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Timestamp: 2019-01-18 18:17:39
Document Index: 284256750

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 80', 'artículo 223', 'artículo 223', 'artículo 223', 'artículo 219']

Auto nº 54/2014 de Tribunal Constitucional, Pleno, 25 de Febrero de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 499971954
Ponente: don Fernando Valdés Dal-Ré se le encargaron en el ámbito de lo que en el documento se denomina asesoramiento laboral (parcial) la elaboración de tres dictámenes titulados sucesivamente como “Comisiones constituidas al amparo del ANFC”
Número de Recurso: 6001-2012
Mediante escrito presentado el 24 de octubre de 2012, en el Registro General de este Tribunal por el Procurador don Guillermo García-San Miguel Hoover en representación de don Ignacio Velilla Fernández se interpuso recurso de amparo, registrado con el núm. 6001-2012, contra la Sentencia de 30 de enero de 2012 de la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que desestimó los recursos de casación interpuestos por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y por don Antonio Ribero Jubete y estimó el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal y dictó nueva Sentencia estimando en parte el recurso de apelación contra Sentencia dictada el 12 de abril de 2007 por el Excmo. Sr. Consejero del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en el procedimiento de reintegro por alcance número B-100/03 del ramo de Administración del Estado (FORCEM) provincia de Madrid, la cual anuló dictando nueva Sentencia en la que entre otros extremos declaró responsable contable directo y solidario a don Ignacio Velilla Fernández, respecto de la cantidad de 2.124.213,17 € y de la cantidad de 30.117,92 € más los intereses legales correspondientes, y frente al Auto de 26 de junio de 2012, de la misma Sala y Sección del Tribunal Supremo, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones planteado frente a la Sentencia citada.
Mediante diligencia de ordenación de la Secretaria de Justicia de la Sección Cuarta, Sala Segunda, de este Tribunal Constitucional de 27 de junio de 2013, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.4 de la Ley Orgánica del Tribunal (LOTC) se concedió al recurrente un plazo de diez días para que “[a]porte copia sellada del escrito por el que se interpuso el incidente de nulidad de actuaciones contra la Sentencia de 30 de enero de dos mil doce dictada por la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo el 30 de enero de dos mil doce en el Rº de Casación 6275/09.
Dicho requerimiento fue notificado a la representación procesal del recurrente en amparo el 3 de julio siguiente tal y como como consta en las actuaciones.
En el “Boletín Oficial del Estado” de 27 de junio de 2013, se publicó el acuerdo del Pleno de este Tribunal del día 26 anterior, por el que se hacía público para general conocimiento la nueva composición de las Salas Primera y Segunda del Tribunal Constitucional y, de las Secciones Primera a Cuarta, respectivamente, de sus dos Salas, como consecuencia de la undécima renovación del Tribunal Constitucional. En ese acuerdo se hacía saber que el Magistrado Sr. Valdés Dal-Ré formaba parte de la Sección Cuarta, a la que había correspondido conocer del recurso de amparo núm. 6001-2012 presentado por la representación procesal del recurrente don Ignacio Velilla Fernández.
Con fecha 16 de diciembre de 2013 el Procurador Sr. García-San Miguel Hoover presentó en el Registro General de este Tribunal un escrito que suscribían tanto el mencionado profesional como el Letrado que lo redactaba y el recurrente en amparo, escrito en el que se afirmaba por los firmantes haber tenido conocimiento del deceso “del Magistrado Sr. Hernando Santiago y en consecuencia interesan que se les dé a conocer quiénes integrarán los órganos que vayan a enjuiciar el recurso de amparo núm. 6001-2012” y en el que también expresaban que “en todo caso el Magistrado Sr. Valdés Dal-Ré se encuentra manifiestamente incurso en causa de abstención, con arreglo al art. 219, 6, 9, 10 y 13 Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por lo que deberá procederse en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el art. 221 y ss. LOPJ”. Ese escrito concluía solicitando que se tuvieran por hechas las manifestaciones en él contenidas y solicitando la recusación del Magistrado Sr. Valdés Dal-Ré para el caso de que no se abstuviera.
Mediante oficio de 8 de enero de 2014 por la Presidenta de la Sala Segunda del Tribunal se remitieron los escritos antes reseñados en que se solicitaba la recusación del Magistrado Sr. Valdés Dal-Ré integrante de la Sección Cuarta del Tribunal, al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal, formándose pieza separada del recurso de amparo núm. 6001-2012, para resolución por el Pleno del Tribunal conforme a lo dispuesto en el art. 10.1 k) LOTC.
Como expresa el artículo 80.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, (LOTC) para el supuesto de recusación de los Magistrados del Tribunal Constitucional se aplicará con carácter supletorio de la misma los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). En consecuencia deberán aplicarse supletoriamente cuando se produzca la recusación de un Magistrado del Tribunal Constitucional los arts. 217 y ss. LOPJ, que regulan la recusación de los Jueces y Magistrados.
Dispone el artículo 223.2 de la Ley Orgánica citada que el escrito en que se propusiere la recusación deberá estar firmado por “el Abogado y Procurador si intervinieren y por el recusante”, tal y como ha ocurrido en este supuesto, y, añade el precepto, que “en todo caso el Procurador deberá acompañar poder especial para la recusación de que se trate”. En este caso los sucesivos escritos en que se propone la recusación tal y como se hizo constar en los antecedentes de este Auto, aparecen firmados por Procurador y Abogado así como por el recusante, de modo que cumplirían con la primera de las exigencias del artículo 223.2 citado, pero, por el contrario, en el ejercicio de la recusación no se ha cumplido con la inexcusable exigencia procesal de acompañar poder especial para ejercer la acción de recusar. La omisión de esa carga procesal obligaría al Tribunal a requerir a la representación procesal del recurrente el otorgamiento de poder especial solicitado por la Ley. Consciente de esta omisión de la parte, el Tribunal no considera necesario exigir a la misma el cumplimiento de ese deber procesal en tanto que, como veremos más adelante y por las razones que expondremos, la recusación será inadmitida a limine .
El mismo artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ahora en su número 1, dispone que “la recusación deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite”. Y añade el precepto que “Concretamente, se inadmitirán las recusaciones: 1º “Cuando no se propongan en el plazo de diez días desde la notificación de la primera resolución por la que se conozca la identidad del Juez o Magistrado a recusar, si el conocimiento de la concurrencia de la causa de recusación fuese anterior a aquel”. Tan inequívoco aserto establece una causa de inadmisión a limine , cuya razón legal está inspirada en evitar que la posibilidad de recusación de cualquier Juez llegue a convertirse en una suerte de amenaza o presión para el juzgador, erigiéndose en un instrumento que la parte pudiera interesar a su conveniencia, sine die , amparado en la indeterminación —o difícil probanza— del momento de la citada toma de conocimiento [AATC 180/2013, de 17 de septiembre, FJ 2 f) y 256/2013, de 6 de noviembre].
Sin perjuicio de que la decisión del Tribunal sea la inadmisión de la recusación en los términos expuestos, es voluntad del Pleno manifestar que la misma carece de fundamento alguno.
Partiendo de esas ideas nos referimos ahora al modo concreto en que se ha producido la presente recusación y la respuesta que corresponde a la misma. En el escrito de 16 de diciembre pasado se afirma que el Magistrado al que se recusa incurría en las causas previstas en los números 6, 9, 10 y 13 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial supletoriamente aplicables a los Magistrados de este Tribunal Constitucional. Y para ello se afirma que el recusado “fue contratado como asesor jurídico externo para prestar servicios profesionales por la Fundación para la Formación continua (FORCEM), hoy Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, recurrente también en amparo contra las mismas resoluciones impugnadas” y que “dichos servicios los prestó en el tiempo en que acontecieron los hechos objeto de dichas resoluciones, y percibió por ellos elevados honorarios.” En ese mismo escrito manifiesta que esos hechos fueron “objeto de prueba durante el curso del procedimiento del que trae causa este recurso y así consta en los autos de aquél” y añade que todo eso es conocido por el recusado y que fueron servicios que “tuvieron relevancia y fueron conducentes a la fijación de la posición del entonces Ministerio de Trabajo sobre las cuestiones acerca de las que dictaminó el referido Magistrado”. Aduce en el escrito el recusante “que es perfecto conocedor de esta circunstancia … como responsable de los servicios jurídicos internos de FORCEM … y, además, en tal condición, negoció personalmente con el Magistrado las cuestiones que deberían ser objeto de dictamen y los honorarios que debía éste último percibir y que, efectivamente, percibió”. Agrega a lo expuesto que el recusado “ha tenido, además, una relación estrecha y duradera con el sindicato UGT, lo que es un hecho público y notorio; que el sindicato UGT es uno de los Patronos de la recurrente Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo antes FORCEM”. Y concluye ese escrito haciendo referencia a una posible afiliación del recusado al sindicato UGT y a una estrecha amistad con muchos de los cargos directivos del mismo que expresamente cita y que a su vez eran patronos de la Fundación cuyo patronato oía regularmente al ahora recusado, circunstancia “en la que propuso al Patronato referido la contratación de servicios jurídicos que prestó el Magistrado Sr. Valdés Dal-Ré, entre otros, los que han quedado expresados más arriba”.
A la vista de lo expuesto procede ahora examinar si como consecuencia de ello el Magistrado objeto de recusación podría haber incurrido en una o varias de las causas de recusación que se esgrimen por el recusante. Por seguir el orden en el que se enuncian en el escrito de recusación, la comprendida en el número 6 del art. 219 LOPJ considera causa de recusación para un Juez o Magistrado “haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito o causa como Letrado, o intervenido en él como Fiscal, perito o testigo”. De la literalidad del precepto no es posible en modo alguno colegir que el Magistrado recusado se halle en la situación que la norma describe. Y no cabe una interpretación distinta de la que de la Ley se desprende. Es obvio que la persona a la que se recusa no intervino en el pleito o causa que se sustanció ante el Tribunal de Cuentas y posteriormente en el Tribunal Supremo. No lo hizo como defensor o representante de alguna de las partes, ni emitió dictamen sobre el pleito o causa como Letrado, ni intervino en ninguno de los procesos como Fiscal, perito o testigo. Se trata, por tanto, de una utilización de esa causa carente de sentido.
ATC 59/2011, 6 de Junio de 2011
ATC 40/2011, 12 de Abril de 2011
STS 271/1997, 5 de Abril de 1997
STSJ Murcia 1188/2007, 22 de Octubre de 2007
STS, 9 de Marzo de 1999
SAP Murcia 163/2006, 25 de Abril de 2006
SAP Granada 725/2004, 20 de Diciembre de 2004