Source: https://discusionjuridica.com/2020/05/27/se-puede-tener-una-segunda-oportunidad-tras-un-concurso/
Timestamp: 2020-07-14 12:19:48
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¿Se puede tener una “segunda oportunidad” tras un concurso? – Discusión Jurídica
27 mayo, 2020 Colaboraciones Discusión Jurídica
¿Se puede tener una “segunda oportunidad” tras un concurso?
Muchas son las preguntas que nos estamos haciendo durante estos días, pero tal vez la más importante y la que más preocupa a la mayoría de personas es: ¿Qué pasará tras este período de confinamiento?
Entre las preocupaciones más comunes están el empleo o la subsistencia de las empresas, puesto que los datos oficiales no son esperanzadores.
Los últimos datos que ha facilitado el Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre la presentación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo muestran que se han presentado 451.860 (a 05/04/2020), siendo 88.650 (a 05/04/2020) en la Comunidad Autónoma de Andalucía, según el Gobierno Andaluz a través de la Consejería de Empleo.
Estos datos muestran los ERTES que se han presentado, no los que han sido aprobado, puesto que este instrumento, que admite el ordenamiento jurídico, debe ser aprobado por el Ministerio competente (Ministerio de Trabajo y Economía Social en estos momentos).
En el supuesto de que se deniegue el instrumento del ERTE, y la empresa se vea abocada a un concurso, ¿habría alguna salida para los empresarios con una deuda muy superior a su patrimonio?
En el ordenamiento jurídico español existe una figura, que será el objeto de comentario de este artículo, que es la “Segunda Oportunidad”.
Este mecanismo surge a través del artículo 1.911 del Código Civil, el cual dice:
Al ser este artículo motivo de controversia y otorgar una insuficiente protección al empresario, tras una liquidación de la empresa y las deudas que queden sin pagar tras ello, el legislador aprobó el Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de Febrero, de mecanismo de Segunda Oportunidad, que se encuadra dentro de una reforma de la legislación concursal española.
Esta figura tiene como finalidad que el deudor persona natural, pueda obtener la condonación de las deudas tras una liquidación de su patrimonio.
De acuerdo con el Preámbulo del Real Decreto Ley:
” (…) el mecanismo de segunda oportunidad diseñado por este real decreto-ley establece los controles y garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de permitir que aquél que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación. Y se trata igualmente de cuantificar la mejora de fortuna que, eventualmente, permitirá revocar dicho beneficio por las razones de justicia hacia los acreedores que tan acertadamente expusieron autores como Manresa.”
O sea, su finalidad es otorgar una nueva oportunidad de ingreso en el tráfico económico, dando un beneficio de exoneración con respecto a las obligaciones pasadas, y así estableciendo la posibilidad de que puedan existir unas obligaciones futuras derivadas de la actividad profesional.
Para acogerse al mecanismo de Segunda Oportunidad, hay que ser deudor persona natural, tal como establece el artículo 178 bis 1 de la Ley Concursal.
Este precepto debemos entenderlo de forma extensiva, puesto que debemos añadir preceptos tales como los artículos 25.3 y 27.3 de la Ley Concursal, que hacen referencia a la pareja de hecho y al régimen económico matrimonial cuando se declara el concurso.
Estos requisitos se encuentran tasado en la ley concursal, en el artículo 178 bis 3, apartados 1º al 4º inclusive, que establecen:
Que le deudor no haya sido condenado en sentencia firme por Delitos contra el Patrimonio, contra el Orden Socioeconómico, de Falsedad Documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los Derechos de los Trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.
Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231 (Acuerdo Extrajudicial de Pagos) haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.
Además de lo ya citado, debemos añadir los requisitos alternativos que se encuentran tasados en el artículo 178 bis 3, apartado 5º, que son:
Aceptar someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6.
No haya obtenido este beneficio dentro de los últimos años.
Para solicitar la aplicación de la exoneración de las deudas y ser beneficiario de la Segunda Oportunidad, deberá de ser solicitado por el propio deudor, ante el juez del concurso, antes de que se decrete la conclusión del mismo, tal como se establece en el artículo 178 bis 2 de la Ley Concursal.
Debe solicitarse una vez concluido el concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa.
En el caso de los plazos, debemos acudir al artículo 152 de la Ley Concursal, pero será en el apartado tercero, donde de manera más específica se enumeren, pues se pueden dar dos circunstancias:
La primera es que las partes formulen oposición a la conclusión del concurso y se trámite un incidente concursal.
Y la segunda, que el juez dicte auto declarando la conclusión del concurso.
¿Qué deudas se pueden incluir en este proceso?
Las deudas que podrán acogerse se encuentran recogidas en el artículo 178 bis 5º de la Ley Concursal.
Este artículo nos indica que podrán acogerse a la exoneración de deudas: los créditos ordinarios (artículo 89.3 de la Ley Concursal), los créditos subordinados (artículo 92 de la Ley Concursal) y los créditos de privilegio especial (artículo 90.1 de la Ley Concursal)
Pero, ¿qué sucede con los créditos públicos? ¿Podrán ser exonerados de manera definitiva también?
Pues la reciente sentencia 381/2019 de 2 de Julio de 2019, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, establece que sí puede existir una exoneración definitiva total, tanto de los créditos privados como de los créditos públicos.
Es en la misma sentencia, en el Fundamento de Derecho Primero, Apartado Quinto, donde se argumenta el por qué se deben incluir los créditos públicos dentro de la exoneración definitiva.
De esta manera, es la propia Sala Primera la que establece:
“Es importante destacar que aunque los créditos públicos no se ven afectados por el acuerdo extrajudicial de pagos y se someten a sus normas específicas en materia de aplazamientos y fraccionamientos, lo cierto es que, declarado el concurso consecutivo, los bienes y derechos del deudor quedan sometidos a las normas del concurso, no tendría sentido que se pagara antes un crédito subordinado de intereses o recargos por créditos públicos que un crédito contra la masa por alimentos a los hijos del deudor, de ahí que el plan de pagos haya de reflejar cómo se van a pagar los créditos no exonerables en esos cinco años, respetando las normas del concurso”.
Para finalizar este artículo, me gustaría considerar la importancia de la “Buena Fe” del deudor como parte esencial para que pueda llevarse a cabo este proceso y que al final pueda ser beneficiario de una exoneración definitiva total de las deudas.
En estos casos, la “Buena Fe” del deudor pivota siempre en poder acreditar esa conducta, ya que no se puede presumir. Tal consideración como deudor de “Buena Fe”, debe estar marcada por una interpretación extensiva derivada de los requisitos formales y del carácter objetivo que se pueda derivar del desarrollo del Concurso.
En conclusión, la segunda oportunidad es un instrumento que nos otorga el ordenamiento jurídico español, el cual nos permite que una persona evite entrar en la economía sumergida, y de esta manera se le pueda conceder una nueva oportunidad, entrando en un tráfico económico regular, ya sea como trabajador por cuenta ajena o a través de un nuevo proyecto de emprendimiento empresarial.
Esta nueva garantía que nos da el ordenamiento jurídico, aún muy desconocida, puede convertirse en una salida para muchos emprendedores y empresarios, ante las posibles consecuencias mercantiles que vengan derivadas de la situación que estamos viviendo.
La complejidad, formalidad, alta especialización y la alta objetividad, permiten que sea un instrumento que pueda llegar a gran número de empresas, otorgando una posibilidad de recuperación para la persona perjudicada, haciendo que cambie su circunstancia empresarial, económica e incluso personal.
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