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Timestamp: 2018-09-23 16:56:39
Document Index: 414201261

Matched Legal Cases: ['artículo 2537', 'artículo 2357', 'artículo 374', 'artículo 16', 'artículo 2357', 'artículo 368', 'artículo 241']

﻿ Sentencia 2002-00099 de diciembre 9 de 2013
SENTENCIA 2002-00099 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN. EL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN SE ERIGE, POR TANTO, COMO UNA CATEGORÍA PROPIA Y DISTINTA TANTO DEL DAÑO PATRIMONIAL Y DEL PERJUICIO MORAL. ESTE DAÑO, QUE EN NUESTRA JURISPRUDENCIA HA ADQUIRIDO UN CARIZ AUTÓCTONO, AJUSTADO A LAS PARTICULARIDADES DE NUESTRA REALIDAD SOCIAL Y NORMATIVA. LA SOLA PRIVACIÓN OBJETIVA DE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANAS COMO PRACTICAR DEPORTES, ESCUCHAR MÚSICA, ASISTIR A ESPECTÁCULOS, VIAJAR, DEPARTIR CON LOS AMIGOS O LA FAMILIA, DISFRUTAR EL PAISAJE, ETC., COMPORTA UN DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN QUE DEBE SER RESARCIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, ACTIVIDAD PELIGROSA
Sentencia 2002-00099 de diciembre 9 de 2013
Ref.: 88001-31-03-001-2002-00099-01
Discutido y aprobado en sesión de dieciséis de abril de dos mil trece.
Bogotá D.C., nueve de diciembre de dos mil trece.
Se deciden los recursos de casación interpuestos por ambas partes contra la sentencia proferida el veintiséis de agosto de dos mil nueve por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, dentro del proceso ordinario de la referencia.
Hermes de Jesús Vélez Montoya, Yolanda Ortiz de Vélez, Jhon Hermes Vélez Ortiz y Daniela Vélez del Río demandaron a Sergio Andrés Díaz Osorio y a las sociedades Ingeniería Total Limitada, Gómez Patiño Limitada, Inval Limitada y la Compañía Mundial de Seguros S.A., para que se los declare civilmente responsables por los daños de todo tipo que sufrió Jhon Hermes Ortiz en el accidente de tránsito que se ocasionó con un vehículo automotor de propiedad de las demandadas.
Pretendieron, como consecuencia de esa declaración, se condene a los demandados al pago de la indemnización de los perjuicios materiales y morales solicitados en el líbelo, debidamente actualizados con base en el IPC, más los respectivos intereses legales.
1. El 19 de abril de 1997, aproximadamente a las 8:10 horas de la mañana, Jhon Hermes Vélez Ortiz transitaba por la carrera octava, paralela a la pista del aeropuerto de San Andrés Islas, en sentido norte-sur, en una moto marca Yamaha, distinguida con las placas VJX 08, a una velocidad inferior a cincuenta kilómetros por hora.
2. A la altura de la calle 6, una retroexcavadora marca Caterpilar de placas LAM 32A, conducida por Sergio Andrés Díaz Osorio, ocupó la vía por la que se desplazaba la moto que conducía el señor Vélez Ortiz, lo que ocasionó una violenta colisión entre los dos vehículos.
3. El conductor de la retroexcavadora, de manera irresponsable, abandonó su propio carril e invadió la calzada opuesta para hacer un giro, de tal forma que al motociclista le resultó imposible evadir el impacto.
4. Al realizar la vuelta en U, en una vía de gran congestión vehicular, el conductor del Caterpilar violó varias normas del Código Nacional de Tránsito (D. 134/70), entre ellas, los artículos 126, 127, 130 numeral 2º y 135.
5. Para la fecha del accidente, el demandado carecía de licencia de conducción de maquinaria del tipo retroexcavadora cargador.
6. Ante las autoridades de tránsito y la Fiscalía General de la Nación se hizo aparecer a otra persona como conductor de la retroexcavadora.
7. El vehículo causante del accidente era de propiedad, en común y proindiviso, de las sociedades Inval Ltda., Gómez Patiño Ltda. e Ingeniería Total Ltda., integrantes de un consorcio que, para esa época, ejecutaba un contrato de obra pública para la construcción de las redes del sistema de acueducto del sector North End de la isla de San Andrés.
8. Para la fecha en que ocurrió el accidente, el mencionado automotor estaba bajo la guarda jurídica de las sociedades antes nombradas.
9. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato 113 de 1996, el consorcio obtuvo la póliza A-0003413, expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A., vigente desde el 7 de octubre de 1996 hasta el 5 de agosto de 1997, con la que se amparó la responsabilidad extracontractual y/o daños a terceros, por un valor de $ 71.034.636.
10. El sinistero (sic) produjo en la víctima una perturbación funcional del sistema nervioso central, del órgano masticatorio, respiratorio y de aprehensión; por lo que tuvo que ser hospitalizado durante un prolongado tiempo y le fueron practicadas varias intervenciones quirúrgicas.
11. El señor Vélez Ortiz quedó con una incapacidad permanente total superior al 75%.
12. Desde la fecha del accidente, el lesionado no puede desempeñar actividades normales ni valerse por sí mismo, pues quedó con varias secuelas permanentes, tales como amaurosis total bilateral (ceguera), hidrocefalia y compromiso de la esfera mental, que le impiden ejercitar labores elementales como ponerse de pie, sostenerse solo, y realizar sus necesidades fisiológicas.
13. Además del daño estético y a la salud, su estado anímico quedó sensiblemente disminuido porque quedó imposibilitado para disfrutar de ciertos placeres de la vida, como la práctica de deportes, una normal recreación y una actividad sexual placentera.
14. A la fecha del accidente, la víctima tenía 27 años de edad, laboraba en un establecimiento de comercio y sostenía íntegramente a su menor hija.
15. La hija y los padres del lesionado han padecido perjuicios morales por el intenso dolor y sufrimiento que les ha ocasionado ver a su familiar en el estado físico en que se encuentra en la actualidad.
16. Además de los gastos por conceptos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, de hospitalización y la reparación de la motocicleta, los actores tuvieron que radicarse en la ciudad de Medellín para brindar a su hijo una buena atención médica.
C. El trámite de las instancias
1. En auto de 3 de marzo de 1998 se admitió la demanda y se ordenó su notificación y traslado (fl. 155).
2. Las sociedades convocadas, en un mismo escrito, se opusieron a las pretensiones y formularon las excepciones de mérito que denominaron “culpa exclusiva de la víctima” y “neutralización de presunciones”.
Como excepción de fondo propusieron la de “cosa juzgada” que fue declarada no probada por el tribunal de San Andrés, mediante auto de 2 de marzo de 2005.
Adicionalmente llamaron en garantía a las sociedades Suramericana de Seguros S.A., Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero S.A., y Compañía Mundial de Seguros S.A., llamamientos que fueron aceptados mediante sendos autos de 27 de octubre de 1998, en los que se ordenó la citación y comparecencia de tales personas jurídicas.
3. La demandada Compañía Mundial de Seguros S.A., a su vez, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló las excepciones de fondo que llamó “ausencia de nexo causal, culpa exclusiva de la víctima”; “exclusión contractual, falta de cobertura para daños ocasionados por vehículos motores”; “falta de cobertura para responsabilidad derivados (sic) de hechos de culpa grave del asegurado o sus dependientes”; “improcedencia de condena solidaria”; “límite del valor asegurado”, “exclusión legal, falta de cobertura para daños morales”; “coexistencia de seguros, repartición proporcional del eventual siniestro entre las varias aseguradas” y, la “genérica” (fl. 233, cdno. 1)
4. El opositor Sergio Andrés Díaz Osorio se notificó a través de curador ad litem, quien respondió la demanda y manifestó no constarle ninguno de los hechos y atenerse a lo que resultara probado (fl. 253)
5. Las entidades llamadas en garantía acudieron al proceso, y se defendieron así:
5.1. Suramericana de Seguros se opuso a las pretensiones tanto de la demanda principal como del escrito de llamamiento y formuló las excepciones de “hecho exclusivo de la víctima”, “inexistencia de la obligación de indemnizar”, “reducción del monto indemnizable”, “excesiva e injustificada cuantificación de los perjuicios morales”, “ausencia de cobertura de la póliza de todo riesgo en construcciones”, “ausencia de cobertura en la póliza de responsabilidad civil”, “límite de valor asegurado”, “deducible pactado”, e “improcedencia de la actualización monetaria del valor asegurado” (fl. 63, cdno. 3).
5.2. A su turno, la Caja Agraria manifestó que no le constaban la mayoría de los hechos de la demanda y que se adhería “a la posición hecha por el demandante, siempre y cuando se encuentre debidamente probado el derecho reclamado a favor de los demandantes” (fl. 54, cdno. 4)
5.3. La Compañía Mundial de Seguros, por último, se opuso a las súplicas de la demanda y del llamamiento, y planteó las excepciones de “inexistencia de seguro en relación con el accidente acaecido el 19 de abril de 1997, falta de riesgo asegurable”; “nulidad relativa del contrato de seguro contenido en el certificado M-A0003413”; “ausencia de nexo causal: la culpa exclusiva de la víctima”; “exclusión contractual: falta de cobertura para daños ocasionados por vehículos motores”, “falta de cobertura para responsabilidad derivados (sic) de hechos de culpa grave del asegurado o sus dependientes”; “improcedencia de condena solidaria”, “exclusión legal: falta de cobertura para daños morales”; “coexistencia de seguros”, e “improcedencia legal de actualización del valor asegurado en la póliza” (fl. 30)
6. La primera instancia finalizó con sentencia de 22 de mayo de 2009, que declaró civil y solidariamente responsables a los demandados por los daños ocasionados a los actores en razón del accidente de tránsito ocurrido el 19 de abril de 1997. En tal virtud, los condenó a pagar a la víctima la suma de $ 69.074.000 por perjuicios materiales, $ 24.845.000 por daños morales y $ 25.000.000 por daño a la vida de relación.
A favor de los padres se concedió una indemnización de $ 120.804.537 por concepto de perjuicios materiales, y $ 12.422.500 para cada uno, por daños morales.
En tanto que a la hija del lesionado se le reconoció la cantidad de $ 19.073.298 por perjuicios materiales y $ 12.422.500 por perjuicios morales.
Respecto de la demandada Mundial de Seguros S.A., se declaró la inexistencia de la obligación por falta de cobertura del siniestro. La misma razón sirvió de fundamento para eximir de responsabilidad a las aseguradoras llamadas en garantía.
7. Mediante sentencia de 26 de agosto de 2009 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, confirmó en su integridad el fallo de primera instancia que fuera apelado por ambas partes.
En sustento de su decisión, el ad quem adujo que se dan los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual por el ejercicio de actividades peligrosas, a cuya conclusión arribó luego de tener por probados los siguientes hechos: la ocurrencia del accidente; que el vehículo que ocasionó el choque se encontraba en ese momento bajo la guarda de las sociedades demandadas; que el referido automotor realizó una maniobra no permitida que fue la causa del siniestro; y que como consecuencia de este último se causaron graves lesiones permanentes a Jhon Hermes Vélez Ortiz.
De igual modo halló probado que al momento del suceso la víctima conducía en estado de embriaguez en primer grado, a lo que se suma que también se encontraba desarrollando una actividad peligrosa, por lo que su acción constituyó una causa adecuada que concurrió en la producción del accidente; lo que amerita la reducción de la condena por haberse expuesto al daño de modo imprudente.
II. Las demandas de casación
Contra la anterior decisión, ambas partes interpusieron recurso de casación: la demandada para que se le exonere totalmente de responsabilidad y la demandante para que se aumenten las cantidades a las que tiene derecho por concepto de indemnización. Por cuanto el rigor lógico señala que primero han de examinarse los argumentos alusivos a la existencia de la responsabilidad civil, para posteriormente ocuparse de la posible modificación de las sumas de condena, en ese mismo orden serán analizadas las demandas de casación.
1. Cargo único de las sociedades demandadas
Con apoyo en la causal primera de casación, se acusó la sentencia de violar por la vía indirecta los artículos 2345, 2356 y 2357 del Código Civil, como consecuencia de errores de hecho al tener por probado, sin estarlo, que el causante del accidente fue el conductor de la retroexcavadora, cuando quien dio lugar al siniestro fue la propia víctima, al conducir la cuatrimoto en la que se desplazaba en estado de embriaguez y exceso de velocidad (fl. 177).
Con base en la teoría de la “causalidad eficiente”, argumentó que la causa del daño en sentido jurídico fue el estado de alicoramiento del motociclista, pues este hecho se constituyó en el factor determinante, preponderante y decisivo entre todas las condiciones que confluyeron en la realización del perjuicio, frente al cual la conducta del conductor del Caterpilar desempeñó un papel meramente pasivo.
Adujo que el lesionado, al conducir un vehículo mecánico, se encontraba en ejercicio de una actividad peligrosa, es decir que estaba en igualdad de condiciones frente al operador de la retroexcavadora, por lo que el tribunal se equivocó al aplicar la presunción de responsabilidad únicamente en contra del demandado.
Seguidamente agregó que uno de los testigos declaró que “había paso para un taxi”, lo que demuestra que el conductor de la excavadora mecánica no ocupó la totalidad de la vía y quedaba espacio para que transitara un vehículo de las proporciones de la cuatrimoto; a lo que se suma que los agentes de tránsito que atendieron el accidente señalaron que “la cuatrimoto venía en exceso de velocidad”, a cuyo relato el tribunal no le dio la connotación que merece, pues consideró “que los cuatrimotos son automotores muy fáciles de maniobrar y que no alcanzan altas velocidades”, y que “no hubo exceso de velocidad al no presenciarse líneas de frenado”.
Para finalizar, afirmó que “la prueba del proceso no fue valorada de manera imparcial, sino que tiende a mejorar o beneficiar la condición del demandante y vuelve más gravosa la situación del demandado, es decir, este error supone que el sentenciador vio la prueba en su materialidad mismo, pero no le otorgó el valor demostrativo que la ley le asigna, o le atribuyó otro que esta le niega” (fl. 183).
1. La causalidad es un concepto que permite reconocer, de entre una pluralidad de acontecimientos, aquel o aquellos que hacen posible la producción de un resultado.
En sentido jurídico, es uno de los elementos esenciales de la responsabilidad civil, de suerte que quien comete un hecho dañoso con culpa o dolo, está obligado a repararlo; aunque ese hecho no tiene que ser el resultado del despliegue de un acto positivo, pues bien puede acontecer por abstenerse de ejecutar una acción cuando se tiene el deber jurídico de actuar para evitar o prevenir una lesión. Es decir que la responsabilidad también puede tener lugar por una abstención u omisión en la acción.
La verificación del nexo causal no ha sido nunca tarea fácil en derecho, como no lo puede ser si se tiene en cuenta que aún en el ámbito de la epistemología ha sido un tema de continuo desarrollo y revisión alrededor del cual se ha generado un debate de dimensiones propias: el problema de la causalidad.
Es así como a partir de los estudios que se han hecho en el campo filosófico, la disciplina jurídica ha tomado nociones comunes a todas las ciencias para aplicarlas a los casos particulares en los que se discute la atribución de responsabilidad a una persona.
Sin embargo, no siempre la causalidad física coincide con la causalidad jurídica, toda vez que en el campo del derecho la cadena causal no se toma en su estricto sentido naturalista, sino que se encuentra impregnada de una serie de valores culturales que permiten escoger, de entre una serie de hechos, solo aquellos que resultan verdaderamente relevantes para endilgar responsabilidad; de ahí que se hable de una causalidad adecuada.
Por manera que en la juridicidad un hecho puede ser consecuencia de otro y, sin embargo, ese solo nexo no resulta suficiente para imponer la obligación de indemnizar por los daños que de aquel se derivan. O el caso contrario, donde una consecuencia lesiva puede atribuirse a alguien aunque no haya intervenido físicamente en el flujo causal.
Es en este punto donde gana importancia el concepto de juicio de imputación causal, el cual permite identificar no solo a la persona que está llamada a indemnizar sino también hasta dónde el autor de una de las condiciones de la cadena causal tiene el deber de resarcir los perjuicios que resulten del hecho desencadenante.
Ahora bien, para establecer ese nexo de causalidad es preciso acudir a las máximas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al buen sentido de la razonabilidad, pues solo estos permiten aislar, a partir de una serie de regularidades previas, el hecho con relevancia jurídica que pueda ser considerado como la causa del daño generador de responsabilidad civil.
Sin embargo —ha sostenido esta Corte— “cuando de asuntos técnicos se trata, no es el sentido común o las reglas de la vida los criterios que exclusivamente deben orientar la labor de búsqueda de la causa jurídica adecuada, dado que no proporcionan elementos de juicio en vista del conocimiento especial que se necesita, por lo que a no dudarlo cobra especial importancia la dilucidación técnica que brinde al proceso esos elementos propios de la ciencia —no conocidos por el común de las personas y de suyo solo familiar en menor o mayor medida a aquellos que la practican— y que a fin de cuentas dan, con carácter general las pautas que ha de tener en cuenta el juez para atribuir a un antecedente la categoría jurídica de causa. En otras palabras, un dictamen pericial, un documento técnico científico o un testimonio de la misma índole, entre otras pruebas, podrán ilustrar al juez sobre las reglas técnicas que la ciencia de que se trate tenga decantadas en relación con la causa probable o cierta de la producción del daño que se investiga. Así, con base en la información suministrada, podrá el juez, ahora sí aplicando las reglas de la experiencia común y las propias de la ciencia, dilucidar con mayor margen de certeza si uno o varios antecedentes son causas o, como decían los escolásticos, meras condiciones que coadyuvan pero no ocasionan...” (sent. de Cas. Civ. 6878 de sep. 26/2002).
2. La determinación del nexo de causalidad adquiere especiales connotaciones en derecho cuando se reconoce que el hecho lesivo, al igual que todo hecho natural, puede ser la consecuencia de una pluralidad de circunstancias que no siempre son identificables en su totalidad, por cuanto tal propósito supondría un regreso al infinito; de suerte que intentar aislar o graduar con precisión cuál fue la causa eficiente resulta en muchas ocasiones imposible. A esa pluralidad de causas se le puede llamar “concausas” o “causas adicionales”, y el problema que suscita solo puede ser resuelto a partir del análisis del concepto de imputación jurídica.
Cuando el hecho lesivo es generado por la acción independiente de varias personas, sin que exista convenio previo ni cooperación entre sí, “pero de tal suerte que aún de haber actuado aisladamente, el resultado se habría producido lo mismo”,(1) entonces surge la hipótesis de la causalidad acumulativa o concurrente, prevista en el artículo 2537 del ordenamiento civil, según el cual la apreciación del daño está sujeta a reducción cuando la víctima interviene en su producción por haberse expuesto a él de manera imprudente.
“Tal coparticipación causal —ha sostenido esta Corte— conducirá a que la condena reparatoria que se le imponga al demandado se disminuya proporcionalmente, en la medida de la incidencia del comportamiento de la propia víctima en la producción del resultado dañoso” (sent. de Cas. Civ. de dic. 16/2010. Exp.: 11001-3103-008-1989-00042-01).
Claro está que ese arbitrio iuris no puede confundirse nunca con la arbitrariedad, ni siquiera con un amplio margen de liberalidad o subjetivismo, toda vez que el mismo debe estar fundamentado en un objetivo examen de las pruebas que demuestren la participación de cada uno de los agentes y su incidencia en el desencadenamiento del daño. Esa cuantificación deberá realizarse, además, en términos de prudencia y razonabilidad, a fin de establecer la equitativa proporción que corresponde a cada uno de los autores del hecho lesivo.
3. En el caso que se analiza, a partir del acervo probatorio recopilado en la actuación, el ad quem consideró que en la producción del accidente intervinieron, en igual medida, tanto la conducta culposa del conductor de la retroexcavadora como la acción imprudente del motociclista, por cuya razón procedió a reducir la condena en la forma prevista en el artículo 2357 del Código Civil.
Para arribar a esa conclusión aseveró: “Del análisis de las pruebas hecho anteriormente, se desprende que no puede de ninguna manera afirmarse que el accidente se debió a culpa exclusiva de la víctima por cuanto, como ya se dijo antes, bien establecido se encuentra en este proceso que el comportamiento imprudente, negligente y violatorio de normas elementales de tránsito por parte del conductor de la retroexcavadora fue una causa determinante del suceso, en razón a que de no haber sido ocupada la vía por este vehículo al hacer un viraje prohibido por la ley, con seguridad no se hubiera producido la colisión” (fl. 66)
Y en igual sentido: “...si bien es cierto Jhon Hermes conducía bajo el influjo del alcohol en el primer grado de intoxicación, también lo es que su vehículo no era maniobrado a gran velocidad e iba por su vía, de lo cual se concluye que el conductor de la retroexcavadora también tuvo la culpa en el accidente y que la misma no puede de ninguna manera atribuírsele exclusivamente a Jhon Hermes por el hecho de conducir bajo el influjo del alcohol, por cuanto de no haber estado ocupada la vía por la cual él transitaba, con seguridad se habría podido evitar el suceso” (fl. 38).
Como puede observarse, contrario a lo expresado por el censor, el tribunal no dejó de valorar el caudal probatorio sino que, precisamente, a partir del análisis en conjunto de todos esos elementos de juicio, concluyó que el daño sufrido por la víctima no fue consecuencia exclusiva de su propia negligencia, sino que en la producción del siniestro este hecho fue tan determinante como la culpa del conductor de la excavadora.
Esa argumentación no fue desvirtuada por las sociedades recurrentes, quienes en su cargo se limitaron a afirmar que el sentenciador se equivocó al no advertir que la víctima fue la única causante del accidente, sin lograr derribar el argumento respecto de la culpa de las demandadas, el cual, en esencia, permaneció incólume.
Si el sentenciador estimó que existía culpa de las propietarias de la retroexcavadora y tal conclusión tuvo como soporte principal las pruebas practicadas en el proceso, entonces de nada sirve al impugnador arremeter, como lo hace en el cargo sub examine, sobre la embriaguez de la víctima o la velocidad a la que se desplazaba porque, en últimas, no hay duda de que aquello que constituye uno de los soportes fundamentales de la sentencia se mantiene inamovible, lo que de suyo impide la prosperidad del ataque.
Frente a tal supuesto esta Sala ha puntualizado: “...es impróspera al acusación indirecta, o sea la derivada de la errada apreciación fáctica o de derecho de las pruebas, cuando la impugnación se refiere a una o algunas de ellas, si las demás permanecen al margen de la censura contenida en cada cargo como soporte suficiente de la decisión, siendo incorrecto tal ataque aislado y fragmentario de los medios probatorios porque, aún en el supuesto de así resultare parcialmente próspero, subsistirían las razones que en torno a los demás elementos demostrativos hizo el sentenciador, las que, por ser suficientes, impiden que la acusación parcial... pueda prosperar” (CLXVI, 590). “Recurrir en casación implica algo más que mostrar desacuerdo con las decisiones; necesarísimo es que el recurrente, en tanto que el blanco de su ataque sea la sentencia, por sobre todo, y antes que ensimismarse en su propio parecer, enristre contra las argumentaciones que el sentenciador tuvo en mira para apuntalar el mérito que finalmente otorgó a las pruebas; porque es evidente que mientras estas no sean derribadas, habrá que tenerlas por ciertas dada la presunción de legalidad que las ampara” (sent. de Cas. Civ. de nov. 7/2000, Exp. 5693).
4. En cualquier caso, si en gracia de discusión se pasara por alto el anterior defecto de técnica, de todos modos el error denunciado no fue demostrado.
Memórese que ha sido doctrina constante de esta corporación, cimentada en el inciso final del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, que el recurrente en casación que impugna la sentencia por estar presuntamente incursa en errores de hecho, manifiestos y trascendentes, “tiene la carga de demostrar las equivocaciones que le enrostra a la decisión, laborío que no se puede reducir a la simple denuncia de los yerros y a una exposición más o menos elaborada sobre el mérito que debió otorgársele a las pruebas, siendo menester, por el contrario, que se ocupe de parangonar el contenido de la prueba con los fundamentos del fallo, para de esa manera poner en evidencia que el juzgador omitió apreciar el medio probatorio, o, en su caso, que lo supuso y, por esa vía, relievar que, como corolario de ese equívoco, arribó a una conclusión errada, pues otro muy diferente habría sido el resultado del proceso, si el tribunal hubiere obrado correctamente en la tarea de apreciar objetivamente las probanzas” (sent. inédita de oct. 23/2001, proceso ordinario de María Consuelo Ortiz contra Gregory Feinapel).
De suerte que para exhibir la evidencia y la trascendencia del error se torna indispensable “cotejar lo expuesto en el fallo con lo representado por la prueba, a fin de que de esa confrontación brote el desacierto del sentenciador, de manera clara y evidente” (sent. de Cas. Civ. de feb. de 2000, Exp. 6184).
Es cierto que el recurrente mencionó en la exposición del cargo a “uno de los testigos” (fl. 181), sin identificar a cuál de todos declarantes se refiere; respecto de quien manifestó haber aseverado que por la vía por donde se desplazaba la moto había paso para un taxi, de cuyo dicho intentó deducir que no existió un bloqueo total de la calle.
El testigo al que aludió es Archibold Mitchell, quien respecto del hecho que se viene comentando manifestó: “no vi cuando pasó el accidente, yo estaba durmiendo pero el totazo me levantó, cuando me levanté miré por la ventana y vi el pocotón de gente... yo salí y encuentro un cuatrimotor a un muchacho como acostado en la misma cuatrimotor, el buldócer con la pala hacia el aeropuerto y había paso para que pasara un taxi” (fl. 681, cdno. 1).
Esa declaración no precisó el lugar exacto donde “había paso” en la doble vía en la que tuvo lugar el accidente, y aludió a un espacio físico que el testigo observó después de la ocurrencia del siniestro y no al momento de su producción, por lo que no puede concluirse que el tribunal erró al considerar que la vía por donde se desplazaba la moto fue invadida por la retroexcavadora, lo que generó la colisión.
De todos modos, aún en el hipotético caso que se haya dado valor al relato antes referido, el hecho que se quiere relievar no tiene la virtualidad de variar la conclusión a la que llegó el tribunal, pues aún si hubiera existido un espacio para el paso de un vehículo, esa circunstancia no le resta trascendencia a la imprudencia del conductor de la excavadora, ni al hecho de que su actuación fue una de las causas desencadenantes del accidente.
Tampoco la alusión general que el casacionista hizo a las manifestaciones de los “guardas de tránsito” (fl. 182), respecto de que el motociclista conducía a alta velocidad, es suficiente para demostrar que el tribunal cometió error en la apreciación de las pruebas, pues —como se dijo— la culpa de la víctima no pasó inadvertida para el fallador y, en cambio, tuvo tanta trascendencia para este último, que declaró la concurrencia de causas y redujo la condena por esa circunstancia.
El ad quem, en suma, no pasó por alto las circunstancias de tiempo, modo y lugar como se produjo el accidente, pues por un lado, manifestó que tal hecho estaba acreditado con el informe y croquis que milita a folio 29 del cuaderno de pruebas número uno, y por otro, destacó el grado de embriaguez que afectaba al señor Vélez Ortiz, según el dictamen que figura a folio 796 del cuaderno 1.
2. Cargos de la parte demandante.
Con estribo en la causal primera de casación, se denunció la infracción indirecta de los artículos 1494, 1613, 1614, 2341, 2344, 2349, 2356 y 2357 del Código Civil, así como del artículo 16 de la ley 446 de 1998, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas.
En desarrollo de la acusación, manifestó que para el tribunal la “compensación de culpas” puede predicarse no solamente entre el causante del daño y la víctima directa, sino también entre esta y los perjudicados de rebote, como son sus herederos, y con tal razonamiento consideró que la culpa de Vélez Ortiz era extensiva a los demás codemandantes, esto es, a sus padres y a su hija.
Alegó que tal tesis no resulta de recibo en aquellos eventos en los que la víctima demanda conjuntamente con otros perjudicados por “rebote”, como sucede en este juicio, a quienes no se les puede aplicar la “compensación de culpas” por no ostentar la calidad de herederos.
Según el censor, el ad quem cometió error de hecho por no haber contemplado de manera objetiva la demanda, los poderes otorgados por los demandantes, las fotografías de los folios 35 y 35 vto., los documentos de los folios 56 a 153 que demostraban que los señores Hermes Vélez Montoya, Yolanda Ortiz de Vélez y Daniela Vélez del Río reclamaban un perjuicio propio y no un perjuicio derivado como herederos de la víctima que, además, no falleció.
El tribunal según el impugnante partió “de una base absolutamente equivocada por haber tenido como verdad procesal un hecho que no gozaba de respaldo probatorio alguno en el proceso, vale decir, que los demandantes Vélez Montoya, Ortiz de Vélez y Vélez del Río concurrieron al proceso como herederos de Jhon Hermes Vélez Ortiz”.
Si el ad quem no hubiera cometido tales yerros —continuó— habría concedido una indemnización plena a tales demandantes sin efectuar la reducción del 50%, pues a ellos no se les podían extender las consecuencias de la culpa personal en que incurrió Vélez Ortiz.
Por la manera como se planteó la acusación, es incontrovertible que fue el recurrente quien partió de una premisa falsa, pues el tribunal nunca aseveró que los demandantes Vélez Montoya, Ortiz de Vélez y Vélez del Río concurrieron al proceso como herederos de Jhon Hermes Vélez Ortiz.
Por el contrario, en varios pasajes de la sentencia, el ad quem expresó, con meridiana claridad, que tales actores pretendían la reparación del perjuicio propio que les había sido irrogado; así por ejemplo, se aseveró que “...las pretensiones son argüidas por quienes en su carácter de núcleo familiar deben soportar las lesiones y secuelas sufridas por su hijo y padre en el accidente de tránsito que narran los hechos de la demanda (Hermes de Jesús Vélez Montoya, Yolanda Ortiz de Vélez a nombre propio y Jhon Hermes Vélez Ortiz a nombre de Daniela Vélez del Rio), en frente de quien conducía el vehículo y de la propietaria del mismo”.
De todo lo anterior se sigue que si el tribunal apreció en forma correcta que los demandantes perseguían la reparación de un perjuicio propio y no hereditario, resulta injusto acusarlo de la comisión de un error fáctico que, en verdad, es claramente inexistente.
Ahora bien, si se mira con detenimiento el cargo, puede advertirse que el casacionista, en esencia, se duele de la reducción de la indemnización de perjuicios que fue reconocida a los demandantes, pues aquel sostiene que no es procedente efectuar la “compensación” prevista en el artículo 2357 del Código Civil cuando se reclama la reparación de un perjuicio propio. Mas esa cuestión tiene un cariz eminentemente jurídico que no puede rebatirse por la vía escogida por el recurrente, sino por la directa.
Respecto de la distinción entre estas dos vías, que conducen a la violación de la ley sustancial, esta Sala ha sostenido que “el numeral primero del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, tiene como supuesto básico para la prosperidad de dicha causal de casación la violación de la ley sustancial, a la cual puede llegarse por dos vías diferentes, cuya distinción no debe olvidarse atendiendo a los importantes efectos que implica: la directa, que presupone exclusión de todo reparo sobre la apreciación de las pruebas; la impugnación se concreta derechamente en la imputación al fallo de quebrantamiento de la ley sustancial que se considera indebidamente actuada por el juzgador frente a un cuadro fáctico bien visto a través de la evidencia disponible en el proceso; y en la indirecta, donde la carencia de base legal se propone como consecuencia de errores de hecho o de derecho atribuibles a la sentencia en la apreciación de determinadas pruebas” (sent. de Cas. Civ. de dic. 7/90).
Como en el presente asunto la vía escogida para impugnar la sentencia no es la adecuada y la Corte no puede, en razón del carácter dispositivo que informa al recurso extraordinario de casación, suplir o incluso complementar la tarea impugnativa asignada al recurrente, la acusación no puede abrirse paso.
Con apoyo en la causal primera de casación se acusó la sentencia de violar en forma indirecta los artículos 1494 y 2341 del Código Civil y 16 de Ley 446 de 1998 por falta de aplicación como consecuencia de evidentes errores de hecho y de derecho en la apreciación objetiva de varios medios de prueba, con violación medio del artículo 241 del Código Civil.
Manifestó que en la sentencia impugnada se condenó a los demandados a pagar a Jhon Hermes Vélez Ortiz la suma de $ 25.000.000 por concepto de daño a la vida de relación, previo descuento del mismo valor derivado de la “compensación de culpas”, pero que tal cuantificación es equivocada por no haberse valorado, en forma objetiva y material, las pruebas que demostraban que el lesionado quedó en un penoso estado de salud que le va a impedir disfrutar por el resto de su vida de actividades placenteras y básicas, por lo que la indemnización no corresponde, en lo más mínimo, a la gravedad, transcendencia y profundidad del daño causado.
Entre tales pruebas omitidas, el impugnante mencionó las fotografías de los folios 35 del cuaderno 1, los documentos de los folios 56 a 153, la historia clínica visible entre folios 2 y 263 del cuaderno 3, y el dictamen médico pericial del folio 171 a 179 del cuaderno de pruebas 5; que dan cuenta del estado vegetativo en que se encuentra el demandante.
Señaló que si el tribunal hubiera analizado tales pruebas, habría concluido que no era un leve perjuicio a la vida de relación el que sufrió el lesionado, sino uno grave, profundo y notorio que debe ser indemnizado en un tope mayor al que fue fijado en la sentencia.
1. Tanto la jurisprudencia como la doctrina contemporáneas consideran que el perjuicio extra patrimonial no se reduce al tradicional daño moral, pues dentro del conjunto de bienes no patrimoniales que pueden resultar afectados mediante una conducta dolosa o culposa se encuentran comprendidos intereses jurídicos distintos a la aflicción, el dolor, o la tristeza que se produce en la víctima. Así, por ejemplo, son especies de perjuicio no patrimonial —además del moral— el daño a la vida de relación y la lesión a bienes jurídicos de especial protección constitucional.
Al respecto anota De Cupis: “si se quiere dar de los daños no patrimoniales una noción lógica y completa, no puede limitarse al campo de los sufrimientos físicos o morales, sin concebirlos de forma que puedan integrarse todos los daños que no se comprenden en el otro grupo, el de daños patrimoniales...” (El Daño. 2ª ed. Barcelona: Bosch, 1975, pp. 123).
El daño a la vida de relación se erige, por tanto, como una categoría propia y distinta tanto del daño patrimonial y del perjuicio moral. Este daño, que en nuestra jurisprudencia ha adquirido un cariz autóctono, ajustado a las particularidades de nuestra realidad social y normativa, “se configura cuando el damnificado experimenta una minoración sicofísica que le impide o dificulta la aptitud para gozar de los bienes de la vida que tenía antes del hecho lesivo, y como consecuencia de este” (Ramón Daniel Pizarro. Daño moral. Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 1996, pp. 73).
La sola privación objetiva de la posibilidad de realizar actividades cotidianas como practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, etc., comporta un daño a la vida de relación que debe ser resarcido.
Este perjuicio —se reitera— se concibe de manera autónoma y completamente diferenciada del patrimonial o del estrictamente moral. En tal sentido esta Corte ha aclarado: “es una noción que debe ser entendida dentro de los precisos límites y perfiles enunciados, como un daño autónomo que se refleja en la afectación de la actividad social no patrimonial de la persona, vista en sentido amplio, sin que pueda pensarse que se trata de una categoría que absorbe, excluye o descarta el reconocimiento de otras clases de daño —patrimonial o extra patrimonial— que posean alcance y contenido disímil, ni confundirlo con estos, como si se tratara de una inaceptable amalgama de conceptos, puesto que una indebida interpretación conduciría a que no pudiera cumplirse con la reparación integral ordenada por la ley y la equidad...” (sent. de Cas. Civ. de mayo 13/2008. Exp.: 1997-09327-01)-
2. En el caso que se examina, el tribunal no analizó el perjuicio de la vida en relación que sufrió Hermes Jhon Vélez Ortiz, vale decir, cuáles fueron las privaciones, dificultades y alteraciones que afrontó desde la fecha del accidente y las que tendrá que enfrentar durante el resto de su vida probable.
El sentenciador ad quem, en verdad, pasó por alto varias pruebas que militan en el expediente y que demuestran el lamentable estado de salud en que se encuentra el lesionado, entre las que se destaca, por su importancia, el dictamen pericial médico practicado en el mes de junio de 2008 (fls. 171 a 179, cdno. 5), en el que se puede leer lo siguiente:
“4.1. El paciente sufrió lesiones contusas el 19 de abril de 1997 con producción de severo trauma craneoencefálico, de cara y con fracturas de clavícula y antebrazo izquierdo.
“4.2. La incapacidad laboral equivale a una invalidez total y permanente, sin esperanzas de recuperación que equivale al 100%.
“4.3. Las secuelas del trauma encefalocraneano son definitivas y como ya se enumeraron, fueron por lesión de neurona motora superior, es decir, neuronas del cerebro, lo que hace que sean definitivas y sin ninguna esperanza de recuperación. Consisten en la cuadriparesia (disminución de la fuerza muscular) de las cuatro extremidades; severa perturbación de las funciones intelectuales, con un deterioro irreversible por daño neuronal y por la hidrocefalia resultante, deterioro que se incrementará paulatinamente por el no cambio de la válvula recomendado hace 5 años, que hace que la hidrocefalia vaya progresando y produzca más atrofia cerebral. Pérdida de la visión por lesión de retina bilateral secundaria o trauma de órbita. Severa perturbación funcional de la motricidad por los daños ya anotados; ayuda para su alimentación, aseo personal y función evacuadora del organismo.
“Todo lo anterior perturba severamente su vida de relación.
“4.4. Los daños o secuelas por haber comprometido el sistema nervioso central, no tendrán recuperación con ningún tipo de cirugía, ni aparato ortopédico, ni hospitalización; es posible obtener una muy leve mejoría de su función motora con un programa persistente de fisioterapia (se resalta).
“De lo consignado en la historia clínica y de las secuelas del severo trauma encefalocraneano que se observaron en el examen del paciente, se puede concluir que no tenía capacidad cognoscitiva ni volitiva que lo habilitara para comprender y decidir una acción de responsabilidad extracontractual...” (fl. 177).
Esta prueba acredita, en forma cabal, la gravedad de las lesiones sufridas por Vélez Ortiz y las secuelas definitivas con las que quedó, entre las que se mencionan, el deterioro irreversible de las neuronas cerebrales, la ceguera, la pérdida progresiva de la fuerza muscular en las cuatro extremidades del cuerpo, el daño en la motricidad y en el sistema nervioso central, consecuencias todas que, según el informe médico, son inalterables y definitivas e imposibilitan la realización de actividades usuales y normales de una persona en su vida diaria y entorno social.
Frente a tan dramático panorama en el estado de salud del lesionado, es ostensible que el tribunal no se ocupó de tal clase de perjuicio, sino que se limitó a confirmar la condena impuesta por el juez de primer grado, sin explicitar o justificar las razones por las cuales se adoptaba tal pronunciamiento.
La existencia del referido yerro fáctico es suficiente para la prosperidad del cargo y releva a la Sala de acometer el estudio del error de derecho denunciado en el mismo.
En consecuencia, prospera la acusación y se procederá a dictar la correspondiente sentencia de remplazo, que se limitará exclusivamente a analizar la cuantificación del perjuicio de la vida en relación concedido a Vélez Ortiz.
En tal virtud, se condenará a la parte vencia (sic) al pago de las costas del recurso extraordinario, comoquiera que el medio de impugnación que propuso se le resolvió de manera desfavorable. Las agencias en derecho han de tasarse en la suma de $ 6’000.000, por cuanto hubo réplica al mismo.
Ningún reparo existe respecto de los presupuestos procesales indispensables para dictar un pronunciamiento de fondo, como tampoco se observa causal de nulidad que invalide lo actuado.
Las pruebas recogidas en el proceso demuestran que el lesionado a la fecha del accidente tenía de 27 años de edad, sin ninguna limitación física en ese entonces; que se encuentra desde hace 14 años imposibilitado para realizar por sí solo las actividades más elementales y cotidianas de la vida, tales como bañarse, vestirse, peinarse, caminar, leer, mirar televisión o ir al cine; que no pudo gozar al ver crecer a su hija y compartir con ella etapas importantes en su desarrollo; que tampoco ha podido acompañar a sus padres en su proceso de envejecimiento y estar con ellos en los momentos importantes o triviales de sus vidas, o disfrutar de reuniones en el entorno social al que pertenecía, o hacer deporte, tener relaciones sexuales, actividades no laborales que no ha podido realizar desde la fecha del accidente y que nunca más realizará.
La afectación evidente de la calidad de vida y bienestar del lesionado desde el momento del accidente, la edad que tenía en 1998 y su expectativa de vida probable, son elementos a tener en cuenta para la cuantificación del perjuicio en la vida de relación.
Tratándose de un perjuicio extra patrimonial o inmaterial siempre existirá dificultad en la fijación del quantum que ha de reconocerse a la persona afectada, pero ello no implica la imposibilidad para determinar, en una suma concreta, el monto de la correspondiente condena, teniendo en cuenta, en todo caso, que tal valoración debe estar siempre guiada por los principios de reparación integral y equidad.
Es cierto que estos perjuicios son de difícil medición o cuantificación, lo que significa que la reparación no puede establecerse con base en criterios rigurosos o matemáticos; pero ello no se traduce en una deficiencia de esa clase de indemnización, sino en una diferencia frente a la tasación de los perjuicios económicos cuya valoración depende de parámetros más exactos.
Dada la inasible naturaleza del daño no patrimonial, debe buscarse, “con ayuda del buen sentido (...) y con apoyo en hechos probados que den cuenta de las circunstancias personales de los damnificados reclamantes, una relativa satisfacción para estos últimos proporcionándoles de ordinario una suma de dinero que no deje incólume la agresión, pero que tampoco represente un lucro injustificado que acabe por desvirtuar la función institucional que prestaciones de ese linaje están llamadas a cumplir” (sent. de nov. 25/92. Exp. 3382); consideraciones estas que aun cuando se expresaron con relación al daño moral, resultan perfectamente aplicables a toda clase de perjuicio extra-patrimonial, incluido el daño a la vida de relación.
A diferencia de la estimación de los perjuicios patrimoniales, para los que existen en la mayoría de las ocasiones datos objetivos que sirven de apoyo para su cuantificación, el perjuicio extra patrimonial ha estado y seguirá estando confiado al discreto arbitrio de los funcionarios judiciales, lo que no “equivale a abrirle paso a antojadizas intuiciones pergeñadas a la carrera para sustentar condenas excesivas, sino que a dichos funcionarios les impone el deber de actuar con prudencia, evitando en primer lugar servirse de pautas apriorísticas...” (ibíd.).
No pueden, por tanto, fijarse o establecerse parámetros generales que en forma mecánica se apliquen a la valoración de tal clase de perjuicio, pues cada caso concreto ofrece particularidades que deberán ser apreciadas por el juez al momento de hacer la correspondiente tasación.
No es lo mismo, por vía de ejemplo, la valoración de tal perjuicio para un joven que para un adulto o anciano; para quien goza de perfecto estado de salud que para alguien con limitaciones físicas o mentales; para una persona con hermanos, hijos y padres que para una persona sola; para un deportista que para quien no lo es, etc. y, esas diversas situaciones particulares de la víctima deberán ser tenidas en cuenta para efectuar la correspondiente cuantificación del daño.
En el fallo dictado por esta Sala el 13 de mayo de año 2008, se fijó el monto de la condena por concepto del referido perjuicio en la suma de $ 90.000.000, lo cual no constituye un límite o tope máximo para esta especie de indemnización, sino, simplemente, un punto de referencia.
En el presente caso, atendiendo a las situaciones personales de la víctima, antes mencionadas, se considera que el perjuicio a la vida de relación asciende a la suma de $ 140.000.000, pues el accidente le produjo graves y permanentes lesiones que afectaron su desenvolvimiento personal, familiar y social por el resto de su vida. No obstante, la anterior cantidad será disminuida a la mitad, por la concurrencia de causas que dedujo el tribunal y que no fue desvirtuada en este recurso.
En consecuencia, se modificará el numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo de primer grado, con el fin de aumentar el monto de la condena por concepto de daño a la vida de relación del señor Jhon Hermes Vélez Ortiz.
En tal virtud, se condenará a la parte vencida al pago de las costas causadas en la segunda instancia, comoquiera que la apelación que interpuso se le resolvió de modo desfavorable. Las agencias en derecho se tasan en la suma de $ 5’000.000.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, en el proceso ordinario antes referenciado, y situada en sede de instancia,
1. MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida en este proceso por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Andrés, el 22 de mayo de 2009, el cual quedará así:
4. Condenar en forma solidaria a las sociedades Ingeniería Total Ltda., Inval Ltda., Gómez Patiño Ltda. y a Sergio Díaz Osorio a pagar a favor de Jhon Hermes Vélez la suma de $ 69’074.000, por concepto de perjuicios materiales en el orden del lucro cesante; $ 24’845.000 correspondientes a los perjuicios morales; más $ 70’000.000 por daño a la vida de relación.
2. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada.
Costas de la segunda instancia a cargo de la parte demandada. Tásense por secretaría, incluyendo como agencias en derecho a favor de los demandantes la suma de $ 5’000.000.
Costas del recurso extraordinario de casación a cargo de la parte vencida. Tásense por secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $ 6’000.000 a favor de los demandantes en el proceso ordinario.
Magistrados: Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Arturo Solarte Rodríguez—Jesús Vall de Rutén Ruiz.
(1) Goldenberg, Isidoro. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1981. Pp. 150.