Source: https://www.scribd.com/doc/114955468/Respuesta-Ssp-Caso-Jethro
Timestamp: 2017-02-26 12:48:25
Document Index: 67255966

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 129', 'artículo 129', 'artículo 89', 'artículo 29', 'artículo 21', 'artículo 10']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinSUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS.OFICIO NÚMERO SSP/SSPPC/DGDH/5235/2012. ASUNTO: RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN 38/2012.
México, D. F. a 6 de septiembre de 2012.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P R E S E N T E. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracciones II, XV y XXIX inciso a), 11, fracciones XI y XII, 25, fracciones X y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, en relación con el numeral 136 del Reglamento Interno de esa H. Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en atención a su oficio 67696, relativo a la Recomendación 38/2012, dirigida a esta Dependencia, me permito manifestar a Usted, lo siguiente: La Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados ratifican su compromiso por cumplir puntualmente con su deber y quehacer institucional en apego a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, y reprueba cualquier acto de la autoridad que se traduzca en abuso de poder y vulneración de las prerrogativas fundamentales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales de Derechos Humanos y demás ordenamientos aplicables en la materia. Esta Secretaría lamenta profundamente el fallecimiento de V1 y las agresiones sufridas por V2 y se solidariza con los familiares de las víctimas. En relación con los hechos materia de la Recomendación que se responde, me permito formular a esa H. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen: Primera. Del análisis técnico-jurídico del texto de la Recomendación 38/2012, no se desprende, en ningún momento, que los elementos de la Policía Federal (AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9 y AR10) hubieren participado en las transgresiones a los derechos a la vida, libertad, trato digno, integridad y seguridad que sufrieron V1 y V2;
tampoco se acredita fehacientemente que hubieren tenido participación directa o indirecta en las conductas ilícitas de desaparición forzada y tortura en agravio de las víctimas. Los servidores públicos de la Policía Federal no se ubican en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que se cometieron las transgresiones en contra V1 y V2 por parte de los servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Por el contrario, la propia Recomendación señala que la autoridad responsable de las transgresiones en perjuicio de V1 y V2, fue el personal adscrito a la SEDENA. La responsabilidad penal en el presente caso fue acreditada por las autoridades investigadoras y jurisdiccionales facultadas para ello, tal como consta en las diversas actuaciones que obran tanto en las Averiguaciones Previas números 1, 2 y 3, mediante las cuales se ejercitó acción penal en contra de AR11, AR12, AR13 y AR14, todos servidores públicos de la SEDENA, por los delitos de tortura, violencia contra las personas causando homicidio calificado y violencia contra las personas causando homicidio calificado en calidad de encubridor, así como en las Causas Penales números 1 y 2, las cuales derivaron en autos de formal prisión en contra de AR11, AR12 y AR13, estando pendiente la captura de AR14 por fuga. A mayor abundamiento, las responsabilidades de carácter administrativo, están siendo integradas en el Procedimiento Administrativo de Investigación número 1, contra los mismos servidores públicos de la SEDENA. En conclusión, los servidores públicos de la Policía Federal, no privaron de la vida a V1 y a V2, no cometieron actos de tortura, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, no llevaron a cabo la desaparición forzada que se señala en la Recomendación, ni las demás trasgresiones a derechos humanos que se citan en el instrumento en mención. Segunda. La actuación de los servidores públicos de la Policía Federal, que se señala en la Recomendación, fue anterior a los hechos que transgredieron las prerrogativas fundamentales de V1 y V2. Los integrantes de la Policía Federal se ubican en circunstancias de modo, tiempo y lugar, anteriores a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se transgredieron los derechos humanos de las víctimas por los servidores públicos de la SEDENA. En efecto, la Policía Federal arribó a la Feria de la Primavera en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, para atender la solicitud de apoyo de la Policía de ese Municipio, consistente en proporcionar seguridad periférica a la ciudadanía, a las personas
aseguradas por los elementos policiales municipales y a los propios servidores públicos de esa corporación municipal a una distancia de 10 a 15 metros. Lo anterior, en razón de que la autoridad municipal solicitó el apoyo a la Policía Federal, ante el temor de que miembros de la delincuencia organizada intentaran rescatar a V1 y V2, toda vez que esas personas profirieron las siguientes amenazas: “… que les daban de 5 a 10 minutos para sacar y entregarles a los meseros del establecimiento, si no se los cargaría la ch… a ellos y al Secretario de Seguridad Pública [de Morelos], diciendo que eran gente del “Negro” [Radilla], quien es jefe de la plaza y pertenecían al Cartel del Pacifico Sur …” Ello se hizo constar en las documentales enviadas por esta Secretaría a esa H. Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que si bien cita la Recomendación en los numerales 14 y 16, páginas 4 y 5, no reproduce su contenido, no obstante obran en el expediente de queja de esa H. Comisión y en los acuses de recibo de esta Secretaría de Estado. En el oficio número PF/DFF/EJ/DH/13969/2011, cuya copia fue entregada a esa H. Comisión Nacional, consta que a las 18:30 horas del 1 de mayo de 2011, arribaron los elementos de la Policía Federal, al estacionamiento de la Feria, donde se encontraba el personal de la Policía Municipal que rodeaban a V1 y V2, que el inspector de la Policía Federal a cargo, preguntó a dichos elementos municipales, quién era su mando, y una vez identificado el mismo, éste manifestó que el apoyo se había solicitado en razón de que habían asegurado sólo a dos individuos que habían sido participes en una riña en el interior de la feria, y que varios sujetos que los acompañaban, al ver a los policías municipales habían emprendido la huida. Asimismo que los elementos municipales manifestaron las amenazas realizadas en su contra por V1 y V2 señaladas con antelación, motivo por el cual el Inspector de la Policía Federal fue a tomar los datos generales a V1 y V2, quienes únicamente manifestaron su nombre y edad omitiendo su domicilio y al preguntar al responsable de los elementos de la policía municipal, si dichos individuos portaban algún objeto ilícito, éste manifestó que no se les encontró alguno, motivo por el cual ordenó a los elementos policiales federales proporcionar seguridad periférica a la distancia de 10 a 15 metros, para salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, de los asegurados y los propios policías municipales, ante el temor de que miembros de la delincuencia organizada intentarán rescatarlos. En el mismo oficio, consta que la Policía Federal en todo momento dio seguridad periférica al personal de la Policía Municipal, ya que según el dicho de los elementos municipales el aseguramiento fue en flagrancia y derivado de una riña y expresamente se señaló que a los elementos de la Policía Federal, no les constaban los hechos, ya que acudieron en apoyo y dichos individuos no contaban con algún objeto ilícito,
asentándose con claridad que desconocían el motivo por el cual el personal de SEDENA aseguró a los presuntos responsables, ni mucho menos, el porqué el responsable de los policías municipales “dejó que se los quitara los militares”(sic). Como se demuestra con lo expresado anteriormente, V1 y V2 en ningún momento estuvieron en la esfera jurídica y material de la Policía Federal. En síntesis, la Recomendación no aporta evidencias que comprueben la relación de causalidad (causa-efecto) entre la seguridad periférica prestada por la Policía Federal y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se cometieron las transgresiones violatorias a derechos humanos en perjuicio de V1 y V2. Tercera. La Recomendación que se responde, parte del supuesto erróneo de que la Policía Federal tuvo bajo su esfera jurídica y/o material a las personas V1 y V2, derivado de la entrega que presuntamente los elementos de la Policía Municipal hicieron de dichas personas y que estas a su vez, fueron entregadas a los servidores públicos de la SEDENA por parte de los integrantes de la Policía Federal. Al respecto, resulta pertinente reiterar que la Policía Federal no llevó a cabo aseguramiento o detención alguna de V1 y de V2, sino que dichas personas fueron aseguradas previamente por los integrantes de la Policía Municipal derivado de una riña al interior de un establecimiento mercantil en la Feria de la Primavera, en Cuernavaca, Morelos y el apoyo solicitado a la Policía Federal tuvo su origen, como se señaló en el considerando segundo, en las amenazas proferidas por parte de los asegurados y el riesgo consecuente y se limitó a proporcionar seguridad periférica a una distancia de 10 a 15 metros. También es inexacto que V1 y V2 hubiesen sido puestos a disposición de los elementos de la Policía Federal, y que éstos a su vez, los hubieren puesto a disposición de los integrantes de la SEDENA, ya que tal circunstancia nunca aconteció. No existe constancia, acta o diversa documental que acredite fehacientemente la presunta puesta a disposición de V1 y V2 a los integrantes de la Policía Federal y la presunta puesta a disposición de V1 y V2 por parte de los Policías Federales a los elementos de la SEDENA. Como es del conocimiento de ese H. Órgano Defensor de los Derechos Humanos, toda puesta a disposición de personas y objetos, relacionados con algún acto ilícito, debe constar por escrito en el que se establezca con claridad y de manera pormenorizada la presentación física de personas y objetos, los motivos y fundamentos legales para ello, y en todos los casos dichas puestas a disposición deben estar firmadas tanto por la autoridad que remite como por la autoridad que recibe.
Ante la negativa lisa y llana de que los elementos de la Policía Federal hubieren tenido bajo su disposición a V1 y V2, la carga de la prueba correspondía a ese H. Órgano Nacional Defensor de los Derechos Humanos a fin de demostrar la supuesta responsabilidad que se les atribuye en el texto de la Recomendación, la cual no fue demostrada, por lo que, en consecuencia, debió aplicarse al caso concreto, el Principio Constitucional de Carga de la Prueba para con los servidores públicos de la Policía Federal. Al respecto es aplicable la Tesis VI. 3º. A. 332, de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 3er T.C.C., Tomo XXXI, Marzo de 2010, Pág. 3058, que establece que tanto en materia penal como administrativa son aplicables los principios de presunción de inocencia y de Carga de la Prueba: “RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS JUZGADORES. EN LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS SON PLENAMENTE APLICABLES LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DE CARGA DE LA PRUEBA QUE IMPERAN EN MATERIA PENAL. Los principios constitucionales de presunción de inocencia y de carga de la prueba que imperan en materia penal, son plenamente aplicables a los procedimientos de responsabilidad administrativa que se instruyen a los juzgadores, ya que éstos tienen a su favor la presunción de que ejercen la función jurisdiccional atendiendo, entre otros, a los principios de honradez e imparcialidad, así como que han cumplido con los requisitos previstos en los ordenamientos relativos para ser designados en su cargo, lo que se traduce en que se les considera como personas responsables, honorables y competentes que han prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la impartición de justicia. Es por ello que corresponde al órgano investigador demostrar que son administrativamente responsables de la conducta infractora que se les atribuye, además de comprobar que indudablemente ésta sea la que realizaron.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 328/2009. Enrique Romero Razo y otro. 21 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Manuel Saturnino Ordóñez”
En el presente asunto también debe aplicarse el Principio Constitucional de Presunción de Inocencia toda vez que la probable responsabilidad de los Policías Federales no fue demostrada plenamente. A mayor abundamiento, en las distintas actuaciones ministeriales enunciadas en el párrafo 72, renglón 7 de la Recomendación en comento, V1 y V2 fueron asegurados por elementos de la Policía Municipal y detenidos por elementos de la SEDENA. En razón de lo anterior, la Policía Federal no estuvo nunca en posibilidad jurídica o material de entregar al personal militar a V1 y V2, por la simple circunstancia de que en ningún momento tales personas fueron puestas a su disposición o bajo su esfera jurídica o material. En conclusión, la Recomendación que se responde no aporta pruebas fehacientes que demuestren que la Policía Federal tuvo jurídica y/o materialmente bajo su disposición a V1 y V2, limitándose su participación a proporcionar seguridad periférica a la autoridad municipal que los aseguró en tanto que el personal militar los detuvo. Cuarta. Los párrafos 52 y 53 de la Recomendación que se responde, refieren: “…elementos de la Policía Federal, omitieron poner inmediatamente a V1 y V2 a disposición de la autoridad ministerial correspondiente y de manera irregular, permitieron que los elementos de la SEDENA se los llevaran detenidos sin dar parte al Ministerio Público…” Asimismo, que: “… AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9 y AR10, elementos de la Policía Federal, incurrieron en una responsabilidad por omisión consistente en permitir, tolerar y dar su anuencia para que los elementos de la SEDENA se llevaran a las víctimas, vulnerándose con ello un deber de cuidado a su cargo, precisamente para que V1 y V2 no fueran detenidos de manera arbitraria y prevenir con dicho cuidado que fueran objeto de otros agravios…” La omisión que pretende imputarse a los elementos de la Policía Federal, como se indicó en el considerando tercero, parte de afirmaciones sin sustento que no constituyen prueba plena y por ende se traducen en una presunción de culpabilidad que es notoriamente infundada al no estar demostrada con las evidencias que se citan en la Recomendación.
Lo anterior, contraviene lo dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales, relativos a los principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia, ya que dichas afirmaciones especulan y se basan en suposiciones de que la Policía Federal tuvo a V1 y V2 bajo su disposición o en su esfera jurídica o material a dichas personas, lo cual es impreciso, como ya quedó expuesto en el considerando inmediato anterior. En conclusión, la obligación de poner a disposición del Ministerio Público a V1 y V2, debió correr a cargo de quienes los aseguraron o detuvieron, esto es, la Policía Municipal o los elementos de la SEDENA. Por otra parte, también es inexacto que los elementos de la Policía Federal, incurrieran en responsabilidad por omisión, consistente en “permitir”, “tolerar” y “dar su anuencia” para que los elementos de la SEDENA se llevaran a las víctimas, ninguna de esas afirmaciones se sustentan, fundamentan o motivan en la Recomendación, lo que igualmente contraviene los artículos 14 y 16 Constitucionales. Lo anterior, resulta contrario a derecho y se conculcan con ello los derechos humanos de cualquier persona, cuando al no contar con pruebas fehacientes se opta por el absurdo jurídico de imputar diversas conductas irregulares a los Policías Federales de manera aleatoria, y/o como si estas fueran análogas entre sí, lo cual es inoperante tanto en materia penal como administrativa. En el primer caso se podría llegar al extremo de imputar de manera indefinida conductas irregulares dependiendo de la acreditación o no de las otras. En el segundo caso, se homologan conductas de “acción” con las de “omisión”, lo cual no sólo es inexacto, sino francamente opuesto. En conclusión, no se actualizan las omisiones consistentes en no poner a la disposición del Ministerio Público a V1 y V2 por parte de la Policía Federal, toda vez que dichas víctimas no estuvieron material ni formalmente bajo su disposición ni tampoco las de “permitir”, “tolerar” y “dar su anuencia”. Quinta. Suponiendo sin conceder, como lo afirma la Recomendación, que los elementos de la Policía Federal hubiesen tenido bajo su disposición o bajo su esfera jurídica y material a V1 y V2, ante el probable riesgo de una acción en contra de las personas señaladas por parte de integrantes de la delincuencia organizada, como se expuso en el considerando primero, habría sido legítimo solicitar el apoyo de los servidores públicos de la SEDENA en tareas de seguridad, para que salvaguardasen la integridad de las personas aseguradas o detenidas y ello en sí mismo no constituiría ninguna responsabilidad.
En principio porque los servidores públicos de la SEDENA, como cualquier autoridad, está obligada a conducirse con apego a la Ley y respeto irrestricto a los derechos humanos y, en segundo lugar, porque es una autoridad que está facultada para realizar tareas de seguridad pública. En efecto, la SEDENA participa en los operativos conjuntos de seguridad pública al amparo de los artículos 21 y 89 fracción VI Constitucionales, 7, fracción X y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Plan Sectorial de Seguridad Pública 2007- 2012, Plan Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2008, los Convenios de Coordinación suscritos entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Morelos 2010 y 2011 en materia de Seguridad y el Plan Estatal de Seguridad Pública de Morelos 2010-2012. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Sentencia de Acción de Inconstitucionalidad resolvió: EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN). La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército,
Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a la s disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y seis, relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por cuando menos ocho votos en las c ontroversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en marzo de ese año, como aislada, con el número XXIX/96), se publique como jurisprudencial, con el número 38/2000. México, Distrito Federal, a ve intisiete de marzo de dos mil. Registro No.192080, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 , Página: 549, Tesis: P./J. 38/2000, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional .
Los servidores públicos de la SEDENA en tareas de seguridad pública, al igual que los servidores públicos de la Policía Federal y los de las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, deben regir su actuación de conformidad con los principios señalados en el artículo 21 Constitucional, párrafo noveno, que a la letra establece: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que ésta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”. Si ante el eventual riesgo de superioridad numérica o del armamento utilizado por los integrantes del crimen organizado, los Policías Federales hubieren optado por poner a disposición de las fuerzas armadas a las personas aseguradas, dicha actuación en sí
misma, estaría apegada a derecho ya que su motivación habría tenido como finalidad garantizar la salvaguarda de la vida e integridad de la ciudadanía, la de los propios asegurados, así como la de las personas y autoridades amenazadas; nunca para que las personas aseguradas quedaran en riesgo de sufrir transgresiones a derechos humanos en su perjuicio. Aunado a lo anterior, es pertinente recordar que el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, literalmente dispone: “Las Secretarías de Estado tendrán igual rango, y entre ellos no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna.” En concordancia con dicho precepto no es pertinente asumir que la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública, este en posibilidad o tenga atribuciones para “permitir”, “tolerar” y “dar su anuencia” a otra Secretaría del Estado Mexicano, como lo es la Secretaría de la Defensa Nacional. El hecho de que las fuerzas armadas lleven a cabo aseguramientos, detenciones y puestas a disposición de personas en flagrante comisión de delito o señaladas como probables responsables de algún acto ilícito, no es condición “sine qua non” de violaciones a derechos humanos, por el contrario, se parte del supuesto legal de que las Fuerzas Armadas son autoridades competentes para apoyar en tareas de seguridad pública que están obligadas a respetar el principio de legalidad y todos y cada uno de los derechos fundamentales, y que en caso de incurrir en algún abuso de autoridad o contravención de los ordenamientos jurídicos, serán sancionados conforme a derecho. En virtud de las consideraciones expuestas, esta Dependencia Federal no acepta la Recomendación 38/2012.
ATENTAMENTE. EL DIRECTOR GENERAL
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