Source: https://es.scribd.com/doc/51578415/El-regimen-de-FALTAS-en-el-proceso-penal-venezolano
Timestamp: 2016-10-21 15:16:56
Document Index: 314751768

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 382', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 446', 'artículo 489', 'artículo 110', 'artículo 285', 'artículo 382', 'artículo 382', 'artículo 382', 'artículo 64', 'artículo 385', 'Artículo 387', 'artículo 163', 'artículo 389', 'artículo 387', 'artículo 156', 'artículo 44', 'Artículo 49', 'artículo 44', 'artículo 24', 'artículo 11', 'Artículo 285', 'artículo 34', 'Artículo 34', 'Artículo 11', 'artículo 285', 'artículo 382', 'Artículo 532', 'artículo 382', 'artículo 382', 'artículo 532', 'artículo 44', 'artículo 391', 'Artículo 1', 'artículo 354', 'artículo 248', 'artículo 1']

NavegarNavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosCómicsPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLibrosAudio librosCómicsPartiturasEl régimen de FALTAS en el proceso penal venezolanoUploaded by Mario Lohonel Abanto Quevedo5,9K visitaDescargaInsertarSee MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentwww.bibliotecapenal.com
Lorenzo Bustillos Director-Presidente
AUTORES: LORENZO BUSTILLOS GIOVANNI RIONERO
El Código Orgánico Procesal Penal establece en los artículos 382 y siguientes el procedimiento de Faltas. Estas faltas se encuentran a su vez tipificadas -en su gran mayoría-, en el Libro Tercero del Código Penal. Sin embargo, es preciso aclarar que en realidad el citado Procedimiento Especial de Faltas no se aplica; las razones de ello son variadas, pero quizá la más determinante es la existencia en todos los estados del territorio nacional de “Códigos de Policía” u “Ordenanzas de Convivencia Ciudadana”, que prácticamente repiten el catalogo de las Faltas previstas en el Código Penal, estableciendo diversas sanciones y procedimientos para su aplicación. Estos “Códigos de Policía” u “Ordenanzas de Convivencia Ciudadana”, confieren a las Autoridades Civiles la potestad de aplicar sanciones, incluso restrictivas de derechos, mediante procedimientos carentes de las garantías básicas del debido proceso. Tal circunstancia, aunada a otros aspectos de estos instrumentos, han propiciado que el Ministerio Público, elaborase diversas Demandas de Nulidad por Inconstitucionalidad de tales instrumentos normativos 1 . Ahora bien, conforme los postulados del recién estatuido sistema acusatorio en Venezuela –principios que ven reflejo en la novísima Constitución de 1999– el ejercicio de la acción penal corresponde en exclusivo al Ministerio Público. 2 No obstante, el mismo sistema supone excepciones; valga citar lo dispuesto en el artículo 11 del Código Adjetivo
Actualmente se encuentran pendientes de suscripción por parte del ciudadano Fiscal General de la República, las demandas de Nulidad por Inconstitucionalidad de los Códigos de Policía de los Estados Guárico, Monagas, Miranda, Nueva Esparta, Apure, Sucre, Barinas, Carabobo y Portuguesa. Asimismo, fue presentada por el Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia la demanda de Nulidad por Inconstitucionalidad del Código de Policía del Estado Yaracuy, la cual no ha sido resuelta. Solamente ha sido declarada la nulidad del Código de Policía del Estado Bolívar. 2 Salvo las excepciones legalmente establecidas, entre ellas, los delitos perseguibles a instancia de parte agraviada.
Penal: “La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales”. La excepción a dicho principio ve reflejo en los denominados delitos enjuiciables a instancia de parte agraviada. Asimismo, el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso fungen como genuinas excepciones al principio de legalidad procesal. En principio, la acción penal debe ser ejercida de oficio por el Ministerio Público, salvo que ley disponga que corresponde a la víctima motorizar su ejercicio. Al respecto, el Código Orgánico Procesal Penal estipuló un catalogo de procedimientos especiales –que difieren en aspectos sustanciales del procedimiento ordinario– entre los cuales destaca el iter procedimental de las faltas. No es un aserto exagerado ni desmedido sostener la naturaleza sui generis del procedimiento in commento. El tema medular del presente trabajo tiene que ver con la legitimación activa en el procedimiento especial aducido. Nos iniciamos con la trascripción literal de lo dispuesto en el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal: “El funcionario que haya tenido conocimiento de la falta, o aquel que la ley designe para perseguirla, solicitará el enjuiciamiento indicando lo siguiente: 1. Identificación del imputado y su domicilio o residencia; 2. Descripción resumida del hecho imputado, indicando tiempo y lugar. 3. Disposición legal infringida; 4. Señalamiento de los datos pertinentes, agregando los documentos y los objetos entregados por el infractor o que se incautaron; 5. Identificación y firma del solicitante”. En criterio de algunos: el ejercicio de la acción penal corresponde en exclusivo al Ministerio Público, tanto en los supuestos de delitos como en cuanto a las contravenciones se refiere. Es este órgano (entiéndase: el Ministerio Público) el único facultado para motorizar el ejercicio de la acción penal independientemente de la naturaleza del hecho punible. Por tanto, el procedimiento especial in commento no constituye una excepción del artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal; al contrario, es el Ministerio Público la institución encargada de velar por el pleno y diligente desenvolvimiento de la fase de investigación, y quien deberá emprender las actuaciones procesales pertinentes a los efectos de la persecución penal. Al respecto, de seguidas se realizará un análisis del Procedimiento de Faltas, habiendo estimado imprescindible a los fines de arribar a conclusiones coherentes respecto al tema en estudio, analizar y precisar el régimen de las Faltas en el ordenamiento jurídico venezolano, así como realizar algunas consideraciones valiosas en lo relativo al procedimiento a seguir para su tramitación, un apartado relativo a los Códigos de Policía y
titulada “Reforma de los títulos I al VI. presentada al Tercer Congreso de Colegios de Abogados.. esto es. valgan estas breves palabras para determinar la naturaleza jurídica de las faltas. “Manual de Derecho Penal”. Chiossone. Caracas. Caracas. adoptan el sistema tripartito. crímenes y contravenciones. o sea. dividen los hechos punibles en delitos.su inconstitucionalidad. Tulio. entre otras razones porque los hechos que las integran son de carácter variable y contingente. 1992. sin movilidad de ninguna clase. Página 59.
. ello denuncia el apego al aforismo latino: Definitio in Jure Periculosa Est 5 . I. Libro I del Código Penal”. en la cual abogaba por la supresión de las faltas del Código Penal. el sistema que sólo reconoce dos categorías de ellos: delitos y faltas. su regulación y sus consecuencias prácticas en el ordenamiento jurídico vigente. el Segundo Congreso de Colegios de Abogados. como la italiana. El Código Penal nacional sigue este último sistema”. acogió en un todo los términos de la ponencia que me cupo en honra presentar. reunido en la ciudad de Maracaibo. pues él está constituido por un conjunto completamente estático. Hace algunos años el autor Víctor Álvarez concluía lo siguiente: “En conformidad con la moderna tendencia doctrinaria y legislativa. 4 Nuestra legislación no aproxima concepto alguno sobre el particular. 6 En idéntica dirección se pronunciaba el profesor Tulio Chiossone cuando sostenía: “el próximo Código Penal nacional sólo debe estar integrado por dos libros: el primero dedicado a las normas capitales y el segundo a la clasificación de los delitos. 3 La normativa en estudio subdivide los hechos punibles conforme dos grandes grupos: los Delitos y las Faltas. como la francesa. ni con penas que ella no hubiere establecido previamente. tal vez.. unas. 1982. Simplemente a modo de referencia. 4 Sostiene el profesor Tulio Chiossone: “En la división de los hechos punibles no todas las legislaciones siguen idéntico sistema. es un libro muerto. Página 79. Universidad Central de Venezuela. menester es eliminarlo. siguen el bipartito. Todo lo relativo a las faltas se insertaría en el Código Nacional de Policía. Introducción Apuntamos en primer término lo dispuesto en el artículo 1 del Código Penal venezolano. El libro que contiene las disposiciones sobre faltas. 5 Lo que en palabras corrientes significa: “Toda definición en derecho es peligrosa” 6 Ponencia del autor Víctor Álvarez. otras. En todo caso. reunido en la ciudad de Mérida. para culminar luego con la legitimación del Ministerio Público para el conocimiento de las Faltas. el
El artículo 1 del Código Penal vigente dispone: “Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviese expresamente previsto como punible por la ley.”. la supresión –como tendencia mayoritaria en doctrina – de las faltas del Código Penal no es una iniciativa reciente. y como las previsiones de los Códigos se caracterizan por sus condiciones de estabilidad y permanencia que los pone a salvo de frecuentes revisiones legislativas. se impone como una necesidad técnica apartar el articulado de nuestro Código Penal aquellas infracciones que no corresponden a tales postulados. publicada en la obra “Estudios Penales”. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas”. Biblioteca de la Academia de Ciencias políticas y Sociales.
“Curso de Derecho Criminal”. Tomo II. Claus. no es posible delimitar delitos y contravenciones según el criterio de si una acción lesiona bienes jurídicos preexistentes o solamente infringe normas creadas por el Estado. Universidad Central de Venezuela. puesto que causan daño al individuo (! ruido perturbador de la tranquilidad o descanso) o son perjudiciales para el bien común (y con ello mediatamente también para el ciudadano). Carrara. II. Universidad Central de Venezuela. Colombia 1998. Caracas.
.. Incluso una prohibición de aparcamiento tiene la finalidad de impedir un atasco de las calles y asegurar de ese modo el libre comercio y movimiento. 8 Pese todo lo expuesto – de mayúscula importancia. Francesco. la intención de legislador de dividir los hechos punibles bajo una estructura bipartita no encuentra una justificación explícita. Madrid. en ese sentido. valga citar al maestro Claus Roxin quien entiende que: “. moralmente imputable.”. las contravenciones lesionan bienes jurídicos. Chiossone. 9 De igual modo ocurre con la búsqueda de una definición legal del Delito... Tulio. positivo o negativo.. que de él provenga un daño social y que se halle prohibido por la ley positiva”. 1992. Que el acto tenga valor moral. 7 Con el propósito de apoyar lo anterior. La diversidad de las escuelas penales. Tulio. No obstante. Este sistema unipartito ya ha sido adoptado por algunos códigos de moderna estructura”. 9 De hecho. sin embargo. 8 Roxin. Las Faltas y su regulación en el Ordenamiento Jurídico Venezolano
El Libro Tercero del Código Penal ampara todo lo concerniente al régimen sustantivo de las faltas. Página 79. Editorial Civitas. En efecto. nuevamente el autor Víctor Álvarez contribuye con lo siguiente:
Chiossone. para una ulterior reforma del Código Penal – las siguientes palabras pretenden prioritariamente un examen de las disposiciones adjetivas que regulan las faltas en el ordenamiento jurídico actual. Caracas. interesante es discernir las características principales que diferencian las faltas de los hechos que la ley incrimina como delitos. la variedad de criterios. Página 376. Página 57.cual fijará un procedimiento de aquellas. la incertidumbre en cuanto a métodos precisos y exactos. 1997. “Manual de Derecho Penal”. valgan previamente algunas consideraciones interesantes con relación a la naturaleza jurídica de la institución en comentario. conforme los postulados legalistas que imprimen de contenido la actual regulación penal (entiéndase: Artículos 1 y 16 del Código Penal) – y en sintonía con las enseñanzas del maestro Carrara – imperioso es concluir que todo Delito supone: “La infracción de la ley del Estado. sin duda alguna. “Anotaciones al Código Penal”. el concepto jurídico de delito”. en una definición adecuada. Parte General. todo ha contribuido a acentuar la dificultad de concretar. “Derecho Penal”. promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos. por cuanto protege un bien jurídico. resultante de un acto externo del hombre. Editorial Civitas. no contribuye con definición alguna sobre el particular. No obstante. Advertía en su oportunidad el profesor Tulio Chiossone: “Difícil es obtener una definición legal del delito. Con fines únicamente didácticos. Parte General.
Así las cosas. Ob. De las faltas sólo son responsables los autores y los cómplices. Con lo que fácilmente se advierte que un mismo hecho estimado como delito puede convertirse mañana en contravención y al contrario”. 12 entiende que las faltas únicamente encuentran distingo. Cit. encontramos
Ponencia del autor Víctor Álvarez. por ser ambos opuestos a las leyes penales y dañosos a las condiciones de existencia social. 11 Ob.. delitos veniales. criterio disidente sostiene el profesor Grisanti Aveledo cuando arguye: “En nuestro Código no prospera el criterio de distinción cuantitativa de delitos y faltas. es el que priva en la generalidad de las legislaciones positivas. en cuyos códigos figuran las faltas al lado de los delitos. si se tiene en cuenta que todos los criterios cualitativos ensayados han demostrado su más absoluto fracaso. siendo indiferente el elemento subjetivo de la culpabilidad. la responsabilidad se extiende igualmente a los encubridores”. En las faltas.la verdad es que no existe un criterio sólido para distinguir el delito de la contravención penal.“1. dependiendo del juicio que en torno a ello emita el respectivo legislador histórico. “Manual de derecho Penal”.”. presentada al Tercer Congreso de Colegios de. Velásquez Velásquez. 2. agrega Víctor Álvarez: “Ferri opina que jurídicamente no existe diferencia entre delito y contravención.. 3.”. no solo desde el punto de vista del injusto. sostiene: “actos delictuosos son aquellos que denuncian la existencia de elementos peligrosos para la vida y el orden social en un momento determinado: cuando el hecho es tal que denuncia la presencia de elementos bastantes peligrosos. Página 110. cualitativa. ejemplo: en el encabezamiento del artículo 446 del Código Penal Venezolano vigente. Colombia 2002. Cit. 4. respecto a los delitos. En cuanto a la sanción: los hechos que integran las faltas tienen asignados penas mucho más leves que las que se aplican a los delitos.. e incluso foránea. por ello. Y más adelante. basta la simple infracción legal – acción u omisión – para incurrir en responsabilidad. Fernando. Página 35. pues entre ambas figuras solo es posible encontrar diferencias de tipo cuantitativo.. en caso de delito. el criterio de distinción cuantitativo es el argumento que prevalece en doctrina. Páginas 34 y 35. mientras que. lo llamamos crimen o delito. sino también desde el de la pena imponible. como delitos de menor entidad. 11 El grueso de la doctrina nacional. por cuanto encontramos un caso en el que una falta acarrea pena más grave que un delito. titulada “Reforma de los títulos I al VI.. esencial y ontológicamente no existe distinción alguna. conforme el quantum de la pena atribuible. dejando por sentado que. citando a su vez al penalista español Dorado Montero. Página 34..
. es igualmente predicable con la contravención penal. Libro I del Código Penal”. cuando revela poco peligro. Editorial Temis. y en sintonía con lo expuesto supra... 12 El maestro colombiano Velásquez Velásquez arguye con acierto lo siguiente: “. 10 Y más adelante. según el cual los delitos y las faltas no se diferencian constitutivamente. Así pues. Sin embargo. El mismo autor. pero afirma que el delito y la falta son moral y socialmente diversos”. todo lo afirmado en relación con el delito desde los planos formal y material. el mismo autor agrega con acierto: “El criterio objetivo. Parte General. lo llamamos contravención. La falta sólo es punible cuando se ha consumado y no en el grado de tentativa ni en la de frustración. lo único que podría decirse en cuanto a la distinción es que las contravenciones penales son una especie de conducta punible de menor gravedad que el delito. sino según la gravedad del daño ocasionado por la infracción.
Página 83. Vadell Hermanos Editores.. El procedimiento especial de faltas en el Código Orgánico Procesal Penal. ahondar con detalle en su examen. justificado es cuestionarnos: ¿Median diferencias reales entre los delitos y las faltas?. la imposición de sanciones menos rigurosas es el único criterio de distinción admisible. el cual es penado con arresto de tres a ocho días o multa de veinticinco a ciento cincuenta bolívares. y es por esta razón que se afirma que el criterio de distinción cuantitativa entre delitos y faltas fracasa en el caso concreto de nuestro Código Penal”. 13 A modo de conclusión. presentada al Tercer Congreso de Colegios de.. podría entonces asimilársele a los delitos de menor entidad y dársele colocación en el Libro Segundo. 1997. En realidad se trata de delitos veniales. 15 Las faltas son delitos leves. Caracas. Aquí tenemos una falta castigada en forma más severa que un delito.. III. en el artículo 489 que ‘el ministro de cualquier culto que haya procedido. Página 83. titulada “Reforma de los títulos I al VI.tipificado el delito de injuria. 14 Independientemente de todo lo anterior. Tal y como afirma el autor Víctor Álvarez: “En el supuesto de que se considere que alguna de esas infracciones revista cierta gravedad. pero nunca de categorías distintas. Página 39. porque ya no podrá decirse que todos los delitos acarrean penas más graves que todas las faltas”. Grisanti Aveledo. proponemos el siguiente diagrama. es menester que. Pero basta con encontrar una sola falta que acarree una pena más grave que un delito a que ese Có parenjuiciamiento digo no prospere el criterio cuantitativo de distinción entre delitos y faltas. Éstas responden a la misma estructura y esencia de los delitos. lo racional. todos los delitos acarreen penas más ves que las fa grala solicitud de ltas. 15 Ponencia del autor Víctor Álvarez. Hernando. El libro tercero del Código Orgánico Procesal Penal – apartado que refugia el régimen de los procedimientos especiales – en su Título Quinto (artículos 382 al 390). delitos de menor gravedad. será penado con arresto de uno a dos meses o con multa de cincuenta a setecientos cincuenta bolívares’. 10ma. que califico de caprichosa. Esto en virtud de una decisión libre del legislador.
. Por otra parte. para luego. porque lo lógico. Nuevamente el profesor Grisanti Aveledo aporta las siguientes conclusiones: “En Venezuela las diferencias que existen son puramente de colocación estructural. es establecer la distinción cuantitativa”. en consecuencia. de consecuencias dañosas superficiales para el colectivo. de acuerdo con el Código vigente.. Edición revisada. Libro I del Código Penal”. Con el único objeto de ilustrar el referido procedimiento. al lado de uno de esos delitos”. defendemos lo conveniente de la supresión de las faltas del Código Penal. en el Libro Tercero encontramos. Cit.
El profesor Grisanti Aveledo sostiene ab initio de sus conclusiones lo siguiente: “Para que el criterio de tinción prospe disPresentación de re. “Lecciones de Derecho Penal”.. de colocación en el código Penal: los delitos están previstos en el Libro Segundo y las faltas en el Libro Tercero.. 14 Ob. Este criterio de distinción es anticientífico. regula el procedimiento de faltas. empírico.
. norma que legitima al funcionario que haya tenido conocimiento de la falta – o el designado por la ley para perseguirla – a solicitar el enjuiciamiento del contraventor. la disposición infringida. 18 Lo anterior nos remite necesariamente al artículo 110 del Código Orgánico Procesal Penal.
Es el Ministerio Público el titular del ejercicio de la acción penal (todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 285 de la Constitución de 1999. 18 Cuya dirección corresponde en exclusivo al Ministerio Público. El órgano competente para la Vigilancia del Tránsito y Transporte Terrestre. Los órganos requeridos para brindar apoyo en la investigación penal son: • • •
La Fuerza Armada Nacional ejerciendo funciones de investigación de delitos. Penales y Criminalísticas (artículos 12 y 14). Respecto a los representantes del Ministerio Público no existe duda alguna. que a su vez. Si bien es cierto que el Ministerio Público no es el único legitimado de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal para solicitar el enjuiciamiento del contraventor. municipales y los servicios mancomunados de policía. indicando en dicha solicitud los datos concretos del imputado. el funcionario que haya tenido conocimiento de la falta. El primer supuesto podría entenderse en los siguientes términos: son legitimados para intentar la solicitud de enjuiciamiento el Ministerio Público y los funcionarios que coadyuvan con la persecución penal. mucho más valedero es entender que no todo funcionario está facultado para motorizar el procedimiento especial in commento. obliga el examen del Decreto con Fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas. En efecto. el señalamiento de los datos pertinentes relacionados con la infracción. 16 por su parte. y finalmente. y por otra. refiere su atención a los órganos encargados de brindar apoyo en las labores propias de la investigación penal. la identificación del solicitante. aquel funcionario que la ley designe para perseguirla.Citación
El esquema propuesto merece las siguientes disertaciones: El punto “1” atiende a lo dispuesto en el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal. Las policías estadales. así como por los postulados del sistema acusatorio recogidos en el novísimo Código Orgánico Procesal Penal). la descripción del hecho. 17 Ver artículo 382 del Código Adjetivo Penal. el anotado artículo 382 estipula dos supuestos perfectamente escindibles en cuanto a la legitimación activa: por una parte. norma. cuando el Código Adjetivo Penal 17 alude al “funcionario que haya tenido conocimiento de la falta”.
20 Ahora bien.
. Quien tiene la función legal de juzgar. Los cuerpos policiales de inteligencia. Las unidades de servicios autónomos. Los capitanes o comandantes de aeronaves con matrícula de la República Bolivariana de Venezuela. departamentos y demás dependencias de las Universidades e Institutos Universitarios Tecnológicos y científicos de carácter público y privado dedicados a la investigación y desarrollo científico. en consecuencia. respecto de los delitos cometidos en sus instalaciones. respecto a los hechos punibles que sean cometidos en las mismas durante el vuelo. la impunidad de algún hecho punible. refiriéndose a los órganos facultados para brindar apoyo en la investigación penal.
La norma aducida. lo contrario. secciones. podrían comprenderse entre los legitimados 19 a los Prefectos y Jefes Civiles a los que hace mención la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia. tener también la carga de solicitar el juzgamiento. una vez precisada esta lectura respecto de la legitimidad activa para solicitar el enjuiciamiento en el supuesto de las contravenciones. no puede. una indicación sucinta del hecho y la falta que se
Entiéndase: respecto al procedimiento especial de faltas. Las dependencias encargadas de la seguridad de los sistemas de transporte ferroviario y subterráneo. evitándose el posible abuso de poder o. estimamos conveniente advertir que el Ministerio Público deberá impartir instrucciones a los funcionarios legitimados (conforme lo sostenido supra) de notificar al Representante Fiscal que se encuentre de guardia en la zona donde se cometió la falta. Los Cuerpos de Bomberos y administración de emergencias. pues sería contradictorio con sus funciones legales. lo que no sólo contribuiría a controlar las actuaciones de los funcionarios actuantes. instrumento normativo que les confiere atribuciones para tramitar. solucionar y hasta dictar medidas cautelares en virtud de las faltas que conozcan. Los capitanes de buques con pabellón de la República Bolivariana de Venezuela. Jueces de Familia (ahora “jueces de protección”) y Jueces de Primera Instancia en lo Penal. Creemos conveniente precisar que la notificación que se realice al respecto deberá contener la identificación y cargo del funcionario que solicita el enjuiciamiento. debemos acotar que para ellos no es posible presentar la solicitud para iniciar el procedimiento de faltas. Los Jefes y Oficiales de Resguardo Fiscales. prescribe la siguiente fórmula: “Los demás que tengan atribuida esta competencia mediante ley especial”. Los órganos dependientes del Poder Ejecutivo encargados de la protección civil y administración de desastres. también garantizaría una supervisión del objeto por el cual se enjuicia al trasgresor. en su último numeral. en un sistema acusatorio. Valga mencionar que a pesar de que dicha ley menciona también a los Jueces de Paz. la identificación de los sujetos implicados. El órgano competente en materia de identificación y extranjería. respecto a los hechos punibles que sean cometidos en los mismos durante su travesía.• • • • • • • • •
en su artículo 64. no es desmedido entender que el procedimiento de faltas suprime tanto la fase de investigación. establece que el juzgamiento de los ilícitos respecto de los cuales pueda proponerse el procedimiento abreviado será de la competencia de tribunal de juicio unipersonal. quien. Para ello podrá contar con el auxilio de los órganos de policía (punto “2”). 22 En conclusión. El Código Orgánico Procesal Penal. como la fase intermedia. el procedimiento de faltas no se ve precedido por una fase de investigación o de instrucción. analizando todas las disposiciones que regulan el trámite para el juzgamiento de faltas. y evitará. llamará a debatir el asunto y dictará sentencia sin mayor trámite. al señalarse que: “En el Título VI se regula el procedimiento de faltas. una vez presentada la solicitud – ante el Juez de Juicio competente – el mismo funcionario actuante citará a juicio al contraventor indicando el tribunal y el plazo de comparecencia. de suyo. adaptándose a la nueva organización judicial que se propone y simplificándose los trámites para la decisión”. La solicitud es presentada directamente ante el Tribunal de Juicio. Luego. que en fin. se deberá indicar el tribunal que conoce de la falta. de manera muy sumaria. el procedimiento de faltas no es la excepción. luego de intentada la solicitud. es la supresión de una de las fases previstas para el procedimiento ordinario. Luego (punto “3”) el contraventor – en audiencia convocada ante el juez de juicio competente – manifestará si admite o no su culpabilidad (punto “4”). 23 en caso contrario (punto “6”).
. mucho más genuino es reconocer que en el procedimiento especial de faltas el representante de la Fiscalía no actúa en momento alguno como director de la fase preliminar del proceso. el Tribunal de Juicio dictará la decisión que corresponda (punto “5”). si bien es cierto que el Ministerio Público funge como órgano encargado de motorizar y dirigir las labores de investigación y persecución penal. no es un aserto exagerado sostener que una de las principales características de los procedimientos especiales estipulados en el Código Adjetivo Penal. Ahora bien. Así las cosas. Consecuencialmente. deberá indicar los medios de prueba que fundamentan sus
Pero creemos que puede perfectamente plantearse una solicitud de auxilio judicial Esta fue la intención del legislador y así se dejó constancia en la exposición de motivos del Código Orgánico Procesal Penal de 1998. Todo ello contribuirá a controlar y garantizar el correcto ejercicio de la acción penal. Ver artículo 385 del Código Adjetivo Penal. En caso de admitirla. Continuando con el esquema propuesto. 23 Siempre y cuando no sean necesarias otras diligencias.imputa y. Los medios de prueba son recabados por la propia parte 21 . observamos que ninguna de ellas establece la oportunidad para instruir una investigación. es una realidad social que no podemos desconocer. la impunidad de las faltas.
en la imposición de medidas de arresto dictadas directamente por el Gobernador del Estado respectivo. en principio. el Tribunal llamara a juicio inmediatamente al imputado. 29 Como de los Estados Guárico. en sentencia reciente del Máximo tribunal. quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y de los Municipios. Dispone la norma in commento: “Artículo 387. 28 El artículo 163 de la Constitución de 1999 dispone lo siguiente: “El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por un número no mayor de quince ni menor de siete integrantes. cuyas consecuencias jurídicas devienen. Pese lo sostenido supra. a los derechos y garantías fundamentales prescritas constitucionalmente.
. 27 Todo ello como corolario de lo dispuesto en el artículo 389 del Código Orgánico Procesal Penal: “El imputado podrá ser asistido por un defensor. entre ellos. El Consejo Legislativo tendrá las atribuciones siguientes: 1. para finalmente. Barinas. principio fundamental que advierte que el único mecanismo viable para la creación
Conscientes de que el tema merece un mayor tratamiento en trabajos ulteriores. comprende el derecho a recurrir. la cual será comentada infra) y Carabobo. Contra la decisión no cabe recurso alguno”.. Los Códigos De Policía y su inconstitucionalidad La Constitución de 1999 establece – refiriéndose a las competencias atribuidas al Poder Público Estadal – la potestad de los Consejos Legislativos de cada Estado (entiéndase: órganos encargados de ejercer el poder legislativo en cada entidad federal) de legislar sobre las materias propias de su competencia. Bolívar (valga resaltar que el Código de Policía del Estado Bolívar fue declarado nulo por inconstitucional. dictar la sentencia que corresponda (punto “7”). Seguidamente. la garantía de la Reserva Legal. los referidos códigos han de sujetarse. sus respectivas sanciones – fungen como francas violaciones a postulados constitucionales neurálgicos. así como otros funcionarios adscritos al Poder Regional. impretermitiblemente. No obstante. procuran la organización y optimización de la función policial regional.”.. las partes comparecerán con todos los medios probatorios que pretendan hacer valer. el Tribunal oirá a las partes y apreciará los elementos de convicción. Monagas. incluso. los cuales. Sucre. pese lo dispuesto en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal. Nueva Esparta. Miranda. 26 De igual manera. consideramos indispensable advertir la necesidad de procurar el derecho a la defensa técnica del imputado desde el mismo inicio del procedimiento. permite discernir determinados supuestos de hecho en los cuales se estatuyen verdaderas contravenciones. 26 El derecho a la defensa. entre otras garantías. de fecha 7 de Agosto de 2001. 28 sobre la base de lo expuesto. 24 debe advertirse que. algunos Estados han estatuido un conjunto de instrumentos normativos denominados “Códigos de Policía”. Simplemente a modo de comentario. En el debate oral.
Tales faltas – y por supuesto. si lo nombrare”. Legislar sobre las materias de la competencia estadal. 25 resulta violatorio del principio constitucional de la doble instancia no permitir el derecho a recurrir del fallo. el examen de algunas disposiciones de los Códigos de Policía. Apure. Portuguesa.argumentos – y solicitará el auxilio público de ser necesario –. 27 IV.
para contribuir así a reducir al máximo la arbitrariedad de los agentes públicos”. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial. valga citar con ahínco los acertados argumentos sostenidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. de igual modo.. Este cierto contenido la norma constitucional lo reservó para el Poder Legislativo Nacional y a éste pertenece la determinación de conductas infractoras y de las sanciones que las castigan. En estricto sentido debe entenderse
Ello de conformidad con lo establecido en el artículo 156. de fecha 7 de agosto de 2001..
. la única autoridad constitucionalmente facultada para privar de libertad a determinado ciudadano es el órgano Jurisdiccional (entiéndase: Juez con competencia en materia Penal). Y posteriormente agrega: “Ha querido nuestro constituyente lograr de esta manera que la materia relativa a la libertad personal sea regulada a través de la forma más rigurosa posible. de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí que la Asamblea Legislativa del Estado Bolívar no sólo violentó el principio de legalidad al establecer la imposición de sanciones privativas de libertad lo cual le estaba vedado. como la definición y alcance preciso de la sanción misma. ordinal 32. arguyendo que: “Es por ello que el Código de Policía del Estado Bolívar. Es la ley la que puede definir el delito o falta sin que pueda señalar infracciones genéricas a ser tipificadas y complementadas tal como lo hace el Código impugnado. 30 En ese sentido. con ponencia del Magistrado Antonio García García. merece especial atención lo dispuesto en el artículo 44 del Texto Fundamental. no podía regular sino las áreas que la ley le permite de modo que no puede suplirla allí donde la norma legal es necesaria para producir determinado efecto o regular un cierto contenido. a menos que sea sorprendida in fraganti. en consecuencia: 1. En consecuencia. con los cuales declaró la nulidad por inconstitucionalidad del Código de Policía del Estado Bolívar. 31 Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. norma que prescribe tajantemente que “La libertad personal es inviolable.”. 31 Pero no sólo lo anterior motiva reconocer la grosera inconstitucionalidad de contadas normas de los Códigos de Policía. sino que. donde se declara la nulidad por inconstitucionalidad del Código de Policía del Estado Bolívar. para salvaguardar así uno de los valores capitales del individuo dentro del Estado de Derecho.de tipos y sanciones penales es en razón de una Ley Nacional (y nunca un acto parlamentario de los Consejos Legislativos). sino que usurpó funciones legislativas del Poder Legislativo Nacional al crear dichas sanciones”. Por ello exige la estructuración de un sistema en el cual se fije sólo a través de la ley formal tanto las obligaciones cuyo incumplimiento pueda ocasionar sanciones de esa naturaleza.
suponer la limitación de derecho o garantía constitucional. constitucional.no estaba facultada la Asamblea Legislativa del Estado Bolívar. potestad para la que -por demás. garantías suficientes de defensa para los sancionados. En este sentido. Debe acentuarse como premisa. atentando en consecuencia contra el principio de la legalidad e invadiendo la materia reservada al Poder Legislativo Nacional. pueden imponer sanción alguna que implique restricción de la libertad individual. se consagran las violaciones que conducen por consiguiente a la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos impugnados. tales como el arresto. y mucho menos. Nuevamente la sentencia mencionada supra comenta con acierto: “. sin la tramitación de un procedimiento debido. debiéndose destacar por lo demás que en la aplicación de dichas medidas existe una verdadera ausencia de procedimiento. ordinal 1°. no ofreciéndose en consecuencia. al estar los artículos impugnados destinados a producir actos dirigidos a coartar o condicionar la esfera de los derechos y garantías de los administrados. todas aquellas medidas relativas a la aplicación de tales sanciones. sino también. visto que a través de la imposición de las sanciones que contiene el Código de Policía del Estado Bolívar se generan diversos abusos en su aplicación. trayendo como consecuencia la ilegal restricción de la libertad personal de los particulares sujetos a dichos procedimientos.. así como la violación del derecho al debido proceso (contentivo de la presunción de inocencia) y del principio non bis in ídem. y al establecer toda una tipología infractora para proceder a imponer sanciones privativas de libertad. como son el orden moral. razón por la cual no sólo son inconstitucionales las medidas correctivas privativas de libertad impuestas. sin que exista la especificidad de la conducta a sancionar. ni los actos de la administración. faltas e infracciones en leyes preexistentes”.
Artículo 49 ordinal 6° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. desconocen el mandato impuesto por el artículo 44. creando además previsiones genéricas de carácter subjetivo y de difícil determinación.que. resultando en consecuencia arbitrarias y contrarias a derecho. las disposiciones objeto del presente recurso de nulidad resultan inconstitucionales. por lo que observa esta Sala que en efecto la aplicación de las disposiciones contenidas en el referido Código configuran la violación del principio de legalidad en sus dos vertientes -la legalidad penal y la legalidad administrativa-. 32 Nuevamente la sentencia in commento dispone: “En los artículos antes enunciados. se prevén sanciones privativas de libertad. A juicio de esta Sala Constitucional. ni las normas reglamentarias. Como corolario de todo lo anterior. y así se declara”. imperioso es concluir que los arrestos administrativos contemplados en los Códigos de Policía. que nadie “podrá ser sancionado por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos..
. V.. ni definen el ámbito dentro del cual pueden ejercer su potestad los funcionarios llamados a imponer las sanciones por el Código de Policía del Estado Bolívar. En consecuencia al no contener dichos artículos la determinación de los tipos de infracciones que llevarían a la aplicación de las sanciones en ellas consagradas se produce una violación evidente y flagrante de la Carta Fundamental”. La norma en comentario dispone: “La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público. en vista de una ausencia de lex previa. En ese sentido. la seguridad social. adicionalmente. de vedada aplicación para cualquier funcionario público. lo cual impone que las conductas sancionables sean exactamente determinadas cumpliéndose así el respeto a la seguridad jurídica. y en consecuencia. lo anterior nos permite partir de una premisa fundamental: la titularidad de la acción penal corresponde al Estado y su ejercicio es atribución exclusiva del Ministerio Público salvo las excepciones que dispone la propia ley. se puede colegir que efectivamente al existir una serie de disposiciones que crean sanciones que no están tipificadas. configurándose la violación al principio de tipicidad de las penas y sanciones. Pues bien. conllevando por lo tanto a que se viole necesariamente el derecho a la libertad. (. que dichos artículos dejan a la discrecionalidad de elección del funcionario la imposición de la sanción aplicable. que supone una ley escrita previa que describa explícitamente los supuestos de hecho que constituyen la falta y su consecuente sanción administrativa. Se destaca también.. salvo que sólo pueda ejercerse por la víctima o a su requerimiento”. salvo las excepciones legales”. quien está obligado a ejercerla.) De lo expuesto. derecho este sobre el cual se organiza todo el Estado de Derecho. que se identifica con el principio de legalidad y de una lex certa. valgan las anotaciones del profesor Ramírez Monagas. el artículo 24 del mismo cuerpo normativo prescribe: “La acción penal deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público. quien acertadamente entiende que: “Este monopolio de la acción penal pública se justifica por la pretensión de garantizar la efectividad de la persecución penal ya que. El ministerio público como ente legitimado para el conocimiento de las faltas El artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal contempla el principio de oficialidad de la acción penal. Impera únicamente una sola conclusión: los Códigos de Policía son inconstitucionales. permitiendo el grado de certeza suficiente para que los administrados puedan predecir las consecuencias de sus actos. Y más adelante. la paz. defendemos la no posibilidad de aplicación del Procedimiento de Faltas establecido en el Código Orgánico Procesal Penal a las infracciones o contravenciones dispuestas en tales instrumentos normativos.la decencia. las disposiciones impugnadas violan el principio de tipicidad de los delitos y faltas y el principio de legalidad que son en definitiva los que marcan el límite del ejercicio de las potestades públicas.
Pedro. Ordenar el inicio de la investigación. de conformidad con el Código Orgánico Procesal Penal. ... Son deberes y atribuciones de los fiscales del Ministerio Público: . 34 El principio de oficialidad de la acción penal no solo encuentra reflejo en el Código Orgánico Procesal Penal. 34 Osman Maldonado. 1997.. Caracas. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes. publicada en la obra “Primeras Jornadas de Derecho Procesal Penal.”. Ejercer la acción funcional de las investigaciones penales de los órganos de policía correspondientes. 1999. “El Ministerio Público y la Acción Penal”... sino que la acción la ejercen los particulares. sean agraviados o no. el cual es el único que tiene el poder de castigar. así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. En efecto. Ponencia titulada “El régimen de la acción penal.. cuando no existe órgano estadal. dispone textualmente: “ Artículo 285. Acentuando lo anterior. Bayardo.. Páginas 60 y 61.. El Estado ejerce la acción de una manera directa cuando instituye órganos estatales facultados para intentar los juicios penales correspondientes y la ejerce de manera indirecta. Ejercer la acción penal pública. Caracas..es un deber para este órgano del Estado (Ministerio Público). la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica del Ministerio Público 35 contemplan en similares términos la máxima en estudio. cuando tengan conocimiento de la presunta comisión de algún hecho punible de acción pública”. el artículo 34 de la ley en examen dispone: “Artículo 34.. Así en esta modalidad el Fiscal del Ministerio Público. el Código Orgánico Procesal Penal y en las leyes.. Son atribuciones del Ministerio Público: . Ejercer la acción penal en los términos establecidos en la Constitución. cuando tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible. de acuerdo a las variantes previstas en la Ley. con lo cual se garantiza el ejercicio de la acción penal que en manos de particulares por desidia o terror o por falta de recursos para investigar o por falta de educación cívica o de interés se corra el peligro de que el Derecho Penal se haga irrealizable por falta de persecución penal. otros instrumentos normativos. 3.... Esa acción penal puede ejercerla el Estado de una manera directa o de una manera indirecta. 4. 35 El Artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público prescribe: “Son deberes y atribuciones del Ministerio Público: . se convierte en garante del ejercicio de la acción penal como función pública lo cual de por sí justifica la oficialidad de la acción penal. principios de legalidad y oficialidad.”. se configura como el representante de los intereses públicos.”.. Universidad Católica Andrés bello.. 3. según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y supervisar la legalidad de esas investigaciones. 6. 33 En igual sentido van encaminadas las conclusiones del profesor Osman Maldonado cuando señala: “En consecuencia la acción penal es pública por naturaleza en tanto y cuanto pertenece esencialmente al Estado.
Ramírez Monagas. . Principio de oportunidad y acuerdos reparatorios”. entre ellos.. el artículo 285 Constitucional. 5.. El nuevo Proceso Penal”.
indicando tiempo y lugar.. señalamiento de los datos pertinentes. Valga acotar que la solicitud merece satisfacer los requisitos legalmente dispuestos en el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal... o aquel que la ley designe para perseguirla. al contrario. 38 Salvo las excepciones establecidas legalmente (entiéndase: acciones que dependen del impulso de la parte agraviada por el delito. 37 La norma en comentario dispone: “Artículo 532. se hizo especial hincapié en lo dispuesto en el artículo 382 ejusdem. norma que dispone en su acápite: “El funcionario que haya tenido conocimiento de la falta... agregando los documentos y los objetos entregados por el infractor o que se incautaron. penales y criminalísticas. actuará así: 1. Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere necesario instancia de parte. Tal y como se apuntó supra. 4. El artículo 382 del Código Adjetivo Penal faculta a determinados funcionarios 36 para solicitar el enjuiciamiento de personas vinculadas con la comisión de faltas. atribuye plena competencia a cualquier funcionario (entiéndase: órganos encargados de coadyuvar en el ejercicio de las investigaciones penales) que conozca de la comisión de una falta. salvo las excepciones establecidas en la ley. El juez de juicio en las diferentes causas que le sean atribuidas. la solicitud de enjuiciamiento debe ser presentada directamente ante el juez de juicio unipersonal. Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a los o las particulares o a otros funcionarios o funcionarias de acuerdo con esta Constitución y la Ley”. . Disposición legal infringida. Impera entonces la
Conforme las disertaciones acotadas en apartados precedentes. de fecha 09 de noviembre de 2001. se convino en que la norma no dispone una fórmula cerrada o restringida en cuanto a la legitimación para perseguir a los presuntos contraventores. 5. B) Órganos encargados de coadyuvar en la investigación penal. definitivamente atribuye al Ministerio Público – como titular del ejercicio de la acción penal – la legitimación para motorizar la persecución contra éste. Funciones Jurisdiccionales. debe reiterarse que por mandato constitucional – y legal – el ejercicio de la acción penal corresponde en exclusivo a los representantes del Ministerio Público. C) Y los funcionarios que la ley designe para perseguir las faltas. a saber: “1. Descripción resumida del hecho imputado. o aquellas acciones que únicamente son susceptibles de ser intentadas por el Ministerio Público previo requerimiento de la víctima)... No obstante. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 532 del Código Orgánico Procesal Penal.. Así las cosas. 2. 37 Pero por otra parte. Como juez unipersonal en las causas por delitos que no tengan asignada pena privativa de libertad y aquellos cuya pena privativa de libertad no sea mayor de cuatro años. 5.. Identificación y firma del solicitante”. tales funcionarios son: A) el Ministerio Público. lo anterior es catalizador de numerosas polémicas.551.
. en el procedimiento abreviado y en el procedimiento de faltas. Gaceta Oficial Nro. 38 Consentir lo contrario pareciera atentar contra principios elementales del novísimo esquema procesal penal vigente. identificación del imputado y su domicilio o residencia.. Cuando la disposición legal transcrita señala que el enjuiciamiento del contraventor será solicitado por el “funcionario que haya tenido conocimiento de la falta”. es menester detener este estudio en algunas consideraciones esenciales. Ver Decreto con fuerza de ley de los órganos de investigaciones científicas. solicitará el enjuiciamiento indicando lo siguiente. Asimismo.”.4.”. En líneas anteriores se dedicó un estudio sumario – más no escueto – del procedimiento especial de faltas establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. 3.
una vez reconocida la inconstitucionalidad de los Códigos de Policía. Díez-Picazo. política de prevención. Importante es advertir que determinados hechos punibles requieren estrategias distintas para su juzgamiento. Consecuencialmente. Cit. 2da edición 1999. y precisamente una de ellas obedece al procedimiento especial aducido.siguiente interrogante: ¿la acción penal en los supuestos de faltas puede ser intentada efectivamente por otros órganos distintos al Ministerio Público?. por tanto. 43 recaería necesariamente para el Ministerio Público el conocimiento de una avalancha de causas por la presunta comisión de contravenciones o faltas. persecución y represión de la criminalidad. Tal y como se convino en líneas precedentes. que implica opciones en la aplicación de la ley. medios policiales y judiciales. deberían gozar de ciertos márgenes de discrecionalidad”. entre otras cosas. 2000. Ariel Derecho. Ob. Alberto. Cit. etc)”. Díez-Picazo. “Introducción al derecho procesal penal”. “El Poder de Acusar”. 43 Cuerpos normativos inconstitucionales en razón de las penas corporales que establecen. que deben incidir sobre una realidad compleja. No podemos sino responder afirmativamente el anterior cuestionamiento. reiteramos que cualquier funcionario esta facultado para solicitar el enjuiciamiento del imputado – incluyendo lógicamente a los representantes del Ministerio Público – ante el juez de juicio competente conforme los criterios establecidos
Binder. El ejercicio de la acción penal indiscutiblemente corresponde al Ministerio Público. Buenos Aires. incluido el Ministerio Público. 42 precisamente ello justifica la existencia de los procedimientos especiales prescritos en el Código Adjetivo Penal. 40 El autor Díez-Picazo define política criminal como la adopción de una estrategia global en materia de prevención. afirma que: “Los órganos llamados a dar aplicación a la legalidad penal. Página 27. Barcelona. 41 Ob. atentatorias de la garantía de la libertad individual dispuesta en el artículo 44 de la Constitución de 1999. Admitir lo anterior. desconocer la importancia de la política criminal. que conjuntamente con el derecho penal y procesal penal. y como corolario de todo lo anterior. Editorial Ad-Hoc.
. Argentina. devendría en respuestas que – lejos de coadyuvar con una verdadera solución – agravaría la dificultad operativa del Ministerio Público respecto al conocimiento de causas. 42 Acierta Diez-Picazo cuando sostiene: “Una lucha eficiente contra la criminalidad requiere de la combinación de instrumentos diferentes (legislación penal. sería. obstaculizando el derecho de acceso a la justicia que ampara a todo individuo en un Estado Democrático de Derecho. no obstante. 41 Entender que únicamente el Ministerio Público es el legitimado para ejercer la acción penal en los procedimientos de faltas. al respecto. aporta luces para encaminar las conclusiones que se pretenden (entiéndase: determinar razonadamente lo concerniente a la legitimación activa en los procedimientos por la comisión de faltas). la ley supone excepciones. no es un aserto exagerado entender que no son únicamente los representantes del Ministerio Público los legitimados para motorizar la persecución penal contra los imputados en los supuestos de faltas. forman el eje fundamental denominado – parafraseando a Binder – 39 “Sistema Penal” o “Sistema de Justicia Penal”. Luis María. España. 40 como ciencia auxiliar. Precisamente la política criminal. investigación.
construido sobre un andamiaje principista (garantista) inspirado en la oralidad. situación que obliga contribuir con soluciones acordes y en armonía con el ordenamiento jurídico vigente. concentración y publicidad. el procedimiento especial de faltas). Consecuencialmente. donde toda propuesta de integración debe adquirir su relevancia definitiva”. pues...en la ley. sobre la base de pilares fundamentales como la igualdad y contradicción (manifestación genuina del derecho a la defensa). si bien es cierto que el ejercicio de la acción penal es monopolio exclusivo del Ministerio Público – como órgano representante del poder punitivo del Estado – no es menos genuino que la ley supone excepciones. considerar -a los efectos de comprender el tema en su debida dimensión-. entre otros. en la tarea de construir lazos firmes y profundos de integración cultural y de consonancia política. es una aspiración de muchos juristas de nuestro continente. 44 En consonancia con lo anterior. el proceso de uniformidad legislativa se enmarca. Como ejemplo. En ese sentido. en la dimensión política y cultural. En efecto. Por ello. las fuentes de nuestro Código Orgánico Procesal Penal y lo previsto por algunas legislaciones procesales de otros países en lo relativo al procedimiento por faltas.. El Salvador. del 23 de enero de 1998. circunstancia que creó un hito en la evolución histórica de nuestro actual procedimiento penal. Así referido en la exposición de motivos de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte. En consecuencia.
. República Dominicana. Así las cosas. sin que ello suponga el desconocimiento de principios neurálgicos del esquema acusatorio. valga destacar. el propio ordenamiento jurídico faculta y legitima a funcionarios distintos para motorizar el ejercicio de la acción penal (como por ejemplo. es evidente la marcada influencia – verdadera fuente de inspiración – que supone el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica en el novísimo esquema procesal penal venezolano. naciones que han adoptado un esquema procesal penal de corte predominantemente acusatorio. sentada sobre bases comunes y sin perjuicio de las características propias de cada región. el texto comentado advierte con mayúscula claridad: “la uniformidad legislativa latinoamericana. Argentina.. Hoy día es evidente el colapso del Sistema de Justicia Penal. Colombia.208 Extraordinario. países como Costa Rica. el Código Procesal Penal de la República de El Salvador dispone en su artículo 391:
Ver Exposición del Motivos del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica. nuestros legisladores hicieron eco de los propósitos loables expuestos. no es una afirmación aventurera reconocer que funcionarios distintos a los representantes del Ministerio Público puedan solicitar el enjuiciamiento de un determinado contraventor. valga resaltar cómo ha sido regulado el Procedimiento de Faltas en otros códigos procesales latinoamericanos de evidente corte acusatorio. se ha estimado en suma valioso. y a título de referencia. es allí. 45 La influencia del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica mucho menos es ajena a la mayoría de las legislaciones latinoamericanas. conforme a la Gaceta Oficial N°5. inmediación.
Igualmente. Tales formalidades resultan incompatibles con el procedimiento
Artículo 1. la aprehensión de un sujeto supone su detención.“La solicitud del juicio por faltas se hará por escrito y contendrá. cuando en el Código Orgánico Procesal Penal. para luego ser presentado ante un juzgado de control a los fines de que éste disponga sobre su libertad y el procedimiento a seguirse. En efecto. En concordancia con el iter procedimental en los supuestos de delitos en situación flagrancia. dispone en su artículo 354: “El juzgamiento de las contravenciones se inicia con la presentación de la acusación de la víctima o del ministerio público o la solicitud del funcionario a quien la ley le atribuye la facultad para comprobarlas y perseguirlas. supondría el desconocimiento grosero de problemas y obstáculos operativos del Sistema de Justicia Penal. Las disposiciones antes transcritas. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviese previsto como punible por la ley. es indispensable su conducción ante un representante del Ministerio Público. como primer argumento.”. el procedimiento especial de flagrancia únicamente entiende su aplicación por la comisión de delitos y nunca de faltas o contravenciones. Entender lo contrario. 46 los hechos punibles se subdividen en delitos y faltas.. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas. la policía solicitará al juez de Paz competente el juicio por faltas sin perjuicio de la facultad de la Fiscalía General de la República en hacerlo. si lo considera necesario.. de igual modo. solicitar el enjuiciamiento de los presuntos contraventores conforme el derecho sustantivo penal. en su artículo 248. entienden que la legitimación activa en los supuestos de contravenciones no es atribución exclusiva de los representantes del Ministerio Público.. sustraídas de esquemas procesales de corte eminentemente acusatorio. luego. Con el objeto de materializar fines loables del proceso como la celeridad y el acceso expedito al Sistema de Justicia Penal. dispuso que la aplicación del procedimiento abreviado in commento sólo era susceptible de ser aplicado en los supuestos de “delitos flagrantes”. ni con penas que ella no hubiere establecido previamente. El procedimiento para los delitos flagrantes en el supuesto de faltas Debe concluirse la no posibilidad de aplicar el procedimiento para delitos flagrantes cuando se trate de contravenciones o faltas. el Código Procesal Penal de la República Dominicana.. y en sintonía con lo dispuesto en el artículo 1 del Código Penal. Precisamente esa fue la intención del legislador..”.. es perfectamente entendible que otros funcionarios – distintos al órgano fiscal – puedan. situación que desbordaría la capacidad de respuesta real del Ministerio Público. VI.
en primer lugar. 2° El Código Orgánico Procesal Penal establece el procedimiento especial que merece aplicarse siempre que se conozca de la comisión de una contravención. es menester denunciar la incompatibilidad del procedimiento de faltas y el procedimiento dedicado a la comisión de delitos en situación de flagrancia. el derecho a la defensa. la legitimación activa en el procedimiento especial de faltas corresponde al Ministerio Público. del Código Orgánico Procesal Penal. entre ellos. merecen ser suprimidas del Código Penal. atribuye competencia exclusiva al juez de control. en cambio. que demandan su aplicación en distintos supuestos. entre otros. continúe según las disposiciones prescritas para el procedimiento ordinario. De igual modo. divorciados totalmente. ninguna contravención merece pena privativa de libertad superior a tres años en su límite máximo. en principio.especial de faltas. negándose así la posibilidad. 47 por lo que sólo es admisible – con el objeto de garantizar la presencia del contraventor en juicio – la aplicación de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad. Consentir lo contrario atentaría contra el espíritu unificador que tuvo el legislador cuando pretendió agrupar en un solo texto (entiéndase: Código Orgánico Procesal Penal) las reglas de procedimiento imperantes en el actual esquema procesal. quien determinará la satisfacción absoluta de los presupuestos de la comisión de un delito flagrante y ordenará que el transcurso del proceso se desenvuelva bajo las formalidades propias del procedimiento abreviado. el principio de legalidad. En consecuencia. como titular del ejercicio de la acción penal. En efecto. En efecto. de detener a un sujeto con el propósito de ser conducido ante el órgano judicial y solicitar la aplicación del procedimiento especial para el enjuiciamiento de delitos flagrantes. y a los órganos encargados de coadyuvar en las labores de investigación penal – de conformidad
Ver artículos 253 y 251. la clasificación o división actual de los hechos punibles en nuestra Ley Sustantiva fundamental no obedece a criterio razonado alguno. VII. Ello vulnera principios fundamentales que inspiran el vigente sistema garantista. Tal y como se expuso supra – sustentado incluso por jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia – dichos instrumentos normativos tutelan contravenciones susceptibles de ser castigadas con penas privativas de libertad dictadas por autoridades administrativas. 3° Denunciamos vehementemente la inconstitucionalidad de los Códigos de Policía. la persecución de las faltas corresponde al funcionario que haya conocido de la comisión de la mismas.
. ordinal 2°. consideradas como categorías distintas a los delitos. así como aquellos a los que la ley atribuye competencia para motorizar su persecución. el enjuiciamiento del presunto contraventor es competencia exclusiva de un juez de juicio. se trata de procedimientos incompatibles. Conclusiones 1° Las faltas. el de reserva legal. o en su defecto. El procedimiento de flagrancia. En ese sentido. dicho procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud de enjuiciamiento a cargo del funcionario que conoce de la contravención. 4° Conforme lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.
com Binder. Editorial Reus. “Lecciones de Derecho Procesal Civil”. “Código Orgánico Procesal Penal. “La privación de libertad en el proceso penal venezolano”. Segunda Edición. Mario. Mc. Editorial Leyer. Arboleda Vallejo. 2004. Caracas. Bello Tabares. Décima Novena Edición. Editorial McGraw-Hill.
Aguilera de Paz. “Introducción al derecho procesal penal”. 2000. “Tutela Judicial Efectiva y Otras Garantías Constitucionales Procesales”. Alberto M. “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Alberto. Alberto. Editorial Ad-hoc. Graw Hill. Novena Edición. Alberto. Caracas. 1987. “Teoría General de las medidas cautelares reales en el proceso penal”. José María. 2001. Barcelona. Ariza Colmarejo María Jesús. Arteaga Sánchez. Biblioteca Virtual de Jurisprudencia: www. “Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos y procesales” Depalma. Editorial SULIBRO. Aragüena Fanego. 2da. 2002. “La prisión provisional”. Madrid. 1999. 1999. España. Asencio Mellado. Ediciones Paredes. Buenos Aires. Madrid. Granada. Alberto. 1986. Binder. Arteaga Sánchez. 1998. Alberto. 1991. Humberto y Jímenez Dorgi. Caracas. Editorial Livrosca.
. Arteaga Sánchez. “Código Penal Anotado (Ley 599 de 2000)”. “Derecho Penal Venezolano”. Edición. Caracas. Buenos Aires. Segunda Edición.con lo establecido en el decreto con rango de ley del CICPC –. Enrique. Binder. “Las Costas en el Proceso Penal”. Buenos Aires. 1998. Trabajo monográfico”. José Ángel. Coral. Bogotá. Editorial Civitas. Balzán.rioneroybustillos. Caracas. 1924. “El incumplimiento de las formas procesales”. Editorial Comares. 2001. Lo anterior esta en sintonía con el contexto y espíritu del Código Orgánico Procesal Penal.
1935. “Reflexiones para la reforma del sistema contencioso administrativo venezolano”. Antonio. Caracas. “Garantía Constitucional de la Defensa Procesal”. Díaz Chacón. 1998. 1996. Giuseppe. “Monografías Jurídicas”. “istituzioni di diritto processuale civile”. “Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares”. 2002. Colección Contencioso Administrativo N° 1. el principio de proporcionalidad). La influencia de la normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino”.M. (Teoría de los Derechos Fundamentales: Condiciones para la limitación de derechos fundamentales. 2da. “Diccionario jurídico elemental”. “Proceso penal y derechos humanos. Editores del Puerto. Cabanellas de Torres. Cafferata Nores. “Revista de Derecho Probatorio Nro. 1998. Nápoles. 2000. Eduardo. 3. Calamendrei. Carmelo. UCV. Casal H. Italia. 1999. Carnelutti. Simón Bello. Piero. Barcelona. 1999. 1998. Caracas. Santa Fe de Bogota. Caracas. Carocca Alex. 1936. 2002. Editorial Livrosca. 2002. “Curso de Capacitación sobre el Razonamiento Judicial y Argumentación Jurídica”. 2003. Borrego. del Tribunal Supremo de Justicia. Jesús M. Carmelo. Caracas. Publicación bimensual correspondiente a los meses enero y febrero del año 2001. Cabrera Romero. “La Constitución y el Proceso Penal”. “Doctrina Penal del Tribunal Supremo de Justicia”. 1999. J. Serie eventos Nro. Bosch Editor. Editorial Heliasta S. Guillermo. Caracas. 13”.
.L. Edición.Ediciones Homero. Carmelo. “Nuevo Proceso Penal. Curso de Capacitación sobre Razonamiento Judicial y Argumentación Jurídica. Caracas-Venezuela. Canova González. “Revista de Derecho Probatorio Nro.Borrego. Freddy José. Editorial Temis S. Buenos Aires. Tribunal Supremo de Justicia. Chiovenda. Caracas. Editorial Sherwood. José I. Francesco.R. 11”. principios y garantías penales". Borrego.Ediciones Homero. Eduardo. "Constitución. Caracas-Venezuela. Editorial Livrosca. Volumen I. Livrosca. Elsie. Carlos y Rosales. UCV. Actos y Nulidades Procesales”. Cabrera Romero.A.
J. 1982. Segunda Edición. Luigi. Caracas. Editores del Puerto. Fenech Navarro. González-Cuellar Serrano. 1975. Barcelona 1998. “Las Penas y las cárceles”. Díez-Picazo. Misterio Fiscal y Constitucionalismo”. Elio. 1994. “Garantía Constitucional de la Defensa Procesal”. Luis. Mairal. S. “Doctrina Penal del Tribunal Supremo de Justicia”. “El proceso de Habeas Hábeas”. Maier. Emilio. Caracas. Eloy.A. Buenos Aires. Madrid. “Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. “El proceso penal”. Editorial Losada. Caracas. Julio. Buenos Aires. Mc Graw Hill. 1947. 1998. Buenos Aires. Editorial. 1985. 1999. Dedicado a las máximas de los meses noviembre y diciembre de 2001. 2001. Madrid. Empresa El Cojo. Juan-Luis. Caracas. Vicente. Fernández. “Derecho Procesal Penal. “Tratado de Derecho Penal”. Barcelona. Madrid. “La Doctrina de los Propios Actos y la Administración Pública” Depalma. “El derecho a la Tutela Jurisdiccional”. Barcelona. 1985. Tomo III. Gómez Grillo. Introducción y normas básicas”. Trotta. Jorge. Nicolás. “El proceso alemán. Caracas. Gimeno Sendra. Tomo I. 1999. Editorial Livrosca. Editorial Bosch. Fernando. Edición. Universidad Central de Venezuela. González Pérez.
. Miguel. 2000. Luis. Fundamentos”. “Derecho y Razón”. González-Cuellar Serrano. Nicolás. Editorial Livrosca. 2001. Colex. Madrid. Freddy José. Jesús. “Teoría del delito”. tercera edición. Barcelona. “Manual de Derecho Procesal Penal”. Tercera Edición. 4ta. 1990. “Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal”. “El Poder de acusar. Héctor. Gómez Orbaneja. Lares Martínez. Tercera Edición.Díaz Chacón. Gómez Colomer. Bosch Editor. Madrid 1995.M. 1996. Jiménez de Asúa. Frías Caballero. Ariel Derecho. “Manual de Derecho Administrativo”. Editorial Civitas. 1965. Ferrajoli.
R. María Inmaculada.L.M. España. Livrosca. “Comentarios del Código Orgánico Procesal”.
. Caracas. Edición ampliada al Código Orgánico Procesal Penal de noviembre de 2001. “La mínima actividad probatoria en el proceso penal”. 2002. “Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal”. Barcelona. Colombia. “Para una sistematización de las medidas cautelares en el proceso penal”. Pedro. 2002.J. Pérez Sarmiento. Pérez Sarmiento. Caracas. “El amparo a la libertad”. “Derecho procesal Penal Venezolano”. 1998. Eric Lorenzo. Editorial Vadell Hermanos. Molina Arrubla. 2° edición. Aportes Procesales y Criminalísticos”. 2002. 2002. 1997. 1997. "Manual de Derecho Procesal Penal". “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”. Eric Lorenzo. Vadell Hermanos. UCAB. Orlando. Nueva Enciclopedia Jurídica. 1999. Montero Aroca. en: “Cuartas Jornadas de Derecho Procesal Penal”. 2002. II Tomo. Ortells Ramos. Barcelona. Editorial Arte. Eric Lorenzo. 2002. 2da Edición. “Comiso”. 1993. Caracas.Martínez Garnelo. Valencia. Monagas. Eric Lorenzo. Miranda Estrampes. Madrid. Editorial Vadell Hermanos. Editorial Librería Portocarrero. Artículo titulado “Detención preventiva y presunción de inocencia”. Federico. “Principios del proceso penal. 2002. Pérez Sarmiento. Caracas. 2003. Caracas. Orlando. 1978. Caracas. Manuel. Pérez Dupuy.G. Arístides. Bosch Editor. Iván. Caracas. Rengel-Romberg. Carlos Mario. Una explicación basada en la razón”. Editorial Leyer. 2002. “La investigación. México. 1995. Tomo IV. J. UCAB. Perú. Puig Peña. Artículo titulado “La libertad durante el proceso”. Editorial Porrua. Caracas. Pérez Sarmiento. Tirant lo Blanch. la instrucción y la flagrancia”. Manuel. Jesús. “Fundamentos de Derecho Procesal Penal”. “El Juez Penal. Monagas. en: “Quintas Jornadas de Derecho Procesal Penal”. Juan. Noguera Ramos. Osman Maldonado. Editorial Francisco Seix. “La investigación ministerial previa”.
2006. Norbert. UCAB. 2002. Caracas. Roxin. “Medidas Cautelares o de Coerción Real en el COPP”. 1997. José Luis.Rionero&Bustillos. Ediciones Depalma. Sextas Jornadas. Tamayo Rodríguez. 2001. 2000. Silva Silva. Blanca. Segunda Edición. “Temas Actuales de Derecho Procesal Penal”. 2001. 2003. Caracas. “Maximario Penal. México. “Derecho Procesal Penal”. “Manual Práctico comentado sobre la reforma del Código Orgánico Procesal Penal”. UCAB. “Derecho Procesal Penal”. Schonbohm. Rosa Mármol. Claus. Tomo I. Horst y Losing. Vadell Hermanos Editores. Caracas. “El Desacato. “Instituciones Básicas en la Instrucción del Proceso Penal”. Proceso Penal. Carlos J.
. Ediciones de la Asamblea Nacional. Vásquez González. Rionero&Bustillos. 2002. “El Proceso Penal. “Derecho Penal. “Maximario Penal”. Tamayo Rodríguez. 1995. Caracas. Magaly en “El Ministerio Público y la disponibilidad de la acción penal”. Juicio Oral en América Latina y Alemania”. Jorge Alberto. Segundas Jornadas de Derecho Procesal Penal llevadas a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. Ediciones El Puerto. Rionero&Bustillos. Instituciones Fundamentales”. Vadell Hermanos Editores. 2005. 2001. 2004. “Proposiciones para reformar el Código Orgánico Procesal Penal”. 1997. Claus. titulada "Suspensión Condicional del Proceso". Tamayo Rodríguez. UCAB. Para su revisión remitimos a la publica Vigencia Plena del Nuevo Sistema". 2do. Buenos Aires. Monografía presentada a la consideración de la Asamblea Nacional. Parte General”. Fundación Konrad Adenauer. Sin editar. Semestre 2005”. Editorial Livrosca. Rionero&Bustillos. José Luis. Rubianes. “Sistema Acusatorio. “Derecho Procesal Penal”. Caracas. Roxin. Rionero&Bustillos. Editorial Harla. Caracas. Vadell Hermanos Editores. Caracas. Editorial Civitas. Tomo III. Buenos Aires. Cuartas Jornadas de Derecho Procesal Penal. Caracas. José Luis. Desobediencia a la Autoridad en el Ordenamiento Jurídico Venezolano”. 2006. Venezuela. 2003. Vadell Hermanos Editores.
Vázquez González. 1999. 2000.
. Mimeografía. Terceras Jornadas de Derecho Procesal Penal en homenaje al R. “Los principios del Derecho Penal (sustantivos y adjetivos) en materia de drogas. Frank I. Vitale. Buenos Aires. "Suspensión del proceso penal a prueba". Universidad Católica Andrés Bello. “Nuevo derecho procesal penal venezolano”. Vecchionacce E. Pérez Llantada”. Magaly. Caracas. Universidad Católica Andrés Bello.Vásquez González. 1990. Sin editar. Vecchionacce E. Frank I. “La aplicación efectiva del COPP. “Procedimiento especial por flagrancia y práctica judicial”.P. Posición crítica”. Maracay. Caracas. 1996. Editores del Puerto. 1999. Gustavo. Magaly.
Documents similar to El régimen de FALTAS en el proceso penal venezolanoConceptualización del delito y faltasel delitoANÁLISIS DE LOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL VENEZOLANONaturaleza Juridica Del Acto IlicitoInterpretación Previa de la Escena del CrimenDerecho Penal. El Homicidio Como Delito en VenezuelaDELITOS COMENTADOSmapa conceptuL DOSIMETRIADelitos Contra Las Persona VenezuelaCódigo Penal y COPPCÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VENEZUELA GO 6078 EX - 15 JUN 2012EL PROCESO PENAL VENEZOLANO[1]Procesal CivilTema 1 Regimen Probatorio3632594 Compendio de Varios Temas Derecho Penal INociones Introductorias sobre la Responsabilidad del EstadoEcologia CriminalTRABAJO. EL DERECHO SUCESORAL EN VENEZUELA.docDERECHO PROBATORIOD Civil IV compendioUNIDAD IV Derecho ProbatorioMedios de Resolucion de Conflictos y Divers Id Ad CulturalRegimenes de Responsabilidad del EstadoACTOS PROCESALES completo[1]Los Funcionarios PúblicosTema 3-Tetaedro de la Criminalística CriminalísticaTrabajo de Derecho Administrativo II - Ley Del Estatuto de La Funcion Publica Def.Derechos Reales Limitados VenezuelaConfesion en DerechoEsquema de Los Actos ConclusivosMore from Mario Lohonel Abanto QuevedoPosición de Garante Del Empresario Por Caso Utopía - García CaveroInfografía obras Vargas Llosa13 mitos sobre la carga procesalDoctrina y análisis sobre la nueva Ley Procesal del Trabajo (AMAG 2010)Revista Oficial del Poder Judicial Año 3 n.° 5, 2009EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO - PARAGUAYRevista ICAC n.° 1 año I (2009)Revista ICAC n.° 1 año I (2009)Abogados de Lima en la administración de justicia - Luis PásaraSentencia condenatoria Alberto Fujimori 07.04.2009Ley de la carrera judicial del Perú (2008)Aproximaciones entre Zaffaroni y Jakobs o posibilidad de un concepto de penaLibro "Reforma del sistema procesal penal" AMAG 2008Introducción al estudio del derecho comparado - Mario SarfattiAnuario de derecho penal 2007 pena de muerte y política criminalIn Memoriam Juan Bustos RamírezRevista Programma n ° 2 octubre 2007 (debate Aebi - Larrauri)Revista Programma n ° 1 octubre 2006 (debate Zaffaroni - Nino)Eugenio Raúl Zaffaroni - En busca de las penas perdidasIntroducción a las bases del derecho penal - Santiago Mir PuigSentencia casatoria transacciones MYSRL (comentarios, informe, crónica)La imputación objetiva en la comisión por omisión (tesis)Tesis implicancias geopolíticas tratado Perú-ChileKarl Popper - La influencia de las ideas filosóficas en EuropaFenomenología como marco para filosofía de la toleranciaTécnicas de investigación de la corrupciónRevista Oficial del Poder Judicial del Perú n.° 1Revista Oficial del Poder Judicial del Perú n.° 2Claus Roxin - Teoría del tipo penal