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Timestamp: 2018-09-24 11:09:05
Document Index: 394901508

Matched Legal Cases: ['artículo 2528', 'artículo 407', 'artículo 264', 'artículo 1766', 'artículo 54', 'artículo 1889', 'artículo 374', 'artículo 256']

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Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil dos (2002).
Ref.: Expediente No. 6776
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por los demandados ENRIQUE TORRES OJEDA, ROSARIO RODRIGUEZ TORRES, ARCENIO TORRES DE LA HOZ, ALEJANDRO TORRES DE LA HOZ Y EDITH TORRES DE OCHOA contra la sentencia de fecha 28 de agosto de 1996 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso promovido por GESTORA JUDICIAL Y COMERCIAL CARLOS GUTIERREZ NAVARRO E HIJOS S. EN C. e INVERSIONES PALMAN LTDA contra las personas a continuación mencionadas, en su propio nombre y en su condición de herederos de ALEJANDRO TORRES DE LAS SALAS: FRANCISCO, SIMON y HECTOR TORRES GARCIA, ENRIQUE TORRES OJEDA, REINALDO, ASDRUBAL, JORGE, ROSARIO y ARMANDO RODRIGUEZ TORRES, MARIA, BERNABE, ALEJANDRO y ARCENIO TORRES DE LA HOZ, DOMINGA TORRES DE PEREZ, EDITH TORRES DE OCHOA, MANUEL, LEONOR y OSVALDO TORRES CHARRIS y NOHORA ISABEL TORRES DE TORRES y personas indeterminadas.
1. Mediante demanda que por reparto correspondió conocer al Juez Once Civil del Circuito de Barranquilla, las sociedades actoras convocaron a proceso ordinario a los demandados ya indicados a efectos de que se declarase lo siguiente:
Primero, que la sociedad GESTORA JUDICIAL Y COMERCIAL CARLOS GUTIERREZ NAVARRO E HIJOS S. EN C. es propietaria, por haberlo adquirido por prescripción ordinaria adquisitiva de dominio o en subsidio por la extraordinaria, de un terreno situado en Puerto Colombia, (Atlántico) corregimiento de La Playa, en los Bajos de Genovés, de doce hectáreas y 9.391 metros cuadrados, que la demanda se encarga de alinderar y describir.
Segundo, que la sociedad INVERSIONES PALMAN LTDA es propietaria, por haberlo adquirido por prescripción ordinaria adquisitiva de dominio “o en subsidio por la (sic) de un globo de terreno situado” en Puerto Colombia (Atlántico), corregimiento de La Playa, en los Bajos de Genovés, de diez hectáreas, alinderado y descrito en la demanda.
Tercero, que por lo tanto se confirman los registros efectuados en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, distinguidos con los números 040-00555211 (primer inmueble) y 040-0197246 (segundo inmueble).
Cuarto, que se cancela el registro efectuado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, distinguido con el número 040-0195334 correspondiente al inmueble que se describe en la escritura pública 1759 del 6 de julio de 1954 otorgada en la Notaría Primera de Barranquilla.
2. Se narra en los hechos que por escritura pública No. 3 del 5 de enero de 1978 otorgada en la Notaría Segunda de Barranquilla, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria No. 040-005211, la sociedad GESTORA JUDICIAL Y COMERCIAL CARLOS GUTIERREZ NAVARRO E HIJOS S. EN C. se constituyó y recibió en el mismo acto, a título de aporte, un globo de terreno situado en Puerto Colombia, corregimiento de la Playa, en los “Bajos de Genovés”, llamado las Mercedes, de una extensión superficiaria de 24 hectáreas aproximadamente. Diez años y tres meses después, el 22 de abril de 1988, mediante escritura pública 727 de la Notaría 3ª de Barranquilla, la sociedad mencionada enajenó a INVERSIONES PALMAN LTDA a título de venta 10 de esas 24 hectáreas, de modo que conservó 14. Dicho acto, que implicó como se vio una segregación, fue anotado en la matrícula del predio de mayor extensión, esto es, la 040-005211, así como en la del nuevo predio, la 040-0197246, ambas de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla. De modo que para el 22 de abril de 1988 la primera sociedad había consolidado su derecho de dominio (prescripción ordinaria) por la posesión regular del predio, ejercida en forma pacífica e ininterrumpida durante más de diez años. E igual predicamento se hace de INVERSIONES PALMAN LTDA, al adquirir su predio con un justo título y de buena fe. Y si a ese tiempo de posesión se suma la ejercida por sus anteriores tradentes, que se inicia desde el 11 de diciembre de 1962 y sigue sin interrupción hasta el 5 de enero de 1978, se completan más de 28 años de posesión. Porque, se dice en el libelo, el 11 de diciembre de 1962, se inscribió la sentencia aprobatoria de la partición de los bienes del causante Alejandro Torres de las Salas, en virtud de la cual recibieron los demandados FRANCISCO TORRES GARCIA, SIMON y HECTOR TORRES TORRES, ENRIQUE TORRES OJEDA, REINALDO, ASDRUBAL, JORGE, ROSARIO y ARMANDO RODRIGUEZ TORRES en proindiviso, la propiedad del inmueble y su posesión, herederos estos que fueron vendiendo sus cuotas a Carlos Gutiérrez Navarro y a su cónyuge Elsa Strauss, mediante las escrituras públicas que se señalan en la demanda. Estos a su vez, lo transfirieron a la sociedad GESTORA JUDICIAL Y COMERCIAL CARLOS GUTIERREZ NAVARRO E HIJOS S. EN C.
Se agrega que las transferencias anotadas han venido siendo acompañadas de actos posesorios, que se describen, así como en actos de defensa de la integridad de los derechos de las actoras, como cuando algunos de los acá demandados incoaron demanda de reivindicación contra la GESTORA JUDICIAL Y COMERCIAL CARLOS GUTIERREZ NAVARRO E HIJOS S. EN C. sobre una porción de cinco hectáreas y media del globo de terreno de 24 hectáreas, a pretexto de que la cabida total del terreno entregado en venta excedía en cinco hectáreas de lo realmente vendido, cuando dicha venta se había hecho como cuerpo cierto y no por cabida. A la sazón, prosperó la excepción previa de prescripción extintiva de la acción impetrada. Pero frustrado ese intento reivindicatorio, insisten los demandados, con otros fundamentos, en obtener la reivindicación de dos hectáreas aproximadamente, integrantes de los globos de terreno de las actoras, al pedir la reapertura del proceso de sucesión (partición adicional) de Alejandro Torres de las Salas, después de 28 años de haber concluido, sobre la base de la escritura pública 1759 del 6 de julio de 1954 otorgada en la Notaría Primera de Barranquilla, según la cual al fallecer el citado Alejandro Torres de las Salas era propietario de un predio, descrito en la demanda, pero que inexplicablemente no fue objeto de partición. Se dice en la demanda: “la única y posible aceptable explicación es que dicho lote de terreno fue materialmente englobado por el inmueble que fue inventariado, partido y adjudicado y luego vendido a la sociedad Gestora Judicial Carlos Gutiérrez Navarro” la que lo ha poseído por trece años.
3. Luego de rituada la primera instancia, el juzgado de conocimiento profirió sentencia estimatoria de las pretensiones. Declaró que pertenece en dominio a “la Gestora Judicial Carlos Gutiérrez Navarro” por prescripción ordinaria adquisitiva el predio de 12 hectáreas que en la providencia se describe con sus medidas y linderos. Declaró que pertenece también en dominio a “la sociedad Palman Ltda” por prescripción ordinaria adquisitiva un predio de 10 hectáreas asimismo descrito en la providencia por sus medidas y linderos. Ordenó el a quo el registro de la sentencia y la consulta ante el superior.
Apelado el fallo por ambas partes el Tribunal resolvió la alzada con sentencia confirmatoria de la de primera instancia, a la que complementó con dos decisiones: rectificó la denominación social de las sociedades actoras y adicionó el fallo con la orden de que la providencia se inscribiera en el folio de matrícula 040-0195334.
Analiza el Tribunal por separado el caso de cada actora, comenzando por la GESTORA JUDICIAL Y COMERCIAL CARLOS GUTIERREZ NAVARRO E HIJOS S. EN C. Advierte que ella recibió a título de aporte y venta el globo de terreno de 24 hectáreas, que en la usucapión de corto tiempo se necesita que el poseedor del bien crea, de buena fe, haber adquirido la propiedad por tener la convicción de que el tradente era realmente titular del dominio, cumplir con las formalidades y aún así, no haber recibido la titularidad del mismo por no residir la propiedad en cabeza del transmisor.
Luego de una breve referencia a la buena fe y al justo título, pasa la Corporación al análisis de la titulación, y al respecto indica que el bien fue adquirido por Luz Marina Gutiérrez, Luís Alberto, Ana María, Lorella y Juan Carlos Gutiérrez Strauss por donación que les hiciera su padre CARLOS GUTIERREZ NAVARRO (escritura pública 2 del 5 de enero de 1978 de la Notaría 2ª de Barranquilla) quien a su vez había adquirido casi todo el bien de manos de JORGE, ARMANDO, ROSARIO, ASDRUVAL y REINALDO RODRIGUEZ TORRES, SIMON TORRES TORRES y de ENRIQUE TORRES OJEDA. Y que Elsa Strauss recibió la otra parte restante del mismo bien por venta que le hiciera SIMÓN TORRES TORRES. Precisa que a todos esos enajenantes (los Torres) se les había adjudicado su cuota o porción en el aludido predio en la sucesión de Alejandro Torres de las Salas, quien a su vez había adquirido por adjudicación en la sucesión de Leonor García de Torres (escritura pública 204 del 9 de marzo de 1953). Señala que Alejandro Torres adquirió parte del bien por compra a Bernabé Torres (escritura pública 741 del 10 de noviembre de 1933 otorgada en la Notaría 1ª) y parte por declaración de posesión (escritura pública 1834 del 11 de diciembre de 1931 otorgada en la Notaría 3ª).
El Tribunal indica que esas primigenias adquisiciones por parte de Alejandro Torres determinan, de un lado, que aquella declaración de posesión por espacio de más de veinte años recayó sobre un predio denominado “Bajos de Genovés” de poco más o menos 14 hectáreas (el Tribunal reproduce los linderos). Y de otro, que la enajenación que le hizo Bernardo Torres a Alejandro Torres recayó sobre un predio denominado “Camino del Pelú”, también en el corregimiento de la Playa, de una extensión de 10 hectáreas (incluye el Tribunal los linderos). Agrega cómo se identificó el predio adjudicado en la sucesión del causante Alejandro Torres de las Salas y cómo el título que se invocó fue la escritura pública 204 del 9 de marzo de 1853 (sic). También constata el Tribunal que por escritura pública 15 del 12 de enero de 1978 Carlos Gutiérrez Navarro aclaró la extensión superficiaria, “afirmando que lo constituía 24 hectáreas con 5.013 metros cuadrados”.
Se refiere la Corporación a la escritura pública 1759 del 6 de julio de 1954 (predio de casi dos hectáreas adquirido por Alejandro Torres de las Salas) de la que dice que quedó por fuera de la sucesión de Alejandro Torres. Anota asimismo que dicho causante arrendó a la Nación, por escritura pública 1193 del 9 de noviembre de 1953 18 hectáreas con 7.700 metros cuadrados.
De todas ellas dice el Tribunal que analizadas en su conjunto, permiten concluir que Alejandro Torres adquirió, por haberlo poseído por más de veinte años, el terreno “Bajos de Genovés”, situado en la Playa, de una extensión de “más o menos 14 hectáreas” que por el lado oeste lindaba con terrenos de Bernabé Torres (escritura pública 1834 de 11 de diciembre de 1931). Que luego por escritura pública 741 del 10 de noviembre de 1933, y en el mismo lugar, adquirió de Bernabé Torres el predio “camino del Pelú” de 10 hectáreas, que linda por su lado este con el predio antes indicado. Remata así el Tribunal “Creemos que en razón de la defunción de su señora Leonor García de Torres, procedió (Alejandro) a la apertura del sucesorio y liquidación de la sociedad conyugal, habiéndole adjudicado en su totalidad, los lotes de terrenos que materialmente se habían englobado, más no jurídicamente (escritura pública 204 de marzo 9 de 1953, que protocoliza la sentencia de diciembre 2 de 1952, emanada del juzgado 4º Civil del Circuito) y se determinó en tal documento, que lo adquirido por el modo de la sucesión por causa de muerte, tenía una extensión superficiaria de 18 hectáreas 7.700 metros cuadrados”.
Advierte el Tribunal que por escritura pública 1759 del 6 de julio de 1954 el mentado Alejandro Torres adquirió de Elida de Vergara, en el mismo sector, 1.9 hectáreas, “que colindaba en sus lados norte y este con el predio de que hemos dado cuenta”. Y a continuación, explica que como adquirió de todos los herederos de Alejandro Torres, Carlos Gutiérrez Navarro, en posesión de la totalidad del terreno, aclaró “en forma técnica, dentro de los linderos establecidos en el predio” su área –de 18,7 a 24,5 hectáreas-, “actitud acorde con la forma de enajenar el predio, que lo fue como especie o cuerpo cierto, tal y como se les adjudicó, que no en relación a su cabida”.
Luego de referirse al proceso reivindicatorio incoado por tres de los herederos reconocidos del finado Alejandro Torres, en el que prosperó la excepción previa de prescripción, analiza el Tribunal la prueba testimonial. De Carmen Alicia Martínez Oviedo, celadora al servicio de Carlos Gutiérrez Navarro, resalta que manifestó enfáticamente que los integrantes de la familia Torres invadieron en 1991 en el sector perteneciente a Inversiones Palman Ltda, midieron y luego en un descuido construyeron un cuartico que fue derribado a las dos horas.
De Régulo de Lavalle Matera, señala que dijo conocer a Carlos Gutiérrez Navarro desde 1955, que éste inicio un juicio sucesorio en 1964 relativo a unos terrenos que luego adquirió de los herederos, que conoce su ubicación al igual que los actos posesorios efectuados desde tal época, tales como la construcción de una cabaña de esparcimiento, explotación de canteras, granjas y estudios de factibilidad para urbanizar; que tiene entendido que dentro de las 24 hectáreas que se pretenden está comprendido el lote de 1 hectárea.
De José Ignacio Silvera, celador de la finca Las Mercedes desde 1973 y por 12 años, dice que conoce a sus colindantes y que durante el tiempo de sus servicios no ha sido molestado el poseedor por persona alguna, y que describió los mismos actos posesorios del anterior testigo.
De John Francisco González, actual trabajador de la finca desde 1984, dice que describió el testigo los actos posesorios, la invasión de los señores Torres en 1991, la construcción de la casucha y su derrumbamiento a las dos horas. El Tribunal señala: “y dio explicación, que la Sala considera suficiente, sobre el hecho de existir en el suroccidente, en predio del señor Palma, una vegetación espesa de monte y sin cerca, relativo a los constantes hurtos de alambre y al invierno, que posibilita que crezca el monte”.
De Adolfo Romero Hoyer, resalta el Tribunal que dijo el testigo que por percepción directa sabía de los actos posesorios, pues como empleado de Cementos del Caribe sabe que ella y su filial, Agregados y Concretos S.A., se realizaron sobre el predio contratos de explotación de piedra el cual se suspendió por una urbanización que se encuentra al lado oeste.
De la declaración de Carlos Gutiérrez Navaro, resalta que conoce en detalle los antecedentes de la adquisición del predio y de la autorización para poseerlo en su integridad desde la primera compra a Enrique Torres Ojeda, en 1964; que la última compra la hizo, por conducto de su esposa en 1970; que del terreno de 1 hectárea adquirido por Alejandro de las Salas en 1954 no sabe si fue incluído en “Las Mercedes”, pero como fue adquirido después de ese predio (el de 9.6 hectáreas) le daba la impresión de que había sido englobado en ese terreno; que ninguno de los herederos le manifestó algo sobre el mismo, de ahí que no se haya incluido en la sucesión; que paga sus impuestos prediales desde 1964, vendió parte del terreno a Inversiones Palman Ltda, otra parte a la Universidad Libre y otra más a Blas Castillo Nigrinis.
De estas declaraciones, apreciadas en conjunto, deduce el Tribunal que a Carlos Gutiérrez Navarro se le autorizó para poseer en su totalidad el bien desde 1964 cuando hizo la primera compra de cuota: “Ello para relievar la persuación (sic) de haber adquirido la cosa de quien tenía la facultad para enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato, y al haberse efectuado señalamiento de linderos, estaban los vendedores obligados a entregarle todo lo comprendido en ellos”. Agrega que desde esa fecha Carlos Gutiérrez Navarro ejerció la posesión de buena fe sobre el inmueble y con un título, así fuese aparente o putativo; que constituida la persona jurídica actora (GESTORA JUDICIAL Y COMERCIAL CARLOS GUTIERREZ NAVARRO E HIJOS S. EN C.) durante 13 años ha realizado actos de dueño (siembras, ganadería, contrato de explotación minera) como lo manifiestan los testigos, que errónea pero comprensiblemente se refieren a Carlos Gutiérrez Navarro, su representante legal, actos de dueño que van desde la declaratoria de extinción del contrato de arrendamiento celebrado por Alejandro Torres con la Nación (1988), hasta la venta parcial a la sociedad codemandante, a Blas Castillo Nigrinis y a la Universidad Libre.
Pasa a analizar la situación de INVERSIONES PALMAN LTDA, de la que dice que desde cuando adquirió el terreno de la codemandante GESTORA JUDICIAL Y COMERCIAL CARLOS GURIERREZ NAVARRO E HIJOS S. EN C., hasta la presentación de la demanda habían transcurrido 2 años y 10 meses de posesión (lo declara el celador), con un justo título y buena fe, a la que se agrega la de su tradente. Señala que el título es justo por cuanto en su perfeccionamiento se han cumplido las exigencias legales.
En cuanto al argumento de los demandados, según el cual la posesión no ha sido pacífica, porque ellos han incoado proceso reivindicatorio, partición adicional, inspección judicial anticipada, y construcción de “casucha”, el Tribunal expresa que el primer proceso terminó con la declaración de prescripción extintiva de la acción, que en cuanto a la partición adicional –luego de 27 años de haberse terminado el sucesorio de Alejandro Torres- ninguna virtualidad tiene, máxime si esa adjudicación se efectúa cuando ya había culminado para los demandantes el tiempo exigido para la prescripción de todo el inmueble, a más de que la mera adquisición por sucesión “no determina la posesión”.
Se refiere también al otro argumento de los demandados según el cual el lote de 1,9 hectáreas es independiente del que se pretende usucapir, argumento que el Tribunal descarta con un recorrido sobre diversas probanzas, de las que deduce que dicho lote no fue identificado como diferente de los de las demandantes y más bien está incluido en estos. En efecto, analiza los testimonios en cuanto a ese preciso punto, así: de Carmen Alicia Martínez indica que la testigo expresó que no podía contestar a la pregunta si distinguía los límites naturales del predicho lote de 1,9 hectáreas. De Régulo de Lavalle resalta que el testigo dice no haber tenido conocimiento del lote independiente; que más bien tiene entendido que ese lote forma parte del de 24 hectáreas de propiedad de los demandantes. Resalta que José Ignacio Silvera tampoco sabe sobre dicho lote.
Del dictamen pericial resaltó que los expertos señalaron que no encontraron un “lindero natural” de árboles de vieja data ni otras demarcaciones que indiquen otra propiedad o globo diferente, así como que indicaron que el predio de 1,9 hectáreas está englobado con el predio descrito en las escrituras públicas 3 y 727 poseído ahora por las actoras.
Pasa al informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi del cual resalta y transcribe que el predio “no se encuentra inscrito actualmente”, que no se pudo ubicar en el municipio de Barranquilla sino en Puerto Colombia, pero no exactamente, debido a que con la descripción del mismo aparece en posición inversa “dentro del predio 00-02-000-0062 perteneciente a la Gestora Judicial y Comercial Carlos Gutiérrez Navarro e Hijos S. en C. y el predio 00-02-000-0307 segregado del anterior”.
Concluye entonces el Tribunal que el predio de 1.9 hectáreas no se identificó ni ubicó correctamente, para tenerlo como porción independiente de los predios objeto de las pretensiones, a las que por tanto accede, al confirmar la sentencia del a quo.
LA DEMANDA DE CASACION. CARGO UNICO
En el cargo único que se eleva contra la sentencia acabada de resumir, se acusa al Tribunal de violar indirectamente los artículos 2528, 2527, 2526, 2518, 1887, 1888, 1889, 1741, 1766, 981, 785, 765, 764 del Código Civil, 54 del decreto 1250 de 1970, 174, 187, 233, 241, 246-4, 264, 267-2 del Código de Procedimiento Civil, por indebida aplicación, como consecuencia de no tener en cuenta determinadas pruebas o de valorar incorrectamente otras, cometiendo así error de hecho y de derecho.
Bajo el título “para ganar la prescripción ordinaria se necesita justo título”, comienzan los recurrentes el desarrollo del cargo, primeramente con el error de hecho que le endilgan al Tribunal. Así, afirman que éste no tuvo en cuenta la escritura pública 1759 del 6 de julio de 1954 y la matrícula inmobiliaria 040-0195334, correspondientes al predio de 1,9608 hectáreas de modo que si las hubiera apreciado “y observado el requisito legal de la concurrencia de la buena fe, justo título y posesión en cabeza de quien invoca la prescripción ordinaria, las resultas de la alzada de instancia no hubiera sido otra que la revocatoria en todas sus partes de la sentencia proferida por el a quo”. Indican que esos requisitos no se pueden suplir “con otros supuestos fácticos, y mucho menos con escrituras aclaratorias otorgadas unilateralmente, carentes de causa y objeto lícito, ni con testimonio, ni con apreciaciones ilógicas o lucubraciones antijurídicas, en las cuales se basó el ad quem al tratar de establecer la existencia de justo título en cabeza de las sociedades demandantes”. Así, luego de señalar que cuando se trata de prescripción ordinaria es menester la “concurrencia de la posesión inscrita y material en cabeza de quien la invoca”, expresan que si el Tribunal hubiera apreciado la escritura pública mencionada y la matrícula inmobiliaria antedicha, hubiera concluido que las actoras “no tenían sobre el inmueble que guardan dichos documentos públicos posesión inscrita y/o justo título”, por lo cual pretermitió el artículo 2528 del Código Civil en concordancia con el artículo 407-5, sin especificar de qué código o ley.
En segundo lugar, señalan los recurrentes que la titulación aportada por las sociedades demandantes no contiene legalmente el predio de 1,9 hectáreas de que trata la escritura pública 1759 del 6 de julio de 1954, por lo cual, se le achaca al Tribunal la comisión de error de derecho al atribuirle a esa titulación (escrituras públicas 2 y 3 del 5 de enero de 1978, 15 del 12 enero de 1978 y 727 de 12 de enero de 1988) un mérito probatorio que no tiene, y haberles considerado así como prueba idónea del justo título. Títulos aquellos que, prosigue la censura, “si bien contienen de hecho fraudulentamente el predio de 1 H. 9.608,75 mts2, no de derecho”. Y resulta aberrante que el ad quem haya dado por demostrado el hecho de la posesión regular con un medio proscrito por la ley, como son los documentos escriturarios aportados como pruebas de la posesión regular, “plagados de vicios y carentes de capacidad, con causa y objetos ilícitos”. Señala que el Tribunal, al valorar la escritura pública “No. 1 del 12 de enero de 1978, pretermitió la disposición del artículo 264 parte última, 267 num. 2º y artículo 1766 num 2, 2528, artículo 54 decreto 1250 de 1970. Le otorgó a tal medio un valor que por ley no se le podía conferir”. Repite en seguida que “quien invoca la prescripción ordinaria debe concurrir en su cabeza la posesión inscrita y la material, posesión inscrita, por cuanto el título esgrimido no solo debe contener de hecho el bien inmueble, sino que el título en cuestión debe estar debida y lealmente inscrito en el folio de la matrícula correspondiente”.
En tercer lugar, señalan los recurrentes que la sociedad GESTORA CARLOS GUTIERREZ NAVARRO E HIJOS S. EN C. carece de justo título para prescribir, mediante la prescripción ordinaria, las 12 hectáreas objeto de su pretensión. Al punto, y luego de señalar que con los yerros ya anotados se desquicia la sentencia, indican que la inspección judicial fue mal apreciada por el Tribunal, pues debió valorarla en concordancia con el certificado inmobiliario 040-0055211, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, lo que le impidió observar la carencia absoluta de justos títulos en relación con esa sociedad actora. Expresa que el Tribunal “al valorar la inspección, no le concedió el mérito probatorio que tiene por su claridad, precisión y firmeza sobre la enajenación del inmueble de 18 h. 7.700 mts2”. Y dicen los recurrentes que el Tribunal complementa su juicio errado cuando al referirse a los actos de disposición de la GESTORA CARLOS GUTIERREZ NAVARRO E HIJOS S. EN C., “aprecia, valora mal, le resta mérito para probar la existencia de la escritura No. 466 de marzo 1/91 por medio de la cual, también enajenó a la Universidad Libre 8 hectáreas”, pues la confunde con una autorización para construir, juicio del Tribunal que constituye error de derecho, por apreciación indebida de la inspección judicial en concordancia con el certificado de matrícula 040-055211 y demás pruebas documentales que se debieron apreciar en conjunto, sustrayéndose de la firmeza, precisión y calidad y así negándole a la inspección su carácter necesario y esencial.
En cuarto lugar, le achacan al Tribunal la comisión de error de derecho en la mala apreciación que hace al atribuirle alcance diverso al que la ley le otorga a las pruebas testimoniales y a la providencia del 18 de abril de 1990 del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla, proferida dentro de un proceso reivindicatorio. Tras señalar que estas pruebas fueron regularmente producidas, indican que los testimonios no dicen nada de la posesión material actual, pues solo evocan hechos pasados, no son armoniosos, ni responsivos, ni idóneos para acreditar “primer (sic) material y mucho menos son elementos fácticos para probar justos títulos”. Al punto reproduce apartes de algunos testimonios. Y en cuanto a la providencia de abril de 1990, supone el Tribunal que en ella –donde quedó probada la excepción previa de prescripción extintiva frente a un proceso reivindicatorio- se trató el inmueble de 1.9 hectáreas, cayendo así en error de derecho, pues dicha providencia es ajena totalmente al inmueble contenido en la escritura pública 1759 del 6 de julio de 1954 y “ni siquiera con relación al predio demandado” por cuanto la excepción versó sobre “el derecho que les cabía en base a justos títulos sobre 18 h. 7.700 mts2 mas no posesión material sobre el predio a reivindicar”
En síntesis, el cargo se enfoca en hacer ver que como para que se dé la prescripción ordinaria es necesario de justo título, y que si es traslaticio debe acompañarse de su inscripción, las escrituras públicas registradas que adujeron las demandantes no sirven pues se refieren a otro predio, distinto del de 1.9 hectáreas, de que da cuenta la escritura pública 1759 del 6 de julio de 1954. Y este razonamiento, que como se ve está dirigido exclusivamente a desquiciar la declaración de pertenencia contenida en la sentencia, es presentado, bajo una u otra óptica, en cuatro apartes en que la denominada parte sustancial de la demanda se divide, acápites que la Corte estudiará en su orden. Pero antes de resaltar los desaciertos que esos ataques presentan, según luego se verá, conviene puntualizar nuevamente que todos van dirigidos a hacer ver que las demandantes no tienen justo título en relación con un lote de 1.9 hectáreas. Pero para el Tribunal -y en lo cual la Corte no entrará en análisis de fondo por los defectos del cargo y por tanto se ubicará desde la perspectiva de esa Corporación-, los demandados no lograron ubicar ese lote por fuera de los predios cuya pertenencia se solicitó; por el contrario, afirmó el Tribunal Corporación que el lote de 1.9 hectáreas fue materialmente (y no jurídicamente) englobado por el finado y antecesor Alejandro Torres de las Salas en el terreno de mayor extensión (matriz, denominado “Las Mercedes” del cual se desmembraron los dos que se pretenden en pertenencia) que a la sazón le vendieron los Torres y Rodríguez Torres a Carlos Gutiérrez Navarro y Elsa Strauss (fl 70 cdno Tribunal). Y señaló además el Tribunal que este predio mayor fue vendido como cuerpo cierto, de modo que como en éste estaba incluido o englobado de hecho el de 1.9 hectáreas, quedó comprendido dentro de los linderos señalados en la venta que los Torres y Rodríguez Torres hicieron (fl 50 cdno Tribunal), apreciación que por lo demás, es una aplicación de lo dispuesto en el artículo 1889 del Código Civil. Estos planteamientos determinaron que el Tribunal tuviese por justos títulos los que adujeron las demandantes, como que proceden de quienes, ahora demandados, fueron los propietarios y tradentes de sus cuotas de dominio adquiridas en la sucesión de Alejandro Torres de las Salas. Y este pilar de la sentencia no fue combatido, pues nada se dijo en la extensa demanda acerca de la venta como cuerpo cierto ni del englobe de que fue objeto, según el Tribunal, el predio de 1.9 hectáreas.
Por consiguiente, una primera falencia denota el cargo, y es la de no haber combatido estos fundamentos de la sentencia, pues, amparada como viene con la presunción de acierto y legalidad es claro que el impugnante debe combatir todos los pilares en que se halla sustentada la sentencia, de manera que si un fundamento de la misma queda incólume y le presta apoyo para sostenerla, la Corte debe preservar esa sentencia.
Pero los desaciertos no paran allí. Se alega en el cargo: 1) que el Tribunal cometió error de hecho al no apreciar la predicha escritura 1759 del 6 de julio de 1954, otorgada en la Notaría 1ª de Barranquilla y la matrícula inmobiliaria 040-0195334 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad, pues de haberlas apreciado hubiera concluido que las demandantes no tenían justo título (a veces indican también “posesión inscrita”). 2) Que el tribunal cometió error de derecho al tener por justos títulos de la porción de terreno de 1.9 hectáreas, las escrituras aducidas por las demandantes, por lo demás plagadas de vicios, alegándose que esa Corporación al valorar la escritura pública 15 del 12 enero de 1978 (aclaración del área, de 18 a 24 hectáreas) violó los artículos 264, 267, 1766, 2528 y 54 del decreto 1250 de 1970, pues le otorgó un valor que por ley no se le podía conferir. 3) Que el Tribunal cometió error de derecho al apreciar mal la inspección judicial, no obstante su claridad, firmeza y precisión, en concordancia con el certificado de matrícula, y demás pruebas documentales, que se debieron apreciar en conjunto. 4) Que cometió error de derecho en la apreciación de los testimonios, que no dicen nada de la posesión actual, y de un auto que decretó la excepción previa de prescripción extintiva dictado en otro proceso, uno reivindicatorio, suponiendo que en éste hizo parte el predio de 1,9 hectáreas.
Antes de analizarlos uno a uno, es pertinente recordar que cuando se trata de atacar una sentencia por violación indirecta de normas sustanciales, a más de la necesaria indicación de la norma sustancial que es la base fundamental del fallo o ha debido serlo, debe distinguirse bien y no mezclar el error de derecho y el de hecho, pues al paso que el primero recae en la eficacia jurídica de la prueba o en la manera como ella se produjo, decretó, practicó o trajo a los autos, en el segundo se incurre por omisión, suposición o cercenamiento de una prueba. En cuanto al primero (error de derecho), el último inciso del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil exige que el censor indique qué norma de estirpe probatoria infringió el Tribunal, amén de determinar cómo fue que esa norma probatoria se violó para así continuar en su discurrir combativo, con la violación de la norma sustancial, bien por aplicación indebida o falta de aplicación. Y en cuanto al error de hecho el artículo mencionado establece que éste debe no sólo ser manifiesto, evidente o que a simple vista resalte, sino que el censor debe darse a la tarea de determinar la prueba sobre la cual el Tribunal cometió tamaño yerro, bien en la demanda, o en su contestación o en una “determinada”, sin que se cumpla con este requisito de la determinación cuando el recurrente presenta una enumeración del acervo probatorio del proceso, pues lo que se pide, sobre todo en punto de la demostración del yerro, es que el impugnante defina qué prueba no vio o vio mal o supuso el tribunal, indique la errónea consecuencia que el Tribunal dedujo de la misma, y además precise la que de manera diáfana se desprende de la misma, la que por lo demás, debe ser trascendente, es decir, de tanta importancia en las resultas de la decisión, que de haberse apreciado la misma en la forma como el censor lo muestra, forma única además, el Tribunal hubiese tenido que llegar a una conclusión diferente de la que plasmó en la sentencia.
En cuanto al primer ataque, que se dirige a demostrar que el Tribunal cometió error de hecho por omisión en la apreciación de la escritura pública 1759, debe señalarse que dicho yerro no existe, por cuanto tal instrumento sí fue apreciado y valorado por esa Corporación, como se nota en estos acápites del fallo: “Quedó por fuera de la sucesión del señor Alejandro Torres de las Salas, el predio adquirido a la señora Elida de Vergara por escritura pública 1759 de julio 6 de 1954, Notaría 1ª, con una extensión superficiaria de 1 hectárea con 9.608,75 metros cuadrados, ubicado en la banda norte de la carretera que conduce de Barranquilla a Puerto Colombia, en jurisdicción de este municipio de Barranquilla, que mida linda…”. Y líneas después, con el objeto de constatar tanto si el predio a que se refiere esa escritura pública es independiente del que pretenden las demandantes, como de verificar si hay lugar a la cancelación de la matrícula inmobiliaria No. 040-0195334, el Tribunal analiza varios testimonios, el dictamen pericial y el informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para así deducir que no es claro que el lote de 1,9 hectáreas “se haya identificado y ubicado correctamente, para tenerlo como porción independiente del predio Las Mercedes”. Llega el Tribunal al convencimiento de que dicho predio fue englobado “por su primigenio adquirente, señor Alejandro Torres de las Salas” (fl 70 cdno Tribunal), según ya se vio, pero que aquí luce pertinente volver a resaltar para mostrar cómo el Tribunal si apreció dicho instrumento público. Otra cosa es, cual lo dejan apenas entrever los recurrentes, que en ese título ni en el certificado de registro aparezcan las demandantes como titulares inscritas del derecho de dominio, pero es que la tradición (modo traslaticio) y el justo título los vio el Tribunal en las escrituras públicas registradas que aportaron, bajo el entendido de que en ellas se comprendía el predio de la escritura pública 1759.
En cuanto al segundo ataque, a saber, el que le achaca al Tribunal la comisión de error de derecho por ver en las escrituras públicas que aportaron las demandantes justos títulos para declarar la prescripción ordinaria en relación con el predio de 1.9 hectáreas, insisten en que la ley proscribe ese medio de prueba, es decir, la escritura pública registrada, como demostración del justo título. Pero es precisamente lo contrario lo que la ley establece, porque ella exige que sea mediante escritura pública registrada como se pruebe la tradición y titularidad de los bienes raíces, según se lee en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 1857 del Código Civil y el 2º del decreto 1250 de 1970.
En relación con el tercer ataque, en el que se duelen los recurrentes porque el Tribunal apreció mal la inspección judicial a pesar de su firmeza, claridad y precisión, se equivocan al determinar el tipo de error, pues aducen que el tribunal cometió error de derecho, que supone la contemplación objetiva de la prueba en toda su realidad, cosa que no ocurre cuando se señala que el tribunal no apreció bien la prueba.
Y en cuanto al cuarto ataque, las mismas apreciaciones caben, pues como lo tiene dicho la jurisprudencia reiterada de la Corte, la equivocada apreciación de los testimonios constituye un yerro fáctico y no de derecho.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO CASA la sentencia de fecha 28 de agosto de 1996 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso promovido por GESTORA JUDICIAL Y COMERCIAL CARLOS GUTIERREZ NAVARRO E HIJOS S. EN C. e INVERSIONES PALMAN LTDA contra las personas a continuación mencionadas, en su propio nombre y en su condición de herederos de ALEJANDRO TORRES DE LAS SALAS: FRANCISCO, SIMON y HECTOR TORRES GARCIA, ENRIQUE TORRES OJEDA, REINALDO, ASDRUBAL, JORGE, ROSARIO y ARMANDO RODRIGUEZ TORRES, MARIA, BERNABE, ALEJANDRO y ARCENIO TORRES DE LA HOZ, DOMINGA TORRES DE PEREZ, EDITH TORRES DE OCHOA, MANUEL, LEONOR y OSVALDO TORRES CHARRIS y NOHORA ISABEL TORRES DE TORRES y personas indeterminadas.
Condénase en costas al recurrente. Tásense.
NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN