Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6421&iu=0
Timestamp: 2017-11-24 02:00:26
Document Index: 410376428

Matched Legal Cases: ['artículo 385', 'artículo 380', 'artículo 385', 'artículo 29', 'artículo 385', 'artículo 385', 'artículo 2', 'artículo 72', 'artículo 375', 'artículo 32', 'artículo 376', 'artículo 33', 'artículo 377', 'artículo 34', 'artículo 378', 'artículo 35', 'artículo 379', 'artículo 36', 'artículo 382', 'artículo 43', 'artículo 64', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 385', 'artículo 9', 'artículo 385']

Sentencia C-689 de 2002 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 27/08/2002
Fecha de Entrada en Vigencia: 27/08/2002
SCC06892002
SENTENCIA C-689 DE 2002
Ver arts. 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 Ley 599 de 2000
Actor: Pedro Augusto Nieto Góngora
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Pedro Augusto Nieto Góngora demandó los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 "por la cual se expide el Código Penal"
El Magistrado Sustanciador, mediante auto fechado el 8 de febrero de 2002, admitió la demanda de la referencia, en relación con los cargos de inconstitucionalidad presentados por violación de los artículos 6, 13, 16, 22 y 29 de la Constitución Política. Así mismo, dispuso fijar en lista la norma acusada en la Secretaría General de ésta Corporación y, ordenó comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministerio de Justicia y del Derecho, del Interior, al Fiscal General de la Nación, al Director Nacional de Estupefacientes y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
1. Existan o se construyan pistas de aterrizaje sin autorización de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil;
2. Aterricen o emprendan vuelo aeronaves sin autorización de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o sin causa justificada, a menos que diere inmediato aviso a las autoridades civiles, militares o de policía más cercana;
3. Existan pistas o campos de aterrizaje con licencia otorgada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que no dé inmediato aviso a las autoridades de que trata el literal anterior sobre el decolaje o aterrizaje de aeronaves en las circunstancias previstas en el mismo numeral.
1. Ministerio de Justicia y del Derecho. Dirección Nacional de Estupefacientes
Afirma que la declaratoria de inexequibilidad pretendida por el actor basada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad es improcedente pues no toma en cuenta el hecho de que el derecho a la libertad no es un derecho absoluto1. Advierte que una decisión en este sentido no solamente iría en contravía de las políticas del Estado en este campo, sino que convertiría al país en un paraíso de la mafia.
Afirma así mismo que la búsqueda de la paz a la que se refiere el actor requiere de actividades coercitivas enfocadas a contrarrestar y a prevenir los diversos agentes generadores de violencia, que encuentran todos precisamente en el narcotráfico la principal fuente de financiación para la guerra que libran contra la sociedad y el Estado colombianos.
El interviniente afirma que "las normas demandadas deben mirarse en un contorno especial y armónico con el bien jurídico que se tutela (salud pública) y además con el título que las agrupa (Título XIII, capítulo II del Código Penal) lo que infiere que las conductas que el Legislador incorporó como punibles apuntan todas a erradicar el flagelo que cunde el mundo entero como lo es el narcotráfico"
El Fiscal General de la Nación interviene en defensa de las normas acusadas y solicita su declaratoria de constitucionalidad con base en los siguientes argumentos.
Señala al respecto que " la especificidad de la manifestación delincuencial que se deriva del tráfico de estupefacientes y el elevado daño social que esas conductas han causado en la sociedad, son los criterios determinantes que justificaron constitucionalmente el tratamiento penal específico y diferenciado dado por el Legislador al tipificar esas conductas, como atentatorias contra el bien jurídico de la salud pública. Sin embargo, esta situación no puede tacharse como violatoria al principio de la igualdad, como lo afirma el actor, sino que simplemente responde a la facultad que tiene el Estado, para con base en fundados criterios de política criminal, seleccionar cuáles conductas, por su elevado grado de dañosidad social, merecen sanción penal".
Así mismo, sostiene que no existen derechos ni libertades absolutas. En este sentido aclara que la autorización del consumo de la dosis personal en virtud del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, "no puede conllevar a la absurda conclusión que, también con fundamento en el libre desarrollo de la personalidad, se deba despenalizar la producción, distribución y venta de estupefacientes, cuando se reitera han sido funestas las consecuencias de estas practica ilícitas, no solo a nivel del desequilibrio que se produce en la economía nacional, sino ¿lo que por supuesto resulta mas grave-, en punto de las innumerables pérdidas de vidas humanas que ha generado"
Concluye, entonces que los tipos penales demandados fueron expedidos en atención a una legítima política criminal establecida por el Legislador con sujeción a los principios constitucionales y a los compromisos internacionales adquiridos por el país dirigidos a la lucha eficaz contra el narcotráfico.
El señor Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 2862, del 22 de abril de 2002, solicita la declaratoria de constitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380 y 382 acusados y la exequibilidad condicionada del artículo 385 igualmente impugnado, a partir de las consideraciones que se resumen a continuación.
La Vista Fiscal advierte que emitió concepto en relación con los artículos acusados y por cargos similares, excepto en relación con los artículos 380 y 385 del Código Penal dentro del expediente D-36652; que el análisis presentado a favor de la constitucionalidad de los artículos 378 y 379, es el mismo con el que argumenta la exequibilidad del artículo 380; y, que para la fecha en que la Sala Plena de esta Corporación resuelva el proceso de la referencia, ya existirá pronunciamiento de fondo sobre el particular y, por tanto, habrá de estarse a lo allí resuelto, en lo que sea pertinente.
Afirma que si bien es cierto que desde el punto de vista puramente individual el consumo de drogas en Colombia se considera un asunto propio del libre desarrollo de la personalidad, y por tanto escapa al control jurídico3, también lo es que la penalización del tráfico de drogas estupefacientes y conductas conexas, entendiéndose la actividad integralmente considerada, tiene pleno asidero constitucional, y por tanto resulta razonable y proporcionada, en cuanto a la obligación del Estado de garantizar el bien común y realizar el interés general representados en la represión de conductas o actividades que se consideran contrarias a los intereses del Estado mismo y la sociedad, puesto que se busca prevenir, controlar y reprimir de la manera más radical y legítima, un negocio que genera consecuencias negativas que recaen sobre el entorno político, económico y social, en donde son percibidas sus ganancias, las que inclusive amenazan la existencia misma del Estado.
A propósito de los cargos planteados en contra del artículo 385 de la Ley 599 de 2000 el señor Procurador, luego de recordar los criterios rectores de la imputabilidad en materia penal, señala que el artículo 29 constitucional consagra el principio de legalidad basado en el derecho penal "del acto" que "impone las sanciones por lo que se hace", es decir por las actuaciones de las personas, en contraposición con el derecho penal "de autor" que "castiga en función de lo que se es" y en el que lo fundamental es el sujeto que delinque. Para el caso del tipo penal referido señala que el sujeto activo es quien "en cualquier modalidad ejerce dominio sobre predios donde existan se construyan o utilicen pistas de aterrizaje" y que la conducta punible se deriva no de una simple relación jurídica con un bien como lo afirma el actor sino de la omisión en que se incurre frente al deber ciudadano de denunciar la existencia, construcción o utilización ilegal de pistas de aterrizaje. Precisa que en cuanto el bien jurídico protegido es la salud pública frente al tráfico de narcóticos y delitos conexos, el juicio de responsabilidad penal debe quedar exclusivamente circunscrito a dichas actividades. Advierte que pueden presentarse situaciones relacionadas con la utilización de pistas de aterrizaje, que, no conllevan necesariamente la comisión del punible aludido, por lo que solicita se declare la exequibilidad condicionada de la norma bajo el entendido de que el juicio de responsabilidad penal en este caso se circunscribe a las actividades de narcotráfico
Para el actor los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 deben ser declarados inexequibles en cuanto tipifican comportamientos carentes de antijuricidad formal y material que penalizan el tráfico de estupefacientes, con lo que se vulnera en su concepto (i) el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 C.P) - por cuanto no se garantiza el ejercicio de dicho derecho al comprador que debe acudir a un mercado clandestino en condiciones que pueden afectar su salud- (ii) el principio de igualdad (art. 13 C.P.) - por cuanto se discrimina a quienes producen o comercializan estupefacientes al asignarle un tratamiento no previsto para los comerciantes de bebidas alcohólicas y de tabaco- y (iii) el derecho a la paz (art. 22 C.P.).- por cuanto con la penalización del narcotráfico se elevan los niveles de conflicto y hace que dicho tráfico sea manejado por las organizaciones criminales -.
Frente al artículo 385 el actor señala además que con él se vulneran los principios de (i)responsabilidad individual (art. 6 y 29 C.P.), en cuanto se hace depender la responsabilidad penal de la relación con un bien o una cosa y no de la conducta de una determinada persona- y de (ii) proporcionalidad, en cuanto se establecen como delito comportamientos que a lo sumo constituirían contravenciones administrativas.
El señor Fiscal General de la Nación rechaza igualmente los argumentos del actor tendientes a enjuiciar la supuesta ilegitimidad de la prohibición del tráfico y consumo de estupefacientes y afirma que los tipos penales demandados fueron expedidos en atención a una legítima política criminal establecida por el Legislador con sujeción a los principios constitucionales. Frente a la acusación contra el artículo 385 de la Ley 599 de 2000, precisa que éste responde a la necesidad de sancionar a quien con conocimiento y voluntad, coadyuva a generar el tráfico ilícito de estupefacientes, por lo que en manera alguna debe ser declarado inconstitucional.
Por su parte el señor Procurador General de la Nación señala que la tipificación de los delitos de narcotráfico y conexos se justifica constitucionalmente por que se trata de actividades que lesionan derechos individuales y colectivos y que ponen en peligro la existencia de la sociedad y del Estado. Recuerda además que Colombia ha suscrito una serie de instrumentos internacionales en los que se obliga a combatir el narcotráfico, actividad que en ningún caso puede justificarse aduciendo el irrespeto al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores de droga.
3. El análisis de los cargos
Previamente al análisis de los cargos planteados por el actor contra los artículos enunciados de la Ley 599 de 2000, la Corte estima pertinente recordar que la Sentencia C-420 de 2002, declaró la exequibilidad de los artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 43 de la Ley 30 de 1986, que contienen respectivamente, los mismos verbos rectores y los modelos descriptivos de las normas ahora demandadas4.
No siendo entonces la misma norma en uno y otro caso, y al no ser posible escindir los contenidos normativos relativos a la descripción típica de las conductas de las consecuencias jurídicas que son impuestas en cada caso, no resultan reunidos en este caso los presupuestos señalados en la jurisprudencia para la configuración de la cosa juzgada material5.
Dicho fenómeno se presenta en efecto cuando "no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos"6
- La despenalización del narcotráfico no es un asunto que pueda ser resuelto en sede de control constitucional
De ese proceder del demandante surge un interrogante: ¿El criterio político- criminal del legislador, que le conduce a la tipificación del tráfico de estupefacientes, es susceptible de control constitucional?. En otros términos: ¿La decisión del legislador de tipificar el tráfico de estupefacientes, como un mecanismo de política criminal orientado a la prevención y represión de ese tipo de comportamientos, independientemente del alcance particular de cada una de las reglas de derecho promulgadas, puede ser objeto de confrontación con el Texto Superior para determinar su legitimidad o ilegitimidad?
Para responder ese interrogante debe tenerse en cuenta que el legislador es titular de la capacidad de configuración normativa en materia de política criminal. Si bien es cierto que el parlamento no es, ni mucho menos, la única instancia del poder público en la que se pueden diseñar estrategias de política criminal, no puede desconocerse que su decisión de acudir a la penalización de comportamientos no sólo es legítima frente a la Carta por tratarse del ejercicio de una facultad de la que es titular sino también porque ella cuenta con el respaldo que le transmite el principio democrático7. Es una conquista del mundo civilizado que normas tan trascendentes en el ámbito de los derechos fundamentales como las que tipifican conductas penales y atribuyen penas y medidas de seguridad a sus autores o partícipes, sean fruto de un debate dinámico entre las distintas fuerzas políticas que se asientan en el parlamento pues sólo así se garantiza que el ejercicio del poder punitivo del Estado se ajuste a parámetros racionales y no se distorsione por intereses particulares o necesidades coyunturales.
Entonces, el único supuesto en el que el criterio político- criminal del legislador sería susceptible de controvertirse ante el juez constitucional se presentaría cuando ha conducido a la emisión de normas que controvierten el Texto Fundamental. No obstante, en este caso es claro que lo que se cuestionaría no sería un modelo de política criminal en sí sino la legitimidad de reglas de derecho por su contrariedad con la Carta y de allí que, en esos supuestos, la decisión de retirarlas del ordenamiento jurídico tenga como referente esa contrariedad y no el criterio de política criminal que involucran.
Este enfoque permite colocar las cosas en su punto: Si el legislativo es titular de la capacidad de configuración normativa en materia de tipificación de conductas punibles y si el único límite que existe para el ejercicio de esa facultad está determinado por el sistema de valores, principios y derechos fundamentales previsto en el Texto Superior, el demandante no puede pretender que la Corte, a través de sus fallos, imponga el modelo de política criminal que ha de seguir el Estado pues sólo le está permitido confrontar con la Carta las normas legales que, habiendo sido demandadas, desarrollen ese modelo para retirar del ordenamiento aquellas que lo contraríen y mantener aquellas que lo respetan"8.
- La no vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad
Al respecto la Corte señala que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como cualquier derecho fundamental, no es un derecho absoluto9. Así las cosas éste no puede ser invocado para desconocer los derechos de otros, ni los derechos colectivos, ni mucho menos para limitar la capacidad punitiva del Estado frente a comportamientos que pongan en peligro el orden social o económico, o el ejercicio de los demás derechos que se reconocen a todos los ciudadanos.
"En cuanto al literal j) del artículo 2o., también demandado, encuentra la Corte que se ajusta a la Norma Básica, pues constituye un ejercicio de la facultad legislativa inscrito dentro de la órbita precisa de su competencia. Porque determinar una dosis para consumo personal, implica fijar los límites de una actividad lícita (que sólo toca con la libertad del consumidor), con otra ilícita: el narcotráfico que, en función del lucro, estimula tendencias que se estiman socialmente indeseables.
...Cabe reiterar, entonces, que no afecta este fallo las disposiciones de la ley 30 del 86, relativas al transporte, almacenamiento, producción, elaboración, distribución, venta y otras similares de estupefacientes, enunciadas en el mismo estatuto"10.
Luego, es claro que los bienes jurídicos protegidos por el tráfico de estupefacientes son de naturaleza colectiva, indisponibles por personas individualmente consideras y, en consecuencia, no susceptibles de exonerar de responsabilidad penal por el consentimiento de la víctima. Ante ello, carece de sentido afirmar que las normas legales que tipifican el tráfico de estupefacientes son inexequibles por desconocer el carácter disponible de bienes jurídicos desprovistos de ese carácter, mucho más si frente a la Carta es legitima aún la penalización de conductas que atentan contra bienes jurídicos disponibles"11.
- La no vulneración del principio de igualdad
La Corte estima que conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el entendimiento que sustenta las consideraciones del actor, y que se reduce a exigir al legislador, encargado de determinar la política criminal, el respeto a una supuesta igualdad entre el narcotraficante y el comerciante de alcohol o de tabaco, no es aceptable, puesto que el legislador no puede ver limitados o desconocidos los ámbitos de su accionar legítimo. Todo lo contrario, la Carta otorga competencia al Congreso de la República para reconocer las diferentes situaciones de hecho y de derecho, y para establecer supuestos normativos generales conformados con ellas12; por eso no es dable al juez constitucional reprochar los fundamentos de la política criminal, elevados a rango legal. En consecuencia, acceder a un juicio de igualdad, en relación con la penalización del narcotráfico, sería invadir por parte de la Corte, una competencia constitucional propia del Congreso de la República, que se reitera, está señalada expresamente por la propia Carta al Legislador para que éste, en el marco de su potestad de configuración, pueda diseñar el sistema penal con arreglo a la política criminal que se la ha encomendado.
En ese marco, que el legislador no haya penalizado la producción y comercialización de tabaco y de bebidas alcohólicas y que en lugar de ello haya optado por afirmar la licitud de esas actividades y por ordenar campañas de prevención contra el consumo de alcohol y del tabaco, tal como lo hace en los artículos 15 a 19 de la Ley 3013, pone de presente que no estimó necesario acudir a ese mecanismo de política criminal en relación con tales fenómenos. Esa decisión no solo es fundada constitucionalmente sino que además es compatible con el carácter subsidiario y fragmentario que desde hace mucho se le reconoce al derecho penal pues, no obstante la legitimidad de su ejercicio racional, es imperativo que, dados los profundos niveles de violencia institucional que convoca, sólo se acuda a él cuando es absolutamente necesario para la defensa de bienes jurídicos fundamentales para la convivencia.
Si el juez constitucional, desconociendo la ausencia de condicionamientos constitucionales en materia de política criminal -distintos al sistema de valores, principios y derechos fundamentales y a los mandatos y prohibiciones expresamente dirigidos al legislador penal- e ignorando la facultad legítima que le asiste al legislativo de concebir mecanismos específicos en ese ámbito, interfiere ese campo de competencias para forzar la despenalización de conductas como el tráfico de estupefacientes, estará abandonando el rol que le asiste en una democracia constitucional pues de la defensa del Texto Superior y de los derechos fundamentales pasaría a adentrarse en la configuración de un ámbito de la política que es ajeno a su competencia"14.
Al respecto se debe tener en cuenta en efecto que esta Corporación, mediante Sentencia C-176-9415, en la cual cumplió la revisión constitucional de la Ley 67 de 23 de agosto de 1993, aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988, declaró la constitucionalidad de la obligación adquirida por el Estado colombiano de tipificar como punibles ciertas conductas relacionadas con el narcotráfico.
En el mismo sentido, en la Sentencia C-344-9516, sobre exequibilidad del artículo 72 de la Ley 104 de 1993 - de acuerdo con el cual el Presidente de la República celebrará convenios con otros Estados y organizaciones internacionales con el fin de facilitar a la Fiscalía obtener la información y la colaboración necesaria para el desarrollo del Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios -, se precisó que el legislador no podía ignorar la referencia a tratados o convenios internacionales como elementos integrantes de la política criminal del Estado y especialmente en lo relacionado con el narcotráfico17.
- La no vulneración del derecho a la paz
En el artículo 375 de la Ley 599 de 2000 - que corresponde al artículo 32 de la Ley 30 de 1986-, se incrementaron el mínimo de la pena de prisión, (que pasa de 4 a 6 años) y el mínimo (de 10 a 200 Salarios mínimos mensuales vigentes) y el máximo (de 400 a 1500 Salarios mínimos mensuales vigentes) de la pena de multa y en el inciso segundo se incrementaron los mínimos y máximos de esas dos penas. (de un mínimo de 1 y un máximo de 3 años se pasa a un mínimo de 4 y un máximo de 6 años de prisión y en cuanto a la multa esta pasa a ser de un mínimo de 10 y un máximo de 50 salarios mínimos mensuales vigentes).
En el artículo 376 de la Ley 599 de 2000 - que corresponde al artículo 33 de la Ley 30 de 1986 -, se incrementaron el mínimo de la pena de prisión, (que pasa de 6 a 8 años) y el mínimo de la pena de multa; (que pasa de 100 salarios mínimos mensuales vigentes a 1000), en el inciso segundo se incrementaron el mínimo y el máximo de la pena de prisión (que pasa de un mínimo de 1 y un máximo de 3 años a una pena de mínimo 4 años y máximo 6 años), la pena de multa se mantiene en una cuantía igual (2 a 100 salarios mínimos mensuales vigentes) y en el inciso tercero se incrementó el mínimo de la pena de prisión (que pasa de 4 a 6 años) y se disminuyó el máximo de la misma (que pasa de 12 a 8 años). Respecto de la pena de multa se incrementaron los mínimos y máximos (se pasó de una multa de 10 a 100 salarios mínimos mensuales vigentes, a una multa de 100 a 1000 salarios mínimos mensuales vigentes).
En el artículo 377 de la Ley 599 de 2000 - que corresponde al artículo 34 de la Ley 30 de 1986-, se incrementó el mínimo de la pena de prisión (que pasa de 4 a 6 años), respecto de la pena de multa, esta se mantiene igual (1.000 a 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes) y además se excluyó la referencia a los artículos 124 y 125 del Decreto ley 522 de 1971.
En el artículo 378 de la Ley 599 de 2000¿que corresponde al artículo 35 de la Ley 30 de 1986 -, se introdujo, al lado de la pena de prisión que permanece igual (3 a 8 años), la pena de multa (100 a 1000 salarios mínimos mensuales vigentes) también como pena principal.
En el artículo 379 de la Ley 599 de 2000 - que corresponde al artículo 36 de la Ley 30 de 1986-, el monto de la pena de prisión se mantuvo igual (de 3 a 8 años) y se introdujo la pena de multa como pena principal (100 a 1000 salarios mínimos mensuales vigentes).
En el artículo 382 de la Ley 599 de 2000 - que corresponde al artículo 43 de la Ley 30 de 1986-, inciso primero, se incrementó el mínimo de la pena privativa de la libertad (que pasa de 3 a 6 años), la multa se mantuvo igual (2.000 a 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes) y en relación con el inciso tercero se incrementaron el mínimo y el máximo de la pena privativa de la libertad (se pasó de una pena de 2 a 5 años a una pena de 4 a 6 años de prisión) y la pena de multa se mantiene igual (10 a 100 salarios mínimos mensuales vigentes).
Ahora bien, frente a este evidente aumento de la intensidad punitiva de las normas bajo examen y de la voluntad de ampliar los tipos penales destinados a la penalización del narcotráfico, la Corte recuerda que al Legislador le asiste una amplia potestad de configuración normativa en materia de delitos y sanciones.
No obstante, siendo claro que en el constitucionalismo no existen poderes absolutos, el Legislador al ejercer esa competencia, se encuentra en el deber de respetar el sistema de valores, principios y derechos consagrado en la Carta y de observar rigurosamente los límites que en materia punitiva le han sido impuestos directamente por el constituyente18. En ese sentido el Legislador debe respetar los fundamentos constitucionales de la imputación penal y la necesaria correspondencia que debe existir entre la injusticia de las conductas punibles y la intensidad y cantidad de las penas y medidas de seguridad.
"Mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales, bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado"19.
Por lo que solamente "en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad,"20 correspondería al Juez Constitucional pronunciarse.
Por el contrario la Corte no puede dejar de considerar el innegable auge que ha tenido en los últimos años el fenómeno del narcotráfico, así como la complejidad y gravedad del impacto económico, social, ambiental y político que este fenómeno viene generando. Ello ha impuesto sin duda al Legislador el fortalecimiento de la capacidad punitiva del Estado y el incremento de las penas destinadas a reprimir los comportamientos previstos en las normas demandadas, los que afectan no solamente la salud pública sino también, la vida, la dignidad humana, el orden económico y social y la seguridad pública.
El señor Procurador por su parte solicita que se declare la constitucionalidad condicionada de dicho artículo en el entendido que "el juicio de responsabilidad penal debe quedar exclusivamente circunscrito a las actividades de narcotráfico y conexos".
- La ausencia de cosa juzgada material
Al respecto cabe recordar que el artículo 64 de la Ley 30 de 1986 establecía el mismo tipo penal como contravención, el cual fue transformado en delito por disposición del Decreto de Estado de sitio 3665 de 1986 artículo 1°, - cuyo texto fue reproducido en el Decreto 1198 de 1987- y convertido en legislación permanente por el artículo 2° del Decreto Extraordinario 2266 de 1991. La sanción allí establecida era la pena de prisión de 3 a 10 años.
En relación con este último texto la Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia C-127 de 1993 que declaró su exequibilidad21, circunstancia que sin embargo no hace que se configure en el presente caso el fenómeno de cosa juzgada material, por las mismas razones por las que la Corporación concluyó que dicho fenómeno no se configuraba en relación con los artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 382 de la Ley 5999 de 2000 acusados.
- La interpretación sistemática de la disposición en el contexto de las normas rectoras de la Ley penal.
Frente a los argumentos del actor en contra del artículo 385 acusado y a la petición del señor Procurador a que se ha hecho referencia, la Corte recuerda que la expedición de reglas de derecho para configurar delitos y penas debe entenderse como un mecanismo a través del cual se hace efectiva la política criminal del Estado y que ella debe analizarse en el contexto de las normas rectoras de la Ley penal que orientan su interpretación22.
En este sentido se debe recordar que de acuerdo con el artículo 9 del Código Penal, para que una conducta sea punible se requiere que sea "típica, antijurídica y culpable" y que "la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado"23.
Cada uno de esos elementos, tipicidad24, antijuridiciadad25 y culpabilidad26 deben en consecuencia estar reunidos para que pueda endilgarse responsabilidad penal a los destinatarios de la norma penal bajo examen.
Al respecto cabe recordar que la norma acusada se encuentra inserta en el título XIII del código Penal sobre los delitos contra la salud pública y específicamente en el capítulo II relativo al "tráfico de estupefacientes y otras infracciones". Esta ubicación no es accidental o caprichosa por parte del Legislador, sino que necesariamente determina tanto el bien jurídico que se pretende proteger, como las características del juicio de responsabilidad que se debe efectuar en este caso.
Así las cosas, para la Corte no existen motivos para declarar la inexequibilidad de la disposición acusada, al tiempo que la interpretación de la norma que acaba de hacerse, que se deriva del análisis sistemático del Código Penal, muestra que no es necesario que esta Corporación condicione su constitucionalidad a que el juicio de responsabilidad deba quedar exclusivamente circunscrito a las actividades de narcotráfico y conexas, como lo solicita el señor Procurador, pues el único entendimiento posible de la norma dentro del ordenamiento jurídico penal es precisamente ese.
- La no vulneración del principio de proporcionalidad por el artículo 385 acusado.
Al respecto la Corte señala que la valoración de un comportamiento como delito o como contravención implica un juicio a cargo del Legislador, pues es éste quien, de acuerdo con las circunstancias de cada momento histórico y atendiendo las mayores o menores necesidades de protección de los bienes jurídicos, establece si una conducta ha de asumirse como constitutiva de delito o como una contravención administrativa.
Tratándose de una facultad legislativa, debe tenerse claro que la Carta no contiene un mandato ineludible dirigido al Legislador para que el control social de una conducta se haga de una u otra manera. Ello es así en cuanto son las circunstancias propias de la realidad de cada época las que en su momento debe valorar la instancia legislativa para inferir las consecuencias imponibles a los transgresores de una norma.
De no ser así resultaría que los delitos y las contravenciones actualmente existentes deberían asumirse como unas instituciones estáticas sin la menor posibilidad de reconsiderarse en atención a las necesidades político criminales que puedan llegar a identificarse por el Legislador.
En este sentido el sólo ejercicio, dentro del respeto de los límites fijados en la Constitución27, de la potestad de configuración del Legislador en materia punitiva, no puede servir de fundamento para cuestionar la constitucionalidad de la disposición demanda.
1. Sustenta sus afirmaciones en los considerandos del salvamento de voto de las Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa a la sentencia C-221/94 M.P. Carlos Gaviria Díaz
2. Expediente en el que se expidió la Sentencia C-420 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
3. Al respecto señala que la Corporación despenalizó el consumo personal de drogas estupefacientes por considerarlo asunto propio de la moral de cada individuo, fundado en la dignidad humana, la autonomía personal o ejercicio del libre albedrío y el libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, sustraído del control jurídico imperante pues él sólo puede ejercerse en aquellos casos en que la conducta del consumidor afecte el entorno social.
4. En efecto los textos normativos confrontados son los siguientes :
5. Sobre la noción de cosa juzgada material ver entre otras las sentencias C-427/96 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-774/01 M.P. Rodrigo escobar Gil.
6. Sentencia C-427/96 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
7. Desde luego que la política criminal del Estado no se agota en el ejercicio de su poder punitivo. En un reciente pronunciamiento esta Corporación definió en un sentido amplio el concepto de política criminal y la amplia gama de medidas que comprendía: "Dada la multiplicidad de intereses, bienes jurídicos y derechos que requieren protección, la variedad y complejidad de algunas conductas criminales, así como los imperativos de cooperación para combatir la impunidad y la limitación de los recursos con que cuentan los Estados para responder a la criminalidad organizada, es apropiado definir la política criminal en un sentido amplio. Es ésta el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito. También puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica". Corte Constitucional, Sentencia C-646-01. M. P., Manuel José Cepeda Espinosa.
8. Sentencia C-420/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño
9. Ver salvamento de voto de los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo Fabio Morón Diaz, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa a la Sentencia C-221/94 M.P. Carlos Gaviria Diaz. En el mismo sentido ver, entre otras, las Sentencias C- M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
10 Sentencia C-221 de 1994 Magistrado Ponente, Carlos Gaviria Díaz. S.V. de los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo Fabio Morón Diaz, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa.
11. Sentencia C-420 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12. Ver Sentencia C-210/000 M.P. Fabio Morón Diaz.
13. Estos artículos prohíben el trabajo de personas menores de catorce (14) años durante la jornada nocturna en establecimientos donde se expendan y consuman bebidas alcohólicas; ordenan la impresión, en los empaques de tales productos, de etiquetas sobre el daño a la salud producido por el exceso de alcohol y por el tabaco; prohíben la venta de licores, cigarrillo y tabaco que no contengan esa impresión y disponen que la propaganda sobre esos productos sólo podrá transmitirse en los horarios y con la intensidad determinada por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
14. Sentencia C-420/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15. Magistrado Ponente, Alejandro Martínez Caballero.
16. Magistrado Ponente, José Gregorio Hernández Galindo.
17. Sobre el mismo punto cabe recordar además, entre otras, la Sentencia C-756-01, en la que la Corporación declaró exequible el Acuerdo suscrito entre la República de Colombia y el Reino de España sobre cooperación en materia de prevención del uso indebido y control del tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, firmado el 14 de septiembre de 1998, y la Ley 624 de 2000, se resaltó que el trabajo conjunto de los Estados para solucionar los problemas derivados del narcotráfico guardaba correspondencia con los fines y principios de la Carta Política. En el mismo sentido la Sentencia C-835-01, en que la Corte declaró la exequibilidad del Acuerdo suscrito entre la República de Colombia y la República de Cuba para la prevención, el control y la represión, del tráfico ilícito de estupefacientes firmado el 14 de enero de 1999 y de la Ley 625 de 2000, por medio de la cual se lo aprobó. En ella se destacó la importancia de los convenios internacionales en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y la compatibilidad existente entre las medidas adoptadas mediante esos convenios y los deberes constitucionales de las autoridades. Ver Sentencia C-420/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18. Ver Sentencia C-1404/2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alvaro Tafur Galvis.
19. Sentencia C-013/1997 M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
20. Ver Sentencia C-013/1997 M. P. José Gregorio Hernández Galindo. En el mismo sentido ver, entre otras las sentencias C-173/01 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-553/01 M.P. Jaime Araujo Rentería, C-647/01 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
21. Ver Sentencia C- 127/93 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
22. Art. 13.¿Normas rectoras y fuerza normativa. Las normas rectoras contenidas en este código constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e informan su interpretación
23. Art. 9º¿Conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado.
24. Art. 10.¿Tipicidad. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal.
25. ArtT. 11.¿Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal.
26. Art. 12.¿Culpabilidad. Sólo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva.
27. Ver en relación con el ejercicio de la potestad de configuración del legislador en materia penal, entre otras las sentencias C-070/96. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-646/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.