Source: http://procuradores.blogspot.com/2008/
Timestamp: 2018-11-19 21:42:07
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Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 117', 'artículo 3', 'artículo 117']

P R O C U R A D O R E S: 2008
El colapso de la justicia se agrava.
Los juzgados valencianos acumulan 330.000 asuntos pendientes de resolver, la mayor cifra desde 2002.
Si hablando de crisis económica, 2009 aparece en el horizonte como el periodo más temible, para la colapsada justicia valenciana el panorama no es más alentador. El paso del tiempo hace que se llenen cada vez de más expedientes las estanterías de los juzgados, las dificultades económicas aumentan las disputas en manos de los tribunales y el retraso en dilucidar los conflictos aumenta día a día. No son palabras vacías ni juicios agoreros. La estadística así lo demuestra.
El último resumen de actividad publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revela una alarmante situación en los juzgados valencianos. Nunca, desde 2002, los tribunales de la Comunitat acumulaban tantos asuntos pendientes de resolver. Un total de 337.404, según el informe consultado por LAS PROVINCIAS y que hace referencia al tercer trimestre del presente año.
El colapso no ha parado de crecer desde dicho año. Entonces, los datos del CGPJ hablaban de 250.000 asuntos aguardando una resolución judicial en la Comunitat. Los 337.404 expedientes pendientes suponen casi 30.000 más que los que había en el tercer trimestre de 2007 y 17.000 más que los registrados en el segundo trimestre de este año.
Bajan los asuntos ingresados
El que durante julio, agosto y septiembre se recibiera en los órganos judiciales de la Comunitat una de las cifras de asuntos más baja de los últimos dos años (247.000 nuevos casos) no ha evitado que la situación de los tribunales valencianos sea una de las más críticas que se recuerdan.
La estadística no hace más que dar la razón a las predicciones realizadas por los principales protagonistas de la justicia valenciana y tildadas por algunos de alarmistas. Nada más lejos de la realidad. Las advertencias de caminar hacia el colapso realizadas al presentar su memoria anual por el presidente del Tribunal Superior o las denuncias del juez decano de Valencia o de las juntas de jueces de la Comunitat de sobrecarga de trabajo no hacen sino materializarse en realidades con el paso del tiempo.
Por órdenes jurisdiccionales, los asuntos penales siguen siendo los más atrasados. Los casi 170.000 asuntos que aún deben solventar los juzgados de la Comunitat superan con mucho al resto de materias.
Pero las cifras apuntan otra conclusión: la cada vez mayor incidencia que tiene la crisis económica en el colapso judicial. El orden civil (encargado de dilucidar aspectos como suspensiones de pagos o reclamaciones monetarias) y social (que asume conflictos laborales como despidos) tienen cada vez más presencia en las cifras generales.
Así, durante el tercer trimestre de este año, casi uno de cada cuatro asuntos recibidos en los juzgados valencianos pertenecía a alguna de estas dos disciplinas. La proporción supone un aumento del 4% con respecto al mismo periodo de 2007.
Como LAS PROVINCIAS publicó la pasada semana, los jueces mercantiles de la región son los que más sufren el colapso. La carga de trabajo que asumen es cinco veces superior a la considerada óptima por el Consejo General del Poder Judicial. Y este mismo órgano lanzó una alarmante predicción: los procesos concursales (suspensiones de pagos de las empresas) se van a multiplicar por cinco durante el año que viene.
Más sentencias y más resueltos
La estadística, sin embargo, no sirve para poner en duda la capacidad de trabajo de los jueces y magistrados. De hecho, el número de asuntos resueltos es mayor que el registrado en el tercer trimestre de 2007: alrededor de 7.000 expedientes más solventados por los titulares de órganos judiciales.
También ha aumentado el número de sentencias, al pasar de 28.278 en el periodo de 2007, a 32,451 resoluciones dictadas entre julio y agosto de este año.
¿Dónde radica entonces el problema? En que los jueces se ven superados por la cantidad de casos que reciben. Es la consecuencia inevitable de que la Comunitat Valenciana esté a la cabeza de la litigiosidad en España y que, sin embargo, se sitúe a la cola en cuanto a número de jueces por habitante.
Sólo así se puede entender que, pese a que los tribunales solucionan más asuntos que hace un año, aumente la tasa de pendencia (proporción entre pendientes y finalizados) y disminuya la tasa de resolución (ratio entre resueltos e ingresados).
Las estadísticas del CGPJ indican que, durante el último trimestre del año, suele reducirse notablemente la cifra de asuntos acumulados. Parece como si los magistrados apretaran el acelerador en los últimos meses para mejorar el balance. Habrá que esperar a que el Poder Judicial publique los resultados de ese trimestre final, pero las recientes manifestaciones de los jueces no parecen indicar que vayan a aumentar demasiado su tasa de resolución.
La clase judicial montó en cólera tras la sanción al juez Tirado por el caso Mari Luz y la petición lanzada desde el Gobierno central de un "castigo ejemplar" para el magistrado andaluz. Y el último trimestre del año ha sido, precisamente, el instante elegido para llevar a cabo sus protestas.
En octubre, las juntas de jueces de toda España se celebraron casi al unísono y paralizaron los juzgados durante toda una mañana. Cientos de procesos quedaron aplazados en la Comunitat Valenciana.
Al finales del mes pasado, una nueva vuelta de tuerca. La junta de jueces de Valencia, en un comunicado, anunció lo que casi es una huelga de celo encubierta. Criticaron la falta de medios, las muchas palabras y pocos actos de la Administración y anunciaron que sólo trabajarían según los módulos fijados por el CGPJ. De cumplir sus intenciones, ello hace difícil pensar que la situación de colapso mengüe en la parte final de 2008.
No es el mundo judicial el único que sufre los rigores de la crisis y la escasez de personal. Como ayer publicó LAS PROVINCIAS, sus colegas de toga, los fiscales, también echan de menos más manos con las que manejar con pericia el timón de la justicia valenciana.
Como ejemplo, desde la Fiscalía de Valencia lamentaron que cuando un fiscal está de guardia tiene que ocuparse de dos partidos judiciales que engloban hasta 36 términos municipales. Y ello, como es lógico, hace peligrar su presencia en dos casos que se produjeran al mismo tiempo.
Durante la inauguración el pasado mes en Valencia del Congreso Nacional de los Procuradores, el ministro Bermejo repitió con ahínco que esta iba a ser la legislatura del "cambio radical" para la justicia. "Les hablo en serio", dijo hasta en dos ocasiones ante las caras de incredulidad de algunos. Las cifras, por el momento, no invitan al optimismo.
Fuente: ARTURO CHECA| LAS PROVINCIAS
Publicado por Jose Córdoba Almela en 13:59 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Se suprimen los precios de venta del Boletín Oficial del Estado y del Boletín Oficial del Registro Mercantil
Trsncribimos la "Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se suprimen los precios de venta del "Boletín Oficial del Estado" y del "Boletín Oficial del Registro Mercantil":
El artículo 11.1 de la citada Ley prevé que la publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a la edición impresa.
Respecto al Boletín Oficial del Estado, la Ley dispone, en su artículo 11.2, que su publicación electrónica tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables. Esta previsión está sometida a plazo: deberá tener efecto desde el día 1 de enero de 2009, según se determina en la disposición final segunda de la misma Ley.
Con la finalidad de dar cumplimiento al mandato legal, el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial Boletín Oficial del Estado vino a desarrollar las condiciones y garantías de publicación del nuevo diario electrónico, con el carácter de oficial y auténtico, a partir del 1 de enero de 2009.
El artículo 13.2 del citado Real Decreto señala que, la edición impresa comprenderá los ejemplares necesarios para asegurar la conservación y custodia de al menos tres ejemplares del diario oficial en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y en la Dirección General del Secretariado del Gobierno, así como los que reglamentariamente se determine para su conservación en la normativa que regula el depósito legal.
Sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a obtener copias impresas de las disposiciones, actos o anuncios, o del diario completo, mediante, en su caso, la contraprestación que proceda, recogido en el artículo 14 del Real Decreto, la limitación del número de ejemplares impresos prevista en el artículo 13.2, implica la supresión de la venta de ejemplares impresos del diario así como de las suscripciones al mismo, tal como se concebían hasta ahora.
De forma similar se han regulado las condiciones y garantías de la edición electrónica del otro diario oficial que publica la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
El Real Decreto 1979/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula la edición electrónica del Boletín Oficial del Registro Mercantil, establece que Al contenido de los actos, anuncios y avisos legales de la edición electrónica y de la edición impresa del "Boletín Oficial del Registro Mercantil" se les reconocerá el carácter y la eficacia jurídica que resultan de la Ley, del Reglamento del Registro Mercantil y de las normas que se establecen en este real decreto.
Paralelamente a lo que sucede con el Boletín Oficial del Estado y, también sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a obtener copias impresas, el artículo 2.3 del Real Decreto señala que la edición impresa comprenderá los ejemplares necesarios para asegurar la conservación y custodia de al menos tres ejemplares del diario en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y en la Dirección General de los Registros y del Notariado, así como los que reglamentariamente se determine para su conservación en la normativa que regula el depósito legal.
En consecuencia, esta norma implica también la supresión de la venta de ejemplares impresos del Boletín Oficial del Registro Mercantil así como las suscripciones al mismo, en la forma en que se efectúa actualmente.
La Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, en su artículo 26.1 establece que la fijación o modificación de la cuantía de los precios públicos puede hacerse directamente por los organismos públicos, previa autorización del Departamento ministerial del que dependan.
En su virtud, previa autorización de la Ministra de la Presidencia, resuelvo:
Suprimir los precios de venta del ejemplar diario del Boletín Oficial del Estado y del Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Suprimir los precios de las suscripciones al Boletín Oficial del Estado y del Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Esta Resolución entrará en vigor el día 1 de enero de 2009.
Madrid, 15 de diciembre de 2008.
La Directora de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado,
Carmen Gomis Bernal.
Publicado por Jose Córdoba Almela en 23:56 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Para conseguir estos objetivos, la presente reforma modifica un total de quince leyes procesales, que son: Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Hipotecaria, Ley sobre Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, Ley de Extradición Pasiva, Ley Cambiaria y del cheque, Ley de Patentes, Ley de Procedimiento Laboral, Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley Concursal y Ley de Arbitraje.
La puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial permitirá una organización judicial racionalizada que optimizará los medios humanos y materiales con que cuenta la Administración de Justicia, tanto por la reordenación de los servicios procesales -en los que se especializarán las labores que deba realizar el personal a su cargo-, como por la incorporación de los medios tecnológicos adecuados para realizar de la manera más eficaz y segura los trámites judiciales.
Servicio público eficaz
Esta modernización de juzgados y tribunales redundará en un servicio público eficaz y cercano al ciudadano, que verá plenamente garantizada la protección de sus derechos y la efectividad de los procedimientos penales, permitiendo consolidar la confianza en las decisiones jurisdiccionales como garantes del orden social.
En cuanto a la vertiente organizativa, la principal novedad de la reforma descansa en el reparto de funciones que dentro de la Oficina Judicial se establece entre jueces y magistrados y secretarios judiciales. En consecuencia, con el mandato del artículo 117 de la Constitución Española, que atribuye a jueces y magistrados la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, se ha realizado una labor de deslinde de todas las actuaciones judiciales que no se corresponden estrictamente con tales funciones, siendo atribuidas éstas a los secretarios judiciales.
Este cuerpo superior jurídico asume con la reforma importantes competencias tales como la admisión de las demandas, terminación anticipada del procedimiento o las decisiones de ejecución amparadas por la orden general que dicte un juez, así como el conocimiento y resolución de múltiples trámites e incidentes de los procedimientos (tasaciones de costas, jura de cuentas, ect) y labores organizativas.
Sin embargo, esta regla general en materia de admisión no se extiende a la jurisdicción penal, dada la importancia de los derechos del justiciable que se pueden ver afectados, lo que aconseja el conocimiento de los asuntos desde el primer momento por el juez.
En todo caso, la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos queda garantizada por la posibilidad de recursos ante los jueces contra las resoluciones de los secretarios judiciales que los afecten. De esta manera, jueces y magistrados quedan descargados de toda labor no jurisdiccional en las oficinas judiciales y pueden centrarse en su labor constitucional.
Registro en soporte audiovisual
También se extiende a todos los órganos jurisdiccionales la obligación de registrar en soporte audiovisual las actuaciones que ante ellos se practiquen, medida que lleva aplicándose con gran éxito en la jurisdicción civil desde el año 2001. Incluso se refuerza esta garantía, previendo la incorporación de firma electrónica en las actas generadas por estos medios.
En este sentido, se establece que el documento electrónico que contenga la grabación, siempre que incorpore la firma electrónica reconocida del secretario judicial, constituirá el acta a todos lo efectos.
La reforma ha supuesto también una oportunidad para introducir algunas modificaciones largo tiempo reclamadas desde el ámbito jurídico. Así, en materia penal se verán reforzadas las garantías de las víctimas y perjudicados por los delitos, que serán informados de todos sus derechos y acciones en el propio órgano judicial y dispondrán de mayor información de los procedimientos de los que formen parte. Asimismo, en materia civil, el incremento de la cuantía del procedimiento monitorio pasa de 30.000 a 150.000 euros, potenciando un trámite sencillo y fiable para la resolución de deudas dinerarias documentadas, evitando al ciudadano tener que acudir a los más complejos procedimientos declarativos.
Agenda programada de señalamientos
La reforma también introduce nuevos medios técnicos, como la agenda programada de señalamientos o la posibilidad de realizar pujas en las subastas judiciales a través de Internet, y se potencian los ya existentes. El secretario judicial tendrá competencia para el señalamiento de las vistas judiciales y será quien gestione la agenda programada. Se generaliza la grabación de las vistas en todas las jurisdicciones, previendo la incorporación de firma electrónica en ellas para mayor garantía de los derechos de los justiciables.
Estas nuevas normas, apoyadas por la creciente inversión del Estado en Justicia, que permitirá disponer de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo este ambicioso proyecto, supondrán la definitiva superación de los lastres arrastrados por la Administración de Justicia y construir la Justicia del siglo XXI.
Publicado por Jose Córdoba Almela en 23:51 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
El CGAE muestra su sorpresa por la sentencia del Supremo sobre el pacto de cuota litis
El Consejo General de la Abogacía Española manifiesta su sorpresa por el hecho de que el Tribunal Supremo haya quebrado totalmente su doctrina sobre el pacto de cuota litis, en un giro de 180 grados, especialmente dado que no hace muchos años resolvió en sentido contrario algunos recursos contra el vigente Estatuto de la Abogacía de 2001, señalando que la prohibición estaba correctamente regulada. Igualmente manifiesta el Consejo que el pacto cuota litis está contraindicado y que el Código Deontológico de CCBE, que agrupa a todas las abogacías de la Unión Europea, lo tiene expresamente prohibido.
En este sentido, el artículo 3 del citado Código, aprobado en Oporto en mayo de 2006, señala expresamente que “el abogado no podrá fijar sus honorarios con arreglo a un pacto de cuota litis", y que “no se considerará pacto de cuota litis el convenio que prevea la determinación de los honorarios en función del valor del litigio encargado al abogado, siempre que dicho valor se fije de conformidad con una tarifa oficial de honorarios o esté admitida por la autoridad competente de la que depende el abogado”.
Esta normativa deontológica refleja la posición común de la gran mayoría de Estados miembros de la UE en el sentido de que un acuerdo no regulado de pacto de cuota litis es contrario a la buena administración de la justicia en la medida en que fomenta la litigiosidad especulativa y que convierte al abogado en socio del cliente, momento en el cual pierde su independencia.
Sin embargo, este artículo no se opone al mantenimiento o introducción de acuerdos por los que los abogados reciban honorarios diferentes en función de los resultados o que sus servicios únicamente sean abonados si la acción o el asunto resultan en beneficio de la parte, siempre que estos mecanismos se encuentren suficientemente regulados y controlados para proteger al cliente y el adecuado funcionamiento de la administración de justicia.
A la espera de analizar en detalle la sentencia, el Consejo estudiará si plantea el correspondiente recurso ante los órganos competentes, nacionales o internacionales.
Publicado por Jose Córdoba Almela en 23:49 1 comentario: Enlaces a esta entrada
Justicia impulsa la unificación de los sistemas informáticos judiciales con las CCAA
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, presidió ayer, en el Palacio de Parcent del Ministerio de Justicia, la Conferencia Sectorial con 10 de las 11 Comunidades Autónomas (País Vasco no ha asistido) que cuentan con las competencias. En el encuentro han estado la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Navarra, Galicia, Cantabria, Aragón, Asturias, Canarias y Madrid
Durante la reunión, el departamento que dirige Fernández Bermejo trasladó su propuesta de plan de colegiación de esfuerzos para el desarrollo de sistemas de información comunes para la Administración de Justicia. Con él se pretende establecer un marco de colaboración estable, efectivo y con vocación de permanencia entre el Ministerio y las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia para desarrollar e implantar sistemas de información comunes.
De esta forma, las administraciones que, de forma voluntaria, decidan adherirse al plan, podrán beneficiarse de una reducción de costes, derivada de una generación de economías a escala y de la compartición de esfuerzos. Además, la unificación de los productos facilitará no sólo el intercambio de información, la formación del personal o el establecimiento de estándares y de normas comunes de actuación, sino también la constitución de una base amplia de conocimiento compartida entre todos.
La propuesta supone también una mejora de la calidad y una garantía de estabilidad de los sistemas, así como la implantación progresivamente más sencilla de aquellos que se desarrollen en el marco del plan.
Cada administración podrá optar por uno de los dos programas de actuación que contempla el plan:
De corto plazo y duración limitada: supone la implantación, durante el año 2009, y hasta el 1 de enero de 2010, del sistema de información procesal Minerva- NOJ v.02 en todas las administraciones adheridas al programa. No obstante, la elección de esta alternativa implica la incorporación también de la adhesión al programa de actuación a medio plazo.
Programa a medio plazo y con duración ilimitada: permite desarrollar e implantar gradual e incrementalmente una serie de sistemas y servicios de información que den soporte a la Administración de Justicia, de cara a conseguir los objetivos planteados en el Plan de Transparencia Judicial de 2005.
Implantación de la Nueva Oficina Judicial
Durante la reunión de la Conferencia Sectorial también se trataron otros asuntos, como las actuaciones que están aún pendientes para la implantación de la nueva Oficina Judicial.
No obstante, el Ministerio de Justicia informó a las comunidades autónomas del estado de tramitación de los proyectos legislativos que afectan al proceso de implantación. En especial, del Anteproyecto de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, que fue aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Asimismo, ha dado cuenta de otros planes que pretenden acometerse y de la intención del Ministerio de fijar un plazo para el proceso de implantación de la oficina judicial que vincule a todas las Administraciones con competencias en la materia.
La implantación de la nueva oficina judicial es uno de los objetivos claves del Ministerio de Justicia en la presente legislatura y pretende culminar el trabajo realizado por este departamento durante la anterior.
Con este nuevo sistema de trabajo se hará posible la transformación de las actuales estructuras judiciales del siglo XIX en una Administración moderna y ágil en su funcionamiento en pleno siglo XXI, mediante una redistribución de funciones y de recursos propios más racional. La implantación de este nuevo modelo de oficina judicial constituye, sin duda alguna, la pieza clave en el proceso de modernización de la Administración de Justicia.
Durante la pasada legislatura se trabajó intensamente en la consecución de este objetivo con actuaciones como: la confección del Plan de Transparencia Judicial; la aprobación de los siguientes Reglamentos: Cuerpo de Secretarios Judiciales, de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del personal Funcionario al servicio de la Administración de Justicia, y el General Disciplinario de dicho personal; o la aprobación del sistema LEXNET de presentación telemática de escritos y traslado de copias a los operadores jurídicos.
Mejora del funcionamiento de los Registros Civiles
También, el pleno de la Conferencia Sectorial acordó aprobar la propuesta del Ministerio de Justicia de crear una comisión permanente y conjunta entre el propio Ministerio y las consejerías de Justicia de las comunidades autónomas, para el seguimiento de las actuaciones de los registros civiles, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de los mismos.
La creación de esta comisión ha sido propuesta por la Dirección General de Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia como un impulso más para modernizar y agilizar los registros civiles, en la apuesta por conseguir un servicio público de calidad.
Agrupación de partidos judiciales en materia de Violencia de Género
La Conferencia Sectorial trató también la agrupación de partidos judiciales en materia de Violencia de Género y la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.
Comisión de Selección de Personal
Otro de los puntos abordados ayer fue la designación de representantes de la Comisión de Selección de Personal, ya que corresponde a la Conferencia Sectorial determinar qué cuatro comunidades habrán de formar parte de esta Comisión. Han sido designadas las CCAA de Cataluña, Galicia, Canarias y Andalucía para formar la Comisión de Selección de Personal.
Estudio de las diferencias retributivas entre distintas CCAA
Por iniciativa de algunas CCAA, la Conferencia acordó estudiar en detalle las políticas retributivas que han seguido las distintas comunidades, y que arrojan sensibles diferencias entre unas y otras, y también entre ellas y el Ministerio de Justicia.
La Conferencia estuvo de acuerdo en considerar que, sin perjuicio del respeto a las competencias de cada administración, la existencia de diferencias genera distorsiones en el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Fecha: 17/12/2008 [08:56] h.
Origen: Ministerio de Justicia
Publicado por Jose Córdoba Almela en 23:47 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Los sistemas informáticos autonómicos no están conectados, pero el delito y el caos sí es global
Un mosso d'esquadra de Cambrils redacta el atestado en su ordenador. Cuando termina, lo imprime en papel, lo mete en un sobre y se lo da a un compañero para que lo lleve en coche al juzgado de Reus. Allí, el funcionario abre el sobre, coge el atestado y lo vuelve a escribir en su ordenador. Los sistemas informáticos de comunidades autónomas o de distintos órganos judiciales en la misma ciudad siguen mayoritariamente sin estar interconectados. Sólo el delincuente sale ganando. Y el caos.
Si quiere ser un delincuente eficiente, ponga su domicilio en Andalucía, robe en el País Vasco, Navarra y Cataluña; en Valencia entréguese, y contrate su abogado en Canarias. O tampoco se complique. Haga lo mismo por ciudades y pueblos de su provincia. Y confíe en la diversidad de programas informáticos incompatibles que pululan por los juzgados.
El sistema de notificación digital Lexnet todavía no se usa en toda España, pese a sus cinco años de vida. Esta estafeta de correo electrónico es la solución ministerial para que juzgados y profesionales (abogados, procuradores) compartan la información con eficacia. Empezó a desplegarse en 2003, pero va lento.
"Está casi en toda la Audiencia Nacional. En el 61% de Castilla y León y en el 38% de Extremadura. Se hacen 14.000 al día", dice Julio Martínez Meroño, secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia. Dado que al día se presentan 23.000 asuntos, la cifra de notificaciones es ridícula. Además, Canarias y el País Vasco no lo usan porque quieren incorporar las notificaciones directamente en sus aplicaciones de gestión procesal. Lexnet sí funciona en zonas de Cataluña, está en pruebas en la Comunidad Valenciana y planean incorporarlo en Andalucía, Cantabria y Galicia.
El problema no es sólo que Lexnet no se extienda. Ojalá. Tampoco que Fortuny, la aplicación para los fiscales, siga sin implantarse en todo el país. Cada autonomía ha tirado por su lado, como si denuncias, querellas, homicidios o atracos tuvieran fronteras. El País Vasco implanta Justizia Bat. En Valencia se llama Cicerone. En Canarias, Atlante; en Andalucía, Adriano, y en Navarra, Avantius. En Cataluña la aplicación en desarrollo se llama Justicia.cat, que sustituirá a Temis en 2010. Y la ciudad de Murcia, capital de una de las seis autonomías sin competencias transferidas, es la única que prueba la versión más moderna de la aplicación ministerial Minerva.
El problema no es que haya versiones distintas. El lío es que ni se comunican ni se entienden. Son incompatibles. Algunas están preparadas para el expediente electrónico. Otras no. "Una urgencia es unificar versiones, sustituyendo el producto más antiguo por el más moderno. De Libra [la más vieja] hay 217 instalaciones. De Minerva, 86", dice el secretario general del ministerio.
"Hay un grave problema en el diseño de la red judicial, que debe interconectar sus datos", dice Pere Huguet, del Consejo General de la Abogacía. "Si cada Administración desarrolla sus herramientas, luego se tienen que entender entre sí. El modelo es el expediente electrónico. El resto son parches".
"Se trata de poner el mínimo común denominador para trabajar juntos. No hay que hablar de uniformidad de aplicaciones, sino de datos y formatos comunes", opina Inmaculada de Miguel, directora para la modernización de la justicia vasca.
El ministerio prepara ahora SIRAJ, un sistema unificado para acceder a los registros de información procesal. Luego, el objetivo es que las autonomías lo integren, convirtiendo al ministerio en un prestador de servicios de información a las comunidades autónomas. En enero empezarán a implantarlo. Antes, deberán garantizar la privacidad de unos datos muy sensibles, estableciendo mecanismos para determinar quién accede al sistema judicial español y quién lo autoriza.
El movimiento de papeles y de coches descrito en Reus, de personal duplicando tareas, se reproduce diariamente en todos los juzgados y comisarías de España. "El papeleo nos devora. Si esto fuera una empresa habría quebrado hace años, pero como todos cobramos a final de mes...", asegura un funcionario. El despilfarro de medios económicos y humanos caracteriza a la Administración de justicia, que, sin embargo, se ahoga bajo montañas de papel.
La nueva oficina judicial, que se empezó a gestar en los ochenta, aún no se ha implantado. Jueces y secretarios desconocen cuál será su nueva función; tampoco saben si una persona tiene causas pendientes en otros juzgados, salvo que haya sido condenada. Cada juzgado permanece ajeno a las actuaciones de otros tribunales. El expediente electrónico, el sueño de la oficina sin papeles, es ciencia-ficción.
El Gobierno dice que quiere resolver la saturación de un servicio público con cerca de 50.000 empleados. Como en 2001. El Gobierno de Aznar y los socialistas firmaron un pacto de Estado que desembocó en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2003. La norma aspiraba a que el juez fuera responsable de dictar sentencia, pero no de la burocracia. Se marcaron múltiples tareas en ocho años: legislativas, organizativas y de infraestructura.
El Pacto de Estado se rompió. Y ocho años después este idílico escenario no existe. La reforma legal, paralizada durante años en el Congreso, se está discutiendo actualmente, y no entrará en vigor hasta 2010. Cierto es que han llegado los juicios rápidos o implantado las videoconferencias, aunque no la tengan todavía todos los órganos. O que acaban de estrenar las subastas judiciales por la red. Sin embargo, juzgados, tribunales y fiscalías siguen sin estar interconectados. Lexnet, el sistema de notificaciones seguras entre las partes no es de uso generalizado. Tampoco lo es Fortuny, la aplicación de la fiscalía. Con este panorama, el expediente judicial electrónico queda lejos. Tan lejano como que un ciudadano acceda por Internet a su sentencia. Si ha sido absuelto, ni siquiera le borrarán de la lista de personas con antecedentes policiales. En 2010 las gestiones administrativas digitales serán un derecho, aunque la ley no se refiere a la justicia, un servicio tan público como Hacienda o la Seguridad Social.
"La ley de 2003 sentó las bases, pero se ha incumplido. No ha habido reforma estructural ni procesal y la tecnología es deficiente. Un juzgado sabe lo suyo, pero desconoce lo que se trata en el contiguo. ¡Qué va a saber de lo que ocurre en el resto!", dice Rafael Lara, portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.
"Acumulamos un retraso organizativo y de modelo", reconoce Julio Pérez, secretario de Estado de Justicia. "Tenemos que acelerar para invertir la tendencia y evitar que las malas inercias se conviertan en una rémora. No es cuestión de hacer propaganda, pero me niego a retratar un panorama dantesco. Somos críticos, pero no fatalistas. Esto tiene arreglo". El secretario de Estado insiste en que hay ejemplos que demuestran "que la maldición del pergamino se puede conjurar". Como el juicio del 11-M, "que incorporó todos los elementos de modernidad"; los de tráfico, "hasta ahora más rápidos que el procedimiento administrativo para poner una multa", o "el sistema de cuentas de consignación". "Mueve 3.000 millones de euros al año y ha sacado el dinero del juzgado".
Después de cuatro años de parálisis, el 27 de noviembre se reunió la comisión encargada de coordinar a todos los responsables de la justicia que convoca el Consejo General del Poder Judicial. Porque la situación es de por sí compleja. De la gestión de la justicia se encargan cuatro partes: el juez, el propio Consejo del Poder Judicial, el ministerio y 11 autonomías con competencias transferidas.
Sólo en Madrid hay tantos litigios como en el territorio que gestiona el ministerio. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha destinado 74 millones de euros a modernización desde 2003, y el próximo año prevé 340 millones más. El ministerio, de 2005 a 2009, gastará 545 millones.
El gobierno de los jueces acaba de aprobar un "plan de choque de tecnología y de reforma procesal", dice Fernando de Rosa Torner, vicepresidente a propuesta del PP desde septiembre. El primero consiste en dotar de certificado y firma electrónica a jueces y magistrados, como emplean desde hace años notarios, registradores y abogados.
Tampoco es la primera vez que el Poder Judicial se propone modernizar la justicia. En 2003 activó el Punto Neutro Judicial. A través de este nodo de comunicaciones los jueces acceden a los datos de Hacienda, Seguridad Social, Registro Mercantil Central, así como a los registros de información procesal. El problema, explica Lara, "es que la consulta no es automática porque no está integrada en los sistemas de gestión procesal. Es decir, que tenemos que buscar esos datos entre los diferentes registros, entrando y saliendo de una aplicación a la otra, lo que requiere cada vez una contraseña diferente, en vez de recibir automáticamente la información en el expediente mediante alertas".
Julio Martínez Meroño, secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, asegura que todos aceptan el cambio, "pero siempre que sea neutral, que no afecte a sus funciones. La modernización no es un problema de informática sino de mentalidad". Una nueva forma de organizarse (donde el juez dicta sentencia, pero los asuntos no estrictamente jurídicos los suministran servicios comunes) y la generalización de la tecnología son el maná para conjurar la maldición del pergamino.
El primer eje requiere modificar la legislación procesal. Paralizada durante años, ha sido reactivada en esta legislatura. El anteproyecto varía más de 1.000 artículos. Debería entrar en vigor en 2010, si no se frena de nuevo en el Congreso.
Algunas modificaciones de la ley generan polémica entre jueces y secretarios por los límites que delimitan sus funciones. Tampoco hay consenso sobre el uso de la tecnología. Desde 2003, las vistas orales de los juicios civiles y algunos penales se graban en vídeo por ley. En el resto de juicios, el secretario toma notas para dar fe. El ministerio proyecta extender esta obligación a todos los juicios, lo que permitiría al secretario ocuparse de otras cuestiones. Lara comparte la idea de conseguir una documentación electrónica, "pero sin eliminar garantías de los ciudadanos y del tribunal". El portavoz no considera necesario sacar "al secretario para agilizar la justicia". Lo importante, dice, es "el nuevo reparto de tareas, implantar la oficina judicial con servicios comunes y que nos otorguen responsabilidad en ejecución de sentencias, ordenación del proceso...". Servicios comunes para optimizar recursos y evitar que, cuando se comunica a la cárcel que un preso debe declarar, cada juzgado envíe a su propio funcionario a prisión a entregar el papel.
Sólo cuando se implante el expediente judicial electrónico en todos los órganos, incluida la fiscalía, será posible la tramitación del procedimiento, desde su inicio hasta su archivo, en formato digital. Pero la realidad es tozuda y los expedientes "no son electrónicos en origen". "Tendríamos que escanear y digitalizar todos los papeles que entrasen y sería materialmente imposible", explica Martínez.
Además, como la validez legal aún la da el papel, cuando un juez toma posesión, sobre todo los de instrucción, pasan de tres a seis meses hasta que sabe el trabajo que hay pendiente. "Es difícil saber cuántos asuntos tienes guardados en el armario. En muchas ocasiones no hay ni índice. Lo mejor es empezar de cero porque ni los registros de entrada son fiables", dice la magistrada María Sanahuja. Con el agravante de que el 80% del papeleo no sirve de prueba en el juicio. Es burocracia, como la comunicación entre jueces para tomar declaración a testigos o las notificaciones a procuradores.
Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia, considera que el problema es la ausencia de modelo. "La nueva oficina es básica, pero también saber cómo queremos organizarnos. Si me llenan de programas, pero no sé para qué los quiero, de poco me sirven. La informática debe ser una herramienta de auxilio al trámite judicial para que el juzgado obtenga la información a través de una red distribuida de información judicial, a la vez que se comunica electrónicamente con las partes".
Gimeno incide en las dos patas tecnológicas de la modernización de la justicia que eliminarán el papeleo, sin duda, pero sobre todo harán más eficaz el servicio. Se trata de que los órganos judiciales se relacionen electrónicamente con abogados y procuradores, pero también con peritos, registradores, médicos, policías o funcionarios de prisiones, que colaboran con la justicia a diario. Además, se deben interconectar a los tribunales para que sepan si la persona juzgada tiene causas pendientes y por qué hechos en otros órganos. Se evitarían situaciones kafkianas como cuando un magistrado informa a los testigos de que retrasa el juicio porque el acusado, al que ha puesto en busca y captura, no se ha presentando. Uno de los testigos, policía, le apunta: "Pues lo acaban de traer de la cárcel, lo juzgan aquí al lado".
FUENTE: EL PAIS (LAIA REVENTÓS 23/12/2008 )
Publicado por Jose Córdoba Almela en 13:21 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
El Supremo anula la prohibición de que los abogados pacten honorarios sus con los clientes - elConfidencial.com
El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2005 declaró ajustada a derecho la prohibición de que los abogados negocien sus honorarios libremente con sus clientes y avaló el establecimiento de honorarios mínimos por parte de los colegios profesionales de abogados.
En declaraciones a Efe, Mazón ha destacado la importancia de esta resolución para la abogacía, puesto que los letrados y sus clientes podrán pactar libremente a comisión o porcentaje del resultado del pleito, sin necesidad de que medie pago de honorarios mínimos como establecía el Código Deontológico.
En 2002 el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) sancionó con una multa de 180.000 euros al Consejo General de la Abogacía y le ordenó modificar la prohibición que establecía su Código Deontológico de que los abogados fijaran "libremente" con sus clientes los precios de sus servicios. El TDC dio así la razón a Mazón, que había presentado una denuncia contra el Consejo General de la Abogacía por una conducta "presuntamente prohibida" por la Ley de Defensa de la Competencia.
El Supremo en esta sentencia también ha estimado, parcialmente, el recurso interpuesto por el Consejo General de la Abogacía y ha anulado la sanción de 180.000 euros que le impuso el TDC, aunque aprecia que su conducta "fue objetivamente infractora y debe cesar". "Es preciso reconocer que hay elementos que llevan a la conclusión de que en el momento en que el Consejo General de la Abogacía aprobó el Código Deontológico, y pese a la naturaleza jurídica especializada de la institución, ésta bien pudo ser llevada a la equivocada idea de que la prohibición de la 'cuota litis' en sentido estricto no resultaba contraria a Derecho", concluye.
El TS modifica su doctrina sobre este asunto y señala que la nueva interpretación es acorde con el criterio mantenido por la Sala de lo Civil de este Tribunal, que en una reciente sentencia rechazó que el pacto de "cuota litis" sea una cláusula contraria a las leyes.
En un comunicado, Mazón señala que así "se pone fin a décadas de hipocresía de los Colegios de Abogados prohibiendo algo que es necesario y que facilita el acceso a la Justicia de los más necesitados".
Publicado por Jose Córdoba Almela en 19:27 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
ELCHE: Otro juzgado de Primera Instancia y no por el Mercantil.
El visto bueno del Ministerio de Justicia a la creación de un juzgado de lo Mercantil en Elche no ha satisfecho a todos o, por lo menos, no de la misma forma. Mientras abogados y procuradores se muestran contentos (de hecho han sido los que más han trabajado en su posible puesta en marcha), los jueces se muestran más prudentes.
En las dos últimas reuniones de la junta de jueces, en octubre y noviembre pasados, los magistrados solicitaron, tanto a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana como al Consejo General del Poder Judicial, la creación urgente en Elche de un nuevo juzgado de Primera Instancia, el número siete, para la ciudad. En segunda lugar apuntaron la gran necesidad de un segundo Contencioso-Administrativo y sólo en el tercero el juzgado de lo Mercantil.
En sus informes, los jueces justificaron y justifican actualmente sus preferencias. Según recalcaba ayer el juez-decano, Agustín Valero Maciá, «el séptimo juzgado de Primera Instancia para Elche es imprescindible ya».
La crisis económica ha multiplicado en lo que va de año los asuntos civiles, en particular los asuntos de desahucios, hipotecarios y las reclamaciones de cantidades. De hecho, a finales de septiembre, las ejecuciones de hipotecas habían aumentado más de un 220% respecto a los últimos dos años.
Según los datos facilitados por el Decanato, cada juzgado de Primera Instancia va a terminar el año con una media de 2.400 asuntos registrados. En 2007, después de un crecimiento ya notable, el año se cerró con 1.700 expedientes registrados.
El Consejo General del Poder Judicial tiene fijado el módulo de trabajo en 1.100 asuntos anuales. Esta cifra evidencia que los juzgados de Primera Instancia de Elche duplican el trabajo fijado.
Las previsiones económicas para el 2009, nada halagüeñas según el mismo Gobierno de España, hacen presagiar un importante crecimiento de los litigios civiles. Todo apunta a que el aumento de 700 expedientes registrados este año en cada juzgado civil se quede pequeño al lado de la avalancha de asuntos del primer semestre de 2009.
El juez decano hizo especial hincapié ayer en la necesidad de un segundo juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo para Elche por el alto volumen de trabajo que está soportando el actual. Dicha oficina judicial atiende el partido judicial de Elche y los de Orihuela y Torrevieja. Estos dos últimos generan numerosos asuntos urbanísticos por la vía contenciosa-adminsitativa.
En la lista de necesidades elaborada por los jueces, el Mercantil sólo va en tercer lugar aunque, insistía ayer el decano, se trate de una petición muy entendible por parte de abogados y procuradores. De momento, si finalmente se crea, Justicia tendrá que buscar un local de alquiler para su sede. También es posible que se cree el 31 de diciembre de 2010 y se retrase su puesta en marcha hasta que esté construida la Ciudad de la Justicia.
Según una nota informativa emitida ayer por la tarde por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el ex conseller de Justicia de la Generalitat y actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, junta a la portavoz de dicho órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, mantendrá una reunión con los decanos de los 36 partidos judiciales que existen en la Comunidad Valenciana.
El encuentro, en el que estará presente el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, los jueces y magistrados podrán trasladar a los representantes del CGPJ sus necesidades.
Publicado por Jose Córdoba Almela en 10:56 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Las consecuencias de los retrasos judiciales
Los retrasos en los juicios provocan en 4 meses una pérdida de tiempo equivalente a 3 años laborables.
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Francisco Real, acompañado de la vicedecana del ICAV, Mª José Santacruz, presentaron recientemente en rueda de prensa el informe “Estadísticas sobre cumplimiento de horarios de señalamientos judiciales”, un documento impulsado y elaborado por el ICAV que analiza el retraso medio en la celebración de los juicios en la provincia de Valencia. El informe está basado en una muestra de 17.106 juicios celebrados en 14 delegaciones del ICAV (incluida la Ciudad de la Justicia) más la sede judicial de Mislata, y fue desarrollado entre los meses de marzo y junio de 2008 a partir de un cuestionario que los abogados debían cumplimentar al finalizar el señalamiento.
Los datos estadísticos globales del informe señalan que sólo el 23,3% de los juicios se celebraron con puntualidad. El 76,7% restante registró retrasos. Concretamente, el 34,3% se retrasó menos de media hora, el 36% de los juicios se retrasaron entre media hora y dos horas, y el 4,2% de los señalamientos llegaron a retrasarse más de 2 horas.
“Con este informe pretendemos denunciar la situación de impuntualidad que sufren día a día los abogados y los ciudadanos, un retraso que afecta a la actividad profesional de los primeros y que actúa en perjuicio del derecho a recibir justicia de los segundos. Es una falta de respeto no sólo que el juez sea impuntual, sino que en muchas ocasiones, después de estar esperando más de media hora a que se celebre el juicio, salga un funcionario y sin más explicaciones comunique que se ha suspendido”, valoró el decano de los abogados valencianos. “Los jueces deben recordar que su trabajo es un servicio público al ciudadano, y que éste tiene el derecho fundamental a recibir justicia y a ser informado de todo lo que atañe al proceso en el que está implicado.”, añadió Francisco Real, que recordó además que estos retrasos tienen efectos negativos sobre la economía de los ciudadanos que deben dejar sus trabajos para asistir a los juicios.
Datos por partidos y órganos judiciales
El informe “Estadísticas sobre cumplimiento de horarios de señalamientos judiciales” también analiza el retraso de los juicios de forma pormenorizada según partido judicial y según tipo de sede judicial.
En el primer supuesto, los partidos judiciales que mayor retraso medio registraron fueron Requena (42 minutos), seguida de Massamagrell (35 minutos) y, en tercer lugar, Valencia capital (32 minutos).
Respecto al análisis según el tipo de sede judicial, el promedio de retraso más elevado se encuentra en Valencia, Gandia y Torrent. En la capital, los mayores retrasos tuvieron lugar en los Juzgados de lo Penal (53 minutos) y los Juzgados de Violencia contra la Mujer (43 minutos). En Gandia, los Juzgados de lo Penal nº1 de Gandia registraron un retraso medio de 48 minutos y, finalmente, los juicios en los Juzgados de Violencia contra la Mujer de Torrent sufrieron un promedio de 48 minutos de demora.
Según los datos estadísticos recogidos en el informe, los partidos judiciales de Carlet (14 minutos), Torrent (15 minutos) y Llíria (19 minutos) son los que menor retraso medio presentan, si bien en el caso de Torrent la situación en los Juzgados de Violencia contra la Mujer representa una excepción a ese promedio, como hemos visto anteriormente.
En cuanto a los órganos judiciales con menor retraso, destacan los Juzgados de 1ª Instancia (19 minutos) y los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (19 minutos), ambos situados en Valencia capital.
El decano de los abogados valencianos apuntó que estos datos son un “ejemplo de la situación que se vive todos los días en los distintos juzgados” de la provincia de Valencia. “El problema es la falta de racionalización de la agenda judicial, que provoca una injustificada pérdida de productividad y de horas de trabajo que acaban afectando a la economía y el derecho a recibir justicia de los ciudadanos”, subrayó el decano del Colegio de Abogados de Valencia.
Origen: Consejo General de la Abogacía Española.
Publicado por Jose Córdoba Almela en 20:56 1 comentario: Enlaces a esta entrada
Un fallo informático en el Juzgado intensifica el caos y aumenta los retrasos - Elda - INFORMACION.es
Los problemas se han sucedido desde que la Conselleria sustituyó los ordenadores pero mantuvo el viejo servidor.
Un fallo informático ha agravado la situación de caos en la que se encuentra inmerso el Juzgado de Villena desde hace años. Un juzgado considerado por funcionarios, abogados, procuradores y jueces como la "oveja negra" de la Administración de Justicia en la Comunidad debido al colapso que arrastra por las graves carencias de personal y medios de las que este diario ya informó a finales de noviembre.
Para tratar de paliar esta situación la Conselleria de Justicia retiró hace un mes los antiguos ordenadores y los sustituyó por otros más modernos. Sin embargo, se decidió mantener el viejo servidor al que se encuentran conectados todos los equipos informáticos del Decanato, de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción Número 1 y 2, Registro Civil, Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Número 2 así como del Servicio Común de Notificaciones del partido judicial de Villena y del centro penitenciario Alicante II. Sin embargo, el cambio de los ordenadores manteniendo el mismo servidor -que ya había dado más de un problema en los últimos años- hace que cada día el programa "cicerone" que manejan los funcionarios dé numerosos errores, sustituya iconos, impida el acceso y se quede "colgado". Ayer, por ejemplo, el bloqueo informático hizo que los trabajadores no pudieran realizar el 90 por ciento de los trámites judiciales que llevan a cabo en un día normal. En tal caso sustituyen este tipo de tareas por otras en las que no se requiere el uso del "cicerone". Algo que, en cualquier caso, no logra frenar los retrasos en el registro de expedientes y en las notificaciones ni evita las molestias para procuradores y ciudadanos a los que no se puede atender en caso de solicitar algún tipo de consulta. Hasta la fecha con las continuas llamadas a los técnicos que se encargan del mantenimiento del sistema informático sólo se ha logrado poner "parches" a un problema que está "desquiciando" a los trabajadores. De hecho, se han llegado a plantear hacer un paro simbólico en las puertas del Palacio de Justicia de Villena. "Si las mesas están siempre llenas de expedientes, ahora lo están mucho más y al final quien sufre las consecuencias de todo esto somos nosotros porque los ciudadanos, que tienen todo el derecho del mundo a quejarse si las cosas no funcionan bien, con quienes se enfrentan es con nosotros", indicó ayer una funcionaria muy cabreada porque en toda la mañana sólo tuvo operativo el ordenador una hora.
Publicado por Jose Córdoba Almela en 11:03 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
La impuntualidad en los actos judiciales
Los abogados piden medidas contra la impuntualidad en los actos judiciales
Antequera (Málaga).- El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha acordado pedir al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopte medidas y establezca controles para combatir la impuntualidad y dilaciones que con "excesiva frecuencia" se producen en los juicios, vistas y comparecencias judiciales.
El portavoz del Consejo y decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha dicho hoy a Efe que la impuntualidad en el inicio de los juicios y la suspensiones de actos judiciales que podrían evitarse "inciden muy negativamente en la ya deteriorada imagen pública de la Justicia".
Con ello se perjudica "a los ciudadanos, abogados, funcionarios policiales, peritos y demás personas que intervienen en los procesos cuando ven frustrada su comparecencia ante el órgano judicial o han de soportar retrasos de horas", ha añadido.
El Consejo, reunido este fin de semana en Antequera, ha constatado que esas anomalías "son, por desgracia, habituales en muchos órganos judiciales andaluces", que además con esas incidencias "ven colapsado su funcionamiento y reducido el rendimiento en cuanto a la celebración de actuaciones y dictado de resoluciones judiciales", ha señalado Gallardo.
Para los abogados andaluces, "es absolutamente necesario que desde el CGPJ se dicten instrucciones estableciendo controles para acabar con la inercia de impuntualidad judicial que desde hace años se ha instaurado en el sistema".
En ese sentido, opinan que sería necesario establecer controles para que en cada tribunal el primer juicio del día comience a la hora señalada e "instaurar un sistema para que las posteriores vistas se señalen con racionalidad, atendiendo a la duración previsible de cada una de ellas", ha explicado Gallardo.
Publicado por Jose Córdoba Almela en 15:44 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Se rebajaran un 70% los aranceles de notarios y registradores
El Gobierno ha elaborado un proyecto de Real Decreto que prevé una rebaja general del 20% de aranceles de notarios y registradores, además de otra adicional del 35% si la operación no se tramita por medios telemáticos, lo que aumenta la rebaja hasta el 70%.
El borrador del Real Decreto ha sido preparado por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia e introduce una rebaja arancelaria general del 20% aplicable a partir del próximo 1 de enero para documentos de cuantía.
Esta rebaja es una de las medidas que el Gobierno incluyó en el programa de veinticuatro reformas económicas que aprobó el pasado mes de agosto con el objetivo de afrontar la crisis económica.
No obstante, el proyecto incorpora una cláusula de rebaja adicional para las operaciones que los ciudadanos no puedan realizar por medios telemáticos, por causa imputable al notario o al registrador, de un 35%, que se incrementará hasta un 70% a partir del 1 de julio de 2009.
Respecto a las copias simples que son obligatorias para cumplir trámites ulteriores a la escritura, como la liquidación tributaria, el arancel se rebaja muy sensiblemente, pues pasa de 1 euro por folio a 0,6 euros sea cual sea su extensión y soporte.
En el borrador del Real Decreto, fechado el 10 de noviembre y que el Ministerio de Justicia ha enviado al Consejo General del Notariado, se explica que la rebaja arancelaria se enmarca en las medidas de reforma estructural y de impulso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo destaca que este proyecto generará una mayor transparencia en la aplicación de los aranceles notariales y registrales, al tiempo que reforzará la seguridad jurídica de las empresas y ciudadanos, que podrán prever anticipada y fácilmente los costes notariales y registrales.
Por último, el texto preparado por Justicia y Economía y Hacienda resalta que el Real Decreto no supone ningún incremento del gasto público y potencia el uso de las nuevas tecnologías y las relaciones telemáticas entre las empresas, los ciudadanos y los notarios y registradores.
Noticia publicada el 18-11-2008 LIBERTAD DIGITAL.ES
Publicado por Jose Córdoba Almela en 20:04 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Competencia quiere eliminar sistema de retribución actual de los procuradores
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha recomendado la eliminación del sistema actual de retribución de los procuradores de los tribunales, basado en cantidades tasadas, por ser una práctica anticompetitiva.
Así lo aseguró hoy el presidente de la CNC, Luis Berenguer, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, en la que aseguró que el organismo hasta ahora no ha podido establecer sanciones al respecto por ser una práctica amparada legalmente.
No obstante, insistió en que la normativa que regula la actividad de los procuradores es contraria a la libre competencia en algunos aspectos, como la cuestión de los aranceles fijos o la obligatoriedad de contar con una oficina abierta en el partido judicial donde se opera, lo que a su juicio 'resulta excesivo'.
Publicado por Jose Córdoba Almela en 18:45 1 comentario: Enlaces a esta entrada
LA CONSELLERA DE JUSTICIA Y AAPP HA CLAUSURADO ESTA TARDE EL XII CONGRESO NACIONAL DE PROCURADORES
Sánchez de León: “Es necesario que la Justicia se desarrolle con una financiación real, clara y transparente”
Afirma que el Anteproyecto de Ley del Gobierno de reforma de las leyes procesales “debe ser un punto de partida en una nueva etapa de colaboración entre las partes implicadas”
Resalta el trabajo conjunto de la Generalitat con los procuradores para llevar a cabo proyectos tan importantes como el despliegue de LexNet
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha resaltado hoy la necesidad de que “el servicio público de la Justicia pueda ser desarrollado en todo el territorio nacional con unas bases de financiación reales, claras y transparentes”.
La consellera ha realizado estas declaraciones durante el acto de clausura del XII Congreso Nacional de Procuradores, al que han asistido, entre otros, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa y el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez.
Durante su intervención, la consellera ha destacado la nueva etapa iniciada en el ámbito judicial y ha afirmado que el Anteproyecto de Ley del Gobierno de reforma de las leyes procesales “debe ser un punto de partida en un camino de colaboración entre las partes implicadas, el Estado y las Comunidades Autónomas”.
En este sentido de coordinación, Paula Sánchez de León ha hecho hincapié en el denominado Pacto por la Justicia. “La altura de los retos que tiene planteados la Justicia en España, en Modernización, en las reformas procesales y en la consolidación de las garantías para el ciudadano son las que deben conducirnos a ese pacto”.
“El alcance de esas reformas procesales, - ha continuado- el desarrollo de la Oficina Judicial, la financiación de la Justicia en condiciones de igualdad, la conexión informática…deben incorporar la visión y la perspectiva de todos los sectores y colectivos afectados”.
Sánchez de León ha subrayado el compromiso de la Generalitat con la resolución de los problemas de la Justicia y ha señalado la predisposición a la reflexión “con todos los colectivos implicados para abordar con sensatez la mejora judicial”.
En este punto, ha agradecido la labor de los procuradores, “esencial para la modernización de la Justicia” y ha puesto como ejemplo el despliegue del programa LexNet, la plataforma de intercambio de información, para presentación y notificación de escritos y resoluciones judiciales, así como la implicación de los procuradores en la gestión de la asistencia jurídica gratuita y la puesta en común de experiencias y nuevas iniciativas.
Publicado por Jose Córdoba Almela en 20:54 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
El Ministro de Justicia pide un esfuerzo para modernizar la Justicia
El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, solicitó hoy el trabajo y esfuerzo común entre el Gobierno central, las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las asociaciones de jueces "que son el canal de expresión" de estos profesionales, para alcanzar la modernización de este servicio público.
Bermejo apuntó que se incide en la necesidad de modernización del sistema judicial porque "no la hay" aunque reseñó que se lleva tiempo trabajando con la voluntad de alcanzarla. "Necesitamos un impulso para rematar algo en lo que se han hecho muchas cosas en los últimos 30 años", indicó.
Así lo dijo durante su intervención en el acto inaugural de la XXIII Asamblea de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) - la segunda con más representación de España con 560 miebros-- que se celebra esta semana en Gijón. También asistieron el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Divar Blanco; el portavoz nacional de la AJFV, Lorenzo del Río Fernández; y la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso.
Entre los presentes se encontraban el delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín; la consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau, entre otras autoridades.
El ministro de Justicia recordó que en buena medida son los juristas los más críticos con el sistema. Asimismo, apuntó que sólo un 35 por ciento de la población ha tenido a lo largo de su vida un contacto directo con la Justicia, y que más del 60 por ciento tiene una percepción mediática de la misma, sobre lo que reseñó que la esa percepción no se suele basar en la normalidad del sistema sino en las excepcionalidades.
Así afirmó que no existen "caos ni colapsos" aunque sí se debe aunar esfuerzos por conseguir un mejor sistema, más moderno y eficiente para dar respuesta a las necesidades de los profesionales y hacerla mejor al servicio del ciudadano.
Apuntó el ministro que en las últimas tres décadas el establecimiento asimétrico de las CCAA ha generado diferentes ritmos, por lo que hay que hacer un intento de coordinación en el ámbito de la tecnología para caminar hacia un nuevo modelo de justicia.
Bermejo indicó que en los últimos años la Justicia ha contado con un incremento presupuestario del 50 por ciento, aunque dijo que hacen falta más recursos y trabajar en colaboración entre administraciones y organismos para su modernización. "La gran reforma de la justicia no se puede llevar aisladamente", añadió.
El ministro dijo, además, que el modelo del Consejo General del Poder Judicial merece una reflexión colectiva pero también el apoyo a quienes lo encarnan actualmente y que se han comprometido en su mejora. "Contará con todo el apoyo del Gobierno para ese nuevo modo de hacer las cosas", apuntó.
Por su parte, el presidente del Principado señaló que Asturias culminará en enero el traspaso de las trasferencias en Justicia. Dijo ser consciente de que ese traspaso supondrá, en algunos casos, aportar más de lo que se recibe, aunque señaló que se asume con "responsabilidad" por ser un servicio público esencial y se mostró "satisfecho" del acuerdo alcanzado con el Ministerio. Además, dijo que en los Presupuestos de 2009 se consignará una cantidad importante para la informatización de la Justicia en Asturias.
Asimismo, recordó el esfuerzo que realiza el Ejecutivo asturiano en infraestructuras judiciales y abogó por una mayor eficiencia en el sistema judicial, al igual que se trabaja por alcanzarla en otros servicios públicos como la sanidad. Areces incidió en que habrá que ir "a más" para satisfacer la necesidad de modernización y cubrir las demandas de la los profesionales y la ciudadanía. Reseñó que esa asignatura pendiente de la modernización de la Justicia no es coyuntural sino una cuestión de fondo, aunque se mostró optimista de conseguirlo con la colaboración de todos los agentes implicados y la trayectoria de Asturias en la Administración electrónica.
El presidente del CGPJ, quiso mandar un mensaje de "esperanza e ilusión" a la Justicia española diciendo que los miembros del Consejo trabajarán para afrontar juntos los problemas que afectan a esta administración. Asismismo, ofreció toda su colaboración y apoyo tanto al Gobierno, como a las CCAA y las asociaciones para trabajar por la mejora y modernización del sistema.
Dívar apuntó que, al igual que reivindican desde las asociaciones, el juez no es el único responsable, aunque será siempre el responsable de lo que pase en el juzgado. Asismismo, reseñó que los cambios no pueden producirse de la noche a la mañana. No pidió un "cheque en blanco" para el Consejo pero sí pidió a todos los presentes que le den tiempo para actuar. "No queremos políticas de bloques o partidistas sino generales basadas en la profesionalidad", dijo. También remarcó la responsabilidad del Consejo y afirmó que pretende liderar el proceso de mejora en lo que esté dentro de sus competencias.
Señaló, además, que el CSPJ está preparando el Reglamento de la Cámara Judicial que espera esté hecho en un plazo breve de tiempo, al igual que están iniciando otro sobre la la evaluación de la profesionalidad para determinados cargos de la carrera judicial.
El portavoz del AJFV incidió en la mala imagen que se tiene de la Justicia en los últimos 10 o 15 años y en lo poco satifactoria que es la situación que vive el sistema. Pidió una solución a la "desidia" existente en el sistema y más independencia para el Consejo General del Poder Judicial, sobre el que criticó la demora en su renovación y el reparto de fuerzas que se hizo en la asignación de sus miembros. "No tiene que repartir fuerzas políticas", dijo pidiendo criterios de trayectoria profesional. "Nunca deben enfrentarse poderes porque si se derrumba la Justicia lo hace la Democracia", afirmó al tiempo que solicitó un Pacto de Estado en materia de Justicia.
Además, reseñó los problemas estructurales, funcionales, técnicos y de organización que vive el sistema judicial español. Sobre las denuncias de profesionales ante las consecuencias que tuvo el caso Mari Luz para sus compañeros con la apertura de expedientes disciplinarios -sobre las que dijo que no pueden calificarse de corporativismo.--, reseñó que fue un "ataque desmesurado" a la carrera judicial a quien "se quiere hacer única responsable de las deficiencias del sistema".
Pidió, por último, la colaboración de todas administraciones y organismos implicados para "recuperar" la confianza de los ciudadanos y mejorar la tutela de la Justicia porque ésta debe ser "una solución y no un problema" para la ciudadanía.
Publicado por Jose Córdoba Almela en 00:03 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
El CGPJ apoya el anteproyecto de ley para la implantación de la nueva Oficina Judicial
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó recientemente, por unanimidad, la emisión de Informe favorable al Anteproyecto de Ley de reforma procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, si bien ha introducido una enmienda adicional alternativa al texto aprobado por la Comisión de Estudios en materia de señalamientos.
Según la nota de prensa, el Consejo, con el fin de mantener su filosofía de actuación y voluntad de consenso, y consciente de que no puede desconocer el debate suscitado en torno a quién debe ostentar el desempeño de las facultades de señalamiento, considera necesario reflexionar sobre la conveniencia o no de mantener, en este concreto apartado, los términos fijados en el Anteproyecto.
El Consejo General del Poder Judicial pone de relieve en el Informe la importancia del Anteproyecto, cuyos objetivos, de redefinición de la fe pública judicial e impulso procesal por parte del Secretariado en los trámites en que no sea preceptiva la intervención del juez, comparte este Consejo, destacando la magnitud de una reforma que afecta a más de novecientos artículos legales con la finalidad de impulsar una nueva Oficina Judicial y propiciar que jueces y magistrados concentren sus esfuerzos en las funciones que la Constitución les encomienda.
Por otra parte, el Pleno del Consejo ha aprobado el plan de actuación inmediata para la mejora de la Justicia que, sin perjuicio del ambicioso Plan de Modernización que se está confeccionando en colaboración con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas y que tendrá un desarrollo quinquenal, centra su atención prioritaria en la coordinación de programas y aplicaciones informáticas, en la mejora de sistemas informáticos de gestión procesal, en la reducción y formación de funcionarios interinos, en el impulso de la conciliación de la vida laboral y familiar y en la prevención de riesgos laborales.
Publicado por Jose Córdoba Almela en 23:59 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
ENTREVISTA A JUAN CARLOS CERÓN, Juez decano de Alicante.
Reconoce que los jueces pasan por un momento de mala valoración ciudadana y sostiene que el único camino que puede sacarlos de él es que se les conozca mejor. Reivindica más medios y más jueces, porque sin ellos será imposible alcanzar el nivel de eficacia y rapidez que la judicatura necesita. Y defiende ardorosamente la independencia judicial, reconocida por la Constitución.
«¿Es el juez responsable de no contar con los medios para hacer su trabajo?»
En España hay diez jueces por cada 100.000 habitantes y aún así lo hacemos bien.
No se puede estar dictando resoluciones o atendiendo casos sin límite porque sería un riesgo.
Accede al Decanato en un momento caliente.
También es interesante y dulce. Aquí se viene a hacer cosas, y cuando te las brindan sobre la mesa es como se las ponían a Felipe II: hay que hacerlas, es el momento y estamos preparados para hacerlas bien.
El pasado martes se plantaron con una junta calcadita a un paro, ¿qué han sacado de ella?
Ha sido un éxito, todas las juntas de los principales decanatos de España se han reunido, hemos ratificado el acuerdo que adoptamos en Cádiz y hay una comisión de seguimiento de este pacto compuesta por 16 decanos entre los cuales está Alicante. Hemos visto la fuerza que tenemos y hemos puesto de manifiesto nuestras necesidades.
Recuérdele al lector las conclusiones que sacaron en Cádiz.
Que la Justicia no da mejor servicio porque no tiene medios; los jueces no somos los que los damos, sino los que padecemos su escasez: nuestro trabajo se hace gracias a un gran esfuerzo. Yo pongo un símil médico: un cirujano tendrá asignadas unas operaciones diarias, y por encima de ahí no es conveniente que siga porque sería un riesgo. Los jueces reclamamos lo mismo: no se puede estar dictando resoluciones o atendiendo casos sin límite, porque es un riesgo que no se debe de asumir. Y en Medicina siempre se puede recurrir a la privada, pero jueces privados no hay.
Aquí por cada 100.000 habitantes tenemos 10 jueces, en Alemania 24, en Portugal 16, en Grecia 19… el dato es revelador.
Y con eso hacemos el trabajo, y lo hacemos bien. Por una resolución que llama la atención o que no está bien puesta, hay miles muy bien trabajadas que llevan detrás muchas horas de estudio. Yo soy coordinador de la escuela de los jueces en prácticas, que son los que han aprobado la oposición; la media para aprobarla es de cinco años de estudio, luego van a Barcelona a hacer otro año y después aquí a hacer un año de prácticas. La gente sale muy bien preparada.
Pues tienen mala prensa,¿eh?
Durante la Transición hubo cuerpos que estaban muy desprestigiados como la Policía y demás, y hoy los queremos mucho y la sociedad los tiene en
muy buena consideración.
A lo mejor porque han cambiado de modus operandi.
Hoy al ciudadano le mientas a los jueces y toca madera.
Sí. Sí. Eso es lo que queremos que cambie, y todos los días trabajamos para eso.
¿Cuando ustedes reclaman independencia no estarán pidiendo impunidad?
Pues no, no es así. Queremos independencia, pero para poder realizar nuestra función y dar servicio a los ciudadanos: es la garantía de que nuestras resoluciones van a ser justas. El juez tiene responsabilidad penal, civil y disciplinaria, y tiene que tenerla. No queremos estar por
encima de nadie, pero la Constitución nos reconoce la independencia para poder juzgar igual al poderoso y al que no lo es, al que tiene medios y al que no los tiene. Y no nos quejamos de las críticas, que son legítimas y convenientes si en nuestra función incurrimos en algún error; la crítica es necesaria.
Aparte de la responsabilidad penal, civil y disciplinaria, cuando el juez llega a su casa después de un cataclismo tipo lo de Mari Luz, ¿siente responsabilidad humana, personal?
Te sientes fatal tanto si el cataclismo es grande como si es pequeño, nuestro nivel de crítica es muy elevado. La gente nos acusa de corporativistas, pero trabajamos en un despacho independiente y no hay entre nosotros la relación de otras profesiones. Lo realmente novedoso de la junta del martes es que nos hayamos unido todos.
Hemos recibido una avalancha de críticas y había que explicar nuestra posición porque incluso el Consejo General del Poder Judicial tiene una estadística y, paradójicamente, los ciudadanos que peor nos consideran son los que no han tenido contacto con la administración de Justicia: quien lo ha tenido, ve que no somos tan malos. Claro que hay ramas de la jurisdicción, por ejemplo la civil, donde si tú lo haces bien contentas al 50% de la gente y al otro 50% no; si dos te piden la razón, a uno se la tienes que quitar.
Ustedes están siendo muy críticos con lo que llaman injerencia del gobierno, explíquelo.
No injerencia en nuestro trabajo, faltaría más que el Gobierno no pudiera gobernar en todos los ámbitos; tiene que gobernar y además se tiene que notar, el Parlamento dicta leyes para que nosotros las apliquemos. No es eso: son injerencias en nuestra independencia. La ley la da el Parlamento que somos todos, y la legitimación es absoluta. Lo que queremos es que el CGPJ cumpla su función.
Publicado por Jose Córdoba Almela en 00:00 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
ENTREVISTA: MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO Ministro de Justicia.
"Días después de que jueces de toda España secundaron una revuelta por las "injerencias" del Gobierno, Fernández Bermejo intenta mostrar su lado más dialogante, reflexiona sobre el 'caso Mari Luz' y apuesta por la modernización
Desde las vetustas paredes de su despacho vigilan a Mariano Fernández Bermejo (Arenas de San Pedro, Ávila, 1948) dos autoridades inmortalizadas en cuadros: el impulsor de la primera Ley de Enjuiciamiento Criminal, Manuel Alonso Martínez (titular de Justicia entre 1881 y 1889), y Fernando Ledesma (ministro socialista entre 1982 y 1988), del que fue asesor. Habituado a desencadenar con sus respuestas tormentosas reacciones en las filas de la oposición, Fernández Bermejo se confiesa "entristecido y deprimido" por la última protesta de jueces y secretarios contra el Gobierno, Y quiere tender puentes de encuentro para evitar nuevas "llamaradas", como denomina a la rebelión judicial del pasado martes.
Parece como si la predisposición a pactar y dialogar, con la que el ministro de Justicia apuntala todas sus respuestas, fuera el antídoto perfecto para ahuyentar malos pensamientos que le empujan por la senda de las acusaciones más gruesas. A veces le funciona, pero no siempre...
Pregunta. El fallo que permitió al pederasta Santiago del Valle, supuesto asesino de la niña Mari Luz, permanecer libre 27 meses pese a que tenía una condena firme de cárcel, ¿es sólo y exclusivamente imputable a la negligencia de la secretaria y del juez?
Respuesta. Es una larga cadena de errores. El primer error comienza con los casi tres años que tardó la Audiencia de Sevilla en confirmar la condena. Esa demora intolerable quedó sin sanción porque había prescrito. En este caso han confluido una sucesión de negligencias que convenientemente hilvanadas dan lugar al desastroso y lamentable resultado que se produjo.
P. Jueces y secretarios judiciales atribuyen lo ocurrido a la falta de medios...
R. Si fuera cierto, tendríamos casos como éste todos los días, según la lógica de quien lo afirma. Y esto es excepcional. No conviene confundir. No negamos que existan déficits, pero no tanto de medios personales y materiales, como se dice, sino de orden y una renovación profunda que es la que atacamos con una reforma de leyes procesales que estamos a punto a llevar al Parlamento en cuanto el Consejo General del Poder Judicial informe. Se trata de un cambio profundo en los métodos de trabajo, en la organización del trabajo y en el reparto competencial en el orden judicial.
P. ¿La sanción a la secretaria judicial ha desencadenado la mayor protesta de la judicatura? ¿Sólo es por corporativismo o por una sensación real de que se ha cometido una injusticia con las sanciones?
R. Para ver las cosas claras hay que alejarse del núcleo de la cuestión. Difícilmente los que estén dentro pueden ver con esa claridad. Que se actúe por intereses corporativos de autodefensa, siendo humano, no es aceptable. Se acude a un procedimiento que es el paro, que lo único que hace es mucho daño al sistema. Prefiero quedarme con algo que debe ser esencial. Este Gobierno está empeñado en hacer la gran reforma de la justicia; por vez primera después de muchos años se han realizado cosas jamás pensadas. Que el presupuesto de Justicia suba en cinco años más del 50% es algo que jamás había sucedido. Que se hayan creado 1.100 plazas en órganos judiciales y de fiscales, y que tengamos previstas para 2009 otras 150 de jueces y 75 de fiscales, sólo ha ocurrido en este tiempo. Que se hayan convocado 900 plazas de secretarios judiciales sólo ha ocurrido ahora; que la única oferta de empleo público que no se va a ver afectada por la crisis sea la de Justicia me parece que significa lo que significa. Tenemos un presupuesto para tecnología de 135 millones. En 2009 se consolida la inversión en tecnología, que es superior a la de infraestructuras. Resulta insólito que con este cuadro se produzca un paro alegando la necesidad de reformar la justicia, que está en el programa y entre las prioridades de esta casa. Nuestra voluntad es mirar hacia adelante, colaborar con el Consejo, atraer a las asociaciones y crear el clima favorable para que este esfuerzo presupuestario tenga cuando antes los frutos que queremos: una Administración de Justicia renovada, con nuevos métodos de trabajo y al servicio directo e inmediato del ciudadano.
P. El Consejo ha sancionado a jueces con la expulsión de la carrera en otras ocasiones y nadie ha movido un dedo. Esta vez sí. ¿Por qué?
R. La escena me ha producido una sensación muy agria, enormemente deprimente. He estado ya demasiados años de fiscal y lo último que me hubiera gustado ver es esa actitud en los jueces. No la he comprendido. Han emitido una señal que la ciudadanía no puede aceptar, que es la de unos jueces que no hacen lo que deben y eso no es nada bueno.
P. Lo que hicieron el martes los jueces, ¿fue una huelga encubierta?
R. Prefiero no calificarla. Es una actitud de una utilización de las juntas de jueces con una finalidad que no parece ser la que corresponde. En todo caso, no entraré a hacer calificaciones, porque el momento no está para mirar atrás sino para mirar hacia delante.
P. ¿No es excesiva y desproporcionada la sanción de dos años a la secretaria judicial?
R. He oído hablar de la secretaria del juez y ese apelativo es impropio. Hay quien piensa que ha pagado los platos rotos una auxiliar administrativa que pasaba por allí. No nos confundamos, estamos hablando de un cuerpo superior, que tiene a su cargo el impulso procesal y la fe pública. En la historia del cuerpo, no hay un excesivo número, pero ha habido sanciones incluso mucho más duras. Cuando se toman este tipo de decisiones se piensan mucho. La gravedad de los hechos exigía una sanción de este tipo. ¿Sabe qué pasa? Que de repente apareció la sanción a la secretaria judicial después de que conociera la sanción exigua al juez, responsable máximo del juzgado [multa de 1.500 euros]. Y ese contraste fue lo que llevó a pensar a algunos que se había roto la cuerda por el lado más débil.
P. La movilización de los jueces ha incluido a magistrados del Supremo, algunos amigos o conocidos suyos. ¿No les concede a ellos suficiente autoridad como para pensar que la movilización no se ha debido sólo a un simple corporativismo?
R. Hay una evidencia. ¿Cuántos años llevamos arrastrando una justicia lenta? De los últimos 34 años puedo hablar de primera mano. Es histórico el lastre. Y, de repente, cuando hay un Gobierno que ha decidido apostar por la Justicia, cuando estamos poniendo en marcha la reforma procesal, de repente se produce esta llamarada. A mí la que más me ha dolido sin duda es la del Tribunal Supremo, porque es la que menos comprendo. Es un órgano que ha dado un salto espectacular en todo. Sobre todo en reducción en tiempos de respuesta. Es donde más medios hemos puesto y se nota. Me da la impresión que ha habido una reacción de desahogo que tiene un contexto histórico. Se ha concentrado en este momento toda esa larga historia que se puede considerar de abandono de la justicia. Pero insisto, ni me parece justo ni me parece coherente cuando se está produciendo la gran apuesta por la Justicia.
P. Los magistrados del Supremo se quejan de la injerencia del Gobierno en el Poder Judicial, que consideran intolerable...
R. Las resoluciones del órgano de Gobierno de los jueces son tan criticables como las mías y creo que estamos todos en el derecho y en la obligación de hacer esa crítica. Hay un matiz en la actitud del Supremo que me resulta difícilmente entendible y es que practique lo que critica y es que, dado el contexto del escrito, es evidente que cualquiera puede interpretar que también es una injerencia en la actividad del Poder Judicial. Es necesario el diálogo para construir juntos. La ciudadanía no ha entendido esta huelga.
P. Si no se hubiera producido la muerte de la niña Mari Luz, ¿la sanción que se ha puesto a la secretaria y las que se piden para el juez, hubieran sido las mismas? ¿No será que la muerte de la niña es la que impregna todo el proceso sancionador y se está sancionando una falta por el resultado?
R. El conjunto de las circunstancias que concurren en un hecho a veces son tan o más importantes que el hecho mismo. Las valoraciones deben ser globales, no se puede aislar una cosa de otra a la hora de realizar valoraciones. Si lo que quiere es que haga futurología, que me transporte a un pasado que no existe, no puedo decir lo que hubiera hecho el Consejo en otras circunstancias.
P. Usted propone tender puentes, previamente avisó a los huelguistas de que no son "intocables". ¿Habrá expedientes?
R. Nadie en democracia es intocable. Si alguien comete una negligencia en su trabajo pues hay consecuencias. Me refería a lo desproporcionado que me parecía la convocatoria de una huelga con lo que había sucedido. Hay una parte humana que entiendo y respeto profundamente. La reacción positiva de un conjunto de funcionarios que arropa a una compañera. Pero creo que se han equivocado en el método, podían haber hecho muchas cosas que no fuera paralizar la justicia.
P. ¿Necesita España más jueces y fiscales?
R. Necesita mejor organización. Y seguramente también algunos jueces y fiscales más, pero sobre todo mejor distribución. El gran problema que tenemos ahora, mucho más que de cantidad es de racionalidad. No se puede decir que la informática no ha entrado en los juzgados. ¡Vaya si ha entrado! Ustedes habrán visto cómo los jueces, en esta protesta a la que se han dedicado, se cruzaban correos electrónicos a través de la Intranet... Se ha gastado dinero pero ha habido asincronía con una asimetría en el resultado. No todo el mundo ha informatizado a la vez. Ahora existen sistemas no compatibles entre sí y el reto es hacerlos compatibles.
P. ¿Los fiscales tendrán más protagonismo en la instrucción de las causas penales?
R. Estamos trabajando ya en ello. En la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal habrá un proyecto de superación de actual juez de instrucción. El actual juez no es el que define el artículo 117 de la Constitución. No juzga, no hace ejecutar lo juzgado, ni siquiera actúa en garantía de derechos. Es el que persigue a la gente, realiza una labor policial. Yo creo que cuadra más un modelo de juez sin iniciativa procesal, un verdadero árbitro de la instrucción. La instrucción debe realizarse en sede judicial, pero la iniciativa debe ser del fiscal y de las partes. La Constitución describe un "juez de la instrucción", un árbitro cuya misión es decidir si practica o no las diligencias que le proponen y decide sobre las limitaciones de derechos, las medidas cautelares, pero un juez sin capacidad de impulso. Un juez que garantiza por un lado los derechos del imputado y por otro, decide qué diligencias de las que le proponen deben ser realizadas.
P. Lo que hizo Franco y su gobierno, ¿fue un crimen contra la Humanidad?
R. Ése es un calificativo que si me lo pregunta usted en sentido social podría tener una respuesta afirmativa, pero si lo que quiere es una respuesta jurídica no seré yo quien entre, ahora que es tema de discusión en la Audiencia Nacional. Lo que ocurrió en aquellos terribles momentos, durante la Guerra Civil y luego, fue un trauma colectivo de primer orden. Un verdadero golpe de Estado, una rebelión militar con unas consecuencias que todos conocemos.
P. La Ley de Amnistía pasó página sobre la Dictadura y sobre crímenes que cometían en esos momentos terroristas de ETA y de los GRAPO. ¿Cree que ahora una decisión judicial puede revisar una ley que hizo un Gobierno democrático y aprobó un Parlamento en el que estaban todos los partidos, incluido el comunista...?
R. La ley del 77 fue sobre todo un tremendo ejercicio de generosidad por parte de un grupo humano que supo estar a la altura de las circunstancias y que generó las condiciones para que se produjera una etapa de estabilidad democrática. Si lo que quiere que le diga es si técnicamente esa ley es revisable, no se lo voy a decir, porque ahora es objeto de controversia judicial.
P. En mayo pasado anunció que en el primer trimestre de 2009 se pondría en marcha el registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes. ¿En qué consiste, de qué servirá?
R. El 14 de octubre entró en funcionamiento en Murcia la experiencia Minerva, que es la nueva oficina judicial en materia de ejecución de sentencias. Es una aplicación informática que tiene unas alarmas dentro de la tramitación que ponen en guardia al tramitador de los fallos, déficits o cumplimiento de plazos que se están produciendo. Se irá aplicando en todas las capitales de todo el territorio ministerio. LexNet es otro sistema de correo electrónico de máxima seguridad que está sustituyendo las notificaciones en papel. Está funcionando en León, en Burgos. Y la tercera actuación, en el primer trimestre de 2009, es que en el vetusto Registro Central de Penados y Rebeldes hemos hecho una modernización completa y hemos aprovechado para añadirle el control de las medidas cautelares, las requisitorias y las sentencias no firmes. Esto significa que cuando el funcionario está tramitando, lo primero que puede hacer es consultar mediante el ordenador si la persona investigada está sometida a alguna medida cautelar, en busca y captura o ha sido condenada aunque la sentencia no sea firme. Esto no existía cuando el caso Mari Luz, aunque se podía saber a través de las diligencias que aparecen en todos los atestados de la Guardia Civil que dan razón de los atestados anteriores. Es evidente que meter tecnología en esto facilita mucho el tema. Pero no nos olvidemos: de nada servirá si la negligencia de un funcionario hace que no se introduzcan los datos en el registro o que se comience a tramitar y no se consulte. Entonces esto no lo arreglará nadie. La inmensa mayoría de los funcionarios y de los jueces y de los secretarios trabajan bien y tienen su libreta y priorizan su trabajo."
Diario El Pais 26.10.08.
Publicado por Jose Córdoba Almela en 22:50 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Red de abogados para la Defensa Medioambental
Hoy se constituye la Red se abogados para la Defensa Medioambental.
Cuarenta abogados ambientalistas de toda España se dan cita desde hoy y hasta mañana sábado en Madrid, para constituir la 'Red de abogados para la defensa medioambiental', en un encuentro organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Con este encuentro, los abogados buscan poner en común recursos y hallar solución a los problemas con que se encuentran a la hora de defender, como profesionales, el medio ambiente, según afirman los organizadores.
Así, entre los asistentes al evento se encontrarán el Fiscal de Medio Ambiente de Huelva, Antonio Flores, el ex-magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, o el profesor y activista Pedro Costa.
"Es un hecho que los abogados ambientalistas nos encontramos con muchas dificultades para defender el medio ambiente, por la escasa aplicación y conocimiento de la legislación ambiental, la complejidad de los temas y la falta de medios", aseguran los promotores de del encuentro
En este sentido, destacaron que la aplicación del convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente es "muy deficiente" en nuestro país y precisa de mayor desarrollo normativo.
Publicado por Jose Córdoba Almela en 00:22 1 comentario: Enlaces a esta entrada
La crisis alcanza a la Mutualidad de Procuradores.
Nuestro amigo y compañero Jesus Rivaya publica editorial en su Boletin Informativo del dia 23 de Octubre apelando a la "responsabilidad" de los Mutualistas de la Procura.
Transcribimos la misma y enlazamos a la Carta del Presidente de la Mutualidad.
"El Boletín Rivaya Procuradores de sus más de 20.000 suscriptores hoy, cuenta entre ellos con la mayoría de los Procuradores de los Tribunales de España y por eso este editorial les hace un llamamiento y apela a su responsabilidad.
La Mutualidad de Previsión Social de los Procuradores de los Tribunales de España es una entidad con más de 50 años de trayectoria y ha sobrevivido a múltiples crisis y cambios de todo tipo. Ha sido en algún momento de su historia la única vía de Previsión Social a la que podían acudir los Procuradores de los Tribunales en España que no fueran los seguros comerciales, beneficiando no solo a los Mutualistas sino a sus familiares, cónyuges en situación de viudedad e hijos.
Su misión ha sido clara en todo momento tratando de contribuir con sus prestaciones a las situaciones de siniestro previstas que se producían en las vidas de los Procuradores.
Su sistema de reparto, hoy de capitalización, constituyó durante años un ejemplo de solidaridad de los Procuradores de más edad s hacia los más jóvenes que se vieron beneficiados con las contribuciones de quienes durante muchos años cotizaron , no solo a favor de ellos sino de quienes por su juventud cotizaron menos, pero se vieron envueltos en siniestros cubiertos por la Mutualidad.
Durante su existencia no ha habido escándalos de gestión entre sus dirigentes y ha existido una dación de cuentas meticulosa y con control independiente interno y externo, además del control público.
Hoy la Mutualidad se ve envuelta colateralmente en las turbulencias financieras consecuencia de los fondos invertidos para garantizar las provisiones técnicas legalmente exigidas.
Por su Presidente se nos ha hecho un llamamiento a todos los Mutualistas de aceptar a través de nuestros representantes un aumento del 7% en la cuota mutual, que en el futuro, pasadas las turbulencias, podría dejarse sin efecto.
Merece la pena ese esfuerzo. Estamos bien dirigidos y con un equipo técnico-administrativo profesional y cualificado. Soy testigo excepcional de ello por mi paso durante varios años como miembro de la Comisión de Control de la Mutualidad representando a todos los Mutualistas con su mandato de exigencia de control sobre ella, incluso pudiendo desarrollar sin cortapisas mis compañeros de Comisión y yo una labor de control más allá de lo normado al efecto e independientemente de los controles de auditoria externos y los públicos de la Dirección General de Seguros.
Nunca me consta hubo malversaciones, ni gastos suntuarios, ni decisiones de inversión de activos no meditadas, por el contrario transparencia , información y el esfuerzo constante por equilibrar provisiones técnicas y mayores prestaciones.
Todo esto es lo que me mueve desde esta modesta atalaya a pedir vuestra comprensión y esfuerzo ante la llamada realizada por la Presidencia de la Mutualidad. Es por el bien de una institución que es de nosotros y para nosotros y los nuestros. Jesús Rivaya Carol."
Publicado por Jose Córdoba Almela en 12:42 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
La Unión Progresista de Secretarios Judiciales, una de las organizaciones convocantes del paro que está previsto que se realice el próximo día 21, insta a sus compañeros a que mantengan hasta esa misma fecha los juicios señalados, aun a costa de los perjuicios que pueden ocasionar a los usuarios de la justicia, según se indica en un reciente comunicado del Ministerio de Justicia.
“Aquellos que tengan juicios señalados para tal fecha –dice el comunicado difundido- son los que más posibilidades tienen de que el paro se haga patente al exterior con su correcto proceder. A tal efecto, hay que procurar que los mismos no se suspendan previamente, sino mantener el señalamiento hasta el día 21, de lo contrario el efecto del paro se difumina”.
Añaden que, a partir de las 10 de la mañana, hora de comienzo del paro, los secretarios judiciales que participen en el mismo abandonarán la sala y se reincorporarán de nuevo a las 13 horas.
El Ministerio recuerda que los secretarios judiciales son funcionarios públicos al servicio de los ciudadanos y deplora su falta de sensibilidad ante los perjuicios que pueden causar a los usuarios de la justicia, haciéndoles trasladarse inútilmente a una sede judicial desde sus lugares de procedencia, para un acto que previamente saben que no podrá celebrarse.
El Ministerio de Justicia velará para que el ejercicio del derecho a la huelga no afecte a los ciudadanos con perjuicios añadidos, derivados de actuaciones ilegítimas.
Publicado por Jose Córdoba Almela en 23:57 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Informe sobre la Justicia 2008
La crisis económica ha hecho aumentar la conflictividad laboral y el número de despidos, lo que ha revertido en un incremento del 48,1 por ciento en la solicitud de abogados de oficio del ámbito social del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), que agrupa a la inmensa mayoría de colegiados de la provincia. Esta es una de las conclusiones del Informe sobre la Justicia 2008, presentado esta semana en el ICAB.
Según los datos del colegio, en el primer semestre de este año hubo 2.854 peticiones de asistencia jurídica gratuita y del turno de oficio en el ámbito social, mientras que en el mismo periodo de 2007 hubo 1.927 peticiones. En la segunda mitad de 2007, las solicitudes se quedaron en 1.792. En todas las jurisdicciones, en 2007, hubo 22.010 solicitudes de justicia gratuita, que probablemente aumentarán este año y el próximo.
Además, se prevé que en los próximos meses sigan aumentando las peticiones, por lo que la decana del ICAB, Sílvia Giménez-Salinas, advirtió en la rueda de prensa de presentación del Informe del peligro de colapso de los juzgados mercantiles y sociales y pidió que las administraciones públicas aumenten los recursos disponibles.
La decana admitió que la Administración de Justicia "debe estar preparada" para dar respuesta y solución a los casos que se le presenten en los próximos meses por la crisis económica, aunque "a lo mejor no la da en un tiempo razonable".
Pequeña delincuencia
Otra consecuencia de la crisis económica, que ya han apuntado los cuerpos policiales, es el aumento de la pequeña delincuencia. Esto llevaría a un incremento del número de presos, en una situación de práctica saturación de las cárceles, según dijo la secretaria del ICAB, Eva Labarta.
Para el ICAB, es en tiempos de crisis cuando los gobiernos --central y autonómicos-- tienen que priorizar todavía más la justicia. Para Giménez-Salinas, "ya es hora de hacer, no de decir lo que se tendría que hacer".
Concretamente, el ICAB solicita que se aplique ya la nueva oficina judicial, que cualquier reforma legislativa que afecte a la justicia vaya acompañada de presupuesto y que se apueste decididamente por las nuevas tecnologías para agilizar los trámites judiciales.
También reclamó una mayor "flexibilidad" en la confección de las plantillas judiciales, para que las administraciones puedan concentrar sus esfuerzos en los juzgados y ámbitos más deficitarios.
En su informe sobre la justicia de 2008, el ICAB constata que la litigiosidad en general sigue aumentando ligeramente, mientras que la tasa de resolución no llegó, en 2007, al 100 por ciento, lo que significa que se solucionan menos conflictos de los que llegan. Por ello, la tasa de pendencia --asuntos pendientes de años anteriores-- sigue superando el 25 por ciento en general, aunque las diferencias entre jurisdicciones son muy notables, ya que en el caso de la justicia penal es de un 15,51 por ciento y en los juzgados contencioso-administrativos superan el 76 por ciento.
A pesar de estas cifras más positivas en el ámbito penal, éste sigue siendo el que ingresa más asuntos, lo que para el ICAB demuestra que la legislación "da una respuesta penal a los conflictos de los ciudadanos". No obstante, este incremento de los juicios penales no ha ido "acompañado" de mayores dotaciones presupuestarias y de personal.
En este punto, el colegio advierte del aumento de casos debido a los nuevos delitos relacionados con el tráfico, que en la primera mitad de 2008 ha supuesto un incremento del 76,36 por ciento en las solicitudes de asistencia a detenidos, la mayoría de ellos por alcoholemia excesiva.
Como consecuencia de todo ello, y debido a las pocas medidas penales alternativas, el número de reclusos en las cárceles catalanas sigue incrementándose. "No pedimos parches, sino una reconversión de la justicia", añadió.
Otro de los aspectos estudiados por el ICAB y en el que propuso varias mejoras es la violencia doméstica. Para Giménez-Salinas, los casos "leves" llegan a colapsar los juzgados penales y retrasa la atención de los casos más graves. Por ello, pidió un protocolo para diferenciar claramente los casos según su gravedad.
Para la decana, en los casos más graves, la jurisdicción penal tiene que dar una "respuesta integral", mientras que en los casos menos graves la justicia tiene que complementarse con otros servicios públicos como los servicios sociales o la Policía y llevarlos en los juzgados de familia, en el ámbito civil.
Actividad del ICAB
El informe del ICAB también radiografía la profesión, que es una de las seis mejor valoradas por la población, según una encuesta realizada por el colegio. El ICAB tiene unos 19.000 colegiados, 15.000 de ellos en ejercicio, y da cobertura a tres millones de habitantes de 131 municipios y 13 partidos judiciales.
En su función deontológica, en 2007 el colegio recibió 588 quejas por parte de clientes, lo que supone un pequeño descenso respecto a las 600 de 2006 y un menor porcentaje respecto al total de colegiados. Un 70 por ciento de las quejas recibidas dieron lugar a la apertura de diligencias informativas.
El 20 por ciento de los colegiados están inscritos a los servicios de asistencia jurídica gratuita y al turno de oficio, y han atendido a 27.000 personas.
Fuente:Consejo General de la Abogacía Española
Publicado por Jose Córdoba Almela en 23:37 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
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