Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-su-637-de-noviembre-21-de-1996?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920415c56f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-09 22:38:00
Document Index: 82442147

Matched Legal Cases: ['artículo 177', 'artículo 175', 'artículo 124', 'artículo 256', 'artículo 174', 'artículo 257', 'artículo 174', 'Artículo 278', 'artículo 61', 'artículo 256', 'artículo 177', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 27', 'artículo 32', 'artículo 29', 'artículo 36', 'artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 253', 'artículo 279', 'artículo 256', 'artículo 256']

﻿ SENTENCIA SU-637 DE NOVIEMBRE 21 DE 1996
SENTENCIA SU-637 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1996
CONTENIDO:NORMAS DISCIPLINARIAS QUE RIGEN PARA FUNCIONARIOS JUDICIALES
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO, SERVIDOR PÚBLICO DE LA RAMA JUDICIAL, FUNCIÓN PÚBLICA, RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO, DESTITUCIÓN DEL FUNCIONARIO JUDICIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:302 DE FEBRERO DE 1997. PG. 165
Sentencia SU-637 de noviembre 21 de 1996
SE LES APLICA EL CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO
EXTRACTOS: «1. El actor considera que en la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se le impuso la sanción de destitución, se incurrió en una vía de hecho. Fundamenta su aseveración en la circunstancia de que el Consejo basó su fallo en el Decreto 1888 de 1989, a pesar de que éste había sido derogado por la Ley 200 de 1995, ley que si se hubiera aplicado le habría acarreado una sanción más favorable.
2. El Consejo Superior de la Judicatura estima que los funcionarios de la rama judicial del poder público gozan de fuero disciplinario y que, por lo tanto, no se rigen por el código disciplinario único (Ley 200 de 1995), sino por normas especiales, contenidas en el Decreto 1888 de 1989. Sostiene que la Ley 200 de 1995 es aplicable únicamente a los funcionarios de la administración pública y no a los de la rama jurisdiccional.
3. Se trata de esclarecer si las normas del código disciplinario único —en adelante también se hará referencia a este estatuto con el número de la ley o con su abreviatura CDU— son aplicables a los funcionarios de la rama judicial o si para estos rigen normas disciplinarias especiales. Además, debe establecerse si el Consejo Superior de la Judicatura incurrió en una vía de hecho al imponerle al actor la sanción de destitución con base en lo preceptuado por el Decreto 1888 de 1989.
4. Desde la misma sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), ya se había adelantado que el código disciplinario único era aplicable también a los funcionarios judiciales. En el mencionado fallo se examinó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia. La Corte declaró la inexequibilidad de los artículos 116 a 119 del proyecto, que contemplaban una serie de faltas y sanciones disciplinarias para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional. En la providencia se afirmó que la regulación de la materia disciplinaria era competencia propia del legislador ordinario y no de una ley estatutaria. Además, en la sentencia se llamó la atención acerca de que las materias tratadas por los artículos declarados inexequibles ya habían sido reguladas por la Ley 200 de 1995.
Posteriormente, mediante la sentencia C-280 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), esta corporación resolvió en sentido positivo el interrogante acerca de si la Ley 200 de 1995 se aplicaba también a los funcionarios de la rama judicial. En la sentencia se citan algunos apartes de la exposición de motivos del proyecto de ley, en los cuales es evidencia la intención de eliminar la multiplicidad de regímenes disciplinarios existentes hasta ese momento:
“Además, la proliferación y variado conjunto de normas que regulan la conducta de los servidores públicos y los procedimientos respectivos, permiten afirmar, sin temor a equivocaciones que existe un procedimiento general y numerosos especiales para distintos sectores de la administración como, entre otros muchos para los miembros de las fuerzas militares, la Policía Nacional, los maestros, los notarios, el personal de custodia y vigilancia de las cárceles, los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, los servidores de Santafé de Bogotá, D.C., los trabajadores de la seguridad social, los empleados del Ministerio de Hacienda, la rama judicial, los empleados administrativos del Congreso, etc.
Esta multiplicidad de regímenes disciplinarios conduce al ejercicio ineficiente e inequitativo del juzgamiento de la conducta de los servidores públicos, anarquiza la función del mandato constitucional a cargo de todas las entidades oficiales, por todas estas razones, es incuestionable que el Estado Colombiano debe tener un código o estatuto unificado para la realización del control disciplinario tanto interno como externo a fin de que la función constitucional se cumpla de manera eficaz y como además, se convierta en herramienta eficiente en la lucha contra la corrupción administrativa(1)”.
(1) Gaceta del Congreso, año IV, Nº 73.
En otro aparte de la sentencia C-280 de 1996 se expresa:
“Esta finalidad unificadora del CDU explica que el artículo 177 del mismo establezca que sus normas se aplican a “todos los servidores públicos sin excepción alguna y derogan las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel nacional, departamental, distrital, municipales, o que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este código”. En efecto, si el legislador pretendía por medio del CDU unificar el derecho disciplinario, es perfectamente razonable que sus artículos se apliquen a todos los servidores públicos y deroguen los regímenes especiales, como es obvio, con las excepciones establecidas por la propia Constitución. Tal es el caso de aquellos altos dignatarios que tienen fuero disciplinario autónomo, pues sólo pueden ser investigados por la Cámara de Representantes (C.P., art. 178) o de los miembros de la fuerza pública, pues en este caso la propia Carta establece que ellos están sujetos a un régimen disciplinario especial (C.P., arts. 217 y 218), debido a las particularidades de la función que ejercen. En relación con los funcionarios de la rama judicial que carecen de fuero, esta corporación ya ha establecido que no vulnera la Carta el ejercicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría, siempre y cuando “dicha competencia no haya sido asumida a prevención por parte del Consejo Superior de la Judicatura”(2). (subrayas fuera del texto).
(2) Sentencia C-244/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Consideración jurídica f. En el mismo sentido, sentencia C-417/93.
De los textos citados se deriva claramente que el CDU —dictado en cumplimiento del artículo 124 de la Constitución, el cual preceptúa que “la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva”— se aplica a todos los servidores públicos y deroga los regímenes especiales existentes hasta entonces, así como todas las disposiciones que le sean contrarias, salvo las excepciones contempladas en la Constitución y en la misma ley. Evidentemente, esta conclusión se extiende también a los funcionarios de la rama judicial.
Ahora bien, el Consejo Superior de la Judicatura expone diversos argumentos para fundamentar su posición acerca de que el CDU no puede aplicarse a los funcionarios de la rama judicial. Aun cuando, como se vio, este punto ya ha sido definido por la Corte, es importante analizar brevemente algunas de las razones expuestas por el Consejo, tal como se hace a continuación.
5. Asevera el Consejo Superior de la Judicatura que la Constitución Política estableció un fuero de juzgamiento disciplinario para todos los funcionarios de la rama jurisdiccional, en su artículo 256, numeral 3º. Este dispone que
“Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: (...).
3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en ejercicio de su profesión en la instancia que señale la ley”.
Esta corporación ya ha establecido que de los funcionarios judiciales únicamente gozan de fuero especial disciplinario los señalados en el artículo 174 de la Constitución Política, es decir, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación. En efecto, en la sentencia C-417 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), precisó la Corte que los funcionarios judiciales citados “únicamente están sometidos al escrutinio y juicio del Senado de la República, cuando incurran en las faltas que la Constitución contempla, y al de la Corte Suprema de Justicia —Sala Penal— cuando se trate de la comisión de delitos. Por tanto, en razón del mismo fuero, se hallan excluidos del poder disciplinario del Consejo Superior de la Judicatura que, en los términos del artículo 257, numeral 3º, de la Constitución, ha de ejercerse por dicha corporación sobre los funcionarios de la Rama Judicial carentes de fuero y sobre los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley”.
Obsérvese que el texto citado precisa que solamente los magistrados de las altas Cortes, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el fiscal general gozan de fuero especial tanto para las materias disciplinarias como para las penales. Con respecto a los demás funcionarios de la rama jurisdiccional la Corte ya ha manifestado que ellos no poseen un fuero disciplinario o judicial. El punto final lo desarrolla la misma sentencia al expresarse acerca del papel concurrente de la Procuraduría General de la Nación y de los consejos superior y seccionales de la judicatura en la labor disciplinaria sobre los funcionarios judiciales no señalados en el artículo 174 de la Constitución. Interesa citar algunos apartes de esa sentencia a este respecto:
“La Constitución Política de 1991 no concentra la función disciplinaria en cabeza de un organismo único, aunque establece una cláusula general de competencia en la materia a cargo de la Procuraduría General de la Nación. A esta encomienda la atribución de “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley” (C.N., art. 277, num. 6º).
Esa competencia de la Procuraduría se ejerce respecto de todo funcionario o empleado, sea cualquiera el organismo o rama a que pertenezca, salvo sobre aquellos que gocen de fuero especial según la Constitución. En cuanto a éstos se refiere, como ya se dijo, el Procurador General tan sólo tiene a su cargo la función de emitir concepto dentro del proceso que adelante la autoridad competente (C.N., art. 278, num. 2º).
“Artículo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones:
“1. Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo”.
En síntesis, las normas anteriores, interpretadas armónicamente, deben ser entendidas en el sentido de que, no siendo admisible que a una misma persona la puedan investigar y sancionar disciplinariamente dos organismos distintos, salvo expreso mandato de la Constitución, los funcionarios de la rama judicial —esto es aquellos que tienen a su cargo la función de administrar justicia (jueces y magistrados, con excepción de los que gozan de fuero constitucional)— pueden ser investigados y sancionados disciplinariamente por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a menos que se produzca el indicado desplazamiento hacia el control externo de la Procuraduría (subrayas no originales).
Esta conclusión fue ratificada en la sentencia C-244 de 1966 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), en el aparte relacionado con la demanda contra la parte final del tercer inciso del artículo 61 de la Ley 200 de 1995, inciso que reza así: “Respecto de los funcionarios de la rama judicial serán competentes para investigar y sancionar las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales, según el caso. A los empleados de la misma rama los investigará y sancionará el respectivo superior jerárquico, en ambos casos sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación”. La frase subrayada fue acusada de vulnerar el referido inciso 3º del artículo 256 de la Constitución, en razón de que, a juicio de la actora, los únicos organismos competentes para examinar la conducta disciplinaria de los funcionarios judiciales serían el Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de su sala disciplinaria, o los consejos seccionales respectivos. En aquella ocasión señaló la Corte:
“El punto que aquí se discute ha sido analizado por esta corporación en múltiples ocasiones, y en ellas se ha dejado claramente definida la competencia preferente o prevalente de la Procuraduría General de la Nación para investigar la conducta oficial de todos los funcionarios y empleados al servicio del Estado, cualquiera que sea la rama u órgano al cual prestan sus servicios y el nivel territorial al que pertenezcan, y que se conoce como control disciplinario externo, el cual no se opone al llamado control disciplinario interno a cargo del nominador o superior inmediato del empleado, ni al que ejerce el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, para resolver la acusación basta simplemente remitirse a los argumentos expuestos por la Corte en la sentencia C-417 de 1993, los cuales son íntegramente aplicables y servirán de fundamento para declarar exequible no sólo lo acusado, sino todo el inciso final, al no infringir norma constitucional alguna. (...)”.
Interesa añadir que la misma sentencia se perfiló más el concepto de poder disciplinario preferente de la Procuraduría en relación con los funcionarios judiciales excluidos del fuero, al precisarse que la prevalencia solamente se podía hacer valer cuando el Consejo Superior de la Judicatura o los consejos seccionales no hubieran asumido a prevención la investigación disciplinaria correspondiente. Dice al respecto el fallo.
“El poder preferente de la Procuraduría General de la Nación para investigar a funcionarios de la Rama Judicial que carecen de fuero y a los empleados de la misma, tampoco vulnera el estatuto superior, siempre y cuando en el caso de los funcionarios dicha competencia no haya sido asumida a prevención por parte del Consejo Superior de la Judicatura (C.P., art. 256)”.
7. Manifiesta también el Consejo que las normas de la Ley 200 de 1995 son de carácter administrativo, mientras que las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura poseen la calidad de sentencias. Sostiene que en la Ley 200 se contempla una serie de recursos que no pueden aplicarse a los procesos disciplinarios que realiza el Consejo, precisamente en virtud del carácter judicial de la actuación de este ultimo.
En la misma sentencia C-417 de 1993, la Corte reconoció el carácter judicial de las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura. En efecto, allí se expresó lo siguiente:
“La Constitución de 1991 creó, pues, una jurisdicción, cuya cabeza es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el mismo nivel jerárquico de las demás (título VIII, capítulo 7 de la Carta). Sus actos en materia disciplinaria son verdaderas sentencias que no están sujetas al posterior estudio y pronunciamiento de otra jurisdicción, como sería el caso de la Contencioso Administrativa, si se admitiera la tesis sostenida por el Procurador en este proceso, pues la Constitución no lo prevé así. Mal podría, entonces, negárseles tal categoría y atribuir a sus providencias el carácter de actos administrativos, pese a la estructura institucional trazada por el constituyente. Eso ocasionaría el efecto —no querido por la Carta (C.N., arts. 228 y 230)— de una jurisdicción sometida a las determinaciones de otra”.
8. La consideración anterior ofrece la respuesta a otra objeción presentada por el Consejo, en el sentido de que el CDU es una norma general, mientras que el Decreto 1888 de 1989 es la norma especial, lo que conduce a plantear la prevalencia de esta última. Al respecto cabe recalcar que, como ya se afirmó en el punto 4 de estos fundamentos, en el artículo 177 del CDU se impuso la derogatoria de todos los regímenes especiales existentes hasta el momento, lo cual apareja de manera inequívoca la pérdida de vigencia del Decreto 1888 de 1989. Pero incluso si la decisión del legislador hubiese sido otra y el referido Decreto 1888 de 1989 estuviese vigente, la relación entre el CDU y este decreto sería diferente a la planteada por el Consejo Superior de la Judicatura. En ese hipotético caso, dado que el CDU sienta las bases generales del régimen disciplinario aplicable a todos los servidores públicos, los regímenes especiales deberían construirse e interpretarse sobre esos fundamentos comunes, de manera tal que, en lugar de sostenerse que la existencia de un régimen disciplinario especial autorizaría el desacato del régimen general, habría de deducirse que dicho régimen especial es complementario del general.
9. Según el Consejo el CDU vulnera el principio de la separación de los poderes. Así mismo, considera que si los jueces gozan de autonomía e independencia, lo lógico es que ellos estén sometidos a normas disciplinarias especiales. Sobre esta tesis cabe simplemente señalar que la Constitución le asignó al legislador la facultad de decidir acerca del régimen disciplinario de los servidores públicos (C.P., arts. 6º, 124, 150-23 y 209). Ahora, dentro del abanico de posibilidades que el legislador tenía a su disposición, decidió, en uso de legítima libertad de configuración normativa, expedir un estatuto disciplinario básico aplicable a todos los funcionarios (arts. 20 y 177). El Congreso podría haber optado por otra fórmula, mas no lo hizo.
Por otra parte, ha de precisarse que de la existencia de un régimen disciplinario general no se puede deducir ni un peligro para la separación de los poderes ni una afectación de la autonomía funcional de los jueces, máxime si se tiene en cuenta que ese régimen debe respetar siempre la autonomía que a éstos reserve la Constitución Política.
10. El Decreto 1888 de 1989 consagraba, en sus artículos 8º y 9º, diferentes faltas contra la dignidad y la eficiencia de la administración de justicia. En el artículo 10 se determinaba que, independientemente de la responsabilidad civil o penal del infractor, los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional que incurrieran en las faltas previstas en el estatuto podían ser objeto de las sanciones de multa, suspensión o destitución. En el decreto no se establecía qué tipo de faltas debía ser objeto de una sanción determinada, sino que se dejaba a la discreción de la autoridad disciplinaria la fijación de la pena, de acuerdo con diversos criterios que señalaba la misma norma. Al respecto rezaba el artículo 15:
“La sanción disciplinaria será impuesta por la autoridad competente, con arresto al procedimiento, teniendo en cuenta la naturaleza, efectos y modalidades de la infracción, las circunstancias agravantes y atenuantes y la personalidad del acusado”.
11. El juez civil-laboral del circuito de Urrao Antioquia, S..., fue encontrado culpable de haber incurrido en las siguientes faltas disciplinarias: asistir en estado de embriaguez al despacho, realizar actos de irrespeto verbal contra una subordinada, incumplir los mandatos del Código de Procedimiento Civil respecto a cómo liquidar un crédito y sus intereses, dejar de asistir, injustificadamente, a la oficina y llegar tarde a ella. A partir de la determinación de estas faltas y en uso de las atribuciones que concedía el Decreto 1888 de 1989, tanto el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia como el Consejo Superior de la Judicatura decidieron sancionar al juez S... con la pena de destitución.
12. La Ley 200 de 1995 consagra, en su artículo 24, tres tipos de faltas disciplinarias, a saber: las gravísimas, las graves, y las leves. A continuación, el artículo 25 determina cuáles son las faltas gravísimas. Con respecto a las faltas leves y graves precisa el artículo 38 que “constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, la incursión en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de interés”. Los derechos de los funcionarios públicos están contemplados en el artículo 39, mientras que los deberes, las. prohibiciones y las incompatibilidades y las inhabilidades en los artículos 40, 41, y 42 a 45, respectivamente. A su vez, el artículo 27 determina cuáles son los criterios por atender para catalogar si la pena es grave o leve.
Por su parte, el artículo 32 precisa cuáles son los límites de las sanciones:
“Las faltas leves dan lugar a la aplicación de las sanciones de amonestación escrita con anotación en la hoja de vida o multa hasta 10 días del salario devengado en el momento de cometer la falta, con la correspondiente indexación.
“Las faltas gravísimas serán sancionadas con terminación del contrato de trabajo o de prestación de servicios personales, destitución, desvinculación, remoción o pérdida de investidura”.
De la lectura de este artículo se advierte que las faltas gravísimas son en todos los casos sancionables con la pena de destitución —o su equivalente—, y que sólo ese tipo de faltas es merecedor de esa pena. Para las otras faltas no se contempla dicha sanción, pero si existe una gama de posibilidades punitivas.
13. La enumeración taxativa de las situaciones que constituyen falta gravísima y que han de ser objeto de la sanción de destitución evidencia la voluntad del legislador de garantizarle a los servidores públicos que la sanción disciplinaria más grave sólo será aplicable en casos muy concretos y predeterminados.
La pena disciplinaria impuesta al juez S... fue fundamentada en el Decreto 1888 de 1989, el cual, como ya se señaló, fue derogado por el código disciplinario único. La sentencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia fue dictada el día 4 de abril de 1995. La apelación del fallo fue resuelta por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia dictada el día 26 de octubre de 1995, bajo la vigencia de la Ley 200 de 1995. Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura consideró en su momento que el código disciplinario único no había derogado el Decreto 1888 de 1989 y, por esa razón, decidió continuar aplicando este último decreto.
La Corte ha señalado ya en varias ocasiones que los principios del derecho penal criminal son aplicables al derecho disciplinario, por cuanto éste constituye una modalidad del derecho penal. Entre los principios del derecho penal se halla el de la favorabilidad, el cual se encuentra expresamente contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política. Este principio rige tanto para los conflictos de leyes en el tiempo como para cuando se trata de leyes coetáneas y se ha de determinar cual debe regir en un caso específico (3).
(3) Ver, entre otras: las sentencias T-438 de 1992, T-438 de 1994 y T-233 de 1995.
La situación examinada se enmarca dentro del derecho penal disciplinario, lo cual significa que en ella tiene plena vigencia el principio de la favorabilidad. A partir de esta afirmación se llega a la conclusión de que en el caso concreto del proceso disciplinario contra el juez S... debió aplicarse, en lo relacionado con las sanciones, la normatividad de la Ley 200 de 1995, la cual había entrado ya en vigor al momento de dictarse la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura. Las normas de la referida Ley 200 de 1995 atinentes a la sanción de destitución son más favorables a los disciplinados, puesto que eliminan la discrecionalidad de la autoridad disciplinaria para asignar esa pena y limitan a ciertas hipótesis taxativas la posibilidad de imponerla. La decisión judicial, de acuerdo con lo expuesto, corresponde a una vía de hecho. La imposición de la sanción disciplinaria más desfavorable, no obstante que al momento de confirmarse la sanción se encontraba en vigencia una ley que consagraba un régimen punitivo más favorable y que, la misma de manera expresa e inequívoca derogaba los regímenes especiales disciplinarios —salvo el aplicable a la fuerza pública—, pone de presente que la actuación judicial se apartó ostensiblemente del imperio de la ley y, por ende, se incurrió en una vía de hecho violatoria del derecho fundamental al debido proceso que, en este caso, se impone amparar, a fin de que el órgano judicial competente adopte su decisión conforme a la ley vigente y con estricta sujeción al principio de favorabilidad.
1. REVOCAR, por los motivos expresados, el fallo proferido por el Consejo de Estado, el día 30 de mayo de 1996 y, en su lugar, CONCEDER la tutela solicitada. En consecuencia, por constituir una vía de hecho, se revoca la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, del día 26 de octubre de 1995, dictada dentro del proceso disciplinario contra S...
2. Líbrense por Secretaría las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
(Sentencia SU-637 de noviembre 21 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Aunque, respecto de las expresiones “todos”, “sin excepción alguna” y “o especiales”, contenidas en el artículo 177 de la Ley 200 de 1995, declaradas exequibles por esta Corte mediante sentencia C-280 del 25 de junio de 1996, hube de salvar mi voto, por estimar que han debido ser retiradas del ordenamiento jurídico, acojo hoy la ponencia presentada por el H. Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, por razón de la obligatoriedad de la cosa juzgada constitucional (C.P., art. 243).
En efecto, el carácter absoluto y absorbente de la norma plasmada en el indicado precepto del código único disciplinario, que obtuvo el aval de la Corte, implica necesariamente que los procesos disciplinarios contra cualquier servidor público, incluidos los funcionarios y empleados de la Rama Judicial despojados de fuero, deben regirse por las disposiciones de dicho Estatuto, que, como él mismo señala, “será aplicada por la Procuraduría General de la Nación, por los personeros, por las administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios y por todos los servidores públicos que tengan competencia disciplinaria” y “se aplicará a todos los servidores públicos sin excepción alguna” (subrayo).
Como si fuera poco, la norma en cita dispuso que, a partir de la vigencia del código, quedarán derogadas “las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel nacional, departamental, distrital, municipales o que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública” (subrayo).
Repito que no estuve conforme con la declaración de exequibilidad de ese absolutismo legislativo, pero, ante el hecho cierto de que ya no se puede controvertir su avenencia con la Constitución Política, no queda otro remedio que reconocer la efectiva derogación de las normas legales precedentes, relativas a la materia disciplinaria.
Así las cosas, resulta evidente la vía de hecho en que incurrió el Consejo Superior de la Judicatura en el caso materia de estudio, al hacer valer, en contra del accionante, normas que para la época del juicio disciplinario ya habían sido derogadas por la Ley 200 de 1995.
Y no se diga que con esto se le quiere dar efecto retroactivo a la sentencia C-280 de 1996, pronunciada por la Corte en cuanto a la exequibilidad del mencionado artículo, toda vez que el código único disciplinario comenzó a regir, con toda su fuerza normativa, desde antes de proferido el fallo de la jurisdicción disciplinaria sobre el que ahora nos ocupamos. Ya para entonces, independientemente del control de constitucionalidad que sobre aquél se ejerciera, derogó lo que dijo derogar. Otra cosa es que, después, la Corte Constitucional haya respaldado su validez.
Con el debido respeto y consideración que me merecen las decisiones de la Sala Plena de la corporación, comedidamente me permito consignar la aclaración de voto respecto a la sentencia proferida por la Corte Constitucional dentro del proceso de la referencia, en la forma que a continuación se señala.
Como tuve oportunidad de expresarlo al consignar la aclaración de voto a la sentencia Nº C-280 de 1996, deseo reiterar nuevamente que no obstante que el artículo 177 de la Ley 200 de 1995, declarado exequible por esta corporación, establece que dicho estatuto es aplicable a todos los servidores públicos sin excepción alguna y que expresamente se consideran derogadas las disposiciones que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, ello no se opone en mi concepto a la subsistencia de otros regímenes disciplinarios reconocidos por la misma Constitución Política de 1991.
En efecto, el artículo 253 de la Carta Fundamental establece en forma diáfana que la ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General y al “régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su dependencia”.
Igualmente el artículo 279 ibídem señala con respecto a la Procuraduría General de la Nación, que la ley determinará lo relativo “al régimen disciplinario de todos los funcionarios y empleados de dicho organismo”.
Y en el caso específico de los funcionarios de la rama judicial, el artículo 256 constitucional le otorga al Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, según el caso y de acuerdo a la ley, “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como la de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley”, lo que permite a no juicio la existencia de un régimen propio y especial de carácter disciplinario para todo lo relacionado con la función realizada por dichas corporaciones.
Con el debido respeto por las providencias de la Corte Constitucional, el suscrito magistrado se permite aclarar su voto en relación con la sentencia de la referencia.
Estimo que es destacable el propósito que guió el esfuerzo del legislador al expedir un estatuto disciplinario aplicable a los servidores del Estado. Sin embargo, ese cometido ni podía, a mi juicio, realizarse en desmedro de las normas constitucionales que establecen regímenes disciplinarios especiales, lo cual de suyo, se muestra contrario a la pretensión de regular mediante un solo estatuto la compleja materia disciplinaria en toda su extensión.
Son pocos los casos en los que la Carta Política alude a esos regímenes especiales que encuentran innegable fundamento en la existencia de variados tipos de servidores y funcionarios que en su actuación obedecen a diferentes pautas organizativas y aún a especiales principios de responsabilidad, dependiendo de la índole de la actividad que están llamados a desempeñar. Los miembros de la fuerza pública y del Congreso de la República, así como los funcionarios de la Rama Judicial del Poder Público, por citar algunos ejemplos, son, en mi criterio, sujetos de regímenes de control disciplinario autónomo, de acuerdo con específicas previsiones del estatuto superior.
Importa destacar en esta oportunidad que la competencia que la Constitución atribuye a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el numeral 3º del artículo 256, comporta el expreso reconocimiento de un régimen propio relativo a los funcionarios de la rama judicial y a los abogados en el ejercicio de su profesión; régimen que es especial no sólo por el organismo encargado por el Constituyente de cumplir esa importante función, sino por la necesidad, derivada del Estatuto Supremo, de establecer reglas y procedimientos disciplinarios apropiados para el ejercicio de esa competencia.
La actividad de los funcionarios judiciales, entonces, no obedece a la misma lógica que preside el cumplimiento de la función disciplinaria en relación con el resto de los servidores públicos y, debido a ello, considero que se justifica, en su caso, un código disciplinario que al responder a la normatividad constitucional que le sirve de sustento, tenga en cuenta las peculiaridades que distinguen a esta clase de servidores de los demás.
El silencio del legislador respecto de los regímenes disciplinarios especiales constitucionalmente consagrados, no puede, a mi juicio, tener el efecto de desconocerlos propiciando la aplicación de unos mismos principios o reglas a sectores que el mismo constituyente se cuidó de distinguir.
Sin embargo, cabe recordar que la Corte se ha pronunciado en sentido contrario al que acabo de exponer y, por lo tanto, reiterando el respeto que merecen las sentencias de la corporación dejo en estos términos consignadas las que me llevaron a aclarar mi voto.