Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44943
Timestamp: 2018-07-15 22:50:47
Document Index: 254202139

Matched Legal Cases: ['artículo 141', 'artículo 147', 'artículo 141', 'artículo 138', 'artículo 144', 'artículo 149', 'artículo 150', 'artículo 152', 'artículo 153', 'artículo 155', 'artículo 2', 'artículo 277', 'artículo 62', 'artículo 138', 'artículo 139', 'artículo 144', 'artículo 141', 'artículo 410', 'artículo 30']

Fallo 1388 de 2004 Consejo de Estado
ACCIÓN DE TUTELA - Protección del derecho al debido proceso
ACCIÓN DE TUTELA - Protección del derecho al debido proceso. No resolver nulidad en proceso disciplinario / INDAGACIÓN PRELIMINAR - Eventos de procedencia en proceso disciplinario / PROCESO DISCIPLINARIO - Oportunidad para resolver nulidades. Marco legal / DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Violación. No resolver nulidad procesal en proceso disciplinario.
1º. La Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal conoce de la investigación disciplinaria número 021-60261 que se adelanta contra ella y contra el ingeniero Ramiro Varela Marmolejo por presuntas irregularidades en la celebración del contrato número 117-99 suscrito entre Ecosalud S.A. y Gtech Foreingh Holdings Corporation, para explorar el juego de suerte denominado Loto en Línea - Baloto.
2º. En desarrollo de esa investigación se ha incurrido en diversas irregularidades que afectan el debido proceso, así:
- El pliego contiene cargos y hechos que no fueron objeto de las quejas formuladas. Dispone el artículo 141 de la Ley 200 de 1995 que la indagación preliminar no se puede extender a hechos distintos de los que fueron objeto de denuncia. Las quejas con base en las cuales se inició la investigación no coinciden con los cargos formulados por la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal.
3º. Las anteriores irregularidades han sido planteadas ante la Procuraduría Delegada sin obtener resolución. Así, al presentar descargos solicitó la nulidad del proceso e insistió en esa pretensión mediante escritos del 15 de diciembre de 2002 (radicado 225884), 23 de febrero de 2004 (radicación 31355) y 12 de mayo de 2004 (radicado 83722). Todas esas peticiones reposan en el expediente pero hasta la fecha no aparece respuesta. Verbalmente se le ha informado que las mismas se decidirán al momento de fallar, actitud contraria al debido proceso, máxime si se tiene el cuenta lo previsto en el artículo 147 de la Ley 734 de 2002.
Agrega que la funcionaria a cargo del averigua torio de manera verbal manifestó a la peticionaria que la nulidad propuesta será resuelta en la decisión de instancia.
1º. Abrir investigación disciplinaria sin que se hubiese adelantado el trámite de la indagación preliminar.
La Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad del artículo 141 de la Ley 200 de 1995, sostuvo que "…la etapa de indagación preliminar no siempre debe surtirse, es decir, que no es imprescindible ni obligatoria", conclusión que fue reiterada en las sentencias C-728 de 2000 y C-175 de 2001.
2º. Falta de valoración de pruebas favorables y desconocimiento de los principios de la cosa juzgada y nom bis in idem.
La Corte Constitucional ha precisado que "las simples diferencias de interpretación que puedan existir con respecto al análisis del material probatorio con base en el cual se sustenten los cargos que se formulen, no pueden dar base para que se considere que existe una violación del debido proceso. …"1. Además, el análisis de las pruebas allegadas al proceso se hará en la sentencia.
3º. El pliego de cargos adiciona cargos y hechos que no fueron objeto de las quejas formuladas.
4º. No se han resuelto las nulidades planteadas.-
Si bien no se han decidido las peticiones de nulidad propuestas por la peticionaria ni se ha dictado auto difiriendo la decisión, "…no es del caso disponer pronunciamiento al respecto, ya que de conformidad con el art. 410 la decisión que deba adoptarse es facultativa". Además, a la peticionaria se le ha informado verbalmente que se resolverán sus peticiones de nulidad al momento de fallar.
Considera que no se pueden desconocer los derechos de petición, al debido proceso y a la defensa bajo el argumento de que aún no se ha proferido decisión de fondo, menos aún cuando la petición de nulidad se planteó hace más de dos años y no ha sido resuelta.
En el caso en estudio, la Señora Gloria Inés Zamora Gaitán acude al mecanismo de la acción de tutela para solicitar la protección a sus derechos al debido proceso y el de petición. La vulneración de esos derechos la atribuye a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal y la deriva de la investigación disciplinaria número 021-60261 que se adelanta en su contra y en la del señor Ramiro Varela Marmolejo por presuntas irregularidades en la celebración del contrato 117-99 suscrito entre ECOSALUD S.A. y GTECH FOREINGH LOLDIGNS CORPORATION para la explotación del juego de suerte denominado ‘Loto en línea - Baloto’.
1ª. Indagación preliminar (artículo 138);
2ª. Investigación disciplinaria (artículo 144);
3ª. Evaluación de la investigación (artículo 149);
4ª. Formulación de cargos o archivo definitivo de la actuación (artículo 150);
5ª. Presentación de descargos (artículo 152);
6ª. Etapa para decretar y practicar pruebas (artículo 153);
7ª. Fallo (artículo 155).
Incompetencia de la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública y de la Asesora del Despacho para adelantar el proceso disciplinario y, consecuencialmente, del funcionario para fallar. Afirma la peticionaria que la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública desbordó la asignación recibida del Señor Procurador General de la Nación, pues no obstante que solo se le facultó para adelantar el trámite de indagación preliminar y de la primera instancia, abrió la investigación disciplinaria que posteriormente continuó tramitando la Asesora del Despacho del Procurador, quien dictó pliego de cargos.
1º. Mediante auto del 22 de septiembre de 1999, el Señor Procurador General de la Nación asignó a dos Asesoras de su Despacho para que respecto del proceso de contratación directa de ECOSALUD S.A. para adjudicación del Juego Lotto en Línea, adelantaran las diligencias señaladas en el artículo 2º, literales a), b) y c), de la Resolución 140 de 1998, inclusive, para avocar diligencias disciplinarias en términos del literal f) de ese acto. (folio 75, cuaderno principal 1).
2º. Con fundamento en el Informe de Gestión rendido por las aludidas Asesoras en el que, según se consigna en el auto del 15 de mayo de 2000, se indica que se "advierten inconsistencias de tipo legal y económico –financiero, con la posibilidad de que se tipifiquen conductas irregulares de tipo disciplinario" y que existen elementos suficientes para iniciar el proceso disciplinario correspondiente, el Señor Procurador General de la Nación ordenó remitir dicho informe a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública "…para los fines que estime pertinentes" (folio 17, cuaderno principal 1).
3º. Mediante auto del 24 de mayo siguiente, el Señor Procurador delegó a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública "…para que adelante el trámite de indagación preliminar y la primera instancia a que haya lugar con ocasión de la queja presentada por el Señor César Augusto Quintero Patiño contra el Doctor Ramiro Varela Marmolejo en calidad de Presidente de Ecosalud" (folio 140 mismo cuaderno). El funcionario Delegado, mediante providencia del 24 de mayo de 2000, ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el Señor Varela Marmolejo y dispuso la práctica de pruebas (folios 141 a 148).
4º. Por auto del 29 de mayo del mismo año, el Señor Procurador General de la Nación asignó una Asesora de su Despacho para que si los medios de prueba que se practiquen acreditan la existencia de faltas disciplinarias, "…disponga la respectiva investigación, formule auto de cargos si fuere el caso, y profiera el respectivo fallo, si ostenta igual o superior jerarquía que el funcionario desplazado" (folio 15). En ejercicio de esa facultad, la Asesora del Despacho del Señor Procurador General adicionó el auto que ordenó la apertura de investigación disciplinaria, en el sentido de ordenar la vinculación, entre otros, de la Señora Gloria Zamora Gaitán (folios 152 a 155).
5º. A través de escrito presentado el 5 de septiembre de 2000, la Señora Zamora Gaitán solicitó ser escuchada en versión libre y espontánea dentro de la investigación (folio 82 cuaderno principal 2), diligencia que se surtió el día 20 del mismo mes (folios 132 a 161, cuaderno principal 3).
6º. Posteriormente, la Asesora asignada para adelantar la actuación, por auto del 24 de julio de 2001 y aludiendo a la directriz impartida por el Señor Procurador General de la Nación el 9 de julio de 2001, ordenó que se remitiera a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal el proceso disciplinario "… número 154-41706-2000 donde se investiga disciplinariamente a servidores públicos de Ecosalud, por hechos relacionados con la licitación pública internacional 003 de 1999 y la suscripción del contrato de concesión No. 117 de 1999, a fin de que en ese Despacho continúen el trámite pertinente" (folio 233, cuaderno 6, parte I).
7º. Mediante providencia del 17 de septiembre de 2001, el Señor Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal evaluó la investigación disciplinaria en cuestión y, entre otras decisiones, resolvió formular cargos contra Lino Ramiro Varela Marmolejo y Gloria Inés Zamora Gaitán, en sus calidades de Presidente y Jefe del Departamento Jurídico de Ecosalud, respectivamente (folios 370 a 388, cuaderno 6, parte II).
8º. En escrito radicado el 29 de octubre de 2001 (folios 1 a 37 del anexo 26), la Señora Gloria Inés Zamora Gaitán presentó descargos y, además, (1) recusó al Doctor Benjamín Herrera Barbosa, Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal en orden a que se declare impedido para conocer del asunto; (2) solicitó que se revoque la decisión de formular cargos en su contra y se ordene el archivo provisional del asunto; y (3) propuso la nulidad de la actuación. Esta última petición la reiteró mediante escritos del 15 de diciembre de 2002 (radicado 225884), 23 de febrero de 2004 (radicación 31355) y 12 de mayo de 2004 (radicado 83722).
"…una de las funciones asignadas por la Constitución al Procurador General de la Nación, para ser ejercida por sí o por medio de sus delegados y agentes, es precisamente la de "ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley" (art. 277 -numeral 6- C.P.).
Al respecto, hay que anotar que el artículo 277 constitucional consagra una cláusula general de competencia en materia disciplinaria, radicada en cabeza de la Procuraduría General de la Nación "para adelantar investigaciones disciplinarias con el propósito de ejercer la vigilancia superior que al Jefe del Ministerio Público se encomienda y, en últimas, para que él pueda cumplir el cometido básico de velar por el imperio y la efectividad del orden jurídico en todo el territorio de la República"2.
La misma Ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Único) en su artículo 62 consagra la competencia de la Procuraduría en materia disciplinaria y dispone que tales procesos se tramitarán "conforme a las competencias establecidas en la ley que determina la estructura y funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación".
En esta forma, queda desvirtuado el cargo de violación del derecho al debido proceso sustentado en la falta de competencia que alega la peticionaria.
Violación del derecho a la defensa por lo siguiente:
1º. Falta de valoración de las pruebas favorables y desconocimiento de los principios de cosa juzgada y nom bis in idem.-
2º. Omisión de la etapa de indagación preliminar.
En efecto, el artículo 138 de la Ley 200 de 1995 dispone que "En caso de duda sobre la procedencia de investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar". Esa etapa procesal, en términos del artículo 139 ibídem señala que esa indagación tiene la finalidad de verificar "…la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar o individualizar al servidor". Por su parte, el artículo 144 siguiente señala que "Cuando de la indagación preliminar, de la queja o del informe y sus anexos el investigador encuentre establecida la existencia de una falta disciplinaria y la prueba del posible autor de la misma ordenará investigación disciplinaria".
"Lo anterior significa que la etapa de la indagación preliminar no siempre debe surtirse, es decir, que no es imprescindible ni obligatoria. Ella deberá cumplirse solamente cuando la autoridad disciplinaria no tenga certeza acerca de la existencia de los hechos, de sí ellos constituyen realmente una falta disciplinaria y de quién podría ser el servidor público que podría hacerse merecedor de una sanción disciplinaria. Al respecto se señaló en la sentencia C-430 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell: "La indagación disciplinaria es de carácter eventual y previa a la etapa de investigación, pues sólo tiene lugar cuando no se cuenta con suficientes elementos de juicio y, por lo tanto, existe duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria...".
3º. El pliego de cargos adiciona cargos y hechos que no fueron objeto de las quejas formuladas.- Manifiesta la peticionaria que el pliego se refiere a unos contratos que no fueron mencionados en las quejas, en las pruebas aportadas, ni en la versión libre que se rindió, sino en el informe que rindió la Asesora del Despacho del Señor Procurador inicialmente asignada para adelantar la investigación.
Es cierto que, como lo sostiene la peticionaria, el artículo 141 de la Ley 200 de 1995 señala que "…la indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos". Del contenido literal de esa disposición se desprende que esa prohibición no opera frente a la investigación disciplinaria sino únicamente respecto de la indagación preliminar, etapa que no se surtió en el asunto objeto de reproche.
Falta de decisión sobre la nulidad que se propuso con fundamento en las irregularidades referidas en el segundo cargo.
"ARTICULO 410. DECISIONES DIFERIDAS, COMUNICACIÓN DEL FALLO Y SENTENCIA
A menos que se trate de la libertad, de la detención del acusado, de la variación de la calificación jurídica provisional o de la práctica de pruebas, el juez podrá diferir para el momento de dictar sentencia, las decisiones que deba tomar respecto de las peticiones hechas por los sujetos procesales en el curso del juicio, cuando éstas no afecten sustancialmente el trámite. La determinación de diferir la adoptará mediante auto de sustanciación contra el cual procede el recurso de reposición.
Cuaderno principal 1: folios 17, 75, 110 a 130, 140 a 148, 151 a 155.
Cuaderno principal 2: folio 82.
Cuaderno principal 3: folios 132 a 161.
Cuaderno 6, Parte I: folio 233.
Cuaderno 6, Parte II: folios 370 a 388.
Anexo 26: folios 1 a 37.
1º. Revocase la sentencia dictada el 7 de julio de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
En su lugar, tutelase el derecho al debido proceso de la Señora Gloria Inés Zamora Gaitán. Para su protección se ordena al Señor Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal que, dentro del término de cinco (5) días contados a partir del siguiente a la notificación de esta sentencia, decida la solicitud de nulidad formulada mediante escrito radicado el 29 de octubre de 2001 o, si opta por diferir la decisión para el momento del fallo, adopte esa determinación mediante auto de sustanciación, como lo dispone el artículo 410 del Código de Procedimiento Penal.
2º. Por la Secretaría expídase fotocopia de las piezas procesales del expediente disciplinario número 021-60261 indicadas en la parte motiva de esta sentencia para que obren en el expediente y devuélvase el original, de manera inmediata, a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal.
3º. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
4º. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de la misma al Tribunal de origen.
1. Sentencia T-418/97.
2. Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-222 del 14 de abril de 1999. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo.