Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-441-de-julio-11-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e4a433adbd77000ce0430a010151000c&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-16 22:30:16
Document Index: 306105117

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 22', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 229', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 8', 'artículo 48', 'artículo 52', 'artículo 155', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 36', 'artículo 114', 'artículo 93', 'artículo 209', 'artículo 85', 'artículo 2', 'artículo 66']

﻿ Sentencia T-441 de julio 11 de 2013
SENTENCIA T-441 DE 11 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS USUARIOS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA COMO CONSECUENCIA DE LOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS POR COLPENSIONES. LAS CONSTANTES FALLAS ADMINISTRATIVAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES Y EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE TODOS LOS USUARIOS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA PUESTO QUE COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE RESPUESTA OPORTUNA EN LAS SOLICITUDES PENSIONALES Y DEL INCUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES QUE RECONOCEN MESADA PENSIONAL HACEN QUE NO SE CUMPLAN LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA LOS CUALES ORIENTAN LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE EFICACIA, PRINCIPIO DE EFICIENCIA, ISS, ADMINISTRADORA DE PENSIONES EN RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA, SISTEMA DE SALUD, RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA, COLPENSIONES, SISTEMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, OMISIÓN EN SENTENCIA
Sentencia T-441 de julio 11 de 2013
Ref.: Expedientes T-3.762.813, T-3.766.013, T-3.768.223, T-3.769.087, T-3.770.142, T-3.773.891 y T-3.775.449.
Acción de tutela instaurada por Zabulón Tirado García y otros, en contra del Instituto de Seguros Sociales y Colpensiones
Derechos fundamentales invocados: seguridad social, mínimo vital y petición
Dentro de los procesos radicados bajo los números T-3.762.813, T-3.766.013, T-3.768.223, T-3.769.087, T-3.770.142, T-3.773.891 y T-3.775.449 que fueron seleccionados y acumulados por presentar unidad de materia en el auto de la Sala de Selección Dos de la Corte Constitucional del 15 de febrero de 2013, para ser fallados en una sola sentencia.
1. Expediente T-3.762.813
1.1.1. Señala el actor que en razón al fallo proferido dentro de un proceso ordinario por el juez octavo laboral del circuito de Medellín y confirmado por el Tribunal Superior de Medellín, el 5 de julio de 2012 presentó ante el ISS una cuenta de cobro de pensión de vejez.
1.1.2. Indica que la pensión de vejez le ha sido negada en varias oportunidades, a pesar de que cuenta con el número suficiente de semanas para pensionarse y, además, existe una sentencia judicial a su favor que ordena el reconocimiento y pago de la misma.
1.1.3. Afirma que padece cáncer de estómago en su cuarta etapa, por lo que el incumplimiento del fallo jurídico por parte del ISS lo perjudica gravemente, pues de contar con la pensión podría sobrellevar dignamente su enfermedad.
1.1.4. En razón a lo anterior, solicita al juez de tutela que ordene al ISS resolver de fondo su situación pensional en el sentido de que reconozca y pague la mesada a que tiene derecho.
1.3.1. Fallo único de instancia - Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Medellín con Funciones de Conocimiento.
1.4.1.Copia de la historia clínica del accionante, fechada el 25 de septiembre de 2012.
1.4.2. Copia de la cédula de ciudadanía del señor Zabulón Tirado García.
2. Expediente T-3.766.013.
2.1.1. Señala que el17 de febrero de 2012, el Juzgado 4 Laboral del Circuito Adjunto 2 de Pereira, profirió sentencia condenando al ISS a reconocerle la pensión de vejez con su correspondiente retroactivo desde el 27 de octubre de 2009.
2.1.2. Afirma que el 13 de junio de 2012, radicó ante el ISS todos los documentos pertinentes para efectos de que se diera cumplimiento a la sentencia.
2.1.3. Sostiene que la entidad demandada ha sido renuente a cumplir con la sentencia judicial, situación que le afecta sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social. Por esta razón, acude al juez de tutela con el fin de que tutele sus derechos y, en consecuencia, se le ordene a la entidad accionada que proceda a dar cumplimiento al fallo judicial.
Mediante auto del 14 de noviembre de 2012, el Juzgado 3 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a la entidad accionada, sin recibir respuesta alguna.
2.3.1. Fallo único de instancia - Juzgado 3 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.
2.4.1. Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante.
2.4.2. Copia de la sentencia proferida el 17 de febrero de 2012 por el Juzgado 4 Laboral del Circuito Adjunto 2 de Pereira, como consecuencia de la demanda interpuesta por la señora Cataño Taborda en contra del ISS.
3. Expediente T-3.768.223.
3.1.1. Señala que el 5 de septiembre del 2008 radicó ante el ISS - Seccional Armenia, la documentación correspondiente para adquirir la pensión de vejez, debido a que cuenta con más de 77 años y que reúne los requisitos establecidos por la ley.
3.1.2. Narra que en enero de 2009 obtuvo respuesta negativa por parte del ISS, puesto que, según le informaron, para el periodo 2003-2007 solo cotizó a pensión pero no a salud.
3.1.3. Indica que ante tal respuesta, en junio de 2010 instauró acción de tutela contra dicha entidad, obteniendo fallo a su favor, en el cual el juez de tutela ordenó a la entidad que le reconociera de manera transitoria la pensión mientras él adelantaba el respectivo proceso ordinario laboral.
3.1.4. Sostiene que a pesar del fallo de tutela, el ISS suspendió el pago de su mesada pensional a partir de noviembre de 2010.
3.1.5. De otro lado, relata que la demanda ordinaria laboral fue conocida por el Juzgado 4 Laboral del Circuito de Pereira, quien posterior a su admisión la remitió al Juzgado 4 Adjunto de la misma ciudad, autoridad que profirió fallo del 24 de abril de 2012, ordenando al ISS, que en el plazo de un mes profiriera el respectivo acto administrativo reconociéndole la pensión.
3.1.6. Afirma que transcurrido el mes de plazo, el ISS aún no había expedido el acto administrativo, razón por la cual inició la acción ejecutiva, pero señala que “por los trámites engorrosos de la justicia y el nombramiento de más jueces, no ha sido posible que me incluyan en nómina”.
3.1.7. Por lo descrito, señala que acude al juez de tutela con el fin de que se garantice su derecho fundamental a disfrutar de una pensión de vejez para así poder vivir dignamente.
3.2.1. Respuesta del Instituto de Seguro Social En Liquidación.
Señaló que de acuerdo al decreto 2013 de 2012,
“excepcionalmente, con el objeto de afectar la prestación del servicio público en pensiones, y por un término no superior de seis (6) meses, el Instituto de Seguros Sociales En Liquidación seguirá ejerciendo la defensa en las acciones de tutela relacionadas con la administración del régimen de prima media con prestación definida, que se encuentren en curso al momento de entrada en vigencia de estos decretos y estipula que el cumplimiento de los fallos de tutela relacionados con la administradora del régimen de prima media con prestación definida corresponde a Colpensiones me permito informar que el Instituto de Seguros Sociales En Liquidación ha venido realizando la entrega efectiva de toda la información correspondiente a expedientes administrativos a Colpensiones, a efectos que la nueva administradora del régimen de prima media puede dar respuesta de fondo a las pretensiones de los accionantes”.
Por esta razón, informó al juez de tutela que el expediente que corresponde al accionante se encuentra en proceso de envío a Colpensiones, para que dicha entidad emita una respuesta de fondo, solicitando un término razonable mientras se concluye dicho procedimiento.
3.3.1. Fallo único de instancia - Juzgado 2 Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento.
3.4.1. Copia de la sentencia proferida el 25 de abril de 2012 por el Juzgado 4 Laboral del Circuito Adjunto 2.
4. Expediente T-3.769.087.
Derfilia Martínez Jiménez interpuso acción de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales - Seccional Bolívar y el Departamento de Atención al Pensionado en la misma localidad, por considerar que vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vida, a la seguridad social y al debido proceso. La demanda se sustenta en los siguientes:
4.1.2. Relata que el 9 de marzo de 2012 presentó los documentos ante el ISS - Seccional Bolívar con el fin de que le fuera reconocida la mesada pensional.
4.1.3. Señala que pese a lo anterior, la entidad aún no ha remitido los documentos a la Seccional Atlántico para que revisen la solicitud.
4.1.4. Finalmente, afirma estar pasando por una “crisis nerviosa” puesto que le manifestaron que debía esperar cuatro meses para que le otorgaran la pensión, los cuales ya se cumplieron y aún no ha obtenido respuesta alguna.
4.1.5. Por lo descrito, solicita al juez de tutela que ordene al ISS - Seccional Bolívar, que envíe los documentos referidos a su pensión al Departamento de Atención al Pensionado Seccional Atlántico y, que a su vez, este último resuelva de fondo su petición.
4.2.1. Respuesta del Instituto de Seguro Social - Seccional Bolívar.
Informó que la solicitud presentada por la accionante no es competencia de esa seccional, sino que debe tramitarse ante el “jefe de atención al pensionado de la Seccional Atlántico” ubicado en la ciudad de Bogotá. Por ello, manifestó que mediante Oficio DP-0781 de marzo de 2012, remitió a esa sede la solicitud de la accionante a efectos de que se diera una respuesta de fondo.
4.3.1. Fallo único de instancia - Juzgado 3 de Familia de Cartagena.
4.4.1. Copia del comprobante de radicado de la solicitud elevada ante el ISS.
4.4.2. Copia de la cédula de ciudadanía, donde se observa que nació el 22 de enero de 1957.
5. Expediente T-3.770.142.
José Obdulio Bueno Gañán, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra de Colpensiones, por considerar que esta vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la dignidad humana y el de petición. El actor presenta su demanda con base en los siguientes:
5.1.1. Afirma que la Junta Nacional de Invalidez lo calificó con el 56.49% de pérdida de la capacidad laboral y que el 7 de junio de 2012, solicitó al Instituto de Seguros Sociales - Seccional Risaralda el reconocimiento de la pensión de vejez.
5.1.2. Relata que a la fecha de interponer la tutela —nov. 29/2012—, la entidad aún no había dado respuesta a su solicitud. Igualmente, sostiene que tampoco ha recibido comunicación alguna por parte de Colpensiones, puesto que, a causa de la liquidación del ISS, es esa entidad la que actualmente resuelve las peticiones sobre temas pensionales.
5.1.3. Por lo anterior, considera que tanto el ISS como Colpensiones, al no haber tomado una decisión de fondo, han vulnerado su derecho fundamental de petición y, de paso, al mínimo vital, contrariando numerosos fallos jurisprudenciales sentados por la Corte Constitucional sobre la materia.
5.1.4. En tal sentido, solicita al juez que tutele sus derechos fundamentales y ordene a las entidades referidas que lo incluyan en nómina.
5.2. Contestación de la demanda.
5.2.1. Respuesta de Colpensiones.
5.3. Decisiones judiciales.
5.3.1. Fallo único de instancia - Juzgado 5 Penal del Circuito de Pereira.
5.4.1. Copia de la cédula de ciudadanía del accionante, cuya fecha de nacimiento data del 22 de julio de 1942.
5.4.2. Copia de la solicitud de pensión presentada ante el ISS - Seccional Risaralda, el 7 de junio de 2012.
6. Expediente T-3.773.891.
6.1.1. Afirma que una vez cumplidos los requisitos de edad y semanas cotizadas para poder acceder a la pensión de vejez, en escrito del 22 de octubre de 2008 solicitó el reconocimiento de la misma a la Caja Nacional de Previsión Social —Cajanal EICE—.
6.1.2. Indica que luego de casi tres años de trámites, el 23 de agosto de 2011 Cajanal EICE le manifestó que no era la entidad competente para resolver su solicitud y resolvió enviar los documentos al Instituto de Seguros Sociales.
6.1.3. Aduce que el 23 de enero de 2012, ante la falta de respuesta por parte del ISS, procedió a elevar nuevas peticiones escritas, pero que a pesar de ello aún no cuenta con una solución definitiva por parte de la entidad.
6.1.4. En razón a lo anterior, solicita la protección de sus derechos fundamentales, ordenando a las entidades demandadas reconocer y pagar la pensión a la que tiene derecho.
6.1. Contestación de la demanda.
6.2.1. Respuesta del Instituto de Seguros Sociales.
Informó que con razón del Decreto 2013 de 2012, el cumplimiento de los fallos de tutela relacionados con el régimen de prima media corresponde a la Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones—, razón por la cual indicó que ha venido entregando la información correspondiente a los expedientes a dicha entidad.
6.2.2. Respuesta de Colpensiones.
Así, señaló que con posterioridad a la expedición de la norma, el ISS y Colpensiones suscribieron un acuerdo que permitiera la entrega inmediata de expedientes pensionales que tuvieran pendiente un trámite judicial.
De este modo, mencionó que el expediente pensional del accionante ya está en poder Colpensiones, el cual fue remitido a la gerencia de reconocimiento, que aún no ha dado respuesta, por lo que solicitó al juez de tutela un término de dos meses para resolver de fondo la solicitud del tutelante.
6.3. Decisiones judiciales.
6.3.1. Única de instancia - Juzgado 30 Laboral del Circuito de Bogotá.
6.4.1. Copia del oficio expedido por Cajanal el 18 de octubre de 2011, remitiendo la solicitud de la accionante al ISS junto con todos sus anexos.
7. Expediente T-3.775.449.
7.1.1. Indica que por padecer cáncer de riñón, el 27 de abril de 2011, el ISS realizó la valoración de la pérdida de su capacidad laboral, determinando un porcentaje del 51.51%, con fecha de estructuración del 26 de enero de 2006.
7.1.3. Señala que tras lo anterior, el 2 de julio de 2011 presentó solicitud ante el ISS para que le reconociera y pagara la pensión de invalidez. Sin embargo, afirma que el término legal dentro del cual debía resolverse su solicitud venció y no recibió respuesta.
7.1.4. Ante tal omisión, manifiesta que presentó acción de tutela contra el ISS, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo, quien estimó que solo debía tutelarse el derecho fundamental del actor, puesto que para el reclamo de la pensión, existían otros mecanismos judiciales. En consecuencia, ordenó que se resolviera de fondo la solicitud pensional presentada por él.
7.1.5. Dada la renuencia de la entidad a cumplir con la anterior orden de tutela, señala que inició el incidente de desacato ante el mismo juez, que en providencia del 5 de diciembre de 2011 requirió a la directora del Instituto de Seguros Sociales para que cumpliera lo ordenado.
7.1.6. Relata que mediante Resolución 330 del 23 de abril de 2012, el ISS responde que una vez evaluada la situación del actor por parte del comité de multivinculación, concluyó que la solicitud de pensión debía dirigirse al Fondo de Pensiones Horizonte.
7.1.7. Señala que como consecuencia de lo anterior, el juez de tutela dispuso el archivo del incidente.
7.1.8. El accionante considera que tanto el juez de tutela como el ISS han vulnerado gravemente su derecho fundamental al mínimo vital. El primero, por cuanto desconoció el precedente constitucional donde en casos similares esta corporación ha ordenado el pago y reconocimiento de la pensión de invalidez; el segundo, debido a que, con anterioridad, otro juez de tutela ya había definido que el ISS era la entidad a la cual se encontraba afiliado el accionante y, por ende, la que debía reconocer cualquier tipo de prestación siempre y cuando reuniera los requisitos para ello.
7.2. Contestación de la demanda.
En auto proferido el dieciocho (18) de septiembre de dos mil doce (2012), la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Buga admitió la demanda de tutela y corrió traslado de la misma al ISS, entidad que no se pronunció al respecto; igualmente requirió dentro del mismo trámite a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y vinculó al Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo (Valle del Cauca) copia del expediente de tutela promovido en el pasado por el accionante contra dicho fondo privado y conocida por (sic).
7.2.1. Respuesta de BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías.
Informó que una vez revisada su base de datos, pudo determinar que la persona identificada con el nombre de Leobardo Herrara Herrera, con cédula de ciudadanía 4.411.122, no se encontraba afiliado al fondo de pensiones obligatoria administrado por BBVA Horizonte. Sin embargo, también indicó que dicha administradora realizó el traslado de los aportes del señor Herrera al ISS, en razón a que previamente se estableció que era allí donde estaba válidamente vinculado.
7.2.2. Respuesta del Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo (Valle del Cauca).
El titular del despacho allegó escrito manifestando que conoció en primera instancia de una acción de tutela interpuesta por el señor Leobardo Herrera Herrera en contra del ISS, en razón a la ausencia de respuesta de esta entidad respecto de una solicitud de pago y reconocimiento de la pensión de invalidez. En este sentido, indicó que profirió sentencia el 18 de noviembre de 2011, protegiendo el derecho fundamental de petición del actor, ordenando al jefe de atención al pensionado del ISS dar respuesta de fondo a lo solicitado.
7.3. Decisiones judiciales.
7.3.1. Primera instancia - Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Buga.
7.3.2. Impugnación.
Cuestiona el fallo del a quo en tanto solo se refirió a la acción tutela contra sentencia de tutela y, contrariando la jurisprudencia constitucional, no se pronunció sobre los demás derechos fundamentales sobre los cuales solicitaba protección constitucional, como lo son el mínimo vital, vida en condiciones dignas y seguridad social.
7.3.3. Segunda instancia - Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
7.4. Pruebas.
7.4.1. Copia de la cédula de ciudadanía del accionante, nacido el 14 de septiembre de 1942.
7.4.2. Copia de la historia clínica expedida por la Clínica San Francisco S.A., fechada el 29 de julio de 2011.
7.4.3. Copia de un certificado expedido por Coomeva EPS el 19 de julio de 2010, donde contra las fechas en que ha sido incapacitado.
7.5. Pruebas decretadas por la Corte Constitucional.
Mediante auto del 15 de mayo de 2013, el suscrito magistrado sustanciador ofició a las entidades demandas y a los organismos de control para que remitieran a esta corporación sendos informes acerca de las dificultades de prestación del servicio que se han venido presentando con la entrada en operación de la nueva administradora de pensiones, Colpensiones.
En respuesta a la información solicitada se recibieron los siguientes escritos:
7.5.1. Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones—.
“i) Puntos de atención al ciudadano-vicepresidencia de atención al ciudadano: cuando se radica la documentación.
ii) Proveedor SYC: validación de los documentos aportados por los peticionarios.
iii) Gerencia nacional de operaciones - vicepresidencia de tecnología: se encarga de actualizar la información en las bases de datos misionales.
iv) Gerencia de procesos - Bizagi: a través del gestor documental se asigna el caso al liquidador que pertenece la gerencia nacional de reconocimiento.
v) Gerencia nacional de reconocimiento - vicepresidencia de beneficios y prestaciones: es la encargada de estudiar la petición elevada y de expedir el acto administrativo correspondiente, el cual es cargado a través del Bizagi a los PAC.
vi) Gerencia nacional de nómina - vicepresidencia de beneficios y prestaciones: una vez firmado, numerado el acto administrativo y reconociendo la prestación, automáticamente es incluido en la nómina de pensionados.
vii) Puntos de atención al ciudadano - vicepresidencia de atención al ciudadano: se encargan de efectuar el trámite de notificación.
viii) Gerencia de ingresos y egresos - vicepresidencia de financiamiento: participa cuando se trata del reconocimiento de una prestación que incluye tiempos públicos para que se encarguen de cobrar el bono pensional o la cuota parte, según el caso”.
Continuando con el informe, frente a la pregunta de cuándo se tiene prevista la entrega total de los expedientes por parte del ISS al Colpensiones, manifiesta que “expedientes relacionados con solicitudes de los ciudadanos que incluyan, copia de documentos para la decisión, reliquidación, sustituciones, etc., se pre (sic) para el 28 de septiembre de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 2013 de 2012”.
Ahora bien, las peticiones de prestaciones del sistema general de pensiones para cuya solución se requiere de expediente administrativo que contenga información básica para estudio y respuesta de fondo dependen de la entrega efectiva de este insumo indispensable por parte del ISS En Liquidación a Colpensiones. En este sentido, debe considerarse que el reconocimiento pensional en el régimen de prima media requiere de documentación específica que determina el régimen pensional aplicable... Por esa razón, se han presentado casos de peticiones pensionales que no se ha cumplido con los términos legales para el reconocimiento dado que a la fecha Colpensiones aún no cuenta con el expediente administrativo”.
“(i) Solicitud de cumplimiento de fallo judicial elevada directamente por el beneficiario a través de una petición, queja, reclamo o sugerencia - procesos judiciales con fallo anterior a la fecha de entrada en operación de Colpensiones.
a. Verificación de requisitos documentales mínimos: es un trámite que se adelanta en la vicepresidencia jurídica y secretaría general, en el cual se verifica que junto a la solicitud de cumplimiento de fallo judicial, el peticionario haya allegado los siguientes documentos mínimos:
— Copia auténtica de las sentencias judiciales
— Constancia de notificación y ejecutoria de los fallos judiciales
— Poder para actuar ante Colpensiones, en caso de que el peticionario actúe representado por abogado
— Copia de los documentos de identidad de los beneficiarios cuando se trate de incrementos pensionales
— Original del dictamen de invalidez
b. Realización del estudio de seguridad: este trámite se tiene contratado con una empresa de vigilancia judicial, que se encarga de acudir a los diferentes despacho judiciales del país para constatar la existencia del proceso judicial, la condena proferida, el inicio del proceso ejecutivo y tomar las copias de las sentencias judiciales o la obtención del acta a través del cual se detalle cuál fue la condena proferida en los procesos que se han adelantado oralmente.
c. Expedición del acto administrativo: finalizado el estudio de seguridad, con la información suministrada por la firma de vigilancia judicial, el caso respectivo es remitido a la vicepresidencia de beneficios y prestaciones - gerencia nacional de reconocimiento (...)”.
Como dato adicional, señala que desde el 20 de diciembre de 2012 un total de 5.560 expedientes pendientes de cumplimiento de fallo judicial provenientes del ISS, los cuales se tramitan (i) verificando el cumplimiento de requisitos documentales mínimos, (ii) con la autenticación de que los mismos realiza el ISS, y (iii) su posterior envío a la vicepresidencia competente para el cumplimiento.
Finalmente, manifiesta que “el cumplimiento de sentencias y, en general la realización de los procesos misionales responsabilidad de Colpensiones, se está adelantando de manera ordenada y de conformidad con los tiempos y plazos previstos en el plan de acción presentado a la Corte Constitucional y Defensoría del Pueblo —anexo—”.
7.5.2. Instituto de Seguros Sociales.
La entidad sostiene que, con fundamento en el artículo 3º del Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012, el cumplimiento de los fallos judiciales relacionados con la administración del régimen de prima media con prestación definida, corresponde a Colpensiones, por lo que a partir de la liquidación del ISS, fue suprimida la competencia para decidir sobre aquellas prestaciones relacionadas con el régimen de prima media. En razón a esto, indica que la única obligación del instituto es entregar a la nueva administración la información y soportes para que cumpla la orden judicial.
7.5.3. Defensoría del Pueblo.
Ante tal panorama, manifiesta que surgió la necesidad de adelantar y concretar mesas de trabajo conjuntas para determinar lo problemas surgidos con la liquidación del ISS y la entrada en vigencia de Colpensiones. La primera de ellas tuvo lugar el 20 de febrero de 2012, en presencia del Ministro de Trabajo, el presidente de Colpensiones, la apoderada general de la entidad liquidadora del ISS, representantes de la contraloría y de los usuarios del sistema general de pensiones. El resultado de la reunión se expresó en la segunda mesa de trabajo (mar. 12/2013), donde se presentó un cronograma denominado “plan de acción para superar el atraso estructural del régimen de prima media”, a partir del cual las entidades debían rendir un informe mensual a la defensoría, en el que constaran los avances y logros alcanzados en la ejecución del plan.
En seguida, expone los avances y tareas pendientes de acuerdo a cada uno de los informes que le han allegado el ISS y Colpensiones. Por cuestiones prácticas, se presentan los cuadros que anexa la defensoría:
Solicitudes recibidas y tramitadas por Colpensiones(1)
Trámite Recibidos a abril 30 de 2013 Meta a abril 30 de 2013 Cumplimiento al 30 de abril de 2013 Desfase
Solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas 142.766 123.207 57.416 46,60% -65.791
Novedades de nómina 77.559 54.369 46.717 85,93% -7562
Corrección historia laboral 1(2) 47.023 44.437 23.694 53,32% -20.743
Corrección historia laboral 2(3) 5.375 5.375 1.669 31,05% -3.706
Cumplimiento sentencias 880 880 18 2,05% -862
Derechos de petición 201.427 179.874 155.783 86,61% -24.091
Bonos pensionales y otros 13 13 13 100% 0
Trámites de tutelas 76.051 76.051 35.061 46,11% -40.986
Trámite Recibidos a abril 30 de 2013 Compromiso a abril 30 de 2013 Cumplimiento al 30 de abril de 2013 Desfase
Solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas 216.000 71.259 72.743 102% 1.484
Novedades de nómina 12.368 12.368 2.125 17,38% -10.218
Corrección historia laboral 1(4) 108.852 51.114 48.883 94,89% -2.631
Corrección historia laboral 2(5) 12.443 7.644 6.961 91,06% -683
Cumplimiento sentencias con requisitos 4.030 896 54 6,03% -842
Cumplimiento sentencias sin requisitos 7.508 1.668 0 0,00% -1668
Derechos de petición 252.000 217.454 170.268 78,30%% -47.186
Bonos pensionales y otros 102.078 900 900 100% 0
Trámites de tutelas 131.371 0 0 100% 0
7.5.3.1. El desconocimiento del derecho de petición y la obligación de responder los mismos de manera oportuna, clara y completa.
Sustenta lo anterior en la ingente cantidad de acciones de tutela que recibió el ISS - Colpensiones en el año, que según datos que la misma defensoría proporciona, ascienden a un total de 73.000, situándolas como las entidades más entuteladas en Colombia.
“Se debe resolver de manera efectiva, esto es, de fondo y oportunamente los derechos de petición y abstenerse de dar respuestas en formatos preestablecidos, en los que no se incluya un análisis particular de los casos planteados por los ciudadanos”(6).
7.5.3.2. Priorización de las solicitudes.
La Defensoría cree necesaria la adopción de medidas de discriminación positiva para personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Para este grupo poblacional, considera pertinente la solución en tiempo de las pensiones de invalidez, sustitución o sobrevivientes y primera vez. En tal sentido, propone lo siguiente:
A. Prestación
c. Pensión de vejez
a. Indemnizaciones
b. Auxilios funerarios
c. Mesadas no cobradas causadas por fallecimiento
C. Reliquidación de pensiones”
7.5.3.4. La historia laboral de los afiliados no registra la totalidad de las semanas verdaderamente cotizadas, no obstante el ISS En Liquidación argumenta que fue trasladado en su totalidad la base de datos a Colpensiones.
7.5.3.5. Cumplimiento de fallos de acción de tutela y declaratoria del “estado de cosas inconstitucional”.
La Defensoría del Pueblo manifiesta que de las reuniones sostenidas con el ISS En Liquidación y Colpensiones, se ha destacado la obligación que tiene esta última de asumir los procesos judiciales en curso contra el ISS a partir del 28 de diciembre de 2012, conforme lo establece el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012. No obstante, asegura que “se continúan presentando situaciones en las que Colpensiones no se quiere notificar de las acciones de tutela ni de los desacatos, lo que de plano atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos”.
Dado el panorama anteriormente descrito, el organismo de control solicita a esta corporación que se declare el estado de cosas inconstitucional “como mecanismo para conjurar la actual situación de violación de derechos fundamentales, por parte del Instituto de Seguros Sociales En Liquidación y la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones”.
7.5.4. Ministerio de Trabajo.
7.5.4.1. Subestimación de los trámites en curso en el Instituto de Seguros Sociales relacionados principalmente con tutelas, fallos judiciales, notificaciones y solicitud de historias laborales.
7.5.4.2. Aumento de las solicitudes por el inicio de operaciones de Colpensiones.
a. Solicitudes de reconocimiento de prestaciones pensionales
b. Novedades de nómina
c. Corrección de historia laboral tradicional
d. Corrección de historia laboral post 95
e. Derechos de petición
f. Bonos pensionales y otros
g. Cuotas Partes pensionales y otros”.
7.5.5. Procuraduría General de la Nación.
— Circular 002 del 1º de abril de 2013 expedida por el señor Procurador General de la Nación y dirigida al Ministro de Trabajo, Ministro de Salud y Protección Social, Colpensiones, ISS En Liquidación y Superintendencia Financiera, relacionada con el cumplimiento de los términos legales para el reconocimiento de los derechos pensionales.
— Oficio 000244 de mayo 6 de 2013 por medio del cual el Procurador General de la Nación responde un cuestionario a la Cámara de Representantes relacionado con las circunstancias de tiempo, modo y lugar dentro de las cuales se dispuso por parte del gobierno nacional la entrada en operación de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones; los problemas y deficiencias presentados en la asunción de la administración del régimen pensional de prima media, así como las acciones de carácter preventivo, judicial y disciplinario desarrolladas por la Procuraduría General de la Nación antes y durante el periodo de transición ISS - Colpensiones.
7.5.6. Ministerio de Justicia y del Derecho.
8.1. Competencia y oportunidad.
8.2. Problema jurídico.
Por esta razón, la Sala encuentra que el problema a jurídico a resolver no solamente tiene que ver con la vulneración de los derechos fundamentales invocados por los peticionarios cuyas acciones de tutela se revisa en esta providencia, sino con una situación mucho mayor relacionada con la prestación del servicio por parte del Instituto de Seguros Sociales En Liquidación y la Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones—.
8.3. Principios del derecho a la seguridad social.
En relación con lo anterior, las normas internacionales que en razón del bloque de constitucionalidad integran el ordenamiento jurídico, también han contemplado el derecho a la seguridad social. Así, el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece: [t]oda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Asimismo, en la Observación General 19, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales(7) trazó el contenido de este derecho y determinó que este incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo.
Ahora bien, como se desprende del propio artículo 48 citado, el derecho a la seguridad social debe observar ciertos principios que resultan de vital importancia a la hora de garantizar a los ciudadanos una adecuada prestación del mismo por parte del Estado. En tal sentido, la Corte Constitucional en Sentencia T-283 de 2013,(8) desarrolló el contenido de cada uno de ellos en la siguiente forma:
“consiste en garantizar la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación y en todas las etapas de la vida. En la Observación General 19, el Comité DESC desarrolla el contenido de este derecho y establece que el sistema de seguridad social debe abarcar las siguientes nueve contingencias que se constituyen en las ramas principales de la seguridad social: asistencia en salud, enfermedad, vejez, desempleo, accidentes laborales, prestaciones familiares, discapacidad, maternidad, supervivencia y orfandad”.
“implica la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. La jurisprudencia(9) de esta corporación ha definido la eficiencia como la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos, de manera que se maximicen los resultados y se obtenga más utilidad para aumentar el cubrimiento e incrementar el bienestar de las personas”.
Finalmente, respecto de la solidaridad, expresó:
“hace referencia a la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades, bajo el principio de cooperación del más fuerte hacia el más débil. Al respecto, el artículo 2º de la Ley 100 de 1993 establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la solidaridad en el régimen de seguridad social mediante la participación, control y dirección del mismo. Además, determina que los recursos provenientes del erario público en el sistema se aplicarán siempre a los grupos de población más vulnerables”.
Precisamente, una de estas manifestaciones es el uso de la acción de tutela para solicitar la protección del derecho a la seguridad social de quienes se ven afectados por las acciones u omisiones de las entidades encargadas de prestar dicho servicio público. Por esta razón, por resultar de vital importancia para el presente fallo, a continuación la Sala estudiará si el recurso de amparo es procedente para ello, específicamente, para exigir el cumplimiento de sentencias que reconocen derechos pensionales y, la solución oportuna de las peticiones que en el mismo sentido se dan.
8.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el cumplimiento de una providencia judicial que reconoce derechos pensionales.
“La capital importancia que para el interés público tiene el cumplimiento de las sentencias obliga a los jueces y tribunales adoptar las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales, lo mismo que a la autoridad condenada al cumplimiento oportuno”(10).
El acceso a la administración de justicia, garantizado en el artículo 229 superior, no implica solamente la posibilidad de acudir ante el juez para demandar que deduzca de la normatividad vigente aquello que haga justicia en un evento determinado, sino que se concreta en la real y oportuna decisión judicial y, claro está, en la debida ejecución de ella. Esto, a la vez, representa una culminación del debido proceso, que no admite dilaciones injustificadas en el trámite de los asuntos puestos en conocimiento de los jueces ni, por supuesto, en el cabal y pleno desarrollo de lo que se decida en el curso de los juicios”(11).
Al respecto, esta corporación ha establecido que la acción de tutela por ser un mecanismo subsidiario, solo es procedente cuando se han agotado los medios ordinarios que la persona tenga a su alcance. En el caso de las sentencias judiciales que ordenan el pago y reconocimiento de una mesada pensional, la norma prevé el proceso ejecutivo. Conforme a la jurisprudencia, la procedencia o no de la acción de tutela para efectos del cumplimiento de una providencia judicial, resulta en todo caso excepcional. Así pues, cuando se trata de una obligación de hacer, ha señalado que es factible acudir al mecanismo de amparo para lograr tal propósito, dado que los medios ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico no siempre resultan idóneos para lograr tal propósito.
Contrario a lo anterior, ha expresado que la acción de tutela resulta improcedente cuando se trata del cumplimiento de obligaciones de dar, teniendo en cuenta que para ello la ley estipula el proceso ejecutivo, aduciendo además que la finalidad del recurso de amparo se enmarca en su carácter subsidiario y no puede entrar a sustituir los medios ordinarios para lograr la efectiva protección de un derecho fundamental.
No obstante, esta regla no es absoluta. En algunos pronunciamientos, la Corte Constitucional ha indicado que cuando está de por medio la afectación de otros derechos y principios fundamentales como la vida, la dignidad humana y la integridad física y moral es procedente que mediante este mecanismo residual y subsidiario se ordene que el derecho debidamente reconocido se ejecute, lo que se traduce en la inclusión nómina a quien se le reconoció el estatus de pensionado(12).
Al respecto, en Sentencia T-631 de 2003,(13) la Corte advirtió lo siguiente:
“Y, en esta línea de reflexión, la Corte ha considerado procedente la acción de tutela en aquellos casos en los que se ha exigido el cumplimiento de sentencias que reconocen pensiones, comoquiera que si el juez de tutela se abstiene de ordenar la inclusión en nómina de los peticionarios convalida la afectación del mínimo vital de los mismos,(14) lo cual constituye una excepción a la regla según la cual la tutela es improcedente si persigue el cumplimiento de sentencias que generan obligaciones de dar”.
En razón de la revisión tutelas por la Corte Constitucional, esta ha tenido la oportunidad de conocer solicitudes de amparo similares a las que ahora se estudian. Por ejemplo, en la Sentencia T-440 de 2010, el accionante presentó una petición escrita para que se diera cumplimiento a una sentencia que ordenó al ISS pagarle la pensión de vejez, puesto que era padre cabeza de familia y se encontraba desempleado. Con fundamento en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, al igual que los artículos 229 y 29 de la Constitución Política, esta corporación adujo que:
“tanto las autoridades públicas como particulares, deben acatar los fallos judiciales con el fin de garantizar la efectiva materialización de los derechos fundamentales y, además, el goce pleno de los mismos por quienes acceden a la administración de justicia, lo que a su vez soporta una garantía constitucional del Estado social de derecho”(15).
De forma reciente, en la Sentencia T-657 de 2011,(16) esta misma Sala conoció de una solicitud de tutela donde se requería el cumplimiento de un fallo proferido al interior de un proceso ordinario laboral, en donde se reconocía a favor del accionante una pensión de invalidez. La Sala encontró que si bien se trataba de una obligación de dar y el proceso ejecutivo fungía como el medio idóneo para hacerla valer, este no contaba con la validez y eficacia que caracteriza la acción de tutela “toda vez que tratándose de derechos fundamentales, como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, o el derecho al mínimo vital, etc., un proceso ejecutivo no es el medio más adecuado ni expedito para que ellos dejen de ser vulnerados por parte de la administración renuente al cumplimiento de las decisiones judiciales”.
Así, aun cuando lo pertinente sea el proceso ejecutivo, este medio judicial resulta ineficaz para proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la entidad que se niega a cumplir un fallo que genera obligaciones de dar. En consecuencia, la acción de tutela se torna como el mecanismo que, de manera excepcional, procede para lograr el cumplimiento de estas providencias, con el fin de proteger el derecho a la pensión de las personas a quienes se les ha reconocido.
8.4.2. Garantía y protección del derecho fundamental de petición. Reiteración de jurisprudencia.
Los lineamientos generales, del derecho de petición han sido resumidos así por la jurisprudencia, en Sentencia T-1160A del 1º de noviembre de 2001,(17) y que rigen este derecho fundamental(18) de la siguiente manera:
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser esta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994”(19).
En la Sentencia T-1006 del 20 de septiembre de 2001,(20) la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales más:
“j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder”(21);
“k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado” (22).
La Corte Constitucional ha establecido que el derecho de petición es un derecho fundamental que se presenta de una forma compleja pues, en primer lugar, constituye la herramienta de ejercicio de los demás derechos fundamentales,(23) pese a lo cual no pierde su naturaleza de derecho fundamental autónomo, pero, además, tiene como fin salvaguardar la participación de los administrados en las decisiones que los afectan y en la vida de la Nación(24).
El derecho de petición faculta a toda persona a elevar solicitudes respetuosas a las autoridades públicas —y en casos especiales a los particulares—, e involucra al mismo tiempo la obligación para la autoridad pública de emitir una respuesta que, si bien no tiene que ser favorable a las pretensiones del peticionario, sí debe ser oportuna, resolver de fondo lo requerido por el peticionario y ser puesta en conocimiento del mismo.
8.6. Transición del Instituto de Seguros Sociales a Colpensiones.
Para el año 1945, se presentó ante el Senado de la República un proyecto de ley que pretendía regular lo relacionado con el seguro social obligatorio de los colombianos, iniciativa gubernamental que posteriormente sería aprobada mediante la Ley 90 de 1946, cuyo artículo 8º dio vida al entonces denominado Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS). Según esta norma, se constituyó como una entidad que debía sostenerse financieramente a partir de tres fuentes: los aportes de los empleadores en una proporción del 50%, de los trabajadores en un 25% y del Estado en un 25%.
Mucho más adelante, en desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política de 1991, el Instituto de Seguros Social, previas transformaciones,(25) fue acogido por la Ley 100 de 1993, que creó el sistema integral de seguridad social, conformado principalmente por tres subsistemas: salud, pensiones y riegos profesionales. La entidad se mantuvo como administradora del régimen solidario de prima media con prestación definida, conforme al artículo 52 de dicha norma.
No obstante, el funcionamiento del ISS no superó las expectativas para las cuales se creó, como consecuencia de las constantes fallas administrativas y financieras que venía presentando. En consecuencia, el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007,(26) creó una nueva empresa industrial y comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de la Protección Social, a la cual denominó Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
Creada la nueva entidad, el mismo precepto dispuso que el Gobierno debería tomar las medidas necesarias para proceder a la liquidación de Cajanal EICE, Caprecom y el Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la administración de pensiones se refiere. Así pues, en uso de dicha facultad el Gobierno Nacional profirió los decretos 2011,(27) 2012(28) y 2013(29) del 28 de septiembre de 2012, a través de los cuales establece las pautas y directrices que permiten la liquidación del ISS y entrada en operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
De acuerdo con lo señalado por el artículo 1º del Decreto 2011 de 2012, la entrada en operaciones de Colpensiones se dio el mismo día de su promulgación, es decir, el 28 de septiembre de 2012. En seguida, el artículo 2º contempló la continuidad en el régimen de prima media con prestación definida de los afiliados y pensionados en la nueva entidad, así:
“Los afiliados y pensionados del régimen de prima media con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales - ISS, mantendrán su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tienen el mismo régimen, sin que ello implique una selección o traslado de régimen del sistema general de pensiones”.
Asimismo, el artículo 3º del referido decreto señala como una de las principales funciones de Colpensiones la de “[r]esolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, inclusive aquellas que habiendo sido presentadas ante el Instituto de Seguros Sociales ISS, o la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, no se hubieren resuelto” a la entrada en vigencia de la norma citada.
“ART. 35.—De los procesos judiciales. (...)
Del mismo modo, el decreto también previó la entrega de archivos físicos del ISS a Colpensiones, cuyo proceso se caracteriza por la elaboración de inventarios por cada seccional, conforme a las normas dictadas por el archivo general de la Nación al respecto(30).
9.1. Contexto del problema.
9.1.1. De acuerdo con las consideraciones anotadas, el derecho fundamental a la seguridad social es una garantía constitucional en cabeza de los asociados (art. 48 superior), estando a cargo del Estado la labor de desplegar todas las medidas necesarias para un efectivo goce del mismo. Esto significa que además del reconocimiento formal, es imprescindible la implementación de una estructura institucional que permita brindar las prestaciones derivadas de tal derecho, es decir, los instrumentos de materialización.
9.1.2. En su historia reciente, Colombia ha contado con el Instituto de Seguros Sociales como la entidad encargada de administrar el régimen de prima media, que a su vez, verifica el cumplimiento por parte de los usuarios de los requisitos exigidos por ley para que les sea reconocida y pagada diferentes prestaciones tales como la pensión (jubilación, invalidez o sobrevivientes), la indemnización sustitutiva, bonos pensionales y reliquidación de mesadas.
9.1.4. Ahora bien, de esta breve reseña puede indicarse que la existencia de una adecuada estructura institucional en la administración del sistema de seguridad social, orientada por los principios de eficacia y eficiencia, permite al Estado garantizar a cada uno de los ciudadanos el goce efectivo de sus derechos fundamentales, especialmente, la vida digna, la salud y el mínimo vital. En este orden de ideas, vale la pena recordar que la jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia del principio de eficacia cuando se trata de procesos administrativos que involucran derechos fundamentales,(31) escenarios donde la administración pública está obligada a resolver problemas y no simplemente a manifestar que lo están haciendo. A partir de esta afirmación, la Corte ha concluido que las múltiples deficiencias administrativas o la ineficacia del sistema, no pueden ser razones válidas para disculpar la protección de los derechos fundamentales de las persona.
9.1.5. Teniendo en cuenta lo anterior, y apoyada en la información suministrada por los organismos de control, defensoría y procuraduría, además de los hechos que dieron origen a las sentencias de tutela que se revisan, la Sala considera que, tal como lo manifestó inicialmente, el problema jurídico a resolver no está circunscrito de manera exclusiva a la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por los peticionarios, sino que, va mucho más allá, en tanto está relacionado con los inconvenientes de carácter administrativo que actualmente presentan las entidades demandadas, situación que puede afectar de manera considerable el efectivo goce de los derechos de los usuarios.
9.1.7. Para responder a esta pregunta, la Sala considera necesario primero enunciar qué clase de problemas administrativos surgieron a raíz de lo anterior, para luego, si es el caso, plantear las soluciones pertinentes.
9.2. Principales problemas administrativos expuestos por las entidades demandadas.
9.2.1. De acuerdo con Colpensiones, el ISS ha enfrentado problemas estructurales durante las últimas dos décadas de funcionamiento, siendo una de los más significativos la incapacidad institucional de esa entidad para atender de manera oportuna las solicitudes de quienes aspiran a acceder por primera vez a una pensión o a la reliquidación de una ya reconocida. Igualmente, sostiene que otra arista de la crisis administrativa que la caracterizó fue la inoportuna atención de las órdenes impartidas por los jueces de tutela.
9.2.2. En este sentido, sus cifras señalan que al entrar en operación, existían 559.402 peticiones que no habían sido atendidas oportunamente por el ISS y 31.086 acciones de tutela activas en contra de la misma entidad. Así pues, consideran que a pesar los múltiples esfuerzos realizados, no han podido solucionar a cabalidad ninguno de los problemas estructurales de la administración del ISS.
9.2.3. En esta línea, Colpensiones identificó como causas de tal colapso las siguientes:
“(1) el número de peticiones sin atender por el ISS al momento del traslado excedían los cálculos que razonablemente había realizado la entidad. En efecto, se había calculado que las peticiones acumuladas serían 184.762 basado en el promedio mensual, pero estas excedieron dicha previsión en 67.238; (2) este volumen a su vez, excedió las capacidad mensual calculada por Colpensiones para evacuar esas peticiones atrasadas (...) (3) Adicionalmente, se han presentado dificultades en el ISS para cumplir con el traslado de información esencial para que Colpensiones pueda asumir sus funciones (...) (4) el alto número de peticiones interpuestas directamente contra Colpensiones (...) (5) muchas de las peticiones que corresponde resolver al ISS son dirigidas también a Colpensiones, sin que esta última tenga la competencia ni la información para poder atenderlas (...) (6) de manera similar ha ocurrido en las acciones de tutelas. De las 87.018 acciones de tutela recibidas durante los primeros 4 meses de funcionamiento de Colpensiones el 100% correspondían a situaciones que debía resolver al ISS”.
9.2.4. Según la entidad, frente a estas circunstancias imprevisibles, señaló que reaccionó adoptando las siguientes medidas:
c. Creación automática de relaciones laborales faltantes con constancia en los pagos.
(iv) Optimización respuesta a tutelas: contratación de 50 abogados adicionales como planta temporal con el fin de atender trámites de tutela relacionadas con la administración del régimen de prima media (...)
(v) Cumplimiento de sentencias: se ha diseñado un procedimiento que incluye los pasos necesarios para garantizar la seguridad jurídica y la respuesta oportuna”(32).
9.2.5. Basada en lo descrito, la Sala encuentra que todas las entidades y organismos intervinientes en el presente trámite de revisión han coincidido en el señalamiento de algunos problemas específicos como los causantes de la inadecuada prestación del servicio a los usuarios por parte de la nueva entidad administradora. Por ejemplo, unánimemente concuerdan en que no se da una respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes de reconocimiento de pensión; otros, como la Defensoría del Pueblo, sostienen que un factor determinante es el incumplimiento de las metas acordadas para la entrega de toda la información de los usuarios, específicamente, lo relacionado con trámites tales como novedades de nómina, correcciones de historia laboral, bonos pensionales, etc. A partir de esto y remitiéndose a la abundante información estadística y descriptiva contenida en los informes de los órganos de control, la Sala concluye que existen tres grandes problemas estructurales que impiden un eficaz cumplimiento de sus funciones por parte Colpensiones:
(i) La incapacidad administrativa para resolver las peticiones de fondo, generando represamiento de las mismas;
(ii) La falta de previsibilidad de la nueva entidad para atender la alta carga de responsabilidades administrativas heredadas del Instituto de Seguros Sociales En Liquidación y;
(iii) El retraso del ISS En Liquidación en la entrega física de los expedientes administrativos a la nueva entidad.
9.2.6. Así las cosas, la Sala analizará cómo estas situaciones afectan los derechos fundamentales de los usuarios del régimen de prima media.
9.3. La vulneración de los derechos fundamentales de los usuarios del régimen de prima media como consecuencia de los problemas administrativos presentados por Colpensiones.
9.3.1. Tal como lo ha señalado esta corporación, el goce efectivo de los derechos fundamentales frente a la administración pública, se desarrolla con fundamento en dos principios a saber, la eficacia y eficiencia administrativa(33); en tanto “permiten la verificación objetiva de la distribución y producción de bienes y servicios del Estado destinados a la consecución de los fines sociales propuestos por el Estado social de derecho. Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado administrativo de prestaciones”(34).
9.3.2. En tal sentido, para esta Sala, la estructura y funcionamiento de la administradora del régimen de prima media debe estar orientada por los citados principios de eficacia y eficiencia administrativa. Y no puede considerarse que sea de otra manera, pues de ello depende la garantía de ciertos derechos fundamentales en cabeza de los usuarios y beneficiarios del régimen, como por ejemplo, la seguridad social que, correlativamente con el derecho al mínimo vital y a la salud, materialmente depende del reconocimiento y pago oportuno de la mesada pensional u otros emolumentos prestacionales derivados del sistema de seguridad social colombiano.
9.3.3. Para esta Sala, la situación del Instituto de Seguros Sociales En Liquidación y de Colpensiones, es manifiestamente contraria a lo que se espera de una adecuada administración pública, pues como lo han hecho ver los organismos de control en sus informes, el déficit operacional es tal que ha desbordado la capacidad de la nueva administradora del régimen. Frente a esto, Colpensiones ha reconocido la concurrencia de diversos factores y situaciones que ha originado tales problemas, de acuerdo con los datos precisados en apartes previos del presente fallo.
9.3.4. Así pues, para la Corte es preocupante que como consecuencia de la falta de respuesta oportuna en las solicitudes pensionales y del incumplimiento de fallos judiciales que reconocen una mesada pensional, entre otros, sean los usuarios los que sufran las consecuencias, por cuanto se desconocen y quebrantan sus derechos fundamentales a la seguridad social, de petición, salud, mínimo vital y todos los demás que puedan derivarse de la grave situación administrativa que persiste en el proceso de transición del ISS En Liquidación a Colpensiones.
9.3.5. Aunque existen razones que pueden justificar dichos problemas, como por ejemplo, el represamiento de documentos y la demora en los trámites de entrega de los expedientes administrativos, la Sala reitera lo que por vía jurisprudencial ha señalado esta corporación en cuanto a que “el desorden administrativo en la base de datos y de información del ISS, no puede ser padecido por los beneficiarios del Sistema, quienes no deben asumir la imprevisión y la desinformación de la entidad con el padecimiento insoslayable de la afectación de sus derechos”.
9.3.6. Así pues, la Sala no considera necesario ahondar más en la descripción de los problemas administrativos que padecen las entidades en cuestión, toda vez que dicha situación fue puesta en evidencia desde un principio por cada uno de los organismos de control que aportaron valiosa información al respecto.
9.4. Medidas a adoptar.
9.4.1. Con el único fin de proteger y garantizar los derechos fundamentales de los usuarios del régimen de prima media y de todo los demás ciudadanos cuyo goce efectivo de sus derechos depende del adecuado funcionamiento de las entidades encargadas de reconocerlos, la Sala considera necesario adoptar ciertas medidas para que ello sea posible.
9.4.2. Para lograr tal propósito es indispensable referirse al Auto 110 del 5 de junio de 2013,(35) providencia mediante la cual la Sala Novena de Revisión tomó medidas provisionales de protección frente a la situación de bloqueo institucional presentada por la transición en la administración del régimen de prima media del ISS En Liquidación a Colpensiones y, en donde, por igual, se pusieron en evidencia los problemas administrativos presentados de acuerdo a lo descrito previamente.
En razón a esto, consideró que la solución de tales problemas requerían la adopción de una decisión con efectos inter comunis por cuanto aborda “la dimensión objetiva del derecho fundamental a la igualdad y, en particular, el principio de asunción de cargas públicas de acuerdo a las capacidades y necesidades de cada quien, pues quejan a un elevado y heterogéneo número de personas, que se encuentran a la espera de resolución de sus peticiones y cumplimiento a las sentencias (...)”. Además, según el auto, era necesario tomar medidas provisionales de protección urgentes, mientras se profiere una decisión de fondo en los asuntos sujetos a revisión por esa Sala.
“Primero, en él [grupo] se integran sujetos de especial protección constitucional en razón de su edad (menores de edad o personas de la tercera edad), su condición de salud (personas en condición de discapacidad), o su condición social(36) (personas sin ingresos o ingresos bajos) y, los sujetos que no se encuentran en ninguna de estas categorías constitucionales. Segundo, dependiendo del contenido de la solicitud o la orden de tutela, se advierte la presencia de personas que aguardan el reconocimiento de una pensión en cualquiera de sus modalidades, la reliquidación de la misma, la indemnización sustitutiva de la pensión, o la realización de un trámite administrativo dirigido a la corrección de su historia laboral, la realización de novedades de nómina u otros trámites. Así, en un primer momento la Sala excluirá del grupo prioritario a las personas que no ostentan la calidad de sujetos de especial protección constitucional, y a las que persigan la reliquidación de su pensión, indemnización sustitutiva de la pensión o la realización de trámites administrativos que no tengan relación con el reconocimiento actual de una pensión. Los primeros por carecer de la tutela reforzada que ordena la Constitución, y los segundos porque o bien tienen asegurado por lo menos su mínimo vital cuantitativo, o bien no se encuentran en estado actual de necesidad”.
“Tomando como base este presupuesto, la Sala incorporará en un primer grupo prioritario a las personas que cotizaron en los tres últimos meses de servicio sobre una base salarial promedio entre un (1) salario mínimo legal mensual (en adelante smlm) y uno y medio smlm, y en un segundo grupo prioritario a quienes cotizaron en el mismo periodo sobre una base salarial promedio superior a la anterior y máxima 3 smlm. Las personas que excedan dichos límites se integrarán al grupo con menor prioridad, el número tres, salvo en el caso de las personas en condición de invalidez, los menores de edad y los mayores de 74 años de edad, los cuales harán parte del grupo con mayor prioridad, como a continuación se justifica. Adicionalmente, frente a las peticiones y órdenes de tutela que se refieren a asuntos distintos al reconocimiento de una pensión, la Corte incluirá en el grupo con prioridad uno a las personas que presentaron solicitudes o recibieron amparo, por aspectos relacionados con el subsidio a la cotización y los auxilios para los ancianos en condición de indigencia (L.100/93, arts. 25 a 30 y 257 a 262)”.
“37. Igualmente, 2) hacen parte del grupo con prioridad uno los sujetos de especial protección constitucional (supra 36) que cumpliendo con alguno de los tres siguientes criterios, reclamen el reconocimiento o pago de una pensión en cualquiera de sus modalidades: (i) independientemente de su edad o estado de salud, los afiliados que en los tres últimos meses de servicios realizaron cotizaciones sobre una base salarial máxima de uno y medio salarios mínimos legales mensuales (smlm), vigentes en el respectivo año de cotización, y los casos de los potenciales beneficiarios de una pensión de sobreviviente en los que el afiliado cotizó sobre la anotada base salarial, o tenía reconocida una pensión que no excediera dicho monto o; (ii) las personas en condición de invalidez calificada, que hubieren perdido un 50% o más de su capacidad laboral y las que acrediten el padecimiento de una enfermedad de alto costo o catastrófica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Acuerdo 029 de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud o; (iii) los menores de edad y las personas que tengan o superen los 74 años de edad. Adicionalmente, frente a las peticiones y órdenes de tutela que se refieran a asuntos distintos al reconocimiento de una pensión, hacen parte del grupo con prioridad uno: (iv) las personas de especial protección constitucional de este grupo, referidas en los literales ‘(i), (ii) y (iii)’ de este párrafo, que realicen trámites previos al reconocimiento actual de la una pensión y; (v) sin importar la edad o estado de salud del actor, las personas que presentaron solicitudes o recibieron amparo por aspectos relacionados con el subsidio a la cotización o con los auxilios para los ancianos en condición de indigencia (L.100/93, arts. 25 a 30 y 257 a 262)”.
“38. De modo semejante, 3) hacen parte del grupo con prioridad dos los sujetos de especial protección constitucional (supra 36) que no cumplan los criterios de acceso al grupo de prioridad uno, que reclamen el reconocimiento o pago de una pensión en cualquiera de sus modalidades y reúnan las siguientes condiciones: independientemente de su edad o estado de salud, los afiliados que en los tres últimos meses de servicios realizaron cotizaciones sobre una base salarial superior a uno y medio smlmv y máxima de 3 smlm, vigentes en el respectivo año de cotización, y los casos de los potenciales beneficiarios de una pensión de sobreviviente en los que el afiliado cotizó sobre la anotada base salarial o una inferior, o tenía reconocida una pensión que no excediera dicho monto. Asimismo, 4) hacen parte del grupo con prioridad tres los sujetos de especial protección constitucional (supra 36)(37) que no cumplan los criterios de acceso a los grupos de prioridad uno y dos, que reclamen el reconocimiento y pago de una pensión”.
“41. En ese orden de ideas, la Sala dispondrá que los jueces de la República al momento de resolver las acciones de tutela por violación del derecho de petición de solicitudes radicadas en su momento ante el ISS o contra resoluciones en que el ISS resolvió sobre el reconocimiento de una pensión o, sobre los incidentes de desacato por tutelas concedidas por acciones u omisiones de la misma entidad, se seguirán las siguientes reglas: 1) en los casos en que se cumplan las reglas de procedibilidad formal y material de la acción de tutela (SU-975/03 f. j. 3.2.2.), el juez concederá la tutela del derecho de petición o el reconocimiento de la pensión, según el caso, pero dispondrá que Colpensiones tiene hasta el 31 de diciembre de 2013 para cumplir el fallo de acuerdo al orden de prioridad de que trata esta providencia, salvo en el caso de las personas ubicadas en el grupo con prioridad uno, evento en el cual deberá acatarse la sentencia dentro del término dispuesto en el párrafo 42 de esta providencia y; 2) Colpensiones tendrá hasta el 31 de diciembre de 2013 para cumplir las sentencias que ordenaron la contestación de una petición o el reconocimiento de una pensión, por lo que las sanciones por desacato dictadas a la fecha de comunicación de este auto se entenderán suspendidas hasta dicha data”.
“42. Quedan excluidas de la anterior restricción las personas ubicadas en el grupo con prioridad uno referido en el fundamento jurídico 37 de esta providencia. En ese sentido, cuando la acción de tutela sea presentada por ellos el juez seguirá las reglas jurisprudenciales corrientes sobre derecho de petición (SU-975/03 f. j. 3.2.2.), procedibilidad de la acción de tutela, e imposición de sanciones por desacato. Igualmente, en los eventos en que el juez ya hubiere fallado, incluso sin vincular a la liquidadora del ISS En Liquidación, deberá en todo caso, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, ordenar que la entidad envíe el expediente a Colpensiones dentro de los tres días siguientes a la comunicación de la providencia, sin que por ello se genere la nulidad pues las dos entidades se encuentran vinculadas por los efectos inter comunis del presente auto de medidas cautelares. Asimismo, ordenará a Colpensiones que resuelva la petición o reconozca la pensión, según el caso, dentro de los cinco días siguientes al recibo del expediente. La Sala precisa que (i) con el objeto de permitir la realización de ajustes por parte del ISS y Colpensiones en el cumplimiento de esta medida, la posibilidad de sanción por desacato solo será procedente a partir del 30 de agosto de 2013, por lo que las sanciones por desacato dictadas a la fecha de comunicación de este auto se entenderán suspendidas hasta dicho momento y; (iii) evaluará en los próximos meses el avance en la atención del grupo con prioridad uno, y de ser el caso aplicará el levantamiento de la restricción referida en el párrafo anterior a las personas que hacen parte del grupo con prioridad dos y, ulteriormente a los del grupo con prioridad tres”.
9.5. Solución de los casos concretos.
9.5.1. Expediente T-3.762.813.
El actor manifiesta padecer cáncer de estómago, situación que se constata con la copia de la historia clínica que anexa al expediente de tutela.
En cuanto al expediente administrativo del actor, el ISS informó que había sido enviado a Colpensiones el 13 de marzo de 2013.
Así las cosas, siguiendo los anteriores criterios, el señor Zabulón Tirado García se encuentra dentro del grupo con prioridad uno, teniendo en cuenta que el cáncer de estómago que padece corresponde a una enfermedad de alto costo según lo señalado por el numeral 6º, artículo 66 del Acuerdo 029 de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud.
9.5.2. Expediente T- 3.766.013.
El 12 de febrero de 2012, el Juzgado 4 Laboral del Circuito Adjunto 2 de Pereira reconoció en favor de la señora Martha Cecilia Castaño Taborda el derecho a la pensión de vejez, ordenando al ISS En Liquidación, proceder al respectivo pago.
De acuerdo con la información suministrada por el ISS En Liquidación, el expediente digitalizado de la accionante fue remitido a Colpensiones el 4 de abril de 2013.
En un primer momento, la Sala no advierte que la accionante pertenezca al grupo con prioridad uno, puesto que no está acreditada en el expediente la base salarial sobre la cual cotizó, como tampoco que padezca alguna enfermedad catastrófica o de alto costo, que se encuentre en una condición de discapacidad igual o superior al 50% o que sea un adulto mayor(38). No obstante, la Sala verificó en la página web de Colpensiones su historia laboral y tras realizar el procedimiento allí previsto para consultar esta información de la señora Castaño Taborda, pudo constatar que dentro de los últimos tres meses de aportes cotizó con un ingreso base de $ 595.000, lo que para el año 2013 equivale a 1,009 smlm(39). Esto quiere decir que con fundamento en el factor económico señalado por el Auto 110 de 2013, la tutelante se clasifica en el grupo con prioridad uno.
9.5.3. Expediente T- 3.768.223.
De este modo, como el ISS señala que envió a Colpensiones la información digitalizada correspondiente al expediente del accionante, la Sala le ordenará a esta última que, una vez notificada del presente fallo, en un término de cinco días proceda a resolver de fondo la solicitud del señor Oseas Antonio Iglesias, observando para ello los criterios señalados por el Auto 110 de 2013.
9.5.4. Expediente T-3.769.087.
Ahora bien, el ISS En Liquidación informó que el expediente de la señora Derfilia fue enviado a Colpensiones el 16 de abril de 2013.
La Sala considera que en este caso existe una vulneración del derecho fundamental de petición de la accionante, pues teniendo en cuenta que Colpensiones ya recibió el expediente administrativo de ella, no existe justificación alguna para que aún no haya pronunciamiento alguno por parte de la entidad respecto de la solicitud de reconocimiento de la pensión. Sin embargo, teniendo en cuenta los criterios de priorización señalados por el Auto 110 de 2013, la Sala encuentra que
Por esta razón, la Sala revocará la sentencia del juez de tutela de instancia y ordenará a Colpensiones que, una vez notificada de este fallo, tiene hasta el 31 de diciembre de 2013 para que resuelva de fondo la petición de la accionante.
9.5.5. Expediente T- 3.770.142.
9.5.6. Expediente T-3.773.891.
Ahora bien, de acuerdo a los criterios de priorización, la Sala encuentra que del expediente no se puede deducir ninguna situación que ubique a la accionante dentro de los sujetos de especial protección. Sin embargo, como en el Expediente T-3.766.013 atrás reseñado, la Sala procedió a realizar el mismo ejercicio de verificación de la historia laboral en la página web de Colpensiones, y encontró que el promedio de sus últimos tres meses de cotización fue de $ 1.834.666, lo que equivale a 3,13 smlm y lo que lleva a concluir que tanto por el factor físico o mental así como por el económico, la accionante no puede clasificar al grupo con prioridad uno.
De otro lado, tenemos que el grupo con prioridad dos se circunscribe a quienes cotizaron entre uno y medio smlm hasta tres smlm, criterio dentro del cual tampoco se enmarca la accionante. Así las cosas, la accionante al no hallarse dentro de los grupos uno o dos, su clasificación se enmarca en el grupo con prioridad tres.
9.5.7. Expediente T-3.775.449.
El señor Leobardo Herrera Herrera interpuso acción de tutela contra el ISS En Liquidación y el Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo (Valle), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y el de petición.
El accionante comenta en su escrito de tutela que el 2 de julio de 2012, elevó escrito ante el ISS solicitando el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez. Así, indica que tras no recibir respuesta, presentó acción de tutela por considerar que dicha entidad vulneró su derecho fundamental de petición. En esa oportunidad, el recurso de amparo fue conocido por el Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo, autoridad judicial que tuteló el derecho invocado por el actor.
No obstante lo anterior, señala que la entidad nunca cumplió la orden de tutela, por lo que inició el incidente de desacato ante el mismo juez, el cual, en providencia del 5 de diciembre de 2011, requirió a la directora de la institución a cumplir el fallo. Así pues, afirma que mediante Resolución 330 del 23 de abril de 2012, el ISS le indicó que una vez evaluada su situación, había concluido que la solicitud debía dirigirse al Fondo de Pensiones Horizonte.
Visto los fundamentos de esta nueva acción de tutela, que es la que ahora revisa la Corte, considera la Sala que la solicitud del actor es improcedente, por cuanto ataca una decisión previa de otro juez de tutela, incumpliéndose así una de las requisitos generales para la procedencia del recurso de amparo contra providencias judiciales(40).
9.6. Consideraciones finales.
Como último punto, es necesario resaltar que siguiendo las disposiciones del Auto 110 de 2013, los accionantes cuyas acciones de tutela son objeto de revisión en la presente sentencia y que pertenecen al grupo con prioridad uno, podrán acudir al incidente de desacato a partir del 30 de agosto de 2013 en caso de que no se cumpla con la orden prevista para cada uno de ellos en la parte resolutiva que a continuación se indicará.
Finalmente, la Sala considera pertinente reiterar los efectos inter comunis dispuestos en el Auto 110 de 2013, pues así como en los casos bajo revisión se dio aplicación material a los criterios allí contenidos, las autoridades encargadas de garantizar los derechos fundamentales de petición, seguridad social y mínimo vital de las personas cobijadas por tal decisión, como lo son el ISS y Colpensiones, deben continuar cumpliendo a cabalidad los lineamientos establecidos por la Sala Novena de Revisión en dicha providencia.
1. REITERAR los efectos inter comunis dispuestos en el Auto 110 de 2013 proferido por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional.
2. En el Expediente T-3.762.813, REVOCAR la decisión proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín y, en su lugar, conceder la tutela de los derechos fundamentales a la seguridad social y de petición invocados por el señor Zabulón Tirado García. En consecuencia, ORDENAR a Colpensiones que, en un término de cinco (5) días contados a partir del a notificación del presente fallo, proceda al reconocimiento y pago de la mesada pensional del accionante.
3. En el Expediente T-3.766.013, REVOCAR la decisión proferida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y, en su lugar, conceder la tutela de los derechos fundamentales de petición y seguridad invocados por la señora María Cecilia Cataño Taborda. En consecuencia, ORDENAR a Colpensiones que en un término de cinco (5) días contados a partir del a notificación del presente fallo, proceda al reconocimiento y pago de la mesada pensional de la accionante.
4. En el Expediente T-3.768.223, REVOCAR la decisión proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento y, en su lugar, conceder la tutela de los derechos fundamentales de petición y seguridad social invocados por el señor Oseas Antonio Iglesias Largo. En consecuencia, ORDENAR a Colpensiones que, en un término de cinco (5) días contados a partir del a notificación del presente fallo, proceda al reconocimiento y pago de la mesada pensional del accionante.
5. En el Expediente T-3.769.087, REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena y, en su lugar, conceder la protección del derecho fundamental de petición de la señora Derfilia Martínez Jiménez. En consecuencia, ORDENAR a Colpensiones que, en un término que no puede superar el 31 de diciembre de 2013, proceda a resolver la solicitud pensional de la accionante teniendo en cuenta el grupo de prioridad tres al que pertenece conforme los criterios trazados por el Auto 110 de 2013.
6. En el Expediente T-3.770.142, REVOCAR la decisión proferida por el Juzgado 5 Penal del Circuito de Pereira y, en su lugar, conceder la tutela de los derechos fundamentales de petición y seguridad social invocados por el señor José Obdulio Bueno Gañán. En consecuencia, ORDENAR a Colpensiones que, en un término de cinco (5) días contados a partir del a notificación del presente fallo, proceda al reconocimiento y pago de la mesada pensional del accionante.
7. En el Expediente T-3.773.891, CONFIRMAR la decisión proferida en segunda instancia por el Juzgado 30 Laboral del Circuito de Bogotá y, en su lugar, conceder la tutela de los derechos fundamentales de petición, seguridad social y petición invocados por la señora Maritza Mercedes Parodi Parodi. En consecuencia, ORDENAR a Colpensiones que, en un término que no puede superar el 31 de diciembre de 2013, proceda a resolver la solicitud pensional de la accionante teniendo en cuenta el grupo de prioridad tres al que pertenece conforme los criterios trazados por el Auto 110 de 2013.
8. En el Expediente T-3.775.749, CONFIRMAR la decisión proferida en segunda instancia por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
9. LÍBRESE por secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
(1) Fuente: Defensoría del Pueblo.
(2) Prioridad 1.
(3) Prioridad 2.
(4) Prioridad 1.
(5) Prioridad 2.
(6) Para tal fin, citan como norma a seguir el artículo 114 de la Ley 1395 de 2012, el cual dispone: “Las entidades públicas de cualquier orden, encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios o aduaneros, para la solución de peticiones o expedición de actos administrativos, tendrán en cuenta los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o contenciosa administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos análogos”.
(7) El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales es el órgano autorizado para interpretar las normas incorporadas al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el objetivo de lograr la plena efectividad de los derechos proclamados en este instrumento. La función interpretativa de este órgano es ejercida a través de observaciones generales, las cuales, aunque no forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, sí forman parte del bloque como fuente interpretativa, conforme al artículo 93, inciso 2º, de la Constitución Política. En consecuencia, la Corte Constitucional en su jurisprudencia, ha adoptado los lineamientos proferidos por este órgano para determinar el alcance y contenido de derechos constitucionales, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la seguridad social.
(9) “Al respecto, ver la Sentencia T-068 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero”.
(10) Sentencia T-554 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(11) Sentencia T-329 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(12) Sentencia T-720 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(14) “Ver las sentencias T-720 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-498 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra”.
(15) Sentencia T-440 del 4 de junio de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(17) M.P. Manuel Cepeda Espinosa
(18) Estos criterios fueron delineados en la Sentencia T-377 del 3 de abril de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(19) T-294 del 17 junio de 1997, M.P. José Gregorio Hernández y T-457 del 20 de octubre de 1994, M.P. José Arango Mejía.
(20) M.P. Manuel Cepeda Espinosa.
(21) Corte Constitucional, Sentencia 219 del 22 de febrero de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz. En la Sentencia T-476 del 7 de mayo de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la obligación de realizar el traslado de la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad ante la cual se eleva la petición, es un elemento del núcleo esencial del derecho de petición, toda vez, que la simple respuesta de incompetencia, constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo expresado por la Corte: “... [las respuestas simplemente formales o evasivas]... no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución...”.
(22) Corte Constitucional, Sentencia 249 del 27 de febrero de 2001, M.P. José Gregorio Hernández.
(23) Sentencias T-481 de 10 de agosto de 1992, M.P. Jaime Sanín, T-159 de 26 de abril de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-056 de 14 de febrero de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-076 de 24 de febrero de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía, T-275 de 30 de mayo de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-1422 de 18 de octubre de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz, entre otras. Así lo dispone el artículo 85 de la Constitución Política.
(24) Así lo dispone el artículo 2º de la Constitución Política.
(25) El Decreto 2148 de 1992 redefinió la naturaleza jurídica del Instituto de Seguros Sociales, transformándolo de establecimiento público a empresa industrial y comercial del Estado.
(26) Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
(27) Por el cual se determina y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones— y se dictan otras disposiciones.
(28) Por el cual se suprimen unas dependencias de la estructura del Instituto de Seguros Sociales —ISS—.
(29) Por el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales ISS, se ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones.
(30) ART. 38.—Entrega de archivos. La entrega de los archivos del Instituto de Seguros Sociales En Liquidación a Colpensiones se deberá hacer mediante inventarios elaborados por cada seccional, los cuales deberán hacerse de conformidad con las instrucciones que para este caso establezca el archivo general de la Nación. En estos deberán identificarse los datos mínimos para la recuperación y ubicación de la información, tales como: nombre de la oficina productora, serie o asunto, fechas extremas (identificando mínimo el año), Unidad de conservación (identificar en un registro número caja y número de carpetas por caja) y soporte.
(31) Sentencia T-220 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(32) Sobre este punto, aseguran que el término previsto para el cumplimiento de sentencia reportadas por el ISS (aproximadamente 10.215) no será posterior al mes de noviembre de 2013.
(33) Sentencia T-068 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(36) “La Sala en modo alguno limita la categorización de sujetos de especial protección constitucional a las personas menores de edad, las pertenecientes a la tercera edad o las ubicadas en condición de diversidad funcional. Sucede que para efectos pensionales estas son las categorías relevantes y por ello la Sala únicamente alude a ellas. Entonces, la delimitación que hace la Sala se realiza sin perjuicio de considerar sujetos de especial protección superior, en otras hipótesis, a las madres o padres cabeza de familia, las personas en condición de desplazamiento, etc.”.
(37) De acuerdo con el Auto 110 de 2013, estos son: “(i) los menores de edad; (iii) las personas de la tercera edad (que tengan o superen los 60 años de edad) y; (iii) las personas en condición de invalidez que hubieren perdido un 50% o más de su capacidad laboral y las que acrediten el padecimiento de una enfermedad de alto costo o catastrófica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Acuerdo 029 de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud. Asimismo, (iv) independientemente de su edad o estado de salud, los potenciales beneficiarios de una pensión que aun sin hacer parte de los colectivos ‘(i), (ii) y (iii)’ indicados en este párrafo, ellos o el afiliado del que derivan la prestación hubiere cotizado sobre una base salarial entre un (1) smlm y tres (3) smlm, vigentes en el respectivo año de cotización, o tuviere reconocida una pensión que no excediera dicho monto”.
(38) Conforme a la copia de la cédula de ciudadanía adjunta, la accionante nació el 7 de noviembre de 1956.
(39) De acuerdo con el Decreto 2738 de 2012, el salario mínimo legal mensual (smlm) para el año 2013 es de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($ 589.500).
(40) Sentencia T-104 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis: “Según la doctrina constitucional, para que pueda proceder una tutela contra una sentencia judicial resulta necesario que se cumplan a cabalidad todos y cada uno de los siguientes requisitos de procedibilidad: (1) La cuestión que se pretende discutir a través de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. (2) Solo procede si han sido agotados todos los mecanismos ordinarios de defensa judicial salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable. (3) La acción no procede cuando el actor ha dejado de acudir a los medios ordinarios de defensa judicial. (4) La tutela solo procede cuando la presunta violación del derecho fundamental en el proceso judicial tiene un efecto directo y determinante en la decisión de fondo adoptada por el juez. (5) En la tutela contra sentencias corresponde al actor identificar con claridad la acción u omisión judicial que pudo dar lugar a la vulneración, así como el derecho vulnerado y las razones de la violación. (6) El juez de tutela no puede suplantar al juez ordinario. (7) La tutela contra una decisión judicial debe interponerse ante el superior funcional del juez que profirió la decisión impugnada. Si se dirige contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior funcional del juez al que esté adscrito el fiscal. Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda. (8) No procede la acción de tutela contra sentencias de tutela. (9) La acción de tutela contra sentencias solo procede en los casos en que se pueda calificar la actuación del juez como una vía de hecho. 10) Que la vía de hecho sea alegada por el actor dentro de en un término razonable al de su ocurrencia.