Source: https://issuu.com/femp/docs/144-julio-2009
Timestamp: 2017-09-26 08:47:08
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144-julio-2009 by Federacion Española de Municipios y Provincias - issuu
Nº 121 ABRIL 2007 Nº 144 JULIO 2009
Reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears Reforma EstatutoSociales de La Ley dedel Servicios Autonomía para Andalucía de Illes Balears Transferencia de competencias Deuda de las entre la Comunidad Autónoma Administraciones Públicas a y las Entidades Locales de diciembre de 2006 Castilla y León Sentencia del Tribunal Proyectos subvencionados por Constitucional sobre el LIFE + de la Unión Europea derecho a disfrutar vacaciones anuales después del permiso de maternidad Clausura fuentede pública (STC de 20de de una noviembre 2006) por el ruido (Sentencia nº 167 del Juzgado de lo ContenciosoLa creación de núm. una 2 de Administrativo Agrupación Europea de Oviedo) Cooperación Territorial
Nº 144 JULIO 2009 CONSEJO EDITORIAL
Pedro Castro Vázquez, Regina Otaola Muguerza, Joaquín Peribáñez Peiró, Luis Guinó i Subirós, Gabriel Alvarez Fernández
La Ley de Servicios Sociales de Illes Balears Aragón: Nuevas Leyes de Ordenación Territorial y de Urbanismo Transferencia de competencias entre la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales de Castilla y León
Gonzalo Brun Brun Proyectos subvencionados por LIFE + de la Unión Europea
CONSEJO DE REDACCIÓN Myriam Fernández-Coronado, Gema Rodríguez López, Juana López Pagán, Guadalupe Niveiro de Jaime, Ana Belén Carrio Martínez, Vesna García Ridjanovic
BREVE Programa de transición al empleo de la Junta de Andalucía Reglamento de vertidos desde tierra al litoral en Cantabria
María Jesús Romanos Mesa
Apoyo a los municipios en la concertación interadministrativa de instrumentos de ordenación territorial y urbanística en Castilla-La Mancha
Ayudas a Planes de Formación Interadministrativos en el marco del IV Acuerdo de Formación Continua
Montserrat Enríquez de Vega
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NORMATIVA ECONOMÍA El Comercio Exterior en un contexto de crisis
JURISPRUDENCIA Clausura de una fuente pública por el ruido (Sentencia nº 167 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Oviedo)
COLABORACIONES La necesidad de acuerdo previo para la interposición de un recurso contencioso-administrativo por la Administración Local
ACTIVIDAD PARLAMENTARIA BIBLIOGRAFÍA
La Ley de Servicios Sociales de Illes Balears El pasado día 18 de junio de 2009, el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 89, Ley 4/2009, de 11 de junio de publicó la Servicios Sociales de las Illes Balears. El paso del tiempo, la puesta en funcionamiento de nuevos servicios, la modernización de los existentes y la dinámica de cambio social han puesto de manifiesto las carencias de las leyes autonómicas, especialmente en cuanto a definición conceptual y configuración de un sistema de servicios sociales, a su ordenamiento, estructuración y financiación, a la tipificación de las prestaciones, a la delimitación de competencias y a la necesaria coordinación de todos los agentes implicados. La política social tiene por cometido reducir las diferencias y optimizar las circunstancias de subsistencia del conjunto de la ciudadanía. La base de una sociedad de progreso se manifiesta por el grado de cohesión social, que se fundamenta en la paridad de oportunidades y en el desarrollo general en el particular. Los Servicios Sociales son un mecanismo que ayuda y beneficia a la emancipación de las personas, para regenerar las situaciones de vulnerabilidad, para descartar escenarios de injusticia social y para colaborar en la inclusión social. La ley que se comenta viene a favorecer y a contribuir a la solución de esta realidad de inicio en el espacio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Las administraciones públicas, en general, se han otorgado de herramientas para lograr estos objetivos y fines: el sistema de salud, el educativo, el judicial, el de pensiones, el de ocupación, las políticas de vivienda y el de servicios sociales. De todos los sistemas del bienestar social, el
de servicios sociales es el que presenta más carencias en su desarrollo, muy relacionado con la falta de financiación suficiente, que lleva al colapso presupuestario. Al objeto de superar las situaciones anómalas, la Ley autonómica prevé por vez primera, la conformidad de carteras de servicios, que contendrán las prestaciones a las que la población disfrutará como derecho, derecho subjetivo, que podrá reclamar a las administraciones competentes y, en última instancia, ante los Tribunales, lo que descarta el perfil asistencial de los servicios sociales. Se implantan mecanismos para igualar a todos los territorios de la comunidad autónoma, con el propósito de avalar a la ciudadanía unas prestaciones mínimas y unas condiciones básicas de calidad de servicios, sin importar la isla o el municipio en el que se hallen o recojan la prestación. De la misma manera, la presente ley procura afrontar la renovación de los Servicios Sociales, implantando una diferencia entre zona básica de servicios sociales y áreas de servicios sociales. Éstas últimas se configuran como el ámbito de actuación de una nueva figura, los centros de servicios sociales, cuya creación pretende mejorar la atención primaria. La norma que se aprobó apuesta claramente por la planificación, responsabilidad de las administraciones públicas de las Illes Balears, que se considera un elemento fundamental para conseguir actuaciones ordenadas y coordinadas que permitan llevar a cabo políticas realmente eficaces y eficientes. De la misma forma, lo hace por la participación ciudadana, razonando que son los diferentes agentes sociales, las personas usuarias de los servicios y la población en general, principio de universalidad, los que mejor consiguen
144 negociar las demandas sociales, y se muestra de acuerdo con la diversidad de los actores que confluyen como proveedores de servicios, no obstante, lejos de dejar de lado el compromiso público de garantizar prestaciones a la ciudadanía, y en ese reconocimiento, el valor de las entidades sociales que representan a los diversos colectivos a los que se tutela la vigente Ley. Pretende, así mismo, dar un importante impulso cualitativo a la mejora de la calidad de los servicios, introduciendo evaluaciones de los servicios con indicadores objetivos que admitan calcular no sólo aspectos materiales y eficaces, del mismo modo los referentes a la satisfacción de las personas usuarias. La Ley consta de 139 artículos, agrupados en nueve títulos, además de 3 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 18 disposiciones finales, de lo cual destacaremos, por las novedades que incorporan, las siguientes: Principios de la Ley En el título I, introduce principios importantes que rigen el espíritu de la Ley: Los de solidaridad, atención personalizada, normalización, promoción de la autonomía, evaluación en la planificación y calidad. Además, se redefinen los principios del principio de universalidad, el principio de igualdad, el de garantizar un nivel mínimo de prestaciones homogéneas a todas las personas en el territorio de la comunidad autónoma, independientemente del municipio o la isla donde vivan. Sistema público de Servicios Sociales El titulo II, representa el verdadero núcleo de la Ley, regula el sistema público de servicios sociales: La definición del sistema público, en el que se integran tanto los servicios de titularidad pública como los servicios concertados y la estructura del sistema público de servicios sociales, que por vez primera se regula en una norma con rango legal y completa los diferentes niveles de atención dentro de la comunidad
autónoma, los servicios sociales básicos, los comunitarios específicos y los servicios sociales especializados. Así mismo regula las prestaciones técnicas, económicas y tecnológicas, los programas, los proyectos y las prestaciones del sistema público de servicios sociales. Contiene una de las grandes novedades de la Ley, las carteras de servicios sociales y que será complementada por las que establecerán los consejos insulares en el marco de sus competencias. Régimen competencial El título III, se ocupa del régimen competencial y organizativo de la consejería que tenga asignadas las competencias en materia de servicios sociales, las de los consejos insulares y las de los municipios. Por primera vez recoge, en una norma de rango legal, la organización territorial de los servicios sociales y establece los principios de organización y los distintos ámbitos de actuación. Regula la coordinación, la consulta y la colaboración entre administraciones, crea una serie de órganos de coordinación: El principal órgano de coordinación es el Consejo de Coordinación de Bienestar Social, integrado por las administraciones públicas de las Illes Balears. El Comité de Evaluación de Necesidades de Servicios Sociales, integrado por expertos en la materia, se configura como un órgano técnico de estudio y el Comité de Ética de Servicios Sociales lo hace como órgano colegiado consultivo, interdisciplinario e independiente. La Conferencia Sectorial de Servicios Sociales se crea como estructura permanente de colaboración entre administraciones, la Ley crea otro órgano para garantizar el Sistema Informativo de los Servicios Sociales. La participación en los Servicios Sociales y los órganos de participación El título IV, se dirige a la ‘La participación en los Servicios Sociales y los órganos de participación’, con un nuevo y a destacar, principio rector de la Ley: siempre
144 que sea posible, las decisiones relativas al sistema público de servicios sociales se adoptarán contando con la participación ciudadana. Para ello se establecen canales de participación, que son el Consejo de Servicios Sociales de les Illes Baleares, los consejos de Servicios Sociales insulares y los Consejos de Servicios Sociales locales. Personal profesional de los servicios sociales Título V, Se refiere al personal profesional de los servicios sociales e introduce la figura de la persona profesional o personas que a manera inter disciplinar, serán de referencia, y cuya existencia se establece como un derecho de las personas en relación con los servicios sociales. Su papel es orientar y acompañar a la persona en todo el proceso de intervención social. La financiación Titulo VI, regula la financiación del sistema público de servicios sociales, corresponsabilidad del Gobierno de las Illes Baleares, de los Consejos insulares y de las Entidades locales. Para asegurar el derecho subjetivo de la ciudadanía a las prestaciones reconocidas en las carteras, para garantizarlas, los créditos que las financian tendrán un carácter ampliable. 1. Se cofinanciarán entre la Comunidad Autónoma, los Consejos Insulares y las Entidades Locales. 2. La Comunidad Autónoma aportará según los convenios plurianuales que se establezcan con las entidades locales y en ningún caso puede ser inferior al 50% del coste de los programas establecidos por la ley. Para la cofinanciación se tendrá en cuenta criterios poblacionales, la dispersión interna de los municipios y otras variables. Se sistematizará por medio de reglamentos la manera de establecer el coste de los programas y determinar los diferentes criterios para
las zonas de actuación, teniendo en cuenta las unidades de trabajo social y sus diversas características. 3. Acerca de a las prestaciones que garantiza la legislación estatal para dependencia y que se incluyan en los programas, se financiarán íntegramente con los presupuestos propios de la dependencia y ya establecidos. 4. Las entidades locales deberán justificar el haber llevado a cabo todas las actuaciones incluidas en los convenios, para recibir la financiación prevista. Sobre la iniciativa privada Título VII, Se refiere a la iniciativa privada que actúa en el ámbito de los servicios sociales. El principio constitucional de igualdad y no discriminación y también el de libre competencia establecido en el tratado de la Comunidad Europea. Regula así mismo el régimen de la acreditación administrativa, para aquellas entidades de iniciativa privada que pretendan prestar servicios dentro de la red pública de servicios sociales. La calidad de los servicios sociales Título VIII, Específicamente se refiere a la calidad de los servicios sociales, comprometiéndose a elaborar un plan de calidad integral en el plan estratégico en colaboración con los consejos insulares. Establece el fomento de la formación continua del personal profesional del sector y el impulso investigador y de innovación tecnológica. Inspección y del régimen sancionador Título IX, se ocupa de la inspección y del régimen sancionador, instrumentos indispensables para garantizar el cumplimiento de la ley. Está dividido en tres capítulos: disposiciones generales, procedimiento e infracciones y sanciones.
144 Por último, señalar que los servicios sociales deberán estar orientados a que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y se sientan incluidos en la comunidad. Cumpliendo con lo
establecido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, vigente en el Estado español desde el 3 de mayo de 2008. Manuel José Calzada Mier
Aragón: Nuevas Leyes de Ordenación Territorial y de Urbanismo Desde la aprobación de la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio, el significado de la ordenación del territorio y los contenidos de esta función pública han experimentado cambios importantes. Entre las novedades más significativas se encuentran la Estrategia Territorial Europea y la Agenda Territorial Europea, adoptadas por los ministros responsables de ordenación del territorio de los estados miembros de la Unión Europea, así como los Principios Directores para el Desarrollo Sostenible del Continente Europeo, promovido por el Consejo de Europa; estas novedades hacen conveniente la reforma del cuadro legal, que fomente modelos de desarrollo territorial flexibles, sostenibles y participativos que constituyan un marco de orientación adecuado para las políticas sectoriales con incidencia territorial.
Ley 4/2009, de 22 de junio, Así, la de Ordenación del Territorio de Aragón, plantea como primera estrategia por un lado, la configuración de ciudades y regiones urbanas dinámicas, atractivas y competitivas y, por otro, la conformación de espacios rurales diversificados, estableciendo una relación más integrada entre el campo y la ciudad, evitando con ello la tendencia al crecimiento disperso de la urbanización, a la segregación social y a la falta de calidad ambiental en las ciudades. Como segunda estrategia se plantea el acceso equivalente, eficaz y sostenible a las infraestructuras, mediante redes de transporte integrado, así como a la innovación y el conocimiento, de conformidad con el modelo de desarrollo policéntrico.
Por otra parte, el desarrollo territorial de la Comunidad Autónoma plantea dos estrategias adicionales: la independencia y coordinación administrativa y la participación ciudadana. Además de la Ley de Ordenación Territorial, el pasado 30 de junio se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, que establece un nuevo marco normativo para la actividad urbanística de la Administración autonómica, las comarcas y los municipios de Aragón. Tras la aprobación de la Ley de Suelo, que comportó una rectificación de lo esencial del régimen de suelo establecido en la anterior Ley 6/1998, ha sido precisa una profunda reforma legal que, conservando en lo posible las técnicas urbanísticas ya conocidas por los diferentes operadores, las aplique sobre nuevas bases al servicio de los fines de interés general. La potestad de planeamiento y la responsabilidad fundamental en su ejecución recaen en la Administración, que es la responsable del gobierno del territorio y del cuidado de nuestras ciudades y pueblos; territorio y ciudad debe ser un marco de convivencia compatible con el desarrollo sostenible y la calidad de vida. El gobierno local, por su cercanía al ciudadano, es el más idóneo para desarrollar las políticas urbanísticas. Esta Ley aspira a dar respuesta a las demandas y necesidades de todos los municipios, intentando articular soluciones a los problemas de los pequeños municipios aragoneses. Por ello, constituye directriz fundamental en esta Ley el
144 establecimiento de cauces orgánicos y funcionales de integración de las diversas políticas públicas de acción urbanística en lo que respecta al planeamiento como a la gestión urbanística, resultando muy reveladora la confianza puesta en la efectiva colaboración entre Administraciones, a través de la regulación de las sociedades urbanísticas o de los consorcios de interés general o para la gestión de sectores concertados de urbanización prioritaria. Se regulan así instrumentos de colaboración funcional, como los de planificación, o de colaboración orgánica, a través de sociedades urbanísticas o consorcios de interés general. Asimismo, se incorpora el estatuto urbanístico del ciudadano, como elemento esencial para diseñar el nuevo marco de relaciones entre los operadores urbanísticos: todos los ciudadanos están implicados en la práctica urbanística, en el diseño y construcción de la ciudad, en el establecimiento de políticas públicas de desarrollo sostenible, en la conservación de la urbanización y la edificación, en la preservación del medio ambiente urbano y la calidad de vida y en otras tantas cuestiones de las que no pueden quedarse al margen. Mediante esta Ley se conforma un régimen de clasificación y categorización del suelo vinculado a la gestión, que trata de agilizar los procesos urbanísticos introduciendo prácticas de competencia entre operadores, sin merma de la capacidad directiva que suele corresponder a los poderes públicos, conforme al art. 47 de la Constitución. La novedad esencial que se introduce es la regulación de la libertad de empresa en el ámbito de la actividad urbanística; de este modo, los tradicionales deberes derivados del desarrollo urbanístico del suelo no corresponden ahora a quien lo promueva, sea o no propietario, si bien podrá repercutir en los propietarios afectados. Además, resulta novedoso que el plan general de ordenación, que constituye sin duda el principal instrumento de ordenación municipal, no sea un instrumento excluyente ni inmune a otras
competencias que ostentan otras Administraciones como la estatal o la de la Comunidad Autónoma. Por otra parte, se perfeccionan los procedimientos de aprobación del planeamiento, integrándolos con los ambientales, con objeto de lograr mayor agilidad y mayor sensibilidad ambiental por parte del planificador urbanístico. Además, se potencian las exigencias de publicidad y se regula un sistema de información urbanística con vocación integradora de toda la información urbanística generada en Aragón. En lo que respecta a planes y proyectos de interés general de Aragón, se rectifican diferentes aspectos de la regulación de los proyectos supramunicipales establecida por la Ley 5/1999, no teniendo cabida los proyectos de interés general de iniciativa privad e impide su aprobación únicamente en el suelo urbano, reconociendo con todo ello el liderazgo que corresponde a los municipios en la práctica urbanística. Los municipios afectados por un plan o proyecto de interés general de Aragón tienen derecho a integrarse en un consorcio gestor de dicho proyecto. La Ley prevé técnicas novedosas de participación del municipio en las plusvalías urbanísticas generadas por la acción pública autonómica, ampliando así las exigencias constitucionales al hacerles beneficiarios de unas plusvalías no generadas ni ganadas para lo público por su acción, como el establecimiento de un canon calculado sobre la base de la inversión a realizar para la ejecución del plan o proyecto de interés general de Aragón, que puede llagar a alcanzar hasta el 5% de ésta. En relación con los convenios urbanísticos, la Ley trata de perfeccionar la regulación precedente, exigiendo para todo convenio una valoración económica de los compromisos que del mismo deriven para quienes lo suscriben. En cuanto a los patrimonios públicos de suelo, se potencia el régimen de las reservas de terrenos para constitución o ampliación de los mismos, que podrán ser establecidas por los municipios o por la Comunidad Autónoma, y se introduce una regulación precisa de
144 las áreas y los derechos de tanteo y retracto, derechos de adquisición preferente, cuyo objeto fundamental es la obtención de suelo por las Administraciones públicas que les permitan intervenir eficazmente en el mercado del suelo y la vivienda. Muchas de las novedades que incluye esta Ley están relacionadas con la gestión urbanística, que si bien afecta especialmente a los municipios de mayor tamaño, lejos de olvidar a los municipios con menor capacidad, ha querido que la transformación de la gestión sea total, por lo que se desarrollan regímenes de edificación y de urbanización simultáneas y de ejecución de obras de urbanización en régimen de obras públicas ordinarias financiadas con contribuciones especiales, dejando ahora al margen la adaptación del régimen urbanístico de la propiedad del suelo en municipios sujetos al régimen urbanístico simplificado. Se trata, en definitiva, de establecer mecanismos de gestión que introduzcan una variedad suficiente para dar respuesta a las diversas necesidades de los municipios. La regulación del régimen urbanístico simplificado, al que puede acogerse la
inmensa mayoría de los municipios de Aragón, resulta muy importante: aparece como una oferta a los municipios para que se doten de un sistema de ordenación y gestión urbanística adecuado a sus necesidades y características, que propone técnicas que asumen el carácter asistemático de los desarrollos urbanísticos en estos municipios de escaso dinamismo. Resulta también novedosa la regulación del régimen de edificación forzosa, estableciéndose procedimientos eficaces para garantizar el cumplimiento del deber de edificar expropiando, así como las modificaciones referentes al régimen del deber de conservación y la ruina, manteniendo en cualquier caso la posibilidad de que el municipio opte por conservar o rehabilitar el inmueble. Finalmente, se introducen relevantes novedades sobre el régimen jurídico de la disciplina urbanística, aspirando a proporcionar un régimen sancionador de protección de la legalidad que, sin merma de las garantías constitucionales exigibles, resulte efectivo. Marta Rodríguez Gironés
Transferencia de competencias entre la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales de Castilla y León Mediante Acuerdo de 3 de noviembre de 2005 suscrito por la Junta de Castilla y León y los representantes de las Entidades Locales de esta Comunidad Autónoma se aprobó el Pacto Local de Castilla y León, con el objetivo de favorecer el fortalecimiento de los gobiernos locales y situar a las entidades locales en condiciones de afrontar los nuevos retos de la sociedad.
medidas, prevé la transferencia de competencias de la Comunidad Autónoma a las entidades locales de Castilla y León, medida que, según el propio Estatuto de Autonomía, requiere una ley autonómica para llevarse a efecto y el traspaso de los medios personales, materiales y financieros que resulten precisos para garantizar la suficiencia en la prestación de los servicios públicos descentralizados.
La modificación de 2007 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León recogió el compromiso que supone dicho Pacto Local con la autonomía de los municipios y provincias de Castilla y León y, entre otras
A esa previsión estatutaria viene a dar cumplimiento la Ley 8/2009, de 16 de junio, transferencia de competencias entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales de Castilla y León (BOCyL nº 116,
144 de 22 de junio), que, en el ámbito de la denominada segunda descentralización y de acuerdo con el principio de subsidiariedad, persigue alcanzar una mayor dimensión de los niveles competenciales locales y una adecuada redistribución de las funciones entre las diferentes instancias administrativas. La parte dispositiva de la presente Ley está estructurada en un título preliminar y dos títulos dedicados, respectivamente, a la delimitación de las transferencias y al traspaso de medios y revisión. En el Título Preliminar se recogen las disposiciones generales, en las que se incluye el objeto y ámbito de aplicación de la ley, los principios generales de la transferencia y sus reglas, los órganos de seguimiento, las obligaciones de las entidades locales y, por último, los supuestos de revocación. La Ley tiene por objeto la transferencia, entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales de Castilla y León, de las competencias previstas en el Pacto Local de Castilla y León y que se recogen en los artículos 8 a 13 de la presente ley, así como la determinación del régimen general del traspaso de medios personales, materiales y financieros adscritos a las mismas. En cuanto a los principios, la Ley se refiere a la capacidad de gestión, la eficacia, la eficiencia y la suficiencia, junto con el interés preferente de la colectividad local, como los considerados necesarios e imprescindibles para conseguir un adecuado proceso descentralizador. De acuerdo con estos principios, el proceso de descentralización se asienta en el consenso y la conformidad de todos los agentes implicados, que se hace efectiva a través de su participación en las correspondientes comisiones mixtas, que fijarán los traspasos de los medios necesarios para garantizar una adecuada prestación de servicios a los ciudadanos. Por otra parte, la transferencia significa la atribución de la titularidad y el ejercicio
de la competencia como propia de la Entidad Local y lleva implícita las potestades de ejecución, incluida, en su caso, la inspección. Aunque la Comunidad Autónoma se reserva las funciones en las que exista un interés público autonómico o excedan del ámbito municipal o provincial y las funciones de planificación, alta dirección y control, así como la de cooperación económica. El seguimiento de las transferencias se encomienda al Consejo de Provincias y el Consejo de Municipios, Comarcas y otras entidades locales, previstos en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, aunque hasta el último de los citados se constituya, serán las Comisiones de Cooperación entre la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales reguladas en el Decreto 2/1987, de 8 de enero, las que actúen como órgano de seguimiento de las transferencias a los municipios. Por último, en este Título se establecen la obligación de las Entidades Locales de presentar a la Junta de Castilla y León una memoria de gestión sobre las competencias transferidas, que incluirá los niveles y calidad en la prestación de los servicios públicos, así como el procedimiento de revocación de las transferencias por incumplimiento de las obligaciones que el desarrollo de la transferencia le impone, revocación que solo puede hacerse mediante Ley de las Cortes de Castilla y León. En el Título Primero, se identifican las entidades locales destinatarias y las competencias y funciones que son objeto de transferencia, que pasan con este proceso a ser competencias propias de las entidades locales, quienes las ejercerán de forma exclusiva. Por materias, las competencias que se transfieren son las siguientes: a) Juventud: la competencia sobre campamentos juveniles y centros de juventud-casas de juventud- de carácter público.
144 b) Educación: la competencia sobre centros de educación de 0 a 3 años de carácter público. c) Servicios sociales: la competencia sobre centros de día para personas mayores y comedores sociales de carácter público, reservándose la Comunidad Autónoma la competencia sobre los centros de día para personas mayores anejos o ubicados en centros residenciales. d) Deportes: la competencia sobre instalaciones deportivas de carácter público, reservándose la Comunidad Autónoma la competencia sobre centros e instalaciones deportivas de alto rendimiento y sobre muelles e instalaciones de navegación de carácter deportivo. e) Medio Ambiente: la competencia sobre instalaciones recreativas, incluidos quioscos o infraestructuras similares, en montes declarados de utilidad pública, en zonas declaradas por la Consejería competente en materia de Medio Ambiente como Zonas Naturales de esparcimiento y en riberas declaradas o estimadas, así como la competencia sobre las infraestructuras medioambientales de uso público ubicadas en los espacios naturales protegidos declarados, reservándose la Comunidad Autónoma la competencia sobre los centros de interpretación o casas del parque. Las funciones que sobre estas materias ejercerán las Entidades Locales se determinarán en el correspondiente en el Decreto de traspaso de medios, aunque la Ley enumera para cada materia las funciones con las deberán guardar coherencia las que se determinen en dichos Decretos. Las entidades locales destinatarias de las transferencias son: a) Las Diputaciones Provinciales, de las competencias sobre campamentos juveniles en su ámbito territorial, así como del resto de competencias el ámbito territorial de los municipios con una población igual o inferior a 5000 habitantes.
b) Los municipios con una población superior a 5000 habitantes, de todas las competencias que se señalan en la Ley, con excepción de los campamentos juveniles. En el Título Segundo, se recogen las reglas generales para el traspaso de los medios personales, materiales y financieros de los que dispone la Comunidad Autónoma, haciendo una remisión al anexo de la Ley, donde se relacionan específicamente los centros e instalaciones que se atribuyen a las correspondientes Entidades Locales beneficiarias, así como el método de valoración de los traspasos. Como ya hemos apuntado anteriormente, la transferencia conlleva el traspaso de medios personales, materiales y financieros, que se realizará previa negociación y acuerdo en las correspondientes comisiones mixtas integradas por representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma y de cada una de las Entidades Locales afectadas, y en las condiciones previstas en el Pacto Local de Castilla y León. Además, para el eficaz cumplimiento de los fines de las comisiones mixtas, la Comunidad Autónoma proporcionará a cada Entidad Local con la que se constituya, cuanta información precise sobre los medios personales, materiales y financieros objeto de negociación. El método para el cálculo del coste de los servicios traspasados será el de su coste efectivo, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 1/1995, de 15 de marzo, del Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. A estos efectos, se entenderá por coste efectivo el importe total comprensivo del gasto corriente y de reposición, especialmente de aquellos gastos de inversión que tienen por objeto mantener la capacidad funcional de los inmuebles, así como también las subvenciones condicionadas, si las hubiere. Además, cuando se traspasen los servicios cuya prestación esté gravada con tasas o reporte ingresos de derecho privado, su importe minorará el coste efectivo del servicio transferido.
144 La valoración del coste efectivo se realizará y acordará en el seno de las comisiones mixtas, respetando los principios consignados en el Pacto Local de Castilla y León. El texto de la Ley se completa con nueve disposiciones adicionales, tres transitorias y tres finales. De ellas destacaremos la previsión de que la Junta de Castilla y León mantendrá, en el ejercicio de sus competencias, la cooperación económica con las entidades locales en relación con las materias
transferidas, y, específicamente para la mejora de los recursos personales traspasados. También se da respuesta a una cuestión ampliamente debatida y reclamada por las administraciones locales y que requería una solución en el marco de este proceso de reordenación de competencias, que es el de las denominadas competencias impropias. En este ámbito se ha previsto la integración en la Comunidad de Castilla y León de los centros de titularidad de las entidades locales en las materias de sanidad y educación reglada. Gonzalo Brun Brun
Proyectos subvencionados por LIFE + de la Unión Europea La Resolución de 27 de mayo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se anuncia el plazo de presentación de solicitudes de ayuda a proyectos susceptibles de ser financiados por el Instrumento Financiero LIFE+ de la Unión Europea, en los ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, LIFE+ Política y Gobernanza Medioambiental y LIFE+ Información y Comunicación, convocatoria 2009, ha sido publicada en el BOE de 11 de junio de 2009. El objetivo general del Instrumento Financiero LIFE+, pretende contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política y legislación comunitaria en materia de medio ambiente, en particular a la integración del medio ambiente en las demás políticas y al desarrollo sostenible en la Comunidad. Esta Resolución, por tanto, recoge lo establecido en la “Convocatoria de Propuestas LIFE+ de 2009”, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 15 de mayo de 2009.
facilitar el funcionamiento de los sistemas naturales, los hábitat naturales y la flora y fauna silvestres, con el fin de detener la pérdida de biodiversidad y, en particular la diversidad de recursos genéticos, en la Unión Europea de aquí a 2010. El porcentaje de la contribución financiera comunitaria a estos proyectos será como máximo del 50% de los gastos subvencionables. Excepcionalmente, se aplicará un porcentaje máximo de cofinanciación del 75% a las propuestas dedicadas a hábitat o especies prioritarias recogidas en las Directivas sobre aves y hábitat. Proyectos LIFE + Política y Gobernanza Medioambientales Los objetivos principales de estos proyectos se centran en los siguientes ámbitos: o
Cambio climático: estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en un nivel que impida un calentamiento global superior a 2ºC.
Agua: contribuir a la mejora de la calidad del agua desarrollando medidas rentables para conseguir un buen estado ecológico con vistas a elaborar el primer plan hidrográfico de cuenca con arreglo a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
Los proyectos a los que va dirigida abarcan los siguientes ámbitos: Proyectos LIFE Biodiversidad
El objetivo principal de estos proyectos consiste en proteger, restaurar, supervisar y
144 (Directiva Marco del Agua) a más tardar en 2009. o
Suelo: proteger y garantizar un uso sostenible del suelo conservando sus funciones, evitando las amenazas para el suelo, reduciendo los efectos de las mismas y restaurando los suelos degradados.
Innovación: contribuir al desarrollo y la demostración de enfoques políticos, tecnologías, métodos e instrumentos innovadores para apoyar la aplicación del Plan de Actuación a favor de las Tecnologías Medioambientales.
Enfoques estratégicos: fomentar la aplicación y ejecución efectivas de la legislación medioambiental comunitaria y mejorar la base de conocimientos para la política medioambiental; mejorar el comportamiento medioambiental en las PYMEs.
Productos químicos: mejorar la protección del medio ambiente y la salud frente a los riesgos que suponen los productos químicos a más tardar en 2020 mediante la aplicación de la legislación sobre productos químicos.
Medio ambiente y salud: desarrollar la información de base para la política en materia de medio ambiente y salud (Plan de Acción Medio Ambiente y Salud 2004-2010).
Recursos naturales y residuos: desarrollar y aplicar políticas dirigidas a garantizar la gestión y uso sostenibles de los recursos naturales y los residuos, mejorando el comportamiento medioambiental de los productos, los modelos de producción y consumo sostenibles y la prevención, recuperación y reciclado de residuos; contribuir a la aplicación efectiva de la estrategia temática sobre prevención y reciclado de residuos.
el cambio climático, la biodiversidad, los incendios forestales, la situación de los bosques y su función protectora, así como contribuir a la protección de los bosques contra los incendios.
Silvicultura: proporcionar, especialmente, a través de una red de coordinación de la UE, una base completa y concisa de información pertinente a efectos de la elaboración de políticas en campos como el forestal,
El porcentaje de la contribución financiera comunitaria a estos proyectos será como máximo del 50% de los gastos subvencionables. Proyectos LIFE Comunicación
El objetivo de estos proyectos consiste en divulgar información y fomentar la sensibilización en torno a los temas medioambientales, incluida la prevención de incendios forestales; respaldar las medidas de acompañamiento como información, actividades y campañas de comunicación, conferencias y formación, incluida la formación en prevención de incendios forestales. El porcentaje de la contribución financiera comunitaria a estos proyectos será como máximo del 50% de los gastos subvencionables. El presupuesto general de las subvenciones de las actividades de los proyectos de LIFE+ en 2009 asciende a 250.000.000 euros para todos los Estados miembros y, al menos, un 50% de este importe se asignará a medidas de apoyo a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. La asignación financiera indicativa para España en 2009 será de 26.820.713 euros.
144 El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 15 de septiembre de 2009; pudiéndose acceder a los formularios específicos de solicitud, así como a la guía informativa sobre procedimientos en la web
de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/l ifeplus.htm Gema Rodríguez López.
Programa de transición al empleo de la Junta de Andalucía El Gobierno andaluz ha aprobado, mediante la Ley 3/2008 de 28 de mayo, el Programa de Transición al empleo: un fondo de 360 millones de euros que tiene como fin generar puestos de trabajo en obras que desarrollarán los municipios y un plan formativo específico para los desempleados que se acojan a esta iniciativa. La medida tiene carácter complementario al Fondo Estatal de Inversión Local y son objetivos primordiales son dos: -
La financiación de inversiones generadoras de empleo en los municipios andaluces: obras de rehabilitación y acondicionamiento de los espacios destinados a la localización de empresas, construcción y mejora de instalaciones públicas destinadas a la
prestación de servicios básicos a la ciudadanía, eliminación de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad, y de conservación y mantenimiento del patrimonio municipal. -
El desarrollo de acciones formativas: el Servicio Andaluz de Empleo, a la finalización de los contratos, proporcionará a los trabajadores un periodo de formación para la reorientación profesional y reinserción en el mercado de trabajo.
La norma prevé que la asignación de la cantidad prevista para inversiones se distribuirá entre los municipios atendiendo a su nivel de desempleo y variación en el último año, así como a su población, estableciendo un criterio diferenciado en función del tamaño del municipio.
Reglamento de vertidos desde tierra al litoral en Cantabria Teniendo en cuenta que la Ley 22/1988, de Costas, atribuye a las Comunidades Autónomas el ejercicio de las competencias en materia de vertidos al mar, siempre que tengan atribuidas dichas competencias en sus respectivos Estatutos y que en el Estatuto de Autonomía de Cantabria se recoge la competencia para el desarrollo normativo en materia de protección del medio ambiente y de los ecosistemas, se publica en el BOC de 23 de junio, el Decreto 47/2009, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos desde Tierra al Litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
El objetivo principal de este Decreto consistirá en el establecimiento del procedimiento para la solicitud, tramitación, otorgamiento, revisión, revocación y extinción de autorizaciones de vertido desde tierra al mar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Costas. Su ámbito de aplicación afectará a todos los vertidos cualquiera que sea su naturaleza y estado físico que de forma directa o indirecta se realicen desde tierra a cualquier bien del dominio público marítimoterrestre del litoral de la Comunidad cántabra. Asimismo, quedan excluidos aquellos vertidos realizados por actividades
144 industriales e instalaciones sometidas a la Autorización Ambiental Integrada regulada en la legislación estatal y autonómica aplicable, así como los lodos de dragados y los vertidos realizados desde aeronaves y
buques, que se regirán por su normativa específica.
Apoyo a los municipios en la concertación interadministrativa de instrumentos de ordenación territorial y urbanística en Castilla-La Mancha En el DOCM nº 123, del pasado 26 de junio, se publicó el Decreto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha núm. 83/2009, de 3 de junio, por el que se establecen medidas de agilización y apoyo a los municipios en la concertación interadministrativa de Instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística. En el presente Decreto se regula la estructura orgánica, las competencias y las reglas de funcionamiento de las Comisiones de Concertación Interadministrativa, en virtud de la habilitación normativa contenida en el artículo 10.6 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, en la redacción dada por la Ley 2/2009, de 14 de mayo, en relación con la Disposición Adicional 3ª de la citada Ley. Estas Comisiones (una por provincia) se configuran como órganos colegiados de deliberación, consulta y decisión, cuya finalidad es facilitar la concertación interadministrativa de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en
municipios de menos de 10.000 habitantes. Las Comisiones están presididas por La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en ordenación del territorio y urbanismo e integradas por un representante de cada una de las tres Administraciones (la estatal, la autonómica y la local, la de esta última designado por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha). Asimismo, con el fin de agilizar el trámite de recabar los preceptivos informes de las distintas Administraciones y organismos sectoriales y facilitar la coordinación entre Administraciones, para municipios de menos de 10.000 habitantes, mediante el presente Decreto, se crea un nuevo procedimiento por el que todos estos trámites se concentran en un informe único, de tal modo que al Consistorio respectivo llegará un informe consensuado por todas las Administraciones implicadas, en el que se concretarán las observaciones o consideraciones que deban tenerse en cuenta para la tramitación de los instrumentos de planeamiento.
Ayudas a Planes de Formación Interadministrativos en el marco del IV Acuerdo de Formación Continua En el BOE del pasado 9 de junio se publica, un año más, la Resolución que concede a los promotores contemplados en el artículo 10 del IV AFCAP, las ayudas necesarias para llevar a cabo planes de formación interadministrativa. Las ayudas que se conceden han sido
determinadas mediante el procedimiento aprobado al efecto por la Comisión General de Formación Continua en su reunión de 17 de marzo de 2009. Las cuantías asignadas a los mismos ascienden a la cantidad de 2.928.106,60 €, publicándose como anexo los promotores que gozarán de dichas ayudas. .
ESTADO Real Decreto 1011/2009, 19 junio por el que se regula la Oficina de Cambios de Suministrador (BOE núm. 149, 20 de junio). Orden EHA/1420/2009, 22 mayo por la que se modifica la lista de entidades contratantes que figuran en la disposición adicional segunda de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (BOE núm. 131, 2 de junio). Orden ITC/1659/2009, 22 junio por la que se establece el mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica (BOE núm. 151, 23 de junio). Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, Por la que se establece la metodología de
cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural. (BOE núm. 151 de 23 de junio). Resolución 16 junio 2009 de la Dirección General de Tráfico, por la que se corrigen errores de la de 1 de junio de 2009, por la que se aprueba el Manual de Señalización Variable (BOE núm. 151, 23 de junio) Resolución 19 mayo 2009 del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se conceden ayudas a planes de formación interadministrativos en el marco del IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas (BOE núm. 139, 2 de junio). Resolución 20 mayo 2009 del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca el I Curso Superior de Dirección de Recursos Humanos en la Administración Local (BOE núm. 152, 24 de junio).
COMUNIDADES AUTÓNOMAS ANDALUCÍA Ley 3/2009, 28 mayo por la que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) (BOJA nº 117, 19 de junio).
Orden 15 junio 2009 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la de 21 de junio de 2006, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 124, 29 de junio).
Decreto 266/2009, 9 junio por el que se modifica el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio (BOJA nº 125, 30 de junio).
Decreto 278/2009, 16 junio por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010 (BOJA nº 125, 30 de junio).
Ley 2/2009, 11 mayo del Presidente y del Gobierno de Aragón (BOE núm. 137, 6 de junio) Ley 3/2009, 17 junio de Urbanismo de Aragón (BOA nº 124, 30 de junio).
144 Ley 4/2009, 22 junio de Ordenación del Territorio de Aragón (BOA nº 124, 30 de junio. ). Resolución Cortes de Aragón 11 junio 2009 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 2/2009, de 12 de mayo, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para la promoción del empleo (BOA nº 121, 25 de junio). Decreto 94/2009, 26 mayo por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas (BOA nº 106, 5 de junio). Orden 28 mayo 2009 del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se regulan los procedimientos de tramitación de las medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de rehabilitación de edificios y viviendas, del Plan aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 20092012 (BOA nº 118, 22 de junio). Orden 3 junio 2009 del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se regulan los procedimientos de tramitación de las medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo, del Plan aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012, así como los procedimientos de tramitación de las medidas de los artículos 17 y 18 del Decreto-Ley 1/2009, de 14 de abril, por el que se aprueba el Plan especial de dinamización del sector de la vivienda y se autoriza la prestación de avales por el Gobierno de Aragón (BOA nº 118, 22 de junio). Orden 9 junio 2009 del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, sobre recintos locales tradicionales aptos para la celebración de suelta de reses y toreo de vaquillas (BOA nº 121, 25 de junio).
ISLAS BALEARES Ley 4/2009, 11 junio de servicios sociales de las Illes Balears (BOIB nº 89, 18 de junio). Ley 5/2009, 17 junio de modificación de la ley 10/2000 de 30 de noviembre, del Consejo Económico y Social (BOIB nº 93, 27 de junio). Resolución Parlamento Illes Balears 22 junio 2009 por la cual se convalida el Decreto ley 3/2009, de 29 de mayo, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears (BOIB nº 93, 27 de junio). Decreto 31/2009, 29 mayo por el que se dispone el nombramiento del Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares (BOIB nº 82, 6 de junio). Decreto 32/2009, 29 mayo por el cual se modifica el Decreto 68/2008, de 6 de junio, que regula las ayudas para favorecer el acceso a la vivienda en el marco del Plan Estratégico de Vivienda 2008-2011 de las Illes Balears (BOIB nº 82, 6 de junio). Decreto 33/2009, 19 junio por el que se modifica el Decreto 107/2006, de 15 de diciembre, de regulación del uso de la firma electrónica en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB nº 93, 27 de junio).
CANARIAS Resolución 17 junio 2009 de la Dirección General de la Función Pública, Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por la que se dispone la publicación del Reglamento de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOCAN nº 125, 30 de junio).
144 CANTABRIA Decreto 47/2009, 4 junio por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos desde Tierra al Litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOCANT nº 119, 23 de junio). Decreto 51/2009, 25 junio por el que se regula elaboración, implantación y registro de los Planes de Autoprotección y de las Medidas de Prevención y Evacuación (BOCANT nº 123, 29 de junio).
CASTILLA-LA MANCHA Decreto 69/2009, 2 de junio por el que se aprueba el Plan Regional de Estadística de Castilla-La Mancha 20092012 (DOCM nº 109, 8 de junio). Decreto 83/2009, 23 de junio por el que se establecen medidas de agilización y de apoyo a los municipios en la concertación interadministrativa de Instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística (DOCM nº 123, 26 de junio).
CASTILLA Y LEÓN Ley 5/2009, 4 junio del Ruido de Castilla y León (BOCyL nº 107, 9 de junio. Corrección de errores BOCyL nº 115, 19 de junio). Ley 8/2009, 16 junio de transferencia de competencias entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales de Castilla y León (BOCyL nº 116, 22 de junio).
Ley 8/2009, 13 mayo de modificación de determinados preceptos relativos al interés de demora del texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña y de la Ley 15/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2009 (BOE núm. 138, 8 de junio). Decreto 84/2009, 26 mayo por el que se aprueba la alteración parcial de los términos municipales de Manresa y de Sant Joan de Vilatorrada (DOGC nº 5391, 2 de junio). Decreto 86/2009, 2 junio de aprobación de los Estatutos de la Agencia Catalana del Agua y de modificación del Decreto 175/2001, de 26 de junio, por el que se aprueba el despliegue territorial de la Agencia Catalana del Agua (DOGC nº 5395, 8 de junio). Decreto 94/2009, 9 junio por el que se regulan las ludotecas (DOGC nº 5401, 16 de junio). Orden TRE/278/2009, 7 mayo del Departamento de Trabajo, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2010 (DOGC nº 5392, 3 de junio). Resolución ECF/1769/2009, 10 junio del Director general de Política Financiera y Seguros Del Departamento de Economia y Finanzas, por la que se modifican los anexos de la Orden ECF/138/2007, de 27 de abril, sobre procedimientos en materia de tutela financiera de los entes locales (DOGC nº 5409, 29 de junio).
EXTREMADURA Decreto Legislativo 1/2009, 18 junio por el que se aprueba el texto refundido de las normas vigentes sobre aportaciones económicas distintas a las subvenciones (BOCyL nº 118, 24 de junio).
Ley 3/2009, 22 junio de creación del Instituto de Estadística de Extremadura (DOEX nº 120, 24 de junio).
Ley 4/2009, 22 junio de creación del Plan de Estadística de Extremadura (DOEX nº 120, 24 de junio).
Ley 7/2009, 13 mayo de modificación de la Ley 14/2008, de 5 de noviembre, de la Oficina Antifraude de Cataluña (BOE núm. 138, 8 de junio).
Decreto 117/2009, 29 mayo por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar y de Salones Recreativos y de Juego de la
144 Comunidad Autónoma de (DOEX nº 106, 4 de junio).
Decreto 118/2009, 29 mayo por el que se aprueba el Reglamento General del Inventario del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOEX nº 106, 4 de junio).
Ley 3/2009, 23 junio por la que se modifica el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre (DOG nº 126, 30 de junio).
COMUNIDAD DE MADRID Decreto 125/2009, 5 junio por el que se modifica el Decreto 241/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Anual de la Cooperación Extremeña para 2009 (DOEX nº 111, 11 de junio). Decreto 127/2009, 5 junio por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLASISMEX) (DOEX nº 111, 11 de junio). Decreto 136/2009, 12 junio por el que se regula la certificación de eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOEX nº 116, 18 de junio). Decreto 144/2009, 19 junio por el que se aprueba la segregación de la Entidad Local Menor de Vegaviana para su constitución en municipio independiente de Moraleja (DOEX nº 121, 25 de junio). Decreto 146/2009, 19 junio por el que se crea el Observatorio de la Juventud de Extremadura (DOEX nº 121, 25 de junio). Orden 15 junio 2009 de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se procede a ampliar el número de bibliotecas y agencias de lectura que se integran en el Sistema Bibliotecario de Extremadura (DOEX nº 118, 22 de junio).
Ley 1/2009, 15 junio para la Creación de una Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad (DOCM nº 146, 22 de junio). Ley 2/2009, 23 junio por la que se modifica la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid (DOCM nº 148, 24 de junio). Decreto 58/2009, 4 junio por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (DOCM nº 138, 12 de junio).
NAVARRA Ley Foral 5/2009, 29 mayo por la que se modifica en parte la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra (BON nº 70, 8 de junio). Ley Foral 6/2009, 5 junio de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda (BON nº 73, 15 de junio). Ley Foral 7/2009, 5 junio por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social (BON nº 73, 15 de junio).
GALICIA Ley 1/2009, 15 junio de modificación de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galícia (DOG nº 116, 16 de junio). Ley 2/2009, 23 junio de modificación del texto refundido de la Ley de la función pública de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/2008, de 13 de marzo (DOG nº 122, 24 de junio).
Ley Foral 9/2009, 18 junio por la que se modifica el artículo 103 de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra (BON nº 79, 29 de junio).
LA RIOJA Orden 2/2009, 29 mayo de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial. sobre
144 prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de La Rioja para la campaña 2009/2010 (BOR nº 70, 8 de junio).
COMUNIDAD VALENCIANA Ley 4/2009, 5 mayo de reforma del artículo 5.4 de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges (BOE núm. 131, 2 de junio) Decreto 76/2009, 5 junio por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 11/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana
(DOGV nº 6031, 9 de junio. Corrección de errores DOGV nº 6042, 24 de junio). Decreto 80/2009, 12 junio por el que se regula la integración de los funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención de la escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal que prestan servicios en la Comunitat Valenciana (DOGV nº 6036, 16 de junio). Orden 15 mayo 2009 de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, relativa a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios ante la implantación de la televisión digital terrestre (DOGV nº 6026, 2 de junio).
El Comercio Exterior en un contexto de crisis 1. Evolución del Comercio Exterior La crisis económica que vive la economía española se está dejando notar en todas las dimensiones de la actividad económica, entre ellas el comercio exterior que en los últimos meses sigue una trayectoria descendente lo que ha situado el crecimiento de las exportaciones e importaciones en tasas negativas desde finales de 2008. En efecto, la crisis ha reducido significativamente los intercambios de España con el exterior tanto las ventas como las compras, y con más intensidad estas últimas debido a la fuerte contracción
de la demanda interna. Los últimos datos correspondientes al mes de abril sitúan el crecimiento del acumulado a 12 meses de las exportaciones en el -8,5% y el de las importaciones en el -14,7%, una evolución que ha beneficiado la disminución del déficit de la balanza comercial hasta los 76.850 millones de euros, el nivel más bajo desde octubre de 2005. Pero esta reducción no se debe a la buena causa ya que tanto las exportaciones como las importaciones se han reducido de manera muy intensa en el último año debido a la menor actividad de la economía española.
Balanza comercial (acumulado 12 meses) Tasa interanual de M y X (esc. izda.)
10 0% -20 -5%
-80 Saldo comercial millardos de euros (esc. dcha.)
-15% 04
-110 08
Los principales capítulos de arancel en las exportaciones presentan caídas importantes en los cuatro primeros meses de 2009. Así los capítulos 87 “Vehículos
automóviles; tractores”, 84 “Máquinas y aparatos mecánicos” y 85 “Aparatos y material eléctricos”, con un 32% sobre el total de las exportaciones, presentan
144 importantes caídas, cuando el mismo periodo del año pasado presentaban avances significativos. También se han producido caídas significativas en los principales capítulos de
arancel de las importaciones, que se corresponden con 27 “combustibles, aceites mineral”, 87 “vehículos automóviles; tractores” y 84 “máquinas y aparatos mecánicos”, con una cuota del 38,8% del total.
IMPORTACIONES POR CAPITULO DE ARANCEL EN ESPAÑA. Acumulado Ene-Abr 2009 Volumen Var 09/08 Var 08/07 (%) (Millones €) Peso (%) (%) TOTAL
27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS 03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
10796 9144 6486 5626 3564 2026 1815 1773 1571 1484 1318 1169 1053 1051 907
15,9 13,4 9,5 8,3 5,2 3,0 2,7 2,6 2,3 2,2 1,9 1,7 1,5 1,5 1,3
-46,3 -33,9 -34,6 -39,9 23,6 -33,0 -29,4 -3,9 -11,7 -62,2 -4,6 -31,5 -19,4 -20,3 -12,2
59,0 -4,9 -4,8 14,5 9,6 0,7 9,2 6,5 -2,4 -7,8 1,5 9,5 -4,5 -5,7 20,8
Como se puede comprobar en los resultados anteriores el sector del automóvil es uno de los principales protagonistas del comercio exterior en España y el difícil momento por el que pasa por la fuerte disminución de la demanda de estos bienes se deja notar en los datos de comercio exterior. El Plan del Gobierno para ayudar al sector de momento no se ha dejado notar en los datos disponibles si bien se espera que tenga un impacto positivo y por tanto contribuya a que se reactive el comercio exterior, que por el momento se encuentra en una senda continuada de deterioro.
contracción del PIB que sitúo su crecimiento interanual en el -3,0%. La descomposición de este crecimiento entre la aportación de la demanda interna y el saldo exterior muestra como por quinto trimestre consecutivo la demanda exterior ha tenido una contribución positiva al crecimiento del PIB español, que en el primer trimestre fue del 2,3%. Por su parte, la demanda interna continúa registrando fuertes caídas por el fuerte descenso del consumo y la inversión debido a la desconfianza de los hogares y las empresas ante la difícil situación que vive España.
2. Implicaciones sobre el crecimiento económico
Siendo positivo que el saldo exterior tenga una contribución positiva al crecimiento del PIB, sin embargo, este resultado no es deseable ya que tanto las exportaciones como las importaciones están reduciéndose, las últimas con más intensidad lo que explica el saldo positivo.
Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la actividad de la economía española correspondientes al primer trimestre de 2009 ponían de manifiesto la fuerte
Aportación de la demanda interna y el saldo exterior al crecimiento del PIB en España (Puntos porcentuales)
-6,0 200101
Fuente: Contabilidad Trimestral de España (INE)
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Clausura de una fuente pública por el ruido
(Sentencia 167 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Oviedo) Comentamos hoy una nueva sentencia sobre el ruido que aporta la novedad de que el objeto del litigio es una fuente situada en la vía pública.
daño moral queda reparado al publicarse la sentencia. 
La fuente de Longoria Carbajal se construyó en 1994 y según parece ya desde el principio ocasionó problemas de ruido, por su cercanía a los edificios de la plaza y a las viviendas, y de daños, por las filtraciones de agua al aparcamiento subterráneo ubicado bajo la instalación ornamental. La comunidad de propietarios del edificio ubicado en el número 3 de la plaza, con unas 60 viviendas, denunció durante años al Ayuntamiento las molestias que les ocasionaba la fuente, llegando a aportar mediciones para demostrar que se superaban los niveles de ruido permitidos. Pero éste no es el primer pronunciamiento judicial. Un matrimonio vecino de la plaza interpuso en 2005 una denuncia ante el Ayuntamiento por las molestias que les originaba el funcionamiento de la fuente, con un nivel de ruido de 52, 7 decibelios cuando el límite es de 30. Desestimada su pretensión recurrieron por el ruido ante el Juzgado n. º 4 de lo Contencioso Administrativo. La sentencia, de 27 de abril de 2007, obliga al Ayuntamiento a apagar la mencionada fuente desde las ocho de la noche hasta las once de la mañana y a insonorizar la sala de máquinas, para lo cual fijaba un plazo de cuatro meses. El fallo judicial de ese Juzgado da por sentado que los niveles de ruido en el interior de la vivienda, a causa del funcionamiento de la fuente, superan los límites legales, y por ello, aunque considera desproporcionado precintar la fuente, obliga al Ayuntamiento a realizar obras para subsanar esa deficiencia. Los vecinos solicitaban como reparación por daños y perjuicios una indemnización de 12.000 euros, pero el juez consideró que el
El objeto del recurso planteado es la desestimación presunta por parte del Ayuntamiento de tres reclamaciones formuladas en distintas fechas (14/12/2005; 110907; 28/02/08) solicitando el cese del funcionamiento de la fuente ubicada en la plaza de referencia, o que se adoptasen las medidas correctoras oportunas para evitar que dicha instalación supere los niveles de ruido establecidas en la normativa vigente, cuya aplicación debe ser salvaguardada por la administración municipal, al que reprocha su inactividad. El letrado consistorial recuerda que con anterioridad a este recurso se sustanció otro cuya sentencia obligó al Ayuntamiento a insonorizar la maquinaria para reducir el nivel sonoro, por lo que no ha estado inactivo. Además afirma que las mediciones aportadas solo afectan a tres viviendas y no acredita que se superen los máximos permitidos en la entonces nueva normativa del ruido. Considera finalmente que el cumplimiento de la sentencia anterior deja sin fundamento la presente demanda. 
La resolución de la litis se circunscribe a determinar si el nivel sonoro que genera la fuente supera o no el máximo permitido. La Juez parte de la normativa vigente, Ley del Ruido y normativa de desarrollo, aludiendo a que la citada ley que incorpora la correspondiente Directiva comunitaria al derecho interno, va más allá en su contenido que la propia Directiva, pues incluye además el ruido y las vibraciones en el espacio interior de determinadas edificaciones, mientras que aquélla utiliza el
144 concepto de ruido ambiental como «sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales». La sentencia analiza en primer lugar si la fuente puede ser origen de contaminación acústica. La Ley la define en su artículo 3 como “la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.” La Juez considera que de la definición transcrita no se puede excluir una fuente, como se pretende en el informe que aporta el Ayuntamiento, que aduce que no puede ser partícipe de la nota de “actividad” en los términos que reconoce la ley. Prosigue la sentencia admitiendo que efectivamente no ha habido inactividad por parte del Ayuntamiento, pero los problemas solventados en cumplimiento de la sentencia anterior no han servido para solucionar el problema que el recurso ahora plantea, pues se revela que el ruido actual no se deriva de los motores de la fuente sino del propio
funcionamiento de la fuente al manar el agua por los surtidores que “provoca un nivel de ruido superior al permitido”. La juez argumenta que «nadie está obligado a soportar de forma constante y permanente un ruido superior al aceptable». Y añade que «ésta es una premisa a tener en cuenta cuando se diseñan los espacios urbanos, de modo y manera que las instalaciones a realizar en ellos, si son susceptibles de generar ruido, han de guardar una debida distancia con las edificaciones que se encuentran a su alrededor», algo que considera que no se ha cumplido en el presente caso, «habida cuenta de la notoria desproporción entre la fuente y el espacio en el que se ubica». La sentencia da por válido el informe pericial que constató que en tres de las viviendas se superaban los límites admisibles de ruidos, por lo que concluye que, “pese a su innegable carácter ornamental, implica una actividad que genera contaminación acústica”, por lo que acuerda que se cierre la fuente “hasta que tal defecto se subsane y su nivel sonoro alcance los objetivos de calidad acústica establecidos en la normativa vigente”. Myriam Fernández-Coronado
La necesidad de acuerdo previo para la interposición de un recurso contencioso-administrativo por la Administración Local I.- Introducción. Es objeto de este pequeño estudio analizar el contenido de una reciente sentencia dictada por la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, el 5 de enero de 2009, en Recurso de Casación nº 3681/2.006. Dicha sentencia, al analizar la inadmisibilidad de un recurso contenciosoadministrativo de la Sala de instancia por falta de legitimación activa de una Corporación Local, aclara y fija, como requisito necesario para la interposición de un recurso de tal naturaleza, la necesidad de acuerdo previo del órgano legalmente competente en el que se decida el ejercicio de la acción correspondiente. Con motivo de esta sentencia se analiza a lo largo de este pequeño trabajo, la evolución jurisprudencial, los preceptos y la normativa vigente que resulta de aplicación a las Entidades Locales, en relación a la exigencia de dicho requisito previo, y su clara diferenciación con el simple otorgamiento de poder de representación ante el órgano jurisdiccional contencioso, así como del requisito del informe jurídico previo a la interposición de acciones.
II.- La necesidad de acuerdo previo del órgano competente para la interposición del recurso contencioso administrativo. •
El artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA, en adelante) establece expresamente que el recurso contencioso-administrativo se inicia mediante un escrito al que se debe de acompañar el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las
personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación. En la citada sentencia de 5 de enero de 2009 se afirma textualmente que: “.... El Tribunal Supremo ha declarado (así, Sentencias de 25 de junio de 1981, 24 de septiembre de 1991…, entre otras muchas) que existe una falta de la debida legitimación, en relación con la falta de adecuada representación y con la falta de capacidad procesal, cuando no consta el acuerdo del órgano colegiado necesario para la interposición del recurso contencioso administrativo.” Lo que el artículo 45 de la LJCA y éste párrafo están poniendo de manifiesto de forma tajante es que para que pueda interponerse un recurso contencioso administrativo por una Entidad Local, es necesario la existencia de un acuerdo expreso previo adoptado por el órgano competente de la Entidad en el que se haga constar la voluntad expresa de la Corporación de interponer dicho recurso contencioso-administrativo. No es suficiente que la Entidad Local otorgue un poder concreto de representación para el ejercicio de acciones judiciales ante la jurisdicción contenciosa (aunque de dicho otorgamiento pueda deducirse la voluntad de la Corporación de interponer un recurso contencioso administrativo) sino que es requisito previo y necesario el acuerdo expreso del órgano competente de Entidad Local de ejercer dicha acción, y en este sentido la sentencia de 5 de enero del 2009 afirma textualmente: “Desde luego, no pueden ser confundidos los requisitos legalmente exigibles para adoptar un acuerdo en nombre de una persona jurídica, con el poder conferido para representar a esa persona jurídica ante los Tribunales de Justicia. Es obligado, por lo tanto, que para acatar lo dispuesto en el
144 artículo 45.2 d) de nuestra Ley Jurisdiccional, en relación con el 22.2 .j) de la Ley de Bases de Régimen Local, se acompañen al escrito de interposición del recurso contencioso entablado a nombre de una Corporación Local los documentos pertinentes para acreditar que el órgano legalmente competente, en nuestro caso el Pleno, ha decidido el ejercicio de la acción correspondiente (…)” •
Breve evolución jurisprudencial.
En la propia resolución del alto Tribunal se hace un breve repaso histórico de la exigencia o no, para determinados supuestos, de este requisito previo y se alude a la evolución que en la Jurisprudencia, ha experimentado esta exigencia. Así, señala que en sentencias como la 10 de julio de 2001 la propia Sala ha declarado reiteradamente que tratándose del ejercicio de acciones en nombre de un ente colectivo, era preciso acreditar el oportuno Acuerdo por el órgano que estatutariamente tenía encomendada dicha competencia, siendo necesario aportar (según reiterada jurisprudencia) los Estatutos y el Acuerdo social que legitima la interposición del recurso contenciosoadministrativo. Sigue diciendo el Tribunal en su resolución, que en varias sentencias dictadas en aplicación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, el propio Tribunal Supremo declaró que este requisito no era aplicable a las sociedades mercantiles (así, sentencias de 21 de julio de 1992 y 28 de enero de 1998) u otras personas jurídico-privadas, aunque ya incluso bajo la vigencia de dicha norma tal doctrina no era unánime. La no exigencia de dicho requisito a las sociedades mercantiles u otras personas jurídico-privadas tenía su fundamento en el artículo 57.2.d de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que reclamaba el requisito del previo acuerdo, exclusivamente, respecto de las "Corporaciones e Instituciones", lo cual daba pie a considerar que se refería solamente a las personas jurídico públicas. Sin embargo, sigue diciendo la sentencia, la LJCA de 1998 dispuso de
forma mucho más amplia, que las personas jurídicas, (ya no solo las Corporaciones e Instituciones públicas) debían aportar el documento o documentos que acreditaran el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones salvo que este se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento. Es obligado por tanto, según la sentencia, que para acatar lo dispuesto en el artículo 45.2 d) de la LJCA, en relación con el 22.2 .j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL, en adelante), se debe acompañar al escrito de interposición del recurso contencioso entablado a nombre de una Corporación Local los documentos pertinentes para acreditar que el órgano legalmente competente, ha decidido el ejercicio de la acción correspondiente. En definitiva, según reiterada jurisprudencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la LJCA el recurso contencioso-administrativo debe iniciarse mediante un escrito al cual se acompañará, entre otros, el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones, y que en el ámbito de la Administración Local no es otro que la resolución del órgano competente de la Entidad (Alcalde/Presidente (art. 21.1.k LBRL) o Pleno de la Corporación (art. 22.2.j LBRL), en el que conste expresamente la voluntad de interponer el recurso contencioso administrativo, no siendo suficiente que la Entidad Local otorgue un poder concreto de representación para el ejercicio de acciones judiciales ante la jurisdicción contenciosa. Por todo lo cual la adopción de dicho acuerdo debe ser siempre previo a la interposición de recurso contencioso administrativo so pena de inadmisibilidad del recurso, aunque cabe excepciones tal y como podemos ver a continuación. •
Supuestos de Subsanación.
El artículo 45.3 de la LJCA señala que el Juzgado o Sala examinará de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposición del recurso contencioso.
144 Sigue diciendo dicho artículo que en el supuesto que con dicho escrito no se acompañaran los documentos expresados en el apartado 2 del mismo (y entre ellos el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones) o los presentados fueran incompletos, el Juzgado o la Sala requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de 10 días para que el recurrente pueda llevarla a efecto, y si no lo hace, se ordenará el archivo de las actuaciones. La propia sentencia de 3 de enero citada reitera esto, añadiendo que la razón de ser del precepto es abrir lo antes posible un cauce que evite la inutilidad de un proceso iniciado sin los requisitos que son ya precisos en ese mismo momento y no otra. Manteniendo también que no cabe derivar como efecto jurídico la presunción de validez de la comparecencia cuando el Juzgado o la Sala no hacen dicho requerimiento, pues no es eso lo que dice el precepto ni es eso lo que se deduce de su tenor literal o de su espíritu o finalidad. Ni tampoco (sigue diciendo la sentencia) cabe derivar uno según el cual la invalidez sólo pudiera ser apreciada tras un acto en contrario del propio Juzgado o Sala que sí requiriera de subsanación. Por otra parte, y como quiera que junto a lo dispuesto en el art. 45.3 LJCA el 138.2 del mismo texto legal dispone que "cuando se alegue que alguno de los actos de las partes no reúne los requisitos establecidos por la presente ley, la que se halle en tal supuesto podrá subsanar el defecto u oponer lo que estime pertinente dentro de los diez días siguientes al de la notificación del escrito que contenga la alegación”, podemos encontrarnos en dos situaciones diferentes tal y como bien señala la sentencia objeto de estudio: “Una, prevista en su número 2, consistente en que sea el propio órgano jurisdiccional el que de oficio aprecie la existencia de un defecto subsanable; en cuyo caso, necesariamente, ha de dictar providencia reseñándolo y otorgando plazo de diez días para la subsanación. Y otra, prevista en su número 1, en la que el defecto se alega por alguna de las partes en el curso del proceso, en cuyo caso, que es el de autos, la que se halle en tal supuesto, es decir, la que incurrió en el defecto, podrá subsanarlo u oponer lo que estime pertinente dentro de
los diez días siguientes al de la notificación del escrito que contenga la alegación. Y termina con otra norma, la de su número 3, que es común a aquellas dos situaciones, aplicable a ambas, en la que permite sin más trámite que el recurso sea decidido con fundamento en el defecto si éste era insubsanable o no se subsanó en plazo”. Ante esta situación y dado el supuesto en que el defecto sea alegado por alguna de las partes, la Sentencia de 5 de enero afirma que una interpretación conforme con la Constitución de los números 1 y 3 de dicho artículo no impone que el órgano jurisdiccional deba requerir en todo caso la subsanación antes de dictar sentencia de inadmisión, sino que alegado el defecto, sólo será exigible el requerimiento previo del órgano jurisdiccional cuando, sin él, pueda generarse la situación de indefensión proscrita en el artículo 24.1 de la Constitución.
III.- Necesidad de emisión de informe jurídico previo a la interposición de acciones en defensa de los bienes y derechos de las Entidades Locales. •
El artículo 24 de la LJCA preceptúa que: “La representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, así como en las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las Comunidades Autónomas.” Asimismo, el artículo 551.3 de la LOPJ establece que: “La representación y defensa de las Comunidades Autónomas y las de los Entes Locales corresponderán a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones públicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda. Los Abogados del Estado podrán representar y defender a las comunidades autónomas y a los entes locales en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y su normativa de desarrollo.”
144 Por otra parte, el artículo 129.1 de la LBRL establece que: “Sin perjuicio de las funciones reservadas al secretario del Pleno por el párrafo e) del apartado 5 del artículo 122 de esta Ley, existirá un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 447 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.” A la vista de lo anterior, podemos decir que cuando se quiera interponer una acción de defensa del Ayuntamiento, deberá existir un órgano administrativo responsable de asistir a los órganos colegiados y al Alcalde. Por otra parte, el artículo 221.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROFCL, en adelante) establece que: “Los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las entidades locales deberán adoptarse previo dictamen del secretario o, en su caso, de la asesoría jurídica, y, en defecto de ambos, de un letrado.“ Es decir, de conformidad con lo dispuesto en este artículo 221, previo a la adopción de acuerdo por la Corporación sobre ejercicio de acciones judiciales, debe emitirse un informe que debe ser elaborado en primera instancia por el Secretario de la Corporación y en su defecto por un integrante de la asesoría jurídica municipal y, en caso de no ser ninguno de ellos, por un Letrado. Este informe, de carácter preceptivo en todo caso, sólo se requiere cuando la Administración local va a ocupar la posición procesal de actor, demandante, denunciante o recurrente, nunca si es sujeto pasivo de la acción interpuesta por un tercero, ni tampoco cuando se trata de interponer recursos administrativos, “... los cuales pueden ser formalizados sin necesidad de observar aquel requisito...” (STS 16 diciembre 1980). En principio dicho informe es requisito habilitante para el ejercicio de las acciones
que procedan tras el acuerdo del órgano competente de la Corporación, y por ello es necesaria la adopción de un previo acuerdo de ejercicio de acciones por el órgano competente de la Corporación. De la sentencia nº 1.148, de 7 de diciembre de 1.989, del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso Administrativo), resulta interesante destacar el siguiente texto: “(....) es el caso que en la contestación de la demanda se introduce en los autos una cuestión relativa a la admisibilidad del recurso contencioso en base a que el Ayuntamiento demandante no ha cumplido las formalidades que para entablar demanda le exige el artículo 57-d) de la Ley de esta Jurisdicción, concretamente, el acuerdo para recurrir y el dictamen de Letrado de su Asesoría Jurídica o Secretario; la Sala, sin más, estima el motivo de inadmisibilidad del recurso, incluido en el artículo 82-f) de la Ley de esta Jurisdicción por quedar incumplidos los requisitos que para recurrir deben observar las Corporaciones Locales, esto es, porque el escrito inicial del recurso se ha presentado en forma defectuosa al no acompañarse ni el acuerdo para recurrir ni el dictamen de Letrado; si esto es así, la Sala debió dar exacto cumplimiento a lo dispuesto al n.° 3 del artículo 57 de la Ley de esta Jurisdicción , señalando un plazo de 10 días para que el recurrente subsanase el defecto y, en caso de no subsanarlo, archivando las actuaciones; (...)” Otros preceptos a apuntar en relación a este tema son los artículos 22.1 de la LPL, 54.4 del TRRL y 129 de la LBRL (para los municipios de gran población). El autor del dictamen habrá de ser el Secretario de la Corporación1 o, en su 1 Tal como dice Garcia Asensio: “No siempre tuvo preeminencia o simple validez el informe del Secretario. Primeramente, y como ya se ha visto, se requirió exclusivamente el de Letrados. Luego, el art. 338.3 del Reglamento de Organización de 1952, dictado en desarrollo del art. 370 (LRL), preveía que la obligación de informar en estos casos fuera de los Letrados Asesores de la Corporación si los hubiera en su plantilla de funcionarios, y todo ello sin perjuicio de los informes jurídicos que pudiera emitir el Secretario, los cuales no eran preceptivos. El art. 338.4 de ese Reglamento de Organización permitía la obtención del dictamen por encargo a Abogado colegiado si no se tuviera Letrado en plantilla conforme lo ya dicho. Hasta tal punto se minusvaloraba el informe del Secretario de la
144 defecto, un integrante de la Asesoría Jurídica; en cuyo caso, podrá ser un funcionario o personal laboral. En caso de no poder ser ninguno de ellos podrá ser un Letrado2 que puede ser un Abogado externo a la Administración Local. La Corporación tendrá la facultad de elegir libremente quiénes de los señalados han de informar por entender que es igualmente válido el emitido por alguno de los mismos. Pudiera ocurrir que dos de ellos emitan el dictamen jurídico, en cuyo caso, el primero de ellos deberá ser el emitido por el Secretario de la Corporación para que luego se emitan los posteriores. También podría ocurrir que el dictamen emitido por el funcionario de habilitación de carácter estatal discrepe del parecer del emitido por un tercero (Asesor municipal o letrado externo), en cuyo caso, deberá consignarse nota razonada de disconformidad). Por último, resulta interesante preguntarse si el dictamen emitido por el funcionario de habilitación de carácter nacional es de carácter preceptivo y además vinculante. El destino del dictamen no es resolver el asunto planteado, sino simplemente ilustrar a los corporativos sobre la mejor manera de proceder a la defensa de los bienes y derechos público-locales. Las normas aplicables callan al respecto. Existen antecedentes, tales como el siguiente Auto del Tribunal Supremo de 9 abril 1903, Gaceta de Madrid de 20 mayo Corporación que, aun cuando fuera Letrado al mismo tiempo, no se tenía por válido y suficiente, siendo condición indispensable de procedibilidad el dictamen de Letrado, propio o externo, según los casos.” 2
Incluso por tal, a veces se ha entendido un funcionario municipal con la titulación de Licenciado en Derecho, aunque no pertenezca a la plantilla en condición de Letrado (STS 12 abril 1958). Otras veces se ha decidido que el dictamen de Letrado no puede sustituirse por informe de funcionario (v.gr. STS 22 mayo 1968), postura ciertamente desfasada y poco justificable a tenor del texto de los actuales art. 54.3 (TRRL) y del art. 221.1 (ROF), y por cuanto la finalidad del dictamen se encontraría sobradamente cumplida.
1904: “(...) así del contexto literal del art. 86 de la Ley Municipal como del espíritu en que se inspira tal precepto, establecido, á no dudar, con el propósito de evitar que por resoluciones ligeras ó poco meditadas de los Ayuntamientos resulten comprometidos en litigios temerarios los intereses de los pueblos, claramente se deduce que la conformidad exigida como requisito del dictamen por la citada disposición legal, no puede entenderse limitada á la formalidad, á todas luces innecesaria, de que dos Letrados estén contestes en un mismo parecer, favorable ó desfavorable, sino que debe, por el contrario, representar el completo acuerdo entre la decisión de entablar la demanda y la opinión técnica consultada, que sirve á aquella de protección y garantía (...)” (Revista El Consultor 24 de mayo de 1904, pág. 192 y 193, reproducida en la misma publicación núm. 11). No obstante, cabe recordar que el artículo 83.1 de la LRJAP-PAC dice que “Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes“, por lo que en principio, cabria concluir que dicho dictamen no es vinculante. •
La omisión del preceptivo dictamen se trata de una cuestión muy discutida jurisprudencialmente, de modo que los sectores jurisprudenciales se inclinan por posturas muy contradictorias en relación a su posible subsanabilidad o no y que a continuación se van a exponer. A) Opinión minoritaria: La omisión del dictamen no puede quedar subsanada si se emitiera con posterioridad. Su omisión no puede quedar convalidada. En dicho sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Mayo de 1976 cuando dice: “(...) ha sustraído elementos de juicio necesarios para una valoración justa y acertada de la solución adoptada por la Corporación Local, dado que la finalidad del informe es ilustrar al órgano decidor(...), lo que significa olvidar la importante función que en orden a propiciar la legalidad corresponde al Cuerpo de Secretarios de la Administración General y que el Legislador proclama al exigir dicho informe (...)”
144 B) Opinión intermedia: Otro sector jurisprudencial, en cambio, entiende como subsanable la emisión del dictamen jurídico con posterioridad a la adopción del acuerdo. Y ello en base al sentido espiritualista de la LJCA y el principio de intervención restrictiva de las inadmisibilidades en los procesos en orden a una mayor y efectiva tutela judicial. Así, la STS de 20 de septiembre de 1988, considera cumplida la exigencia de este dictamen previo “(...) con la autorización concedida en poder notarial por Acuerdo del Ayuntamiento (...) al Letrado que dirigiendo la actuación jurídica en ambas instancias defiende los derechos e intereses controvertidos en el presente litigio (...)” No obstante, esta situación debe de ser objeto de cierta crítica. Y ello porque la normativa exige un dictamen jurídico y en este caso concreto no sólo no lo hay sino que el Tribunal Supremo entiende que lo equipara a un simple acuerdo del órgano que debió de ser el receptor de ese informe. Crítica que debe acentuarse cuando el propio Tribunal Supremo reconoce que la falta del previo dictamen aun incurriendo en causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo de la letra b) del art. 69 (LJCA), es subsanable, pudiendo emitirse incluso un mismo dictamen referente a varias resoluciones. C) Otro sector jurisprudencial Mayoritario se inclina por la postura de que cabe la subsanación si se emite el dictamen jurídico con posterioridad a la adopción del acuerdo pero solo referida a la justificación de la existencia del previo dictamen, y no a la realidad de éste.
separadamente a la demanda o escrito de interposición del recurso. Así lo determina la jurisprudencia, Sentencia de la Audiencia Territorial de Burgos, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, núm. 104/1970, de 26 de noviembre, en cuyo Segundo Considerando, explicita que las Corporaciones Locales tienen “(...) la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos, y determina que los correspondientes acuerdos deben ir precedidos del dictamen de un Letrado; requisito que aparece cumplimentado en el presente caso, pues si bien es cierto que no se alude expresamente a él en el escrito de interposición del recurso, sin embargo, se hace constar en el poder otorgado a su Procurador (...), con lo que aparece claramente demostrado que la Corporación actora, antes de interponer el presente recurso, ha dado cumplimiento al mandato legal”.
RECAPITULANDO: Como extracto de todo lo anteriormente transcrito podemos extraer las siguientes conclusiones: 1º.- Para que un Ente Local pueda ejercitar una acción en defensa de la misma, es necesario que el Letrado que actúe en defensa de la Corporación ostente un poder concedido por Ésta. 2º.- Asimismo es necesaria la existencia de un previo acuerdo adoptado por el órgano correspondiente para interponer el recurso contencioso administrativo. 3º.-
Posición esta última, por cierto, que la consideramos la más acertada, al conciliar la necesidad de un dictamen previo y preceptivo, con naturaleza marcadamente finalista, con una interpretación favorable al principio pro actione ya que, si, advertidos de un defecto formal, se le concede la facultad de que pueda ser subsanado, previo ofrecimiento por parte del órgano jurisdiccional. Por lo tanto, la justificación del dictamen es antiformalista, ya sea incorporándolo al propio Acuerdo, ya sea acompañándolo
Y asimismo es necesario que, previamente a la adopción del acuerdo adoptado, se emita un dictamen por el Secretario, o, en su caso, por la asesoría jurídica municipal, y, en defecto de ambos, de un Letrado.
4º.- Todo lo anterior sólo se requiere cuando la Administración Local va a ocupar la posición procesal de actor, demandante, denunciante o recurrente. 5º.- Se excluye de todo lo anterior, las sucesivas fases o instancias, ya que se considera implícito en la autorización originaria, incluyendo el dictamen inicial
144 “las distintas contingencias que puedan surgir en el seguimiento de unas mismas actuaciones, puesto que ellas tienen que estar previstas, como posibles, y porque, de lo contrario, ante la brevedad de los plazos disponibles para algunos de los recursos utilizables,
podría darse el caso de que, de querer cumplir estos preceptos (...) se llegaría incluso tarde a la interposición de los mismos en más de una ocasión” (STS de 9 de Julio de 1.979) Caridad Ruiz Barbadillo
Proyecto de Ley de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio El pasado día 12 de junio el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de modificación de 47 leyes estatales para su adaptación a lo dispuesto en la Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior). El proyecto se encuentra en periodo de proposición de enmiendas hasta el 7 de septiembre. La aprobación de esta "Ley Ómnibus" tiene por objetivo impulsar la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas españolas en el sector servicios, que representa el 66 por 100 del PIB y del empleo en España. El nuevo marco beneficia particularmente a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, para quienes los costes de inicio de actividad y las cargas administrativas que soportan son proporcionalmente mayores. El Proyecto de Ley modifica 47 leyes estatales en las siguientes áreas: administración pública (3), consumo (1), servicios profesionales (3), empleo (4), servicios industriales y construcción (6), energía (3), transporte y comunicaciones (7), medioambiente y agricultura (13) y sanidad (3). La norma comienza exponiendo una serie de modificaciones que afectan al Procedimiento administrativo. Así, por lo que respecta a la normativa básica local, se añade un nuevo apartado (4) al artículo 70.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local ( LRBRL) de modo que los procedimiento que regulen el acceso a los servicios incluidos en el ámbito de la Directiva y, por tanto, de este proyecto de
ley, podrán realizarse por medio de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, salvo que se trate de la inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del servicio. Asimismo, se otorga una nueva redacción al artículo 84 de la LRBRL de manera que las Entidades Locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos a través de diversos medios tales como ordenanzas y bandos, sometimiento a licencias previas, órdenes individuales consultivas, etc. Por otro lado, el proyecto da una nueva redacción a la regulación del silencio administrativo en los procedimientos iniciados a instancia de parte (artículo 43 de la Ley 30/1992), en los que la falta de notificación expresa por parte de la Administración transcurrido el plazo exigido para hacerlo, determinará el silencio positivo administrativo en todos ellos, a excepción del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución. Otras modificaciones relevantes son las que afectan a los Colegios de Profesionales, que modernizan el marco institucional en el que se desenvuelve un conjunto de actividades profesionales de gran relevancia para el funcionamiento de la economía. Destacar que el proyecto suprime la función de los Colegios de fijar baremos orientativos de honorarios o cualquier otra recomendación sobre precios, que, según esta norma, tanto beneficia al consumidor; no obstante se admite la colaboración con la Administración de Justicia a efectos de la tasación de costas. También se les exigirá una mayor transparencia debiendo publicar una memoria anual sobre su gestión económica y su actuación disciplinaria en defensa de los intereses de los consumidores.
144 La Disposición transitoria tercera establece que en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará un real decreto que establezca los visados que serán exigibles de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Otras de las modificaciones operadas por este proyecto de ley son las siguientes, clasificadas por sectores: Industria: Se sustituyen las autorizaciones por declaraciones responsables en las actividades de instalación de gas, la instalación de calderas o de recipientes frigoríficos. Además se eliminan requisitos no justificados o desproporcionados, tales como exigir un local de 25 m2, especificar que determinados operadores deben estar contratados a jornada completa o exigencias de coste excesivo de contratación de seguros y que afectan fundamentalmente a las PYMEs. Energía: Se sustituyen cuatro regímenes de autorización previa por comunicaciones de inicio de la actividad a la autoridad competente (comercializadores de energía eléctrica, operadores al por mayor de productos petrolíferos, comercializadores al por menor de GLP a granel, comercializadores de gas natural), se suprimen determinados registros de operadores que son sustituidos por listados publicados en Internet y se eliminan cinco requisitos de carácter discriminatorio. Telecomunicaciones: Se sustituye la autorización para la prestación de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación por una declaración responsable.
Transporte Terrestre: Se eliminan dos regímenes de autorización (de estaciones y centros de transporte y para el arrendamiento de vehículos sin conductor), que se derogan y se introduce así un régimen de libre acceso y ejercicio a la actividad. Sector ferroviario: Se elimina la autorización previa a las actividades auxiliares que no sean prestadas por ADIF como el acceso a la red de telecomunicación, el suministro de información complementaria y la inspección técnica del material rodante. Sector postal: Se sustituye la autorización para la actividad de servicios postales fuera del Servicio Postal Universal por declaración responsable, y la inscripción en el registro pasa a realizarse de oficio y a renovarse automáticamente. Medio ambiente y servicios de agricultura: Se eliminan ocho regímenes de autorización (cinco de los cuales se han sustituido por declaración responsable, uno por notificación y dos se han suprimido) y se eliminan diversos requisitos de carácter discriminatorio (reserva de la actividad a los españoles en materia de caza y pesca) y limitaciones territoriales. Vivienda: Se sustituye la acreditación oficial (autorización previa) para entidades de control de calidad de la edificación por una comunicación de inicio de actividad y se sustituye la acreditación oficial por declaración responsable para laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificación.
Guadalupe Niveiro de Jaime
Estrategia de Medio Ambiente Urbano Autor: Ministerio de Medio Ambiente, Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible Edita: MMA, 2006 Resumen: Esta estrategia de medio ambiente urbano tiene como objetivo establecer las directrices que han de conducir a los pueblos y ciudades de España hacia escenarios más sostenibles, en la era de la información, y mejorar su calidad urbana y la calidad de vida de sus ciudadanos. La estrategia se aplica en el ámbito de la movilidad, edificación, gestión urbana, y en la sostenibilidad entre el medio rural y el urbano.
Manual de Derecho Financiero y Tributario Local Autores: Javier Martín Fernández, Jesús Rodríguez Márquez Edita: Marcial Pons, 2009. (Manuales profesionales tributario) Resumen: La reforma de la financiación local es una de las cuestiones pendientes para culminar el sistema territorial descentralizado español. Las dificultades de la financiación de ayuntamientos y diputaciones se ponen más de manifiesto en épocas de crisis económicas. De ahí que este estudio pretenda aportar soluciones y ofrecer una visión completa de las haciendas locales, desde una perspectiva eminentemente jurídica. En treinta y dos amplios capítulos aborda los entes locales como sujetos de la actividad financiera, fuentes de derecho financiero y tributario local, los recursos de la hacienda pública local, los tributos locales, la gestión tributaria, la recaudación tributaria, las infracciones y sanciones tributarias, las reclamaciones económicas-administrativas, derecho patrimonial público local, derecho del crédito público local, participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, ejecución y liquidación de los presupuestos, la tesorería y la contabilidad de las entidades locales.
Informe sobre la Normativa Reguladora de la actividad turística en España Autor: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Edita: Madrid: MITC, D.L. 2008. Resumen: Este estudio analiza la legislación turística de aplicación en los espacios naturales protegidos, a partir de la promulgación de normativa estatal (Ley 4/1989 de 27 de marzo de Conservación de
los espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres). El estudio tiene un alcance de diecisiete sectores de la actividad turístíca, referida a la normativa reguladora del sector alojamientos rurales, hoteles, apartamentos, restaurantes, agencias de viajes, alojamientos de pequeñas dimensiones, campos de golf, campings, empresas de tiempo compartido, balnearios, oficinas de información turística, playas, espacios naturales protegidos, convention bureau, palacios de congresos, estaciones de esquí y montaña y empresas de autocares de turismo.
Las personas con discapacidad en el Ordenamiento Jurídico Español: La Convención Internacional de 13 de diciembre de 2006 Autor: Antonio García Pons. Edita: Editorial Ramón Areces, D.L. 2008. (La Llave)(Por más Señas) Resumen: Esta investigación jurídica estudia cómo afecta el cambio de paradigma, que supone la Convención Internacional, sobre los derechos de las personas con discapacidad, en campos como el de la autonomía personal, la capacidad de obrar, la protección patrimonial, así como su reflejo en los principios generales del Derecho.
Libro Blanco Inmigración y Ciudadanía: Buenas Prácticas en el Arco Mediterráneo Autores: Elena Gades Montesinos, Pere Salvà Tomás, Carles Xavier Simó Noguera... (et al.). Edita: Reproexpres Ediciones, D.L. 2006. Resumen: Este estudio reúne, sintetiza y analiza las fortalezas y debilidades de las distintas actuaciones en materia de integración de inmigrantes en varias localidades de las Comunidades Autónomas de Valencia, Baleares y Murcia. El objetivo principal de este manual de buenas prácticas es el de facilitar el conocimiento y la divulgación de los proyectos que se han desarrollado en cada uno de los municipios con la población inmigrante.
Cómo abordar la integración de las mujeres inmigrantes. Guía para las Administraciones Públicas Autor: Instituto de la Mujer. Edita: Instituto de la Mujer, D.L. 2008. (Observatorio; 11) Resumen: La integración de las mujeres inmigrantes puede considerarse como un reto particular dentro del objetivo, más amplio, de
144 integración de la población inmigrante, en general. Esta guía pretende proporcionar información a los distintos departamentos y niveles de la Administración pública, para que les ayude a conocer mejor la situación de las mujeres inmigrantes. Ofrece una panorámica sobre los ámbitos de actuación, el fondo de apoyo a la acogida e integración, acceso a los servicios de educación, empleo o salud.
Lugares de custodia de personas detenidas: Depósitos municipales y otros calabozos policiales Autor: Defensor del Pueblo Andaluz. Edita: Sevilla: DPA, 2008. (Informe especial al Parlamento) Resumen: Este informe trata de los lugares en que se custodia a las personas que son detenidas, por la supuesta comisión de delitos de cualquier tipo y mientras permanezcan en calidad de detenidos y a disposición del Juez competente, que deberá decidir sobre su puesta en libertad o el ingreso en prisión. Para la realización del informe se han visitado más de cien instalaciones por toda Andalucía, tanto las gestionadas por algunos ayuntamientos, los llamados depósitos municipales de detenidos, como las existentes en cuarteles de la Guardia civil y en comisarías del Cuerpo nacional de policía, y se concluye que muchas de ellas no reúnen las debidas condiciones.
La sanción penal de trabajos en beneficios de la Comunidad Autor: José Ángel Brandariz García. Edita: reedición. Tirant lo Blanch; participa la FEMP, 2009. (Tirant monografías; 618) Resumen del índice: Aproximación políticocriminal a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. La configuración de la pena de trabajos en beneficio de la Comunidad en el Código penal. Requisitos de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. La ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Los nuevos retos de una pena que se generaliza. Protocolos de gestión de personal en la Administración local.
La influencia de la localización y la distancia en las pautas de subcontratación Autores: Holl Adelheid, Ruth Rama.
Edita: Comunidad de Madrid, Consejo Económico y Social, D.L. 2005 (Documentos de trabajo; 8) Resumen: Este estudio analiza la subcontratación de la producción y su relación con diferentes tipos de lugares. La información resulta de especial importancia para los gestores políticos para valorar el potencial económico de una región, y para diseñar y facilitar la adaptación de ésta a la organización productiva moderna. Este trabajo, también, puede ser de interés para las autoridades locales que busquen atraer inversiones a través de la promoción de redes de subcontratación.
Ciudades en (re)construcción: necesidades sociales, transformación y mejora de barrios Autor: Diputación de Barcelona, Xarxa de Municipis. Edita:Barcelona: Diputación, D. L. 2008 (Estudios; 5) Resumen: Este libro recoge y amplía las aportaciones que se realizaron durante el seminario Ciudades en (re)construcción. Necesidades sociales, mejora de barrios y nuevos instrumentos de transformación urbana, en diciembre de 2005, en el marco de los cursos de otoño que realiza el Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Recoge la problemática, necesidades y retos sociales de los centros urbanos y barrios, incluyendo cuestiones relacionadas con la necesidad de la vivienda para diferentes segmentos de población, la segregación socio espacial urbana, la calidad de los espacios públicos o la participación y corresponsabilización de las comunidades de vecinos en la ordenación y gestión de sus barrios. A continuación, expone diversas formas y modelos de aproximación de las políticas públicas a las problemáticas urbanas a escala de barrio. Finalmente, se presentan experiencias integrales de intervención en la mejora y reforma de centros urbanos y barrios con necesidades especiales, prestando atención a prácticas innovadoras en Europa, así como proyectos desarrollados en Cataluña, en el marco de la Ley de mejora de barrios.
144-julio-2009
Transferencia de competencias entre la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales de Castilla y León La Ley de Servicios Sociales de Illes B...