Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-3976-3977-de-abril-19-de-2007?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992042322ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-25 18:47:27
Document Index: 259102913

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﻿ SENTENCIA 3976-3977 DE ABRIL 19 DE 2007
SENTENCIA 3976-3977 DE 19 DE ABRIL DE 2007
CONTENIDO:JURADOS DE VOTACIÓN. QUE VOTEN EN UNA CIRCUNSCRIPCIÓN DIFERENTE NO CONFIGURA FRAUDE ELECTORAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:JURADO DE VOTACIÓN, FUNCIONES DEL JURADO DE VOTACIÓN, CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL, FRAUDE ELECTORAL
Sentencia 3976-3977 de abril 19 de 2007
Rad. 11001-03-28-000-2006-0002-00 (3976-3977) y 11001-03-28-000-2006-00043-00, abr. 19/2007
Demandante: Armando Mikán Díaz
Demandado: Representantes a la Cámara por el departamento de Arauca
La competencia de esta corporación para conocer de esta acción electoral en única instancia está fijada por lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 597 de 1988 artículo 2º y por la Ley 446 de 1998 artículo 36.
El acto de elección de los doctores Néstor Homero Cotrina por el Partido Cambio Radical y José Vicente Lozano Fernández por el Partido Convergencia Ciudadana, como representantes a la Cámara por el departamento de Arauca, para el período constitucional 2006-2010, se probó con copia auténtica del acta parcial del escrutinio de los votos para Cámara de Representantes o formulario E-26, suscrita por los delegados del Consejo Nacional Electoral el 22 de marzo de 2006 (fls. 17 a 46, exp. 3976).
3. Demanda 3976 de Armando Mikán Díaz.
Compete a la Sala examinar la presunción de legalidad del acto de elección de los representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento de Arauca (2006-2010), acusada en esta demanda por supuestamente haberse presentado falsedad en los registros electorales debido a dos circunstancias: una, porque como jurados de votación fueron designadas personas que no figuraban en el censo electoral del departamento de Arauca, quienes al depositar su voto en la misma mesa donde actuaron afectaron con falsedad todos los votos allí depositados; y otra, porque se suscitó la suplantación de los electores, aunque debe aclarar la Sala que la parte demandante no precisó un solo caso. Aunque aparece un tercer cargo denominado violación al régimen electoral, su sustentación indica claramente que está referido a los dos anteriores y por tanto su estudio se hará conjuntamente con ellos.
Así, se determinará con esta providencia si como lo plantea el accionante, en elecciones para escoger miembros del Congreso de la República y en particular representantes a la Cámara, los jurados que al efecto se designen deben hacer parte del censo electoral del respectivo departamento para que puedan ejercer su derecho al voto en la misma mesa donde actúan, o si por el contrario no existe tal limitante. De igual forma se evaluará la procedencia de un cargo que se plantea en términos tan genéricos como el segundo, donde sin relación a un solo caso se afirma haberse presentado suplantación electoral.
Junto a lo anterior, pero de manera previa, se adelantará el estudio de las excepciones que oportunamente propuso el apoderado judicial del representante doctor José Vicente Lozano Fernández.
3.2. Las excepciones.
Con la contestación de la demanda se propusieron las excepciones de (i) inepta demanda, (ii) integridad del sufragio, (iii) falta de legitimación por activa, y (iv) improcedencia de la exclusión de la totalidad de los votos de cada una de las mesas demandadas. Sin embargo, advierte la Sala que las identificadas como 2ª y 4ª no corresponden en realidad a medios exceptivos o hechos nuevos, puesto que están dirigidos a desvirtuar los planteamientos de la demanda, es decir aluden al fondo del asunto debatido. Así, la excepción sobre integridad del sufragio trata de la imposibilidad de afectar una votación legítimamente depositada en las urnas por eventuales fallas de la Registraduría Nacional del Estado, tesis que sin duda se relaciona con el argumento medular del primer cargo de la demanda, por supuesta intervención y votación anómala de los jurados de votación no incluidos en el censo electoral del departamento de Arauca; y la excepción de improcedencia de la exclusión de la totalidad de los votos de cada una de las mesas demandadas, tampoco trata de hechos nuevos con los que se puedan enervar las súplicas de la demanda, por el contrario se trata de un asunto accesorio a la declaración de nulidad como son sus efectos sobre la votación depositada en las urnas respectivas, el que tampoco puede tratarse ab initio por su dependencia de la prosperidad de la pretensión anulatoria, es decir por tratarse de un asunto accesorio su suerte está íntimamente ligada a la suerte del acto acusado y ello basta para deducir que no puede tratarse como medio exceptivo. Por tanto, asume la Sala el estudio de las excepciones restantes.
1. Inepta demanda: En dos razones se cimenta la excepción: (i) en que los hechos expuestos con la demanda no se adecuan a ninguna de las causales de nulidad previstas en los artículos 223 y 227 del Código Contencioso Administrativo, y (ii) en que debió la parte demandante agotar de manera previa la vía gubernativa para que se habilitara la vía jurisdiccional. El primero de los planteamientos no corresponde en estricto sentido a un medio exceptivo, se trata en realidad de un argumento defensivo muy cercano al fondo del caso debatido, cual es el encuadramiento de los supuestos de hecho a las causales especiales de nulidad consagradas en el Código Electoral, punto que debe desatarse junto con los cargos de la demanda. En consecuencia, la Sala abordará el segundo de los reproches.
Sostiene la parte demandada que la demanda deviene inepta por no haberse agotado previamente la vía gubernativa, es decir que han debido plantearse durante los escrutinios las circunstancias que ahora constituyen el sustento de los cargos de la acción electoral, pues solo con ello se puede acudir a la vía jurisdiccional; es decir, propone el agotamiento previo de la vía administrativa electoral como un requisito de procedibilidad del contencioso de nulidad electoral.
Recuerda la Sala que la acción de nulidad electoral, como la presente, corresponde a una especie de las acciones de nulidad simple que a su vez integra una de las distintas manifestaciones del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político de que trata el artículo 40 de la Constitución, cuando alude a que por virtud del mismo los ciudadanos pueden “Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley” (num. 6º), lo cual se complementa con el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia (C.N., art. 229), que en punto de las acciones de nulidad es inherente a la condición de ciudadano en ejercicio, encaminadas a la protección del ordenamiento jurídico en forma objetiva.
Cuentan los ciudadanos con el derecho fundamental a tomar parte en la vida política de la Nación, a través de la interposición de las acciones de simple nulidad encaminadas a surtir un control objetivo de legalidad de los actos administrativos de contenido electoral, sometiéndolos a juicio ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Este derecho, tal como lo define la propia Constitución, se ejerce de manera pura y simple, sin más condicionamientos que ostentar la calidad de ciudadano en ejercicio, ya que en lo demás la acción pública está al alcance de todo el mundo, de modo que cualquier restricción a su ejercicio solo puede ser instituida por el constituyente o el legislador, sin que allí quepa acudir a interpretaciones analógicas o extensivas, dado que el principio pro actione infunde una clara orientación a la apreciación del problema, de modo que se privilegie el acceso a la administración de justicia, más cuando se propugna por el restablecimiento de le legalidad en sentido objetivo.
Por lo mismo, la exigencia del previo agotamiento de la vía gubernativa, esto es el reclamo en sede administrativa por los supuestos motivos de ilegalidad para que ella pueda reflexionar sobre su posición y adoptar los correctivos que sean necesarios, solo es exigible a condición de que así esté previsto normativamente, como así ocurre, por ejemplo, con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 2304 de 1989 artículo 22:
En los escrutinios que se surten para arribar al acto declarativo de una elección popular el código del ramo tiene prevista la vía gubernativa, representada en la proposición de las causales de reclamación ante las comisiones escrutadoras, las que a su vez deben decidirlas a través de actos administrativos que se notifican en estrados y que por regla general admiten el recurso de alzada ante la comisión escrutadora que jerárquicamente deba controlar esas actuaciones. Con todo, tal vía administrativa no está consagrada en el Código Electoral, ni en el Código Contencioso Administrativo, ni en norma alguna, como requisito de procedibilidad para que se pueda acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativa a demandar la presunción de legalidad que albergan los actos administrativos electorales, de suerte que el presupuesto que echa de menos la parte excepcionante no aplica para acciones públicas, como la que se estudia, resultando así impróspero el planteamiento (1) .
2. Falta de legitimación por activa: Sostiene el apoderado que por tratarse del contencioso de nulidad de la elección de los representantes a la Cámara por el departamento de Arauca, quienes se eligen en circunscripción departamental, es necesario que los accionantes acrediten su residencia allí, pues si se carece de ella la demanda no puede ser intentada por tales personas.
Recuerda la Sala que el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, que da pie a interponer las acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley, no incorpora la limitante de que habla el apoderado excepcionante, por el contrario allí se dice que “Todo ciudadano” puede acometer tales acciones, demostrándose con ello que basta ostentar la calidad de ciudadano para contar con la legitimación suficiente para formular ese tipo de acciones judiciales, y cuando la fórmula gramatical emplea el adjetivo “todo” para identificar al ciudadano es porque está excluyendo posibilidades como la sugerida por el excepcionante, de tal manera que las acciones de nulidad electoral pueden promoverse por ciudadanos que tengan fijada su residencia en cualquier circunscripción electoral, sin que pueda limitársele ese derecho fundamental porque su cédula de ciudadanía esté inscrita en un censo distinto a aquel en se produjo la respectiva elección.
Además, la limitación propuesta por el apoderado resulta ilógica si se analiza teleológicamente la acción pública de nulidad. Con ella se busca la defensa de la Constitución y la ley, normas jurídicas que además de impersonales y abstractas son de carácter general o de aplicación con efectos erga omnes, es decir frente a todo el mundo en la integridad del territorio nacional; por consiguiente, la acción pública de nulidad electoral no puede restringirse solo a aquellas personas que conformen el respectivo censo electoral, ya que el interés de restaurar el ordenamiento jurídico cuando haya sido quebrantado es asunto del que participan todos los asociados, sin sujeción al espacio geográfico en que el legislador haya dividido la representación democrática. Por tanto, esta excepción tampoco prospera.
3.3. Los cargos de la demanda.
3.3.1. Primer cargo: En las siguientes mesas de votación de los municipios de Saravena, Fortul, Tame y Arauquita en el departamento de Arauca, desempeñándose como jurados, votaron personas que no hacían parte del censo electoral de Arauca y por ende esas actas contienen elementos apócrifos (CCA, art. 223.2).
Para el ciudadano Armando Mikán Díaz la nulidad del acto de elección de representantes a la Cámara por el departamento de Arauca (2006-2010), se produjo porque algunos jurados de votación designados en distintas mesas instaladas en los municipios de Saravena, Fortul, Arauquita y Tame, actuaron como tales y ejercieron su derecho al voto sin hacer parte del censo electoral de esos municipios y menos del departamento de Arauca, vulnerándose con ello lo previsto en el artículo 5º de la Ley 163 de 1994 en cuanto señala que las listas de jurados de votación se integrarán con “personas que puedan prestar el servicio de jurados de votación”; agrega que comoquiera que los representantes a la Cámara se eligen por circunscripción departamental, en dichas elecciones solo pueden participar las personas con residencia en el respectivo departamento. Dicha circunstancia, continúa el libelista, se ha empleado para alterar el resultado electoral, lo cual configura la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, por falsedad en los registros electorales.
Como se podrá advertir, el demandante plantea la existencia de una prohibición consistente en que en las elecciones para escoger representantes a la Cámara solamente pueden participar como jurados de votación y por lo tanto ejercer su derecho al sufragio en la respectiva mesa, los ciudadanos que tengan inscrita su cédula de ciudadanía en el censo electoral del respectivo departamento por el que son elegidos esos congresistas, conducta irregular que conduce a la violación de los artículos 13, 29, 40 y 176 de la Constitución; 1º, 2º, 3º, 84, 223 numerales 2º y 4º, y 227 del Código Contencioso Administrativo; 1º, 2º, 7º y 184 del Código Electoral, y 5º de la Ley 163 de 1994. Una mirada al contenido de cada uno de los preceptos invocados por el accionante refleja que la prohibición propuesta con la demanda no tiene asidero en ninguna de las disposiciones citadas para sustentar los cargos de la demanda.
Para empezar, los artículos 13, 29 y 40 de la Constitución hacen referencia, en su orden, a los derechos a la igualdad (2) , al debido proceso (3) y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político (4) , que si bien guardan una innegable conexidad axiológica con los procesos electorales, de su contenido no se puede desprender la prohibición que denuncia como infringida el demandante. Es cierto que allí se pregona el trato igual para los iguales y la discriminación positiva para aquellos sectores de la población que estén en desventaja con relación a otros, y que el debido proceso debe aparecer presente en todas las actuaciones de la administración, incluidas aquellas que cumplen las autoridades electorales en el diseño y desarrollo de las elecciones populares, y que el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político constituye una amplia gama de facultades para que los ciudadanos puedan acceder a la conquista del poder político o a su control, pero ninguna de tales disposiciones constitucionales contempla la implementación de una limitante como la que invoca la parte accionante.
Lo mismo se puede predicar del artículo 176 de la Constitución. Comoquiera que el acto acusado se produjo como resultado de las elecciones cumplidas en todo el territorio nacional el 12 de marzo de 2006, para la escogencia de los senadores y representantes a la Cámara que integrarán el Congreso de la República para el período legislativo comprendido entre el 20 de julio de 2006 y el 19 de julio de 2010, debe entenderse que tal norma corresponde a la modificada por el artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2005, que rige a partir de las elecciones de 2006, sin que pueda considerarse la enmienda constitucional últimamente realizada a través del artículo 1º del Acto Legislativo 3 de 2005, puesto que se trata de una reforma aplicable a las elecciones posteriores. Ahora, el artículo 176 Constitucional, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2005 expresa:
Este precepto señala de manera clara que la Cámara de Representantes se integrará por congresistas elegidos a través de tres clases de circunscripciones. Una es la territorial, la cual se caracteriza, primordialmente, porque cada departamento y el Distrito Capital conforman una circunscripción territorial, donde la representación se asigna, en primer lugar, por tenerse la calidad de entidad territorial bien como Distrito Capital o ya como departamento, y en segundo lugar, con sujeción a la población que allí se alberga, de modo que la fusión de una y otra da lugar a que la representación ante la Cámara se configure con sujeción a la fórmula empleada en el inciso 2º del artículo 176 de la Constitución, es decir dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 250.000 o fracción mayor de 125.000 que se tengan en exceso sobre los primeros 250.000 habitantes. Las otras dos circunscripciones corresponden a la especial, por medio de la cual se reconoce el derecho de los grupos minoritarios tales como los grupos étnicos y las minorías políticas, y por último la circunscripción internacional, creada para que aquellos ciudadanos que han salido del país y estén residenciados en el exterior, tengan su vocero en la Cámara de Representantes.
Ahora bien, aunque el constituyente dice en el artículo 176 de la Carta Fundamental que los miembros de la Cámara de Representantes se elegirán, según lo que interesa al caso, por circunscripción territorial y que tanto el Distrito Capital como cada departamento conforman una de ellas, no puede desprenderse de allí la norma de que como jurados de votación solo pueden actuar en dichas elecciones las personas que conformen el censo electoral del respectivo departamento y que solo ellas puedan depositar su voto. Nótese, además, que allí aparte de precisarse que la elección de los representantes a la Cámara se cumplirá por circunscripción departamental, no se prescribe nada en torno a las calidades que deben tener los jurados de votación, como tampoco a la manera como deben ejercer su derecho al voto.
Ese alcance que al artículo 176 Constitucional pretende dar la parte accionante se opone a uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, como es el principio de legalidad, al tiempo que resulta oponiéndose al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución. Bien claro dice el artículo 121 ibídem que “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”, postulado con el que se pretende la interdicción de la arbitrariedad de la administración, de modo que ella solo pueda hacer aquello que la Constitución, la ley o los reglamentos le permiten, así como que los funcionarios deben sujetarse al estricto desempeño de las funciones o competencias que el ordenamiento jurídico les ha asignado, lo cual acompasa con la necesidad de garantizar que el juzgamiento de los actos de la administración, por ejemplo, se haga de acuerdo con las leyes preexistentes a la expedición del acto administrativo. Igual afectación sufrirían esos derechos fundamentales si se aplicara el precepto jurídico dándole el alcance reclamado por el demandante si pese a una labor hermenéutica adelantada por el operador jurídico no se lograra inferir dicho contenido normativo, no obstante que a través de la jurisprudencia puede fijarse el contenido y alcance de las leyes, lo cual no ocurre de manera caprichosa.
Este punto resulta ser más sensible cuando del ejercicio de derechos fundamentales se trata, porque aquí impera el principio de derecho internacional pro hominem (5) , según el cual toda interpretación que deba surtirse en torno al ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos el relacionado con la conformación, ejercicio y control del poder político, debe hacerse de manera amplia o extensiva, privilegiando la extensión de la cobertura del ejercicio del derecho, entre otras razones porque como se ha insistido en esta providencia, cualquier limitación a su ejercicio no puede provenir de una interpretación efectuada por el operador jurídico al juzgar la legalidad de un acto administrativo, sino de la voluntad expresa y clara del legislador.
Sostiene igualmente la parte demandante, que el hecho denunciado con el cargo examinado conduce a la violación de los artículos 1º, 2º, 3º, 84, 223 numerales 2º y 4º y 227 del Código Contencioso Administrativo. Con este conjunto de normas ocurre lo mismo que con las anteriores, no contienen la restricción que según el impugnante no se atendió. El artículo 1º habla del campo de aplicación de dicho código, definiendo las entidades públicas que deben someterse al mismo, así como las actividades que están bajo su regulación, e igualmente las entidades exceptuadas del mismo y la imposibilidad de hacer efectivas esas disposiciones cuando se ejerce la facultad de libre nombramiento y remoción. En su artículo 2º se define el objeto del código, concretado en “el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados reconocidos por la ley”. El artículo 3º trata de los principios orientadores de la actuación administrativa, tales como la economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción.
Y los artículos 84, 223 numerales 2º y 4º y 227 contemplan las causales genéricas y específicas de nulidad que resultan aplicables para juzgar la legalidad de los actos administrativos de contenido electoral. Ahora, como dichas causales consagran supuestos de hecho que de presentarse conducirían a la configuración de la nulidad de la actuación administrativa, entiende la Sala que por sí mismas o de manera solitaria no podrían llevar a la anulación pretendida, en atención a que la parte demandante tendría primero que cumplir con la carga de probar ese supuesto de hecho previsto por el legislador para cada una de las causales en comento. Piénsese, por ejemplo, en la causal de nulidad por infracción de las normas en que debería fundarse el acto administrativo, allí el impugnante tendría que identificar las normas jurídicas que gobernaban el acto atacado y demostrar cómo fueron infringidas con la expedición del mismo; lo mismo ocurre frente a cada una de las causales de nulidad de que se vale la parte demandante, las que insularmente vistas resultan inofensivas respecto de la presunción de legalidad del acto de contenido electoral enjuiciado.
Del Código Electoral se citan como infringidos los artículos 1º, 2º, 7º y 184, preceptos que tampoco contienen mandato alguno en torno a que los jurados de votación en elecciones de representantes a la Cámara deban figurar en el respectivo censo del departamento para poder obrar como tales y para tener el derecho de votar en la misma mesa. El artículo 1º trata del objeto del Código Electoral y de la obligación para las distintas autoridades electoral de privilegiar en la interpretación y aplicación de las leyes los principios de imparcialidad, secreto del voto, eficacia del voto, capacidad electoral y proporcionalidad. En el artículo 2º se convoca a las autoridades para que protejan el derecho al sufragio, rodeando de garantías el certamen electoral, además con el propósito de que ningún partido o grupo político obtenga ventajas frente a los demás. El artículo 7º define la forma de calcular el cuociente electoral para asegurar la representación proporcional de los partidos cuando se trata de elegir miembros de corporaciones públicas de elección popular; este precepto además de no hacer la menor referencia al hecho denunciado por el accionante, debe considerarse como inaplicable porque fue tácitamente modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2003 que reformó el artículo 263 de la Constitución Política, puesto que el sistema del cuociente electoral fue sustituido por el de la cifra repartidora cuando se trata de garantizar la equitativa representación de los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos en las corporaciones públicas de elección popular.
La misma ineficacia encuentra la Sala en cuanto a lo dispuesto en el artículo 184 del Código Electoral, modificado por el artículo 14 de la Ley 62 de 1988 que señala:
“Terminado el escrutinio general y hecho el cómputo total de los votos válidos que se hayan emitido por cada uno de los candidatos, municipio por municipio, se procederá a hacer constar los resultados en actas, expresando en letras y números los votos obtenidos por cada lista o candidato; realizado lo cual, se aplicarán los cuocientes electorales para la declaratoria de elección..., de diputados, representantes y senadores y se expedirán las correspondientes credenciales”.
Si bien la norma anterior trata del deber de hacer la correspondiente declaratoria de elección cuando se haya concluido el escrutinio y se haya verificado el total de votos válidos depositados por cada lista o candidato, tampoco aparece en la misma el deber legal dirigido a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que conforme la lista de jurados de votación con ciudadanos que hagan parte del censo electoral del departamento por el cual se hace la respectiva elección de representantes a la Cámara, y menos la prohibición para dichos funcionarios de depositar su voto en la misma mesa si no hacen parte del censo de esa circunscripción departamental.
También edifica el reproche en que la designación de jurados de votación ajenos al censo electoral del respectivo departamento lleva a la violación del artículo 5º de la Ley 163 de 1994, en cuanto ordena integrar dichas listas con “personas que puedan prestar el servicio de jurados de votación”. La fragmentación que se hace de la norma anterior descontextualiza el aparte y con ello pretende la parte demandante hacerle producir un efecto distinto al que realmente envuelve, motivo por el que resulta apropiado traerla a colación en su integridad:
“ART. 5º—Jurados de votación. Para la integración de los jurados de votación se procederá así:
PAR. 1º—Los nominadores o jefes de personal que omitan relacionar los empleados o trabajadores aptos para ser nombrados como jurados de votación, serán sancionados con la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos y, si no lo fueren, con multas equivalentes hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del fondo rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El inciso 1º del numeral 1º del artículo 5º de la Ley 163 de 1994 “Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral”, prescribe que los registradores distritales, municipales y auxiliares pedirán a las entidades públicas y privadas, a los directorios políticos y establecimientos educativos, el listado de las personas que pueden prestar el servicio de jurados de votación, que constitucionalmente hablando corresponde a un deber ciudadano previsto en el numeral 5º del artículo 95 de la Carta Fundamental consistente en “Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”. Pretende la parte demandante darle al precepto el alcance de una capacidad especial para poder ser designado jurado de votación, cualificada por el aspecto geográfico o por la residencia electoral, de modo que ese servicio solo pueda ser prestado en las elecciones por circunscripciones departamentales por integrantes del respectivo censo departamental; sin embargo, esa no es la lectura correcta del precepto, que únicamente trata del deber de colaboración institucional por parte de las entidades públicas y privadas, así como por parte de los partidos políticos y establecimiento educativos para proveer listas de ciudadanos aptos para actuar como jurados de votación.
Esa aptitud, además, viene dada por factores distintos al indicado por el accionante. En las listas elaboradas por los establecimientos educativos es necesario que los ciudadanos tengan un grado de educación secundaria no inferior al grado 10; no es posible designar como jurados de votación a personas que tengan parentesco en 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil con el Registrador Nacional, sus delegados ni los registradores distritales, municipales o auxiliares; tampoco pueden designarse como jurados a los funcionarios y empleados de esta jurisdicción, las primeras autoridades civiles en el orden nacional, seccional y municipal con funciones propiamente electorales, los miembros de la fuerza pública, los operadores del Ministerio de Comunicaciones, Telecom, Empresa de Teléfonos, los auxiliares de los mismos, los funcionarios de Adpostal y los miembros de los directorios políticos ni los candidatos (C.E., art. 104).
Además, el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación (C.E., art. 105) y los designados solamente se exoneran de la responsabilidad de su inasistencia cuando invocan cualquiera de las causales previstas en el artículo 108 ibídem, como son: a) Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo; b) Muerte de cualquiera de las personas citadas en el literal anterior, el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores a la misma; c) No ser residente en el lugar donde fue designado; d) Ser menor de 18 años, y e) Haberse inscrito y votar en otro municipio.
Ahora bien, aunque dentro de las causales de exoneración de las sanciones a imponer a los jurados por su inasistencia a prestar el servicio se hallen las de estar residenciado en lugar distinto al de designación y haberse inscrito y votar en otro municipio, la ocurrencia de tales circunstancias no puede tomarse como constitutiva de nulidad de la elección puesto que el legislador no les dio ese alcance, y además porque se trata de normas previstas para evitar la configuración de las responsabilidades que se vienen a los jurados por no prestar el servicio y no de preceptos que influyan directa y sustancialmente en la formación del acto administrativo electoral; es más, tan cierto es que de ellos no pueden derivarse los efectos perseguidos por la parte demandante, que se trata de normas jurídicas que únicamente se activan cuando la persona interesada decide invocarlas, pues puede ocurrir que una persona que no resida en el lugar donde fue designado jurado o que se haya inscrito para votar en otro municipio, finalmente decida prestar el servicio y cumplir de paso con sus deberes ciudadanos, sin acudir por tanto a dichos eximentes, y como es por todos sabido las causales de nulidad no pueden estar sujetas a la voluntad de los ciudadanos.
Por último, dice el demandante en el hecho 9º que durante los escrutinios municipal y departamental de Arauca los testigos electorales reclamaron la falta de firmas de los jurados de votación en el formulario E-14 de la mesa 38 de Saravena (Cabecera), decidiéndose inicialmente su exclusión, pero luego fue habilitada por los mismos escrutadores “bajo el argumento que el E.14 de la misma mesa pero de otra circunscripción si (sic) tenia (sic) el mínimo de firmas requerido”. Este reproche no tiene vocación de prosperidad por varias razones. La primera de ellas porque la parte demandante tenía la carga de probar el supuesto de hecho del reproche y no la satisfizo; efectivamente, al plenario no se aportó copia hábil del formulario E-14 o acta de escrutinio de los jurados de votación de la mesa 38 del municipio de Saravena y tampoco se allegó copia auténtica del acta elaborada por la comisión escrutadora municipal, documentos necesarios para corroborar la veracidad de lo afirmado. En segundo lugar, según lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 192 del Código Electoral constituye causal de reclamación “Cuando los dos (2) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmadas por menos de tres (3) de estos”, y por lo mismo no es causal de nulidad, razón jurídica que marcaría la improsperidad del cargo, como así lo tiene decantado la jurisprudencia de la sección:
“El numeral 3º del artículo 192 del Código Electoral señala como causal de reclamación cuando las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmadas por menos de tres de ellos. Esa norma, sin embargo, fue modificada, inicialmente por el artículo 11 de la Ley 6ª de 1990, y, posteriormente, por el parágrafo 2º del artículo 5º de la Ley 163 de 1994. Esta última norma dice lo siguiente: (...).
Lo anterior muestra que los dos reproches que se estudian constituyen causales de reclamación, las cuales son medios de defensa de que disponen los candidatos a una elección popular, a nombre propio o por intermedio de sus testigos electorales, que se dirigen a impugnar, en la vía administrativa, las irregularidades taxativamente señaladas en la ley que se presentan en el proceso electoral. Sin embargo, como en reiteradas oportunidades lo ha expresado esta Sala (6) , las causales de reclamación no constituyen motivos de nulidad, por lo que no pueden alegarse por vía jurisdiccional, salvo que se discuta la legalidad o constitucionalidad del acto administrativo que negó las reclamaciones, se reproche su contenido o se discuta la omisión de la decisión administrativa, en cuyos casos podrá solicitarse la nulidad de las decisiones y, en consecuencia, de los registros correspondientes. Ello obedece a que la norma actualmente vigente, esto es, el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo fue modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988, en el sentido de suprimir como causal de nulidad de las actas de escrutinio las causales de reclamación” (7) .
Y, en tercer lugar, de haberse tenido que estudiar en el fondo el planteamiento por haber sido resuelto por una comisión escrutadora mediante un acto administrativo que sustancialmente se ataca, tendría que colegirse igualmente su improsperidad. Apoyándose la Sala en lo manifestado por el propio demandante se tendría que la decisión de contabilizar la votación de la mesa 38 de Saravena obedeció al hecho de haberse acudido al otro ejemplar del formulario E-14, el cual sí contenía las firmas de los jurados de votación, procedimiento que resulta ajustado a derecho en la medida que de dicha acta o formulario E-14 se expiden 2 ejemplares (C.E., art. 142), uno con destino al arca triclave y otro con destino a los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, lo cual permite en situaciones como esta superar la ausencia de firmas de uno de los ejemplares con las que aparezcan en el otro, siendo improcedente entonces excluir la votación de la mesa en atención a que la información electoral conserva su veracidad y autenticidad.
Sin que sea necesario acudir al examen de las pruebas recaudadas dentro del informativo, encuentra la Sala que el cargo no prospera porque ninguna de las normas jurídicas invocadas por el demandante contiene la prohibición que pretendió edificarse con el cargo.
No obstante la improsperidad de la imputación contenida en el cargo que se acaba de examinar, no puede pasar inadvertido la Sala que si bien ninguno de los preceptos invocados con la demanda servía de fundamento jurídico a la impugnación, del contexto mismo de la acusación sí se logra inferir, sin que se llegue a violar el principio de la justicia rogada, que la norma supuestamente infringida sería el artículo 76 del Código Electoral, cuyo contenido armoniza perfectamente con el argumento medular de la acusación, consistente en la votación de personas, en calidad de jurados de votación, que no figuraban en el censo electoral respectivo. No podría tomarse el principio de la justicia rogada como excusa para no examinar la eventual violación del artículo 76 del Código Electoral, porque se trataría de un excesivo rigorismo que conduciría al sacrificio del derecho a la forma y por la misma senda a la vulneración de la prevalencia del derecho sustancial consagrada por el constituyente en el artículo 228 superior, sobre todo porque la norma se logra identificar sin mayor esfuerzo gracias a que hace parte de un universo normativo restringido como es el Código Electoral.
Ahora, para determinar los parámetros jurisprudenciales que permitirían la configuración del reproche denunciado, conviene acudir al tenor literal del artículo 7º de la Ley 6ª de 1990 que fusionó los artículos 76 y 77 del Código Electoral en una sola norma:
“ART. 76.—A partir de 1988 el ciudadano solo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral.
Permanecerán en el censo electoral del sitio respectivo, las cédulas que integraban el censo de 1988, y las que con posterioridad allí se expidan o se inscriban, mientras no sean canceladas o se inscriban en otro lugar”.
El precepto anterior contiene una norma jurídica explícita y otra implícita. Es expresa en cuanto de manera unívoca permite al ciudadano ejercer su derecho al voto solamente en el lugar donde aparezca inscrita su cédula de ciudadanía según el censo electoral, inscripción que debe cumplirse en los términos del artículo 78 del Código Electoral, así:
No surtirán efecto las inscripciones que se efectúen sin el lleno de los requisitos prescritos en el presente artículo y los funcionarios que las realicen serán sancionados con la pérdida del empleo, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad penal”.
Por lo mismo, la norma jurídica expresa que allí se contiene es clara en predicar que el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político a través del sufragio, no puede ejercerse con total libertad en lo que respecta a las circunscripciones electorales, no siendo dable que el elector escoja a su voluntad el lugar donde quiera depositar su voto; para ello debe satisfacer ciertas exigencias, entre ellas la de cumplir con el acto de inscribir su cédula en determinado lugar, a través del procedimiento fijado en el artículo 78 citado, lo cual le garantiza que el cupo numérico de su cédula aparecerá en el censo de ese lugar para que sin tropiezos pueda ejercer su derecho al sufragio.
La norma implícita que subyace igualmente en el inciso 1º del artículo 76 del Código Electoral (mod. L. 6ª/90, art. 7º), es la antónima de la anterior, es decir que si allí se permite expresamente votar en determinado lugar a quienes tengan inscrita su cédula, en forma tácita se está proscribiendo la posibilidad de que se ejerza el derecho al sufragio en lugar distinto al de inscripción de la cédula o del censo donde esté incluido el respectivo cupo numérico.
Pudiera pensarse que la prohibición pierde vigencia en tratándose de los jurados de votación cuando deciden ejercer su derecho al sufragio en la misma mesa donde actuaron, precisamente porque el artículo 101 in fine del Código Electoral prescribe: “Cuando los jurados ejerciten el derecho al sufragio deberán hacerlo en la mesa donde cumplan sus funciones”. Sin embargo, ello no puede aceptarse con tanta rapidez, pues lo que se plantea es una antinomia que es necesario desatar para descubrir el auténtico sentido de la prohibición implícita en el inciso 1º del artículo 76 del memorado código, ya que por la redacción misma del artículo 101 in fine pudiera creerse que los jurados de votación, sin importar el lugar donde tengan inscrita su cédula de ciudadanía, estarían en todo tipo de elecciones para cargos o corporaciones públicas de elección popular habilitados para sufragar en la mesa donde prestaron ese servicio público, pese a que no corresponda al lugar donde tienen inscrita su cédula.
Pues bien, aplicando el principio del efecto útil, que recomienda optar por aquella interpretación que privilegie la eficacia de las normas jurídicas, no sería posible aplicar de manera insular el inciso final del artículo 101 del Código Electoral, para colegir que los jurados pueden ejercer su derecho al voto en la misma mesa donde actúan, sin importar que no sea ese el lugar donde tienen inscrita su cédula de ciudadanía, dado que esa lectura derogaría implícitamente y para el caso concreto, la vigencia del artículo 76 que en su inciso 1º prohíbe, de manera implícita, que los ciudadanos voten en lugar distinto a aquel donde aparezca inscrita su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral.
Resulta más ajustado a dicho principio que las dos normas produzcan efectos jurídicos en la mayor medida posible. Así, considera la Sala que la permisión contenida en la parte final del artículo 101 del Código Electoral, para que los jurados de votación ejerzan su derecho al sufragio en la misma mesa donde actúan, solo es posible a condición de que se respete coetáneamente lo previsto en el artículo 76 aludido, esto es que los jurados podrán ejercer su derecho al voto en dicha mesa siempre que el cupo numérico de su cédula de ciudadanía forme parte del censo que la Registraduría Nacional del Estado Civil haya dispuesto para ese lugar. Con todo, la premisa no estaría completa de no definirse por la Sala lo que ha de entenderse por la expresión destacada del inciso 1º del artículo 76 del Código Electoral, que expresa: “A partir de 1988 el ciudadano solo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral”.
Para definir qué concepto está inmerso en la expresión anterior es necesario volver sobre el artículo 78 de la misma obra, para determinar que si bien todos los cupos numéricos de las cédulas inscritas aparecen en el censo nacional electoral, en lo que a inscripción se refiere ello solamente se cumple “ante el funcionario electoral del municipio o del lugar donde desea sufragar”, de tal manera que por ser el registrador municipal la autoridad competente para adelantar el proceso de inscripción de votantes, las cédulas que ante él se inscriban deberán aparecer en el censo del respectivo municipio, lo cual se toma como equivalente a “el lugar” donde aparezca la cédula de ciudadanía según el censo electoral.
Siguiendo el anterior orden de ideas, cuando el artículo 101 in fine del Código Electoral, dispone que “Cuando los jurados ejerciten el derecho al sufragio deberán hacerlo en la mesa donde cumplan sus funciones”, ello solo será posible en la medida que el cupo numérico de la cédula de ciudadanía del jurado forme parte del censo electoral del respectivo municipio, evento en el cual su voto será legítimo, entre otras razones porque atenderá plenamente lo dispuesto en el artículo 316 según el cual “En los votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”, pues de otro modo se abriría la posibilidad para que por dicha vía se hiciera fraude a las elecciones, designando como jurados de votación a personas ajenas al censo electoral municipal, quienes depositarían su voto allí pese a no tener fijada su residencia electoral en ese municipio, en los términos del artículo 4º de la Ley 163 de 1994 (8) .
Ahora, como el ciudadano designado jurado de votación además de prestar dicho servicio puede eventualmente ejercer su derecho al voto en la misma mesa, por así haberlo decidido y aparecer inscrito en el censo del respectivo municipio, es necesario aclarar que cuando dicho funcionario, pese a no formar parte del censo del municipio donde fue designado, decide prestar ese servicio ciudadano, esa circunstancia, por sí sola, no haría inválida la votación total depositada en la mesa, no solo porque no está prohibida esa designación, sino también porque esa función pública es de forzosa aceptación (C.E., art. 105), pudiendo ocurrir que el así designado opte por prestar el servicio renunciando implícitamente a invocar la causal del literal e) del artículo 108 ibídem, que lo excusaría de hacerlo por “Haberse inscrito y votar en otro municipio”.
Sin embargo, cuando lo anterior ocurra el jurado de votación que no integra el censo del respectivo municipio solamente podrá prestar ese servicio y no más, sin posibilidad alguna de que deposite su voto en la mesa, puesto que al ser extraño al censo electoral del mismo municipio de llegar a sufragar su voto se tomará como fraudulento por haber trasgredido lo prescrito en el inciso 1º del artículo 76 del Código Electoral, según el cual “A partir de 1988 el ciudadano solo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral”, quedando supeditada la validez del acto de elección respectivo a la envergadura o magnitud del fenómeno, tal como se ha venido aplicando por la sección el principio de la eficacia del voto, según el cual la presunción de legalidad del acto acusado se desmorona cuando la entidad de las falsedades sea tal que pueda modificar el resultado electoral.
Así, correspondería al accionante, por ser la parte que alega y en quien recae la carga de la prueba (CPC, art. 177), determinar desde la demanda la ocurrencia del fenómeno, por la zona, puesto y mesa donde tuvo lugar, así como identificando por su nombre y cédula al jurado de votación extraño al censo electoral de la respectiva mesa, probando no solo los anteriores elementos sino que además de no hacer parte de dicho censo el jurado efectivamente depositó su voto en la mesa, al ser en este acto que se materializa la violación a la ley y se hace fraude en las votaciones. La demostración del cargo exige contar con los siguientes medios de prueba: (i) Certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil donde diga en qué lugar aparece inscrita la cédula de ciudadanía del jurado o jurados de votación señalados; (ii) Copia auténtica de las resoluciones expedidas por el registrador respectivo conformando las listas de jurados de votación, a través de la cual se podrá establecer que efectivamente la persona indicada en la demanda fungió como jurado en esa mesa; (iii) Copia auténtica del formulario E-11 o lista y registro de votantes de la misma mesa, por consignarse en ella el nombre de los sufragantes y de los jurados; (iv) Copia auténtica del formulario E-14 o acta de escrutinio de los jurados de votación porque permitirá verificar la votación del jurado, lo cual no se puede establecer solamente con la anotación del nombre del jurado en el formulario E-11, en la medida que solo se puede presumir la votación de las personas cuyos nombres aparezcan manuscritos frente a su respectivo cupo numérico, adicionalmente porque puede acaecer que el nombre de los jurados se consigne al final del formulario pero que efectivamente no hayan decidido sufragar, lo cual se vendría a corroborar con el formulario E-14 por ser el documento oficial donde se consigna el escrutinio practicado por los jurados de votación y se discrimina la votación por listas, candidatos, votos nulos, votos en blanco y tarjetas no marcadas, universo que desde luego permite tener certeza sobre el hecho de la eventual votación de los jurados de mesa. Con base en los anteriores parámetros jurisprudenciales entra la Sala a desarrollar el examen de los documentos electorales incorporados a los procesos acumulados con el fin de determinar si se produjo la violación del artículo 76 del Código Electoral.
Nombre jurado votación Cédula Lugar inscripción(9) ¿Actuó?(10) ¿Votó?
Zona 00 Puesto 00 Mesa 01(11)
Claudia Salinas 63.396.201 Málaga – Sder. x ? ?
Dubel Caicedo 9.466.978 Pamplona – Nte. Sder. x ? ?
Anderson Roa 1.098.637.204 Bucaramanga – Sder. x ? ?
Jacqueline Tarazona 63.358.719 Landázuri – Sder. x ? ?
Ananías Villamizar 88.155.881 Pamplona – Nte. Sder. x ? ?
Ubaldo Atencio Montero 70.036.427 Landázuri – Sder. x ? ?
Julio Peña 13.459.303 Susp. Der. Políticos x ? ?
Emilce Fernández 60.254.266 Pamplona – Nte. Sder. x ? ?
José Martín Meauri Galvis 88.155.047 Pamplona – Nte. Sder. x ? ?
Ricardo Somosa 96.187.329 Pamplona – Nte. Sder. x ? ?
Roberto Conde 13.467.973 Cúcuta – Nte. Sder. x ? ?
Lilia Avellaneda 37.893.591 x ? ?
Nota 1: Aunque en el capítulo de pretensiones se citan las mesas 37 y 38 de la cabecera municipal de Saravena, al desarrollar el cargo no se precisa el nombre de ningún jurado de votación.
Nota 2: El Registrador Municipal del Estado Civil (e) de Saravena, Arauca, mediante certificación expedida el 14 de julio de 2006 visible a folio 384 del expediente 3976, informó que ninguno de los jurados de votación mencionados en el cuadro anterior fue autorizado para depositar su voto en la mesa donde actuaron.
De acuerdo con la información compendiada del municipio de Saravena, Arauca, logra establecer la Sala que todos y cada uno de los jurados de votación allí mencionados fueron legalmente designados y así actuaron, e igualmente que ninguno de ellos formaba parte del censo electoral del mismo municipio; sin embargo, al informativo no se aportó copia auténtica del formulario E-14 o acta de escrutinio de los jurados de votación de las respectivas mesas, omisión que lleva a tener por no probado el cargo, en la medida que no se puede establecer si dichos funcionarios efectivamente depositaron su voto en la mesa. La sola circunstancia de haber actuado como jurados en lugar distinto a aquel donde tienen inscrita su cédula de ciudadanía carece de significado frente a la presunción de validez del acto enjuiciado, pues como se vio se trata de una conducta que no está prohibida, por el contrario es jurídicamente posible que esos foráneos, por llamarlos de alguna manera, cumplan ese deber ciudadano, para el cual no es requisito indispensable tener inscrita la cédula en el mismo lugar donde se cumplirá esa función pública.
Nombre jurado votación Cédula Lugar inscripción ¿Actuó?(12) ¿Votó?
Zona 00 Puesto 00 Mesa 06(13)
Sara Elena Gómez Villamizar 60.255.394 Pamplona – Nte. Sder. x ? ?
Candelario Bustamante 8.745.203 Barranquilla – Atl. x ? ?
Yorlinda García 1.098.616.707 Bucaramanga – Sder. x ? ?
Orlando Hernández 13.952.479 Supía – Caldas x ? ?
Abel Antonio González 13.489.640 Pto. Santander – Nt. Sder. x ? ?
Caranal Mesa 04
Albeiro Ortiz Boada 13.270.585 Cúcuta – Nte. Sder. x ? ?
Caño Florez Mesa 01(14)
Mery Trujillo Caro 63.356.777 Bucaramanga – Sder. x ? ?
Caño Florez Mesa 02
Sandra Gloria Zúñiga 63.451.606 Florida Blanca – Sder. x ? ?
Nota 1: Aunque en el cuadro del literal c) de las pretensiones se cita la mesa 1 del corregimiento Caranal del municipio de Fortul, al desarrollarlo en el acápite de concepto de violación habla de la mesa 04 del mismo corregimiento, donde sí se determinó un cargo.
Nota 2: El Registrador Municipal del Estado Civil de Fortul, Arauca, certificó que ninguna de las personas designadas como jurados de votación relacionadas en el cuadro anterior, fue autorizada mediante el formulario E-12 para ejercer el derecho al voto en la respectiva mesa (fl. 506, Exp. 3976).
Se establece con el estudio anterior que los señores Candelario Bustamante y Orlando Hernández no fueron designados ni actuaron en las mesas 8 y 10 del municipio de Fortul como jurados de votación. Además, frente a los demás se presenta la misma situación que para las personas indicadas en el municipio de Saravena, esto es que pese a haber actuado como jurados y no formar parte del censo electoral del respectivo lugar, no se probó su votación efectiva, lo cual solo se lograría, valga la iteración, con el formulario E-14, que no se aportó al plenario. El cargo en esta parte tampoco prospera.
Nombre jurado votación Cédula Lugar inscripción ¿Actuó?(15) ¿Votó?
Zona 00 Puesto 00 Mesa 08(16)
Nelson Cruz 91.481.279 Bucaramanga – Sder. x ? ?
Hermes Javier Mattar 18.262.677 Bogotá, D.C. x ? ?
Nora Luna Arenas 63.352.147 Piedecuesta – Sder. x ? ?
Sandra Milena Salazar Benavides 60.369.911 Cúcuta – Nte. Sder. x ? ?
Jaime Alberto Fonseca Sánchez 13.352.070 Pore – Casanare x ? ?
Clara Inés Mariño 23.637.372 Güicán – Boy. x ? ?
María Oliva Flórez 37.332.986 Ocaña – Nte. Sder. x ? ?
Volia Wilches Bettín 64.518.700 San Onofre – Sucre x ? ?
Sofía Jaime González 23.522.290 Chita – Boyacá x ? ?
Rocío Rozo Ramírez 23.494.316 Bogotá, D.C. x x
Panamá de Arauca Mesa 01
Mery Rojas 63.392.213 Carcaci – Sder. x ? ?
Yesid Franco Ochoa 73.133.997 Pamplona – Nte. Sder. x ? ?
Panamá de Arauca Mesa 02
Ana Luisa Durán Pinzón 24.100.186 Soacha – Cundin. x ? ?
Nelcy Orelis Rojas 60.341.206 Cúcuta – Nte. Sder. x ? ?
Deison Ramiro Nariño 79.655.804 Restrepo – Meta x ? ?
La Esmeralda Mesa 02
Ramón Becerra 88.152.673 Pamplona – Nte. Sder. x ? ?
La Esmeralda Mesa 05
Esperanza Leal 63.358.917 Florida Blanca – Sder. x ? ?
Sandra Díaz 60.390.265 Cúcuta – Nte. Sder. x ? ?
Aguachica Mesa 01
Antonio Carreño 4.133.738 Güicán – Boy. x ? ?
Brisas del Caranal Mesa 04
Fabio Villamizar 13.350.841 Pamplona – Nte. Sder. x ? ?
En el municipio de Arauquita se probó que todas las personas mencionadas en el cuadro anterior fueron designadas y prestaron sus servicios como jurados de votación en las mesas allí señaladas, a excepción de la señora Rocío Rozo Ramírez, quien no fue designada jurado de votación pero sí votó en la mesa 31 a pesar de tener inscrita su cédula en Bogotá, D.C., sufragio que resulta fraudulento que desconocer la prescripción del artículo 76 del Código Electoral. Sin embargo, luego de examinar la tabla siguiente dirá la Sala cuál es la consecuencia de la anterior irregularidad.
Nombre jurado votación Cédula Lugar inscripción ¿Actuó?(17) ¿Votó?
Betoyes Mesa 02(18)
Alba Giraldo Valencia 29.843.339 Cubará – Boy. x ? ?
Puerto Jordán Mesa 06
Leocadio Niebles Vidales 3.962.433 San Martín de Loba – Bol. x(19) ? ?
Puerto Jordán Mesa 05(20)
Samuel García 13.411.207 Arboledas – Nte. Sder. x ? ?
Omar Cabezas Montañez 88.158.746 Pamplona – Nte. Sder. x ? ?
Milena Ochoa González 60.263.806 Pamplona – Nte. Sder. x ? ?
En lo que respecta al municipio de Tame se estableció que el señor Leocadio Niebles Vidales con cédula de ciudadanía Nº 3.962.433, no actuó como jurado y tampoco votó, la persona que fue designada y firmó el formulario E-11 en calidad de jurado de votación fue el señor Justo Niebles Vidales con cédula de ciudadanía Nº 3.592.433, que no solo por su nombre sino por su documento de identidad es diferente del indicado por el accionante. En cuanto a los demás jurados mencionados, frente a ellos acontece lo mismo que para los anteriores, se probó que fueron designados, que actuaron, que no figuraban en el censo del respectivo lugar, pero no se probó que efectivamente hubieran votado, lo cual solamente se lograba con el examen conjunto de los formularios E-11 y E-14, sin que se hubiera allegado copia auténtica del último.
Ahora bien, el único caso demostrado de violación del artículo 76 del Código Electoral es el relativo a la señora Rocío Rozo Ramírez, quien a pesar de no ser jurado de votación depositó su voto en la mesa 31 de la cabecera del municipio de Arauquita, sin que formara parte del censo electoral del respectivo lugar, ya que su cédula estaba inscrita en Bogotá, D.C. Este solo caso resulta irrelevante frente a la presunción de legalidad del acto acusado, pues consultando las cifras contenidas en el formulario E-26 o acta parcial del escrutinio de los votos para Cámara de Representantes de Arauca (fls. 17 a 46, Exp. 3976), las únicas listas que superaron el umbral (5.214 votos) son el Partido Cambio Radical con 10.869 votos, el Partido Convergencia Ciudadana con 5.604 votos y el Movimiento Alas, Equipo Colombia, con 5.289 votos, siendo claro que ninguna alteración sufriría la asignación de curules entre los partidos que obtuvieron las dos mayores votaciones, puesto que la supresión de un voto no modificaría el umbral, ni la cifra repartidora y mucho menos el reparto de curules demandado. Por tanto, el cargo no prospera.
3.3.2. Segundo cargo:Se presentó suplantación en varias mesas de Arauca, municipio de Saravena.
El demandante sustenta el cargo afirmando simplemente que en la mesa 37 del municipio de Saravena “se identifico (sic) una posible suplantación conforme a lo que se acreditara (sic) en el acápite de pruebas”. El cargo, en la forma como se presenta, no tiene vocación de prosperidad por el alto grado de indeterminación que refleja y porque con él se propone un control oficioso a la legalidad del acto electoral enjuiciado.
El pilar fundamental del principio de la justicia rogada está dado por el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto señala que la demanda que verse sobre la impugnación de un acto administrativo deberá indicar las normas violadas y “explicarse el concepto de su violación”, lo cual adquiere una connotación especial en el enjuiciamiento de los actos administrativos de contenido electoral. En dicho contexto, además del deber de indicar las normas violadas en la explicación del concepto de la violación se debe ser lo suficientemente explícito, brindando al operador jurídico los elementos de juicio necesarios para que se puedan identificar los casos en donde se presenta la falsedad en los registros electorales, pues no basta que en la demanda se asegure la configuración de la causal de nulidad de falsedad por ocurrencia de suplantación de electores, por ejemplo, sino que además es necesaria una determinación cuantitativa y cualitativa del reproche, estando a cargo de la parte demandante identificar la zona, el puesto y mesa donde se presentó el fenómeno, así como identificar el cupo o cupos numéricos frente a los cuales ocurrió, el nombre del suplantador anotado en el formulario E-11 o lista y registro de votantes e igualmente el nombre del titular de la respectiva cédula, puesto que la diferencia entre esos nombres constituirá indicio de suplantación.
No se pueden admitir acusaciones vagas o imprecisas o esperar que la determinación de los casos se haga en el curso del proceso, entre otras razones porque así se afectaría seriamente el debido proceso y el derecho a la defensa de la parte demandada, quien al contestar la demanda no podría redargüir las imputaciones sobre falsedad en los registros electorales y solo vendría a tener noticia del contenido y alcance de la acusación una vez culminara la fase probatoria, circunstancia que riñe abiertamente con la estructura del proceso y las garantías que con ella se busca brindar al accionado. Tal ha sido la orientación de la jurisprudencia de la sección que al efecto ha puntualizado:
“Por tanto, cuando se demanda la ilegalidad de un acto administrativo electoral, la parte demandante no solo debe indicarle al juez cuáles son las normas que en su opinión fueron violadas, sino que igualmente debe explicar, de manera razonada y clara, cómo se produjo la vulneración de esas disposiciones. Pero, si la censura se estructura con base en la causal de nulidad consignada en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 62 de 1988 artículo 17, esto es “Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación”, derivada de la ocurrencia de fenómenos como la adulteración de los registros electorales, la trashumancia electoral o la suplantación de electores, entre otros, la parte demandante tiene el deber de indicarle al juez, con toda precisión, cómo se produjo esa anomalía, lo cual no admite señalamientos vagos o imprecisos, revestidos de generalidad y abstracción.
No se puede, entonces, admitir la acusación de actos administrativos de naturaleza electoral, por la ocurrencia de tales distorsiones, con la sola afirmación de que el fenómeno se produjo masivamente en una circunscripción electoral determinada o en parte de ella, puesto que ello implica una acusación inasible que impide el ejercicio del derecho a la defensa, al tiempo que pretende imponer a la administración de justicia una carga que en manera alguna le asigna el ordenamiento jurídico, consistente en investigar oficiosa e indiscriminadamente, voto a voto y mesa a mesa, las probables irregularidades que entorno de ellas hayan podido surgir en un certamen electoral, porque al contrario únicamente corresponde al juez verificar los hechos que puntualmente debe precisar el demandante en su libelo; ello forma parte de la explicación del concepto de la violación y de la carga de la prueba que incumbe a la parte actora (CPC, art. 177), si en verdad aspira a despojar de la presunción de legalidad el acto administrativo que declara una elección a un cargo o corporación pública de elección popular” (21) .
Así las cosas, cuando el demandante dice en este cargo que en la mesa 37 del municipio de Saravena “se identifico (sic) una posible suplantación conforme a lo que se acreditara (sic) en el acápite de pruebas”, sin suministrar la información requerida para poder adelantar el estudio correspondiente, el cargo deviene impróspero porque la Sala no tiene competencia para acometer un estudio oficioso de la totalidad de la mesa, comparando uno a uno los titulares de las cédulas allí registradas con los nombres manuscritos por los jurados de votación, a efecto de establecer cuál de ellos no concuerda con el titular de la respectiva cédula y si además no se trata de una equivocación de los jurados de votación.
Por último, recuerda la Sala que el tercer cargo sobre violación al régimen electoral solamente viene a complementar los anteriores y por tanto se entiende igualmente denegado.
4. Demanda 3977 de Armando Mikán Díaz.
En esta oportunidad el examen de legalidad del acto de elección del doctor Néstor Homero Cotrina como representante a la Cámara por el departamento de Arauca (2006-2010), debe realizarse con base en los cargos planteados con la demanda, esto es determinando si la elección se produjo con violación del régimen de inhabilidades para congresista, en particular por supuestamente haberse configurado la causal del numeral 2º del artículo 179 de la Constitución, cuyo término de inhabilidad se pretende a partir del acto de inscripción y no de elección; e igualmente verificando si el demandado quedó cobijado por la causal de incompatibilidad del inciso 1º del artículo 32 de la Ley 617 de 2000, en ambos casos por haberse desempeñado como secretario del despacho de la gobernación del departamento de Arauca y por haber actuado, en encargo, como gobernador de la misma entidad territorial.
4.2. Los cargos de la demanda.
4.2.1. Primer cargo: Elección del demandado con violación de la causal de inhabilidad del numeral 2º del artículo 179 de la Constitución.
Esta imputación se fundamenta en que el doctor Néstor Homero Cotrina ejerció como secretario de gobierno del departamento de Arauca y como su gobernador encargado, desempeñándose en el último cargo durante los días 5 a 10 de febrero de 2005 según Resolución 44 de febrero 4 del mismo año y durante los días 19 a 24 de los mismos mes y año según Resolución 65 del 18 de febrero de dicha anualidad; posiciones de las cuales ejerció autoridad civil y administrativa a través de actos que se identifican en los hechos de la demanda.
Al proceso se aportó copia auténtica de las resoluciones 45 a 49 y 66 a 73 expedidas entre el 7 y el 22 de febrero de 2005 por el doctor Néstor Homero Cotrina (fls. 227 a 251), mientras actuó como secretario de gobierno encargado de las funciones del despacho del gobernador, e igualmente se allegó certificación expedida el 31 de mayo de 2006 por la secretaría general y desarrollo institucional de la Gobernación de Arauca (fl. 213), mediante la cual se hizo saber:
“Que el licenciado Néstor Homero Cotrina, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 17.581.715 expedida en Arauca, prestó sus servicios en la Gobernación de Arauca, como secretario de gobierno departamental, desde el 2 de enero de 2004, nombrado mediante Decreto 2 del 2 de enero de 2004, hasta el 7 de marzo de 2005, fecha en la cual fue aceptada su renuncia mediante Decreto 70 del 4 de marzo de 2005”.
El desempeño del cargo de secretario de gobierno departamental y el encargo como gobernador llevan al accionante a afirmar que la elección del doctor Néstor Homero Cotrina debe anularse por haberse conseguido con violación del régimen de inhabilidad, esto es por haberse configurado la causal prevista en el numeral 2º del artículo 179 de la Constitución que expresa:
2) Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección (...)” (22) (negrillas de la Sala).
Al margen de la condición de empleado público que ostentó el doctor Néstor Homero Cotrina como secretario de gobierno departamental de Arauca y como su gobernador por encargo, y del ejercicio de autoridad política, civil y administrativa desde allí, encuentra la Sala, prima facie, que la inhabilidad no se materializa por falta del requisito temporal. En efecto, exige la inhabilidad que el ejercicio de empleos públicos con jurisdicción o autoridad civil, política, administrativa o militar debe realizarse dentro de los doce meses anteriores a la elección, es decir el cómputo del término durante el cual el ex funcionario no puede postularse ni ser elegido como congresista es de un año y se cuenta desde el día en que se realiza la jornada electoral, elementos en los que el constituyente fue lo suficientemente claro como para que no se admita la tesis planteada por el accionante, para quien debe contabilizarse el año desde el momento de la inscripción.
Esta propuesta es sustentada con el hecho de que el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 12221 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 14212 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”, se encabeza diciendo que “No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:…”, de tal manera que si está prohibido inscribirse como candidato cuando se tiene una causal de inhabilidad, ello opera así mismo para los congresistas, en otras palabras que esta reforma legislativa igualmente afecto la causal de inhabilidad que se imputa al demandado.
La tesis del demandante resulta inadmisible por dos razones:
En primer orden, no es posible que una ley de la República pueda introducir reformas a normas de rango constitucional y menos que la interpretación de esta se supedite a los dictados del legislador, pues como lo preceptúa el artículo 4º de la Constitución por su carácter normativo “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”, circunstancia que de plano desestima la posibilidad de que el legislador puede alterar la voluntad del constituyente, que por catalogarse como norma de normas le confiere jerarquía suprema en el orden interno, a tal punto que la labor legislativa debe surtirse e interpretarse atendiendo sus dictados y no al revés.
Además, no puede siquiera admitirse la posibilidad de que una ley de la República, por importante que ella sea, tenga la capacidad de introducir reformas a la Constitución; cualquier enmienda que se pretenda hacer al ordenamiento superior debe realizarse a través de cualquiera de las formas descritas en el título XIII de la Constitución Política de 1991 (art. 374 y ss.), y la propuesta por el accionante no corresponde a ninguna de ellas.
En segundo orden, con el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 se hicieron algunas modificaciones al artículo 95 de la Ley 136 de 1994 que trata del régimen de inhabilidades para ser elegido alcalde municipal o distrital, de suerte que ni siquiera por la materia la disposición invocada se asemeja al régimen de inhabilidad de los congresistas de la República. Y aunque en la citada disposición se empiece diciendo que “No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde…”, de la referencia al acto de inscripción no puede inferirse que el término de la inhabilidad, en lo que a alcaldes respecta por supuesto, se cuenta a partir de allí, pues basta consultar, por ejemplo, la causal 2ª de la misma norma para inferir que el lapso inhabilitante se computa desde la fecha de las elecciones, ya que a eso equivale la expresión “Quien dentro de los doce (12) meses anteriores la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio…”.
Las anteriores consideraciones son suficientes para colegir la improsperidad del cargo, en la medida que habiéndose separado el doctor Néstor Homero Cotrina del cargo de secretario de gobierno departamental de Arauca, a partir del 7 de marzo de 2005, su retiro se produjo a más de un año de la realización de las elecciones congresales del 12 de marzo de 2006, lo cual impide la configuración de la causal de inhabilidad del numeral 2º del artículo 179 de la Constitución, sin que sea necesario entrar a valorar los demás ingredientes normativos de la misma.
4.2.2. Segundo cargo: Elección del demandado estando cobijado por la causal de incompatibilidad del inciso 1º del artículo 32 de la Ley 617 de 2000.
La presunta ilegalidad del acto de elección del doctor Néstor Homero Cotrina como representante a la Cámara por el departamento de Arauca (2006-2010), se funda en esta oportunidad en que se violó el régimen de incompatibilidades previsto para los gobernadores, en particular porque su postulación a ese cargo se hizo contra expresa prohibición de los artículos 31 numeral 7º y 32 inciso 1º de la Ley 617 de 2000. Esas normas disponen:
7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el período para el cual fue elegido”.
“ART. 32.—Duración de las incompatibilidades de los gobernadores. Las incompatibilidades de los gobernadores a que se refieren los numerales 1º y 4º tendrán vigencia durante el período constitucional y hasta por doce (12) meses después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia. En el caso de la incompatibilidad a que se refiere el numeral 7º tal término será de veinticuatro (24) meses en la respectiva circunscripción.
PAR.—Para estos efectos, la circunscripción nacional, coincide con cada una de las circunscripciones territoriales” (resalta la Sala).
Así, propone el demandante que al haberse desempeñado el doctor Néstor Homero Cotrina como gobernador encargado del departamento de Arauca y habérsele aceptado su renuncia al cargo de secretario de gobierno a partir del 7 de marzo de 2005, quedó sujeto al régimen de incompatibilidades previsto para los gobernadores en la Ley 617 de 2000, de modo que la causal prevista en el numeral 7º del artículo 31, referente a la imposibilidad de candidatizarse a cualquier cargo o corporación pública de elección popular dentro de los 24 meses siguientes a la aceptación de la renuncia (art. 32, inc. 1º), se configuró en él por haberse postulado como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Arauca.
De entrada advierte la Sala que el cargo no tiene vocación de prosperidad, en atención a que el actor lo sustenta en normas que por principio de especialidad no pueden juzgar la legalidad de la elección de un congresista. Los artículos 31 y 32 de la Ley 617 de 2000 tratan del régimen de incompatibilidades de los gobernadores y el lapso por el que se prolonga el mismo de acuerdo con las causales respectivas. Es decir, se busca emplear tales causales como factores inhabilitantes para aspirar al cargo de congresista, lo cual resulta inadmisible en la medida que el régimen de inhabilidades de los congresistas fue dado directamente por el constituyente, aparece consagrado en el artículo 179 de la Constitución y por ello no se puede recurrir a normas distintas, menos aún si se trata de normas jurídicas de rango legal, las cuales no pueden sustituir a aquellas que jerárquicamente las gobiernan contenidas en la Constitución Política. Este punto de vista fue así destacado por la doctrina constitucional que al examinar la constitucionalidad de esos preceptos acotó:
Es importante señalar que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos está previsto en la Constitución y la ley. El legislador no puede modificar los límites fijados directamente por el constituyente en cuanto existen varias razones que impiden a la ley ampliar este régimen, entre las cuales se destacan las siguientes: 1. La Constitución establece un sistema cerrado de inhabilidades e incompatibilidades por tratarse de restricciones al derecho fundamental de elegir y ser elegido (C.P., art. 40); 2. La sujeción de la ley al principio de la supremacía de la Constitución Política, lo cual impide que el legislador consagre regulaciones que estén en contravía de la Carta o modifiquen los preceptos en ella dispuestos (C.P., art. 4º); 3. Los límites de los derechos fundamentales tienen que ser de interpretación restrictiva; 4. Cuando la propia Constitución establece un límite a un derecho fundamental y se reserva tal prerrogativa, cierra la posibilidad para que la ley, en su ámbito de competencia, pueda ser más restrictiva en esa materia.
De acuerdo con el principio de la supremacía de la Constitución, la ley no está facultada para dejar sin efecto práctico un principio constitucional. No es admisible que la Constitución consagre una inhabilidad de 12 meses para un cargo o posición determinado y que la ley amplíe injustificadamente, a través de la figura de la incompatibilidad, a 24 meses la prohibición señalada específicamente en la Constitución. Por lo tanto, el artículo 32 de la Ley 617 no podrá tener efecto alguno en las hipótesis señaladas” (23) .
Dichas reflexiones condujeron a que la Corte Constitucional profiriera un fallo de exequibilidad condicionada en torno a la imposibilidad de aplicar el régimen de incompatibilidades de los gobernadores a los congresistas, en los siguientes términos:
“10. Declarar la exequibilidad condicionada del artículo 32 de la Ley 617 de 2000, en el sentido que la incompatibilidad especial de 24 meses allí señalada no se aplica al gobernador que se inscriba como candidato a senador, representante a la Cámara o Presidente de la República, por tratarse de situaciones ya reguladas por los artículos 179-2 y 197 de la Constitución Política”.
En este orden de ideas y comoquiera que el régimen de incompatibilidades de los gobernadores y en particular los artículos 31 numeral 7º y 32 inciso 1º de la Ley 617 de 2000 no se aplican al gobernador que se inscriba como candidato a congresista, colige la Sala que el reproche es impróspero y así se declarará.
Se ha colegido de lo dicho en las consideraciones precedentes que las excepciones de inepta demanda y falta de legitimación por activa resultan infundadas y que las pretensiones de las demandas 3976 y 3977 promovidas por el ciudadano Armando Mikán Díaz no prosperan, debido a que la causal objetiva de falsedad en los registros electorales se basó en una norma jurídica inexistente y en la formulación de un cargo no determinado debidamente y porque la causal subjetiva por violación al régimen de inhabilidades de los congresistas no se demostró, en tanto que la incompatibilidad alegada no era aplicable a quienes habiendo ocupado el cargo de gobernador se postulan como candidatos al Congreso de la República.
1. DECLÁRANSE infundadas las excepciones de inepta demanda y de falta de legitimación por activa.
2. DENIÉGANSE las pretensiones de las demandas de nulidad electoral acumuladas, formuladas por el ciudadano Armando Mikán Díaz (3976 y 3977), contra el acto de elección de representantes a la Cámara por el departamento de Arauca, período constitucional 2006-2010.
(1) Sobre el particular puede consultarse la sentencia del 14 de diciembre de 2005 proferida por la sección dentro del Expediente 3521. Actor: Osbaldo Cáceres Maldonado. Demandados: Diputados Asamblea del Casanare. C.P. María Nohemí Hernández Pinzón.
(2) “ART. 13.—Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
(3) “ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
(4) “ART. 40.—Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido. 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. 5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública”.
(5) La Corte Constitucional tiene dicho sobre este principio: “Esto es aún más claro en materia de derechos constitucionales, puesto que la Carta expresamente establece que estos deben ser interpretados de conformidad con los tratados ratificados por Colombia (C.P., art. 93), por lo que entre dos interpretaciones posibles de una disposición constitucional relativa a derechos de la persona, debe preferirse aquella que mejor armonice con los tratados de derechos humanos, dentro del respeto del principio de favorabilidad o pro hominem, según el cual, deben privilegiarse aquellas hermenéuticas que sean más favorables a la vigencia de los derechos de la persona” (Sent. C-551/2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
(6) Sentencia de 7 de diciembre de 1995. C.P. Mario Alario Méndez. Radicación 1472.
(7) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 14 de junio de 2002. Expediente: 2862. Actor: Wlphar Orozco Díaz. Demandado: Concejales Cartagena de Indias. C.P. Darío Quiñones Pinilla.
(8) La Ley 163 de 1994 “Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral” dispone en su artículo 4º sobre residencia electoral: “Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral. Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio. Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción (…)” (negritas de la Sala).
(9) El registrador delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante oficio DGE-01291 del 29 de junio de 2006, remitió la información sobre el lugar donde figuraban inscritas las cédulas de las distintas personas señaladas por el accionante como jurados de votación (fls. 290 a 293).
(10) De folios 579 a 649 del Expediente 3976 aparecen las copias auténticas de los formularios E-11 de las mesas mencionadas en este cuadro, donde figura el acta de instalación de la mesa por los jurados y la firma de estos al final del respectivo formulario.
(11) Según Resolución 2 del 23 de marzo de 2006 (sic), expedida por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Saravena, Arauca, se designaron los jurados mencionados en esta tabla (fl. 366 a 383, Exp. 3976).
(12) De folios 650 a 689 del Expediente 3976 aparecen las copias auténticas de los formularios E-11 de las mesas mencionadas en este cuadro, donde figura el acta de instalación de la mesa por los jurados y la firma de estos al final del respectivo formulario. Se aclara que el señor Candelario Bustamante con cédula de ciudadanía Nº 8.745.203 no ofició como jurado de la mesa 08, allí figura el señor Jorge Enrique Muñoz Calvo con cédula de ciudadanía Nº 8.745.253; y el señor Orlando Hernández no ejerció como tal, pues ni en la resolución de designación ni en el formulario E-11 aparece su nombre.
(13) Según Resolución 2 del 23 de enero de 2006, expedida por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Fortul, Arauca, se produjo la designación de los jurados indicados en este cuadro (fls. 357 a 360, Exp. 3976).
(14) Según Resolución 6 del 10 de marzo de 2006, expedida por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Fortul, Arauca, la señora Mery Trujillo Caro fue designada como jurado en reemplazo de Luz Marina Henao Vergara (fls. 346 a 352, Exp. 3976).
(15) De folios 690 a 777 del Expediente 3976 aparecen las copias auténticas de los formularios E-11 de las mesas mencionadas en este cuadro, donde figura el acta de instalación de la mesa por los jurados y la firma de estos al final del respectivo formulario.
(16) Según la copia auténtica de la Resolución 1 del 23 de enero de 2006, expedida por el Registrador Municipal del Estado Civil de Arauquita, Arauca (fls. 472 a 486, Exp. 3976), las personas mencionadas en esta tabla sí fueron designadas jurados de votación en las respectivas mesas, aunque se aclara que los jurados Ana Luisa Durán Pinzón, Nelcy Orelis Rojas, Deison Ramiro Nariño y Fabio Villamizar, fueron designados para prestar dicho servicio por medio del formulario E-2 expedido por el registrador respectivo (fls. 470 y 471, Exp. 3976). También se aclara que la señora Rocío Rozo Ramírez no actuó allí como jurado de votación, tal como lo aclaró el registrador municipal en la certificación del folio 468 Exp. 3976, donde manifestó: "certifico que la señora Rocío Rozo Ramírez, voto (sic) en la mesa Nº 31, no como jurado de votación, sino, como funcionario delegado de la Registraduría Nacional, en el cargo de registradora municipal del Estado civil ad hoc".
(17) De folios 778 a 795 del Expediente 3976 aparecen las copias auténticas de los formularios E-11 de las mesas mencionadas en este cuadro, donde figura el acta de instalación de la mesa por los jurados y la firma de estos al final del respectivo formulario.
(18) Según la copia auténtica de la Resolución 2 del 10 de marzo de 2006, expedida por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Tame, Arauca, las personas aquí mencionadas fueron designadas como jurados de votación de dicha mesa (fl. 338, Exp. 3976).
(19) Según la Resolución 2 del 10 de marzo de 2006, para la mesa 6 de Puerto Jordán se designó a Justo Niebles Vidales con cédula de ciudadanía Nº 3.592.433, cuyo nombre y cédula son diferentes al señalado en la demanda.
(20) Según la copia auténtica de la Resolución 2 del 10 de marzo de 2006, expedida por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Tame, Arauca, las personas aquí mencionadas fueron designadas como jurados de votación de dicha mesa (fl. 304, Exp. 3976).
(21) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 11 de noviembre de 2005, Expediente 3190 y 3192. Actor: Rubén Darío Quintero Villada. Demandado: Gobernador de Antioquia. C.P. María Nohemí Hernández Pinzón.
(22) Esta causal de inhabilidad fue reproducida por la Ley 5ª de 1992 "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes", en su artículo 280 numeral 2º.
(23) Corte Constitucional. Sentencia C-540 del 22 de mayo de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño.