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Timestamp: 2019-07-18 06:04:11
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Los casos Whaling in the Antarctic (Australia V Japón – Nueva Zelanda interviniente) y territorial and maritime dispute (Nicaragua V. Colombia) y cómo se pretende limitar la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia
Título: Los casos Whaling in the Antarctic (Australia V Japón – Nueva Zelanda interviniente) y territorial and maritime dispute (Nicaragua V. Colombia) y cómo se pretende limitar la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia
Autor: Villamizar Lamus, Fernando
Publicación: Revista Iberoamericana de Derecho Internacional y de la Integración - Número 5 - Noviembre 2016
Fecha: 17-11-2016 Cita: IJ-CCLI-443
El presente comentario de jurisprudencia tiene como objetivo analizar cómo los Estados perdedores de los respectivos casos estudiados realizan diversas acciones encaminadas a limitar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para evitar nuevos juicios con los mismos demandantes por hechos similares. A su vez, se analiza cómo esos Estados aplican un doble estándar respecto del Derecho Internacional (DI) según su conveniencia, porque cuando éste les es desfavorable buscan diversas maneras para desacatarlo, concretamente pretendiendo limitar la jurisdicción de la CIJ, pero cuando el DI les es favorable a sus intereses lo invocan de manera irrestricta y acuden con vehemencia a diferentes instituciones o foros internacionales a fin de que se aplique. La conclusión principal de este trabajo es que la utilización del doble estándar para aplicar el DI pone en riesgo la posibilidad de utilizar al DI como un mecanismo que ayude a generar las condiciones para una paz mundial.
This paper pretends to shed some light on how a State that does not prevail against another one before an international forum, takes diverse courses of action to reduce the scope of applicability of an adverse judicial resolution. Caseslaw reviewing shows that when a State does not obtain a favorable judgment from the International Court of Justice (ICJ) it will try to limit its scope by any possible mean, but it will be its most respectfull when given a favourable outcome. Through the present work, we analyze how States operate its various interests before diverse international fora by behaving with a double "moral” standard . The pivotal conclusion of this study is that States compromise International Law's goal of creating the conditions for world peace; as seen in the Whaling in the Antarctic case.
- Ir a Indice - I. Las sentencias de la Corte Internacional de Justicia en los casos Whaling in the Antarctic (Australia v Japón – Nueva Zelanda interviniente) y Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)II. Comentario de las sentenciasIII. La cláusula opcional prevista en el Art. 36, inc. 2º, del Estatuto de la CIJ, el artículo XXXI del Pacto de Bogotá y el doble estándar para acoger en Derecho InternacionalIV. Reflexiones finalesBibliografíaNotas
I. Las sentencias de la Corte Internacional de Justicia en los casos Whaling in the Antarctic (Australia v Japón – Nueva Zelanda interviniente) y Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)
II. Comentario de las sentencias
III. La cláusula opcional prevista en el Art. 36, inc. 2º, del Estatuto de la CIJ, el artículo XXXI del Pacto de Bogotá y el doble estándar para acoger en Derecho Internacional
Fernando Villamizar Lamus*
I. Las sentencias de la Corte Internacional de Justicia en los casos Whaling in the Antarctic (Australia v Japón – Nueva Zelanda interviniente) y Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) [arriba]
1. Síntesis del Caso “Whaling in the Antarctic” (Australia v Japón – Nueva Zelanda interviniente)
El 31 de mayo de 2010 Australia demandó a Japón ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) bajo el argumento según el cual el Estado nipón realizaba un programa de caza de ballenas de gran escala bajo la fachada de la segunda fase del Programa Japonés de Investigación de Ballenas con Permiso Especial en la Antártida, denominado JARPA II. Para Australia esta conducta significa un incumplimiento en las obligaciones asumidas por Japón en el Convenio Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena (ICRW), así como también configura el incumplimiento de otras obligaciones internacionales para la preservación de mamíferos marinos y el medio ambiente marino.
En la presentación de la demanda, Australia invocó como base para la jurisdicción de la CIJ el parágrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, toda vez que tanto Australia, el 22 de marzo de 2002, como Japón, el 9 de julio de 2007, habían declarado que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que señala el mencionado precepto legal. La demanda fue notificada en debida forma tanto en lo concerniente al procedimiento de la CIJ, como respecto de las regulaciones establecidas en el marco institucional de la Comisión Ballenera Internacional y del Convenio Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballenas.
Fijados los plazos para la presentación de la Memoria (Memorial) de Australia y la respectiva Contra-memoria (Contra-Memorial) de Japón y presentadas en los tiempos previstos, el 12 de septiembre de 2012 Nueva Zelanda solicitó a la CIJ copias de los alegatos y de los documentos anexos presentados en el caso, de conformidad con lo expresado en el artículo 53 numeral 1 del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia.
Posteriormente, el 20 de noviembre de 2012, Nueva Zelanda presentó en el Registro de la CIJ una declaración de intervención en el caso en calidad de interviniente no parte en el litigio, amparándose en lo establecido en el artículo 63 parágrafo 2 del Estatuto. Esa petición neozelandesa tuvo observaciones de las partes, pero ninguna de las dos objetó dicha intervención, por lo cual el 6 de febrero de 2013 la CIJ la admitió sin necesidad de celebrar audiencias para determinar la admisibilidad o no de la declaración de intervención de Nueva Zelanda.
Tras el cumplimiento de los plazos procesales fijados, las audiencias públicas para escuchar los argumentos orales y las réplicas ante la CIJ fueron llevadas a cabo entre el 26 de junio y el 16 de julio de 2013. Finalmente, el 31 de marzo de 2014 la CIJ dictó sentencia.[1].
En dicha sentencia, la CIJ se declaró competente de manera unánime para conocer de la demanda interpuesta por Australia el 31 de mayo de 2010, y falló por 12 votos contra 4, que los permisos especiales otorgados por Japón de acuerdo con el JARPA II no se enmarcan en lo estipulado en el párrafo 1 del artículo VIII de la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballenas. En consecuencia, la CIJ determinó que al otorgar permisos especiales autorizando la caza, la captura y el tratamiento de rorcuales comunes, de ballenas jorobadas y de pequeños rorcuales de la Antártida en el marco del JARPA II, Japón no actuó de conformidad con las obligaciones establecidas en el párrafo 10d) y 10e) del reglamento anexo a la Convención Internacional para Reglamentar la Caza de Ballenas, ni de conformidad con sus obligaciones de acuerdo con lo establecido en el párrafo 7b) del reglamento anexo a la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballenas con relación a la caza, captura y tratamiento de rorcuales comunes en el Santuario del Océano Austral en el marco del JARPA II.
En razón de lo anterior, la CIJ estableció que Japón debe revocar todos los permisos, autorizaciones o licencias que haya otorgado en el marco del JARPA II y abstenerse de otorgar cualquier nuevo permiso en el marco de este programa[2].
2. Síntesis del caso “Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)”[3]
El 6 de diciembre de 2001 Nicaragua demandó a Colombia ante la CIJ por asuntos pendientes, en el sentir nicaragüense, en materia territorial y de delimitación marítima en el Caribe occidental. Nicaragua fundó la competencia de la CIJ en el artículo XXXI del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de 30 de abril de 1948, mejor conocido como Pacto de Bogotá, así como en las declaraciones hechas por las partes bajo el artículo 36 del Estatuto de la CIJ. El 26 de febrero de 2002 la CIJ fijó los términos para la presentación de la Memoria y Contramemoria. El 21 de julio de 2003, dentro del plazo establecido por el artículo 79, párrafo 1, del Reglamento de la Corte, presentó las respectivas objeciones preliminares. En consecuencia, los procedimientos de fondo se suspendieron y la CIJ fijó los términos para que Nicaragua hiciera sus observaciones.
En su fallo preliminar de 13 de diciembre de 2007, la Corte concluyó que era competente, en virtud del artículo XXXI del Pacto de Bogotá, para pronunciarse sobre la controversia respecto de la soberanía sobre las reclamaciones marítimas reclamadas por las Partes, con excepción de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y sobre la controversia relativa a la delimitación marítima entre las Partes[4]. El hecho de que la CIJ excluyera las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue visto por Colombia como un gran triunfo, pero el juicio continuó para decidir el fondo del mismo, y en virtud del artículo 53, parágrafo 1 de las Reglas de CIJ los gobiernos de Honduras, Jamaica, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela y Costa Rica pidieron copias de los alegatos de los escritos presentados por las partes y de sus anexos.
El 25 de febrero de 2010 y el 10 de junio del mismo año, Costa Rica y Honduras, respectivamente, presentaron sus solicitudes para intervenir en el juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Estatuto de la CIJ, pero la CIJ rechazó esas solicitudes el 4 de mayo de 2011[5].
Las audiencias públicas del tema de fondo se llevaron a cabo entre el 23 de abril y el 4 de mayo de 2012, y el 31 de marzo de 2014 la CIJ aceptó por unanimidad que Colombia tiene la soberanía sobre las islas que hacen parte de las formaciones siguientes: Alburquerque, Bajo Nuevo, cayos del Este-Sur-Este, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla. A su vez, la CIJ por catorce votos contra uno, declaró que acepta la demanda formulada por Nicaragua por la cual le solicita a la Corte que juzgue y declare que, “en el marco geográfico y jurídico constituido por las costas continentales de Nicaragua y de Colombia, el método de delimitación que se debe tener en cuenta consiste en trazar un límite que realice una división por partes iguales de la zona de la plataforma continental donde los derechos de los dos Estados parte se superponen”.[6]
Estas decisiones de la CIJ llevaron a que las islas mencionadas en el párrafo anterior quedaran como un enclave en las aguas territoriales que el tribunal internacional le concedió a Nicaragua. Por supuesto, la “pérdida” de esas aguas territoriales generó una crisis interna de nacionalismo territorial en Colombia, cuyas muestras se pueden ver en las expresiones de diferentes estamentos del Estado, como es el caso del Consejo de Estado – rama jurisdiccional del poder público- cuyo Presidente afirmó en un importante diario que la “pérdida marítima produce “dolor de patria”[7], y por supuesto en el poder ejecutivo, que para la galería interna realizó maniobras encaminadas a limitar la jurisdicción de la CIJ como se verá más adelante.
II. Comentario de las sentencias [arriba]
1. Las maniobras para limitar la jurisdicción de la CIJ
Si bien los hechos y la argumentación jurídica de los dos casos son diferentes, el efecto práctico de la sentencia los hace similares en cuanto a la actitud de las partes perdedoras, quienes al darse cuenta que el fallo es adverso a sus intereses, tanto Colombia como Japón, proceden a realizar maniobras jurídicas encaminadas a sustraerse de la jurisdicción de la CIJ para evitar juicios futuros de similar especie. Aunque esta conducta respecto de la jurisdicción de la CIJ no es algo nuevo, hay antecedentes como Nicaragua case[8] en el que Estados Unidos para impedir una demanda nicaragüense retira fallidamente su aceptación obligatoria a la jurisdicción de la CIJ, llama la atención que se pretenda acotar o limitar un mecanismo pacífico de solución de controversias en un momento en que el uso de la fuerza en Derecho Internacional ha hecho carrera por décadas y en el cual la interconexión global es una tendencia aparentemente sin reverso.
En el caso Whaling in the Antarctic, como se vio anteriormente la CIJ le prohibió a Japón continuar su programa JARPA II por el cual cazaba ballenas en la Antártida, porque dicho programa no poseía propósitos científicos que sustentaran la matanza de cetáceos. Ante esto, los nipones han diseñado una nueva estrategia para continuar la caza de ballenas en la Antártida con dos componentes diferenciables, por una parte ha diseñado un nuevo programa que suplantaría cualquier vestigio del JARPA II denominado New Scientific Whale Resarch Program in the Antarctic Ocean (NEWREP-A)[9], que involucra toma de muestras con carácter letal de ballenas minke[10]; y por otra parte, a fin de impedir que por el NEWREP-A sea demandado como lo fue por JARPA II, en octubre de 2015 Japón modificó su aceptación obligatoria a la jurisdicción de la CIJ, e incluyó que no acepta dicha jurisdicción en casos que involucren conservación, manejo y explotación de recursos marinos vivos.[11]
En cuanto al caso de la disputa territorial entre Nicaragua y Colombia, esta última a los pocos días de conocerse la sentencia y percatarse que el fallo contrariaba seriamente sus intereses territoriales, procedió a denunciar el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, mejor conocido como Pacto de Bogotá[12], que fue el tratado habilitante de la jurisdicción de la CIJ para la demanda nicaragüense. La conducta de Colombia se encaminaba a evitar eventuales demandas futuras que la llevaran a juicio ante ese tribunal internacional, al igual que lo pretende Japón con la modificación de su cláusula de aceptación de la jurisdicción de la CIJ. Sin embargo, a los colombianos no les salió bien su estrategia, por lo menos en su relación con Nicaragua, porque ésta la volvió a demandar alegando el Pacto de Bogotá un día antes que la denuncia colombiana de dicho tratado se hiciera efectiva, y en la actualidad hay un juicio pendiente entre esos dos Estados ante la CIJ[13].
2. El interés nacional y las contradicciones para aceptar la jurisdicción de la CIJ
Como es sabido, Japón tiene serios intereses con respecto al Mar del Sur de China. Si bien no es reclamante territorial, fue uno de los observadores más atentos del proceso arbitral denominado “The South China Sea Arbitration”, adelantado ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, bajo las provisiones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar)[14] entre Filipinas y la República Popular de China[15], e incentiva a las partes a respetar el fallo y el Derecho Internacional.[16]
Además, Japón es uno de los más vociferantes críticos de la conducta China por no respetar la Convemar y por el hecho de que China no reconozca o dé dilaciones al fallo arbitral anteriormente mencionado[17]. En ese sentido, se puede apreciar la incompatibilidad de las posiciones japonesas. Cuando no le conviene el Derecho Internacional, como es el caso de Whaling in the Antarctic, busca evadir su aplicación o sus instituciones, cual es la jurisdicción de la CIJ, pero cuando le conviene acude al Derecho Internacional y se convierte en un entusiasta portavoz de la adecuada conducta internacional que deben tener los Estados frente a éste, como ocurre con el caso “The South China Sea Arbitration”. Aunque en este último caso, no se olvida tampoco de la fuerza, pues ha hecho sendos acuerdos defensivos con Filipinas y ayuda con entusiasmo las medidas militares desplegadas por Estados Unidos en la zona[18].
Por su parte, Colombia también entra en contradicciones entre su posición ante la CIJ y la aceptación de otras instancias de la Organización de Naciones Unidas. En efecto, uno de los puntos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo de Paz) concierne a la dejación de las armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para garantizar este compromiso se estableció que el mecanismo de verificación de la entrega de armas sea mediante la intervención directa de la ONU. La Oficina del Alto Comisionado de Paz de Colombia lo deja en claro de manera resumida de la siguiente forma:
La ONU, a través de un proceso técnico, trazable y verificable, recibirá la totalidad de las armas de las FARC y le garantizará al pueblo colombiano su dejación completa e irreversible. Como resultado, se harán tres monumentos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Cuba y en Colombia (ubicado en donde el Gobierno y las FARC se pongan de acuerdo).[19]
Entonces, mientras que por una parte Colombia denuncia del Pacto de Bogotá y su Presidente expresa en medios de comunicación que no va a comparecer ante la CIJ en el nuevo caso con Nicaragua[20], de otro lado acude a la ONU, de la cual la CIJ es parte, para que ésta sea la entidad legitimada para verificar algunos de los puntos de los Acuerdos de Paz, y puntos fundamentales porque sin la entrega de armas por parte de las FARC va a ser muy difícil que haya una verdadera paz.
III. La cláusula opcional prevista en el Art. 36, inc. 2º, del Estatuto de la CIJ, el artículo XXXI del Pacto de Bogotá y el doble estándar para acoger en Derecho Internacional [arriba]
Sin el ánimo de restar críticas a las actitudes de Colombia y de Japón referidas en las líneas anteriores, considero que éstas son solo un fragmento de un conjunto mucho más amplio, cuyo eje de gravedad concierne directamente a los preceptos legales invocados para habilitar la jurisdicción de la CIJ en cada una de las respetivas demandas, es decir, el artículo 36, inc. 2º del Estatuto de la CIJ[21] (en adelante artículo 36.2 o cláusula opcional) y el artículo XXXI del Pacto de Bogotá[22], que es un calco textual del mencionado artículo 36.2, aunque la CIJ considere que las obligaciones asumidas por los Estados parte en el Pacto de Bogotá son independientes de las deducidas de las declaraciones de esos mismos Estados conforme al artículo 36.2[23].
Si bien el artículo 36.2, al igual que el artículo XXXI, tiene como objetivo incrementar la jurisdicción de la CIJ para que las diferencias entre Estados se canalicen de manera pacífica[24], vemos que ese ideal se ve truncado en la práctica por varios aspectos. En primer lugar, la cantidad de Estados que ha formulado la declaración de reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ como obligatoria no llega ni a la mitad de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas[25] (ONU).
En efecto, solo setenta y dos Estados[26] de los más de ciento noventa que hacen parte de la mencionada institución han hecho la declaración de reconocimiento de jurisdicción, con lo cual ya hay un primer obstáculo cuantitativo, que toma ribetes cualitativos, o a lo menos se agrava, porque sólo uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho ese tipo de declaración, el Reino Unido. Francia y Estados Unidos denunciaron sus declaraciones en 1974 y 1985, respectivamente, como consecuencia de demandas que fueron iniciadas en su contra y que según esos dos Estados, cuestionaban sus intereses estratégicos como grandes potencias[27]. Por su parte, China y Rusia ni siquiera han presentado una declaración.
Un segundo obstáculo para que el artículo 36.2 se cumpla, de los múltiples habidos, concierne a las diferentes tipos de reservas que se podrían formular a las declaraciones. Puede haber reservas ratione temporis, sea porque se cumple un plazo fijado para que opere la cláusula opcional, o porque hay unos plazos para la notificación de terminación de la misma. También puede haber reservas ratione personae, por las cuales la cláusula opcional no opera respecto de cierto tipo de demandantes, como la realizada el Reino Unido respecto de los miembros de la Commonwealth[28]. Un tercer tipo de reserva es la ratione materiae, de las cuales la amalgama de posibilidades es muy amplia porque se presentan en virtud de circunstancias particulares de cada país, pero un ejemplo claro es la utilizada actualmente por Japón para evitar un nuevo juicio con Australia por el tema ballenero. Otro caso de reserva es el de la “reserva automática”, también llamada “reserva Connally”, liderada en su momento por Estados Unidos, por la cual se excluye de la jurisdicción de CIJ todo hecho de ser susceptible de juzgarse por la jurisdicción interna[29].
También existen reservas ratione litis pendentiae, por las cuales se pretende evitar la jurisdicción de la CIJ en las controversias en las cuales hay acordado otro mecanismos de solución de conflictos. Todas estas reservas, y aquellas otras que existan, tienen un resultado funesto en el resultado práctico de la cláusula opcional, toda vez que afecta la reciprocidad para aceptar la jurisdicción de la CIJ. En otras palabras, dado que el artículo 36.2 establece en su tenor literal que la jurisdicción obligatoria aplica “respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación”, en la medida en que las obligaciones de los Estados para aceptar la jurisdicción de la CIJ no sean a lo menos equivalentes en virtud de un reserva, el resultado previsible es que la operatividad real de la cláusula opcional quede en duda.
En ese orden de ideas, surgen al menos dos reflexiones: la primera, no es fútil preguntarse cuán obligatoria es la cláusula opcional[30], y la segunda, es que, como ya se había esbozado al inicio de este acápite, las actitudes de Colombia y Japón si bien son casos muy emblemáticos de doble estándar del Derecho Internacional según la conveniencia, no son casos que se puedan considerar como aislados, pues vemos cómo ni siquiera la mitad de los Estados miembros de la ONU se han acogido a la cláusula opcional, y gran parte de los Estados que han formulado la declaración del artículo 36.2 lo hacen con reservas que restringen la aplicación del mismo.
Lo anterior evidencia, que si bien hay muchos foros internacionales en los cuales se enarbolan con entusiasmo las banderas de la aplicación irrestricta del Derecho Internacional, los Estados en general son reacios al momento de someterse a los juicios ante la CIJ, que debe decidir conforme al Derecho Internacional las controversias que le sean sometidas, según el artículo 38 del Estatuto de la CIJ.
IV. Reflexiones finales [arriba]
Ante las conductas de Japón y de Colombia solo resta preguntarse: ¿Qué mensaje se envía a la comunidad internacional cuando se evita la jurisdicción de la CIJ? ¿Se puede limitar la jurisdicción de la CIJ y al mismo tiempo decirse respetuoso del Derecho Internacional? Ese acto de equilibrio en la cual se aplica o no el Derecho Internacional o se obedece a las instituciones internacionales a conveniencia del interés nacional no es algo nuevo, ni una conducta que en el corto plazo desaparezca en el entorno internacional, como se puede apreciar de lo comentado sobre la cláusula opcional, pero sí es un acto que deslegitima al Estado que lo realiza y que genera profundo daño al Derecho Internacional, pues le crea una zozobra, una incertidumbre a su aplicación, con lo cual se habilitan conductas de facto nada provechosas para la paz y seguridad internacional.
Parece increíble que en estos tiempos los Estados jueguen con el Derecho Internacional a su conveniencia, y en vez de fortalecer las reglas rectoras del sistema internacional se acuda a su menoscabo. Desde luego, no se puede ser tan ingenuo como para pensar que los Estados actúen sin considerar su interés nacional, pero no deja de ser criticable que se sirvan o acaten las normas internacionales a su parecer. Con la turbulencia de los acontecimientos internacionales, la idea de lograr una conducta conforme Derecho por parte de los Estados se hace efímera al ver casos como los comentados en las líneas precedentes.
Gran parte de las instituciones jurídicas internacionales creadas en el siglo XX, que nos rigen actualmente se concibieron a partir de las ideas de “La Paz Perpetua” de Emmanuel Kant. En esta obra, Kant expresa que si bien lo que hoy entendemos como Derecho Internacional no protege a los Estados contra la agresión y la guerra, en la medida en que haya una convivencia alrededor de los principios de éste, es posible lograr la paz[31]. ¿Podrá haber paz mundial sin respetar el Derecho Internacional o aplicándolo según si conviene o no conviene a los Estados? La historia dará una respuesta cierta a esta pregunta, pero lo cierto es que los actos de Japón y de Colombia ponen a prueba la capacidad del Derecho Internacional para conducir las condiciones hacia una paz mundial.
Abello-Galvis, Ricardo; Arévalo-Ramírez, W. y Vega-Barbosa, G., “Traducción del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la ‘Caza de ballenas en el Antártico’ (Australia c. Japón; Nueva Zelanda –interviniente–). Decisión sobre el fondo”, en Anuario Colombiano de Derecho Internacional, Vol. 8, 2015, pp. 167-294.
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Villamizar Lamus, Fernando, “Comentarios a la sentencia del caso ‘Whaling in the Antarctic’, Australia c. Japón (Nueva Zelanda interviniente)”, en Anuario Colombiano de Derecho Internacional, No. 9, 2016, pp. 81-112.
Recibido: 29-09-2016. Aceptado: 22.10.2016
* Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Magíster en Derecho de la Empresa, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Ciencia Política y Sociología, Universidad Pontificia de Salamanca, España. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (Chile). Investigador del Observatorio Regional de Paz y Seguridad, Universidad Bernardo O´Higgins (Chile). Contacto: fvillamizar@miuandes.cl fvillamizar@ubo.cl
[1] El fallo traducido al español puede encontrarse en: Abello-Galvis, Ricardo; Arévalo-Ramírez, W. y Vega-Barbosa, G., “Traducción del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la ‘Caza de ballenas en el Antártico’ (Australia c. Japón; Nueva Zelanda –interviniente–). Decisión sobre el fondo”, en Anuario Colombiano de Derecho Internacional, Vol. 8, 2015, pp. 167-294.
[2] Para profundizar sobre las implicaciones del fallo puede consultarse entre otros: Villamizar Lamus, Fernando, “Comentarios a la sentencia del caso ‘Whaling in the Antarctic’, Australia c. Japón (Nueva Zelanda interviniente)”, en Anuario Colombiano de Derecho Internacional, No. 9, 2016, pp. 81-112.
[3] Corte Internacional de Justicia, Controversia Territorial y Marítima (Nicaragua v. Colombia). Decisión de fondo 19 noviembre 2012, disponible en: http://www.icj-cij.org/docket/files/124/17164.pdf. Fecha de consulta: 01 de septiembre de 2016.
[4] Corte Internacional de Justicia, Controversia Territorial y Marítima (Nicaragua v. Colombia), Objeciones Preliminares, 13 de diciembre 2007, p. 876, para. 142 (3), disponible en: http://www.ic j-cij.or /docket /files/124/ 14305.pdf. Fecha de consulta 2 de septiembre de 2016.
[5] Para profundizar sobre el particular puede consultarse entre otros: Sarmiento Lamus, Andrés, La Corte Internacional de Justicia y la intervención de terceros en cuestiones marítimas: A propósito de la decisión en las solicitudes de intervención de Costa Rica y Honduras en la Controversia Territorial y Marítima (Nicaragua vs. Colombia), en Anuario Colombiano de Derecho Internacional, N.° 5, 2012 pp. 123-151; Prieto Sanjuán, Rafael Arturo, “À vous la terre, et à vous, la mer: à propos de l’étrange sens de l’équité de la CIJ en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)”, en Anuario Colombiano de Derecho Internacional, 2015, No. 8, pp. 131-165.
[6] Ibid, Corte Internacional de Justicia, Controversia Territorial y Marítima (Nicaragua v. Colombia), 2012 p. 98 y ss.
[7] El Espectador. “Pérdida marítima produce "dolor de patria": Consejo de Estado”, 19 de noviembre de 2012, disponible en: http://www.elespe ctado r.com/not icias/judic ial/perdida -ma ritima-prod uce-dolo r-de- patria-cons ejo-de-est- articulo-3 87892. Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2016.
[8] Corte Internacional de Justicia, Caso Relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua) (Nicaragua v. Estados Unidos), decisión de fondo 27 de junio de 1986, disponible en: http://www.icj- cij.org/doc ket/files/70/6503 .pdf. Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2016.
[9] The Government of Japan , Proposed Research Plan for New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean (NEWREP-A), disponible en: http://w ww.jfa.maff. go.jp/j/whale/pdf/ newrep --a.pdf . Fecha de consulta: 25 de agosto 2015.
[10] Este programa fue presentado ante el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional en junio de 2015, y dicho comité consideró que la toma de muestras letales no es razonable con los objetivos de EWREP-A de la manera en que Japón lo explica, sin embargo ese pronunciamiento no es vinculante y Japón empezaría este programa según la planificación presentada a fines de 2015. El pronunciamiento del Comité Científico se encuentra disponible en: https://arc hive.iwc.int/p ages/view.php?re f=542 9&k =&search= %21coll ection73&off set= 0&order_by =relevance &sort=DESC& archive=0 Fecha de consulta 20 de octubre 2015.
[11] Corte Internacional de Justicia, Declaraciones reconocimiento de la competencia de la Corte como obligatoria (Declarations Recognizing the Jurisdiction of the Court as Compulsory), disponible en: http:// ww w.icj-cij.o rg/juri sdiction/? p1=5&p2 =1&p3=3& code= JP. El texto en inglés expresa: “(3) any dispute arising out of, concerning, or relating to research on, or conservation, management or exploitation of, living resources of the sea.”, fecha de consulta: 1 de septiembre 2016.
[12] Colombia había suscrito el Pacto de Bogotá en 1948 y lo había ratificado en 1968 bajo un espíritu de concordia, pues era la vía para solucionar pacíficamente las controversias en la región americana. La sentencia de la CIJ fue proferida el 19 de noviembre de 2012 y la denuncia del Pacto de Bogotá se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2012.
[13] La denuncia del Pacto de Bogotá tendría efectos a partir del 27 de noviembre de 2013 y Nicaragua presentó su demanda ante la CIJ el 26 de noviembre de 2013, dando lugar al caso conocido como “Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia). Disponible en: http://www. icj-cij.org /docket/files /155/17 978.pdf. Fecha de consulta 30 de octubre de 2015.
[14]La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) estipula que el arbitraje será el modo de resolución para toda controversia a falta de acuerdo estipulando otro modo de resolución. La Corte Permanente de Arbitraje ha actuado como registro en la gran mayoría de arbitrajes relativos a la Convemar. Sobre el particular puede consultarse el siguiente link: https://pca-cpa.org/es/services/arbitration-services/unclos/
[15] International Crisis Group, “China angry at Japan’s ‘meddling’ in South China Sea”. 30 junio 2016, disponible en: http://glo balnation.in quirer.net/14 0567/ch ina-angr y-at-japan s-meddling -in-south- china-sea. Fecha de consulta: 30 de junio de 2016.
[16] Sobre este particular el diario japones “Japan Times” recoge el pronunciamiento del presidente Abe, en ese sentido: “Abe referred to Japan’s position of making and clarifying claims based on international law, not using force or coercion in trying to drive their claims, and seeking to settle disputes by peaceful means.”. Japan Times, “Japan, U.S. urge China to resolve disputes in South China Sea”, 8 de septiembre de 2016, disponible en: http://www.japantim es.co.jp /news/20 16/09/0 8/nati onal/po litics-diplom acy/abe -calls-intensif ying-pressure-north-korea/#.V9fJCPmLTIU. Fecha de consulta: 8 de septiembre de 2016.
[17] Japan Times. “Abe, Turnbull resolute on Chinese territorial issue in South China Sea”, 8 de septiembre de 2016, disponible en: http://www .japanti mes.co.jp /news/2016/ 09/08/nation al/politics-dipl omacy/ abe-t urnbull-resolut e-chine se-territo rial-issue-so uth-chi na-sea/ .V9fK1fmLTIU. Fecha de consulta: 8 de septiembre de 2016.
[18] Tomkiw, Lydia. “South China Sea Controversy: Japan’s Expanding Role With Aid To Philippines, Raises China’s Ire”en International Business Times, 10 de marzo 2016, disponible en: http://www.ib times .com/so uth-china- sea-co ntroversy-j apans-ex panding-role -aid-philip pines-rai ses-chinas- ire-2333 944. Fecha de consulta: 8 de septiembre 2016.
[19] Oficina Para el Alto Comisionado para la Paz. Preguntas y respuestas, Acuerdo sobre Cese al fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas, Garantías de Seguridad, disponible en: http://www. altoc omisionadopa ralapaz .gov.co /Docume nts/in formes-e speciales /abc-del- proceso-d e-paz/ pregunt as-respues tas-acue rdo- fin-del-con flicto.html. Fecha de consulta: 8 de septiembre 2016.
[20] Peña, Edulgo. “El día que se selló la salida de Colombia de La Haya”, en El Tiempo, 19 de marzo de 2016, disponible en: http://www.el tiempo. com/polit ica/go bierno/fallo-d e-la-hay a/16541 411. Fecha de consulta: 8 de septiembre 2016.
[21] Artículo 36, inc. 2º Estatuto de la CIJ: “Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:
d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional.”
[22] Artículo XXXI del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de 30 de abril de 1948: “De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las Altas Partes Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre:
d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional.”
[23] Remiro Brotóns, Antonio, et al., Derecho Internacional. Curso General, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2010, pp. 645.
[24] Tomuschat, Christian, “Article 36”, en: Andreas Zimmermann, Christian Tomuschat, Karin Oellers-Frahm, Christian J. Tams (eds) The Statute of the International Court of Justice, A Commentary. Second Edition, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 637.
[25] Organización de Naciones Unidas, Estados Miembros, disponible en: http://www .un.org/e s/member -states/in dex.html. Fecha de consulta, 29 de septiembre de 2016.
[26] Corte Internacional de Justicia,” Declarations Recognizing the Jurisdiction of the Court as Compulsory”, disponible en: http://www.ic j-cij.org/juris diction/i ndex.php?p1=5&p2=1&p3=3. Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2016.
[27] Ibid, Remiro Brotóns, pp. 641; Tomuschat, pp. 676.
[28] Shaw, Malcolm, International Law, Sixth Edition, New York, Cambridge University Press, 2011, pp. 1084.
[29] Evans, Malcolm, International Law, Third Edition, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 597.
[30] Alexandrov, Stanimir A. "The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice: How Compulsory Is It?." Chinese Journal of International Law 5.1 (2006): 29-38.
[31] Kant, Emmanuel, La Paz Perpetua. Editorial Tecnos, Madrid, 1998, p. 41.