Source: http://www.ftaa-alca.org/NGROUPS/ngin/publications/spanish99/binv_usn.asp
Timestamp: 2018-01-23 08:06:34
Document Index: 335780125

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'artículo 1102', 'artículo 1108', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4']

ALCA FTAA ZLEA Acuerdos sobre Inversión en el Hemisferio Occidental | Convenio Estados Unidos-Nicaragua
Estados Unidos-Nicaragua
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Nicaragua Relativo al Fomento y la Protección Recíproca de la Inversión, 1 de julio de 1995.
Fecha de la firma: 1 de julio de 1995.
Entrada en vigor: Treinta días después de la fecha de intercambio de los instrumentos de ratificación.
Después permanecerá en vigor hasta la expiración de un plazo de doce meses a partir de la fecha en que alguna de las Partes Contratantes notifique a la otra Parte Contratante su decisión de dar por terminado el Convenio.
Este Convenio se aplicará a las inversiones existentes en la fecha de su entrada en vigor y a las inversiones que se efectúen o adquieran con posterioridad a esa fecha.
Sí. En todo momento, cada Parte otorgará a las inversiones comprendidas un trato justo y equitativo, ... y en ningún caso les otorgará un trato menos favorable que el que exige el derecho internacional (Artículo II (3) (a)).
Sí. Cada Parte otorgará a las inversiones comprendidas entera protección y seguridad (Artículo II (3) (a)).
Cada Parte acuerda otorgar trato nacional a las inversiones comprendidas en los sectores siguientes: concesiones de minerales o de derechos de vía de oleoductos y gaseoductos en terrenos públicos (Artículo 5 del Anexo).
Con respecto al trato otorgado por un Estado, Territorio o posesión de los Estados Unidos de América, por trato nacional se entiende un trato no menos favorable que el que otorgue, en situaciones similares, a las inversiones de los nacionales de los Estados Unidos Unidos de América que residan en otros Estados, territorios o posesiones de los Estados Unidos de América y de las sociedades legalmente constituidas conforme al ordenamiento interno de dichos otros Estados, territorios o posesiones (Artículo XV (1) (b)).
El Gobierno de los Estados Unidos de América puede adoptar o mantener excepciones a la obligación de otorgar trato nacional a las inversiones comprendidas en los sectores, o con relación a los asuntos, especifícados a continuación: la energía atómica; el corretaje de aduanas; las licencias para estaciones de radiodifusión, empresas de telecomunicaciones públicas o de radio aeronáutico; la COMSAT ("Communications Satellite Corporation"); las subvenciones o donaciones, incluidos los préstamos, las garantías y los seguros con respaldo oficial; las medidas estatales y locales exceptuadas del artículo 1102 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con arreglo al artículo 1108 del mismo; y la colocación de cables submarinos. En los sectores y asuntos arriba indicados se concederá el trato de nación más favorecida (Artículo 1 del Anexo).
El Gobierno de los Estados Unidos de América podrá adoptar o mantener excepciones a la obligación de otorgar trato nacional y de nación más favorecida a las inversiones comprendidas en los sectores, o con relación a los asuntos, especifícados a continuación: las pesca; el transporte aéreo y marítimo y las actividades afines (Artículo 2 del Anexo).
El Gobierno de los Estados Unidos de América puede adoptar o mantener excepciones a la obligación de darle trato nacional o de nación más favorecida a las inversiones comprendidas, siempre y cuando las excepciones no resulten en trato, conforme al presente Convenio, menos favorable que el trato que el Gobierno de los Estados Unidos de América ha comprometido conceder en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con respecto a otra Parte de ese Acuerdo, en los sectores o con relación a los asuntos especificados abajo: banca, seguros, valores y otros servicios financieros (Artículo 3 del Anexo).
El Gobierno de Nicaragua podrá adoptar o mantener excepciones a la obligación de otorgarle trato nacional a las inversiones comprendidas en los sectores, o con relación a los asuntos, especificados a continuación: bienes raíces en la zona fronteriza; pesca (excepto acuacultura); subsidios oficiales a la mediana y pequeña empresa. En los sectores y asuntos arriba indicados se concederá el trato de nación más favorecida (Artículo 4 del Anexo).
Cada Parte podrá adoptar o mantener excepciones a las obligaciones del artículo II (1) en las materias o en los sectores especificados en el Anexo del presente Convenio. Al adoptar dichas excepciones, la Parte no podrá exigir la desinversión total o parcial de las inversiones comprendidas que existan en el momento de la entrada en vigor de la excepción (Artículo II (2) (a)).
Las obligaciones del artículo II (1) no se aplicarán a los procedimientos previstos en los acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, relativos a la adquisición o conservación de los derechos de propiedad intelectual (Artículo II (2) (b)).
El presente Convenio no impedirá la aplicación por una Parte de las medidas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones con respecto al mantenimiento o restauración de la paz o seguridad internacional, o para la protección de sus propios intereses esenciales de seguridad (Artículo XIV (1)).
Con respecto al artículo XIV (1), las Partes confirman el entendimiento mutuo que si una medida es asumida por una de las Partes para proteger sus intereses esenciales de seguridad, se hará a criterio propio (Párrafo 1 del Protocolo).
Las Partes entienden que, con respecto a los derechos reservados en el artículo XIV (1) del presente Convenio "obligaciones con respecto al mantenimiento o restauración de la paz o seguridad internacional" significa obligaciones dispuestas por la Carta de la ONU (Párrafo 3 del Protocolo).
Ninguna de las Partes dispondrá ni hará cumplir, como condición para la creación, adquisición, expansión, dirección, explotación o el funcionamiento de una inversión comprendida, cualquier requisito (lo cual comprende las garantias o compromisos que se relacionen con concesión de permisos o autorizaciones oficiales) para:
alcanzar un cierto nivel o proporción de contenido nacional, o comprar, utilizar o de alguna forma preferir los productos o servicios de origen nacional o de cualquier procedencia interna;
limitar las importaciones de productos o servicios que efectúe la inversión, proporcional-mente a un determinado volumen o valor de la producción, las exportaciones o las utilidades en divisas;
exportar un cierto tipo, nivel o proporción de los productos o servicios, ya bien sea en términos generales o en términos del mercado de una región en particular;
limitar las ventas de productos o servicios que efectúe la inversión en el territorio de la Parte, conforme a un determinado volumen o valor de la producción, la exportación o las utilidades en divisas;
transferir tecnología, procedimientos de producción u otros conocimientos patrimoniales a un nacional o empresa en el territorio de la Parte, salvo mediante un mandamiento, compromiso o garantía que haga cumplir alguna autoridad judicial, administrativa o de competencia, a fin de remediar una infracción alegada o fallada de las leyes relativas a la competencia; o f) llevar a cabo cierta clase, nivel o proporción de la investigación y del desarrollo en el territorio de la Parte (Artículo VI (1)).
Nada de los dispuesto en el artículo VI (1) podrá impedir que una de las Partes ofrezca beneficios e incentivos condicionados a los requisitos señalados en ese párrafo (Artículo VI (2)).
Con sujeción a la legislación relativa a la entrada y permanencia de extranjeros, se permitirá a los nacionales de cada Parte la entrada y permanencia en el territorio de la otra Parte a fines de establecer, desarrollar o administrar una inversión, o de asesorar en su explotación, en la cual ellos (o una empresa de la otra Parte que los emplee) hayan comprometido o estén a punto de comprometer, una cantidad importante de capital u otros recursos. (Artículo VII (1) (a)).
Al autorizar la entrada conforme al inciso a) del párrafo 1, ninguna de las Partes exigirá una prueba de certificación laboral u otros procedimientos de parecido efecto, no aplicará ninguna restricción numérica (Artículo VII (1) (b)).
Cada Parte permitirá que las inversiones comprendidas contraten al personal administrativo superior que deseen, sea cual fuere la nacionalidad de dicho personal (Artículo VII (2)).
Cada Parte concederá el trato nacional y de nación más favorecida a las inversiones comprendidas con respecto a toda medida relativa a las pérdidas que las inversiones sufran en su territorio por guerra u otro conflicto armado, revolución, estado nacional de excepción, insurrección disturbio civil o cualquier otro acontencimiento similar (Artículo IV (1)).
Cada Parte proporcionará medios eficaces de hacer valer las reclamaciones y cumplir los derechos con respecto a las inversiones comprendidas (Artículo II (4)).
El presente Convenio no deroga las siguientes obligaciones, cuando den derecho a las inversiones comprendidas a un trato más favorable que lo acordado en el presente Convenio:
las leyes y los reglamentos, las prácticas o los procedimientos administrativos o las decisiones administrativas o judiciales de cualquiera de las Partes;
las obligaciones asumidas por una Parte, incluidas las que estén incorporadas a los acuerdos o autorizaciones de inversión (Artículo XI)
El presente Tratado no impedirá que una Parte prescriba formalidades especiales con respecto a las inversiones comprendidas, como el requisito de que dichas inversiones se constituyan legalmente conforme al ordenamiento interno de esa Parte, o el de que se notifiquen las transferencias de moneda o de otros instrumentos monetarios, siempre y cuando dichas formalidades no deterioren la esencia de cualquiera de los derechos que se enuncian en el presente convenio (Artículo XIV(2)).
Sí. Cada Parte permitirá que todas las transferencias relativas a una inversión comprendida que se efectúen libremente y sin demora a su territorio o desde el mismo. Dichas transferencias comprenderán:
los beneficios, los dividendos, las plusvalías y el producto de la venta parcial o total de la inversión o de la liquidación parcial o completa de la inversión;
los intereses, las regalías, los honorarios de gestión y de asistencia técnica y otros honorarios;
los pagos efectuados conforme a contratos, incluidos los acuerdos de préstamos; y
las indemnizaciones conforme a los artículos III y IV y los pagos resultantes de las diferencias relativas a las inversiones. (Artículo V (1)).
Cada Parte permitirá las rentas en especie, según se autorice o especifique en una autorización de inversión, acuerdo de inversión u otro acuerdo por escrito entre la Parte y una inversión comprendida o un nacional o empresa de la otra Parte (Artículo V (3)).
Sí (Artículo V (1) (a), (d), (e)).
Cada Parte permitirá que las transferencias se efectúen en moneda libremente utilizable al cambio vigente en el mercado en la fecha de transferencia. (Artículo V (2)).
Expropiación o nacionalización (directa o indirectamente por la vía de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización) (Artículo III(1)).
El Acuerdo no incluye un requisito independiente de que las expropiaciones estén sujetas a revisión judicial. Sin embargo, se argumenta que la norma internacional de proceso legal incluye dicha exigencia.
La expropiación se debe hacer de conformidad con el debido procedimiento legal y los principios generales de trato contemplados en el Artículo II (3). (Artículo III (1)). Véase supra.
deberá ser equivalente al valor justo de mercado, calculado utilizando metodologías apropiadas para el caso. El cálculo de la compensación no reflejará disminución alguna del valor equitativo de mercado debido al conocimiento público anticipado o al anuncio de la expropiación o a medidas que resulten en la expropiación. Existen normas adicionales para fijar el valor equitativo de mercado cuando dicho valor esté denominado en una moneda libremente utilizable y cuando no lo esté;
deberá ser efectivamente realizable y libremente transferible al tipo de cambio vigente en la fecha de la expropiación.
Las Partes convienen en consultarse con prontitud, a solicitud de cualquiera de ellas, para resolver las diferencias que surjan en relación con el Convenio o para considerar cualquier cuestión referente a la interpretación o aplicación del mismo o al cumplimiento de sus objetivos (Artículo VIII).
Cualquier diferencia entre las Partes que no se resuelva mediante consultas o por otra vía diplomática, se someterá, a solicitud de cualquiera de las Partes, a un tribunal de arbitraje (Artículo X (1)).
Los gastos incurridos por el presidente y los otros árbitros, así como los demás costos del procedimiento, serán sufragados en partes iguales por las Partes. Sin embargo, el tribunal, a su criterio, podrá ordenar que una de las Partes pague una mayor proporción de los costos (Artículo X (2) (4)).
Salvo acuerdo en contrario, todos los casos se presentarán y las audiencias se completarán en un plazo de seis meses contados desde la fecha del nombramiento del tercer árbitro, y el tribunal pronunciará la sentencia en un plazo de dos meses a partir de la fecha de las presentaciones finales o de la fecha de clausura de las audiencias, si ésta fuere posterior (Artículo X (1) (3)).
Las controversias se resolverán de conformidad con las normas del Derecho Internacional (Artículo X (1)).
Una controversia en materia de inversión es una controversia entre una Parte y un nacional o sociedad de la otra Parte, surgida de:
un acuerdo de inversión;
la supuesta infracción de cualquier derecho conferido, generado o reconocido por el Tratado, con respecto a una inversión comprendida (Artículo IX (1)).
Aparte de las disposiciones generales de consulta incluidas en el Artículo VIII, no se contempla un requisito específico de consulta previa en el caso de controversias entre una Parte y un inversionista.
Un nacional o sociedad podrá someter la controversia para su resolución:
a los tribunales administrativos o las cortes de la Parte Contratante en cuyo territorio se efectuó la inversión; o
al arbitraje internacional vinculante de conformidad con el Artículo IX (3) (Artículo IX (2)).
En el caso de que el nacional o sociedad no hubiera sometido la controversia para solución conforme al artículo IX (a)(b) y que hubieran transcurrido tres meses desde la fecha en que se planteó la controversia, la sociedad o el nacional involucrados podrá someter la controversia para resolución por arbitraje vinculante (Art. IX (3)).