Source: https://ecoleygranada.es/2020/03/
Timestamp: 2020-08-15 16:39:56
Document Index: 72590068

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 158', 'artículo 52', 'artículo 45', 'Artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 1105', 'artículo 45', 'artículo 13']

marzo 2020 – ECOLEY | Economistas & Abogados
24th marzo 2020 /0 Comentarios/en Covid /por lalaau
Solicitud de las Prestaciones para los autónomos por cese de actividad
Son muchas las dudas generadas por las medidas adoptadas para mitigar el impacto económico como consecuencia del Coronavirus COVID – 19, especialmente en relación a los autónomos y su acceso a las prestaciones por cese de actividad, regulada en el artículo 17 del RD- Ley 8/2020 de 17 de marzo.
Recordaran, por nuestra anterior circular, que la medida recogida en este artículo establecía que desde el 14 de marzo pasado, por un plazo de un mes, o hasta el último día en el que se dé por finalizado el estado de alarma, los autónomos afectados podrán beneficiarse de esta prestación, bien porque:
El Real Decreto suspenda su actividad,
Bien porque su facturación en el mes anterior se vea reducida en un 75,00 % respecto a la media del semestre anterior. (Nota aclaratoria: para el autónomo que no lleve ejerciendo ni siquiera un periodo de 6 meses, deberá tenerse en cuenta el periodo completo de actividad).
Los autónomos que quisieran beneficiarse de esta prestación deberán:
Acreditar la fuerza mayor si la actividad no se ve directamente suspendida.
Pero, ¿qué ocurre si mi actividad no ha sido suspendida y debo acreditar la reducción del 75,00% respecto a la media del semestre anterior?
El Criterio 5/2020 SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO DIECISIETE DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMP ACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 (https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Noticias/criterio%205-2020.pdf)
precisa y matiza el contenido y aplicación de lo expuesto en el citado artículo 17 y, en tal sentido, establece, entre otras cuestiones, las siguientes aclaraciones:
Documentación necesaria que se debe aportar (habrá que atender a lo especificado por su Mutua):
Solicitud CATA COVID19 (web mutua).
Declaración jurada, “en la que se haga constar que cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación”
Información contable que acredite la caída de los ingresos, “pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos”.
Certificado bancario de titularidad.
70,00 % de la base reguladora.
No exige la baja en Hacienda y en la Seguridad Social.
Ojo: “si la causa del derecho a la prestación es la reducción de la facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación en un 75 por ciento en relación con la efectuada en el semestre anterior, deberá permanecer, en todo caso, de alta en el correspondiente régimen de Seguridad Social”.
Se suspende el pago de la cuota, pero continuaran cotizando.
Por las cuotas ya ingresadas podrá solicitarse la devolución del exceso.
Compatible con la tarifa plana.
Advertencia: Si usted decide darse de baja por cese de actividad, por causas ajenas a lo establecido en las medidas urgentes derivadas del Coronavirus, esta decisión tendrá consecuencias inmediatas, que pudieran ser perjudiciales:
Perderá los beneficios de la tarifa plana si estaba acogido a ella.
Tendrá que solicitarlo por el procedimiento normal establecido, teniendo que argumentar el descenso de la actividad de forma más estricta.
ECONOMISTA ECOLEY
Servicios esenciales garantizados en Juzgados y Tribunales, no afectados por el Real Decreto 462/2020 de 14 de marzo, sobre declaración del estado de alarma.
El Ministerio de Justicia ha hecho público los servicios esenciales que tiene que desarrollar la Administración de Justicia en estos tiempos de aplicación del estado de alarma. Son los siguientes:
La adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las
medidas de protección de menores del artículo 158 del Código Civil.
El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia. En particular, deberán asegurar la expedición de licencias de
enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios del artículo 52 del Código Civil.
Cualquier actuación en causa con presos o detenidos. OCTAVO
Las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria. NOVENO
Para terminar, el acuerdo dice que “el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Audiencia Provincial y el juez decano “adoptarán las medidas que procedan relativas al cese de actividad en las dependencias judiciales en que se encuentren sus respectivas sedes, y cierre y/o desalojo de las mismas en caso de que procediera, poniéndolo en conocimiento y en coordinación con la Comisión de Seguimiento competente“.
ACTUACIONES FRENTE A LAS CONSECUENCIAS LABORALES DEL CORONAVIRUS ERTE
Una de las medidas mas recurrentes y apropiadas para minimizar los daños directos e indirectos generados por el estado de alerta por pandemia como consecuencia del coronavirus (COVID-19), es acudir a lo establecido en el artículo 45 1, i) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, procediendo a la suspensión de los contratos de trabajo durante un periodo determinado, a la vista del cierre de los centros de trabajo y la imposibilidad en determinados sectores de acudir al mismo. Motivando dicha medida en base a la causa de “Fuerza mayor temporal”.
Si bien cada situación puede variar el encaje de las medidas a acometer, las posibilidades y actuaciones podrían ser variadas, según se trate de extinciones, suspensiones o reducciones de jornada. Debiendo estudiar cada caso particularmente.
La información necesaria para llevar a efecto las medidas citadas será básicamente la siguiente:
Relación de trabajadores contratados, especificando: antigüedad, categoría profesional, salario, funciones realizadas, situación contractual.
Número de trabajadores incluidos en el expediente de regulación de empleo (especificando si se trata de reducción, suspensión o extinción).
Número de centros de trabajo afectados.
Designación del comité de empresa, delegados o representantes de los trabajadores.
Justificación del expediente de regulación de empleo. Motivación del mismo: económica, organizativa, productiva o de fuerza mayor.
Plazo máximo de duración del ERTE:
El procedimiento a seguir viene regulado en los artículos 32 y 33 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, así como en los artículos 47 y 51.7 del E.T.
La existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa deberá ser constatada por la autoridad laboral (art 33.3 RD 1483/2012 y 51.7 del E.T.) cualquiera que sea el número de los trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación.
Se inicia mediante solicitud de la empresa a la autoridad laboral, conjuntamente a los medios de prueba, motivación del mismo y comunicación a comité de empresa y trabajadores.
La resolución de la autoridad laboral deberá dictarse en el plazo de 5 días desde la solicitud y debe limitarse a constatar la existencia de fuera mayor. (Art 51.7 del E.T.).
COVID – 19, UNA NUEVA SITUACIÓN PARA LAS EMPRESAS
A raíz de la pandemia declarada por la organización mundial de la salud como consecuencia del Covid-19, más conocido comúnmente como Coronavirus, se han disparado todas las alertas en cuanto a los modos de actuación ante determinadas situaciones, entre otras, en el ámbito de las relaciones laborales y las distintas alternativas a abordar en función de la imposibilidad de acudir al centro de trabajo, ya sea por contagio, prevención o aislamiento, y las distintas posibilidades de empresario y trabajador para sobrellevar de la mejor manera posible esta situación extraordinaria, habiéndose adoptado una serie de medidas preventivas consistentes en prestación de servicios a través de teletrabajo, interrupción de viajes, suspensión de reuniones y asambleas (las cuales podrían seguir celebrándose vía online) comunicaciones y trasmisión de documentación vía correo electrónico y atención telefónica.
Las acciones de prevención deberán seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de España, habiéndose aprobado en el Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se acometen determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, la consideración como situación asimilada a accidente de trabajo de los períodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.
Su Artículo 5, establece:
«1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad
temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19.
Esta misma medida se ha aprobado también para el caso de los funcionarios públicos, en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, (artículo 11).
En segundo lugar y relativa a las distintas medidas a adoptar por la empresa afectada directa o indirectamente por las consecuencias derivadas de la pandemia, habría que entender que nos encontramos en una situación de fuerza mayor, adoptando las diferentes opciones que la Ley contempla y particularmente la suspensión temporal de empleo, ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) pudiendo acudir también a la reducción de empleo, si bien lo que se trata de evitar es el contagio por contacto y con dicha medida no se evitaría.
¿Qué se entiende por fuerza mayor? Se define como “un acaecimiento externo al círculo de la empresa, extraordinario, independiente de la voluntad del empresario respecto a las consecuencias que acarrea en orden a la prestación del trabajo”.
Estableciendo en consecuencia el artículo 1105 del código civil, que:
«… fuera de los casos expresamente mencionados en la Ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables».
Siendo sin genero de duda la situación actual, a la vista de las recomendaciones efectuadas por las distintas administraciones competentes, un claro caso de fuerza mayor, con una afectación
Su tramitación, viene establecida en el artículo 45 1, i) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores como causas de suspensión del contrato de trabajo la “Fuerza mayor temporal”.
Así como en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, cuyo Título II, relativo a la Extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada por fuerza mayor, regula en los artículos 31 a 33 los requisitos para la existencia de fuerza mayor como causa motivadora de la suspensión de los contratos de trabajo o reducción de jornada:
La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción y suspensión de los contratos de trabajo o de la
reducción de jornada, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados.
sociales han solicitado de la administración pública el acortamiento de dichos plazos al objeto de poder llevar a efecto las medidas necesarias en el menor tiempo posible, dada la evidencia de la fuerza mayor, y la urgencia de gestionar dichas medidas, de lo que en breve tendremos noticias.
Por otro lado y en relación a los trabajadores con contratos fijos discontinuos del sector de turismo, comercio y hostelería
vinculados a la actividad turística, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo ha establecido en su artículo 13 medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos, en el sentido de aplicar una bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, FOGASA y formación profesional para aquellos que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses, siendo de aplicación hasta el día 31 de diciembre de 2020.
A tenor de las extraordinarias circunstancias que vienen acaeciendo, las consecuencias económicas se prevén muy negativas en determinados sectores, en un corto espacio de tiempo, lo que requiere con carácter urgente iniciar todas y cuantas medidas de choque nos permita la Ley, al objeto de minimizarlas, debiendo estudiar cada caso y adaptarlo a las concretas y particulares necesidades de ciudadanos y empresas.
No obstante, estaremos a las nuevas directrices y disposiciones que se vayan estableciendo desde las autoridades que puedan mejorar o agilizar los trámites, así como las distintas opciones en aras de evitar otras consecuencias negativas para el trabajo y la economía.