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Timestamp: 2019-05-22 21:32:58
Document Index: 191471174

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 32', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 17']

II. TRÁMITE ANTE LA CIDH5
Informe No. 94/18
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Información adicional recibida durante la etapa de estudio
Observaciones adicionales de la parte peticionaria
Competencia Ratione personae: Sí Competencia Ratione loci
IV. DUPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA
Agotamiento de recursos internos o procedencia de una excepción
VII. ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS HECHOS ALEGADOS
Anexo Listado de presuntas víctimas
Presentación de la petición:
Información adicional recibida durante la etapa de estudio:
1 de agosto 2013; 16 de octubre de 2015 y 4 de febrero de 2016
Notificación de la petición al Estado:
Primera respuesta del Estado:
Observaciones adicionales de la parte peticionaria:
28 de julio de 2017 y 5 de marzo de 2018
Observaciones adicionales del Estado:
Competencia__Ratione_personae:__Sí__Competencia__Ratione_loci'>Competencia Ratione personae:
Competencia Ratione loci:
Competencia Ratione temporis:
Competencia Ratione materiae:
Sí, Convención Americana (depósito de instrumento realizado el 24 de marzo de 1981) y Convención de Belém do Pará (depósito de instrumento realizado el 12 de noviembre de 1998)
IV. DUPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA INTERNACIONAL, CARACTERIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional:
Derechos declarados admisibles:
Artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 17 (familia), 19 (derechos del niño), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), y artículo 7 de la Convención de Belém do Pará
Agotamiento de recursos internos o procedencia de una excepción:
Sí, en los términos de la Sección VI
Presentación dentro de plazo:
V. HECHOS ALEGADOS
La parte peticionaria alega que en el Estado de México, en un contexto de numerosos asesinatos de mujeres que se enmarcan en una situación generalizada de violencia basada en género, el 12 de febrero de 2004 Nadia Alejandra Muciño Márquez (en adelante también “la presunta víctima” o “la Sra. Muciño) de 24 años de edad, fue asesinada por su pareja y el hermano de éste. Alega que el homicidio se perpetró en presencia de los tres hijos de ambos, Carlos Rafael, José Uriel y Fernanda, de 5, 4 y 2 años de edad respectivamente. Afirma que éste fue el último de una serie de constantes actos de violencia doméstica sufridos por la presunta víctima, los que fueron denunciados infructuosamente ante las autoridades en diversas oportunidades. Agrega que su familia ha sufrido violencia institucional, ya que el Estado ha vulnerado su derecho al debido proceso y al acceso a la justicia, impidiéndoles conocer la verdad de lo ocurrido, revictimizándolos y colocándolos en una permanente situación de riesgo al promover la impunidad de los responsables.
La parte peticionaria explica que, desde 1998, la Sra. Muciño fue sometida a violencia económica, psicológica y física por parte de su pareja. Destaca que, el 17 de mayo de 2003, la mantuvo secuestrada durante seis días en los que la Sra. María Antonia Márquez Hernández (en adelante también “la Sra. Márquez”), madre de la presunta víctima, solicitó infructuosamente el auxilio de diversos organismos del Estado, quienes se negaron a buscarla. A modo de ejemplo refiere que concurrió al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal quienes, al verificar la edad de su hija, le respondieron “se debe haber ido con el novio” y le dijeron que no la podían buscar sino hasta después de 72 horas. El 5 de junio de 2003, la presunta víctima y su madre denunciaron la privación de libertad ante el Ministerio Público (1501/2003), entidad que no adoptó medida alguna para su protección y para la investigación de los hechos. Refiere que el día 12 de febrero de 2004, la presunta víctima fue asesinada por su pareja y el hermano de éste, en presencia de sus hijos e hija, quienes cuando estuvieron solos buscaron auxilio con una vecina, quien alertó a sus familiares. La policía certificó que el cadáver estaba en el baño, con los pies enlodados y el cuello amarrado por una soga con tres nudos y un cable de luz. Tras el levantamiento del cadáver, el Ministerio Público del Municipio de Cuautitlán Izcalli inició averiguación previa (827/2004), desestimando la hipótesis de suicidio el 6 de enero de 2005 y solicitando la orden de aprehensión de los presuntos responsables el 9 de marzo de 2005.
La Sra. Márquez, imputa responsabilidad al Estado por las irregularidades que caracterizaron la averiguación previa (827/2004). Sostiene que existieron negligencias, tanto en el levantamiento del cadáver como en la preservación de la escena del crimen. Refiere que las autoridades del Ministerio Público no inspeccionaron ni acordonaron el lugar, el que tras dos días fue incendiado, destruyéndose gran parte de la evidencia. Reclama la ausencia de cadenas de custodia, la desaparición del cable y la soga utilizados en el asesinato, y una camisa manchada con sangre, así como la no realización de peritajes destinados a acreditar la existencia de delitos sexuales. Indica que denunció los referidos hechos ante la Fiscalía Especial para Combatir Delitos por Servidores Públicos (161/2012), la que decidió no ejercer la acción penal, razón por la que inició un juicio de amparo que habría sido desechado al igual que su posterior revisión.
La parte peticionaria denuncia que el largo e infructuoso proceso criminal ante el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán se ha extendido por más de una década asegurando la impunidad de los responsables. Respecto de la situación del hermano de la ex pareja de la presunta víctima (causa penal 62/05), la parte peticionaria refiere que el 25 de julio de 2005 quedó firme la orden de aprehensión en su contra, la que se ejecutó el 27 de septiembre de 2007. Posteriormente, el 30 de septiembre de 2007, se dictó auto de formal prisión y el 8 de octubre de 2009 fue condenado a 42 años y seis meses de prisión como autor del delito de homicidio calificado de Nadia Muciño. Refiere que tras la apelación, el 5 de febrero de 2010, la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalneplantla del Tribunal Superior del estado de México (1027/2009) desestimó los testimonios de los niños y otorgó valor a las pericias que confirmaban la hipótesis del suicidio, revocando la sentencia condenatoria por no considerar acreditado el cuerpo del delito, dictando sentencia absolutoria. Ante dicha absolución, el 2 de marzo de 2010 la madre de la presunta víctima promovió amparo directo, que el 5 de abril de 2010 fue rechazado de plano por el Tercer Tribunal Colegiado de Segundo Circuito por falta de legitimación activa debido a su calidad de víctima indirecta, afirmando que la absolución no le causa agravio personal ni directo.
La parte peticionaria alega que el tribunal de alzada arbitrariamente desestimó los testimonios de los dos hijos mayores de la presunta víctima, quienes como únicos testigos presenciales de los hechos habían identificado a los responsables. El tribunal argumentó que los niños no tenían capacidad de distinguir la realidad de la fantasía, pues eran “incapaces de construir un discurso estructurado y elaborado de lo que sucedió”. Refieren que dicha decisión desconoció el derecho de los niños a ser oídos y aseguró la impunidad de uno de los acusados. Frente a la imposibilidad de recurrir la decisión, la Sra. Márquez presentó denuncia penal (162/2012) en contra de los magistrados de la Primera Sala Colegiada. Sin embargo, el Ministerio Público decidió no ejercer la acción penal.
En relación con la situación de la ex pareja de la presunta víctima (causa penal 187/2012), la parte peticionaria refiere que el 25 de julio de 2005 quedó firme la orden de aprehensión en su contra, la que se ejecutó el 14 de junio de 2012. Indica que el 17 de octubre de 2013 quedó firme el auto de formal prisión y el 13 de octubre de 2017 fue condenado en primera instancia a 42años y seis meses de prisión como autor del delito de homicidio calificado, resolución que tras ser apelada por ambas partes, aún se encuentra pendiente. La parte peticionaria sostiene que la espera de tantos años viola cualquier entendimiento de justicia oportuna, que la sentencia condenatoria no se encontraría firme y que el tribunal de alzada podría seguir el mismo razonamiento utilizado para absolver al hermano de la ex pareja. Explica que la Sra. Márquez se ha visto impedida de intervenir en dicho proceso penal, incluso después de las modificaciones legislativas introducidas el 9 de enero de 2013 en favor de las víctimas indirectas. Así, sostiene que el 4 de julio de 2016 la jueza de primera instancia desconoció el derecho de la Sra. Márquez a intervenir en el proceso penal, resolviendo que no le asistía el derecho a interponer recurso de revocación en contra de sus resoluciones. Tal dictamen fue revertido el 13 de diciembre de 2016 por el Juzgado Cuarto de Distrito, al resolver un recurso de amparo indirecto (1055/2016) presentado por la Sra. Márquez.
La parte peticionaria solicita que, en cuanto a los requerimientos de agotamiento de los recursos internos, se considere aplicable la excepción prevista en el artículo 46.2.c de la Convención. Indica que los múltiples recursos que la Sra. Márquez se ha visto obligada a presentar se justifican en las demoras del proceso, el desconocimiento de su legitimidad activa y en su interés en controvertir las resoluciones judiciales que ordenaron el careo de sus nietos con su padre. Por otra parte, agrega que la Sra. Márquez estuvo impedida de ejercer un recurso eficaz contra la sentencia que absolvió a uno de los acusados, y en ese aspecto solicita se declare aplicable la excepción contenida en el artículo 46.2.b de la Convención.
Por su parte, el Estado sostiene que los recursos disponibles en la jurisdicción interna no han sido agotados. Agrega que el proceso penal aún no ha concluido debido a la complejidad del asunto y a la constante interposición de recursos por las partes intervinientes. Respecto de las presuntas omisiones en la averiguación previa denunciadas por la Sra. Márquez, sostiene que si bien dieron lugar a una decisión de no ejercicio de la acción penal, la misma se encuentra en reevaluación del Fiscal Especializado, y por tanto los recursos internos no han sido agotados.
Por otro lado, el Estado afirma que la alegada falta de investigación diligente no caracteriza violación de derechos. Indica que, respecto de la denuncia presentada por la Sra. Márquez, los antecedentes fueron oportunamente remitidos a la oficina especializada del Ministerio Público. Respecto de la investigación del homicidio, si bien el Estado reconoce una dilación de siete años en el cumplimiento de la orden de aprehensión de la ex pareja de Sra. Muciño, alega que la misma no caracteriza una violación a derechos humanos, toda vez que es una obligación de medios y que finalmente se ejecutó la detención. Agrega que diversas diligencias fueron efectuadas y que la Sra. Márquez, en su calidad de coadyuvante, tuvo la posibilidad de presentar, a través del Ministerio Público, los elementos de prueba que considerara pertinentes. En relación con la ausencia de recursos señala que, en última instancia, a consecuencia de un amparo indirecto, las autoridades judiciales reconocieron sus derechos a participar como ofendida en la causa penal 187/2012.
Finalmente, el Estado indica que la peticionaria ha realizado diversos juicios de amparo, los que han sido rechazados por las autoridades judiciales que han estimado que el proceso penal se ha llevado de manera diligente. Respecto de la decisión del tribunal de alzada de desestimar el testimonio de los niños, sostiene que ello se justificó en “la inconsistencia de su narrativa, así como en el nivel de desarrollo de los niños, incapaces de construir un discurso estructurado”. Por tanto, sostiene que las decisiones de las autoridades nacionales se encuentran firmes y que la CIDH no tiene competencia para conocerlas.
VI. ANÁLISIS DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
La parte peticionaria señala que no procede el requisito de agotamiento de los recursos internos, toda vez que se configura la excepción establecida en el artículo 46.2 literales b y c de la Convención. El Estado, por su parte, alega falta de agotamiento ya que el proceso penal aún no ha concluido.
La Comisión observa que, en situaciones como la planteada que incluyen delitos contra la vida e integridad, los recursos internos que deben tomarse en cuenta a los efectos de la admisibilidad son los relacionados con la investigación y sanción de los responsables. Asimismo, la Comisión recuerda que en los regímenes procesales en los que las víctimas o sus familiares pudieren tener legitimación para intervenir en procesos penales, su ejercicio no sustituye en modo alguno a la actividad estatal. Con base en ello, y tomando en consideración que como regla general una investigación relacionada con la presunta muerte violenta de una persona debe realizarse prontamente para proteger los intereses de las víctimas y preservar la prueba, la Comisión concluye que, transcurrida más de una década desde el homicidio sin que las autoridades judiciales hayan establecido los hechos ni sancionado a los responsables, se configura la excepción al agotamiento prevista en el artículo 46.2.c de la Convención6.
En cuanto al plazo de presentación, la Comisión considera que la petición se ha presentado dentro de un plazo razonable con fundamento en el artículo 32.2 de su Reglamento. Esta última determinación deriva del hecho de que si bien los presuntos hechos materia del reclamo iniciaron en mayo de 2003, algunos de los efectos de los hechos alegados se extenderían hasta el presente, como la ausencia de determinación y sanción de los responsables.
En vista de los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes y de la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la CIDH considera que, de ser probados, la alegada falta de protección y prevención del Estado respecto de los abusos, privación de libertad y asesinato de Nadia Alejandra Muciño Márquez en un contexto de discriminación y violencia basadas en el género en el ámbito doméstico, obstáculos en el acceso a la justicia por parte de los familiares, así como la alegada falta de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los hechos denunciados, podrían caracterizar violaciones a los derechos protegidos en los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana en relación con la Sra. Muciño; así como artículos 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 17 (familia), 19 (derechos del niño) y 25 (protección judicial) respecto de sus familiares, todos en relación con los artículos 1.1 y 2. Asimismo, la Comisión Interamericana considera que los alegatos pueden constituir violaciones al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de la Sra. Muciño.
Por último, respecto al alegato del Estado de cuarta instancia, la Comisión observa que al admitir esta petición no pretende suplantar la competencia de las autoridades judiciales domésticas. Sino que analizará en la etapa de fondo de la presente petición, si los procesos judiciales internos cumplieron con las garantías del debido proceso y protección judicial en concordancia con los derechos protegidos por la Convención Americana.
Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos 4, 5, 8, 17, 19, 24 y 25 de la Convención Americana, en conexión sus artículos 1.1 y 2; y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará; y
Notificar a las partes la presente decisión; continuar con el análisis del fondo de la cuestión; y publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los 23 días del mes de agosto de 2018. (Firmado): Margarette May Macaulay, Presidenta; Esmeralda E. Arosemena Bernal de Troitiño, Primera Vicepresidenta; Luis Ernesto Vargas Silva, Segundo Vicepresidente; Francisco José Eguiguren Praeli, Antonia Urrejola, y Flávia Piovesan, Miembros de la Comisión.
Listado de presuntas víctimas
Carlos Rafael López Muciño
José Uriel López Muciño
Fernanda López Muciño
María Antonia Márquez Hernández
Rafael Muciño Sánchez
Rocío Elizabeth Muciño Márquez
Viviana Guadalupe Muciño Márquez
Rafael Muciño Márquez
Mauro Muciño Márquez
Isaac Muciño Márquez
Jaciel Muciño Márquez
1 La petición fue presentada a favor de Nadia Alejandra Muciño Márquez y once de sus familiares, individualizados en documento anexo.
2 Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión, el Comisionado Joel Hernández García, de nacionalidad mexicana, no participó en el debate ni en la decisión del presente asunto.
3 En adelante “Convención” o “Convención Americana”.
4 En adelante “Convención de Belém Do Pará”.
5 Las observaciones de cada parte fueron debidamente trasladadas a la parte contraria.
6 CIDH, Informe No. 57/13, Petición 12.229. Admisibilidad. Digna Ochoa y Otros. México, 16 de julio de 2013, párr. 55.
2018 -> Informe No. 121/18