Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-240-05.htm
Timestamp: 2019-05-24 01:33:18
Document Index: 225538651

Matched Legal Cases: ['Artículo 50', 'artículo 39', 'artículo 118', 'artículo 50', 'artículo 41', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 50', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 50', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 50', 'artículo 53', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 53', 'artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 118', 'artículo 39', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 50']

C-240-05
Artículo 50, parcial de la Ley 712 de 2001 “por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo”.
3. Podrá efectuar los actos procesales permitidos para el trabajador aforado, salvo la disposición del derecho en litigio.”
Para sustentar tal afirmación, comienza por recordar que de acuerdo con la Constitución Política de 1991 el trabajo tiene especial protección por parte del Estado y es un derecho fundamental. Así mismo recuerda que el fuero sindical, como garantía del derecho de asociación, se estableció en el artículo 39 de la Carta, y, adicionalmente, es un instrumento previsto por ella para garantizar así mismo la libertad sindical, “antes que la protección de los derechos laborales del trabajador sindicalizado”, como lo dijo la Corte en Sentencia C-381 de 2000.
De la misma manera, manifiesta el demandante que resulta contrario a la Carta Política lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 118-B del Código de Procedimiento Laboral introducido a este por mandato del artículo 50 de la Ley 712 de 2001, en cuanto dispone que la demanda en los procesos de fuero sindical se notifique a la organización sindical “por el medio que el juez considere más expedito y eficaz para que coadyuve al aforado si lo considera”, pues resulta evidente que se le da tratamiento a esta última de “coadyuvante”, pero no la de “demandado”, lo que excluye la notificación personal del auto admisorio de la demanda al representante legal de la asociación sindical, como lo ordena el artículo 41 del mismo Código. Es decir, sería suficiente el envío de “cualquier escrito al sindicato” para surtir esta notificación, aún cuando ya hubiera expirado el término para darle contestación a la demanda, es decir, en cualquier etapa procesal lo que haría nugatoria la garantía constitucional a que se ha hecho referencia.
Por tales razones considera vulnerado el derecho al debido proceso y a la publicidad de las actuaciones judiciales, como quiera que el auto admisorio de la demanda podría ser ignorado inicialmente por la organización sindical de manera que su intervención posterior la privaría del derecho oportuno a la defensa, pues en los procesos de fuero sindical son interesados “en igual forma y con iguales intereses y protecciones constitucionales tanto el trabajador aforado como la organización sindical a la cual pertenece”.
El artículo 50 de la Ley 712 de 2001, acatando la jurisprudencia de la Corte Constitucional autoriza la participación en esta clase de procesos de la respectiva organización sindical de la cual emana el fuero, partiendo para ello del principio según el cual resulta inconstitucional una disposición que excluye al sindicato de participar en tales procesos. De esta manera, el artículo 50 de la Ley 712 de 2001 se ajusta estrictamente a la Constitución Política pues permite a los sindicatos “sin lugar a dubitaciones”, el derecho a “participar en la controversia procesal ya sea instaurando la acción por delegación del trabajador o como coadyuvante, eventos en los cuales podrá efectuar los actos procesales permitidos para el trabajador aforado, salvo la disposición del derecho en litigio”.
Señala además que no encuentra quebrantado el derecho al debido proceso con la posibilidad establecida por la ley para que la notificación del auto admisorio se realice por cualquier medio que el juez encuentre expedito para el efecto, pues la notificación personal no es el único modo de enterar a otro de la admisión de la demanda. Por ello, agrega, “no resulta inconstitucional que la ley contemple una opción diversa a la notificación personal; en cambio, sí vulnera la Carta y el debido proceso la falta de diligencia del operador jurídico al disponer un medio de notificación que no satisfaga la exigencia de efectividad, lo cual configura una vía de hecho más no la inconstitucionalidad de la norma”.
Expresa que el demandante parte del supuesto errado según el cual los sindicatos solo tienen participación en el proceso laboral de fuero sindical como terceros coadyuvantes “más no como verdadera parte”.
En cuanto a la posible violación del derecho al debido proceso por no establecerse como obligatoria la notificación personal a las organizaciones sindicales, estima que “ello no es cierto, pues como se acaba de mencionar la calidad de parte que tienen las organizaciones sindicales en el proceso de fuero sindical constituye en sí una garantía de que se le debe notificar el auto admisorio de la demanda de conformidad con las disposiciones que rigen el procedimiento laboral”.
De esta suerte, “el mecanismo que agilice la notificación personal del auto admisorio de la demanda a la organización sindical propende por una mayor eficacia de la administración de justicia y no viola el debido proceso, ni la publicidad de los actos de la administración de justicia”.
El ciudadano Ernesto Forero Vargas, en nombre del Instituto Colombiano de Derecho Procesal manifiesta que no encuentra quebrantadas las normas constitucionales de cuya violación se acusa al artículo 50 de la Ley 712 de 2001 que introdujo como artículo 118-B del Código de Procedimiento Laboral las normas impugnadas, pues, a su juicio, se encuentran ellas encaminadas a darle efectividad a la Sentencia C-381 de 5 de abril de 2000, en la cual se dijo por la Corte que en los procesos sobre fuero sindical debe darse la oportunidad a la organización sindical respectiva de actuar como parte, desde luego si así se decide por ésta, lo que hace exequible la expresión “podrá” del inciso 1º de la norma acusada.
En virtud de lo anterior, a juicio del interviniente no se incurre en ningún atentado “contra el derecho al trabajo y menos contra el derecho de asociación, pro cuanto al otorgarle la posibilidad a la asociación sindical, le está dando garantías al aforado dentro del proceso de fuero...”.
El señor Procurador General de la Nación en concepto distinguido con el número 3709 de 24 de noviembre de 2004, solicita a la Corte Constitucional declarar exequibles las expresiones “podrá” y “para que coadyuve al aforado si lo considera”, contenidas en el artículo 118-B del Código Procesal del Trabajo incorporado por el artículo 50 de la Ley 712 de 2001; e igualmente solicita declarar exequible la expresión “por el medio que el juez considere más expedito y eficaz”, contenido en el numeral 2º del artículo 118-B del Código Procesal del Trabajo, pero “bajo el entendido que la notificación del auto admisorio de la demanda a las organizaciones sindicales en los procesos de fuero sindical, debe efectuarse en el mismo momento procesal en que se realice la notificación personal al empleador o trabajador aforado demandado”.
El artículo 118-B del Código de Procedimiento Laboral, introducido a este por el artículo 50 de la Ley 712 de 2001, dispuso un mecanismo procesal para garantizar la participación de los sindicatos en los procesos sobre fuero sindical, mediante una intervención “potestativa”, lo cual “resulta razonable ya que la organización sindical no está obligada a actuar en tales procesos, y sí así se hubiere establecido se estaría violando su libertad de disponer de su derecho de accionado”.
La diferenciación entre los intereses individuales del trabajador y los colectivos de la organización sindical llevó al legislador a establecer que ésta última “puede intervenir en los procesos de fuero sindical para instaurar la acción (de reintegro o restitución), por delegación del trabajador (literal a) del artículo 118-B del Código Procesal del Trabajo. Es decir, sólo puede representarlo para proteger su derecho individual laboral si el trabajador así lo decide, y no de oficio, así el derecho de asociación y de libertad sindical resulten vulnerados”.
Si bien es verdad que a los sindicatos se les deja la opción para intervenir o no en estos procesos, ello encuentra justificación en consideraciones de carácter ético o de conveniencia, pues podría ocurrir que “el empleador por una justa causa debidamente comprobada” solicite la autorización judicial para el despido de un trabajador aforado, hipótesis en la cual bien podría el sindicato al conocer la causa en la cual se funda la solicitud de tal autorización, abstenerse de intervenir en el proceso respectivo; y, de la misma manera, si la considera infundada, podría participar en el proceso en cumplimiento de las funciones propias de la organización sindical. Por ello, encuentra que no es inexequible la expresión “podrá” del inciso 1º del artículo 118-B del Código de Procedimiento Laboral.
En relación con la notificación del auto admisorio de la demanda, expresa el señor Procurador General de la Nación que la organización sindical es una persona jurídica, con un domicilio cierto y una representación legal identificada plenamente, circunstancias estas que le permiten “al juez utilizar el medio más expedito y eficaz” que en cada caso concreto se presente, para “dar noticia del inicio procesal”, medios entre los cuales podría utilizar el correo certificado o la práctica de notificación personal por intermedio de un empleado del juzgado dejando las constancias procesales correspondientes.
En cambio, cuando se trata del empleador o del trabajador aforado tal notificación debe hacerse personalmente “porque el derecho a la estabilidad laboral en juego requiere de la certeza del conocimiento de la demanda para efectos de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa”.
Con todo, señala que el legislador “no precisó el instante procesal para efectuar la notificación a la organización sindical, con el fin de garantizar su derecho a la igualdad en el acceso a la administración de justicia y la eficacia en la noticia judicial”, lo cual podría llevar a declarar la constitucionalidad de la norma en cuestión, “bajo el entendido que la notificación del auto admisorio de la demanda debe efectuarse en el mismo momento procesal en que se realice la notificación personal al empleador o trabajador aforado demandado”.
Conforme a lo expuesto, ha de decidirse por la Corte en este caso si la expresión “podrá” contenida en el inciso 1º del artículo 118-B introducido al Código de Procedimiento Laboral por el artículo 50 de la Ley 712 de 2001 viola la Constitución en cuanto establece una intervención potestativa de las organizaciones sindicales en los procesos sobre fuero sindical, o, si por el contrario esta norma se ajusta a la Constitución Política sin quebrantar por ello lo dispuesto en los artículos 2, 29, 39 y 228 de la Carta.
En la misma dirección, el artículo 53 de la Carta señala los principios mínimos que habrá de contener el estatuto del trabajo –no expedido todavía- y el artículo 39 de la Constitución de 1991 señala como uno de los derechos fundamentales el de la asociación sindical, íntimamente ligado con el de la libertad de los trabajadores para fundar y desarrollar sindicatos, esto es, para agruparse en personas jurídicas que, dentro del ámbito señalado por la ley, puedan actuar en su representación para pactar las condiciones de trabajo y, en general, para la defensa colectiva de sus intereses en el marco señalado por la ley.
3.5. De lo expuesto, surge una conclusión inelutable: el fuero sindical no surgió históricamente, ni se encuentra establecido por la ley para la protección individual y aislada de un trabajador, sino que se trata de un mecanismo, ahora con rango constitucional para amparar el derecho de asociación, que no es, así entendido, de interés particular sino colectivo. Por ello, se expresó por la Corte en Sentencia C-381 de 2000 que “el fuero sindical en la medida en que representa una figura constitucional para amparar el derecho de asociación, es un mecanismo establecido primariamente a favor del sindicato, y sólo secundariamente para proteger la estabilidad laboral de los representantes de los trabajadores. O, por decirlo de otra manera, la ley refuerza la protección a la estabilidad laboral de los representantes sindicales como un medio para amparar la libertad de acción de los sindicatos”, es decir, que tal como se dijo por la Corte en Sentencia C-710 de 1996, citada en la anteriormente mencionada, “para los trabajadores que gozan de fuero sindical, la protección se otorga en razón de su pertenencia a un sindicato y como protección a sus derechos de asociación y sindicalización”.
Es decir, al Derecho Colectivo del Trabajo no se le asignaba la trascendencia jurídica que hoy se le reconoce, como ocurre con la Constitución vigente, que expresamente reconoce los derechos de asociación y libertad sindical (artículo 39) y dispone que los convenios internacionales del trabajo forman parte de la legislación interna (artículo 53), al propio tiempo que garantiza el derecho a la negociación colectiva (artículo 55) y el derecho de huelga salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador (artículo 56), normas que se encuentran en plena armonía con el artículo 25 de la Carta en el cual se establece que el trabajo, en todas sus modalidades, tendrá la “especial protección del Estado”.
4.2. Precisamente en virtud del cambio constitucional que se produjo con la promulgación de la Constitución de 1991, en la Sentencia C-381 de 2000, al decidir sobre una demanda de inconstitucionalidad parcial de los artículos 114 y 118 del Código de Procedimiento Laboral con la redacción que a ellos se les dio por los artículos 3º y 6º del Decreto 204 de 1957, adoptado como legislación permanente por el artículo 1º de la Ley 141 de 1961, se expresó por la Corte que el primero de los artículos citados es exequible “siempre y cuando se entienda que, en aplicación del artículo 39 de la Constitución, el sindicato, por medio de su junta directiva, debe ser notificado y será parte en el juicio”; y, con respecto al artículo 118 de ese Código, también se declaró su exequibilidad, “siempre y cuando se entienda que, en aplicación del artículo 39 de la Constitución, el sindicato, por medio de su junta directiva, podrá también interponer la acción de reintegro prevista por el primer inciso y de restitución prevista por el tercer inciso”.
Por lo dicho queda claro que en estos procesos de fuero sindical la citación al sindicato del cual forma parte el aforado será forzosa, es decir, existe para el juez el deber de notificar a la organización sindical el auto admisorio de la demanda y de correrle traslado de la misma, para que el sindicato, como parte en ese proceso decida, en ejercicio de sus funciones y con plena autonomía si participa en el proceso, caso este en el cual podrá efectuar todos los actos procesales que la ley autoriza para quienes actúan como parte y no como terceros en el proceso respectivo. Pero, sin que en ningún caso pueda ser exigida jurídicamente la adopción de una conducta procesal determinada pues, como es obvio, en defensa de sus intereses bien podría el sindicato abstenerse de realizar algunas actuaciones, si así lo considera más procedente. Por ello no se observa por la Corte que la expresión “podrá” del inciso 1º del artículo 118-B del Código de Procedimiento Laboral sea reñida con la Constitución, por cuanto se limita a señalar simplemente la posibilidad de asumir una conducta determinada en el proceso, sin que ello signifique que el juez pueda omitir citar al sindicato mediante la notificación del auto admisorio de la demanda y el traslado correspondiente.
Declarar EXEQUIBLES las expresiones “podrá”, del inciso 1º del artículo 118-B del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, así como el numeral 3º de dicho artículo; y la expresión “por el medio que el juez considere más expedito y eficaz para que coadyuve al aforado si lo considera”, en el entendido según el cual la notificación de dicho auto debe realizarse en la misma oportunidad procesal en que se notifique al demandado, normas incorporadas a dicho Código por el artículo 50 de la Ley 712 de 2001.