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Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'artículo 55', 'artículo 83', 'artículo 27', 'artículo 32', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 37', 'artículo 83', 'artículo 37', 'artículo 2']

BOE.es - Documento DOGV-r-2010-90045
Documento DOGV-r-2010-90045
Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, del Consell de medidas urgentes para agilizar el desarrollo de actividades productivas y la creación de empleo.
«DOGV» núm. 6278, de 31 de mayo de 2010, páginas 21802 a 21812 (11 págs.)
DOGV-r-2010-90045
Como consecuencia de la grave crisis económica que atraviesa España, es necesario y urgente adoptar cuantas medidas puedan contribuir, directa o indirectamente, a favorecer la recuperación de los sectores productivos y a la creación de empleo en la Comunitat Valenciana.
Con este fin, el presente decreto ley recoge un conjunto de disposiciones dirigidas, fundamentalmente, por un lado, a simplificar los procedimientos urbanísticos para facilitar la implantación de actividades productivas, y, por otro, a potenciar el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles para impulsar la inversión pública.
Este decreto ley no pretende acometer una reforma de la legislación urbanística autonómica, reforma que se aborda, con la amplitud y profundidad necesarias, a través de un proyecto de ley que el Consell está impulsando en estos momentos. Pero el amplio proceso de participación pública promovido precisamente para la preparación de ese proyecto legislativo ha permitido comprobar la existencia de un consenso prácticamente total en torno a la conveniencia de eliminar o simplificar determinados trámites y exigencias que, por su grado de complejidad o por las dudas interpretativas que genera su aplicación, obstaculizan la agilidad y eficacia en la actividad urbanística, sin aportar ventajas efectivas.
También se introduce un conjunto de modificaciones en el articulado de la Ley del Suelo No Urbanizable destinadas a permitir o facilitar el desarrollo de determinadas implantaciones en suelo no urbanizable, con el fin de activar iniciativas beneficiosas por su capacidad para generar empleo o para servir de apoyo a actividades productivas. Entre ellos se incluyen las casas rurales de interés para el desarrollo turístico rural; las tiendas de productos agrícolas o plantas ornamantales y frutales situadas en las parcelas donde se producen; los estacionamientos de vehículos o maquinaria; los campings y centros deportivos, recreativos o de ocio; las actividades educativas y sanitarias, así como los usos y aprovechamientos que, expresa y excepcionalmente, puedan preverse en instrumentos de ordenación y gestión de espacios naturales.
Y con el mismo fin, se elimina la necesidad de obtener nueva declaración de interés comunitario cuando se trata de meras reformas sin ampliación de edificaciones o instalaciones que ya habían sido objeto de una declaración previa.
Respondiendo también al objetivo urgente de optimizar los recursos públicos para estimular la economía, el presente decreto ley modifica el régimen jurídico de tres organismos de la Generalitat: la empresa pública VAERSA, ampliando su ámbito de actuación y su capacidad para impulsar la inversión de la Generalitat en la construcción de infraestructuras y en la gestión de servicios públicos; la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, a la que se reconoce la posibilidad de contratar obras con aplazamiento de pago, y el Instituto Cartográfico Valenciano, al que se reconoce la condición de medio propio y servicio técnico de la Generalitat.
Por último, este decreto ley establece un régimen transitorio en el que, además de las disposiciones oportunas respecto a los procedimientos en tramitación a su entrada en vigor, se introduce una medida destinada a evitar temporalmente que, en caso de incumplimiento de los plazos de ejecución de Programas de Actuación Integrada, la eventual caducidad de éstos produzca automáticamente efectos desclasificatorios del suelo afectado. De esta manera, dada la especial incidencia que la situación de crisis está teniendo sobre el sector inmobiliario y las dificultades de muchas empresas para cumplir en plazo los compromisos adquiridos como agentes urbanizadores, se facilita a los Ayuntamientos la adopción de las decisiones que en cada caso sean más adecuadas al interés público, sin verse constreñidos por posibles efectos no deseados sobre la clasificación del suelo en los casos en que se trate de programas tramitados y aprobados junto a planes modificativos conforme al artículo 73 de la Ley Urbanística Valenciana.
En su virtud, a propuesta del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 28 de mayo de 2010,
1. El apartado a) del artículo 55.2 queda redactado del siguiente modo:
1º. Uno o varios sectores completos.
2º. Los suelos dotacionales de destino público, de la red primaria o estructural, clasificados como suelo urbanizable, no incluidos en ningún sector, sean o no contiguos o cercanos a éste. La superficie de estos suelos se adscribirá a las distintas áreas de reparto en la proporción adecuada.»
3. El apartado b) del artículo 83.2 queda redactado del siguiente modo:
«b) Informes de los distintos departamentos y órganos competentes de las Administraciones conforme a la normativa reguladora de sus respectivas competencias. Será preceptivo el informe de las Consellerias competentes en educación y sanidad. El informe de la Conselleria competente en patrimonio cultural se emitirá en los términos y condiciones establecidos por su legislación reguladora.»
«2. Los planes urbanísticos municipales, sean de aprobación definitiva autonómica o municipal, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. La publicación comprenderá, además de la aprobación definitiva, el contenido de las normas urbanísticas objeto de aprobación.»
«Estas construcciones e instalaciones deberán ser las estrictamente indispensables para la actividad propia de la parcela para la que se solicita autorización, o para la implantación, en su caso, de tiendas de productos agrícolas, o de plantas ornamentales o frutales, que se produzcan en la propia parcela vinculada a la actividad, y cumplirán las medidas administrativas reguladoras de la actividad correspondiente.
Al menos la mitad de la parcela deberá quedar libre de edificación o construcción y mantenerse en su uso agrario o forestal o con sus características naturales propias.»
2. Se modifica el último párrafo del apartado a) del artículo 27.2, que quedará con el siguiente texto:
«Cuando la implantación de los mencionados usos sea de interés para el desarrollo turístico rural o pueda acometerse mediante la recuperación del patrimonio arquitectónico radicado en el suelo no urbanizable, podrá exceptuarse el requisito de distancia mínima antes mencionado, así como el de parcela mínima al que se refiere el apartado 3 de este artículo, previo informe favorable del órgano competente en materia de turismo.»
«h) Estacionamiento de maquinaria y vehículos pesados, así como almacenamiento de vehículos, en recinto que, en todo caso, deberá cercarse adecuadamente y, como regla general, mediante pantalla vegetal.»
5. Se añade un último párrafo al artículo 32 con el siguiente texto:
«Asimismo, tampoco requerirán declaración de interés comunitario los usos y aprovechamientos que excepcionalmente vengan atribuidos en los instrumentos de ordenación ambiental previstos en la normativa de espacios naturales protegidos que califiquen el suelo como no urbanizable protegido.»
«4. El cambio o sustitución de las determinaciones en las declaraciones de interés comunitario exige cumplir el mismo procedimiento legalmente previsto para su aprobación. También será exigible tramitar este procedimiento para la implantación de dichas actividades en edificaciones existentes y para la ampliación o reforma de las ya autorizadas. No obstante, no será necesario obtener nueva declaración de interés comunitario cuando se trate únicamente de reforma sin ampliación exterior de edificaciones o instalaciones afectas a actividades autorizadas por una declaración previa.»
«2. A este respecto, la Conselleria competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, a propuesta motivada del Ayuntamiento afectado, establecerá un determinado canon de uso y aprovechamiento, por cuantía correspondiente al coste económico que se derivaría de la transformación de un suelo urbanizable para la obtención de una parcela de superficie, uso y aprovechamiento equivalente a la ocupada por la actividad autorizada por la declaración de interés comunitario. El canon se devengará de una sola vez con ocasión del otorgamiento de la licencia urbanística, pudiendo el Ayuntamiento acordar, a solicitud del interesado, el fraccionamiento o aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo de vigencia concedido.
«4. Cuando se trate de actividades industriales, productivas y terciarias o de servicios, y en atención a su capacidad para crear empleo, la Conselleria competente en materia de urbanismo podrá acordar su tramitación urgente a propuesta del Ayuntamiento. En ese caso, los plazos previstos en esta Ley se reducirán a la mitad, y el plazo de información pública será de veinte días hábiles. En la solicitud de informes y dictámenes se hará constar la declaración de urgencia. No se tramitarán con carácter de urgencia aquellas actuaciones que, por razón de su objeto, estén sujetas a informes sectoriales exigidos por la legislación de patrimonio cultural inmueble o impacto ambiental.»
1. La sociedad mercantil VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA, (en adelante, VAERSA), es una empresa de la Generalitat de las previstas en el apartado 2 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell, que realiza las actividades que conforman su objeto social.
3. El capital social de VAERSA deberá ser íntegramente de titularizad pública.
En su virtud, las actuaciones urgentes o las de emergencia que se declaren con motivo de catástrofes o calamidades de cualquier naturaleza que le sean encomendadas por la autoridad competente tendrán carácter preferente ara VAERSA, así como para sus sociedades filiales íntegramente participadas por capital de titularidad pública.
12. La entidad VAERSA, y sus sociedades filiales íntegramente participadas por capital de titularidad pública, tendrán la consideración de “poderes adjudicadores” de los previstos en el artículo 3.3.b) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por lo que les resultará de aplicación las previsiones al respecto establecidas en la citada Ley para los contratos que deban celebrar en el desarrollo de sus actividades.
13. La competencia para proceder a la revisión de oficio de los actos preparatorios y de adjudicación de los contratos que celebre VAERSA en su condición de “poder adjudicador”, así como para resolver el recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 37 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, corresponderá al conseller competente en materia de medio ambiente.
La competencia para proceder a la revisión de oficio de los actos preparatorios y de adjudicación que celebren las sociedades filiales de VAERSA íntegramente participadas por capital de titularidad pública en su condición de “poderes adjudicadores”, así como para resolver el recurso especial en materia de contratación, se determinará, respectivamente, en función de lo dispuesto en los artículos 34 y 37 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
El Instituto Cartográfico Valenciano, como medio propio instrumental y servicio técnico de la administración de la Generalitat, está obligado a realizar los trabajos que ésta le encomiende, en el ámbitode las siguientes materias:
1. Explotación, distribución y análisis de los datos obtenidos en cualquiera de los campos de las Ciencias Geográficas, tales como, Astronomía, Geodesia, Topografía, Cartografía, Sistemas de InformaciónGeográfica, Fotogrametría, Fotointerpretación, Teledetección, Datos e Imágenes procedentes de plataformas terrestres, aéreas, navales o satelitales, Geofísica, Geología, Oceanografía, Hidrografía, Ingeniería Sísmica, Navegación y el Posicionamiento en tierra, mar o aire.
11. Realización de muestras y estudios para la confección de inventarios y registros de cualquier tipo relacionados con el territorio, especialmente la realización de catastros rústicos y urbanos, su actualización y conservación.
12. Realización de trabajos de encuesta, inventario, medición, valoración, codificación, clasificación y captura de datos en todas las modalidades y campos de aplicación, científico, técnico, comercial, cartográfico, topográfico, catastral, o de cualquier otro ámbito de las Ciencias Geográficas.
15. Organización de cursos, charlas, jornadas, conferencias, mesas redondas, actividades de divulgación, educación, difusión o enseñanza en materias relacionadas con sus funciones o en cualquier campo delas Ciencias Geográficas.
Primera. Conciertos previos en tramitación a la entrada en vigor del decreto ley
1. En los supuestos en los que, antes de la entrada en vigor de este decreto ley, se haya dictado la resolución autonómica dando por conclusa la fase de concierto previo del Plan General, podrán proseguir los trámites para la aprobación del Plan General.
2. En el caso de conciertos previos que, a la entrada en vigor de este decreto ley, no cuenten con resolución autonómica dando por conclusa esta fase, el Ayuntamiento deberá optar entre una de estas posibilidades:
a) Desistir de la solicitud formulada a la Conselleria competente en materia de urbanismo, en cuyo caso el documento de concierto previo producirá los efectos del documento consultivo o de inicio conforme a lo previsto en el artículo 83.1 de la Ley Urbanística Valenciana, según la redacción dada por el presente decreto ley.
Las solicitudes de declaración de interés comunitario para la implantación de actividades industriales, productivas y terciarias o de servicios que no hayan sido sometidas a información pública antes de la entrada en vigor de este decreto ley podrán acogerse al procedimiento de urgencia establecido en el artículo 37.4 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable, modificado por el artículo 2, apartado 8, del presente decreto ley.
1. A partir de la entrada en vigor del presente decreto ley, y hasta el 31 de diciembre de 2012, los actos que se dicten para declarar la caducidad o resolver la adjudicación de Programas de Actuación Integrada por incumplimiento de sus plazos de ejecución no producirán efectos desclasificatorios del suelo, salvo que la administración actuante así lo acuerde de forma expresa y motivada, previo expediente contradictorio iniciado de oficio o a instancia de parte interesada.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este decreto ley.
c) Los artículos 205, 214 a 216, ambos inclusive, 225 a 233, ambos inclusive, y 463 del Reglamento de Ordenación y gestión Territorial y Urbanística, aprobado por el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell.
Valencia, 28 de mayo de 2010
Fecha de entrada en vigor: 31/05/2010
arts. 205, 214 a 216, 225 a 233 y 46 del Reglamento aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo de 2006 (DOGV núm. 5264, de 23 de mayo de 2006).
arts. 112 a 116, DEJA SIN EFECTO lo indicado y MODIFICA los arts. 55, 83 y 104 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-2975).
art. 102 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-2357).
arts. 20, 27, 32 a 34 y 37 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-949).
arts. 13.5 y 85.1 de la Ley 4/2004, de 30 de junio (Ref. BOE-A-2004-13470).
AÑADE los arts. 2 bis y 2 ter a la Ley 9/1997, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-243).