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Timestamp: 2016-10-20 20:21:30
Document Index: 167953307

Matched Legal Cases: ['artículo 59', 'artículo 140', 'artículo 118', 'artículo 119', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 119', 'artículo 140', 'artículo 141', 'artículo 140', 'artículo 141', 'artículo 140', 'artículo 141', 'artículo 140', 'artículo 90', 'artículo 141', 'artículo 140']

ANUNCIO de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de las resolu­ciones recaídas en los recursos administrativos n.º 2740/05 y 6930/06
ANUNCIO de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de las resolu­ciones recaídas en los recursos administrativos n.º 2740/05 y 6930/06	ANUNCIO de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de las resolu­ciones recaídas en los recursos administrativos n.º 2740/05 y 6930/06 Mis Leyes
ANUNCIO de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de las resolu­ciones recaídas en los recursos administrativos n.º 2740/05 y 6930/06 Estado	:
MINISTERIO DE FOMENTO	Al no haberse podido practicar la notificación personal al interesado conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse, a efectos de notificación, las resoluciones de los recursos de fechas 7 de julio y 1 de septiembre de 2006, adoptadas por el Secretario General de Transportes del Departamento, en los expedientes números 2740/05 y 6930/06. «Examinado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. Marco Prado Martín, en nombre y representación de la entidad mercantil Central Catalana de Transportes, S.A. contra resolución de la Secretaría General de Transportes de fecha 6 de septiembre de 2005, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la mercantil interesada frente a la resolución de la Dirección General de Transportes por Carretera de fecha 4 de noviembre de 2004, que le sancionaba con multa de 1.500,00 euros por la comisión de una infracción muy grave, por haber efectuado una conducción superior a 13 horas 30 minutos en fechas 25-26/05/2003, infracción tipificada en el artículo 140, apartado b), de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (Expte. IC 170/2004).
1. La parte recurrente fundamenta el presente re­curso extraordinario de revisión en el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por indefensión, no precisarse el método de lectura de los discos-diagrama, falta de pruebas, así como falta de motivación en la resolución dictada.
2. El recurso ha sido informado por el Órgano sancionador proponiendo su inadmisión.
Primero.-El artículo 119.1 de la Ley 30/92, modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero, establece que «el órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuando al fondo otros recursos sustancialmente iguales».
Segundo.-Es doctrina reiterada del Consejo de Estado que dado el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión, en que la finalidad es la impugnación de actos administrativos firmes, únicamente puede fundamentarse en alguna de las causas taxativamente enumeradas en el artículo 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y que han de interpretarse estrictamente, sin que pueda extenderse a supuestos distintos de los que dicho artículo señala.
Pues bien, en el supuesto analizado, no se ha demostrado que al dictar la resolución se haya incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, ni han aparecido documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien error en el acto recurrido, ni cualesquiera de las restantes circunstancias reseñadas en el artículo 118.1, y los motivos ahora alegados, no precisarse el método de lectura de los discos-diagrama, falta de pruebas, así como falta de motivación en la resolución dictada son una transcripción literal del recurso de alzada formulado, en su día, por el recurrente, alegaciones todas ellas que ya fueron debatidas y resueltas en el recurso de alzada interpuesto, por lo que, de acuerdo con el artículo 119 antes citado, se acuerda la inadmisión a trámite del presente recurso extraordinario de revisión.
Tercero.-En cuanto a la competencia para resolver el recurso extraordinario de revisión, la disposición adicional decimoséptima 1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado, señala que «Será competente para conocer del recurso extraordinario de revisión el órgano administrativo que haya dictado el acto objeto de recurso», por lo que, procede señalar que corresponde conocer del mismo a la Secretaría General de Transportes.
Esta Secretaría General de Transportes, de conformidad con la propuesta formulada por la Subdirección General de Recursos y el informe de la Abogacía del Estado, ha acordado inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. Marco Prado Martín, en nombre y representación de la entidad mercantil Central Catalana de Transportes, S.A. contra resolución de la Secretaría General de Transportes de fecha 6 de septiembre de 2005, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la mercantil interesada frente a la resolución de la Dirección General de Transportes por Carretera de fecha 4 de noviembre de 2004, que le sancionaba con multa de 1.500,00 euros por la comisión de una infracción muy grave, por haber efectuado una conducción superior a 13 horas 30 minutos en fechas 25-26/05/2003, infracción tipificada en el artículo 140, apartado b), de la Ley 16/1987, de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres (Expte. IC 170/2004).
Examinado el recurso de alzada formulado por D. Miguel Ángel Sinisterra Llatas, contra resolución de la Dirección General de Transportes por Carretera, de fecha 13 de febrero de 2006, que le sanciona con multa de 401,00 euros por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 141.31 en relación con el artículo 140.1.9 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre (Expte. IC 1485/2005).
Primero.-Los hechos sancionados se encuentran acreditados a través del Acta de Inspección realizada por el Agente adscrito a la Inspección General de Transportes, como consecuencia de la inspección realizada el día 8 de septiembre de 2005, con objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones reguladoras del servicio de transportes por carretera por parte de D. Miguel Ángel Sinisterra Llatas.
En dicha Acta se comprueba que durante el mes de abril de 2005, D. Miguel Ángel Sinisterra Llatas ha facturado una serie de servicios de transporte público por carretera, sin ser titular de autorización administrativa de transporte por carretera o de Operador de Transportes, supuesto que constituye una falta grave de acuerdo con la normativa vigente en materia de transportes terrestres.
No obstante lo anterior, el Inspector actuante en su informe emitido con fecha 18 de enero de 2006, el cual ha servido de motivación a la resolución impugnada, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en las que se aprecia un error en la interpretación de la normativa legal para el desarrollo de la actividad de transportes por parte de la cooperativa de trabajo asociado y de los socios que la integran, ha recalificado la sanción, en el sentido de subsumirla en el supuesto legal tipificado en el artículo 141.31 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, imponiendo una sanción de 401,00 euros, en lugar de en el artículo 140.1.9 de la citada Ley, que, en principio, era la infracción que objeto de denuncia.
Por tanto, carecen de alcance exculpatorio los argumentos del recurrente, por cuanto la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, tipifica como infracción grave los hechos citados, artículo 141.31, en relación con el artículo 140.1.9 que determina como infracción grave cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave, debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente, en concordancia con los artículos 47.1 de la citada Ley 41.1 de su Reglamento de aplicación, que exigen para la realización del transporte por carretera y de las actividades auxiliares y complementarias de la misma la obtención del correspondiente título administrativo que habilite para ello, no pudiendo prevalecer dichos argumentos sobre la norma jurídica; por tanto, el acto administrativo impugnado está ajustado a derecho, al aplicar correctamente la citada Ley.
Por su parte, el artículo 90 de la citada Ley establece que los transportes públicos discrecionales de mercancías o de viajeros por carretera únicamente podrán realizarse por las personas que hayan obtenido la corres­pondiente autorización administrativa que habilite para dicha realización. En consecuencia, la cooperativa de trabajo asociado, como tal entidad, cuya personalidad jurídica es independiente de la de sus socios, es quien puede y debe obtener la correspondiente autorización y la que puede y debe contratar los servicios de transporte como porteador. Por el contrario, los socios de esta cooperativa se encuentran legalmente inhabilitados para obtener autorización de transporte mientras formen parte de la cooperativa.
Esta Secretaría General de Transportes, de conformidad con la propuesta formulada por la Subdirección General de Recursos ha resuelto desestimar el recurso de alzada formulado por D. Miguel Ángel Sinisterra Llatas, contra resolución de la Dirección General de Transportes por Carretera, de fecha 13 de febrero de 2006, que le sanciona con multa de 401,00 euros por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 141.31 en relación con el artículo 140.1.9 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre (Expte. IC 1485/2005), resolución que se declara subsistente y definitiva en vía administrativa.
La multa impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso o transferencia en la cuenta corriente del BBVA 0182-9002-42, n.º 0200000470, P.º de la Castellana, 67, Madrid, haciendo constar el número del expediente sancionador.
Madrid, 12 de diciembre de 2006.-El Subdirector General de Recursos, Isidoro Ruiz Girón.
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