Source: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?tag=litigio-estrategico&paged=2
Timestamp: 2017-07-28 15:00:41
Document Index: 246241755

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 18', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 6', 'artículo 69', 'Artículo 18', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 121', 'artículo 133']

Litigio Estratégico | El Juego de la Suprema Corte | Page 2
Litigio Estratégico	febrero 14, 2013
Luis Pérez de Acha Hace unos días, Justicia Justa inició dos batallas jurídicas de enorme relevancia para el país. Por un lado, junto con la organización Mexicanos Primero, lanzó un juicio de amparo en contra de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación y las Secretarías de Hacienda y Función Pública. ¿Su objetivo? Romper la perniciosa dinámica entre estas autoridades y el sindicato de maestros (SNTE). La cual básicamente consiste en que las primeras destinan en cada ejercicio presupuestal cuantiosas sumas de dinero público para la educación, el cual es desviado por el SNTE para otros propósitos y, aunque se detectan estas irregularidades, no hay consecuencia alguna en términos de responsabilidades. Al contrario, este círculo vicioso se reinicia cada año. Por el otro lado, Justicia Justa, en representación de un grupo de ciudadanos, también interpusó un juicio de amparo en contra del artículo noveno de la Ley de ingresos de la federación de 2013. Su argumento consiste en que éste abre la posibilidad de que se les perdone adeudos fiscales a estados y municipios. Lo cual desincentiva la capacidad recaudatoria de miles de gobiernos locales, prolonga la inercia de irresponsabilidad fiscal y, además, nos eleva la carga fiscal a los contribuyentes pues seremos nosotros quienes tendremos que cubrir finalmente ese dinero faltante.
Ambos juicios de amparo tienen el valor de ubicar en la agenda judicial dos problemas estructurales de nuestros sistemas educativo y fiscal. Pero, por si no fuese suficiente, también aprovechan de manera creativa varios de los cambios más novedosos de la nueva regulación del juicio de amparo. Lo cual significa a su vez poner a prueba, frente a estos avances en la protección de derechos, a nuestros jueces. Así, en el siguiente video uno de los abogados líder de esta estrategia explica de manera clara y puntual el por qué y cómo de estos importantes juicios de amparo.
[media id=10 width=480 height=360]
Saúl López Noriega Democracia Deliberada es un grupo de profesionistas, académicos y activistas de la sociedad civil que buscan cambiar las instituciones y las políticas públicas a través de la izquierda partidista. De ahí que tengan la intención de inscribirse y participar activamente en el PRD para, desde ahí, tratar de transformar la agenda e influir en la acción política para darle un rumbo más igualitario, más sustentable y más abierto.
Justine Dupuy La Voladora 97.3 FM es una pequeña radio comunitaria de la Amecameca en el Estado de México. Desde hace 5 años obtuvo su permiso después de largas luchas para que el Estado reconozca el papel social que desempeña este medio. Hoy en día, esta radio abanderó otra batalla. Y esta batalla es la de todas y todos los mexicanos.
Margarita Castilla Peón En el contexto de democracias débiles -como la que vivimos en nuestro país- es común que las iniciativas públicas encaminadas a garantizar el efectivo goce de los derechos no sean sostenidas en el tiempo, no den resultados sustantivos e incluso que su implementación no nos aporte mejores condiciones para el ejercicio de nuestros derechos. También son frecuentes los retrocesos en los pequeños avances que se han logrado para acercarnos a una democracia sustantiva.
En este escenario la sociedad civil requiere ampliar y fortalecer sus estrategias de incidencia. Una forma relativamente nueva de hacerlo y cada vez más recurrida –y hago un énfasis en lo relativo y lo reciente– es el ejercicio del litigio estratégico o paradigmático como una práctica para motivar cambios en la política pública desde la sede judicial.
Mediante el litigio de un caso emblemático se persiguen varios objetivos: motivar criterios judiciales amplios y atentos a los más altos estándares en materia de derechos humanos; modificar leyes, reglamentos y prácticas administrativas cuya aplicación obstaculice o impida el ejercicio de derechos; evidenciar las limitantes de los propios recursos jurídicos nacionales para hacer valer los derechos fundamentales; establecer un diálogo con los operadores de justicia para exigir el ejercicio de sus facultades de interpretación que –dicho se a de paso– no está peleado con resolver los asuntos “conforme a derecho”; así como elevar el nivel de debate sobre un tema con aristas jurídicas. En fin, el litigio estratégico, por qué no decirlo, es también una forma de participación en el espacio político[1].
Sin pretender, de manera alguna, agotar las experiencias de defensa estratégica de derechos en México, enuncio algunos ejemplos que considero han logrado al menos uno de los objetivos antes señalados y que han sido, casi en su totalidad, impulsados desde la sociedad civil.
En cuanto a la justiciabilidad del derecho a la salud y la no discriminación en México hago referencia a los siguientes logros: la jurisprudencia a favor de militares que adquieren VIH[2]; los criterios jurisprudenciales a favor de los trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo discriminados por el ISSSTESON y la consecuente modificación al artículo 6º del Reglamento para los Servicios Médicos de ese Instituto que establecía que para tener acceso a los servicios médicos (los trabajadores de nuevo ingreso o reingreso debían acreditar que gozaban de buena salud[3]); el aporte con el que contribuyó la interposición de un amparo presentado en contra de la reducción presupuestaria del programa para la atención y prevención del VIH/SIDA ejercido por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), no sólo para evitar una nueva reducción en su presupuesto sino para aumentarlo[4] en el siguiente año fiscal; y, finalmente, la resolución favorable para la comunidad Mininuma de Metlatónoc, Guerrero, para contar con infraestructura médica y hospitalaria accesible[5].
Respecto al trabajo de incidencia en sede judicial a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres menciono los siguientes: las audiencias públicas y los amicus curiae presentados en el contexto de que la SCJN resolviera las acciones de constitucionalidad en contra de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, así como los numerosos amparos y la estrategia seguida ante el Sistema Interamericano para impulsar que el derecho a decidir de las mujeres sea plenamente garantizado en todas las entidades federativas[6].
En cuanto a la garantía del derecho a la información, libertad de expresión, libertad informativa y no discriminación, cabe mencionar la posibilidad que tiene la SCJN de sentar un precedente que motive la clara determinación de criterios para la asignación de publicidad oficial a radios comunitarias[7].
En relación a la protección del derecho de acceso a la información y el cumplimiento del principio constitucional de máxima publicidad, me refiero al litigio estratégico en contra de la amplia definición del “secreto fiscal” que impide transparentar las decisiones y el actuar del SAT[8].
Finalmente, señalo las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano en los tres casos siguientes: Fernández Ortega, Rosendo Cantú y Cabrera García y Montiel Flores. Cada uno de estos, producto de una estrategia jurídica encaminada a otorgar justicia a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y a eliminar una de las condiciones que favorece su existencia: el fuero militar[9].
Ahora bien, vale subrayar que la medida de éxito de los casos antes mencionados, está condicionada por diversos factores que si bien en algunas ocasiones tienen que ver con el propio diseño de la estrategia jurídica, también –y es justo mencionarlo– se relaciona con los retos inherentes al sistema normativo y judicial mexicano, así como con la cultura jurídica de una parte de sus operadores.
En el primer rubro, el de las restricciones técnicas del sistema normativo, menciono un ejemplo: las características propias del amparo como medio de control constitucional en lo relativo, particularmente a las limitantes que impone la definición de interés jurídico, así como a los acotados efectos que éste otorga.
Esperamos que las reformas propuestas a la Ley de Amparo sean aprobadas rápidamente, pues conjuntamente con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y la incorporación, el año pasado, de la figura de acciones colectivas -de la cual queda pendiente su legislación secundaria[10]- propiciarán mejores condiciones para la exigibilidad judicial de los derechos de las personas.
En cuanto al segundo aspecto, el de la cultura jurídica de una parte de los operadores, identifico que aún falta mucho para que éstos incorporen un mayor, más amplio y más rico contenido de derecho comparado y de derecho internacional de los derechos humanos en su ejercicio de interpretación judicial.
Otro reto que existen como lo señaló Guadalupe Barrena en su colaboración para El litigio estratégico en México: la aplicación de los derechos humanos a nivel práctico. Experiencias de la sociedad civil[11], es la falta de jurisprudencia sobre los derechos consagrados en la parte dogmática de la Constitución. Impulsarla es parte del objetivo del litigio estratégico, pero la presentación de casos no es condición suficiente para contar con ella pues se necesitan ojos pendientes y plumas prestas a identificar y aprovechar las oportunidades para verter de mayor definición en su contenido a nuestros derechos fundamentales.
Margarita Castilla Peón. Integrante del equipo de Litigio Estratégico de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Síguenos en Twitter: @FundarMexico y también en Facebook.
[1] Cfr. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), La lucha por el derecho, 1ª ed., Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2008.
[2] Medilex
[3] La Rebelión de los enfermos. Discriminación en el ISSSTESON. Sonora Ciudadana [4]Asignaciones presupuestarias y VIH
[5] Es importante señalar que a más de dos años del fallo otorgado en favor de la comunidad, la sentencia no ha sido plenamente ejecutoriada. Para mayor información consultar el trabajo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y el siguiente artículo El caso “Mininuma”: un litigio estratégico para la justiciabilidad de los derechos sociales y la no discriminación en México en,
[6] GIRE [7]Publicidad oficial para radios comunitarias. Caso La Voladora Comunicación A.C. [8] Secreto Fiscal [9] Sentencia Caso Fernández Ortega y otros vs. México.
Sentencia Caso Rosendo Cantú y otra vs. México.
Sentencia Cabrera García y Montiel Flores vs. México
[10] http://www.eluniversal.com.mx/notas/762194.html
[11] Oficina en México del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, El litigio estratégico en México: la aplicación de los derechos humanos a nivel práctico. Experiencias de la sociedad civil., México, 2007.
Jimena Ávalos Capín En un post anterior, nos preguntábamos a quién protege realmente el famoso “secreto fiscal”, el cual tradicionalmente se encuentra definido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Sugeríamos que dicha reserva no está orientada a proteger la seguridad o intimidad de los contribuyentes sino que sirve para reservar de manera arbitraria y sistemática la información sobre el actuar del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Para comprobar esta hipótesis, solicitamos la información relativa a los créditos fiscales cancelados en 2007, los cuales equivalen a una cantidad de 73,960.4 millones de pesos. Como anticipábamos, esta información nos fue negada con fundamento precisamente en el artículo 69 del CFF. En respuesta, Fundar y otras organizaciones de la sociedad civil acudimos ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar vía amparo que se declarase inconstitucional este artículo.
El argumento central de la demanda es que en una sociedad democrática, las autoridades estatales deben regirse por la presunción de que toda información en poder del gobierno es de carácter público y únicamente podrá ser reservada de manera excepcional por razones de interés público. En directa contravención a este mandato, el artículo 69 del CFF establece una regla general de reservar toda la información en posesión de las autoridades que intervienen en trámites fiscales.
El pasado 1º de abril nos fue notificada la sentencia de primera instancia, emitida por la Jueza Quinta de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región. Esta sentencia presenta varios aspectos que vale la pena comentar:
En primer lugar, la sentencia es interesante porque resuelve a partir de la llamada “interpretación conforme a la Constitución”. Esté método interpretativo consiste en que cuando una norma permite diversas interpretaciones, se tendrá que acudir a la interpretación que es acorde con la Constitución federal. En las palabras de Paulo Bonavides, “una norma puede admitir varias interpretaciones. De éstas, algunas conducen al reconocimiento de la inconstitucionalidad, otras sin embargo consienten en tomarla por compatible con la Constitución. El intérprete, adoptando el método propuesto [la interpretación conforme a la Constitución], tiene que inclinarse por esta última salida o vía de solución. La norma, interpretada ‘conforme a la Constitución’, será por lo tanto considerada constitucional.”[1]
De acuerdo con la Jueza Quinta de Distrito Auxiliar, el artículo 69 del CFF admite dos posibles interpretaciones: una, en el sentido de que el secreto fiscal incluye toda la información que se encuentre en posesión de las autoridades fiscales (sentido amplio) y; otra, en el sentido de que dicho secreto se refiere exclusivamente a los datos de los contribuyentes que estos suministren a dichas autoridades en sus declaraciones o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación (interpretación conforme). Por lo tanto, la Jueza concluye que existe una interpretación posible del artículo 69 del CFF que sí respeta el orden constitucional y decide ultimadamente negar el amparo.
Lo curioso es que la propia Jueza reconoce que existe una interpretación amplia del “secreto fiscal” que es inconstitucional e incluso reconoce que ésta es la interpretación que le dan nuestras autoridades hacendarias. Admite además, que la información sobre créditos fiscales cancelados no debería ser reservada con fundamento en el artículo 69 del CFF pues no se refiere a los datos personales de los contribuyentes.
La Jueza declara en su sentencia que el acceso a la información pública es un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y transparencia de la administración. Además, concede que no puede soslayarse que el Estado, como sujeto que genera información que tiene el carácter de pública y supone, por tanto, el interés de los miembros de la sociedad por conocerla, se encuentra obligado a comunicar a los gobernados sus actividades y éstos tienen el derecho correlativo de tener acceso libre y oportuno a esa información, con las únicas limitaciones que exige la protección de la persona.
La sentencia concede que las autoridades del SAT realizan una interpretación incorrecta del “secreto fiscal” porque el dar a conocer nombres, cantidades y motivos relacionados con la cancelación de tales créditos, no solamente no perjudica el interés público sino que va acorde con este último. Es una sentencia positiva, a pesar de que niega el amparo, pues declara en todas sus letras que, bajo el pretexto interpretativo del secreto fiscal, se esconden y cobijan nombres, cifras y datos concernientes a cancelaciones de créditos fiscales sobre los cuales los gobernados tienen interés público en conocer y en saber por qué no llegaron a las arcas públicas.
Estas valientes y acertadas declaraciones confirman que el concepto caduco de “secreto fiscal” no responde a las exigencias del derecho de acceso a la información como hoy se concibe, pues permite que las autoridades hacendarias hagan un uso caprichoso de esta reserva. Sin embargo, al realizar la interpretación conforme a la Constitución, la Jueza Quinta de Distrito encontró una salida fácil para negar el amparo.
La interpretación realizada por la Jueza es problemática porque reconoce que fue violado el derecho de acceso a la información, pero escoge un modo de interpretación que permite que subsista dicha violación en el caso concreto, por lo que no permite remedio alguno al quejoso. En efecto, esta modalidad interpretativa es más sencilla cuando se trata de control abstracto de la Constitución en países como Alemania, en donde el Tribunal Constitucional realiza este tipo de interpretación a fin de preservar la supremacía constitucional sin tener que eliminar del orden jurídico aquellas normas secundarias que pudieran tener una interpretación conforme a la Constitución. Un elemento clave es que esta interpretación conforme que realiza el Tribunal que se vuelve entonces obligatoria para los poderes públicos para la aplicación de la norma.
Al contrario, en nuestro sistema jurídico, la sentencia de amparo tiene efectos relativos, por lo que el pronunciamiento de la Jueza en el sentido de que existen dos interpretaciones posibles y debe prevalecer aquella interpretación que es acorde a la Constitución en ningún momento obligará ni indicará a las autoridades hacendarias que deben aplicar la norma impugnada conforme a ese criterio.
Además, sostenemos que aún la interpretación estricta o restringida que hace la Jueza en este caso es incorrecta porque dentro de la información proporcionada por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados no toda puede ser válidamente reservada bajo la noción de “datos personales”. Si bien el nombre, domicilio, patrones de consumo, etc. de los contribuyentes pueden ser clasificados como información confidencial, hay toda una gama de información que proporcionan los contribuyentes que sí es de naturaleza pública. El Estado tiene la obligación de generar versiones públicas de la información que proporcionan los contribuyentes por ejemplo, para fines estadísticos, precisamente para salvaguardar los datos personales. No olvidemos además que la protección de datos personales ya se encuentra prevista por el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual establece que los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización son confidenciales.
Por estas consideraciones recurriremos el fallo en nuestra lucha para que el derecho de acceso a la información sea una realidad y no un mero enunciado a nivel del texto constitucional. Acudimos, ahora, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues consideramos que es competente en razón de que se impugna una ley federal y el tema de inconstitucionalidad subsiste en el recurso, además de que se trata de un asunto de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.
Jimena Ávalos Capín. Abogada del equipo de Litigio Estratégico de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. *Descargar Posicionamiento y Resumen Ejecutivo de la Demanda interpuesta por Fundar, aquí. Síguenos en Twitter: @FundarMexico Y también en Facebook [1] Bonavides, Paulo, Curso de direito constitucional, 6a. ed., São Paulo, Malheiros, 1996.
Jimena Ávalos Capín El fisco maneja gran cantidad de información sobre los particulares que ciertamente no queremos que se divulgue, como nuestro nombre, domicilio, o cuánto y en qué gastamos cotidianamente. Sin embargo, nuestras autoridades hacendarias también manejan datos que necesariamente tendríamos que conocer para verificar que nuestras contribuciones se cobran y administran de manera eficiente y conforme a derecho.
No es necesario ser un experto en materia fiscal para darnos cuenta que algo anda mal cuando la capacidad recaudadora del Estado es baja, los impuestos aumentan y, sin embargo, parece que a la hora de asignar el presupuesto público, nunca hay dinero suficiente para lo que la población necesita. Se vuelve entonces indispensable que haya transparencia en el actuar del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que dicha institución rinda cuentas sobre los ingresos que recibe. Es también necesario conocer exactamente qué criterios sigue para decidir lo que cobra y lo que deja de cobrar.
A pesar de la evolución y desarrollo que ha tenido el marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información en nuestro país en la última década, la gestión del SAT continúa estando bajo una caja negra. La razón: una concepción demasiado holgada de lo que debe considerarse como “secreto fiscal”. ¿A quién protege el “secreto fiscal”? ¿Tiene verdaderamente la finalidad de proteger al contribuyente en su intimidad o seguridad?; o bien, ¿es meramente el pretexto perfecto para que el SAT actúe detrás de una cortina de opacidad?
El famoso “secreto fiscal” tradicionalmente se ha encuadrado en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual ordena a todo el personal oficial que interviene en los diversos trámites fiscales a guardar “absoluta reserva” en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Lejos de servir como una protección para el contribuyente, esta disposición permite al SAT reservar sistemática y arbitrariamente todo tipo de información, incluso aquella que por su naturaleza es indudablemente pública.
Un ejemplo claro de información que sí debemos poder conocer es la relativa a los créditos fiscales cancelados en 2007, los cuales equivalen a una cantidad de 73,960.4 millones de pesos. Se trata de créditos que el fisco ha decidido no cobrar, ya sea por incosteabilidad en el cobro (cuando cuesta más caro realizar diligencias de cobro que cancelar el crédito), por insolvencia del deudor o por la imposibilidad práctica del cobro. Si bien la cancelación no libera al deudor del pago (pues queda abierta la puerta para que pague de manera espontánea), también lo es que el Estado dejará de emplear su maquinaria para cobrar el crédito cancelado.
En octubre pasado, Fundar y otras organizaciones de la sociedad civil solicitamos al SAT la información sobre los montos, fechas de cancelación y, principalmente, los motivos o razones por los cuales fueron cancelados dichos créditos. La información fue negada con fundamento en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Ante esta negativa, acudimos ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar vía amparo que declare inconstitucional el artículo citado. Con esta estrategia, esperamos que el Poder Judicial sirva como verdadero contrapeso a un Poder Legislativo que ha sido omiso en reformar la noción de “secreto fiscal” para obedecer el mandato constitucional. Esperamos además que sirva de balance a un Poder Ejecutivo que hace uso indiscriminado de este precepto para negar información pública de manera caprichosa.
Nuestro argumento es que en una sociedad democrática, las autoridades estatales deben regirse por la presunción de que toda información en poder del gobierno es de carácter público y únicamente podrá ser reservada de manera excepcional por razones de interés público. En directa contravención a este mandato, el artículo 69 del CFF establece una regla general de reservar toda la información en posesión de las autoridades que intervienen en trámites fiscales, la cual admite ciertas excepciones. Esto significa que en el artículo 69 del CFF establece un régimen de excepciones que es exactamente opuesto al que establece el artículo 6º de la Constitución.
Además, la reserva absoluta que plantea el artículo 69 del CFF no responde al criterio de interés público que es el criterio rector en esta materia. Al contrario, es de interés público que se haga disponible la información sobre los créditos fiscales cancelados, pues sólo de esta forma la ciudadanía podrá verificar que se dan a partir de la actualización de supuestos establecidos en reglas claras y equitativas. Debemos poder conocer exactamente cómo son aplicados los criterios para la cancelación de créditos a fin de verificar que dichas cancelaciones no sean el resultado de la ineficiencia en el cobro o incluso de corrupción.
¿Quedaremos entonces desprotegidos los contribuyentes en nuestra intimidad o seguridad? La respuesta es no. Vale la pena precisar que lo que se busca con este litigio no es eliminar por completo la noción de “secreto fiscal”, sino resaltar que dicha noción debe ser acotada a fin de que corresponda a los avances que hemos tenido en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
Por otra parte, ya contamos con una ley especial que nos brinda la protección adecuada. En efecto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ya protege nuestros datos personales[1], así como aquella información que podría poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas[2] e incluso aquella que pudiera causar un serio perjuicio a la recaudación de las contribuciones.[3]
La demanda de amparo indirecto que interpusimos fue turnada al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Posteriormente, el asunto fue turnado al Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el Distrito Federal para que dicte la sentencia correspondiente. Se espera que la sentencia de primera instancia se emita en los próximos meses.
Si la sentencia niega el amparo, acudiremos a la segunda instancia para solicitar la revisión, y si la sentencia otorga el amparo, seguramente las autoridades responsables harán lo mismo. Tendremos entonces la oportunidad de pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción, pues consideramos que es un caso que lo amerita por su particular importancia y trascendencia, así como por su novedad y relevancia.
En el fondo lo que perseguimos es delimitar y desmitificar algunas nociones aparentemente sagradas que amenazan de manera patente nuestro derecho de acceso a la información. El “secreto fiscal” tal y como está definido, no protege a nosotros los contribuyentes (o por lo menos no en todos los casos), sino que nos mantiene a obscuras en un tema que nos incumbe a todos: el manejo de los ingresos de nuestro país.
Jimena Ávalos Capín. Abogada del equipo de Litigio Estratégico de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. *Descargar Posicionamiento y Resumen Ejecutivo de la Demanda interpuesta por Fundar, aquí. Síguenos en Twitter: @FundarMexico Y también en Facebook [1]Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, Artículo 18, fracción II.
[2] Idem, Artículo 13, fracción IV.
[3] Idem, Artículo 13, fracción V.
La redacción Durante el 2010, la revista Nexos inició la aventura de abrir un blog dedicado exclusivamente a temas relacionados con temas judiciales. La idea fue publicar textos que abordasen los diversos aspectos que giran alrededor de nuestra Suprema Corte de Justicia. Aprovechando el inicio de año, presentamos un breve resumen de los diez posts más leídos del blog durante el 2010.
La redacción Una vez que regresen de su período vacacional, los ministros de la Suprema Corte reiniciarán sus labores en el mes de agosto con la discusión del caso matrimonio y adopción gay. En el centro del debate se encuentran aspectos constitucionales de enorme relevancia, pero también hay una pregunta fáctica clave: ¿sufren los niños algún daño por vivir y desarrollarse en el seno de una familia homosexual? En este contexto, el programa Ombudsgay de i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. sometió a consideración de la SCJN una opinión técnica o amicus curiae que refleja el estado del arte respecto el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parejas homosexuales. A continuación se presenta un resumen de los principales argumentos de este documento*.
En contra de lo afirmado por la PGR, el matrimonio es una institución dinámica que se ha adaptado y debe adaptarse a los cambios que se susciten en la sociedad. No existen razones de peso para establecer un modelo único de familia tal y como pretende la PGR en su acción de inconstitucionalidad. De aquí se infiere entonces que existen razones fundadas para que la institución matrimonial se amplíe a las personas del mismo sexo.
Todos los individuos poseen el derecho a desarrollarse plenamente; a optar por el modo de vida que ellos consideran correcto (en la medida en que no se afecten los derechos de terceros) y a encontrar los modos mediante los cuales ese proyecto de vida se materializa en la práctica. De acuerdo con lo anterior, hemos defendido que el matrimonio constituye un medio para dar publicidad a las relaciones afectivas que libremente construyen los individuos y que es deber del Estado garantizarlo para todos los ciudadanos a efecto de reconocerles la igual dignidad que poseen.
La reforma en el Código Civil del Distrito Federal remedia un sistema de apartheid sexual de facto, que solamente permite que algunos ciudadanos cuenten con todos los derechos y puedan casarse libremente.
La Asamblea Legislativa tiene facultades para modificar la definición de matrimonio para incluir en ella a las personas del mismo sexo y dicha modificación al Código Civil es un ejercicio de federalismo que trata de dar una solución, democráticamente respaldada, hacia el reconocimiento de grupos sociales tradicionalmente discriminados.
Bajo el principio de entera fe y crédito del artículo 121 de la Constitución y en consonancia al sistema federal, los matrimonios entre personas del mismo sexo válidamente celebrados en el Distrito Federal deben tener pleno reconocimiento en el resto de las entidades federativas.
Las normas establecidas en el Código Civil para el Distrito Federal, están encaminadas a dar protección a los diversos tipos de familia, pues está proscrito cualquier forma de discriminación que pretenda ejercerse sobre alguno de éstos. Las reformas no sólo no establecen distinciones que discriminen entre personas, sino que están encaminadas precisamente a terminar con la exclusión de la figura del matrimonio para personas del mismo sexo. Es por ello que, en todo caso, se debe ver con recelo aquellos argumentos, como los presentados por la PGR, que buscan restringir derechos y perpetuar discriminaciones legislativas.
La censura que pretende establecerse en contra de las recientes modificaciones al Código Civil para el Distrito Federal debería establecer de manera clara una justificación objetiva, razonable y proporcional que persiga un fin legítimo sin que se vulnere el derecho a la igualdad y la no discriminación, que no tiene.
Apelar a circunstancias de hecho como que los niños adoptados puedan sufrir discriminación, corren riesgos psicológicos al ser criados dentro de familias homoparentales, etcétera, no es una razón para negar el derecho a tener una familia. A partir de una premisa fáctica no puede darse el salto a una conclusión normativa sin caer en contradicción lógica. Por tanto no puede apelarse a una posible situación fáctica o contrafáctica dada como razón para negar la posibilidad de adoptar por parte de parejas homosexuales.
El Estado mexicano está obligado a velar por el interés superior del niño en los términos del derecho interno e internacional de los Derechos Humanos, ello implica que el Estado tiene la obligación de reconocer, proteger, garantizar y promover los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, sobre los de los adultos.
El Estado mexicano, en términos del derecho vigente, está obligado a respetar el principio de igualdad y no discriminación y, aunque puede establecer medidas que den un trato diferenciado a las personas siempre y cuando sean razonables y proporcionales con respecto a un fin legítimo, el hecho de considerar ex-ante la orientación sexual de una persona como no compatible con el interés superior del menor contradice plenamente la Constitución mexicana y los tratados internacionales de Derechos Humanos firmados por México.
Existen estudios que demuestran que los menores de edad criados en familias homoparentales no sufren ningún daño y tienen un desarrollo normal. Se ha probado científicamente que es falso que las personas homosexuales estén enfermas, sean anormales o sufran de un trastorno mental y la creencia popular de que los homosexuales per se son incapaces de formar una familia, son inestables o abusan de los menores de edad. Dicha percepción está basada en estereotipos y prejuicios irracionales.
Existen cerca de medio millón de familias homoparentales en México que sufren del rechazo social e invisibilidad jurídica al no existir la posibilidad de la adopción secundaria. Aceptar la pretensión del Procurador de prohibir la adopción a parejas homosexuales en razón de su orientación sexual, condena también a esas familias homoparentales ya existentes al rechazo, al estigma y a la discriminación.
Seguir afirmando la verdad de prejuicios y falacias que han sido científica y racionalmente probados como irracionales y falsos, equivale a seguir afirmando que la tierra es plana, que el sol gira alrededor de la tierra, que los indígenas no tienen alma o que las mujeres son seres mentalmente débiles.
La pretensión de la PGR de reservar la adopción únicamente a las parejas y matrimonios heterosexuales, fundada en la supuesta protección del interés superior del niño, no cumple con los criterios de razonabilidad ni de proporcionalidad pues los argumentos presentados en la acción de inconstitucionalidad de la PGR se basan en estereotipos y prejuicios que no pueden ser aceptados por esta Corte de Justicia. Aceptar esos argumentos equivaldría a aceptar que el Estado puede violar derechos de minorías con base en la ignorancia compartida por un grupo de personas.
En consecuencia, la Suprema Corte debe rechazar la pretensión de la PGR por contravenir la Constitución, así como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos obligatorio en México por la vía del artículo 133. Una Corte de Justicia verdaderamente garantista debe evitar la incorporación de prejuicios en el sistema jurídico mexicano.
No podemos permitir que los prejuicios se conviertan en un triste obstáculo para el avance de los derechos, esto es, el reconocimiento de la igualdad en la distribución y disfrute de los mismos. Del mismo modo, no pueden ser una barrera para la garantía de la dignidad de nuestros ciudadanos. No es posible permanecer impávidos frente a los intentos por consolidar una red de creencias generalizadas en contra de ciertos sujetos en virtud de sus preferencias sexuales usando al Derecho como medio de legitimación. Debemos tener siempre presente que las ideas discriminatorias, el discurso del rechazo, la exclusión y la estigmatización de ciertos ciudadanos simplemente por sus preferencias u orientaciones sexuales no tiene cabida en el discurso del constitucionalismo democrático.
La Suprema Corte de Justicia, como máximo intérprete de la Constitución, ocupa un lugar estratégico para llevar a cabo la materialización de los ideales del constitucionalismo democrático incorporando a su práctica las técnicas de razonamiento judicial que le son propias. La consecuencia de asumir dichos compromisos conlleva, a nuestro modo de ver, a confirmar la constitucionalidad del matrimonio y la adopción en el DF.
Por las anteriores razones este comité de expertos piensa que debe hacerse un llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se protejan los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, a tener una familia, a la honra y al reconocimiento de la dignidad humana, desarrollados en los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal por estar acordes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
* Este documento es producto de la colaboración entre un equipo multidisciplinario de expertos, así como del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Fundar Centro de Análisis e Investigación y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Diego R. Morales ¿De qué depende la protección de los derechos fundamentales? ¿Cuáles son las variables que influyen para que un Estado se comprometa a favor de los derechos humanos? Entre los diversos aspectos que se han considerado claves para impulsar una eficaz protección de los derechos humanos, se ha subrayado la presencia de un sólido litigio estratégico. La pregunta, entonces, consiste en: ¿qué es el litigio estratégico? El siguiente texto explica las principales características de éste y, de esta manera, El Juego de la Suprema Corte inicia una serie de colaboraciones sobre esta asignatura pendiente en nuestro país. El litigio estratégico en derechos humanos es una herramienta que han utilizado víctimas, organizaciones de la sociedad civil, así como ciertos órganos del Estado –como Ministerios Públicos y Defensorías del Pueblo- para la protección de derechos humanos, a través del uso de los sistemas judiciales y mecanismos internacionales de protección en la región durante los últimos treinta años.