Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/document.legis?fn=content&docid=legcol&bookmark=bf1bf801e7e8ec14ec08ac03e52da3568f4nf9&viewid=STD-PC
Timestamp: 2019-07-19 10:27:38
Document Index: 357872641

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﻿ DECRETO 2555 DE 2010 - PARTE 2 - LIBRO 1
Normas aplicables a los establecimientos de crédito
(Nota: Modificado por el Decreto 1771 de 2012 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Nota: Modificada la denominación del presente Título 1 por el Decreto 1477 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
Disposiciones generales sobre relación de solvencia
(Nota: Modificado por el Decreto 904 de 2013 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.1.1.1.—(Modificado).* Patrimonio adecuado. Los establecimientos de crédito deberán cumplir las normas sobre niveles de patrimonio adecuado y relación mínima de solvencia contempladas en este capítulo, con el fin de proteger la confianza del público en el sistema y asegurar su desarrollo en condiciones de seguridad y competitividad.
(Nota: Modificado por el Decreto 904 de 2013 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.1.1.2.—Relación de solvencia. La relación de solvencia se define como el valor del patrimonio técnico calculado en los términos de este capítulo, dividido por el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio y de mercado. Esta relación se expresa en términos porcentuales. La relación de solvencia mínima de los establecimientos de crédito será del nueve por ciento (9%).
ART. 2.1.1.1.3.—(Modificado).* Cumplimiento de la relación de solvencia. El cumplimiento de la relación de solvencia se realizará en forma individual por cada establecimiento de crédito. Igualmente, la relación de solvencia deberá cumplirse y supervisarse en forma consolidada. Para estos efectos, los establecimientos de crédito se sujetarán a las normas que, conforme a sus facultades legales, expida la Superintendencia Financiera de Colombia en relación con la obligación de presentar estados financieros consolidados, en particular, las entidades con las cuales debe efectuarse la consolidación.
*(Nota: Modificado por el Decreto 1477 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.1.1.4.—(Modificado).* Patrimonio técnico. El cumplimiento de la relación de solvencia se efectuará con base en el patrimonio técnico que refleje cada establecimiento de crédito, calculado de acuerdo con las reglas de los artículos siguientes, esto es, mediante la suma del patrimonio básico y el patrimonio adicional.
*(Nota: Modificado por el Decreto 1477 de 2018 artículo 3° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.1.1.5.—Patrimonio básico. El patrimonio básico de un establecimiento de crédito comprenderá:
f) Las acciones representativas de capital garantía, mientras la entidad esté dando cumplimiento a las metas, compromisos y condiciones del programa de recuperación convenido con el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin. En caso de incumplimiento del programa, declarado por la Superintendencia Financiera de Colombia, tales acciones dejarán de ser computables;
g) Los bonos subordinados efectivamente suscritos por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, con el propósito de fortalecer patrimonialmente a las entidades financieras emisoras de tales instrumentos de deuda. Solo serán computables dichos bonos como parte del patrimonio básico cuando:
ART. 2.1.1.1.6.—(Modificado).* Deducciones del patrimonio básico. Se deducirán del patrimonio básico los siguientes conceptos:
(Nota: Modificado por el Decreto 1648 de 2014 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
*(Nota: Modificado por el Decreto 2392 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.1.1.7.—Patrimonio adicional. Para establecer el valor del patrimonio técnico, se adicionarán las siguientes partidas:
b) El cincuenta por ciento (50%) de las valorizaciones de los activos, contabilizadas de acuerdo con los criterios establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. En todo caso, no computarán las valorizaciones correspondientes a bienes recibidos en dación en pago o adquiridos en remate judicial. De dicho monto se deducirán las valorizaciones de las inversiones a que se refieren los literales d) y e) del artículo 2.1.1.1.6 de este decreto;
PAR. TRANS.—Las modificaciones y adiciones previstas en este artículo no afectarán las obligaciones y emisiones vigentes al 24 de agosto de 2001.
ART. 2.1.1.1.8.—(Modificado).* Riesgos crediticio y de mercado. Para los efectos de este capítulo se entiende por:
a) Riesgo crediticio: La posibilidad de que un establecimiento de crédito incurra en pérdidas y se disminuya el valor de su patrimonio técnico como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente las obligaciones financieras en los términos acordados.
Para determinar el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio, los establecimientos de crédito tendrán en cuenta los activos, las contingencias, los negocios y los encargos fiduciarios. Para el efecto, se multiplicará el valor del respectivo activo por un porcentaje de ponderación de su valor según corresponda de acuerdo con la clasificación en las categorías señaladas en los artículos 2.1.1.1.9, 2.1.1.1.10 y 2.1.1.1.11 de este decreto;
Para determinar el valor de exposición a los riesgos de mercado, los establecimientos de crédito deberán utilizar las metodologías que para el efecto determine la Superintendencia Financiera de Colombia. Sin embargo, los establecimientos de crédito podrán solicitar a este organismo de control autorización para utilizar un modelo de medición propio, caso en el cual deberán acreditar ante dicha superintendencia, el cumplimiento de los requisitos mínimos que se establezcan para el efecto.
Una vez determinado el valor de la exposición a riesgos de mercado, este se multiplicará por cien novenos (100/9) y el resultado se adicionará al valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio. De esta manera, se obtiene el valor total de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio y de mercado que se utiliza para el cálculo de la relación de solvencia.
La Superintendencia Financiera de Colombia establecerá el tratamiento y la metodología para la estimación del valor en riesgo para la cartera hipotecaria que se inscriba en el Fondo de Reserva de Estabilización de la Cartera Hipotecaria, Frech, el cual se considerará por el treinta por ciento (30%).
(Nota: Modificado por el Decreto 1648 de 2014 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
*(Nota: Modificado por el Decreto 2392 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Nota: Modificado en el literal c) del presente artículo por el Decreto 1477 de 2018 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.1.1.9.—(Modificado).* Clasificación y ponderación de activos. Para efectos de determinar el valor total de activos ponderados por nivel de riesgo crediticio, los mismos se deben clasificar dentro de una de las siguientes categorías dependiendo de su naturaleza:
PAR. 1º—Los activos que en desarrollo del artículo 2.1.1.1.6 de este decreto, se deduzcan para efectuar el cálculo del patrimonio básico, no se computarán para efectos de determinar el valor total de activos ponderados por nivel de riesgo crediticio de los establecimientos de crédito.
(Nota: Modificado el literal ii) del presente parágrafo por el Decreto 4765 de 2011 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
*(Nota: Modificado por el Decreto 2392 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Nota: Modificado en el literal c) del presente artículo por el Decreto 1477 de 2018 artículo 5° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.1.1.10.—(Modificado).* Clasificación y ponderación de las contingencias y de los negocios y encargos fiduciarios. Las contingencias y los negocios y encargos fiduciarios ponderarán, para efectos de la aplicación de lo previsto en el presente capítulo, según se determina a continuación:
b) El monto resultante se computará de acuerdo con las categorías señaladas en el artículo 2.1.1.1.9 de este decreto, teniendo en cuenta las características de la contraparte.
(Nota: Adicionados los literales l), m), n), o) y p) por el Decreto 904 de 2013 artículo 3° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Nota: Modificados los literales h), i) y j) por el Decreto 37 de 2015 artículo 18 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
*(Nota: Modificado por el Decreto 1477 de 2018 artículo 6° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.1.1.11.—(Modificado).* Ponderaciones especiales. Las siguientes clases de activos se ponderarán de acuerdo con las normas especiales que se indican a continuación:
El valor de las aeronaves entregadas en arrendamiento financiero o leasing a la Nación o a empresas comerciales del Estado dedicadas al transporte aéreo, computarán en la categoría II, siempre y cuando la operación sea celebrada o garantizada por la Nación.
b)(Modificado).* Las operaciones de crédito celebradas con las entidades territoriales y sus descentralizadas computarán por los porcentajes previstos en el capítulo 2 del presente título, y en las normas que lo modifiquen o adicionen;
*(Nota: Modificado por el Decreto 1648 de 2014 artículo 3° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
c) Computarán por el cero por ciento (0%) los títulos emitidos por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, destinados a la capitalización de establecimientos de crédito en cuyo capital participen entidades públicas o en los cuales exista participación de recursos públicos, siempre que el principal e intereses de dichos títulos se paguen con recursos que la Nación se haya comprometido a entregar a dichos fondos;
d) Los bonos y títulos hipotecarios de que trata el artículo 30 de la Ley 546 de 1999, que cuenten con garantía del Gobierno Nacional, a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, computarán por el cero por ciento (0%);
e) En los procesos de titularización se seguirán las siguientes reglas: Los derechos fiduciarios que posean los establecimientos de crédito en los patrimonios autónomos constituidos en desarrollo de procesos de titularización de los cuales sean originadores, se clasificarán dentro de la categoría que corresponda al activo subyacente. Si se ha utilizado un mecanismo de seguridad interno o externo que por sus características particulares mantenga el riesgo para el originador, el activo subyacente comprometido en el mismo ponderará al ciento cincuenta por ciento (150%). Si el mecanismo de seguridad empleado elimina totalmente el riesgo para el originador, la ponderación del activo subyacente será del cero por ciento (0%). En caso de deterioro en el valor del patrimonio autónomo y en la medida que este se produzca, si el originador mantiene riesgo en virtud de las características del mecanismo de seguridad empleado, deberá reconocer dicho deterioro hasta por el monto de la cobertura otorgada de conformidad con las instrucciones que sobre el particular imparta la Superintendencia Financiera de Colombia;
f) Los derechos fiduciarios que posean los establecimientos de crédito sobre patrimonios autónomos cuya finalidad principal sea su enajenación, cuyo activo subyacente corresponda a bienes inmuebles que originalmente fueron recibidos en dación en pago o adjudicados en remates judiciales, computarán por el ochenta por ciento (80%) de su valor, siempre y cuando, sean constituidos en sociedades fiduciarias no filiales del establecimiento de crédito y tal operación cuente con la autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia.
g) Los activos conformados por cartera hipotecaria de vivienda calificada en la categoría de riesgo C de acuerdo con las reglas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, computarán por el setenta y cinco ciento (75%) de su valor. Los activos conformados por cartera hipotecaria de vivienda calificada en las categorías de riesgo D y E, de acuerdo con las reglas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, computarán por el cien por ciento (100%) de su valor.
PAR.— (Nota: Adicionado por el Decreto 904 de 2013 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
*(Nota: Modificado por el Decreto 1477 de 2018 artículo 7° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.1.1.12.—(Modificado).* Detalle de la clasificación de activos. La Superintendencia Financiera de Colombia impartirá las instrucciones necesarias para facilitar la debida clasificación de la totalidad de los activos, contingencias y negocios y encargos fiduciarios dentro de las categorías determinadas en los artículos 2.1.1.1.9, 2.1.1.1.10 y 2.1.1.1.11 de este decreto.
d) (Nota: Adicionado por el Decreto 1648 de 2014 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
*(Nota: Modificado por el Decreto 2392 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.1.1.13.—(Modificado).* Valoraciones y provisiones. Para efectos de este capítulo, los activos se valorarán por su costo ajustado pero se computarán netos de su respectiva provisión. Las provisiones de carácter general, que ordene la Superintendencia Financiera de Colombia, no serán deducibles de los activos.
PAR.—Las inversiones de capital y en bonos convertibles en acciones de entidades financieras del exterior o de entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia se computarán, sin deducir las provisiones efectuadas sobre las mismas.
(Nota: Adicionado el literal j) por el Decreto 904 de 2013 artículo 5° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Nota: Adicionado por el Decreto 1648 de 2014 artículo 5° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Nota: Modificado por el Decreto 2392 de 2015 artículo 5° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
*(Nota: Modificado por el Decreto 1477 de 2018 artículo 8° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.1.1.14.—Sanciones. Tal como lo establece el artículo 83, numeral 1º, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por los defectos en que incurran los establecimientos de crédito en el patrimonio técnico necesario para el cumplimiento de la relación de solvencia, la Superintendencia Financiera de Colombia impondrá una multa a favor del Tesoro Nacional por el equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) del defecto patrimonial presentado por cada mes del período de control, sin exceder del uno punto cinco por ciento (1.5%) del patrimonio requerido para su cumplimiento. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las demás sanciones o medidas administrativas que puede imponer la Superintendencia Financiera de Colombia conforme a sus facultades legales.
PAR. 2º— (Nota: Adicionado por el Decreto 1648 de 2014 artículo 6° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.1.1.15.—Programas de ajuste a la relación. Los establecimientos de crédito que se encuentren bajo vigilancia especial por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, podrán convenir con el Superintendente Financiero un programa de ajuste orientado a restablecer el cumplimiento de la relación de solvencia en el plazo más breve posible. Este mismo programa podrá convenirse, previa solicitud de la respectiva entidad, cuando esta prevea que va a incurrir o ha incurrido en incumplimiento de la relación de solvencia, siempre que a juicio de la Superintendencia Financiera de Colombia tal incumplimiento no pueda ser resuelto por medios ordinarios en el corto plazo y afecte en forma significativa su capacidad operativa. En el programa, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá establecer metas específicas de crecimiento o distribución del total de activos o determinadas clases de ellos, obligaciones de enajenación de inversiones, incrementos patrimoniales y, en general, cualquier clase de condiciones de desempeño financiero necesarias para lograr su efectividad. En todo caso, el programa no podrá abarcar períodos superiores a un (1) año, contado desde la celebración del programa. En desarrollo de los programas de ajuste, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá reducir o abstenerse de imponer las sanciones pecuniarias en que pudiere incurrir durante el período que cubra el acuerdo. En caso de que la Superintendencia Financiera de Colombia verifique el incumplimiento de cualquiera de las condiciones, metas o compromisos del programa, podrá imponer a los establecimientos de crédito las sanciones correspondientes en la forma ordinaria, sin considerar el hecho de la ejecución parcial o incompleta del programa y sin perjuicio de las demás sanciones o medidas administrativas a que haya lugar.
(Nota: Adicionado por el Decreto 2392 de 2015 artículo 6° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.1.1.16.—Vigilancia. El cumplimiento individual de la relación de solvencia se controlará mensualmente. La supervisión consolidada se efectuará semestralmente. La Superintendencia Financiera de Colombia dictará las medidas necesarias para la correcta aplicación de lo dispuesto en este decreto y vigilará el cumplimiento de los niveles adecuados de patrimonio por parte de los establecimientos de crédito. Además, impondrá las sanciones que correspondan al incumplimiento de los límites señalados en este capítulo.
(Nota: Derogado el Capítulo 2 del TÍtulo 1 del Libro 1 de la Parte 2 por el Decreto 904 de 2013 artículo 8° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
Ponderación de créditos a entidades territoriales para efectos del cálculo de la relación de solvencia
ART. 2.1.1.2.1.—Ponderación de créditos concedidos a las entidades territoriales. Los créditos concedidos a las entidades mencionadas en el artículo 6º de la Ley 358 de 1997 computarán por el cien por ciento (100%) de su valor, siempre y cuando la operación haya sido autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la entidad se encuentre cumpliendo con los compromisos adquiridos en el plan de desempeño que se suscriba en desarrollo del Programa de Saneamiento Fiscal y Fortalecimiento Institucional.
PAR. 1º—Cuando las anteriores operaciones cuenten con el respaldo de la Nación, por cualquier mecanismo que se considere garantía admisible de acuerdo con los parámetros establecidos en los títulos 2 y 3 del presente libro, computarán por el cero por ciento (0%) de su valor.
(Nota: Modificado por el Decreto 1771 de 2012 artículo 1° de la Superintendencia Financiera)
ART. 2.1.1.2.2.—Ponderación de las operaciones en función de la calificación de riesgo. Las operaciones celebradas con entidades territoriales también podrán ser ponderadas en función de la calificación de riesgo otorgada por las sociedades calificadoras autorizadas para operar en Colombia, de acuerdo con los porcentajes establecidos en las siguientes tablas:
PAR. 1º—Transcurridos seis (6) meses desde la fecha en que la Superintendencia Financiera de Colombia otorgue certificado de autorización a tres o más sociedades calificadoras, las operaciones con entes territoriales podrán ser ponderadas conforme a los porcentajes fijados, siempre y cuando estos cuenten con dos (2) calificaciones independientes.
PAR. 2º—Las operaciones deberán ponderar de acuerdo con la calificación vigente que tenga la entidad territorial, las cuales deberán actualizarse por lo menos en forma anual.
PAR. 3º—Cuando la operación cuente con garantía total o parcial de la Nación, la parte garantizada se considerará como un activo perteneciente a la categoría I en los términos del artículo 2.1.1.1.9 del presente decreto.
ART. 2.1.1.2.3.—Créditos concedidos a las entidades descentralizadas del orden territorial. Mientras el Gobierno Nacional expide las reglas correspondientes, las operaciones de crédito celebradas con las entidades descentralizadas del orden territorial, computarán en la categoría IV del artículo 2.1.1.1.9 del presente decreto, por el cien por ciento (100%) de su valor.
ART. 2.1.1.2.4.—Garantías. Para los efectos previstos en el artículo 2.1.2.1.4 del presente decreto, las garantías otorgadas por las entidades territoriales y sus descentralizadas se evaluarán de acuerdo con los criterios definidos en el artículo 2.1.2.1.3 también del presente decreto.
(Nota: Modificado el Capítulo 3 del Título 1 del Libro 1 de la Parte 2 por el Decreto 1477 de 2018 artículo 9° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Nota: Modificado el Parágrafo 3 al artículo 2.1.1.3.2 el Capítulo 3 del TÍtulo 1 del Libro 1 de la Parte 2 por el Decreto 904 de 2013 artículo 6° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.1.3.4.—(Nota: Modificado el literal c) del presente artículo por el Decreto 37 de 2015 artículo 19 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Nota: Adicionado el literal i) del presente artículo por el Decreto 1333 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Nota: Derogados los artículos artículos 2.1.1.3.9 y 2.1.1.3.10 por el Decreto 1477 de 2018 artículo 14 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Nota: Modificado el Capítulo 4 del Título 1 del Libro 1 de la Parte 2 por el Decreto 1477 de 2018 artículo 10 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Nota: Adicionado por el Decreto 1477 de 2018 artículo 11 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.1.5.1—(Nota: Adicionado por el Decreto 1477 de 2018 artículo 11 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.1.5.2—(Nota: Adicionado por el Decreto 1477 de 2018 artículo 11 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
Límites individuales de crédito
ART. 2.1.2.1.1.—Límites individuales de crédito. Los establecimientos de crédito deberán efectuar sus operaciones de crédito evitando que se produzca una excesiva exposición individual. Para estos efectos, las instituciones deberán cumplir las normas mínimas establecidas en los títulos 2 y 3 del presente libro en relación con el monto máximo de crédito que podrán otorgar a una misma persona natural o jurídica.
ART. 2.1.2.1.2.—(Modificado).* Cuantía máxima del cupo individual. Ningún establecimiento de crédito podrá realizar con persona alguna, directa o indirectamente, operaciones activas de crédito que, conjunta o separadamente, superen el diez por ciento (10%) de su patrimonio técnico, si la única garantía de la operación es el patrimonio del deudor. Sin embargo, podrán efectuarse con una misma persona, directa o indirectamente, operaciones activas de crédito que conjunta o separadamente no excedan del veinticinco por cierto (25%) del patrimonio técnico, siempre y cuando las operaciones respectivas cuenten con garantías o seguridades admisibles suficientes para amparar el riesgo que exceda del cinco por ciento (5%) de dicho patrimonio, de acuerdo con la evaluación específica que realice previamente la institución.
*(Nota: Modificado por la Decreto 816 de 2014 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.2.1.3.—Garantías admisibles. Para los propósitos del artículo anterior, se considerarán garantías o seguridades admisibles para garantizar obligaciones que en conjunto excedan del diez por ciento (10%) del patrimonio técnico aquellas garantías o seguridades que cumplan las siguientes condiciones:
ART. 2.1.2.1.4.—Clases de garantías o seguridades admisibles. Las siguientes clases de garantías o seguridades siempre que cumplan las características generales indicadas en el artículo anterior, se considerarán como admisibles:
c) (Adicionado por el art. 1º del D. 686/99). Las garantías otorgadas por el Fondo Nacional de Garantías S.A.
d) Depósitos de dinero de que trata el artículo 1173 del Código de Comercio;
e) Pignoración de rentas de la Nación, sus entidades territoriales de todos los órdenes y sus entidades descentralizadas;
f) Contratos irrevocables de fiducia mercantil de garantía, inclusive aquéllos que versen sobre rentas derivadas de contratos de concesión;
g) Aportes a cooperativas en los términos del artículo 49 de la Ley 79 de 1988;
h) La garantía personal de personas jurídicas que tengan en circulación en el mercado de valores papeles no avalados calificados como de primera clase por empresas calificadoras de valores debidamente inscritas en la Superintendencia Financiera de Colombia. Sin embargo, con esta garantía no se podrá respaldar obligaciones que representen más del quince por ciento (15%) del patrimonio técnico de la institución acreedora.
i) (Nota: Adicionado por el Decreto 466 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
PAR. 1º—Los contratos de garantía a que se refiere el presente artículo podrán versar sobre rentas derivadas de contratos de arrendamiento financiero o leasing, o sobre acciones de sociedades inscritas en bolsa. Cuando la garantía consista en acciones de sociedades no inscritas en bolsa o participaciones en sociedades distintas de las anónimas, el valor de la garantía no podrá establecerse sino con base en estados financieros de la empresa que hayan sido auditados previamente por firmas de auditoría independientes, cuya capacidad e idoneidad sea suficiente a juicio de la Superintendencia Financiera de Colombia.
PAR. 2º.—La enumeración de garantías admisibles contemplada en este artículo no es taxativa; por lo tanto, serán garantías admisibles aquellas que, sin estar comprendidas en las clases enumeradas en este artículo, cumplan las características señaladas en el artículo anterior.
ART. 2.1.2.1.5.—(Modificado).* Seguridades no admisibles. No serán admisibles como garantías o seguridades para los propósitos de los títulos 2 y 3 del presente libro, aquellas que consistan exclusivamente en la prenda sobre el activo circulante del deudor o la entrega de títulos valores salvo, en este último caso, que se trate de la pignoración de títulos valores emitidos, aceptados o garantizados por instituciones financieras o entidades emisoras de valores en el mercado público.
*(Nota: Modificado por el Decreto 466 de 2016 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.2.1.6.—Operaciones computables. Para los efectos de los títulos 2 y 3 de este libro, se computarán dentro del cupo individual de crédito, además de las operaciones de mutuo o préstamo de dinero, la aceptación de letras, el otorgamiento de avales y demás garantías, la apertura de crédito, los préstamos de cualquier clase, la apertura de cartas de crédito, los descuentos y demás operaciones activas de crédito de los establecimientos de crédito.
(Modificado).* También computarán dentro del cupo individual de crédito las exposiciones netas en operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores y las exposiciones crediticias en operaciones con instrumentos financieros derivados.
*(Nota: Modificado el presente incisio por el Decreto 2219 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
PAR. 2º—Para determinar la exposición crediticia en operaciones con instrumentos financieros derivados serán aplicables las definiciones contenidas en el artículo 2.35.1.1.1 del presente decreto.
ART. 2.1.2.1.7.—Excepciones. Las siguientes operaciones no se computarán para establecer el cumplimiento de los cupos individuales de crédito:
2. Las operaciones que celebren las instituciones financieras en desarrollo de los programas de adecuación a que se refiere el artículo 2.1.2.1.14 del presente decreto.
3. Las que tengan origen en ventas a plazo de bienes de propiedad de la institución acreedora, cuyo monto sobrepase los porcentajes establecidos en los títulos 2 y 3 del presente libro y que tengan la autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia.
4. Las que realicen el Banco de la República o el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, como acreedores o garantes, con instituciones financieras.
5. Los créditos de consumo que se otorguen a través de tarjetas de crédito a personas naturales, siempre y cuando el monto del cupo de crédito no supere los diez millones de pesos ($ 10.000.000.00) del año 1994.
7. El exceso sobre los límites previstos en los títulos 2 y 3 del presente libro que se origine en la realización de operaciones activas de crédito con las entidades territoriales en desarrollo de acuerdos de reestructuración celebrados en los términos de la Ley 550 de 1999 o de la Ley 617 de 2000, siempre y cuando el mismo se encuentre respaldado con garantía de la Nación. En consecuencia, los créditos otorgados o que se otorguen a las entidades territoriales computarán para establecer los cupos de crédito previstos en este decreto, así cuenten con la garantía de la Nación, salvo aquella parte que constituya el exceso.
ART. 2.1.2.1.8.—Cupos individuales de instituciones financieras. Los cupos individuales de crédito previstos en los títulos 2 y 3 del presente libro podrán alcanzar hasta el treinta por ciento (30%) del patrimonio técnico del otorgante del crédito, tratándose de operaciones realizadas con instituciones financieras.
No obstante, las obligaciones a cargo de instituciones financieras por concepto de operaciones de redescuento con Finagro, Findeter y Bancóldex, no estarán sujetos a los límites de que trata este capítulo.
ART. 2.1.2.1.9.—Límites especiales. Las operaciones de crédito cuyo pago se garantice con una carta de crédito stand by expedida por una entidad financiera del exterior, podrán alcanzar hasta el cuarenta por ciento (40%) del patrimonio técnico del respectivo establecimiento de crédito. Si la entidad financiera del exterior que otorga la carta de crédito stand by es matriz o subordinada del establecimiento de crédito, las operaciones de crédito solamente podrán alcanzar hasta el treinta por ciento (30%) de dicho patrimonio.
Para efectos del límite a que se hace mención en el inciso anterior, la respectiva carta de crédito stand by deberá cumplir con las siguientes características:
a) Ser expedida por una entidad financiera del exterior cuya calificación de largo plazo más reciente, con base en los índices que determine la Superintendencia Financiera de Colombia, sea igual o superior a A o A2. La Superintendencia Financiera de Colombia determinará la forma de acreditar la calificación;
El incumplimiento a lo previsto en el presente artículo dará lugar a las sanciones correspondientes a la violación de las disposiciones sobre límites de crédito, las cuales serán impuestas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre la totalidad del exceso.
ART. 2.1.2.1.10.—Operaciones que se entienden realizadas con una misma persona jurídica. Para los efectos de los títulos 2 y 3 del presente libro se entenderán efectuadas con una misma persona jurídica, además de las operaciones realizadas con esta, las siguientes:
4. Las celebradas con personas jurídicas en las cuales, aquella o quienes la controlen, tengan una participación en el capital igual o superior al veinte por ciento (20%), siempre y cuando la entidad accionista como aquella de la cual es socia o asociada se encuentren colocadas bajo una dirección única o sus órganos de administración, de dirección o de control estén compuestos o se encuentren mayoritariamente controlados por las mismas personas.
PAR. 4º—Las personas jurídicas de derecho público y las entidades descentralizadas del sector público en sus diferentes órdenes no serán sujetos de la aplicación de lo previsto en el presente artículo.
ART. 2.1.2.1.11.—Acumulación en personas naturales. Se entenderán otorgadas a una misma persona natural, las siguientes operaciones:
2. Las celebradas con personas jurídicas respecto de las cuales la persona natural, su cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes indicados en el numeral anterior se encuentren en alguno de los supuestos de acumulación contemplados en el artículo 2.1.2.1.10 del presente decreto.
ART. 2.1.2.1.12.—Excepción a la acumulación. No será aplicable lo dispuesto en el artículo 2.1.2.1.10 del presente decreto cuando se trate de inversionistas institucionales o sociedades cuyo objeto principal y exclusivo sea la realización de inversiones en el mercado de capitales, previa autorización en cada caso de la Superintendencia Financiera de Colombia, siempre que se compruebe la existencia de las siguientes circunstancias entre las personas jurídicas cuyos créditos deben acumularse:
No será aplicable lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 2.1.2.1.11 cuando la persona natural respecto de la cual vaya a efectuarse la acumulación haya declarado previamente bajo juramento a la Superintendencia Financiera de Colombia que actúa bajo intereses económicos contrapuestos o independientes.
ART. 2.1.2.1.13.—Cupos para accionistas. El límite máximo consagrado en el inciso 2º del artículo 2.1.2.1.2 de este decreto será del veinte por ciento (20%) respecto de accionistas que tengan una participación, directa o indirecta en su capital, igual o superior a dicho porcentaje. Respecto de los demás accionistas, las normas de los títulos 2 y 3 del presente libro se aplicarán de la misma forma que a terceros.
El cómputo de obligaciones a cargo de una misma persona, cuando se trate de accionistas, se realizará en la misma forma indicada en los artículos anteriores con la salvedad de que no habrá lugar a las excepciones previstas en el artículo anterior y que se sumarán también las obligaciones contraídas por parientes dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
ART. 2.1.2.1.14.—Programas de adecuación. Las normas sobre límites de crédito previstas en este capítulo no se aplicarán a las prórrogas, novaciones y demás operaciones que celebren las instituciones financieras en desarrollo de programas de adecuación a los límites previstos en los títulos 2 y 3 del presente libro, de procesos de fusión o, en general, de solución a situaciones de concentración crediticia que se produzcan como resultado de su entrada en vigencia; dichos programas deberán ser aprobados y supervisados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Lo anterior sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por las infracciones cometidas con anterioridad al 26 de noviembre de 1993.
ART. 2.1.2.1.15.—Límites respecto de residentes en el exterior. En sus operaciones activas de crédito con las personas que tengan domicilio principal en el exterior, las instituciones financieras deberán contar con un concepto independiente, técnico y fundado sobre la existencia, titularidad e idoneidad de las garantías ofrecidas por el deudor, lo mismo que sobre la efectividad de tales garantías bajo la legislación respectiva, excepto cuando se trate de operaciones garantizadas específicamente por instituciones financieras del exterior, a que se refiere el artículo 2.1.2.1.9 de este decreto.
ART. 2.1.2.1.16.—Cupos de crédito en forma consolidada. Los establecimientos de crédito que tengan filiales en el exterior deberán consolidar con estas sus operaciones de crédito individuales. Por lo tanto, las entidades matrices no podrán efectuar operaciones de crédito con una misma persona natural o jurídica que, incluyendo las operaciones realizadas por sus filiales, excedan de los porcentajes y límites máximos establecidos en este capítulo.
En este caso, los límites respectivos se aplicarán respecto del patrimonio técnico de las entidades respectivas calculado con base en balances consolidados de acuerdo con las reglas que dicte al respecto la Superintendencia Financiera de Colombia.
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los límites establecidos en forma consolidada constituirán los límites máximos autorizados para el otorgamiento de crédito a los accionistas respecto de entidades que conforme a los títulos 2 y 3 del presente libro deban consolidar sus riesgos individuales.
ART. 2.1.2.1.17.—Cupos de crédito de otras entidades. Lo dispuesto en el presente capítulo será aplicable a las demás entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. En tal caso, el nivel adecuado de patrimonio que reflejen para dar cumplimiento a las normas de solvencia vigentes para cada tipo de entidad se considerará como patrimonio técnico.
ART. 2.1.2.1.18.—Créditos concedidos a la Nación. Los créditos concedidos a la Nación, cuyos plazos no sean mayores a ciento ochenta (180) días, no se tendrán en cuenta para establecer los límites de que tratan los títulos 2 y 3 del presente libro.
(Nota: Véase Decreto 2103 de 2016 artículo 19 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.3.1.1.—Concentración de riesgos. Además de los límites de concentración de crédito fijados en el capítulo I del título 2 del presente libro, establécense también límites de concentración de riesgos a los establecimientos de crédito. Para este efecto, se computarán como riesgos las operaciones activas de crédito en los términos del capítulo I del título 2 del presente libro, los activos entregados en arrendamiento financiero o leasing a la misma persona natural o jurídica conforme a las mismas reglas de dicho capítulo, lo mismo que las inversiones en acciones o participaciones en las empresas deudoras o en bonos u otros títulos negociables en el mercado emitidos por las mismas.
PAR. 2º—(Modificado).* Con respecto a los valores recibidos en desarrollo de las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, estos computarán por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su valor, salvo cuando estos se hayan recibido por virtud de operaciones con la Nación o el Banco de la República, en cuyo caso tales valores no computarán.
*(Nota: Modificado por el Decreto 2219 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.3.1.2.—Límite de concentración de riesgos. El límite de concentración de riesgos de que trata el artículo anterior será equivalente al treinta por ciento (30%) del patrimonio técnico del respectivo establecimiento, excepto en el caso de las corporaciones financieras que será del treinta y cinco por ciento (35%) del patrimonio técnico.
Para las operaciones de crédito realizadas en los términos del artículo 2.1.2.1.9 del presente decreto, el límite de concentración de riesgos será equivalente al cuarenta por ciento (40%) del patrimonio técnico del respectivo establecimiento de crédito.
ART. 2.1.3.1.3.—Información a la Superintendencia Financiera de Colombia. Toda situación de concentración de riesgo superior al diez por ciento (10%) del patrimonio técnico, que se produzca de acuerdo con las normas de los títulos 2 y 3 del presente libro , cualquiera que sean las garantías existentes, deberá ser reportada trimestralmente a la Superintendencia Financiera de Colombia.
ART. 2.1.3.1.4.—Volumen máximo de situaciones de concentración de riesgo. Los establecimientos de crédito no podrán mantener situaciones de concentración de riesgo a que se refiere el artículo anterior que en su conjunto excedan de ocho (8) veces su patrimonio técnico.
ART. 2.1.3.1.5.—Sanciones. El incumplimiento de las normas sobre concentración de riesgos previstas en el presente título dará lugar a la imposición de las sanciones a que se refieren los artículos 209 y 211 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
ART. 2.1.3.1.6.—Definición de patrimonio técnico. Para efectos de la aplicación de lo previsto en los títulos 2 y 3 del presente libro, se considerará como patrimonio técnico el definido como tal para el cumplimiento de las normas sobre niveles adecuados de patrimonio.
Además, el patrimonio técnico será el calculado con base en el último balance mensual que se haya transmitido a la Superintendencia Financiera de Colombia. En el evento de que no se produzca la transmisión oportunamente y la información contable disponible por la entidad indica que el patrimonio técnico inferior al último transmitido a la Superintendencia Financiera de Colombia, deberá tomarse en cuenta para los títulos 2 y 3 del presente libro dicha, información contable.
Publicación de información relacionada con los sistemas abiertos de tarjetas debito y crédito
ART. 2.1.4.1.1.—Definiciones. Para los efectos de este título se adoptan las siguientes definiciones:
d) Tarifa interbancaria de intercambio: es la comisión establecida a favor de los establecimientos de crédito emisores y a cargo de los establecimientos de crédito adquirentes;
f) Sistema abierto de tarjetas: es el sistema de pagos de bajo valor en el cual actúan como participantes, tanto establecimientos de crédito emisores como establecimientos de crédito adquirentes, así como entidades administradoras de tales sistemas.
ART. 2.1.4.1.2.—Información a los usuarios de los sistemas abiertos de tarjetas débito y crédito. Las entidades administradoras de sistemas abiertos de tarjetas deberán publicar, en las páginas económicas de un diario de amplia circulación nacional, con una periodicidad trimestral y referida al respectivo trimestre, la siguiente información:
PAR. 4º—Para los efectos previstos en el presente artículo, los trimestres se calcularán entre el 1º de enero y el 31 de marzo, el 1º de abril y el 30 de junio, el 1º de julio y el 30 de septiembre y el 1º de octubre y el 31 de diciembre de cada año. La información de cada trimestre se deberá publicar dentro de los 20 días calendario del mes siguiente al respectivo corte trimestral.
ART. 2.1.4.1.3.—Publicación. La información prevista en el título decreto deberá ser enviada por las entidades administradoras de sistemas abiertos de tarjetas a la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con lo que esa entidad establezca para el efecto.
Sin perjuicio de lo previsto en el presente título, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá publicar u ordenar la publicación de la información prevista en el presente artículo, por los medios que considere pertinentes, con el propósito de promover la competencia y la protección del consumidor.
Indicadores de deterioro financiero
ART. 2.1.5.1.1.—Indicadores. Los indicadores que se describen en este título son los que permiten inferir un deterioro efectivo o potencial en la situación financiera de los establecimientos de crédito sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Tal deterioro dará lugar a que se adopten los programas de recuperación previstos en el numeral 6º del artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Los programas de recuperación adoptados en los términos de este decreto, son de obligatorio cumplimiento para los establecimientos de crédito sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
ART. 2.1.5.1.2.—Relación de indicadores. Los indicadores que permiten inferir la situación de deterioro financiero son:
Comportamiento de la relación de solvencia. Cuando un establecimiento de crédito presente, en tres (3) meses consecutivos, defectos en la relación de solvencia, la cual se define en los términos del capítulo I del título 1 del presente libro, tal institución financiera deberá ejecutar un programa de recuperación, de acuerdo con los términos indicados en este título. Sin embargo, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá ordenar la iniciación del procedimiento previsto en el artículo 2.1.5.1.5 y, en consecuencia será obligatoria la ejecución del programa de recuperación, si el defecto se presenta en dos (2) meses consecutivos.
Incumplimiento del requerimiento legal del encaje. Cuando en dos oportunidades consecutivas, o en tres oportunidades dentro un plazo de tres (3) meses, un establecimiento de crédito presente defectos en los promedios diarios en la posición bisemanal de encaje que está obligado a mantener, según las disposiciones dictadas por la Junta Directiva del Banco de la República, tal establecimiento de crédito deberá ejecutar un programa de recuperación de acuerdo con los términos indicados en este título.
Calificación de gestión. Para los exclusivos fines de este decreto la calificación de la gestión desarrollada por un establecimiento de crédito se efectuará a partir de la identificación de prácticas de gestión que pongan en peligro su situación de solvencia o liquidez. La Superintendencia Financiera de Colombia, en uso de las facultades de supervisión, prevención y sanción que le otorga el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, especialmente los numerales 4 y 5 del artículo 326, identificará las prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras que darán lugar a que la respectiva entidad deba ejecutar un programa de recuperación, de acuerdo con los términos indicados en este título.
ART. 2.1.5.1.3.—Programa de recuperación. Para los efectos de este título se define como programa de recuperación la medida adoptada por la Superintendencia Financiera de Colombia encaminada a evitar que el respectivo establecimiento de crédito incurra en causal de toma de posesión o para subsanarla.
ART. 2.1.5.1.4.—Iniciación de procedimiento. En caso de que, bajo fundadas razones, la Superintendencia Financiera de Colombia prevea que en algún establecimiento de crédito se pueda llegar a presentar cualquiera de los eventos descritos en los numerales 2.1 o 2.2 del artículo 2.1.5.1.2 de este decreto, podrá ordenar la iniciación del procedimiento previsto en el artículo 2.1.5.1.5 y, en consecuencia, será obligatoria la ejecución de un programa de recuperación con arreglo a lo establecido en el presente título.
ART. 2.1.5.1.5.—Procedimiento. Una vez la Superintendencia Financiera de Colombia establezca la existencia de cualquiera de los eventos descritos en el artículo 2.1.5.1.2 o se den los supuestos previstos en el artículo 2.1.5.1.4, se deberá seguir el siguiente procedimiento encaminado a la adopción del programa de recuperación:
1. La Superintendencia Financiera de Colombia informará por escrito la iniciación del procedimiento por encontrarse el respectivo establecimiento de crédito dentro de uno cualquiera de los eventos descritos en el 2.1.5.1.2 o dentro de los supuestos previstos en el artículo 2.1.5.1.4.
2. El establecimiento de crédito, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación prevista en el numeral anterior, deberá presentar una propuesta de programa de recuperación. Tal propuesta deberá estar dirigida a subsanar de manera eficaz las causas que dan origen al deterioro financiero inferido a partir de la existencia de los eventos descritos en el artículo 2.1.5.1.2 de este decreto, o de los supuestos previstos en el artículo 2.1.5.1.4 y deberá consistir en una o en varias de las medidas indicadas en el artículo 2.1.5.1.3.
3. La Superintendencia Financiera de Colombia, dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha en que le sea presentada la propuesta de programa de recuperación, la aprobará, la rechazará por considerarla no viable, o le formulará las observaciones o correcciones que estime pertinentes. En caso de aprobación, dentro del mismo plazo, la Superintendencia Financiera de Colombia adoptará formalmente el programa de recuperación que el establecimiento de crédito debe ejecutar.
4. En caso de que la propuesta de programa de recuperación sea rechazada o se le hayan formulado observaciones o correcciones, el establecimiento de crédito, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que le sea informada la situación prevista en el numeral anterior, deberá presentar una nueva propuesta en la cual se hayan atendido de manera completa y suficiente las observaciones formuladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
5. La Superintendencia Financiera de Colombia, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la nueva propuesta de programa de recuperación, lo aprobará o rechazará de manera definitiva.
6. En caso de rechazo la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro del plazo indicado en el numeral anterior, adoptará el programa de recuperación que el establecimiento de crédito debe ejecutar, el cual comprenderá una o varias de las medidas previstas en el artículo 2.1.5.1.3 de este decreto.
7. Si la Superintendencia Financiera de Colombia encuentra adecuada la nueva propuesta de programa planteada por el respectivo establecimiento de crédito, adoptará formalmente el programa de recuperación dentro del mismo plazo previsto en el numeral 5º de este artículo.
PAR.—Si el establecimiento de crédito detecta que se encuentra dentro de uno cualquiera de los eventos descritos en los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2.1.5.1.2, deberá informar inmediatamente de tal situación a la Superintendencia Financiera de Colombia para que se inicie el procedimiento establecido en este artículo. La omisión de este deber configurará automáticamente el evento descrito en el numeral 2.3 del artículo 2.1.5.1.2 y, en consecuencia, será obligatoria la ejecución de un programa de recuperación con arreglo a lo establecido en el presente título. Esto, sin perjuicio de las demás medidas que pueda tomar la Superintendencia Financiera de Colombia por tal omisión de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1.5.1.8.
ART. 2.1.5.1.6.—Plazo. Los programas de recuperación previstos en este decreto tendrán el plazo para su ejecución que en cada caso en particular determine la Superintendencia Financiera de Colombia, Tal plazo no podrá ser superior a ciento cincuenta días prorrogables a juicio de la Superintendencia Financiera de Colombia por una sola vez.
ART. 2.1.5.1.7.—Incumplimiento del programa. El incumplimiento del programa de recuperación podrá dar lugar a la aplicación del literal j) del numeral 1º del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
ART. 2.1.5.1.8.—Efectos de la adopción del programa. La adopción de los programas de recuperación que deban ejecutar los establecimientos de crédito, así como las funciones que se establecen en este decreto a la Superintendencia Financiera de Colombia, se deben entender sin perjuicio ni menoscabo de las funciones o atribuciones que la ley u otros reglamentos le otorgan a tal Superintendencia para el cumplimiento de sus funciones.
Servicios financieros a través de corresponsales
ART. 2.1.6.1.1.—Servicios prestados por medio de corresponsales. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 92 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los establecimientos de crédito podrán prestar los servicios a que se refiere el artículo 2.1.6.1.2 del presente decreto, bajo su plena responsabilidad, a través de terceros corresponsales conectados a través de sistemas de transmisión de datos, quienes actuarán en todo caso por cuenta del establecimiento de crédito en los términos del presente título y del título 7 del presente libro.
ART. 2.1.6.1.2.—(Modificado).* Modalidades de servicios. Los establecimientos de crédito podrán prestar, por medio de corresponsales, uno o varios de los siguientes servicios, de acuerdo con las operaciones autorizadas conforme a su régimen legal:
*(Nota: Modificado por el Decreto 4802 de 2010 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.6.1.3.—Contenido de los contratos. Los contratos celebrados entre los establecimientos de crédito y los corresponsales deberán contener, como mínimo, lo siguiente:
*(Nota: Modificado el presente numeral por el Decreto 4802 de 2010 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
1. Operar cuando se presente una falla de comunicación que impida que las transacciones se puedan realizar en línea con el establecimiento de crédito correspondiente.
5. Prestar servicios financieros por cuenta propia. Se deberá incluir la advertencia que la realización de tales actividades acarreará las consecuencias previstas en el artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en las demás normas penales pertinentes.
ART. 2.1.6.1.4.—Información a los clientes y usuarios. La siguiente información deberá indicarse a través de un aviso fijado en un lugar visible al público en las instalaciones del corresponsal:
PAR.—La información a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo deberá indicarse, además, en la papelería y en general en la documentación diligenciada por el corresponsal.
ART. 2.1.6.1.5.—Calidades de los corresponsales. Podrá actuar como corresponsal cualquier persona natural o jurídica que, a través de instalaciones propias o de terceros, atienda al público, siempre y cuando su régimen legal u objeto social se lo permita.
La Superintendencia Financiera de Colombia podrá señalar, por medio de instructivo general, las condiciones que deberán cumplir los corresponsales para asegurar que cuenten con la debida idoneidad moral, así como con la infraestructura física, técnica y de recursos humanos adecuada para la prestación de los servicios financieros acordados con el respectivo establecimiento de crédito. En todo caso, el corresponsal o su representante legal, cuando se trate de una persona jurídica, no podrán estar incursos en las hipótesis a que se refieren los literales a) y b) del inciso 3º del numeral 5º del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
ART. 2.1.6.1.6.—Obligaciones de los establecimientos de crédito. Los establecimientos de crédito deberán:
4. Abstenerse de delegar en los corresponsales la toma de las decisiones sobre la celebración de contratos con clientes, sin perjuicio de la labor de recolección de documentación e información a que se refiere el parágrafo 1 del artículo 2.1.6.1.2 del presente decreto.
ART. 2.1.6.1.7.—Autorización. Los establecimientos de crédito deberán enviar a la Superintendencia Financiera de Colombia para su aprobación, de forma previa a su celebración, los modelos de contratos con los corresponsales, así como cualquier modificación.
En todo caso, los establecimientos de crédito deberán mantener a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia la información completa y actualizada de los corresponsales y de los contratos celebrados con ellos, en su domicilio principal.
La Superintendencia Financiera de Colombia señalará las instrucciones que los establecimientos de crédito deben seguir para la administración de los riesgos implícitos en la prestación de servicios a través de corresponsales, en particular los riesgos operativo y de lavado de activos, incluyendo las especificaciones mínimas que deberán tener los medios electrónicos que se utilicen para la prestación de los servicios, tanto en lo relacionado con la transmisión de la información como con los terminales electrónicos. Así mismo, la Superintendencia Financiera de Colombia señalará las instrucciones pertinentes para la realización de las distintas operaciones previstas en el artículo 2.1.6.1.2 del presente decreto.
ART. 2.1.6.1.8.—Ejercicio ilegal de la actividad financiera y captación masiva y habitual de dineros. En caso de que el corresponsal realice por cuenta propia operaciones exclusivas de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, se hará acreedor a las medidas y sanciones previstas en el artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en las demás normas penales pertinentes.
Inversiones en sociedades de servicios técnicos y administrativos para la prestación de los servicios de corresponsales
ART. 2.1.7.1.1.—Inversión en sociedades de servicios técnicos y administrativos. Los establecimientos de crédito podrán invertir en sociedades de servicios técnicos y administrativos, cuyo objeto social consista en la prestación de los servicios de corresponsales a que se refiere el título 6 del presente libro, incluido el procesamiento, transmisión, registro y demás gestión de los datos relacionados con dichas actividades, siempre y cuando tales sociedades no comprendan dentro de su objeto social actividades diferentes a las permitidas a las sociedades de servicios técnicos y administrativos.
ART. 2.1.8.1.1.—Autorización para realizar operaciones de administración. Los establecimientos de crédito podrán realizar las siguientes operaciones de administración, siempre y cuando los respectivos bienes y derechos se hayan originado en operaciones que puedan realizar en desarrollo de su objeto social:
1. Los contratos y activos de cualquier clase, inclusive los propios, originados en operaciones autorizadas a los establecimientos de crédito, que a cualquier título hubieren sido enajenados en forma definitiva e irrevocable por estas instituciones.
2. Los bienes recibidos en dación en pago o los bienes dados en leasing que le hayan sido restituidos a la respectiva entidad. En estos eventos no se requiere que el establecimiento de crédito que administrará los activos contemple dentro de su objeto social las operaciones que dieron origen a la dación en pago de los bienes materia de administración ni la realización de operaciones de leasing.
3. La cartera de créditos de vivienda otorgados por las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito, las cajas de compensación familiar y los fondos de empleados, en los términos del presente título y bajo las siguientes condiciones:
a) La administración de la cartera por parte de una entidad distinta a la originadora en virtud de las operaciones de que trata el presente título, no afectará las facultades de inspección, vigilancia y control de la superintendencia encargada de la vigilancia de la respectiva caja de compensación, cooperativa de ahorro y crédito, cooperativa multiactiva o fondo de empleados. En consecuencia, la respectiva superintendencia podrá solicitar la información que estime necesaria, adelantar visitas y demás tareas relacionadas con la labor de supervisión. El establecimiento de crédito deberá permitir y facilitar la acción supervisora de la autoridad encargada de la vigilancia de la entidad originadora;
b) En los casos en que la entidad originadora deba cumplir con normas sobre calificación y clasificación de cartera, en el convenio que instrumente la administración por parte del respectivo establecimiento de crédito, se deberá prever que este se encargará de dar cumplimiento a las normas sobre la materia, incluyendo el reporte oportuno a las centrales de riesgo;
c) Las provisiones a que haya lugar, deberán ser calculadas e informadas por parte del administrador a la entidad titular de la cartera con el fin de que esta las registre en su balance. El establecimiento de crédito deberá enviar una copia de la respectiva comunicación a la superintendencia encargada de la vigilancia de la entidad originadora de los créditos bajo su administración;
d) El sistema de atención al público del establecimiento de crédito interesado en administrar cartera de vivienda, deberá contar con los mecanismos de información y solución necesarios para atender oportuna y suficiente las quejas e inquietudes de los deudores.
PAR.—Los establecimientos de crédito que pretendan adelantar cualquiera de las operaciones señaladas en el presente artículo, deberán celebrar un contrato de administración de carácter no fiduciario en el cual se establezcan claramente las condiciones y términos bajo los cuales se prestará el servicio. En todo caso, la entrega de la administración no eximirá de responsabilidad a la entidad originadora por la debida atención a sus deudores, así como por el cumplimiento de las normas que rigen las diferentes actividades relacionadas con la cartera.
ART. 2.1.8.1.2.—Límites temporales para bienes recibidos en pago o bienes dados en leasing restituidos. Cuando los activos a que se hace mención en el artículo anterior correspondan a bienes recibidos en dación en pago o a bienes dados en leasing que hayan sido restituidos, la administración de los mismos no podrá contratarse por plazos superiores a dos años, a menos que dicha administración esté contemplada dentro de planes de recuperación o de desempeño autorizados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, o por la Superintendencia Financiera de Colombia. Igualmente, la administración podrá contratarse por un plazo mayor en aquellos casos en los cuales la Superintendencia Financiera de Colombia lo autorice, con carácter particular.
ART. 2.1.9.1.1.—Objeto del contrato de ahorro programado para la compra de vivienda con derecho real de habitación. Los establecimientos de crédito están autorizados para suscribir contratos de ahorro programado cuyo objeto sea que los clientes hagan un ahorro que les permita a la finalización del contrato el pago de la cuota inicial de una vivienda y durante el plazo del mismo ocupar la vivienda, propiedad del establecimiento de crédito, en ejercicio del derecho real de habitación previsto en el contrato.
ART. 2.1.9.1.2.—Condiciones del contrato. Los contratos de ahorro programado para la compra de vivienda que se celebren de conformidad con lo dispuesto por este título deberán cumplir las siguientes condiciones:
7. Establecer el derecho real de habitación sobre el inmueble escogido por el ahorrador en los términos previstos en el artículo 2.1.9.1.4 de este decreto.
8 Establecer que a la finalización del contrato, el ahorrador tendrá la opción de compra del inmueble en las condiciones fijadas en el artículo 2.1.9.1.5 del presente decreto.
ART. 2.1.9.1.3.—Determinación del valor del inmueble. Cuando el cliente haya escogido el inmueble respecto al cual desea suscribir el contrato de ahorro programado, se deberá realizar un avalúo técnico del mismo atendiendo las reglas establecidas en los decretos 422 y 466 de 2000 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, cuyo costo será asumido por partes iguales entre el establecimiento de crédito y el cliente. En caso de existir un avalúo cuya fecha de realización no sea superior a seis (6) meses, el mismo podrá utilizarse para determinar el valor del inmueble y no será necesario practicar uno nuevo.
El establecimiento de crédito podrá encargar la realización de avalúos anuales del inmueble, cuyo costo será asumido en su totalidad por este, para efectos de establecer el valor máximo de la contraprestación que puede cobrarse y de ajustar el monto del ahorro programado.
Para estos efectos, la calidad de persona natural o jurídica relacionada o vinculada directa o indirectamente se establecerá especialmente con base en los criterios consignados en los artículos 2.1.2.1.10, 2.1.2.1.11 y 2.1.2.1.12 del presente decreto y 26, 27 y 28 de la Ley 222 de 1995.
Así mismo, se entenderá que la relación o vinculación se predicará tanto de los accionistas y de los administradores de los establecimientos de crédito como de las personas naturales o jurídicas a ellos vinculadas o relacionadas, previa aplicación de las reglas de acumulación previstas en los títulos 2 y 3 del presente libro.
ART. 2.1.9.1.4.—Derecho real de habitación. El derecho real de habitación que se establecerá en el contrato de ahorro programado para la adquisición de vivienda se sujetará a lo dispuesto en los siguientes numerales:
1. Una vez suscrito el contrato, el establecimiento de crédito entregará al ahorrador el inmueble escogido por este, el cual deberá estar en condiciones de ser habitado y al día en el pago de servicios públicos y administración.
En ningún caso el valor de la contraprestación podrá ser superior al cero punto ocho por ciento (0.8%) del valor del inmueble, establecido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2.1.9.1.3 del presente decreto.
5. En caso de que el ahorrador quiera hacer mejoras útiles al inmueble deberá contar con la autorización expresa y escrita del establecimiento de crédito con el cual tiene suscrito el contrato, permiso que no podrá ser negado salvo por causas razonables. En caso de terminación del contrato sin que el ahorrador ejerza la opción de compra, este tendrá derecho a retirar las mejoras autorizadas siempre y cuando con ello no deteriore el inmueble y lo deje en las mismas condiciones en que lo recibió. Si no fuere posible retirar las mejoras sin deterioro del inmueble, las mismas se dejarán en el mismo. El establecimiento de crédito únicamente estará obligado a compensar al ahorrador el valor de las mejoras útiles cuando en la carta que autoriza la realización de las mismas se haya comprometido a efectuar el pago correspondiente.
7. En caso de incumplimiento en el pago de las sumas previstas en los numerales 2 y 3 de este artículo, los establecimientos de crédito podrán compensar las sumas adeudadas con el valor ahorrado en la cuenta de ahorro programado. Queda expresamente prohibido a los establecimientos de crédito pactar la compensación automática del valor ahorrado con las sumas debidas por conceptos diferentes a los previstos en los numerales citados.
ART. 2.1.9.1.5.—Opción de compra. A la terminación del contrato de ahorro programado de que trata el presente título el ahorrador tendrá derecho a ejercer la opción de compra.
El ahorrador deberá suscribir la escritura pública de compraventa del inmueble dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en la cual la misma se encuentre lista para su firma en la notaría correspondiente. En caso de que venza el plazo sin que el ahorrador firme la escritura, se entenderá que este desiste de realizar la compra y deberá restituir el inmueble al establecimiento de crédito.
a) Utilizar recursos propios para completar el treinta por ciento (30%) del valor de la opción de compra o el veinte por ciento (20%) de la misma cuando se trate de vivienda de interés social;
ART. 2.1.9.1.6.—Restitución del depósito. En el evento que el ahorrador no ejerza la opción de compra o no pueda ejercerla por no contar con los recursos propios o la financiación necesaria para el pago de la misma, este tendrá derecho a que el establecimiento de crédito le restituya el monto de su ahorro más los intereses causados hasta la fecha en que le sea restituido su ahorro.
ART. 2.1.9.1.7.—Preferencia sobre inmuebles entregados en dación en pago. Cuando dos o más personas manifiesten al establecimiento de crédito su intención de celebrar un contrato de los previstos en el presente título respecto de un inmueble, aquella que lo hubiese entregado a título de dación en pago tendrá preferencia para la suscripción siempre y cuando su capacidad de pago se lo permita.
ART. 2.1.9.1.8.—Inmuebles que pueden ser objeto de los contratos de ahorro programado con opción de compra. Únicamente podrán celebrarse contratos en los términos del presente título en relación con inmuebles que sean destinados a la vivienda del ahorrador.
ART. 2.1.9.1.9.—Personas que pueden suscribir estos contratos. Los contratos de que trata el presente título solo podrán suscribirse entre establecimientos de crédito y personas naturales.
Otorgamiento de crédito para la adquisición de acciones de entidades financieras en proceso de privatización
ART. 2.1.10.1.1.—Créditos para la adquisición de acciones de entidades financieras en proceso de privatización. Los establecimientos de crédito que otorguen créditos para la adquisición de acciones de entidades financieras en proceso de privatización, podrán aceptar como garantía las acciones así adquiridas, siempre y cuando el deudor sea una de las personas a que se refiere el artículo 60 de la Constitución Política.
ART. 2.1.10.1.2.—Cobertura de la garantía. En los casos previstos en el artículo anterior, el valor de las acciones para efectos de determinar la cobertura de la garantía, será el precio mínimo de venta fijado en el decreto que apruebe el respectivo programa de privatización.
Mejoras y finalización de proyectos de construcción sobre bienes inmuebles
ART. 2.1.11.1.1.—Operación complementaria de los establecimientos de crédito. Los establecimientos de crédito podrán, como operación complementaria de su objeto social, realizar mejoras o finalizar proyectos de construcción sobre bienes inmuebles que hubieren recibido o se les hubiere adjudicado por el pago de deudas previamente contraídas en el curso de sus negocios, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los recursos destinados a la realización de las mejoras o a la finalización de los proyectos de construcción más la totalidad de las inversiones en sociedades filiales y demás inversiones de capital autorizadas, diferentes de aquellas que efectúen los establecimientos de crédito en cumplimiento de disposiciones legales, no podrán exceder en todo caso del cien por ciento (100%) de la suma de capital, reservas patrimoniales y saldo existente en la cuenta de revalorización del patrimonio del respectivo establecimiento de crédito, excluidos los activos fijos sin valorizaciones y descontadas las pérdidas acumuladas;
Otorgamiento de garantías o avales
ART. 2.1.12.1.1.—Autorización para otorgar garantías o avales. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento solo podrán otorgar garantías o avales destinados a respaldar las obligaciones que expresamente se determinan a continuación:
a) Obligaciones a favor de entidades del sector público, de entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, o de asociaciones gremiales de productores debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional;
c) Obligaciones derivadas del otorgamiento de cartas de crédito stand by;
d) Obligaciones derivadas de la emisión y colocación de papeles comerciales mediante oferta pública previamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia;
ART. 2.1.12.1.2.—Aplicación de las normas sobre límites de crédito y margen de solvencia. Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará sin perjuicio de las normas contenidas en las disposiciones sobre límites de crédito, lo mismo que en las relativas a margen de solvencia.
ART. 2.1.12.1.3.—Seguros de crédito. Las compañías de seguros debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia podrán continuar otorgando todos aquellos amparos que de conformidad con las normas legales y reglamentarias pueden ofrecer las compañías de seguros, en particular otorgar seguros de crédito en sus distintas modalidades.
ART. 2.1.13.1.1.—Operaciones con derivados. Los establecimientos de crédito están autorizados para realizar operaciones con derivados.
ART. 2.1.14.1.1.—Prioridad de los deudores de créditos de vivienda que hayan entregado su inmueble en dación de pago de su crédito. De conformidad con el literal n), numeral 1º del artículo 7º, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero modificado por el artículo 1º de la Ley 795 de 2003, los deudores individuales de vivienda que hayan entregado en dación en pago su vivienda, tendrán la posibilidad de optar por el leasing habitacional y los establecimientos bancarios deberán ofrecer el contrato, siempre y cuando tengan capacidad de pago, en los siguientes términos:
b) Si el establecimiento bancario enajenó o prometió en venta a favor de un tercero diferente del titular, podrá ofrecerle a este otro inmueble de su propiedad, con el propósito de realizar la operación de leasing habitacional en las mismas condiciones señaladas en la ley.
PAR.—La prioridad prevista en el presente Artículo operará solo para las daciones en pago formalizadas totalmente hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley 795 de 2003. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de los establecimientos bancarios para celebrar contratos de leasing habitacional sobre bienes que reciban en pago con sus antiguos propietarios.
(Nota: Adicionado por el Decreto 4687 de 2011 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Nota: Adicionada la denominación del presente capitulo por el Decreto 1491 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.15.1.1.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 4687 de 2011 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
*(Nota: Modificado por el Decreto 1491 de 2015 artículo 2° del del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Nota: Modificado el inciso primero del presente artículo por el Decreto 2076 de 2017 artículo 1° del del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.15.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 4687 de 2011 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.15.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 4687 de 2011 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.15.1.4.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 4687 de 2011 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
*(Nota: Modificado por el Decreto 1491 de 2015 artículo 3° del del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Nota: Adicionado por el Decreto 1491 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.15.2.1.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1491 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.15.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1491 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.15.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1491 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.15.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1491 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.15.2.5.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 1491 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
*(Nota: Modificado el inciso primero del presente artículo por el Decreto 2076 de 2017 artículo 2° del del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.15.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1491 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.15.3.2.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 1491 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
*(Nota: Modificado por el Decreto 2076 de 2017 artículo 3° del del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Nota: Adicionado por el Decreto 2654 de 2014 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.16.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2654 de 2014 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.16.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2654 de 2014 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.16.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2654 de 2014 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.16.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2654 de 2014 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(Nota: Adicionado por el Decreto 953 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.17.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 953 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.17.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 953 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.17.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 953 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.17.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 953 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.17.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 953 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.17.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 953 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.17.1.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 953 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.17.1.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 953 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.17.1.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 953 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.17.1.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 953 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.17.1.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 953 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2.1.17.1.12.—(Nota: Adicionado por el Decreto 953 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)