Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43623700
Timestamp: 2020-07-08 01:04:05
Document Index: 386093031

Matched Legal Cases: ['artículo 61', 'artículo 8', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 164', 'artículo 169', 'artículo 12', 'artículo 61', 'artículo 61']

Sentencia de Tutela nº 805/05 de Corte Constitucional, 4 de Agosto de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43623700
Sentencia de Tutela nº 805/05 de Corte Constitucional, 4 de Agosto de 2005
Derecho a la vida, la salud y la seguridad social de afiliado a quien la entidad le exige un copago del 85% del valor de la cirugía que requiere y no le autoriza el tratamiento de meniscopia de rodilla que padece por no cumplir con el minimo de cotizaciones exigido, sin tener en cuenta que carece de medios economicos suficientes para cubrir el valor de la operacion. Solicita se ordene la practica de la cirugía que requiere. Procedencia excepcional de la accion de tutela para obtener la realización de procedimientos incluidos en el pos a personas que no cumplen con los minimos de cotización exigidos por la normativa vigente y que no tienen capacidad economica para cubrir los copagos que se les exigen. Urgencia de procedimientos medicos por padecimientos de dolores fuertes y permanentes. Prueba de la incapacidad economica de los afiliados al regimen contributivo de salud. La eps no informo que la intervención de la actora puede ser sustituida por una para la que no se exijan semanas minimas de cotización. Accion de repetición contra fosyga. Concedida
Sentencia T-805/05
DERECHO A LA SALUD-Práctica de cirugía
DERECHO A LA SALUD-No práctica de cirugía por falta de semanas cotizadas
DERECHO A LA SALUD DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-No se pueden oponer periodos mínimos de cotización
Referencia: expediente T-1029785
Peticionaria: Nieves de J.B.B.
Bogotá D.C, cuatro (4) de agosto de dos mil cinco (2005)
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados H.A.S.P., Á.T.G. y M.G.M.C., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
En el proceso de revisión de la sentencia proferida el 13 de octubre de 2004, por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Medellín, dentro de la acción de tutela interpuesta por la ciudadana Nieves de J.B.B. en contra de Coomeva EPS, el 30 de septiembre de 2004.
La accionante se encuentra afiliada a la EPS Coomeva desde el 16 de julio de 2004, en calidad de beneficiaria de su hijo F.A.C.B..
Mediante escrito del 7 de octubre de 2004, la apoderada especial de la entidad accionada manifestó que si bien el procedimiento requerido por Nieves de J.B.B. se encuentra incluido en el POS, ésta sólo tiene 9 semanas cotizadas, de manera que no cumple con el número exigido por la ley para tener acceso al tratamiento, esto es, 52 semanas, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 61 del Decreto 806 de 1998. En este orden, indicó que la cirugía sería autorizada y practicada, siempre y cuando la demandante pagara el copago que corresponde al porcentaje de semanas de cotización que le hacen falta para completar el periodo mínimo exigido por la ley.
Mediante sentencia del 13 de octubre de 2004, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Medellín negó el amparo solicitado por la ciudadana Nieves de J.B.B., por considerar que no aparecía acreditada dentro del proceso su insolvencia económica, por lo que, concluyó, la entidad accionada no estaba obligada a prestar el servicio reclamado.
4.1 Aportadas por la peticionaria
Copia de la orden del médico tratante de la tutelante para la realización de la cirugía artroscopia terapéutica de rodilla derecha: sutura meniscal.
Copia de la orden de servicio de la EPS accionada en la cual se indica como procedimiento a realizar cirugía artroscópica de complejidad III, y se precisa que la EPS cubriría sólo el 15% del costo del procedimiento.
Copia de la historia clínica de la demandante, en la que se indica que padece rodilla bloqueada y dolor severo, se le diagnostica meniscopatia y rodilla bloqueada, y se le ordena la práctica de artroscopia terapéutica: sutura meniscal.
4.2 Practicadas por el a-quo
Copia de la declaración rendida por M.H.V.D., el 13 de octubre de 2004, en la que manifestó que le consta (i) que la peticionaria es ama de casa y que no tiene empleo, (ii) que vive junto con sus hijos en una casa propiedad de su hermana, (iii) que su hija mayor está desempleada desde diciembre de 2003, (iv) que su hijo menor, de quien depende económicamente, estudia sistemas y que el mismo paga los costos de su educación, y (v) que no cuenta con recursos para pagar la cirugía que requiere.
4.3 Pruebas decretadas por esta Sala de Revisión
El doctor F.O.M., médico especialista de la EPS demandada, en escrito del 9 de junio de 2005, informó a esta Sala de Revisión que la paciente padece ''(...) rodilla bloqueada por posible lesión meniscal que requiere manejo prioritario por estar al rodilla bloqueada'' y que dichas lesiones ''(...) generan dolor de intensidad variable y pueden originar proceso degenerativo articular al no ser tratado''.
En este contexto, corresponde a esta Sala determinar si la entidad accionada desconoce los derechos fundamentales de una persona afiliada como beneficiaria al régimen contributivo de salud, al no practicarle una intervención quirúrgica que requiere para tratar la meniscopatia de rodilla que padece, debido a que no cumple con el periodo mínimo de cotización exigido, sin tener en cuenta que ésta carece de medios económicos suficientes para cubrir el porcentaje del valor de la operación que la ley impone en tales casos.
Se trata, sin duda, de un tema sobre el cual esta Corporación ya se ha pronunciado, de tal modo que en esta oportunidad la Sala reiterará la doctrina establecida sobre el asunto. Vale la pena recordar que la labor de reiteración, es fundamental para garantizar el derecho a la igualdad de las personas que acuden a la acción de tutela con la esperanza de obtener el mismo tratamiento que los jueces de constitucionalidad han brindado en casos semejantes, y que la jurisprudencia de la Corte se ha encargado de unificar Ver, entre muchas otras, las sentencias T-133 de 1995. M.P.F.M.D. y T- 339 de 2001, M.P.A.B.S...
Procedencia excepcional de la tutela para obtener la realización de procedimientos incluidos en el POS a personas que no cumplen con los mínimos de cotización exigidos por la normativa vigente y que no tienen capacidad económica para cubrir los copagos que se les exigen
De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 806 de 1998 ''Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional'', las Entidades Promotoras de Salud (EPS) - que son las administradoras del régimen contributivo del sistema de salud - son las obligadas a suministrar a sus afiliados los servicios y prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), de conformidad con la normativa vigente. Para financiar estos servicios, la norma aludida indica que estas entidades cuentan con los siguientes ingresos: los recursos que les suministra el Sistema General de Seguridad Social en Salud por concepto de Unidad de Pago por Captación (UPC), las cuotas moderadoras que deben pagar sus usuarios y los copagos definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Estos copagos corresponden un porcentaje del costo del procedimiento o tratamiento que el usuario requiere equivalente al porcentaje del número de semanas de cotización que le hacen falta para completar el periodo mínimo que la normativa vigente exige para el suministro del servicio (parágrafo del artículo 61 ibídem). En este orden, con el fin de garantizar la estabilidad financiera del sistema de salud, es obligación de los afiliados cancelar tales porcentajes para que puedan acceder a los servicios que necesitan. Sobre este punto, el artículo 61 del Decreto 806 de 1998 dispone:
''Los períodos mínimos de cotización al Sistema para tener derecho a la atención en salud en las enfermedades de alto costo son:
Grupo 2. Un máximo de cincuenta y dos (52) semanas de cotización para enfermedades que requieran manejo quirúrgico de tipo electivo, y que se encuentren catalogadas en el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos-Mapipos, como del grupo ocho (8) o superiores. Por lo menos 26 semanas deben haber sido pagadas en el último año.''
(i) Que la falta del tratamiento sometido a un mínimo de semanas cotizadas al sistema vulnere o amenace los derechos a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la integridad física del afiliado; (ii) que el tratamiento no pueda ser sustituido por otro no sometido a semanas mínimas de cotización; (iii) que el interesado no pueda cubrir el porcentaje que la EPS se encuentra autorizada legalmente a cobrar - copago - y no pueda acceder al tratamiento por otro plan distinto que lo beneficie, (iv) que el tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la EPS, y (v) que debido a la urgencia con que el paciente requiere la intervención médica, éste no pueda esperar hasta que el servicio médico le sea prestado por la red pública o por las instituciones privadas que tienen contrato con la Administración para estos efectos, con el fin de garantizar la integralidad y continuidad en el tratamiento. Se pueden consultar al respecto, entre otras, las sentencias T-016 de 1999, M.P.A.M.C., T-083 de 2001, M.P.E.M.L., T-906 de 2002, M.P.C.I.V.H., T-1153 de 2003, M.P.A.B.S., T-927 de 2004, M.P.Á.T.G. y T-462 de 2005, M.P.A.B.S..
Así, por ejemplo, en la sentencia T-016 de 1999 M.P.A.M.C., al ocuparse del caso de una paciente que requería de manera urgente sesiones de quimioterapia y el suministro de un medicamento para tratar el cáncer rectal que padecía, y que no contaba con recursos económicos para cancelar el copago que su EPS le exigía - tenía a su cargo tres hijos, sólo recibía un salario mínimo mensual y su esposo estaba desempleado -, la Corte ordenó a la entidad accionada suministrar el tratamiento y el medicamento, y la autorizó a repetir contra el FOSYGA, pero sólo por el costo del copago que era obligación de la peticionaria. En este fallo, esta Corporación manifestó, a propósito de la inaplicación del artículo 61 del Decreto 806 de 1998 en este tipo de hipótesis, lo siguiente:
''En opinión de la Corte Constitucional, es indispensable hacer una distinción basado en los principios de continuidad y eficacia:
Si está de por medio la vida del paciente y la orden de un tratamiento o entrega de un medicamento la da el médico tratante, es decir el que está en relación laboral con la EPS y está atendiendo a dicho paciente, la urgencia y gravedad no exoneran a la EPS de dar el tratamiento señalado y la droga recetada, aunque no se hubieran cumplido las cien semanas. Si tratamiento y droga forman un conjunto indivisible en cuanto se requiere la una para el otro, no puede la EPS alegar que el paciente cuya vida corre peligro tenga que acudir a un procedimiento extraño e ir a reclamarle directamente al Estado. Por consiguiente, en este aspecto sigue vigente la jurisprudencia SU-480 de 1997, que, se repite, es una jurisprudencia que se aplica no solamente para los enfermos del sida.''
Esta posición fue reiterada en las sentencias T-1153 de 2003 MP: A.B.S., T-927 de 2004 M.P.Á.T.G.. y T-462 de 2005 M.P.A.B.S., entre otras, en las que la Corte ordenó a las EPS accionadas practicar una extracción de tumor cerebral, un cateterismo cardiaco izquierdo e implantar un marcapasos cardiaco tricameral, respectivamente, con cargo a los recursos del FOSYGA, a tutelantes que acreditaron falta de capacidad de pago. De nuevo, se observa en estos casos que la orden dirigida a las EPS buscaba garantizar continuidad y eficacia en la prestación de los servicios médicos, pues los accionantes padecían enfermedades catastróficas cuyo tratamiento no podía dar espera hasta su reclamación ante las entidades de la red pública de salud.
No sobra resaltar que la exigencia de los períodos mínimos de cotización constituye una excepción dentro del sistema general de salud, por cuanto éstos sólo pueden oponerse en los casos de enfermedades catalogadas como ''de alto costo'' Sobre el tema, ver la sentencia C-112 de 1998, MP: C.G.D.. En esta ocasión, la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 164 y el inciso primero, parcial, del artículo 169 de la Ley 100 de 1993.. En consecuencia, no le es dable a las EPS oponer mínimos de cotización respecto de procedimientos no catalogados como de alto costo.
En adición, cabe señalar que las EPS están en la obligación de informar a sus usuarios las opciones que tienen en los eventos en que no cuenten con los periodos mínimos de cotización requeridos para acceder a los tratamientos médicos que necesitan, así como de prestarles toda la asistencia que necesiten si deben acudir a la red pública para solicitar el servicio.
En efecto, la Corte ha sostenido en varias oportunidades que es deber de las EPS y ARS, como garantes del derecho a la salud de sus afiliados, informarlos, orientarlos, apoyarlos y acompañarlos en los eventos en que demanden servicios que no se encuentren obligadas a suministrar, bien porque están excluidos del POS o del POS-S, porque no reúnen los periodos mínimos de cotización exigidos, etc. Por ejemplo, en la sentencia T-134 de 2002, M.P.Á.T.G., esta Sala de Revisión concedió el amparo constitucional solicitado y ordenó, entre otros asuntos, que la ARS accionada instruyera al peticionario acerca de sus derechos como afiliado al régimen subsidiado del Sistema de Seguridad Social en Salud, en especial, acerca del procedimiento que debía adelantar para que se le reintegrara la suma de dinero que debió pagar para que su hijo fuera dado de alta en una clínica no afiliada a la entidad, una vez superada la urgencia siquiátrica por la que fue atendido..
''Esta Corporación ha insistido en el compromiso del Estado con la prestación de los servicios médico asistenciales, que demandan los usuarios del Sistema General de Seguridad Social de Salud, por lo que se responsabiliza de la salud de sus afiliados a las Entidades Promotoras y Administradoras de Salud y ARS, aunque no estén obligadas a prestar el servicio requerido. ''
Urgencia de procedimientos médicos por padecimiento de dolores fuertes y permanentes
En este sentido, en la Sentencia T-499 de 1992 M.P.E.C.M., la Corte expresó:
''El dolor envilece a la persona que lo sufre. Si quien está en el deber de impedirlo no lo hace, incurre con su omisión en la vulneración del derecho a la integridad personal del afectado, quedándole a éste último la posibilidad de ejercer las acciones judiciales para la protección inmediata de sus derechos fundamentales".
Esta postura ha sido reiterada en sentencias como la T-855 de 2002 M.P.E.M.L.. y T-1168 de 2004 ;.P.R.E.G., en las que la Corte ordenó a las entidades accionadas suministrar servicios requeridos por los tutelantes a los que, en principio, no estaban obligadas. En estas oportunidades la Corte consideró que la necesidad urgente de los tratamientos solicitados por los usuarios se derivaba del intenso y prolongado dolor que padecían, situación que vulneraba sus derechos a la integridad física y a la dignidad y que podía asimilarse al sometimiento a un trato cruel, inhumano y degradante.
''En estos casos la Corporación ha señalado que la prolongación en el tiempo del dolor o permitir la intensificación del mismo, equivale a someter a una persona a un trato inhumano, cruel y degradante, contrariando de esta manera lo dispuesto en el artículo 12 de la Carta Política (Cfr. Sentencias T-119 y T-579 de 2000).''
Prueba de la incapacidad económica de los afiliados al régimen contributivo de salud. Reiteración de jurisprudencia.
En efecto, la Corte afirmó al respecto en la sentencia T-113 de 2002 M.P.J.A.R., lo que sigue:
''le corresponde a la parte demandada controvertir y probar lo contrario, so pena de que con la mera afirmación del actor se tenga por acreditada dicha incapacidad. Lo cual es así por cuanto en esta hipótesis el dicho del extremo demandante constituye una negación indefinida que es imposible de probar por quien la aduce, corriendo entonces la carga de la prueba en cabeza del extremo demandado cuando quiera desvirtuar tal afirmación''
''1. No existe una tarifa legal en materia probatoria. Si bien en la SU-819 de 1999 SU-819 de 1999 (MP: Á.T.G.. se afirmó que, en el caso que se estaba revisando, el accionante debía aportar un balance certificado por contador o su declaración de renta o un certificado de ingresos y salarios, para probar la incapacidad económica que alegaba, en fallos posteriores, esta Corporación ha aclarado que en la acción de tutela, no existe tarifa legal para que el acciónate pruebe la incapacidad económica que alegaAl respecto, en la sentencia T-683 de 2003 (MP: E.M.L.) se señaló lo siguiente: "De la revisión de una parte de la jurisprudencia constitucional en materia de condiciones probatorias del tercero de los requisitos (incapacidad económica del solicitante) para la autorización de procedimientos, intervenciones y medicamentos excluidos del POS, mediante órdenes de tutela, la Corte concluye que: (...) (iii) no existe tarifa legal para demostrar la ausencia de recursos económicos, la misma se puede intentar mediante negaciones indefinidas, certificados de ingresos, formularios de afiliación al sistema, extractos bancarios, declaración de renta, balances contables, testimonios, indicios o cualquier otro medio de prueba". En el mismo sentido, ver también la sentencia T-906 de 2002 (MP: C.I.V.H., entre otras.
Que no exista una tarifa legal respecto a la incapacidad económica, no significa que no se deba probar la incapacidad. Así por ejemplo, en la sentencia T-002 de 2003 (MP: M.G.M.C. se negó la acción de tutela porque el accionante no había probado de manera alguna que carecía de la capacidad económica suficiente para cubrir los costos de los servicios médicos que requería. Ni siquiera así lo afirmó en la demanda. .
La carga probatoria de la incapacidad económica se invierte en cabeza de la EPS o ARS demandada, cuando en el proceso solamente obre como prueba al respecto, la afirmación que en este sentido haya formulado el accionante en el texto de demanda o en la ampliación de los hechosAl respecto, ver entre otras las siguientes sentencias: T-1019 de 2002 (MP: A.B.S., T-906 de 2002 (MP: C.I.V.H., T-861 de 2002 (MP: C.I.V.H., T-699 de 2002 (MP: A.B.S., T-447 de 2002 (MP: A.B.S., T-279 de 2002 (MP: E.M.L., T-113 de 2002 (MP: J.A.R.. .
Esta Corporación ha establecido que, en la medida que las EPS o ARS tienen en sus archivos, información referente a la situación socioeconómica de sus afiliados, estas entidades están en la capacidad de controvertir las afirmaciones formuladas por los accionantes referentes a su incapacidad económica. Por tal razón, su inactividad al respecto, hace que las afirmaciones presentadas por el accionante se tengan como prueba suficiente Al respecto, en la Sentencia T-260 de 2004 (MP: C.I.V.H.) se señaló lo siguiente: "El accionante también afirma en su demanda no tener capacidad económica para cubrir los gastos que supone el examen recomendado, lo que no fue controvertido por la entidad accionada, a pesar de que es sabido que estas entidades poseen archivos con información suficiente de sus usuarios para desvirtuar la incapacidad económica que estos aleguen". En el mismo sentido, ver también la sentencia T-861 de 2002 (MP: C.I.V.H.) y la T-523 de 2001 (MP: M.J.C.E., entre otras. .
Los jueces de tutela tienen el deber de decretar pruebas mediante las cuales se pueda comprobar la incapacidad económica alegada por el accionante. Su inactividad al respecto, no puede conducir a que las afirmaciones del accionante al respecto, sean tenidas como falsas, y se niegue por tal razón, la protección de los derechos fundamentales solicitada Al respecto, en la Sentencia T-279 de 2002 (MP: E.M.L.) se señaló lo siguiente: "Como se ha dicho en ocasiones pasadas (T-1120 de 2001) si el solicitante del amparo aduce en la demanda no contar con la capacidad económica para sufragar el costo de la prueba de laboratorio, de las medicinas o el procedimiento excluido del P.O.S., lo conducente es requerirlo para que aporte prueba que demuestre esa situación o decretar la práctica de pruebas que apunten a desvirtuar su dicho. Pero no es justo concluir que no se reúne uno de los requisitos indispensables para acceder a la tutela demandada por la ausencia de pruebas para demostrarlo, como lo señala la sentencia que se revisa, atribuyendo esa falencia al actor, quien en la mayoría de los casos no sabe qué ni cómo puede probar un hecho determinado, dejando de lado que el juez constitucional de tutela como director del proceso debe hacer uso de la facultad oficiosa que la ley le confiere para decretar la práctica de pruebas que estime necesarias para dictar fallo de fondo ajustado a derecho resolviendo el asunto sometido a su conocimiento (T-018 de 2001)".
En el mismo sentido ver las siguientes sentencias: T-699 de 2002 (MP: A.B.S., T-447 de 2002 (MP: A.B.S., T-1120 de 2001 (MP: J.C.T., T-1207 de 2001 (MP: R.E.G., entre otras. .
Ante la ausencia de otros medios probatorios, hechos como el desempleo, la afiliación al sistema de seguridad social en salud en calidad de beneficiario y no de cotizante Al respecto, ver las siguientes sentencias: T-867 de 2003 (MP: M.J.C.) y T-861 de 2002 (MP: C.I.V.H.., pertenecer al grupo poblacional de la tercera edad y tener ingresos mensuales equivalentes a un salario mínimo legal mensual, pueden ser tenidos en cuenta como prueba suficiente de la incapacidad económica del accionante, siempre y cuando tal condición no haya sido controvertida por el demandado'' Cfr. Sentencia T-744 de 2004, M.P.M.J.C.E.. Ver al respecto también las sentencias T-683 de 2003, M.P.E.M.L., y T-819 de 2003, M.P.M.G.M.C..
Dentro de este contexto, en el caso que ocupa la atención de la Sala, ésta encuentra que el amparo es procedente y que hay lugar a la inaplicación de las normas relativas a la exigencia de periodos mínimos de cotización para la prestación de ciertos servicios médicos - artículo 61 del Decreto 806 de 1998 - porque en el caso concreto implican la vulneración de los derechos fundamentales de Nieves de J.B.B. a la salud y a la vida en condiciones dignas, toda vez que se encuentra probado (i) que la tutelante es una persona de edad avanzada, que carece de ingreso alguno que le permita sufragar el costo el tratamiento médico que necesita o del copago que le exige la EPS accionada, y que depende económicamente de su hijo, quien como mensajero, recibe una asignación mensual de un salario mínimo; (ii) que padece meniscopatía rodilla bloqueada y que, por tal motivo, le fue ordenada la práctica de la cirugía denominada artroscopia terapéutica de rodilla derecha: sutura meniscal; (iii) que la práctica de esta intervención fue ordenada por un médico tratante de la EPS; (iv) que el procedimiento no puede ser reemplazado por uno para el que no se exijan periodos mínimos de cotización; y (v) que la lesión que presenta le causa fuertes y prolongados dolores, razón por la cual requiere de manera urgente la práctica del procedimiento ordenado.
En efecto, la peticionaria manifestó, bajo la gravedad del juramento, que no cuenta con recursos económicos para sufragar el copago que le exige la EPS demandada para autorizar la práctica de la cirugía que requiere, y que depende económicamente de un hijo, quien devenga mensualmente un salario mínimo. Esta situación fue corroborada por un testigo (fol. 21), quien agregó que el hijo de la actora debe sufragar sus estudios con el salario que recibe y que su otra hija se encuentra desempleada. Las anteriores afirmaciones no fueron desvirtuadas por la entidad demandada, de manera que, en atención a la subreglas expuestas en apartado anterior de esta providencia, la Sala encuentra probada la falta de capacidad de pago de la señora Nieves de J.B.B..
Así mismo, de acuerdo con la orden del médico ortopedista (folio 3), la orden de servicio de la EPS accionada (folio 4) y la historia clínica de la peticionaria (folio5), la Sala advierte que se encuentra acreditado que aquélla presenta meniscopatía y rodilla bloqueada, por lo que su médico tratante adscrito a Coomeva EPS - Dr. F.O.M. - le ordenó la práctica del procedimiento de artroscopia terapéutica de rodilla derecha más sutura meniscal.
Por último, de conformidad con lo afirmado por la señora Nieves de J.B.B. y el dictamen médico allegado a esta Corporación por el Dr. F.O.M. (fol. 17 cuaderno 2), la Sala observa que la primera padece fuertes dolores que afectan su integridad física y le impiden llevar una vida digna. Además, informa su médico tratante que de no practicarse la cirugía ordenada, podría producirse un proceso degenerativo articular, razones suficientes para considerar que la actora requiere con urgencia la práctica del procedimiento que reclama, en concordancia con lo expuesto en apartes previos de este fallo.
En atención a estas consideraciones, la Sala reiterará la jurisprudencia proferida sobre la inaplicación de las normas relativas a la exigencia de copagos a los afiliados al régimen contributivo de salud que no reúnen los periodos mínimos de cotización que exige la normativa vigente, concederá la protección de los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de la actora, y ordenará a Coomeva EPS autorizar la práctica del procedimiento quirúrgico prescrito a la ciudadana Nieves de J.B.B., sin oponer periodos mínimos de cotización, con posibilidad de repetir contra el FOSYGA por el saldo que era responsabilidad de la cotizante.
Segundo: REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida el 13 de octubre de 2004, por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Medellín, y, en su lugar, amparar el derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas de la señora Nieves de J.B.B..
Tercero: INAPLICAR el artículo 61 del Decreto 806 de 1998 y las demás normas relativas a la exigencia de copagos a los afiliados al régimen contributivo de salud que no reúnen los periodos mínimos de cotización que exige la normativa vigente, por resultar, en este caso particular, contrarias a la protección de los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas de Nieves de J.B.B..
Cuarto: En consecuencia, ORDENAR a Coomeva EPS que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, autorice y programe, a no más tardar dentro del mes siguiente, la práctica de la cirugía artroscopia terapéutica de rodilla derecha más sutura meniscal, a la paciente Nieves de J.B.B., de conformidad con lo ordenado por su médico tratante, así como el suministro de las consultas médicas, medicamentos, terapias y demás servicios que requiera para su recuperación, sin que le sea oponible el cobro de sumas de dinero o cualquier otra condición para el efecto.