Source: http://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1135/18324
Timestamp: 2020-02-28 08:42:17
Document Index: 1055422

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 28', 'artículo 10', 'artículo 10', 'Artículo 10']

El Senador Antonio García Conejo: Con su permiso, Presidenta.
Queridas Senadoras.
Queridos Senadores.
Medios de comunicación y ciudadanas y ciudadanos que hoy nos acompañan y que nos ven a través de las cámaras.
La iniciativa que pongo a su consideración tiene como propósito reformar el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública, a efecto de que sea el Banco de México quien analice las circunstancias económicas extraordinarias que imperen en el país, previo a la contratación adicional de deuda pública por parte del Ejecutivo Federal.
Ello permitirá que se estudien las condiciones de la contratación, el mecanismo de endeudamiento y la capacidad de pago, logrando establecer un proceso de corresponsabilidad entre el órgano autónomo con capacidad técnica y con compromiso ético, como lo es el Banco de México, es decir, una corresponsabilidad con el Ejecutivo Federal.
Lo anterior bajo la siguiente exposición de motivos.
El artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública establece que el Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos podrá autorizar al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento cuando, a juicio del poder del propio Ejecutivo, se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan.
Esta situación ha generado que las administraciones públicas puedan contratar mayor endeudamiento a voluntad propia, amparados en un artículo donde no se establece un concepto claro de qué son o a qué se refiere estas circunstancias económicas extraordinarias, y lo que es más grave, se deja la definición de estas circunstancias a juicio únicamente del Poder Ejecutivo Federal.
Es importante resaltar que el desarrollo económico de un país es una prioridad en todo gobierno, por ello cualquier política pública gira en torno a la adecuada administración de los recursos y cómo estos se aplican en temas fundamentales para fomentar el bienestar de la población, en la población.
En ese sentido, el gobierno administra los recursos que se obtienen por vía de los impuestos, derechos y aprovechamientos que sirven para financiar los distintos proyectos que enmarcan la política de progreso del país.
Sin embargo, en el caso de México los ingresos propios del Estado no han sido suficientes para cubrir el costo de programas o proyectos de infraestructura acudiendo en su momento al financiamiento interno o externo para solventarlos.
La historia de México nos ha mostrado un proceso de endeudamiento que inició en el gobierno de Agustín de Iturbide y continúa hasta nuestros días.
Si bien durante ciertos períodos de la historia, México ha gozado de cierta estabilidad en el crecimiento de su deuda. En los últimos años la deuda del gobierno mexicano ha observado un crecimiento importante y exponencial debido a diversos factores económicos que ha llevado a la necesidad de cubrir el déficit presupuestario a través del financiamiento.
Actualmente, y conforme a cifras provenientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, la deuda neta en el sector público federal, es decir el gobierno federal y empresas productivas del Estado y la Banca de Desarrollo, al cierre de enero de 2019 se ubicó en 10 billones 800.6 mil millones de pesos.
La deuda interna neta del sector público federal fue de 6 billones 950.6 mil millones de pesos, mientras que la deuda externa neta del sector público federal se ubicó en 202.7 mil millones de dólares, equivalente a 3 billones 850 mil millones de pesos.
Independientemente de que se debata si los préstamos adquiridos por el país a lo largo de su historia fueron bien aprovechados o no, o si pudieron contratarse en mejores términos, en este momento el endeudamiento refleja una urgente necesidad de prevenir y atender una carga financiera que dificulte el diseño de cualquier política de desarrollo en el país y que constituye un riesgo latente de estabilidad económica y social.
Por tal razón, la contratación e incremento de la deuda tiene una constante, las enormes facultades que aún conserva el Presidente de la República para definir la política de endeudamiento.
Por ello, considero que es el Banco de México una verdadera autoridad en materia económica que deba asumir la responsabilidad de opinar sobre las condiciones en que se contrate la deuda.
Lo anterior con base en lo dispuesto en el propio artículo 28 constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el cual confiere al Banco de México procurar la estabilidad del Poder Adquisitivo de la Moneda Nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponda al Estado.
Además, de promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
En ese sentido, considero que es una autoridad en la materia e institución de excelencia, merecedora de la confianza de la sociedad para poder intervenir mediante un análisis y dictamen en el momento en que el Ejecutivo Federal pretenda contratar montos adicionales de deuda pública.
Por lo anterior, someto a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley de Deuda Pública para quedar como sigue:
Artículo Único.- Se reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública para quedar de la siguiente manera:
Artículo 10. El Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos podrá autorizar al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento cuando previo análisis y dictamen del Banco de México, se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan, cuando el Ejecutivo Federal haga uso de esta autorización, informará al Congreso de la Unión.