Source: https://www.scribd.com/document/216450111/CELS-Informe-Pueblos-Indigenas-Argentina-2011
Timestamp: 2018-12-10 15:57:59
Document Index: 79174839

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 13']

CAPÍTULO VI. Desigualdad Social, Política y Económica-Najera-Agenda Étnico-Indígena y Desarrollo
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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN ARGENTINA: LA AGENDA PENDIENTE
PARA EL RELATOR DE PUEBLOS INDÍGENAS JAMES ANAYA
Estimado James Anaya: Las organizaciones firmantes, dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en Argentina nos dirigimos a Uds. en relación con su visita oficial al país que tiene lugar entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011. Esperamos que estos aportes le resulte una herramienta útil de trabajo, le permita evaluar los niveles de postergación de los derechos indígenas en Argentina y que contribuya a mejorar su situación. Atentamente, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI) Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) Grupo de Apoyo Jurídico para el Acceso a la Tierra (GAJAT) Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) Equipo Patagónico de Abogados y Abogadas en Derechos Humanos y Estudios Sociales (EPHADES) Secretaría con relación de Pueblos Originarios de la CTA Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP) Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (ORCOPO) Comisión de Juristas Indígenas en la Rep. Argentina (CJIRA) Comisión Provincial por la Memoria Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) Defensoría General de la Nación CATEDRA LIBRE DE PUEBLOS ORIGINARIOS-UNPSJB Comisión de Pueblos Originario e Inmigraciones de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP Comisión de Derechos de los Pueblos Originarios y neoconstitucionalismo de la UBA Asociación de Abogados de Derechos Indígena (AADI)
I. SÍNTESIS DE LOS PROBLEMAS QUE SE DENUNCIAN En nuestro país, los pueblos indígenas padecen consecuencias de injusticias históricas: la colonización, el despojo de sus tierras y territorios de ocupación tradicional y la falta de control para ordenar sus prioridades de desarrollo. Si bien en nuestro ordenamiento jurídico existen normas que garantizan una serie de derechos colectivos fundamentales para la supervivencia de los pueblos indígenas como tales, no se han visto reflejados en un cambio sustantivo en las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Nuestro país reconoce el derecho de estos pueblos a la propiedad y posesión de sus tierras de ocupación tradicional, pero no ha adoptado medidas eficaces para delimitar y otorgar títulos de propiedad comunitaria sobre estas tierras. Tampoco ha adoptado procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de tierras efectuadas por los pueblos indígenas. Si bien la 26.160 que declara la emergencia de las tierras ocupadas por comunidades indígenas, establece la realización de un relevamiento de estas tierras, no fija procedimientos para la delimitación y adjudicación de títulos de propiedad comunitaria. Tampoco dispone medidas para solucionar los eventuales conflictos que pudieran suscitarse entre comunidades, con terceros o el propio Estado alrededor de esas tierras. A pesar de la vigencia de la ley, en muchas ocasiones los desalojos continúan sucediendo y, en múltiples casos, los reclamos por el cumplimiento de sus derechos han sido objeto de serias respuestas violentas estatales que incluyen la criminalización de la protesta, represión y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad. Todo esto sucede en un marco institucional de exclusión política que se refleja en todas las temáticas. Si bien la reforma constitucional y de la adopción de tratados internacionales por la Argentina la inscriben en un nuevo paradigma de emancipación de los Pueblos, en la práctica rige todavía el paradigma de la asimilación y sometimiento. Los pueblos indígenas siguen subordinados a las formas y prácticas neocoloniales. La participación en las decisiones de gobierno que les atañen es sumamente restringida y tratada como una cuestión meramente asistencial. La máxima autoridad nacional en materia indígena es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente jerárquicamente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que designa a su Presidente. Desde su creación, nunca el Presidente ha sido indígena ni elegido por indígenas. El alto grado de falta de implementación e inejecución de normas que se expondrá no es casual: está directamente relacionado con la falta de participación de los pueblos indígenas en el gobierno. El Estado argentino no ha dado lugar a la participación real de los Pueblos y garantizar el respeto a su integridad (art. 2.1 C. 169 OIT), lo que se traduce en el irrespeto por sus valores, prácticos e instituciones (art. 5 C. 169 OIT), anulando así toda posibilidad para que ejerzan su derecho a la libre determinación y autonomía. En la República Argentina, las decisiones fundamentales de gobierno que interesan a los indígenas las diseñan, programan, presupuestan, aprueban y ejecutan los no indígenas sin consulta ni participación previa libre ni informada de los pueblos indígenas. El Consejo de Participación Indígena, es un órgano creado por el gobierno nacional que carece de autonomía y de presupuesto
propio. Sus decisiones no son vinculantes ni tenidas en cuenta por el Estado que no lo convoca en la gran mayoría de las cuestiones que afectan intereses indígenas. II. FALTA DE INFORMACIÓN ADECUADA SOBRE LA COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS El Estado Federal tiene todavía una cuenta pendiente en relación con el relevamiento de información sobre los pueblos indígenas, basado en el principio de la autoidentificación reconocido en el Convenio 169 de la OIT. Este incumplimiento ha sido especialmente resaltado, en más de una oportunidad, en las recomendaciones que ha realizado el Comité para la Eliminación de la Discriminación racial (CERD) al el Estado argentino: “Al igual que en las observaciones finales de 2004, el Comité recuerda al Estado parte que dicha información es necesaria para evaluar la aplicación de la Convención y supervisar las políticas a favor de las minorías y los pueblos indígenas. El Comité pide al Estado Parte que publique los resultados del próximo censo 2010 con la esperanza de que recoja, entre otras cosas, información sobre los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes. Además a la luz del párrafo 8 de las directrices relativas a la presentación de informes y de las recomendaciones generales N°4 (1973) y N° 24 (1999), el Comité recomienda que el Estado Parte incluya en su próximo informe periódico información sobre la composición demográfica de la población, en particular sobre los pueblos indígenas”. En Septiembre de 2010 se llevó a cabo el censo nacional que se realiza en el país cada 10 años. Sin embargo, nuevamente se omitió incorporar alguna pregunta en el formulario general. Lo que se hizo fue un formulario ampliado de carácter excepcional, tipo muestrario, donde se sumaban a las preguntas generales algunas específicas como la pertenencia a un pueblo indígena, cuestiones relativas a la discapacidad y otras. Ese formulario era absolutamente minoritario respecto del general (sólo algunos censistas lo tenían) y, por la forma en la que fueron distribuidos, carecía totalmente de la capacidad de mostrar la realidad indígena en el país. La falta de información adecuada es un problema de suma gravedad si se tiene en cuenta que es de fundamental importancia para el diseño de políticas públicas adecuadas. Recomendación: Que se incorpore una pregunta sobre la autoidentificación como indígena en el próximo censo, de manera de obtener información adecuada sobre los pueblos indígenas en la Argentina. III. UBICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SEGÚN LA CORTE SUPREMA ARGENTINA
EN EL DERECHO ARGENTINO.
En los últimos 15 años, la Corte Suprema ha delineado importantes criterios en relación al valor de los tratados de derechos humanos, su jerarquía normativa en el sistema jurídico argentino así como sobre el alcance de las obligaciones que emanan de este tipo de instrumentos. En efecto, la Corte Suprema ha cumplido un papel central en aras de conseguir más y mejores niveles de protección para las personas. Sus fallos fueron fundamentales, por ejemplo, para lograr la incorporación del inciso 22 en el artículo 75 de la Carta Magna, primero, y para consolidar la
incorporación del derecho internacional de los derechos humanos a nuestro ordenamiento jurídico interno desde entonces. Así, la interpretación sobre la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno — sostenida en el leading case “Ekmekdjian c/Sofovich”1— derivó en el texto del art. 75 inc. 22 introducido con la reforma constitucional de 1994. El nuevo sistema de jerarquía normativa —que quedó expresado por el juego de los artículos 27, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional— ha puesto al derecho internacional de los derechos humanos en un lugar de enorme trascendencia. Ello pues, el art. 75 inc. 22 no sólo estableció, como principio general, que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes sino que ubicó, con la máxima jerarquía —la misma que la Constitución— a un conjunto de instrumentos de derechos humanos enumerados allí; y determinó que estos instrumentos regirán en el ámbito interno “en las condiciones de su vigencia”. De esta manera, nuestros convencionales constituyentes produjeron una revolución normativa, adaptando la base misma del sistema jurídico argentino a uno de las principales filosofías de nuestra época, que pregona que toda organización del poder y la autoridad deben estar impregnadas y guiadas por la ética de los derechos humanos. No obstante, como se desarrolló a lo largo de este amicus, la vigencia de un conjunto de tratados de derechos humanos, lejos de constituir una mera aspiración de deseos implica un conjunto de obligaciones que resultan de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino. Desde esta óptica, resulta fundamental destacar que, según el texto del art. 75 inc. 22, los tratados de derechos humanos rigen en el ámbito interno en “las condiciones de su vigencia”. Tanto la doctrina como la jurisprudencia —en especial del Máximo Tribunal— interpretaron el contenido de esta expresión concluyendo que cada instrumento rige teniendo en cuenta las reservas y declaraciones efectuadas por el Estado y su efectiva interpretación y aplicación por sus respectivos órganos de control. En tal sentido, en el leading case “Giroldi, Horacio” la Corte Suprema aclaró el alcance de esta cláusula al señalar que: “Que la ya recordada ‘jerarquía constitucional’ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (considerando 5°) ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, “en las condiciones de su vigencia" (artículo 75, inc. 22, 2° párrafo), esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación”2. Por lo demás, en el caso “Bramajo, Hernán Javier s/ incidente de excarcelación”, la Corte se refirió también a las decisiones de la Comisión Interamericana: “la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de aquélla para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y
CSJN, “Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros”, 7 de julio de 1992: “Que la necesaria aplicación del art. 27 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que, en sus efectos, equivalgan al incumplimiento del tratado internacional en los términos del citado art. 27”. 2 CSJN, “Giroldi, Horacio David y otro s/recurso de casación”, 7 de abril de 1995, cons. 11.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. el Pacto Internacional de Derechos Económicos. 17 de la Constitución Nacional que dispone: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. en las condiciones de vigencia de éste.A. a los principales tratados de derechos humanos que han sido sustanciales para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adicionalmente. y consagrado con jerarquía constitucional. Horacio David y otro s/ recurso de casación". IV. por recordar los términos del art. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. 2° de la ley 23. y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. resuelto con fecha 21 de septiembre de 2004 —en el que se puso en cuestión la constitucionalidad del artículo 39 inciso 1º de la ley de Riesgos del Trabajo—. Horacio David y otro s/recurso de casación”. 3 . "Giroldi. ninguna de ellas será enajenable. “Bramajo. “Aquino. el Estado argentino ha ratificado. 75. entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos. art. s/ accidentes ley 9688”. . 12 de Septiembre de 1996.342. bueno es acentuarlo. Este acatamiento de las opiniones de los órganos de control para la interpretación de las disposiciones de los tratados se debe a que. este Tribunal no sólo consideró la aplicación de normas establecidas en distintos instrumentos internacionales. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S. Sociales y Culturales. . “Giroldi. “por cuanto constituye el intérprete autorizado del PIDESC en el plano internacional y actúa. 22. 8.054 (confr. la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial o la Convención Americana sobre Derechos Humanos.XXVI. 21 de Septiembre de 2004. 75 inc. como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal. transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. inc. El destacado nos pertenece. doctrina de la causa G. FALTA DE ADECUACIÓN CONSTITUCIÓN NACIONAL DEL MARCO NORMATIVO A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y A LA En el ordenamiento jurídico argentino los derechos de los pueblos indígenas se encuentran contemplados en el art. 7 de Abril de 1995. en palabras de la Corte Suprema: “A esta Corte. Además. s/ accidentes ley 9688”. Hernán Javier s/ incidente de excarcelación”. CSJN.A. 8.aplicación de la Convención Americana. le corresponde — en la medida de su jurisdicción— aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado en los términos anteriormente expuestos [es decir. de la Constitución Nacional”4. . reconocer la personería jurídica de sus comunidades. sentencia del 7 de abril de 1995)”3. siguiendo las interpretaciones de los organismos de control]. Sociales y Culturales. en el caso “Aquino. 12. 5 CSJN. Sociales y Culturales. ya que lo contrario podría implicar responsabilidad de la Nación frente a la comunidad internacional5”. sino también la interpretación que del mismo ha hecho el Comité de Derechos Económicos. 4 CSJN. Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.
desconocen sus derechos colectivos y desvalorizan sus instituciones y tradiciones. La legislación ambiental no reconoce la diferente relación de los pueblos indígenas con el ambiente ni la consulta y participación colectiva previas en las decisiones que los afecten. 6 . 8 Artículos 17.7 en contraste con la Convención sobre los Derechos del Niño8 no contiene referencia alguna específica para los niños indígenas. el Congreso Nacional tiene competencia para dictar las leyes que reglamenten el nivel mínimo de realización efectiva de los derechos de los pueblos indígenas y las provincias pueden.606 del 2006 alude al respeto a la diversidad cultural y a la lengua e identidad cultural indígenas como objetivos de la administración. el código de minería no menciona los derechos de consulta y participación sobre los recursos naturales ni tampoco la participación de los Pueblos en la gestión de éstos ni en los beneficios que generan tales actividades.160 que. Niños y Adolescentes. El código penal no recepta el respeto a las costumbres indígenas en la materia. pero no como derechos de los pueblos. 7 Ley 26. De allí la ausencia de participación indígena en el Consejo Federal de Educación. las que siempre se hallan en desventaja frente a conflictos con el Estado o particulares de la cultura hegemónica. Una norma que tiene 26 años. La única ley sancionada por el Congreso Nacional con posterioridad a la reforma constitucional es la ley 26. 29 y 30 de la Convención y Observación General Nº 11 (2009) del Comité de Derechos del Niño. no reconoce a las instituciones representativas de los pueblos indígenas entre las organizaciones legitimadas para la protección de sus derechos y omite la participación indígena en el Consejo Federal de Niñez. La norma principal que regula los asuntos indígenas es la ley 23. ha ratificado en el año 2001 el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.Junto con ello. que no respeta los derechos indígenas con el alcance en el que son reconocidos en la actualidad. Pese a este amplio reconocimiento normativo. concurrentemente. Los códigos de procedimientos carecen de normas especiales de protección del mantenimiento de la cultura indígena. La Ley de Educación Nacional 26. Por su parte. como se verá en el siguiente acápite. el Estado argentino prácticamente no ha sancionado legislación que permita poner en práctica los derechos indígenas de manera uniforme en todo el territorio nacional. dictar normas que sostengan una mayor En la distribución de competencias de la República Argentina cada provincia tiene sus propias normas de procedimientos y el Estado federal dicta las que se aplican en los tribunales federales.302 del año 1985. En la estructura federal del Estado argentino.061 (2005). es una norma incompleta que se implementa de forma totalmente deficiente en la práctica. Adolescencia y Familia. anterior a la última reforma constitucional. la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas.6 Una de las pocas leyes generales que reglamenta los derechos establecidos en un tratado de derechos humanos. la omisión de los derechos de los alumnos y padres indígenas a que se respete y transmita su cultura y la falta de toda norma que reconozca la autonomía educativa indígena.
en sus distintos niveles. Cada provincia tiene su Constitución local y varias provincias incorporaron a su texto una declaración reconociendo derechos a los pueblos indígenas. El Estado argentino. que incluya los estándares de consulta del art. por lo general. Ninguna ley provincial de tierras contiene normas de reconocimiento de la posesión y propiedad indígenas. Ninguna legislación interna garantiza el ejercicio de los métodos propios indígenas de resolución de sus conflictos jurídicos ni el reconocimiento de sus costumbres o su derecho consuetudinario por los órganos estatales. esta violación a las normas internacionales de carácter continuo. procedimientos ni reglamentaciones especiales que reconozcan y hagan efectiva la superior protección que la posesión indígena tiene sobre los títulos estatales o privados. adecuada en su presentación. pero no alcanza a las instituciones educativas. incluyendo las relaciones familiares. Pese a que la Constitución Nacional y el Convenio 169 “garantizan” la protección de la posesión y propiedad de las tierras. la información previa. idioma. Establecer la obligatoriedad de instituir procedimientos de consulta y participación en relación con la legislación relativa a la explotación de los recursos naturales. La Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado9. estos textos se mantienen en el nivel declarativo y no existe una legislación y acción estatal adecuadas que los hagan efectivos. en un nivel de inferior protección a la Constitución Nacional y los estándares internacionales. veraz.ar/ecae_abogacia_del_estado. 6 del Convenio 169 de la OIT y los declarados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. de gestión de recursos naturales y de salud. No hay leyes. que 9 http://www.html . La ausencia de leyes acordes al nuevo paradigma jurídico que a nivel constitucional ha receptado el Estado argentino es uno de los grandes obstáculos para el cumplimiento de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. de tierras. en la práctica diaria requieren de una regulación específica o necesitan estar incorporados en leyes que puedan afectarlos. En particular: 1. un ámbito donde se dictan las especializaciones. De este modo. En ningún caso los gobiernos provinciales han establecido una legislación que resguarde el derecho de consulta ni mecanismos permanentes de participación efectiva de los pueblos indígenas. Recomendaciones: Derogar la ley 23.ptn. La vida interna de dichos pueblos. que son las áreas de mayor conflictividad en el cumplimiento de los derechos indígenas. se halla continuamente amenazada por la intervención de autoridades policiales.302 y sancionar normativa adecuada a los derechos indígenas. como los códigos de minería. significa la imposibilidad de ejercer muchos de los derechos.protección. que aunque operativos.gov. que facilite la comprensión de acuerdo a la cultura. la buena fe. pese a las obligaciones internacionales en ese sentido. seminarios y diplomaturas para abogados del estado nacional. ésta se limita al organismo específico de la política indígena. En los pocos casos de reconocimiento de la presencia indígena en un Estado provincial. judiciales o administrativas que aplican el derecho civil o penal de la cultura hegemónica con exclusión de toda norma o práctica consuetudinaria. Tampoco las Escuelas de Capacitación del Poder Judicial a nivel nacional ni provincial contienen en su currícula la legislación ni el Derecho Indígena. carece de una política de resguardo de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios. el Derecho Indígena está completamente ausente.
.C.160 Como se mencionó.160”. el único avance legislativo referido a los derechos territoriales que se ha producido en los últimos años ha sido la sanción de la ley 26. que garantice la localidad y accesibilidad adecuada durante todo el proceso de celebración de la consulta. La forma escogida para coordinar la ejecución del relevamiento territorial en las provincias es la celebración de convenios entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y los gobiernos provinciales. Publicado en el Boletín Oficial el 27/08/07. que establezca la prioridad de la propiedad indígena por sobre la creación de Parques Nacionales 4. y porque se han producidos numerosos desalojos ilegales de comunidades indígenas. en articulación con el Concejo de Participación Indígena (CPI) y sin la participación de las provincias. Esta ley declara la emergencia en todo el territorio nacional por cuatro años con el objetivo de detener los desalojos de pueblos y comunidades indígenas. Incorporar el respeto a las costumbre indígenas en el Código Penal. La ley fue reglamentada por el Decreto 1122/200711 y la Resolución Nº 587/07 que creó el “Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades IndígenasRe. Existen convenios para la realización del relevamiento de forma descentralizada en diez provincias. También se previó una modalidad denominada “ejecución centralizada” a partir de la cual el Estado nacional a través del INAI realiza directamente el relevamiento. 5. LA FALTA DE REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS TERRITORIALES INDÍGENAS a) Inejecución del relevamiento jurídico catastral incluido en la ley 26.sea oportuna. 6. Al mismo tiempo. Incorporar la diferente relación de los pueblos indígenas con el ambiente en la legislación ambiental y procedimientos adecuados de consulta y participación colectiva previa en las decisiones que los afecten. 2.I.16010 de emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria de las tierras indígenas. Sancionar legislación. Desarrollar legislación que reconozca los métodos propios indígenas de resolución de sus conflictos jurídicos y su derecho consuetudinario. libre e informado como finalidad de todo el proceso. Salta.-Ejecución Ley 26. se propone realizar un programa de relevamiento jurídico catastral con el fin de contribuir con la regularización de la propiedad comunitaria indígena. teniendo en miras lograr el consentimiento previo. 10 11 La ley fue sancionada el 1/11/06 y prorrogada por la ley 26522. de manera de obtener información adecuada sobre los pueblos indígenas en la Argentina. 3. en siete de las cuales se han vencido sin presentación de resultados positivos (Jujuy. las reglas del debido proceso en materia indígena en los códigos de procedimiento y normas específicas de protección de la cultura indígena. Que se incorpore una pregunta sobre la autoidentificación como indígena en el próximo censo. Aunque se trata de una importante iniciativa del Estado lo cierto es que su implementación ha sido muy deficiente pues muy pocas comunidades han conseguido la delimitación de sus territorios.Te. V. de suficiente jerarquía.
ninguna comunidad de Catamarca ha podido lograr que el INAI otorgue una resolución administrativa delimitando el territorio ancestral que viene ocupando tradicionalmente13. 15 CCPR/C/ARG/CO/4. en cuatro provincias no se ha iniciado ninguna tarea relacionada con el relevamiento. el programa de relevamiento territorial.Santiago del Estero. solo 48 Comunidades han podido lograr que el INAI otorgue una resolución administrativa delimitando el territorio tradicional14. Buenos Aires. En el mismo sentido.160 ya en el año 2010 el Comité de Derechos Humanos señaló: “El Estado Parte debe adoptar las medidas que sean necesarias para poner fin a los desalojos y asegurar la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas en donde corresponda. en respuesta al Pedido de informe de acceso a información pública (Decreto N 1172/03) por el SERPAJ. El Estado Parte debe igualmente investigar y sancionar a los responsables de los mencionados hechos violentos”15. Pero además. emitido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. recomienda “que el Estado parte investigue eventos recientes de desalojos de pueblos indígenas. En los casos de Formosa y Neuquén por diferencias con los Gobiernos Provinciales y negativas a permitir la ejecución en sus jurisdicciones particulares12. entre otras cosas. no contiene ningún mecanismo de titulación de las tierras. el relevamiento se lleva a cabo de manera centralizada por el INAI. sancione a los responsables y compense a los afectados”. Chaco. Santa Fe y Chubut). la Argentina no tiene ningún procedimiento legal de titulación de las tierras indígenas. Lamentablemente. Asimismo. En otras tres se produjeron enormes dilaciones para la celebración de los mismos (Tucumán.pdf. el Estado Parte debe redoblar sus esfuerzos en la ejecución del programa de relevamiento jurídico catastral de la propiedad comunitaria indígena. como su nombre lo indica. En este sentido.160 (5 años). 22 de marzo de 2010. En el Registro Nacional de Comunidades Indígenas se encuentran inscriptas aproximadamente 1200 comunidades.org. un dictamen jurídico que incluye un estudio de títulos y el desarrollo de potenciales estrategias jurídicas según la condición dominial del territorio. Es decir. En relación con el incumplimiento de la ley 26. En el caso de Catamarca. profundizar en tal sentido puede consultarse el Informe de ENDEPA sobre la inejecución de la ley disponible en : http://redaf. en el 2009 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial puntualizó: “El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias y efectivas para asegurar que la legislación que prohíbe los desalojos forzosos se aplique por igual en todo el territorio nacional”. 99 período de sesiones.160 no asegura la titulación de los territorios indígenas Pero además. el relevamiento culmina con la creación de una carpeta que contiene. De acuerdo con información brindada por el Estado nacional en julio de 2011. De acuerdo con el texto de la resolución. a pesar del tiempo transcurrido desde la sanción de la ley 26. Río Negro y Santa Cruz). 13 Información aportada por el Movimiento de Profesionales para los Pueblos. b) La ley 26. 12Para . Esa situación se ve agravada porque tampoco hay certeza sobre las acciones legales que deben iniciarse para conseguirlo. 14 Según informe.ar/noticias/wp-content/uploads/2011/05/INFORME-LEY-26160.
activando de oficio. 17 y 18 del Convenio 169 de la OIT) es la Provincia de Río Negro. 00164-017-05. 6 ley 26. procedimiento que dispone el otorgamiento inmediato de la propiedad de la tierra a los indígenas (art. 3 de la ley 26.A.C.De. 24632/11 Secretaria 4. demandaron judicialmente a la Provincia de Río Negro.I. La decisión. Por sentencia interlocutoria del 12 de abril 2011 la Cámara resolvió: “1ro.160).De. juicios demorados por el Poder Judicial con un argumento que constituye una clara privación de justicia: la necesidad de ejecutar el relevamiento del art. Nº 24137/09-STJ-). 17 y muchos derechos territoriales.) / PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. permite la recepción de denuncias y dispone de oficio la investigación de los abusos de la diferencia cultural. 16 . Por esta demora. recurrida por el CAI.16017. en septiembre de 2009 las Comunidades “CONSEJO ASESOR INDIGENA (C. como consecuencia de un decreto del Poder El primero de ellos en llevar a juicio al Co. en los autos caratulados “LOF CASIANO c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Expte. en ningún caso el Co. ley integral del indígena que.C. Sin embargo. no ha habido ninguna investigación ni ningún caso de titulación comunitaria. b) no es la única medida de prueba del juicio. c) por las críticas antes expuestas. Si bien ciertos aspectos de la ley deben ser adecuados a la reforma constitucional y al Convenio 169 de la OIT posteriores a su vigencia.Una excepción a la inexistencia de procedimientos de titulación y de revisión del despojos territorial cometidos por abuso de la diferencia cultural (arts. Ello a pesar de que en varios casos16. 14).160 a la presente causa.I. la adopación de investigaciones y determinación de la ocupación tradicional de sus territorios. cuando a) ese relevamiento podría ordenarlo de oficio el mismo Tribunal como medida de mejor proveer.o bien la adopación de leyes de expropiación para terceros que fueran poseedores de buena fe.I. muchas comunidades decidieron realizar recuperaciones territoriales de hecho y exigir.) declarar la aplicabilidad de la Ley 26. Comunidades agotaron sus reclamos administrativos y demandaron a la Provincia.00345-039-09.C. En más de 20 años de vigencia de la ley. y Provincial D Nº 4275. 11) así como un mecanismo de delimitación.) consecuentemente. suspender el trámite de la misma hasta el vencimiento del plazo previsto por la Ley 26. si bien puede requerir adecuaciones a la normativa posterior. durante el año 2010. la restitución integral del territorio por impulso del estado con participación indígena (arts 12 y 13). 2do. Circunscripción Judicial como Tribunal de primera instancia en lo contencioso-administrativo. tampoco es un procedimiento adecuado para la determinación ni reconocimiento territorial en los términos del art. suspendió el proceso en aplicación de las Leyes Nacional 26160. con mensuras gratuito para los indígenas a cargo del estado (art. 17 Habiendo agotado la vía administrativa. Este tribunal estuvo casi 2 años sin pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda. El 3 de agosto de 2009.) que entró en funcionamiento 10 años más tarde (decreto 310/98). 75 inc. 14 inc. cumplió con la ley. DE BARILOCHE. y a la provincia por incumplimiento de la ley 2287 es el Lof CasianoEpugmer. juicio que tramitan ante la CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL S. permite instrumentar en la práctica el reconocimiento del art. Se trata de las previsiones de la ley 2287. Nro.se creó el Consejo de Desarrollo de las comunidades indígenas (Co.160". 2 del Convenio 169 de la OIT. Para los casos de despojos de territorio. 6. En dicha ley –art.De. por ser ley de orden público (art. En relación con este punto. decisión confirmada por el STJ en autos caratulados: “LOF CASIANO C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ APELACIÓN" (Expte. se encuentra pendiente de resolución ante el Superior Tribunal de Justicia en el Expte Nro. en lo esencial. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la IIIa. al mismo tiempo.I.C. juicios de desalojo contra los abusadores -o los que hayan adquirido las tierras como “fiscales” en forma irregular. Expediente Nro.
160. sino que únicamente se utiliza el término tierras (art. medioambiental y productivo (art. lo cierto es que no estaba en la voluntad gubernamental que se modificaran cuestiones sustantivas del proyecto original. En tercer lugar. La ausencia de titulación y de atraso en el cumplimiento de la ley 26. efectuados ambos en el mes de septiembre de 2010 con la intención de presentarlo el 12 de Octubre en el Congreso. Las críticas más importantes al proyecto fueron las siguientes. y con un proyecto semi-cerrado. el relevamiento se encuentra con un inmenso atraso y es objeto constante de objeciones por una innumerable cantidad de comunidades que quedan disconformes con el resultado por no reconocer en las carpetas su territorio tradicional. y no dice nada respecto de cómo instrumentar la propiedad de las otras tierras. El proyecto fue enviado al Congreso sin mayores modificaciones de las que se discutieron en las dos jornadas convocadas por el Estado (que claramente no pueden considerarse a los efectos del cumplimiento del proceso de consulta) y hasta la fecha no se ha tratado. Por último. toda vez que obliga a que su ejercicio sea compatible con los regímenes de ordenamiento territorial. Los encuentros para debatir los alcances del proyecto fueron dos.160 tiene como consecuencia inmediata el emplazamiento de las comunidades indígenas en una situación altamente vulnerable frente a los ataques sufridos por terratenientes y empresas extractivas que poseen intereses directos sobre las tierras y los recursos naturales indígenas (tal como se detallará en los siguientes títulos). requiere para obtener el reconocimiento territorial la previa inscripción de la personería jurídica en algún registro nacional o provincial que tenga convenio con el INAI (art. los pocos representantes indígenas que estaban convocados intentaron hacer uso del derecho de consulta y proponer modificaciones a la iniciativa oficial por carecer éste de los estándares internacionales que protegen las tierras y territorios indígenas. el Instituto nacional de Asuntos Indígenas reunió en dos oportunidades a algunos representantes del Consejo de Participación Indígena y otros indígenas para tratar en conjunto un proyecto de ley que había elaborado para enviar al Congreso de la Nación sobre Propiedad Comunitaria Indígena. a través del INAI. Pero lo que es más grave. la ley solo prevé un procedimiento para titular las tierras que hayan sido objeto del Relevamiento previsto por ley 26. Con ese apuro de por medio. municipal o también por los particulares que controvierten sus derechos posesorios.Ejecutivo Nacional. En primer lugar que no recepta la basta jurisprudencia que la Corte interamericana de Derechos Humanos viene produciendo en relación a la protección de las tierras y territorios indígenas y no contempló a los tratados de derechos humanos en su texto. No se regula el reconocimiento de tierras y territorios. 2 segundo párrafo). En el cuadro que se acompaña como anexo se pueden observar que sobre un total de 140 comunidades relevadas solo 12 cuentan con títulos sobre sus tierras tradicionales. esta falta de reconocimiento del territorio por parte del Estado argentino. viola el derecho a la autonomía y a determinar las propias prioridades de desarrollo. prácticas. . valores. En tercer lugar. provoca constantes violaciones a los derechos de los pueblos indígenas ya sea por parte del Estado provincial. 1). Por lo tanto. 5). como aquí expresamos. 3). Salvo algún detalle menor que logró introducirse. En los hechos. En segundo lugar. No se establece este derecho a las tierras como un derecho humano sino como un derecho real de dominio (art. costumbres y conocimientos sino que lo deja librado para que se aplique el código civil. este proyecto tiene en su génesis el problema de tender a legalizar la situación de despojo de las comunidades. es que. no contempla su regulación por la cosmovisión de cada pueblo sus propias normas.
“Tigerway Corporation S. En tercer lugar.160. También 18 Resolución Nº 42/2011 del 7 de abril de 2011 en expediente “Fiscalia local s/ solicita medidas” (Nº 344/2009 de la secretaría penal). por violentas represiones como el caso de la Comunidad Currumil19 y de la Comunidad Puel20. algunas familias recurren a este mecanismo como medio de asegurarse un lote de tierra. c/ Rivera. La misma jueza interviniente en esta causa ha ordenado otros desalojos. Pese a ser una de las primeras organizaciones indígenas en presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llevar 13 años de litigio todavía no ha conseguido el título de propiedad que les permita mantener la forma de relacionarse con la tierra. muchas veces. Juan Abel y otros s/ interdicto” (Nº 17/2010 de la secretaría civil). caza y recolección porque cuando quieren desplazarse se encuentran con los alambres. En primer lugar. sin intervención de la Comunidad Puel. se incrementó la instalación de alambrados por parte de familias criollas porque. incluyendo el asesinato de unos jóvenes y la violación de una niña indígena de 14 años. debido a la incertidumbre sobre la distribución de las tierras. c/ Rivera. la respuesta estatal a los reclamos territoriales indígenas continúa siendo el desalojo. Juan Abel y otros s/ interdicto” (expediente Nº 7368/2009). La jueza además rechazó que la Confederación Mapuche y la Comunidad Currumil se presentaran como partes afectadas en el expediente. Actualmente se encuentra con un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un Recurso Extraordinario Federal denegado. más adelante.Como un ejemplo paradigmático de las dificultades que existen en Argentina para lograr la titulación de los territorios se puede mencionar el caso de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat en la provincia de Salta que hace más de veinticinco años reclama un título a nombre de alrededor de 47 comunidades cazadoras-recolectoras. Nunca se investigaron ni la orden ni la represión. se mostraron orgullosos de la acción de la policía y del desalojo en resguardo de la “propiedad privada”. El expediente estuvo en secreto durante casi un año sin permitir su vista por los abogados de la Comunidad. 19 La orden se dictó al solo pedido de la sociedad anónima estanciera sin que se diera previa vista a la Comunidad para que dé su opinión sobre la medida. En segundo lugar. se multiplicaron hechos de violencia de criollos hacia los indígenas. pese a que éste había demorado un año en iniciar el juicio. ingresando en los domicilios de los miembros de la Comunidad y produciendo heridos.A. Es más.160 Pese a la vigencia de la ley 26. sin que se sepa la fecha en que ello ocurrirá. cuyas ejecuciones fueron acompañadas. c) Los desalojos de comunidades indígenas bajo la vigencia de la ley 26. la represión y la persecución penal de los miembros de las comunidades. La instalación de estos alambrados hace que las comunidades no puedan continuar con sus tradicionales recorridos de pesca. Esta limitación en el acceso a los recursos naturales pone en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas. Las tierras de estas comunidades continúan inscriptas como “tierras fiscales” y la presencia de población criolla en el territorio ha modificado sustancialmente las prácticas culturales de las comunidades indígenas. En la ejecución la policía realizó una verdadera cacería humana. La negativa respecto a la Confederación fue apelada en el año 2009 y desde entonces se encuentra en las instancias superiores para resolver. En el desalojo la policía incendió la vivienda de Rosalía Barra y produjo varios heridos. 20 La orden se dictó al solo pedido del demandante. En la Provincia del Neuquén el desalojo de la Comunidad Currumil ha sido recientemente confirmado por el Tribunal Superior de Justicia Provincial18. lo que desvirtuaba tal urgencia. La decisión demoró casi dos años en dictarse. el gobernador y la vicegobernadora. El paso del tiempo sin resolver la titulación de las tierras ha generado efectos devastadores de difícil reversión. Resolución Nº 125/2011 del 16 de mayo de 2011 en expediente “Tigerway Corporation S.A. en innumerables situaciones. El fundamento de la orden fue la “urgencia” en “restituir” la posesión a Herrera. el ambiente se ha modificado totalmente y en los últimos años viene aumentando constantemente el corte y la tala de madera lo que deja a las comunidades indígenas en una posición de escasez de recursos. Nunca se investigó .
pese a que el juicio versa sobre el uso comunitario de las aguas. Para ejecutar esos embargos ordenó al oficial de justicia ingresar a los domicilios de los miembros de la Comunidad y secuestrar bienes de éstos. en secreto y finalmente se produjo la caducidad de instancia. “Herrera. pese a que ya le había dado la razón a Duarte al dictar los desalojos anticipados en dos juicios. Juan Roberto – Quirulef. la misma Jueza Ivonne San Martín actúa como jueza penal en el juicio: “Pichihuinca. (Kuhlmann.I. nunca pudieron hacer efectivo el desalojo. el accionar policial produjo varios ni la ilegalidad de la orden ni la represión. 22 La jueza dictó la orden contra la Comunidad Lonko Purran para que se puedan realizar tareas de exploración petrolífera. Sin embargo la Comunidad volvió al lugar y desde entonces se mantiene allí. se negó a realizar una pericia antropológica para conocer los usos y costumbres mapuce sobre la utilización del agua. Eduardo s/ Querella por calumnias” (expediente Nº 5620/2009 del Juzgado Correccional de Zapala). Como al lugar se llega sólo después de 4 horas de andar a caballo. Bernabé. le imputó a los miembros de la Comunidad el haberlo señalado como “usurpador” de las tierras indígenas. los tratados internacionales o las normas constitucionales. 21 Tanto en el expediente “Duarte. c/ Barra.T. 24 En el caso de la Comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo el estanciero y ex juez de la dictadura.“Duarte. En todos ellos fue recusada pero finalmente Duarte los desistió a todos. “Duarte. Pedro Laurentino c/ Maliqueo. 182 inc. la Declaración de la ONU sobre los Pueblos Indígenas. La causa se encuentra para resolver por el Tribunal Superior de Justicia. La cuestión también está para ser resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Rosalía Ester y otros s/ Interdicto” (expediente Nº 6460/2008). Además. jamás se aplica el Convenio 169 de la O. María del Carmen – Puel. En todas estas decisiones. por no cumplir la sentencia dictada en el juicio mencionado en el párrafo anterior (pese a que los miembros individuales no habían sido parte en aquel juicio). Pedro c/ Maliqueo. Se hizo sin que la Comunidad pudiera tener la oportunidad de expresar su posición. dictado hace más de tres años. Ronaldo Gustavo c/ Añiñil. Cecilia Andrea s/ Querella por calumnias” expediente Nº 5607/2009 del Juzgado Correccional de Zapala). ya que no hay camino. c/ Velazquez Maliqueo. María Alejandra s/ Usurpación” (expediente Nº 5692/2009 del juzgado correccional de Zapala) se recusó a la Jueza Ivonne San Martín por considerar “irrelevante” la prueba destinada a acreditar la pertenencia indígena de las imputadas así como sus costumbres ancestrales. En el expediente “Puel. También se hallan embargados los salarios de quienes trabajan en la administración pública.Albornoz. Cecilia Andrea s/ Querella por calumnias” (expediente Nº 5635/2009 del Juzgado Correccional de Zapala). Cecilia Andrea y Otros s/ Interdicto de recobrar” (expediente Nº 6034/2008) se dictaron órdenes de desalojo al solo pedido del estanciero Duarte (ex juez federal de la dictadura militar) y sin darle previa participación a la Comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo afectada. Eduardo – Maliqueo. Pedro Laurentino c/ Maliqueo. El expediente estuvo reservado. .R. Pablo Tránsito y otros s/ cobro sumario de pesos y daños y perjuicios” (Nº 10106/2010) en donde ha dictado embargos contra los miembros de la Comunidad. 23 Este expediente se tramitó irregularmente contra la Comunidad Wiñoy Tayiñ Raquizuam y pese a que la Comunidad había detentado siempre la posesión. Silvia y otros s/ Interdicto” (expediente Nº 7061/2009) como en “Duarte. se negó a apartarse en estos juicios penales.ordenó el desalojo de la Comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo21 de las tierras que ésta utilizaba para pastoreo a favor de un estanciero. Pedro Laurentino c/ Maliqueo. Cuando se ejecutó el desalojo de esta Comunidad. La misma Jueza ha tomado intervención en el expediente “Kuhlmann. Ruben Francisco s/ infracción art. la Jueza dictó sentencia de desalojo (que después la Cámara confirmó).“Duarte. Martin y otros s/ Interdicto” (expediente Nº 8090/2009). Sólo aplica el derecho civil. Pedro c/ Claleo. Los desalojos se realizaron sobre territorios que la Comunidad utiliza para pastoreo de veranada y desde entonces esos territorios se encuentran cercados por Duarte. Ronaldo Gustavo c/ Rosales. “WFL S. La Jueza San Martín. Pedro Duarte. También se han ordenado varios desalojos de distintas partes del territorio de la Comunidad Paichil Antriao. de la Comunidad Lonko Purran22 para que se pudieran realizar actividades de exploración petrolífera y de la Comunidad Wiñoy Tayiñ Raquizuam23. sin que la comunidad pueda tener acceso.L. 2º código penal” (expediente Nº 5596/2008 del Juzgado Correccional de Zapala) en donde. Olga . La misma jueza que ha ordenado los desalojos interviene en numerosas causas penales en contra de miembros del Pueblo Mapuce en los que se los investiga por usurpación y otros delitos24. Adolfo y otro s/ interdicto de recobrar” (expediente Nº 2831/2005).
Nº 1851/2011) ambas del Juzgado en todos los Fueros de Villa la Angostura. El desalojo ocurrió cuando se encontraba en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un pedido de medidas cautelares para proteger el territorio de la comunidad26. Sin embargo el empresario comenzó trabajos de construcción en ese sitio.ar . Sin notificación previa (mínima legal de 24 horas) el desalojo se hizo efectivo con la presencia del propio juez de paz. Asimismo.” (Actuación 47/10 de la Defensoría del Pueblo de la Nación). de la localidad de Colalao del Valle. como autoridad de aplicación y de manera perentoria. que se garantice el acceso de los miembros de la Comunidad al sitio ceremonial sagrado sin que lo obstaculice la policía y sin hostigamiento. 28 “Bianchedi de Terzolo.28 Por su parte. William Henry c/ Antriao. Adolfo Salazar y autorización del Juez Civil Juan Carlos Peral. sin que se hubiera adoptado ninguna medida al respecto. el 6 de abril de 2011 solicitó al Estado argentino la adopción de medidas cautelares en protección de la Comunidad Paichil Antriao (MC-269-08) pidiendo que la medida cautelar que protege al Rewe fuera mantenida. http://www. Paradigmático resulta el caso de la Comunidad India Quilmes. 26 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 29 Cfr. así como se adopten las medidas necesarias para atender a la salud de las familias desplazadas. con conocimiento del Estado Argentino. Las denuncias realizadas por los miembros de la Comunidad fueron archivadas por el fiscal. Victor s/ Interdicto de recobrar la posesión” (expediente Nº 348/2006 de la Secretaria Civil del Juzgado de Villa La Angostura) en donde se dictó una sentencia de desalojo sin haber notificado la demanda a la Comunidad. fueron desalojadas violentamente por orden del Juez de Paz de la zona. vele por los derechos de los pobladores aborígenes de la provincia de Neuquén. Ana María s/ Denuncia” (Expte.com. su Decreto reglamentario y la Resolución 587/07. en la provincia de Tucumán se llevaron a cabo los desalojos de la Comunidad India Quilmes29. Por su parte. Ana María s/ Denuncia de usurpación” (Expte. particularmente desde el desalojo que sufriera en diciembre de 2009. el Juez Videla ordenó y ejecutó el desalojo de la Comunidad. este juez que continúa al frente de siete (7) expediente penales contra integrantes de la Comunidad. sus obreros y 25 La actuación en el expediente “Fisher. Nº 179/10 secretaría penal).prensacontrapunto. El 17 de septiembre de 2009. Nº 1759/2011) y “Bianchedi de Terzolo. ejecutando de manera centralizada el Relevamiento Territorial de las Comunidades aborígenes de la mencionada provincia según la ley 26. 27 Expediente “Comunidad Mapuche Paichil Antreao c/ Fisher. El 19 de marzo de 2010 el Juez Videla no permitió a los denunciantes ser parte acusadora o querellante por ese hecho. como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el mismo Juez Videla fueron notificados del pedido de medidas cautelares. Dos meses más tarde. fue objeto de una petición y de un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La situación de emergencia que vive actualmente la Comunidad Paichil Antriao. y ese rechazo se encuentra para resolver por el Tribunal Superior de Justicia Provincial desde hace más de un año (expediente “”Sobarzo. en el juicio iniciado por la Comunidad por la reivindicación del territorio ancestral el Tribunal Superior de Justicia acaba de confirmar al Juez Videla como juez de la causa pese a que ya ha fallado en contra de los derechos territoriales de la comunidad y pese a la denuncia que. otro juez dictó una medida cautelar a favor de la Comunidad. impidiendo al beneficiario del desalojo que realice modificaciones en el lugar sagrado ceremonial de la Comunidad (rewe). Mientras se tramitaba el pedido de medidas cautelares.heridos de gravedad25.160. 40 familias de esta Comunidad. recientemente ha procesado en dos (2) causas a cuatro (4) mapuches por usurpación y ha dispuesto la intimación a la desocupación del territorio bajo apercibimiento de desalojo y con embargo sobre los bienes. Rosa s/ recurso de queja”. hay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos27. Ernesto y Muñoz. representantes de varios terratenientes del lugar (sociedad comercial “Comunidad Aráoz Hermanos” y Bodega Neocom). significó que la Defensoría del Pueblo de la Nación emitiera un dictamen en el que resolvió en su artículo 1°: “Recomendar al INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS que. originado en su accionar. Comunidad El Nogalito y Comunidad de El Mollar y hubo varios intentos de desalojo a otras comunidades. las que fueron otorgadas el 6 de abril de 2011 ((MC-269-08). Tanto el Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Neuquén. William Henry s/ acción de reivindicación” (expediente Nº 1999/2009 de la secretaría civil del juzgado de Villa La Angostura).
php?option=com_content&task=view&id=2804&Itemid=3.com/contenidos/2011/08/01/noticia_0042. destruyendo y quemando sus casas. vienen sufriendo graves violaciones de sus derechos territoriales en razón del avance de grupos con intereses económico-productivos que pretenden desalojar a las comunidades de su territorio ancestral. en este caso.en el marco de la Ley 26. careciendo el Estado nacional y los Estados provinciales de políticas públicas concretas que permitan solucionar los conflictos antes de llegar a la vía judicial. Gustavo Antoun. todo lo cual está extensamente documentado. Pese a las acciones iniciadas. Dr. Automáticamente se ha hecho evidente la reactivación de causas penales contra comuneros de esa localidad. e inconclusas. Si bien fue ordenada el desalojo por una medida cautelar decretada por el Juez Dr. sino también un mal uso y 30 Ver informe aportado el 1-12-2011 en S.a título personal . explotación minera y explotación forestal. de Bariloche por la Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque. así como de canteras naturales. su territorio no es reconocido por el Estado. Un tercer desalojo ordenado por el mismo juez. lo que muchas veces obliga a la judicialización de los conflictos. la comunidad ha logrado una medida cautelar para evitar más desalojos en el territorio en cuestión. porque la constitución concede a las provincias el dominio originario de los recursos naturales (art.ar/index. Recientemente. Cfr. Si bien esta Comunidad fue relevada por el ETO de la UNPSJB.124 CN) y a su vez a los Pueblos originarios la cogestión con las provincias de éstos. el 4 de noviembre de 2009 el mismo juez civil Dr. Juez.000 habitantes. en el mismo predio y bajo la misma medida que dio origen a los dos anteriores desalojos (Amparo a la simple tenencia) intentó llevarse a cabo violentamente en Abril de 2011.diariojudicial. Juan Carlos Peral ordenó un nuevo desalojo en el mismo predio. liderada por Minera Alumbrera en la zona. el juzgado de ejecución de Esquel resolvió en una sentencia de desalojo contra la Comunidad Santa Rosa Leleque en tierras compradas por el grupo italiano Benetton30. Sin embargo. a nivel de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. .http://www. Circunscripción judicial de Sarmiento. ha recibido la posesión por acto administrativo del organismo provincial de tierras fiscales de Chubut.C. aduciendo “ejecución efectiva de sentencia”. de la Circunscripción Judicial de Sarmiento. quien amparándose en derechos hereditarios.Fiscal Dra. principalmente explotación de hidrocarburos. Legajo Fiscal nº 2230 Carpeta Judicial Nº 525. Las comunidades indígenas de Tucumán (16 del Pueblo Diaguita y 4 del Pueblo Lule) con alrededor de 20. haciendo una vez más caso omiso de la vigencia de la Ley N° 26. La actividad minera.Defensor público de la Circunscripción de Sarmiento. c) Conflictos con empresas privadas o particulares En los últimos años ha habido un notable avance de las actividades extractivas.com.Carlos Antileo. en esta oportunidad miembros de la comunidad recibieron la agresión por parte de la policía con balas de goma y gases lacrimógenos. Andrea Vasquez. Fue denunciado por un funcionario judicial .160. También en Chubut se le imputa el delito de usurpación al longko de la Comunidad Mapuche "Jacinto Antileo". se avanza sin su participación y consulta. Roberto Casal. la misma fue apelada ante la Camara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. en Agosto del corriente.160. sin consulta ni participación de las comunidades.html y http://www. Existe una dificultad normativa.aproximadamente 120 efectivos policiales. En la provincia de Chubut.avkinpivkemapu. implica no solo una contaminación ambiental propia de la explotación minera a cierlo abierto. para la explotación de tierras en emprendimientos fundamentalmente mineros y vitivinícolas. quienes corrieron a las familias.
son: Comunidades Logko Purrán. la Federación Wichí ha realizado denuncias ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y ha destacado las migraciones hacia lugares periféricos32. Varias comunidades indígenas del Municipio de Embarcación mantuvieron el corte de ruta por 45 días para protestar por el daño ocasionado por la actividad de esta empresa y Petrobras.pdf.edu. la Comunidad La Chirola que “hasta hace pocas décadas disponía de miles de hectáreas para la campiada -la recolección de frutos del monte. Fortín Dragones: los dueños de la tierra y el subsuelo.aspx?Note=42303. http://opsur. la Ciudad Sagrada Quilmes (mal llamada “Ruinas de Quilmes”) de la provincia de Tucumán.unq. instaló alambrados que impiden el acceso al territorio y al cementerio indígena y donde actualmente la empresa Tecpetrol realiza exploraciones petroleras. los emprendimientos productivos se asientan sobre territorio ancestral de las comunidades y ocasionan la tala indiscriminada de bosques y especies autóctonas. En la Provincia de Neuquén son varias las comunidades que tienen conflicto con empresas petroleras que se encuentran instaladas en territorio mapuche por concesiones otorgadas por el Estado inconsultamente. Al mismo tiempo. Kaxipayin y Painemil todas con afectaciones avanzadas. Antipan. Esto ocurre como consecuencia del desembargo del Grupo empresario Macri que adquirió fincas que utilizaban comunidades indígenas y campesinas. Hay 5 Comunidades que tienen empresas en fase de explotación de petróleo y gas dentro del territorio. Gelay Ko. A modo de ejemplo. caza y pesca-. especialmente por el monocultivo de soja. En la provincia de Salta se vienen produciendo desplazamientos de comunidades indígenas producto de los desmontes. tal como surge del informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas que se acompaña. hoy se encuentra encerrada en tan sólo 11 hectáreas. Así.info/salta/Note. Las operadoras de áreas en esas comunidades son principalmente Repsol y Apache. en particular. a las que se les relizara en 2007 una concesión por 6.com/2010/11/04/fortindragones-los-duenos-de-la-tierra-y-el-subsuelo. las consecuencias de las actividades de empresas petroleras34. Resulta importante destacar que las zonas donde habitan las comunidades pasaron de ser territorios invisibilizados a zonas de alto valor turístico. Caso paradigmático de ello ha sido la construcción de un lujoso hotel en la base del sitio arqueológico más importante de la región del NOA. algunas desde hace varios años. también sobre la ruta 81.ar/Theomai_Patagonia/Patagonia%20Petrolera. 34 Para profundizar esta situación se puede ver el informe Patagonia petrolera: el desierto permanente de AAVV en http://theomai. 33 Cfr. la comunidad Las Llanas quedó recluida en 2 hectáreas”31.eltribuno. www. No muy lejos de allí. Respecto a las actividades de tipo explorativo (con sísmicas y pozos) son 3 las comunidades: Wiñoy Cfr. 32 Ibíd. y la introducción de cultivos extraños al lugar. emprendimientos turísticos privados con perspectiva de lucro se han multiplicado y avanzan.555 km2 y por la falta de consulta a las comunidades y de estudios de impacto ambiental. sobre territorio indígena. En Abra Pampa las comunidades sufren graves consecuencias de la contaminación ambiental ocasionada por una fundición de metales y de la negligencia gubernamental en tomar medidas adecuadas y eficaces para la protección de la salud de los residentes y del ambiente. Las comunidades mapuce del sur de país sufren. la expansión de la frontera hidrocarburífera y otras industrias. Por esta situación. 31 . El desmonte y la tala ilegal de madera ocurren a raíz del avance de la frontera agrícola. En junio de 2011 las comunidades Kollas realizaron varias protestas a raíz de la construcción de un gasoducto en su territorio33. del mismo modo que los emprendimientos productivos. OPSUR.wordpress.contaminación de los cursos de agua dulce de toda la zona.
Folil.ENARSA (concesión otorgada) Fox Petrol (exploración) . (explotación) Lozano. Millaqueo. sin ninguna consulta a las comunidades afectadas.Rio Tinto (Concesión) Orion del sur . Felipin. La renovación de contratos se hizo hasta el 14 de Noviembre del año 2027.(concesión) Orion del Sur (concesión) Ambar . Kimchao.Chevron Texaco .Repsol (Explotación) Apache (Explotación) 4 W.ENARSA (concesión otorgada) Pluspetrol .ENARSA (concesión otorgada) 13 Kimchao 14 Maliqueo Pluspetrol . el Estado provincial mediante Ley N° 2615 de fecha 9 de Octubre de 2008 prorrogó todas las concesiones petroleras. Zuñiga. Maliqueo y Marifil. como se verá.A. por resistencia de la Comunidad. Rams. Aquí las operadoras son Chevrón. Cheuquel. Zapala) que afecta el territorio de 12 comunidades: Gramajo.ENARSA (concesión otorgada) Pluspetrol . Paineo. El caso de la Comunidad Wenctru Trawel Leufu es una caso que tiene concesión de Exploración pero los trabajos no se han iniciado. Piedra Grande (Explotación) Apache .Loma Negra . T. 10 años antes de su vencimiento.ENARSA (concesión otorgada) Pluspetrol .ENARSA (concesión otorgada) Orion del sur (exploración) Rio Tinto (explotación) Orion del sur .Total (Exploración) Pluspetrol .Imau S.YPF. Cayupan. Kajfvkura. Un caso muy preocupante es el de la concesión otorgada en el año 2007 a Plus Petrol.Enarsa (áreas laguna Blanca. Marifil y Zapata.(Explotación) Minera Cholino MCH (explotación) Cholino MCH (explotación) Jalil S.TGS (Explotación) 5 Wiñoy Folil 6 Gramajo 7 Kajfvkura 8 Felipin 9 Paineo Fox Petrol . Fox Petrol y Total.ENARSA (concesión otorgada) Pluspetrol .Indimec (Explotación) Orion del Sur (concesión) Ambar (Explotación) Loma Negra (Explotacion) Ambar (Explotación) 10 Cheuquel 11 Cayupan 12 Millaqueo Pluspetrol .ENARSA (concesión otorgada) Pluspetrol . Leufu Petrolera Piedra del Aguila . Además de las concesiones antiguas otorgadas por el Gobierno federal.A. Comunidad Petrolera 1 Gelay ko Logko 2 Puran 3 Antipan Apache .
Entre las comunidades afectadas por este proyecto figuran : Laguna Fria y Chacay Oeste Mallin de los Cual Los Pino.(Explotación) 17 Marifil Orion del Sur (Exploración) Zapata 18 19 Kaxipayinl Painemil 20 REPSOL EXPLOTACIÓN A su vez. Lagunita Salada-Cerro Bayo-Gorro Frigio. Se trata de un mega proyecto metalífero impulsado por el Gobierno provincial y la compañía canadiense Aquiline Resources que se desarrolla en plena meseta de Chubut. Taquetren y Lefimi.elpatagonico.ENARSA (concesión otorgada) Pluspetrol . en junio de este año.net. Yala. En la provincia de Chubut hay más de mil permisos de exploración pese a la existencia de la Ley 5001 provincial que prohíbe la explotación a cielo abierto y con uso de cianuro. El Escorial. ubicado en el corazón mismo del futuro yacimiento.Enarsa (concesión otorgada) REPSOL EXPLOTACIÓN . (Explotación) Imau S.ENARSA (concesión otorgada) Pluspetrol . sobre todo durante los últimos 11 años. Varias comunidades locales y organizaciones sociales denunciaron que la empresa canadiense y el gobierno provincial violaron sus derechos ancestrales a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras y a la consulta y participación. lo cual atenta contra la principal actividad de los pobladores de la zona es la cría de ganado ovino y caprino36.A. El Gráfico que se muestra a continuación muestra la forma acelerada en que los territorios indígenas del Chaco Salteño vienen siendo afectados por desmontes. 35 36 Pluspetrol .15 Rams 16 Zuñiga Pluspetrol . En este lugar se encuentra un yacimiento de plata y plomo.A.Laubat. El caso paradigmático en tal sentido es el “Proyecto Navidad”. uno de los metales más nocivos para la salud y el medio ambiente. http://www. la empresa Compañía de Tierras del Sur Argentino del grupo Edizione propiedad de la familia italiana Benetton obtuvo una sentencia de desalojo de integrantes de la comunidad mapuce en la Provincia de Chubut por ocupar tierras ancestrales que la empresa reclama como propias y donde plantó pinos tras destruir los cultivos el primer desalojo violento de la Comunidad Santa Rosa Leleque35. Además.ENARSA (concesión otorgada) chevron (exploración) Imau S. las comunidades expresaron su preocupación por el gigantesco uso de agua que se realiza en estos emprendimientos durante los quince años de vida del yacimiento. La empresa ingresó a territorio indígena y profanó un cementerio aborigen de 1200 años.
000 118. Gráfico 1.ar/bosque/informe_chaco.760 100000 95.000 47 29 21 19 1 Zona territorial Ballivián Itiyuro – Ruta 86 Bajo Itiyuro Norte Bermejo Rivadavia Banda Sur 37 La información estadística y de gráficos ha sido tomada del Informe Asociana.doc Nuestros datos se refieren a desmontes ejecutados en los territorios indígenas hasta el 16/09/08.) (%) 324.141 369 Superficie Desmontado territorial (Has.org.000 578.700 50000 0 1986 1996 Período 2008 Cuadro 2. más de 57 mil hectáreas fueron deforestadas durante tan sólo el primer semestre del 200837.000 183.Como expresión cabal de dicha afectación. Fundapaz.greenpeace. . La deforestación de los territorios indígenas del Chaco Salteño Población indígena (familias) 136 132 36 1.427 250000 200000 150000 145. TERRITORIOS INDIGENAS Y BOSQUES NATIVOS EN EL CHACO www.000 339. Superficie desmontada por año en territorios indígenas del Chaco Salteño 350000 Hectáreas desmontadas en territorio indígena 300000 297.
la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Bosque Nativo. especialmente.greenpeace. El juicio continúa su trámite dirimiéndose si continuará en los tribunales provinciales o si pasará a la justicia federal. han demandado a la provincia del Chubut por la omisión de participación en el ordenamiento territorial de bosques nativos. la tubercolusis y leishmaniasis41. Pulgar-Huentuquidel y Quilodrán (El Hoyo). Salas.asp?4569.php 42 COMUNIDAD MAPUCHE “CAYÚN” Y OTROS s/AMPARO” (Expte. constantemente sufre el agravamiento del desmonte realizado por empresas privadas en su territorio40. de las migraciones y desplazamientos. Las cuatro Comunidades organizadas demandaron a la Provincia pidiendo la nulidad de la ley.un estudio del impacto acumulativo de los desmontes. Los departamentos de San Martín y Rivadavia que sufren. Dino y otros c/ Salta.ar.ar/bosque/informe_chaco. se ha atribuido a la deforestación y al desmonte ser el desencadenante y causante de la proliferación de enfermedades como el mal de chagas. sin la participación ni consulta previa de las mencionadas comunidades. también la provincia de Formosa presentó su proyecto de ordenamiento territorial de los bosques nativos.derf. estableciéndose como fecha tope para presentar opiniones. la Provincia del Chubut reglamentó. Sin embargo. las sucesivas medidas cautelares ordenadas por la Corte Suprema son incumplidas sistemáticamente38.org/news/2009/03/661277.com. En la misma estuvieron presentes CSJN. Sobre esta zona y otras aledañas. elaborado sin la consulta y participación de las comunidades indígenas que habitan en la provincia. la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó suspender todas las autorizaciones y ejecución de tala y desmonte de bosque nativo y requirió a la provincia que realice -con la participación de las comunidades afectadas y la Nación.doc 40 http://www. críticas y aportes el 22 de febrero del 2010.com. Cayún (Lago Puelo).ar/despachos.indymedia. Las comunidades Motoco Cárdenas. El proyecto fue dado a conocer en una audiencia pública celebrada el 21 de diciembre 2009. Además de la desaparición del territorio. en tal sentido: www.nuevodiariodesalta.php?id=ver&tx_ttnews%5Btt_news%5D=93976&tx_ttnews%5B y www. 29/12/08 en www. Fundapaz. Las Comunidades lograron que se cite al juicio a la Secretaría de Ambiente de la Nación. de los recursos naturales. el impacto de la deforestación y el desmonte corresponden al territorio de ocupación tradicional y actual de más de 200 comunidades indígenas39.Morillo Lhaka Honhat 454 1. Un caso paradigmático en este sentido es de la Comunidad Ballivián que. . Las Comunidades lograron la suspensión cautelar por 90 días de la ley.000 655.gov. que fue luego levantada por la Cámara de Apelaciones de Esquel.270 938. 366/2010) 38 39Asociana.1 41 Cfr.info/index.asp?cod_des=195165&ID_Seccion=42 http://argentina.000 0 0 El cuadro 2 resume las estadísticas principales referidas a la población indígena del Chaco Salteño.42 En el extremo norte del país. TERRITORIOS INDIGENAS Y BOSQUES NATIVOS EN EL CHACO www. En junio de 2010. Provincia de y Estado Nacional s/ amparo.org.urgente24.ar/diario/archivo/noticias_v. sus territorios y el grado de pérdida que vienen sufriendo con relación al bosque nativo.csjn.
integrante de la comunidad indígena Lule-Vilela de San Antonio (Santiago del Estero). Lamentable ejemplo de ello. La reglamentación otorga a la superficie de la categoría 1 “zona roja” menos de un 4% de la superficie total de la provincia. el proyecto fue aprobado por la legislatura provincial sin modificaciones sustanciales.ceppas.45 Y dado que el modelo económico basado en la explotación intensiva de recursos naturales.T.o prácticas administrativas institucionalizadas sobre consulta y participación de los pueblos indígenas. El expediente se llama “Comunidad Mapuche Catalan y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ Acción de inconstitucionalidad” (Nº 1090/2004 de la secretaría de demandas originarias). en los próximos años se desmontarán más de 2. La Confederación Mapuce y la Comunidad Catalán demandaron la nulidad de la ley por falta de consulta y seis años depués el Tribunal Superior rechazó la demanda. redactado sin ninguna forma de participación indígena previa. La Corte Suprema anuló por ello dicha decisión y el Tribunal Superior volvió a rechazar la aplicación del Convenio 169 y el 43 44 . Dicha creación no respetó un previo proceso de consulta con las comunidades y la municipalidad así creada no tiene mecanismos especiales de participación indígena. resulta el reciente asesinato de Cristian Ferreyra. Plácido Puel y Catalan). por no haberse respetado los plazos legales establecidos en la ley local y por la total falta de participación indígena en la formulación del proyecto de ordenamiento territorial. Son escasas las sentencias http://www. diferentes de los establecidos para la generalidad de la población. y la categoría 3 “zona verde” ostenta el 80% de la superficie.php?option=com_content&task=view&id=411&Itemid=2 http://defensamontebosqueselvagrr. En muchos supuestos en que las comunidades indígenas logran conseguir patrocinio legal para iniciar acciones judiciales éstas son rechazadas46. El juicio ha sido apelado ante la Corte Suprema y se encuentra a disposición del Tribunal Superior para que decida si concede la apelación. aunados al corrimiento de la frontera agrícolo ganadera y la explotación a gran escala de recursos naturales. estos conflictos se multiplicarán. No existe ningún tipo de regulación – nacional o provincial.blogspot. la categoría 2 “zona amarilla” resulta inferior al 10% de la superficie total de la provincia.copenoa.com/2010/02/formosa-el-proyecto-de-ordenamiento.varias organizaciones indígenas y de la sociedad civil. se encuentra en una fase de profundización. 46 En el año 2004 se dictó una ley creando la municipalidad de Villa Pehuenia en el territorio ocupado por tres comunidades indígenas (Puel.com. d) Ausencia de consulta a los pueblos indígenas En Argentina prácticamente no se realizan las consultas previas e informadas respecto de las medidas y proyectos que afectan la vida de las comunidades. determinan que los conflictos alrededor de la posesión y propiedad de las tierras ocupadas tradicionalmente por comunidades indígenas vayan en incremento.html 45 http://www. fue rechazado por el Tribunal Superior tres años después decidiendo que no se aplicaría el Convenio 169 de la O.43 Sin embargo. Esto significa que los desmontes en la provincia de Formosa continuarán aceleradamente.800.ar/Cristian-Ferreyra-campesino-del. De acuerdo a los datos del propio gobierno provincial.44 El contexto de inseguridad jurídica respecto de sus tierras y la falta de consulta y participación en los asuntos que los conciernen. Las organizaciones indígenas y de la sociedad civil.I. La categoría verde indica sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad. el reclamo de la Confederación Mapuche iniciado en el año 2002 contra un decreto provincial que disponía la organización de las comunidades indígenas de la provincia. así como numerosos empresarios madereros y productores agropecuarios. señalaron que la audiencia era nula.000 hectáreas.org/gajat/index. Por otro lado.
Expediente “Comunidad Mapuche Payla Menuko c/ Provincia del Neuquén s/ acción de amparo” (Nº 240/2009 de la secretaría civil del Tribunal Superior de Justicia y Nº 928/2010 tomo 46 letra C. 17 de la Constitución Nacional. Los gobiernos de Salta y Jujuy. prevén atravesar el tendido hidroeléctrico de alta tensión50. e integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc Salinas Grandes. del Juzgado Civil 2 de Cutral Co). que el 23 de diciembre de 2010 rechazó un pedido de medida . Victorino y otros s/ Acción de amparo (Expte. 50 La decisión fue impugnada judicialmente por las Comunidades Mapuche junto a organizaciones en defensa de la naturaleza tramita ante la CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL IIIA. de conformidad con la Convención No. El juicio de amparo iniciado por la Comunidad Payla Menuco para que se le reconozca el derecho a la participación en las negociaciones relativas a la concesión de un centro de deportes invernales existente en su territorio. Por ende emitieron un comunicado. En la provincia de Neuquén una de las pocas sentencias de primera instancia que reconoce el derecho de consulta de la Comunidad Wenctru Trawel Leufú dictada el 16 de Febrero de 201147. La situación generó gran inquietud en las comunidades de las Salinas quienes nunca fueron consultadas acerca de las posibles nuevas exploraciones y sus eventuales consecuencias en su equilibrio comunitario y ecológico. expte. Esta sub-cuenca forma parte de la Puna.en las que se reconoce el derecho a la consulta y participación indígenas. CIRCUNSCRIPCION de Bariloche en los autos caratulados: “COMUNIDAD MAPUCHE LAS HUAYTEKAS y OTRAS s/ AMPARO DE INTERESES COLECTIVOS”. Allí viven 19 comunidades originarias. nro. calificando como de interés público el proyecto de una empresa privada y declarando recurso natural estratégico a las reservas minerales que lo contengan. 49 Salinas Grandes es una región que abarca los departamentos de Cochinoca y Tumbaya de la provincia de Jujuy y los departamentos de La Poma y Cobres de la provincia de Salta. 48 La Fiscalía de Estado es quien representa los intereses de la provincia ante la Justicia y se presenta en sede judicial en ese carácter y no como garante del interés general. previo e informado”. se encuentra actualmente en la Corte Suprema a más de tres años de iniciado. en el año 2010. 00388-045-2010 (reg. El 24 de Noviembre de 2010 se presentó una acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por incumplimiento de la obligación de consulta y participación en pedimentos de exploración y explotación de litio de conformidad con el art. Otro caso resonante ha sido la aprobación de la Central Hidroeléctrica Lago Escondido sin consulta ni participación previa de dos comunidades Mapuche por cuyo territorio. Expediente “Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de inconstitucionalidad” (Nº 615/02 de la secretaría de demandas originarias). que se encuentre pendiente de resolución. 169 de la OIT. Desde el año 2010 se divulgó información en numerosos medios que dan cuenta de la exploración de un mineral llamado litio. reclamo. Convenio 169 de OIT y Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU. 75 inc. el CERD le ha recomendado al Estado argentino que: “instaure mecanismo adecuado. no solo fue apelada por la empresa Petrolera Piedra del Aguila sino que originó además un recurso de la Fiscalía de Estado de la Provincia48 por entender que su accionar inconsulto fue conforme a derecho. que fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia. de la Corte Suprema de Justicia). c/ Curruhuinca. Al respecto. lejos de replantear la situación intensificaron su interés por la explotación de litio. 47 Petrolera Piedra del Aguila S. Nº 43907 año 2001 y su incidente de medida cautelar Nº 329 año 2009. talando el bosque nativo en 32 metros a lo largo de 42 kilómetros. para llevar a cabo consultas con las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales con el objetivo de obtener su consentimiento libre. que ha tenido mucha resonancia en el transcurso de este año involucra a comunidades de Salta y Jujuy que debieron presentar una acción judicial a raíz de la explotación de litio que se está desarrollando en las salinas grandes en forma inconsulta con las comunidades49. a ocho años de iniciado. porción del altiplano que pertenece a la República Argentina. se encuentra en apelación ante la Corte Suprema para que el Tribunal Superior resuelva si la apelación es admisible.cám).A. Un caso testigo. El juicio.
. las luchas emprendidas por los pueblos o comunidades reciben una respuesta institucional violenta que incluye la criminalización de la protesta social.e) La violencia institucional en casos reivindicación de los derechos territoriales La falta de implementación efectiva de los derechos territoriales indígenas se ve agravada por el hecho que. Por eso. se puede identificar una tendencia ascendente en la criminalización de las ocupaciones de territorios indígenas. MUESTRA CASOS GAJAT. el asesinato y la persecución y amedrentamiento de las autoridades indígenas y los defensores. Los datos siguientes correspondientes a procesos judiciales originados en conflictos territoriales se ubican en el período 2005-2011 en la zona oeste de la provincia (IIIa Circ Judicial – S. En este período. Ver más detalles en el “Despojo Forestal Andino”. sobre un total de 65 causas penales. la represión. CUADRO A – Evolución de la criminalización indígena en Río Negro 2004-2011 TABLA B. En la Provincia de Río Negro el Poder Judicial no publica información oficial sobre las causas seguidas contra indígenas por delitos relacionados a la defensa y reivindicación territorial. la información aquí expuesta es la propia registrada por organizaciones. como lo refleja el CUADRO A. informe entregado por la Comunidad Mapuche Las Huaytekas en la entrevista del 1-12-2011 en Bariloche. Año Causas Penales Defensas x delito de Usurpación x delito de Daño 2004 2 2 0 0 cautelar de no innovar para que se suspenda la aprobación del trámite legislativo que autoriza el proyecto de uso de aguas públicas del río para emplazar la hidroeléctrica hasta que pudiera realizarse la consulta. en varios casos.C. EVOLUCION DE LA CRIMINALIZACION INDIGENA EN RIO NEGRO PERIODO 2005-2011. de Bariloche) se basan en causas en las que intervinieron abogados del GAJAT.
Juzgado de Instrucción Nro. Expte 213-7-08. estando en vigencia la ley 26.160. Ricardo Calcagno quien denegó al CAI la representación (legalmente reconocida en el art. 4 SECRETARIA 8.160. Lof SeguelMontiel (2010)*. 31 de mayo de 2007. Lof Lleiful Cayumil* (2007)51. en el período 2006 y 2011 el estado provincial ordenó los desalojos contra las siguientes Comunidades Pedraza Melivilo* (2006). 52 Autos Nro. Ordenado por el Juez Ricardo Calcagno. 07S10-0164. Lof Loncón (2008)53. 53 En los autos "Norambuena Pilar y Loncón Jorge y otros s/ usurpación”. Tiempo después de la orden. RENE s/USURPACION”. el Juez Ricardo Calcagno ordenó el desalojo con la fuerza pública de la familia Loncón. Lof Palma-Villablanca-Comunidad Las Huaytekas (2010)54. En los conflictos relacionados con las causas que componen la muestra. Cristian Lleiful fue víctima de la tortura en ese mismo destacamento. incluyendo las sentencias y ejecuciones de desalojos.2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3 11 3 1 13 17 15 1 6 3 1 11 11 7 0 4 1 1 4 7 2 0 0 0 0 1 2 3 Esta situación de criminalización de los Pueblos está directamente relacionada con la falta de resolución de los recamos territoriales de las Comunidades al gobierno de la Provincia de Río Negro. decisión que fue anulada el 16 de septiembre de 2011 por la Cámara Segunda en lo Criminal en los autos "RECURSO DE QUEJA PRESENTADO POR DR. que tramita ante el Juzgado de instrucción nro. Palma Américo y otros s. Sin haberse restituido a los Loncón la tierra. Lof Ponce-Luengo (2007)52. que dispone “…IV) Asimismo. les inició una nueva causa por usurpación del mismo lugar que también tramita en el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NRO.09913-10”. interdicto de recobrar s/ cautelar . y otros s/ usurpación” . sin ningún control. trata a los Mapuche de usurpadores. los hostiliza constantemente. Expte. prohíbese a los actuales ocupantes a modificar o alterar cualquier situación de hecho ya constatada. 164-7-2010 del Juzgado de Instrucción nº 4 sec 7 ". 066-8-2007 caratulados “PONCE. 54 Ordenado por el Juez Jorge Serra en los autos caratulados “Martínez Pérez José Luis c. 92 dictada el 21 de diciembre de 2010. como así 51 . le ordenó a la policía proceder a ejecutarlo. 4 Secretaría 8. según consta en la causa “CONSEJO ASESOR INDIGENA C/MONTES DANIEL Y OTROS S/DELITOS CONTRA LA LIBERTAD (Y VEJACIONES)” EXPTE. El procesamiento de los Loncón y el desalojo fue anulado por la Cámara Segunda en lo Criminal el 21 de mayo de 2011. AUTOS: “MARIN Cristina Beatriz. dando lugar a la representación del CAI como parte querellante habiendo transcurrido más de un año de los hechos sin posibilidad de acceder siquiera a la causa. Roberto Chechile. el comprador y socio de Larroulet. 362-8-2010. El desalojo fue pedido por el Juez de Cámara de Gral Roca Carlos Osvaldo Larroulet a quien la policía puso en posesión del campo. 4 secretaria 7 a cargo del Dr. Estando recurrida e invocada la ley 26. LONCON Patricia.registrados bajo nº 10-214-A. resolución de fs. sobreseyendo sin participación indígena a los policías y a la juez de Paz involucrada. Nro. Comunidad José Avalado por este mensaje de “la autoridad” de “Tierras” la policía. La demora y postergación de la solución de las reivindicaciones territoriales en los últimos años permite explicar el incremento de la criminalización en los últimos años. KOSOVSKY AUTOS:CONSEJO ASESOR INDIGENA C/ MONTES DANIEL Y OTROS s/ DELITOS CONTRA LA LIBERTAD ( Y VEJACIONES) EXPTE. resultando en un desalojo violento con todo el policial de Comallo el 15 de octubre de 2008. incluso violentos. 6 de la ley 2287) para ser querellante en representación de Lleiful.
arrancó y destruyó la tranquera de la Comunidad. JOSE LUIS y otra C/ ÑANCUNAO. Comunidad Newen Twain Kom (2011)57.clarin. aduciendo luego que era para notificarles la causa. Esta comunidad. 55 Causa.A. también a prender fuego y cortar leña. ordenó su desalojo y la restitución a ENFOR S. en la jornada del 12 de octubre de 2009 —como brutal respuesta a las acciones legales que está llevando adelante esa comunidad en la justicia federal tucumana para exigir que se reconozca su territorio ancestral—. *Ordenados por la Dirección de Tierras de la Provincia.Manuel Pichún (2011)55. Juzgado de Instrucción Nro. un integrante de la comunidad Chuschagasta fue asesinado y otros cuatro sufrieron heridas de bala58. El Presidente de ENFOR S. el titular del Juzgado de Instrucción N° 6 de Bariloche. El desalojo está provisoriamente suspendido por resolución del 2 de febrero de 2011 de la Cámara Civil y Comercial de Bariloche en los autos caratulados: “MARTINEZ PEREZ José Luis c/PALMA Américo y Otros s/INTERDICTO de RECOBRAR s/ MED. Causa A1-2011-3948. 58 Este hecho fue ampliamente difundido por la prensa argentina. Todo ello. se desató una feroz represión policial que causó la muerte de Roberto López y graves heridas a Samuel Garcete.realizó un corte de una ruta nacional en la provincia de Formosa en reclamo por la restitución de sus tierras.. fue revocada la sentencia por la Cámara 1ª Criminal de Bariloche-. la comunidad no puede acceder a una parte de su territorio porque se encuentra ocupado por terceros no indígenas. integrantes de la comunidad indígena toba Potae Napocna Navogoh. 6 Secretaría 11 el 7 de octubre de 2011. Apelada.a las fuerzas especiales de la provincia que. Este hecho sucedió en el contexto del inicio del relevamiento territorial ordenado por la ley 26.A.. Ese mismo día ingresaron camiones y maquinaria pesada que comenzó a drenar el mallín sobre el que se asienta el bosque milenario de Las Guaytekas para construir allí un country club. y autorícese el libre acceso de una persona que designe la parte actora para que pueda realizar las tareas de mantenimiento que pudieren resultar indispensables. En noviembre de 2010. 57 Autos los caratulados “PRAFIL. tomando los medios de mayor circulación pueden verse las siguientes notas: “Mataron a un dirigente indígena en una disputa por tierras en Tucumán” Diario Clarín.. decenas de heridos de variable gravedad. detenciones prolongadas y continuó con la quema de las viviendas junto a las pertenencias de los miembros de la comunidad. En el caso de la Comunidad Indígena Chuschagasta en la provincia de Tucumán. Gaimaro Pozzi. procesó a seis miembros de la Comunidad. fue apelado y por un recurso de queja se logró el efecto suspensivo. Se destruyó una ruka de la Comunidad con la presencia y facilitación de la Policía de la provincia que además se llevó detenidas a dos personas de la Comunidad sin asentarlas.160.160. viene hace años reclamando a la provincia y a la nación el cumplimiento efectivo de su derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras indígenas sin obtener resultados. 15/10/2009 http://www. Miguel A. El Juez subrogante habilitó la feria judicial y el 25 de enero de 2011 ordenó hacer efectivo el desalojo que antes de ser ejecutado. 11-11-0309. Lof Ñancunao-Barría-Comunidad Las Huaytekas56 (2011). El 15 de abril del 2011. nro. Expte.cám) que no aplicó la ley 26. A modo de ejemplo. Martínez Pérez expresó que pagó $ 2000. 56 En la causa “MARTINEZ PEREZ. Como consecuencia. MIRTA y otros S/ MEDIDA CAUTELAR (3100710)”. Al día de la fecha. mientras las partes estaban reunidas en ante el Presidente de la Cámara Civil de Bariloche por la queja interpuesta por la Comunidad para cambiar el efecto del recurso. Impugnados en sede administrativa. "MURGIC…S/ TURBACIÓN …-COMUNIDAD MAPUCHE JM PICHON)". Crescencio y YAÑEZ. César y otros s/ amenazas calificadas y usurpación” Expte s. s/ QUEJA”. Ordenado por el Juez Miguel Angel Gaimaro Pozzi. bajo apercibimiento de deshaucio sin más trámite”.htm. CAUT. N° S11-09-0218. “Denunciaron otros .16059.La Primavera. 16008-076-2011 (reg. expte.com/diario/2009/10/15/sociedad/s-02019071. a otro sector porque allí se delimitó el Parque Nacional Río Pilcomayo y a otra área que ha sido cedida a una Universidad Nacional. el Juez Civil Carlos Cuellar ordenó ejecutar el 10 de febrero de 2011 la orden de desalojo del control del paso al Rewe de la comunidad estando impugnada por apelación y nulidad por infracción a la ley 26.
desde el año 2007 a la fecha. los lentos avances en las denuncias y causas iniciadas por las comunidades a raíz de estos hechos contrastan con el expedito curso que corre para las causas iniciadas por las otras partes. Diario El Siglo (Tucumán).com. muerto en un conflicto por tierras”. 60 Cfr. En los informes del Estado al respecto el propio INAI ha aconsejado el allanamiento a la medida cautelar requerida por las comunidades.lagaceta. para incitar más la violencia. 14/10/2009. vienen siendo víctimas de amenazas de muerte directa (además de ser denunciados civil y penalmente). a lo que se suma un proceso de criminalización de los reclamos y conflictos sociales desatado como respuesta a los intentos de comunidades por defender colectivamente sus derechos. mediante el uso de palos y balas de gomas.html. Expte N° 51. 16/10/2009. garantizar derechos y responder ante la responsabilidad internacional asumida. Ello. 21/10/2009 http://www.pagina12. 20/10/2009. Diario La Gaceta (Tucumán). los múltiples procesos penales iniciados y la amenaza como metodología corriente no son un hecho aislado. las fuerzas policiales. el comienzo de los relevamientos territoriales en Tucumán alertó a los terceros con pretensiones sobre las tierras de las Comunidades.ar/diario/sociedad/3-133771-2009-10-20. la policía hasta quemó banderas del Pueblo Originario Mapuche que estaban levantadas en las viviendas. Los procesos en perjuicio de las comunidades contaron con el apoyo directo de un amplio desalojos indígenas en Tucumán” Diario Clarín. http://www.html. Diario Página/12.com/portal_ediciones/941/portal_notas/41636-reclaman-esclarecimiento-del-crimen-ocurrido-enchuscha#. reprimieron y desalojaron por la fuerza bruta a decenas de familias de su territorio ancestral. En estas circunstancias. Dante V. que reaccionaron violentamente. 30/10/2009 http://www.org/category/informes-odhpi/.elsigloweb. denuncias y presiones. y Chiarello. http://odhpi. 59 Cabe señalar que. “Asesinado el 12 de Octubre – Un miembro de la comunidad diaguita. las graves lesiones sufridas por cientos de víctimas. Además. Diario Página/12. Estas respuestas violentas frente a los reclamos sociales vienen acompañadas de reiteradas situaciones de amenaza y hostigamiento. pese a ser denunciadas en sede administrativa y judicial no se investigaron. que da cuenta del complejo cuadro de situación por la que las mismas atraviesan. el logko de la comunidad Currumil junto a otras personas resultó detenido e incomunicado.implica en los hechos una vulneración al derecho a la protección judicial61. “El asesinato de Javier Chocobar”. Estas amenazas. .com. Silvia s/Extorsión y amenazas ilegales – Incidente de falta de acción promovido por los Dres. “Exigen justicia por un crimen en Chuscha”. sumado a irregularidades -que han dado lugar a pedidos de juicio político y denuncias por parcialidad manifiesta a magistrados. De acuerdo con los Informes sobre la “Situación de los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Neuquén” del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en dicha provincia hay más de 250 integrantes de las comunidades procesados por la justicia60.520/2008. Al mismo tiempo. por parte de 10 Comunidades de la provincia (2009). tanto los caciques como los principales referentes indígenas de la comunidad. en una clara muestra de que el Estado no está en condiciones de brindar protección. 61 Está pendiente de resolución una solicitud de Medidas Cautelares de protección ante la CIDH.En el caso de la Comunidad Currumil en Aluminé (Neuquén). Desafortunadamente. 58 Ver copia digital de Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán de fecha 11/09/2009 en autos “Chiarello. Poviña y Frías Silva”. tanto a nivel judicial (promoviendo e influyendo para lograr desalojos a pesar de la ley) como a través de la ilegalidad de las amenazas. “Reclaman esclarecimiento del crimen ocurrido en Chuscha”. En el caso de los pueblos indígenas.ar/nota/349108/Policiales/Exigen_justicia_un_crimen_Chuscha. En un clima de extrema tensión en la que hubo varios heridos y se creó pánico en la población. en el 2009 una magistrada dictó una orden de desalojo sobre el territorio de ocupación tradicional —que había sido cedido a un particular por la Dirección General de Tierras provincial—. sino la manifestación última de un proceso de despojo de sus tierras ancestrales. los asesinatos en el marco de sus reclamos por las tierras.
También han sido denunciados ante el colegio de abogados. sino. así como la publicación de comentarios en espacios virtuales. 64 La denuncia tramitó en los autos caratulados “CALCAGNO. ya que muchas amenazas anónimas mencionaban e invocaban a esta persona. con mucho esfuerzo. El amedrentamiento también se hace extensivo a los abogados que defienden a las comunidades. La poca seriedad de las denuncias. provincia de Formosa el pasado 18 de agosto de 2011. institucionalmente tuvo que reconocer que había sido un error la detención del defensor. y otros s/ usurpación” Expte. Fue tal la gravedad que. que impone el deber de “a) guardar un estilo adecuado a la jerarquía profesional en las actuaciones ante el poder jurisdiccional y órganos administrativos”. María José Lobo Paz (INADI. todos los abogados indígenas han sido denunciados (por las mismas partes que inician las causas contra dirigentes) ante el Comité de ética del Colegio de Abogados de la provincia. Daniel Cabrera. diciéndole a una de sus integrantes que no era Mapuche porque tenía ojos claros en la causa “MARIN Cristina Beatriz.sector del Poder Judicial (ordenando los desalojos. abogado defensor de comunidades integrante del SERVIJUPI (Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas). que se hace generalmente extensivos a las familias. Valentina García Salemi. Si bien fue desestimada. recusaron al Juez acusándolo de sentirse discriminados racialmente. así como el envío de correos electrónicos con fuerte contenido amenazante. La denuncia se basaba únicamente en un escrito donde el abogado refería que sus defendidos miembros de la familia Loncón. Además le imputaban el desconocimiento del Derechos Indígena en otra causa donde ordenó 62 . El Juez le imputó al abogado del GAJAT Fernando Kosovsky una presunta infracción al art. pero constituyen una vía de presión permanente sobre los abogados63. se logró que la Fiscalía de Instrucción Penal de la IVº otorgara al Sr. Pérez una medida de protección (prohibición de acercamiento) en contra del particular Eduardo Morales. Nro. El hecho denunciado ante la policía de la Comisaría de Villa Mariano Moreno de Tucumán. a del Código de Etica del Colegio de Abogados. así como la inexistencia de pruebas sobre lo que alegan.Tucumán) y Carlos Garmendia (Observatorio de DDHH .Tucumán). negando sistemáticamente las pretensiones de la Comunidades y la aplicación tanto de la legislación interna del Estado como de la que surge de los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos). Gustavo Ariel Coll. Dos días más tarde fue liberado tras una fuerte campaña de movilización y solidaridad desplegada por todos los organismos de defensa de derechos humanos que incidieron frente al Tribunal de justicia provincial para lograrlo. letrados que trabajan desde otros ámbitos junto a las comunidades como la Dra. 362-8-2010. cacique de la Comunidad El Nogalito. hace que las mismas no prosperen. Gustavo Paliza y Andrés Villafañe han sido denunciados. Joaquín Perez. Daniel Carlorosi. algunos de ellos en más de una oportunidad. Pasados dos días de la detención el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Formosa. el abogado del GAJAT que patrocina a la Lofche Loncón fue denunciado al Colegio de Abogados por el juez que ordenó el desalojo violento de esta familia que sufrió vejaciones en la Comisaría64. En la Provincia de Tucumán. En la Provincia de Río Negro. pidió disculpas y garantizó que a más tardar al día siguiente iba a ocurrir la excarcelación. LONCON Patricia. Las amenazas no se limitan a los dirigentes indígenas mismos. y en más de una oportunidad62. Sin embargo esta medida aún no se encuentra notificada. del pueblo Lule de Tucumán recibió en su casa un sobre blanco conteniendo una cantidad de balas que alcanzaba el mismo número que los integrantes de su familia. RICARDO s/dica” Expte N° 149-11 Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Bariloche. 63 Un caso resonante en la opinión pública durante el 2011 fue el del Dr. Las metodologías de amedrentamiento son variadas. 22 inc. la presión padecida así como el tiempo Los abogados de ANDHES Darío Abdala. El abogado fue encarcelado acusado de incitar a familias campesinas e indígenas a usurpar viviendas en dos barrios de Ingeniero Juárez en la provincia de Formosa. resulta común el uso de mensajes de texto telefónicos. la policía local y la indiferencia de los poderes ejecutivos local y federal.
desestimó la denuncia varios meses más tarde. 65 http://www. los integrantes de la familia Maldonado. Tampoco se controlan con eficacia las actividades de desmonte y la deforestación ilegales. Esta falta de control estatal. La responsabilidad del Estado en este hecho cobra mayor importancia porque los grupos afectados han alertado en reiteradas oportunidades sobre una escalada de intimidaciones y atentados de los que son víctimas. ante la persecución que venían sufriendo. recibieron amenazas reiteradas. Hace sólo dos meses. que señalan que para el año 2030 el mundo estará caracterizado por una población metropolitana el desalojo de la familia estando en vigencia la ley 26. provincia de Santiago del Estero. repercute negativamente en el ejercicio de la profesión de abogado defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas. corazón de la organización política y social de los grupos indígenas y campesinos afectados. El juez fue apartado de la causa por la Cámara Segunda en lo Criminal por temor de parcialidad de los recusantes. y otros dos compañeros fueron víctima de graves heridas en San Antonio. un joven integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena. la radio comunitaria fue incendiada. Este caso es un emergente de los conflictos sociales derivados de la apreciación de la renta agraria y de la expansión de la frontera agrícola que amenaza los derechos de las comunidades campesinas e indígenas que históricamente habitaron las tierras que ahora se encuentran en disputa. oportunamente denunciadas ante el Juzgado del Crimen de Monte Quemado. posibilitó que se vendieran pueblos enteros o que establecimientos públicos como una escuela primaria queden al interior de una propiedad privada. Aunque la ley lo prohíbe. f) Dos iniciativas del Poder Ejecutivo que preocupan Plan Estratégico Agroalimentario En septiembre de este año la Presidenta de la Nación. del MoCaSE-VC.339 que obliga a la certificación catastral en cada venta de terrenos. Además.minagri. la emisora. Julián Domínguez. Ante el intento de quitar el alambre para permitir el ingreso. Ganadería y Pesca. referentes sociales del MoCaSE-VC. fue incendiada nuevamente. Los hijos de las familias afectadas dejaron de asistir a clases ante las amenazas recibidas por intentar traspasar el alambre colocado para delimitar el territorio y que bloqueó el acceso a la escuela pública de la zona. tras correr traslado. es habitual que en Santiago del Estero se permita la compra–venta de miles de hectáreas de tierras sin tener en cuenta a las comunidades que las habitan y sin contemplar sus derechos sobre ellas.ar/site/areas/PEA2/24-Argentina%20Lider%20Agroalimentario/index. originada en el incumplimiento de la ley provincial 6.gob. El lugar fue elegido como alternativa a la casa de los Maldonado.que insumen defenderse de estas denuncias.php .160. El atentado letal de esta semana se produjo en la vivienda de la familia Ferreyra cuando tenía lugar una reunión para organizar acciones de denuncia sobre las violaciones a la Ley de Bosques. fue asesinado Cristian Ferreyra. junto al Ministro de Agricultura. El Tribunal de Disciplina. el miércoles 16 de noviembre de 2011. lo que implicó la destrucción de los equipos de comunicación. La confección del PEA ha tomado en cuenta las proyecciones de organismos internacionales. presentó el “Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2016 (PEA)”65. Recientemente.
inserta en un contexto de incremento en la demanda y en el precio de los alimentos. Todo ello. representará un incremento del 27% de la superficie destinada a la siembra. Expediente: 0008-PE-2011. Por otro lado. salvo en el caso de que se trate del ejercicio de un derecho constitucional. Como se viene denunciando a lo largo de este informe. en el país existen numerosas comunidades indígenas que no poseen título de propiedad de las tierras en las que tradicionalmente habitan. con mejores condiciones de vida y pautas de consumo urbanas. investigación y sanción del delito de terrorismo. y son sistemáticamente despojadas de ellas debido al corrimiento de la frontera agrícola-ganadera. En estos casos se elevaría la pena mínima y máxima prevista para el delito correspondiente al doble. 157. una figura penal que reprime a quienes provean o recolecten bienes o dinero. De ahí que el PEA se plantea las oportunidades de Argentina para convertirse en un país “líder agroalimentario”. 66 67 Mensaje Nro: 1643/11. investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista”66 Recientemente.” Las reformas propuestas incorporan un agravante general para todos los delitos previstos en el Código Penal para el caso de que el delito haya tenido finalidad terrorista.creciente. Proyecto de ley “Modificación del Código Penal sobre prevención. a sabiendas de que serán utilizados para cometer delitos con finalidad terrorista. es avanzar en su compromiso de consolidar un sistema concreto y efectivo de prevención. Es decir que se intensifica la pena67 de cualquier delito cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales. aunado a la mayor utilización de cereales y oleaginosas para la elaboración de biocombustibles en cortes obligatorios de la gasolina y el diesel. Entre las metas de producción que se fijan. se incorpora dentro de los delitos contra el orden económico y financiero.5 millones de toneladas de granos: alrededor de un 60% más que en el año 2010. envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que tiene por objeto “fortalecer y reordenar las disposiciones normativas en materia de prevención y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista. el PEA no aclara ni efectúa ninguna consideración acerca del impacto que este aumento de la producción pueda tener sobre comunidades indígenas y campesinos. Sin embargo. el Poder Ejecutivo Nacional. . en términos porcentuales. que acompaña al proyecto. Existe el fundado temor que la puesta en marcha del PEA agrave esta situación aún más ya que de lo que se trata es de aumentar la superficie destinada a la siembra. tomando como línea de base el año 2010. gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. se encuentra llegar a producir en el año 2020. El propósito manifestado en el mensaje enviado por el PEN. Esto significará pasar de una superficie sembrada de 33 millones de hectáreas a 42 millones ha. Publicado en: Trámite Parlamentario Nº 153 Fecha: 14/10/2011.
Se frenen los desalojos de comunidades indígenas.Igualmente. en todo el territorio nacional. leyes. usurpación. podría aplicarse a las figuras penales típicamente utilizadas para ello (atentado y resistencia contra la autoridad. De acuerdo al proyecto.). la pena se incrementaría de 1 a 6 años si se considera que tiene finalidad terrorista. Desarrolle. graves riesgos para las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. con real participación de los Pueblos indígenas. 4. Adopte medidas de coordinación con las provincias y con el Poder Judicial a fin de que se cumpla en todo el territorio nacional con la ley 26. el delito de usurpación tiene prevista en la legislación penal vigente una pena de 6 meses a 3 años de prisión. La reforma entrañaría. ya que estos están dirigidos a reclamar por derechos individuales o colectivos. Desarrolle . con real participación de los Pueblos indígenas. 2. incluso en aquellas que se han opuesto a él y que se respete la participación indígena real y plena en cada tarea y etapa desarrollada en las comunidades. el agravante de “finalidad terrorista”. permitirían que la aplicación de la agravante quedara librada a la interpretación del funcionario judicial que intervenga en el caso particular. recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de vinculadas a las reivindicaciones de los pueblos indígenas que sean consideradas acciones terroristas. . 3.160/26. etc. Desarrolle mecanismos de coordinación para asegurar el cumplimiento de un piso mínimo de los derechos territoriales indígenas. de manera de evitar los múltiples conflictos que se producen con la tenencia indígena.554 a fin de que: a. daños. en caso de que reciban. además. la vaguedad y ambigüedad que caracterizan los términos en que se encuentran redactadas las reformas propuestas por el proyecto al Código Penal. allí se sostiene que quedan excluidos de cualquier interpretación criminalizante los hechos de protesta social. un procedimiento de demarcación y titulación de las tierras indígenas. de manera equitativa. Recomendaciones: 1. procedimientos y reglamentaciones especiales que reconozcan y hagan efectiva la superior protección que la posesión indígena tiene sobre los títulos estatales o privados. En el contexto descripto previamente de persecución penal de líderes indígenas que reivindican sus derechos territoriales. Por ejemplo. que incorpora este proyecto de ley. b. Sin embargo. pues podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo. Se realice el relevamiento técnico-catastral en todas las provincias.
Que se abstenga de aprobar el proyecto de ley “Modificación del Código Penal sobre prevención. el aumento de penas y la legitimación de la persecución penal a la protesta social. Adopte. b. manifestaciones u otras formas de reclamo. Adopte medidas para prevenir actos de violencia contra los miembros de comunidades indígenas tanto por parte de funcionarios públicos como de particulares. medidas para que se cumpla el derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas.5. e. además de los criterios anteriores. protestas. adopte protocolos obligatorios de actuación para las fuerzas de seguridad ante conflictos sociales. como por ejemplo. el diseño e implementación debe supeditarse a la previa evaluación del daño social y cultural que podrían sufrir las comunidades indígenas y con previsión de beneficios compartidos. Que previa a la aplicación del PEA se tome en cuenta el impacto sobre las comunidades indígenas y se evite la vulneración de sus derechos. medidas para proteger el territorio de los pueblos indígenas y los recursos naturales. medidas de protección especial para mujeres. e incorporar mecanismos de negociación y de solución de los conflictos de fondo vinculados con los DESC en articulación con organismos estatales competentes. 9. en especial de las fuerzas de seguridad. En particular. sean desalojos. 10. investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista reforma” en tanto constituye una nueva ampliación de la respuesta punitiva estatal mediante la incorporación de figuras inconstitucionales. Respetando las autoridades e instituciones de cada pueblos o comunidad. Asegurando recursos materiales y técnicos para que los pueblos y comunidades puedan expresar su opinión en pie de igualdad con otros actores. Que se deroguen las leyes reglamentarias provinciales de la Ley de Bosques que fueron sancionadas sin participación indígenas y se adopten nuevas leyes respetando el derecho de consulta y participación indígena. Garantizando información adecuada. con real participación de los Pueblos indígenas. con real participación de los Pueblos indígenas. dichos protocolos deberían ser incorporados en normas con jerarquía suficiente como para garantizar su efectividad. Estas consultas se deben realizar conforme a los siguientes criterios: a. d. Además. Estos protocolos deben tener en cuenta. 8. 6. c. mediante el establecimiento de mecanismos de monitoreo de la aplicación efectiva de la Ley de Bosques. 7. . niños. Adopte. Por procedimientos adecuados a las pautas culturales de cada organización o comunidad. En el caso particular de los proyectos de desarrollo.
Estas limitaciones estructurales y del procedimiento se completan con el desconocimiento por parte de los operadores judiciales de las instituciones acerca de los modos de resolución de conflictos de los pueblos indígenas. sino que directamente el conflicto no llega a los tribunales y se invisibiliza. ni siquiera se trata de cómo se resuelve la problemática en la administración de justicia. combinadas. sobre todo en aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y que suelen ser hostigadas de distintas maneras. limitándose usualmente a sustentarse en la legislación común. se destaca con mayor gravedad el desconocimiento y falta de aplicación de los operadores judiciales respecto de la normativa específica sobre derecho indígena. Esta falta de adecuación interna se visualiza en distintas dimensiones que. en todos los niveles se evidencian dificultades del Poder Judicial para enfrentarse a conflictos de matriz multicultural. provincial y municipal. En este punto. Problemas relacionados con el acceso a la justicia y la respuesta del Poder Judicial68 En nuestro país. Este problema es parte de un problema mayor vinculado a la falta de reconocimiento real de la diversidad lingüística. en estos casos. Entre varias dificultades vinculadas con el procedimiento judicial puede mencionarse la renuencia de los jueces a aceptar peritos especializados en materia indígena o la imposibilidad de las comunidades indígenas de acceder a ellos. De ahí que pueda concluirse que en buena medida la causa de los resultados adversos obtenidos en sentencias judiciales. . como un resabio de una concepción discriminatoria sobre los idiomas de los pueblos indígenas con relación a las lenguas europeas. la importante recepción interna de la normativa internacional sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales no ha sido acompañada por un desarrollo institucional adecuado a las nuevas exigencias planteadas por este nuevo paradigma normativo. la ausencia de traductores o intérpretes de lenguas indígenas que actúen en forma permanente tanto ante la administración pública en sus diferentes niveles nacional. las que sí en su mayoría cuentan con traductores oficiales. frustran las posibilidades de los pueblos indígenas de obtener respuestas apropiadas en un plazo razonable a los conflictos que se ventilan en la administración de justicia. el que se evidencia en la renuencia a fundar las decisiones que se adoptan para resolver esos conflictos en aquella. Un problema recurrente en distintas zonas del país es que cuando los miembros de alguna comunidad indígena sufren una violación a sus derechos y quieren realizar una denuncia ante la policía encuentran serias dificultades para hacerlo. ya que afecta su derecho de defensa en juicio y al debido proceso. respetando las propias formas de resolución de estos pueblos. Esta situación se agrava cuando se trata de causas penales contra personas indígenas. También. dado que su estructura no se ha adecuado como para brindar respuesta a los conflictos planteados por los pueblos indígenas. se vincule a este desconocimiento y a la falta sensibilización de los operadores judiciales con los 68 Los problemas descriptos en este apartado pueden ampliarse en la publicación de la Defensoría General de la Nación sobre acceso a la justicia presentada como ame. Esto frustra el acceso a la justicia de las personas indígenas ya que. Esto ha generado en las distintas comunidades una gran sensación de desconfianza. En general. así como de su cultura y cosmovisión.VI. como ante la administración de justicia.
para le resolución de los casos vinculados a dicha cláusula”. muchas comunidades indígenas que han obtenido órdenes de titulación en sede judicial lo hicieron mediante la aplicación de institutos jurídicos propios del derecho civil. se conluyó: “Ha sido muy reducido el porcentaje de fallos en el que la Corte ha ingresado al Estudio de la cuestión de fondo y esto no ha sido un análisis y desarrollo profundo de los derechos de las comunidades indígenas debatidos.70 Paradójicamente. también debe citarse la limitación que proviene de la falta de sanción de normas específicas. completamente ajenos a la cosmovisión indígena. Es más. 70 Chiachiera Castro. incluso. medidas cautelares que establecen prohibiciones que no se cumplen en su integridad por falta de control en el territorio). por el delito de “usurpación” de sus propios territorios tradicionales. que se refleja en la marginalidad de los derechos de los pueblos indígenas en los programas académicos y de posgrado. No obstante ello. que no sólo ofrezcan medios alternativos de resolución de conflictos. “La cuestión indígena: análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. No hay asignaturas ni cursos sobre Derecho Indígena en las Escuelas de Capacitación para funcionarios o empleados judiciales. A lo largo y ancho del país son escasas las decisiones judiciales que han aplicado los derechos indígenas reconocidos en las constituciones o los tratados internacionales de derechos humanos. Advocatus. En muchos casos estas circunstancias se agravan ante la precariedad de los caminos. 17 de la Ley Fundamental y la competencia local –como regla. y el tiempo personal de trabajo perdido que conlleva. sino también la falta de medios económicos de transporte hacia los tribunales.derechos de los pueblos indígenas69. Todo esto debe sumarse a las dificultades que surgen en la demora de los procesos así como en el efectivo cumplimiento de aquellas decisiones que puedan ser favorables (ej. Córdoba. sino que también prevea mecanismos para efectivizarlos. En una publicación reciente sobre “La cuestión indígena: análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” escrito por la Dra. pag.96 69 . En este punto. así como la concentración de las oficinas de los operadores del sistema judicial en un centro urbano alejado de aquellas. Se verifica entonces la ausencia de centros de atención especializada para la materia de derecho indígena. Paulina. el máximo tribunal federal ha establecido algunos puntos discutidos por la doctrina como la operatividad del artículo 75 inc. Debe tenerse en cuenta que el patrocinio de los derechos indígenas tiene un alto costo económico para ser afrontado por las mismas comunidades. Chiachiera Castro. como también la casi nula promoción y apoyo público del ejercicio profesional a favor de los pueblos indígenas y de servicios de asistencia legal. A su vez se evidencia una insuficiente cantidad de profesionales del derecho especializados en la materia específica. Esta persecución queda evidenciada en los cuadros adjuntados como anexo. mientras que hay una escasa aplicación del derecho indígena muchos líderes e integrantes de las comunidades son perseguidos en la justicia penal en la que se los acusa. En esta línea. la falta de vías de comunicación y de medios de transporte adecuados para acceder a los lugares donde se encuentran ubicados los tribunales y los altos costos económicos y logísticos para acceder. no solo debe tenerse en cuenta los costos del juicio. Paulina R. en especial en condiciones climáticas adversas (como lluvias o nevadas). 2009.
lo cierto es que tanto su aprobación como la correspondiente transferencia de los fondos necesarios para la defensa legal terminan dilatándose en el tiempo. Cabe remarcar que el INAI no ha brindado soluciones adecuadas. los representantes de las comunidades. se ven en la necesidad de contratar abogados locales que en general carecen de los conocimientos específicos en la materia. se encuentran ubicados solamente en ámbitos urbanos. sin contar con profesionales que puedan llevar adelante sus reclamos para la protección de sus territorios y su medio de vida. . por lo cual les resulta dificultoso o imposible a veces contratar profesionales. por las dificultades del caso. cuando solicitan ayuda al INAI. que por lo general las comunidades carecen de dinero suficiente para afrontar los honorarios y demás gastos judiciales. como los profesionales que los asisten. además de la falta de reconocimiento en la personería. A pesar de los diversos reclamos de las organizaciones de DDHH para lograr hacer efectivo el cumplimiento de este programa de acceso a la justicia. pues si bien existe el “programa de acceso a la justicia”. no reciben los fondos o bien lo hacen de manera extemporánea. es cierto también que muchas veces. y en la actualidad las comunidades se encuentran indefensas. Adopte las medidas especiales necesarias para garantizar el cumplimiento del debido proceso legal y administrativo en aquellos casos que afecten los derechos de las comunidades indígenas o de sus miembros en particular. si bien en algunos casos pueden recurrir a diversos organismos de derechos humanos. Así. enfrentan la imposibilidad de acceder a la justicia. lo que origina en el usuario indígena la suposición de que la administración de justicia o la administración pública no otorgarán debida protección a sus demandas. mencionaron desconfianza en las autoridades judiciales y administrativas. También los pueblos indígenas padecen un conjunto de problemas vinculados a la falta de especialización de las jurisdicciones en los conflictos que surgen de la violación de sus derechos. por lo que la mayoría de las comunidades del país se ven imposibilitados materialmente de acceder aunque sea a una defensoría pública en reclamo de sus derechos. Asimismo los tribunales. a causa de una actitud discriminatoria que en general perciben. Ello teniendo en cuenta especialmente: a) La necesidad de contar con traductores o intérpretes de las lenguas indígenas en todo procedimiento legal o administrativo relacionado con los derechos de las personas y comunidades indígenas. lo que consolida el mencionado desconocimiento acerca de los derechos indígenas. el INAI no ha demostrado voluntad política en resolver esta situación. A ello se suma. Recomendaciones 2.Todo lo expuesto configura obstáculos para el acceso a la justicia que atentan incluso contra la posibilidad de que las comunidades puedan sostener los reclamos con continuidad en el tiempo. 1. b) La necesidad de contar con peritos especializados en materia indígena y de las comunidades específicas que estén involucradas. En primer lugar. y la subvaloración de sus valores y tradiciones. además de enfrentar la carencia de abogados y peritos. que contempla la posibilidad de que las comunidades presenten un proyecto de asesoría jurídica tendiente a proteger sus territorios.
7. así como que sea requisito de admisibilidad para ocupar cargos judiciales y públicos (magistrados. 2º ley 23. Adopte medidas para monitorear y controlar la actuación de los operadores de la administración de justicia frente a los conflictos sociales y sensibilizarlos frente a los grupos en situación de vulnerabilidad social y sus reivindicaciones de derechos. así como que se garantice el efectivo cumplimiento de aquellas decisiones judiciales favorables. por ejemplo. Adopte las medidas necesarias. en especial los relativos al derecho al territorio y propiedad comunitaria. tendiente a asegurar el cumplimiento de la legislación específica indígena. abogados. En especial. una unidad sociopolítica con una identidad especial y características singulares que las diferencian de cualquier otra forma asociativa reconocida por la normativa civil hasta el momento. Una Comunidad Indígena es un sujeto colectivo. en el sentido de que las conductas de reclamo no merecen reproche penal en tanto configuren el legítimo ejercicio del derecho a peticionar frente al incumplimiento de los derechos indígenas. para evitar la criminalización de los conflictos territoriales indígenas. fiscales y operadores jurídicos en general. como por ejemplo una instrucción del Procurador a los fiscales. mediante una formación intercultural permanente que supere cualquier concepción discriminatoria. 11. . Se adopten medidas para brindar formación jurídica continua y suficiente a jueces. Se aseguren los mecanismos para que los estándares internacionales acerca de la imparcialidad de los tribunales se adopten también en relación a los pueblos indígenas. mediante cualquier medio que solucione efectivamente el problema de acceso a ellas debido a las grandes distancias y gastos que ellas implican para los indígenas. bajo riesgo que lo contrario opere como desincentivo para tales reivindicaciones. Problemas relacionados el derecho a la Personería Jurídica a) Vigencia del Paradigma de asimilación: art. Adopte las medidas necesarias para que los conflictos relativos a pueblos indígenas que se ventilan en la administración de justicia. en especial. Se adopten las medidas necesarias para garantizar el acceso de las personas indígenas a las instituciones públicas. 4. antropólogos con el objeto de formar grupos interdisciplinarios de trabajo que garanticen un abordaje integral de la problemática en aquellos casos donde se afecten los derechos de las personas y comunidades indígenas. 9. 10. Incorpore a la planta de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del país abogados especializados en materia indígena y otros profesionales relacionados con la temática como. fiscales y funcionarios del Estado). 6. para evitar que su dilación se convierta en privación justicia. 8. Se adopten medidas tendientes a la capacitación y sensibilización respecto de los derechos humanos de los pueblos indígenas en las distintas instituciones del Estado que intervienen en este tipo de conflictos. Se recomiende la compatibilización de interpretaciones del derecho civil y penal con la normativa del derecho indígena de jerarquía constitucional e internacional. 5. sean resueltos en un plazo razonable.302 (párrafo 2º).3. en particular. la persecución penal por el delito de usurpación cuando se trata de reclamos por su derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionales. VII. tanto a nivel administrativo como judicial y de fuerzas de seguridad. la relación entre el derecho a la propiedad privada y los fundamentos del derecho colectivo indígena y el acceso al territorio.
Se enuncia así una inscripción con constitutivos. basado en el reconocimiento pluricultural hacia dentro de los estados. sometimiento incompatible la libre determinación y la autonomía: esa potestad del estado no puede ser aceptada porque le basta con no dar un número de registro de esa personería para anular de hecho la preexistencia. en la práctica. 5 de la ley D 2287 de la Provincia de Río Negro. en todo caso. mediante esta registración “obligatoria” el estado mantiene el sometimiento a los Pueblos. importa una revisión total al sistema de la ley 23. el INAI y otros organismos estatales siguen exigiendo la registración como condición para el ejercicio de derechos básicos o acceder a programas o beneficios estatales.302. El reconocimiento de la preexistencia implica que desde la Reforma de 1994. Este paradigma. al punto tal que esa personalidad se extingue mediante la cancelación de la inscripción. ya que el Estado no les “otorga” la personalidad sino sólo que constata su preexistencia. esa norma comienza realizando el reconocimiento de la “preexistencia” étnica y cultural de las comunidades indígenas. 17 CN. o sea. al estado que ellas son distintas a la cultura “argentina” dominante (blanca. es una modificación jurídica resultante del cambio de paradigma socio-político de la República Argentina con relación a los indígenas. cuando esa validación sólo puede darla. devino inconstitucional.El párrafo primero del art. La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación. el art. En efecto. La “adquisición mediante la inscripción” anula la autonomía y la libre determinación y se contrapone con la reforma constitucional de 1994. Por ejemplo. con sus diversas culturas. En la realidad. la ley D 2287 de la Provincia de Río Negro. Se entenderá como comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad. si bien. En efecto.A los efectos de la presente ley. se inspiró en pautas del Convenio 169 de la OIT. 75 inc. reconócese personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país. al establecer que las comunidades indígenas “deberán” inscribirse en un Registro Especial. que muchos pueblos preexisten. 17 el otorga mandato al Estado para reconocer la Personería Jurídica de las Comunidades Indígenas. las comunidades indígenas tienen una realidad jurídica previa a su inscripción en registros estatales. en su artículo 75 inc. 2 de la ley 23.30271 tiene un reconocimiento explícito de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas argentinas. En lo que nos concierne. la entrada en vigencia del art. el propio Pueblo. católica.302 concebido en el paradigma de la integración o asimilación del Convenio 107 de la OIT. capitalista y basada en el derecho de propiedad individual). no obstante su apartado final expresa “La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación”. Esta exclusión del ejercicio de derechos fundamentales por la personería también sucede en las Provincias que no han actualizado su legislación con posterioridad a la reforma de 1994 y a la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT. Al no haberse derogado la última parte del art. 2 de la ley 23. 71 ARTICULO 2. .
se les ha impedido a las Comunidades con personería no registrada ejercer la persecución penal por querella contra terceros que. al punto tal que asignó a la registración. demandada o como querellante en causas penales en defensa de bienes fundamentales sus territorios y recursos. la comunidad mapuche interpuso recurso de casación (fs. 101/107). 141/148. 76/2007. Particularmente grave es la negación del ejercicio libre de identidad acreditada por otros medios de prueba. no ha resultado así en la práctica. Bariloche dictada el 26/2/10 que obra a fs. Se le ha impedido a la Comunidad Mapuche Lof Prafil ejercer su derecho de querella como comunidad indígena por no haber registrado su personería.En muchos casos esta obligatoriedad de registración ha impedido en todo el país el ejercicio de derechos fundamentales. 6 S. posterior a la contestación de la demanda. sin ningún reconocimiento estatal. Los juicios donde se impidió a la Comunidad estar en juicio por carecer de registración de su personería son: “COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL SUD ARGENTINO S/ INTERDICTO DE RECOBRAR” (Expte. Contra dicha decisión. pero puso a un miembro individual como el representante (fs. en autos: “FREIFER. tanto el Estado Nacional (a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) como los provinciales posibilitaron a las Comunidades obtener su En los Autos Expte. En la práctica. Se interpuso recurso extraordinario federal que. un efecto constitutivo. 122/132). tramitando por Expediente Nº: 517/2011 Tomo: 47 Letra: F Tipo: RHE 73 Las consecuencias y estado actualizado del caso están detalladas en el Informe entregado por la Comunidad al Relator en Bariloche en la entrevista del 1-12-2011.A. SENTENCIA Nº 32/2011 dictada el 06 de abril de 2011 que obra a fs. S 11-09-0307 del Juzgado de Instrucción Nro. 83. como condición para el acceso a la justicia. En la Provincia de Río Negro. y la exigencia de registración. N° 10038-A” admitió parcialmente el recurso. Ricardo s/Usurpación s/Casación” (Expte. Nº 59/07) y una medida cautelar.que rechazó el recurso. admitido. “COMPAÑIA DE TIERRAS DEL SUD ARGENTINO S. confirmando la obligatoriedad de la registración. 2. b) Conflictos por la situación actual. desestimado por inadmisible. 72 . en lugar de funcionar a la personería como un medio para implementar de los derechos que puede ejercerse libremente con las formas propias de cada pueblo funciona como un obstáculo con el que el estado puede impedirlo. Inconsistencias de los Registros oficiales. quiénes son sus integrantes y sus representantes legales. S/Medida Cautelar” Expte Nro. generó el recurso de queja. le tuvo por incontestada la demanda de desalojo que impulsa el Grupo Benetton en representación de 22 de sus miembros y luego. A la fecha. le impidió ofrecer prueba en segunda instancia73. la causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por recurso extraordinario de queja ingresado el 25 de octubre de 2010. También en la Provincia de Chubut los Tribunales civiles de Esquel han impedido absolutamente a la Comunidad Mapuche Santa Rosa-Leleque ejercer sus derechos judicialmente. intrusan y devastan su territorio y sus recursos naturales. La decisión fue apelada y la Cámara Segunda S.C. conspirando contra sus actividades tradicionales72. Si bien el sistema de libre registro oficial podría constituir una herramienta a favor de los Pueblos Originarios a fin de facilitar el efectivo cumplimiento de sus derechos comunitarios y fortalecer su organización interna. Con las reformas en el marco normativo.Nº 24830/10 STJ) – Secretaría Penal Nro. Durante los últimos años las Comunidades Indígenas que advirtieron la importancia de contar con el instrumento legal que las acredite oficialmente como tales y solicitaron el reconocimiento oficial de sus respectivas Personerías Jurídicas. en la defensa de derechos de los indígenas en juicios civiles como actora. Bariloche en la Causa. por otros medios de prueba del ordenamiento argentino.C. fue elevado al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro –STJ. Cabe destacar que en todos los casos las comunidades han demostrado.
el reconocimiento y la adecuación de las personerías oportunamente otorgadas a las comunidades indígenas en jurisdicción nacional o provincial. Actualmente la falta de adecuación normativa con respecto a los avances legales en materia de la personería jurídica de los Pueblos indígenas se ha convertido en una de las principales “Trampas legales” en las que se encuentran una inmensa mayoría de comunidades indígenas.Dictamen%20Convenio_169. A pesar de ello.desarrollosocial. etc. duplicidad de beneficios respecto de una misma comunidad (por ejemplo proyectos. etc.reconocimiento legal.74 Estas superposiciones se mantienen amparadas en el federalismo “feudal” de muchas provincias y es la herramienta que esclaviza a las comunidades ya que no existe ninguna voluntad de parte de estas por avanzar en los reconocimientos y regularizar la situación. subsidios. fue anulada por medio de las resoluciones Nº 605 y Nº 865 de la Dirección de Persona Jurídica de la Provincia de Formosa.” Donde expresó:. las autoridades. En junio de 2011 en el marco de la mesa de Diálogo75 se llevó a cabo una elección donde resultó nuevamente ganador como autoridad de la comunidad y se inscribe en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) por Resolución 499/11.. generando mecanismos de registración para tal fin en ambas jurisdicciones. Posteriormente. alegando que no ha sido notificada y está pendiente de resolución regularizar el traspaso de las tierras desde la Asociación Civil “Colonia La Primavera” a la nueva persona jurídica de “Comunidad Qom Potae 74 Fuente: Tan claramente lo explicó el profesor Bidart Campos en su dictamen “La primera consulta apunta la operatividad del Convenio 169 dela OIT. desconocimiento por parte de una comunidad de acciones encaradas en beneficio de su totalidad. A ello debe sumarse.ar/Uploads/i1/Institucional/04. donde el 18 de Junio de 2008 fue elegido como autoridad de la Comunidad Félix Díaz. El tratamiento de “socios” en lugar de sujetos políticos con derechos. http://www. la organización interna.Basta para ello que los fines. Son muy pocas las provincias que han celebrado acuerdos con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (resolución 4811/96) para homogeneizar criterios para la inscripción. El caso de la Comunidad QOM Potae Napocna Navogoh es paradigmático de la situación descripta.pdf Acuerdo firmado con el estado nacional provincial y garantes el 2 de Mayo de 2011. 17 de la constitución federal. 16 y 17 del decreto 155/89) por aplicación directa del Art. 75 inc. con más el Convenio 169. el ámbito de actuación. las competencias y las responsabilidades de cada entidad indígena se encuadren en lo que bien puede rotularse como la “legalidad” y “legitimidad” del derecho indígena aplicable a cada tipología agrupacional. por desconocimiento o bajo el paradigma anterior. desconoció una Asamblea Comunitaria legítima. mecanismos que ocasionaron una serie de inconvenientes y confusiones que precisan ser remediadas cuanto antes: Comunidades con dos títulos de personería jurídica (o más). es el estado legal ideal para seguir negando los derechos territoriales.En síntesis. ni la provincia ni el INAI pueden negarse a reconocer y registrar el pluralismo indígena asociativo en todas sus categorías institucionales (ver arts. La provincia de Formosa donde está asentada.gob.). posibilidad de cometer fraudes y estafas en perjuicio de terceros. 75 . en un contexto general. numerosas Comunidades se encuentran inscriptas bajo formas asociativas civiles tales como centros vecinales o asociaciones que resultan completamente ajenas a las pautas culturales de los pueblos indígenas. que. actualmente la Provincia sigue sin reconocerlo como autoridad. enfrentamientos entre “personerías nacionales” y “personerías provinciales”.
es lo que pasa. que los ayuden a cumplir con los trámites de inspección de justicia y como realizar la asamblea…” En Salta. En una Entrevista. Un correlato directo de la política de desconocimiento territorial son las violaciones a la libertad de desarrollo económico. Valentín Gómez. no tienen asesores. Que se instrumenten los mecanismos de regularización. asentadas según formas asociativas del derecho civil. 2. Violaciones a la libertad de desarrollo económico. Sobre todo si las comunidades están lejos de la ciudad. concreto. durante la visita del Relator de la ONU James Anaya. La autonomía del Pueblo Mapuche está incorporada en la legislación de Río Negro desde el año 1988 aun antes de que Argentina firmara el tratado más importante en materia de Derechos 76 Entrevista realizada el 27 de noviembre de 2011 en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Esa es la pura realidad.76. esto existe…. mayormente. las normativas y políticas necesarias para resolver los casos de superposición o duplicidad de personerías jurídicas en una misma comunidad permitiendo realizar un trámite rápido a los efectos de contar con un único reconocimiento de personería jurídica de derecho indígena. Provincia de Formosa. Si se quiere repudiar esta situación. de alcance FEDERAL para regularizar la situación de las comunidades con personerías jurídicas reconocidas antes de la reforma constitucional. . Recomendaciones Se requiere de manera urgente la implementación de un mecanismo legal. 4. Que se cree un Registro Único de Personas Jurídicas de las Comunidades Indígenas VIII. amigos. donde muchos ni siquiera hablan el idioma castellano. 1. consultado sobre la situación de la Personería Jurídicas en la provincia nos relató: “…Durante las épocas de campañas electorales los punteros políticos eligen a las autoridades de las comunidades. Las Asociaciones Civiles son utilizadas como un instrumento de fracaso para las comunidades indígenas. ágil. la situación de Personerías Jurídicas también ha sido planteada por el Qullamarka. o después de ella. 3. la Dirección de Personerías Jurídicas de Formosa considera válida la nota presentada por quienes desean seguir con esa política y se desconoce a las autoridades elegidas en la Asamblea. Maestro bilingüe perteneciente al Pueblo Qom-Comunidad Riacho de Oro.Napocna Navogoh” basada en sus propias formas de organización indígena que ellos llaman Ley Qom. por la omisión y acción de las provincias se niega a los Pueblos y a las comunidades los derechos sobre sus recursos así como el libre aprovechamiento de los mismos. bajo las cuales tiene inscriptas sus tierras y territorios.
para que los crianceros indígenas puedan acceder a los boletos de marcas y señales y ejercer en igualdad de condiciones su actividad de crianceros”. se deberían adoptar medidas transitorias. con la participación de los pueblos interesados. continuó “el Comité considera necesario que se adopten rápidamente medidas para que no se continúe exigiendo a los miembros de los pueblos indígenas título de propiedad u otro de los contemplados en el artículo 13 de la ley referida para otorgarles el boleto.I. en función de los arts.” (párrafo 97). Con la Constitución reformada en 1994 y estando en vigencia en Convenio desde el año 2001. varios Lof del Pueblo Mapuche solicitaron a la Provincia de Río Negro entre los años 2005 y 2006 de la entrega de la documentación legal para poder tener y transportar hacienda menor y mayor.Humanos de los PI. 78 Organismo competente exclusivamente para personas no indígenas que ocupan tierras “fiscales” bajo ley 279. que es el Convenio 169 de la OIT. las tierras ocupadas por los indígenas quedaron bajo la competencia del Co. varias Comunidades peticionaron ante el Servicio Forestal Andino SFA los aforos y las guías para el aprovechamiento y transporte de leña y madera existente en sus territorios. actividad tradicional del Pueblo Mapuche.77 A la fecha. Entendiendo que se trata de una actividad tradicional.De. 2 y 23 del convenio (párrafo 98”. 13 del decreto 1888/1983 reglamentario de la ley 1645 de marcas y señales de la Provincia que ordena entregar los boletos a los integrantes de las comunidades indígenas que los requieren ante la Dirección de Actividades Pecuarias acompañando la certificación expedida por el representante de sus agrupaciones sin otros requisitos. El Comité de la OIT le formuló al Estado argentino las siguientes recomendaciones: “…el Comité considera que la exigencia de título de propiedad o de ocupante legal para la obtención de boletos de marcas y señales constituye discriminación indirecta en perjuicio de los crianceros indígenas.C. ninguna de ellas ha sido implementada y los derechos siguieron y siguen siendo violados hasta hoy.De. Del mismo modo. admitida en 2006. el derecho constitucional a ejercer una industria lícita.C. el derecho al desarrollo. el principio de progresividad.303/19/7). son el argumento por el cual el SFA –exigiendo la certificación de la Dirección de Tierras78. el derecho de propiedad.I. 77 . en tanto se regulariza la propiedad de la tierra. Considera además que. Informe y recomendaciones de Comité Tripartito de la OIT del 12 de noviembre de 2008 a la República Argentina sobre las violaciones al Convenio 169 y 111 de la OIT por el Gobierno nacional argentino y el gobierno de la provincia de Río Negro. Peticionaban desde la identidad étnica Mapuche la aplicación de una política distintiva en función del sujeto. el derecho a la auto determinación en esa materia. Requerían que se cumpliera con el art. (ilolex): 162008ARG169 ENVIO:2006 Documento:(GB.deniega a las familias la posibilidad de hace aprovechamiento forestal de sus bosques. Estas Comunidades organizadas en el Consejo Asesor Indígena llevaron su reclamo en una petición internacional ante la OIT. Desde la vigencia de la ley 2287 en 1989. la violación al derecho a una alimentación adecuada. a la igualdad y discriminación inversa. los derechos del niño. Documento No. en base a la que las familias organizan y sostienen sus economías. el derecho a la protección de la familia y a la cultura. El desconocimiento territorial de la Provincia y el desconocimiento de los certificados emitidos por el Co. Estas peticiones fueron desoías por la Provincia.297/20/1) Documento:(GB. Se denunciaba allí el sometimiento contra el Pueblo.
muy difícilmente acceden a cargos en las escuelas de la zona de sus comunidades. Se hagan efectivas las recomendaciones efectuadas por el Comité de la OIT a la Argentina en el año 2008 y se adopten medidas especiales transitorias para salvaguardar el ejercicio de las actividades tradicionales para el libre desarrollo económico. en tanto los mecanismos de . a lo largo de estos años. Incluso. las cuales llegan tardíamente a los alumnos indígenas. mientras que para la mayoría sigue siendo una deuda pendiente. la imposibilidad de inserción de los tutores interculturales en las instituciones educativas. Vulneración del derecho a la educación intercultural bilingüe Por su parte. tienen serias limitaciones de alcance y financiamiento. más que la existencia de una voluntad política seria de fortalecer a las organizaciones comunitarias indígenas. con este fundamento es que se crea el área y a su ves se designan a los Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas. sancionada en diciembre de 2006. Los programas nacionales. En la mayoría de los casos. especialmente cuando éstos son miembros de las comunidades indígenas.La misma situación padecen las Comunidades Mapuche asentadas en la zona de la cordillera del noroeste de la Provincia de Chubut. El Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. el programa se basa casi exclusivamente en el reparto de becas. medidas adecuadas para garantizar la libre determinación del desarrollo económico de las Comunidades. Se adopten. para el cual el banco prestaría el financiamiento. que establece el Sistema Nacional de Educación para la República Argentina. se crea a raíz de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo. elegidos por los miembro de los diferentes Pueblos Originarios Argentinos a su vez Programa de “Apoyo a la Educación Intercultural Aborigen carece de los recursos y de las líneas de acción necesarias para asegurar plenamente este derecho. dedica su capítulo XI a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). se puso en evidencia la puja entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Ministerio de Educación por el control de las becas. la ley 26.206. respetando la identidad indígena. en la realidad es que la gran mayoría de las provincias sigue sin garantizar el derecho de los pueblos originarios a una educación intercultural. Un segundo eje de problemas vinculados con el ejercicio del derecho a la educación intercultural bilingüe está asociado a la escasa adecuación de los contenidos de los diseños curriculares y a la deficiente capacitación docente en la temática indígena. Los docentes indígenas. Los problemas más comunes que derivan de la implementación de este programa es la demora en el pago de las becas y. Recomendaciones 1. Después de la creación de la Modalidad en el año 2006. sobre todo. La realidad es que las pocas experiencias interculturales dependen del esfuerzo de docentes y comunidades. con participación de los Pueblos. 2. IX. los contenidos curriculares no han variado y siguen guiados por una concepción según la cual los pueblos indígenas deben integrarse a la sociedad nacional. por el cual le exige al Estado Nacional que cree el área de educación Intercultural Bilingüe (EIB). Antes bien. el aprovechamiento de los recursos existentes en sus territorios. por su parte.
En definitiva. En otro orden de cosas. una ínfima proporción de los estudiantes de el pueblo mapuche. las estructuras de la educación son extremadamente rígidas. los docentes indígenas formados deben. Sin embargo si observamos niveles de acceso a la educación es posible tener un panorama de la postergación de estos pueblos. o no tienen instrucción formal alguna o tienen primaria incompleta) es bastante superior al que se observa para el país en su conjunto (17. kolla. careciendo de la necesaria flexibilidad para que los mismos indígenas participen en la creación de nuevos enfoques. pedagogías.9%). a la localización rural o urbana de las comunidades. es necesario crear las condiciones parea que la interculturalidad no se aplique solamente a los primeros niveles educativos. Recomendaciones 1.incorporación docente en general no prevén ninguna adecuación al respecto. mbyá guarini. 79 . Asimismo. currículos. para quienes resulta necesario capacitarse fuertemente en educación intercultural bilingüe. tapiete. Sumado a ello debe considerarse las condiciones de los trayectos que deben recorrer. diaguita. Los pueblos indígenas en Argentina y el derecho a la educación. por ejemplo. Estudios realizados por UNICEF indican que entre el 10% y el 30% de los adolescentes que asisten a la escuela deben trasladarse al menos 2. la mayoría de los estudiantes reciben clases solo en español. al momento de hablar de accesibidildad a educación y salud. por lo general. en tanto se verifica un desarraigo familiar y cultural importante de los niños que permaneces semanas enteras en un ámbito que no respeta en sus prácticas la interculturalidad. toba. los cuerpos docentes y directivos en las escuelas de las comunidades están compuestos por personas externas a las comunidades. 2. y guaraní recibe clases en su lengua originaria79. caminos poco seguros y condiciones climáticas extremas. en todos los pueblos indígenas. sino que alcance con éxito a la educación superior y a la formación docente. Por un lado. como por ejemplo entre los pueblos wichí. que en muchos casos incluyen zonas anegadas. emigrar fuera de sus comunidades para conseguir trabajo. el porcentaje de quienes no llegaron a superar la escolaridad primaria (es decir. Implemente medidas para qué los alumnos indígenas puedan desarrollar su proceso educativo acorde a sus pautas culturales. chorote y chané.5 km para llegar a ella. Unicef 2011. especialmente dentro de los territorios indígenas. Así. En algunos pueblos ese porcentaje está cercano e incluso superior a la mitad de la población. Las condiciones demográficas. la accesibilidad a la escuela es un eje importante a tener en cuenta entre las preocupaciones en torno a garantizar los derechos educativos de niños y niñas indígenas. niñas y adolescentes indígenas en Argentina: diagnóstico socioeducativo basado en la ECPI. Los niños. Sin excepción. La implementación de “escuelas albergue” no han resultado experiencias exitosas en muchos de los casos en que funcionan. sociales y económicas de los pueblos son heterogeneas. Adopte medidas para garantizar la capacitación y la inserción de docentes indígenas en el sistema docente. Entre los asistentes a la escuela primaria. píilagá. por ello es necesario tener en cuenta diferencias relativas. por ejemplo. Por otro lado. mocoví. Ello implica en los hechos dos resultantes.
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