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Timestamp: 2017-12-18 07:10:39
Document Index: 147219030

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Sentencia T.S.J. La Rioja 229/2009, de 2 de septiembre. Extinción del contrato. Voluntad del trabajador. Mobbing e impagos de salarios. Desestimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. La Rioja 229/2009, de 2 de septiembre
Primero.-Según consta en autos, por Juan María se presentó demanda ante el Juzgado de lo Social número Uno de La Rioja, contra CARPINTERIA ANGEL ORTEGA, S.L. en reclamación de EXTINCIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO.
Segundo.-Celebrado el correspondiente juicio, con fecha veinte de abril de dos mil nueve recayó sentencia cuyos hechos probados y fallo son del siguiente tenor literal:
Primero.-Que el demandante ha venido prestando servicios en la aludida empresa desde el día 13 de abril de 2000, con la categoría profesional de Oficial 3ª y un salario mensual en 2007 de 1.220,78 euros, incluida la prorrata de pagas extras, dedicándose la empresa demandada a la actividad de Carpintería de Madera.
Segundo.-Que con fecha 29 de junio de 2007, el actor presentó demanda de extinción contractual al amparo del art. 50 del E.T ., teniendo como fundamento la alegación de haber estado sometido el trabajador a una situación de acoso moral en el trabajo, acoso que se describe en el propio escrito alegatorio.
Tercero.-Que con fecha 19 de marzo de 2008, la empresa demandada despidió al compareciente a través de una carta que a la presente se acompaña, y cuyo texto literal es el que sigue:
Por medio de la presente, lamentamos comunicarle que la Dirección de la empresa ha tomado la decisión de sancionarle con Despido que tiene efectos desde esta misma fecha.
Los hechos que motivan la sanción que antecede son: su inasistencia injustificada al trabajo los días 26, 27, 28 y 29 de febrero pasado y los días 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 18 del presente mes de marzo.
Su conducta en los hechos expresados, constituye falta laboral muy grave tipificada en el art. 79.18 del Convenio Colectivo Estatal de la Madera, norma de aplicación conforme a lo dispuesto en la cláusula adicional primera del vigente Convenio Colectivo de Trabajo para las industrias de la madera de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a la vez que incumplimiento contractual grave y culpable previsto en el art. 54 dos a) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por R.D.L. 1/95, de 24 de marzo .
A su disposición tiene en la oficina de esta empresa la liquidación correspondiente a su contrato de trabajo.
Todo cuanto antecede se le traslada para su conocimiento y efectos oportunos a través de la presente, que se le remite a su domicilio por burofax con acuse de recibo."
Cuarto.-Se consideran probadas las ausencias a que se hace referencia en la carta de despido.
Quinto.-El trabajador demandante ha tenido una relación muy conflictiva en el seno de la empresa demandada, en que han existido situaciones de violencia con otros trabajadores a que se hace referencia en la documental portada a su instancia en los autos 755/07 que se tiene por reproducida, así como diversos pleitos en el ámbito de la jurisdicción laboral por despido y sanciones, asimismo obrantes en la documental y que se tienen por reproducidos.
Sexto.-La parte actora, no ostenta ni ha ostentado cargo sindical alguno en el último año.
Séptimo.-En fecha 17 de julio de 2007 se ha celebrado el preceptivo acto de conciliación con el resultado de SIN AVENCIA correspondiente a los autos 755/07 en los que se reclama por el concepto de EXTINCION DE CONTRATO DE TRABAJO. Asimismo en fecha 7 de abril de 2008 se ha celebrado el preceptivo de acto de conciliación con el resultado de SIN AVENENCIA correspondiente a los autos 568/08 del Juzgado de lo Social nº 2 en los que se reclama por DESPIDO y acumulados a los anteriores.
FALLO.-Que desestimando la demanda origen DE las presentes actuaciones, promovida por DON Juan María frente a CARPINTERIA ANGEL ORTEGA S.L., por EXTINCIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO debo absolver y absuelvo a la demandada DE los pedimentos deducidos en su contra, debiendo desestimar asimismo la acción acumulada DE DESPIDO, debo declarar y declaro la procedencia del despido, absolviendo a la empresa demandada DE las pretensiones deducidas en su contra.
Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por Juan María, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el pase de los mismos al Ponente para su examen y resolución.
Primero.-El 20 de abril de 2009, el Juzgado de lo Social nº Uno de La Rioja, dictó sentencia correspondiente a los autos acumulados números 755/2007 -tramitados en ese Juzgado en reclamación sobre extinción del contrato de trabajo-, y 568/2008, -deducidos inicialmente ante el Juzgado de lo Social nº Dos de La Rioja-, en materia de despido.
En la parte dispositiva de la resolución dictada en la instancia, fueron desestimadas las dos pretensiones deducidas por el trabajador, es decir fue rechazada la acción en la que solicitaba la extinción de su contrato de trabajo, y fue también desestimada la acción planteada en materia de despido en la que la empresa "Carpintería Ángel Ortega, S.L.", imputaba al demandante D. Juan María, su inasistencia injustificada al trabajo durante determinados días.
La acción de extinción contractual, se amparó por el trabajador, en considerar la existencia de una infracción de los derechos a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene; en la afirmación de la presencia de una situación de acoso moral; y en la alegación de vulneración del derecho a la percepción puntual de la remuneración pactada.
Segundo.-Frente a la resolución dictada en la instancia recurre en suplicación la representación letrada de D. Juan María, planteando su recurso a través de cinco motivos, de los cuales los dos primeros se dedican a solicitar la revisión de los hechos declarados probados y los tres siguientes al examen del derecho aplicado por la sentencia que se combate.
Con amparo procesal en el apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, plantea el recurrente el primer motivo de su recurso, solicitando la revisión del hecho probado segundo de la sentencia dictada en la instancia. La modificación que se pide, pretende la sustitución de la redacción del hecho que consta en la sentencia, por otra en la que se establezca lo siguiente:
"Segundo.-Que con fecha 29 de junio de 2007, el actor presentó demanda de extinción contractual al amparo del artículo 50 del E.T ., teniendo como fundamento la alegación de haber estado sometido el trabajador a una situación de acoso moral en el trabajo y a un reiterado retraso e impago de salarios, que se describen en el propio escrito alegatorio presentado el 29 de junio de 2007 y en el presentado el 19 de mayo de 2008 en los autos acumulados de despido nº 568/2008".
La revisión solicitada se basa por la parte que recurre en el escrito de demanda interpuesto el 29 de junio de 2007, obrante a los folios 1 a 8 de las actuaciones y en el escrito de subsanación presentado el 19 de mayo de 2008 en los autos acumulados nº 568/2008 que consta en los folios 38 a 87 de los autos.
Para dar solución a la cuestión que se plantea es preciso recordar en primer lugar que el recurso de suplicación es un recurso extraordinario y no una apelación que permita examinar nuevamente toda la prueba obrante en autos, de manera que fiscaliza solamente los puntos concretos y específicos que la parte determina del contenido de la sentencia de instancia, atribuyéndose plenamente al juzgador de instancia la interpretación de los hechos y su valoración jurídica.
Así es; la existencia de estos motivos tasados o finalidades específicas para poder impugnar resoluciones judiciales por la vía del recurso de suplicación es uno de los elementos que permiten caracterizarlo como un recurso de naturaleza extraordinaria. Por ello, no es suficiente la mera disconformidad de las partes litigantes con el pronunciamiento obtenido en la sentencia, sino que se requiere su fundamentación en alguna de las causas taxativamente señaladas en la Ley, lo que conduce a la limitación de las facultades del Tribunal en orden al conocimiento mismo del recurso, que se limitan a los motivos concretos previstos por la Ley.
Esta limitación afecta de forma directa a los documentos en los que se basa la pretendida revisión ya que no todo documento es hábil para provocar el efecto deseado. La recurrente apoya la modificación que solicita en sus escritos de demanda, escritos a los que no cabe atribuir el carácter de documento hábil a efectos revisorios, pues solamente son admisibles, para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad y su contenido no esté contradicho por otros elementos probatorios, no pudiendo incluirse entre estos documentos la demanda, como así se reitera en múltiples sentencias de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia de 24 de febrero de 1994 ( AS 1994\715) y 16 de junio de 2001; de Cataluña de 14 de marzo de 1999, 24 de julio ( AS 1995\3125), 12 y 13 de septiembre ( AS 1995\3535) y 9 de noviembre de 1995, 3 de abril, 16 de junio y 8 de julio de 1998, 22 de julio de 1999 ( AS 1999\3161), 25 de septiembre de 2000, 13 de febrero y 13 de noviembre de 2001; de la Comunidad Valenciana de 21 de marzo de 1994, 6 de marzo de 1996 y 28 de octubre de 1999; del País Vasco de 22 de marzo de 1994 ( AS 1994\981) y 3 de marzo de 1998; de La Rioja de 18 de enero de 1995, 20 de enero ( AS 1998\167) y 10 de marzo de 1998 ( AS 1998\619) y 23 de abril de 2002 ( AS 2002\2348), etc., pues la demanda carece de todo valor probatorio, ya que tanto por su contenido de acto de alegaciones como por su naturaleza de acto de iniciación del proceso, se refiere a hechos que precisamente han de ser acreditados a través de los medios de prueba legalmente admitidos.
Ni el acta del juicio oral, ni la demanda, documento este que se invoca por la parte recurrente en apoyo de su pretensión revisora, son documentos idóneos para acreditar fehacientemente el error del Juzgador, por lo que debe rechazarse el motivo de recurso.
Por otro lado, la modificación solicitada carece de trascendencia, pues mediante la misma, la parte que recurre pretende tan solo, que en un apartado de la declaración de hechos probados, se concrete de una manera determinada la petición que efectúa en sus escritos alegatorios. Esa concreción de la pretensión no es necesario que conste en la declaración fáctica de la sentencia pues lo establecido en la demanda carece aisladamente considerado de valor probatorio alguno, a lo que hay que añadir que todas las pretensiones de la demanda deben obtener una respuesta judicial y de no ser esto así, la resolución podría tacharse de incongruente y recurrirse al amparo de lo preceptuado en el apartado a) del artículo 191 de la Ley Procesal Laboral, cosa que en el caso enjuiciado ni se plantea por la parte, ni se aprecia de oficio por esta Sala, ya que la sentencia recurrida ha dado cumplida respuesta, como veremos, a todas las peticiones deducidas en los escritos alegatorios. Es más, el último párrafo del Fundamento Segundo de la sentencia es suficientemente expresivo del hecho de que la Juzgadora de instancia ha analizado todas y cada una de las cuestiones planteadas, y en concreto la referente al impago y los retrasos en el abono de los salarios como causa de la solicitud de extinción contractual deducida por el trabajador.
Por último, tampoco aprecia esta Sala defecto alguno en la redacción del hecho probado que se pretende modificar, ya que si se analizan los escritos de demanda en los que se basa la revisión se comprueba (hecho sexto de la demanda de extinción) que el retraso e impago de salarios no parece alegarse como una causa independiente de extinción, sino como una actitud empresarial facilitadora de un "ambiente acosador", acoso que consta como verdadera causa de la solicitud y así se recoge por el juzgador de instancia.
En definitiva, las razones expuestas permiten rechazar el primer motivo del recurso.
Tercero.-Mediante el segundo de los motivos del recurso, la parte que lo interpone solicita, al amparo del apartado b) de la Ley Adjetiva Laboral, la adición de un nuevo hecho probado, el tercero, que desplazaría a los actuales hechos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo a los ordinales cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, y cuyo tenor literal, de estimarse la petición sería el siguiente:
"Tercero.-Que la empresa demandada abonó el 13 de noviembre de 2006 los salarios correspondientes a los meses de agosto de 2006, septiembre de 2006 y octubre de 2006, tal y como consta en los documentos emitidos por la empresa demandada que figuran en los folios 209 a 211 y 449 a 451 de los autos. Que la empresa demandada abonó el salario de febrero de 2007 el día 15 de marzo de 2007 y el salario de noviembre de 2007 el día 17 de diciembre de 2007, tal y como se desprende de los recibos de salarios que constan a los folios 317 y 318 de los autos. Asimismo, la empresa demandada adeuda los salarios de marzo, abril, mayo, septiembre y octubre de 2007, tal y como se desprende de la denuncia presentada por la actora ante la Inspección de Trabajo el día 22-11-2007 y del documento emitido por la propia empresa el 12 de noviembre de 2007, que figuran a los folios 152 a 154 de los autos. Por otro lado, los salarios correspondientes desde el día 8 de mayo a 6 de septiembre de 2007 le eran debidos al trabajador como salarios de tramitación a los que resultó condenada la empresa por sentencia nº 386 del Juzgado de lo Social nº 1, ratificada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, tal y como se desprende de los documentos que figuran a los folios 266 a 284. Que con fecha 31 de marzo de 2008, el trabajador interpuso demandada en reclamación de salarios adeudados por los meses de marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007, así como de enero y febrero de 2008, tal y como se desprende de la documental obrante a los folios 83 a 86 de los autos. Que la empresa demandada conoce la cuenta bancaria del actor al menos desde el año 2006 tal y como se deriva del acto de conciliación obrante al folio 197 de las actuaciones, y que el actor comunicó expresamente su cuenta bancaria a la empresa mediante cartas certificadas de fecha 21-05-2007 y 16-01-2008 tal y como consta en la documental obrante a los folios 164 y 165 de los autos, que no ha sido impugnada por la demandada."
Los documentos en los que la parte recurrente basa el motivo, son los que se enumeran en el mismo.
Como es sabido, y hemos recordado en el ordinal anterior, en el recurso de suplicación, la valoración de la prueba es facultad privativa del órgano judicial de instancia, sin que pueda sustituirse su valoración por otra voluntaria y subjetiva confundiendo este recurso excepcional con una nueva instancia, por lo que en consecuencia, los hechos declarados probados, reflejo de dicha valoración deben prevalecer, en tanto en cuanto no se acredite el error del juzgador en su plasmación. A los efectos modificativos del relato de hechos, son rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente (valgan por todas las SSTS de 17-10-1990 [RJ 1990\7692] y 13-12-1990 [RJ 1990\9784 ]) hasta el punto de que se ha dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el error valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte. En definitiva, la convicción del Juzgador ha de obtenerse a través de la prueba practicada en el correspondiente procedimiento, y sus criterios de valoración no pueden ser alterado sino es sobre la base de la acreditación de un error en la misma indiscutible por palmario.
Por otro lado, no puede utilizarse el mecanismo de la revisión fáctica de la sentencia en suplicación, para modificar el planteamiento de las cuestiones litigiosas tal y como las mismas fueron inicialmente deducidas, pues ello supondría una variación sustancial de la reclamación, introduciendo nuevos hechos en el debate, no alegados en la demanda y que ocasionarían indefensión a la parte contraria.
En el caso debatido, atendiendo a lo hasta ahora expuesto, la petición de modificación por adición, está llamada al fracaso.
A esta conclusión se llega del modo siguiente: Se pide en el motivo que se haga constar "que la empresa abonó el 13 de noviembre de 2006 los salarios correspondientes a los meses de agosto de 2006, septiembre de 2006 y octubre de 2006...", sin embargo, los referidos impagos nunca se hicieron constar en la demanda de extinción contractual, ni en la reclamación planteada en materia de despido, suponiendo su inclusión en este momento una variación respecto de la cual la empresa demandada no puede ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Semejante consideración debe efectuarse en relación a la alegación de retraso en el pago del salario del mes de febrero de 2007, ya que respecto de este posible incumplimiento ninguna alegación se efectuó en las demandas acumuladas. En lo referente a la constancia de un pretendido retraso en el pago del mes de noviembre de 2007 y su pago en el mes de diciembre de 2007, este no se deduce de los documentos señalados, y en lo atinente a la posible deuda empresarial referente a los salarios de marzo, abril, mayo, septiembre y octubre de 2007, los documentos 152 y 154 en los que se basa la variación, no permiten establecer la realidad de dicho aserto, ya que en el primero sólo consta el planteamiento de una denuncia ante la Inspección de Trabajo, no su resultado, ni la realidad de la deuda; y en el segundo, lo que consta es una liquidación con un saldo favorable a la demandada y no al trabajador.
En lo referente al retraso en el abono de los salarios de tramitación a los que el actor tenía derecho tras una anterior sentencia en materia de despido, el hecho de que se iniciara el proceso de ejecución correspondiente para proceder a su abono no determina la existencia de un retraso determinante del éxito de la petición de extinción efectuada por el trabajador, máxime cuando esa solicitud tuvo como base y fundamente el impago de los salarios correspondientes, sólo y exclusivamente a los meses de marzo y abril del 2007.
Por último, el hecho de que el demandante haya planteado una demanda en reclamación de los salarios correspondientes a determinados meses del año 2007, no permiten establecer más que el hecho de que la demanda se ha planteado, no que los salarios sean debidos.
La pretensión del demandante de que conste que la empresa conocía la cuenta bancaria del actor, tampoco puede acogerse por su intranscendencia, ya que la sentencia recurrida se encarga de establecer como probada la forma en la que en la empresa se efectuaban los pagos salariales, para lo cual el conocimiento de la cuenta bancaria del trabajador no tenía importancia alguna.
Lo único cierto, y así resultó acreditado, es que en relación a la falta de abono de salarios de los meses de marzo y abril de 2007, a los que se remite la demanda de extinción, la Juez de instancia, establece como acreditado, a la luz de la prueba documental practicada (Fundamento cuarto de la sentencia) que se pusieron al cobro y que el actor no quiso recibirlos por no estar conforme con las cantidades, y en cuanto a la alegación de discriminación referido al sistema de cobro del salario en la empresa, la prueba testifical practicada en juicio, llevó a la juzgadora al convencimiento de que el sistema de cobro en la oficina se efectuaba mediante cheque o en mano, no constando negativa alguna de la empresa a pagar al trabajador mediante transferencia bancaria.
En definitiva, el motivo debe rechazarse pues lo realmente pretendido es que por esta Sala se efectúe una valoración interesada de la prueba practicada, algo no permitido por la ley procesal laboral.
Cuarto.-Denuncia la parte recurrente en el tercer motivo de su recurso la incorrecta aplicación del artículo 50.1. c) del Estatuto de los Trabajadores .
Como se recoge en el propio motivo, la parte que recurre no está de acuerdo en la interpretación y aplicación que se hace en la sentencia del artículo 50 del ET en relación con los hechos ocurridos y probados, afirmando que "la relación conflictiva en la empresa comienza a originarse, no sólo con la agresión sufrida por un compañero a raíz de un robo en la empresa, sino despidos por los expedientes disciplinarios instados por la empresa para realizar desplazamientos que el trabajador se negaba a realizar...". La parte recurrente explica en el motivo, las razones por las que considera que los requerimientos empresariales eran contrarios a derecho y que, según su entender, demuestran una conducta empresarial de hostigamiento determinante del éxito de su pretensión.
Entrando a conocer del fondo de la cuestión planteada debe recordarse, como ya expuso esta Sala en la sentencia dictada en recurso 99/2007, que la acción resolutoria concedida al trabajador al amparo del artículo 50.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, tiende a evitar que un incumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato de trabajo al empleador, sitúe a aquél en una posición forzada de dimisión, sin recibir la indemnización correspondiente al despido. Es por ello, que el «incumplimiento contractual del empresario» constituye causa de extinción del contrato -artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores - y que dicho incumplimiento, constituye justa causa «para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato», en virtud de las causas enumeradas en los tres apartados del artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores, y que con carácter de número «apertus» se presenta en la causa individualizada con la letra c) se refiere a «cualquier otro incumplimiento grave... por parte del empresario».
El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores constituye la transcripción en el derecho laboral del artículo 1124 del Código Civil (LEG 1889\27 ), precepto que establece que «la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe»; resolución que comporta «el resarcimiento de daños y abono de intereses», vocablos que, según constante jurisprudencia de la Sala Primera, equivalen o son sinónimos a la indemnización de daños y perjuicios, a que se refiere el artículo 1108 del Código Civil .
A su vez, según el artículo 1101 del Código Civil «Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas».
El incumplimiento empresarial, determinante de la resolución de la relación laboral ha de ser grave, y de tal índole que, en términos generales, frustre las legítimas aspiraciones o expectativas de la parte que cumplió su pretensión e insta la resolución a su vez el incumplimiento debe ser voluntario, entendiendo por tal no sólo una conducta reveladora de un incumplimiento deliberado de la obligación empresarial, sino también una voluntad rebelde al cumplimiento manifestado en la prolongada actividad o paridad del deudor.
Como expuso la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en sus sentencias de 30-4-2001 (AS 2001\1878) y 18-5-2001 (AS 2001\1821 ), o la sentencia de esta Sala de 11 de octubre de 2006, la doctrina especializada en esta materia - López y Camps- incluye en esta categoría de «Mobbing» las siguientes conductas: 1) Ataques mediante medidas adoptadas contra la víctima: el superior le limita las posibilidades de comunicarse, le cambia la ubicación separándole de sus compañeros, se juzga de manera ofensiva su trabajo, se cuestionan sus decisiones. 2) Ataque mediante aislamiento social. 3) Ataques a la vida privada. 4) Agresiones verbales, como gritar o insultar, criticar permanentemente el trabajo de esa persona. 5) Rumores: criticar y difundir rumores contra esa persona. Como síntomas de las personas sometidas a «Mobbing» se señalan: ansiedad, pérdida de la autoestima, úlcera gastrointestinal y depresión.
Ahora bien, la existencia de cualquier conflicto no determina la presencia de un hostigamiento laboral. Como expuso el profesor «Heinz leymann», considerado la mayor autoridad sobre esta materia, «los conflictos son inevitables... no estamos hablando aquí sin embargo del conflicto. Nos referimos a un tipo de situación comunicativa que amenaza infligir al individuo perjuicios psíquicos y físicos. El Mobbing es un proceso de destrucción; se compone de una serie de actuaciones hostiles, que, tomadas de forma aislada, podrían parecer anodinas, pero cuya repetición constante tiene efectos perniciosos».
El Mobbing, entendido como hasta ahora hemos expuesto, debe incluirse en la enunciativa relación de causas de extinción del contrato de trabajo contenida en el artículo 50 del ET, al suponer, cuando aquella conducta proviene del empresario, un incumplimiento empresarial grave y culpable de sus obligaciones entre las que se encuentra el mantenimiento de la integridad física y psíquica del trabajador, la consideración debida a su dignidad, el desarrollo de la relación conforme a los principios de buena fe, lealtad, etc.
En el caso sometido a enjuiciamiento, la juez de instancia analizando individualizadamente las causas por las que el demandante considera que se produce una situación de hostigamiento en el trabajo, concluye en la inexistencia de acoso moral alguno por parte de la empresa respecto del trabajador ahora recurrente. De forma taxativa, y tras enjuiciar todas y cada una de las alegaciones contenidas en los escritos de demanda, la juez de instancia concluye que "...de la prueba practicada no se aprecia la existencia de actitudes, conductas o comportamientos por parte del empresario ni de los compañeros de trabajo del actor que hayan hecho padecer un continuado e intencionado acoso moral en el trabajo, tal y como exige la jurisprudencia, que puedan encuadrarse en el artículo 50 del ET ".
Esta conclusión, basada en las facultades de valoración de la juez de instancia, es compartida por esta Sala, ya que del inalterado relato de hechos probados y de las manifestaciones que con el valor de aquellas se contienen en los fundamentos de la resolución, no puede sino colegirse la imposibilidad de apreciar la situación de acoso base de la reclamación.
De la prueba practicada en juicio, y adecuadamente valorada por la Juez "a quo", no se ha acreditado, como así consta en el fundamento cuarto, que el actor viniera sufriendo un trato humillante y vejatorio por parte de la dirección de la empresa, ni que haya sido objeto de agresiones, amenazas o un trato indigno y vejatorio contra su persona por parte de sus compañeros de trabajo. Así pues, no puede apreciarse la existencia de una presión laboral tendenciosa por parte de la empresa y causante de un daño psicológico al actor, debiendo subrayarse que la tensión generada en el trabajo o por el trabajo no puede calificarse sin más como «mobbing», que, conforme a lo expuesto, consiste en la creación de un ambiente hostil hasta hacerlo insoportable para el trabajador, a lo que se ha de añadir que una crisis depresiva o de ansiedad por el trabajo no necesariamente deriva de un acoso moral o psicológico.
El motivo no puede ser favorablemente acogido.
Quinto.-Igual rechazo debe merecer el motivo cuarto planteado por la parte recurrente, en el que se denuncia la errónea aplicación del artículo 50.1 .b) de la norma Estatutaria, y en la que se afirma como causa de la extinción los retrasos y la falta de pago de los salarios del demandante.
Como ocurre en el supuesto analizado en el ordinal anterior, la situación referente al impago y a los retrasos en el abono de los salarios del demandante, fue analizada por el Juez de instancia y del inalterado relato de hechos probados que contiene la resolución recurrida sólo puede concluirse, como hace la juez de instancia, en que no hay prueba suficiente que confirme la falta de pago o los retrasos alegados. En primer lugar y como tuvimos ocasión de exponer en el ordinal tercero de esta sentencia, parte de los retrasos que ahora se afirman como producidos, no fueron alegados en los escritos de demanda correspondientes, constituyendo una cuestión nueva que no puede debatirse en suplicación, los retrasos correspondientes al impago de los salarios de tramitación derivados de un despido anterior, dieron lugar al correspondiente incidente de ejecución en donde pudieron discutirse las cuestiones atinentes a dicho pago sin que el acudir a dicho procedimiento implique un incumplimiento determinante por si de la viabilidad de la extinción solicitada. En cuanto a los salarios de marzo y abril, únicos en los que se basa la solicitud de extinción, la sentencia asevera que los mismos le fueron puestos al cobro y que el actor no quiso recibirlos por su disconformidad con las cantidades ofertadas. Y en lo atinente al resto de cantidades, es cierto que el actor dice que se le adeudan, pero tal hecho, no se desprende de las actuaciones, o al menos, la realidad de la misma no se deduce de lo actuado tal y como ya tuvimos ocasión de reflejar en razonamientos anteriores.
El motivo, no puede ser acogido, sin que por esta Sala pueda entrarse en una nueva valoración de la prueba practicada, valoración que como es sabido corresponde y ha sido realizada por la Juez de instancia.
Sexto.-Con amparo en el apartado c) del artículo 191 de la Ley Procesal Laboral, afirma la recurrente que la sentencia recurrida aplica de forma errónea el artículo 54 del ET en relación con el artículo 217 de la LEC .
Según se expone en el recurso, las ausencias del trabajador se justifican por la situación de anormalidad laboral a la que se veía sometido.
No es este el parecer de la Juez de instancia, quien de forma expresa estableció en el fundamento séptimo de su sentencia, que las manifestaciones sobre la "situación insoportable del actor", son manifestaciones subjetivas del demandante carentes de una plasmación en la realidad que justifique las indubitadas asistencias al trabajo.
A este respecto, no está demás recordar la doctrina recogida en la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de fecha 21 de enero de 2008, en donde la Sala se plantea la repercusión del acoso sobre el trabajador que, ante la situación de continua humillación y degradación por las agresiones sicológicas recibidas, llega a reaccionar de manera "inconveniente" provocando una situación propicia para el despido disciplinario. En este caso, denominado por la doctrina "despido por reversión", (Rojas Rivero, Gloria P., "Delimitación, prevención y tutela del acoso laboral", Editorial Bomarzo, p. 168), dice la Sala que debe examinarse la gravedad y culpabilidad de la conducta atendiendo a la provocación previamente recibida del empresario. Para la apreciación de los requisitos de gravedad y culpabilidad, han de ponderarse todos los aspectos, objetivos y subjetivos, concurrentes en la conducta, teniendo presentes los antecedentes, de haberlos, y las circunstancias coetáneas, para precisar si en la atribuida al trabajador se dan o no esa gravedad y culpabilidad, que, como requisitos de imprescindible concurrencia exige el artículo 54 en su núm. 1 del Estatuto de los Trabajadores, según constante doctrina del Tribunal Supremo, entre otras, mantenida en sentencias de 26 de enero ( RJ 1987\129) y 27 de febrero de 1987 ( RJ 1987\1133) y 22 de febrero ( RJ 1988\748) y 31 de octubre de 1988 ( RJ 1988\8189 ).
En el caso debatido, la conducta del trabajador, ausentándose de su trabajo durante los días a los que se refiere la causa de despido, carece de justificación objetiva alguna y por tal circunstancia carecen las ausencias de la justificación necesaria para no dotar de culpabilidad a la conducta del trabajador. Como dice la Juez de instancia la situación insoportable a la que el actor se ve sometido no es sino una manifestación de su subjetividad y por ello no tiene base real ni justifica su decisión de no acudir a trabajar.
Por lo expuesto el motivo debe ser rechazado y con él la totalidad del recurso, debiendo confirmarse la sentencia de instancia, sin expresa condena en costas.
Que debemos desestimar y DESESTIMAMOS EL RECURSO DE SUPLICACIÓN interpuesto por la representación letrada de DON Juan María, frente a la sentencia nº 197/09 dictada por el Juzgado de lo Social número Uno de La Rioja de fecha 20 de abril de 2009, correspondiente a los autos acumulados números 755/07 y 568/08 seguidos por la parte recurrente frente a la empresa CARPINTERÍA ÁNGEL ORTEGA, S.L., en materia de extinción contractual y despido, CONFIRMANDO la sentencia recurrida en su integridad y ello sin expresa condena en costas.