Source: http://jurisprudencia.cplt.cl/cplt/decision.php?id=CPLT000029703
Timestamp: 2020-07-08 00:04:37
Document Index: 152239958

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CPLT Jurisprudencia | Gabriel Álvarez López con COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
Gabriel Álvarez López con COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO Rol: C6024-18
Se acoge el amparo en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, ordenándose informar al solicitante: El número de denuncias que ha recibido la Unidad de Investigación del organismo; Cuáles son las principales infracciones que acusan las denuncias; De ese total, en cuántos casos se ha abierto investigación; Cuántas de las investigaciones han terminado en procedimientos sancionatorios; Cuántos de los procedimientos sancionatorios han finalizado con sanciones; y, Cuántas de las denuncias fueron derivadas al Ministerio Público. Lo anterior, ya que la publicidad de la información estadística requerida no afectará el debido cumplimiento de las funciones del órgano, sea en lo relativo al desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito, en específico, o bien, del denominado "privilegio deliberativo". Por último, se desestima la aplicación del artículo 28 del Decreto Ley N° 3.538, de 1980, ya que esta norma no constituye en sí misma un caso de reserva, pues no otorga a los datos que indica el carácter de secretos o reservados sino que simplemente explicita un deber funcionario aplicable a las personas que prestan servicios para el órgano reclamado, sin habilitar al órgano para fundar la denegación de información que obre en su poder y establecer una causal de reserva no contemplada en la ley.
Ley de Transparencia ART-21 Nº 1 LETRA B
DECISIÓN AMPARO ROL C6024-18
Se acoge el amparo en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, ordenándose informar al solicitante: El número de denuncias que ha recibido la Unidad de Investigación del organismo; Cuáles son las principales infracciones que acusan las denuncias; De ese total, en cuántos casos se ha abierto investigación; Cuántas de las investigaciones han terminado en procedimientos sancionatorios; Cuántos de los procedimientos sancionatorios han finalizado con sanciones; y, Cuántas de las denuncias fueron derivadas al Ministerio Público.
Lo anterior, ya que la publicidad de la información estadística requerida no afectará el debido cumplimiento de las funciones del órgano, sea en lo relativo al desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito, en específico, o bien, del denominado "privilegio deliberativo". Por último, se desestima la aplicación del artículo 28 del Decreto Ley N° 3.538, de 1980, ya que esta norma no constituye en sí misma un caso de reserva, pues no otorga a los datos que indica el carácter de secretos o reservados sino que simplemente explicita un deber funcionario aplicable a las personas que prestan servicios para el órgano reclamado, sin habilitar al órgano para fundar la denegación de información que obre en su poder y establecer una causal de reserva no contemplada en la ley.
En sesión ordinaria N° 1027 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6024-18.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de noviembre de 2018, don Gabriel Álvarez López solicitó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la siguiente información:
a) "El número de denuncias que ha recibido la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero;
b) ¿Cuáles son las principales infracciones que acusan las denuncias? Por ejemplo, información privilegiada, entrega de información falsa al mercado, entre otras;
c) De ese total, ¿en cuántos casos ha abierto investigación?;
d) ¿Cuántas de las investigaciones han terminado en procedimientos sancionatorios?;
e) ¿Cuántos de los procedimientos sancionatorios han finalizado con sanciones?; y,
f) ¿Cuántas de las denuncias fueron derivadas al Ministerio Público?".
2) RESPUESTA: Mediante Of. Ord. N° 31.969, de 29 de noviembre de 2018, el órgano denegó el acceso a la información requerida, toda vez que lo solicitado da cuenta de determinados procesos de investigación, que se encuentran en tramitación, y por consiguiente, a los eventuales infractores, cuya comunicación podría permitir la identificación de dichos procesos y, en consecuencia, a los eventuales infractores, afectando la tramitación de la investigación, vulnerando con ello el deber de reserva dispuesto en el artículo 5 N° 5 y artículo 28 del Decreto Ley N° 3.538, de 1980, conforme el texto reemplazado por el artículo primero de la Ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, en adelante, "Decreto Ley N° 3.538". Atendido lo expuesto, estima que se configuran las siguientes causales de reserva: artículo 21 N° 1 literales a) y b) de la Ley de Transparencia, y asimismo, artículo 21 N° 5 de la citada Ley, en relación con el artículo 28 del Decreto Ley N° 3.538, de 1980.
3) AMPARO: El 3 de diciembre de 2018, don Gabriel Álvarez López dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se otorgó respuesta negativa a su solicitud de información.
4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Oficio N° E1008, de 27 de enero de 2019, requiriéndole lo siguiente: (1°) referirse, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, harían procedente la denegación de la información requerida; (2°) señalar cómo la entrega de dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, específicamente: (a) informar en qué medida su acceso iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, explicando cómo dicha documentación está destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico; y, (b) precisar en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (3°) informar las partes, Tribunal, Rol, si procediere, y el estado en que se encuentran los procedimientos que sirvieron de fundamento para denegar la entrega de la información requerida; y, (4°) remitir copia íntegra de la respuesta otorgada, junto con los antecedentes que den cuenta de la data de su notificación
Mediante Of. Ord. N° 4.508, de 7 de febrero de 2019, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:
a) Se configura la causal del artículo 21 N° 1 literal a) de la Ley de Transparencia, por cuanto se solicita "el número de denuncias que fueron derivadas al Ministerio Público". Atendido que el Ministerio Público, conforme la Ley N° 19.640 es un organismo autónomo, cuya función es dirigir de forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, luego se advierte que, toda denuncia que la CMF derive al Ministerio Público estará referida a la posible comisión de un crimen o simple delito, que es justamente la hipótesis contenida en la causal de reserva invocada.
b) Agrega que, en ese contexto, resulta aplicable el inciso primero del artículo 182 del Código Procesal Penal que prescribe "Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento". De esta forma, teniendo el solicitante la calidad de tercero, no puede imponerse de dichas denuncias.
c) A su turno, concurre la causal prescrita en el artículo 21 N° 1 literal b) de la Ley de Transparencia, ya que, es indudable que una denuncia sirve de antecedente para una medida futura, como puede serlo una sanción administrativa. El artículo 45 del DL N° 3.538, alude a la "denuncia de particulares realizada ante la Comisión", como una forma de inicio del procedimiento.
d) Así, el conocimiento anticipado de denuncias vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida que en definitiva se adopte. En efecto, si el investigado toma conocimiento anticipado de la denuncia puede -eventualmente- realizar actos destinados a alterar el curso normal de la investigación y con ello variar, conforme su conveniencia, el resultado de la misma.
e) Lo anterior es más evidente aún, si se toma en cuenta que lo solicitado corresponde al número de denuncias, la materia de las mismas y el resultado de éstas.
f) De esta forma, si todo ese cúmulo de información fuere divulgado, podría estarse dando a conocer las conductas actuales del mercado y el tratamiento que reciben por parte de la CMF. Dicha situación permitiría a los involucrados conjeturar acerca de los casos de que se trata, ejercicio que no es difícil de hacer en un mercado reducido como el chileno.
g) Así las cosas, la publicidad de la información requerida podría alertar acerca de las conductas infraccionales que se encuentra investigando el Fiscal de la Unidad de Investigación. Dicho antecedente resulta valioso para alguien que ejecutó una conducta ilícita, ya que sabría si, a la fecha, existe alguna denuncia y/o investigación relacionada con dicho ilícito, y el número de éstas. De igual forma, si la respuesta fuera negativa, el infractor sabría que nadie lo ha denunciado, y que no está siendo investigado, pudiendo continuar o aumentar la ejecución de conductas ilícitas, ya que estaría pasando inadvertido. Con ello, se afectaría el efecto disuasivo que se busca con la posibilidad de ser investigado por la CMF.
h) Hace presente que lo requerido se acota a las denuncias recibidas por la Unidad de Investigación, creada recientemente por la Ley N° 21.000, que entró en funcionamiento el 14 de diciembre de 2017, según el artículo primero del DFL N° 10, de 2017, del Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, la Unidad de Investigación lleva en funcionamiento poco más de un año, razón por la cual la mayoría de las denuncias se encuentran en su fase investigativa.
i) El órgano informa en esta sede que -actualmente- no existen investigaciones judicializadas. En cuanto a las denuncias, algunas de ellas se encuentran con investigación iniciada, y en otros casos, aún no se ha iniciado investigación (siendo posible que no se inicie), mientras que otras han derivado en procedimientos sancionatorios.
j) Atendido el mandato legal de la CMF, las denuncias, y por cierto su reserva, son un elemento de la mayor relevancia, que permite a esa Comisión desarrollar adecuadamente su mandato legal.
k) Finalmente, indica que se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el actual artículo 28 del D.L. N° 3.538, de 1980, inciso primero: "La Comisión, así como los Comisionados , funcionarios y las personas que, a cualquier título, presten servicios a dicha entidad estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de los que tomen conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones, , así como documentos, informes y antecedentes que elaboren, preparen o mantengan en su poder o de los que hayan tomado conocimiento en el ejercicio de dichas funciones, siempre que éstos no tengan el carácter de públicos. Del mismo modo, deberán abstenerse de formular opiniones o emitir juicios respecto de los asuntos de que estuvieren conociendo con ocasión de los procedimientos sancionatorios en curso y cuya resolución se encontrare pendiente. La infracción de estas obligaciones se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales. Asimismo, dicha infracción dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo. Lo anterior es sin perjuicio del deber de abstención de participar y votar a que se refiere el artículo 16". Asimismo, cita el inciso cuarto de la citada norma: "Para todos los efectos legales, se entenderá que tiene carácter de reservada cualquiera información derivada de los documentos, antecedentes, informes a que se refiere el inciso primero y cuya divulgación pueda afectar el debido cumplimiento de sus funciones, así como los derechos a la intimidad, comerciales, económicos de las personas o entidades sujetas a su fiscalización, o que pudieren afectar la estabilidad financiera, en la medida que ella no tenga el carácter de público".
l) Agrega lo dispuesto en el artículo 43 del referido cuerpo legal: "Los interesados que se hubieren apersonado en un procedimiento sancionatorio estarán obligados a guardar reserva respecto de la información a la cual accedan durante su tramitación, y no podrán divulgarla a terceros. Dicha obligación se mantendrá aún finalizado el correspondiente procedimiento respecto de la información que no adquiera el carácter de pública en los términos de la ley N° 20.285. La infracción a esta norma será sancionada con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales".
m) Por último, hace presente que el D.L. N° 3.538, de 1980, posee rango de ley de quórum calificado, en razón de lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la Ley N° 20.285.
1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de la información estadística que fuere requerida, por configurarse, a juicio del órgano reclamado, las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1 literales a) y b) de la Ley de Transparencia, y asimismo, artículo 21 N° 5 de la citada Ley, en relación con el artículo 28 del Decreto Ley N° 3.538, de 1980.
2) Que, a modo de contexto previo, se debe hacer presente que el Decreto Ley N° 3.538, de 1980, fue modificado por la Ley N° 21.000 que crea la Comisión para el Mercado Financiero, publicada en el Diario Oficial de 23 de febrero de 2017. Sobre el particular, el artículo 1° del D.L. N° 3.538 modificado prescribe, en lo que interesa al presente amparo: "(...) Corresponderá a la Comisión, en el ejercicio de sus potestades, velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Para ello deberá mantener una visión general y sistémica del mercado, considerando los intereses de los inversionistas, depositantes y asegurados, así como el resguardo del interés público. Asimismo, le corresponderá velar porque las personas o entidades fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan, desde que inicien su organización o su actividad, según corresponda, hasta el término de su liquidación; pudiendo ejercer la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones (...)". A su turno, conforme el artículo 22 del citado Decreto Ley: "Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 18, la Comisión deberá contar con una unidad de investigación responsable de la instrucción del procedimiento sancionatorio que regula el título IV, la cual estará a cargo de un funcionario denominado fiscal (...)". Sobre este punto, conforme el referido Título IV, relativo al Procedimiento Sancionatorio, se establece un Procedimiento General (regulado en el Párrafo 2) y un Procedimiento Simplificado (regulado en el Párrafo 3). Por su parte, la Comisión está investida de la atribución general de "Formular las denuncias que correspondieren al Ministerio Público por los hechos de que tomare conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones y que pudieren revestir caracteres de delito, sin perjuicio de los deberes generales que sobre la materia determine la ley" (artículo 5 numeral 32), y similar atribución se confiere al Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, en el artículo 20 número 9 del citado D.L. N° 3.538, de 1980 (modificado). Por último, se debe hacer presente que existen diversas vías a través de las cuales la CMF recibe antecedentes que pudieren derivar en una investigación por eventuales infracciones a la normativa dentro de su competencia, a saber: Denuncia interna de alguna Unidad de Fiscalización de la CMF; actuación de oficio; auto denuncia o "colaboración compensada"; y, denuncia de terceros.
3) Que, establecido lo anterior, en cuanto a la hipótesis de secreto o reserva alegada por el órgano, esto es, la establecida en el artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales".
4) Que, a su turno, respecto a la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia, a partir de las decisiones de los amparos roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, este Consejo ha sostenido reiteradamente que, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito supone, a su vez, la concurrencia de los siguientes presupuestos: i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen; y, ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Asimismo, los órganos deben acreditar b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.
5) Que, resulta pertinente hacer presente a la reclamada que esta Corporación ha exigido sostenida y reiteradamente que, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva alegada (énfasis agregado).
6) Que, para efectos de ponderar las causales de reserva invocadas por el órgano, relativas a la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, y las alegaciones que sustentan la eventual reserva de los datos estadísticos requeridos, esta Corporación tuvo a la vista, a título ejemplar, respecto de los datos requeridos, una presentación sobre la Cuenta Pública 2018 de la CMF (disponible http://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/articles-26806_recurso_1.pdf). En particular, en la sección referida al "Recuento 2018", el órgano publica información estadística específica relativa al ejercicio de las atribuciones de la Unidad de Investigación. Específicamente, se publican cifras relativas a procedimientos administrativos iniciados (número con formulación de cargos), distinguiendo entre procedimientos administrativos iniciados y procedimientos simplificados, desde 2015 a 2018 (lámina 22 de la Cuenta Pública). Además, publica cifras relativas a las sentencias favorables y desfavorables relativas a los procedimientos iniciados. Adicionalmente, se publican las materias objeto de sanción, distinguiendo por sujetos fiscalizados, señalando por ejemplo: Respecto de emisores de valores y sociedades anónimas abiertas (conducta: entrega de información falsa a la CMF y al mercado por parte de emisores de valores, incumplimiento de normas sobre operaciones con partes relacionadas de sociedad anónimas abiertas); Administradoras de Fondos de Terceros (conducta: Prohibición de efectuar operaciones con bienes del fondo para obtener beneficios indebidos y entrega de información falsa); Intermediarios de Valores (Transacciones ficticias y entrega de información falsa al mercado y al supervisor), entre otros (lámina 23 de la Cuenta Pública).
7) Que, tras análisis de la normativa específica que regula las materias y procedimientos sobre los cuales versa la solicitud de información, y la información que el propio organismo publica en su sitio web, en relación con los argumentos relativos a la eventual afectación al debido cumplimiento de las funciones de la CMF, esta Corporación estima desproporcionadas las causales de reserva alegadas por el órgano, invocadas de manera genérica por el órgano, sin aportar antecedentes suficientes ni concretos que permitan dar por acreditada suficientemente la afectación específica al bien jurídico protegido por la causal (sea en lo relativo al desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito, en específico (artículo 21 N° 1 literal a) de la Ley de Transparencia), o bien, del denominado "privilegio deliberativo" de la CMF respecto de los procedimientos vinculados a las eventuales investigaciones iniciadas (artículo 21 N° 1 literal b) de la citada Ley), cuestión que, por tratarse de información estadística, tampoco se vincula directamente con la adopción de alguna resolución o medida particular y específica por parte de la CMF. En efecto, se advierte que lo requerido corresponde a antecedentes estadísticos generales relativos a la gestión y el ejercicio de las facultades propias de la Unidad de Investigación de la CMF, que en caso alguno se vinculan con hechos, denuncias, investigaciones, líneas de investigación, procedimientos administrativos sancionatorios o bien, actores investigados específicos dentro de algún mercado en particular.
8) Que, a mayor abundamiento, esta Corporación advierte que, según lo informado en la referida Cuenta Pública de la CMF, existe un amplio espectro de personas, entidades o actividades fiscalizadas por la Comisión, cuestión que torna aún más difuso y eventual el hecho que, mediante la publicidad de la información requerida, se alerte a los actores de mercado sobre el actuar de la Unidad referida, permitiendo que los involucrados conjeturen acerca de los casos de que se trata, obstaculizando con ello la tarea del órgano fiscalizador. A modo de ejemplo, y para graficar esta afirmación, este Consejo ponderó el hecho que, en el mercado de valores, el registro de entidades sujetas a fiscalización correspondería -según lo informado por el órgano en su sitio web- a 2.449, y en el mercado de seguros, las entidades supervisadas corresponden a 4.873. Lo anterior, sin contar adicionalmente el universo de bancos e instituciones financieras que quedan bajo la supervisión de la CMF con la reciente modificación legal .
9) Que, por lo anteriormente expuesto, este Consejo procederá a desestimar las alegaciones de la reclamada referido a la eventual configuración de las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1 literales a) y b) de la Ley de Transparencia.
10) Que, finalmente, en lo que concierne a la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 28 del Decreto Ley N° 3.538, asimismo aquella se debe desestimar, ya que según lo razonado sostenidamente por este Consejo, los deberes prescritos en dicha norma no pueden entenderse como una causal de reserva que pueda invocar el organismo al que pertenecen los funcionarios. Así, esta Corporación ha razonado al efecto que, una cosa es la responsabilidad de los funcionarios -que corresponde a la materia regulada en la disposición citada- y otra distinta, aquella que tiene el órgano al evaluar una solicitud de información formulada conforme a la Ley de Transparencia, caso en que corresponderá al Jefe de Servicio resolver si accede o no a entregar la información requerida. Para ello deberá invocar alguna de las causales establecidas por el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otra ley de quórum calificado, causales que para ser válidas deberían fundarse en las causales de secreto o reserva que específicamente establece el artículo 8° de la Constitución Política. En este caso concreto, no existe una hipótesis específica de reserva establecida en la ley, como se razonó previamente. A mayor abundamiento, tal como precisó la Excelentísima Corte Suprema en la causal Rol N° 14.642-2017, en sentencia de 20 de diciembre de 2017, sobre una norma similar, es que aquella constituye: "(...) una regulación jurídica que tiene como destinatarios a los funcionarios en las áreas de sus competencias propias (...). La publicidad y la transparencia, en cambio, con su regulación jurídica actual, antes que a las personas, están referidas a los órganos del Estado" (énfasis agregado).
I. Acoger el amparo deducido por don Gabriel Álvarez López, de 3 de diciembre de 2018, en contra de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Requerir al Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero:
a) Informar al reclamante: el número de denuncias que ha recibido la Unidad de Investigación de dicha entidad; cuáles son las principales infracciones que acusan las denuncias; de ese total, en cuántos casos se ha abierto investigación; cuántas de las investigaciones han terminado en procedimientos sancionatorios; cuántos de los procedimientos sancionatorios han finalizado con sanciones; y, cuántas de las denuncias fueron derivadas al Ministerio Público.
III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Gabriel Álvarez López, y al Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero.