Source: http://observatoriopoliticasocial.org/que-dicen-las-plataformas-electorales-de-tus-derechos-economicos-sociales-culturales-y-ambientales/
Timestamp: 2019-05-21 21:37:12
Document Index: 236600027

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 242', 'Artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 26', 'artículo 15', 'artículo 27', 'artículo 123']

¿Qué dicen las plataformas electorales de tus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? – Observatorio de Política Social y Derechos Humanos
by OPSDH on 14 abril, 2015 ¿Qué dicen las plataformas electorales de tus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales?2015-04-30T21:15:54+00:00 - Sin categoría - No Comment
Acorde con el artículo 44 apartado q) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el Instituto Nacional Electoral tiene entre sus atribuciones el registro de las plataformas electorales que deben presentar los partidos políticos para cada proceso electoral.
Las plataformas -sobre las cuales no hay definición en la citada Ley-, comprenden las propuestas que presentan a la ciudadanía los partidos políticos sobre las cuales debiera basarse el debate ideológico de la contienda democrática. Según el artículo 242 inciso 4 en las campañas electorales tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña “…deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.”
El Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social A.C., instancia ciudadana que monitorea los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país, ha realizado una revisión de las plataformas electorales 2014-2015 para conocer las propuestas de los partidos vinculadas a esos derechos.
Se debe aclarar que la persona interesada encontrará en esta primera entrega los principales aspectos que abordan los partidos políticos nacionales sobre nueve derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como los relacionados con la pobreza y el desarrollo social, considerando el vínculo directo del derecho a un nivel de vida adecuado con esas materias.
En el marco de este proceso electoral, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social A.C. presentará además de la presente dos entregas: una clasificación de las plataformas electorales de los partidos políticos en el Distrito Federal y un análisis sobre las características y profundidad de las propuestas.
Nuestro objetivo es invitar a la ciudadanía a explorar las plataformas electorales con una perspectiva de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales así como incitarles a consultarlas de manera directa.
Para la elaboración de este trabajo se consultaron las plataformas disponibles en: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Plataformas_electorales/
¿Qué es el Observatorio y qué son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales?
El Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social A.C. es una instancia de la sociedad civil que desde el año 2007 realiza actividades de monitoreo y control ciudadano de la política social, en los temas de salud, alimentación, educación, trabajo, vivienda, programas de combate a la pobreza, políticas sociales para la equidad y familias.
Para ello recabamos, sistematizamos, analizamos y difundimos información e indicadores de política social en el marco de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), todo con la finalidad de conocer la situación que guarda su realización de los DESCA, en los ámbitos nacional y estatal en México.
Para objetos de este trabajo se identificaron las propuestas contenidas en las plataformas nacionales vinculadas con los siguientes derechos:
Derecho a la salud, se entiende como “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” (Art.12 PIDESC).
Derecho al trabajo/Derechos del trabajo
Los Derechos del trabajo, los derechos del trabajo se refieren a las condiciones bajo las cuales debe desempeñarse la actividad laboral, como las que se menciona a continuación:
– Remuneración digna para la trabajadora o el trabajador y su familia, y a recibir un salario igual por trabajo de igual valor.
– Derecho a la promoción o ascenso, de acuerdo con sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio.
– Derecho a la estabilidad en el empleo.
– Derecho a desempeñar su trabajo en un ambiente seguro y limpio.
– Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y vacaciones pagadas.
– Derecho a la igualdad de trato.
– Derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos.
– Derecho de huelga.
Los derechos del trabajo vienen principalmente incluidos en el PIDESC, en sus artículos 7° y 8°. De igual manera, el Protocolo de San Salvador los contempla también en sus artículos 7° y 8°.
“Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto”.
(Primer párrafo del Artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”)
El derecho a un medio ambiente sano constituye una extensión del derecho a la vida y del derecho a la salud. La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano lo conceptualiza como el derecho del ser humano “… a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”.
El Protocolo de San Salvador lo incluye en su artículo 11:
Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.
El derecho al agua se compone de los siguientes elementos:
-Disponibilidad: El suministro de líquido debe ser continuo, de tal manera que las personas puedan satisfacer sus necesidades de consumo (agua para bebidas y alimentos); saneamiento; lavado de ropa, preparación de alimentos y aseo personal y del hogar;
-Calidad: el agua debe ser salubre, con olor, sabor y color aceptables;
-Accesibilidad: Física y económicamente y sin discriminación alguna. También se refiere al derecho de solicitar, recibir y difundir información relativa al agua.
(Observación General No. 15 del PIDESC)
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental” (Primer párrafo del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
El Derecho a la educación debe comprender los siguientes estándares:
Disponibilidad. Los gobiernos deben construir suficientes escuelas para garantizar que todos puedan asistir a una. Las escuelas deben estar equipadas con todos los materiales e instalaciones que necesitan para funcionar adecuadamente, como materiales de enseñanza, personal y maestros calificados, protección contra los elementos y comedor.
Accesibilidad. Las instituciones educativas deben ser accesibles para todos. Nadie puede ser discriminado en base al sexo, la raza, la situación inmigratoria, la religión y/o el origen étnico. Las escuelas deben ser seguras y deben estar ubicadas a una distancia razonable de las comunidades. Se puede emplear la educación a distancia para atender las áreas remotas. La educación debe estar disponible para todos, independientemente del nivel de ingresos. Los Estados deben introducir gradualmente la educación gratuita en todos los niveles.
Aceptabilidad. Los planes de estudio y los métodos pedagógicos de las escuelas deben ser aceptables para los padres de los niños y deben cumplir con las normas nacionales establecidas por el gobierno.
Adaptabilidad. La educación debe ser adaptable a los cambios sociales y debe incluir los diferentes intereses sociales y culturales de los alumnos.
(Observación General No.13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.”
El derecho a la vivienda no significa tener un mero techo bajo el cual habitar; significa la posibilidad de vivir en algún lugar con seguridad, paz y dignidad.
Para que una vivienda sea adecuada, necesita reunir los requisitos siguientes:
-Seguridad jurídica de la tenencia, que proteja a las personas del desahucio, hostigamientos u otras amenazas;
-Disponibilidad de servicios básicos, facilidades e infraestructura;
-Gastos soportables: los gastos que las personas destinan a la vivienda (pago de agua, luz, etc.) no deben ser tan altos que comprometan el ejercicio de otros derechos humanos;
-Habitabilidad: la vivienda debe proporcionar espacio adecuado a sus habitantes y protegerles del clima, riesgos estructurales y amenazas a la salud;
-Asequibilidad: A personas y grupos en desventaja debe concedérseles acceso pleno y sostenible a recursos adecuados para hacerse de vivienda adecuada;
-Lugar: la localización de la vivienda debe permitir acceso a opciones de empleo, atención a la salud, escuelas, centros de cuidado infantil, etc. No deben construirse viviendas cerca de fuentes de contaminación o que signifiquen riesgo para los habitantes.;
-Adecuación cultural: los materiales para la vivienda y la manera de construirla no deben obstaculizar la expresión de la identidad cultural.
(Observación general nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU).
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a :
a) Participar en la vida cultural.”
(Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 15)
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha considerado que el concepto de cultura engloba “las formas de vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música y las canciones, al comunicación no verbal, los sistemas de religión y de creencias, los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el producido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las artes, costumbres y tradiciones, por los cuales individuos, grupos y expresan su humanidad y el sentido que dan a su existencia, y configuran una visión del mundo que representa su encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus vidas” (Observación general n° 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU)
En esa observación general, el Comité explica que el derecho a la cultura se configura con estos elementos:
-Disponibilidad: se refiere a la presencia de bienes y servicios culturales que toda persona pueda disfrutar (bibliotecas, salsa de cine, estadios deportivos, parques; bienes intangibles como lenguas, tradiciones y creencias).
-Accesibilidad: la cultura debe estar al alcance físico y financiero de todos, en zonas urbanas y rurales, sin discriminación; comprende el acceso de las comunidades a los medios de expresión y difusión;
-Aceptabilidad. Debe garantizarse que las leyes y políticas para el disfrute de los derechos culturales sean aceptables para las personas y comunidades. A este respecto, es necesario celebrar consultas con ellas;
-Adaptabilidad: las políticas adoptadas por el Estado deben ser pertinentes y flexibles y respetar la diversidad cultural de las personas y comunidades;
-Idoneidad: La realización del derecho a la cultura debe ser apta a los diversos contextos y modalidades culturales.
Pobreza/Desarrollo Social
La política social consiste en el conjunto de normas, instituciones, programas y recursos públicos destinados a mejorar los niveles de bienestar de la población y constituye la herramienta mediante la cual cada sociedad procura promover, proteger y realizar los derechos sociales y fundamentar la ciudadanía social de sus miembros (Clara Jusidman Rapport (coordinadora), Reflexiones Ciudadanas sobre Política Social, SEDESOL, 2008).
En México, la política social se basa en los contenidos sociales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fundamentalmente en los artículos que establecen el derecho a la educación básica (art.3°); el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentado en sus pueblos indígenas el derecho a la salud; y a la vivienda digna (art. 4°); el artículo 27° que propició el reparto agrario y definió el derecho de propiedad; así como el artículo 123° que establece el derecho a un empleo socialmente útil.
Un enfoque de derechos humanos en la política social refiere al proceso de colocar la consecución de los DESCA como objetivo explícito de las políticas sociales y económicas; es decir, articular las obligaciones concretas del Estado de respetar, proteger, y satisfacer los derechos humanos asegurando la accesibilidad a la protección social, la no interferencia cuando las personas puedan acceder personal o familiarmente a los medios para la realización de sus derechos y, la protección de los derechos cuando los medios de la realización del éstos son provistos por terceros.
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Cecilia Ayala Sánchez y Laura Marcela Morán Moy (Distrito XXV)
Edgar Adán Montero Alarcón y María del Refugio Aguilar Simó (Distrito XXII)
Efraín Morales Sánchez y Larisa Palmira Velarde Ménde (Distrito XXI)
Judith Barrios Bautista y María Acela Moyeda Huerta (Distrito VII)
Rafaela Romo (Distrito XXXI)
Raúl Correa Martiñón y María del Rocío Avalos Escobar (Distrito XXXI)
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