Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-310-04.htm
Timestamp: 2017-11-22 14:50:07
Document Index: 109498169

Matched Legal Cases: ['artículo 248', 'artículo 248', 'artículo 241', 'artículo 213', 'Artículo 42', 'artículo 231', 'artículo 247', 'artículo 221', 'artículo 219', 'artículo 220', 'artículo 406', 'artículo 248', 'artículo 240', 'artículo 248', 'artículo 248', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 10', 'artículo 537', 'artículo 42', 'artículo 239', 'artículo 216', 'artículo 3', 'artículo 216', 'artículo 411', 'artículo 4', 'Artículo 222']

C-310-04
La Corte declarará la inexequibilidad de la palabra “trescientos” contenida en el último inciso del artículo 248 del Código Civil, y la exequibilidad del resto de la expresión acusada, bajo el entendido según el cual los interesados en impugnar la legitimación distintos de los ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes, para incoar la acción tendrán un plazo de sesenta días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho.
Actora: Elizabeth Lesmes Ávila.
La ciudadana Elizabeth Lesmes Avila, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad parcial del artículo 248 del Código Civil.
El Magistrado Sustanciador, mediante Auto del 4 de septiembre de 2003, admitió la demanda, dispuso su fijación en lista, y simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En la misma providencia, se ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente del Congreso de la República, al Ministro del Interior y de Justicia, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y al Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que intervinieran si lo consideraban conveniente.
2. Que el legitimado no ha tenido por madre a la legitimante; sujetándose esta alegación a los dispuesto en el título XVIII, de la maternidad disputada.
El señor Procurador General de la Nación, en el concepto de rigor, solicita a la Corte Constitucional declarar inexequible la expresión demandada.
1. Por dirigirse la demanda contra una disposición que forma parte de una ley de la República, la Corte Constitucional es competente para decidir sobre su constitucionalidad, tal y como lo prescribe el artículo 241-4 de la Carta Política.
2. De conformidad con lo expuesto en el acápite de Antecedentes, debe la Corte establecer si el plazo que se concede a los interesados distintos de los ascendientes para impugnar la legitimación de los hijos extramatrimoniales desconoce el derecho a la igualdad, toda vez que es un término mayor que aquel que se concede para impugnar la legitimación de los hijos matrimoniales. O si esta distinción está justificada por la diferente regulación legal de la institución de la legitimación de los hijos nacidos dentro del matrimonio, frente a los nacidos por fuera de él, o por la sola circunstancia de nacer dentro o fuera del matrimonio.
3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 213 del Código Civil, “es hijo legítimo el concebido durante el matrimonio de sus padres.”
La Corte no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de esta norma; no obstante, en torno de la calificación “hijo legítimo” ha entendido que el término "legitimidad", utilizado para catalogar la filiación surgida del matrimonio, en contraposición con aquélla filiación que se calificó de "ilegítima" por no tener ese origen, era contraria a los nuevos valores en que está inspirada la Constitución de 1991. Sobre el particular dijo:
“...ya no puede hablarse en Colombia de hijos "legítimos" o "ilegítimos", ni catalogar en forma alguna a las personas por su origen familiar; ni cabe relacionar derecho alguno de un individuo con el hecho -antes relevante en la sociedad colombiana y hoy carente de todo significado jurídico- consistente en haber sido concebido o nacido dentro del matrimonio, o -por el contrario- fuera de él.”
Ahora bien, dado que del Artículo 42 de la Constitución dice que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, es decir por el matrimonio (vínculo jurídico) o por la decisión libre de conformarla (vínculo natural), puede hablarse de una familia matrimonial y de una extramatrimonial, sin que ello implique discriminación alguna. Consecuentemente con estas dos formas de fundar la familia, los hijos pueden ser de tres clases, a las que se refiere el mismo canon constitucional: hijos matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos.[1] No obstante, esta clasificación no implica diferencias de trato, pues según la Constitución todos tienen iguales derechos y deberes.” [2]
4. Así pues, por hijos legítimos en el nuevo régimen constitucional ha de entenderse los matrimoniales, es decir los concebidos dentro del matrimonio, según lo indica el artículo 231 del Código Civil. No obstante, la ley civil también reconoce esta calificación (hijos legítimos o matrimoniales) a otra clase de hijos. Ellos son los que han sido “legitimados” por sus padres.
El título XI del libro 1° del Código Civil regula lo siguiente: (i) quiénes son los hijos “legitimados” y (ii) cómo puede impugnarse la legitimación.
a) Cuando el hijo se concibe antes del matrimonio y nace después de él. (Art. 237 C. C.)
b) Cuando los padres que se casan, previamente al matrimonio han reconocido como hijo extramatrimonial (natural en los términos del Código) a un hijo nacido de ambos.(Art. 238 C.C)
5. La legitimación ipso jure de los hijos concebidos antes del matrimonio y nacidos dentro de él puede ser impugnada dentro del término de sesenta días. Así se infiere de lo reglado por artículo 247 del Código Civil que, para la impugnación de esta clase de legitimación, remite a los plazos previstos para la impugnación de la legitimidad (condición matrimonial) del hijo concebido durante el matrimonio. [3] Estos últimos plazos están señalados en los artículos 217 y 221 del mismo Código. Conforme al primero, “toda reclamación del marido contra la legitimidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, deberá hacerse dentro de los sesenta días contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto”[4]. Por su parte, el artículo 221 dispone que “los herederos y demás personas actualmente interesadas tendrán, para provocar el juicio de ilegitimidad, sesenta días de plazo, desde aquel en que supieron la muerte del padre, en el caso del artículo 219[5], o en que supieron el nacimiento del hijo, en el caso del artículo 220.[6]” [7]
Así pues, el plazo para impugnar la legitimidad del hijo propiamente matrimonial es igual al plazo para impugnar la legitimación ipso jure de los hijos concebidos fuera del matrimonio pero nacidos dentro de él, y está legalmente fijado en sesenta días, que como regla general empiezan a contarse desde que se tiene conocimiento del nacimiento del hijo.[8] Es decir, para todos los hijos que nacen dentro del matrimonio, el plazo para impugnar la paternidad el mismo de los sesenta días.
6. A juicio de la Corte, la norma es discriminatoria desde dos puntos de vista: (i) en primer lugar distingue entre hijos nacidos dentro del matrimonio e hijos nacidos por fuera de él, pues solamente tratándose de éstos últimos concede a los interesados no ascendientes un plazo de trescientos días para impugnar la legitimación; (ii) en segundo lugar, distingue entre los ascendientes del reconocido y los demás interesados, pues sólo a estos últimos les concede un plazo más amplio para impugnar.
En principio, debe admitirse que los plazos más amplios perjudican al hijo que ha sido legitimado, pues mientras transcurren no está en firme su estado civil. Contrario sensu, los plazos cortos para impugnar la filiación han sido estimados como protectores de los derechos de los hijos; sobre el particular, en la Sentencia C-800 de 2000[9] la Corte hizo las siguientes reflexiones, vertidas en torno del plazo de sesenta días que se concede para impugnar la paternidad del hijo matrimonial, pero que también son pertinentes respecto de la legitimación de hijos extramatrimoniales:
“Ahora bien, no sólo en nuestro ordenamiento civil, sino en muchos otros sistemas jurídicos foráneos, se ha establecido un corto término de caducidad para que el marido pueda impugnar la paternidad, y la razón de ser de los reducidos plazos, ha sido explicada por la doctrina como una forma de garantizar que la incertidumbre de la filiación no se prolongue demasiado tiempo (Cfr. Luis Claro Solar. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y comparado. De las Personas. Tomo Segundo. Santiago de Chile. Imprenta Cervantes 1902. p. 322-323).
“La Corte Suprema de Justicia ha explicado de la siguiente forma el sentido del corto plazo establecido en la norma sub examine:
“Por la especial gravedad que para el ejercicio de los derechos emanados de las relaciones de la familia y para la estabilidad y seguridad del grupo familiar entraña el desconocimiento del estado civil que una persona viene poseyendo, el legislador ha señalado plazos cortos para el ejercicio de las acciones de impugnación (C.C. arts. 217 y 336). En cambio, permite que el derecho a reclamar el estado civil que realmente se tiene pueda ejercitarse en cualquier tiempo, y de ahí la imprescriptibilidad que para las acciones de esa índole consagra el artículo 406 del Código Civil (Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de julio de 1970).”
a. En cuanto al trato diferente que se introduce entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, pues sólo respecto de estos últimos se concede a algunos interesados un plazo de trescientos días para impugnar la legitimación, podría estimarse que la justificación se encuentra en la distinta situación jurídica que se presenta entre los hijos que nacen dentro del matrimonio y los que nacen por fuera de él, pues respecto de los primeros opera la presunción de paternidad, mientras que respecto de los segundos tal presunción no tienen cabida.
No obstante, a juicio de la Corte el anterior criterio de distinción no es constitucionalmente válido. En efecto, ante la perentoria afirmación del constituyente, según la cual los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él ... tienen iguales derechos y deberes”, no parece justificado el que se otorguen plazos diferentes para la consolidación del estado civil de las personas, con base en el origen familiar. Plazos más favorables a los hijos nacidos dentro del matrimonio, quienes, en todos los casos, en el plazo de sesenta días, ven definitivamente definido este asunto frente a las pretensiones de impugnación en cabeza de terceros interesados.
b. De otro lado, la distinción entre el término procesal de caducidad de la acción de impugnación de la legitimación concedido a los ascendientes del legitimado (sesenta días) y el concedido a los demás interesados (trescientos días) tampoco encuentra un sustento razonable. La doctrina jurídica sostiene que la ampliación a trescientos días del plazo para los interesados no ascendientes se justifica “en atención a que se trata de una acción que por referirse a la impugnación del reconocimiento de hijos habidos fuera del matrimonio, presentaba mayores dificultades”[10]. También podría pensarse que el mayor plazo a los terceros interesados distintos de los ascendientes se justificaría por su mayor lejanía familiar con los padres legitimantes. Los ascendientes de éstos, estarían en mejores condiciones para conocer de la legitimación, por lo cual el plazo a ellos concedido podría ser menor. No obstante, al parecer de la Corte todas estas posibles justificaciones hoy en día son meramente hipotéticas, es decir surgen de suposiciones sin un adecuado soporte sociológico, y no resultan suficientes para explicar la diferencia que se concede a una clase de impugnantes frente a otros, en lo relativo al término de caducidad de la acción de impugnación de la legitimación.
Por las consideraciones anteriores, la Corte declarará la inexequibilidad de la palabra “trescientos” contenida en el último inciso del artículo 248 del Código Civil, y la exequibilidad del resto de la expresión acusada, bajo el entendido según el cual los interesados en impugnar la legitimación distintos de los ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes, para incoar la acción tendrán un plazo de sesenta días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho.
Primero: Declarar INEXEQUIBLE la expresión“trescientos días” contenida en el inciso 2 del numeral 2 del artículo 240 del Código Civil.
Segundo: Declarar EXEQUIBLES las expresiones “aquellos en los (...) subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho”, contenida en el inciso 2 del numeral 2 del artículo 248 del Código Civil, en el entendido que será el mismo plazo de sesenta días consagrado en este artículo y en el 221 del Código Civil.
Primero: Declarar INEXEQUIBLE la expresión“trescientos días” contenida en el inciso 2 del numeral 2 del artículo 248 del Código Civil.
Que el H. Magistrado doctor JAIME CORDOBA TRIVIÑO, no firma el presente Auto por encontrarse en permiso debidamente autorizado por la Presidencia de esta Corporación.
“3. La familia y la igualdad de trato a sus diferentes formas de constitución.
“Art.- 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
3.2. Desde sus primeros pronunciamientos, esta Corporación se ha referido al alcance de la disposición citada, señalando que el Constituyente de 1991, en aplicación del principio de igualdad por el prohijado y conforme con la idea de un Estado en el que se reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, decidió no otorgar ningún privilegio a un tipo específico de familia, y, por el contrario, optó por admitir la diversidad de formas o vínculos que pueden originarla, ya sean éstas naturales o jurídicas, haciéndolas a todas merecedoras de un mismo trato y de la protección integral que corresponde asumir al Estado y a la propia sociedad civil[11].
Precisamente, en la Sentencia C-105 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía), la Corte hizo un análisis del artículo 42 superior, sosteniendo:
d) Pero la igualdad está referida a los derechos y obligaciones, y no implica identidad. Prueba de ello es que el mismo artículo 42 reconoce la existencia del matrimonio.”
4. La igualdad en los derechos y obligaciones de los hijos.
4.1. Cabe destacar que la protección de que es objeto la institución familiar, sin importar la forma que ella adopte, se expresa a nivel constitucional en el reconocimiento de un sistema de garantías que buscan potenciar su importancia política y social en condiciones de igualdad. Según lo ha dicho la Corte[12], ese ámbito de protección especial se manifiesta, entre otros aspectos, (i) en el reconocimiento a la inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en que las relaciones familiares se edifican sobre la base de la igualdad de derechos y obligaciones de la pareja, así como en el respeto recíproco entre todos sus integrantes; (iii) en el imperativo de preservar la armonía y unidad de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se considere destructiva de la misma; (iv) en el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para los hijos, independientemente de cuál sea su origen familiar; (v) en el derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea tener; y (vi) en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe al niño para garantizar su desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos.
4.2. Respecto a la garantía de igualdad de derechos y obligaciones de los hijos sin consideración a su origen, prevista expresamente en el inciso 6° del artículo 42 Superior, es menester precisar que su vigencia en el ordenamiento jurídico no es atribuible en forma exclusiva a la Constitución del 91. Tal y como lo ha sostenido este Tribunal a lo largo de distintos pronunciamientos, en Colombia, el reconocimiento de la igualdad entre los hijos sin importar su origen familiar, fue el resultado de un proceso que se inició con la expedición de la Ley 45 de 1936 y que culminó con la promulgación de la Ley 29 de 1982, en cuyo artículo 1° se dispuso: “Los hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos y obligaciones”.
En la Sentencia C-047 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía), la Corte explicó el proceso histórico que antecedió al reconocimiento de la igualdad entre los hijos, en los siguientes términos:
a) La igualdad de los hijos. El proceso que condujo a la igualdad de los hijos legítimos y extramatrimoniales en Colombia, comenzó con la ley 45 de 1936 y culminó al dictarse la ley 29 de 1982.
4.3. Dando aplicación al criterio de interpretación citado, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 29 de 1982, en nuestro país fueron totalmente abolidas y erradicadas todas las desigualdades derivadas del nacimiento, quedando establecido a nivel legal una sola categoría de hijos, distintos o separables únicamente en lo que tiene que ver con sus denominaciones de matrimoniales o legítimos, extramatrimoniales y adoptivos[13]. La formula legal que amparó esta garantía de igualdad, como se dijo, fue a su vez acogida y elevada a principio constitucional por la Carta Política de 1991, al consagrar en el inciso 6° del artículo 42 que: “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes.”
4.4. En consecuencia, acorde con la protección que en condiciones de igualdad se reconoce a las distintas formas de familia, tratándose de derechos y obligaciones, los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos también se encuentran en un mismo plano de igualdad y, por tanto, deben recibir un mismo tratamiento jurídico que, de acuerdo con la jurisprudencia[14], no se predica exclusivamente de las relaciones entre padres e hijos, sino que se extiende también a todos los ascendiente y descendientes ya sean éstos legítimos, extramatrimoniales o adoptivos.
5. Desconocimiento de la ley a la protección integral que la Constitución reconoce a la familia. Consecuencias jurídicas directas.
5.2. A partir de la regla de interpretación constitucional que propugna por la igualdad de trato a la institución familiar sin tomar en cuenta la forma como ésta se adopta, la jurisprudencia de la Corte ha venido sosteniendo que es contraria a la Constitución Política “toda norma que establezca una discriminación basada en el origen familiar”[15]. Para la Corporación, si el ordenamiento Superior reconoce la misma importancia al esposo o esposa, al compañero o compañera permanente y a los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, no le es dable a la ley consagrar privilegios que tengan fundamento en el hecho de detentar alguna de tales condiciones.
En la Sentencia C-047 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía), al decidir sobre una demanda de inexequibilidad presentada en contra del inciso tercero del artículo 10o. de la ley 75 de 1968, la Corte se refirió al punto, concluyendo:
“En conclusión: la igualdad entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos no puede conciliarse con norma alguna, anterior, que establezca discriminación en contra de una cualquiera de estas clases de hijos.”
Posteriormente, en la Sentencia T-553 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), en la que se ordenó la protección de los derechos a la salud y a la seguridad social de una compañera permanente que no era atendida por el Seguro Social como consecuencia de ostentar tal condición, este Tribunal reiteró:
También en la Sentencia C-742 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), en la que se declararon inexequibles algunas expresiones del artículo 537 del Código Civil, la Corporación recordó:
“La Corte recuerda que la Constitución reconoce en un pie de igualdad a la familia constituida por vínculos jurídicos, esto es la que procede del matrimonio, como a la familia llamada natural, esto es, la constituida por fuera de él. Es este el único sentido en el cual puede entenderse el artículo 42 superior, cuando afirma que "La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla". Por ello las diferencias introducidas por la ley con fundamento en la diversa manera de conformar la familia, desconocen la Constitución. Siendo igualmente válido cualquier tipo de familia, las diferencias de trato resultan discriminatorias.”
Y más recientemente, recogiendo el criterio hermenéutico al que se ha hecho referencia, en la Sentencia C-1033 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), reiteró la Corte:
“Por consiguiente, ha señalado esta Corporación que el legislador no puede expedir normas que consagren un trato diferenciado en cuanto a los derechos y deberes de quienes ostentan la condición de cónyuge o de compañero permanente, como tampoco entre los hijos habidos en matrimonio o fuera de él.”
6. El matrimonio y la unión marital de hecho. Diferencias existentes.
6.2. En relación con lo primero, dijo la Corte que la Constitución “consagra inequívocamente dos formas de constituir una familia: por vínculos naturales o por vínculos jurídicos. La primera forma corresponde a ‘la voluntad responsable de conformarla’. Aquí no hay un vínculo jurídico en el establecimiento de una familia. La segunda corresponde a ‘la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio’: aquí el vínculo jurídico es el contrato de matrimonio”[16]. Dicha “clasificación no implica discriminación alguna: significa únicamente que la propia Constitución ha reconocido el diverso origen que puede tener la familia”[17].
“El noveno inciso del artículo mencionado, determina que ‘Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derecho de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil’. Nada semejante se prevé en relación con la unión marital de hecho, precisamente por ser unión libre. (Sentencia C-239 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía).
Según el inciso décimo, ‘Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley’. Obsérvese que la atribución de efectos civiles a los matrimonios religiosos, no está sometida a lo que disponga la respectiva religión. No: esos efectos se dan ‘en los términos que establezca la ley’. Y esta norma es aplicable sólo al matrimonio.
Y lo mismo puede decirse del inciso décimo segundo, según el cual ‘También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley’. Si bien en el plano puramente teórico podría pensarse en la nulidad de la unión marital de hecho, por ejemplo, por la fuerza que uno de los compañeros ejerciera sobre el otro para iniciar o mantener tal unión, es claro que una autoridad religiosa no sería la llamada a decidir sobre tales hechos, por sentencia que produjera efectos civiles. (Sentencia C-174 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía)”. (Subrayas fuera de texto).
6.4. Posteriormente, en la Sentencia C-533 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) este Tribunal tuvo oportunidad de precisar que, si bien son muchas las diferencias entre el matrimonio y la unión marital de hecho, la más relevante esta en el consentimiento que otorgan los cónyuges, del cuál surgen obligaciones tan relevantes como la comunidad de vida y la fidelidad mutua, que le son exigibles a cada uno respecto del otro y que únicamente finalizan con la disolución del matrimonio ya sea por divorcio, muerte o declaración de nulidad. El consentimiento, cuyo principio formal es el vínculo jurídico, es entonces la causa de las obligaciones conyugales, y por tanto, se requiere obtener la declaración judicial de divorcio para que se entienda extinguido y opere la disolución del vínculo jurídico.
Las diferencias son muchas, pero una de ellas es esencial y la constituye el consentimiento que dan los cónyuges en el matrimonio al hecho de que la unión que entre ellos surge sea una unión jurídica, es decir una unión que en lo sucesivo tenga el carácter de deuda recíproca. La unión que emana del consentimiento otorgado por ambos cónyuges, hace nacer entre ellos una serie de obligaciones que no es del caso analizar ahora detalladamente, las cuales son exigibles por cada uno de ellos respecto del otro, y que no terminan sino por la disolución del matrimonio por divorcio o muerte o por su declaración de nulidad. Entre ellas, las más relevantes son las que se refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad mutua. Algunas de las obligaciones derivadas de este vínculo jurídico comprometen a los cónyuges incluso después del divorcio, como las que conciernen a la obligación alimentaria a favor del cónyuge inocente.[18]
De lo anterior se deducen conclusiones evidentes: en primer lugar, que el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas. La unión libre, en cambio, sí se produce por el solo hecho de la convivencia y en ella los compañeros nada se deben en el plano de la vida en común, y son libres en la determinación de continuar en ella o de terminarla o de guardar fidelidad a su pareja. En el matrimonio, en cambio, las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y éste a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges[19], es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia.
6.5. Así las cosas, tal y como se expresó en la Sentencia C-239 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía), “sostener que entre los compañeros permanentes existe una relación idéntica a la que une a los esposos, es afirmación que no resiste el menor análisis, pues equivale a pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al mismo tiempo, pueda éste imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo esencial, que no es otro que el de ser una unión libre”.
6.6. Conforme con esta posición jurisprudencial, que admite la diferencia existente entre la institución del matrimonio y la unión marital de hecho, la Corte ha afirmado que “una es la situación jurídica de los cónyuges, y otra diferente, la de los compañeros permanentes”[20]; premisa a partir de la cuál también ha considerado que no es contrario al principio de igualdad que el legislador adopte distintas medidas regulatorias para el matrimonio y para la unión marital de hecho -en cuyo contexto se entienden incluidos todos sus miembros-, siempre y cuando éstas tengan un carácter objetivo y razonable y no resulten ser discriminatorias. Sobre este particular, se manifestó en la Sentencia C-174 de 1996 (M.P. Jorge Arango Mejía).
Este criterio fue reiterado recientemente por la Corte en la Sentencia C-1033 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Treviño), al precisar que, en estos casos, “el juicio de igualdad deberá tener en cuenta las particularidades de la norma o situación fáctica sometida a consideración, tendientes a constatar si existe discriminación entre cónyuges y compañeros permanentes, pero sin soslayar las diferencias existentes entre el matrimonio y la unión marital de hecho.”
7. Constitucionalidad de la norma acusada. Las diferencias existentes en los términos de impugnación de la paternidad no viola el principio de igualdad.
Es sabido que los cónyuges al momento de contraer matrimonio se prometen, tanto el derecho de mantener relaciones sexuales mutuas y no permitirlas con terceros, como también el deber de convivir bajo un mismo techo. Dichos compromisos, que constituyen la máxima obligación de los esposos al momento de casarse, encuentra fundamento en los artículos 176 y 178 del C.C. que disponen: “Los cónyuges están obligados a guardarse fe” y “Salvo causa justificada los cónyuges tienen la obligación de vivir juntos…”. A partir de tales obligaciones, es que la ley consagra como presunción que: “El hijo concebido durante el matrimonio de sus padres es hijo legítimo” (C.C. art. 213), y que “El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él y tiene por padre al marido”. (C.C. ert. 214).
Convalidando esta línea de interpretación, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en diversas oportunidades, ha sostenido que la presunción de concepción del matrimonio esta basada en las obligaciones matrimoniales y de comunidad de vida, y muy concretamente, en el deber de fidelidad de la mujer y la presunción de inocencia de que no se incurre en adulterio[21]. En relación con este tema, dijo la Corte:
“La presunción legal de legitimidad que cobija al hijo concebido durante el matrimonio de sus padres y que tiene como fundamento otra presunción: la de fidelidad de las mujeres casadas, toma fuerza tal con el reconocimiento del hijo, en la hipótesis estudiada, que se hace inexpugnable frente a los herederos del marido, aunque éste haya fallecido sin fenecer el plazo que le otorga la ley para impugnar la pretendida legitimidad.” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de septiembre de 1978, M.P. Germán Girardo Zuluaga).
Con esa misma posición, en la Sentencia C-800 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), esta Corporación señaló:
7.6. Por otra parte, el artículo 239 del mismo ordenamiento prevé que son hijos matrimoniales por declaración voluntaria: (i) los reconocidos por sus padres en el momento del matrimonio, debiendo dejar constancia en el acta de matrimonio respectiva, y (ii) los reconocidos por escritura pública con posterioridad al matrimonio, en la que debe designarse con exactitud a los hijos a quienes se les concede el beneficio. En este grupo se incluyen también a (iii) los hijos reconocidos por sentencia judicial, que se promueve a través de la acción de investigación de la paternidad matrimonial (Ley 45 de 1936, art. 4°)[22].
7.7. Es menester precisar que, sin importar que se trate de hijos matrimoniales ipso iure o por declaración voluntaria, la ley civil no establece ninguna diferencia entre unos y otros y les reconoce los mismos derechos y las mismas obligaciones de que son titulares los hijos matrimoniales propiamente dichos, es decir, los concebidos y nacidos dentro del matrimonio. Sobre este particular, los artículos 245 y 246 del C.C. consagran que: “Los legitimados por matrimonio posterior son iguales en todo a los legítimos concebidos en matrimonio”; y que “La designación de hijos legítimos aun con la calificación de nacidos de legítimo matrimonio, se entenderá comprender a los legitimados tanto en leyes y decretos como en los actos testamentarios y en los contratos, salvo que se exceptúe señalada y expresamente a los legitimados”.
7.8. Ahora bien, para que le sea reconocida a un hijo su filiación matrimonial, es necesario que se cumplan los siguientes supuestos, a saber: (i) que haya existido matrimonio de los padres -válido o nulo-, (ii) que el hijo haya sido concebido dentro del matrimonio o reconocido por el subsiguiente vínculo jurídico, (iii) que se presente la maternidad de la presunta madre y (iv) que tenga ocurrencia la paternidad del presunto padre. Probadas tales exigencias, ha de concluirse que se encuentra definida la filiación matrimonial del hijo, aun cuando la misma pueda ser impugnada por quienes están legitimados para ello, siempre que en le respectivo término legal logren demostrar la inexistencia de alguno de los requisitos señalados.
7.10. No obstante, atendiendo a las circunstancias especiales que amparan dicha presunción legal, el artículo 216 del C.C. y la Ley 75 de 1968 (en su modificación al art. 3° de la Ley 45 de 1936), sólo le reconocen legitimación para impugnar la paternidad del hijo matrimonial, al marido mientras viva y al propio hijo[23]. Al marido, dentro de los 60 días siguientes al día que tuvo conocimiento del parto -si residía en el lugar del nacimiento- o al día en que regresó a la residencia de la mujer -si se encontraba ausente para la fecha del parto-, demostrando en ambos casos que no tuvo relaciones sexuales con la esposa para la época de la concepción o que durante el mismo tiempo ésta mantuvo relaciones sexuales con otros hombres (C.C. arts. 214 y 215). Al hijo, en cualquier tiempo, cuando su nacimiento haya tenido lugar después del décimo mes siguiente al día en que el marido o la madre abandonaron el hogar conyugal en forma definitiva, y en todo caso, en aplicación a lo decidido por la Corte en la Sentencia C-109 de 1995, invocando las mismas razones previstas por los artículos 214 y 215 del C.C. para el marido. Excepcionalmente, en caso de separación de hecho o declaración judicial de divorcio por adulterio de la mujer, el marido también puede impugnar la paternidad en cualquier tiempo, probando que para la época de la concepción no hacía vida conyugal con la mujer (Ley 95 de 1890, arts. 5° y 6°).
En el evento en que el marido fallezca antes de vencerse el plazo fijado por la ley para declarar que no reconoce al hijo como suyo, los artículos 219, 221 y 222 del C.C. le otorgan el derecho de impugnar a (i) los ascendientes del marido[24] y (ii) a toda persona a quien la paternidad del hijo le ocasione un perjuicio actual; impugnación que deben promover dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento del parto o de la muerte del esposo, pero siempre que este último no haya reconocido como suyo al hijo a través de testamento u otro instrumento público.
- La acción de impugnación puede ser ejercida por “los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes”, de lo cual se deduce que la acción no es exclusiva del marido y el hijo, éste último en cualquier tiempo, sino que también corresponde ejercerla a terceros con interés.
- La impugnación se adelanta por los interesados probando que el hijo no ha podido tener por padre al marido o por madre a la esposa; es decir, a quienes han reconocido la filiación matrimonial, pudiendo acudir a cualquier medio de prueba ya que no se busca desvirtuar una presunción, sino demostrar que la declaración de reconocimiento no se ajusta a la realidad.
- En caso de que la impugnación sea promovida por los ascendientes, deben hacerlo en el término de 60 días, contados a partir de la fecha en que conocieron la filiación. Si la impugnación es alegada por persona diferente, la acción tiene que presentarse “en los trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho”.
7.14. No considera esta Corporación, que establecer distintos plazos para impugnar la paternidad de los hijos nacidos dentro del matrimonio y de los nacidos fuera de él, afecte la igualdad de derechos que la Constitución ordena reconocer en los mismos términos para unos y otros. Como ya se mencionó, los artículos 245 y 246 del C.C. consagran expresamente la igualdad de derechos y obligaciones para todos los hijos de filiación matrimonial, ya sean nacidos en matrimonio o fuera del mismo, mandato que se materializa, para el caso de la impugnación de la paternidad, en la posibilidad otorgada a todos sin excepción de ejercer la acción en cualquier tiempo. En relación con esto último, el artículo 3° de la Ley 75 de 1968 prescribe claramente que “[e]l hijo podrá reclamar en cualquier tiempo contra su legitimidad presunta...”.
7.15. En consecuencia, no se opone al principio de igualdad que el legislador, tomando en consideración la condición de hijo matrimonial o extramatrimonial, establezca distintos términos y condiciones para impugnar la legitimidad de la paternidad, pues ello esta plenamente justificado en las diferencias que a nivel constitucional y legal existe entre el matrimonio y la unión de hecho, las cuales se ven materializada en la variedad de medidas normativas que determinan su regulación jurídica. En relación con el principio de igualdad, esta Corporación ha dicho que el mismo “no puede implicar la impotencia del legislador para establecer normas especiales, excepciones, prohibiciones o requisitos para llevar a cabo actividades o para ejecutar actos jurídicos, ya que semejante entendimiento de ese postulado llevaría a la más completa desfiguración de la tarea legislativa y a la imposibilidad de que mediante ella se introdujeran las distinciones propias de la justicia distributiva, todo lo cual conduciría a la esterilidad de la legislación”[25].”
[1] Constitución Política. Art. 42: ... “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable.”
[2] Sobre este tema confróntese también la Sentencia C-596 de 1996, M.P Jorge Arango Mejía.
[3] El artículo 216 del C.C. y la Ley 75 de 1968 sólo le reconoce legitimación para impugnar la paternidad del hijo matrimonial al marido mientras viva y al propio hijo. Si el marido fallece antes de vencerse el plazo fijado por la ley para declarar que no reconoce al hijo como suyo, los artículos 219, 221 y 222 del C.C. le otorgan el derecho de impugnar a los ascendientes del marido y a toda persona a quien la paternidad del hijo le ocasione un perjuicio actual.
[4] En la sentencia C-800 de 2000, M.P José Gregorio Hernández Galindo, la Corte condicionó la constitucionalidad de esta disposición a que se entendiera que hace referencia a la posibilidad que tiene el marido de impugnar, no la “legitimidad” -como literalmente lo indica la norma-, sino la paternidad del hijo nacido dentro del matrimonio. La brevedad del término fue encontrada exequible.
[5] ART. 219.—“Si el marido muere antes de vencido el término que le conceden las leyes para declarar que no reconoce al hijo como suyo, podrán hacerlo en los mismos términos los herederos del marido, y en general toda persona a quien la pretendida legitimidad del hijo irrogare perjuicio actual.
Cesará este derecho si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público.”
[6] ART. 220.—A petición de cualquiera persona que tenga interés actual en ello, declarará el juez la ilegitimidad del hijo nacido después de expirados los trescientos días subsiguientes a la disolución del matrimonio.
[7] El hijo puede impugnar la paternidad matrimonial en cualquier tiempo, cuando su nacimiento haya tenido lugar después del décimo mes siguiente al día en que el marido o la madre abandonaron el hogar conyugal en forma definitiva.
[8] Se exceptúa el caso en el cual el padre ha muerto antes de vencerse el plazo para declarar que no reconoce al hijo, pues aquí el plazo empieza a contarse desde la muerte del padre.
[9] M.P José Gregorio Hernández Galindo.
[10] Claro Solar, Luis. DERECHO CIVIL CHILENO. Imprenta El Imparcial Santiago de Chile, 1943. Pág. 398.
[11] Cfr. Las Sentencias T-523 de 1992 y C-289 de 2000, entre otras.
[12] Cfr. La Sentencia C-289 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[13] Cfr. La sentencia C-047 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía.
[14] Cfr. Sentencia C-105 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía.
[16] Sentencia C-595 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía.
[18] Cfr. Código Civil artículo 411 numeral 4°.
[19] Cfr. Código Civil art. 154 numerales 8° y 9°.
[20] Sentencia C-174 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía).
[21] Cfr., entre otras, las Sentencias de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 30 de marzo de 1943 (M.P. Ricardo Hinostroza daza), 20 de febrero de 1958 (M.P. arturo valencia Zea) y 22 de septiembre de 1979 (M.P. Germán Girardo Zuluaga).
[22] En la medida en que el C.C. no establece el ejercicio de la acción de investigación de la paternidad matrimonial, la Corte Suprema de Justicia, en Sentencias del 14 de diciembre de 1960 y del 22 de julio de 1964, advirtió que los hijos extramatrimoniales cuyos padres contrajeron matrimonio sin haber proferido acto de reconocimiento, pueden impugnar a través de la acción prevista para los hijos extramatrimoniales en el artículo 4° de la Ley 45 de 1936.
[23] De acuerdo con lo resuelto por la Corte en la Sentencia C-109 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en virtud del principio de igualdad, las causales con que cuenta el marido para impugnar la paternidad se extienden también al hijo.
[24] En la Sentencia C-105 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía), la Corte declaró inexequible el término “legítimo” contenido en el Artículo 222 del Código Civil, en cuanto por su intermedio se entendía conferida la acción de impugnación únicamente a los ascendientes legítimos del marido, lo cual era claramente discriminatorio. Con el retiro de dicha expresión del ordenamiento jurídico, se entiende que son titulares de la acción de impugnación todos los ascendientes del marido, sean o no legítimos.
[25] Sentencia C-016 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.