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Timestamp: 2013-05-21 20:10:06
Document Index: 344671228

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 459', 'artículo 459', 'artículo 478', 'artículo 457', 'artículo 356']

e-pesimo Auxiliar 1: 29/10/06 - 5/11/06
La Abogacía del Estado pide al TC el rechazo íntegro del recurso del PP
La Abogacía del Estado pide al TC el rechazo íntegro del recurso del PPDefiende que se imponga el deber de conocer el catalán y dice que el término nación «expresa adecuadamente el sentimiento ciudadano»MARIA PERALMADRID.- La Abogacía del Estado presentó ayer en el Tribunal Constitucional (TC) un escrito de alegaciones que contiene una cerrada defensa del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y propone la desestimación íntegra del recurso del PP.El documento, de 301 folios, concluye que el controvertido Estatuto es plenamente constitucional, aunque para realizar esa afirmación la Abogacía del Estado ha tenido que reinterpretar, yendo más allá, la actual jurisprudencia del TC en aspectos tales como la lengua. Así, aunque la doctrina del Tribunal establece que sólo existe el deber constitucional de conocer el castellano, la Abogacía del Estado sostiene que «resulta clara» la constitucionalidad del Estatuto -en el que se impone la obligación de conocer el catalán- porque «el deber de conocer el castellano carece de significado prohibitivo en relación con la posible imposición estatutaria del deber de conocer la lengua regional». «De que sea constitucionalmente obligatorio el conocimiento del castellano», añade, «no se sigue que la Constitución prohíba a los estatutos declarar obligatorio -para sus ciudadanos y en su territorio- el conocimiento de la lengua regional». Respecto al preámbulo del Estatuto -en el que se afirma que «el Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación»-, la Abogacía del Estado indica que «es una verdad de hecho». «Podrá gustar más o menos», dice, pero «lo que no puede sostenerse es que sea contrario a la Constitución reflejar un hecho que efectivamente sucedió», ya que el Parlamento catalán definió Cataluña como nación en la «solemne sesión» del 30 de septiembre de 2005. La expresión 'recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña' tampoco le plantea problemas. «Sólo significa», manifiesta, «que los parlamentarios, en tanto que representantes políticos de los electores catalanes, han votado muy mayoritariamente que Cataluña es una nación. Tampoco se ve en qué puede contradecir a la Constitución el reflejar en el preámbulo que unos representantes políticos han expresado adecuadamente el sentimiento y voluntad de los ciudadanos que son sus comitentes». En cuanto a la afirmación del Estatuto de que 'la Constitución española reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad', la Abogacía del Estado no ve más que lecturas positivas, ya que, a su juicio, lo que pretende es «descartar que la idea de Cataluña como nación se alce contra la indisoluble unidad de la Nación española». «No puede entenderse contrario a la Norma suprema el propósito de dar encaje constitucional -como nacionalidad- a lo que el Parlamento del territorio llamó nación», defiende. Nacionalidad y nación son «dos puntos de vista que, por lo menos en el plano estrictamente jurídico, no tienen por qué ser conflictivos», sostiene. Por lo que se refiere a los títulos sobre el Poder Judicial y la financiación, la Abogacía del Estado alega que sólo tendrán plena efectividad en la medida en que concuerden con leyes orgánicas del Estado (la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Financiación Autonómica, respectivamente), por lo que serán éstas las que definan el modelo.
Mas le saca once escaños a Montilla y Ciutadans entra en el Parlament
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Editorial:ENTRE LA CATASTROFE MONTILLA Y EL MILAGRO DE CIUTADANS
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Esa Cataluña de los ciudadanos que se ha hecho oír
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Un mediador al que los hechos dejan en evidencia
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Ciutadans roba más votos al PSC que al PP
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Duro revés para el PSC y Zapatero
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Primera derrota del presidente Zapatero
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«Un fracaso sin paliativos de Zapatero»
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El deseo de los sectores empresariales
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El Congreso aprueba hoy el Estatuto andaluz que contradice el recurso del PP ante el TC
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posted by e-pesimo | 13:15
Otro «éxito» de ZP
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CiU gana por once escaños y asesta un duro golpe a la apuesta de Zapatero por Montilla
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LA MORATORIA AL 'ALBAÑIL RUMANO' SOLO APLAZA EL PROBLEMA
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Localizan vehículo sustraído por ETA en el robo de las 350 pistolas
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11-MSantano niega ahora ante la juez que avalara la eliminación de las referencias a ETAAfirma que Mélida no le comunicó qué decían las observaciones del informe de los tres peritos Hace un mes dijo que la supresión fue correcta y que «si volviera a ocurrir lo volvería a quitar».MADRID.- Miguel Angel Santano, máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica, compareció ayer en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.Su titular, la magistrada Gemma Gallego, investiga si los mandos policiales que intervinieron en la alteración de un informe pericial sobre el 11-M en el que se mencionaba a ETA incurrieron en un delito de falsedad documental. La manipulación de ese informe fue desvelada por EL MUNDO el pasado 21 de septiembre. Fue entonces cuando trascendió que el informe elaborado por los funcionarios de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en la vivienda del procesado Hasan Haski fue manipulado antes de su remisión al juez Del Olmo. Entre otras alteraciones, el informe enviado al instructor del 11-M no incluía las tres observaciones que hicieron constar los peritos. En ellas, mencionaban los antecedentes de terrorismo en los que se había intervenido ácido bórico (en un piso franco de ETA y en la casa de un joven antisistema), destacaban la cualidad del boro como conservante de determinados componentes de los explosivos, así como su facultad de enmascararlos para impedir su detección, y sugerían la «posibilidad» de una relación entre los autores de los hechos. El mismo 21 de septiembre, Santano hizo pública una nota -que también envió por fax a la Audiencia Nacional- en la que aseguraba que «cuando el comisario general [el propio Santano] fue informado del tema, le pareció correcta la remisión del informe íntegro, eliminando las observaciones, como así se hizo». En una entrevista concedida días después a un medio del grupo Prisa, Miguel Angel Santano declaró que «si volviera a ocurrir esta noche, lo volvería a quitar». Ayer, sin embargo, el comisario tuvo que declarar como imputado y el tenor de sus manifestaciones fue diferente en cuanto a conocimiento de los hechos y en cuanto a la asunción de la responsabilidad. Según el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, Santano arrancó diciendo que «tuvo conocimiento de lo que ocurrió con el informe pericial cuando leyó la noticia en EL MUNDO, el mismo día que firmó la nota, el 21 de septiembre» pasado. Añadió que habló con el segundo jefe y secretario general, Pedro Luis Mélida, «que le comunica que ya ha sacado toda la información, que contrastan juntos». Santano afirmó que fue entonces cuando «comprobó los dos informes», aunque matizó que el de los tres peritos «no es un informe en sí, sino un borrador». También Mélida le informó «de todos los hechos que ocurrieron». El comisario general ratificó ante la juez que las observaciones hechas por los peritos en su informe no eran «más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno». La juez le preguntó qué supo sobre los hechos cuando sucedieron, esto es, en marzo de 2005. El comisario general eludió el día 21 (que fue cuando los tres peritos entregaron el dictamen a su superior, el jefe del laboratorio, Francisco Ramírez), y se remontó a dos días más tarde. «El 23 de marzo de 2005», consta en la declaración, «el funcionario que me sustituye [Mélida] me hace la comunicación de novedades, pues yo me encontraba de vacaciones, y me comunica que ha habido un problema con un informe que habían elaborado unos peritos y que, habiéndoseles comunicado que deberían modificarlo, se habían negado». Según Santano, Mélida le dijo: «El tema está resuelto», y no le explicó el contenido de las observaciones. Cuando la juez quiso saber si preguntó de qué forma se había resuelto, respondió: «No recuerdo». La representante del Ministerio Fiscal incidió en este punto. Santano manifestó: «No se me hizo saber que el informe era relativo al 11-M». «Seguramente», añadió, «me citarían el nombre de los peritos». Preguntado por si no le parecía extraño que le dijeran la identidad de los peritos y no de qué informe se trataba, el comisario general dijo que no. «Nunca he conocido que los peritos se nieguen a modificar los informes, por eso la novedad». Santano se negó a contestar a las preguntas del abogado José María de Pablo, que ejerce la acusación particular en nombre de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, y a las del letrado José Benítez, que actúa como acusación popular. Por otra parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) salió ayer en defensa de Mélida, Santano y Ramírez, a los que considera «tres profesionales íntegros, víctimas de la voluntad política y mediática de utilizar este Cuerpo como arma arrojadiza». Asimismo, el SUP denuncia «la manipulación de la periodista» de EL MUNDO que firmaba una información el pasado sábado sobre que Mélida había admitido que se vulneraron las normas al alterar el informe ETA/11M. El sindicato considera que esta información «no se corresponde con la verdad».«No sé si el perito que firmó el análisis lo hizo» Refugiado en que las normas de calidad del laboratorio de ADN -al parecer, aplicables por extensión al laboratorio químico, «aunque no hay disposición» que lo diga», admitió- no avalaban el informe sobre el 11-M en el que se citaba a ETA, Santano tuvo que descalificar ayer el trabajo de tres de sus subordinados (Escribano, López y Manrique) para tratar de exculpar a su segundo, Pedro Mélida, y al responsable del laboratorio, Francisco Ramírez, firmante del dictamen mutilado que se envió al juez del 11-M. Pese a ello, no pudo evitar la confrontación del comportamiento de estos últimos con esas mismas normas de calidad. «¿Dónde figura que quien no ha hecho un informe pericial pueda firmarlo?», se le preguntó. El comisario general dijo: «No sé si el perito que firmó el análisis de las muestras lo hizo». «Si el análisis se hubiera hecho por alguien del laboratorio, lo consideraría correcto», dijo citando ante la juez sentencias del Supremo que, según manifestó, avalan que un perito certifique en un informe remitido al juez que ha hecho unas pruebas analíticas que, en realidad, no hizo. Según él, en las normas de calidad no figura que un perito pueda firmar lo que no ha hecho, «pero tampoco lo contrario». «No es lo mismo un informe pericial que las pruebas analíticas, que son parte de un informe. El que firma el informe tiene que haber revisado las pruebas analíticas que figuran en él», explicó.http://www.elmundo.es/papel/2006/10/31/espana/2044497.html
ImpresionesSantano se desdice para eludir el banquilloLa declaración ante la juez del jefe de la Policía Científica dejó ayer en evidencia flagrantes contradicciones entre su actitud como imputado y la que ha mantenido cuando EL MUNDO destapó hace un mes la falsificación del informe que vinculaba a ETA con el 11-M. Basta cotejar lo que Santano aseguró ayer con las respuestas que entonces dio en televisión y con su nota de respuesta a la información de EL MUNDO para concluir que ha faltado a la verdad. Dice Santano que en ningún momento avaló la eliminación en el informe de las referencias a ETA. Es más, asegura que lo único que su segundo le dijo en marzo de 2005 fue que unos peritos se habían negado a modificar un informe y añade que se enteró por EL MUNDO de los detalles de la manipulación y de que ésta guardaba relación con el 11-M. La versión a la que ahora parece haberse abonado Santano no se sostiene. Es impensable que su segundo le contara a medias un incidente tan delicado. En la nota de respuesta a nuestras revelaciones, el propio Santano reconoció que cuando fue informado «le pareció correcta la remisión del informe íntegro eliminando las observaciones» y ante Iñaki Gabilondo afirmó sin rubor y con uniforme -ayer acudió a declarar de paisano-: «Si volviera a ocurrir esta noche, lo volvería a quitar». ¿Por qué ahora dice justo lo contrario? No cabe duda de que, al cambiar de versión, Santano intenta eludir el banquillo, pero todo acusado tiene derecho a mentir en su estrategia de defensa. http://www.elmundo.es/papel/2006/10/31/opinion/2044479.html
Gracias a Europa, Zapatero no ha nacionalizado la banca
CANELA FINAGracias a Europa, Zapatero no ha nacionalizado la bancaLUIS MARIA ANSONSin hacer caricaturas. El puro reflejo de la realidad. Zapatero ha puesto en marcha algunas de sus ocurrencias políticas de muchacho de preuniversitario y periódico mural. Ha entrado en la cristalería de la Transición sobre un caballo caracoleante y al galope. Ha hecho añicos la más inteligente construcción política realizada en España desde el canovismo. Ha arrasado una obra modélica de arquitectura política. Ha puesto las bases para la fragmentación de España con el Estatuto de Cataluña que, según los partidos catalanes que lo han votado -no se trata de especulaciones- es sólo un paso para la independencia, cuando, conforme a las encuestas, sólo el 5% de los catalanes lo deseaba y ni siquiera el 50% acudió al referéndum, lo que supone una profunda deslegitimación democrática de la maniobra. Ha resucitado el presidente, entre sonrisas, a una ETA moribunda y ha rendido ante la banda la dignidad del Estado. Ha colisionado, en fin, con la Iglesia, pulverizando los esfuerzos de Felipe González, un hombre de Estado, que mantuvo una relación coherente y razonable con la jerarquía. Lo que no ha podido hacer Zapatero es lo que hubiera hecho si España no formara parte de la Unión Europea. Incluso en los años 70, la aspiración de muchos partidos socialistas era la nacionalización de la banca, los seguros y los bienes de producción. Mitterrand ganó las elecciones de 1981 con un programa radical de nacionalizaciones. Todavía el socialismo real, el comunismo, dejaba sentir su peso en Europa. Pero, de forma irremediable, el socialismo democrático viró a estribor. Las cifras son muy tozudas. En España, por poner un ejemplo actual, Telecinco es la primera televisión nacional y gana por encima de los 200 millones de euros al año; TVE, la empresa nacionalizada, ocupa el tercer puesto y pierde 600 millones de euros al año. Los límites europeos a las utopías socialistas y la prudencia de Solbes han impedido las ocurrencias de Zapatero en materia económica. Nunca me han gustado los futuribles. Pero si el presidente por accidente hubiera ascendido al poder en los años 70, además de todas las insensateces políticas que ha cometido, nos habría conducido al descalabro económico. Imposible no pensar que Zapatero se hubiera empleado a fondo en la nacionalización de la banca, los seguros y los bienes de producción. Todavía el radicalismo socialista, tras la victoria del PSOE en 1982, liquidó Rumasa, como un viejo resabio de lo que hubiera querido hacer y ya no podía. A bancos, seguros, eléctricas hay que dejarles que creen riqueza y puestos de trabajo, con una administración privada, y establecer un sistema de impuestos razonables para que el Estado pueda hacer la justa distribución de la riqueza. Zapatero hubiera nacionalizado a troche y moche, como su amigo Evo Morales, al que tanto admira, arruinando los negocios y disparando el paro. Y esto no es una conjetura. Es lo que habría hecho si hubiera podido. Por suerte, la Unión Europea obliga a aceptar una política económica prudente y discreta. Las ocurrencias zapatéticas, la improvisación, la ligereza y el radicalismo quedan fuera de la Europa unida. A veces nos quejamos de las deficiencias europeas y de los problemas que la unión genera. No nos damos cuenta, sin embargo, de los enormes beneficios que la realidad de Europa supone para nuestra economía sobre todo cuando se encaraman en el poder gobernantes ocurrentes y simples. Pagar con la misma moneda que los alemanes o los franceses no es sólo una comodidad, impensable hace 50 años. Es, sobre todo, la garantía de una política económica seria de la que quedan fuera de juego los insolventes y sus ocurrencias. Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española. http://www.elmundo.es/papel/2006/10/31/opinion/2044474.html
TRIBUNA LIBREJAVIER GOMEZ DE LIAÑOLas perturbaciones de su señoríaSupone bien el lector si piensa que a estas alturas de mi vida escribir de Baltasar Garzón no es cosa que me entusiasme. Sin embargo, como soy hombre que procura alejar de sí los malos recuerdos y son muchos los años que vengo sosteniendo que la falta de independencia judicial es la madre de todos los males de nuestra Justicia -aparte de que en esto de escribir apuesto por el más difícil cada día-, hoy me propongo cavilar, no sin cierto optimismo, acerca de las perturbaciones que el juez Garzón ha podido sufrir a cuenta de su intervención en el conocido como caso del ácido bórico. El asunto es que, a raíz de esas actuaciones, el magistrado se plantó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en súplica de amparo al sentirse perturbado en su independencia por lo que él denominaba «brutal y desmedido ataque» de algunos medios de comunicación, de un diputado y hasta de un miembro del propio órgano de gobierno de los jueces. A la solicitud, el CGPJ respondió con un no, pues consideró que faltaban las condiciones exigidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Pocas horas después, un periódico editorializaba que la actitud del CGPJ era un lavado de manos ante una imputación explícita de prevaricar, que es lo que significaba acusarle de montaje para criminalizar a unos inocentes y satisfacer los intereses del Gobierno. Otros hablaron de un CGPJ compuesto por una mayoría -la que decidió no conceder el amparo- dispuesta a prostituirse por no querer salir al paso de una miserable ofensiva. Algunos colegas partidarios suyos sostuvieron que la toga del compañero juez estaba siendo colgada en la picota más alta. Incluso un profesor de Sociología -el catedrático Enrique Gil Calvo- llegó a escribir que tras las críticas se escondía el antaño sindicato del crimen y que «hoy Garzón es mucho más Garzón», aunque la verdad es que el señor Gil tiene declarado que «una vez publicado, casi siempre me arrepiento de lo que escribo». Perturbación es acción y efecto de perturbar o perturbarse. Perturbar es trastornar la quietud o el sosiego de algo o de alguien. Según el diccionario de la RAE, independencia -que es palabra que proviene del latín pendeo/pendere, un intransitivo equivalente a estar colgado-, significa, en su tercera acepción, entereza, firmeza de carácter, cualidad que se da cuando no se es tributario de otro. Hecha la anterior precisión, la pregunta es si acaso no se ha hablado demasiado de ataques por parte de la prensa, los políticos y otros instrumentos de presión y, al contrario, muy poco de las emociones y pasiones que el juez puede llevar en su cartera. Si la independencia judicial, subjetivamente considerada, es una virtud y todo juez que quiere ser independiente ha de serlo hasta de sus íntimas convicciones -como dijo un magistrado norteamericano en 1801, el juez ha de ser independiente también de sí mismo-, ¿quién perturba la independencia judicial de su señoría, el juez Garzón? A mí me parece que, puesto a presumir, el juez Garzón puede hacerlo de bastantes cosas, pero no de ser realmente independiente. Quede claro que en este lance no estoy haciendo una crítica de su trabajo ni estoy emitiendo un juicio sobre sus aptitudes profesionales. Me estoy refiriendo a que si hay algo que en verdad puede definirle es su insobornable pasión por la política y su fidelidad a las siglas de un partido al que abiertamente confesó su adscripción cuando se presentó a las elecciones generales como candidato número dos por Madrid, sirviendo luego en el Ministerio del Interior. De las penúltimas cosas que he sabido de él fue su participación en un acto de protesta contra la Guerra de Irak, en el que aparecía subido a un estrado junto a actores y cantantes disfrazados de Aznar con casco, que llamaban asesino al presidente del Gobierno. El juez Garzón sabe, o debería saber, que ese tipo de acciones están prohibidas por la LOPJ y que una profesión de fe ideológica de esa naturaleza, tan cargada, además, de indiscreción, es una confesión de parcialidad. No digo que en un juez la ideología política sobre, sino que el señor Garzón la derrocha hasta la prodigalidad. Nos lo advertía Pedro G. Cuartango en una de sus espléndidas Vidas paralelas: «(...) Garzón es la única persona de este país que ha pertenecido a los tres poderes: ha sido diputado, secretario de Estado y juez.» Insisto para que se entienda bien. Con este perfil de su señoría sólo me limito a recordar que en ese humano rincón que decimos Justicia hay jueces políticos de quienes los ciudadanos desconfían y se temen lo peor. Para mí, la historia de Baltasar Garzón es la de una trayectoria que pudo empezar honesta para torcerse en el momento que se convirtió en la figura del superjuez y por tanto, pasó ser una muesca carnavalesca muy alejada del Derecho. Vuelvo a las hemerotecas. Esta vez, a la del diario El País. En su ejemplar del 19 de enero de 1995, a propósito del sumario que Garzón instruía por el secuestro de Segundo Marey, además de dudar de su idoneidad de juez por haber protagonizado el salto espectacular a la política, el editorialista decía que «la notoriedad pública del personaje dificulta la diferenciación por parte de la opinión pública de las dos imágenes superpuestas: la del juez y la del político.» Respecto a las últimas críticas al juez -algunas auténticas diatribas-, vaya por delante que siempre estuve a favor de la censura razonable de las resoluciones judiciales y, por tanto, en contra de la descalificación rotunda e inmisericorde. Ahora bien, también digo que los que hoy sacan pecho a favor de su señoría son los mismos que durante muchos años han jugado con entusiasmo al deporte de guillotinar jueces, sobre todo a quienes no estuvieron dispuestos a dejarse acollonar. Tomo licencia para proponer unas cuantas interrogantes que nos sirvan de orientación. ¿Qué dijeron algunos periódicos cuando un ex presidente del Gobierno calificó a dos jueces -uno de ellos era Garzón, el otro quien esto escribe- de «descerebrados» por atreverse a investigar el crimen de Estado? ¿Quién no se acuerda de aquellos jueces de la horca que llevaron al cadalso al juez Marino Barbero, encargado de la instrucción del caso Filesa? ¿Dónde se escondían los que ahora se echan manos a la cabeza cuando unas hienas hicieron de él la diana de todos los denuestos posibles? ¿Acaso no fue la década de los años 90 el paraíso de la difamación judicial, en el que periodistas y no periodistas patentaron la calumnia y la injuria como método de destrucción sistemática del honor de los jueces? Si el hombre no fuera, por naturaleza, un animal olvidadizo -a veces, también ingrato y mezquino- ante las últimas perturbaciones que denuncia el señor Garzón muchos deberían sentir vergüenza y callarse. Allá cada uno con sus contradicciones e incongruencias. En todo caso, me sumo a lo que el magistrado Javier Gómez Bermúdez decía en este periódico, en su entrevista del pasado 23 de octubre: «Muchísimos magistrados han sido insultados, ofendidos y criticados y no se han sentido perturbados en su independencia». En cuanto al fondo del asunto, es decir, qué es lo que pueda haber en las diligencias procesales del caso del ácido bórico, desconozco los detalles. Sin embargo, a la vista de lo resuelto por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, declarando la incompetencia de su señoría y ordenando la remisión de las diligencias a los juzgados de instrucción de Madrid, a mí me parece que es una prueba más de ese «(...) afán de acaparamiento de asuntos que caracteriza al juez Garzón. (...) Pero no es ésta la primera resolución negativa (...) en contra de sus pretensiones. Ya le ocurrió con el caso Laos cuando compitió por asumir todo lo relativo a la detención de Roldán. (...) La Justicia es un poder difuso, repartido entre diversas instancias jurisdiccionales que se controlan mutuamente y cuyo ejercicio está sometida a estrictas reglas de procedimiento. Lo que el juez Garzón considera que es suyo, de acuerdo con sus competencias, no tiene por qué serlo necesariamente si esas instancias de control que están por encima le dicen que no le corresponde. La Justicia no se paraliza por ello. Pensar otra cosa sería tanto como admitir que la Justicia se identifica con un determinado juez, en este caso Garzón. Un mensaje que algunos no se privan de lanzar por más disparatado y pretencioso que resulte». Como el lector habrá advertido -la mejor pista es el entrecomillado-, estas palabras no son mías. Una vez más, las he tomado prestadas del archivo de El País. En concreto, de un editorial publicado el 26 de octubre de 1996, a propósito del conflicto de jurisdicción suscitado por el sumario de los papeles del CESID y que el Tribunal Supremo resolvió a favor de la jurisdicción militar. Lo malo no es no tener razón, sino ignorar que carecemos de ella y, a renglón seguido, caer en la hueca sinrazón. A salvo ulteriores decisiones jurisdiccionales, en mi opinión la actuación de su señoría, el juez Garzón, en este asunto sólo tiene una apariencia de juridicidad. Nada más. Las diligencias de toma de declaración a los peritos, previa imputación, su señoría las llevó a cabo -lo mismo que las que, según leo, sigue empeñado en practicar- con manifiesta incompetencia, a sabiendas de que estaba actuando así, con unos fines quizá demasiado evidentes y, desde luego, no permitidos por la Ley. Esta es mi opinión que expongo con los debidos respetos y que gustosamente someto a otras más autorizadas. Yo no soy quien para dirigir recomendaciones a nadie. En el Guzmán de Alfarache puede leerse que «consejo sin remedio es cuerpo sin alma» y no tengo a mano recurso alguno con el que socorrer a su señoría de las perturbaciones que puede padecer. Ahora bien, me da la impresión de que al juez Garzón la vida no le ha sacudido a modo. También intuyo que no sabe asimilar el sufrimiento y convertirlo en eficaz método de aprendizaje. Yo, que en eso sí me considero experto y distingo a la perfección entre los golpes en el espinazo y en el corazón, sé que de todos los palos se pueden obtener saludables frutos si se aciertan a encajar con serenidad. Ser juez no es sólo una carrera sino también un viaje interminable en el que hay que batallar con los condicionamientos personales que laten continuamente presionándote los pensamientos. El hombre público y el juez Garzón lo es, jamás debe quejarse; menos aún, ante la concurrencia. El gimoteo es una rara suerte de perturbación que puede llevarte a perder el juicio. Se me ocurre si acaso no es hora ya de que su señoría piense si no es el anonimato lo más recomendable y que a lo mejor acertaría de lleno si se decidiese a trabajar con discreción y alejado de la política. Hasta en soledad, si fuera menester. En un rapto de nostalgia, mi todavía viva conciencia de juez me lleva a exhortarle que ese juez que es, necesitado de mirarse el ombligo todos los días, recuerde a Víctor Hugo cuando advierte que la fama, echadas las oportunas cuentas, no es más que gloria en calderilla. Hay jueces que no saben a ciencia fija si son justos, jueces dubitativos y llenos de resquemores que a veces creen que hacen justicia y a veces no acaban de creerlo; a eso se le suele llamar problemas de conciencia y así, súbitamente, empiezan muchas y profundas perturbaciones del alma. Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado en excedencia. http://www.elmundo.es/papel/2006/10/31/opinion/2044482.html
«Es fascismo, actúan como Hitler»
«Es fascismo, actúan como Hitler»Los concejales y policías de Zarauz espiados reciben la solidaridad de todos los partidos, salvo el PCTVXABIER GARMENDIAZARAUZ (GUIPUZCOA).- «Es fascismo puro y duro, es como volver a la época de Hitler, donde el comisario político de turno anota los pormenores de los cargos electos y de funcionarios municipales con unos fines que todos intuimos», clama Alejandro Vázquez, de EA, uno de los 14 concejales del Ayuntamiento de Zarauz cuyos datos personales, junto a los de seis policías municipales, figuraban en un informe descubierto en la herriko taberna Arrano de dicha localidad guipuzcoana.El veterano edil reconocía ayer que el saberse espiado por los independentistas radicales «inquieta», ya que los autores de la vigilancia, a los que califica de «lobos con piel de cordero», siguen siendo terroristas. «Han matado, han extorsionado, han violentado, han amenazado, y esto último es más de lo mismo». De similar manera se expresaba su compañero en el Consistorio, el teniente de alcalde Imanol Lasa (PNV), para quien el seguimiento a que se ven sometidos por parte de desconocidos de la izquierda abertzale resulta «indignante. No es nuevo lo que ha pasado, ya que a lo largo de esta legislatura han pintado las casas y coches de algunos concejales. Los actos de persecución y amenazas hacia nuestras personas no han cesado». Tanto Lasa como Vázquez aseguraron ayer que ningún dirigente de la izquierda abertzale les ha llamado, «no ya para solidarizarse, sino ni tan siquiera para dar alguna explicación». Lasa puntualizó a este diario que, en privado, algunos militantes de Batasuna «sí se han solidarizado con nosotros». Ambos se sentían orgullosos de la respuesta de la mayoría de sus convecinos. Anoche, unas 300 personas se concentraron delante del Ayuntamiento en apoyo de los ediles y policías municipales. Los papeles fueron localizados la semana pasada durante el inventario ordenado por el Tribunal Supremo en la herriko taberna de Zarauz y recogen datos de 14 ediles de PNV y EA y de seis policías municipales obtenidos, al parecer, a finales de 2005, es decir, antes del alto el fuego decretado por ETA, ya que no aparece ningún dato acerca de Jokin Landa, concejal desde el pasado septiembre tras la dimisión de un compañero. A la concentración asistieron representantes institucionales y de todos los partidos, salvo del PCTV, formación próxima a la ilegalizada Batasuna. La alcaldesa de Zarauz, Maite Etxaniz, denunció la «política de intimidación» de la izquierda abertzale, a la que reclamó que «se retrate». «No es suficiente decir que se está a favor de la paz, sino que hay que demostrarlo con hechos», concluyó Etxaniz. El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, también se dirigió al grupo que lidera Arnaldo Otegi para recordarle que «los chivatos que espían a los concejales y los que roban pistolas son quienes ponen obstáculos al proceso de paz».http://www.elmundo.es/papel/2006/10/31/espana/2044491.html
El Poder Judicial advierte de que la reforma de la prescripción beneficiaría a jefes de ETA
ALTO EL FUEGO / El frente judicialEl Poder Judicial advierte de que la reforma de la prescripción beneficiaría a jefes de ETA El órgano de gobierno del Poder Judicial pide que se establezca la irretroactividad de la reforma para evitar «inadmisibles situaciones de impunidad difícilmente asimilables por la sociedad».MARIA PERALMADRID.- La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial advierte, en su informe sobre la modificación del Código Penal que prepara el Gobierno, de que el nuevo régimen de prescripción de los delitos puede dar lugar a una «revisión generalizada» de procesos penales que beneficiaría a los responsables de organizaciones terroristas.La institución que gobierna a los jueces cree «de todo punto necesario» que el cambio de la prescripción no tenga carácter retroactivo. En un informe que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto debatir el próximo viernes, la Comisión de Estudios aboga por la irretroactividad del nuevo régimen de la prescripción. De lo contrario, previene, existe el riesgo de que los dirigentes o mandos intermedios de tramas criminales complejas, como es el caso de ETA, vean prescribir sus delitos, dando lugar a «inadmisibles situaciones de impunidad difícilmente asimilables por la sociedad». La Comisión de Estudios ha introducido estas consideraciones en el texto tras el debate que celebró el pasado viernes. El estudio contiene consideraciones críticas respecto a la nueva regulación de la prescripción incluida en la reforma penal en ciernes. Acogiendo el criterio de una controvertida sentencia del Tribunal Constitucional frente a la doctrina consolidada en los últimos años por el Supremo, el anteproyecto del Ministerio de Justicia exige «una actuación material sustancial» del juez dirigida «contra persona determinada» para entender interrumpida la prescripción. El Consejo observa que, con esa reducción «drástica» de los actos judiciales capaces de parar la prescripción, los procesos criminales no tendrán efecto alguno en tanto la investigación del delito no haya progresado lo suficiente como para permitir «la perfecta determinación» de la identidad de los presuntos responsables. Ello no tiene por qué generar problemas de prescripción cuando se investiguen delitos sencillos. Pero, tratándose de procesos complejos que tengan por objeto la persecución de tramas criminales, «la rigurosa exigencia de determinación de la imputación puede llegar a facilitar extraordinariamente la impunidad de quienes las integran o dirigen», indica. Asimismo, explica que, en las organizaciones criminales complejas, son más fácilmente identificables los miembros más bajos de la escala -que son los que ejecutan materialmente los delitos- que los mandos intermedios o los jefes, que suelen actuar en la sombra. «Si el fundamento de la prescripción consiste en que el transcurso del tiempo termina excluyendo la necesidad de la pena», señala el CGPJ, «no se aprecia fundamento razonable en la pretensión de que dicha necesidad de pena subsista únicamente para los acusados situados en los puestos inferiores de la escala delictiva, que normalmente son aquéllos que resultan más prontamente identificados, y por el contrario se haya extinguido para los mandos superiores o intermedios, lo que incluso podría considerarse discriminatorio, pues todos ellos son penalmente responsables de un mismo hecho delictivo». En este contexto, el informe, con ponencia de Adolfo Prego, califica de «extrema gravedad» la cuestión de la eventual aplicación retroactiva de la nueva prescripción, aspecto que no resulta claro en el anteproyecto. El Consejo pide que se establezca de forma expresa la prohibición de revisión de los procesos penales iniciados antes de que entre en vigor la reforma. También considera que la eficacia de la nueva regulación debe limitarse «estrictamente» a los actos judiciales que se produzcan con posterioridad a su aprobación. «De lo contrario», afirma, «se generaría el riesgo, probablemente no querido por el prelegislador, de una revisión generalizada de procesos penales que, en el ámbito de la Audiencia Nacional y en relación con delitos cometidos por organizaciones terroristas, bandas armadas y grupos criminales organizados (ETA, Grapo, GAL, etc.), podría conducir a la absolución de sus responsables y a inadmisibles situaciones de impunidad difícilmente asimilables por la sociedad».http://www.elmundo.es/papel/2006/10/31/espana/2044584.html
Una prescripción que no beneficie a ETA
IMPRESIONESUna prescripción que no beneficie a ETAEl Consejo General del Poder Judicial ha advertido al Gobierno de que la modificación del Código Penal que éste prepara podría dar lugar a una «revisión generalizada» de procesos penales que beneficiaría a los jefes de las tramas criminales y, entre éstos, a los miembros de ETA. El CGPJ se opone de entrada a esta reforma del régimen de prescripción, porque puede impedir la persecución de quienes planean o inducen los delitos si no ha existido contra ellos a tiempo una imputación judicial en la que se les identifique plenamente. Con este régimen, por ejemplo, ni Barrionuevo ni Vera hubieran podido ser imputados por los GAL. La reforma es manifiestamente injusta, pero lo que el CGPJ pide al Ejecutivo es que, al menos, se asegure de que no tenga carácter retroactivo. Si esto no consta, muchos jefes de ETA podrían ver cómo sus delitos caducan o sus casos son revisados, dando lugar, como señala el Consejo en su informe, a «inadmisibles situaciones de impunidad difícilmente asimilables por la sociedad». Hay que ser malpensados para creer que el Ejecutivo pretendía dejar en el Código Penal una puerta falsa para proporcionar a los presos etarras una salida encubierta. Pero ahora ya no puede alegar ignorancia. La advertencia del CGPJ obliga al Gobierno a clarificar su posición y despejar la intranquilidad de los jueces. http://www.elmundo.es/papel/2006/10/31/opinion/2044478.html
11-M / Estuvieron amontonadas sobre una mesa de la UCIE y parte de ellas estaban deterioradas cuando el juez las reclamó en septiembre de 2004 / Había charlas telefónicas de 'El Tunecino', 'El Egipcio' y 20 radicales más200 cintas grabadas por Garzón a los islamistas estaban sin traducir el 11-MFERNANDO LAZAROMADRID.- Más de 200 cintas de casete apiladas en varios montones sobre una mesa de las dependencias de la Comisaría General de Información, en concreto, en la Unidad Central de Información Exterior (UCIE). Todas, pertenecientes a grabaciones realizadas por la Policía con autorización del juez Baltasar Garzón a varios de los implicados en los atentados del 11-M, de Casablanca y de la célula desarticulada cuando trataba, presuntamente, de volar la Audiencia Nacional. Y esas cintas se acumularon en las dependencias policiales meses antes de que se produjera la masacre de Madrid.La grabaciones estaban sin traducir porque el único traductor que actuaba para la Policía estaba centrado, al igual que los expertos en la lucha contra el terrorismo internacional, en un ciudadano marroquí asentado en Tarragona y sobre el que se había recibido información de su alta peligrosidad desde Gran Bretaña.Ese ciudadano nunca fue detenido por delitos relacionados con terrorismo. Desde septiembre de 2003 se le dio prioridad a esta investigación de Tarragona y se abandonaron las pesquisas que en ese momento se estaban realizando sobre los ya entonces denominados miembros del grupo de Lavapiés, entre los que estaban algunos de los presuntos implicados en el 11-M. Las cintas permanecieron en estas dependencias policiales hasta que, en septiembre de 2004, el juez Baltasar Garzón se las reclamó a la Comisaría General de Información. Según explicaron a este periódico fuentes de la investigación, fueron muchas las cintas magnetofónicas que estaban ya deterioradas y no se podían escuchar las conversaciones intervenidas. El juez renovó los permisos pese a que las grabaciones anteriores no eran traducidas, según le informaron al magistrado, «por razones técnicas». Previamente, tras la matanza de Madrid, el juez requirió a la Unidad Central de Información Exterior que le remitiera un informe sobre el estado de las indagaciones sobre los sospechosos islamistas que estaban siendo investigados por su juzgado. El magistrado tuvo que insistir a la UCIE para que le remitiera el informe. Ya desde septiembre de 2002, los agentes de la Comisaría General de Información estaban sobre la pista de un grupo de islamistas radicales, compuesto fundamentalmente por ciudadanos de nacionalidad marroquí. A esta célula la llamaron grupo de Lavapiés. Sus integrantes tenían una visión radical del islam, se reunían periódicamente en una mezquita del sur de Madrid y en locales del madrileño barrio de Lavapiés. Su objetivo eran los herejes y los infieles. Un mes después, la Policía logró acotar algo más las sospechosas intenciones de este grupo. Estaba delimitado perfectamente, con estrictas medidas de seguridad en las comunicaciones entre ellos.La dirección y el rol de cada uno de los integrantes estaban perfectamente definidos. Los agentes tenían constatada ya su «peligrosidad»: los sospechosos hablaban de que para hacer la yihad no hacía falta ir a Bosnia ni a Afganistán o cualquier otro territorio musulmán que consideraran ocupado por infieles. Apostaban por atacar a los herejes en Marruecos o en España, sin distinción de país. En ese momento ya se produjo un punto de inflexión en las actuaciones policiales. Los investigadores acudieron a la Audiencia Nacional con nombres, direcciones, vehículos y teléfonos. Y ya se pidió autorización para la intervención telefónica de los números utilizados por los sospechosos. La actuación policial no fue, como es habitual, a través de Tepol al Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional para que fuera a reparto. Los agentes acudieron directamente al magistrado Baltasar Garzón, ligando estos datos del grupo de Lavapiés con el sumario 35/01 sobre la operación Dátil. El juez instructor autorizó las intervenciones telefónicas en el marco de unas diligencias previas nuevas, las 396/02, fuera del anterior sumario, ya que no había vinculación. En esos momentos, los investigadores tenían centrados a numerosos integrantes de ese grupo. Varios de ellos se presume que participaron en los atentados de Casablanca y en la masacre de Madrid el 11-M, y otros formaban parte de la célula islamista que se supone que preparaba un atentado contra la Audiencia Nacional. Así, en el marco de la denominada operación Esfera (anteriormente denominada Sancristóbal) se controló a Mustapha Maymouni, actualmente en prisión por su relación con los atentados de Casablanca. También figuraba Mohamed Ouazzani, presuntamente implicado con el comando que pretendía volar la Audiencia Nacional y que fue desarticulado en la operación Nova. En los informes policiales figuraba también uno de los presuntos líderes de la célula autora del 11-M, Serhane ben Abdelmajid, El Tunecino. También se controló a Mohamed El Egipcio, otro de los presuntos máximos responsables de la masacre de Madrid. Otro de los procesados por esta matanza, Mohamed Larbi ben Sellam, también era seguido desde entonces por la Policía. Está procesado por el 11-M. Otro integrante de la célula desmantelada en la operación Nova, Faissal Allouch, también estaba bajo vigilancia de los agentes de Información desde finales de 2002. A partir de ese momento, todos los datos sobre las actuaciones de este grupo fueron a parar a manos del juez Garzón. Hasta 20 teléfonos fueron intervenidos. Se le pasaban informes periódicos al juez del avance de las investigaciones. Durante meses, los teléfonos de algunos de los principales implicados en el 11-M estuvieron pinchados con autorización del juez instructor de la Audiencia Nacional. La estructura del grupo, las filiaciones de sus miembros, sus domicilios, sus vehículos, sus negocios, mezquitas donde se reunían...todo, según explicaron fuentes de la investigación, estuvo en el juzgado de este magistrado. Es tras el atentado de Casablanca, en mayo de 2003, cuando el juez convierte las diligencias previas 396/02 en el sumario 9/03.Tras esta masacre, la Policía marroquí detuvo a Mustapha Maymouni, al que la Policía española consideraba como el líder del grupo de Lavapiés. Pese a este atentado en tierras marroquíes, ni desde la Policía ni desde el juzgado de Baltasar Garzón se tomaron más iniciativas ni se decidió actuar contra esta célula, estrechamente relacionada con Maymouni. De hecho, ni las vigilancias sobre los sospechosos se incrementaron, según explicaron las mismas fuentes. En septiembre de 2003 se tuvo conocimiento de que en Tarragona había un ciudadano llamado Mohamed Berzizoui que podría formar parte del terrorismo islamista, según la información facilitada por un servicio secreto extranjero. Pese a que no había vínculos conocidos entre este sospechoso y los integrantes del grupo de Lavapiés, es de nuevo el juez Baltasar Garzón el que se hace cargo también de estas pesquisas y autoriza la intervención de su teléfono en el marco del sumario abierto por el atentado de Casablanca. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003, y enero, febrero y marzo de 2004, toda la actividad del grupo que estaba controlando a los de Lavapiés se trasladó a Tarragona para controlar exclusivamente a este sospechoso. Pinchazos sin traducción Por ello, se dio prioridad a la traducción de las conversaciones del teléfono de este sospechoso, aunque se siguieron pinchando ininterrumpidamente los teléfonos de Lavapiés, pero no traduciendo las conversaciones que se captaban. Pese a que las pesquisas estaban centradas en Tarragona y el seguimiento a los de Lavapiés se había semiabandonado, el juez siguió prorrogando las escuchas sobre los integrantes de esta célula. Finalmente, las pesquisas sobre Berzizoui no fueron a ningún sitio, y nunca fue detenido en España. Pero, por este motivo, sí se estuvo durante cinco meses, los cinco meses previos al atentado del 11-M en Madrid, interviniendo los teléfonos de algunos de los principales implicados en la masacre de Madrid, pero siempre sin llegar a traducir las conversaciones. De esta forma, todo el trabajo de prevención de atentados terroristas internacionales en España fue baldío, y no se llegó a aprovechar ni la orden judicial de intervención telefónica, ni el trabajo policial realizado a tal efecto.http://www.elmundo.es/papel/2006/10/30/espana/2043912.html
¿ABORTO A LAS 30 SEMANAS?
EDITORIALES DEL DÍA¿ABORTO A LAS 30 SEMANAS?
Editorial: LAS CINTAS, OTRA NEGLIGENCIA MAS DE LA POLICIA Y DE GARZON
EDITORIALES DEL DÍALAS CINTAS, OTRA NEGLIGENCIA MAS DE LA POLICIA Y DE GARZONLa investigación sobre el 11-M que está llevando a cabo EL MUNDO tiene dos caras distintas: de un lado, el esfuerzo por desvelar los enigmas sin aclarar o los hechos cuya versión oficial no es convincente. Del otro, el examen de la ineficacia de las Fuerzas de Seguridad y del sistema judicial en la persecución de la trama islamista que participó en la masacre. No faltará quien a continuación objete que EL MUNDO incurre en una contradicción: apuntar a la trama islamista cuando en otras ocasiones hemos señalado hacia otras hipótesis. No hay tal contradicción porque la implicación islamista es compatible con otra trama superpuesta o complementaria. De lo que no hay ninguna duda es de que un grupo de islamistas participó en los atentados del 11-M bien como autores materiales, bien como cortina de humo.Nunca hemos negado esta evidencia. Nuestro periódico aporta hoy una importante revelación que tiene mucho más que ver con ese segundo aspecto de la ineficacia policial y judicial en la prevención del macroatentado de Madrid. El MUNDO publica que más de 200 cintas con conversaciones grabadas de implicados en la masacre y personas de su entorno permanecieron durante muchos meses sin traducir en las dependencias policiales. Esas cintas contenían conversaciones de El Tunecino, El Egipcio y Mohamed Larbi, tres personas clave en el 11-M. Fueron grabadas por orden del juez Baltasar Garzón en los últimos tres meses de 2003 y en los primeros de 2004. Esos y otros fanáticos musulmanes hablaban entonces de la necesidad de llevar la guerra santa a Occidente. Pero seis meses antes de la masacre, la Policía dejo de traducir ese material por falta de medios para centrarse en un supuesto líder islamista de Tarragona. Nunca sabremos si de haberse traducido esas cintas a tiempo se habría podido evitar el 11-M, entre otras razones, porque buena parte de ellas quedaron tan deterioradas que nadie pudo escuchar ya su contenido. No es más que una conjetura, pero el hecho es que permanecieron amontonadas en un despacho. Garzón las reclamó seis meses después del 11-M y en el día de hoy no sabemos qué ha hecho con esas cintas. ¿Se las ha remitido, como sería lógico, al juez Del Olmo? No estamos diciendo que el juez Garzón sea el único responsable de esa negligencia, ya que la Policía Nacional carecía entonces de traductores de árabe, entre otras muchas carencias para prevenir el terrorismo islámico. Pero sí se le puede reprochar la falta de diligencia en los muchos asuntos que instruye, su escaso rigor y tenacidad y, en este caso concreto, su fallo en la valoración de la importancia de las cintas. En el año 2003, Garzón obtuvo cuatro permisos para ausentarse de España y, al año siguiente, otros cinco. Alguno de ellos, de más de una semana. Si en lugar de dedicarse al estrellato mediático, el juez hubiera dedicado más atención a los asuntos que instruía, tal vez habría investigado con más acierto sumarios como los del terrorismo islámico, auténticos ejemplos de chapuza judicial. Lo dicho vale para la actuación de la Guardia Civil en Asturias, que obró con muy poca diligencia para investigar los chivatazos sobre Toro y Trashorras cuando éstos estaban procesados por tenencia ilícita de explosivos. El cierre del sumario del 11-M no va a permitir profundizar en los muchos errores y negligencias cometidas por las Fuerzas de Seguridad y el sistema judicial. La propia actitud -realmente inaudita- de Garzón en el sumario de los peritos revela sus ansias por contribuir a dar carpetazo a todo lo que tenga que ver con el 11-M para diluir así las huellas de sus muchas equivocaciones.Pero El MUNDO seguirá hasta el final la investigación de la masacre, tanto en lo que atañe a quienes fueron los autores materiales y a quienes les indujeron a actuar como a los fallos del aparato del Estado. http://www.elmundo.es/papel/2006/10/30/opinion/2043894.html
IMPRESIONESRamírez vulneró la «trazabilidad»Fernando Peregrín, ex presidente del Comité Técnico del Comité Europeo de Normalización, analiza hoy en un excelente artículo en nuestro periódico -la segunda parte del publicado el pasado sábado- si el proceder de Francisco Ramírez, jefe de los peritos, se ajustó a las normas de calidad cuando decidió firmar el análisis sobre el ácido bórico que habían realizado sus subordinados.Peregrín concluye que su conducta vulneró esas normas de calidad al firmar un análisis cuyas muestras no habían estado bajo su custodia y cuyas pruebas no había realizado. Peregrín hablaba en su primer artículo del concepto de «trazabilidad», que supone documentar todas las operaciones que conducen al informe final sobre los resultados. Ramírez no respetó esa «trazabilidad» y asumió como suyos ante el juez los resultados de unas pruebas que no había realizado. No puede estar más clara la irregularidad, que desmonta las falacias de los jefes de la Policía Científica. http://www.elmundo.es/papel/2006/10/30/opinion/2043888.html
Nuestro futuro está en nuestros orígenes
TRIBUNA LIBREADOLFO SUAREZ ILLANANuestro futuro está en nuestros orígenesSeñor presidente del Gobierno: una vez más, utilizo las páginas de este periódico para dirigirme a usted con todo mi respeto.Permítame que empiece, en esta ocasión, trasladándole una curiosa anécdota. Cuenta la tradición cristiana que el padre prior de una orden misionera se hallaba muy preocupado por la crisis en la que se encontraba sumida su congregación después de muchos siglos de esplendor. Un buen día, agotado de buscar soluciones que no encontraba, decidió encaminar sus pasos hacia Roma con la esperanza de hallar la luz en el Santo Padre. No fue larga la entrevista, pero halló la luz. Tras los iniciales saludos de rigor y una breve, pero emotiva exposición por parte del religioso, Su Santidad se limitó a decirle: «Busque en los orígenes fundacionales de su Orden y manténgala fiel a los mismos; ahí, y sólo ahí, encontrará la solución.» Hoy me viene a la cabeza esta anécdota ante la convulsa situación que vivimos. Cada día se nos proponen nuevos cambios, pero no se nos ofrece un rumbo. No sé si es porque no se tiene o porque no se quiere confesar. En esta situación, cobra todo su sentido ese antiguo consejo papal. Por ello, le propongo volver la vista a nuestros orígenes fundacionales y, a su través, intentar llevar un poco de luz a los problemas con los que hoy nos enfrentamos.Esos orígenes fundacionales, en nuestro caso, no son otros que el espíritu de la Transición y la Constitución de 1978 en la que quedó fielmente reflejado. El punto principal de partida fue la necesidad de un pueblo de abrirse a la libertad, a la concordia y al progreso tras cuarenta años de dictadura y división en un país que no acababa de superar las viejas heridas. Nunca antes en nuestra Historia una clase política al completo había entendido mejor la necesidad de sus conciudadanos. Nunca antes en nuestra Historia un Rey había entendido mejor el deseo de su pueblo. Fueron capaces de olvidar sus particulares intereses, no sus ideologías. Dieron por superados viejos odios del pasado y encararon con valentía y desprendimiento los retos del futuro. Discreparon, pero no lo suficiente como para ser incapaces de encontrar juntos las bases de un sólido y próspero Estado social y democrático de Derecho bajo la forma de una moderna Monarquía parlamentaria. Con todo esto en la cabeza, comprenderá usted que no hayan dejado de sorprenderme sus constantes referencias de admiración hacia la II República y las graves consecuencias que estas pueden acarrear.Es por ello que vengo tratando de estudiar un poco más aquel periodo de nuestra Historia cada vez que tengo ocasión, en busca de posibles justificaciones a su actitud. Creo que es indispensable ser capaz de escuchar al adversario e intentar buscar con serenidad su punto de razón. Cuando uno empieza a estudiar la Historia de la II República, no tarda en sorprenderse, especialmente ante los primeros actos del Gobierno provisional de lo que, se suponía, iba a ser un régimen de libertades. El día 17 de abril de 1931, es decir, tres días después de la proclamación, Niceto Alcalá-Zamora -presidente del autoproclamado, no elegido, Gobierno provisional- envía a La Gaceta -el B.O.E.de entonces- dos disposiciones que, llenas de palabras como libertad y justicia, enmascaran una tercera norma: el famoso Estatuto Jurídico, donde se plasmaba de forma clara y contundente la concepción absolutista del poder del nuevo Gobierno y que no tardaría en usar. El día 10 de mayo, esto es, menos de un mes después de instaurarse de hecho el nuevo régimen, el Gobierno provisional incauta el diario ABC y al día siguiente hace lo propio con El Debate. Otros muchos les seguirían después. Siempre con ausencia de la más mínima garantía o fundamento jurídico. Ese mismo día, lunes 11 de mayo de 1931, se reúne de urgencia el Gobierno provisional para debatir los sucesos que están asolando las calles de varias ciudades españolas, con la quema de conventos e iglesias incluidos.El acuerdo alcanzado por el Gobierno es sorprendente: no hacer nada. Contra el criterio de Maura, ministro de Gobernación, se impone la tesis de Azaña resumida en una famosa frase: «Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano».Sin embargo, esa misma tarde y ante la gravedad de los hechos, se hace necesario declarar el estado de guerra en Madrid. Luego siguieron Alicante, Málaga, Sevilla, Cádiz, Murcia, Córdoba y Badajoz. Desde aquel día y hasta su fin, la II República se vio preñada de desolación y muerte. Curioso remanso de paz y libertad este de la II República, reinado por el caos y la violencia de principio a fin. En cualquier caso, no quiero detenerme hoy en la cuestión de la violencia durante la II República, sino en el tema de las libertades y el arrinconamiento de la oposición. Como decíamos más arriba, en menos de un mes se suspende la publicación de los dos principales periódicos de la derecha sin fundamento jurídico alguno. Se trataba de una medida política de presión sobre los opositores, a quienes se despreciaba profundamente.Uno de ellos, El Debate, en el día de su retorno, nos ofrecía un editorial de rigurosa actualidad. En él, como acertadamente nos recuerda en su magistral libro Justino Sinova, se decía que «si el Gobierno intentase apartar a la derecha de toda intervención en la preparación del nuevo Estado» estaría cometiendo «una política de exterminio político y expulsión de la vida nacional» de «toda una gran masa de ciudadanos». Acababa diciendo que «excluir de la vida común a clases por entero no es obra de políticos constructivos. Aquel apartamiento crea una situación de discordia intestina, de violencia permanente; y lo violento no es durable.Un régimen no puede vivir sobre una nación escindida en dos fracciones».Señor presidente, ¿no le hace esto reflexionar un poco? Nunca me ha sorprendido que alguien pueda sentir pasión por la república como forma de gobierno y ejemplos hay de excelentes países que se rigen por ese sistema. Lo que sí me llama la atención, por no decir que me parece increíble, es que alguien se declare admirador del caos que representó nuestra II República. Especialmente hoy y en España. Con la Transición, los españoles nos dotamos de un sistema de libertades y una organización política acordada por todos con las lógicas discrepancias. Aquel momento supuso -o al menos eso creíamos muchos de los que la vivimos- el punto final a una larga historia de desencuentros presididos por la permanente voluntad que «unos» tenían de imponerse sobre los «otros». También supuso el inicio de un periodo de libertad, progreso y bienestar asentado en la renuncia a la imposición partidista en las cuestiones fundamentales, que debían ser objeto de acuerdo entre las grandes fuerzas. Quedaba, en todo caso, un gran margen para la batalla política. Cierto es, señor presidente, que no es usted el único culpable de todos los males que afectan a nuestra democracia. Llevamos muchos años aceptando entre todos la descalificación personal del adversario como arma política; es más, hoy esa descalificación es práctica habitual y centro del debate electoral en lugar de ocuparlo las ideas, y puedo dar buena fe de ello. Esto, con ser grave, pues acaba excluyendo de la vida pública a personas valiosas que en otro caso estarían dispuestas a participar en ella por un tiempo determinado, como ocurrió durante la Transición, se ha visto desbordado ampliamente por su plan de exclusión y marginación, a todos los niveles, de una de las mayores partes de la sociedad española y que está representada por el PP y sus dirigentes. Todos los partidos tienen un programa de máximos, pero ninguno puede pretender imponer esos máximos a los demás. Esa es una de las grandes enseñanzas de nuestra convulsa Historia constitucional y de la que ya le hablé hace algún tiempo desde estas mismas páginas, con muy poco éxito por lo visto. El secreto de la convivencia está en la mutua renuncia a nuestras exigencias máximas, hasta hacer nuestros programas compatibles dentro de un marco de respeto a la discrepancia. Como decía el editorial de El Debate antes citado, «Obra sana y prudente política es encuadrar, dentro de la legalidad constituida, el mayor número posible de ciudadanos; y tanto más sólido y prestigioso es un régimen, cuanto sea en mayor grado el fruto, la expresión de una ley hecha por todos y para todos». Difícilmente se puede resumir mejor lo que 45 años después sería la Transición. Y aquí, señor presidente, volvemos al tema de los orígenes. Hay reglas que no se deben violar y especialmente una: las leyes y políticas esenciales del país deben estar consensuadas entre los grandes partidos nacionales. Aunque la matemática parlamentaria le permita a cualquiera de ellos otra cosa. Si no hay consenso, no se tocan. Algo tan simple como eso, permite la alternancia pacífica en el uso del poder sin que cada cambio de Gobierno suponga un trauma nacional. ¿Es una limitación? Cierto. Pero a cambio se obtienen largos periodos de progreso, bienestar y paz como el que hemos vivido desde 1978. Creo, señor presidente, que tengo toda la legitimidad del mundo para pedirle que asuma sus tareas de Gobierno con la misma generosidad, desprendimiento y altura de miras con la que se gobernó en aquellos años. Nadie mejor que yo sabe lo mucho que le estoy pidiendo.Recuerdo vivamente la falta de colaboración de la oposición en muchos temas; las luchas intestinas dentro del propio partido; los insultos, la descalificación personal y la incomprensión generalizada durante mucho tiempo. Pero permítame también recordarle el inmenso caudal de frutos que todo aquel esfuerzo supuso y que hoy seguimos disfrutando. No puede seguir con la exclusión del PP y la división de la sociedad.Si la ciudadanía de hace 30 años elevaba hasta la clase política sus ansias de libertad y progreso, la de hoy le exige unidad frente ciertos asuntos: la lucha contra ETA dentro del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Un pacto por la Justicia que le devuelva la confianza de los ciudadanos y la dote de los medios modernos que necesita; incluido un sistema de gobierno independiente de los partidos y que evite las veleidades de personajes que buscan la notoriedad a través de los casos que manejan. Una política exterior acorde con nuestra posición en el conjunto de naciones que incluya un cuadro serio de alianzas a largo plazo.Un sistema de Educación para el conjunto del país que acabe con la locura a la que estamos llegando. Un Plan Hidrológico que garantice el suministro de agua a todos y el mantenimiento del medio ambiente. Y, cómo no, la modificación de las leyes electorales para que cada uno obtenga el peso real que tiene en el conjunto del país y acaben los auténticos chantajes a que se ven sometidos los partidos de ámbito nacional para formar gobiernos. Esto último debería ir acompañado de una reforma del Senado que le convirtiera en una verdadera cámara de representación territorial. Insisto, señor Presidente, no es usted el único culpable; pero hoy, es usted el responsable y de su altura de hoy, depende el futuro de todos. Si vuelve la cara hacia nuestros verdaderos orígenes -el consenso y la Constitución de 1978, no la división de la República de 1931-, quizá encuentre una fuente inagotable de soluciones y, quizá, sólo quizá, el apoyo de muchos. Una vez más, reciba un cordial saludo y mis mejores deseos. Adolfo Suárez Illana fue candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha. http://www.elmundo.es/papel/2006/10/30/opinion/2043898.html
¿Por qué lo llaman 'proceso de paz' cuando quieren decir negociación política?
IMPRESONES¿Por qué lo llaman 'proceso de paz' cuando quieren decir negociación política?Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? es una comedia española de los noventa que desde su título ponía de relieve la habitual utilización de términos políticamente correctos para denominar realidades más crudas. Desde luego las conversaciones del Gobierno con ETA nada tienen de comedia, pero tal y como se están desarrollando los acontecimientos, resulta irresistible trazar un paralelismo con el título de aquel filme: ¿por qué el Gobierno llama proceso de paz a lo que cada día descubrimos que es ya una negociación política del máximo calado? Tal y como publicábamos ayer y continuamos precisando hoy, el PSE, Batasuna y el PNV se han estado reuniendo en secreto para gestar un preacuerdo que pusiera en marcha la mesa de partidos propuesta por la formación ilegal en Anoeta. Si existía un temor justificado de que en esa mesa ajena al Parlamento se tomaran decisiones que afectarían al modelo de Estado y a las instituciones vascas, hoy sabemos que la realidad es aún peor que esas expectativas, pues ya en esos encuentros se ha discutido algo más que las reglas de funcionamiento de la mesa: cuestiones de fondo como el derecho de autodeterminación o las relaciones entre Euskadi y Navarra han sido debatidas entre las tres formaciones, con una ETA a la expectativa de los resultados.La banda armada de hecho dio de plazo hasta final de este mes para que los partidos cerraran el preacuerdo. Ahora parece que el robo de pistolas en Francia ha frenado -que no detenido, tal y como recordó el Gobierno- esa negociación. Lamentablemente, el Ejecutivo parece dispuesto a hacer la vista gorda ante cada escollo con tal de mantener viva su criatura.http://www.elmundo.es/papel/2006/10/30/opinion/2043895.html
EL INFORME 11-M / ETALa ley y las normas de calidadEl autor, uno de los mayores expertos en Europa en la normativa sobre control de calidad, cuestiona desde una perspectiva técnica la validez del informe que firmó el jefe de sección de la Comisaría General de la Policía Científica, Francisco RamírezFERNANDO PEREGRINHemos visto en un artículo anterior (*) que, en el ámbito de las normas internacionales sobre el aseguramiento y control de calidad, no se sostiene la consideración de borrador que se ha querido dar al informe original de los peritos que recibieron las muestras del ácido bórico y realizaron los ensayos químicos pertinentes, emitiendo en consecuencia un informe del resultado en el que se detallaron las técnicas analíticas que condujeron a dicho resultado.Tampoco se sostienen los procedimientos irregulares seguidos por ciertos responsables del laboratorio para cambiar unas observaciones que figuraban en el documento original y que se juzgaron por parte de dichos responsables como improcedentes, cuando no erróneas. Ahora bien, ¿se podría considerar, con las oportunas salvedades, el informe original de los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, a efectos de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), como un borrador del informe pericial que finalmente emitió y firmó el jefe de sección de la Comisaría General de la Policía Científica, Francisco Ramírez? Si así fuese, se podría admitir que, aunque no se han respetado las más elementales normas de aseguramiento y control de calidad de carácter internacional relativas a los laboratorios de ensayo, al menos cabría la interpretación de que el informe original es un documento técnicamente válido según las reglas de todos los sistemas de calidad vigentes, pero que sólo ha servido, dadas las observaciones que en él se incluían, como borrador para el informe final, que es el único oficial y el único que tiene, según los responsables de la Policía Científica, la consideración de informe pericial. El primer escollo para esta interpretación de lo actuado por el señor Ramírez -con, al parecer, el consentimiento de sus superiores- podría provenir del artículo 459 de la LECr, que dice textualmente que «todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos» (en este caso no se puede tomar en consideración, por razones obvias, la salvedad que hace la ley para la circunstancia en que no hubiese más de uno en el lugar y no fuese posible la llegada de otro sin graves inconvenientes para el curso del sumario). El informe que emitió el señor Ramírez lleva sólo su firma, por lo que, en principio, parece que carece de validez como informe pericial; y se daría además la incongruencia de que el pretendido borrador, por el contrario, va firmado por tres peritos. Empero, hay sentencias del Tribunal Supremo que permiten que se emitan y firmen informes periciales por un responsable de la unidad técnica o científica que ha realizado el peritaje. Sirva como ejemplo una bien reciente, la sentencia 1302/2005. En ella se puede leer: «Precisamente, por las condiciones de laboratorio público, dotado de la imparcialidad que caracteriza la función de la Administración pública y por la naturaleza oficial del laboratorio, que incorpora a varios profesionales que trabajan en el mismo, la jurisprudencia de esta Sala ya admitió que los informes periciales firmados por una persona, como responsable del laboratorio oficial, rellenaban la exigencia de pluralidad de peritos que exige el artículo 459 para las causas tramitadas en el procedimiento ordinario por delitos». Obsérvese que esta sentencia, como otras, se refiere a informes periciales firmados por responsables de laboratorios u otros departamentos e instituciones de la Administración pública, a la que se le supone imparcialidad. Es decir, que el responsable debe firmar como tal y no como autor de unos ensayos u otras actuaciones que no ha llevado a cabo. Sin embargo, para que estos informes se puedan considerar periciales, han de cumplirse unos requisitos, tal y como se especifica, más adelante, en esta misma sentencia: «En el presente procedimiento, el Ministerio Fiscal, en el escrito de acusación, comprendió en su relato la naturaleza y cantidad de las sustancias aprehendidas tal y como aparecían en los folios 33 a 36, que documentaban el informe emitido por la dependencia de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en el que constan la intervención de distintas personas que han intervenido en la cadena de custodia de la sustancia tóxica y la identificación de la sustancia tras la analítica realizada. Dicho Ministerio Fiscal propuso, como medio probatorio documental, todos los folios de las actuaciones». Para que tenga validez de informe pericial el firmado por un responsable y no por los autores del acto pericial en sus diferentes etapas o procesos, es necesario que en dicho informe conste la intervención de las distintas personas que han intervenido en la cadena de custodia de la prueba material objeto del peritaje y en el acto de su identificación tras la analítica realizada, caso de ser ésta pertinente y necesaria. Y que, además, sea posible probar documentalmente todas y cada una de esas actuaciones.Lo cual es, además, lo que se exige en el artículo 478 de la LECr. Difícilmente se puede argüir que lo sucedido en el llamado caso del ácido bórico se corresponde con la jurisprudencia del Supremo relativa a los informes periciales, pues las irregularidades denunciadas ante el Juzgado de Instrucción que se ocupa de este caso han dañado seriamente la llamada cadena de custodia de la prueba, que no se ha roto del todo precisamente porque los peritos Escribano, López y Manrique han conservado la documentación necesaria para permitir, a posteriori y una vez exigida esta reparación por la juez Gemma Gallego, recuperar la trazabilidad del proceso y, por ende, mantener la cadena de custodia. En suma, que la jurisprudencia actual del Supremo está, en estas cuestiones que contemplamos, en completa sintonía con todos los sistemas europeos e internacionales de aseguramiento y control de calidad relativos a los laboratorios de ensayos. Otra cuestión que se ha sacado a la luz es la de si la titulación del señor Ramírez era la adecuada para firmar como autor de la analítica -aunque no la hubiese realizado- el informe pericial que se ha presentado por los máximos responsables de la Comisaría de General de la Policía Científica como informe oficial o informe pericial final. Esta posible discusión tiene, como todo el caso que analizamos, dos facetas. Una, la legal; esto es, lo que dictan la LECr y las correspondientes sentencias tocantes a esta cuestión. De hecho, la LECr, en su artículo 457, define a los peritos de forma que puedan ser o bien titulares, en virtud de que están en posesión de un título oficial de una ciencia o arte cuyo oficio esté reglamentado por la Administración o bien no titulares, que son aquellos que, careciendo de título oficial -y, por extensión, que tuviesen una titulación no relacionada con el objeto de su peritaje-, tienen, sin embargo, conocimiento o práctica especiales en alguna ciencia o arte. Curiosamente, y con anterioridad, en el artículo 356 se requiere que, para las operaciones de análisis químico que exija la sustanciación de los procesos criminales, éstos sean practicados por doctores en Medicina, en Farmacia, en ciencias fisicoquímicas o por ingenieros que se hayan dedicado a la especialidad química, aunque en la continuación del texto de ese mismo artículo se precisa que si no hubiere doctores en aquellas ciencias, podrán ser nombrados licenciados que tengan los conocimientos y práctica suficientes para hacer dichas operaciones. En suma, que la titulación del señor Ramírez es de las denominadas de ciencias y, en principio, dada la titulitis que padece mucha de nuestra legislación, este funcionario estaría plenamente capacitado para que se le considerara como perito titular. La segunda faceta del asunto de la titulación necesaria y suficiente para emitir y firmar informes periciales tiene que ver otra vez con las normas del sistema de aseguramiento y control de calidad que rijan en el laboratorio Químico-Toxicológico de la Policía Científica española. En particular, en lo que se fije en el apartado o capítulo de requisitos técnicos del personal del laboratorio.Las normas internacionales sobre sistemas de aseguramiento y control de calidad -en particular, las de aplicación en los laboratorios de análisis y calibración (UNE-EN ISO/IEC 17025 o la anterior, EN 45001, complementada con la Guía ISO/IEC 25)-, más que en las titulaciones oficiales se centran en la capacitación del personal de un laboratorio para realizar las distintas tareas que son de su competencia. Capacitación -teórica y práctica- que debe estar siempre convenientemente puesta al día y justificada mediante la oportuna documentación. Así, pongamos por ejemplo, una licenciatura en Ciencias Químicas no siempre es suficiente para que quien la tenga -sin más formación teórica ni práctica, o ambas- pueda ser considerado capacitado para ejecutar determinadas técnicas analíticas que requieran de unos conocimientos y unas pericias muy concretas y extraordinariamente complejas (lo que no es el caso, dicho sea de paso, de la identificación de una sustancia tan común y conocida como es el ácido bórico). Quizá este caso del ácido bórico pueda servir, entre otras cosa, para que los legisladores adecúen las leyes y la Administración, sus funciones y servicios, al cambiante mundo de la gestión basada en el aseguramiento y control de la calidad, una de las claves del desarrollo exponencial de industrias y servicios en las sociedades en las que la ciencia y la tecnología son el motor principal de sus economías. Fernando Peregrín fue presidente de un comité técnico del Comité Europeo de Normalización, relacionado con sistemas de calidad en el sector de la sanidad. (*) Segunda parte del artículo Con la excusa de la calidad, publicado en EL MUNDO el pasado sábado.http://www.elmundo.es/papel/2006/10/30/espana/2043916.html
ALTO EL FUEGO / Las condiciones de la bandaETA dio de plazo hasta fin de mes para el preacuerdo de la mesa de partidosAntes del robo de las armas todo estaba preparado para plasmar esta semana en un documento las 'bases sólidas' de la futura negociación de un nuevo marco político y jurídico para el País VascoANGELES ESCRIVAMADRID.- ETA dio un plazo para que los partidos cerraran un preacuerdo sobre la mesa política, plazo que se iniciaba sobre el pasado día 20 y que concluía al finalizar octubre. El robo de armas en Francia y las declaraciones que este acto delictivo ha provocado pueden estar influyendo en la marcha de este aspecto del proceso pero, según los datos en poder de los expertos antiterroristas, PSE, Batasuna y PNV tenían hasta el miércoles, aproximadamente, para ultimar las negociaciones que vienen realizando de manera secreta desde hace semanas.Socialistas y nacionalistas aseguran desconocer la existencia de dichos límites temporales. La banda terrorista puede habérselos hecho llegar únicamente a Batasuna y no hay una lectura clara de cuál será el siguiente paso de ETA si alrededor de la fecha señalada no se vislumbran ciertos resultados. De hecho, a escasos días de que finalice el mes, los dirigentes del PSE consultados aseguran que cualquier cuestión relativa a la preparación de la mesa de partidos sigue totalmente abierta y que las negociaciones no están lo suficientemente avanzadas como para que se produzca un anuncio inminente. Sin embargo, los nacionalistas sostienen que el contenido del preacuerdo está prácticamente perfilado y reconocen que, antes del robo, estaban convencidos de poderlo cerrar hacia mediados de semana. La idea es que el resultado de las conversaciones mantenidas se plasme en un documento en el que se establecerán las «bases sólidas» sobre asuntos políticos de fondo con un calendario estimativo sobre cuál puede ser el margen temporal para llevarlos a cabo; un calendario que sólo podría empezar a correr, según las fuentes consultadas, en el momento en el que Batasuna sea legalizada y cuando se produzca una total «ausencia de violencia». En cualquier caso, independientemente de las fechas en las que se cierre el preacuerdo, la mesa oficial y pública no se constituirá probablemente hasta el verano, con el fin de orillar las tensiones que pudieran surgir por la celebración de los comicios municipales. El contenido y la convocatoria de la mesa de partidos se ha convertido en estos momentos en la delicada piedra angular del proceso y su preparación está requiriendo de decisiones que hace pocos meses se hubieran tenido por imposibles. El esquema de dos mesas establecido por Batasuna en el velódromo de Anoeta -una entre el Gobierno y la organización terrorista ETA para hablar de asuntos militares como presos y armas y otra entre los partidos para abordar cuestiones políticas- provocó que, incluso antes del anuncio de alto el fuego, los representantes de las formaciones políticas vascas mantuvieran reuniones bilaterales para preparar la segunda de éstas. Así como la mayoría de los partidos reconocieron estar manteniendo encuentros con Batasuna, los socialistas negaron que ellos estuvieran secundando estas iniciativas. Pero sí consideraron conveniente hacerlo para superar los obstáculos surgidos en el mes de julio, después de que varios miembros de la formación ilegalizada hubieran sido llamados a declarar por los jueces de la Audiencia Nacional. Tras esa escenificación pública, mantuvieron algunos encuentros en privado que tuvieron que ser reforzados a principios de septiembre después del comunicado que la banda terrorista hizo público advirtiendo de que el proceso estaba en un momento de «crisis», y apuntando la necesidad de ir consolidando la vía política. Se creó una situación de bloqueo porque tanto socialistas como nacionalistas recordaron que Batasuna no podría participar en la mesa política mientras no efectuase los trámites para conseguir ser legalizada, y el portavoz de esta formación, Arnaldo Otegi, pidió la firma de un preacuerdo como forma de superar el bache del momento. La gestación de ese preacuerdo se ha estado produciendo desde entonces con los encuentros secretos habidos entre PSE, Batasuna y PNV, que en realidad son los tres únicos partidos imprescindibles para la creación de la mesa política. Según las fuentes consultadas, en estas reuniones no se ha hablado únicamente de reglas de funcionamiento de la futura mesa pública -tales como si la presidencia ha de ser rotatoria o si las decisiones han de ser adoptadas de manera transversal-, sino que se ha entrado en asuntos de fondo -el derecho a decidir o las relaciones entre Euskadi y Navarra-, con el fin de encauzarla del modo más ajustado posible. Se encuentre el preacuerdo en una fase avanzada, tal como indican en el PNV, o se encuentre en una fase menos definida, tal como indican los socialistas, los hechos de los últimas jornadas parecen haber enrarecido el ambiente y sugieren dificultades cuyo alcance tendrá que ser aclarado en los próximos días. No en vano, tras el robo de 350 armas en Francia por parte, presuntamente, de ETA y la advertencia efectuada por el presidente el pasado miércoles, Arnaldo Otegi, puso el sábado otras dos condiciones -la legalización de Batasuna y la anulación de la doctrina Parot- a la del preacuerdo para desbloquear la crisis.http://www.elmundo.es/papel/2006/10/30/espana/2043921.html