Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00025-1998.htm
Timestamp: 2019-03-24 09:45:19
Document Index: 386930516

Matched Legal Cases: ['artículo 130', 'artículo 181', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 9', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 181', 'artículo 280', 'artículo 181', 'artículo 48', 'artículo 181', 'artículo 48', 'artículo 13', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 181', 'artículo 181', 'artículo 48', 'artículo 653', 'artículo 44', 'artículo 8', 'artículo 88', 'ARTÍCULO 86', 'artículo 86', 'artículo 23', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 178', 'artículo 217', 'artículo 217', 'Artículo 217', 'Artículo 197', 'Artículo 198', 'artículo 261', 'Artículo 261', 'Artículo 333', 'artículo 136', 'artículo 41', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 178', 'artículo 217', 'artículo 217', 'Artículo 217', 'Artículo 197', 'Artículo 198', 'artículo 261', 'Artículo 261', 'Artículo 333', 'artículo 136', 'artículo 41', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 41', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 181', 'artículo 44', 'artículo 181', 'artículo 23', 'artículo 16', 'artículo 178', 'artículo 217', 'Artículo 197', 'Artículo 333', 'artículo 41', 'artículo 86', 'artículo 48', 'ARTÍCULO 48', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 181', 'artículo 40', 'ARTÍCULO 183', 'artículo 181', 'artículo 182', 'artículo 182', 'ARTÍCULO 184', 'artículo 43', 'artículo 9', 'artículo 181', 'artículo 181', 'artículo 184', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 181', 'artículo 184', 'artículo 181', 'artículo 93']

SUP-JRC-0025/1998
EXPEDIENTE: SUP-JRC-025/98 Y SUS ACUMULADOS SUP-JRC-026/98 Y SUP-JRC-027/98.
ACTORES: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
AUTORIDAD RESPONSABLE: PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE ELECCIONES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.
México, Distrito Federal, siete de julio de mil novecientos noventa y ocho.
VISTOS para resolver los autos de los juicios de revisión constitucional electoral SUP-JRC-025/98 y sus acumulados SUP-JRC-026/98 y SUP-JRC-027/98, promovidos los dos primeros, por el Partido Revolucionario Institucional y el último, por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de la resolución de diecinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, dictada por el Pleno del Tribunal Estatal de Elecciones del Poder Judicial del Estado de Veracruz-Llave, dentro del expediente RA/006/1/98 y sus acumulados RA/007/2/98, RA/008/2/98 y RA/009/3/98, formados con motivo de los recursos de apelación interpuestos, por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente; y,
I. El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral del Estado de Veracruz-Llave, el dos de junio del año que transcurre, acordó sobre el registro de las postulaciones de fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa, presentadas por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México.
II. Inconformes con tal acuerdo, los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, interpusieron, ante el Pleno del Tribunal Estatal de Elecciones del Poder Judicial del Estado de Veracruz-Llave, recursos de apelación, correspondiéndoles los números de expedientes RA/006/1/98, RA/007/2/98, RA/008/2/98 y RA/009/3/98.
III. El quince de junio del año en curso, el Pleno del Tribunal responsable, ordenó la acumulación de los expedientes RA/006/1/98, RA/007/2/98, RA/008/2/98 y RA/009/3/98.
IV. El Pleno del Tribunal Estatal de Elecciones del Poder Judicial del Estado de Veracruz-Llave, pronunció resolución en los recursos de apelación, el diecinueve de junio del presente año, la cual, en su parte considerativa y resolutiva conducente es del tenor siguiente:
"VII.- En consecuencia, la controversia en el caso a estudio se da en razón de determinar, si el acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de fecha dos de junio del año en curso, en la parte relativa a la aprobación de los registros supletorios de los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa presentados por el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, viola algunos preceptos legales de la Constitución Política del Estado y del Código de Elecciones, toda vez que consideran que dichos candidatos no cubrieron algunos de los requisitos para tal registro.
VIII.- Ahora bien, los recursos de apelación interpuestos por los ciudadanos ingeniero Alejandro Cossío Hernández, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido Acción Nacional, licenciado Jenaro del Ángel Amador, como Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional, y licenciado Uriel Flores Aguayo, como Comisionado Propietario del Partido de la Revolución Democrática, son estudiados de la siguiente manera, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de exhaustividad que rige a toda resolución de carácter jurisdiccional:
En el presente asunto, dada la acumulación de los expedientes, pasaremos al análisis, en primer lugar de los agravios que introduce el Partido Acción Nacional, posteriormente los expresados por el Partido Revolucionario Institucional, en sus dos escritos y finalmente los que esgrime el Partido de la Revolución Democrática; esta forma de resolución no se da caprichosamente, sino que en ella se sigue el orden cronológico de recepción en este Tribunal de cada uno de los recursos interpuestos en su oportunidad.
IX.- En primer término, por cuanto hace a los agravios del Partido Acción Nacional, tenemos que en su escrito recursal señala dos, que analizamos de la siguiente manera:
A) En su primer agravio, el recurrente manifiesta que la autoridad responsable violó el principio de legalidad, previsto en el artículo 130 del Código de Elecciones, por insuficiencia en la motivación y fundamentación del acuerdo que combate, ya que fueron excluidos los artículos 48 de la Constitución Política del Estado y 9 del Código de Elecciones, así como aquéllos, que tienen relación en el caso a estudio, y que de haberse observado darían mayor seguridad y certeza jurídica al acto de referencia.
Así las cosas, a juicio de quienes esto resolvemos encontramos, que del análisis de las constancias procesales, ciertamente la autoridad emisora del acto impugnado no hizo alusión a los preceptos que señala el apelante, pero tal omisión de ninguna manera trae como consecuencia la violación a que se hace referencia en el escrito de agravios, habida cuenta que, los partidos políticos como son el del Trabajo y Verde Ecologista de México, que presentaron sus solicitudes de registros supletorios de fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral de renovación de integrantes del Poder Legislativo del Estado, en mil novecientos noventa y ocho, a fin de que fueran registradas por el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, dan cumplimiento a las exigencias contenidas en el artículo 181 del Código de Elecciones de nuestro Estado.
Lo anterior se aprecia de esta forma, ya que es suficiente imponernos de las constancias procesales para percatarnos que la Coordinación Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de la Comisión Estatal Electoral, con la finalidad de dar una mayor facilidad a los partidos para la redacción de las solicitudes de manera específica, en un formato manufacturado por ella misma, señala la documentación que deberán acompañar los partidos políticos para la procedencia del registro de los candidatos, y en éste claramente se advierte que en el último recuadro dice textualmente: `1. Copia del acta de nacimiento y 2. Copia de la credencial de elector' lo que puede verse a fojas ciento sesenta de autos del expediente principal, siendo oportuno dejar asentado, que el formato de referencia se funda precisamente en lo dispuesto por los artículos 48 de la Constitución Política Estatal y 181 del Código de la materia vigente en nuestro Estado.
Por otra parte, de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, del Código Electoral en cita, se establece que ese ordenamiento legal reglamenta las normas constitucionales relativas a la materia electoral, y aun cuando el artículo 48 Constitucional, no haya sido incluido en el acuerdo recurrido, éste se encuentra implícito en el mismo y, consecuentemente, no era necesario que la autoridad responsable lo señalara en el cuerpo de los considerandos del mencionado acuerdo, y si el artículo 9, del Código de Elecciones no fue incluido, a pesar de que esta situación pudiera ser considerada como una irregularidad, debemos expresar que en su caso no advertimos agravio alguno en relación al contenido de dicho precepto, por lo que en esa virtud, debe desestimarse la inconformidad planteada en este aspecto.
B) Por lo que se refiere al segundo agravio, el apelante manifiesta que la omisión del artículo 48 de la Constitución Política del Estado, en relación con el numeral 9 del Código de Elecciones, dio lugar a que el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral aprobara indebidamente los registros supletorios de los candidatos a diputados de los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, estimando el apelante que no se habían acreditado tales requisitos, principalmente el de la fracción I, del referido artículo 48 Constitucional, relacionando este precepto fundamental, con los artículos 653, 657, 670, 671 y 333 del Código Civil para el Estado, que el recurrente transcribe en su ocurso, acreditación que debió de realizarse con el testimonio del acta de nacimiento o bien, con una copia certificada del mismo, pero no con fotocopias simples de las actas de nacimiento que los mencionados partidos políticos presentaron de todos sus candidatos, tanto propietarios, como suplentes, en los veinticuatro distritos electorales, con excepción de la fórmula de candidatos del Distrito Vigésimo del Partido Verde Ecologista de México y las de los Distritos Séptimo y Décimo Séptimo del Partido del Trabajo.
Efectivamente las actas de nacimiento aportadas por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, lo fueron en fotocopia simple, como consta en los tomos dos y tres de autos, sin embargo, lo anterior no es causa suficiente para que proceda la revocación de los registros de los candidatos de los partidos antes citados, toda vez que los datos exigidos tanto por el artículo 48 Constitucional como por el numeral 181 del Código de Elecciones, repetimos sí se encuentran en los referidos autos, al haber acompañado los partidos a su solicitud de registro la documentación exigida por la autoridad responsable, por lo que se debe considerar que dieron cumplimiento a tal requerimiento, ya que si tomamos en cuenta que la Comisión Estatal Electoral actuó de buena fe, puesto que a todos los partidos políticos contendientes les exigió exactamente la misma documentación, difícilmente se puede afirmar que la responsable haya actuado con parcialidad, ni violado derechos de los ciudadanos ni del recurrente.
Es indiscutible que, como lo expone el impugnante, de acuerdo a lo que dispone el Código Civil que rige en nuestra entidad, el estado civil de las personas, sólo se comprueba por las constancias relativas de registro, pero en el caso a estudio, de conformidad con el numeral 181 del Código de Elecciones, únicamente requiere entre otras cosas, de acuerdo a su fracción IV, el que se proporcionen los datos referentes a: Edad, lugar de nacimiento, vecindad o domicilio; de manera, que si de los documentos presentados se advierte claramente la fecha y lugar de nacimiento de las personas postuladas por los partidos políticos a que hicimos referencia en líneas anteriores, es inconcuso que con ello cumplen con la obligación que les impone el precepto ya mencionado, máxime si tomamos en consideración que tales actos deben estimarse bajo el principio general del derecho que es el de buena fe, misma que tiene la presunción de estar apegada a la realidad mientras no se demuestre lo contrario.
Por otra parte, el apelante en ningún momento cuestiona el contenido de las fotocopias de las actas de nacimiento, ni aporta medios de convicción para destruir su esencia, sino que sólo se concreta a señalar que a tal documentación no puede otorgársele ningún valor probatorio porque se trata de una fotocopia, para lo cual transcribe criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referentes al valor probatorio de las copias fotostáticas dentro de un juicio, pero debe tomarse en cuenta que el registro de los candidatos a diputados es un procedimiento administrativo y no un proceso jurisdiccional en donde se tengan que valorar pruebas, y en el caso a estudio, la autoridad responsable únicamente tiene la obligación de revisar la documentación que previamente haya requerido, la cual, debe estar anexada a la solicitud del registro correspondiente, por lo que si únicamente se solicitó copia del acta de nacimiento, y los partidos políticos la aportan en esos términos, está claro que con ello cubre uno de los requisitos exigidos por el artículo 181 del código de la materia; de modo que, si en otros casos se aportó copia certificada de las actas de nacimiento, para imprimir mayor seguridad al acto, esto también es correcto, pero no implica que quienes no lo hicieron de esa forma dejaron de cumplir con los requisitos señalados por la ley, pues, como ya dijimos, la autoridad administrativa correspondiente así lo requirió, en consecuencia, el agravio hecho valer por el apelante debe desestimarse.
X.- Por cuanto hace a los motivos de inconformidad esgrimidos por el Partido Revolucionario Institucional, en sus dos recursos interpuestos en contra de las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa presentados por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, debemos precisar que en ambos casos son exactamente los mismos en cuanto a un primer agravio, por lo que si tomamos en consideración que el escrito de apelación se forma como un todo, no sólo en lo relativo a los agravios, sino también en los antecedentes, hechos, pruebas y demás partes que componen dicho escrito, este órgano colegiado haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 280, fracción IV, del Código de Elecciones, procede a realizar el análisis de todos y cada uno de los agravios que se desprenden de los propios ocursos, de la manera siguiente:
A) Aduce el apelante que los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, no aportan documentos que prueben los requisitos de elegibilidad para el registro supletorio de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, toda vez que lo hicieron con copias fotostáticas simples de las actas de nacimiento de sus candidatos y que el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, aprobó dichos registros en esas condiciones, considerando que otorgó `valor jurídico a documentos carentes de toda normalidad jurídica', con excepción de los distritos VII y XVII, en el caso del Partido del Trabajo y el XX del Partido Verde Ecologista de México, en los cuales sí se presentaron copias certificadas de dicho documento.
Como se puede apreciar, la conculcación antes descrita es similar a la que esgrime el Partido Acción Nacional en su segunda inconformidad, que se refiere a la presentación en copia fotostática simple del acta de nacimiento que los partidos políticos terceros interesados hicieron ante el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, al momento del registro supletorio de sus fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, documentación que este Tribunal estima fue presentada en términos del artículo 181 del Código de Elecciones; por lo que, en esas condiciones, los razonamientos formulados por este órgano colegiado para resolver el agravio del primer recurrente, se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones inútiles para el planteamiento que nos ocupa, y por lo tanto, sin mayores comentarios debe desestimarse lo expresado en este apartado por el apelante.
B) Se duele igualmente de irregularidades existentes en la documentación entregada por los partidos políticos ya mencionados, para el registro supletorio de sus candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, pues en algunas de las fórmulas impugnadas, se encuentran personas que al no ser originarias del Estado de Veracruz, dejaron de acreditar su residencia dentro del mismo; omitieron aportar la carta de antecedentes no penales y la manifestación de no ser ministro de culto religioso, requisitos que exige el propio artículo 48 de la Constitución Política Local, así como copia de la credencial de elector, e igualmente la falta de firmas del Presidente y Secretario del Partido Verde Ecologista de México, en la solicitud de registro de la postulación, formalidades exigidas por el artículo 181 del Código de Elecciones.
Así tenemos, que los candidatos en lo que se presentan las irregularidades mencionadas con antelación son:
1.- Por lo que se refiere a la falta de las constancias de residencia, Gustavo Lacayo Méndez, candidato propietario por el Distrito de Tuxpan, originario de la ciudad de Puebla, Puebla, como se desprende de la fotocopia del acta de nacimiento, visible a fojas cuarenta y seis del tomo tres del expediente principal; Ángel Cortés Méndez, candidato propietario por el Distrito de Martínez de la Torre, originario de Los Llanos, Michoacán, como se advierte de la fotocopia del acta de nacimiento, visible a fojas setenta y nueve del tomo tres; Fidel Saavedra Uribe, candidato propietario por el Distrito de Orizaba, originario de la ciudad de Teziuatlán, Puebla, como consta de la fotocopia del acta de nacimiento, visible a fojas ciento treinta y nueve del citado tomo; Abelardo Alto Ventura, candidato propietario por el Distrito de Cosoleacaque, originario de Paso Nacional, municipio de Soyaltepec, Oaxaca, según la fotocopia del acta de nacimiento, visible a fojas doscientos veinte del tomo señalado; Rubén Vázquez Benítez y Rodolfo García Calderón González Rubio, candidatos propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito de Minatitlán, siendo el primero originario de Asunción Ixtaltepec, municipio de Juchitán, Oaxaca, y el segundo de la ciudad de México, Distrito Federal, de acuerdo a las fotocopias de las actas de nacimiento, que obran a fojas doscientos treinta y uno y doscientos treinta y tres del tomo en consulta, respectivamente; Carlos Commese Sandoval y Francisco González Conti, candidatos propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito de Coatzacoalcos, originarios el primero, de la ciudad de Durango, Durango, y el segundo de la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, como consta en las fotocopias de las actas de nacimiento, visibles a fojas doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y tres del citado tomo tres; todos ellos postulados por el Partido del Trabajo.
También se encuentran en el supuesto de la falta de la constancia de residencia, los ciudadanos Germán Vidal Peralta, candidato suplente por el Distrito de Xalapa, originario de la ciudad de Teziutlán, Puebla, como aparece en la fotocopia del acta de nacimiento, que obra a fojas ciento setenta y cinco del tomo dos del expediente principal; Abraham Becerril Hernández, candidato propietario por el Distrito de Córdoba, originario de Las Lomas, municipio de Temoaya, Estado de México, como se advierte de la fotocopia del acta de nacimiento, visible a fojas doscientos treinta del mismo tomo; e Ismael Hernández Vázquez, candidato propietario por el Distrito de Veracruz, originario de Purísima de Bustos, Guanajuato, lo que consta en la fotocopia del acta de nacimiento, visible a fojas doscientos cincuenta y dos de dicho tomo; todos postulados por el Partido Verde Ecologista de México.
Respecto a lo anterior, debemos decir, que los candidatos señalados, no son oriundos del Estado de Veracruz, como se puede desprender de las fotocopias de sus actas de nacimiento que aportaron para su registro y omitieron presentar constancias que acreditaran una residencia mínima de cinco años en nuestro Estado, inmediatamente anteriores al día de la elección, tal y como lo exige la fracción I, del artículo 48 Constitucional, y aunque dentro de los elementos que obran en autos, se encuentra la copia de la credencial para votar con fotografía, ésta no resulta eficaz por sí misma para tener por cierto el tiempo de residencia, que como requisito de elegibilidad exige, el precepto constitucional antes mencionado, el cual únicamente podrá probarse a través de la constancia relativa expedida por la autoridad municipal autorizada para tal efecto; por lo que, al haberse dejado de aportar el documento idóneo, que como dijimos es la constancia de residencia, en los casos ya citados, es indiscutible que no quedaron satisfechos los requisitos de elegibilidad que exige la disposición constitucional a que nos hemos venido refiriendo; congruente con lo anterior, procede la revocación de los registros de los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa presentados por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México en los siguientes casos: Ángel Cortés Méndez, candidato propietario, por el VIII Distrito, con cabecera en Martínez de la Torre; Fidel Saavedra Uribe, candidato propietario, por el XIV Distrito, con cabecera en Orizaba; Abelardo Alto Ventura, candidato propietario, por el XXII Distrito, con cabecera en Cosoleacaque; Rubén Vázquez Benítez y Rodolfo García Calderón González Rubio, candidatos propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito XXIII, con cabecera en Minatitlán; Carlos Commesse Sandoval y Francisco González Conti, candidatos propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito XXIV, con cabecera en Coatzacoalcos, todos ellos postulados por el Partido del Trabajo; y por cuanto hace al Partido Verde Ecologista, los ciudadanos: Abraham Becerril Hernández, candidato propietario, por el XV Distrito, con cabecera en Córdoba e Ismael Hernández Vázquez, candidato propietario, por el XVII Distrito, con cabecera en Veracruz.
Tal apreciación, es compartida por el propio Partido Verde Ecologista de México, cuando expresa en su escrito de tercero interesado, en el apartado VII de las consideraciones de su libelo, que obra a fojas ciento siete de autos, que `... si analizamos minuciosamente dicho precepto nos damos cuenta que la forma de violentar el mismo, es presentar una copia simple del acta de nacimiento de un candidato que sea de otro Estado de la República, y sin acompañar la constancia de residencia que sería otro requisito alternativo para poder contender en la renovación del Poder Legislativo Local. Solo en este caso, sí estaríamos infringiendo la Constitución y actualizando la hipótesis de que no cumplimos el requisito de elegibilidad en comento...'
No obstante lo anterior, los candidatos postulados en los distritos XI, con cabecera en la ciudad de Xalapa y V, con cabecera en Tuxpan, por los Partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, respectivamente, existe una situación distinta, ya que si bien, es cierto que los candidatos a diputados por mayoría relativa no nacieron dentro del Estado de Veracruz, no menos cierto es, que se encuentran dentro de la hipótesis a que se refiere la fracción II, del artículo 13, de la Constitución Política Local, por ser hijos de padre o madre nativos del Estado, ya que el C. Germán Vidal Peralta, es hijo del C. Baldomero Vidal, originario de Jalacingo, Veracruz, como consta en la fotocopia del acta de nacimiento, que obra a fojas ciento setenta y cinco de autos y el C. Gustavo Lacayo Méndez, es hijo de Adolfo Lacayo y Francisca Méndez, ambos originarios de Veracruz, Veracruz, como se advierte en la fotocopia del acta de nacimiento, visible a fojas cuarenta y seis de autos; consecuentemente, al acreditar el requisito exigido por la primera parte de la fracción I, del artículo 48, constitucional, es innecesaria la constancia de residencia, que se exige para quienes no son naturales de nuestro Estado y en esa virtud sus registros deben quedar intocados.
2.- Sostiene igualmente el inconforme, que los señores Eladio del Ángel García y Julián Morales del Ángel, candidatos propietario y suplente respectivamente, por el II Distrito Electoral con cabecera en Tantoyuca, lo que puede verse a fojas de la treinta y dos a la cuarenta y seis del tomo dos de autos; Ignacio Contreras Anell, candidato suplente, por el XII Distrito, con cabecera en Coatepec, como se desprende a fojas ciento ochenta y nueve a ciento noventa del mismo tomo; Zafira Martínez Baturoni y Filomeno Cuaquehua Tentzohua, candidatos propietario y suplente, respectivamente, por el XVI Distrito, con cabecera en Zongolica, como se advierte de las constancias que aparecen a fojas doscientos cuarenta a doscientos cuarenta y cinco del multicitado tomo de autos; María Gilma Guzmán Escobar, candidata suplente por el XXII Distrito, con cabecera en Cosoleacaque, que aparece a fojas trescientos cuarenta y uno a trescientos cuarenta y dos del mencionado tomo de autos, no cumplieron con la exigencia que previene la fracción IV, del artículo 48, Constitucional y en el caso de los candidatos mencionados en los últimos tres distritos, también incumplen con el requisito previsto en la fracción VI del mencionado precepto Constitucional.
Encontramos que efectivamente de las constancias procesales que obran en autos, los referidos candidatos incumplieron con el requisito de la declaración de no ser ministro de ningún culto religioso y por cuanto hace a los candidatos mencionados en los Distritos XII, XVI y XXII, también se advierte que tampoco dieron cumplimiento con el requisito de la carta de antecedentes no penales; de tal suerte que, si habiendo tenido el tiempo suficiente contemplado dentro del plazo legal para el registro de las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, el partido impugnado dejó de presentar la documentación necesaria para acreditar el requisito previsto en las fracciones IV, del artículo 48 Constitucional, relativo a la declaración de no ser ministro de ningún culto religioso y VI, por lo que se refiere, a la carta de antecedentes no penales, es obvio que los citados candidatos impugnados por los partidos referidos, adolecen del cumplimiento de requisitos de elegibilidad, por lo que en consecuencia procede revocar el registro de los candidatos postulados por el Partido Verde Ecologista de México, en los siguientes casos: Eladio del Ángel García y Julián Morales del Ángel, candidatos propietario y suplente, respectivamente, por el II Distrito, con cabecera en Tantoyuca; Ignacio Contreras Anell, candidato suplente por el XII Distrito, con cabecera en Coatepec; Zafira Martínez Baturoni y Filomeno Cuaquehua Tentzohua candidatos propietario y suplente, respectivamente, por el XVI Distrito, con cabecera en Zongolica y María Gilma Guzmán Escobar, candidata suplente por el XXII Distrito, con cabecera en Cosoleacaque.
3.- Se duele el recurrente, de que no se anexó a la documentación presentada por el Partido Verde Ecologista de México, la carta de antecedentes no penales, en el caso de los ciudadanos Jorge Luis Quino Gómez y Martha Patricia Calvillo Martínez, candidatos propietario y suplente, respectivamente, por el XXIII Distrito, con cabecera en Minatitlán, como se advierte a fojas trescientos cuarenta y tres a trescientos cincuenta y cinco del tomo dos de autos.
Este Tribunal estima que del análisis de las constancias de autos relacionadas con el registro de los candidatos referidos, es cierto que no se cumplió con el requisito de elegibilidad previsto en la fracción VI del precepto Constitucional ya mencionado, por lo que, si el Partido Verde Ecologista de México, fue omiso en este aspecto, está claro que la postulación de sus candidatos se encuentran viciadas y en consecuencia, también en este caso procede la revocación del registro de los ciudadanos Jorge Luis Quino Gómez y Martha Patricia Calvillo Martínez, candidatos propietario y suplente, respectivamente, por el XXIII Distrito, con cabecera en Minatitlán.
4.- Se esgrime igualmente como agravio, el que la señora Lucila Montoya Rojas, candidata suplente del Partido Verde Ecologista de México, por el I Distrito Electoral, con cabecera en Pánuco, no presentó la copia de la credencial de elector.
Al respecto debemos expresar que es cierto lo sostenido por el recurrente, habida cuenta que, de la documentación presentada por el partido mencionado en el párrafo anterior ante la Secretaría General de la Comisión Estatal Electoral, en ningún momento aparece la copia de la credencial de elector, que se exige en la fracción VII, del artículo 181, del Código de Elecciones, a fin de que proceda el registro solicitado, por lo que, en consecuencia procede revocar el registro de la postulación de la señora Lucila Montoya Rojas, candidata suplente por el I Distrito Electoral, con cabecera en Pánuco.
5.- Finalmente, el apelante impugna la fórmula de candidatos del III Distrito Electoral, con cabecera en Chicontepec, postulada por el Partido Verde Ecologista de México, integrada por los ciudadanos Arnoldo Cerecedo Hernández y Manuel Hermenegildo Osorio, candidatos propietario y suplente, respectivamente, por no aparecer la rúbrica del Presidente y Secretario del partido postulante, en el formato de solicitud de registro, que presentó dentro del término legal a la Comisión Estatal Electoral.
Efectivamente, el documento a que se refiere el apelante, carece de las mencionadas rúbricas como se aprecia a fojas cincuenta y uno del tomo dos de autos del expediente principal y si bien es cierto que la fracción VIII, del artículo 181, del Código de la Materia, exige ese requisito para la postulación de una fórmula de candidatos, también lo es que el oficio del partido impugnado en donde presenta la documentación de veintidós fórmulas de candidatos para su registro incluyendo la recurrida, se encuentra rubricado por los funcionarios partidistas correspondientes, con lo que se cubre el requisito aparentemente omitido, por lo que debemos concluir que la fórmula de candidatos correspondiente al III Distrito Electoral, satisface la exigencia de referencia, desestimándose por tanto esta inconformidad que nos ocupa.
6.- Para terminar, tenemos que el Partido de la Revolución Democrática es su escrito recursal, aduce como único agravio, que el acuerdo de referencia es violatorio de los artículos 9 y 181, del Código de Elecciones y 48, de la Constitución Política del Estado, ya que considera que las fórmulas de candidatos a diputados presentados por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, con excepción de los distritos VII y XVII en el caso del primero, y XX en el segundo, al presentar fotocopias simples de las actas de nacimiento, "No acreditaron que los mismos sean ciudadanos veracruzanos nativos del Estado", considerando el recurrente que ese requisito sólo es factible demostrarlo mediante copia certificada del acta de nacimiento, ya sea expedida por el Oficial encargado del Registro Civil o hecha la certificación ante Notario Público; por lo tanto, las copias fotostáticas simples son insuficientes para acreditar el requisito exigido por la fracción I, del artículo 48 Constitucional, alegando que de conformidad con el artículo 653, del Código Civil, el estado civil de las personas sólo se comprueba por las constancias relativas del registro, por lo que ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobar el estado civil; por tal motivo dice el apelante, la oriundez de los candidatos antes aludidos, jamás podrá probarse con tales medios.
También se duele de que el sostener que las copias fotostáticas simples de las actas de nacimiento que fueron agregadas a la solicitud de registro, son suficientes para declarar procedente la misma, es romper con el principio de certeza contemplado en el artículo 44 de la Constitución Política Local, pues su inobservancia impide salvaguardar la certidumbre y la seguridad jurídica que debe prevalecer en todo proceso electoral.
Sobre lo manifestado por el recurrente, cabe decir que, el principio de certeza debe ser estrictamente observado en todo proceso electoral y en la especie este Tribunal no advierte que la autoridad responsable lo haya violado al aprobar las solicitudes de registro supletorio de los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa presentadas por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, con las fotocopias simples de las actas de nacimiento de los ciudadanos postulados, por las razones que quedaron precisadas al resolver sobre los agravios formulados por el Partido Acción Nacional y que por economía procesal y en obvio de repeticiones inútiles también se tienen por reproducidos en este considerando, de tal forma, que el agravio esgrimido por el recurrente debe ser desestimado.
No pasamos por alto el hecho de que el recurrente, con el objeto de darle mayor sustento a sus argumentaciones, cita dentro de su agravio único del escrito recursal la tesis relevante emitida por este órgano colegiado, cuyo rubro es el siguiente: `COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS PÚBLICOS APORTADOS POR EL RECURRENTE.- CARECEN DE VALOR PROBATORIO'.
Sobre el particular, debemos expresar que resulta inaplicable la tesis mencionada, porque no se trata de documentos simples aportados dentro de un proceso jurisdiccional, sino de documentos aportados para cubrir requisitos en un procedimiento administrativo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 247, 255, 256, 263 inciso B), 265, 268, 274, 279, 285, 286, 289, 296, párrafo tercero, 297, 298, 302 y 306 del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado, y en los diversos numerales 56, 67, 70 y 79 del Reglamento Interior de este Tribunal Estatal de Elecciones, se:
Primero.- Se declara parcialmente fundado el recurso interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional respecto de la omisión de requisitos de elegibilidad en los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, postulados por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, en consecuencia:
Segundo.- Se modifica el acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, de fecha dos de junio del año en curso, relativo a las solicitudes de registro supletorio de fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, para el efecto de tener por revocados los registro de los ciudadanos Ángel Cortés Méndez, candidato propietario por el VIII Distrito, con cabecera en Martínez de la Torre; Fidel Saavedra Uribe, candidato propietario por el XIV Distrito, con cabecera en Orizaba; Abelardo Alto Ventura, candidato propietario por el XXII Distrito, con cabecera en Cosoleacaque; Rubén Vázquez Benítez y Rodolfo García Calderón González Rubio, candidatos propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito XXIII, con cabecera en Minatitlán; y Carlos Commesse Sandoval y Francisco González Conti, candidatos propietario y suplente, respectivamente, por el XXIV Distrito, con cabecera en Coatzacoalcos, todos ellos, postulados por el Partido del Trabajo; y por cuanto hace al Partido Verde Ecologista de México, también se revocan los registros de los ciudadanos Lucila Montoya Rojas, candidata suplente por el I Distrito, con cabecera en Pánuco; Eladio del Ángel García y Julián Morales del Ángel, candidatos propietario y suplente, respectivamente, por el II Distrito, con cabecera en Tantoyuca; Ignacio Contreras Anell, candidato suplente por el XII Distrito, con cabecera en Coatepec; Abraham Becerril Hernández, candidato propietario por el XV Distrito, con cabecera en Córdoba; Zafira Martínez Baturoni y Filomeno Cuaquehua Tentzohua, candidatos propietario y suplente, respectivamente, por el XVI Distrito, con cabecera en Zongolica; Ismael Hernández Vázquez, candidato propietario por el XVII Distrito, con cabecera en Veracruz; María Gilma Guzmán Escobar, candidata suplente por el XXII Distrito, con cabecera en Cosoleacaque, y Jorge Luis Quino Gómez y Martha Patricia Calvillo Martínez, candidatos propietario y suplente, respectivamente, por el XXIII Distrito, con cabecera en Minatitlán.
Tercero.- Se desestiman los agravios expresados en los recursos de apelación del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, en contra del acuerdo impugnado, respecto a lo argumentado sobre las copias fotostáticas simples de las actas de nacimiento de los candidatos que integran las fórmulas registradas por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, y en el caso también del primero de los recurrentes, en cuanto hace a la falta de fundamentación del acuerdo referido, por las razones expuestas en los considerandos IX, X, apartado A) y XI del cuerpo de esta resolución.
Cuarto.- Subsiste en todo lo demás el acuerdo de fecha dos de junio emitido por el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral."
V. Inconformes con la resolución antes transcrita, los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, mediante escritos presentados ante la autoridad responsable, el veintitrés de junio del año en curso, promovieron en su contra, juicio de revisión constitucional electoral.
VI. Por proveídos de primero de julio del presente año, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, turnó los presentes expedientes a la Magistrada Electoral Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.
VII. Por acuerdo de seis de julio del año en curso, la Magistrada Electoral, admitió las demandas y acordó la acumulación de los expedientes SUP-JRC-026/98 y SUP-JRC-027/98 al SUP-JRC-025/98, en virtud de ser éste el más antiguo en su numeración. Procediendo la acumulación, en virtud de que la resolución impugnada es la misma, impugnada por similar motivo y es atribuida a igual autoridad responsable.
VIII. Concluida que fue la substanciación de los presentes juicios acumulados, se ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente; y,
PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 41, base IV, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues fue promovido por unos partidos políticos en contra de una resolución emitida por una autoridad de una entidad federativa al resolver una controversia surgida con motivo de los comicios locales.
SEGUNDO. Ante todo, procede analizar si están satisfechos los requisitos de procedibilidad de los juicios de revisión constitucional electoral, contemplados en los artículos 9, párrafo 1, y 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, encontrándose que:
a) Los presentes medios de impugnación se promovieron dentro del término de cuatro días que establece el artículo 8 de la citada legislación electoral, en virtud que la resolución reclamada le fue notificada a los partidos impugnantes, el diecinueve de junio del año que transcurre, y los escritos de demanda que dieron origen a los presentes juicios, fueron presentados el veintitrés del propio mes y año.
b) La personería de los promoventes, Jenaro del Ángel Amador, como comisionado propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral del Estado de Veracruz-Llave, y de Uriel Flores Aguayo, en su carácter de comisionado propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el citado consejo, está acreditada conforme a lo dispuesto por el artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de haber sido reconocida dicha calidad por el Pleno del Tribunal Estatal de Elecciones del Poder Judicial del Estado de Veracruz-Llave, en el recurso de apelación RA/006/1/98 y sus acumulados RA/007/2/98, RA/008/2/98 y RA/009/3/98, cuya decisión constituye la resolución combatida; habida cuenta que tales promoventes son las mismas personas que interpusieron los citados recursos.
c) La resolución combatida constituye un acto definitivo y firme, al no establecerse dentro del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, algún medio de impugnación a través del cual pudiese ser modificada y revocada tal resolución.
d) Los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, manifiestan que se violan en su perjuicio diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre cuyo requisito de procedibilidad es dable dejar puntualizado que, lo anterior debe entenderse como un requisito de procedencia y no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por los partidos políticos actores, en virtud de que ello implica entrar al fondo de los juicios antes de su admisión y tramitación. En consecuencia, el requisito en comento, debe estimarse satisfecho cuando como en los casos a estudio, en los juicios de revisión constitucional, se hacen valer agravios en los que se exponen razones encaminadas a demostrar la afectación al acervo jurídico de los accionantes, puesto que con ello se trata de destacar la violación de los principios constitucionales de legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV del Código Supremo de la Nación.
Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número J.2/97, sustentada por esta propia Sala, publicada en las páginas 158 y 159, del Informe Anual 1996-1997 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tercera época, cuyo texto es como sigue: "JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones "Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de Constitucionalidad y Legalidad Electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral."
e) Las violaciones reclamadas pueden llegar ser determinantes para el desarrollo de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa en el Estado de Veracruz-Llave, ya que, en caso de dejar sin efectos la resolución reclamada, se alterarían las planillas presentadas por los partidos políticos registrados en ese Estado para contener en dicha elección.
f) La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos establecidos, en virtud de que la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el Estado de Veracruz-Llave, se efectuará el dos de agosto del año que transcurre, conforme lo dispone la fracción I, del artículo cuarto transitorio del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
Encontrándose, pues, satisfechos los requisitos de procedibilidad que marca la ley de la materia, y no advirtiéndose opere alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, deberán analizarse los agravios hechos valer, los cuales, para ese efecto, se transcriben.
TERCERO. El Partido Revolucionario Institucional, hace valer como agravios los siguientes:
En cuanto al expediente SUP-JRC-025/98, expresó:
"Primer agravio. La responsable, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, causa agravios a mi partido el Revolucionario Institucional y a todos nuestros candidatos a Diputados Locales, por el principio de mayoría relativa, propietarios y suplentes, respectivamente, mismos que a continuación se indican:
Suplente I Pánuco
Víctor Lara González
Suplente II Tantoyuca
Trinidad San Roman Vera
Narciso Reyes Pérez
Suplente III Chicontepec
Eduardo Abraham Leines Barrera
Suplente IV Temapache
Guillermo Geronimo Hernández
Adan Nuñez Casados
Suplente V Tuxpan
Suplente VI Poza Rica
Javier Inés Ramos Juárez
Suplente VII Papantla
Guillermo Zorrilla Fernández
Alejandra Santiago López
Suplente VIII Martínez de la torre
Eloísa Cervantes
Suplente IX Misantla
Sara Cano Corros
Suplente X Perote
José Delfino Martínez Juárez
Suplente XI Xalapa
Octavio Antonio Gil García
María Amparo Alvarez Castilla
Suplente XII Coatepec
Valentín Casas Cortez
Neyla María Polanco Galvez
Suplente XIII Paso del macho
Pascual Abel Chávez Fernández
Armida Laines Flores
Suplente XIV Orizaba
Suplente XV Córdoba
Víctor Joaquín Garrido Cárdenas
Jesús Cruz Velázquez
Suplente XVI Zongolica
Eugenio Virgen Quintana
María Bernardina Tequiliquihua Ajactle
Suplente XVII Veracruz
Suplente XVIII Boca del río
Ricardo Felipe Bravo Aguirre
Suplente XIX Cosamaloapan
Orlando Uscanga Muñoz
Petra Pavón Rivera
Suplente XX San Andrés Tuxtla
Alberto Uscanga Escobar
Renaud Espinosa Sánchez
Suplente XXI Acayucan
Jaime Mantecón Rojo
Ana Lara Villar
Suplente XXII Cosoleacaque
Gabriel Miguel Domínguez Portilla
Flavio Fabían González
Suplente XXIII Minatitlán
Juan Diego Ayala Ortiz
Suplente XXIV Coatzacoalcos
Habida cuenta que, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, Constitución General de la República, no organizó el procedimiento que toda autoridad administrativa - electoral debe realizar para respetar las garantías constitucionales de los partidos políticos y de los candidatos que cumplen con los requisitos de ley. En relación con lo anterior y en términos de lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: `...nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho'.
Mediante este escrito considero equivocada la actuación del Partido del Trabajo, en la presentación de la documentación descrita, misma que fue aportada por el comisionado propietario de ese partido, ya que al presentar la documentación con antelación aludida ante la Secretaría General de la Comisión Estatal Electoral, dentro del término señalado por la ley; lo realizó adecuadamente sólo en los Distritos de VII, con cabecera en Papantla y XVII, con cabecera en Veracruz, mismos que cumplen los requisitos de la ley, mi pregunta o duda es porqué no lo realizó de igual forma en el resto de los Distritos.
Segundo agravio. Nos agravia, al Partido Revolucionario Institucional, la incorrecta valoración de pruebas que realizó el Consejo General, al darle valor jurídico a simples copias fotostáticas de actas de nacimiento de los solicitantes de registro de candidaturas, mismas que corren agregadas a veintidós expedientes presentados por el Partido del Trabajo. Cabe señalar: qué caso tendría entonces que en dos expedientes que corresponden a los Distritos VII Papantla y XVII, de Veracruz, adjunta copias certificadas de las actas de nacimiento de sus candidatos propietarios y suplentes, respectivamente porque considero que cada individuo puede y debe tener un acta de nacimiento para darse certeza a él mismo y a la sociedad de que él y nadie más que él sujeto con un nombre, familia y sujeto a derechos y obligaciones.
Por otra parte, hago alusión a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política que a la letra establece: `Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, si no en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento'. Y en el caso que nos ocupa, nada de esto se respeto por la autoridad responsable.
Es aplicable al caso, la emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente (sic) que señala lo relativo a los requisitos de las copias fotostáticas como pruebas -las copias fotostáticas sin certificar, no son documentos públicos ni privados, ni copias simples que la ley no reconoce como medios de prueba.
`Tomo LXXI Pág. 4367.- Cia. `La mexicana y anexas', S.A. 11 de marzo de 1942.- Cuatro votos.- Quinta Epoca.- Sala Auxiliar.- Semanario Judicial de la Federación. COPIAS FOTOSTÁTICAS. VALOR PROBATORIO DE LAS QUE CARECEN DE AUTENTICIDAD. Una copia fotostática simple carece de validez probatoria al igual que una copia simple porque no se ha dado autenticidad a su contenido por autoridad competente, o sea, aquella en cuyos archivos se encuentra el original y la sóla presentación de esa copia no puede conferirle tal autenticidad.
Revisión fiscal 84/54. Rubén de la Peña.- 6 de octubre de 1955.- Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Mariano Azuela Rivera.- Quinta Epoca.- Sala auxiliar. Semanario Judicial de la Federación tomo CXXVI, pág. 102.'
Tan cierto es lo anterior que el propio Tribunal Estatal de Elecciones del Estado de Veracruz, en sus compilaciones de criterios de mil novecientos noventa y seis, en una de sus tesis relevantes, establece criterio jurídico, el cual guarda relación a lo establecido en este recurso, mismo que a la letra dice: `COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS PÚBLICOS APORTADOS POR EL RECURRENTE.- CARECEN DE VALOR PROBATORIO.- Si en términos de lo previsto en los artículos 276, fracción I, inciso D) y 277, párrafo segundo del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado, son documentos públicos los expedidos por las autoridades dentro del ámbito de su competencia y tendrán valor probatorio pleno. Resulta que en el caso, al haber aportado el recurrente copias simples de documentos que contienen actuaciones de un órgano jurisdiccional, sin que aparezca certificación alguna de que coincidan con su original y que fueron expedidos por dicha autoridad, es obvio que tales documentos carecen de valor probatorio y si en el caso, el recurrente los aportó para acreditar los agravios que hacen valer en el recurso de inconformidad, consecuentemente, dichos recursos deben declararse infundados'
Tercer agravio. Únicamente las actas de registro civil demuestran cuándo nació una persona, dónde nació, cuál es su nombre y apellidos, el origen de sus padres. Ningún otro documento es eficaz e idóneo jurídicamente para probarlo como se exige y es aplicable al caso, el artículo 178 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La responsable, al darle valor probatorio a simples copias fotostáticas de las actas de nacimiento de los solicitantes del registro electoral, para participar en una elección constitucional que, aparte de revestir una gran seriedad y responsabilidad para quienes conducen el proceso electoral, demandan una corresponsabilidad de los partidos políticos para facilitar su respeto a la ley, que en el caso, no se hace, nos agravia severamente, porque debilita la certeza jurídica que debe campear en todos sus actos y da margen a que todos estemos en favor de violentar la ley, por la huidiza actitud que asume al tratar de quedar bien con todos y terminar haciéndolo con nadie.
Es obvio que en una máquina copiadora se puede copiar lo que uno quiera en la forma que quiera acomodarle lo que uno quiera y así, se dará impresión de lo que realmente no es. Por ello, una simple copia fotostática de un acta de nacimiento para ser registrado para candidato a un cargo de elección popular, que bien puede constituirse en miembro de un poder de una entidad, no debe ser tomado a la ligera como en el caso del estudio que se hace. Simplemente no debe ser. `COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, el pleno de la Suprema Corte de Justicia considera que las copias de esa naturaleza que se presentan en el juicio de amparo carecen, por sí mismas, del valor probatorio pleno y sólo generan una simple presunción de la existencia de los documentos que procedente, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar.- La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que, como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención colocada en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia y real de documentos que se pretenden hacer aparecer.
Amparo de revisión 739/94.- Rafael Bremont Jáuregui y otros.- 22 de junio de 1988.- Mayoría de 4 votos.- Ponente: Atanacio González Martínez.- Secretaria Amanda R. García González.- Disidente AGM Octava Epoca.- Segunda sala.- Semanario Judicial de la Federación.- Tomo I, Primera parte.- Pág. 219'.
El acuerdo que se impugna aparte de ilegal, es antidemocrático, porque privilegia a unos en demérito de los derechos de otros. A mayor abundamiento; `...debemos entender este particular, no como una limitación a los demás mexicanos, sino que debemos traducirla como un desarrollo en la democracia local, esto es, vivir en democracia implica desarrollarse en la democracia por así haber nacido en democracia, haciendo de la democracia un ejercicio cotidiano y constante, de superación ideal para el bien común...'
Resulta conveniente señalar que el artículo 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles determina la valuación de la prueba misma que a la letra dice:
`Artículo 217.- El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial.
Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquiera especie deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponde a lo representado en ella, para que constituyan prueba plena en cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitro judicial.
Artículo 197.- El Tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas para determinar el valor de las mismas unas enfrente de las otras y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba lo dispuesto en este capítulo.
Artículo 198.- No tendrán valor alguno legal las pruebas rendidas con infracción de lo dispuesto en los artículos precedentes de este título.
Asimismo, el artículo 261 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece la prueba instrumental señalando cuáles son los documentos públicos contenido que a continuación se establece:
Artículo 261.- Son documentos públicos.
IV.- Las certificaciones de actas del estado civil expedidas por los oficiales del registro respecto a constancias existentes en los libros correspondientes.
Artículo 333.- Las fotografías, copias fotostáticas y demás pruebas científicas quedan a la prudente calificación del juez. Las copias fotostáticas sólo harán fe cuando estén certificadas por notario.
Por todo esto debemos respetar la Constitución General de la República, la particular del estado y el Código de Elecciones de Veracruz y por lo mismo, debe revocarse el acuerdo aprobatorio del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, y ordenarle dictar otro en donde, fundado en derecho niegue el registro de veintidós fórmulas para candidatos a diputados locales al Partido del Trabajo por no haber acreditado debidamente los extremos a que la ley de la materia se contrae en su pretensión de registro o, en su defecto, cancelar el registro otorgado a las mismas veintidós fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa.
Con base a lo manifestado es sumamente conveniente dejar asentado en el presente documento que el artículo 136, señala que el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral tiene las siguientes atribuciones:
XVI.- Registrar supletoriamente las postulaciones para diputados en distritos uninominales y miembros de Ayuntamientos'.
Como se observa, el Partido del Trabajo, al haber aportado esta documentación en los distritos ya establecidos en líneas anteriores y que presentan esta grave problemática, en los mismos no presentaron certificación alguna en que contenga la actuación de un órgano jurisdiccional o de notario público por el cuál, se dé valor probatorio pleno a sus datos, lo que contraviene, en gran medida el principio de certeza, es significativo y muy razonable que al sólo presentarse sólo fotocopias de los mismos, el Partido del Trabajo, no cumple con los requisitos formales, es conveniente destacar que el Tribunal Estatal de Elecciones, estimó que del análisis de las constancias relacionadas con el registro de los candidatos de este partido, es cierto que no se cumplió con los requisitos de elegibilidad previstos en la fracción VI del precepto constitucional ya mencionado, por lo que, si el Partido del Trabajo fue omiso en este aspecto, está claro que la postulación de sus candidatos se encuentra viciada y, en consecuencia, procede la revocación de los siguientes ciudadanos: Ángel Cortes Méndez, propietario por el VIII distrito cabecera en Martínez de la Torre; Fidel Saavedra Uribe como candidato propietario por el XIV distrito con cabecera en Orizaba; Abelardo Alto Ventura, candidato propietario por el XXII distrito con cabecera en Cosoleacaque; Rubén Vazquez Benítez y Rodolfo García Calderón González Rubio candidato y suplente, respectivamente, por el distrito XXIII con cabecera en Minatitlán; y Carlos Commesse Sandoval y Francisco González Conti, propietario y suplente, respectivamente, por el XXIV distrito con cabecera en Coatzacoalcos.
Por cuando hace al resolutivo tercero emitido por el Tribunal Estatal de Elecciones, en donde se desestiman los agravios expresados en los recursos de apelación interpuestos por el partido al cual represento, así como los de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en contra del acuerdo impugnado, respecto a lo argumentado sobre las copias fotostáticas simples de las actas de nacimiento de los candidatos que integran las fórmulas registradas de las demás fórmulas registradas por el Partido del Trabajo, en cuanto hace la falta de fundamentación del acuerdo referido, por las razones expuestas en los considerandos (sic) en el considerando diez, apartado "A", encontrando solo irregularidades en los distritos anteriormente descritos, por lo que, muy respetuosamente solicito a este Tribunal, ratifique lo acordado por el Tribunal Estatal de Elecciones y modifique, previo estudio y análisis realizado del presente ocurso, el resto de las candidaturas impugnadas, toda vez, que no cumplen con los requisitos de ley, ya que la revocación registrada, no sólo abarca a los candidatos con anterioridad descritos y por consiguiente, como se demuestra, las referidas fotocopias presentadas en el resto de las fórmulas no cumplen cabalmente con la función de ser un documento suscrito o firmado en un acto personalísimo que origina derechos y obligaciones para quien lo efectúa, por lo que considero, que éste debe ser un requisito de procedibilidad, por lo que debo concluir que la presentación de estas solicitudes de registro deben desecharse, ya que no contienen las firmas autógrafas y documentos originales o certificados por autoridad alguna, por lo que los mismos no pueden ni deben considerarse incluso como prueba presuncional de quien lo interpone y por lo tanto, solicito la ratificación y modificación del resto de las fórmulas de los registros presentados por el Partido del Trabajo.
Si en términos de lo previsto en los artículos 276, fracción I, inciso D) y 227, párrafo segundo del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave, son documentos públicos los expedidos por las autoridades dentro del ámbito de su competencia y tendrán valor probatorio pleno, resulta que, en el caso, al haber aportado el recurrente copias simples de documentos que contienen actuaciones de un órgano jurisdiccional, sin que aparezca certificación alguna de que coincidan con su original y que fueron expedidos por dicha autoridad, es obvio que tales documentos carecen de validez jurídica y, en consecuencia, de valor probatorio, porque sin existir estos requisitos de autenticidad, estos documentos aportados por dicho partido no existen para el mundo jurídico, aunado a ello que la Suprema Corte de la Nación ha definido diversas tesis que nos señalan que aquellos documentos presentados en copia fotostática o simple no autógrafas no serán consideradas por el tribunal juzgador ya que carecen de valor probatorio.
Lo anteriormente indicado constituye un acto ilegal ejecutado por la autoridad electoral, por lo que dicho acuerdo deberá ser revocado dentro de los tiempos establecidos por el Código Electoral para el Estado de Veracruz, ya que el cumplimiento de la documentación que debe anexarse en la solicitud de registros se encuentra establecida en las leyes vigentes y, al quebrantarse las mismas, se traducen en una limitación, desatención y falta de respeto a nuestras leyes a nuestra sociedad y se traduce en un incumplimiento a la democracia que implica no cumplir con los requisitos de ley y entrar en el favorecimiento del autoritarismo totalitario y la imposición de criterios unilaterales, de lo que se deduce que aquellas personas que pretenden allegarse al poder y pretenden representar su participación en un partido político, se abrigan en la antidemocracia, presentando documentos de dudosa presentación, con lo que se fortalecen las prácticas ilegales e irrespetuosas a las leyes locales y nacionales.
Considero que somos una sociedad democrática que requiere para su adecuado funcionamiento, la existencia de un cultura política de la legalidad. La legalidad implica confianza ciudadana, en que las decisiones provenientes de los poderes públicos están ajustadas a principios de imparcialidad y orientadas a los derechos fundamentales, sin embargo, la relación entre ley y legalidad, no es una ecuación sencilla, es decir, la base está en la voluntad y aceptación del valor de la ley, requiere por ello, un ejercicio pleno de racionalidad humana, porque cuando éste no se realiza, es muy fácil pensar que los beneficios inmediatos de las acciones ilegales son suficientes para garantizarnos una buena vida, si por ejemplo, las instituciones, los partidos políticos y los individuos piensan que es posible alcanzar una mejor vida democrática de mayor calidad haciéndose cómplices de actos ilegales como el descrito bastaría con generalizar este principio de conducta, (es decir, con sostener que una sociedad regida por la ausencia del derecho sería buena y deseable) para percatarnos de la incongruencia entre legalidad e ilegalidad. Sin embargo, este tipo de razonamiento nos lleva a pensar no sólo en los beneficios inmediatos de estas acciones ejecutadas sino también en sus consecuencias para todos y cada uno de los que participamos en el presente proceso electoral.
Por lo que, en mi calidad de comisionado propietario del Partido Revolucionario Institucional, con base en el artículo 41 del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado de Veracruz, que a la letra dice: `Los partidos políticos pueden solicitar ante el órgano competente de la Comisión Estatal Electoral que se investiguen las actividades de otros partidos, cuando existan motivos fundados para considerar que incumplen algunas de sus obligaciones o que sus actividades no se apegan a la ley', con base a lo manifestado solicito que los partidos políticos que desarrollan sus actividades en esta contienda, brinden respecto fundamentalmente a las leyes y a sus instituciones, asimismo se fortalezca y se dé cumplimiento cabal a la certeza en cada una de las acciones realizadas por la Comisión Estatal Electoral en el Estado de Veracruz, en consecuencia, solicito ratificar la cancelación de los registros de los candidatos descritos con antelación como candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa, llevada a cabo por el Tribunal Estatal de Elecciones, asimismo solicito se modifique el resto del registro de candidaturas de los ciudadanos que han sido acreditados para participar en el presente proceso electoral para la renovación del Poder Legislativo de Veracruz".
Y en el expediente SUP-JRC-026/98, manifestó:
"Primer Agravio. La responsable, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, causa agravios a mi Partido el Revolucionario Institucional y a todos nuestros Candidatos a Diputados Locales por el principio de mayoría relativa, propietarios y suplentes, respectivamente mismos que a continuación se indican:
Trinidad San Román Vera
Guillermo Gerónimo Hernández
Habida cuenta que, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, Constitución General de la República, no organizó el procedimiento que toda autoridad administrativa - electoral debe realizar, para respetar las garantías Constitucionales de los Partidos Políticos y de los candidatos que cumplen con los requisitos de ley. En relación con lo anterior y en términos de lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: ...`nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho'.
Mediante este escrito considero equivocada la actuación del Partido Verde Ecologista de México, en la presentación de la Documentación descrita misma que fue aportada por el comisionado propietario de ese partido, ya que al presentar la documentación con antelación aludida ante la Secretaria General de la Comisión Estatal Electoral, dentro del término señalado por la ley; lo realizó adecuadamente sólo en el Distrito XX, con cabecera en San Andrés Tuxtla, mismo que cumple los requisitos de la ley, mi pregunta o duda es: porqué no lo realizó de igual forma en el resto de los Distritos.
Segundo Agravio.- Nos agravia, al Partido Revolucionario Institucional, la incorrecta valoración de pruebas que realizó el Consejo General, al darle valor jurídico a simples copias fotostáticas de actas de nacimiento de los solicitantes de registro de candidaturas, mismas que corren agregadas a veintitrés expedientes presentados por el Partido Verde Ecologista de México. Cabe señalar: qué caso tendría entonces que un expediente que corresponde al Distrito XX, con cabecera en San Andrés Tuxtla, adjuntan copias certificadas de las actas de nacimiento de sus candidatos propietarios y suplentes, respectivamente porque considero que cada individuo puede y debe tener un acta de nacimiento para darse certeza a él mismo y a la sociedad, de que él y nadie más que él sujeto con un nombre, familia y sujeto a derechos y obligaciones.
Por otra parte hago alusión a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política, que a la letra establece: `Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Y en el caso que nos ocupa, nada de esto se respetó por la autoridad responsable.
Es aplicable al caso, la emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente (sic) que señala lo relativo a los requisitos de las copias fotostáticas como pruebas. Las copias fotostáticas sin certificar, no son documentos públicos, no privados, ni copias simples que la ley no reconoce como medios de prueba.
`Tomo LXXI pág. 4367.- Compañía Minera `La mexicana y anexas', S.A., 11 de marzo de 1942. Cuatro votos. Quinta Epoca. Sala Auxiliar. Seminario Judicial de la Federación.
COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR PROBATORIO DE LAS QUE CARECEN DE AUTENTICIDAD. Una copia fotostática simple, carece de validez probatoria al igual que una copia simple porque no se ha dado autenticidad a su contenido por autoridad competente o sea aquella en cuyos archivos se encuentra el original y la sóla presentación de esa copia no puede conferirle tal autenticidad.
Revisión fiscal 84/54. Rubén de la Peña. 6 de Octubre de 1955. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Rivera. Quinta Epoca. Sala Auxiliar. Seminario Judicial de la Federación tomo CXXVI, pág. 102.
Tan cierto es lo anterior, que el propio Tribunal Estatal de Elecciones del Estado de Veracruz, en sus compilaciones de criterios de 1996, en una de sus tesis relevantes, establece criterio jurídico, el cual guarda relación a lo establecido en este recurso, mismo que a la letra dice: `COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS PÚBLICOS APORTADOS POR EL RECURRENTE. CARECEN DE VALOR PROBATORIO. Si en términos de los previsto en los artículos 276 fracción I, inciso d) y 277 párrafo segundo del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado, son documentos públicos los expedidos por las autoridades, dentro del ámbito de su competencia y tendrán valor probatorio pleno, resulta que en el caso, al haber aportado el recurrente copias simples de documentos que contiene actuaciones de un órgano jurisdiccional, sin que aparezca certificación alguna de que coincida con su original y que fueron expedidos por dicha autoridad, es obvio que tales documentos carecen de valor probatorio y si en el caso, el recurrente los aportó para acreditar los agravios que hacen valer en el recurso de inconformidad, consecuentemente, dichos recursos deben declararse infundados.'
Tercer agravio. Únicamente las actas de registro civil demuestran cuando nació una persona, donde nació; cuál es su nombre y apellidos; el origen de sus padres. Ningún otro documento es eficaz e idóneo jurídicamente para probarlo como se exigen y es aplicable al caso; el artículo 178 del Código Federal Instituciones y Procedimientos Electorales. La responsable, al darle valor probatorio a simples copias fotostáticas de las actas de nacimiento de los solicitantes del registro electoral, para participar en una elección constitucional que, aparte de revestir una gran seriedad y responsabilidad para quienes conducen el proceso electoral, demandan una corresponsabilidad de los partidos políticos para facilitar su respeto a la ley, que en el caso, no se hace, nos agravia severamente, porque debilita la certeza jurídica que debe campear en todos sus actos y da margen a que todos estemos en favor de violentar la ley, por la huidiza actitud que asume al tratar de quedar bien con todos y terminar haciéndolo con nadie.
Es obvio que en una máquina copiadora se puede copiar lo que uno quiera en la forma que quiera acomodarle lo que uno quiera y así, se dará impresión de lo que realmente no es. Por ello una simple copia fotostática de una acta de nacimiento para ser registrado para candidato a un cargo de elección popular, que bien puede constituirse en miembro de un poder de una entidad, no debe ser tomado a la ligera, como en el caso del estudio que se hace. Simplemente no debe ser. `COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, considera que las copias de esa naturaleza que se presenta en el juicio de amparo carecen, por sí mismas del valor probatorio pleno y sólo genera una simple presunción de la existencia de los documentos que proceden; pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho, o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que, como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención colocada en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, y real de documentos que se pretenden hacer aparecer.
Amparo de revisión 739/84. Rafael Bremont Jáuregui y otros. 22 de junio de 1988. Mayoría de 4 votos. Ponente: Anastasio González Martínez. Secretaria: Amanda R. García González. Disidente: AGM. Octava época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte, pág. 219.'
El acuerdo que se impugna aparte de ilegal, es antidemocrático, porque privilegia a unos en demérito de los derechos de otros. A mayor abundamiento: `...debemos entender este particular, no como una limitación a los demás mexicanos sino que debemos traducirla como un desarrollo en la democracia local; esto es vivir en democracia implica desarrollarse en la democracia por así haber nacido en democracia haciendo de la democracia un ejercicio cotidiano y constante, de superación ideal para el bien común...'
Resulta conveniente señalar que el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, determina la valuación de la prueba misma que a la letra dice: `Artículo 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial.
Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquiera especie deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponde a lo representado en ella, para que constituyan prueba plena en cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial.
Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas unas enfrente de las otras y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba lo dispuesto en este capítulo.
Artículo 198. No tendrán valor alguno legal las pruebas rendidas con infracción de lo dispuesto en los artículos precedentes de este título.
Así mismo el artículo 261 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece la prueba instrumental señalando cuáles son los documentos públicos, contenidos que a continuación se establece:
Artículo 261. Son documentos públicos: IV. Las certificaciones de actas del Estado Civil expedidas por los oficiales del registro, respecto a constancias existentes en los libros correspondientes.
Artículo 333. Las fotografías, copias fotostáticas y demás pruebas científicas, quedan a la prudente calificación del juez. Las copias fotostáticas, sólo harán fe cuando estén certificadas por notario.
Por todo esto debemos respetar la Constitución General de la República, la particular del estado y el Código de Elecciones de Veracruz y por lo mismo, debe revocarse el acuerdo aprobatorio del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, y ordenarle dictar otro en donde, fundado en derecho niegue el registro de 23 fórmulas para candidatos a diputados locales al Partido Verde Ecologista de México, por no haber acreditado debidamente los extremos a que la ley de la materia se contrae en su pretensión de registro o, en su defecto, cancelar el registro otorgado a las mismas 23 fórmulas de Candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa.
Con base a lo manifestado es sumamente conveniente dejar asentado en el presente documento que el artículo 136 señala que el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral tiene las siguientes atribuciones:
XVI. Registrar supletoriamente las postulaciones para diputados en distritos uninominales y miembros de ayuntamientos'.
Como se observa, el Partido Verde Ecologista de México, al haber aportado esta documentación en los distritos ya establecidos en líneas anteriores y que presentan esta grave problemática, en los mismos no presentaron certificación alguna en que contenga la actuación de un órgano jurisdiccional o de notario público por el cual, se dé valor probatorio pleno a sus datos, lo que contraviene, en gran medida el principio de certeza, es significativo y muy razonable que al sólo presentarse sólo fotocopias de los mismos, el Partido Verde Ecologista de México, no cumple con los requisitos formales, es conveniente destacar que el Tribunal Estatal de Elecciones, estimó que del análisis de las constancias relacionadas con el registro de los candidatos de este partido, es cierto que no se cumplió con los requisitos de elegibilidad previstos en la fracción VI del precepto constitucional ya mencionado, por lo que, si el Partido Verde Ecologista de México fue omiso en este aspecto, está claro que la postulación de sus candidatos se encuentra viciada y, en consecuencia, procede la revocación de los ciudadanos por el primer distrito electoral con cabecera en Pánuco, Eladio del Ángel García y Julián Morales del Ángel, candidato propietario, suplente, respectivamente, con cabecera en Tantoyuca; Ignacio Contreras Anell candidato suplente por el XII con cabecera en Coatepec, Abraham Becerril Hernández, candidato propietario por el XV distrito con cabecera en Córdoba y Zafira Martínez Baturoni y Filomeno Cuaquehua Tentzohua, candidato propietario suplente XVI con cabecera en Zongolica, Ismael Hernández Vázquez, propietario por XVII distrito con cabecera en Veracruz; María Gilma Guzmán Escobar como candidata suplente por el XXII distrito con cabecera en Cosoleacaque y Jorge Luis Quino Gómez y Martha Patricia Calvillo Martínez, candidatos propietarios respectivamente por el XXIII distrito con cabecera en Minatitlán.
Por cuando hace al resolutivo tercero emitido por el Tribunal Estatal de Elecciones, en donde se desestiman los agravios expresados en los recursos de apelación interpuestos por el partido al cual represento, así como los de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en contra del acuerdo impugnado, respecto a lo argumentado sobre las copias fotostáticas simples de las actas de nacimiento de los candidatos que integran las fórmulas registradas de las demás fórmulas registradas por el Partido Verde Ecologista de México, en cuanto hace la falta de fundamentación del acuerdo referido, por las razones expuestas en los considerandos (sic) en el considerando diez, apartado "A", encontrando sólo irregularidades en los distritos anteriormente descritos, por lo que, muy respetuosamente solicito a este Tribunal, ratifique lo acordado por el Tribunal Estatal de Elecciones y modifique, previo estudio y análisis realizado del presente ocurso, el resto de las candidaturas impugnadas, toda vez, que no cumplen con los requisitos de ley, ya que la revocación registrada, no sólo abarca a los candidatos con anterioridad descritos y por consiguiente, como se demuestra, las referidas fotocopias presentadas en el resto de las fórmulas no cumplen cabalmente con la función de ser un documento suscrito o firmado en un acto personalísimo que origina derechos y obligaciones para quien lo efectúa, por lo que considero, que este debe ser un requisito de procedibilidad, por lo que debo concluir que la presentación de estas solicitudes de registro deben desecharse, ya que no contienen las firmas autógrafas y documentos originales o certificados por autoridad alguna, por lo que los mismos no pueden ni deben considerarse incluso como prueba presuncional de quien lo interpone y por lo tanto, solicito la ratificación y modificación del resto de las fórmulas de los registros presentados por el Partido Verde Ecologista de México.
Si en términos de lo previsto en los artículos 276, fracción I, inciso D) y 227, párrafo segundo del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado Libre y Soberano de Veracruz- Llave, son documentos públicos los expedidos por las autoridades dentro del ámbito de su competencia y tendrán valor probatorio pleno, resulta que, en el caso, al haber aportado el recurrente copias simples de documentos que contienen actuaciones de un órgano jurisdiccional, sin que aparezca certificación alguna de que coincidan con su original y que fueron expedidos por dicha autoridad, es obvio que tales documentos carecen de validez jurídica y, en consecuencia, de valor probatorio, porque sin existir estos requisitos de autenticidad, estos documentos aportados por dicho partido no existen para el mundo jurídico, aunado a ello que la Suprema Corte de la Nación ha definido diversas tesis que nos señalan que aquellos documentos presentados en copia fotostática o simple no autógrafas no serán consideradas por el tribunal juzgador ya que carecen de valor probatorio.
Lo anteriormente indicado constituye un acto ilegal ejecutado por la autoridad electoral, por lo que dicho acuerdo deberá ser revocado dentro de los tiempos establecidos por el Código Electoral para el Estado de Veracruz, ya que el cumplimiento de la documentación que debe anexarse en la solicitud de registros se encuentra establecida en las leyes vigentes y, al quebrantarse las mismas, se traducen en una limitación, desatención y falta de respeto a nuestras leyes a nuestra sociedad y se traduce en un incumplimiento a la democracia que implica no cumplir con los requisitos de ley y entrar en el favorecimiento del autoritarismo totalitario y la imposición de criterios unilaterales, de lo que se deducen que aquellas personas que pretenden allegarse al poder y pretenden representar su participación en un partido político, se abriga en la antidemocracia, presentando documentos de dudosa presentación, con lo que se fortalecen las prácticas ilegales e irrespetuosas a las leyes locales y nacionales.
Considero que somos una sociedad democrática que requiere para su adecuado funcionamiento, la existencia de un cultura política de la legalidad. La legalidad implica confianza ciudadana, en que las decisiones provenientes de los poderes públicos están ajustadas a principios de imparcialidad y orientadas a los derechos fundamentales, sin embargo, la relación entre ley y legalidad, no es una ecuación sencilla, es decir, la base está en la voluntad y aceptación del valor de la ley, requiere por ello, un ejercicio pleno de racionalidad humana, porque cuando éste no se realiza, es muy fácil pensar que los beneficios inmediatos de las acciones ilegales son suficientes para garantizarnos una buena vida, si por ejemplo, las instituciones, los partidos políticos y los individuos piensan que es posible alcanzar una mejor vida democrática de mayor calidad haciéndose cómplices de actos ilegales como el descrito bastaría con generalizar este principio de conducta, (es decir, con sostener que una sociedad regida por la ausencia del derecho sería buena y deseable) para percatarnos de la incongruencia entre legalidad e ilegalidad. Sin embargo, este tipo de razonamiento nos lleva a pensar no sólo en los beneficios inmediatos de estas acciones ejecutadas sino también en sus consecuencias para todos y cada uno de los que participamos en el presento proceso electoral.
CUARTO. El Partido de la Revolución Democrática expresó como motivos de inconformidad, los siguientes:
"En virtud de que al resolver sobre nuestro recurso de apelación, el Tribunal Estatal de Elecciones, en su considerando XI, párrafo III, manifiesta que se remite a las razones que quedaron precisadas al resolver sobre los agravios formulados por el Partido Acción Nacional, en obvio de repeticiones inútiles, al consignar los agravios que se causan al Partido de la Revolución Democrática, me referiré a los razonamientos que se expusieron al resolver el recurso interpuesto por el Partido Acción Nacional.
1. Violación del artículo 41, fracción III, de la Constitución General de la República. Resulta violado el precepto constitucional anteriormente invocado, en virtud de que, el mismo dispone que la organización de las elecciones federales es una función estatal donde la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores; y en el caso que nos ocupa se rompe con el principio de legalidad, cuando al resolver el recurso que se planteó nos remite a los argumentos que sirvieron para determinar el recurso interpuesto, como ya se dijo, por el Partido Acción Nacional y en el cual se consigna en el considerando IX inciso a), que debe desestimarse la inconformidad planteada, en virtud, de que, el registro hecho por los Partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, fue llevado a cabo precisamente utilizando un formato manufacturado por la Coordinación Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de la Comisión Estatal Electoral y en el que se señala la documentación que deben acompañar los partidos políticos para la procedencia del registro de candidatos, siendo estas; 1. Copia del acta de nacimiento, y 2. Copia de la credencial de electores, asegurando que el citado formato se funda en el artículo 48 de la Constitución Política Local.
Lo anterior, es una desacertada conclusión del órgano resolutor, pues, no es cierto, que el formato de referencia tenga su fundamentación en el precitado artículo 48, ya que éste, y reiteradamente lo hicimos notar el plantear nuestros agravios, señala los requisitos para ser diputado, entre los que se encuentran, ser ciudadano veracruzano, nativo del estado o con residencia efectiva en el mismo, no menor de cinco años, inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no ser natural del mismo; requisito que no acreditaron los candidatos cuyo registro se impugnó, pues, con la sola copia fotostática simple, de la copia del acta de nacimiento no es factible acreditar tal hecho, y así lo demostramos durante el sumario al transcribir diversos textos legales, sin que estos hayan sido tomados en consideración.
Contrariamente, el Tribunal Estatal de Elecciones, da validez a un formato elaborado por la Coordinación Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de la Comisión Estatal Electoral, lo cual resulta contrario al principio de legalidad contenido en el artículo 41, cuya violación reclamamos, ya que, no es esta Comisión, la que debe decidir sobre los requisitos que deben cumplir los candidatos a diputados, sino la anteriormente citada Constitución Política y el Código de Elecciones, resultando verdaderamente ilegal que un documento elaborado por una comisión que no tiene dentro de sus funciones, las que pretende asignarle la autoridad responsable, sino las que se señalan en los artículo del 44 al 48, del Código de Elecciones, sea tomado en cuenta tan relevantemente para desechar nuestros fundados argumentos jurídicos.
2. Violación del artículo 48, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como el 9, del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas. Se viola en perjuicio de mi representado, los preceptos que se indican, puesto que, los candidatos que fueron impugnados no acreditaron reunir los requisitos, que en los mismos se consignan, fundamentalmente dejaron de comprobar que son ciudadanos veracruzanos nativos del Estado. En efecto, en la resolución que mediante este juicio se combate, se esgrime que efectivamente las actas de nacimiento aportadas por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, fueron en fotocopia simple, pero no obstante ello, el Tribunal responsable arriba a la conclusión, en el inciso b) del considerando noveno, que lo anterior, no es prueba suficiente para que se proceda a la revocación de los registros, porque, aseguran que los citados partidos acompañaron a su solicitud la documentación exigida por la autoridad responsable.
Las aseveraciones que hace valer, el Tribunal Estatal de Elecciones son totalmente ineficaces y fuera de la legalidad tal como lo haremos valer a continuación:
A). En primer término, es preciso hacer notar que el órgano resolutor, durante toda la sentencia que se impugna, ha confundido lo que es una copia del acta de nacimiento y una copia fotostática simple de la misma, por lo que, se hace necesario dejar bien claro, que copia del acta de nacimiento, es precisamente la que expide el Oficial encargado del Registro Civil, ya que el acta original, es la que se levanta en la oficina correspondiente y obra en los archivos de la misma, por eso, cuando se dice copia del acta de nacimiento, se refiere estrictamente a la copia expedida por dicho oficial o encargado, y la que, por otra parte y fue el motivo fundamental de nuestro recurso de apelación, es la única mediante la cual se acredita el estado civil de las personas; sin embargo, lo que resulte incongruente, es que, aun cuando el Tribunal acepta que las actas de nacimiento fueron aportadas en fotocopia simple, es decir, que se trató de copias fotostáticas de las copias certificadas expedidas por el Registro Civil, esto no le resulta suficiente para la revocación de los registros, sin embargo, su negativa no encuentra fundamento legal alguno, por ello no se atreve a señalar articulado al respecto, y nosotros, acreditamos en primer término que el estado civil de las personas se prueba con las constancias relativas del Registro Civil, lo cual, se encuentra consignado en la legislación civil estatal, habiendo probado asimismo que las copias fotostáticas simples carecen de valor.
B). Por otra parte, la responsable dice, que los partidos políticos acompañaron a su solicitud de registro la documentación exigida por la misma. Aquí nuevamente, se confunde el juzgador, pues no es la Comisión Estatal Electoral, ni mucho menos la Coordinación Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la que determina la documentación necesaria, sino la multicitada Constitución Política Local y el Código de Elecciones, y está muy claro, que el requisito de ser ciudadano veracruzano nativo del Estado, contemplado en la fracción I, del artículo 48, solo se puede acreditar mediante la constancia expedida por el encargado del Registro Civil, sin que sea factible acreditarse por ningún otro medio y mucho menos con una fotocopia simple, sin que sea cierto, que sólo se deba cumplir para obtener el registro con los requisitos señalados por el artículo 181, del código de la materia, ya que éste sólo exige datos y el primero exige la comprobación de hechos, como lo es, en este caso el de ser ciudadano veracruzano nativo del Estado.
3. Violación del artículo 44 de la Constitución Política de Veracruz. Este precepto resulta conculcado, puesto que, en el considerando X, inciso b), párrafo IV, de la resolución que se recurre, la autoridad señalada como responsable hace a un lado el principio rector de legalidad y desecha de plano nuestro planteamiento jurídico, ello, con la finalidad de restar eficacia a los diversos criterios jurídicos emitidos tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por el propio Tribunal Estatal de Elecciones, para terminar argumentando, erróneamente que registro de candidaturas es un procedimiento administrativo y no un proceso jurisdiccional, olvidando que precisamente el principio de legalidad contenido en el numeral que a nuestro juicio resulta violado, lo obliga a comprobar plenamente los requisitos necesarios para el registro, siendo falaz, que únicamente tenga la obligación de revisar la documentación que previamente haya requerido, tan no es así, que aparte de revisar, toma acuerdos en los que puede aprobar o negar los registros o en su caso conceder términos para subsanar anomalías, de lo que se deduce que no es, sólo un organismo que revise documentos, con mayor razón, cuando esta misma Comisión, en su sesión de fecha dos de junio de 1998, contenida en el acta número 9, en su considerando cuarto, visible en la página ocho, la que agregamos sin que haya sido tomada en consideración, dice lo siguiente: `Cuarto: que de la revisión y verificación de la documentación presentada por los partidos políticos para el registro de sus candidatos, se constató que se cubrieron los requisitos a que se refiere el artículo 181 del ordenamiento electoral citado...'
Lo anterior, confronta con la opinión del Tribunal Estatal de Elecciones, pues, mientras éste asegura que la Comisión Estatal Electoral únicamente tiene la obligación de revisar la documentación, ésta, en la sesión que se comenta, en el párrafo anterior, argumenta tener funciones de revisión, verificación y constatación. Y en ese orden de ideas, debió después de revisar, verificar y constatar que las copias simples de las copias de las actas de nacimiento, coincidían con sus originales, pues precisamente, eso significa verificar y constatar, lo cual, no se llevó a cabo, ya que no existió posibilidad de que existiera un documento original con el que se verificara o constatara la autenticidad de la fotocopia simple."
SEXTO. En virtud de la coincidencia, casi absoluta del texto, pero total de los argumentos que se contienen en los motivos de inconformidad expresados por el Partido Revolucionario Institucional, en los juicios de revisión constitucional electoral SUP-JRC-025/98 y SUP-JRC-026/98, dichos agravios son analizados en forma conjunta.
La lectura integral de éstos, en compaginación con las consideraciones en que el Tribunal responsable apoyó las determinaciones adoptadas en el fallo reclamado, en lo atinente a los aspectos cuestionados en dichos motivos de inconformidad, así como la concordancia de éstos, con los externados en los escritos mediante los cuales el partido actor interpuso los recursos de apelación RA/007/2/98 y RA/008/2/98, conducen al convencimiento de que aquellos devienen inoperantes e ineficaces para conducir a la revocación de la resolución impugnada.
Con objeto de evidenciar palmariamente lo anterior, precisa tener presente que, por agravio se entiende la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos que sufre una persona física, moral o como en el caso, una entidad de interés público y, para lo que en la especie interesa, es aquél causado a través de una resolución judicial; así también, por extensión, cada uno de los motivos de queja expresados en el medio de impugnación de que se trate, por atender indebidamente un dispositivo legal o por falta de aplicación del que debió regir el caso.
Para estimar debidamente constituido un agravio, el mismo debe contener razonamientos lógico-jurídicos, en relación directa e inmediata con los fundamentos de la resolución que se combate, en concordancia necesaria con los dispositivos legales que se estimen infringidos, de manera tal, que lleguen a establecer la contravención de los preceptos que al respecto se invoquen, con las consideraciones utilizadas por la autoridad emitente del acto reclamado, al decidir aquello que le es sometido en conocimiento de su potestad jurisdiccional.
Los apuntados razonamientos jurídicos deben estar encaminados a demostrar la ilegalidad de la resolución que se impugna. Por tanto, su expresión es indispensable para que sea factible examinar los vicios que pudiera llegar a tener la determinación del órgano jurisdiccional.
Mas aún, se hace necesario lo anterior, porque en casos como el presente, no puede analizarse oficiosamente si la resolución atacada viola o no algún precepto constitucional, por tratarse de uno de los casos, en los que existe prohibición expresa de suplir la deficiencia de los agravios, según se desprende del contenido del segundo párrafo del artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece: "Para la resolución de los medios de impugnación previstos en el Título Quinto del Libro Segundo y el Libro Cuarto de este ordenamiento, no se aplicará la regla señalada en el párrafo anterior."
Luego, si las reglas a que debe sujetarse la tramitación y resolución del juicio de revisión constitucional electoral, se contienen en el libro IV Título Único, de la codificación legal citada en último orden, es claro que, se está en presencia de un juicio, cuya decisión debe sujetarse a los principios basados en el estricto derecho; esto es, limitar su examen a lo expuesto por los accionantes.
En ese orden de cosas, entre otras de las características que identifican a los agravios inoperantes, se encuentran las relativas a estimar que, las manifestaciones contenidas en el escrito respectivo, carecen de argumentos lógico-jurídicos, en los cuales se contengan las razones de los accionantes, por las que, según su parecer, pongan de manifiesto, el porqué, cierto proceder de la responsable contraviene disposiciones constitucionales o legales, sin que baste, como seguidamente se pondrá de relieve, el que se reiteren argumentos esgrimidos ante la autoridad del conocimiento, al interponer los medios de impugnación de los que emana el acto reclamado o se externen ciertas manifestaciones ineficaces para analizar la constitucionalidad del fallo impugnado, por cuanto a que, no contengan los apuntados argumentos lógico-jurídicos; aun más, dada la variedad de razones contenidas en el fallo, deben expresarse agravios respecto de la totalidad de las consideraciones jurídicas que lo sustentan, lo que en el caso a examen no acontece.
Para demostrar de modo fehaciente la inoperancia en comento, por cuanto se refiere a la reiteración de agravios, es menester traer a colación los motivos de inconformidad aducidos ante la autoridad responsable en los recursos de apelación anteriormente indicados que, como se mencionó, fueron promovidos por el propio partido político accionante.
En el identificado como RA/007/2/98, según se aprecia del escrito de interposición respectivo, agregado en el cuaderno accesorio 4, a fojas 56 a 89, aparecen expresados los siguientes:
"Primer Agravio. La responsable, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, causa agravios a mi Partido el Revolucionario Institucional y a todos nuestros Candidatos a Diputados Locales por el principio de mayoría relativa, propietarios y suplentes, respectivamente, mismos que a continuación se indican:
PropietarioVíctor Lara González
SuplenteLutgarda Madrigal Valdez
II Tantoyuca
PropietarioTrinidad San Román Vera
SuplenteNarciso Reyes Pérez
III Chicontepec
PropietarioFrancisco Ríos Alarcón
SuplenteEduardo Abraham Leines Barrera
IV Temapache
PropietarioGuillermo Gerónimo Hernández
SuplenteAdán Núñez Casados
V Tuxpan
PropietarioEdmundo Cristobal Cruz
SuplenteVicente Reyes Salas
VI Poza Rica
PropietarioJavier Inés Ramos Juárez
SuplenteHumberto Manuel Téllez Marie
VII Papantla
PropietarioGuillermo Zorrilla Fernández
SuplenteAlejandra Santiago López
VIII Martínez de la Torre
PropietarioJesús de la Torre Sánchez
SuplenteEloisa Cervantes
IX Misantla
PropietarioCarlos Carballal Valero
SuplenteSara Cano Corros
X Perote
PropietarioJosé Delfino Martínez Juárez
SuplenteErnesto Alarcón Trujillo
XI Xalapa
PropietarioOctavio Antonio Gil García
SuplenteMaría Amparo Alvárez Castilla
XII Coatepec
PropietarioValentín Casas Córtez
SuplenteNeyla María Polanco Gálvez
XIII Paso del Macho
PropietarioPascual Abel Chávez Fernández
SuplenteArmida Laines Flores
XIV Orizaba
PropietarioFidel Kuri Grajales
SuplenteTeresa Palacios Serrano
XV Córdoba
PropietarioVíctor Joaquín Garrido Cárdenas
SuplenteJesús Cruz Velázquez
XVI Zongólica
PropietarioEugenio Virgen Quintana
SuplenteMaría Bernardina Tequiliquihua Ajactle
XVII Veracruz
PropietarioGustavo Sousa Escamilla
SuplenteAntonino Baxzi Mata
XVIII Boca del Río
PropietarioMario Tejada Tejada
SuplenteRicardo Felipe Bravo Aguirre
XIX Cosamaloapan
PropietarioOrlando Uscanga Muñoz
SuplentePetra Pavón Rivera
XX San Andrés Tuxtla
PropietarioAlberto Uscanga Escobar
SuplenteRenaud Espinosa Sánchez
XXI Acayucan
PropietarioJaime Mantecón Rojo
SuplenteAna Lara Villar
XXII Cosoleacaque
PropietarioGabriel Miguel Domínguez Portilla
SuplenteFlavio Fabián González
XXIII Minatitlán
PropietarioFlavino Ríos Alvarado
SuplenteJuan Diego Ayala Ortiz
XXIV Coatzacoalcos
PropietarioGonzálo Guizar Valladares
SuplenteErasmo Castillo Saldaña
Mediante este escrito considero equivocada la actuación del Partido del Trabajo, en la presentación de la Documentación descrita misma que fue aportada por el comisionado propietario de ese partido, ya que al presentar la documentación con antelación aludida ante la Secretaria General de la Comisión Estatal Electoral, dentro del término señalado por la ley; lo realizó adecuadamente sólo en los Distritos de VII, con cabecera en Papantla y XVII, con cabecera en Veracruz, mismos que cumplen los requisitos de la ley, mi pregunta o duda es: porqué no lo realizó de igual forma en el resto de los Distritos.
Segundo Agravio.- Nos agravia, al Partido Revolucionario Institucional, la incorrecta valoración de pruebas que realizó el Consejo General, al darle valor jurídico a simples copias fotostáticas de actas de nacimiento de los solicitantes de registro de candidaturas, mismas que corren agregadas a veintidós expedientes presentados por el Partido del Trabajo. Cabe señalar: qué caso tendría entonces que en dos expedientes que corresponden a los Distrito VII de Papantla y XII de Veracruz, adjunta copia certificada de las actas de nacimiento de sus candidatos propietarios y suplentes, respectivamente, porque considero que cada individuo puede y debe tener un acta de nacimiento para darse certeza a él mismo y a la sociedad de que él y nadie más que él sujeto con un nombre, familia y sujeto a derechos y obligaciones.
Por otra parte hago alusión a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política, que a la letra establece: `Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o posesiones, si no en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Y en el caso que nos ocupa, nada de esto se respetó por la autoridad responsable.
Es aplicable al caso, la emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente que señala lo relativo a los requisitos de las copias fotostáticas como pruebas. Las copias fotostáticas sin certificar, no son documentos públicos, no privados, ni copias simples que la ley no reconoce como medios de prueba.
COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR PROBATORIO DE LAS QUE CARECEN DE AUTENTICIDAD. Una copia fotostática simple, carece de validez probatoria al igual que una copia simple porque no se ha dado autenticidad a su contenido por autoridad competente o sea aquélla en cuyos archivos se encuentra el original y la sola presentación de esa copia no puede conferirle tal autenticidad.
Tercer agravio. Unicamente las actas de registro civil demuestran cuando nació una persona, donde nació; cuál es su nombre y apellidos; el origen de sus padres. Ningún otro documento es eficaz e idóneo jurídicamente para probarlo como se exigen y es aplicable al caso; el artículo 178 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La responsable, al darle valor probatorio a simples copias fotostáticas de las actas de nacimiento de los solicitantes del registro electoral, para participar en una elección constitucional que, aparte de revestir una gran seriedad y responsabilidad para quienes conducen el proceso electoral, demandan una corresponsabilidad de los partidos políticos para facilitar su respeto a la ley, que en el caso no se hace, nos agravia severamente, porque debilita la certeza jurídica que debe campear en todos sus actos y da margen a que todos estemos en favor de violentar la ley, por la huidiza actitud que asume al tratar de quedar bien con todos y terminar haciéndolo con nadie.
Es obvio que en una máquina copiadora se puede copiar lo que uno quiera en la forma que quiera acomodarle lo que uno quiera y así, se dará impresión de lo que realmente no es. Por ello una simple copia fotostática de una acta de nacimiento para ser registrado para candidato a un cargo de elección popular, que bien puede constituirse en miembro de un poder de una entidad, no debe ser tomado a la ligera, como en el caso del estudio que se hace. Simplemente no debe ser.
`COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, considera que las copias de esa naturaleza que se presentan en el juicio de amparo carecen, por si mismas del valor probatorio pleno y sólo genera una simple presunción de la existencia de los documentos que proceden; pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho, o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que, como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención colocada en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal de documentos que se pretenden hacer aparecer.
Amparo de revisión 739/84. Rafael Bremont Jáuregui y otros. 22 de junio de 1988. Mayoría de 4 votos. Ponente: Atanacio González Martínez. Secretaria: Amanda R. García González. Disidente: AGM. Octava época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte, pág. 219.'
El acuerdo que se impugna aparte de ilegal, es antidemocrático porque privilegia a unos en demérito de los derechos de otros. A mayor abundamiento: `...debemos entender este particular, no como una limitación a los demás mexicanos sino que debemos traducirla como un desarrollo en la democracia local; esto es vivir en democracia implica desarrollarse en la democracia por así haber nacido en democracia haciendo de la democracia un ejercicio cotidiano y constante, de superación ideal para el bien común...'
Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquiera especie deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponde a lo representado en ellas, para que constituyan pruebas plenas en cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial.
Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas unas enfrente de las otras y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que, la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba lo dispuesto en este capítulo.
Artículo 333. Las fotografías, copias fotostáticas y demás pruebas científicas, quedan a la prudente calificación del juez. Las copias fotostáticas, sólo harán fe cuando estén certificadas por notario.'
Por todo esto debemos respetar la Constitución General de la República, la particular del estado y el Código de Elecciones de Veracruz y por lo mismo, debe revocarse el acuerdo aprobatorio del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, y ordenarle dictar otro en donde, fundado en derecho niegue el registro de 22 fórmulas para candidatos a diputados locales al Partido del Trabajo por no haber acreditado debidamente los extremos a que la ley de la materia se contrae en su pretensión de registro o, en su defecto, cancelar el registro otorgado a las mismas 22 fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa.
`XVI. Registrar supletoriamente las postulaciones para diputados en distritos uninominales y miembros de ayuntamientos'.
`C O N C L U S I O N E S
Como se observa el Partido del Trabajo, al haber aportado esta documentación en los distritos ya establecidos en líneas anteriores y que presentan esta grave problemática, en los mismos no presentaron certificación alguna en que contenga la actuación de un órgano jurisdiccional o notario público por el cual se de valor probatorio pleno a sus datos lo que contraviene en gran medida el principio de certeza, es significativo y muy razonable que al sólo presentarse sólo fotocopias de los mismos, el Partido del Trabajo no cumple con los requisitos formales, por consiguiente, las referidas fotocopias no cumplen cabalmente con la función de ser un documento suscrito o firmado en un acto personalísimo que origina derechos y obligaciones para quien lo efectúa, por lo que considero que este debe ser un requisito de procedibilidad por lo que debo concluir que la presentación de estas solicitudes de registro deben desecharse ya que no contienen las firmas autógrafas y documentos originales o certificados por autoridad alguna, por lo que los mismos no pueden ni deben considerarse incluso como prueba presuncional de quien lo interpone y por lo tanto solicito la negativa e improcedencia de los registros presentados por el Partido del Trabajo.
Si en términos de lo previsto en los artículos 276, fracción I, inciso D) y 277, párrafo segundo, del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, son documentos públicos los expedidos por las autoridades dentro del ámbito de su competencia y tendrán varios probatorio pleno, resulta que en el caso, al haber aportado el recurrente copias simples de documentos que contienen actuaciones de un órgano jurisdiccional, sin que aparezca certificación alguna de que coincidan con su original y que fueron expedidos por dicha autoridad, es obvio que tales documentos carecen de validez jurídica y en consecuencia de valor probatorio porque sin existir estos requisitos de autenticidad estos documentos aportados por dicho partido no existen para el mundo jurídico aunado a ello que la Suprema Corte de la Nación ha definido diversas tesis que no señalan (sic) que aquellos documentos presentados en copia fotostática o simple no autógrafas no serán consideradas por el tribunal juzgador ya que carecen de valor probatorio.
Lo anteriormente indicado constituye un acto ilegal ejecutado por la autoridad electoral por lo que dicho acuerdo deberá ser revocado dentro de los tiempos establecidos por el Código Electoral para el Estado de Veracruz ya que el cumplimiento de la documentación que debe anexarse en la solicitud de registros se encuentra establecida en las leyes vigentes y al quebrantarse las mismas se traducen en una limitación, desatención y falta de respeto a nuestras leyes a nuestra sociedad y se traduce en un incumplimiento a la Democracia que implica no cumplir con los requisitos de ley y entrar en el favorecimiento del autoritarismo totalitario y la imposición de criterios unilaterales, de lo que se deducen que aquellas personas que pretenden allegarse al poder y pretenden representar su participación en un partido político se abrigan en la antidemocracia, presentando documentos de dudosa presentación, con lo que se fortalecen las practicas ilegales e irrespetuosas a las leyes locales y nacionales.
Considero que somos una sociedad democrática que requiere para su adecuado funcionamiento, la existencia de una cultura política de legalidad. La legalidad implica confianza ciudadana en que las decisiones provenientes de los poderes públicos están ajustadas a principios de imparcialidad y orientadas a los derechos fundamentales sin embargo, la relación entre ley y legalidad no es una ecuación sencilla es decir la base esta en la voluntad y aceptación el valor de la ley, requiere por ello, un ejercicio pleno de racionalidad humana, porque cuando este no se realiza, es muy fácil pensar que los beneficios inmediatos de las acciones ilegales son suficientes para garantizarnos una buena vida si por ejemplo las instituciones, los partidos políticos y los individuos piensan que es posible alcanzar una mejor vida democrática de mayor calidad haciéndose cómplices de actos ilegales como el descrito bastaría con generalizar este principio de conducta, (es decir, con sostener que una sociedad regida por la ausencia del derecho seria buena y deseable) para percatarnos de la incongruencia entre legalidad e ilegalidad. Sin embargo este tipo de razonamientos nos lleva a pensar solo en los beneficios inmediatos de estas acciones ejecutadas si no también en sus consecuencias para todos y cada uno de los que participamos en el presente proceso electoral.
Por lo que en mi calidad de comisionado propietario del Partido Revolucionario Institucional, con base en el artículo 41 del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado de Veracruz, que a la letra dice `Los partidos políticos pueden solicitar ante el órgano competente de la Comisión Estatal Electoral que se investiguen las actividades de otros partidos, cuando existan motivos fundados para considerar que incumplen algunas de sus obligaciones o que sus actividades no se apegan a la ley' con base a lo manifestado solicito que los partidos políticos que desarrollan sus actividades en esta contienda, brinden respeto fundamentalmente a las leyes y a sus instituciones, asimismo se fortalezca y se de cumplimiento cabal a la certeza en cada una de las acciones realizadas por la Comisión Estatal Electoral en el Estado de Veracruz, en consecuencia, solicito cancelar los registros de los candidatos descritos con antelación como Candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa, que han sido acreditados para participar en el presente proceso electoral para la renovación del Poder Legislativo de Veracruz."
En el diverso RA/008/2/98, cuyo escrito de interposición está glosado en el cuaderno accesorio 5, a fojas 54 a 85, se advierte fueron externados idénticos argumentos, incluso existe coincidencia textual casi total, salvo que en este último difieren las citas del Partido Verde Ecologista de México, en lugar del Partido del Trabajo, que se alude en el primero de los recursos, también existe diferencia al mencionar al "Distrito XX, con cabecera en San Andrés Tuxtla", mientras que en el transcrito señala los distritos VII y XVII, con cabeceras en Papantla y Veracruz; igualmente, hay otra discrepancia, al mencionar veintitrés expedientes y fórmulas, relativos a los registros respectivos, en tanto que, en el transcrito, se mencionan veintidós; por último, en la transcripción también se alude a que sólo en dos expedientes se acompañó copia certificada de las actas de nacimiento y en el diverso asunto, se indica que únicamente en uno. La ubicación de dichas diferencias, como se advertirá, se encuentra resaltada con negrillas en la transcripción que antecede.
Ahora bien, efectuada la comparación entre los agravios formulados ante la autoridad jurisdiccional responsable, transcritos en este considerando, con lo expuesto a manera de motivos de inconformidad, en ambos juicios de revisión constitucional electoral, promovidos por el Partido Revolucionario Institucional, que igualmente trasuntos se hallan en el cuerpo de la presente ejecutoria, se advierte que textualmente coinciden los que fueron materia de las apelaciones, con la mayoría de los que se adujeron en las revisiones que ahora se resuelven, desde luego, las promovidas por el mencionada instituto político, con excepción de algunos argumentos que fueron adicionados por el actor, pero que, en modo alguno, obstaculizan la conclusión de que prácticamente la totalidad de argumentos son reproducidos en modo literal en los juicios de revisión de mérito, lo que genera la destacada inoperancia.
Lo anterior es así, porque los argumentos expresados para combatir la sentencia dictada en los recursos de apelación acumulados, como se adelantó y con las salvedades que posteriormente serán señaladas, únicamente constituyen la reproducción textual de los agravios expuestos ante la potestad jurisdiccional común; en tanto que, el cometido legal del juicio de revisión constitucional electoral, consiste en analizar la constitucionalidad de los actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos, según lo previene el párrafo 1, del artículo 86, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En el presente asunto, se impugna un fallo emitido por una autoridad jurisdiccional estatal en materia electoral, por lo cual, como con antelación quedó establecido, era menester se expusieran agravios y que éstos reunieran las características destacadas, en cuanto a que, contuvieran la exposición de argumentos tendentes a evidenciar que el Tribunal responsable al pronunciar la resolución reclamada, incurrió en transgresiones constitucionales con su actuar, en la apreciación de los hechos y de las pruebas, o en la aplicación del derecho, lo cual no se satisface con una mera reiteración de lo manifestado como agravios en los recursos de apelación, porque esta instancia constitucional no es una repetición o renovación de los medios impugnativos ordinarios, habida cuenta que, el acto que se analizó en éstos es el desplegado por la autoridad electoral local, esto es, consiste en el acuerdo adoptado por el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, de dos de junio del presente año, respecto de las solicitudes de registro supletorio de fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, presentadas por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista; mientras que, la materia de estos juicios de revisión, es el fallo pronunciado por el ente jurisdiccional, o sea, la resolución de diecinueve del mismo mes, dictada por el Tribunal Estatal de Elecciones de Veracruz-Llave, en los autos del recurso de apelación RA/006/1/98 y sus acumulados RA/007/2/98, RA/008/2/98 y RA/009/3/98, y aunque ésta se ocupó de examinar el acuerdo del Consejo General, esta Sala Superior debe juzgar el proceder del aludido Tribunal Electoral, a la luz de los agravios que se expongan con la finalidad de cuestionar dicho proceder; sin embargo, como los que se hicieron valer no permiten tal estudio, por su deficiente formulación, ya que lejos de atacar las razones y fundamentos vertidos por la autoridad jurisdiccional resolutora, se encaminan de manera limitada a destacar la pretensión directa del partido actor, frente al acto del órgano electoral, que figuró como autoridad del responsable en las apelaciones, se insiste, mediante la reproducción casi textual de los motivos de inconformidad que planteó originalmente en los recursos de apelación; por tal motivo, es evidente la inoperancia en comentario, ante la imposibilidad jurídica de analizar la constitucionalidad de la resolución reclamada, dado el incumplimiento en que incurrió el partido político actor, al omitir expresar razonamientos lógico-jurídicos encaminados a destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó el Tribunal responsable; circunstancia a la que indudablemente se encontró obligado y que no se ve satisfecha con argumentos que, no son susceptibles de estudiar de primera mano, por este órgano de control constitucional, porque fueron materia de análisis por el emitente del fallo combatido y cuyas consideraciones respectivas no se impugnaron expresamente, con razonamientos tendentes a desvirtuar tales estimaciones. De ahí que, resulte diáfana la ineficacia de los agravios que se limitan a reiterar aspectos que ya fueron cuestionados y decididos.
Finalmente, se mencionó que en los agravios de los juicios de revisión de que se trata, existen salvedades a la reproducción textual de referencia, pero se aclaró que éstas no influyen para que se impida arribar a la conclusión anotada ─la de inoperancia de los motivos de inconformidad─; se contienen en la parte final del "SEGUNDO AGRAVIO", así como en el apartado que el partido político demandante identificó como "CONCLUSIONES" y están compuestas por argumentos que, en síntesis, se refieren a lo siguiente:
a) Que el propio Tribunal Estatal de Elecciones del Estado de Veracruz, en sus compilaciones de criterios de mil novecientos noventa y seis, en una de sus tesis relevantes establece criterio jurídico que guarda relación con lo establecido en estos medios de impugnación y transcribe una tesis, cuyo rubro es: "COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS PUBLICOS APORTADOS POR EL RECURRENTE. CARECEN DE VALOR PROBATORIO".
b) Que el Tribunal Estatal de Elecciones, del análisis de las constancias relacionadas con el registro de candidatos, afirmó que se incumplió con los requisitos de elegibilidad previstos en la fracción VI, del precepto constitucional relativo y procedió a revocar el registro de las postulaciones que indica.
c) Que por cuanto hace al resolutivo tercero, emitido por el Tribunal responsable, en donde desestima los agravios expresados en los recursos de apelación que interpuso en contra del acuerdo impugnado, respecto de lo argumentado sobre las copias fotostáticas simples, de las actas de nacimiento de los candidatos que integran las demás fórmulas registradas, en cuanto a la falta de fundamentación del acuerdo, sólo encontró irregularidades en los distritos que indica el actor, por lo que solicita se ratifique lo acordado por el Tribunal Estatal de Elecciones y se modifique el resto de las candidaturas impugnadas, toda vez que no cumplen con los requisitos de ley.
Resulta pertinente destacar que dichas manifestaciones, fueron intercaladas entre aquellas que sólo constituyen una reproducción textual de los agravios de apelación, incluso, se aprecia que se hallan subordinadas a éstos y, en esa medida, comparten su inoperancia, máxime que no contienen argumentos lógicos-jurídicos, encaminados a evidenciar la inconstitucionalidad del acto reclamado puesto que, en primer término, según quedó de relieve en el inciso a) que antecede, se limita a invocar una tesis del propio Tribunal responsable, pero como apoyo de dichos agravios reiterativos, sin adicionar ningún otro argumento que permitiera el análisis de las consideraciones materia de impugnación.
Lo mismo acontece con lo manifestado en segundo término, y que se identificó con el inciso b), en razón de que, únicamente constituye una reseña de alguna de las actitudes adoptadas por el jurisdicente al emitir el fallo combatido, con la que expresa cierta conformidad y que, carece de las características necesarias para constituir agravios debidamente formulados.
Por último, las manifestaciones condensadas en el inciso c), tampoco configuran los pluricitados argumentos lógico-jurídicos, necesarios para el estudio de la constitucionalidad de la resolución impugnada, debido a que también contienen una narración de otro de los aspectos de la resolución reclamada y aunque además, contienen una petición de que se confirme cierta parte del fallo y "se modifique el resto de las candidaturas impugnadas, toda vez que no cumplen con los requisitos de ley"; lo único que denota es que el partido actor se encuentra conforme con determinado tópico de la resolución y, por otro lado, manifestaciones que dada su generalidad, no revisten los requisitos necesarios para considerarlos agravios debidamente constituidos.
Luego entonces, como la mayoría de los argumentos expuestos a guisa de agravios son reiterativos, en tanto que los que no lo son propiamente, son dependientes de los primeros y además, por las manifestaciones genéricas que contienen, no son susceptibles de permitir el análisis del fallo cuestionado; es evidente la inoperancia de tales motivos de inconformidad.
En consecuencia, ha lugar a declarar la inoperancia de los motivos de inconformidad hechos valer a guisa de agravios en los juicios de revisión constitucional electoral SUP-JRC-025/98 Y SUP-JRC-026/98, ambos promovidos por el Partido Revolucionario Institucional.
SEPTIMO. Para una mayor claridad, previo el estudio de los agravios hechos valer, por el Partido de la Revolución Democrática, se efectuará un análisis del marco constitucional y legal relativo al registro de candidatos a diputados en el Estado de Veracruz.
Así, se tiene que, el artículo 48 de la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave, es del tenor siguiente:
"ARTÍCULO 48. Por cada Diputado propietario se elegirá a un suplente. En ambos casos se requiere:
I. Ser ciudadano veracruzano, nativo del Estado, o con residencia efectiva en el mismo no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección en caso de no ser natural del mismo; en ambos casos en pleno ejercicio de sus derechos;
IV. No ser ministro de ningún culto religioso;
V. No tener empleo, cargo o comisión del Estado o de otros Estados, ni de la Federación o Municipios, o estar separado de ellos cuando menos noventa días antes de la elección, únicamente por lo que hace a los propietarios; y
VI. No tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo, exceptuando aquéllos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o suspensión condicional de la sanción".
A su vez, los preceptos 9, 181, 183 y 184 del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas de la mencionada Entidad, prevén lo que a continuación se transcribe:
"ARTÍCULO 9. Para ser electo Diputado, Gobernador del estado o miembro de algún Ayuntamiento, se requiere tener las cualidades previstas por los artículos 48, 83 y 112 de la Constitución Política local, respectivamente.
No podrán ser postulados en las elecciones mencionadas:
I. Los Magistrados y Secretarios del Tribunal Estatal de Elecciones, salvo que se separen de sus cargos un año antes de la elección correspondiente;
II. Los miembros con derecho a voto del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, exceptuando a los Comisionados de los partidos políticos, salvo que se separen de sus cargos ciento ochenta días antes de la elección correspondiente;
III. Los miembros de las Comisiones Distritales y Municipales, exceptuando a los Comisionados de los partidos políticos, salvo que se separen de sus cargos noventa días antes de la elección correspondiente;
IV. El Director General, el Secretario General y los Coordinadores Ejecutivos de la Comisión Estatal Electoral, salvo que se separen de sus cargos un año antes de la elección correspondiente; y,
V. El personal profesional del servicio electoral y el personal auxiliar del Tribunal Estatal de Elecciones.
ARTÍCULO 181. Postulación es la solicitud de registro de un candidato o fórmula de candidatos sostenida por un partido político o coalición registrados, que deberán contener los datos siguientes:
I. La denominación del partido o coalición;
II. Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
III. Nombre y apellidos de los candidatos;
IV. Edad, lugar de nacimiento, vecindad y domicilio;
V. Cargo para el cual se postula;
VI. Ocupación;
VII. Folio, clave y año de registro de la credencial de elector;
VIII. Las firmas de los funcionarios autorizados, de acuerdo con los estatutos o convenio respectivos, del partido o coalición postulante, así como el folio, clave y año del registro de sus credenciales de elector; y,
IX. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en las fracciones III, IV, VII y XII del artículo 40 de este Código.
En las postulaciones de candidatos a Diputados y Ayuntamientos, las fórmulas correspondientes se integrarán con Propietarios y Suplentes.
ARTÍCULO 183. Para la postulación de candidatos a cargos de elección popular se observarán los siguientes criterios y procedimientos:
I. La solicitud de registro de candidato o fórmula de candidatos se hará por cuadruplicado, firmada por los directivos del partido que la sostiene, los que previamente deberán estar registrados ante la Coordinación Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de la Comisión Estatal Electoral, exhibiendo las credenciales de elector de los candidatos;
II. El Secretario del Consejo General o de la Comisión respectiva anotará al calce de la postulación la fecha y hora de su presentación, verificará los datos y devolverá un tanto a los interesados, integrando por triplicado los expedientes. Un ejemplar será para la Coordinación Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de la Comisión Estatal Electoral, otro para el órgano calificador de la elección correspondiente y el tercero para el órgano ante el que se haga el registro;
III. Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el Secretario del Consejo General o la Comisión Electoral respectiva se verificará dentro de los tres días siguientes que se cumplió con todos los requisitos señalados en el artículo 181 de este Código;
IV. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al partido político correspondiente para que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala el artículo 182 de este Código;
V. Cualquier solicitud de registro de candidaturas presentada fuera de los plazos señalados por este Código será desechada de plano y, en su caso, no se registrará la candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos;
VI. Dentro de los tres días siguientes a aquél en que venzan los plazos a que se refiere el artículo 182 de este Código, el Consejo General o las Comisiones Electorales correspondientes celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan;
VII. La negativa de registro de una postulación podrá ser impugnada mediante el recurso correspondiente, interpuesto por el Comisionado del partido político o coalición interesados; y,
VIII. En el caso que para un mismo cargo de elección popular sea solicitado el registro de más de un candidato por un mismo partido político, el Secretario del Consejo General requerirá a la dirigencia estatal del partido político a efecto de que en un término de cuarenta y ocho horas decida qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por la primera solicitud presentada, quedando sin efecto las demás.
ARTÍCULO 184. El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral podrá exigir a los candidatos la comprobación de sus requisitos de elegibilidad".
Lo antes transcrito pone de relieve que, la Ley Fundamental del Estado de Veracruz establece que, para ser Diputado, entre otros requisitos, es necesario ser ciudadano veracruzano, nativo de dicho Estado, o, en caso, de no ser natural del mismo, tener residencia efectiva en él de cuando menos cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección. Sin embargo, dada la naturaleza propia de una Constitución, ésta nada prevé en relación al procedimiento para el registro de los candidatos que puedan ser postulados por los partidos políticos para las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados locales y Ayuntamientos, por lo que, delega ---artículo 43---, a las normas ordinarias, la facultad de regular los procesos electorales a través de los cuales, los habitantes del Estado eligen al titular del Poder Ejecutivo Estatal, a los integrantes del Congreso Local y de los Ayuntamientos. De ahí que, es el Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado, el que se encarga de reglamentar las normas Constitucionales relativas al ejercicio de los derechos y obligaciones políticas y electorales de los ciudadanos; a la organización, función, derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos, las asociaciones políticas y las agrupaciones de ciudadanos de un municipio; a la función estatal de organizar las elecciones ordinarias y extraordinarias de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamiento de la Entidad; a la integración y funcionamiento del Tribunal Estatal de Elecciones y del sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales.
Una vez puntualizado lo anterior, debe tenerse presente, en lo que aquí interesa, el transcrito artículo 9 del ordenamiento electoral de la Entidad referida, el cual establece que, entre otros cargos, para ser diputado, se deben reunir los requisitos señalados en el comentado precepto 48 de la Constitución Estatal; y que, se agrega en la norma legal que nos ocupa, no pueden ser postulados a dicho cargo, los Magistrados y Secretarios del Tribunal Estatal de Elecciones, los miembros con derecho a voto del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, así como los integrantes de las Comisiones Distritales y Municipales, con excepción, en ambos casos, de los comisionados de los partidos políticos; el Director General, el Secretario General y los Coordinadores Ejecutivos de la Comisión Estatal Electoral; en todas las hipótesis anteriores, con la salvedad de que se separen de su cargo con diversos plazos anteriores a la fecha de la elección; así como el personal del servicio profesional electoral y el personal auxiliar del Tribunal Estatal de Elecciones.
Luego, del mencionado artículo 181, se observa, en lo conducente, que la solicitud de registro de un candidato o fórmula de candidatos, entre otros datos, debe contener el lugar de nacimiento, vecindad y domicilio del aspirante a representante popular. Tal petición tiene que hacerse por cuadruplicado, como lo indica el precepto que le sigue, con la firma de los directivos del partido que lo postula (que previamente deberán estar registrados ante la Coordinación Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de la Comisión Estatal Electoral), exhibiendo las credenciales de elector de los candidatos y así, una vez recibida la solicitud de registro de candidaturas por el Secretario del Consejo General o de la Comisión Electoral respectiva, se verificará que se cumplan todas las condiciones señaladas en el citado artículo 181; y si de la verificación se observa la omisión de algún requisito, se hará saber al partido político postulante, para que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, lo subsane o sustituya la candidatura; finalmente, dentro de los tres días siguientes a aquél en que venzan los plazos para el registro de postulaciones, la autoridad electoral debe celebrar una sesión con el fin de registrar las candidaturas procedentes.
Por su parte, el referido precepto 184, faculta al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral para que, discrecionalmente, exija a los candidatos postulados, que demuestren que reunen los requisitos elegibilidad previstos en las normas atinentes.
Lo expuesto revela que, ninguno de los preceptos en comento determina que, en principio y por regla general, para ser registrado por el órgano electoral correspondiente como candidato a Diputado por el principio de mayoría relativa, se deba demostrar fehacientemente haber nacido en el Estado de Veracruz o residido en él cuando menos cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, y tampoco que, para tal fin, se deba anexar a la solicitud relativa, copia certificada del acta de nacimiento del ciudadano cuyo registro como candidato a diputado se pretenda. Sobre dicho tópico, como se dijo, la ley únicamente establece la obligación de asentar en la solicitud de registro, entre otros datos, el lugar de nacimiento, vecindad y domicilio del candidato; pero sin la exigencia de que deban acreditarse tales datos, mediante los documentos idóneos; habida cuenta que, tal obligación ---demostrar documentalmente que el candidato postulado reune los requisitos de elegibilidad exigidos constitucional y legalmente---, sólo se presentaría en el supuesto de que el ente electoral decidiera ejercer la facultad revisora que le otorga el artículo 184 del pluricitado Código Electoral del Estado.
Congruente con lo anterior, la Coordinación Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el cuatro de mayo de este año, envió a diversos institutos políticos, entre ellos, se observa de autos, al Partido del Trabajo y al Verde Ecologista de México, similares oficios, en los que, en la parte conducente, se lee que con el propósito de eficientizar las relaciones cordiales de la Comisión Estatal Electoral, con el Partido a cuyo Presidente se envía el oficio, era grato enviarles un ejemplar del formato de registro para la candidatura a diputados locales, que habrá de presentarse a esa Comisión, dentro del período comprendido del veinte al treinta del propio mes de mayo. Agregándose en el oficio, que por instrucciones de la Junta General Ejecutiva, el comunicado tenía como objetivo eficientar el desarrollo del proceso electoral, en cumplimiento de los artículos 48 de la Constitución del Estado, 181 y Cuarto Transitorio del Código de Elecciones de dicha Entidad Federativa.
A continuación se transcribe el ejemplar del formato de registro para la candidatura de diputados locales:
LOGOTIPOSOLICITUD DE REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA DIPUTADOS LOCALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE
FUNDADO EN EL ARTICULO 48 DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, Y EN EL ARTICULO 181 DEL CODIGO DE ELECCIONES Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y LAS ORGANIZACIONES POLITICAS DEL ESTADO, PRESENTO A ESA COMISION DISTRITAL ELECTORAL, O SUPLETORIAMENTE A ESA COMISION ESTATAL ELECTORAL, MI SOLICITUD DE REGISTRO PARA CONTENDER EN LA CAMPAÑA ELECTORAL DE DIPUTADOS LOCALES.
Fecha de Solicitud: _________ de Mayo de 1998
Distrito Electoral: _________________________________________________________________________
Partido Político que lo Postula: _________________________________________________________________________
Nombre del Candidato Propietario: _____________________________________________________________________________
Nombre completoApellidos Paterno y Materno
Lugar de Nacimiento: __________________________________________________________________________
Domicilio Actual: __________________________________________________________________________
Tiempo de residencia en el Estado: ______________ años.
Ocupación: ___________________________________________
Datos de su Credencial de Elector: 1) Folio: ___________________
2) Clave de Elector: ______________________ 3) Año de Registro: __________
Nombre del Candidato Suplente: _____________________________________________________________________________
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN EN AMBOS CASOS
1.-Copia del Acta de Nacimiento.
2.-Copia de la Credencial de Elector.
3.-Declaración de aceptación de la candidatura.
4.-Declaración de no ser ministro de algún culto religioso.
5.-Declaración de no tener antecedentes penales.
6.-Declaración de estar separado del empleo, cargo o comisión de la Federación, Estados y Municipios. UNICAMENTE POR LO QUE HACE AL PROPIETARIO.
____________________ Ver., a ____ de Mayo de 1998.
Nombre y Rúbrica del Presidente del PartidoNombre y Rúbrica del Secretario del Partido
Nombre y Rúbrica del Candidato PropietarioNombre y Rúbrica del Candidato Suplente
De este formato, fácilmente se advierte que, el órgano electoral encargado de organizar las elecciones, con base en el artículo 48 de la Constitución del Estado y 181 del Código de Elecciones de la misma entidad, envió un formato a los partidos políticos con los datos que debían consignar en las solicitudes de registro, como son: Nombre completo; lugar de nacimiento; domicilio actual; tiempo de residencia en el Estado; ocupación; clave de elector; folio y año de registro; además, les indicó los documentos que a su solicitud tendrían que anexar, entre los cuales destacan, en lo que aquí interesa, copia del acta de nacimiento y de la credencial de elector, sin que se exigiera que estas copias fuesen ser certificadas. Tal proceder observado, aclarado quede de una vez, no trastoca ninguna norma constitucional o legal, en razón de que, no existe precepto alguno que de manera directa obligue a quien solicite el registro de alguna persona como candidato a diputado por el principio de mayoría relativa en el Estado de Veracruz, a entregar copia fotostática certificada de los mencionados documentos; además de que, como se dijo, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral tiene la facultad para, de estimarlo conveniente, requerir a los candidatos a algún cargo de elección popular, que comprueben reúnen las condiciones de elegibilidad previstas por la ley. De suerte tal que, mientras tal requerimiento no se formule de manera clara y precisa, no hay razón alguna que justifique la negativa del registro pretendido, basada en la falta de exhibición de determinada documentación diferente a la enumerada por la ley aplicable.
Puntualizado lo anterior, el estudio de los agravios expuestos por el Partido de la Revolución Democrática, en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-027/98, conduce a realizar las siguientes consideraciones:
Es infundado el aspecto de los agravios por virtud del cual el Partido de la Revolución Democrática, en esencia se duele de la decisión jurisdiccional de conceder eficacia demostrativa al formato, que se dice elaborado por la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, de la Comisión Estatal Electoral, y conforme al cual, debieron sujetarse los partidos políticos para el registro de sus candidatos a diputados por ese principio.
Lo anterior es en los términos indicados, si se tiene en consideración que, contra lo argüido en ese aspecto de la demanda, y pese a que en el fallo ahora impugnado, la autoridad del conocimiento, sostiene que la elaboración de ese documento corrió a cargo de la coordinación indicada; esa apreciación es incierta. Ciertamente, para tener la certeza de que un documento fue elaborado por determinada persona u organismo, es preciso contar con la información mínima necesaria que ponga de manifiesto que, en su confección o preparación participó de manera directa o indirecta, o bien, que hizo suyo su contenido, cuyas cuestiones deben corroborarse o acreditarse, evidentemente, a través de dos medios fundamentales; el primero, por virtud del reconocimiento de la autoría y el segundo, porque en el documento obren signos inequívocos que así lo pongan de manifiesto, como en su caso, la firma correspondiente, por considerarse a ésta, la que legalmente da autenticidad a su contenido y que a la postre, trae como consecuencia su reconocimiento; esto es, para que a determinada persona se repute autora de cierto documento, no sólo es indispensable que materialmente participe o lleve a cabo su elaboración, sino que, también puede bastar con que lo suscriba o reconozca como propio su contenido, para que sea participe de los efectos jurídicos correspondientes. Circunstancias particulares que, en la especie, no concurren, puesto que basta imponerse de las constancias que integran los presentes juicios acumulados, incluidos los cuadernos accesorios correspondientes, para advertir, nítidamente, que se carece de documento alguno que tenga la entidad jurídica suficiente para acreditar que la formulación de ese formato, corrió a cargo de la pluricitada coordinación; antes bien, a foja 159 del cuaderno accesorio número 1, se localiza el oficio 0112, relativo al expediente 500, suscrito por Javier Aguirre Prieto, como Coordinador Ejecutivo, dirigido a Ezequiel Flores Rodríguez, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido del Trabajo, cuyo texto literalmente dice: "Con el propósito de eficientizar (sic) las relaciones cordiales de la Comisión Estatal Electoral, con el Partido del Trabajo que usted dignamente preside, nos es grato enviarles anexo al presente un ejemplar del formato de registro para la candidatura a Diputados Locales, que habrá de presentarse en esta Comisión, dentro del período de los días del 20 al 30 del mes de Mayo de los corrientes.
Por instrucciones de la Junta General Ejecutiva, éste comunicado como otros, tienen además el objetivo de eficientar al desarrollo del proceso electoral, en cumplimiento de los artículos 48 de la Constitución del Estado, 181 y Cuarto Transitorio del Código de Elecciones.
Reciban saludos respetuosos y las seguridades de nuestra consideración"; de ahí que, si del oficio de referencia no se advierte que la elaboración del anexo que al mismo se acompaña, corriera a cargo de tal coordinación, ni de éste último se desprende información que ponga de manifiesto tal evento, es incierta la afirmación que a ese respecto se contiene en el segundo párrafo de la foja 7 del fallo atacado de inconstitucional.
Además, pese a que en ese formato se alude a que se emite con apoyo en lo dispuesto por los artículos 48 constitucional y 181 del Código Electoral, ambos del Estado de Veracruz-Llave, debe tenerse presente que, para el fin perseguido con ese documento, carece de relevancia jurídica la invocación hecha de ese dispositivo constitucional, pues del texto del mismo, como de la información requerida para llenar los espacios correspondientes, se obtiene la conclusión, de que ninguna vinculación tiene con aquél; en cambio, sí guarda armonía, casi absoluta, con las exigencias contenidas en el precepto de la ley secundaria, en el que, se insiste, se relacionan los datos que deben contener las postulaciones de los ciudadanos para ser electos diputados propietarios o suplentes indistintamente y que, conforme a ese formato, deben proporcionarse a la Comisión Distrital Electoral, en la propuesta correspondiente. Apreciación en la que, inclusive coincide el partido accionante, al sostener en sus agravios, la falsedad de que el documento en cuestión, encuentre sustento en el contenido del artículo 48 constitucional; por lo demás, la autoridad del conocimiento, en el fallo impugnado, legalmente tiene como punto de partida para proceder al examen del fondo del asunto, las exigencias contenidas en ese documento y a las que debieron sujetarse las postulaciones que realizaron, puesto que, como quedó establecido, en esencia las mismas son coincidentes con las exigidas por aquél artículo la Ley de Elecciones de ese Estado, todo lo cual torna infundado ese motivo de inconformidad.
Infundado deviene, asimismo, lo alegado en torno a que el Tribunal Estatal de Elecciones, al determinar la legalidad de los registros ahora cuestionados, de los candidatos cuya postulación corrió a cargo de los Partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, transgrede lo dispuesto por los artículos 48 y 9, de la Constitución Política y del Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas, respectivamente, del Estado de Veracruz-Llave, lo que acontece, dice, toda vez que, las actas de nacimiento, adjuntadas a las solicitudes de registro relativas a los candidatos impugnados, se hizo en copias fotostáticas simples, carentes de valor probatorio; que además, esas copias no son a las que se refiere la ley, sino a la copia expedida por el oficial del registro civil correspondiente.
Sobre esa temática, debe decirse que tampoco asiste razón a disconforme, toda vez que, los dispositivos constitucional y legal, en el orden en que alude en ese apartado de los agravios, establecen exigencias diversas a las contempladas por el artículo 181 del Código Electoral del Estado; a saber, aquéllos aluden, el primero, a catalogar los requisitos que deben satisfacer los ciudadanos que habrán de elegirse como diputados, ya sea, propietarios o suplentes; el segundo reitera, en lo que interesa, lo relacionado con los diputados y enumera las causas de exclusión para acceder a ese cargo de elección popular. Opuesto a lo anterior, se insiste, el dispositivo 181 señalado, se limita exclusivamente a indicar, como del título correspondiente se desprende (Primero del Libro Quinto), los datos que debe contener la postulación. De ello se colige que, si dentro de esos requisitos no se encuentran los relativos a la exhibición de copias del acta de nacimiento y de la credencial para votar con fotografía, sí exigidos por el formato entregado a los partidos políticos, cuyos registros ahora se cuestionan, es claro que, no tenían obligación legal para adjuntar esa documentación y si lo hicieron, en observancia al formulario previamente recibido, se considera que obedece a la decisión de éstos, a no correr riesgos innecesarios en el registro de las fórmulas de candidatos. Luego, de colmar las restantes exigencias legales correspondientes; además, respecto de esto último, es preciso resaltar que, para que los partidos políticos estuvieran comprometidos a exhibir, copia certificada del acta de nacimiento, expedida por el oficial del registro civil o funcionario correspondiente, como lo alega el aquí accionante, era preciso que, con toda exactitud, la autoridad electoral estatal, así lo hubiere establecido en aquel formato, habida consideración que, toda exigencia en tal sentido, debe ser clara, esto es, que de manera alguna pueda prestarse a confusión, como de hecho acontece, con la información consignada en el formato tantas veces invocado, en el cual, respecto del tema de que se trata, exclusivamente alude, en el apartado relativo a documentos que se deben anexar, a lo siguiente: "1. Copia del acta de nacimiento"; expresión que, precisamente por ser genérica, puede dar margen a diversas, interpretaciones; una de ellas efectivamente puede coincidir con la que hicieron los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, de que bien pudiera satisfacerse la exigencia, con allegar, además de la restante información y documentación, copia fotostática simple de la indicada acta de nacimiento; diversa interpretación puede darse, como de hecho lo hace el partido político actor, que a la postre fue sostenida por diversas agrupaciones políticas, de que esa copia, necesariamente debería haber sido la certificada que expidiera la autoridad encargada de hacerlo; sin embargo, bien pudiera resultar una tercera interpretación, en la que se incluyeran las copias al carbón o simples; de suerte que, dada la vaguedad de la exigencia contenida en el formato, no existe punto de partida en éste, que obligara a los partidos políticos a adjuntar cierto tipo de copias, sin que pudiera reprochárseles, consecuentemente, a los Partidos del Trabajo y al Verde Ecologista de México, que aportaran fotocopias simples, independientemente del valor probatorio o de la carencia de él, que pudiera identificar esas probanzas, puesto que, lo verdaderamente importante, es que cumplieron, conforme a la interpretación que hicieron, con adjuntar a sus postulaciones de candidatos, las copias de las actas de nacimiento correspondientes.
Por otra parte, cabe establecer, que el hecho de que la legislación electoral en consulta, no establezca a cargo de los partidos o agrupaciones políticas, la obligación de avalar la información consignada en la postulación, con documento específico alguno, bien puede tener como origen la buena fe o confiabilidad de la certeza de la información proporcionada a los partidos o agrupaciones políticas por los ciudadanos a quienes postulan como sus candidatos; tan es así lo anterior, que el artículo 184 del Código de Elecciones tantas veces citado, reserva al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, la facultad de exigir a los candidatos, la comprobación de sus requisitos de elegibilidad, potestad a la que habrá de recurrir y ejercer, precisamente en aquellos casos en los que dude sobre la veracidad de la información proporcionada, y así, estará facultado para exigir se le allegue la documentación que éste estime conveniente, dentro de ella, bien puede contenerse el acta de nacimiento, en la forma que aquél organismo estime pertinente, lo que puede acontecer, se insiste, cuando según la facultad potestativa de ese Consejo, lo estime necesario.
En ese orden de cosas, si como quedó establecido, la exhibición de la copia certificada de las actas de nacimiento y las relativas a las credenciales de elector, no son requisitos a satisfacer indispensablemente, conforme a la ley de la materia, para obtener el registro de fórmulas de candidatos, el hecho de que al aportarlos se hiciera en fotocopias simples, en nada influye en la decisión que al respecto tomó la Comisión Estatal Electoral, de acceder a los registros solicitados y ahora impugnados, independientemente del valor probatorio que legalmente corresponda a ese tipo de probanzas, porque además, puede entenderse que al habérselos solicitado, fue con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias, con lo cual, hace uso anticipado de la facultad de requerimiento últimamente indicada.
Tampoco puede trascender legalmente en el sentido, que identifica ese aspecto de la sentencia atacada de inconstitucional, como consecuencia de lo anterior, la afirmación contenida en el fallo, en el sentido de que el acto de registro es eminentemente administrativo; puesto que, aún coincidiendo con el partido aquí accionante, de que el mismo participa de la naturaleza de jurisdiccional, por cuanto a que la Comisión Estatal Electoral, debe decidir, luego de analizar la información y evaluar la documentación allegada a la postulación, si acepta o rechaza tal petición; esto como se dijo, es intrascendente, puesto que finalmente, la decisión de ese órgano electoral, resulta apegada a derecho, porque a ella arribó, luego de revisar y verificar la documentación presentada por los partidos políticos para el registro de candidatos y constató la satisfacción de las exigencias contenidas en el artículo 181 del Código Electoral. Luego, ninguna obligación se surtía, para esa sola finalidad, a cargo de la Comisión, de constatar, mediante el cotejo correspondiente la coincidencia de la fotocopia del acta de nacimiento con el original o con la copia certificada respectiva.
Así visto el asunto, ante lo inoperante en una parte y lo infundado en otra, de los agravios expresados, con apoyo en lo establecido por el artículo 93, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se impone confirmar exclusivamente la parte del fallo impugnado a través de los presentes juicios de revisión constitucional electoral.
UNICO. Se confirma el punto resolutivo tercero, de la sentencia dictada por el Tribunal Estatal de Elecciones del Poder Judicial del Estado de Veracruz-Llave, dentro del recurso de apelación RA/006/1/98 y sus acumulados.
NOTIFIQUESE a las partes la presente resolución en los términos de ley; devuélvanse los documentos atinentes, después de lo cual, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los señores Magistrados José Luis de la Peza, Leonel Castillo González, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, quien fue la ponente, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata, quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ausente el Magistrado Eloy Fuentes Cerda, quien cumple una comisión oficial. Autoriza y da fe el Secretario General de Acuerdos. Rúbricas.