Source: http://docplayer.es/14974494-Republica-dominicana-tribunal-constitucional-en-nombre-de-la-republica.html
Timestamp: 2018-11-15 09:11:47
Document Index: 320100868

Matched Legal Cases: ['artículo 92', 'artículo 75', 'artículo 100', 'artículo 75', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 72', 'in fine']

María del Rosario Ortíz Montes
1 SENTENCIA TC/0123/13 República Dominicana EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Referencia: Expediente No. TC , relativo a los recursos de revisión constitucional de sentencia en materia de amparo incoados, de una parte por la Fundación Étnica Integral, Inc. (LA FEI), el Movimiento de Mujeres Domínico- Haitiano, Inc. (MUDHA), Alas de Igualdad, Inc. (ALAS), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Centro Cultural Domínico-Haitiano (CCDH), el Movimiento Social Cultural de Trabajadores Haitianos, Inc. (MOSCTHA), el Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH), la Colectiva Mujer y Salud, Inc. (COLECTIVA), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM); y de la otra parte por la Dirección General de Migración, la Junta Central Electoral y el Ministerio de Interior y Policía, ambos contra la sentencia No. 699/12, del veinticuatro Página 1 de 19
2 (24) de julio de dos mil doce (2012), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, República Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de julio del año dos mil trece (2013). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés y Wilson S. Gómez Ramírez, jueces, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos de la Constitución, 9 y 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No , promulgada el trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la sentencia recurrida 1.1. La sentencia civil No /12, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada en fecha veinticuatro (24) de julio de dos mil doce (2012), por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Página 2 de 19
3 Instancia del Distrito Nacional. Dicho fallo rechazó la acción de amparo incoada por la Fundación Étnica Integral, Inc. (LA FEI), el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas, Inc. (MUDHA), Alas de Igualdad, Inc. (ALAS), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Centro Cultural Domínico-Haitiano Inc. (CCDH), el Movimiento Social Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), el Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH), la Colectiva Mujer y Salud, Inc. (COLECTIVA) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM) contra el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección General de Migración y el Ministerio de Educación No consta en el expediente la notificación de la sentencia previamente descrita. 2. Presentación del recurso en revisión 2.1. En el presente caso, los co-recurrentes, la Fundación Étnica Integral, Inc. (LA FEI), representada por su Director, el señor William Charpantier; el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas, Inc. (MUDHA), representado por su encargada de Administración, la señora Lecedy Luiz; Alas de Igualdad, Inc. (ALAS), representada por su Director, el señor Nesly Julien; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), representada por su presidente, el doctor Manuel María Mercedes Medina; el Centro Cultural Domínico- Haitiano Inc. (CCDH), representado por su Director, el señor Antonio Pol Emil; el Movimiento Social Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), representado por su director, el doctor Joseph Cherubin; el Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH), representado por su director, el señor Virgilio Almánzar; la Colectiva Mujer y Salud, Inc. (COLECTIVA), representada por su directora, la señora Sergia Galván; y el Comité de Página 3 de 19
4 América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM), representado por su directora, la señora Sobeida Cepeda, así como los demás co-recurrentes, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Educación, la Junta Central Electoral y el Ministerio de Interior y Policía, apoderaron a este Tribunal Constitucional de los recursos de revisión contra la sentencia descrita anteriormente, mediante escritos recibidos, ambos en fecha treinta (30) de julio de dos mil doce (2012). Los referidos recursos se fundamentan en los alegatos que se exponen más adelante. 3. Fundamento de la sentencia recurrida 3.1. La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional decidió lo siguiente: PRIMERO: RECHAZA las conclusiones incidentales presentadas por las partes demandadas, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente sentencia; SEGUNDO: EXAMINA en cuanto a la forma, como buena y válida la presente ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO interpuestas por 1.COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH), representada por su presidente, DR. MANUEL MARÍA MERCEDES MEDINA, portador de la Cédula No ; 2.- CENTRO CULTURAL DOMINICO- HAITIANO (CCDH), representada por su Director ANTONIO POL EMIL portador de la cédula No ; 3.- MOVIMIENTO SOCIAL CULTURAL DE TRABAJADORES HAITIANOS, INC. (CDDH), representado por su Director DR. JOSEPH CHERUBIN, portador de la cédula No MOVIMIENTO MUJERES DOMÍNICO-HAITIANAS, INC. (MIDHA), representada por su encargada de Administración, señora LECEDY LUIZ, portadora de la cédula No ; 5. COMITÉ DOMINICANO DE DERECHOS HUMANOS (CDDH), representada por su Director VIRGILIO ALMÁNZAR, portador de la cédula No ; Página 4 de 19
5 6.- COLECTIVA MUJER Y SALUD, INC. (COLECTIVA), representada por su Directora SERGIA GALVÁN, portadora de la cédula No ; 7.- AS DE IGUALDAD, INC. (ALAS), representada por su Director NESLY JULIEN, portador de la cédula No ; 8.- COMITÉ DE AMERICA LATINA; y 9.- CARIBE PARA LA DEFENSA DE LA MUJER (CLADEM), y en cuanto al fondo RECHAZA, la presente acción por las razones que se expresan en el cuerpo de la presente sentencia. TERCERO: DECLARA que la Dirección General de Migración, en modo alguno traza pautas en los recintos escolares relativo a la inscripción y recepción de los hijos de extranjeros no residentes, ni emplea medios o subterfugios legales o de hechos tendentes a menoscabar el derecho a la Educación de los niños, niñas y adolescentes de hijos de extranjeros no residentes, CUARTO: ORDENA a la Secretaría de este Tribunal, notificar la presente sentencia a todas las partes envueltas en el presente proceso, según lo señala el artículo 92 de la Ley No ; QUINTO: DECLARA el procedimiento libre de costas por ser una acción constitucional; 3.2. Los fundamentos dados por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional son los siguientes: En cuanto al Ministerio de Educación: Considerando: Que conforme a la documentación que obra en el expediente, y conforme a las mismas declaraciones que recogen los Diarios de Circulación Nacional que reposan en el expediente, más allá de cualquier duda razonable, no se encuentran hechos que acrediten que el Ministerio de Educación haya trastocado en modo alguno el derecho a la educación; por el contrario, las instrucciones que han impartido la actual Ministra como los anteriores han sido claras y precisas en reconocer el derecho a la educación consagrado en la Constitución Política Dominicana, y en la política clara de recibir a todos los niños que se presenten a los recintos escolares, además los peticionantes Página 5 de 19
6 no han probado esos hechos en el sentido de que exista una negativa, y prueba de la inscripción a todos sin importar distinción, raza o color es el hecho de que el Director General de Migración cursa una comunicación interna con la Ministra de Educación estableciendo que debe de legalizarse el estatus de aquellos extranjeros no residentes al término de la Ley No , es decir, que es de conocimiento que están inscritos los hijos de los extranjeros no residentes; ahora bien, nos llama a la suspicacia el hecho de que el Director General de Migración se inmiscuye en asuntos que no son de su incumbencia, como la amenaza o el amago de que utilizará medios represivos contra quienes inscriban y los planteles escolares que reciban a los hijos de los extranjeros no residentes, por lo que el accionar en contra de Ministerio de Educación no procede, y se hará consignar en la parte dispositiva de esta sentencia. 4. Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión 4.1. Los recurrentes, la Fundación Étnica Integral, Inc. (LA FEI), el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas, Inc. (MUDHA), Alas de Igualdad, Inc. (ALAS), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Centro Cultural Domínico-Haitiano Inc. (CCDH), el Movimiento Social Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), el Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH), la Colectiva Mujer y Salud, Inc. (COLECTIVA) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM), pretenden que sea anulada la sentencia objeto del recurso, alegando: a) Que el objeto del referido amparo Preventivo y Colectivo, era o es, evitar que se llegara a consumar la amenaza hecha por la Dirección General de Migración, el Ministerio de Interior y Página 6 de 19
7 Policía, el Ministerio de Educación y la Junta Central Electoral, la cual consiste en otorgarles un plazo de ocho (8) meses a todos los niños / as extranjeros / as (hijos /as de haitianos nacidos en el país) para que estos regularicen su status migratorio, So pena de ser excluidos o no permitirles la permanencia en los centros educativos nacionales. b) A que la falta de tutelar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales, el Código Civil, de esta población beneficiaría (minoría étnica) de la acción preventivo colectivo, tal amenaza al desarrollo, a la educación, entre otros, persisten aun poniendo en mayor riesgo sus derechos fundamentales amenazados (sic). c) A que el derecho al desarrollo es un derecho intrínseco de una colectividad o grupo determinado, así como el derecho a la paz, en tal sentido, los dominicanos de ascendencia haitiana (los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en territorio nacional constituyen un grupo o minoría étnica), en consecuencia tienen el derecho al desarrollo, el cual para accesar es indispensable contar con una educación adecuada, el cual en principio es un derecho fundamental individual, pero en este caso particular es colectivo; así como el derecho a la paz. d) Que el tribunal que dictó la decisión de amparo, hoy recurrida en revisión, al no valorar a profundidad las pruebas depositadas por los accionantes, y al no entender el objeto del amparo incurrió en denegación de justicia rogada y, en consecuencia, ha provocado una Página 7 de 19
8 desprotección judicial contra los accionantes y la población beneficiaria. e) Los derechos de que se trata se enmarcan dentro de los derechos colectivos; por tanto, deben de ser tutelados por los órganos judiciales correspondientes; y de no hacerlo con la mayor prontitud, podría colocar a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad. f) Con la sentencia hoy impugnada los amparistas continúan en desprotección frente a los poderes de las instituciones accionadas, las cuales quedarían libre y en condiciones de ejecutar sus amenazas, situación que pondría en condiciones muy delicadas los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes hijos e hijas de inmigrantes haitianos, nacidos o no en el país, y que están inscritos en el Sistema Nacional de Educación. g) Que el juez no tomó en serio las pruebas, argumentos, solicitudes y las conclusiones formuladas por los accionantes, así como tampoco la gravedad de los hechos planteados, esta situación provoca la agravación de los derechos en riesgo o amenazados, pudiendo dicha amenaza llegar a materializarse Las recurrentes, Dirección General de Migración, Junta Central Electoral y el Ministerio de Interior y la Policía, pretenden la revocación de los ordinales primero y tercero de la sentencia recurrida. En cuanto a la acción de amparo solicitan que el Tribunal se declare incompetente y, además, que dicha acción sea declarada inadmisible por no haberse notificado directamente al Estado dominicano, por falta de objeto y de calidad, alegando: Página 8 de 19
9 a) Que en la sentencia recurrida se incurrió en violación de los artículos 84 y 85 de la Ley , en razón de que, contrario a lo realizado por los accionantes, la acción de amparo que nos ocupa debió ser instruida conforme a la indicada ley y no conforme a la derogada ley ; que en dicho recurso se presentaron diversas conclusiones incidentales y se concluyó al fondo; sin embargo, el juez a-quo acumuló los incidentes y la excepción de incompetencia (la cual se debe decidir antes) planteados y se reservó el fallo, sin dar su decisión el día de la audiencia como lo establece la ley, fallando posteriormente en fecha veinticuatro (24) de julio de dos mil doce (2012). b) Que también en dicha sentencia se violó lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley , pues a ese tribunal se le señaló que la jurisdicción competente era la contenciosa administrativa, pues las conclusiones de los hoy recurrentes se dirigían a prohibir acciones y dejar sin efecto actos de la administración pública. c) La sentencia recurrida en revisión, además, adolece de violación al derecho de defensa, por no haberse respetado lo establecido en la Ley No sobre representación jurídica del Estado, por lo que se solicitó la inadmisibilidad de la acción por no haberla ejercido directamente en contra del Estado dominicano, sino contra ministerios y organismos que carecen de personalidad jurídica. d) Que las entidades accionantes a lo que aluden es a derechos, tales como la educación, igualdad, nacionalidad, entre otros, no obstante ha sido criterio constante de la doctrina y la jurisprudencia que estos derechos fundamentales son individuales e inherentes a la Página 9 de 19
10 persona, por lo que no pueden ser reclamados de manera colectiva, sino individualmente por quien sea titular del derecho. e) Que a pesar de los accionantes en amparo alegar la intención de dejar fuera de las aulas a un número indeterminado de niños a raíz de una comunicación interinstitucional no vinculante, tanto la Dirección General de Migración como el Ministerio de Educación, han establecido públicamente que no existe impedimento alguno para que los estudiantes se inscriban en las escuelas públicas, y han depositado los requisitos para que se produzca esta inscripción, donde basta con que se presente con una persona mayor de edad, y en lo demás la ley y la constitución, así como los reglamentos son claros, por lo que las conclusiones solicitadas por las accionantes carecen de sentido, pertinencia y objeto legal, no habiéndose probado la existencia de derecho conculcado. Además, si alguien entendiese que alguna ley o reglamento es inconstitucional, para reclamarlo existe la acción en inconstitucionalidad, que es una vía diferente a la acción de amparo. f) Finalmente, el juez violó el principio de inmutabilidad del proceso al excederse en sus atribuciones interpretando acomodaticiamente las conclusiones de los accionantes, las cuales están claramente establecidas en el acto introductivo de instancia. 5. Hechos y argumentos jurídicos de los recurridos y co-recurrentes en revisión 5.1. La Dirección General de Migración, la Junta Central Electoral y el Ministerio de Interior y Policía pretenden que se rechace el recurso interpuesto Página 10 de 19
11 por la Fundación Étnica Integral, Inc. (LA FEI) y compartes, descrito anteriormente, y que se revoquen los ordinales primero y tercero del fallo relativo a la acción de amparo, exponiendo los mismos alegatos de su recurso de revisión Los recurridos y co-recurrentes no depositaron escrito de defensa, a pesar de haberles sido notificado el presente recurso de revisión constitucional mediante la comunicación No. SGTC , del veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012), a requerimiento del Secretario del Tribunal Constitucional, el cual consta en el expediente objeto del presente recurso. 6. Pruebas documentales 6.1. En el trámite del presente recurso de revisión de sentencia de amparo, los documentos más relevantes depositados son los siguientes: a) Comunicación No , de fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012), dirigida por el señor José Ricardo Taveras Blanco, director general de la Dirección General de Migración del Ministerio de Interior y Policía, a la Licda. Josefina Pimentel, ministra de Educación, en la cual se indica: Que al ser de aplicación inmediata, las disposiciones legales citadas deben ser debidamente aplicadas por la DGM. No obstante, conscientes de la necesidad de dar oportunidad a todos los actores del sistema educativo de que los estudiantes regularicen su situación migratoria, la Dirección General de Migración abrió un plazo que vence el próximo primero de junio, el cual hemos respetado sin contratiempos para los estudiantes extranjeros de todos los centros académicos; y, además, dicha comunicación también establece: Que, vista la inminencia del vencimiento del plazo otorgado, la Dirección General de Migración está en la obligación de hacer cumplir las Página 11 de 19
12 prescripciones de la Ley No y de su Reglamento de Aplicación, citados, por esto, nos vemos precisados a utilizar el canal de su ministerio con el objeto de alertar a todos los centros d educación de la República Dominicana que, so pena de incurrir en violación de las normas migratorias, con todas sus consecuencias, éstos no podrán recibir en sus aulas a ningún estudiante extranjero que no haya cumplido previamente con las mismas; procediendo al registro de su condición migratoria en calidad de no residentes, en la sub-categoría de estudiantes ante esta Dirección General de Migración. b) Periódico El Nacional, edición de fecha trece (13) de junio de dos mil doce (2012), contentivo del comunicado dado mediante rueda de prensa celebrada por el director general de Migración y la ministra de Educación, mediante el cual fue dejada sin efecto la comunicación objeto de la acción de amparo. c) Resolución No , de fecha dieciocho (18) de abril de dos mil siete (2007), para la puesta en vigencia del libro Registro del Nacimiento de Niño (a) de Madre Extranjera No Residente en República Dominicana. d) Certificación CASFL-12-12, de fecha veintinueve (29) de junio de dos mil doce (2012), emitida por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; se encuentran registradas en el Centro Nacional de Fomento de las ASFL de dicho ministerio las entidades recurrentes en revisión y accionantes originales: la Fundación Étnica Integral, Inc. (LA FEI), Alas de Igualdad, Inc. (ALAS), el Movimiento Social Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) y la Colectiva Mujer y Salud, Inc. (COLECTIVA). Página 12 de 19
13 II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL 7. Síntesis del conflicto 7.1. Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los alegatos de las partes, en la especie se trata de que producto de la comunicación No , dirigida por el señor José Ricardo Taveras Blanco, director general de la Dirección General de Migración del Ministerio de Interior y Policía, a la Licda. Josefina Pimentel, ministra de Educación, mediante la cual se hacía un llamado a los centros de educación para advertirles que aquellos que inscriban estudiantes extranjeros al margen de la ley, se expondrán a los rigores de la misma, la Fundación Étnica Integral, Inc. y compartes incoaron una acción de amparo en el entendido de que dicha comunicación violaba el derecho a la educación, la nacionalidad, al trabajo, los principios de igualdad y el interés superior del niño. La referida acción de amparo fue rechazada mediante la sentencia objeto del recurso que nos ocupa. 8. Competencia 8.1. Este Tribunal se declara competente para conocer del presente recurso de revisión sobre sentencia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos de la Constitución, 9 y 94 de la Ley No Admisibilidad del presente recurso de revisión 9.1. Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la ley que rige la materia. En este sentido: Página 13 de 19
14 a) El referido artículo establece que: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. b) La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada, por esta razón este Tribunal la definió en la sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo del dos mil doce (2012). c) Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del fondo de este recurso permitirá al Tribunal Constitucional definir la naturaleza del derecho reclamado, la competencia del juez de amparo y la legitimación para accionar. 10. Sobre el fondo de los recursos de revisión constitucional En el presente caso, los co-recurrentes, Dirección General de Migración, Junta Central Electoral y Ministerio de Interior y Policía invocaron ante el tribunal que dictó la sentencia recurrida la excepción de incompetencia, en el entendido de que el objeto de la misma es una decisión administrativa, caso en el cual el artículo 75 de la Ley No , establece lo siguiente: La Página 14 de 19
15 acción de amparo contra los actos u omisiones de la administración pública, en los casos que sea admisible, será de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa El Tribunal Constitucional procederá a anular la sentencia recurrida por haber sido dictada por un tribunal incompetente y, en lugar de enviar el expediente por ante la jurisdicción contencioso administrativa decidirá la acción de amparo, en aplicación del principio de economía procesal Los co-recurrentes, Dirección General de Migración, Junta Central Electoral y Ministerio de Interior y Policía, también alegaron que la acción de amparo era inadmisible, en razón de que la misma no fue notificada al Estado dominicano. En lo que respecta a este pedimento, según el artículo 13 de la Ley No. 1486, de fecha veinte (20) de marzo de mil novecientos treinta y ocho (1938), la forma de notificar al Estado dominicano es la siguiente: El Estado podrá ser notificado, respecto de cualquier asunto, y para un fin cualquiera; 1- En la Secretaría de Estado de Justicia, hablando allí con el Secretario de Estado de Justicia, o con cualquiera de los Sub-Secretarios de Estado de ese ramo, o con el Oficial Mayor de esa Secretaría de Estado; o 2- En la Procuraduría General de la República, hablando allí con el Procurador General de la República, o con uno de sus Abogados Ayudantes, o con el Secretario de esa Procuraduría General; o 3- En la Procuraduría General de una cualquiera de las Cortes de Apelación, hablando allí con el Procurador General de esa Corte, o con uno de sus Abogados Ayudantes, o con el Secretario de dicha Procuraduría; o 4- En la Procuraduría Fiscal de uno cualquiera de los distritos judiciales, hablando allí con el Procurador Fiscal de ese distrito, o con uno de sus Abogado Ayudantes, o con el Secretario de la dicha Procuraduría Fiscal. Página 15 de 19
16 10.4. El Tribunal Constitucional considera, sin embargo, que cuando se trate de notificaciones de actos relacionados con procesos y procedimientos constitucionales, deben tenerse como válidas y eficaces cuando dichos actos hayan sido notificados en las oficinas de la autoridad o funcionario al cual se imputa la violación alegada. Este criterio se sustenta en el principio de informalidad previsto en el artículo 7.9 de la Ley No En el presente caso, la acción fue notificada a la Dirección General de Migración, a la Junta Central Electoral, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Interior y Policía, órganos estatales que contaban con las informaciones y los medios necesarios para responder adecuadamente los cuestionamientos hechos en relación con la comunicación objeto de la acción de amparo. En tal sentido, la irregularidad invocada no se cometió y, en consecuencia, el medio de inadmisión por esta causa debe ser rechazado Los co-recurrentes, Dirección General de Migración, Junta Central Electoral y Ministerio de Interior y Policía, también sostienen que los accionantes carecen de calidad, porque los derechos cuya protección se reclama son individuales y no colectivos En la especie, la acción de amparo se origina en ocasión de la circular emitida por la Dirección General de Migración, comunicación No , de fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012), mediante la cual se prohíbe al Ministerio de Educación la inscripción de los extranjeros en situación de irregularidad migratoria en los planteles escolares de la educación pública El derecho fundamental que se violaría, en la eventualidad de que el Ministerio de Educación implementare la referida circular, es el de la Página 16 de 19
17 educación, un derecho que es, al mismo tiempo, individual y de segunda generación. Dada la naturaleza del indicado derecho fundamental, su protección, en caso de violación, solo puede ser reclamada por su titular. En este orden, las entidades originalmente accionantes y ahora recurrentes, carecen de legitimidad para invocar las violaciones a las cuales se refiere la acción de amparo El tribunal apoderado de la acción de amparo rechazó la misma; sin embargo, lo que debió hacer fue declararla inadmisible, por las razones indicadas anteriormente En virtud de las motivaciones anteriores, procede anular la sentencia recurrida y declarar inadmisible la acción de amparo. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran incorporadas la firma de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza, ni del magistrado Idelfonso Reyes, Juez, en razón de que no estuvieron presentes en la deliberación ni votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Por las razones de hecho y de derecho expuestas, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, los recursos de revisión constitucional de sentencia en materia de amparo incoados, de una parte por la Fundación Étnica Integral, Inc. (LA FEI), el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitiano, Inc. (MUDHA), Alas de Igualdad, Inc. (ALAS), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Centro Cultural Página 17 de 19
18 Domínico-Haitiano (CCDH), el Movimiento Social Cultural de Trabajadores Haitianos, Inc. (MOSCTHA), el Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH), la Colectiva Mujer y Salud, Inc. (COLECTIVA), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM); y de la otra parte por la Dirección General de Migración, la Junta Central Electoral y el Ministerio de Interior y Policía, ambos contra la sentencia No. 699/12, del veinticuatro (24) de julio de dos mil doce (2012), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional interpuesto por la Fundación Étnica Integral, Inc. (LA FEI), el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitiano, Inc. (MUDHA), Alas de Igualdad, Inc. (ALAS), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Centro Cultural Domínico-Haitiano (CCDH), el Movimiento Social Cultural de Trabajadores Haitianos, Inc. (MOSCTHA), el Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH), la Colectiva Mujer y Salud, Inc. (COLECTIVA), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM), contra la sentencia descrita anteriormente. TERCERO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional interpuesto por la Dirección General de Migración, la Junta Central Electoral y el Ministerio de Interior y Policía, y en consecuencia, ANULAR la sentencia recurrida, por haber sido dictada por un tribunal incompetente. CUARTO: DECLARAR INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta por la Fundación Étnica Integral, Inc. (LA FEI), el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitiano, Inc. (MUDHA), Alas de Igualdad, Inc. (ALAS), la Página 18 de 19
19 Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Centro Cultural Domínico-Haitiano (CCDH), el Movimiento Social Cultural de Trabajadores Haitianos, Inc. (MOSCTHA), el Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH), la Colectiva Mujer y Salud, Inc. (COLECTIVA), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM), en razón de que dichas entidades carecen de legitimación. QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la referida Ley No SEXTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a todas las partes. Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente, Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. La presente decisión es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal Constitucional, que certifico. Julio José Rojas Báez Secretario Página 19 de 19