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Timestamp: 2019-08-23 11:48:33
Document Index: 404269736

Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 151', 'artículo 59', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 19']

Derecho Municipal: ¿Qué han dicho nuestros tribunales sobre la impugnación de decisiones del Director de Obras Municipales? – La Ley al Día
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Derecho Municipal: ¿Qué han dicho nuestros tribunales sobre la impugnación de decisiones del Director de Obras Municipales?
1. Corte Suprema. Reclamo de ilegalidad municipal. Director de Obras Municipales debe inhibirse de seguir conociendo de proceso de invalidación si se ha interpuesto una demanda de nulidad de derecho público. Actos del Director de Obras son reclamables por una doble vía: administrativa y judicial.
2. Corte Suprema. Recurso de protección. Director de Obras Municipales no está facultado para sostener la impertinencia de Decreto Alcaldicio. Resolución del Alcalde resulta vinculante para el Director de Obras Municipales.
3. Corte de Apelaciones de Concepción. Recurso de protección. Director de Obras Municipales no está facultado para ordenar la paralización de las obras por problemas de dominio. Vulneración al derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Vulneración del derecho de propiedad.
1. Corte Suprema
Reclamo de ilegalidad municipal. Existencia de dos vías de impugnación de los actos administrativos y orden de prelación en el ejercicio de los mismos. Director de Obras Municipales debe inhibirse de seguir conociendo de proceso de invalidación si se ha interpuesto una demanda de nulidad de derecho público. Actos del Director de Obras son reclamables por una doble vía: administrativa y judicial. SEREMI de Vivienda Urbanismo no es el superior jerárquico del Director de Obras.
Ver Cita Online: CL/JUR/6433/2018
Las terceras coadyuvantes interponen recurso de casación en el fondo contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que rechazó los reclamos de ilegalidad deducidos respecto de la resolución del Director de Obras Municipales, quien puso término al proceso de invalidación de Permiso de Edificación. La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido.
QUINTO: Que para resolver adecuadamente el asunto planteado, en los términos expuestos en el recurso de nulidad deducido, viene al caso recordar que el inciso final del artículo 54 de la Ley 19.880 dispone perentoriamente que “Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión”.
SEXTO: Que la lectura de la norma transcrita en el motivo anterior permite concluir la existencia de dos vías de impugnación de los actos administrativos y de un orden de prelación en el ejercicio de los mismos, apareciendo como indubitado que si bien dicha ordenación no tiene un carácter estricto, sí existe una preeminencia de la vía judicial. En efecto, si bien los afectados por el acto pueden elegir recurrir ante la Administración u órgano judicial, la intervención de este último impide que el asunto sea conocido o continúe siendo conocido por la Administración.
De lo anterior se sigue que el Director de Obras Municipales de la comuna de (…) tras haber tomado conocimiento de la interposición de una demanda de nulidad de derecho público respecto del Permiso de Edificación N° 44/2014 debía inhibirse de seguir conociendo del proceso de invalidación. (…)
NOVENO: Que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, atendidos los fundamentos del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, cabe hacer presente, que como ya fue resuelto en los fallos Rol N° 9.969 2015 y 6.832 2017, los actos del Director de Obras son reclamables por una doble vía, esto es, la vía administrativa, ante el Seremi de Vivienda y Urbanismo respectivo, a través del ejercicio de la acción de los artículos 12 y 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y la vía jurisdiccional, que se inicia con una etapa administrativa previa ante el Alcalde y culmina con la presentación del reclamo en sede judicial conforme lo establece el artículo 151 de la Ley N° 18.695, y, en segundo lugar que el Secretario Regional Ministerial de Vivienda Urbanismo no es el superior jerárquico del Director de Obras, sino que lo es el Alcalde.
2. Corte Suprema
Recurso de protección. Incumplimiento de decreto alcaldicio. Director de Obras Municipales no está facultado para sostener la impertinencia de Decreto Alcaldicio. Resolución del Alcalde resulta vinculante para el Director de Obras Municipales. Vulneración de la igualdad ante la ley.
Ver Cita Online: CL/JUR/4598/2018
Los actores se alzan en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que no hizo lugar al recurso de protección interpuesto respecto de una municipalidad y de su Director de Obras Municipales, por estimar arbitrario e ilegal que éste último no haya dado cumplimiento al decreto alcaldicio mediante el cual se acoge un recurso jerárquico. La Corte Suprema revoca la resolución impugnada y acoge la acción constitucional deducida en contra del Director de Obras Municipales.
DECIMOTERCERO: Que, como se observa, el Director de Obras Municipales justifica su inacción frente a la decisión adoptada por el Alcalde de (…) en el Decreto Alcaldicio N° 1.969, en el entendimiento de que el reproche que sirve de sustento a este último ha quedado superado por la concurrencia de las circunstancias fácticas que enuncia.
Sin embargo, es lo cierto que, con independencia de que el supuesto de hecho a que alude el funcionario recurrido para justificar su desidia concurra o no, éste ha incurrido en la omisión que se le reprocha, puesto que, en lugar de dar cabal y oportuno cumplimiento al mandato contenido en el Decreto Alcaldicio N° 1.969, se ha limitado a sostener su impertinencia, conforme a un juicio que no le corresponde hacer y en ejercicio de una atribución de la que, además, carece.
Semejante inactividad es, entonces, ilegal, en tanto el Director de Obras Municipales de (…) no ha podido ignorar la obligación que le impusiera el Alcalde de ese municipio al acoger, en uso de la facultad que le reconoce el artículo 59 de la Ley N° 19.880, el recurso jerárquico deducido en contra de la aprobación del anteproyecto de que se trata. Por el contrario, tratándose de la máxima autoridad del Municipio, lo decidido por el Alcalde resulta vinculante para el funcionario recurrido, quien, en consecuencia, ha debido limitarse a “adoptar las medidas conducentes a subsanar el vicio” descubierto y a dar íntegro cumplimiento al artículo 1.2.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en lugar de cuestionar su determinación y soslayar su ejecución.
DECIMOCUARTO: Que dicha omisión vulnera, además, la garantía prevista por el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República, puesto que la inacción e indolencia del Director de Obras Municipales implican el otorgamiento de un trato discriminatorio a los recurrentes, quienes, a diferencia de los vecinos de otras municipalidades del país en las que se da cabal e íntegro cumplimiento a los mandatos de la máxima autoridad edilicia, han debido soportar la abstención de un funcionario que, pese a encontrarse obligado a obedecer dicho mandamiento, lo ha desatendido, negándose a realizar las conductas que allí se indican.
DECIMOQUINTO: Que atento a lo antes razonado, el recurso de protección dirigido contra el Director de Obras Municipales (s) de la Municipalidad de (…) debe ser acogido.
3. Corte de Apelaciones de Concepción
Recurso de protección. Director de Obras Municipales no está facultado para ordenar la paralización de las obras por problemas de dominio. Vulneración al derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Vulneración del derecho de propiedad.
Ver Cita Online: CL/JUR/6942/2018
Un factor de comercio interpone recurso de protección en contra de una municipalidad, por estimar arbitraria e ilegal la resolución del Director de Obras Municipales que dispuso la paralización de las obras, previamente autorizadas, por problemas de dominio. La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional deducida.
OCTAVO. Que el 13 de junio de 2018 la Dirección de obras Municipales de la I. Municipalidad de (…) otorgó el Permiso de Edificación N° 218, para construir una obra nueva, tras haberse ingresado carpeta de solicitud de permiso, al que se adjuntó la copia de la inscripción de dominio a nombre de (…). Con fecha 17 de agosto de 2018 se notificó al recurrente de la paralización de obras N° 5081, que se fundaría en el oficio 7667 de fecha 14 de agosto de 2018 emitido por el Director del SERVIU relativo al dominio de la propiedad.
Que al obrar de este modo la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de (…) ha incurrido en la arbitrariedad e ilegalidad que se le atribuye por el recurrente ya que, el Director de Obras Municipales no está facultado para ordenar la paralización de las obras por problemas de dominio, sólo puede hacerlo en aquellos casos que contempla el artículo 5.1.2.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, entre los cuales no está contemplado el problema de domino ya referido.
A mayor abundamiento cabe señalar que aún cuando el recurrente tendría un derecho indubitado sólo a partir la toma de razón de la Contraloría General de la República, cuyo no es el caso, atendido lo informado por esa repartición pública, en que se consigna que no se ha recibido en esa sede de control para trámite de toma de razón un acto administrativo que sancione la modificación del contrato de compraventa, y la escritura celebrada fuere en definitiva ilegal, todo ello está dentro de las facultades de la Contraloría General de la República y no en las del Director de la Dirección de Obras Municipales.
NOVENO. Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida conculcó, por un lado, la garantía constitucional del derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que las regulen, contemplada en el artículo 19 número 21 de nuestra carta Fundamental y por otro el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas en el artículo 19 N° 24.