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Timestamp: 2018-02-26 03:46:10
Document Index: 357109555

Matched Legal Cases: ['Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'artículo 2', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79']

Ley 12/1992, de 10 de diciembre, de Caza de la Comunidad Autónoma de Aragón. TITULO VIII. De la administración, gestión y vigilancia de la caza (Vigente hasta el 01 de Enero de 2000).
De la administración, gestión y vigilancia de la caza
Artículo 73 De los órganos competentes
1. Compete a la Diputación General la regulación de la práctica de la caza en todos los terrenos, promover y realizar cuantas acciones sean precisas para alcanzar los fines perseguidos por esta Ley, analizar e investigar los diversos factores que condicionan la existencia de la caza y estimular la iniciación privada en cuanto contribuya a su mejora.
2. Corresponde al Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes el ejercicio de las competencias que en materia de caza están atribuidas a la Comunidad Autónoma de Aragón, así como elevar a la Diputación General la aprobación de proyectos o acuerdos que se deban adoptar en la materia.
Artículo 74 Del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes
El ejercicio de la competencia que en materia de caza corresponde al Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes se llevará a efecto a través de los propios servicios del Departamento, sin perjuicio de la colaboración social.
Artículo 75 Del Consejo de Caza de Aragón
1. Se crea el Consejo de Caza de Aragón como organo consultivo y asesor en materia de caza, cuya composición, funciones y régimen de funcionamiento se regularán por la Diputación General, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.
2. El Consejo será oído con carácter previo en las siguientes materias:
a) Orden de vedas.
c) Fijación de rentas cinegéticas de cotos de caza.
d) Creación de cotos de caza de administración directa por la Comunidad Autónoma, reservas de caza y refugios de fauna silvestre.
e) Aprovechamiento cinegético de los cotos de caza gestionados por la Comunidad Autónoma.
f) Expedientes incoados por aprovechamientos irregulares en todos ios terrenos.
g) Cualesquiera otras que reglamentariamente se determinen.
3. Podrán constituirse consejos provinciales de caza con competencias delegadas del Consejo de Caza de Aragón. Su composición será reflejo de la que se establezca para el Consejo de Caza de Aragón.
Artículo 76 De la Federación Aragonesa de Caza y asociaciones de cazadores
1. La Diputación General podrá otorgar la condición de colaboradoras a sociedades relacionadas con la caza y su entorno, para el cumplimiento de acciones convenidas con la Diputación General o programadas por ésta al efecto, bien sean éstas de carácter regional o de carácter territorial específico.
2. El órgano competente, por vía reglamentaria, determinará los fines y requisitos que deberán reunir las sociedades de cazadores para obtener el título de sociedades colaboradoras.
3. La Federación Aragonesa de Caza tendrá el carácter de colaborador de la Diputación General respecto de los programas de fomento de las especies y regulación de la actividad cinegética.
4. La Diputación General podrá realizar convenios de ayudas materiales y económicas con las sociedades colaboradoras para el mejor cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 2 de esta Ley.
Artículo 77 De la Guardería de la Comunidad Autónoma
1. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Administración del Estado, la vigilancia de la actividad cinegética será desempeñada por la Guardería de la Comunidad Autónoma, cuyos miembros, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad y cuidarán el cumplimiento de la presente Ley.
2. La Diputación General, a través de su organismo competente podrá recabar la asistencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando resultara preciso a los efectos de asegurar el cumplimiento del régimen jurídico de la caza. Los guardas jurados de caza tendrán el carácter de colaboradores de la autoridad en el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 78 De los guardas de caza
1. La Diputación General, a propuesta de las sociedades de cazadores o de la Federación Aragonesa de Caza, podrá nombrar guardas honorarios de caza entre personas de probada moralidad y destacada ejecutoria cinegética. Estas personas, provistas de las credenciales y distintivos que se determinen, actuarán como colaboradoras de la Guardería, denunciando cuantas infracciones lleguen a su conocimiento. De mutuo acuerdo, sus facultades de denuncia podrán ampliarse a otros campos relacionados con la conservación del medio natural.
2. Todas las sociedades de cazadores podrán solicitar el nombramiento de guardas jurados de caza.
3. Los cotos de caza debsrán disponer de un servicio de Guardería suficiente, que podrá ser propio, consorciado o contratado. Se determinarán reglamentariamente las dotaciones de guardería que deberán tener los diferentes terrenos.
4. Las sociedades informarán a la Diputación General los datos personales de sus guardas y de las altas y bajas que de produzcan.
5. La Diputación General promoverá la capacitación de la Guardería de Caza de la Comunidad Autónoma en materia de caza y convocará las pruebas de aptitud entre aquellas personas que deseen la calificación de guardas jurados de caza.
Artículo 79 Del Censo Regional de Caza
1. Se crea el Censo Regional de Caza, dependiente del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, con la finalidad de contener información completa y actualizada sobre las poblaciones, capturas, evolución genética, problemas sanitarios y de otra índole de las especies de los vertebrados silvestres cuya caza se autorice.
2. Los titulares de los terrenos cinegéticos y los cazadores a título individual quedan obligados a cumplimentar anualmente la denominada encuesta cinegética, cuyo contenido y sistema de cumplimiento se establecerán por vía reglamentaria.
3. Los datos e informaciones que constituyan el Censo Regional de Caza serán públicos, estableciendo el órgano competente los requisitos para acceder a los mismos.
A propuesta del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, la Diputación General podrá proceder a la actualización de la cuantía de las sanciones previstas en la presente Ley.
A la entrada en vigor de la presente Ley, la Diputación General procederá a la apertura de un libro registro de las sociedades de cazadores ya existentes, al objeto del control de las mismas y para el otorgamiento de los derechos y la asignación de las responsabilidades contempladas en esta Ley.
Previa conformidad de los interesados, la Diputación General podrá liquidar las indemnizaciones y rentas cinegéticas que puedan derivarse de la presente Ley en relación con los terrenos cinegéticos a los Ayuntamientos respectivos, que acordaran la forma de repercusión a la titularidad.
En el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, los propietarios de terrenos aptos para el ejercicio de la caza podrán solicitar la declaración y constitución sobre los mismos de un coto de caza. Transcurrido dicho plazo sin haberlo solicitado, la Diputación General podrá declararlos como refugio o reserva de fauna silvestre, terrenos cinegéticos de aprovechamiento común o coto de caza social por el procedimiento establecido por esta Ley.
La Diputación General procederá, en el plazo de dos años, a la reclasificación de los actuales refugios, reservas, cotos nacionales, zonas de caza controlada y otros en las figuras definidas en esta Ley.
En el plazo máximo de dos años, la Diputación General procederá a declarar como reservas y refugios de fauna silvestre a aquellos territorios en los que existan poblaciones de especies cinegéticas de especial interés o de especies incluidas en los Catálogos y Regional de Especies amenazadas.
Los cotos privados y locales vigentes en el momento de entrada en vigor de esta Ley seguirán rigiéndose por la normativa aplicable en el momento de su constitución, quedando anulados del plazo por el que fueron autorizados, si es expreso, o a los de la entrada en vigor de esta Ley si tal plazo no existiera expresamente.
La Diputación General realizará en el plazo de dos años la elaboración del catálogo regional de especies amenazadas.
La Diputación General, en el plazo de un año, dictará las disposiciones de desarrollo necesarias para el cumplimiento de esta Ley.