Source: http://boletinlegalve.blogspot.com/2016/05/
Timestamp: 2017-12-15 17:56:23
Document Index: 85581496

Matched Legal Cases: ['artículo 113', 'artículo 94', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 94', 'artículo 339', 'artículo 49']

Boletín Legal Venezuela: mayo 2016
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 13:16 No hay comentarios:
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/abril/187169-00442-14416-2016-2013-1406.HTML
Mediante sentencia N° 442 del 14 de abril de 2016, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que el arbitraje es un medio de heterocomposición procesal entre las partes, quienes mediante su voluntad expresa convienen de forma anticipada, en sustraer del conocimiento del Poder Judicial (acuerdo este que también podría ser posterior, esto es, ya iniciada una causa judicial), las diferencias, controversias o desavenencias que puedan surgir entre ellas por la ejecución, desarrollo, interpretación o terminación de un negocio jurídico. En concreto, se señaló que:
“Uno de los aspectos importantes que incorpora la Ley de Arbitraje Comercial es la posibilidad de que las partes puedan llevar sus disputas a los centros de arbitraje, los cuales deben cumplir con ciertos requisitos para poder ser contendedores de disputas por esta vía, como por ejemplo tener sede permanente, poseer su propio reglamento.
De conformidad con lo antes expuesto, el juez venezolano solo debe constatar el carácter escrito del acuerdo de arbitraje, sin entrar en ningún tipo de análisis en relación con la capacidad de las partes o vicios del consentimiento manifestado por ellas al momento de celebrar el contrato y suscribir la cláusula compromisoria, ya que ello corresponderá a los árbitros que las partes designen para decidir el arbitraje (Vid. sentencia N° 00974 dictada por la Sala Político Administrativa del 20 de julio de 2011)”.
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 16:27 No hay comentarios:
Improcedencia de costas en recursos contencioso administrativo de nulidad
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/mayo/187809-0485-17516-2016-15-238.HTML
Mediante sentencia N° 485 del 17 de mayo de 2016, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que en los recursos contencioso administrativo de nulidad, cuya pretensión única sea lograr la nulidad de un determinado acto administrativo, no es posible condenar en costas al recurrente de resultar perdidoso, pues su intención en el proceso no es lograr una determinada condena. En concreto, se señaló que:
(…) al no haber sido acordada la indemnización solicitada por el ciudadano Adafer Enrique Chirinos Quero y menos aún revisado dicho pronunciamiento por esta Sala, mal puede pretender el mencionado ciudadano que se condene en costas a la recurrente, toda vez que quien solicita dicha condenatoria no ha vencido en su pretensión, ni ejerció medio de impugnación en el que resultara victorioso.
Aunado a lo anterior, cabe destacar que en el caso concreto no se dieron las condiciones para que procediera la condenatoria en costas de la recurrente, por cuanto el presente asunto no se trata de una demanda que persigue pretensiones de condena, sino la nulidad del acto administrativo recurrido. En consecuencia, esta Sala debe declarar improcedente la solicitud planteada por el tercero interviniente en la presente causa, respecto de la ampliación del fallo N° 00055 del 19 de enero de 2011. Así finalmente se establece.
En virtud de lo anterior, visto que el juez a quo erró al condenar en costas en el caso bajo análisis, se declara procedente el alegato formulado por la parte actora respecto a ese punto, conforme a las consideraciones realizadas supra. Así se establece” (énfasis añadido por la Sala).
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 19:10 No hay comentarios:
Sobre el pago de la multa de los contribuyentes especiales por el retardo en el enteramiento de las retenciones
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/187634-00517-10516-2016-2015-0238.HTML
Mediante sentencia N° 517 del 10 de mayo de 2016, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que cuando el contribuyente pague de manera extemporánea y en forma voluntaria el tributo omitido, las sanciones de multa expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente de unidades tributarias (U.T.) que correspondan al momento de la comisión del ilícito, y se cancelarán utilizando el valor de la misma que estuviere vigente para la oportunidad del pago de la multa (vid. decisión de esa Sala N° 815 del 04 de junio de 2014, caso: Tamayo & CIA, S.A.) En concreto, se señaló que:
“Así, en el caso del impuesto al valor agregado no hay motivos ni justificación para que el agente de retención, una vez recibido el importe dinerario de parte de los contribuyentes, no lo entere al Fisco Nacional en el tiempo oportuno. Con esta mora en el enteramiento del impuesto, el sujeto pasivo está obteniendo provechos individuales con un dinero perteneciente a todos los ciudadanos, como lo son los tributos; infracción esta que da lugar a la imposición de la sanción dispuesta en el artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 94 eiusdem.
Bajo la óptica de lo antes expresado, se advierte que frente al retardo de los contribuyentes especiales en el enteramiento de las retenciones, la Administración Tributaria está obligada a los efectos del cómputo de la sanción prevista en el artículo 113 del Texto Orgánico de 2001, a convertir la multa -en principio- establecida en términos porcentuales al equivalente en unidades tributarias vigentes para el momento de la comisión de la infracción, vale decir, al vencimiento de la fecha fijada para dicho enteramiento y, posteriormente, emitir las respectivas Planillas de Liquidación en bolívares (moneda de curso legal) con el valor de la unidad tributaria vigente para la fecha de la emisión del acto administrativo sancionador, tomando en cuenta que será esa la oportunidad del pago de la sanción; si el infractor no paga la multa, ésta deberá ajustarse a la fecha de la realización efectiva del pago.
En ese orden de ideas, constata la Sala que la actuación fiscal estuvo ajustada a derecho cuando liquidó la sanción impuesta a la contribuyente conforme al artículo 113 del Código Orgánico Tributario de 2001, pues atendiendo a lo establecido en el artículo 94 eiusdem convirtió correctamente las multas expresadas en términos porcentuales a su equivalente en unidades tributarias para el momento de la comisión del ilícito, y luego aplicó a fin de su cálculo el valor de la unidad tributaria vigente para la oportunidad de emisión de los prenombrados actos administrativos. Así se declara.
Sin embargo, por cuanto no consta en el expediente el pago de las multas antes indicadas, debe advertirse que en el supuesto que éste no se haya efectuado, la Administración Tributaria deberá realizar el correspondiente ajuste a la fecha efectiva del pago de las sanciones. Así se decide” (énfasis añadido por la Sala).
Constitucionalidad del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/187854-411-19516-2016-16-0470.HTML
Mediante sentencia N° 411 del 19 de mayo de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró la constitucionalidad del Decreto N° 2.323, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la economía nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el cual fue dictado en cumplimiento de todos los parámetros que prevé el Texto Constitucional, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás instrumentos jurídicos aplicables, preservando los Derechos Humanos y en protección del Texto Fundamental, el Estado, sus Instituciones y el Pueblo, razón por la que se declara que el mismo entró en vigencia desde que fue dictado y que su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En concreto, se señaló que:
“Al respecto, el decreto sometido al control de esta Sala plantea desde su primer artículo, que el mismo tiene como objeto que el Ejecutivo disponga de la atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana, y que permita asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales y disminuir los efectos, causados por circunstancias de orden natural, en la generación eléctrica y en el acceso a los alimentos y otros productos esenciales para la vida.
Asimismo, debe señalarse que el Decreto n.° 2.323, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la Economía Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental (sobre las consecuencias del control jurídico y el control político, así como de otros temas vinculados al presente asunto, ver sentencias dictadas por esta Sala bajo los nros. 7 del 11 de febrero de 2016 y 9 del 1 de marzo de 2016). Este pronunciamiento no prejuzga sobre la constitucionalidad de las actuaciones que se desplieguen en el contexto del decreto sub examine (vid. Sentencia n° 184 del 17 de marzo de 2016, entre otras)”.
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 14:00 No hay comentarios:
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 17:53 No hay comentarios:
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/187502-331-2516-2016-16-0069.HTML
Mediante sentencia N° 331 del 25 de enero de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que las excepciones previstas en los artículos 374 y 430 del Código Orgánico Procesal Penal, relativos a la prohibición de libertad inmediata, plena o condicional son aplicables a los procesos seguidos por la comisión de delitos contenidos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Además se precisó que en aquellos casos en que se cometan los delitos contemplados en la mencionada ley y en los que se otorgue libertad condicional, tales decisiones deberán ser impugnadas mediante la acción de amparo constitucional, ya que se afecta el derecho al debido proceso. En concreto, se señaló que:
“De las disposiciones antes referidas, esta Sala Constitucional declara que las excepciones previstas en los artículos 374 y 430 del Código Orgánico Procesal Penal, que prohíben la libertad inmediata, plena o condicional, del imputado por los delitos indicados expresamente en dichas disposiciones, son igualmente aplicables a los procedimientos seguidos, bien en flagrancia o en fase de juicio, por la comisión de los delitos contenidos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.
La decisión judicial que otorga la libertad condicional en contravención de la Ley, es impugnable mediante la acción de amparo constitucional por cuanto afecta el debido proceso; que es una garantía constitucional establecida en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esa decisión judicial lesiva no podía resolverse mediante la apelación como recurso ordinario que resuelve el mérito de la decisión judicial íntegra, dictada por la Jueza Primera de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en delito de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en la audiencia de presentación en flagrancia el 18 de diciembre de 2015”.