Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/22846
Timestamp: 2020-02-22 22:22:42
Document Index: 79229575

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 35', 'Artículo 238', 'Artículo 238', 'Artículo 241', 'Artículo 231', 'Artículo 449', 'Artículo 35', 'Artículo 35', 'Artículo 35']

Système HJ - Décision: SENTENCIA 79/2012
SENTENCIA 79/2012, de 17 de abril
ECLI:ES:TC:2012:79
c) Fiatc Mutua de seguros interpuso recurso de apelación, sosteniendo que la indemnización no debería superar 270,46 euros, que es el coste de la limpieza y reparación de la indumentaria del motorista, nunca el precio de su sustitución, como era lo concedido. El recurso fue presentado por escrito de 30 de marzo de 2004, registrado en el Juzgado Decano el 2 de abril. El demandante se opuso el 4 de mayo. Trasladados los autos a la Audiencia, las partes comparecieron el 27 de mayo. Por providencia de 19 de julio de 2004, la Audiencia Provincial dio por recibidas las actuaciones y las partes por comparecidas, y requirió a la apelante para que acreditase, en el plazo de cinco días, el ingreso de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil al tiempo de la interposición del recurso “sin que se admita, por extemporáneo, el ingreso posterior a la expiración del término del emplazamiento para la interposición, bajo apercibimiento de que no acreditándose el ingreso en los términos indicados se declarará indebidamente admitido el recurso y firme la sentencia apelada”.
El recurso fue desestimado por Auto de 22 de diciembre de 2004, en el que se acordó completar la resolución impugnada “en el exclusivo sentido de concretar que el derecho constitucional que se entiende puede verse comprometido por la dicción del apartado 7.2 del artículo 35 de la Ley 53/2002 es el de tutela efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE”.
A criterio de la Sala, es axiomático que no puede ser subsanado lo que no tiene existencia alguna; es decir, sólo puede ser subsanado aquello que es incompleto o insuficiente, no la falta absoluta de un presupuesto o un requisito legalmente establecidos como necesarios. Asimismo, señala que no obstante lo dispuesto en el art. 231 LEC, no existe en nuestro Derecho un “principio” según el cual cualquier falta de presupuestos procesales o incumplimiento de los requisitos procesales pueda ser subsanado. El derecho a la tutela judicial se satisface prioritariamente, no exclusivamente, mediante una resolución de fondo, que estime o desestime las pretensiones deducidas; así, también puede denegarse la decisión de fondo por concurrir una causa de inadmisión prevista por la ley (SSTC 114/1986, 213/1990 y 247/1991). La Ley Orgánica del Poder Judicial dispone la subsanación de todos los actos subsanables, pero sin definir cuáles son éstos (arts. 11.3, 240 y 243). La STC 5/1988, de 21 de enero, declara que el art. 24.1 CE no consagra una regla general y absoluta a favor de la subsanación de los vicios o defectos procesales, regla que tampoco se contempla en el actual ordenamiento procesal; sin perjuicio de la tendencia, cada vez más acentuada, a favorecer la conservación de los actos procesales o la subsanación de los defectos susceptibles de reparación sin ruptura del proceso. La STC 162/1986, de 17 de diciembre, declara la doctrina general de la proporcionalidad para permitir la subsanación, desarrollada en la STC 39/1988, de 9 de marzo.
c) La Audiencia Provincial observa que la tasa prevista en el art. 35.7 de la Ley 53/2002 no es una figura completamente extraña a nuestra ordenación fiscal. Los Decretos 1034/1959 y 1035/1959, de 18 de junio, regulaban unas tasas judiciales, que fueron suprimidas por la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, entre otras razones por estimarse contrarias al principio de gratuidad de la justicia (art. 119 CE), por ser “incompatibles con algunos principios tributarios vigentes” y porque la fórmula de gestión merecía el calificativo de “poco eficiente”. Seguidamente se exponen los rasgos definitorios de la tasa, analizando su adecuación misma a la noción de tasa, los supuestos en los que resulta exigible en el orden judicial civil, el devengo, la determinación de la base imponible y el modo de liquidación.
4. Por providencia de 7 de junio de 2005, la Sección Tercera admitió a trámite la cuestión y dio traslado al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado. Asimismo, acordó publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado”, lo que tuvo lugar en el ejemplar de 20 de junio de 2005.
3. Esta norma ha sido enjuiciada recientemente por la STC 20/2012, de 16 de febrero (publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 61, de 12 de marzo), que desestimó la cuestión que había suscitado sobre ella un Juzgado de Primera Instancia de A Coruña. La doctrina de la STC 20/2012 es determinante de la respuesta que debemos dar ahora a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Provincial de Madrid.
Lo mismo que entonces, en este proceso constitucional sólo procede analizar el precepto cuestionado desde la perspectiva de las tasas que gravan la actuación del orden jurisdiccional civil, pues la cuestión de inconstitucionalidad dimana de un litigio que se ventila ante ese orden jurisdiccional. A diferencia de lo acaecido entonces, sin embargo, la decisión que debe adoptar la Sala que ha suscitado la presente cuestión versa sobre un recurso de apelación, no sobre una demanda (como era el caso en la STC 20/2012) o cualquiera de los restantes tipos de actuaciones que la disposición de rango legal cuestionada sujeta al gravamen. Conforme establece el art. 163 CE, y recuerda el art. 35.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal, el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por los Tribunales exige que la norma cuestionada sea “aplicable al caso” que se dilucida en el proceso donde la cuestión se suscita y, además, que de su validez dependa el fallo que el Juez o Tribunal haya de dictar. Ese juicio de relevancia no sólo condiciona el planteamiento de la cuestión, sino que delimita su alcance: pues el constituyente ha configurado la cuestión de inconstitucionalidad en estrecha relación con el proceso judicial en el que la aplicación de la norma cuestionada resulta necesaria, sin perjuicio de la existencia de un notorio interés público y general en la depuración del Ordenamiento jurídico y en la conformidad con la Constitución de las normas que lo integran (STC 20/2012, de 16 de febrero, FJ 4).
Sin embargo, tal y como afirman al unísono el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado, la interpretación del precepto legal que sostiene el Auto impugnado no es la que se deduce con naturalidad del texto del art. 35.7.2, ni leído literalmente ni haciendo uso de los instrumentos hermenéuticos que indica el Código civil en su art. 3. Cuando el art. 35.7.2 afirma que sin el justificante del pago de la tasa, el Secretario judicial no dará curso al escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible del tributo, “salvo que la omisión fuere subsanada en un plazo de diez días”, nada hay en el precepto legal que impida entender que el justiciable puede presentar dentro del plazo el justificante de haber abonado la tasa, antes de presentar el escrito del recurso o en cualquier momento posterior, siempre que sea antes de que hayan transcurrido los diez días de plazo que otorga expresamente el precepto
7. Como razonan el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado, ni la Ley 53/2002 ni la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) configuran el ingreso de la tasa judicial como presupuesto de admisión del recurso. El art. 35 de la Ley 53/2002 dispone expresamente la posibilidad de subsanar la omisión sin precisar si dicha omisión consiste en aportar el justificante del pago realizado en su día o en el momento en que se formula el requerimiento. La Ley de enjuiciamiento civil, por su parte, no condiciona la admisión de los recursos al previo pago o consignación de cantidades económicas sino en los supuestos tasados que enumera el art. 449 LEC; el cual, en cualquier caso, se remite expresamente al art. 231 de la misma ley “antes de que se rechacen o declaren desiertos los recursos”. Precepto este último que establece un principio general de subsanabilidad de los actos procesales de las partes, cuyo texto vigente (redactado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre) es particularmente claro: “El Tribunal y el Secretario judicial cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes”.
Esta previsión legal se hace eco del principio general expresado por el art. 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y se encuentra en sintonía con una nutrida jurisprudencia constitucional recaída en la materia. Como afirmó este Tribunal al juzgar un problema en cierta forma parecido al actual, provocado porque la antigua Ley de enjuiciamiento civil ordenaba que “no podrá proveerse ninguna solicitud que no lleve firma de Abogado” (art. 10 LEC 1881), del escrito presentado por una parte sin cumplir el requisito legal “no puede decirse que sea inválido, pues la categoría que mejor le conviene, toda vez que en él se contiene la declaración de voluntad del representante de la parte litigante, es la de acto incompleto”; y tampoco puede sostenerse que se trate de un acto procesal nulo, pues en defecto de norma expresa que establezca sanción de nulidad para el escrito que incumpliera el requisito, no puede ya mantenerse la vieja doctrina jurisprudencial sobre el carácter de orden público de todos los preceptos procesales y la nulidad de todos los actos procesales no acomodados a la ley. La vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, “a partir de la regla de la vinculación de los órganos jurisdiccionales del Estado a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a las libertades públicas”, ha limitado de forma drástica las causas de nulidad de los actos procesales. Sus arts. 11 y 238 a 243 “han invertido completamente la antes citada doctrina jurisprudencial y han establecido, por el contrario, las siguientes cardinales reglas: a) una tasa rigurosa de las causas de nulidad de pleno derecho de los actos judiciales, que sólo se produce cuando tales actos se han realizado con manifiesta falta de jurisdicción o competencia objetiva funcional, cuando se realizan bajo violencia o intimidación y cuando se prescinde total o parcialmente de las normas de procedimiento establecidas por la Ley con infracción de los principios de audiencia, asistencia y defensa, según reza el art. 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; b) una consagración del principio de conservación de los actos procesales, que aparece con claridad en los arts. 241 y 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que el primero de los citados preceptos establece que las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo podrán anularse si lo impusiera la naturaleza del término o plazo y el siguiente dispone que la nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que fueran independientes de él; c) el principio de la subsanación de los defectos procesales que posean este carácter, que resulta del art. 11 y del art. 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es verdad que, según el primero de estos preceptos, por lo menos literalmente entendido, la subsanación se refiere sólo a los requisitos formales, y, de acuerdo con el segundo, la subsanación se produce en las condiciones y plazos que las leyes procesales establezcan, pero no es difícil inducir un designio del legislador de permitir la subsanación de los defectos que posean este carácter y el designio de emanar tal regla en desarrollo del principio de tutela efectiva consagrado en el art. 24 de la Constitución” (STC 39/1988, de 9 de marzo, FJ 1). Designio del legislador que ha sido desarrollado con prístina claridad en el vigente art. 231 LEC, antes transcrito.
8. Por añadidura, desde la perspectiva estrictamente constitucional que ofrece el art. 24.1 CE, resulta determinante la constatación de que la falta de pago de la tasa judicial, antes de presentar el escrito procesal que realiza el hecho imponible, no frustra las finalidades perseguidas por el tributo: la financiación del ejercicio de la potestad jurisdiccional queda plenamente asegurada desde el momento mismo en que el Secretario judicial no dará curso al proceso hasta que no se haya acreditado el pago del tributo. Resulta de todo punto indiferente que el pago al Tesoro público se haya llevada a cabo antes de presentar el recurso; después de presentarlo, pero antes de recibir el requerimiento del Secretario judicial; o durante los diez días de plazo que el art. 35.7.2 de la Ley 53/2002 otorga expresamente para que “la omisión fuere subsanada”. Finalmente, que el abono de la tasa se efectúe antes o después de presentado el escrito procesal no lesiona bienes o derechos constitucionales, no grava injustificadamente la posición de la parte contraria, ni daña la integridad objetiva del procedimiento (por todas, SSTC 76/1996, de 30 de abril, FJ 4; 125/2010, de 29 de noviembre, FJ 2).
Por lo demás, la interpretación del art. 35.7.2 de la Ley 53/2002 que mantiene el Auto que plantea la cuestión encuentra su apoyo en la vieja jurisprudencia civil sobre el carácter de orden público de los preceptos procesales, no en la nueva concepción impuesta por la Constitución de 1978 y la vigente legislación orgánica del poder judicial y de enjuiciamiento civil. Como hemos sostenido en numerosas resoluciones, “la figura o la técnica procesal de la subsanación de defectos procesales … tiene como objeto y esencial finalidad que el proceso no se frustre por el incumplimiento de requisitos susceptibles de posterior realización por la parte y que no se configuran como presupuestos procesales de indeclinable cumplimiento en tiempo y forma; de manera tal que mediante la subsanabilidad, rectamente entendida, se otorga como regla general a la parte que incurrió en el defecto procesal subsanable, la posibilidad de realizar, en el plazo al efecto habilitado, el requisito procesal incumplido o el acto procesal defectuosamente realizado, integrando así, o rectificando ex novo la actuación procesal inicialmente defectuosa o irregular. De lo anterior se infiere que el plazo habilitado para la subsanación no lo es tan solo para la simple acreditación formal de que temporáneamente fue cumplido el requisito procesal exigible, sino también para la realización en dicho plazo del acto omitido o la rectificación del defectuosamente practicado” (STC 69/1997, de 8 de abril, FJ 6; en el mismo sentido, entre otras muchas, SSTC 168/2003, de 29 de septiembre, FJ 5; 155/2011, de 17 de octubre, FJ 4). Pues “los órganos jurisdiccionales ordinarios han de llevar a cabo una ponderación de los defectos que adviertan en los actos procesales de las partes, guardando la debida proporcionalidad entre el defecto cometido y la sanción que debe acarrear, procurando siempre que sea posible la subsanación del defecto, favoreciendo la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso como instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial” (por todas, STC 12/2003, de 28 de enero, FJ 4).
Dada en Madrid, a diecisiete de abril de dos mil doce.
Type et numéro d'enregistrement Cuestión de inconstitucionalidad 1389-2005
Se discute la constitucionalidad de las tasas para el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil. La Ley 53/2002 en el artículo 35 apartado 7, impone al Secretario judicial no dar curso al proceso hasta que no se haya acreditado el pago del tributo.
Se desestima la cuestión de inconstitucionalidad. El Tribunal reitera la doctrina de la STC 20/2012 reconociendo que el derecho al acceso a la justicia es un derecho prestacional y de configuración legal. En este caso, el Tribunal resuelve por la vertiente de acceso al recurso, subrayando que el defecto de pago de la tasa judicial es subsanable. Por lo que la subsanación no solo sirve para acreditar el cumplimiento formal y temporal del requisito exigible, sino también para la realización del acto o la rectificación del defectuosamente practicado. En consecuencia, dicha actuación no frustra las finalidades perseguidas por el tributo ni lesiona bienes o derechos constitucionales.
Aplica la doctrina sobre la constitucionalidad de las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil, en relación con el derecho a los recursos legalmente previstos, de la STC 20/2012 [FFJJ 2 a 8].
No es inconstitucional, ex art. 24.1 CE, la previsión legal de que las demandas civiles que no vayan acompañadas del documento que acredite el pago de la tasa judicial no sean cursadas por el Secretario judicial e inadmitidas transcurrido el plazo de subsanación y tampoco la subordinación de la admisión de un recurso de apelación civil al abono de dicha tasa, pues el derecho de acceso a los recursos recibe un menor grado de protección que el derecho de acceso a la justicia (STC 20/2012) [FJ 4].
Desde la perspectiva que ofrece el art. 24.1 CE resulta indiferente que el pago de la tasa judicial se haya llevado a cabo antes de presentar el escrito procesal que realiza el hecho imponible, después de presentarlo, pero antes de recibir el requerimiento del Secretario judicial, o durante el plazo que se otorga para la subsanación, al no lesionar bienes o derechos constitucionales, no gravar injustificadamente la posición de la parte contraria y no dañar la integridad objetiva del procedimiento (SSTC 76/1996, 125/2010) [FJ 8].
Los órganos jurisdiccionales han de ponderar los defectos procesales de las partes guardando la debida proporcionalidad entre el defecto y la sanción que debe acarrear y procurar, siempre que sea posible, la subsanación del defecto, favoreciendo la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso como instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial (STC 12/2003) [FJ 8].
El derecho a acceder a los recursos legales no nace directamente de la Constitución sino de lo que dispongan las leyes procesales que los crean y se incorpora al derecho a la tutela judicial efectiva en la concreta configuración que reciba de cada una de las leyes de enjuiciamiento que regulan los diferentes órdenes jurisdiccionales (SSTC 42/1982, 35/2011) [FJ 4].
El control constitucional de los requisitos de admisión de los recursos es más laxo que el de los requisitos de acceso al proceso, puesto que se pide la revisión de una Sentencia que habría satisfecho el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva sin indefensión de todas las partes procesales, razón por la cual el acceso al recurso debe ser contrapesado con el derecho de las otras partes a un proceso sin dilaciones indebidas y a la ejecución de lo resuelto (SSTC 55/1995, 27/2009) [FJ 4].
La tasa que grava el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil persigue el legítimo interés de contribuir a financiar el servicio público de la Administración de justicia con cargo a los justiciables que más se benefician de la actividad jurisdiccional disminuyendo correlativamente la financiación procedente de los impuestos, a cargo de todos los contribuyentes, en términos respetuosos con las previsiones constitucionales sobre la gratuidad de la justicia (STC 20/2012) [FJ 5].
La posibilidad de subsanar los defectos procesales se refiere sólo a los requisitos formales y en las condiciones y plazos que las leyes procesales establezcan, pero no es difícil inducir un designio del legislador de permitir la subsanación de los defectos que posean este carácter en desarrollo del principio de tutela efectiva consagrado en el art. 24 CE (STC 39/1988) [FJ 7].
El plazo de subsanación de defectos procesales no lo es tan solo para la acreditación formal del cumplimiento temporáneo del requisito procesal exigible, sino también para la realización, en dicho plazo, del acto omitido o la rectificación del defectuosamente practicado (SSTC 69/1997, 155/2011) [FJ 8].
Artículo 238, f. 7
Artículo 238 a 243, f. 7
Artículos 238 a 243, f. 7
Artículo 241, f. 7
Artículo 231, f. 7
Artículo 449, f. 7
Artículo 35, ff. 3 a 5, 7
Artículo 35.7, ff. 1, 3
Artículo 35.7.2, ff. 2, 4, 6, 8
Derecho de acceso al recurso legalDerecho de acceso al recurso legal, Respetado, ff. 4, 6
Derecho de acceso al recurso legalDerecho de acceso al recurso legal, ff. 3, 6
Pago de tributosPago de tributos, f. 8
Acreditación del pago de tasas judicialesAcreditación del pago de tasas judiciales, ff. 4, 6
Requisitos procesalesRequisitos procesales, ff. 3, 4, 6
Subsanación de defectos procesalesSubsanación de defectos procesales, ff. 4, 6