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Timestamp: 2020-01-17 18:46:05
Document Index: 170598258

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 41', 'artículo 110', 'artículo 11', 'artículo 67', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 26', 'artículo 149', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 50', 'artículo 54', 'artículo 59', 'artículo 149']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 75, de 05/04/2001
Sesión plenaria núm. 71
celebrada el jueves, 5 de abril de 2001
- Tratado sobre el Estatuto Jurídico de Eurofor, hecho en Roma el 5 de julio de 2000. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 108, de 23 de febrero de 2001. (Número de expediente 110/000066.) . . . (Página 3752)
- Convención sobre las misiones especiales y protocolo facultativo, hecha en Nueva York el 8 de diciembre de 1969. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 109, de 23 de febrero de 2001. (Número de expediente 110/000067.) . . . (Página 3752)
- Proyecto de ley por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia (procedente del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 32-1, de 9 de marzo de 2001. (Número de expediente 121/000032.) . . .
(Página 3752)
Página 3750
- Proyecto de ley de marcas. «BOCG. Congreso los Diputados», serie A, número 33-1, de 9 de de marzo de 2001. (Número de expediente 121/000033.) . . . (Página 3760)
- Proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 36-1, de 16 de marzo de 2001.
(Número de expediente 121/000036.) . . . (Página 3773)
Avocación por el Pleno . . . (Página 3780)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales . . . (Página 3752)
Tratado sobre el Estatuto Jurídico de Eurofor, hecho en Roma el 5 de julio de 2000 . . . (Página 3752)
La señora presidenta anuncia que las votaciones de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales se celebrarán inmediatamente antes e la votación de la enmienda de totalidad del primer proyecto de ley.
El señor Centella Gómez pide votación separada del primer tratado para un momento posterior.
Convención sobre las misiones especiales y protocolo facultativo, hecha en Nueva York el 8 de diciembre de 1969 . . . (Página 3752)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 3752)
Proyecto de ley por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia (procedente del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero) . . . (Página 3752)
En defensa de la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene la señora Mendizábal Gorostiaga.
En turno en contra interviene el señor Gámir Casares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica la señora Mendizábal Gorostiaga, duplicando el señor Gámir Casares.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Votación) . . . (Página 3760)
Tratado sobre el Estatuto Jurídico de Eurofor, hecho en Roma el 5 de julio de 2000 . . . (Página 3760)
Sometido a votación, se aprueba por 262 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones.
Convención sobre las misiones especiales y protocolo facultativo, hecha en Nueva York el 8 de diciembre de 1969 . . . (Página 3760)
Sometida a votación, se aprueba por 269 votos a favor.
Página 3751
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (votación) . . .
(Página 3760)
Proyecto de ley por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia (procedente del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero) . . . (Página 3760)
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 95 votos a favor, 167 en contra y siete abstenciones.
Proyecto de ley de marcas . . . (Página 3760)
Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno la señora ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán). Distingue en él dos ámbitos claramente diferenciados como son un contenido necesario, impuesto por la necesidad de proceder al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la transposición de una directiva y por la incorporación de varios tratados internacionales, y un contenido voluntario, impuesto por el deseo de tener en España una marca que, otorgando una mayor protección a su titular, sea más ágil, eficaz y barata en su obtención. Explica estos dos ámbitos y las medidas contenidas en el proyecto de ley que, considera, supone un elemento esencial para la construcción en mayor medida de los objetivos de creación de un entorno de propiedad industrial más estimulante para la innovación y para la protección de los signos distintivos en nuestro país.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, interviene el señor Navarrete Merino, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno en contra de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, interviene el señor Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica el señor Navarrete Merino, duplicando el señor Fernández de Trocóniz Marcos.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 113 votos a favor y 167 en contra.
Proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo . . .
(Página 3773)
En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Mayoral Cortés, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las dos enmiendas de totalidad de devolución, presentadas por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Socialista, se rechazan por 108 votos a favor, 164 en contra y dos abstenciones.
La señora presidenta, de conformidad con el artículo 149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto legislativo, que se aprueba por 272 votos a favor, dos en contra y una abstención.
Página 3752
- TRATADO SOBRE EL ESTATUTO JURÍDICO DE EUROFOR, HECHO EN ROMA EL 5 DE JULIO DE 2000. (Número de expediente 110/000066.)
La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
Tratado sobre el estatuto jurídico de Eurofor, hecho en Roma el 5 de julio de 2000.
Aviso a la Cámara que la votación posterior de los dos convenios se hará inmediatamente antes de la votación de la enmienda de totalidad del primer proyecto de ley. (Rumores.) ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervengo para pedir votación separada del primer tratado.
La señora PRESIDENTA: En cualquier caso, lo será a continuación.
- CONVENCIÓN SOBRE LAS MISIONES ESPECIALES Y PROTOCOLO FACULTATIVO, HECHA EN NUEVA YORK EL 8 DE DICIEMBRE DE 1969. (Número de expediente 110/000067.)
La señora PRESIDENTA: Convención sobre las misiones especiales y protocolo facultativo, hecho en Nueva York el 8 de diciembre de 1969.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Ambos convenios serán sometidos a votación separadamente tras el debate del siguiente punto del orden del día. (Rumores.)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO Y DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LA LEY 16/1989, DE 17 DE JULIO, DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO LEY 2/2001, DE 2 DE FEBRERO) (Número de expediente 121/ 000032.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
Punto IX del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, procedente del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda de texto alternativo por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Mendizábal.
Señorías, una vez más tengo que iniciar mi intervención en este tema denunciando o, mejor dicho, para ser menos brusca, explicitando que la política de regulación del sector eléctrico vigente ha fracasado, ha fracasado porque, primero, no se han conseguido avances apreciables en la liberalización real, es decir, perjudica a los consumidores. (Rumores.) En segundo lugar, no se han cambiado los rasgos básicos de la estructura del sector, sigue habiendo una situación de oligopolio y, por tanto, no contribuye al funcionamiento de una economía eficiente y, en tercer lugar, permite este marco regulatorio una serie de intervenciones arbitrarias, pero sobre todo discriminatorias del Gobierno... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento señora Mendizábal, por favor.
Señorías, es imposible que se oiga a la interviniente con el murmullo de conversaciones que hay en la Cámara.
Adelante, señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: En tercer lugar, permite que haya una serie de intervenciones, en algunos casos arbitrarias y en otros discriminatorias, por parte del Gobierno que no requieren ninguna justificación. El proyecto de ley que hoy se presenta, y al que nosotros ponemos una enmienda a la totalidad de texto alternativo, no es más que una prueba de ese fracaso del marco regulatorio, porque este proyecto de ley vuelve sobre sus pasos, es decir, modifica una modificación, es, en definitiva, la historia de una serie de cambios sobre determinados temas que lo único que indica es que la política en este ámbito es una política francamente errática. Pero además este proyecto de ley, como bien lo explicó el señor vicepresidente del Gobierno cuando presentó a la Cámara el real decreto, está motivado por una situación concreta y responde única y exclusivamente a una situación concreta, que es la presentación de la posible fusión entre las dos grandes eléctricas de este país, Endesa e Iberdrola. Es decir, este proyecto de
ley sólo responde a circunstancias concretas y en ningún caso responde a solucionar el problema de fondo que tenemos que, como ya hemos dicho, es el fracaso del marco regulatorio del sector eléctrico.
Ya en el debate del real decreto explicamos las razones que nos llevaban a votar en contra. Nos llevaba a votar en contra el primer artículo, lo que corresponde a la modificación del sector eléctrico, porque se reconocía a las empresas eléctricas el derecho a percibir una compensación como costes de transición a la competencia con una cuantía ya establecida a priori. Esta nueva norma, que se aprobó en el real decreto que modificaba la disposición transitoria sexta, ni siquiera volvía a la situación original, sino que lo único que hacía era que desapareciera la titulización -algo que estaba puesto en solfa por la propia Comisión Europea- de estos costes de transición a la competencia. En segundo lugar, lo rechazábamos porque se ampliaba el período de percepción de estos CTC tres años más -en la ley era hasta el 2007 y en el real decreto hasta el 2010-. En tercer lugar, porque se atribuye un poder excesivo al Gobierno, cuando lo adecuado sería que quien tuviera estas atribuciones fuera la Comisión Nacional de la Energía, órgano independiente, neutral y, por tanto, más eficaz. Y en cuarto lugar, porque se producía una discriminación dentro de las propias empresas eléctricas. Las que venden activos deducían las plusvalías posibles de los costes de transición a la competencia, pero no ocurría lo mismo cuando se venden participaciones empresariales en negocios de generación.
La segunda parte del real decreto, que es la que se refería a la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, también la votábamos en contra porque atribuía, en primer término, un poder al Gobierno para imponer multas coercitivas. Si bien nosotros estamos de acuerdo con la necesidad de que se puedan establecer esas multas coercitivas, creemos que esta atribución, como así lo defendimos en nuestra enmienda a la Ley de Defensa de la Competencia, debe residir en el Tribunal de Defensa de la Competencia. Bienvenido sea el Partido Popular a considerar necesario el establecimiento de estas multas coercitivas, pero atribuyamos la capacidad al órgano que se debe, que no es el Gobierno sino el Tribunal de Defensa de la Competencia. En segundo lugar, nos resultaba bastante difícil poder aceptar que un acuerdo del Consejo de Ministros pudiese modificar la legislación sectorial vigente.
Estos eran algunos de nuestros argumentos para rechazar el real decreto. Lo que hemos hecho en esta tramitación como proyecto de ley es presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo, que tiene unos objetivos muy claros. En primer lugar, evitar los efectos negativos de esta nueva reforma de la reforma, de una regulación que, como ya he dicho, consideramos que está fracasada. En segundo lugar pretende ofrecer un enfoque que defienda los intereses de los consumidores. En tercer lugar, contribuir a implantar las condiciones de competencia efectiva y, finalmente, fortalecer las atribuciones de los órganos independientes, como ya he dicho.
En el artículo 1 proponemos que el Gobierno presente un plan de adecuación a la competencia del sector eléctrico, a propuesta, por supuesto, de la Comisión Nacional de la Energía, en el que sí pueden contemplarse las compensaciones como costes de transición a la competencia. Pero se establece ya un procedimiento determinado, una liquidación anual y, por supuesto, a posteriori -siempre los costes de transición como consecuencia de la existencia de un mercado competitivo y en el que se puedan conocer realmente los costes y los precios que existen en el mercado de generación, y no a priori-. En definitiva, lo que tratamos es de adaptar el procedimiento a las normas comunitarias, que lo ponían en entredicho, y condicionar la existencia de los CTC a que realmente se produzcan, porque si no, no tiene sentido pagarlos. Asimismo en este artículo 1 tratamos de mantener una cierta equidad en el tratamiento de los agentes empresariales, en un posible cambio de titularidad, porque no era lo mismo coger participaciones que vender activos.
El artículo 2, que es el que supone la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, tiene como objetivo fortalecer el marco normativo y el esquema institucional encargado de la política de defensa de la competencia. Por una parte se potencia la seguridad jurídica y la objetividad en las decisiones de los poderes públicos en materia de operaciones de concentración empresarial, siendo siempre el Tribunal de Defensa de la Competencia el órgano responsable de emitir el dictamen de concentración, y si el Gobierno no ratifica ese dictamen, lo que tiene que hacer es motivar su resolución, haciendo públicos y explícitos los criterios de interés general que le llevan a no aceptar el dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia. Asimismo, dentro de la lógica que mantenemos de fortalecimiento de los órganos independientes, creemos que es el propio Tribunal de Defensa de la Competencia el encargado de vigilar y de controlar el cumplimiento de los acuerdos o condiciones que se hayan impuesto para que se efectúe esa determinada concentración. Finalmente también incorporamos el instrumento, como ya he dicho antes, de las multas coercitivas -que formaba parte de nuestra posición ya en la Ley de Defensa de la Competencia- como medio de control para el cumplimiento forzoso de los acuerdos o condiciones que se establezcan para los temas de concentración, y quien establece estas multas coercitivas es el Tribunal de Defensa de la Competencia.
Este es, brevemente, el contenido de nuestro texto alternativo, pero somos conscientes -lo digo desde esta tribuna- desde el Grupo Socialista de que no aporta ninguna solución al problema ni a la situación que en estos momentos existe en el sector eléctrico. Es, señorías, un parche más que ponemos porque -tengo
que decirlo otra vez más, no sé cuántas veces al cabo de esta intervención- realmente necesitamos un nuevo marco regulador del sector eléctrico, una nueva regulación que tenga en cuenta la experiencia adquirida durante estos años de vigencia de la Ley del Sector Eléctrico y también los problemas que se están planteando.
Anteayer leíamos en un titular de prensa española que España es el país europeo con mayor riesgo de crisis en el suministro de electricidad. Existen problemas y lo que hay que hacer es afrontarlos. Por ello necesitamos un nuevo marco regulatorio que respete unos principios básicos, que ya están aceptados, tanto por la Comisión Nacional de la Energía como por el Tribunal de Defensa de la Competencia en sus informes. Estos principios básicos son los siguientes. Primero, defensa de los intereses de los consumidores, ya lo he dicho antes; segundo, fomento de una estructura competitiva de generación y de comercialización; tercero, asegurar un suministro estable y de calidad y, en cuarto lugar, reducir los riesgos regulatorios asociados a un excesivo intervencionismo gubernamental.
Para esta tarea, señorías, grupo mayoritario, ustedes tendrán la colaboración del Partido Socialista. Para seguir haciendo literatura liberalizadora, sin defender ni los intereses de los consumidores ni tratar de solucionar los problemas que se plantean a las empresas, nos tendrán enfrente, pero siempre proponiendo alternativas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendizábal. ¿Turno en contra de la enmienda de totalidad? Señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señora presidenta, señorías.
Otras intervenciones desde esta tribuna sobre propuestas del Grupo Parlamentario Socialista en materia de energía las he tenido que iniciar diciendo que me encontraba ante un problema de falta de credibilidad en esas propuestas debida, sobre todo, a las contradicciones internas con propuestas interiores, a los cambios de rumbo y de orientación continuos y no justificados. Por desgracia, hoy tengo que volver a empezar por decir que la crítica básica es la misma; la crítica básica se debe a una actuación de repetición en la contradicción en este texto con relación a textos muy próximos sobre las mismas materias. Podía focalizarlas nada más en las repeticiones de este tema, pero para dar más peso al argumento recordaré que hay una especie de contumacia en la contradicción -si se me permite la expresión- en las últimas posturas que ha mantenido el Grupo Parlamentario Socialista sobre las materias energéticas.
Brevísimamente recordemos que cuando subieron los precios del petróleo, en el tiempo de un mes hubo nueve propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, muchas de ellas contradictorias entre sí y la que tuvo más peso fue la que el señor Rodríguez Zapatero dirigió al presidente del Gobierno al formularle una pregunta diciéndole: Baje usted inmediatamente los impuestos de los hidrocarburos. Si le hubiera hecho caso ahora tendríamos una contradicción más. Esta fue una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista solicitando que bajaran los impuestos.
Otro ejemplo es el relativo al tema de la no fusión entre Endesa e Iberdrola, donde la contradicción brilló por su presencia en las distintas posturas del Grupo Parlamentario Socialista. Saben SS.SS.
que no me gusta leer desde este estrado, pero cuando se trata de decir frases literales pronunciadas por otros parlamentarios que hablan y construyen las frases con otro estilo que el mío, me parece que el máximo respeto es leer sus frases literales. Y sobre este tema de Endesa e Iberdrola las frases literales que se fueron pronunciando sobre la no fusión, fueron las siguientes. El 13 de diciembre la frase del portavoz socialista es la siguiente: Si se es capaz de hacerlo compatible con una mayor competencia en el sector, mi grupo no tendrá oposición a la operación de fusión. Pues bien, fue exactamente eso lo que hizo el Gobierno el día 2 de febrero. Yo esperaba lo contrario, alguna postura constructiva, con algún matiz, como a veces se ha anunciado, de apoyo a la postura del Gobierno, pero al contrario, contradiciéndose con lo dicho en diciembre por parte del Grupo Parlamentario Socialista, las declaraciones que aparecen en febrero, después del día 2, son que: La decisión del Consejo de Ministros es un nuevo regalo a las grandes empresas, siguen fomentando la contradicción y el monopolio, instan y promocionan esta fusión. El día 5, los consejos de Endesa e Iberdrola, considerando no aceptables las condiciones, porque eran condiciones que promovían la competencia, eran condiciones realmente duras, votan en contra. El Grupo Parlamentario Socialista se encuentra con el pie cambiado y sale con una frase realmente curiosa.
La expresión del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista fue: Dijeron ustedes, los del Gobierno -es su expresión-, que no a Fenosa y ahora han dicho que sí a Endesa e Iberdrola. ¿Existe alguna racionalidad entre este sí y este no más allá de la interpretación razonable amigo/enemigo? Es una frase realmente preciosa. Resulta que Unión Fenosa era el enemigo del Gobierno y resulta que Endesa es el amigo del Gobierno.
Por eso se le ponen unas condiciones tan duras que deciden no cumplirlas. Aquí hay una mezcla -lo digo con el mayor respeto- de confusión y contradicción. Y si nos hubiéramos quedado allí, podría ser una fase transitoria, pero es que en este mismo texto alternativo encontramos contradicciones con lo que se acaba de decir sobre los mismos temas. Sobre los famosos CTC, hace muy poco tiempo, en el Pleno del 22 de febrero, la persona que habló en nombre del Grupo Parlamentario Socialista decía: Los CTC son ayudas de Estado incompatibles con la
legislación comunitaria. Y añadía: E incompatibles con el mercado único. Pero es más, el 27 de febrero, en una moción consecuencia de interpelación, se decía que había que utilizar el concepto de garantía de potencia suprimiendo la actual regulación sobre los costes de transición a la competencia. Declaraciones durísimas éstas y otras anteriores -no me he querido ir más lejos en el tiempo- sobre los costes de transición a la competencia. Pero donde dije digo, digo Diego, aquí no hay ningún problema y en este texto alternativo encontramos que, después de haber dicho todo eso, ahora se dice que el Gobierno debe contemplar la concesión de compensaciones en concepto de costes de transición a la competencia. La contradicción no puede ser más clara.
Aún hay más. Si entramos dentro del texto encontramos situaciones curiosas. Con la normativa del Gobierno hay un máximo al que pueden llegar estos costes, que está aprobado por este Parlamento; con la alternativa del Grupo Parlamentario Socialista no existe ese máximo, desaparece, lo que establece inseguridad jurídica y, teóricamente, que los costes puedan ser, sin ningún máximo, los que resulten. Y no es ésta la única contradicción que aparece en este texto. Otro asunto importante es quién decide en materia de competencia. La postura del Grupo Parlamentario Socialista se podía considerar como una postura clara cuando el 13 de diciembre del año 2000 el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia de economía dijo la siguiente frase, y leo literalmente: Defiendo que estas cosas -se refiere a estas cosas de la competencia- no las decida el Gobierno, prefiero que las decidan los órganos independientes reguladores de la competencia. Postura de diciembre del Grupo Parlamentario Socialista al máximo nivel en materia económica. Leo ahora la postura de este texto alternativo de 2 de abril: Es el Gobierno el que debe decidir, en el plazo de un mes, sobre estas cosas de la competencia. Antes no debía ser el Gobierno, sino el Tribunal de Defensa de la Competencia; ahora debe ser el Gobierno, que puede oír o no, hacer caso o no del dictamen consultivo del Tribunal de Defensa de la Competencia, sólo tiene que motivar su resolución.
Desde la contradicción es difícil crear una doctrina. Además, en este caso hay algunos añadidos curiosos. Se pide, como añadido, que las decisiones del Gobierno se motiven y que, además, aparezcan en el Boletín Oficial del Estado. Esto parecen dos grandes añadidos que añaden transparencia. Pues bien, señorías, esos dos añadidos ya existían, pero no solamente existían sino que provienen de ustedes, bueno, de los ustedes de hace unos años, si es que logro hacerme entender. Es decir, la Ley 30/1992 exigía la motivación en estos temas y, como tal, el Gobierno los ha venido motivando, y era una ley aprobada cuando ustedes tenían el control de esta Cámara. El Decreto 1080/1992 exigía su publicación en el Boletín Oficial del Estado y desde entonces se han venido publicando; luego lo que ustedes piden ahora sobre la publicación y la motivación ya está en vigor, y lo que hacen es simplemente reiterar normas puestas en vigor por ustedes cuando gobernaban y que se han cumplido también por el Gobierno del Partido Popular. Aquí la situación podría ser ya incluso curiosamente -y perdónenme las comillas- "divertida". Cuando se trata de temas que han planteado ustedes recientemente -ustedes, los actuales ustedes, si me entienden- la técnica, con lo que acaban de decir, es la contradicción. Cuando se trata de temas que habían aprobado ustedes -pero ustedes no los de ahora, si quieren acabar de entenderme, sino los ustedes de 1992-, entonces su postura es el olvido, incluso de las cosas buenas que hicieron en 1992 y ahora plantean como temas originales lo que ya se había aprobado desde el Grupo Parlamentario Socialista en el año 1992 y que ha sido cumplido por el Gobierno del Partido Popular porque era legislación vigente.
Además de ese curioso juego entre el olvido y la contradicción según quienes sean ustedes, si los de antes o los de ahora, añaden dos puntos que son verdaderamente curiosos. En uno de ellos ustedes eliminan la norma del Gobierno de que si a los 30 días el Ejecutivo no ha decidido, hay silencio administrativo positivo, pero la eliminan del todo, con lo cual crean una clara situación de inseguridad jurídica. ¿Qué pasa si un Gobierno, el que sea, éste o alguno futuro de ustedes, en alguna ocasión no cumple los 30 días? Si no los cumple, la normativa tiene que dar una solución para que haya seguridad jurídica. Ustedes suprimen en este caso el silencio administrativo positivo y establecen una clara inseguridad jurídica.
Y, miren, el problema de sus contradicciones es que al final resultan textos contradictorios en sí mismos. Ustedes primero defendían que fuera el Tribunal de Defensa de la Competencia el que tuviera competencia en estas cosas de la competencia, siguiendo su expresión.
Ahora defienden que sea el Gobierno. El Tribunal de Defensa de la Competencia sigue siendo un órgano puramente consultivo, pero, por inercia de lo que decían antes, siguen concediendo al Tribunal de Defensa de la Competencia, un órgano puramente consultivo, la capacidad de vigilar y sancionar si no se cumplen las decisiones del Consejo de Ministros. Convertir a un órgano consultivo en un órgano de vigilancia y sanción no es muy claro. Era claro cuando en su anterior versión era también el órgano ejecutivo; cuando no lo es, que sea un órgano vigilante y sancionador un órgano consultivo es realmente algo un tanto extraño.
Acabaría con dos manifestaciones La primera es una felicitación al Grupo Parlamentario Socialista dentro de la pequeña complicidad de esta Cámara. A veces, los diputados, sobre todo los de base, encontramos algo tediosas las largas tardes de los martes, sin temas que exciten el interés. Pues bien, hay que reconocer que cuando ustedes van a presentar una propuesta sobre temas energéticos son capaces de establecer expectativas de interés, porque no sabemos lo que van a hacer. Como la línea es tan cambiante, suponemos que se van
a contradecir con algo que han expresado anteriormente, pero no sabemos en cuánto y de qué manera. Logran ustedes algo importante: crear expectativas de interés en una Cámara que a veces pasa por momentos monótonos en su día a día. Felicidades por eso, aunque sin duda no extiendo esta felicitación al texto alternativo.
Señorías, yo les ruego el voto en contra del texto alternativo y se lo ruego por dos razones, la primera, porque votar en contra de dicho texto es votar contra una técnica de contradicciones sin explicaciones; la segunda, porque votar en contra del texto alternativo es votar por el texto del Gobierno, que es un texto perfectamente coherente y que apuesta claramente por la liberalización de los consumidores, por la liberalización desde la demanda, una postura que ha favorecido claramente el Gobierno y que tiene un rumbo muy claro. Señorías, tienen ustedes dos opciones: la de votar por la pertinacia en la contradicción o la de votar por un texto útil para la comunidad española en materia energética.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gámir.
Tiene la palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Señor Gámir, me hubiera gustado haber tenido otro tipo de debate que hubiera ido al fondo del tema y que en lugar de fijarse en frases sueltas sacadas de contexto y sin ninguna coherencia entre sí, para tratar de demostrar que existen determinadas contradicciones -las contradicciones del modelo regulador del sector eléctrico están ahí, las conocen las empresas y los consumidores y creo que no hay nada más que decir-, frases que están extraídas, por cierto, de otras intervenciones y que deben estar subrayadas en el "Diario de Sesiones", hubiera leído con más atención el texto alternativo que presenta mi grupo. Me voy a ceñir estrictamente a éste.
Hay dos cosas que quiero decir muy claramente y que usted parece no haber leído. Lo que queremos precisamente, poniendo este texto en relación con el caso de la fusión Endesa-Iberdrola, es que el Gobierno no tenga arbitrariedad para decir: estas son las condiciones, un porcentaje en generación, un porcentaje en comercialización y el que se me ocurre, cuando hay un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia que justifica unas determinadas condiciones. Eso es precisamente lo que queremos evitar y por eso lo que decimos en el texto es que si el Gobierno no respeta ese informe que hace el órgano competente, diga por qué no lo hace, cuáles son los intereses generales que realmente está defendiendo el Gobierno, que los puede haber y los habrá, pero que los diga y que lo haga público, simplemente.
Respecto a los CTC, señor Gámir, ¿todavía no sabe usted cuál es nuestra posición en este tema? Lo hemos repetido muchas veces. No es que no reconozcamos la existencia de costes de transición a la competencia. Claro que sí, cuando los haya. Lo que no podemos es reconocer costes de transición a la competencia cuando no hay competencia, cuando no hay costes y cuando se califican por parte de la Comisión Europea como ayudas de Estado, porque eso son ayudas de Estado, no costes de transición a la competencia. Lo que queremos es que si hay costes de transición a la competencia, se haga su cálculo a posteriori, en función de un procedimiento muy claro y muy transparente, y que podamos decir: hay costes. Entonces este grupo reconoce la existencia de los costes de transición a la competencia. Una cosa son ayudas de Estado y que ustedes quieran llamarlas costes de transición a la competencia para regalar a las eléctricas un billón y medio, y otra cosa es que realmente los costes de transición a la competencia existan. Mi grupo entonces los reconoce, pero lea más a fondo los temas, señor Gámir.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendizábal.
Tiene la palabra el señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señora presidenta, señorías, creo que esta réplica se ha fijado en dos puntos que yo ya había tratado, pero dado que parece que no lo habían escuchado, los reitero. La necesidad de motivar las decisiones del Consejo de Ministros en estos casos de fusiones viene de la Ley 30/1990, y como tal le podría mostrar -y lo tengo aquí y está a su disposición- que todas las decisiones sobre fusiones tomadas por el Consejo de Ministros han sido motivadas.
Luego lo que ustedes están pidiendo ahora es algo que ya existe por una ley aprobada en 1992, cuando ustedes tenían una mayoría en esta Cámara. Sobre eso no hay nada nuevo; luego no pidan ustedes que se cumpla lo que ya se está cumpliendo por una norma, que parece que ustedes han olvidado, aprobada por ustedes.
Sobre lo segundo, le he leído dos textos muy claros en los que su opinión era en contra de los costes de transición a la competencia, en uno de ellos incluso planteaban su supresión. Sostener que eso es compatible con que ahora digan que se instalen esos costes de transición a la competencia es en castellano una contradicción, de forma que en un caso su problema es de olvido y en otro caso de contradicción. Intentar ser la alternativa del Gobierno desde el olvido y desde la contradicción no son las mejores armas de credibilidad para que el principal partido de la oposición intente pasar a ser partido de Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gámir. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Bloque Nacionalista Galego considera positivas las modificaciones que introduce el texto alternativo respecto del Real Decreto-ley 2/2001 en lo relativo a las modificaciones de la Ley de Defensa de la Competencia. En su momento, el Bloque Nacionalista Galego ya manifestó su desacuerdo con la atribución que el artículo 2 del Real Decreto-ley 2/2001 hace al Gobierno para permitirle modificar la legislación sectorial a su antojo cuando esta pudiera suponer un obstáculo para hipotéticas operaciones de concentración empresarial. Considerábamos que o bien el real decreto-ley incurre en una redacción desafortunada en la parte final del artículo 17.1 de la Ley de Defensa de la Competencia, o bien se está introduciendo la posibilidad de que el Gobierno altere las reglas de determinados mercados aprobadas mediante las leyes sectoriales de forma aleatoria, según las circunstancias que concurran en cada caso concreto, aceptando que los acuerdos del Consejo de Ministros apliquen la ley sectorial de tal manera que de esa aplicación concreta pueda resultar una modificación de facto de la ley reguladora sectorialmente o una situación prohibida inicialmente por la propia ley. Celebramos, por lo tanto, que el texto alternativo propuesto por el Grupo Socialista suprima dicha potestad gubernamental reconocida en el Real Decreto-ley 2/2001 por cuanto consideramos que esta situación resultaría anómala e inconstitucional, puesto que se infringe el principio de jerarquía normativa al quebrar la posición relativa de superioridad que tiene cualquier ley sobre los acuerdos ejecutivos del Consejo de Ministros, que estos no pueden modificar sino solamente aplicar dentro del marco preestablecido por la ley.
También compartimos la intención de potenciar el papel del Tribunal de Defensa de la Competencia como órgano independiente que debe velar por el cumplimiento de las condiciones exigibles en los procesos de concentración en detrimento de las atribuciones que el real decreto- ley hace al Servicio de Defensa de la Competencia para la vigilancia de la ejecución y cumplimiento de los acuerdos y al Gobierno para la imposición de multas a las empresas que incumplan las condiciones establecidas. No obstante, consideramos que en lo relativo a la modificación de la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el texto alternativo persiste en el reconocimiento del derecho a la percepción, por parte de un número muy reducido de empresas que oligopolizan dicho sector, de indemnizaciones en concepto de costes de transición a la competencia sin que a nuestro juicio las modificaciones propuestas en la determinación del volumen total de dichos costes justifiquen un cambio de nuestra posición al respecto. Además, el texto alternativo remite la determinación de dichos costes a un plan de adecuación a la competencia del sector eléctrico, que debería ser aprobado por el Gobierno a propuesta de la Comisión Nacional de la Energía, por lo que la cuantía final de dichos costes queda indeterminada en este texto alternativo, sin que las indicaciones sobre el procedimiento de cálculo permitan alcanzar una cifra concreta, quedando su determinación a la postre a expensas del Gobierno. Por ello, no podemos compartir la redacción que el texto alternativo formula de dicha disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico. Mantenemos que una subvención a cuatro empresas que oligopolizan el sector eléctrico en concepto de costes de transición a la competencia por importe de un billón y medio de pesetas de 1997, o por el que pudiera resultar de la aplicación de este texto alternativo, resulta profundamente injusta y desproporcionada, como el propio mercado ha demostrado durante recientes procesos de concentración. La gravedad de esta decisión aumenta si tenemos en cuenta que a estas empresas no se les exige compromiso alguno de mejoras en sus infraestructuras de producción, distribución y comercialización y tampoco ningún grado de implicación o de contribución al desarrollo económico de las comunidades donde explotan los recursos energéticos. Los CTC trasladados a la factura doméstica constituyen además un injusto impuesto indirecto que pese a la propaganda del Gobierno, contribuye a incrementar la presión fiscal, elevar el nivel de precios y acentuar el carácter regresivo del sistema fiscal español. Por todos estos motivos, aun comprendiendo y valorando que las modificaciones del texto alternativo tienen su interés, vamos a mantener una posición de abstención.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Vasco ya en el proyecto de modificación del marco legal estable del año 1994, como en la nueva Ley del Sector Eléctrico de 1997, se comprometió a introducir en el sector energético del Estado la competencia entre empresas y la capacidad de los consumidores para elegir en el mercado la mejor oferta en servicio, calidad y precio, aspectos estos que después del llamado proceso liberalizador y la introducción de órganos reguladores, todavía no se han cumplido en su totalidad. El Grupo Parlamentario Vasco ha impulsado durante la anterior legislatura y en lo que llevamos de la presente la cancelación de los largos plazos previstos en la Ley del Sector Eléctrico para incorporar a todos los usuarios y consumidores al carácter de elegibles, es decir, para decidirse de acuerdo con las mejores condiciones por un suministrador y un distribuidor de electricidad. El año 2007, aplicado a las familias y pymes, se nos hacía demasiado largo e inexplicable desde el punto de vista de incorporar la
competencia y romper la rigidez territorial en el mercado eléctrico del Estado. Ahora, como dice el preámbulo de este real decreto-ley, el Gobierno confirma que se adelanta en cuatro años esa libertad de suministrador para todos los consumidores. Bienvenida sea esta decisión, sobre todo si va acompañada de una información veraz y amplia a todos los afectados, particularmente familias y pymes.
El mercado, aparente o formalmente liberalizado, se ha convertido en un lugar atractivo para el inversor en sistemas energéticos, como productor o como suministrador y comercializador. La aproximación entre producción y consumo, la renovación del parque de generación con la introducción de energías básicas de menor coste, así como el potencial de crecimiento del mercado español han hecho interesante la presencia de empresas energéticas que buscan alcanzar posiciones y dimensión para en el futuro atender un mercado de tamaño europeo regido por directrices de la Unión y donde la actual cerrazón de los límites estatales se habrá demostrado como ineficiente, costosa y desequilibradora desde el punto de vista de la garantía del suministro. Basta con observar las deficiencias y limitaciones de nuestra débil conexión con el sistema francés. Nuestro grupo animará la implantación de empresas cuyo objetivo sea reducir los costes y precios de producción y garantizar un suministro de calidad. Ambos hechos afectan a la competitividad industrial y, por ende, a la economía y a la mejora de la renta de los ciudadanos, objetivos que debe comprender el concepto de servicio público que caracteriza al sector energético privado y al papel de garante de tal servicio que compete al administrador público.
Una de las características del reconocimiento de los costes de transición a la competencia que nuestro grupo sostuvo durante el debate parlamentario cuando el actual Gobierno era minoritario residía precisamente en la incentivación de la renovación del parque de generación de energía eléctrica. Falta un informe riguroso y preciso sobre la influencia de esta medida en el sistema eléctrico cuatro años más tarde de la aprobación de la financiación de los denominados CTC. Hoy por hoy desconocemos los criterios del Gobierno en esta materia, ya que parece guardar silencio, como si no estuviera convencido de la decisión tomada ante las previsiones del sector, las reprimendas de la oposición socialista, que nunca dio un argumento en contra, o la incertidumbre creada por la Comisión Europea, más por rumores que por argumentos descalificadores. Nuestro grupo sigue pensando hoy como cuando votó a favor de la implantación y cuantificación de los CTC y no va a cambiar. La medida contribuiría a incrementar la renovación de la vieja maquinaria productiva del sector energético, hasta hace siete años oligopolio de hecho y hoy tímidamente liberalizado. El real decreto-ley que hoy se plantea para su aprobación definitiva tiene como objetivo dar transparencia al marco aplicable a los CTC dentro de un mercado de competencia. En este sentido, se hacía imprescindible la separación de activos de producción afectados por este marco de valor de tales activos y de las retribuciones obtenidas por la aplicación del régimen de los CTC. Resulta necesario efectuar una valoración, a precios y criterios de mercado, y encargar dicha función a entidades independientes y cualificadas, hechos ambos que no quedaron suficientemente clarificados durante el fallido proceso de fusión de Endesa e Iberdrola. Mantenemos nuestra conformidad con la adjudicación del régimen de CTC a las empresas adquirentes de activos de generación con objetivos de modernización y mejora de la eficiencia de las instalaciones, así como que tales empresas se vean sujetas al suministro de producción al mercado mayorista por debajo de las seis pesetas kilowatio/hora, ya que dicho mecanismo ha resultado adecuado para controlar los precios del mercado, evitando incrementos no controlados y en muchos casos especulativos.
Finalmente, nuestro grupo también se manifiesta favorable a una mayor intervención del Tribunal y Servicio de Defensa de la Competencia en los procesos de fusión y concentración empresarial para evitar resultados no deseados en forma de conductas abusivas o restrictivas en la actuación de la libre competencia en el mercado, pero en particular para que se pueda hacer cumplir los acuerdos adoptados por el Tribunal de Defensa de la Competencia y refrendados por el Consejo de Ministros. El Grupo Parlamentario Vasco apoya en este caso la propuesta del Gobierno por coherencia con su actuación parlamentaria precedente. Sin embargo, este apoyo no está exento de crítica. La actuación del Gobierno es tardía, a remolque de acontecimientos que pudieron ser conflictivos, como el caso de Endesa e Iberdrola, cuando no contradictorios y desalentadores del mercado de la libre competencia y liberalizado. El Gobierno no ha sabido gestionar un instrumento que debió servir para modernizar el aparato productivo eléctrico, sino que, al contrario, su confusa actuación, su inseguridad y su permanente sometimiento a las familias empresariales que le son particularmente afines dentro del sector, le han abierto un frente de confrontación con la Comisión y la Dirección de la Competencia europeas que se debió haber evitado. Controlaremos que en el futuro estas situaciones cambien y a ello confiaremos nuestros próximos votos favorables.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
Señorías, reconocemos -y en algunos apartados compartimos- la iniciativa que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, pero, como Grupo Parlamentario Federal y en coherencia con las posiciones que hemos venido manifestando hasta ahora, creemos que este texto alternativo mantiene, aunque sea de una forma diferente -en principio nos puede parecer un tímido avance-, la existencia de los costes de transición a la competencia, en contra de los cuales nos hemos posicionado como grupo parlamentario desde que aparecieron en la ley que regula el sector eléctrico. A nuestro juicio, no existen tales costes de transición a la competencia del sector eléctrico, porque en realidad ni hay competencia en estos momentos y ni tan siquiera, señorías, se han podido plantear dichos costes en otros sectores en los que sí ha habido competencia, porque se han considerado siempre, al igual que lo son para el sector eléctrico, ayudas del Estado. Realmente, una empresa funciona manteniendo unos determinados tipos de costes que repercute en las tarifas, lo que hace que se sumen al final al precio del producto que se pone a la venta y no a través, como ha hecho el Gobierno, de un impuesto que grava a todos los consumidores y que está beneficiando escandalosamente a las empresas del sector eléctrico.
No compartimos el planteamiento que hace el Grupo Socialista en su enmienda de totalidad de que esto tengo una validez de diez años. En realidad, si esta iniciativa se tomara en consideración, mi grupo parlamentario tendría que modificarlo porque, señorías, los costes de transición a la competencia, tal y como hoy están reconocidos, se vienen pagando desde el año 1998. Por lo tanto, señorías, no creemos que las empresas eléctricas necesiten unos cuantos años más para seguir, gracias a ese planteamiento, cobrando unas tarifas y un impuesto que nos parece que no necesitan en absoluto.
Algunos de los planteamientos del primer punto de la modificación de la disposición adicional sexta, en referencia a los costes de transición a la competencia, nos parecen mucho más avanzados y, si se quiere, más realistas que los que ha recogido el Gobierno en el texto del real decreto sobre el que estamos discutiendo esta enmienda alternativa. Creemos que se le da una mayor incidencia a la Comisión de la Energía, porque tendría que elaborar un plan, que sería el que llevaría a evaluar si existen o no los costes de transición a la competencia, pero no se nos escapa que, ya sea a través de un plan o de la denominación de costes de transición a la competencia directos, como se hace en estos momentos, al final las presiones de las compañías eléctricas llevarían a que existieran unos costes de transición a la competencia que, vuelvo a repetir, bajo el criterio de nuestro grupo parlamentario no existen como tales.
La redacción del segundo punto, por lo que se refiere a la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, reconocemos que es bastante mejor y mucho más pormenorizada que la del texto del Gobierno y que otorga una mayor seguridad jurídica. Desde nuestro punto de vista pretende potenciar el papel del Tribunal de Defensa de la Competencia y en principio creemos que garantiza una mayor independencia frente a lo que pueda ser el criterio del propio Gobierno. Aun así no está tan claro que la defensa de la competencia pueda garantizar una decisión realmente ligada al interés general. En la parte que a nosotros nos parece fundamental mantiene la decisión, desde nuestro punto de vista arbitraria, del Consejo de Ministros, aunque tenga que publicitarse, y tendría que matizarse mucho más.
Señorías, a pesar de reconocer que es un texto mejor que el que ha presentado el Gobierno, a pesar de reconocer que introduce o intenta introducir al menos algún motivo de imparcialidad tanto en la generación de los costes de transición a la competencia como en la salvaguarda de la defensa de la competencia, mi grupo parlamentario, por las dudas que nos genera y por las posiciones que hemos venido manteniendo desde el principio en relación con dichos costes de transición a la competencia, se va a abstener en la votación de esta enmienda con texto alternativo.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
Señoras y señores diputados, en el debate que tuvo lugar el 22 de febrero de este año, en el que nuestro grupo votó favorablemente la convalidación del real decreto-ley referente a la modificación de los costes de transición a la competencia, Convergència i Unió tuvo la oportunidad de explicar en profundidad cuál era su posición al respecto. Lógicamente, en relación con el debate del día de hoy sobre la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista con texto alternativo a la convalidación del real decreto-ley, nuestro grupo, en coherencia con nuestra posición en el que se celebró el 22 de febrero y teniendo en cuenta que en la Comisión vamos a tener la posibilidad de debatir en profundidad este proyecto de ley, va a votar en contra de dicha iniciativa socialista, puesto que ya fijamos nuestra posición en su momento en el sentido de que no era necesaria una modificación del marco legal regulatorio del sector eléctrico. Justamente en este marco legal que ya introdujimos en el año 1997 era posible una liberalización y conseguir una rebaja de los costes tanto energéticos como domésticos, que era el objetivo fundamental que perseguía nuestro grupo parlamentario. Por este motivo vamos a votar en contra de esta enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
En primer lugar, sometemos a votación el Tratado sobre el estatuto jurídico de Eurofor, hecho en Roma el 5 de julio de 2000.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 262; en contra, dos; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el tratado de referencia.
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación, a continuación, el documento de Convención sobre las misiones especiales y protocolo facultativo, hecha en Nueva York el 8 de diciembre de 1969.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 269.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido documento.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO Y DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LA LEY 16/1989, DE 17 DE JULIO, DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2001, DE 2 DE FEBRERO) (Número de expediente 121/000032.)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
Sometemos a votación la enmienda de totalidad, de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/ 1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 95; en contra, 167; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
La señora PRESIDENTA: Debate de totalidad del proyecto de ley de marcas. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra la ministra de Ciencia y Tecnología, señora Birulés. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo de la manera más rápida posible, al objeto de poder continuar con el debate. (Pausa.) Adelante, señora ministra.
Señorías, tengo el honor de presentar ante esta Cámara, en nombre del Gobierno, el proyecto de ley de marcas. Dentro del proyecto, señorías, hay que distinguir dos ámbitos claramente diferenciados. En primer lugar, un contenido necesario que viene impuesto por tener que proceder al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, por tener que perfilar la trasposición de una directiva y por la incorporación de varios tratados internacionales.
En segundo lugar, un contenido voluntario que viene motivado por el deseo de tener en España una marca que, otorgando una mayor protección a su titular, sea más ágil, eficaz y barata en su obtención.
Respecto del contenido necesario, el proyecto da cumplimiento a la sentencia de 3 de junio de 1999, mediante la cual el Tribunal Constitucional ha delimitado un reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de propiedad industrial, que obliga a realizar algunas adaptaciones en la actual Ley de marcas. Se procede así a dar entrada a las comunidades autónomas en la tramitación de los signos distintivos, fundamentalmente mediante la recepción y el examen formal de las solicitudes. En segundo lugar, se perfila la trasposición de la primera
Directiva 89/104 CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Las tramitaciones de la vigente Ley de Marcas, 32/1988, y de la directiva se realizaron en paralelo, por lo que el legislador español tuvo en cuenta los sucesivos borradores comunitarios. Ello no obstante, al publicarse la directiva unos meses después que la ley, algunos aspectos quedaron sin trasponerse. Con el texto actual se alcanzará la plena adaptación. Asimismo, el proyecto de ley que ahora se presenta contiene las reglas necesarias para adaptar nuestro derecho a los esfuerzos armonizados realizados en el seno de la comunidad internacional. De este modo se incorporan las normas que permiten la aplicación completa en España de tres importantes tratados: el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas; el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el Tratado sobre el derecho de marcas y su reglamento.
Pero no cabe duda de que el proyecto de ley de marcas que se presenta introduce asimismo, como expuse al comienzo de mi intervención, importantes novedades destinadas a ampliar y a asegurar la protección que ofrece la marca. La marca, como bien saben SS.SS., es un certificado de garantía que permite al consumidor con un solo vistazo, de una manera rápida, percibir una avalancha, una gran cantidad de información acerca del producto que adquiere. Por la misma razón faculta al empresario a rentabilizar todas las inversiones que ha hecho en ese bien, que sin el empleo de una marca serían irreconocibles. La presente ley moderniza nuestro derecho de marcas, incrementando el estímulo que percibe el empresario para invertir en los factores que aquella encierra, con el consiguiente beneficio para la economía y los consumidores.
Aludiré a continuación de manera breve a las ocho novedades que estimo presentan un mayor calado. En primer lugar, se produce un reconocimiento reforzado de la importancia de la marca renombrada.
Las marcas renombradas españolas constituyen una herramienta privilegiada para elevar la imagen de España en el exterior, son las que más valor añadido incorporan a los servicios y productos a los que se refieren y, en fin, sólo sobre signos de este tipo puede asentarse la posición de liderazgo en el ámbito internacional, en los campos relacionados no sólo con la innovación y el desarrollo tecnológico sino también con la investigación, en los que España está y tiene como objetivo jugar un papel de creciente peso. El reconocimiento pleno de la importancia estratégica de las marcas renombradas pasa, señorías, por definirlas adecuadamente y por establecer un régimen jurídico consecuente con aquellas; a ambas inquietudes da respuesta el proyecto.
En segundo lugar, cabe citar una importante agilización del procedimiento de concesión. El procedimiento de registro de marcas que prevé el proyecto de ley mantiene las garantías actuales que derivan del hecho de que todas las marcas que se solicitan en la actualidad, alrededor de 95.000 al año, son examinadas de oficio por la Administración. La Oficina Española de Patentes y Marcas analiza cada solicitud y deniega aquellas que concurren en prohibiciones de registro. Pues bien, en la ley vigente, el período en que se realiza el examen de oficio se solapa con el período que se abre para que los terceros titulares de una marca ya existente se opongan a la solicitada si consideran que la nueva es idéntica o parecida. Se yuxtaponen en consecuencia el examen que realizan los particulares y el de la Administración, que tendrá que esperar a que termine aquel período para manifestarse. El nuevo procedimiento, pues, prevé la apertura del trámite de oposiciones de terceros sólo después de la realización del examen por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Con ello se gana en rapidez, ya que se acorta por esta oficina el plazo de examen del que deriva el porcentaje mayor de denegaciones, y el solicitante conoce en un momento más temprano del procedimiento la viabilidad o no de su marca. Junto a ello se produce un importante ahorro a los titulares ya inscritos, ya que no se verán obligados a formular oposiciones innecesarias a solicitudes de marcas que de todos modos iban a ser denegadas por la oficia en su examen de oficio.
En tercer lugar, hay que destacar la introducción de medidas de simplificación y agilización del sistema. Un ejemplo de este esfuerzo, y relevante, lo constituye la sustitución de la marca uniclase por la multiclase. La relevancia se deriva de que, en el régimen actual, quien desee obtener una marca para diferenciar una multitud de productos o servicios está condenado a solicitar hasta 42 marcas individuales, mientras con la nueva ley bastará con presentar una única solicitud marcando, en su caso, hasta 42 casillas.
En cuarto lugar, se adoptan medidas de ampliación del contenido y alcance del derecho de marca. La posición del titular de la marca se ve fortalecida al reconocérsele, entre otras, las facultades de prohibir el uso de la marca en medios de identificación del producto o servicio y en diccionarios, así como la de exigir la destrucción de bienes ilícitamente marcados. Junto a ello se aclara que será indemnizable el daño irrogado al prestigio o reputación de la marca.
En quinto lugar, cabe otorgar relevancia especial a la adopción de medidas de adaptación a la sociedad de la información. Se incluyen previsiones tendentes a posibilitar la presentación de solicitudes, la realización de trámites adicionales y la práctica de notificaciones por vías telemáticas. Además, con el fin de estimular la presentación de solicitudes por Internet se procede a realizar una bonificación del 15 por ciento de la tasa que las grava. Asimismo, se fortalece la posición del titular de una marca en Internet frente a vulneraciones de suderecho por medio de nombres de dominio, ciberocupación
y ciberpiratería, al tiempo que se le sitúa en posición preferente para su obtención.
En sexto lugar, es necesario aludir a la introducción de medidas para mayor protección de los consumidores. En los últimos tiempos proliferan las marcas que inducen al consumidor a error acerca de la naturaleza, la calidad, las propiedades o el origen de los productos.
Con el fin de colaborar con la Oficina Española de Patentes y Marcas en su labor de filtro de estas marcas, se reconoce por primera vez a los órganos públicos, asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios una legitimación especial para señalar las marcas que a su juicio deben ser denegadas.
En séptimo lugar, se introduce la posibilidad de someter a arbitraje los litigios en materia de marcas. Así, se contempla la posibilidad de someter a arbitraje las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que se conceden o deniegan marcas, lo que constituye una excepción a la prohibición general de someter los actos administrativos a esta modalidad de solución de controversias.
Para ello es necesario que la cuestión litigiosa afecte exclusivamente a intereses privados, por lo que no cabe someter a arbitraje la denegación de una marca por incurrir en una prohibición absoluta.
En octavo lugar, quiero aludir a la desaparición de los rótulos de establecimiento. Los rótulos de establecimiento desaparecen en la nueva ley por varios motivos, porque su carácter local produce grandes distorsiones en el registro al constituir un impedimento para la concesión de títulos de ámbito nacional, porque son perfectamente sustituibles por la figura de marcas de servicio y porque tienen nulo arraigo en el derecho comparado. Eso sí, no por desaparecer los rótulos de la normativa, de la ley, quedan éstos desamparados. Su protección se alcanza mediante el agotamiento de su vida registral y la posibilidad de realizar su renovación. Agotada aquélla, la tutela se obtendrá, como ocurre en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, mediante las normas de competencia desleal.
No quiero finalizar mi intervención sin resaltar la importancia que desde el Ministerio que dirijo se otorga al proyecto de ley que presento a esta Cámara. En el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como saben SS.SS., somos plenamente conscientes de que nos encontramos ya inmersos en una era en que las propiedades inmateriales resultan el activo nuclear en el funcionamiento y valoración de las empresas y por extensión de las economías nacionales. Valores intangibles como la tecnología, la imagen de marca o la innovación suponen hoy en día el elemento diferencial para ser competitivos. No cabe duda de que las marcas ostentan un valor esencial como instrumento para su protección. Desde esta conciencia se está articulando un haz de medidas en materia de propiedad industrial. Algunas no revisten carácter legislativo y se centran en aspectos tan importantes como el incremento de la difusión de la información tecnológica contenida en las patentes o el fortalecimiento de la posición de España y del idioma español en el entorno internacional. Pero junto a ello reviste también gran importancia la configuración de un marco legislativo adecuado que proteja suficientemente los bienes intangibles propiedad de las empresas. Recientemente presenté en esta misma Cámara el anteproyecto de ley por el que se regula la patente de las invenciones biotecnológicas. Por todas las razones expuestas a lo largo de mi intervención, el presente proyecto de ley de marcas supone un elemento esencial para la construcción en mayor medida de los objetivos de creación de un entorno de propiedad industrial más estimulante para la innovación y para la protección de los signos distintivos en nuestro país.
Para la presentación y defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, nos encontramos ante un proyecto de ley que por referirse a la propiedad industrial debe ser contemplado con la mayor de las atenciones posibles. Sin duda, el título más legítimo que existe para la adquisición de la propiedad es el que resulta del esfuerzo de la inteligencia para dar con una serie de ideas que sean aprovechables por la sociedad. Desde ese punto de vista, la propiedad industrial y la propiedad intelectual tienen un gran parentesco común y, aunque no sea el caso de este momento histórico, su protección ha respondido en nuestro decurso legislativo a pautas muy semejantes. Las propiedades especiales tienen algo de paradójico porque, por una parte, son limitadas en el tiempo, lo que conlleva una obligación de explotación -es uno de los pocos casos en que ciertas funciones sociales de la propiedad quedan claras en la legislación-, y al mismo tiempo se establece con una tremenda fortaleza la exclusividad del propietario.
Como es sabido, en nuestro Código Civil estas propiedades especiales estaban ausentes y fue posteriormente, a través de normas singulares, como se reguló, en su origen sin acomodarse a los principios característicos del Derecho hipotecario o del Derecho registral y más tarde con aplicación más o menos intensa de esos principios; evolución histórica que se compagina perfectamente con la que se produce en el Derecho comparado con algunas modalidades nacionales, por ejemplo, el sistema alemán, que establece también el principio de la inscripción constitutiva, que difiere cualquier tipo de oposición a la aparición de la inscripción constitutiva, mientras que, como ha explicado la señora ministra, en nuestro sistema actual es posible un examen de fondo, incluso una oposición de los interesados antes de que
se produzca la inscripción. Por consiguiente, nuestro sistema no es el alemán.
Dicho esto, voy a entrar en el análisis de nuestra enmienda a la totalidad. Consideramos que algún criterio racional hay que seguir para establecer en un momento determinado cuándo una reforma de la legislación inmediatamente anterior debe tener el carácter de ley nueva o, por el contrario, debe ser una reforma parcial que se encaje dentro de la legislación que se ha revisado y actualizado. La señora ministra, quizá por una traición de su subconsciente, ha hablado en su exposición de la adaptación de la Ley de 1988 todavía en vigor.
Nosotros consideramos que desde el punto didáctico, desde el punto de vista de la facilitación del conocimiento material del derecho, el supuesto de que una norma que se revisa deba ser encajada como nueva es un mal principio y, por tanto, debe ser contemplado restrictivamente. Sólo en dos ocasiones entendemos que es defendible la sustitución del texto que se actualiza por un texto nuevo. El primer caso es cuando la diferencia de extensión entre la norma anterior y la nueva hace incompatible el encaje en la legislación anterior, y no se da en esta situación. Por ejemplo, si la ley anterior tuviera un solo artículo y la que pretende actualizarla tuviera cien, es evidente que habría que hacer una nueva ley; pero ya digo que la extensión que detallamos en el escrito de nuestra enmienda no permite sostener que este sea el caso. El segundo supuesto es cuando haya una incompatibilidad manifiesta entre lo que se actualiza y lo actualizado. La expresión de la ministra, que se corresponde con otras que hay en la exposición de motivos del proyecto que trae el Gobierno a la Cámara, pone de manifiesto que lo que ha prevalecido para sustituir una norma por otra nueva no es, como en el caso de la Loapa, el deseo de dejar sin contenido material un recurso constitucional del que estaba muy arrepentido el Grupo Popular cuando lo formuló en la oposición y tenía que aplicar la sentencia siendo Gobierno. En este caso esas razones no existen. Por consiguiente, la suposición que hay que hacer es que la sustitución de la norma anterior por ésta como ley nueva está impulsada por cierta megalomanía o concepción monopolística de la inteligencia, a la que nos viene acostumbrando el Partido Popular. Para pasar soterradamente esta concepción megalomaníaca de la elaboración del derecho se desfiguran las cosas, se omiten antecedentes en la exposición de motivos, aunque se reconoce que algunas de las normas internacionales o supraestatales -que no ha mencionado la señora ministra- estaban ya parcialmente incorporadas al texto de la ley anterior, incluso se hacen verdaderos descubrimientos normativos como la definición de la marca notoria, expresamente contenida en el texto anterior. O se dice que por primera vez se ha atemperado el carácter constitutivo del registro con el principio de buena fe registral; cuando, por otra parte, la noción equivalente de esta propiedad industrial al tercero hipotecario o al tercero adquirente a título oneroso de buena fe, etcétera, no aparece por ningún lado. Por consiguiente, señoras y señores del Gobierno y del grupo que le apoya, si han descubierto ustedes algo es el Mediterráneo, y tamaño descubrimiento no merecía el honor de una norma nueva.
Tampoco estamos de acuerdo con los principios en que se inspira esta nueva norma; con algunos de ellos porque otros son simple trasunto de lo que había en la legislación anterior. Por ejemplo, ha desaparecido el rótulo de establecimiento. La señora ministra nos dice que es posible su vigencia como marca de servicio, lo cual es verdad, pero es una institución típica de nuestro derecho -como argumentaré al final de mi intervención- y creemos, y así lo decimos en la enmienda de totalidad, que la labor del jurista tiene que ser parecida a la del jardinero, introduciendo en el jardín nuevas especies pero velando muy atentamente por la conservación de la flora autóctona.
Aquí se ha pasado de una manera absolutamente desaprensiva sobre el concepto de rótulo de establecimiento e incluso se nos ha intentado vender una cosa que no es real, quizá por desconocimiento de la señora ministra, cuya formación tiene un carácter distinto. Por ejemplo, en una ley francesa del año 1942 existía el rótulo del establecimiento. Que no exista en el derecho comparado no significa que no estemos por las nuevas concepciones que surgen en el derecho comparado, pero -repito- manteniendo las autóctonas. Esta actitud se parece bastante a la que en nuestro inmediato pasado autoritario existía respecto al derecho foral.
Otro principio, el del individualismo, aparece ferozmente consagrado en algunas partes del nuevo proyecto. Por ejemplo, en las marcas colectivas se establece, contrariamente a lo que se fijaba en la ley de 1988, la posibilidad de que quien no ha querido voluntariamente formar parte de la asociación titular de la marca pueda utilizar individualmente la marca de procedencia geográfica sin que se lo pueda impedir la colectividad propietaria de la marca. Es un caso muy acorde con la filosofía del Partido Popular y nada acorde con la filosofía del Grupo Socialista: la prevalencia del individuo sobre las aspiraciones solidarias o comunitarias de la colectividad.
En el artículo 41.1.a), al hablarse de las cosas que puede hacer el titular de una marca que le ha sido usurpada, se menciona la destrucción de los artículos con marca. Es la traducción jurídica del carpetovetónico principio de antes muerta que de otro. En esta ocasión, el Grupo Popular o el Gobierno del Partido Popular hubiera podido tomar buena referencia de lo que diariamente leemos en la prensa, entre otros casos con productos de mi propia demarcación, sobre cesión de artículos que no se van a meter en el tráfico mercantil por razones de ilicitud o por otras razones, y se ceden a favor de instituciones para darle a la cesión un contenido humanitario;un buen ejemplo lo tenemos con los excedentes agrícolas
y ganaderos de la Unión Europea. Pues bien, aquí se va, mostrando el rostro menos apacible del capitalismo, a la destrucción de los artículos marcados. Hubiera sido posible, y así lo vamos a defender si no prosperara la enmienda de totalidad y nuestras enmiendas parciales, la cesión por razones humanitarias, si se quiere empleando un escandallo para degradar el valor de la marca y advertir que no es una marca genuina o auténtica.
En las marcas de garantía, de las que todavía hay un uso demasiado restringido en nuestro país, no se contemplan los derechos de las personas para los cuales existe la marca de garantía. Es decir, no se pone ningún recurso en manos de los particulares para que en un determinado momento puedan comparecer ante la Administración pública o ante los tribunales para decir que la garantía ofrecida por la marca no se corresponde con la realidad. Todos hemos tenido alguna vez la experiencia de un artículo grabado con la marca Aenor respecto del que nos hemos vuelto locos y hemos tenido que realizar una auténtica investigación policial para saber quién era el titular del electrodoméstico en cuestión, encontrarnos con que luego no existían repuestos, etcétera. La marca de garantía, hoy por hoy y en nuestro país, supone una ligera mejora respecto a la situación anterior, pero está muy lejos del horizonte que debieran cubrir las marcas de garantía.
La relación coste-beneficio expresada a través de la tarifa, se justifica en la memoria, que pensamos está muy bien elaborada salvo en una dimensión, porque lo que es correcto desde el punto de vista microeconómico o micropolítico puede no serlo desde el punto de vista macroeconómico o macropolítico. En la página 10 de la memoria se ofrece como elementos que han determinado la revisión de las tasas una justificación triangular: cubrir los costes del servicio, mejorar la calidad del mismo y tener en cuenta las condiciones en que se presta este mismo servicio por otra oficina. En la página 13 se establece la comparación. Contiene dos oficinas internacionales -la oficina de armonización del mercado interior y la oficina comunitaria de patentes y marcas-, las cuales tienen unos gastos de representatividad que no tienen las oficinas de los Estados miembros.
Luego se hace la comparación con Alemania, con Francia y con el Reino Unido, que son países que en el ranking tecnológico y económico están por encima. Nuestra renta per cápita representa entre el 75 y el 80 por ciento de la renta media de la Unión Europea, luego nuestras tasas no pueden ser las mismas, como nuestros paquetes de cigarrillos tampoco pueden valer lo mismo. Sería una absoluta falta de equidad la asimilación fiscal entre nuestro país y los países de la Unión Europea. Pero nuestro atraso tecnológico también es notable y tiende a agravarse; por consiguiente, si queremos estar en un ranking tecnológico más avanzado, tenemos que estimular la cultura empresarial a fin de que los empresarios, entre otras cosas, se familiaricen con el uso de las marcas.
Hay otros defectos notables. Por ejemplo el lío que se produce entre los artículos 6.1, 6.2 d), 7, 8, 52.2, 52.3 y 90.2 a propósito de las marcas notorias y de las marcas renombradas. El propio Consejo de Estado informa sobre los tribunales de marcas de primera y segunda instancia, que debieron haberse constituido antes del 15 de marzo del año 1997, pero en los casos de las personas cuyo domicilio es determinante de la competencia judicial se establece que cuando se trate de partes que no estén domiciliadas en la Unión Europea tendrán que acudir a los tribunales del país miembro de la oficina de armonización del mercado interior, en este caso España, y precisamente por no haberse creado los tribunales de marcas en su debido tiempo están sin posibilidad de sustanciarse los litigios a que me acabo de referir.
Nuestra enmienda de totalidad se produce en base a que hay una disposición adicional que establece la competencia judicial en esta materia y a que, según el dictamen corroborado por el informe del Consejo General del Poder Judicial, esa asignación de competencias debería tener rango de ley orgánica. Se sustituye la reproducción de los contenidos del ordenamiento jurídico supraestatal por reenvío a los artículos concretos de ese ordenamiento, sistema verdaderamente confuso que convierte las leyes en leyes manejables sólo por eruditos y que desde luego no se corresponde con nuestras leyes más elaboradas como son las dos antiguas leyes de Enjuiciamiento Civil y nuestro Código Civil o la propia Constitución española. Por eso hemos elaborado una serie de enmiendas parciales para presentarlas en su caso, sustituyendo esos reenvíos por su contenido material.
El arbitraje fue también cuestionado por el informe del Consejo de Estado. No estoy de acuerdo con lo dicho por la señora ministra toda vez que en cualquier huella de actuación de la Administración pública existen intereses públicos involucrados. Entonces un sistema arbitral donde no es parte la Administración permite, podríamos decir utilizando inadecuadamente la palabra, que las partes se allanen renunciando a la defensa de cosas que son muy interesantes. No se puede olvidar que el sistema de la propiedad industrial está basado para unos en la consideración de la protección al propietario, y para otros en la concesión de la protección a los consumidores, mientras que nuestro sistema es híbrido de ambas preocupaciones.
La nulidad radical o absoluta y relativa que se establece no guarda relación con el efecto que se predica común para ambas, y es que se tenga por inexistente el asiento registral que se haya establecido.
Por consiguiente, si los efectos son los mismos -hay una pequeña diferencia en algunos casos en materia de prescripción-, la nulidad debe ser única. La exoneración total de responsabilidad de la Oficina Española de Patentes y Marcas nos recuerda esos letreros que veíamos en los garajes de automóviles: este garaje renuncia
a cualquier tipo de responsabilidad por los desperfectos que se puedan producir en el vehículo custodiado. Pues bien, señora ministra, ese principio es absolutamente incompatible con el principio de responsabilidad administrativa, incluso con el principio de responsabilidad de culpa extracontractual del derecho civil.
Tampoco tiene mucho sentido un capítulo que se llama la marca como objeto del derecho de propiedad, cuando es evidente y del propio texto se deduce que la marca puede ser objeto de derechos reales pero también puede ser objeto de derechos personales.
La señora PRESIDENTA: Señor Navarrete, le ruego concluya.
El señor NAVARRETE MERINO: Concluyo ya.
Simplemente me referiré a dos cuestiones. Plazo máximo para las diferentes actuaciones administrativas. Rompen el plazo-tipo que existe en la Ley de régimen jurídico de la Administración del Estado y del procedimiento administrativo común. Aproximación a la sociedad de la información. Verdaderamente precaria, porque no se establece la tramitación en soporte electrónico para la totalidad del procedimiento administrativo.
Quiero concluir diciendo que parece que hablar de las marcas es algo que nos evoca esos envase que veíamos cuando éramos niños que ponía: marca registrada. Era una palabra mágica cuyo significado no terminábamos de entender; o aquellos otros envases donde aparecían una serie de medallas que decían: esta marca obtuvo el primer premio en la exposición universal de París. Aquello tenía tanto prestigio a los ojos de nuestros padres, de las personas mayores que nosotros, que equivalía al rótulo de proveedor de la Real Casa o casa fundada en el año 1802. Pero las marcas no solamente nos emparentan con esa figura entrañable del comerciante de nuestro vetusto pero todavía actual Código de Comercio; nos emparentan también con realidades muy actuales. Se dice con frecuencia que los jóvenes y los puntocom son especialmente tributarios de las marcas, quizá porque buscan en su consistencia la fragilidad o la seguridad que les falta, o también porque sin duda la marca es un elemento de confianza y de futuro.
En ese sentido, nosotros pedimos que se apoye nuestra enmienda a la totalidad, creemos que está absolutamente fundada, y si no fuera así continuaremos la batalla presentando enmiendas particulares.
Turno en contra. (Pausa.) Señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS: Señora presidenta, señoras y señores diputados.
Señor Navarrete, si esta enmienda algo no tiene es fundamento. Le voy a decir por qué no tiene fundamento, aunque tal vez me he precipitado algo al expresar esta palabra un tanto rotunda. Tiene un único fundamento y es que el artículo 110 del Reglamento, cuando se refiere a las enmiendas de totalidad, dice que no está de acuerdo con la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto. Realmente es en lo único que está fundada esta enmienda, en que recoge básicamente los criterios que señala el reglamento.
Esta enmienda se basaría más bien en algo que podríamos calificar como hipotético ejercicio posible de los derechos de autor de la Ley de Marcas de 10 de marzo de 1988, lo cual vendría a suponer también, por ejemplo, que los autores de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 -de la cual en estas fechas ya no se acuerda nadie ni tiene por qué acordarse-, se enfadasen porque existe un nuevo texto refundido de 22 de diciembre de 1989. La actividad legislativa evoluciona en función de los buenos criterios de prudencia política, de la oportunidad legislativa, de la buena marcha, en definitiva de tener textos legales, homogéneos, coherentes, que no se produzca distorsión en el tiempo, y que cuanto antes estén absolutamente completos para poder ser utilizados en un mercado tan sensible, tan importante y con tanta trascendencia en el tráfico mercantil, cual es el mercado de marcas.
Decía la señora ministra que se han solicitado 95.000 marcas en España, pero se refería al año 1999; durante el año 2000 se han solicitado 105.000 marcas. Por esto decía que el fundamento auténtico de esta enmienda a la totalidad debemos buscarlo -y realmente solo se puede encontrar- en un enfado de por qué no se modifica la Ley de 1988, y sin embargo se hace una ley nueva. ¿Qué se querría hacer? ¿Modificamos la Ley de 1988, de 10 de marzo, para posteriormente realizar un texto refundido que lógicamente llevaría la fecha del real decreto legislativo que lo apruebe? Señoras y señores diputados, en la actual Ley de Marcas, de 89 artículos 3 ya están muertos, y de acuerdo con las modificaciones que se pretenden introducir 45 quedaría tocados y 6 hundidos. Aparte de los artículos en blanco que quedarían, representaría que habría que introducir artículos bis, artículos tertius; mala técnica legislativa. De los 89 artículos anteriores pasamos a 91 en un complejo coherente y homogéneo, por supuesto con base en la Ley de 1988, como la Ley de 1988 tenía su base en el Estatuto de la Propiedad Industrial -lo siento por la fecha- de 1929.
En esta medida, y parece que todos estamos de acuerdo, había que adaptar la ley actual a la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de junio de 1999, al Protocolo del arreglo de Madrid, al Tratado sobre determinados aspectos en materia de propiedad industrial, y sobre todo al Tratado de derecho de marcas. Si a esto añadimos los avances lógicos que ha habido en la materia y la necesaria adaptación y trasposición de la
Directiva 104 de 1989, convendrán conmigo que el proyecto no es que sea oportuno, el proyecto es necesario, el proyecto es imprescindible. Por tanto, en relación con esta disquisición acerca de si se debe realizar una ley nueva en su totalidad o si se debe modificar parcialmente la existente, creo que es absolutamente convincente hablar del desmán que se produciría en la legislación actual como consecuencia de su modificación puntual, sistemática y prácticamente total, que necesariamente daría lugar a un posterior texto refundido. Es mucho mejor, dada la tecnicidad de esta ley, acudir a un texto completo ahora. Por tanto, difícilmente podemos aceptar que el proyecto de ley no sea oportuno. Repito, el proyecto de ley es necesario, es imprescindible.
Dice el señor Navarrete que el proyecto de ley no distingue entre marca notoriamente conocida y marca renombrada. Les voy a aclarar algo al respecto. La distinción entre marca notoriamente conocida y marca renombrada se refiere exclusivamente a que la marca renombrada es una marca notoriamente conocida por el público en general y no solamente por los usuarios específicos del producto o servicio a que se refiere la marca. Es una cuestión puramente semántica.
Querer incorporar, como también dice, el principio de tercer hipotecario o la fe pública registral a las marcas carece de sentido y la razón es muy simple: tradición jurídica, derecho internacional de marcas, y además elemento fundamental, y siento contradecirle señor Navarrete, la inscripción de la marca es constitutiva, a diferencia de lo que ocurre en el Registro de la Propiedad, que simplemente declara derechos y, eso sí, cuando el tercero de buena fe adquiere a título oneroso un derecho de persona que en el registro aparece facultado para transmitirlo, es mantenido en su adquisición aunque posteriormente se resuelva o anule el derecho del transmitente por causas que no consten en el registro. Esto en absoluto es aplicable al derecho de marcas. Aquí, en estos tres puntos, se ciñe la supuesta inoportunidad del proyecto de ley.
Vamos ahora a los principios y al espíritu, a los principios por los cuales se dice que el proyecto de ley debe ser devuelto al Gobierno.
Primero, rótulo de establecimiento. El rótulo de establecimiento es jurídica, mercantil y comercialmente, una antigualla. La marca se usa para designar productos o servicios; el nombre comercial sirve para referirse, para designar a la persona del empresario que a su vez presta estos servicios, pone en el mercado estos productos. El rótulo de establecimiento se refiere a la designación del concreto establecimiento comercial que a su vez pone en el mercado productos o servicios. Su protección actual, y solamente puede ser así, es meramente local y referida al municipio en que se establece.
Les puedo asegurar que los comerciantes individuales y singulares del pequeño comercio jamás han registrado en España rótulos de establecimiento, y sin embargo se ha originado una profusa actividad de defraudación a estas personas que no tenían registrado su rótulo de establecimiento por unos cuantos listos que procedían a hacerlo en el registro y exigían la retirada del rótulo de establecimiento a cambio de una compensación económica. La protección jurídica del rótulo de establecimiento queda perfectamente salvaguardada con el artículo 11 de la Ley de competencia desleal de 10 de enero de 1991, en cuanto establece como competencia desleal aquellos actos de imitación de las iniciativas empresariales siempre y cuando supongan un aprovechamiento indebido de la actividad del otro o supongan una asociación en el mercado entre un establecimiento y el otro. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) ¿Saben ustedes cuántos bares Manolo hay en Madrid? ¿Saben ustedes cuántas churrerías Paquito hay en Huelva? ¿Saben ustedes, señoras y señores diputados, cuántas droguerías Amparo o supermercados Pepe puede haber en Salamanca? Si usted quiere realmente restringirlo me temo que va a ser imposible, y sin embargo los perjuicios derivados de la creación como signo distintivo, como derecho de propiedad industrial del rótulo de establecimiento significarían que todas las marcas, y no porque sea una antigualla registrada sino porque todas las marcas registradas son registradas y son marcas registradas (luego le cuento por qué se decía marca registrada en vez de marca en general porque la marca notoria tenía eficacia sin necesidad de estar incluida en el registro); los perjuicios derivados serían, repito, que todos los nombres comerciales nuevos tendrían a su vez que reflejarse como rótulo de establecimiento en todos los municipios de España, más de 7.000, y a su vez todas las marcas tendrían también que registrarse como rótulo de establecimiento para evitar cualquier tipo de competencia desleal en un mercado tan volátil, tan globalizado, en un mercado tan rápido como el actual y que todas las marcas tuvieran que registrarse también como rótulo de establecimiento en toda España. Seriamente, me parece un disparate.
Respecto a las referencias que se hacen en la enmienda a la marca colectiva, citando por cierto incorrectamente el artículo 67.a) cuando yo creo que se debería referir al artículo 62.3, tengo que decirle que es evidente su razón, y le voy a decir por qué. El artículo 62.3 reproduce literalmente el artículo 15 de la Directiva 104 de 1989, y sobre el feroz individualismo del que se acusa al Gobierno por proponernos este proyecto de ley, resulta que lo único que hace el Gobierno es transponer un artículo de la directiva cuya fecha, señor Navarrete, es 1989. Seguimos adelante. Ahora ya no vamos a hablar de feroz individualismo o de ferozmente individualista; ahora vamos a hablar nada más y nada menos que del capitalismo manchesteriano, que consiste en que el titular de una marca puede pedir al juez que se destruyan los objetos cuya marca ha sido utilizada indebidamente siempre y cuando no se pueda proceder
a sustituir la marca sin deterioro del producto, y que a su vez no se produzcan perjuicios desproporcionados. Señor Navarrete, el decomiso y la destrucción de los objetos del delito, en estos términos y más duros, están previstos en el Código Penal, y le voy a dar su fecha: 1995. A su vez, y con criterios aun más estrictos, se prevé la destrucción total de los objetos ilícitamente utilizados o fabricados en materia de propiedad intelectual siempre y cuando puedan ser objeto de ilícito comercio. ¿Sabe usted cuál es la fecha de la Ley de Propiedad Intelectual? Es de 1987. Señor Navarrete, eso del capitalismo manchesteriano, que consiste básicamente en una jerga que no es ni mucho menos científica, sino que es una pura jerga, significa la admisión permanente del principio laisser faire-laisser passer, significa el principio del fair play, de libertad de mercado y no injerencia del Estado en la economía. Ya me contarán ustedes, señoras y señores diputados, qué tiene que ver una cosa con la otra.
Nada. Después continúa la enmienda de totalidad arremetiendo contra el espíritu del proyecto, y cuando se refiere al espíritu del proyecto nos habla de las tasas, o sea que el espíritu del proyecto son las pesetas del proyecto, confusión apreciable por cierto.
Ahora vamos a analizar, porque como muy bien ha dicho el señor Navarrete la enmienda reconoce la magnífica labor, lo bien estudiados que están los cálculos económicos y financieros para determinar las cuantías de las tasas, tasas que oscilan entre cuatro y 50.000 pesetas, no vayan ustedes a pensar que estamos hablando de cantidades disparatadas de dinero, y en cuanto a las tasas se señala como uno de los motivos de adecuación de las tasas a la realidad actual la necesaria adaptación a oficinas internacionales y a oficinas de otros países.
Se nos dice que cómo se va a asimilar la Oficina Española de Patentes y Marcas a la oficina de armonización del mercado interior, porque si España tiene una renta que está en torno al 75/80 por ciento de la media comunitaria, ¿cómo se va a asimilar esta oficina? ¿Saben ustedes dónde está esta oficina? En Alicante. Además de esto, y es preciso decírselo a ustedes, ¿saben ustedes si la renta media, que la sufren todos ustedes en sus bolsillos, y el gasto medio en Madrid es el 75 o es el 80 por ciento de la media comunitaria o está por encima del cien por cien? Ninguno de los argumentos puede considerarse sólido.
También hablaba de la marca de garantía, la no exigibilidad al titular de la marca de garantía, el mal uso de la marca de garantía o que no se ha licenciado indebidamente a determinado usuario. Es que no se puede hacer, el titular de la marca de garantía se responsabiliza, en cuanto a su criterio de utilidad en el mercado, de que las cosas son así o de otra manera, y no puede ser de otra forma.
En cuanto a los demás elementos que ha señalado, señor Navarrete, creo que ha sido un tanto confuso en su exposición, porque en la medida en que no se ceñían estrictamente a lo que venía escrito en la enmienda de totalidad no sólo es de difícil comprensión, sino evidentemente y por consiguiente de respuesta. Esta enmienda de totalidad, sin embargo, sí incorpora conceptos novedosos, incorpora el concepto novedoso, que yo no había oído en mi vida, de macropolítica y micropolítica, y sigo sin saber a qué se está refiriendo.
Pero no solamente es que pidamos el voto en contra de esta enmienda de totalidad, sino que además y fervientemente les pedimos que apoyen posteriormente este proyecto de ley. Señor Navarrete, por supuesto que le brindo nuestra colaboración para llevar a efecto el acuerdo más amplio posible, el consenso necesario para que esta ley, que le guste o no, le duela o no le duela es esencialmente técnica, salga a la luz de forma y manera que tenga la mayor duración posible en el tiempo, duración que siempre sabemos que es limitada porque estamos en un mundo absolutamente inmerso en los tratados, en el derecho internacional de marcas. En este sentido la capacidad española de maniobra es muy corta, y he de decirle también que la Oficina Española de Patentes y Marcas goza de un enorme prestigio internacional, que es permanentemente visitada por otras oficinas de patentes y marcas del extranjero y que tiene enorme prestigio en todos los países, no solamente de nuestro entorno sino de todo el mundo internacional.
Difícilmente no podemos promover un proyecto de ley que introduce figuras absolutamente novedosas en nuestro derecho mercantil administrativo: la figura del arbitraje en materia de marcas es una novedad fundamental y esencial; el establecimiento de una tasa por el planteamiento de recursos es una novedad fundamental y esencial; el desarrollo de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto al establecimiento de multas coercitivas para el cumplimiento de las sentencias es una novedad fundamental y esencial; la posibilidad, que ya existía y ahora se reitera, de la designación en cada ciudad en que se existieren varios juzgados de primera instancia de un juez especial conocedor sólo de patentes y marcas es una novedad fundamental y esencial, ojalá incluso se pudiese pensar en que existiese un único juzgado nacional para el conocimiento de la materia de patentes y marcas, que es absolutamente especializada y requiere una gran profesionalidad y conocimiento para su enjuiciamiento.
Señor Navarrete, siento decirle que su enmienda no tiene ni pies ni sentido, su enmienda no hay por dónde agarrarla, porque hacer de algunas enmiendas parciales -y le digo que posiblemente sí serían asumibles, pero que no pasan de más de tres o cuatro- una enmienda de totalidad me parece que es matar moscas a cañonazos. En cuanto a leyes que se reformaron existiendo una ley previa y en las que también se podría hablar de derechos de autor, le recuerdo la Ley de 26 de noviembre de 1992, de bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, que lo único que hizo fue reformar la vieja Ley de 17 de junio de 1958. En materia de ejemplos, podemos ponerlos no hasta el infinito, por supuesto, pero sí hasta lo indecible. Señor Navarrete, yo le daría un consejo. Sé perfectamente que no es el momento procedimental oportuno: retire la enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Fernández de Troconiz.
El señor NAVARRETE MERINO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Fernández de Troconiz, no voy a retirar la enmienda porque la considero perfectamente fundada y porque por mi profesión estoy acostumbrado a tener enfrente a un señor que dice que es mentira todo lo que yo manifiesto. Por consiguiente, no he internalizado sus argumentos (El señor Martínez-Pujalte López: ¡Interiorizado!) y tampoco me han conmocionado intelectualmente.
La distancia que hay entre la Ley de procedimiento administrativo del año 1958 y la que se aprueba en el año 1992 es oceánica, mientras que la que existe entre la Ley de 1988 y la reforma que ustedes prevén, digamos que es fluvial. Eso es tan manifiesto que no pueden evitar hablar, ni en la exposición de motivos ni en sus intervenciones, de adaptación. En segundo lugar, la ley técnicamente es muy mala. La cita que usted ha mencionado como equivocada por mi parte, si se toma la molestia de mirar el proyecto podrá comprobar que es perfectamente correcta. Ejemplo de la calidad técnica de la ley: multas coercitivas, que ha sido uno de los argumentos que ha puesto de manifiesto para hablar de las bondades de esta ley. Pues bien, esas multas coercitivas, como ustedes las denominan en el epígrafe del artículo correspondiente, no son tales sino, más bien, una indemnización de daños y perjuicios como la copa de un pino. Tan es así, que no va a un erario público sino a un erario particular; tan es así, que podría ser renunciada por quien tiene que recibirla, cosa que no sucede con las multas; y tan es así, que podría ser satisfecha de una manera no personalista, lo que con las multas tampoco sucede.
Decía usted que el rótulo es una antigualla: vaya a decírselo al restaurante Edelweiss, que lo tiene al lado, o a Casa Mira. El argumento no puede ser que las marcas o los rótulos no estén registrados cuando la referencia a las marcas notorias, en ese espíritu descubridor que les embarga, está en el artículo 3.2 de la antigua ley. La importancia de la marca notoria es tan notable que no está inscrita y, sin embargo, recibe protección jurídica. El hecho de que un rótulo no esté inscrito tampoco empece el que se le proteja.
Si hubiera una persona del Partido Popular que no hubiera visitado Grecia, a lo mejor también se le ocurriría manifestar que Grecia es una antigualla.
En materia de decomisos tenemos ejemplos de todas clases en nuestra legislación: de la destrucción y del sistema más razonable de efectuarlos. Un ejemplo, la aplicación a la lucha contra la droga u otros que hay en las disposiciones actualmente vigentes. Por consiguiente, el sistema de destrucción es de capitalismo manchesteriano. ¿Qué es capitalismo manchesteriano? No lo que ha dicho el señor Fernández de Troconiz, que parece contemplar con evidente simpatía este sistema de capitalismo. El capitalismo manchesteriano es el que aparece descrito en las novelas de Charles Dickens. Léaselas, por favor, y verá si tienen algún parentesco con las cosas que yo afirmo en mi enmienda de totalidad.
Ha trucado mi argumento respecto a la reducción de las tasas. Yo no digo que las nuestras tengan que ser el 75 por ciento de las tasas de las oficinas supraestatales, lo que digo es que las oficinas supraestatales tienen unos gastos de representatividad y unos gastos adicionales por el hecho de ser oficinas supraestatales. Las personas que trabajan en ellas están en una situación especial, tienen que tener una alta retribución por residir fuera del país en el que se han criado y donde tienen a su familia y tienen que gastar cantidades inmensas en desplazamientos y en reuniones de carácter internacional.
Por consiguiente, tienen un plus de gastos. No se pueden comparar los gastos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuyo prestigio comparto, con los de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, que está en Alicante, la cual, si funciona bien, debe tener unos gastos superiores a los de la Oficina de Patentes y Marcas que está en Madrid. Es verdaderamente suicida, dada nuestra posición en el ranking tecnológico, que ustedes contemplen con tanta frivolidad las tasas, sea en materia de patentes o en materia de marcas. Más que nunca, estaría justificado en este país que tales tasas ni siquiera existieran o fueran simplemente virtuales. Por consiguiente, subir las tasas es atentar directamente contra las posibilidades de nuestra redención tecnológica. Desde luego, no comparto otras afirmaciones como la de que el Registro de la Propiedad se limita a la mera declaración de derechos. Pregúnteselo usted a los acreedores hipotecarios, por ejemplo.
Usted ha dicho que la prueba del nueve o la prueba del algodón para comprobar la necesidad de una nueva norma y no de una reforma de la anterior es que, de los 90 artículos, hay 45 tocados y seis hundidos.
Si lo hubiera pensado no hubiera utilizado ese ejemplo, puesto que es un argumento a favor de mi tesis. Si solamente hay 45 artículos tocados, es decir, incididos por el cambio de una manera leve y sólo seis en abierta contradicción con los del nuevo texto, lo que tendrían que haber hecho es reformar la Ley de 1988 y no elaborar una nueva.
Quiero rendir tributo -antes se me ha olvidado, por lo que quiero hacerlo ahora- a la colaboración que he
tenido para la confección tanto de la enmienda de totalidad como de las enmiendas parciales de mi compañera María Ángeles Amador. Por otra parte, sigo manteniendo que el sistema de citas y reenvío que ustedes hacen es algo para acabar con la salud y la higiene mental de las personas lectoras de la ley. Y me ratifico plenamente en relación con lo que afirmé acerca del arbitraje, de la nulidad, de la exoneración de responsabilidad de la Oficina de Patentes y Marcas y de la frívola consideración de la marca como objeto meramente exclusivo de un derecho de propiedad.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Navarrete.
Señor Fernández de Troconiz.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Navarrete, me agrada que le haya gustado el símil de los tocados y los hundidos, pero el que sea tocado no significa que sea tocado levemente. Tocar es tocar, mucho o poco, y en este caso, pese a su dicción, tocados fuertemente; tanto, que han debido ser todos hundidos.
Tenga S.S. en cuenta que el ordenamiento de marcas es muy específico del sector que se ocupa de las marcas. El Convenio de la unión de París, en materia de marcas, lo sabe hasta el potito. Se puede decir que el artículo 6 bis del Convenio de París se tiene que transcribir en la Ley de Marcas, pero también podríamos transcribir íntegramente -por qué no- el tratado del derecho de marcas o el Protocolo del arreglo de Madrid, que también se incorporan en esta ley. Asimismo, podríamos transcribir literalmente el arreglo sobre determinados aspectos en materia de propiedad industrial y todo el derecho internacional de marcas, que son tomos y tomos, señor Navarrete, cientos y cientos. En materia de derecho de marcas estamos sometidos a una profusión de concurrencia internacional en lo que se refiere a plazos, procedimientos y normativa. Es una materia muy específica. Yo comprendo, señoras y señores diputados, que las réplicas y contrarréplicas muchas veces se convierten en un diálogo de besugos, pero también es cierto que lo que pretende hacer realmenteesta enmienda de totalidad es matar moscas a cañonazos. Cuando decía antes que la Oficina de Armonización del Mercado Interior, a pesar de estar en Alicante, debe tener mayores gastos de representación que la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuya sede está en Madrid, me parece absolutamente gratuito. Porque una cosa es deber y otra cosa es tener.
Lo que sí me gustaría, señoras y señores diputados, es quedarnos con dos frases importantes que aparecen citadas en el proyecto de ley.
Una, realmente digna del señor Caldera en sus mejores tiempos, que dice: La labor del buen jurista es como la del jardinero -que también citó antes el señor Navarrete-: incorporar nueva flora, pero mantener especialmente la autóctona. ¡Magnífico!. La otra es en relación con la destrucción de los productos a los cuales se incorpora la marca ilícita, que lo califica de la siguiente forma: Antes muerta que con otro. (Risas.) He de aclarar dos dudas. La primera. Yo no sé por qué tiene usted el criterio de que el derecho foral -me imagino que se refiere al derecho civil foral- ha vivido sojuzgado en España. Nada más lejos de la realidad; nunca. Ni en los tiempos de dictadura el derecho foral en España ha sido ni marginado ni sojuzgado ni, desde luego, intentado cambiar por parte del poder central; nunca.
Señor Navarrete, acabo de aprender que Charles Dickens era un magnífico economista, creo colegir que de la escuela de Manchester.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
¿Grupos que quieran fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
Mi grupo considera que debe apoyar el proyecto de ley de marcas que ha remitido el Gobierno. Nos vamos a oponer, por los argumentos que voy a exponer ahora, a la enmienda de totalidad y de devolución que presenta el Grupo Parlamentario Socialista y que ha defendido el señor Navarrete.
La Ley 32/1988 tiene su razón de ser. Se aprobó tan sólo dos años escasos después del ingreso de España en la Unión Europea. Ya se había planteado el tema de que la internacionalización de la economía exigía poner orden y disciplina en las marcas y en el antiguo Registro de la Propiedad Industrial. Esa es la razón por la que el Gobierno socialista de entonces, oportunamente, aprobara la Ley 32/ 1988, de marcas. En aquel año la Unión Europea, en una de sus primeras directivas, trató de normalizar a todas las marcas que están dentro de la Unión Europea, dado que el fenómeno de la libre circulación de mercancías genera una problemática contencioso- administrativa que había que resolver. Al mismo tiempo se produjo la Ronda de Uruguay, llegó el Tratado de Marrakech, se creó la Organización Mundial de Comercio, que exigió la legalización del principio de registro de marcas por la existencia del espacio europeo y mundial o internacional que exigían esta normalización. Ese es el porqué de su aprobación. Ahora nos encontramos con que el Gobierno remite un proyecto de ley que trata de recoger lo que para el Grupo de Coalición Canaria ha sido el primer motivo que nos permite apoyar el proyecto del Gobierno, al que no presentamos enmienda, que es la sentencia 103, de 1999,
del Tribunal Constitucional, que viene a clarificar las competencias de las comunidades autónomas en los registros industriales y de marcas con respecto a la Administración central del Estado y de pleno respeto a la oficina y registro de marcas del Estado español. Ese primer reconocimiento del Tribunal Constitucional, que era necesario que reflejara este proyecto de ley que ha enviado el Gobierno, nos permite darle nuestro apoyo y rechazar la enmienda.
La segunda cuestión -la tomo de la intervención del señor Navarrete y de la lectura de su enmienda- es que, cuando se trata de incorporar derecho comunitario o internacional y los compromisos que España ha venido adquiriendo en foros y ámbitos internacionales, aparte de adaptarse a las exigencias de la sociedad de información, le digo al señor Navarrete lo siguiente. Con relación al primer punto de su enmienda en el que plantea que no es técnicamente oportuna la derogación de la ley anterior y su consiguiente sustitución por una nueva, le diré que, si es para facilitar el conocimiento de la ley y por economía procesal en cualquier despacho o bufete de asesoramiento de empresas o de una cámara de comercio e industria y navegación de España, mi grupo prefiere tener un solo texto de referencia. Esto no es el Código Penal en el que podemos ir poco a poco y a lo largo de los años modificando artículos para evitar una modificación total de dicho código, estamos ante una ley y es necesario hacerlo por economía procesal y por racionalización. Sólo porque el Gobierno haya introducido en esta ley singular y específica el asunto de las tasas, suprimiendo las tasas quinquenales, y no lo haya hecho en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, me parece un beneficio de ordenación de la legislación. Desde que don Carlos Solchaga, ministro de Hacienda, introdujo la moda de las leyes de acompañamiento en la Ley de Presupuestos Generales del Estado es perderse en una selva de referencias con la modificación de un sinnúmero de leyes, que ustedes mismos después en la oposición han criticado y que yo he apoyado, en el sentido de que las leyes de acompañamiento tengan el mínimo carácter de amplitud. Tocar las tasas es una tentación, aunque sean modificaciones tan pequeñas, como ha señalado el señor Fernández de Troconiz, para la cuestión del registro de marcas y por el vicio legislativo que nos ha entrado hubiera ido a la Ley de acompañamiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por esa razón tan simple, yo hubiera aceptado la racionalidad de esta ley.
La tercera cuestión es que aparece en su enmienda que no pueden compartir alguno de los principios en los que el proyecto se basa, como es la supresión de protección dispensada. Ha traído usted aquí el símil del jardinero y de la flora, conservando especialmente la autóctona. No me parece oportuno transformar las leyes en una especie de escaparate de todas las antiguallas como si fuera un museo de antigüedades en el derecho administrativo. Prefiero disponer de una actualización en un solo documento dado que hoy día estamos en una época de ordenadores y con pulsar un indicativo vemos cuál es la identificación de un texto legal. Prefiero no encontrarme en pantalla 27 referencias de una misma materia, porque hemos ido modificando a lo largo de las legislaturas y de los gobiernos artículo por artículo.
Hablaba usted del rótulo de establecimiento, comparto lo que ha dicho el señor Fernández Troconiz. En el derecho español arranca de una normativa de competencia municipal, que se circunscribía a que en una localidad solamente hubiera una ferretería llamada La llave o El candado y en el municipio contiguo pudiera haber el mismo rótulo, pero no en el mismo municipio. Se han puesto otros ejemplos aquí, pero la mayor cadena comercial en este momento en España, El Corte Inglés, arranca precisamente de un rótulo de establecimiento, después viene una protección legal, en la que a lo largo del tiempo y de los documentos encuentra que un rótulo de establecimiento se transforma en una marca y tiene toda la protección legal y jurídica en los sistemas de marcas. Dejemos claro esto.
Lo mismo le podría decir con la regulación de las marcas colectivas.
Si una ley ha de ser flexible, inteligible e inteligente ha de tener un reconocimiento del individualismo, pero decir que aparece ferozmente en el proyecto... Yo no creo que en una sociedad democrática el individualismo pueda ser caracterizado en una ley de marcas como feroz. Podrá tener los rigores de un derecho administrativo.
Sigamos. Usted ha criticado el arbitraje. Mi grupo apoya lo que el artículo 28 de este proyecto de ley dice sobre este tema, porque viene a consagrar los principios de la Ley del arbitraje que habíamos discutido precisamente en el año 1988, con una iniciativa afortunada del Gobierno Socialista, porque con la incorporación de España a la Unión Europea tiene que regular el arbitraje, y lo regula esta Cámara con la Ley 36/1988. Usted dice que no está la Administración. La Administración está para dar garantías y, como dice el artículo 26, se interpreta que un laudo arbitral es cosa juzgada. Hay un laudo arbitral, por tanto cosas juzgadas, y dos partes civiles en litigio, porque son dos partes civiles en litigio que discuten por la propiedad de una marca determinada. Además, esta ley viene a racionalizar -creo recordar que han sido palabras de la señora ministra y del señor Trocóniz- cuando permite un acto individual de registro sobre una misma marca; si esta marca fabrica un balón, una camiseta, unas botas y tuviera que ir a un registro individualizado, nos podríamos encontrar con que 42 productos llevarían 42 marcas y 42 registros. Usted se ha referido también a las tasas y, aunque las tasas son verdaderamente insignificantes, no es lo mismo pagar 42 tasas individuales que pagar una tasa colectiva para 42 productos amparados por el mismo logotipo o icono, en terminología actual de servicios.Prefiero la racionalidad y que una marca con un logotipo
de identificación de marca conocida pueda amparar los 10, 15, 20, 35 ó 42 productos de índole deportiva, comercial, de consumo, alimentario, etcétera, que están englobados en una sola marca. La proyección empresarial, económica e industrial hace hoy que productos muy diferentes, dentro de un holding de fabricación, estén amparados por una sola marca, un solo logotipo, que se puede llevar en la camiseta o en el envasado del producto alimentario correspondiente; está amparando productos muy diversos y responde a la especificación de su calidad y a la naturaleza del producto.
Cuando se habla de compromisos internacionales, entendemos que, en este proyecto de ley, se dan todas las garantías de seguridad jurídica, y tiene, para nosotros, esos tres principios que se han especificado en su preámbulo: atenerse a la sentencia 103/1999, del Tribunal Constitucional; el respeto a los compromisos nacionales, europeos e internacionales de España y a la nueva sociedad de información, que está basada fundamentalmente en un arranque de información a través de las páginas web, donde entra precisamente el logotipo o marca del producto distintivo que se quiere racionalizar.
Como lo que esperamos es la modernización en un único texto, señor Navarrete, nos vamos a oponer a su enmienda y vamos a apoyar el texto del proyecto del Gobierno.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario va a apoyar la enmienda de devolución del Grupo Parlamentario Socialista porque, aunque el proyecto de ley incorpora la sentencia del Tribunal Constitucional y las directivas, lo cierto es que es el segundo proyecto de ley que el Ministerio de Ciencia y Tecnología trae a la Cámara y el segundo proyecto de ley de este Ministerio del que tenemos que decir que no solamente no nos gusta sino que, además, introduce una cierta confusión y también una cierta inseguridad jurídica, con determinados artículos que dejan la situación en precario de manera bastante notoria.
Señorías, es importante que esta legislación, que es muy técnica, sea clara, precisa, concreta, que tenga toda la seguridad posible y que no deje ningún artículo en precario que pueda llevar a malas interpretaciones e incluso generar la inseguridad que nosotros, como legisladores, pretendemos corregir, garantizando los derechos de las personas o de las instituciones que tienen derechos registrales como legítimos propietarios de las marcas, sin introducir elementos que, después, ocasionen algún problema, tanto legal como de interpretación.
Con independencia de que se pueda haber avanzado con este proyecto de ley en algunos aspectos importantes, hay la suficiente materia como para que el Gobierno lo hubiera traído mucho más perfeccionado y concreto para que, en el caso de que hubiera habido que reformar algunos de sus aspectos, la reforma hubiera sido de forma, no de fondo. En este caso, señorías, creemos que las reformas tienen que ser mucho más profundas.
El Grupo Parlamentario Catalán no apoyará la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, consideramos que es un proyecto, más que oportuno, necesario. A nuestro modo de ver, hay tres aspectos que son absolutamente fundamentales, sin perjuicio de la adaptación a la directiva (que, como saben SS.SS., es posterior a la Ley de 10 de noviembre de 1988) y de la adaptación de otro tipo de normativa o de acuerdos internacionales. Era absolutamente imprescindible adaptar nuestra legislación de marcas a la distribución de competencias que se realiza en la Constitución -en el artículo 149.1.9.a- y en los diferentes estatutos de autonomía; distribución de competencias que fue sancionada con la declaración de inconstitucionalidad de algún precepto de la Ley de 1988 por el Tribunal Constitucional en su sentencia 103/1999, de 3 de junio.
Hay un segundo aspecto que nos parece fundamental, y es que hay que abordar (el proyecto de ley lo hace, pero de una forma insuficiente e incompleta) el conflicto de marcas dentro de las redes telemáticas - por tanto, dentro de Internet- y, sobre todo, el conflicto entre las marcas, las denominaciones y los nombres de dominio. Es algo que aparece contemplado en el artículo 34 del proyecto. La forma en que se aborda ha merecido alguna crítica por parte del Consejo de Estado (que nos hace un llamamiento a tener cuidado con disposiciones que podrían producir efectos extraterritoriales) pero, sin lugar a dudas, es algo que había que hacer cuanto antes. Hasta ahora prácticamente sólo existe una orden -creo recordar- del Ministerio de Fomento que regula estos conflictos en el ámbito de los nombres de país de primer nivel puntoes.
En tercer lugar, se trata de un proyecto que agiliza notablemente el registro y el procedimiento y, además, favorece y abarata la defensa de la marca. Entendemos que es muy conveniente y acertado el planteamiento que hace el proyecto de que, antes de proceder a anunciar la solicitud que se ha formulado en el registro (por tanto,
antes de llamar a aquéllos terceros que tienen intereses o derechos subjetivos afectados por la inscripción de una marca y antes de obligarlos a efectuar gastos y desembolsos), sea la propia Oficina Española de Patentes y Marcas la que haga un primer examen de fondo.
Es algo que favorece a la pequeña y mediana empresa, es algo que agiliza el procedimiento de registro y es algo, como decía antes, que favorece y abarata la defensa de la marca. Por tanto, nuestra posición en este caso es favorable.
El señor Navarrete ha dicho también alguna cosa razonable, lo cual no implica que lo sea la enmienda de totalidad. Efectivamente, podemos discutir si debiera haberse efectuado una pura y estricta modificación legislativa o si, por el contrario, tiene sentido hacer una ley de nueva planta. Es una discusión doctrinal. Ustedes encontrarán artículos de tratadistas en materia de marcas, como el propio catedrático Otero Lastres, que se manifiesta a favor de una modificación de la Ley de 1988. Sin embargo, señorías, permítanme que les diga que es más una discusión académica que algo que pueda fundamentar, aquí y ahora, una enmienda de totalidad. Es cierto que no hay un cambio de sistema, como lo supuso la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 respecto del Estatuto de la Propiedad Industrial, y también es cierto (y eso podría incluso significar lo que diré a continuación) que algunos de los planteamientos que el señor Navarrete ha hecho en su enmienda a la totalidad no se ajustan a la realidad; ha criticado aspectos del proyecto de ley que son copia literal de la Ley de 1988. Por tanto, no se produce esa modificación tan sustancial. En cualquier caso, esa discusión ya ha sido puesta de manifiesto por don Fernando Fernández de Troconiz, y se ha podido trasladar a otras leyes, como la añorada Ley de procedimiento administrativo de 1958 o a la Ley de sociedades anónimas.
Por hacer referencia (como merece grupo y como merece S.S.) a algunos de los aspectos en los que ha pretendido fundamentar la enmienda de totalidad, tengo que decirle que mi grupo parlamentario no era partidario del mantenimiento de la protección registral como un elemento de propiedad industrial a través del registro del rótulo de establecimiento. Si SS.SS. examinan el debate de la Ley de marcas de 1988, verán que ya se planteó otorgar o no esa protección o mantener o no en esa protección el rótulo de establecimiento. Si se decidió el mantenimiento de esa protección registral fue por dos elementos que han variado sustancialmente. En primer lugar, porque en aquellos momentos la Oficina Española de Patentes y Marcas no admitía la inscripción como marca del comercio minorista. Es una situación que ha cambiado a partir de 1999. Su señoría puede contemplar la clase 35 del nomenclátor internacional, que precisamente permite la inscripción como marca de aquellos servicios relativos al comercio minorista de mercaderías. Es algo que está aprobado a través de una instrucción del servicio de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 30 de abril de 1999. Por tanto, se puede obtener esa protección registral del comercio minorista a través de la marca, cosa que anteriormente no se producía. En segundo lugar, y también ha sido puesto de manifiesto aquí, la Ley de competencia desleal de 1991 permite otorgar una protección al rótulo de establecimiento, que por lo demás en absoluto queda falto de protección. Basta con que SS.SS. examinen la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta de la ley para que se den cuenta de que eso no se produce de esa manera.
Voy acabando, señora presidenta, señorías. Su señoría ha hecho referencia también a una disminución de la protección registral. Lo que quiero decirle es que el tercero de buena fe que pretende adquirir el titular inscrito, ese tercero hipotecario del artículo 34, tiene con esta ley los mismos derechos que tenía con la Ley de 1988. Si S.S. examina el artículo 50 de la Ley de 10 de noviembre de 1968 y el artículo 54 del proyecto, verá que son prácticamente literales y que por tanto la protección que se otorga al tercero que adquiere según el registro ante los supuestos de nulidad es la misma.
Estoy de acuerdo con S.S. en una cosa, la introducción en el artículo 59 del proyecto de la mala fe como una causa autónoma de nulidad puede generar notables problemas. Ese es uno de los aspectos en los que mi grupo está abierto a la presentación de enmiendas, porque esa introducción de la mala fe como causa autónoma -la Ley de 1998 permitía que la acción fuese imprescriptible- estoy seguro que será problemática y, por tanto, debería abordarse.
Por razón de tiempo, no quiero referirme a los otros aspectos que ha citado de las marcas colectivas, de las marcas de garantía o de la destrucción de los objetos. Estaríamos abiertos también a intentar negociar algún tipo de enmiendas, que en casos absolutamente excepcionales permitirían salvaguardar determinados bienes que pudieran tener un interés social. Señorías, no acabamos de ver el interés social que podría tener que determinados productos cuyo valor deriva fundamentalmente de la marca, productos cuya marca les imprime un carácter de lujo, pudiesen ser distribuidos o usados por terceras personas.
Por tanto, señora presidenta, señorías, mi grupo apoyará el proyecto, rechazará la enmienda de totalidad y está abierto a la presentación de enmiendas. También tengo que decir que vemos con una cierta desconfianza el arbitraje en este tema, en la medida que no sabemos hasta qué punto puede salvaguardar el interés general del consumidor y el interés más definido de personas que puedan tener derechos subjetivos afectados, personas que sean acreedores o que puedan tener un interés respecto de la marca. En cualquier caso, estoy convencido de que en el trámite de enmiendas podremos ponernos de acuerdo. Por lo demás, no cabe duda que las metáforas, en algunos casos vegetales, cuando se ha hecho referencia a la jardinería, y en otros casos referidas a temas fluviales y oceánicos, tienen más que ver con la estación que es la primavera y con temas de
actualidad como el Plan hidrológico y no merecen mayor comentario.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Silva. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley de marcas.
Sometemos a votación la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 113; en contra, 167.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda de totalidad.
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. (Número de expediente 121/000036.)
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobada por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
A este proyecto de ley han sido presentadas dos enmiendas de totalidad de devolución.
En primer lugar, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el pasado día 8 de marzo -todavía no ha transcurrido un mes desde aquella sesión- se produjo en esta Cámara el respaldo, para hablar en puridad, a la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Socialista y fue devuelto al Gobierno un proyecto de ley que hoy nos vuelve a venir aquí. Es un proyecto de ley tan igual tan igual que ni el ministro Rajoy se ha molestado en venir a presentarlo por entender que ya se hizo en su día y que para decir las mismas cosas nos puede remitir tranquilamente al «Diario de Sesiones». (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rejón, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
Adelante, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias por su amparo, presidenta.
Decía que, en aquel Pleno, que dio mucho de sí, sin duda, se produjo la devolución al Gobierno. ¿Qué había ocurrido antes? Antes se había producido desde esta tribuna una frase del portavoz socialista, a mi entender incorrecta -luego me referiré a ello-, y una utilización interesada de dicha frase por parte del Grupo Popular y de la Presidencia del Parlamento. He dicho utilización interesada por parte de la Presidencia del Parlamento -y estoy haciendo un juicio de opinión, indiscutiblemente- toda vez que una frase incorrecta -como luego intentaré demostrar- a efectos parlamentarios, incluso sociológicos y políticos, fue entendida por la Presidencia en el sentido de que, si en Andalucía se había pillado a un diputado del PSOE en una frase xenófoba, aquí se podía pillar a un diputado del PSOE en una frase sexista. Decía antes que, a mi entender, el portavoz del PSOE había emitido una frase incorrecta cuando, refiriéndose a la intervención de la portavoz del Grupo Popular, en un tono de respeto exquisito además, le dijo: ¡Haga usted una oposición que no sea de colegio de monjas! Hablo de incorrección porque yo nunca entendí que la frase fuera sexista, sino sociológica o políticamente incorrecta, sin duda, por dar por entendido que un colegio de monjas produce posturas mojigatas, templadas o de derechas. La historia y la vida personal de mucha gente ha venido a demostrar que no hay una relación entre colegio de curas o monjas y postura de derechas, como no la hay entre colegio público y postura de izquierdas; como dije aquí hace unos días, no hay relación entre tocar el violín y tener ceguera. (El señor Vera Pro: ¡A la cuestión!)
La señora PRESIDENTA: Sí, señor Rejón.
Señor Vera, le ruego guarde silencio. Las llamadas a la cuestión se realizan desde la Presidencia.
El señor REJÓN GIEB: Así me ahorro yo decirle lo que le ha dicho la presidenta.
Aquella jornada, como digo, dio para mucho. Dio para un episodio anecdótico, un episodio más que, tratado con la frivolidad habitual además de la actual, siguió ahondando en el descrédito de la política. Dio, sin duda, para un artículo estupendo de don Joaquín Leguina en El siglo, titulado El mal de la trivialidad, que hacía una magnífica reflexión sobre lo anterior. Y dio también para ver cuánto ha evolucionado determinado partido de la derecha española en los últimos 20 años. Yo todavía recuerdo, señorías, cuando el presidente del Partido Popular en aquel entonces, señor Fraga, desde esta tribuna y hace 20 años justamente, dijo aquello de: mujer que al andar culea y al mirar sus ojos mece, yo no digo que lo sea sino sí que lo parece. Fue muy aplaudido por su grupo parlamentario; fue
muy aplaudido. Que el mismo partido, 20 años después, se sienta ofendido y salga a defender el honor del feminismo por una alusión a un colegio de monjas demuestra que se ha evolucionado bastante desde aquellas fechas.
Recapitulando, señorías, ¿en qué estamos? El 8 de marzo se aprobó una enmienda a la totalidad del PSOE. ¿Se imaginan ustedes el vaudeville que estaríamos viviendo si lo que se hubiera aprobado hubiera sido una enmienda a la totalidad con texto alternativo? ¿Se imaginan los shows que hubiéramos montado en las sesiones de Comisión a que hubiera dado lugar? Bien, pero, como fue devuelta, ustedes han vuelto a presentarla.
Pueden hacerlo, son muy dueños, les ampara el Reglamento; no tengo muy claro si la práctica parlamentaria, pero les respalda el Reglamento. Sin embargo, lo lógico es que hubieran esperado un poco porque tampoco era una cuestión tan urgente. Cuando se planteó desde el Gobierno modificar la Ley del menor para endurecer determinadas medidas frente a actuaciones de jóvenes terroristas, se podía estar de acuerdo o no, pero era aceptable la urgencia. Pero estas modificaciones que ustedes introducen en la ley, unas interesantes y otras no tanto, no tenían tanta urgencia, podían haber esperado un poco, incluso, a mi entender, debían haber enviado un nuevo texto, corregido y aumentado. Por cierto, magnífica la intervención en este sentido de Convergència i Unió mostrando las grietas y la inconsistencia de la ley. No hubiera pasado nada si ustedes hubieran recogido en el nuevo texto estos aspectos.
Mi fuerza política no presentó enmienda a la totalidad porque estaba de acuerdo con la filosofía general y entendíamos que este era uno de esos proyectos de ley que hay que trabajar en Comisión con enmiendas parciales. Yo entendí a la portavoz del Grupo Popular que reconocía que algunas cosas podían ser mejoradas. Sobre ese mismo texto, el propio Gobierno podía haberlo mejorado y enriquecido y no traernos un texto fotocopiado, incluso con la misma paginación. Podía haber sido utilizado perfectamente por el ministro, puesto que el texto no era suyo, no era de su Ministerio, no era de su gabinete, no era de su equipo, para haber introducido algún matiz, ¿o es que no va a haber ningún cambio? Es una técnica vieja. El señor Escrivá de Balaguer decía: si no eres bien recibido en el primer año, no hagas ningún cambio; en el segundo, muy pocos y en el tercero y cuarto es cuando tienes que cortar cabezas. ¿Llega a tanto la clonación, en este sentido político, que un nuevo Ministerio, un nuevo equipo, no va a tocar nada? Para ese viaje no eran menester alforjas.
Ustedes están perfectamente amparados en derecho para traer este texto aquí y sin duda hoy no se van a equivocar. Tampoco voy a hacerme imaginaciones, como se han hecho algunos cronistas, de si era una votación preparada porque había un desacuerdo en el grupo parlamentario. No llego a tanto; creo que fue un error, una confusión normal. Hoy lo vuelven ustedes a traer y no les voy a decir aquello de vencerán ustedes pero no convencerán, porque no sería justo, ya que ni esto es Salamanca ni yo soy el bueno de don Manuel ni ustedes son Millán Astray. Pero no se puede actuar así y yo creo que en democracia también hay que tener una cierta delicadeza con las cuestiones formales, y con esta cuestión tendría que haberse tenido.
Hasta aquí el desacuerdo en las cuestiones formales, pero mucho más en lo que se ha argumentado en determinados ámbitos parlamentarios para justificar no solamente la vuelta de este proyecto de ley, sino incluso la necesidad de la urgencia. Ustedes han tenido una especie de tentación proustiana de búsqueda del tiempo perdido y han llegado a la Mesa a pedir que se tramite por urgencia este proyecto de ley.
La culpa no fue de este Parlamento, fue de su grupo que se equivocó.
Y lo que no es de recibo, señorías, es dejar caer en esos ámbitos parlamentarios, como una mínima justificación de sus errores, que era conveniente la urgencia porque se había echado para atrás un proyecto de ley debido al mal funcionamiento del Parlamento. Que cada uno asuma sus propios errores y no los descarguen sobre los demás, y lo digo porque no sería correcto. ¿Quién funciona mal aquí? Si el Parlamento -y ahora vamos a la puridad de doctrinas- expresó ya su voluntad, lo lógico es que con la misma composición parlamentaria, la misma ley - les dije antes que era una fotocopia- y apenas tiempo entre una y otra votación, el resultado sea similar. ¿Luego por qué la presentan si el resultado va a ser similar? Sin duda, ustedes van a sacar adelante su proyecto de ley. Entonces, ¿quién ha funcionado mal, ustedes o nosotros? Es decir, o lo uno o lo otro.
Como estamos acercándonos a Semana Santa, me permitirán ustedes -ya que hemos hablado tanto de colegios de curas y de monjas- decir lo que le dijo Jesús de Nazaret a Caifás: si te he insultado, dime en qué, y si no te he insultado, ¿por qué me pegas? Si ustedes dicen que el Parlamento ha funcionado mal, ¿por qué vuelven a traer otra vez aquí esto? Y si van a ganar -porque van a ganar- es porque quienes han funcionado mal son ustedes.
Por encima de todo, siguiendo este silogismo de línea de razonamiento, habrá que concluir que el Parlamento funciona bien para ustedes simplemente cuando asiente en los deseos del Gobierno. De ser esto cierto, el Gobierno conservador, con su mayoría absoluta, estaría intentando retrotraernos a los días más negros de la larga lucha de la Cámara de los Comunes para conseguir el sometimiento de la Corona británica a la voluntad del poder legislativo. Si el PP entiende que esta Cámara parlamentaria funciona mal cuando rechaza sus leyes y lo hace bien cuando asiente dócilmente a sus intereses, no se anden con rodeos, díganlo y defiendan abiertamente la situación histórica previa a las monarquías constitucionales continentales.
No creo que cometan tal torpeza pues, de ser así, se estarían ustedes marchando tan lejos como las décadas
previas a la Constitución belga de 1831. Lo que sí pueden decir -que además es lo que piensan casi todos los gobiernos que disponen de mayoría absoluta- es que a ustedes les interesa disponer de un Parlamento florero, lo que sí pueden ustedes decir es que para ustedes la actividad parlamentaria debe ser meramente ornamental. Y si me molestaba -como parlamentario y como miembro de un grupo parlamentario- la argumentación que ustedes habían residenciado en determinados niveles parlamentarios para justificar la urgencia, mucho más me molesta el que desde esa equidistancia parlamentaria se le haya dado la urgencia con esos argumentos tan humillantes para esta Cámara.
Termino, señorías, ya que no está el eximio ministro Rajoy, con una cita suya en un debate con el señor Zapatero -en aquel momento un portavoz más de la oposición socialista- el 9 de octubre de 1996, precisamente sobre una iniciativa socialista acerca del incumplimiento de los acuerdos con los sindicatos, esos sobre los que ahora ha habido una sentencia. Decía el señor Rajoy: Por eso estoy francamente sorprendido de que ustedes se opongan a la congelación salarial. Supongo que no será para pescar en río revuelto, lo cual cada vez tengo más la impresión de que es poco rentable. He llegado a la conclusión, tras unos cuantos años en la vida política, que lo único rentable es hacer las cosas bien, por lo menos lo es en el medio plazo. Por eso procuro hacer las cosas bien.
Es una pena que en su primera andadura como ministro del Interior no haya hecho caso de aquella frase suya como ministro de Administraciones Públicas.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, henos aquí de nuevo con un viejo asunto y yo tengo que comenzar lamentándome de que el señor ministro del Interior, don Mariano Rajoy, no se haya sentido invitado a la sesión que tenemos esta mañana, indudablemente, tendrá cosas más importantes que hacer. Creo que es un asunto que le concierne muy mucho porque nosotros hemos considerado -y creo que los datos están al alcance de cualquiera- que el problema de seguridad que afecta de manera más importante a más españoles es el problema de la seguridad vial.
El Gobierno ha vuelto a remitir el mismo proyecto de ley que fue rechazado por el Pleno del Congreso el pasado día 8 de marzo, ha devuelto al Congreso el proyecto que el Congreso le devolvió. Es una especie de juego de paddle o quizá un nuevo procedimiento parlamentario en el que, a lo mejor, las reglas de paddle también pueden ser aplicables.
El Grupo Parlamentario Popular, a la hora de justificar el trámite de urgencia al que se va a someter este proyecto de ley, ha dicho que lo hacía porque se ha producido un funcionamiento anómalo del mecanismo parlamentario. Por lo tanto, tenemos un dilema: si ha habido funcionamiento anómalo, no hay que rectificar el proyecto ni enviarlo de nuevo; si hay un acuerdo válido de devolución, obviamente se debería enviar un texto nuevo. Sobre este tema ya ha abundado el señor Rejón. Pues bien, este dilema, por otra parte, solamente pudiera ser resuelto en función de que fuéramos capaces de contestarnos la siguiente pregunta: ¿qué es el funcionamiento anómalo del mecanismo parlamentario? Porque son los términos que ha utilizado el Partido Popular a la hora de justificar el trámite de urgencia.
¿Qué es, no manejar bien los dedos a la hora de indicar la votación, uno, dos, tres? ¿Que se fundan los plomos del marcador es también un funcionamiento anómalo, o un hecho de fuerza mayor, imposible de prever, que determina un cambio en la voluntad de expresión por parte de unos diputados? Debiéramos clarificarlo porque, a pesar del aire de broma o de superficialidad que pudiera rodear a este asunto, es indudable que quedará como un precedente y, a la hora de la interpretación y de la decisión por parte de la Mesa, creo que tendrá su peso la solución que se le haya dado. No quiero abundar más en esta cuestión, para mí es un asunto zanjado. Creo que lo que realmente tiene importancia, señorías, es que se ha presentado otra vez un proyecto de ley, que tenemos que debatir, que es el mismo que se presentó el 8 de marzo y que el PSOE, como consecuencia de ello, sigue presentando también la misma enmienda de totalidad. Es más, consideramos que tenemos más razones; nos consideramos fortalecidos en razones a la hora de mantener nuestra posición. ¿Y por qué digo esto? Por una sencilla razón, señorías. Porque se han presentado a este proyecto de ley 218 enmiendas, un proyecto de ley de poco más de 24 artículos tiene una media de nueve enmiendas por artículo. Este es un dato cuantitativo importante que no debiera ser olvidado. También se ha presentado una proposición de ley que prácticamente es un texto alternativo, el que ha planteado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Izquierda Unida ha presentado también una enmienda de totalidad y multitud de sectores afectados, ciclistas, empresarios del transporte, trabajadores del transporte, etcétera, nos han manifestado su conformidad, su apoyo ante la necesidad de exigir una mejor regulación en este tema en este momento en España.
Nuestra posición y nuestras razones no se basan, señorías -y en esto quiero ser absolutamente claro y rotundo-, en ningún intento obstruccionista ni en ningún obstruccionismo partidista y ciego, sino que seriamente consideramos que la situación del tráfico y de la seguridad vial en España requiere, en términos de siniestralidad, tomar nota de la gravedad del asunto y también constatar que durante estos últimos años no se
han tomado prácticamente medidas significativas; sí se ha tomado una medida significativa, pero no es resolutiva. Se ha constituido en la legislatura pasada la comisión interministerial de seguridad vial y a eso aludió el ministro del Interior el otro día, cuando hablaba sobre las medidas que se habían tomado y la portavoz del Grupo Popular también mencionaba la creación de la comisión interministerial, pero poco más había como novedad significativa, lo que no quiere decir que nosotros afirmemos que no se ha hecho nada. ¡Claro que se habrán hecho cosas!, pero yo estoy hablando de medidas significativas con relación al problema que tiene planteado la sociedad española.
El proyecto de ley del Gobierno, por lo tanto, nos ha parecido insuficiente y deficiente en función a la interpretación que hay que dar a las enmiendas de totalidad de devolución según nuestro Reglamento del Congreso, basado en que no estamos de acuerdo ni con los principios ni con el espíritu ni con la oportunidad de este proyecto de ley que trae el Gobierno.
El Grupo Parlamentario Socialista plantea una política de seguridad vial más estructurada, más amplia, más profunda, más innovadora y adaptada a las prescripciones de la Unión Europea. Por ello, proponemos medidas para mejorar técnicamente el proyecto; queremos colaborar con el Grupo Popular y con los restantes grupos en la mejora técnica del proyecto y queremos también establecer medidas alternativas de contenido político que mejoren la situación en nuestro país. Seguiremos insistiendo -y creo que habrá debates en Comisión y en Pleno en su día- sobre la conveniencia, desde nuestro punto de vista, señorías, de que las actividades industriales y las relacionadas con los talleres de reparación de vehículos que afectan a elementos vitales de la seguridad vial no salgan de la ley de tráfico y seguridad vial, como pretende introducir el proyecto de ley del Gobierno; que el Consejo Superior de Tráfico, señorías, tenga más competencias, sea más representativo, sea consultado para la elaboración preceptivamente de leyes, no voluntariamente -como actualmente ocurre- e intervenga decisivamente en la elaboración del plan estratégico de seguridad vial. Queremos, además, que no se desregularice la composición del Consejo y pase a un mero decreto; esta es una cuestión de forma muy importante, señorías. Según el texto de la ley el Consejo sería regulado prácticamente por decreto y nosotros queremos que el proyecto de ley defina las bases de la composición del Consejo de Seguridad Vial.
No voy a hablarles, porque ya lo hice en la pasada sesión, de nuestra posición sobre el uso del teléfono móvil; sobre el tema de la circulación de bicicletas por los arcenes; de la desregulación de la publicidad que también se contiene en el proyecto del Gobierno, que nosotros consideramos desaconsejable, porque la publicidad en materia de seguridad vial es sensible, y sobre la necesidad de regular con más eficacia el conjunto de infracciones que consideramos realmente graves.
Dicho esto, voy a circunscribirme únicamente a esta parte de la cuestión. En España debemos ser conscientes de que, frecuentemente, el accidente, la irresponsabilidad en la producción de accidentes, no tiene coste para el causante o tiene poco coste. Esto es motivo de alarma y de humillación para las víctimas. Debemos introducir elementos que visualicen la posición desprotegida de las víctimas porque, desde nuestro punto de vista, este proyecto no ha incluido esa visión, que realmente nos preocupa a todos, pero no hemos sido capaces de reflejar, de explicitar en el contenido de los preceptos y en la regulación de determinadas conductas peligrosas que deben ser tratadas con más rigor como, por ejemplo, el incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, el incumplimiento de las limitaciones de velocidad o circular en sentido contrario, que no está considerado en nuestra norma como falta muy grave y debiera serlo. Y, por supuesto, hay que definir de manera clara y contundente qué se entiende por negligencia y qué se entiende por conducta temeraria, cosa que mi grupo parlamentario plantea como enmienda al proyecto de ley.
Finalmente, me voy a referir a algunos temas que el otro día quedaron flotando y conviene hacer alguna precisión al respecto. Desde luego, mi grupo tiene interés en precisarlos.
Plan de seguridad vial. Nosotros queremos que exista un plan estratégico de seguridad vial. Queremos un plan en el que se defina la cuestión en términos de sistema de seguridad, con objetivos y prioridades definidos, programas, inversiones y estrategias. Queremos incluso cambiar el nombre. El actual Plan nacional de seguridad vial es un plan administrativo, entre comillas, no es un plan de estrategias para combatir los males del tráfico en España. El actual plan es una mera yuxtaposición de medidas y es incompleto porque, como dice el propio texto en la página 13 -desearía que hicieran esa comprobación-, este plan -lo reconoce el propio plan- está incompleto porque no incluye las aportaciones de las comunidades autónomas ni de muchas diputaciones y municipios importantes.
Este plan carece de presupuesto. ¿Dónde está el presupuesto en el texto? Este plan carece de objetivos; carece de programas cuantificados en tiempo, en recursos, en financiación. Nadie podría responder a estas preguntas con relación a este plan, señorías.
¿Cuáles son los problemas prioritarios que aborda, por ejemplo, en materia de conductores jóvenes y ciclistas el Plan de seguridad vial del año 2001? Estoy hablando de problemas prioritarios. ¿Qué objetivos marca? ¿Qué estrategias define con relación a esos problemas? ¿Qué financiación prevé para esos problemas? Señorías, si un plan no es capaz de contestar a estas preguntas es que en realidad no existe.
Por otra parte, se ha mencionado la necesidad de incrementar la plantilla de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico. Según nuestros datos, en el año 1990 había 6.564 guardias civiles de tráfico en España. En el
año 1996 había 8.888 guardias civiles de tráfico. En cuestión de seis años la plantilla creció en cerca de 2.500 guardias civiles de tráfico. Hoy hemos podido comprobar en multitud de debates habidos en esta Cámara en relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que la mayor parte de las plantillas de la Guardia Civil y del cuerpo nacional de Policía están estancadas o en regresión. Las 2.000 plazas que el Gobierno dice que se van a poner en marcha -me refiero a guardias civiles- son para cubrir vacantes en la globalidad del cuerpo de la Benemérita, pero no exclusivamente para la Guardia Civil de tráfico.
Finalmente, no voy a recordar la propuesta que hicimos de creación de equipos multidisciplinares de ayuda y asistencia a las víctimas, que trataremos como enmienda en su respectivo debate en Comisión, pero sí quiero subrayar una vez más el papel y la protección que debemos a las víctimas. Queremos la creación de una red nacional autonómica y local de carriles para bicicletas. Queremos que se incremente la investigación sobre seguridad vial e incorporación de nuevas tecnologías de seguridad. La Dirección General de Tráfico gasta poco en investigación, y cualquiera que examine el Plan de seguridad vial verá una acumulación desordenada de planes y acciones de investigación sin orden ni concierto. Queremos también la reforma de la Dirección General de Tráfico que, de órgano burocrático dedicado a licencias, autorizaciones, multas, etcétera, y carente de recursos humanos, como se reconoce en este momento por muchos de sus servidores públicos, debe pasar a órgano garante de la seguridad vial de los ciudadanos. Queremos incluso el cambio de la denominación y que, en vez de Dirección General de Tráfico, que da una dimensión como de abstracción objetiva, se denomine en el futuro dirección general de seguridad vial, porque eso implicará además poner el acento sobre lo que debe hacer como misión fundamental esta Dirección General. Queremos finalmente que se dote con 15.000 millones de pesetas el Plan estratégico de seguridad vial. ¿Y por qué decimos 15.000 millones, señorías? Por una razón muy sencilla: es exactamente la cifra que la Jefatura Central de Tráfico, como organismo autónomo, transfiere este año 2001 en el presupuesto al Tesoro público, procedente de tasas, multas y recursos extraídos de los usuarios. En consecuencia, esos 15.000 millones de pesetas deben dedicarse a la financiación de la seguridad vial, y no a fines desconocidos, como actualmente está ocurriendo. También queremos educación vial y que se aborde definitivamente su regulación en el sistema educativo y la regulación del carné por puntos, que es una innovación que se está generalizando en todos los países comunitarios y que en España está muy atrasada, en el que se tengan en cuenta las especialidades y especificidades del sector del transporte y la problemática de los profesionales del transporte.
Señorías, hemos traído aquí una serie de medidas alternativas y negociadas por el Grupo Parlamentario Socialista con distintos sectores interesados, desde organizaciones de víctimas de accidentes de tráfico a entidades de prevención de accidentes, transportistas, ciclistas, etcétera. Lo hemos hablado con estos sectores y hemos llegado a la conclusión de que lo anteriormente expuesto es lo que nosotros los socialistas debemos plantear aquí ante la Cámara como medidas alternativas y de mejora a este proyecto de ley de seguridad vial. No se plantean estas propuestas, señorías, como desafío ni por confrontar políticamente; lo que queremos es mejorar el proyecto de ley, y no queremos recibir como pago a este intento de colaborar en la mejora de un asunto, que preocupa tanto a los españoles, una contestación puramente propagandística o descalificadora. Señorías, señorías del Partido Popular, queremos diálogo y queremos dialéctica, no descalificaciones.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones.
Voy a intervenir muy brevemente porque quiero únicamente ratificar lo dicho en el anterior debate y que está en el «Diario de Sesiones» de esta Cámara del 8 de marzo, cuando tuvimos que pronunciarnos sobre el mismo texto del proyecto de ley del Gobierno.
En congruencia con ese primer planteamiento, vamos a apoyar el proyecto del Gobierno. Entendemos que hay una serie de medidas cautelares que son un paso prudente en la problemática cada vez más dinámica de la circulación vial, del tráfico y de su ordenación, tanto por fenómenos cuantitativos del aumento del parque automovilístico y motorizado como por fenómenos cualitativos que afectan a los componentes de formación de los conductores, a los componentes de edad y a las situaciones de los seguros. Ya habíamos hablado en aquella ocasión de la correlación entre accidentes y edad, aparte de la conducción bajo los efectos del alcohol o del consumo de drogas determinadas. Entendíamos que una graduación de las sanciones era necesaria, no era solamente globalizar en una sola cifra una sanción por una infracción cometida, sino que había una graduación, que es el efecto disuasorio que se tiene que tener. También nos parecía oportuna la introducción que hace el texto del proyecto de ley de los reciclajes o la reeducación de aquellos conductores infractores, que se entiende que tienen que volver a recibir unas clases teóricas y prácticas para poder volver a recuperar el derecho administrativo en el documento correspondiente del permiso de conducir una vez superadas las pruebas. Resaltábamos también, porque Coalición Canaria apoya en su conjunto este proyecto de ley, aunque tenemos
un número determinado de enmiendas a su articulado en aspectos parciales, la importancia de la regulación de las escuelas de conducir, que tienen reconocido un papel importante en esta ley a estos efectos tanto formativos como de reeducación de los infractores que tengan que pasar por ellas para efectuar los requisitos cautelares que exige la ley. Todo esto se encuentra dentro de un paquete de medidas que nos parecen lógicas y sensatas, por lo que tenemos que oponernos a estas enmiendas de totalidad, aunque respetamos los principios generales.
No estaríamos de acuerdo en que, por una cuestión de aplicación de la parte se llegue al todo, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, de cambiar la denominación de Dirección General de Tráfico por la de dirección general de seguridad vial, pues por la misma regla de tres habría que cambiar el nombre de Dirección General de la Policía por el de dirección general de seguridad ciudadana.
Vamos a dejar la semántica y las nuevas frases aparte porque, si no, empezaríamos semos a cambiar todos los nombres en la Administración para hacer un jardín florido de las nuevas nomenclaturas que a cada uno nos pareciera que debiera tener un ministerio, una dirección general o un órgano determinado.
Entendiendo la bondad del marco del proyecto de ley, al que se dirigirán enmiendas parciales, vamos a votar en contra de estas enmiendas de totalidad y devolución y apoyamos el texto del Gobierno.
Intervengo para manifestar la postura del Grupo Vasco, que es exactamente la misma -tiene idéntica opinión que el día 8 de marzo-, sobre el proyecto de ley que se somete a examen. No es ciertamente un proyecto magnífico, pero sí es suficiente para servir como base, tras los trámites de enmienda, ponencia y comisión, para poder abordar una reforma que es necesaria para tutelar mejor un bien que es el valor de la seguridad vial. Nos pronunciamos sobre la enmienda del Grupo Socialista, por tanto, en iguales términos que lo hicimos en su día.
Un dato nuevo es la enmienda que ha presentado Izquierda Unida y que con ingenio ha defendido el señor Rejón. En ella, en la versión escrita, se alude a la voluntas legislatoris. Depende, señor Rejón, de dónde se derive; si es del mero automatismo del cómputo mecánico de los votos, tiene usted razón, pero cabría también haberla derivado de la lealtad al debate. La lealtad a los términos del debate nos hubiera llevado a la situación de error manifiesto y, tras todas las chanzas, merecidas chanzas, al grupo que se equivocó, quizás se hubiera podido repetir la votación ese mismo día. La rigidez de la norma, quizás la seguridad jurídica, obliga a este nuevo trámite en el día de hoy.
Lo que sí es para nosotros una perversión del sistema, que la enmienda también apunta, es la justificación de la urgencia que obviamente el Gobierno puede exigir del grupo mayoritario por su sola fuerza arrolladora. Las circunstancias del retraso no son imputables a la Cámara -la Cámara no funcionó mal, creemos que se ofende a su dignidad-, sino a la torpeza del propio grupo que apoya al Gobierno y desde luego al desorden que se toleró en el debate, en el que una expresión que se consideró o que pareció ofensiva suscitó un cierto revuelo. Por cierto, y dicho sea entre paréntesis, el señor Mayoral habló de frente y por derecho y pidió luego excusas; otras y otros diputados somos insultados en esta legislatura en un in crescendo desde los corifeos de la formación mayoritaria, amparándose en el anonimato grupal, sin que desde la presidencia, ni de la Cámara ni de las comisiones, seamos nunca amparados.
A lo que iba. Dudo, repito, que este segundo envío del proyecto a la Cámara, dicho lo manifestado respecto de la urgencia, hubiese sido posible si los equivocados al votar hubiésemos sido los grupos opositores. El Gobierno, sin duda, lo puede todo. Sin embargo, señorías, tras estas quejas considero que para qué retrasar más el comienzo de un debate de una norma que sí consideramos necesaria.
También ha cambiado otra cosa. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha aprovechado este tiempo de demora para hacer más enmiendas: en la totalidad hemos presentado hasta 31, a las competenciales y técnicas en materia de sanciones que apunté se han unido otras recogiendo las inquietudes de los sufridos ciclistas, tanto de los profesionales que entrenan en las carreteras como de los aficionados. Respecto de todas ellas esperamos alguna receptividad en el grupo mayoritario.
Tramítese, pues, de una vez este proyecto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Pigem.
Señorías, tal como era previsible, nuestra posición desde el pasado día 8 de marzo no ha variado y por lo tanto vamos a votar negativamente las enmiendas de devolución que se han presentado. La presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, cuyos argumentos también ha recogido hoy el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la vamos a rechazar porque entiendo que la única razón por la que el pasado 8 de marzo prosperó la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista fue por un error en la votación por parte del Grupo Parlamentario Popular. La enmienda que se nos presenta, aun pudiendo tener formalmente parte de razón, desde nuestro punto de vista carece de sustento material y por tanto, como ya he dicho, no la vamos a apoyar. Y la del Grupo Parlamentario Socialista, que es la misma que se debatió el día 8 de marzo, la votaremos negativamente por las mismas razones que ese día les expuso mi compañero don Jordi Jané y que no voy a cansarles repitiéndolas literalmente porque las podemos leer en el «Diario de Sesiones» de ese día, al que me remito.
No quiero dejar pasar la oportunidad que me brinda fijar de nuevo nuestra posición para dejar constancia una vez más de cuál es la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre este tema. Lo que quiere Convergència i Unió es debatir este proyecto que nos envía el Gobierno, eso sí, mejorándolo con las enmiendas que hemos presentado al mismo. Queremos debatirlo y no devolverlo porque creemos, y coincidimos con el Gobierno, en que es necesario reformar una Ley de tráfico que en los años que lleva de vigencia arroja un balance muy negativo.
Es cierto, como aquí se ha apuntado, que inmediatamente después de que prosperara la enmienda a la totalidad, el pasado día 8 de marzo, Convergència i Unió presentó una proposición de ley sobre este tema; pero ello no obedece en modo alguno a la intención por nuestra parte de hacer un texto alternativo, como se nos ha dicho por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Por el contrario, obedeció, única y exclusivamente, y queremos clarificarlo, a la convicción que tenemos de que es absolutamente urgente afrontar sin más demora la reforma de la Ley de tráfico y seguridad vial. Como había prosperado la enmienda de devolución, presentamos nuestra proposición de ley que, si la examinan detenidamente, no es un texto alternativo sino que es el texto del proyecto del Gobierno más nuestras enmiendas. Queremos pues, en primer lugar, debatir la ley y no devolverla. Queremos también, como he dicho, mejorar el proyecto, y mejorarlo sustancialmente; por eso hemos presentado un número importante de enmiendas que tienen todas ellas el denominador común de poner el acento en la prevención de los accidentes, enmiendas que no voy a enumerarles pero de las que quiero destacar algunas propuestas, como la introducción del permiso de conducir por puntos, que permite poner el acento, como ya he dicho, en la prevención de estos accidentes y que hemos presentado porque nos parece que es un comprobado sistema disuasorio de la comisión de infracciones. También hemos propuesto otras enmiendas sobre el uso de los teléfonos móviles, sobre la prohibición de circular con menores de 12 años como pasajeros en ciclomotores o motocicletas, sobre clarificar las definiciones, a nuestro entender confusas del proyecto, para establecer nuevamente que es falta grave el incumplimiento de los términos de conducción; enmiendas para introducir las definiciones de vía ciclista, carril bici, carril bici protegido, acera bici, pista bici y senda ciclable y también enmiendas en el orden competencial para adaptar la normativa de tráfico a las competencias de la Administración local y de las administraciones autonómicas y para evitar la duplicidad de expedientes sancionadores en las comunidades autónomas que tienen atribuidas competencias ejecutivas en materia de tráfico.
Queremos, pues, debatir el proyecto y enriquecerlo con enmiendas.
Desde Convergència i Unió consideramos necesario que se haga un amplio análisis y debate para conseguir una mejora sustancial de la actual normativa. Por eso, tal como anunciamos en nuestra intervención del pasado día 8 de marzo, hemos propuesto la creación de una subcomisión dentro de la Comisión de Justicia e Interior, subcomisión sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico. La hemos propuesto porque pensamos que una nueva ley por sí sola no va a resolver todas las cuestiones, y por eso estimamos necesario que con más sosiego se analice la legislación global sobre la materia, legislación como el reglamento general de conductores, el reglamento general de circulación, el proceso sancionador o la adaptación de las normas a la práctica del ciclismo, entre otras.
Asimismo, creemos además necesario escuchar a todos los implicados, a las comunidades autónomas, a las asociaciones, asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y asociaciones de ciclistas, y a los técnicos en seguridad vial. Finalmente, pensamos que es necesario que la subcomisión elabore unas propuestas que puedan traducirse en mejoras concretas legislativas para mejorar el tráfico y la seguridad vial. Insisto en que es necesario que se cree esta subcomisión ya que, para Convergència i Unió, en materia de tráfico no deberían existir diferencias políticas, y un trabajo sosegado en relación con el tema permitirá recuperar el consenso y mejorar las normas de tráfico y, en definitiva, la seguridad vial.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular se ratifica en todos los argumentos que ya expuso en la sesión del día 8 de marzo mi compañera la diputada Ana Torme que, como algún otro portavoz, no se encuentra en este hemiciclo por estar cumpliendo con otras labores parlamentarias. Solamente iba a haber dicho esto si no se hubieran vertido aquí ciertos comentarios, pero tampoco voy a alargar mucho mi intervención.
Al principio pensé que estábamos ante un debate deeducación o ante un debate sexista o sobre colegios
concertados, pero no voy a ir por ahí, no voy a hacer una amplia intervención. Tan solo quiero decir que el Gobierno, dentro de la coherencia que tiene que aplicar en sus actos, ha vuelto a presentar la misma iniciativa que el día 8 de marzo se debatió aquí. Tampoco voy a entrar en debates filosóficos sobre funcionamientos anómalos o sobre cualquier otra cuestión que nos pueda llevar a alargar el debate más de lo necesario. Simplemente por el hecho de ocupar más espacio en el «Diario de Sesiones» los parlamentarios no debemos intentar ratificarnos en aquello que ya hemos dicho anteriormente, que es lo que ha sucedido en esta ocasión. En todo caso, recriminaría de una forma cariñosa, si se me permite la expresión, al Grupo Socialista, puesto que ha tenido tiempo para haber presentado una enmienda de devolución, pero con texto alternativo.
Ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista que, efectivamente, están dispuestos a dialogar y a llegar a acuerdos para la modificación de este proyecto de ley que presenta el Gobierno. Pero aquí se han dicho cosas que no se ajustan a la realidad, como que el carné por puntos está extendido por Europa. Si mal no recuerdo, dicho carné en estos momentos está solamente en vigor en Francia, pero tampoco voy a entrar en ese debate porque no merece la pena.
Asimismo, se ha manifestado que se quiere dialéctica y diálogo y no descalificaciones. Pues bien, las descalificaciones no se han hecho desde este lado del hemiciclo. Las descalificaciones se hicieron desde otro lado, lo que, por cierto, sirve a lo mejor para la propia autodescalificación, aunque de vez en cuando -y lo hemos podido ver hoy- la justicia funciona bien, y funciona bien en el sentido de la aplicación aquella del abogado de oficio, porque han salido abogados de oficio a defender posiciones que desde nuestro punto de vista no tenían mucho sentido.
No me voy a alargar más, simplemente voy a decir para finalizar esta corta intervención que por cortesía parlamentaria queremos dejar patente, eso sí, que el ofrecimiento de diálogo realizado el 8 de marzo sigue estando en absoluto vigor. Que esto se haya retrasado un mes más no significa que hayamos modificado nuestra posición, sobre todo cuando estamos hablando de una ley en la que no tiene sentido alguno arbitrar dialécticas partidistas, cuando se trata, obviamente, de buscar las mejores respuestas normativas para un asunto de tan clara dimensión social como es la seguridad vial.
Señores, a partir de ahora empieza el trabajo, la ponencia y la Comisión serán las que determinen dónde hay que mejorar este proyecto de ley y estamos abiertos a ese diálogo para intentarlo entre todos y que al fin y al cabo redunde en beneficio de la sociedad en general.
Sometemos a votación las dos enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 108; en contra, 164; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad.
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/ 1990, de 2 de marzo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 272; en contra, dos, abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la avocación al Pleno.