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Timestamp: 2018-12-14 20:35:43
Document Index: 363355175

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 48', 'artículo 136', 'artículo 29', 'artículo 17', 'artículo 49', 'artículo 71', 'in fine', 'artículo 136', 'artículo 79']

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Ley 1008 1985-1989
LEY No. 1008
LEY DE 19 DE JULIO DE 1988
COCA Y SUSTANCIAS CONTROLADAS.
Apruébase la ley de Régimen, en sus 149 artículos, 7 artículos transitorios y anexo (5 listas).
La coca, cuyo nombre científico corresponde al género erithroxilum, constituye un producto natural del subtrópíco de los departamentos de La Paz y Cochabamba Se presenta en estado silvestre o en cultivos agrícolas, cuya antigüedad se remonta a la historia precolombina boliviana.
Para efectos legales se establece una diferencia entre la coca en estado natural, que no produce efectos nocivos a la salud humana; y la coca "Iter criminis", que es la hoja en proceso de transformación química que aísla el alcaloide cocaína y que produce efectos psicofísiológícos y biológicos nocivos para la salud humana y es utilizada criminalmente.
Se entienden como consumo y uso lícito de la hoja de coca las prácticas sociales y culturales de la población boliviana bajo formas tradicionales, como el "acullicu" y masticación, usos medicinales y usos rituales.
La zona de producción tradicional de coca es aquella donde histórica, social y agroecológicamente se ha cultivado coca, la misma que ha servido para los usos tradicionales, definidos en el artículo 4º En esta zona se producirán exclusivamente los volúmenes necesarios para atender la demanda para el consumo y usos lícitos determinados en los artículos 4º y 5º Esta zona comprenderá las áreas de producción minifundiaria actual de coca de los subtrópicos de las provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisiví del Departamento de La Paz y los Yungas de Vandiola, que comprende parte de las provincias de Tiraque y Carrasco del Departamento de Cochabamba.
Se entiende por reducción voluntaria el proceso por el cual los productores concertan y reducen libremente los volúmenes excedentarios de producción de coca, en el marco del Plan o Programa Integral de Desarrollo y Sustitución (PlDYS).
Con fines de control y registro de las tierras de cultivo de coca en las zonas a) y b) determinadas en el articulo 8º, se establece un catastro. Aquellas que no cumplen con el requisito de catastración, serán consideradas ilícitas para los fines de la presente ley.
La producción excedentaria en las zonas a) y b) definidas en el artículo 8º estarán sujetas a reducción y sustitución, para lo cual el Estado concederá a los productores de coca una justa y simultánea indemnización. Asimismo, les dará facilidades financieras y asistencia técnica necesaria en el marco del Plan Integral de Desarrollo Alternativo (PIDYS).
Los planes y programas de Desarrollo Alternativo comprenderán complementariamente acciones en las áreas de origen de la población migrante y de las poblaciones silvícolas afectadas en las zonas principales de producción de coca y que forman parte de la dinámica económica y social de la población involucrada en la producción excedentaria de coca. Estas acciones deberán orientarse a la consolidación de espacios de desarrollo microregional y regional y asegurarla presencia interinstitucional del Estado.
ARTICULO 32º.- SIGNIFICADO LEGAL:
PROHIBICION DE PRODUCCION Y CONSERVACION DE PLANTAS Y SEMILLAS: Quedan prohibidas en todo el territorio de la República la producción o conservación de plantas y semillas a que se refiere el inciso k) del artículo 33º de esta ley. El Régimen de la coca queda sujeto a lo establecido en el Titulo Primero.
PROHIBICION DE POSESION O DEPOSITO: Ninguna persona natural o jurídica podrá tener o poseer en forma, cantidad o sitio alguno, fármacos o drogas que contengan o sean sustancias controladas, sin previa autorización del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, consultada al Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas.
IMPORTACION y COMERCIALIZACION: Las sustancias químicas enumeradas en la lista V del anexo y las que se agreguen posteriormente a la misma, por resolución del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y los productos y medicamentos que sean o tengan sustancias controladas, sólo podrán ser importados y/o comercializados con licencia de dicho Ministerio, previo informe favorable del Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas.
TRAFICO y CONSUMO: Queda prohibido el tráfico, fraccionamiento y consumo de sustancias controladas consignadas en la lista I del anexo de la presente ley.
AUTORIZACION: El Ministerio de Previsión Social y Salud Pública podrá autorizar la importación y/o adquisición limitada de sustancias controladas consignadas en la lista 1 con fines de investigación a instituciones científicas, universitarias y estatales, así como a laboratorios e industrias químico-farmacéuticas, las que deberán informar al Ministerio de Previsión Social y Salud Pública periódicamente, la forma de utilización, cantidades utilizadas y/o resultados de los estudios. Igual autorización se requerirá para la exportación de sustancias controladas con fines lícitos.
FABRICACION, FRACCIONAMIENTO Y EXPENDIO: Los laboratorios e industrias qulmico4armacéuticas, podrán fabricar y/o fraccionar medicamentos que contengan sustancias controladas consignadas en las listas 11,111 y IV del anexo, previa licitación del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, debiendo hacer conocer la cantidad, contenido y naturaleza de sus productos. Estos se expenderán al público únicamente en establecimientos y farmacias autorizadas y sólo mediante receta médica en formularios del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública.
INFORMES SOBRE IMPORTACION Y EXPORTACION: Las aduanas distritales remitirán al Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y al Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, copias de las pólizas de importación y exportación del producto o materias primas que contengan sustancias controladas, en el término de 48 horas de su expedición, bajo responsabilidad del administrador distrital.
OBLIGACION DE LOS PORTEADORES: Las empresas públicas y privadas de transporte aéreo, terrestre, marítimo, lacustre y fluvial, así como los transportistas independientes exigirán obligatoriamente, la autorización del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y del Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, para el embarque y transporte se sustancias controladas y/o medicamentos que las contengan con la obligación de informar mensualmente de estas actividades.
REGISTRO DE INSUMOS: Los laboratorios industriales, empresas químicas, quimico-farmacéuticas, importadores e industriales están obligados a su registro en el Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, al que informarán mensualmente sobre los insumos de materias controladas que utilicen.
DIVISAS Y ACREDITIVOS: El Banco Central de Bolivia y todos los demás Bancos exigirán para la venta de divisas y apertura de acreditivos, con destino a la importación de medicamentos y materias primas que contengan o sean sustancias controladas, certificado de registro del solicitante y autorización expedida por el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, en consulta con el Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas.
REGULACION DE PRODUCCION NACIONAL DE PRECURSORES: La producción nacional de sustancias controladas de la lista V del anexo, así como la supervisión, incluyendo su control y comercialización, serán reguladas por los Ministerios de Previsión Social y Salud Pública, Energía e Hidrocarburos e Industria y Comercio, con informe del Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas.
PROHIBICION A CONSULES Y AGENTES ADUANEROS: Se prohíbe a los cónsules y agentes aduaneros de Bolivia en el exterior, expedir facturas comerciales de control y legalizar manifiestos de carga para la importación de sustancias controladas indicadas en el artículo anterior, sin previa presentación del documento de licencia otorgado conforme a los artículos 36º y 43º de la presente ley.
PLANTAS CONTROLADAS: El que ilícitamente sembrare, plantare, cosechare, cultivare o colectare plantas o partes de plantas señaladas por el anexo a que se refiere el inciso a) del artículo 33º de la presente ley, será sancionado con la pena de uno a dos años de presidio, en caso de reincidencia de dos a cuatro años y de doscientos cincuenta a quinientos días de multa.
FABRICACION: El que fabricare ilícitamente sustancias controladas, será sancionado con presidio de cinco a quince años y dos mil quinientos a siete mil quinientos días de multa.
Las personas dedicadas al proceso de maceración de coca llamados "pisacoca", serán sancionados con la pena de presidio de uno a dos años y de doscientos a quinientos días de multa, siempre que colaboren con la investigación y captura de sus principales.
TRAFICO: El que traficare con sustancias controladas será sancionado con presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte mil días de multa.
CONSUMO Y TENENCIA PARA EL CONSUMO: El dependiente y el consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas en cantidades mínimas que se supone son para su consumo personal inmediato, será internado en un instituto de farmacodependencia público o privado para su tratamiento hasta que se tenga convicción de su rehabilitación.
ADMINISTRACION: El que ilícitamente administrare a otros, sustancias controladas, será sancionado con diez a quince años de presidio y mil quinientos a tres mil días de multa, cualquiera fuere la cantidad administrada.
SUMINISTRO: El que suministrare ilícitamente a otros sustancias controladas, será sancionado con presidio de ocho a doce años y mil a dos mil días de multa, cualquiera sea la cantidad suministrada.
AGRAVANTES: Si como consecuencia de la administración o suministro ilícito de sustancias controladas resultare un quebrantamiento grave de la salud, la sanción será de quince a veinte años de presidio y mil a tres mil días de multa.
ASOCIACION DELICTUOSA Y CONFABULACION: Los que se organicen en grupo de dos o más personas para la comisión de los tipos penales establecidos en la presente ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal.
INDUCCION: El que indujere a otro al uso indebido de sustancias controladas, será sancionado con cinco a diez años de presidio y dos mil a cuatro mil días de multa.
TRANSPORTE: El que ilícitamente y a sabiendas trasladare o transportare cualquier sustancia controlada, será sancionado con ocho a doce años de presidio y mil a mil quinientos días de multa e incautación definitiva del motorizado o medios de transporte.
INSTIGACION: El que instigare o incitare a otro a la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en el presente Título, será sancionado con cuatro a seis años de presidio y dos mil a tres mil días de multa. Sí el instigado fuere menor o incapaz, la pena será de cinco a diez años de presidio y dos mil a cuatro mil días de multa.
ASESINATO: El homicidio causado por expreso propósito mediante uso de sustancias controladas, equivale al uso de veneno, que constituye delito de asesinato conforme al articulo 17 de la Constitución Política del Estado y al inciso 5) del articulo 252 del Código Penal.
FALSIFICACION: El que adulterare o falsificare receta médica con objeto de obtener sustancias controladas, será sancionado con tres a cinco años de presidio y doscientos a cuatrocientos días de multa.
IMPORTACION: El importador de sustancias controladas que no cumpliere con los requisitos exigidos por la presente ley, será sancionado con la suspensión de su registro de importador por el término de doce meses y diez mil días le multa. En caso de reincidencia, se impondrá la cancelación definitiva de su registro Fe importador y su personero legal responsable será pasible de las penas establecidas por el artículo 48º.
OBLIGACION DE DENUNCIA POR EL PROPIETARIO: El propietario que tuviere conocimiento de que en sus predios o inmuebles se siembre, cultive, coseche, colecte plantas o partes de, plantas controladas a las que se refiere la presente ley, o que se fabriquen o elaboren sustancias controladas y no comunique estos hechos a las autoridades competentes, será sancionado con tres a cinco años de presidio e incautación o reversión de su propiedad.
ENCUBRIMIENTO EN LOCALES PUBLICOS: Los propietarios, gerentes, administradores o concesionarios de hoteles, moteles, restaurantes, confiterías, clubes, bares, locales de diversión, prostíbulos, casas de cita, hospitales, clínicas y otros establecimientos abiertos al público, están obligados a informar a las autoridades competentes sobre la presencia de personas que trafiquen, posean o consuman sustancias controladas bajo la sanción de uno a dos años de presidio y quinientos a mil quinientos días de multa. En caso de comprobarse permisibilidad, encubrimiento o complicidad será sancionado de dos a seis años de presidio y de dos mil a cuatro mil días de multa.
OBLIGACION DE PROFESIONALES: Los profesionales de ramas médicas y de otras, en cuyo ejercicio tuvieran facultad de expedir recetas sobre sustancias controladas y que lo hagan sin llenar las formalidades previstas por disposiciones legales, serán sancionados de conformidad al Código de Salud más dos mil a cuatro mil días de multa. En caso de reincidencia serán sancionados con inhabilitación definitiva del ejercicio profesional, con presidio de dos a cinco años.
VENTA EN FARMACIA: El propietario, regente o empleado de droguería, farmacia o local de comercio autorizado para la venta de medicamentos, que despacharen sustancias controladas sin llenar las formalidades previstas en las disposiciones legales, serán sancionados en la siguiente forma:
INVENTARIOS Y REGISTROS: Los responsables de firmas importadoras, droguerías, farmacias o locales autorizados para el expendio o suministro de medicamentos con sustancias controladas, cuya existencia en depósitos no guarden relación con sus inventarios y registros, serán sancionados con dos mil a cuatro mil días de multa y la incautación de la mercadería.
FUNCIONARIOS PUBLICOS: Cuando autoridades, funcionarios, empleados públicos, cometieren los delitos tipificados en esta ley, participaren de ellos en ejercicio de sus funciones o empleos o se valieren de ellos, la sanción se agravará en un tercio de lo establecido, además de la inhabilitación definitiva para el ejercicio de la función pública.
COHECHO PASIVO: El funcionario, empleado o autoridad que para hacer o dejar de hacer algo con referencia a la presente ley, recibiere directa o indirectamente para si o para otros dádivas o aceptare ofrecimientos o promesas, serán sancionados con presidio de ocho a doce años y de dos mil a cinco mil días multa.
COHECHO ACTIVO: En casos comprobados, el que directa o indirectamente diere u ofreciere, aunque no fueren aceptadas, dádivas o recompensas de cualquier tipo a un funcionario, empleado público o autoridad, para él o un tercero, con el propósito de que haga u omita un acto referente al cumplimiento de la presente ley, será sancionado con cuatro a ocho años de presidio y de mil a dos mil días multa.
CONCUSION PROPIA: El funcionario, empleado público o autoridad que valiéndose de sus funciones o mediante amenaza obtuviere un provecho ilícito relacionado con el tráfico de sustancias controladas será sancionado con ocho a doce años de presidio y dos mil a cuatro mil días multa.
CONCUSION IMPROPIA: Cuando los actos a que se refiere el articulo anterior sean cometidos por un particular, que simule ser funcionario, empleado público o autoridad, la sanción será de diez a quince años de presidio y tres mil a seis mil días multa.
ALTERACION O SUSTITUCION DEL OBJETO DEL DELITO: El que ordenare alterar o alterare cualitativa o cuantitativamente o sustituyere el cuerpo del delito o los medios de comprobación del mismo que hayan sido decomisados o secuestrados. será sancionado con diez a quince años de presidio y mil a dos mil días multa.
CONFISCACION DE BIENES: Además de las sanciones establecidas en los artículos anteriores, se impondrán las siguientes:
EVASION: El que se evadiera estando legalmente detenido por comisión de alguno de los delitos tipificados en esta ley, además de la pena principal, será sancionado con dos a cuatro años de presidio y dos mil a cuatro mil días multa
EXCARCELACION: El funcionario público que con-ceda la salida ilícita de algún detenido, en relación con los delitos previstos en la presente ley, será sancionado con cuatro a ocho años de presidio y dos mil a cuatro mil días multa Se prohíben las internaciones médicas fuera de los recintos carcelarios de los procesados por los delitos tipificados en la presente ley.
ENCUBRIMIENTO: La persona que después de haber cometido un delito previsto en la presente ley, sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia, será sancionado con cuatro a seis años de presidio y mil a dos mil días multa.
COMPLICIDAD: El cómplice de un delito relativo a sustancias controladas, será sancionado con dos terceras partes de la pena imponible al autor.
RECEPTACION: El receptador de un delito relativo a sustancias controladas, recibirá la mitad de la pena imponible al autor.
USO DE ARMAS: Sufrirá la agravante de la mitad de la pena que le corresponde, el que, en la comisión de un delito tipificado en la presente ley o para resistir a la autoridad, usare armas.
APOLOGIA DEL DELITO: Los que de manera tendenciosa, falsa o sensacionalista hicieren por cualquier medio, pública apología de un delito o de una persona procesada o condenada por narcotráfico, serán sancionados con dos a cinco años y dos mil a cuatro mil días multa.
Los términos y plazos legales establecidos son fatales e improrrogables, su incumplimiento o inobservancia hacen pasible a sus autores a enjuiciamiento, presumiéndose en este caso la comisión del delito de encubrimiento tipificado y sancionado por el articulo 77 de la presente ley.
Para el conocimiento y juzgamiento de las acciones emergentes de la presente ley, se crean e incorporan a la Ley de Organización Judicial,
Los Jueces de Partido de Sustancias Controladas deberán cumplir, para su designación con los mismos requisitos exigidos por el articulo 121 de la Ley de Organización Judicial.
En caso de impedimento de cualquier Juez de Partido de Sustancias Controladas para formar acuerdo. será suplido por el Juez de Partido de turno en lo Penal de la respectiva Captal.
Para la atención. seguimiento y fiscalización de los procesos de Sustancias Controladas tramitados en los Juzgados creados por esta ley, el Ministerio Público designará cuantos Fiscales de Partido sean necesarios, para el cumplimiento de sus funciones.
Las diligencias de Policía Judicial deberán ser documentadas en actas de su intervención suscritas imprescindiblemente por el fiscal que la dirija; en ella constará, con clara especificación la identificación del o los implicados. día, lugar y circunstancias, la incautación de sustancias controladas, objetos, instrumentos, dineros, bienes y valores, así como la detención de sospechosos
El Juzgado de Partido de Sustancias Controladas, dentro de las 24 horas de haber recibido las diligencias de Policía Judicial con el requerimiento correspondiente, dictará el Auto de Apertura de Procese, calificando los hechos con criterio propio, aún apartándose del requerimiento fiscal en aquellos casos en los que de la revisión de antecedentes se pueda inferir mayor gravedad do los hechos.
En ningún caso se admitirá excepciones prejudiciales como cuestiones previas; sólo son admisible la muerte del procesado y el caso juzgado.
El Ministerio Público, como representante del Estado y de la Sociedad y en cumplimento de la obligación que le asigna el inciso a) del articulo 96, propondrá sus pruebas a tiempo de requerir la apertura del proceso.
DESTINO DEL PRODUCTO DE REMATE: El producto de los remates y el dinero efectivo incautado se destinará al Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, de acuerdo al articulo 71, inciso b).
RECURSOS: Las sentencias serán obligatoriamente consultadas ante la Corte Superior, sin perjuicio de que sean apeladas. Los Autos de Vista serán obligatoriamente revisados por la Corte Suprema, sin perjuicio de que sean recurridos por las partes.
TERMINO PARA RESOLVER CONSULTAS, APELACIONES Y RECURSOS: En el trámite de apelación y consulta de sentencia ante la Corte Superior del Distrito, el Fiscal del distrito tendrá 9 días hábiles para dar su requerimiento y la sala pertinente 9 días hábiles para su fallo, no debiendo durar más de 21 días hábiles el total del trámite, desde que la causa hubiere ingresado a despacho, bajo pena de retardación de justicia.
INTERNACION EN CASA DE SALUD: Sólo en casos de urgencia médica el tribunal de la causa podrá disponer la internación de un procesado detenido en un hospital o clínicas públicas por el tiempo que dure el tratamiento, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
PRESCRIPCION DE ACCION Y DE PENA: La acción para juzgamiento de los delitos establecidos en esta ley prescribirá en el término de veinte años, computable desde el día de su comisión.
SUSPENSION POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
TRAMITES DILATORIOS: Si fueren rechazados los incidentes y recusaciones, pedidos de excusa o cualesquiera otros recursos capaces de dilatar la duración del juicio, los abogados que los plantearen sufrirán las siguientes sanciones:
INASISTENCIA A DEBATES: El abogado que no asistiere a debates será sancionado de la siguiente manera:
REGISTROS DE SENTENCIAS: El Tribunal de la causa remitirá obligatoriamente copias legalizadas de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, Auto de Vista y Auto Supremo, al Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, para fines de registro y estadística.
SUBSIDARIEDAD: Todo procedimiento no regulado especialmente por esta ley, se regirá por las normas generales del Código de Procedimiento Penal y otras leyes vigentes.
ARTICULO 132.- El CONSEJO NACIONAL CONTRA EL USO INDEBIDO Y
El CONSEJO NACIONAL CONTRA EL USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS, estará conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores y Culto; Interior, Migración y Justicia; Planeamiento y Coordinación; Asuntos Campesinos y Agropecuarios; Previsión Social y Salud Pública; Educación y Cultura; Defensa Nacional; Finanzas y Aeronáutica.
COOPERAClON INSTITUCIONAL: Las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional, a petición del Consejo Nacional, pondrán a disposición de éste las unidades, equipo y personal especializado de sus dependencias para la lucha contra el uso indebido y tráfico de drogas Esta cooperación incluirá las áreas operativas y de tareas, así como de investigación e información.
INSTITUTOS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION EN DEPENDENCIA QUIMICA O FARMACODEPENDENCIA: El Estado creará institutos y centros de investigación, prevención, tratamiento y rehabilitación para la dependencia química, física y psíquica (fármacodependencía), en el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los consumidores de sustancias controladas.
FUNCIONES: Los institutos mencionados en el artículo 136º diagnosticarán y tratarán a todo consumidor internado por disposición judicial, así como aquellos que sean solicitados por sus familiares o voluntariamente. Evaluarán las condiciones del fármacodependiente o toxicómano conducido al establecimiento y otorgarán todo informe técnico requerido por autoridad competente.
PERIODO DE TRATAMIENTO: El que se presentare voluntariamente para ser tratado no podrá ser obligado a quedarse interno, a menos que estuviera en condiciones graves para su salud o proclive a actos antisociales y delictivos.
MENORES DE 16 AÑOS: Los consumidores que sean menores de 16 años serán puestos inmediatamente a disposición del Tribunal del Menor, que determinará obligatoriamente las medidas que se tomarán para su rehabilitación. En esta tarea cooperarán los padres o responsables del menor.
EDUCACION FORMAL: Los planes y programas en los niveles intermedio, medio, superior, técnico en las materias pertinentes de estudios sociales, biológicas y psicológicos, contendrán temas destinados a comprender los fenómenos que genera el tráfico y el consumo de drogas.
EDUCACION NO FORMAL: El Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas utilizará la educación no formal, como una estrategia para llegar al público, a fin de prevenir el consumo, el tráfico y la delincuencia relacionadas con sustancias controladas y hacer participar a la población y a la comunidad en la prevención integral. En estas tareas se requerirá la cooperación intersectorial, interinstitucional e interdisciplinaria, bajo la necesaria dirección del Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas.
DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN MATERIA DE DROGAS: El Consejo Nacional diseñará políticas específicas en materia de información y comunicación social destinadas a la prevención integral del tráfico y consumo de drogas en sus aspectos informativos y de la utilización de medios masivos de comunicación pública y privada para efectuar campañas de prevención.
REGLAMENTACION: El Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, de acuerdo con el Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, dictará los reglamentos sobre la organización, selección del personal, funcionamiento y responsabilidad de los institutos de investigación en fármacodependencias
DE LA REINCORPORACION SOCIAL: Los organismos competentes serán los encargados de adecuar los mecanismos correspondientes para facilitar la reinserción social y laboral de los extoxicómanos.
COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONALES: Siendo el narcotráfico un delito transnacional de "lesa humanidad" y contrario al derecho internacional, el Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas coordinará sus acciones con entidades públicas y privadas extranjeras, así como con Gobiernos y Organismos internacionales. Asimismo, de acuerdo con los intereses del Estado y para el cumplimiento de sus fines podrá solicitar asesoramiento y colaboración de entidades públicas y privadas, empresas extranjeras, Gobiernos y entidades internacionales para lograr una acción conjunta y eficaz, en cumplimiento de convenios internacionales y en el marco de la Constitución Política del Estado.
EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES EN EL EXTRANJERO: El Poder Ejecutivo podrá celebrar acuerdos con otros Estados dentro del marco de las disposiciones legales respectivas, para que los bolivianos condenados en ellos por delitos de tráfico de sustancias controladas, sean repatriados y cumplan su pena en territorio nacional. En reciprocidad podrá también acordar que los extranjeros condenados en Bolivia por iguales delitos, cumplan su condena en sus países de origen.
CONVENIOS INTERNACIONALES: Los convenios internacionales relativos al tráfico ilícito de drogas se sujetarán a las previsiones constitucionales.
EXTRADICION: La extradición por los delitos de narcotráfico se regularán de conformidad a lo previsto por el articulo 3º del Código Penal.
Excepcionalmente, y por esta única vez y en el plazo de un año después de la publicación de la presente ley, los productores campesinos de coca ubicados en la zona c) definida en el articulo 8º podrán sujetarse a erradicación con compensación económica.
Excepcionalmente los productores de coca del Parque Isiboro Securé, recibirán el mismo tratamiento de la zona de producción excedentaria definida en el artículo octavo.
La penalización del articulo 82 tendrá vigencia conjuntamente el funcionamiento de los Juzgados de Partido de Sustancias Controladas
Fdo. VICTOR PAZ ESTENSORO.- Dr. Juan Carlos Durán Saucedo.- Ministro del Interior, Migración y Justicia.- Lic. José G. Justiniano Sandoval.- Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.- �
METAZOZINA
BENZFETAMlNA
(D.S. Nº 22099 - 28 de diciembre de 1988)
Se aprueba el adjunto REGLAMENTO DE LA LEY 1008 SOBRE REGIMEN DE LA COCA Y SUSTANCIAS CONTROLADAS en todo su tenor.
El objeto del presente instrumento es reglamentar las disposiciones de la ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Los fines son promover y facilitar la aplicación de la ley de acuerdo con la atribución primera del articulo 96 de la Constitución Política del Estado.
Las zonas de cultivo tradicional de la coca de producción excedentaria en transición y de producción ilícita, son las definidas en los artículos 9, 10 y 11 de la ley 1008.
El control de la producción de la hoja de coca estará a cargo de la Subsecretaria de Desarrollo Alternativo y Sustitución de Cultivos de Coca, encargada, asimismo, de los viveros estatales de almácigos de coca para su provisión exclusiva a la zona tradicional.
El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios organizará y llevará el catastro rural de las zonas tradicionales y excedentarias de producción de arbustos de coca. Los terrenos que no se hallen catastrados en el plazo de un año calendario, computable desde la fecha del presente reglamento, serán consideradas áreas de producción ilícita y erradicados sus cultivos sin compensación alguna.
El Consejo Nacional de Reforma Agraria, el instituto Nacional de Colonización y las oficinas de Registro de Derechos Reales de La Paz y Cochabamba, remitirán a la oficina de Catastro del Ministerio De Asuntos Campesinos y Agropecuarios en el plazo de 120 días, perentorios a partir de la fecha, la nómina de los beneficiarios de adjudicación y/o dotación de tierras ubicadas en las zonas a) y b) descritas en los artículos 9 y 10 de la ley 1008, con especificación de superficies y modificaciones que pudieran haber sufrido dichas propiedades desde su adjudicación y/o dotación.
La determinación de los volúmenes de producción de hojas de coca destinados al comercio lícito corresponde a la Subsecretaria de Desarrollo Alternativo y Sustitución de Cultivos de Coca, de acuerdo al artículo 29 de la ley 1008, en concordancia con el Plan Integral de Desarrollo y Sustitución (PIDYS).
La circulación y comercialización de la hoja de coca para consumo y usos lícitos estarán bajo el control de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca, dependiente del despacho del Ministro del Interior, Migración y Justicia, para prevenir y evitar su desvío hacia fines ilícitos.
Los productores y/o comercializadores de hojas de coca que no dirijan el producto a los mercados primarios, serán sancionados con el decomiso y consiguiente incineración. Queda prohibido el establecimiento de trancas que no sean expresamente autorizadas por los organismos legalmente competentes; así como la emisión de valores, comprobantes y recibos no permitidos por disposición legal.
La Subsecretaría de Desarrollo Alternativo es responsable de la planificación y seguimiento del programa de reducción de cultivos de coca, de acuerdo con el Titulo I de la ley 1008 y del diseño, puesta en marcha y ejecución del Plan integral de Desarrollo Alternativo y Sustitución de Cultivos (PIDYS).
La Subsecretaria de Desarrollo Alternativo, mediante sus organismos técnicos, realizará las tareas de delimitación de áreas, mensura, catastración, empadronamiento, licencias y registro de productores de coca, así como dirigirá los programas regionales y locales del Plan Integral de Desarrollo y Sustitución.
La Subsecretaría de Desarrollo Alternativo administrará y programará, mediante sus organismos técnicos, las metas anuales, el sistema de compensación económica, registro y certificación de la reducción voluntaria de cultivos de coca. Dicha reducción se hará paralelamente a la programación de planes de desarrollo local, microregional y regional en el marco del PIDYS y la existencia de recursos financieros nacionales e internacionales, de acuerdo al Capítulo III de la ley 1008.
El Plan Integral de Desarrollo y Sustitución será el instrumento operativo para aplicar las normas establecidas en la ley 1008 y contará con los programas de control de la producción de coca y reconversión agrícola, reactivación económica, desarrollo regional y participación social.
La ejecución del Plan integral de Desarrollo y Sustitución contará con la participación de los productores en sus diferentes fases y etapas. Para su aplicación, la Subsecretaria de Desarrollo Alternativo organizará comités regionales, microregionales y locales del PIDYS.
El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo será objeto de reglamentación especial por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Alternativo.
Los productores de hoja de coca que voluntariamente 1articipen en los programas de reducción y sustitución acudirán al organismo especializado de la Subsecretaría de Desarrollo Alternativo, en el marco del PlDYS. Los campesinos que no produzcan coca asentados en las zonas a) y b) del articulo de la ley 1008 también podrán beneficiarse de los programas de desarrollo alternativo. Los recursos de la compensación serán tanto de beneficio individual orno colectivo, priorizando proyectos económicos y sociales.
La otorgación de licencias para la importación y/o exportación, comercialización de materias primas y medicamentos terminados que contengan sustancias controladas, estupefacientes y psicotrópicos se hará mediante la solución ministerial pronunciada por el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, lo que informará a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
La importación, exportación. elaboración y comercialización de sustancias químicas de uso industrial enumeradas en la lista V del anexo de la ley 1008 y las que se agreguen posteriormente, serán autorizadas, fiscalizadas y ni roladas por los organismos técnicos del Consejo Nacional Contra el Uso indebido y trafico Ilícito de Drogas.
Las farmacias autorizadas por el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, para la venta de medicamentos que contengan sustancias controladas, solo expedirán sus productos mediante receta médica en formularios del Ministerio en dos ejemplares en los que conste nombre y carnet de identidad del paciente. Un ejemplar se enviará cada treinta días al Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y otro quedará en poder de la farmacia para su descargo.
Las aduanas distritales, agentes aduaneros y porteadores que en el término de 48 horas no remitan sus informes pormenorizados y documentación sobre importación y exportación de productos o materias primas que contengan sustancias controladas, al Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y al Consejo Nacional Contra el Uso indebido y Tráfico ilícito de Drogas, serán pasibles a la suspensión de sus funciones o actividades.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico llevará un registro a nivel nacional de las personas naturales y jurídicas dedicadas a la importación, elaboración y comercialización de sustancias controladas, organizando un kardex con toda la información pertinente. Los infractores serán sancionados de acuerdo a ley.
El Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, en coordinación con los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo; Energía e Hidrocarburos, organizará un inventario de entradas, salidas y existencia de drogas que produzcan dependencia, en laboratorios, farmacias y casas importadoras; y de precursores. Levantarán estadísticas sobre las necesidades oficiales y particulares de dichas drogas y precursores.
Los laboratorios, establecimientos farmacéuticos y las firmas comerciales que elaboren, distribuyan e importen drogas o medicamentos que produzcan dependencia, así como los precursores, no podrán tener en existencia cantidades superiores a 1as autorizadas.
En ningún caso las penas por delito de narcotráfico podrán exceder los 30 años de presidio, conforme al artículo 17º de la Constitución Política del Estado,
Los menores de 16 años que hubiesen incurrido en delitos penados por la ley 1008, serán internados en centros especiales hasta su total rehabilitación.
Se entiende por tenencia para consumo personal inmediato, la cantidad de droga equivalente a 48 horas de consumo, dictaminado por dos peritos médicos a los que se refiere el artículo 49 de la ley 1008. Si la cantidad fuese mayor se presume como tráfico.
El que destine un bien, mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene, transporte, venda o use algunas sustancias controladas y/o autorice y tolere en ellos el consumo de drogas controladas, será sancionado de conformidad con el artículo 71 de la ley 1008.
Los bienes, muebles o inmuebles, medios de transporte aéreo, fluvial y terrestre incautados, que no fuesen reclamados por sus propietarios en el plazo de 30 días, pasarán en propiedad al Consejo Nacional Contra el Uso indebido y Tráfico Ilícito de Drogas.
En los delitos de suministro e inducción, la calificación y gradación de la pena tomará en cuenta modo, forma, cantidad, tiempo, lugar y circunstancias atenuantes y agravantes.
Incurren en contravención a la ley, debiendo ser sancionados de acuerdo a disposiciones legales en vigencia, el propietario o arrendatario de predios o zonas donde:
Los Fiscales de Partido asignados a los Juzgados de Partido de Sustancias Controladas, comandos distritales de la Fuerza Especial y a la Subsecretaría de Defensa Social, deben ser profesionales especializados en la materia.
Las diligencias de Policía Judicial levantadas por las autoridades provinciales y cantonales y los detenidos que hubiere, deben ser remitidos dentro de las 48 horas al Comando Distrital de la Fuerza Especial más cercano.
El término a que se refiere el articulo 97 de la ley 1008 será de 48 horas por cada detenido, con la finalidad de completar las investigaciones.
Las diligencias de Policía Judicial incluirán los siguientes documentos:
El Estado y las empresas privadas no discriminarán en 1 provisión de empleos a las personas rehabilitadas y socialmente readaptadas.
Se considera de utilidad pública, la construcción de sociedades civiles, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, para la prevención, rehabilitación y la investigación científica sobre materias a que se refiere la ley, su funcionamiento estará sujeto a reglamentación especial y a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 136 de la ley 1008.
El Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico ilícito, de Drogas, mediante sus organismos competentes desarrollará planes y p :gramas de prevención, tratamiento, rehabilitación así como reinserción social; y contra el consumo ilícito de estupefacientes y sustancias psícotrópícas.
Los Ministerios del Interior, Migración y Justicia; Defensa Nacional; Aeronáutica; Educación y Cultura; Informaciones; Fuerzas Armadas; Policía Nacional y Universidades, así como otras instituciones públicas o privadas, incluirán en sus planes y programas de estudio curricular, materias referentes a la prevención del uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
El uso indebido de drogas como tema de estudio debe incluirse obligatoriamente en el contenido curricular de los programas educativos del nivel básico al superior.
El Consejo Nacional de Prevención y Rehabilitación presentará a la Comunidad Educativa, programas difundidos en los medios de comunicación masiva destinados a informar sobre el tratamiento, rehabilitación y reinserción social.
En cada comunidad educativa se organizará una comisión interdisciplinaria con la participación de docentes y padres de familia y en coordinación con los comités de prevención departamentales para la promoción y difusión del conocimiento integral del fenómeno del uso indebido de drogas y su tratamiento.
Los Institutos de Tratamiento y Rehabilitación estarán bajo control y supervisión del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública.
Las unidades sanitarias del país estarán encargadas de la supervisión del funcionamiento de los centros de tratamiento, rehabilitación y reinserción social.
Cuando los tribunales tutelares dispongan la internación obligatoria de menores para su tratamiento y rehabilitación en centros especializados de salud, atendidos por el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, los aspectos sociales serán atendidos por los organismos competentes.
La Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, mediante el órgano de protección de menores definirá y ejecutará políticas de rehabilitación para menores fármacodependientes en coordinación con el Consejo Nacional de Prevención y Rehabilitación,
Se creará centros departamentales de rehabilitación para menores fármacodependientes, cuyo funcionamiento se sujetará a normas establecidas por el Consejo Nacional de Prevención y Rehabilitación.
Los menores de 16 años que incurran en hechos calificados como delitos tipificados en la ley 1008, serán sometidos a tratamiento que disponga la autoridad especializada llamada por ley.
Los contenidos y métodos de la información preventiva, deben basarse en el conocimiento de la realidad nacional en relación al problema del uso indebido de drogas y a las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas y sus agencias especializadas.
La información relacionada con los problemas de tráfico ilícito y consumo indebido de drogas debe ajustarse a las normas de ética periodística, tendiendo a la educación preventiva y evitando la distorsión de los hechos y valores, Los infractores serán sancionados conforme al artículo 79 de la ley 1008.
Se prohíbe la difusión pública de información, donde figuren menores de edad y de su identidad en hechos relacionados con actividades del tráfico o consumo de drogas.
El Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas coordinará la cooperación internacional y dispondrá el destino y uso de los recursos provenientes de esa fuente en los organismos, planes y programas correspondientes.