Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321269L.html
Timestamp: 2019-03-21 22:04:14
Document Index: 19354456

Matched Legal Cases: ['artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 145', 'artículo 398', 'artículo 1', 'artículo 236', 'artículo 232', 'artículo 250', 'artículo 258', 'artículo 258', 'artículo 272', 'artículo 253', 'artículo 253', 'artículo 253', 'artículo 42']

as201321269L
Auto Supremo: Nº 269
Expediente: 37-08-S
Procesos: Divorcio
Partes: Marisol Miranda Mamani c/ Marcelino Chávez Montecinos
VISTOS: el recurso de casación de fojas 157 a 159 interpuesto por Marcelino Chávez Montecinos contra el Auto de Vista Nº. 104/2008 de fojas 155 a 156 vuelta, pronunciado por la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, en el proceso ordinario de Divorcio seguido por Marisol Miranda Mamani contra Marcelino Chávez Montecinos, la respuesta de fojas 164 y vuelta, el auto de concesión del recurso de fojas 166, los antecedentes procesales; y,
CONSIDERANDO: que, la Juez de Partido Cuarto de Familia de Oruro, declaró con lugar y probada la demanda principal de fojas 9 a 9 vuelta, por el inc. 4) del artículo 130 del Código de Familia e improbadas tanto la demanda reconvencional de fojas 12 a 14 subsanada a fojas 17 por el inc. 4) del artículo 130 del Código de Familia, como las excepciones de falta de acción y derecho opuestas por el demandado. Consiguientemente disuelto el vínculo matrimonial que une a los esposos Marcelino Chávez Montecinos y Marisol Miranda Mamani por culpa del esposo y con derecho a ser asistida la esposa. En provisión del artículo 145 del Código de Familia y el informe de fojas 40 a 41, se ratifica la guarda legal de los tres hijos para el cuidado y protección a favor de la madre, se fija la asistencia familiar para la esposa y los tres hijos en la suma de Bs. 600 mensual, que el obligado deberá cancelar mediante deposito judicial y bajo alternativa de apremio en caso de incumplimiento. En ejecución de sentencia, procédase a la división y partición de bienes previa su comprobación fehaciente y conforme a derecho, sin costas por ser juicio doble. En ejecución de sentencia líbrese la correspondiente ejecutorial de ley para la cancelación de la Partida Matrimonial Nº 46 Folio Nº 46, Libro Nº 1-2.002 O.R.C. Nº 49908, del Departamento de Oruro, Provincia Cercado, Localidad Oruro, con fecha de Partida de 18 de enero de 2003, tal como prevé el artículo 398 del Código de Familia.
Notificada la resolución de vista es impugnada en casación en el fondo por Marcelino Chávez Montecinos, quien en su fundamento del recurso acusa que el Auto de Vista no habría valorado la prueba documental, testifical y de inspección judicial, conculcando de esta manera el principio del debido proceso.
Por otra parte, aduce, la violación del artículo 1 parágrafo III del Código de Procedimiento Civil, por no haber otorgado a cada uno de los elementos producidos el valor probatorio, atentando contra el debido proceso en su vertiente al derecho de contar con una resolución fundamentada, y sostiene que simplemente se habría hecho mención a los medios probatorios producidos, habiéndose obviado otorgar el valor probatorio de manera especifica no de manera general, por lo que se conculcaría el derecho a la defensa.
Señala, que al existir esta falencia en la fundamentación de la sentencia se habría incurrido en interpretación errónea del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, y agrega que al ser repetitivo el Auto de Vista de la sentencia, resulta impertinente, pues se habría ofrecido en calidad de pruebas certificaciones y facturas, empero no se harían mención a estas pruebas, incurriendo en inobservancia del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil.
Concluye, indicando que todos estos antecedentes evidenciarían la violación de normas procesales, normas del Código Civil y la carencia de la valoración de todas las pruebas que cursan en el proceso, por lo que solicita casar el Auto de Vista, debiendo declarar improbada la demanda de divorcio.
CONSIDERANDO: que, la jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una Sentencia o Auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 258 numeral 2) del mismo cuerpo legal, referidos a la obligación que tiene el recurrente de "citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente", esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado artículo 258 numeral 2). En este entendido, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.
El recurso de casación en el fondo, para su procedencia y atención por el Tribunal competente, exige la reunión de requisitos, en este caso intrínsecos, sin cuya concurrencia no es susceptible de análisis, consideración y decisión. Entre los intrínsecos, "se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa". Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. Por ello, de acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cuál la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, toda vez que tanto el error de derecho como el de hecho tienen diferente trascendencia y finalidad, por lo cual la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres ordinales.
En este contexto, corresponde puntualizar que en el caso de autos, el recurrente planteó recurso de casación en el fondo, lo que implica que debió hacer un análisis sobre la existencia de errores "in judicando" en el trámite del proceso, adecuando el recurso a una o a todas las previsiones del artículo 253 del adjetivo civil, citando en términos claros, concretos y precisos las normas que se presumen infringidas, la forma en que han sido vulneradas y la posible solución jurídica a la situación planteada, indicando además las disposiciones contradictorias que contuviera la resolución o en su caso establecer de forma precisa el error de derecho o hecho en la apreciación de las pruebas, no siendo suficiente la simple enunciación en sentido que no se habría valorado la prueba documental, testifical y de inspección judicial, como lo hizo la parte recurrente en su recurso interpuesto, sin precisar ni demostrar la equivocación manifiesta en la apreciación de las pruebas –error de hecho o de derecho–, en la que según su criterio incurrió el A quo y el Tribunal Ad quem.
Por otra parte, cabe señalar que el recurrente obviando la adecuada técnica jurídica que hace al planteamiento del recurso de casación en el fondo, acusa la violación de los artículos 1 parágrafo III, 236 y 232 del Código de Procedimiento Civil, en este caso, si bien la norma autoriza la posibilidad de interponer el recurso de casación en la forma como en el fondo al mismo tiempo, empero, los motivos de uno u otro recurso deben ser precisados y diferenciados, ellos no pueden ser expuestos en la forma como la parte recurrente lo hizo, alegando motivos que hacen a uno y otro en forma indistinta sin discernir la diferencia que existe entre el recurso de casación y el de nulidad. En efecto, en virtud de la naturaleza jurídica del recurso de casación en el fondo, en él, no se pueden analizar aspectos o denuncias relativas a la existencia de errores in procedendo o violaciones de las formas esenciales del proceso, cuyo análisis y resolución esta reservado para el recurso de casación en la forma. De tal manera que ambos recursos, (en el fondo y en la forma) persiguen efectos diferentes, que no pueden confundirse entre sí, como erróneamente ha planteado el recurrente.
Finalmente, de acuerdo a lo establecido en nuestra economía procesal y tomando en cuenta la práctica y la lógica jurídica, el recurso de casación en cualquiera de sus formas debe ser interpuesto contra la resolución de segunda instancia, y no así contra la sentencia de primer grado porque dicha resolución es impugnable a través del recurso de apelación. En la especie, el recurso de casación en el fondo fue planteado, principalmente, contra la sentencia de primera instancia, aduciendo la falta de fundamentación y la carencia de motivación, mencionando apenas, la falta de valoración de Ad quem en la resolución de segunda instancia que confirmó totalmente la aludida sentencia.
En la especie, el recurrente no ha cumplido con las obligaciones procesales anteriormente descritas. Consiguientemente, como se estableció en la abundante jurisprudencia de este Tribunal, técnicamente no existe recurso de casación cuando se incumple con esta obligación procesal, que no puede ser subsanada por el Tribunal Supremo porque no permite que se abra su competencia.
En consecuencia, siendo evidente la inobservancia de la adecuada técnica en la interposición del presente recurso, corresponde aplicar la determinación de los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley de Organización Judicial y en aplicación por lo dispuesto en los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fojas 157 a 159, interpuesto por Marcelino Chávez Montecinos, con costas.
Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1500, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.
Libro Tomas de Razón 269/2013