Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-55.CODI.%29
Timestamp: 2020-04-05 04:56:35
Document Index: 332400924

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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 55, de 22/11/2016
cve: BOCG-12-D-55
161/000849 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de dotar a Galicia de más Juzgados y más personal en el ámbito de la Justicia ... (Página5)
161/000854 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas que permitan solucionar algunos de los problemas que la aplicación Lexnet está generando ... (Página8)
161/000860 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España ... (Página9)
161/000836 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de abrir un diálogo con la Xunta de Galicia para el traspaso de la Isla de Tambo (Pontevedra) ... (Página10)
161/000862 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento de la jurisprudencia europea en materia de derechos laborales del personal interino de la Administración Pública ... (Página12)
161/000837 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la remodelación del enlace de Benalmádena Este, del tramo libre de peaje de la autopista AP-7 ... (Página13)
161/000838 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al inicio de actuaciones para la ampliación de la pista del aeropuerto de San Sebastián ... (Página15)
161/000844 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a medidas a implementar en el aeropuerto de Foronda, Vitoria-Gasteiz ... (Página16)
161/000856 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la modernización y mejora de la línea férrea que une A Coruña y Ferrol ... (Página17)
161/000858 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la supresión de los trenes de mercancías de la red de ancho métrico de Galicia ... (Página19)
161/000859 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las mejoras de la red ferroviaria de Cercanías en Galicia ... (Página20)
161/000861 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la discriminación de la ciencia canaria por la negativa de las compañías aéreas a transportar animales destinados a la investigación ... (Página22)
161/000848 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al reconocimiento, de oficio, de las incapacidades de los emigrantes retornados ... (Página24)
161/000851 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un nuevo convenio para la ampliación de la Estrategia Canaria de Mejora del Espacio Público Turístico ... (Página27)
161/000857 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al proceso de segregación de las centrales eléctricas de las fábricas de ferroaleaciones en Ferroatlántica S.A. ... (Página29)
161/000863 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la pobreza energética, el bono social y la garantía de suministro eléctrico para consumidores vulnerables ... (Página30)
161/000842 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas relativas a la protección del plátano de Canarias ante la próxima firma del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Ecuador ... (Página32)
161/000852 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a revisar el Reglamento 1224/2009 del Consejo de 20 de noviembre de 2009 ... (Página34)
161/000839 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reconocimiento del grado de discapacidad del 33% a los niños con cáncer ... (Página34)
161/000843 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desarrollar las acciones necesarias para mejorar el diagnóstico y tratamiento de las pacientes afectadas por endometriosis ... (Página36)
161/000846 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación de la accesibilidad y equidad del Sistema Nacional de Salud ... (Página37)
161/000855 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la creación de un Registro Nacional de Donantes de gametos y preembriones ... (Página37)
161/000864 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los fondos de cohesión y garantía asistencial sanitaria con el fin de incrementar la equidad y calidad del Sistema Nacional de Salud ... (Página38)
161/000840 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la movilidad cultural de artistas y proyectos culturales canarios ... (Página40)
161/000841 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la dignificación, señalización y conversión en museos de espacios de la memoria de la Guerra Civil y la Dictadura ... (Página42)
161/000853 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la financiación a través del denominado 1,5% cultural de las actuaciones comprometidas con la UNESCO para la designación de Patrimonio Mundial en la zona de amortiguamiento del Sitio de los Dólmenes de Antequera, así como en el conjunto arqueológico ... (Página43)
161/000845 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la representación paritaria en los órganos y nombramientos del Congreso de los Diputados ... (Página44)
161/000847 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas ante el incremento del intrusismo y la piratería en el transporte público de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas ... (Página45)
161/000865 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la equiparación de procedimientos y criterios para el reconocimiento del grado de discapacidad de los niños y niñas con cáncer ... (Página46)
181/000024 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre mantenimiento del compromiso del Gobierno de que en el año 2018 finalicen las obras del AVE a Galicia ... (Página48)
181/000025 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre previsiones acerca de las fases, calendario y dotación presupuestaria para la ejecución de las obras del AVE a Galicia en el tramo con destino a Pontevedra y Vigo pasando por Cerdedo ... (Página48)
181/000026 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre mantenimiento del compromiso del Gobierno de que la variante de Cerdedo del AVE a Galicia inicie sus obras en el año 2017 ... (Página48)
181/000027 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre fecha prevista para la finalización de las obras del AVE a Galicia con vía doble en todo su recorrido ... (Página49)
181/000028 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre nuevos tramos del AVE a Galicia que se prevé poner en marcha durante el año 2017 y consecuencias que tendrán en los tiempos respecto de los actuales ... (Página49)
181/000023 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre fecha prevista para dar cumplimiento a lo expuesto en la Proposición no de Ley relativa al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y las trabajadoras eventuales del campo en Andalucía, aprobada en la Comisión de Empleo y Seguridad Social el día 05/10/2016 ... (Página49)
161/000849
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de los Diputados y Diputadas, Miguel Anxo Fernández Vello, Yolanda Díaz Pérez y Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Justicia relativa a la necesidad de dotar a Galicia de más Juzgados y más personal en el ámbito de la Justicia.
El colapso generalizado de la Justicia, su lentitud, es un viejo mal de este ámbito que sigue sin resolverse.
El atasco en los Juzgados de Galicia es un fenómeno que con la crisis económica se agudizó especialmente en los Juzgados de lo Social. Actualmente Galicia cuenta con 350 jueces y magistrados que trabajan en salas de Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar. Y solo quince de refuerzo.
Las deficiencias, insuficiencias, falta de medios materiales y de personal, además de la necesidad de más Juzgados, son constantes en la enorme maquinaria de la Justicia. Y muy doloroso en lo que concierne a la atención debida a los casos de violencia de género. Recordemos que sólo hay un Juzgado en A Coruña y otro en Vigo.
Un 34,51% de los juzgados gallegos, algo así como uno de cada tres, soportan más trabajo del que pueden asumir. Es la conclusión del informe sobre carga de trabajo elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a partir de los datos del año 2013, y que se hizo público en 2015, ochenta y ocho las salas superan el indicador del 150% que, según los módulos fijados por el CGPJ, determina una carga de trabajo superior a la que debería ser la media.
La saturación mayor según el CGPJ, la sufren los juzgados de Primera Instancia, pues cuarenta y cuatro de los cuarenta y siete que hay en Galicia superan ese índice del 150%. En el caso de los juzgados de Familia sucede algo similar. De los siete que funcionan en el territorio gallego, seis están saturados. También lo están tres de los cinco juzgados de lo Mercantil y cuatro de las siete secciones de lo Penal de las Audiencias Provinciales, concretamente las número uno y dos de A Coruña, la dos de la Audiencia de Lugo y la cinco de la Audiencia pontevedresa, con sede en Vigo.
En la jurisdicción Social la situación tampoco es alentadora. Un 61% de las salas soportan más carga de la que pueden asumir. En concreto, dieciséis de los veintiséis órganos de este tipo rebasan esa barrera del 150 % marcada por el Consejo General del Poder Judicial. Un órgano de lo Contencioso, once de Primera Instancia e Instrucción y tres de lo Penal deben hacer frente completan el listado de aquellos que tienen que lidiar con más expedientes de los que son capaces de resolver de acuerdo con sus medios.
Las siete ciudades, donde más casos se presentan y donde más órganos judiciales hay, concentran la mayor saturación. A Coruña y Vigo lideran la lista de juzgados con más carga de trabajo, con veintidós y diecinueve órganos respectivamente que superan ese índice del 150 %. En Lugo son diez las salas colapsadas, ocho en Ourense y Santiago y cinco en Pontevedra y Ferrol.
Según el informe del CGPJ, los juzgados de Primera Instancia e Instrucción con sobrecarga de trabajo son los números 1 y 2 de Viveiro, los tres de Vilagarcía, los números 1 y 2 de Cangas, el número 4 de Cambados, el número 2 de Redondela, el 1 de O Porriño, y el 1 también de Marín.
El documento del CGPJ señala que cincuenta órganos judiciales gallegos tienen una pendencia superior a la media de Galicia. La pendencia es la relación de asuntos pendientes al final de un determinado periodo y los casos resueltos en ese mismo periodo. La tasa de pendencia de los juzgados gallegos es alta.
En el caso de las secciones penales de las Audiencias Provinciales, si la pendencia media es de 441, tres secciones superan con mucho esas cifras. La pendencia en la número 1 de A Coruña fue de 754, y en la número 2, de 847. En la número 5 de Pontevedra fue de 705.
La pendencia media en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción es 667, y nueve órganos superan esa cifra. En Primera Instancia, 433, un baremo que superan veintiuna salas. Los juzgados de Familia tienen una pendencia media de 735 asuntos, y fueron cuatro los que superaban ese número en el año 2013.
La pendencia media en los juzgados de lo Mercantil fue de 461 asuntos, cifra que superaron tres salas. En el caso de los juzgados de lo Penal fueron dos los que sobrepasaron la media de asuntos pendientes, que fue de 955. En la jurisdicción Social la pendencia media fue de 905 asuntos, cifra que sobrepasaron diez juzgados. Por último, en el ámbito de lo Contencioso la media de 311 asuntos pendientes fue ampliamente rebasada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago, con 1.043.
Todos estos datos proceden del informe del Consejo General del Poder Judicial conocido en 2015.
La lentitud de la Justicia es un elemento que exaspera a la ciudadanía que se siente impotente ante el enorme retraso de sus casos. A finales de 2014 había en los juzgados gallegos 152.000 casos abiertos. Según datos también del CGPJ, a lo largo del 2013 llegaron a los juzgados 464.109 expedientes, una cifra que se aumentó en el 2014 un 1,4 %, hasta alcanzar los 470.502 asuntos.
Si se comparan los datos con la media estatal, Galicia, como es habitual, sale perdiendo.
Es destacable el hecho de que ocho juzgados gallegos superen el 200% de carga de trabajo. Aludimos al juzgado de Primera Instancia número 3 de Ferrol, con un 201%; el Mercantil número 1 de A Coruña (203,8 %); el de Primera Instancia número 5 de A Coruña (202,96%), el de Primera Instancia número 8 de A Coruña (205 %); el de Primera Instancia número 2 de Lugo (271,46 °/0, la media más alta de Galicia); Primera Instancia número 5 de Ourense (213,81); Primera Instancia número 3 de Vigo (208) y el juzgado de Familia de Santiago (204,45).
En marzo pasado, el Vicepresidente de la Xunta y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), mantenían una reunión de la Comisión Mixta para analizar la carga de trabajo de los juzgados gallegos y las principales necesidades, así como la necesidad de creación de nuevos juzgados.
El Ministerio de Justicia explicító su disposición a crear nuevos órganos jurisdiccionales este año 2016 en Galicia, después de años de parón en este sentido. Pero su ofrecimiento es limitado, no cubre las necesidades del territorio gallego en este ámbito. El Ministerio reduce las necesidades de Juzgados de Galicia a dos o tres, cifra que se queda muy corta para las necesidades existentes.
En la reunión se abordó asimismo temas relativos a la extensión de las nuevas tecnologías y la implantación del expediente judicial, el refuerzo de personal y la implantación del Plan de Infraestructuras Judiciales. En canto a medios, se pidió un aumento del personal para hacer frente en tiempo y forma a los casos y demandas que presentan los ciudadanos.
El TSXG demanda más órganos judiciales para Galicia aunque resalta especialmente A Coruña y Vigo. En lo que respecta a la provincia coruñesa, solicitan una plaza para la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia, un Juzgado de lo Social y otro de lo Mercantil, además de un juzgado de primera instancia especializado en derecho de familia con sede en Ferrol.
En lo que concierne a Vigo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia demanda una plaza para la Sección número seis de la Audiencia Provincial y dos juzgados, uno especializado en derecho de Familia y otro de lo Social. La creación de una plaza para la sección sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, un nuevo juzgado de lo social y otro especializado en derecho de familia son las necesidades más urgentes que tiene en la actualidad la justicia en Vigo. La sección sexta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, es la más colapsada de Galicia.
En el caso de Lugo, se reclama una plaza en la Sección primera, con competencia civil, de la Audiencia Provincial. Aunque debemos explicitar que son muchas las voces de expertos y profesionales en la materia que piden un reforzamientos de los Juzgados de lo Social en Lugo, además de poner sobre la mesa la vieja demanda de que Viveiro cuente con un Juzgado de estas características.
Las necesidades de más Juzgados de lo Social para Lugo, y en concreto uno en Viveiro, está respaldada por profesionales del ámbito de la Justicia que han alertado del enorme colapso que sufren los tres Juzgados de lo Social de Lugo y que está llevando a señalar juicios para el año 2017. Fenómeno que también se detecta en los Juzgados de lo Contencioso.
Lugo necesita más medios técnicos y de personal para desbloquear el atasco actual.
Los tres juzgados de lo social están desbordados por la cantidad de asuntos que reciben, especialmente debido al aumento de la conflictividad laboral derivada de la crisis y de la aprobación de las restrictivas reformas laborales.
De forma generalizada, los juicios por reclamaciones de cantidades sufren un retraso enorme que en algunos casos llega al trimestre del próximo año. Como sabe el Gobierno, los despidos se han incrementado, así como las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o las reclamaciones por discrepancias respecto a los periodos de descanso. La precariedad laboral ha aumentado, las condiciones laborales han empeorado enormemente debido a las reformas laborales aprobadas, especialmente la dañina y retrógrada reforma laboral del PP de 2012. De hecho, la falta de refuerzo de este tipo de Juzgados perjudica enormemente a los trabajadores y trabajadoras que deben soportar esperas desmesuradas para que se aborden sus problemas laborales en el ámbito de la justicia.
A la falta de Juzgados y de personal, debemos referirnos también a problemas de índole tecnológica ya que el proceso de digitalización y modernización no se ha completado en su integridad. Cuestión fundamental para poder agilizar el funcionamiento de la justicia. Otra deficiencia que señala el TSXG es la necesidad de implantar en todas las Salas de vistas de los Juzgados y Tribunales de Galicia el sistema de grabación digital con firma electrónica, conocido como sistema e-Fidelius.
En cuanto a los recursos de personal, es creciente la demanda de que se cubran las plazas vacantes así como las bajas por enfermedad. Otras peticiones giran en torno a la importancia de formar al personal interino en relación a las aplicaciones informáticas a manejar.
Agilizar la justicia y ofrecer un servicio óptimo y de calidad a los ciudadanos debería ser un hito a lograr en una nueva legislatura. Galicia lleva años esperando a que se creen nuevos juzgados y se refuercen los medios materiales y de personal a fin de subsanar las enormes deficiencias actuales. Los recortes presupuestarios ejercidos en la legislatura de mayoría absoluta del PP han empeorado enormemente la situación de colapso de los Juzgados. Es hora de revertir este desastroso panorama.
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Justicia a:
1. Dotar de más Juzgados a Galicia a fin de rebajar la saturación existente en la actualidad, teniendo en cuenta los índices de carga de trabajo que recogen informes del Consejo General del Poder Judicial, en los que se indica que ocho juzgados gallegos superan el 200% de carga de trabajo como son: el juzgado de Primera Instancia número 3 de Ferrol, con un 201%; el Mercantil número 1 de A Coruña (203,8 %); el de Primera Instancia número 5 de A Coruña (202,96%), el de Primera Instancia número 8 de A Coruña (205 %); el de Primera Instancia número 2 de Lugo (271,46 %, la media más alta de Galicia); Primera Instancia número 5 de Ourense (213,81); Primera Instancia número 3 de Vigo (208) y el juzgado de Familia de Santiago (204,45).
2. Cubrir la petición de más órganos judiciales que realiza el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que realiza las siguientes demandas:
A) Para la provincia coruñesa: una plaza para la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia, un Juzgado de lo Social y otro de lo Mercantil y un juzgado de primera instancia especializado en derecho de familia con sede en Ferrol.
B) Respecto a Vigo: una plaza para la Sección número 6 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y dos juzgados, uno especializado en derecho de Familia y otro de lo Social.
C) Para Lugo: una plaza en la Sección primera, con competencia civil, de la Audiencia Provincial, y la necesidad de reforzar los tres Juzgados de lo Social con más medios, procediendo a la creación de un Juzgado de lo Social en Viveiro.
3. Incrementar las dotaciones de personal, especialmente en los Juzgados de lo Social y de Primera Instancia, y cubrir las plazas vacantes así como las bajas de forma inmediata, con el objetivo de poder hacer frente en tiempo y forma a los casos y demandas que se presentan y ofrecer un servicio adecuado a la ciudadanía.
Dotar de los medios materiales y tecnológicos al ámbito de la Justicia en Galicia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2016.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello y Yolanda Díaz Pérez, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Proposición no de Ley sobre medidas que permitan solucionar algunos de los problemas que la aplicación Lexnet está generando.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y entendiendo que es la Comisión de Justicia la que insta al Gobierno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley proponiendo medidas que permitan solucionar algunos de los problemas que la aplicación Lexnet está generando, para su debate en la Comisión de Justicia.
La disposición adicional primera de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, así como el artículo 5 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, llamado Decreto de implantación definitiva del sistema Lexnet, establece la obligatoriedad de utilización de los medios electrónicos de notificación y presentación de escritos para los profesionales de la Justicia, y los órganos y oficinas judiciales y fiscales.
Así mismo, el artículo 15.1 del mencionado Real Decreto, en su párrafo tercero, establece que "El Ministerio de Justicia tendrá la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento, la custodia y la seguridad del sistema, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia en los términos de los convenios de cooperación tecnológica suscritos con estas".
Por su parte, el artículo 162.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prescribe que los actos de comunicación se realizarán por medios electrónicos siempre que "esté garantizada la autenticidad de la comunicación
y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron".
En la práctica este correcto funcionamiento no está siendo garantizado, los problemas que presenta siguen siendo acuciantes, y la manera de enfrentarlos por las diferentes Comunidades Autónomas está generando diferencias notables y gran inseguridad jurídica.
A ello hay que sumar la incompatibilidad entre programas, que hace que Lexnet presente problemas por ejemplo con Fortuny, el programa utilizado por el cuerpo de fiscales, produciéndose de facto diferencias de plazos considerables, ya que a abogados y procuradores se les notifica telemáticamente, y a los fiscales hay que hacerlo en ocasiones en papel.
Del mismo modo, las numerosas caídas o colapsos del sistema tienen paralizada la actividad de despachos profesionales y oficinas judiciales por su mal funcionamiento, produciéndose la paradoja de que en algunas de estas oficinas se está produciendo el efecto contrario al deseado: un mayor gasto en papel al tener que imprimir escritos y documentos que el sistema no permite tratar, reenviar o gestionar; así como la recepción de numerosos requerimientos por procuradores y abogados para aportar en papel lo que ha sido previamente presentado telemáticamente a través del sistema. Resulta inadmisible que sean los profesionales los que terminen supliendo la falta de dotación de medios a los juzgados, puesto que ello supondría un estancamiento de la situación.
Además, se está evidenciando la falta de previsión, que ha vuelto a ponerse de relieve a primeros de septiembre, y de unidad de criterio ante los fallos descritos, cuando cada órgano judicial está dictando resoluciones distintas y dispares, incluso con requerimientos a las partes no contemplados en la legislación procesal y plazos arbitrarios, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello provoca.
En resumen, las incidencias en el funcionamiento de la plataforma Lexnet son continuas y, unidas a la desigualdad geográfica que presentan, hacen que la calidad y eficacia del servicio público de juzgados y tribunales se encuentren seriamente comprometidas.
Por todo lo cual, teniendo en consideración la experiencia que trasladan los profesionales de la Justicia, y para mejorar y garantizar la seguridad jurídica en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
"El Grupo Parlamentario Ciudadanos insta al Gobierno a:
4. Dotar al sistema Lexnet de la posibilidad de que los órganos judiciales puedan calificar la notificación como urgente, como la pestaña de la que sí disponen los profesionales, de manera que los Colegios profesionales podrían reenviar la notificación recibida de manera inmediata a su destinatario."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2016.-Marcial Gómez Balsera, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000860
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la diputada Ester Capella i Farré al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España, para su debate en la Comisión de Justicia.
El Estado español debería superar estas censuras que tipifican como delitos la quema de banderas o la injuria a Corona desde un concepto de sacralización de la imagen del rey y de su familia. No en vano, en los últimos años ha habido varios ejemplos en que se ha perseguido a personas, artistas o revistas satíricas por hacer uso de su libertad de expresión en tal sentido: el caso de la portada de El Jueves en 2007, con el entonces heredero de la Corona; la quema de la imagen del Rey -también en 2007- en Girona con razón de la visita del Monarca español; la persecución en 2012 del rapero mallorquín Valtónyc por sus referencias en alguno de sus versos a la Monarquía... El último caso ha sido el de perseguir a un concejal de Santa Coloma de Gramenet y activistas de la CUP y Arran por quemar (supuestamente) fotos del rey en una manifestación este 11 de septiembre con motivo de la Diada Nacional de Catalunya.
Derogar los delitos de injurias a la Corona y de ultraje a España, contemplados en los artículos 490.3 y 491, y 543, respectivamente, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal."
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de las Diputadas y Diputados, Alexandra Fernández Gómez, Ángela Rodríguez Martínez, y Miguel Anxo Fernández Vello, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Defensa, relativa a la necesidad de abrir un diálogo con la Xunta de Galicia para el traspaso de la Isla de Tambo (Pontevedra).
La Isla de Tambo (Pontevedra) perteneció al Ministerio de Defensa, como parte de su actividad logística, desde el ario 1943 hasta el 2002, ejercicio en el que se lleva a cabo su desafección para usos militares.
Han transcurrido catorce años desde la desafección de la Isla de Tambo (Pontevedra) por parte del Ministerio de Defensa. Sin embargo, este enclave natural situado en plena Ría de Pontevedra y que
pertenece al ayuntamiento de Poio, continúa en manos de Defensa, que la ha descuidado absolutamente y relegado a un estado de abandono.
Con la apertura de la Escuela Naval Militar en el año 1943, la isla se convirtió en un auténtico arsenal militar y en campo de maniobras de la Armada. Hasta el año de su desafección por Defensa (2002) fue considerada enclave estratégico.
En los años de ocupación de la Isla por parte del Ejército, se construyeron con fondos públicos varias edificaciones para su uso, que actualmente presentan un deplorable estado de abandono y descuido.
Desde el año 2002, colectivos y organizaciones políticas llevaron a cabo varias iniciativas dirigidas al Ministerio de Defensa, en relación a los planes futuros de la Isla de Tambo, sin obtener al respecto ninguna concreción o claridad al respecto e incurriendo incluso en contradicciones respecto a las consideraciones de la Administración local de Poio o de la Xunta.
La única administración que adoptó algún tipo de iniciativa real sobre la Isla de Tambo, fue el ayuntamiento de Poio cuando hace tres años, contando con fondos de la UE, realizó un estudio sobre los valores de la Isla de Tambo en colaboración con la Universidad de Vigo.
Por su parte, y según parece, la Xunta aseguró en varias ocasiones haber realizado gestiones para el traspaso de la titularidad de la Isla, aunque no hay constancia de resultado alguno al respecto.
Con estos antecedentes sobre la mesa, creemos que hace tiempo que se tenía que haber tramitado el traspaso de esta Isla al ayuntamiento de Polo o bien a la Xunta de Galicia. Sin embargo, por razones que no acertamos a entender permanece en el limbo del Ministerio de Defensa. De hecho, a pesar de haber sido desafectada para usos militares, la Marina por medio de la Escuela Naval de Marín, sigue realizando labores de vigilancia, obstaculizando el paso para todas aquellas personas que quieran visitar la Isla a las que se les requiere las correspondientes autorizaciones, seguros,...
La Isla de Tambo permanece ilógicamente en manos de Defensa después de haber sido desafectada hace catorce años. Un tiempo más que suficiente para que se evalúen y se analicen opciones y se produzcan avances en la tramitación de su titularidad a otra administración más cercana. Además esta isla precisa de un plan de mantenimiento, de cuidado y de protección porque posee valores patrimoniales, culturales, ambientales y paisajísticos a conservar. Su estado de abandono resulta preocupante, y es evidente que el Ministerio de Defensa no es la administración más adecuada para emprender actuaciones encaminadas a su mejora.
De hecho, han sido múltiples las voces de vecinos y vecinas, asociaciones, organizaciones ecologistas y culturales de la zona que han solicitado que se concrete un futuro para la Isla de Tambo con el objeto de otorgarle un estatus de protección medioambiental y regenerarla. Se ha demandado incluso en varias ocasiones que sea incluida en el Parque Nacional de Islas Atlánticas.
La isla carece actualmente de figura alguna de protección medioambiental que la proteja de actividades contaminantes tan cercanas como la procedente de la fábrica de celulosa de Ence en Pontevedra, o de las actividades portuarias de Marín.
Iniciativas como la organización de paseos o romerías simbólicas por la isla han incrementado el interés ciudadano por su situación y la preocupación social y política por encontrarse relegada al olvido. De hecho, en una reciente visita a la Isla se ha podido constatar su deterioro, y la introducción de especies invasoras. Es así que ha aumentado enormemente la población de visones americanos en detrimento de la población habitual de aves acuáticas.
Asimismo, también se ha observado un retroceso importante en cuanto a la flora autóctona. Apenas queda vegetación autóctona y se ha producido una importante proliferación sin control del eucalipto.
Aunque la comunidad de montes de Combarro realizó en años anteriores una limpieza del camino perimetral en colaboración con el ayuntamiento de Polo, en la actualidad la isla resulta impracticable para caminar o para hacer excursiones. La población cercana no puede disfrutar de la isla para las actividades de ocio, excursiones o el uso de la playa que, durante años, fue utilizada por las familias del personal de la Escuela Naval pero que hoy en día no puede ser utilizada por los vecinos y las vecinas de la zona.
A pesar de las numerosas iniciativas y peticiones realizadas, ni el Ministerio de Defensa ni la Xunta de Galicia parecen mover ficha al respecto alargando la situación de bloqueo sine die.
Desde nuestro punto de vista, un primer paso para otorgar un estatus que se corresponda con su condición de enclave natural, sería que la Isla de Tambo dejase de estar en manos del Ministerio de Defensa, algo absolutamente inapropiado una vez desafectada, y fuese traspasada a la Xunta de Galicia, al ayuntamiento de Poio o en último caso al Ministerio de Medio Ambiente si hubiese disposición a incluirla en el Parque Nacional de Islas Atlánticas.
Dada la situación de estancamiento existente, sería conveniente superar el estado de bloqueo o de paralización actual para dar propiciar algún tipo de avance. En este caso, y dado que desde la delegación de Defensa en Pontevedra se ha manifestado a la Asociación Irmandade lila de Tambo la predisposición del Ministerio a traspasar la isla, sería deseable que Defensa iniciase un diálogo con la Xunta y con el ayuntamiento de Poio para mostrar su disposición a abordar el tema.
Abrir un diálogo con la Xunta de Galicia para iniciar el proceso de traspaso de la Isla de Tambo (Pontevedra), que fue desafectada por el Ministerio de Defensa en el año 2002, y se encuentra actualmente en estado de abandono."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2016.-Ángela Rodríguez Martínez y Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000862
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la diputada Auxiliadora Honorato Chulián presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa al cumplimiento de la jurisprudencia europea en materia de derechos laborales del personal interino de la Administración Pública, para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 14 de septiembre de 2016 (asunto C596/14) ha declarado que "el mero hecho de que (un trabajador) haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la (indemnización por fin de contrato)".
Según el Tribunal, la exclusión de los contratos de interinidad y de los contratos formativos del derecho a recibir una indemnización a la finalización del contrato (como establece el artículo 49.1.c del Estatuto de los trabajadores), carece, desde la perspectiva del Derecho comunitario, de una razón objetiva que permita justificarla.
La base de esta sentencia es el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura como Anexo en la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio, y que establece las condiciones mínimas para los contratos de trabajo de duración determinada y las relaciones laborales de este tipo. Los Estados firmantes de este Acuerdo, entre los que se encuentra España, se comprometen a garantizar la aplicación del principio de no discriminación y a impedir abusos, como utilizar una relación laboral de esta naturaleza para privar a dichos trabajadores de derechos reconocidos a los trabajadores con contrato de duración indefinida. Esta decisión afecta directamente a la legislación laboral española, que discrimina a los trabajadores interinos o con contrato formativo respecto de los "fijos", al excluirles del derecho a percibir una indemnización del empresario al finalizar su relación laboral (art. 49.1.c del Estatuto de los Trabajadores).
La base del razonamiento del TJUE reside en la interpretación del derecho a la no discriminación, exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado, situación que no se produce entre los trabajadores interinos y el personal de carrera de la administración.
La situación de la interinidad en las administraciones públicas españolas (en todos los niveles, estatales, autonómicos, provinciales y municipales) es inaceptable en lo que respecta a la salvaguardia
de los derechos laborales de las personas que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad. Esta sentencia pone de relieve las graves lagunas que padece el ordenamiento jurídico español en la protección de los trabajadores temporales de nuestras administraciones y los abusos en la contratación temporal, tanto en lo que se refiere a las indemnizaciones como al encadenamiento de contratos de interinos para cubrir necesidades estructurales.
Las cifras de afiliación a la Seguridad Social que se han publicado recientemente reflejan el abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo de nuestras Administraciones Públicas, con una variación de unos 90.000 puestos de trabajo en los sectores de Administración Pública, Educación y Sanidad, durante el mes de septiembre de 2016. Se da la circunstancia además de que la Administración refleja una pérdida de 7.741 puestos de trabajo en el mes de septiembre, la mayor reducción de empleo en lo que va de año, fundamentalmente correspondiente a personal eventual e interino. Lo mismo ocurre con el sector de Actividades Sanitarias y Servicios que, con una reducción de 19.604 contratos, arroja la peor cifra registrada en septiembre de los últimos cuatro años. Por su parte, la educación recupera este mes 61.555 contratos de los 202.300 que se perdieron durante los . meses de verano. Es decir, hemos comenzado las clases con 140.000 empleos pendientes de incorporación.
Según cálculos de las organizaciones sindicales a partir de la Encuesta de Población Activa, en el conjunto de nuestras administraciones públicas, hay cerca de 300.000 personas que ocupan un puesto temporal para cubrir la ausencia total o parcial de un trabajador. La tasa de interinidad es por tanto cercana al 11%, aunque en algunos sectores como el de Educación o el de Justicia alcanza el 20% o en el de la Sanidad Pública donde la temporalidad del personal sanitario y no sanitario es del 30,5% de media, cinco puntos por encima de la del conjunto de trabajadores (el Estudio sobre la situación laboral de los médicos en España de la Organización Médica Colegial señala que el 40% de los médicos de la sanidad pública en este momento ya no tiene plaza fija).
- Modificar la legislación actual de manera que se dé cumplimiento efectivo a las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE emanadas en relación con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura como Anexo en la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio, y se equiparen los derechos laborales y sociales del personal interino a los contratos de duración indefinida.
- De la misma manera, llevar a cabo las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a las mencionadas sentencias para el resto de empleados y empleadas públicas de carácter temporal.
- Elaborar un estudio en profundidad de los recursos humanos de la Administración Pública, en el marco de la Mesa general de las Administraciones Públicas, para analizar las necesidades de personal y las situaciones de irregularidad con el fin de convocar una Oferta Pública de Empleo que permita reducir sustancialmente la contratación de personal interino."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2016.-María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000837
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la remodelación del enlace de Benalmádena Este, del tramo libre de peaje de la autopista AP-7, para su debate en la Comisión de Fomento.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que incluye el contrato de obras y el procedimiento abierto de la Remodelación del enlace de Benalmádena Este, del tramo libre de peaje de la autopista AP-7, prevé la realización de los trabajos desde 2016 hasta 2021.
El crecimiento poblacional de este municipio de la Costa del Sol, con nuevas urbanizaciones al norte y al sur, ha generado una urgente necesidad de mejora en los accesos rodados al municipio. Los vecinos de Benalmádena, una población de casi 70.000 personas censadas que en época estival llega hasta los 250.000 visitantes, acceden a su municipio casi exclusivamente a través de salida 222, ubicada en la autopista AP-7, en su tramo libre de peaje. Esta salida sufre retenciones en las horas principales del día, soportando caravanas que llegan hasta el municipio vecino (Torremolinos) y que obliga a los vehículos a permanecer parados en el arcén durante largos periodos de tiempo, sometidos a un peligro inminente que lamentablemente, en cualquier momento, va a provocar un accidente de gravísimas consecuencias. La remodelación del acceso a la altura del Km 222 es esencial para Benalmádena, para el desarrollo turístico de la Costa del Sol y para el acceso al municipio, pues sin ella es complicada la evolución desde el punto de vista turístico y de movilidad.
El actual equipo de gobierno en el Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena ha realizado múltiples acciones para instar al Gobierno de la Nación al inicio de los trabajos para la remodelación de esta salida en el enlace de Benalmádena Este. Por fin conocemos el calendario presupuestario planificado desde 2016 a 2021.
El pueblo de Benalmádena no puede esperar hasta 2021 para que la remodelación sea una realidad. Se trata de una demanda histórica y los vecinos y turistas de este municipio costasoleño no pueden estar sometidos a este peligro constante durante tantos años. Esta obra es una urgencia, una necesidad prioritaria y los benalmadenses necesitan que el Gobierno Central haga todo lo posible para que dejen de padecer las lamentables condiciones que, hoy por hoy, la AP-7 les ofrece.
La licitación del proyecto aparecía en prensa el 4 de marzo del 2015, tanto a nivel local como provincial, haciéndose eco de una visita institucional al Ayuntamiento de Benalmádena de la propia Ministra doña. Ana Pastor, donde anunciaba que las obras comenzarían después de ese verano del 2015.
Las obras no comenzaron ni en el verano de 2015, ni en el verano de 2016, pero sí en muchas ocasiones hemos podido ver como los representantes del Partido Popular anunciaban a "bombo y platillo" el comienzo inmediato de los trabajos (primavera 2015, campaña "Salimos del Atasco", octubre 2015, declaraciones de la señora Celia Villalobos, junio 2016 declaraciones del señor Elías Bendodo...) De hecho, hasta la fecha, no ha habido ninguna comunicación oficial por parte del Ministerio de Fomento en la que se informe del estado actual de tramitación del proyecto y la licitación.
Nos preocupa que el próximo año volvamos a afrontar un periodo estival, con el consabido incremento de tráfico rodado en el acceso desde la autopista, sin que se haya producido ningún avance significativo en la tramitación del proyecto y con un pleno desconocimiento de la planificación de los trabajos, fechas de inicio y finalización, reorganización del nudo viario... etc.
1. Informar a las autoridades locales, provinciales y autonómicas en lo relativo al estado actual del proyecto que nos ocupa.
2. Que los trámites necesarios sean realizados a la máxima brevedad posible, reduciendo en todo lo posible los plazos administrativos y ejecutivos, para que en el mínimo tiempo posible los vecinos de Benalmádena puedan utilizar este acceso, paliando de una vez por todas el extremo peligro que padecen cada día al verse obligados a permanecer en el arcén de una vía en la que circulan constantemente vehículos a alta velocidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2016.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000838
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al inicio de actuaciones para la ampliación de la pista del aeropuerto de San Sebastián, para su debate en la Comisión de Fomento.
Con fecha 25 de julio del presente año, Aena anunció en los medios de comunicación de Gipuzkoa su disposición a gestionar y financiar una pequeña ampliación en 200 metros de la pista del aeropuerto de San Sebastián, ubicado en Hondarribia, con un coste de 15 millones de euros. Con ella, se trataría de garantizar la existencia del aeropuerto y su futuro desarrollo a la vista de las limitaciones que va a soportar tras la decisión del Ministerio de Fomento de invalidar la Declaración de Excepcionalidad del aeropuerto, aprobada en 2014, en lo relacionado con la longitud de la pista y la seguridad en su funcionamiento.
En la actualidad, Aena ha iniciado ya las obras de recorte de la pista, alegando la existencia de normativa europea de seguridad aérea que emana de la OACI y que dejaría sin efecto las consecuencias que buscaba la Declaración de Excepcionalidad -tramitada de forma irresponsable por los organismos del Ministerio de Fomento- y con la que el aeropuerto de San Sebastián quedaba teóricamente exento de habilitar espacios de seguridad en los extremos de la pista.
Finalmente, el recorte que se va a practicar en la pista (hoy de 1.754 metros de longitud) es de 300 metros, destinados a reservar dos franjas de seguridad en las cabezas de pista. Este recorte impedirá la operatividad de distintos modelos de aviones que hasta ahora han venido prestando servicio en las rutas con Madrid y Barcelona.
La decisión de recortar la pista supone llevar a una situación límite la pervivencia de la infraestructura aérea al poder operar únicamente con pequeños aviones comerciales de hélice, como el modelo ATR 72. Por esa razón, se reduciría la calidad y número de los vuelos con Madrid y la desaparición de la ruta a Barcelona, además de cerrar la puerta a otras operaciones a lo largo del año. En resumen, se caminaría hacia la muerte del aeropuerto.
La respuesta a una situación tan grave para las comunicaciones del Territorio de Gipuzkoa, más aun teniendo en cuenta los retrasos que acumulan las obra ferroviarias para la puesta en servicio del TAV, reside en la posibilidad de retomar una ampliación de la pista hasta 1.654 metros, actuación contemplada en un Estudio realizado en el año 2009 y acordado entonces entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno Vasco, con la aceptación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
La propuesta del Estudio consistía en ocupar 150 metros de longitud sobre la regata de Jaizubia en dirección al Polígono de Mendelu. Y por otra, en conseguir extender en 50 metros la pista en dirección al mar y a la escollera de Hendaia. La operación debería analizar la existencia de posibles afecciones para el desarrollo urbanístico de la ciudad de Irún, con el fin de evitar perjuicios.
1. Garantizar la operatividad comercial y el desarrollo futuro del aeropuerto de San Sebastián, que atraviesa por una situación límite de su pervivencia tras la sorprendente decisión del Ministerio de Fomento de recortar la pista, en contra de las garantías que se anunciaron con la aprobación de la Declaración de Excepcionalidad para el aeropuerto en 2014.
2. Que por parte del Ministerio de Fomento y Aena, se inicien las gestiones políticas para consensuar con las instituciones vascas lo términos de la ampliación de la pista del aeropuerto de San Sebastián -en Hondarribia-, a la vez que ponen en marcha el expediente administrativo para definir las características del proyecto correspondiente, según el Estudio realizado en 2009 por Aena."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2016.-Odón Elorza González, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas a implementar en el aeropuerto de Foronda, Vitoria-Gasteiz, para su consideración y debate ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.
El aeropuerto de Foronda en Vitoria-Gasteiz cuenta con una infraestructura aeroportuaria extraordinariamente dotada:
- Pistas: 04/22 de 3.500 x 45 m., de hormigón, con recrecido de 10 cm de asfalto en toda la longitud de la pista.
- Un edificio terminal de pasajeros de 1.500 m2.
- Una plataforma para el edificio terminal de pasajeros de 32.000 m2 con seis puestos de estacionamiento para aviones.
- Una plataforma para zona de carga (mercancías) de 140.000 m2 con doce puestos de estacionamiento para aviones.
- Una zona de carga (pabellones) con 9.500 m2 para productos perecederos y 2.300 m2 para animales vivos, con un puesto de inspección fronteriza que está sin atender.
Las características de la pista, la superficie para estacionamiento de aeronaves, la disposición de actividades con línea, la conectividad con las redes viarias, la dotación de oficinas, la red de comunicaciones y hasta las condiciones meteorológicas, podemos calificarlas de excelentes.
Sin embargo y a pesar de disponer de una infraestructura tan completa y excelente por dimensión, capacidad y características, es un aeropuerto infrautilizado.
En el año 2012, se redujo el horario operativo del aeropuerto pasando de 168 horas semanales (24 h de servicio los 365 días al año) a 62 horas semanales (12 horas de servicio más 2 horas de servicio los domingos, los 365 días al año). Recientemente se ha establecido un servicio H24, pero a demanda.
En 2013 se cerró el puesto de inspección fronteriza (PIF).
Debido a la demanda existente para vuelos comerciales (pasajeros) por vuelos del IMSERSO, o futura operativa de Ryanair como consecuencia del acuerdo con la Sociedad de Promoción VIA, AENA está tratando de incrementar en 32 horas semanales el horario operativo del aeropuerto.
El Comité de Coordinación Aeroportuaria del País Vasco ha analizado recientemente la situación y perspectivas de los tres aeropuertos de la CAPV, y la necesidad de que se conciba una gestión como un sistema de las tres infraestructuras en atención a las peculiaridades (diferentes) de cada una de ellas y puedan, también, complementarse con la prestación de servicios aéreos.
El aeropuerto de Foronda está creciendo en el transporte de carga (mercancías), en estos momentos se están ampliando instalaciones logísticas, en 2015 pasarán por Foronda 46.371.875 Tm, un 10'0% más sobre el año anterior. El mes de septiembre de 2016 se ha cerrado con 4.481.454 de Tm., un 12'3% más que en septiembre de 2015.
Todo ello con limitación horaria y sin funcionamiento del PIF.
No se comprende tampoco que disponiendo de una infraestructura aeroportuaria excelente, ni siquiera pueda acoger Foronda vuelos desviados y/o cancelados en aeropuertos que se encuentran a menos de 100 Km. por carretera del mismo, vuelos desviados y/o cancelados por episodios meteorológicos que periódicamente se producen y que, en cambio, no se dan en Foronda.
Todo cuanto antecede nos lleva a deducir, una vez más, la necesidad de un impulso político e institucional, por lo que al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en el Congreso, interesa la aprobación de la siguiente
Primero. Restablecer el horario operativo del aeropuerto a las 168 horas semanales (24 horas de servicio los 365 días al año), es decir, recuperar el H24 retirado en 2012.
Segundo. Dotar de los recursos humanos necesarios para el funcionamiento de la instalación del PIF para atender el tráfico de perecederos y animales.
Tercero. Para que presente, con urgencia, la planificación de los recursos humanos y complementar los recursos técnicos necesarios para que el aeropuerto esté plenamente operativo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2016.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, relativa a la modernización y mejora de la línea férrea que une A Coruña y Ferrol.
El pasado mes de julio el Ministerio de Fomento envió un escrito al Ayuntamiento de Betanzos (A Coruña) en respuesta a una moción aprobada en febrero de este año en el pleno de la corporación de municipal, en la que se le pedía al Gobierno central una mejora de los servicios ferroviarios que atraviesan esta localidad gallega.
El Ministerio de Fomento indicaba en ese escrito que tiene contempladas actuaciones en la línea ferroviaria A Coruña-Betanzos-Ferrol, centradas en la mejora de la señalización y en la electrificación de la línea, ajustándolas dentro de las disponibilidades presupuestarias. Asimismo, en este escrito se anunciaba que el Ministerio iba a comenzar los trabajos "para analizar" la conexión directa entre los ramales Coruña-Betanzos-Infesta y Betanzos-Infesta-Ferrol a través de alguna variante.
Sin embargo, a día de hoy, nada ha trascendido sobre los resultados de tales análisis y la situación continúa exactamente igual, de momento las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en este tramo de cercanías (A Coruña-Ferrol) son meras intenciones plasmadas en una respuesta institucional.
La situación actual de esta línea de ferrocarril es deplorable, se ofrece un servicio escaso, anticuado e inadecuado. La línea que une A Coruña con Ferrol es un trazado que se inauguró en 1913 y que apenas ha sufrido modificaciones más allá de algunas paradas.
Además, la velocidad media del tren en este tramo es de 50 kilómetros por hora y se tarda más o menos el doble de tiempo en recorrer este trayecto que lo que se tarda en vehículo particular por autopista.
En estos momentos, solo hay dos trenes entre Ferrol y A Coruña en horario de mañana, a las 5:55 y a las 13:25, con un intervalo de 7 horas y media entre un servicio y otro. Mientras, el servicio matutino entre A Coruña y Ferrol tiene una variación de seis horas de diferencia, con trenes que salen a las 08:45 y a las 14:31.
La centenaria línea férrea cuenta en la actualidad con 14 estaciones o apeaderos intermedios, además de las de origen y destino. Algunas de ellas tienen un servicio que las personas usuarias califican como insuficiente, como la de Barallobre, donde se realiza una sola parada al día, y otras incluso se suprimieron, como la de Franza. A esto hay que añadir casos como el de Perlío o el de Cabanas, donde los horarios no están ajustados de modo que pueden llegar a juntarse tres servicios por la tarde, dejando el resto del día sin ninguna parada más.
Consideramos que con la falta de servicios, la reducción de paradas y el cierre de estaciones en la línea que conecta Ferrol con la ciudad herculina solo se busca expulsar a la ciudadanía del tren. Además,
los sucesivos ejecutivos centrales del PP y el PSOE que han ostentado el Gobierno del Estado han permitido que, en la práctica, Ferrol se quede fuera del Eje Atlántico, por mucho que se incluya dentro de él en los comunicados oficiales de Fomento.
Las carencias del enlace ferroviario entre Ferrol y A Coruña quedan patentes cuando se realiza una comparativa con respecto a otras líneas semejantes en otras zonas del Estado.
Las desigualdades que se aprecian al observar las cifras de otras comunidades donde sí se han ejecutado proyectos de mejora y donde se ha apostado por las comunicaciones ferroviarias son más que notorias.
Así, por ejemplo, en el caso de Oviedo-Avilés, con una población total entre las dos ciudades inferior a la que suman Ferrol y A Coruña, cuentan con 58 trenes de cercanías a diario, frente a las 12 frecuencias directas con las que se cuenta en Galicia en la línea A Coruña-Ferrol entre los trenes de media y larga distancia.
Precisamente en Asturias, comunidad que tiene una población casi un tercio inferior a Galicia, tienen nueve líneas de cercanías, entre ancho métrico y red convencional, por las que circulan cada día cerca de 500 trenes; mientras que en toda Galicia solamente existe una línea de cercanías entre Ferrol y Ortigueira, siendo el resto de media distancia. Aun así, sumarían en torno a las 120 circulaciones, menos de la cuarta parte de las que operan en Asturias.
Para que la línea A Coruña-Ferrol se pueda convertir en realmente competitiva necesita urgentemente un proyecto de modernización de la misma, unas intervenciones que no requerirían de grandes inversiones como las líneas de alta velocidad, ya que no implicarían la construcción de una nueva línea, sino que se actuaría sobre la ya existente. Esto facilita que sean medidas más asumibles desde un punto de vista económico.
Estas mejoras deberían comprender dos ámbitos de actuación fundamentales de carácter técnico y de carácter comercial. En lo relativo a las cuestiones técnicas que habría que mejorar, sería necesario que se realizasen mejoras en el trazado del radio de curvas, la electrificación de esta línea centenaria y establecer una variante en Betanzos-Infesta, así como la mejora de los sistemas de seguridad.
En lo relativo a las medidas de índole comercial que habría que adoptar, destacamos el establecimiento de nuevos apeaderos en algunos núcleos de población relevantes, el incremento del número de servicios además de la puesta en marcha de campañas de fomento de la utilización del tren como medio de transporte, por seguro y respetuoso con el medioambiente.
Entendemos que la línea A Coruña-Ferrol puede ser una línea de cercanías por la densidad de población y la distancia y con una inversión para la modernización de la línea convencional podría convertirse en una buena red de cercanías.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, presenta la siguiente
1. Mejorar el trazado de la línea Ferrol-A Coruña en radio de curvas para mejorar la velocidad.
2. Desdoblar la vía, por lo menos en algunos tramos, para evitar las limitaciones en cuanto a los cruces de trenes. Esto permitiría horarios más cadenciados.
3. Electrificar la línea para permitir la circulación de trenes con mejores prestaciones, mayor aceleración y más potencia por ejemplo para mejorar el tiempo en las subidas con fuerte pendiente.
4. Establecer una variante ("by-pass") en Betanzos Infesta que ahorraría unos 15 minutos de tiempo para los trenes directos hacia A Coruña.
5. Establecer apeaderos en núcleos de población importantes, con aparcamientos disuasorios en las estaciones y apeaderos.
6. Aumentar el número de circulaciones y mejorar las cadencias, con intervalos de tiempo fijos en función de si es hora punta o valle y las horas fijas.
7. Desarrollar campañas para la utilización del tren como medio de transporte más seguro y más respetuoso con el medio ambiente.
8. Desenvolver una política de tarifas adecuada a las necesidades y tipología de los viajeros, con la integración en consorcios de transporte con billetes combinados, fomentando la interoperatividad entre los distintos medios de transporte."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000858
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, relativa a la supresión de los trenes de mercancías de la red de ancho métrico de Galicia.
La red de ancho métrico de ADIF en Galicia tiene una distancia de 154 kilómetros desde Ferrol hasta el límite con Asturias de la línea Ferrol-Gijón. El trazado ferroviario es de vía única sin electrificar en todo el recorrido que discurre por Galicia.
La peculiaridad más importante es que tiene numerosas trincheras y túneles, así como zonas arboladas sobre todo de eucalipto, lo que hace que cuando hay temporales hay numerosos desprendimientos y caídas de árboles con el consiguiente riesgo para la circulación de trenes. En la actualidad está en un estado deplorable por la falta de inversiones y mantenimiento. Hay muchos puntos con limitaciones temporales de velocidad a 30 km/h, que se convierten en permanentes. Se ha llegado incluso a retocar los horarios de los trenes para evitar retrasos.
No hay conexión a los puertos de Ferrol, ni el interior ni el exterior, aunque en el proyecto de construcción de acceso ferroviario al puerto exterior se contempla que haya los dos anchos de vía (ibério y métrico) y además aprovechar la obra para el acceso en vía métrica al puerto interior.
Tampoco hay acceso directo a las grandes empresas próximas al trazado ferroviario [Megasa en Xuvia (Narón) y Alcoa en San Cibrao (Lugo)] ni a los polígonos industriales: A Gándara entre Ferrol y Narón, Río do Pozo en Narón, Cuiña en Ortigueira y el de Ribadeo.
Desgraciadamente, en julio de este año se ha perdido la mayor parte del tráfico ferroviario de mercancías por la red de ancho métrico, al suprimirse todos los trenes de mercancías que circulaban a diario por la red de ancho métrico desde Galicia hacia toda la cornisa cantábrica, cargados de aluminio, madera, palanquilla y otros materiales como dolocal, dolomita o escoria, por falta de maquinistas.
Esta situación se produce por falta de personal de conducción y por el abandono y la desidia total de la empresa Renfe hacia estos servicios. De hecho, gracias a la denuncia hecha por los sindicatos se ha mantenido el tráfico de aluminio de Alcoa, pero se han perdido los otros trenes, con lo que múltiples empresas se vieron afectadas: como Megasa, Rivertrans, Algeposa, Nervacero, empresas de madera, etc.
La falta de personal del colectivo de conducción está conllevando la supresión de múltiples frecuencias de proximidad en Asturias, ya que se trasvasan maquinistas desde el servicio de mercancías para reforzar el servicio de viajeros, una decisión que indica claramente la falta de previsión y la mala gestión de los directivos de la empresa pública.
A partir de ahora, como no hay medios para el transporte ferroviario, se trasvasará a la carretera. Alrededor de 160 vagones por semana que se pueden traducir en unos 300 camiones circulando por las carreteras gallegas.
Esta situación está generando consecuencias muy negativas para Galicia y en concreto para importantes empresas asentadas en esta comunidad: empresas como Alcoa, que enviaba aluminio a diario desde su planta de San Cibrao a Amorebieta, la empresa de madera Amado Fernández (que estaba invirtiendo para aumentar el número de toneladas por ferrocarril), Megasa (Narón), empresas de logística como Rivertrans o Algeposa y siderúrgicas como Nervacero, entre otras, se están viendo muy afectadas
por esta decisión de Renfe. Y lo peor es que se fueron informadas a través de un fax el mismo día en que se suprimía el servicio, lo que las obligó a buscar sistemas alternativos de transporte.
Esto lleva consigo la pérdida de puestos de trabajo, sobre todo en las empresas logísticas de carga y descarga, además de la pérdida de los 7 puestos de maquinistas en Renfe y de la pérdida de carga de trabajo para el personal de regulación de tráfico ferroviario de ADIF, sobre todo en las estaciones de Xove, Burela, Ferrol, Viveiro y Cerdido.
Y también provoca un aumento significativo do tráfico pesado en las carreteras, alrededor de 15.000 camiones más al año en la comunidad gallega, con las consecuencias negativas correspondientes para la seguridad, medio ambiente, congestión del tráfico y deterioro de las infraestructuras viarias.
Se trata de un paso más en el desmantelamiento del transporte de mercancías por ferrocarril por parte de Renfe en Galicia, que se viene a sumar a la reciente desaparición del transporte de contenedores de A Coruña-San Diego, y al cierre del puesto de maquinistas de mercancías de este mismo terminal, mientras se desplaza a los maquinistas desde Monforte de Lemos en taxi para realizar estos trayectos, por lo que no es extraño que este medio de transporte pierda competitividad.
Está claro que esta no es la forma de potenciar las mercancías por ferrocarril. Cada vez aumenta más la brecha en el porcentaje de cuota transportado por ferrocarril con respecto a la media europea (en torno al 3,8 % en España frente al 15,5% de media europea).
Comprobamos así que la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril no dio los frutos deseados, y el único objetivo de la dirección de la empresa pública, y en definitiva del Gobierno, es el de desmantelar el sector público, ya que el negocio existente antes de liberalizar el transporte se repartió entre la empresa pública y las empresas privadas que comenzaron a operar después de la liberalización.
Por lo tanto, no creció absolutamente nada. Las únicas medidas propuestas por parte de la dirección recaen básicamente en los ajustes de personal, precarización de las condiciones laborales y externalización de servicios a empresas auxiliares privadas o públicas que se caracterizan fundamentalmente por las pésimas condiciones laborales que padecen sus trabajadores.
1. Rectificar la decisión de anulación del servicio y ponerlo en funcionamiento.
2. Realizar un nuevo marco de transporte de mercancías, elaborando un plan integral de potenciación del transporte de mercancías por ferrocarril con el objetivo fundamental de incrementar la velocidad comercial de los trenes de mercancías, la competitividad, así como la modernización y adecuación de las instalaciones, en particular las terminales de mercancías, tanto para facilitar las maniobras, como la carga y descarga en los puntos de destino. Esto debe servir para el incremento de la cuota de mercado que en España está aún muy por debajo del promedio europeo."
161/000859
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, relativa a las mejoras de la red ferroviaria de Cercanías en Galicia.
El ferrocarril como elemento de articulación y cohesión territorial y social debe ser considerado un servicio público que garantice la movilidad de las personas a lo largo de todo el territorio. La gran ventaja del ferrocarril está en su aspecto social, su accesibilidad es mucho mayor que la de otros medios de transporte personal y la siniestralidad es mucho menor. Además de las ventajas ecológicas ampliamente reconocidas (emisión de contaminantes atmosféricos y acústicos, ocupación del terreno e impacto paisajístico mucho menores), las ventajas económicas también son evidentes (mayor eficiencia energética, menor precio por unidad de transporte y reducción de la dependencia del petróleo).
En el conjunto del Estado, pero sobre todo en Galicia, el panorama del ferrocarril como servicio público está sufriendo importantes cambios que van a suponer una pérdida en extensión y calidad de este servicio.
En primer lugar se está produciendo un adelgazamiento del sector público ferroviario mediante una importante merma de plantillas en las empresas públicas, al tiempo que se externalizan muchos sectores de actividad que antes se realizaban con personal propio de estas empresas. Así están pasando a manos de empresas privadas trabajos que antes realizaba la empresa pública, con una grave repercusión laboral, elevación de los índices de accidentalidad laboral y precarización del empleo y con una pérdida importante en derechos sociales y laborales.
Por otra parte, se produjeron importantes cambios en cuanto a la legislación que regula el sector, por la aplicación de los diferentes paquetes ferroviarios a nivel europeo, que en España supusieron hasta ahora la separación de la gestión de la infraestructura y las operaciones y la liberalización del transporte de mercancías y que va a suponer en el futuro la liberalización del transporte de viajeros.
Por último, se produjeron también grandes cambios en la política de inversiones en infraestructuras, diseñándose distintos planes de actuación en los que la mayoría de los presupuestos se, dirigieron a la construcción de las líneas de AVE, olvidando las inversiones en las líneas convencionales para su mantenimiento y renovación, lo que llevó consigo un importante deterioro de estas últimas. Y no solo alta velocidad ferroviaria necesita Galicia.
En la comunidad gallega se están concentrando las inversiones en las líneas del Eje Atlántico para viajeros y en la conexión de alta velocidad con la Meseta a través de Zamora y Ourense, y se olvidan totalmente las inversiones para la modernización del ferrocarril convencional, se abandonan líneas y estaciones a medida que se ponen en servicio los nuevos tramos.
Es cierto que el Eje Atlántico en servicio en este momento entre A Coruña y Vigo es una infraestructura fundamental para la Galicia atlántica y está suponiendo un incremento importante del número de viajeros.
Sin embargo, las líneas interiores son las más abandonadas, y en este momento están totalmente paralizados todos los proyectos de modernización. Y el tren interior en Galicia necesita una transformación similar a la producida en el Eje Atlántico y en la línea Ourense-Santiago que ya vertebran las principales ciudades gallegas. Pero se han quedado descolgadas Ferrol, Lugo, el histórico nudo ferroviario de Monforte, y la salida sur de Vigo hacia Portugal.
El Gobierno sigue realizando políticas de desmantelamiento de este servicio público, el del transporte de viajeros por ferrocarril, amparándose en la Ley 38/2015 del sector ferroviario (anteriormente la Ley 39/2003), que puso en marcha un proceso de liberalización progresiva del transporte ferroviario.
Previamente, el Gobierno había aprobado el Real Decreto 4/2013 que establecía la transición entre el monopolio de Renfe y el futuro marco liberalizado, donde se especificaba que los servicios denominamos obligaciones de servicio público (OSP) los trenes de cercanías y media distancia, seguirían siendo prestados por Renfe. Pues con su entrada en vigor, Renfe suprimió ese mismo año, 2013, 104 servicios ferroviarios a la semana en Galicia y se cerraron 30 estaciones y otras 21 permanecen con un solo servicio al día. La mala gestión del ferrocarril sirve como excusa para este desmantelamiento.
Estamos asistiendo a la reestructuración del sistema ferroviario que bajo el argumento exclusivamente economicista de baja ocupación pretende justificar la eliminación de trenes convencionales, mientras se derrocha en infraestructuras faraónicas de líneas y trenes AVE, exclusivistas en precio y en paradas.
El ferrocarril convencional en Galicia no puede competir con otros medios si no se invierte en la modernización de la infraestructura, la electrificación y la mejora de los tiempos de viaje. Es necesario aumentar las frecuencias con servicios cadenciados e integrados y adaptados a las necesidades reales de la población y con precios asumibles para la ciudadanía.
Es necesario estar presentes en los consorcios de transporte donde se integren todos los medios y apostar por la intermodalidad e interoperatividad de los transportes.
Ante esta situación considerarnos que es necesario y urgente invertir en el ferrocarril convencional y exigimos una apuesta decidida por el ferrocarril como medio de transporte intracomunitario, respetuoso con el medio ambiente, seguro, como medio de cohesión social y territorial y como un elemento decisivo en el desarrollo económico de las distintas comarcas.
1. Garantizar el ferrocarril como un servicio público de accesibilidad universal (accesible para las personas de movilidad reducida y las personas de todas las clases sociales), de gran calidad, a precios asequibles y cuya infraestructura y servicios de transporte sean de propiedad y gestión pública.
2. Incrementar su participación entre los distintos modos de transporte, potenciando el ferrocarril como medio troncal tanto para el desplazamiento de personas como de mercancías, complementándose con los demás medios de transporte, promoviendo la intermodalidad entre los distintos medios de transporte urbanos e interurbanos, mediante la construcción de estaciones intermodales de transporte de viajeros, con aparcamientos disuasorios para los vehículos personales, conexión con puertos y aeropuertos, centros logísticos de mercancías, etc.
3. Garantizar una mayor articulación del territorio, es necesario recuperar las líneas y estaciones cerradas y evitar que estos cierres se sigan produciendo en el futuro.
4. Potenciar la construcción de nuevas líneas ferroviarias transversales que permita adecuarse a las necesidades de movilidad de la población.
5. Integrar el ferrocarril en la planificación urbana de las ciudades de acuerdo con las necesidades de sus ciudadanos, donde el tren llegue hasta los cascos urbanos, que se han de adecuar para eliminar posibles efectos barrera, además de crear nuevas líneas de metro de superficie o tranvías en las ciudades y árelas metropolitanas.
6. Equilibrar el binomio alta velocidad-red convencional, por lo que es necesario destinar las inversiones en la modernización del ferrocarril convencional, que evite un ferrocarril a dos velocidades, definiendo las prioridades en la ejecución de las infraestructuras ferroviarias pensando que estas deben de estar al servicio de la mayoría de los ciudadanos.
7. Realizar las inversiones necesarias para el mantenimiento de las infraestructuras y la seguridad a través de la modernización de los sistemas de control de tráfico y de incorporar las nuevas tecnologías a las instalaciones de seguridad, así como la adquisición de nuevo material motor.
8. Administrar la gestión integrada de la infraestructura, englobando la red convencional y la de alta velocidad, garantizando la interoperabilidad entre ambas redes, para evitar que los dos anchos de vía trasladen el efecto frontera al interior de nuestro país."
161/000861
El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a la discriminación de la ciencia canaria por la negativa de las compañías aéreas a transportar animales destinados a la investigación.
Hace días saltaba a la luz la noticia de que muchos proyectos de investigación en Canarias, que requieren de animales, estaban en peligro por la negativa de las aerolíneas Iberia y Air Europa a su transporte.
Actualmente existen en las islas distintas investigaciones sobre enfermedades como la artritis reumatoide, la diabetes, epilepsia, etc., con financiación estatal y europea. A pesar de los avances en la búsqueda de alternativas a la experimentación animal, como los cultivos celulares y simulaciones informáticas, que han conseguido reducir en nuestro país el número de animales de experimentación de 1.400.000 a 900.000 por año, desde 2009 hasta ahora, todavía es necesario contar con modelos animales para poder encontrar tratamientos a enfermedades graves.
La legislación española ha avanzado para adaptarse a la Directiva Europea 2010/63/UE. En 2013 se publica el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. En dicho Decreto se afirma que, "Solo se podrán utilizar animales cuando su uso esté justificado por la finalidad que se persigue, valorando su oportunidad siempre en términos de sus potenciales beneficios", así como, "Se marca como objetivo último el total reemplazo de los animales en los procedimientos..."
En septiembre de 2016, más de 90 instituciones científicas anunciaron un acuerdo, promovido por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) que representa a 40.000 investigadores/as, para aumentar la transparencia y la información a la ciudadanía sobre los motivos de la investigación animal. Dicho acuerdo de transparencia conlleva la publicación de información sobre los métodos usados y sus objetivos, así como visitas a los centros de investigación de medios de comunicación, representantes institucionales y ciudadanía en general. Se recuerda desde dicho organismo que prácticamente todos los protocolos de curación y control de enfermedades, desde antibióticos a transfusiones de sangre, diálisis, vacunas, operaciones del corazón, etc.; se basan en el estudio con animales.
Además, conviene recordar que en 2015 la Comisión Europea rechazó una proposición para eliminar definitivamente la investigación con animales, pero se comprometió a potenciar la investigación con métodos alternativos para ir reduciendo la misma a lo estrictamente necesario.
La negativa de las empresas aéreas mencionadas a trasladar estos ratones, aduciendo motivos de seguridad, pone en peligro unos 20 proyectos de investigación en las islas, en Tenerife y Gran Canaria, teniendo ya como consecuencia la renuncia de uno de los grupos a continuar con un proyecto para investigar la leishmaniasis, suponiendo además una clara discriminación hacia los grupos de investigación de Canarias con respecto al resto del Estado, que sí pueden disponer de dichos animales de experimentación. Este embargo no solo afecta a la importación de animales a las islas, también a que desde nuestros centros de investigación se pueda exportar a otros centros para compartir con otros investigadores los avances en el estudio de determinadas enfermedades.
El transporte aéreo entre las islas y la península no está considerado servicio público, con la excusa de que debido el alto número de compañías y vuelos que operan con las islas, las rutas están garantizadas. Pero problemáticas como esta muestran la necesidad de una mayor intervención pública para que exigir a las empresas que operan exigencias con temas que sean de interés general, como es el caso. Nuestras islas tienen un problema de lejanía, pero en una época de alto desarrollo tecnológico y de transporte internacional, esas dificultades derivadas de nuestra posición geográfica no deberían afectar al desarrollo de nuestro sector de investigación, estando como ya está la ciencia conectada a nivel internacional.
Además, este problema viene a evidenciar otros muchos que existen en las islas con respecto a la investigación. La consideración de región ultraperiférica hace que en nuestro REF se recojan las compensaciones al transporte de mercancías, tal y como se recoge en Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, y en el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo. Dichas ayudas tienen como objetivo, "compensar los sobrecostes que experimenta el tráfico de productos como consecuencia de la lejanía del archipiélago del territorio peninsular y de la Unión Europea", con tal objetivo se hace una consignación anual en los PGE, "con la finalidad de abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías interinsular y entre las Islas y el resto de España, así como del transporte de las exportaciones dirigidas a la Unión Europea".
Entre los productos bonificables, según el Real Decreto 362/2009, están "productos no incluidos en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, de acuerdo con lo que se indica a continuación. Los tipos de productos bonificables son los siguientes: a) Productos originarios o transformados en
Canarias. b) "lnputs" (materias primas y productos intermedios), necesarios para la producción de los productos del apartado anterior, siempre que no se fabriquen en Canarias. c) Petróleo y sus derivados, originarios o transformados en Canarias".
Con respecto a la importación de "inputs" para la producción, entendemos que el concepto se refiere a la elaboración de productos en nuestras islas. Sin embargo, la producción debe entenderse de manera amplía, no solo a para la producción industrial, sino también a la producción de conocimiento. Nuestros centros de investigación deberían verse beneficiados de las ayudas derivadas de nuestro régimen económico y fiscal, para mejorar la I+D+I y estar en igualdad de condiciones con el resto del Estado y de la UE, lo contrario sería concebir la economía de nuestras islas de manera neocolonial, incapaz de producir conocimiento y dedicada a una parte limitada del papel que se nos otorga en la división internacional del trabajo.
1. Regular reglamentariamente la obligatoriedad de las compañías aéreas de realizar el transporte de animales destinados a la investigación en las islas.
2. Incluir modificaciones en los decretos de compensación al transporte de mercancías para permitir que la importación de productos dedicados a la producción de conocimiento, Investigación y desarrollo, se puedan beneficiar de las compensaciones establecidas, dentro de las que ya se encuentran incluidas en el REF.
3. Apoyar las iniciativas de búsqueda de alternativas viables a la experimentación animal para lograr los objetivos del Real Decreto 53/2013."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2016.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Carmen Valido Pérez y María del Carmen Pita Cárdenes, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000848
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa al reconocimiento, de oficio, de las incapacidades de los emigrantes retornados.
En el año 2012 la AEAT empezó a remitir cartas a decenas de miles de emigrantes españoles retornados exigiéndoles el pago retroactivo del IRPF sobre los rendimientos derivados de las pensiones extranjeras percibidas en los ejercicios fiscales todavía no prescritos -es decir, desde el ejercicio fiscal del 2008-, más un interés del 5% y una sanción del 20%.
Como consecuencia de la exigencia del pago retroactivo de los cuatro años no prescritos, las cantidades que se exigían oscilaban, por término medio, entre los 4.000 y los 12.000 euros, cantidades que en la mayor parte de las ocasiones resultan inasumibles para los pensionistas, dada la escasa cuantía de sus pensiones.
Todas las afectadas son personas mayores que emigraron entre 1959 y 1973, personas humildes y trabajadoras que durante años enviaron ingentes remesas de divisas que permitieron el desarrollo económico de muchos pueblos y provincias de España, en especial en Galicia, pero también en Asturias, Andalucía y Extremadura y que, en el momento de su jubilación, empezaron a percibir pensiones del extranjero.
Lógicamente la mayor parte de estas personas carecen de conocimientos fiscales, a lo que hay que añadir que, hasta ese momento, la Administración tributaria nunca les había exigido que tributasen por esas pensiones y cuando ellos se dirigían motu propio a la Agencia Tributaria para saber si debían declarar su pensión del extranjero se les informaba de que no tenían que hacerlo. Por tanto, si no tributaron no es porque tuviesen un afán defraudatorio sino amparados en la información facilitada por la propia Administración.
Esta injusta situación que afectaba a miles de pensionistas que no tienen más rentas que las pensiones generadas con su trabajo, que en ningún momento tuvieron el más mínimo afán defraudatorio, que fueron mal informados por la Administración y a los que se les exige con carácter retroactivo y acumulado una tributación al tipo de gravamen ordinario, más los intereses y sanciones resulta especialmente sangrante por coincidir en el tiempo con la aprobación por parte del Gobierno de una amnistía fiscal para personas de rentas elevadas, que durante años dejaron de tributar en España de forma consciente y voluntaria y que ahora se ven beneficiadas por la posibilidad de regularizar su situación a un tipo de interés mínimo y contando para ello con el asesoramiento de la Administración Tributaria.
Como consecuencia de la presión social, el propio Ministerio de Hacienda se vio obligado, en su momento, a anular las sanciones y los intereses que había cobrado a los perceptores de pensiones del extranjero, pero no así la cuota tributaria, que siguió manteniendo al tipo de gravamen ordinario y, además, sin siquiera proceder a la devolución de oficio de las cantidades indebidamente cobradas, sino que para ello exigía la solicitud de devolución por parte de la persona interesada, lo que, en ocasiones, supone obligarle a realizar un desembolso de dinero por no poder realizar la gestión por sí misma, por falta de movilidad, de conocimientos o cualquier otra circunstancia.
En este contexto, merece mención específica el caso de las pensiones abonadas por Alemania, las cuales deberían estar exentas de tributación en España por haber tributado ya en Alemania, puesto que en caso contrario estarían sometiéndose a doble tributación y que la Agencia Tributaria somete también a gravamen.
A este respecto resulta de aplicación el artículo 19.2 del Convenio entre la República Federal de Alemania y el Estado Español para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal de 5 de diciembre de 1966, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012, que dice:
1. Las pensiones y remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado Contratante en consideración a un empleo anterior, solo pueden someterse a imposición en este Estado.
2. No obstante las disposiciones del párrafo 1, las pensiones y remuneraciones similares pagadas por o con cargo a fondos creados por un Estado Contratante, un Land, o uno de sus organismos autónomos, autoridades o administraciones locales, en consideración a un empleo anterior, están exentas de impuestos en el otro Estado Contratante."
El precepto lo que viene a establecer es que, como regla general, las pensiones pagadas por un Estado a un residente en otro Estado se someten al impuesto del Estado de residencia, salvo que, tal como se dispone en el párrafo segundo, dichas pensiones se abonen con cargo a fondos públicos, en consideración a un empleo anterior, en cuyo caso están exentas de impuestos en el Estado de residencia.
Dicho precepto, en ningún momento establece que el empleo anterior haya de ser de naturaleza pública, sino que únicamente se hace referencia a los fondos con los que se abonan las pensiones y remuneraciones. El matiz diferencial entre uno y otro apartado se refiere, por tanto, no a la naturaleza pública o privada del empleo anterior, sino a la procedencia de los fondos con los que se abonan las pensiones y remuneraciones similares -y, en ambos casos, en consideración, efectivamente, a un empleo anterior-, sin distinguir su naturaleza de suerte que están exentas de tributación en el Estado español aquellas cuya procedencia sea pública.
Sin embargo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha interpretado este precepto en el sentido de considerar que solo gozan de exención las pensiones públicas pagadas por el Estado en virtud del desarrollo de un empleo público anterior.
Esta situación ha motivado la interposición de numerosos recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia sobre la interpretación del artículo 19.2 y respecto a cuál ha de ser el origen de las pensiones para que puedan quedar exentas de tributación en España, siendo numerosas las sentencias de diferentes Tribunales Superiores de Justicia de las que se desprende que el matiz diferencial entre la naturaleza pública o privada
del empleo anterior ha de referirse a la procedencia de los fondos con los que se abonan las pensiones y remuneraciones, de modo que siempre que la pensión se haya pagado por o con cargo a fondos públicos estará exenta (así numerosas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia -por todas, la 350/2015, de 25 de junio, la cual cita muchas otras de ese mismo TSJ en el mismo sentido-, de Murcia, Cantabria y Comunidad Valenciana. Es de destacar, además, que dichas sentencias imponen las costas a la Administración.
A pesar de ello, la Agencia Tributaria sigue interpretando que solo gozan de exención las pensiones públicas pagadas por el Estado en virtud del desarrollo de un empleo público anterior.
Es preciso tener en cuenta que según el artículo 3 del Código Civil, las normas deben interpretarse según el sentido propio de sus palabras y, por ello, la interpretación del artículo 19.2 del Convenio de 1966 resulta clara, puesto que expresamente dispone que las pensiones pagadas por o con cargo a fondos públicos están exentas de impuestos en el otro Estado contratante.
Si a ello añadimos que los Tribunales Superiores de Justicia están respaldando esta interpretación, especialmente en Galicia, no tiene sentido que se obligue a los contribuyentes a acudir a la vía contencioso-administrativa, con los gastos que ello conlleva cuando, además, se están imponiendo costas a la Administración.
A ello hay que añadir que recientemente, concretamente el pasado 21 de junio de 2016, la Defensora del Pueblo ha tenido oportunidad de estudiar el asunto a raíz de una queja formulada por el Colectivo de pensionistas retornados del Morrazo (Pontevedra) y ha recomendado interpretar el artículo 19.2 del Convenio entre la República Federal de Alemania y el Estado Español para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal de 5 de diciembre de 1966 conforme al sentido propio de sus palabras, de tal forma que se consideren exentas en España las pensiones pagadas por o con cargo a fondos públicos.
Otra cuestión que está ocasionando graves perjuicios a los jubilados españoles que perciben pensiones del extranjero y no tienen reconocido formalmente en España su grado de minusvalía es el hecho de que la Administración tributaria no les permite aplicarse directamente las exenciones que les corresponderían por el grado de minusvalía que tienen reconocido en el extranjero y les obliga a tributar por la totalidad de sus ingresos, como si no tuviesen ninguna minusvalía y a iniciar un largo y lento procedimiento administrativo -y, en ocasiones, judicial- hasta obtener el reconocimiento de su grado de minusvalía en España para, una vez obtenido, solicitar la devolución de lo indebidamente ingresado. De este modo, si bien al final del largo, lento y costoso procedimiento consiguen recuperar lo que ya no deberían haber tenido que abonar, lo cierto es que les supone un coste y un esfuerzo que, en muchas ocasiones, disuade a muchos pensionistas de reclamar lo que por ley y por justicia les corresponde.
El artículo 7.f) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) dice que estarán exentas del impuesto "Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez".
Por tanto, el artículo 7.f) de la LIRPF no establece la exención para todas las situaciones de incapacidad que establece el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) sino únicamente para la "incapacidad permanente absoluta" y la "gran invalidez".
Estas situaciones se determinan reglamentariamente en función de la incidencia en la reducción de la capacidad de trabajo, siendo la "incapacidad absoluta" la que incapacita para la realización de cualquier trabajo -a diferencia de la incapacidad permanente total, que solo incapacita para el ejercicio de la profesión habitual y no goza de la exención en el IRPF- y la "gran invalidez" la que requiere además de la ayuda de una tercera persona para los actos esenciales de la vida.
El problema surge con las pensiones abonadas por el extranjero porque la regulación legal de las incapacidades en España difiere de la de los otros países, en los que -como en el caso de Suiza, por ejemplo- las pensiones se reconocen mediante un porcentaje que se fija en función del grado de invalidez, sin distinción de si el grado de invalidez lo es para la profesión habitual o para cualquier profesión, de modo que las autoridades del país pagador a la hora de emitir un certificado que acredite la existencia de la invalidez no hacen referencia a ese hecho y, por tanto, no resulta sencillo establecer el paralelismo o trasladar el grado de invalidez reconocido en el Estado pagador con el nivel de invalidez que le persona tendría reconocido según la legislación española, lo que obliga a aquellos pensionistas que se quieran beneficiar de la exención del IRPF a iniciar un procedimiento -en principio administrativo pero que en muchas ocasiones tiene que llegar hasta la vía judicial-, para obtener el reconocimiento de su grado de incapacidad.
La Administración debería establecer mecanismos que facilitasen que nuestros pensionistas tributen desde el primer momento con arreglo a su situación real y puedan disfrutar de todos los beneficios tributarios que legalmente les correspondan, sin que ello les suponga un sobrecoste o sobresfuerzo de ningún tipo.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
1. Devolver de oficio y, con carácter general, con independencia de que se haya o no solicitado dicha devolución, todas las cantidades abonadas por emigrantes retornados en concepto de intereses de demora, recargos y multas por no haber pagado las cuotas de IRPF correspondientes a sus pensiones extranjeras percibidas entre 2008 y 2012.
2. Una vez finalizado el procedimiento de regularización iniciado en el 2012, no aplicar sanciones, ni recargos a posteriores requerimientos, dado que la Agencia Tributaria no ha puesto los medios necesarios, ni humanos, ni materiales, para informar adecuadamente a los emigrantes retornados de sus obligaciones tributarias.
3. Abstenerse de enviar comunicaciones indiscriminadas a determinados colectivos de contribuyentes -como los perceptores de pensiones del extranjero-, limitándose a informar únicamente a los contribuyentes afectados por cada situación, evitando de este modo sembrar una alarma injustificada entre dichos colectivos.
4. Interpretar el artículo 19.2 del Convenio entre la República Federal de Alemania y el Estado español para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, de 5 de diciembre de 1966, conforme al sentido propio de sus palabras, de tal forma que se consideren exentas en España las pensiones pagadas por o con cargo a fondos públicos.
5. Ejecutar todas las sentencias judiciales que declaran exentas las pensiones procedentes de organismos públicos alemanes.
6. Devolver de oficio de todos los importes (cuota, recargos e intereses) indebidamente cobrados a los pensionistas por las pensiones que cobraban de Alemania.
7. Abstenerse de girar nuevas liquidaciones a los pensionistas que perciban rentas procedentes de organismos públicos alemanes respetando escrupulosamente los convenios bilaterales.
8. Iniciar todos los trámites legislativos necesarios para el establecimiento de un régimen de IRPF que detalle de forma explícita y clara las obligaciones fiscales de los emigrantes españoles retornados a España en relación con las pensiones extranjeras que reciben de los países en los que han trabajado, evitando en todo caso la doble imposición.
9. Disponer los medios necesarios para que, como cualquier contribuyente, los pensionistas emigrantes retornados reciban su borrador de la declaración de la renta con inclusión de todos los ingresos que están obligados a declarar, incluidas, en su caso, las pensiones cobradas del extranjero.
10. Establecer un mecanismo de homologación automático de las pensiones de incapacidad percibidas del extranjero para que los beneficiarios de las mismas puedan aplicar directamente las exenciones previstas en la LIRPF, sin necesidad de acudir para ello a complejos y largos procedimientos administrativos y judiciales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000851
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente la siguiente Proposición no de Ley sobre un nuevo convenio para la ampliación de la Estrategia Canaria de Mejora del Espacio Público Turístico, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
La campaña turística 2015 finaliza en Canarias con resultados que reafirman su posición de liderazgo dentro del contexto turístico nacional y destacan su significación en el tejido productivo de las islas.
Se cierra el ejercicio con un total de 11,7 millones de visitantes extranjeros entrados por los aeropuertos internacionales de Canarias, un 2,2 % más que el año anterior, y un total de 12,1 millones de turistas, tanto extranjeros como nacionales, alojándose en los establecimientos turísticos del archipiélago; sin duda, los mejores datos de toda la serie histórica.
Desde el punto de vista de la actividad, la aproximación macroeconómica más cercana al sector la proporciona el epígrafe de la Contabilidad Regional de España de Comercio, Hostelería y Transportes, donde se estima un crecimiento durante el pasado ejercicio del 4,2%.
En materia de empleo, según los datos más recientes sobre ocupación turística, correspondientes al estudio elaborado del Instituto de Estudios Turísticos (IET) para el cuarto trimestre de 2015, las actividades turísticas registraron un total de 236.587 ocupados en Canarias, 34.584 más que en el mismo trimestre del año anterior.
En materia de gasto turístico, según el INE, se estima que el gasto de los extranjeros entrados a Canarias se sitúa en los 12.795 millones de euros, un 2,8 % más que en el año anterior.
La situación de crisis en el sector turístico que se produjo, especialmente, en el 2009, producto de la crisis en los principales países de origen del turismo a Canarias, hizo descender un 14,7% el número de turistas, siendo los peores resultados entre el conjunto de nuestros principales competidores. Según las estadísticas de AENA, durante el año 2009 el tráfico total de pasajeros para el conjunto de aeropuertos canarios se redujo en un 11,8%, frente a un 8,1% de caída para el conjunto de España.
La disminución de las llegadas, junto con la reducción de los presupuestos vacacionales, influyó notablemente en el gasto turístico, cifra que se redujo hasta los 9.075 millones en 2009, lo que supuso una caída de 1.547 millones de euros respecto a 2008.
Como consecuencia de todo ello, el comportamiento del empleo en el sector turístico no fue ajeno al deterioro general de la situación económica y social de Canarias. El empleo registrado a finales de 2009 fue de un 8,2% inferior a la media del empleo en dicho mes durante los tres años anteriores. Canarias se convirtió en la segunda comunidad autónoma en la que un mayor porcentaje de empresarios turísticos declararon que sus beneficios disminuyeron en 2009 respecto al año anterior, concretamente un 98,2%. Esta situación trajo consigo la urgente necesidad de modernización de la industria turística canaria.
Debido a la fuerte dependencia que tiene en Canarias la actividad económica del turismo, la reducción del número de visitantes se trasladó de forma directa y automática a la actividad económica y al empleo de las islas.
Por ello, y aunque la oferta tradicional de Canarias parezca ajena a las oscilaciones de la estacionalidad, la política turística en las Islas tiene el reto de consolidar la demanda tradicional y, simultáneamente, abordar otros valores turísticos a potenciar, que pueden suponer una diversificación y ampliación de su oferta: turismo cultural, natural, científico, etnográfico o gastronómico.
La renovación de la oferta turística canaria constituye un objetivo fundamental tanto para el mantenimiento de la competitividad de la Comunidad en el mercado turístico internacional, como para el propio estímulo de la actividad industrial en Canarias.
Por ello, la voluntad de colaboración entre el Gobierno de España y de la Comunidad Autónoma de Canarias debe ser primordial a la hora de garantizar el apoyo a la ampliación de la Estrategia Canaria de Mejora del Espacio Público Turístico, con el propósito de potenciar la competitividad y la sostenibilidad de la actividad turística en Canarias, así como la recuperación de las zonas turísticas más emblemáticas del archipiélago.
Atendiendo a esa voluntad de colaboración, y en cumplimiento de lo que establece la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (que prevé en su disposición transitoria tercera que la Administración General del Estado, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias y, en su caso, las corporaciones locales, elaborará un Plan especial de infraestructuras en las áreas turísticas que servirá de base para un programa de inversiones públicas que permita alcanzar el nivel de calidad necesario del sector), el 14 de junio de 2010 se suscribe un convenio de colaboración entre el Instituto de Turismo de España (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) y la extinta Consejería
de Turismo del Gobierno de Canarias para la ampliación de la Estrategia Canaria de Mejora del Espacio Público Turístico.
En el marco de ese convenio, se programaron una serie de actuaciones en las diferentes islas, con el fin de mejorar la calidad y competitividad y hacer frente a la degradación sufrida por la madurez y declive en los espacios públicos de los principales enclaves turísticos.
El convenio tenía una duración de tres años, correspondiendo al período 2010-2012. La aportación máxima del Estado a la financiación de las obras previstas en el convenio ascendió a 122 millones de euros, distribuyéndose según las siguientes anualidades:
- Dotación 2010: 30.000.000 de euros.
- Dotación 2011: 42.000.000 de euros.
- Dotación 2012: 50.000.000 de euros.
Con la entrada del PP al Gobierno de España se producen los mayores recortes de la historia de la democracia y se agranda la brecha que separa a Canarias del resto de las comunidades autónomas. En los primeros Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Rajoy, el archipiélago recibió 700 millones de euros menos que en el 2011.
En infraestructuras turísticas, esenciales para mejorar la calidad de nuestro principal sector, se elimina la partida de 50 millones de euros destinada a financiar el convenio de ampliación de la Estrategia Canaria de Mejora del Espacio Público Turístico.
Iniciada la recuperación de la economía española, se hace necesario proceder al rescate del convenio para la ampliación de la Estrategia Canaria de Mejora del Espacio Público Turístico, en el que el Gobierno de España reconozca la deuda con Canarias y consensue un nuevo convenio para el período 2017-2019.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar las negociaciones encaminadas a la redacción de un nuevo Convenio para la ampliación de la Estrategia Canaria de Mejora del Espacio Público Turístico, a los efectos de lo establecido en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que prevé en su disposición transitoria tercera que la Administración General del Estado, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias y, en su caso, las corporaciones locales, elaborará un Plan especial de infraestructuras en las áreas turísticas que servirá de base para un programa de inversiones públicas que permita alcanzar el nivel de calidad necesario del sector."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2016.-Sebastián Franquis Vera, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus Diputados doña Yolanda Díaz Pérez y don Antón Gómez-Reino Varela y a través de su Portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, relativa al proceso de segregación de las centrales eléctricas de las fábricas de ferroaleaciones en Ferroatlántica S.A.
La producción de ferroaleaciones es una industria electrointensiva y por consiguiente su viabilidad está ligada a disponer de energía eléctrica a precios que hagan esta producción competitiva.
En el caso de la empresa Ferroatlántica la producción de ferroaleaciones en Cee (A Coruña) ha estado ligada desde los orígenes a las concesiones hidroeléctricas en los ríos Xallas y Grande situados
en sus proximidades, constituyendo así, ambas, una unidad de productiva que además de mantener una industria y sus puestos de trabajo, utiliza energía renovable, se ajusta al nuevo modelo de producción eléctrica y consumo distribuidos que facilita la operación del sistema, minimiza las pérdidas y las necesidades de red de transporte. O dicho de otro modo, maximiza la utilidad social de un bien público como son los aprovechamientos hidroeléctricos.
En los últimos días se están conociendo informaciones relativas a que la empresa Ferroatlántica S.A., titular de la factoría de ferroaleaciones y de los aprovechamientos hidroeléctricas en los ríos Xallas y Grande, pretende segregar la producción de ferroaleaciones de la producción de energía eléctrica.
Esta operación comercial divide una unidad productiva que ha recibido cuantiosas ayudas públicas en forma de interrumpibilidad y primas a la generación renovable, que hacía viable una industria y sus puestos de trabajo.
Fue el Gobierno quien concedió a esta empresa las ayudas mencionadas, por lo que ahora debería ser el mismo ejecutivo el que velase para impedir la mencionada segregación de las centrales eléctricas de las fábricas de ferroaleaciones.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, presenta la siguiente
3. Promover ayudas de Estado permitidas por la Unión Europea en la Comunicación de la Comisión ''Guía para la concesión de ayudas de estado para la protección medioambiental y la energía 2014-2020'' (2014/C 200/01) para modernizar la factoría de Ferroatlántica S.A., en Cee (A Coruña) mejorando su eficiencia así como la de los aprovechamientos hidroeléctricos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000863
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la pobreza energética, el bono social y la garantía de suministro eléctrico para consumidores vulnerables, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
El denominado bono social es un mecanismo creado por el Gobierno para proteger a los ciudadanos que pertenecen a determinados colectivos de consumidores vulnerables. Estos consumidores tienen derecho a una tarifa resultante de aplicar a su suministro precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) un descuento del 25% en todos los términos que lo componen. Se calcula que actualmente 2,414 millones de consumidores están acogidos al bono social.
Este mecanismo se puso en marcha el 1 de julio de 2009 y, en la actualidad, tienen derecho a acogerse al bono social tanto los consumidores denominados vulnerables, definidos en el artículo 45 de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, como los consumidores de electricidad que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinan en su normativa reguladora.
El pasado 26 de octubre, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por resultar incompatible con la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, al no respetar el principio de proporcionalidad. También declaró inaplicables y nulos los artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que desarrollan lo dispuesto en el artículo 45.4 de la citada ley. Aun cuando la Directiva autoriza de forma expresa que, en aras del interés económico general se haga recaer en las cuentas de las empresas una ayuda como el bono social, tal y como se establecía en la regulación vigente, el Tribunal Supremo ha considerado que la actual normativa vulnera el principio de proporcionalidad por cuanto hace recaer la carga de la financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico, con exclusión de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria.
Así mismo, la sentencia reconoce el derecho de las demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del Real Decreto 968/2014 impugnado hasta la fecha de ejecución de la sentencia, de manera que se deberán reintegrar a las empresas demandantes todas las cantidades que hayan abonado por ese concepto, que se determinarán en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro.
En el caso de que deba reintegrarse a todas las compañías que sufragan el bono social las cantidades pagadas desde el año 2014, la indemnización superará los 500 millones de euros.
Por otro lado, la normativa sobre el bono social establece cuatro colectivos que se pueden beneficiar de esta tarifa: pensionistas mayores de 60 años con la pensión mínima, familias numerosas sin límite de renta, familias con todos sus miembros en paro y consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada. Como puede comprobarse en el gráfico 1, el número total de acogidos al bono social no ha dejado de bajar desde mayo de 2010 hasta mayo de 2016, último mes de referencia. Además, actualmente tan solo el 3,2% de los beneficiarios del bono social son familias con todos sus integrantes en desempleo. Por tanto, el bono social al no estar ligado estrictamente a la renta per cápita del hogar, no está cubriendo las necesidades básicas de un nivel mínimo de suministro eléctrico a aquellos hogares que se encuentran en situación de pobreza energética.
Gráfico 1. Evolución de los usuarios beneficiarios del bono social
Año;Consumidores con P<3 kW;Pensionistas;Familias numerosas;Familias en paro;Total
Mayo 2010;2 509.451;308.229;88.257;21.658;2.927.595
Mayo 2011;2.284.107;324.611;115.224;29.834;2.753.776
Mayo 2012;2.150.332;303.358;130.148;29.791;2.613.629
Mayo 2013;2.034.854;283.038;141.432;40.429;2.499.753
Mayo 2014;1.961.179;289.113;162.174;54.824;2.467.290
Mayo 2015;1.885.047;303.775;183.266;67.790;2.439:878
Mayo 2016;1.803.127;320.254;214.563;76.563;2.414:507
%2016/2010;-18,14%;3,9%;143,1%;253,5%;-17,5%
%2016/2015;-4,3%;5,4%;17%;12,9%;-1,03%
1. Regular con carácter de urgencia la pobreza energética como situación en la que consumidores vulnerables no disponen de rentas suficientes para satisfacer sus necesidades domésticas de energía.
2. Garantizar el derecho al suministro de consumidores vulnerables establecido en la Directiva 2009/72/CE, del mercado interior de la electricidad, estableciendo un servicio mínimo de subsistencia, en coordinación con los servicios sociales de las administraciones competentes, que no podrá ser interrumpido en ningún caso por las empresas comercializadoras.
3. Modificar la definición de las categorías de beneficiarios en el bono social para que tenga efectos realmente redistributivos con el objetivo de garantizar un consumo básico a los hogares vulnerables.
4. Tomar las decisiones que sean pertinentes para no repercutir en el recibo eléctrico de los consumidores domésticos las consecuencias de la anulación judicial del sistema de financiación del bono social.
5. Abordar una política de transición energética que se oriente hacia un nuevo modelo que tenga como prioridad la rehabilitación y eficiencia energética de los edificios, fomentar el autoconsumo de energía eléctrica e impulsar el sector de las energías renovables."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2016.-María Pilar Lucio Carrasco, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas relativas a la protección del plátano de Canarias ante la próxima firma del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Ecuador, para su debate en la Comisión de Agricultura.
La Unión Europa y Ecuador han alcanzado un acuerdo comercial que se espera se firme solemnemente el 11 de noviembre de 2016, en Bruselas en presencia de las autoridades. Con este acuerdo, Ecuador se une a Colombia y Perú en un marco privilegiado de relaciones comerciales con la Unión Europea.
La UE mantiene un saldo comercial con Ecuador ligeramente favorablemente a este último. En 2015 la UE importó de Ecuador mercancías por valor de 2.600 millones de euros y exportó a Ecuador por valor de 2.000 millones de euros. Este Acuerdo suscrito en 2012 con Perú y Colombia, supuso ahorros anuales de 500 millones de euros, con efectos beneficiosos para ambos bloques comerciales.
El estudio sobre el impacto sostenible del Acuerdo Comercial realizado por la Comisión en 2007 cifraba entre 1.043 y 2.754 millones de euros los beneficios a corto plazo del acuerdo para la Unión Europea de 27 países, en función de lo ambiciosa que fuese la liberalización. El beneficio calculado para Ecuador fue de entre 551 y 541 millones de euros. Los efectos dinámicos a largo plazo elevaban cuantiosamente estas cifras.
Este Acuerdo supondrá la eliminación de aranceles para más de 300 productos, siendo uno de los puntos del Acuerdo más sensibles: el plátano. Ecuador produce unas 769.000 toneladas de plátano al año y es el principal exportador de plátano del mundo, con una cuota de las exportaciones mundiales del 27% en 2014.
A su vez España es uno de los países que más plátano importa, con un 3,4% de las importaciones mundiales, a pesar de contar con una importante producción autóctona. En 2015 las islas Canarias
produjeron 393.490 toneladas de plátanos, correspondiendo el 44% de la producción a Tenerife, el 33% a La Palma y un 20% a Gran Canaria. Un 90% de esta producción se consumió en la península ibérica, un 9% en Canarias y sólo un porcentaje marginal del 0,06% se exportó a otros países.
Parece previsible que la eliminación de los aranceles al plátano de Ecuador, como consecuencia de la entrada en vigor del Acuerdo Comercial, puede tener un impacto negativo sobre el plátano de Canarias y sobre la economía canaria, si no se toma ninguna medida.
Precisamente por eso, el Parlamento Europeo aprobó, el 26 de noviembre de 2015, en sesión plenaria una propuesta de resolución que aumenta de forma importante la protección a los productores de plátano de la UE. Esta enmienda obliga a la UE a frenar la entrada de plátanos desde el país latinoamericano no solo si se superan los límites de importación establecidos, sino también si existe amenaza de perjuicios graves para las economías de las regiones productoras, como es el caso de Canarias. Es decir, que la Comisión pueda suspender la exención de aranceles a los plátanos importados procedentes de dichos países si las importaciones aumentan de forma desproporcionada causando o amenazando con causar graves perjuicios a las economías de las regiones productoras de la UE, como por ejemplo la pérdida de empleo.
Adicionalmente, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión que se le informase regularmente, cada vez que la tendencia de las importaciones de plátanos se acercase a los volúmenes de importación de activación, y que facilitase datos sobre el impacto directo e indirecto de las importaciones de plátanos procedentes de Colombia, Perú y Ecuador.
El cultivo del plátano en Canarias es tradicional y realizado por pequeños productores. Así mismo al ser un cultivo europeo, cumple con las condiciones de producción y procesamiento más exigentes del mundo. El plátano da trabajo a más de 35.000 personas de las islas, entre empleos directos e indirectos, en todas las fases de su producción: desde la cosecha y recolección hasta el empaquetado y distribución. Esto es más de un 4% de la población ocupada en el archipiélago.
El cultivo del plátano de Canarias cuenta con el reconocimiento y apoyo europeo. El Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) financia al 100% la ayuda a los productores de plátanos, establecida en la Medida II del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, que para la campaña de 2015 contó con 141.100.000 euros, en torno al 70% del total de ayudas agrícolas a Canarias.
1. Velar por el respeto de los volúmenes de importación de activación en los términos establecidos en el mecanismo de estabilización para el plátano según la normativa europea.
2. Hacer un seguimiento sobre el impacto directo e indirecto de la entrada en vigor del Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Ecuador sobre el sector del plátano de Canarias a fin de poder aplicar todas las medidas necesarias para minorar los eventuales perjuicios que dicho Acuerdo pueda ocasionar sobre la competitividad del sector y para reforzar el control de importaciones irregulares con la finalidad de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente.
3. Garantizar una fluida y elevada coordinación con la Comisión Europea en la vigilancia de los términos del Acuerdo Comercial con Ecuador para evitar perjuicios para el conjunto de la economía canaria.
4. Impulsar un plan para la internacionalización del plátano de Canarias a fin de aumentar el porcentaje de exportaciones a terceros países sobre el total de la producción canaria."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2016.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para que se revise el Reglamento 1224/2009 del Consejo de 20 de noviembre de 2009, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El Parlamento Europeo aprobó, el 25 de octubre de 2016, una resolución sobre cómo homogeneizar los controles de pesca en Europa ya que se puso en evidencia que por una misma infracción las sanciones son distintas y las administraciones implicadas en el control son diferentes.
La resolución plantea que se equipare la regularidad, frecuencia, duración, rigor, meticulosidad, eficacia y los métodos de los controles de la pesca en Europa.
Pide también que una misma infracción reciba el mismo castigo independientemente de quien la cometa, y no como ahora que la misma infracción en un país la dirime la vía administrativa y en el de al lado la vía penal.
Recomienda también que los controles se realicen en toda la cadena y no sólo en el mar, ahora algunos países vigilan el cumplimiento de las normas desde el barco al restaurante y otros sólo cubren el proceso pesquero.
Solicitan también la elaboración de un plan de estudios común para la formación de inspectores con la participación de la Agencia Europea de Control de la Pesca para la que también solicita que se amplíe su mandato para llevar a cabo acciones operativas de control de la pesca que permitan coordinar de manera efectiva la actividad de las numerosas autoridades locales, regionales, nacionales y de agencias que ejercen funciones de guardacostas en la UE.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que haga las gestiones oportunas para que se revise el Reglamento 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009 por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Nueva Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del grado de discapacidad del 33% a los niños con cáncer.
En España enferman de cáncer cada año alrededor de 1.100 niños/as, lo que supone una incidencia de la enfermedad de 155,5 casos nuevos por millón de niños/as de cero a catorce años (tasa estandarizada) 1.
El cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en la infancia y los pacientes curados pueden tener secuelas de por vida. Además, se trata de una enfermedad que no puede ser prevenida
1 Los datos del presente documento están extraídos del Registro Español de Tumores Infantiles (RETI-SEHOP).
porque se desconocen sus causas, por lo que la lucha radica en un diagnóstico precoz y un pronto inicio del tratamiento.
Según datos aportados por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el pasado 4 de mayo de 2015, se estima que el 80% de los menores de catorce años que padecen alguna clase de tumor logrará superar su enfermedad.
Por todo lo dicho, el cáncer infantil en España es poco frecuente pero es más que una enfermedad, también es un problema social por el impacto socio-sanitario que tiene sobre los pacientes, las familias y la sociedad en su conjunto.
Una de las medidas que alivian, en parte, la dura situación por la que pasan las familias es el reconocimiento de la discapacidad a los pequeños diagnosticados con cáncer, lo que les permite acceder a algunas ayudas.
Si el grado de discapacidad que se reconoce al paciente es igual o superior al 33%, éste tiene acceso a una serie de ayudas y servicios: prestaciones económicas, tratamientos rehabilitadores, medios de adaptación en el hogar, apoyo educativo, ayudas al transporte, etc.
No obstante, existen grandes diferencias entre las CCAA (y en ocasiones dentro de una misma autonomía) a la hora de aplicar el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente
1. Modificar el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, incorporando en el capítulo 11, correspondiente a neoplasias, un apartado que recoja la obligatoriedad de reconocimiento del 33% de discapacidad a los pacientes de cero a catorce años diagnosticados de cáncer desde el mismo momento en que se produce el diagnóstico.
La notificación del acuerdo deberá ir acompañada del mandato para que se pongan en marcha los procedimientos de coordinación necesarios en materia de servicios sociales y sanitarios que permitan la aplicación inmediata en todo el territorio español del reconocimiento del 33% de discapacidad a todos los pacientes de 0 a 14 años diagnosticados de cáncer, desde el mismo momento en que este diagnóstico se produce."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2016.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000843
La endometriosis es una enfermedad crónica que, según distintas fuentes, padecen entre una y dos de cada diez mujeres en edad fértil, estando afectadas entre un 30 y un 40% de las mujeres con infertilidad. Se dan también numerosos casos de mujeres con endometriosis ya histerectomizadas o con menopausia que sufren los mismos o peores síntomas, y que no son tratadas por especialistas en ginecología, ya que el sistema sanitario no recoge su excepcionalidad.
La endometriosis es una afección en la cual el tejido que normalmente recubre el interior del útero (el endometrio) crece en otras áreas del cuerpo, causando, entre otros efectos, dolor, sangrado irregular y, en muchas ocasiones, infertilidad. La endometriosis es un proceso de evolución imprevisible y no se conoce su causa, habiendo diversas teorías al respecto. El síntoma principal de la enfermedad es el dolor, antes, durante y tras la menstruación, que no remite con el tratamiento habitual y que puede llegar a ser tan severo que incapacita a la mujer. Además esta enfermedad produce, entre otros problemas, astenia, dispareunia, síndrome miccional y trastornos intestinales, compromete la fertilidad y se asocia en muchas ocasiones con síntomas de fatiga crónica, fibromialgia e hipotiroidismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-María Guadalupe Martín González y Jesús María Fernández Díaz, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa de la Diputada Amparo Botejara, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a la recuperación de la accesibilidad y equidad del Sistema Nacional de Salud.
El Fondo de Garantía Asistencial está contemplado en el artículo 3 del Capítulo III del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Este Fondo se crea con carácter extrapresupuestario, con el objeto de garantizar la cohesión y equidad en el Sistema Nacional de Salud, mediante la cobertura de los desplazamientos entre Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, para compensar las actuaciones que los respectivos servicios de salud realicen en el marco de la aplicación de la cartera básica de servicios asistenciales.
No hay justificación alguna para que este Fondo no estuviera presupuestado, creando una importante dificultad para realizar interconsultas, diagnósticos y tratamientos necesarios de unas Comunidades Autónomas a otras, a centros de referencias determinados.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar urgentemente las medidas necesarias para dotar económicamente el Fondo de Garantía Asistencial para el ejercicio presupuestario del año 2017 a fin de garantizar que toda la población tenga garantizada la igualdad de acceso a los servicios de atención sanitaria pública en todo el territorio español."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2016.-Amparo Botejara Sanz, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000855
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la Proposición no de Ley relativa a la creación de un Registro Nacional de Donantes de Gametos y Preembriones, para su debate en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.
La aparición de las técnicas de reproducción asistida en la década de los 70 supuso la apertura de nuevas posibilidades de solución a un problema en al menos tres supuestos: el terapéutico, el preventivo y el de la necesidad de apoyo a inquietudes de mujeres que conformen familias monoparentales por el motivo que sea.
En el supuesto terapéutico porque ayudan a paliar los efectos de la esterilidad que afecta a un amplio número de parejas aquejadas por esta patología.
En el supuesto preventivo porque permite la prevención de enfermedades genéticas, que en la actualidad carecen de tratamiento curativo, gracias a la investigación y a la posibilidad de selección de preembriones.
En el supuesto de la necesidad de apoyo a familias monoparentales porque los derechos de las mujeres son incuestionables independientemente de su estado civil u orientación sexual.
En su exposición de motivos la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre reproducción Humana Asistida, dice lo siguiente:
"La realidad de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida en nuestro país no puede ser ajena a la consideración de que dichas técnicas se han desarrollado de manera extensiva en especial en el ámbito privado. De esa realidad se deriva que la intervención de los poderes públicos en este campo debe ir dirigida también a compensar la asimetría de información que existe entre quienes acuden a demandar la aplicación de estas técnicas y quienes las aplican, de manera que se garantice en lo posible el equilibrio de intereses entre unos y otros.
Uno de los mecanismos prioritarios para contribuir a la equidad de esa relación es la disponibilidad de una información accesible a las personas usuarias de las técnicas que sea clara y precisa sobre la actividad y los resultados de los centros y servicios que las practican. Esta necesidad se traduce en la Ley en el reforzamiento de los registros y otros mecanismos de información que deben constituirse, hasta el punto de considerar dicha información pública como un elemento esencial de la práctica de las técnicas, de manera que se proporcione a la ciudadanía que acude a los centros los instrumentos adecuados de información que les permitan ejercer con criterios sólidos su capacidad de decisión."
Esta es un de esas inquietudes que las mujeres que desean conformar familias monoparentales por cualquiera de los motivos posibles y las distintas asociaciones que conforman, vienen expresando y reivindicando para que sea una realidad. En concreto, la creación de un Registro Nacional de Donantes mediante real decreto, que regule su organización y funcionamiento. Y lo hacen fundamentalmente porque temen el riesgo de endogamia familiar cuando se da el caso de que los donantes son anónimos.
En estos momentos, además, la creación de un Registro Único de Donantes de Gametos es una obligación exigida por Europa y además tiene fecha tope para entregar toda la información porque de lo contrario los centros españoles de reproducción asistida no podrán ejercer su labor. Conocemos la existencia de algún borrador pero ninguno ha llegado a ser definitivo.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, a través del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, promueva la creación de un Registro Nacional de Donantes de gametos y preembriones, tal como establece la Ley de Reproducción Asistida 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida en su artículo 21."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2016.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000864
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre los fondos de cohesión y garantía asistencial sanitaria con el fin de incrementar la equidad y calidad del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La Ley General de Sanidad 14/86, de 25 de abril, establece como uno de sus principios generales que la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española en condiciones de igualdad efectiva, orientándose a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales. Con ese fin, todos los servicios y acciones sanitarias realizadas por las distintas administraciones tendrán una concepción
integral de sistema sanitario (Sistema Nacional de Salud), sin perjuicio de que su organización tenga un carácter descentralizado (Servicios Autonómicos de Salud). Dicha igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio español se encuentra por otra parte amparado por la Constitución Española en sus artículos 9.2 y 158.1.
Con este sistema integrado y al mismo tiempo descentralizado la Ley busca organizar los servicios de salud con arreglo a criterios de igualdad de acceso y libre circulación de ciudadanos dentro del territorio nacional, mejora continua de la calidad e innovación sanitaria, planificación y racionalización en la distribución de recursos, autogobierno de las CCAA y mecanismos de cooperación horizontal entre administraciones. En definitiva, se trata de organizar un sistema sanitario coherente, armónico y solidario, como lo enuncia su artículo 70. La colaboración financiera entre el Estado y las CCAA en pos de dichos fines viene asimismo recogida en el artículo 72 de la citada Ley General de Sanidad.
La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 16/2003, de 28 de mayo, concreta varios de los objetivos y principios recogidos en la Ley General de Sanidad. Así, su artículo 4 establece el derecho de todos los ciudadanos a recibir asistencia sanitaria en condiciones de igualdad también cuando se encuentren desplazados de su domicilio dentro del territorio nacional. Igualmente abre la vía para la introducción de nuevos tratamientos a través del uso tutelado, así como la creación de una red de centros y servicios nacionales de referencia, ambos financiados a través del Fondo de Cohesión Sanitaria (artículos 22 y 28). La disposición adicional quinta de la citada Ley establece el Fondo de Cohesión con la finalidad precisamente de garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español así como financiar las políticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dirigidas a asegurar la cohesión sanitaria y la corrección de desigualdades.
El Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, reguló la gestión de dicho Fondo de Cohesión Sanitaria contemplando que el mismo compensaría la asistencia sanitaria a: (i) pacientes residentes en España derivados entre comunidades autónomas cuando la comunidad de origen no disponga de los servicios o recursos adecuados; (ii) asegurados desplazados a España en estancia temporal, con derecho a asistencia a cargo de otro Estado; (iii) pacientes residentes en España derivados entre comunidades autónomas para su atención en centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud; y (iv) la aplicación de las técnicas, tecnologías y procedimientos en la modalidad de uso tutelado. Mientras que para los dos primeros casos el Fondo actúa como un sistema de compensación entre administraciones, ha venido financiando los dos últimos supuestos con recursos propios.
Por otra parte, el Real Decreto 1302/2006, de 10 de noviembre, estableció las bases para la designación y acreditación de centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud. Este mecanismo ha permitido desde su creación la conformación de una amplia base de colaboración intercomunitaria para atender con eficiencia y calidad procedimientos médico-quirúrgicos de alta complejidad o alta especificidad. Precisamente por ello, sigue siendo muy amplia la demanda de extensión de esta red, tanto por parte de las sociedades profesionales como por parte de muchas asociaciones de enfermos y familiares.
Si bien el Fondo de Cohesión supuso un avance importantísimo para la cooperación y la mejora de calidad en la asistencia a pacientes con enfermedades complejas o raras y para la innovación dentro del SNS, ha dejado sin resolver otras situaciones como la asistencia intercomunitaria a poblaciones limítrofes o fronterizas, así como la desigual asistencia intercomunitaria prestada a poblaciones desplazadas temporalmente dentro del territorio nacional por razones familiares, de trabajo, estudio o vacacionales.
Tradicionalmente la asistencia a poblaciones limítrofes se ha venido desarrollando sin mayores dificultades, bien de manera espontánea o bien a través de convenios bilaterales intercomunitarios específicos. Sin embargo, es a partir de distintas situaciones creadas por gobiernos autonómicos del Partido Popular, que decretaron el cierre de sus centros sanitarios a poblaciones limítrofes de otras comunidades, cuando se ha hecho necesario establecer un sistema de compensación específico para estas situaciones también. Así, el Fondo de Garantía Asistencial fue creado, con carácter extrapresupuestario, por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Este Fondo está destinado a la compensación entre comunidades y ciudades autónomas por la asistencia sanitaria que presten a los ciudadanos de otras comunidades en sus desplazamientos temporales.
El Sistema Nacional de Salud se encuentra en la actualidad sin los instrumentos financieros necesarios para cumplir los principios, arriba indicados, de libertad de movimiento, igualdad de acceso, mejora de calidad, innovación y racionalización de recursos. Por una parte el Fondo de Cohesión ha visto reducida
progresivamente su cuantía desde el comienzo de la gestión gubernamental del Partido Popular hasta llegar a ser un fondo extrapresupuestario sin dotación financiera alguna. Y por otra, el Fondo de Garantía Asistencial permanece sin desarrollo legislativo y por tanto sin ser operativo.
1. Recuperar el Fondo de Cohesión Sanitaria, dotándolo de recursos financieros propios al menos en la cuantía presupuestada en los PGE para el año 2011, con el objeto de atender los objetivos contemplados en la Ley de Cohesión y Calidad y en el Real Decreto que lo reglamentó.
2. Impulsar la acreditación de nuevos centros, servicios y unidades de referencia del SNS, en particular para aquellas enfermedades de especial significación por tratarse de enfermedades raras o de especial complejidad en su diagnóstico y tratamiento.
3. Añadir un nuevo concepto y los recursos necesarios al Fondo de Cohesión con el objeto de financiar la introducción en el Sistema Nacional de Salud de las innovaciones terapéuticas que, habiéndose comprobado un alto valor terapéutico (efectividad y eficiencia), suponga para las CCAA un alto coste, difícil de asumir en el corto plazo. Dicha innovación deberá haber sido previamente considerada prioritaria por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
4. La financiación de la innovación por parte de los PGE podrá tener un carácter gradual, trasvasándose progresivamente a los presupuestos sanitarios de las administraciones autonómicas. Por otra parte, el precio a pagar por la innovación deberá ser ajustado al coste de producción e investigación, su precio deberá comparar favorablemente con el precio en el resto de los países de la zona euro, y tomará en consideración la posible contribución realizada por fondos o recursos públicos a su desarrollo.
5. Regular, en el plazo no superior a seis meses, el Fondo de Garantía Asistencial, previo acuerdo con las CCAA en el seno del Consejo Interterritorial del SNS, con el fin de facilitar y eliminar las barreras hoy existentes en la asistencia a personas desplazadas temporalmente de sus domicilios y poblaciones limítrofes que reciben asistencia sanitaria de manera planificada en una Comunidad Autónoma diferente a la de su residencia.
6. Promover, a través del Fondo de Cohesión o del Fondo de Garantía Asistencial, la utilización conjunta de recursos asistenciales dé alta complejidad o alto coste por parte de las distintas CCAA, de manera que aumente la eficiencia global en el uso de dichos equipamientos y servicios, así como la calidad o resultados clínicos al lograrse un mayor volumen de atenciones.
7. Establecer un Sistema de Información adecuado que permita registrar, validar, contabilizar y publicar los resultados de todas las actividades sanitarias recogidas por ambos Fondos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2016.-Jesús María Fernández Díaz, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000840
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la movilidad cultural de artistas y proyectos culturales canarios, para su debate en la Comisión de Cultura.
La situación geográfica de Canarias, su condición de archipiélago y la distancia con el continente europeo, son elementos que determinan una realidad cultural única y que condicionan la esencia cultural
de Canarias. Su papel de puente cultural entre Europa, África y América y su tradición portuaria y comercial componen las herramientas de la potencialidad cultural de las islas.
La identidad cultural de Canarias debe entenderse como un concepto abierto y en construcción constante que no sólo debemos proteger, sino también valorizar, respetando su diversidad cultural.
La condición de Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión Europea (RUP) ha conllevado un avance en la mejora de infraestructuras, gracias a las inversiones de los fondos de cohesión centrados en reducir el déficit de accesibilidad, fomentar la inserción regional y en políticas de cohesión, agrícolas, de investigación y competencias. Sin embargo, las políticas culturales han estado hasta el momento al margen de las distintas estrategias desarrolladas para las RUP.
En el año 2008, los datos sobre los usos culturales en Canarias estaban muy por debajo de la media nacional. El porcentaje de población que había visitado un museo en el último año era del 19,8%, frente a una media nacional del 31,2%; los espectadores de teatro fueron del 9,8% y 19,1%, respectivamente, y los de cine del 48,9% y 52,1%. Los usuarios de bibliotecas fueron el 12,9% en Canarias y del 17,6% en la totalidad del país.
Sin duda, el carácter insular de la Comunidad influye en esos indicadores, al dificultar las comunicaciones. Por ello, era necesario que el Gobierno de España prestara un apoyo singular para que la población canaria tuviera las mismas oportunidades de disfrute de los bienes culturales que el resto de los ciudadanos españoles. Con esta finalidad, el Estado asumió como responsabilidad propia el apoyo al desarrollo de la cultura en Canarias, y ello valorando el coste de la insularidad como un coste añadido que ha de ser compensado mediante su intervención subvencionadora.
Como consecuencia de ello, el Gobierno de España firmó un convenio con el Gobierno de Canarias de apoyo a la movilidad de los artistas canarios y su participación en eventos artístico-culturales fuera de las islas, que supuso una aportación especial de 700.000 euros, durante 2008, para paliar los efectos negativos de la insularidad canaria. Esa aportación económica se mantuvo hasta el año 2011. La reducción en la financiación pública de la cultura, especialmente en los presupuestos de 2012 a 2015, nos mostró que para el PP la cultura es una actividad superflua, prescindible en tiempos de crisis.
En los Presupuestos Generales para el año 2012, el Gobierno del PP dio muestras de su desprecio al hecho insular reconocido en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Canarias, ya que la partida económica que sustentaba aquel convenio, además de reducirse, se planteó integrada en el Programa de "Promoción y Cooperación Cultural", común para todo el Estado. Esta situación pudo ser finalmente salvada en el trámite de enmiendas parlamentarias y el Programa "Canarias Crea" pudo continuar desarrollándose, al quedar dotada una partida presupuestaria con 586.000 euros destinada "a las CCAA de Baleares y Canarias y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para desplazamientos a/y desde la península de empresas, personas e instituciones con motivos de eventos de carácter artístico y/o cultural".
Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado para el 2013, además de reducir en un 90% la aportación para la cultura en Canarias, cercena las posibilidades de los artistas, creadores e industrias culturales de Canarias de dar a conocer su producción más allá del territorio, al desaparecer la partida presupuestaria antes indicada, lo que supuso un duro golpe a una actividad y un sector que viene sufriendo con rigor los efectos de la crisis.
Por todo ello, es una reclamación unánime de todo el sector que el conjunto de las administraciones públicas alcance, en los próximos años, el gasto medio en cultura anterior a la crisis económica.
Tanto la Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales (AICAV), como la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Canarias, vienen reivindicando la recuperación de las ayudas al Programa "Canarias Crea", eliminadas de los Presupuestos Generales del Estado en el 2013, ayudas dirigidas a favorecer la movilidad del sector cultural hacia el exterior de las islas, tratando de compensar las dificultades a las que se enfrentan los creadores canarios por el sobrecoste que supone trabajar en un territorio alejado del continente, al tiempo que contribuye a la difusión y promoción de la cultura canaria en el exterior, situando al archipiélago en los circuitos tanto estatales como internacionales.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar las subvenciones a los desplazamientos a/y desde la península de empresas, personas e instituciones con motivos de eventos de carácter artístico
y/o cultural, con el objeto de facilitar a los artistas, creadores e industrias culturales canarias el intercambio y la comunicación cultural de Canarias con el resto del Estado."
161/000841
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la dignificación, señalización y museización de espacios de la memoria de la Guerra Civil y la Dictadura, para su debate en la Comisión de Cultura.
En materia de memoria histórica en cualquier conflicto y sus derivaciones posteriores es sin duda importante no borrar de la conciencia colectiva los procesos de represión que durante y después de un conflicto fueron llevados a cabo. Por desgracia en España, la represión durante y posterior a la Guerra Civil ha sido metódicamente olvidada y desgajada del debate historiográfico general y, en consecuencia de la memoria histórica colectiva.
Hubo un importante esfuerzo a lo largo de la dictadura franquista, mantenido por determinados sectores durante y tiempo después de la Transición, para relativizar la fuerza de la represión y violencia política del ejército y el posterior régimen franquista. Se pretendió instalar en el imaginario popular que la represión y violencia aplicada por el franquismo fue una respuesta proporcionada a la violencia republicana, un acto de respuesta, negando así que la dura represión inicial y su proyección en los primeros años del régimen fueran los cimientos del terror en el que se basó la perpetuación del régimen dictatorial.
Esta represión tuvo diversas materializaciones a lo largo del conflicto y los años posteriores, los Campos de Concentración, las Colonias Penitenciarias Militarizadas, los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores y los Batallones de Trabajadores. Los dos primeros siendo espacios de reclusión y represión para soldados, civiles y exiliados de otros países, y los Batallones dedicados a reconstrucción o construcción de infraestructuras mediante trabajos forzados.
En el artículo 17 de la Ley de Memoria Histórica (Edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos) ya se contempla la creación de un censo de dichos elementos, sin precisarse qué hacer con dicho censo o la función, o funciones, que pudiera tener en un futuro. Es pertinente, por lo tanto, que dicha acción prevista en la Ley se dote de una función más allá de la recolección de datos. Para dotar de sentido a la catalogación sólo se puede actuar de manera que los espacios de represión sean dignificados, señalizados, dotados de plafones informativos que contengan textos que permitan una correcta interpretación en su contexto histórico y, en la medida de lo posible y atendiendo al interés histórico de cada sitio, museizados. Las obras fruto de la represión y el trabajo forzado presentes en toda nuestra geografía deben ser también convenientemente señalizadas y dotadas con plafones informativos, conteniendo textos que permitan una correcta interpretación en su contexto histórico.
El ejercicio de rememoración de dichas acciones no debe concebirse sino como un recordatorio permanente de lo que una sociedad puede hacerse a sí misma en un momento de conflicto, de las barbaries ejecutadas a la sombra de la guerra. Los espacios dedicados a la memoria de la represión deben ser, por lo tanto, lugares en donde aprender y reconocer la barbarie que los humanos podemos llegar a encerrar y que el conflicto puede desatar.
En España a lo largo del golpe contra la República y el posterior conflicto bélico se llegaron a habilitar casi dos centenares de espacios de reclusión y represión, algunos de los cuales se mantuvieron en funcionamiento durante los primeros años de la posguerra. Entre esta nómina podemos encontrar desde edificios existentes rehabilitados a tal fin, campos vallados sin más estructura o verdaderos campos de concentración con estructuras construidas similares a los campos de infausta memoria de la Alemania hitleriana, como el de Miranda de Ebro o el de Reus.
Es por ello que, además del censo contemplado en el artículo 17 de la Ley de Memoria Histórica de elementos construidos con trabajos forzados, creemos que es inaplazable la creación de un censo exhaustivo de los campos de concentración y espacios usados con fin de reclusión a lo largo del período transcurrido entre el golpe de estado franquista y el fin del régimen dictatorial. Dicho censo también debería permitir la preservación de las estructuras existentes todavía hoy en día o la adecuación de los espacios actuales a la memoria de los campos de reclusión y de concentración franquistas y los espacios usados para represaliar a ciudadanos españoles y extranjeros durante y después de la Guerra Civil.
La conservación, museización, adecuación, exposición y habilitación como espacios de memoria de campos de concentración y espacios de represión es habitual en otros países europeos. Ha quedado demostrado el valor pedagógico de estas acciones mucho más allá de la rememoración del conflicto o las acciones allí llevadas a cabo. Su uso actual como puntal de la creación de espacios de autorreflexión sobre la barbarie propia de las sociedades modernas acaba por ser un elemento esencial en la educación en valores de los ciudadanos más jóvenes.
1. Elaborar el censo completo de los centros de reclusión y campos de concentración construidos o habilitados para tal fin por las autoridades franquistas, entre el golpe de estado franquista del 17 de julio del 1936 y el final de la dictadura franquista.
2. Elaborar el censo completo de las infraestructuras y obras elaborado con trabajos forzados de represaliados tal como contempla el artículo 17 de la Ley de Memoria Histórica.
3. Establecer un calendario para la realización de los trabajos de adecuación y conservación de dichos espacios de confinamiento y de trabajo forzado por razón de la política de represión franquista, destinando los fondos necesarios a partir de los Presupuestos Generales del Estado y hasta que dicha tarea sea completamente finalizada.
4. Museizar los espacios conservados o habilitar plafones informativos en todos los sitios usados como espacios de represión de ciudadanos españoles y extranjeros por parte del régimen franquista, y convertirlos así en lugares de memoria histórica, destinando a dicho fin los fondos necesarios a partir de los Presupuestos Generales del Estado y hasta que dichos trabajos queden finalizados completamente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2016.-Marc Lamuà Estañol, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000853
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la financiación a través del denominado 1,5% Cultural de las actuaciones comprometidas con la UNESCO para la designación de Patrimonio Mundial en la zona de amortiguamiento del Sitio de los Dólmenes de Antequera, así como en el Conjunto Arqueológico, para su debate en la Comisión de Cultura.
La aportación del llamado 1% cultural por cada obra pública financiada total o parcialmente por el Estado, es uno de los instrumentos de la Administración General del Estado para responder al mandato constitucional por el que los Poderes Públicos deben garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico. Para ese fin la Ley de Patrimonio Histórico estableció ese porcentaje mínimo a aplicar sobre el presupuesto de las obras públicas que se ejecutasen por la Administración del Estado.
Desde 2013 el Ministerio de Fomento amplió su aportación a este objeto del 1% al 1,5% del presupuesto de las obras que licita, mediante Convenio interministerial (Fomento-Cultura) y extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016.
En Antequera en los últimos años, sin contar el fallido proyecto del Anillo Ferroviario por el que Antequera habría recibido casi 400 millones de euros, se han llevado a cabo licitaciones públicas y obras por más de 70 millones de euros en diferentes infraestructuras. Desde 2010, que fue la última ocasión en la que Antequera recibió ingresos por este concepto, llevando a cabo el proyecto del recinto amurallado de la Alcazaba, el municipio de Antequera no ha recibido ni un sólo euro por el 1% cultural, habiéndose ejecutado desde 2010 infraestructuras dependientes del Ministerio. Incluso en 2015 hubo expedientes aprobados en la provincia de Málaga por un importe cercano al millón de euros que se repartió entre Málaga (Convento de San Andrés) y Ronda.
La situación privilegiada de Antequera como único enclave español inscrito por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 2016 debería contribuir a una excelente predisposición por parte del Gobierno a acoger actuaciones culturales relacionadas con la misma. La designación como patrimonio mundial por la UNESCO conlleva una serie de compromisos que necesitan una inversión importante y, dado que este proyecto ha sido apoyado por todas las administraciones, tanto autonómica o local como por el propio Estado a través del Ministerio de Cultura, se debería colaborar a través de la inversión del 1,5% cultural con éstas para el cumplimiento de dichos compromisos.
Financiar con cargo al 1,5% cultural las actuaciones comprometidas con la UNESCO para la designación de Patrimonio Mundial en la zona de amortiguamiento del Sitio de los Dólmenes de Antequera, así como en el Conjunto Arqueológico, en colaboración con la administración autonómica y local."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2016.-José Andrés Torres Mora, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la Proposición no de Ley para la representación paritaria en los órganos y nombramientos del Congreso de los Diputados, para su debate en la Comisión de Igualdad.
En la XII Legislatura del Congreso de los Diputados hay 138 Diputadas, que representan el 39,42% del total de la Cámara. De esta manera, España supera en porcentaje de mujeres en su Parlamento a los de Francia, Portugal, Italia, Reino Unido, Alemania y Suiza. La Ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) promovida por un gobierno socialista ha favorecido que la representación de mujeres en las Cámaras haya ido en aumento en los últimos años, pasando del 5% de la primera Legislatura al casi 40% actual.
No obstante, esa representación no se traduce en una presencia equitativa entre diputados y diputadas en las Mesas de las Comisiones o en las Portavocías. En la XII Legislatura, solo nueve de las veinticinco presidentas de Comisiones son mujeres. Las Vicepresidentas y Secretarias únicamente representan un 34% del total de personas que ocupan esos cargos en las Mesas de las Comisiones. Y sólo el 31'5% de las portavoces son mujeres.
La inequidad y la infrarrepresentación de las diputadas en estos órganos provocan menor capacidad de decisión, carencia de visibilidad de las mujeres políticas en la Cámara Alta y además una brecha salarial evidente.
El Partido Socialista está promoviendo iniciativas en los Parlamentos de las CCAA donde gobierna para acabar con esta desigualdad y conseguir una representación equitativa en sus órganos, sean las mesas de los parlamentos o de las diferentes Comisiones y demás órganos que articulan la vida parlamentaria. Así, las Corts Valencianes aprobaron en noviembre de 2015 la reforma de su Reglamento para introducir la obligada composición paritaria entre hombres y mujeres en los órganos del Parlamento autonómico. En el Parlamento de Andalucía, una resolución de la Presidencia determina que en los nombramientos y designaciones de instituciones u órganos que corresponda efectuar regirá el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres. Asimismo, una resolución de la Presidencia de la Asamblea de Extremadura garantiza, con el parecer favorable de la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara regional, que en los futuros nombramientos y designaciones de instituciones u órganos que efectúe la Asamblea de Extremadura rija el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres.
El Congreso de los Diputados no puede sustraerse a esa necesidad de reforma de su Reglamento que se traduce en avanzar no sólo en la cantidad sino en la calidad de la representación de las mujeres en la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2016.-Lídia Guinart Moreno, Ángeles Álvarez Álvarez, Pilar Cancela Rodríguez, Zaida Cantera de Castro, Carmen Rocío Cuello Pérez, María Aurora Flórez Rodríguez, María Dolores Galovart Carrera, Juan Jiménez Tortosa y Micaela Navarro Garzón, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000847
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa del Diputado José Antonio Delgado, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre medidas ante el incremento del intrusismo y la piratería en el transporte público de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, para su debate y aprobación en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Todos compartimos la necesidad de que exista una competencia trasparente y no desleal en la prestación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas (taxis y arrendamiento con conductor) y la preocupación como usuarios por el incremento del intrusismo en dicho segmento del transporte que, junto con el transporte colectivo urbano, es el más utilizado por los ciudadanos.
Lamentablemente, este fenómeno está en absoluto descontrol por parte de nuestras administraciones competentes (local, autonómica y estatal), cuyos cuerpos de inspección han reiterado en múltiples ocasiones la falta de medios e instrumentos legales para atajar estas malas prácticas y el peligro a la seguridad vial que suponen, atentan contra la leal competencia en el mercado, crean economía sumergida, fraude social y causan un notorio perjuicio a los usuarios del servicio público de transporte de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, bien en auto-taxis (clase VT) como en vehículos de alquiler con conductor (clase VTC).
La aparición de plataformas digitales de intermediación en este sector, en unos casos como redes ilegales de transporte bajo la falsa apariencia de economía colaborativa, y en otros como meros infractores de la legislación de transportes, ha contribuido a la generación de un "efecto llamada al intrusismo" en este sector de la actividad económica que se refleja en la aparición de muchos vehículos desprovistos de la necesaria autorización o licencia administrativa (comúnmente denominados "piratas") que provocan graves perjuicios tanto a los taxistas y profesionales cumplidores de la normativa como a los usuarios del servicio y a la sociedad en su conjunto mediante fraude fiscal y "dumping social", además de un impacto negativo en la imagen de nuestro país, gran receptor de turismo.
Los distintivos y taxímetros que incorporan los taxis (franjas, capillas, etc.) despejan cualquier cuestión sobre el tipo de vehículo de que se trata. Se encuentran todos debidamente registrados y controlados por las autoridades, pero no así los vehículos de alquiler con conductor y mucho menos aquellos que efectúan esta actividad de manera fraudulenta.
Ante este escenario, resulta necesario establecer medidas disuasorias para quienes están practicando este intrusismo y que favorezcan el control de quienes tienen la obligación legal de controlarlo (policías y cuerpos de inspección de transportes, consumo etc.), favoreciendo la detección de estos vehículos allí donde más difícil resulta a estos agentes como son las vías urbanas e interurbanas. Asimismo, que promuevan la seguridad de los usuarios sobre las condiciones en que viajan y que están contratando con una empresa autorizada legalmente para prestar esta actividad.
Una medida consistiría en dotar de un color específico (azul celeste u otro disponible) para el fondo de las placas de matrícula que lleven instaladas todos los vehículos auto-taxis y los de arrendamiento con conductor.
Otros países de nuestro entorno europeo como Holanda o Grecia, ya han adoptado con éxito esta medida.
La adopción de esta medida no supondrá un coste presupuestario para las administraciones públicas competentes, toda vez que el gasto que supone el cambio de placas recaería exclusivamente sobre los titulares de los vehículos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las actuaciones necesarias para, en el plazo más breve posible, modificar la normativa de tráfico (anexo XVIII del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos), dedicado a las placas de matrículas y, en su caso, las que procedieren para dotar de un color específico (azul) para el fondo de las placas de matrícula que lleven instaladas todos los vehículos auto-taxis y los de arrendamiento con conductor."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2016.-Juan Ignacio Delgado Ramos, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000865
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la equiparación de procedimientos y criterios para el reconocimiento del grado de discapacidad de los niños y niñas con cáncer, para su debate y aprobación en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Las familias de menores con cáncer, además de hacer frente al sufrimiento que supone la enfermedad de sus hijos/as, tienen que soportar las duras consecuencias con las que esta situación golpea sus vidas. Así, la mayoría de familias afectadas sufre repercusiones en su vida laboral, pues en un treinta por ciento de los casos uno de los progenitores pierde su trabajo para cuidar a su hijo/a enfermo/a. Además, el presupuesto medio de una familia con un/a menor enfermo/a de cáncer se incrementa entre 400 y 600 euros mensuales (desplazamientos, comida fuera de casa, alimentos especiales, farmacia, etc.).
Esta dura realidad se podría ver aliviada si las familias con niños/as con cáncer pudieran acogerse a los derechos derivados del reconocimiento de discapacidad: ayudas para transporte, rehabilitación, prestaciones económicas y sociales, ayuda para que el hogar pueda ser accesible, etc. Las familias pueden ejercer estos derechos a partir del reconocimiento del 33% de grado de discapacidad.
Por estas razones, desde hace años los padres y madres de niños/as con cáncer y a través de distintas organizaciones del tercer sector vienen solicitando la equiparación de procedimientos y criterios a la hora de reconocer el grado de discapacidad para los menores con cáncer.
Esta demanda existe porque actualmente en función de la Comunidad Autónoma se les reconoce, o no, a estos menores el grado de discapacidad. Además, como ya se ha señalado, las diferencias en los procedimientos y criterios a la hora de aplicar el baremo a menores con iguales patologías son más que gravosas. También existe disparidad, incluso en una misma Comunidad Autónoma, en lo que se refiere a la concesión del grado de discapacidad. Hay lugares donde se concede desde el diagnóstico, en otros se retrasa hasta seis meses después del diagnóstico, pero también hay lugares donde es necesario esperar hasta seis meses después de finalizar el tratamiento para poder comenzar la solicitud.
Los criterios técnicos unificados para la valoración del grado de discapacidad están fijados en las siguientes normas:
Pero son los órganos técnicos competentes en su ámbito competencial, autonómico y/o provincial, los que emiten los dictámenes técnico-facultativos que otorgan el reconocimiento de grado de discapacidad.
En función de esta exposición de motivos, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proponer en la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad:
A poner en marcha las medidas necesarias que garanticen el principio de igualdad en los procedimientos y criterios fijados para el reconocimiento del grado de discapacidad a los menores con cáncer en todo el Estado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2016.-María Teresa Arévalo Caraballo y María Isabel Salud Areste, Diputadas.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
181/000024
¿Mantiene el Gobierno el compromiso de que en el año 2018 finalizarán las obras del AVE a Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2016.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/000025
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en fases, calendario y dotación presupuestaria, para la ejecución de las obras del AVE a Galicia en el tramo con destino a Pontevedra y Vigo pasando por Cerdedo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2016.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/000026
¿Mantiene el Gobierno el compromiso de que la variante de Cerdedo del AVE a Galicia iniciará sus obras en el año 2017?
181/000027
¿Qué fecha maneja el Gobierno como previsión para la finalización de las obras del AVE a Galicia, con vía doble en todo su recorrido?
181/000028
¿Qué nuevos tramos del AVE a Galicia considera el Gobierno que serán puestos en marcha durante el año 2017, y que consecuencias tendrán en los tiempos respecto de los actuales?
181/000023
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento a lo expuesto en la iniciativa con número de expediente 161/000408, relativa al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y las trabajadoras eventuales del campo en Andalucía, aprobada en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, en fecha 5 de octubre de 2016?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2016.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.