Source: https://www.slideshare.net/kidetza/demanda-con-limite-3-de-junio
Timestamp: 2017-08-16 23:52:03
Document Index: 15689250

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 57', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8']

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1. Numéro de dossier File-number No de demanda COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Conseil de l’Europe – Council of Europe - Consejo de Europa Strasbourg, France - Estrasburgo, Francia REQUÊTE APPLICATION DEMANDAprésentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour under Article 34 of the European Convention on Human Rights and Rules 45 and 47 of the Rules of Court Presentada en aplicación del artículo 34 del Convenio europeo de Derechos Humanos y de los artículos 45 y 47 del Reglamento del Tribunal
2. III. LES PARTIES THE PARTIES LAS PARTESA. LE REQUÉRANT / LA REQUÉRANTE THE APPLICANT EL DEMANDANTE / LA DEMANDANTE (Renseignements à fournir concernant le / la requérant(e) et son / sa représentant(e) éventuel(le)) (Fill in the following details of the applicant and the representative, if any) (Informaciones sobre el / la demandante y su representante si procede)1. Nom de famille .......................................................... 2. Prénom (s) ................................................................. Surname / Apellido(s) First name (s) / Nombre(s) Sexe: masculin / féminin Sex: male / female Sexo: Hombre / mujer3. Nationalité ................................................................. 4. Profession .................................................................. Nationality / Nacionalidad Occupation / Profesión5. Date et lieu de naissance ................................................................................................................................................... Date and place of birth / Fecha y lugar de nacimiento6. Domicile ............................................................................................................................................................................ Permanent address / Domicilio7. Tel. N° ...............................................................................................................................................................................8. Adresse actuelle (si différente de 6.) ................................................................................................................................. Present address (if different from 6.) / Domicilio actual (si diferente de 6.)9. Nom et prénom du / de la représentant(e)1 ....................................................................................................................... Name of representative* / Apellido(s) y nombre(s) del / de la representante*10. Profession du / de la représentant(e) ........................................................................................................................................ Occupation of representative / Profesión del / de la representante11. Adresse du / de la représentant(e) ..................................................................................................................................... Address of representative / Domicilio del / de la representante12. Tel. N° ............................................................................ Fax N°..............................................................................B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE THE HIGH CONTRACTING PARTY LA ALTA PARTE CONTRATANTE (Indiquer ci-après le nom de l’Etat / des Etats contre le(s) quel(s) la requête est dirigée) (Fill in the name of the State(s) against which the application is directed) (Indicar el nombre del (o de los) Estado(s) contra el cual (o los cuales) se presenta la demanda)13. ...........................................................................................................................................................................................__________1 Si le / la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le / la requérant(e) en faveur du/de la représentant(e). A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed. Si el / la demandante está representado(a), adjuntar un poder firmado por el / la demandante a favor del / de la representante.
3. IIIII. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS NOTA: en esta demanda se utilizarán las siguientes abreviaciones:BOE: Boletín Oficial del Estado.CE: Constitución Española.CEDH: Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertadesfundamentales.CGPJ: Consejo General del Poder JudicialCP: Código Penal.FJ: Fundamento Jurídico.LO: Ley Orgánica.TC: Tribunal ConstitucionalSTC: Sentencia Tribunal Constitucional.TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos.STEDH: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.14. PRIMERO.- El 25 de noviembre de 2003, las Cortes Generales del Reino de Españaaprobaron la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modificó la LeyOrgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Dicha ley, en el apartado decimoséptimo de su artículo único (BOE nº 283, delmiércoles 26 noviembre 2003, Pág. 41847), modificó el Código Penal hasta entonces vigenteen los siguientes términos:“Decimoséptimo. Se modifica el artículo 57, que queda redactado como sigue: «1. Los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra lalibertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, laintimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, elpatrimonio y el orden socioeconómico, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligroque el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una ovarias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá dediez años si el delito fuera grave o de cinco si fuera menos grave. No obstante lo anterior, si el condenado lo fuera a pena de prisión y el juez o tribunalacordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por un tiemposuperior entre uno y 10 años al de la duración de la pena de prisión impuesta en la sentencia,si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave. En este supuesto, lapena de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán necesariamente por elcondenado de forma simultánea. 2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 deeste artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté ohaya estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sinconvivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción oafinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con élconvivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda dehecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por laque se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre laspersonas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda III.1
4. en centros públicos o privados se acordará, en todo caso, la aplicación de la pena prevista enel apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fueragrave o de cinco si fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo delapartado anterior.» SEGUNDO.- El 28 de diciembre de 2004, las Cortes Generales del Reino de Españaaprobaron la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integralcontra la Violencia de Género, por la que se modificaron la Ley Orgánica 10/1995, de 23 denoviembre, del Código Penal; la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembrede1882; la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; la Ley Orgánica 6/1985, de 1de julio, del Poder Judicial; la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y PlantaJudicial; la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del MinisterioFiscal; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la LeyOrgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo; la LeyOrgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación; la Ley 34/1988, de 11 denoviembre, General de Publicidad; el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, delEstatuto de los Trabajadores; el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, de la LeyGeneral de la Seguridad Social ; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reformade la Función Pública; la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957 y la Ley 1/1996, de 10de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Esta Ley Orgánica provocó la mayor reforma del sistema judicial español a lo largo desu historia y la más polémica, pues ha contado con informes previos totalmente desfavorablesdel Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, pero desoídos por el legisladornacional. Inclusive esta ley ha contado con más de 100 cuestiones de inconstitucionalidadinterpuestas por los tribunales, de las que buena parte se encuentran aún sin resolver. TERCERO.- Contra ambas leyes orgánicas antes detalladas, varios Juzgados dediferente orden jurisdiccional y también Audiencias Provinciales, interpusieron multitud decuestiones de inconstitucionalidad, planteando al Tribunal Constitucional diversasvulneraciones a varios principios y derechos protegidos por la Constitución Española,correlativos a la protección que gozan en el CEDH; de los cuales para el caso que nos interesapor motivos de seguridad jurídica, al haber sido resueltas por el Tribunal Constitucional ypublicadas en el BOE en los últimos 6 meses, detallaremos únicamente las siguientescuestiones de inconstitucionalidad: a) Juzgado de lo Penal nº20 de Madrid: en su Auto de fecha 29 de junio de 2005, planteó la cuestión de inconstitucionalidad que se tramitó con nº 4976-2005, donde destaca que el art. 57.2 CP antes de la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, fue una sanción de aplicación discrecional, la única pena accesoria potestativa. Su aplicación dependía de un juicio de pronóstico sobre reiteración delictiva que habría de verificarse a partir de la gravedad del hecho y la peligrosidad del autor. Pero con la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, la pena es obligatoria y se priva a la víctima, en este caso a la mujer, de la facultad de decidir sobre su propia vida y futuro, pasando la mujer de estar sometida a su pareja a estarlo del Estado, al contrario de todas las terapias relacionadas con la violencia doméstica, donde el objetivo prioritario es que la mujer recupere el control de su vida. Imponerle una prohibición o una medida de protección que ella no desea es persistir en el mito de que es incapaz de decidir por sí misma. III.2
5. Razona el juzgado que con este tipo de soluciones legislativas se siembra lasospecha sobre las decisiones de la mujer que opta por mantener la convivencia,como si encerrara una patología. Amén de ello, criminaliza a la propia víctima sicolabora en el quebrantamiento de la medida, bien a título de inductora bien comocooperadora necesaria. Como normas constitucionales infringidas menciona el juzgado en primerlugar, la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE). A este respecto recuerda queen la exposición de motivos de la Ley Orgánica 15/2003, no figura ningunareferencia a la supresión del carácter potestativo de la pena y su transformacióncomo obligatoria para los supuestos en los que la víctima tuviera una ciertarelación afectiva o familiar con el condenado, ausencia de justificación que viene aser contradictoria con la propia redacción del precepto. También entiende vulnerado el principio de personalidad de las penas,protegido por el art. 25.1 CE, que establece el carácter personal de laresponsabilidad penal en relación a hechos propios y el límite al poder punitivo delEstado. En cuanto al principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), el juzgado apunta quedesde la perspectiva del ofendido, la ruptura de la convivencia matrimonial ofamiliar decretada por el Estado sin su consentimiento es una privacióninjustificada de derechos, que en el orden jurisdiccional penal ha de conceptuarseen la categoría de pena. La vulneración del mencionado principio se producecuando el precepto establece una sanción que no está anudada a una previainfracción (garantía penal, art. 25.1 CE) y se aplica sin un juicio previo (garantíajurisdiccional, arts. 24.2 CE). Sobre el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), apunta el Juezpromotor de la cuestión que la carga que supone esta pena para la libertad dedecisión de la víctima sobre su proyecto vital, contraviene el mandato deprotección a la familia, respecto a las uniones de hecho y las relaciones paterno-filiales del art. 39.1 CE. En el caso sometido al conocimiento del Juez que plantea la cuestión, elderecho a convivir en matrimonio del art. 32.1 CE "ha de funcionar comoreferente" puesto que "resultaría intolerable desde el principio de igualdad (art. 14CE) que se admitieran distintos niveles de garantía a favor de la unión enmatrimonio, pues el derecho a mantenerse en convivencia de pareja, al margen desu condición matrimonial, consiste en la reserva de un espacio de libertad inmunea la acción de los poderes públicos, cuando no existieren razones excepcionalesque justificaran una injerencia para proteger a la víctima frente a la otra parte". Sostiene el Juez, a la vista de la regulación que de la institución matrimonial yde la separación se contiene en el Código Civil, que "la pena de alejamiento, laseparación de los convivientes, no puede acordarse por el Estado sin elconsentimiento de uno de los contrayentes porque vulneraría el libre desarrollo dela personalidad en relación a la institución familiar." Se refiere finalmente el Juez promotor de la cuestión, a la libertad como valorsuperior del ordenamiento jurídico, en referencia a la vulneración de la nuevaredacción del art. 57.2 CP respecto a la libertad de circulación del condenado (art.19 CE); el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art.9.3 CE); el principio de personalidad de las penas y el principio de legalidad penal(art. 25.1 CE); con carácter subsidiario al derecho al libre desarrollo de lapersonalidad (art. 10.1 CE), el valor superior de la libertad (art. 1.1 CE); y elprincipio de protección a la familia y a los hijos (art. 39 CE). III.3
6. El TC desestimó la cuestión de inconstitucionalidad por STC 81/2010, de 3 de noviembre de 2010 (BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, Pág.1: http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18644.pdf), apoyándose en el FJ8 de su anterior STC 60/2010, de 7 de octubre de 2010 (BOE nº 262, de 29 de octubre de 2010, Pág. 119: http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/29/pdfs/BOE- A-2010-16548.pdf).b) Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona: en su Auto de fecha 11 de octubre de 2005, planteó la cuestión de inconstitucionalidad que se tramitó con nº 7728-2005, también contra el art. 57.2 CP, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Plantea la Audiencia Provincial, que la pena de alejamiento afecta de forma importante a la víctima e interfiere en sus relaciones personales y familiares. En aquellos supuestos en que la víctima es el cónyuge o la pareja de hecho y haya, además, hijos comunes, la medida implica la suspensión del régimen de visitas, comunicación y estancia con los menores, con lo que se acaba produciendo efectos reflejos para terceros no afectados por el delito. Tal afectación de derechos de personas que no son el condenado, sin su consentimiento y, en mayor medida cuando es contra su voluntad, supone una vulneración del valor superior de la libertad (art. 1.1 CE), en relación con el derecho fundamental a la dignidad de la persona que se reconoce en el art. 10.1 CE, del derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE), del art. 39 CE que obliga a los poderes públicos a proteger a la familia y a los hijos. Añade que en el caso concreto se infringe el art. 49 CE que obliga a la protección, atención especializada y especial amparo para el disfrute de sus derechos a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales por parte de los poderes públicos, en tanto que las condiciones del condenado le hacen necesitado y dependiente de los cuidados de su madre. Sostiene el órgano judicial que «es esencial contar con la opinión de la víctima, valorar las circunstancias del delito y de las personas implicadas para decidir la imposición o no de una pena, pues pueden darse muchos casos como el que motiva este proceso, en los que la levedad de la acción y las demás circunstancias que concurren pongan de manifiesto que las razones que justifican la prohibición no existen desde la perspectiva de la víctima, por lo cual la imposición automática y obligatoria de la pena supone la lesión de varios de sus derechos fundamentales». Continua afirmando la Sala que el art. 57.2 CP, infringe el principio de legalidad, en su vertiente material, contenido en el art. 25.1 CE (concretado en los principios de lesividad y proporcionalidad y personalidad de las penas), al establecer una sanción para el condenado que trasciende a la víctima, sin haber cometido ningún hecho delictivo, sin darle audiencia y sin que dependa de actuación alguna por su parte, al ser sancionada por hecho de otro, sin juicio previo y sin respetar el derecho de defensa. Considera conculcado el principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos, pues la modificación introducida en la Ley Orgánica 15/2003 no explica las razones que justificarían el carácter obligatorio de la imposición, lo que unido a lo anteriormente expuesto, privan de legitimación a la reforma. La Audiencia Provincial de Barcelona aprecia asimismo, que la regulación del art. 57.2 CP no tiene en cuenta el mandato constitucional de la función rehabilitadora de la pena (art. 25.2 CE), aplicable a cualquier tipo de pena, aun cuando se imponga específicamente sólo para la pena y medida de seguridad privativa de libertad, pues «si se impone en todo caso esta prohibición de III.4
7. acercamiento, cualquier posibilidad de arrepentimiento y modificación de su conducta en el autor del hecho queda frustrada». Termina indicando que la imposición obligatoria de la prohibición de acercamiento, lesiona en los casos en que no concurra la gravedad y peligrosidad que hacen razonable el alejamiento, el principio de proporcionalidad de la pena, al implicar la imposición en muchos casos de una pena no necesaria. El TC desestimó la cuestión de inconstitucionalidad por STC 82/2010, de 3 de noviembre de 2010 (BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, Pág.13: http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18645.pdf),también apoyándose en su anterior STC 60/2010, de 7 de octubre de 2010, indicada en el Punto a).c) Juzgado de lo Penal nº1 de Huesca: en su Auto de fecha 14 de septiembre de 2006, planteó la cuestión de inconstitucionalidad que se tramitó con nº 9201-2006, en relación a las dos leyes orgánicas: la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. En relación a la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, el órgano judicial planteó que la consecuencia que dicha reforma operó en el art. 57.2CE, produce un menoscabo del valor superior de la libertad, de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de su personalidad (arts. 1.1, 9.2 y 10.1 CE) en relación con el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) y con los derechos a la integridad física y moral (art. 15 CE), a la libertad de ideas y creencias (art. 16 CE) y a la libertad personal (art. 17.1 CE); pudiendo también afectar a la protección de la familia (art. 39 CE) en cuanto impida la unidad familiar. Desde otra perspectiva, la imposición forzosa de la pena de alejamiento lesionaría el derecho de la víctima a no padecer indefensión (art. 24.1 CE), puesto que se le impondría una medida que indefectiblemente le afecta sin haber sido oída o, incluso, contra su expresa voluntad. Igualmente, dice el Juzgado de lo Penal nº1 de Huesca, que todo ello resulta contrario al art. 25.1 CE, pues supone la aplicación de una pena a quien no ha cometido ilícito penal alguno, puesto que, dada su inescindible bilateralidad, se haría imposible la efectividad del alejamiento sin afectar a la libre determinación de la víctima. Consecuentemente, el Juzgador entiende que el art. 57.2 CP, en su expresión "se acordará, en todo caso", infringe los preceptos constitucionales indicados. En relación a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, los motivos en los que se sustenta la cuestión de inconstitucionalidad son los siguientes: I) La previsión de diferentes penas para idénticas conductas en consideración al único dato de que sean realizadas por un hombre o una mujer resulta contrario al valor superior de la igualdad y a la interdicción de diferencias de trato que resulten contrarias a la dignidad de la persona, entre las que se encuentra la discriminación por razón de sexo (arts. 1.1, 9.2, 10.1 y 14 CE). II) El art. 153.1 CP resulta contrario a los arts. 15, 17.1 y 25.1 CE en cuanto restringe la libertad de la víctima sin motivo que lo justifique, implicando una pena degradante y sin proporción con el fin pretendido. III) La presunción legal de un abuso de superioridad en la actuación del varón sobre la mujer vulnera el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); al III.5
8. tiempo que la asimilación de la mujer a las personas especialmente vulnerables menoscaba su dignidad (art. 10.1 CE). IV) Por último, la protección de la familia asegurada por el art. 39 CE determina que sea el grupo en su conjunto el que haya de ser protegido y que no deba imponerse una mayor coacción jurídica sobre el hombre que sobre la mujer. El Pleno del Tribunal Constitucional desestimó ambos planteamientos, por STC 83/2010, de 3 de noviembre (BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, Pág. 18: http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18646.pdf), al haber sido ya resuelta la inconstitucionalidad planteada en su anterior STC 60/2010, de 7 de octubre ya citada, en lo referente a la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre; y en lo referente a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, por haber sido ya resuelta dicha cuestión por el Tribunal Constitucional en sus STC 59/2008, de 14 de mayo (BOE nº 135, de 4 de junio de 2008, Pág. 14: http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/04/pdfs/T00014-00035.pdf) y por STC 81/2008, de 17 de julio (BOE nº 200, de 19 de agosto de 2008, Pág. 13: http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/19/pdfs/T00013-00018.pdf).d) Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres: en su Auto de fecha 21 de mayo de 2007, planteó la cuestión de inconstitucionalidad que se tramitó con nº 7790-2007, suscitando las vulneraciones que la nueva redacción del art. 57.2 CP produce en la Constitución Española en casi idénticos términos a lo expuesto por los distintos órganos jurisdiccionales antes mencionados, salvo en el reproche que introduce contra el precepto penal cuestionado por no identificar con suficiente nitidez el bien jurídico que trata de proteger, dada la multiplicidad de delitos a los que se aplica, no sólo a los delitos de lesiones o maltratos habituales, sino también a los delitos contra el honor o contra el patrimonio, en los que no ha existido peligro alguno para la indemnidad de la víctima. También a diferencia del planteamiento de la mayoría de las cuestiones de inconstitucionalidad antes reseñadas, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres razona sobre las desproporcionadas consecuencias del alejamiento impuesto en aquellos supuestos, frecuentes en la justicia penal, de conflictos paternofiliales en los que el acusado está afectado por anomalías psíquicas o dependencia al alcohol o al abuso de drogas, y la pena de alejamiento obligatoria se convierte en un obstáculo para el progreso de tratamientos terapéuticos, que necesitan del apoyo de la familia para su evolución y éxito (art.49 CE). Esta cuestión fue planteada igualmente por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona (Punto b). El TC desestimó la cuestión de inconstitucionalidad por STC 84/2010, de 3 de noviembre (BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, Pág. 25: http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18647.pdf), apoyándose en su anterior STC 60/2010, de 7 de octubre de 2010, indicada en el Punto a).e) Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz: en su Auto de fecha 21 de enero de 2008, planteó la cuestión de inconstitucionalidad que se tramitó con nº 5163-2008, cuestionando el art. 57.2 CP tras la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por considerar que infringe el art. 1 CE (dignidad de la persona), el art. 10.1 CE (libre desarrollo de la personalidad), el art. 19.1 CE (libertad de elegir residencia y derecho a circular por el territorio nacional), el art. 24.1 CE (como manifestación de la garantía jurisdiccional) el art. 25.1 CE (como III.6
9. manifestación de la garantía penal y del principio de personalidad de las penas) y el art. 32 CE (como manifestación del derecho a convivir en matrimonio), trasladable a las uniones de hecho libremente consentidas por aplicación del principio de igualdad (art. 14 CE). El Pleno del TC desestimó la cuestión de inconstitucionalidad por STC 85/2010, de 3 de noviembre (BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, Pág. 33: http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18648.pdf), apoyándose también en su anterior STC 60/2010, de 7 de octubre de 2010, indicada en el Punto a).f) Juzgado de lo Penal nº 4 de Valencia: en su Auto de fecha 16 de marzo de 2009, planteó la cuestión de inconstitucionalidad que se tramitó con nº 3213-2009, en referencia a la nueva redacción del art. 57.2 CP y en casi idénticos términos a los planteados por los demás órganos jurisdiccionales señalados. El Pleno del TC desestimó la cuestión de inconstitucionalidad por STC 86/2010, de 3 de noviembre (BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, Pág. 37: http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18649.pdf), apoyándose también en su anterior STC 60/2010, de 7 de octubre de 2010, indicada en el Punto a).g) Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Arenys de Mar: sus Autos de fecha 5 y 13 de octubre de 2005, fueron acumulados en las cuestiones de inconstitucionalidad nº 7259-2005 y 7542-2005, en relación al art. 57.2 CP en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por su contradicción con los artículos 1.1, 10.1, 15.1, 18.2 y 19 de la Constitución, en similares términos a los demás órganos jurisdiccionales ya reseñados, salvo que los acusados aceptaron una condena en conformidad y en ambos casos las víctimas solicitaron formalmente al juzgado, que no se aplicara la pena de alejamiento. En este sentido, el Juez promotor recuerda que el TEDH, en su Sentencia de 8 de abril de 2004, Caso Haase vs. Alemania, en interpretación del artículo 8 del Convenio, el Alto Tribunal entendió vulnerado dicho precepto. Al examinar si la medida estaba justificada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que toda injerencia en el derecho a la vida privada ha de ser acorde con la ley, debe satisfacer alguno de los fines del apartado 2 del artículo 8 y, además, debe ser necesaria en una sociedad democrática. La noción de necesidad implica, por lo tanto, en la consideración del Juez promotor de la cuestión, que la interferencia corresponda a una necesidad social urgente que, además, ha de ser proporcionada con respecto al fin legítimo perseguido, condiciones que no cumple la norma cuestionada. Como concepto jurídico novedoso respecto a las otras cuestiones de inconstitucionalidad arriba reseñadas, el Juez considera que en los casos analizados, la aplicación del art. 57.2 CP, a la vista de las circunstancias personales que concurren en los acusados, supone también para ellos la imposición de una pena inhumana o degradante (art. 15 CE), pues les apartaría de las únicas personas –su familia o compañeros afectivos–, que ante la falta de respuesta institucional, controlan permanentemente la evolución de su patología, que en muchos casos es psiquiátrica. Tal situación atenta contra la dignidad de las personas acusadas, pues las expulsa del cuerpo social, las condena a la degradación como seres humanos, a III.7
10. la inexistencia de tratamiento médico y consiguientemente, dada la naturaleza de la patología que padecen, al correlativo sufrimiento físico y psíquico derivado de la pérdida de sus capacidades personales. El Pleno del TC desestimó la cuestión de inconstitucionalidad por STC 116/2010, de 24 de noviembre (BOE nº 312, de 24 de diciembre de 2010, Pág. 31: http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19814.pdf), apoyándose también en su anterior STC 60/2010, de 7 de octubre de 2010, indicada en el Punto a) y desestimando la vulneración del art. 15 CE porque el juez promotor presume que pudieran llegar a producirse dichos quebrantos por la aplicación de la pena, siendo inadecuada para el TC, una interpretación de la norma por sus consecuencias futuras. h) Juzgado de lo Penal núm. 1 de Mataró: sus Autos de fecha 27 de febrero y 5 de noviembre de 2009, fueron acumulados en las cuestiones de inconstitucionalidad nº 2155-2009 y 9610-2009, en relación al art. 57.2 CP en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, coincidiendo básicamente con los planteamientos de los demás órganos jurisdiccionales detallados anteriormente, salvo en la introducción de otra cuestión de vulneración por motivo específico de la situación laboral de los sujetos activos y pasivos del delito en ambos casos planteados, donde la prohibición de acercamiento producía una afectación al derecho a la libertad de profesión u oficio (art. 35.1 CE). El Pleno del TC desestimó la cuestión de inconstitucionalidad por STC 119/2010, de 24 de noviembre (BOE nº 312, de 24 de diciembre de 2010, Pág. 50: http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19817.pdf), apoyándose también en su anterior STC 60/2010, de 7 de octubre de 2010, indicada en el Punto a) y desestimando las vulneraciones no tratadas allí como la del art. 35.1CE por no haber sido planteadas a las partes en el trámite previo, a pesar que sí fueron planteadas por el Juzgado promotor por Providencia como se aprecia en la propia redacción de los hechos de la STC 119/2010 en el punto Antecedentes 2.b). Por tanto, fundamentaremos esta demanda por las violaciones al Convenio en base alas alegaciones planteadas en estas cuestiones de inconstitucionalidad ante el TribunalConstitucional, y agregaremos nuestras propias alegaciones que no tienen posibilidad de serplanteadas ante ninguna jurisdicción dentro del Estado Parte, como acreditaremos en laexposición relativa a las condiciones de admisibilidad del art.35.1 del Convenio. CUARTO.- Tras la proclamación de las dos leyes nacionales LO 1/2004 y LO15/2003, los parlamentos autonómicos también desarrollaron leyes que extendieron einclusive agravaron algunos supuestos que contemplaban las leyes nacionales, dentro delámbito autonómico: - Andalucía: Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención yprotección integral contra la violencia de género; - Galicia: Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamientointegral de la violencia de género; - Aragón - Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a lasMujeres Víctimas de Violencia en Aragón; III.8
11. - Cantabria - Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la ViolenciaContra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas; - Cataluña - Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar laviolencia machista; - Murcia - Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y deProtección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia; - Canarias - Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de lasMujeres contra la Violencia de Género; - Madrid - Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de laComunidad de Madrid; - Castilla y León - Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género enCastilla y León. Estas leyes no fueron recurridas o cuestionadas constitucionalmente ante ningúntribunal por las autoridades nacionales que podían hacerlo, por lo cual no existenpronunciamientos internos dictados por el Tribunal Constitucional. En el caso de la ley 13/2010 de 9 de diciembre, contra la violencia de género enCastilla y León, inclusive acudimos dentro del plazo de 6 meses desde la proclamación de laley. III.9
12. IVIII. EXPOSICIÓN DE LAS VIOLACIONES AL CONVENIO Y SUS PROTOCOLOS15. I. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género: Violación del art.14 del Convenio y del art. 1 del Protocolo 12, autónomamente y en relación a los art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 y art. 10 del Convenio. II. Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: Violación del art. 14 y art. 1 del Protocolo 12, en relación al art. 6, art.7 y art. 8 del Convenio. III. Leyes autonómicas de violencia de género de Andalucía, Galicia, Aragón, Cantabria, Cataluña, Murcia, Canarias, Madrid y Castilla-León: violación del art. 14 y art. 1 del protocolo 12, en relación a los art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 y art. 10 del Convenio IV. Falta de independencia e imparcialidad del tribunal constitucional: Violación del art. 6.1. Las mujeres, hombres y asociaciones firmantes de esta demanda, comprometidos con la igualdad efectiva entre todos los seres humanos, destacamos ya desde el inicio que, naturalmente y como no podía ser de otra manera, aplaudimos todos los avances logrados a nivel mundial en materia de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, alcanzado particularmente en Europa. Reprobamos asimismo todos aquellos casos de violencia doméstica que atentan gravemente contra el grado de igualdad logrado y repudiamos cualquier menoscabo interno y externo desde y hacia los diferentes componentes del núcleo familiar en razón de su pertenencia a determinado sexo, porque desestructura injustificadamente con nocivas consecuencias a esta célula básica de convivencia que es la familia, como cimiento de toda sociedad democrática que se precie como tal. Y es por ello que acudimos al Tribunal impugnando la LO 1/2004, de 28 de diciembre y la LO 15/2003, de 25 de noviembre, conjuntamente con todas las leyes autonómicas del Estado español en la materia, pues estas leyes precisamente bajo la actitud aparentemente neutra de promover la igualdad y combatir la violencia contra la mujer, lo que ha generado en realidad, es desigualdad y conflicto donde antes no lo había, provocando trágicas consecuencias en la vida de hombres, mujeres y niños en España, incumpliendo el loable objetivo primario propuesto e incurriendo en el concepto jurídico de desviación de poder del Estado, por consagrar un lucrativo negocio en favor de determinados intereses ideológicos. Se promueve así el fraude de derecho con afrenta grave al concepto de igualdad, con un desproporcionado coste social consistente en vidas humanas destruidas (asesinatos y suicidios), niños separados cruelmente de sus padres y resto de familiares, provocando finalmente, la supresión del goce de los más elementales derechos fundamentales que protege el Convenio, siendo ello de forma insostenible e inadmisible para cualquier sociedad democrática que se precie. Las políticas basadas en el género han sido incorporadas en España desnaturalizando el concepto de igualdad, adoctrinando a la sociedad y forzando a los mass media, a promover una demonización de la figura del hombre, imponiendo legislativamente y protocolariamente, un prejuicio de intrínseca maldad masculina, bajo una excusa IV.1
13. aparentemente neutra y loable que es la erradicación de toda forma de violencia contra lasmujeres, pero que en realidad alienta al odio contra el hombre actual culpándole de lasdesigualdades sufridas por las mujeres en el pasado, instaurando jurisdicciones especialespropias de la antigua Europa, que ha dejado tan tristes y vergonzosos recuerdos.Ello es abiertamente discriminatorio, contrario al pluralismo y al deber de neutralidadideológica del Estado que prohíbe a éste incurrir en cualquier forma de proselitismo,contrario al derecho de los ciudadanos a recibir información e ideas libres de injerencias porparte de los poderes públicos, todo ello con quebrantamiento del principio de igualdad y delderecho a la no-discriminación.Demostraremos que estas injerencias no están avaladas por la Ley, no tienen un objetivolegítimo ni razonable, ni tampoco son necesarias en una sociedad democrática;acreditaremos que las medidas penales son desproporcionadas y gravementediscriminatorias, y por tanto, las leyes impugnadas son contrarias al art. 14 y al art. 1 delProtocolo 12, en relación a los art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 y art. 10 del Convenio.Primeramente expondremos el concepto de ideología, la forma en la cual se ha implantadoen España y el motivo por el cual se han proclamado las leyes que denunciamos comocontrarias al Convenio.1. Concepto de IdeologíaAcudimos a Wikipedia buscando una definición del concepto de Ideología(http://es.wikipedia.org/wiki/Ideología), entendiendo que al ser una enciclopedia on-line,multicultural y posible de ser modificada por el público en general, puede garantizar que losconceptos allí expuestos gozan de cierto nivel de consenso general.Allí se explica que “Las ideologías suelen constar de dos componentes: una representacióndel sistema, y un programa de acción. La primera proporciona un punto de vista propio yparticular sobre la realidad, vista desde un determinado ángulo, creencias, preconceptos obases intelectuales, a partir del cual se analiza y enjuicia (crítica), habitualmentecomparándolo con un sistema alternativo, real o ideal. El segundo tiene como objetivoacercar en lo posible el sistema real existente al sistema ideal pretendido.”Prosigue Wikipedia indicando que, la ideología “se ha asociado con mayor fuerza a lapolítica, donde el clientelismo de los partidos impone unos intereses estrechos y cerrados.En su desarrollo lleva a que el comportamiento humano derive en una continuada falsacreencia, en un falso pensamiento y de ahí a una falsa práctica social.”En el apartado “Dogmatismo de las ideologías”, expone Wikipedia que “cualquier ideologíase ve a sí misma como la depositaria de las ideas que pueden resolver cualquier problemade la sociedad, ya sea presente o futuro.Esto convierte a la ideología en un dogmatismo, pues se cierra a las ideas de los demáscomo posible fuente de soluciones a los problemas que se plantean en el día a día, siendoella la explicación total y última; lo que algunos llaman explicación feroz.Ideologías camino al totalitarismoSegún lo señalado en el párrafo anterior, en casos extremos, una ideología puede llevar anegar la posibilidad de disentir, dando por verdad irrefutable sus postulados.Llegados a considerar la ideología como verdad irrefutable, se abre el camino altotalitarismo, bien sea de tipo político o religioso, (Teocracia). IV.2
14. Cualquiera que disienta pasa a ser un problema para la sociedad o el grupo, pues va contrala verdad dogmática que proclama la ideología.Trasladado lo anterior al presente caso, demostraremos que el Estado español impone unascondiciones actuales de la sociedad desde un punto de vista preconcebido irreal (como es lamaldad o violencia específicamente masculina que se impone legislativamente) y que enbase a ello se fuerza a la trasformación de la sociedad (en base a exclusivos privilegios paramujeres como personas débiles y especialmente vulnerables en todos los ámbitos y casos).Así, la interpretación del Estado español de las políticas basadas en el género (Gender-sensitive policies), son “Ideología” y por tanto prohibida su imposición por parte del Estado,según la jurisprudencia del Tribunal que reproduciremos más adelante.2.- La implantación ideológica en EspañaEs ya mundialmente conocido, que España es el país donde se ha cumplido en gradomáximo con la “agenda de género” (gender agenda). a) A nivel de Poder Ejecutivo, para implantar la ideología respecto a la maldadinnata de los hombres y la fragilidad de las mujeres en todos los casos y ámbitos, se creó elMinisterio de Igualdad que no alcanzó a completar ni una legislatura por la dilapidación delgasto público y la corrupción en la adjudicación de contratos, descubierta por el Tribunal deCuentas. (http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/10/espana/1297335386.html)Todas las instituciones públicas del Gobierno Central, Comunidades Autónomas yAyuntamientos bajo gestión de cualquier partido político, tienen Observatorios,Departamentos, Consejerías y Concejalías de la Mujer o de la Igualdad, que actúanexclusivamente en favor de la mujer invisibilizando la violencia sufrida por los hombres ysus hijos.Además desde hace muchos años funciona en España un Instituto de la Mujer con cargo alos fondos púbicos, que ofrece servicios integrales únicamente para mujeres.El Instituto de la Mujer gestiona además los miles de millones recibidos de los FondosEstructurales de la Unión Europea destinados a la Igualdad, que en el Estado español esentendida solamente como privilegio y atención exclusiva hacia la mujer.En España no existe ni una sola institución pública que se ocupe de investigar losproblemas específicos de los hombres, y mucho menos de ofrecer datos sobre susnecesidades.Ningún organismo investiga las causas de la elevada tasa de suicidio masculino (6 hombresse suicidan en España cada día, más del triple que las mujeres), ni la violencia domésticaque sufren (no se recogen datos), ni por qué los accidentes laborales terminan con absolutaprevalencia de muerte o lesión grave de hombres (durante 2009, Muertos: 598 hombres/34mujeres, Graves 4.522 hombres/660 mujeres, Fuente: Mº Trabajo). b) A nivel de Poder legislativo, la primera incorporación de la ideología respecto ala maldad innata de los hombres y la debilidad de las mujeres, como criterio rector de lasociedad española, se hizo bajo el gobierno del Partido Popular con la ley 30/2003 de 13 deoctubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en lasdisposiciones normativas, que obligó a incorporar la perspectiva de género a losanteproyectos de ley y reglamentos. IV.3
15. También en esa legislatura se introdujo la pena de alejamiento obligatoria introducida por laley 15/2003, de 25 de noviembre, que es una de las normas que impugnamos.La otra norma impugnada fue proclamada bajo el gobierno del Partido Socialista y es la LeyOrgánica 1/2004 de 28 de diciembre, que implanta todas las pretensiones ideológicas querebatiremos en los próximos puntos, dentro de nuestra alegación sobre el derecho a la no-discriminación y al derecho a gozar de una neutralidad ideológica por parte del Estado.Esta ley afectó a todos los ámbitos de la sociedad introduciendo profundas reformas en elcampo de la salud, en lo laboral, cultural, educativo, publicidad, seguridad social, etc.Asimismo las normas autonómicas de violencia de género que impugnamos, han sidoincorporadas por las comunidades de Andalucía, Galicia, Aragón, Cantabria, Cataluña,Murcia, Canarias, Madrid y Castilla-León, gobernadas por cualquiera de los partidosmayoritarios PSOE y Partido Popular, que en sus leyes autonómicas han llegado inclusive aagravar aún más algunos aspectos discriminatorios de las leyes nacionales refutadas. c) A nivel de Poder Judicial, es en el campo de acción donde la imposiciónideológica tiene consecuencias más graves, pues impide el ejercicio de cualquier reparaciónde la indefensión sufrida ante los poderes públicos.El órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, es uno de losórganos más intoxicados por el prejuicio de maldad de los hombres impuesto políticamente,y ha instaurado un régimen de obediencia de los jueces basado en sanciones disciplinarias einspecciones periódicas acosadoras contra los jueces de opinión disidente con las políticasllevadas a cabo por el gobierno de España.Tiene dentro de sus competencias (conjuntamente con algunos ministerios, las comunidadesautónomas, la Fiscalía y la Abogacía General), la gestión del Observatorio contra laViolencia Doméstica y de Género, que apartándose de la función que expresa su nombre, enrealidad se dedica a tergiversar el escenario jurídico con informes y guías totalmente ilegalesy fraudulentas, invisibilizando la violencia sufrida por hombres y niños.20 hombres fueron asesinados por sus parejas mujeres durante el 2010 y 16 niños resultaronasesinados a manos de su madres (sólo podemos saberlo por lo que salió publicado enalgunos medios de prensa locales), pero aun así no viene ni un sola referencia en elObservatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que exclusivamente publica cifrasde violencia contra la mujer. d) A nivel civil de asociaciones, federaciones y lobbies feministas, la implantaciónde la ideología respecto a la maldad innata de los hombres y la pretendida fragilidad detodas las mujeres, no cabe duda es lo que más les ha beneficiado, acaparando el enormecaudal de dinero público desviado en forma de subvenciones públicas por las autoridadesnacionales.El plan integral de Violencia de Género para 2008-2012, tiene un presupuesto de 3.600millones de euros, pero sólo una mínima fracción de ese dinero llega a las mujeresmaltratadas, a pesar que en su nombre se desvían estos fondos.El 70% de las ayudas económicas previstas en el art. 27 de la Ley 1/2004 y solicitadas pormujeres maltratadas, han sido rechazadas por el Gobierno de España.En cambio sólo en los últimos 5 meses (de diciembre de 2010 a abril de 2011, Fuente:BOE), y sólo en favor de las 14 asociaciones y federaciones más representativas del lobbyde mujeres, el Estado español ha otorgado más de ocho millones de euros en forma de IV.4
16. subvenciones públicas directas. Estas mismas asociaciones y federaciones vienenacaparando desde hace años las mismas subvenciones año tras año.En un país como España que al momento tiene casi 5 millones de personas en paro y 1millón de familias con todos sus integrantes en paro, la Asociación de Mujeres JuristasThemis ha cobrado 517.862,00 €, la Asociación de Mujeres Progresistas "Victoria Kent":232.444,39 €, la Asociación de Mujeres Opañel: 421.932,00 €, la Confederación Nacionalde Mujeres en Igualdad: 514.790,00 €, la Federación de Mujeres Progresistas: 1.557.227,10€, la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas: 808.750,00€, la Fundación Mujeres: 1.177.340,00 €, y así sucesivamente sólo en lo que va de año2011. Estas subvenciones se repetirán a fin de año a las mismas asociaciones y federaciones.El desglose del concepto de algunas de estas partidas multimillonarias, evidencia el sórdidonegocio que esconden las políticas de género en España, a costa del aprovechamiento,manipulación y ultraje de la figura de la mujer:ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS -Seminarios de práctica jurídica desde la perspectiva de género y cursos monográficosrelativos a la defensa de los derechos de la mujer: 37.036,00 €-Democracia paritaria. Mantenimiento y desarrollo de la página web: 8.970,00 €-Revista jurídica de igualdad de género: 15.956,00 €-Servicios de asistencia jurídico-procesal para mujeres separadas o divorciadas o madressolteras que sufren violencia económica-patrimonial y no cobran las pensiones establecidasen resolución judicial: 169.975,00 €-Asistencia jurídica para mujeres víctimas de malos tratos por parte de maridos ocompañeros: 173.975,00 €-Asistencia jurídico-procesal para mujeres y niñas víctimas de tráfico con fines deexplotación sexual y delitos contra la libertad sexual: 63.975,00 €-Violencia familiar: asistencia jurídico-procesal para la defensa de mujeres separadas,divorciadas o madres solteras cuyos padres no cumplen las obligaciones no económicasfijadas en sentencia: 47.975,00 €TOTAL: 517.862,00 €(Fuente: BOE 24/1-A-2011-1325)CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES EN IGUALDAD-Implantación movimiento asociativo: 45.560,00 €-Manual de prevención de la violencia de género y buenas practicas - las jóvenes comonuevas víctimas: 11.005,00 €-Formación en TIC a mujeres para la capacitación laboral técnica: 10.225,00 €-Casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género: 388.000,00 €-Cursos de formación en el ámbito rural: 30.000,00 €-Cursos de formación en nuevas tecnologías: 30.000,00 €TOTAL: 514.790,00 €(Fuente: BOE 5/3-A-2011-4186)FUNDACIÓN MUJERES-Fortalecimiento de las organizaciones para la participación política y empoderamiento delas mujeres ecuatorianas-ECUADOR: 54.500,00 €-Empoderamiento, Salud Sexual y Reproductiva a jóvenes y mujeres empobrecidas en laVilla de San Francisco, FM, Honduras: 54.600,00 €-Banco de buenas prácticas y directorio de recursos educativos en materia de intervención yprevención de la violencia contra las mujeres: 52.790,00 €-Mujeres jóvenes, empoderamiento y desarrollo en África Subsahariana: 395.450,00 €-Actívate buscando empleo: 120.000,00 € IV.5
17. -Actívate creando empresas: 220.000,00 €-Servicio de apoyo integral a personas cuidadoras SAIC: 280.000,00 €TOTAL: 1.177.340,00 €(Fuente BOE 17/12-A-2010-19425, BOE 24/1-A-2011-1325 y BOE 5/3-A-2011-4186)A pesar de lo indeterminado y etéreo de algunos conceptos y la duplicidad de su destinación,(Implantación movimiento asociativo, Fortalecimiento de la sociedad civil, etc.), jamás seinvestiga el destino final del dinero ni para qué fue utilizado.Así es como en España se entiende el ‘empoderamiento’ (empowering) de las mujeres. e) A nivel de los medios de comunicación (mass media), estamos viviendo unfenómeno mundial de desprecio contra la figura del hombre, que no sólo ha hecho que eltratamiento informativo de la violencia doméstica sea absolutamente sesgada en losperiódicos e informativos de todo el mundo, sino que inclusive es corriente ver en laspelículas y series de TV de todos los países, escenas de agresión, ridiculización y maltratohacia los hombres (patadas en los testículos, bofetones, insultos, etc.) como escenasdivertidas a las que inclusive se le incorporan risas de fondo.(http://www.manwomanmyth.com/video/domestic-violence/stalking-tv-and-film/)En España existen protocolos firmados que obligan a tratar de forma diferenciada laviolencia de género y se ejerce una presión constante y progresiva sobre los medios porparte del gobierno y las asociaciones feministas, para que no se hable de denuncias falsasque se aprovechan de los privilegios de la legislación que denunciamos como contraria alConvenio.Se han excluido de los mass media las voces de aquellas personas autorizadas para hablarcon propiedad y objetividad del tema como jueces, abogados y fiscales. Sólo se les permitehablar como violencia machista de hombres contra las mujeres y nunca de la violenciadoméstica ejercida por mujeres contra hombres y niños.Tampoco está permitido el debate público sobre esta cuestión en los medios.La amenaza de los poderes públicos al incumplimiento de estas imposiciones ideológicas, esretirarles la publicidad institucional del Estado, aporte vital e insustituible para lasupervivencia económica de cualquier medio, máxime desde que el Gobierno Central hayapasado de gastar 58,6 millones de euros en 2004, a gastar 268 millones de publicidad en2007, según datos del Plan de Publicidad y Comunicación Institucional correspondiente aese mismo año.Estas cifras son independientes del gasto en publicidad institucional hecho por lasComunidades Autónomas, donde por ejemplo la Junta de Andalucía está por delante engastos de publicidad que Coca-Cola, Telefónica, Sony, Renault y Nestlé, o la Junta deExtremadura que gasta 180.000 euros diarios en publicidad institucional.La amenaza de quitar publicidad institucional contra los medios para mantenerlescontrolados, es una práctica habitual de la clase política española.En septiembre de 2010, el Congreso aceptó una propuesta no de ley de UPN para instar alEjecutivo a que eliminase mediante una ley los anuncios de contactos, bajo pena de noincluir publicidad institucional en los medios que se negasen a retirarla.Es por ello que en esta demanda solicitamos la designación de un reconocido especialista entratamiento informativo de mass media como AMICUS CURIAE para valorar si en España IV.6
18. la prensa ha perdido su papel democrático, por verse obligada a dar un tratamientoinformativo de la violencia doméstica totalmente asimétrico por razón de sexo eideológicamente acorde con las imposiciones del Estado, para no perder las subvenciones ypublicidad institucional necesarias para su viabilidad económico-financiera.3.- Evidencias de la ideología: la falsedad de la mayor violencia del hombre en elámbito familiar.Los estudios científicos longitudinales de todo el mundo demuestran que es falso que laviolencia en la pareja tanto física como psicológica, sea perpetrada mayoritariamente por loshombres, y que por ello la mujer esté en una posición de especial vulnerabilidad, tal y comoexponen los organismos internacionales y las leyes de violencia de género.La conclusión de los estudios es casi unánime respecto a que la mujer es la principaliniciadora de las agresiones físicas en la pareja.En el libro "La violencia en la pareja: bidireccional y simétrica" de J. Alvarez-Deca, Ed.AEMA, 2009) se exponen los resultados de 250 estudios sobre violencia en la pareja.En 51 estudios de esa recopilación se aborda la cuestión de la iniciación de las agresionesfísicas, y sus conclusiones son las siguientes: 39 estudios registran mayores niveles deperpetración de violencia física no recíproca o iniciación de las agresiones físicas por lasmujeres; 5 estudios, tres de ellos basados en sendas muestras de parejas en terapiaconyugal, registran mayores niveles de perpetración de violencia física no recíproca oiniciación de las agresiones físicas por los hombres; y los 7 estudios restantes registranniveles similares para ambos sexos.Durante 2010 se realizaron a nivel mundial 42 estudios de violencia en la pareja que tienenen cuenta los comportamientos de ambos miembros de la pareja y cuyos resultadosmuestran claramente que hombres y mujeres ejercen la violencia en la pareja enproporciones similares, con ligera prevalencia de violencia ejercida por mujeres.Se adjunta la lista de estudios, su disponibilidad on-line y los resultados obtenidos, comoDocumento nº 24.Una recientísima investigación en España de la Universidad de Huelva de este mismo año,también concluyó con maltrato propinado mayoritariamente por chicas jóvenes.(http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/10/andalucia/1305019905.html)La afirmación respecto a que la mujer sufre de mayor violencia doméstica que elhombre es absolutamente falsa y no tiene ningún respaldo científico.Es una afirmación netamente ideológica sobre la que en modo alguno puedenpromoverse legislaciones ni jurisdicciones especiales.4.- Evidencias de la ideología: la ocultación, manipulación y falsedad de los datos y elrégimen de imposición ideológica.En España el organismo oficial de difusión de datos estadísticos judiciales respecto a laviolencia doméstica, es el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que apesar de la obligación de su nombre JAMÁS ha publicado ni un solo estudio o estadísticasobre hombres o niños víctimas de violencia doméstica perpetrada por mujeres.Para este Observatorio, ni estos casos ni estas víctimas existen porque la ideología demaldad innata del hombre niega que las mujeres puedan cometer estos actos, o que si los IV.7
19. cometen son tan ‘excepcionales e insignificantes’ que no vale ni la pena molestarse eninvestigarlos y mucho menos de publicarlos.Tampoco el Estado español se preocupa por investigar el considerable aumento de suicidiosde hombres desde la imposición de las políticas de género, y además desde 2004 en los datospublicados por el INE (Instituto Nacional de Estadístíca: ww.ine.es), se ha borrado el estadocivil de los hombres suicidados para que no se asocie su separación y divorcio como causade suicidio, que es la primera causa de mortalidad en hombres en España, por encimade accidentes de tráfico o enfermedades terminales. Pero a nadie parece importarle.Confirmando las consecuencias del actual régimen de acorralamiento y persecución contralos hombres en España, se han suicidado ya varios acusados en los propios calabozos delos juzgados de violencia sobre la mujer o a la salida de ellos, pero no se abrió ningunainvestigación ni fue motivo suficiente para replantearse absolutamente nada sobre el abusopenal de las políticas de género.(http://www.diariosur.es/20080423/malaga/detenido-malos-tratos-suicida-20080423.html)(http://www.xornal.com/artigo/2010/04/29/sociedad/hombre-suicida-juzgado-madrid/2010042917280400269.html)Los suicidios son a veces por acumulación de órdenes de alejamiento y ante la solapresencia policial.(http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/23/andalucia/1258976596.html)El ya mencionado Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género está integradoestructuralmente en el Consejo General del Poder Judicial y todas sus presidentas, han sido yson vocales del CGPJ, y una de las prácticas compulsivas del CGPJ para imponer laideología respecto a la maldad innata de los hombres entre la judicatura, es la instauraciónde un régimen de coacción contra los jueces basado en sanciones disciplinarias einspecciones periódicas acosadoras contra aquellos jueces de opinión disidente con laspolíticas de género, tal y como se aplican en España.Así ha sido en el caso de la Ilma. Magistrada Dª María Jesús García Pérez, del Juzgado deViolencia sobre la Mujer nº 1 de Santander, sancionada con 3.000€ y destituida pordenunciar públicamente que en su juzgado (al igual que en todos los demás), la mayoría demujeres interponían falsas denuncias por despecho contra sus ex-maridos.(http://www.europapress.es/epsocial/igualdad-00328/noticia-cgpj-multa-3000-euros-juez-critico-ley-violencia-genero-20090428155951.html)(http://www.diariocritico.com/2008/Julio/cantabria/85697/justiciaprint.html)También es el caso de la ex decana de Barcelona la Ilma. Magistrada Dª María Sanahuja,que por ser la primera jueza en hablar de falsas denuncias por aprovechamiento de la LO1/2004, viene sufriendo un acoso intolerable contra su libertad de expresión por parte delCGPJ, que continuamente abre expedientes disciplinarios contra la jueza.(http://terranoticias.terra.es/nacional/articulo/cgpj_barcelona_archiva_denuncia_juez_282161.htm)(http://www.lavanguardia.mobi/mobi/noticia/53909186370/index.html)Otro juez víctima del totalitarismo de género, ha sido el Magistrado D. Francisco SerranoCastro, titular del Juzgado de Familia nº 7 de Sevilla, quien por haber denunciadopúblicamente los abusos de la LO 1/2004 y los suicidios masivos de hombres a causa defalsas denuncias de maltrato (http://www.europapress.es/sociedad/noticia-juez-serrano-denuncias-falsas-provocan-genocidio-hombres-20100401144107.html), viene siendoperseguido con querellas y denuncias en su contra con la intención de silenciarle.(http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/13/andalucia_sevilla/1305304558.html) IV.8
20. Además en la web del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género integrada enel CGPJ (www.poderjudicial.es), está disponible una “Guía de criterios de actuaciónjudicial frente a la violencia de género”, en la que sugiere que si un hombre aparece por unjuzgado de violencia sobre la mujer con signos de violencia sufrida, es porque la mujercometió “legítima defensa”.Esta guía niega además que exista el Síndrome de Alienación Parental (SAP), al contrario dela doctrina constante del TEDH que indica claramente la existencia de esa forma demanipulación en los menores en muchas sentencias, entre las que citamos la reciente en elasunto Mincheva c. Bulgaria, de 2 septiembre de 2010:“§99. El Tribunal estima igualmente que al no obrar con la debida diligencia, lasautoridades internas, con su comportamiento, favorecieron un proceso de alienaciónparental en detrimento de la demandante, vulnerándose así su derecho al respeto de la vidafamiliar, garantizado por el artículo 8.”Pero esta guía del CGPJ no sólo alienta a los jueces españoles a ignorar y desobedecer lassentencias del TEDH, sino que es completamente ilegal por lo expuesto en el art 12.3 de laLey Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial:3. Tampoco podrán los Jueces y Tribunales, órganos de gobierno de los mismos o el Consejo General delPoder Judicial dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre laaplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su funciónjurisdiccional.La ilícita Guía muestra a la mujer como un ser desvalido e incapaz de defender sus derechosy que por ello necesita del favor judicial intencionado.Es decir, que rebajando indignamente a la mujer alienta a la parcialidad judicial, al contrariode favorecer la igualdad de trato y la imparcialidad de los jueces.Pero no solamente el CGPJ invisibiliza la violencia contra hombres y niños perpetrado pormujeres sin publicar ni una sola referencia, sino que se manipulan los estudios y datos comolo evidencia, por ejemplo, la publicación de las estadísticas del tercer trimestre de 2010(último dato disponible actualmente), donde concluye el CGPJ que las condenas porviolencia de género ascienden al 63% de los casos, conclusión absolutamente falsa segúnlos propios datos facilitados por el CGPJ en el mismo informe (Documento nº 25),disponible en su web.Veamos:En los Juzgados de Violencia de la Mujer, que es por donde empiezan los procedimientos,éstos terminaron así: (Pag. 3)Es decir, con sólo un 16% de condena (que sólo puede ser de faltas en estos juzgados, nodelitos según la LO 1/2004), un 53% con absolución o archivo y un 31% que no se sabenada hasta que decida el Juzgado de lo Penal.Ese 31% entra al Juzgado de lo Penal y termina así: IV.9
21. Es decir, que de ese 31% inicial, poco más de la mitad terminan en absolución, con lo cualtenemos ya despejada otra cifra y así, agregamos un 16% de absueltos al 53% que teníamosal principio y nos queda por el momento 69%, a falta de saber que pasa ante las AudienciasProvinciales en apelación con el otro 15% que fue condenado:De aquél 15% de condenados se confirmó su condena en un 87% y a un 13% se le absolvióen las Audiencias Provinciales, lo cual constituye un 2% de la cifra inicial de absueltos quedebe agregarse al 69% de absueltos al inicio.Así se obtiene de forma veraz y matemática sin trampas y con los propios datos facilitadospor el Observatorio, que un 71% de las denuncias terminaron en absoluciones o archivoen el Tercer Trimestre de 2010, y que un 29% terminan en condenas (del cual el 16%son simples faltas).Pero el CGPJ engaña a la opinión pública diciendo que las condenas son de un 63%, paraaparentar que la LO 1/2004 está justificada como si fuera cierto que los hombres ejercieransiempre violencia en su entorno, por medio de la trampa de contar varias veces lasmismas condenas que son recurridas y haciendo un promedio de todas las condenas defaltas y delitos en todos los tribunales: IV.10
22. En todos los trimestres y resúmenes anuales, el Observatorio comete el mismo engaño ymanipulación de datos de manera temeraria.Pero es que además el CGPJ hizo un estudio de 530 sentencias dentro de sólo ese 2% decondenas totales hechas en Audiencias Provinciales (“Estudio sobre la aplicación de la leyintegral por las Audiencias Provinciales”), para intentar demostrar que las denunciasfalsas no existen, basada en la aparente fuerza probatoria de la alta tasa de condenas yomitiendo alevosamente el 72% de sentencias absolutorias y sobreseimientos en los que esmás que probable que existan las denuncias falsas y así hayan sido percibido por los juecespara dictar absolución o sobreseimiento.Dice el poeta que “peor que mentir es silenciar la verdad” y más grave aún, es que elObservatorio contra la Violencia Doméstica y de Género haga ambas cosas, porque no sólofalsea datos y estudios para cumplir con la imposición ideológica en contra de la figura delhombre y de la dignidad de la mujer, sino que invisibiliza la violencia contra hombres yniños, sin publicar ningún dato sobre los hombres asesinados por sus parejas ni tampocode niños asesinados por sus madres.Por lo que precariamente se puede contabilizar por lo publicado únicamente por un mínimosector de la prensa (repetimos que no se publican datos oficiales al respecto), 20 hombresfueron asesinados durante 2010 a manos de sus parejas mujeres y de los 23 niñosasesinados por sus progenitores, 16 lo fueron por sus madres y además los 7 que fueronasesinados por padres varones son considerados como víctimas de violencia de género, y sesuman a las cifras de mujeres asesinadas.Es decir, que de las 71 mujeres muertas en 2010 que publica el Estado español, en realidadson 64 y además hay que tener en cuenta, que en esas 64 se incluyen las víctimas deviolaciones y abusos sexuales que lógicamente son muertes por violencia de género, peroque no son parejas o ex-parejas y no puede hablarse de muertes en el ámbito familiar. IV.11
23. Además el Estado español consagrando la manipulación estadística y el fraude, expide datosfalsos a ONGs como la organización “Save the Children”, y aquéllos a su vez reproducen lafalsedad citando a la ONG engañada como fuente.Es el ejemplo de Laura Seara, actual directora del Instituto de la Mujer, que cuando eraSecretaria de Igualdad del partido de gobierno en Galicia, decía que impulsaría un comité deexpertos para avanzar propuestas en materia de violencia de género para garantizar a losniños "el conocimiento pleno de qué es la violencia de género" y "que participen en losdebates que se generarán".Seguía diciendo la actual directora del Instituto de la Mujer que: "Hay 800.000 niños yniñas --según datos de Save the children sobre España-- que sufren la violencia en suentorno, la mayoría con grandísima intensidad", señala Seara, para considerar que losafectados "necesitan medidas especiales de protección".(http://www.europapress.es/galicia/noticia-psdeg-impulsara-comite-expertos-avanzar-propuestas-materia-violencia-genero-20101127174117.html)Pero la ONG Save the Children en su web, publica la misma noticia pero refiriéndose algobierno como fuente:“18/10/2010. Esta situación es solamente la punta del iceberg de la violencia que día a díaviven muchos niños y niñas en hogares donde existe violencia de género, unos 800.000niños y niñas cada año según el Gobierno.”(http://www.savethechildren.es/det_notyprensa.php?id=61&seccion=NP)¿De dónde ha salido esa cifra de 800.000 niños víctimas de violencia de géneromaltratados por su padre varón, donde unos se citan a otros como fuente?No importa, el Gobierno cita a la ONG como fuente de las cifras y viceversa.Lo que interesa a toda ideología es imponer sus políticas como sea y en base a la propagandafalaz como la que aquí se demuestra.Al referirnos a Laura Seara como directora del Instituto de la Mujer, tenemos que decir queeste instituto tiene la función de gestionar los cuantiosos y millonarios fondos recibidos delos Programas Europeos, cofinanciados por los Fondos Estructurales; el Fondo Europeo deDesarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión.La Comunicación de la Comisión Europea COM (2002)748 final sobre la “Integración de laigualdad entre hombres y mujeres en los documentos de programación de los FondosEstructurales para 2000-2006” estableció una dotación total para el período de 2000-2006de 195.000 millones de euros.España es el mayor perceptor neto de Fondos estructurales, hasta el punto que en laactualidad la quinta parte del total se invierte exclusivamente en el Estado español.En años anteriores inclusive llegó a acaparar la mitad de todos los fondos europeos.El Art. 16 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, dice que el Instituto de la Mujercomo organismo gestor de los fondos, debe “Velar por promover la igualdad entre hombresy mujeres y la integración de las cuestiones de género en las diferentes etapas de ejecuciónde los Fondos.”Pero no sólo el Instituto de la Mujer no debería ser la entidad gestora de ese dinero pordedicarse sólo al interés exclusivo de las mujeres e ignorar frontalmente a los hombresen el proceso de igualdad, sino que ese dinero lo utilizó, entre otras cosas, para financiaruna macroencuesta en marzo de 2000 sobre "la violencia contra las mujeres", la cual IV.12
24. permitió determinar con sólo 32.000 encuestas, que en España había dos millones demaltratadas.En 2002 y 2006, la macroencuesta se aplicó nuevamente con una metodología y unosresultados similares y se repitió en diversas comunidades autónomas.En todas las ocasiones la macroencuesta se aplicó exclusivamente a mujeres y si se hubierahecho también a hombres, seguramente podría haber concluido simultáneamente con dosmillones de hombres maltratados, dado el carácter inductivo de las preguntas.Y es que en esa macroencuesta se consideró como "maltratada" a la mujer que respondiesecon las palabras "frecuentemente" o "a veces" al menos a una de las trece preguntassiguientes, referidas al marido o compañero:1) ¿Le impide ver a la familia, o tener relaciones con amigos, vecinos?2) ¿Le quita el dinero que Vd. gana, o no le da lo suficiente que necesita para mantenerse?3) ¿Le insulta o amenaza?4) ¿Decide las cosas que Ud. puede o no hacer?5) ¿Insiste en tener relaciones sexuales aunque sepa que usted no tiene ganas?6) ¿No tiene en cuenta las necesidades de Vd (le deja el peor sitio de la casa, lo peor de lacomida...)?7) ¿En ciertas ocasiones le produce miedo?8) ¿Cuándo se enfada llega a empujar o golpear?9) ¿Le dice que a donde va a ir sin él (que no es capaz de hacer nada por si sola)?10) ¿Le dice que todas las cosas que hace están mal, que es torpe?11) ¿Ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido, pertenecer aalguna organización)?12) ¿No valora el trabajo que realiza?13) ¿Delante de sus hijos dice cosas para no dejarle a Ud. en buen lugar?Como puede verse, la macroencuesta es una de las mayores estafas estadísticas en las que unorganismo público haya podido incurrir jamás, pues en base a situaciones banales ynormales en la vida familiar como en la pregunta 2… no le da el dinero suficiente quenecesita para mantenerse?, no sólo presupone que la mujer debe ser mantenida por elhombre en una situación de por sí degradante para la mujer e impulsada por el Instituto quedebería velar por su dignidad, sino que en una situación de crisis financiera de la familia yala mujer debería sentirse maltratada.De hecho ha posibilitado que en la legislación nacional y autonómica, se defina como‘violencia económica’ aquella situación en la que el hombre no mantiene económicamente ala mujer.Así de esperpéntico es como el Estado español entiende el concepto de igualdad y elempoderamiento de las mujeres.Las preguntas de la macroencuesta fueron formuladas para obtener un resultado concreto,incurriendo así, en los llamados prejuicios cognitivos donde el sesgo inducido resulta en una“Falacia por generalización de inducción errónea”, y es por ello que estas macroencuestasno obtienen los mínimos valores de validez y fiabilidad necesarios para poder serconsiderado ni siquiera un trabajo científico (no cumple los criterios del Método Científicoconsistente en las 14 etapas del SM-14), pero sí muy ideológico.5.- Esta ideología es abiertamente rechazada por profesionales y ciudadanos.Las políticas de género de la manera particular en la que han sido implantadas en España,son rechazadas por un amplio abanico de personas que van desde gente corriente aprofesionales, con sentimientos que van desde la angustia discriminatoria a la indolencia porla propaganda ideológica. IV.13
25. El feminismo de equidad se encargó prontamente de oponerse intensamente al feminismorevanchista, como Christina Hoff Sommers, Profesora de Filosofia desde 1980 de laUniversidad de Clark, Worcester, Massachusetts, U.S.A.Su libro más crítico contra el prejuicio de maldad contra los hombres se llama “¿Quién robóel feminismo?”, pero en otro libro igual de esclarecedor “La guerra contra los chicos” (Thewar against boys), Sommers critica el perverso objetivo del feminismo fanático de excluir alos hombres de la vida familiar sólo por resentimiento y apunta como una de las causas demayor fracaso escolar y universitario, a la alta tasa de niños separados físicamente de suspadres: "30 años de investigación con datos reales, apuntan que es la ausencia del padre lamás probable causa del problema." "Los chicos que están en más riesgo de delincuenciajuvenil y violencia, son los que están físicamente separados de su padre".Erin Pizzey, fundadora en 1971 del primer hogar de mujeres en Inglaterra y fundadoraInternacional de hogares para mujeres y niños en el campo de la violencia doméstica, sededicó a una labor intensa, escribiendo y trabajando directamente con hombres, mujeres yniños: - “The planned destruction of the family”: La destrucción planificada de la familia, conreferencias a la ONU y a la agenda de género. - “Working with violent women”: Trabajando con mujeres violentas. Identifica a lasmujeres que por sus experiencias pasadas, tienen predisposición a compensarlas en unaespiral destructiva para con los que tienen a su lado, marido e hijos.La autora no duda en llamarlas terroristas familiares’ tras su conocimiento de los casos quellegaron a su primer hogar de acogida para mujeres en Inglaterra en el año 1971.Otras feministas relevantes por su posición y crítica contra el feminismo revanchista a nivelmundial, son Elizabeth Loftus y Doris Lessing, entre otras muchas.En España inclusive la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español seopuso a la Ley 1/2004 que impugnamos, por discriminar a los hombres penalmente.La portavoz Empar Pineda y 150 mujeres que agruparon sus firmas -entre ellas figuran lasde escritoras como Rosa Regás, Almudena Grandes y Rosa Montero- discreparon de losgrupos feministas radicales por atribuir a los hombres unos innatos instintos y deseosde dominación, introduciendo en la ley medidas discriminatorias.(http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Coordinadora/Feminista/critica/penas/mayores/hombres/ley/violencia/sexista/elpporsoc/20050820elpepisoc_7/Tes)Ya se ha dicho que jueces y otros funcionarios especializados vienen denunciando el fraudede las políticas de género. También asociaciones y plataformas especializadas en laverdadera igualdad lo denuncian.A nivel ciudadano y de opinión pública, el último barómetro (encuesta de opinión) del CIS(Centro de Investigaciones Sociológicas) de abril de 2011 hecho en España,(http://datos.cis.es/pdf/Es2885mar_A.pdf), evidencia el rechazo de los ciudadanos contra laideología de la maldad innata de los hombres y la pretendida fragilidad de la mujer, pues a laPregunta 7: ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?¿Y el segundo? ¿Y el tercero?, la respuesta de los hombres y mujeres sitúa a “La violenciacontra la mujer” en el puesto nº20 con sólo 1.2 puntos, por debajo de los problemasrelacionados con la juventud (2.0), la crisis de valores (2.2), la educación (5.2), laspensiones (3.6), la sanidad (3.7), la vivienda (5.5), los problemas relacionados con la calidaddel empleo (3.3), la Administración de Justicia (1.7), etc. IV.14
26. En una única respuesta espontánea a la pregunta ¿Cuál es, a su juicio, el principal problemaque existe actualmente en España?, la violencia contra la mujer se sale de la lista y nofigura ni siquiera entre las 20 respuestas espontáneas. A la Pregunta 8: ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y elsegundo? ¿Y el tercero?, la respuesta “Los problemas relacionados con la mujer” saleaún peor parada y obtiene sólo un 0.2, en la posición penúltima de los otros 28 motivosdados por los ciudadanos de 238 municipios y 47 provincias en las 2.463 entrevistas hechasdel 1 al 8 de abril de 2011, entre las que la mitad eran mujeres.También en única respuesta espontánea a la pregunta: ¿Y cuál es el problema que a Ud.,personalmente, le afecta más?, nuevamente cualquier tema relacionado con la mujer sequeda fuera de la lista y es superado por los otros 25 motivos, a pesar que de las personasencuestadas, la mitad eran mujeres.Es decir, que las mujeres españolas no tienen el prejuicio victimista ni sesgo ideológico quese les quiere imponer desde tantos observatorios, creados para vigilar que la mujer piense ysea como ellos quieren.Y es que la mujer española de forma abrumadoramente mayoritaria se considera a símisma persona independiente como cualquier otra, ni especialmente vulnerable, nivíctima, ni oprimida como quiere hacernos creer la ideología implantada en España.En la Pregunta 11: ¿Cómo se definiría Ud. en política según la siguiente clasificación?,entre las opciones: Conservador/a, Demócrata cristiano/a, Liberal, Progresista,Socialdemócrata, Socialista, Comunista, Nacionalista, Feminista, Ecologista, Otra respuestay Apolítico, el feminismo ocupa el último lugar (1.6) compartiendo plaza con elcomunismo.Es decir, que de 2.463 entrevistas (la mitad mujeres) una sola persona y poco más seconsidera feminista.En la pregunta 16, la ministra encargada en España actualmente de imponer las políticas degénero Dª Leire Pajín, es la penúltima peor valorada de todo el Gobierno.Los anteriores barómetros mensuales tienen idénticos resultados.Es decir, que la ideología de la maldad innata de los hombres y la pretendida fragilidad de lamujer, no goza de ninguna simpatía en España ni en el mundo a nivel general, sólo tienerelevancia a nivel de las instituciones nacionales e internacionales que quieren imponerla, yde los lobbies que se apropian de los fondos y subvenciones destinados a la igualdad.6.- Los mass media y la ideología de maldad innata de los hombres y fragilidad de lamujer.La prensa española en general, se muestra sumisa ante las exigencias protocolarias deltratamiento informativo discriminatorio de la violencia doméstica y la publicación de datossesgados y manipulados institucionalmente, reproduciendo obedientemente todas lasconsignas ideológicas.Los poderes públicos controlan así la difusión de esta ideología en los mass media y comose ha dicho, les coaccionan con el desabastecimiento de la publicidad institucional si nocumplen con ello. IV.15
27. En reciente sentencia de 2 de marzo de 2011 por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia deArgentina condenó por unanimidad al Estado argentino a suministrar publicidad oficial a laeditorial Perfil y sus revistas, Noticias y Fortuna de orientación política contraria alGobierno, pues la Corte entendió que el Gobierno argentino hacía diferencias arbitrarias a lahora de distribuir la publicidad, atentando contra el principio de igualdad que se vio violadoal dejar fuera a la editorial Perfil y su revistas, quedando fuera de los circuitos de anunciosoficiales.El fallo otorgó ‘un plazo de 15 días para disponer la distribución de publicidad en lasdistintas publicaciones de Perfil, respetando un equilibrio razonable con otras de análogascaracterísticas’.En España ocurre totalmente lo contrario, pues no sólo se imponen medidas coercitivascontra los mass media referente a la publicidad institucional, sino que se controlan losmedios directamente, ya que por ejemplo el presidente de la Agencia Efe (primera agenciade noticias multimedia en español y la cuarta del mundo), fue elegido políticamente por elGobierno de España y sin consenso parlamentario, a pesar que el Programa Electoral delpartido de gobierno recogía que el presidente de la Agencia EFE sería elegido por elCongreso “por mayoría de dos tercios”.El elegido fue el periodista Alex Grijelmo, director periodístico de la cadena de periódicoslocales y regionales del Grupo Prisa, corporación periodística española afín al gobiernoactual. En el 2005 se nombró como directora general a Lola Álvarez, Directora de ProyectosInternacionales de TV para América Latina también del afín Grupo Prisa.Igualmente ocurrió con el ente estatal de radio y televisión RTVE, que se dijo que seconvertiría en un organismo independiente del Gobierno y que su director sería elegido porel Parlamento por mayoría de dos tercios. Nunca fue así.Se percibe claramente la ideología de la maldad innata de los hombres en el tratamientoinformativo de la violencia doméstica por parte de los mass media en España, porque no serespeta ni siquiera la presunción de inocencia del varón, inclusive en aquello extremos talesque cuando un hombre es asesinado por su mujer, es el muerto quien “ha de demostrar” queno era un maltratador.Aunque una mujer mate a su marido argumentando que éste la maltrataba, se absuelve a lamujer porque, según dice la prensa, el muerto maltrataba a la que lo mató, sin quesiquiera exista ninguna sentencia que lo acredite.(http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/27/espana/1288195621.html),Un hombre aparece con un tiro por la espalda puede que por encargo, y la prensa consideranecesario aclarar que no era un maltratador, ya que su condición de varón le convierte enpresunto incitador al crimen propio.(http://www.ideal.es/agencias/20101210/local/granada/muere-hombre-tras-recibir-disparo_201012101922.html)En la recientísima noticia del 24/05/2011 donde una mujer mata a su pareja, se expone bajola foto de la noticia:• La mujer intentó estrangular a su marido, que padecía alzheimer.• La pareja llevaba más de 50 años casada y tenía varios hijos.• Teléfono gratuito de atención a las víctimas de violencia machista: 016(http://www.20minutos.es/noticia/1061987/0/detenida/anciana/marido/)Es decir, que muere el hombre pero aparece como víctima la asesina.La noticia da por hecho que el hombre merecía morir por machista y por eso se destaca elteléfono de atención exclusiva a mujeres. IV.16
28. Cualquier opinión disidente a esta ideología, es suficiente para que grupos enteros depersonas sean vilipendiadas en los medios como machistas o neo-machistas, inclusive nocomo información específica de utilidad, sino como calificativo despectivo y opinionespersonales prejuiciosas de las propias periodistas, introducidas como noticia en el artículo:“Son las palabras de los denominados posmachistas o neomachistas, hombres que niegan ominimizan la existencia de la violencia de género o aseguran que hay tantos asesinatos demujeres como de hombres. Los mismos que llaman "feminazis" a las feministas. Aquellosque argumentan las denuncias falsas para echar por tierra una ley que ha conseguido150.000 condenas en un lustro.”(http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Violencia/elpepisoc/20110408elpepisoc_1/Tes)Y es que además del círculo de periodistas afines a la ideología, el Estado español obliga alresto de medios de comunicación a firmar protocolos o a tratar la informaciónsesgadamente, con amenazas y coacciones de retirarles la publicidad institucional, todo ellode forma totalmente contraria al derecho de los ciudadanos a recibir información sincontaminación ideológica.Los protocolos de información y de “igualdad” imponen directivas a los medios para que nohablen de crímenes cometidos por mujeres contra hombres y contra niños en el ámbitofamiliar. Sólo puede hablarse de la mujer como víctima según las siguientes directivas: "Los medios y la representación de género: Algunas propuestas para avanzar" en Feminismo/s, 11 de Junio de 2008, pp. 95-108 de Pilar López Díez, responsable de buena parte de los protocolos ideológicos impuestos y que se detallan más abajo. Documento-base de las Propuestas de actuación desde la televisión en materia de políticas de igualdad del Congreso Nacional: TELEVISIÓN Y POLÍTICAS DE IGUALDAD. 2007. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión (RTVE) e Instituto de la Mujer (MTAS). La violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género en el programa Tolerancia Cero de Radio 5. 2007. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión (RTVE) e Instituto de la Mujer (MTAS). Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre igualdad. 2007. (Medios de comunicación de Cantabria). Dirección General de la Mujer. Cantabria. "¿Cómo tratan la violencia de género los medios de comunicación?" en Género y Comunicación. Juan F. Plaza y Carmen Delgado (eds.). 2007. Madrid: Editorial Fundamentos. Representación de la violencia de género en los informativos de TVE 2006. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTVE) e Instituto de la Mujer (MTAS). Representación, estereotipos y roles de género en Infancia, Televisión y Género: Argumentos para la elaboración de una guía de contenidos no sexistaspara la programación infantil de televisión. 2005. Bengoechea, Mercedes et. al. IORTV (RTVE) e Instituto de la Mujer (MTAS). 2º Informe. Representación de género en los informativos de radio y televisión. 2005. Madrid: Instituto de la Mujer e IORTV (RTVE). IV.17
29.  Los medios de comunicación y la publicidad como pilares fundamentales para lograr el respeto a los derechos humanos de las mujeres. 2005. En Las mujeres en la Constitución Europea. Centro de Estudios de la Mujer. Universidad de Salamanca (pp. 67-90). Los desafíos y la experiencia docente en el campo de los estudios universitarios de género y comunicación. 2005. En Maquieira, Virginia y otras, Democracia, feminismo y universidad en el siglo XXI. Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. (pp. 149-167) La mujer, las mujeres y el sujeto del feminismo, en Manual de Información en género, López Díez, P. (Ed.). 2004. Madrid: Instituto de la Mujer (MTAS) e IORTV (RTVE) «Tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Recomendaciones para las buenas prácticas en la información sobre violencia de género», 2005, coordinado por mujeres periodistas de las asociaciones de la prensa de Ciudad Real, Granada, Aragón y La Rioja. La violencia contra las mujeres vista desde los medios de comunicación, en Políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Junta de Andalucía. 2003. Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública; (pp: 73-83). La violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, en 1er. Foro Nacional: Mujer, violencia y medios de comunicación. 2002. Madrid: Instituto de la Mujer (MTAS) e IORTV (RTVE), (pp. 21-34). El techo de cristal también existe en los medios de comunicación en Mujeres, hombres y medios de comunicación. 2002. Valladolid: Dirección General de la Mujer. Junta de Castilla y León (pp. 291-300. Tomo II). La representación de la violencia masculina contra las mujeres en los medios de comunicación en Realidad y representación de la violencia. 2002. Barrios, Olga (Ed.) Universidad de Salamanca. Representación de género en los informativos de radio y televisión. 2001. Madrid: Instituto de la Mujer (MTAS) e IORTV (RTVE). La construcción mediática de género en los libros de estilo en Feminismo: del pasado al presente. 2000. María Teresa López de la Vieja (Ed.) Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca (pp. 35-48). Cambios en los significados culturales de la mujer a través de los anuncios de higiene íntima femenina. 2000. La articulación del discurso femenino en la radio, en la revista electrónica Razón y Palabra. Número 9, Año 2, Noviembre-Enero 1997-98. Género y comunicación. Documento-base del Área de Comunicación y género para el I Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Instituto Navarro de la Mujer (2005). Código ético para el tratamiento de las mujeres desde la perspectiva de género en los medios de comunicación y en la publicidad de Castilla-La Mancha para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (2005). IV.18
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