Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1994/SU201-94.htm
Timestamp: 2017-10-24 05:54:14
Document Index: 215942686

Matched Legal Cases: ['artículo 199', 'artículo 199', 'artículo 199', 'Artículo 21', 'Artículo 26', 'Artículo 46', 'artículo 199', 'artículo 199', 'artículo 26', 'artículo 21', 'artículo 120', 'artículo 1']

Su201-94
El término de la suspensión en el ejercicio del cargo conforme a la norma del artículo 199 del Decreto 1660 de 1978, debe entenderse, como días calendarios y no hábiles. Como la Personería Distrital de Santafé de Bogotá, prolongó ilegalmente la suspensión del peticionario mas allá del término permitido por la ley, aparte de que, en forma irregular produjo la modificación, bajo el pretexto de una aclaración, de un acto administrativo que había generado una situación jurídica favorable al petente, se violaron los derechos fundamentales del debido proceso y al trabajo.
Guillermo Micán Riveros.
Aprobado en Santafé de Bogotá D.C., a los veintiun (21) días del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, revisa el proceso de la acción de tutela ejercida por Guillermo Micán Riveros contra la Personería del Distrito Capital de Santafé de Bogotá que, según el actor esta "representado en este caso por el comisionado-instuctor, de dicha entidad, doctor José Rori Forero Salcedo, y por el titular de la Personería Dr. Antonio Bustos Esguerra".
1. "Mediante Decreto No 266 del 12 de noviembre de 1987, emanado de la Personería del entonces Distrito Especial de Bogotá, fui nombrado para el cargo de abogado II para la vigilancia judicial administrativa, cargo del cual tomé posesión el día 10 de diciembre de 1987, habiendo ascendido hasta el cargo de profesional especializado XII-A que me corresponde actualmente".
2. "No obstante haber observado siempre un correcto comportamiento, y al mismo tiempo haber laborado con rendimiento suficiente, eficaz y satisfactorio, el 17 de noviembre de 1992, por medio de la Resolución No. 014478 originaria de la misma entidad nominadora, fui suspendido provisionalmente del ejercicio de las funciones del cargo, primeramente por un término de sesenta (60) días calendario, sin derecho a sueldo, término calendario que vencía y venció el día 15 de Enero de 1993 (artículo 199 del Decreto 1660 de 1978)".
3. "El mismo día 15 de Enero de 1993 en que vencía y venció el anterior término de sesenta (60) días calendario, la Personería del Distrito Capital expidió la resolución No 00048 de esa fecha, por la cual se prorrogó en treinta (30) días calendario el término inicial de suspensión provisional, prórroga que vencía y venció el día 13 de Febrero de 1993".
4. "Tenemos entonces que el día 13 de febrero de 1993, no solamente venció la prórroga de treinta (30) días calendario, sino que, además, sumada ésta al término inicial de sesenta (60) días, también calendario, venció el término máximo e improrrogable de noventa (90) días calendario permitido por el artículo 199 del Decreto 1660 de 1978 para la suspensión provisional. (Artículo 21 Ley 13 de 1984; Artículo 26 inciso 2o. y Artículo 46 literal b del Decreto 482 de 1985)".
"Pero simultáneamente, el día 13 de febrero de 1993, venció también el término que tenía el comisionado instructor Dr. José Rori Forero Salcedo, para culminar la investigación...."
5. "Extemporáneamente, con solución de la continuidad en el tiempo, el día 15 de febrero de 1993, la Personería del Distrito Capital expidió la Resolución No. 0182 de esa fecha, proyectada por el comisionado instructor Dr. José Rori Forero Salcedo, para, mediante una falsa aclaración, pretender prolongar, contra derecho, contra Ley, es decir contra normas escritas vigentes y aplicables, el término máximo improrrogable de noventa (90) días calendario, permitidos por el artículo 199 del Decreto 1660 de 1978 para la suspensión provisional en los procesos disciplinarios".
6. "Es con esta última Resolución, que se violan los derechos constitucionales fundamentales establecidos en los artículos 11, 12, 15, 16, 21 25 y 29 de la Constitución Nacional".
7. "El día 13 de febrero de 1993, vencido el término máximo e improrrogable de noventa (90) días calendario, sin haberse culminado la investigación ni tomado determinación alguna, adquirió el suscrito el derecho a reincorporarse al cargo y al reconocimiento y pago de las sumas de dinero correspondientes al periodo de suspensión provisional (artículo 199 del Decreto 1660 de 1978; artículo 26 inciso 2o y 46 literal b del Decreto 482 de 1985; además el artículo 21 de la Ley 13 de 1984".
8. "Como continuación de lo consignado en los puntos anteriores, todo lo cual hace parte del proceso disciplinario No. 068 de 1992, incoado contra el suscrito por la personería del Distrito Capital, con fecha 26 de febrero de 1993 se profirió la providencia No. 012, por medio de la cual se me negó la casi totalidad de las pruebas solicitadas, hasta el extremo de que, de nueve (9) numerales correspondientes a las testimoniales me fueron negados ocho (8) y solamente se me decretó uno (1), que no se refiere a los hechos fundamentales del proceso; a los cuales sí se refieren, especialmente, los testimonios de los Doctores Manuel Raul Castillo Gutiérrez, Juan Manuel Rodríguez y Mary Rodríguez Gómez, en la categoría de testigos presenciales de dichos hechos, testimonios estos que fueron negados".
9. "Contra el anterior decreto de pruebas se interpuso recurso de reposición, mediante escrito presentado el día 3 de marzo de 1993, recurso que aún no ha resuelto".
10. "El mencionado proceso disciplinario se inició con pliego de cargos elevado mediante resolución No. 031 del 22 de diciembre de 1992. El correspondiente escrito de descargos se presentó el día 1o. de febrero de 1993, y con fecha 11 de febrero del mismo año se presentó la solicitud de pruebas. Pero de aquí en adelante se han producido hechos graves que han atentado contra el derecho de defensa".
11. "La anterior providencia, violatoria del derecho de defensa, constituye una amenaza grave e inminente en el sentido de que, indudablemente, la vulneración de dicho derecho producirá perjuicios irremediables".
12. "Sumando la velocidad del trámite a un fallo inminente, adverso y definitivo de única instancia, obtenemos la certeza de que los perjuicios ocasionados serán graves e irremediables".
1. Copia debidamente autenticada de la totalidad del proceso disciplinario No. 068 de 1992, adelantado contra el peticionario Guillermo Micán Riveros.
"Los hechos que se tuvieron en cuenta para la expedición de la Resolución No. 0182 del 15 de febrero de 1993, por medio de la cual se prolongó la suspensión provisional del cargo que desempeña el Dr. GUILLERMO MICAN RIVEROS, fue el de aclarar el artículo Primero de la Resolución No 00048 del 15 de enero de 1993, en el sentido de que la prórroga aludida se debe entender a partir del 16 de febrero de 1993".
"Al facultar el citado artículo, a proceder a la suspensión provisional del cargo sin derecho a remuneración, mediante resolución expedida de plano que tendrá vigencia inmediata y cuyos efectos se prolongan mientras se surte el procedimiento disciplinario, pero en ningún caso superior a noventa (90) días; así, mediante la Resolución No 0048 calendada el 15 de enero del año en curso, se determinó prorrogar durante treinta (30) días más la suspensión provisional del ejercicio del cargo al citado funcionario de la Personería de Santafé de Bogotá".
"También dispone el artículo 120 del C. P. C. "En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial..."
El accionante, en la etapa de revisión, presentó ante esta Corporación, entre otros documentos, copia de la Resolución No 023 de marzo 31 de 1993 del Personero de Santafé de Bogotá, por medio de la cual se resuelve: "Sancionar disciplinariamente al Dr. Guillermo Micán Riveros con la medida de destitución del cargo".
También presentó, copia de la Resolución No 044 de mayo 21 de 1993, en virtud de la cual el Personero de Santafé de Bogotá, resolvió: "No reponer la Resolución No 023 del 31 de marzo de 1993".
Procede igualmente la acción de tutela como el mecanismo transitorio, a pesar de la existencia de un medio alternativo de defensa judicial, cuando sea necesario utilizarla para "evitar un perjuicio irremediable" que, a juicio del juzgador sea inminente, grave y de tal magnitud que se requiera de medidas urgentes e impostergables para impedir que el perjuicio se extienda y llegue a ser de tal naturaleza hasta el punto del no retorno de la situación, o lo que es lo mismo, que se convierta en irremediable1.
3.1. El peticionario de la tutela formula sus pretensiones contra los actos administrativos de trámite, contenidos en la resolución No. 0182 del 15 de febrero de 1993, que aclara el artículo 1o. de la resolución 00048 del 15 de enero de 1993, expedidas por el Señor Personero de Santafé de Bogotá. D.C., relativos a la prórroga de la suspensión en el ejercicio de sus funciones, como profesional especializado, grado XII-A, de la Personería Delegada en lo Penal, que había sido decretada según resolución No. 01478 del 17 de noviembre de 1992, y en la providencia No. 012 de febrero 26 de 1993, dictada por el doctor Rory Forero Salcedo, funcionario comisionado por el Personero para adelantar la investigación disciplinaria contra el accionante. Mediante dicha providencia, se decretaron algunas pruebas, y se negaron otras por improcedentes desde el punto de vista procesal.
f) La norma del art. 62 del C.R.P.M., en cuando ordena computar como hábiles los términos que tienen las autoridades para realizar los actos oficiales, opera exclusivamente cuando estan de por medio únicamente los intereses de aquellas, mas no cuando se entra en conflicto con los derechos fundamentales de una persona, como sucede con el presente caso.
Como la Personería Distrital de Santafé de Bogotá, prolongó ilegalmente la suspensión del peticionario mas allá del término permitido por la ley, aparte de que, en forma irregular produjo la modificación, bajo el pretexto de una aclaración, de un acto administrativo que había generado una situación jurídica favorable al petente, se violaron los derechos fundamentales del debido proceso y al trabajo.
"Sea lo primero referirnos a las pruebas testimoniales incoadas por el memorialista; para indicar, que de las mismas, tan sólo el testimonio del señor MIGUEL RODRIGUEZ, se adecúa a los conceptos de pertinencia, cunducencia y utilidad de la prueba; afirmación no caprichosa, sino que se desprende de un hecho elemental, como lo es encontrarse; de una parte, plenamente establecido que el Dr. MICAN RIVEROS, en verdad entabló conversación para la fecha de marras, con el defensor del sindicado OCAMPO LOPEZ, en las circunstancias ampliamente señaladas, haciéndole saber a éste, la irregularidad comentada; e insinúandole que solicitará la nulidad de la actuación; resultando por tanto inócuo, probar un hecho ya establecido; y de otra, por cuanto es claro que lo que se está investigando dentro del presente averiguatorio es la conducta presuntamente irregular del Dr. MICAN RIVEROS; y no la de la señorita DORIS ALICIA ALVARADO VIVAS, ante la irregularidad que señala el memorialista; hechos estos últimos por los cuales, evidentemente se adelanta la correspondiente investigación en forma autónoma a la presente".
PRIMERO: REVOCAR los fallos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, y del Consejo de Estado, proferidos el 23 de marzo y el 21 de julio de 1993, respectivamente, y por medio de los cuales no se concedió la tutela solicitada por el señor Guillermo Micán Riveros, en contra de la Personería del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, representada en este caso por el comisionado-instructor de dicha entidad, señor José Rory Forero Salcedo, y por el titular de la Personería, doctor Antonio Bustos Esguerra.
1 Sentencias T-225/93. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-531/93 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.