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Timestamp: 2018-11-13 01:07:56
Document Index: 314691438

Matched Legal Cases: ['Artículo 158', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 161', 'artículo 50', 'Artículo 162', 'Artículo 163', 'artículo 50', 'Artículo 164', 'Artículo 165', 'Artículo 166', 'artículo 161', 'Artículo 167', 'Artículo 168', 'Artículo 169', 'Artículo 170', 'artículo 87', 'Artículo 171', 'Artículo 172', 'Artículo 173', 'Artículo 174', 'artículo 48', 'artículo 126', 'Artículo 175', 'artículo 177', 'Artículo 176', 'Artículo 177', 'Artículo 178', 'Artículo 179', 'artículo 174', 'Artículo 180', 'Artículo 181', 'Artículo 182', 'artículo 27', 'Artículo 183']

Artículo 158.- - Considerand o
Artículo 158.- Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escritura en que conste la adjudicación de un inmueble, la autoridad hacendaria dispondrá que se entregue al adquirente, si estuviere habitado por el deudor o por terceros que no tuvieren contrato para acreditar el uso en los términos que establece el Código Civil del Estado de Chiapas, concediendo el plazo para la entrega del bien que establece el citado Código.
Artículo 159.- En el caso en que los bienes rematados no puedan ser entregados al postor a cuyo favor se hubiera fincado el remate en la fecha en que éste lo solicite, por existir impedimento jurídico debidamente fundado para ello, aquél podrá, en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que solicite la entrega de los bienes, solicitar a la autoridad hacendaria la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes. La autoridad entregará la cantidad respectiva en un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha en que se efectúe la solicitud. Si dentro de este último plazo cesa la causa por la cual la autoridad hacendaria se vio imposibilitada para efectuar la entrega de los bienes rematados, se procederá a la entrega de los mismos, en lugar de entregar al postor las cantidades pagadas por esos bienes.
Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, sin que el postor solicite a la autoridad hacendaria la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes, el importe de la postura causará abandono a favor de la Secretaría, dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que concluya el plazo antes citado y se estará a lo dispuesto en Reglamento de este Código.
En el caso en que la autoridad hacendaria entregue las cantidades pagadas por la adquisición de los bienes rematados, se dejará sin efectos el remate efectuado. Si con posterioridad a la entrega de las cantidades señaladas anteriormente, cesa la causa por la cual la autoridad hacendaria se vio imposibilitada jurídicamente para efectuar la entrega de los bienes rematados, esta deberá iniciar nuevamente el procedimiento establecido en esta sección para enajenar los mismos, dentro de los quince días siguientes a aquél en que haya cesado el impedimento o se cuente con resolución firme que permita hacerlo.
Artículo 160.- Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de un remate, por sí o por medio de interpósita persona a las autoridades hacendarías, al personal adscrito a las áreas de recaudación de ingresos y aquellas que hubieren intervenido por parte de la autoridad hacendaria en los procedimientos de ejecución. El remate efectuado con infracción a este precepto será nulo y los infractores serán sancionados de acuerdo con lo que establece este Código.
Artículo 161.- El producto obtenido del remate, enajenación o adjudicación de los bienes al fisco, se aplicará a cubrir el crédito fiscal en el orden que establece el artículo 50 de este Código.
Cuando hubieren varios créditos, la aplicación se hará por orden de antigüedad de los mismos.
Artículo 162.- La Secretaría tendrá preferencia para adjudicarse los bienes ofrecidos en remate, en los siguientes casos:
A falta de postores.
A falta de pujas.
La adjudicación tendrá la naturaleza de dación de pago en los términos de los artículos 167 y 168 del presente Código.
Artículo 163.- Cuando no hubiera postores o no se hubieran presentado posturas legales, la autoridad hacendaria se adjudicará el bien. En este caso el valor de la adjudicación será el 60% del valor de avalúo.
Los bienes que se adjudiquen a favor de la Secretaría, podrán ser donados para obras o servicios públicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizados para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta.
La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autoridad hacendaria firme el acta de adjudicación correspondiente.
Cuando la traslación de bienes se deba inscribir en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el acta de adjudicación debidamente firmada por la autoridad hacendaria tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que se considerará como testimonio de escritura para los efectos de inscripción en dicho Registro.
Para los efectos de la Ley de Ingresos del Estado, los ingresos obtenidos por la adjudicación se registrarán, hasta el momento en el que se tenga por formalizada la adjudicación.
Una vez aplicado el producto obtenido por la adjudicación, en los términos del artículo 50 de este Código, el saldo que en su caso quede pendiente a cargo del contribuyente, se registrará en una subcuenta especial de créditos incobrables.
De los ingresos obtenidos por remates de los bienes, disminuidos con los gastos de administración y mantenimiento, se destinará el 5% a un fondo de administración y mantenimiento de dichos bienes, que se constituirá en la Secretaría, de conformidad con las reglas generales que al efecto emita esta última. Una vez que se hayan rematado los bienes, la autoridad hacendaria deberá reintegrar los recursos que hayan obtenido de dicho fondo y, de existir remanente, se entregará el 5% de los ingresos obtenidos para su capitalización.
Los bienes adjudicados por las autoridades hacendarias de conformidad con lo dispuesto en este artículo, serán considerados, para todos los efectos legales, como bienes no sujetos al régimen del dominio público del Estado, hasta en tanto sean destinados o donados para obras o servicios públicos en los términos de este artículo.
Artículo 164.- Los bienes embargados podrán enajenarse fuera de remate, cuando:
El embargado proponga comprador antes del día en que se finque el remate, se enajenen o adjudiquen los bienes a favor del fisco estatal, siempre que el precio en que se vendan cubra el valor que se haya señalado a los bienes embargados.
Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o materiales inflamables, siempre que en la localidad no se puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación.
En este último caso, el área de recaudación de ingresos podrá hacer la enajenación directamente o encomendarla, debiendo dar aviso a la Procuraduría Fiscal.
Artículo 165.- Tratándose de bienes o derechos, adjudicados o adquiridos a favor de la Secretaría vía hereditaria, podrán enajenarse o transmitirse fuera de remate cuando así convenga al erario estatal.
Artículo 166.- Cuando existan excedentes después de haber hecho la aplicación del producto del remate, venta fuera de subasta o adjudicación de los bienes embargados, se entregarán al deudor, salvo que medie orden escrita de autoridad competente o que el propio deudor acepte, también por escrito, que se haga entrega total o parcial del saldo a un tercero, con las siguientes modalidades:
Tratándose de bienes que la Autoridad Hacendaria se haya adjudicado, al producto obtenido por la adjudicación se aplicará el monto del crédito fiscal actualizado más sus accesorios, así como el monto de los gastos de administración y mantenimiento en que la autoridad haya incurrido. El remanente del producto mencionado será el excedente que se devuelva al contribuyente.
Cuando se lleve a cabo la adjudicación por remate, el producto obtenido se aplicará en los términos de lo dispuesto en el artículo 161 de este Código, así como a recuperar los gastos de administración y mantenimiento. El remanente del producto mencionado será el excedente que se devolverá al contribuyente.
Artículo 167.- A fin de asegurar la recaudación de toda clase de créditos a favor de la Secretaría, ésta podrá aceptar la dación de bienes o servicios en pago total o parcial de créditos, cuando sea la única forma que tenga el deudor para cumplir con la obligación a su cargo y estos sean de fácil realización o venta, o resulten aprovechables en los servicios públicos estatales, a juicio de la propia Secretaría.
La aceptación o negativa de la solicitud de dación en pago será facultad discrecional de la Secretaría, debiendo resolverse en un término que no excederá de treinta días hábiles contados a partir de que esté debidamente integrado el expediente y no podrá ser impugnada, en caso de que en dicho término no se emita la resolución correspondiente, se tendrá por negada la solicitud.
Las daciones en pago de bienes muebles o inmuebles se aceptarán al valor del avalúo emitido por la autoridad competente.
Tratándose de servicios, la Secretaría determinará los términos, las condiciones y el monto hasta por el cual podrá aceptarse el ofrecimiento del deudor de pagar el crédito mediante la dación en pago de servicios.
La aceptación de bienes o servicios en la modalidad de dación en pago, suspenderá provisionalmente todos los actos tendentes al cobro del crédito respectivo, así como la actualización de su principal y accesorios. De no formalizarse la dación en pago, quedará sin efectos la suspensión del cobro del crédito, debiendo actualizarse las cantidades desde la fecha en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, conforme a las disposiciones que establece este Código.
I.	Tratándose de bienes inmuebles, a la fecha de firma de la escritura pública en que se transfiera el dominio del bien al gobierno estatal a través de la Tesorería Única, misma que se otorgará dentro de los 45 días hábiles siguientes a aquel en que se haya notificado la aceptación. Los gastos de escrituración y las contribuciones que origine la operación, correrán por cuenta del deudor al que se le haya aceptado la dación en pago.
II.	Tratándose de bienes muebles, a la fecha de firma del acta de entrega de los mismos que será dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se haya notificado la aceptación.
Cualquier gasto que resulte de la entrega del bien que corresponda, correrá por cuenta del deudor.
III.	Tratándose de servicios, en la fecha en que estos fueron efectivamente prestados. Al efecto, las dependencias o entidades de la administración pública estatal, deberán manifestar a la Secretaría que los servicios fueron aprovechados por las mismas.
Artículo 168.- Los bienes recibidos en dación en pago quedarán en custodia y administración de la Secretaría, quien tendrá plenas facultades para su enajenación o bien tratándose de bienes muebles también podrá determinar su destino dentro de la Administración Pública Estatal.
Para efectos del párrafo anterior, los bienes podrán enajenarse por medio de licitación pública, subasta o remate o adjudicación directa, siempre y cuando el valor de la enajenación no constituya un valor menor por el que fue recibido, más los gastos de administración y venta generados, excepto cuando el valor del avalúo sea menor, en cuyo caso este será el precio mínimo de venta.
Artículo 169.- El recurso de revocación procederá contra actos administrativos de las autoridades hacendarias estatales.
Artículo 170.- El escrito de interposición del recurso además de los requisitos a que se refiere el artículo 87 de este Código deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Se interpondrá por escrito, firmado por el contribuyente o su representante legal, ante la autoridad hacendaría competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación.
Deberá señalar la resolución o el acto administrativo impugnado y la fecha en que tuvo conocimiento del mismo.
La pretensión que se deduce.
Los hechos que motiven la interposición del recurso.
En el mismo escrito se ofrecerán las pruebas excepto la confesional y la testimonial de las autoridades.
En caso de que el recurrente omita alguno de los requisitos previstos en las fracciones de la I a la V de este artículo se deberá prevenir al promovente para que en el término de diez días subsane las deficiencias, apercibiéndolo que de no hacerlo el recurso se tendrá por no interpuesto.
Si se omite el requisito de la fracción VI de este artículo, se tendrán por no ofrecidas las pruebas.
Artículo 171.- El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso:
Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o de personas morales.
Original o copia autógrafa del documento en el que conste el acto impugnado.
Original o copia autógrafa de la constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el recurrente declare bajo protesta de decir verdad que no la recibió.
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no hubiere podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la autoridad hacendaria requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible.
Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, la autoridad hacendaria requerirá al promovente para que los presente dentro del término de cinco días. Si el promovente no los presentare dentro de dicho término y se trata de los documentos a que se refieren las fracciones I, II y III, se tendrá por no interpuesto el recurso; si se trata de las pruebas a que se refiere la fracción IV, las mismas se tendrán por no ofrecidas.
Artículo 172.- Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos:
Que se refieran a resoluciones dictadas en el recurso administrativo contemplado en este Código o en cumplimiento de éstas o de sentencias.
Que hayan sido impugnados ante el Poder Judicial del Estado.
Que se hayan consentido. Se entienden consentidos los actos administrativos contra los que no se interpuso recurso en el término de Ley.
Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por algún recurso o medio de defensa diferente.
Que fueron dejados sin efecto por la autoridad.
Artículo 173.- Procede el sobreseimiento en los casos siguientes:
Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso;
Cuando durante el Procedimiento en que se substancie el recurso administrativo sobrevenga algunas de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo quede demostrado que no existe el acto impugnado;
Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado.
Artículo 174.- El recurso de revocación procederá contra:
Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades hacendarias estatales que:
Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 48 de este Código.
Los actos de autoridades hacendarias estatales que:
Afecten el interés jurídico de terceros, cuando éstos afirmen ser propietarios de los bienes o negociaciones, o titulares de los derechos embargados.
Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 126 de este Código.
Para efectos de este Código se entiende por resoluciones definitivas a aquellas que ponen fin a un procedimiento.
Artículo 175.- La tramitación del recurso de revocación establecido en este Código, se sujetará a las normas siguientes:
El escrito deberá presentarse a través del buzón tributario durante los cuarenta y cinco días siguientes al cual surta efecto la notificación del acto que se impugna ante la autoridad hacendaria estatal competente, excepto lo dispuesto en el artículo 177 de este Código.
La autoridad hacendaria estatal competente proveerá el desahogo de las pruebas ofrecidas. Al efecto, señalará un término que no podrá exceder de veinte días a partir de la fecha de recepción del escrito.
Artículo 176.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado, antes de acudir ante el Poder Judicial del Estado.
Artículo 177.- Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad hacendaría correspondiente hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo.
Artículo 178.- El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los derechos embargados, podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes que se finque el remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco estatal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales estatales, lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal.
Artículo 179.- Cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los recurribles conforme al artículo 174 de este Código, se estará a las reglas siguientes:
Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la notificación se hará valer mediante la interposición del recurso administrativo contra dicho acto, en el que manifestará la fecha en que lo conoció.
En caso de que también impugne el acto administrativo los agravios se expresarán en el citado recurso, conjuntamente con los que se formulen contra la notificación.
Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento interponiendo el recurso administrativo ante la autoridad hacendaría competente para notificar dicho acto. La citada autoridad le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiere practicado, para lo cual el particular señalará en el escrito del propio recurso, el domicilio en que se le debe dar a conocer y el nombre de la persona facultada al efecto. Si no hace alguno de los señalamientos mencionados, la autoridad citada dará a conocer el acto y la notificación por estrados.
El particular tendrá un plazo de treinta días a partir del día siguiente a aquél en que haya sido notificado, para ampliar el recurso administrativo, impugnando el acto y su notificación o sólo la notificación.
Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, se tendrá al recurrente como sabedor del acto administrativo desde la fecha en que manifestó conocerlo o en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II, quedando sin efecto todo lo actuado en base a aquélla, y procederá el estudio de la impugnación que en su caso, hubiese formulado en contra de dicho acto.
Si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la impugnación contra el acto se interpuso extemporáneamente, desechará dicho recurso.
Artículo 180.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios, pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.
No se podrá revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.
La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente. Asimismo, en dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el juicio contencioso administrativo.
La autoridad emisora de la resolución a que refiere este artículo, en el ejercicio de esta atribución, no será sujeto de imposición de sanciones por daño o perjuicio patrimonial a menos que el acto administrativos emitido, carezca de fundamentación o motivación, no sea congruente con la cuestión efectivamente planteada por el contribuyente, o se acredite en el procedimiento de responsabilidad que al servidor público le son imputables conductas que atentan contra la independencia de criterio que debió guardar al resolver el Recurso Administrativo, es decir, que aceptó consignas, presiones, encargos, comisiones, o bien, que realizó cualquier otra acción que genere o implique subordinación respecto del recurrente, ya sea de manera directa o través de interpósita persona.
Artículo 181.- Las resoluciones que pongan fin al recurso podrán:
Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso.
Mandara reponer el procedimiento administrativo.
Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que se notifique al contribuyente, aun cuando haya transcurrido el plazo que señalan los artículos 67 y 81 de este Código.
Si aquellas resoluciones desfavorecen al contribuyente, solamente los tribunales competentes podrán declarar su nulidad mediante el juicio correspondiente.
Artículo 182.- Se suspenderá el Procedimiento Administrativo de Ejecución durante la tramitación del recurso de revocación, cuando lo solicite el interesado y garantice el crédito fiscal que se trata, en alguna de las formas señaladas por el artículo 27 de este Código.
Artículo 183.- La autoridad deberá resolver el recurso planteado y, notificar tal resolución dentro de un término de cuatro meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso.