Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-stc3964-2018-2018-00041-de-marzo-21-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_f6af665bd85e4e3f89373682c8453187&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-21 13:51:13
Document Index: 327345115

Matched Legal Cases: ['E CONTRARIO', 'artículo 373', 'artículo 373', 'artículo 121', 'e contrario', 'artículo 373', 'Artículo 1', 'artículo 373', 'artículo 327', 'artículo 373', 'artículo 373', 'artículo 11', 'artículo 327']

﻿ SENTENCIA STC3964-2018/2018-00041 DE MARZO 21 DE 2018
SENTENCIA STC3964-2018 DE 21 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:MODIFICAR EN LA SENTENCIA EL SENTIDO DEL FALLO ANUNCIADO NO CONDUCE A INVALIDAR LA DECISIÓN. SE PRECISA QUE LA EXISTENCIA DE UNA VARIACIÓN ENTRE LO ANUNCIADO EN SEDE DE AUDIENCIA Y LO ULTERIORMENTE FALLADO POR ESCRITO NO SUPONE, POR SÍ SOLA, UNA VULNERACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS GARANTÍAS PROCESALES, CAPACES DE CONDUCIR A LA INVALIDACIÓN DE LA SENTENCIA. SE AGREGA QUE NINGUNA PAUTA DE PROCEDIMIENTO, POR MÁS VÍNCULO QUE GUARDE CON OTRAS VALIOSAS REGLAS TÉCNICAS QUE ORIENTEN LA ACTUACIÓN DEL JUEZ, ESTÁ PROVISTA DE LA ENTIDAD DE RESTRINGIRLE Y AVOCARLO A OPTAR POR UN VEREDICTO QUE HA DESCUBIERTO OSTENSIBLEMENTE CONSTITUTIVO DE INJUSTICIA MATERIAL O MANIFIESTAMENTE CONTRARIO AL DERECHO SUSTANTIVO QUE BUSCA REALIZAREN CONCRETO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DECISIÓN DEL JUEZ, GARANTÍAS EN EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ACTUACIÓN DEL JUEZ, MODIFICACIÓN DEL SENTIDO DEL FALLO, SENTIDO DEL FALLO
Sentencia STC3964-2018/2018-00041 de 21 de marzo de 2018
STC3964-2018
Rad. 11001-02-03-000-2018-00041-00
(Aprobado en sesión de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho)
Decide la Corte la acción de tutela promovida por Fernando Antonio, Carlos Alberto y Edilberto López Gómez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, trámite al que fueron citados el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de la nombrada ciudad y las demás partes e intervinientes en el proceso declarativo distinguido con el radicado 2012-00127-00.
1. Los accionantes, a través de su representante, reclaman la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por la entidad accionada.
2. En sustento de la inconformidad, aducen en síntesis, que presentaron demanda de responsabilidad civil extracontractual contra Nohora Elena Valencia, Ramiro Cúbides, Pearson Educación Colombia Ltda. y Generali Colombia Seguros Generales S.A., por la muerte de María del Carmen Gómez de López, la cual correspondió conocer al Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá.
Exponen que la mentada autoridad judicial, en sentencia de 25 de julio de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones, condenando a los demandados —excepto a Generali Colombia Seguros Generales S.A.—, al pago de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales, decisión que apelaron los demandantes y las partes condenadas.
Precisan que el Tribunal en audiencia celebrada el 16 de noviembre de 2017, escuchó los alegatos de las partes e informó que procedería a resolver la apelación de forma escrita, anunciando que el fallo serio “modificatorio”, a fin de extender a la aseguradora Generali Colombia Seguros Generales S.A., la condena al pago de los perjuicios, confirmando en lo demás el proveído de primera instancia.
3. Manifiestan que la sentencia respectiva se profirió el 20 de noviembre de 2017 con modificación de la resolución del a quo, al acoger la excepción “COMPENSACIÓN DE CULPAS” propuesta por Pearson Educación de Colombia Ltda. y Generali Colombia Seguros Generales S.A., para en consecuencia, reducir la condena inicialmente impuesta a favor de los peticionarios a la suma de “36 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes”.
Sostienen que “la amplitud de aspectos abordados en la sentencia escrita, resultan incongruentes con el sentido del fallo anunciado en (...) la audiencia oral”, toda vez que en esa oportunidad se informó que la providencia impugnada modificaría lo correspondiente “a extender al asegurador la obligación de pago de los perjuicios morales reclamados”, lo que posteriormente desconoció, pues también “adicionó” en el proveído escrito la compensación de culpas que “jamás fue enunciada en el sentido del fallo en audiencia”.
4. De otro lado, resaltan que la Magistratura de segundo grado incurrió en “vía de hecho por defecto fáctico” al no realizar en debida forma el estudio de las pruebas documentales y testimoniales allegadas al proceso, pues analizó “las hipótesis dejadas en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito (...) por el policial que atendió el caso, cuando las mismas no corresponden a juicios de responsabilidad, máxime que el policial no se encontraba en el lugar de los hechos para el momento del accidente”.
5. En consecuencia solicitan, se deje sin efecto la sentencia de 20 de noviembre de 2017, ordenando al Tribunal que profiera una nueva providencia escrita de segunda instancia “que respete los contornos del sentido del fallo emitido” (f. 20, cd. 1).
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá informó que cumplió con lo previsto en el artículo 373 del Código General del Proceso al emitir el sentido del fallo “en la medida en que como se dijo en la audiencia celebrada el 16 de noviembre de 2017 se modificó la sentencia apelada y se señalaron de una manera sucinta las razones por las cuales se adoptó ese (sic) decisión” (ff. 48 a 49, ibídem).
Así mismo indicó que el sentido del fallo es solo una forma de proveer a las partes información en relación a cuál va a ser la orientación de la sentencia, siendo definitiva hasta que se profiera por medio escrito.
2. El Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá efectuó un relato de lo acontecido en el trámite y concluyó “no incurrió en omisión alguno, no se configuró una violación a los derechos fundamentales” (ff. 52 a 55, ídem.).
3. Pearson Educación Colombia Ltda., destacó: “Si bien se hace un estudio detallado sobre la sentencia oral y la posibilidad que tienen las autoridades judiciales para dar el sentido del fallo de forma verbal, y luego presentarlo por escrito, se evidencia que los casos presentados como ejemplos no corresponden con este caso en concreto”, agregando que la actuación se ha venido adelantando sin cuestionamientos a la sentencia, que por demás acogió “con suficiencia probatoria y argumentativa” la reducción de la condena invocada por las demandadas.
En consecuencia, solicitó, declarar la improcedencia “por no haberse demostrado la vulneración efectiva de los derechos invocados” (ff. 63 a 64, ibíd.).
1. Procedencia de la acción de tutela frente a providencias jurisdiccionales.
De conformidad con los reiterados criterios jurisprudenciales de esta Corporación, en línea de principio, no hay lugar al mecanismo de amparo contra las actuaciones de las autoridades de la jurisdicción, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las resoluciones en el emitidas o para disponer que lo haga de cierta manera.
Por regla de excepción a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en una conducta claramente opuesta a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornarían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.
De esta manera, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación “con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure vía de hecho”, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y que “no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo” (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC7941-2016).
Recuérdese que cuando el fallador profiere una trascendente providencia en el proceso, obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administración de justicia, y en esas condiciones la vía del resguardo deviene idónea para desecharlo y conjurar o prevenir el perjuicio.
2. Reparos constitucionales del caso concreto y su desestimación.
Los solicitantes del amparo, con base en los hechos previamente destacados, predican del Tribunal convocado la vulneración de sus garantías fundamentales, por vía de dos censuras concretas, a saber: (i) el pronunciamiento escrito de sentencia de segunda instancia con desconocimiento del sentido del fallo que había sido enunciado de forma oral en la “audiencia de alegaciones y fallo”, previamente celebrada sin agotar completamente su objeto en razón de la postergación de la resolución; y (ii) la presencia en la mencionada definición de errores en la valoración probatoria que condujeron a la estimación de la excepción “compensación de culpas” y la consecuente reducción de la indemnización en un 40%.
Desde la perspectiva de los reproches condensados, advierte la Sala que los presupuestos referidos, habilitantes de la excepcional procedencia del auxilio contra actos jurisdiccionales, no se reúnen en el presente evento, tal y como pasa a exponerse desde distintos criterios que corresponde invocar en conjunto por las particulares circunstancias del caso.
3. Inexistencia del defecto procesal manifiesto.
3.1. La deficiencia procesal denunciada refiere principalmente a la infracción del inciso tercero del numeral 5º del artículo 373 del Código General del Proceso, a cuyo tenor:
“Si no fuere posible dictar la sentencia en forma oral, el juez deberá dejar constancia expresa de las razones concretas e informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En este evento, el juez deberá anunciar el sentido de su fallo, con una breve exposición de sus fundamentos, y emitir la decisión escrita dentro de los diez (10) días siguientes, sin que en ningún caso, pueda desconocer el plazo de duración del proceso previsto en el artículo 121”.
Para el análisis respectivo, en primer lugar, es preciso destacar según lo acreditado, que en el presente caso la Sala de Decisión Civil accionada fue la competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos por las partes en contienda —con excepción de la codemandada Generali Colombia Seguros Generales S.A.— contra la sentencia estimatoria parcial de primera instancia en el proceso declarativo que da lugar al presente amparo.
Por ello, previa admisión de las impugnaciones verticales, el Magistrado Sustanciador señaló “para la audiencia de sustentación y fallo, la hora de las 8:30 a.m. del día jueves 16 de noviembre de 2017”.
Llegada la oportunidad, fue instalada la sesión y agotadas las fases de sustentación y alegación, para posteriormente decretarse receso, ante cuya reanudación, la Sala aclaró la existencia de “otras audiencias que están programadas y en las cuales ya se nos ha corrido el término”, así como “otros asuntos que resolver de índole constitucional”, en orden a lo cual determinó que emitiría la sentencia de forma escrita, exponiendo al respecto:
“(…) es un asunto bastante extenso y ustedes han tocado muchos problemas jurídicos que hay que entrar a resolver, entonces el fallo va a ser por escrito, pero como hay que… la norma nos dice que debemos dictar el sentido del fallo, sí se va a modificar la sentencia en el sentido de extender la condena a que dispuso el Juez de primera instancia a la compañía de seguros Generali Colombia Seguros de Colombia S.A., en los términos que se pactaron en la póliza; eso conlleva que se tendrán que hacer algunos ajustes en la misma decisión. En lo demás, que no sea necesario modificar se confirmará el fallo” (54:54 a 56:08; grabación, ff. 6 a 9, cuaderno del Tribunal).
Luego, el 20 de noviembre de 2017, se dictó la anunciada sentencia escrita, en la cual efectivamente se hizo extensiva la condena a la mencionada aseguradora y además, se incluyeron modificaciones relacionadas con la estimación de la defensa denominada “compensación de culpas” que acogió el Tribunal y condujo a una reducción indemnizatoria del cuarenta por ciento (40%) no prevista en la providencia definitiva de origen.
3.2. El necesario parangón entre la fiel e integral expresión del sentido del fallo y la sentencia escrita finalmente dictada, obliga a concluir que no se presenta necesariamente el desconocimiento o incongruencia que se reprocha con la presente salvaguarda.
En efecto, el aspecto de la resolución final que con mayor preponderancia fue expuesto en la audiencia fue la extensión de la condena a la aseguradora y los ajustes correspondientes, lo cual en verdad acaeció, como se evidencia principalmente en los ordinales primero, cuarto y séptimo de la decisión del ad quem.
Ahora, el carácter destacado del anterior tópico no puede conducir a predicar —como se sostiene en el escrito inicial—, que esta fue la única materia afirmada por el superior funcional como susceptible de variación en la decisión postergada, pues ello sería contraevidente, si se considera que también manifestó: “En lo demás, que no sea necesario modificar se confirmará el fallo”, expresión con la que ciertamente quedaron cobijados los demás aspectos de la controversia.
La anterior, es hermenéutica que además armoniza con los móviles de complejidad por variedad y amplitud en los problemas jurídicos que expuso la Sala para no resolver de fondo inmediatamente y para lo cual indicó “es un asunto bastante extenso y ustedes han tocado muchos problemas jurídicos que hay que entrar a resolver”.
En el escenario planteado no es posible inferir que con el proceder del Juez Colegiado hayan sido menoscabados principios como la seguridad jurídica y confianza legítima en conexidad con el debido proceso, dado que en verdad no fue brindado un veredicto creador de fundadas expectativas que posteriormente haya mutado sin justificación y con sorpresa para los interesados.
Tema bien diferente y ajeno al escrutinio que hoy corresponde efectuar a la Corte, es el mérito de las distintas razones invocadas por el Tribunal para excusar su abstención de resolución in situ o justificar la pretermisión de pronunciar un sentido del fallo más completo, determinado o, incluso, provisto de “una breve exposición de sus fundamentos”.
3.3. Dada la esquemática introducida por el Código General del Proceso a las especialidades de su ámbito de aplicación, resulta innegable que las actuaciones deben cumplirse “en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva” (art. 3º), lo cual obliga a los jueces a pronunciar sus fallos en la misma audiencia y de viva voz.
Sobre el particular esta Sala ha destacado:
“la oralidad se erige como postulado rector de la actual Codificación Procesal Civil y demanda ser respetada con ímpetu dentro de los juicios de esa especialidad, pues a través de ella se logrará la realización de prerrogativas como la contradicción y defensa. Además, se busca garantizarle a los administrados la facultad de ser oídos por los funcionarios judiciales, cuestión que, al final, les impone a todos los sujetos procesales intervenir con transparencia, fundamento de la democracia participativa” (CSJ, STC17469-2017, 26 oct. rad. 02776-00).
En este orden, supuestos como los reglados por los artículos 327 y 373 ibídem, exigen por vía de principio, el pronunciamiento oral del fallo, sin solución de continuidad respecto de las fases previas de la audiencia; deber únicamente excluido por expresa previsión legal particular.
Constituyen muestra de dichos eventos de excepción: (i) la potestad de prórroga vertida en el inciso segundo del numeral 5º del canon 373, conforme al cual “Si fuere necesario podrá decretarse un receso hasta por dos (2) horas para el pronunciamiento de la sentencia”; (ii) la situación de imposibilidad claramente justificada, que se contempla en el inciso tercero ejusdem, aunque sin mayor desarrollo conceptual.
A tono con lo sostenido, es igualmente prístino el imperativo del Juez, en el segundo de los eventos reseñados, esto es, cuando “no fuere posible dictar la sentencia en forma oral”, de cumplir cada uno de los pasos del derrotero previsto en la regla, particularmente “anunciar el sentido de su fallo, con una breve exposición de sus fundamentos”, o en su defecto, exponer los motivos por los cuales en el caso concreto dicha conducta le resulta igualmente imposible, dadas las particularidades del caso y a pesar de la diligente preparación logística y jurídica de la sesión.
Lo último, en tanto es indiscutible que no pueden avalarse líneas de interpretación que conciban previsiones instrumentales que deban satisfacerse a toda costa y por encima de cualquier consideración, esto es, desprovistas de prudentes excepciones que le confieran razonabilidad en su aplicación práctica.
3.4. Así mismo, es menester aclarar en la hipótesis de entender verificada para este caso o cualquier otro, la existencia de variación entre lo anunciado en sede de audiencia y lo ulteriormente fallado por escrito, que tal circunstancia por sí sola no supondría una automática vulneración de las garantías de los justiciables con la consecuente invalidación de la sentencia.
Ciertamente, ninguna pauta de procedimiento, máxime una simplemente instrumental referida a la forma de expresión de la voluntad decisoria, por más vínculo que guarde con otras valiosas reglas técnicas que orienten la actuación, está provista de la entidad de restringir o coartar al Juez y avocarlo a optar por un veredicto que ha descubierto ostensiblemente constitutivo de injusticia material o manifiestamente contrario al derecho sustantivo que buscar realizar en concreto.
Admitir postura adversa sería tanto como ponderar irreflexivamente la forma y desatender el expreso mandato Constitucional que obliga a dar prevalencia al derecho sustancial (art. 228), canon de interpretación que incluso es anterior a la Carta Superior (canon 4 del Código de Procedimiento Civil) y que en la actualidad enfatiza el Código General del Proceso (precepto 11).
Al respecto, en criterio que prohíja esta Corporación, la Corte Constitucional ha explicado:
La experiencia del proceso penal a partir de la Ley 906 de 2004, ha enseñado que muy a pesar de la entidad esencial de los derechos y garantías que allí se advierten en tensión, la alteración del sentido del fallo en la sentencia definitiva es proceder que aunque excepcional se ha reconocido necesario en determinados supuestos; ello bajo rigurosos condicionamientos condensados en doctrina jurisprudencial que desde ya se antela, no puede trasladarse, sin más, a los demás contornos jurisdiccionales (SP, 17 sep. 2007, rad. 27336; SP, 30 ene. 2008, rad. 28918; y SP12846-2015, 23 sep. 2015, rad. 40694).
Por supuesto, la mutación del sentido del fallo, en los excepcionalísimos eventos donde pueda acontecer, exigirá del sentenciador una carga argumentativa suficiente y particular sobre tal aspecto, en la cual se comprometa criterio fundado sobre las elevadas razones de justicia material que exculpan su vacilación en el veredicto del caso.
No puede olvidarse que la anticipación del fallo, en tanto excepción de la regla general de resolución oral e inmediata, no es más que una medida sustituta o subrogada del proceder prescrito por el legislador como deseado, a fin de reducir el impacto que el aplazamiento genera en los principios de concentración e inmediatez, cuya máxima expresión procura realizar una sistemática procesal preponderantemente oral.
3.5. No obstante la precedente reivindicación de los preceptos legales relativos a la obligatoriedad de la decisión oral y sus variables de excepción justificada, se impone destacar que la desatención de los mismos no está castigada con secuela procesal particular en el estatuto general del proceso.
Se insiste, sin perjuicio del carácter vinculante de las reglas objeto de análisis y su posible sanción en otros escenarios, en el plano estrictamente procesal, es decir, de la validez de los actos que integran la serie, no es posible predicar la existencia de disposición normativa que permita restar eficacia a la actuación que entrañe desconocimiento de las mismas.
Nótese que los enunciados normativos respectivos adolecen de consecuencia jurídica invalidante particular, efecto negativo que tampoco se contempla en las disposiciones del régimen general de nulidades procesales (arts. 132 a 138 CGP), en tanto que ninguno de los supuestos escrutados anteriormente es susceptible de subsumirse en alguna de las causales taxativamente tipificadas por el legislador en el canon 133 ibíd., cuyo parágrafo, por demás, es enfático en reafirmar tradicional pauta conforme a la cual “Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”.
Ahora, sin duda la hipótesis de invalidación más relacionada con las actuales normas de expresión de la sentencia es la condensada en el numeral 7º, prevista para “Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación”, pero como puede verse, simplemente se ocupa de sancionar la ausencia de identidad personal entre el funcionario que participa de la alegación y quien interviene en la decisión, circunstancia claramente más comprometedora de los principios del procedimiento oral que aquellas que han venido ocupando la atención de la Sala en este proveído.
3.6. De otra parte, el estudio de los antecedentes de la iniciativa legislativa que terminó en la promulgación de la Ley 1564 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, conduce al respaldo del criterio expuesto en tanto permite inferir la ausencia de vocación sancionatoria para las irregularidades relacionadas con las vigentes condiciones para el pronunciamiento de la sentencia destinada a dictarse en audiencia.
En efecto, la Comisión Redactora del Proyecto no concibió la figura del pronunciamiento anticipado del sentido del fallo, dado que en relación con el tema, discutió la pertinencia de incluir un plazo para “ampliar la motivación de la sentencia proferida en audiencia”, a propósito del artículo “Términos para dictar las resoluciones judiciales”, propuesta que finalmente fue descartada(1).
Luego, el Proyecto de Ley 196 de 2011 Cámara, tenía como versión inicial del numeral 5º del artículo 373 una redacción del siguiente tenor: “En la misma audiencia el juez dictará sentencia, si le fuere posible; en caso contrario la dictará por escrito dentro de los cinco días siguientes”(2), esto es, una fórmula de mayor liberalidad para el fallador en punto de la forma de expresión de su resolución definitiva, que por ende no requería del establecimiento de controles específicos.
Las modificaciones que determinaron el texto definitivo actualmente en rigor, se incluyeron en el trámite posterior con el objeto de impedir que la sentencia escrita se convirtiera “en la regla general, desnaturalizando el sistema mixto de predominio oral”, tal cual se manifestó en el Pliego de Modificaciones del Informe de Ponencia para Primer Debate (num. 3.15)(3) y se reafirmó en las deliberaciones posteriores; pero sin que en forma simultánea, en su ámbito de configuración, el legislador previera elevar a la categoría de nulidad procesal la desatención de los lineamientos respectivos.
3.7. De otra parte y en relación con la experiencia del proceso penal y la línea jurisprudencial actualmente consolidada que establece a la nulidad del proceso como mecanismo procedente para remediar la alteración del sentido del fallo anunciado en audiencia, es impostergable señalar las razones por las cuales, como se anticipó, dicha tesis no es de recibo en las actuaciones regidas por el Código General del Proceso.
3.7.1. Por regla general, es inviable trasladar sin los justos recaudos las figuras jurídicas concebidas en un escenario particular a otro con estructura y finalidades diversas, premisa que adquiere mayor significación tratándose de las áreas penal y privado en general, especialmente si la labor de selección e integración normativa refiere a los regímenes sancionatorios.
3.7.2. Es notable, desde una visión tanto material como subjetiva, la mayor extensión, complejidad y variedad de potenciales controversias reguladas por las especialidades que conciernen al Código General del Proceso (asuntos civiles, comercial, de familia, agrarios y demás no previstos expresamente en otras leyes)(4), respecto del más concreto —y no por ello en absoluto, menos relevante y exigente— ámbito de la jurisdicción penal que concierne puntualmente a “Las indagaciones, investigaciones, imputaciones, acusaciones y juzgamientos por las conductas previstas en la ley penal como delito” (canon 24, CPP).
La anterior circunstancia, evidenciable de forma suficiente con la sola apreciación general de la cada vez mayor normativa sustancial pertinente, tiene directa incidencia en la inferior posibilidad real de los juzgadores de concretar y definir los problemas jurídicos, o anticipar con similar acierto el sentido integral de sus fallos.
3.7.3. A diferencia de lo acontecido en el Código General del Proceso, donde el anuncio del sentido del fallo tiene una aislada mención para un supuesto eventual y excepcional, en el actual Código de Procedimiento Penal, dicha actuación —contemplada principalmente en los artículos 446 y 447—, es ordinaria y propia de la sistemática habitual del trámite, razón por la cual de la misma dependen múltiples efectos procesales de insuperable relevancia para todos los intervinientes, como a continuación se condensa:
a) Determina, cuando es adverso al procesado y salvo excepciones, la competencia del juez del conocimiento para imponer penas y medidas de seguridad (art. 40).
b) Habilita el ejercicio del incidente de reparación integral “previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella”, cuando se declara la responsabilidad penal del acusado (arts. 102 y 106).
c) Viabiliza distinta suerte de resoluciones en el acto sobre la libertad del acusado, según se trate de absolución o condena: captura inmediata; postergación de la detención previa argumentación suficiente; decreto de medida de seguridad apropiada en caso de inimputabilidad, etc. (arts. 449 a 453).
Semejante trascendencia ha merecido que la Sala de Casación Penal de esta Corte sostenga: “el anuncio del sentido del fallo por parte del juez de conocimiento, una vez finalizado el debate público oral, constituye un acto procesal que forma parte de la estructura del debido proceso y vincula al juzgador con la decisión adoptada en la sentencia, conformando con esta una unidad temática inescindible”” (SP12846-2015, 23 sep. 2015, rad. 40694).
Los citados calificativos, de total recibo en el escenario procesal penal, innegablemente resultarían desproporcionados e infundados en la sistemática propia del Código General del Proceso; por tanto, no puede admitirse criterio que pretenda conferir similar alcance o significación.
3.7.4. El remedio procesal consolidado en materia penal, se ha posibilitado por la naturaleza abierta o amplia del régimen de “INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES” allí establecido (arts. 455 a 458, Ley 906 de 2004), particularmente apreciable en su regla de “Nulidad por violación a garantías fundamentales”, vertida en el canon 457 ibídem, según el cual “Es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales”.
El anterior manejo legislativo de la sanción de ineficacia procesal se diferencia en gran medida del diseño prescrito por el Código General del Proceso —por demás similar al condensado en el Código de Procedimiento Civil—, donde la taxatividad exhibe notable rigor y la especificidad conlleva a agotar los supuestos de invalidación en eventos típicos y cerrados.
3.8. En definitiva, al margen del mérito de las justificaciones expuestas para abstenerse de resolver definitivamente en audiencia, no se evidencia una necesaria contradicción entre el sentido del fallo anunciado oralmente por el Tribunal y la posterior sentencia dictada por escrito, siendo evidente que en caso de suponer variación entre dichos hitos, o cualquier otra desatención de las pautas habilitantes de la postergación de la decisión, la irregularidad no puede entenderse como sancionada por vía de la nulidad procesal.
Lo anterior, en lo absoluto supone patente para que los funcionarios judiciales se aparten de los lineamientos que obligan a dictar sentencias de viva voz en el marco de la misma audiencia pública y con la mayor realización posible de la inmediación y concentración procesal, pues cierto es que la excepción no puede convertirse infundadamente en la regla general, lo cual exige la prudente previsión de las condiciones logísticas y de preparación del caso, necesarias para agotar en su justa y racional medida el objeto de la actuación.
4. Razonabilidad de la decisión de fondo.
La desestimación del reproche procesal estudiado, sitúa a la Sala en posición de avocar el análisis de la censura de incursión en vía de hecho por defecto fáctico con la cual se refuta la valoración fáctica del Tribunal que condujo al acogimiento de la excepción “concurrencia de culpas” que a su vez derivó en la reducción del monto indemnizatorio reconocido a los promotores del juicio de responsabilidad civil extracontractual.
Al respecto advierte la Corte que la resolución de segunda instancia se encuentra lejos de estructurar la deficiencia de apreciación denunciada, en tanto que la revisión del proveído permite inferir que se efectuó un análisis esmerado de los medios de confirmación reclamados por el extremo activo que luce racional e integral, esto es, absolutamente distante de edificar vía de hecho por arbitrariedad o capricho.
Nótese al respecto que luego de una exhaustiva revisión del grado de convicción de cada uno de los medios acreditantes del “actuar irresponsable de la conductora del rodante”, se realizó similar laborío en relación con “la incidencia que tuvo la víctima en el hecho dañoso”, el cual no se limitó al informe policial, sino que en forma concatenada a lo antes valorado, comprendió otras probanzas documentales y testimoniales.
Sobre la vía de hecho originada en valoración probatoria ha reiterado la Corte:
“el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoración de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera más certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la vía de hecho solamente puede tener una aplicación en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (...) de forma que solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jurídico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoración probatoria por fuera de las reglas básicas de realización, práctica y apreciación, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisión” (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00).
Así las cosas, solo resta destacar que el juez constitucional solo interviene en la esfera de convencimiento, cuando el “error en el juicio valorativo” sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposición, lo cual ciertamente no ocurrió en este supuesto.
En suma, el resguardo examinado no está llamado a abrirse paso y será desestimado por improcedente.
Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Octavio Augusto Tejeiro Duque—Luis Armando Tolosa Villabona, salvamento de voto.
1 Actas 23 y 24 de marzo 10 y 24 de 2004, disponibles en http://www.icdp.org.co/descargas/Actas/
2 Gaceta del Congreso 119, 29 de marzo de 2011.
3 Gaceta del Congreso 250, 11 de mayo de 2011.
4 Artículo 1º en concordancia con el canon 16 que prevé la denominada cláusula general o residual de competencia.
Con el respeto acostumbrado, brevemente expreso las razones por las cuales no comparto la decisión que dirimió, en primera instancia, la acción de tutela de la referencia.
1. Considero que el Tribunal censurado cometió un desafuero que ameritaba la injerencia de la jurisdicción constitucional, por cuanto al proferir la providencia del 20 de noviembre de la anualidad pasada, que resolvió la alzada interpuesta contra la sentencia dictada por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, el 25 de julio de ese mismo año, desconoció el sentido del fallo que anunció en la audiencia del 16 de noviembre de 2017, con lo que infringió el artículo 373 (numeral 5º, inciso 3º) del Código General del Proceso, aplicable al trámite de la apelación en virtud de la remisión normativa consagrada en el artículo 327 (penúltimo inciso) de esa misma codificación.
Sobre la referida figura (sentido del fallo), el citado artículo 373, en el aparte pertinente, establece que “[s]i no fuere posible dictar la sentencia en forma oral (…) el juez deberá anunciar el sentido de su fallo, con una breve exposición de sus fundamentos, y emitir la decisión escrita dentro de los diez (10) días siguientes…”.
Por ende, es clara la dependencia que existe entre el sentido del fallo y la providencia que finalmente se emita por escrito, pues no solo se exige al funcionario judicial anticipar su decisión, igualmente debe hacer una “breve exposición de sus fundamentos”, los que habrá de profundizar en la respectiva sentencia. Entonces, resulta claro que el juzgador de instancia no puede sorprender a los litigantes al sentar su decisión por escrito de manera diversa a lo proclamado oralmente, habida cuenta que, se reitera, aquella está restringida al sentido del fallo que con antelación les anunció.
El Tribunal accionado, en la audiencia de 16 de noviembre de 2017, expresó:
La Sala (…) informa a los recurrentes (…) que el fallo lo vamos a proferir por escrito, es un asunto bastante extenso y ustedes han tocado muchos problemas jurídicos que hay que entrar a resolver (…); pero como (…) la norma nos dice que debemos dictar el sentido del fallo, sí, se va a modificar la sentencia en el sentido de extender la condena que dispuso el juez de primera instancia a la compañía de seguros Generali Colombia Seguros de Colombia S.A., en los términos que se pactaron en la póliza, eso conlleva que se tendrán que hacer algunos ajustes en la misma decisión. En lo demás, que no sea necesario modificar, se confirmará el fallo.
Así las cosas, la única modificación que anticipó el juez ad quem fue la relacionada con la extensión de la condena impuesta en el proveído apelado a la compañía aseguradora, sin que hiciera mención a la “compensación de culpas” que reconoció al dictar por escrito la sentencia de segunda instancia, actuación que trasgredió la garantía fundamental al debido proceso de los demandantes y el principio de confianza legítima, al sorprenderlos con la adopción de una determinación que no fue advertida en la diligencia de 16 de noviembre de 2017.
2. A lo anterior se suma que el sentido del fallo que anunció el Tribunal, el 16 de noviembre de 2017, no cumplió con las exigencias que contempla el analizado artículo 373 (numeral 5º, inciso 3º) del estatuto procesal vigente, habida cuenta que se limitó a comunicar que la condena impuesta a los demandados se extendería a la aseguradora también enjuiciada, sin expresar brevemente los fundamentos de esa modificación, con lo que, sin duda alguna, infringió lo que establece el prenotado canon.
En efecto, no basta con que el operador judicial señale lacónicamente que va a modificar, revocar o confirmar la decisión cuestionada, también es menester que, brevemente, dé las razones que lo llevan a resolver en tal sentido.
Dicha exigencia tiene razón en el principio de la confianza legítima, sobre el cual esta Corporación ha decantado:
‘(…) [C[onceptualmente ha reconocido la Corte que el principio de ‘confianza legítima’ procura ‘garantizar a las personas que ni el Estado ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias(1), ya que el proceder inicial puede generar legítimas expectativas en los usuarios de la administración de justicia, que deben ser respetadas (auto de 4 de febrero de 2008, exp. 2002-00537-00).
‘…la administración de justicia no puede con posterioridad adoptar decisiones contradictorias, desconociendo las expectativas que dicho particular, de buena fe, se haya formado. Por esa razón, se ha señalado, por ejemplo, que las consecuencias de un error judicial no pueden afectar negativamente a la parte procesal que lo padece al punto de socavar su derecho a la defensa o el acceso a la administración de justicia (…)”.
También esta Corporación, ha dicho:
‘(…) [L]a jurisprudencia constitucional, de vieja data, ha señalado que los derechos fundamentales de una persona no detentan un carácter absoluto en relación con los de otros, por lo cual es preciso realizar una tarea de contraste cuando en una situación concreta confluyen los intereses de varios individuos.
[E]s así como en los casos en los que se controvierte un pronunciamiento judicial, es claro que de un lado emerge la pretensión de la parte lesionada para que se le garantice el debido proceso; y del otro, el de los demás sujetos, quienes claman por el respeto de principios que son igualmente relevantes, como la seguridad jurídica y la confianza legítima, pues, no se entendería que alguien que acude a un trámite absolutamente reglado, obtenga un fallo jurisdiccional ejecutoriado, que pueda ser después revocado, sin mayores condicionamientos (…)’ (CSJ STC8305-2014; reiterada recientemente en STC9542-2016).
Aunado a lo anterior, debe advertirse que el Código General del Proceso es una normativa de estirpe garantista, cuya interpretación parte de que “el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial”, por lo que, en caso dudas, estas “deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales (…) garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales” (artículo 11, Código General del Proceso).
De ahí que desde el punto de vista constitucional, sea imposible avalar que el juez ordinario pueda apartarse del sentido del fallo que públicamente anunció a las partes, al plasmar por escrito la sentencia, pues ello, se reitera, atentaría en contra del principio de confianza legítima, que hace parte de la garantía fundamental al debido proceso.
Esta tesis desarrolla el principio de la oralidad, que supone que en el trámite de apelación (artículo 327, ibídem), la audiencia de juzgamiento, tanto en primera como en segunda instancia, es indispensable que los jueces, colegiados o no, analicen el asunto y los problemas jurídicos emanados de él, es decir, preparar previamente el caso para evitar ser sorprendidos o sorprender a los usuarios del sistema de justicia en la reivindicación de sus derechos.
Con lo anterior, se sigue la filosofía del Código General del Proceso, que consiste en erradicar las añejas prácticas del sistema escritural como la prolongación de la decisión final de manera indefinida, falta de acuerdo entre los operadores de justicia colegiados, ya sea por incertidumbre o estudio previo del asunto, entre otros factores.
Tal exigencia tiene su razón de ser en posibilitar el control de los usuarios y demás interesados de la administración de justicia, en el claro deber de velar por el principio de celeridad de la actuación judicial, propio del sistema oral.
3. En los anteriores términos dejo consignados los motivos que en esta oportunidad me llevaron a separarme de la decisión mayoritaria.
1 C. Const. Sent. C-836 de 2001.