Source: https://es.scribd.com/doc/55453637/Responsabilidad-Por-Armas-de-Fuego
Timestamp: 2016-05-31 04:13:38
Document Index: 354219364

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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO. SU INCIDENCIA EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y DE LA POLICIA NACIONAL* Ricardo Hoyos Duque* * Universidad Militar Nueva Granada
Fecha de recepción: septiembre 5 de 2006. Fecha de aceptación: noviembre 2 de 2006.
STATE’S RESPONSABILITY BY USE OF FIREARMS. IT’S IMPACT IN MINISTRY OF DEFENSE AND NATIONAL POLICE BUDGET. Abstract The expenses vich govemment, has for sentences and conciliations from dangerous activities in defense has been a Topic to be worried about at the interior of Ministry of Defense due to the largue amounts of money paid by the use of the weapons, connatural activity to the constitucional mission developed by Public Force. Consequently, it was necessary to carry out and investigation in both Ministry of Defense and National Police to the determine the causes for increasing these sentences, and to present some recommendations to prevent them. Key words Responsibility, dangerous activity, public force, anti – juridical damage, administrative law. I. INTRODUCCIÓN El presente trabajo pretende examinar tres aspectos fundamentales cuales son: 1) la evolución jurisprudencial de la responsabilidad del Estado Colombiano por el uso de armas de fuego; 2) cuantificar su incidencia en el presupuesto del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional y 3) profundizar en las causas de los hechos que comprometen dicha utilización, a fin de formular correctivos y recomendaciones para evitar que se sigan sucediendo. Teniendo en cuenta que la responsabilidad del Estado ha sido un tema desarrollado principalmente por la jurisprudencia del Consejo de Estado y que a partir del año 1989 se ha ido consolidando una tendencia cada vez más objetiva en cuanto se refiere a la responsabilidad derivada del uso de las armas de fuego, se quiere examinar cual es el impacto que ha tenido en el presupuesto nacional, entre los años 1998 a 2002. Lo anterior encuentra justificación en el hecho que en los informes presentados por diferentes organismos, entre los que se encuentra la Contraloría General de la República y la Contaduría General de la Nación, se ha puesto de presente lo onerosas que resultaron al Estado las condenas impuestas a éste en ejercicio de las acciones instauradas ante la juris-
Resumen Las erogaciones que realizan las dos Entidades objeto del presente estudio por concepto de sentencias y conciliaciones originadas en actividades peligrosas en el sector defensa ha sido un tema de gran preocupación en razón a las cuantiosas sumas que se reconocen por el uso de las armas de fuego, actividad peligrosa que es inherente a la misión constitucional que desarrolla la fuerza pùblica. Por ello fue necesario indagar al interior del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, con el fin de determinar las causas generadoras del incremento de dichas condenas y formular recomendaciones con el objeto de su prevención. Palabras clave Responsabilidad, actividad peligrosa, fuerza pública, daño antijurídico, derecho administrativo.
Este artículo presenta los resultados de la investigación terminada “Responsabilidad del Estado por el uso de las armas de fuego. Su incidencia en el presupuesto del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional”, desarrollada dentro de la línea de investigación “Responsabilidad del Estado”, del Grupo de Derecho Público reconocido por Colciencias – Categoría A (2006 – 2009) de la facultad de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Investigador de la facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, Abogado especializado en Derecho Administrativo. Consejero de Estado. Los coautores del artículo son asistentes investigadores de la Maestría de Derecho Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada: Flor Ángela Canaval Ardila y Sandra Marcela Parada. Carrera 11 No. 101 – 80 Bogotá D. C., Teléfono 6 34 32 62. ricardo.hoyos@umng.edu.co.
Bogotá D. C. Colombia - Volumen IX. - No. 18. - Julio - Diciembre 2006. - ISSN 0121-182X. Pg. 77 - 110
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
dicción de lo contencioso administrativo por esta causa. Para corroborar esta afirmación, se analizó la información existente en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, para emitir al final del presente trabajo posibles recomendaciones encaminadas a que dichas condenas resulten menos gravosas para el Estado. El problema que se plantea y que es objeto de análisis está referido a establecer: ¿Cuál es el impacto que tiene en el presupuesto nacional y en particular, en el del Ministerio de Defensa Nacional y en el de la Policía Nacional, la responsabilidad del Estado por el uso de armas de fuego por parte de la Fuerza Pública, desde 1998 a 2002 y cómo podría disminuirse ese impacto sin que se dejen de reparar los daños? La investigación es justificada desde el punto de vista académico por cuanto los hallazgos de la misma constituyen la producción de conocimiento, el cual se va a socializar en seminarios, artículos y conferencias. Desde el punto de vista científico, se justifica esta investigación por constituir un proceso de conocimiento coherente, armónico y que responde a una pregunta inicial que busca ser respondida, que tiene una finalidad, un método, unos pasos a seguir y unos mecanismos de difusión del conocimiento producido, compilado en documentos y normas de tipo formal preestablecidos por instituciones que regulan la investigación en Colombia. Para llegar a producir ese conocimiento se seguirán también una serie de etapas lógicas, concordantes con el método de investigación planteado que permitirá ir descubriendo la verdad para proceder a divulgarla. Socialmente se justifica también, porque esta investigación cuantificará la incidencia en el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, de la responsabilidad del Estado por el uso de armas de fuego. Económicamente se justifica por el dinero que el Estado podrá ahorrar una vez se hagan los correctivos pertinentes frente a los hallazgos.
II. DISEÑO METODOLÓGICO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Este proyecto de investigación se adscribe a la línea de investigación de Responsabilidad del Estado del Grupo de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Es de resaltar el papel que el método empírico analítico juega en el desarrollo de esta investigación, para lo cual se dividirá la misma en dos etapas fundamentales: En la primera fase de la investigación se levantarán y analizarán las fuentes formales que permitieron establecer con precisión los montos de las condenas y conciliaciones que han afectado el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional y el de la Policía Nacional, por el uso de armas de fuego, entre los años 2003 a 2005. En una segunda fase se examinarán los datos antes mencionados para emitir un diagnóstico que busque la disminución del monto de las condenas y conciliaciones que afectan el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional y el de la Policía Nacional, por el uso de armas de fuego. III. RESULTADOS 1. MARCO TEÓRICO Tradicionalmente la teoría de la responsabilidad se basaba en el viejo concepto de culpa: “no hay responsabilidad sin culpa comprobada”, el cual era considerado como un dogma, una verdad fundamental desde el derecho romano. La víctima de un accidente o de un perjuicio cualquiera, para obtener indemnización debía suministrar una triple prueba: 1) debía demostrar que realmente había sufrido un perjuicio; 2) que su adversario había cometido una culpa y 3) que el perjuicio se originaba en dicha culpa. Dentro de este régimen el demandante tenía la carga de la prueba, la cual muchas veces, resultaba difícil por las condiciones en que ocurría el hecho causante del daño, como en el caso del peatón atropellado por un automóvil en un lugar oscuro y sin testigos, donde imponer a la víctima o a sus herederos la carga de la prueba equivalía a negarles la posibilidad de indemnización.
Para superar este viejo concepto, tanto el legislador como la doctrina y la jurisprudencia, han acudido a distintos procedimientos técnicos que caben dentro de las siguientes categorías: ♦ ♦ ♦ ♦ Han admitido con mucha facilidad la existencia de la culpa. Han establecido o reconocido presunciones de culpa. Han sustituido la noción de culpa por el concepto de riesgo, convirtiendo la responsabilidad subjetiva en objetiva. La jurisprudencia ha ampliado la responsabilidad contractual, a fin de colocar a la víctima en una situación más favorable en lo atinente a la carga de la prueba.1 2. EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA RESPONSABILIDAD2 2.1. La doctrina de la presunción de falla del servicio. En particular, en Colombia la jurisprudencia elaboró la llamada presunción de falla del servicio, la cual, a su vez, le dio paso a la responsabilidad por el riesgo en relación con las llamadas actividades peligrosas, entre las cuales se encuentra la utilización de las armas de fuego. La teoría de la presunción de falla del servicio puede ser examinada en la jurisprudencia, bien de la Corte Suprema de Justicia, de la Sección Tercera del Consejo de Estado o de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. 2.1.1. En la Corte Suprema de Justicia. Resulta paradójico advertir cómo la tesis de la presunción de falla en el servicio fue elaborada por la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia en la célebre sentencia del 30 de junio de 1962, con ponencia del Magistrado José J. Gómez, al precisar el carácter
directo de la responsabilidad extracontactual de las personas jurídicas. En esta providencia, sin embargo, así se haya invocado el artículo 16 de la Constitución anterior (hoy artículo 2) como fundamento positivo de la responsabilidad del Estado, se mantiene el concepto de culpa que consagra el artículo 2341 del C.C., el cual establece la obligación general de reparar los daños causados en relación con todo tipo de personas (naturales, jurídicas, privadas o públicas). Allí se dijo “ la noción de la culpa subsiste, pero se desplaza desde un sujeto individual al Estado, por razón del deber referido, de suerte que donde quiera que tales prestaciones fallen con la consecuencia de un daño, la administración habrá dejado de cumplir sus “deberes sociales” e incurrido, por consiguiente en responsabilidad. Y en mérito de la gravedad y trascendencia de dichos suministros, puesto que de ellos depende la convivencia social y la posesión de los bienes espirituales, morales y materiales que permitan al hombre el alcance de sus aspiraciones y fines, se impone la presunción de culpa en el Estado como sucede, por ejemplo, en la responsabilidad indirecta por los “hechos ajenos” (art. 2347 y 2349), o en la que caracteriza las actividades peligrosas (art. 2356). Tal presunción, no puede desvirtuarse, en consecuencia, sino probando el caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa de la víctima. Todo lo cual enseña que no se trata de una responsabilidad “objetiva”. La responsabilidad estatal a estos respectos tiende a generalizarse a manera de seguro permanente o con respaldo en la teoría del “riesgo creado”, a favor de los particulares por los quebrantos que sufran con ocasión de las irregularidades de los servicios públicos, comprendidos naturalmente los casos fortuitos, los hechos de terceros y aun la culpa del damnificado –excluido el dolo–. Más la jurisprudencia nacional, no cuenta con el germen legal que le permita llevar a estos confines el horizonte de la responsabilidad extracontractual de la administración. La Corte tiene descartada la teoría del “ riesgo creado”, como forma de solución de los conflictos tocantes a la responsabilidad originada en actividades peligrosas, como dan testimonio los fallos de diciembre 9 de 1.936 (XLIV, 1918, 412), noviembre 18 de 1940 (L 1964, 439), febrero 14 de 1941 (L. 1966, 739), mayo 30 de 1.941 (LI, 1973, 527, abril 20 de 1944, LVII, 2006 a 2009148) y abril 30 de 1.994 (LXII, 2048 338)”. Cabe señalar que no obstante que allí se afirma que lo que se presume es la culpa del Estado, en el fondo lo
JOSSERAND, La evolución de la responsabilidad, del abuso del derecho y otros ensayos, Bogotá, Editorial Temis, 1982. HOYOS DUQUE, Ricardo. Balance Jurisprudencial del Consejo de Estado en materia de Responsabilidad a partir de la Constitución Política de 1991, publicado en la revista Derechos y Valores de la facultad de derecho, Universidad Militar Nueva Granada. Volumen III No. 5, Julio de 2000, páginas 27 a 40.
Es a partir del año de 1989 cuando se consolida como principio. . Tratado teórico práctico de la responsabilidad civil. Las presunciones se asocian frecuentemente con lo que se produce normalmente y con lo que es razonable tomar como punto de partida. L XXX. expediente No..ISSN 0121-182X. como consecuencia de la inexequibilidad de los arts. Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil (con especial atención a la reparación del daño). sentencia de noviembre 6 del mismo año. Tomo segundo. ya que para exonerarse de responsabilidad el Estado debía probar un elemento extraño que rompiera el nexo de causalidad.. ya que en otras ocasiones se dijo que la falla del servicio no se presume sino que debe demostrarse (Sección Tercera. Págs. En la Sección Tercera del Consejo de Estado. tal posición no se logró consolidar en forma definitiva. Pg. pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice. 2852 (252). sin embargo. . 259.
El imperio retórico: Retórica y argumentación. No. sentencia del 7 de octubre de 1976). numero 1151. 6691. Madrid.. 47 y 48. expediente No. el régimen de presunción de falla del servicio en relación con las siguientes actividades: a) Daños causados a personas sometidas a la prestación del servicio militar obligatorio: sentencia del 3 de marzo de 1989. sentencia del 25 de octubre de 1991... 3 2.A.Julio . “al lado de los hechos y verdades a veces partimos de presunciones.Volumen IX. C. el cual en el art. 261 a 268 de la ley 167 de 1941. sentencia del 24 de octubre de 1975. expediente No. en algunas ocasiones habló de presunción de culpa frente a la actividad peligrosa de conducción de vehículos automotores (Sección Tercera. Colombia .Diciembre 2006. Vol.2. toda vez que no se le confieren efectos exonerativos a la prueba de la ausencia de culpa o falla del servicio. mediante sentencia del 20 de junio de 1955 Gaceta judicial. 42. 5902 y 30 de julio de 1992. 6897.1. Esta inversión de la carga de la prueba parte también en la comunidad europea de la idea de que el profesional dispone de conocimientos técnicos. En el mismo sentido el proyecto de ley relativo a la responsabilidad médica y a la asistencia a las víctimas de un accidente terapéutico presentado por el me-
Bogotá D. expediente. Daños derivados de la prestación de servicios médicos y hospitalarios: sentencias del 24 de octubre de 1990. 5290.
Daños causados con armas de fuego: sentencia del 31 de julio de 1989. de las informaciones y de los documentos necesarios que le permiten aportar más fácilmente la prueba de su ausencia de culpa. . 77 . 18. para conocer de todos los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado4. Tales Asuntos sólo volvieron a ser de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. Cfr. se trataría ya en este caso de una tentativa por invertir una presunción que favorece la tesis del adversario. 1631) o la utilización de armas de fuego (Sección Tercera. 1997. Daños causados con vehículos automotores: sentencia del 19 de diciembre de 1989. D. Debe aclararse que los procesos de responsabilidad por ocupación permanente de la propiedad fueron de conocimiento de la jurisdicción ordinaria. 121.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
que se presume es la responsabilidad. Grupo Editorial Norma. expediente No. suministran bases suficientes para forjar una convicción razonable. EJEA.110
. exp. expediente No. 86 se refirió expresamente a ellos como una modalidad de la acción de reparación directa.No. expediente No. Santa Fe de Bogotá. pues como lo señala el profesor Perelman.
Se trata de presunciones de hombre o judiciales. Esa misma regla debe resultar aplicable a las presunciones judiciales o de hombre. Ricardo De ÁNGEL YAGÛES. En el apartado 2 de la proposición de Directiva de la Comisión de las Comunidades Europeas del 9 de noviembre de 1990 sobre la responsabilidad del prestador de servicios se dispone que la “carga de la prueba de la falta de culpa incumbe al prestador de servicios”. 1. No. con la expedición del decreto ley 01 de 1984. expediente No. 4484. delictual y contractual. 6465). p. sentencia del 28 de abril de 1989.
MAZEAUD TUNC.C. expediente No. Muertes y lesiones de personas detenidas en las cárceles: sentencia del 5 de marzo de 1991. 3852. El artículo 178 del Código de Procedimiento Civil establece que el hecho legalmente presumido se tendrá por cierto. Buenos Aires. 1962. Ed Civitas S. Es este el efecto más inmediato de una presunción: ella impone la carga de la prueba a quien quiere oponerse a su aplicación”5. 1246). Si bien el Consejo de Estado al asumir la competencia plena por efecto del Decreto Ley 528 de 1964. 1995 pag. que aunque no se presentan seguras como aquellos.
consagra en forma más técnica la noción de la falla presunta. es decir se presume uno de los tres supuestos de esa responsabilidad (los otros. sostuvo que el trastorno súbito y grave de la salud del conductor no se considera fuerza mayor y por consiguiente. El régimen así denominado tenía. la nueva jurisprudencia. Y aunque esta especie del género falla del servicio se asemeja en cierta forma a la noción que se ha venido aplicando como tal con esa misma denominación (en los eventos de lesiones o muertes causadas por armas de dotación oficial o por vehículos automotores o líneas de conducción de energía). No.D. generalmente previstas en la ley. salvo en contadas excepciones. En otros términos. porque entre una y otra existen matices diferenciales así: Mientras en el evento de la responsabilidad por falla del servicio médico oficial se presume dicha falla. L. la fuerza mayor. etc. Posteriormente. 1994. 6754) precisó que mientras en relación con estas actividades por su carácter peligroso se presumía la responsabilidad y por lo tanto. la culpa exclusiva de la víctima o el hecho del tercero.) no cabe hablar de “presunción de responsabilidad”. La notion de reparation de domages en droti administratif français. 447. ya no juega la falla o la conducta irregular de la administración. independientemente de toda la noción de falta”. lo cual implicaba que lo que se presumía era la falla del servicio y no la responsabilidad. con la única diferencia de que el actor no tendrá que demostrar la conducta omisiva o irregular de la administración porque ésta se presume. En otras palabras. produciéndose así más que una presunción de falta una responsabilidad. No.No. la jurisprudencia inicialmente sostuvo que la administración se exoneraba de responsabilidad frente a la prueba de ausencia de falla. por considerar que “hoy es indispensable introducir un principio de responsabilidad objetiva que repose sobre la idea de que el daño resultante de las prestaciones de los servicios defectuosos es un riesgo de la entidad que debe ser equitativamente cubierto. 77 .
Bogotá D.” En decisiones posteriores. Y por eso mismo se entiende que en estos casos no se puede exonerar la administración demostrando la diligencia y cuidado. para exculparse.ISSN 0121-182X. Es claro que. A la demandada solo. no exonera la prueba de la ausencia de falla6 . 10024). le correspondería la carga de la prueba de los hechos objetivos que permitieran romper el nexo
Cont. en cuanto lo que se presume es dicha falla. ni la probada ni la presunta. cuando se habla de falla presunta se entiende que la responsabilidad sigue organizada sobre la noción de falla o falta del servicio como en el evento de la falla del servicio ordinaria. Colombia .Julio . todas las características del régimen objetivo de responsabilidad. Marcel SOUSSE. 18. en cuanto no es de origen externo.N). que actuó dentro de los cánones de la mayor eficacia posible sin culpa. Pg. . estos eventos encuentran ahora en el derecho colombiano respaldo inequívoco en el artículo 90 de la Constitución.RICARDO HOYOS DUQUE
En los casos de armas de fuego y vehículos automotores. Esta distinción permite entender que en los casos de falla presunta dicha presunción. . son el daño y la relación de
causalidad). Cfr. es decir. La sección tercera en sentencia del 16 de junio de 1997 (Exp. pag. sin duda.. Allí se dijo: “Como se observa. en relación con la conducción de vehículos automotores. le incumbe a la demandada demostrar. la sección tercera en la sentencia del 24 de agosto de 1992 (Exp.Volumen IX.Diciembre 2006. ha precisado que en relación con las actividades peligrosas (armas. como se sabe. Paris. nota 5 diador francés JEAN LEGATTE. siempre se requiere la demostración del daño.G. en el que si bien no tiene ninguna injerencia la calificación subjetiva de la conducta – por lo cual no se requiere probar la falla del servicio ni se acepta al demandado como prueba para exonerarse la demostración de que su actuación fue diligente -. bajo este régimen. “en la medida en que sugiere la presunción de todos los elementos que permiten configurar la obligación de indemnizar. En cambio. la demostración de la misma sí exonera. en las que no juega ya la noción de la falla. los demás elementos de la responsabilidad permanecen y deben ser acreditados por la parte demandante. en el evento de los daños producidos por las cosas o actividades peligrosas. en relación con los daños derivados de la prestación de los servicios médicos asistenciales. . sino sólo el daño antijurídico (artículo 90 de la C. vehículos. la Sección Tercera del Consejo de Estado. por admitir prueba en contrario.110
. no exime de responsabilidad. que implica un trascendental avance en este campo.J. permite a la parte que se le atribuye el daño demostrar la diligencia y cuidado en su actuación. cuando se habla de la responsabilidad por los daños producidos por las cosas o actividades peligrosas. C. estima la Sala que debe hacer algunas precisiones. también exclusivo y determinante. además del hecho y la relación de causalidad existente entre el uno y el otro.
La técnica de la presunción en materia de responsabilidad no corrió con buena suerte en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. C. Puede decirse. . Exp. por el contrario. los que deben responder por el hecho de sus discípulos mientras están bajo su cuidado ( art. Esa publicitación puede lograrse porque los sometidos a conscripción o reclutamiento. sino que. respecto de la sentencia dictada por una de las secciones en la que sin la previa autorización de la Sala Plena. Sección Tercera. debe dejar el servicio en condiciones similares. la Sala en este fallo reitera su posición jurisprudencial en el sentido que para imputarle al Estado un daño antijurídico proveniente del uso de estos u otros elementos que por su propia naturaleza o funcionamiento representen un peligro para la comunidad. publicita un principio del derecho privado liberándolo de la nota de responsabilidad indirecta que se le asigna en éste y que no puede darse. frente a las demás personas y para la seguridad y tranquilidad de éstas. Actor: María Consuelo Enciso Jurado y otros.Julio . ellos estaban bajo la guarda de la entidad demandada o que el agente que los utilizó para cometer el hecho estaba en horas del servicio” 8. están gravados con una carga excepcional que impone que los perjuicios anormales que sufran les sean resarcidos por la comunidad que se beneficia del servicio que prestan. al momento del insuceso. En relación con los daños antijurídicos causados con armas. S. que la interpretación racional de los hechos permite hacer un enfoque diferente para concluir que sí se comprometió la responsabilidad de la nación por la presunción de responsabilidad que se le puede imputar a ésta por el hecho de los conscriptos sometidos a instrucción militar.C) en actividad que se cumple evidentemente con menos riesgos. sin embargo.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
de causalidad. demandado: Nación .Volumen IX. Si no sucede tal cosa y muere o sufre daños por fuera de los riesgos normales propios de la instrucción militar. en principio. En la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.108) por considerarla violatoria de la jurisprudencia de la Sala Plena9. 216 inciso 2 Constitución Política) fue sustentado por la Sección Tercera en la sentencia del 28 de abril de 1989 (Exp. No. si bien entre ellos están sometidos a una carga igual. se acogió doctrina contraria a una jurisprudencia. municiones de guerra y explosivos de dotación oficial en ejercicio del servicio público.
Si se da en el campo del derecho privado igual presunción en contra de los directores de escuelas y colegios. como sucedió aquí el patrimonio estatal deberá responder por tal resarcimiento” Tal decisión. Actor: Luis Yela Samboni y Otros. 18. debe encontrarse probado que ellos son de dotación oficial. únicos con vocación para exonerarlo de responsabilidad7. 10922.3. 2. actividad de especial peligrosidad. siempre y cuando aparezca probado dentro del proceso que. al fundamentar la responsabilidad del Estado “en los principios consagrados en los arts. se presumirá que lo son. sino por la manipulación de equipos y armas de extraordinario riesgo. 77 . Sin embargo.1. 3852) en los siguientes términos: “ Si bien es cierto el enfoque de la demanda sus pruebas no permiten la prosperidad de la misma. fue revocada por la Sala Plena mediante sentencia del 20 de noviembre de 1991 (Exp. Colombia . con apoyo en el principio iura novit curia. no solo por los peligros que ella implica para los que la reciben. .
La Ley 11 de 1975 creó el recurso extraordinario de súplica ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Pg. . en definitiva. que cuando una persona ingresa al servicio militar en buenas condiciones de salud. Con esto la Sala no privatiza la responsabilidad del Estado. Sentencia de Septiembre 16 de 1999. que son de carácter privatista pues como que
CONSEJO DE ESTADO.Diciembre 2006. Tal recurso fue modificado en cuanto a los motivos que puede alegarse –violación directa de normas sustanciales– por la Ley 446 de 1998 (artículos 38 y 57). 2347 y 2356 del Código Civil.110
Bogotá D.No. En efecto. la tesis de la presunción de la responsabilidad en relación con los daños sufridos por quienes se encuentran sometidos a la prestación del servicio militar obligatorio (art.Ejército Nacional. con riesgos tan graves que no permiten siquiera comparación con aquella. 15 de marzo de 2001. en el campo de la responsabilidad administrativa donde no cabe hablar de la responsabilidad por el hecho ajeno de otro. 2347 del C.ISSN 0121-182X. entonces.Ministerio de Defensa Nacional . no se ve razón alguna para que no pueda aplicarse igual regla a una actividad como la que se cumple durante la instrucción militar. la Sala considera.
Dalloz. acogiendo la responsabilidad directa”10. Curiosamente también en este caso la votación fue de once votos a favor y siete en contra. podrá fundamentar la responsabilidad del Estado en casos diferentes al que ahora ocupa la atención de la Sala. en cuanto hace derivar la falla presunta del concepto de actividad peligrosa o elemento peligroso de las armas de dotación oficial. cuyos planteamientos básicos. 2356 del C. principios y teorías propias del derecho público. nociones que de tiempo atrás la jurisprudencia contencioso administrativa ha desechado. por lo anterior puede afirmarse que la concepción de la falla presunta se deriva de un enfoque jus privatista de la responsabilidad extracontractual que es claramente contrario a lo sostenido por la Sala Plena Contenciosa en esta materia”. propio del derecho civil cuando la jurisprudencia imperante de acuerdo
con las sentencias transcritas fundamenta la responsabilidad del Estado en normas. Lo discutible de esta decisión de la Sala Plena es que se trataba de la muerte de un soldado a manos de otro soldado en una Base Militar y con arma oficial. con precisión de conceptos ya adoptados por la Sección Tercera de la Corporación. No es exacto que se afirme que la responsabilidad por actividades peligrosas.. sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado” (se subraya). Para Louis de GASTINES. en la terminología del derecho anglosajón) en materia de presunción de falla del servicio en relación con los daños causados por la utilización de armas de fuego por los agentes del Estado. esto es. lo que no se puede desligar del concepto de responsabilidad por culpa in vigilando. por el contrario.No.. Pg.RICARDO HOYOS DUQUE
(sic) consagran la responsabilidad indirecta por el hecho ajeno y por las (sic) actividades peligrosas. aunque su uso no sea una garantía de certeza absoluta) cfr. 5980): Nexo temporal: el perjuicio ocurrió en horas del servicio Nexo espacial: el perjuicio ocurrió en el lugar del servicio Nexo instrumental: el perjuicio se causó con un instrumento del servicio.. P.. No obstante que en la sentencia de la Sala Plena se admite la aplicación del principio iura novit curia en los procesos de reparación directa.
Michel PAILLET señala que el juez administrativo es “ el maestro de la administración de la prueba” pero que en ocasiones esa función va más allá “ cuando fabrica verdaderas reglas de prueba sobre la forma de presunciones de falta”. es decir. No. 1996. cuando señala que: “ toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño. cuando el perjudicado la invoque como sustento de su pretensión de indemnización o en aquellos eventos en los cuales. de la comparación de la providencia recurrida con las sentencias invocadas en la sustentación del recurso se concluye que la Sección Tercera modificó la jurisprudencia adoptada por la Sala Plena Contenciosa de la Corporación.Julio .. por darse los elementos y condiciones que de acuerdo con la ley permitan presumir su responsabilidad”12.
El recurso fue interpuesto por la Fiscal (hoy Procuradora) Delegada ante la Sección. 18. a la que se refiere el art. que en el hecho concurrían tres nexos perceptibles con el servicio.ISSN 0121-182X. S – 123)11. Paris.C. por cuanto esta sirve de fundamento a la responsabilidad por el hecho ajeno. “La exteriorización del juego de la presunción de falta opera por lo general en las decisiones del juez administrativo a través de la utilización del verbo revelar (tal hecho revela la existencia de una falta).Diciembre 2006. 2347 del C. que la jurisprudencia civil ha derivado del art. está ligada a la culpa in vigilando.
Bogotá D. también se dijo: “la teoría de la falla presunta. los fundamentos del derecho invocados por el demandante”. de acuerdo con los hechos o causa petendi de la demanda sea posible su aplicación. También la sentencia del 31 de julio de 1989. C.110
. se hicieron en la sentencia recurrida. El Consejo de Estado Francés prácticamente jamás utiliza la expresión “presunción de falta”. fue revocada por la Sala Plena en sentencia del 14 de febrero de 1995 (Exp. que constituye la sentencia de principio (stare decisis. La decisión fue aprobada por once votos a favor y siete en contra. La resposabilité administrative. atendiendo a los criterios propuestos por la sentencia de la Sección Tercera del 17 de julio de 1990 (Exp. a pesar de que la composición del Consejo de Estado había variado. Colombia . .103. 77 .. Allí se dijo: “. .C. que “el juez debe interpretar. .Volumen IX. precisar el derecho aplicable y si es del caso modificar de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda.
ISSN 0121-182X. por fuera del servicio. en el fallo Lemonnier del 26 de junio de 1918. . “la falta se separará quizás del servicio. Instituto de Derecho Público.Volumen IX. Si bien en la providencia de las Sección Tercera no se invocó para nada el art.802) se dijo por la sección que “en los casos de maternidad.Diciembre 2006. pero el servicio no se separará de la falta”. En su salvamento de voto. uno de los consejeros disidentes sintetizó en forma certera esa falla del servicio: “. Cfr. el cual ha servido de fundamento normativo para estructurar la presunción de responsabilidad por actividades peligrosas como la conducción de vehículos automotores en la jurisprudencia civil. que utiliza el procedimiento lógico de la presunción – inducción.
Bogotá D. En sentencia del 19 de febrero de 1998 (Exp. ¿No se tratará de una frontera artificial entre el derecho público y el derecho privado. que este ha de culminar satisfactoriamente. como una manera de ejercer un control eficaz en relación con la indebida utilización de las armas por los agentes. sobre las Fuerzas Armadas pesa una obligación de extrema prudencia y diligencia en relación con el porte y uso de armas.. una falta de diligencia y cuidado en el cumplimiento de sus funciones. Pg. que se traduce en unas exigencias mínimas. nota 12 “el término presunción de falta” es completamente impropio para designar la presunción de hecho que el juez administrativo aplica para establecer en ciertos casos. acudiendo a la lógica de lo razonable. 18. a partir de las conclusiones del comisario de gobierno León BLUM. Los hechos hablaban por sí solos (Res ipsa loquitar). al menos los más frecuentes” TEISSIER (1906) citado por Jean Marie BECET en La Responsabilité de la Puissance Publique. pone en evidencia una grave omisión del funcionario de la policía encargado del armerillo.. había señalado que cuando la falta personal no haya podido ser cometida por el agente sino por medio de instrumentos o de poderes puestos a su disposición por el servicio. Colombia . “Son naturalmente todos los servicios de la defensa nacional. Caracas. causante del daño a que se contrae este proceso portara el arma estando en vacaciones. los que en razón de su potente organización y de los medios excepcionales de que disponen. p. Les présomptions en droit administratif. RIVERO. habría conducido a declarar la responsabilidad del Estado: un agente de la Policía maliciosamente no entrega una de las dos armas que le fueron asignadas para la prestación del servicio. y no había devuelto éste al salir a gozar del citado beneficio laboral. o de la guarda de la misma. El régimen de la presunción de hecho es el mismo en derecho administrativo que en derecho privado”.G. París. 77 . a pesar de lo cual obtiene el salvoconducto que el reglamento exige para disfrutar de sus vacaciones. . 319.. qué personal las tiene a su cargo y que solamente pueden portarlas por razones y durante la prestación del servicio. 63
Tal omisión debió aparejar la responsabilidad de la Nación y la consiguiente indemnización de perjuicios a favor del actor”13.110
. y que es al médico a quien le incumbe demostrar que los eventuales riesgos que puede comportar la atención de la parturienta pueden exonerarlo en el caso concreto de la responsabilidad que se le endilga”. como lo pusieron de presente los Consejeros que salvaron su voto y manejado con la teoría de la falla probada. . simplemente porque se trata de una norma incorporada en el Código Civil. L.. que ya es hora de derrumbar para darle plena aplicación a unos principios generales y comunes de carácter universal? Cabe anotar que la Sección Tercera ha persistido en su posición sobre la presunción de falla en materia de servicios médicos asistenciales15.G.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
El caso que se debatía en aquella oportunidad no ofrecía mayores dudas.No. L. p. 8. carece de toda lógica que por el simple prurito de mantener la pretendida autonomía del derecho administrativo en relación con el derecho privado. La presunción de hecho es un acto material del juez. el juez administrativo deba ignorar ese precepto legal que justamente enuncia como una actividad de esa naturaleza la utilización de armas de fuego14. Cuando se encontraba disfrutando de sus vacaciones. los que causan a los particulares los daños sino los más considerables. las faltas de los agentes.Julio . 2356 del Código Civil. y de responsabili-
Ya el Consejo de Estado francés. en principio ha de suponerse según las normas generales de la experiencia. Derecho Administrativo.. esto es.. lesiona con el arma de dotación oficial que sustrajo subrepticiamente a un ciudadano. Paris.J.J. 1969. 11. P. Facultad de ciencias jurídicas y políticas. como son: el inventario de ellas. 1991.D.D.. C. Universidad Central de Venezuela.. al no tener presente que dicho agente tenía a su cargo no solo la escopeta sino el revólver de marras. Aquí la falla del servicio salta a la vista y se desprende de la simple enunciación de los supuestos fácticos del caso.No.
Cont. 1984. El hecho claro y debidamente probado que (sic) el agente de policía.
No parece.820) se dijo: “en conclusión.A) y al no existir un régimen legal positivo que regule de manera precisa y detallada el tema de la responsabilidad del Estado. que utilizaba el concepto de lesión. toda vez que éste solo procede por violación directa de normas sustanciales (art. por no decir prácticamente prohibitivos. los daños provenientes de las redes eléctricas. dicho concepto. La responsabilidad Civil de la administración Pública. que los resultados de la actividad administrativa que llevan consigo una inevitable secuela de daños residuales y una constante creación de riesgos. Finalmente se llega hasta el concepto del daño antijurídico como fundamento constitucional de la responsabilidad del Estado. en cambio. Pg.ISSN 0121-182X. perjudicando el interés general no puede proteger intereses de la administración insolidarios con aquél”. es el centro de gravedad alrededor del cual gira toda la institución de la responsabilidad estatal. los cuales tienen relevancia jurídica al momento de definir la responsabilidad personal del funcionario. reviertan al azar sobre el patrimonio particular en verdaderas injusticias amparadas por un verdadero privilegio de exoneración. consistentes en radicar el fundamento de esa responsabilidad en el daño antijurídico y en su imputabilidad al órgano estatal. conducción de vehículos y redes de energía16 . Idénticas motivaciones llevaron a los constituyentes a adoptar las fórmulas del daño antijurídico para recoger en ella las diversas modalidades de responsabilidad del Estado y desligarla de la conducta individual del agente o de criterios subjetivos de imputación del daño como el dolo y la culpa.2 de la Constitución Española..
como lo hace el artículo 106. Madrid. incorpora los más modernos criterios sobre la materia. Los límites técnicos dentro de los cuales se desenvuelve entre nosotros la responsabilidad por daños de la administración resultan tan angostos. Citado por Jesús LEGUINA VILLA. C. como una manera de aparentar su pretendida autonomía. . nota 17 más grandes deficiencias de nuestro régimen jurídico administrativo cual es la ausencia de una pauta legal idónea que permita hacer efectiva la responsabilidad por daños causados por la administración bajo el imperio de criterios jurídico administrativos que habían caducado ya cuando fueron adoptados por nuestro ordenamiento. de conformidad con la fórmula adoptada por el artículo 90 de la Constitución Política de 1991. 18. Colombia .110
. 1983.Volumen IX. . del hecho de un tercero o de culpa exclusiva de la víctima (causa extraña)”. 2ª ed.165. ésta ha sido construida en forma pretoriana por el Consejo de Estado. conviene señalar que el régimen que se propone en materia de responsabilidad patrimonial del Estado no se limita a su mera consagración expresa a nivel constitucional. Se ha estimado que ésta es una ocasión ideal para abrir al menos una brecha en la rígida base legal que.194 C. Esta fórmula fue elaborada por la doctrina española.Diciembre 2006. en particular por el profesor Eduardo García de Enterría desde 1954. 77 . interpuestos antes de su derogatoria por la Ley 446 de 1998. .RICARDO HOYOS DUQUE
dad objetiva en relación con aquellas actividades que comportan riesgo o peligro como la utilización de armas de fuego. en sentencia del 10 de septiembre de 1988 (Exp. Así se dejó consignado expresamente en las diferentes ponencias presentadas en la Asamblea Nacional Constituyente en relación con el artículo 90 de la Constitución política. No. en cuyo caso la responsabilidad es objetiva y el Estado solo se exonera o se libera por medio de la prueba de una fuerza mayor. que el asunto llegue a conocerse por razón del nuevo recurso extraordinario de súplica.C. Sin embargo.Julio . De esta manera se resuelve el problema que hoy ya plantea la evidente insufi-
Cont. En la ponencia que se presentó para primer debate a la plenaria de la asamblea se dijo: “Por otra parte. Es posible que el asunto pudiera ser llevado nuevamente a conocimiento de la Sala Plena en razón de los recursos extraordinarios de súplica por violación de jurisprudencia.No. Tecnos. sino que. En la exposición de motivos de aquella ley se dijo que debía aprovecharse la oportunidad “y que no debiera malograrse de poner remedio a una de las
Bogotá D. p. Ed.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido renuente a utilizar el concepto de actividad peligrosa para hablar más bien de riesgo en relación con estas actividades. así como del uso de armas de fuego o la conducción de vehículos automotores son conceptos que no presentan diferencia alguna pues se trata de la creación de un riesgo excepcional por el ejercicio de actividades peligrosas. además. 10. a propósito de la ley de expropiación forzosa17.
Exp. no al autor material del daño sino a la víctima que lo ha soportado20.110
. Esta figura tal como está consagrada en la norma propuesta comprende las teorías desarrolladas por el Consejo de
Estado. 50 de la ley 80 de 1993. la responsabilidad de los funcionarios. como la extracontractual”21. en cuanto a “consagración de un principio constitucional constitutivo (sic) de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado. “En otras palabras. y el otro por la ley. Pg.112. sino que es necesario además que pueda atribuírsele al órgano o al Estado el deber jurídico de indemnizarlo. págs. . reparar la lesión que sufre la víctima de un daño causado por su gestión.No. 56. constituye un verdadero “giro copernicano”. se trata de resaltar la circunstancia de que para que proceda la responsabilidad en cuestión. es el único fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado en materia contrac-
Gaceta Constitucional No. sentencia del 8 de mayo de 1995.3 de julio de 1991. Sección Tercera de Consejo de Estado. En palabras del profesor español Jesús LEGUINA VILLA. 8118.
Ibidem. En cambio. siempre y cuando se entienda que ella no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Carta al ámbito contractual. .ISSN 0121-182X. tanto de la naturaleza contractual. No. abril 22 de 1991.
Bogotá D. A pesar de algunas vacilaciones iniciales. no basta con la mera relación de causalidad entre el daño y la acción de una autoridad pública. se desplaza el soporte de la responsabilidad administrativa del concepto subjetivo de la antijuricidad de la acción del Estado al concepto objetivo de la antijuricidad del daño producido por ella. recibieron una expresión constitucional firme en el artículo 90. concluyó que los criterios lentamente construidos por la jurisprudencia en materia de responsabilidad del Estado. porque ella no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo. daño especial o riesgo”19. 121. que es el presupuesto de la responsabilidad entre particulares. al declarar la exequibilidad condicionada del art. p.para referirse a las consecuencias epistemológicas que se derivan de enfocar el problema del conocimiento a partir del sujeto y hacia el objeto. Similar a la expresión utilizada por KANT – salto copernicano. finalmente la jurisprudencia del Consejo de Estado. hechos y omisiones antijurídicos que le sean imputables y que les causen perjuicio a sus contratistas.Volumen IX. se basa en la posición jurídica de la víctima y no sobre la conducta del actor del daño. sobre la responsabilidad extracontractual por falla o falta del servicio. 18. para significar que ésta debe replantearse a fin de considerar como sujeto básico de ella. Ob. “Por lo que hace a la imputabilidad. Estos criterios fueron acogidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-333 del 1 de agosto de 1993. tales como el de la ‘responsabilidad por daño especial’”. La expresión. parte de la base de que el Estado es el guardián de los derechos y garantías sociales y que debe. La noción de daño en este caso.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
ciencia de la llamada ‘falla del servicio público’. La Corte consideró que: “La expresión acusada no vulnera la Constitución.15. abstenciones. se elevan a la categoría constitucional dos conceptos ya incorporados en nuestro orden jurídico: El uno. cit. Colombia . La determinación de las condiciones necesarias para el efecto. en cuanto señala que las Entidades Públicas responderán por las actuaciones. No.Julio . pág. por la doctrina y la jurisprudencia.Diciembre 2006. . Esta antijuricidad habrá de predicarse cuando se cause un detrimento patrimonial que carezca de título jurídico válido y que exceda el conjunto de las cargas que normalmente debe soportar el individuo en su vida social”. contrariamente a lo sostenido en aquella época y que vino a significar toda una revolución en la filosofía. 7 y 8. En la ponencia para el segundo debate sobre este mismo punto se afirmó: “En materia de responsabilidad patrimonial del Estado. la disposición impugnada puede generar situaciones inconstitucionales si se concluye que el artículo 50 de la ley 80 de 1993. quedará naturalmente en manos de la ley y la jurisprudencia”18. esta manera de plantear el problema de la responsabilidad del Estado. dentro del cual no caben todas las actuales formas y casos de responsabilidad patrimonial. por lo tanto. pues. 77 . es decir. C. La responsabilidad se deriva del efecto de la acción administrativa y no de la actuación del agente de la administración causante material del daño. cual es el de la responsabilidad del Estado por los daños que le sean imputables. describe en forma diciente la transformación ocurrida con la nueva teoría.
C. por esa misma jurisdicción. nota 22 responder por los daños antijurídicos que sufran los habitantes de Colombia cuando resultan causados por el hecho imputable de haber concedido la inmunidad jurisdiccional correspondiente (art. por cuanto ello implicaría una ilegítima restricción del alcance del artículo 90 que como se ha visto.
3. sostuvo. pues precisará que el artículo 50 de la ley 80 de 1993 no constituye el fundamento único de la responsabilidad patrimonial del Estado en el campo contractual. La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos que nace de las partes con la ayuda de un tercero. sobre agentes diplomáticos (Ley 6 de 1972) 22 . en su artículo 64 “La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias. ello no excluye ni podría excluir la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la administración de justicia”. las controversias del Estado se solucionaran por regla general en el estadio de la conciliación y que la solución judicial de las mismas fuera residual para aquellos conflictos en los cuales definitivamente no se puede llegar a un acuerdo.002). Se trata de un mecanismo de autocomposición. LA CONCILIACIÓN COMO FÓRMULA PARA REDUCIR LAS SUMAS A PAGAR 3. Pg. Debe advertirse que la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996. Lo anterior demuestra que en este punto aún subsisten algunas confusiones derivadas del concepto tradicional de la falla del servicio como criterio de imputación principal de responsabilidad al Estado por los daños derivados de sus acciones u omisiones. por lo cual el artículo 90 de la Constitución es directamente aplicable en este campo”. La meta deseable sería que. que si bien tal precepto “hacía alusión a la responsabilidad del Estado – a través de sus agentes judiciales.
Cont. IJ – 001 e IJ .1. 4284) había señalado que: “En últimas el Estado Colombiano otorga la garantía de
Bogotá D. Por ello la Corte declarará la citada expresión exequible. LA CONCILIACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA La conciliación contencioso administrativa se introdujo en nuestro sistema jurídico en 1991 con la ley 23. no obstante. al examinar el artículo 65 del proyecto de lo que hoy es la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (ley 270 de 1996). sin embargo.por falla en el servicio. en una doble modalidad que hasta hoy subsiste: 1) la conciliación prejudicial ante los procuradores que actúan en la jurisdicción contencioso administrativa. Así lo define la Ley 446 de 1998. y 2) la conciliación judicial que opera ante el juez del conocimiento frente a procesos ya iniciados pero no concluidos. ha permitido que la jurisprudencia del Consejo de Estado. el cual señala que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción u omisión de sus agentes judiciales.Julio .Volumen IX. . la Sala Plena declaró la responsabilidad del Estado Colombiano por los daños ocasionados por agentes diplomáticos extranjeros. Los resultados de la conciliación son tangibles y su crecimiento sostenido la coloca hoy como el instrumento de mayor eficacia para disminuir la congestión judicial.ISSN 0121-182X.Diciembre 2006. que la consagración del daño antijurídico como fundamento constitucional de la responsabilidad estatal. en un futuro próximo. pero de manera condicionada. (art. con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador”. 72 de la ley 446 de 1998). consagra una cláusula general de responsabilidad que engloba los distintos regímenes de la materia. 18. inciso 1 de la Carta)”. como consecuencia de la inmunidad que contempla la comisión de Viena.
También la Sala de Casación Civil en auto del 8 de marzo de 1993. Colombia .RICARDO HOYOS DUQUE
tual. . 90. que permite la solución del conflicto sin necesidad de proceso. el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo. a pesar de que no se definió con la claridad que sería deseable el título de imputación jurídica.No. (Exp. en sentencias del 25 de agosto y septiembre 8 de 1988 (Exp.. . No. la declare en eventos que antes parecían insospechados. sujeta a un control de legalidad. Así. en forma contradictoria.110
. 77 . en razón de la imposibilidad jurídica en que se hallaba la víctima de tales daños para perseguir su resarcimiento ante la justicia ordinaria. No puede desconocerse.
ción en los organismos de derecho público del orden nacional. fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo. prácticamente obligatoria23. Las Entidades de Derecho Público de los demás ordenes tendrán la misma facultad”. C. así: Artículo 65B. 77 .ISSN 0121-182X. procedimentales y de control vigentes.Julio .Volumen IX. análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. “Por el cual se establecen funciones para los comités de conciliación de que trata el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y se dictan otras disposiciones”. determinar la procedencia o
3. Este condicionamiento desnaturaliza la conciliación y resulta incompatible con las normas superiores que la regulan: no se puede iniciar una conciliación porque no existe certificado de disponibilidad y éste no podrá ser expedido porque previamente no se ha presupuestado la obligación respectiva para permitir su pago. Tal disposición.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
El artículo 23 del decreto 0568 de 1996 pretendió imponer la obligación de un certificado previo de disponibilidad presupuestal como condición para la iniciación de una conciliación. Las Entidades y organismos de Derecho Público del órden Nacional. fue suspendida y posteriormente anulada por la Sección Tercera del Consejo de Estado. por considerar que violaba las disposiciones de carácter legal que consagran la conciliación. . significa sacrificar los fines señalados y someter el trámite de los procesos judiciales a un requisito meramente fiscal que la Ley Orgánica del Presupuesto no contempla ni puede consagrar. tales como la transacción y la conciliación. . se le otorga poder de decisión para definir los casos en los que procede la conciliación o cualquier otro medio alterno de solución de conflictos. Dentro de las funciones asignadas están las de formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico. señaló que las entidades que tuvieran comités de conciliación creados con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. Allí se establece que el comité de conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio.2. sujetar la iniciación de la conciliación a la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal previo. Departamental. sino que ha sido impuesta por la ley como mecanismo de descongestión judicial. distrital y de los municipios capital de departamento y los entes descentralizados del mismo nivel. La Ley 23 de 1991 tendrá un nuevo artículo. Es así como el Ministerio de Defensa Nacional mediante la resolución 0907 del 4 de julio de 2001. 18. conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen y cumplirá las funciones que se le señalen.110
. COMITÉS DE CONCILIACIÓN EN EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y POLICÍA NACIONAL La Ley 23 de 1991 (artículo 75) estableció con carácter obligatorio. diseñar las políticas generales que orientan la defensa de los intereses de la entidad. Colombia . Comité de Conciliación.No. tenían que adecuarlo a los nuevos lineamientos señalados en el mismo. con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas. asignándole funciones. radicación: 4014 (4015-4068)
Bogotá D.Diciembre 2006. Pg. sin embargo. Si el fin de la conciliación es la reconciliación entre los contendientes dentro de un proceso como aplicación práctica del propósito de fortalecimiento del valor convivencia y agilizar la administración de justicia dotándola de un mecanismo expedito de solución de conflictos. adecuó el comité de conciliación y defensa judicial de la entidad. . departamental. A su vez el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 señaló: “Artículo 75. El Decreto 1214 del 29 de junio de 2000. actor: Juan Carlos Henao y otros. la creación de comités de concilia-
Sentencia del 15 de mayo de 1997. deberán integrar un Comité de Conciliación. Distrital y de los Municipios Capital de Departamento y los Entes Descentralizados de estos mismos niveles. por las siguientes razones: a) La iniciación de la celebración de la conciliación no sólo obedece a la voluntad de las partes.
Consejero Ponente: ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ.ISSN 0121-182X. Teniendo en cuenta que el Decreto 1214 de 2000. hecho que al ser aceptado. Las cantidades líquidas reconocidas en el acuerdo conciliatorio devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes al plazo acordado para su pago y moratorios después de este último”. el desgaste jurídico de las partes y el beneficio que aporta para la entidad.RICARDO HOYOS DUQUE
improcedencia de la conciliación y señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación. como de cualquier acuerdo. dos funcionarios de dirección o de confianza. Pg. con excepción de la del jefe de la entidad.. quien sí podrá delegarla. “En este orden de ideas.No. se tasaba en gramos de oro. como se indicó anteriormente.Diciembre 2006.Julio . El artículo 65 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
Bogotá D. y en razón de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en el contexto de una economía inflacionaria. es el cabal y exacto cumplimiento de los obligados en virtud del mismo. según la disponibilidad presupuestal de la entidad que concilia. le asigna funciones a los comités de conciliación. . 77 .Volumen IX. Demandado: NACIÓN . participación que es indelegable. C. Sin embargo. 13232 -15646.El acta de acuerdo conciliatorio y el auto aprobatorio debidamente ejecutoriado prestarán mérito ejecutivo y tendrán efectos de cosa juzgada. que los apoderados que acuden en representación de las mismas a las audiencias de conciliación en los procesos contencioso administrativos.Conclusión del procedimiento conciliatorio.110
. la administración pública está obligada por un acto suyo a pagar determinadas cantidades de dinero a los particulares con quienes concilia y éstos tiene derecho a recibirlos dentro de los términos pactados”. dado que de conformidad con las pautas jurisprudenciales señaladas hasta ese entonces. adoptó a partir del año 2002. es lógico que acuerden intereses durante dichos plazos. Sin embargo. es decir corrientes. el comité del Ministerio de Defensa Nacional. Actor: BELÉN GONZÁLEZ Y OTROS. Respecto de su conformación señala que estará integrado por el jefe de la entidad. Entre los fundamentos que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para proferir el fallo en mención. lo cual significa que el Estado debe reconocer intereses moratorios a partir de la fecha de ejecutoria de la conciliación. Colombia . Las partes pueden convenir plazos para que dentro de ellos tengan lugar las distintas prestaciones pactadas. . proponen a la contraparte un plazo para el pago de la obligación. vencidos los términos.. La Resolución 1248 del 13 de diciembre de 2002 adecuó la conformación del comité de conciliación de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1214 de 2000. 3. se destacan los siguientes: “Lo que se espera de este. no se hubiese pagado lo debido”. el jefe de la oficina jurídica o de la dependencia que tenga a su cargo la defensa de los intereses litigiosos de la entidad.los criterios para la conciliación en salarios mínimos mensuales. Es de anotar que los montos vigentes adoptados por el comité de conciliación para cada instancia procesal establecen una diferenciación dependiendo de factores tales como el avance del proceso. . 18. del artículo 177 de la Ley 446 de 1998. la Corte Constitucional en sentencia C188 del 24 de marzo de 1999 declaró inexequibles las expresiones “durante los seis (6) meses siguientes al plazo acordado para su pago” y “después de este último”.3 EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES FRENTE AL ACUERDO CONCILIATORIO
Artículo 65. del seis (6) de septiembre de dos mil uno (2001). proceso No. Para el caso de la presente investigación se verificó en las oficinas que manejan el tema en el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional. entre las que se encuentra la de señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación. y que asuman a plenitud el compromiso de pagar intereses de mora cuando. en armonía con la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado.MINISTERIO DE TRANSPORTE – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS . en especial cuando se trata de asuntos de contenido pecuniario. para que esté integrado por funcionarios del más alto nivel y exista representación de cada una de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. se considera – como lo señaló la Corte Constitucional – que parte del acuerdo debe ser dejando el plazo para el pago. el ordenador del gasto de la misma. significa que en el término pacta-
El artículo 72 de la Ley 446 de 1998 señaló: “Artículo 72.
C. Resulta pertinente señalar que a pesar de haberse intentado realizar la búsqueda de información a partir del año 1992. En la Policía Nacional fue necesario hacer el levantamiento de la información directamente del archivo general. En efecto. por gozar de dicho plazo. no puede ser conminada adicionalmente al pago de intereses moratorios25. El lapso objeto de estudio comprendió el período de 1998 a 2002.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
do se reconozcan intereses corrientes. los laudos arbitrales y las conciliaciones se presupuestarán en cada sección presupuestal [sic] a la que corresponda el negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se deriven de éstos”. (artículo 65 ley 179 de 1994). DATOS ESTADÍSTICOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y POLICÍA NACIONAL DURANTE LOS AÑOS 1998 A 2002 Para la elaboración del presente trabajo de investigación se tomaron datos estadísticos del total de las resoluciones que liquidan condenas y conciliaciones existentes en el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional. consideró que el plazo de treinta (30) días resulta razonable para que las entidades públicas adopten todas las medidas de carácter presupuestal y de otro orden para dar cumplimiento a las sentencias judiciales.110
.ISSN 0121-182X. los intereses en muchos casos llegan casi a equipararse al valor total del capital. en atención a que la entidad.
Bogotá D. la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto” en el artículo 45 dispuso que: “los créditos judicialmente reconocidos. en el caso del Ministerio de Defensa Nacional.Volumen IX. No obstante. intereses moratorios y capital pagado en los años anteriores. dentro de los 30 días contados desde su comunicación. Colombia . en razón a que en las dos entidades no se
encontraron datos completos relacionados con los motivos que originaron las condenas. La información estadística descrita en el anexo A de este trabajo fue obtenida.A. actor: Carlos José Bitar Casij. al interpretar el artículo 176 del C. 24 término durante el cual los intereses a reconocer deben ser comerciales.A.. Sección Segunda.…” El Consejo de Estado. . 18.C. 4. por concepto de demandas de reparación directa que tuvieron como origen el uso de las armas de fuego por parte de los miembros de la Fuerza Pública. los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia. el Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989. demandado: Instituto Colombiano de la reforma Agraria INCORA. como se verá en el próximo capítulo. . datos necesarios para realizar el diagnóstico del impacto anual en el presupuesto de las mismas con relación a lo pagado por condenas y conciliaciones originadas en el uso de las armas de fuego. no fue posible su consecución por cuanto los pagos hasta el año 1995 los realizaba el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en dicha entidad tampoco fue posible hallar estadísticas completas con la descripción de los ítems antes mencionados. pero debido a la demora en situar los dineros para pagar las indemnizaciones. Pg. de los archivos existentes en la Oficina Jurídica– Grupo Contencioso Constitucional– dependencia encargada de la liquidación y expedición de los actos administrativos de cumplimiento de estas providencias.Diciembre 2006.Julio . intereses comerciales. la resolución correspondiente en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento”. Auto de 1 de marzo de 2001. Esta información se encuentra discriminada en el referido anexo por año y por entidad y contiene lo siguiente:
El artículo 176 del C. dentro del mismo se pagarán intereses corrientes -.C. señala: “Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán. Una vez recopilada la información fue necesario incluirla en los cuadros que se adoptaron en forma unificada para reflejar todas las condenas y conciliaciones que se presentaron por el uso de armas de fuego durante el lapso objeto de estudio. . en esa sentencia la Corte también señaló que “…a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago – momento en el cual. donde reposan los actos administrativos contentivos del cumplimiento de las sentencias y conciliaciones realizadas durante ese período. Subsección A.No. 77 . lo cual logra rebajar por un tiempo el crecimiento de las sumas conciliadas por causa de los intereses moratorios.
Intereses moratorios. año en el que no se pudo obtener la información por cuanto no se discriminó la causa que originó tales pagos. análisis que fue realizado en el capítulo anterior. a menos que en este último caso las partes hubieran pactado un plazo para el pago.
Debe aclararse que en el caso de la Policía Nacional.285. de conformidad con la respectiva providencia que ordenó el pago. Pg. en razón a que en dicho año la Dirección General profirió la resolución 03853 del 8 de noviembre para pagar la suma de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($19. similar situación se presentó en el año 2002. que corresponden a los valores ordenados por la respectiva corporación que debía pagar el Ministerio de Defensa Nacional o la Policía Nacional.807’786. entendidos como la suma de dinero reconocida en las diferentes providencias.Julio . . Intereses corrientes.110
.RICARDO HOYOS DUQUE
Número consecutivo Número de resolución que ordena el pago Fecha de la resolución que ordenó el pago Corporación donde se tramitó el respectivo proceso contencioso administrativo que finalizó con sentencia condenatoria o conciliación Naturaleza de la acción. C. que declaró exequible. los que estuvieron vigentes hasta el ocho (8) de abril de 1999.ISSN 0121-182X. bien se trate de sentencias o de conciliaciones y los que de conformidad con la ley 446 de 1998 se causaban durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de la ejecutoria de la providencia que ordenaba el pago o a la señalada en el respectivo acuerdo conciliatorio. tal como quedó redactado a partir de la vigencia del artículo 72 de la Ley 446 de 1998. que corresponden a los valores reconocidos por el Ministerio de Defensa Nacional o la Policía Nacional.A. Fue así como surgió la idea por parte de los auxiliares investigadores que al finalizar el trabajo de investiga-
Bogotá D.Diciembre 2006. de conformidad con la respectiva providencia que ordenó el pago. Los obstáculos encontrados al pretender obtener la información requerida para iniciar el desarrollo de esta investigación.
Lo anterior significa que a partir del 8 de abril de 1999. En el caso del Ministerio de Defensa Nacional. en los términos de dicha sentencia. que para el presente estudio corresponde siempre a la acción de reparación directa de que trata el artículo 86 del C. En el referido acto administrativo solo se incluyó un cuadro explicativo de cada uno de los expedientes con sus respectivos apoderados.C. . fecha en la que quedó ejecutoriada la sentencia C-188 del 24 de marzo de 1999 proferida por la Corte Constitucional. que comprende la suma de perjuicios morales y materiales. Como se indicó anteriormente. Total capital.80). salvo las expresiones “durante los seis meses siguientes al plazo acordado para su pago” y “después de éste último”. hasta el 31 de octubre del 2000. se generan a partir de la ejecutoria del fallo condenatorio o conciliación. Perjuicios morales. por concepto de los 237 compromisos adquiridos con relación al pago de sentencias y conciliaciones. circunstancia que no permitió conocer cuáles fueron realizados por el uso de armas de fuego. las cuales se declararon inexequibles. Perjuicios materiales. no fue posible obtener información detallada del año 2000. el segundo inciso del artículo 65 de la ley 23 de 1991.No. 18. que corresponde al de radicación que se le asignó en la respectiva corporación. hicieron palpable la necesidad de que al interior del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional se cuente con una base de datos que contenga toda la información relacionada con los pagos que realicen estas dependencias como consecuencia de las condenas y conciliaciones por las que deba responder en los procesos que se siguen en su contra ante las diferentes jurisdicciones.Volumen IX. todos los intereses que se reconozcan son moratorios. Colombia . pero sin que se hubiera efectuado discriminación alguna que permitiera inferir la causa y naturaleza del proceso. excepto cuando las partes pacten uno diferente en el respectivo acuerdo conciliatorio. Número del proceso. 77 .
No. C.000.Diciembre 2006. sino también de manera extensiva.Julio . donde solo se reconocieron los capitales de las mencionadas providencias judiciales. se ha convertido no sólo en un obstáculo para el direccionamiento de los recursos fiscales hacia actividades sociales prioritarias. lo que a su vez incrementa considerablemente los pagos.ISSN 0121-182X. La situación en el Ministerio de Defensa Nacional en el año 2002 fue la siguiente: El Decreto 3100 del 18 de diciembre de 2002 situó $13. es uno de sus principales desafíos. 77 . Justicia y Seguridad. la Fuerza que mayor número de demandas genere.
Bogotá D. 5. En tiempos recientes el país ha sido testigo presencial del crecimiento de las demandas en contra del Estado.1. . facilite la rendición de los informes que periódicamente solicitan las otras entidades del Estado. las causas de las mismas. La creciente sucesión de factores que implican una mayor responsabilidad estatal. Las demandas de reparación directa han aumentado ostensiblemente su valor en los últimos cinco años. que generan sobrecostos por concepto de intereses moratorios. Marzo de 2003 (Sin publicar). liquidación y posterior pago de cada condena o conciliación.700’000. de forma que pueda responder con celeridad a las demandas que le interponen. etc. El mecanismo de la conciliación es una herramienta valiosa para ahorrarle recursos a las entidades públicas. sino también en una amenaza para el normal y buen uso del presupuesto orientado hacia la seguridad de la Nación.más demandas por todo concepto-. Este crecimiento se ha dado no solo de manera intensiva . .oo. que al ser asignados en forma tardía obligaron al Ministerio a expedir la resolución 1279 del 24 de diciembre de 2002. Dentro de las recomendaciones que formula el ente de control se señala la necesidad de fortalecer la política de defensa judicial de la Nación. 18. lo que servirá a su vez para que por parte de los respectivos comités de conciliación se efectúen diagnósticos y con base en los mismos se pueda facilitar la función que tienen de presentar propuestas de prevención del daño antijurídico. Lo anterior busca que la información que en este instrumento tecnológico se registre. Contraloría General de la Nación. más elementos y factores que las originan se han sumado a los existentes. según la Contraloría General de la República. El análisis resultante de los pagos realizados por el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional por concepto de sentencias y conciliaciones como consecuencia del uso de armas de fuego durante los años 1998 a 2002 está contenido en las gráficas incluidas en el mismo anexo A. además de los órganos de control y que sirva para que al interior del mismo Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional se pueda conocer con precisión cuál es el monto de los valores reconocidos como consecuencia de las condenas y conciliaciones. . no hay sosiego y puede no haber futuro estable. el problema. Sin equilibrio de recursos fiscales no hay prosperidad. EFECTO DE LAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES POR EL USO DE ARMAS DE FUEGO EN EL PRESUPUESTO DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL 6. se hiciera entrega igualmente de un software con el fin de ser adoptado y utilizado en la oficina jurídica para el caso del Ministerio de Defensa Nacional y en la Secretaría General de la Policía. Allí se alerta sobre la problemática de las sentencias y conciliaciones en contra de las entidades públicas del sector. El crecimiento en el número de demandas y conciliaciones por el uso de armas destinadas a la protección de la ciudadanía por parte del Ministerio de Defensa
Sentencias y conciliaciones en las entidades del sector Defensa.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
ción. ANTECEDENTES GENERALES El impacto fiscal por el alto volumen de recursos que destina el Estado colombiano en reconocer los fallos
por demandas y conciliaciones de todo orden. la concientización de los afectados que ven una buena probabilidad de obtener recursos y ejercer sus derechos por esta vía y la carencia de estructuras operativas eficientes y eficaces en el Estado.110
.Volumen IX. por ser estas las dependencias encargadas de tramitar los actos administrativos de reconocimiento. Pg.. en la que se liquidaron un total de 187 sentencias y conciliaciones. con menoscabo del erario26. radica en factores tales como la demora en los pagos. Justicia y Seguridad: El Estado condenado? Contraloría Delegada para el Sector Defensa. Colombia .
solo contra el Ejército.No. No obstante lo anterior. en la Policía Nacional se pagaron 54 resoluciones en el año 2001 y 64 en el 2002 por esta misma causa. .1% del presupuesto de gastos de funcionamiento y del presupuesto total de los mismos. 291. En concordancia con lo anterior.ISSN 0121-182X. muestran que si bien.
Página web Ministerio del Interior y de Justicia: www. particularmente en la primera de las enunciadas. Pero estos no han sido los únicos factores determinantes de la problemática. Los mismos señalan que mientras en 1998. . La principal causa por la que los particulares acuden a la jurisdicción tiene que ver con los daños ocasionados por las Fuerzas Armadas. como se verá. el volumen de procesos en curso ha ido en franco ascenso. 77 . así como el aumento en inversión en armas en estas entidades ha permitido el incremento del costo fiscal por esta vía.Julio . por supuesto.minjusticia.RICARDO HOYOS DUQUE
(Fuerzas Militares) y de la Policía Nacional no ha sido ajeno a este proceso. Sin duda. Colombia .5% de presupuesto de estas entidades se orientó hacia la cancelación de las mencionadas partidas.7% del presupuesto total de inversiones del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional del año 2002 y el 2. en el 2002 la
cifra bajó a 0. Contraloría General de la República. la responsabilidad por falla del servicio. se observa que el monto de estos pagos por sentencias y conciliaciones no es tan dramático como lo señala el informe de la Contraloría. la inadecuada remuneración de los mismos. hecho que significa que generalmente.110
. en cualquiera de los regímenes de responsabilidad se le impute la falla a las Entidades estudiadas27. . respectivamente (Gráfica 1). la reducción de este problema no será posible si no se atacan de plano las mencionadas causas que lo generan. C. en donde el nexo está representado por la actividad peligrosa desplegada por el miembro de la Fuerza Pública con su arma de dotación oficial. agosto de 2002. en una controversia contractual señaló a cargo de la administración como pago del anticipo de un contrato la suma de $149. multiplican su incidencia en el presupuesto de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en el mediano plazo. en un porcentaje equivalente al 84%.109. el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional ejecutaron por este concepto 2. Entre 1998 y 2002.co En complemento de lo aquí señalado. si se tiene en cuenta que un solo laudo arbitral. en el período 1998 – 2002 el costo fiscal derivado de la cancelación de sentencias y conciliaciones ha perdido fuerza en el total de recursos presupuestados para el funcionamiento de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Los datos analizados en la presente investigación. la intensificación de la guerra y de los grupos al margen de la ley. tal como se puede apreciar en los anexos A y B28.000 millones. el 16. Pg. 18. Es así como en el año 2000 el Ministerio de Defensa Nacional liquidó y pagó 288 casos de reparación directa por el uso de armas de fuego. en el 2001 el monto ascendió a 375 casos. se trata de cifras marginales frente al total del presupuesto de los organismos. La falta de coordinación y de celeridad entre la misma programación y asignación del presupuesto destinado a cubrir los fallos proferidos en contra del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional. cerca del 1. también en publicación realizada en la Revista Economía Colombiana. en las que se han probado los elementos constitutivos de la responsabilidad del Estado por el uso de las armas de fuego. lo que no implica.Volumen IX. Estas cifras deben ser analizadas con cuidado en el rubro de sentencias. de Justicia y del Derecho señala como causas generadoras de las demandas contra el Estado. artículo La Nación Demandada: Un Estudio sobre el pago de sentencias.7%.405 millones en su gran ma-
Bogotá D.998 procesos de reparación directa por un monto superior a $851. En primer lugar.789. No casualmente.gov. No.036 procesos que representaron alrededor de $120. es decir.717.3% y 2. Señala esa el Ministerio del Interior que es bastante significativo el volumen de condenas y conciliaciones que se han proferido por parte de las diferentes corporaciones contencioso administrativas. un disentimiento de las mismas hacia el futuro. la excesiva carga operativa que genera en pocos funcionarios la atención de los procesos en curso. la Armada Nacional y la Fuerza Aérea habían (sic) 3. conciliaciones y laudos arbitrales. Nortel vs Telecom. entre otros factores. sentencias en las que se condena por responsabilidad objetiva. el Ministerio del Interior. lo cual explica el aumento sostenido de los pasivos contingentes por este concepto en dicho período. Autores: Armando Enrique Arias Pulido y Luis Alberto Sandoval Navas se señala: “En el año 2000. Esta información del Ministerio coincide con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación durante los mismos periodos.Diciembre 2006.
Bogotá D. C. es decir.1 billones le corresponden a la Policía Nacional y $2. 18. las sentencias y conciliaciones han absorbido $23. El Estado. un 52.647 procesos disciplinarios en su contra.068 al Ministerio de Defensa. el 60. en dicho periodo menos del 1.000 procesos. año 10. Revista El Portafolio.
La prevención del daño antijurídico por disposición de la ley.33 billones de pesos. Cabe señalar que mientras en el periodo analizado el número de procesos anuales cancelados pasó de 413 a 395. Por tal motivo.8 billones por año.0% en el 2001 y 2002. 5. En este período.Julio . . De la suma de $43.3% y 41.000 millones. cifra que triplica la registrada par el año 2. se resalta el efecto adverso que genera en las finanzas del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional el incremento observado de las condenas en su contra por el uso de armas. lo cual implica contingencias cercanas a los $608. Información obtenida del Ministerio de Defensa Nacional Oficina Control y Presupuesto.6% del valor del capital de las sentencias y conciliaciones en 1998 a un 48.3%)29.
Cont.915 millones del presupuesto general.0% del presupuesto se destina a la ejecución de las demandas y conciliaciones por todo concepto y tan solo el 0. en especial por mandato del Decreto 1214 de 2000. En este período.2. en el siguiente cuadro se observa que. Dentro de los hallazgos encontrados en este trabajo de investigación. Colombia . sino por la menor participación de las partidas presupuestales anuales de sentencias y conciliaciones en el presupuesto total asignado para dichas entidades.
En el quinquenio analizado.761. es obligación de las entidades del sector público a través de los comités de conciliación.8% del presupuesto asignado para pago de sentencias y conciliaciones fue absorbido por la cancelación de sentencias o conciliaciones relacionados con el uso de armas de las Fuerzas Militares (81.Diciembre 2006. solo en el Ministerio de Defensa Nacional alcanzó la cifra de los 8.574 millones por sentencias y conciliaciones derivadas del uso de armas. creció en un 84% en este año y el de provisiones para contingencias (valor de las sentencias en primera instancia en contra de la Entidad). Pg.8% del presupuesto total asignado para el pago de todo tipo de demandas en contra de las entidades estudiadas (Fuerzas Militares y Policía Nacional).)”. El presupuesto destinado por la Policía Nacional al pago de sentencias y conciliaciones en su contra. Sobre estos hechos parece tener incidencia la indisciplina de sus miembros (en ese año cursaban 7.0%) y de la Policía Nacional (36. al cierre del año 2.001.ISSN 0121-182X.002. en promedio.110
. el cual ha promediado los $4. esto es. . en 300%. En los anexos A y B se detallan las cifras anteriores para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.5% a los fallos por el uso de armas: CUADRO 1 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y ABSORCIÓN DE LAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES POR EL USO DE ARMAS DE FUEGO
FUENTE: Leyes de presupuesto años 1998 a 2002. es necesario que las Entidades estudiadas busquen la manera de reducir el volumen de causas generadoras de las condenas derivadas del uso de las armas.No. se han reconocido $119. 77 . al pasar de representar un 12. 1575 de abril 10 de 2003: “A frenar la deuda pública”. cinco veces lo que se ha reconocido en el quinquenio en referencia. respectivamente. Las cifras señalan que en el año 2002. el valor promedio de las demandas ejecutoriadas pasó de $66 millones a $76 millones y el volumen aproximado de demandas en curso (no falladas). nota 29 yoría por muerte o lesiones de personas y daños en bienes. No. ABSORCIÓN OBSERVADA DEL PRESUPUESTO Con el fin de tener un parámetro de referencia sobre el impacto que han generado en el período 1998 – 2002 las sentencias y conciliaciones canceladas por el uso de armas en el presupuesto total asignado a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.Volumen IX.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
Los porcentajes se reducen no tanto por una caída en el volumen de demandas. tenía contabilizadas demandas y litigios en su contra por valor de 73. Particular interés revisten los intereses moratorios cancelados. cerca de las tres cuartas partes de las condenas lo fueron por perjuicios morales y una cuarta parte por perjuicios materiales. .
905 millones.669 millones con valor promedio unitario de $87 millones (Gráfica 1).RICARDO HOYOS DUQUE
En el caso del Ministerio de Defensa Nacional en el período 1998 .522 actos administrativos definitivos por uso de armas de fuego por un valor aproximado de $76.Diciembre 2006.ISSN 0121-182X. No. 291. Contraloría General de la República.6% frente a un 43. Pg. . GRÁFICA 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES PAGADAS POR EL MINISTERIO DE DEFENSA Y DE LA POLICÍA NACIONAL ENTRE 1998 Y 2002
como en cuantía. situación que no se evidencia en el presente trabajo de investigación. en el quinquenio se cancelaron 514 sentencias y conciliaciones que sumaron $42. es decir. en el Ministerio de Defensa Nacional y en la Policía Nacional es donde más se concilia. situación que se observa con mayor relevancia en los años 1998 y 1999. (Cuadro 2). Estas conciliaciones para los años 2.
FUENTE: Información obtenida de Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa Nacional y Secretaría General de la Policía Nacional.110
. agosto de 2002. conciliaciones y laudos arbitrales”. de Justicia y del Derecho cuando afirma que de 408 conciliaciones el 92%. 345 corresponden a la acción de reparación directa31. . www.30 También se observa que las conciliaciones en las dos entidades objeto de estudio tuvieron un alto porcentaje y muchas veces sobrepasaron los pagos efectuados por sentencias.Volumen IX. que para el caso de la Policía Nacional en el año 2001 correspondió a un 39% y a un 23% para el año 2002.gov. es decir.
En el caso del Ministerio de Defensa el porcentaje de absorción de las sentencias y conciliaciones canceladas por el uso de armas frente al total del presupuesto asignado para pagar todos los créditos judicialmente reconocidos es mayor que en la Policía Nacional. se pasó de un modelo de irresponsabilidad patrimonial estatal a uno jurídico garantista. a fin de realizar los estudios de conciliación en aquellos procesos en donde son citadas a audiencia de conciliación. C.000 y 2001 arrojaron entre el 57% y 70% frente al total pagado. que aumentó la confianza de los ciudadanos en los órganos que administran justicia.991 definió más claramente la responsabilidad patrimonial del Estado frente a los particulares coincidiendo con la evolución jurisprudencial. En el primer caso la absorción promedio anual fue de 65. . existe indiferencia hacia la misma.5% en la Policía Nacional. La presente investigación coincide con el informe del Ministerio del Interior. tanto en número
Revista Economía Colombiana. “La Nación Demandada: Un Estudio sobre el pago de sentencias.2002 se cancelaron 1. Es evidente que la litigiosidad en contra de la Nación ha aumentado vertiginosamente. Este hecho contradice lo expuesto por el Ministerio del Interior. 18.minjusticia. encontró que en varias entidades (no precisa cuales) no se le da importancia a esta etapa procesal. Autores: Armando Enrique Arias Pulido y Luis Alberto Sandoval Navas”. tanto así que los comités de conciliación se reúnen en forma habitual cada 8 días. cerca de $51 millones por unidad. por el contrario. 77 . Colombia .No. Al respecto deben evaluarse diversas hipótesis: la Constitución de 1.co
Bogotá D. En cuanto a la Policía Nacional.Julio . pues. de Justicia y del Derecho por cuanto al realizar este organismo un análisis de los factores que desestimulan la conciliación.
Colombia . a pesar de que los valores per cápita por sentencias son inferiores en el primero.ISSN 0121-182X.
Bogotá D. el impacto de las condenas por perjuicios morales ha terminado siendo muy superior a la correspondiente por perjuicio material a favor de los demandantes. la participación de los perjuicios morales en el total de erogaciones por perjuicios se mantuvo en relativo aumento. C.Diciembre 2006.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
CUADRO 2 IMPACTO DE LAS CONDENAS POR UTILIZACIÓN DE LAS ARMAS EN EL PRESUPUESTO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
GRÁFICA 3 NÚMERO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Y VALORES PER CÁPITA RECONOCIDOS
FUENTE: Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional. Esto supone una alta desviación entre los valores cancelados tanto por capital como por intereses en cada caso. Desde el punto de vista meramente financiero.9% del total del capital pagado por las demandas instauradas contra estas entidades por el uso de armas de fuego (cuadro 3). la amplitud de los criterios jurisprudenciales sobre el reconocimiento de perjuicios morales es particularmente onerosa.8% y el 72.No. el capital reconocido por perjuicios morales representó en promedio el 74. En este período.110
. . . Pg. 77 . tanto en el Ministerio de Defensa Nacional como en la Policía Nacional.3
En esta gráfica se observa que en el Ministerio de Defensa Nacional la ejecución promedio es casi el doble de la observada en la Policía Nacional. .
Durante el periodo 1998 – 2002. En la gráfica 3 se observa como la Policía Nacional ha reducido el número de actos administrativos frente al Ministerio de Defensa Nacional. especialmente a partir del año 2.
GRÁFICA 2 IMPACTO DE LAS CONDENAS POR UTILIZACIÓN DE ARMAS EN EL PRESUPUESTO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
FUENTE: Información obtenida de Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa Nacional y Secretaría General de la Policía Nacional.000 y como los valores reconocidos por acto administrativo continuaron creciendo y aumentando la brecha frente a los montos promedio observados por el mismo Ministerio.Julio .
5. Como consecuencia de ello.Volumen IX. 18.
Del índice gramos oro se pasó a uno expresado en salarios mínimos legales mensuales32. PAGO DE INTERESES Uno de los aspectos más relevantes que arroja la información obtenida en este trabajo. 77 . Este cambio es un paso adelante para permitir un mejor control del presupuesto y posiblemente ha redundado en menores sumas de capital de sentencias y conciliaciones. GRÁFICA 4 COMPORTAMIENTO ANUAL DEL PRECIO DEL ORO Y DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL
*Años de los que no fue posible realizar el estudio y de los que se realizó una aproximación económica.Ministerio del Trasporte . Actores: Belén González y William Alberto González contra la Nación.4. .417 millones (77. procesos Nos. El monto reconocido por intereses ha ganado un importante terreno. al paso que en el oro ha sucedido lo contrario. se han visto incrementados en promedio en un 25. el comportamiento del salario mínimo registra una caída en el índice.646. dado que el comportamiento del precio del metal ha ido en aumento en los dos últimos años frente al precio de la mano de obra no calificada.5%) en capital y $12. 18.110
. (Gráfica 5). En la gráfica 4 se registra el comportamiento anual del precio del oro y del salario mínimo legal en el país. Pg.ISSN 0121-182X. como por ejemplo durante las dos crisis del petróleo. En la Policía Nacional la cifra total se distribuyó en $30. Las mayores subidas del oro se han producido en épocas de fuertes procesos inflacionarios.
Bogotá D.7%) a intereses corrientes y de mora. por lo tanto.526 millones (71. de fecha 9 de septiembre de 2001.RICARDO HOYOS DUQUE
CUADRO 3 EVOLUCIÓN DE LOS PERJUICIOS MORALES Y MATERIALES
ros también provocan intensos episodios de repunte de los precios del oro.487 millones (22.Julio .INVIAS. Los acuerdos conciliatorios y las sentencias derivadas de la responsabilidad del Estado por el uso de armas de fuego en los cinco años analizados. De los $76. . En promedio.Volumen IX. en términos porcentuales. lo constituye la distribución de los valores cancelados por concepto de intereses (ordinarios y de mora).905 millones cancelados en el quinquenio por el Ministerio de Defensa Nacional.No. Su subida. Se observa cómo.Diciembre 2006. Las crisis en los mercados financie5. suscita preocupación por cuanto puede ser un indicador de que los inversionistas están acudiendo a este destino anticipando tiempos peores. el tiempo que transcurre entre una senten-
Sentencia Consejo de Estado.3%) corresponden a capital y $17.
Un elemento importante en el reconocimiento de los valores a cancelar por capital ha sido el parámetro de medida. Colombia . La demora en los pagos de las condenas y conciliaciones intensifican el problema del costo de estas operaciones. así como las turbulencias financieras internacionales. .0% por causa de los intereses.143 millones (28. especialmente en las condenas proferidas en contra del Ministerio de Defensa Nacional.5%) en intereses corrientes y de mora. $59. C. lo cual se traduce en mayores erogaciones por concepto de intereses corrientes y de mora. Históricamente el oro se ha considerado el activo refugio por excelencia para la inversión en épocas de crisis. 13232 – 15.
. . Señala este organismo que en materia de conciliaciones se tiene también una participación cuantiosa.33 En la siguiente gráfica se evidencia el mayor peso logrado por los intereses de mora en el capital reconocido en cada fallo y en el total de los intereses reconocidos. En efecto.5 veces la tasa de interés corriente bancaria certificada periódicamente por la Superintendencia Bancaria. encontró que del análisis del lapso 2000 a 2002. la cual a su vez. 77 . . en tanto que comparativamente en la jurisdicción ordinaria por cada $100 de condena solamente $1 corresponde a intereses moratorios. artículo 191 Código de Procedimiento Civil. pues analizadas 408 conciliaciones el 92%.
Bogotá D. es decir. 345 corresponden a dicha acción. 328 de Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. especialmente los moratorios. Pg. el 45% a nulidad y restablecimiento del derecho y el 3% a acciones contractuales. Información tomada de la página web del Ministerio del Interior y de Justicia: www. Colombia . permitiría un ahorro importante.gov. los fallos cancelados recogen la tasa
FUENTE: Oficina Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional y Secretaría General de la Policía Nacional. numeral 6. se reconocen intereses moratorios. $34 son por concepto de intereses moratorios en la jurisdicción contenciosa. de 519 sentencias proferidas contra la Nación.No. lo cual explica los mayores valores pagados en intereses de mora. C.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
cia en firme o un acuerdo de conciliación y el pago efectivo del mismo es entre 18 y 24 meses.co Ley 510 de 1999. entidad que lidera a nivel nacional la Defensa Judicial de la Nación. una vez está en firme o ejecutoriado el fallo
La Dirección Nacional de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio del Interior y de Justicia. el 74% corresponde a acciones de reparación directa y que por cada $100 que el Estado en cabeza de sus Ministerios paga.Diciembre 2006. éstos corresponden a 1. En efecto. literal c. GRÁFICA 5 PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESES RECONOCIDOS
No obstante lo anterior. del art. es una tasa de interés efectiva que debe ser aplicable al periodo correspondiente en que se causan dichos intereses35.Volumen IX. Al examinar la fórmula que aplican las dos entidades estudiadas para obtener la suma a ser reconocida por intereses moratorios. en el período analizado se observaron importantes recortes en el presupuesto asignado para las sentencias y conciliaciones.minjusticia. mecanismo establecido para reducir el monto de las condenas. 326 y numeral 1 del art.110
.ISSN 0121-182X. la participación de las conciliaciones ha ganado peso en las entidades examinadas. es la metodología del cálculo de los mismos. así como adiciones presupuestales al final del año fiscal. lo cual. se ha visto truncada por el inusitado aumento de los mencionados intereses. Ley 599 de 2000. diseñando políticas y exponiendo propuestas de prevención del daño antijurídico.
De acuerdo con la Sentencia C-188 del 24 de marzo de 1999 de la Corte Constitucional. De acuerdo con la normatividad vigente. 18. se deduce que en términos efectivos se están reconociendo mayores intereses por este concepto de los que establecen las respectivas normas. en teoría.
En estas condiciones la estrategia diseñada para la terminación previa o anticipada de los procesos a través de la conciliación. Otro aspecto importante para tener en cuenta a efecto de lograr una revisión de los costos por intereses moratorios reconocidos. lo que incide notoriamente en el reconocimiento excesivo del pago de intereses34.Julio .
849 en exceso. frente a un fallo por $20 millones. (Cuadro 4).5.5%). El incremento en la inversión en armas para la defensa legítima de la sociedad tiene una alta correlación positiva con el incremento de las demandas contra el Estado por el uso de las mismas. que es lo financieramente correcto. C.003 millones en pasivos contingentes por este concepto 37 (Cuadro 5). En efecto. se termina cancelando para un período de tan sólo 270 días. indefectiblemente son factores que indirecta o directamente tienen que ver con el aumento de las demandas en contra del Estado. 36 Factores como la elevada carga operativa. incrementa sustancialmente los valores de las sentencias y conciliaciones.5.Volumen IX. a la fecha se tendrían contabilizados cerca de $463. supóngase el siguiente ejercicio hipotético:
las infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos al margen de la ley.200 demandas por todo concepto contra el Ministerio de Defensa Nacional (49.
Bogotá D. sino del propio Estado. hay en curso cerca de 16. encargados de manejar en promedio 283 demandas de todo orden. La cascada de demandas por todo concepto que se instauran anualmente. la demora en el trámite de los procesos en los Tribunales inciden de manera directa en el incremento de los mismos. . Para entender este punto. las masacres. como se dijo. CONTINGENCIAS ESTIMADAS: UNA BOMBA DE TIEMPO El panorama actual de las contingencias estimadas por demandas y sentencias en el Ministerio de Defensa Nacional y en la Policía Nacional es preocupante. según sucedan o no ciertos hechos.ISSN 0121-182X. En el cuadro 5 se registran 58 funcionarios especializados en derecho administrativo.
Así. lo cual. 77 .5%) y la Policía Nacional (50.RICARDO HOYOS DUQUE
de interés corriente bancario certificada por la Superintendencia Bancaria para establecer la tasa de mora y aplican la proporción correspondiente para el periodo causado a una tasa nominal y no una tasa efectiva.110
. CUADRO 4 ACTOS VIOLENTOS PERPETRADOS POR GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY
Los atentados contra la población civil. $166. Los pasivos contingentes son obligaciones que pueden llegar a ser o no exigibles. representa cerca del presupuesto promedio anual de trece universidades públicas en el país y de cuatro hospitales del tamaño del Hospital Militar.Diciembre 2006. la indiscutible degradación del conflicto armado al que ha asistido el país en los últimos años implica de plano la participación de la Fuerza Pública y el uso intensivo de armas para repeler los frecuentes actos violentos contra la población y los bienes civiles. Lo anterior sin considerar los pagos por intereses de mora. . EL CONFLICTO ARMADO Y OTRAS CAUSAS El incremento de las demandas por el uso de armas de fuegono ha sido ajeno al problema social que ha vivido el país. . 18. Una cifra como la anterior. Colombia . A la fecha. De acuerdo con el porcentaje estimado de demandas por el uso de armas de fuego y según los valores reconocidos en promedio por concepto de capital. Pg. no fluyen con la misma rapidez que se quisiera. El represamiento exagerado de procesos en curso amenaza la sostenibilidad de las finanzas no sólo de estas entidades. 5.No. 6.
Información aportada por el Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa y por la División de Negocios Judiciales de la Policía Nacional.Julio .
seguido por el 16.3%) hay personal orgánico de la unidad capacitado en estos asuntos. el 91. a un total de 368 Comandantes entre Oficiales. Ficha técnica: Las dos encuestas se realizaron entre los meses de Julio a Octubre de 2003. Pg. El 95. Así mismo se realiza divulgación sobre prevención de accidentes. 77 . . ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL INTERIOR DE UNIDADES MILITARES Y DE POLICÍA NACIONAL. estas labores las lleva a cabo un grupo de apoyo especializado. El procedimiento de muestreo: aleatorio estratificado.Diciembre 2006. y que cuentan con reglamentos para tales efectos según respuesta del 93. mínimo conocimiento que todo militar que maneja armas debe poseer. El 95. Según respuesta del 34. La mayoría de encuestados (53. Encuesta dirigida al personal de Comandantes de la Fuerza Aérea.No.7% de los encuestados. mientras que en otros casos (16.1% de los encuestados afirma que en sus Unidades no se cuenta con polvorín.2% de los casos son los Oficiales y Suboficiales a todo nivel quienes están a cargo. contándose con manuales y reglamentos para estas labores según respuesta del 85. ya que el 93. Como conclusión acerca de la prevención de accidentes con armas de fuego se puede decir que en la mayoría de las Unidades de la Fuerza Aérea se lleva a cabo de una manera efectiva. tal como la del impuesto a las transacciones financieras o tres por mil.9% de los encuestados respondió que se lleva registro de estas labores.3% de los encuestados afirma que éste se encuentra debidamente señalizado. El 75. En conclusión. Igualmente el 95. . Colombia . en la mayoría de las Unidades de la Fuerza Aérea se cuenta con los implementos necesarios para la práctica del polígono y se realiza semestralmente. mientras que en la Unidades en las que sí lo hay.9 % de los encuestados respondió afirmativamente a esta pregunta. El 53.ISSN 0121-182X. El 51% de los encuestados afirma que se cuenta con manuales en las
Bogotá D.5% de los encuestados afirma que en sus Unidades se cuenta con los implementos y ayudas necesarias para la práctica del polígono.1%) respondió que en sus Unidades se realiza se-
mestralmente la práctica de tiro.9% afirma que el personal que maneja explosivos en sus Unidades está debidamente entrenado para estas labores.Volumen IX. en las Unidades Militares y de Policía en el ámbito nacional y 607 efectivos diferentes a Comandantes. .110
. 6. Armada Nacional y Policía Nacional). 1. Ejército Nacional.Julio . Sobre el estado de armas y explosivos en las Unidades el 100% de los comandantes encuestados afirma que se revisa periódicamente. C. Suboficiales y equivalentes. Análisis Vertical (Por Fuerzas) Fuerza Aérea: 38 encuestados
√ 100
El 100% de los Comandantes encuestados afirma conocer el decálogo de seguridad para el manejo de armas de fuego. A la pregunta sobre quién efectúa estas labores las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera: El 51% contestó que esta revisión la efectúa el Grupo de Apoyo Especializado (GRUSEG).RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
CUADRO 5 DEMANDAS EN CURSO Y CONTINGENCIAS PASIVAS ESTIMADAS
La cancelación de esta cifra le representaría al Estado Colombiano cerca de una tercera parte de los ingresos anuales que le genera una reforma tributaria. mediante el diligenciamiento directo por parte de los mismos de los formatos que les fueron sometidos a su consideración.3% que respondió que ésta es efectuada por personal calificado de la Unidad y en el 12.7% de ellos.9% de ellos. 18.9% de los encuestados contestó que en sus Unidades se dicta instrucción preventiva sobre normas de seguridad en el manejo de armas de fuego y explosivos.
seguido por el 31.5% de ellos afirma que el personal que maneja explosivos en sus Unidades está debidamente entrenado para estas labores.3% de los comandantes encuestados afirma que se revisa periódicamente.Volumen IX. Ejército Nacional: 183 encuestados
El 100% de los encuestados afirma conocer el decálogo de seguridad para el manejo de armas de fuego. pero el personal está adecuadamente entrenado en su manejo.110
. es muy común la ocurrencia de accidentes con armas de fuego y/o explosivos y en la mayoría de los casos se han producido por error del operario. El 85. Como conclusión se puede decir que en la mayoría de las Unidades del Ejército se cuenta con los implementos necesarios para la práctica del polígono y éste se realiza periódicamente.RICARDO HOYOS DUQUE
Unidades para la destrucción de explosivos.2% de encuestados respondió que en sus Unidades se realiza semanalmente la práctica de tiro. mientras que en la Unidades en las que sí lo hay. Sobre el estado de armas y explosivos en las Unidades un 97. el 84.6% de los encuestados. se puede decir que en la mayoría de las Unidades del Ejército Nacional no hay polvorines. Colombia . según respuesta del 89.Diciembre 2006. El 83.1% a errores del operario (descuido. El 81.2% de los encuestados afirma que éste se encuentra debidamente señalizado. . bien sea semanal o mensualmente. se puede decir que en la mayoría de las Unidades de la Fuerza Aérea no hay polvorín.1% de los encuestados afirma que se cuenta con manuales en las Unidades para la destrucción de explosivos.No. El 54. El 86. en un 53.9% de los encuestados respondió que se lleva registro de estas labores.5% que afirma que esta labor se realiza mensualmente. Así mismo se realiza divulgación sobre prevención de accidentes. estas labores las lleva a cabo un grupo de apoyo especializado. Según respuesta del 65. Como conclusión acerca del manejo de explosivos. imprudencia.) y en un 30.9%) hay personal orgánico de la unidad capacitado en estos asuntos. C. atribuyéndole la causa. seguido por el 29. contándose con manuales y reglamentos para estas labores según respuesta del 92.8 % de los encuestados respondió afirmativamente a esta pregunta. mínimo conocimiento que todo militar que maneja armas debe poseer. mientras que en otros casos (21. Como conclusión acerca de la prevención de accidentes con armas de fuego se puede decir que en la mayoría de las Unidades del Ejército Nacional se lleva a cabo de una manera efectiva. el 58.6% de los casos al incumplimiento de órdenes o no tener en cuenta las normas preventivas para el manejo de armas de fuego y/o explosivos.6% de los encuestados afirma conocer las acciones disciplinarias a seguir en caso de presentarse accidentes con arma de fuego o explosivos ocasionados por negligencia. El control de municiones y explosivos también se efectúa pertinentemente.
El 96. . 77 . negligencia. Como conclusión acerca del manejo de explosivos.7% de los comandantes encuestados ha conocido de accidentes por arma de fuego o explosivos durante su tiempo de servicio.3% de ellos. Igualmente.1% de los encuestados afirma que en sus Unidades no se cuenta con polvorín. etc. confianza. irresponsabilidad. A la pregunta sobre quién efectúa estas labores las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera: el 46.
Bogotá D. 18. Como se puede observar.ISSN 0121-182X.4% contestó que esta revisión la efectúan los Comandantes.2% de los encuestados contestó que en sus Unidades se dicta instrucción preventiva sobre normas de seguridad en el manejo de armas de fuego y explosivos y que cuentan con reglamentos para tales efectos según respuesta del 95.8% de los encuestados afirma que en sus Unidades se cuenta con los implementos y ayudas necesarias para la práctica del polígono. ya que el 91.7% que respondieron que ésta es efectuada por los Oficiales y Suboficiales a todo nivel.Julio . .8% de los encuestados. El 91.6%. El 49. pero el personal está adecuadamente entrenado en su manejo. Pg.
negligencia.3% que afirma que esta labor se realiza semanalmente.3%) respondió que en sus Unidades se realiza mensualmente la práctica de tiro.110
. etc.2% respondió que ésta es efectuada por los Comandantes a todo nivel y en el 20. mínimo conocimiento que todo militar que maneja armas de fuego debe poseer.Volumen IX.1% de los encuestados respondió que se lleva registro de estas labores. bien sea semanal o mensualmente. El 70. según respuesta del 91. ya que el 88. El 51. El 78. irresponsabilidad. en la mayoría de las Unidades de la Armada Nacional se cuenta con los implementos necesarios para la práctica del polígono y se realiza periódicamente. es muy común la ocurrencia de accidentes con armas de fuego y/o explosivos y en la mayoría de los casos se han producido por error del operario. se puede decir que en la mayoría de las Unidades de la Armada Nacional no hay polvorín. Como conclusión
acerca de la prevención de accidentes con armas de fuego se puede decir que en la mayoría de las Unidades de la Armada Nacional se lleva a cabo de una manera efectiva. 77 .5% de los encuestados. Igualmente el 87. A la pregunta sobre quién efectúa estas labores las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera: el 31. Según respuesta del 57% de los encuestados.7%. estas labores las lleva a cabo un grupo de apoyo especializado. según respuesta del 88. C. mientras que en la Unidades en las que sí lo hay. La mayoría de encuestados (53. mientras que en otros casos (21. Colombia . un 92. Como conclusión acerca del manejo de explosivos. pero el personal está adecuadamente entrenado en su manejo. El 95.
Bogotá D.8% de ellos contestó que esta revisión la efectúa el personal de Oficiales y Suboficiales a cargo. El 73. . seguido por el 25.1% de los encuestados afirma que se cuenta con manuales en las Unidades para la destrucción de explosivos. y que cuentan con reglamentos para tales efectos según respuesta del 90. El 84.3% de los encuestados contestó que en sus Unidades se dicta instrucción preventiva sobre normas de seguridad en el manejo de armas de fuego y explosivos.9% afirma que el personal que maneja explosivos en sus Unidades está debidamente entrenado para estas labores.6% de los encuestados. Armada Nacional: 107 encuestados
El 100% de los encuestados afirma conocer el decálogo de seguridad para el manejo de armas de fuego.4% de los encuestados afirma que en sus Unidades no se cuenta con polvorín.7% de ellos.5% de los encuestados afirma conocer las acciones disciplinarias a seguir en caso de presentarse accidentes con armas de fuego o explosivos ocasionados por negligencia.Julio . Como se puede observar.No. Así mismo se realiza divulgación sobre prevención de accidentes. .RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
El control de municiones y explosivos también se efectúa pertinentemente. seguido por el 24.Diciembre 2006.8 % de los encuestados respondió afirmativamente a esta pregunta. contándose con manuales y reglamentos para estas labores según respuesta del 89. En conclusión.7% a errores del operario (descuido. El 83.2% de los encuestados afirma que en sus Unidades se cuenta con los implementos y ayudas necesarias para la práctica del polígono. confianza. .ISSN 0121-182X.2% de los encuestados afirma conocer las acciones disciplinarias a seguir en caso de presentarse accidentes con armas de fuego o explosivos ocasionados por negligencia.9%) hay personal orgánico de la unidad capacitado en estos asuntos.3% de los encuestados afirma que éste se encuentra debidamente señalizado.5% de los comandantes encuestados afirma que se revisa periódicamente. Sobre el estado de armas y explosivos en las Unidades. imprudencia.). 18. el 72.4% de los comandantes encuestados ha conocido de accidentes por armas de fuego o explosivos durante su tiempo de servicio. El control de municiones y explosivos también se efectúa pertinentemente. Pg. El 81. atribuyéndole la causa.6% de los casos es el Armero quien está a cargo. en un 61.
Pg. Así mismo. El 65% de los encuestados afirma que en sus Unidades se cuenta con polvorín. confianza. 77 . Colombia . El 65% de los encuestados afirma que se cuenta con manuales en las Unidades para la destrucción de explosivos. El 95% de los encuestados afirma que en sus Unidades se cuenta con los implementos y ayudas necesarias para la práctica del polígono.2% de los casos al incumplimiento de órdenes o no tener en cuenta las normas preventivas para el manejo de armas de fuego y/o explosivos. En conclusión.5% y en un 15% de los casos al incumplimiento de órdenes o
Bogotá D.5% de los encuestados.Diciembre 2006. seguido por el 20% respondió que ésta es efectuada por los Comandantes a todo nivel y en el 15% de los casos es el Instructor de Tiro quien está a cargo. .5%) respondió que en sus Unidades se realiza semestralmente la práctica de tiro. irresponsabilidad. El 85% de los encuestados respondió que se lleva registro de estas labores.5%. Como conclusión acerca de la prevención de accidentes con armas de fuego se puede decir que en la mayoría de las Unidades de la Policía Nacional se lleva a cabo de una manera efectiva. contándose con manuales y reglamentos para estas labores según respuesta del 85%. . Policía Nacional: 40 encuestados
El 100% de los encuestados afirma conocer el decálogo de seguridad para el manejo de armas de fuego.5% de los encuestados respondió afirmativamente a esta pregunta. 18.5% de los comandantes encuestados afirma que se revisa pe-
riódicamente. Igualmente el 92. mínimo conocimiento que todo militar que maneja armas debe poseer. confianza. Sobre el estado de armas y explosivos en las Unidades.RICARDO HOYOS DUQUE
El 84. un 97. imprudencia. es muy común la ocurrencia de accidentes con armas de fuego y/o explosivos y en la mayoría de los casos se han producido por error del operario. El 90% de los encuestados afirma conocer las acciones disciplinarias a seguir en caso de presentarse accidentes con armas de fuego o explosivos ocasionados por negligencia. imprudencia. . El control de municiones y explosivos también se efectúa pertinentemente.ISSN 0121-182X.Volumen IX.Julio . negligencia. en la mayoría de las Unidades de la Policía Nacional se cuenta con los implementos necesarios para la práctica del polígono y se realiza semestralmente.9% de las respuestas.). y un 92.1% de los comandantes encuestados ha conocido de accidentes por armas de fuego o explosivos durante su tiempo de servicio.3% de los encuestados responde que éste se encuentra debidamente señalizado. atribuyéndole la causa. Como conclusión acerca del manejo de explosivos. Según respuesta del 47. C. mientras que en otros casos (30%) es el Jefe de Almacén quien se encarga de estos asuntos.No. se realiza divulgación sobre prevención de accidentes. A la pregunta sobre quién efectúa estas labores las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera: el 45% de ellos contestó que esta revisión la efectúa el Jefe de Armamento.) y en un 11. ya que el 82. La mayoría de encuestados (72.5% afirma que el personal que maneja explosivos en sus Unidades está debidamente entrenado para estas labores. irresponsabilidad. Como se puede observar. a errores del operario (descuido. El 85% de los encuestados contestó que en sus Unidades se dicta instrucción preventiva sobre normas de seguridad en el manejo de armas de fuego y explosivos y que cuentan con reglamentos para tales efectos según respuesta del 92.110
. en un 58. estas labores las lleva a cabo un grupo antiexplosivos. seguido por la falta de instrucción o impericia que ocupa un 22. El 75% de los comandantes encuestados ha conocido de accidentes por armas de fuego o explosivos durante su tiempo de servicio. atribuyéndole la causa. a errores del operario (descuido. se puede decir que en la mayoría de las Unidades de la Policía Nacional hay polvorín y el personal está adecuadamente entrenado en su manejo.5% de los encuestados. etc. en un 30% de las respuestas. etc. según respuesta del 92. negligencia.
A las preguntas 3 y 4 sobre limpieza y mantenimiento del arma de dotación. Sobre la instrucción y práctica de tiro se puede decir que se realiza frecuentemente y que se cuenta con los elementos para tal fin en un porcentaje relativamente alto (80% en promedio). indisciplina.Volumen IX.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
no tener en cuenta las normas preventivas para el manejo de armas de fuego y/o explosivos. Así mismo se puede observar que en dichas Unidades se realiza divulgación e instrucción permanente de las normas preventivas para el manejo de armas de fuego y explosivos y se cuenta con instrumentos para tal fin. por lo que la labor preventiva tendría que estar enfocada en este aspecto en particular. es muy común la ocurrencia de accidentes con armas de fuego y/o explosivos que en gran parte de los casos se han producido por error del operario o falta de instrucción e impericia. Pg. El control de munición y explosivos en las diversas Unidades es una labor que está bastante controlada. irresponsabilidad. Análisis Horizontal (comparativo entre Fuerzas)
El 100% de los miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional encuestados afirman que conocen el decálogo de seguridad en el manejo de armas de fuego.
2. . Esta también sería una variable susceptible de mejoramiento. lo que indica que por lo menos esta mínima instrucción es dada a conocer entre el personal que manipula armas. Encuesta dirigida al personal de la Fuerza Aérea. negligencia y/ o exceso de confianza). se cuenta con manuales y se deja documentada esta labor. según la respuesta promedio del 51% de los Comandantes encuestados. inseguridad. Como se puede observar.ISSN 0121-182X. 77 . Ejército Nacional. (promedio de respuesta del
63%). . Acerca del manejo de explosivos se puede concluir que en la mayoría de Unidades aunque no cuenten con polvorín (excepto en la Policía). pero para la destrucción de explosivos generalmente encargan a grupos de apoyo especializados (no orgánicos de la Unidad) por lo que la reglamentación en la materia no es muy conocida. hay personal encargado para dichas labores. C. 18. lo cual puede ser susceptible de mejorar. el 64% de los encuestados respondió que ésta labor se practica diariamente. según promedio de respuesta del 90% de los Comandantes encuestados. Acerca de la ocurrencia de accidentes se puede concluir que su frecuencia es bastante alta (mayor del 80% en promedio) y que las causas que los originan. Esto indica que la instrucción preventiva al respecto se está llevando a cabo en las diversas Unidades de la Fuerza Aérea. material de guerra y explosivos en el cumplimiento de sus funciones. Armada Nacional y Policía Nacional que maneja armas de fuego. imprudencia. Colombia . (Anexo C). están relacionadas con factores inherentes a la incorrecta manipulación de las armas de fuego y explosivos por parte del operador (descuido.Diciembre 2006.110
.4% en promedio) se puede concluir que en las diversas Unidades de las Fuerzas Militares y Policía Nacional se revisa con cierta periodicidad el estado de armas y explosivos. .No.1% de ellos respondió afirmativamente. Análisis Vertical (por Fuerzas) Fuerza Aérea: 113 encuestados
A la pregunta 1 sobre conocimiento del decálogo de seguridad para el manejo de armas de fuego el 100% de los encuestados respondió afirmativamente mientras que a la pregunta 2 sobre haber recibido instrucción previa a la manipulación de las mismas el 99. Por las respuestas de un porcentaje relativamente alto de los Comandantes encuestados (92. juegos con el arma.Julio . mientras que un 30% asegura realizar estas labores semanalmente. capacitan satisfactoriamente a su personal en el manejo de los mismos. Así mismo el 59% de los encuestados asegura que esta labor es supervisada por el Oficial de Servicio y el
Con las preguntas 5. encontrándose un alto porcentaje de respuestas afirmativas en todos los casos (87.Volumen IX.1% asegura realizar estas labores semanalmente. se realiza tanto instrucción sobre el manejo de armas de fuego. es decir. A las preguntas 8 y 9.2%) corresponde a los que se hallan en el área. C. Así mismo. 6 y 7 lo que se pretendía conocer era si se hacían prácticas de manejo de armas de fuego en las diferentes Unidades y se llevaba a cabo instrucción acerca de las medidas de seguridad para tales efectos. Esto indica que estas labores se efectúan periódicamente y que son supervisadas por el personal pertinente. como de las normas de seguridad. imprudencia. Con las preguntas 5.5% y 98% respectivamente).4% de los casos esta labor es supervisada por los Comandantes y en el 42. en el ámbito nacional.ISSN 0121-182X. irresponsabilidad.
Ejército Nacional: 347 encuestados
A las preguntas 1 y 2 sobre conocimiento del decálogo de seguridad para el manejo de armas de fuego e instrucción previa a su manipulación el 98.5% de los encuestados afirma que portan su arma de dotación asegurada y el 95. A las preguntas 8 y 9. que son normas del decálogo de seguridad. que en las diversas Unidades del Ejército en el ámbito nacional se realiza tanto instrucción sobre el manejo de armas de fuego. con las preguntas 12 y 13 lo que se pretendía conocer era la opinión de los encuestados sobre la causa de los accidentes con armas de fuego y/o explosivos en las diferentes Unidades.9% ha tenido conocimiento de este tipo de incidentes.5% de los militares encuestados han manejado este tipo de material durante su tiempo de servicio y
Bogotá D. que son normas del decálogo de seguridad. Con las preguntas 10 y 11 se pretendía averiguar si las personas que manipulan material de guerra (explosivos) estaban correctamente capacitadas para hacerlo.9% de los casos por los Oficiales y/o Suboficiales encargados. 18. encontrándose que el 72. que en las diversas Unidades de la Fuerza Aérea.Diciembre 2006. en un 49.No. . encontrándose que el 43. observándose que un 69. mientras que para la pregunta 5 el 86. lo cual indica que tienen en cuenta estos mínimos principios de seguridad. el 96. Esto quiere decir.9%.7% de los encuestados respondió afirmativamente y para la numero 6 el 91. negligencia.RICARDO HOYOS DUQUE
21% afirma que la realizan los Comandantes a todo nivel. El porcentaje de encuestados que afirman portar su arma de dotación cargada (7. como de las normas de seguridad. donde tienen que hacerlo de esta manera.2% de ellos lo hizo de la misma manera. A las preguntas 3 y 4 sobre limpieza y mantenimiento del arma de dotación. el 95.6% de los casos según su opinión.8% de los encuestados respondió que conoce el decálogo y el 100% haber recibido instrucción previa a la manipulación de armas de fuego. se debe a errores al momento de la manipulación del arma o material de guerra (descuido.110
. 94. lo cual indica que tienen en cuenta estos mínimos principios de seguridad. mientras que un 59. 6 y 7 lo que se pretendía conocer era si se hacían prácticas de manejo de armas de fuego en las diferentes Unidades y se llevaba a cabo instrucción acerca de las medidas de seguridad para tales efectos.6% de los militares encuestados no ha manejado este tipo de material durante su tiempo de servicio aunque un 77% de ellos afirma haber recibido instrucción al respecto. Con las preguntas 10 y 11 se pretendía averiguar si las personas que manipulan material de guerra (explosivos) están correctamente capacitadas para hacerlo. Colombia . falta de precaución.5% afirma que la portan sin cargar. . Finalmente. indisciplina. 77 .Julio . encontrándose el 100% de respuestas afirmativas para la pregunta 7. respondieron que en el 44. el 34. Pg.7% de los encuestados afirma que portan su arma de dotación asegurada y el 90. etc).9% de los encuestados respondió que ésta labor se practica diariamente. los cuales.6% afirma que la portan sin cargar. .
Así mismo el 36% de los encuestados asegura que esta labor es su-
Bogotá D. imprudencia.Diciembre 2006. como de las normas de seguridad. en un 66% de los casos según su opinión. Pg. que son normas del decálogo de seguridad. imprudencia. irresponsabilidad. que todos ellos conocen el decálogo y han recibido instrucción previa a la manipulación de armas de fuego. encontrándose que el 55.5% afirma haber recibido instrucción previa. 18. irresponsabilidad. mientras que un 80% asegura realizar estas labores semanalmente. observándose que un gran porcentaje de ellos (88.Volumen IX. Finalmente. el 66% de los encuestados respondió que ésta labor se practica diariamente. C. El 86. Con las preguntas 10 y 11 se pretendía averiguar si las personas que manipulan material de guerra (explosivos) estaban correctamente capacitadas para hacerlo. el 20% de los encuestados respondió que ésta labor se practica diariamente. lo cual indica que tienen en cuenta estos mínimos principios de seguridad. Con las preguntas 5. Policía Nacional: 50 encuestados
A las preguntas 1 y 2 sobre conocimiento del decálogo de seguridad para el manejo de armas de fuego e instrucción previa a su manipulación el 100% de los encuestados respondió afirmativamente. otro porcentaje importante (15. negligencia. Así mismo.). 6 y 7 lo que se pretendía conocer era si se hacían prácticas sobre la manipulación de las armas de fuego en las unidades y se llevaba a cabo instrucción acerca de las medidas de seguridad para tales efectos.110
. es decir. Así mismo. con las preguntas 12 y 13 lo que se pretendía conocer era la opinión de los encuestados sobre la causa de los accidentes con armas de fuego y/o explosivos en las diferentes Unidades.No.1% de los encuestados respondieron que esta labor es supervisada. falta de precaución. los cuales. es decir. otro porcentaje importante (23. . en el 50.Julio . indisciplina.5%) se lo atribuyen al no tener en cuenta las normas de seguridad mientras que la falta de capacitación o instrucción ocupa un porcentaje similar (10%). Colombia . en un 61.4%.1%) se lo atribuyen al no tener en cuenta las normas de seguridad mientras que la falta de control o supervisión por parte de los superiores ocupa el tercer lugar de las causas con un 10.1% de los casos por los Oficiales y/o Suboficiales encargados.7%) ha tenido conocimiento de este tipo de incidentes. . A las preguntas 3 y 4 sobre limpieza y mantenimiento del arma de dotación.2% afirma haber recibido instrucción previa.6%) ha tenido conocimiento de este tipo de incidentes. A las preguntas 8 y 9. 77 . se deben a errores al momento de la manipulación del arma o material de guerra (descuido. falta de precaución. etc). se deben a errores al momento de la manipulación del arma o material de guerra (descuido.ISSN 0121-182X. Armada Nacional: 97 encuestados
A las preguntas 1 y 2 sobre conocimiento del decálogo de seguridad para el manejo de armas de fuego e instrucción previa a su manipulación el 100% de los encuestados respondió afirmativamente. negligencia. encontrándose respuestas afirmativas en todos los casos (100% de los encuestados). mientras que un 32% asegura realizar estas labores semanalmente. Finalmente. . indisciplina.5% de los casos por los Comandantes y en el 36.7% de los militares encuestados ha manejado este tipo de material durante su tiempo de servicio y un 82. etc. observándose que un gran porcentaje de ellos (81.1% de los casos según su opinión. que en las diversas Unidades de la Armada Nacional
en el ámbito nacional se realiza tanto instrucción sobre el manejo de armas de fuego. el 100% de los encuestados afirma que portan su arma de dotación asegurada y sin cargar. con las preguntas 12 y 13 lo que se pretendía conocer era la opinión de los encuestados sobre la causa de los accidentes con armas de fuego y/o explosivos en las diferentes Unidades. A las preguntas 3 y 4 sobre limpieza y mantenimiento del arma de dotación.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
un 86. los cuales.
indisciplina. encontrándose que el 76% de los policías encuestados ha manejado este tipo de material durante su tiempo de servicio y el 100% de ellos afirma haber recibido instrucción previa. Con las preguntas 10 y 11 se pretendía averiguar si las personas que manipulan material de guerra (explosivos) están correctamente capacitadas para hacerlo. 77 . . C. lo cual indica que tienen en cuenta estos mínimos principios de seguridad. Ejército
Así mismo. Independientemente de lo anterior. como para la manipulación y mantenimiento del arma de dotación. como de las normas de seguridad. un relativo alto porcentaje de los encuestados (86. lo que indica que por lo menos esta mínima instrucción les es dada a conocer. se realiza tanto instrucción sobre el manejo de armas de fuego. sobre la instrucción preventiva y práctica de tiro se puede concluir que está controlada y se realiza correctamente ya que el promedio de respuestas a estas preguntas fue bastante alto (97. que en las diversas Unidades de la Policía Nacional. Armada Nacional y Policía Nacional que maneja armas de fuego. Finalmente.RICARDO HOYOS DUQUE
pervisada por el Oficial de Servicio y el 30% afirma que la realiza el Armerillo.7%. mientras que el mismo promedio en la Armada Nacional y Policía Nacional sí.Julio .ISSN 0121-182X. y en un 38% se lo atribuye a no tener en cuenta las normas de seguridad. el 100% de los encuestados afirma que portan su arma de dotación asegurada y el 66% de ellos afirma que la portan sin cargar. es un aspecto controlado en las distintas Unidades donde se aplicaron las encuestas. en el ámbito nacional.7%. imprudencia. portan el arma de dotación cargada: 88% (el promedio baja por aquellos que por encontrarse en el área portan su arma de dotación cargada).1%. Pg. Acerca del arma de dotación.). material de guerra y explosivos en el cumplimiento de sus funciones afirma que conoce el decálogo de seguridad en el manejo de armas de fuego. con las preguntas 12 y 13 lo que se pretendía conocer era la opinión de los encuestados sobre la causa de los accidentes con armas de fuego y/o explosivos en las diferentes Unidades. Esto quiere decir. Con las preguntas 5. portan el arma de dotación asegurada: 98. prácticas de arme y desarme: 93. en un 62% de los casos según su opinión.8%. Colombia . irresponsabilidad.
Según lo anterior. 99.4% en promedio) ha recibido instrucción preventiva al respecto. Análisis Horizontal (comparativo entre Fuerzas)
Nacional. falta de precaución. que son normas del decálogo de seguridad. se debe a errores al momento de la manipulación del arma o material de guerra (descuido.110
. etc. .Diciembre 2006.Volumen IX.
En promedio el 99. observándose que un gran porcentaje de ellos (96%) ha tenido conocimiento de este tipo de incidentes. se puede deducir que tanto la instrucción para difundir la normatividad que sobre el manejo de armas de fuego se ha expedido al interior de cada Fuerza y de la Policía Nacional (anexo F). las respuestas promedio entre los encuestados sobre aspectos relacionados con la misma fueron: han recibido instrucción previa de manejo. 6 y 7 lo que se pretendía conocer era si se hacían prácticas de manejo de armas de fuego en las diferentes Unidades y se llevaba a cabo instrucción acerca de las medidas de seguridad para tales efectos. La frecuencia de ocurrencia de accidentes por armas de fuego y explosivos al interior de las Fuerzas Militares y Policía Nacional es bastante alto (84% en promedio) y las causas que los ocasionan según respuesta promedio del 60% de los
Bogotá D. A las preguntas 8 y 9. los cuales. supervisión del mantenimiento: a cargo del personal de cuadros. negligencia. .) Sobre el manejo de explosivos se puede concluir que en promedio el 65% de los miembros de la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional no ha tenido que hacerlo.7% del personal encuestado de la Fuerza Aérea.No. Frecuencia de mantenimiento: diaria o semanal. encontrándose el 100% de respuestas afirmativas para las preguntas 5 y 7 mientras que para la pregunta 6 las respuestas afirmativas fueron de un 98%. 18.
. Entre las causas que han influido en el incremento de las demandas y de los mayores valores cancelados por intereses está la intensificación del conflicto interno armado y de los grupos al margen de la ley. indisciplina.). y “más allá de su valor práctico. El represamiento exagerado de procesos en curso amenaza la sostenibilidad de las finanzas no sólo de estas dependencias. 77 C. presunción de falla del servicio.036 condenas y conciliaciones por el uso de armas de fuego por $120.00% en el 2001 y 2002 respectivamente. juegos con el arma. En el quinquenio analizado. En el período de 1998. en una buena medida.A. Si como lo expresara el profesor RIVERO la posibilidad para los ciudadanos de obtener reparación de los daños imputables a la potestad pública es una pieza esencial del Estado liberal. culpa exclusiva de la víctima. . el 60. La jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado considera que en relación con los daños derivados de la prestación de los servicios médicos asistenciales se presume la falla del servicio. a un 48. 90 inc.000 millones (tres cuartas partes lo fueron por perjuicios morales y solo una cuarta parte por perjuicios materiales. presunción de responsabilidad en actividades riesgosas y peligrosas. irresponsabilidad.Volumen IX. . el valor de los intereses moratorios pasó de representar un 12. así como el aumento en inversión y en armamento. También la falta de coordinación y celeridad entre la misma programación y asignación del presupuesto destinado a cubrir los fallos proferidos.3% y un 41. sino del propio Estado. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El daño antijurídico es un concepto genérico en el cual se engloban todos los supuestos que permiten declarar la responsabilidad del Estado (contractual y extracontractual) y en el que a su vez. además de haber redundado en menos erogaciones toda vez que el comportamiento del precio del metal ha ido en aumento en los últimos años frente al precio de la mano de obra calificada. alegar y probar la existencia de un elemento extraño. C.110
. Pg. 18. la responsabilidad del Estado se desliga de criterios subjetivos como el dolo y la culpa.ISSN 0121-182X.No. En este periodo el valor promedio de las condenas pasó de $66 millones a $76 millones. a lo largo de su historia.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
encuestados están relacionadas con factores inherentes a su incorrecta manipulación por parte del operador (descuido. 77 . los cuales solo juegan al momento de definir la responsabilidad personal del funcionario (art. El panorama actual de las contingencias estimadas por demandas en el Ministerio de Defensa Nacional y en la Policía Nacional por armas de fuego es preocupante. por lo que la labor preventiva tendría que estar enfocada en este aspecto en particular.0% y en la Policía Nacional en un 38.8% del presupuesto asignado para pago de sentencias y conciliaciones fue absorbido en la cancelación de fallos por el uso de armas de fuego en las Fuerzas Militares en un 81. Esta cifra representa el 16. En este orden de ideas. toda teoría de la responsabilidad refleja una cierta
forma de civilización”.Diciembre 2006. Las cifras señalan que en el año 2002.998.Julio . en Colombia esto ha sido posible. imprudencia.C. se incluyen los diferentes criterios de imputación del daño a particulares elaborados en su larga evolución por la jurisprudencia del Consejo de Estado (falla del servicio.200 demandas por todo concepto contra el Ministerio de Defensa
Bogotá D.7% del presupuesto total de inversiones del año 2. art. En relación con actividades peligrosas o riesgosas (utilización de armas de fuego) la prueba de la diligencia y cuidado no exonera de responsabilidad. fuerza mayor). . A la fecha hay en curso cerca de 16. inseguridad.2002 en el Ministerio de Defensa Nacional y en la Policía Nacional se pagaron un total de 2. de los derechos del ciudadano frente al Estado. 54 ley 80 de 1993). negligencia y/o exceso de confianza). etc. Colombia .03%. la cual puede desvirtuarse por la entidad demandada con la prueba de la diligencia y cuidado (ausencia de falla en el servicio) o la existencia de un elemento extraño que rompa el nexo de causalidad (hecho exclusivo de un tercero.002 de estas entidades. daño especial. art. El cambio para la tasación de la indemnización por daño moral de gramos oro a salarios mínimos legales mensuales permitirá un mejor control del presupuesto. gracias a la paciente labor jurisprudencial del Consejo de Estado como garante. Solo cabe por tanto. 2 Constitución Política.6% del capital de condenas en 1.
1. 11 de Agosto de 1998.Oficina Jurídica. lo cual estima unas contingencias por demandas y sentencias por el uso de armas de fuego de aproximadamente $463. 2001 COMANDO EJÉRCITO NACIONAL. Por información recibida del Ministerio de Defensa Nacional. C. Dirección de Armamento Ejército Nacional. 77 . FM. que para las vigencias 2003 y 2004. Pg. Dirección de Armamento Ejército Nacional. es de señalar que el esfuerzo del Estado debe estar orientado a la reducción o mitigación de las causas que incrementan estas obligaciones. JUSTICIA Y SEGURIDAD: Dirección de Estudios Sectoriales. lo que se considera permitirá una mejoría en la calidad de la defensa de la entidad frente al volumen de las demandas en curso. Revista Seguridad Aérea.No. mediante la elaboración y aplicación de políticas de prevención del daño antijurídico.6. Boletín Técnico No. COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES.10/01 DIARM. COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES. Manual FAC 3-055 Público sobre Prevención de accidentes aéreos. . Esto involucra una adecuada coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Colombia . Reglamento del Servicio de Guarnición FM. Revista Seguridad Aérea. Dentro de estas políticas de prevención se encuentra la necesidad que al interior de todas las unidades de la Fuerza Pública se refuerce la instrucción al personal militar y policial sobre la normatividad especial existente sobre el uso y manejo de armas de fuego que han expedido cada uno de los Comandos de Fuerza y la Dirección General de la Policía Nacional.1999.
BIBLIOGRAFÍA COMANDO EJÉRCITO NACIONAL.5%) y la Policía Nacional (50. Otra medida preventiva para la reducción de interese en las condenas la constituye la necesidad de efectuar una mejor programación y ejecución del presupuesto asignado para el rubro sentencias y conciliaciones de las entidades objeto de estudio. Esto permitirá que al momento de su manipulación se reduzca en gran medida la accidentalidad por estas causas. Dirección de Armamento Ejército Nacional. Público. Enero de 1990 CONTRALORÍA DELEGADA PARA EL SECTOR DEFENSA. Edición No. Dirección de Armamento Ejército Nacional.003 millones.RICARDO HOYOS DUQUE
Nacional (49. Edición No.Grupo Contencioso Constitucional. COMANDO EJERCITO NACIONAL. Diciembre de 1999. Junio de 1999. Estos porcentajes demuestran que los valores pagados por el uso de armas de fuego siguen siendo ostensiblemente altos frente al rubro de “sentencias y conciliaciones” asignado durante estas vigencias. Segunda edición.ISSN 0121-182X. 29 de Octubre de 1984.Diciembre 2006. . COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES. 2001 COMANDO EJÉRCITO NACIONAL. .Volumen IX. COMANDO FUERZA ÁEREA COLOMBIANA. COMANDO FUERZA ÁEREA COLOMBIANA. para el presente año se vincularon seis abogados por contrato de prestación de servicios profesionales con el fin de apoyar las funciones de defensa judicial del Ministerio ante diferentes Tribunales a nivel nacional.008/01 DIARM. Boletín Técnico No.Julio . 2001 COMANDO FUERZA ÁEREA COLOMBIANA. Normas de Seguridad Contra Accidentes.006/01 DIARM. 3-9. Boletín Técnico No.05/02 DIARM. Decálogo de Seguridad para el manejo de armas de fuego.110
. Finalmente. Sentencias y
Bogotá D. Reglamento para el servicio de tropas en orden público urbano y desastres civiles. Manual Ejército 1-2 Publico. 3-17 Reservado. 18.5%). Se observa igualmente por información recibida de las dependencias objeto de estudio. 1978. el porcentaje de los pagos por créditos judicialmente reconocidos por armas de fuego representó el 17 y 18% en la Policía Nacional y para el mismo periodo un 37% y 39% en el Ministerio de Defensa Nacional frente a la totalidad de condenas y conciliaciones por otras causas. 2001 COMANDO EJERCITO NACIONAL: Boletín Técnico No.
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