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Timestamp: 2019-09-19 17:33:29
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Matched Legal Cases: ['artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 16', 'artículo 30', 'artículo 229', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 45', 'artículo 13', 'artículo 30']

﻿ Sentencia 2011-00565 de enero 21 DE 2015
SENTENCIA 2011-00565 DE 21 DE ENERO DE 2015
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO. AL PROFESIONAL DEL DERECHO NO LE ES DABLE INCUMPLIR LOS DEBERES PROFESIONALES Y MENOS VULNERAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, COMO LO ES EL DE LA COSA JUZGADA. UNA ACTUACIÓN POR PARTE DE UN ABOGADO SE PREDICA QUE ES DE MALA FE, CUANDO TIENE CONOCIMIENTO QUE SU ACTUACIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN ES CONTRARIA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIÓN DISCIPLINARIA, PROCESO DISCIPLINARIO, PRINCIPIO DE LA DOBLE INCRIMINACIÓN, MALA FE, COSA JUZGADA, ABOGADO
Sentencia 2011-00565 de enero 21 DE 2015
Rad.: 050011102000201100565 01 / 3108 A
Aprobado según Acta Nº 2 de la misma fecha
Bogotá D.C., veintiuno de enero de dos mil quince.
Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer y decidir el presente recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia) y el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007.
En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio y la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.
El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, al definir la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.
2. (sic) Marco normativo y conceptual.
Previo a analizar el material probatorio allegado al plenario, se tiene que el referente legal al que es preciso acudir, a efectos de establecer si el abogado Álvaro Beltrán, es responsable de la falta por la cual se le sancionó en la sentencia objeto de apelación, aparece contenida en el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, de la siguiente manera:
4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión…”
Ahora bien, a efectos de establecer el marco conceptual bajo el cual la Sala debe analizar la conducta imputada al profesional del derecho se tiene, en primer lugar que el Código Disciplinario del Abogado, como el derecho disciplinario en general, tiene funciones preventivas y correctivas en relación con el ejercicio de la abogacía(17), la cual posee una profunda incidencia social, en consideración a que el jurista representa los intereses de las personas y de la sociedad, teniendo una significativa responsabilidad con la buena marcha de la administración de justicia y con la construcción de un orden justo.
Los abogados son colaboradores de la administración de justicia y en muchos casos son la vía obligada para ejercer el derecho a acceder a ella, tal como lo indica el artículo 229 de la Constitución Política. Así mismo, de su buen desempeño depende la realización de la justicia, la convivencia, a través de la resolución judicial y extrajudicial de conflictos y la efectiva protección de los derechos fundamentales.
Cabe destacar que el bien jurídico que se protege en la falta consagrada en el artículo 30 es la “dignidad de la profesión”, reconocido como un fin constitucionalmente aceptable.
2. (sic) Caso en concreto:
Del material probatorio allegado al proceso se encuentra probado en grado de plenitud probatoria que el doctor Álvaro Beltrán, adelantó en los Juzgados Dieciséis y Séptimo Laborales del Circuito de Medellín dos demandas en representación de la señora Marina de Jesús Tobón Casas contra el Instituto de Seguros Sociales, bajo los radicados 05-001-31-05-007-2009-00153-00 y 050013105016-2010-00099-00, la primera en la fecha 11 de febrero de 2009, obteniendo un fallo desfavorable de fecha 6 de noviembre de 2009 y posteriormente instauró la segunda demanda el 3 de febrero de 2010, con el fin de obtener la pensión de sobrevivientes de su cliente Marina de Jesús Tobón Casas.
Conforme se indicó en precedencia, al jurista se le endilgó el haber adecuado su comportamiento al tipo disciplinario contra la dignidad de la profesión transcrito, por haber vulnerado el principio de la cosa juzgada y obrar con temeridad y mala fe en el ejercicio de la profesión de abogado, al haber adelantado dos procesos con partes, hechos, objeto y pretensiones iguales, hechos que fueron aceptados en versión libre por el disciplinable, quien señaló haber incurrido en la figura de cosa juzgada, por no prevenir un doble litigio por la misma causa, excusando su actuar en que no lo hizo con dolo.
Por tanto, es un hecho cierto que el togado promovió dos demandas con identidad de sujetos, objeto y pretensiones, teniendo conocimiento del fallo desfavorable obtenido en la primera oportunidad por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, fallo que hizo tránsito a cosa juzgada, y aun así instauró la segunda demanda, de donde se colige que inequívocamente su actuación fue constitutiva de “mala fe”, que implicó una exigencia de conciencia y voluntad del agente en el sentido de tener conocimiento que su actuación es contraria al ordenamiento jurídico, en una actividad relacionada con el ejercicio profesional, pues es de conocimiento del togado por su experiencia que no le era permitido poner en funcionamiento doblemente el aparato jurisdiccional cuando ya conocía cual era la decisión judicial que se había tomado frente a los hechos materia del proceso ordinario laboral que adelantó en las dos oportunidades, esta conducta desplegada por el abogado desdice mucho de la función social que debe acompañar a todos los profesionales del derecho por tanto no es acorde con el deber de responsabilidad, con la buena marcha de la administración de justicia y con la construcción de un orden justo.
En consecuencia, encuentra esta Sala que, existiendo plena certeza de la materialidad y la responsabilidad en la comisión de la falta contra la dignidad de la profesión, en cabeza del togado Álvaro Beltrán, y que no se probó la existencia de justificación alguna en la actuación del jurista, la sentencia apelada debe ser confirmada respecto de la falta contra la dignidad de la profesión.
Ahora bien, la apelación, realmente no manifiesta motivos de inconformidad claros y directos, si no que se encamina a mencionar voluntariamente que acepta la responsabilidad de haber incurrido en el delito de vulnerar el principio de la cosa juzgada, pero que en ningún momento lo hizo de forma temeraria, ni de mala fe sino con un sentido altruista en favor de su mandante, exculpaciones que no son de recibo para esta Sala, toda vez que como profesional del derecho al sancionado no le es dable incumplir los deberes profesionales y menos vulnerar los principios constitucionales, como es el de la cosa juzgada en este asunto.
La inconformidad del recurrente se concreta en que estima que ya fue sancionado pecuniariamente por el Juez laboral que conoció del proceso, al condenarlo en costas y se estaría vulnerando el principio del non bis in ídem, al ser sancionado en esta oportunidad disciplinariamente.
A este respecto, adviértase al apelante que esta jurisdicción disciplinaria goza de total autonomía frente a las otras potestades jurisdiccionales, pues bien, la potestad sancionadora del Estado adopta diferentes modalidades, así “por medio del derecho penal, que no es más que una de las especies del derecho sancionador, el Estado protege bienes jurídicos fundamentales para la convivencia ciudadana y la garantía de los derechos de la persona. También puede el Estado imponer sanciones en ejercicio del poder de policía o de la intervención y control de las profesiones, con el fin de prevenir riesgos sociales”(18).
En tal virtud, cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal, o se impongan otra clase de sanciones contra una misma persona, por unos mismos hechos, su coexistencia no conlleva infracción al principio non bis in idem, por cuanto no se trata de juicios idénticos, ya que la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege, evaluándose la conducta del implicado frente a unas normas de contenido y alcance propios.
En tal orden, se tiene que la potestad punitiva que aquí se ejerce, frente a profesionales del derecho, es una modalidad de la facultad sancionadora administrativa del Estado, y como tal se diferencia cualitativamente y por sus fines de la potestad punitiva penal, en tanto en esta se protege el orden social colectivo, y su aplicación persigue esencialmente (sin perjuicio de la concurrencia de otros fines difusos) un fin retributivo abstracto, expiatorio, eventualmente correctivo o resocializador, en la persona del delincuente”(19), mientras que en aquella, la sanción disciplinaria, se erige como una respuesta a la inobservancia de las obligaciones, deberes y mandatos que se han delineado para el adecuado ejercicio profesional.
Por consiguiente, nada impide que se llame a responder penal, disciplinaria y civilmente a un mismo individuo por un mismo hecho, y la autonomía que existe entre cada una de estas jurisdicciones, dado el diferente objeto y fin que persiguen, hace posible que quien es llamado a responder disciplinariamente, no lo sea penal o civilmente y a la inversa, o que resulte respondiendo ante todas. razón por la cual no es incompatible con el reproche disciplinario que es de competencia de esta jurisdicción, y su identidad punitiva con las sanciones disciplinarias no mudan su naturaleza, luego no puede considerarse como un doble juzgamiento quebrantador del principio de non bis in idem, en tanto reitérese que no se trata de juicios idénticos, en razón a que su finalidad, los bienes jurídicamente tutelados y las normas frente a las cuales se llama a responder son de contenido y alcance diferentes, en tal razón la pretensión del apelante será resuelta desfavorablemente.
Y es que cuando el legislador pensó en proteger determinados bienes jurídicos, con la expedición de la Ley 1123 de 2007, no lo hizo con el único objetivo de salvaguardar la mejor y más eficiente prestación de la profesión de la abogacía, con probidad, honorabilidad y deontología a favor de las personas particulares o públicas; sino de contar con profesionales que realmente puedan potenciar el desempeño de la administración de justicia al contar con colaboradores o partes dignas y capaces, que permitan al ciudadano tener un verdadero acceso de la justicia y a la solución real y justa de los conflictos o las controversias jurídicas entre particulares o entre estos y el Estado, logrando con ello que el Estado cumpla los fines para los cuales fue creado.
A este respecto, debe reiterar la Sala que este tipo de comportamiento del disciplinable indubitablemente adquiere relevancia disciplinaria, pues se aleja del postulado rector del ejercicio de la abogacía como función social, que implica la actitud permanente de colaboración con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico y en la realización de una pronta y cumplida administración de justicia, razón por la cual habrá de confirmarse la sentencia consultada.
En consecuencia, como las pruebas aportadas al diligenciamiento conducen a la certeza, no solo de la existencia de la falta imputada, sino también a la responsabilidad del disciplinable frente a la dignidad de la profesión, se confirmará la sentencia apelada que sancionó al doctor Álvaro Beltrán, como autor responsable de la falta prevista en el artículo 30 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, con tres (3) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.
En cuanto a la sanción, al tener en cuenta los criterios generales de la misma, como lo dispone el literal a numerales 1º y 2º del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala considera que con relación a la suspensión de tres (3) meses impuesta al abogado disciplinado, será confirmada, en razón a que se ajusta a los parámetros establecidos para tal efecto en el artículo 13, ejusdem, el cual indica que las sanciones disciplinarias se aplicarán dentro de los límites señalados por la ley, así como la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y la carencia de antecedentes disciplinarios del infractor; siendo de buen recibo lo argüido por el a quo en este sentido.
Así las cosas, acertó el fallador colegiado de primer grado al declarar al togado Álvaro Beltrán, como incurso en la falta a la dignidad y la profesión bajo la modalidad dolosa como quiera que el jurista conocía sus deberes éticos y profesionales dada su experiencia profesional y sin embargo optó por vulnerarlos, razones suficientes para concluir que, habrá de confirmarse en su integridad la sentencia apelada.
Por otra parte cabe advertir que en cuanto a lealtad y la honradez se indilgo que era de cábele que el disciplinado llega sin los argumentos para exponer, el recibe una sanción a título de dolo por ser de carácter sancionatorio y no es la causa que el halla indilgase (sic) lo que dijo.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual se resolvió sancionar al abogado Álvaro Beltrán con suspensión en el ejercicio de la profesión por tres (3) meses, al hallarlo responsable de infringir el artículo 30.4 de la Ley 1123 de 2007, atendiendo lo expuesto en precedencia.
(17) En efecto, nótese el contenido del “ART. 11.—Función de la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la profesión de abogado”.
(18) Corte Constitucional. Sentencia C-597 del 6 de noviembre de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(19) Eduardo García de Enterría. Curso de Derecho Administrativo. Tomo II. Madrid. Civitas. 1986, Pág. 96.