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Timestamp: 2018-12-18 23:38:41
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Matched Legal Cases: ['artículo 478', 'artículo 21', 'artículo 502', 'artículo 87', 'artículo 469', 'artículo 118', 'artículo 502', 'artículo 632', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 63', 'artículo 62', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3']

﻿ Sentencia 2003-00581 de julio 31 de 2014
SENTENCIA 2003-00581 DE 31 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:DECOMISO – ADQUIRENTES DE BUENA FE. PARA LOS ADQUIRENTES DE BUENA FE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MERCANCÍA, EL DECOMISO NO CONSTITUYE UNA SANCIÓN, SINO LA MEDIDA TENDIENTE A DEFINIR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MERCANCÍA, LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ HABILITADA EN CUALQUIER TIEMPO PARA APREHENDERLA CUANDO OCURREN LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LAS CAUSALES DE APREHENSIÓN Y, LUEGO DE SURTIDO EL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO, DISPONER SU DECOMISO.
TEMAS ESPECÍFICOS:MERCANCÍA, ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, DIAN, DECOMISO DE MERCANCÍA, TERCERO ADQUIRENTE DE BUENA FE
Sentencia 2003-00581 de julio 31 de 2014
Ref.: Exp. 2003- 00581-01
Actora: Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental —Corponor—.
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la decisión de primera instancia del 13 de junio de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, donde se negó las súplicas de la demanda.
Corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos demandados fueron proferidos en legal forma, pues la recurrente insiste en afirmar que la DIAN no tuvo en cuenta las pruebas allegadas al proceso, las cuales demuestran que la mercancía decomisada fue adquirida de buena fe y, por lo tanto, no le correspondía demostrar la legal introducción de la misma al país.
Asimismo expresa, que el a quo se equivocó cuando aseveró que el decomiso no es una sanción sino una medida para definir la situación jurídica de una mercancía y, como tal, no le es aplicable la figura de caducidad prevista en el artículo 478 del, Decreto 2685 de 1999, cuando en realidad se trata de una mercancía de procedencia extranjera y que su ingreso al territorio nacional, comporta alguna irregularidad.
Alega que la DIAN violó el principio de legalidad puesto que aplicó al caso presente normas que no se encontraban vigentes al momento de ocurrencia de los hechos, es decir que se aplicaron los preceptos contenidos en el Decreto 2685 de 1999 y en el artículo 21 del Decreto 1232 de 2001 y la mercancía fue adquirida antes de 1999, siendo esa la fecha que debió tenerse en cuenta en la primera instancia y no la fecha cuando se adelantó la aprehensión.
Mediante Acta 115 de 28 de enero de 2002, la DIAN - administración de Cúcuta, aprehendió una mercancía consistente en trescientos cincuenta y ocho (358) equipos informáticos distribuidos en monitores, CPU, teclados, mouse e impresoras de diferentes marcas, por considerar que no se encontraba amparada en una declaración de importación, de conformidad con el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
Con Resolución 2693 de 28 de octubre de 2002, el jefe de la división de liquidación de la DIAN —administración de Cúcuta—, ordenó el decomiso a favor de la Nación, de la mercancía aprehendida por no haberse acreditado la legalidad del ingreso al país de las mismas.
En reiterados pronunciamientos de esta corporación(1), se ha señalado que el momento a partir del cual se tienen como ocurridos los hechos objeto de investigación, es aquel en el que la administración identifica o tiene conocimiento de la conducta constitutiva de la infracción.
Para el presente caso, se tiene que la DIAN tuvo conocimiento de los hechos constitutivos de alguna irregularidad en materia aduanera, fue al momento de realizar la visita de control y verificación, es decir el 28 de enero de 2002, cuando aprehendieron la mercancía, en vigencia del estatuto aduanero contenido en el Decreto 2685 de 1999.
El artículo 87 del Decreto 2685 de 1999, norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, establece que la obligación aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional y dicha obligación comprende, entre otras, la presentación de la declaración de importación.
Según el artículo 469 ibídem, en ejercicio de las facultades de fiscalización y control la DIAN podrá, entre otras, adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el cumplimiento efectivo de las normas aduaneras simultáneamente al desarrollo de las operaciones de comercio exterior, o mediante la fiscalización posterior que se podrá llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, o integralmente, para verificar también el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cambiarias de competencia de la entidad.
El artículo 118 del Decreto 2685 de 1999 señala que el obligado a declarar es el importador, entendido este como quien realiza la operación de importación o aquella persona por cuya cuenta se realiza, es decir que, en principio, la presentación de la declaración de importación es obligación del importador, sin embargo la DIAN tiene la facultad de verificar en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones aduaneras sobre las mercancías de origen extranjero, sin importar en qué manos se encuentren; en consecuencia, si se llegara a establecer la ilegal introducción de la mercancía al país esta puede ser decomisada sin que interesen las circunstancias que tenga la persona en cuyo poder se encuentre.
En su función verificadora de la legalidad de la introducción de la mercancía al país, la DIAN encontró que la maquinaria aprehendida, en este caso, equipos de cómputo, no estaba legalmente amparada en la declaración de importación, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
De los documentos allegados al expediente se observa lo siguiente:
“Mediante Oficio 00020702-00 de fecha 24-09-01 (fls. 9º al 132), el señor Diomar Alonso Velásquez Bastos subdirector administrativo y financiero de Corponor, manifiesta que en atención a la solicitud correspondiente al Auto Comisario 01508, hace entrega del Decreto de creación de la corporación Nº 3450 de diciembre 17 de 1983, e igualmente informa que ha solicitado a sus proveedores nacionales, las declaraciones de importación de los equipos aprehendidos para lo cual relaciona los proveedores y sus respectivas facturas y además adjunta actas de recibo y entradas a almacén y relaciona los proveedores a los cuales les fueron comprados los equipos de computación, así:
Proveedor Factura de compra
Sistemas y Computadores Ltda. 3088 y 1462
Open Services 060, 068, 090,144, 175,0602, 0865,1362, 1545, 1607 y 1608
Software Line Ltda. 0174
Sistemas y Soluciones 0210
Compuimperio 0265
Suming Ltda. 051, 0150, 0353, 0481, 0517
Servitec Computadores Ltda. 0083
Colsistemas 023,033
Microchip 0235, 0321
Mediante Oficio 00020787-00 de fecha 25-09-01 (fls. 133 al 143), el señor Diomar Alonso Velásquez Bastos subdirector administrativo y financiero de Corponor, manifiesta a la división de fiscalización de esta administración, que envía copia de los oficios con los cuales requirió a sus proveedores, que a su vez adjunta copias ilegibles de las declaraciones de importación suministradas por los proveedores Software Line y Compuimperio y a su vez informa que algunos proveedores ya no residen en las direcciones citadas en sus facturas. Es de anotar que en dichos folios no se aportó ninguna declaración de importación (subrayo).
Mediante Oficio 00022909-00 de fecha 20-11-01 (fl. 144 al), (sic) el señor Diomar Alonso Velásquez Bastos subdirector administrativo y financiero de Corponor, manifiesta a la división de fiscalización de esta administración, que en atención al Auto Comisario 01508 hace entrega de las facturas de compra de Open Services factura 1607 y 1608, Sistemas y Computadores Ltda. factura 26616 Soporte y Consultoría Organizacional Cía. Ltda. factura 1304 y a su vez envía la información suministrada por los siguientes proveedores así:
1. Open Services - Javier Torrado Franco NIT 13-258.557-6 mediante oficio de fecha 27-09-2001 manifiesta que las compras las realizaron a empresas mayoristas del momento y, que a la fecha, casi todas han desaparecido relacionando a CHS Promark Colombia Ltda. NIT 800.205.551-1, DCP Distribuidor de computadores y periféricos NIT 860.528.984-1 y MPS mayorista de Colombia S.A. NIT 830.018.214-1. Igualmente la misma firma mediante oficio de fecha 15 de noviembre de 2001 (fl. 157), informa a Corponor que Open Services, no realiza operación de importación ni de exportación de equipos electrónicos y que sus compras las realiza a proveedores mayoristas en la ciudad de Bogotá, a los cuales ya se les solicitó las respectivas declaraciones de importación y que anexa copia de un manifiesto de importación el cual soporta las impresoras HP de la factura 1608 e igualmente que los estabilizadores marca Energex y Nikron son equipos de fabricación nacional y que respecto a los proveedores nacionales Exitec factura 0602 correspondiente a los equipos Compaq y Alfa Best factura 068 correspondiente a los computadores marca Premio, se determinó que dichas firmas fueron liquidadas y no se encuentran a la fecha registradas en el mercado (fls. 145 a 167).
2. Microchip - Carlos Eduardo Mayorga NIT 98. 196.106-3, mediante oficio de fecha 01-10-2001, manifiesta a Corponor, que le hace entrega de importación de los equipos suministrados según factura 0235 del 25 de enero de 2001 y 0321 del 9 de agosto del 2001 (fls. 168 al 196).
3. Compuimperio 2000 - Miller Bautista Ramírez NIT 19.107.033-7, mediante oficio sin número de fecha 2 de octubre de 2001, hace entrega a Corponor de las declaraciones de importación que amparan los equipos suministrados (fls. 197 al 226) (...).
La división de fiscalización aduanera de esta administración, mediante requerimientos ordinarios aduaneros 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529 y 0530, todos del 10 de abril de 2002 solicitó información respectivamente, a las empresas Servitec Computadores Ltda. NIT 807.001.548-6, Colsistemas Ltda. NIT 890.212.865-3, Open Services Sistemas Electrónicos NIT 13.258.557-6, Microchip NIT 88.196.105-3, Sistemas y Soluciones NIT 60.326.396, Compuimperio NIT 19-107.033-7, Suming Ltda. NIT 800.191.895-5, Software Line Ltda. NIT 807.002.159-0, SOS Red soporte y consultoría organizacional Cía. Ltda. NIT 830.007.609-8, Sistemas y Computadores Ltda. NIT 890.206.351-5 acerca de las operaciones y los soportes contables y aduaneros generados en las transacciones realizadas con Corponor. Dichos requerimientos fueron notificados por correo el 11 de abril de 2002, según planillas 385, 387, 385, 383, 384 (fls. 283 al 323) (...).
Mediante oficio de fecha abril 29 de 2002, la firma Open Services sistemas electrónicos - Javier Omar Torrado Franco, da contestación al Requerimiento Ordinario 0523 del 10 de abril de 2002, para lo cual manifiesta, a través de su contador público, que los libros de contabilidad correspondiente a los años 1999 hacia atrás estaban inscritos pero se extraviaron, por lo cual anexa el respectivo denuncio, y que en ellos se encontraban asentadas las facturas 060 del 11-03-94, 068 del 29-03-94, 090 del 18-05-94, 144 del 16-08-94, 175 del 9-11-94, 177 del 15-11-94, 281 del 13-07-95, estas dos últimas expedidas a nombre de Centrales Eléctricas y se (sic) Sistemas y de Computadores respectivamente, las otras a nombre de Corponor. Además agrega que las siguientes facturas se encuentran debidamente asentadas en los libros de contabilidad, facturas 0602 del 25-11- 96, 865 del 21-08-97, 1362 del 14-01-2000, 1545 del 17-05-2000, 1607 del 30-06- 2000, 1608 del 30-06-2000 y 0281 del 28-06-2000, 1777 del 2-05-2000 y que las mismas fueron expedidas a nombre de Corponor, identificada con NIT 890. 505. 253-4 y que no son importadores y que por lo tanto de esos años fue difícil conseguir los documentos soportes de la importación pues no se solicitaban porque no existía la obligación legal de hacerlo y que el total de las facturas corresponden a compras nacionales las cuales se encuentran respaldadas con las facturas del proveedor, excepto algunas que no encontraron (fls. 378 al 452).
Mediante oficio de fecha 30-04-2002, la firma Sistemas y Soluciones - Xiomara Yaneth Contreras Ramírez, C.C. 60.326.396, da contestación al requerimiento especial aduanero, manifestando que de acuerdo al artículo 632 del estatuto tributario en la empresa se conservaban los documentos por el periodo mínimo de 5 años e inmediatamente se daban de baja y que por lo tanto no puede suministrar la información, solicitada, respecto de la factura 0210 del 9-11-1999, ya que esta documentación ya no existe por autorización expresa de la ley y que la empresa ya no existe (fI. 453 a 455).
Mediante oficio de fecha 18-04-2002, la firma Servitec Ingenieros Ltda. NIT 807.001.548-6, da contestación al Requerimiento 0521, manifestando, a través de su contadora pública que respecto a la factura 0083 del 27-11-97, la misma está registrada en los libros de contabilidad a nombre de Corponor, anexando la factura de venta y demás documentos solicitados, excepto la declaración de importación (fls. 456 a 468).
Mediante oficio de fecha 19-04-2002, la firma Summing Ltda. NIT 800.191.095-5, Ricardo Bermúdez G. Gerente, da contestación al Requerimiento de información 0527 manifestando que realizó ventas a Corponor mediante facturas 0051 del 27-09-96, 0150 del 3-03-97, 0353 del 03-12-97, 0481 del 9- 09-98 y 0517 del 7-12-98, anexando la información correspondiente. Excepto las respectivas declaraciones de importación. (fls. 469 al 506).
Mediante oficio de fecha 30-04-2002, la firma Microchip - Carlos Eduardo Mayorga Carrillo NIT 88.196.106-3, da contestación al Requerimiento de Información 0524, manifestando a través de su contador público, que las facturas de ventas 0235 del 25-01-2001 y factura de venta 0321 del 9-08-2001 fueron contabilizadas por ventas efectuadas a Corponor y que dicha mercancía fue comprada a su vez según las siguientes facturas, las cuales anexa:
Factura de venta 23201 y 23223 (anexa declaraciones de importación Nº de levante 032001100009750 del 20-12-2000, 032001100009767 del 20-12-2000, 032000100165181 del 6-12-2000, 27443, todas expedidas por la firma Importrans Z.C. Ltda.
Factura de venta 231271, 231281 (anexa declaración de importación Nº de control 1.74267162111065E-15 del 12-06-2001 y Nº de control aclaración 2230005532585544E-15 del 13-06-2001) y 212864 (anexa declaraciones de importación Nº de control 217718741499149935.6 del 6-11-2000, 218502907296500 del 2-01-2001, 848321859336515 del 6-11-2000, 218502907296500 del 2-01-2001, 646998999999753 del 19-01-2001. Ambas facturas fueron expedidas por la empresa Makrocomputo S.A. (fls. 507 al 555).
Mediante oficio de fecha 30-04-2002, la firma Compuimperio - Miller Ángel Bautista Ramírez NIT 19.107.033 en contestación al Requerimiento 526 manifiesta que realizó una venta según factura 0265 de enero 25 de 2001 a Corponor y que el computador, la impresora, el zip drive, y la licencia Windows fueron adquiridos a la firma Impotrans Z.C., la cual tiene patente de los equipos SAT en Colombia, según facturas 23159 y 23200, por el señor Carlos Eduardo Mayorga - Microchip, quien en el momento de vendérselos no le expidió factura y anexa relación de la mercancía vendida y no anexa las respectivas declaraciones de importación (fls. 556 al 570).
Mediante oficio de fecha 2-05-2000, la firma Sistemas y Computadores Ltda. NIT 890.206.351-5, en contestación al Requerimiento ordinario 530 del 10 de abril de 2002 certifica a través de su revisor fiscal que respecto a las facturas de venta 1462 del 17-01-1994 (que dicha mercancía fue comprada a IBM Colombia S.A. según factura H465-1 de diciembre 10 de 1993). 03088 del 2-02-1995 (que dicha mercancía fue comprada a IBM de Colombia S.A. según factura Bo. H49722 del 21-09-1994) Y 26616 del 19-01-2000 (correspondiente a actualización de software de contabilidad). Nota no anexa las respectivas declaraciones de importación (fls. 571 al 600)” (negrilla fuera de texto).
Respecto de las declaraciones de importación que fueron allegadas al expediente, se tiene que en efecto la descripción de la mercancía contenida en ellas, no concuerda con los datos contenidos en el acta de aprehensión, en lo que tiene que ver con el número de seriales, marcas y referencias de los equipos de cómputo que fueron aprehendidos y decomisados.
Las pruebas allegadas demuestran que pese a que Corponor adquirió los equipos de cómputo por terceros en legal forma, estos fueron introducidos al país sin los requisitos establecidos por la ley, específicamente por no estar amparados en una declaración de importación, por lo que se debe considerar como mercancía de contrabando y, encontrándose la administración en su deber legal de verificación de la legal importación de la mercancía, estaba facultada para aprehender y decomisar la mercancía.
Siendo el comprador responsable también de las obligaciones aduaneras como lo prevé el artículo 3º del Decreto 2685 de 1999, junto con el importador, el propietario o el tenedor de la mercancía e inclusive quien se haya beneficiado de la operación aduanera, debió tener el cuidado y diligencia de solicitar al importador o al vendedor, todos los documentos soportes tanto de la transacción que estaba realizando de compraventa, como de la importación de la mercancía extranjera y observar su legalidad.
Así lo puso de presente la Sala en sentencia de 12 de junio de 2014(2) al decidir análoga solicitud de nulidad y restablecimiento del derecho, sustentada con el mismo cargo que se invoca en el caso presente:
“Siendo el comprador responsable también de las obligaciones aduaneras como lo prevé el artículo 3º del Decreto 2685 de 1999, junto con el importador, el propietario o el tenedor de la mercancía e inclusive quien se haya beneficiado de la operación aduanera, debió tener el cuidado y diligencia de solicitar al importador o al vendedor, todos los documentos soportes tanto de la transacción que estaba realizando de compraventa como de la importación de la mercancía extranjera y observar su legalidad”.
La Sala en la misma sentencia precisó que: “En el descuido o falta de diligencia en el giro ordinario de los negocios, se encuentra la culpa como lo prevé el artículo 63 del Código Civil y, en este caso, la ley prevé que las obligaciones aduaneras incumben también al propietario de la mercancía, por lo que debió solicitar copia de la declaración de importación y observar en ella que la mercancía que estaba comprando estuvieran descrita en debida forma, como lo observaría en la descripción de la mercancía en la factura de compra o el contrato de leasing, para una reclamación futura”.
Para la Sala, el hecho de que se hubieran aportado al expediente las facturas de compraventa y las propias declaraciones de importación de la mercancía, no es suficiente ante el mandato de las normas aduaneras, que son de orden público de estricto y obligatorio cumplimiento, ante la obligación de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de contener y evitar el contrabando.
En diferentes oportunidades esta corporación se ha pronunciado sobre los adquirentes de buena fe dentro del procedimiento para definir la situación jurídica de la mercancía y el hecho de que el decomiso no constituye una sanción, de la siguiente forma(3):
Es preciso advertir que la Sala en diversos pronunciamientos ha determinado que el hecho de que se adquiera de buena fe, en este caso, un automotor no hace desaparecer la causal de decomiso ni exime al interesado de responder ante las autoridades aduaneras en el evento de que la mercancía se encuentre en su poder y haya ingresado al país sin el lleno de los requisitos legales, no obstante que haya obtenido el levante.
En sentencia de 10 de mayo de 2007 (Exp. 855, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la Sala reiteró las sentencias de 4 de febrero de 1999 (Exp. 5088, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz); de 27 de enero de 2000 (Exp. 5425, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); y de 4 de mayo de 2001 (Exp. 6664, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero), para señalar que el levante es un acto sujeto a condición, pues no obstante su expedición, si con posterioridad al mismo las autoridades aduaneras advierten la comisión de una infracción, mediante la facultad de fiscalización que tienen, deben proceder a imponer las sanciones correspondientes.
Ello con fundamento, entre otras normas, en los artículos 66 del Decreto 1909 de 1992, en armonía con lo previsto por el artículo 62, literal d), ibídem, en donde se precisa que la facultad de la DIAN para realizar inspecciones aduaneras puede ejercerse en cualquier momento, aun cuando hayan sido transformadas o incorporadas a otras mercancías” (negrilla fuera de texto).
Ahora, en relación con el cargo de caducidad de la acción sancionatoria, cabe advertir que conforme lo precisó la Sala en sentencia de 11 de diciembre de 2006 (Exp. 2001-00952, C.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta), “(...) conviene poner de presente que el procedimiento administrativo surtido en este caso es el correspondiente a la definición de la situación jurídica de la mercancía”.
El Decreto 1800 de 1994, vigente cuando se le notificó a la actora el pliego de cargos y citado, entre otros, como soporte de este acto de trámite (fl. 87 del cdno. de antecedentes), claramente consagra los distintos procedimientos en materia aduanera y, en el artículo 1º alude al procedimiento para definir la situación jurídica de la mercancía, cuyos supuestos fácticos corresponden a la conducta de que tratan los actos acusados, que es diferente de la situación regulada en el artículo 2º, ibídem, relativa a procedimientos para la aplicación de sanciones y multas.
Igualmente, la Sala en sentencia de 22 de junio de 2006, (Exp. 02240, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), precisó que “el decomiso no constituye una sanción, sino la medida tendiente a definir la situación jurídica de la mercancía, razón por la cual la administración está habilitada en cualquier tiempo para aprehender determinada mercancía (...), y, luego de surtido el respectivo procedimiento disponer su decomiso, no pudiendo, entonces, alegarse que caducó la acción para ordenarlo, pues dicha caducidad se predica de las sanciones, como por ejemplo de las multas”.
Finalmente, es oportuno resaltar que no le asiste razón a la actora en cuanto a que la actuación administrativa debió dirigirse contra la importadora, pues el artículo 3º del Decreto 2685 de 1999 señala como responsables de las obligaciones aduaneras, entre otros, al poseedor o tenedor de la mercancía; y si este resulta afectado por la actuación del importador o del anterior tenedor del vehículo tiene a su favor la acción de repetición contra los mismos.
Como el decomiso no constituye una sanción, sino la medida tendiente a definir la situación jurídica de la mercancía, la administración está habilitada en cualquier tiempo para aprehenderla cuando ocurren los hechos constitutivos de las causales de aprehensión y, luego de surtido el respectivo procedimiento, disponer su decomiso, no pudiendo, entonces, alegarse que caducó la acción para ordenarlo, pues se reitera que dicha caducidad se predica de las sanciones, como por ejemplo de las multas.
CONFÍRMASE la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 13 de junio de 2008.
(1) Sentencia de 6 de noviembre de 2013, Expediente 2001-00645, magistrada ponente María Elizabeth García González.
(2) Expediente 2007-1209, actora: lnversiones e Ingenieros Orientales Ltda. y otros, magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.
(3) Sentencia de 4 de octubre de 2007, Expediente 68001-23-15-000-2001-02752-01 consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.