Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-873-01.htm
Timestamp: 2017-11-24 18:43:39
Document Index: 69040774

Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'Artículo 83', 'artículo 6', 'artículo 152', 'artículo 86', 'artículo 8', 'artículo 137', 'artículo 140', 'artículo 152']

T-873-01
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ALFREDO BELTRAN SIERRA, MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA y JAIME ARAUJO RENTERIA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente,
El señor Juan José Guevara Maturana en ejercicio de la acción de tutela, solicitó el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por parte de la PROCURADURIA REGIONAL DE ARAUCA, LA PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA y el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE BOYACA derivado de las vías de hecho en las cuales incurrieron las entidades demandadas, conforme con los siguientes hechos :
- El señor Guevara Maturana se desempeñaba como Director de la concentración escolar “Henry García Bohorquez” del municipio de Arauca desde el año de 1978. El 15 de marzo de 1989, la Procuraduría Regional de Arauca inició proceso disciplinario en su contra, por el hecho de haberse postulado como candidato al Concejo Municipal a nombre de un movimiento político y haber realizado actos proselitistas, a pesar de encontrarse desempeñando un cargo público.
- Luego de surtirse el trámite legal, la Procuraduría decidió sancionarlo disciplinariamente con la imposición de multa. Inconforme con la decisión presentó el tutelante recurso de apelación ante la el superior jerárquico, quien acogió los argumentos esgrimidos por la primera instancia, pero decidió sustituir la sanción de multa por la solicitud de destitución del cargo, al estimar que se encontraba ante una falta grave. Dicha decisión fue ejecutada por el Alcalde Municipal de Arauca quien por decreto No. 151 de 1990, ejecutó la sanción destituyendo al señor Guevara Maturana del cargo que venía ocupando en la institución educativa. Lo anterior, a su juicio, constituye una vía de hecho al agravársele la sanción con violación del principio de la no reformatio in pejus.
- Manifiesta el actor que acudió a través de la acción de tutela a solicitar el amparo de sus derechos fundamentales pero, tanto el Juzgado Primero (1) Penal Municipal de Tunja en primera instancia, como el Juzgado Tercero (3) Penal del Circuito de Tunja en segunda instancia, negaron el amparo de tutela solicitado por el señor GUEVARA MATURANA, siendo demandado en aquella oportunidad el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá.
- Sobre este punto, sostiene el actor que dichos fallos de tutela están en contravía de la doctrina sentada por la Corte Constitucional y por lo tanto, es posible la admisión y decisión de la acción de tutela que ahora interpone, para que se defina si efectivamente se vulneran sus derechos fundamentales. Sustenta su afirmación en la aplicación por analogía de la sentencia de tutela T-09 de enero 18 de 2000, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
“En conclusión, el Accionante no puede alegar que ha carecido de medios de defensa ya que, como se vislumbra en su escrito de tutela y en las pruebas por este aportadas, ha gozado de todo un proceso en el cual ha sido parte; y ha podido utilizar por la vía del derecho, los mecanismos puestos a su disposición para corregir lo que pudiera entender como violaciones procesales, sin tener que acudir a la acción de tutela como última tabla de salvación frente a sus pretensiones.”
“…la queja principal del Accionante deviene de un tecnicismo procedimental en la que él mismo incurrió por incuria de su apoderado que no es saneable, atribuyendo responsabilidad a la jurisdicción contencioso administrativa.”
1. “Que se anulen las resoluciones de primera y segunda instancia de la Procuraduría General de la Nación por aplicación indebida de la Ley 13/84 y el decreto reglamentario de la misma ley y de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, por haberse negado aplicar el Art. 164 del C.C.A. y los Art. 83 y 97 del C. P. C., por ser manifiestamente contrarias a la Constitución.
2. Solicito al señor Juez la acumulación del proceso teniendo en cuenta el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que se cumplen los siguientes numerales : 1, 2 y 3, del citado artículo. Esta acumulación la solicito porque considero que para tener mayor claridad de los hechos ocurridos en las actuaciones de cada autoridad, es imposible distribuir las tutelas demandadas en diferentes jurisdicciones ya que se pretende es aclarar los incidentes acusados, que manifiestamente están afectando por la vía de hecho mis derechos fundamentales como es: El acceso a la justicia, el desconocimiento de los procesos constitucionales y los tratados internaciones ratificados por Colombia en materia de derechos humanos y fundamentales.
3. Que se ordene al tribunal en este caso al de Arauca, reabrir el proceso 11444 que está archivado, para que se subsane el error de hecho y se cite a la procuraduría para que se de la integración del contradictor, además notificándole a la alcaldía de Arauca de la acción que se avoca para sanear la demanda y hacer un juicio justo e imparcial.
4. Como consecuencia de lo anterior revocar los fallos de la tutela desarrollados en este proceso por ser contrarios al mandato constitucional, del Código Contencioso Administrativo y Código de Procedimiento Civil Artículo 83 y 97, numeral 9, así como diferentes jurisprudencias de la Corte Constitucional y normas internacionales que en materia de protección de los derechos humanos o fundamentales son claras.”
· Fotocopia del oficio No. 0785 del 19 de julio de 1989, suscrito por GUSTAVO HERNANDEZ Procurador Regional Arauca.
· Fotocopia de la Resolución No. 021 de febrero 12 de 1990, proferida por el Procurador Intendencial de Arauca, JOSE H. HERNANDEZ RUIZ.
· Fotocopia de la Resolución No. 203 del 23 de agosto de 1990, expedida por la Procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, MARIA EMILIA MONTOYA DE LAMAR.
· Fotocopia del decreto 151 de 1990, expedido por el Alcalde Mayor de Arauca, JOSE GREGORIO GONZALEZ CISNEROS, el 8 de octubre de 1990.
· Fotocopia del fallo de segunda instancia, de la acción de tutela interpuesta por JUAN JOSE GUEVARA MATURANA del 5 de junio de 1997, dictada por el Juzgado Tercero (3) Penal del Circuito.
- Igualmente, considera que existe una “voluntad caprichosa” por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá al denegar la integración del litisconsorcio necesario a pesar de que en sentencias de tutela de la Corte Constitucional, entre ellas, la T-289/95 con ponencia de Eduardo Cifuentes Muñoz, en la cual se señaló la obligatoriedad del Juez para integrar el litisconsorcio necesario mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia. Sostuvo que la tesis de inmutabilidad de las sentencias y actos administrativos es contraria a los derechos humanos fundamentales de aplicación inmediata, en grado superlativo, burlando la justicia material.
- En cuanto al hecho de haber presentado una acción de tutela por los mismos hechos, considera que se dan los presupuesto trazados en la sentencia T-09 de enero de 2000, por cuanto que la nueva acción se fundamenta en un hecho nuevo: “la consagración del derecho humano al debido proceso en los procedimientos y procesos rituados en las Procuradurías y en el Contencioso Administrativo y que fue groseramente desviado en la primera acción de tutela”.
- El alegato de su propia incuria no es válido para acudir a la tutela como “tabla de salvación” de sus pretensiones. No puede el juez de tutela configurarse en superior jerárquico e intervenir de manera ilegítima en la autonomía funcional del juez.
“…no se puede pretender como lo quiere el accionante GUEVARA MATURANA que el Tribunal Contencioso Administrativo pase por encima de las normas que regulan el procedimiento administrativo para darle cabida a las del procedimiento civil, este solo es pertinente en el evento que se den vacíos que llenar por no contemplarse el asunto en una norma expresa del Código Contencioso Administrativo.”
La demanda presentada pretende dejar sin efectos jurídicos, decisiones disciplinarias tomadas en el año de 1990, la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá de 1992 e inclusive las decisiones de tutela sobre los mismos hechos proferidas por los juzgados primero (1) Penal Municipal y tercero (3) Penal del Circuito de Tunja del año de 1997, con el fin de que se aplique lo que a su juicio constituye una nueva doctrina constitucional concordante con la sentencia T-09 de 2000, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Ahora bien, no es suficiente la afirmación que haga el demandante en la tutela respecto de los hechos que generaron la petición de amparo por la vulneración o amenaza de sus derechos, ya que esa situación debe ser probada dentro del proceso; por ello, corresponde al juez de tutela establecer la procedencia de la tutela en cada caso concreto, mediante la verificación de los hechos que se ponen en su conocimiento y la prueba de la afectación o la amenaza de los derechos que se suponen vulnerados, a efectos de poder impartir una orden tendiente a restablecerlos ...”[1]
La posición jurisprudencial de la Corte está en consonancia con el decreto 2591 de 1991, que reglamenta la Acción de Tutela, que en su artículo 6 numeral 4, establece la improcedencia de la acción de tutela -"Cuando sea evidente que la violación se originó en un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho." En este orden de ideas, el supuesto del daño consumado impide el fin primordial de la acción de tutela, de protección inmediata de los derechos fundamentales para evitar precisamente los daños que dicha violación pueda generar. La indemnización por los perjuicios causados con la acción u omisión debe ser reclamada por otra vía judicial distinta a la acción de tutela[2].
La sanción de destitución y la inhabilidad de cinco (5) años para ocupar cargos públicos, se ejecutó mediante el decreto No. 151 del 8 de octubre de 1990. Sobre dicha decisión de acuerdo con las decisiones adoptadas por la jurisdicción contenciosa administrativa, no pesó medida de suspensión provisional de conformidad con los dispuesto en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, con lo cual el cumplimiento de la inhabilidad terminó el día 8 de octubre de 1995, es decir hace ya casi seis (6) años. En este orden de ideas al haberse cumplido en su integridad la sanción impuesta al señor GUEVARA MATURANA, no tiene objeto la solicitud de amparo del derecho fundamental que invoca como vulnerado, pues de una parte, el principio de la inmediatez de la acción de tutela consagrado por la jurisprudencia constitucional no se da en el presente caso y de otra, de haber existido la presunta vulneración de los derechos del actor el posible daño ya se consumó al haberse ejecutado en su integridad la sanción ya hace más de seis (6) años como se señaló, resultando improcedente el amparo.
En este sentido ha dicho la Corte en Sentencia SU 961 de 1999, M. P. Dr.: Vladimiro Naranjo Mesa, lo siguiente:
“La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: …la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.[3] Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.
La mera expectativa de ascenso es común a todas las personas que participan de la carrera docente, pero naturalmente se encuentra sujeta a las disposiciones legales que rigen la materia y solamente por el hecho de encontrarse inscrito en ella no deviene el ascenso por el mero transcurrir del tiempo. El señor JUAN JOSE GUEVARA MATURANA hace alusión a la interpretación particular que realiza del artículo 8o. del decreto No. 259 de 1981, pero no acompaña su afirmación de escrito de petición en tal sentido, ni decisión de la administración en la cual se le haya negado el ascenso en razón a la sanción disciplinaria, que se reitera, ya se cumplió hace casi seis (6) años.
Los supuestos jurídicos y fácticos sobre los cuales se fundamentan la nueva acción de tutela invocada por el señor JUAN JOSE GUEVARA MATURANA, no tienen coincidencia con los relacionados en la sentencia T-09 de 2000 y por lo tanto son inaplicables según se demuestra en una comparación de la situación tratada en dicha providencia y los hechos objeto de la presente decisión.
En la sentencia T-09 de 2000[4], las razones por las cuales se consideró procedente una segunda tutela en aquella oportunidad fueron las siguientes :
“Se trata entonces de una segunda acción que, sin embargo, se funda en un hecho nuevo : la consagración de una doctrina constitucional que reconoce (1) la aplicación inmediata del derecho al debido proceso en los procedimientos de despido en virtud de la declaratoria de ilegalidad de un cese de actividades y (2) la procedencia de la tutela a fin de hacer exigible el mencionado derecho.
En las condiciones anotadas, parece claro que los actores, en ejercicio de su derecho a la igualdad, consideraron que la doctrina sentada por la Corte Constitucional, para resolver un caso cuyos hechos son idénticos y concomitantes a los hechos que originaron su solicitud de amparo, les era aplicable.”
“Si la causa petendi está constituida por las razones - de hecho y de derecho- que sustentan las petición formulada, no cabe duda de que, entre las primeras y las segundas decisiones proferidas, existe una muy relevante diferencia. Lo que motivó las últimas solicitudes de amparo y la orden judicial de protección del derecho vulnerado, fue la expedición de la sentencia SU-36 de 1999, es decir, la adopción de una nueva doctrina que debe ser aplicable siempre que pueda verificarse que la vulneración persiste por razones ajenas a la parte actora y que es jurídica fácticamente posible la protección judicial”.[5]
El traslado que se hace de algunos apartes de los argumentos expresados en la sentencia T-09 de 2000[6], no puede adquirir la dimensión de una nueva doctrina constitucional que permita atacar una decisión judicial anterior, pues los hechos que se analizaron son totalmente distintos a los que hoy se exponen. Por un lado, se refiere a un conflicto de carácter laboral y de una sentencia de la Sala Plena de esta corporación que sobre un tema idéntico sentó una interpretación constitucional unificada que, sin duda, constituye jurisprudencia constitucional. La decisión invocada por el actor hace especial relieve en este punto:
“En efecto, esta Corporación ya ha precisado, en múltiples decisiones, que las sentencias de tutela, proferidas en ejercicio del poder de unificación que la Carta le confiere a la Corte Constitucional, los jueces - incluyendo a la propia Corte -, que, en uso de su autonomía funcional, se encuentren pertinente apartarse de la doctrina fijada, deben argumentar y justificar debidamente su posición.”[7]
Por otro lado, la decisión de tutela T- 056 de 1997[8] que se invoca, solamente produce efectos inter partes y no se puede trasladar o extender la decisión tomada en un proceso determinado, a otro proceso trabado entre partes distintas y sobre situaciones jurídicas no asimilables.
El derecho procesal es también esencia[9], interpretaciones desenfocadas no pueden volver la acción de tutela una acción intemporal con la cual se ataquen los procesos judiciales luego de haber transcurrido dos lustros, desconociendo el principio de la eventualidad del proceso, cuya manifestación la encontramos en el fenómeno de la preclusión, que en términos de HERNANDO MORALES MOLINA “significa la clausura, por ordenarlo una norma legal, de las actividades que pueden llevarse a cabo, sea por las partes o por el juez dentro del desarrollo del proceso de cada una de las etapas en que la ley lo divide”.[10]
Al contrario de los procesos laborales a los cuales asimila el demandante su asunto, el ejercicio de la función judicial en materia contencioso administrativa[11], la competencia del juez al momento de fallar no le permite decidir ultra petita o extra petita, porque la resolución judicial que se extienda más allá de lo pedido o que se tome fuera del petitum de la demanda, a más de resultar violatoria del derecho de defensa de la contraparte sería contraria a la estructura misma del proceso que en esta materia se guía por el principio de que la materia del litigio se define por las partes y, estas al hacerlo, delimitan la competencia del juzgador.
De tal manera que, acogiendo la argumentación del juzgado de segunda instancia cuya decisión se revisa, no puede ahora minimizarse la incuria en la cual incurrió el abogado que dentro del proceso contencioso administrativo instauró la demanda en representación del señor GUEVARA MATURANA e inculpar del desatino en la aplicación del rigor técnico y jurídico que exige el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo para la prosperidad de su pedimento al Tribunal demandado. No pueden confundirse los presupuestos procesales de la acción, ni los elementos constitutivos, con las condiciones de esta, que se encamina no ya a identificarla sino a obtener su prosperidad, es decir, al logro de las pretensiones favorables del demandante. Las condiciones de la acción contencioso administrativa tienen las siguientes características[12] : 1) tutela de la acción por una norma sustancial, 2) legitimación en la causa y ; 3) el interés para obrar.
5. La intervención litisconsorcial en el caso concreto.
Ahora bien, en los otros casos analizados por la Corte relacionados con la conformación del litisconsorcio necesario se demostró una vía de hecho consistente en el desconocimiento de los litisconsortes a pesar de su participación en el proceso y la ostensible evidencia de la necesidad de su vinculación, las autoridades de policía y el juez laboral[13] habían dado la espalda inexplicablemente. No ocurre igual en el caso que se estudia porque la solución jurídica adoptada por el Tribunal Administrativo demandado, no implicó el desconocimiento de una situación evidente, como en los temas referidos, sino el desarrollo de la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual el apoderado del señor GUEVARA MATURANA debiendo demandar a la Procuraduría General de la Nación no la demandó dando lugar a la aplicación de la excepción de falta de legitimación en la causa pasiva, cuestión totalmente distinta de la prevista en la causal del numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relacionada con la omisión de notificación legal de la parte que efectivamente fue demandada. Expresamente se manifestó en la decisión de fondo:
“En efecto, en un proceso en el que se planteaba la nulidad con base en el numeral 9 del entonces artículo 152 del C. de P. C., hoy 140, se dijo : “Esta nulidad generalmente se produce, no cuando debiéndose demandar a determinada persona no se le demanda, sino cuando siendo demandada no se le notifica en forma legal el auto que la cita al proceso.
“En el primer caso habría falta de legitimación pasiva en la causa, o sea, la especial posición de la parte al respecto a la situación pretendida, que se decide en la sentencia y se absuelve al demandado. No consideramos que en este supuesto deba dictarse sentencia inhibitoria, pues se trata de carencia de un requisito no procesal de la pretensión que conduce a sentencia de mérito. Además no es indiferente una u otra solución para el demandado, pues mientras que en el caso de inhibitoria al volver a ser demandado por el actor no podrá proponer la excepción de cosa juzgada porque ésta no se configura (Art. 333 numeral 4), en el supuesto de absolución sí podrá aducirla inclusive como previa, lo cual no le permitiría que se decidiera pronto tan anómala situación. La Corte dice : <<No reza la causal de nulidad de que se trata con las personas que debiendo ser demandadas no lo han sido, con aquellas que, habiendo sido demandadas, no han sido citadas, ni emplazadas en el juicio en forma legal. En el primer caso… la ausencia procesal se vincula, no a un aspecto simplemente procedimental o adjetivo que pudiera afectar la validez de la actuación judicial, sino que implica una cuestión sustantiva, o de fondo, que se traduce en la improcedencia de la acción (pretensión), por la falta de una de sus condiciones jurídicas escenciales …”. (2010-2014, 554)>>. (Auto del 15 de septiembre de 1986, Consejero Ponente Dr. Julio Cesar Uribe Acosta)”[14]
[1] Cfr. Sentencia T-1214 de 2000. M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[2] Sentencia T-138 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz.
[3] Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia Nº T-1. Abril 3 de mil novecientos noventa y dos (1992)
[4] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[7] T-09 de 2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Se invocan entre otras sentencias SU 640 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-566 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-399 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[9] “Sin el proceso, el derecho no podría alcanzar sus fines ; tampoco los podría alcanzar el proceso sin el derecho. La relación entre los dos términos es circular. Por eso constituye esa rama del derecho que se llama derecho procesal” CARNELUTTI, Francesco. Derecho procesal Civil y Penal. Editorial pedagógica Iberoamericana. México : 1994. Pag. 29.
[10] Citado en la obra de LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones del derecho procesal civil colombiano. Tomo I. Editorial ABC. Bogotá : 1991. Pags. 47 a 48.
[11] Acerca del proceso contencioso administrativo Cfr. BETANCUR JARAMILLO, Carlos. Derecho procesal administrativo, Cuarta ed. 4a. reimpresión. Señal Editora. Medellin : 1998, pags. 196 y ss.
[13] En la sentencia T-289 de 1995. M.P . Eduardo Cifuentes Muñoz, las querellas policivas que se estudiaron dan cuenta de la actitud omisiva y negligente de los inspectores involucrados quienes vincularon informalmente a los litisconsortes necesarios, les realizaron notificaciones, les recibieron declaraciones, pero al momento de fallar desconocieron su calidad jurídica de manera arbitraria. Lo mismo puede señalarse en la sentencia T-056 de 1997. M.P. Antonio Barrera Carbonell. El Seguro Social en su calidad de demandado siempre puso en evidencia la falta de integración del litisconsorcio, desconocida inexplicablemente por el juez de la causa.
[14] Tribunal Administrativo de Boyacá, sentencia octubre 7 de 1992. M.P. Juan Donaldo Gamez Cubides. Pags 11 y 12.