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Timestamp: 2019-07-21 23:04:14
Document Index: 121531227

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 1', 'artículo 23', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 14', 'artículo 23', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 155', 'artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 40', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 21']

CCyL: PL/000006-13. BOCCL nº 207/9 del 2/12/2016
PL/000006-13
CVE: BOCCL-09-012692
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el 22 de noviembre de 2016, aprobó el Proyecto de Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, PL/000006.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en la redacción que le otorga la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, atribuye, en el artículo 70.1.1º, a la Comunidad de Castilla y León la competencia exclusiva sobre la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.
El Título Preliminar regula las “Disposiciones Generales” y contiene el artículo 1, que define el objeto de la ley, que es establecer el régimen jurídico de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de las entidades a ella adscritas. De este modo la ley abarca un concepto de alto cargo en el sentido más amplio posible, incorporando en su ámbito de aplicación, no solo a la Administración General e Institucional en sentido estricto, sino también a otros entes como las empresas públicas y las fundaciones públicas.
El Título I, bajo el título “Nombramiento”, abarca los artículos 2, 3 y 4, que regulan, respectivamente, el nombramiento, la toma de posesión y las obligaciones derivadas del nombramiento.
El Título II aborda la regulación del “Ejercicio del alto cargo”. Comprende los artículos del 5 al 11 y en él se prevén los valores, el régimen de incompatibilidades, los conflictos de intereses, la gestión de los recursos y el Código Ético y de Austeridad.
Este título concluye con el sometimiento de los altos cargos al Código Ético y de Austeridad, cuya aprobación se atribuye a la Junta de Castilla y León, previo debate como comunicación ante las Cortes de Castilla y León, y al que se otorga publicidad a través del Boletín Oficial de Castilla y León.
El Título IV regula la “Comisión de Ética Pública”, con cuatro artículos, desde el 15 al 18, en los cuales se establece la naturaleza y adscripción de este órgano colegiado, su composición, funciones y funcionamiento.
El Título V, sobre el “Registro de Bienes y Actividades de los Altos Cargos”, comprende los artículos 19 a 22, que regulan su descripción, gestión, naturaleza y acceso y organización.
Por último, el Título VI se refiere al “Régimen Sancionador” y en él, el artículo 23 tipifica las infracciones como leves, graves y muy graves, el 24 las sanciones que van desde el apercibimiento al cese, el 25 regula el régimen jurídico del procedimiento, el 26 determina los órganos competentes y el 27 el régimen de prescripción y cancelación.
La Disposición Final Quinta faculta a la Junta de Castilla y León para aprobar las disposiciones necesarias en desarrollo de esta ley y la Disposición Final Sexta dispone su entrada en vigor en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
1.- La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de las entidades a ella adscritas a las que se refiere el siguiente apartado.
2.- A efectos de lo previsto en la presente ley, se consideran altos cargos:
b)	Los viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, delegados territoriales, o asimilados a algunos de los anteriores de la Administración General o de la Administración Institucional.
c)	Los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas públicas o fundaciones públicas, siempre que tengan un contrato de alta dirección.
Artículo 2.- Nombramiento.
1.- El nombramiento y la contratación de los altos cargos que corresponde a la Junta de Castilla y León y a su Presidente, así como a las entidades previstas en el artículo 1, se efectuará entre personas con formación idónea para ello apreciada por quien propone y efectúa el nombramiento.
2.- En el caso de los miembros del gobierno, no podrán ser nombrados como titulares de una consejería quienes ya lo hubieran sido de ese mismo departamento durante ocho años.
3.- Los secretarios generales y directores generales, con carácter general, deberán ser nombrados entre empleados públicos, preferentemente funcionarios de carrera pertenecientes a cuerpos del subgrupo A1 de cualquier Administración Pública o grupo equivalente de cualquier institución pública.
Artículo 3.- Toma de posesión.
Artículo 4.- Obligaciones derivadas del nombramiento.
1.- En el plazo de dos meses desde el día de su toma de posesión y, en todo caso, en ese mismo plazo desde el día en que comience cada legislatura, los altos cargos deberán presentar ante la Inspección General de Servicios, los siguientes documentos:
b)	Declaración de las actividades que les proporcionen o les puedan proporcionar ingresos económicos.
d)	Certificación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la que conste que están al corriente de sus obligaciones tributarias.
2.- Además, en el mismo plazo de dos meses desde su toma de posesión, los altos cargos presentarán ante la Inspección General de Servicios una copia de su última declaración realizada del impuesto sobre la renta de las personas físicas y, en su caso, del impuesto sobre el patrimonio.
3.- La Inspección General de Servicios, a la vista de la documentación presentada, podrá solicitar aclaraciones, requerir documentación o efectuar las comprobaciones que considere oportunas.
4.- Anualmente la Inspección General de Servicios elaborará un informe pormenorizado sobre el cumplimiento de las obligaciones recogidas en este artículo que será remitido por el Consejero responsable de la misma a las Cortes de Castilla y León.
Artículo 5.- Valores.
1.- Las causas de inelegibilidad previstas en el artículo 2 para ostentar la condición de alto cargo lo son también de incompatibilidad.
2.- Los altos cargos ejercerán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva, siendo incompatible su desempeño con cualquier otra actividad profesional, mercantil, industrial o laboral, cargo o representación, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, ya sea por cuenta propia o ajena, a excepción de lo previsto en esta ley o en otras leyes.
3.- En el supuesto de incursión en causa sobrevenida de incompatibilidad, el alto cargo deberá comunicarlo de manera inmediata a la Inspección General de Servicios y optar por solicitar el cese o realizar, en el plazo de dos meses desde que se produjo dicha causa, las actuaciones necesarias para eliminar la incompatibilidad. Si no se efectuara la opción expresa, se entenderá que opta por el cese y se procederá a su formalización.
4.- El ejercicio de alto cargo será incompatible con la condición de miembro de asambleas legislativas de otras Comunidades Autónomas y de corporaciones locales. Las limitaciones para el desarrollo de funciones en las Cortes de Castilla y León serán las previstas en la ley electoral de Castilla y León.
Artículo 7.- Actividades compatibles.
1.- El ejercicio de alto cargo será compatible con las siguientes actividades de carácter público:
a)	El ejercicio de los cargos que les correspondan con carácter institucional o para los que fueran designados por razón del cargo que ocupan.
b)	La representación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en consejos de administración o patronatos, sin que por ello proceda la percepción de dietas o cantidades por asistencia. Ningún alto cargo podrá pertenecer a más de dos consejos de administración, salvo que la Junta de Castilla y León lo autorice cuando concurran razones que lo justifiquen.
c)	La representación de la Comunidad de Castilla y León en funciones o misiones temporales ante el Estado y ante organizaciones o conferencias nacionales, suprarregionales o internacionales.
d)	La asistencia ocasional como ponente a seminarios, conferencias, congresos, jornadas, coloquios o cursos, cuando dicha asistencia se produzca por razón de su cargo, sin que por ello proceda la obtención de beneficio económico alguno.
2.- Además, el ejercicio de alto cargo será compatible con las siguientes actividades privadas:
a)	Las actividades de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de las mismas
b)	La asistencia ocasional como ponente a seminarios, conferencias, congresos, jornadas, coloquios, o cursos de carácter profesional.
c)	La participación en entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro.
d)	El ejercicio de actividades, funciones y cargos en partidos políticos, siempre que no perciba ninguna retribución por ello, salvo las dietas que puedan corresponder.
e)	La administración del patrimonio personal o familiar, siempre que no ostente por sí o junto con su cónyuge, sea cual sea el régimen económico matrimonial, o con persona con quien conviva con análoga relación de afectividad, participaciones directas o indirectas, iguales o superiores a un diez por ciento, o que sin llegar a este porcentaje supongan una posición en el capital social que pueda condicionar de forma relevante su actuación, en empresas o entidades que tengan contratos, conciertos o convenios con el sector público estatal, autonómico o local.
Artículo 8.- Conflicto de intereses.
1.- Los altos cargos no podrán participar en aquellos asuntos y procedimientos en los que exista conflicto de intereses, entendiendo como tal toda situación en la que sus intereses personales, directos o indirectos, puedan comprometer el ejercicio de sus funciones con la debida imparcialidad o independencia.
a)	Los intereses propios.
b)	Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.
c)	Los de las personas con quien tengan una cuestión litigiosa pendiente.
d)	Los de las personas con quien tengan amistad íntima o enemistad manifiesta.
e)	Los de personas jurídicas a las que hayan estado vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores a su nombramiento.
f)	Los de las personas jurídicas a las que los familiares previstos en la letra b) estén vinculados por una relación laboral o profesional, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración.
2.- En los supuestos previstos en el apartado anterior, así como cuando concurran el resto de causas de abstención previstas en la normativa estatal básica, el alto cargo comunicará tal circunstancia por escrito a su superior jerárquico inmediato, el cual resolverá lo que proceda, salvo los miembros de la Junta de Castilla y León que lo comunicarán al Consejo de Gobierno que adoptará la decisión que corresponda.
3.- Los altos cargos podrán ser recusados en los casos previstos en los apartados anteriores, conforme al procedimiento establecido en la normativa básica de aplicación.
Artículo 9.- Gestión de recursos.
Artículo 10.- Informe de gestión.
Artículo 11.- Código Ético y de Austeridad.
1.- Los altos cargos, además de lo previsto en los artículos anteriores, deberán observar lo establecido en el Código Ético y de Austeridad.
2.- Dicho Código recogerá las actuaciones que los altos cargos deben respetar con la finalidad de lograr una actuación objetiva, transparente, eficaz, ejemplar, austera y de servicio a la ciudadanía.
3.- La Comisión de Ética Pública prevista en esta ley elaborará una propuesta de Código Ético y de Austeridad que elevará al Consejo de Gobierno para su remisión a las Cortes de Castilla y León como una Comunicación de la Junta de Castilla y León para su debate conforme a lo previsto en el Reglamento de dicha Institución.
A la vista del resultado del debate y de la votación de las propuestas de resolución, la Junta de Castilla y León aprobará el Código Ético y de Austeridad que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Artículo 13.- Obligaciones derivadas del cese.
a)	Declaración notarial de sus bienes, derechos y obligaciones patrimoniales omitiendo aquellos datos referentes a su localización e identificación para salvaguardar la privacidad y seguridad de sus titulares
b)	Copia de la última declaración presentada del impuesto sobre la renta de las personas físicas y, en su caso, del impuesto sobre el patrimonio, salvo que fuera la misma que en ese momento constara en la Inspección General de Servicios.
Artículo 14.- Limitaciones derivadas del cese.
1.- Durante los dos años siguientes a su cese o despido, los altos cargos no podrán prestar servicios en entidades privadas de un sector en el que no tuvieran experiencia profesional previa a su nombramiento y sobre el que hubieran tenido responsabilidades durante el ejercicio de sus funciones.
2.- Durante el periodo de los dos años siguientes a su cese o despido, los altos cargos deberán comunicar a la Inspección General de Servicios, con carácter previo a su inicio, las actividades privadas que pretendan desarrollar.
3.- Igualmente, durante el periodo previsto en los apartados anteriores, los altos cargos, por sí mismos, o a través de entidades participadas por ellos, directa o indirectamente, en más del diez por ciento, no podrán celebrar contratos con la Administración de la Comunidad, ni con sus entidades adscritas, siempre que guarden relación directa con las funciones que ejercieron como alto cargo.
4.- A los altos cargos que con posterioridad al cese o despido reingresen a la función pública y se les reconozca la compatibilidad para prestar servicios retribuidos de carácter privado, les serán de aplicación las limitaciones previstas en este artículo en lo que se refiere a la actividad declarada compatible.
Artículo 15.- Naturaleza.
1.- La Comisión de Ética Pública estará formada por los siguientes miembros:
a)	El titular de la consejería a que esté adscrita la Inspección General de Servicios, que la presidirá.
b)	El titular del centro directivo que tenga atribuidas las funciones de inspección de servicios.
c)	El titular del centro directivo que tenga atribuidas las funciones de secretariado de la Junta de Castilla y León.
d)	Tres expertos designados por la Junta de Castilla y León entre catedráticos y profesores universitarios del ámbito del derecho.
2.- En el supuesto de que la Comisión deba pronunciarse sobre asuntos que afecten a alguno de los altos cargos que forman parte de ella, éste será sustituido por quien determine la Junta de Castilla y León.
3.- Actuará como secretario de la Comisión un funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad, designado por el titular de la consejería en la que se incardine la Inspección General de Servicios.
a)	Elaborar la propuesta del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos, así como de su actualización siempre que sea necesario y, al menos, al inicio de cada legislatura.
b)	Resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación del Código.
c)	Plantear recomendaciones a los altos cargos sobre el cumplimiento de lo previsto en el Código.
d)	Realizar un informe anual sobre el cumplimiento del Código.
e)	Incoar y resolver los procedimientos sancionadores que se tramiten por posibles infracciones administrativas cometidas por los altos cargos en el ejercicio de sus funciones y reguladas en cualquier norma que les sea de aplicación.
1.- La Comisión de Ética Pública desarrollará sus funciones de acuerdo con lo previsto en la normativa de los órganos colegiados de las administraciones públicas.
2.- La consejería a la que esté adscrita la Comisión de Ética Pública le facilitará los medios materiales que necesite para el desarrollo de sus funciones.
3.- La Comisión podrá recabar la asistencia técnica y jurídica y la colaboración de todos los órganos de la Administración de la Comunidad, a los que podrá solicitar los informes o el asesoramiento que considere necesarios para el desarrollo de sus funciones.
4.- Los miembros de la Comisión no percibirán ninguna retribución por el desarrollo de sus funciones, sin perjuicio de las dietas por desplazamiento que podrán percibir los expertos.
Artículo 19.- Descripción.
Artículo 20.- Gestión.
Artículo 21.- Naturaleza y acceso.
1.- El Registro tiene carácter público en lo que se refiere a las declaraciones de actividades de los altos cargos y reservado para el resto de datos.
No obstante lo anterior, las declaraciones de bienes, derechos patrimoniales y obligaciones de los miembros de la Junta de Castilla y León se publicarán en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León y en el Boletín Oficial de Castilla y León.
2.- Además del propio interesado, únicamente tendrán acceso al contenido de los datos del Registro que no sean públicos:
a)	Las Cortes de Castilla y León, conforme a lo previsto en su Reglamento.
b)	La Junta de Castilla y León y su Presidente.
c)	Los órganos judiciales para la instrucción o resolución de procesos que requieran el conocimiento de los datos que obren en el Registro.
d)	El Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones.
e)	La Comisión de Ética Pública prevista en esta ley.
3.- Los órganos previstos en el apartado anterior adoptarán las medidas necesarias para mantener el carácter reservado de la información obtenida del Registro que tenga dicha naturaleza.
1.- En el Registro de Bienes y Actividades de los Altos Cargos existirá un expediente individual para cada uno de los altos cargos en el que se incorporarán todos los documentos que debe presentar, así como los pronunciamientos individualizados que realice cualquier órgano y que versen sobre las cuestiones reguladas en la presente ley.
2.- El expediente individual se estructurará de tal manera que quede clara la diferencia entre los documentos que tienen carácter reservado de aquellos que no lo tienen.
3.- Mediante orden del titular de la consejería a la que esté adscrita la Inspección General de Servicios podrá desarrollarse la organización del Registro.
1.- A los efectos de lo previsto en esta ley y sin perjuicio del régimen sancionador recogido en la normativa estatal básica, se consideran infracciones muy graves:
a)	El incumplimiento del régimen de incompatibilidades contenido en esta ley.
b)	La presentación de declaraciones o documentos falsos.
c)	El incumplimiento del deber de abstención, siempre que haya supuesto un beneficio para sus intereses personales.
d)	El incumplimiento de las limitaciones tras el cese previstas en el artículo 14.1.
e)	Incurrir en una infracción grave cuando, en los cuatro años inmediatamente anteriores a su comisión, hubiese sido el autor sancionado por una infracción, de las tipificadas en esta ley, calificada como grave por resolución firme en vía administrativa.
a)	El incumplimiento del deber de abstención, siempre que no suponga una infracción muy grave.
b)	La omisión deliberada de algún dato en las declaraciones que deban presentarse conforme a lo previsto en esta ley.
c)	La no presentación de alguna de las declaraciones o documentos exigidos por esta ley tras ser apercibido para ello.
d)	El incumplimiento de lo previsto en el Código Ético y de Austeridad, siempre que no suponga una infracción muy grave.
e)	El incumplimiento de las obligaciones y las limitaciones exigidas tras el cese, siempre que no supongan una infracción muy grave.
f)	Incurrir en una infracción leve cuando, durante el ejercicio del cargo, hubiese sido el autor sancionado por dos infracciones, de las tipificadas en esta ley, calificadas como leves por resolución firme en vía administrativa.
3.- Se considera infracción leve la presentación de las declaraciones o documentos exigidos en esta ley fuera del plazo previsto para ello.
1.- Las infracciones leves serán sancionadas con un apercibimiento por escrito dirigido al alto cargo.
2.- Las infracciones graves serán sancionadas con la declaración del incumplimiento y de la publicación en el Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial de Castilla y León de la infracción cometida y de la identidad de su autor.
3.- La sanción de las infracciones muy graves comprenderá lo previsto para las graves y además:
a)	El cese o despido del cargo que estuviera ocupando.
b)	La obligación de restituir los beneficios que se hubieran percibido de manera indebida en el caso de que se hubiera cometido la infracción prevista en el artículo 23.1.c).
c)	La imposibilidad de ser alto cargo en un periodo de entre cinco y diez años.
4.- Lo previsto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posible exigencia de cualquier otra responsabilidad a que hubiere lugar. Además, en caso de que los hechos pudieran ser constitutivos de delito se dará traslado de ellos al Ministerio Fiscal.
Artículo 26.- Órganos competentes.
1.- La Comisión de Ética Pública es el órgano competente para incoar los procedimientos sancionadores por hechos realizados por altos cargos en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracciones administrativas previstas en cualquier norma que les sea de aplicación.
2.- La instrucción de los procedimientos sancionadores corresponderá a la Inspección General de Servicios de la Junta de Castilla y León.
3.- Corresponde a la Comisión de Ética Pública resolver los procedimientos sancionadores por hechos que constituyan infracciones administrativas de los altos cargos. Las resoluciones que dicte dicho órgano pondrán fin a la vía administrativa.
Artículo 27.- Prescripción y cancelación.
2.- Las sanciones impuestas conforme a lo previsto en esta ley se cancelarán del expediente del alto cargo, de oficio o a instancia del interesado, una vez transcurrido el mismo plazo que el señalado para la prescripción de la infracción de que se tratara.
Segunda.- Código Ético y de Austeridad de las Instituciones Propias.
Tercera.- Relación de entes.
Cuarta.- Comunicación de nombramientos.
Quinta.- Contenido de declaraciones.
Sexta.- Constitución de la Comisión de Ética Pública.
Séptima.- Adaptación del Registro de Bienes y Actividades de los Altos Cargos.
Primera.- Régimen de nombramiento.
Segunda.- Código Ético y de Austeridad.
Tercera.- Reserva de puesto.
Cuarta.- Normativa electoral.
c) Decreto 3/1991, de 17 de enero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Intereses de Altos Cargos.
Primera.- Modificación de la Ley 3/1987, de 30 marzo, Electoral de Castilla y León.
1.- Se modifica el artículo 3.2 que queda redactado como sigue:
“2.- Son, además, inelegibles:
b)	El Presidente, los Vicepresidentes, Ministros y Secretarios de Estado del Gobierno de la Nación.
c)	Los Parlamentarios de las Asambleas de otras Comunidades Autónomas y los miembros de las Instituciones Autonómicas que por mandato estatutario o legal deban ser elegidos por dichas Asambleas.
d)	Los miembros de los Consejos de Gobierno y el resto de altos cargos de otras Comunidades Autónomas.
e)	Quienes ejerzan funciones o cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjero.”
2.- Se deja sin contenido el apartado 3 del artículo 3.
3.- Se modifica el artículo 5.2 que queda redactado como sigue:
“2.- Además de los supuestos comprendidos en el artículo 155.2 de Ley Orgánica del Régimen Electoral General también es incompatible la condición de procurador de las Cortes de Castilla y León con:
c)	La condición de alcalde o concejal de municipios con población superior a 20.000 habitantes.”
4.- Se incorpora un nuevo artículo 31 bis, con la siguiente redacción:
“Artículo 31 bis.- Debates.
A estos efectos, en las cuarenta y ocho horas siguientes a la finalización del plazo de presentación de candidaturas, las formaciones políticas que cumplan los requisitos previstos en el párrafo anterior, comunicarán a la Junta Electoral de Castilla y León la persona que ostenta la condición de candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.”
Segunda.- Modificación de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
“Artículo 40 bis.- Consejo de dirección.
1.- En cada consejería existirá un consejo de dirección como órgano de deliberación y coordinación, presidido por el titular del departamento y del que formarán parte los titulares de los centros directivos centrales. Además, podrán asistir todas aquellas otras personas a las que el titular de la consejería convoque expresamente.
2.- Las consejerías, de manera periódica, celebrarán un consejo de dirección fuera de su sede ordinaria reservando un tiempo para recoger sugerencias y propuestas de los ciudadanos y de las organizaciones sociales que deberá desarrollarse de manera abierta a los medios de comunicación social.”
Tercera.- Modificación de la Ley 4/2001, de 4 de julio, reguladora de la iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León.
1.- Se modifica el artículo 2 que queda redactado como sigue:
“La iniciativa legislativa popular se ejercerá mediante la presentación ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León de una proposición de ley suscrita por las firmas de, al menos, el 0,75 por ciento de los electores del censo autonómico vigente el día de la presentación de la iniciativa ante la Mesa de las Cortes, correspondientes a la mayoría de las circunscripciones electorales de la Comunidad que representen en cada una de ellas, como mínimo, el 0,75 por ciento del respectivo censo provincial y que reúnan los requisitos prescritos en el artículo anterior.”
2.- Se modifica el artículo 9 que queda redactado como sigue:
“Los miembros de la Comisión Promotora habrán de reunir los requisitos a que se refiere el artículo 1.1 de esta Ley, sin que puedan formar parte de la misma los Procuradores de las Cortes de Castilla y León, ni las personas incursas en causas de inelegibilidad o incompatibilidad aplicables en las elecciones autonómicas, salvo los concejales y alcaldes de municipios de mas de 20.000 habitantes, que podrán ser miembros de la Comisión Promotora cuando provengan de su Ayuntamiento.”
3.- Se modifica el artículo 21 que queda redactado como sigue:
“La tramitación parlamentaria se efectuará conforme a lo que disponga el Reglamento de las Cortes para las proposiciones de ley. En todo caso, la persona designada por la Comisión Promotora será llamada a comparecer ante la Comisión de las Cortes competente por razón de la materia, con carácter previo al debate de toma en consideración por el Pleno, para que exponga los motivos que justifican la presentación de la iniciativa legislativa.”
Cuarta.- Modificación de la Ley 7/2005 de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.
“2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que ocupaban, siempre que aquél se hubiere obtenido por concurso o concurso específico. En caso de que el puesto de trabajo que ocupaban en el momento de su pase a la situación de servicios especiales hubiere sido obtenido por libre designación no tendrán derecho a la reserva del puesto, pero su reingreso al servicio activo se efectuará, al menos, a un puesto del mismo nivel y localidad que los del puesto que ocupaban.
En todos los casos, el tiempo que permanezcan en situación de servicios especiales computará a efectos de trienios, consolidación del grado personal y derechos pasivos como si se hallaran en servicio activo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León”.
La presente ley entrará en vigor en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
CVE="BOCCL-09-012692"
Tramitación de: PL/000006-13
Tramitación de PL/000006-13
Pags. 23032-23051
Tramitación: PL/000006-13