Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2008-00011-de-octubre-17-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_ecb7925e9ef70060e0430a0101510060&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-25 06:16:33
Document Index: 118294035

Matched Legal Cases: ['artículo 496', 'artículo 499', 'artículo 2', 'artículo 189', 'artículo 501', 'artículo 494', 'artículo 494', 'artículo 494', 'artículo 494', 'artículo 295', 'artículo 50', 'artículo 566', 'artículo 509', 'artículo 566', 'artículo 509', 'artículo 509', 'artículo 499', 'artículo 500', 'artículo 500', 'artículo 35', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 565', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 502', 'artículo 35', 'artículo 503', 'artículo 501']

﻿ Sentencia 2008-00011 de octubre 17 de 2013
SENTENCIA 2008-00011 DE 17 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:LEGALIDAD DE CAPTURA- EXTRADICIÓN. LA REVISIÓN DE LA LEGALIDAD DE LA CAPTURA POR PARTE DEL JUEZ CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS, ES UNA GARANTÍA PROCESAL APLICABLE A LAS CAPTURAS ORDENADAS CON OCASIÓN DE UN PROCESO JUDICIAL DE CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS, PERO NO PARA SATISFACER UNA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN DE UN GOBIERNO AJENO. POR CUANTO EL TRÁMITE DE EXTRADICIÓN ESTÁ CONCEBIDO COMO UN MECANISMO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, CUYO COMETIDO ES GARANTIZAR LA COMPARECENCIA DEL REQUERIDO EN EL PAÍS QUE LO SOLICITA, PERO QUE POR MANERA ALGUNA REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE UN JUEZ COLOMBIANO PARA QUE AVALE LA CAPTURA CON FINES DE EXTRADICIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, EXTRADICIÓN, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, LEGALIZACIÓN DE LA CAPTURA
Sentencia 2008-00011 de octubre 17 de 2013
Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2008-00011-00
Actor: José María Ortiz Pinilla
Bogotá, D.C., diecisiete de octubre de dos mil tres.
en ejercicio de la facultad que le confiere el 491 de la Ley 906 de 2004, y
1. Que mediante Nota Verbal Nº 2983 del 15 de noviembre de 2006, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano José María Ortiz Pinilla requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.
2. Que el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 17 de noviembre de 2006 decretó la captura con fines de extradición del ciudadano José María Ortiz Pinilla, identificado con la cédula de ciudadanía 13.234.135, la cual se hizo efectiva en la misma fecha por funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
3. Que la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, mediante Nota Verbal Nº 3286 del 22 de diciembre de 2006, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano José María Ortiz Pinilla.
“José María Ortiz— Pínula es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos. Es el sujeto de la segunda acusación sustitutiva Nº 06-10008 CR Moore (s) (s), dictada el 24 de octubre de 2006 (no 31 de octubre de 2006, como inadvertidamente se citó en la nota diplomática de esta Embajada Nº 29§3 anteriormente mencionada), en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante la cual se le acusa de:
— Cargo 1: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía, una cantidad perceptible de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación del título 46, secciones 1903 (a) del Apéndice del Código de los Estados Unidos, recodificado como el título 46, Sección 70503 (a) del Código de los Estados Unidos; 1903 (g), recodificado como el título 46, Sección 70506 (a) del Código de los Estados Unidos; y 1903 (j), recodificado como el Título 46, Sección 70506 (b) del Código de los Estados Unidos; y del Título 21, Sección 960 (b) (1) (B) del Código de los Estados Unidos; y
— Cargo 2: Posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación del título 46, Secciones 1903 (a) del Apéndice del Código de los Estados Unidos, recodificado como el Título 46, Sección 70503 (a) del Código de los Estados; y 1903 (g), recodificado como el Título 46, Sección 70506 (a) del Código de los Estados Unidos; del título 21, sección 960 (b) (1) (B) del Código de los Estados Unidos; y ayuda y facilitamiento de dicho delito, en violación del título 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos.
Un auto de detención contra el señor Ortiz-Pinilla por estos cargos fue dictado el 24 de octubre de 2006, por orden de la corte arriba mencionada. (...). El auto de detención del 24 de octubre de 2006 que está incluido en los documentos que sustentan esta solicitud de extradición permanece válido y ejecutable.
Los hechos de este caso indican que desde el 25 de marzo de 2005 y continuando de ahí en adelante hasta el 27 de abril de 2006, (...) y José María Ortiz-Pinilla proporcionaron servicios de transporte a organizaciones internacionales de tráfico de narcóticos.
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la oficina jurídica, mediante oficio OAJ.E. Nº 2475 del 26 de diciembre de 2006 conceptuó:
“... que por no existir convenio aplicable al caso es procedente obra de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano”.
5. Que el Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio Nº 117 del 11 de enero de 2007, remitió a la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano José María Ortiz Pinilla, para que fuera emitido el concepto a que hace referencia el artículo 499 de la Ley 906 de 2004.
6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 18 de julio de 2007, al encontrar cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano José María Ortiz Pinilla.
“6. Reunidos en su totalidad los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Penal, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, conceptúa favorablemente al pedido de extradición del ciudadano colombiano José María Ortiz Pinilla, conocido con los alias de “El Chucho”, “Chepe” y “Viejo”, cuyas notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, conforme con la nota verbal Nº 3286 por los cargos uno (1) y dos (2) imputados en la acusación sustitutiva Nº 06-1008-CR-MOORE (s) (s), dictada el 24 de octubre de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida.
6.1. En todo caso, habida cuenta que de acuerdo con las normas punitivas de los Estados Unidos aplicables a los delitos por los que solicitó la extradición prevén como sanción hasta cadena perpetua, la cual está prohibida en Colombia (C.P., art. 34), le corresponde al Gobierno Nacional, en caso de que conceda la entrega requerida, condicionar la extradición a la conmutación de la misma, así como imponer las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto constitucional, y a fin de que Ortiz Pinilla no vaya a ser juzgado por un hecho anterior al que motiva la extradición (CPP, art. 494), ni por conducta realizada con anterioridad al 17 de diciembre de 1997 (C.P., art. 35), ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
6.2. También es preciso advertir que como el instrumento de la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política (art. 35) y en el Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004, arts. 490 a 514), cuando recae sobre ciudadanos colombianos por nacimiento —si es pasiva—, es imperioso que el Gobierno Nacional haga las exigencias que estime convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las contenidas en ¡a Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (art. 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem.
También el Gobierno Nacional habrá de exigir las garantías del caso para que a José María Ortiz Pinilla se le reconozca como parte cumplida de la pena que se le llegare a imponer en el país requirente, el tiempo que lleva privado de la libertad por razón de este trámite de extradición.
Por esa razón, de conformidad con lo establecido por el artículo 189-2 de la Constitución Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia (cfr. concepto de feb. 23/2005, radicación 22.375)..”..
7. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable a la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.
En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la ley para la procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, y ante la ausencia de limitantes para la concesión de la misma, el Gobierno Nacional concederá la extradición del ciudadano colombiano José María Ortíz Pinilla, identificado con la cédula de ciudadanía 13.234.135, para que comparezca a juicio por el Cargo 1 (concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos); y por el Cargo 2 (posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), referidos en la segunda acusación sustitutiva Nº 06-10008 CR Moore (s) (s), dictada el 24 de octubre de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Teniendo en cuenta que la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, ha señalado en forma expresa que todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, información que puede constatarse en la resolución de acusación aportada por el país requirente, no se considera pertinente en este caso hacer alguna salvedad al respecto.
Es importante precisar que de la información allegada al expediente, no se reportó para este ciudadano la existencia de proceso penal alguno en su contra.
8. Que el gobierno colombiano podrá subordinar la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas, y en todo caso, para que pueda concederse la extradición, deberá exigir al Estado requirente, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición, ni sometida a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, según lo prescribe el inciso 1º del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
9. El inciso 2º del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 establece que si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena, e igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación.
Teniendo en cuenta que los delitos referidos en la solicitud formal no están sancionados con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de este ciudadano bajo el compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones señaladas en esta norma, en especial que no se le someta a la pena de prisión perpetua la cual está prohibida en la legislación colombiana.
Finalmente, como de la información allegada al expediente se puede constatar que el ciudadano José María Ortiz Pinilla, se encuentra detenido a órdenes del Fiscal General de la Nación, por cuenta del trámite de extradición, debe señalarse que para acreditar esa situación y hacerla valer en el exterior, el interesado podrá solicitar la constancia respectiva a la Fiscalía General de Nación por ser la entidad competente para esos efectos.
ART. 1º—Conceder la extradición del ciudadano colombiano José María Ortiz Pinilla, identificado con la cédula de ciudadanía 13.234.135, para que comparezca a juicio por el Cargo 1 (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos); y por el Cargo 2 (Posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), referidos en la segunda acusación sustitutiva Nº 06-10008 CR Moore (s) (s), dictada el 24 de octubre de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
ART. 2º—Ordenar la entrega del ciudadano José María Ortiz Pinilla, bajo el compromiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que hace referencia el inciso 2º del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
ART. 3º—Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1º del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
ART. 5º—Enviar copia auténtica de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la oficina asesora jurídica y a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus competencias.
Dada en Bogotá, D.C. a...”.
No se transcribe el contenido de la Resolución 409 de octubre 31 de 2007 por cuanto al resolver el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 293 de agosto 15 de 2007, lo confirmó aclarando el artículo primero de la parte resolutiva de la resolución ejecutiva, en el siguiente sentido:
“ART. 1º—Aclarar el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución Ejecutiva Nº 293 del 15 de agosto de 2007, en el sentido de precisar que se concede la extradición del señor José María Ortiz Pinilla para que comparezca a juicio por el Cargo 1 (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), y por el Cargo 2 (Posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, y ayuda y facilitamiento de dicho delito), referidos en la segunda acusación sustitutiva Nº 06-10008 CR Moore (s) (s), dictada el 24 de octubre de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida”.
5.2. En cuanto a la excepción propuesta por el Ministerio del Interior y de Justicia.
El apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en la medida en que los cargos endilgados en la demanda, están dirigidos a controvertir las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, razón suficiente para que esa entidad sea excluida del presente control de legalidad de los actos administrativos demandados.
No es acogido este planteamiento por la Sala, como quiera que no puede perderse de vista que en el proceso de extradición convergen actuaciones de distintas entidades del poder público, entre ellas, la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno Nacional por conducto de sus ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior y de Justicia (para la época de la expedición de los actos acusados), así como la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
En ese orden de ideas, no es procedente compartir el planteamiento según el cual por estar dirigidos los cargos de la demanda en contra de los actos preparatorios proferidos por la Fiscalía General de la Nación y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio del Interior y de Justicia estaría excluido de cualquier reproche del juicio de legalidad de los actos acusados, pues no puede perderse de presente que fue precisamente el titular de esta cartera ministerial junto con el Presidente de la República, quienes a nombre del Gobierno Nacional, suscribieron los actos administrativos que concedieron la extradición del actor y que son objeto de la presente demanda de nulidad.
De acuerdo con lo anterior no es acogida la excepción propuesta por el apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia.
5.3. En cuanto al análisis de cada uno de los cargos en que se fundamenta la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
De acuerdo con la lectura de los cargos que fundamentan la demanda, observa la Sala que el argumento central de reproche contra las resoluciones 293 y 409 de 2007 que concedieron la extradición del actor, lo hace consistir su apoderado judicial en la violación al debido proceso de su cliente, al considerar que en el trámite administrativo que contó con el concepto previo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la actuación del Ministerio del Interior y de Justicia de la época y en la captura proferida por el Fiscal General de la Nación, no se respetaron y, por el contrario, fueron desconocidas normas superiores, entre ellas, los artículos 29 y 35 de la Constitución Política, así como disposiciones sustantivas y adjetivas del ordenamiento normativo internas, consignadas en el Código Penal y Código de Procedimiento Penal leyes 599 de 2000 y 906 de 2004 respectivamente.
De allí que varios de los cargos en que edifica el apoderado del actor la demanda, están dirigidos a cuestionar la legalidad de los actos preparatorios o de trámite que antecedieron la expedición de los actos definitivos acusados, con fundamento en lo que para él considera violación al debido proceso por desconocimiento de las garantías procesales del demandante.
Es así como el primer cargo de la demanda según está planteado, consiste en que la Resolución del 17 de noviembre de 2006 proferida por el Fiscal General de la Nación, se limitó a manifestar que “en la nota verbal se expresa que la Embajada considera esta solicitud como urgente”, urgencia que según el apoderado del actor, no se encuentra razonadamente fundamentada o motivada, razón por la que el Fiscal General desconoció los artículos 2º y 509 del Código de Procedimiento Penal.
Así mismo considera que el artículo 295 del mismo estatuto procesal, resulta violentado en la Resolución del 17 de noviembre del 2006 del Fiscal General, por cuanto la detención de un nacional por tratarse de una medida excepcional, podrá ser aplicada restrictivamente sólo si es necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los preceptos constitucionales, no obstante que se profiera en virtud de un proceso de extradición.
Sobre los anteriores ataques, resulta más que ilustrativo el siguiente aparte jurisprudencial proferido por esta misma Sala, donde al revisar la legalidad de la Resolución proferida por el Fiscal General de la Nación mediante la cual en su oportunidad ordenó la captura con fines de extradición de un requerido, llegó a la conclusión que este acto por ser de trámite no es pasible de demanda ante esta jurisdicción, al no ponerle fin a una situación administrativa definitiva, como sí lo viene a constituir las resoluciones ejecutivas que conceden la extradición.
En Auto 6422 del 7 de septiembre de 2000, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero se dijo lo siguiente:
“Todos las actuaciones de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Justicia, así como la que corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, son actos de trámite que, por no poner fin a la actuación administrativa, no ostentan carácter de definir la actuación y, por ende, no constituyen decisiones administrativas objeto de control por la jurisdicción contencioso administrativa.
Así mismo, la actuación del Fiscal General de la Nación, en cuanto a la expedición de órdenes de captura de carácter previo, que en la práctica se pueden dar o no, a fin de asegurar la comparecencia del requerido en el evento de que la decisión del gobierno sea la de acceder a la solicitud de extradición, no tiene virtualidad de definir la actuación administrativa, pues la norma procedimental no le otorga competencia en tal sentido al mencionado funcionario.
Tal orden de captura con fines de extradición se convierte en la base para todo el despliegue operativo necesario en aras de lograr la disposición física del requerido por un gobierno extranjero, para los fines ya indicados, y a fin de no hacer nugatoria la eventual posterior decisión de conceder la extradición del mismo.
Conclusión de lo expuesto es que ante la Fiscalía General de la Nación no se adelanta actuación administrativa tendiente a definir la solicitud de extradición realizada por un gobierno extranjero, ya que tan solo realiza la expedición de la orden de captura, que como ya quedó anotado se trata de una medida tendiente a hacer efectiva la decisión de extradición, si es que la actuación administrativa que corresponde realizar a otros funcionarios, dentro del ámbito de competencias ya señalados, culmina con la concesión de dicha solicitud. Es por ello que no corresponde al Fiscal General de la Nación el examen de puntos relativos al fondo de la solicitud que se formula.
Dado lo anterior no es dable calificar la expedición de orden de captura para fines de extradición como acto administrativo. Corresponde a un acto proferido por fuera del verdadero trámite de extradición pero relacionado con el mismo, en la medida de que constituye la base para toda la actividad operativa tendiente a hacer efectiva una decisión administrativa posterior.
No alcanza la connotación de acto definitivo, acorde con lo preceptuado en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo la resolución demandada, y por ende, a acto administrativo susceptible de control por esta jurisdicción (...)” (resaltado fuera de texto)
Es preciso advertir que las consideraciones expuestas en el anterior fallo judicial son acogidas en la presente oportunidad, a pesar de que la norma procesal penal con fundamento en la cual el Fiscal General de la época profirió la orden de captura con fines de extradición en aquella oportunidad demandada —Resolución del 4 de mayo de 1999— era la consagrada en el artículo 566 del Decreto 2700 de 1991 Código de Procedimiento Penal, que establecía lo siguiente:
“ART. 566.—Captura. Nota diplomática. El Fiscal General de la Nación decretará la captura de la persona requerida tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse proferido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida.
En el caso sub judice en la Resolución del 17 de noviembre de 2006(4), la fiscalía tuvo como fundamento normativo para decretar la captura con fines de extradición del actor, el artículo 509 de la Ley 906 de 2004 que reprodujo en idénticos términos el artículo 566 del Decreto 2700 de 1991, al establecer:
“El Fiscal General de la Nación decretará la captura de la persona requerida tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse proferido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida”.
Por tanto, se observa que en ambas disposiciones procesales, coinciden los mismos requisitos para que el Fiscal General de la Nación profiera la resolución contentiva de la orden de captura con fines de extradición de la persona requerida, destacándose en este caso el de la urgencia de la medida como lo cuestionó el actor.
Sin perjuicio de las consideraciones anteriores y solo a manera de ilustración, la Sala no puede pasar por alto que la Sección Quinta de esta corporación, al pronunciarse sobre la impugnación de una acción de hábeas corpus, se refirió a la urgencia de la orden de captura con fines de extradición proferida por el Fiscal General de la Nación, en los siguientes términos:
“No obstante, conviene precisar que no resulta necesario, para que se tenga por cumplido el requisito de la expresión de la urgencia de la detención previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, que se justifique dicha expresión con motivos tales como que el acusado pueda eludir su comparencia al proceso, alterar u ocultar medios de prueba o constituir un peligro para la sociedad, y menos aún que se justifique con los motivos que el juez del Estado requirente exprese para privar de la libertad al procesado, como pretende el accionante, puesto que tales exigencias no están establecidas expresamente en el artículo mencionado, el cual señala de manera llana y simple que dicha urgencia debe expresarse”. (Sent. de mayo 13/2008, rad. 15001-23-31-000-2008-00193-01 M.P. Mauricio Torres Cuervo) (subrayas fuera de texto)
De acuerdo con las anteriores consideraciones no es acogido por la Sala este cargo endilgado por el actor.
En cuanto al segundo cargo de la demanda, lo dirige el apoderado del demandante en contra del contenido de la Resolución del 17 de noviembre de 2006, al considerar que vulneró el debido proceso del actor, en la medida en que fundamentó de manera equivocada la orden de captura con fines de extradición, citando como apoyo la acusación sustitutiva 06-10008 CR Moore de fecha 31 de octubre de 2006, a pesar de que para esa fecha no existía ninguna acusación por parte del gobierno requirente en contra del actor.
Observa la Sala que una vez más, este cargo lo dirige la parte demandante en contra del acto proferido por el Fiscal General de la Nación y no está controvirtiendo la decisión adoptada por el Gobierno Nacional en los actos demandados que concedieron la extradición del actor.
Por tanto esta circunstancia impide a la Sala proferir pronunciamiento de fondo sobre el particular.
Sin embargo no puede perderse de vista, que el error mecanográfico que se pudo haber presentado en la nota verbal con fundamento en la cual el Fiscal General expidió la orden de captura, en el acto demandado Resolución 293 de noviembre de 2007 fue subsanada al establecer en el numeral 3 lo siguiente:
“3. Que la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, mediante Nota Verbal Nº 3286 del 22 de diciembre de 2006, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano José María Ortiz Pinilla.
‘José María Ortiz Pinilla es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos. Es el sujeto de la segunda acusación sustitutiva Nº 06-10008 CR Moore (s) (s), dictada el 24 de octubre de 2006 (no 31 de octubre de 2006, como inadvertidamente se citó en la nota diplomática de esta Embajada Nº 2983 anteriormente mencionada), en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante la cual se le acusa de: (...)” (subrayas fuera de texto)
Por tanto al haber sido corregido el error en la cita de la fecha de la acusación en contra del requerido, no está viciado de nulidad el acto definitivo —Resolución 293 de 2007—, que es el único pasible de ser demandado y no la Resolución del 17 de noviembre de 2006 proferida por el Fiscal General de la Nación.
El tercer cargo alude a que el Fiscal General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia —Sala Penal— desconocieron el control de legalidad de la captura excepcional ante el juez de control de garantías prevista en la Ley 906 de 2004, en el caso de la captura con fines de extradición del actor.
La Sala observa que la parte demandante, confunde la captura ordinaria de una persona por haber transgredido el ordenamiento penal interno, con la captura con fines de extradición —que es la que opera en el caso del actor—, de quien fue acusado en un proceso judicial adelantado en Estados Unidos de América.
De acuerdo con la redacción del cargo, lo que se observa es que el apoderado del actor pretende que las disposiciones normativas relativas al régimen de la libertad y su restricción, consignadas en el libro II título IV capítulos I y II, artículos 295 al 305 de la Ley 906 de 2004, le hubieran sido aplicadas a su prohijado, olvidando que el trámite de la extradición está regulado de manera independiente y especial en el mismo estatuto, pero en el libro V capítulo II artículos 490 a 513.
“Considera igualmente atinado el despacho, las razones por las cuales desestimó el a quo el argumento según el cual son ilegales las capturas con fines de extradición cuando no se someten al control de legalidad de los jueces de control de garantías.
En efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, que el despacho comparte, ha sostenido reiteradamente que unas son las reglas que rigen las capturas con fines de extradición (actualmente los artículo 509 de la Ley 906 de 2004) y otras las que rigen las capturas efectuadas por las autoridades colombianas en flagrancia o con previa orden de autoridad competente en el marco de un proceso penal (actualmente los artículos 250 de la Constitución y 39, 114, 297, 298, 300 y 302 de la Ley 906 de 2004), y que uno y otro instituto jurídico difieren en su naturaleza y en sus fines.
Así, la captura con fines de extradición es una medida de carácter administrativo cuyo propósito es el de poner al extraditable físicamente en poder del Estado requirente, quien debe decidir sobre la legalidad de dicha captura o de la libertad del capturado de acuerdo con las reglas de dicho Estado, del derecho internacional humanitario y de los tratados y convenios que rijan la materia, mientras que, por el contrario, las capturas decretadas y practicadas por las autoridades colombianas en el marco de un proceso penal, constituyen decisiones de naturaleza jurisdiccional sujetas al control de legalidad señalado en las normas enunciadas” (resaltado fuera de texto) (Sección Quinta. Sentencia del 13 de mayo de 2008 radicado 2008-00193-01(HC) M.P. Mauricio Tórres Cuervo).
Por su parte la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal mediante providencia del 8 de junio de 2007 proceso 27674 M.P. Sigifredo Espinosa Pérez, determinó:
“En este sentido, evidente se aprecia cómo la defensora de los detenidos busca igualar circunstancias que por su naturaleza poseen naturaleza y trascendencia diferentes, para así fundamentar su tesis central de que los pedidos en extradición no han sido puestos a disposición de un juez dentro del plazo que estipula la ley.(resaltado y negrilla fuera de texto).
Sucede, sin embargo, que dentro de nuestra legislación no existe posibilidad de emparentar tan disímiles objetos, por la potísima razón que la detención de los poderdantes de la accionante, obedece no a la comisión de un delito que amerite de la consecuente intervención de la justicia Colombiana, y desde luego, de la tramitación que, en protección de sus derechos, demanda de un plazo máximo para que sea dejado a disposición de un juez en el país, conforme las reglas que regulan la competencia.
No, como ya ampliamente lo ha dejado sentado la Corte Constitucional, en revisión de las normas regulatorias de la extradición, se trata aquí de un trámite eminentemente administrativo que busca asegurar la presencia del solicitado en otro país, mediante el mecanismo de captura y envío a la nación requirente, para lo cual, debe resaltarse, se entiende necesario adelantar diligencias, encaminadas precisamente a proteger los derechos del ciudadano, sin que ello implique, como equivocadamente lo entiende la impugnante, que durante el lapso requerido para el efecto haya de intervenir un juez Colombiano, entre otras razones, porque ninguna norma habilita la competencia de un específico funcionario para el efecto. (resaltado y negrilla fuera de texto).
Y mal podría hacerlo, cuando es claro que la competencia del juez en nuestro país necesariamente implica que a su cargo se halle el conocimiento de un proceso penal, respecto de un delito cometido en Colombia que demanda de la consecuente investigación. (resaltado y negrilla fuera de texto).
Si se conoce que ese delito no tuvo ocurrencia en Colombia, o por su naturaleza global se investiga en el país requirente, de entrada se aprecia la impropiedad de la intervención del juez colombiano, no sólo por su ostensible incompetencia, sino porque la captura y actual confinamiento carcelario, se repite, operan precisamente para efectos de que la persona sea puesta a disposición del juez o tribunal competente en el país requirente. (resaltado y negrilla fuera de texto).
Lo anotó la magistrada del tribunal, y lo repite la Corte, el trámite de extradición, y desde luego, la captura y detención propios del mismo, se rigen por disposiciones diferentes a las que regulan la detención en flagrancia o la captura previa orden de juez competente de nuestro país, razón por la cual asoma impropio tratar de emparentar institutos por naturaleza disímiles en aras de exigir una improbable excarcelación de quienes, es menester relevar, se hallan legalmente detenidos.
Ya la Corte Constitucional dijo, y debería ser suficiente para resolver el asunto, que la tramitación administrativa en mención demanda de regulación especial, ajena a la propia de capturas y detenciones dentro de los procesos seguidos por los jueces en Colombia, motivo por el cual no resulta adecuado exigir de términos y funcionarios judiciales que nada tienen que ver con el asunto.
En concreto, esto manifestó ese alto tribunal, en Sentencia C-700 de 2000, al momento de revisar la constitucionalidad de las normas que para ese momento regulaban el trámite de extradición (D. 2700/91):
“En el caso de personas solicitadas en extradición, por delitos cometidos en otro Estado, es claro que al ser juzgadas por fuera de Colombia y ser requeridas por una autoridad extranjera para proseguir su juzgamiento o para ejecutar la condena, estarán sometidas también a procedimientos diferentes a los aplicables a quienes han delinquido en nuestro territorio, lo cual no vulnera en modo alguno el derecho a la igualdad ni constituye discriminación, por tratarse de situaciones jurídicas no equiparables” (resaltado y negrilla fuera de texto).
De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, la revisión de la legalidad de la captura por parte del juez con funciones de control de garantías —que echa de menos el apoderado del actor—, es una garantía procesal aplicable a las capturas ordenadas con ocasión de un proceso judicial de conocimiento de las autoridades colombianas, pero no para la ordenada y practicada para satisfacer una solicitud de extradición de un gobierno ajeno, como aconteció en el caso de la captura con fines de extradición de un del actor José María Ortiz Pinilla.
Lo anterior, por cuanto el trámite de extradición está concebido como un mecanismo de cooperación internacional de naturaleza administrativa, cuyo cometido es garantizar la comparecencia del requerido en el país que lo solicita (de allí su captura para luego ser enviado al Estado requirente), pero que por manera alguna requiere la intervención de un juez colombiano para que avale la captura con fines de extradición.
El cuarto cargo de la demandalo hace consistir el apoderado del actor, en la violación de los artículos 495 numeral 4 y en el 499 de la Ley 906 de 2004, por el hecho de que el Ministerio del Interior y de Justicia al enviar mediante oficio OF 107 117 DIJ 0100 del 11 de enero de 2007 a la Sala de Casación Penal, el expediente del actor para que emitiera el respectivo concepto, afirmó que enviaba el expediente perfeccionado y con la documentación traducida y legalizada, lo cual no es cierto, al no incluir la Nota Verbal 068 de enero 9 de 2007 expedida por la Embajada de los Estados Unidos de América.
De igual manera afirma que la Corte Suprema de Justicia violó el artículo 499 Código de Procedimiento Penal, al haber avocado conocimiento de la solicitud de extradición sin estar perfeccionado el expediente, ya que carecía de la copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso, expedidas por el Estado requirente.
Observa la Sala que la inconformidad del apoderado del demandante radica en conductas supuestamente irregulares en que incurrieron tanto el Ministerio del Interior y de Justicia como la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al haber enviado el expediente de la solicitud de extradición del actor, sin estar completa la documentación a la alta corporación judicial para que emitiera el concepto respectivo.
Una vez más se tiene que el cargo planteado no está enjuiciando la legalidad de los actos administrativos definitivos que concedieron la extradición del actor, sino los actos preparatorios que antecedieron a su expedición.
Tan válida resulta la anterior afirmación que ateniéndose al contenido de las resoluciones ejecutivas 293 y 409 ambas de 2007 objeto de demanda, en ninguno de sus apartes hacen mención ni aluden a la Nota Verbal 68 de enero 9 de 2007, procedente de la Embajada de los Estados Unidos de América, mediante la cual solicita sea incorporada dentro del trámite de extradición del actor, la traducción al español del título 46, secciones 70502 a 70507 del Código de los Estados Unidos(5).
Lo cierto es que por manera alguna resultó vulnerado el debido proceso del actor, por cuanto a pesar de que un expediente se encuentre supuestamente perfeccionado en su integridad, ello no implica que no se puedan adjuntar pruebas con posterioridad a la remisión efectuada por el Ministerio del Interior y de Justicia a la Corte Suprema de Justicia para que emita concepto, tanto así que el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 establece: “Recibido el expediente por la Corte, se dará traslado a la persona requerida o a su defensor por el término de diez (10) días para que soliciten las pruebas que consideren necesarias. Vencido el término de traslado, se abrirá a pruebas la actuación por el término de diez (10) días, más el de la distancia, dentro del cual se practicarán las solicitadas y las que a juicio de la Corte Suprema de Justicia sean indispensables para emitir concepto. Practicadas las pruebas, el proceso se dejará en secretaría por cinco (5) días para alegar”. (resaltado fuera de texto).
Por tanto, a juicio de la Sala, resulta un hecho intrascendente que no tiene la virtualidad de viciar de nulidad los actos administrativos demandados, el hecho de no haber enviado el Ministerio del Interior y de Justicia la Nota Verbal 068 de 2007 a la Corte Suprema de Justicia, pues esta nota bien podía haberse aportado al expediente como una prueba más –tal y como aconteció en el sub lite(6)— de acuerdo con el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 que dispone en el inciso 2: “vencido el término de traslado, se abrirá a pruebas la actuación por el término de diez (10) días, más el de distancia, dentro del cual se practicarán las solicitadas y las que a juicio de la Corte Suprema de Justicia sean indispensables para emitir concepto”.
La Nota Verbal 68 de 2007 a través de la cual la Embajada de los Estados Unidos de América remitió la traducción en español del título 46, secciones 70502 a 70507 del Código de los Estados Unidos, fue aportada al expediente contentivo del trámite de extradición del actor, debidamente traducida tal y como se observa a folios 46 al 51 del cuaderno 1, prueba que a su vez fue remitida por la Secretaria de la Sala Penal al despacho del magistrado sustanciador, mediante auto del 29 de enero de 2007 que figura a folio 52 del cuaderno 1.
Según lo visto no cabe duda para la Sala que esta pieza procesal, si fue valorada por la alta corporación judicial, motivo por el cual no es acogido este argumento de reproche.
En cuanto al quinto cargo lo fundamenta el apoderado del actor en el hecho de que la Corte Suprema de Justicia mediante Auto del 27 de marzo de 2007, negó la práctica de pruebas solicitadas por la defensa del actor mediante las cuales se hubiera podido demostrar que los presuntos hechos imputados por el Gobierno de los Estados Unidos, ocurrieron en Colombia y no en el país requirente. Considera por tanto que esta situación vulnera disposiciones superiores como el inciso 2 del artículo 35 de la Constitución Política, el artículo 18 de la Ley 599 de 2000 y distintas preceptivas del Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004.
Nuevamente se observa que la censura está dirigida en contra de un acto preparatorio y no contra de los actos definitivos demandados. Con todo, revisado el expediente se observa que a folios 86 a 100 del cuaderno principal, obra el Auto del 27 de marzo de 2007 proferido por la Sala Penal, que advirtió a la parte actora la procedencia del recurso de reposición del cual hizo uso, el cual fue resuelto mediante Auto del 23 de mayo de 2007 que resolvió no reponer la providencia del 27 de marzo del mismo año.
Por tanto, la Sala observa que la inconformidad planteada por el apoderado del actor, como uno de los argumentos de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ya fue planteada y resuelta en el trámite administrativo previo a la expedición del acto que concedió la extradición.
En todo caso, es preciso aclararle al apoderado del actor que no es compartida por la Sala la afirmación según la cual, a las autoridades judiciales nacionales les correspondía investigar y juzgar las presuntas conductas imputadas al actor por cuanto fueron cometidas en Colombia y no en Estados Unidos de América, con fundamento en las siguientes consideraciones:
El inciso segundo del artículo 18 del Código Penal consignado en la Ley 599 de 2000, establece: “...Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana..”..
Tal situación es la que acontece en el caso sub judice como quiera que, el acto administrativo demandado señaló que la Embajada de los Estados Unidos de América mediante Nota Verbal Nº 3286 del 22 de diciembre de 2006, formalizó la solicitud de extradición del actor, porque se le acusa de:
“Cargo 1. Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, a borde de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación del Título 46, secciones 1903 (a) del Apéndice del Código de los Estados Unidos, recodificado como el Titulo 46, Sección 70503 (a) del Código de los Estados Unidos; 1903 (g), recodificado como el Título 46, Sección 70506 (a) del Código de los Estados Unidos; y 1903 (j), recodificado como el Título 46, Sección 70506 (b) del Código de los Estados Unidos; y del Título 21, Sección 960 (b) (1) (B) del Código de los Estados Unidos; y
Cargo 2: Posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación del Título 46, Secciones 1903 (a) del Apéndice del Código de los Estados Unidos, recodificado como el Titulo 46, Sección 70503 (a) del Código de los Estados Unidos; y 1903 (g), recodificado como el Título 46, Sección 70506 (a) del Código de los Estados Unidos; del Título 21, Sección 960 (b) (1) (B) del Código de los Estados Unidos; y ayuda y facilitamiento de dicho delito, en violación del Título 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos.
Los hechos de este caso indican que desde el 25 de marzo de 2005 y continuando de ahí en adelante hasta el 27 de abril de 2006, (...) y José María Ortiz Pinilla proporcionaron servicios de transporte a organizaciones internacionales de tráfico de narcóticos (...)”.
No cabe duda que la conducta por la que fue pedido en extradición el actor, corresponde a un hecho ilícito sancionado por las autoridades judiciales de ese país, consistente en haber participado junto con otras personas para poseer, con la intención de distribuir y traficar sustancias estupefacientes, a bordo de una embarcación de jurisdicción de los Estados Unidos.
Así mismo encuentra la Sala que en el expediente, no obra ninguna certificación expedida por autoridad judicial competente —bien de algún despacho fiscal o judicial—, que acredite que en contra de José María Ortiz Pinilla se le estaba adelantando investigación penal por los mismos hechos por los que es requerido por el gobierno de los Estados Unidos, pero en territorio nacional. De tal modo que el apoderado del actor, no logró probar que en contra de su cliente al estársele investigando por la justicia colombiana, el Gobierno Nacional debía negar la extradición solicitada.
Al respecto resulta pertinente transcribir el siguiente aparte de un fallo proferido por esta misma Sala, mediante el cual estableció lo siguiente:
“Queda entonces claro que en manera alguna puede afirmarse que el actor fue requerido en extradición por hechos cometidos en Colombia que configuren una conducta punible, circunstancia que, de darse, en efecto haría imposible su entrega a otro país, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 565 del Código de Procedimiento Penal vigente para la fecha de la solicitud por parte de los Estados Unidos (D. 2700/91), que expresamente prohíbe extraditar a una persona cuando ésta siendo investigada o juzgada en Colombia por el mismo delito por el cual es requerida.
No es cierto, por lo tanto, que con la decisión adoptada por parte del Gobierno Nacional se violen los principios del juez natural, de la presunción de inocencia, del acceso a la justicia, como tampoco el del non bis in ídem, pues las autoridades judiciales del Estado solicitante son las competentes para juzgar al actor por los presuntos hechos delictivos allí cometidos”. (Sent. 8306, ago. 28/2003 radicado 11001-03-24-000-2002-00328-01, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero).
Del mismo modo no se advierte violación al debido proceso por el hecho de que se hubiera concedido la extradición del actor, como quiera que no se puede admitir la interpretación del demandante según la cual, se violó el principio de territorialidad de la ley penal colombiana, como quiera que las conductas atribuidas al actor cometidas en el exterior y la decisión de conceder la extradición para que sea juzgado en los Estados Unidos, constituye una de las excepciones a este principio consagrado en el artículo 14 de la Ley 599 de 2000. Este tema fue estudiado juiciosamente por la Sala Penal en el concepto favorable a la extradición del actor.
El inciso primero del artículo 14 del Código Penal establece lo siguiente: “La ley penal colombiana se aplicará a toda persona que la infrinja en el territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional”.
A su turno el inciso segundo de la norma citada establece los tres supuestos para determinar cuándo un delito es cometido en el exterior, al establecer: “La conducta punible se considera realizada: 1. En el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción. 2. En el lugar donde debió realizarse la acción omitida. 3. En el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado”.
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y jurisprudenciales el cargo planteado por el apoderado del actor no es de recibo por la Sala, ya que le corresponde al demandante demostrar ante las autoridades judiciales norteamericanas que los delitos por los cuales fue extraditado su cliente, no los cometió en ese país o lo hizo con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, por cuanto la presunta comisión de delitos en el exterior no puede ser juzgada por autoridades judiciales colombianas. Como se dijo en precedencia, esta situación no resultó refutada en la presente demanda de nulidad.
El sexto cargo de la demanda lo fundamentó el apoderado del actor en la supuesta falsa motivación de la Resolución 293 de 2007, por haberse apoyado en el concepto favorable a la extradición del actor emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto estas autoridades violaron el debido proceso del actor al no haberle otorgado las garantías procesales de las cuales es titular.
En cuanto al reproche de la falsa motivación del acto administrativo demandado, la Sala observa que el actor no fundamentó su inconformidad ni menos aún planteó las razones por las cuales considera que el acto acusado incurrió en esta causal de nulidad, sino que está nuevamente planteando es su disgusto por el trámite administrativo adelantado previo a la expedición de los actos acusados, tanto así que utiliza como argumentos los de la supuesta captura ilegal proferida por el Fiscal General de la Nación y la ausencia de la participación del juez de control de garantías, aspectos que ya fueron desarrollados en precedencia.
Resulta pertinente aclarar el siguiente punto: un tema es la supuesta ilegalidad de los actos definitivos, es decir, de las resoluciones 293 y 409 de 2007 proferidas por el Gobierno Nacional, porque estos actos se hubieran proferido con fundamento en motivaciones o razones oscuras o engañosas en cuyo caso se analizaría la falsa motivación, lo cual no se evidencia en el sub judice, y otra muy distinta es que se pretenda apelar a esta causal, para reiterar las supuestas irregularidades de que adolece el trámite administrativo por violación al debido proceso, asunto que no puede ser objeto de verificación ante esta instancia ya que los actos preparatorios a la expedición de las resoluciones ejecutivas del Gobierno Nacional, no son objeto de demanda.
Muy ilustrativo y pertinente resulta el siguiente precedente jurisprudencial de esta misma Sala:
“De tal manera que los cargos de la demanda, relativos a la falta de motivación y a la violación del derecho de defensa carecen de sustento pues, como quedó visto, los actos acusados están debidamente motivados y las inconformidades del actor fueron respondidas.
Es oportuno destacar que el actor no controvierte las razones de fondo que tuvo en cuenta el Gobierno Nacional para conceder la extradición, ni los cargos que se le formularon por parte del Gobierno de los Estados Unidos para sustentar la solicitud, ni el análisis que de los mismos hizo la Corte Suprema de Justicia frente a los requisitos que para tal efecto prescribe el ordenamiento procedimental penal, sino que, como ya se vio, la demanda estuvo orientada a reclamar que en aplicación del principio de la reciprocidad Colombia debía negar la solicitud, aspecto éste que ya fue analizado, además de que no puede perderse de vista que en esta materia el Gobierno Nacional goza de una amplia discrecionalidad al punto que puede conceder u ofrecer la extradición prescindiendo de los tratados públicos (CPP, art. 552).
Similar situación se presenta en el sub lite, como quiera que el apoderado del actor no planteó razones de fondo para sustentar la falsa motivación de los actos demandados, ya que se limitó a afirmar que el concepto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había violado el debido proceso del demandante, pero nunca se refirió por ejemplo a si la corporación había desconocido el artículo 502 de la Ley 906 de 2004 según el cual, al emitir el concepto que conceda o niegue la extradición deberá tener como fundamento: i) la validez formal de la documentación presentada; ii) la demostración plena de la identidad del solicitado; iii) el principio de la doble incriminación; iv) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y v) el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos (situación que no es aplicable al presente caso).
Por tanto no es acogido este cargo como tampoco el séptimo según el cual el Gobierno Nacional mediante la Resolución Ejecutiva 293 del 15 de agosto de 2007, a pesar de las irregularidades sustanciales, nulidades y violación directa del artículo 35 de la Carta Política y al procedimiento de extradición establecido en el Código de Procedimiento Penal vigente, Ley 906 de 2004, así como la Resolución 409 de 31 de octubre de 2007 —que resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución 293— autorizaron la extradición del actor.
De acuerdo con el material probatorio allegado al expediente, observa la Sala que el procedimiento de extradición del actor que dio lugar a la expedición de los actos administrativos demandados, se ajustó a los parámetros constitucionales y legales tanto sustanciales como procesales que reglamentan el tema, en los códigos Penal y de Procedimiento Penal.
Es así como, se observa en los antecedentes administrativos de las resoluciones ejecutivas demandadas, que la etapa preparatoria a la expedición de los actos acusados se ajustó a las normas de la Ley 906 de 2004, como quiera que el acopio probatorio da cuenta de la actividad administrativa desarrollada por los ministerios de relaciones exteriores y de justicia y del derecho, al emitir el primero concepto que expresó que por no existir Convenio aplicable al caso, era procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano(7). Por su parte el Ministerio del Interior y de Justicia examinó la documentación y al observar que se encontraba completa, la remitió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que emitiera el concepto respectivo(8) (L. 960/2004, arts. 496 a 499).
Luego de recibido el expediente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, según se observa ésta requirió al ciudadano José María Ortiz Pinilla mediante auto del 24 de enero de 2007, para que designara un defensor para que lo representara(9), en vista de que no designó ninguno le fue nombrado uno de oficio por parte del magistrado ponente. Luego el requerido otorgó poder a un abogado de confianza para que lo asistiera, quien fue reconocido por el despacho sustanciador. Después figura auto del 7 de febrero de 2007 mediante el cual se accedió a la solicitud de expedición de copias de la actuación requerida por el defensor del actor y corrió traslado a los intervinientes por el término de 10 días, para que solicitaran las pruebas que consideraran necesarias, vencido el cual se abrirá a pruebas la actuación por el término de 10 días más(10). Practicadas las pruebas el proceso se dejó en secretaría por 5 días para alegar y proceder luego a emitir el respectivo concepto que fundamentó la Corte en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero (L. 906/2004, arts. 500 al 502).
Es preciso señalar que mediante auto del 27 de marzo de 2007(11), la Sala de Casación Penal se pronunció sobre la solicitud de pruebas elevada por el Defensor del requerido, negando acceder a la práctica de pruebas. Esta decisión fue objeto de recurso de reposición, el cual fue resuelto por la misma Sala mediante Auto del 23 de mayo de 2007(12), confirmando la negativa en las pruebas solicitadas.
Aparecen luego los alegatos de fondo presentados por el defensor del actor dirigidos a la Sala Penal(13) y el concepto favorable a la extradición de fecha 18 de julio de 2007(14). Una vez recibido el concepto de la Corte Suprema de Justicia(15), la administración (Ministerio del Interior y de Justicia), contaba con 15 días para expedir la resolución que concede o niega la extradición, según el artículo 503 del Código de Procedimiento Penal de la Ley 906 de 2000, observándose en el expediente que el mismo se cumplió al haber sido expedida la Resolución 293 el 15 de agosto de 2007 objeto de demanda dentro del término legal.
Como si las anteriores razones de apego a las disposiciones legales no resultaran suficientes, observa la Sala que los actos demandados fueron expedidos por el Gobierno Nacional, con fundamento en la facultad discrecional de la que es titular para adoptar este tipo de determinaciones, según los artículos 491 y 492 de la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal que establecen lo siguiente:
“ART. 491.—Concesión u ofrecimiento de la extradición. Corresponde al gobierno por medio del Ministerio del Interior y de Justicia, ofrecer o conceder la extradición de una persona condenada o procesada en el exterior, salvo en los casos contemplados en el artículo anterior”.
ART. 492.—Extradición facultativa. La oferta o concesión de la extradición es facultativa del gobierno, pero requiere concepto p revio y favorable de la Corte Suprema de Justica”, previo el cumplimiento de los requisitos legales contenidos en los artículos 490 a 514 ídem”.
A su turno el artículo 501 inciso 2º ídemdetermina: “El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno, pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales”.
De acuerdo con las anteriores motivaciones, la Sala observa que la actuación administrativa surtida previa a la expedición de las resoluciones ejecutivas demandadas, no vulneró el debido proceso ni las garantías procesales del actor, como quiera que tuvo la oportunidad siempre de estar asistido por su defensor de confianza quien además de solicitar la práctica de pruebas en favor de su cliente, interpuso los recursos legales en su oportunidad como ya se advirtió en precedencia.
El octavo y último cargo en contra de los actos acusados se refieren a que el actor instauró acción de tutela el 28 de septiembre de 2007 contra el Fiscal General de la Nación por haber vulnerado sus derechos fundamentales en la Resolución del 17 de noviembre de 2006, acción que fue denegada en primera instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y confirmada por la Corte Suprema de Justicia, al considerar los despachos judiciales que el tutelante contaba con otro medio de defensa judicial, refiriéndose a la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Se observa que este argumento no está atacando la ilegalidad de las resoluciones ejecutivas demandadas, razón suficiente para que la Sala se abstenga de proferir pronunciamiento sobre el particular.
En vista de que en el presente examen no resultó desvirtuada la presunción de legalidad de la Resolución Ejecutiva 293 de agosto 15 de 2007 y de la Resolución Ejecutiva 409 de octubre 31 de 2007, las pretensiones de la demanda serán denegadas como se dispondrá en la parte resolutiva de este fallo.
DENIÉNGANSE las súplicas de la demanda.
(4) Figurar a folios 322 a 327 del cuaderno principal.
(5) Visible a folios 42 a 51 del cuaderno uno.
(6) Mediante oficio del 27 de enero de 2007 suscrito por el Viceministro de Justicia de la época, remitió la Nota Verbal 68 de 2007 al despacho del magistrado ponente para que hiciera parte del expediente, obra a folio 41 del cuaderno principal.
(7) visible a folio 28 del cuaderno de anexos, Oficio OAJ.E.2475 del 26 de diciembre de 2006 suscrito por el jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido al Ministro del Interior y de Justicia,
(8) Figura a folios 1 y 2 del Anexo 3, Oficio OFI07-117-DIJ-0100 del 11 de enero de 2007 suscrito por el Viceministro de Justicia.
(10) Autos del 7 y del 23 de febrero, del 9 y 21 de marzo de 2007.
(11) Obra en el anexo 3 que está sin foliar.
(12) Folios 102 al 111.
(13) Memorial que figura en el cuaderno de anexos 3.
(14) Folios 218 a 271 de la misma encuadernación.
(15) El cual fue remitido mediante oficio 14593 del 19 de julio de 2007 recibido el 24 de julio, suscrito por la Secretaria de la Sala Penal al Ministro del Interior y de Justicia, visible a folio 185 del cuaderno de copias.