 C.P., por lo que el Congreso procedió a lo ordenado por la Corte, pero en su reenvío el Magistrado Sustanciador advirtió que esta remisión no cumplía con lo ordenado en el numeral tercero del Auto A-053/07, puesto que se había pretermitido el requisito de la sanción presidencial. Así, a través de providencia del 10 de julio de 2007, ordenó devolver el expediente legislativo a la Presidencia del Senado de la República, con el fin que lo remitiera al Gobierno Nacional, a efectos de su sanción y en concordancia con lo ordenado en el Auto A-053/07, cumplido el trámite, mediante comunicación del 10 de agosto de 2007, la Presidenta del Senado reenvió el expediente legislativo correspondiente a la Ley 1073/06, debidamente sancionada por el Presidente de la República.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a esta Corporación que la Convención sobre la Notificación de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, en adelante la Convención, no ha sido suscrita por el Estado colombiano debido a que es un instrumento internacional sujeto a adhesión. Igualmente, señaló que el Presidente de la República le impartió a la Convención aprobación ejecutiva el día 3 de septiembre de 2003. Al respecto se tiene que el objeto del control de constitucionalidad en esta instancia no ha concurrido, pues la suscripción del tratado se producirá conforme a la figura jurídica de la adhesión, la cual sólo se comprobará luego que esta Corporación perfeccione la revisión de su constitucionalidad y según las reglas que para la celebración de tratados por este medio disponen los artículos 11 y 15 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. En este sentido, como lo ha sostenido esta Corporación en asuntos similares, por sustracción de materia no es posible estudiar por parte de la Corte lo relativo a las facultades del Ejecutivo por la suscripción de la Convención, en la medida en que esta actuación se verificará sólo una vez se compruebe la constitucionalidad del instrumento internacional multilateral.
dentro del proceso de revisión de la Ley 1073 del 31 de julio de 2006, “por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial ” hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965”.
– Vínculos de parentesco, subordinación u otros, con el destinatario del documento
En primer término, el Ministerio aclaró que la Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, en adelante la Convención, fue fruto de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, organización intergubernamental que tiene como objetivo principal la unificación progresiva de las normas de esta rama del derecho, mediante la creación de instrumentos jurídicos multilaterales. Habida cuenta que el Estado colombiano no hizo parte de la mencionada Conferencia, la suscripción del Convenio se realizará bajo la figura de la adhesión, mecanismo que procederá “una vez concluyan los trámites de aprobación legislativa y de revisión constitucional; sin perjuicio de las facultades de la rama ejecutiva del poder público de hacerlo en cualquier tiempo de acuerdo con las facultades previstas en el artículo 189.2 de la Constitución Política, por ostentar la máxima dirección de las relaciones internacionales”.
En tercer término, frente al aspecto material de la Convención, el Ministerio interviniente afirma, a partir de la descripción de los artículos del tratado, que su contenido se aviene a los cánones constitucionales. Para sustentar esta conclusión, manifiesta que el objetivo del instrumento es “mejorar la asistencia judicial simplificando y acelerando el procedimiento para la notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y comercial”. En tal sentido, “establece los canales a través de los cuales debe formularse y atenderse o tramitarse las solicitudes; concede un término prudencial para quienes no pudieron ser notificados en su oportunidad respecto de una demanda o no ejercieron el derecho de defensa, para que soliciten la exoneración de la preclusión; prevé los costos de las diligencias y el mecanismo de solución de controversias”. Estas finalidades, en criterio del Ministerio, desarrollan distintos postulados constitucionales, entre ellos, el respeto a la soberanía nacional, el reconocimiento de los principios del derecho internacional, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 Superior.
Una vez realizado el estudio correspondiente, la Sala Plena identificó la existencia de un vicio de procedimiento en la formación en la ley, consistente en el incumplimiento del requisito del anuncio previo a la discusión y aprobación del proyecto de ley, para el caso del trámite en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Del mismo modo, concluyó que de acuerdo con la jurisprudencia aplicable a la materia y la instancia en que se había verificado, el vicio en comento era de naturaleza subsanable, por lo que era pertinente aplicar lo dispuesto en el parágrafo del artículo 241 C.P. En consecuencia, la Corte adoptó la decisión A-053/07, en la cual resolvió lo siguiente:
En cumplimiento de lo ordenado por la Corte y a través de oficio del 22 de junio de 2007, la Presidenta del Senado de la República envió a la Corte el expediente legislativo correspondiente al Proyecto de Ley No. 90/04 Senado – 236/05 Cámara “por medio del cual se aprueba la “Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial” hecha en La Haya el 15 de noviembre de 195”.
De esta manera, mediante comunicación del 10 de agosto de 2007, la Presidenta del Senado reenvió el expediente legislativo correspondiente a la Ley 1073/06, debidamente sancionada por el Presidente de la República el 2 de julio de 2007.
2.2.2.1. Para primer debate rindió ponencia el representante Jairo Martínez Fernández, cuya publicación se llevó a cabo en la Gaceta del Congreso 131 del 19 de mayo de 2006.[12]
2.2.3. Subsanación del vicio de trámite en la Cámara de Representantes
2.2.3.1. Como se indicó en el apartado IV de esta providencia, la Corte identificó la existencia de un vicio en el trámite legislativo, relacionado con el incumplimiento del requisito del anuncio previo a la discusión y aprobación del proyecto de ley, para el caso de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
Con el fin de subsanar dicha irregularidad y de acuerdo con lo ordenado por la Sala en el Auto 053/07, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sometió nuevamente a consideración el proyecto de ley, el cual fue discutido y aprobado en la sesión del 8 de mayo de 2007. Esto según lo certificado por la Secretaria General de la Comisión, en constancia de la misma fecha.[20]
Habida cuenta de que el vicio de procedimiento ocurrió antes de la votación del proyecto de la Comisión Constitucional Permanente de la Cámara, pero después de la publicación del proyecto para primer debate, la Corte no considera necesario la repetición de dicha publicación; basta que en una de las sesiones de la Comisión Constitucional se anuncie la votación del proyecto para que el día en que se pretender celebrar, recordándole a los Representantes el número de la gaceta en la que ha sido publicada la ponencia para primer debate o si es el deseo de la Presidencia de la Comisión, haciéndoles entrega de una copia de la ponencia. Entonces por lo tanto señor Presidente, nosotros deducimos que no hay necesidad de volver a nombrar ponente ni volver a hacer la publicación porque ha tenido plena validez señor Presidente.
Acláreme una cosa señora secretaria. La Corte no nos pide que discutamos otra vez el proyecto?
Hace uso de la palabra del honorable Representante Augusto Posada Sánchez:
Gracias Presidente, me queda clara la lectura que hizo la señora Secretaria de la petición que hace la Corte y queda como constancia entonces que la Corte no solicita debate, simplemente el anuncio del proyecto, gracias señor Presidente y que entonces quede como constancia que se solicitó si era pertinente nombrar ponente pero que de acuerdo a la interpretación que hace la Corte no se necesita ponente simplemente anuncia r el proyecto. Gracias señor Presidente.
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco; Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega.
Ponentes: honorable Senador Jesús Angel Carrizosa, Habib Merheg Marun y el honorable Representante Jairo Martínez Fernández.
Para dar cumplimiento al Auto número 53 del 28 de febrero de 2007. Leído señor Presidente.
Claro señor Presidente se designa ponente para segundo debate. Pero revisaré tal como usted me lo ordena señor Presidente, revisaremos la sentencia más concienzudamente.
No, concienzudamente no, conforme lo manda la Constitución y la ley. Queda hecho el anuncio queridos Parlamentarios, pero la verdad que esto requiere de un análisis serio, veo que no se ha hecho porque a raíz de la pregunta del Representante Posada nos queda la inquietud si hay que continuar con el trámite o con esto ya se soluciona el problema.
Claro Presidente, se continúa con el trámite por qué. Hay nulidad por decirlo así en un procedimiento desde el momento en que se anunció en forma indebida en la Comisión el proyecto de ley y él lo dice claramente; del tiempo para atrás del anuncio no hay ningún vicio de inconstitucionalidad es a partir del momento en que se hizo el anuncio, entonces lo que nosotros debemos y eso es lo que estamos nosotros acá sosteniendo es que a partir de ese momento es que debe reanudarse el trámite, obviamente señor Presidente, si se aprueba el proyecto hay que volver a nombrar ponente para segundo debate y realizarlo antes del 15 de junio de este año señor Presidente.
Siguiente punto del orden del día”[21]
Por último, finalizada la sesión, fue convocada “para el próximo martes a las 10:00 de la mañana”,[22] esto es, el 8 de mayo de 2007, fecha en la que efectivamente se efectuó el debate y aprobación de la iniciativa. Con base en esta constatación se tiene que la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes efectuó un debate material sobre la subsanación del vicio identificado por la Corte, en el que concluyó que el anuncio para la discusión y votación debía efectuarse, a fin que el procedimiento continuara dentro de la célula legislativa correspondiente. Así, realizó nuevamente el anuncio para la votación, esta vez ajustándose a las condiciones contempladas por la jurisprudencia constitucional, señaladas en el Auto 053/07.
2.2.3.2. Aprobado el proyecto de ley en primer debate, fue publicada la ponencia correspondiente para su trámite en plenaria de la Cámara de Representantes, como consta en la Gaceta del Congreso 197 del 18 de mayo de 2007.
2.2.3.3. Según lo certificado por el Secretario General de la Cámara de Representantes en informe de sustanciación,[23] el proyecto de ley fue considerado y aprobado en la sesión plenaria del 14 de junio de 2007,[24] subsanándose con ello el vicio de procedimiento identificado por la Corte en el Auto 053/07.
La constancia de la Representante Orsinia y anunciamos proyectos.
Subsecretaría, doctora Flor Marina Daza, informa:
Señor Presidente están leídos los proyectos para la próxima Sesión.
Se levanta la Sesión. Se cita mañana jueves 3:00 de la tarde.”[25]
Conforme a lo anterior, la Corte comprueba que la discusión y votación del Proyecto de Ley 236 de 2005 Cámara, 090 de 2004, fueron anunciadas para la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 14 de junio de 2007. Al respecto, debe resaltarse que aunque la mesa directiva de esta célula legislativa se limitó a “anunciar” los proyectos de ley para la próxima sesión, sin indicar expresamente la finalidad de dicho anuncio, la Corte considera que tal procedimiento ha sido validado por la jurisprudencia constitucional, amén que las normas aplicables al trámite legislativo imponen este deber únicamente para los propósitos del inciso final del artículo 167 C.P.[26]
2.2.4. La descripción del procedimiento surtido por el proyecto de ley, tanto en su trámite original como el de subsanación de los vicios identificado por esta Corporación en el Auto 053/07, permiten a la Corte concluir que la norma de la referencia es exequible desde su aspecto formal. En efecto, el proyecto de ley (i) inició su trámite en el Senado de la República; (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo; (iii) fue aprobado en primero y segundo debate en cada una de las cámaras legislativas, conforme con las mayorías exigidas por la Carta y el Reglamento del Congreso; (iv) las ponencias tanto en comisiones como en plenarias fueron publicadas antes de iniciarse los debates; (v) entre el primero y segundo debate en cada Cámara, así como entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra transcurrieron los términos señalados en el inciso primero del artículo 160 Superior y (vi) fue cumplido en cada una de las etapas del trámite legislativo el requisito del anuncio previo exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 C.P., subsanándose adecuadamente el defecto evidenciado en el Auto 053/07 para el caso del trámite de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
La Ley 1073 fue sancionada por el Presidente de la República el 31 de julio de 2006, remitiéndose para su estudio a la Corte el 8 de agosto del mismo año, a través de oficio suscrito por el Secretario Jurídico de la Presidencia,[27] cumpliéndose con ello el término de seis días al que refiere el artículo 241-10 de la Constitución.
En razón a que esta Corporación declaró la existencia de un vicio subsanable a través del Auto 053/07, se reenvío el expediente legislativo al Congreso para que rehiciera el trámite afectado con el vicio mencionado. Del mismo modo, en esta decisión se determinó que, en lo relativo a la sanción presidencial del proyecto de ley resultante de la subsanación, “en tanto se refiere al mismo acto aprobatorio sujeto a análisis, no contraerá el cambio en la identificación de la ley. En ese sentido, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al momento de ejercer la competencia prevista en el artículo 8º del Decreto 2719 de 2000, conservará el número de Ley 1073 del 31 de julio de 2006. Lo anterior debido a que, como lo ha sostenido esta Corporación,[28] la subsanación de un vicio en el trámite legislativo por parte del Congreso no contrae modificación alguna en lo relativo a la identificación nominal del proyecto y de la ley aprobatoria resultante.”
Mediante oficio radicado ante la Corte el 4 de julio de 2007[29] y una vez culminado el trámite de subsanación en el Congreso, la Presidenta del Senado remitió el proyecto de ley a la Corte para su revisión definitiva. Ante ello, el Magistrado Sustanciador, a través de auto del 10 de julio del mismo año devolvió el expediente legislativo, ya que había pretermitido el deber de someter a sanción presidencial el proyecto de ley materia de subsanación.
Así, el Secretario General del Senado remitió el proyecto de ley y sus antecedentes al Presidente de la República, quien sancionó la iniciativa el 25 de julio de 2007, conservándose tanto el número como la fecha originales de sanción de la Ley 1073 de 2006, documentos que fueron remitidos a la Presidencia del Congreso el 26 de julio de 2007.[30] Luego, mediante oficio radicado ante la Corte el 16 de agosto de 2007, la Presidenta del Senado envió la Ley sancionada junto con el expediente legislativo correspondiente.[31]
Del mismo modo, el mecanismo en comento constituye una herramienta adecuada para la realización del principio de publicidad, inherente al derecho fundamental al debido proceso. Sobre el particular, esta Corporación ha conferido un lugar central al mencionado principio dentro de la actividad judicial. Así, señaló que “el principio de publicidad en tratándose de la administración de justicia está obviamente vinculado al derecho de defensa y al debido proceso, pues si las decisiones judiciales no son públicas, los distintos sujetos procesales no pueden ejercer los derechos de contradicción y de impugnación. Por ello, esta Corporación ha señalado, en numerosas ocasiones, que el principio de publicidad es un componente del debido proceso y un mecanismo para asegurar el derecho de defensa. Precisamente, la Corte ha sostenido que "las decisiones que se adopten dentro de cualquier procedimiento deben ser puestas en conocimiento de los interesados", pues " la publicidad viene a ser garantía de imparcialidad y de operancia de los derechos de contradicción y de defensa, pues sólo quien conoce las decisiones que lo afectan puede efectivamente oponerse a ellas"[32]. || Con este propósito, el principio de publicidad se ha estructurado como un elemento trascendental del Estado Social de Derecho y de los regímenes democráticos, ya que mediante el conocimiento de las actuaciones judiciales y administrativas, y de las razones de hecho y de derecho que les sirven de fundamento, se garantiza la imparcialidad y la transparencia de las decisiones adoptadas por las autoridades, alejándose de cualquier actuación oculta o arbitraria contraria a los principios, mandatos y reglas que gobiernan la función pública[33].”[34]
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha reconocido la legitimidad de cláusulas de esta naturaleza, para el caso de instrumentos internacionales que confieren exenciones a organizaciones o misiones diplomáticas. Sobre este tópico, la sentencia C-315/04, que declaró la constitucionalidad de la Ley 824/03, aprobatoria de la Convención sobre las Misiones Especiales, estableció que las exenciones reconocidas a dichas misiones se ajustaban al precedente según el cual estos tratamientos preferenciales eran constitucionales, en tanto “fortalecen la autonomía e independencia de las representaciones diplomáticas y de las organizaciones internacionales, por lo cual “tienen pleno sentido en el contexto del derecho internacional público. Se trata de conceder, en condiciones de reciprocidad, ciertos privilegios fiscales y aduaneros, que se justifican plenamente tanto por la naturaleza de los organismos beneficiados como del interés público que reviste la función a ellos confiada por el conjunto de Estados que los crean”[35].”
Sin embargo, la validez constitucional de disposiciones de esta naturaleza debía contrastarse con la restricción prevista en el artículo 294 C.P., según la cual la ley no podrá conceder excepciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Ante este cuestionamiento, la sentencia C-315/04 puso de presente cómo la Corte, en una primera etapa, había declarado la constitucionalidad condicionada de las cláusulas de exención tributaria, en el entendido que sólo eran aplicables a los tributos nacionales.[36]
Empero, en evoluciones posteriores del precedente esta Corporación se inclinó a considerar que las previsiones sobre exención no estaban necesariamente sujetas a condicionamiento en cuanto a su constitucionalidad. [37] Para sustentar este aserto, la Corte partió de señalar que la restricción del artículo 293 C.P. responde a finalidades valiosas desde la perspectiva de la autonomía de las regiones, habida cuenta su utilidad en la conservación de los ingresos de las entidades territoriales. Por ende, resultaba razonable que esta restricción cobijara a los tratados internacionales, puesto que su incorporación al derecho interno se verificaba a través de leyes. No obstante, un análisis más detallado sobre la materia permitía identificar argumentos que hacen compatible la prohibición de exenciones a los tributos de propiedad de las entidades territoriales y la concesión de privilegios tributarios en leyes aprobatorias de tratados. Al respecto, la sentencia C-315/04 señaló lo siguiente:
“…un examen más atento muestra que la asimilación en este aspecto entre un tratado y la ley resulta excesiva, pues la garantía del artículo 294 está dirigida contra la posibilidad de que la Nación, en forma unilateral, y en virtud de una decisión legislativa, prive a las entidades territoriales de sus recursos. Es pues una garantía institucional contra una injerencia indebida del Estado central, que establecería unilateralmente exenciones a los tributos territoriales. Sin embargo, los tratados son actos complejos que no resultan de la simple voluntad del Estado central, ya que requieren el concurso de voluntad de otros sujetos de derecho internacional. En este caso, una eventual exención de los impuestos territoriales no surge de una voluntad unilateral de las autoridades centrales de limitar los recursos de las entidades territoriales sino que opera con otra lógica y otros propósitos; dicha exención únicamente pretende facilitar las relaciones internacionales y desarrollar principios del derecho internacional, como la reciprocidad. Y por ello, en ese caso, la exención es en principio válido porque persigue un propósito constitucional relevante. El interrogante que surge es entonces si la consecución de dicha finalidad de favorecer las relaciones internacionales, que tiene claro sustento constitucional (CP art. 226), puede ser armonizada con la garantía institucional que la Carta establece a favor de los recursos de las entidades territoriales (CP art. 294).
La Corte considera que esta rectificación y precisión jurisprudencial es válida y necesaria, en la medida en que logra una mejor armonización de los mandatos de los artículos 226 y 294 de la Carta, pues permite un desarrollo dinámico de las relaciones internacionales, sin afectar desproporcionadamente la autonomía financiera de las entidades territoriales.”
A juicio de la Corte, las normas analizadas confieren facultades suficientes para proteger, de un lado, el derecho al debido proceso del demandado y, del otro, la eficacia de los procedimientos judiciales. Nótese como la Convención insiste en la necesidad que se garantice la comparecencia del demandado al proceso judicial, al punto que sólo permite que se dicte sentencia de fondo en el caso correspondiente bajo el cumplimiento de condiciones precisas, todas ellas dirigidas al agotamiento de los procedimientos destinados a la notificación o traslado de la demanda. Del mismo modo, incluso ante la falta de comparencia del demandado luego del cumplimiento de dichos procedimientos, el instrumento internacional permite que el demandado reabra el proceso judicial, luego de proferirse sentencia, si demuestra fehacientemente que no tuvo posibilidad de conocer oportunamente el documento trasladado o notificado. En consecuencia, las disposiciones del tratado internacional no interfieren con la posibilidad que el demandado ejerza oportunamente el derecho de contradicción.
Como lo ha señalado esta Corporación en asuntos análogos, el ejercicio adecuado del derecho de defensa dentro de los procesos judiciales está supeditado a que los diferentes actos procesales sean debidamente notificados a los interesados. Al respecto, la jurisprudencia ha insistido en que “la notificación, en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada, así como que es un medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de la seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales. Así pues, en reiterada jurisprudencia la Corte ha resaltado la importancia que presenta la notificación en tanto que acto procesal encaminado a garantizar el ejercicio del derecho de defensa de quien debe acudir por ley a la contradicción del proceso, o de aquellas que deben realizarse por fuera del proceso para efectos contractuales, pues de su realización y con el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley depende la garantía del derecho de defensa.”.[38] Como se observa, las disposiciones del tratado refuerzan la necesidad de agotar todas las vías para lograr la notificación del escrito de demanda al interesado, estableciéndose la posibilidad de dictar sentencia de fondo sólo de forma excepcional y sujeta, en todo caso, a la retrotracción de sus efectos en los casos que el demandado demuestre los presupuestos fijados en el artículo 16 de la Convención.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la “Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial” hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965”.
Salvamento de Voto a la Sentencia C-958/07 del Magistrado JAIME ARAUJO RENTERIA
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1073 del 31 de julio de 2006, “por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial” hecha en la Haya el 15 de noviembre de 1965”
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito salvar mi voto a la presente decisión, por cuanto considero que en la plenaria de la Cámara de Representantes se incurrió de nuevo en un vicio de procedimiento en la repetición del anuncio previo de la discusión y votación del proyecto de ley que nos ocupa, tal y como lo exige el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política, vicio de forma que a mi juicio, no es subsanable y determina la inconstitucionalidad de la Ley 1073 de 2006.
[12] Cfr. Folios 101 (reverso) a 102 del cuaderno de pruebas 3. Sobre esta etapa del trámite legislativo, debe advertirse que el congresista ponente Jairo Martínez Fernández ejercía su investidura en razón de su elección por la circunscripción internacional para la Cámara de Representantes. Al respecto, la sentencia C-665 del 16 de agosto de 2006 declaró inexequible con efectos retroactivos el Decreto 4766 del 30 de diciembre de 2005, “por el cual se reglamenta la Circunscripción Internacional para la Cámara de Representantes.”. No obstante, como lo declaró recientemente la Corte en la sentencia C-931/07, esta circunstancia, aunque es irregular, no afecta la constitucionalidad del procedimiento legislativo. Ello en tanto la preservación del principio democrático obliga a que otorgue carácter prevalente a las decisiones adoptadas por las mayorías parlamentarias. Acerca de este tópico, la sentencia en comento indicó, en un asunto análogo al presente, que “la legitimidad del procedimiento de aprobación de la Ley 1017 no se vio afectada por la participación del representante Vives en dicho trámite pues el principio democrático imponía conferir preponderancia a la voluntad de la Plenaria que, en este caso, se manifestó unánimemente a favor de la aprobación del proyecto de ley. En este sentido, el voto del representante por la circunscripción internacional no fue decisivo para la configuración de la voluntad legislativa, por lo que la aprobación del proyecto habría sido un hecho, incluso si el representante no hubiera participado en ella.”
[20] Cfr. Folios 283 a 286 del cuaderno 2.
[21] Cfr. Gaceta del Congreso 359 de 2007, págs. 24-25. Folios 250-251 del cuaderno principal.
[22] Ibídem, pág. 28. Folio 254 del cuaderno principal.
[23] Cfr. Folio 324 del cuaderno 2.
[24] Publicada en la Gaceta 380/07.
[25] Cfr. Gaceta del Congreso 358 de 2007. Págs. 59-60.
[26] Sobre la materia, Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-1040/05, C-830/07, Auto 053/07.
[27] Cfr. Folio 1-2 del cuaderno principal.
[28] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-863/06 y auto A-018/07. Sobre el tema particular de la doble numeración de las leyes, luego de la subsanación de un vicio de trámite, la citada sentencia estipuló lo siguiente:
[29] Cfr. Folio 364 del cuaderno 3.
[30] Cfr. Folio 383 del cuaderno 3.
[31] Cfr. Folio 187 del cuaderno principal.
[32] Sentencia C-555 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[33] De allí que J. Bentham sostuviese que: "la publicidad es el alma de la justicia" y que, en la actualidad, exista la marcada tendencia a la plena oralidad de los juicios penales como medio indispensable para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los inculpados alrededor de los conceptos de contradicción, eficiencia y celeridad.
[34] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-641/02.
[35] Sentencia C-137 de 1996. MP Eduardo Cifuentes Muñoz, Fundamento 37, criterio reiterado en la sentencia C-442 de 1996, fundamento 6.
[36] Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-160/00 y C-1333/00.
[37] Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-253/03 y C-255/03.
[38] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-670/04. En esta sentencia, la Corte analizó la constitucionalidad de algunas disposiciones relacionadas con la notificación en procesos civiles, específicamente de restitución de inmueble arrendado.