Source: https://issuu.com/tirantloblanch/docs/128e1c6040ab69e2036cafc68e3f005e
Timestamp: 2017-02-20 08:43:12
Document Index: 270142489

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 2', 'artículo 51', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 1905', 'artículo 1906', 'artículo 1907', 'artículo 1908', 'artículo 1909', 'artículo 1910', 'artículo 1902', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1903', 'artículo 1903', 'artículo 1', 'artículo 120', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 136', 'artículo 423', 'artículo 138', 'artículo 423', 'artículo 305', 'artículo 42736', 'artículo 11', 'artículo 412', 'artículo 123', 'artículo 421', 'artículo 108', 'artículo\n42', 'artículo 423', 'artículo 423', 'artículo 421', 'artículo 421', 'artículo 421', 'artículo 421', 'artículo 423', 'artículo 422', 'artículo 423', 'artículo 424', 'artículo 242', 'artículo 424', 'artículo 423', 'artículo 424', 'artículo 423', 'artículo 423', 'artículo 423', 'artículo 423', 'artículo 423', 'artículo 428', 'artículo 426', 'artículo 426', 'artículo 426', 'artículo 426', 'artículo 426', 'artículo 424', 'artículo 424', 'artículo 427', 'artículo 316', 'artículo 429', 'in fine', 'artículo 314', 'artículo 429', 'artículo 429', 'artículo 451', 'artículo 411', 'artículo 441', 'artículo\n442', 'artículo\n442', 'artículo 442', 'artículo 442', 'artículo 444', 'artículo 431', 'artículo 431', 'artículo 431', 'artículo 431', 'artículo 431', 'artículo 431', 'artículo 431', 'artículo 431', 'artículo 431', 'artículo 43114', 'artículo 431', 'artículo 431', 'artículo 431', 'artículo 431', 'artículo 431', 'artículo\n9', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 74', 'artículo 75', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 21', 'artículo 52', 'artículo 14', 'artículo 53', 'artículo 62', 'artículo 63', 'artículo\n85', 'artículo 87', 'artículo 146', 'artículo 24', 'artículo 93', 'artículo 145', 'artículo 145', 'artículo 96', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo\n14', 'artículo 48', 'artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 242', 'artículo 2']

9788498764758 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
LAS CONTESTACIONES AL
PARA INGRESO EN LAS
Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad
Fiscal. Coordinador de la Sección Civil de la Fiscalía Provincial
de Valencia, Preparador de opositores a Ingreso en las Carreras
Judicial y Fiscal,
Actualizaciones a cargo de
DEPOSITO LEGAL: V - 1306 - 2009
I.S.B.N.: 978 - 84 - 9876 - 475 - 8
ADMINISTRATIVO Y DERECHO LABORAL
Desde el año 2005 se vienen publicando periódicamente
en la sección de actualizaciones de la página www.tirant.
com las modificaciones que afectan a los diferentes temas del programa. Los opositores pueden, de este modo,
imprimirse directamente el texto de las modificaciones o
de los temas nuevamente redactados y disponer de ellos
Además, la Editorial Tirant lo Blanch publica gradualmente una “addenda” de todos los temas actualizados
para que los opositores (que ya han podido disponer puntualmente de esas actualizaciones accediendo a la citada
página e imprimiéndose el texto) tengan, asimismo, a su
disposición un compendio editado con el mismo formato
que el resto del temario. La presente addenda comprende
todas las actualizaciones realizadas como consecuencia de
las modificaciones legislativas producidas hasta el día 31
Todos los temas de Derecho Constitucional han sido
objeto de nueva redacción, lo que dará lugar a una nueva
ÍNDICE DE TEMAS MODIFICADOS
15 ......................................................................................
23 ......................................................................................
28 ......................................................................................
32 ......................................................................................
67 ......................................................................................
80 ......................................................................................
81 ......................................................................................
82 ......................................................................................
84 ......................................................................................
85 ......................................................................................
86 ......................................................................................
87 ......................................................................................
88 ......................................................................................
89 ......................................................................................
90 ......................................................................................
91 ......................................................................................
93 ......................................................................................
94 ......................................................................................
Tema 12 ......................................................................................
Tema 37 ......................................................................................
Tema 2 ........................................................................................
Tema 36 ......................................................................................
5 ........................................................................................
10 ......................................................................................
13 ......................................................................................
14 ......................................................................................
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
[BOE núm. 154, de 26 de junio de 2008]
Temas a que afecta:
Tema 15º. El derecho real (Tema 19º del programa)
Tema 28º. El derecho real de censo (Tema 31º del programa)
Tema 32º. El Registro de la Propiedad (I) (Tema 35º del
TEMA 15º (TEMA 19º del programa)
En el epígrafe III. Derechos Reales reconocidos en la
Legislación española, subepígrafe 1. Enumeración y
definición, en la página 425, tercera, cuarta e inicio de
la quinta línea, sustituir “arts. 287 y sigs.... de junio)”
por: “arts. 40 y 41 del Texto Refundido de Ley de Suelo).”
TEMA 28º (TEMA 31º del programa)
En el epígrafe II. El Derecho de Superficie, subepígrafe 2. Regulación legal, en la página 770, en la letra “d)
El TRLS...”, en su primera línea sustituir “regula” por:
“regulaba.”
En la misma letra “d)” en su segunda línea sustituir
“reforman” por: “reformaban”
En el mismo epígrafe II, subepígrafe 2, página 770, en
la letra “f) La Ley 6/1998...”, segunda línea, sustituir
“mantiene” por: “mantuvo”
En el mismo epígrafe II, subepígrafe 2, e igual página 770, el contenido de la letra “g)” pasa a integrar el
contenido de la letra “h)” y la letra g) pasa a tener el
siguiente contenido: “El Texto Refundido de la Ley de
Suelo, de 20 de junio de 2008, que dedica el Capítulo III del
Título V, arts. 40 y 41, a su regulación.”
En igual epígrafe III, subepígrafe 3. Clases de superficie, suprimir íntegro el contenido del apartado A) La
superficie edificatoria o urbana, y sustituir el siguiente:
“a) Regulación legal. El derecho de superficie se rige
por las disposiciones del Capítulo III del Título V (arts. 40
y 41) LS, por la legislación civil en no previsto por él y por
el título constitutivo (art. 40.4).
b) La constitución del derecho de superficie. El derecho real de superficie puede constituirse por el propietario
del terreno, sea público o privado (art. 40.2.2º).
Puede constituirse a título oneroso o gratuito. En el primer caso la contraprestación del superficiario podrá consis-
tir en el pago de una suma alzada o de un canon periódico,
o en la adjudicación de viviendas o locales o derechos de
arrendamiento de unos u otros a favor del propietario del
suelo, o en varias de estas modalidades a la vez, sin perjuicio de la reversión total de lo edificado al finalizar el plazo
pactado al constituir el derecho de superficie (art. 40.3).
En la constitución del derecho de superficie se podrán
incluir cláusulas y pactos relativos al derecho de tanteo,
retracto y retroventa a favor del propietario del suelo, para
los casos de las transmisiones (art. 41.3).
También podrán pactarse normas sobre la liquidación
del régimen del derecho de superficie.
c) Forma de constitución. El art. 40.2.1º dispone que
para que el derecho de superficie quede válidamente constituido se requiere su formalización en escritura pública y
la inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad. En la
escritura deberá fijarse necesariamente el plazo de duración del derecho de superficie.
d) Plazo de duración. El derecho de superficie no podrá
exceder de noventa y nueve años (art. 40.2.1º, in fine).
e) Contenido del derecho de superficie
1) Derechos del superficiario
- Tiene la facultad de realizar construcciones y edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca
ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones realizadas. En el caso de que el derecho de superficie se haya constituido sobre edificaciones
o construcciones ya realizadas o sobre viviendas, locales
o elementos privativos de construcciones o edificaciones,
atribuye al superficiario la propiedad temporal de las mismas, sin perjuicio de la propiedad separada del suelo (art.
- Cuando las características de la construcción o edificación lo permitan, el superficiario podrá constituir la propiedad superficiaria en régimen de propiedad horizontal
con separación del terreno correspondiente al propietario,
y podrá transmitir y gravar como fincas independientes las
viviendas, los locales y los elementos privativos de la propiedad horizontal, durante el plazo del derecho de superficie, sin necesidad del consentimiento del propietario del
suelo (art. 41.2).
2) Deberes del superficiario:
- El pago de la contraprestación convenida conforme a lo
previsto en el ya examinado en el art. 40.3.
- La obligación de edificar en el plazo y modo convenidos, de tal suerte que el art. 41.5 dispone que el derecho de
superficie se extingue si no se edifica de conformidad con
la ordenación territorial y urbanística en el plazo previsto
en el título de constitución.
- Finalmente, una vez transcurrido el plazo de existencia
del derecho, deberá devolver la posesión del bien al propietario.
f) Extinción del derecho de superficie. El art. 41.5
contempla de forma expresa como causas de extinción:
1) La no edificación de conformidad con la ordenación
territorial y urbanística en plazo previsto en el título de
2) Por el transcurso del plazo de duración del derecho.
3) Si por cualquier causa se reunieran en una misma
persona los derechos de propiedad del suelo y los del superficiario, las cargas que recayeren sobre uno y otro derecho
continuarán gravándolos separadamente hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie.
TEMA 32º (TEMA 35º del programa)
En el epígrafe III. Delimitación de la materia inscribible: El artículo 2 de la Ley Hipotecaria, subepígrafe 3.
Clasificación de los actos y derechos inscribibles, en la
letra “d) Los actos inscribibles conforme a la legislación
urbanística” suprimir desde su segundo párrafo, en la
página 876, hasta el final, en la página 877, y añadir:
“Conforme al artículo 51 del Texto Refundido de Ley de
Suelo serán inscribibles:
1. Los actos firmes de aprobación de los expedientes de
ejecución de la ordenación urbanística en cuanto supongan la modificación de las fincas registrales afectadas por el
instrumento de ordenación, la atribución del dominio o de
otros derechos reales sobre las mismas o el establecimiento
de garantías reales de la obligación de ejecución o de conservación de la urbanización.
2. Las cesiones de terrenos con carácter obligatorio en
los casos previstos por las leyes o como consecuencia de
3. La incoación de expediente sobre disciplina urbanística o de aquéllos que tengan por objeto el apremio administrativo para garantizar el cumplimiento de sanciones
4. Las condiciones especiales a que se sujeten los actos
de conformidad, aprobación o autorización administrativas, en los términos previstos por las leyes.
6. La interposición de recurso contencioso-administrativo que pretenda la anulación de instrumentos de ordenación urbanística, de ejecución, o de actos administrativos
7. Las sentencias firmes en que se declare la anulación
a que se refiere el apartado anterior, cuando se concreten
a fincas determinadas y haya participado su titular en el
8. Cualquier otro acto administrativo que, en desarrollo de los instrumentos de ordenación o ejecución urbanísticos modifique, desde luego o en el futuro, el dominio o
cualquier otro derecho real sobre fincas determinadas o la
descripción de éstas.”
Al final de la misma letra d), en la página 877, añadir:
“Junto a dichos actos, en el art. 13.3 a) LS del TRLS se
establece, como requisito de eficacia, la inscripción de las
autorizaciones para usos y obras de carácter provisional
en suelo rural incluido en el ámbito de una actuación de
LEY 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho
de participación en beneficio del autor de una obra de
[BOE núm. 310, de 25 de diciembre de 2008]
Tema 23º. La propiedad privada y límites en materia de
aguas, minas, costas y montes. Propiedad intelectual.
En el epígrafe VI. LA PROPIEDAD INTELECTUAL, en
la página 640 después del primer párrafo y antes del
“Últimamente, con el objeto de adaptar la regulación
del derecho de participación a lo dispuesto por la Directiva
2001/84/CE, ha sido publicada la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio
del autor de una obra de arte original, que ha derogado el
artículo 24 LPI que regulaba dicha materia.
La Ley 3/2008 mantiene básicamente la configuración de
ese derecho contenida en el citado artículo 24 LPI, pero introduce cambios derivados de la armonización. Así, el derecho a la participación se define como la participación en
un porcentaje del precio de reventa de la obra, y se aplica
ahora a aquellas reventas en las que intervenga un profesional del mercado del arte como comprador, vendedor o
intermediario, incluidos aquellos que presten sus servicios
a través de Internet. Quedan excluidas las reventas que se
realizan directamente entre particulares que actúen a título
privado sin la participación de un profesional del mercado
del arte. Se exime de la aplicación del derecho de participación las reventas promocionales, que son aquellas que tienen lugar en los supuestos en que la obra ha sido adquirida
Se fija el precio de activación del derecho en 1.200 euros,
y establece el importe de la participación que corresponderá a los autores en función de porcentajes.”
En el mismo epígrafe VI., subepígrafe 3. Contenido, página 645, apartado C) Otros derechos, en las líneas segunda y tercera del mismo, suprimir desde donde dice
“el derecho de participación …”, hasta donde dice “de
obras de artes plásticas (art. 24)”.
Acuerdo de 8 de mayo de 2006, de la Comisión de Selección, por el que se convocan pruebas selectivas para
la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior ingreso en la Carrera Judicial
por la categoría de Juez y plazas de alumnos del Centro
de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la
Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal.
Tema (según redacción “on line”) que modifica:
Tema 67º. La culpa. La inversión de la carga de la prueba
sobre la culpa. La concurrencia de culpas. El caso fortuito.
Los supuestos de responsabiliad objetiva: la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor. La responsabilidad civil por productos defectuosos.
En la redacción “on line” del anterior tema 66, suprimir los epígrafes V. “Los supuestos de responsabilidad
objetiva”, y VI. “La responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor”, en las páginas 7 a 14, y
sustituirlos por el siguiente:
V. LOS SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD
OBJETIVA: LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA
1. Los supuestos de responsabilidad objetiva
Aunque, como se ha reiterado, el sistema de responsabilidad extracontractual del Código Civil es subjetiva o ba-
sada en la culpa, el propio texto legal en los artículos 1905
y ss., así como en leyes posteriores, contemplan y regulan
supuestos en que la responsabilidad de los sujetos causantes del daño es objetiva o cuasi objetiva, en el que la imputación de la responsabilidad y del deber de reparar no descansa en el hecho de la culpa o de la conducta negligente
del sujeto, sino en la mera relación causal de haber producido, a través de la conducta, el daño. En cualquier caso, se
debe señalar que por responsabilidad objetiva se debe entender la que se imputa al sujeto agente a título distinto de
la culpa o del riesgo o, si se prefiere, abstracción hecha de
la culpa del agente o del riesgo provocado; pero no se debe
entender por responsabilidad objetiva aquellos supuestos
en que el sujeto es responsable en cualquier caso por la sola
verificación del hecho dañoso, pues en todos los supuestos
de responsabilidad objetiva el sujeto se puede exonerar de
responsabilidad si ha habido culpa exclusiva de la víctima
o si el daño se ha producido por fuerza mayor. Es decir, el
legislador siempre contempla las causas de exoneración de
1º.- La responsabilidad se atribuye por razón de la actividad desarrollada, independientemente de que el agente
haya o no incurrido en culpa.
2º.- Los casos de responsabilidad objetiva han de estar
previamente determinados por un norma legal, pues en
nuestro sistema sigue rigiendo el principio de la culpa ex
3º.- La causa de exoneración de la responsabilidad son
tasadas y son: la culpa exclusiva de la víctima y la fuerza
A) Manifestaciones de responsabilidad objetiva en el Código Civil
1.- Responsabilidad por animales: el artículo 1905 hace
responsable al poseedor de un animal o al que se sirve de él
de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará la responsabilidad en caso de que el daño
proviniera de fuerza mayor o de culpa de la víctima (STS
15 de marzo de 1982 y 26 de enero de 1986).
2.- El propietario de una heredad de caza responderá
del daño causado por ésta en las fincas vecinas, cuando no
haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación o
cuando haya dificultado la acción de los dueños de dichas
fincas para perseguirla (artículo 1906).
3.- El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo o parte de él, si sobreviniere por falta de reparaciones necesarias (artículo 1907).
4.- Responsabilidad por actividad peligrosa: según el
artículo 1908 responderán los propietarios por los daños
a) Por explosión de máquinas que no hubiesen sido
cuidadas con la debida diligencia, y la inflamación
de sustancias explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y adecuado.
b) Por los humos excesivos que sean nocivos a las personas o a las propiedades.
c) Por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito cuando no sean ocasionados por fuerza mayor.
d) Por emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes, constuidos sin la pecauciones adecuadas al lugar en que estuviesen.
5.- Responsabilidad por defecto de construcción: dispone el artículo 1909 que si el daño de que tratan los dos artículos anteriores resulta por defecto de consturcción, el tercero que lo sufra sólo podrá repetir contra el arquitecto, o,
en su caso, contra el constructor dentro del tiempo legal.
6.- Responsabilidad del cabeza de familia: en virtud del
artículo 1910, el cabeza de familia que habita una casa o
parte de ella, es responsable de los daños causados por las
cosas que se arrojaren o cayeren de la misma.
B) Manifestaciones de responsabilidad objetiva en leyes
1.- Responsabilidad en ejercicio de la caza: dispone la
Ley de Caza que todo cazador está obligado a indemnizar
los daños que cause con motivo del ejercicio de la caza,
excepto cuando el hecho sea debido únicamente a culpa o
negligencia del perjudicado o a fuerza mayor. En la caza
con armas, si no consta el autor del daño a las personas,
responderán solidariamente todos los miembros de la partida de caza.
2.- Responsabilidad en la navegación aérea: la Ley
48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea regula la responsabilidad por daños en el transporte, dentro del territorio nacional, de viajeros, equipajes y mercancías, y los que
se causen a personas o cosas en la superficie terrestre, por
acción de la aeronave o cuanto de la misma se desprenda
o arroje (arts. 115 a 119). La razón de indemnizar tiene su
base objetiva en el accidente o daño.
3.- Responsabilidad en la navegación marítima: el Protocolo de 2002 de revisión del Convenio de Atenas de 1974
establece un régimen de responsabilidad objetiva del transportista en caso de muerte o lesiones de pasajeros causados
por “un suceso relacionado con la navegación”.
4.- Responsabilidad por daños causados por energía nuclear: la Ley de Energía Nuclear de 1964 responsabiliza de
los daños nucleares al explotador de la instalación nuclear
u otra que produzca o trabaje con materiales radiactivo, o
cuente con dispositivos que puedan producir radiaciones
ionizantes. Esta responsabilidad es objetiva.
5.- La Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios
de 1984 impone responsabilidad objetiva “por los daños
originados en su correcto uso y consumo” de bienes y servicios con garantía de niveles de pureza, eficacia, seguridad..., recogiendo una exhaustiva lista de productos como
los alimentos, de higiene, limpieza, cosméticos, farmacéuticos, servicios sanitarios, de gas, elctricidad etc.
6.- Responsabilidad por daños a derechos de la personalidad: la Ley Orgánica de Protección al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, de 1982,
garantiza la protección de este derecho frente a todo tipo
de intromisión ilegítima. Una vez acreditada, presume la
existencia de perjuicio que extiende al daño moral.
2. La responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor
La circulación de vehículos a motor ha sido uno de los
primero ámbitos de implantación de la responsabilidad objetiva a través de la antigua Ley de Uso y Circulación de Vehículos a Motor de 1968. La vigente Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor
(LRCSCVM), aprobada mediante Real Decreto Legislativo
8/2004, de 29 de octubre, que deroga el Texto Refundido de
de vehículos a motor aprobado por el Decreto 632/1968 y
la Disposición Adicional 8ª de la LOSSP, mantiene el doble
régimen de responsabilidad precedente y distingue según
que los daños sean corporales o materiales. Así, siguiendo
la distinción introducida por el RDLeg 1301/1986, establece una responsabilidad de naturaleza objetiva para los daños corporales (art. 1.1.2º) y una de carácter subjetivo para
los daños materiales con remisión al artículo 1902 CC y a
los artículos 109 y ss del CP (art. 1.1.3º).
Con carácter general el artículo 1.1.1º LRCSCVM alude
de forma expresa al fundamento de la imputación objetiva:
el riesgo creado por la conducción del vehículo, al establecer que “el conductor de vehículos a motor es responsable
de, en virtud del riego creado por la conducción de estos,
de los daños causados a las personas o en los bienes con
motivo de la circulación”.
Tratándose de daños a las personas (o daños corporales) el artículo 1.1.2º LRCSCVM prevé una responsabilidad
objetiva respecto del conductor del vehículo de la que solo
queda exonerado cuando el daño se produce por culpa exclusiva de la víctima o por fuerza mayor ajena a la conducción o al funcionamiento del vehículo, precisando dicho
precepto que no se considerará fuerza mayor los defectos
del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o
En principio, este sistema de responsabilidad es independiente de la situación de la persona en el accidente y la
ley no distingue en este punto entre los distintos tipos de
víctimas, de modo que se responde de forma objetiva con
independencia de la situación del perjudicado. Sin embargo, dicho sistema está pensado sobre todo en las víctimas
que no crean la situación del riesgo propio de la circulación, y la doctrina ha considerado que en los casos en que
el perjudicado sea también conductor no debe funcionar
de forma tan absoluta este criterio. Este cirterio también es
compartido por la jurisprudencia al declarar que en los casos en que el perjudicado es conductor no debe funcionar
de forma tan estricta el criterio objetivo, ni de inversión de
la carga de la prueba, siendo inaplicable la teoría del riesgo
por encontrarse ambos conductores en la misma situación
y anularse las consecuencias de tal inversión probatoria.
A) Sujetos responsables
1º) El conductor. Hemos visto que el artículo 1.1.1º
LRCSCVM atribuye la responsabilidad por los daños ocasionados con motivo de la circulación en primer lugar al
2º) El propietario del vehículo. El artículo 1.1.4º de dicha
Ley establece que “el propietario no conductor responderá
de los daños a las personas (y en los bienes) ocasionados
por el conductor cuando esté vinculado con este por alguna
de las relaciones que regulan el artículo 1903 CC y del 120.5
CP. Esta responsabilidad cesará cuando el mencionado propietario pruebe que empleó toda la diligencia de un buen
padre de familia”. La responsabilidad en este caso, según
señala Reglero, se hace surgir del control que se ejerce sobre un instrumento de riesgo, cuyo control quedará excluido en los casos en que el vehículo circule contra la voluntad
de su propietario o sin su autorización. Esta idea de control del riesgo como fundamento de la responsabilidad del
propietario es recogida en las SSTS 23 de febrero de 1976
(declarando que la lista del artículo 1903 CC es abierta), 1
de octubre de 1985 y 23 de septiembre de 1988. Cuando se
trata de propietario explotador del vehículo la doctrina y la
jurisprudencia señalan como fundamento de su responsabilidad la del empresario por hechos de sus dependientes
(art. 1903.4 CC). Cuando la conducción del vehículo no es
por motivos empresariales el propietario debe responder,
y así lo expresa la STS 1 de octubre de 1985 al declarar
que la responsabilidad del poseedor del vehículo de motor
por los daños que el mismo cause mientras es utilizado es
una responsabilidad objetiva “derivada del simple hecho de
aquella posesión, prescindiéndose de la culpa de las personas que lo manejan por estimarse que el uso del automóvil
ya de por sí implica un riesgo y que este riesgo es suficiente
de suyo para acarrear y exigir aquella responsabilidad. Por
el contrario, declara la STS 30 de diciembre de 1992, no
hay responsabilidad del propietario cuando no ejerce un
control efectivo sobre el automóvil, aunque se trate de una
3º) El detentador del vehículo. Frente a lo previsto en
otros ordenamientos, la LRCSCVM no menciona al detentador del vehículo que ejerce un control directo sobre él.
No obstante, algún autor como Reglero, sostiene que la responsabilidad del propietario de que habla el artículo 1.1.5º
debe ser interpretada en el sentido de lo es quien ostenta
un efectivo control sobre el mismo que sea permanente, sea
o no su propietario, salvo que el propietario formal asuma
la obligación de mantenimiento del vehículo y accidente en
cuyo caso será éste el responsable.
4º) Personas con quienes los autores materiales del daño
guarden alguna de las relaciones dependencia, representación o autorización a que se refiere el artículo 120.5 CP.
B) Relación causal
En los sistemas de responsabilidad objetiva se modifica el
criterio causal tradicional (culpa-daño) y es sustituido por
otro concepto que atiende a dos elementos fundamentales:
a) Que el hecho dañoso se haya verificado dentro del ámbito material al que es aplicable por la ley especial que
establece un sistema objetivo de responsabilidad.
b) Que exista relación de causalidad material entre el
daño y la actividad de la persona a quien se reclama.
En el ámbito de la responsabilidad establecida por la
LRCSCVM tales parámetros se traducen en:
a) Que el accidente sea ocasionado por vehículo a motor
b) Que lo haya sido con motivo de la circulación
c) Que la persona a quien se reclama, bien haya ocasionado materialmente el daño, bien lo haya sido por
otra de quien deba responder.
C) Causas de exoneración de la responsabilidad
1.- Culpa exclusiva de la víctima
El artículo 1.1.2º transforma la originaria expresión “culpa de la víctima” por “la conducta o negligencia del perjudicado”, lo cual obedece al propósito de incluir entre las
causas de exoneración de la responsabilidad la intervención de los inimputables en el accidente. Este propósito se
manifiesta de forma expresa en el número 2 del apartado
1º del Anexo de la LRCSCVM, en el que se declara que “se
equiparará a la culpa de la víctima el supuesto en que, siendo ésta inimputable, el accidente sea debido a su conducta
o concurra con ella a la producción del mismo”. Se equipara el término conducta al de culpa si bien no se emplea
éste por ser presupuesto de la misma la imputabilidad, de
la que obviamente carecen los inimputables.
En los casos de disociación entre víctima y perjudicado
la culpa la culpa ha de ser atribuible a la víctima, no al
perjudicado. Si hay otros damnificados por el hecho, habrá
que determinar si su intervención en hecho puede considerarse como un caso de fuerza mayor o no. Cuando la culpa
es exclusiva de la víctima se produce una absoluta exoneración de la responsabilidad del conductor respecto tanto
de la propia víctima como de los perjudicados. Si la culpa
es de alguno de los perjudicados nacerá la responsabilidad
del conductor puesto que el hecho de tercero no exime de
responsabilidad (salvo que pueda ser calificada de fuerza
mayor), pero el perjudicado culpable no tendrá derecho a
1.1. Requistos que debe reunir la culpa exclusiva de la
víctima para eximir de responsabilidad al agente del daño:
La jurisprudencia ha exigido que la culpa de la víctima
sea única, total y exclusivamente la originadora del daño.
a) Que la única conducta culpable sea de la víctima supone que incluso la intervención de un tercero junto a
la víctima por mínima que sea es suficiente para que
quede enervada esa causa de exclusión de la responsabilidad, a no ser que esa intervención pueda ser calificada de fuerza mayor extraña a la conducción o al
funcionamiento del vehículo. No obstante, hay casos
en que no siendo la conducta de la víctima la única
causa culpable del daño, su culpa sea de tal magnitud que absorbe por completo la eventual culpa leve
del responsable (en este sentido STS 6 de octubre de
b) Irreprochabilidad de la conducta del agente. La jurisprudencia ha exigido que para que el conductor quede
exonerado de responsabilidad no solo debe guardar
la máxima diligencia y cumplir escrupulosamente las
normas reglamentarias, sino que debe haber realizado la maniobra más adecuada para evitar el daño o
aminorarlo atendiendo a las circunstancias del caso.
c) Imprevisibilidad de la conducta de la víctima.
d) El término negligencia ha de ser entendido en sentido
técnico-jurídico. Ese concepto presupone la imputabilidad.
El artículo 1.1.2º LRCSCVM se dice que en el caso de
daños a las personas, de esa responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos
únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o
a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor
los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de
sus piezas o mecanismos.
Reglero define la fuerza mayor como el suceso absolutamente imprevisible e inevitable que guarda una relación de
causalidad externa respecto del específico ámbito material
del riesgo, es decir, la circulación de vehículos.
No se produce la ruptura del nexo causal por cuanto éste
bien no se verifica (cuando el hecho exterior es causa directa del daño), o bien porque puede verificarse y sin embargo
ser irrelevante en la medida en que este hecho exterior es
causa desencadenante del accidente originador del daño,
dejando en un segundo plano el nexo causal interno.
Sólo habrá de considerarse fuerza mayor aquellos sucesos que constituyan la causa última del daño y que no
pueda catalogarse como riesgos típicos o inherentes a la
circulación de vehículo a motor, pero no aquellos otros que
puedan ser concebidos como hechos típicos de la circulación por muy ajenos que sean a la del concreto vehículo que
ocasionó directa y materialmente el daño. Además habrá
de reunir las notas de imprevisibilidad e inevitabilidad.
Se discute en la doctrina si hay que entender dentro del
ámbito de la fuerza mayor el hecho de un tercero puesto
que la LRCSCVM guarda silencio al respecto. Así Garrigues entiende que la respuesta debe ser afirmativa, mientras Uría, partiendo de que el supuesto no está previsto en
la ley y de que la misma contempla el derecho de repetición
del asegurador contra el tercero causante del daño, entiende que ello presupone la subsistencia de la obligación de
indemnizar en estos casos.
En realidad para decidir si el hecho exonera de responsabilidad o no habrá que atender al dato de su ajeneidad o
no al ámbito de la circulación de vehículos a motor. Según
la STS 17 de noviembre de 1989 para apreciar fuerza mayor será necesario que el hecho consita en una actividad
ajena al ámbito de la circulación y ser además imprevisible
El artículo 1.1.4º prevé que si concurrieran la negligencia del conductor y la del perjudicado, se procederá a la
equitativa moderación de la responsabilidad y al reparto en
la cuantía de la indemnización, atendida la respectiva entidad de las culpas concurrentes. En igual sentido el número
7 del apartado primero del Anexo se prevé como elementos
correctores de disminución en todas las indemnizaciones,
la concurrencia de la propia víctima en la producción del
accidente o en la agravación de sus consecuencias.
En estos casos, la cuantía indemnizatoria a que tiene derecho el perjudicado se reduce en proporción al grado de
culpa en la ocurrencia del evento dañoso o al de su participación en el mismo.
5. Valoración de los daños y perjuicios causados a las
El Anexo de la LRCSCVM, establece un sistema normativo y vinculante de cuantificación legal de todos los daños y perjuicios a las personas ocasionados en accidente de
circulación, salvo que sean consecuencia de delito doloso
(apartado primero, núm. 1).
Se prevé la indemnización de la muerte, las lesiones permantes, invalidantes o no, y las incapacidades temporales.
Además comprende la indemnización por gastos de asistencia médica y hospitalaria y, en su caso, los gastos de
entierro y funeral, así como los daños morales.
Así mismo, prevé la sustitución de total o parcial de la
indemnización fijada por la constitución de una renta vitalicia en favor del perjudicado, mediante convenio o por
Las cuantías indemnizatorias se determinan anualmente
mediante resolución de la Dirección General de Seguros.
[BOE núm. 190, de 7 de agosto de 2008]
Tema 80º. La sucesión mortis causa (I). (Tema 83º del
Tema 81º. La sucesión mortis causa (II). (Tema 84º del
Tema 82º. El testamento. (Tema 85º del programa)
Tema 84º. Ineficacia. Revocación. Nulidad y caducidad
del testamento. (Tema 87º del programa)
Tema 85º. La institución de heredero. (Tema 88º del programa)
Tema 86º. Las sustituciones hereditarias. (Tema 89º del
Tema 87º. Los legados. (Tema 90º del programa)
Tema 88º. Interpretación de las disposiciones testamentarias. (Tema 91 del programa)
Tema 89º. La sucesión forzosa. (Tema 92º del programa)
Tema 90º. La mejora. (Tema 93º del programa)
Tema 91º. La sucesión intestada. (último epígrafe del
Tema 95º del programa)
Tema 93º. Aceptación y repudiación de la herencia.
(Tema 94º del programa)
Tema 94º. La sucesión contractual en el Código Civil y en
los Derechos Forales. (Tema 95º del programa)
TEMA 80º (TEMA 83º del programa)
En el esquema. Epígrafe III. Apartado 3. Sustituir la
mención al artículo 136 del CSC por artículo 423-3 CCCataluña.
En el epígrafe II. Clases de Sucesión Mortis Causa,
subepígrafe 1. Por razón de su origen, apartado B) Sucesión contractual, página 342, en el segundo párrafo,
octava línea, dentro del paréntesis, después de “heredamientos” intercalar:
“y pactos sucesorios de atribución particular.”
En el epígrafe III. Heredero y legatario, subepígrafe 3.
La institución de heredero en cosa cierta (ex re certa).
página 348, tercer párrafo, primera línea, sustituir la
mención al artículo 138 del Código de Sucesiones de
Cataluña por: artículo 423- 1 y 2 CCCataluña,
En el epígrafe III. Heredero y legatario, subepígrafe 4.
El legado de parte alícuota. Página 349, segundo párrafo, primera línea, sustituir la mención al artículo 305
del Código de Sucesiones de Cataluña por: artículo 42736 del CCCataluña,
En el epígrafe V. La herencia Yacente. Subepígrafe 3.
Regulación legal. Página 356, segundo párrafo. Sustituir a partir de la línea 6, que quedará redactada:
“No obstante, también el Código Civil de Cataluña (en
la redacción dada por la Ley 10/2008 del Parlament) contempla su regulación centrada en los actos posesorios, de
conservación, vigilancia y administración de la herencia,
sin que los mismos impliquen aceptación de la misma, salvo que con estos actos se tome el título o calidad de heredero.”
TEMA 81º (TEMA 84º del programa)
En el epígrafe III. Las causas de indignidad, subepígrafe 3. Las causas de indignidad en el Código Civil. Página 384, tercer párrafo, línea 3, sustituir la mención al
artículo 11 del Código de Sucesiones de Cataluña por:
artículo 412-3 del CCCataluña,
TEMA 82º (TEMA 85º del programa)
En el epígrafe I. Testamento: Concepto y Caracteres,
subepígrafe 3. Caracteres, apartado D) Personalísimo,
en la letra “a)”, referida a Cataluña, última línea de la
página 394 y dos primeros párrafos de la página 395,
sustituir su contenido, también en letra pequeña, por:
“a) En libro IV del Código Civil de Cataluña, relativo a
las sucesiones se regula:
– La institución de heredero fiduciario (pudiendo recaer esta designación en la persona del cónyuge sobreviviente o del conviviente en unión estable de pareja superviviente o de dos parientes más próximos que
elija el testador. Será fiduciario quien elija la persona
a instituir como heredero entre los hijos y descendientes (artículos 424-1 y 424-5).
– Los herederos y legatarios de confianza. Son personas individuales designados por el testador para que
den a los bienes el destino que les haya encomendado
confidencialmente, de palabra o por escrito (artículos
424-11 a 424-15).”
subepígrafe 3. Caracteres, apartado D) Formalismo.
Página 396, segundo párrafo, última línea, sustituir la
mención al artículo 123 CSC por: artículo 421 del CCCataluña,
En el epígrafe III. Solemnidades generales. Apartado A)
Personas que concurren al otorgamiento. Subapartado
b) Los testigos. Página 402. Segundo párrafo. Línea 5,
sustituir la mención al artículo 108 CSC por: artículo
42-11 del CCCataluña,
TEMA 84º (TEMA 87º del programa)
En el esquema. Epígrafe II. Los testamentos en los Derechos Forales. Subepígrafe 2. Cataluña., sustituir la
mención al CSC por: el CCCataluña
En el epígrafe II. Breve examen de los Testamentos en
los Derechos Forales, subepígrafe 2. Cataluña, suprimir su contenido íntegro y sustituir por:
“El Libro IV del Código civil de Cataluña, aprobado mediante Ley 10/2008, de 10 de julio, de la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña, contiene una normativa autónoma,
completa y global de las sucesiones, que excluye la aplicación directa o supletoria del CC. Destaca de ésta nueva
regulación, la supresión del testamento ordinario ante el
párroco, de larga tradición histórica.
A) Disposiciones testamentarias
El Capítulo I del Título II del Libro IV del Código civil
de Cataluña regula tanto el testamento como los codicilos
y las memorias testamentarias.
El testamento, según el artículo 423-1 CcC (ya en el Capítulo III, que regula la institución de heredero) debe contener necesariamente institución de heredero, excepto en el
testamento otorgado por una persona sujeta al derecho de
Tortosa, en cuyo caso puede distribuirse toda la herencia
en legados. Dispone el artículo 423-2 CcC que tanto la simple utilización por el testador del nombre o la calidad de
heredero como la disposición a título universal, aunque no
se utilice aquella palabra, implican institución de heredero,
si es clara la voluntad del testador de atribuir al favorecido
la calidad de sucesor en todo su derecho o en una cuota de
En codicilo, el otorgante dispone de los bienes que se
ha reservado para testar en heredamiento, adiciona alguna
cosa al testamento, lo reforma parcialmente o, si falta este,
dicta disposiciones sucesorias a cargo de sus herederos ab
intestato. No se puede instituir o excluir ningún heredero,
ni revocar la institución otorgada anteriormente. Tampoco
puede nombrarse albacea universal, ni ordenar sustituciones o condiciones, salvo que se impongan a los legatarios.
Debe otorgarse con las mismas solemnidades externas que
los testamentos (artículo 421-20).
Las memorias testamentarias firmadas por el testador en
todas las hojas o, si procede, por medio de una firma electrónica reconocida y que aluden a un testamento anterior
valen como codicilo, sea cual sea su forma, si se demuestra o se reconoce en cualquier tiempo su autenticidad y
cumplen, si procede, los requisitos formales que el testador
exige en su testamento. En las memorias testamentarias,
solo pueden ordenarse disposiciones que no excedan del
10% del caudal relicto y que se refieran a dinero, objetos
personales, joyas, ropa y menaje de casa o a obligaciones
de importancia moderada a cargo de los herederos o legatarios. Pueden adoptarse previsiones sobre la donación de
los propios órganos o del cuerpo y sobre la incineración o
la forma de entierro (artículo 421-21 CcC).
B) Clases de testamentos
a) Los testamentos notariales
Los artículos 421-7 a 421-16 regulan las formas de testamento notarial, abierto y cerrado. En ésta forma de testamento, su apertura no requiere intervención judicial, sino
que, como su protocolización, se atribuye al Notario.
b) Formas especiales de los testamentos notariales
Si el testador es ciego, sordo, mudo o sordomudo o por
cualquiera otra razón es sensorialmente discapacitado, el
notario debe seguir lo que la legislación notarial establece
para estos casos (artículo 421-8).
Si el testador no está incapacitado judicialmente, el notario debe apreciar su capacidad para testar en la forma y
por los medios establecidos por la legislación notarial y, si
lo considera pertinente, puede pedir la intervención de dos
facultativos, los cuales, si procede, deben certificar que el
testador tiene en el momento de testar suficiente capacidad y lucidez para hacerlo. Si el testador está incapacitado
judicialmente, puede otorgar testamento notarial abierto
en un intervalo lúcido si dos facultativos aceptados por el
notario certifican que el testador tiene en el momento de
testar suficiente capacidad y lucidez para hacerlo. En ambos casos, los facultativos deben hacer constar su dictamen
en el propio testamento y deben firmarlo con el notario y, si
procede, con los testigos (artículo 421-9).
Los artículos 421-17 a 421-19 del CcC regulan el testamento ológrafo en forma semejante al CC. Éste testamento
debe ser adverado por juez o funcionario competente, quienes, de resultar auténtico el testamento, deben acordar su
protocolización notarial, con testimonio de la resolución
dictada.”
TEMA 85º (TEMA 88º del programa)
En el esquema. Epígrafe III. Especialidades forales en
materia de institución de heredero. Subepígrafe 2. Cataluña., sustituir la mención al CSC por: el CCCataluña
En el epígrafe III. Especialidades Forales en materia
de Institución de Heredero, subepígrafe 2. Cataluña,
último párrafo de la página 493 hasta el cuarto párrafo
de la página 495, sustituir su contenido por:
“El Libro IV del CcC, aprobado mediante Ley 10/2008,
de 10 de julio, del Parlamento de Cataluña, mantiene esencialmente los grandes principios tradicionales del Derecho
Romano muy arraigados en el derecho sucesorio catalán.
a) El principio de la necesidad de heredero en la sucesión, que se expresa en el propio Preámbulo de la citada
Ley, se recoge en varios preceptos:
- El artículo 423-1 establece que el testamento debe contener necesariamente institución de heredero, si bien mantiene la excepción referente al otorgado por una persona
sujeta al derecho de Tortosa, en cuyo caso, puede distribuirse toda la herencia en legados.
- El artículo 422-1.3 determina la nulidad de los testamentos que no contengan institución de heredero, salvo
que contengan nombramiento de albacea universal o sean
otorgados por una persona sujeta al derecho de Tortosa.
- Establece el artículo 423-2 que tanto la simple utilización por el testador del nombre o la calidad de heredero
como la disposición a título universal, aunque no se utilice aquella palabra, implican institución de heredero, si es
clara la voluntad del testador de atribuir al favorecido la
calidad de sucesor en todo su derecho o en una cuota de su
b) Contempla la institución de heredero por fiduciario
en los artículos 424-1 a 424-10, regulando la designación
de heredero por el cónyuge o por el conviviente (artículos
424-1 a 424-4) y por los parientes (artículos 424-5 a 4249). Dispone el artículo 424-1 que el testador puede instituir
heredero al descendiente que su cónyuge o conviviente en
unión estable de pareja superviviente elija entre los hijos
comunes y sus descendientes, aunque viva su ascendiente,
o puede instituirlos en las partes iguales o desiguales que el
cónyuge o conviviente superviviente estime convenientes.
Por su parte, el artículo 242-5 determina que el testador
puede instituir heredero a uno o más descendientes que
sean elegidos por dos parientes próximos designados directamente por él o por los dos parientes consanguíneos, uno
de cada línea de progenitores, con el vínculo de parentesco
más próximo con los hijos o los descendientes, aunque no
haya hecho uso de la facultad de confiar la elección al cónyuge o al conviviente en unión estable de pareja.
c) El testador puede instituir herederos o legatarios de
confianza a personas físicas determinadas para que den a
los bienes el destino que les haya encomendado confidencialmente, de palabra o por escrito (artículo 424-11.1).
d) El principio semel heres semper heres está expresamente recogido en el artículo 423-12, cuyo apartado 1 dispone
que el que es heredero lo es siempre y, en consecuencia, se
tienen por no formulados en la institución de heredero la
condición resolutoria y los plazos suspensivo y resolutorio.
A diferencia del CC, que sí admite estas dos últimas modalidades, el CcC sólo contempla la condición suspensiva.
La institución de heredero bajo condición suspensiva no se
defiere si no se cumple la condición o si el heredero muere antes de cumplirse. En este caso, sus herederos no adquieren ningún derecho a la herencia (artículo 424-13.1).
El heredero instituido bajo condición suspensiva, mientras
esta esté pendiente de cumplimiento, puede tomar posesión provisional de la herencia y administrarla con las facultades y limitaciones que haya establecido el causante o,
si no ha establecido ninguna, con las facultades de un albacea universal de entrega de remanente. Si concurre a la
sucesión con otros herederos que ya hayan aceptado, estos
pueden hacer la partición de la herencia, y el heredero bajo
condición está facultado para intervenir en la misma. Una
vez hecha la partición, debe mantenerse dicho régimen de
administración sobre los bienes asignados a su cuota (artículo 423-14).
Las condiciones imposibles, las irrisorias y las perplejas
se tienen por no formuladas (artículo 423-16).
Las condiciones ilícitas se tienen por no formuladas,
pero, si resulta claramente que el cumplimiento de la condición ilícita es motivo determinante de la institución de
heredero, esta es nula (artículo 423-17).
Establece el artículo 423-18 que la condición, impuesta
por el testador, de no impugnar el testamento o de no recurrir a los tribunales de justicia con relación a su sucesión,
se tiene por no formulada y no afecta en ningún caso a la
eficacia del testamento ni de la institución sometida a la
Las condiciones captatorias determinan la nulidad de la
institución de heredero (artículo 423-19).”
Las disposiciones modales merecen un capítulo propio y
están reguladas en el artículo 428-1 a 6.
TEMA 86º (TEMA 89º del programa)
En el epígrafe VIII. Las Sustituciones en los Derechos
Forales. Especial referencia a la Sustitución Fideicomisaria y la Herencia de Confianza en Cataluña, subepígrafe 3. Cataluña, desde los dos últimos párrafos de la
página 526 hasta la página 529, sustituir su contenido
“El Libro IV del CcC aprobado por Ley del Parlamento
Catalán 10/2008, de 10 de julio, regula las sustituciones tanto preventivas (vulgar, pupilar y ejemplar) como sucesivas
(fideicomisos, con la modalidad de fideicomiso de residuo)
y la sustitución preventiva de residuo en los artículos 425
y 426, que integran cada uno de ellos un capítulo con una
muy detallada regulación de dichas instituciones.
Las sustituciones vulgar y pupilar no presentan especiales peculiaridades respecto de la regulación del CC. La
sustitución ejemplar (artículos 425-10 a 14) requiere para
su validez que la incapacidad del sustituto sea declarada
en vida del mismo, aunque sea después de la muerte del
sustituyente, a fin de mejorara las expectativas que tiene el
incapaz de ser acogido por sus parientes.
A) La sustitución fideicomisaria (Los fideicomisos)
Contiene el Código una completa regulación de lo que
denomina fideicomisos (no obstante, sensiblemente más
reducida que la contenida por el anterior Código de Sucesiones) que justifica en su Preámbulo en que no es deseable, dadas las exigencias de una economía de mercado
moderna y la función social de los recursos económicos,
que los bienes sean amortizados por más de una generación (salvo en los fideicomisos familiares que permite el
llamamiento de dos generaciones), buscando un equilibrio
entre la voluntad del testador y las exigencias prácticas del
mundo contemporáneo. Como veremos, a pesar de la denominación de fideicomisos, regula auténticas sustituciones
fideicomisarias.
a) Concepto. El artículo 426-1 establece: “1. En el fideicomiso, el fideicomitente dispone que el fiduciario adquiera
la herencia o el legado con el gravamen de que, una vez
vencido el plazo o cumplida la condición, hagan tránsito al
b) Forma. Conforme al artículo 426-2, los fideicomisos
pueden ordenarse en pacto sucesorio, testamento, codicilo
y donación por causa de muerte. El artículo 426-13 previene que puede establecerse expresa o tácitamente. Para que
se entienda que el fideicomiso se impone tácitamente es
preciso que la voluntad de ordenarlo se infiera claramente
del contenido de la disposición.
c) Límites. El artículo 426-10.1 no fija límite alguno en
los llamamientos a favor de personas que vivan al tiempo
de fallecer el testador.
En los fideicomisos familiares, o sea, los fideicomisos en
que los fideicomisarios son descendientes, hermanos o sobrinos del fideicomitente, este puede llamar sucesivamente
al fideicomiso a personas que no pasen de la segunda generación, sin limitación en el número de llamamientos. Se
entiende por primera generación la de los hijos o sobrinos
Si el fiduciario es una persona jurídica, el fideicomiso
tiene una duración máxima de treinta años.
Los llamamientos de fideicomisarios que superen los límites establecidos se consideran no hechos.
d) Situación jurídica del fiduciario. Las singularidades
más destacadas son el deber de hacer inventario en la forma prevista en el CcC y, salvo disposición en contra del
testador, prestar garantía, preferentemente real.
El artículo 426-31 reconoce el derecho, salvo que el causante lo haya prohibido, al heredero fiduciario que ha aceptado la herencia y practique el debido inventario, a detraer
y a hacer suya, libre del fideicomiso, una cuarta parte del
patrimonio fideicomiso, llamada cuarta trebeliánica o cuota
libre. Ésta consiste en la cuarta parte de la herencia fideicomisa, una vez deducidas las deudas y cargas de la herencia,
los gastos de última enfermedad y de entierro o incineración del causante, los legados y las legítimas, incluida la del
fiduciario que sea legitimario (art. 426-32).
B) Herencia de confianza
El artículo 424-11 CcC dispone: “El testador puede instituir herederos o legatarios de confianza a personas físicas
determinadas para que den a los bienes el destino que les
haya encomendado confidencialmente, de palabra o por escrito”.
Tanto el Preámbulo del CcC como la jurisprudencia (STS
de 30 de octubre de 1944) la consideran como una disposición fiduciaria.
Los herederos de confianza deberán tomar inventario de
la herencia y tienen derecho a resarcirse de los gastos y desembolsos a que dé lugar el cumplimiento de su cometido
y una remuneración que les haya asignado el testador o, si
no les ha asignado ninguna, a percibir entre todos la correspondiente al 5% del valor del activo hereditario líquido
o del legado objeto de la confianza y de los frutos o rentas
líquidos, mientras dure su administración (art 424-12).
Como destaca PUIG FERRIOL, el verdadero sucesor no
es el heredero de confianza, sino el tercero que permanece
oculto y al que se han de entregar los bienes.
Según el artículo 424-14 CcC, los herederos y legatarios
de confianza, mientras no la revelen o cumplan, tendrán
la consideración de herederos o legatarios, con facultades
dispositivas para actos entre vivos, salvando las limitaciones que les imponga el testador, pero no podrán hacer definitivamente suyos los bienes de la herencia o del legado ni
sus subrogados, que quedarán enteramente separados de
Revelada la confianza, y salvo que el testador disponga
otra cosa, los herederos y legatarios de confianza tendrán,
respectivamente, la condición de albaceas universales o
TEMA 87º (TEMA 90º del programa)
En el epígrafe III. Orden de Prelación entre los Legatarios, subepígrafe 2. La extinción del legado, sustituir su
último párrafo, en la página 557, por:
“Merece citarse la regulación de los legados en los ordenamientos forales catalán y balear que previenen que,
cuando las disposiciones a título particular no permiten al
heredero obtener al menos una cuarta parte del caudal relicto (cuarta falcidia), el heredero puede reducir los legados
salvo que el testador lo haya prohibido (artículo 427-40.1
CcC) o haya dispuesto otra cosa. En esos casos los legados
se reducen a prorrata sin preferencia entre ellos, pero en el
CcC quedan excluidos de la reducción los legados de deuda
propia del testador, los ordenados a favor de los legitimarios en concepto de legítima o imputables a esta en la parte
que la cubran, los de alimentos y los que el testador ha
ordenado que se cumplan íntegramente. Tampoco se reducen las donaciones por causa de muerte y las atribuciones
particulares en pacto sucesorio (artículos 427-40 a 427-45
CcC y 38 y 39 CDB).”
TEMA 88º (TEMA 91º del programa)
En el epígrafe I. Interpretación de las Disposiciones
Testamentarias, subepígrafe 7. Órganos a los que corresponde la interpretación testamentaria, apartado B)
El albacea, en la última línea de la página 568 sustituir
“(artículo 316 del CSC)” por:
“(artículo 429-8.2 in fine CcC)”
En el epígrafe III. El Albaceazgo, subepígrafe 3. Caracteres, letra b) Es un encargo personalísimo, en la pri-
mera línea de la página 574, sustituir “(y el art. 313
CSC)” por:
“(y el art. 429-1.3 CcC)”
En el mismo epígrafe III y subepígrafe 3, letra c) El
albaceazgo es encargo gratuito, en su segundo párrafo
en letra pequeña, en la página 574 también, sustituir
desde el punto y seguido de su primera línea, que comienza diciendo “El artículo 314.2 CcC …” hasta donde
dice “contrario” de su séptima línea, por:
“El artículo 429-5 CcC establece que si el causante no
ordena una retribución determinada o que el ejercicio del
cargo sea gratuito, los albaceas universales tienen derecho
a percibir el 5% del valor del activo hereditario líquido y
los particulares que sean contadores partidores el 2% de
este valor o de los bienes objeto de partición. Si el albaceazgo es ejercido profesionalmente, los honorarios que
se devenguen por la prestación de servicios se imputan a
este porcentaje. Los legados o demás disposiciones a favor
de los albaceas no se imputan a su retribución, salvo que
el causante disponga otra cosa. Si existen varios albaceas
universales o contadores partidores, la retribución corresponde por partes iguales a los que hayan ejercido el cargo.
Si lo ejercen sucesivamente, deben ser retribuidos en proporción a su actividad.”
En la letra d) Es un encargo temporal, también en la
página 574, al final, sustituir “o 319 CSC)” por:
“ó 429-13 CcC)”
En el mismo epígrafe III, subepígrafe 4. Constitución,
apartado A) Nombramiento, en la quinta línea de la
página 575, sustituir el contenido del paréntesis hasta
donde dice “y la Ley …” por:
“(en el CcC se permite el nombramiento de albacea en
testamento o en contrato sucesorio y se prohíbe el nombramiento de albacea universal en codicillo”
En el mismo epígrafe III, subepígrafe 4., e igual página 575, apartado B) Aceptación, desde su novena línea
hasta la undécima, sustituir el contenido del paréntesis
“(por el contrario, el artículo 429-4.2 establece que si el
designado como albacea, una vez requerido notarialmente por algún heredero o por una persona interesada en la
herencia, no acepta el cargo ante notario dentro del mes
siguiente a la notificación, se entiende que renuncia al mismo)”
En el epígrafe VII. Duración y Extinción del Albaceazgo, subepígrafe 1. Duración, en la penúltima línea de la
página 581 sustituir “319 CSC” por:
“429-13 CcC”
TEMA 89º (TEMA 92º del programa)
En el epígrafe II. Naturaleza de la legítima, subepígrafe
2 Te4orías sobre la naturaleza de la legítima. Apartado
c) legítima como pars valoris, en la penúltima línea del
párrafo, página 591 sustituir “Código de Sucesiones de
Cataluña de 13 de abril de 1990 por:
“Código Civil de Cataluña en la redacción dada a su Libro IV por la Ley 10/08 del Parlament de Cataluña, de 10
de julio, que recoge básicamente la anterior regulación del
Código de sucesiones por causa de muerte.”
En el epígrafe IX. La Legítima en los Derechos Forales,
subepígrafe 2. Cataluña, en el final de la página 610 y
página 611, sustituir su contenido por:
“Su regulación se contiene en los artículos 451-1 a 45115 del CcC, aprobado mediante Ley 10/2008 del Parlamento de Cataluña, y sus principios más reseñables son:
a) Se configura como pars valoris, como un derecho a
obtener en la sucesión del causante un valor patrimonial.
b) El importe es la cuarta parte de valor de los bienes de
la herencia en el momento de la muerte del causante,
con deducción de las deudas y los gastos de la última
enfermedad y del entierro o la incineración, añadido
el valor el de los bienes dados o enajenados por otro
título gratuito por el causante en los diez años precedentes a su muerte, excluidas las liberalidades de
c) Son legitimarios todos los hijos por partes iguales.
Los hijos premuertos, los desheredados justamente,
los declarados indignos y los ausentes son representados por sus respectivos descendientes por estirpes.
A falta de descendientes que sobrevivan al causante
serán legitimarios los progenitores por mitad y si solo
sobrevive uno de ellos o si la filiación está determinada respecto a un progenitor, le corresponde el derecho
de legítima íntegramente.
d) La cuarta vidual es del derecho que corresponde al
cónyuge viudo o el conviviente en unión estable de
pareja que no tenga recursos económicos suficientes
para satisfacer sus necesidades (teniendo en cuenta el
nivel de vida de que disfrutaba durante la convivencia
y el patrimonio relicto, así como su edad, el estado de
salud, los salarios o rentas que esté percibiendo, las
perspectivas económicas previsibles y cualquier otra
circunstancia relevante). Consiste en la cantidad precisa para atender esas necesidades hasta un máximo
de la cuarta parte del activo hereditario líquido. No se
trata de una cuota legitimaria, sino de una compensación legal del desequilibrio económico producido
por la viudedad o cese de la convivencia por causa de
TEMA 90º (TEMA 93º del programa)
En el epígrafe VII. La Preterición. Subepígrafe 1, Concepto. Página 641, tercer párrafo. Sustituir su contenido por:
“Podemos concluir con el artículo 451-16.1 del CcC, que
sí contiene una definición: “ Es preterido el legitimario a
quien el causante no ha hecho ninguna atribución en concepto de legítima o imputable a esta y que tampoco ha sido
desheredado. El legitimario preterido puede exigir lo que
por legítima le corresponde”.
TEMA 91º (último epígrafe TEMA 95º del programa)
En el epígrafe V. La Sucesión Intestada en los Derechos
Forales, subepígrafe 2. Cataluña, al final de la página
667 y páginas 668 a 670 sustituir su contenido por:
“El IV del Libro IV del CcC regula en sus artículos 441-1
a 444-1 la sucesión intestada, que respeta los rasgos básicos del anterior sistema, introduciendo algunos cambios
referidos esencialmente al reconocimiento de derechos sucesorios al conviviente en unión estable de pareja, a la posición del cónyuge viudo y del conviviente cuando concurre
a la sucesión intestada con descendientes, a la opción de
conmutar y al régimen de la dicha sucesión en el caso de
Según el artículo 411-3.2 la sucesión intestada solo puede tener lugar en defecto de heredero instituido, y es incompatible con el heredamiento y con la sucesión testada
universal, de conformidad con la máxima romana que informa el derecho catalán nemo pro parte intestatus decedere
potest. Su regulación básica es la siguiente:
a) Según el artículo 441-1 la sucesión intestada se abre
cuando una persona muere sin dejar heredero testamentario o en heredamiento, o cuando el nombrado o nombrados no llegan a serlo.
b) En la sucesión intestada, la ley llama como herederos
del causante los parientes por consanguinidad y por adopción y al cónyuge viudo o al conviviente en unión estable
de pareja superviviente. En defecto de todos ellos sucede la
La herencia se defiere primero a los hijos del causante,
por derecho propio, y a sus descendientes por derecho de
representación, sin perjuicio, si procede, de los derechos
del cónyuge viudo o del conviviente en unión estable de
pareja superviviente.
El cónyuge viudo o el conviviente en unión estable de
pareja superviviente, si no le corresponde ser heredero, tiene derecho al usufructo universal de la herencia, libre de
fianza, si bien puede ejercer la opción de conmutación por
la atribución de una cuarta parte alícuota de la herencia
y, además, el usufructo de la vivienda conyugal o familiar
(artículos 441-2 y 442-3-1).
c) Si el causante muere sin hijos ni otros descendientes,
la herencia se defiere al cónyuge viudo o al conviviente en
unión estable de pareja superviviente. En este caso, los padres del causante conservan el derecho a legítima.
El cónyuge viudo no tiene derecho a suceder ab intestato
al causante si en el momento de la apertura de la sucesión
estaba separado del mismo judicialmente o de hecho o si
estaba pendiente una demanda de nulidad de matrimonio,
de divorcio o de separación, salvo que los cónyuges se hubiesen reconciliado.
El conviviente en unión estable de pareja superviviente
no tiene derecho a suceder ab intestato al causante si estaba separado de hecho del causante en el momento de la
muerte de éste (artículos 442-3 y 442-6).
d) Si el causante muere sin hijos ni descendientes y sin
cónyuge o conviviente, la herencia se defiere a los progenitores, a partes iguales. Si solo sobrevive uno de los dos,
la delación a este se extiende a toda la herencia (artículo
442-8.1).
e) Si el causante muere sin hijos ni descendientes, sin
cónyuge o conviviente y sin progenitores, la herencia se defiere a los ascendientes de grado más próximo. Si existen
dos líneas de parientes del mismo grado, la herencia se divide por líneas y, dentro de cada línea, por cabezas (artículo
442-8.2).
f) Si faltan las personas anteriormente indicadas, sucede
la Generalidad de Cataluña, que será aceptada a beneficio
de inventario previa declaración judicial de heredero (artículo 442-12).
La Generalidad de Cataluña debe destinar los bienes heredados o su producto o valor a establecimientos de asistencia social o a instituciones de cultura, preferentemente
del municipio de la última residencia habitual del causante
en Cataluña. Si no los hay en dicho municipio, deben destinarse a los establecimientos o instituciones de la comarca o, si tampoco los hay en la comarca, a los de carácter
general a cargo de la Generalidad. Si en el caudal relicto
existen fincas urbanas, debe destinarlas preferentemente al
cumplimiento de políticas de vivienda social, ya sea directamente o reinvirtiendo el producto obtenido al enajenarlas, según sus características (artículo 442-13).
g) Los artículos 443-1 a 443-5 regulan la sucesión en caso
de adopción, disponiendo el primero de los preceptos citados que la persona adoptada y sus descendientes adquieren derechos sucesorios ab intestato respecto a la persona
adoptante y a su familia, y éstos respecto a aquéllos.
La adopción extingue los derechos sucesorios ab intestato entre el adoptado y sus parientes de origen, excepto en
los casos de adopción de hijos del cónyuge o de la persona
con quien el adoptante convive. En éstos casos, los hijos
adoptivos y los ascendientes del progenitor de origen sustituido por la adopción conservan el derecho a sucederse ab
En caso de adopción de un huérfano por un pariente
dentro del cuarto grado, se mantienen los derechos sucesorios ab intestato entre el adoptado y sus ascendientes de
la rama familiar en que no se ha producido la adopción,
con las siguientes particularidades: a) En la sucesión del
adoptado y en la de sus descendientes, dichos ascendientes
de origen solo suceden si no existen ascendientes de los padres adoptivos. b) En la sucesión de dichos ascendientes de
origen, los hijos adoptados por un pariente de la otra rama
familiar solo suceden si no existen hijos o descendientes del
causante que no hayan sido adoptados por otra persona.
En los casos de adopción de hijos del cónyuge o de la
persona con quien el adoptante convive y en los casos de
adopción en la propia familia, los hermanos por naturaleza
conservan el derecho a sucederse ab intestato entre sí.
persona con quien el adoptante convive, o de adopción en
la propia familia, o de sucesión de los hermanos por naturaleza los derechos sucesorios quedan excluidos si se acredita que el causante y el sucesor no han mantenido el trato
h) El artículo 444-1 regula la sucesión del causante impúber, es decir, el menor de catorce años, en defecto de sustitución pupilar, con las siguientes reglas:
1ª) En los bienes procedentes de un progenitor, o de los
demás parientes de este dentro del cuarto grado, adquiridos a título gratuito, son llamados a la sucesión los parientes más próximos del impúber, por su orden, dentro del
cuarto grado en la línea de la que proceden los bienes.
2ª) Si sobrevive el progenitor de la otra línea, conserva su
derecho a la legítima sobre dichos bienes.
3ª) En los demás bienes del impúber, así como en los frutos de los bienes troncales, la sucesión intestada se rige por
las reglas generales, sin distinción de líneas.”
TEMA 93º (TEMA 94 del programa)
En el epígrafe I. Aceptación y repudiación de la herencia, Subepígrafe 1: Adquisición de la herencia. Sistemas. Apartado c) El sistema del CC y de los ordenamientos forales. Página 707. Sustituir art 16 CSC por:
art 411-5 CcC.
TEMA 94º (TEMA 95º del programa)
En el esquema. Página 733. Epígrafe II. La sucesión
contractual en los derechos forales. Subepígrafe 1. Cataluña. Sustituir su contenido por el siguiente:
A) Los Pactos sucesorios. El artículo 431-1 de CcC
C) Clases de heredamientos.
a) Heredamiento simple o de herencia.
b) Heredamiento cumulativo o complejo.
c) Heredamiento mutual.
d) Heredamieto preventivo.
D) Pactos sucesorios de atribución particular.
En el epígrafe II. La Sucesión Contractual en los Derechos Forales, subepígrafe 1. Cataluña, páginas 746 a
750, sustituir su contenido por:
“El Libro IV del CcC, relativo a las sucesiones, aprobado
mediante Ley 10/2008 del Parlamento de Cataluña, regula
en Capítulo I de su Título III los pactos sucesorios, introduciendo importantes innovaciones respecto de la anterior
regulación contenida en el CSC, hasta el punto que en su
Preámbulo recoge que es la innovación más importante
respecto del anterior CSC.
A) Los Pactos sucesorios
1º) Los pactos sucesorios no se limitan ya a la institución de heredero o heredamiento, sino que admiten también, conjuntamente con el heredamiento o aisladamente,
la realización de atribuciones particulares, equivalentes a
los legados en la sucesión testamentaria. En este sentido,
el artículo 431-5.1 dispone que en pacto sucesorio, puede
ordenarse la sucesión con la misma amplitud que en testamento y que los otorgantes pueden hacer heredamientos y
atribuciones particulares.
2º) La sucesión contractual se desliga de su contexto matrimonial, y si bien los pactos pueden continuar haciéndose
en capítulos matrimoniales, ya no es un requisito esencial.
No obstante, la validez de los pactos sucesorios requieren el
otorgamiento en escritura pública, la cual, puede contener
también estipulaciones propias de un protocolo familiar y
otras estipulaciones no sucesorias, pero no disposiciones
de última voluntad (artículo 431-7.1). En cualquier caso,
los otorgantes de un pacto sucesorio que no sean causantes
de la sucesión futura pueden delegar en poder especial la
comparecencia al acto de formalización del pacto, siempre
y cuando la escritura pública de apoderamiento recoja el
contenido completo de su voluntad (artículo 431-7.3).
3º) Los pactos no deben otorgarse necesariamente entre
cónyuges o futuros cónyuges, ni tampoco entre los padres
o demás familiares y los hijos que se casan. Sin embargo
los pactos no pueden ser convenidos por cualesquiera contratantes, sino que solo pueden ser otorgados conforme al
artículo 431-2:
– con el cónyuge o futuro cónyuge,
– con el conviviente en unión estable de pareja,
– con los parientes en línea directa sin limitación de
grado, o en línea colateral dentro del cuarto grado,
en ambos casos tanto por consanguinidad como por
– con los parientes por consanguinidad en línea directa o en línea colateral, dentro del segundo grado, del
otro cónyuge o conviviente
Los pactos pueden contener disposiciones a favor de terceras personas no otorgantes del pacto, pero éstas no ad-
quieren ningún derecho hasta la muerte del causante (artículos 431-1.2 y 431-3).
4º) Partiendo de la posibilidad de imponer cargas al favorecido y de causalizar de otro modo los pactos sucesorios, se prevé que los mismos puedan revocarse:
– por indignidad del favorecido (artículo 431-13),
– por las causas pactadas expresamente en el contrato
(artículo 431-14.1.a)),
– por incumplimiento de cargas (artículo 431-14.1.b)),
– por imposibilidad de cumplimiento de la finalidad
esencial (artículo 431-14.1.c)), o,
– por un cambio sustancial, sobrevenido e imprevisible
de las circunstancias fundamentales (artículo 43114.1.d)).
También se contempla la modificación y resolución del
pacto sucesorio por mutuo acuerdo (artículo 431-12) y se
determinan las causas de nulidad de los pactos sucesorios,
se regula el ejercicio de la acción de nulidad y los efectos de
la misma (artículos 431-19 a 431-11).
B) El heredamiento
Conforme al artículo 431-18 el heredamiento es un pacto
sucesorio de institución de heredero que confiere a la persona o personas instituidas la calidad de sucesoras universales del heredante con carácter irrevocable, sin perjuicio
de la modificación o resolución por mutuo acuerdo o la
revocación por indignidad.
Si el heredero instituido en heredamiento premuere al
causante, el heredamiento deviene ineficaz, salvo que se
haya convenido otra cosa. En defecto de disposición ex-
presa en contra, si el heredero instituido en heredamiento es descendiente del causante y premuere a este dejando
descendientes llamados a su herencia, transmite a estos su
calidad de heredero contractual, de la misma forma en que
sean sus herederos. Si existen varios hijos o descendientes
herederos del heredero premuerto ab intestato, el heredante puede escoger a uno, en escritura pública irrevocable o
en testamento, como sustituto en el heredamiento. En el
heredamiento cumulativo, los bienes recibidos de presente
por el heredero premuerto son transmitidos a sus sucesores, salvo que se haya estipulado un pacto reversional (artículo 431-24)
El heredamiento válido revoca el testamento, el codicilo, la memoria testamentaria y la donación por causa de
muerte anteriores a su otorgamiento, aunque sean compatibles con el mismo. Las disposiciones por causa de muerte
posteriores al heredamiento solo son eficaces si el heredamiento era preventivo o en la medida en que lo permita la
reserva para disponer (artículo 431-23).
El heredante puede reservarse, para disponer libremente
en donación, codicilo, memoria testamentaria u otro pacto
sucesorio, los bienes, las cantidades de dinero o la parte alícuota de su patrimonio que establezca en el heredamiento.
También puede asignar al pago de legítimas bienes o dinero, que se excluyen del heredamiento (artículo 431-22).
C) Clases de heredamiento
El heredamiento, siguiendo el derecho compilado, puede ser simple o cumulativo y puede pactarse con carácter
mutual. También se admite el llamado heredamiento preventivo, que puede revocarse unilateralmente por medio de
testamento o pacto sucesorio posterior.
a) El heredamiento es simple si solo atribuye a la persona
instituida la calidad de heredera del heredante y no pierde
este carácter aunque el heredante también haga donación
de presente de bienes concretos a la persona instituida.
b) El heredamiento es cumulativo si, además de conferir la calidad de heredero del heredante, atribuye a la persona instituida todos los bienes presentes del heredante y
no pierde este carácter aunque el heredante excluya bienes
concretos de la atribución de presente.
Exige pacto expreso.
c) El heredamiento es mutual si contiene una institución
recíproca de heredero entre los otorgantes a favor del que
sobreviva. En los pactos sucesorios que contienen heredamientos mutuales, puede pactarse que, cuando el superviviente muera, los bienes heredados hagan tránsito a otras
d) El heredamiento puede pactarse con carácter preventivo, en cuyo caso es revocable unilateralmente por medio
de un testamento posterior, que debe ser necesariamente
notarial y abierto, o un nuevo pacto sucesorio. Para que
sea eficaz la revocación unilateral, debe notificarse notarialmente a los demás otorgantes del pacto sucesorio, salvo
que los otorgantes hayan dispensado el cumplimiento de
También debe pactarse de forma expresa, dejando clara
su revocabilidad.
D) Pactos sucesorios de atribución particular
Pueden convenirse a favor de uno de los otorgantes o de
terceros. Los otorgantes pueden convenir también atribuciones particulares recíprocas a favor del que sobreviva.
También pueden hacerse con carácter preventivo, aplicando lo establecido respecto de los heredamientos preventivos.
Si en el pacto sucesorio de atribución particular existe
transmisión de presente de bienes, el acto se considera donación.
El causante solo puede disponer de los bienes que son
objeto de la atribución particular con el consentimiento expreso del favorecido o, si este no es parte del pacto, con el
de los demás otorgantes.
Si el bien atribuido se pierde o se deteriora por causa
imputable al causante o este lo enajena o lo grava contraviniendo la exigencia de consentimiento expreso, el favorecido puede exigir al heredero su valor, salvo, en caso de deterioro o de gravamen, que el heredero esté en condiciones
de cumplir en los términos convenidos.
En caso de premoriencia del favorecido al causante, se
aplica lo establecido para los casos de premoriencia del
instituido heredero en los heredamientos.
Al morir el causante, el favorecido con una atribución
particular hace suyos los bienes independientemente de
que el heredero acepte la herencia y puede tomar posesión
de ellos por sí mismo.
En defecto de lo que se haya convenido sobre las atribuciones particulares, se aplican las normas de los legados,
en aquello en que sean compatibles con su naturaleza irrevocable.”
II. DERECHO PROCESAL CIVIL
Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I)
[DOUEL de 4 Julio de 2008]
Tema 12º. El proceso civil y el Derecho procesal civil.
En el epígrafe VIII. Tratados Internacionales sobre
Competencia Internacional, al final de la letra a) Reglamento de Bruselas, en la página 331, añadir:
“3”) Reglamento núm. 593/2008, de 17 de junio de 2008,
sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.
Este Reglamento se aplicará a partir del 17 de diciembre
de 2009, a las obligaciones contractuales en materia civil
y mercantil en situaciones que impliquen un conflicto de
leyes. No obstante quedan excluidas de su ámbito de aplicación las referentes a letras de cambio, cheque, pagaré y
otros instrumentos negociables las pertenecientes al Derecho de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas,
mediación, tratos preliminares y otros que especifica.”
Addenda de actualización. Derecho Procesal Civil
[BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2007]
Tema 37º. Los procesos matrimoniales y sus clases.
En el epígrafe “X. Oposición a las Resoluciones Administrativas en Materia de Protección de Menores y Procedimiento para Determinar la Necesidad del Asentimiento en la Adopción”, apartado “A) Oposición a las
resoluciones administrativas en materia de protección
de menores”, en las páginas 193 y 194, sustituir su contenido por:
“Los procedimientos en los que se sustancie la oposición
a las resoluciones administrativas en materia de protección
de menores tendrán carácter preferente.
Será competente para conocer de los mismos el Juzgado
de Primera Instancia del domicilio de la entidad protectora
y, en su defecto, o en los supuestos de los artículos 179 y
180 del Código Civil, la competencia corresponderá al tribunal del domicilio del adoptante (art. 779).
No será necesaria la reclamación previa en vía administrativa.
La oposición a la resolución administrativa por la que
se declare el desamparo de un menor podrá formularse en
el plazo de tres meses desde su notificación, y en el plazo de dos meses la oposición a las restantes resoluciones
administrativas que se dicten en materia de protección de
El tribunal reclamará a la entidad administrativa testimonio del expediente que deberá ser aportado en el plazo
Recibido el expediente se emplazará al actor por 20 días
para que presente la demanda, continuándose después por
los trámites del juicio verbal.”
En el apartado “B) Procedimiento para determinar la
necesidad del asentimiento en la adopción”, en su número “3)”, página 194, sustituir “que no podrá ser inferior a 20 días ni superior a 40” por:
“que no podrá ser superior a 20 días.”
Novedad que afecta a los Textos de los Temas:
ACUERDO de 17 de julio de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, en
materia de servicio de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
[BOE núm. 182 de 29 de julio de2008]
Tema que modifica:
Tema 2º Planta y organización de los Tribunales Penales.
En el epígrafe VI, Juzgados de Instrucción, subepígrafe 3. El servicio de Guardia, apartado A) Funciones del
servicio de guardia, letra b) Funciones de sustitución,
al final del segundo párrafo de la página 62 añadir en
“En cualquier caso, dichas decisiones corresponderán al
Juzgado de Instrucción en aquellas demarcaciones donde
no exista servicio de guardia de Juzgados de Violencia sobre
la Mujer, así como en aquellas otras en que, existiendo éste
servicio, la intervención judicial haya de producirse fuera
del período de tiempo en que preste servicio de guardia el
Juzgado de Violencia sobre la Mujer.”
Addenda de actualización. Derecho Procesal Penal
En el epígrafe X. Juzgados de Violencia sobre la Mujer,
subepígrafe 2. Competencia, al final del apartado A) Penal, en la página 67, añadir:
“e) Prestar el servicio de guardia de permanencia en los
partidos judiciales donde se haya establecido, en lo relativo
a las competencias que les son propias. En las actuaciones inaplazables que se presenten fuera de los periodos de
tiempo en que presten el servicio de guardia los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer, intervendrá el Juzgado de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción que en esos
momentos se encuentre prestando el servicio de guardia, el
cual remitirá las diligencias practicadas al órgano competente.”
LEY ORGÁNICA 2/2008, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, complementaria de la Ley para la ejecución en la Unión Europea de Resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.
[BOE núm. 293 de 5 de diciembre de 2008]
En el epígrafe III. AUDIENCIA NACIONAL, subepígrafe 2. Atribuciones en lo Penal, apartado A) Sala de lo
Penal (art. 65), sustituir el sexto párrafo de la página 50
“1) De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión
impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de
un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de
libertad, salvo en aquellos casos en que esta Ley atribuya
alguna de estas competencias a otro órgano jurisdiccional
En el epígrafe VI. JUZGADOS DE LO PENAL, subepígrafe
2. Atribuciones, después de su único párrafo, en la página
63, añadir en punto y aparte:
“Corresponde asimismo a los Juzgados de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito por
los Juzgados de Instrucción, y el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros
Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español.”
En el epígrafe XII. COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS
UNIPERSONALES EN EL ÁMBITO DE LA AUDIENCIA
NACIONAL, subepígrafe 2. Juzgados Centrales de lo Penal,
después de su único párrafo, en la página 70, añadir en
“Corresponde asimismo a los Juzgados Centrales de lo
Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por
delito por los Juzgados Centrales de Instrucción.”
LEY 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en
la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.
Tema 36º Cooperación jurídica internacional en materia
En el epígrafe VI. COOPERACIÓN JUDICIAL EUROPEA, apartado D) Otros Convenios, en su final, en la
página 1009, añadir:
“la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de
febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de
reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias ha sido
incorporada al Derecho español mediante la Ley 1/2008,
de 4 de diciembre, para la ejecución en la Unión Europea
de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias y su
finalidad es garantizar en España la máxima cooperación
judicial con el resto de Estados miembros de la Unión Europea.
Tiene por objeto, en primer lugar, regular el procedimiento a través del cual se van a transmitir, por parte de
las autoridades judiciales españolas, aquellas resoluciones
firmes por las que se exija el pago de una sanción pecuniaria (término que comprende las multas y la compensación
en beneficio de las víctimas o destinada a un fondo públi-
co u organización de apoyo a las víctimas) a una persona
física o jurídica como consecuencia de la comisión de una
infracción penal, a otros Estados miembros de la Unión
Y, en segundo lugar, en establecer el modo en el que las
autoridades judiciales españolas van a reconocer y a ejecutar tales resoluciones cuando les sean transmitidas por otro
Estado miembro. Ello tendrá lugar en aquellos supuestos
en que la persona sancionada posea propiedades, obtenga
ingresos o tenga su residencia habitual o su sede en otro
Estado miembro de la Unión Europea, distinto de aquel en
el que ha sido dictada la resolución
La base fundamental sobre la que se asienta ese procedimiento consiste en la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, que permite la ejecución casi automática de
la resolución transmitida, al no requerir de un proceso de
verificación de su conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado que va a ejecutarla. No obstante, como excepción al automatismo de la ejecución, la ley regula una serie
de motivos que justifican la denegación del reconocimiento
y la ejecución de la resolución. Asimismo, el procedimiento parte de la renuncia a la exigencia del control de doble
incriminación para aquellas infracciones establecidas en la
Nueva redacción del Tema 5º (conforme a la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público)
– Variedad de regímenes jurídicos
– Sistemas de función pública
Addenda de actualización. Derecho Administrativo y Derecho Laboral
La función pública. Evolución histórica de la función pública en
España. Regulación legal. Concepto de funcionario. Naturaleza y
contenido de la relación funcionarial. Derechos y deberes de los
funcionarios. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Situaciones administrativas. Responsabilidad de los funcionarios.
Las Administraciones para el cumplimiento de los fines
públicos que tienen encomendados, disponen de una serie
de medios, materiales y personales. Los primeros, de índole material, se refieren a los bienes, patrimoniales o de
dominio público, de las Administraciones. Y los segundos,
de naturaleza personal, comprenden al personal al servicio
A) el impresionante aumento, en la Administración moderna, del número de personas a su servicio, lo que algunos
han calificado como Estado burocrático, y
B) la gran variedad de regímenes jurídicos a los que se
encuentra sometido el personal de la Administración, así
podemos, en nuestro ordenamiento jurídico, distinguir entre:
1. Funcionarios de carrera: son los que en virtud de
nombramiento legal están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el
Derecho administrativo para el desempeño de servicios
profesionales retribuidos de carácter permanente (artículo
9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
2. Funcionarios de empleo: tienen un carácter no fijo y
a) Los interinos que por necesidades de servicio ocupan
plazas hasta que se cubran por Funcionarios de carrera y
lo hacen por razones justificadas de necesidad y urgencia
(artículo 10 del citado Estatuto Básico del Empleado Público), y
b) Los eventuales se integra por el personal de nombramiento y cese no permanente, que desempeña cargos
de confianza o asesoramiento especial, con nombramiento
discrecional (artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado
Algunos autores siguiendo un criterio muy amplio, como
Entrena Cuesta, incluye entre el personal al servicio de la
Administración otros supuestos como:
– Personal de carácter político (ministros, subsecretarios o alcaldes…).
– Quienes realizan prestaciones personales obligatorias
(los que prestan el servicio militar).
– Los colaboradores voluntarios y ocasionales de la Administración (el supuesto de particulares que colaboran en la extinción de un incendio).
– Los contratistas de obras públicas o los concesionarios de servicios públicos.
Esta diversidad puede sintetizarse, fundamentalmente,
en una dualidad la que se produce entre el régimen de función pública y el régimen laboral (los dos grupos más nume-
rosos), cuya coexistencia ha sido criticada por la doctrina
al considerar que produce importantes agravios, tensiones
y disfunciones. Sin embargo esta dualidad, estatutaria y laboral, ha sido declarada constitucional por la STC 99/1987,
Con el término función pública suele designarse, tanto
el conjunto de personas a disposición de la Administración que tiene a su cargo las funciones y servicios públicos,
como el régimen jurídico al que están sometidos y la organización que les encuadra.
II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FUNCIÓN
La evolución histórica de la organización burocrática
en España no empieza a estructurarse en forma moderna,
tal como ahora la conocemos, hasta el primer tercio del s.
XIX, y los intentos más serios de racionalización fueron los
- El Estatuto de Bravo Murillo, en 1852, que perfiló una
regulación más general.
Este es el primer cuerpo normativo que merece el calificativo de estatuto general de la función pública. No se
reconocía ni la inamovilidad de residencia ni la estabilidad
en el empleo, pues los funcionarios no tenían derecho a exigir la documentación que había motivado su separación,
suspensión o traslado.
- El Estatuto O’Donnell de 1866 que tuvo gran preocupación por la regulación de aspectos formales.
Este Estatuto ya regula aspectos formales de la organización funcionarías: hojas de servicio, escalafones. Se garantiza la estabilidad en el empleo y se regula la potestad
- El Estatuto de Maura, Ley de Bases de 1918, vigente
hasta la reforma de 1963.
Se regula más claramente la estabilidad en el empleo, y
se da por primera vez respuesta al asociacionismo y sindicalismo funcionarial.
- La Ley de Bases de 1963 y el Texto Articulado de 7 de
febrero de 1964, todavía parcialmente vigente.
Esta ley procedió a la desjerarquización de los cuerpos
generales y especiales, incrementando de esta forma la discrecionalidad política en el manejo de la burocracia. También con esta Ley se rompe la exclusiva del sistema de función pública, admitiendo otras formas de vinculación del
personal con la Administración (aparecen los funcionarios
eventuales o de confianza política, y los contratados laborales o en régimen de derecho administrativo).
La Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Esta Ley, junto con lo que
quedaba vigente de la Ley de 1964, constituía el régimen
general aplicable a la función pública.
Actualmente, el régimen vigente viene establecido en el
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley
7/2007, de 12 de abril, que regula el denominador común
—según artículo 149.1.7º y 18º de la CE— de la función pública, en relación con todas las Administraciones:
- Administraciones de las Comunidades Autónomas y de
- Organismos públicos, Agencias y demás Entidades de
derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones
a) Sistema abierto: consiste en la imitación del sistema
de las empresas privadas occidentales en las que se hace
una relación de puestos de trabajo y se recluta al personal
en función de las necesidades. Esta selección se hace para
un puesto de trabajo concreto. De este modo, no se entra
en un cuerpo ni se tiene derecho a hacer carrera u ocupar
puestos superiores sino sólo al desempeño del puesto para
b) Sistema cerrado, de carrera o de función pública propiamente dicho: parte de la idea de que el servicio a la Administración exige una formación diferenciada y más completa que la que proporciona el sistema educativo general.
Por ello su selección se hace a través de la acreditación de
conocimientos especiales (oposiciones). Sus elementos
fundamentales son el estatuto (mayores responsabilidades
que el personal privado), el cuerpo (se ingresa en un cuerpo jerarquizado y no en un puesto concreto) y la carrera
(como la posibilidad de ir variando el puesto de trabajo).
Este sistema se siguió en España hasta la reforma por Ley
de Bases de 1963.
Ninguno de estos sistemas se da en estado puro sino conjugando elementos de ambos en mayor o menor medida, que van cambiando según
las épocas y los lugares. Así el modelo español esta evolucionando desde
un sistema típico de inspiración francesa, cerrado, hacia un sistema más
abierto de influencia norteamericana (según la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado de 1964, y la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública y el Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril).
Para sistematizar el régimen jurídico de la función pública ha de comenzarse aludiendo a su regulación constitucional, para continuar en este y sucesivos apartados con su
específica regulación legal.
El art. 103.3 CE dispone: « La Ley regulará el Estatuto de
los Funcionarios Públicos, el acceso a la función pública de
acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y la garantía para la imparcialidad
en el ejercicio de sus funciones». Atribuyendo al Estado la
competencia exclusiva para la regulación de las bases del
régimen jurídico de los funcionarios a fin de garantizar a
los administrados un tratamiento igual ante las Administraciones públicas (artículo 149.1.18º CE). Esta reserva
competencial del Estado se refiere «a todas las Administraciones Públicas» (STC 99/1987,11 de junio).
El legislador cumple este mandato constitucional ahora
mediante el ya citado Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril. Si bien, antes
había dictado normas básicas aplicables en cuanto tales a
todas las Administraciones Públicas. Así cabe destacar la
Ley 30/84, 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, parcialmente derogada por la indicada
Ley 7/2007, que según la terminología del TC, establecía
unas «bases coyunturales» en esta materia.
El indicado Estatuto Básico, como antes la Ley 30/84,
completada con los preceptos no derogados de la Ley de
1964, constituye el régimen general de la función pública
en España. Las notas mas características de este régimen
jurídico son las siguientes:
a) La legislación básica, representada por el Estatuto Básico, crea el marco normativo que garantiza la selección y
la carrera sobre la base de los criterios constitucionales de
mérito y capacidad y establece un equilibrio entre derecho
y responsabilidades de los empleados públicos.
b) El régimen de la función pública, no obstante, no es
un sistema homogéneo que tenga como modelo único por
referencia a la Administración del Estado, sino que cada
Administración puede configurar su propia política de personal, sin merma de los necesarios elementos de cohesión y
de los necesarios instrumentos de coordinación, según señala la exposición de motivos del citado Estatuto Básico.
c) Las Relaciones de Puestos de Trabajo constituyen el
instrumento fundamental de ordenación de la función pública. Así Las Administraciones Públicas estructurarán su
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u
otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en
su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión
y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos
serán públicos, según dispone el artículo 74 del Estatuto
Básico citado.
d) Se respeta el concepto de Cuerpo, pues los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros
sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso
selectivo (artículo 75 del Estatuto Básico).
e) Los Cuerpos o Escalas se clasifican, por razón de la
titulación exigida para su acceso, en tres grupos —A, B y
C—, si bien el A y C se subdividen, respectivamente, en A1
y A2 y C1 y C2.
f) Las retribuciones van ligadas al desempeño del puesto
El concepto de funcionario público viene establecido
en el artículo 9.1 del Estatuto Básico que considera que
son aquellos que «en virtud de nombramiento legal, están
vinculados a una Administración Pública por una relación
estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el
desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter
1. La idea de la incorporación que excluye del carácter
de funcionario público al que ocasionalmente preste su servicio a la Administración.
2. La profesionalidad del funcionario, que excluye los
que actúan debido a su condición política.
4. El sometimiento al Derecho Administrativo, excluye al
Por el contrario, son funcionarios interinos (artículo 10
del Estatuto Básico) los que, por razones expresamente
justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como
tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias: a) La existencia de plazas vacantes cuando
no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. b)
La sustitución transitoria de los titulares. c) La ejecución
de programas de carácter temporal. d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de
Todas las notas características vistas sobre la definición
de funcionario público de carrera y del funcionario interino revelan que la nota de la permanencia ha dejado de
ser característico de la condición de funcionario, pues no
concurre en el funcionario interino. Así la admisión de un
personal laboral fijo, a cubierto además de los expedientes
de crisis y de la reducción de plantilla, dan al empleado público laboral la misma o mayor estabilidad material, aunque no formal, que al funcionario. Al fin y a la postre, como
señala Parada Vázquez, y desde una perspectiva material,
van a diferenciarse unos y otros en que al funcionario se
le exigirá una formación específica, y a pesar de su mayor
esfuerzo y preparación, no tendrá las ventajas de la negociación colectiva, ni el derecho al respeto estricto de los derechos adquiridos, ni, en fin, a la protección tuitiva y rápida
V. NATURALEZA Y CONTENIDO DE LA
La naturaleza de la relación que une a la Administración con el funcionario fue calificada originariamente de
relación contractual, nacida de un pacto o contrato. Más
concretamente fue considerada corno un arrendamiento de
servicios, que imponía a las partes unos derechos y deberes, cuyo contenido era inmodificable por la sola voluntad
Esta concepción, mas cercana al puro contrato privado
que al contrato administrativo —donde los poderes de modificación de la Administración, con las debidas compensaciones, está ampliamente reconocido—, ha ido cediendo
paulatinamente ante la tesis de la relación estatutaria derivada de un acto condición. En esta concepción estatutaria —importada de la jurisprudencia francesa—, el funcionario no estaría sujeto a una relación contractualmente
definida, sino unilateralmente establecida por el poder público, sujeto a normas legales y reglamentarias, situación a
la que se accedería después del nombramiento, que actúa
como condición de acceso a la situación funcionarial.
Esta discusión no es una simple cuestión dogmática, sino
que tiene indudables consecuencias prácticas, sobre todo
en orden a determinar los derechos adquiridos de los funcionarios. Así, mientras en la tesis contractual —incluso la
derivada de un contrato administrativo— cualquier modificación del «status» funcionarial afecta a los derechos adquiridos y, cuando menos, permite exigir indemnizaciones sustitutorias, por el contrario, la concepción estatutaria pone el
énfasis en los poderes de modificación de la Administración
sobre la relación funcionarial, reduciendo al mínimo la posibilidad de reclamaciones contra las variaciones introducidas
por vía legal o reglamentaria al «status» del funcionario.
El TC ha aplicado la tesis estatutaria a la relación funcionarial en el caso de la rebaja de la edad de jubilación,
declarando al respecto que el «funcionario que ingresa
al servicio de la Administración Pública se coloca en una
situación jurídica objetiva definida legal y reglamentariamente, y, por ello, modificable por uno u otro instrumento
normativo de acuerdo con los principios de reserva de ley
y de legalidad, sin que, consecuentemente pueda exigir que
la situación estatutaria quede congelada en los términos
en que se hallaba regulada al tiempo de su ingreso» (STC
99/1987, 11 de junio).
VI. DERECHOS Y DEBERES DE LOS
a) Derechos no económicos de los empleados públicos
en general, y de los funcionarios en particular (artículo 14 del Estatuto Básico):
1°) Derecho al cargo, que se manifiesta en su permanencia e inamovilidad. El derecho al cargo no significa el derecho a un puesto de trabajo concreto, sino el derecho de
permanencia en la función pública, el derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
3°) Derecho a la carrera profesional y a la promoción
interna según los principios constitucionales de igualdad,
4º) Derecho a participar en la consecución de objetivos
atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
5º) Derecho a la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos en que se sigan
ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del
7º) Derecho al respeto a su intimidad, orientación sexual,
propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.
9º) Derecho a la adopción de medidas que favorezcan la
12º) Derecho a la suspensión temporal de la función en
los casos siguientes: vacaciones, descansos, permisos y licencias, como en los casos de enfermedad, por matrimonio,
embarazo, para realizar estudios, o por asuntos propios.
14º) Derecho a las prestaciones de la Seguridad Social
b) Derechos de contenido económico (artículo 21 del
Estatuto Básico):
1°) Retribuciones básicas: son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un
determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por
su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas se incluyen los
componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias —dos al año—.
2°) Retribuciones complementarias son aquellas que
retribuyen las características del puesto de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados
alcanzados por el funcionario. La cuantía y estructura de
las retribuciones complementarias de los funcionarios se
establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: a) La progresión alcanzada por el funcionario
dentro del sistema de carrera administrativa. b) La especial
dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el
funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. d) Los servicios extraordinarios prestados
fuera de la jornada normal de trabajo.
b’) Posteriores a la relación de servicio:
c) Derechos colectivos de los funcionarios:
Los empleados públicos tienen los siguientes derechos
individuales que se ejercen de forma colectiva:
2º) A la negociación colectiva y a la participación en la
4º) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo,
de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
5º) Al de reunión, en los términos establecidos en el art.
46 del Estatuto Básico.
En el Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52
y siguientes, se establece por primera vez en nuestra legislación una regulación general de los deberes básicos de los
empleados públicos, fundada en principios éticos y reglas
de comportamiento, que constituye un auténtico código de
5º) deber de transparencia, ejemplaridad, honradez y
austeridad en la administración de fondos públicos
Estos deberes generales se desarrollan en una serie de
principios éticos y de conducta entre los que merecen mención especial los siguientes:
1º) Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y
el interés común, al margen de cualquier otro factor que
exprese posiciones personales.
2º) Su conducta se basará en el respeto de los derechos
fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna.
3º) Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan
un interés personal.
4º) No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando
pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.
5º) Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras
cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la
debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por
razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en
perjuicio del interés público.
6º) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a
sus superiores y a los restantes empleados públicos.
7º) Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales
de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
8º) Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en
condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido
Una reflexión especial merece el deber de neutralidad
política, la confidencialidad y la libertad de expresión del
funcionario. Es decir, si la condición de funcionario lleva
consigo la limitación del derecho fundamental a la libertad
A esta cuestión se le ha dado diversas respuestas. Así el
Civil Service inglés mantiene un tradicional criterio de prohibición absoluta del indicado derecho a los funcionarios.
Sin embargo, en Alemania la Constitución de Weimar de
1919 sostiene una solución liberal cuando dispone que «se
garantiza a todos los funcionarios la libertad de opinión
política». Una solución matizada es la francesa que trata
de distinguir según que la actividad política del funcionario
pueda o no «perturbar el funcionamiento normal del servicio». Por tanto, cuando el funcionario esta realizando los
cometidos propios de su función no puede hacer apología
política, pero cuando esta fuera de servicio solo tiene un
deber de reserva que será tanto más rigurosa cuanto mas
elevadas sean sus funciones.
En España, la libertad de expresión de los funcionarios
ha de ejercerse, según dispone el propio Estatuto Básico
—artículo 14.k)— “dentro de los límites del ordenamiento
jurídico”, es decir, conjugando la deber de confidencialidad
y demás deberes con el expresado derecho, según los contornos fijados por la doctrina del Tribunal Constitucional.
Y teniendo en cuenta que el propio Estatuto Básico impone, ex artículo 53.12, el deber de guardar secreto de las
materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida
legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que
puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.
En este sentido la STC 101/05, de 2 de junio, resume su
doctrina sobre la liberad de expresión de los funcionarios
públicos señalando que «recordarse la doctrina de este Tribunal sobre la libertad de expresión de los funcionarios que
se inició con la STC 81/1983, de 10 de octubre, en la que se
declaraba que si bien “en una primera etapa del constitucionalismo europeo... solía exigirse a los funcionarios públicos una fidelidad silente y acrítica respecto a instancias
políticas superiores y, por consiguiente, una renuncia... al
uso de determinadas libertades y derechos”, tras la Constitución española de 1978 hay factores que “contribuyen a
esbozar una situación del funcionario en orden a la libertad de opinión y a la de sindicación mucho más próxima a
la del simple ciudadano” (FJ 2). (…) Además de esa proximidad al status del ciudadano, la misma Sentencia advierte
que “ni todos los funcionarios cumplen los mismos servi-
cios ni todos los cuerpos poseen un mismo grado de jerarquización ni de disciplina interna” (FJ 2; doctrina reiterada
en la STC 141/1985, de 22 de octubre, FJ 3), líneas éstas de
argumentación en las que profundiza la STC 69/1989, de 20
de abril, que, tras reproducir las afirmaciones ya referidas,
indica que “el ejercicio de los mencionados derechos constitucionales se encuentra sometido a determinados límites,
algunos de los cuales son generales y comunes a todos los
ciudadanos y otros, además, pueden imponerse a los funcionarios públicos en su condición de tales, ya sea en virtud del grado de jerarquización o disciplina interna a que
estén sometidos, que puede ser diferente en cada cuerpo o
categoría funcionarial, ya sea según actúen en calidad de
ciudadanos o de funcionarios, ya en razón de otros factores
que hayan de apreciarse en cada caso, con el fin de comprobar si la supuesta transgresión de un límite en el ejercicio de un derecho fundamental pone o no públicamente
en entredicho la autoridad de sus superiores jerárquicos,
y si tal actuación compromete el buen funcionamiento del
servicio” (FJ 2)”».
VII. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA
A) Adquisición de la relación de servicio:
De manera que las necesidades de recursos humanos,
con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán
objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro
instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de
convocar los correspondientes procesos selectivos para las
plazas comprometidas. La Oferta de empleo público o instrumento similar se aprobará anualmente por los órganos
de Gobierno de las Administraciones Públicas, y deberá ser
publicada en el Diario oficial correspondiente.
La condición de funcionario se adquiere tras cumplir los
siguientes requisitos (artículo 62 del Estatuto Básico):
3º) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso,
del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del
B) Extinción de la condición de funcionario. Las causas
normales de extinción son (artículo 63 del Estatuto Básico):
4º) La sanción disciplinaria de separación del servicio
5º) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter
El Estatuto Básico regula las situaciones administrativas
en que pueden encontrarse los funcionarios en el artículo
85, que establece las siguientes situaciones:
1º) Servicio activo. Se hallan en situación de servicio
activo quienes presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u Organismo Público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación.
2º) Servicios especiales. En esta situación se encuentran los funcionarios que sean designados miembros del
Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades
Autónomas, miembros de Instituciones de la unión Europea o de las organizaciones internacionales o nombrados
para altos cargos de la Administración.
También estarán en situación de servicios especiales los
que sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo. Los designados para formar
parte del Consejo General del Poder Judicial y los demás
puestos previstos en el artículo 87 del Estatuto Básico.
3º) Servicio en otras Administraciones Públicas. Es
el caso de los funcionarios de carrera que, en virtud de los
procesos de transferencias o por los procedimientos de
provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una
Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas. Se
mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Administración a la que acceden se integren
5º) Suspensión de funciones. El funcionario declarado
en la situación de suspensión quedará privado durante el
tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus
funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de
trabajo cuando exceda de seis meses.
IX. RESPONSABILIDAD DE LOS
El control ordinario de la Administración se efectúa a
través de la revisión de sus actos y disposiciones por la
Jurisdicción Contencioso-administrativa. Pero también, y
aunque con escasa operatividad, el control de la actuación
de la Administración puede hacerse a través de la exigencia
de responsabilidad a los funcionarios, en sus tres formas:
responsabilidad penal, civil y disciplinaria.
La responsabilidad penal y la civil derivada del delito,
del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente (artículo 146.1 de la LRJPAC).
El concepto de funcionario a los efectos de la responsabilidad civil y penal es muy amplio pues se extiende también a los empleados públicos laborales, y a todos los que
ejercen funciones públicas. Así el artículo 24.2 del Código
Penal dispone que «Se considerará funcionario público todo
el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o
por nombramiento de autoridad competente participe en el
ejercicio de funciones públicas».
La responsabilidad disciplinaría, a tenor de lo dispuesto en el artículo 93 del Estatuto Básico, se aplica tanto a
los funcionarios como a cualquier empleado público. Así
el citado artículo dispone que «Los funcionarios públicos
y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario
establecido en el presente Título y en las normas que las Leyes
de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto».
La responsabilidad civil, según la regulación contenida en el artículo 145 de la LRJPAC, que ha suprimido la
denominada responsabilidad directa del empleado público
frente al lesionado, comprende dos supuestos:
a) La responsabilidad del funcionario frente a la Administración por vía de regreso. Cuando el particular lesionado ha dirigido su acción contra la Administración y ha sido
indemnizado por esta, puede en estos casos la Administración dirigirse y exigir responsabilidad al personal a su servicio que hubiera incurrido en dolo, culpa o negligencia
b) La responsabilidad directa del funcionario frente a la
Administración. Cuando la conducta del funcionario haya
perjudicado no a un particular sino a la propia Administración, podrá esta dirigirse contra el personal a su servicio
que hubiera incurrido en dolo, culpa o negligencia grave
(artículo 145.3 de la LRJPAC).
La responsabilidad disciplinaria es aquella que se desarrolla en el seno de la relación de servicio y en garantía
del cumplimiento de los derechos y deberes de los empleados públicos.
La potestad disciplinaria se justifica en la especial relación de poder en que se encuentra sometido voluntariamente el empleado público frente a la Administración y que no
tiene un alcance represivo mayor que el de la privación de
los derechos de la relación de servicio. Siendo la sanción
más grave la pérdida de la condición de funcionario, esto
es, la separación del servicio. Y para los empleados públicos el despido, ex artículo 96.1 y 2 del Estatuto Básico.
Así es, la separación del servicio de los funcionarios, que
en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la
comisión de faltas muy graves. Y, por su parte, el despido
disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar
la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con
funciones similares a las que desempeñaban.
Las faltas disciplinarias, ya desde la Ley de 1964 y ahora
reguladas en el Estatuto Básico, se clasifican en tres categorías:
• Muy graves como el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o a los Estatutos de Autonomía, o haber observado una conducta discriminatoria, abandono del
servicio, adopción de acuerdos manifiestamente ilegales, la
negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados
así por Ley o clasificados como tales, o el acoso laboral, entre otras conductas prevista en el artículo 95.2 del Estatuto
• Graves. Estas faltas serán establecidas por Ley de las
Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma o por los convenios
colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las
siguientes circunstancias: a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad. b) La gravedad de los daños causados al
interés público, patrimonio o bienes de la Administración o
de los ciudadanos. c) El descrédito para la imagen pública
• Leves. El régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias, será el que fijen las Leyes
de Función Pública que se dicten en desarrollo de Estatuto
Básico, ex artículo 95.4 del mismo.
• La separación del servicio: solo se puede imponer como
consecuencia de la comisión de una falta muy grave
y para los funcionarios públicos, si bien para el personal laboral está previsto como sanción para faltas
muy graves el despido disciplinario.
• Suspensión de funciones: para los funcionarios, o de
empleo y sueldo para el personal laboral, en ambos
casos con una duración máxima de seis años.
• Traslado forzoso: con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca.
• Demérito, que consistirá en la penalización a efectos
de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
• Cualquier otra que se establezca por Ley.
X. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y
El Estatuto Básico del Empleado Público establece el
catálogo de derechos, en los términos antes expuestos, distinguiendo entre los derechos de carácter individual y los
derechos colectivos, e incorporando a los derechos más
tradicionales otros de reciente reconocimiento, como el
derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Configura como un derecho individual, en el artículo
14.j), el derecho a “la adopción de medidas que favorezcan
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral”.
Para la efectividad de tal derecho individual, establece
entre los permisos de los funcionarios, ex artículo 48.1, que
las Administraciones Públicas, en general, determinarán
los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios
públicos y sus requisitos, efectos y duración. En defecto
de legislación aplicable los permisos y su duración serán,
al menos, los siguientes. Señalando, en lo que ahora nos
interesa, un permiso por el “tiempo indispensable para el
cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público
o personal y por deberes relacionados con la conciliación
de la vida familiar y laboral” (apartado j/ del citado artículo
En todo caso se establecen una serie de permisos, para
hacer real y efectiva la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con las correspondientes condiciones mínimas:
1.- Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis
semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos
semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por
cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto
múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores
trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por
maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute
de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de
descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o
sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir
disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación
de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a
tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen.
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por
cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará
en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado,
con un máximo de trece semanas adicionales.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar
en los cursos de formación que convoque la Administración.
2.- Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una duración
de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad
del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del
segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos.
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor
tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine.
Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de
adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho,
además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado
en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial
por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.
Durante el disfrute de este permiso también se podrá
participar en los cursos de formación que convoque la Administración.
Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en
las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración
no inferior a un año.
3.- Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de
quince días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a
partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial
por la que se constituya la adopción.
Este permiso es independiente del disfrute compartido
de los permisos contemplados en los apartados 1 y 2 antes
Novedad que afecta a los Textos:
Temas on line que modifica: TAMBIÉN TEMAS 4º,10º Y
Tema 4º.Las Administraciones Públicas II.
Tema 10º. Bienes de la Administración: clases y régimen
Tema 13º El urbanismo. I. (tema on line)
Tema 14º. El urbanismo. II. (tema on line)
Tema 15. El proceso contencioso-administrativo. I.
En el epígrafe III. La Administración Local, subepígrafe 1. Administración municipal, apartado B) Organización, en su primer párrafo, referido al Ayuntamiento
Pleno, en la página 91, añadir en punto y seguido:
“También es competente para aprobar los convenios que
tengan por objeto la alteración de cualquiera de los instrumentos de ordenación.”
En el epígrafe IV. La Expropiación Forzosa: Principios
Reguladores, Procedimiento y Garantías Jurisdiccionales, subepígrafe 1. Principios reguladores, apartado A)
Concepto, sustituir el cuarto párrafo de la página 214
“Sin embargo, en materia de valoraciones las disposiciones contenidas en la LEF solo resultan aplicables a las
expropiaciones de bienes muebles cuando éstos no tengan
criterio particular de valoración señalado por las Leyes especiales. En materia de expropiación de bienes inmuebles,
su valoración se regirá por lo previsto en la Ley que regule
Además, la expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística se regirá por lo dispuesto en el TR de
la Ley de Suelo de 2008 y en la LEF.”
En el mismo epígrafe IV., subepígrafe 2. Procedimiento, apartado 1º), letra c), suprimir el contenido del punto y seguido de la última línea de la página 217, que
comienza diciendo “Pues bien,...”, y su continuación en
el primer párrafo de la página 218, y sustituir por el
“Tras la entrada en vigor de la del Texto Refundido de la
Ley de Suelo, las valoraciones del suelo, las instalaciones,
construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos
sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en
dicha Ley cuando tengan por objeto:
a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas para la ejecución de la
b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la legislación que la
c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta
o sustitución forzosas.
d) La determinación de la responsabilidad patrimonial
Básicamente, en esta última, se parte de las dos situaciones en que puede hallarse el suelo, rural o urbanizado,
y ambos se valoran conforme a su naturaleza y situación
real, prescindiendo, como venía siendo denominador común en las anteriores leyes que regulaban la materia, de
su destino. En el suelo urbanizado los criterios de valoración persiguen determinar con la necesaria objetividad y
seguridad jurídica el valor de sustitución del inmueble en
el mercado por otro similar en su misma situación. Para la
valoración del suelo rural se adopta el método de la capitalización de rentas, pero sin olvidar que, sin considerar las
expectativas urbanísticas, la localización influye en el valor
No obstante todo ello, mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en la LS sobre criterios y métodos de cálculo de la valoración y en lo que sea compatible
con ella, se estará a lo dispuesto en el art. 137.3 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por RD 3288/1978,
de 25 de agosto, y a las normas de valoración de bienes
inmuebles y determinados derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, o disposición que la
sustituya (DT3ª.3 TRLS).”
TEMA 13º (tema on line)
En el epígrafe I. Urbanismo, subepígrafe 2. Antecedentes históricos, en la página 3, después del nº “6º)Ley
8/2007 …”, añadir:
“7º) Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo”.
En el subepígrafe 3. Regulación actual, apartado B)
Regulación Legal, letra a) Normativa estatal, suprimir
íntegro su contenido y sustituir por:
“El régimen legal vigente viene configurado por el Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley de suelo. En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final segunda de
la Ley 8/2007, éste Real Decreto Legislativo pretende dos
objetivos: de un lado aclarar, regularizar y armonizar la terminología y el contenido dispositivo de ambos textos legales, y de otro, estructurar y ordenar en una única disposición general una serie de preceptos dispersos y de diferente
naturaleza, procedentes del fragmentado Texto Refundido
de 1992, dentro de los nuevos contenidos de la Ley de Suelo de 2007, adaptados a las competencias urbanísticas, de
ordenación del territorio y de vivienda de las Comunidades
En el epígrafe II. Régimen Jurídico de la Propiedad del
Suelo, en la página 5, subepígrafe 1. El derecho de propiedad del suelo: peculiaridades, sustituir la segunda
línea de su segundo párrafo “Ley de Suelo de 2007”
“Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio”
El subepígrafe 2. Notas características de la Ley de
Suelo, sustituir por:
“Notas características del Texto Refundido de la Ley del
En ese mismo subepígrafe 2. del epígrafe II., en el final
de la página 5 e inicio de la página 6, sustituir todas las
referencias a la “Ley” por:
“Texto Refundido de la Ley del Suelo”
En el subepígrafe 3. Clasificación y calificación del suelo, en sus párrafos tercero y cuarto, página 6, sustituir
las referencias a la Ley del Suelo 2007 por:
En el subepígrafe 5. Régimen jurídico, en su número 1
referido a las facultades de los propietarios del suelo,
en el quinto párrafo de la página 9, que comienza diciendo “- La de edificar …”, al final del mismo añadir:
“Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea
preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y
urbanística. Su denegación deberá ser motivada. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.”
En el mismo subepígrafe 5., en su número 2 referido
a los deberes y cargas, al final del párrafo cuarto de la
página 10, que comienza diciendo “el deber de conservarlo supone …”, añadir:
“este deber constituirá el límite de las obras que deban
ejecutarse a costa de los propietarios, cuando la Administración las ordene por motivos turísticos o culturales, corriendo a cargo de los fondos de ésta las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interés general;”
En el mismo subepígrafe 5., en su número 3 referido a
los criterios básicos del régimen del suelo, al final del
párrafo quinto de la página once añadir:
“Las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán
de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran
situadas. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos de intervención que se dicten con infracción de la
ordenación de las zonas verdes o espacios libres previstos
en los instrumentos de ordenación urbanística.”
En el subepígrafe 5, que debe ser el “6. Reparto equitativo de beneficios y cargas”, en la última línea del final
del párrafo séptimo de la página 12, que comienza diciendo “-El efecto de la distribución equitativa de los
beneficios y cargar supone …”, sustituir el contenido
entre guiones: “definidos como finca y parcela en el artículo 17.1de la Ley de Suelo” por:
“—el suelo reservado para zonas verdes y dotaciones públicas y el suelo correspondiente que tenga como destino
patrimonio público del suelo—”
En el epígrafe IV. El Planeamiento, en el tercer párrafo
de la página 16 sustituir la referencia a la “Ley del Suelo de 2007” por:
Igualmente en el párrafo cuarto de la misma página 16
sustituir la referencia a la “Ley 8/2007 de 28 de mayo,
de Suelo” por:
En el mismo epígrafe IV., en el subepígrafe 3. Clases de
planes, al final de su párrafo décimosexto, que comienza diciendo “-Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas …”,
en la página 19, añadir:
“Además, los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística se publicarán en el «Boletín Oficial» correspondiente.
Respecto a las normas y ordenanzas contenidas en tales
instrumentos, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable.”
En el mismo subepígrafe 3., en la misma página 19, en
su párrafo cuarto que comienza diciendo “Los instrumentos de ordenación urbanística cuyo procedimiento
…”, añadir al final:
“En todo caso, en la tramitación de los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística deberá asegurarse el
trámite de audiencia a las Administraciones Públicas cuyas
competencias pudiesen resultar afectadas.”
En el epígrafe I. Ejecución del planeamiento, subepígrafe 5. Finalidades que cumple la ejecución, sustituir
la referencia a la Ley 8/2007, en el final de la página
tercera por:
En el mismo epígrafe I y subepígrafe 5., después del
párrafo primero de la página sexta, que comienza diciendo “Todos los instrumentos de ordenación …” añadir:
instrumentos, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable”
En el subepígrafe 6. Presupuestos jurídicos de la ejecución, en la página cuarta, en su número 2º) que comienza diciendo “Además el tipo de plan …”, sustituir
la referencia a la Ley 8/2007 por:
En el párrafo cuarto de la misma página cuarta, que
hace referencia a los “deberes legales para la transformación urbanística” sustituir la referencia a la Ley
8/2007 por:
En el final del mismo subepígrafe 5., en la página quinta, sustituir la referencia al artículo 16.3 de la Ley de
Suelo por:
“artículo 16.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo”
En el mismo epígrafe.I, subepígrafe 8. Sistemas de ejecución, en su segundo párrafo, en la página sexta, sustituir la referencia a la Ley de Suelo por:
En el epígrafe II. Intervención administrativa en materia urbanística: Las licencias, en el subepígrafe 3. Ámbito objetivo del deber de obtener licencia, sustituir su
primer párrafo, en la página novena, por el siguiente:
“La obligación de obtener licencia alcanza a todos los
actos de edificación. En este sentido, el artículo 8.1.b), párrafos 2º y 3º del TR Ley de Suelo, dispone que todo acto de
edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación
o autorización administrativa que sea preceptivo, según la
legislación de ordenación territorial y urbanística. Su denegación deberá ser motivada. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades
o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.”
En el párrafo segundo del mismo subepígrafe 3., sustituir su inicio hasta donde dice “art. 242.1 …” por:
“Con anterioridad a la vigencia del citado TR Ley de Suelo, que deroga el Texto Refundido de la LS de 1992, imponía la obligación de obtención de licencia en todo acto
de edificación el art. 242.1 del mismo, cuyo precepto no
fue declarado inconstitucional por la STC 61/1997. En este
sentido, el TC considera al respecto, en el fundamento jurídico 34 de la expresada sentencia, que el ahora derogado
artículo 242.1 …”
En el subepígrafe 5. Competencia para la concesión de
licencias, en la cuarta e inicio de la quinta línea de su
primer párrafo, en la página novena, sustituir “pero que
ahora ha sido derogado por la Ley de Suelo de 2007”
“que fue derogado por la Ley de Suelo de 2007”
En el mismo subepígrafe 5. en su párrafo segundo, también en la página novena, después de donde dice “tras
la Ley de Suelo de 2007” intercalar:
“y también tras el TR Ley de Suelo”
En igual subepígrafe 5., en su párrafo tercero suprimir
“ex art. 243.2 de la LS de 1992 no declarado inconstitucional ni derogado por la derogada LRSV, ni por la Ley
de Suelo de 2007” y sustituir por:
“ex art. 8.1.b) 2º TR Ley de Suelo”
En el epígrafe III. Disciplina urbanística, en la segunda
línea de su primer párrafo, después de “Ley de Suelo
de 2007”, intercalar:
“y ahora el TR Ley de Suelo”
En el mismo epígrafe III., en su número 2º), que comienza diciendo “La represión de las conductas …”,
después de su párrafo tercero, en la página undécima,
“Cuando con ocasión de los expedientes administrativos
que se instruyan por infracción urbanística o contra la ordenación del territorio aparezcan indicios del carácter de
delito o falta del propio hecho que motivó su incoación, el
órgano competente para imponer la sanción lo pondrá en
conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que hayan
podido incurrir los infractores, absteniéndose aquél de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad
judicial no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá
la imposición de sanción administrativa sin perjuicio de la
adopción de medidas de reposición a la situación anterior a
la comisión de la infracción. (art. 42 TR Ley de Suelo)”
En el epígrafe IV. La protección del medio ambiente,
en la segunda línea de su sexto párrafo, en la página
décimotercera, sustituir la referencia a la Ley de Suelo
de 2007 por:
“TR de la Ley de Suelo”
En el mismo epígrafe IV. en su octavo párrafo sustituir
la referencia a la Ley de Suelo 2007 por:
En igual epígrafe IV, en su noveno párrafo, segunda línea, sustituir la referencia a la Ley de Suelo por:
“en el artículo 2.2 de TR Ley de Suelo de 2008”
En el mismo epígrafe IV., en su párrafo décimo sustituir la referencia a la Ley de Suelo de 2007 por:
En el epígrafe V. Las partes: Legitimación y Postulación, subepígrafe 2. La legitimación, apartado A) Legitimación activa, página 336, en su quinto párrafo en letra pequeña, suprimir de2sde “El del art. 304 …”, hasta
“… precepto en su disposición derogatoria única)” y
sustituir por lo siguiente:
“El art. 48 del Texto Refundido de la Ley de Suelo de
9788498764758
Fiscal. Coordinador de la Sección Civil de la Fiscalía Provincial de Valencia, Preparador de opositores a Ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, Profesor Asociado de Derecho Civil CRISTINA DOMÉNECH GARRET GONZALO LÓPEZ EBRI JOSÉ FLORS MATÍES Magistrada Suplente de la Audiencia Provincial de Valencia Actualizaciones a cargo de Colección dirigida por: Published on issuu