Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-283-de-julio-23-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_376b0767c18e427083779fa75ed8e365&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-21 10:20:00
Document Index: 391715278

Matched Legal Cases: ['artículo 579', 'artículo 29', 'artículo 14', 'artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 67', 'artículo 16', 'artículo 3']

﻿ SENTENCIA T-283 DE JULIO 23 DE 2018
SENTENCIA T-283 DE 23 DE JULIO DE 2018
CONTENIDO:DERECHO FUNDAMENTAL A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LOS DEBERES DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN CASOS DE MÚLTIPLE CEDULACIÓN. SE PRECISA QUE EL DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA COMPRENDE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS SERES HUMANOS POSEAN DETERMINADOS ATRIBUTOS QUE CONSTITUYEN LA ESENCIA DE SU PERSONALIDAD JURÍDICA E INDIVIDUALIDAD COMO SUJETOS DE DERECHO, LO CUAL SE ACREDITA MEDIANTE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA CUYO FIN, DE ACUERDO A LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, ES EL DE (I) IDENTIFICAR A LAS PERSONAS(II) PERMITIR EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES Y(III) FACILITAR SU PARTICIPACIÓN EN LA DEMOCRACIA. DE ACUERDO A LO ANTERIOR, LA CORTE HA GARANTIZADO EN DIVERSAS OCASIONES EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y AL DEBIDO PROCESO CUANDO OFICIOSAMENTE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CANCELA UNA CÉDULA DE CIUDADANÍA POR DOBLE CEDULACIÓN SIN OFRECER LA OPORTUNIDAD A LAS PERSONAS AFECTADAS DE EJERCER SU DERECHO A LA DEFENSA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, CÉDULA DE CIUDADANÍA, DERECHO A LA PERSONERÍA JURÍDICA, PERSONALIDAD JURÍDICA
Sentencia T-283 de julio 23 de 2018
Demandante: Stefanny Orrego Saldarriaga
Demandado: Juzgado Primero de Familia de Pereira
Stefanny Orrego Saldarriaga, a través de apoderada judicial, el 19 de octubre de 2017, presentó acción de tutela en contra del Juzgado Primero de Familia de Pereira-Risaralda, para que se le protejan sus derechos fundamentales “de acceso a la administración de justicia, a la identidad, personalidad jurídica, y el debido proceso, en conexidad con los derechos fundamentales a la salud, a la educación, al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad” (fl. 2 cdno. 1), presuntamente vulnerados a través de sentencia del 8 de junio de 2017, que denegó la cancelación del registro civil de nacimiento que figura a nombre de Estefani Ocampo Soto, asentado en la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira, con indicativo serial 33689254 y NUIP 960921-25570, presuntamente producto de una indebida valoración probatoria, ya que se trata de la misma persona, configurándose así un defecto fáctico respecto de la citada providencia.
2.1. En 1995 la accionante fue registrada con el nombre de Stefanny Orrego Saldarriaga, tal como consta en el registro civil identificado con el serial 20397504, por parte de sus padres Víctor Hugo Orrego Marín y Nilliret Saldarriaga Salazar.
2.2. Sin embargo, en 2002, cuando la accionante tenía 6 años, Luisa Fernanda Soto Pulgarín(1) la registró con el nombre de Estefani Ocampo Soto, en atención a que cuando nació la actora, su madre, la señora Soto Pulgarín, era menor de edad.
2.3. En 2005 la Registraduría Nacional del Estado Civil, le expidió a la actora la tarjeta de identidad 96092125570 a nombre de Estefani Ocampo Soto.
2.6. Así entonces, en 2013, se retiró de la Registraduría Nacional del Estado Civil la cédula de ciudadanía 1.088.023.693, a nombre de Stefanny Orrego Saldarriaga.
2.7. En 2014 la accionante solicitó a la registraduría su cedulación con el nombre de Estefani Ocampo Soto, siendo expedida contraseña con el número 1.088.338.192. Trámite que según le indicaron daría por cancelada la cédula emitida a nombre de Stefanny Orrego Saldarriaga, número 1.088.023.693.
2.9. A partir de este momento “fue como si hubiera iniciado una vida sin ningún tipo de historia en general”. Afectando su derecho a la salud, pues indicó que padece artritis y debe seguir un tratamiento para contrarrestarla y su historia clínica aparece con el nombre de Estefani Ocampo Soto, pero cuyo documento de identificación fue cancelado, sus derechos a la educación y al trabajo, por las mismas razones.
2.10. Con base en lo anterior, el 7 de septiembre de 2016 la actora promovió acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, por cuanto consideraba vulnerados sus derechos a la “identidad, personalidad jurídica, y al debido proceso, en conexidad con los derechos fundamentales a la salud, a la educación, al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que consideraba que con dicho actuar se le cercenaban las oportunidades para continuar si vida en condiciones de normalidad”.
2.11. En efecto, el 27 de febrero de 2017 la accionante, a través de apoderado judicial, promovió demanda de nulidad del registro civil de nacimiento a nombre de Estefani Ocampo Soto, pero a través de sentencia 177 del 8 de junio de 2017 se denegaron las pretensiones, “ya que no se establecieron las condiciones jurídicas sustanciales y procedimentales para acceder a tal pretensión, al no probarse que se trataba de la misma persona con relación a la señora Stefanny Orrego Saldarriaga”, decisión que su apoderado no impugnó, por creer equivocadamente que contra la misma no cabía recurso de apelación.
2.11(sic). Proceso de jurisdicción voluntaria
(i) Proceso de nulidad de registro civil adelantado por el Juzgado Primero de Familia de Pereira-Risaralda, radicado el 27 de febrero de 2017 con el número 660013110001201700192-00, adelantado por Stefanny Orrego Saldarriaga, a través de apoderado judicial.
(ii) Las pretensiones: “PRIMERO: La anulación y cancelación del registro civil de nacimiento a nombre de Estefani Ocampo Soto, serial 33689254 y NIP 960921-25570 de la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira, por existir un registro antecedente. SEGUNDO: oficiar al señor Notario cuarto del Círculo de Pereira y a la Registradora de Estado Civil, para lo de su competencia.”
(iv)(sic) Las pruebas allegadas con la demanda:
— Registro civil con indicativo serial 950921-20397504 (fl. 6 del proceso de jurisdicción voluntaria).
— Registro civil de nacimiento con indicativo serial 33689254 (fl. 7 del proceso de jurisdicción voluntaria).
— Oficio 0340 como respuesta a derecho de petición elevado por el apoderado de la ahora accionante, en donde el registrador especial del estado civil de Pereira indica “1. Que consultado en los archivos de gestión electrónica de documentos (GED) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, aparece trámite de cédula de ciudadanía de primera vez en la Registraduría Municipal del Estado Civil de Dosquebradas-Risaralda el día 23 de septiembre de 2013, con número de cédula de ciudadanía 1.088.023.693 bajo el nombre de Stefanny Orrego Saldarriaga y el documento antecedente registro civil de nacimiento con indicativo serial 20397504 de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Dosquebradas-Risaralda.// 2. Que consultado en los archivos de gestión de documentos (GED) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, aparece trámite de cédula de primera vez en la Registraduría Especial del Estado Civil de Pereira-Risaralda el día 26 de septiembre de 2014, con número de cédula de ciudadanía 1.088.023.693 bajo el nombre de Estefani Ocampo Soto y documento antecedente registro civil de nacimiento con indicativo serial 33689254 de la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira-Risaralda. // 3. Que al momento de realizar el trámite de cédula de primera vez con el registro civil de nacimiento con indicativo serial 33689254 de la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira-Risaralda, bajo el nombre de Estefani Ocampo Soto y cargar las huellas al sistema AFIS de la Registraduría Nacional del Estado Civil, arroja coincidencia con las huellas encontradas el trámite de cédula de primera vez a nombre de Stefanny Orrego Saldarriaga, tramitada con el registro civil de nacimiento con indicativo serial 20397504 de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Dosquebradas-Risaralda, da como resultado el código interno 2021 (Rechazado por posible doble cedulación). // Por lo anteriormente expuesto, es claro que la misma persona tiene dos registros civiles de nacimiento con los cuales tramitó dos cédulas de ciudadanía con nombres diferentes y la dualidad de la identificación está plenamente demostrada con el cotejo de las huellas, que no deja ninguna duda que las dos cédulas y los dos registros civiles de nacimiento corresponden a la misma persona”. (fl. 8 del proceso de jurisdicción voluntaria).
— Respuesta dada por los registradores especiales del estado civil de Pereira, el 3 de febrero de 2017, a través de oficio 0216. En donde se indicó: “1. Que bajo el serial 20397504 y NIP 950921-21950, de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Dosquebradas-Risaralda, está inscrita Steffany(sic) Orrego Saldarriaga, el cual se encuentra en estado VÁLIDO. //2. Que bajo el serial 33689254 y NIP 960921-25570, de la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira-Risaralda, está inscrita Estefani Ocampo Soto, el cual se encuentra en estado VÁLIDO.” (fl. 9 del proceso de jurisdicción voluntaria).
— Certificación emitida el 25 de enero de 2017, por el coordinador del centro de atención e información ciudadana de la Registraduría Nacional del Estado Civil, válida hasta el 24 de febrero de 2017, donde se precisa que en el archivo nacional de identificación el documento de identificación relacionado presenta la siguiente información y estado (fl. 10 del proceso de jurisdicción voluntaria):
— Partida de bautismo 364423 de Stefanny Orrego Saldarriaga, expedida el 8 de octubre de 1995. (fl. 11 del proceso de jurisdicción voluntaria).
(v) Auto admisorio del 4 de abril de 2017, en dónde se ordena imprimirle a la demanda el trámite consagrado en el artículo 579 del Código General del Proceso. (fl. 16 del proceso de jurisdicción voluntaria).
(vi) En el auto del 20 de abril de 2017 se dispuso “tener en cuenta la prueba documental aportada con la demanda y que obra a folios 6 a 11 del expediente, a los cuales se les asignará en valor legal que les corresponde en el momento procesal oportuno” y se ofició a la Registraduría Municipal de Dosquebradas-Risaralda, para que allegue los documentos que sirvieron de antecedente para la inscripción del registro civil de nacimiento a nombre de Stefanny Orrego Saldarriaga, número 20397504 y a la Notaria Cuarta del Círculo de Pereira, para que allegue documentos que sirvieron de antecedente para la inscripción del registro civil a nombre de Estefani Ocampo Soto, 33689254; así como el registro civil con indicativo serial 27919969 y los antecedentes que sirvieron para la inscripción de tal registro, a nombre de Estefani Ocampo Soto. (fl. 17 del proceso de jurisdicción voluntaria).
— El registrador municipal del estado civil de Dosquebradas-Risaralda, mediante oficio 0003 del 5 de mayo de 2017, envía copia del antecedente del registro civil de nacimiento serial 20397504 del 2 de octubre de 1995. Se adjuntó un certificado de nacido vivo de una niña, en el hospital municipal de Dosquebradas, el 21 de septiembre de 1995, cuya madre es la señora Nillireth Saldarriaga. (fls. 20 y 21 del proceso de jurisdicción voluntaria)
— La Notaria Cuarta de Pereira, el 8 de mayo de 2017, allegó el registro civil de nacimiento de Estefani Ocampo Soto, indicativo serial 27919969 y el identificado con indicativo serial 33689254 y la escritura pública AA 1073315-0167, del 17 de enero de 2002, base de la corrección del registro civil de nacimiento 27919969; escrito firmado por la señora Luisa Fernanda Soto Pulgarín solicitando se expida la escritura pública de corrección del registro civil ya mencionada; constancia del Registrador Especial del Estado Civil del 10 de enero de 2002, de que la cédula de ciudadanía de Luisa Fernanda Soto Pulgarín se encuentra en trámite y copia de la contraseña de la mencionada señora, número 25.174.087. (fls. 22 a 29 del proceso de jurisdicción voluntaria)
(viii) La sentencia, emitida el 8 de junio de 2017, en el aparte conclusivo sostuvo que: “La solicitud de cancelación de registro civil de nacimiento que figura a nombre de la señora Estefani Ocampo Soto, asentado en la Notaria Cuarta del Círculo de Pereira, con indicativo serial 33689254, no resulta procedente en el presente caso, ya que no se establecieron las condiciones jurídicas sustanciales y procedimentales para acceder a tal pretensión, al no probarse que se trataba de la misma persona con relación a la señora Stefanny Orrego Saldarriaga. //Así las cosas, al tratarse de personas diferentes —como se dijo— y que la competencia para el juez de familia está restringida a aquellos casos en los cuales sea necesaria una comprobación valorativa, lo que ya se evidenció, no resulta posible acceder a las pretensiones deprecadas. // Como consecuencia de lo anterior, considera este despacho necesario compulsar copias de las actuaciones aquí surtidas (demanda, anexos y de la presente decisión) a la Fiscalía General de la Nación, para que se estudie la pertinencia de abrir investigación penal por la posible comisión de un delito por parte de la señora Stefanny Orrego Saldarriaga”.
Así entonces, denegó la pretensión de cancelación de registro civil de nacimiento que figura a nombre de la señora Estefani Ocampo Soto, asentado en la Notaria Cuarta del Círculo de Pereira, con indicativo serial 33689254. (fls. 32 a 36 del proceso de jurisdicción voluntaria)
— Copia de respuesta enviada por los delegados departamentales del registrador nacional para Risaralda al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia-Sala Jurisdiccional Disciplinaria, dentro de la acción de tutela 2015-1522 (fls. 18 a 24 cdno. ppal.).
— Copia de informe de vista detallada de la consulta web de la dirección nacional de identificación de la Registraduría del Estado Civil, de Nilliret Saldarriaga Salazar y de Luisa Fernanda Soto Pulgarín (anverso fls. 24 y 25 cdno. ppal.)
— Copia del registro civil de nacimiento de Stefanny Orrego Saldarriaga, indicativo serial 20397504 (anverso fls. 25 y 26 cdno. ppal.)
— Copia del registro civil de nacimiento de Estefani Ocampo Soto, indicativo serial 279119969 (anverso fls. 26 y 27 cdno. ppal.)
— Copia de escritura pública AA 1073315-0167, del 17 de enero de 2002, contentiva de un acto de corrección de registro civil de nacimiento de Estefani Ocampo, respecto del número de cédula de su madre Luisa Fernanda Soto Pulgarín (anverso fls. 27 y 29 cdno. ppal.)
— Copia del registro civil de nacimiento de Estefani Ocampo Soto, indicativo serial 33689254 (anverso fl. 28 cdno. ppal.)
— Copia de Resolución No. 3279 del 5 de julio de 2007, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la cual resuelve cancelar la cédula de ciudadanía No. 25.174.807 de Luisa Fernanda Soto Pulgarín y deja activa la cédula de ciudadanía 42.016.800 de Nilliret Saldarriaga Salazar (fls. 29 a 31 cdno. ppal.)
— Copia de petición elevada ante el Registrador del Estado Civil de Pereira, por el apoderado judicial de Stefanny Orrego Saldarriaga, radicada el 31 de enero de 2017, solicitando la expedición de certificación de vigencia de los registros civiles de nacimiento 20397504 y 33689254 (fl. 47 cdno. ppal.)
— Copia de la respuesta dada por los registradores especiales del Estado Civil de Pereira, el 3 de febrero de 2017. En donde se indicó: “1. Que bajo el serial 20397504 y NIP 950921-21950, de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Dosquebradas-Risaralda, está inscrita Steffany Orrego Saldarriaga, el cual se encuentra en estado VÁLIDO. //2. Que bajo el serial 33689254 y NIP 960921-25570, de la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira-Risaralda, está inscrita Estefani Ocampo Soto, el cual se encuentra en estado VÁLIDO.” (fl. 49 cdno. ppal.)
— Copia de petición elevada ante el Registrador del Estado Civil de Pereira, por el apoderado judicial de Stefanny Orrego Saldarriaga, radicada el 15 de febrero, solicitando se le informe si los dos registros pertenecen a Stefanny Orrego Saldarriaga, es decir a la misma persona (fl. 50 cdno. ppal.)
— Copia de la respuesta dada por el Registrador Especial del Estado Civil de Pereira, el 20 de febrero de 2017. En donde se concluye: “Por lo anteriormente expuesto, es claro que la misma persona tiene dos registros civiles de nacimiento con los cuales tramitó dos cédulas de ciudadanía con nombres diferentes y la dualidad de la identificación está plenamente demostrada con el cotejo de las huellas, que no deja ninguna duda que las dos cédulas y los dos registros civiles de nacimiento corresponden a la misma persona”. (fls. 51 y 52 cdno. ppal.).
— Copia de la demanda de nulidad de registro civil, para ser tramitada mediante un proceso de jurisdicción voluntaria, elevada por Stefanny Orrego Saldarriaga, a través de apoderado judicial (fls. 53 a 56 cdno. ppal.)
— Copia de la sentencia 177 del 8 de junio de 2017, proferida por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, que denegó la pretensión de cancelación de registro civil de nacimiento a nombre de Estefani Ocampo Soto, asentada en la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira, con indicativo serial 33689254, teniendo en cuenta que no se probó que Estefani Ocampo Soto y Stefanny Orrego Saldarriaga sean la misma persona (fls. 57 a 65 cdno. ppal.)
— Copia de registro civil de nacimiento de Estefani Ocampo Soto, indicativo serial 33689254 (fl. 66 cdno. ppal.)
— Copia de tarjeta de identidad 95092121950 de Stefanny Orrego Saldarriaga (fl. 67 cdno. ppal.)
— Copia de contraseña 1.088.338.192 de Estefani Ocampo Soto (fl. 68 cdno. ppal.)
— Copia de diploma de bachillerato de Estefani Ocampo Soto (fl. 69 cdno. ppal.)
— Copia de certificado expedido por la Academia Antioqueña de Aviación, el 3 de marzo de 2016, respecto de los estudios que adelantaba Estefani Ocampo Soto, en el programa de piloto comercial de avión (fl. 70 cdno. ppal.)
— Copia de licencia como “alumno piloto avión” a nombre de Estefani Ocampo Soto, No. 73948 (fl. 71 cdno. ppal.)
— Copia de comprobante de pago 21675, por concepto de matrícula para pilotaje comercial a nombre de Estefani Ocampo Soto (fl. 72 cdno. ppal.)
— Copia de comprobante de pago 11692, por concepto de inscripción para pilotaje comercial a nombre de Estefani Ocampo Soto (fl. 73 cdno. ppal.)
— Copia de recibo de matrícula en el centro de idiomas de la universidad EAFIT, del 13 de julio de 2016, a nombre de Estefani Ocampo Soto (fl. 75 cdno. ppal.)
— Copia de registro de matrícula de Estefani Ocampo Soto en la Academia Antioqueña de Aviación, del 28 de septiembre de 2015 (fl. 77 cdno. ppal.)
— Copia de página principal de pasaporte RN 33689254 a nombre de Estefani Ocampo Soto, expedido el 3 de junio de 2004, con sello de “anulado” (fl. 78 cdno. ppal.)
— Copia de página principal de pasaporte AP928853 a nombre de Estefani Ocampo Soto, expedido el 5 de agosto de 2014 (fl. 79 cdno. ppal.)
— Copia de cédula de ciudadanía 1.088.023.693, de Stefanny Orrego Saldarriaga, expedida el 23 de septiembre de 2013 en Dosquebradas (fl. 82 cdno. ppal.)
— Copia de acción de tutela presentada el 7 de septiembre de 2016 por Estefani Ocampo Soto contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que se le protejan sus derechos a la identidad, personalidad jurídica y el debido proceso, en conexidad con los derechos fundamentales a la salud, a la educación, al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad. En tal demanda solicita también “deje como base de mi identificación el registro civil de nacimiento con número (sic) serial 33689254 a nombre de Estefanía Ocampo Soto. // Que como consecuencia de lo anterior se expida la cédula de ciudadanía número 1.088.338.192 a nombre de Estefanía Ocampo Soto, realizando la correspondiente cancelación de la cédula de ciudadanía a nombre de Stefanny Orrego Saldarriaga. (…)” (fls. 84 a 98 cdno. ppal.)
— Copia de respuesta dada por los delegados departamentales del Registrador Nacional para Risaralda, a la acción de tutela radicada con el número 2015-1522, documento en el cual se aclara que Stefanny Orrego Saldarriaga y Estefani Ocampo Soto son las misma persona (respuesta al hecho noveno de la demanda-cuadro) y que en uno de sus partes explica: “Sin embargo en aras de darle solución a la dificultad que presenta la accionante consideramos conveniente manifestar que ante la presencia de dos (2) Registros Civil de Nacimiento y ante la presencia de una cedula (sic) de ciudadanía que presenta un nombre que la accionante no reconoce y no quiere llevar, existen los procesos judiciales adecuados para normalizar su situación: //1. Para resolver lo de los registros civiles de nacimiento se debe acudir a la jurisdicción de familia para que a través de un proceso de jurisdicción voluntaria se declare la nulidad del registro civil de nacimiento con indicativo serial 33689254 y sus antecedentes; y dejar vigente y con plena validez el registro civil de nacimiento como indicativo serial 20397504.// 2. A través de escritura pública ante notario público, solicitar el cambio de nombre por Estefani Ocampo Soto y reemplazar el registro civil de nacimiento por cambio de nombre.// 3. Una vez realizado (sic) los trámites anteriores, y con el cumplimiento de los requisitos necesarios, solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil que estudie la posibilidad de que se le asigne como cupo numérico en la cédula de ciudadanía el número 1.088.338.192”. Por lo expuesto solicitan declarar la improcedencia del amparo. (fls. 99 a 105 cdno. ppal.)
— Copia del fallo proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura-Sala Jurisdicción Disciplinaria de Antioquia, el 19 de septiembre de 2016, dentro de la acción de tutela interpuesta por la ahora accionante en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil y que la declaró improcedente por subsidiariedad, dado que la tutelante contaba con otros medios idóneos para la protección de sus derechos fundamentales. Así como copia del escrito de impugnación (fls. 106 a 108 cdno. ppal.)
La acción de tutela correspondió por reparto al Tribunal del Distrito Judicial de Pereira-Sala Unitaria Civil-Familia, que mediante Auto del 23 de octubre de 2017 dispuso dar trámite a la acción de tutela, tener en cuenta como pruebas las adosadas con la demanda y solicitar al Juzgado Primero de Familia de Pereira remita copias de las piezas procesales del expediente 66001-31-10-001-2017-00192-00 que resulten pertinentes.
La Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil, en sentencia del 30 de noviembre de 2017, confirmó la sentencia del a quo, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por aquel y agregó que: “ninguna disposición en materia ritual civil impone al juez indicar los recursos de que son suceptibles(sic) sus providencias y, en particular, las sentencias, de tal suerte que la omisión de hacerlo de ninguna manera contrarresta la reseñada incuria, máxime que evidentemente la interesada estuvo asistida por un profesional del derecho de quien se presume conoce tal normatividad.// Desde luego que el principio de publicidad en que la recurrente funda su inconformidad no comporta obligación semejante, en la medida que se refiere a la necesidad de poner en conocimiento de las partes y terceros las determinaciones judiciales, haciendo uso de los instrumentos de notificación que para el efecto prevé el legislador, sobre lo que ningún cuestionamiento se ha efectuado, pues, es claro que la censora fue enterada del pronunciamiento que ataca”.
III(sic). Pruebas solicitadas en sede de revisión
(i) A la señora Stefanny Orrego Saldarriaga, informe: ¿Cuáles fueron los motivos que le impidieron impugnar el fallo que ahora se ataca en sede de tutela?; ¿Se encuentra ante la configuración de un perjuicio irremediable, derivado de la negativa de cancelar el registro civil de nacimiento nacimiento que figura a nombre de Estefani Ocampo Soto, asentado en la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira, con indicativo serial 33689254 y NUIP 960921-25570? En caso afirmativo ¿explique en qué consiste tal perjuicio? ¿Cómo se ven afectados sus derechos fundamentales a la salud, trabajo y a la educación con la negativa de cancelar el registro civil de nacimiento que figura a nombre de Estefani Ocampo Soto, asentado en la Notaria Cuarta del Círculo de Pereira, con indicativo serial 33689254 y NUIP 960921-25570? y para atender dicho requerimiento, debía allegar los documentos que soporten las respuestas correspondientes.
(ii) Al Registrador Nacional del Estado Civil-Delegación Departamental de Risaralda, remita un informe relacionado con los hechos de la demanda, en lo de su competencia, dentro del cual se incluya una conclusión en torno a si Stefanny Orrego Saldarriaga, con registro civil de nacimiento indicativo serial 20397504, es la misma persona que Estefani Ocampo Soto, con registro civil de nacimiento indicativo serial 279119969, es decir se configura el fenómeno de la doble inscripción o no y, de considerarlo pertinente, amplíe lo consignado en el escrito a través del cual dio respuesta a la acción de tutela radicada con el número 050011102000-2016-01522-00 (fls. 18-32, cuaderno 1), dentro de la cual fue demandado.
Así mismo, en el oficio 000191, del 16 de febrero de 2018, dirigido a responder petición presentada por la abogada María Lucía Londoño, representante de la actora, los delegados departamentales del Registrador Nacional en Risaralda precisaron: “Este proceso se puede confirmar después de revisados cada uno de los trámites con sus (sic) respectivo material decadactilar en las oficinas de validación de Bogotá quienes indican que se trata de la misma persona con diferente número de identificación. Finalmente por tratarse de una posible doble cedulación la Registraduría Nacional del Estado Civil está facultada para cancelar el trámite con el cupo numérico 1.088.338.192 que corresponde a la (sic) nombre de la señora Ocampo Soto Estefani. Es así que cuando su poderdante se acercó a tramitar la cedula (sic) primera vez con su registro 33689254, la Registraduría verifico (sic) que con sus huellas ya existía otra cedula (sic) de ciudadanía con el número 1.088.023.693.” (fls. 26 a 32 cdno. revisión)
3. La jefa de la oficina jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 4 de abril de 2018, ratificó lo expuesto en el ya relacionado oficio 000191 (fls. 36 a 37 cdno. revisión)
(ii) Vulneración continua de sus derechos fundamentales: Al efecto, puntualmente, expresó “a pesar de que se puede decir que soy una ciudadana jurídicamente reconocida bajo el nombre de ‘Stefanny Orrego Saldarriaga’, actualmente no me es posible adquirir un trabajo que me permita sustentar mi mínimo vital, dado que para cualquier aspiración laboral me exigen mi estudio de bachiller el cual ostento bajo el nombre de ‘Estefani Ocampo Soto’. //Esta situación apremia aún más en atención a que mi salud se ha venido deteriorando en (sic) como consecuencia de una artritis que padezco, enfermedad que me fue diagnosticada desde hace más de dos años y que con el transcurso del tiempo ha degenerado mi estado de salud.// Este perjuicio se ha presentado en dos aspectos, el primero de ellos es que en mi historia clínica no aparece registro alguno ‘Stefanny Orrego Saldarriaga’, toda vez que yo siempre consulte ante mi EPS como ‘Estefani Ocampo Soto’, por ello he debido acudir a especialistas particulares para que me atiendan con mis antecedentes de Ocampo Soto, en aras de obtener un tratamiento que permita mi recuperación.//En segundo término, y al no poder establecer una vinculación laboral, no puedo tener aspiraciones para disfrutar mis derechos en la seguridad social en el eventual caso de que por mi enfermedad pueda ser incapacitada, situación que tal como ha ocurrido, he tenido que dejar de hacer trabajos informales por momentos en que mi patología no me permite trabajar y sin que pueda tener la aspiración del pago de una incapacidad con el objeto de suplir mínimamente mis necesidades para el cubrimiento de mi enfermedad.// Además de o (sic) anterior y tal como puede evidenciar de la situación fáctica en las tutelas reseñadas, siempre he estado bajo el cuidado de mi abuela materna, abuela que en los últimos años se ha visto limitada con afecciones cardiacas en su salud, situación que ha acrecentado la urgencia de obtener recursos que me permitan subsistir con mi enfermedad y con los cuidados de la persona que siempre me ha acompañado (…)”
Anexó copia de su historia clínica, con el nombre de Stefanny Ocampo Soto, de igual forma allegó copia de la historia clínica de su abuela, Magnolia Salazar Saldarriaga y demás documentos anexos a la acción de tutela (fls. 42 a 134 del cuaderno de revisión)
5. Proceso de nulidad de registro civil adelantado por el Juzgado Primero de Familia de Pereira-Risaralda, radicado con el número 660013110001201700192-00, adelantado por Stefanny Orrego Saldarriaga.
6. Escrito enviado por la delegada departamental del registrador nacional para Risaralda, del 17 de abril de 2018, en el cual solicita se confirme la decisión del ad quem del 19 de septiembre de 2016, pues “la dificultad que presenta la ciudadana Estefani Ocampo Soto o Stefanny Orrego Saldarriaga obedece a una irregularidad generada de manera consciente e intencional por ella misma”. (fl. 240 del cuaderno de revisión)
Adicionalmente y debido a que por medio de la acción de tutela se busca esencialmente proteger los derechos fundamentales del accionante, se debe analizar, además de los requisitos generales y específicos, la necesidad de intervención del juez constitucional. Lo anterior, por cuanto “estas causales no suponen fundamentos para iniciar una controversia sobre la corrección de los fallos judiciales desde el punto de vista legal, sino un mecanismo para controvertir la validez constitucional de una providencia, pues la tutela sólo prospera en caso de que se acredite la violación o amenaza a los derechos fundamentales”(2).
Así entonces, en procura del respeto de las garantías constitucionales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la cosa juzgada, en principio, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, sin embargo, excepcionalmente, puede resultar procedente cuando, primero, se cumplen los requisitos generales de procedencia, segundo, se verifica cumplido al menos un requisito específico y, tercero, resulta necesaria la intervención del juez constitucional(3).
3.1.1. Relevancia constitucional de la cuestión estudiada: Este requisito exige que el asunto bajo estudio involucre garantías superiores y no sea de competencia exclusiva del juez ordinario. En consecuencia, el juez constitucional debe justificar clara y expresamente el fundamento por el cual el asunto objeto de examen es “una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”(4).
3.1.2. Agotar todos los medios de defensa judicial posibles: Este presupuesto se relaciona con el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela, acorde con el cual la parte activa debe “desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos”(5). En todo caso, este criterio puede flexibilizarse ante la posible configuración de un perjuicio irremediable(6).
3.1.4. Injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada: Con fundamento en esta premisa, se exige que únicamente las irregularidades violatorias de garantías fundamentales tengan la entidad suficiente para ser alegadas por vía de tutela. Aunado a ello, se excluyen las irregularidades no alegadas en el proceso o subsanadas a pesar de que pudo haberse hecho(7).
3.1.5. Identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración de los derechos fundamentales: En acatamiento de este requisito, en la acción de tutela se debe identificar clara y razonablemente las actuaciones u omisiones que comportan la vulneración alegada. Y, aunado a ello, estos argumentos se deben haber planteado al interior del proceso judicial, de haber sido posible(8).
3.1.6. Que no se trate de sentencias de tutela: A través de esta exigencia se busca evitar que los procesos judiciales estén indefinidamente expuestos a un control posterior. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todas las sentencias de tutela son objeto de estudio para su eventual selección y revisión en esta Corporación, trámite después del cual se tornan definitivas(9).
4.1. Relevancia constitucional de la cuestión estudiada: El asunto objeto de revisión comprende los derechos fundamentales al debido proceso, a la identidad y personalidad jurídica, en conexidad con los derechos fundamentales a la salud, a la educación, al trabajo y al mínimo vital de la actora. Esto por cuanto al identificarse actualmente con un nombre que no la representa (Stefany Orrego Saldarriaga) y respecto del cual no tiene una historia clínica, ni académica, se ve imposibilitada para acceder a los servicios de salud y, con mayor razón, a una oportunidad laboral, lo que compromete su mínimo vital y el de su familia. Situación que pretendió solucionar al adelantar el proceso de nulidad de registro civil en la Jurisdicción Ordinaria, pero que se resolvió denegando sus pretensiones, al considerar que no se probó que Stefanny Orrego Saldarriaga y Estefani Ocampo Soto fueran la misma persona. Por lo anterior, siguen vigentes los dos registros civiles de nacimiento (20397504 y 33689254) y la cédula de ciudadanía 1.088.023.693 a nombre de Stefanny Orrego Saldarriaga, pues el trámite de la cédula de ciudadanía a nombre de Estefani Ocampo Soto, con número 1.088.338.192, fue cancelado por doble cedulación.
4.2. Requisito de inmediatez: La Jueza Primera de Familia de Pereira profirió la sentencia objeto de reproche el 8 de junio de 2017 y la acción de tutela objeto de revisión fue presentada el 19 de octubre de 2017. En consecuencia, se encuentra cumplido este requisito, pues transcurrió un término razonable entre la emisión de la sentencia judicial que se ataca y la presentación de la demanda constitucional.
4.3. Injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada: En el asunto bajo examen se alegó la configuración de un defecto fáctico por valoración defectuosa del acervo probatorio.
4.4. Identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración de los derechos fundamentales: En la acción de tutela se identificaron clara y razonablemente las actuaciones que comportan la vulneración alegada, consistente en la presunta configuración de un defecto fáctico por valoración defectuosa del acervo probatorio, en relación con el documento obrante a folio 8 del proceso de nulidad de registro civil, radicado con el número 660013110001201700192-00, adelantado por Stefanny Orrego Saldarriaga, ante el despacho judicial demandado. Por ende, se encuentra cumplido este requisito.
4.5. Que no se trate de sentencias de tutela: La sentencia judicial objeto de reproche fue dictada al interior de un proceso de nulidad de registro civil, adelantado ante la jurisdicción voluntaria. En consecuencia, se estima también cumplido este requisito.
4.6. Agotar todos los medios de defensa judicial posibles: El 7 de septiembre de 2016 la accionante presentó una acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que “deje como base de mi identificación el registro civil de nacimiento con numero (sic) serial 33689254 a nombre de Estefanía Ocampo Soto.” Demanda que fue declarada improcedente, por cuanto contaba con otros mecanismos judiciales y administrativos para la protección de sus derechos.
4.7. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela, se tiene que la accionante no desplegó todos los medios judiciales ordinarios a su alcance, como la impugnación del fallo que se reclama transgrede sus derechos fundamentales. Por lo tanto, la acción de tutela contra la providencia judicial emitida, el 8 de junio de 2017, por la jueza primera de familia de Pereira resulta improcedente.
5. No obstante, teniendo en cuenta que la Corte ha subrayado que el juez de tutela puede al momento de resolver el caso concreto conceder el amparo incluso a partir de situaciones o derechos no alegados, atendiendo la informalidad que reviste el amparo y además quien determina los derechos fundamentales violados, toda vez que conforme a la condición sui generis de esta acción, la labor de la autoridad judicial no puede limitarse exclusivamente a las pretensiones invocadas por la parte actora, sino que debe estar encaminada a garantizar el amparo efectivo de los derechos fundamentales,(10)la Sala procederá a analizar un posible amparo a los derechos a la personalidad jurídica, al debido proceso, a la salud, a la educación, al trabajo y al mínimo vital de Stefanny Orrego Saldarriaga, luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil cancelara de forma oficiosa la cédula de ciudadanía 1.088.338.192 a nombre de Estefani Ocampo Soto, que se encontraba en trámite, por múltiple cedulación y dejara vigente la que con el mismo número corresponde a Stefanny Orrego Saldarriaga, sin que se le hubiera ofrecido la oportunidad de ser oída o garantizarle su derecho de defensa y contradicción, pues la actora se identifica como Estefani Ocampo Soto desde que tiene 6 años y sus documentos médicos y académicos, entre otros, aparecen expedidos con el mismo.
El derecho constitucional fundamental al debido proceso, consagrado en forma expresa en el artículo 29 superior, se extiende no solo a los juicios y procedimientos judiciales, sino también a todas las actuaciones administrativas, como una de sus manifestaciones esenciales. Lo anterior significa, que el debido proceso se enmarca también dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, razón por la cual comprende “todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, lo que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que presenten los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular que a través de ellas se hayan afectado sus intereses”.(11)
Dentro de ese contexto, esta Corporación ha definido el debido proceso administrativo como “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”(12). Lo anterior, con el objeto de “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”.(13)
Sobre el particular, cabe destacar que en la sentencia C-540 de 1997 se dijo que “el desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un trámite administrativo, no sólo quebranta los elementos esenciales que lo conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual son titulares todas las personas naturales y jurídicas (C.P., art. 229), que en calidad de administrados deben someterse a la decisión de la administración, por conducto de sus servidores públicos competentes”.(14)
Ahora bien, las autoridades públicas que ejercen función administrativa expresan su voluntad a través de actos administrativos. Acorde con ello, se entiende por acto administrativo toda manifestación unilateral de la voluntad de la administración proveniente del ejercicio de una función administrativa, que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, es decir, que produce efectos en derecho.(15)
De acuerdo con su contenido, los actos administrativos se clasifican en dos categorías: generales y particulares. Los primeros, son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de carácter impersonal, objetivo y abstracto. En cuanto a los segundos, se entienden aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de carácter personal, subjetivo o concreto.(16)
En la primera categoría, los supuestos normativos aparecen enunciados de manera objetiva y abstracta, de tal manera que van dirigidos a una pluralidad indeterminada de personas que, de una u otra forma, se encuentran comprendidas en una misma situación jurídica. Por el contrario, en la segunda categoría, el contenido del acto es específico y concreto, razón por la cual, genera situaciones y produce efectos individualmente considerados, respecto de una o varias personas determinadas o determinables.(17)
Según la doctrina especializada y la jurisprudencia de esta Corporación, los actos administrativos de contenido general son esencialmente revocables por la administración, en los siguientes eventos: (i) cuando el acto administrativo resulta manifiestamente opuesto a la Constitución Política o a la ley, (ii) cuando no está conforme con el interés público o social, o atenta contra él y (iii) cuando su expedición cause un agravio injustificado a una persona.(18)
El anterior mandato, que constituye la regla general de irrevocabilidad de los actos administrativos generadores de derechos particulares y concretos, ha sido un tema ampliamente desarrollado por esta Corporación bajo el principio de inmutabilidad e intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la administración, frente a lo cual, ha señalado que tiene como fin primario “preservar la seguridad jurídica de los asociados, como quiera, que las autoridades no pueden disponer de los derechos adquiridos por los ciudadanos, sin que medie una decisión judicial, o que se cuente con la autorización expresa de la persona de la cual se solicita dicha autorización, en los términos establecidos en la ley.”(19)
7.1. El artículo 14 de la Constitución Política de 1991, consagra el derecho fundamental que tiene toda persona a que se le reconozca su personalidad jurídica. Tal derecho se predica de igual forma de todo ser humano según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por el Estado colombiano mediante la Ley 74 de 1968(20), y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada a través de la Ley 16 de 1972(21).
7.2. De acuerdo con lo anterior, la Corte mediante sentencia C-109 de 1995 señaló que “el derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana de ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho”. Dichos atributos corresponden a los establecidos en la legislación civil colombiana como el nombre, el estado civil, domicilio, la nacionalidad, y la capacidad para adquirir derechos y obligaciones, entre otros(22).
7.3. Del mismo modo, se ha destacado que el medio para acreditar la personalidad es la cédula de ciudadanía, cuyo fin es el de identificar a las personas, permitir el ejercicio de sus derechos civiles y facilitar su participación en la democracia. Sobre la importancia de la cédula de ciudadanía y su relación con la personalidad jurídica, este Tribunal afirmó:
“Jurídicamente hablando, la identificación constituye la forma como se establece la individualidad de una persona con arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga a la cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de donde se infiere que sólo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. En estas condiciones, este documento se ha convertido en el medio idóneo e irremplazable para lograr el aludido propósito”(23).
7.4. En este contexto, las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional han resuelto problemas jurídicos suscitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuando procede a cancelar tal documento por múltiple cedulación, tras evidenciar la existencia de diversas cédulas de ciudadanía en cabeza de una misma persona de acuerdo a la facultad consagrada en el artículo 67 del Decreto-Ley 2241 de 1986 (Código Electoral).
En efecto, la Sala Novena de Revisión de la Corte mediante sentencia T-042 de 2008, estudió la acción de tutela en la que la Registraduría Nacional del Estado Civil había anulado una cédula de ciudadanía luego de encontrar que la actora la había solicitado en dos ocasiones. Frente a la actuación administrativa, la Corte determinó que a pesar de la actitud de la accionante, esta había presentado los recursos de reposición y de apelación oportunamente, además, solicitó la rectificación de la cédula que había sido anulada sin que se hubiera presentado respuesta de fondo. La Corte encontró que esta omisión desconoció el derecho a la personalidad jurídica y a la salud, pues la accionante carecía del medio idóneo para identificarse que a su vez impedía el acceso a los de servicios de salud ya que para ello era indispensable la presentación de la cédula. Por tanto, la Corte ordenó a la Registraduría pronunciarse sobre los recursos interpuestos y expedir dentro del término de dos meses una cédula de ciudadanía, luego de adelantarse el trámite correspondiente.
7.5. De igual forma, en sentencia T-006 de 2011, la Corte asumió una tutela en la que se cuestionaba el procedimiento adelantado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para cancelar una cédula ante un caso de doble cedulación. El actor alegó que debido a las inconsistencias establecidas en su primer registro civil, solicitó un segundo registro civil con el que tramitó su primera cédula de ciudadanía. Al estar inconforme con la información plasmada en su cédula, pidió, por segunda ocasión la corrección de su registro civil, siendo expedido uno nuevo el cual reflejaba lo que consideraba el actor como su verdadera identidad. Con éste último, acudió nuevamente a la registraduría nacional para que le fuera expedida otra cédula sin mediar la cancelación de la cédula anterior. Sin embargo, la registraduría canceló mediante resolución administrativa la última cédula dejando vigente la primera.
Allí, la Corte amparó los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y al debido proceso luego de determinar que la entidad accionada expidió la resolución sin oír al titular de la cédula durante el proceso de cancelación. Por tanto, fue considerada arbitraria la cancelación del documento que definía la identidad del actor. Para ello, aclaró que la facultad oficiosa de la Registraduría Nacional del Estado Civil establecida en el artículo 68 del Decreto-Ley 2241 de 1986 (Código Electoral) el cual señala que “[c]uando se establezca una múltiple cedulación, falsa identidad o suplantación, o se expida cédula de ciudadanía a un menor o a un extranjero, la Registraduría Nacional del Estado Civil cancelará la cédula o cédulas indebidamente expedidas y pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente (…)”, debe ser interpretada en el sentido de que los titulares de los documentos sujetos de la cancelación tienen derecho a ser oídos con el fin de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, en especial, al de ejercer su defensa. Por lo anterior, la Sala Primera de Revisión dejó sin efectos la decisión administrativa y ordenó que se adelantara un procedimiento nuevo en el que el actor pueda ser oído para que luego se determinara cuál cédula cancelar.
Para desarrollar lo antedicho, la Corte acudió a la normatividad sobre el procedimiento para la cancelación de cédulas dispuesto en el Decreto-Ley 2241 de 1986 (Código Electoral). Allí, se establece la posibilidad de que el impugnado pueda ser oído antes de que la registraduría decida la cancelación de la cédula en el marco de un proceso administrativo rogado, esto es, mediando solicitud. Los artículos 72 y 73 de la citada norma, disponen:
“ART. 72.—Se podrá solicitar la cancelación de cédulas de ciudadanía en los casos del artículo 67 de este código, conforme al procedimiento determinado en el artículo siguiente.
ART. 73.—La impugnación de la cédula de ciudadanía puede hacerse al tiempo de su preparación o después de expedida. En ambos casos el Registrador del Estado Civil exigirá la prueba en que se funda la impugnación, oirá, si fuere posible, al impugnado, y, junto con su concepto sobre el particular, remitirá los documentos al Registrador Nacional del Estado Civil, para que éste resuelva si niega la expedición de la cédula o se cancela la ya expedida”.
“(…) el primer sentido persigue una finalidad no sólo legítima, sino constitucionalmente imperiosa, pues la falta de oportunidades previas para que el titular de los documentos sea oído, busca introducirle celeridad al procedimiento de cancelación (C.P., art. 209). Ese entendimiento es, por otra parte, adecuado para alcanzarla (…).
“(…) es menos celero que el primer sentido. Pero esa mayor celeridad, aunque es un valor que debe reconocérsele a la primera interpretación del ‘silencio’ normativo, no alcanza a compensar el sacrificio que produce, pues por una parte implica suprimir por completo el derecho a ser oído antes de la cancelación, pero por otra pone en riesgo innecesario —como se ve en este caso— el derecho de los titulares a la personalidad jurídica. En cambio, esa menor celeridad del segundo entendimiento normativo del silencio, sí se compensa por los beneficios que produce, toda vez que garantiza el derecho de las personas a ser oídas y a ser reconocidas como portadoras de razones importantes para las autoridades públicas, y contribuye a evitar errores, por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la cancelación de cédulas”.
7.6. Finalmente, mediante sentencia T-929 de 2012, se conoció el caso de una mujer adulta mayor en condición de indigencia, quien con el apoyo de las autoridades municipales adelantó los trámites necesarios para obtener su cédula de ciudadanía y reclamar un subsidio económico destinado a los ancianos en estado de extrema pobreza. Con tal fin, le asignaron un número de cédula de ciudadanía, le expidieron una contraseña, y le indicaron que el documento laminado se lo entregarían en seis meses. Esto no sucedió porque la Registraduría Nacional del Estado Civil encontró que a la actora ya se le había expedido una cédula de ciudadanía en el año 1959. Por ello, mediante resolución procedió a cancelar el número de cédula reciente, pues la actora, según dicha entidad, se encontraba comprometida en un caso de doble cedulación, razón por la que debía solicitar la renovación del cupo numérico asignado en 1959 y no una nueva cédula.
7.7. En virtud de lo anterior, el derecho a la personalidad jurídica comprende la posibilidad de que los seres humanos posean determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujetos de derecho, lo cual se acredita mediante la cédula de ciudadanía cuyo fin, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, es el de (i) identificar a las personas; (ii) permitir el ejercicio de sus derechos civiles y; (iii) facilitar su participación en la democracia. De acuerdo a lo anterior, la Corte ha garantizado en diversas ocasiones el derecho fundamental a la personalidad jurídica y al debido proceso cuando oficiosamente la Registraduría Nacional del Estado Civil cancela una cédula de ciudadanía por doble cedulación sin ofrecer la oportunidad a las personas afectadas de ejercer su derecho a la defensa.
8.1. Recuento fáctico
En primer lugar, es necesario subrayar que la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de los delegados departamentales de Risaralda, precisó que después de revisados cada uno de los trámites y el material decadactilar en las oficinas de validación de Bogotá, se puede establecer que Estefani Ocampo Soto y Stefanny Orrego Saldarriaga son la misma persona, con diferente identificación.(24)
Ahora bien, todos los documentos de la accionante se encuentran a nombre de Estefani Ocampo Soto, con cédula de ciudadanía 1.088.338.192, nombre con el que además se siente identificada. Sin embargo, el 5 de mayo de 2016 la registraduría canceló tal documento, dejando vigente el de Stefanny Orrego Saldarriaga, número 1.088.023.693. Quedándose la accionante sin sustento documental alguno respecto de su historia clínica y estudios efectuados; y sin la posibilidad de vinculación laboral, de acuerdo a la profesión que ostenta, por lo cual afirma se le afectaron sus derechos a la personalidad jurídica y debido proceso, en conexidad con los de salud, educación, trabajo y mínimo vital.
Acogiendo los señalamientos hechos en sede de tutela, el 27 de febrero de 2017 la accionante, a través de apoderado judicial, promovió demanda de anulación y cancelación del registro civil de nacimiento a nombre de Estefani Ocampo Soto, teniendo en cuenta que los datos consignados en él no corresponden a los reales, que si aparecen en el primer registro a nombre de Stefanny Orrego Saldarriaga. No obstante, a través de sentencia 177 del 8 de junio de 2017 se denegaron las pretensiones, “ya que no se establecieron las condiciones jurídicas sustanciales y procedimentales para acceder a tal pretensión, al no probarse que se trataba de la misma persona con relación a la señora Stefanny Orrego Saldarriaga”, decisión contra la cual no interpuso recurso alguno.
8.2. Resolución del caso
La Sala encuentra que al habérsele cancelado de oficio a la accionante el documento de identidad 1.088.338.192, a nombre de Estefani Ocampo Soto, con el que se siente representada, documento a través del cual ha sido titular de derechos y obligaciones desde que tiene 6 años, sin darle la oportunidad de ser escuchada dentro de dicho trámite, se le han vulnerado sus derechos a la personalidad jurídica y al debido proceso, estrechamente relacionados con los de la salud, educación, trabajo y mínimo vital, pues es precisamente la cédula de ciudadanía el documento a través del cual se acredita la personalidad jurídica que posibilita el acceso a las demás garantías fundamentales, tales como la identificación, el ejercicio de los derechos civiles y la participación democrática. En el caso bajo examen la cancelación de la cédula de ciudadanía ha impedido a la actora acudir a la EPS, continuar con sus estudios, obtener un trabajo con base en su expediente académico y, en esa medida, solventar sus necesidades básicas y las de su familia.
En suma, la Sala procederá a revocar las sentencias proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira-Sala de Decisión Civil Familia y la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil, el 2 y 30 de noviembre de 2017, respectivamente, mediante las cuales se declaró improcedente la acción de tutela presentada y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales a la personalidad jurídica, al debido proceso, a la salud, a la educación, al trabajo y al mínimo vital de Stefanny Orrego Saldarriaga. Dicha protección se verá materializada a través de las siguientes órdenes:
(i) A la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad pública encargada del registro de la vida civil e identificación de los colombianos y colombianas, que tuvo la oportunidad procesal de referirse a los hechos de la demanda de tutela, en sede de revisión, se le ordenará dejar sin efectos la resolución del 5 de mayo de 2016(25), a través de la cual canceló la cédula de ciudadanía 1.088.338.192 a nombre de Estefani Ocampo Soto y, en consecuencia, dar plena validez al documento mencionado, hasta tanto se toma una decisión en la jurisdicción ordinaria, donde la accionante deberá adelantar un nuevo proceso de cancelación de registro civil.
1. REVOCAR las sentencias proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira-Sala de Decisión Civil Familia y la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil, el 2 y 30 de noviembre de 2017, respectivamente, mediante las cuales se declaró improcedente la acción de tutela presentada y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la personalidad jurídica, al debido proceso, a la salud, a la educación, al trabajo y al mínimo vital de Stefanny Orrego Saldarriaga, de forma transitoria.
2. ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil dejar sin efectos la resolución del 5 de mayo de 2016, a través de la cual canceló la cédula de ciudadanía 1.088.338.192 a nombre de Estefani Ocampo Soto y, en esa medida, ésta será tenida como el documento de identificación de la accionante, hasta tanto se tome una decisión en la jurisdicción ordinaria, donde aquella deberá adelantar un nuevo proceso de cancelación de registro civil.
3. ADVERTIR a la accionante que dispone de un término máximo de cuatro (4) meses, siguientes a la notificación de esta sentencia, para presentar la respectiva demanda ante la jurisdicción ordinaria, so pena de la pérdida de los derechos conferidos en esta providencia.
4. DEVOLVER, a través de la secretaría general de la corporación, el expediente del proceso de nulidad de registro civil, radicado con el número 660013110001201700192-00, adelantado por Stefanny Orrego Saldarriaga, al Juzgado Primero de Familia de Pereira-Risaralda.
1 Quien es la misma Nilliret Saldarriaga Salazar, por lo que a través de Resolución 3279 del 5 de julio de 2017, la registraduría canceló por doble cedulación el documento correspondiente a Luisa Fernanda Soto Pulgarín.
2 Sentencia T-088 de 2017.
3 Sentencia C-590 de 2005, T-701 de 2004 y T-088 de 2017.
4 Sentencia C-590 de 2005.
5 Sentencia C-590 de 2005.
6 Sentencia T-924 de 2014.
7 Sentencia C-590 de 2005, ver también T-926 de 2014.
8 Sentencia C-590 de 2005, ver también T-926 de 2014.
9 Sentencia C-590 de 2005, ver también T-926 de 2014.
10 Sentencias SU-195 de 2012 y T-060 de 2016, entre otras.
11 Sentencia T-442 de 1992 y C-980 de 2010.
12 Sentencia T-796 de 2006.
13 Sentencia T-522 de 1992.
14 Sentencia C-540 de 1997.
15 Sobre el particular, se consultaron las sentencias C-1436 de 2000, C-620 de 2004 y T-945 de 2009 de la Corte Constitucional; la Sentencia 3853 del 9 de marzo de 2006 de la Sección Quinta del Consejo de Estado y la Sentencia 14941 del 29 de enero de 2009 de la Sección Tercera de esa misma corporación. Así como el texto “Tratado de derecho administrativo”, tomo II, pág. 128, de Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
16 Sentencia 10227 del 4 de diciembre de 2006, Sección Tercera del Consejo de Estado, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
17 En la sentencia SU-037 de 2009 se indicó que un acto es de contenido general, aun cuando se refiera a pocas personas, cuando en él no se identifican e individualizan los sujetos. En contraposición a ello, el acto puede tener un contenido particular y concreto, cuando a pesar de dirigirse a muchas personas, las mismas están debidamente individualizadas e identificadas.
18 Sentencia C-078 de 1997, reiterada posteriormente, entre otras, en las sentencias T-057 de 2005, T-142 de 2006, T-524 de 2008, T-888 de 2009, T-140 de 2010 y T-338 de 2010.
19 Sentencia T-720 de 1998.
20 El artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “[t]odo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.
21 El artículo 3º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.
22 Al respecto se puede consultar el libro de personas del Código Civil colombiano. El Decreto 1260 de 1970, desarrolla el nombre y el estado civil de las personas. Sobre la nacionalidad, la Ley 43 de 1993 hace lo mismo.
23 Sentencia C-511 de 1999.
24 Como puede verse en los cuadros aportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, a folio 30 del cuaderno de revisión.
25 Ver anverso folio 101 del cuaderno 1, hecho segundo.