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Timestamp: 2018-06-19 06:59:06
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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 221', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 2']

LA CONSTITUCIÓN DE 1999: UN PROYECTO INCUMPLIDO DE ESTADO CONSTITUCIONAL | DerechoVenezolano.Com
Publicado: agosto 8, 2016 en ARCHIVOS ENVIADOS
Diariamente vemos en medios de comunicación nacional e internacional constantes señalamientos que colocan a Venezuela como el país con el peor crecimiento del mundo y con la peor rata de inflación, el segundo país del mundo con el mayor porcentaje de crímenes y de mortalidad infantil en hospitales públicos y cuya moneda ha perdido desde 2012, el 90% de su valor, además ubicándose al país, como el noveno país más corrupto del mundo; es decir, un verdadero colapso económico y social en el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo.
Por vía de ejemplo, citamos el Editorial del Diario español La Razón, del 22 de mayo de 2016, que en su página 3 se dedica a explicar la catastrófica situación política, social y económica que atraviesa Venezuela y en este sentido expresa textualmente lo siguiente: “largo e insidioso proceso que ha llevado a la principal potencia petrolera americana a una caricatura fiel de las dictaduras bananeras. Porque, y es importante recalcarlo, Venezuela no ha llegado a donde está de la noche a la mañana. Décadas de demagogia y de populismo, de políticas clientelares regadas con las divisas del petróleo, de retórica izquierdista y estatización de la economía, de militarismo y exclusión del discrepante, de aferrarse al voluntarismo frente a la realidad, han dejado un país en el que toda desgracia encuentra asiento. Venezuela es hoy un lugar en el que la gente sin mayores recursos pasa literalmente hambre, en el que la violencia y los homicidios alcanzan tazas de un país en guerra civil, cada vez más corrompido por el narcotráfico, con las instituciones del Estado cooptadas por el partido en el poder, las estructuras productivas hundidas y gobernados por un trasunto orweliano que ve conspiraciones, complots magnicidas y amenazas extranjeras donde solo hay hartazgo de tanta mentira, reclamos de libertad y exigencias de una política económica y monetaria basada en la ciencia del mercado y no en la ideología redentorista. Los venezolanos padecen las consecuencias de la colusión de la ineficacia de sus gobernantes, la corrupción de la nomenclatura del régimen y el colapso de las instituciones”.
Sobre ese colapso de las instituciones es que vamos a referirnos en esta oportunidad, cuando celebramos el Día de los hombres y mujeres del Derecho, la Jurisprudencia y la Legislación, esto es, el Día del Abogado, que hoy celebramos nacionalmente en honor a un prócer de esta tierra trujillana, el Doctor José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla, o más republicanamente, Cristóbal Mendoza, como bien lo apunta el historiador Guillermo Morón, nacido en la ciudad de Trujillo el 23 de junio de 1772, fue el Primer Presidente Constitucional de Venezuela, además quien propusiera al Cabildo Abierto celebrado en Caracas el 14 de octubre de 1813 que se le otorgue a Simón Bolívar el título de Libertador, y Bolívar al referirse a nuestro Cristóbal Mendoza lo llamo “modelo de virtud y bondad útil”, por su vida austera, honrada, de una probidad sin mancha y en repuesta a una carta el Libertador le expresa:” Un sabio nunca muere, pues no hace otra cosa que mejorar de carrera”.
Volviendo al tema que nos atañe en esta hermosa mañana, tenemos que señalar que a la catastrófica situación política, económica y social que atraviesa Venezuela, que ciertamente no se ha producido de la noche a la mañana, sino que es un desastre hecho por el hombre, se agrega la terrible situación de las instituciones del país, que comenzaron a ser destruidas y demolidas desde el momento mismo en que se aprobó la Constitución de 1999, habiendo resultado la misma no ser más que un proyecto incumplido de Estado Constitucional, o bien como lo señala el jurista Allan Brewer-Carias en Conferencia pronunciada ante la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en Madrid el 23 de mayo de 2016, que da título a la misma: “ una promesa incumplida, es decir, una gran mentira, cuyo librito tanto han blandido los gobernantes, pero no para aplicarla, sino cada vez que la han violado”
Este mismo autor en su obra “Reflexiones sobre la Revolución Americana (1776), la Revolución Francesa (1789) y la Revolución Hispanoamericana (1810-1830) y sus aportaciones al constitucionalismo moderno” nos expresa que una Constitución, conforme a los principios del constitucionalismo moderno, para ser tal, debe ser un pacto de una sociedad formulada por el pueblo como promesa para ser cumplida por los gobernantes. Por ello, es que consideramos que las Constituciones consagran en sí mismas su carácter de “norma suprema”, tal como lo hace nuestra Carta Magna en su artículo 7°, significando con ello que lo que se está consagrando es en realidad el principal derecho del ciudadano en una sociedad democrática, que es el derecho a la Constitución y a su supremacía; en otras palabras, el derecho a que la promesa que contiene, en términos de Brewer-Carias, y en el nuestro de proyecto, no pierda vigencia ni sea violada, a que no sea modificada o reformada sino solamente a través de los procedimientos establecidos en la propia Constitución, y además el derecho a poder controlar la constitucionalidad de todos los actos del Estado que sean contrarios a la Constitución.
En Venezuela en 1999, como resultado de un proceso constituyente que se llevo a cabo por una Asamblea Nacional Constituyente, para muchos mal conformada y peor estructurada, y para quienes es la causa remota de todo este colapso posterior, pues la misma estuvo conformada por 161 miembros, de los cuales apenas cuatro constituyentitas representaban la exigua minoría opositora y el resto totalmente dominada por los seguidores políticos del Presidente Hugo Chávez Frías, se sanciono una Constitución con la finalidad y el compromiso de conformar un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, tal como se estableció en el artículo 2, con una forma federal y descentralizada, cimentado en tres aspectos: primero, un sistema de control del poder mediante su separación horizontal y su distribución vertical, segundo, un sistema de gobierno democrático, con democracia representativa y participativa, que asegure y garantice la legitimidad democrática de la elección de los titulares de los órganos del Poder Público, y tercero, un sistema económico de economía mixta ajustado a principios de justicia social, basado en el principio de la libertad como opuesto al de economía dirigida, con la garantía de participación de la iniciativa privada y del propio Estado como promotor del desarrollo económico y por ende regulador de la actividad económica.
La Constitución se aprobó mediante referendo en diciembre de 1999, pero inmediatamente comenzó a ser violada, incluso antes de su debida publicación, pues se decretó por la propia Asamblea Nacional Constituyente, que ya había concluido sus funciones, un supuesto “Régimen Transitorio” no aprobado por el pueblo y el cual en muchos aspectos duró varios lustros, violando de entrada lo que se había prometido, para que no se pudiera cumplir, lo cual fue calificado, por Brewer-Carias, entre otros constitucionalistas, como un Golpe de Estado.
Este es el inicio de un régimen constitucional que en definitiva fue establecido para no resultar cumplido, pues a nuestro juicio, pasados que han sido tres lustros desde que se sancionó, nada de lo que consagró en su texto se ha cumplido, al punto de podérsela considerar como la Constitución mas violada y vulnerada, incluso antes de su publicación, dentro del constitucionalismo moderno o contemporáneo.
En este sentido, sin lugar a dudas consideramos que esta Constitución de 1999, es un “proyecto incumplido de Estado Constitucional” primordialmente por cuatro aspectos resaltantes y esenciales: primero, en lo que se refiere al establecimiento de un régimen político democrático y representativo, que no se ha logrado; segundo, el establecimiento de un Estado democrático de Derecho y de Justicia, lo que no sucedió; tercero, la no consolidación de un Estado federal y descentralizado, que todo lo contrario fue una forma de estado que se abandono absolutamente; y cuarto, el establecimiento de un Estado Social, que se convirtió en un deformado Estado populista, que ha empobrecido y ha hecho dependiente de una gigante e ineficiente burocracia a las personas de menos recursos, que hoy constituyen la grandísima mayoría de los habitantes del país y que sufren las mismas carencias o carestías.
Seguidamente trataremos de justificar solamente las dos primeras de estas afirmaciones, sobre la base de la realidad constitucional vivida desde la puesta en vigencia de la Constitución de 1999 y el actuar de los diferentes órganos del Poder Público, ello para no hacer muy extensa esta disertación y sin el ánimo de restar la importancia que tienen las restantes dos aseveraciones que acabamos de realizar.
En cuanto al incumplimiento constitucional del establecimiento de un régimen político, democrático, alternativo y participativo, es necesario señalar que el sistema de división del Poder Público que se estableció en la Constitución, no solo fue de los tradicionales tres Poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino que se agregaron a esos, el Poder Electoral, con su respetiva autoridad electoral, y el Poder Moral, con los órganos de control; cuyos titulares deben ser elegidos en forma directa o indirecta siguiendo los principios de la democracia representativa.
A este respecto, si bien en lo referente a la elección directa de los órganos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo a través de sufragio universal, directo y secreto, la misma se ha realizado en el país en los últimos años, aún con algunas vicisitudes y altibajos; pero en lo relativo a la elección indirecta de los titulares del Poder Judicial, Ciudadano y Electoral, que debía realizarse por la Asamblea Nacional como cuerpo elector de segundo grado, esa elección se ha efectuado violando la Constitución, sin la debida mayoría calificada exigida para el voto de los diputados y sin resguardarse la participación ciudadana en la postulación de los nominados.
Esta violación se produce desde un inicio con la inclusión del denominado “régimen transitorio” antes mencionado, a nuestro concepto para-constitucional de 1999, por el cual se comenzó a designar a esos altos funcionarios sin apego a la Constitución, cuyas normas sobre la materia siguieron violándose sistemáticamente mediante leyes dictadas en 2000, en 2001 y 2004, respecto del Poder Ciudadano y Electoral, y a partir del año 2004 respecto al Tribunal Supremo de Justicia. Esta deformación legislativa, que el propio Tribunal Supremo de Justicia se negó a controlar, incluso condujo a la inconstitucional designación desde 2004, de los titulares del Consejo Nacional Electoral, no por la Asamblea Nacional como lo consagra la Constitución, sino por el propio Tribunal Supremo de Justicia, ya controlado por el Poder Ejecutivo. Posteriormente las inconstitucionales designaciones se repitieron en 2014 y más recientemente en diciembre de 2015, con la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo por parte de la anterior Asamblea Nacional sin contar con la mayoría calificada de diputados, que constituye la garantía de su representatividad, y sin la debida participación de los diversos sectores de la sociedad nacional como lo exige la Constitución.
Además de esta violación a la representatividad democrática, se violó también la constitucional imposición de asegurar la participación ciudadana, lo cual se ha ratificado, con la violación al contenido del artículo 221 de la Constitución que impone a los órganos del Estado someter a la consulta popular los proyectos de ley. En efecto la Asamblea Nacional no hizo hasta el 2015 ninguna consulta popular sobre los proyectos de ley dictados en los últimos lustros, pero esta posibilidad de participación ciudadana se desvaneció totalmente por cuanto en ese período la Asamblea Nacional dejó simplemente de legislar y delegó al Poder Ejecutivo la legislación básica del país, a tal punto que se puede afirmar que más del noventa por ciento de las leyes vigentes han sido dictadas por el Poder Ejecutivo a través de decretos leyes, que por supuesto nunca fue consultado el pueblo. La propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, controlada absolutamente por el Ejecutivo, en el año 2014 en fraude a la Constitución por el incumplimiento a la obligación de participación ciudadana, estableció que esa participación ciudadana existía cuando la Asamblea Nacional legislara pero no cuando el Ejecutivo lo hiciera. Basta recordar, para reafirmar la descarada violación a la Constitución en esta materia, que entre el 28 y el 29 de diciembre del 2015, es decir, en solo dos días, la Asamblea Nacional que terminaba su período y el Presidente de la República, con la clara intención de privar a la nueva Asamblea Nacional que tomaba posesión el 5 de enero de 2016, dictaron más de 60 leyes, que solo luego de su publicación se pudo conocer su contenido y propósito.
Como observamos los postulados de la democracia participativa establecidas en la Constitución, como son la participación ciudadana para el proceso de nominación de altos funcionarios de los Poderes Públicos, y la consulta popular de las leyes, han sido incumplidas y olvidadas y con ello la Constitución violada.
A estas flagrantes violaciones debemos agregar la absoluta resistencia del régimen de aceptar que el pueblo active los mecanismos de democracia directa previstos en la Constitución, con especial referencia, la figura del referendo revocatorio del mandato presidencial, que si bien es poco común en el constitucionalismo comparado, fue establecido en la Constitución como respuesta a la extensión del período del Presidente de la República a seis años, pudiendo convocarse por iniciativa popular una vez cumplido la mitad de ese período. Pero también esto ha resultado una falacia. El referendo revocatorio que ya se llevo a cabo en 2004, con su convocatoria para revocar el mandato del Presidente Chávez, que el Poder Electoral entrabó hasta la saciedad mediante el cuestionamiento de las más de tres millones y medio de firmas que en dos oportunidades lo solicitaron, de forma que cuando se pudo realizar finalmente, a pesar de que el mandato del Presidente fue revocado constitucionalmente pues votaron más electores para revocarlo que los que votaron para elegirlo, el Consejo Nacional Electoral, ya evidentemente controlado por el Poder Ejecutivo, en combinación con la Sala Constitucional, convirtieron al referendo revocatorio en un inexistente referendo “ratificatorio”, pasando luego, el gobierno a llevar a cabo el proceso de discriminación política más masivo de la historia, al publicar la lista de los peticionantes, que fueron más de tres millones, conocida como la lista Tascón, quienes quedaron excluidos fuera de toda posibilidad de entrar en contacto con la Administración Pública, hasta inclusive para poder sacar el documento de identidad y tener acceso a algunos programas sociales, y que hasta hoy día se mantienen sus perversos y nocivos efectos.
Esta situación la vemos repetida en estos momentos, pues a escasas semanas de haberse efectuado la petición popular para comenzar el proceso de convocatoria del referendo revocatorio del Presidente Nicolás Maduro, respaldada por más de dos millones de firmas, ya el Consejo Nacional Electoral ha iniciado el proceso de entrabamiento, siguiendo sumisamente las órdenes del Poder Ejecutivo que se resiste a aceptar que carece de respaldo popular.
Al lado de estas violaciones a los principios constitucionales de representatividad y participación, es obligatorio añadir otro incumplimiento del proyecto de Estado Constitucional, como lo es el absoluto abandono al rígido principio de carácter bicentenario de la alternabilidad republicana, para impedir la reelección sucesiva e ilimitada de los gobernantes. Recordemos que el fallecido Presidente Chávez propuso su reforma constitucional en el 2007, para entre otras cuestiones, establecer la posibilidad de reelección indefinida, la cual sin embargo, fue rechazada popularmente mediante referendo, pero en total fraude a la voluntad popular, dos años después, Chávez logró la aprobación de una Enmienda Constitucional, y desde ese entonces Venezuela se encuentra inmersa en esa misma corriente continuista en que andan Ecuador y Bolivia, precisa y contradictoriamente al pensamiento del Libertador Simón Bolívar, cuya doctrina, conforme al artículo 1° de la Constitución, fundamentan el patrimonio moral de la República Bolivariana de Venezuela y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, quien ya en 1819 sostenía que “las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar de permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo”, tal como se contiene en la conocida y varias veces reeditada obra titulada “Simón Bolívar, Escritos Fundamentales”, por Editoriales Monte Ávila.
Cabe agregar que lo más grave en este cambio de principio que consagró la Constitución de 1999 en su artículo 6°, fue que de nuevo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, procedió a realizar una ilegitima y deliberada “mutuación” de la Constitución, lo cual ocurre, según el constitucionalista mexicano Salvador Nava Gomar, en su obra “Interpretación, mutuación y reforma de la Constitución, Tres extractos”, cuando se modifica el contenido de una norma constitucional de tal forma que aún cuando la misma conserva su contenido, recibe una significación diferente, pues en sentencia del 3 de febrero de 2009 la Sala Constitucional confunde deliberada y maliciosamente los términos “gobierno alternativo” con “gobierno electivo”.
Por consiguiente, siguiendo al autor Brewer-Carias, en su obra “La mentira como política de Estado, Crónica de una crisis política permanente. Venezuela 1999-2015”, podemos afirmar que “lo prometido en la Constitución no fue más que otra mentira, habiendo sido a base de mentiras que el régimen se apoderó de todas las instituciones del Estado, y destruyó el principio de la separación de poderes”.
Respecto al segundo aspecto a abordar, esto es, el incumplimiento constitucional de establecer un Estado Democrático de Derecho y de Justicia en virtud de la destrucción de la Separación de Poderes, debemos señalar que efectivamente esta ha sido otra promesa incumplida absolutamente de la Constitución de 1999, pues la misma define en su artículo 2° al Estado como Democrático y Social de Derecho y de Justicia, cimentado en un sistema de separación de poderes y de control recíproco entre los mismos, pero en su lugar se ha instaurado un Estado Totalitario, con una excesiva concentración y centralización del poder, en el cual ninguno de sus elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia se ha presentado y asegurado.
Para que exista un verdadero Estado Democrático y Constitucional, el mismo debe estar asentado sobre la base del principio de la separación de poderes y de independencia de los poderes públicos, que garantice y asegure que el ejercicio del poder se encuentre sometido a control, concretamente a cargo de una Justicia autónoma. Independiente e imparcial, pues solamente de esta manera podemos hablar de un “Estado de Justicia” como el que se consagro en el Texto Constitucional, y de un sistema de equilibrio entre los poderes y las prerrogativas de la Administración del Estado y los derechos de los ciudadanos, que se haya en base del derecho administrativo mismo, tal como lo explican Gustavo Tarre Briceño, en su obra titulada “Solo el poder detiene al poder, La teoría de la separación de los poderes y su aplicación en Venezuela”, publicado en 2014 y Jesús María Alvarado Andrade en su artículo “División del Poder y Principio de Subsidiaridad. El Ideal Político del Estado de Derecho como base para la Libertad y Prosperidad material”, publicado en 2013.
La no existencia de la separación de poderes y sin un sistema de control del poder, entre otros aspectos, no pueden llevarse a cabo elecciones libres, justas y confiables; tampoco puede haber pluralismo político, ni menos acceso al poder conforme a la Constitución; ni puede haber efectiva participación en los asuntos públicos, menos aún transparencia administrativa en el ejercicio del poder, ni tampoco rendición de cuentas por parte de los gobernantes, en fin, no puede existir acceso a la justicia, y una real y efectiva garantía de respeto a los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión y todos los derechos sociales.
A pesar de su expresa consagración en la Constitución, nada de esto se ha podido lograr en Venezuela, producto de la concentración en las manos del Poder Ejecutivo el control sobre los otros Poderes Públicos, particularmente sobre el Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, a tal punto que a pesar de que en diciembre del 2015 el pueblo eligió una Asamblea Nacional mayoritariamente controlada en forma incluso calificada por la oposición al gobierno autoritario, la misma ha sido progresivamente privada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, actuando como Juez Constitucional, en los últimos cinco o seis meses de sus competencias.
En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia ha despojado a la Asamblea Nacional de sus potestades de legislación, llegando hasta imponer una inconstitucional autorización previa por parte del Ejecutivo para poner en vigencia las leyes; y de sus potestades de control político y administrativo, imponiendo hasta el visto bueno del Vicepresidente Ejecutivo para poder interpelar a un Ministro, con preguntas solo formuladas por escrito, incluso desapareciendo las potestades de la Asamblea para aprobar votos de censura a los Ministros o para improbar los estados de excepción que se decreten. Por lo tanto afirmamos que el Poder Legislativo representado por la Asamblea Nacional ha sido totalmente neutralizado, a tal punto, de que todas, absolutamente todas las leyes que ha sancionado desde enero del 2016 han sido declaradas inconstitucionales.
Por consiguiente, de los cinco poderes públicos que deberían estar bien separados, si bien el único con autonomía frente al Poder Ejecutivo desde hace cinco meses es la Asamblea Nacional, producto del resultado electoral del pasado 6 de diciembre de 2015, se encuentra a nuestro juicio materialmente paralizado, como resultado del golpe de Estado que el Poder Ejecutivo le ha dado en colusión con el Poder Judicial; pero en cambio, los otros poderes Públicos, cuyos titulares fueron designados por la antigua Asamblea sin cumplir las pautas de la Constitución, quedaron todos como dependientes del Poder Ejecutivo habiendo abandonado todos su poderes de control.
Durante estos 17 años de gobierno, podemos citar como ejemplos claros de las anteriores afirmaciones, la Contraloría General de la República dejo de ejercer el control fiscal sobre la Administración Pública, lo que ha traído como consecuencia que Venezuela se encuentre ubicada en los primeros lugares del índice de corrupción a nivel mundial. La Defensoría del Pueblo desde cuando la primera persona designada para ocupar el cargo en 2000 fue inmediatamente removida del mismo por haber intentado un recurso judicial contra la Ley que violaba el derecho colectivo a la participación política para la nominación de los altos titulares de los Poderes Públicos, dicho órgano abandonó absolutamente toda acción de defensa de los derechos humanos, coinvirtiéndose por el contrario en el órgano oficial para avalar la violación de los mismos por parte de las autoridades del Estado. Otro ejemplo lo encontramos en el Ministerio Público que ejerce la Fiscalía General de la República, que en lugar de haber desempeñado el rol necesario de parte de buena fe en el proceso penal, ha asumido el rol de ser el principal instrumento para asegurar la impunidad en el país, y la persecución política. De igual manera, el Consejo Nacional Electoral, que tiene a su cargo el Poder Electoral, ha terminado en ser una suerte de agente electoral del gobierno, integrado por militantes del partido oficial en violación tajante a la Constitución, ha dejado de ser el árbitro independiente en las elecciones. En todo caso, desde el 2004 quedó totalmente secuestrado por el Poder Ejecutivo, al ser sus titulares designados por el Tribunal Supremo de Justicia ni siquiera por la Asamblea Nacional como correspondía por mandato de la Constitución.
De todo este incumplimiento constitucional, consideramos que lo más grave en Venezuela ha sido el efecto que sobre las instituciones, ha tenido el control político que se ejerce sobre el Poder Judicial; por cuanto si un Poder Judicial se encuentra controlado por el Ejecutivo o el Legislativo, por más separados que incluso éstos puedan estar, no existe el principio de la separación de los poderes, y en consecuencia, no se puede hablar de Estado de Derecho o Estado Constitucional.
En efecto desde 1999 por obra de la misma Asamblea Nacional Constituyente se comenzó a establecer una composición del Tribunal Supremo de Justicia que permitiera asegurar su control por parte del Ejecutivo, y en virtud de que al Tribunal Supremo de Justicia se le atribuyó el gobierno y la administración de la Justicia, que en la Constitución de 1061 correspondía al Consejo de la Judicatura que se eliminó, por su intermedio se ha politizado toda la Judicatura, por lo que tanto la independencia como la autonomía del Poder Judicial prescritas en la Constitución han sido violadas. Durante quince años no se han respetado las condiciones para la elección de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ni la mayoría calificada de votos en la Asamblea Nacional requerida para ello, ni la participación ciudadana exigida en la nominación de los candidatos a Magistrados. Tampoco se han celebrado cabalmente los concursos públicos de oposición para la elección de los jueces como lo consagra la Constitución para el ingreso a la carrera judicial, que materialmente no existe. Además como desde 1999 la Asamblea Nacional Constituyente intervino el Poder Judicial, lo cual fue ratificado con el régimen transitorio emitido después de la aprobación popular de la Constitución, que aún a este tiempo no concluye, los jueces han sido destituidos a mansalva y en forma masiva, sin la garantía del debido proceso, con la consecuencia de la Judicatura se llenó de jueces con carácter provisionales y temporales, sin ninguna garantía de estabilidad, quedando la destitución de los mismos al arbitrio de una Comisión ad hoc del Tribunal Supremo de Justicia, todo ello con el aval del mismo.
Todo esto nos permite sin lugar a dudas afirmar que todos estos postulados de la Constitución destinados a garantizar la independencia y autonomía judicial insertas en la Constitución de 1999 han sido incumplidos, dando como resultado la trágica dependencia del Poder Judicial que quedó sometido en su conjunto a los designios y control político por parte del Poder Ejecutivo, funcionando al servicio del gobierno y de su política autoritaria.
A este respecto cabe citar lo expresado por la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra en su Informe de 2014, que expresa: “Un sistema de justicia que carece de independencia, como lo es el venezolano, es comprobadamente ineficiente para cumplir con sus funciones propias. En este sentido en Venezuela, (…) el poder judicial, precisamente por estar sujeto a presiones externas, no cumple su función de proteger a las personas frente a los abusos del poder sino que por el contrario, en no pocos casos es utilizado como mecanismo de persecución contras opositores y disidentes o simples críticos del proceso político, incluidos dirigentes de partidos políticos, defensores de derechos humanos, dirigentes campesinos y sindicales, y estudiantes”
Por consecuencia la separación de poderes y sobre todo la autonomía e independencia del Poder Judicial prescritas en la Constitución de 1999 han sido verdadera letra muerta y por tanto un proyecto incumplido, por cuanto el Poder Judicial abandonó su función fundamental de servir de instrumento de control y de balance respecto de las actividades de los otros órganos del Estado para garantizar y asegurar su sometimiento a la Constitución y a la Ley, conforme al principio de legalidad; habiendo desaparecido absoluta y materialmente el derecho ciudadano a la tutela judicial efectiva y a controlar el poder, trayendo como consecuencia, lo que el constitucionalista Allan Brewer-Carias, denomina la desjudicialización del Estado, siendo inconcebible que el Poder Judicial en Venezuela hoy pueda llegar a decidir y enjuiciar la conducta de la Administración y frente a ella, garantizar los derechos ciudadanos.
Por razones de tiempo, como lo indicamos anteriormente, no podemos referirnos al incumplimiento del mandato constitucional para el establecimiento de un verdadero estado federal y descentralizado frente a la consolidación de un estado totalitario centralizado disfrazado en la participación, así como también al incumplimiento constitucional de establecer un estado social con un sistema económico de economía mixta como bien lo consagra la Constitución de 1999, pero estamos seguro que en cualquier otro espacio académico podremos disertar y discutir sobre estos importantes aspectos, que demuestran el Proyecto Incumplido del Estado Constitucional dibujado en dicho Texto Constitucional.
Finalmente no queda más que expresar que luego de 17 años de haberse convocado la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 y de aprobarse la Constitución, la misma ha sido un verdadero proyecto incumplido de Estado Constitucional, un verdadero fracaso en la búsqueda y consolidación de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
Gracias a las autoridades de esta Universidad y de esta Facultad de las leyes, de la política y lo social, por haber dado la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones, en este día en que celebramos con orgullo nuestro Día Nacional de Abogado.