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Timestamp: 2018-10-19 18:11:30
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Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 10', 'artículo 44', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 86']

﻿ SENTENCIA T-714 DE DICIEMBRE 15 DE 2016
SENTENCIA T-714 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:PROTECCIÓN A LA UNIDAD FAMILIAR DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y DE SUS HIJOS MENORES DE EDAD. SE RECUERDA QUE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL HA SIDO ENFÁTICA EN AFIRMAR QUE EL ESTADO, A TRAVÉS DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA REGULACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA, ESTÁN EN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD MANTENGAN CONTACTO PERMANENTE CON SU GRUPO FAMILIAR. LA OBLIGACIÓN ANTES REFERIDA RESULTA MÁS RELEVANTE SI LA FAMILIA ESTÁ INTEGRADA EN PARTE POR MENORES DE EDAD CUYOS DERECHOS SON PREVALENTES CONFORME AL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. LO ANTERIOR, DENTRO DEL PROPÓSITO DE “PRESERVAR NO SOLO LA UNIDAD FAMILIAR, SINO ADICIONALMENTE ALCANZAR EL DESARROLLO ARMÓNICO E INTEGRAL DE LOS NIÑOS”. SIN EMBARGO, ES POSIBLE CONCLUIR QUE EN ALGUNOS CASOS LA UNIDAD FAMILIAR PUEDE SUFRIR UNA RESTRICCIÓN CUANDO EL INTERNO ES TRASLADADO A UN CENTRO PENITENCIARIO ALEJADO DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE SUS FAMILIARES. NO OBSTANTE, ANTE ESAS SITUACIONES, LAS AUTORIDADES CARCELARIAS DEBERÁN FUNDAMENTAR SU DECISIÓN EN LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD PARA EVITAR DESARTICULAR LA INSTITUCIÓN FAMILIAR. A SU VEZ, DEBERÁN TENER EN CUENTA SI LA FAMILIA ESTÁ INTEGRADA POR MENORES DE EDAD CUYOS DERECHOS SON PREVALENTES CONFORME AL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, INTERNO, TRASLADO DEL INTERNO, CAUSALES DE TRASLADO DEL INTERNO, DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERNO, PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD, UNIDAD FAMILIAR, DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR
Sentencia T-714 de diciembre 15 de 2016
Ref.: Expediente T-5.724.245
Acción de tutela presentada por Lxxx Cxxxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxx en representación de su hija menor de edad Mxx dx lxx Áxxxxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxx contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
Bogotá, D.C., quince de diciembre de dos mil dieciséis
En el proceso de revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, en primera instancia, y el Juzgado Octavo Mixto Administrativo del Circuito de Villavicencio, en segunda instancia, dentro de la acción de tutela promovida por Lxxx Cxxxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxx en representación de su hija menor de edad Mxx dx lxx Áxxxxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxx contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
El 16 de abril de 2016, Lxxxx Cxxxx Jxxxxxxx Mxxxxxx, en calidad de representante de su hija Mxx dx lxx Áxxxxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxx(1), interpuso acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC), al considerar que dicha entidad vulneró el derecho a la unidad familiar de la menor de edad.
1. El accionante manifiesta que su esposa Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx fue condenada a 39 años de prisión por el delito de homicidio agravado y concierto para delinquir(2); pena que empezó a cumplir en la cárcel de Villavicencio desde 2015, hasta el 15 de abril de 2016, fecha en la cual se le informó que sería trasladada al Establecimiento Penitenciario y Carcelario Picaleña de Ibagué.
2. El demandante señala que el traslado fue previsto mediante Resolución 901453 del 14 de abril de 2016 del Director General del INPEC, la cual se fundamentó en razones de “seguridad”(3).
3. El accionante manifiesta que el traslado referido rompe el vínculo familiar de su esposa con sus tres hijos menores de edad (Sxxxx Axxxxxxxxx Pxxxx Jxxxxxxx de 4 años de edad, Dxxx Sxxxxx Pxxxx Jxxxxxx de 2 años de edad y Mxx dx lxx Áxxxxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxx de 8 meses de edad)(4).
4. El peticionario agrega que con el traslado particularmente se afectan los derechos fundamentales de la menor de edad Mxx dx lxx Áxxxxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxx, quien aún se beneficia de recibir lactancia materna como alimentación complementaria hasta los 12 meses(5). A su vez, el demandante destaca que el Director de la cárcel de Villavicencio le había concedido permiso a la señora Mxxxxx Sxxxx para alimentar a su hija todos los días en horas de la mañana.
5. Por otra parte, el actor advierte que la vida e integridad de la señora Mxxxxx Sxxxx corre peligro en la cárcel Picaleña de Ibagué, pues su ex compañero sentimental y padre de los menores de edad Sxxxx Axxxxxxxxx Pxxxx Jxxxxxxx y Dxxxx Sxxxx Pxxxx Jxxxxxxx, se encuentra recluido en ese centro penitenciario y es una persona de “alta peligrosidad”, quien en repetidas ocasiones ha amenazado su núcleo familiar, tanto así que en el año 2015 el Fiscal de turno de la Unidad de Reacción inmediata de Villavicencio solicitó al Comandante de la Policía de dicha ciudad, la adopción de una medida de protección, a fin de evitar afectaciones en la vida e integridad del accionante y su familia.(6)
6. Con fundamento en lo anterior, el actor solicita al juez de tutela que se ordene al INPEC la permanencia de la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx en la cárcel del Distrito Judicial de Villavicencio.
Por medio de auto del 19 de abril de 2016(7), el Juzgado Octavo Mixto Administrativo del Circuito de Villavicencio, avocó el conocimiento de la acción de tutela y corrió traslado al instituto demandado y a la cárcel del Distrito Judicial de Villavicencio, con el fin de que se pronunciaran sobre los hechos que dieron origen a la acción de tutela. Adicionalmente, les solicitó que certificaran la existencia del permiso de lactancia otorgado a la señora Mxxxxx Sxxxx e informaran sobre el comportamiento de la misma en el establecimiento penitenciario de Villavicencio.
En la misma providencia, el juez de primera instancia ordenó vincular al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Villavicencio(8), al Juzgado Tercero Penal Especializado del Circuito de Villavicencio y a la cárcel de Picaleña de Ibagué. Las entidades accionadas y vinculadas presentaron escritos de contestación, que se resumen así:
a) Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
En primer lugar, la imposición de la pena de prisión siempre implica una separación entre el afectado y su núcleo familiar. En segundo lugar, el funcionario señaló que la señora Mxxxxx Sxxxx no ha gestionado solicitud para visitas virtuales con su familia. Finalmente, resaltó que la cárcel de Villavicencio cuenta con hacinamiento, pues “la capacidad es de 1003 internos y en la actualidad hay 1834”.
b) Juzgado Tercero Penal Especializado del Circuito de Villavicencio
Mediante escrito del 21 de abril de 2016(9), el Juez Tercero Penal Especializado del Circuito de Villavicencio, a quien le correspondió el proceso penal que se inició en contra de la señora Mxxxxx Sxxxx, resaltó que no le ha vulnerado ningún derecho fundamental, sino que por el contrario ha garantizado su derecho al debido proceso.
Por su parte, relató que el 4 de diciembre de 2015, el apoderado de la condenada solicitó la sustitución de la detención intramuros por la del lugar de su residencia. No obstante, en la audiencia de sustitución de la medida realizada el 28 de marzo de 2016 “el defensor de la procesada retira la solicitud realizada por él”.(10)
c) Establecimiento carcelario de Villavicencio
Mediante escrito del 22 de abril de 2016(11), el Director del establecimiento carcelario de Villavicencio ratificó que la señora Mxxxxx Sxxxx contaba con permiso de lactancia materna. Por otra parte, en relación con el comportamiento de la interna, el funcionario indicó que la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx no cuenta con antecedentes disciplinarios en el centro carcelario y agregó que “no ha conocido informes de los organismos de seguridad donde se ponga en peligro la seguridad del establecimiento con la estadía de la interna”.(12)
d) Complejo penitenciario y carcelario de Ibagué
En escrito del 22 de abril de 2016(13), el Director del complejo penitenciario y carcelario de Ibagué informó que el traslado de la señora Mxxxxx Sxxxx se llevó a cabo por razones de seguridad y que se encuentra recluida en dicha cárcel desde el 16 de abril de 2016.
e) Sentencia de Primera Instancia
Mediante sentencia del 27 de abril de 2016(14), el Juzgado Octavo Mixto Administrativo del Circuito de Villavicencio concedió el amparo del derecho a la unidad familiar. En esa medida, ordenó el traslado de la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx al establecimiento carcelario de Villavicencio. Para el efecto, señaló que no se encontró una justificación en la decisión de traslado dada por el INPEC. Además, refirió que se comprobó la afectación a los menores de edad por el rompimiento de la unidad familiar.
f) Impugnación
En escrito del 22 de abril de 2016(15), el Director del complejo penitenciario y carcelario de Ibagué impugnó la decisión referida, al señalar que el traslado de la señora Mxxxxx Sxxxx no se llevó a cabo arbitrariamente, sino por razones de seguridad.
g) Asunto previo
El 3 de mayo de 2016, el comandante de vigilancia del INPEC remitió una comunicación al Juzgado Octavo Mixto Administrativo del Circuito de Villavicencio, en la que informó que el Consejo de Seguridad del establecimiento carcelario de Ibagué solicitó de manera prioritaria tramitar el traslado de la señora Mxxxxx Sxxxx a otro establecimiento penitenciario, en la medida en que en dicho establecimiento carcelario se encuentra recluido su ex compañero sentimental “quien lideraba una organización criminal de sicarios”, por lo que la seguridad de la interna puede ser afectada.
h) Sentencia de Segunda Instancia
Mediante sentencia del 2 de junio de 2016(16), el Tribunal Administrativo del Meta revocó el fallo impugnado y, en su lugar, negó el amparo solicitado. En particular, la juez de segunda instancia señaló que la decisión de traslado “no resulta caprichosa ni arbitraria, pues, de un lado, según se informa por el accionado, subsiste la situación de hacinamiento del penal de la ciudad de Villavicencio y, de otro, el penal de destino ofrece mayores condiciones de seguridad para la reclusa, máxime cuando cuenta con un pabellón especial de mujeres”.(17)
g) Pruebas aportadas, solicitadas y/o decretadas en el trámite de Revisión
1. Mediante auto del 8 de noviembre de 2016(18), la Sala Quinta ordenó vincular a la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx al proceso de tutela por tener un interés directo en la decisión. En esa medida, le solicitó que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela
Así mismo, ofició al Instituto Nacional y Penitenciario (INPEC), para que remitiera un informe en el que debía especificar: (i) las razones del traslado de la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx; y (ii) el trámite que dicha institución le había dado a la comunicación del Consejo de Seguridad del establecimiento carcelario de Ibagué, mediante la cual se solicitaba de manera prioritaria el traslado de la señora Mxxxxx Sxxxx a otro establecimiento penitenciario, en la medida en que en dicha cárcel está recluido su ex compañero sentimental “quien lideraba una organización criminal de sicarios”, y podría atentar contra la seguridad de la interna.
1.1. El Coordinador del Grupo de Tutelas de la Dirección General del INPEC, en comunicación del 17 de noviembre de 2016(19), reiteró que la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx fue trasladada del establecimiento penitenciario de Villavicencio a la cárcel de Ibagué, debido a que el quantum de la condena que se le impuso requiere condiciones de seguridad que la cárcel de Villavicencio no le brinda. Además, el funcionario resaltó que en la cárcel de Villavicencio “la reclusión de mujeres tiene un 75% de hacinamiento”.
A su vez, el funcionario informó que la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx mediante Resolución 902553 del 21 de junio de 2016, fue trasladada a la cárcel el Buen Pastor de Bogotá “con el fin de acercarla a su familia”.
2. En razón a lo anterior, mediante auto del 22 de noviembre de 2016, la Magistrada sustanciadora consideró necesario modificar el lugar de notificación del auto proferido el 8 de noviembre de 2016, para que se surtiera de manera efectiva la vinculación de la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx al proceso de tutela. En esa medida, la Magistrada sustanciadora ordenó notificar el auto proferido el 8 de noviembre de 2016, a la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx, en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá.
2.1. En cumplimiento a la referida providencia, mediante escrito recibido en este despacho el 7 de diciembre de 2015(20), la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx relató que en la actualidad se encuentra recluida en la Cárcel Nacional de Mujeres del Buen Pastor en Bogotá, donde se le han brindado condiciones de seguridad y se le ha tratado con dignidad y respeto.
A su vez, informó que su esposo y sus tres hijos menores de edad se radicaron en la ciudad de Bogotá para estar juntos y compartir más tiempo. En efecto, la señora Mxxxxx Sxxxx adjuntó al escrito presentado, certificaciones correspondientes al (i) contrato de arrendamiento de vivienda suscrito por su esposo en la ciudad de Bogotá, e (ii) inscripciones de sus hijos menores de edad al jardín infantil “librito encantado” de la misma ciudad.
En razón a lo anterior, la señora Mxxxxx Sxxxx solicita a la Corte Constitucional que mantenga su reclusión en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá.
2. El señor Lxxxx Cxxxx Jxxxxxxx Mxxxxxx, en calidad de representante de su hija Mxx dx lxx Áxxxxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxx, interpuso acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), al considerar que dicha entidad vulneró el derecho fundamental a la unidad familiar de la menor de edad. Para el accionante, tal violación surgió debido al traslado de su esposa y madre de la niña, quien se encuentra privada de la libertad, de la cárcel de Villavicencio, ciudad donde residía la familia, al establecimiento penitenciario de Ibagué.
El peticionario agregó que con el traslado particularmente se afectaron los derechos fundamentales de la menor de edad Mxx dx lxx Áxxxxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxx, quien se beneficiaba de recibir lactancia materna como alimentación complementaria. A su vez, el demandante destacó que el Director de la cárcel de Villavicencio le había concedido permiso a la señora Mxxxxx Sxxxx para alimentar a su hija todos los días en horas de la mañana.
Así mismo, el accionante manifestó que el traslado referido rompió el vínculo familiar de su esposa con sus otros dos hijos menores de edad (Sxxxx Axxxxxxxxx Pxxxx Jxxxxxxx de 4 años de edad y Dxxx Sxxxxx Pxxxx Jxxxxxx de 2 años de edad), de quienes se hace cargo y procura garantizar su bienestar.
Por las razones mencionadas, el señor Lxxx Cxxxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxx solicitó mediante acción de tutela que se ordenara al INPEC la permanencia de la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx en la cárcel del Distrito Judicial de Villavicencio.
3. De acuerdo con lo expuesto, y en caso de ser procedente la acción de tutela, será preciso entrar a analizar el siguiente problema: ¿el Instituto Carcelario y Penitenciario (INPEC) vulneró el derecho fundamental de la menor de edad Mxx dx lxx Áxxxxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxx y de sus hermanos a la unidad familiar, cuando ordenó el traslado de centro penitenciario de su progenitora, en una ciudad distante del sitio de residencia de su familia?
4. Ahora bien, antes de abordar el estudio de lo anterior y pronunciarse sobre el caso concreto, esta Sala advierte que, durante la etapa de revisión surtida en la Corte Constitucional, se constató que (i) mediante Resolución 902553 del 21 de junio de 2016 la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx fue trasladada a la cárcel el Buen Pastor de Bogotá “con el fin de acercarla a su familia”., y (ii) que en la actualidad su esposo y sus tres hijos menores de edad se encuentran domiciliados en la ciudad de Bogotá.
Por lo tanto, se colige que el traslado a la cárcel del Distrito Judicial de Villavicencio, que es la razón por la cual se interpuso la presente acción de tutela, no se hará efectivo, como quiera que en estos momentos la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx se encuentra recluida en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá, aunado a que su familia se mudó para dicha ciudad con la finalidad de recuperar la unidad familiar.
Con fundamento en el anterior planteamiento, se considera que en este caso se podría configurar el fenómeno de la carencia actual de objeto como consecuencia de una situación sobreviniente que modificó los hechos y pretensiones que sustentaron la acción de tutela presentada por el señor Lxxxx Cxxxx Jxxxxxxx Mxxxxxx, y que conlleva a que cualquier orden proveniente de la autoridad constitucional no surta efecto alguno o haya desaparecido el interés del accionante en lo pretendido mediante la tutela, esto es, que la señora Mxxxxx Sxxxx sea trasladada a la cárcel de Villavicencio.
5. En esa medida, para resolver los cuestionamientos planteados la Sala adoptará la siguiente metodología. En primer término, hará una breve exposición sobre la procedencia de la acción de tutela en el caso que se analiza. Luego, se referirá a la carencia actual de objeto en la presente acción de tutela y a la posible vulneración de los derechos fundamentales de la menor de edad Mxx dx lxx Áxxxxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxx y de sus hermanos.
6. Legitimación por activa. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En desarrollo de esa norma superior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 además de la facultad de interposición directa por el afectado, previó la posibilidad que un tercero agencie los derechos del afectado y solicite su protección “cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa”.
De esa manera, existen eventos en los cuales se reconoce legitimidad en la causa por activa en la acción tutela, aunque la persona que promueva el amparo no sea el titular de los derechos. Por ejemplo, cuando la presentación de la acción de tutela se realiza por medio de (i) representantes legales —caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas—, ii) mediante apoderado judicial, y iii) a través de la agencia oficiosa.
Particularmente, en el caso de los menores de edad, los padres pueden promover la acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales afectados o amenazados, debido a que ostentan la representación judicial y extra-judicial de los descendientes mediante la patria potestad(21). En esta oportunidad, el señor Lxxx Cxxxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxx actúa en defensa de los derechos e intereses de su hija menor de edad Mxx dx lxx Áxxxxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxx, razón por la cual se encuentra legitimado para intervenir en esta causa.
A su vez, el señor Jxxxxxxxx Mxxxxxx señala que el derecho a la unidad familiar de Sxxxx Axxxxxxxxx Pxxxx Jxxxxxxx de 4 años de edad y Dxxx Sxxxxx Pxxxx Jxxxxxx de 2 años de edad, quienes son hijos de su esposa y conviven con él, también ha sido vulnerado por el instituto accionado.
En este punto es necesario mencionar que el inciso 2º del artículo 44 de la Carta Política, señala: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores” .
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que cualquier persona está legitimada para interponer acción de tutela en nombre de los niños o niñas, siempre y cuando en el escrito o petición conste la inminencia de la violación de sus derechos fundamentales, y/o la ausencia de representante legal. Este último requisito se ha establecido con el fin de evitar intervenciones ilegítimas o inconsultas(22).
Por la anterior razón, en el presente caso, el señor Jxxxxxxx Mxxxxxx, ante la pérdida de libertad de los progenitores de los menores de edad Sxxxx Axxxxxxxxx Pxxxx Jxxxxxxx de 4 años de edad y Dxxx Sxxxxx Pxxxx Jxxxxxx de 2 años de edad, está legitimado para reclamar su derecho a la unidad familiar. Además, conforme a las pruebas obrantes en el expediente se observó que el accionante sostiene lazos de convivencia y asistencia con los menores de edad referidos.
7. Legitimación por pasiva. De conformidad con el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991(23), “la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley”. En este orden de ideas, la autoridad penitenciaria y carcelaria nacional está legitimada como parte pasiva en el proceso de tutela, al atribuírsele en su condición de entidad pública del orden nacional, la competencia de dirección de las penitenciarías del país.
10. En relación con el traslado de internos, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el juez de tutela no puede interferir en estos conflictos, porque la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la acción procedente para atacar la actuación. Sin embargo, esta Corporación excepcionalmente ha considerado que el juez de tutela podrá intervenir cuando observe una arbitrariedad o una vulneración de derechos fundamentales(24). En el presente caso, estima la Sala que la acción de tutela resulta procedente, bajo el entendido que obligar al accionante a acudir a los mecanismos ordinarios de defensa judicial puede resultar una carga desproporcionada de cara a la posible vulneración del derecho fundamental a la unidad familiar, que involucra a los niños Sxxxx Axxxxxxxxx Pxxxx Jxxxxxxx de 4 años de edad, Dxxx Sxxxxx Pxxxx Jxxxxxx de 2 años de edad y Mxx dx lxx Áxxxxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxx de 8 meses de edad.
En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha comprendido el hecho superado dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela, lo que permite suponer que la satisfacción de las pretensiones devino de una conducta positiva por parte de la persona o entidad demandada en orden a garantizar los derechos del accionante(25).
14. Finalmente, respecto a la carencia actual de objeto cuando se presenta cualquier otra circunstancia que haga inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela, la Corte ha manifestado que “es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto”.(26)
15. Con base en lo antes expuesto, se reitera que, durante la etapa de revisión surtida en la Corte Constitucional, se constató que (i) mediante Resolución 902553 del 21 de junio de 2016 la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx fue trasladada a la cárcel el Buen Pastor de Bogotá “con el fin de acercarla a su familia”., y (ii) que en la actualidad su esposo y sus tres hijos menores de edad se encuentran domiciliados en la ciudad de Bogotá.
En esa medida, se colige que el traslado a la cárcel del Distrito Judicial de Villavicencio, que es la razón por la cual se interpuso la presente acción de tutela, no se hará efectivo, como quiera que en estos momentos la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx se encuentra recluida en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá, aunado a que su familia se mudó para dicha ciudad con la finalidad de recuperar la unidad familiar.
16. De esa forma, se observa que los supuestos fácticos en este asunto no se enmarcan dentro de la figura del hecho superado, ya que en ningún momento se verificó, por parte los jueces de instancia o por este despacho, la completa satisfacción de la pretensión contenida en la demanda de amparo presentada por el señor Jxxxxxxx Mxxxxxx. Tampoco se trata de una hipótesis de daño consumado, en la medida en que mediante el acto administrativo de traslado atacado no se configuró un daño o perjuicio para el accionante y su familia, ya que en la actualidad residen en la misma ciudad donde se encuentra recluida la señora Mxxxxx Sxxxx.
18. La Corte ha sido consistente en señalar que la unidad e integridad de la familia hace parte del ámbito de protección constitucional de la institución familiar. En ese sentido, en uno de sus primeros pronunciamientos, esta Corporación sostuvo que “la familia no puede ser desvertebrada en su unidad ni por la sociedad ni por el Estado, sin justa causa fundada en graves motivos de orden público y en atención al bien común y sin el consentimiento de las personas que la integran, caso en el cual dicho consenso debe ser conforme al derecho”(27).
20. Acorde con tales mandatos, ha sostenido este Tribunalque la protección a la unidad familiar es un derecho fundamental, tanto de los niños y niñas como de los adultos, que “genera para las autoridades públicas competentes, un deber general de abstención, que se traduce en la prohibición de adopción de medidas infundadas e irrazonables de restablecimiento de derechos”(28). En consonancia con lo anterior, también ha señalado la Corte que, además de su faceta ius fundamental, el referido derecho cuenta igualmente con una faceta prestacional, que se manifiesta en la obligación constitucional del Estado de “diseñar e implementar políticas públicas eficaces que propendan por la preservación del núcleo familiar”(29).
22. Sobre este particular, en la Sentencia T-274 de 2005(30), la Corte manifestó que “las personas privadas de la libertad, representan una de las limitaciones a la unidad familiar, atendiendo a que la familia se considera una comunidad de vida y convivencia plena”, con lo cual, “el aislamiento de uno de sus miembros, como infractor de la ley penal, comporta de suyo la correlativa pérdida de la libertad y a su vez afecta de manera inminente la estabilidad de su núcleo familiar”.
23. No obstante, si bien el derecho a la unidad familiar se encuentra limitado para las personas privadas de la libertad, la jurisprudencia constitucional “ha reconocido la incidencia positiva del contacto del interno con su familia durante su tratamiento penitenciario”(31), razón por la cual ha entendido que las restricciones que pesan sobre dicha garantía deben ser las estrictamente necesarias para lograr los fines del establecimiento carcelario, el cometido principal de la pena que es la resocialización de los internos y la conservación de la seguridad, el orden y la disciplina dentro de las cárceles.
24. Bajo tales condiciones, la misma jurisprudencia ha considerado que las restricciones que operan sobre el derecho a la unidad familiar, deben ser adoptadas y ejercidas con base en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, “con el fin de evitar la desintegración de los vínculos filiales más próximos y de garantizar el respeto por el debido proceso, la dignidad humana y las normas de raigambre internacional”(32), a lo cual se llega, entre otras formas, mediante la posibilidad para el recluso de mantener comunicación oral, escrita y afectiva con sus familias(33).
25. En este sentido, en la reciente Sentencia C-026 de 2016(34), esta Corporación sostuvo que “el ordenamiento jurídico debe contemplar mecanismos para mitigar, hasta donde resulte constitucionalmente admisible, los efectos del resquebrajamiento de la unidad familiar propiciada por la reclusión de uno de sus integrantes, permitiendo que los internos pueden recibir visitas de familiares y amigos, y puedan comunicarse con ellos, sometiéndose, por supuesto, a las normas de seguridad y disciplina previamente establecidas, con el propósito de afianzar la unidad familiar y coadyuvar a su readaptación social”.
“Para esta Corporación, la importancia que reviste la presencia activa de la familia durante el periodo de reclusión de las personas condenadas es indudable. Motivos de índole jurídica, psíquica y afectiva así lo indican. Entre ellas, sino la más inmediata, sí una de las más relevantes, es la presencia de vínculos afectivos luego de superada la etapa de aislamiento que permita la materialización del principio de solidaridad respecto de la persona que ha recobrado la libertad. La admisibilidad de este postulado encuentra respaldo en el argumento normativo que se desprende del sistema progresivo penitenciario, que cuenta entre sus supuestos el de la presencia de la familia en el proceso de resocialización del interno”.
En el mismo sentido, en la Sentencia T-017 de 2014(35), esta Corporación expresó:
“Sin embargo, a pesar de que esta garantía se encuentra limitada, la misma no está suspendida, y por tanto, las restricciones deben ser acordes con los fines de la pena, especialmente con su carácter resocializador. En estos términos, la Corte ha ponderado el derecho de las autoridades carcelarias con el derecho de los reclusos de mantener sus vínculos familiares, por cuanto ha considerado que la familia juega un papel preponderante en la reincorporación social del delincuente. Ha afirmado que ‘dicho vinculo filial representa la mayoría de las veces su contacto con el mundo más allá del establecimiento donde se encuentran recluidos, más si se tiene en cuenta que el núcleo familiar será en la mayoría de los casos el lugar donde cada individuo retomará su vida por fuera del penal’(36). Como consecuencia, debe garantizarse la posibilidad restringida del interno de mantener comunicación oral, escrita y afectiva con sus familias”.
27. Ahora bien, esta Corporación ha sostenido que el derecho a la unidad familiar de los reclusos adquiere una connotación especial cuando su núcleo familiar se encuentra integrado por menores de edad, “por cuanto la Constitución le otorga una protección reforzada a los niños, la cual se ve proyectada en los casos en que éstos se ven privados del contacto con sus padres recluidos en establecimientos penitenciarios”(37).
28. En relación con lo anterior, la Corte ha precisado que “es a través de la familia que los niños pueden tener acceso al cuidado, el amor, la educación y las condiciones materiales mínimas para desarrollarse en forma apta”(38), lo cual podría afectarse en la medida en que se rompa la unidad familiar y no se adopten las medidas que correspondan y que coadyuven a evitar tal rompimiento o que faciliten su posible restablecimiento.
29. Además, sobre la importancia del ámbito familiar en el desarrollo de los menores de edad, en la Sentencia T-1275 de 2005(39), la Corte precisó que: “son los nexos familiares los primeros que se construyen y a partir de los mismos se apropian niñas y niños del lenguaje, construyen su propio mundo y comienzan a relacionarse con el mundo que los rodea. Gran parte de la autoestima de los menores y de la seguridad en sí mismos depende de la forma como se tejan los vínculos familiares. Un niño rodeado del amor y del bienestar que le pueda brindar su familia suele ser un niño abierto a los demás y solidario. De ahí la necesidad de procurar un ambiente propicio para que los vínculos familiares se construyan con fundamento en condiciones positivas para el desarrollo integral de las niñas y de los niños y de ahí también la importancia que confiere la Constitución a la protección de la familia”.
30. En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en afirmar que el Estado, a través de las autoridades públicas que tienen a su cargo la regulación, ejecución y control de la política criminal en materia penitenciaria y carcelaria, están en la obligación de garantizar que las personas privadas de libertad mantengan contacto permanente con su grupo familiar. La obligación antes referida resulta más relevante si la familia está integrada en parte por menores de edad cuyos derechos son prevalentes conforme al principio del interés superior del niño. Lo anterior, dentro del propósito de “preservar no solo la unidad familiar, sino adicionalmente alcanzar el desarrollo armónico e integral de los niños”(40).
31. De lo expuesto, es posible concluir que en algunos casos la unidad familiar puede sufrir una restricción cuando el interno es trasladado a un centro penitenciario alejado del lugar de residencia de sus familiares. No obstante, ante esas situaciones, las autoridades carcelarias deberán fundamentar su decisión en los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad para evitar desarticular la institución familiar(41). A su vez, deberán tener en cuenta si la familia está integrada por menores de edad cuyos derechos son prevalentes conforme al principio del interés superior de los niños y niñas.
32. En el presente caso, el señor Lxxxx Cxxxxx Jxxxxxxx Mxxxxxx, en representación de los menores de edad Sxxxx Axxxxxxxxx Pxxxx Jxxxxxxx de 4 años de edad, Dxxx Sxxxxx Pxxxx Jxxxxxx de 2 años de edad y Mxx dx lxx Áxxxxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxx de 8 meses de edad, solicitó la protección del derecho fundamental de los niños a la unidad familiar, el cual considera vulnerado por el INPEC al mantener recluida a la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx en un centro penitenciario alejado de su lugar de residencia.
Por su parte, el INPEC señaló que el traslado buscaba condiciones de seguridad en consideración de la condena impuesta a la señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx. Además, adujo motivos de hacinamiento en la cárcel de Villavicencio para llevar a cabo el traslado.
33. En este punto, resulta preciso señalar que en informe de visita domiciliaria realizada por una trabajadora social a la residencia del accionante para establecer la situación familiar de los menores de edad, se indicó lo siguiente: “revisada la situación de los niños quienes a pesar de contar con personas que se dedican a sus cuidados como niñera, y que también cuentan con el apoyo del señor Lxxxx Cxxxxx Jxxxxxxx padre de la hija Mxx dx lox Áxxxxxxx, y afectivamente se encuentra ligado a los hijos de su esposa, se considera importante que en lo posible la madre biológica pueda estar al frente de sus hijos brindándole el afecto y cuidados que sólo ella como madre puede ofrecerles”. Asimismo, durante el proceso de tutela, el accionante adjuntó dos constancias de valoraciones neuropsicológicas realizadas a los menores de edad Sxxxx Axxxxxxx y Dxxxx Sxxxx Pxxxx Jxxxxxxx, en las cuales se les diagnosticó “privación afectiva por falta de figura materna” y, en esa medida se recomendó la “necesidad de la presencia materna durante la crianza”.
Además, el INPEC tampoco tuvo en cuenta para tomar la decisión inicial de traslado que en el establecimiento carcelario de Ibagué se encontraba recluido el ex compañero sentimental de la señora Jxxxxxxx Pxxxx, quien en repetidas ocasiones la había amenazado, tal como lo probó el accionante.
1. Revocar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Meta, el 2 de junio de 2016, que a su vez revocó la decisión proferida Juzgado Octavo Mixto Administrativo del Circuito de Villavicencio, el 27 de abril de 2016, la cual había concedido el amparo solicitado. En su lugar, declarar la carencia actual de objeto.
2. Advertir al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que no podrá incurrir nuevamente en las acciones que dieron lugar al presente asunto, para lo cual deberá dar estricto cumplimiento a las reglas jurisprudenciales en la materia.
Magistrados: Gloria Stella Ortiz Delgado—Jorge Iván Palacio Palacio—Aquiles Arrieta Gómez, Magistrado (e), con aclaración de voto.
(1) A folio 12 del cuaderno 1 se observa el registro civil de la menor de edad donde consta que nació el 2 de agosto de 2015 y que sus padres son: Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx y Lxxxx Cxxxxx Jxxxxxxx Mxxxxx.
(2) La señora Mxxxxx Sxxxx Jxxxxxxx Pxxxx fue condenada el 5 de enero del 2012 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Villavicencio, Meta. Contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra pendiente de ser decidido por el Tribunal Superior de Villavicencio. Folios 125-142, cuaderno 1.
(3) En folios 17-19 del cuaderno 1 se observa la Resolución 901453 del 14 de abril de 2016, donde se indica que el traslado de 18 internos se lleva a cabo por razones de seguridad.
(4) En folios 80-83 del cuaderno 1 se observa informe de visita domiciliaria realizada por una trabajadora social a la residencia del accionante para establecer la situación socio familiar de los menores de edad y en la cual se indica lo siguiente: “revisada la situación de los niños quienes a pesar de contar con personas que se dedican a sus cuidados como niñera, y que también cuentan con el apoyo del señor Lxxxx Cxxxxx Jxxxxxxx padre de la hija Mxx dx lox Áxxxxxxx, y afectivamente se encuentra ligado a los hijos de su esposa, se considera importante que en lo posible la madre biológica pueda estar al frente de sus hijos brindándole el facto y cuidados que sólo ella como madre puede ofrecerles”. Asimismo, durante el proceso de tutela, el accionante adjuntó dos constancias de valoraciones neuropsicológicas del 29 de marzo de 2016, realizadas a los menores de edad Sxxxx Axxxxxxx y Dxxxx Sxxxx Pxxxx Jxxxxxxx, en las cuales se diagnostica “Privación afectiva por falta de figura materna” y, en esa medida se recomienda la “necesidad de la presencia materna durante la crianza”. Folios 98-107 del cuaderno 1.
(5) En folio 20 del cuaderno 1 se encuentra una certificación del pediatra de la menor de edad Mxx jxxxxxxx Jxxxxxxx, en la que se indica “que la niña aún se beneficia de recibir LM como alimentación complementaria hasta los 12 meses”.
(6) A folio 45 del cuaderno 1 reposa la solicitud de medida de protección del 22 de junio de 2015 realizada por el Fiscal de Turno de la Unidad de Reacción Inmediata de Villavicencio, debido a las amenazas que el accionante y su familia han recibido por parte del señor Sxxxx Bxxxxxxx Pxxx Rxxxxxxx.
(7) Folios 113-117, ibíd.
(8) La juez de ese Despacho solicitó su desvinculación del trámite de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Folio 112, ibíd.
(9) Folios 125-126, ibíd.
(10) Folio 126, ibíd.
(11) Folios 167-168, ibíd.
(12) Folio 168, ibíd.
(13) Folio 169, ibíd.
(14) Folios 212-220, cuaderno 1.
(15) Folio 169, ibíd.
(16) Folios 23-28, cuaderno 2.
(17) La decisión contó con un salvamento de voto, en el cual la jueza disidente indicó que la decisión de traslado adoptada por el INPEC se torna injusta y arbitraria.
(18) Folios 19-22, cuaderno Corte..
(19) Folios 26 a 38 ib.
(20) Folios 39 a 46 ib.
(21) Sentencia C-145 de 2010.
(22) Sentencia T-462 de 1993 y T-498 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes.
(23) “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
(24) Sentencias T-439 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-002 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
(25) T-529 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
(26) Sentencia T-585 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(27) Sentencia T- 447 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(28) Sentencia T-502 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(29) Sentencia T-572 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(31) Sentencia T-669 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(33) Sentencia T-017 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.
(35) M.P. Alberto Rojas Ríos.
(36) Sentencia T-274 de 2005.
(37) Sentencia T-669 de 2012.
(40) Sentencia T-435 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-502 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-111 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-276 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(41) Al respecto ver Sentencia T-830 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.