Source: https://es.scribd.com/document/251118415/Audiencia-de-Acusacion-y-Preparatoria
Timestamp: 2019-04-18 10:44:58
Document Index: 267713605

Matched Legal Cases: ['artículo 339', 'artículo 288', 'artículo\n11', 'artículo 337', 'artículo 339', 'artículo 337', 'artículo 448', 'artículo 37', 'artículo 230', 'artículo 50', 'artículo 139', 'artículo 4', 'artículo 29', 'Artículo 6', 'Artículo 5', 'artículo 29', 'artículo 360', 'artículo 250', 'Artículo 115', 'artículo 2', 'Artículo 12', 'Artículo 15', 'artículo 125', 'Artículo 8', 'artículo 125', 'artículo 142', 'artículo 337', 'artículo 344', 'artículo 338', 'artículo 337', 'artículo 346', 'artículo 344', 'artículo 337', 'artículo 344', 'artículo 344', 'artículo 344', 'artículo 10', 'artículo 344', 'artículo 346', 'artículo 5', 'artículo 346', 'artículo 457', 'artículo 344', 'artículo 337', 'artículo 337', 'artículo 344', 'artículo 344', 'artículo 356', 'artículo 356', 'artículo 344', 'artículo 344', 'artículo 339', 'artículo 132', 'artículo 346', 'artículo 125', 'artículo 79', 'artículo 250', 'artículo 284', 'artículo 344', 'artículo 356', 'artículo 342', 'artículo 327', 'artículo 59', 'artículo 331', 'artículo 340', 'artículo 358', 'artículo 357', 'artículo 250', 'artículo 357', 'artículo 357', 'artículo 230', 'artículo 357', 'artículo 251', 'artículo 339', 'artículo 25', 'artículo 236', 'artículo 373', 'artículo 207', 'artículo 404', 'artículo 375', 'artículo 403', 'artículo 10', 'artículo 379', 'artículo 381', 'artículo 360', 'artículo 376', 'artículo 438', 'artículo 356', 'artículo 359', 'artículo 29', 'artículo 359', 'artículo 455', 'artículo 29', 'artículo 362', 'artículo 250']

Contenido Derecho Procesal Penal Parte Dos
2Magdo Luna Castro.pdf
Proceso Nº 34022
Aprobado Acta Nº 193
Bogotá D. C., ocho (8) de junio de dos mil once (2011).
A su turno, el acto de formulación de acusación, en estricto sentido, es el paso
subsiguiente, previo y necesario para dar inicio al juzgamiento del imputado en
un debate oral, público, contradictorio, concentrado y con inmediación de las
pruebas que sustentan, de una parte, los hechos jurídicamente relevantes cuya
ejecución (por acción u omisión) la Fiscalía atribuye al sujeto pasivo de la
acción penal, y por otra, cuando sea del caso, aquéllas en las que encuentra
respaldo la oposición o réplica del procesado a los hechos atribuidos en los que
se predica su responsabilidad.
Con el fin de asegurar que esa etapa se adelante con sujeción a esa dinámica,
con total respeto de las garantías fundamentales del procesado y en general
del debido proceso, la respectiva legislación le impone a la Fiscalía General de
la Nación las siguientes obligaciones al presentar por escrito la acusación: i)
individualizar en forma concreta y completa al acusado, con indicación del
nombre y demás datos que sirvan para identificarlo; ii) consignar una relación
clara y sucinta, en lenguaje comprensible, de los hechos jurídicamente
relevantes; iii) señalar el nombre y lugar de citación del abogado, contractual o
provisto por el Estado, que representa técnicamente al procesado; y iv) indicar
las pruebas que pretende hacer valer en el juicio para acreditar los extremos
personal, fáctico y jurídico de la acusación. Tales requisitos para surtir efectos
sustanciales vinculantes deben formalizarse en audiencia pública ante el juez
de conocimiento, en presencia del acusado, si éste no renuncia ello, y de su
defensor cuya asistencia es obligatoria (Ley 906 de 2004, artículos: 8, 336,
numerales 1, 2, 3 y 5, y artículo 339).
10.3. Al confrontar los condicionamientos que la ley impone a los referidos
actos de imputación y acusación, puede advertirse que en cuanto a la
preservación de la estructura conceptual del proceso y el derecho de defensa,
son comunes en ambos las exigencias relativas a la inequívoca
individualización del procesado (imputado-acusado), así como la de señalar en
forma expresa (oral-escrita) los hechos de connotación jurídica que hacen
posible concretar una u otra actuación.
Lo primero guarda relación con la conformidad o uniformidad que debe existir
acerca de la persona determinada como sujeto pasivo de la acción penal tanto
en la imputación como en la acusación (y obviamente en la sentencia).
Y lo segundo, esto es, los “hechos jurídicamente relevantes” (Ley 906 de 2004,
artículo 288-2 y 337-2), implican un condicionamiento dual: de una parte, la
precisión inequívoca del comportamiento humano (de acción u omisión)
determinado por circunstancias de modo, tiempo y lugar, atribuido como obra
del imputado o del acusado, según sea el caso; y de otra, la ponderación o
juicio de valor de esa base fáctica concretada en la atribución de las normas
penales sustantivas en las que halla adecuación tal conducta.
La cabal satisfacción de esa segunda exigencia en su doble connotación resulta
de significativa importancia, toda vez que debido a la estrecha relación entre el
derecho penal sustancial y el de naturaleza adjetiva, éste únicamente puede
ocuparse de la investigación de conductas previamente definidas en la ley
como delictivas, razón por la cual desde el acto de formulación de imputación
es esencial el cariz jurídico de los hechos con base en los cuales la Fiscalía
ejercita su derecho de poner en movimiento el aparato judicial.
Consecuente con lo anterior, resulta indiscutible que la Fiscalía General de la
Nación, a través de sus delegados, tanto en el acto procesal de formulación de
la imputación como en el de la acusación, tiene la obligación de expresar los
hechos jurídicamente relevantes, de manera precisa y clara con el fin de que el
procesado y su asistencia técnica conozcan sin asomo de duda el concreto
comportamiento (de acción u omisión) acaecido en el mundo real y la manera
como el mismo se acomoda en los preceptos que definen la hipótesis normativa
constitutiva del delito endilgado (relativos, entre otros aspectos, a formas de
participación, modalidad de ejecución, circunstancias de agravación o
atenuación, etc.) y las correspondientes consecuencias (naturaleza y magnitud
de las sanciones a imponer).
El cumplimiento estricto de ese requisito, como ya se advirtió, asegura el
eficaz y efectivo ejercicio del derecho de defensa, pues el conocimiento claro
de los hechos de connotación jurídico-penal atribuidos y sus correspondientes
consecuencias, permite que debido a esa comprensión, desde la imputación,
libre y voluntariamente pueda el procesado allanarse voluntariamente a los
cargos o preacordar o negociar con la Fiscalía la aceptación de responsabilidad
frente a los mismos con miras a lograr una rebaja de la pena, o continuar el
trámite ordinario para discutir en el juicio los supuestos fácticos
condicionantes de la hipótesis delictiva allegando pruebas en su favor o
controvirtiendo las que se aduzcan en su contra.
Con ocasión de la entrada en vigencia del sistema de enjuiciamiento diseñado
en la Ley 906 de 2004 (en consideración, entre otros, de los principios:
acusatorio, según el cual no hay proceso sin acusación proferida previamente
por un órgano independiente, igualdad de armas o de partes, cuya función es
moderar el ejercicio del ius puniendi para que la Fiscalía y la defensa cuenten
con las mismas facultades y prerrogativas, y el derecho de defensa), la Corte
ha sido reiterativa1 en precisar que la obligación de formular la imputación, la
presentación de preacuerdos o negociaciones y la acusación, con todos los
factores que incidan en el grado del injusto redunda en la efectiva
preservación de la garantía de congruencia (elemento sustancial tanto del
debido proceso como del derecho de defensa), de acuerdo con la cual “El
acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la
acusación, ni por delitos por los cuales no se haya solicitado condena” (artículo
11. La formulación de acusación propiamente dicha, esto es, aquella actuación
posterior a la imputación, sin que haya mediado allanamiento, preacuerdo o
negociación de responsabilidad, es por excelencia en la sistemática procesal
penal de la Ley 906 de 2004 (como igual ocurría en las legislaciones procesales
anteriores) el acto fundamental del proceso dado que tiene por finalidad
garantizar la unidad jurídica y conceptual del mismo, delimitar el ámbito en
que va a desenvolverse el juicio y, en consecuencia, fijar las pautas del
proceso como contradictorio.
Cfr. Entre otras, sentencias de casación del 28 de febrero y 27 de julio de 2007, radicaciones 26087 y 26468
De ahí que en reciente pronunciamiento la Sala haya precisado que ese “acto
complejo” de acusación “como pliego concreto y completo de cargos, resume
tanto la imputación fáctica como la imputación jurídica con miras a que a
través de dichas concreciones se permita al acusado conocer los ámbitos y
alcances exactos de la acusación, y a partir de estos ejercer el derecho de
defensa”2.
Se afirmó en la citada decisión que se trata de un acto complejo, porque el
mismo está compuesto por la presentación del escrito de acusación, cuyo
contenido está expresamente regulado en la respectiva ley (artículo 337) y se
integra con los desarrollos de la audiencia de formulación (artículo 339),
durante la cual puede aclararlo, adicionarlo o corregirlo motu proprio la Fiscalía
de manera amplia en cuanto los hechos jurídicamente relevantes (conservando
desde luego el mismo marco naturalístico de la imputación), o a petición de
parte o del Ministerio Público, constituyendo de esa forma un acto material
complejo, único y unívoco en el que “se concreta la imputación de una
conducta con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la
especifiquen, hechos3 que corresponden a la imputación fáctica en la cual se
integran las formas de autoría o participación, atenuantes y agravantes
genéricas o específicas, con referencia a un tipo (o tipos) básico, especial o
alternativo, esto es, las adecuaciones normativas que corresponden a la
imputación jurídica”4.
Y en el mismo pronunciamiento se explicó que ese carácter complejo del acto
de acusación obedecía a:
“una doble connotación, de una parte, constituye un acto jurídico
insoslayable, en tanto que en el sistema acusatorio no puede existir
ningún juzgamiento sin previa acusación, sin que medie un acto en el
cual se fije con absoluta claridad la imputación fáctica y jurídica (hechos
y delitos) que deben ser completas, no dilógicas, ambiguas o
anfibológicas, que se atribuyen a una determinada persona, y de otra
parte, es un acto jurídico sustancial.
”En efecto, es sustancial pues aquella es el segundo espacio procesal en
donde al acusado se le da a conocer de manera concreta las
imputaciones referidas a fines de enfrentar el compromiso penal en la
etapa del juicio oral, y es expresión de seguridad jurídica en orden a una
sentencia congruente.
Cfr. Sentencia de 16 de marzo de 2011, radicación Nº 32685.
“Lo precedente implica (i) que el aspecto fáctico en la acusación como jurídicamente relevante es el único
que debe soportar la condena, a tono con el material probatorio allegado por las partes, a fin de que le
impriman eficacia a los hechos como a la responsabilidad penal; desde luego si el ente Fiscal no es
consecuente en sus intervenciones con la imputación o no logra acreditarla en el juzgamiento, campea la
inocencia del procesado, (ii) con el escrito de acusación se identifica la congruencia, el que –además- abarca
los actos procesales posteriores, en una clara correspondencia jurídica, que finaliza con la intervención de
las partes en los alegatos finales y (iii) tanto los hechos como lo jurídico debe ser de contenido elemental,
claro, diáfano, que no exista duda sobre los acontecimientos relevantes ni en lo concerniente con las
conductas punibles o las circunstancias –si las hay- de menor punibilidad; específicas o genéricas que
inciden en la dosimetría penal.
”Es desde luego una perspectiva jurídico lineal de corte sustancial, en donde la mixtura de los vocablos
―hechos‖ y delitos‖, marcan la pauta de coherencia entre las decisiones (que jamás podrán estar en choque
hermenéutico) emanadas de la fiscalía y los falladores. El ente acusado debe respetar contenido normativo
expuesto en el artículo 337 de la Ley 906, plasmando con claridad cada uno de los presupuestos que allí se
requieren, en especial aquellos que identifican de manera exacta los hechos jurídicamente relevantes, para a
partir de ahí, garantizar el derecho a la defensa y, por ende al debido proceso, en toda su extensión
cognoscente”. Sala de Casación Penal, sentencia de 15 de mayo de 2008, Radicado 25.913.
en primera o segunda instancia. ya citada) y 4 de mayo siguiente (radicación Nº 32370). detallada y circunstanciada. con lo cual se quiere significar que ella debe contener de manera expresa las normas que ameritan la comparecencia ante la justicia de una persona. No ocurre lo mismo tratándose del aspecto jurídico o imputación jurídica actualizada en el acto complejo de acusación. contradicción y congruencia. sino que “por el contrario hace apertura en sus alcances hacia un comportamiento que haga parte del mismo nomen iuris y que desde luego sea de menor 5 “La congruencia se debe predicar. (ii) la acusación debe ser completa desde el punto de vista jurídico (el que. 6 Entendiendo que corregir significa enmendar lo errado.”La acusación como eslabón del debido proceso penal es insalvable en el procedimiento ordinario. materiales y sustanciales en orden a la congruencia entre lo atribuido en aquellos y lo derivado en la sentencia” (subrayado ajeno al texto). y adicionar implica añadir una parte o un complemento a algo. y exigir. los respectivos funcionarios están insalvablemente condicionados por el extremo personal y fáctico expuesto en forma diáfana y precisa. en el sentido de que “El acusado no puede ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación”. radicaciones 26468. Esto implica (i) que el aspecto fáctico mencionado en la acusación sí y sólo si es el que puede ser tenido en cuenta por el juez al momento de dictar sentencia. Necesario es aclarar que si bien es cierto en la providencia rememorada se adujo igualmente que el acto complejo de acusación se extendía o comprendía también “el alegato final en el juicio oral”. pues en guarda de los principios de imparcialidad. aclaraciones o adiciones puntualizadas en la audiencia de formulación6. de la cual se pueden apartar los jueces cuando se trate de otro delito del mismo género y de menor entidad como efectivamente así lo ha planteado la jurisprudencia de esta Sala7 y lo reafirmó en las sentencias de 16 de marzo del año en curso (radicación Nº 32685. fallos de casación de 27 de julio de 2007. en el escrito de acusación. dada su innegable relación con lo aquí debatido. al juez no le quedará otro camino que el de resolver el asunto de manera contraria a las pretensiones de la acusadora. so pena de trasgredir el perentorio y expreso mandato contenido en la primera parte del artículo 448 de la Ley 906 de 2004. Si la prueba demuestra que los hechos no se presentaron como los relata la Fiscalía en el escrito de acusación. radicación Nº 26309. de modo que en tales momentos la Fiscalía debe precisar los artículos del Código Penal en los que encajan los hechos narrados. mutación que en todo caso no puede resultar perniciosa o en desmedro de la situación del procesado. tanto de los elementos que describen los hechos como de los argumentos y las citas normativas específicas. (subrayados ajenos al texto). sin perjuicio de que con ocasión de la dinámica probatoria en el juicio algunas circunstancias o elementos no esenciales puedan variar. toda vez que el hecho o núcleo fáctico que restringe la acusación queda establecido de manera inmodificable una vez se delimita en el respectivo escrito y en la subsiguiente audiencia de formulación. determinando el cambio o modificación de la valoración jurídica. tal aseveración debe entenderse relativizada única y exclusivamente a la imputación normativa (conforme así ya lo había definido la jurisprudencia5). debiéndose entonces comprender que ese extremo no se circunscribe de manera exclusiva y excluyente a la denominación específica referida por el ente acusador. y así mismo. se extiende hasta el alegato final en el juicio oral). como en la sentencia anticipada (arts. aclarar es disipar o quitar lo que ofusca la claridad o transparencia de algo. 293 y 352 ejusdem). Un aspecto más es necesario puntualizar antes de abordar la solución del caso concreto. 28649 y 30838. respectivamente. Entre otros. Cfr. bien en la audiencia de imputación o bien en los momentos de la acusación. 7 Cfr. o con las correcciones. . en aras de la precisión. Sentencia de 25 de abril de 2007. 3 de junio y 31 de julio de 2009. e incluso en sede de casación. de suerte que so pretexto de esas actividades no se puede en la audiencia de formulación de acusación desconocer el núcleo fáctico naturalístico de la imputación. al momento de emitirse sentencia. tarea que debe hacerse con el debido cuidado para que de manera expresa se indiquen el o los delitos cometidos y las circunstancias específicas y genéricas que inciden en la punibilidad”. lo cual implica que la aceptación de la imputación y acusación constituyen los referentes formales.
siempre y cuando. para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes. oscuridad o ambigüedad de las normas aplicables”9. mantenga la identidad con la plataforma fáctica de la conducta punible endilgada en el pliego de cargos y no sobrepase el límite punitivo expresado en la pretensión sancionadora de la Fiscalía. y al respecto coinciden en señalar: “Como conclusión.pdf. y en su defecto la doctrina constitucional. como “Venite ad factum. que el fallador.com. Queda excluido el aspecto jurídico no obstante ser 8 La regla se conoce por su texto en latín. y al juez. pues empezando porque tiene arraigo en la Constitución Política en la que de manera lapidaria está previsto que “Los jueces. debe aclarar aquí la Sala que una tal facultad del fallador encuentra asiento o respaldo en un antiguo postulado o aforismo que es anejo al derecho procesal de corte dispositivo o adversarial. Los tratadistas en materia de garantías procesales en la esfera penal también reconocen la operatividad del comentado aforismo. en sus providencias. y según la cual a las partes corresponde aportar los hechos motivo de controversia.pensamientopenal. la costumbre y las reglas generales de derecho sustancial y procesal”. a la vez que los distingue con exactitud”.ar/cdcongreso/ponen11. dicho mandato se encuentra desarrollado en diversos ordenamientos procesales.pdf. puede seleccionar la hipótesis penal del repertorio normativo que encuentre más ajustada a la realidad que presenta el caso. o aquélla sea oscura o incompleta. Es del cumplimiento de ese deber-facultad. prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos.com. En ese sentido consultar los artículos publicados en las siguientes direcciones electrónicas: www. www.petruzzosc.2. 12. La aludida regla doctrinal en manera alguna resulta extraña al ordenamiento jurídico colombiano. silencio. 9 De manera semejante el Código de Procedimiento Civil en su artículo 37. de conformidad con la ley.ar/articulos/Iura%20novit%20curia. sólo están sometidos al imperio de la ley” (artículo 230). y acerca de la misma temática el Código de Procedimiento Laboral señala lo siguiente en su artículo 50 “El Juez … podrá ordenar el pago de salarios. cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados. “Contiene armoniosamente y en pie de igualdad el dominio de las partes —aportación de hechos en el proceso— y el del juzgador —aplicación del derecho al sentenciarlo—. . o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto. cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador. resolver la contienda con base en el derecho aplicable al asunto. aun con prescindencia del invocado por aquéllas8. como el civil y el laboral. Además. Curia iura novit” y en su versión reducida como “iura novit curia”. Empero.1. y en los siguientes términos en el Código de Procedimiento Penal para el sistema acusatorio (Ley 906 de 2004). www. y siempre que no hayan sido pagadas”. 12. relativo a los “Deberes del juez” prevé “Decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido. de acuerdo con los hechos puntualizados en la acusación y concretados en el juicio luego del debate probatorio.entidad… siempre y cuando los hechos constitutivos del delito menor hagan parte del núcleo fáctico contenido en la acusación”.scielo. deficiencia. atendida su obligación de conocer y respetar la ley. contradicción. la sentencia debe basarse en los actos del debate (plenario) que tengan conexión directa con el ámbito fáctico de la acusación. el de: “5. Decidir la controversia suscitada durante las audiencias para lo cual no podrá abstenerse so pretexto de ignorancia. características que con menor y mayor intensidad irradian la sistemática acusatoria diseñada en la Ley 906 de 2004. en su versión amplia. al consagrar entre los “Deberes específicos de los jueces” señalados en su artículo 139. claro está.pdf. “La expresión establece con nitidez la actividad de las partes en cuanto a la aportación de hechos y la del juez en relación con la aplicación del derecho”.cl/pdf/iusetp/v13n2/art15.
EDUARDO M. La conclusión jurídica del acusador se exige para la efectividad del amplio contradictorio. Pág. El descubrimiento probatorio participa en modo significativo del talante adversarial de los sistemas acusatorios. entre ellos el colombiano. anota lo siguiente: 10 Claría Olmedo. cuya caracterización de proceso de partes no es absoluta. al derecho lo conoce en toda su amplitud. Bogotá. Jauchen. Ob. Fundamentos Teórico Constitucionales del Nuevo Proceso Penal. y Picó i Junoy. sin estar vinculado al ámbito de las conclusiones jurídicas del acusador y menos a las de la defensa. para respaldar su teoría del caso. negar o complementar con elementos circunstanciales excluyentes o atenuantes de la responsabilidad. JORGE A. . también tiene libertad el tribunal para obtener de él las consecuencias jurídicas que estime corresponder.3 Marco jurídico conceptual descubrimiento probatorio relativo al proceso de 1. según lo ha difundido prolijamente en la jurisprudencia y la doctrina. páginas 371-372.manifestación del objeto procesal concretado. Oscar Julián. 292. en su texto sobre Fundamentos Teórico Constitucionales del Nuevo Proceso Penal11. exhiban o pongan a disposición de la contraparte todas las evidencias y elementos probatorios de que dispongan. Cit. Ob.el tratadista colombiano GUERRERO PERALTA. que consiste en que la Fiscalía y la defensa suministren. insistimos. 11 GUERRERO PERALTA. C.1 Es de la esencia del sistema acusatorio colombiano.3. En lo jurídico. salvo circunstancias que favorezcan al imputado. Ediciones Nueva Jurídica. o sea el orden jurídico integralmente constituido” 10. JOAN... 25 Bogotá D. Fijado el hecho. 2007. no hay correlación. Sobre aquella institución procesal -el descubrimiento probatorio. veintiuno (21) de febrero de dos mil siete (2007) 1. Página 68. páginas 243-244. Proceso No 25920 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente JAVIER ZAPATA ORTIZ Aprobado Acta No. el tribunal tiene libertad para concluir sobre su existencia total o parcial a través de la valoración de las pruebas introducidas en el plenario (debate). Cit. y anuncien todas las pruebas cuya práctica solicitarán para ser llevadas a cabo en el juicio oral. ”Conclusión: el tribunal conoce el hecho congruentemente con la pretensión acusatoria. el descubrimiento probatorio. ”Frente al hecho cuya fijación en concreto pide la acusación. Ob. El iura curia novit es admitido sin discusión en derecho procesal penal. 2ª Edición. y que la defensa pudo reconocer. Cit. .
de rango constitucional.de la Ley 906 de 2004). Ley 906 de 2004. iv) Legalidad15. ii) Igualdad13. según el cual. iii) Imparcialidad14. con la finalidad de que puedan desempeñarse en el mismo plano o nivel. la defensa por un abogado. las evidencias y elementos probatorios aducidos por la otra.3. Pero tal prerrogativa no se agota en el simple conocimiento previo. si conviene a sus intereses. artículo 4°. Su objetivo se cifra en evitar que se introduzcan pruebas en sede de juzgamiento sobre las cuales no se pueda conformar un contradictorio adecuado. pues los datos históricos informan que sólo hasta los años sesenta aparece en la discusión doctrinal de los Estados Unidos de América.2 El descubrimiento probatorio se relaciona directamente con los principios que a continuación se mencionan y cuya vigencia reafirma: i) Debido proceso12. bien para impugnar la pertinencia o el poder de persuasión.“El „descubrimiento‟ ha sido un instituto propio del proceso angloamericano y en realidad su introducción en el proceso penal es reciente. que impone a los Jueces el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia. aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas. El „discovery‟ intenta facilitar a las partes la adquisición del conocimiento de las fuentes elementos de prueba que posee cada una de ellas para el concreto desarrollo del juicio oral. en segunda instancia o en sede de casación es factible aplicar la regla de exclusión. Por lo tanto es un medio de equilibrio entre las partes para un correcto ejercicio del contradictorio y obviamente del derecho a la defensa.” 1. sino que confiere a cada parte la potestad de “utilizar”. el derecho que asiste a la Fiscalía para conocer de cuáles evidencias y elementos probatorios se servirá la defensa. aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en el Código de Procedimiento Penal. el derecho de presentar y controvertir pruebas. y por la necesidad de observar las formas propias del juicio. 12 Constitución Política. que si llegare a practicarse una prueba que no fue descubierta y pese a ello se utiliza como fundamento de la sentencia. Se concreta en la denominada igualdad de armas. artículo 29. que incluye para el sindicado el juzgamiento con la observancia de la plenitud de las formas del juicio. Tan es así. 15 Artículo 6° ibídem. que se presenta en desventaja frente a la Fiscalía que ha contado con todas la prerrogativas y medios para investigarlo. en tanto corresponde a los servidores judiciales hacerla efectiva para los intervinientes en desarrollo de la actuación. incluyendo los que se han practicado. y a la exclusión las pruebas obtenidas con violación del debido proceso. en cuanto el descubrimiento es uno de los parámetros que condiciona la pertinencia y el decreto de la prueba por parte del Juez. siendo indispensable para ello que el Juez de conocimiento asuma una actitud positivamente dirigida a que el descubrimiento probatorio sea lo más completo posible. consistente el derecho que tiene la defensa de conocer las evidencias y elementos probatorios que la Fiscalía utilizará para la acusación. sobre todo para el acusado. 13 . o bien para respaldar su propia teoría. y a la vez. 14 Artículo 5° ibídem. el Juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilegales. por mandato constitucional (artículo 29 de la Carta) y de la ley (artículo 360 –prueba ilegal.
incluidos los que sean favorables al procesado. El último inciso del artículo 250 de la Carta. queda sujeto a la obligación del descubrimiento íntegro y oportuno de las mismas. 19 Artículo 115 ibídem. como lo dispone el inciso segundo de esta norma: “Para garantizar plenamente este derecho. en el caso de formular acusación la Fiscalía General de la Nación deberá. suministrar todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia. Sin embargo. por conducto del juez de conocimiento. 17 . inclusive los que sean favorables al acusado. pues el imputado y con mayor razón el acusado. modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 03 de 2002. Sobre ese particular. 1. disponiendo para ello de un tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa.3. evidencias física e informaciones de que tenga noticia la Fiscalía General de la Nación. Artículo 12 ibídem. claro está.v) Defensa16.3 Es preciso tener en cuenta que la defensa no está obligada a presentar prueba de descargo ni contraprueba (numeral 8°. Implica que el descubrimiento probatorio se haga en forma completa e integral. así como a intervenir en su formación. cuando el defensor pretenda hacer valer pruebas en el juicio. que obliga a la Fiscalía a adecuar su actuación a un criterio transparente. bajo el entendido que todos los que intervienen en la actuación tienen el deber de obrar con buena fe. Siempre quedan a salvo. estipula que es atribución de la defensa: “En el evento de una acusación.3. expresa: “En el evento de presentarse escrito de acusación. 18 Artículo 15 ibídem. el derecho a la no autoincriminación y la información privilegiada ente el acusado y su defensor.” vi) Lealtad17. por conducto del juez de conocimiento.” Con idéntica redacción. el numeral 3° del artículo 125 de la Ley 906 de 2004. que introdujo el sistema acusatorio. incluidos los que sean favorables al procesado. que trata sobre los deberes específicos de la Fiscalía. en cuya virtud. viii) Objetividad19. De ahí que el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía debe incluir aquellas que pudieren resultar favorables a la defensa. conocer y controvertir las pruebas. tiene derecho a solicitar. 1. el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar. ajustado jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución Política y la ley. las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas. 16 Artículo 8° ibídem. para evitar que la contraparte sea sorprendida con evidencias y medios probatorios que no pudo conocer con razonable antelación. Y concretamente. artículo 125 de la Ley 906 de 2004). vii) Contradicción18.4 El descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía es un deber de estirpe Constitucional. el numeral 2° del artículo 142 del Código de Procedimiento Penal. se refiere al suministro de todos los elementos y evidencias. conocer en su oportunidad todos los elementos probatorios.
y además. . Tal eventualidad se presenta. preservando siempre la garantía de contradicción y con el tiempo que razonablemente estime necesario. en desarrollo de la norma Superior. De otro lado. Ley 906 de 2004.” (se subraya) El Código de Procedimiento Penal. quien “oídas las partes y considerando el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio. la Fiscalía está obligada anunciar desde el escrito de acusación.3. y iii) en desarrollo de la audiencia preparatoria (artículos 356 y 357 ibídem). el numeral 5° del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. iii) Si ocurriere que durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física “muy significativo que debiera ser descubierto”. los elementos que pudieren resultar favorables al acusado. decidirá si es excepcionalmente admisible o si bebe excluirse esa prueba” (inciso final del artículo 344 ibídem). como anotó. los datos para la localización de los testigos de cargo y de descargo. es de esperarse que la defensa realmente acceda al escrito de acusación y sus anexos antes de realizarse la audiencia de formulación de acusación (artículo 338 ibídem). en los artículos 15 (principio de contradicción) y 142 (deberes de la Fiscalía). numeral 5). tal el caso de los organismos que cumplen funciones de policía judicial (entre ellos: Procuraduría General de la Nación. al cual pueden acceder los intervinientes (artículo 337 ibídem). por ejemplo.que se relacionan primordialmente con el descubrimiento probatorio: i) cuando el Fiscal remite al Juez el escrito de acusación con sus anexos. en los siguientes casos: i) Cuando se acredita que la falta de descubrimiento obedeció a causas no imputables a la parte que quiere hacer valer la prueba (artículo 346 ibídem). de la defensa y del Juez de conocimiento. por excepción. el cual deberá contener: una relación de los hechos. toda vez que. dispone que la Fiscalía entregue copia del escrito de acusación con destino al acusado. el Juez tiene la facultad de autorizar un descubrimiento posterior. las pruebas anticipadas –si las hubiere. Para dar a conocer el descubrimiento probatorio. ii) dentro de audiencia de formulación de acusación (artículo 344 ibídem). Y se dice que las anteriores fases procesales no son las únicas aptas para el descubrimiento probatorio. tiene el deber de ponerlo en conocimiento del Juez. con fines únicos de información.todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado. al Ministerio Público y a las víctimas. Superintendencias y Contraloría General de la República). ii) En el evento en que una persona o entidad diferente a la Fiscalía es la que tiene físicamente o dispone de la evidencia o elemento probatorio. tres son los momentos procesales básicos – pero no los únicos. el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y oficinas de peritos. establece la misma obligación: suministrar todos los elementos probatorios. con una lista bien detallada. los documentos que pretenda aducir con los respectivos testigos de acreditación. En condiciones normales.5 En cumplimiento de su deber funcional. incluidos los favorables al procesado. todas las pruebas que pretenda hacer valer en el juicio oral (artículo 337. como se verá. 1. los datos para la ubicación de los peritos. lo cual implica una conducta diligente del Fiscal.
.7 El correcto y completo descubrimiento probatorio condiciona la admisibilidad de la prueba. con énfasis en el derecho comparado. estipula que en la audiencia de formulación de acusación “la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la fiscalía. si fuere el caso. para que pueda conseguir. medios y elementos no descubiertos no podrán aducirse al proceso ni convertirse en prueba dentro del mismo. el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento. como garantía del principio de igualdad de armas. En la audiencia de formulación de acusación. las evidencias. no se entiende como un restrictor de cantidad. en tanto permite colegir que el Juez en ningún caso puede asumir una postura pasiva. donde las partes deben colaborar decididamente para que el descubrimiento se verifique en forma garantista y correcta.3.1. o a quien corresponda. sólo por el cargo formulado en su contra. Por tanto. El artículo 344 (inicio del descubrimiento) de la Ley 906 de 2004. contenida en dicho precepto. y que. a su vez. podrá pedir al Juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción. el Juez tiene la obligación de rechazar todas aquellas evidencias o elementos probatorios sobre los cuales se haya incumplido el deber de revelar información durante el procedimiento de descubrimiento. de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en juicio (inciso 2° del artículo 344. 1. Esta norma es realmente trascendente. sino un agregado o un plus. que podría operar cuando se acredite que el descubrimiento fue omitido por causas no imputables a la parte afectada. la Corte Constitucional hace un estudio completo del descubrimiento probatorio. La anterior sanción tiene una salvedad. Y es diáfano el mismo precepto al consignar como obligación para el Juez la consistente en velar porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante la audiencia de formulación de acusación. la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 344 de la Ley 906 de 2004. y porque en la actuación procesal los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial para lograr eficacia en el ejercicio de la justicia (artículo 10 ibídem). ya que con independencia de la preparación o destreza de las partes. otros elementos y evidencias en poder de la Fiscalía. 20 En esta Sentencia. por tanto. corresponde al Juez velar por la vigencia de las garantías fundamentales de cada uno de los intervinientes.” (Se destaca) En la Sentencia C-1194 de 2005 (22 de noviembre)20. Ley 906 de 2004). En todo caso. ni practicarse durante el juicio oral. bajo el entendido que siempre la Fiscalía tiene el deber constitucional de suministrar todos las evidencias y elementos probatorios de que disponga. la Fiscalía. que la partícula un. la facultad de solicitar el descubrimiento de elementos y evidencias específicas no es una limitante contra las facultades de la defensa. sino a la manera de un cuantificador indefinido. o de otra persona o entidad.6 El principal momento procesal donde se lleva a cabo el descubrimiento probatorio tiene lugar en la audiencia de formulación de acusación (artículo 344 ibídem). como lo dispone el artículo 346 de la Ley 906 de 2004. y por exigencia del principio de imparcialidad (artículo 5° ibídem).3. los jueces se orientan por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia. pues. desplegando en pleno sus facultades como director y responsable de la marcha del juicio en condiciones constitucionales y legales.
con el único fin de ser conocidos y estudiados. 357. Madrid. entre ellas. a solicitud de la partes. ii) ordenará a la defensa descubrir sus elementos materiales probatorios y evidencia física. 1. De otro lado. por la necesidad de garantizar la prevalencia del derecho sustancial. ya cuenta con ellos. una que se relaciona con el tema que se viene tratando: “Preparar. . 358 ibídem). que no es obligatorio para el Juez ordenar la exhibición. y. también Juez de garantías. a complejidades extremas. de los elementos materiales probatorios y la evidencia física. es. como el que más. podrá disponer que se exhiban los elementos materiales probatorios y la evidencia física durante la audiencia preparatoria. el Juez vuelve a cumplir un papel trascendental frente al proceso de descubrimiento probatorio. si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado incompleto”. un descubrimiento probatorio podría reputarse completo con la enunciación o puesta a disposición real y efectiva de los medios probatorios. El verbo suministrar no puede entenderse necesaria y únicamente como entregar físicamente. 2001. el vocablo proveer tiene varias acepciones. En la audiencia preparatoria (artículos 356. Suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin”. el Juez podrá ordenar la exhibición. pues corresponde a la parte interesada solicitar al funcionario judicial que ordene a la otra tal exhibición. bien porque la contraparte ya los conoce. en el sentido que. entonces. en el Diccionario de la Lengua Española.3.21 significa “Proveer a alguien de algo que necesita”. rechazará los descubrimientos incompletos. Es claro. pues el Juez de conocimiento. bajo ciertas circunstancias. Suministrar. o dar.9 Se ha venido destacando la palabra “suministrar” que forma parte de la redacción de los textos constitucional y legal. en la audiencia preparatoria. Tal interpretación a menudo desbordaría los límites de lo razonable. pero aún sin la exhibición de las evidencias y los elementos materiales probatorios. vi) en todo caso. v). si llegare a colegir que tal medida coadyuva a la estructuración de un juicio justo. 21 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. aún si la contraparte guarda silencio. Diccionario de la Lengua Española. De ahí que. o poner en las manos del otro todas las evidencias ni todos los elementos materiales probatorios.8 La audiencia preparatoria es otro de los momentos esenciales para el descubrimiento probatorio. es deber de la Fiscalía suministrar a la defensa todas las evidencias y elementos probatorios de que disponga. en el proceso de descubrimiento. “en especial. conduciría a extremos indeseados. que había iniciado propiamente en la audiencia de acusación. y en particular: i) concederá a las partes la oportunidad de manifestar sus observaciones al respecto. pues el funcionario judicial debe intervenir proactivamente para garantizar un adecuado descubrimiento. a malversación de recursos o dilatación del juzgamiento. Editorial Espasa Calpe. Y en el mismo Diccionario. iii) dispondrá que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral. reunir lo necesario para un fin. iv) concederá un término para que la Fiscalía y la defensa expresen si harán estipulaciones probatorias. o no hace manifiesto algún interés especial.3.1. siendo todos estos resultados hipotéticos incompatibles con los fines constitucionales del proceso penal.
12 El descubrimiento probatorio es un aspecto sustancial de la actuación. e información que afecte la seguridad del Estado. Por ello. elementos y medios probatorios en el lugar donde se encuentren. apuntes personales preparatorios del caso. se rige por el principio de trascendencia. si fuere el caso. de cara a los fines de la gestión defensiva. se dirijan a la efectividad del derecho sustancial y al logro de los fines constitucionales del proceso penal. de suerte que no cualquier suceso irregular tiene la virtualidad de invalidar lo actuado. la copia de algunos documentos o algunos elementos o muestras de los mismos. la declaratoria de nulidad originada en el proceso de descubrimiento. esto es. sino que esa medida extrema podrá tomarse únicamente cuando quiera que el Juez . Corresponde al Juez. ya que tiene algunas restricciones. si un descubrimiento defectuoso o incompleto conlleva vulneración de garantías fundamentales. velar porque el suministro. recogidas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). informando a la defensa. con plena lealtad y con sujeción al principio de objetividad. máxime si la Fiscalía va a utilizarlos para sustentar la acusación y si podrían generar efectos favorables para el acusado. o dejándolos a su alcance. de modo que pueda conocerlos a cabalidad. que se enraiza en el debido proceso y que toca en sus cimientos el derecho a la defensa. bien sea a solicitud de parte o de manera oficiosa. estudiarlos. en las oportunidades procesales antedichas. pues se trata de facilitar a la defensa el acceso real a los medios que utilizará la Fiscalía en contra del acusado. sobre la existencia. obtenerlos en la medida de lo racionalmente posible y derivar sus propias conclusiones. siempre que se garantice la indemnidad del principio de contradicción.En ese orden de ideas. Igual que en los distintos eventos. una vez más.11 Se colige sin dificultad que no existe un único momento para realizar en forma correcta el descubrimiento. por ejemplo: conversaciones del abogado con el implicado. en virtud del cual las partes no pueden ser obligadas a descubrir cierta información. la Fiscalía cumple el deber de suministrar las evidencias y elementos probatorios de varias maneras. ni existe una sola manera de suministrar a la contraparte las evidencias.3.3.10 No debe perderse de vista que el descubrimiento probatorio no es absoluto. “descubriéndolos”. podría generar nulidad de lo actuado. sobre hechos que legal y constitucionalmente no puedan probarse. sobre hechos ajenos a la acusación. naturaleza y ubicación de todos y cada uno de los elementos probatorios y evidencias. entre ellas: i) Imprescindiblemente y en todos los casos. así entendido. que las partes se desempeñen con lealtad y que las decisiones que al respecto adopte el Juez. iii) Facilitando a la defensa el acceso real a las evidencias. elementos y medios probatorios. ii) Entregándolos físicamente cuando ello sea racional y materialmente posible. el procedimiento penal colombiano es relativamente flexible en esa temática. sea oportuno y lo más completo posible. 1. como con resultados de un informe pericial o policial. información cuyo descubrimiento genere perjuicio notable para la investigación en curso o posteriores. 1.3. Similares reflexiones caben cuando el descubrimiento corresponda a la defensa. Por el contrario. 1. en los términos del artículo 457 de la Ley 906 de 2004.
presente en la oportunidad procesal correspondiente la solicitud probatoria que sustente su personal teoría del caso. la defensa. de manera independiente. El cuestionamiento jurídico puesto a consideración de la Corte consiste en definir si. o cuando la parte que alega lo demuestre. como lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte. 22 Casación 28056. así contemplado por la ley. elaborar las distintas estrategias propias de la labor encomendada a cada parte en procura del éxito de sus pretensiones. exhibir o poner a disposición de la contraparte todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que posean como resultado de sus averiguaciones y que pretendan sean decretadas y practicadas en el juicio oral como sustento de sus argumentaciones. a su vez. contradicción. 2. doce (12) de mayo de dos mil ocho (2008). de conformidad con lo preceptuado por el artículo 344 de la Ley 906 de 2004. la Ley 906 de 2004 previó. lo trascendental de dicho instituto frente al desarrollo de la actividad de cada uno de los mencionados intervinientes (recuérdese que cada cual cumple su propio rol). entre otros. de ese modo. entre otras. auto del 29 de agosto de 2007. está sustentado en los principios de igualdad. de manera metódica y cronológica. frente a tal interrogante se hace necesario hacer las siguientes precisiones: No debe olvidarse que el esquema adversarial propio del sistema acusatorio que rige en Colombia. instituto procesal que. Ahora bien.. permitiendo de esa manera que cada interviniente conozca oportunamente cuáles son los instrumentos de prueba sobre los cuales el adversario fundará su teoría del caso y. D. como resultado de la misma. es de la esencia del sistema acusatorio consagrado en nuestra legislación el descubrimiento probatorio. Pues bien. . entendiendo la función y la tarea que deben realizar el fiscal acusador y la defensa del acusado y. objetividad y legalidad. consolidando de esa manera la igualdad de condiciones y de oportunidades conforme se encuentra diseñado el juicio y prevista la participación de los intervinientes en él. Proceso No 28847 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente: JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Bogotá. C. busca que cada parte. unos momentos procesales para el descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física. está en la obligación de descubrir en la audiencia de formulación de acusación “todos” los elementos materiales probatorios y evidencias físicas que pretenda hacer valer en el juicio como respaldo de sus argumentaciones. adelante su particular tarea investigativa y. lealtad.verifique la vulneración cierta de las garantías fundamentales.22 Por ello. el cual consiste en que la fiscalía y la defensa deben suministrar. defensa. como parte interviniente fundamental en el sistema de enjuiciamiento oral.
26128 del 11 de marzo de 2007. Así. acto en el cual. elementos y medios probatorios. Por el contrario. la fiscalía también podrá “pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción. siendo evidente que dicho descubrimiento es consecuente y lógico con el orden que la ley ha previsto frente a la intervención de las citadas partes en aras de garantizar.Tales momentos son: El primero acontece con el escrito de acusación que presenta el fiscal ante el juez de conocimiento. otro momento para el descubrimiento probatorio. decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba”. de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio”. como bien puede apreciarse. quien. “se colige sin dificultad que no existe un único momento para realizar en forma correcta el descubrimiento. los principios de igualdad. el descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física está supeditado a un orden metódico y cronológico. de manera excepcional. que las partes se desempeñen con lealtad y que las decisiones que al respecto adopte el juez. oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio. a su vez. a su defensor. al Ministerio Público y a las víctimas (artículo 337). casaciones 25007 del 13 de septiembre de 2006. entre otras exigencias. el procedimiento penal colombiano es relativamente flexible en esa temática. se dirijan a la efectividad del derecho sustancial y al logro de los fines constitucionales del proceso penal” (se subrayó). “se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba”. al Ministerio Público y a las víctimas un anexo contentivo de los elementos materiales probatorios sustento de la acusación (artículo 337). el inciso final del artículo 344 prevé. pues la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la “fiscalía” el descubrimiento de un elemento material probatorio y. se encuentra previsto exclusivamente para el fiscal. Es así como el primer momento del descubrimiento de la prueba. El fiscal está en la obligación de entregar copia de dicho escrito al acusado. toda vez que si en el “juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto. siempre que se garantice la indemnidad del principio de contradicción. según la función y la labor que la fiscalía y la defensa cumplen en el actual proceso de enjuiciamiento oral. 28212 del 10 de octubre de 2007 y 28656 del 28 de noviembre de 2007.24 23 Casación N° 25920 del 21 de febrero de 2007. dentro de un contexto lógico del sistema. “el descubrimiento de pruebas” consignado en un anexo. a su defensor. lo pondrá en conocimiento del juez. como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte.23 En esas condiciones. 24 Casación N° 25920 del 21 de febrero de 2007. Ver también. Por último. El segundo se consolida en la audiencia de formulación de acusación. el cual debe contener. la misma que sirvió de sustento a las argumentaciones de la parte recurrente en este caso. ni existe una sola manera de suministrar a la contraparte las evidencias. según el artículo 344. El tercer momento se presenta en la audiencia preparatoria. . entonces. contradicción y lealtad. entre otros. en la medida en que el numeral 2° del artículo 356 dispone que la “defensa” descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. funcionario que con la presentación del escrito de acusación está en la obligación de entregar al acusado.
inciso 2°. que dentro de esa sucesión de pasos teleológicamente concebidos por el legislador. No es caprichoso. pues resultaría inadmisible que contando la defensa con tales elementos se abstuviera de hacerlos conocer. igualdad y contradicción. al ser factible que por diversos motivos razonables. entonces. goza del derecho a solicitar al juez “que ordene a la fiscalía el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física”. Ahora bien. situación que. cuando consagra que en dicha audiencia también “la fiscalía podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales probatorios de convicción. instante a partir del cual la defensa técnica empieza la tarea propia de la labor a él encomendada. se insiste. dentro de la metodología que prevé la ley. debido a que hasta ahora elaborará su estrategia defensiva o contando con ella advierta la necesidad de complementarla o adicionarla frente a los cargos de la acusación y a las pruebas exhibidas o por exhibir en el plazo que la ley contempla. como se indicó. claro está. Por ello. acto el en cual. la Ley 906 de 2004 consagró un tercer momento para el descubrimiento de la prueba. evento en el cual se constituye en una obligación por parte de la fiscalía proceder a cumplir el descubrimiento solicitado por la defensa y ordenado por el juez. conllevando a una clara trasgresión de los mencionados principios fundamentales sustentadores de la sistemática propia del enjuiciamiento oral. instante en el que. fase prevista en el numeral 2° del artículo 356. hasta ese momento se está consolidando su conocimiento frente al contenido de la acusación y de los elementos materiales probatorios y evidencia física que la apoyan. se reitera. es decir. comportamiento de la defensa que está sujeto al grave principio de la lealtad. según lo dispuesto en el artículo 344. pues. el conocimiento formal de la acusación que por escrito presentó la fiscalía ante el correspondiente juez de conocimiento. de todos modos vea la necesidad de buscar otros que en ese acto (audiencia de formulación de acusación) aún no ha precisado. se materializa en la audiencia de formulación de acusación. Contrario sensu. siendo factible (por eso se dice que en principio) que la defensa no cuente en ese instante con sus propios elementos materiales de convicción o teniendo algunos. en principio. está en la obligación de suministrarlos. si en la audiencia de formulación de acusación la defensa cuenta con algunos o todos los elementos materiales probatorios o evidencia física sobre los cuales pretende en el juicio sustentar su tesis argumentativa. es la defensa quien en primer término y si a bien lo tiene. da razón de ser a lo previsto en el citado artículo 344. resultaría ilógico exigirle lo imposible. cuando las demás partes y específicamente la defensa se enteran sobre qué va a versar la acusación y cuáles son los elementos de convicción que apoyan los cargos. luego de disponerse por parte del juez “el traslado del escrito de acusación a las demás partes” (artículo 339) y agotados otros ineludibles pasos. la fiscalía ha contado con todas las prerrogativas y medios de investigación para sustentar y materializar dicha acusación. No obstante. en aplicación de los principios de lealtad. pues no puede olvidarse que. sin duda. de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio”. el defensor del acusado no cuente en el acto de acusación con ningún elemento probatorio. la cual está diseñada para que en la audiencia preparatoria “la . del recibo de las referidas copias. se verifica el segundo momento que la ley ha previsto para el “descubrimiento de la prueba”. esto es. permita que sea la defensa quien solicite en primer lugar el descubrimiento probatorio. que descubra la prueba que no posee.Es a partir de ese instante.
anunciar cuáles son los elementos de convicción que pretende aducir en el juicio y también el derecho que le asiste a la fiscalía para que se los descubra. C. fase que permite a la defensa. justicia.defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física” que no poseía en la audiencia de formulación de acusación. Para el estatuto procesal penal (artículo 132 de la Ley 906 del 2004) la víctima es aquella persona. del Código de Procedimiento Penal. pues. el juez tiene la obligación de rechazar todas aquellas evidencias o elementos probatorios sobre los cuales se haya incumplido el deber de revelar información durante el procedimiento de descubrimiento. como última oportunidad. especifico. como lo dispone el artículo 346 de la Ley 906 de 2004. como consecuencia del injusto. Cuando corresponda. Así mismo. Proceso nº 37596 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO Aprobado acta N° 434 Bogotá. ni practicarse durante el juicio oral”. habiéndose decantado con suficiencia por parte de la jurisprudencia.. natural o jurídica.25 En todo caso y frente al procedimiento del descubrimiento probatorio. En este contexto se deslinda que la “víctima” propiamente dicha es la persona 25 Casación N° 25920 del 21 de febrero de 2007. Claro está que debe tenerse en cuenta que la defensa no está obligada a presentar pruebas de descargo ni contraprueba. a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa y a quienes hubiesen recibido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro. debe recordarse que. las evidencias. numeral 8°. que de manera real y efectiva debe permitírsele el acceso y participación activa en el juicio penal en aras del restablecimiento de sus derechos a la verdad. siete (7) de diciembre de dos mil once (2011) Sobre la intervención de la víctima en el proceso penal 1. además. según así lo contempla el artículo 125. cuando el defensor del acusado pretenda hacer valer medios de convicción en el juicio. que individual o colectivamente hubiere sufrido algún daño concreto. tanto constitucional como de esta Sala. queda sujeto a la obligación del descubrimiento íntegro y oportuno de los mismos y conforme a las reglas en precedencia comentadas. ese término debe comprender. Por tanto. D. reparación integral y garantía de no repetición. desplegando para el efecto todas sus facultades como director y responsable del desarrollo del juicio en condiciones ajustadas a los cánones constitucionales y legales. No obstante. . “el correcto y completo descubrimiento probatorio condiciona la admisibilidad de la prueba. corresponde al juez velar por el respeto de las garantías fundamentales de cada uno de los intervinientes. como lo ha precisado la Sala. medios y elementos no descubiertos no podrán aducirse al proceso ni controvertirse dentro del mismo.
La Fiscalía en la indagación preliminar. a la víctima le es dado impulsar el inicio de la acción penal. deriva que la víctima no tiene condición de parte (solamente lo son Fiscalía y acusado). en tanto en el sistema acusatorio oral la introducción probatoria en el juicio solamente puede darse a través de los dos opositores. esto es. dado el carácter del debate probatorio que solamente se da entre adversarios. en decisión motivada que debe ser comunicada a la víctima. con el alcance dado a ella por la Corte Constitucional. En comienzo. la Fiscalía. 2. a conocer sobre la libertad del indiciado y las medidas que puede solicitar para su protección. el derecho a ser escuchada. si para este específico propósito se la habilita para aportar elementos probatorios en aras de impetrar a la Fiscalía reanude su indagación. nada obsta para que igual lo haga en situaciones diversas con el objeto de coadyuvar en la tarea del ente acusador. en tanto el concepto de “perjudicado” tiene un alcance mayor en cuanto comprende a todos quienes sufren un daño (no necesariamente patrimonial) como consecuencia de la comisión del delito. siempre y cuando canalice lo logrado a través de la Fiscalía. lo cual es más directo en las etapas anteriores y posteriores al juicio oral.927). Lo anterior encuentra respaldo en el artículo 79 procesal. Tal determinación no es definitiva. entonces. como que ésta también es receptora del perjuicio (confrontar sentencia del 29 de septiembre de 2009. pero para que el ente acusador la active. tuvo contacto directo con el delito y de primera mano e inmediatamente puede recopilar elementos que con el paso del tiempo tienden a perderse. . las fechas de las audiencias a practicar. si bien no tiene las mismas facultades del procesado ni del acusador. Por ende. sí está dotada de unas características especiales que la facultan a participar de manera activa en el desarrollo del proceso. acepción que igualmente alcanza a la víctima. los medios de defensa que puede emplear. nada obsta para que adelante su propia investigación y recaude elementos materiales probatorios.respecto de la cual se materializa la conducta típica. evidencia física e información. De la legislación procesal penal. Por tanto. porque en éste es pasiva. sino de un interviniente especial. el afectado con el delito puede acudir a ella con la denuncia o la querella de parte. radicado 31. en tanto si surgen nuevos elementos de juicio debe reanudarse la indagación. Ahora. Por lo mismo. que le compete direccionar por intermedio de la Policía Judicial. tiene la carga de mantener informada a la víctima sobre a qué instituciones acudir en busca de apoyo o para presentar denuncia. 3. por su condición. si constitucionalmente se habilita a la víctima para su participación activa en la fase de indagación. en la sentencia C-1154 del 15 de noviembre de 2005 la Corte Constitucional dejó en claro que la víctima tiene la posibilidad de solicitar la reanudación de la investigación y de aportar nuevos elementos probatorios con ese fin. según el cual al delegado de la Fiscalía le está permitido archivar las diligencias. máxime que. especialmente en la sentencia C-209 del 21 de marzo de 2007. ejerce la titularidad de la acción penal. El artículo 250 de la Constitución Política otorga a la Fiscalía General de la Nación la función de perseguir el delito. lo cual impone la intervención exclusiva del acusador y la defensa. las actuaciones a realizar. cómo puede hacer seguimiento a la investigación. entones.
que igualmente la facultó para solicitar la práctica de las pruebas anticipadas regladas en el artículo 284 de la Ley 906 del 2004 y para acudir ante el juez correspondiente a reclamar la imposición de una medida de aseguramiento en contra del indiciado. se tiene que cuando la Fiscalía solicita la imposición de una medida de aseguramiento se le impone descubrir los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia. el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba. faculta a la víctima para pedir al juez ordene a cualquiera de las partes el descubrimiento de un elemento material probatorio o evidencia física específicos. según se infiere de los artículos 337 y 339. está a cargo de la Fiscalía a la cual corresponde adoptar medidas para garantizar la seguridad familiar y personal de la víctima y su protección frente a la publicidad. En la fase del juicio oral la víctima es reconocida en su condición de tal. La fase de investigación. lo cual. modificado por el 5º de la Ley 1312 del 2009. al ocuparse del artículo 344 del estatuto procesal. También condicionó la exequibilidad del artículo 356 en el sentido de que la víctima igualmente tiene la potestad de participar en la audiencia preparatoria y hacer observaciones sobre el descubrimiento probatorio y la totalidad de las pruebas que se harán valer en el juicio. del referido fallo constitucional C-209 del 2007 se desprende que en el juicio la víctima tiene la potestad de reclamar las medidas de protección del artículo 342. no es obstáculo para garantizar su participación activa en etapas previas. Igualmente. Respecto del último aspecto. salvo que tiene la potestad de presentar alegato final. según se desarrolló en la citada sentencia C-209 del 2007 de la Corte Constitucional. de no reunirse los requisitos legales. Pero en el desarrollo mismo del debate oral la víctima no puede intervenir. Ese reconocimiento la faculta para hacer observaciones sobre el escrito de acusación (lo que incluye la adecuación típica y el descubrimiento probatorio). con esa finalidad. o nulidades. cuando ésta se abstiene de hacer esa petición y la víctima procede en tal sentido. con el entendimiento que les dio la Corte Constitucional en el mencionado fallo C-209 del 2007. pero debe garantizar la presencia de la víctima en la audiencia correspondiente. se le habilita cuando la Fiscalía acude al principio de oportunidad del artículo 327. lo cual fue recogido por el artículo 59 de la Ley 1453 del 2011 que modificó el 306 procesal. allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física. la de descubrir los elementos probatorios que fundamenten el reclamo y permitir su controversia por parte de la defensa. si la Fiscalía pide en audiencia la preclusión (artículo 331) tiene la obligación de garantizar la presencia e intervención de la víctima.4. específicamente en la audiencia de formulación de acusación del artículo 340. permitiendo a la defensa la posibilidad de controvertirlos. y con el 359 para habilitarle reclamar la exclusión. los cuales deben ser evaluados en la audiencia respectiva. Lo propio se hizo con el artículo 358 para permitirle exigir la exhibición de los elementos probatorios para conocerlos y estudiarlos. La misma sentencia. Esa imputación corresponde a la Fiscalía. si esta la puede afectar. esto es. con la opción de controvertir la prueba aducida por la acusación. como se ha visto. resulta obvio que corra con la misma carga. Con el mismo alcance. 5. quien puede oponerse a esa pretensión y. . que inicia con la audiencia de formulación de imputación. cuando la Fiscalía no lo hubiere hecho. proponer causales de incompetencia o de impedimentos. Si esa exigencia tiene que ser satisfecha por la Fiscalía. La misma participación.
pues el estatuto procesal y las decisiones de constitucionalidad exigen que la práctica de las pruebas en el juicio oral corresponde. estructura que necesariamente impide la participación de un tercero. si los llamados a ese procedimiento son exclusivamente Fiscalía y defensa. las solicitudes probatorias de la víctima deben ser canalizadas por medio del único interlocutor válido que puede allegarlas y controvertirlas en el debate oral. en el campo probatorio. Lo que sucede. la situación debe valorarse desde quienes tienen la potestad para intervenir en su práctica. con independencia de la Fiscalía. dentro de las instancias legales respectivas. la dueña de la acusación (acto que garantiza los derechos de la víctima) y la única llamada a introducir las pruebas. en su introducción en el juicio oral. reconocidos constitucional y legalmente y desarrollados por la Corte Constitucional. la Corte Constitucional introdujo a la víctima dentro de la redacción del artículo 357 de la Ley 906 del 2004. se entiende que en ese acto tiene la obligación de incluir las pruebas que la víctima pretende solicitar. se dejaron intactos los artículos 378. El descubrimiento probatorio de la víctima 1. Por tanto. Esa alusión a la igualdad de condiciones de la víctima. indefectiblemente. Y como el ente acusador está obligado a hacer descubrimiento probatorio. facultándola para hacer “solicitudes probatorias” y advirtió que tal habilitación se daba “en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía”. en el entendido de que esta es la titular de la acción penal. Mediante sentencia C-454 del 7 de junio de 2006. Por eso. esto es. De tal manera que para hacer efectiva la facultad de solicitar pruebas. solicitaran y participaran en la práctica. descubrieran. en el tema tratado la víctima tiene la carga de hacer causa común con la Fiscalía. se permitiera que terceros ajenos a los dos adversarios postularan teorías del caso y. . en la eventualidad de que se habilitase la posibilidad de que la víctima. previstas exclusivamente para las dos partes opuestas. El procedimiento señalado en modo alguno va en detrimento de los derechos de la víctima. a la Fiscalía y a la defensa. de manera exclusiva y excluyente. a las partes. de modo simplemente ejemplificativo. controvertir la prueba. En ese contexto. luego la víctima no puede intervenir con ese alcance. Piénsese. por citar ejemplos. enunciaran.A la par. es que las garantías del perjudicado con el delito se impone desarrollarlas sin permitir el resquebrajamiento del sistema de enjuiciamiento criminal concretado a partir del debate realizado por dos contrarios frente a un juzgador imparcial. con lo cual la acusación hará los respectivos descubrimiento y solicitud. le está vedado interrogar a los testigos. en la formación de las pruebas. incluso desde las razones del último Tribunal. Por tanto. El juicio se desdibujaría si. en el entendido de que el sistema de partes impone que solamente Fiscalía y defensa puedan participar en la formación de las pruebas. la defensa y la Fiscalía. esto es. hay que propiciar los momentos para facilitar a la víctima se informe y entregue a la Fiscalía los elementos probatorios que desea hacer valer. es a tales partes a las cuales se impone exigir la carga del descubrimiento probatorio en las instancias de ley. 391 y 395. atinentes al interrogatorio y contra-interrogatorio. de manera independiente. pues desde tal perspectiva la igualdad de los dos contrarios no existiría y no habría lugar a aplicar las reglas de un proceso como es debido. no deja de ser un enunciado teórico que no se puede concretar en la práctica.
Desde un criterio de ponderación se tiene. 2. es la misma de la Fiscalía. como titular de la acción penal y dueña de la acusación. pero estos deben ser solucionados por esos dos sujetos procesales con apego a los lineamientos constitucionales y legales que imponen al ente acusador la carga de velar por las garantías del perjudicado con el delito y por el restablecimiento de los derechos que le fueron vulnerados. niegan su teoría del caso. que mediante el Acto Legislativo número 06 del 24 de noviembre de 2011 (Diario Oficial número 48. constitucional y legalmente la víctima no es “parte”. contexto dentro del cual la solución propuesta surge justa.263 de esa fecha). puede generar conflictos con la posición de la víctima. a su vez. De la disposición se desprende el conocimiento claro del constituyente respecto de que el sistema procesal de la Ley 906 del 2004 solamente habilita dos partes y exclusivamente una de ellas. equiparándola a la defensa y a la Fiscalía. comportaría desnaturalizar su carácter para convertirla en “parte”. pero igual deben protegerse los derechos a un debido proceso constitucional y legal y los del acusado. el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. Tan cierto es ello. Descendiendo al caso concreto. puede introducir pruebas en aras de lograr una sentencia de condena. en los siguientes términos: “Atendiendo la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible. sino que el acusado se defenderá de un solo oponente. En todo caso. la Fiscalía. para el Tribunal. No debe dejarse de lado que. quien tiene la carga de demostrar su acusación.postulase y lograse el decreto de pruebas que. y la normatividad no permite la intervención independiente de un acusador privado. apoyado. dado que la víctima no puede intervenir en la formación de la prueba se llegaría al absurdo de imponer a la Fiscalía. En este supuesto de probable ocurrencia. independientemente de sus derechos y de la obligación de la administración de justicia de garantizárselos. que en el desarrollo del juicio se impone garantizar la participación efectiva de la víctima en aras de la protección de sus derechos. según se informó. lo cual. se introdujo un “parágrafo 2º” al artículo 250 de la Constitución Política. Y es que el sistema procesal vigente deriva. en sentir del ente acusador. en tanto hace efectiva la potestad del perjudicado de solicitar pruebas. sólo que por intermedio del adversario habilitado para introducirlas. garantiza no solamente el respeto al esquema de enjuiciamiento criminal. entonces. de lo cual deriva que para hacer efectivos los derechos de los demás intervinientes. . La Corte no desconoce que la intervención de la Fiscalía de modo exclusivo en el debate probatorio oral. que. sin límites. en un precedente de esa Corporación. se tiene que las pruebas reclamadas por el apoderado de las víctimas fueron negadas con el único argumento de no haberlas descubierto en la oportunidad debida. sino “interviniente” procesal y permitirle la participación absoluta en el juicio. sino de la propia Constitución. la obligación de practicar una prueba que iría en contra de sus pretensiones. no solamente de la ley. se impone supeditarse a esas formas propias de un proceso como es debido. la Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente”.
el derecho a la defensa y específicamente la estructura del sistema procesal de la Ley 906 del 2004. esto es. para. efectúe un descubrimiento completo y con la debida antelación. ya se conozcan las posturas de las demás partes e intervinientes y pueda controvertirlas en su integridad. habiendo sentado un precedente sobre la materia. sí lo hizo con las demás partes e intervinientes. al final. la Corte se abstendrá de retrotraer el trámite y. en respeto de la lealtad. a través de la Fiscalía. sí resulta en extremo cuestionable que. La Corte Constitucional incluyó a la víctima en el artículo 357 procesal. infiriéndose que la víctima. para restablecer las garantías afectadas. exclusivamente en relación con la víctima (sobre las restantes partes e intervinientes ya se agotó el procedimiento). descubrir las pruebas que pretende hacer valer en el juicio. tiene que poner de presente a la Fiscalía sus pretensiones para que ésta. aunque por razones diversas. en su condición de director de la audiencia no hubiera concedido la palabra al apoderado de las víctimas con ese específico propósito. con la salvedad obvia de que al director de la audiencia le corresponde concederle un lapso razonable para que se entere con suficiencia de lo propuesto por la Fiscalía en la audiencia de acusación. a la “última intervención”. pero como quiera que solamente hay lugar a invalidar lo actuado cuando no exista otra forma de enmendar el yerro. cual es el del descubrimiento. 3. Y es aún más reprochable la actuación del Tribunal cuando se observa que al inicio de la sesión de la audiencia del 9 de septiembre el apoderado de las víctimas y el delegado de la Fiscalía de manera insistente le reclamaron se pronunciara precisamente sobre el instante en que la primera debía descubrir las pruebas que pretendía hacer valer en el debate oral y la Corporación guardó total silencio. agotado lo cual. y ese acto de descubrimiento se impone cumplirlo. antes de la solicitud y necesariamente ese momento tiene que coincidir con las mismas fases regladas para la Fiscalía. por intermedio de la Fiscalía se adelante lo relacionado con sus postulaciones probatorias. el debido proceso. Pero si bien. para lo cual la actuación surtida por el apoderado se tendrá como su descubrimiento probatorio. a partir de lo cual se proseguirá el . Así. cumplió con el presupuesto del debido proceso preexistente. previo su acceso al derecho del artículo 357 debe haber cumplido con la carga de. De lo expuesto deriva que se afectaron los derechos de la víctima. sería subsanable con la nulidad. sorprender al interviniente inadmitiendo sus pruebas con el argumento del no descubrimiento que se le había insistido permitiera. dentro de la audiencia preparatoria que debe seguir adelantando el Tribunal. pueda cumplir con su obligación. a satisfacción. que trata el tema específico de las “solicitudes probatorias”. por intermedio de la Fiscalía. en el entendido de que la víctima. cumpliendo con su deber. le asiste razón al Tribunal en el tema aludido.Ya se dijo y se reitera que. de tal forma que cuando ésta se pronuncie sobre ese y cualquiera otro tema. parcialmente. lo cual estructura una falta al debido proceso. en su lugar. en principio. que. la igualdad. para ejercer su derecho de aportar pruebas la víctima tiene la carga de postularlas e introducirlas por intermedio de la parte habilitada para su formación. de donde surge que para ese momento (el de la so licitud) debió agotarse el tema del descubrimiento. éste otorgará los espacios necesarios para que. le asiste razón al Tribunal. como. A lo anterior se agrega la obligación de respetarle a la defensa el derecho a la “última palabra”. en la instancia legal respectiva.
al cual ninguna parte ni interviniente se opuso. la víctima se encuentra deslegitimada. es un sistema de partes. La Fiscalía no apeló esa negativa. sino de garante de derechos superiores en busca de la prevalencia de lo público sobre lo particular. La respuesta debe ser negativa. de la acción penal y la única habilitada para practicar las pruebas en el juicio. especialmente para el debate probatorio del juicio oral. y para que impetre solamente aquello con características de prueba. y ello sucede cuando la víctima interpone recurso respecto de una negativa en la cual la Fiscalía estuvo conforme. Lo establecido en el esquema procesal. a la que ésta de manera expresa ha renunciado. por tanto. la dueña. pues adujo que se abstenía de interponer recursos. En esas condiciones. Así. lo que es lo mismo. 4. por cuanto en el sistema procesal de la Ley 906 del 2004 la Fiscalía es la titular. . carece de interés jurídico. y tales aspectos se extraían del estudio del expediente allegado. adquiera condición independiente de prueba como para abrir las puertas a un debate sobre ese particular. cuando la parte renuncia de manera expresa a la práctica de una prueba. teniendo. donde cada una de ellas tiene la libertad de aportar medios probatorios. sin que. está legitimado en la causa por la que aboga. A la Fiscalía le fue negado el testimonio de Tulia Inés Uparela Fonseca. con el argumento de que apuntaba a describir el desarrollo del proceso civil.trámite. pues el desarrollo de lo sucedido al interior del proceso (en todas sus audiencias). o. El Tribunal consideró de escaso valor. tratándose de prueba no pedida por este interviniente. guardando los derechos de participación de partes e intervinientes y garantizando la última palabra a la defensa. Para la Corte. La intervención probatoria del Ministerio Público En el debate. de necesidad. además. en razón de la función especial ejercida por el Ministerio Público. para recurrir la decisión judicial en cuanto niegue una prueba reclamada por la Fiscalía. además. En esas condiciones. interviniente al cual no le es exigida la carga del descubrimiento probatorio. puede y debe ser valorado en las instancias pertinentes. que no es de parte con intereses privados. contexto dentro del cual no puede equipararse su intervención procesal a la de un sujeto procesal con anhelos individuales. no puede existir tal identidad de roles. algunos intervinientes postularon se equiparara la situación de la víctima con la del Ministerio Público. tal decisión es de su resorte exclusivo. la carga de probar la materialidad del delito y la responsabilidad del acusado. inconducente e inútil la declaración. si cuenta con interés jurídico para recurrir. de retirarlos o de renunciar a ellos. sin que un interviniente pueda cuestionar el tema. contexto dentro del cual se tiene que si a una parte le es negada una prueba y expresamente se abstiene de controvertir esa decisión. tal proceder se impone entenderlo como renuncia a la introducción del medio rechazado. pues con las pruebas restantes probaría con suficiencia lo que pretendía acreditar con la negada. como sí lo hizo el apoderado de las víctimas reconocidas. Lo anterior no obsta para que la Corte haga un llamado de atención a efectos de que la víctima no reclame como pruebas las pedidas por la Fiscalía y ordenadas en su favor. expresamente lo refirió la Fiscalía. lo cual llama a cuestionarse si.
en tanto su intervención como garante de principios superiores mal puede convertirlo en una parte con investigaciones privadas que le permitan esgrimir “cartas ocultas”. a voces de la argumentación defensiva. Con independencia de algunas imprecisiones del señor defensor respecto del abogado experto en derecho civil Armando Morales Ocampo. puede tratarse de elementos que por constituirse en hechos notorios o de connotación pública. no llama a incertidumbre que lo invocado fue un dictamen pericial de su parte. la interpretación y aplicación del derecho para concluir si hubo o no delito y si el sindicado es o no responsable del mismo. la Corte ratificará la negativa. del experto se pretende dictamine sobre los temas puntuales del procedimiento civil. como que. De tal manera que la pretendida imprecisión de la defensa no resultaba fatal. . quien. Pero no parece admisible que el Ministerio Público pueda reclamar el aporte de alguna prueba de su conocimiento privado. sobre cuya omisión o desbordamiento se hace derivar el prevaricato por parte de la acusación. 2. como con claridad lo ordena el artículo 230 constitucional. Con el mismo carácter exceptivo. el concepto apunta a la razón de ser del ejercicio del juez penal. en aras de orientar sus conocimientos. Así. en apoyo de sus valoraciones puede y debe acudir a la jurisprudencia (no sólo la penal sino la de otras especialidades si es necesario). lo cierto es que insistió que en la prueba ilustraría sobre aspectos técnicos y especificó que se trataba de un experto perito que emitió un concepto y era llamado para que rindiera su opinión pericial docta. no ofrece la suficiente claridad. un dictamen. pero finalmente no pedidos. No obstante. en efecto. a los principios generales del derecho y a la equidad. a si la actuación del juez acusado contrarió manifiestamente la ley civil como para haber incurrido en el prevaricato por acción imputado. a si el derecho civil fue aplicado o no correctamente. pero por razones que coinciden parcialmente con la postura del Tribunal y la expuesta en último momento por el apoderado de las víctimas. en la sesión de la audiencia del 9 de septiembre claramente aludió a la pericia de ese experto y agregó que le había solicitado un concepto escrito que aquel allegaría en el juicio. lo cual. si se quiere fuera del esquema procesal. en detrimento de alguna parte y en beneficio de la otra. Si bien al concretar la solicitud probatoria el apoderado aludió al “testimonio del perito”. es decir. de donde se infiere que su postulación probatoria debe concretarse a los elementos descubiertos por las partes. Por tanto. Ese tema. Sobre la prueba de la defensa 1.Por eso. el inciso final del artículo 357 procesal le confiere la potestad excepcional de pedir pruebas. además. pues a pesar de la confusión quedó claro que lo pedido era una experticia. resulta exclusivo y excluyente del juzgador. a la doctrina. siempre y cuando el Ministerio Público demuestre razonadamente que apuntan a “tener una esencial influencia en los resultados del juicio”. en tanto puede hacerlo solamente luego de que las partes (Fiscalía y defensa) hubieren agotado sus peticiones. de quien se asume conoce la ley. en efecto. esto es. sean de conocimiento más o menos general.
C. una vez ponderada la prueba recaudada y valorados los hechos objeto de imputación frente a la calificación jurídica dada en la resolución acusatoria. .588. ya se dijo. tiene como función primordial el saneamiento del proceso. D. en tanto se hace claridad respecto de que la interpretación del derecho aplicable compete solamente al juez. resultan de buen recibo en este caso. fijar los hechos relevantes del juicio. incluida la valoración que acerca de la configuración de cualquiera de los elementos constitutivos del tipo realice en el mismo. de manera que las audiencias que la preceden se encaminan a lograr su perfecta realización. interpretar la ley y determinar su alcance hermenéutico frente a un caso en concreto”26”. Como se sabe. en virtud del cual es inadmisible que un perito pueda referirse a puntos de derecho. solicitar nulidades. La audiencia preparatoria.3.. Definición de competencia de 15 de julio de 2008. Así. la Corte expuso: “Al respecto. además de que si bien en la Ley 906 del 2004 no se observa similar regla. trece de junio de dos mil doce. que fue lo que sucedió en el presente caso: “Esa labor es la que le corresponde al juez como operador de la norma jurídica. episodio central del esquema adversarial. radicado 29994. radicado 24. y para el reconocimiento de la víctima. al perito le está prohibido de manera absoluta “emitir en el dictamen cualquier juicio de responsabilidad penal”. Por otra parte. la audiencia de formulación de acusación. que si bien son expuestos al amparo de una norma de la Ley 600 del 2000. formular recusación. Sobre el tema. Es al funcionario judicial a quien le compete valorar jurídicamente los hechos demostrados en el proceso.055). precisamente de cara a la futura celebración del juicio oral. advirtiendo que ésta constituye el escenario apropiado para cuestionar la competencia. la Sala se ha pronunciado en los siguientes términos. que la Sala ha señalado en anteriores oportunidades que. radicación 14. de acuerdo con lo previsto en el último inciso del artículo 251 del Código de Procedimiento Penal. Segunda instancia 36562 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL Magistrado Ponente JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ Aprobado acta número 227 Bogotá. es admisible. el proceso penal y en particular la fase del juicio. 26 27 Sentencia de 21 de julio de 2004. tal y como ha tenido ocasión de precisarlo la Sala27. por un lado. En ese entonces (sentencia del 6 de mayo de 2009. se orienta hacia el debate de la vista pública. de acuerdo con el artículo 339 de la Ley 906 de 2004. sí lo está en el estatuto procesal civil que. es de destacar. en virtud del principio de integración (artículo 25 de la Ley 906 del 2004) resulta aplicable la prohibición del numeral 1º del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.
y. lo que implica unas enormes exigencias de combinación en la persona del juez. con origen en la confiabilidad que ofrecen unos elementos que para dicha conclusión le expuso. siempre que no se vulneren los derechos humanos. en torno del conocimiento que se le lleva al juez en relación con una hipótesis delictiva específica formulada por la Fiscalía y la consiguiente postura asumida por la defensa. la ontología y la epistemología. se hace inminente el debate oral. toda vez que su función está ligada a la valoración de si la tesis o la teoría del caso expuesta por la Fiscalía. la audiencia preparatoria se convierte exclusivamente en el escenario en que se alista la controversia que habrá de celebrarse en la vista pública28. y en cuanto a la forma de conocer y utilizar los elementos de prueba. Esto sin perder de vista que detrás de este esfuerzo investigativo y epistemológico se halla la tragedia y la miseria en su más escueta intensidad. decretado. si por el contrario. por tanto. La hipótesis delictiva con la cual inicia el proceso de investigación es formulada por la Fiscalía como centro de su programa metodológico.debe determinar cuál resulta airosa en ese proceso de confrontación. no propiamente de los principios de dicha impugnación los cuales son eminentemente procesales. en el evento en que la defensa ofrezca una teoría del caso –a lo cual no está obligada. en la presentación de los argumentos la hermenéutica. la hermenéutica. 360 y 362 del Código de Procedimiento Penal. Esto básicamente porque el juicio es concebido constitucional y legalmente como el espacio de una disputa de contenido epistemológico. . está dado por el procedimiento penal. asegurado. de científico y humanista. Andrés y Duce J Mauricio. se nutre. y su verificación se puede llevar a cabo de manera libre. alcanza el nivel de certeza. Fondo de Cultura Económica. entre otras. al tenor de lo preceptuado por los artículos 356. mediante los cuales sólo puede ser fundamento de tal conocimiento aquello que ha sido buscado. Litigación penal juicio oral y prueba. No en vano se le conoce como el juez de conocimiento. inspirados uno y otras en los valores y principios traducidos en forma de garantías procesales en los últimos siglos. como proceso de conocimiento involucra varios saberes: en la determinación del objeto problemático se vincula la ontología. en las reglas de prueba. Así. sino de la lógica. el método por medio del cual se construye la verdad. 359. se invita a la lógica. se vincula la epistemología. 357. incorporado y valorado conforme lo disponen dichos preceptos. practicado. Y. México 2005. O. los objetivos de la audiencia preparatoria. 28 De la audiencia preparatoria la doctrina especializada se refiere de la siguiente manera: Baytelman A.A su turno. están relacionados con el aprestamiento del juicio oral. de acuerdo con lo informado por el artículo 373 ejusdem. exhibió y demostró el acusador. Páginas 42 y 43. en relación con la forma en que se realizan los razonamientos. ofrecido. la retórica. en tanto escenario de construcción de conocimiento. una vez que el procesado descarta la posibilidad de renunciar al juicio a cambio de una reducción punitiva. según aclara el artículo 207 de la Ley 906 de 2004. en su más elemental acepción. El juicio. De ahí que la evaluación de la corrección del fallo que se demanda en desarrollo del recurso extraordinario de casación. 358. el juez es ante todo un científico. esto es. descubierto. De manera que.
Página 353 El procedimiento principal se divide. fijándose de modo preciso su objeto. Buenos Aires 2000. Esta etapa tiene un desarrollo muy simple que se inicia una vez concluida la investigación y declarado el cierre de ésta por parte del fiscal. En la determinación de la prueba que puede llevarse al juicio. decisión en la cual el juez. según lo indicó esta Corporación en auto de segunda instancia de 7 de diciembre de 2011.l.r. con el problema de investigación. 2. en determinadas circunstancias.1. la recepción parcial y anticipada de prueba (…) 29 Al cual también están obligados tanto el representante de víctimas como del Ministerio Público. se ocupa de resolver las peticiones formuladas hasta ese momento procesal por las partes e intervinientes30. el procurar los medios de prueba (…) 4. en el entendido de que no todo lo descubierto tiene necesariamente que ser solicitado. realizado también ante el juez de garantía y que tiene por objeto principal la preparación del juicio. de señalar el orden en que habrán de practicarse (362). en cada instancia. el juez de garantía está facultado para acordar convenciones probatorias sobre hechos que no requerirán ser probados luego en el juicio. las citaciones al juicio oral (…) 3.2). el juez de garantía procederá a fijar el objeto del debate. la relación ontológica del hecho materia de prueba con la norma penal que la fiscalía invoca como violada por el acusado. Frente a las solicitudes probatorias el juez de conocimiento lo primero que debe evaluar es si el medio cognoscitivo resulta pertinente en relación con el thema probandi.Así. si formula acusación debe enviarla al juez de garantía. o. los sujetos intervinientes. Roxin Claus. el juez que la preside. con las hipótesis de las partes. debe dar curso a los siguientes pasos: 1) la enunciación de lo que cada parte solicitará (356. La preparación del juicio oral comprende: 1. rechazo o exclusión de los medios de convicción impetrados. En segundo lugar si es admisible. si es que estima que hay mérito para ello. en caso de tener pretensiones probatorias. en dos partes: la preparación del juicio oral y el juicio oral en sí mismo (…). Y. radicado 37596. además de indicar cuál será la prueba a practicarse en el juicio. Derecho Procesal Penal. este último tiene un plazo de 10 días para formular su actuación por escrito. finalmente debe emitirse un pronunciamiento (decreto). la fijación del término (…) 2. luego de que se culmina el descubrimiento29 (356. si no hay problemas formales o de fondo.3). si se quiere. Entonces. quien citará a audiencia intermedia o de preparación del juicio oral. así como la prueba que deberá ser examinada. siendo procedente en este estadio la realización de estipulaciones probatorias y la solicitud de inadmisión. En la audiencia misma. 30 Sentencias C-454 de 2006 y C-209 de 2007. 3. vale decir. la concreción de las solicitudes probatorias con la fundamentación de su pertinencia (357). en los juicios en primera instancia ante el LG o ante el OLG. ya sepa lo que será objeto de petición por la otra. la posibilidad de que cada contendiente pueda pronunciarse sobre las peticiones del otro. a fin de que antes de que cada una eleve su petición formal. la comunicación de la integración del tribunal (…) y la identificación de los testigos (…) 5. a determinar los medios de prueba y a determinar el tribunal que conocerá del juicio. en torno a los elementos de convicción a utilizarse en el juicio. y antes de concluir la audiencia preparatoria procederá a la fijación de la fecha en que habrá de celebrarse el juicio oral. en el entendido de que todo lo pertinente “La etapa intermedia o de preparación Entre la etapa de investigación y el juicio oral se crea un procedimiento intermedio de carácter oral. debe quedar claro que en la audiencia preparatoria. Ediciones del Puerto s. 4. .
4. el juez en la sentencia. entre otros tópicos. la impugnación de credibilidad como extensión de la pertinencia de la prueba. o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. en torno de lo que se descubre.puede no ser admisible. 3. incluidas aquéllas hechas a terceros. lo cual debe ser comunicado al juez. solicita y decreta. Contradicciones en el contenido de la declaración. en el juicio de pertinencia. que consiste. además en la posibilidad de cuestionar al testigo como fuente confiable de información. pueden ser objeto de acuerdo entre las partes. como un ejercicio válidamente reconocido del principio de contradicción. San Juan Puerto Rico. Capacidad del testigo para percibir. verbigracia en el evento de que cambie la versión inicialmente vertida en la entrevista o en la declaración jurada. Ahora bien. Existencia de cualquier tipo de prejuicio. una vez aprobadas por el juez. en el sentido de darlos por probados sin necesidad de debate alguno. está autorizado extenderse. Carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad. pero también coincidencia en relación con aquellos hechos o circunstancias que no son materia de “controversia sustantiva”. comprende los siguientes temas: 1. enuncia. tal y como se lo indica el artículo 404 del estatuto procesal penal. Jurídica editores. Por eso. consecución y aseguramiento fue legal. 6. puede impugnarse la credibilidad del testigo propio. y si el proceso de su búsqueda. interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo. declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. precisamente de impugnarla. los cuales. al momento de abordar la apreciación de los testimonios. En efecto. a los aspectos relacionados con la credibilidad del testigo o del perito. En materia de estipulaciones probatorias hay que destacar que. En todo caso. por tanto. 5. 2. En relación con la pertinencia hay que tener en cuenta lo previsto en la parte final del artículo 375. Julio E. Por consiguiente. en la audiencia preparatoria.” Así. 2010. debe claramente precisar cuál de estos criterios son los que utilizará en desarrollo del contrainterrogatorio31 realizado al testigo o al perito de la parte contraria. para lo cual podrá utilizarse dicha declaración previa. 31 Como enseña FONTANET Maldonado. en cumplimiento del principio de lealtad. o entrevistas. no son retractables. la parte que solicita una prueba con fines de impugnación. recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración. se debe entender que las estipulaciones probatorias. de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal. con el objetivo. para determinar su pertinencia. exposiciones. deberá responder las impugnaciones de credibilidad formuladas en el debate. norma según la cual. Principios y técnicas de la práctica forense. debiendo además verificar si aquello que se solicita fue debidamente descubierto. tan pronto como se obtenga. . Manifestaciones anteriores del testigo. la prueba “También es pertinente cuando sólo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados. página 247. puede haber disenso. Naturaleza inverosímil o increíble del testimonio.
a cargo del Juez de conocimiento. Para este efecto. que de admitirse rompería el equilibrio entre los adversarios. no ha lugar la retractación unilateral. el de logar que no quede duda acerca de lo pactado.las estipulaciones se elevan a escrito. toda vez que si el objeto del proceso es el 32 33 Auto de 19 de agosto de 2008 radicado 29001. al ahorro de instancia y a la eficacia del sistema. acuerdo que ha sido explicado por la Sala de la siguiente manera33: “La finalidad de un tal pacto es depurar el juicio de innecesarios debates respecto de “hechos o sus circunstancias” frente a los que no hay controversia entre las partes. en igualdad de condiciones que cualquier otro medio probatorio. en virtud de lo pactado. El acuerdo debe quedar claro para ellos y para el Juez. puede cuestionarse a través de los recursos. En este caso. que firman tanto la Fiscalía como la defensa. por ejemplo. no la fuerza de convicción.” En todo caso. una vez las partes expresan ante el Juez que han realizado estipulaciones probatorias y las especifican. el juez sólo aprobará las estipulaciones que no impliquen la renuncia a la no autoincriminación y demás derechos de naturaleza constitucional no vinculados directamente con la actividad probatoria. pues la naturaleza de los actos procesales lo impide. Así ya lo ha explicado esta Corporación32: “Es así que. alcance y límite de las estipulaciones depende de la voluntad de la Fiscalía y la defensa. De ese modo. Auto de 13 de junio de 2007 radicado 27281. de suerte que contribuyen a la celeridad. O también puede estipularse que el contenido del documento B es cierto y ajustado a la realidad. y. este documento puede llevarse a juicio sin necesidad de que el ciudadano A tenga que asistir a la audiencia pública a reconocer tal hecho. lo cual se aviene o resulta armónico con el carácter predominantemente adversarial del nuevo modelo de enjuiciamiento. de acuerdo con los límites impuestos por el legislador en el inciso 4º del artículo 10º de la Ley 906 de 2004. el funcionario judicial debe intervenir siempre que lo considere necesario. En esta hipótesis. Por consiguiente.y a ellas no se podrá oponer ni el Ministerio Público ni el representante de la víctima. siempre que ello no implique renuncia a los derechos constitucionales. entonces. es factible acordar o tener por probado que el ciudadano A suscribió el documento B.” Las estipulaciones probatorias presuponen el consentimiento libre y el entendimiento claro de la Fiscalía y la defensa. pero sobre su contenido es factible la controversia probatoria que a bien tengan las partes. y mucho menos es viable el arrepentimiento si el juicio oral ya ha concluido. Debe quedar claro que las estipulaciones consisten en aceptar como probados algunos hechos o circunstancias. la posibilidad de controvertir se desvanece. no se puede discutir la autoría del documento. el peso o poder suasorio de lo que se tiene por demostrado. Por lo general – y es una buena práctica. El contenido. . el ejercicio de apreciación de las pruebas materia de estipulación. en orden de garantizar la cabal comprensión del asunto. y tienen como función evitar la prolongación innecesaria del debate.
b) las fotografías del cadáver de la víctima. propios del nuevo sistema. En efecto. concentración e inmediación. la violación de los requisitos formales. 360 y 455 de la Ley 906 de 2004. aducción o en la consecución del medio de convicción. que de acuerdo con lo previsto en el artículo 379 es generalmente inadmisible. incluyendo los que se han practicado. páginas 7 y siguientes. 2. hay distintas razones por las cuales el elemento de convicción no debe llegar al juicio. A su turno. perjudica indebidamente la posición procesal de la defensa. las partes están facultadas para dar por zanjada cualquier diferencia. las cuales califica como “particularmente problemáticas por su efecto inflamatorio sobre el juzgador”. en relación con las conversaciones realizadas entre Fiscalía y defensa tendientes a la realización de preacuerdos o al reconocimiento del principio de oportunidad34. no quedándole alternativa distinta al funcionario judicial que inadmitirlo. toda prueba pertinente es admisible. la ilegalidad que genera como consecuencia la exclusión de la prueba.” De suerte que. y los artículos 23. 3. y solo de manera excepcional podría ingresar al juicio. El estatuto procesal también incluye el rechazo de aquella prueba que no fue descubierta de manera oportuna. la prueba ilegal debe ser excluída. es nada menos que la protección contra la arbitrariedad. Con ella exista peligro de causar grave perjuicio indebido.” En consecuencia. según la normativa comentada. siendo en todo caso restringido su valor probatorio de cara a la condena según lo determinado por el artículo 381. Se presente la probabilidad de que genere confusión o exhiba poco valor probatorio35: como la prueba de referencia. o bien en su práctica. de acuerdo con el artículo 360. o aquellas con las que se pretenda demostrar hechos notorios. en la medida en que entre ambas posiciones hayan puntos de encuentro o comunes. y. los medios de prueba ofrecidos por las partes pueden ser inadmitidos. Sin embargo. según las voces del artículo 376. c) la evidencia de otros delitos o de la mala conducta del acusado. porque 34 El profesor Chiessa –Tratado de derecho Probatorio. la cual no siendo trascendental para probar el cargo principal. se debe inadmitir la prueba cuando: 1. como podría ocurrir frente a pruebas repetitivas. vale decir. según el cual “El juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilegales. cita como ejemplo la evidencia matemática de probabilidad.1 ibídem. Sea injustamente dilatoria del procedimiento. de presentarse alguno de los eventos previstos en el artículo 438. En principio. rechazados y excluidos. Ordinariamente. haciendo de esta manera operantes los principios de publicidad. aquello que con cierto desdén se menciona como meras formalidades. . según lo determina el artículo 356. según lo prevé el artículo 359 ejusdem. puede presentarse.cita como ejemplos de esta causal: a)la prueba de la embriaguez ofrecida por el fiscal. aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código. tal como sistemáticamente lo advierte el inciso final del artículo 29 Superior. presupuesto de hecho en el cual se incrustan eventos como el previsto en el artículo 359 inciso segundo. 35 El profesor Chiessa.enfrentamiento de dos “teorías del caso” opuestas acerca de la situación fáctica investigada.
esto es. 190 y 191 C. corresponde al juez determinar si el requisito legal pretermitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia sobre el debido proceso. 1º Constitución Política). 37 Sentencia de casación 10 de marzo de 2010.la intimidad y la libertad que hacen parte del núcleo esencial de la autonomía personal y de las más profundas dimensiones de la personalidad. corresponde al juez en la audiencia preparatoria ocuparse de todos estos aspectos relacionados con la inclusión de la prueba en el juicio. práctica o aducción se somete a las personas a torturas. precisamente desde cuando se realizó el acto que le trasmitió dicha ilicitud. Política. constreñimiento para delinquir (art. ni renunciar. art. 15 C. de 10 de marzo de 2010 radicado 33621. Política. 182 C. radicación No. toda vez que es aquella el escenario natural de tales discusiones y no otro. inhumano o degradante (art. El punto sobre la diferencia entre la ilegalidad y la ilicitud de la prueba y las consecuencias de una y otra ha sido materia de análisis constante por parte de esta Corporación36.P. al punto que de advertir afectada esa esencial condición para afrontar el juicio. 31 de julio de 2009 radicado 30838. 192 C. al haberse obtenido con ocasión de unos allanamientos y registros de domicilio o de trabajo ilícitos (art. entre ellos la dignidad.”39 La misma jurisprudencia ha destacado que la prueba ilícita puede tener su génesis en varias causas a saber: “(i) Puede ser el resultado de una violación al derecho fundamental de la dignidad humana (art. efecto de una tortura (arts. por retención y apertura de correspondencia ilegales (art. en autos de 23 de abril de 2008 radicado 29416. la solidaridad íntima. tratos crueles. excepcionalmente.) o de un trato cruel.21. 12 Constitución Política). no pudiendo evadir. radicado 33621. la intimidad. el debido proceso. “(ii) Así mismo la prueba ilícita puede ser consecuencia de una violación al derecho fundamental de la intimidad (art. puede hacer uso de las causales de impedimento previstas a fin de separarse del conocimiento del asunto.). 39 Sentencia de casación del 7 de septiembre de 2006. radicado No. la no autoincriminación. constreñimiento ilegal (art.529. sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida. 189. pero también podría ser calificada de ilícita. En esta eventualidad. Penal). 38 Que difiere de la ―prueba ilegal‖. con consecuencias anulatorias para toda la actuación. art. Penal). que se genera cuando en su producción. Hay que tener presente que la prueba podría ser declarada ilegal con la posible connotación de su exclusión. práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales. Política. 18. Por tanto.P. de 1º de julio de 2009 radicado 26836. inhumanos o degradantes. la jurisprudencia de la Sala. Penal). sólo. 15 C. arts. 15 Constitución Política). toda vez que la omisión de alguna formalidad insustancial por sí sola no autoriza la exclusión del medio de prueba (sentencia del 2 de marzo de 2005. en uno de cuyos pronunciamientos precisó37: “En ese contexto. ha definido que prueba ilícita38 es aquella que “se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas. . Penal). son susceptibles de afectación o restricción con fines de búsqueda de prueba con vocación de ser usada judicialmente.103). 28 C. rechazo o exclusión so pretexto de mantener incólume su imparcialidad. 137 y 178 C. 184 C. por acceso abusivo a un sistema 36 Entre otras. ni evitar las discusiones en torno de su inadmisión. y aquellas en cuya producción. por violación ilícita de comunicaciones (art. 192 C.
En otras palabras. Penal). sino en la preparatoria. . o. Además. ha considerado que adelantar procesos judiciales sin las debidas garantías. “(iii) En igual sentido. que no reúne las condiciones para que subsista y produzca los efectos que regularmente trae consigo un acto de esta naturaleza. 29. 196 C. Al respecto. Penal)”40. no en las audiencias preliminares de control de legalidad que presiden los jueces de control de garantías. Penal) o de un soborno en la actuación penal (art. 195 C. Penal) o por violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial (art. 42 Corte Suprema de Justicia. la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial41. se transmite a todo el proceso un vicio insubsanable que genera la nulidad del proceso. cuando quiera que dicha prueba ha sido obtenida mediante tortura. esta circunstancia por si sola hace que se rompa cualquier vinculo con el proceso. 287 y 289 C. como se viene señalando en este proveído. desaparición forzada o ejecución extrajudicial. 444 C. En efecto. de un soborno (art. por cuanto se han desconocido los fines del Estado en el curso de un proceso penal. debe proceder además a remitirlo a un juez distinto. como lo es la exclusión de la prueba obtenida con violación a la integridad física del sindicado. Lo cual convalidó en la sentencia T-233 de 2007. es decir. mediante la perpetración de un crimen de lesa humanidad imputable a agentes del Estado. 442 C. desaparición forzada o ejecución extrajudicial. 444 A C. por tratarse de la obtención de una prueba con violación de los derechos humanos.152. sino que la prueba ilícita no puede ser tomada en cuenta al momento de sustentar una decisión. Por otra parte. limitando tal consecuencia a los eventos de crímenes de lesa humanidad como la tortura. tal y como sucede con las confesiones logradas mediante crímenes de lesa humanidad como lo son la tortura. radicado No. independientemente de si la prueba es trascendental o necesaria. debe en consecuencia proceder a su exclusión.informático (art. En efecto. el solo hecho de que fue practicada bajo tortura. Sala de Casación Penal. la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero.” (Subrayas por fuera del texto original) Conviene aclarar que la discusión en torno de la exclusión de la prueba por considerarse ilegal se realiza. 286. sentencia del 1º de febrero de 1993 y auto de 5 de mayo de 1997. excepcionalmente 40 41 Auto del 10 de septiembre de 2008. que cuando el juez de conocimiento se encuentra en el juicio con una prueba ilícita. señaló cuáles eran los eventos en que la ilicitud de las pruebas se traducía en la invalidez del proceso. también la Corte Constitucional en la sentencia C-591 de 2005. Así se pronunció la Corte: “Al respecto la Corte considera. la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial. Penal) o de una falsedad en documento público o privado (arts. No obstante lo anterior. cual es la realización de los derechos y garantías del individuo. tradicionalmente en derecho colombiano se ha entendido que la aplicación de la regla de exclusión no invalida todo el proceso42. en estos casos. deberá siempre declarar la nulidad del proceso y excluir la prueba ilícita y sus derivadas. como queda ya comprometida la imparcialidad del juez que ha conocido del proceso. entiende la Corte que tal principio debe ser exceptuado cuando quiera que se pretenda hacer valer en un juicio oral una prueba que ha sido obtenida en flagrante desconocimiento de la dignidad humana. Penal). la prueba ilícita puede ser el efecto de un falso testimonio (art. “motiva la invalidez del proceso y también priva de validez a la sentencia.
y si el objetivo compensa los sacrificios de tales derechos para sus titulares y la sociedad. al Juez de Control de Garantías le corresponde establecer. Sentencia C-591 de 9 de junio de 2005. si determinada medida de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales practicada por la Fiscalía General de la Nación se adecua a la ley. y si el objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la sociedad. en cuanto contribuya a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. o ilícitas. eventos en los cuales habría de declararse legal dicho procedimiento. Así lo ha entendido la Sala al precisar44: “Por consecuencia. resulta oportuno aclarar que el juez de control de garantías. si eran adecuadas y necesarias para producirlo. 44 Auto de 16 de mayo de 2007 dentro del radicado 26310 . la consecuencia de tal conclusión.en el trámite del juicio. cuyo uso debe ser severamente controlado en vigencia del Estado de derecho. o existen –según se trate de control previo o posterior. porque en los albores del proceso mal se podría solicitar o decretar la exclusión de algo cuya inclusión ni siquiera se ha considerado aún. ilegales. tal actividad responde al mero capricho de quien ostenta el máximo poder de represión como es el ejercicio de la acción penal. Esto. En las audiencias preliminares el punto de gravedad gira en torno de la erradicación de la arbitrariedad con la que el fiscal pudiera realizar las intervenciones o limitaciones a derechos fundamentales del indiciado o imputado. o si por el contrario.motivos fundados para tal proceder. 43 Así. En esto pensó la Corporación cuando aclaró: “Valga decir. y si es proporcionada. es la declaratoria de ilegalidad del correspondiente acto de investigación. si es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar el fin. tiene tres posibilidades: declararlas legales. si fueron proporcionales. es decir. Dicho control es. en relación con los actos de investigación y diligencias en cuya práctica se limitan o reducen derechos fundamentales del indiciado o imputado. tal como lo enseña la jurisprudencia constitucional. en primer término. según el momento en que se conozca la información con fundamento en la cual se predique su contrariedad con el ordenamiento jurídico. y limitado a estos tópicos y en el evento de no superar el test de necesidad y proporcionalidad. el juez de control de garantías carece de competencia para pronunciarse acerca de la legalidad o no de los 43 Corte Constitucional. pues. preliminar. determina si las medidas de intervención de los derechos fundamentales se llevaron a cabo de acuerdo con la Carta y con la ley: si están llamadas a cumplir un fin constitucional claro. el test que realiza el juez de control de garantías en relación con los actos de investigación adelantados por la Fiscalía. sin que le corresponda a dicho funcionario emitir decisión alguna en relación con la exclusión de los elementos hallados en dichas labores. es precisamente la audiencia preparatoria. La pregunta que debe hacerse dicho funcionario en cada audiencia de control de legalidad de actividades investigativas de la Fiscalía debe ser si existieron. básicamente a la libertad y la intimidad. Frente a dicho tópico. porque el momento para ello.
Así pues. evento en el cual. tal como lo ha sostenido la Sala46: 45 46 Auto de 16 de mayo de 2007 dentro del radicado 26310. en principio. de los actos de investigación. los elementos de prueba recaudados se reputan inexistentes y no podrán ser luego admitidos como prueba. la proporcionalidad o la necesidad de la intervención. el juez a cargo del control no legitima la actuación de aquella y. encontrados en la diligencia. conforme al cual es nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación del debido proceso. siempre que en la audiencia preparatoria. y. acreditando la existencia verbigracia de una de las excepciones a la exclusión. lo obtenido en labores de investigación que fuere declarado ilegal por el juez de control de garantías. a partir de esa actuación. la Sala se ha ocupado específicamente de la captura en tales condiciones. . vocación de que se analice su presentación en el juicio. podría ser utilizado como fundamento de la solicitud de la medida de aseguramiento. los hallazgos con vocación de convertirse en prueba. el examen de constitucionalidad que realiza el juez con funciones de control de garantías. Auto de 16 de mayo de 2007 dentro del radicado 26310.elementos materiales probatorios acopiados por el fiscal. en las mismas condiciones de aquélla. la decisión apropiada es su declaratoria de legalidad. la Fiscalía logre su decreto por parte del juez con funciones de conocimiento. llevar a cabo la promoción de una investigación penal. como tampoco podrá ser llevada ante el juez de conocimiento para efectos de la promoción de un juzgamiento. lo que es más importante. como quiera que la verificación opera en sede de la audiencia preparatoria. Así también. a manera de conclusión en relación con las posibles decisiones que puede adoptar el juez con funciones de control de garantías. c) Si se respetaron todas las previsiones del orden normativo. contenidas en el artículo 455 de la Ley 906 de 2004. efectos éstos armónicos con la previsión del artículo 29 superior. b) Si se afectaron gravemente derechos fundamentales. Sin embargo. eventualmente podría ser susceptible de valorarse en el juicio. la decisión procedente es la ilicitud. la cual se origina en violaciones graves a derechos fundamentales y contagia de manera insuperable a toda la actuación. En consecuencia. Así lo ha precisado esta Corporación45: “Si encuentra que la Fiscalía ha vulnerado los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. después de superar el análisis de la ilegalidad inicial.” Y claro. procede la declaratoria de ilegalidad. como ya se vio. podría conducir a la declaratoria de ilicitud de los mismos. en esa reflexión debe considerarse que nada de lo hallado u obtenido en desarrollo de aquella labor declarada ilegal. ni mucho menos valorados como tal. tienen. sin perjuicio de que cobije también otros actos de investigación.” Respecto de la ilicitud de dichos procedimientos. sin que norma ninguna autorice que ello corra de cargo del juez de control de garantías. con las consecuencias antes mencionadas. no se podrá. en los cuales se violenten de manera grave derechos fundamentales. sobre los procedimientos sometidos a su valoración: a) Si la irregularidad se originó en la forma.
atendiendo especialmente la precisión hecha por el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal. 48 Sentencia de casación de 26 de octubre de 2011. Así lo ha advertido48: “3. en consecuencia. se reglamente las fechas. dentro de la órbita de sus competencias.4). antes de la prueba que con ella se pretende cuestionar. Y en su tarea por dejar alineados todos los detalles relacionados con el éxito del proceso de conocimiento a surtirse en el juicio. Luego de la decisión sobre las pruebas. además se anula toda la actuación a partir de la realización de dichos actos. . no ha desconocido los límites superiores de su actuación. la prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa. formular una imputación. la cual. Es cierto que en este supuesto la facultad del juez de control de garantías no implica un pronunciamiento sobre las implicaciones que los elementos de prueba recaudados tengan sobre la responsabilidad del investigado ya que ésta será una tarea que se adelanta en el debate público y oral de la etapa de juzgamiento. si el juez de control de garantías advierte que la Fiscalía. épocas. 47 Ibidem. sin perjuicio de los derechos que les asiste a los servidores judiciales y de aquellos inherentes al sistema de carrera judicial. la Corte no puede dejar de llamar la atención a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. y si la fuente de su contaminación es la ilicitud. de suerte que de manera responsable deben prever. el juez debe fijar la fecha. no es como lo plantea la representante del Ministerio Público una nueva discusión sobre los aspectos ya decantados en la audiencia preliminar. su consecuencia inexorable es la exclusión. el juez debe señalar el orden en que habrá de practicarse la prueba decretada. y antes de terminada la audiencia preparatoria.”47 De suerte que. de manera que garantice los principios de inmediación y concentración.“Por el contrario. no sólo se excluye. o los días en que habrá de adelantarse el juicio oral. sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía.. si tienen la disponibilidad para iniciar y llevar hasta el final la correspondiente audiencia. convalida esa gestión y el ente investigador podrá entonces continuar con su labor investigativa. la prueba de la defensa dirigida a impugnar la credibilidad de algún testigo de la Fiscalía. lo que se discute en la preparatoria.Finalmente. radicado 32143. tal y como lo ordena la norma constitucional (artículo 250.” Así. sino que. que advierte: “El juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. en consecuencia. de no superarse. dentro del límite de lo posible por supuesto. así como a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. el que profiera la sentencia. plantear una acusación y pretender la condena del procesado. deberá practicarse. Recientemente se ha insistido por la Sala que los jueces deben tener especial cuidado en la programación de tales eventos de formación del conocimiento. En todo caso. en ejercicio de esas facultades. es la legalidad de la prueba. adopten las medidas que correspondan en orden a evitar el cambio de los jueces de conocimiento después de haber dado inicio al juicio oral y. a efectos de que. en tanto de refutación. en todo caso. y. teniéndose en cuenta que el juez que conozca del debate debe ser el mismo que exprese el sentido del fallo. sino que.
y conjurar al tiempo el desgaste innecesario del aparato de justicia. de lo cual surge evidente que no pueden abandonar a medio camino (ni imponérseles que lo hagan). resulta lógica la exigencia legal de no poder retirarse del cargo hasta tanto se cumpla el deber normativamente establecido de emitir el sentido del fallo y dictar la correspondiente sentencia. si se toma en consideración que la función judicial implica una altísima responsabilidad social y jurídica. Lo anterior. el deterioro de la imagen de la Rama Judicial y los altos niveles de impunidad que tales desaciertos generan. concentración. a riesgo en caso contrario. publicidad. oralidad y de juez natural que rigen el sistema penal acusatorio. para cuyo ejercicio los jueces han jurado cumplir bien y fielmente la Constitución Política y la ley. por tanto. Todo ello con el fin de precaver la configuración de nulidades del tipo de las que mediante esta providencia se decretan. de forma que se preserven los principios de inmediación. el trámite de los juicios orales bajo su responsabilidad y que.condiciones y oportunidades para hacer efectivo su retiro temporal o definitivo de los despachos a su cargo. de incurrir en motivo de responsabilidad penal o disciplinaria.” . teniendo en cuenta los asuntos en trámite.
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