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Timestamp: 2019-09-18 13:49:17
Document Index: 67464634

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'ARTÍCULO 50', 'Artículo 50', 'Artículo 50', 'artículo 13', 'artículo 79', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 30', 'artículo 52', 'Artículo 52']

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REPÚBLICA DE CHILE DE 1980
ANTECEDENTES CONSTITUYENTE 6
1. Actas Oficiales de la Comisión Ortúzar 6
1.1 Sesión N° 65 6
1.2. Sesión N° 67 7
1.3. Sesión N° 70 13
1.4. Sesión N° 346 14
1.5. Sesión N° 352 17
1.6. Sesión N° 417 20
2. Actas Oficiales del Consejo de Estado 21
2.1 Acta N° 54 21
2.2 Acta N° 68 22
2.3 Acta N° 76 23
2.4 Acta N° 78 24
3. Publicación de texto original Constitución Política. Texto aprobado 26
3.1 DL. N° 3464, artículo 46 26
LEY N° 18.825 27
1. ANTEDEDENTES TRAMITACIÓN LEGISLATIVA 27
1.1. Proyecto de Ley 27
1.2. Informe Secretaría de Legislación 28
1.3. Acta Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 29
1.4. Informe Primera Comisión Legislativa 30
2. Publicación de Ley en Diario Oficial 32
2.1. Ley N° 18.825. Art. Único N° 27 32
LEY N° 20.050 33
1. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL: SENADO 33
1.1. Boletín de Indicaciones 33
1.2. Segundo Informe Comisión de Constitución 34
1.3. Discusión en Sala 37
2. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL: CÁMARA DE DIPUTADOS 38
2.1. Segundo Informe Comisión de Constitución 38
2.2. Discusión en Sala 40
2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 44
3. TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL: SENADO 45
3.1. Informe Comisión de Constitución 45
3.2. Discusión en Sala 47
3.3. Discusión en Sala 49
3.4. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo 66
4. TRÁMITE VETO PRESIDENCIAL: SENADO 67
4.1. Observaciones del Ejecutivo 67
4.2. Informe Comisión de Constitución 68
4.3. Discusión en Sala 70
4.4. Discusión en Sala 71
5. TRÁMITE FINALIZACIÓN: CÁMARA DE ORIGEN. 72
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo. 72
TEXTO VIGENTE ARTÍCULO 50 74
1. Publicación de Ley en Diario Oficial 74
1.1 Decreto Supremo N° 100, Artículo 50 74
Esta Historia de Ley ha sido construida por profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, Corte Suprema y de la Contraloría General de la República especializados en análisis de Historia de la Ley, quienes han recopilado y seleccionado los antecedentes relevantes y el espíritu del legislador manifestados durante el proceso de formación de la misma.
Las instituciones señaladas no se hacen responsables de las alteraciones, transformaciones y/o del uso que se haga de esta información, las que son de exclusiva responsabilidad de quienes la consultan y utilizan.
La Historia del Artículo 50 de la Constitución Política, se terminó de construir en Enero de 2009, con los antecedentes existentes a esa fecha.1
Su contenido ha sido recogido de las siguientes fuentes:
En las Actas Oficiales de la Comisión Constituyente
En las Actas del Consejo de Estado
En los antecedentes de la Ley N° 18.825
En los antecedentes de la Ley N° 20.050
ANTECEDENTES CONSTITUYENTE
1. Actas Oficiales de la Comisión Ortúzar
1.1 Sesión N° 65 del 26 de Agosto de 1974
En esta Sesión se hace presente que para ser elegido Diputado o Senador basta con ser ciudadano con derecho a sufragio, sobre el particular se pueden ver más antecedentes en la historia del artículo 13 y 15 de la Constitución Política de la República, en la que se analiza con más profundidad el tema de la ciudadanía y el derecho a sufragio2
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que en cuanto atañe a la edad para sufragar encarece a los miembros de la Comisión que, cuando se analice este tema en la próxima sesión, tengan presente que para ser elegido Diputado o Senador basta con tener la calidad de ciudadano con derecho a sufragio, y en consecuencia, podría ocurrir, eventualmente, si se mantuviera la edad de 18 años para votar, que una persona podría ser parlamentario o Ministro de Estado a esa edad, lo que parece inconveniente y constituye, a su juicio, otro argumento más para elevar el mínimo de edad para tener derecho a sufragio.
1.2 Sesión N° 67 del 02 de Septiembre de 1974
Se discute sobre el requisito de instrucción para ser elegido en un cargo público o de elección popular
El señor ORTUZAR (Presidente) hace presente que, para resolver esta materia, tiene importancia saber si se aceptará el principio de que la calidad de ciudadano, por el sólo hecho de detentarse, conferirá el derecho de optar a cargos públicos o de representación popular. Si ello es así, pareciera lógico, entonces, establecer esa condición de idoneidad, la cual se exige hoy día por nuestra legislación para ocupar puestos de mucha menor responsabilidad que los señalados. En cualquier trabajo en la Administración del Estado, por modesto que sea, es necesario saber leer y escribir. Expresa que plantea la inquietud sólo para aclarar el punto, porque, en el fondo, está de acuerdo con el pensamiento del señor Evans. Pero, si el hecho de ser ciudadano concederá el derecho a optar a cargos políticos o de representación popular, le parece necesario exigir, entonces, el requisito de saber leer y escribir.
El señor EVANS expresa que cada precepto que se analice más adelante relativo a los requisitos para ser elegido o nombrado puede contener perfectamente la exigencia de saber leer y escribir. La reforma de 1970, que eliminó su referencia del artículo 79 de la Constitución, la mantuvo, sin embargo, entre los elementos para ser elegido Diputado, como asimismo, en consecuencia, Presidente de la República, Senador y ser designado Ministro de Estado. De manera que no ve que pueda producirse inconveniente alguno.
El señor ORTUZAR (Presidente) manifiesta que ha planteado la inquietud porque el anteproyecto en estudio dispone que la calidad de ciudadano otorga derecho a optar a cargos públicos.
El señor GUZMAN desea adherir a los planteamientos hechos que también formuló en sesión anterior en el sentido de que los derechos que emanan de la ciudadanía no tienen por qué estar relacionados con la exigencia de saber leer y escribir. Insiste en que la discusión de si el sufragio es un derecho, es muy interesante, pero la obviaría por irrelevante, desde el punto de vista práctico. Cree que es un derecho o una función como quiera que se la tome que depende más de la intuición que del número de conocimientos acumulados, sobre todo cuando quienes lo ejercen pueden tener acceso en forma libre y directa a través de la televisión y de otros medios no tan perfectos, pero también importantes como la radiodifusión a los diversos planteamientos e inclusive a la identidad física de las personas que van a ser elegidas. Es cierto que esta idea se complica un poco más cuando se piensa en el plebiscito, porque en este caso se trata de decidir entre ideas, y para distinguir entre conceptos hay que tener mayor cultura que para hacerlo respecto de las personas.
Pero la línea gruesa es que la mayoría de las veces que los ciudadanos son llamados a sufragar deben elegir personas. Y ésta es una decisión que emana fundamentalmente de la intuición, del buen sentido y del espíritu, mucho más que del conjunto de conocimientos acumulados.
Está de acuerdo en exigir requisitos mayores para los que ejerzan determinados cargos. En eso no hay discusión, agrega, pero no hay que perder de vista una cosa: no cree que en el ejercicio de la función de gobernar lo más importante de todo sea el tener un gran número de conocimientos. Le parece que el espíritu humano se ha pervertido en personas de grandes conocimientos. A su juicio, no hay perversión mayor del espíritu que la doctrina marxista-leninista. Es una perversión extrema del espíritu, porque es llevarlo al colmo de la utopía. Sin embargo, tras de ella han marchado grandes intelectuales en el mundo y gente de cuya inteligencia y cultura nadie podría dudar. De manera que incluso en la forma como se comportan en la vida cívica las personas con cultura y la gente que carece de ella, no ve ningún argumento muy categórico en favor de las primeras. La cultura no ha demostrado ser un elemento que lleve a la gente a comportarse mejor, de acuerdo al padrón de la virtud y del bien.
De manera que, por todo ese conjunto de razones, unido al hecho de que hoy el analfabetismo es, a su juicio, muy escaso, y el alfabetismo no es una expresión muy elocuente de cultura porque saber leer y escribir no es nada, entendería, aunque no compartiría, que se pretendiera exigir, para sufragar, la educación primaria. Pero saber leer y escribir es un requisito que para él prácticamente no cuenta, porque las personas semianalfabetas tampoco están habilitadas para leer nada, porque lo hacen con una lentitud que verdaderamente no les hace agradable el ejercicio de la lectura, por lo cual no lo practican.
En suma, se inclina por suprimir de la ciudadanía el requisito de saber leer y escribir y cualquier otro que implique la exigencia de una educación determinada, porque, insiste, no es un problema de culpabilidad si la persona es o no es responsable de no haber tenido esa educación. Hay mucha gente que no la ha tenido, sin que ello se le pueda imputar. Sin embargo, admite que una persona que no ha tenido educación, aunque ese hecho no le sea imputable, no pueda ejercer una función para la cual no está preparada. Eso lo admite, así como también que se exija la educación primaria e inclusive la secundaria como requisito de elegibilidad para ejercer cargos de representación popular. Si alguien dijera que esa persona no tiene culpa de carecer de esa educación, se podría concordar en ello, pero, aunque así sea, hay que reconocer que no está preparada para ejercer cargos de esa naturaleza. En cambio, una persona que no sabe leer y escribir y no ha tenido educación alguna, no está hoy en día de suyo menos preparada que los que general­mente saben leer y escribir y tienen educación básica, para elegir entre los que han de regir los destinos de la República. Insiste en que en este tipo de decisiones priman la intuición, el buen sentido, la madurez y la experiencia ante problemas concretos.
El señor ORTUZAR (Presidente) acota que ha conocido personas que no saben leer y escribir y tienen mejor sentido y criterio que las que saben.
El señor DIEZ señala que siente estar en desacuerdo con la mayoría de la Comisión, pues es partidario de volver al requisito señalado por la Constitución de saber leer y escribir. Estima que ello debiera ser la regla general de una Constitución que señala como obligatoria la educación básica y de un país que ha dado en los últimos tiempos todas las oportunidades posibles para aprender a leer y escribir, sin perjuicio de aprobar un artículo transitorio que eximiera de tal requisito a las personas que hayan nacido con anterioridad al momento en que realmente, el país tuvo oportunidad de alfabetizar a todos los niveles. Quienes conocen un poco la realidad del país, saben que ninguna persona de 15, 16 o 17 años de edad puede decir que no ha tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir, por lo que los analfabetos han debido usar maña y malicia para evitar aprender esa instrucción básica.
El señor ORTUZAR (Presidente) reconoce estar en un conflicto: por una parte, desde un punto de vista filosófico, se inclina más bien por las razones dadas por los señores Guzmán, Evans y Silva; pero, por otra, desde un punto de vista jurídico institucional, se inclina por la opinión del señor Díez, porque, desde un comienzo, dudó de si no habría una contradicción entre el precepto que establece la educación básica obligatoria y el que permite que puedan ser ciudadanos personas que no saben leer y escribir. Confiesa que ambos preceptos le resultan un poco contradictorios.
El señor GUZMAN señala que si se parte de la base de que en Chile prácticamente ya no van a quedar analfabetos, como será la realidad de aquí a muy pocos años, es superfluo el requisito.
En seguida, y para ser concordante con la Constitución, le parece que si se dispone que la educación básica es obligatoria debería, también, exigirse este requisito para la ciudadanía; pero ve que subsiste la misma discordancia entre exigir por una parte educación básica obligatoria para todos y solamente saber leer y escribir, para ser ciudadano. Habría entonces, que exigir educación básica para ser ciudadano. Sin embargo, la exigencia de este requisito no estaría de acuerdo con los derechos o funciones que emanan de la ciudadanía, porque estima que el que no tiene educación básica puede ejercerlos bien, y además, él no es culpable de no haberla tenido, porque en la edad en que debió adquirirla no era quien decidía, sino sus padres. De manera que, como sanción, la estima injusta, por lo que acepta que una persona, sin tener educación básica, esté habilitada para ejercer idóneamente los derechos que emanan de la ciudadanía, como el sufragio en las elecciones fundamentalmente, extendiéndolo también con un poco de liberalidad a los plebiscitos, pero, no al de ser elegido, porque allí se deben exigir requisitos mayores.
El señor SILVA BASCUÑAN estima que dentro de la misma lógica que ha explicado el señor Bruna, en el sentido de transformar la ciudadanía en un estatuto legal, con un complejo de obligaciones y derechos, una de cuyas expresiones es la inscripción en el Registro Electoral, debe llevar justamente a pensar que la ciudadanía habilita no sólo para elegir sino para muchas otras funciones, como por ejemplo, participar en reuniones políticas, asociarse en partidos u otras expresiones políticas, para plantear problemas políticos, etcétera, actividades en donde no se requiere saber leer y escribir, porque para muchos de esos otros derechos tampoco es totalmente indispensable. Además tienen carácter político y la ciudadanía exige una serie de aspectos de convivencia en los cuales, en cierta manera, se interviene en el manejo de la colectividad a través de formas distintas de la elección y respecto de las que no es necesario ineludiblemente saber leer y escribir.
El señor DIEZ señala que el fondo de la discusión es determinar si se es partidario de exigir que para ser ciudadano sea necesario saber leer y escribir.
El señor Silva Bascuñán, agrega el señor Díez, tiene razón en la teoría general de la ciudadanía, en el sentido de que saber leer y escribir no es relevante para la condición de ciudadano; pero si desea llevar la discusión al terreno del sufragio, hay que situarla en si se es o no partidario de que pueda figurar en el padrón electoral la persona que no sabe leer y escribir.
El señor GUZMAN pregunta si el padrón electoral se hace de oficio, ¿cómo se va a determinar si una persona sabe leer y escribir? Si es así, ¿tendrán esas personas, cuando cumplan 21 años, que rendir algún examen de lectura?
El señor BRUNA contesta que se parte de la base que el Rol Único Nacional tiene todos esos elementos: grado de instrucción, grupo de sangre, color del cabello, etcétera.
El señor GUZMAN acota que saber leer y escribir no es ningún grado de instrucción. Si una persona sabe leer y escribir, lo sabe o no lo sabe. Pregunta: ¿Tan perfecto será el rol que, en un momento dado, tenga un examinador que pregunte a la persona si sabe leer y escribir?
El señor EVANS deja constancia de que los argumentos en que se funda para oponerse al precepto de la Subcomisión en la parte relativa a saber leer y escribir rigen tanto para el requisito de la ciudadanía como para figurar en el padrón electoral.
La verdad, agrega, es que se funda en que el ordenamiento jurídico no puede reconocer públicamente la ineficacia suya y de las auto­ridades chilenas al establecer un requisito que, desde hace aproximada­mente cincuenta años, está eliminado de la propia preceptiva constitu­cional. Se supone que en Chile no hay analfabetos, y la Constitución no puede reconocer que existan.
El señor ORTUZAR (Presidente) señala que la pregunta formulada por el señor Guzmán hace un instante, corresponde a la misma que iba a plantear él. Definitivamente se inclina por no establecer la exigencia de saber leer y escribir, porque constituiría una dificultad enorme para el padrón electoral determinar si un ciudadano sabe leer y escribir. De lo contrario el padrón electoral será muy precario, pues se imagina que deberá atenerse a la simple declaración que haga a la autoridad la persona consultada, ya que no admite la idea al igual que el señor Guzmán de que se haga un examen práctico de cada persona para determinar si sabe leer y escribir.
Por otra parte, el requisito de la edad es de carácter físico y perfectamente comprobable: el individuo cumplió o no cumplió los 21 años; pero no habrá seguridad en cuanto a si sabe leer y escribir.
En consecuencia, cree que el padrón electoral estará construido sobre bases muy precarias si se mantiene este requisito. Por eso se incli­na por su supresión.
El señor DIEZ advierte que la Comisión está de acuerdo en suprimir del artículo 7° del anteproyecto el requisito de saber leer y escribir, y que concuerda con los demás integrantes de ella.
Sin embargo, desea dejar constancia ahora, para no hacerlo nuevamente al discutir el artículo 9° del anteproyecto de la Subcomisión, de que en éste es partidario de una solución intermedia, que reconozca la realidad chilena en el sentido de establecer como principio en la Constitución el de que para figurar en el padrón electoral hay que saber leer y escribir, consignando un artículo transitorio que exima de esta obligación a las personas de cierta edad que han tenido dificultades prácticas para aprender a leer y escribir.
El señor DIEZ responde que de manera muy simple, porque en el Rol Único Nacional figurarán todos los grados de instrucción de una persona. En el sistema de impugnación, tal persona tendrá derecho a reclamar su inscripción por cumplir el requisito omitido de saber leer y escribir.
El señor BRUNA señala que para la información del Rol Único Nacional los grados de instrucción deberán ser comprobados. No bastará con que una persona diga que tiene tal o cual profesión, como sucede actualmente cuando se va al Registro Civil e Identificación a sacar carnet, sin acreditar tal calidad. Hoy en día se da la información, la
creen y la anotan. En el RUN todo deberá ser acreditado, para que posteriormente la información tenga la confiabilidad mínima. De manera que cuando el RUN diga que una persona sabe leer y escribir, está comprobado que lo sabe.
El señor GUZMAN manifiesta que el debate en esta parte es sólo anecdótico, porque las opiniones que se han dado conforman mayoría de la Comisión para no exigir el requisito, sea que el padrón fuere tan hábil o lerdo como para contener dicho dato.
El señor BRUNA advierte que el señor Presidente se inclinó finalmente por esa posición ante el argumento de la factibilidad o dificultad de comprobar si una persona sabe leer y escribir.
El señor ORTUZAR (Presidente) declara, en todo caso, tener sus dudas, pero expresa que hay mayoría para suprimir el requisito de saber leer y escribir.
—Así se acuerda.
1.3 Sesión N° 70 del 12 de Septiembre de 1974
El Comisionado Señor Ortúzar hace un resumen sobre quienes son ciudadanos
El señor ORTUZAR (Presidente) (…)
Entonces, sobre esa base, que estimaba razonable, se formó el siguiente cuadro: la Constitución determina quiénes son ciudadanos; a saber, los chilenos que hayan cumplido 21 años de edad, y que no hayan incurrido en determinadas sanciones penales, que oportunamente serán analizadas. Esta calidad de ciudadanos —como decía el señor Guzmán— otorga ciertos derechos. Algunos de ellos estarán determinados por la ley; otros, el de elegir y ser elegido y participar en plebiscitos, en la Constitución. A continuación, establecería la suspensión del derecho a sufragio y no la suspensión de la calidad de ciudadano. La suspensión del ejercicio del derecho a sufragio tendría lugar en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas, que serán ciudadanos pero no podrán ejercer el derecho de sufragio porque no figurarán en el padrón electoral.
Se discute sobre la posibilidad de establecer otros requisitos para ser elegido
El señor DIEZ precisa que una cosa es la ciudadanía, que es el derecho a sufragio como tal; y otra, el derecho a ser elegido. Si la Constitución establece que para ser diputado, senador, Presidente de la República o para ser elegido en cualquier cargo hay que cumplir requisitos mínimos de cultura, superiores a los de la ciudadanía, quiere decir que ésta sólo da derecho a votar y no a ser elegido.
A su vez, el señor EVANS expresa que la ciudadanía es requisito para ser elegido. Lo que sucede es que la Constitución, atendida la naturaleza de ciertos cargos, puede imponer otros requisitos, y para el caso de Presidente de la República impondrá otros requisitos; además, es indiscutible que para elegir se requiere la calidad de ciudadano.
1.4 Sesión N° 346 del 05 de Abril de 1978
Al tratar temas como la composición; atribuciones; inhabilidades: incompatibilidades; incapacidades; fuero e inviolabilidad parlamentaria; remuneraciones de los miembros del Congreso Nacional, se discutió sobre los requisitos para ser Senador
El señor GUZMAN (…) .
Informa que también se analizó lo relativo a los requisitos para ser elegido parlamentario, y se concluyó que ellos deben ser, primero, ser ciudadano con ejercicio del derecho de sufragio. Se exigiría también, agrega, o el domicilio o la residencia en la Región a que corresponde la agrupación o el distrito electoral respectivo. Explica que con ello se pretende que el Diputados tenga un arraigo efectivo, no necesariamente en la agrupación o distrito que represente, sino en la Región, y, por ende, evitar que los candidatos cambien de circunscripción de modo arbitrario.
El señor BERTELSEN consulta si no se han establecido exigencias de tipo cultural, como saber leer y escribir, para ser ciudadano. Piensa que ello es obligatorio, porque la Constitución exige cursar la Educación Básica.
El señor GUZMAN sugiere que, junto con entregar el texto aprobado en materia de nacionalidad y ciudadanía a los miembros de la Comisión que no tenían la calidad de tales a la fecha de los debates pertinentes, se fije una reunión para que formulen sus observaciones al respecto.
No cree del caso reproducir las discusiones que tuvieron lugar, porque fueron muy extensas, pero sí hacerse cargo en esta ocasión de un problema práctico que plantea el mínimo de edad que se aprobó. Considera que lo ideal serían los veintiún años y que los analfabetos tuvieran derecho a voto, porque la madurez ante la vida se obtiene más en esa etapa de los veintiún años que a los dieciocho, por una parte, y porque hay personas, por la otra, que saben firmar, pero no pueden leer ni escribir, y en cuanto a exigir la Enseñanza Básica es bastante serio en un país en que las condiciones de pobreza impiden a muchas personas terminar dicha educación.
Plantea su inquietud en el sentido de que hayan votado mayores de dieciocho años en la Consulta Nacional, pues eso haría difícil privarlos del derecho a sufragio en el plebiscito que aprobara la Constitución. Consideraba obvio el problema antes, pues ya habían cumplido veintiún años quienes votaron a los dieciocho en las elecciones de 1973 y no puede impedirse votar a quien se le reconoció ese derecho alguna vez. Señala que la circunstancia anotada conduciría a reestudiar el tema de la edad mínima.
Agrega que la edad mínima para ser Diputado, por otra parte, sería la de veintiún años, lo que no es necesario consagrar si coincide con la que se requiere para emitir el voto, pero si la edad mínima para sufragar fuera de dieciocho años, la edad mínima para ser elegido sería siempre de veintiún años. Manifiesta que, en opinión de los señores Ortúzar, Díez y suya, sin embargo, lo ideal eran los veinticinco años, pero estimaron que sería una disposición demasiado antipática y sin mayores efectos prácticos, ya que si alguien llega a la Cámara antes de esa edad, es porque tiene condiciones excepcionales.
Reitera que una disposición de esta especie sería antipática porque contribuiría a crear la imagen de que se trata de excluir a la juventud, en circunstancias que ésta cobra cada vez mayor preponderancia en el mundo, Encuentra que la objeción tendría todavía más fuerza si se atiende a que el sistema de colegios uninominales hará más difícil que una persona de tan corta edad pueda triunfar en una contienda electoral en que sólo resultará elegido quien obtenga la primera mayoría.
El señor ORTUZAR (Presidente) apunta que la única ventaja que, en un comienzo, apreciaba en el establecimiento de la edad mínima en 25 años era la de tender a evitar la politización de las universidades.
El señor BERTELSEN señala que este punto le preocupa, puesto que no son extraños los casos en que la circunstancia de haber sido dirigente universitario se ha constituido en primer peldaño para llegar a la Cámara de Diputados.
El señor GUZMAN advierte que esta inquietud encuentra solución en una proposición que expondrá más adelante.
Manifiesta su opinión personal en orden a que la fijación de una edad mínima de 25 años para acceder a cualquier cargo parlamentario poseería la enorme ventaja de que la persona tendría que haber demostrado merecimientos en alguna otra actividad, distinta de la política electoral, y haberse ganado la vida por otro camino. Pero, a la luz de la tradición chilena y de la idiosincrasia nacional, estima prácticamente imposible la adopción de una norma como ésta. Cree preferible, por lo tanto, contentarse con la solución tradicional de los 21 años, sobre todo porque la elevación del mínimo a 25 años le parece virtualmente irrelevante, en vista de que las personas terminan su vida universitaria bordeando esa edad.
Da cuenta de que, para el Senado, en cambio; la Subcomisión es partidaria de mantener la exigencia de los 35 años, y de no elevar- la más, por la misma razón de no dar la impresión de que se desea estructurar una gerontocracia.
Añade que tanto el señor Ortúzar coma él se inclinan a exigir la enseñanza media como requisito de cultura; pero que el señor Díez sostiene una posición discrepante: exigir la enseñanza media para el caso de los Senadores y la enseñanza básica para el de los diputados.
A título personal, dado que el punto no fue tratado en la Subcomisión, formula la sugerencia de establecer que para ser elegido Presidente de la República, se requieran las mismas calidades que para ser elegido Senador.
1.5 Sesión N° 352 del 18 de Abril de 1978
En esta sesión se discute sobre el requisito de la edad para ser elegido Diputado o Senador y del requisito de instrucción necesaria
El señor GUZMAN expone que en el estudio que elaboró llegó a las siguientes conclusiones: que el Congreso Nacional debe estar integrado por dos ramas, la Cámara de Diputados y el Senado; que la Cámara se compondrá de un número fijo de miembros determinado por la amplitud que dé a la representación territorial el sistema electoral que en definitiva se adopte, y que el Senado se integraría por treinta Senadores nacionales, elegidos por un Colegio Electoral Único, y los quince restantes, en la forma ya acordada en sesión anterior.
—Se aprueban.
El señor GUZMAN agrega que para ser elegido Diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cumplido con la Enseñanza Media y tener 21 años de edad. Dice que él y el Presidente de la Comisión no son partidarios de exigir sólo la Enseñanza Básica, considerando la responsabilidad que conlleva la actuación como legislador. Señala que, en el caso de los Senadores, se establecen las mismas exigencias, salvo la de la edad, que sería de 35 años.
El señor ORTUZAR (Presidente) informa que tanto el Presidente de la República como la señorita Ministro de Justicia, estiman que una persona que únicamente haya completado la Enseñanza Básica no se encuentra capacitada para desempeñar la función legislativa, criterio que comparte.
El señor LORCA expresa que la exigencia de haber cumplido con la Enseñanza Media para ser Diputado o Senador no es de carácter “elitista” o restrictivo, porque el número de ciudadanos que ha completado este nivel educacional ahora es amplio. Por eso, se inclina por exigir el requisito de haber terminado de cursar la Enseñanza Media.
El señor BERTELSEN concuerda con lo expresado por los señores Ortúzar y Lorca por estimar que la enseñanza media es el requisito mínimo que puede exigirse a quienes tendrán la tarea de legislar, la cual por su seriedad requiere contar con ciertos conocimientos y capacidad de discernimiento.
La señora BULNES se declara también partidaria de dicha exigencia, considerando especialmente el argumento dado en sesiones anteriores por el señor Díez, en el sentido de que un número superior a cien mil jóvenes rinde cada año la prueba de aptitud académica.
—Se acuerda exigir la enseñanza media, como requisito mínimo de estudios, a los postulantes al Parlamento.
Ante una consulta respecto de la edad, el señor GUZMAN responde que se acordó 21 años para los candidatos a Diputados, y 35 en el caso de los Senadores. Recuerda que juntamente con los señores Ortúzar y Díez estimaron que, teóricamente, debiera exigirse 25 años para los primeros, pero que decidieron mantener el requisito anterior al observar que, salvo el caso cte personas de condiciones muy relevantes y precoces, muy pocos habían llegado a la Cámara con edades entre 21 y 25 años. Anota que constituiría también un factor negativo elevar dicha exigencia en un mundo que tiende cada vez más hacia la juventud, sobre todo tomando en consideración que una persona sin la madurez suficiente contará con muy pocas probabilidades de ser elegida. En cuanto al argumento relacionado con el término de la carrera universitaria, piensa que en tal caso habría que elevar la edad a los 30 ó 35 años, medida que causaría pésima impresión en la opinión pública y no se ajustaría a la práctica constitucional moderna.
El señor ORTUZAR (Presidente) teme que el hecho de establecer como requisito los 21 años contribuye a politizar prematuramente a la juventud universitaria en una edad que debiera estar entregada fundamentalmente a su formación. Señala que aun cuando las razones dadas por el señor Guzmán son valederas, no se opondría a la fijación de los 25 años, si así lo estimara la mayoría.
El señor LORCA apoya la tesis de los 21 años por estimar que de otra manera se estaría retrocediendo en la historia política del país. Sostiene que la exigencia de la enseñanza media constituye ya un paso importante, y que la politización universitaria no podrá evitarse con limitaciones de edad.
El señor GUZMAN opina que la politización se produce más bien por obra del derecho a voto que por el derecho a ser elegido, y destaca que la razón doctrinaria y práctica que lo indujo a apoyar los 21 años como la edad mínima para votar fue precisamente la de no producir la politización juvenil, tanto en la Universidad como cuando deben cumplir el servicio militar. Reitera que el derecho a ser elegido no constituye un elemento de peso en este aspecto, y teme que una exigencia mayor se tomaría como una posición regresiva.
El señor ORTUZAR (Presidente) insiste en que, si bien es cierto que son los menos quienes se interesan en ser elegidos, son ellos precisamente los que promueven la politización en las universidades.
El señor LORCA considera lícito que la juventud exprese sus inquietudes, y piensa que este hecho no debe provocar temor alguno.
El señor ORTUZAR (Presidente) aclara que no se trata de impedir a la juventud que se manifieste en ese aspecto, sino de que en tal período se consagre fundamentalmente a su formación. Advierte, en todo caso, que adhirió a la proposición de los 21 años, y que se ha limitado a expresar sus reservas.
El señor BERTELSEN dice que aun cuando muchos en su fuero interno concuerdan con los 25 años, debe considerarse que, por las razones ya mencionadas por el señor Guzmán, no es posible adoptar una decisión en este sentido, sobre todo al considerar lo que al respecto estableció la Constitución de 1925 y de que en la Consulta Nacional votaron los mayores de 18 años.
—Se acuerda exigir 21 años en el caso de los Diputados, y 35 en el de los Senadores.
El señor GUZMAN hace notar que existe un acuerdo anterior en el sentido de procurar que los candidatos a Diputados tengan residencia o domicilio en la región a la cual pertenezca la agrupación o circunscripción electoral por la cual postulan, motivo por el cual estima que la disposición pertinente debería ser precisada con ocasión de lo que se apruebe en definitiva.
—Queda aprobada en principio la idea, sin perjuicio de una posterior revisión.
1.6 Sesión N° 417 del 05 de Octubre de 1978
La redacción final del artículo que exige requisitos para ser elegido Senador, quedó establecida de la siguiente forma:
REVISIÓN FINAL DEL ARTICULADO DEL ANTEPROYECTO DE NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.
Para ser elegido Senador se requiere ser ciudadano con derecho de sufragio, haber cursado la enseñanza media y tener cumplidos 35 años de edad al día de la elección.
2. Actas Oficiales del Consejo de Estado
2.1 Sesión N° 54 del 14 de Noviembre de 1978
Versión taquigráfica de la exposición del consejero Señor Enrique Ortúzar Escobar ante el Consejo de Estado, relativa a los fundamentos y disposiciones del anteproyecto de la nueva Constitución Política de Chile.
También se establecen modificaciones importantes en lo que dice relación a los requisitos para ser Diputado y Senador. Para ser Diputado, además de ser ciudadano con derecho a sufragio --- o sea, ser chileno y tener 21 años de edad---, se requiere haber cumplido la Enseñanza Media. Sin embargo, en virtud de una disposición transitoria que aprobó la Comisión se consideró que bastaría con la Enseñanza Básica durante los primeros diez años de su aplicación.
Además se exige haber tenido residencia en la región por lo menos con dos años de antelación a la fecha de los comicios, de manera que el candidato sea suficientemente conocido y estimado o no por lo electores de la respectiva circunscripción.
En cuanto a los requisitos para ser Senador, son los mismos, con la diferencia de que es necesario tener 35 años de edad. Naturalmente, en este caso no se precisa la residencia, porque se trata de Senadores de carácter nacional. Este hecho, sin duda, permitirá que sean elegidas sólo aquellas personalidades que hayan cumplido y prestado servicios relevantes a la República, de modo que puedan ser conocidos y estimados en todo el país.
2.2 Sesión N° 68 del 03 de Abril de 1979
A propósito de la discusión del inciso primero del artículo 30 del anteproyecto, que dice relación con la edad para ser elegido Presidente de la República, se señaló:
El señor Presidente señala que él votará afirmativamente este inciso, en el entendido de que se aumentará, por lo menos a 40 años, la edad para ser elegido Senador.
En relación con esta exigencia de la edad, el señor General Izurieta señala la consecuencia de fijarla separadamente para el Jefe del Estado, sin atarla a las que se exijan para ser diputado o senador; don Enrique Urrutia es partidario de fijar un mínimo de 45 años de edad; y el señor Carmona hace notar la inconveniencia de cambiar lo que antes no ha provocado problemas, como ya se ha dicho respecto de otros artículos del proyecto.
2.3 Sesión N° 76 del 12 de Junio de 1979
En cuanto a las exigencias de edad, enseñanza y residencia o domicilio para ser elegido Diputado se dijo:
En cuanto a la exigencia de haber cumplido con la enseñanza media, se sostuvo:
El Consejero señor Carmona explica que el texto leído corresponde a la redacción primitiva dada anteproyecto por la Comisión de Reforma Constitucional, en cuanto exigía veintiún años de edad cumplidos para ser ciudadano con derecho a sufragio, edad que posteriormente fue rebajada a dieciocho por el Consejo. En consecuencia, si se desea mantener la primera para que un ciudadano pueda ser elegido Diputado habría que consagrarlo expresamente. En lo relativo el requisito de haber cursado la enseñanza media, expresa que el anteproyecto contempla una disposición transitoria, mediante la cual se establece que en los diez primeros años de vigencia de la nueva Constitución no se exigirá más que la enseñanza básica. Finalmente precisa que el domicilio o residencia requerido por precepto en debate, se refiere a la región que forma parte la circunscripción y no al distrito electoral mismo.
El señor Philippe sus dudas en cuanto a la exigencia de que se haya cursado la enseñanza media, por cuanto así se deja al margen la enseñanza técnica que es tan importante, y pregunta si no bastará con establecer la enseñanza básica como requisito. Se suscita a este propósito un debate, en el que se observa que si por un lado la instrucción no es garantía de idoneidad parlamentaria, por otro se ha podido comprobar que personas llegadas al Congreso con escasa enseñanza fueron, no obstante, espléndidos parlamentarios. Se agrega también, que el establecer exigencias demasiadas elevadas va a producir reacciones adversas y mala impresión en la opinión pública. Análogos reparos merece el requisito del domicilio en la región, a cuyo respecto el señor Presidente considera profundamente inconveniente que de todas las personas aptas y capacitadas que existen en la capital de la República, sólo veintidós puedan llegar a la Cámara de Diputados, a lo que el señor Philippi agrega que el precepto, tal como está concebido en lo tocante al domicilio o residencia, va a ser origen de incontables reclamaciones electorales de nulidad.
2.4 Sesión N° 78 del 26 de Junio de 1979
Don Enrique Ortúzar recuerda que con respecto a este precepto el señor Presidente formuló indicación, cuando se trató el capitulo relativo al Presidente de la República, para aumentar al edad mínima de los senadores a 40 años, a fin de que tal requisito fuera igual para los candidatos a ese y a estos cargos. El señor Coloma se declara contrario a la idea, pues no ve razones para que se eleve dicha edad a la cifra señalada y, por lo contrario, piensa que su aprobación impediría que muchos ciudadanos de gran calidad pudieran integrar el Senado, cuerpo que en su opinión será el más importante en el futuro institucional del país.
El señor Presidente, pese a que podrían considerarse justificadas las observaciones del señor Coloma, estima que ellas pierden valor a las lecciones de la experiencia, las que señalan que quien es elegido diputado aspira de inmediato a convertirse en senador, tratando de desplazar al titular del cargo, lo que origina una competencia demagógica que califica de intolerable. Don Pedro Ibáñez comparte este argumento y agrega que la exigencia de una edad mínima de 40 años permitirá, tanto a los diputados como los senadores, trabajar tranquilos, sin que los primeros molesten a los segundos en su empeño por alcanzar un escaño más alto.
El señor Presidente somete a votación el punto, produciéndose un empate de seis votos en favor de los 40 años (de los señores Alessandri, Urrutia, Ortúzar, Cáceres e Ibáñez y de la señora Ezquerra) y de seis votos en favor de los 35 años (de los señores Humeres, Izurieta, García, Carmona, Figueroa y Coloma). En vista de que el Reglamento del Consejo, cuyos preceptos pertinentes al caso son leídos por el Secretario, no contempla una forma dirimir los empates, se produce una discusión acerca de cómo superar el problema, llegándose a la conclusión indicada por el señor Ibáñez de que ello no es necesario por la sencilla razón de que el Consejo no toma acuerdos y sólo se limita a representar su parecer al Presidente de la República, motivo por el cual ahora cabría únicamente consignar en el informe que con relación a la edad necesaria para ser senador existen dos opiniones.
El señor Ortúzar precisa que si bien una persona está ciertamente capacitada a los 35 años de edad para ser Senador, los argumentos dados por el señor Presidente en el sentido de que es conveniente alejar por cinco años las disputas o competencias entre Diputados y Senadores, lo inclinaron a pronunciarse en favor de los 40 años.
Don Juan de Dios Carmona pregunta si para los senadores se mantendrá la exigencia de haber cursado la enseñanza media o si se establecerá respecto de ellos como se hizo en el caso de los diputados, la de haber aprobado la enseñanza básica. Por unanimidad se acoge este último criterio, quedando en consecuencia el artículo 52 con la siguiente redacción:
“Artículo 52.- Para ser elegido Senador se requiere ser ciudadano con derecho de sufragio, haber aprobado la enseñanza básica y tener cumplidos 35 (o 40) años de edad el día de la elección”.