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Timestamp: 2018-07-17 19:51:44
Document Index: 224954290

Matched Legal Cases: ['artículo 122', 'artículo 23', 'artículo 71', 'artículo 2', 'artículo 81', 'artículo 92', 'artículo 122', 'artículo 23', 'artículo 122', 'artículo 23', 'artículo 122', 'artículo 92', 'artículo 2', 'artículo 71']

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN PLENO. El Abogado del Estado, en representación del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, DICE: - PDF
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1 ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE Y DERECHOS HUMANOS AL TRIBUNAL EN PLENO El Abogado del Estado, en representación del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, DICE: Que interpone RECURSO DE INIDAD contra el Título II y las Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales de la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de Septiembre, de Consultas Populares no Referendarias y Participación Ciudadana, publicada en el D.O.G.C. nº 6715, de 27 de Septiembre de Se acompaña, como DOCUMENTO Nº 1, la orden de interposición del recurso dada por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno y, como DOCUMENTO Nº 2, el acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de Septiembre de 2014, por el que se acuerda invocar el art de la Constitución Española. Queda, pues, hecha expresa invocación del art CE en relación con los preceptos de la Ley del Parlamento Catalán que se recurren, con los efectos que señala el art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, LOTC, es decir, la suspensión de la vigencia y aplicación de las normas legales impugnadas. El recurso se basa en los siguientes HECHOS Primero. Mediante la presente demanda de inconstitucionalidad se impugnan el Título II y las disposiciones adicionales, transitorias y finales de la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de Septiembre, de Consultas Populares no Referendarias y Otras Formas de Participación Ciudadana, publicada en el D.O.G.C. nº 6715, de 27 de Septiembre de
2 Segundo. El Consejo de Ministros celebrado el día 29 de Septiembre de 2014 decidió solicitar del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno la interposición del Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley 10/2014, de 26 de Septiembre de Consultas Populares no Referendarias y Otras Formas de Participación Ciudadana, conforme a los arts. 161 de la CE y 31 de la LOTC, con expresa invocación del art de la CE, de acuerdo con lo establecido en el art. 30 de dicha LO, a fin de que se produzca la suspensión de la Ley objeto de recurso (se acompaña certificado del dicho acuerdo como documento nº 1). El mismo día, el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno decidió interponer recurso de inconstitucionalidad contra la referida Ley 10/2014 (se acompaña dicho documento como documento nº2 Tercero. La Comisión Permanente del Consejo de Estado informó favorablemente la interposición del presente recurso en su reunión de 28 Septiembre de 2014 (se acompaña este dictamen como documento nº 3). FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- Introducción El recurso tiene por objeto la impugnación ante el Tribunal Constitucional del título II y las Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales la Ley de Cataluña 10/2014, de Consultas Populares no Referendarias y Participación Ciudadana, que establece el régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento y la convocatoria de los mecanismos de consultas populares no referendarias y de otras formas y mecanismos de participación ciudadana. La impugnación de esta Ley se divide en dos partes diferenciadas que obedecen a motivos diferentes: I. La primera aborda la inconstitucionalidad de la Ley en su regulación de las consultas populares no referendarias en el ámbito autonómico ( nacional, según afirma la Ley en sus 2
3 arts. 3.2 y 4.2), que se impugna por vulneración de competencias exclusivas del Estado en materia de regulación y autorización de consultas referendarias y por vulneración de la reserva de ley orgánica en materia de referéndum. La tesis que se defiende es que, bajo la denominación de consultas populares no referendarias, el Parlamento de Cataluña ha regulado en realidad una materia sobre la que carece manifiestamente de competencia, esto es, las consultas referendarias. El Gobierno considera: A. Que la regulación de las consultas no referendarias mediante votación es en realidad una regulación de una consulta referendaria, puesto que responde fielmente a sus características esenciales, más allá de la denominación legal utilizada. La Ley impugnada recoge materialmente la regulación de los referéndums aunque intenta encubrirlo mediante el uso de fórmulas, composiciones, redacciones o definiciones que procuran formalmente evitar la identificación material con lo que realmente es, una llamada al cuerpo electoral mediante el uso de una administración materialmente electoral y por un procedimiento que es, así mismo, electoral. De modo que, con arreglo a la teoría de la recognoscibilidad admitida por el Tribunal la institución regulada en la ley es un auténtico referendum con independencia del nomen iuris utilizado y abstracción hecha de la cobertura formal utilizada para encubrirlo. B. Que el objetivo último de la ley es la dotación de cobertura jurídica necesaria para la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, según se deduce notoria, explícita y claramente: a) Del contexto jurídico y político en el que se tramita y promulga la ley. b) De los antecedentes históricos de la norma. c) De la tramitación parlamentaria. 3
4 d) De la propia promulgación del decreto nº 129/2014, de 27 de Septiembre, de convocatoria de un referéndum cuya pregunta versa sobre si Cataluña ha de ser un Estado independiente. Este objetivo patente, declarado y proclamado en la tramitación parlamentaria, en los antedecentes de la norma y en las declaraciones políticas de los grupos parlamentarios que apoyan la aprobación de la ley, llama a la aplicación de la teoría del fraude de ley, en este caso a la propia Constitución Española. Es importante señalar que se impugnan la totalidad de los preceptos contenidos en el Título II por su íntima conexión entre ellos, en la medida en que contienen una regulación sistemática y completa de un verdadero referéndum, de modo que el legislador autonómico pretende una regulación plena, ordenada, coherente y sistemática de la consulta referendaria. Ello implica que todos los preceptos de este Título II encajan perfectamente en la regulación de un verdadero referendum inconstitucional para el que Cataluña no tiene competencia; y sus preceptos sólo obtienen sentido y coherencia en una interpretación conjunta y armónica de la ley. En consecuencia, la inconstitucionalidad se extiende a todos ellos por la necesaria conexión de todos sus preceptos. Se excluyen sin embargo de la impugnación las referencias que se hacen a otras formas de participación como las audiencias públicas y los foros de participación, en la medida en que constituyen ejercicio de la competencia reconocida a la Comunidad Autónoma de Cataluña en el artículo 122 de su Estatuto y, consecuentemente, el título III de la Ley, con las salvedades que se expondrán, respecto de los artículos 41 a 44, en este escrito de demanda. II. Por otro lado, y con bases jurídicas distintas, se impugnan ciertos preceptos del título II, que se concretarán en el cuerpo de este escrito, respecto de las consultas locales, en este caso, fundamentalmente, por infracción de la legislación básica del Estado en la materia. 4
5 Segundo.- Competencias del Estado en materia de consultas referendarias. Las competencias del Estado en materia de consultas referendarias aparecen recogidas en la Constitución en los términos siguientes: A. En virtud de lo establecido en el art º corresponde al Estado establecer "la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, que se vincula en esta materia con el ejercicio del derecho fundamental a la participación directa en los asuntos públicos expresamente consagrado en el artículo 23.1 CE. B. Por otro, al Estado le corresponde establecer "las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas" (Art ª CE). Al amparo de este título, corresponde al Estado: a) La regulación de las bases del régimen jurídico de la Administración Electoral: Como declaró el TC en la S. 154/1988, de 21 de julio: Ha de tenerse, sin embargo, presente para enjuiciar los preceptos impugnados, la competencia del Estado en relación con el régimen jurídico de las Administraciones Públicas (art C. E.). En efecto, el ejercicio del derecho de sufragio supone la existencia de Administraciones Electorales, cuya configuración, como veremos posteriormente, ha de responder a un esquema básico. Esquema que puede considerarse desarrollado por el legislador estatal en el capítulo III del título I de la LOREG, cuyos preceptos, de acuerdo con la disposición adicional primera dos, de la misma Ley Orgánica, son también de aplicación a las elecciones para las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. b) La regulación de las bases del régimen jurídico de la Administración Local 5
6 Al amparo de este título, el Estado ha regulado las llamadas consultas populares municipales que puedan celebrarse por los Ayuntamientos, relativas a asuntos relevantes de índole municipal, en sus respectivos territorios. Estas consultas están expresamente excluidas del ámbito de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, por su Disposición adicional y su regulación se remite a legislación de Régimen Local (prevista en el artículo 71 LBRL), prescribiendo, en todo caso, la competencia exclusiva del Estado para su autorización. C. Al Estado le corresponde en cualquier caso la decisión de la autorización de cualquier consulta popular por vía de referéndum de acuerdo con el artículo ª de la Constitución y el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/1980, competencia que no se limita a la autorización estatal para la convocatoria, sino que ha de extenderse a la entera disciplina de esa institución, esto es, a su establecimiento y regulación, como ha expresado el Tribunal en su STC 31/2010. D. El artículo 81 CE establece una reserva de Ley Orgánica en relación con determinadas materias, entre las que incluye, a efectos de este recurso: a) El desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, lo que implica la regulación de: i) El derecho fundamental de participación en los asuntos públicos, en este caso, el derecho de participación directa en estos asuntos consagrado en el art. 23 de la CE mediante la institución del referéndum. La consulta acerca de aspectos de naturaleza política no puede entenderse por tanto sin la participación del pueblo español, del cuerpo electoral organizado en forma de electorado, sin que entre en juego el derecho de los ciudadanos, garantizado por el art. 23 de la CE a participar en la toma de decisiones políticas o que les afecten a todos ellos como colectividad. 6
7 ii) El derecho fundamental a la intimidad personal, consagrado en el art. 18 de la CE que comprende la regulación de la protección de datos de carácter personal. b) La regulación del de régimen electoral general. Dicha atribución se concreta en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (LOREG). c) La demás previstas en la Constitución, previsión genérica que se concreta en el artículo 92.3 CE, que determina que una Ley Orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. Esta previsión se concretó en la aprobación de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, como ya se ha apuntado. Por todo ello, y de acuerdo con la distribución constitucional de competencias en la materia, la Ley vulnera los art º, 18º y 32ª de la Constitución Española y la reserva de Ley Orgánica contenida en el art. 81 de la CE en relación con los arts. 18, 23 y 92.3 de la CE Tercero.- Competencias de la Comunidad Autónoma en materia de consultas populares: La competencia exclusiva que el art ª CE reserva al Estado para autorizar referéndums no se limita a la convocatoria de cada concreta y singular consulta referendaria (cfr. art. 2 de la LO 2/1980), sino que esa autorización estatal incluye también la previa habilitación o previsión abstracta del tipo, figura o modalidad referendaria efectuada por las Cortes Generales precisamente en la Ley Orgánica a que se refiere el art CE. Y por esa razón, al analizar esta Ley no puede hablarse, como tampoco podía hacerse en el caso de las consultas referendarias, reguladas por la Ley 4/2010, de la existencia de competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña sobre el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el 7
8 procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat de una consulta mediante votación de carácter referendario. Por ello, como se argumentó respecto de la impugnación de la Ley 4/2010, de consultas referendarias, el referéndum consultivo es claramente un tipo, figura o modalidad referendaria carente de previsión expresa alguna tanto en la CE (que sólo menciona referendos consultivos nacionales en los que votan todos los ciudadanos, se entiende que españoles, art CE) como en la LO 2/1980 y en el Estatuto. La exigencia de previsión expresa (STC 103/2008, FJ 3) presupone que la figura referendaria tiene que estar claramente establecida o bien directamente en la Norma suprema o bien en la Ley Orgánica que satisface la doble reserva del art CE (en relación con el art CE) y 92.3 CE. Y sólo a partir de tal determinación expresa en la Constitución o en la Ley Orgánica específica (actualmente LO 2/1980) podrían los Estatutos prever, a su vez, referendos en que participara el cuerpo electoral de la Comunidad Autónoma. Y al contrario, sin habilitación constitucional directa o mediata (en este último caso exclusivamente a través de la ley orgánica prevista en el art CE, que satisface simultáneamente la reserva del art CE en relación con el art CE), el legislador autonómico no puede innovar en materia de modalidades, tipos o figuras de referéndum creando de la nada el referéndum consultivo autonómico. En el caso de la Ley de consultas no referendarias la inconstitucionalidad es más evidente, puesto que a la incompetencia material de la Comunidad Autónoma para regular el referéndum se suma la omisión en la ley de la necesaria autorización del Estado para su convocatoria. Por lo que se refiere a las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña sobre la materia, su ámbito se limita al de las consultas no referendarias; Así, el artículo 122 del Estatuto de Autonomía (EAC), bajo la rúbrica Consultas populares, atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, modalidades, procedimiento, cumplimiento y convocatoria por la propia Generalidad o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo de la Constitución. 8
9 La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, interpretó este precepto legal afirmando que en ningún caso atribuye a la Generalidad competencias en materia de establecimiento y regulación de referendos, definidos como una especie del género consulta popular que han de cumplir las condiciones (subjetiva y objetivas) señaladas en la mencionada STC 103/2008. El Tribunal entiende en la citada Sentencia (F.J.69): (...) Caben, pues, consultas populares no referendarias mediante las cuales se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos distintos de los que cualifican una consulta como referéndum (STC 103/2008, FJ 2) y con los límites materiales a los que también hicimos referencia en la STC 103/2008 (FJ 4) respecto de todo tipo de consultas, al margen de la prevista en el art. 168 CE. Las encuestas, audiencias públicas y foros de participación a los que se refiere el art. 122 EAC tienen perfecto encaje en aquel género que, como especies distintas, comparten con el referéndum. Si a ello se añade que las consultas previstas en el precepto se ciñen expresamente al ámbito de las competencias autonómicas y locales, es evidente que no puede haber afectación alguna del ámbito competencial privativo del Estado. (...) Así interpretada, la competencia para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, atribuida a la Generalitat por el art. 122 EAC, es perfectamente conforme con la Constitución, en el bien entendido de que en la expresión cualquier otro instrumento de consulta popular no se comprende el referéndum. Tal entendimiento parece implícito en el propio art. 122 EAC, que hace excepción expresa de lo previsto en el artículo de la Constitución. Sin embargo, esa excepción no puede limitarse a la autorización estatal para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, sino que ha de extenderse a la entera disciplina de esa institución, esto es, a su establecimiento y regulación. Ello es así por cuanto, según hemos dicho en la repetida STC 9
10 103/2008, la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, es la llamada por el art CE para regular las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución, siendo además la única Ley constitucionalmente adecuada para el cumplimiento de otra reserva, añadida a la competencial del art CE: la genérica del art. 81 CE para el desarrollo de los derechos fundamentales, en este caso el derecho de participación política reconocido en el art. 23 CE. (STC 103/2008, FJ 3). Por tanto, y tal y como terminantemente ha declarado el Tribunal, la competencia prevista en el art. 122 del EAC no ampara ni comprende la regulación o convocatoria de consultas referendarias, y por tanto de consultas que, aunque no se denominen referendarias o se aparten aparente o formalmente de la regulación del referéndum, sean como en este caso, material y auténticamente un referéndum. Debe recordarse además que el Tribunal declaró en la citada S. 103/1998, que la convocatoria no puede ampararse en genéricas potestades implícitas vinculadas al principio democrático, al entrar éstas en colisión con competencias expresamente atribuidas a otro ente, como ocurre en el presente caso con la que al Estado atribuye el art CE. ( )«Hemos de afirmar, en definitiva, que no cabe en nuestro ordenamiento constitucional, en materia de referéndum, ninguna competencia implícita, puesto que en un sistema como el español, cuya regla general es la democracia representativa, sólo pueden convocarse y celebrarse los referendos que expresamente estén previstos en las normas del Estado, incluidos los Estatutos de Autonomía, de conformidad con la Constitución». Nada cabría reprochar a la Ley impugnada si su contenido se acomodase al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Cataluña, esto es, a las consultas populares no referendarias. Por esta razón, no se impugnan los preceptos relativos a las consultas expresamente previstas en el EAC como son las encuestas, audiencias públicas, y foros de participación, no vinculadas con el derecho de participación política, reconocido en el artículo 23 CE, sino con el derecho a la participación ciudadana, y que se pueden amparar en el artículo 122 EAC, con la salvedad de las consideraciones que se harán más adelante respecto de las previsiones contenidas en 10
11 los artículos 41 al 44 en los términos que se analizan en fundamento distinto. El recurso se centra sobre las consultas no referendarias por votación reguladas en el mencionado Título II, que responden a la naturaleza de una verdadera consulta referendaria y suponen una manifestación del derecho de participación política previsto en el artículo 23 CE. El Parlamento de Cataluña en la Ley de consultas no referendarias 10/2014 ha creado un nuevo modelo de consultas populares que se identifica con el referendo, aunque pretenda huir de esta categoría jurídica, mediante una extensión inconstitucional del inciso otros instrumentos de participación que vulnera las competencias del Estado. De acuerdo con el art. 122 del Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de Cataluña es competente para regular mecanismos de participación ciudadana y consultas populares que no tengan el carácter de referéndum. Ya se ha expuesto que el Tribunal Constitucional manifestó expresamente la constitucionalidad de esta competencia estatutaria. El propio legislador catalán en la exposición de motivos de la Ley de Cataluña 4/2010, de consultas referendarias ha formulado el ámbito de estas formas de participación distinguiéndolas de las consultas referendarias cuando afirma lo siguiente: Esta norma distingue entre dos tipos de consulta: la consulta como instrumento de participación ciudadana para conocer la opinión de la ciudadanía sobre cuestiones de interés público (encuestas, foros de debate y participación, audiencias públicas, tal y como expresa el citado artículo 122 del Estatuto) y, por otro lado, el referéndum, que es una modalidad de consulta popular donde es llamado a participar todo el censo electoral y en la que se garantizan los requisitos formales y legales para validar la consulta y su resultado. Dentro de las consultas populares por vía de referéndum, distingue entre las consultas populares municipales y las consultas populares por vía de referéndum de ámbito de Cataluña. Es decir, en la Ley 4/2010 no se considera la existencia de unas consultas populares mediante votación como las reguladas en la Ley impugnada, adicionales a las mencionadas en el Estatuto, puesto que la modalidad de consulta popular en que se llama a todo el cuerpo electoral y se garantizan los requisitos formales y legales para validar la consulta y su resultado, se denomina, como corresponde a su naturaleza, referéndum. 11
12 Cuarto.- Regulación constitucional y legal del referéndum. A. Regulación constitucional: La regulación constitucional general de las consultas populares referendarias tiene lugar a través de tres preceptos fundamentales: - El art. 62.c) CE, que atribuye al Rey la convocatoria de referéndum en los casos previstos en la Constitución. - El artículo 92 CE lo regula en los siguientes términos: Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. - Y el art ª CE, que confiere al Estado la competencia exclusiva sobre la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. B. Regulación legal. La Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum (LOMR), única por tanto habilitada para regular las distintas formas de referéndum, contiene la regulación común al disponer, en su art. 1, que el referéndum, en sus distintas modalidades, se celebrará de acuerdo con las condiciones y procedimientos regulados en la presente Ley Orgánica, en tanto que su artículo 2 regula de forma genérica el procedimiento conducente a la celebración de los referendos previstos en la Constitución escalonado en tres fases: 12
13 a) La propuesta de referéndum, que corresponde al Presidente del Gobierno. b) La autorización para la convocatoria, que corresponde en todo caso al Gobierno salvo en el caso de que esté reservada por la Constitución al Congreso de los Diputados. c) El acuerdo del Real Decreto de convocatoria, que debe ser firmado por el Rey y refrendado por el Presidente del Gobierno. Seguidamente, la misma Ley Orgánica determina cuáles son esas modalidades constitucionales de referéndum: 1. El referéndum consultivo previsto en el art CE sobre decisiones políticas de especial trascendencia que por mandato constitucional será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados ; 2. El referérdum para la reforma constitucional previsto en los arts. 167 y 168 CE; 3. La ratificación por referéndum de la iniciativa autonómica prevista en el art CE; 4. La aprobación por referéndum de un Estatuto de Autonomía prevista en el art y.5 CE; 5. Finalmente, el referéndum para la modificación de los Estatutos de Autonomía del art CE. Respecto de las consultas de ámbito municipal, la disposición adicional de la misma LOMR excluye expresamente de su ámbito de aplicación aquellas consultas populares que puedan celebrase por los Ayuntamientos, relativas a asuntos relevantes de índole municipal, en sus respectivos territorios, de acuerdo con la legislación de Régimen Local, y a salvo, en todo caso, la competencia exclusiva del Estado para su autorización. A las consultas municipales se refiere el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL), cuando dispone que De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y 13
14 de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local. Quinto.- Características esenciales de la institución del referéndum. Para deslindar las notas que caracterizan la esencia del referéndum, y, por tanto, cuya concurrencia determina la existencia de una propia y auténtica consulta referendaria, debe traerse a colación a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la distinción entre consultas referendarias y no referendarias contenida en la Sentencia 103/2008, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio, de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en esa Comunidad Autónoma sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política ( Plan Ibarretxe ). En esta Sentencia el Tribunal Constitucional determinó qué debe entenderse por referéndum, y afirmó: 1º) Es un instrumento de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, esto es, para el ejercicio del derecho fundamental reconocido en el art CE. No es cauce para la instrumentación de cualquier derecho de participación, sino específicamente para el ejercicio del derecho de participación política, es decir, de aquella participación «que normalmente se ejerce a través de representantes y que, excepcionalmente, puede ser directamente ejercida por el pueblo» (STC 119/1995, de 17 de julio, FJ 3). Es, por tanto, una forma de democracia directa y no una mera manifestación «del fenómeno participativo que tanta importancia ha tenido y sigue teniendo en las democracias actuales y al que fue especialmente sensible nuestro constituyente», que lo ha formalizado como «un mandato de carácter general a los poderes constituidos para que promuevan la participación en distintos ámbitos» (arts. 9.2 y 48 CE) o como un verdadero derecho subjetivo (así, por ejemplo, arts y 7, 105 y 125 CE). ( ). 2º) En cuanto a las características definitorias del referéndum, afirma que es una especie del género «consulta popular» con la que no se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos, sino aquella 14
15 consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral (expresivo de la voluntad del pueblo: STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10) conformado y exteriorizado a través de un procedimiento electoral, esto es, basado en el censo, gestionado por la Administración electoral y asegurado con garantías jurisdiccionales específicas, siempre en relación con los asuntos públicos cuya gestión, directa o indirecta, mediante el ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos constituye el objeto del derecho fundamental reconocido por la Constitución en el art. 23 (así, STC 119/1995, de 17 de julio). 3º) Para calificar una consulta como referéndum o, más precisamente, para determinar si una consulta popular se verifica «por vía de referéndum» (art CE) y su convocatoria requiere entonces de una autorización reservada al Estado, ha de atenderse a la identidad del sujeto consultado, de manera que siempre que éste sea el cuerpo electoral, cuya vía de manifestación propia es la de los distintos procedimientos electorales, con sus correspondientes garantías, estaremos ante una consulta referendaria. Por tanto, de acuerdo con la doctrina sentada por esta Sentencia, los elementos configuradores del referéndum son: a) Consulta: El Cuerpo Electoral se manifiesta previa consulta o llamamiento del poder público, a través del órgano determinado constitucionalmente, que es el Presidente del Gobierno, que reclama su parecer sobre un asunto de especial trascendencia, que invoca la participación directa de todos los ciudadanos para que el poder soberano se exprese de forma directa. El Referéndum exige la autorización en el Presidente del Gobierno (elegido por el Congreso de los Diputados, representante del Pueblo Español, por la vía del art. 99 de la CE); Prevé la previa autorización del Congreso de los Diputados, residencia de la soberanía nacional (art. 66 de la CE); Y finalmente su convocatoria se efectúa por el Rey, símbolo de la unidad y permanencia de España (art. 1.3 CE). b) Su objeto: 15
16 Ha de versar sobre decisiones políticas de especial trascendencia. Esta importancia, relevancia o trascendencia de la cuestión sometida a referéndum es la causa y razón de su sometimiento a la decisión de todos los ciudadanos (en palabras del art. 92), de modo que implica el llamamiento al Pueblo Español como titular de la soberanía nacional (art. 1.2) mediante el ejercicio del derecho de participación política consagrado en el art. 23 CE. c) El llamamiento al Cuerpo Electoral: El concepto de cuerpo electoral no se identifica exactamente con el poder soberano. Así, la STC 12/2008, de 29 de enero, declaró: Baste decir que el Cuerpo Electoral no se confunde con el titular de la soberanía, esto es, con el pueblo español (art. 1.2 CE), aunque su voluntad se exprese a través de él. Este Cuerpo Electoral está sometido a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), en tanto que el pueblo soberano es la unidad ideal de imputación del poder constituyente y como tal fundamento de la Constitución y del Ordenamiento El Cuerpo electoral se identifica con el conjunto de ciudadanos que, expresando la voluntad del poder soberano, están llamados a participar en la elección de los representantes políticos o a participar directamente en los asuntos públicos mediante la institución del referéndum. d) El procedimiento electoral. El Tribunal se refiere al procedimiento electoral como manifestación o forma de llamamiento al cuerpo electoral que, mediante una concatenación de trámites y actos y la intervención de una organización administrativa o administración electoral que dota de garantías al procedimiento, deriva o finaliza en la proclamación de un resultado (sea electoral o referendario). 16
17 En palabras de la STC 103/2008: El Cuerpo electoral sólo se manifiesta válida y legítimamente a través de un procedimiento con todas las garantías propias de los procesos electorales Luego esta forma de llamamiento al cuerpo electoral se manifiesta, en palabras del TC en tres aspectos concretos: i) La elaboración y gestión de un censo electoral. ii) La organización administrativa que vela por el correcto desenvolvimiento del proceso electoral y lo dota de garantías jurídicas. iii) El establecimiento de un sistema de garantías jurisdiccionales específicas. i) El censo electoral. El concepto de censo electoral como manifestación de uno de los elementos constitutivos del referéndum, la organización de una administración electoral específica, aparece regulado en la LOMR del siguiente modo: El art de la LO 2/1980, de 18 de enero opta por remitirse a la LOREG, estableciendo: El procedimiento de referéndum estará sometido al régimen electoral general en lo que sea de aplicación y no se oponga a la presente ley. El art. 2 de la LOREG determina: El derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad que no estén comprendidos en ninguno de los supuestos previstos en el artículo siguiente. Y a continuación enuncia: 17
18 Para su ejercicio es indispensable la inscripción en el Censo electoral. Y el art. 3 contiene las causas de privación del derecho de sufragio activo (condenados por sentencia, declarados incapaces e internados en hospital psiquiátrico). Los arts. 31 a 41 de la LO 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, regulan el Censo Electoral como forma concreta de organización del elemento subjetivo de los procesos electorales, caracterizándolo como relación concreta de ciudadanos a los que la ley otorga el derecho de sufragio. El art de la LOREG determina: El censo electoral contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos para ser elector y no se hallen privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio. De modo que el concepto de inscritos en el censo electoral o simplemente el censo electoral comprende a los ciudadanos que reúnen requisitos para ser elector (que no estén privados del derecho de sufragio activo por el art. 3 de la LOREG) y que respecto de los que se haya producido la inscripción, indispensable para el ejercicio del derecho de sufragio (según el art. 31 de la LOREG, la inscripción es obligatoria y se tramitará por los municipios). ii) La Administración electoral. Como ha quedado expuesto más arriba, la STC 103/2008 considera una de las manifestaciones del procedimiento electoral la existencia de una determinada administración electoral específica que gestiona el íter de actos y trámites que componiendo el procedimiento electoral están preordenados a la proclamación de un resultado, dotando a este proceso de garantías jurídicas de veracidad y autenticidad. 18
19 iii) El establecimiento de un sistema de garantías jurisdiccionales específicas. Estas garantías jurisdiccionales no aluden sólo intervención de órganos integrados en el Poder Judicial, sino a la función revisora de la legalidad de actuación de otros órganos integrados en la administración electoral. Sexto.- La relevancia del contexto, de los antecedentes históricos y legislativos y del espíritu y finalidad de la norma en la interpretación de la Ley impugnada. Antes de examinar la exacta coincidencia de la regulación de la ley impugnada con los elementos esenciales del referéndum, procede realizar una serie de consideraciones acerca de los criterios interpretativos que han de tomarse en cuenta para alcanzar el verdadero sentido de los preceptos objeto de este recurso. El art. 3.1 del CC, incluido en su Título Preliminar, y por tanto aplicable a todas las ramas del ordenamiento jurídico (en palabras del art. 13.1º del Cc, de aplicación general y directa en toda España), determina que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. Aunque el enjuiciamiento que debe realizar el Tribunal sobre las leyes es un recurso de inconstitucionalidad tiene un carácter abstracto, el planteamiento, el entendimiento y la resolución de este recurso exigen la situación de la norma controvertida en el contexto histórico y social en el que se produce su aprobación, y en la tramitación Parlamentaria que la precede. La adopción y aplicación de estas pautas interpretativas no supone un juicio de intenciones, una presunción de mala fe en su aplicación, ni una elusión del principio de interpretación conforme con la Constitución, sino una jurídica, objetiva, recta y debida interpretación de la norma de acuerdo con los parámetros con los que el propio Ordenamiento Jurídico se dota para interpretar las normas. 19
20 Por tanto, para comprender el verdadero sentido de la letra de la ley hemos de atender a la verdadera intención de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña, puesta de manifiesto en numerosas declaraciones públicas, en el sentido de los informes que se encargan ex profeso, en los debates parlamentarios que han precedido a la aprobación de la ley y en los hechos concluyentes que preparan y auspician una inminente y notoriamente anunciada consulta referendaria sobre la independencia de Cataluña. I. Los antecedentes históricos de la norma. A. Las cinco vías legales. Esta ley es el último paso de un proceso mediante el que se pretende la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Este proceso tiene su soporte jurídico en un informe solicitado por la Honorable Sra. Vicepresidenta de la Generalidad de Cataluña al Centro de Estudios Autonómicos (IEA), el 8 de febrero de 2013, emitido el 11 de marzo siguiente, cuya autoría corresponde a D. Carles Vives i Pi- Sunyer titulado Informe sobre los procedimientos legales a través de los que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña pueden ser consultados sobre su futuro político colectivo (se acompaña a esta demanda como documento nº 1), y que fue ratificado y ampliado por un informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), de 25 de julio de 2013 denominado La consulta sobre el futuro político de Cataluña (se acompaña a esta demanda como documento nº 2). Estos informes idean dos tipos o clases de vías, las denominadas vías jurídicas y las llamadas vías alternativas, que muestran varios caminos para conseguir la independencia de Cataluña, incluyendo como paso previo la celebración de una consulta sobre la independencia de Cataluña. Examinemos brevemente estas vías: 20