Source: http://noticias.juridicas.com/articulos/65-Derecho-Procesal-Penal/201011-8412574582.html
Timestamp: 2014-04-20 00:39:09
Document Index: 192821301

Matched Legal Cases: ['Artículo 121', 'Artículo 242', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 86', 'artículo 34', 'artículo 24', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 34', 'artículo 242', 'artículo 404', 'artículo 242', 'artículo 34', 'artículo 246', 'artículo 35', 'artículo 242']

Art�culos Doctrinales: Derecho Procesal Penal
De: Miguel Ángel López MuñozFecha: Noviembre 2010Origen: Noticias Jurídicas
No abundan los estudios sobre los procedimientos de reclamación de derechos del procurador y honorarios del abogado. Entre ellos sobresalen las obras de Marina Cedeño Hernán1 y de María José Achón Bruñén2 , quienes han profundizado en las singularidades del procedimiento establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en la práctica forense se conoce por la añeja y arraigada denominación de jura de cuentas.
Las publicaciones de ambas autoras se centran en el proceso civil, en cuyo seno se encuentran regulados este tipo de procedimientos de exacción de derechos económicos, constituyendo además la normativa supletoria para el resto de órdenes jurisdiccionales
El presente trabajo muestra algunas de las peculiaridades que la jura de cuentas plantea dentro del proceso penal. Para tal propósito se conjugarán las normas que las regulan con los casos reales acontecidos en un Juzgado de Instrucción de Madrid, donde fue preciso aportar una solución a las situaciones que se plantearon, y que ahora se comparten con todos aquellos interesados en tan singular institución para cobrar las facturas de procuradores y abogados.
No falta quienes califican de privilegiado a este cauce procesal para la reclamación de cantidad por una prestación de servicios, sin embargo el Tribunal Constitucional y cierto sector de la doctrina3 considera conformes y ajustados al ordenamiento jurídico este tipo de procedimientos, no encontrando ninguna desigualdad con relevancia constitucional, porque la desigualdad obedece a diferencias establecidas por el legislador, no en orden a beneficiar al profesional que ostenta el crédito, sino en razón del propio pleito. Así la STC 110/1.993 dice: «Esta peculiaridad en sus funciones de cooperación con la Administración de Justicia, cuando se concretan en un procedimiento determinado en actuaciones necesarias para su desarrollo, son las que merecen como contrapartida por parte del legislador el establecimiento de un procedimiento especial en virtud del cual y de forma rápida y sencilla puedan resarcirse de los gastos anticipados y de los trabajos realizados dentro del proceso»4 .
La reciente modificación de la normativa procesal tras la entrada en vigor de la Ley 13/2.009, de 3 de noviembre, introduce novedades importantes en la regulación de las juras de cuentas, lo que brinda una buena ocasión para poner por escrito unas cuantas ideas inferidas del trabajo cotidiano, deseando proyectar más luces que sombras sobre estos mini procesos de exacción de los derechos económicos devengados dentro de cualquier pleito.
Para ello, no se quiere recurrir excesivamente a los esquemas clásicos del análisis científico de las instituciones procesales, entre otras razones porque ya ha sido objeto de estudio de forma más rigurosa por las referidas autoras. La visión y los pormenores que aquí se recogen tienen un valor eminentemente práctico, cuya finalidad es la de proporcionar alguna utilidad para todos aquellos cuya profesión les lleve a presentar, oponerse, tramitar o resolver los expedientes de reclamación de derechos del procurador y de honorarios del abogado.
Artículo 121.«Todos los que sean parte en una causa, si no se les hubiere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, tendrán obligación de satisfacer los derechos de los procuradores que les representen, los honorarios de los abogados que les defiendan, los de los peritos que informen a su instancia y las indemnizaciones de los testigos que presentaren, cuando los peritos y testigos, al declarar, hubiesen formulado su reclamación y el Juez o Tribunal la estimaren»�
Artículo 242. «Cuando se declaren de oficio las costas no habrá lugar al pago de las cantidades a que se refieren los números 1 y 2 del artículo anterior. Los Procuradores y Abogados que hubiesen representado y defendido a cualquiera de las partes, y los Peritos y testigos que hubiesen declarado a su instancia, podrán exigir de aquélla, si no se le hubiere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el abono de los derechos, honorarios e indemnizaciones que les correspondieren, reclamándolos del Juez o Tribunal que conociese de la causa».
Se procederá a su exacción por la vía de apremio si, presentadas las respectivas reclamaciones y hechas saber a las partes, no pagasen éstas en el término prudencial que el Secretario judicial señale, ni tacharen aquéllas de indebidas o excesivas. En este último caso se procederá con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.»
Artículo 34.«Cuenta del procurador. 1. Cuando un procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que éste le adeude por los derechos y gastos que hubiere suplido para el asunto, podrá presentar ante el Secretario judicial del lugar en que éste radicare cuenta detallada y justificada, manifestando que le son debidas y no satisfechas las cantidades que de ella resulten y reclame. Igual derecho que los procuradores tendrán sus herederos respecto a los créditos de esta naturaleza que aquéllos les dejaren. 2. Presentada la cuenta, el Secretario Judicial requerirá al poderdante para que pague dicha suma, con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación. Si, dentro de dicho plazo, se opusiere el poderdante, el Secretario judicial examinará la cuenta y las actuaciones procesales, así como la documentación aportada y dictará, en el plazo de diez días, decreto determinando la cantidad que haya de satisfacerse al procurador, bajo apercibimiento de apremio si el pago no se efectuase dentro de los cinco días siguientes a la notificación El decreto a que se refiere el párrafo anterior no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior. 3. Si el poderdante no formulare oposición dentro del plazo establecido, se despachará ejecución por la cantidad a que ascienda la cuenta, más las costas.»
Artículo 35.«Honorarios de los abogados. 1. Los abogados podrán reclamar frente a la parte a la que defiendan el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos. 2. Presentada esta reclamación, el Secretario judicial requerirá al deudor para que pague dicha suma, con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación. Si, dentro del citado plazo, los honorarios se impugnaren por indebidos, se estará a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del apartado segundo del artículo anterior. Si se impugnaran los honorarios por excesivos, se procederá previamente a su regulación conforme a lo previsto en los artículos 241 y siguientes, salvo que el abogado acredite la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante, y se dictará decreto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio sí no se pagase dentro de los cinco días siguientes a la notificación. Dicho decreto no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior. 3. Si el deudor de los honorarios no formulare oposición dentro del plazo establecido, se despachará ejecución por la cantidad a que ascienda la minuta, más las costas.»
En la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo hay dos preceptos que se refieren indirectamente a la jura de cuentas, lo que obliga a completarlos con el derecho supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto con los artículos 34 y 35 donde se regula someramente el procedimiento. Estos preceptos, unidos a las disposiciones de la ejecución dineraria de la LEC, las resoluciones de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Constitucional, conforman el régimen jurídico de los procedimientos de reclamaciones de honorarios y derechos. Unos procedimientos con escasa regulación y con abundantes dudas, algo más clarificados a partir de la emblemática STC 110/1.993, de 25 de marzo, que supuso un punto de inflexión en lo relacionado con las juras de cuentas, pero que muchos años después siguen sin merecer la atención del legislador en orden a establecer una regulación única, clara y completa del procedimiento.
Como se irá viendo, apenas 5 ó 6 preceptos y unas cuantas resoluciones judiciales configuran un procedimiento ad hoc para que los procuradores y abogados reclamen judicialmente las cantidades devengadas por su trabajo, acudiendo a las normas especiales de las leyes procesales, en lugar de hacerlo a través de las acciones que nacen del incumplimiento de los contratos de mandato o de arrendamiento de servicios.
III. El procedimiento.
El comienzo del expediente de jura de cuentas no tiene requisitos formales, si bien la LECrim prevé que se de traslado a las partes de la reclamación, y la LEC que se presente la cuenta la cuenta o minuta detallada y la manifestación de que esta no se ha pagado. En este sentido, el Arancel de Derechos de los Procuradores de los Tribunales5 , en su artículo 86 ya establece la necesidad de detallar la cuenta de derechos que se formulen.
Sin embargo y con independencia del tenor de los preceptos indicados, en la práctica judicial está generalizado el inicio del procedimiento con la presentación de una demanda, a la que se adjunta la cuenta o minuta del profesional. También es frecuente, aunque no constituya un requisito de procedibilidad, que el demandante acredite el requerimiento de pago extrajudicial realizado al cliente. Esta petición formal y documentada del pago es indicativa de la diligencia del actor y de la morosidad del deudor, quien desprecia la oportunidad de evitar el litigio.
Por otro lado, resulta procesalmente mucho más correcto fundamentar la demanda en la desatención de un requerimiento formal de pago, que en meras afirmaciones o en la honorabilidad del acreedor, a la cual se concedía eficacia jurídica y presunción de veracidad, mediante la fórmula del juramento recogida en la derogada Ley de 1.8816 . La Ley de Enjuiciamiento 1/2.000, sustituyó ese juramento por la manifestación formal de que le son debidas y no satisfechas las cantidades por sus servicios. No falta cierto sector de la doctrina que considera necesario que con la demanda se acredite el requisito de morosidad al que se refiere el artículo 34 de la LEC, y que dio lugar a un pronunciamiento judicial7 motivado por la cuenta reclamada por un procurador de Barcelona.
Por último, facilitaría la localización de las partidas dentro de las actuaciones si en la reclamación se indica el número de folio, la fecha del documento o de la intervención profesional, evidenciando la constancia en autos de los conceptos reclamados.
2. Modificaciones operadas por la Ley 13/2.009.
La entrada en vigor de la Ley 13/2.009, de 3 de noviembre, cuyo principal objetivo es contribuir a la implantación del nuevo modelo de oficina judicial junto con la distribución racional de funciones entre jueces y secretarios, introduce novedades significativas en la regulación de las reclamaciones de derechos y honorarios.
El eje de esta reforma lo constituye el conjunto de competencias atribuidas al secretario judicial, siendo a partir de ahora el encargado de verificar la concurrencia de los presupuestos procesales para admitir a trámite la reclamación. Comprobación que ha de practicarse de oficio, tal como dejó establecido la STC 110/1.9938 , para que la jura de cuentas sea conforme con las garantías del artículo 24 de la Constitución, lo que comporta examinar la propia competencia del órgano ante el que se plantea la reclamación; la legitimación de las partes; la cuenta o minuta reclamada y la idoneidad del objeto de la reclamación.
Va a ser en el enunciado del artículo 34.1 de la LEC, donde se ha sustituido el sustantivo «Tribunal»por «Secretario Judicial», el único que expresamente recoge el traslado de la competencia para sustanciar las reclamaciones de cuentas y minutas.
En el artículo 35, dedicado a la jura de cuentas del abogado, ni se incluía ni se incluye siquiera una referencia sobre el lugar de presentación de la reclamación. No se aprovecha la reforma para subsanar este silencio, limitándose a cambiar el imperativo «se requerirá»por «el Secretario judicial requerirá», pero sin precisarse de qué órgano judicial. Que la reclamación se presente ante el secretario del órgano donde se encuentre el asunto o causa, es una consecuencia de la aplicación analógica del artículo 34.
En la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Afortunadamente la reforma aprovecha para sustituir en el artículo 242, las expresiones decimonónicas de «beneficio de pobreza» y«partidas tachadas de ilegítimas»por las de «reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita» y«partidas indebidas». Sin embargo, y a diferencia del cambio operado en la LEC, el primer párrafo del artículo mantiene que procuradores y abogados dirijan sus reclamaciones al «Juez o Tribunal que conociese de la causa».
Que se mantenga la competencia del juez en la jura de cuentas ante los órganos penales, ni tiene justificación ni se concilia con la finalidad de la Ley 13/2.009, por lo que seguramente se trate de una omisión involuntaria del legislador. Debe ser el secretario quien tenga la competencia para tramitar y resolver el procedimiento, pero lo cierto es que el enunciado sólo reserva al secretario la fijación del plazo para pagar o impugnar la reclamación, lo cual no tiene mucho sentido atendiendo a una modificación procesal generalizada para reordenar las competencias del secretario. Abunda en esta interpretación la potestad conferida al secretario judicial en el reformado artículo 404.1 de la LEC, para admitir o rechazar las demandas.9 Otra novedad en el artículo 242 de la LECrim es la remisión expresa a la Ley de Enjuiciamiento Civil para los supuestos de impugnación de la reclamación por excesiva. Lo que no tiene ningún sentido es que el precepto excluya la impugnación por indebidas, toda vez que se tendrá que aplicar la LEC con carácter supletorio por la falta de regulación expresa en la LECrim para este supuesto.
Así las cosas, las impugnaciones por indebidas se resolverán de conformidad con el artículo 34.2, párrafos 2º y 3º, es decir con la comprobación de las actuaciones y el examen de la cuenta o minuta presentada. Las impugnaciones por excesivas se sustanciarán con arreglo al artículo 246 de la LEC mediante el traslado por cinco días al letrado para que rebaje la minuta, o en otro caso recabar, de forma preceptiva, el informe del colegio de abogados antes de fijar la cantidad debida. No serían de aplicación supletoria los recursos de revisión previstos en el 246.3 de la LEC contra el decreto que resuelva las impugnaciones y fije la cantidad debida, porque aplicando este recurso se deja vacía de contenido la potestad del secretario para resolver en firme la cantidad debida en una jura de cuentas.
La configuración de la competencia para conocer de esta clase de reclamaciones se distancia del orden jurisdiccional civil, donde por la naturaleza de la relación jurídica que liga a deudor y acreedor correspondería dirimir el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Aunque conviene adelantar que en las juras de cuentas la obligación de pago nace de la Ley en lugar del contrato.
El legislador optó por distribuir la competencia de forma desconcentrada, radicándola en los Juzgados y Tribunales donde se encuentren materialmente las actuaciones. En consecuencia, el secretario de cualquier órgano judicial será competente para resolver la reclamación, desde el Secretario de Sala del Tribunal Supremo hasta el de un Juzgado de Paz. Con tales presupuestos, conocerán íntegramente del proceso de reclamación de honorarios y de la ejecución forzosa de los pronunciamientos para obtener su cobro, órganos judiciales que por las normas de competencia que les son propias, jamás habrían de encargarse de resolver controversias de semejante naturaleza. Cuesta imaginar a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria o a los de Paz dictando autos despachando ejecución y sus secretarios acordando investigaciones patrimoniales y señalando bienes y derechos para embargar, incluso promoviendo subastas para la exacción forzosa de las deudas.
La desconcentración de la competencia se justifica por la inmediación y facilidad para acreditar los hechos constitutivos de la pretensión, que únicamente exigen la comprobación directa en el procedimiento de la realidad de las actuaciones profesionales que sirven de base a la demanda. Ahora bien, el conjunto de incidencias que pueden presentarse en la tramitación de una jura de cuentas, revelan que no se trata de un proceso tan sencillo y breve como podría inferirse de su parca regulación.
Para simplificar la tramitación del procedimiento el legislador le confiere un marcado carácter sumario, con limitación del objeto del proceso a la reclamación de derechos y honorarios devengados por actuaciones que consten en autos. Igualmente, los medios de prueba están tasados y se limitan a la constancia documental en las actuaciones, el dictamen del colegio profesional correspondiente o la nota de encargo del abogado. No obstante, tal como dispuso la jurisprudencia a partir de la STC 110/1.993, siempre se le admitiría al deudor acreditar el pago o alegar la prescripción aunque no esté expresamente previsto.
La competencia funcional viene recogida en los artículos 242 de la LECrim, párrafo segundo: «�reclamándolos del Juez o Tribunal que conociese de la causa.», y en el 34.1 de la LEC: «�que hubiere suplido para el asunto, presentará ante el Secretario judicial del lugar en que éste radicare cuenta detallada y justificada», referido a la reclamación de derechos del procurador. Por su parte, en el enunciado del artículo 35 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil, que se refiere a los honorarios del abogado, no se recoge mención alguna sobre dónde hay que presentar la reclamación.
La singularidad del proceso penal concretada en las dos fases que atraviesa toda causa por delito, comporta que las juras de cuentas no sigan la misma suerte que en el proceso civil. La ratio essendi de la jura de cuentas es la facilidad para la comprobación directa en los autos de la actuación cuyo pago se reclama, no el lugar donde aquélla se haya podido desempeñar. En este sentido tuvo ocasión de pronunciarse la Audiencia Provincial de Madrid10 en una reclamación de derechos del procurador presentada años después de remitir la causa al Juzgado de lo Penal para el enjuiciamiento de los hechos.
La competencia es independiente del órgano donde se hayan efectuado las actuaciones profesionales que se reclaman. Esta posición se aparta de la postura de Achón Bruñén11 , quien considera competente al órgano donde se han devengado los trabajos. No obstante, hay que puntualizar que sus tesis se contraen al proceso civil y al reparto de competencias entre los Juzgados de Primera Instancia y la Audiencia Provincial. La autora sostiene que en el caso de que el procedimiento se eleve a la Audiencia, para sustanciar un recurso de apelación, el juzgado mantiene la competencia para conocer de la reclamación aunque se presente después de remitir la causa, debiendo de recabar de la Audiencia el testimonio de los particulares necesarios para tramitar la jura de cuentas.
Sin polemizar sobre si la mención al Juez o Tribunal que se mantiene en el artículo 242 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pretende conservar la potestad del juez para resolver las juras de cuentas, la competencia funcional vendrá atribuida, en todo caso, al juez o secretario del órgano judicial donde se encuentre materialmente la causa. Este diseño deja en el seno del Juzgado de Instrucción o del de Violencia Sobre la Mujer, la competencia para conocer de reclamaciones devengadas desde la primera intervención del procurador o letrado hasta que se remitan las actuaciones para su enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial.
La Audiencia Provincial y el Juzgado de lo Penal sin perjuicio de lo anterior, conocerán de las reclamaciones de derechos y honorarios por actuaciones devengadas en las fases de enjuiciamiento o ejecución de sentencia. Este último órgano será competente en relación con las reclamaciones que dimanen de actuaciones del procedimiento de diligencias urgentes por delito, tramitadas en los Juzgados de Guardia de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer cuando finalicen con sentencia de conformidad, habida cuenta que esta resolución es firme y determina la pérdida de competencia del Juzgado de Guardia, que remitirá la causa sin solución de continuidad al Juzgado de lo Penal para la ejecución de la sentencia. En los juicios de faltas la competencia será de los Juzgados de Instrucción, Violencia sobre la Mujer o de Paz.
Por su parte, los Juzgados de Menores conocerán de las reclamaciones que se presenten como consecuencia de actuaciones procesales en el ámbito de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2.000, y que consten en el expediente tramitado ante el Juzgado. El requisito insoslayable de constancia en el procedimiento judicial, dejaría fuera de la jura de cuentas los devengos por actuaciones que concluyan en la Fiscalía de Menores con un archivo, desistimiento o sobreseimiento, ya que el órgano judicial ni conocerá del asunto ni radicará allí la causa, circunstancias necesarias para conocer de las reclamaciones de derechos y honorarios.
V. Legitimación de las partes.