Source: https://supremo.vlex.es/vid/electoral-vulneracion-constitucionales-31969952
Timestamp: 2018-11-21 10:54:52
Document Index: 48653334

Matched Legal Cases: ['artículo 120', 'artículo 24', 'artículo 120', 'artículo 851', 'artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 14']

STS 753/2007, 2 de Octubre de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 31969952
Número de Resolución: 753/2007
"DELITO ELECTORAL. VULNERACIÓN DERECHOS CONSTITUCIONALES. Los motivos primero -por vulneración del principio de presunción de inocencia, -; segundo, -por vulneración del Derecho a la tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales,.-; y cuarto, por vulneración del principio constitucional por falta de motivación en la sentencia pueden ser examinados de forma conjunta por cuanto -como precisa el Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación- en definitiva se denuncia en los mismos que el Tribunal no ha tenido en cuenta las explicaciones de descargo dadas por la acusada, ni ha explicado suficientemente el proceso de inferencia seguido para la determinación del elemento subjetivo. El incumplimiento de dicho deber o su cumplimiento defectuoso ya no sólo puede suponer un defecto o vicio interno de la resolución que comprometa su validez, sino que constituye una fuente de lesión directa del derecho a la presunción de inocencia que pueda arrastrar como consecuencia no la nulidad de la sentencia, sino la absolución del inculpado. No se hace lugar al recurso de casación. "
Sentencia citada en: 127 sentencias, una resolución administrativa
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por Regina, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Novena, que condenó a la acusada, por un delito electoral; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicha recurrente representada por la Procuradora Sra. Izquierdo Labrada.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Hospitalet de Llobregat, incoó Diligencias Previas con el número 1710 de 2005, contra Regina, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Barcelona, cuya Sección Novena, con fecha 20 de noviembre de 2006, dictó sentencia, que contiene los siguientes:
PROBADOS: Se declara probado que el 25 de enero de 2005, Regina, mayor de edad de la que no constan antecedentes penales, fue notificada de que había sido designada primer suplente del segundo vocal de la mesa electoral 3-U del Distrito 5º de L'Hospitalet de Llobregat en el Referéndum para ratificación del Tratado de la Constitución Europea. A pesar de conocer su obligación de presentarse el día 20 de Febrero de 2005 a las 8,00 para la constitución de dicha mesa en el local electoral sito en la Calle La Carpa nº 11-19 de dicho municipio, y de haber sido notificada de las consecuencias legales de no hacerlo, no acudió a dicha constitución sin alegar excusa alguna ni dar aviso de imposibilidad alguna.
Condenamos a Regina como responsable en concepto de autora del delito electoral antes descrito, de que fue acusada por el Ministerio Fiscal, sin que le afecte ninguna circunstancia modificativa de su responsabilidad, a las penas de multa de tres meses con cuota diaria de seis euros, que podrá satisfacer en un solo pago o en tres pagos mensuales a partir de ser requerida para ello y con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad pro cada dos cuotas impagadas e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de tres meses, así como al pago de las costas procesales.
Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Regina, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
Al amparo del art. 5.4 LOPJ . por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.
Al amparo del art. 5.4 LOPJ . por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías.
Al amparo del art. 851.1 LECrim . por falta de claridad, contradicción y predeterminación en los hechos probados.
Al amparo del art. 851.3 LECrim . por no resolver la sentencia todas las cuestiones que fueron objeto de la defensa.
Al amparo del art. 849.1 LECrim . por la inaplicación del art. 14 CP .
Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día diecinueve de septiembre de dos mil siete.
Los motivos primero -por vulneración del principio de presunción de inocencia, art. 24.2 CE-; segundo, -por vulneración del Derecho a la tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales, art. 24.1 CE.-; y cuarto, por vulneración del principio constitucional recogido en el art. 120 CE ., por falta de motivación en la sentencia pueden ser examinados de forma conjunta por cuanto -como precisa el Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación- en definitiva se denuncia en los mismos que el Tribunal no ha tenido en cuenta las explicaciones de descargo dadas por la acusada, ni ha explicado suficientemente el proceso de inferencia seguido para la determinación del elemento subjetivo.
En relación a la primera cuestión, como hemos explicitado en múltiples resoluciones de esta Sala, por todas sentencia 672/2007 de 19.7, cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Tribunal de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa pero si puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal «a quo» contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia (STS. 1125/2001 de 12.7 ).
Asimismo nuestra Sentencia 1192/2003, de 19 de septiembre, ha declarado que, ciertamente, el Tribunal Constitucional y esta Sala han recordado, en numerosas resoluciones, el mandato del artículo 120.3 de la Constitución acerca de la necesidad de que las sentencias estén siempre motivadas, lo cual constituye, asimismo, una exigencia derivada del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales, proclamado en el artículo 24.1 del mismo texto constitucional . Motivación que viene impuesta para evitar cualquier reproche de arbitrariedad, satisfacer el derecho del justiciable a alcanzar la comprensión de la resolución judicial que tan especialmente le afecta, así como para garantizar y facilitar el control que permite la revisión de la sentencia en otras instancias judiciales o, en su caso, por el Tribunal Constitucional. Así, se ha señalado, entre otras en la STS núm. 584/1998, de 14 de mayo, que, por lo que se refiere específicamente a las sentencias, la motivación debe abarcar (Sentencias del Tribunal Supremo de 26 abril y 27 junio 1995 ), los tres aspectos relevantes: fundamentación del relato fáctico que se declara probado, subsunción de los hechos en el tipo penal procedente (elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, circunstancias modificativas), y consecuencias punitivas y civiles en el caso de condena (Sentencia 1132/2003, de 10 de septiembre ). Pues, como dice la Sentencia 485/2003, de 5 de abril, las sentencias deben estar suficientemente motivadas no sólo en lo referente a la calificación jurídica central o nuclear a que se contraiga el objeto del proceso, sino también en lo relativo a cualquier punto jurídico del debate y de las peticiones de las partes, pues así lo exige el referido artículo 120.3 de la Constitución y también el no hacerlo puede conllevar el defecto formal contenido en el artículo 851.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, falta que tradicionalmente se ha denominado «incongruencia omisiva». Finalmente, y como dice nuestra Sentencia 555/2003, de 16 de abril, el derecho a la tutela judicial efectiva, establecida en el art. 24.1 de la CE, comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en Derecho de los Jueces y Tribunales, y exige que las sentencia expliciten de forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, que estén motivadas de forma bastante, lo que además venía ya preceptúado en el art. 142 de la LECrim, está prescrito por el art. 120.3º de la CE, y se deduce implícitamente de la prohibición de la arbitrariedad que impone el art. 9.3º de la misma. La finalidad de la motivación será hacer conocer las razones que sirvieron de apoyatura a la decisión adoptada, quedando así de manifiesto que no se ha actuado con arbitrariedad. La motivación tendrá que tener la extensión e intensidad suficiente para cubrir la esencial finalidad de la misma; que el Juez explique suficientemente el proceso intelectivo que le condujo a decidir de una determinada manera. En este mismo sentido, STC 57/2003, de 24 de marzo .
En efecto este derecho del art. 24.1 CE ., integrado por el art. 120 de la misma, consagra constitucionalmente el derecho del justiciable a conocer el fundamento de las resoluciones judiciales, de tal manera que la motivación de la sentencia es una consecuencia de la función judicial y de su vinculación a la Ley, teniendo el justiciable derecho a exigirlo (SSTS. 16.7.2004 y 15.1.2002 ).
Por último recordar que el derecho a la tutela judicial efectiva "no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte el contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva" (SSTC. 256/2000 de 30.10, 20/97 de 10.2, 199/96 de 4.6, 14/95 de 24.1 ).
En el caso presente la sentencia de instancia (Fundamento de Derecho primero), tiene en cuenta y valora la prueba documental obrante en la causa (folio 11), acreditativa de la comunicación a la hoy recurrente de su designación como suplente primero del segundo vocal de la mesa electoral, comunicación en la que se ponía en su conocimiento sus obligaciones de acudir a la formación de la mesa electoral y, en su caso, de alegar la correspondiente excusa, o de dar el aviso previsto en el art. 27 Ley del Régimen Electoral General, en caso de imposibilidad sobrevenida, con referencia expresa a que incumplir esas obligaciones podía constituir delito castigado con las penas que se especifican, y la propia declaración de la acusada, que admitió en el juicio oral haber recibido tal notificación, e igualmente Fundamento de Derecho segundo- analiza la versión exculpatoria de aquella de encontrarse enferma con gripe, que descarta, en cuanto conocía en tal caso, su obligación a dar aviso a la Junta Electoral, o en su caso, a la Mesa antes de su constitución, a lo que podría añadirse la absoluta falta de acreditación de tal enfermedad, ausente de cualquier justificación documental, reconociéndose por la acusada en el juicio oral que no fue al medico".
La recurrente pretende, en realidad, una distinta valoración de estos elementos probatorios y que prevalezca su versión exculpatoria, lo que supone confundir la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva con la disconformidad de aquélla con la valoración de la prueba efectuada por la Sala, olvidando que cuando en la instancia judicial se produce una actividad probatoria y el resultado de tal actividad es apreciado como expresivo de la culpabilidad del antes presuntamente inocente, no pueden entenderse vulnerados aquellos derechos, para la presunción que solo lo es con el carácter de iuris tantum, queda destruida por la prueba apreciada libremente, con racionalidad y adecuado soporte estructural de tipo argumental, por el Juzgador (ver en este sentido SSTC. 205/98 de 26.10 ).
Tal como ha efectuado la Audiencia de forma racional, cumpliendo las exigencias de motivación o explicación de las razones de la decisión.
El motivo tercero por vulneración del derecho fundamental a un proceso con las debidas garantías, art. 24.2 CE . en relación con el art. 5.4 LOPJ ., en cuanto todos tienen derechos a un proceso sin dilaciones indebidas, al haberse incoado este procedimiento con echa 6.5.2005, por unos hechos acaecidos el 25.1.2005, y hasta el 30.1.2006 no se dictó auto de continuación del procedimiento por los tramites del procedimiento abreviado, no dictándose sentencia hasta el 20.11.2006 .
Como decíamos en las SSTS. 95/2007 de 15.2, 183/2005 de 18.2 y 155/2005 de 15.2, entre otras muchas, siguiendo el criterio interpretativo del TEDH en torno al art. 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona, el derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable, los factores que han de tenerse en cuenta con los siguientes: la complejidad del proceso, los márgenes ordenados de duración de los procesos de la misma naturaleza en igual periodo temporal, el interés que arriesga quien invoca la dilación indebida, su conducta procesal y la de los órganos jurisdiccionales en relación con los medios disponibles.
Además de lo anterior, se ha exigido en ocasiones que quien denuncia las dilaciones haya procedido a denunciarlas previamente en el momento oportuno, pues la vulneración del derecho, como recordábamos en la STS nº 1151/2002, de 19 de junio, "no puede ser apreciada si previamente no se ha dado oportunidad al órgano jurisdiccional de reparar la lesión o evitar que se produzca, ya que esta denuncia previa constituye una colaboración del interesado en la tarea judicial de la eficaz tutela a la que obliga el art. 24.1 de la Constitución mediante la cual poniendo la parte al órgano Jurisdiccional de manifiesto su inactividad, se le da oportunidad y ocasión para remediar la violación que se acusa (Sentencias del Tribunal Constitucional 73/1992, 301/1995, 100/1996 y 237/2001, entre otras; STS 175/2001, 12 de febrero )". Sin embargo, como hemos dicho en la STS nº 1497/2002, de 23 septiembre, "en esta materia no se deben extremar los aspectos formales. En primer lugar porque en el proceso penal, y sobre todo durante la instrucción, el impulso procesal es un deber procesal del órgano judicial. Y, en segundo lugar, porque el imputado no puede ser obligado sin más a renunciar a la eventual prescripción del delito que se podría operar como consecuencia de dicha inactividad. Esto marca una diferencia esencial entre el procedimiento penal, en lo que se refiere a la posición del imputado, y otros procesos que responden a diversos principios. El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas está configurado en el artículo 24 CE sin otras condiciones que las que surgen de su propia naturaleza". Así pues, la obligación de colaborar con el órgano jurisdiccional, que compete a las partes en orden a la necesidad de respetar las reglas de la buena fe (artículo 11.1 LOPJ ), y que se concreta en la denuncia oportuna de las dilaciones con el fin de evitar cuanto antes, o en su caso de paliar, la lesión del derecho fundamental, no alcanza al acusado en el proceso penal hasta el extremo de obligarle a poner de manifiesto la posibilidad de que pueda prescribir el delito cuya comisión se le atribuye, negándole en caso contrario los efectos derivados de una administración de la Justicia con retrasos no justificables.
Ahora bien lo que sí debe exigirse es que la parte señale los puntos de dilación en la tramitación y la justificación de su carácter de indebida, lo que la parte no ha efectuado, remitiéndose genéricamente a la duración del procedimiento -1 año y 6 meses, plazo que en modo alguno puede considerarse excesivo- y al tiempo transcurrido entre el inicio de las diligencias, 6.5.2005, y el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, 30.1.2006, obviando que dilaciones realmente se produjeron y razonar y acreditar el perjuicio irrogado por las dilaciones denunciadas (SSTS. 12.2.2001 y 19.6.2000 ).
A mayor abundamiento un examen de las diligencias permite constatar que no se produjo en la tramitación dilaciones significativas.
Así con fecha 6.5.2005 se incoaron las diligencias previas, aficiándose al Ayuntamiento para que remitiese la notificación de la Junta Electoral a la acusada de su nombramiento e información sobre sus obligaciones y responsabilidades en que pudiera incurrir.
Recibida tal documentación con fecha 14.10.2005 se acuerda la citación de la Sra. Regina en calidad de imputada para recibirla declaración.
El 30.1.2006, la recurrente prestó declaración asistida de letrado, y en ese mismo día se dictó auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, dando traslado al Ministerio Fiscal para que formulase acusación.
El Ministerio Fiscal presentó escrito de acusación, fechado el 15.2.2006, con entrada en el Juzgado el
29.3.2006, dictándose ese mismo día auto de apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial.
Con fecha 24.4.2006 se tienen por designados abogado y procurador al acusado, dándoles el plazo de 10 días para que formularan escrito de defensa, presentándose dicho escrito el 1.6.2006.
Con fecha 9.6.2006, se acuerda remitir las actuaciones a la Audiencia Provincial, recibiéndose el
20.7.2006, en la Sección 9ª, acordando nombrar al acusado procurador que le representara.
Recibida la comunicación del correspondiente Colegio el 9.10.2006 se dicta auto acordando la celebración del juicio oral para el día 13.11.2006, dictándose sentencia el 20.11.2006 .
Al margen de lo anterior e insistiendo en que la expresión dilaciones indebidas es un concepto indeterminado que no se identifica con la duración global de la causa, sin aun siquiera con el incumplimiento de los plazos procesales y en que la hoy recurrente no alegó tal atenuante en su escrito de conclusiones al elevarlas a definitivas, su eventual estimación no produciría efecto practico alguno, al haber sido impuesta la pena en su grado mínimo.
Los motivos quinto, sexto y séptimo por quebrantamiento de forma del núm. 1º, incisos primero, segundo y tercero, del art. 851 LECrim ., dado que la sentencia no expresa clara y terminantemente cuales son los hechos que se declaran probados; la sentencia resulta manifiesta contradicción entre los hechos que se consideran probados; y en la sentencia se consignan como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico implican la predeterminación del fallo.
En relación a la omisión o falta de claridad, entiende la recurrente que se omiten datos fundamentales para la construcción jurídica elaborada posteriormente sobre el sustrato fáctico, como es que la misma ya había sido convocada en diversas ocasiones para formar parte de mesas electorales y sin embargo nada más asistir la hicieron marcharse sin más tramite, desconociendo por tanto las implicaciones que conllevaba no asistir una vez al estar en casa con gripe. Esta impugnación no puede prosperar por la presente vía casacional, pues la falta de claridad no se integra por las meras omisiones de datos fácticos en el relato de hechos probados, ya que, como la contradicción, es vicio puramente interno del mismo que sólo surge por omisiones sintácticas o variaciones de comprensibilidad que impiden conocer qué es lo que el Tribunal consideró o no probado, siempre que la incorporación del relato está directamente relacionada con la calificación jurídica y que la falta de entendimiento o incomprensión del relato provoque una laguna o vacio en la descripción historia de los hechos (SSTS.
24.3.2001, 23.7.2001, 1.10.2004, 12.11.2004, 28.12.2005 ).
Por ello se insiste en que no concurre el quebrantamiento de forma en las meras omisiones de datos fácticos que el Tribunal pueda no considerar probados o meramente irrelevantes, cuando con dicha omisión no se origina incomprensión del sentido del texto (SSTS. 31.1.2003, 2.7.2003, 7.10.2003, 12.2.2004 ).
En efecto, la solución a las omisiones en los Hechos Probados no viene por el cauce utilizado por la recurrente -falta de claridad art. 851.1 LECrim ., sino por la vía del art. 849.2 LECrim .. En este sentido la STS.
4.5.99 precisa que la omisión de datos que debieron ser incluidos en el relato, según el recurrente, en modo alguno constituye el defecto procesal contemplado en el precepto invocado, sino a lo más que podría dar lugar es que se procediera a completar la sentencia mediante el procedimiento legalmente establecido al efecto, que desde luego no es la vía utilizada por el recurrente, en similar sentido la STS. 6.4.92, porque las omisiones tan solo caben como motivo de casación por quebrantamiento de forma por falta de claridad en los hechos probados cuando ocasionan la imposibilidad de su comprensión por hacer ininteligible el relato de lo ocurrido, pero no como aquí que no producen oscuridad alguna para la comprensión de lo narrado en la sentencia -SS. 18 y 28.5.92 - o como dicen las SS. 375/2004 de 23.3 y 1265/2004 de 2.11, cosa distinta es que el recurrente pretenda ensanchar el "factum" con complementos descriptivos o narrativos, que considere esenciales, por repercutir en el fallo y que resultaron probados, a medio de documentos, que no fueron debidamente valorados por el Tribunal, lo que situaría el motivo en el campo del "error facti" que contempla el art. 849.2 LECrim .
Respecto a la contradicción en los hechos probados su esencia consiste tal como decíamos en la reciente sentencia 253/2007 de 26.3, en el empleo en el hecho probado de términos o frases que, por ser antitéticos, resulten incompatibles entre si, de tal suerte que la afirmación de una, resta eficacia a la otra al excluirse uno al otro produciendo una laguna en la fijación de los hechos (STS. 299/2004 de 4.3 ).
Pues bien como la recurrente omite señalar cuales son las contradicciones existentes en los hechos probados, remitiéndose a los mismos motivos expuestos en relación a la falta de claridad, esto es, que se debía haber contenido en los hechos probados que la Sra. Regina estaba mala en casa con gripe tres días y no podía acudir a ningún llamamiento, y que otras ocasiones ya se había personado para lo mismo y no habían necesitado su presencia; más aún le habían dicho que si la necesitan la llamaría por teléfono, la desestimación del motivo deviene necesaria.
Con relación al motivo por quebrantamiento de forma por consignarse en los hechos probados conceptos jurídicos que predeterminan el fallo, una reiterada doctrina jurisprudencial (SSTS.
23.10.2001, 14.6.2002, 28.5.2003, 18.6.2004, 11.1.2005, 11.12.2006, 26.3.2007 ), ha reconocido que este vicio procedimental exige para su estimación:
En el caso presente la recurrente se limita a recoger sintéticamente la doctrina jurisprudencial indicada, pero sin especificar ninguna expresión o termino del factum predeterminante del fallo, por lo que no cabe sino el rechazo del motivo, carente de cualquier fundamento.
El motivo octavo por quebrantamiento de forma del art. 851.3 LECrim ., dado que la sentencia no resuelve todos los puntos que han sido objeto de defensa, en concreto sobre el error el desconocimiento de la Sra. Regina a las consecuencias de no acudir al llamamiento electoral. Es doctrina reiterada de esta Sala que el expresado motivo del recurso de casación requiera para su prosperabilidad que frente a las pretensiones planteadas por las partes en sus escritos de calificación o en tiempo procesal oportuno, los Jueces guarden silencio, absteniéndose de resolverlas y decidirlas ya sea deliberadamente ya sea inadvertidamente, naturalmente que siempre en relación a "puntos de derecho" o extremos jurídicos" especialmente sustantivos, no tanto "cuestiones de hecho" (STS. 1535/2004 de 29.12 .
La doctrina jurisprudencia sobre este vicio "iu iudicando" ha señalado las siguientes exigencias:
1) que la omisión padecida venga referida a temas de carácter jurídica suscitadas por las partes oportunamente en sus escritos de conclusiones definitivas y no a meras cuestiones fácticas.
que dicha vulneración no es apreciable cuando el silencio judicial puede razonablemente interpretarse como desestimación implícita o tácita constitucionalmente admitida (SSTC. 169/94, 91/95, 143/95 ), lo que sucede cuando la resolución dictada en la instancia sea incompatible con la cuestión propuesta por la parte, es decir, cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos fundamentadores de la respuesta tácita (STC. 263/93; TS. 96 y 1.7.97 ), esto es cuando el conjunto de la resolución permita conocer sin dificultad la motivación de la decisión implícita, pero en todo caso ha de mantenerse el imperativo de la razonabilidad de la resolución (SSTS. 893/97 de 20.6, 1172/2005 de 11.10 ), por lo que ha de negarse eficacia o valor alguno a las decisiones implícitas que generen indefensión e inseguridad jurídica.
3) que aún, existiendo el vicio, éste no pueda ser subsanado por la casación a través de otros planteamientos de fondo aducidos en el recurso. En este sentido SSTS. 24.11.2000, 18.2.2004, 26.3.2007 . Cual acontecería en el presente caso al articularse el motivo noveno por infracción de Ley, precisamente por la inaplicación del art. 14 CP .
El motivo por lo razonado debe desestimarse.
El motivo noveno por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1 LECrim. por inaplicación del art. 14 CP ., error invencible de prohibición por haber actuado la Sra. Regina en la creencia de que su conducta era licita por su experiencia de circunstancias anteriores.
El dolo es un elemento intelectivo, supone la representación o conocimiento del hecho que comprende el conocimiento de la significación antijurídica de la acción y el conocimiento del resultado de la acción. En consecuencia, el conocimiento equivocado o juicio falso, concepto positivo, que designamos como error y la falta de conocimiento, concepto negativo, que denominamos ignorancia y que a aquél conduce, incidirán sobre la culpabilidad, habiéndose en la doctrina mayoritaria distinguido tradicionalmente entre error de hecho (error facti) que podría coincidir con el error, y error de Derecho (error iuris) que correspondería a la ignorancia.
Pues bien como señala la sentencia de esta Sala 181/2007 de 7.3, remitiéndose a las sentencias núm. 865/2005 de 24.6 y 1141/1997 de 14 de noviembre, constituye uno de los avances fundamentales del Derecho Penal contemporáneo el reconocimiento, en el Derecho positivo de los diferentes países, de la conciencia de la antijuridicidad como elemento de la culpabilidad, necesario pues para que una determinada conducta pueda considerarse merecedora de reproche penal. Si falta tal conciencia de antijuridicidad, bien directamente por la creencia de que el hecho está legalmente permitido, error sobre la norma prohibitiva o imperativa (error directo de prohibición), bien indirectamente por estimarse que concurría una causa de justificación (error indirecto de prohibición), la doctrina penal entiende que no debe ser considerado el sujeto culpable del hecho, si el error es invencible, o que puede ser merecedor de una atenuación de la pena si se considera vencible.
Tal doctrina de la conciencia de la antijuridicidad y del error de prohibición aparece recogida por primera vez en nuestro Código Penal como consecuencia de la importante modificación legislativa de 1.983, que introdujo el artículo 6 bis a) regulador, aunque sin usar esta terminología, de las dos clases de error que conocemos como error de tipo (error sobre un elemento esencial integrante de la infracción penal o que agrava la pena) y el error de prohibición (creencia errónea de estar obrando lícitamente). En términos semejantes se pronuncia ahora el Código Penal de 1.995 en su artículo 14 . El error de prohibición constituye el reverso de la conciencia de la antijuridicidad como elemento constitutivo de la culpabilidad y exige que el autor de la infracción penal ignore que su conducta es contraria a Derecho o, expresado de otro modo, que actúe en la creencia de estar obrando lícitamente, como decía el texto del anterior artículo 6 bis a) en su párrafo 3º, o como del modo aún más expresivo podemos leer ahora en el mismo párrafo del vigente artículo 14 "error sobre la licitud del hecho constitutivo de la infracción penal". Sólo hay un error de esta clase cuando se cree obrar conforme a Derecho, sin que tenga nada que ver con esto el caso en que el autor del delito piense que la infracción cometida es más leve de como en realidad la sanciona la Ley Penal. Unicamente se excluye (o atenúa) la responsabilidad criminal por error de prohibición cuando se cree obrar conforme a Derecho, no cuando hay una equivocación sobre cuál sea la sanción jurídica que se puede derivar de la propia conducta. ....
Conviene añadir, además, que el error de prohibición no puede confundirse con el caso en que exista en el sujeto una situación de duda, como ha señalado la referida sentencia de 14 de noviembre de 1997, núm. 1141/1997 . La duda es incompatible con el concepto de creencia errónea. La creencia para que sea propiamente tal ha de ser firme, es decir, sin duda al respecto (véase el Diccionario de la Real Academia de la Lengua). Hay que considerar que existe suficiente conciencia de la antijuridicidad cuando el autor duda y pese a tal duda se decide a actuar mediante la conducta delictiva. Este conocimiento eventual del injusto es un concepto paralelo al del dolo eventual: en estos casos hay culpabilidad del mismo modo que en los casos de dolo eventual hay dolo. En este sentido la STS. 698/2006 de 26.6, precisa que para excluir el error no se requiere que el agente tenga seguridad respecto de un proceder antijurídico, pues basta con que tenga bien determinante comprobar las circunstancias concurrentes, como la especifica preparación y profesionalidad del sujeto y lo que le es exigible en el marco de su actuación. en el mismo sentido habrá de ponderarse si al sujeto le era imposible llevar a cabo una comprobación más eficiente de la situación fáctica concurrente.
En el caso presente en los hechos probados de la sentencia recurrida se recoje expresamente que:" a pesar de conocer su obligación de presentarse el día 20.2.2005, a las 8,00 para la constitución de la mesa electoral en el local... y de haber sido notificada de las consecuencias legales de no hacerlo, no acudió a dicha constitución sin alegar excusa ni dar aviso de imposibilidad alguna". De tal relato fáctico se desprende que la acusada tenia conocimiento pleno de la obligatoriedad de su comparecencia a la mesa electoral y que fue plenamente consciente de su incumplimiento, por lo que, dado el cauce casacional utilizado, no cabe admitir la existencia de error alguno.
Desestimándose el recurso se imponen al recurrente las costas causadas, art. 901 LECrim .
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de Ley interpuesto por Regina, contra sentencia de 20 de noviembre de 2006, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Novena, que la condenó como responsable en concepto de autora de un delito electoral; y condenamos a la recurrente al pago de las costas causadas en la tramitación de su recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Perfecto Andrés Ibáñez D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre D. José Antonio Martín Pallín
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