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Timestamp: 2017-09-26 03:56:25
Document Index: 46560325

Matched Legal Cases: ['artículo 138', 'artículo 99', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 66', 'artículo 103', 'artículo 70', 'in fine']

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Sentencia T.S.J. Cataluña 582/2013 de 27 de mayo
Diligencia de embargo: Traba de retribuciones. Falta de notificación de Providencia de apremio. Devolución de las cantidades indebidamente ingresadas. Prescripción de la deuda tributaria. Estimación.
RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) 143/2010
Partes: Elena C/ T.E.A.R.C.
SENTENCIA N.º 582
D. EMILIO ARAGONES BELTRAN
D. DIMITRY T. BERBEROFF AYUDA
D. JOSE LUIS GOMEZ RUIZ
En la ciudad de Barcelona, a veintisiete de mayo de dos mil trece.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo n.º 143/2010, interpuesto por Elena, representado por el/la Procurador/a D. MARTA DALMASES ROVIRA, contra T.E.A.R.C., representado por el ABOGADO DEL ESTADO.
Ha sido Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D. DIMITRY T. BERBEROFF AYUDA, quien expresa el parecer de la SALA.
Primero.—Por el/la Procurador/a D. MARTA DALMASES ROVIRA, actuando en nombre y representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución que se cita en el Fundamento de Derecho Primero.
Segundo.—Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Tercero.—Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.
Cuarto.—En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Primero.—Constituye el objeto del presente recurso jurisdiccional, la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), de fecha 29 septiembre 2009 que estima en parte el incidente de ejecución relativo a la reclamación planteada por Dña. Elena contra acuerdo de la Administración Tributaria de 3 junio 2008, de ejecución de previa resolución del TEARC de 25 octubre 2007, en cuya virtud se estimó la reclamación económico administrativa NUM000 mantenida por la aquí recurrente contra diligencia de embargo que ordenaba la traba de sus retribuciones y de la que se derivó una traba efectiva sobre la cantidad de 35.396,06 €.
Segundo.—A los efectos de resolver la presente contienda conviene relatar, brevemente, las circunstancias que constituyen el soporte fáctico de la resolución enjuiciada.
La Administración Tributaria embargó las retribuciones que Dña. Elena percibía de la sociedad "La Samarreta d'Aran SL", para cubrir una deuda total de 273.085,54 €.
Contra este embargo, en fecha 23 diciembre 2003, la expresada contribuyente interpuso reclamación económico-administrativa NUM000, aduciendo que el embargo no se ajustaba a derecho.
La expresada reclamación económico administrativa fue estimada mediante resolución del TEARC de 25 octubre 2007, anulando el embargo trabado, de acuerdo con la siguiente fundamentación jurídica:
"El artículo 138.2 de la ley 230/63 de 28 de diciembre , en redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, establece que: "2. La falta de notificación de la providencia de apremio será motivo de impugnación de los actos que se produzcan en el curso del procedimiento de apremio" y el artículo 99.2 del Reglamento General de Recaudación Real Decreto 1684/90 de 20 de diciembre (RGR) dispone que: "La falta de la providencia de apremio podrá ser motivo de impugnación de las actuaciones ejecutivas sobre el patrimonio del deudor".
En el presente caso, en el expediente no hay constancia de ninguna notificación de Providencia de apremio que pudiese haber dado lugar al embargo ahora impugnado."
En ejecución de la resolución de 25 octubre 2007 la Administración tributaria dictó acuerdo de 3 junio 2008 con el siguiente contenido:
-Anular el acto impugnado, diligencia de embargo...
-Anular las notificaciones de las providencias de apremio de las liquidaciones....
-Reconocer el derecho a la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas como consecuencia del acto que se anula por importe de 35.396,06 €, más los correspondientes intereses de demora...
No obstante, mediante escrito presentado el 3 de Julio 2009 la recurrente manifiesta que la oficina gestora no dio cumplimiento a la Resolución de 25 octubre 2007 ni a su propio Acuerdo de 3 junio 2008, porque hasta la fecha no se había hecho efectiva la devolución, instando incidente de ejecución de esta última resolución.
Tercero.—Por su parte, la resolución del TEARC directamente impugnada, esto es, la de fecha 29 septiembre 2009 que estima en parte el incidente de ejecución, da cuenta de que la oficina gestora le remitió un escrito en el que se señalaba que si bien había sido reconocida la devolución de tales cantidades, habían sido objeto de retención puesto que las providencias de apremio ya habían sido nuevamente notificadas.
En la resolución impugnada, el TEARC, tras referirse al artículo 68 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, considera que el acuerdo de ejecución se acomoda estrictamente a lo resuelto por este Tribunal, puesto que la oficina gestora ha anulado el embargo reconociendo el derecho a la devolución de las cantidades embargadas más los correspondientes intereses de demora.
Ahora bien, en su fundamentación jurídica el TEARC justifica la falta de devolución de dichas cantidades de acuerdo con la siguiente argumentación:
"No obstante, es de ver que, al parecer, la devolución efectiva no ha sido practicada ya que tras la notificación de los títulos ejecutivos han sido retenidas tales cantidades a fin de proceder a su posterior traba; pero tal retención tan sólo podrá ser mantenida en la medida en que efectivamente se convierte en diligencia de embargo dictada en forma reglamentaria, y tras el impago de la deuda después de la debida notificación de las providencias de apremio, que no consta documentalmente acreditada."
Cuarto.—A la vista de lo expresado en los fundamentos jurídicos anteriores, la Sala debe proclamar la necesidad de estimar el presente recurso jurisdiccional.
No obstante, dado el contenido argumental de la demanda, conviene realizar previamente una serie de precisiones con el designio de ceñir nuestro pronunciamiento a los constituye el objeto de la resolución impugnada.
En efecto, la demanda tras exponer los antecedentes del caso y glosar los hechos más relevantes, esgrime como motivos de fondo la nulidad radical del procedimiento administrativo remontándose a la falta de notificación de las liquidaciones tributarias así como a la falta de notificación de las providencias de apremio giradas con posterioridad por la AEAT, argumentación que, en su opinión, permite patrocinar la prescripción de la deuda tributaria y de la acción para su reclamación así como la caducidad del expediente al haber expirado el plazo para su finalización.
Sin perjuicio de que el presente recurso jurisdiccional habrá de ser estimado conforme a los razonamientos de más abajo se consignarán -con la consiguiente nulidad de la resolución impugnada en la medida que justifica la retenciones de unas cantidades derivadas de un embargo previamente anulado por el propio TEARC-, no cabe, sin embargo, analizar la prescripción de la deuda tributaria (y la caducidad del expediente) por cuanto excede notoriamente del objeto del incidente de ejecución y, en consecuencia, del presente recurso jurisdiccional, tal y como cabía ya advertir a partir del rechazo de la prueba documental 2 y 3 (mediante providencia del 19 octubre 2010 confirmada en súplica por Auto de 18 noviembre 2010).
En efecto, a tenor del artículo 68 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, "si el interesado está disconforme con el nuevo acto que se dicte en ejecución de la resolución, podrá presentar un incidente de ejecución que deberá ser resuelto por el tribunal que hubiese dictado la resolución que se ejecuta."
Dicho incidente de ejecución tiene un objeto ciertamente limitado toda vez que el propio precepto citado constriñe al órgano revisor a declarar la inadmisibilidad del incidente de ejecución respecto de aquellas cuestiones que se planteen sobre temas ya decididos por la resolución que se ejecuta, sobre temas que hubieran podido ser planteados en la reclamación cuya resolución se ejecuta
Pues bien, habiéndose anulado el embargo decretado por la Administración tributaria, así como la específica traba sobre la cantidad de 35.396,06 €, no es sino dichos actos recaudatorios ejecutivos los que perfilan el objeto del incidente de ejecución y, consecuentemente, del presente recurso jurisdiccional.
Evidentemente pretender ahora un análisis global de todo el procedimiento administrativo de liquidación (previo al embargo decretado) excede con mucho de los estrechos límites en los que se debe ubicar el incidente de ejecución.
No obstante lo anterior, como hemos anticipado, el recurso jurisdiccional debe ser objeto de estimación, pues de lo contrario se avalaría una auténtica vía de hecho cometida por la Administración.
En efecto, cumple recordar que a tenor del artículo 66 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, los actos resolutorios de los procedimientos de revisión " serán ejecutados en sus propios términos", salvo que se hubiera acordado la suspensión de la ejecución del acto inicialmente impugnado y dicha suspensión se mantuviera en otras instancias.
Pues bien, ejecutar la resolución del TEARC de 25 octubre 2007, en sus propios términos exigía un pronunciamiento claro ordenando, por un lado, el levantamiento del embargo y, por otro lado, la devolución de las cantidades indebidamente trabadas sin que sea posible retener dichas cantidades a la espera de que se díctese nuevos actos administrativos (providencias de apremio) que permitieran con posterioridad trabar un nuevo embargo.
Esa retención de las cantidades supone una infracción del ordenamiento jurídico al erigirse en una vía de hecho proscrita en virtud de una elemental aplicación del principio de legalidad a cuyos dictados debe someterse la Administración pública (artículo 103 CE).
Consecuentemente, procederá estimar el presente recurso jurisdiccional revocando la resolución impugnada y ordenar a la Administración que proceda al levantamiento efectivo del embargo que fue anulado mediante resolución del TEARC de 17 octubre 2007, así como a la devolución de la cantidad de 35.396,06 € con sus correspondientes intereses, y ello con independencia de que, incluso, tras el planteamiento del incidente de ejecución resuelto por la resolución aquí impugnada, se hubiesen dictado nuevos actos recaudatorios, los cuales, deberán proyectar sus efectos pro futuro pero no servir para justificar la retención de unas cantidades que debieron haber sido objeto de devolución al anularse el embargo.
Quinto.—Las anteriores argumentaciones hacen obligada la estimación del presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin que a tenor de la regulación contenida en el art. 139 de la LJCA se aprecie la concurrencia de méritos suficientes para hacer expresa imposición de las costas procesales causadas.
Estimar el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña arriba expresada, que se anula por no ser conforme a derecho, con los efectos consignados en el fundamento jurídico cuarto in fine de la presente sentencia; sin expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento.
Notifíquese esta sentencia a las partes, y luego que gane firmeza líbrese certificación de la misma y remítase juntamente con el respectivo expediente administrativo al órgano demandado, quien deberá llevar aquélla a puro y debido efecto, sirviéndose acusar el oportuno recibo.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.