Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-155-de-julio-2-de-2008?documento=jurcol&contexto=jurcol_759eba86e440d05ae0430a010151d05a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-15 17:44:49
Document Index: 158642716

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 230', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 379', 'artículo 380', 'artículo 192', 'artículo 243', 'artículo 241', 'artículo 49', 'artículo 242', 'artículo 49', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 241', 'artículo 40', 'artículo 233', 'artículo 40', 'artículo 233', 'Artículo 1']

﻿ SENTENCIA 155 DE JULIO 2 DE 2008
SENTENCIA 155 DE 02 DE JULIO DE 2008
CONTENIDO:CORTE CONSTITUCIONAL DIO A CONOCER AUTO EN EL QUE RECHAZÓ REVISAR LA SENTENCIA QUE DECLARÓ EXEQUIBLE EL ACTO QUE APROBÓ LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL
TEMAS ESPECÍFICOS:REELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, RECURSO DE REVISIÓN
Auto 155 de julio 2 de 2008
Auto 155 de 2008
Ref.: Expediente D-5645
Recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia C-1040 del 19 de octubre de 2005.
José Antonio Rodríguez Peña y otros.
Bogotá, D.C., dos de julio de dos mil ocho.
1. Que mediante escrito radicado en la Corte Constitucional el día 17 de junio de 2008, los ciudadanos José Antonio Rodríguez Peña, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores; Reinaldo Villalba Vargas, presidente de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; Uriel Gómez Ceballos, de la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas; José Gutiérrez, del Comité Permanente de Derechos Humanos; Iván Cepeda Vargas, director de la Fundación Manuel Cepeda Vargas; Franklin Castañeda Villacob, vicepresidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Oneida Giraldo Camargo, de Humanidad Vigente Corporación Jurídica; Padre Alberto Franco, RSsC, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Rafael Gómez Serrano, de la Corporación Reiniciar; Ómar Hernández, de la Asociación Minga, manifiestan interponer “Recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia C-1040 del 19 de octubre de 2005”. Dicho recurso, en escritos allegados a la Corte, fue oportunamente coadyuvado por Leonel Alejandro López Morales, Yaneth Corredor Castro, Jorge Enrique Sánchez Chaves, Julio César Pisciotti Van Strahlen, Wilson Alfonso Borja Díaz, Alirio Uribe Muñoz, Edinson Cuellar O., Hugo E. Franco, Luis Carlos Domínguez Prada, Fernando Quintero, Paola Ximena Fonseca Caro, Leonel Alejandro López Morales, Sandra Rocío Gamboa Pubiano, Beatriz del Rosario Rivero Martínez, Martha Viviana Carvajalino, Yaneth Corredor Castro, Eduardo Carreño Wilches, Cristaina Camilo Aguilera Caro, Pedro José Vaca Villarreal, Julia García Moreno, Carlos Alberto Ramírez Maya, Constanza Hernández Sánchez Héctor Bermúdez, Luz Helena Ramírez Hache y Luz Marina Hache Contreras.
2. Que como sustento a la solicitud de revisión los recurrentes se refieren, en primer lugar, a la procedencia del recurso de revisión en la jurisdicción constitucional, para señalar que, si bien el mismo no está consagrado en el Decreto 2067 de 1991, cuyo artículo 49 dispone que “Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno”, cabe aplicarlo “... por analogía y ante todo en procura de la vigencia del dictado constitucional de un orden social justo...” para lo cual estiman posible acudir “... al régimen procesal laboral, civil, administrativo y penal, jurisdicciones en donde sí está consagrado el recurso de revisión contra las sentencias ejecutoriadas”.
Esa analogía, a su vez, a juicio de los recurrentes, se ve avalada por las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos que establecen que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal competente (art. 8º) y que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales (art. 25), así como por lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución que autoriza a los jueces a recurrir a la equidad, a la jurisprudencia y a los principios generales de derecho. En ese contexto, señalan, el artículo 5º del Código de Procedimiento Civil establece que los vacíos “... se llenarán con las normas que regulen casos análogos, y a falta de estas, con los principios constitucionales y los generales del derecho procesal”. Así mismo, prosiguen, el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 establece que “[c]uando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho”.
Agregan que su solicitud no puede deslindarse de la inscripción en el preámbulo constitucional del principio de orden social justo, ni de los criterios de la jurisprudencia constitucional en relación con el hecho de que la cosa juzgada se subordina a dicho principio y que, como se ha señalado por la Corte Constitucional “El recurso de revisión fue estatuido como un mecanismo excepcional contra la inmutabilidad de la cosa juzgada, por la ocurrencia de hechos y conductas contrarios a derecho que, una vez configurados, desvirtúan la oponibilidad de la sentencia, y por ende, la seguridad jurídica que le sirve de fundamento, al carecer de un elemento esencial: la justicia que debe inspirar toda decisión judicial” (1) .
Prosiguen señalando que la Corte Constitucional, al fundamentar su decisión de declarar la inexequibilidad del inciso final del artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, que excluía del recurso de revisión a determinadas sentencias, razonó de la siguiente manera:
“Como puede observarse, las causales 2, 3, 4, 5 y 6, tienen como fundamento la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos, que fueron decisivos en la adopción de la sentencia que se busca dejar sin efectos. En otros términos, de no haberse configurado los hechos delictuosos o las conductas fraudulentas, la decisión habría sido, en un alto grado, distinta a la adoptada. Es por esta razón, que se afirma que el recurso de revisión busca ajustar a la realidad, la decisión inicialmente adoptada, realidad que no pudo ser conocida por el fallador, en razón a los hechos y conductas fraudulentas.
Las causales 7 y 8, por su parte, buscan restablecer el debido proceso, más aún, cuando contra la decisión proferida no procedía ninguno de los recursos ordinarios (tal como acontece con las decisiones que dictan los jueces municipales en única instancia, por disposición expresa del legislador). Mientras la causal 1, se convierte en una extensión del derecho de contradicción, al permitir demostrar la existencia de pruebas que, por no haberse podido aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito, dejan sin sustento la decisión inicialmente adoptada (...).
Nada más contrario a derecho que admitir que, a pesar de que una decisión fue adoptada con fundamento en pruebas falsas (testimonios, documentos, pruebas periciales, etc.), o en contradicción del debido proceso, por mencionar alguna de las causales de revisión, no pueda ser objeto de este mecanismo excepcional, creado precisamente para hacer justicia, solo porque la sentencia correspondiente fue adoptada en un proceso tramitado en única instancia, carente, por ese hecho, de todo recurso ordinario”10(sic).
Por lo anterior, para los recurrentes, cabe concluir que el recurso de revisión es procedente, incluso respecto de fallos proferidos por la Corte Constitucional, “... toda vez que este órgano también es pasible —como ha ocurrido en la situación que nos convoca al ejercicio de la presente acción— de ser vulnerada y asaltada por intereses particulares, en este caso de intereses ostensiblemente ilícitos”.
3. En un segundo apartado de su escrito, los recurrentes presentan en primer lugar los antecedentes propios de la sentencia recurrida, para señalar, entre otras cosas, por un lado, cuál es, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el parámetro normativo de referencia para el ejercicio del control de constitucionalidad de los actos reformatorios de la Constitución, y, por otro, que la fecha de la sentencia, 19 de octubre de 2005, es relevante para los efectos del recurso presentado, por cuanto, afirman, para ese momento, ni el país ni la Corte Constitucional “... tenían conocimiento de la forma ilícita como se había integrado el Congreso de la República en las elecciones del 2002...”, así como “... tampoco se tenía conocimiento de la existencia del pacto de Ralito el cual fue suscrito por varios de quienes después ejercieron como miembros de la comisión que resolvió temas como impedimentos alrededor del trámite del en ese momento, proyecto de acto legislativo, tampoco conocía la Corte la existencia de delitos que envolvieron de ilicitud el ejercicio de votos fundamentales para la aprobación del referendo como es el caso de la entonces Congresista Yidis Medina, como del ejercicio omisivo que de dicho ejercicio mediado un acto ilícito, como se ha sostenido en relación con el Congresista Teodolindo Avendaño Castaño”.
En cuanto a la oportunidad para la presentación del recurso expresan que “[t]anto el Código de Procedimiento Civil como el Código Contencioso Administrativo consagra que el recurso de revisión debe ser instaurado dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia; el Código de Procedimiento Penal no establece límite de tiempo para la acción de revisión y el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social establece un término máximo de cinco años”.
A continuación expresan que fundamentan su solicitud en la causal primera del artículo 380 del CPC, conforme a la cual es causal de revisión:
“Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
Agregan que esta causal, puede ser armonizada con la tercera consagrada en el artículo 192 del Código de Procedimiento Penal, según la cual “Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad”.
En criterio de los recurrentes, los medios de prueba que sustentan la causal invocada son:
a. El denominado “Documento de Ralito”, que como ya anotamos, fue informado a la Nación por el senador De La Espriella.
b. Las sentencias condenatorias proferidas contra varios miembros del Congreso de la República que votaron el proyecto de acto legislativo.
c. Los medios de prueba documentales y la confesión hecha por la ex congresista Yidis Medina, donde certificaba que había incurrido en el delito de cohecho, esto es, su voto favorable a la aprobación del proyecto de ley de reelección presidencial, fue “adquirido”, mediante remuneración recibida de altos funcionarios del Gobierno del actual Presidente Álvaro Uribe Vélez.
d. Los medios de prueba documentales y el testimonio rendido por la ex congresista Yidis Medina, en cuanto evidencia que el Congresista Teodolindo Avendaño, había incurrido en el delito de cohecho, esto es, la expresión negativa de su voto parlamentario, favorable igualmente a la aprobación del proyecto de ley de reelección presidencial, fue la contraprestación de remuneración recibida por la señora Medina quien a su vez la obtuvo de altos funcionarios del Gobierno del actual Presidente Álvaro Uribe Vélez.
Para explicar la procedencia de la solicitud, los recurrentes hacen una extensa exposición de lo que denominan el “Proyecto político – criminal – paramilitar”, que, en su concepto, conduce a mostrar que es evidente la existencia de vicios de procedimiento en la adopción del Acto Legislativo 2 del 2004 que aprobó la reelección, pues, “... es claro cómo el proyecto desplegado por los paramilitares es una empresa criminal que atenta contra la Constitución Política de 1991, y la fórmula del Estado social de derecho; que los llevó a hacerse del poder político, llegando a tener miembros suyos, en el Congreso de la República.” Para los recurrentes “[u]n congresista elegido por medios ilegales no puede crear derecho, con menor razón cuando con anterioridad había suscrito un documento con el paramilitarismo donde se comprometía a una “refundación” que traicionaba el Preámbulo de la Constitución Política”.
Se refieren, por otra parte al cohecho en el que incurrió la ex congresista Yidis Medina, quien “... públicamente confesó por los medios de comunicación, que desde la Presidencia de la República, recibió dádivas y prebendas por su voto afirmativo a favor del Acto Legislativo 2 de 2004”.
En dichas condiciones, prosiguen, “... es objetivo concluir que los parlamentarios que votaron el proyecto de acto legislativo a pesar de sus alianzas con el paramilitarismo (evidenciadas en el pacto de Ralito y en las sentencias condenatorias), así como quienes definieron su voto, en razón de las promesas remuneratorias; se fueron contra el mismo Estado social de derecho que deben defender desde su dignidad, independientemente de los intereses particulares o partidistas que innegablemente se pueden presentar en cualquier congresista. Esto es, vulneraron el sentido del voto parlamentario dentro de una democracia y con mayor razón el sentido de un Estado social y democrático de derecho. No puede concluirse legal ni legítimamente que el documento pacto de Ralito, puede desplazar el sentir del pueblo de Colombia expresado en la Constitución Política de 1991”.
A partir de las anteriores consideraciones, señalan que, comoquiera que para la fecha de la Sentencia C-1040 de 2005 los magistrados de la Corte Constitucional “... no conocían de la existencia del denominado pacto de Ralito, ni de los hechos delictivos cometidos en las elecciones parlamentarias del 2002, ni de los nexos de congresistas con el paramilitarismo en Colombia, ni del punible de cohecho en que incurrieron, entre otros, la Congresista Yidis Medina ...”, existía una “realidad que no pudo ser conocida por el fallador, en razón a los hechos y conductas fraudulentas”.
Expresan que las anteriores consideraciones tienen relevancia constitucional, porque pondrían en evidencia que la aprobación de la reforma de la reelección en 2004 fue inconstitucional, lo cual, a su vez, podría llevar a una reapertura del debate constitucional sobre la reelección.
Concluyen este aparte señalando que “[l]a causal para que prospere el recurso extraordinario de revisión, están(sic) más que demostrada, pues se funda en hechos notorios, sabidos y conocidos por el país y el mundo”.
5. Para probar los hechos de esta demanda en sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, los recurrentes solicitan que “... se decreten, practiquen y tengan como tales, los siguientes medios de prueba:
1. Se oficie a la secretaría de la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia fin de que:
a) Certifiquen por escrito el nombre de los senadores y representantes electos en las elecciones legislativas del año de 2002, que estén siendo objeto de investigación por los delitos de concierto para delinquir agravado u otra infracción, dentro de la investigación que adelantan por el fenómeno de la parapolítica, con posterioridad al 19 de octubre de 2005.
b) Se sirvan allegar los autos de detención proferidos y las sentencias condenatorias que se hayan dictado con posterioridad al 19 de octubre de 2005 igualmente por las alianzas con el paramilitarismo.
c) Se sirvan certificar si ese órgano judicial ha iniciado investigación penal contra la ex representante Yidis Medina Quintero.
d) En caso cierto, se sirvan indicar por qué delito es investigada y cuáles son los hechos.
e) Se sirvan remitir, de ser ello posible, copia del auto de detención proferido en su contra y de la sentencia condenatoria si la hubiere.
f) Se sirvan remitir copia simple de los medios de prueba documental allegados por la ex congresista Yidis Medina Quintero, para probar sus afirmaciones.
g) Se sirvan remitir —de ser ello jurídicamente viable—, la diligencia de diligencia y/o declaración rendida por la ex congresista Yidis Medina, en cuanto manifiesta que el Congresista Teodolindo Avendaño, había incurrido en el delito de cohecho.
2. Se oficie a la secretaría general de la Fiscalía General de la Nación, a fin:
a) Remitan copia del documento conocido como ‘Pacto de Ralito’.
b) Certifiquen por escrito el nombre de los senadores y representantes electos en las elecciones legislativas del año de 2002, que estén siendo objeto de investigación por los delitos de concierto para delinquir agravado u otra infracción, dentro de la investigación que adelantan por el fenómeno de la parapolítica, con posterioridad al 19 de octubre de 2005.
c) Se sirvan allegar los autos de detención proferidos y las sentencias condenatorias que se hayan dictado con posterioridad al 19 de octubre de 2005 igualmente por las alianzas con el paramilitarismo.
d) Informen si dicho organismo adelanta investigaciones contra el doctor Diego Palacios, actual Ministro de la Protección Social, y contra el doctor Sabas Pretelt de la Vega, ex ministro de Gobierno y de Justicia; por las acusaciones que en su contra ha formulado la ex congresista Yidis Medina.
3. A la secretaría general del H. Senado de la República, para que certifiquen por escrito, el nombre de los senadores que tanto en la Comisión Primera como en la Plenaria votaron a favor del Acto Legislativo 2 de 2004, en todas y cada una de las sesiones realizadas para su aprobación.
4. A la secretaría general de la H. Cámara de Representantes, para que certifiquen por escrito, el nombre de los representantes que tanto en la Comisión Primera como en la Plenaria votaron a favor del Acto Legislativo 2 de 2004, en todas y cada una de las secciones realizadas para su aprobación.
5. Cítese al señor Rafael García, detenido por orden en la fiscalía, en la cárcel La Picota de Bogotá, para que bajo la gravedad del juramento, manifieste todo lo que le consta sobre el fraude electoral cometido en las elecciones parlamentarias del 2002.
6. Finalmente nos permitimos allegar, a fin de que sean tenidos como medio de prueba documental:
a) Ejemplar de la revista Cambio. Edición 774. Semana del 1º al 7 de mayo de 2008.
b) Ejemplar de la revista Cambio. Edición 775. Semana del 8 al 14 de mayo de 2008.
c) Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, respecto de la Asociación de Abogados Laboralistas de los Trabajadores.
d) Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, respecto de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”.
6. Que el recurso presentado por el conjunto de ciudadanos plantea la posibilidad de que la Corte Constitucional revise la Sentencia C-1040 de 2005.
1. Tal y como lo consagra expresamente el artículo 243 de la Constitución Política, “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”.
En concordancia con ese mandato, el artículo 241 de la Constitución Política, al confiarle a la Corte “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”, establece igualmente que las funciones asignadas a dicho tribunal deberán cumplirse “en los estrictos y precisos términos de este artículo”, sin que en el mismo figure la de pronunciarse sobre el sentido de los fallos que han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional.
Sobre el efecto de cosa juzgada constitucional, la jurisprudencia ha precisado que el mismo conlleva, al menos, dos consecuencias (2) . La primera, que las decisiones adoptadas por esta corporación en cumplimiento de su misión de garantizar la integridad y la supremacía de la Carta Política, adquieren plena firmeza, esto es, un carácter definitivo e incontrovertible, de tal manera que el tribunal pierde la competencia para volver a pronunciarse sobre aquellos asuntos tratados y dilucidados en procesos anteriores. La segunda, que una vez adoptada la decisión, la misma se convierte en obligatoria para todos los habitantes del territorio nacional y, por tanto, no puede ser revocada ni por la Corte ni por ninguna otra autoridad pública.
2. Ahora bien, acorde con el alcance de cosa juzgada constitucional reconocido a las decisiones de la Corte, la jurisprudencia de esta corporación, de manera uniforme, ha señalado que, tal como se dispone en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno” y que según esa misma disposición, solo es posible anular las sentencias de constitucionalidad a condición de que en ellas se haya incurrido en una violación al debido proceso (3) , sin que la circunstancia de que, en una interpretación sistemática de las disposiciones aplicables, se haya concluido que la solicitud de nulidad puede presentarse incluso contra la propia sentencia, dentro de los tres días siguientes a su notificación, signifique “... que haya un recurso contra las providencias de la Corte Constitucional, ni que la opción de solicitar la nulidad pueda llegar a convertirse en una nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya fueron concluidas”.
De esta manera, sobre la materia no existe vacío legal alguno que permita acudir a la aplicación analógica de normas de otros ordenamientos procesales, por cuanto la ley que rige los procesos de constitucionalidad, de manera expresa, señala que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno”.
La naturaleza misma de las competencias atribuidas a la Corte Constitucional y el alcance reconocido a sus decisiones, impide que estas sean susceptibles de recurso alguno.
A diferencia de los procesos en los cuales se ha previsto el recurso de revisión, el juicio de constitucionalidad en el control abstracto de normas no es un proceso entre partes y razones de seguridad jurídica impiden que una vez que la Corte Constitucional se ha pronunciado con autoridad de cosa juzgada, se abra un nuevo debate constitucional por vicios de procedimiento en relación con disposiciones en relación con las cuales la Corte se ha pronunciado de manera definitiva.
En la Sentencia C-1040 de 2005, la Corte Constitucional se pronunció de manera definitiva sobre la exequibilidad del Acto Legislativo 2 de 2004 en relación con la demanda de inconstitucionalidad presentada con base en los vicios de procedimiento y competenciales que los actores estimaban presentes en el trámite de la reforma. Resueltas las solicitudes de nulidad que de manera oportuna se presentaron contra esa sentencia, la misma quedó revestida de la autoridad de cosa juzgada y frente a ella no cabe recurso alguno. Del mismo modo, comoquiera que ya está vencido el término de caducidad previsto en el artículo 242 de la Constitución en relación con las acciones por vicios de forma, no cabe plantear una nueva controversia constitucional en relación con el trámite del Acto Legislativo 2 de 2004.
En consecuencia, la Corte habrá de rechazar de plano la solicitud de revisión presentada, en cuanto la decisión adoptada en la Sentencia C-1040 del 19 de octubre de 2005 ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, sobre la misma no procede ningún recurso, en relación con el Acto Legislativo 2 de 2004 ha operado el término de caducidad previsto en la Constitución y la Corte Constitucional ha perdido la competencia para emitir un nuevo pronunciamiento.
1. RECHAZAR DE PLANO el recurso extraordinario de revisión presentado contra la Sentencia C-1040 del 19 de octubre de 2005 por José Antonio Rodríguez Peña, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores; Reinaldo Villalba Vargas, presidente de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; Uriel Gómez Ceballos, de la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas; José Gutiérrez, del Comité Permanente de Derechos Humanos; Iván Cepeda Vargas, director de la Fundación Manuel Cepeda Vargas; Franklin Castañeda Villacob, vicepresidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Oneida Giraldo Camargo, de Humanidad Vigente Corporación Jurídica; Padre Alberto Franco, RSsC, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Rafael Gómez Serrano, de la Corporación Reiniciar, y Ómar Hernández, de la Asociación Minga.
Magistrados: Humberto Antonio Sierra Porto, presidente—Jaime Araújo Rentería, con salvamento de voto—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño, con aclaración de voto—Rodrigo Escobar Gil—Mauricio González Cuervo—Marco Gerardo Monroy Cabra—Nilson Pinilla Pinilla—Clara Inés Vargas Hernández.
Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, secretaria general, no firma.
Luis Carlos Marín Pulgarín, secretario general ad-hoc.
(1) Sentencia C-569 de 1998.
(2) Sobre el alcance de la cosa juzgada constitucional se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-397 de 1995, C-037 de 1996, C-774 de 2001, C-310 de 2002, entre muchas otras, y los autos A-174 de 2001 y A-289ª de 2001, entre otros.
(3) Corte Constitucional, Auto 8 de 26 de julio de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía.
Muy respetuosamente, me permito presentar mis razones jurídicas que son de total discrepancia frente a la decisión adoptada en esta providencia, ya que considero, que la solicitud de nulidad de la Sentencia C-1040 de 2005 presentada por los ciudadanos, debió ser acogida por esta corporación, al comprobarse debidamente a partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia el hecho delictual que dio origen al Acto Legislativo 2 del 2004.
I. En primer término, me permito manifestar que las cosas en el derecho son lo que son, y que independientemente de que los ciudadanos hayan solicitado una “revisión” se trata de una solicitud de nulidad de la Sentencia C-1040 del 2005.
En este sentido, debo recordar que de conformidad con un principio universal del derecho, las cosas en el mundo jurídico son lo que son por su propia naturaleza y sus características, independientemente del nombre que se les quiera poner. Así, un contrato de trabajo es un contrato de trabajo así se le dé el nombre que se le quiera dar, o una compraventa es una compraventa así se le dé otro nombre, y un delito es un delito así se le quiera dar la apariencia de otra cosa. Este principio se encuentra reforzado por aquel que dispone que en las actuaciones judiciales prevalecerá el derecho sustancial sobre las formalidades —C.N., art. 228—.
De este modo, no se puede exigir de los ciudadanos que no tienen por qué saber derecho, que llamen las cosas por su nombre, de manera tal que póngale el nombre que se le quiera poner “a”, “b” o “c”, de todas maneras lo que se está solicitando es la nulidad de la Sentencia C-1040 del 2005 que erróneamente declaró constitucional el Acto Legislativo 2 del 2004, el cual se originó en un acto de corrupción.
Por tanto, para solicitar la nulidad no se necesita ser abogado ni tener conocimientos de derecho sino solo la condición de ciudadano, por esa razón, no se puede exigir de los ciudadanos precisión en los términos jurídicos. De este modo, afirmar que porque los ciudadanos le pusieron tal o cual nombre a su solicitud, la Corte lo encuentra improcedente, no es ajustado a derecho por cuanto lo que debe entender la Corte en estricto derecho es que se está solicitando la nulidad de la Sentencia C-1040 del 2005 y proceder a estudiarla.
En este orden de ideas, considero que esta corporación, que al momento de fallar ya tenía en su poder la sentencia de la Corte Suprema que probaba el delito de cohecho, tiene que ser consecuente con su suprema función constitucional, esto es, la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución —C.N., art. 241—, y acoger la solicitud de nulidad de la Sentencia C-1040 del 2005 presentada por los ciudadanos, ya que constituye un hecho probado que el proceso constitucional frente al Acto Legislativo 2 del 2004 se encuentra viciado de nulidad, por cuanto dicho acto legislativo tuvo origen en la corrupción y el delito, y ni la corrupción ni el delito pueden ser fuente de derecho, razón por la cual esta Corte tiene la obligación de restablecer el ordenamiento jurídico y constitucional que fue vulnerado mediante un delito. Esto es precisamente lo que los ciudadanos solicitan a esta corporación, que proceda de conformidad con su función constitucional y declare la nulidad de la Sentencia C-1040 del 2005.
II. En segundo término, me permito reiterar en su totalidad los argumentos expuestos por el suscrito magistrado frente al Auto 156 del 2008 relativos a la también solicitud de nulidad presentada ante esta corporación por la Corte Suprema de Justicia, para lo cual citaré in extenso dichas razones que siguen siendo íntegramente válidas frente a la solicitud de nulidad de la Sentencia C-1040 del 2005 presentada por los ciudadanos:
“La sentencia en cuestión se encuentra viciada de una nulidad ya que al momento de la adopción de la misma, esta Corte desconocía que el acto legislativo bajo estudio era nulo de pleno derecho o más exactamente inexistente, por haber sido la consecuencia de un delito, el delito de cohecho, tal y como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia en sentencia reciente —173 del 26 de junio del 2008—. Estos hechos son nuevos y una vez conocidos, tienen relevancia constitucional en cuanto afectan de manera inmediata y directa la validez jurídica tanto del acto legislativo de la reelección presidencial como de la Sentencia C-1040 del 2005 mediante la cual se declaró, incurriendo en un error, la exequibilidad de la misma; razón por la cual considero que esta Corte se encuentra obligada jurídicamente a estudiar y declarar la nulidad de la Sentencia C-1040 del 2005 y con ella del Acto Legislativo 2 del 2004, bien a petición ciudadana o de autoridad pública, o bien de oficio.
Para fundamentar mi posición jurídica me permitiré a continuación hacer referencia a los siguientes temas: i) en primer lugar, a la filtración del proyecto de fallo y la decisión que se adoptaría; (ii) en segundo lugar, a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y su valor jurídico; (iii) en tercer lugar, a las consecuencias jurídicas que se derivan de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y a la comprobación de la comisión de un delito para conseguir la aprobación del Acto Legislativo 2 del 2004; (iv) en cuarto lugar, a la procedencia de la nulidad de la Sentencia C-1040 del 2005, de conformidad con la propia jurisprudencia de esta Corte; (v) en quinto lugar, sobre la petición elevada por los ciudadanos como solicitud de nulidad; (vi) en sexto lugar, a la dialéctica entre la seguridad jurídica y la justicia; (vii) en séptimo lugar a las debidas constancias de mis propuestas de nulidad y mi inconformidad con el reparto hecho en Sala Plena; (viii) en octavo lugar, a la nulidad de la sentencia sobre la reelección presidencial y del presente fallo de esta Corte debido a las inhabilidades e impedimentos de cuatro de los magistrados de esta Corte; y (vii) finalmente a las consecuencias de este fallo que convalida una situación inconstitucional, injusta, ilegítima, ilegal y criminal.
1. Crónica de la convalidación anunciada de un delito.
Como en la novela Crónica de una muerte anunciada de Gabo, “El día en que lo iban a matar”; o mejor, en el que esta Corte mató al Estado de derecho, me levanté a las 5:30 de la mañana del 2 de julio y el diario El Tiempo decía: “No revisar sentencia que validó la reelección propone ponencia que estudia la Corte Constitucional”. “Según fuentes consultadas por El Tiempo, en el tribunal predomina la premisa de que sus sentencias hacen tránsito directo a cosa juzgada sin posibilidad de revisión”. Era obvio que el proyecto del Magistrado Escobar y la decisión se habían filtrado; y que los medios conocían no solo el sentido de la ponencia que se presentó a Sala Plena, sino la posición que adoptaría la mayoría de los magistrados de esta Corte, situación que en concepto del suscrito magistrado no solo atenta sino que vulnera la dignidad, credibilidad y legitimidad de esta corporación.
La intervención de dos magistrados, que en mi sentir estaban impedidos, uno porque ya había votado favorablemente la reelección, y después de su voto su padre fue designado por el Presidente reelegido en el segundo semestre del 2006 como embajador en Francia —cargo que actualmente desempeña—; y el otro magistrado quien intervino antes de ser designado magistrado, primero ante el Congreso y después ante esta corporación a favor de la reelección; quien además fue secretario jurídico de la Presidencia de la República e incluido en una terna por el Presidente reelecto para ocupar el cargo de magistrado en esta corporación. En ambos casos, era claro que ni el nombramiento de embajador, ni la inclusión en la terna se hubieran podido realizar si no hubiera existido la reelección.
Los presagios eran negros. La intervención de los mismos magistrados que ya habían votado a favor de la reelección, incluida la magistrada que en una reciente entrevista concedida en la revista Credencial edición 255 del mes de febrero de 2008 (págs. 33 y 34) manifestó al responder la pregunta “perfil debe tener el siguiente Presidente? – “Me gustaría una persona con el corte del Presidente Uribe; más moderada en el gasto militar, que invierta más en educación y salud, pero con su talante de autoridad, que mantenga la seguridad democrática, que es lo que la gente necesita en este momento. No necesariamente tiene que ser Uribe pero si(sic) una persona que siga su política. Un cambio abrupto en este momento sería fatal para el país...”.
2. La sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia —173 del 26 de junio del 2008— y su valor jurídico.
En la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se evidencia que existieron múltiples irregularidades en el proceso legislativo de aprobación del Acto Legislativo 2 del 2004 en el Congreso, referidas a la actuación de la entonces Congresista Yidis Medina, y a cómo el voto de esta congresista fue definitivo y determinante para la aprobación del acto legislativo de la reelección, de manera tal que sin el voto de Yidis Medina no habría sido posible la reelección.
De este modo, en la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia —173 del 26 de junio del 2008— se evidencia que existió una maniobra para no aceptar el impedimento de Yidis Medina para votar acerca del proyecto de reelección, dejándola entonces habilitada para votar (págs. 13 y 14); así mismo que ministros del Presidente Uribe Vélez —tanto el Ministro del Interior como el Ministro de la Protección Social—, le ofrecieron un consulado y otras prebendas a cambio de su voto de apoyo al entonces proyecto de reelección (págs. 19 y 19); de otra parte se prueba que otras personas allegadas a Yidis Medina recibieron prebendas por conducto de Yidis y su apoyo al proyecto de reelección (págs. 20-30); también se deja constancia de que posteriormente a la aprobación del proyecto de reelección presidencial, el Secretario General de Presidencia, ante el anuncio de la publicación de un libro de Yidis, la citó al Palacio de Nariño para “prevenirla sobre el perjuicio que podría ocasionar al Gobierno Nacional”.
Así mismo, se deja en claro en la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema que sin el voto de Yidis Medina, el entonces proyecto de reelección no habría tenido futuro, por cuanto si la entonces representante hubiera votado a conciencia, esto es, libre y voluntariamente, tal y como lo había manifestado y se había comprometido públicamente tanto con sus compañeros de célula como con la opinión pública, el proyecto de acto legislativo no habría sido aprobado. De lo anterior concluye la Corte Suprema que “el voto de Yidis Medina resultó determinante para el éxito de la reforma constitucional o, dicho de otra forma, sin su voto el acto legislativo después del 4 de junio de 2004 habría sido historia porque no podía traspasar el umbral de un simple proyecto. Sin embargo, el “Sí” expresado mediante el voto de esta congresista permitió el curso de los restantes debates en el Congreso, para convertirse finalmente en una reforma constitucional” (pág. 33).
De esta manera, evidencia la Corte Suprema que el voto de Yidis Medina no se debió al valor de los argumentos o la capacidad de convencimiento, sino a las dádivas y promesas burocráticas aceptadas por la ex congresista, esto es, “... en virtud del ofrecimiento de sobornos que lograron quebrar la libertad y autonomía que debe caracterizar el proceso democrático de toma de decisiones” (pág. 38).
Así mismo, realiza la Corte Suprema de Justicia una reflexión sobre la importancia de la labor legislativa y los actos corruptos como el cohecho que terminan minando la estabilidad institucional y destruyendo el Estado constitucional de derecho, expresando su total estupefacción y preocupación porque desde las altas esferas del poder político “se impulse la desistitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado cuando en busca de un beneficio particular se impulsó a toda costa un acto legislativo, sin importar que para sacarlo avante se llegara hasta la comisión de conductas punibles como sucede en el sub júdice. Cobra fuerza en este momento la frase de Thomas Jefferson: Los fines políticos no justifican medios inmorales” (pág. 43) (resaltado fuera de texto).
En consecuencia, sostiene la Corte Suprema que se encuentra “(d)emostrado de manera inconcusa e inobjetable que: i) la congresista acusada apoyó decididamente el proyecto de reforma constitucional (A.L. 2/2004); ii) tal respaldo definitivo para su aprobación no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre la bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió; entonces, deviene ilegítima la actividad constitucional desplegada” (pág. 42) (resaltado fuera de texto).
Concluye la Corte Suprema que un “acto jurídico” desviado, como el de aprobación del Acto Legislativo 2 del 2004, que tiene connotaciones delictivas, no puede tener vigencia ni ejecutividad, por cuando “(a)sí como: i) la corrupción en el ejercicio de la función pública no puede ser fuente del derecho de propiedad (1) , ii) que la contratación pública ejecutada con desconocimiento de las reglas que la regulan conlleva severas sanciones (2) y iii) asumiendo en serio y hasta las últimas consecuencias que la lucha del Estado contra la impunidad tiene relevancia constitucional (3) la cual no puede quedar reducida a simple retórica dirigida a la tribuna, resulta incompatible con la filosofía del Estado social y democrático de derecho (4) que se precia de actuar sometido al imperio de la ley, que un acto jurídico desviado, de connotaciones delictivas tenga vigencia y ejecutividad” (pág. 43 y ss.) (resaltado fuera del original).
Por todas estas razones, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluye que el delito nunca puede originar validez o legitimidad jurídica, ya que “... el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal ...” (pág. 44) y en razón de ello decide remitir copia de su sentencia a esta Corte y a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia (págs. 44 y 60); en el caso de esta Corte, para que de conformidad con la función constitucional que le ha sido asignada, restablezca el ordenamiento jurídico quebrantado por la vulneración a la Constitución Nacional derivada de la aprobación de un acto legislativo mediante la comisión de un delito.
Lo que tenemos entonces con la sentencia de la Corte Suprema es una prueba de actos de corrupción, como lo fue el fabuloso “combo”, a que se refirió Yidis Medina, ofrecido a quien votara la reelección: Notaría, más consulado o embajada, más dirección de órganos de salud, según lo expuesto por la propia Yidis Medina. Actos de corrupción que están debida y judicialmente comprobados. En la propia sentencia se habla de seducción, soborno y apoyo a un acto de reelección con base en acciones delictivas.
De todo lo expuesto en la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el suscrito magistrado concluye: (i) que existieron múltiples y comprobadas irregularidades en la actuación de la entonces Congresista Yidis Medina y de algunos altos funcionarios del Gobierno de ese entonces, durante el proceso de aprobación del proyecto del acto legislativo que proponía la reelección presidencial, configurándose plenamente el delito de cohecho con la finalidad de que la ex congresista cambiara su voto y apoyara el proyecto de reelección, como efectivamente ocurrió, a cambio de dádivas y prebendas burocráticas; (ii) que el voto de Yidis Medina fue determinante para la aprobación del proyecto de acto legislativo que terminó con la aprobación de la reelección presidencial, y que por tanto existe un vínculo directo, inmediato y consustancial entre este voto y la aprobación de la reelección presidencial, de manera tal que sin el voto de la ex congresista Yidis Medina, el Acto Legislativo 2 del 2004 nunca hubiera sido aprobado; (iii) que se configuró la comisión de un delito de cohecho, y que tal actuación ilícita y criminal fue determinante para la aprobación del Acto Legislativo 2 del 2004; es necesario concluir que el acto legislativo se encuentra viciado por la comisión de un delito, lo cual genera una nulidad que es por lo demás una nulidad absoluta, insubsanable e imprescriptible.
3. Consecuencias del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
3.1. Nulidad o inexistencia del acto legislativo que aprobó la reelección presidencial.
Así, en cuanto se encuentra plenamente establecido por la autoridad judicial competente o el juez natural penal para los congresistas que la aprobación del Acto Legislativo 2 del 2004 fue fruto de un delito, la consecuencia lógico-jurídica es que tal acto legislativo es nulo de pleno derecho o inexistente desde el punto de vista jurídico. Lo anterior se fundamenta en la comprobación de la Corte Suprema de Justicia de que el acto legislativo que aprueba la reelección presidencial fue producto del delito de cohecho.
3.2. Inexistencia de cosa juzgada constitucional respecto de un acto legislativo que es nulo de pleno derecho y que por tanto es abiertamente inconstitucional.
En este sentido, y aplicando el argumento de reducción al absurdo, no es posible en sana lógica afirmar que existe cosa juzgada constitucional respecto de un acto jurídico nulo de nulidad absoluta y por tanto abierta y claramente inconstitucional al ser consecuencia de un delito, como se desprende de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, ni siquiera la existencia de una sentencia de esta Corte puede validar lo invalidable, esto es, la constitucionalidad de un acto jurídico que per se y en sí mismo es a todas luces inconstitucional, lo cual entraña el mayor absurdo jurídico que pueda concebirse.
En el caso concreto que nos ocupa la Corte Suprema remitió el fallo a la Corte Constitucional el día viernes 27 de junio, o sea que el término comenzó a correr el primer día hábil siguiente (el lunes 30 de junio día festivo), esto es el martes 1º de julio, y el asunto se fallo el día miércoles 2 de julio. O sea el segundo día hábil después de conocido el hecho por la Corte Constitucional.
La Corte solo se pronunció sobre esta segunda solicitud y dejó de resolver la primera, por lo que en cualquier momento, la Corte podrá después declarar la nulidad de oficio.
3.3. Inconstitucionalidad e ilegalidad del actual Gobierno Nacional, usurpación del poder político y jurídico, y desobediencia civil.
Otra consecuencia clara de la corroboración por la Corte Suprema de Justicia de que el Acto Legislativo 2 del 2004 fue originado en un “acto jurídico” ilícito y delictual, y por tanto también inconstitucional siendo nulo de pleno derecho, es el hecho que la reelección presidencial aprobada por tal acto legislativo es nula de pleno derecho y por tanto la reelección del actual Gobierno es inconstitucional e ilegal.
No puede existir ninguna elección presidencial donde participe ningún ex presidente.
Así las cosas, no solo el Presidente y el Vicepresidente sino todo el Gobierno, toda la rama ejecutiva, comenzando por los ministros y todos los que han sido nombrados, designados, ternados o candidatizados por el ejecutivo actual, se encuentran en una situación de inconstitucionalidad e ilegalidad y están usurpando el poder político y jurídico, ya que estos últimos han derivado su poder político y jurídico de un Gobierno ilegítimo, y en consecuencia todos los actos de gobierno que realicen tanto el Presidente, como sus ministros y su equipo de Gobierno se encuentran viciados de inconstitucionalidad e ilegalidad; razón por la cual se encuentra justificada desde el punto de vista ius filosófico la desobediencia civil.
En consecuencia, si no existe jurídicamente, sino de facto la reelección presidencial, todo lo realizado por el Gobierno no tiene ningún efecto, todos esos actos de gobierno son ilegítimos. El deber de obediencia de todos los ciudadanos se rompe y cesa la obligación de acatar sus actos y sus personas. A partir de la sentencia de la Corte Suprema, los títulos de Presidente, Vicepresidente o Ministro han fenecido y si son usados, están siendo usurpados. Ya los ciudadanos no están obligados a pagar impuestos a un Gobierno ilegítimo, ni los militares a acatar sus órdenes. Como los ciudadanos no deben obedecer las normas siempre y en todas las circunstancias, este deber de obediencia termina cuando la norma es injusta, o ilegítima (por que emana de quien no tiene el poder de expedir ese acto jurídico) o es inconstitucional (por ser inválida, esto es, producida sin respetar las normas de creación del derecho o que tengan por causa el delito). El deber de respeto a la autoridad o a la ley finaliza en la teoría constitucional, frente a acciones injustas, ilegales o inválidas, esta obediencia, es decir, el respeto que podemos tener por una persona o por un Gobierno por haber actuado legítimamente, se rompe con una actuación injusta, ilegal o criminal, y en consecuencia, ningún colombiano después de este fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene el deber de obediencia civil, ya que se rompió el fundamento de legalidad y legitimidad que es el fundamento también para la obediencia civil de los ciudadanos.
3.4. Imposibilidad de subsanar un acto legislativo nulo de pleno derecho por votos o acciones de guerra, las cuales no borran delitos.
Ahora bien, otra consecuencia de la nulidad absoluta del Acto Legislativo 2 del 2004, es que dicha nulidad es insubsanable al ser consecuencia de un delito, lo cual la hace ilegal ab initio e inexistente, ya que desde un punto de vista estrictamente jurídico, dicho acto legislativo nunca nació a la vida jurídica. Por esta misma razón, la consecuencia de este acto legislativo, esto es, la reelección presidencial, es también nula de nulidad absoluta y por tanto insubsanable. En consecuencia, no se puede subsanar la nulidad que afecta al acto legislativo que aprobó la reelección presidencial, mucho menos se puede hablar de subsanación de la reelección presidencial en sí misma que tuvo lugar en el año 2004, a través de votos o de actos de guerra.
En primer lugar, para el suscrito magistrado es necesario diferenciar entre dos situaciones jurídicas distintas que sin embargo se encuentran en una relación de causa-efecto, esto es, el Acto Legislativo 2 del 2004 que aprobó la reelección presidencial —causa—, y la reelección presidencial del año 2006 —efecto—. Este último acto jurídico que dio lugar a la reelección del actual Gobierno fue posible gracias al Acto Legislativo 2 del 2004 que aprobó la reelección presidencial y por tanto es consecuencia, efecto o derivación del primero.
Precisamente el respeto por este marco jurídico-normativo de la democracia es lo que diferencia una verdadera democracia constitucional de algunos regímenes de facto, dictatoriales o injustos que sin embargo cuentan con el apoyo de las mayorías. Para ejemplificar esto último, bástenos recordar que personajes como Hitler y Musolini en su momento, fueron o bien elegidos por las mayorías de sus países o contaban con el apoyo de estas mayorías, y sin embargo, en ninguno de estos casos puede hablarse de democracia, la cual presupone unos contenidos y presupuestos jurídicos-normativos relativos a principios, valores y derechos constitucionales que hay que respetar para que se pueda otorgar validez a las mayorías, por cuanto un régimen inconstitucional, ilegal, arbitrario o ilegítimo, lo sigue siendo así cuente con el apoyo del pueblo.
Las mayorías condenaron a Jesucristo y absolvieron a Barrabás y sin embargo quien tenía la razón, la verdad y el derecho era Jesucristo.
En este orden de ideas, la función del Tribunal Constitucional es la guarda y defensa de la supremacía de la Carta Constitucional, de la constitucionalidad, aun en contra de las mayorías, por cuanto no se podría aceptar un escenario en el cual las mayorías estén de acuerdo en la vulneración de derechos fundamentales, o repriman a las minorías, como tampoco se puede aceptar el actual escenario planteado en el cual se recurre a las mayorías de Colombia para refrendar un delito. Este argumento es por tanto muy peligroso, y mayor aún expuesto por los magistrados de un Tribunal Constitucional a quienes se les ha encargado la suprema misión de guardar los elementos jurídicos-normativos constitutivos del Estado constitucional y democrático de derecho.
4. Procedencia de la nulidad contra sentencias de la Corte Constitucional.
4.1. La Corte se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia sobre la posibilidad de revisar sus fallos tanto de tutela como de constitucionalidad, por vicios ocurridos durante el proceso como también al momento de fallar la sentencia (5) .
Así, la Corte ha admitido solicitudes de nulidad de procesos de constitucionalidad, no solo por actuaciones o hechos ocurridos antes de dictarse el fallo sino también por irregularidades en la sentencia misma, ya que esta corporación ha precisado que tiene “el deber de declarar las nulidades que se presenten en cualquier etapa del proceso. Y la sentencia es una de ellas” (6) .
La Corte Constitucional ha sostenido en muchas oportunidades que la nulidad de sus sentencias se puede declarar de oficio, por ejemplo en los autos 62 de 2000 y 50 de 2000 sostuvo que con fundamento en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, se podía aplicar directamente el artículo 29 de la Constitución ante la ocurrencia de cualquier irregularidad, sin necesidad de petición o solicitud. De la misma manera que toda decisión judicial puede ser anulada por violación del artículo 29 de la Constitución, particularmente las de la Sala Plena. Para la Corte Constitucional es claro que si hay algo irregular o se comete un delito, de oficio puede declararse la nulidad de la sentencia.
Debo advertir que no es cierto que la Corte no pueda admitir demandas después de un año. No puede admitir la que tenga como causa vicios de forma, pero sí puede admitir la que tenga como causa una sustitución de la Constitución y con mayor razón si esa sustitución tiene como causa un delito.
Así debo recordar aquí, que de conformidad con un principio universal del derecho, las cosas en el mundo jurídico son lo que son por su propia naturaleza y sus características, independientemente del nombre que se les quiera poner. Así las cosas, un contrato de trabajo es un contrato de trabajo así se le dé el nombre que se le quiera dar, o una compraventa es una compraventa así se le dé otro nombre, y un delito es un delito así se le quiera dar la apariencia de otra cosa. De este modo, no se puede exigir de los ciudadanos que no tienen por qué saber de derecho, que llamen las cosas por su nombre, de manera tal que póngale el nombre que se le quiera poner “a”, “b” o “c”, de todas maneras, el Acto Legislativo 2 del 2004 se originó en un acto de corrupción y por tanto lo que se solicita es la nulidad de la sentencia que erróneamente lo declaró constitucional.
Creo que esta corporación tiene que ser consecuente con su suprema función constitucional, esto es, la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución —C.N., art. 241—, y entender que el proceso constitucional frente al Acto Legislativo 2 del 2004 se encuentra viciado de nulidad, por cuanto dicho acto legislativo tuvo origen en la corrupción y el delito, y ni la corrupción ni el delito pueden ser fuente de derecho, razón por la cual tiene la obligación de restablecer el ordenamiento jurídico y constitucional que fue vulnerado mediante un delito. Esto es precisamente lo que la Corte Suprema de Justicia le dice a esta corporación, que proceda de conformidad con su función constitucional y declare la nulidad.
6. El valor de la seguridad jurídica frente al de la justicia.
Ahora bien, el argumento central utilizado por los magistrados de esta Corte para no entrar a estudiar la nulidad de la Sentencia C-1040 del 2005 es el de la seguridad jurídica.
A este respecto, la posición jurídica del suscrito magistrado ha sido siempre la de que dentro del marco normativo del Estado social y constitucional de derecho está plenamente justificada la prevalencia de la justicia frente a la seguridad jurídica, en aquellos casos en que entren en colisión, como por ejemplo, en el caso de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales (7) , o frente a casos como el que hoy nos ocupa.
Argumento débil ya que la seguridad no es un valor absoluto y el derecho frecuentemente lo desecha. Basta mencionar unos pocos ejemplos: la tutela contra providencias judiciales quiebra la seguridad jurídica para defender los derechos fundamentales; la revisión de sentencias tiene como fin reestablecer la justicia; la favorabilidad busca aplicar la justicia de la nueva ley a sentencias anteriores; la Corte Penal Internacional puede acabar la cosa juzgada de las sentencias que sean contrarias a la justicia; la existencia de delitos imprescriptibles como el de genocidio o lesa humanidad, lo que buscan es la justicia por encima de la seguridad del delincuente —no sobra agregar que lo más imprescriptible de los delitos son los que se cometen contra la democracia y la Constitución, que fue lo que sucedió en este caso—; las amnistías y los indultos destruyen la cosa juzgada y la seguridad jurídica.
En consecuencia, para el suscrito magistrado el argumento de la seguridad jurídica contra la procedencia de la nulidad de la Sentencia C-1040 del 2005 es falaz, por cuanto es un razonamiento errado desde un punto de vista ius filosófico y busca engañar al contradictor o receptor del mensaje, como ocurre con el argumento de la cosa juzgada constitucional y el argumento de falta de competencia de esta Corte para entrar a estudiar la nulidad de la sentencia impugnada. El argumento de la seguridad jurídica es falaz por cuanto no puede existir seguridad jurídica frente a los delitos imprescriptibles, como son los delitos contra la democracia.
Por esta razón no comparto tampoco el argumento de la Corte en el sentido de que no somos competentes para conocer de este asunto, ya que por orden del artículo 241 de la Carta “a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”. Somos competentes para restablecer el orden constitucional cuando este ha sido violado por hechos gravísimos como un delito, por la vía de la nulidad de nuestras propias sentencias. Quienes dicen que no hay competencia de esta Corte para estudiar la nulidad de su sentencia, lo que en realidad proponen es que el delito perdure, no que el orden jurídico se restablezca. Quienes dicen que no se puede hacer nada, hacen mucho pero a favor del delito y de los delincuentes, protegen a los delincuentes y al delito.
7. Constancia de protesta frente a la forma como se hizo el reparto.
La Corte Suprema de Justicia envió a la Corte Constitucional, en desarrollo de su sentencia, copia de esta, con el fin de anular todos los efectos del delito. A una sentencia judicial de la honorable Corte Suprema solo podía responder la Corte Constitucional con otra decisión judicial.
b) La presentación de una ponencia con tiempo busca un doble período de reflexión: para el ponente que tiene que dedicarse a estudiar para elaborarla y para los demás magistrados para que puedan debatirla con conocimiento de causa, sopesando todos los argumentos del ponente.
En este caso no se hizo el sorteo y se asignó después de haberse conocido el asunto, a dedo a los miembros de la mayoría. De tal manera que el asunto no se había podido resolver sin que previamente se hubiera sorteado un ponente y este hubiese presentado un proyecto de sentencia; solo después podía debatirse y resolverse el asunto.
8. Del acto legislativo inexistente o nulo a las sentencias también nulas de la Corte Constitucional.
Por segunda vez la Corte Constitucional con una decisión judicial nula, “convalida” un acto que tuvo como causa un delito probado por la Corte Suprema de Justicia y que en consecuencia es nulo. Decimos que por segunda vez porque la primera vez también la Sentencia C-1040 del 2005, que declaró la constitucionalidad del Acto Legislativo 2 del 2004, fue nula.
Para demostrar el anterior aserto, me permito hacer referencia a las inhabilidades de los magistrados de esta Corte que no permiten en ninguna de las decisiones aludidas que se logre el número mínimo de votos exigidos por la ley —D. 2067/91, art. 14— para una decisión de esta corporación.
En la decisión anterior sobre la reelección presidencial —Sent. C-1040/2005— tres (3) magistrados votaron en contra y dentro de los que votaron a favor existían dos (2) que jurídicamente no podían votar, razón por la cual su voto carece de todo valor, tal como fue denunciado por el suscrito magistrado durante el proceso de revisión constitucional en cuestión.
De conformidad con el artículo 40, numeral 7º de la Constitución Nacional: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad (...)” (resaltado fuera de texto).
El otro magistrado es el Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra porque lo prohíbe el artículo 233 de la Constitución Política. Este artículo prescribe: “Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado serán elegidos para períodos individuales de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso” (resaltado fuera del original).
Establecido que estos dos magistrados están inhabilitados para estar en la Corte Constitucional, uno por prohibición expresa del numeral 7º del artículo 40 de la Constitucional Nacional, y el otro por prohibición del artículo 233 superior, es claro entonces que no pueden conocer de ningún asunto, ni de la reelección, ni de la convalidación del delito que generó la reelección.
Definido que dos (2) magistrados no podían votar, en realidad solo podían votar a favor de la constitucionalidad del acto legislativo que aprobó la reelección presidencial, cuatro (4) magistrados a favor y tres (3) magistrados en contra. En realidad la decisión que adoptó esta Corte mediante la Sentencia C-1040 del 2005 fue de cuatro (4) votos jurídicamente válidos, contra tres (3) votos jurídicamente válidos.
Ahora bien, la ley exige que cualquier decisión válida en la Corte Constitucional requiere de cinco (5) votos, y como solo hubo cuatro (4) votos válidos a favor, eso quiere decir que la Sentencia C-1040 del 2005 no obtuvo el mínimo de votos exigidos por la ley, y por tanto es nula.
En esta oportunidad, nuevamente la Corte con este auto ha producido otra decisión igualmente nula: si de los ocho (8) magistrados que votaron, excluimos a los dos (2) que no pueden votar ningún asunto, esto es, a los Drs. Sierra y Monroy, el primero porque no puede acceder a la función pública, y el segundo porque llegó a la edad de retiro forzoso; y si excluimos los votos de los dos (2) magistrados que no podían participar en este asunto, como lo señalamos en el debate sobre los impedimentos, el Dr. Manuel Cepeda Espinosa, y el Dr. Mauricio González Cuervo, en razón a que la decisión los afectaba directamente y porque además habían sido beneficiarios de la reelección presidencial, nos quedan solo cuatro (4) magistrados que votaron favorablemente esta decisión.
Si sumamos todos los magistrados que estaban inhabilitados e impedidos para votar esta providencia nos da como resultado cuatro (4) magistrados inhabilitados e impedidos, razón por la cual solo quedan cuatro (4) votos jurídicamente válidos a favor de la decisión, de manera que el delito que dio origen al acto legislativo ha sido “convalidado” con una decisión nula, pues no es cierto que haya tenido ocho (8) votos jurídicamente válidos a favor, ya que jurídicamente solo valen cuatro (4) votos a favor y uno (1) en contra.
De esta manera y como la ley —D. 2067/91, art. 14— exige cinco (5) votos de aprobación para adoptar cualquier decisión de esta Corte, esta decisión es también nula.
En síntesis, el acto legislativo obtenido de manera delictual y por tanto nulo, ha sido convalidado en esta Corte en dos oportunidades con una sentencia —C-1040/2005— igualmente nula, y con dos autos igualmente nulos e inconstitucionales.
Hemos demostrado que con la Constitución actual, con el procedimiento existente y con la jurisprudencia vigente, era posible eliminar los efectos del delito y declarar la nulidad, aun de oficio, de la sentencia de esta Corte. Y que así lo pedí. Que a contrario sensu, no es cierto que la Corte no podía hacer nada. Que el no hacer nada tenía un propósito: dejar en el poder a los beneficiarios directos del delito o a sus beneficiarios indirectos, incluidos los embajadores o magistrados ternados o elegidos por la actual coalición de gobierno.
Hemos demostrado que no solo el acto legislativo es nulo, sino que lo son las tres decisiones proferidas por esta Corte (1 sentencia y 2 autos).
Como pregunté en la Sala ¿Qué pasaría, hipotéticamente, si no solo Yidis se hubiera “encombado” con el Gobierno para recibir notarías o consulados o embajadas o direcciones de salud, y si algún magistrado también se “encombó” para fallar favorablemente el acto legislativo a cambio de embajadas, notarías o cualquier otra canonjía, y posteriormente la Corte Suprema de Justicia lo comprobara? ¿Quiere decir que esta Corte no podría hacer nada después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia? ¿Sería posible un tal exabrupto jurídico? A juicio del suscrito magistrado no podría ser posible ni sostenible tal tesis, pero según se ha fallado en esta providencia, al parecer esta Corte ha hecho posible lo imposible desde el punto de vista del Estado constitucional de derecho: que el delito pueda más que la Constitución, que esté por encima de ella, esto es, se ha convalido(sic) un delito; se ha refrendado el crimen, la inconstitucionalidad y la corrupción.
Por todas las razones expuestas, considero que este fallo es contrario: a derecho, consagra una injusticia extrema y a la simple decencia, por lo cual salvo mi voto frente a la presente providencia”.
Por las razones expuestas salvo mi voto a la decisión de la Corte.
Jaime Araújo Rentería, Magistrado.
Manifiesto mi acuerdo con las motivaciones y decisión del Auto 155/2008 proferido por la Corte Constitucional dentro del Expediente D-5645, en cuanto existen suficientes argumentos para estimar válido el rechazo de plano al recurso extraordinario de revisión presentado por varios ciudadanos contra la Sentencia C-1040 del 19 de octubre de 2005, que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y por cuanto, además, ha operado la caducidad prevista en la Carta Política en relación con posibles vicios de forma en el proceso de expedición del Acto Legislativo 2 de 2004, resulta incuestionable que la Corte ha perdido competencia para emitir un nuevo pronunciamiento al respecto.
Con todo como en oportunidad del examen de constitucionalidad del acto legislativo referido salvé mi voto en relación con la Sentencia C-1040/2005 por estimar que el acto reformatorio de la Carta era inconstitucional por vicios de forma insubsanables en el proceso de formación en el Congreso de la República, es preciso que reitere ahora ese criterio y para ello me remito a la argumentación expuesta entonces.
Jaime Córdoba Triviño, Magistrado.
(1) Corte Constitucional, Sentencia C-374/97.
(2) El Código Penal prevé penas de 64 a 216 meses de prisión para los eventos previstos en los artículos 408, 409 y 410.
(3) Corte Constitucional, Sentencia C-709/96.
(4) Artículo 1º de la Constitución Política.
(5) Sobre este tema ver Auto 8 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía, Auto 33 de 22 de junio de 1995, M.P. José Gregorio Hernández; Auto 35 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz; Auto 197 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; Auto 360 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otros.
(6) Auto 8 de 1993, doctrina reiterada en los autos del 27 de junio de 1996 y 35 del 2 de octubre de 1997.
(7) Ver Araújo Rentería, Jaime, “Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”, en III Encuentro de la jurisdicción constitucional, Escuela judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, 2005.