Source: https://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/st735_04.html
Timestamp: 2020-01-23 14:16:52
Document Index: 311008212

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 51', 'artículo 86', 'artículo 51', 'artículo 51']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [T-735_2004]
LLAMADO DE ATENCION EN MATERIA DISCIPLINARIA POR ESCRITO-No pueden hacerse por faltas menores/LLAMADO DE ATENCION EN MATERIA DISCIPLINARIA-No anotación en la hoja de vida
La Sala considera necesario hacer algunas breves consideraciones respecto a la alegada vulneración del derecho al debido proceso del accionante. En efecto, esta Sala encuentra que efectivamente existió vulneración de su derecho fundamental al debido proceso por parte de la Dirección de Servicios Generales del Comando de la Armada Nacional, por cuanto le realizó un llamado de atención por escrito respecto de una conducta de menor entidad que no afectaba sustancialmente sus deberes funcionales. Esta posibilidad no está permitida por el ordenamiento legal vigente, pues fue sido suprimida del mismo al ser declarada inconstitucional, mediante sentencia C-1076/02. Es de resaltar, que contrario a lo afirmado por el juez de primera instancia y la entidad accionada, no es cierto que por el hecho de no realizar la anotación del llamado de atención por escrito en la hoja de vida del accionante, se esté dando cabal cumplimiento al fallo de constitucionalidad en comento, pues éstos desconocieron que el mismo declaró también improcedentes los llamados de atención por escrito.
Así mismo, agrega que en el Ministerio de Defensa Nacional, este tipo de llamados de atención son tenidos en cuenta para la calificación anual del servicio, lo cual puede afectar su hoja de vida. Así mismo advirtió que estos son utilizados "presuntamente como presión para el cumplimiento de las "ORDENES" impartidas por los superiores".
Finalmente, estima que "es precario pensar que el llamado de atención no va a reposar en la hoja de vida del accionante, pues éste es su lugar natural, y como bien lo anotó la Corte, el funcionario que revise los antecedentes del trabajador va a ver un reproche en la conducta ejercida influyendo en el futuro de aquel, no va a pensar por consiguiente que la conducta del servidor fue meritoria"
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de 28 de enero de 2004 resolvió revocar el fallo impugnado y en su lugar amparar los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del accionante. En consecuencia, ordenó a la entidad accionada que suprimiera en forma absoluta de todo archivo de la Armada Nacional la "señal" No. 061545 DISEG de octubre/03, a través de la cual se hizo un llamado de atención al señor Dionisio Correa Maza.
Así mismo, advirtió que cuando la conducta del servidor público trasciende el incumplimiento de sus deberes funcionales debe ser disciplinado, pero en caso contrario, es inadmisible que se lo someta a "la continua presión a través de llamados de atención o "memorandos", pues no teniendo ningún formalismo, esta clase de escritos no pueden materializar un efecto procesal para el respectivo funcionario, ni menos dar lugar a archivos en donde se consignen tales reconvenciones o "listas negras", que eventualmente puedan ser empleadas en contra del disciplinado".
A fin de contar con los elementos de juicio que permitan mejor proveer, la Sala Novena de Revisión, mediante auto del 7 de julio de 2004 resolvió decretar pruebas y suspender el término para fallar. Para el efecto solicitó al señor Rafael Antonio Llinas Hernández, en su calidad de Director de Servicios Generales del Comando de la Armada Nacional, que certificara "con exactitud las funciones asignadas legal o reglamentariamente al cargo de Soldador desempeñado por el señor Dionisio Correa Maza", al servicio de la entidad que representa.
"(...) con toda atención me permito informar con exactitud las funciones asignadas legal o reglamentariamente al cargo de soldador desempeñado por el señor Dionisio Correa Maza, al servicio de la Dirección de Servicios Generales del Comando de la Armada Nacional, así:
Reparar tanques de combustible y oficios de paileria en vehículos.
Hacer refuerzos en transmisiones y chasis y demás estructuras requeridas.
Efectuar trabajos de ornamentación en Dependencias del Comando de la Armada Nacional y Viviendas Fiscales.
Responder por la conservación y mantenimiento de los equipos asignados.
Demás funciones que consideren convenientes (sic) acuerdo su especialidad por el jefe directo."
Mediante sentencia C-1076 de 2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional realizó el control abstracto de constitucionalidad sobre algunas normas contenidas en la Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único".
En el evento de que el servidor público respectivo incurra en reiteración de tales hechos habrá lugar a formal actuación disciplinaria".
Al respecto, la Corte resolvió declarar exequible su inciso primero, salvo la expresión "por escrito" que se declaró inexequible. Igualmente, declaró exequible el inciso segundo del mismo artículo, salvo la expresión "se anotará en la hoja de vida y". Así mismo, resolvió declarar la inexequibilidad del inciso tercero del mismo artículo.
Para el efecto, esta Corporación precisó que la norma en cuestión, se refiere al acaecimiento de conductas de menor entidad o que contrarían en menor grado el orden administrativo al interior de cada dependencia, y que no tienen la potencialidad de afectar sustancialmente los deberes funcionales que le han sido impuestos al funcionario público. Partiendo de lo anterior, consideró que resultaban contrarios a la Constitución Política los llamados de atención que se realizaran de manera escrita, la anotación de los mismos en la hoja de vida del funcionario y la iniciación de una "formal actuación disciplinaria" en su contra cuando éste reiterara tales actuaciones.
Las razones que la Corte expuso respecto a la inconstitucionalidad del aparte normativo "por escrito", contenido en el inciso primero del artículo 51, fueron las siguientes:
"En ese marco si se trata de una actuación sin formalismos procesales, no se advierte motivos para que el llamado de atención sí se rodee de los mismos, al consignarse por escrito pues tal decisión debe obedecer a la misma lógica de la actuación que le precedió. No puede discutirse que un llamado de atención afecte la hoja de vida del servidor y por ello se opone a la finalidad de la norma y a su cumplimiento mediante actuaciones desprovistas de solemnidad alguna. Por este motivo, se declarará la inexequibilidad de la expresión "por escrito" que hace parte del inciso primero del artículo 51".
Frente a la posibilidad de incorporar en la hoja de vida del funcionario público el llamado de atención realizado por el superior inmediato, la Corte consideró que esta disposición, "pierde de vista la ausencia de ilicitud sustancial de la conducta que condujo al llamado de atención pues no puede desconocerse que esa anotación le imprime a aquél un carácter sancionatorio. Ello es así al punto que cualquier persona que tenga acceso a la hoja de vida del servidor, no valorará ese llamado de atención como un mérito sino como un reproche que se le hizo al funcionario y es claro que esto influirá en el futuro de aquél. Esta consecuencia es irrazonable si se parte de considerar que el presupuesto que condiciona el llamado de atención y no la promoción de una actuación disciplinaria es la ausencia de ilicitud sustancial en el comportamiento. Por tal motivo, la Corte declarará inexequible la expresión "se anotará en la hoja de vida" que hace parte del inciso segundo del artículo 51".
En cuanto a la iniciación de "formal actuación disciplinaria" por la reiteración de una conducta que contraria en menor grado el orden administrativo interno, la Corte estableció que como este tipo de conductas no se constituían en un ilícito disciplinario en los términos del artículo 5 de la Ley 734 de 2002, mal podría iniciarse una actuación típicamente disciplinaria en contra del funcionario público que realiza actuaciones de menor entidad, que sólo tienen la virtud de contrariar mínimamente el orden interno de la institución. Al respecto, la Corte señaló:
"En efecto, una actuación de esta índole sólo puede promoverse si el servidor ha incurrido en un ilícito disciplinario y el fundamento de éste viene dado, según el artículo 5 de la Ley 734, por la afección del deber funcional sin justificación alguna. Luego, si el hecho en el que incurre y reitera el funcionario se caracteriza precisamente por no estar dotado de ilicitud sustancial, ¿cómo puede promoverse una formal actuación si se sabe que no está satisfecha la exigencia de ilicitud sustancial de la conducta?.
La regla de derecho que se analiza pierde de vista que la suma de actos irrelevantes, desde el punto de vista de la ilicitud sustancial disciplinaria, es también irrelevante y que por ello con la sola reiteración de actos de esa índole no puede promoverse investigación disciplinaria alguna. Hacerlo implicaría generar un espacio para que al servidor se le reproche una falta disciplinaria a sabiendas de que en su obrar no concurre el presupuesto material de todo ilícito de esa naturaleza. Entonces, como no se satisface el presupuesto sustancial de la imputación disciplinaria, la Corte retirará del ordenamiento jurídico el inciso tercero del artículo 51 de la Ley 734 de 2002".
Esto por cuanto, aunque no se trate del uso de la facultad disciplinaria, en donde resulta fundamental el seguimiento estricto de un debido proceso disciplinario, sino de la manera en que deben realizarse los llamados de atención por conductas de menor entidad, es claro que éstos deben orientarse a la preservación del orden interno y la disciplina en las instituciones del Estado, y por lo tanto no se encuentren sujetos a formalidad alguna.
La Corte Constitucional ha señalado en numerosas oportunidades que existe hecho superado cuando cesa la acción u omisión impugnada de una autoridad pública o un particular, por lo que la acción de tutela interpuesta se hace improcedente al no existir un objeto jurídico sobre el cual proveer. Al respecto, ha establecido los siguiente:
"En efecto, la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente vulnerado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío. Lo cual implica la desaparición del supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la acción de tutela..."[1].
"En este orden de ideas, la finalidad del artículo 51 del nuevo Código Disciplinario Único es clara: diseñar medidas encaminadas a preservar el orden interno y la disciplina en las instituciones del Estado, efecto para el cual se prevén los llamados de atención que hace el superior jerárquico a su subordinado. Como se trata de comportamientos que alteran el orden interno de las instituciones pero sin comprometer sustancialmente los deberes funcionales del sujeto disciplinable, es comprensible que esa medida no se rodee de connotaciones procesales y de los formalismos inherentes a las actuaciones de esa índole. (...) La Corte advierte que la alteración del orden interno que conduce a un llamado de atención, en las condiciones que se han indicado, se caracteriza por no afectar los deberes funcionales del servidor público, circunstancia que habilita que se prescinda de formalismos procesales. No obstante, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 51, en el sentido de que el llamado de atención se anotará en la hoja de vida, pierde de vista la ausencia de ilicitud sustancial de la conducta que condujo al llamado de atención pues no puede desconocerse que esa anotación le imprime a aquél un carácter sancionatorio. (...)Finalmente, si se tiene en cuenta que el fundamento de la institución del llamado de atención está constituido por la comisión de una conducta que contraría en menor grado el orden administrativo interno sin llegar nunca a afectar los deberes funcionales del servidor, es manifiesta la inconstitucionalidad de una regla de derecho según la cual la reiteración en tal conducta genera formal actuación disciplinaria."