Source: https://veritasonline.com.mx/compliance-definicion-y-aplicacion/
Timestamp: 2020-07-14 19:54:17
Document Index: 165982930

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 113', 'artículo 422', 'artículo 17', 'artículo 400', 'artículo 32']

Compliance. Definición y aplicación – Veritas Online
Qué es, qué beneficios aporta a las organizaciones y por qué es importante para la práctica fiscal en el país.
La posibilidad de hacer responsables de delito a las personas jurídicas se incorporó en México a partir de las reformas de 2016 al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que señala la posibilidad de procesar a personas morales en sus artículos 421 al 425.
De ahí la necesidad de las empresas (en general las personas morales, excepto las del Estado) de contar en su seno organizacional con un programa de cumplimiento normativo en materia penal y de controles internos, ética y normas en general, al que se ha denominado compliance, en inglés.
Las personas jurídicas serán responsables de los delitos cometidos a su nombre y por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización, según señala la ley. A éstas podrán imponerse sanciones cuando se cometa alguno de los quince delitos establecidos en el artículo 11 bis del Código Penal Federal (CPF).
Para efectos de esta participación y el trabajo contable, interesa saber que entre los delitos se encuentran las operaciones con recursos de procedencia ilícita, como el lavado de dinero, el contrabando y su equiparable; la defraudación fiscal y su equiparable, y la compra-venta o promoción de facturas que amparen operaciones simuladas (artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) a partir del 1.º de enero.
A las personas jurídicas, es decir, con personalidad jurídica propia, se les podrá aplicar una o varias penalidades que van desde una sanción pecuniaria o multa como el decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito, hasta la clausura de locales y establecimientos, por un plazo de entre seis meses a seis años o la inhabilitación temporal para vender al Estado, la intervención judicial o el cierre de una entidad.
Para evitar estas contingencias es que las entidades deben contar con una serie de controles internos, basados en un adecuado establecimiento de riesgos, y un programa de cumplimiento normativo que apoya la debida diligencia (due diligence) de la entidad, dentro del marco de sus actividades.
De acuerdo con el artículo 422 del CNPP, se pueden atenuar las sanciones hasta en una cuarta parte si las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva, y hayan realizado antes o después del acto imputado la disminución del daño provocado por el hecho típico. Es por ello que la figura de cumplimiento normativo se ha vuelto muy popular, sobre todo en el medio legal.
Cumplir las normativas legales, financieras y contables que eviten o minimicen riesgos de lavado de dinero, no sólo en las llamadas actividades vulnerables listadas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), sino en las operaciones de la entidad.
Evitar la realización de los delitos señalados y los vinculados con extinción de dominio, así como los precisados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Prevenir el acoso laboral y sexual en las organizaciones.
Tener una visión ética y de anticorrupción en la organización, para lo que debe obedecer las leyes de protección de datos personales.
Vigilar, detectar y corregir la posibilidad de cometer los delitos señalados y la configuración de delitos fiscales, así como el uso de recursos de procedencia ilícita, precisados y contenidos en el artículo 400 bis del CPF.
Supervisar que también cumpla las reglas de carácter general, pero en particular las disposiciones contenidas en los artículos 18 y las restricciones de uso de efectivo, divisas y metales preciosos señaladas en el artículo 32 de la LFPIORPI. Además de las actividades no listadas como vulnerables, pero que pueden permitir que dinero mal habido sea recibido en la organización, lo que configura el delito señalado. Aún más, evitar que la misma pueda incurrir en prácticas que pudieran detonar la extinción de dominio conforme a la nueva ley sobre el tema, en la que el compliance es un elemento fundamental, que permitirá a las entidades demostrar la buena fe en sus operaciones.
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