Source: https://martinbecerra.wordpress.com/2013/08/17/ley-audiovisual-a-casi-4-anos-de-su-sancion-balance-con-distintas-fuentes/
Timestamp: 2016-10-26 11:14:46
Document Index: 43182570

Matched Legal Cases: ['Artículo 89', 'in fine', 'in fine', 'Artículo 67', 'artículo 18', 'artículo 130']

Ley audiovisual a casi 4 años de su sanción, balance con distintas fuentes | QUIPU
Ley audiovisual a casi 4 años de su sanción, balance con distintas fuentes	17
Aunque el título de la nota de Federico Strifezzo en Perfil trivializa un tema mucho más complejo, el texto presenta opiniones cruzadas de fuentes diversas sobre la (in)aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina.
DISPAREN CONTRA EL MONOPOLIO
Pieza central del relato kirchnerista, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está por cumplir cuatro años de vigencia, pero no se aplica. Todo lo que podría estar ya en funcionamiento y se posterga por la pelea con la corpo.
Por Federico Strifezzo | 17/08/2013 | 06:44
Cruzada. El Gobierno ha hecho de la batalla contra “el monopolio” uno de los elementos centrales de su lucha política. Los ideales de una comunicación más democrática han sido postergados sistemáticamente.
Artículo 89: espectro radioeléctrico. Uno de los aspectos más celebrados de la actual ley es el que reserva el 33% del éter para los actores sin fines de lucro “en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura”. Para esto es fundamental la realización de un plan técnico que la ley establece en distintas partes de su texto y que hasta el momento no ha sido hecho. Natalia Vinelli, de Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias, explica: “La ley no alcanza por sí misma, es necesario que se aplique. En relación con el 33% del espectro para los sin fines de lucro se avanzó muy poco. Hubo casos de FM que se otorgaron a través de procesos lentos y en provincias grandes donde hay disponibilidad. Pero en lugares pequeños, en AM y en TV no se avanzó nada”. En relación con los concursos que se abrieron hasta el momento, señala que “son excluyentes. En 2011 hubo dos llamados. Entre otras cosas se exigía la compra de pliegos de entre 40 y 140 mil pesos y 24 mil pesos más para el alquiler del Arsat. También nos pedían contar con operadores profesionales y presentar un plan de inversiones. Todo esto no tiene nada que ver con el funcionamiento de las emisoras comunitarias porque nosotros seguimos una lógica distinta que las emisoras comerciales. En ese momento salimos a criticar estas medidas con las que se concursaron 220 frecuencias que obtuvieron tres oferentes y ninguna asignación. Los concursos se suspendieron y según la resolución 929 publicada en julio de 2012 se elaborarían nuevas bases y condiciones en un plazo de treinta días. Ya pasó más de un año y seguimos esperando”.
Artículo 67: cuota de pantalla. Entre varias medidas para impulsar la producción y el consumo de contenidos nacionales, este artículo determina que “los licenciatarios de servicios de televisión abierta deberán exhibir en estreno televisivo en sus respectivas áreas de cobertura, y por año calendario, ocho películas de largometraje nacionales, pudiendo optar por incluir en la misma cantidad hasta tres telefilmes nacionales”. Julio Raffo, presidente del bloque de Proyecto Sur en la Legislatura porteña, presentó junto a Pino Solanas y Alcira Argumedo una denuncia judicial contra Martín Sabbatella por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la denuncia se destaca que “sin justificación legal alguna la Afsca no cumple con lo dispuesto por el art. 67 de la Ley 26.522 y su decreto reglamentario respecto de la Cuota de Pantalla del cine nacional”. Raffo, que es miembro fundador de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, relata: “La ley es noble y tiene muchos aspectos positivos que están subordinados a la pelea del Gobierno con algunos medios opositores. La cuota de pantalla para el cine es una de las tantas cosas que no se están cumpliendo sin justificativo alguno. Yo soy jurado en el Festival Internacional de Cortos de Oberá, que ya tiene diez años, y hace poco vinieron funcionarios de la Afsca a hablar sobre las políticas federales de la ley. En esa oportunidad les pregunté cuántos contratos habían firmado hasta el momento entre canales de TV y películas en producción y me contestaron que no sabían. Si los funcionarios que manda la Afsca a un festival no saben en qué estado de cumplimiento se encuentran los artículos vinculados con el cine estamos en problemas. Otra de las cosas que no se están cumpliendo es la creación de un registro de películas en producción ni se están exhibiendo las ocho películas al año. Todo esto sucede con la complicidad entre la autoridad de aplicación y los canales y está perjudicando el desarrollo de la producción nacional de cine”.
Artículos 18 y 130: órganos de control y aplicación. La ley impulsa la creación de diversos espacios de control e implementación que fueron celebrados, en un principio, por su carácter plural e independiente del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, hasta ahora, algunos de estos organismos están constituidos a medias, no están en funcionamiento o no han sido creados. Mientras el directorio de la Afsca funciona sin estar plenamente constituido luego de que se vetara la asignación del representante del FAP, Alejandro Pereyra, el artículo 18 de la ley establece la creación de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual que deberá, entre otras cosas, “velar por el cumplimiento de las obligaciones de Radio y Televisión Argentina (RTA)” y “evaluar el desempeño de los miembros de la Afsca y del Defensor del Público”. La senadora del Frente Cívico cordobés, Norma Morandini, que integra la Comisión Bicameral, afirma que la última vez que se reunieron fue el 16 de octubre de 2012. “La inactividad de la comisión desde el momento de su constitución revela mejor que nada que la ley fue concebida como un instrumento de poder político. Se está eludiendo la función de controlador que la Comisión Bicameral tiene por mandato de la ley. Por eso, cuatro años después de la sanción de una ley que venía a democratizar la palabra se da el contrasentido de que decir lo que se piensa en nuestro país se ha convertido en un acto de coraje”, señala. Otro organismo que aún no se ha creado es el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos el cual, según el artículo 130, deberá controlar el funcionamiento de RTA y presentar sus conclusiones a la Comisión Bicameral.
Por F.S. | 17/08/2013 | 06:50
Durante los últimos años se transformó el rol de los medios masivos de comunicación. La supuesta objetividad que cubrió su funcionamiento durante décadas como un aura que los asociaba a la verdad es un rasgo en el que ya no muchos creen y que fue reemplazado, o comienza a ser reemplazado por concepciones más cercanas a sus intereses.
Santiago Marino, por ejemplo, propone la idea de “agentes corporativos de la información” para comprender a actores que cuentan con capacidad económica y política para afectar y definir en grado importante el escenario de la discusión y acción cotidiana.En este mismo sentido, Martín Becerra habla del fin de la “inmaculada concepción” para señalar que, al igual que el resto de las instituciones públicas o privadas, los medios de comunicación tienen intereses parciales.
La discusión en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) fue un antes y un después en este cambio de paradigma al dar cuenta, entre otras cosas, del obstáculo que significaba para la diversidad informativa la enorme concentración de la propiedad en pocas manos o la centralización geográfica de los contenidos en torno a Buenos Aires. Las reacciones suscitadas hacia distintos puntos del articulado y la falta de adecuación por parte de los actores más relevantes contribuyeron para transformar la manera en la que los medios son mirados.
Según Becerra: “Se logró algo que no es poco pero que es paralelo a la ley. Me refiero a la discusión social que es inédita y que permitió a su vez tener una conciencia social y política que no existía en el país sobre la influencia de los medios de comunicación en torno a sus intereses empresariales o sus conexiones con el sistema político. Todo esto es un avance”.
Desde la Afsca, Torrillate destaca la doble función que en este sentido viene a cumplir la ley: “No se trata solamente de regular el mercado de los medios sino de generar un cambio de paradigma comunicacional que es radical. Y este cambio no debemos realizarlo sólo nosotros sino también los licenciatarios e incluso la sociedad entera”.
En este contexto, lo que suceda con la LSCA se vuelve central ya que así como su implementación integral mantendrá de relieve estas nuevas percepciones, su incumplimiento terminará por ocultarlas.
Como señala Marino: “Un avance importante es el de empezar a reconocer a los medios como actores sociales, políticos y económicos. Hoy la mayor parte de la sociedad politizada reconoce a los medios en este sentido. Y esto es una novedad, un cambio cultural que es hijo del proceso, no del kirchnerismo. Ahora, ¿cuánto puede durar sin una aplicación plena de la norma? Poco”.