Source: http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=0541/1995&L=1
Timestamp: 2019-06-26 02:49:31
Document Index: 247120857

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 129', 'artículo 66', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 33', 'artículo 114', 'artículo 129', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 51', 'artículo 41', 'artículo 59', 'artículo 63', 'artículo 49', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo\n4', 'artículo 29', 'artículo 36', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 23', 'artículo 61', 'artículo 66', 'artículo 62', 'artículo 55', 'artículo 59', 'artículo 105', 'artículo 89', 'artículo 66', 'artículo 103']

(DOGV núm. 2467 de 10.03.1995) Ref. Base Datos 0541/1995
Fecha de entrada en vigor: 10.04.1995
Notas: Modifica régimen jurídico de las cooperativas valencianas (concepto, principios, constitución, órganos sociales, estatutos,...),así comn otros aspectos de la anterior Ley de Cooperativas 11/1985 (intervención temporal, fomento del cooperativismo, etc). Se crea el Consejo Valenciano del Cooperativismo (artículo 107) en sustitución del Consejo Superior del Cooperativismo. - Contra la Disposición Adicional Primera de la presente Ley, se interpuso recurso de inconstitucionalidad núm. 2108/1995, promovido por el Presidente del Gobierno, por el que se acordó la suspensión de dicha disposición. Por Auto de 07/11/95 del Tribunal Constitucional se levantó dicha suspensión (DOGV nº 2636, de 29/11/95). Por Auto de 30/11/99 el Tribunal Constitucional acuerda tener por desistido al Presidente del Gobierno del recurso de inconstitucionalidad núm. 2108/1995, promovido contra la disposición adicional primera, y declara terminado el proceso (BOE núm. 304 de 21/12/1999).
Temáticos: cooperativa, economia social, cooperativa de crédito, reglamento interno, cooperativa agrícola, cooperativa de consumo, cooperativa de viviendas , órgano colegiado, cooperativa con sección de crédito
1. El texto de la presente ley para la reforma de la Ley 11/1985 de 25 de octubre, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, conserva la misma concepción y sistemática que ésta, pero introduce no obstante numerosos perfeccionamientos de concepto y de redacción.
3. La ley mantiene, en esencia, la misma noción de cooperativa consolidada en la legislación espaÑola y, en general, en las legislaciones latinas, al recoger en su articulado la formulación de los Principios Cooperativos -no conformándose con una mera alusión a ellos- y el doble aspecto diferencial de la cooperativa. Ésta, además de organizar la ayuda mutua entre los socios, tiende a crear un patrimonio colectivo, al servicio de la solidaridad que trasciende al grupo de socios presentes para proyectarse sobre las generaciones venideras y sobre la categoría social integrada por las personas que sienten las mismas necesidades que satisface la cooperativa, por lo que se hallan permanentemente invitadas a ingresar en la misma. Por ese motivo el artículo 129-2 de la Constitución ordena a los poderes públicos fomentar las sociedades cooperativas con una legislación adecuada.
4. Por respeto a los principios cooperativos el texto de la ley impone la igualdad de voto -salvo pequeÑas atenuaciones en algunas clases de cooperativas, que recogen iniciativas presentes en otras legislaciones- y provee de los instrumentos técnicos para que la democracia cooperativa sea un hecho y, en cuanto a la organización financiera, obliga a separar contablemente los ingresos, gastos y resultados de operaciones ordinarias realizadas con socios, de las operaciones ordinarias realizadas con terceros; de las operaciones financieras realizadas con empresas no cooperativas, y de las operaciones extraordinarias.
5. Es sabido que en la reciente legislación espaÑola se han introducido otros dos submodelos de cooperativa. La Ley de Cooperativas de Euskadi de 24 de junio de 1993 respeta el principio democrático, pero, en lo que se refiere a su organización financiera, su artículo 66, siguiendo el precedente de su Ley de 11 de febrero de 1982, unifica en un solo concepto, como en las sociedades mercantiles, todos los ingresos de la cooperativa; y, sin embargo con cargo a todos ellos permite que la asamblea general distribuya retornos. En segundo lugar, la Ley de 26 de mayo de 1989 de Cooperativas de Crédito limita, además, el principio un hombre un voto, al admitir el voto plural de un socio hasta el límite legal de la aportación en el capital social. Ambas leyes, no obstante, todavía conservan el sentido de la identidad cooperativa, al incorporar como fines de la Cooperativa la autoayuda y la formación de un patrimonio irrepartible.
6. Son numerosas las innovaciones de concepto y de redacción introducidas en el texto aprobado, en relación con la Ley 11/1985 vigente. Cobra especial importancia la posibilidad, admitida en el artículo 4, apartado 3, de que la responsabilidad de los socios por las obligaciones que contraigan en el uso de los servicios cooperativos -que siempre se ha reconocido de carácter ilimitado- pueda ser limitada en casos previstos por la ley.
El artículo 5, apartado 3, limita la calificación del Registro de Cooperativas a determinar si la denominación de la Cooperativa es «idéntica» a la de otra cooperativa preexistente y adopta la solución técnica presente en el derecho de sociedades mercantiles. En el Registro de Cooperativas, en cambio, se suprimen las adherencias del régimen de registro mercantil -que respondían a la idea subyacente de que dicho Registro pasara a ser gestionado por los registradores mercantiles- y queda rediseÑado como un registro de publicidad material pero de régimen íntegramente administrativo.
7. En el régimen de los socios el artículo 14 suprime la preexistente limitación para el ingreso de las sociedades civiles y mercantiles, por ser una norma de la ley valenciana que ha quedado aislada y porque crea dificultades de aplicación, que aumentarán cuando la ley de sociedades de responsabilidad limitada admita la constitución de sociedades unipersonales, cuya forma adoptarán muchos pequeÑos empresarios socios de cooperativas. En segundo lugar, el artículo 16-2 sustituye la obligación de las cooperativas distintas a las de trabajo asociado de establecer en sus estatutos el derecho de los trabajadores a convertirse en socios de trabajo por una mera facultad, siguiendo el ejemplo del Decreto Legislativo 1/1992 de 10 de febrero aprobatorio del texto refundido de la Ley de Cooperativas de CataluÑa. La ley amplía la lista tasada de faltas graves que justifican la expulsión incluyendo el incumplimiento de las obligaciones económicas. Suprime la obligación de aceptar los cargos sociales (artículos 22 y 37-2) y la prohibición de remuneración de los administradores, aproximando la Cooperativa a las exigencias de la vida actual. Los artículos 23 y 23 bis conservan la dualidad de figuras, de socios excedentes y de asociados, ambos sin participación en la actividad económica cooperativizada, pero sí en la organización corporativa, con diversa intensidad entre ellos (ya que sólo en relación con los segundos se les puede reconocer o no el derecho de voto y, además, los estatutos pueden reconocerles un derecho limitado a participar en el excedente de ejercicio).
8. En el régimen de los órganos sociales se amplía el plazo máximo de convocatoria de 30 a 60 días y los medios en que puede publicarse y se exige hacer constar en la convocatoria el régimen de consultas de la documentación depositada en el domicilio social, con un mínimo de dos horas los días hábiles. Se establece que la mesa de la asamblea general esté formada necesariamente por el presidente y secretario del Consejo Rector. El artículo 33-5 incorpora el régimen de acta notarial del artículo 114 de la Ley de sociedades anónimas, siguiendo la tendencia a unificar las soluciones técnicas del derecho de sociedades. También por ello se ha suprimido la declaración de nulidad de los pactos de sindicación de voto entre los socios por entender que pueden funcionar tanto en contra como a favor de la democracia corporativa. Por último, se ha ampliado la regulación de la impugnación de los acuerdos sociales. Se incorpora como conveniente para la cooperativa la limitación del poder de representación del Consejo Rector al objeto social, presente en el artículo 129 de la Ley de Sociedades Anónimas, donde sí que es objeto de discusión. Se admite en las cooperativas de hasta diez socios el nombramiento de administrador único y se aÑaden normas que perfeccionan el régimen electoral de los cargos sociales. Se flexibilizan y completan las normas de funcionamiento del Consejo Rector, se reduce la minoría que puede promover en la asamblea la acción de responsabilidad contra los administradores y se perfecciona el régimen de la acción individual de responsabilidad.
9. En materia de auditoría de cuentas el texto aprobado parte de la premisa de que el derecho contable y de auditoría forma un todo unitario y es competencia legislativa exclusiva del Estado, sobre todo después de las Leyes 19/1988 de Auditoría de Cuentas y 19/1989 de Reforma de la Legislación Mercantil. Por consiguiente, se suprime la regulación detallada de esta materia contenida en la Ley 11/1985 y en cuanto a la determinación de las cooperativas obligadas a auditar sus cuentas anuales se remite a la Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo, aÑadiendo tan sólo la obligatoriedad a solicitud de una minoría de los socios, y la auditoría voluntaria, por disposición estatutaria o acuerdo de junta general. Las uniones y federaciones de cooperativas, las cooperativas de segundo grado y los consorcios podrán contratar estos servicios, sin perjuicio de la libre facultad de la asamblea general de cada cooperativa para nombrar y separar a los auditores de cuentas según la ley.
10. El artículo 48-2 amplía el ámbito de los acuerdos del Consejo Rector sometidos a dictamen preceptivo del letrado asesor y mejora la norma sobre incompatibilidades del mismo. El artículo 49 prevé que los estatutos hagan irrecurribles ante la asamblea los acuerdos de la comisión de recursos, que serán entonces directamente recurribles ante los tribunales o sometibles a arbitraje cooperativo.
El artículo 51.2 incorpora la exigencia de capital social mínimo, y lo fija en la cifra de 500.000 pesetas, la misma exigida para la sociedad de responsabilidad limitada. A pesar de que el capital social de la cooperativa no desempeÑa ninguna de las tres funciones del capital social en la sociedad anónima, a saber, la de fondo empresarial o de explotación, la de organización corporativa y financiera, y la de garantía, el texto quiere que exista una mínima dotación de fondos propios en la cooperativa desde el momento de su constitución. El régimen de las aportaciones se completa, precisando su naturaleza de obligación de aportación, de modo que si la revisión judicial de la valoración de las no dinerarias demuestra sobrevaloración, el aportante tendrá que aportar en efectivo la diferencia y que la acción de responsabilidad contra los administradores procederá sólo en caso de insolvencia de la cooperativa (artículo 41, apartado 6).
La documentación, libros corporativos y contables y cuentas anuales de la cooperativa se regulan por remisión al Código de Comercio, con algunas concretas peculiaridades. También se regula el régimen de cierre, formulación, auditoría, aprobación y depósito de registro de las cuentas anuales y del informe de gestión, que sigue el modelo de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente, la determinación de los resultados de ejercicio seguirá la normativa general contable, pero con importantes especialidades. En especial, las cooperativas deberán distinguir en la memoria del ejercicio entre resultados ordinarios cooperativos, que especifica el artículo 59 y resultados ordinarios extracooperativos, salvo que opten por destinar todo el excedente neto a patrimonio irrepartible.
13. El capítulo VIII regula las clases de cooperativas, y se prevé expresamente que la Generalitat pueda desarrollar la ley en las clases de cooperativas contempladas y dictar las normas necesarias para ejercer otras actividades en régimen de cooperativa. En alguna de ellas se introducen especialidades o derogaciones en el régimen general. Así, en las cooperativas agrarias, se admite el voto plural de acuerdo con el volumen de actividad realizada por cada socio, con un límite de tres votos, y se eleva el porcentaje del volumen total de operaciones que pueden realizar con no socios del 25 al 40 por 100. En las de cooperativas de trabajo asociado se admite la constitución por sólo cuatro fundadores y se amplían las faltas muy graves que justifican la expulsión a las seÑaladas en el Estatuto de los Trabajadores. En las de crédito también se permite la ponderación del voto en los estatutos; lo mismo ocurre en las de servicios empresariales o profesionales.
14. El título II del texto aprobado se ocupa del régimen del asociacionismo cooperativo, con la regulación de los principios generales que lo inspiran; la cooperativa de segundo grado, los consorcios, los grupos cooperativos y otras uniones, las uniones sectoriales y las uniones más representativas creadas en la Comunidad Valenciana que serán las únicas que podrán adoptar la denominación de federaciones; admitiéndose también, como ahora, las uniones intersectoriales. La Confederación de Cooperativas Valencianas seguirá siendo el máximo órgano de representación de las cooperativas de la Comunidad Valenciana y de sus organizaciones, con la misma organización actual.
15. El título III del nuevo texto regula, como en la ley vigente, el fomento del cooperativismo, partiendo del principio de participación del movimiento cooperativo en las instituciones y órganos públicos. El título IV regula la administración pública del cooperativismo, con el régimen disciplinario administrativo de tipificación a nivel de ley formal de las infracciones y sanciones, en el que apenas se han introducido retoques; la descalificación de la cooperativa, que la obliga a disolverse o transformarse en el plazo de seis meses, de lo contrario se producirá su disolución y liquidación forzosa; y, por último, se regula la intervención temporal de la cooperativa. Igualmente, la ley sigue regulando el Consejo Valenciano del Cooperativismo, que sustituye al Consejo Superior del Cooperativismo, aunque con composición y funciones similares a las actuales, en especial las importantes funciones de conciliación y arbitraje, a diferencia de lo que ha ocurrido en la Ley General, como consecuencia de que esta función no ha sido reconocida reglamentariamente al Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social.
Los artículos, rúbricas y apartados de la Ley 11/1985, de 25 de octubre, de la Generalidad Valenciana, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana que se modifican por la presente Ley, quedan redactados en los términos siguientes:
Artículo segundo. Concepto legal de cooperativa
1. A los efectos de esta ley es cooperativa la agrupación voluntaria de personas físicas y, en las condiciones de la ley, jurídicas, al servicio de sus socios, mediante la explotación de una empresa colectiva sobre la base de la ayuda mutua, la creación de un patrimonio común y la atribución de los resultados de la actividad cooperativizada a los socios en función de su aportación en dicha actividad.
Artículo tercero. Principios cooperativos
Artículo cuarto. Responsabilidad
La responsabilidad de los socios por la deudas sociales será ilimitada cuando los estatutos de la cooperativa lo determinen expresamente. En este caso la responsabilidad entre los socios será mancomunada simple, salvo que los propios estatutos la declaren de carácter solidario.
Artículo quinto. Denominación
Artículo sexto. Domicilio social
Artículo séptimo. Secciones de una cooperativa
Artículo octavo. Requisitos de constitución
En ausencia de consentimiento de los socios, los administradores nombrados en la escritura de constitución responderán de los actos y contratos realizados en nombre de la cooperativa personal, ilimitada y solidariamente. El transcurso de un aÑo desde el otorgamiento de la escritura de constitución sin solicitar su inscripción en el registro, determinará igualmente la responsabilidad antes seÑalada de los socios que no resuelvan inmediatamente el contrato de sociedad cooperativa. No obstante, dichos socios podrán reclamar contra los administradores o consejeros que no hubiesen cumplido el deber de inscripción.
Artículo noveno. La cooperativa en período de constitución
1. Mientras no se produzca la inscripción de la cooperativa los documentos y referencias que se hagan a ella aÑadirán a su denominación la expresión «... en constitución».
4. Los administradores responden de los perjuicios producidos a los terceros contratantes si no especifican la mención de contratar en nombre de una cooperativa en constitución y si no dan cuenta de los contratos al consejo rector de la cooperativa dentro del mes siguiente a su inscripción. En las citadas circunstancias, en caso de contratar dos o más administradores, responderán de forma solidaria.
5. Los administradores responden igualmente de los contratos total o parcialmente ejecutados, antes de su aprobación por la cooperativa, en caso de no constitución de esta o de no aprobación de los mismos.
Artículo diez. Estatutos sociales
Los estatutos podrán ser desarrollados mediante un Reglamento de Régimen Interno aprobado por la asamblea cuya inscripción en el registro no será obligatoria.
Artículo once. Inscripción
1. Los administradores deberán presentar la escritura de constitución para su inscripción en el Registro de cooperativas de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses desde el otorgamiento, indicando un solo domicilio para las notificaciones. Cualquiera de ellos estará facultado a cumplir esta obligación. Transcurrido un aÑo sin que se haya hecho la presentación todo fundador podrá resolver el contrato y exigir la restitución de las aportaciones realizadas. En el plazo de treinta días desde la presentación de la escritura de constitución el registro procederá a la inscripción o a la denegación de la misma, notificando a los interesados los motivos por los cuales es denegada y los recursos de que disponen contra dicha resolución.
2. Contra la denegación de inscripción los interesados podrán interponer recurso administrativo ordinario o extraordinario regulados en la legislación sobre procedimiento administrativo común.
Artículo doce. Organización y eficacia del Registro de cooperativas
A la calificación de las cuentas anuales y del informe de auditoría se aplicará lo previsto en la legislación de sociedades anónimas sobre calificación de registro, y las demás normas mercantiles que sean aplicables.
Artículo trece. Libros del registro y asientos de registro
3. La inscripción se practicará en virtud de documento público cuando se trate de los actos de constitución, modificación de estatutos, fusión o escisión, acuerdo de disolución, declaración de finalización del proceso de liquidación y aprobación del balance final de la liquidación, acuerdo de delegación de funciones del Consejo Rector, y demás poderes de necesaria inscripción.
La inscripción del nombramiento de cargos sociales, de auditores de cuentas y del depósito de las cuentas anuales se practicará mediante certificación del correspondiente acuerdo social expedida por el secretario del Consejo Rector con el visto bueno del presidente, con sus firmas legitimadas por notario o autenticadas por el Registro de cooperativas.
Artículo catorce. Personas que pueden ser socios
En las cooperativas de segundo grado pueden ser socios las cooperativas, los socios de trabajo, y las demás personas jurídicas en los términos previstos en esta ley.
2. La Generalitat y otras entidades públicas, en los términos establecidos en el artículo siguiente, podrán formar parte como socios de cualquier cooperativa para la prestación de servicios públicos y el ejercicio de la iniciativa económica pública.
Artículo quince. Derecho a la admisión como socio
2. La solicitud de ingreso será presentada por escrito al Consejo Rector, el cual en un plazo no superior a dos meses tendrá que admitirla o rechazarla, con expresión de los motivos, comunicar en ambos casos el acuerdo por escrito al solicitante y publicarlo en el tablón de anuncios del domicilio social además de otras formas de publicidad que pudieran prever los estatutos.
Contra esta decisión podrán recurrir tanto el solicitante como cualquiera de los socios anteriores de la cooperativa ante la asamblea general o ante la comisión de recursos si existiere, en el plazo de treinta días. Las impugnaciones presentadas ante la comisión de recursos se resolverán según el procedimiento establecido estatutariamente. Las impugnaciones presentadas ante la asamblea general tendrán que ser resueltas por votación secreta en la primera reunión que celebre. El acuerdo de la asamblea general o de la Comisión de Recursos, si existiere, serán sometidos, en su caso, al arbitraje cooperativo regulado en esta ley y, en caso contrario, podrá ser impugnado ante la jurisdicción ordinaria.
Artículo dieciséis. Socios de trabajo
1. Los trabajadores con contrato por tiempo indefinido de cualquier cooperativa, con excepción de las de trabajo asociado, podrán convertirse en socios de trabajo en los términos previstos en los estatutos. En tal caso, estos tendrán que establecer el procedimiento para hacerlo posible; las condiciones laborales y económicas, siempre equitativas, en que podrán hacerlo; y los módulos de equivalencia que tendrán que asegurar, también de forma equitativa, la aportación de los socios de trabajo en las obligaciones y derechos sociales.
Artículo diecisiete. Baja del socio
1. El socio de la cooperativa puede darse de baja en cualquier momento, a no ser que los estatutos sociales impongan un período de permanencia obligatoria que nunca será superior a cinco aÑos. La baja deberá ser notificada por el socio por escrito al Consejo Rector. Este podrá acordar que la baja no se produzca hasta los seis meses a contar desde el día de su notificación, debiendo comunicarlo así al socio en el plazo máximo de un mes, a contar desde la solicitud de baja.
c) Se de alguno de los supuestos previstos en el artículo 63.4 de esta ley.
Artículo dieciocho. Expulsión del socio
1. El Consejo Rector podrá acordar la expulsión del socio, en caso de falta muy grave, mediante la apertura de expediente, para lo que podrá designar un instructor, y en el que serán explicados los motivos de expulsión con toda claridad. Se dará audiencia al interesado a fin de que haga las alegaciones que estime oportunas en el plazo de 15 días. El expediente será resuelto por un segundo acuerdo del Consejo Rector en el plazo máximo de dos meses.
2. Contra el acuerdo de expulsión podrá recurrir el socio afectado en el plazo de un mes ante la asamblea general, que resolverá en votación secreta de manera definitiva a nivel de la cooperativa, bien anulando la expulsión o bien haciéndola ejecutiva, con la consiguiente baja del socio. El socio expulsado podrá someter este acuerdo de la asamblea al arbitraje cooperativo regulado en esta ley o impugnarlo ante la jurisdicción ordinaria. En caso de socios de trabajo y de socios de cooperativas de trabajo asociado el acuerdo del Consejo Rector podrá decidir la suspensión en los derechos de socio hasta que decida la asamblea general.
Si estatutariamente se regula, el comité de recursos, tal como prevé el artículo 49.2 de esta ley, el acuerdo de expulsión tomado por el Consejo Rector, podrá ser recurrido, en su caso, ante dicho Comité de Recursos, de acuerdo con lo previsto en los estatutos.
Artículo diecinueve. Responsabilidad y obligaciones del socio que ha causado baja
2. Como garantía de resarcimiento de los perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones mencionadas en el segundo párrafo del apartado anterior la cooperativa podrá retener la totalidad de las aportaciones del socio hasta que se determine el importe de tales perjuicios.
A tal fin la cooperativa deberá fijar la valoración de los perjuicios en el plazo de tres meses desde la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio en que se ha producido la baja por la asamblea general ordinaria. Contra dicha valoración el socio podrá interponer demanda ante los tribunales o demanda de arbitraje en el plazo de tres meses.
Artículo veinte. Derechos del socio
Artículo veintiuno. Derecho de información
d) Solicitar por escrito y recibir información sobre la marcha de la cooperativa en los términos previstos en los estatutos y en particular sobre la que afecte a sus derechos económicos o sociales. En este supuesto, el Consejo Rector deberá facilitar la información solicitada en el plazo de 30 días o si considera que es de interés general en la asamblea general más próxima a celebrar, incluyéndola en el orden del día.
Artículo veintidós. Obligaciones del socio
Suprimido el apartado c)
Artículo veintitrés bis. Asociados
e) Si lo establecen los estatutos podrán ser miembros del Consejo Rector, siempre que no superen la tercera parte de estos.
2. En el supuesto de que a los asociados se les reconozca derecho de voto, gozarán de los mismos derechos que el socio en cuanto a su ejercicio y participación en los órganos sociales incluido el derecho de impugnación.
Artículo veinticinco. Concepto
Artículo veintiséis. Competencias de la asamblea general
1. Son competencia exclusiva, no derrogable e indelegable de la asamblea general la adopción de los siguientes acuerdos:
c) Imposición de nuevas aportaciones obligatorias al capital, y actualización del valor de las aportaciones.
d) Emisión de obligaciones, y de títulos participativos.
Artículo veintisiete. Clases de asambleas generales
4. La asamblea general tendrá el carácter de universal cuando, estando presentes o representados todos los socios, de forma espontánea o mediante convocatoria no formal, decidan constituirse en asamblea general, y aprueben y firmen todos el orden del día y la lista de asistentes. Realizado esto no será necesaria la permanencia de la totalidad de los socios para que la asamblea pueda continuar.
5. Si la asamblea general ordinaria se celebra fuera del plazo legal será válida, pero el Consejo Rector responderá, en su caso, de los perjuicios que de ello se deriven para la entidad y para los socios.
Artículo veintiocho. Iniciativa para la convocatoria de asamblea general
2. Cuando el consejo no convoque en el plazo legal la asamblea general ordinaria o no atienda la petición de la minoría antes citada, en el plazo máximo de un mes, cualquier socio, en el primer caso, o la minoría citada en el segundo caso, podrán solicitar del juez de primera instancia del domicilio social que, con audiencia del Consejo Rector, convoque la asamblea y que designe a las personas que con el carácter de presidente y secretario tendrán que constituir la mesa, con el orden del día solicitado.
Artículo veintinueve. Forma de convocatoria de la asamblea
1. La convocatoria de la asamblea general tendrá que hacerse mediante un anuncio destacado en el domicilio social y en cada uno de los centros de trabajo así como en carta al domicilio del socio, con una antelación mínima de 15 días y máxima de 60 a la fecha de celebración. Los estatutos sociales podrán prever que la convocatoria se difunda además por otros medios de comunicación.
2. La convocatoria ha de expresar con claridad el orden del día o asuntos que se tratarán, el lugar, el día y la hora de la reunión, en primera y en segunda convocatoria, entre las cuales deberá transcurrir como mínimo media hora. Además la convocatoria deberá hacer constar la relación completa de información o documentación que se acompaÑa, de acuerdo con el régimen del artículo 21 de esta ley.
En el supuesto en que la documentación se encuentre depositada en el domicilio social se indicará el régimen de consultas de la misma, que comprenderá el periodo desde la publicación de la convocatoria hasta la celebración de la asamblea con un mínimo de dos horas diarias de consulta, excepto días inhábiles.
3. El orden del día será fijado por el Consejo Rector, pero éste quedará obligado a incluir los temas solicitados por el 10% o por cincuenta socios, en escrito dirigido al Consejo Rector previamente a la convocatoria o dentro de los cuatro días siguientes a su publicación. En el segundo caso, el Consejo Rector tendrá que hacer público el nuevo orden del día con una antelación mínima de siete días a la celebración de la asamblea, en la misma forma exigida para la convocatoria y sin modificar las demás circunstancias de ésta.
5. Cuando se anuncie la modificación de los estatutos sociales, en la convocatoria se indicará de forma expresa que el nuevo texto, que el Consejo Rector o la minoría que haya tomado la iniciativa, pretende someter a aprobación, justificando la reforma por medio de un informe al efecto, se encontrará a disposición de los socios de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del punto 2.b) de esta ley.
Artículo treinta. Constitución de la asamblea
1. La asamblea general, convocada como ordena el artículo anterior, quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando asistan, presentes o representados, más de la mitad de los socios, y en segunda convocatoria, siempre que asistan un mínimo del 10% de los socios o cincuenta socios. Los estatutos sociales podrán reforzar estos quórum de asistencia, que no podrá superar en segunda convocatoria el 20%.
3. La mesa de la asamblea estará formada por el presidente y el secretario, que serán los del Consejo Rector .
4. El presidente ordenará la confección de la lista de asistentes, a cargo del secretario, y decidirá sobre las representaciones dudosas. El 5% de los socios asistentes podrán designar a uno de ellos como interventor en la confección de la lista. Seguidamente, el presidente proclamará la existencia de quórum y la constitución e inicio de la asamblea. Dirigirá las deliberaciones, haciendo respetar el orden del día y el de las intervenciones solicitadas, de acuerdo con los criterios fijados en los estatutos, si los hubiere. Podrá decidir sobre la admisión de la asistencia de personas no socios cuando lo considere conveniente para la cooperativa, excepto cuando la asamblea tenga que elegir cargos y cuando lo rechace la propia asamblea por acuerdo mayoritario; y podrá expulsar de la sesión a los asistentes que hagan obstrucción o falten al respeto a la asamblea o a alguno de los asistentes.
Artículo treinta y uno. Adopción de acuerdos
a) Convocatoria de una nueva asamblea general, o la prórroga de la que se está celebrando
2. El presidente dará por suficientemente debatido cada asunto del orden del día y, cuando no haya asentimiento unánime a la propuesta de acuerdo hecha por la mesa, o siempre que algún socio lo solicite, someterá el tema a votación, en forma alternativa, primero a favor y después en contra de la propuesta. La votación podrá hacerse a mano alzada, mediante manifestación verbal del voto o mediante papeletas, según se fije en los estatutos; pero será secreta siempre que lo soliciten el 10% de los socios asistentes o cincuenta de ellos o afecte a la revocación de los miembros del Consejo Rector.
3. El 10% de los socios presentes y representados, o cincuenta de ellos, tendrán derecho a formular propuestas de votación sobre los puntos del orden del día o sobre los que seÑala el apartado 1 de este artículo
4. Los acuerdos quedarán adoptados cuando voten a favor de la propuesta más de la mitad de los socios presentes y representados en la asamblea, salvo que esta ley o los estatutos sociales establezcan mayorías reforzadas, que no podrán sobrepasar los dos tercios de los socios presentes y representados. Quedan exceptuados de este precepto los casos de elección de cargos, en los que podrá resultar elegido el candidato que obtenga mayoría relativa o mayor cantidad de votos
Artículo treinta y dos. Ejercicio del derecho de voto
3. Cada socio puede hacerse representar por otro socio de la cooperativa para una asamblea concreta mediante poder escrito en el que se podrán indicar las instrucciones sobre cada asunto del orden del día. La representación es revocable. Cada socio no podrá representar a más de dos socios ausentes.
Artículo treinta y tres. Acta de la asamblea
1. El acta de la sesión, firmada por el presidente y el secretario, irá encabezada por el anuncio de la convocatoria, o el orden del día decidido al constituirse en asamblea general universal; la constancia de que se reúne el quórum legal o estatutario exigido, indicando si la asamblea se constituye en primera o en segunda convocatoria; un resumen de las deliberaciones sobre cada asunto; las intervenciones que los interesados hayan solicitado que consten en acta y, finalmente, los acuerdos tomados, indicando con toda claridad los términos de la votación y los resultados de cada una de las mismas. Al acta se acompaÑará, en anexo firmado por el presidente y secretario o personas que firmen el acta, la lista de socios asistentes, presentes o representados, y los documentos que acrediten esta representación y expresión de haber sido comprobados.
4. Cualquier socio podrá solicitar un certificado del acta o de los acuerdos tomados, y el Consejo Rector está obligado a dársela, bien sea expedida por el secretario, con el visto bueno del presidente, bien sea por cualquier miembro del Consejo, con la misma diligencia del presidente.
Artículo treinta y cuatro. Asambleas generales mediante delegados
2. Los estatutos deberán regular los criterios de adscripción de los socios a cada junta preparatoria. La convocatoria de las juntas preparatorias y de la asamblea de delegados tendrá que ser única, con un mismo orden del día, con una separación de siete días hábiles como mínimo entre las primeras y la segunda y con el régimen de publicidad previsto en el artículo 29.1. Tanto las unas como la otra se regirán por las normas de constitución y funcionamiento de la asamblea general, y se aprobará, como último punto del orden del día, necesariamente, las actas correspondientes, que se llevarán a un único libro de actas.
3. Las juntas preparatorias estarán presididas por un socio elegido entre los asistentes y serán informadas de los temas del orden del día por un miembro, al menos, del Consejo Rector. Después de deliberar y aprobar los acuerdos que correspondan elegirán, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en estatutos, los socios que asistirán a la asamblea de delegados, para defender las diversas posiciones manifestadas en la junta preparatoria asegurando que la mayor parte de ellas se hallen representadas. El mandato podrá ser facultativo o contener instrucciones de voto. Los socios no asistentes, por sí o representados, a las juntas preparatorias no podrán dar instrucciones a los delegados elegidos ni los asistentes modificar el nombramiento de los delegados ni las instrucciones de voto que se hayan recogido en el acta. Los estatutos deberán establecer el numero máximo de delegados que podrá designar cada junta preparatoria.
Artículo treinta y cinco. Impugnación de acuerdos sociales
7. Las acciones de impugnación, en lo no especialmente dispuesto en esta ley, se acomodarán a las normas establecidas en los artículos 115 a 122 de la Ley de Sociedades Anónimas, con la salvedad de que para solicitar en el escrito de demanda la suspensión del acuerdo impugnado se exigirá que el demandante sea la comisión de control de la gestión o socios que representen al menos, un veinte por ciento del número de votos.
Artículo treinta y seis. Naturaleza y competencia
Se aÑade un segundo párrafo al n.º 1
2. En las cooperativas con un número de socios no superior a 10 podrá confiarse la representación, gobierno y gestión de la cooperativa a un administrador único, o dos administradores, que actuarán solidaria o mancomunadamente, cuyo régimen será el del Consejo Rector salvo en lo especialmente establecido en esta ley.
Artículo treinta y siete. Composición del Consejo Rector
1. Los estatutos sociales han de fijar el número de componentes del Consejo Rector, que no será inferior a tres. Asimismo, los estatutos podrán establecer la existencia de miembros suplentes, cuya misión será sustituir a los miembros titulares del Consejo Rector en el supuesto de producirse alguna vacante definitiva por el tiempo que se haya fijado estatutariamente, y determinar su número y el sistema de sustitución. Los estatutos podrán limitar al número de mandatos seguidos que podrá ejercer, como miembros del Consejo Rector, una misma persona.
2. Los miembros del Consejo Rector, y los suplentes, y en su caso el administrador o administradores del párrafo 2.º del artículo 36 serán elegidos por la asamblea general de la cooperativa, entre los socios de la misma, en votación secreta. Cuando así lo prevean los estatutos y se cumplan los requisitos de convocatoria de la asamblea general, la elección de estos cargos podrá realizarse mediante constitución de una mesa electoral y de forma continuada, en sesión cuya duración se halle previamente fijada en la convocatoria. La elección será válida siempre que concurran a la votación presentes o representados el número de socios previstos para la constitución de la asamblea en 2ª convocatoria. El nombramiento será inscrito en el Registro de cooperativas, haciendo constar la aceptación del elegido.
Artículo treinta y ocho. Capacidad para ser miembro del Consejo Rector
Cuando el socio de la cooperativa sea una persona jurídica tendrá que ser elegido su representante, legal o voluntario, mientras tenga esta cualidad, quien ejercerá el cargo en nombre y con responsabilidad propios, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona jurídica que represente.
Si los estatutos lo preven, los socios que sean personas jurídicas podrán tener hasta tres representantes en este órgano, los cuales actuaran con carácter solidario sin perjuicio de la responsabilidad de la persona a la que representan.
Queda derogado el n.º 4.
Artículo treinta y nueve. Cese en el cargo
1. Los miembros del Consejo Rector cesarán por muerte, incapacitación, incompatibilidad, renuncia, revocación y la pérdida de la condición de representante de la persona jurídica que sirva de base a su elección como miembro del Consejo Rector. En todos estos casos el Consejo Rector o los miembros del mismo que continúen en el cargo deberán constatar en una acta firmada por todos ellos la concurrencia de la causa del cese y dar posesión efectiva del cargo a los suplentes, de conformidad con lo previsto en los estatutos.
2. La asamblea general podrá acordar la revocación total o parcial de los miembros del Consejo Rector sin necesidad de previa constancia en el orden del día, a propuesta de socios que representen el 10% de los asistentes o 50 socios. El acuerdo requerirá para su eficacia, ser adoptado por las dos tercera partes de los socios presentes y representados, si constara en el orden del día, bastará la mayoría prevista en el artículo 31, punto 4. Los estatutos sociales podrán regular el quórum necesario.
3. Los consejeros representantes de los socios de trabajo, de los trabajadores asalariados o de minorías cualificadas de socios sólo podrán ser revocados por sus representados, de conformidad con el régimen específico determinado en estatutos sin perjuicio de la acción de responsabilidad que se pueda ejercitar contra ellos. Caso de no existir un régimen estatutario especial, se someterán al régimen general de revocación por mayoría de dos tercios de los socios presentes o representados.
5. Si durante una asamblea general, un número de socios que represente el 10% de los asistentes o 50 de ellos, proponen a votación la revocación o exigencia de responsabilidad de los consejeros que ocupan la presidencia de la asamblea o la secretaría de ésta, deberán cesar inmediatamente en esta función, y los sustituirán quienes correspondan de acuerdo con esta ley.
Artículo cuarenta. Funcionamiento del Consejo Rector
2. El Consejo Rector deberá reunirse con la periodicidad que establezcan los estatutos sociales, que en ningún caso será superior a tres meses y siempre que lo convoque su presidente, a iniciativa propia o a solicitud de cualquier consejero. Si la solicitud no es atendida en el plazo de diez días podrán hacer la convocatoria los consejeros que representen como mínimo un tercio del Consejo.
Si los estatutos lo preven el voto del presidente dirimirá los empates.
Los estatutos sociales pueden reforzar este quórum de asistencia y ésta mayoría siempre que no exijan más de los dos tercios de los componentes y de los asistentes, respectivamente.
5. El ejercicio del cargo de miembro del Consejo Rector no da derecho a retribución. Los estatutos sociales pueden prever el pago de dietas o la compensación de los gastos o perjuicios que comporta el cargo, y corresponde a la asamblea general la fijación de su cuantía. Podrán ser retribuidos los cargos de administrador único, y los de administrador mancomunado o solidario, así como los de consejero delegado o miembro de la comisión ejecutiva, en cuyo caso deberá establecerse en estatutos el régimen de retribución, cuyo importe solo podrá fijarse en la asamblea general.
Igualmente, podrán impugnar tales acuerdos los socios que representen un 5% del capital social en el plazo de 30 días desde que tuvieren conocimiento de los mismos, siempre que no hubiera transcurrido un aÑo desde su adopción.
Artículo cuarenta y uno. Responsabilidad de los miembros del Consejo Rector
1. Los miembros del Consejo Rector han de ejercer el cargo con la diligencia que corresponde a un representante leal y a un ordenado gestor respetando los principios cooperativos; y responden solidariamente ante la cooperativa, los socios y los terceros del perjuicio que causen por acciones u omisiones dolosas o culposas y siempre que se extralimiten en sus facultades. Quedarán exentos de responsabilidad los que no hayan participado o hayan votado en contra del acuerdo, y hagan constar su oposición al mismo en el acta, o mediante documento fehaciente que se comunique al consejo en los 10 días siguientes al acuerdo.
El 5% de los socios, o 50 de ellos, podrán pedir de la asamblea que adopte el citado acuerdo, y si en el plazo de 6 meses no lo hace o no se presenta la demanda judicial o arbitral, podrán interponer la misma acción de responsabilidad por cuenta de la cooperativa.
Artículo cuarenta y dos. Delegación de facultades y designación de director
5. En las cooperativas con un volumen anual de operaciones superior a 500 millones de pesetas será necesaria la designación de un gestor de dedicación permanente, con el carácter de consejero delegado o de director. La designación será obligatoria para las cooperativas de crédito y para las cooperativas con sección de crédito.
Artículo cuarenta y cuatro. Auditoría de las cuentas anuales
b) A solicitud del mismo número de socios que puede solicitar la convocatoria de la asamblea general, dirigida al Registro de cooperativas para que este nombre un auditor de cuentas que efectúe la auditoría de las cuentas anuales de un determinado ejercicio, siempre que no hubiesen transcurrido tres meses a contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio.
2. El Consejo Rector en el plazo máximo de cuatro meses desde el cierre del ejercicio formulará las cuentas anuales y el informe de gestión y lo pondrá a disposición de los auditores de cuentas para que éstos emitan su informe.
4. Las uniones o federaciones de cooperativas, las cooperativas de segundo grado y los consorcios podrán contratar con los auditores y en su caso financiar, la prestación del servicio de auditoría para sus asociados. Ello sin perjuicio de la libre facultad de la asamblea general de la cooperativa para su nombramiento y separación de acuerdo con la ley.
Artículos cuarenta y cinco, cuarenta y seis y cuarenta y siete
Artículo cuarenta y ocho. El letrado asesor
La relación entre dichos abogados y las entidades mencionadas podrá ser de arrendamiento de servicios como profesional liberal y de contrato laboral. En el segundo caso dichas entidades responderán civilmente junto con los profesionales contratados de los perjuicios que se produzcan a las cooperativas en el ejercicio del cargo de letrado asesor, y no será de aplicación el limite de cinco cooperativas en las que el mismo abogado puede figurar como letrado asesor.
Artículo cuarenta y nueve. Comisión de recursos
Los estatutos podrán determinar que la decisión de la comisión no sea recurrible ante la asamblea general, y abrir la vía a la impugnación judicial o al arbitraje cooperativo.
Artículo cincuenta y uno. Capital social
5. Las aportaciones se realizarán en moneda de curso legal y si lo autoriza la asamblea general también podrán consistir en bienes y derechos evaluables económicamente.
En el caso de aportaciones dinerarias estarán desembolsadas como mínimo en un 25%, y el resto podrá ser exigido al socio por acuerdo del Consejo Rector, en el plazo máximo de cinco aÑos desde el momento de la suscripción.
Artículo cincuenta y dos. Aportaciones obligatorias al capital social
2. La asamblea general por la mayoría del artículo 31.5 de esta ley podrá imponer en cualquier momento nuevas aportaciones obligatorias seÑalando las condiciones de suscripción y plazos de desembolso. Cada socio podrá imputar las aportaciones voluntarias que tenga suscritas, al cumplimiento de esta nueva obligación.
Artículo cincuenta y dos bis. Aportaciones voluntarias al capital social
La asamblea general, y si lo prevén los estatutos, el Consejo Rector, podrá acordar la admisión de aportaciones voluntarias de socios y asociados, fijando las condiciones de suscripción, retribución y reembolso de las mismas que, deberán respetar la proporcionalidad con las aportaciones a capital social realizadas hasta el momento por éstos, si así fuera necesario por exceder el número de solicitudes de suscripción a las que se hubiera acordado admitir.
El Consejo Rector podrá decidir, a requerimiento de su titular, la conversión de aportaciones voluntarias en obligatorias, así como, la transformación de aportaciones obligatorias en voluntarias cuando aquellas deban reducirse para adecuarse al potencial uso cooperativo del socio, o debieran ser liquidadas a éste de acuerdo con los estatutos.
Artículo cincuenta y tres. Remuneración de las aportaciones
Artículo cincuenta y cuatro. Regularización de balances
El balance de la cooperativa podrá ser regularizado en los mismos términos y con las mismas condiciones al menos que los previstos para las sociedades mercantiles, siempre que se respeten los principios cooperativos en los términos que reglamentariamente se determine.
Artículo cincuenta y cinco. Transmisión de las participaciones y de la condición de socio
2. El Consejo Rector, cuando reciba la solicitud de nuevos ingresos como socios o asociados, lo hará público en el tablón de anuncios del domicilio social para que en el plazo de un mes, tanto los socios como los asociados que lo deseen, puedan ofrecer por escrito las participaciones que estén dispuestos a ceder manteniendo el cedente la aportación mínima obligatoria.
3. El socio que tras perder los requisitos para continuar como tal, fuese dado de baja justificada, podrá transmitir sus participaciones a su cónyuge, ascendientes o descendientes, si son socios o asociados, o adquieren tal condición en los tres meses siguientes a la baja de aquél, suscribiendo las aportaciones obligatorias que fuesen necesarias para completar su aportación obligatoria en el capital social.
4. En caso de sucesión mortis causa pueden adquirir la condición de socio, los herederos que lo soliciten y tengan derecho al ingreso de acuerdo con los estatutos y con esta ley y se repartirán entre ellos las participaciones del causante.
Artículo cincuenta y seis. Reembolso de las aportaciones
La liquidación de estas aportaciones se hará con efectos al cierre del ejercicio social en el curso del cual hubiere nacido el derecho al reembolso. En caso de expulsión, de la aportación, después de su liquidación según el último balance, se hará la deducción que ordenen los estatutos sociales si se trata de aportaciones obligatorias, que no podrá ser superior al 30%. En caso de baja voluntaria no justificada, no podrá ser superior al 20%.
La cooperativa reembolsará la liquidación fijada en el plazo que seÑalen los estatutos sociales, que no será superior a cinco aÑos en caso de expulsión; de tres aÑos en caso de baja no justificada, y de un aÑo en caso de defunción o de baja justificada. Durante ese plazo las aportaciones devengarán el interés legal del dinero, y no podrán ser actualizadas.
Artículo cincuenta y siete. Otros medios de financiación
Si los estatutos sociales hubieran previsto la cuotas de ingreso sin determinar su cuantía, éstas vendrán determinadas como cuota máxima, por el resultado de dividir el fondo de reserva obligatorio por el número de socios o número de aportaciones, según vengan determinadas las cuotas para socio o por módulos de participación.
2. Los bienes o fondos entregados por los socios para la gestión cooperativa o la utilización de sus servicios no constituyen aportaciones sociales, ni tampoco integran el patrimonio cooperativo salvo que estatutariamente se establezca lo contrario, por lo que son susceptibles de embargo por los acreedores personales de los socios, excepto los preferentes derechos que pudieran corresponder a la cooperativa.
Por dicho título el suscriptor realiza una aportación económica por un tiempo predeterminado y a cambio recibe una remuneración que podrá ser fija, variable o mixta.
Artículo cincuenta y ocho. Documentación y contabilidad de la cooperativa
1. Las cooperativas deben llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad con arreglo al Código de Comercio, ajustándose a los principios y criterios establecidos en el Plan General Contable, respetando las peculiaridades de su régimen económico y, además, llevarán legalizados en la forma que reglamentariamente se determine los siguientes libros:
a) Registro de socios, asociados y aportaciones sociales
5. Los administradores presentarán, para su depósito en el Registro de cooperativas, durante el mes siguiente a su aprobación, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ir firmados por todos los administradores y si faltare la firma de alguno se seÑalará con expresa indicación de la causa.
Artículo cincuenta y nueve. Determinación de los resultados de ejercicio
B) Se considerarán ingresos ordinarios extracooperativos, los mencionados en el apartado anterior que sean resultantes de la actividad cooperativizada con terceros no socios
Artículo sesenta. Distribución de excedentes y beneficios
A) Como mínimo, en un 20% al fondo de reserva obligatoria, y en un 10%, como mínimo, al fondo de formación y promoción cooperativa. Mientras que el fondo de reserva obligatoria no alcance el 50% del capital social, la dotación obligatoria al fondo de formación y promoción cooperativa podrá reducirse hasta la mitad y el resto se destinará el resto al fondo de reserva obligatoria.
Los estatutos sociales podrán prever la constitución de una reserva que permita la actualización de las aportaciones que se restituyan a los socios y asociados salientes, y determinarán en este caso, la proporción de los excedentes disponibles que habrá que destinar en cada ejercicio a la constitución de dicha reserva. En todo caso la actualización de las aportaciones sociales se limitará a corregir los efectos de la inflación y tendrá en cuenta el ejercicio en que fueron desembolsadas.
Constituidas tales reservas se detraerán de los excedentes las cantidades atribuidas, en su caso, a los asociados, que se distribuirán según el régimen previsto al efecto.
En este caso, la cooperativa deberá destinar el resultado positivo: en un 5% al fondo de formación y promoción cooperativa; a los trabajadores de la cooperativa una participación que no será inferior al 2% de dichos resultados, sin que en ningún caso pueda ser superior a una mensualidad; y si tiene socios de trabajo, los estatutos podrán establecer que se les asigne una aportación sobre el resultado que no podrá ser inferior al 5% de los resultados positivos, sin que en ningún caso pueda exceder de dos mensualidades.
Artículo sesenta y uno. Imputación de pérdidas
a) Al fondo de reserva obligatoria podrán imputarse como máximo el 50% de las pérdidas.
b) Con cargo a los retornos que puedan corresponder al socio en los cinco aÑos siguientes, si bien deberán ser satisfechas por el socio en el plazo de un mes si, transcurrido el periodo seÑalado, quedasen pérdidas sin compensar.
3. Si los estatutos sociales lo establecen, las pérdidas derivadas de la actividad cooperativizada con los socios, que se imputen a estos, alcanzarán como máximo el importe total de los anticipos asignados a los socios en el ejercicio económico, más su participación en el capital social.
4. La imputación de pérdidas a los asociados se realizará de conformidad con lo dispuestos en el artículo 23 bis.
5. Las pérdidas extracooperativas y extraordinarias, se imputarán al fondo de reserva obligatorio.
En el caso de que tuviese que reducirse el capital social en compensación de estas pérdidas, se reducirán las aportaciones de los socios en proporción al capital social suscrito por cada uno, y se iniciará la imputación por las aportaciones obligatorias. Los asociados soportarán las pérdidas proporcionalmente a sus aportaciones
Artículo sesenta y uno bis. Fondos de retornos
En el acuerdo de constitución del fondo se determinará al menos el destino del mismo, el plazo para su restitución a los socios y la retribución que devengará para éstos. En ningún caso estos fondos podrán devengar un interés superior a tres puntos por encima del interés legal del dinero.
Artículo sesenta y dos. Fondos obligatorios
Si dicho fondo o parte del mismo se materializase en bienes de inmovilizado se tendrá que hacer en su caso expresa referencia en el Registro de la propiedad, a su carácter inembargable.
Artículo sesenta y tres. Modificación de los estatutos sociales
Artículo sesenta y tres bis. Modificación del capital social mínimo
1. La modificación consistente en la reducción del capital social mínimo exigirá la publicación previa del acuerdo de la asamblea general de modificación de los estatutos sociales en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario de gran difusión en su ámbito de actuación. Si la reducción del capital social mínimo es debida a la reducción del capital como consecuencia de la restitución de aportaciones a los socios, los acreedores sociales podrán en el mes siguiente oponerse a la ejecución del acuerdo si sus créditos no son pagados o suficientemente garantizados. El balance de situación de la cooperativa, verificado por los auditores de cuentas que estén en el ejercicio de su cargo, con el informe de éste que demuestre la solidez económica y financiera de la cooperativa, podrá ser considerado por el juez como garantía suficiente. Será nula toda reducción de aportaciones al capital social por debajo de su cuantía mínima que se realice sin respetar las formalidades y garantías en favor de los acreedores que establece el párrafo anterior.
2. Las formalidades y garantías reseÑadas en el párrafo anterior no serán exigibles cuando la reducción de capital lo sea para compensar las pérdidas sociales legalmente imputable a capital social. En este caso, el balance de situación que servirá de base para la adopción de acuerdo por la asamblea general y su inscripción en el Registro de cooperativas será verificado por los auditores de cuentas de las cooperativas, en el caso de que esté obligada a someter sus cuentas a dicha verificación y en el informe especial que éstos deberán emitir certificarán la existencia de las pérdidas sociales imputables conforme al artículo 61 de esta ley.
Artículo sesenta y cuatro. Fusión
2. El procedimiento legal para la fusión será el siguiente
a) La asamblea general de cada cooperativa, debidamente convocada, deberá aprobar sin modificaciones el proyecto de fusión fijado en un convenio previo por los respectivos consejos rectores. El proyecto de fusión será enviado a cada socio con la convocatoria de la asamblea general, acompaÑado de una memoria del Consejo Rector sobre la conveniencia y efectos de la fusión proyectada y de un informe de los auditores de cuentas que estuvieran en el ejercicio de su cargo sobre la situación económica y financiera de las cooperativas que intervienen y la previsible de la cooperativa resultante y de los socios como consecuencia de la fusión.
En las cooperativas de más de 5.000 socios estos documentos serán facilitados a aquellos socios que lo soliciten mediante la entrega de copia de los mismos en el domicilio social.
b) El acuerdo de fusión de cada una de las cooperativas será publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario de gran difusión en el ámbito de actuación de aquella.
g) Salvo prohibición expresa de su propia ley reguladora podrán integrarse mediante fusión, en una cooperativa, las sociedades agrarias de transformación, y las sociedades anónimas laborales.
Artículo sesenta y cinco. Escisión
2. En todos estos casos, la cooperativa que acuerde su escisión deberá observar los trámites establecidos en el artículo anterior para la fusión y sus socios y acreedores podrán ejercer los mismos derechos. El proyecto de escisión o en su caso de escisión-fusión, la memoria del Consejo Rector y el informe de los auditores de cuentas independientes deberán referirse a la situación previsible en cada uno de los patrimonios resultantes y en los derechos de los socios.
Artículo sesenta y cinco bis. Cesión global del activo y del pasivo
1. La asamblea general, con los requisitos y mayorías establecidos para la modificación de estatutos, podrá acordar la cesión global del activo y del pasivo a uno o varios socios o terceros, fijando las condiciones de la cesión, para lo que deberán tener en cuenta el informe preceptivo elaborado por experto independiente sobre la valoración del patrimonio cedido. Si la asamblea general, por mayoría simple, lo considera conveniente podrá solicitar el informe de otro experto.
2. El acuerdo de cesión se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario de gran difusión del ámbito de actuación de ambas, con expresión de la identidad del cesionario o cesionarios. En el anuncio se hará mención al derecho de los acreedores de la cooperativa cedente y de los acreedores del cesionario o cesionarios a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión y a oponerse al mismo según el régimen que se seÑala a continuación.
Artículo sesenta y cinco, ter. Transformación
Dicha escritura pública habrá de ser presentada en el Registro de cooperativas, para inscribir la baja correspondiente e irá acompaÑada del balance de situación cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación y verificado por los auditores de cuentas de la cooperativa o bien al del último ejercicio, si hubieren transcurrido menos de seis meses desde el cierre del mismo y hubiese sido depositado en el domicilio social, a disposición de los socios desde el mismo día en que se cursó la convocatoria de la asamblea general.
3. Tendrán derecho de separación los socios que hayan votado en contra en el acto de la asamblea, y los que, no habiendo asistido a la asamblea, expresen su disconformidad mediante un escrito dirigido a los administradores en el plazo de cuarenta días desde la publicación del último anuncio del acuerdo. Tales socios tendrán derecho al reembolso de sus aportaciones al capital de acuerdo con el régimen de la baja justificada.
4. Los estatutos sociales o en su defecto la asamblea general determinarán la forma en que se acreditará a quienes sean los destinatarios del haber líquido social conforme al artículo 66 bis de esta ley, el valor nominal de las dotaciones del fondo de reserva obligatorio, bien como cuentas de participación de la sociedad resultante del proceso transformador, o como créditos retribuidos a un interés de tres puntos sobre el legal del dinero, que se reembolsarán en el plazo máximo de 5 aÑos.
Artículo sesenta y cinco cuatro. Transformación en cooperativas
3. La escritura pública de transformación, se presentará para su inscripción en el Registro de cooperativas, acompaÑada del balance de situación cerrado el día anterior y verificado por los auditores de cuentas de la cooperativa, el día anterior al del acuerdo de transformación, y en cuantas oficinas o registros resulten pertinentes de conformidad con el régimen de la sociedad transformada.
Artículo sesenta y seis. Disolución
i) La descalificación de la cooperativa, de acuerdo con esta ley.
2. Las causas de disolución requerirán un acuerdo de la asamblea general que será tomado por mayoría simple de los socios presentes y representados, salvo el apartado g). Producida cualquiera de las causas, los administradores convocaran la asamblea general en el plazo de dos meses. Si no fuera convocada, no se reuniese en el plazo estatutariamente establecido o reunida, no pudiera adoptarse tal acuerdo o se adoptase un acuerdo contrario a declarar la disolución, los administradores deberán solicitar la disolución judicial de la cooperativa; disolución que también podrá solicitar cualquier interesado.
3. El acuerdo de disolución o la resolución judicial que la declare deberá inscribirse en el Registro de cooperativas y publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario de gran difusión en el territorio del domicilio social o ámbito de actuación.
Artículo sesenta y seis bis. Liquidación
4. A los liquidadores elegidos por la asamblea general se les aplicarán las normas sobre elección, revocación, incompatibilidad, responsabilidad y retribución de los miembros del Consejo Rector. Y a los designados por el Consejo Valenciano o la conselleria competente se aplicarán las correspondientes a responsabilidad, incompatibilidad y retribución.
5. Los liquidadores harán inventario y balance inicial de la liquidación, y procederán a la realización de los bienes sociales y al pago de las deudas. Siempre que sea posible intentarán la venta en bloque de la empresa o de unidades organizadas de producción de la cooperativa. La venta de los bienes inmuebles se hará en pública subasta, salvo que la asamblea general apruebe expresamente otro sistema válido.
6. A continuación satisfarán a cada socio el importe de su cuota o aportación líquida actualizada, comenzando por las aportaciones voluntarias y siguiendo con las aportaciones obligatorias. Por último, destinarán el haber líquido resultante, a la unión o federación a la que esté asociada la cooperativa, para los fines que seÑalen los estatutos sociales o en otro caso, a los que decida el consejo valenciano del cooperativismo. A los mismos fines se dedicarán los activos líquidos del fondo de formación y promoción cooperativa, el cual sólo quedará sometido a liquidación para pagar las deudas contraídas para la realización de sus fines específicos, salvo que de acuerdo con el artículo 62.6 se estableciese otro destino.
Si en el plazo de dos aÑos desde la adopción del acuerdo de disolución, no se hubiera terminado el proceso de liquidación, los liquidadores consignarán judicialmente el importe de los créditos pendientes de pago y destinarán el resto del haber líquido irrepartible, a los fines seÑalados anteriormente.
Artículo sesenta y seis, ter. Extinción
3. Los liquidadores depositaran, junto con la solicitud de la cancelación de registro, los libros y documentos relativos a la cooperativa, que se conservarán durante seis aÑos.
Artículo sesenta y siete. Situaciones concursales
La Generalitat a través de la conselleria competente en materia de trabajo podrá desarrollar reglamentariamente el régimen de las distintas clases previstas y las normas específicas necesarias para desarrollar otras actividades en régimen de cooperativa.
3. La regulación específica de las distintas clases de cooperativas, no impedirá la libre delimitación por los estatutos de cada cooperativa de su objeto social y la creación de cooperativas polivalentes cuyo objeto social comprenda actividades de distinta clase, sin perjuicio de destacar las actividades principales a los efectos legales oportunos.
Artículo sesenta y nueve. Cooperativa agraria
Las sociedades agrarias de transformación, comunidades de regantes y otras sociedades civiles agrarias no podrán representar mas del 40% de los socios de estas cooperativas.
Artículo setenta. Objeto de las cooperativas agrarias
b) Mejorar los procesos de producción agraria, mediante la aplicación de técnicas, equipos y medios de producción así como la prestación de toda clase de servicios accesorios que permitan la consecución de los objetivos e intereses agrarios.
2. Los estatutos sociales de las cooperativas agrarias regularán muy especialmente la obligación de utilizar los servicios de la cooperativa que asuman los socios, de acuerdo con la superficie o valor de las respectivas explotaciones, y podrán establecer y regular el principio de exclusividad. Asimismo se regularán las distintas secciones de actividades especializadas que se creen en el seno de la cooperativa.
Artículo setenta y uno. Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra
7. El número de trabajadores con contrato laboral por tiempo indefinido no podrá ser superior al 20% de los socios de la cooperativa.
Artículo setenta y dos. Cooperativas de trabajo asociado
1. Son cooperativas de trabajo asociado las que asocien personas físicas que mediante la aportación de su trabajo, realicen cualquier actividad económica o profesional de producción de bienes o servicios destinados a terceros.
Durante este periodo si la cooperativa tiene menos de cuatro socios desarrollando la correspondiente prestación laboral, no podrá contratar ningún trabajador.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55 párrafos 4 y 5 de esta ley, los estatutos de las cooperativas de trabajo asociado podrán establecer que los socios tendrán derecho a adquirir en el plazo que determinen, las participaciones del socio fallecido. Este derecho de opción no tendrá lugar cuando el sucesor sea trabajador de la cooperativa y reúna los requisitos necesarios para ser socio.
Artículo setenta y tres. Cooperativas de consumo
Artículo setenta y cuatro. Cooperativas de viviendas
1. Las cooperativas de viviendas tendrán por objeto procurar, exclusivamente para sus socios, viviendas, locales, aparcamientos servicios o edificaciones complementarias, mediante la obtención de los recursos financieros, la programación, construcción, conservación, rehabilitación y administración de las viviendas, bien por si misma o bien por contrata con terceros. Las viviendas serán adjudicadas en propiedad a cada socio y constituirán régimen de propiedad horizontal, o bien manteniendo la administración de la comunidad en régimen de cooperativa, o por cualquier otro título.
En caso de baja del socio la cooperativa podrá retener el total importe que deba reembolsarse al socio saliente, hasta que sea sustituido en sus derechos y obligaciones por otro socio. En los estatutos sociales deberá fijarse el plazo máximo de duración del derecho de retención.
7. Cuando la cooperativa desarrolle mas de una promoción o fase deberá llevar una contabilidad separada para cada una de ellas, sin perjuicio de la general de la cooperativa. En este caso las cuentas anuales deberán someterse necesariamente a auditoría. En los estatutos se regulará la existencia de la Junta especial de socios de cada fase o promoción, que deberá constituirse, y cuyos derechos se fijarán en estatutos.
Artículo setenta y cinco. Cooperativas de crédito
2. Las cooperativas de crédito se regirán por las normas básicas del estado que afecten específicamente a este tipo de cooperativas o a las entidades de crédito en general, así como por las normas que apruebe la Generalitat Valenciana en el ámbito de sus competencias sobre cooperativas de crédito. En lo no previsto por dichas normas será de aplicación la presente ley y sus normas de desarrollo.
3. Cuando en los estatutos sociales de las cooperativas de crédito se prevea la posibilidad de voto plural éste se podrá ponderar de acuerdo con el volumen de actividad cooperativizada, las aportaciones a capital social, o el número de socios de las cooperativas asociadas, en los términos y con las limitaciones que se establezcan reglamentariamente.
4. La Generalitat desarrollará el régimen legal de las cooperativas de crédito en aquello que corresponda a su competencia y, a través de la Conselleria de Economía y Hacienda, ejercerá las funciones de control, inspección y disciplina de las mismas.
Artículo setenta y seis. Cooperativas con sección de crédito
Las cooperativas de cualquier clase o actividad, excepto las de crédito, podrán dotarse de una sección de crédito, la cual, sin personalidad jurídica independiente de la cooperativa actuará como intermediario financiero.
Artículo setenta y siete bis. Cooperativas sanitarias
Artículo setenta y ocho. Cooperativas de servicios empresariales y profesionales
Artículo ochenta. Cooperativas de transportes
Los estatutos sociales podrán establecer que todas o parte de las aportaciones, tanto obligatorias como voluntarias, deban consistir en uno o más vehículos de las características que fije la cooperativa. Su tratamiento será el establecido por esta ley para las aportaciones no dinerarias. En caso de baja del socio el reembolso de las aportaciones en vehículos se hará mediante la devolución del vehículo y el fondo de amortización a él aplicado. Asimismo, los estatutos podrán establecer que los gastos específicos a los que se refiere el artículo 59.3, se imputen a cada vehículo que los haya generado. Así como los ingresos, generando de esta forma una unidad de explotación en cada vehículo, susceptible de ser adscrito a socio que haya aportado el mismo.
Artículo ochenta y uno. Cooperativas de estudiantes o escolares
Artículo ochenta y dos. Cooperativas de integración social
1. Las cooperativas de integración social estarán integradas mayoritariamente por disminuidos físicos o síquicos u otros colectivos con dificultades de integración social y podrán adoptar la forma de cooperativas de trabajo asociado para organizar, canalizar y promover los productos y servicios del trabajo de los socios; y la de cooperativa de consumo para proveerlos de bienes y servicios de consumo general o específicos.
Los socios disminuidos físicos o síquicos podrán estar representados en los órganos sociales por quienes tengan su representación legal.
Artículo ochenta y cinco. Cooperativa de segundo grado
También podrán integrarse directamente como socios en estas cooperativas, los socios de trabajo de la misma.
Artículo ochenta y cinco bis. Consorcios, grupos cooperativos y otras uniones
Artículo ochenta y seis. Uniones sectoriales y federaciones
4. Sólo podrán incluir en su denominación una referencia a un determinado ámbito geográfico aquellas uniones sectoriales o federaciones que acrediten asociar, directamente o a través de entidades a ellas asociadas, el 20% al menos de las cooperativas inscritas y no disueltas de su clase con domicilio social en dicho ámbito geográfico.
Artículo ochenta y ocho. Normas comunes
Artículo noventa. Principio general
Artículo noventa y uno. Participación del movimiento cooperativo
La Generalitat Valenciana instrumentará la participación del movimiento cooperativo en las instituciones y órganos públicos bajo su dependencia, así como en las decisiones que adopte el Consell de la Generalitat y cada una de las consellerias en las materias de la respectiva competencia.
Artículo noventa y tres. Formación cooperativa
Artículo noventa y cuatro. Fomento del empleo
5. Se promocionará la creación de cooperativas de trabajo juvenil como complementarias a las actividades y centros de formación profesional así como el fomento de la ocupación de los jóvenes en las distintas clases de cooperativas.
Artículo noventa y cinco. Fomento de las relaciones intercooperativas
La Generalitat Valenciana adoptará las medidas necesarias para el fomento de las relaciones entre las cooperativas y, en particular la creación de cooperativas de segundo grado, la fusión de cooperativas, el establecimiento de grupos cooperativos y de conciertos o consorcios, encaminados a su consolidación y mejor cumplimiento de los principios cooperativos.
Artículo noventa y seis. Medidas especiales de fomento
Artículo noventa y siete. Obras públicas, urbanismo y vivienda.
Artículo noventa y ocho. Cooperativas de consumidores y usuarios
Artículo ciento tres. Inspección y régimen disciplinario
5. A las infracciones muy graves se aplicará sanción de multa entre doscientas mil y cinco millones de pesetas. Además de la multa anterior se podrá imponer la descalificación prevista en el artículo 105 de esta ley, y en caso de sanción a los administradores, la inhabilitación por un plazo máximo de diez aÑos.
Se aÑade el n.º 8 que dice:
Artículo ciento cuatro. Tipificación de las infracciones
Artículo ciento cinco. Descalificación
Se deroga el apartado d) del n.º 1.
2. La resolución administrativa de descalificación estará siempre motivada y exigirá la instrucción de expediente, con audiencia de la entidad afectada e informe de la confederaciones de cooperativas valencianas, que ésta deberá emitir en el plazo de 20 días. La resolución producirá efectos registrales de oficio. Será revisable en vía contencioso administrativa y si se presenta recurso administrativo o contencioso administrativo contra ella no será ejecutiva en tanto no sea firme.
Transcurrido dicho plazo, la descalificación implicará la disolución forzosa de la cooperativa de la cooperativa, seguida de su liquidación según establece los artículos 66 y 66bis de esta ley. Desde ese momento, los administradores, directores y, en su caso, liquidadores, responderán personal y solidariamente entre sí y con la cooperativa de las deudas sociales.
Artículo ciento seis. Intervención temporal
En caso de graves irregularidades de una entidad cooperativa, que aconsejen medidas urgentes para evitar daÑos a terceros o a los socios, a petición razonada de cualquier socio, la conselleria competente, previo informe del Consejo Valenciano de Cooperativismo, podrá decidir la intervención temporal, que podrá consistir en:
b) La suspensión temporal de la actuación de los administradores de la cooperativa, y el nombramiento de uno o más administradores provisionales que asuman sus funciones.
Artículo ciento siete. Consejo Valenciano del Cooperativismo
1. El Consejo Valenciano del Cooperativismo se crea como órgano de promoción, asesoramiento y planificación de la política y legislación en materia de cooperativas. Su composición se establecerá reglamentariamente, y corresponderá a la confederaciones de cooperativas de la Comunidad Valenciana la designación de los representantes del cooperativismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 89.3 al de esta ley. El número de representantes del cooperativismo no será inferior al resto de miembros nombrados por el Consell.
2. El Consejo Valenciano de Cooperativismo estará integrado orgánicamente en la conselleria competente en materia de cooperativas que le atribuirá los recursos personales y económicos para su funcionamiento.
Artículo ciento ocho. Conciliación y arbitraje cooperativos
Presentada una reclamación ante el consejo valenciano del cooperativismo, será conocida por la comisión delegada de conciliación, la cual dará parte al destinatario de la reclamación para que se avenga a ella o se oponga y aleguen lo que considere oportuno. En el caso de oposición dicha comisión examinará los elementos de prueba que aporten una y otra parte y en un plazo no superior a dos meses desde la presentación de la reclamación pronunciará una recomendación, en nombre del Consejo.
Si no fuere atendida la recomendación el Consejo Valenciano del Cooperativismo pasará nota a la conselleria de la que dependa, a fin de que tome las medidas que se prevén en esta ley. Igualmente notificará el hecho a quien haya presentado la reclamación, para que haga uso de las acciones que le correspondan.
Si el compromiso es de arbitraje de equidad podrán emitir y firmar el laudo, en nombre del Consejo, miembros de éste que no sean juristas
1. Esta ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
1. Con carácter general el Consell de la Generalitat y en las competencias específicamente atribuidas la conselleria que sea competente en materia de trabajo, dictarán las normas reglamentarias para el desarrollo y aplicación de esta ley en el plazo máximo de 1 aÑo.
Tercera. Adaptación de estatutos de las actuales cooperativas
1. Las cooperativas ya existentes que, de modo efectivo y real, realicen su actividad cooperativizada con sus socios en el territorio de la Comunidad Valenciana deberán adaptar sus estatutos sociales a la presente ley en el plazo de doce meses desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Las cooperativas que no hayan presentado la escritura pública de adaptación de los estatutos sociales en el Registro de cooperativas antes de transcurridos 3 meses desde el vencimiento del citado plazo no podrán inscribir a partir de dicha fecha ningún acuerdo si no es el de adaptación.
Transcurridos dos aÑos desde la entrada en vigor de la ley sin haber presentado la escritura de adaptación, quedarán automáticamente disueltas, sin perjuicio de lo que esta ley dispone sobre reactivación en el artículo 66, apartado 2. En cuanto a nombramiento de liquidadores se aplicará el mismo precepto de su apartado tres, pero si aún no se hubiese constituido el Consejo valenciano del cooperativismo la conselleria que sea competente en materia de trabajo podrá hacer directamente la designación de los liquidadores.
Cuarta. Revalorización de las cuantías monetarias mencionadas en la ley
La cuantía del volumen de negocios que determina la obligación de designar gestor de dedicación permanente y letrado asesor y la que concede derecho a subvención de los costes de la verificación de cuentas por auditores de cuentas, así como las de las multas previstas en el artículo 103 de esta ley serán revisadas por el Consell de la Generalitat Valenciana al menos cada tres aÑos, adaptándola a la variación del índice de precios al consumo.
1. Se autoriza al Consell de la Generalitat para que en el plazo de un aÑo a contar desde la publicación de esta ley en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana elabore y apruebe, mediante decreto legislativo, un texto refundido de la Ley de Cooperativas Valenciana, al que se incorporarán, con autorización, las disposiciones vigentes sobre dicho tipo social y las contenidas en la presente ley.
2. En el texto refundido el Consell dividirá la ley en cuantos capítulos y secciones tenga por conveniente, a la vez que podrá poner epígrafes a cada uno de los artículos, adaptar las referencias en ellos contenidas a otros artículos, capítulos y secciones o a otras disposiciones, numerar los párrafos o apartados de los mismos, así como sustituir las referencias a la reserva de formación y promoción cooperativa por la mención del fondo de formación y promoción cooperativa, y la de volumen anual de operaciones por cifra anual de negocios.
3. En el texto refundido el Consell podrá alterar la sucesión de los capítulos, secciones y artículos de las leyes que deban refundirse, así como fraccionar los artículos y alterar el orden de sus párrafos o apartados.
Quedaran derogadas, específicamente, las disposiciones transitorias de la Ley 11/1985, de 25 de octubre, de la Generalitat Valenciana, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, así como la disposición final cuarta de la misma.
Valencia, 2 de marzo de 1995