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Timestamp: 2020-07-14 21:44:52
Document Index: 82453733

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 79', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 534', 'artículo 534']

En el dolo directo no hay duda en la forma que se expresa el querer, en el de consecuencias necesarias, son éstas las que lo fundan; en el eventual es la consideración del posible resultado dañoso como efecto concomitante a una expresión de voluntad que, no obstante involucrar posibilidades a favor de la no producción de ese resultado, no es lo suficientemente fuerte para determinar al autor a abstenerse de la creación de ese peligro prohibido.
Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, causa N° 40676, caratulada: "C., C. G. s/ recurso de Casación", rta. 20 de septiembre 2011.
En la ciudad de La Plata a los 20 días del mes de septiembre del año dos mil once, siendo las .......... horas, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Benjamín Ramón Sal Llargués, Carlos Ángel Natiello y Horacio Daniel Piombo, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 40676 de este Tribunal, caratulada: "C., C. G. s/ recurso de Casación". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO – SAL LLARGUES (art. 451 in fine del C.P.P.), procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
Llegan los autos a consideración del tribunal como consecuencia del recurso de Casación deducido por el Defensor de confianza de C. G. C., doctor Carlos Luciano Herrera, contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Junín que condenó a su defendido a la pena de diez años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo término y costas como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, hecho ocurrido el once de enero de 2009 en perjuicio de G. O. B..
II.- Se agravia el defensor denunciando la errónea y arbitraria apreciación de la prueba en la construcción del elemento subjetivo dolo y la consecuente aplicación del artículo 79 del Código Penal.
En ese sentido argumenta que su pupilo no tenía problemas personales con la víctima de autos con lo cual se descarta todo móvil homicida y el puñetazo reconocido escapa a las posibilidades del imputado de la previsión del resultado mortal, alejándolo de este modo subjetivamente del tipo penal impuesto; y, en este carril dice que el sentenciante no menciona los elementos que permiten sostener que C. obró con el conocimiento y voluntad mínimo necesario para realizar el tipo objetivo de homicidio.
Solicita consecuentemente se aplique al presente el tipo del artículo 81 inciso 1° del Código Penal y, subsidiariamente para el caso de mantenerse la calificación legal, se reduzca la pena al mínimo de ocho años.
III.- Concedido el recurso por el a quo (fs. 45) y declarado formalmente admisible el recurso por el Tribunal a fs. 56/56vta., el señor Defensor particular desistió expresamente de la realización de la audiencia de informes y mantuvo los fundamentos esgrimidos en el recurso oportunamente planteado.
A su turno, el señor Fiscal Adjunto ante esta sede, doctor Jorge Armando Roldán, también desistió expresamente de la audiencia y propició el rechazo del recurso por improcedente entendiendo que no se vislumbraban las violaciones denunciadas (fs. 61/63).
IV.- Encontrándose la causa en estado de ser resuelta, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y decidir las siguientes:
1ra.) ¿Es procedente el recurso de Casación interpuesto?
I.- Si bien el relato histórico y la autoría responsable del aquí imputado no están discutidos, a fin de adentrarme a una contestación ordenada de los agravios traídos por el recurrente, corresponde tener por cierto dichos extremos tal como lo hiciera el a quo: en la madrugada del 11 de enero de 2009 siendo aproximadamente las 6:10 hs. C. G. C. advirtió la presencia de G. O. B. y sin que existiera motivo aparente alguno, corrió raudamente a su encuentro para aplicarle en forma sorpresiva y sin que existiera posibilidad de defensa alguna, golpes de puño certeros en la zona de la cabeza, causándole lesiones que posteriormente le causaron la muerte.
Valoró principalmente los testimonios de C. A. M. y su hija A. B..
El primero sostuvo que esa madrugada, luego de ir a buscar a su hija al local bailable “Chocolate” cuando juntos venían caminando se les acercó el aquí imputado quien luego de presentarse le hizo saber a ambos que era boxeador, que luego de caminar unos diez metros C. salió corriendo, se acercó a un muchacho que estaba sentado en la esquina le pega una piña, cayendo éste para atrás, y salió corriendo.
En igual sentido declaró también en el debate su hija, agregando que la víctima al advertir la presencia de C. se puso de pie pero que el golpe fue de sorpresa, sin mediar discusión y tampoco vio acto de defensa en B.. Recordó que escuchó dos golpes, el primero la piña mientras que el segundo lo vinculó con la caída al piso del agredido.
Estas juramentadas declaraciones de los testigos presenciales de los hechos se complementan con el informe de autopsia en el cual se explica como posible mecanismo del fallecimiento un paro cardio-respiratorio traumático, por traumatismo de cráneo encefálico grave.
A su vez en la audiencia de debate declaró el médico forense, doctor José Osvaldo Carpinella, quien al igual que en el informe de autopsia que suscribiera, concluyó en la existencia de múltiples golpes en el cuerpo de la víctima y descartó de plano la existencia de uno solo y que el restante efecto dañino sea producto de contragolpes. Aclaró que las lesiones encontradas –hemorragia interna de cerebro y meníngea- son incompatibles con la vida y no tienen sobrevida con independencia de la atención médica que reciban.
También afirmó que las lesiones pueden ser compatibles con la agresión de un puño de boxeador ello en consideración de la fuerza y técnica que puede desplegar dotado de una importante capacidad lesiva graficando: “… el boxeador sabe pegar y la persona no sabe recibir el golpe…”.
II.- Realizada esta introducción, corresponde que me aboque al reeditado planteo del defensor, no sin antes señalar que el mismo fue respondido por el juzgador sin hacerse cargo de los fundamentos dados, ni que se evidencien vicios lógicos que desvirtúen lo allí decidido y sin que, por otra parte, lo logre demostrar el esforzado recurrente.
Entiendo que las dificultades probatorias que el dolo eventual presenta no están instaladas en el “sub-lite”.
Debo comenzar señalando que la caracterización de esta forma del dolo como residual (fronteriza con la culpa) no es reveladora de un grado menor de compromiso subjetivo con el querer que el dolo implica en todas sus formas.
Más claramente, en el dolo directo es de esa forma que se expresa el querer, en el de consecuencias necesarias, son éstas las que lo fundan; en el eventual es la consideración del posible resultado dañoso como efecto concomitante a una expresión de voluntad que –no obstante involucrar posibilidades a favor de la no producción de ese resultado- no es lo suficientemente fuerte para determinar al autor a abstenerse de la creación de ese peligro prohibido.
Cuando el dolo eventual –como una de las especies de la culpabilidad- compartí esa ubicación en la teoría del delito, no eran pocos los autores que sostenían que éste revela un mayor grado de desinterés y falta de compromiso con el derecho que las otras formas.
Es sumamente gráfico el tradicional ejemplo que brinda el Maestro Welzel para dar entrada en la caracterización de la conducta como ejercicio de actividad final al capítulo de la eventual ponderación de efectos concomitantes como introducción de la noción de aquéllos de los que debe hacerse cargo el autor por haber aceptado la realización de la conducta no obstante el peligro mayor que la misma representaba para bienes jurídicos ajenos.
Actualmente, con la inclusión de la culpa conciente temeraria, zona colindante entre esta forma de imputación (culposa) y las que nos ocupa (dolo eventual), Zaffaroni propone el método de distinguir una de otra a la luz de la teoría del dominio del hecho como determinante de la condición de autor doloso. De tal suerte sostiene que –a los ojos de un tercero observador- un comportamiento alentado por esta culpa ahora recuperada del esquema que trajera Tejedor, procede como si –en la realidad- el autor siguiera un plan delictivo, que –atento a las contingencias de la causa- en este caso está ausente (en la culpa) siendo en cambio definitorio para la afirmación de esta especie de dolo el caso en que –también contingentemente- se compruebe, de algún modo, la existencia de ese plan.
Más gráfico resulta ser Claus Roxin cuando sostiene que para afirmar que estamos ante el mal denominado dolo eventual, el sujeto cuenta seriamente con la posibilidad de la realización del tipo, pero a pesar de ello sigue actuando para alcanzar el fin perseguido y se resigna así –sea de buena o mala gana- a la eventual realización de un delito” (Claus Roxin. Derecho Penal. Parte General, Tomo I. Ed. Civitas, S.A., 1997, pág. 427).
Ahora bien, todo esto, dicho en abstracto, cobra otra dimensión en el marco de la causa concreta.
Los elementos que el a quo ha ponderado en la sentencia para afirmar el compromiso doloso son –antes de nada- suficientes para ese propósito a los ojos de este votante. A todo evento, no creo que medie prueba de que el actuar del imputado haya sido sin dolo.
De este modo, en el contexto de una madrugada y sin que en principio medien razones suficientes para ello, se produce el acometimiento sorpresivo del aquí imputado contra la víctima de autos que se encontraba sentada en el cordón de la vereda, lográndose parar al ver venir a su agresor.
El golpe visto por los testigos antes mencionados es uno, mas, cotejados y complementados esos dichos con el informe de autopsia surge a las claras que son varios más, los que fueron suficientes y efectivos para producir una muerte.
Se suma a lo anterior la característica particular del imputado –practicante de boxeo en forma amateur-, siendo sobre el punto terminantes los dichos del autopsiante: “(las lesiones) … pueden ser compatibles con la agresión de un puño de boxeador…”.
Entiendo por ello que C. contó ex – ante con la real posibilidad de la realización del tipo de homicidio, pero siguió en su plan resignándose a la eventual producción del mismo.
Encuentro perfectamente acreditado que la conducta desplegada por el aquí imputado resultó “racionalmente idónea” para cubrir el tipo subjetivo requerido, provocando el resultado fatal eventual, agregándose a este extremo la actitud voluntaria en la conducta y la indiferencia –como dije- ante la representación de que el tipo se produzca.
Este motivo tendiente a desvirtuar el dolo con el que actuó el aquí imputado, no puede tener favorable andamiaje.
III.- En la misma línea argumental y por lo antes dicho no encuadra en los términos del artículo 81 inciso 1° apartado b la conducta de C., consistente en golpes aplicados reiteradamente y con violencia en una zona vulnerable del cuerpo de la víctima –la cabeza- tomada por sorpresa –recordemos que estaba sentada y apenas pudo ponerse de pie-, constituyendo ello un medio que debe tenerse como potencial y absolutamente idóneo para provocar la muerte, el que no reviste carácter extraordinario alguno (en igual sentido, cfr. SCJBA, sent. del 2/4/96 en causa P. 44348, JUBA).
A mayor abundamiento, he sostenido en anteriores precedentes que en la figura del homicidio preterintencional, lo central para desencadenar la punición atenuada es el medio empleado entre otros extremos, es decir, su falta de adecuación al resultado muerte (cfr. c. n° 3593 de esta Sala).
Ya analizado el sub-lite resta decir que el “medio empleado” –trompadas certeras por quien tiene capacidad, conocimiento, técnica y destreza de un pegador experto- sobre quien es atacado sorpresivamente y quien no sabe recibir ese tipo de golpes, sumándose la localización de los mismos, las consecuentes lesiones descriptas por las pericias, se desprende que el imputado podía representarse el resultado e inexorablemente causar la muerte de B..
Como dije y reitero, la posibilidad del curso causal que sobrevino estaba “ex ante” dentro del marco de la causalidad adecuada y el resultado acaecido resultó típicamente equivalente al querido o al resignado. En consecuencia el aspecto subjetivo nos remite a un delito doloso consumado.
Por lo expuesto, el motivo tendiente a lograr el cambio de calificación debe decaer (artículos 79 y 81 inciso 1° del Código Penal).
IV.- Tampoco puedo acompañar al recurrente en el pedido de disminución de pena.
Es que, no advierto violación de los arts. 40 y 41 del C.P. puesto que el sentenciante, luego de analizar las circunstancias atenuantes y agravantes, escogió un monto de pena que no aparece desproporcionado ni irracional atento al ilícito imputado.
El agravio de la parte carece a las claras de fundamentación y explicación alguna de cómo cabría una reducción punitoria, sin que dé razones suficientes para lograr demostrar que el “a quo” se ha apartado sin fundamento del mínimo legal correspondiente, por lo que no pasa de ser un mero criterio subjetivo y de tinte dogmático que deviene irrelevante a los fines de conmover lo decidido.
Sin perjuicio de ello, debo traer a colación mi posición en lo que respecta a la individualización de la pena que es coincidente con la doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia, que ha descartado expresamente la obligación de partir siempre del mínimo legal de la escala penal.
Ha sostenido, que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal (cfr. P. 56.481, sent. del 27-II-1996 y P. 38.661, sent. del 6-II-1990), como asimismo que no existe punto de ingreso a la escala penal (cfr. P. 79.708, sent. del 18-VI-03).
Por otra parte, debo decir que no hay método alguno que permita transformar los juicios valorativos en cantidades numéricas de modo que, salvo supuestos excepcionales de notoria desproporción o irracionalidad –que en el caso no se evidencia- resulta improcedente el recurso casatorio que se limita a tildar de excesivo el monto de la pena escogido por el a quo.
El motivo de agravio que intenta reducir el monto punitivo no puede tener favorable acogida.
V.- Por todo lo expuesto es que no puedo acompañar en ninguno de los puntos de agravio traídos por el recurrente, los que son reediciones de los oportunamente alegados en el juicio y que fueron contestados sin que la parte se haga cargo, a la luz del plexo probatorio rendido en la audiencia y en las constancias de la I.P.P. agregadas legalmente al debate, luciendo el recurso insuficiente para conmover el fallo puesto en crisis (artículos 18 de la Constitución Nacional; 40, 41 y 79 del Código Penal; 171 de la Constitución Provincial; 210, 448, 450, 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal).
Voto en consecuencia, por la negativa.
Adhiero al voto del doctor Natiello. En lo que al punto IV se refiere, limito mi adhesión a los tres primeros párrafos.
Con esta aclaración, voto por la negativa.
Visto el modo como ha sido resuelta la cuestión precedente corresponde: 1) por los fundamentos dados rechazar el recurso de Casación planteado a favor de C. G. C., sin costas. (Arts. 210, 373, 530 y 531 del C.P.P.; 40, 41 y 79 del C.P.; 171 de la Const. Pcial; y 18 de la C.N.); y 2) regular los honorarios profesionales al letrado interviniente, doctor Carlos Luciano Herrera, por la labor profesional desplegada en esta sede, en la cantidad de ocho (8) unidades jus con más los aportes de ley. Artículos 171 de la Constitución Provincial; 1, 9, 16, 31, 33 y 51 de la ley N° 8904; 1 y 12 inciso a) de la ley N° 8455 y artículo 534 del C.P.P. -ley N° 11.922- debiendo procederse como lo determina el art. 22 de la ley N° 6716.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo dictándose la siguiente:
I.- Por los fundamentos dados rechazar el recurso de Casación planteado a favor de C. G. C., sin costas.
Arts. 210, 373, 530 y 531 del C.P.P.; 40, 41 y 79 del C.P.; 171 de la Const. Pcial; y 18 de la C.N.
II.- Regular los honorarios profesionales al letrado interviniente, doctor Carlos Luciano Herrera, por la labor profesional desplegada en esta sede, en la cantidad de ocho (8) unidades jus con más los aportes de ley. Artículos 171 de la Constitución Provincial; 1, 9, 16, 31, 33 y 51 de la ley N° 8904; 1 y 12 inciso a) de la ley N° 8455 y artículo 534 del C.P.P. -ley N° 11.922- debiendo procederse como lo determina el art. 22 de la ley N° 6716.
Regístrese. Notifíquese. Remítanse copia certificada de la presente al tribunal de origen. Oportunamente remítase.
Fdo: Benjamín Ramón Sal Llargués - Carlos Ángel Natiello - Horacio
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