Source: https://delitosypenas.wordpress.com/2007/11/23/sentencia-velasquez-rodriguez/
Timestamp: 2018-02-20 01:54:33
Document Index: 236176814

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 19', 'artículo 10', 'Artículo 25', 'Artículo 44', 'artículo 39', 'Artículo 39', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 59', 'artículo 63', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 46', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 42', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 62', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 45']

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Posted by delitosypenas en noviembre 23, 2007
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO VELASQUEZ RODRIGUEZ
de acuerdo con el artículo 27.4 de su Reglamento (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente sentencia sobre las excepciones preliminares interpuestas en los escritos y alegadas en la audiencia pública por el Gobierno de Honduras (en adelante “el Gobierno”).
1. El presente caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) el 24 de abril de 1986. Se originó en una denuncia (No. 7920) contra Honduras recibida en la Secretaría de la Comisión el 7 de octubre de 1981.
2. Al presentar el caso, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”). La Comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decida si hubo violación, por parte del Estado involucrado, de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención en perjuicio del señor Angel Manfredo Velásquez Rodríguez y solicitó que la Corte disponga “se reparen las consecuencias de la situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y se otorgue a la parte o partes lesionadas una justa indemnización”.
4. El 23 de julio de 1986 el Juez Jorge R. Hernández Alcerro comunicó al Presidente de la Corte que, con fundamento en el artículo 19.2 del Estatuto de la misma, “he decidido excusarme del conocimiento de los tres casos que . . . fueron sometidos a consideración de la Corte”. El Presidente, mediante nota de esa misma fecha, comunicó al Gobierno que, de acuerdo con el artículo 10.3 del Estatuto de la Corte, tenía derecho a designar un juez ad hoc. El Gobierno por nota de fecha 21 de agosto de 1986 designó para ese efecto al Abogado Rigoberto Espinal Irías.
6. Por resolución de 29 de agosto de 1986, el Presidente, después de haber consultado con las partes, señaló el 31 de octubre de 1986 como fecha límite para que el Gobierno presentara su escrito sobre este caso. A la vez fijó el día 15 de enero de 1987 para que la Comisión presentara el suyo y dispuso el 1º de marzo como fecha límite para la presentación de la respuesta del Gobierno.
10. Mediante escrito de fecha 13 de marzo de 1987, el Gobierno comunicó que por cuanto “la Resolución del 30 de enero de 1987 no se circunscribe a asuntos de mero trámite ni a fijación de plazos, sino que incluye una labor interpretativa y de calificación de los escritos presentados . . . considera deseable, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 25 del Estatuto de la Corte y del Artículo 44, párrafo 2, de su Reglamento, que la Corte confirme los términos de la resolución del Presidente de la Corte del 30 de enero de 1987, como una medida tendiente a evitar ulterior confusión entre las partes, toda vez que siendo los primeros casos contenciosos que se someten al conocimiento de la misma, resulta especialmente conveniente asegurar el estricto cumplimiento y la correcta aplicación de las normas de procedimiento de la Corte.”
11. La Comisión, en escrito que acompañó a sus observaciones de fecha 20 de marzo de 1987, solicitó al Presidente que dejara sin efecto el párrafo 3 de la resolución de 30 de enero de 1987 en el cual se fijó la fecha para celebrar la audiencia pública. También expresó que “(e)n ninguna parte de su Memoria, el Gobierno de Honduras ha presentado sus objeciones con el carácter de excepciones preliminares”. Por su parte, el Gobierno, en nota de 11 de junio de 1987, se refirió a ellas como “objeciones preliminares”.
12. Mediante nota de 15 de mayo de 1987, el Presidente comunicó al Gobierno que “en las audiencias públicas sobre los casos, el Gobierno proceda de primero y sea, luego, seguido por la Comisión. Al presentar su caso, el Gobierno será libre de hacer exposiciones orales y de pedir o presentar la prueba pertinente para los asuntos en consideración. La Comisión tendrá el mismo derecho”.
Dr. Hugo Muñóz, Consejero
15. Según la denuncia presentada ante la Comisión el 7 de octubre de 1981 y la información complementaria recibida en los días inmediatos siguientes, Angel Manfredo Velásquez Rodríguez, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, “fue apresado en forma violenta y sin mediar orden judicial de captura, por elementos de la Dirección Nacional de Investigación (DNI) y del G-2 de las Fuerzas Armadas de Honduras”, en Tegucigalpa, el 12 de setiembre de 1981 en horas de la tarde. Los denunciantes declararon que varios testigos oculares manifestaron que fue llevado junto con otros detenidos a las celdas de la II Estación de la Fuerza de Seguridad Pública ubicadas en el Barrio El Machén de Tegucigalpa, donde fue sometido a “duras interrogaciones bajo crueles torturas, acusado de supuestos delitos políticos”; agrega la denuncia que el 17 de setiembre de 1981 fue trasladado al I Batallón de Infantería donde prosiguieron con los interrogatorios descritos y que, a pesar de ésto, todos los cuerpos policiales y de seguridad negaron su detención.
17. En vista de la falta de respuesta, la Comisión reiteró al Gobierno, el 14 de mayo de 1982, la solicitud de información y le señaló que, de no recibirla en un plazo razonable, consideraría la aplicación del artículo 39 (actual 42) de su Reglamento y presumiría como verdaderos los hechos denunciados.
19. En su 61º Período de Sesiones, la Comisión aprobó la resolución 30/83 de 4 de octubre de 1983, cuya parte dispositiva reza como sigue:
1. Por aplicación del Artículo 39 del Reglamento presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 7 de octubre de 1981 relativos a la detención y posterior desaparición del señor Angel Manfredo Velásquez Rodríguez en la República de Honduras.
2. Observar al Gobierno de Honduras que tales hechos constituyen gravísimas violaciones al derecho a la vida (Artículo 4) y al derecho a la libertad personal (Artículo 7) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. Recomendar al Gobierno de Honduras: a) que disponga una investigación completa e imparcial para determinar la autoría de los hechos denunciados; b) que de acuerdo con las leyes de Honduras sancione a los responsables de dichos hechos; c) que informe a la Comisión dentro de un plazo máximo de 60 días en especial sobre las medidas tomadas para poner en práctica las recomendaciones consignadas en la presente Resolución.
4. Si transcurrido el plazo fijado en el numeral 3 de esta Resolución el Gobierno de Honduras no presentare observaciones, la Comisión incluirá esta Resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de conformidad con el Artículo 59 inciso g) del Reglamento de la Comisión.
20. El 18 de noviembre de 1983 el Gobierno solicitó la reconsideración de la resolución 30/83, argumentando que no se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna; que la Dirección Nacional de Investigación desconocía el paradero de Velásquez Rodríguez; que el Gobierno estaba haciendo todas las diligencias para esclarecer el paradero de la persona en cuestión y que habían rumores de que Velásquez Rodríguez “anda con grupos de guerrilleros de El Salvador”.
21. El 30 de mayo de 1984 la Comisión comunicó al Gobierno que, en su 62º Período de Sesiones celebrado en mayo de 1984, había acordado “a la luz de las informaciones suministradas por Vuestro Ilustrado Gobierno, reconsiderar la resolución 30/83, continuando con el estudio del caso”, y solicitó información, entre otros aspectos, sobre el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna.
22. La Comisión, el 29 de enero de 1985, reiteró el pedido de 30 de mayo de 1984 y advirtió que adoptaría una decisión final sobre este caso en su sesión de marzo de 1985. El 1º de marzo de ese año el Gobierno pidió que la decisión final fuera postergada e informó que se había establecido una Comisión Investigadora sobre la materia. La Comisión accedió el 11 de marzo a la solicitud del Gobierno y le concedió un plazo de 30 días para enviar la información pedida, sin que ésta hubiese sido remitida por el Gobierno.
23. El 7 de abril de 1986, el Gobierno informó sobre los resultados de las diligencias incoadas ante el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal, el cual dictó auto de sobreseimiento, “a excepción del General Gustavo Alvarez Martínez, por haberse sacado testimonio, por hallarse éste fuera del país”, decisión posteriormente confirmada por la Corte Primera de Apelaciones. Dichas actuaciones son referentes a la desaparición de Velásquez Rodríguez y otros.
24. La Comisión, en resolución 22/86 de 18 de abril de 1986, adoptada en su 67º Período de Sesiones, consideró que la nueva información presentada por el Gobierno no era suficiente para ameritar una reconsideración de su resolución 30/83 y que, por el contrario, “de todos los elementos de juicio que obran en el caso se deduce que el señor Angel Manfredo Velásquez Rodríguez continúa desaparecido sin que el Gobierno. . . haya ofrecido pruebas concluyentes que permitan establecer que no son verdaderos los hechos denunciados”. La Comisión en esa misma resolución confirmó la 30/83, negó el pedido de reconsideración y refirió el asunto a la Corte.
1. El procedimiento establecido para la admisibilidad de la petición o comunicación, no fue observado por la Comisión.
1. Que Angel Manfredo Velásquez Rodríguez fue detenido el 12 de septiembre de 1981 por funcionarios o agentes del Gobierno de Honduras y que, desde esa fecha, se encuentra desaparecido, lo cual constituye una gravísima violación al derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal que reconocen los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Honduras es parte.
3. Que, habiendo Honduras reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión reitera su petición para que esa Ilustre Corte, en aplicación del artículo 63, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos decida que en el presente caso hubo violación de los derechos a la vida (artículo 4), a la integridad personal (artículo 5) y a la libertad personal (artículo 7) consagrados en la mencionada Convención; disponga que se reparen las consecuencias de la situación que ha configurado la vulneración de esos derechos, así como también se otorgue a la parte o partes lesionadas una justa indemnización.
29. Ese planteamiento no se adecúa a la Convención, en cuyos términos la Corte, en ejercicio de su competencia contenciosa, está facultada para decidir “sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de (la) Convención” (art. 62.1). Son esas las atribuciones que aceptan los Estados que se someten a la jurisdicción obligatoria de la Corte. Los términos amplios en que está redactada la Convención indican que la Corte ejerce una jurisdicción plena sobre todas las cuestiones relativas a un caso. Ella es competente, por consiguiente, para decidir si se ha producido una violación a alguno de los derechos y libertades reconocidos por la Convención y para adoptar las disposiciones apropiadas derivadas de semejante situación; pero lo es igualmente para juzgar sobre los presupuestos procesales en que se fundamenta su posibilidad de conocer del caso y para verificar el cumplimiento de toda norma de precedimiento en la que esté envuelta la “interpretación o aplicación de (la) Convención”. En el ejercicio de esas atribuciones la Corte no está vinculada con lo que previamente haya decidido la Comisión, sino que está habilitada para sentenciar libremente, de acuerdo con su propia apreciación. Obviamente la Corte no actúa, con respecto a la Comisión, en un procedimiento de revisión, de apelación u otro semejante. Su jurisdicción plena para considerar y revisar in toto lo precedentemente actuado y decidido por la Comisión, resulta de su carácter de único órgano jurisdiccional de la materia. En este sentido, al tiempo que se asegura una más completa protección judicial de los derechos humanos reconocidos por la Convención, se garantiza a los Estados Partes que han aceptado la competencia de la Corte, el estricto respeto de sus normas.
30. La Corte entiende que la interpretación de todas las normas de la Convención relativas al procedimiento que debe cumplirse ante la Comisión para que “la Corte pueda conocer de cualquier caso” (art. 61.2), debe hacerse de forma tal que permita la protección internacional de los derechos humanos que constituye la razón misma de la existencia de la Convención y llegar, si es preciso, al control jurisdiccional. Los tratados deben interpretarse “de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin” (art. 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). El objeto y fin de la Convención Americana es la eficaz protección de los derechos humanos. Por ello, la Convención debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la Comisión y de la Corte adquiera todo “su efecto útil”. Es plenamente aplicable aquí lo que ha dicho la Corte de La Haya:
d) omisión de una audiencia previa;
e) aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención, y
f) no agotamiento de los recursos internos de jurisdicción interna.
37. El artículo 46.1 de la Convención enumera los requisitos necesarios para que una “petición. . . sea admitida” por la Comisión y el artículo 48.1.a) establece el procedimiento que se ha de seguir si la Comisión “reconoce la admisibilidad de la petición”.
c) Si acepta, en principio, la admisibilidad de la petición, solicitará informaciones al Gobierno del Estado aludido transcribiendo las partes pertinentes de la petición.
44. Desde un punto de vista literal, la frase utilizada por el artículo 48.1.f) de la Convención, la Comisión “se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa”, parece establecer un trámite obligatorio. Sin embargo, la Corte considera que una interpretación, de acuerdo con el contexto de la Convención, lleva al convencimiento de que esa actuación de la Comisión debe intentarse sólo cuando las circunstancias de una controversia determinen la necesidad o la conveniencia de utilizar este instrumento, supuestos sujetos a la apreciación de la Comisión.
48. La Comisión objetó este razonamiento en la misma audiencia, por considerar que la investigación in loco no es imperativa y que sólo debe ordenarse en los casos graves y urgentes. Dijo la Comisión, además, que tal diligencia no fue solicitada por las partes, ni es posible ordenarla de oficio en todas las denuncias individuales, muy numerosas, que se presentan ante ella.
51. El Gobierno expuso en la audiencia con la Corte un argumento similar en el sentido de que la Comisión estaba obligada a realizar una audiencia previa, de acuerdo con el artículo 48.1.e) de la Convención, a fin de esclarecer los hechos denunciados, como un requisito anterior a la resolución 30/83, por la cual la Comisión tuvo por comprobados dichos hechos con base en la presunción prevista en el artículo 42 (antiguo 39) del Reglamento de la Comisión.
65. Lo primero que llama la atención es la existencia de dos resoluciones (30/83 y 22/86), adoptadas por la Comisión con aproximadamente dos años y medio de diferencia, ninguna de las cuales ha sido designada formalmente como “informe”, a los efectos del artículo 50. Este hecho plantea dos problemas distintos. El primero se refiere a los requisitos que deben llenar los informes preparados de conformidad con el artículo 50 y a si las resoluciones adoptadas por la Comisión se adecúan a esos requisitos. El segundo se refiere a la existencia de las dos resoluciones, la última de las cuales, a tiempo que confirma la precedente, contiene la decisión de someter el caso a la Corte.
67. No obstante, la resolución 30/83 no fue designada como “informe” por la Comisión y es claro que la terminología empleada por ésta no se ciñe al léxico de la Convención. Esa circunstancia, sin embargo, no es relevante si el contenido del acto aprobado por la Comisión se adecúa sustancialmente, como en el presente caso, a las previsiones del artículo 50 y si no quedan afectados tampoco los derechos procesales de las partes, especialmente el del Estado de contar con una oportunidad final para resolver el asunto por sus propios medios, antes de que pueda ser introducido a la Corte. El examen de si, en el presente caso, se cumplió con esta última condición está vinculada con el otro problema que la Corte ya había planteado, como es la adopción por la Comisión de dos resoluciones que son la 30/83 y la 22/86.
68. La resolución 30/83 fue adoptada por la Comisión durante su 61º Período de Sesiones (octubre de 1983) y comunicada al Gobierno con nota del 11 de octubre de 1983. Por nota del 18 de noviembre de ese año, es decir, antes de que hubieran transcurrido tres meses desde la adopción de la resolución 30/83 y, en consecuencia, estando aún abierta la posibilidad de introducir el caso ante la Corte, el Gobierno solicitó a la Comisión la reconsideración de la mencionada resolución, fundándose en la existencia de diversos trámites internos, cuya decisión estaba aún pendiente, y que podían conducir a resolver la cuestión en los términos planteados por la Comisión. Esta, habida cuenta de las observaciones del Gobierno, al dar trámite a la solicitud de reconsideración, acordó, en su 62º Período de Sesiones (mayo de 1984), “continuar con el estudio del caso”. Como consecuencia de dicha resolución, solicitó información adicional al Gobierno sobre diversos aspectos atinentes al caso. Finalmente, en vista de que, en su criterio, los elementos de juicio presentados por el Gobierno durante el tiempo transcurrido desde su primera resolución no resultaban suficientes para llevar a cabo un nuevo examen del asunto, resolvió, el 18 de abril de 1986 (resolución 22/86), confirmar su resolución 30/83 y someter el caso a la consideración de la Corte.
70. Por otra parte, la extensión de los plazos dentro de los cuales un asunto debe quedar listo para ser sometido a la decisión de la Corte, no perjudica la posición procesal del Estado, cuando tal extensión resulte de una iniciativa de éste. En el presente asunto la decisión de la Comisión de “continuar con el estudio del caso” redundó en una sustancial extensión, de aproximadamente dos años y medio, del término de que disponía el Gobierno, como última oportunidad, para resolver la cuestión planteada sin verse expuesto a una demanda judicial. En consecuencia, su derecho de defensa y la posibilidad de remediar la situación con sus propios medios no se vieron disminuidos.
72. El Gobierno ha planteado que la ratificación de la resolución 30/83 debió acarrear la reposición del plazo de sesenta días contemplado en aquélla para que el Gobierno adoptara las recomendaciones aprobadas por la Comisión. Dadas las circunstancias del caso, la Corte estima que dicha pretensión está mal fundada, pues el Gobierno dispuso de un plazo mucho más largo para ese fin, en perjuicio del interés del reclamante de obtener una solución apropiada dentro de los plazos legalmente establecidos.
73. Debe tenerse presente, además, la circunstancia de que, entre 1983 y 1986, la investigación dispuesta por el Gobierno condujo a concluir en la imposibilidad de pronunciarse con certeza absoluta sobre desapariciones de personas como consecuencia de hechos imputables a autoridades gubernamentales. En el mismo sentido, el Gobierno había informado a la Comisión, por nota del 7 de abril de 1986 que el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal había sobreseído las diligencias relativas a la desaparición de Manfredo Velásquez, fallo confirmado por la Corte Primera de Apelaciones “a excepción del General Gustavo Alvarez Martínez, por haberse sacado testimonio, por hallarse éste fuera del país”. En tales condiciones, carecía de sentido otorgar nuevos plazos, que habrían extendido aún más los dispuestos por la Convención, antes de que el asunto pudiera ser sometido ante la Corte.
80. En relación con el tema se advierte que a pesar de que el trámite del asunto ante la Comisión se inició el 7 de octubre de 1981, esta materia fue planteada por el Gobierno solamente el 18 de noviembre de 1983 cuando al solicitar la reconsideración de la resolución 30/83, señaló que “la jurisdicción interna de mi país no ha sido agotada” porque “un Recurso de Exhibición Personal. . . está pendiente”. La Comisión, por su parte, en nota del 30 de mayo de 1984, relativa a la solicitud de reconsideración introducida por el Gobierno, pidió información sobre si “(a) la fecha se ha(bían) agotado los recursos de la jurisdicción interna”. Finalmente, la resolución 22/86 señaló que “se configura en este caso, además, un hecho de retardo injustificado en la administración de justicia”.
81. En la fase escrita del procedimiento ante la Corte, el Gobierno expresó que “el peticionario no ha demostrado a la Comisión que los recursos internos hayan sido previamente agotados o interpuestos”. Dicho planteamiento fue ratificado en la audiencia en la que, además, se agregó que la exhibición personal no agota los recursos internos según el derecho hondureño.
84. La Corte ante todo debe reiterar que, si bien el agotamiento de los recursos internos es un requisito de admisibilidad ante la Comisión, la determinación de si tales recursos se han interpuesto y agotado o si se está en presencia de una de las excepciones a la exigibilidad de dicho requisito, es una cuestión relativa a la interpretación o aplicación de la Convención que, como tal, cae dentro de la competencia contenciosa de la Corte al tenor de lo dispuesto por el artículo 62.1 de la Convención (supra 29). La oportunidad en que la Corte deba pronunciarse sobre una alegación relativa a los recursos internos dependerá de las circunstancias propias de cada caso. Nada se opone, en principio, a que la Corte resuelva como excepción preliminar un desacuerdo entre las partes relativo al agotamiento de los recursos internos, en particular cuando tal excepción sea desestimada por la Corte o, por el contrario, que lo decida junto con el fondo. Por consiguiente, para decidir en el presente caso si la objeción formulada por el Gobierno en relación con la falta de agotamiento de los recursos internos debe ser unida con la cuestión de fondo, la Corte deberá examinar las particularidades que reviste la materia, en los términos concretos en que está planteada.
85. El artículo 46.1.a) de la Convención indica que la admisibilidad de una petición introducida ante la Comisión según el artículo 44, está sujeta al requisito de “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”.
87. No es necesario que la Corte resuelva en este caso la cuestión de saber si la enumeración del artículo 46.2 es taxativa o solamente ilustrativa. Sin embargo, la referencia a “los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos” indica, entre otras cosas, que esos principios no son relevantes solamente para determinar en qué situaciones se exime del agotamiento de los recursos, sino también porque son elementos necesarios para el análisis que la Corte haga al interpretar y aplicar las reglas establecidas en el artículo 46.1.a), por ejemplo, al tratar problemas relativos a la forma como debe probarse el no agotamiento de los recursos internos o a quién tiene la carga de la prueba o, incluso, qué debe entenderse por “recursos internos”. Fuera de la referencia a esos principios, la Convención no establece reglas para la solución de tales cuestiones y de otras análogas.
88. De los principios de derecho internacional generalmente reconocidos resulta, en primer lugar, que se trata de una regla cuya invocación puede ser renunciada en forma expresa o tácita por el Estado que tiene derecho a invocarla, lo que ya ha sido reconocido por la Corte en anterior oportunidad (v. Asunto de Viviana Gallardo y otras, Decisión del 13 de noviembre de 1981, No. G 101/81. Serie A, párr. 26). En segundo lugar, que la excepción de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual podrá presumirse la renuncia tácita a valerse de la misma por parte del Estado interesado. En tercer lugar, que el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad.
89. Al aplicar los anteriores principios al presente caso, la Corte observa que el expediente evidencia: a) que el Gobierno no interpuso la excepción en tiempo oportuno, cuando la Comisión inició el conocimiento de la denuncia introducida ante ella; y b) que al interponerla, lo hizo de manera confusa. Así, por ejemplo, en su nota del 18 de noviembre de 1983, señaló que la jurisdicción interna no estaba agotada porque un recurso de exhibición personal estaba pendiente, mientras que en la audiencia sostuvo que el recurso de exhibición personal no agota los recursos internos. En otras oportunidades el Gobierno se refirió a dichos recursos en forma muy general, sin precisar cuáles eran los remedios útiles, según el derecho interno, para resolver controversias como la que está sometida a consideración de la Corte. También hay evidencia en el expediente de que el Gobierno respondió a los requerimientos de información que le fueron dirigidos por la Comisión, incluso los relativos a los recursos internos, sólo después de largas demoras y que la información suministrada no respondió siempre a las preguntas formuladas por la Comisión.
90. En circunstancias normales, la descrita conducta del Gobierno justificaría la conclusión de que hace largo tiempo pasó el momento para pretender el rechazo de este caso con base en el no agotamiento de los recursos internos. Sin embargo, la Corte no debe resolver sin tener en cuenta ciertas actuaciones procesales cumplidas por ambas partes. Por ejemplo, el Gobierno no hizo valer la excepción de los recursos internos en el momento en que recibió la comunicación formal de la petición introducida ante la Comisión, como medio para oponerse a la admisibilidad de la misma, y tampoco respondió a la solicitud de información de la Comisión. La Comisión, por su parte, al recibir por primera vez la alegación de que aún no se habían agotado los recursos internos, lo que ocurrió en fecha posterior a la adopción de su resolución 30/83, no sólo omitió señalar al Gobierno que tal alegación resultaba extemporánea, sino que, por nota del 30 de mayo de 1984, le solicitó información sobre si “(a) la fecha se han agotado los recursos de la jurisdicción interna”. En esas condiciones, y sin más evidencias que las contenidas en el expediente, la Corte considera que sería impropio rechazar in limine la excepción del Gobierno sin dar a ambas partes la oportunidad de sustanciar plenamente sus puntos de vista.
91. La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que están presentes en la Convención. En efecto, según ella, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1). Por eso, cuando se invocan ciertas excepciones a la regla de no agotamiento de los recursos internos, como son la inefectividad de tales recursos o la inexistencia del debido proceso legal, no sólo se está alegando que el agraviado no está obligado a interponer tales recursos, sino que indirectamente se está imputando al Estado involucrado una nueva violación a las obligaciones contraídas por la Convención. En tales circunstancias la cuestión de los recursos internos se aproxima sensiblemente a la materia de fondo.
97. El artículo 45.1.1) del Reglamento dispone que “(l)a sentencia contendrá: 1) el pronunciamiento sobre las costas, si procede”. La Corte reservará su pronunciamiento sobre este punto para decidirlo con la cuestión de fondo.
Por tanto, LA CORTE,
Rafael Nieto Navia Rodolfo E. Piza E.
Héctor Gros Espiell Rigoberto Espinal Irías
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