Source: https://www.slideshare.net/EUROsociAL-II/convencin-naciones-unidas-contra-la-corrupcin
Timestamp: 2017-04-29 20:53:38
Document Index: 68911475

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 23', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 46', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 55', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'artículo 32', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'artículo 4', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 44', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'artículo 26', 'artículo 1', 'Artículo 47', 'Artículo 48']

El salvador frente a las convencion...
Convenio MACCHI 2016
by Politecnico Los A...
a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y
eficientemente la corrupción;
b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia
técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de
c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida
gestión de los asuntos y los bienes públicos.
Convención de las Naciones Unidas contra la CorrupciónPreámbulo Los Estados Parte en la presente Convención, Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea lacorrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar lasinstituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometerel desarrollo sostenible y el imperio de la ley, Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas dedelincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica,incluido el blanqueo de dinero, Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastascantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de losrecursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollosostenible de esos Estados, Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local paraconvertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades yeconomías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla yluchar contra ella, Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio ymultidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción, Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica puededesempeñar un papel importante para que los Estados estén en mejores condicionesde poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre otras cosasfortaleciendo sus capacidades y creando instituciones, Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede serparticularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economíasnacionales y el imperio de la ley, Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transferenciasinternacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la cooperacióninternacional para la recuperación de activos, Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los procesospenales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre derechos depropiedad, Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción sonresponsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con elapoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público,como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizacionesde base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces, 1 2.
Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción, Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la prevención y la lucha contra la corrupción, Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales y regionales en esta esfera, incluidas las actividades del Consejo de Cooperación Aduanera (también denominado Organización Mundial de Aduanas), el Consejo de Europa, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Africana y la Unión Europea, Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales encaminados a prevenir y combatir la corrupción, incluidos, entre otros la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 19961, el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 26 de mayo de 19972, el Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos el 21 de noviembre de 19973, el Convenio de derecho penal sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 27 de enero de 19994, el Convenio de derecho civil sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de noviembre de 19995 y la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción, aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana el 12 de julio de 2003, Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de septiembre de 2003, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional6, Han convenido en lo siguiente: __________________ 1 Véase E/1996/99. 2 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C 195, 25 de junio de 1997. 3 Véase Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta E.98.III.B.18). 4 Consejo de Europa, European Treaty Series, Nº 173. 5 Ibíd., Nº 174. 6 Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I.2 3.
Capítulo IDisposiciones generales Artículo 1 Finalidad La finalidad de la presente Convención es: a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz yeficientemente la corrupción; b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistenciatécnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación deactivos; c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debidagestión de los asuntos y los bienes públicos. Artículo 2 Definiciones A los efectos de la presente Convención: a) Por “funcionario público” se entenderá: i) toda persona que ocupe uncargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya seadesignado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual seala antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe unafunción pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o quepreste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte yse aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte;iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno deun Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidasen el capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por “funcionariopúblico” toda persona que desempeñe una función pública o preste un serviciopúblico según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en laesfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; b) Por “funcionario público extranjero” se entenderá toda persona queocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un paísextranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una funciónpública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresapública; c) Por “funcionario de una organización internacional pública” se entenderáun empleado público internacional o toda persona que tal organización hayaautorizado a actuar en su nombre; d) Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales oincorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos oinstrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichosactivos; e) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índolederivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito; 3 4.
f) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de asumir la custodia o el control temporales de bienes sobre la base de una orden de un tribunal u otra autoridad competente; g) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente; h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 23 de la presente Convención; i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar un delito e identificar a las personas involucradas en su comisión. Artículo 3 Ámbito de aplicación 1. La presente Convención se aplicará, de conformidad con sus disposiciones, a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y al embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 2. Para la aplicación de la presente Convención, a menos que contenga una disposición en contrario, no será necesario que los delitos enunciados en ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado. Artículo 4 Protección de la soberanía 1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. 2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades. Capítulo II Medidas preventivas Artículo 5 Políticas y prácticas de prevención de la corrupción 1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los4 5.
asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligaciónde rendir cuentas. 2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficacesencaminadas a prevenir la corrupción. 3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentosjurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si sonadecuados para combatir la corrupción. 4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principiosfundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con lasorganizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoción yformulación de las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa colaboraciónpodrá comprender la participación en programas y proyectos internacionalesdestinados a prevenir la corrupción. Artículo 6 Órgano u órganos de prevención de la corrupción 1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales desu ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, segúnproceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como: a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de lapresente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de la puestaen práctica de esas políticas; b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevenciónde la corrupción. 2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en elpárrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad con losprincipios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñarsus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Debenproporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que seannecesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para eldesempeño de sus funciones. 3. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las NacionesUnidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que puedan ayudara otros Estados Parte a formular y aplicar medidas concretas de prevención de lacorrupción. Artículo 7 Sector público 1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con losprincipios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemasde convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleadospúblicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantenery fortalecer dichos sistemas. Éstos: a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criteriosobjetivos como el mérito, la equidad y la aptitud; 5 6.
b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de esas personas a otros cargos; c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado Parte; d) Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y les proporcionen capacitación especializada y apropiada para que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones. Tales programas podrán hacer referencia a códigos o normas de conducta en las esferas pertinentes. 2. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elección a cargos públicos. 3. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos. 4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas. Artículo 8 Códigos de conducta para funcionarios públicos 1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos. 2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas. 3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada Estado Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales, tales como el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que figura en el anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea General de 12 de diciembre de 1996. 4. Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de6 7.
corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en elejercicio de sus funciones. 5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con losprincipios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas paraexigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridadescompetentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y conempleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan darlugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionariospúblicos. 6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidadcon los principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o deotra índole contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normasestablecidos de conformidad con el presente artículo. Artículo 9 Contratación pública y gestión de la hacienda pública 1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales desu ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemasapropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia ycriterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas,para prevenir la corrupción. Esos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener encuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas: a) La difusión pública de información relativa a procedimientos decontratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones einformación pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de quelos licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentarsus ofertas; b) La formulación previa de las condiciones de participación, incluidoscriterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación; c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopciónde decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación dela aplicación correcta de las reglas o procedimientos; d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz deapelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no serespeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente párrafo; e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cuestionesrelativas al personal encargado de la contratación pública, en particulardeclaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones públicas,procedimientos de preselección y requisitos de capacitación. 2. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales desu ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover latransparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública.Esas medidas abarcarán, entre otras cosas: a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional; 7 8.
b) La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos; c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente; d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno; y e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente párrafo. 3. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias en los ámbitos civil y administrativo para preservar la integridad de los libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos públicos y para prevenir la falsificación de esos documentos. Artículo 10 Información pública Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas: a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público; b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública. Artículo 11 Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público 1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del poder judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros del poder judicial. 2. Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas con idéntico fin a las adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en los Estados Parte en que esa institución no forme parte del poder judicial pero goce de independencia análoga.8 9.
Artículo 12 Sector privado 1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales desu derecho interno, adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar lasnormas contables y de auditoría en el sector privado, así como, cuando proceda,prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas ydisuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas. 2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consistir,entre otras cosas, en: a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacercumplir la ley y las entidades privadas pertinentes; b) Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados asalvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos códigosde conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividadescomerciales y de todas las profesiones pertinentes y para la prevención de conflictosde intereses, así como para la promoción del uso de buenas prácticas comercialesentre las empresas y en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado; c) Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuandoproceda, medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y naturalesinvolucradas en el establecimiento y la gestión de empresas; d) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a lasentidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la concesión desubsidios y licencias por las autoridades públicas para actividades comerciales; e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas,durante un período razonable, a las actividades profesionales de ex funcionariospúblicos o a la contratación de funcionarios públicos en el sector privado tras surenuncia o jubilación cuando esas actividades o esa contratación estén directamenterelacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas por esos funcionariospúblicos durante su permanencia en el cargo; f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura ytamaño, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar aprevenir y detectar los actos de corrupción y por que las cuentas y los estadosfinancieros requeridos de esas empresas privadas estén sujetos a procedimientosapropiados de auditoría y certificación. 3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las medidasque sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos internos relativos almantenimiento de libros y registros, la divulgación de estados financieros y las normasde contabilidad y auditoría, para prohibir los siguientes actos realizados con el fin decometer cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención: a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros; b) La realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas; c) El registro de gastos inexistentes; 9 10.
d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objeto; e) La utilización de documentos falsos; y f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo previsto en la ley. 4. Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de gastos que constituyan soborno, que es uno de los elementos constitutivos de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15 y 16 de la presente Convención y, cuando proceda, respecto de otros gastos que hayan tenido por objeto promover un comportamiento corrupto. Artículo 13 Participación de la sociedad 1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes: a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones; b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información; c) Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios; d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros; ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral públicas. 2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a dichos órganos, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.10 11.
Artículo 14 Medidas para prevenir el blanqueo de dinero 1. Cada Estado Parte: a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisiónde los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personasnaturales o jurídicas que presten servicios oficiales u oficiosos de transferencia dedinero o valores y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de sujurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilización para el blanqueo dedinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y endicho régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación delcliente y, cuando proceda, del beneficiario final, al establecimiento de registros y ala denuncia de las transacciones sospechosas; b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del artículo 46 de la presenteConvención, que las autoridades de administración, reglamentación y cumplimientode la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero(incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridadesjudiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar información en los ámbitosnacional e internacional, de conformidad con las condiciones prescritas en elderecho interno y, a tal fin, considerará la posibilidad de establecer una dependenciade inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis ydifusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero. 2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viablespara detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulosnegociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que garanticen la debidautilización de la información y sin restringir en modo alguno la circulación decapitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares ylas entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidadeselevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes. 3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidasapropiadas y viables para exigir a las instituciones financieras, incluidas las queremiten dinero, que: a) Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de fondos ymensajes conexos información exacta y válida sobre el remitente; b) Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos; y c) Examinen de manera más minuciosa las transferencias de fondos que nocontengan información completa sobre el remitente. 4. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión conarreglo al presente artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículode la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen como guía lasiniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales ymultilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero. 5. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover lacooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridadesjudiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin decombatir el blanqueo de dinero. 11 12.
Capítulo III Penalización y aplicación de la ley Artículo 15 Soborno de funcionarios públicos nacionales Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales; b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. Artículo 16 Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario de una organización internacional pública, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción comercial u otro beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales. 2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un funcionario público extranjero o un funcionario de una organización internacional pública, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales. Artículo 17 Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.12 13.
Artículo 18 Tráfico de influencias Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidaslegislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuandose cometan intencionalmente: a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o acualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido con elfin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuestapara obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un beneficioindebido que redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquierotra persona; b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otrapersona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en suprovecho o el de otra persona con el fin de que el funcionario público o la personaabuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administración oautoridad del Estado Parte un beneficio indebido. Artículo 19 Abuso de funciones Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidaslegislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuandose cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo, es decir, larealización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionariopúblico en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebidopara sí mismo o para otra persona o entidad. Artículo 20 Enriquecimiento ilícito Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de suordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar lasmedidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito,cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, elincremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de susingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él. Artículo 21 Soborno en el sector privado Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidaslegislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuandose cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras ocomerciales: a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta,a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier funciónen ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otrapersona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o seabstenga de actuar; 13 14.
b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar. Artículo 22 Malversación o peculado de bienes en el sector privado Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales, la malversación o el peculado, por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado a esa persona por razón de su cargo. Artículo 23 Blanqueo del producto del delito 1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito; b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito; ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión. 2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo: a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes; b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como mínimo, una amplia gama de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;14 15.
c) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes seincluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del EstadoParte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de unEstado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el actocorrespondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se hayacometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del EstadoParte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiesecometido allí; d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las NacionesUnidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y decualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta; e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de unEstado Parte, podrá disponerse que los delitos enunciados en el párrafo 1 delpresente artículo no se aplican a las personas que hayan cometido el delitodeterminante. Artículo 24 Encubrimiento Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Convención, cadaEstado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otraíndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometanintencionalmente tras la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados conarreglo a la presente Convención pero sin haber participado en ellos, elencubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de que dichos bienesson producto de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presenteConvención. Artículo 25 Obstrucción de la justicia Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que seannecesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, elofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona aprestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio o la aportaciónde pruebas en procesos en relación con la comisión de los delitos tipificados conarreglo a la presente Convención; b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar elcumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de losservicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de losdelitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Nada de lo previsto en elpresente artículo menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer delegislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos. 15 16.
Artículo 26 Responsabilidad de las personas jurídicas 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos. 4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo. Artículo 27 Participación y tentativa 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cualquier forma de participación, ya sea como cómplice, colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente Convención. 2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, toda tentativa de cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convención. 3. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, la preparación con miras a cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convención. Artículo 28 Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como elemento de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas. Artículo 29 Prescripción Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.16 17.
Artículo 30 Proceso, fallo y sanciones 1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados conarreglo a la presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la gravedad deesos delitos. 2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias paraestablecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y susprincipios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidadeso prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios públicos para elcumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser preciso, de procederefectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitostipificados con arreglo a la presente Convención. 3. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultadeslegales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relacióncon el enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con arreglo a lapresente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas parahacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta lanecesidad de prevenirlos. 4. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presenteConvención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con suderecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos de ladefensa, con miras a procurar que, al imponer condiciones en relación con ladecisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación, se tenga presentela necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimientopenal ulterior. 5. Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos pertinentesal considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertadcondicional a personas que hayan sido declaradas culpables de esos delitos. 6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en la medidaen que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamientojurídico, procedimientos en virtud de los cuales un funcionario público que seaacusado de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención pueda, cuandoproceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad correspondiente,teniendo presente el respeto al principio de presunción de inocencia. 7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que ellosea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cadaEstado Parte considerará la posibilidad de establecer procedimientos parainhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un períododeterminado por su derecho interno, a las personas condenadas por delitostipificados con arreglo a la presente Convención para: a) Ejercer cargos públicos; y b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado. 8. El párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el ejercicio defacultades disciplinarias por los organismos competentes contra empleadospúblicos. 17 18.
9. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que regulan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que esos delitos habrán de ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho. 10. Los Estados Parte procurarán promover la reinserción social de las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Artículo 31 Embargo preventivo, incautación y decomiso 1. Cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso: a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto; b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se haga referencia en el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso. 3. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para regular la administración, por parte de las autoridades competentes, de los bienes embargados, incautados o decomisados comprendidos en los párrafos 1 y 2 del presente artículo. 4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, éstos serán objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo. 5. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación. 6. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido dicho producto o de bienes con los que se haya entremezclado ese producto del delito también serán objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito. 7. A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario.18 19.
8. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a undelincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o deotros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con losprincipios fundamentales de su derecho interno y con la índole del proceso judicialu otros procesos. 9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio delos derechos de terceros de buena fe. 10. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de quelas medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el derechointerno de los Estados Parte y con sujeción a éste. Artículo 32 Protección de testigos, peritos y víctimas 1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con suordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger demanera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos yperitos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a la presenteConvención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas. 2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podránconsistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derechoa las garantías procesales, en: a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas,incluida, en la medida de lo necesario y posible, su reubicación, y permitir, cuandoproceda, la prohibición total o parcial de revelar información sobre su identidad yparadero; b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y peritospresten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas, por ejemploaceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación como lavideoconferencia u otros medios adecuados. 3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos oarreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas en elpárrafo 1 del presente artículo. 4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a lasvíctimas en la medida en que sean testigos. 5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que sepresenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en etapasapropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ellomenoscabe los derechos de la defensa. Artículo 33 Protección de los denunciantes Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamientojurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo tratoinjustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de 19 20.
buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Artículo 34 Consecuencias de los actos de corrupción Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva. Artículo 35 Indemnización por daños y perjuicios Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con los principios de su derecho interno, para garantizar que las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización. Artículo 36 Autoridades especializadas Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u órganos formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus funciones. Artículo 37 Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley 1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en la comisión de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención a que proporcionen a las autoridades competentes información útil con fines investigativos y probatorios y a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a los delincuentes del producto del delito, así como a recuperar ese producto. 2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apropiados, la mitigación de la pena de toda persona acusada que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.20 21.
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidadcon los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidadjudicial a toda persona que preste cooperación sustancial en la investigación o elenjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 4. La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la prevista en elartículo 32 de la presente Convención. 5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo seencuentren en un Estado Parte y puedan prestar cooperación sustancial a lasautoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte interesados podránconsiderar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con suderecho interno, con respecto a la eventual concesión, por el otro Estado Parte, deltrato previsto en los párrafos 2 y 3 del presente artículo. Artículo 38 Cooperación entre organismos nacionales Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidadcon su derecho interno, para alentar la cooperación entre, por un lado, susorganismos públicos, así como sus funcionarios públicos, y, por otro, susorganismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos. Esa cooperación podráincluir: a) Informar a esos últimos organismos, por iniciativa del Estado Parte,cuando haya motivos razonables para sospechar que se ha cometido alguno de losdelitos tipificados con arreglo a los artículos 15, 21 y 23 de la presente Convención; o b) Proporcionar a esos organismos toda la información necesaria, previasolicitud. Artículo 39 Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, deconformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre losorganismos nacionales de investigación y el ministerio público, por un lado, y lasentidades del sector privado, en particular las instituciones financieras, por otro, encuestiones relativas a la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presenteConvención. 2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de alentar a sus nacionalesy demás personas que tengan residencia habitual en su territorio a denunciar ante losorganismos nacionales de investigación y el ministerio público la comisión de tododelito tipificado con arreglo a la presente Convención. Artículo 40 Secreto bancario Cada Estado Parte velará por que, en el caso de investigaciones penalesnacionales de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, existan en suordenamiento jurídico interno mecanismos apropiados para salvar todo obstáculo 21 22.
que pueda surgir como consecuencia de la aplicación de la legislación relativa al secreto bancario. Artículo 41 Antecedentes penales Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los fines que estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad de un presunto delincuente en otro Estado a fin de utilizar esa información en actuaciones penales relativas a delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Artículo 42 Jurisdicción 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando: a) El delito se cometa en su territorio; o b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión. 2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando: a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales; b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o c) El delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente Convención; o d) El delito se cometa contra el Estado Parte. 3. A los efectos del artículo 44 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales. 4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite. 5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 ó 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otros Estados Parte están realizando una investigación, un proceso22 23.
o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentesde esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas. 6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presenteConvención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por losEstados Parte de conformidad con su derecho interno.Capítulo IVCooperación internacional Artículo 43 Cooperación internacional 1. Los Estados Parte cooperarán en asuntos penales conforme a lo dispuestoen los artículos 44 a 50 de la presente Convención. Cuando proceda y esté enconsonancia con su ordenamiento jurídico interno, los Estados Parte considerarán laposibilidad de prestarse asistencia en las investigaciones y procedimientoscorrespondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con lacorrupción. 2. En cuestiones de cooperación internacional, cuando la dobleincriminación sea un requisito, éste se considerará cumplido si la conductaconstitutiva del delito respecto del cual se solicita asistencia es delito con arreglo ala legislación de ambos Estados Parte, independientemente de si las leyes del EstadoParte requerido incluyen el delito en la misma categoría o lo denominan con lamisma terminología que el Estado Parte requirente. Artículo 44 Extradición 1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con arreglo a lapresente Convención en el caso de que la persona que es objeto de la solicitud deextradición se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido, siempre ycuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derechointerno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, losEstados Parte cuya legislación lo permita podrán conceder la extradición de unapersona por cualesquiera de los delitos comprendidos en la presente Convenciónque no sean punibles con arreglo a su propio derecho interno. 3. Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos, de los cuales almenos uno dé lugar a extradición conforme a lo dispuesto en el presente artículo yalgunos no den lugar a extradición debido al período de privación de libertad queconllevan pero guarden relación con los delitos tipificados con arreglo a la presenteConvención, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente artículo tambiénrespecto de esos delitos. 4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo seconsiderará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado deextradición vigente entre los Estados Parte. Éstos se comprometen a incluir talesdelitos como causa de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre 23 24.
sí. Los Estados Parte cuya legislación lo permita, en el caso de que la presente Convención sirva de base para la extradición, no considerarán de carácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 5. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo. 6. Todo Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de un tratado deberá: a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si considerará o no la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente Convención; y b) Si no considera la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición, procurar, cuando proceda, celebrar tratados de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención a fin de aplicar el presente artículo. 7. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como causa de extradición entre ellos. 8. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras cosas, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición. 9. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo. 10. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición. 11. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en24 25.
particular en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras agarantizar la eficiencia de dichas actuaciones. 12. Cuando el derecho interno de un Estado Parte sólo le permita extraditar oentregar de algún otro modo a uno de sus nacionales a condición de que esa personasea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena impuesta como resultadodel juicio o proceso por el que se solicitó la extradición o la entrega y ese EstadoParte y el Estado Parte que solicita la extradición acepten esa opción, así como todaotra condición que estimen apropiada, tal extradición o entrega condicional serásuficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 11 delpresente artículo. 13. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla unacondena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del EstadoParte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de conformidad con losrequisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado Parterequirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendientede dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente. 14. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a todapersona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera delos delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce de todos losderechos y garantías previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyoterritorio se encuentre esa persona. 15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse comola imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tienemotivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin deperseguir o castigar a una persona en razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad,origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a laposición de esa persona por cualquiera de estas razones. 16. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradiciónúnicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias. 17. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuandoproceda, consultará al Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad depresentar sus opiniones y de proporcionar información pertinente a su alegato. 18. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales ymultilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia. Artículo 45 Traslado de personas condenadas a cumplir una pena Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos oarreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda personaque haya sido condenada a pena de prisión u otra forma de privación de libertad poralgún delito tipificado con arreglo a la presente Convención a fin de que cumpla allísu condena. 25 26.
Artículo 46 Asistencia judicial recíproca 1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención. 2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada responsable de conformidad con el artículo 26 de la presente Convención en el Estado Parte requirente. 3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes: a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas; b) Presentar documentos judiciales; c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos; d) Examinar objetos y lugares; e) Proporcionar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos; f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles; g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios; h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente; i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado Parte requerido; j) Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el producto del delito, de conformidad con las disposiciones del capítulo V de la presente Convención; k) Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del capítulo V de la presente Convención. 4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la autoridad a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo a la presente Convención. 5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la información. Las26 27.
autoridades competentes que reciben la información deberán acceder a todasolicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de quese impongan restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no obstará para que elEstado Parte receptor revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoriade una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al EstadoParte transmisor antes de revelar dicha información y, si así se le solicita, consultaráal Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar conantelación, el Estado Parte receptor informará sin demora al Estado Parte transmisorde dicha revelación. 6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligacionesdimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan,total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca. 7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes quese formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie entre los EstadosParte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando esos EstadosParte estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las disposicionescorrespondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar,en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a losEstados Parte a que apliquen esos párrafos si facilitan la cooperación. 8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar laasistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo. 9. a) Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al presente artículo,en ausencia de doble incriminación, el Estado Parte requerido tendrá en cuenta lafinalidad de la presente Convención, enunciada en el artículo 1; b) Los Estados Parte podrán negarse a prestar asistencia con arreglo alpresente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. No obstante, elEstado Parte requerido, cuando ello esté en consonancia con los conceptos básicosde su ordenamiento jurídico, prestará asistencia que no entrañe medidas coercitivas. Esaasistencia se podrá negar cuando la solicitud entrañe asuntos de minimis ocuestiones respecto de las cuales la cooperación o asistencia solicitada esté previstaen virtud de otras disposiciones de la presente Convención; c) En ausencia de doble incriminación, cada Estado Parte podrá considerarla posibilidad de adoptar las medidas necesarias que le permitan prestar unaasistencia más amplia con arreglo al presente artículo. 10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en elterritorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte parafines de identificación, para prestar testimonio o para que ayude de alguna otraforma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuacionesjudiciales respecto de delitos comprendidos en la presente Convención podrá sertrasladada si se cumplen las condiciones siguientes: a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento; b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo,con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas. 27 28.
11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo: a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa; b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada, según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte; c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución; d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada. 12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada. 13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado Parte disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá designar a otra autoridad central que desempeñará la misma función para dicha región o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser posible. 14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el idioma o28 29.
idiomas que le son aceptables. En situaciones de urgencia, y cuando los EstadosParte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo serconfirmadas sin demora por escrito. 15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente: a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud; b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o lasactuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de laautoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones; c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate desolicitudes de presentación de documentos judiciales; d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquierprocedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se aplique; e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda personainteresada; y f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación. 16. El Estado Parte requerido podrá pedir información adicional cuando seanecesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derechointerno o para facilitar dicho cumplimiento. 17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno delEstado Parte requerido y, en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible,de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud. 18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentalesdel derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un EstadoParte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante autoridadesjudiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud del otro, podrápermitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible oconveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente en el territoriodel Estado Parte requirente. Los Estados Parte podrán convenir en que la audienciaesté a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista aella una autoridad judicial del Estado Parte requerido. 19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previoconsentimiento del Estado Parte requerido, la información o las pruebasproporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos oactuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuestoen el presente párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, en susactuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada.En este último caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado Parte requeridoantes de revelar la información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará alEstado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar conantelación, el Estado Parte requirente informará sin demora al Estado Parterequerido de dicha revelación. 20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requeridomantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la 29 30.
medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado Parte requirente. 21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada: a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo; b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales; c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohíba a sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia; d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial recíproca. 22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias. 23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente. 24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado Parte requirente podrá pedir información razonable sobre el estado y la evolución de las gestiones realizadas por el Estado Parte requerido para satisfacer dicha petición. El Estado Parte requerido responderá a las solicitudes razonables que formule el Estado Parte requirente respecto del estado y la evolución del trámite de la solicitud. El Estado Parte requirente informará con prontitud al Estado Parte requerido cuando ya no necesite la asistencia solicitada. 25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte requerido si perturba investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso. 26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado Parte requirente para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá cumplir las condiciones impuestas. 27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de30 31.
culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado Parterequerido. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona hayatenido, durante quince días consecutivos o durante el período acordado por losEstados Parte después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de quelas autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir delpaís y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o regreselibremente a él después de haberlo abandonado. 28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitudserán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parteinteresados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastoscuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se consultarán paradeterminar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como lamanera en que se sufragarán los gastos. 29. El Estado Parte requerido: a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentosoficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme asu derecho interno, tenga acceso el público en general; b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgueapropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial de losdocumentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y que,conforme a su derecho interno, no estén al alcance del público en general. 30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad decelebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que contribuyan a lograr losfines del presente artículo y que lleven a la práctica o refuercen sus disposiciones. Artículo 47 Remisión de actuaciones penales Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse a actuacionespenales para el enjuiciamiento por un delito tipificado con arreglo a la presenteConvención cuando se estime que esa remisión redundará en beneficio de la debidaadministración de justicia, en particular en casos en que intervengan variasjurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del proceso. Artículo 48 Cooperación en materia de cumplimiento de la ley 1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con susrespectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar laeficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitoscomprendidos en la presente Convención. En particular, los Estados Parte adoptaránmedidas eficaces para: a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos yservicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar elintercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitoscomprendidos en la presente Convención, así como, si los Estados Parte interesadoslo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas; 31 Recommended
El salvador frente a las convenciones internacionales - Aurora Cubías - SSTA
Politecnico Los Andes