Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2010_08_01_archive.html
Timestamp: 2017-10-22 19:17:40
Document Index: 50226650

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 102', 'artículo 4', 'artículo 138', 'artículo 138', 'artículo 149', 'artículo 138', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 138', 'artículo 149', 'artículo 11', 'artículo 170', 'artículo 138', 'artículo 138']

EL BLOG DE EDUARDO ROJO: agosto 2010
Fomento de la contratación juvenil por empresas privadas en las Islas Canarias.
La Resolución de 21 de junio de 2010 establece, en el marco del Plan Canarias Emplea, el programa de incentivos a la contratación laboral de jóvenes desempleados “Dale una experiencia laboral”. La norma se publicó en el Boletín Oficial autonómico del 8 de julio, entró en vigor al día siguiente de su publicación y tiene por finalidad posibilitar que los jóvenes menores de 30 años que cumplan los requisitos previstos en la norma puedan prestar servicios en empresas privadas durante un período máximo de 6 meses, beneficiándose estas de subvenciones a la contratación y permitiendo a aquellos, según se afirma en los antecedentes, “adquirir una experiencia laboral”, y todo ello con el objetivo de “desarrollar medidas singulares frente a las altas tasas de desempleo juvenil”.
En cualquier caso, parece que el pragmatismo económico es lo que más ha pesado en la puesta en marcha de esta nueva medida, y hay una frase del texto que lo refleja de forma clara e inequívoca: “Si se recurre a un modelo de experiencia laboral conveniada con empresas se tendrá que la aportación de la subvención concedida por el Servicio Canario de Empleo se reducirá considerablemente puesto que las empresas participan asumiendo parte de los costes de contratación laboral, con lo cual concediendo a la empresa una subvención por la mitad del coste que se incurre en programas con Administraciones Locales, para una cantidad determinada de gasto público estaríamos generando más contrataciones con lo que, estaríamos consiguiendo un importante efecto multiplicador del gasto público, derivado de que en el caso de los convenios con corporaciones locales éstas, en su gran mayoría, no realizan aportación adicional alguna, y sin embargo, en el caso de participación con las empresas privadas éstas estarán participando activamente aportando una cantidad significativa a la aportada por el Servicio Canario de Empleo”.
La partida presupuestaria asignada al efecto es de 750.000 euros, fijándose tres plazos para la presentación de solicitudes según cuál haya sido la fecha de celebración del contrato: hasta el 10 de agosto para los contratos formalizados en junio y julio; hasta el 10 de octubre para los suscritos en agosto y septiembre; hasta el 10 de diciembre, para los que tuvieren lugar en los meses de octubre y noviembre. La autoridad administrativa laboral deberá resolver y notificar en el plazo máximo de 1 mes a partir de la finalización del correspondiente período, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada.
Serán sujetos beneficiarios de las subvenciones las empresas con capital íntegramente privado, así como también los trabajadores autónomos y las comunidades de bienes, quedando expresamente excluidas de la norma las administraciones públicas, las entidades de derecho público y las empresas de economía social que pretendan contratar socios-trabajadores.
La contratación subvencionada, que deberá tener una duración mínima de 4 meses y a tiempo completo o parcial (con jornada no inferior al 50 % de la habitual), podrá formalizarse con jóvenes menores de 30 años residentes en territorio insular, inscritos como desempleados demandantes de empleo desde 6 meses antes, y que no dispongan de experiencia laboral, entendiendo por tal que la persona desempleada no haya trabajado en puestos de trabajo relacionados con su actividad académica, o que haya trabajado menos de 180 días durante los tres años anteriores, ya se trate de trabajo por cuenta ajena o propia.
Se fija una subvención de 600 euros por un período máximo de 6 mensualidades, que sólo será compatible con las medidas previstas en la normativa estatal de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, en el bien entendido que el período indicado es sólo a efectos de la correspondiente subvención y no de la duración del contrato, para la que la norma no fija ningún límite. La subvención se abonará para los tres primeros meses del contrato en el mes cuarto, y para los tres meses restantes en el mes séptimo.
Fomento de la creación de empleo en las empresas de inserción en las Islas Canarias.
1. La Resolución del 29 de junio del Presidente del Servicio Canario de Empleo entró en vigor al día siguiente de su publicación y tiene por finalidad regular la convocatoria de concesión de subvenciones para el año en curso para facilitar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción, de acuerdo con las bases generales reguladoras de tales subvenciones recogidas en la Resolución de 11 de septiembre de 2008. Es decir, se prevé la concesión de subvenciones para mantener puestos de trabajo, para asistencia técnica, y también para facilitar la incorporación estable de un trabajador que presta sus servicios en una EI a otra empresa en el mercado de trabajo ordinario o bien para su instalación como trabajador por cuenta propia. Se considera de especial importancia por el ejecutivo canario la puesta en marcha de itinerarios integrados de inserción, dado que se pretende ofrecer atención individualizada a los individuos “en los ámbitos donde estos presenten unos déficits más significativos: orientación, formación y cualificación, reciclaje, prácticas en empresas y, en los casos en que resulte necesario, medidas de acompañamiento, atención y educación social”.
La partida presupuestaria asignada al efecto es de 685.666,30 euros, con una cofinanciación prevista a cargo del Fondo Social Europeo en un 85 % en el marco del programa operativo 2007-2013 para las Islas Canarias. La presentación de solicitudes podrá formalizarse hasta el 15 de septiembre.
2. Recordemos ahora que la Resolución de 11 de septiembre de 2008 (modificada por otra de 5 de marzo de 2009) hace referencia en su introducción a la estrategia del gobierno autonómico en materia de empleo, y destaca la importancia de las políticas dirigidas a los colectivos más desfavorecidos para facilitarles su incorporación al mercado laboral, con la puesta en marcha de acciones dirigidas específicamente a atender sus necesidades concretas. Entre esos colectivos se encuentran las personas en situación de exclusión social o con riesgo de padecerla, a los que se viene prestando atención desde la aprobación del Decreto 32/2003, de 10 de marzo, por el que se regula la inserción sociolaboral en las empresas de inserción. La regulación, que desarrolla el citado Decreto, toma también en consideración el marco estatal establecido por la Ley 44/2007 de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, cuyo capítulo V prevé la adopción de medidas de apoyo a la creación y mantenimiento de estas empresas.
El Decreto 32/2003 se dictó al amparo de las competencias autonómicas en materia de servicios sociales y de empleo, con la finalidad de poner en marcha acciones y planes que posibilitaran la inserción de las personas en exclusión social, conceptuándose como tal empresa toda aquella estructura productiva de bienes o servicios que tenga entre sus fines la incorporación al mercado laboral de personas en exclusión social y que desarrolle un proyecto personal de inserción que les permita mejorar sus condiciones de empleabilidad. El título II regulaba determinadas subvenciones para la inserción sociolaboral: para el mantenimiento de las plazas de inserción, para la asistencia técnica a estas empresas, y para la incorporación definitiva del trabajador que ocupe una plaza de inserción al autoempleo o empleo asalariado ordinario. La estrecha interrelación entre política de empleo y política de servicios sociales se constata cuando la solicitud de subvenciones requiere de un informe favorable de los servicios sociales municipales respecto al cumplimiento de los objetivos previstos en el plan o convenio de inserción que se suscribe junto al contrato laboral (o vínculo social en el caso de las cooperativas).
3. Las bases reguladoras de las subvenciones, aprobadas por la Resolución de 29 de junio, tienen un doble objetivo, en plena sintonía con las líneas marcadas por el Decreto 32/2003: de una parte, promover la creación y mantenimiento de plazas de inserción en estas empresas, y de otra, fomentar la incorporación del trabajador en el mercado de trabajo ordinario.
Podrán ser objeto de subvención, en primer lugar, la creación y mantenimiento de las plazas de inserción, por un período máximo de tres años, justificándose esta medida por la menor productividad del trabajador en fase de inserción. Esa subvención puede tener un carácter directo, es decir dirigida a la creación o mantenimiento de esas plazas, o bien ir dirigida a posibilitar la contratación de técnicos de acompañamiento a la producción (que no deberán ser trabajadores que ocupen plaza de inserción), o a la inserción laboral, y en ambos casos pueden ser prestadas por empresas o personas físicas especializadas que reúnan garantías de solvencia profesional, y también se prevén para la contratación de directores y gerentes que acrediten “suficiente experiencia o formación para el desempeño de sus funciones”. El puesto de trabajo o servicio subvencionado deberá mantenerse durante un año para poder disfrutar de la correspondiente subvención.
En segundo término, serán objeto de subvención aquellas actuaciones que se dirijan a fomentar la inserción en el autoempleo como autónomo, o en el marco de una empresa de economía social, de los trabajadores que hayan finalizado su proceso de inserción, y las que potencien la contratación laboral de estos trabajadores por empresas ordinarias. En este último supuesto, la subvención sólo se concederá cuando la prestación de servicios sea de duración no inferior a un año, permitiendo la norma que la contratación inicial sea de menor duración pero fijando la necesidad de prórroga, “de tal manera que en el momento de la solicitud haya transcurrido más de un año desde el inicio de la relación laboral”.
A fin y efecto de conseguir que las subvenciones vayan dirigidas a obtener los objetivos perseguidos y que no se trate de una mera sustitución de mano de obra, la norma obliga a las empresas de inserción a no haber amortizado ninguna plaza de estas características sin conseguir que el proceso de inserción finalice con éxito, cuando haya sido objeto de una subvención, si bien se permite una excepción a esta regla cuando haya informe favorable de los servicios sociales municipales. Por lo que respecta a las empresas ordinarias, deben asumir el compromiso de que el nuevo trabajador contratado, o incorporado como socio, ha de suponer un incremento en la plantilla respecto de los doce meses anteriores.
Las cuantías de las subvenciones y los criterios para su determinación se fijan con todo detalle en la base 4ª. Cuando se subvencione la creación o el mantenimiento de una plaza de inserción, la subvención máxima será de 8.400 y 5.040 euros, respectivamente,
Las subvenciones para las contrataciones de técnicos o de gerentes variarán en razón del número de plazas de inserción en la empresa contratante, siendo mayor la cuantía cuantas menos plazas haya. Para los técnicos oscilará entre 2.500 y 3.000 euros por plaza; para la contratación de gerentes, la cuantía estará comprendida entre los 3.500 y 4.000 euros, con un importe máximo será de 24.000 euros por anualidad.
Cuando se fomente el autoempleo del trabajador insertado, la cuantía será de 15.000 euros, y se reducirá a 10.000 cuando sea contratado, o incorporado como socio, por una empresa ordinaria a tiempo completo, con reducción proporcional de la subvención cuando la prestación se formalice a tiempo parcial.
Las cuantías referenciadas no podrán superar en ningún caso el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario, y su percepción es incompatible con otras que sean otorgadas, “con el mismo objeto y finalidad”, por la administración autonómica o por otras administraciones o entes públicos.
La tramitación se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, y la autoridad administrativa laboral dispone de un plazo máximo de 3 meses para dictar y notificar la resolución, a contar a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada la solicitud.
Andalucía: ampliación del programa de transición al empleo (PROTEJA).
El Decreto-Ley 3/2010 de 8 de junio, publicado en el Boletín Oficial autonómico del día 11 y que entró en vigor al día siguiente, modifica, amplía y aprueba una nueva edición del programa de transición al empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), aprobado por la Ley 3/2009 de 28 de mayo. La continuidad del programa se ha considerado útil y necesaria por el gobierno autonómico y los agentes sociales para reforzar la situación económica y potenciar la generación de empleo, y las mejoras introducidas, que encuentran su punto de referencia en el VII Acuerdo de Concertación Social, suscrito el 24 de noviembre de 2009, pretenden ajustarlo a la nueva situación económica.
Con respecto al texto aprobado el pasado año, cabe destacar el reforzamiento de las actividades formativas para todas las personas empleadas en las actuaciones financiadas con cargo al programa; la reorientación del perfil del empleo fomentado, que no puede basarse ya únicamente en actividades vinculadas con el sector de la construcción sino que debe atender a las nuevas necesidades familiares, de forma que los contratos no serán sólo de obras sino también de servicios y deberán permitir dar repuesta a necesidades femeninas y de otros colectivos desfavorecidos, además de prestar especial atención a los efectos sobre el empleo que tuvieron los fenómenos climatológicos sufridos a principios de este año; en fin, se potencia la creación de nuevo empleo (no sólo del mantenimiento del ya existente) y de mayor calidad, y se amplía la participación institucional de los agentes sociales mediante la creación de comisiones provinciales para permitir, según se afirma en la exposición de motivos, “la mayor cercanía de aquellos a los procesos de decisión administrativa”
Con el programa PROTEJA la Junta pretende complementar el esfuerzo del gobierno español para potenciar la creación de empleo y que se ha plasmado en la creación del Fondo estatal de inversión local. Si en 2009 se dispuso de 360 millones de euros, la norma ahora analizada le dota con 225 millones, con cuya utilización se pretende lograr dos objetivos: por una parte, financiar inversiones generadoras de empleo por las entidades locales (para ello se destinarán 205 millones, de los que 181 se destinarán a financiar actuaciones promovidas por los municipios, y 24 millones para las ejecutadas o promovidas por las Diputaciones Provinciales, disponiendo el artículo 31.2 que esta dotación será destinada en su totalidad a financiar la contratación por las Diputaciones de personas desempleadas), y por otra, desarrollar acciones formativas para aquellas personas que participen en proyectos financiado por la Junta (con un montante presupuestado de 20 millones). Se trata de actuar de forma rápida y decidida por parte de los poderes públicos autonómicos para tratar de evitar el crecimiento del desempleo, en especial en el sector de la construcción, y para atender las necesidades de las personas desempleadas.
La norma regula en su artículo 3 cuáles pueden ser las inversiones financiables con los fondos públicos previstos por la ley ahora comentada, debiendo tratarse en primer lugar de obras a las que se refiere la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, en su artículo 6, que dispone lo siguiente:
“1. Son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto.
2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble“.
Los contratos deberán tener por objeto obras de competencia local y no deberán estar previstas en el presupuesto de la entidad local para el año en curso ni recibir financiación del Fondo estatal de inversión local. Serán objeto en especial de financiación las actividades que se refieran a:
“1º La rehabilitación, acondicionamiento y mejora de los espacios destinados a la localización de empresas, tales como parques y polígonos empresariales, incluidas las dotaciones de usos comunes y sociales en los mismos.
2º La construcción y mejora de instalaciones públicas destinadas a la prestación de servicios básicos a la ciudadanía, tales como la salud, la educación o los servicios sociales.
3º La eliminación de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad.
4º La conservación y mantenimiento del patrimonio municipal.
5º Las demás actuaciones previstas en el Fondo Estatal de Inversión Local, creado por Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre”.
EL DL también permite financiar el coste de los contratos de servicios definidos en el artículo 10 de la Ley 30/2007, es decir “aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro” y que se enumeran en el anexo II, en el bien entendido que la norma autonómica dispone que tales servicios en ningún caso podrán sustituir o financiar “los servicios locales de interés general que, obligatoriamente, deben prestar los municipios”. El importe de la licitación, ex. Art. 76 de la Ley 30/2007, deberá ser igual o inferior a 60.000 euros, sin posibilidad fraccionar el contrato.
Para que todos los municipios andaluces puedan acceder a la nueva financiación se fija la distribución del presupuesto en atención al número de personas desempleadas y la variación interanual con respecto a un período anterior, y a la población del municipio, con una cantidad mínima asignada a cada uno de 12.000 euros. En concreto, la población empadronada se ponderará en un 20 %, mientras que con un 80 % se valorará el valor medio anual de las medias mensuales de paro registrado entre los meses de mayo de 2009 y abril de 2010.
Dado que aquello que se pretende con las nuevas obras es potenciar la creación y/o el mantenimiento del empleo, con especial atención a los colectivos desfavorecidos, la ley andaluza dispone la obligación de incluir una cláusula en los contratos administrativos celebrados a su amparo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 30/2007, para que el personal contratado se encuentre en situación de desempleo. Además, se valorará la creación de empleo y en caso de igualdad de condiciones “se primará la oferta que crease o mantuviese más empleo”.
Con respecto a los colectivos desfavorecidos, se tendrá en consideración, además de la adecuación al perfil de empleo ofertado, a aquellos que no perciban prestaciones o subsidios por desempleo, tengan cargas familiares, con especial atención a las mujeres y colectivos de personas desempleadas más desfavorecidas, con mención expresa en la norma a los jóvenes menores de 30 años, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas con discapacidad. En cualquier caso, como mínimo el 70 % del coste del personal empleado debe corresponder a empleo de nueva creación, debiendo ser la duración del contrato también como mínimo igual a la del período de duración de la tarea para la que se requiere la misma. Respecto a la selección del personal, el artículo 4 dispone que las empresa contratistas y subcontratistas deberán selecciones entre el facilitado por el servicio andaluz de empleo, “entre aquellas personas que residan en el municipio en que se ejecuta la actuación y no hayan tenido vinculación con la entidad empleadora en los 3 meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta de empleo, salvo que no se dé el supuesto en el municipio”.
En las acciones formativas participarán obligatoriamente quienes hubieran sido contratadas para la ejecución de un proyecto y a su finalización, y también aquellas que el Servicio Andaluz de Empleo considere necesario en función de su perfil profesional y de las necesidades formativas detectadas. Si la persona que recibe la formación no ha podido acceder a prestaciones por desempleo, tendrá derecho a una beca durante un período máximo de 3 meses, cuya cuantía será la del IPREM vigente al iniciarse el percibo de la misma.
Las competencias en materia de inmigración en la sentencia del TC sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
1. La Comunidad Autónoma de Cataluña ha asumido competencias ejecutivas en materia de tramitación de autorizaciones de trabajo para extranjeros que obtengan autorización de residencia y deseen trabajar en España y en concreto en territorio catalán. El artículo 138.2 del EAC le atribuye dicha competencia “en estrecha coordinación con la que corresponde al Estado en materia de entrada y residencia de extranjeros”, e incluye tanto la tramitación y resolución de las autorizaciones de trabajo por cuenta propia o ajena, como “la tramitación y la resolución de los recursos presentados con relación a los expedientes a que se refiere el apartado anterior y la aplicación del régimen de inspección y sanción”.
La atribución competencial implica una mayor presencia autonómica, de los órganos de dirección competentes, en la toma de decisiones que afectan a la vida laboral de miles de personas, y al mismo tiempo un replanteamiento o reestructuración de las competencias de las autoridades estatales en el ámbito territorial autonómico. Cuando varias CC AA hayan asumido esta competencia, será necesaria una mayor y mejor articulación entre las distintas administraciones competentes para que los ciudadanos afectados, en este caso los extranjeros extracomunitarios, puedan ejercer con plena eficacia los derechos que la normativa de extranjería les confiere.
2. El TC ha debido pronunciarse (sentencia núm. 31/2010, de 28 de junio) sobre la constitucionalidad de todo el artículo 138 del EAC, dada la petición de declaración de inconstitucionalidad solicitada en los recursos del grupo popular del Congreso de los Diputados y del Defensor del Pueblo.
A) En efecto, el recurso del grupo popular consideraba inconstitucional todo el artículo, y en especial los números 1 y 2, y se argumentaba que la atribución de competencias a la Generalidad en materia de “inmigración” vulneraba el artículo 149.1.2ª de la CE.
A mi parecer, la tesis del recurso era más formalista que otra cosa, dado que los recurrentes no tenían inconveniente en reconocer que la CC AA puede tener competencias en materias que afectan directamente a la inmigración (salud, servicios sociales, educación, etc.), pero ello, se afirmaba “si acaso, podrá justificar la inclusión de un precepto que así lo prevea en el lugar oportuno, y no nunca la asunción por la Generalidad de competencias que se presentan formalmente como competencias en materia de inmigración”.
También se impugnaba la competencia ejecutiva atribuida por el EAC en el ámbito de tramitación de autorizaciones iniciales de trabajo de extranjeros en su ámbito territorial, por considerar que esta competencia, calificada por el Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña y por un sector de la doctrina laboralista como de ejecución de la legislación laboral “no se trata de ejecución… no afecta realmente a ese marco”, fundamentalmente “porque esto nunca ha estado regulado ni aquí ni en ningún lugar en la legislación laboral, sino en la de extranjería”, aduciéndose que con las autorizaciones de trabajo “no se pretende tanto ordenar las relaciones laborales ni el mercado de trabajo como racionalizar el flujo migratorio”.
B) En el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo, se argumentaba, con carácter general, que el contenido abstracto y general de las materias cuya competencia se atribuye a las autonomías y/o al Estado sólo pueden ser definidas por el propio constituyente y en su caso por el TC, y que el legislador reformador del Estatuto de Autonomía (ahora de Cataluña) puede decidir, dentro del marco previsto en la Constitución, “cuáles son las competencias de la Comunidad Autónoma cuya norma institucional básica es objeto de reforma, pero no tiene competencia para determinar cuál es el contenido concreto de cada una de esas materias, labor que sólo corresponde al constituyente e, interpretando su voluntad, al Tribunal Constitucional”. Desde este planteamiento general del recurso, se solicitaba la declaración de inconstitucionalidad del artículo 138 del EAC en su integridad, “porque interpreta la competencia exclusiva del Estado en esta materia del artículo 149.1.2ª”.
C) Por parte del Parlamento de Cataluña, y en parecidos términos se formularon las alegaciones del gobierno autonómico, se admitió expresamente que el contenido de ese precepto “no constituyen el núcleo de lo que se entiende por inmigración, ordinariamente entendida como intento de circulación de personas por razones económicas o políticas y con voluntad de permanencia prolongada”. Por consiguiente, no parece haber duda de que ambas partes coincidían en que el Estado sigue manteniendo competencia exclusiva ex artículo 149.1.2ª sobre la inmigración.
La argumentación del Parlamento para defender las competencias autonómicas era básicamente de índole reinterpretativa de aquello que se entendía por inmigración en el año 1978 y aquello que se debía entender en el año 2006, y el cambio experimentado desde la “España de la emigración” de los años 70 y 80 del pasado siglo hasta la “España de la inmigración” de la pasada década y muy especialmente de los últimos años. Delante de esta nueva realidad difícilmente puede entenderse que la inmigración sólo abarque el control de fronteras y servicio exterior, dado que afecta transversalmente a muchos ámbitos de actuación en los que las CC AA asumen competencias propias (ya sean exclusivas, compartidas o de ejecución) en materia de sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, o las más recientes (y cuestionadas también en los recursos) competencias ejecutivas en materia de tramitación de autorizaciones de trabajo. De ahí que el Parlamento, y también el gobierno autonómico, se apoyara en esta tesis para defender la constitucionalidad del artículo 138.1, por entender que las competencias asumidas guardaban relación con títulos competenciales propios, y además en ámbitos en los que el Estado no actúa, y que por ello en modo alguno se atentaba o cuestiona el núcleo duro de la materia inmigración “reservada al Estado”, esto es “el control de fronteras y la entrada y residencia de extranjeros”.
D) Por parte de la abogacía del Estado se puso el acento en que las competencias ejercidas por la Generalitat no afectaban en modo alguno al artículo 149.1.2ª CE, sino que se trataría de una serie de competencias de naturaleza social y que guardan relación con la incidencia que tiene la inmigración en diferentes ámbitos de la vida social (educación, sanidad, etc.). Por consiguiente, se acepta que la CE no reconoce competencia alguna a las CC AA en materia de inmigración stricto senso, pero se solicitaba una interpretación del precepto (más concretamente de su apartado 1) “que respete los títulos autonómicos de carácter social con incidencia en el fenómeno migratorio”. Respecto a la competencia en materia de autorizaciones iniciales de trabajo se alegaba su consideración de “específica manifestación competencial del ámbito laboral”, una competencia ya asumida por el EAC de 1979 (artículo 11.2) y ahora recogida en el EAC de 2006 (artículo 170.1), y que debe necesariamente coordinarse con la estatal de autorización de entrada de los extranjeros en España.
E) La STC 31/2010 ha declarado la constitucionalidad del artículo 138, con varios votos particulares en sentido contrario, siempre que se interprete de acuerdo con lo dispuesto en el fundamento jurídico núm. 83, es decir que el precepto ha de interpretarse en el sentido de que la referencia a la inmigración “no se corresponde con esta materia constitucional, competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.2ª CE) sino con otras materias sobre las que puede asumir competencias la Comunidad Autónoma” . Mientras que el TC enfatiza la imposibilidad de asunción de competencias por las autonomías en materia de inmigración (referidas a la regulación del acceso a territorio español y la regulación jurídica de la condición de extranjero-inmigrante), coincide por otra con la abogacía del Estado en valorar la evolución del fenómeno migratorio durante el período postconstitucional y su impacto en diferentes ámbitos competenciales autonómicos, y de ahí que no pueda configurarse el precepto constitucional referenciado “como un título horizontal de alcance limitado que enerve los títulos competenciales de las Comunidades Autónomas de carácter sectorial con evidente incidencia en la población migratoria”. Desde este planteamiento, también se acepta que la CC AA catalán haga uso de sus competencias ejecutivas en materia laboral respecto a las autorizaciones de trabajo de los inmigrantes cuya relación laboral se desarrolla en Cataluña, ya que si el Estado tiene la competencia “en cuya virtud se disciplina el régimen jurídico que hace del extranjero un inmigrante….”a la Generalitat puede corresponderle aquella que, operando sobre el extranjero así cualificado, se refiere estrictamente a su condición como trabajador en Cataluña”. Sobre la participación de la Generalitat en las decisiones estatales que tengan especial trascendencia sobre Cataluña en materia de inmigración, la sentencia no ve obstáculo jurídico para que ello se lleve a cabo siempre y cuando sea la legislación estatal la que concrete los términos, formas y condiciones de participación autonómica, “debiendo quedar a salvo la titularidad de las competencias estatales eventualmente implicadas y la perfecta libertad que en su ejercicio corresponde a los órganos e instituciones del Estado”.
En los citados votos particulares, para el magistrado Vicente Conde Martín de Hijas el artículo 138 sí se refiere a la inmigración y considera que el legislador no erró al calificar la materia, argumentando que al Estado le corresponde la competencia exclusiva en la materia y que ello “la contradicción entre el art. 138 EAC, en todos sus apartados, y dicho precepto constitucional, me resulta absolutamente notoria; por lo que creo que el precepto debió ser declarado inconstitucional y nulo”. De inconstitucional lo califica el magistrado Javier Delgado Barrio por invadir el campo de las competencias exclusivas del Estado, tesis también compartida por el magistrado Ramón Rodríguez Arribas, que destaca que hubiera sido del todo punto necesaria declarar la inconstitucionalidad del art. 138.2.
F) La tesis de la sentencia ha recibido una acogida favorable en el informe elaborado por un grupo de expertos a petición del Presidente de la Generalitat, argumentándose que la interpretación del artículo “coincide plenamente con la interpretación o comprensión del contenido de la materia defendido por las instituciones catalanes” (“Informe sobre la STC que resol el recurs d’inconstitucionalitat presentat per 50 diputats i senadors del Partido Popular contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. Barcelona, juliol 2010, pág. 32).
En fin, por parte de la doctrina constitucionalista que ha analizado ya la sentencia, el profesor Marco Aparicio argumenta que la decisión del TC “alberga una orientación marcadamente restrictiva del alcance de la previsión estatutaria interpretada”, y critica la “visión limitada” del concepto de integración social que utilizan tanto la sentencia como la abogacía del Estado; por su parte, el profesor David Moya cree que la sentencia no tendrá incidencia sobre las reformas adoptadas en los últimos años para desarrollar el mandato estatutario, en especial el traspaso de la competencia en materia de autorizaciones iniciales de trabajo (Vid. “Las decisiones sobre las competencias relacionadas con la inmigración” y “Competències en matèria d’immigració”. Revista Catalana de Dret Públic, número especial STC sobre l’Estatut, juliol 2010).