Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2016-00510-de-septiembre-22-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_bffdaadd05b048b9a292749b9d82df36&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-18 15:46:50
Document Index: 116359007

Matched Legal Cases: ['artículo 104', 'artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 91', 'artículo 94', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 2', 'artículo 649', 'artículo 577', 'artículo 89']

﻿ SENTENCIA 2016-00510 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2016
SENTENCIA 2016-00510 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:CORRECCIÓN DE CÉDULA DE CIUDADANÍA Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA. SE ACLARA QUE CUANDO SE PRESENTA UNA NEGATIVA DE CORREGIR A TRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA EL ERROR QUE SE PRESENTA EN EL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO, SON VULNERADOS LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA PERSONALIDAD JURÍDICA YA SE ESTARÍA PORTANDO UN DOCUMENTO CUYA INFORMACIÓN NO SE AJUSTA A LA REALIDAD. ASÍ MISMO, SE RESALTA QUE EL MECANISMO IDÓNEO PARA CORREGIR EL ERROR PLASMADO EN EL REGISTRO CIVIL, ES LA ESCRITURA PÚBLICA, POR CUANTO SE TRATA DE UNA INCONSISTENCIA QUE DE MODIFICARSE, NO ALTERA EL ESTADO CIVIL, POR EL CONTRARIO AJUSTA SU INSCRIPCIÓN A LA REALIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHOS FUNDAMENTALES, ESCRITURA PÚBLICA, CÉDULA DE CIUDADANÍA, RECTIFICACIÓN DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, DERECHO A LA PERSONERÍA JURÍDICA, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, PERSONALIDAD JURÍDICA
Sentencia 2016-00510 de septiembre 22 de 2016
Radicación: 50001-23-33-000-2016-00510-01(AC)
Actor: Jaime Rozo Palacios
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil, seccional Acacías (Meta)
Procede la Sala a decidir la impugnación, oportunamente interpuesta por el actor, contra el fallo de 26 de julio de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Meta.
El señor Jaime Rozo Palacios, por intermedio de apoderado, presentó acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil - Seccional Acacías (Meta), para buscar la protección de sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica y de petición.
Manifestó que cuando era niño migró a la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), y sus documentos de identidad eran la tarjeta de identidad y el pasaporte colombiano.
Adujo que al cumplir la mayoría de edad, se dirigió a la Embajada de Colombia en su país de residencia, con el fin de adelantar los trámites correspondientes para la expedición de su documento de identidad. Aseguró que en dicha entidad le informaron que tenía que esperar 2 años.
Indicó que en atención a que necesitaba viajar a Colombia, se acercó a la embajada para reclamar su documento de identidad, en donde le informaron que su identificación aún no se encontraba lista.
Sostuvo que una vez llegó a la ciudad de Armenia (Quindío), y como no tenía otra forma de identificarse además del pasaporte, se acercó a la registraduría de esa ciudad para obtener información de su documento de identidad. Allí le aseguraron que no existía ninguna solicitud que comprobara que hubiese tramitado la expedición de su cédula a través de la embajada colombiana en el exterior. En consecuencia, solicitó la emisión de su documento de identidad nuevamente pero en esa ciudad.
Sostuvo que la Registraduría del Estado Civil - Seccional Armenia, expidió la cédula de ciudadanía a su nombre, para lo cual le asignó el cupo numérico 7.556.281.
Añadió que al cabo de unos años, se le extravió su documento de identidad, razón por la que le solicitó a la registraduría de Bogotá el duplicado de su cédula.
Anotó que una vez se acercó a reclamar el documento, le informaron que había sido cedulado dos veces, para lo cual le enseñaron la contraseña que le había sido expedida en la Embajada de Colombia en Estados Unidos. Al respecto, contestó al registrador que no tenía la culpa de que la seccional de Armenia no tuviese información sobre la solicitud que realizó en la embajada.
Aseguró que el registrador de Bogotá, en atención a lo anterior, decidió expedir otro documento de identidad con los siguientes datos: Jaime Rozo Palacios, nacido el 27 de abril de 1959, e identificado con el cupo numérico 79.377.115 de la ciudad de Bogotá.
Manifestó que posteriormente, se mudó a la ciudad de Acacías (Meta), que es donde reside en la actualidad. Allí, solicitó copia de su registro civil y encontró que figuraba con el nombre de James Rozo Céspedes, con fecha de nacimiento el 5 de mayo de 1959, cuya información no coincidía con su cédula de ciudadanía actual. Además señaló lo siguiente:
“... que el nombre de mi madre no figuraba el que tuvo al casarse con mi padre que es Aurora Emma Rozo de Palacios sino figuraba como Aurora Céspedes P. nombre que tenía cuando era soltera y además que el nombre de Emma no estaba en el registro, pero que sí figura en la cédula de ciudadanía”.
Adujo que en virtud de lo anterior, solicitó ante la Notaría Primera del Círculo de Villavicencio la corrección de la información referida en precedencia, por lo que fue suscrita la escritura pública 1505 de 1º de abril de 2014, en la que se rectificó, adicionó y cambió el nombre en su registro civil. Asimismo, aseguró que no le fue posible, en dicha oportunidad, corregir la fecha de su nacimiento, pues le informaron que la ley no lo permitía.
Sostuvo que debido a la corrección de su registro civil, se acercó a la registraduría seccional Acacías, para solicitar la expedición de un nuevo duplicado de su cédula que contuviera los cambios y modificaciones realizados a su registro civil.
Sostuvo que su solicitud fue denegada en dos ocasiones, para lo cual le argumentaron que hubo un error en la firma y en formato de toma de huellas. Posteriormente, solicitó nuevamente la corrección, la que también fue denegada porque encontraron que en el municipio de Chocontá (Cundinamarca) existía una persona registrada con el mismo nombre de Jaime Rozo Palacios, pero no cayeron en cuenta de que tanto el número de la cédula como el nombre de los padres es diferente.
Adujo que una vez se solucionó lo anterior, inició el trámite para la expedición de su cédula. Debido a que su solicitud no había sido tramitada, mediante escrito de 7 de diciembre de 2015, requirió a la Registraduría Nacional del Estado Civil —Seccional Acacías— para la expedición de la cédula.
Aseguró que el 18 de marzo de 2016, se acercó al ente accionado con el fin de indagar sobre su documento de identidad, y allí le respondieron que ello dependía de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
En suma, concluyó que a la fecha no ha recibido su documento de identidad y tampoco le han dado respuesta a su solicitud de 7 de diciembre de 2015, lo que también vulnera su derecho de petición.
Adujo lo siguiente:
“Considero que con la negativa de la registraduría municipal de Acacías - Meta de expedir mi cédula de ciudadanía con las modificaciones y correcciones hechas al registro civil de nacimiento, sin justa causa, implica una violación clara a mi derecho a la personalidad jurídica, al impedírseme identificarme en correspondencia con la realidad. Al igual que esta situación me ha traído problemas de índole personal y ha impedido el ejercicio pleno de mi ciudadanía, mis derechos y facultades políticas e igualmente debo realizar negocios y contraer obligaciones”.
Solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, que en el término de 15 días se tramite la expedición y entrega de su cédula de ciudadanía con las modificaciones y correcciones realizadas a su registro civil de nacimiento.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, puso de presente que en su organización interna, le corresponden las funciones de preparación, validación, producción y envío de las cédulas de ciudadanía al delegado para el registro civil y la identificación y al director nacional de identificación, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1010 de 2000.
Indicó que la dirección nacional de identificación, a través de oficio AT 1569 de 22 de julio de 2016, le informó lo siguiente:
“... le comunico en lo que respecta a esta coordinación de registro civil, que una vez consultada la base de datos de nuestro sistema de información de registro civil, SIRC, se encontró:
A nombre de James Rozo Céspedes, un registro civil de nacimiento de tomo 49 folio 48, con fecha y lugar de nacimiento 05 de mayo de 1959 en Villavicencio - Meta e inscripción en la Notaría Primera de Villavicencio - Meta el 19 de mayo de 1959. Registro que fue reemplazado por el serial 53184646 a nombre de Jaime Rozo Palacios, lo anterior por corrección y adición de los datos de la madre y cambio de nombre del inscrito mediante escritura pública 1505 del 2 de abril de 2014. Registro que se encuentra válido y vinculado a la cédula de ciudadanía. 79.377.115 a nombre de Jaime Rozo Palacios.
Por otro lado, a nombre de Jaime Rozo Palacios, existe otro registro civil de nacimiento de tomo 2 folio 124, con fecha y lugar de nacimiento 27 de abril de 1959 en Bogotá D.C. e inscripción en la Notaría Doce de Bogotá D.C. el 26 de noviembre de 1986. Registro que fue utilizado como documento base para tramitar la cédula de ciudadanía 7.556.281 a nombre de Jaime Rozo Palacios.
Así las cosas, tratándose de la misma persona y existiendo dos registros civiles de nacimiento, de los cuales se presume su legalidad y de no presentar ninguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo 104 del Decreto-Ley 1260 de 1970, y toda vez que la cancelación procede cuando se trata de dos inscripciones que cuentan con los mismos datos biográficos del ciudadano (fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, sexo, etc.); lo procedente es que el interesado o quien haga sus veces de representante legal, acuda a la vía judicial, con el fin que se establezca la verdadera fecha de nacimiento del inscrito, de conformidad con las pruebas aportadas”.
Ahora bien, con lo referente al historial de cedulación del accionante, me permito informar que:
— Consultado el Archivo Nacional de Identificación, ANI, el sistema de gestión electrónica de documentos, GED, y el archivo temporal MTR, bases de datos que permiten conocer el estado de los documentos, se estableció que el accionante solicitó trámite de expedición de primera vez de su documento de identidad el día 14 de noviembre de 1985 en la embajada de Colombia en Nueva York - EE. UU., momento en el cual manifestó llamarse Jaime Rozo Palacios, expidiéndose la cédula de ciudadanía 79.377.115, documento que a la fecha se encuentra vigente.
— De igual manera logró establecerse efectuado el cotejo dactiloscópico y/o cotejo de impresiones dactilares, que el señor Jaime Rozo Palacios, quien ya era portador de la cédula de ciudadanía 79.377.115, solicitó nuevamente trámite de expedición de primera vez de su documento de identidad el día 30 de diciembre de 1986 en la registraduría especial de Armenia - Quindío, a nombre de Jaime Rozo Palacios, expidiéndose la cédula de ciudadanía 7.556.281, documento que a la fecha se encuentra cancelada por doble cedulación.
En efecto, valorado el material de cedulación correspondiente al caso materia de estudio, se evidenció compromiso del accionante en un caso de doble cedulación debido a que era titular de dos cupos numéricos; por lo que el director nacional de identificación mediante Resolución 5368 de 25 de octubre de 1993 procedió a cancelar por doble cedulación el cupo numérico 7.556.281,...
Así las cosas, una vez agotado el procedimiento anteriormente señalado por el grupo jurídico de la dirección nacional de registro civil, la coordinación grupo jurídico de identificación, le comunicará el procedimiento a seguir con el fin de garantizar su debida identificación; si es el caso, se solicitará relanzamiento de su documento en trámite.
Para informar al ciudadano tutelante sobre las gestiones adelantadas al interior de la entidad para brindar solución efectiva a la situación presentada, la dirección nacional de identificación - Coordinación grupo jurídico, le remitió comunicación mediante oficio con radicado interno AT 1569 - 2016, en los términos anteriormente expuesto”.
Por lo anterior, solicitó que se denegara el amparo solicitado, pues, a su juicio, en ningún momento ha omitido efectuar el trámite correspondiente del documento de identificación, ni ha vulnerado los derechos fundamentales del actor.
Mediante sentencia de 26 de julio de 2016, el Tribunal Administrativo del Meta, declaró improcedente la acción de tutela en lo que respecta a la protección del derecho fundamental a la personalidad jurídica, pero amparó el derecho fundamental de petición del actor.
Para el efecto, consideró que pese a la importancia del derecho fundamental a la personalidad jurídica, el amparo solicitado resultaba improcedente, por cuanto el actor no había agotado el mecanismo ordinario establecido para determinar la fecha real de su nacimiento, para que de esta manera, la entidad accionada disponga de la corrección de su cédula una vez se verifique tal circunstancia.
Puso de presente que los artículos 89 y 95 del Decreto-Ley 1260 de 1970 disponen que las alteraciones o modificaciones al registro civil solamente podrán ser efectuadas a través de una escritura pública o decisión judicial en firme que así lo ordene. Asimismo, ilustró que el Código General del Proceso, en sus artículos 18 y 577, reglamentó el procedimiento judicial que se debe ejercer cuando se pretenda la corrección, sustitución o adición de partidas del estado civil, cuya solicitud debe ser tramitada en proceso de jurisdicción voluntaria.
Por lo anterior, anotó que el actor debe acudir al trámite referido, el cual no puede ser pretermitido por el juez constitucional, toda vez que es necesario que se determine la verdadera fecha de nacimiento para que la entidad accionada proceda a la corrección del dato contenido en la cédula de ciudadanía 79.377.115.
Reiteró que debido a que existen dos registros civiles de nacimiento con fechas de nacimiento distintas, lo cual no es un mero error de digitación, la corrección no puede hacerse por escritura pública, sino que tiene que mediar una orden judicial. Agregó que la acción de tutela solo procede cuando el accionante no cuente con otro mecanismo de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no se predica en el presente caso, toda vez que el accionante no alegó que se encontrara en condiciones de vulnerabilidad o que el no curso de su solicitud le acarreara un perjuicio irremediable. También agregó que del material probatorio allegado al expediente no se evidencia un perjuicio irremediable que amerite la intervención urgente del juez constitucional.
En relación con el derecho de petición, adujo que el amparo solicitado sí resulta ser el mecanismo idóneo, pues para su protección no hay otro medio de defensa judicial. En consecuencia, señaló que la entidad accionada allegó al expediente el oficio por medio del cual le dio respuesta a su solicitud, el cual, supuestamente fue enviado al accionante el 22 de julio de 2016. Comoquiera que no le fue posible corroborar si el solicitante recibió la respuesta, el tribunal informó que se comunicó con este, quien le informó que a esa fecha no se le había puesto en conocimiento la resolución de su petición.
Al respecto, consideró que si bien la entidad dio respuesta de fondo a la solicitud del actor y le informa el procedimiento que debe seguir para solucionar su problemática, lo cierto era que dicha respuesta no le fue notificada, razón por la que amparó el derecho fundamental de petición del accionante y le concedió a la entidad accionada un término de 48 horas para que comunique la respuesta.
El actor, consideró que no existe otro medio de defensa judicial idóneo para obtener el amparo de sus derechos fundamentales, pues el existente no protege en igual grado su derecho como sí lo hace la acción de tutela.
Señaló que el empleo del mecanismo judicial sugerido le implica aún más la prolongación en el tiempo de la vulneración de su derecho, cuya protección lleva reclamándola por más de un año.
Indicó que el a quo desconoció las sentencias T-023 de 2016, SU-961 de 1999 y T-414 de 1992, en las que la Corte Constitucional impone la obligación al juez constitucional de examinar la idoneidad y eficacia de los medios de defensa judiciales ordinarios existentes, para efectos de determinar la procedencia de la acción de tutela.
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto-Ley 2591 de 1991. Dicha acción se establece como medio subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros instrumentos de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.
En el presente caso el accionante instauró la acción de tutela para que se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo siguiente:
“2. Se ordene en forma inmediata a la Registraduría Nacional del Estado Civil el trámite de expedición y entrega de la cédula de ciudadanía solicitada con las modificaciones y correcciones realizadas al registro civil, se realice dentro de un término que no podrá exceder de quince (15) días contado a partir de la notificación del fallo”.
Al revisar las modificaciones efectuadas al registro civil de nacimiento allegado por el actor con su escrito de demanda, encuentra la Sala que estas se realizaron sobre el nombre del actor y de su progenitora, al igual que solicitó la adición del número de cédula de ciudadanía de esta última. Para el efecto, en la escritura pública 1505 de 1º de abril de 2014 emitida por la Notaría Primera del Círculo de Villavicencio, se consignó lo que a continuación se transcribe:
“Compareció, Jaime Rozo Palacios, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 79.377.115, expedida en Bogotá D.C., vecino de esta ciudad, quien obra en este acto en nombre propio, declarando que su estado civil es soltero sin unión marital de hecho y manifestó:
1. Que nació en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta, el día cinco (5) de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve (1959) y su nacimiento fue debidamente registrado en la Notaría Primera (1) del Círculo de Villavicencio - Meta, bajo el folio 408 del libro 49.
2. Que con fundamento en el artículo 91 del Decreto 1260 de 1970, procede a realizar la siguiente rectificación y adición.
3. Que en la inscripción de su registro civil de nacimiento se indicó el nombre de su progenitora como Aura Céspedes P., el cual presenta enmendado sin salvedad, siendo Aurora Emma Palacios (hoy de Rozo).
4. Que comparece por medio de esta escritura pública en la calidad indicada a rectificar lo anotado en el registro civil de nacimiento en cuestión, respecto al nombre de la progenitora que se repite es Aurora Emma Palacios de Rozo y no Aura Céspedes P.
5. Que igualmente en la inscripción de su registro civil de nacimiento no se indicó el número de identificación de la progenitora que es cédula de ciudadanía 38.951.997 expedida en Cali (Valle), de conformidad con la certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
6. Que por medio de esta escritura comparece a fin de adicionar el número de la cédula de ciudadanía de la progenitora que se repite es 38.951.997 expedida en Cali (Valle).
7. Que igualmente obrando en nombre propio y con fundamento en el artículo 94 del Decreto 1260 de 1.970, procede por medio de esta escritura a modificar su registro civil de nacimiento cambiando su nombre James por Jaime; a fin de establecer su identificación personal de manera definitiva con el nombre de Jaime Rozo Palacios.
8. Teniendo en cuenta lo anterior de ahora en adelante y para todos los efectos públicos y privados su nombre será Jaime Rozo Palacios.
9. Todas las demás especificaciones del citado folio quedan vigentes.
10. Que antes de ahora, nunca había hecho uso de este derecho y que en el futuro se abstendrá de ejercerlo por prohibirlo la ley.
Nota: Se protocolizan los siguientes documentos, solicitud debidamente autenticada, acta de bautismo, certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y copia de la cédula de ciudadanía de Aurora Emma Palacios de Rozo, registro civil de nacimiento, acta de bautismo y fotocopia de la cédula de ciudadanía del compareciente.
Leído que fue este instrumento por el compareciente, hace constar que ha verificado cuidadosamente su nombres completos, el número de los documentos de identidad, y en general todas las cláusulas que contiene la presente escritura. Declara que toda la información es correcta y en consecuencia asumen la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud en los mismos...” (negrillas y subrayas fuera del texto).
Al constatar las correcciones referidas en precedencia con la información visible en la cédula de ciudadanía aportada por el actor, encuentra la Sala que ninguna de estas afectó el contenido del documento de identificación, toda vez que en este registra el nombre de Jaime Rozo Palacios y no James Rozo Palacios, como inicialmente estaba consignado en el registro civil. De igual forma, en la cédula de ciudadanía no se relaciona el nombre de los progenitores del titular.
Sin embargo, advierte la Sala que con el escrito de demanda, el actor aportó una petición de 7 de diciembre de 2015, en la que le solicita a la Registraduría del Estado Civil de Acacías, el cambio de la fecha de su nacimiento de 27 de abril de 1959 a mayo 5 de 1959, de conformidad con la información visible en el registro civil de nacimiento que fue objeto de corrección.
En efecto, al constatar la fecha y lugar de nacimiento consignado en la cédula de ciudadanía y en el registro civil de nacimiento, se encuentra que en el primer documento se afirma, de conformidad con el acta de bautismo y otros documentos arrimados, que la fecha de nacimiento del actor es el 5 de mayo de 1959 en la ciudad de Villavicencio; no obstante, en su cédula de ciudadanía se indica que la fecha de su nacimiento es 27 de abril de 1959 en la ciudad de Bogotá.
En consecuencia de lo anterior, considera la Sala que lo pretendido por el actor con la presente solicitud de amparo, además de la protección de su derecho fundamental a la personalidad jurídica, es que se ordene a la Registraduría del Estado Civil de Acacías que emita un nuevo documento de identidad en el que se tenga como fecha de nacimiento el día 5 de mayo de 1959 en la ciudad de Villavicencio, tal como aparece en su registro civil de nacimiento.
En relación con la solicitud referida, el Tribunal Administrativo del Meta en la sentencia impugnada, consideró que el actor contaba con otro medio de defensa judicial para obtener la protección de su derecho fundamental, que era acudir a un juez civil municipal a través de un proceso de jurisdicción voluntaria, por el cual se tramita la “corrección, sustitución o adición de partidas del estado civil o del nombre, o anotación del seudónimo en actas o folios de registro de aquel”(1).
Lo anterior, por cuanto se evidenció que el actor contaba con dos registros civiles en los que constaban fechas distintas de nacimiento a saber: 5 de mayo de 1959 en la ciudad de Villavicencio y 27 de abril de 1959 en la ciudad de Bogotá, razón por la que se hacía necesario que un juez estableciera la fecha real de nacimiento, con el fin de que la Registraduría del Estado Civil procediera a la corrección de la información en la cédula de ciudadanía, si a ello hubiere lugar.
Siendo ello así, corresponde a la Sala establecer en primera medida si el medio de defensa sugerido por el a quo resulta ser idóneo y eficaz para la protección del derecho fundamental reclamado por el actor. En caso de que dicho medio no resulte ser idóneo, la Sala deberá determinar si la Registraduría del Estado Civil de Acacías vulneró el derecho fundamental a la personalidad jurídica del actor al negarse a cambiar la fecha y lugar de nacimiento registrado en la cédula de ciudadanía por el consignado en el registro civil de nacimiento registrado con el serial 53184646, de conformidad con lo solicitado por este en derecho de petición de 7 de diciembre de 2015.
Encuentra la Sala que la Corte Constitucional conoció una acción de tutela instaurada por un ciudadano que solicitó la corrección de su registro civil, toda vez que la fecha allí consignada difería de la registrada en la cédula de ciudadanía, en tanto que en el primer documento se consignó 11 de noviembre de 1941 y en su cédula, al igual que en su partida de bautismo, se señaló como fecha de nacimiento el 3 de noviembre de 1941. En este caso, el actor consideró que su fecha de nacimiento es esta última.
En virtud de lo anterior, el allí accionante solicitó a la notaría que corrigiera la fecha mediante escritura pública, pero el notario se negó con el argumento de que ese error debía ser subsanado por orden judicial, por cuanto con esa corrección se alteraba el estado civil del accionante.
En atención a lo indicado por el notario, el actor acudió a un juez de familia a través del proceso de jurisdicción voluntaria, el cual rechazó la demanda. Esta decisión fue confirmada por el tribunal superior con el argumento de que la corrección solicitada por el actor debía efectuarse por medio de escritura pública, por cuanto en ese caso no se trataba de una alteración al estado civil, sino de la corrección de un error aritmético contenido en el documento, más aún si se tiene en cuenta que el accionante contaba con el original de la partida de bautismo, cuyo documento es una prueba válida para obtener la corrección, pues solo basta con una simple confrontación de los documentos.
Ante tal situación, el accionante acudió nuevamente ante el notario, el cual insistió en su negativa bajo el argumento de que la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 9 de noviembre de 2006, proferida al interior de una acción de cumplimiento, consideró que los cambios en la fecha y lugar de nacimiento en el registro civil deben ser autorizados por un juez civil dentro de un proceso de jurisdicción voluntaria y no por escritura pública, por cuanto con ello se modifica el estado civil.
Para resolver el anterior caso, la Corte Constitucional en Sentencia T-729 de 2011, puso de presente que por mandato del artículo 89 del Decreto 1260 de 1970, el registro civil, una vez autorizado, solamente puede alterarse en virtud de una decisión judicial en firme o por disposición de los interesados. En consecuencia, trajo a colación la Sentencia T-066 de 2004, en la que se aclaró que la competencia del juez en los eventos de alteración al registro civil está restringida a los casos en los cuales se requiera una comprobación valorativa, mientras que al interesado le corresponde solicitar la modificación en todos aquellos casos en los que se deba determinar que el registro corresponde a la realidad, esto es, que sea necesario confrontar lo empírico con la inscripción, con el fin de que la situación jurídica del interesado se ajuste a la realidad fáctica.
De igual forma, la Corte Constitucional explicó que en la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado a que hizo referencia el notario, se tomó esa decisión por cuanto la solicitud de corrección de la allí accionante consistía en que se corrigiera en su registro civil la fecha y lugar de nacimiento del 1º de julio de 1979 en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar, Colombia, por el 2 de julio de 1979, municipio de Tacarigua, distrito de Brion, estado de Miranda, Republica de Venezuela, lo que implicaba, sin lugar a dudas, una incidencia en su nacionalidad y, en consecuencia, dicho cambio debía ser autorizado por un juez civil del proceso de jurisdicción voluntaria, pues ello implicaba una alteración al estado civil de las personas.
De igual forma, la Corte Constitucional puso de presente que la dirección nacional del registro civil, mediante Circular 70 de 11 de julio de 2008, determinó, con base en el Decreto 1260 de 1970, tres documentos idóneos para solicitar la corrección del registro del estado civil a saber:
— La solicitud escrita, para cuando se trate de errores mecanográficos, ortográficos, los que se establezcan con la comparación del documento antecedente y los que se establezcan con la sola lectura del folio.
— Mediante escritura pública, utilizada para corregir los errores diferentes a los señalados anteriormente con el fin de ajustar la inscripción a la realidad, siempre y cuando no exista alteración del estado civil del inscrito.
— A través de una decisión judicial que así lo ordene, ello para cuando las correcciones o modificaciones alteren el estado civil del inscrito.
En consecuencia, para resolver el caso allí planteado el alto tribunal consideró que el mecanismo idóneo para corregir el error alegado por el actor era la escritura pública, toda vez que se trataba de una inconsistencia que de modificarse no alteraba el estado civil, pues, por el contrario, ajustaba su inscripción a la realidad; razón por la que le ordenó al notario accionado la corrección de la fecha de nacimiento mediante escritura pública.
Para el efecto, en dicha oportunidad, la Corte Constitucional consideró lo siguiente:
En ese orden de ideas, la inscripción en el registro civil es un procedimiento que sirve para establecer, probar y publicar todo lo relacionado con el estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte(2), por lo cual, una vez autorizado, solamente podrá ser alterado en virtud de una decisión judicial en firme, o por disposición de los interesados(3).
Al respecto esta corporación, en Sentencia T-066 de 2004(4) indicó: “la corrección del registro civil de las personas puede realizarse por dos vías, pues puede el responsable del registro proceder a corregirlo él mismo o bien puede ser necesaria la intervención de un juez. Esa distinta competencia obedece a que la corrección del estado civil puede ser realizada a partir de una comprobación declarativa o exigir una comprobación constitutiva; esta última es la excepción, toda vez que corresponde a una valoración de lo indeterminado. Así, cuando el artículo 89 del Decreto 1260 de 1970, modificado por el artículo 2º del Decreto 999 de 1988, establece que “las inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, solamente podrán ser alteradas en virtud de decisión judicial en firme o por disposición de los interesados”, debe entenderse que la competencia del juez está restringida a aquellos casos en los cuales sea necesaria una comprobación valorativa, mientras que la competencia del responsable del registro se expande, correlativamente, a todos aquellos casos en los cuales deba determinarse si el registro responde a la realidad; o, en otras palabras, que la competencia del responsable del registro se extiende a aquellos casos en los cuales sea necesario confrontar lo empírico con la inscripción en aras de que la situación jurídica del interesado se ajuste a la realidad fáctica” (subrayado fuera del texto).
Cabe señalar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, mediante Sentencia de 9 de noviembre de 2006, resolvió la impugnación formulada contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro de una acción de cumplimiento instaurada por la señora Flor Claudia Hernández Mojica contra la Notaría Primera del Circulo de Valledupar, con el fin de que se corrigiera en su registro civil la fecha y lugar de nacimiento del 1º de julio de 1979 en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar, Colombia, por el 2 de julio de 1979, municipio de Tacarigua, distrito de Brion, estado de Miranda, Republica de Venezuela, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º, 11, 32, 89, 90, 91, 93, 95 del Decreto 1260 de 1970(5).
En dicha providencia el alto tribunal consideró: “Por último, existen otras clases de cambios que suponen la alteración del estado civil, que precisan la intervención del juez para poderse realizar, tal es el caso del cambio de lugar y fecha de nacimiento que persigue la demandante, pues claramente incide en su nacionalidad, por lo tanto dicha modificación no puede disponerla el notario a través de escritura pública, como lo pretende la actora, sino que debe ser autorizada por el juez civil del proceso de jurisdicción voluntaria regulado en el artículo 649, numeral 11 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, la dirección nacional del registro civil, mediante Circular 70 de 11 de julio de 2008, determinó, con base en el Decreto 1260 de 1970, tres documentos idóneos para solicitar la corrección del registro del estado civil a saber: (i) la solicitud escrita, para cuando se trate de errores mecanográficos, ortográficos, los que se establezcan con la comparación del documento antecedente y los que se establezcan con la sola lectura del folio, (ii) mediante escritura pública, utilizada para corregir los errores diferentes a los señalados anteriormente con el fin de ajustar la inscripción a la realidad, siempre y cuando no exista alteración del estado civil del inscrito y (iii) a través de una decisión judicial que así lo ordene, ello para cuando las correcciones o modificaciones alteren el estado civil del inscrito.
En ese orden de ideas, cabe señalar que no toda modificación en la fecha de nacimiento en el registro civil de las personas implica necesariamente una alteración del estado civil, ello por cuanto, como se advierte en el caso bajo estudio, en el momento de hacer la inscripción en el registro se puede incurrir en errores.
Conforme con lo expuesto, cabe destacar que el mecanismo idóneo para corregir el error plasmado en el registro civil del accionante, es la escritura pública, por cuanto se trata de una inconsistencia que de modificarse, no altera el estado civil, por el contrario ajusta su inscripción a la realidad, ya que según estimaron los jueces ante quienes se presentó el proceso de jurisdicción atrás referenciado, el señor Jesús María Cardona Atehortúa según su partida de bautismo nació el 3 de noviembre de 1941 y fue inscrito en el registro civil con fecha de nacimiento, 11 de noviembre de 1941.
En virtud de lo anterior, cabe señalar que el Notario Único del Círculo de Belalcázar, Caldas, no tuvo en cuenta lo dispuesto por el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Familia, dentro del proceso de jurisdicción voluntaria impetrado por el accionante, lo anterior al insistir en que la corrección del error que se presenta en el registro civil del señor Jesús María Cardona Atehortúa altera su estado civil y por lo tanto debe ordenarlo una sentencia judicial, dejando de lado que ya hubo una decisión al respecto pero en los términos ya señalados.
En consecuencia, la Sala de Revisión concluye que la negativa por parte del Notario Único del Círculo de Belalcázar, Caldas, de corregir a través de escritura pública el error que se presenta en el registro civil de nacimiento del actor, vulnera sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica y a la seguridad social, ello por cuanto se advierte que a raíz de dicha situación el Instituto de Seguros Sociales se niega a recibirle los documentos para el trámite de la pensión de vejez y/o invalidez.
Por lo anterior, esta Sala de Revisión ordenará a la entidad accionada que, en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia, corrija mediante escritura pública la fecha de nacimiento en el registro civil del accionante” (negrillas fuera del texto).
Al analizar el caso concreto, observa la Sala que el a quo sugirió como medio de defensa judicial idóneo que el actor acuda en primera instancia ante un juez municipal para que, a través de un proceso de jurisdicción voluntaria, conozca de la corrección, sustitución o adición de partidas de estado civil o del nombre, o anotación del seudónimo en actas o folios de registro de aquel, en virtud de lo dispuesto en los artículos 89 y 95 del Decreto 1260 de 1970, según los cuales las inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, solamente podrán ser alteradas en virtud de una decisión judicial en firme o por escritura pública. Para el efecto, consideró que el actor al contar con 2 registros civiles válidos que tienen 2 fechas de nacimiento distintas, se requería de la intervención judicial, habida cuenta de que no se trataba de un simple error de digitación.
Al respecto, la Sala difiere de tales consideraciones, toda vez que, como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia antes referida, la intervención del juez municipal resulta necesaria en aquellos eventos en que se requiera una comprobación valorativa y que la solicitud traiga como consecuencia una alteración en el estado civil del inscrito. En consecuencia, la constatación de la fecha y lugar de nacimiento “real”, en este caso, no implica una comprobación valorativa que altere el estado civil del actor.
Es por lo anterior, que la Sala considera que el medio de defensa sugerido por el juez de primer grado no resulta idóneo, pues en caso de que el actor acuda a dicho mecanismo, este podría ser rechazado.
Del derecho fundamental a la personalidad jurídica
Aclarado lo anterior, la Sala entrará a determinar si la Registraduría del Estado Civil de Acacías vulneró el derecho fundamental a la personalidad jurídica del actor al negarse a cambiar la fecha y lugar de nacimiento registrado en la cédula de ciudadanía por el consignado en el registro civil de nacimiento registrado con el serial 53184646, de conformidad con lo solicitado por este en derecho de petición de 7 de diciembre de 2015.
La entidad accionada en su escrito de contestación, manifestó que la cédula de ciudadanía 79.377.115, de la cual es portador el actor, se encuentra vinculada al registro civil de nacimiento de tomo 49 folio 48, inscrito en la Notaría Primera de Villavicencio - Meta el 19 de mayo de 1959, el cual fue reemplazado por el serial 53184646, debido a la solicitud de cambio de nombre del actor y de su progenitora, así como la adición de los datos de identificación de esta. En dicho registro consta que el actor nació el 5 de mayo de 1959 en la ciudad de Villavicencio.
Asimismo, se observa que en la escritura pública de corrección, de la cual se hizo alusión con anterioridad, se asegura que se protocolizaban, entre otros, el acta de bautismo del compareciente y se aseguró nuevamente que el actor nació en la fecha y lugar antes indicado.
En consecuencia, comoquiera que la cédula de ciudadanía 79.377.115, se encuentra vinculada al registro civil de nacimiento que asegura que el actor nació el día 5 de mayo de 1959 en la ciudad de Villavicencio, la registraduría accionada se encuentra en la obligación de dar trámite a la solicitud del accionante, toda vez que el hecho de que el actor porte un documento cuya información no se ajuste a la realidad, implica una vulneración a su derecho fundamental a la personalidad jurídica.
De igual forma, es de anotar que el segundo registro civil que sirvió de fundamento para expedir la cédula 7.556.281, la cual fue cancelada mediante Resolución 5368 de 25 de octubre de 1993 por doble cedulación, según informa la misma registraduría, no tiene relación alguna con el cupo numérico vigente. Asimismo, dicho registro civil fue inscrito en la Notaría 12 del Círculo de Bogotá el 26 de noviembre de 1986, esto es, casi 30 años después de que se inscribiera el primer registro civil.
En virtud de lo reseñado, lo procedente es revocar el fallo de primer grado y, en su lugar, ordenarle a la Registraduría del Estado Civil de Acacías, que en el término de quince días, contados a partir de la ejecutoria de la providencia, proceda a la corrección de la fecha y lugar de nacimiento consignada en la cédula de ciudadanía 79.377.115, de conformidad con la información registrada en el registro civil de nacimiento con serial 53184646 de la Notaría Primera del Círculo de Villavicencio.
Lo anterior, no obsta para que se exhorte al actor a fin de que inicie los trámites tendientes a la cancelación del registro civil inscrito en la Notaría 12 del Círculo de Bogotá el 26 de noviembre de 1986.
1. REVÓCASE la sentencia de 26 de julio de 2016, proferida por Tribunal Administrativo del Meta. En su lugar, se dispone:
PRIMERO: AMPÁRASE el derecho fundamental a la personalidad jurídica del señor Jaime Rozo Palacios.
SEGUNDO: ORDÉNASE a la Registraduría del Estado Civil de Acacías, que en el término de quince días, contados a partir de la ejecutoria de la providencia, proceda a la corrección de la fecha y lugar de nacimiento consignada en la cédula de ciudadanía 79.377.115, de conformidad con la información registrada en el registro civil de nacimiento con serial 53184646 de la Notaría Primera del Círculo de Villavicencio.
TERCERO: EXHÓRTASE al actor para que inicie los trámites tendientes a la cancelación del registro civil inscrito en la Notaría 12 del Círculo de Bogotá el 26 de noviembre de 1986.
CUARTO: NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito.
QUINTO: REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
1 Código General del Proceso, artículo 577.
2 Corte Constitucional, Sentencia T-963 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
3 Decreto 1260 de 1970, modificado por el Decreto 999 de 1988, artículo 89.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-066 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería.
5 C.P. María Nohemí Hernández Pinzón.