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Timestamp: 2018-03-24 09:40:44
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Matched Legal Cases: ['artículo 197', 'artículo 19', 'artículo 9', 'artículo 197', 'artículo 9', 'artículo 197', 'artículo 9', 'artículo 197', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 197', 'artículo 9', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 12']

Comentario jurisprudencial. Intimidad y tratamiento de datos personales en el portal del Poder Judicial
Jervis Ortiz, Paula
Abogada. Investigadora del Centro de Estudios en Derecho Informático
Con fecha 08 de Marzo de 2001, una mujer interpuso con la asesoría de la Red Nacional Género, Comercio y Derechos Humanos (RENAGECO), ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
En el recurso la recurrente señala, a grandes rasgos, que se enteró por intermedio de una amiga, quien ingresó a través de Internet al recién inaugurado sitio Web del Poder Judicial de Chile, que en dicha página al introducir su nombre en el sistema de búsquedas, (estado de causas de Santiago), aparecen los datos de una demanda que interpuso por la reclamación de paternidad de su hija. Indica que con el objeto de indagar más antecedentes acerca de tal circunstancia, ingresó a la referida página web -(www.poderjudicial.cl )- y en ella constató que al pulsar en el vínculo "Cuaderno Principal" fuera de figurar los nombres de los abogados patrocinantes aparecían individualizadas las partes con nombre completo y número de cédula nacional de identidad, tanto los de ella como los del demandado. Luego señala que al ver el cuadro "Materia" decía "HIJO LEGITIMO, ACCIÓN", habiendo interpuesto la demanda en cuestión, bajo la vigencia de la ley 19.585 ( que estableció la igualdad filiativa en nuestro ordenamiento), por ende se trataba de una acción de reclamación de paternidad en filiación no matrimonial, y no una acción de legitimación.
Sostiene que la citada información vulnera lo dispuesto en el artículo 197 del Código Civil que establece el carácter secreto de los procesos en los que se ha deducido una acción de filiación, y resulta además contraria a las normas contenidas en la ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, al divulgar datos relativos a hechos o circunstancias de su vida privada.
Estos hechos para la recurrente implican un acto ilegal y arbitrario que conculca una serie de garantías constitucionales que indica, cuales son las contenidas en el artículo 19 número 1 “El derecho a la integridad psíquica de la persona”, número 4 “El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia”; la garantía contenida en el numeral 2 de dicho artículo, esto es, la igualdad ante la ley, para finalmente invocar la violación del numeral 24 que asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clases de bienes corporales e incorporales.
Concluye en esta parte, señalando que recurre de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por publicar datos sensibles y expresiones discriminatorias en el banco o base de datos que mantiene en la Internet, lo que considera una actuación ilegal y arbitraria que causa privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de su derecho a la privacidad y honra y de su familia y un acto de discriminación contra su hija, lo cual, a su vez, daña profundamente su dignidad humana, amenazando y perturbando su integridad psíquica, moral y emocional.
En su petitorio, solicita a la Corte de Apelaciones de Santiago que a fin de restablecer el imperio del Derecho, se ordene a la recurrida eliminar los datos sensibles y expresiones discriminatorias referidos que mantiene en el banco o base de datos del sitio en Internet ya indicado.
Informando el recurrido, a través del entonces Presidente de la Exma Corte Suprema y Presidente de Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Hernán Alvarez García se solicita el rechazo de la acción constitucional interpuesta, con costas, por los razonamientos que siguen:
El sitio se encuentra en desarrollo.
En la actualidad las causas ingresadas en materia de filiación. se identifican, haciendo mención a la ley respectiva: "Acción Ley 19.585".
Las búsquedas que efectúa el usuario sólo le permiten que se le proporcione información y a guiar a las partes que están en juicio, pero en ningún caso están orientadas a dar a conocer información sustantiva acerca del contenido del proceso que se encuentra en tramitación.
Respecto de la terminología utilizada para denominar la materia objeto del juicio "Hijo Legitimo, Acción", dice que ella estuvo en conocimiento de todas las partes del proceso desde el momento en que ingresare la causa a la Corte de Apelaciones para su distribución sin que la recurrente, al parecer solicitara al Juzgado respectivo que se caratulara correctamente el expediente, ni que se mantuviera en secreto, sabiendo que los jueces en materia civil se rigen por el principio de pasividad.
Hace presente además que el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales señala que los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley, consagrando así una de las bases fundamentales de la Administración de Justicia, esto es, su publicidad. Una de esas excepciones, es la que contemple el artículo 197 del Código Civil en materia de acción de filiación, al establecer que el proceso tendrá carácter de secreto, hasta que se dicte sentencia de término, y que sólo tendrán acceso a él las Partes y sus apoderados judiciales. Por consiguiente, señala, que al igual que el sumario criminal, ello significa que el detalle de estos procesos, es decir, el contenido de sus actuaciones, resoluciones o diligencias, no podrá ser de público conocimiento, teniendo el carácter de secreto. Sin embargo, añade, jamás podrá tener ese carácter, la existencia de la causa respectiva. Prueba de ello, son los libros de ingresos de causas de los tribunales de Justicia, los cuales pueden ser consultados por cualquier individuo y tomar conocimiento de la existencia de esta clase de juicios, pudiendo conocer el nombre de las partes, la materia y el rol de la causa.
Por último señala que la Corporación que preside, no ha procedido indebidamente en el tratamiento de los datos, ya que se ha limitado a mostrar aquella información que las mismas partes entregan al Tribunal, con el fin de otorgarles un mejor servicio.
Sin perjuicio, de lo expuesto, manifiesta que la Corporación está realizando un estudio acucioso, dentro del período de marcha blanca, de todas aquellas materias que revisten algún grado de sensibilidad, con la finalidad de precaver situaciones como las que se reclaman a través del presente recurso. Consecuencia de ello, es la sustitución de la glosa, "hijo legítimo, acción" por la de "acción Ley 19.585".
La primera sala de esta Corte, integrada por los ministros Gabriela Pérez Paredes, Juan Araya Elizalde y el abogado integrante Eduardo Jara Miranda, en fallo redactado por el ministro Araya, rechazó el recurso interpuesto por unanimidad. Luego, la recurrente apeló tal sentencia ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando alegatos. A la solicitud de alegatos la Corte Suprema negó lugar, y con respecto a la apelación, la sentencia de primera instancia fue confirmada, sin ningún tipo de modificación u observación, por los ministros Orlando Alvarez G., Jorge Medina, Domingo Kokish M. y los abogados integrantes René Abeliuk M. y Franklin Geldres A.
Los considerandos de la sentencia que se comenta giran en torno a tres líneas argumentativas -que hacen suyo, en gran medida lo informado por la recurrida. La primera de ellas, es establecer que no se ha infringido la ley sobre protección a la vida privada, pues al entender de los ministros: “...tampoco se advierte que mediante ese sitio de Internet, se hayan proporcionado o se estén proporcionando datos sensibles relativos a la vida privada de la recurrente, ya que no se ha divulgado ningún hecho o circunstancia cuya privacidad resguarda la Ley 19.628”. La segunda línea, se refiere al principio de publicidad de las actuaciones judiciales al fallar que los datos que se publican en el sitio web en cuestión, son los mismos que cualquier persona puede obtener de los libros de ingreso de causas de los Juzgados correspondientes, de los estados diarios que se exhiben en los Tribunales y los que se consignan en las tablas para anunciar las causas en las Cortes de Apelaciones; datos todos que son de público conocimiento. Luego señala, que no se ha transgredido el carácter secreto que reviste un proceso de filiación de la naturaleza del iniciado por la actora ya que ni su contenido, ni sus resoluciones se han dado a conocer a través de la página WEB del Poder Judicial. Para terminar, razona que en el presente caso se ha armonizado por una parte lo que dispone el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, que consagra que los actos de los Tribunales son públicos, con la reserva que debe resguardarse acerca del contenido de un proceso de filiación como lo preceptúa el artículo 197 del Código Civil. Finalmente, se indica como tercer razocinio que una demanda de la naturaleza de la iniciada por la recurrente, sólo puede identificarse actualmente por la cita de la ley que sirve de sustento, esto es, "Acción Ley 19.585", sin que se pueda acceder a ningún dato acerca del contenido del proceso respectivo, o da las resoluciones que en él han recaído.
En base a estas argumentaciones, la Corte indica que no se está en presencia de un acto u omisión ilegal, por lo que es innecesario analizar el quebrantamiento de las garantías constitucionales que se invocan por de la recurrente.
Ya establecidos los fundamentos de la recurrente y del recurrido y el contenido de la sentencia que falla el asunto discutido, pasaremos a continuación a analizar la real problemática planteada aquí, para luego proceder a criticar la sentencia, dando a su vez, luces acerca de las posibles soluciones que se debieron dar al problema de ilegalidad esbozada.
El marco normativo en el caso que nos ocupa, dice relación con dos asuntos, a saber: la protección de la vida privada, la protección de datos (ley 19.628) porque claramente nos encontramos frente una cuestión que se relaciona con el derecho a la intimidad y a la vida privada, y más específicamente a los datos sensibles, y la otra, la dicotomía principio de publicidad de los actos de los Tribunales (artículo 9 Código Orgánico de Tribunales) versus excepciones a él, esto es, secreto de las actuaciones judiciales. (en el caso en cuestión, artículo 197 Código Civil), porque es este principio de publicidad uno de los fundamentos basales del fallo para el rechazo de la acción de protección intentada. Estas normas han de interpretarse en armonía y dentro del marco de las derechos fundamentales del hombre contenidos tanto en nuestra Carta Fundamental, como en los tratados de derechos humanos que han sido suscritos por Chile y que se encuentran vigentes ( artículo 5 inciso 2° de la Constitución).
La Ley 19.628 de Agosto de 1999 sobre “Protección de la Vida Privada”, invocada como norma violada por la recurrente con el acto que se reclama, y aplicable al asunto que falla la sentencia, trata entre otros asuntos, instituciones y conceptos que debemos tomar en consideración, como los datos personales y su tratamiento, el concepto de fuentes accesibles al público y el tratamiento de datos por organismos públicos.
La ley establece a prima facie tres categorías de datos, los que requieren distintos niveles de protección, en primer término, los “datos de carácter personal o datos personales” que se encuentran definidos en el artículo 2 letra f) de la ley, como los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables, a estos datos se les aplica una protección ordinaria, se encuentran protegidos con las disposiciones generales de la ley. Luego están los denominados “datos públicos o de mera identificación”, que son aquellos que se recolectan de una “fuente accesible al público", concepto que es definido en el mismo artículo 2 letra i) como los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes, con respecto a estos datos la ley establece menos limitaciones al tratamiento. Finalmente, se encuentran aquellos datos que tienen una mayor y especial protección en la ley, son los denominados “datos sensibles”, entendiéndose por tales, según la letra g) del ya mencionado artículo 2, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.
Entendemos que los datos pertenecientes a una causa judicial, denominados doctrinariamente “datos judiciales”, “datos jurisdiccionales”, o “datos personales contenidos en ficheros jurisdiccionales” constituyen datos sensibles según la definición legal que el ordenamiento jurídico nacional hace de ellos. Basamos esta afirmación, en la característica esencial del dato sensible, cual es que a partir de su tratamiento automatizado (lo que faculta el cruce de datos), pueden los tenedores de esa información tomar decisiones arbitrarias o discriminatorias respeto de los titulares de esos datos.
Es claro, entonces, el carácter sensible del dato judicial, algunos ejemplos aclararán esta asevero. Imaginemos a una empresa de corretaje de propiedades que para arrendar los inmuebles acude a las bases de datos del poder judicial para que con el solo dato del nombre de una persona pueda ver si ésta se encuentra demandada en un juicio de arrendamiento, o el caso del empresario que para contratar a algún trabajador, acude a las bases de datos para determinar si por ejemplo ha demandado a empleadores anteriores, y en el caso que comentamos, la discriminación escolar que pudiera sufrir la hija de la recurrente frente a la solicitud de matrícula.
A partir de esta información que se encuentra tratada automatizadamente se pueden efectivamente tomar decisiones arbitrarias o discriminatorias, lo que nos lleva a concluir que los datos judiciales cuando son tratados automatizadamente, -lo que implica la posibilidad de cruce de datos- son datos sensibles.
Esta cualidad del dato judicial se hace más evidente aún en el caso de la sentencia analizada, ya que el dato se refiere a la calidad filiativa de una persona que a todas luces encuadra dentro del concepto legal de dato sensible, ya que se refiere a hechos o circunstancias de la vida privada o intimidad de las personas.
Habiendo ya categorizado los datos contenidos en la causa judicial de acción de reclamación paternidad en filiación no matrimonial, como datos sensibles, es necesario ahora, analizar la normativa establecida en la ley para ellos.
El artículo 10 de la ley 19.628, establece que los datos sensibles no pueden ser objeto de tratamiento, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. Se establece acá, entonces, un principio general: nadie puede tratar datos sensibles, salvo las tres hipótesis mencionadas en la norma. Por lo demás, este artículo recibe plena aplicación a los órganos del estado, según lo indica el artículo 20 de la misma ley al señalar perentoriamente que el tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes. En esas condiciones, no necesitará el consentimiento del titular. Por su parte, el artículo 1 de la ley al fijar su ámbito de aplicación indica que el tratamiento de datos de carácter personal en registro o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de la ley..... En todo caso, deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que esta ley les reconoce.
En el caso en cuestión, se infringió lo dispuesto en estos tres artículos, ya que se efectuó un tratamiento automatizado de datos de carácter sensible (y lo que es peor, se publicaron), estando ello prohibido por la ley, para todos, incluso para los órganos públicos, de otra parte no se configuraban en los hechos de la causa ninguna de las tres hipótesis que indica el texto legal, para autorizar el tratamiento de este tipo de datos, esto es, autorización legal, del titular de los datos, o bien que sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares, de manera que el acto que se recurre es, por lo menos en este capítulo, ilegal.
Tampoco podríamos razonablemente señalar que el tratamiento que se efectuó de los datos en cuestión, se hizo dentro de la competencia de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, o dentro de las atribuciones del Poder Judicial, ya que en esta materia los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, que establecen el principio de juricidad, son claros: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”, Así, la competencia para efectuar esta publicación por Internet por parte del Poder Judicial, no está establecida ni en la Constitución ni en la ley, ni en ningún cuerpo normativo, y teniendo en cuenta que en derecho público sólo se puede hacer aquello que está expresamente permitido, colegimos que el actuar del Poder Judicial, no tiene fundamento jurídico, es inconstitucional, además, de no estar cumpliendo con lo establecido en la ley 19.628.
De esta manera, estamos en absoluto desacuerdo con lo fallado en el considerando sexto de la sentencia que se comenta cuando indica que: “no se advierte que mediante el sitio de Internet, se hayan proporcionado o se estén proporcionando datos sensibles relativos a la vida privada de la recurrente, ya que no se ha divulgado ningún hecho o circunstancia cuya privacidad resguarda la Ley 19.628”.
Además señala el mismo considerando dentro del marco de la primera línea argumentativa indicada, que “no se ha transgredido el carácter secreto que reviste un proceso de filiación de la naturaleza del iniciado por la actora ya que ni su contenido, ni sus resoluciones se han dado a conocer a través de la página WEB del Poder Judicial”.
Esta aseveración es simplemente falaz. El artículo 197 del Código Civil que se encuentra bajo el epígrafe “de las acciones de filiación”, aplicable a la materia que trataba el juicio cuyos datos se publicaron en Internet señala que “El proceso tendrá carácter de secreto hasta que se dicte sentencia de término, y sólo tendrán acceso a él las partes y sus apoderados judiciales”.
El carácter de secreto del proceso no se refiere solamente a la imposibilidad material de acceso por parte de cualquier persona distinta de las partes y de sus apoderados al expediente, sino que también abarca la imposibilidad de acceder a las resoluciones dictadas en él, y no sólo a ellas, sino que a todo su contenido, esto es, a la información relativa a las partes, la materia, etc. De manera que al efectuarse el tratamiento automatizado de estos datos ( nombres y RUN de las partes y apoderados, materia) de un proceso judicial, que según la ley ha de ser secreto, y aún más, al ser publicados en Internet efectivamente se transgrede la norma contenida en el 197 del Código Civil, por lo que el asevero contenido en la sentencia recién mencionado no se encuentra ajustado a Derecho.
Por otra parte, el considerando cuarto de la sentencia al señalar: “Que de este modo cabe concluir que la información que suministra el sitio WEB del Poder Judicial respecto de procesos iniciados de conformidad con las normas de la Ley 19.585, está limitada única y exclusivamente a lo que es posible obtener, por cualquier persona, de los libros de ingreso de causas de los Juzgados correspondientes cuyos datos son de público conocimiento”, da a entender que por el solo hecho que los datos publicados en el sitio web poderjudicial.cl estén, en el vocabulario utilizado por el legislador en una “Fuente Accesible al Público”, legitima tal actuar. Sin embargo, esto no es correcto, pues, lo que la ley establece y sanciona es el tratamiento de datos (automatizado o no), estableciendo que con respecto a los datos sensibles este tratamiento no es permitido, aun cuando conste la información en fuentes accesibles al público. A mayor abundamiento, no todos los datos que se encuentran en el sitio web en cuestión, se encuentran en los libros de ingresos de las causas, ya que en estos no se menciona el Rol Unico Nacional, que sí aparece mencionado en Internet.
La sentencia termina señalando en esta parte que se han armonizado de esta manera lo estatuido en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales (publicidad actuaciones de los tribunales), con lo señalado en el artículo 197 del Código Civil ( reserva respeto proceso de filiación) (considerando sexto). Ya se encuentra demostrado con lo dicho, que tal aplicación armónica de la norma no se ha producido, ya que si bien se ha aplicado en su integridad y con un criterio laxo el principio de publicidad, no ha ocurrido lo mismo con la excepción a este principio que recibía aplicación en el caso que estudiamos.
Finalmente, el tercer argumento basal del fallo, y sobre el cual se erigen las dos otras fundamentaciones, es el que indica que en el momento de dictarse el fallo la causa en cuestión ya no se singularizaba como “HIJO LEGITIMO, ACCIÓN", sino que “Acción Ley 19.585”, al igual que todas las otras de su especie, sin que se pueda acceder a ningún dato acerca del contenido del proceso respectivo.
Con respecto a este punto, si bien el cambio, en la catalogación de la acción produce una variación en cuanto a la conculcación de la garantía de igualdad ante la ley, no ocurre lo mismo en cuanto a la vulneración del derecho a la intimidad, ya que a partir de esos datos publicados, y de libre acceso a quienquiera consultarlos, efectivamente se vulnera lo estatuido en la Carta Fundamental y los tratados Internacionales, que establecen el derecho de toda persona a la intimidad y a la vida privada.
En todo caso, la utilización de este fundamento formal para esgrimir la inexistencia del acto ilegal de que se trata, resulta del todo insuficiente para esos efectos, ya que como vemos, el acto ilegal persiste en la vulneración de la garantía señalada.
Habiendo revisado y cuestionado las argumentaciones piedras angulares del fallo, debemos indicar que el acto recurrido efectivamente es un acto ilegal, y lo es doblemente, ya que infringe dos estatutos legales, por una parte el Código Civil en su artículo 197, y por otra, la ley 19.628.
Corresponde ahora revisar un asunto con respecto al cual la Corte no se pronunció – debido a que a su entender no existía acto ilegal-, esto es, la conculcación de las garantías constitucionales mencionadas por la recurrente. Como ya indicáramos se recurrió de protección por la vulneración de las garantías que se analizan a continuación:
a.- En primer lugar, con este acto ilegal se conculca en grado de perturbación el derecho fundamental establecido en el numeral 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, “El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia”, pues, la Corporación Administrativa del Poder Judicial al hacer públicas, en el sitio web del Poder Judicial, las bases de datos que contienen la información de las causas que se tramitan en los Tribunales de Justicia (nombre y rut de las partes, materia y tipo de causa), permitiendo el conocimiento de esta información a quien lo solicite, vulnera la garantía que doctrinariamente se conoce como derecho a la intimidad y que es la que se protege con el numeral recién indicado, ya que los datos que se informan por este sitio web, en la materia que nos concierne ( filiación de una persona), corresponden efectivamente a una información que está situada dentro de la esfera de la vida privada de la persona, dentro del ámbito de su intimidad, esto es, de todo aquello que no es o no queremos que sea de público conocimiento, de manera que al hacerlos públicos estos datos a través de Internet, se está afectando este derecho.
Por otra parte, en el caso en estudio, no sólo se afecta la vida privada, la intimidad, la privacidad, como quiera que se le llame, sino que también, y por otro lado, en el entendido que son bienes jurídicos protegidos de distinta entidad o naturaleza, el honor de la persona y de la familia, es decir, el conjunto de cualidades éticas que permiten que la persona merezca y reciba consideración de los demás, esto porque lamentablemente en la sociedad en que vivimos un menor de edad del que se sabe está siendo discutida su filiación en Tribunales ve vulnerado su honor y también el de su familia, en los términos recién expuestos.
b.- En segundo lugar, se ve afectada la garantía constitucional establecida en el N° 1 del artículo 19 de la Constitución “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, en grado de perturbación y amenaza, ya que con el acto ilegal se puede producir un deterioro psíquico en razón de posibles arbitrariedades o discriminaciones que se produzcan tanto con respecto a la recurrente como a su hija.
c.- Finalmente, se priva con este acto ilegal la garantía contendida en el inciso segundo del N° 2 del artículo 19, que señala que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”, ya que al catalogar la causa, como acción de legitimidad y no como acción de reclamación de filiación no matrimonial, cuando ya se había efectuado la modificación legal respecto a la filiación ( ley 19.585), que eliminaba la categoría de hijos legítimo-ilegítimos, implica a todas luces que se está ya no sólo efectuándose una distinción, una diferencia arbitraria, si no que además una ilegal, por parte del órgano público recurrido.
De su parte, estos derechos reciben reconocimiento constitucional, además, por la vía de tratados internacionales, como son el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Así el primero de ellos establece en su artículo 5 que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. El numeral 11, que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad y que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
El segundo instrumento internacional mencionado, indica que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (artículo 3), además, su artículo 7 señala que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Finalmente, el artículo 12 nos señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Terminamos este comentario, señalando que el fallo en cuestión, asume una postura no garantística, con débiles fundamentos que evitan un análisis en mayor profundidad de la materia sometida a su conocimiento. Sospechamos que en el evento de haberse pronunciado acerca de la conculcación de las garantías invocadas, tal vez su contenido hubiese sido distinto.
Estando conscientes de la importancia y vastedad del tema, sólo esbozamos una posible solución a la problemática planteada a propósito de este caso. Pensamos que es necesario buscar una fórmula que realmente armonice el principio de publicidad de las actuaciones judiciales y el derecho a la información con el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales en materia de tratamiento automatizado de datos judiciales y su publicación vía web. Así, se debe asumir un criterio defensor de la intimidad, pero que a su vez permita dar aplicación al ya tantas veces mencionado principio de publicidad, y al derecho que tienen las partes de conocer el estado de tramitación de sus causas judiciales; esto se puede lograr (como lo hace por ejemplo, el Poder Judicial Argentino www.ccc.pjn.gov.ar), distinguiendo entre los tipos de causas que resultan de un contenido más “sensible”, como por ejemplo, las penales o las de menores, de aquellas con respecto a las cuales la ley no establece secreto o reserva, permitiendo el ingreso al contenido del expediente como un todo, pero sólo a través de su número de rol y con una clave para las primeras, y sólo a través del número de rol en las segundas.