Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/comentarios-a-un-reciente-fallo-judicial-espanol?documento=rmercantil&contexto=rmercantil_7680752a7fce404ce0430a010151404c&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-05-25 01:30:40
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Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'artículo 35', 'artículo 25', 'artículo 82', 'artículo 39', 'artículo 26', 'artículo 39', 'artículo 49', 'artículo 71', 'artículo 7', 'artículo 117', 'e contrario', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 46', 'artículo 49', 'artículo 1101', 'artículo 217', 'artículo 49', 'artículo 1124', 'artículo 576', 'artículo 394', 'artículo 576', 'artículo 457', 'artículo 49', 'artículo 47', 'artículo 1690', 'artículo 1124', 'artículo 6', 'artículo 39']

﻿ Comentarios a un reciente fallo judicial español sobre compraventa internacional
CONTENIDO:La Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías "funciona" en los supuestos de falta de conformidad de las mercancías entregadas. Por ello, en la sentencia que se comenta, es una lástima que el tribunal haya basado su razonamiento en el derecho nacional no uniforme, contenido en el Código Civil español. Lamentablemente, esta situación confirma la necesidad de que exista un mayor estudio y conocimiento del instrumento internacional por parte de los operadores jurídicos.
AUTOR:Peter Schlechtriem y Pilar Perales Viscasillas
REVISTA FORO DERECHO MERCANTIL N°:9, oct.-dic./2005, págs. 121-138
Comentarios a un reciente fallo judicial español sobre compraventa internacional
por Peter Schlechtriem y Pilar Perales Viscasillas
La sentencia del 29 de marzo del 2005, proferida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, n.º 3 de Tudela (España)(1) resulta muy instructiva para los profesionales del derecho involucrados en la aplicación y estudio de la Convención de Viena de 1980 sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías —en adelante, la Convención de Viena—. La decisión judicial es una buena muestra de la desordenada aplicación de las normas de la convención y de la lectura de las mismas mediante su interpretación respecto de las disposiciones paralelas del derecho interno no uniforme.
Al dejar de lado las controvertidas alegaciones de las partes y asumir que los hechos establecidos por el tribunal son correctos, el conflicto se centra en los derechos que asisten al comprador en el caso de entrega de mercancía no conforme —en el caso, una máquina de rectificado de ladrillos—. De acuerdo con el testimonio pericial, esta no reunía las especificaciones del contrato en relación con el nivel de rendimiento acordado y presentaba un nivel muy alto de mal funcionamiento.
Mientras el comprador español —Cerámica Tudelana, S.A.— deseaba dar por terminada la relación contractual, el vendedor-fabricante alemán —Wassmer Gruppe Spezial Machinen GMBH— reclamaba el pago del precio. Como se puede apreciar, se trata de un ejemplo clásico de las obligaciones y derechos, tanto de compradores como de vendedores, en un contrato de compraventa internacional de mercaderías.
2. La resolución del contrato
2.1. En la Convención de Viena
De acuerdo con la CISG, el comprador solo podrá declarar resuelto el contrato si se cumplen los siguientes requisitos:
a) La falta de conformidad, lo que implica un incumplimiento esencial (arts. 49(1) y 25)(2).
b) Si se notifica al vendedor esta falta de conformidad en un plazo razonable, después de que haya o debiera haberla descubierto, siempre que especifique la naturaleza de la falta de conformidad (art. 39(1))(3).
c) El comprador puede restituir las mercancías en “un estado sustancialmente idéntico a aquel en que las hubiera recibido” (art. 82(1)). Esto, a menos que concurra alguna de las excepciones previstas en el artículo 82(2).
Si estos requisitos se cumplen, el comprador está facultado para resolver el contrato mediante una declaración unilateral (arts. 49(1) y 26). Sin embargo, debe hacerlo en un plazo razonable después de que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del incumplimiento del vendedor (art. 49(2))(4). La declaración de resolución del contrato podrá hacerse al mismo tiempo en que se declara la falta de conformidad con las mercancías.
2.2. La sentencia del juzgado de Tudela: una visión nacional de la convención
El juzgado de Tudela reconoce la aplicabilidad al caso de la Convención de Viena y cita correctamente la mayor parte de las disposiciones que están en juego. A pesar de lo anterior, aplica, en su lugar, las disposiciones paralelas del Código Civil español, las cuales le resultan más familiares. Independientemente del resultado del caso —que depende en gran medida de las pruebas presentadas por las partes, en relación con los hechos controvertidos, y que no pueden ser evaluadas por los comentaristas de la sentencia—, vale la pena resaltar las falacias legales en las que incurre el juez en sus razonamientos jurídicos. Esto en aras de prevenir que para casos futuros los operadores jurídicos caigan en los mismos planteamientos erróneos.
a) Al requerirse que, para la resolución del contrato, la falta de conformidad constituya un “incumplimiento esencial”, la convención sitúa el umbral de la resolución contractual en una cota muy alta(5). La razón se halla en que la resolución implica la disolución del contrato, es decir, la restitución de las obligaciones ya realizadas por las partes. Esto puede resultar excesivamente oneroso si se tiene en cuenta que será necesario transportar las mercancías a su lugar de origen o, incluso, que podría ser necesario incurrir en costes derivados de un almacenamiento temporal, lo que, además, implica que se incrementen los posibles riesgos sobre las mercancías(6).
Al contrario de lo que sucede en los casos de falta de entrega, el comprador no puede superar esa cota tan alta impuesta por la convención, mediante la concesión al vendedor de un plazo suplementario para que cumpla con sus obligaciones. Pasado este término, la resolución estaría permitida. Incluso, la entrega de un aliud constituye una mera falta de conformidad, según el artículo 35 del instrumento internacional(7), y no una falta de entrega, por lo que se impide la resolución mediante el otorgamiento de un plazo adicional.
b) El que la falta de conformidad constituya un incumplimiento esencial depende de numerosas circunstancias, pero debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el punto de vista mayoritario de la doctrina, se entiende que no existe incumplimiento si el vendedor puede y quiere subsanarla, a menos que el tiempo sea considerado esencial(8).
El juzgado de Tudela no se pronuncia acerca de por qué la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial. Desde el momento en que el derecho nacional no uniforme facilita la resolución contractual en términos más generosos que la convención, no se puede sino tener la impresión de que el juzgador ha aplicado las soluciones y disposiciones del Código Civil español.
La sentencia se refiere a la regla asentada por el Tribunal Supremo español, respecto del aliud pro alio “cuando existe pleno incumplimiento del contrato de compraventa, por inhabilidad del objeto vendido para cumplir la finalidad con la que se vendió, y consiguientemente se ha producido la insatisfacción del comprador”. Esto implica, entonces, que la falta de conformidad se equipara a la falta de entrega(9). Ahora bien, la entrega de un aliud, en sí misma, no es suficiente para que se constituya un incumplimiento esencial, según los términos de la convención.
En todo caso, no queda claro si de las palabras del juzgador se puede deducir que se considere la existencia de un incumplimiento esencial, tal como lo establece el artículo 25 del instrumento internacional. Esto cuando, tras citar las pruebas periciales, señala que los defectos han “supuesto la consiguiente insatisfacción total de la compradora”.
Por último, también se puede señalar que el tribunal no menciona en ningún momento el artículo 82(1) de la Convención de Viena, conforme al cual las mercancías pueden ser restituidas en un estado sustancialmente idéntico a aquel en que se recibieron. En cualquier caso, se trata de un elemento fáctico, que no se puede abordar en este escrito y que, además, pudo no haber surgido en las peticiones de las partes.
3. Las notificaciones de los artículos 39 y 49(2) de la convención
La sentencia no indica de forma clara si se envió la comunicación a que se refiere el artículo 39(1) de la convención. Si fue enviada, tampoco se especifica la naturaleza de la falta de conformidad de las mercancías. Igualmente, no menciona si la notificación se efectuó en un período razonable de tiempo, una vez que se descubrió la falta de conformidad. Por si fuera poco, en ningún momento se refiere a cuándo fue enviada la declaración de resolución del contrato, tal como lo exige el artículo 26.
En su lugar, el juzgador se refiere, de forma vaga y genérica, a que las “comunicaciones y reclamaciones (…) se han hecho en un plazo razonable” por parte del comprador. A falta de mayores detalles, resulta imposible pronunciarse acerca de si los requisitos de los artículos 26, 27, 39(1) y 49(2), se cumplieron o no. Se echa de menos una mínima referencia a los numerosos casos en los que la jurisprudencia uniforme se ha referido a la interpretación del artículo 39(1) de la convención, así como a la literatura jurídica. Por esto, en definitiva, resulta difícil pronunciarse sobre si el tribunal analizó y respetó las disposiciones del instrumento internacional(10).
Por último, se destaca la confusión que el juzgado parece tener respecto del período de tiempo necesario para declarar la resolución del contrato previsto en el artículo 49 de la convención, con el plazo para presentar la demanda ante los tribunales. Así se deduce cuando la sentencia se refiere a tal disposición del instrumento internacional, al indicar: “la demanda no solo se interpuso dentro de aquel período…”(11).
4. Dos ejemplos más de una interpretación “nacional” de la convención
La influencia de conceptos y principios jurídicos nacionales en el razonamiento del juzgador resulta, así mismo, obvia con relación a dos puntos que, si bien no tienen una influencia decisiva en el resultado del litigio, pueden ser interesantes desde el punto de vista de un observador crítico:
a) Si bien la sentencia menciona que bajo la Convención de Viena se puede resolver el contrato mediante la declaración unilateral de la parte afectada por el incumplimiento, finalmente es él mismo quien declara tal resolución (C.C., art. 1124, párrafo 3.º), al indicar en el fallo n.º 1: “Debo efectuar los siguientes pronunciamientos: 1. Declarar resuelto el contrato de venta…”(12). Esto implica una transgresión de la convención, ya que bajo su sistemática el tribunal solo puede decidir si el comprador válidamente resolvió el contrato y, en consecuencia, si puede reclamar lo pagado y restituir la maquinaria al vendedor.
b) Así mismo, el tribunal entiende que el comprador puede retener parte del precio de compra, basando su decisión en los artículos 1024 y 1100, último párrafo, del Código Civil español.
La convención no establece expresamente un derecho de retención del precio en los casos de falta de conformidad, a menos que se trate del supuesto previsto en su artículo 71, lo que no sucede en este caso. Sin embargo, antes de acudir al derecho nacional, el tribunal pudo haber interpretado el instrumento mediante el mandato del artículo 7(2), el cual reclama que sus lagunas sean resueltas prestando atención, en primer término, a la aplicación de los principios generales en que se basa la convención. Un análisis más cuidadoso podría haber sugerido al tribunal, como así lo indica un sector de la doctrina, la existencia de un derecho o principio general de suspensión del cumplimiento, en el caso y en la medida en que la otra parte esté incumpliendo sus obligaciones, lo que incluye la obligación de entrega de mercaderías de acuerdo con el contrato(13).
Finalmente, y contrario a lo indicado por el juzgador, que basa su razonamiento en el derecho interno español —contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil—, la cuestión acerca de quién tiene la carga de la prueba de que las mercancías no son conformes al contrato se puede hallar en la propia convención. La carga de la prueba reside en el comprador, una vez que la transmisión del riesgo se ha producido tras la entrega de la máquina (art. 69(1))(14). Sea como fuere, no es demasiado importante, si se debe tener en cuenta que el juzgador, para proferir su fallo, se basó en los informes periciales que concluyeron que la máquina no era conforme a las especificaciones del contrato.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tudela, nº 3 29 de marzo del 2005
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 Tudela
Procedimiento: juicio ordinario n.º 422/02.
En Tudela, a 29 de marzo del 2005.
Vistos por D.a Luisa Isabel Ollero Vallés, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Tudela, los presentes autos de juicio ordinario sobre responsabilidad contractual, registrados bajo el número 422/02, y seguidos a instancia de la mercantil CT, S.A., representada por el procurador de los tribunales D. Pedro Luis Arregui Salinas, y asistida técnicamente del letrado D. Ignacio Javier Marcelino y Santamaría frente a la mercantil WGSMG, representada por el procurador de los tribunales, D. Juan Bozal de Arostegui, y asistida técnicamente del letrado D. Javier F. Quintana Fernández; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución, ha dictado la siguiente
Primero. Con fecha 29 de octubre del 2002, y procedente de la oficina de reparto, fue turnada a este juzgado demanda de juicio ordinario, sobre responsabilidad contractual, promovido por la mercantil CT, S.A. frente a la mercantil WGSMG, en la que, previa alegación de los fundamentos de derecho que consideró aplicables al caso, se solicita que, admitida la misma y los documentos acompañados, se tenga por promovida demanda frente a la demandada, y se dicte sentencia por la que se declare resuelto el contrato de venta de la instalación para ladrillos completa suscrito el 21 de julio del 2000 entre la mercantil WGSMG y la mercantil CT, S.A., y se condene a la demandada a pagar a la actora la cantidad de cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta euros —467.450 euros—, más los intereses correspondientes, así como a retirar a su cargo la maquinaria instalada, condenándole igualmente a las costas del presente procedimiento.
Funda su pretensión, sustancialmente, en los siguientes hechos:
1. La actora, cuyo objeto es la fabricación y comercialización de tejas y ladrillos, en el año 1999 contempló la posibilidad de introducir en su proceso de fabricación la técnica del “rectificado de ladrillos”, para lo cual contactó con la compañía Schattner & Asoc. S.L., la cual es representante en exclusiva para España y Portugal de la demandada, a fin de que le proporcionara información. Las conversaciones duran un año aproximadamente, en el que se hace llegar a la actora la publicidad de la compañía Wassmer, de sus máquinas, y del comportamiento productivo que desarrollaban.
2. Los días 28 y 29 de febrero del 2000, Juan José Simón, gerente de la actora, se desplazó a Alemania para conocer las instalaciones de la demandada. Previamente, a requerimiento de esta, se enviaron por la actora unas muestras de los ladrillos que fabricaba con el objeto de conocer el producto y analizarlo para diseñar la máquina, y hacer todas las pruebas pertinentes, sin que se realizara por la demandada queja alguna sobre la mala calidad de los ladrillos.
3. Estudiada la información ofrecida, la actora decide comprar la máquina, suscribiendo el contrato de compraventa el 21 de julio del 2000.
4. Las previsiones del contrato en cuanto al contenido obligacional de la demandada han resultado incumplidas, puesto que la construcción y la entrega de la máquina se demoró varios meses, y los rendimientos de la máquina fueron muy deficientes desde el primer momento.
Segundo. Mediante auto del 20 de diciembre del 2002, después de haberse requerido a la actora para que tradujese unos documentos aportados junto con su demanda, se admitió a trámite la demanda, dándose traslado a la demandada para su contestación en el plazo de 20 días. Mediante escritos del 6 de marzo y 8 de julio del 2003, respectivamente, por la demandada se solicita la nulidad de actuaciones, y se interpone una declinatoria de jurisdicción por entender que la competencia para conocer del presente procedimiento corresponde a los tribunales alemanes; siendo ambas cuestiones desestimadas por autos del 23 de abril y 14 de julio del 2003, respectivamente.
Dentro del plazo legal por la demandada se contestó a la demanda oponiéndose a la misma e interesando su íntegra desestimación por entender que la demandada ha cumplido con todas las obligaciones asumidas en el contrato, y que todos los problemas surgidos en el rectificado de los ladrillos se deben al excesivo agrietamiento de los ladrillos utilizados por la actora. A su vez, y, ante el incumplimiento de la actora en el pago de parte del precio pactado, formula demanda de reconvención, sobre reclamación de cantidad, frente a la mercantil CT, S.A., en la que, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que creyó aplicables al caso, se solicita que se tenga por promovida demanda reconvencional en reclamación de cantidad contra la mercantil CT, S.A., y se dicte sentencia por la que condene a la reconvenida a pagar la cantidad de 151.212,17 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda.
Tercero. Mediante auto del 10 de septiembre del 2003, se tiene por formulada demanda de reconvención, dándose traslado a la actora reconvenida para su contestación en el plazo de 20 días. Dentro del plazo legal, por la actora reconvenida se contestó a la demanda oponiéndose a la misma e interesando su íntegra desestimación.
Cuarto. Mediante providencia del 4 de octubre del 2003, se tiene por contestada la demanda reconvencional, convocándose a las partes a audiencia previa al juicio, para el siguiente día 3 de marzo del 2004. En tal fecha, comparecidas las partes en legal forma, se declaró abierto el acto.
Manifestada por las partes la subsistencia del litigio, por la mercantil WGSMG se opone la falta de acción de la actora reconvenida, alegando la imposibilidad de resolución unilateral del contrato; dejándose la resolución de dicha excepción en sentencia. Por las partes se procedió a la fijación de los hechos controvertidos, y por la actora reconvenida se impugna el contenido de todos los documentos aportados de contrario.
En cuanto a prueba, por la actora reconvenida se propuso como medios probatorios, documental aportada, testifical, pericial y pericial judicial; y por la demandada reconviniente, interrogatorio del representante legal de la actora reconvenida, documental aportada, testifical y pericial judicial. Admitida la totalidad de las pruebas propuestas por las partes, se señaló como fecha para la celebración del juicio el día 15 de septiembre del 2004.
Quinto. En el acto del juicio, comparecidas las partes en legal forma, se practicaron las pruebas propuestas y declaradas pertinentes, con el resultado obrante en el acta correspondiente; las partes formularon oralmente sus conclusiones sobre los hechos controvertidos, y sobre los argumentos jurídicos en que se apoyan sus pretensiones, solicitándose por la demandada reconviniente la práctica como diligencia final de las testificales propuestas por esta parte; y se declaró el juicio concluso para sentencia.
Sexto. Mediante auto del 15 de septiembre del 2004, se acordó la práctica de la prueba testifical de los testigos propuestos por la demandada reconviniente a practicar a través del auxilio judicial en Alemania, como diligencia final, suspendiéndose el plazo para dictar sentencia.
Puestos en contacto con el Ministerio de Justicia, e informados de que no se va a dar curso a la comisión rogatoria remitida por este juzgado para la práctica de la testifical propuesta, por defecto formal, mediante providencia del 18 de enero del 2005, se acuerda dejar las actuaciones pendientes de dictar sentencia; formulándose por la demandada reconviniente recurso de reposición que fue desestimado.
Séptimo. En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Primero. Con carácter previo, y, antes de entrar a conocer del fondo, por la representación de la mercantil WGSMG, al amparo del artículo 46 del Convenio de Viena sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías del 11 de abril de 1980, se opone la excepción de falta de acción de la actora reconviniente al no ser posible, conforme a dicho convenio, la resolución unilateral del contrato al haberse establecido entre las partes diferentes plazos de cumplimiento de los previstos en el artículo 47.1 del citado convenio.
Frente a dicha excepción, la actora reconviniente alega que el Convenio de Viena no excluye la aplicación de las normas españolas, artículo 39, por lo que sí es posible, conforme a la legislación de nuestro Código Civil, el ejercicio unilateral de la acción de resolución del contrato por incumplimiento de la otra parte.
A este respecto debe señalarse que, efectivamente, nos encontramos ante una compraventa internacional, a la que es aplicable la Convención de las Naciones Unidas del 11 de abril de 1980, hecha en Viena, a la que se ha adherido España por instrumento del 17 de julio de 1990. El artículo 39 de dicho convenio establece:
Por su parte, el artículo 46(1) del citado convenio, dispone que “el comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones, a menos que haya ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia”.
Finalmente, el artículo 49 prevé la posilidad de resolver el contrato por el comprador en los siguientes términos:
“1. El comprador podrá declarar resuelto el contrato:
b) En caso de incumplimiento distinto de la entrega tardía, dentro de un plazo razonable…”.
En el presente caso, a la vista de la documentación aportada, la demanda no solo se interpuso dentro de aquel período sino que las comunicaciones y reclamaciones por parte de la actora reconvenida acerca de los múltiples problemas surgidos con el funcionamiento de la máquina adquirida se han hecho en un plazo razonable, ya que la firma del contrato se realiza el 21 de julio del 2000, pero la entrega e instalación de la máquina en las instalaciones de la actora no se produce hasta el mes de junio del 2001. A partir de esa fecha, son múltiples las comunicaciones y reclamaciones efectuadas por la actora a la demandada —doc. 15 a 46 de la demanda—, la última de las cuales se produce el 25 de octubre del 2002 —doc. 45— en la que, la compradora, remitiéndose a otra comunicación de fecha de 18 de octubre del 2002 —doc. 43—, y debido al transcurso de varios meses sin que por parte de la demandada se haya ofrecido una solución razonable a sus problemas de roturas de ladrillos, manifiesta que si en un plazo de una semana no se ofrece por esta una solución a dichos problemas, comunica su intención de acudir a los tribunales. Como contestación a dicha comunicación, la demandada manifiesta que es imposible trabajar con una máquina con un 0% de mermas, y que la instalación suministrada es apta para el refrentado de los bloques de termoarcilla, por lo que “si ustedes sostienen la exigencia de mermas del 0% conforme el punto 1) cualquier acción por nuestra parte sería inútil y el asunto tendrá que aclararse ante los tribunales” —doc. 46—.
Por todo ello, y entendiendo que se cumplen los plazos previstos en el citado convenio, debe rechazarse la excepción planteada por la demandada reconviniente.
Segundo. Hechas estas consideraciones previas, y entrando ya a conocer del fondo del asunto, por la actora reconvenida, al amparo de los artículos 1101 y 1124 del Código Civil, se ejercita una acción de resolución de contrato de compraventa, alegando un incumplimiento de las obligaciones asumidas por la parte vendedora, al entregar como objeto del contrato celebrado entre las partes un producto defectuoso y distinto al que se adquirió, lo cual lo hace inútil para la finalidad a la que estaba destinado. En concreto, alega la actora que la máquina de rectificado de ladrillos que fue adquirida por ella e instalada por la demandada ha resultado insatisfactoria, ya que los ladrillos sufren múltiples roturas en cuanto la máquina coge algo de velocidad. Frente a dicha pretensión se opone la demandada alegando que ha cumplido con todas las obligaciones asumidas en el contrato, y que todos los problemas surgidos en el rectificado de los ladrillos se deben al excesivo agrietamiento de los ladrillos utilizados por la actora; ejercitando, a su vez, una acción de reclamación de cantidad frente a la actora reconvenida, en reclamación de la parte del precio que resta por abonar.
Planteada así la cuestión, se debe partir de la existencia de un contrato de compra-venta celebrado entre las partes por el que la mercantil WGSMG se obliga a la entrega e instalación de un equipo de rectificado con una serie de prestaciones, en concreto una velocidad de avance por minuto de 12 m/min., y una precisión de rectificar de +/- 2/10 mm; y la mercantil CT, S.A. al pago de un precio cierto; relación jurídica que ha sido reconocida por ambas partes. El contrato de compraventa es un negocio de carácter bilateral, por producir obligaciones recíprocas para los dos contratantes, de forma que cada una de las partes se obliga a una prestación con el fin de obtener el cumplimiento de la obligación de la otra. Así, una de las obligaciones del vendedor (C.C., arts. 1461 y ss.; C.Co., art. 329 y concordantes y Convención de Viena, art. 30) es la de entregar la mercancía y el comprador tiene la obligación de pagar el precio (C.C., art. 1500 y Convención de Viena, arts. 53 y ss.).
De esta manera, según se desprende con carácter general de los artículos 1124 y 1100, último párrafo del Código Civil, si alguna de las partes pretende exigir de la otra el cumplimiento de su prestación, esta ha de cumplir con carácter previo la suya.
Tal como señala el Tribunal Supremo en sus sentencias del 14 de junio de 1984 y 15 de mayo de 1985, entre otras, de los artículos 1466, 1500(2), 1505, 1100 y 1124 del Código Civil, así como del tenor de los artículos 1154, 1157 y 1100, apartado último del mismo código, las acciones derivadas del incumplimiento contractual o aliud pro alio podrán ejercitarse contra la parte contratante que no haya cumplido sus obligaciones o lo hubiese hecho parcialmente o de un modo defectuoso, a no ser que en este último caso lo mal realizado y omitido en esa prestación parcial o defectuosa carezca de suficiente entidad e implique una mera imperfección en el cumplimiento de la obligación, casos en que dicha irregularidad ha de sancionarse no con los efectos más graves, sino con la indemnización de daños y perjuicios consiguiente a la falta de cumplimiento del tenor de las obligaciones contractuales que concede el artículo 1101 del Código Civil en función de la cobertura general que dicho precepto ofrece para toda relación obligacional, resarcimiento que en estos casos se traduce en la rebaja de una cantidad proporcional del precio que haya de satisfacerse.
La reciprocidad que ha de presidir el desarrollo funcional de las obligaciones bilaterales y la equidad que debe inspirar la aplicación de las normas, ha llevado a la adopción de soluciones correctoras encaminadas a restablecer el equilibrio de las prestaciones, que, en términos generales, pasa por la reducción parcial de la prestación ejecutada en medida equivalente o proporcional a la parte que a la otra parte resta por cumplir de la suya o a la importancia económica de las deficiencias constatadas en ella.
De esta forma, el incumplimiento contractual no genera per se la exoneración de la obligación del pago del precio pactado, ya que incumbe a la parte que alega tal incumplimiento, en este caso la demandante, su demostración y concreción, conforme tiene declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, en sentencia del 28 de diciembre de 1999, y conforme se desprende de las normas generales sobre distribución de carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; en cuanto que introduce en el debate procesal hechos relativos al regular y exacto cumplimiento de las obligaciones debido por la demandada.
Así, la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de septiembre de 1998 señala que “es doctrina reiterada de la sala la que declara que se está en presencia de la entrega de una cosa diversa o aliudpro alio, cuando existe pleno incumplimiento del contrato de compraventa, por inhabilidad del objeto vendido para cumplir la finalidad para la que se vendió, y consiguientemente se ha producido la insatisfacción del comprador, lo que en estos casos permite acudir a la protección que dispensan los artículos 1101 y 1124 del Código Civil; tal inhabilidad ha de nacer de defectos de la cosa vendida que impidan obtener de ella la utilidad que motivó su adquisición, sin que sea suficiente para instar la resolución una insatisfacción puramente subjetiva del comprador”.
En similares términos se prevé tal posibilidad de resolución en la Convención de las Naciones Unidas sobre compraventa Internacional de Mercancías del 11 de abril de 1980 antes citada, al establecer en su artículo 49.1 a) que “el comprador podrá declarar resuelto el contrato si el incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obligaciones que le incumban conforme al contrato o a la presente convención constituye un incumplimiento esencial del contrato”.
Tercero. Aplicando al caso de autos la doctrina jurisprudencial expuesta en el precedente fundamento jurídico, y, a la vista de las pruebas practicadas en el presente procedimiento, debe determinarse, en primer lugar, si tal como señala la actora reconvenida en su demanda, la maquinaria suministrada por la mercantil WGSMG adolece de algún tipo de vicio o defecto que la haga inhábil para el fin a que se destina. En concreto, la actora sostiene que su rendimiento es altamente insatisfactorio ya que los ladrillos sufren múltiples roturas en cuanto la máquina coge algo de velocidad.
Como una de las principales pruebas para valorar la existencia de tales defectos, y al margen de los informes periciales acompañados por la actora a su escrito de demanda, contamos con los informes elaborados por los peritos judiciales, Asociación de la Industria Navarra (AIN) y Aitemin Centro Tecnológico, pruebas de especial importancia por su objetividad e imparcialidad al haber sido designados por el juzgado, y por los conocimientos técnicos y prácticos que se requieren en la materia a dilucidar. Ambos informes fueron ratificados en el acto del juicio por sus autores, Natalia Ortega Zunzarren y Jorge Velasco, respectivamente, y sometidos a los necesarios principios de audiencia y contradicción en el acto del juicio.
En primer lugar, en el informe elaborado por AIN, el cual tenía por objeto la inspección de la máquina rectificadora de termoarcilla instalada por la demandada, se destaca claramente que la máquina rectificadora es inhábil e impropia para su destino dado el elevado nivel de rotura de ladrillos que produce en el proceso de rectificación. Así, en el citado informe se pone de manifiesto que el 23 de abril del 2004 se procedió por la perito, Sra. Ortega, a evaluar el funcionamiento de la instalación de rectificado para ladrillos adquirida por la mercantil CT, S.A. y suministrada por la mercantil WGSMG, efectuando para ello una serie de pruebas, programando la máquina para funcionar a dos velocidades distintas; 5 m/min., y 10 m/min. El resultado obtenido es que el porcentaje de ladrillos considerados correctos, sin ninguna rotura, no supera el 25% de un total de 51 ladrillos rectificados a la velocidad de 5 m/min.; y, al elevar la velocidad hasta 10 m/min., este porcentaje disminuye hasta el 16% de un total de 69 ladrillos rectificados a esta velocidad.
A la vista de todo ello, la perito alcanza las siguientes conclusiones: “La instalación es susceptible de funcionar eléctrica y mecánicamente a las velocidades ofertadas por el fabricante en vacío, si bien no se considera que cumple su función de rectificado de ladrillos de termoarcilla en el formato probado de 290x190x300 mm a las velocidades ofertadas por el fabricante. En la prueba realizada se ha podido comprobar que se incumplen los rendimientos de producción ofertados por el fabricante, dado el elevado nivel de roturas en las dos velocidades de funcionamiento probadas”. Igualmente, señala la perito que “los posibles defectos de funcionamiento aparecen cuando los equipos trabajan con el producto fabricado por CT, considerándose que debería ser la experiencia y el conocimiento de las características constructivas de la máquina del fabricante y/o diseñador de la misma, especialistas en la fabricación de máquinas de rectificado de ladrillos ‘adaptando las dimensiones de la máquina al rendimiento necesario’ y ‘aportando soluciones que en cada caso se ajusten a las posibles necesidades del cliente”, tal y como se publicita en la documentación técnico-comercial facilitada a su cliente CT S.A. previamente a la compra de los equipos.
Por otro lado, considera la perito que, si bien cualquier proceso de fabricación industrial, entre ellos la fabricación de ladrillos, es susceptible de generar un porcentaje de mermas en dicha producción; un porcentaje de mermas del 75-84% —como el presente— no se puede considerar normal en un proceso productivo.
Finalmente, destacar también que, en el acto del juicio, la Sra. Ortega manifiesta que ella misma supervisó los ladrillos a utilizar antes de la prueba, señalando que eran ladrillos normales, que podían tener alguna fisura, y que ni se seleccionaron, ni se sustituyó ningún ladrillo que tuviera fisuras, ya que, en algunos casos, incluso no se rompían los ladrillos que tenían fisuras y otros que no las tenían sí.
En segundo lugar, y frente a las alegaciones efectuadas por la demandada reconviniente acerca de la inidoneidad de los ladrillos suministrados por la actora como causa de las roturas de los mismos durante el proceso de rectificación, debe tenerse en cuenta el informe elaborado por Aitemin Centro Tecnológico, el cual tiene por objeto dictaminar sobre las características de los ladrillos fabricados por la mercantil CT, S.A., verificando si cumplen las normativas existentes; efectuar un análisis comparativo entre el material enviado en su día por CT, S.A. a WGSMG para las pruebas iniciales en su fábrica, con el material utilizado en su día en la prueba notarial efectuada en las instalaciones de la actora; determinar si por el proceso de cocción y corte de los ladrillos utilizado en CT, S.A. se producen irregularidades que puedan afectar negativamente al proceso de rectificado; y dictaminar si otras características de la producción utilizada por CT, S.A. hacen que sus ladrillos sean aptos o no para un proceso de rectificado estándar en seco.
En dicho informe, los peritos ponen de manifiesto que el 23 de abril del 2004 realizaron una visita de inspección a las instalaciones de la actora para recoger una toma de muestra del material fabricado por CT, S.A., así como para inspeccionar sus instalaciones y comprobar el proceso de producción. Recogidas las muestras y efectuados los correspondientes análisis, los peritos concluyen que todas las piezas ensayadas cumplen con las especificaciones descritas por la norma UNE 136010:200, indicando, además, que los resultados son muy semejantes en las dos series —el material utilizado en su día en la prueba notarial efectuada en las instalaciones de la actora, y el material enviado en su día por CT, S.A. a WGSMG para las pruebas iniciales en su fábrica—, destacando que “los espesores de pared, densidad de la arcilla, superficie de perforaciones y control dimensional son en todas del mismo orden; la resistencia mecánica es algo superior en las piezas enviadas por WGSMG; en cuanto al aspecto y estructura, solamente se detecta una fisura en la pieza n.º 5 de las enviadas por WGSMG; y en cuanto a la planeidad, todas las piezas cumplen la normativa española, y tan solo la pieza n.º 1 de las enviadas por WGSMG presenta flechas superiores a 3 mm en sus tablas.
Por otro lado, respecto a las instalaciones y línea de producción de CT, S.A., considera el perito que es un tipo de instalación habitual en España, y que tanto el apilado de las piezas en el horno como el sistema de corte no se considera que vayan a producir deformaciones o defectos que impidan su correcto refrentado posterior de las piezas obtenidas.
A la vista de todo ello concluye el Sr. Velasco que “se considera que las piezas no presentan ningún defecto evidente que no las haga susceptibles de ser refrentadas correctamente”. Junto con tales informes deben destacarse otros elementos probatorios objetivos que constan igualmente en las actuaciones. En primer lugar, destacar las manifestaciones del testigo Jaime Oliveras, representante legal de la empresa Talleres Oliveras, S.L., empresa que suministró a la actora una cadena de transporte del material que también fue adquirida por la actora como complemento de la propia máquina de rectificado, y que se encargó del ensamblaje y disposición de dicha cadena de transporte, contratada por la demandada, y según los planos confeccionados por esta, a la que no le une relación alguna con la actora que prive de objetividad su testimonio. El Sr. Oliveras manifiesta en el acto del juicio que estuvo presente en las pruebas de la máquina y que “había muchas roturas, que también había problemas de programación en la máquina, problemas de secuencia, y que la máquina no cumplía nada de lo que tenía que hacer”.
En segundo lugar, debe destacarse igualmente la prueba notarial de funcionamiento que se realizó el 24 de abril del 2002 en las instalaciones de la actora, a presencia del notario D. Víctor González de Echávarri Díaz, y con la intervención tanto del Sr. Wassmer como de un técnico de la demandada, Sr. Schattner, así como con la del representante de la actora, Sr. Simón y los técnicos de la misma —doc. 48 demanda—. En dicha prueba, en la segunda prueba de precisión realizada, a una velocidad de 8 m/min., se hace constar que “los ladrillos rectificados empiezan a aparecer con esquirlas y roturas, que se aprecian a simple vista mientras discurre la prueba”, y que “de los 45 ladrillos que se rectifican a la velocidad indicada, se hace un recuento de aquellos que están astillados o rotos y resultan un total de 16 dañados”. En la última prueba de velocidad, a 12 m/min., los resultados son 81 ladrillos correctos, 46 con mellas o encastillados excesivos, y 69 rotos”.
A la vista de todo ello, debe entenderse acreditada la existencia de defectos de funcionamiento en la máquina de rectificado suministrada por la mercantil WGSMG y adquirida por la mercantil CT, S.A., los cuales hacen que los ladrillos que pasan por la máquina presente un nivel de roturas muy superior al 50%, en concreto del 75 y 84%, según la velocidad utilizada. Tales defectos, si los comparamos con las características que debía tener y con las prestaciones que debía ofrecer la máquina adquirida —la cual garantizaba un rendimiento óptimo a una velocidad de avance de 12 m/min., en funcionamiento permanente—, no constituyen un mero vicio redhibitorio, sino que, conforme a la doctrina antes expuesta, integran un supuesto de pleno incumplimiento contractual por inhabilidad del objeto suministrado para el fin propuesto por el comprador, que no era otro que la utilización de dicha máquina en su actividad industrial para el rectificado de sus ladrillos.
Máxime teniendo en cuenta que, con el objeto de adaptar la máquina a las circunstancias y características del material a utilizar por la compradora, por esta se remitieron unas muestras de dicho material a la vendedora, a partir del cual, supuestamente, se adaptó la máquina. De esta forma, teniendo en cuenta que la máquina e instalaciones suministradas por la demandada reconviniente son defectuosas y que no han permitido la correcta rectificación de los ladrillos fabricados por la actora reconvenida, puesto que estos sufren un nivel inaceptable de roturas en el proceso de rectificación, debe entenderse que ello ha supuesto la consiguiente insatisfacción total de la actora-compradora, posibilitándole la sanción de los artículos 1101 y 1124 Código Civil, en cuanto a la resolución del contrato.
Consecuencia de lo anterior, tal ruptura por la demandada reconviniente del vínculo obligacional que dicho contrato comporta, conlleva, al amparo del artículo 1124 del Código Civil, el reintegro a cada uno de los interesados en las cosas o valor de las prestaciones que hubieren realizado, a propósito del mismo, extinguiéndose también con igual reintegro las obligaciones accesorias que se hubieran podido convenir; estando, en consecuencia, la demandada obligada a entregar a la actora la cantidad entregada a cuenta del precio total, es decir, y según la documentación incorporada a las actuaciones, 467.450 euros, en concepto de principal. Igualmente, la demandada estará obligada a retirar, a su cargo, la maquinaria instalada en el local de la actora.
Tal cantidad, devengará, en concepto de intereses moratorios, los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, según disponen los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil, sin perjuicio de los intereses procesales legalmente previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Cuarto. En materia de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del presente procedimiento deben imponerse a la parte demandada reconviniente.
Estimando íntegramente la demanda formulada por la mercantil CT, S.A. frente a la mercantil WGSMG, y desestimando íntegramente la reconvención formulada por la mercantil WGSMG frente a la mercantil CT, S.A., debo efectuar los siguientes pronunciamientos:
1. Declarar resuelto el contrato de venta de la instalación para ladrillos completa suscrito el 21 de julio del 2000 entre la mercantil WGSMG y la mercantil CT, S.A.
2. Condenar a la demandada reconviniente a abonar a la actora reconvenida la cantidad de cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta euros (467.450 euros), en concepto de principal, más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de interposición de la demanda, en concepto de intereses moratorios; con los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. Condenar a la demandada reconviniente a retirar a su cargo la maquinaria instalada en el local de la actora.
4. Condenar a la demandada reconviniente a pagar las costas del presente procedimiento.
Contra esta sentencia puede interponerse recurso de apelación, preparándolo ante este juzgado, mediante escrito que se presentará dentro del quinto día desde su notificación, en el que se deberá citar la resolución apelada y manifestar su voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Navarra, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, por la juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que doy fe.
(1) El texto original puede consultarse en: www.uc3m.es/cisg/sespan45.htm. Traducción al inglés realizada por Mercedes Romero, disponible en: www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/050329s4.html.
(2) Según el numeral 1.º, literal b) del artículo 49 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, el comprador también puede declarar resuelto el contrato en los casos de falta de entrega si el vendedor no entrega las mercancías dentro del plazo suplementario fijado por el comprador, de conformidad con el numeral 1.º del artículo 47 del mismo instrumento.
(3) Cfr. Illescas Ortiz, R. y Perales Viscasillas, P. Derecho mercantil internacional. El derecho uniforme. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid: 2003, pp.185 y ss.
(4) Cfr. Schwenzer. En: Schlechtriem, P. y Schwenzer, I. (ed.), Commentary on the UN-Convention on the International Sale of Goods (CISG), Oxford University Press, 2.ª ed, Oxford: 2005, art. 39, par. 13.
(5) Para más referencias, véase AC-CISG opinion n.º 5 —reporter Ingeborg Schwenzer—. Disponible en: www.cisg-online.ch/publications.html.
(6) Ibídem, con numerosas referencias.
(7) Opinión prevalente. Cfr. Tribunal Supremo alemán, decisión del 3 de abril de 1996. Case n.º 135 = NJW 1996, 2364, 2366. Disponible en: www.cisg-online.ch/cisg/abfrage_nach_CISGOnlineNr_neu.php. Así mismo, Schlechtriem. En: Schlechtriem y Schwenzer, ob. cit., art. 25, par. 21a.
(8) Cfr. AC-CISG opinion n.º 5, cit.
(9) Además de la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, aplicable a los contratos que estén dentro de su ámbito de aplicación, otras normas confluyen en el derecho español a la hora de determinar el régimen de saneamiento por evicción. Es el caso de la Ley 23 del 2003 sobre Garantías en las Ventas de Bienes de Consumo, la cual se aplica a contratos con consumidores y que supone la transposición de la Directiva 1999/44, del 25 de mayo de 1999. A estas normas se deben añadir los artículos 336 y 342 del Código de Comercio, respecto de los contratos nacionales de compraventa mercantiles y que se refieren respectivamente a diferentes períodos de tiempo para denunciar los vicios de la cosa —dependiendo de si son manifiestos u ocultos—, y el régimen previsto en el artículo 1690 del Código Civil, que prevé un plazo de seis meses y que se aplica residualmente a los contratos de compraventa que no entren dentro de la Ley 23 del 2003 o a los contratos civiles entre empresarios que no sean considerados mercantiles. Es necesario, por último, añadir la doctrina del Tribunal Supremo, que sigue el caso de Tudela, sobre el aliud pro alio. Esta tesis trasciende la calificación del contrato, civil o mercantil, para unificar los diversos regímenes en material de saneamiento, y supone la aplicación de los plazos generales de incumplimiento contractual —15 años, según el artículo 1124 del Código Civil—. De esta forma, la doctrina del Tribunal Supremo resulta sumamente onerosa para el vendedor, como lo es la aplicación rígida de los plazos del Código de Comercio para el comprador. A la vista de la caótica situación jurídica, resulta injustificado que el legislador español no haya decidido todavía unificar los diversos regímenes, conforme a las directrices de la convención, tal como lo ha hecho recientemente el legislador alemán en la reforma del Código Civil alemán en el 2001 y que entró en vigor el 1.º de enero del 2002.
(10) Estos comentaristas desconocen en qué medida los dos abogados de las partes, en sus escritos ante el tribunal, argumentaron el caso correctamente citando la Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. Sin embargo, esto no es importante, por cuanto se aplica el principio jura novit curia. El tribunal pudo haber recurrido a otras decisiones sobre la Convención de Viena, al menos, en España, en las que se establece la necesidad de interpretar y aplicar uniformemente el texto internacional. Como ejemplo se puede citar la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, del 7 de junio del 2003, en la que el tribunal se refirió a la interpretación bajo la convención para señalar lo siguiente:
a) Es necesario lograr una interpretación uniforme (art. 7(1) y 7(2)). Este principio, que existe en otras convenciones internacionales, muestra que existe una tendencia a ese respecto en el derecho mercantil internacional.
b) En la interpretación de la convención se le puede dar cierta importancia al comentario de la secretaría al proyecto de convención de 1978. El tribunal se refiere específicamente al artículo 6.º del proyecto.
c) La doctrina juega un papel importante en la interpretación de la convención, que requiere una interpretación autónoma separada de una interpretación nacional.
d) Es necesario un enfoque metodológico a la hora de interpretar la convención, distinto del utilizado en un contexto nacional.
e) La única manera de asegurar la uniformidad en la interpretación de la convención es que se tome en consideración lo que otros tribunales han mantenido al aplicarla, así como las opiniones doctrinales.
Además, el tribunal dedica varios párrafos a explicar el sistema Clout —Case law on Uncitral texts—, puesto en marcha por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), con el objeto de lograr la interpretación uniforme de sus textos. En este sentido se refirió al documento A/CN.9/SER.C/GUIDE/1 y se basó en varios casos compilados en el sistema Clout, específicamente respecto de los números 98, 81 y 251.
Véase también, recientemente, BGH, del 2 de marzo del 2005 (Alemania). Así mismo, en la doctrina española se reclama una interpretación uniforme. Últimamente, por todos, Martínez Canellas, A. La interpretación y la integración de la Convención de Viena sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías, del 11 de abril de 1980. Estudios de derecho mercantil. Comares, Granada: 2004.
(11) Una confusión parecida se aprecia en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, del 12 de septiembre del 2001, donde el tribunal consideró que el período de dos años del artículo 39(2) de la Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías es el período máximo en el que se puede interponer una demanda judicial contra la otra parte.
(12) De acuerdo con la doctrina, la resolución del contrato en el derecho interno español puede ser hecha extrajudicialmente. Véase Díez Picazo, L. y Gullón, A. Sistema de derecho civil. Tecnos, vol. II, 9.ª ed., Madrid: 2001, p. 248.
(13) Cfr. Schlechtriem. En: Schlechtriem y Schwenzer, ob. cit., art. 7.º, par. 34.
(14) Por supuesto que la transmisión del riesgo pudo haber ocurrido con anterioridad, pero en este caso resulta irrelevante.