Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-633-14.htm
Timestamp: 2019-06-17 03:07:31
Document Index: 188848553

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 95', 'artículo 250', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 110', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 23', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 60', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 49', 'artículo 8', 'artículo 152', 'artículo 5', 'artículo 150', 'artículo 29', 'artículo 28', 'artículo 250', 'artículo 28', 'artículo 158', 'artículo 152', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 158', 'artículo 33', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 33', 'e contrario', 'artículo 29', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 14', 'artículo 8']

C-633-14
DISPOSICIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS PARA SANCIONAR LA CONDUCCION BAJO EL INFLUJO DEL ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS-Sanciones y grados de alcoholemia/ACTIVIDAD DE CONDUCCION-Justificación de intervención por parte de las autoridades/ACTIVIDAD DE CONDUCCION-Relación de especial de sujeción entre conductores y autoridades de tránsito, que permite la imposición de obligaciones especiales
En relación con el examen del parágrafo tercero de la Ley 769 de 2002, adicionado a dicha ley por el artículo 1º de la Ley 1548 de 2012 y subrogado por el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, la Corte considera que no quebranta la Constitución. Esta conclusión se funda en dos consideraciones básicas: (i) la actividad de conducción es una actividad peligrosa que justifica una intervención acentuada e intensa por parte de las autoridades; y (ii) tal circunstancia implica una relación de especial sujeción entre los conductores y las autoridades de tránsito, que permite la imposición de obligaciones especiales. A partir de ello la Corte consideró: (i) Que la fijación de una obligación de acatamiento de las instrucciones impartidas por una autoridad de tránsito encuentra fundamento constitucional en el artículo 6º conforme al cual los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y en el artículo 95 que establece la obligación de toda persona de cumplir la ley y la Constitución; (ii) Que cumplir el requerimiento hecho por las autoridades de tránsito para la realización de las pruebas físicas o clínicas orientadas a determinar la presencia de alcohol en el cuerpo de un conductor, persigue una finalidad constitucional de alto valor en tanto pretende controlar los riesgos asociados a la conducción y, en particular, su intensificación cuando se conduce bajo los efectos del alcohol; (iii) Que la obligación de realizar las pruebas físicas o clínicas no tiene un impacto en el derecho a la no autoincriminación en tanto no se trata de la obligación de efectuar una declaración o manifestación sobre determinados hechos; (iv) Que aunque dicha obligación restringe la posibilidad de asumir comportamientos pasivos como forma de defensa, se encuentra justificada dado que su finalidad consiste en controlar una fuente de riesgo para la vida y la integridad personal, empleando una medida que genera incentivos suficientes para admitir la práctica de la prueba. A juicio de la Corte; (v) Cuando las personas adoptan la decisión de conducir vehículos automotores aceptan integrarse a una relación de especial sujeción respecto de las autoridades de tránsito que permite a estas prevenir y sancionar los comportamientos que pueden afectar o agravar la seguridad del tránsito. (vi) En adición a ello, en la hipótesis regulada por la norma acusada y referida a la infracción de normas de tránsito que dan lugar al inicio de un proceso administrativo gobernado por las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, no se encuentra ordenada la previa autorización judicial dispuesta por el artículo 250.3 de la Constitución. La realización de esta prueba con plenas garantías implica que las autoridades de tránsito deben informar al conductor de forma precisa y clara (i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, las diferencias entre ellas y la forma de controvertirlas, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (iv) el trámite administrativo que debe surtirse con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (v) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo que se inicia con la orden de comparendo y todas las demás circunstancias que aseguren completa información por parte del conductor requerido, antes de asumir una determinada conducta al respecto. En adición a ello la Corte precisa que el conductor tiene derecho a exigir de las autoridades de tránsito la acreditación (vi) de la regularidad de los instrumentos que se emplean y (vii) la competencia técnica del funcionario para realizar la prueba correspondiente. Finalmente dado que el proceso administrativo, las autoridades deben considerar las circunstancias que explicaron o pueden explicar la decisión de no acceder a la práctica de las pruebas físicas o clínicas, la regulación examinada no desconoce la proscripción de toda forma de responsabilidad objetiva.
CONDUCCION BAJO DETERMINADO GRADO DE ALCOHOLEMIA-Regulación/TRATAMIENTO CONTRA EL ALCOHOLISMO-Contenido
RETENCION TRANSITORIA DE LICENCIA DE CONDUCCION-Regulación
RETENCION DE LICENCIA DE TRANSITO-Alcance de la atribución dada a las autoridades de tránsito
REGIMEN SANCIONATORIO Y PROCESAL EN MATERIA DE TRANSITO-Libertad de configuración legislativa
CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN MATERIA DE TRANSITO-Jurisprudencia constitucional
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE-Configuración legislativa
CONTROL CONSTITUCIONAL SOBRE REGULACIONES DE TRANSITO-No debe ser tan riguroso como en otros campos a fin de no vulnerar esa amplitud de libertad de configuración legislativa
La jurisprudencia de este Corporación ha señalado que “el control constitucional ejercido sobre las regulaciones de tránsito no debe ser tan riguroso como en otros campos a fin de no vulnerar esa amplitud de la libertad de configuración del Legislador (…)”; o como también tuvo la oportunidad de indicarlo “[e]l control constitucional ejercido sobre las regulaciones de tránsito debe entonces ser dúctil (…) a fin de no vulnerar (…) las facultades del Legislador para regular el tránsito, debido a su carácter riesgoso.
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ORDEN EN EL TRAFICO TERRESTRE-Reglas
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO-Imposición y efectividad de las sanciones por infracción de los mandatos o prohibiciones establecidos en la ley
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE TRANSITO-Límites
REGIMEN SANCIONATORIO APLICABLE EN MATERIA DE TRANSITO-Reglas de interpretación para el control de normas sustantivas y procedimentales/REGIMEN SANCIONATORIO APLICABLE EN MATERIA DE TRANSITO-Formas de control empleadas por la Corte Constitucional a partir de dos grupos
Es posible caracterizar, a partir de dos grupos, las principales formas de control empleadas por la Corte. 1. Un primer grupo de casos, cercanos al que ocupa su atención en esta oportunidad, es el compuesto por los pronunciamientos en los cuales emplea el juicio de proporcionalidad para el examen de las medidas legislativas que restringen la tenencia de la licencia de conducción o del vehículo hasta tanto se cumpla alguna condición. 2. El otro grupo es el conformado por casos en los cuales se identifica la infracción directa de una disposición constitucional. Ello ocurrió por ejemplo en la sentencia C-189 de 1999, en la que concluyó que la sanción de arresto por la violación de normas de tránsito impuesta por autoridades administrativas, desconocía la regla del artículo 28 de la Carta, según la cual nadie puede ser detenido sino en virtud del mandamiento escrito de autoridad judicial competente. En suma, la constitucionalidad de las normas que componen el régimen sancionatorio en materia de tránsito y establecen restricciones a los derechos de las personas, dependerá –al menos prima facie- de que no vulneren reglas constitucionales relevantes –como la fijada en el artículo 28- o, en caso de que impongan limites a derechos reconocidos en normas con estructura de principio, no desconozcan el principio de proporcionalidad -concretado en un juicio de intensidad intermedia-. De ser este último el caso, la Corte deberá evaluar si la medida persigue una finalidad constitucional importante y si ella, además de no encontrarse prohibida, contribuye sin ninguna duda a alcanzar el propósito identificado –efectiva conducencia-. Ahora bien, respecto de la intensidad del juicio no puede excluirse que en otros supuestos el examen de constitucionalidad deba ser más exigente si, por ejemplo, se afecta el goce de derechos fundamentales o se emplean categorías calificadas como sospechosas para establecer un trato diverso.
AUTORIDADES DE TRANSITO-Facultades para adoptar medidas preventivas
RETENCION PREVENTIVA DE LA LICENCIA DE CONDUCCION-Propósito/RETENCION PREVENTIVA-Jurisprudencia constitucional
PROHIBICION DE DESATENCION O DESOBEDIENCIA DE INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR AUTORIDAD DE TRANSITO-Fundamento
PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA Y ALCOHOLURIA-Definición
PRUEBA DE ALCOHOLEMIA-Alcance
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO-Derecho de defensa/DERECHO DE DEFENSA-Contenidos definidos
COMPORTAMIENTOS PASIVOS COMO ESTRATEGIA DE DEFENSA-Alcance/PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACION-Jurisprudencia constitucional
Referencia: Expediente D-10081
Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 5 (parcial) de la Ley 1696 de 2013 “Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas.”
Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 5 (parcial) y 8 (parcial) de la Ley 1696 de 2013 “Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas.”
El ciudadano Juan Sebastián Fajardo Vanegas, formula demanda solicitando la declaratoria de inexequibilidad de los apartes que a continuación se subrayan de la Ley 1696 de 2013 “Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas.” Las expresiones demandadas se resaltan a continuación:
2.1.2.1. La disposición demandada desconoce el derecho al debido proceso aplicable a las actuaciones administrativas y, en particular, el derecho a la defensa. De conformidad con la Constitución y la jurisprudencia constitucional, en las actuaciones administrativas sancionatorias deben ampararse determinadas garantías antes y después de la adopción del acto administrativo que corresponda. Una de tales garantías es el derecho de defensa que, en esta materia, implica la facultad no solo de actuar sino de abstenerse de hacerlo cuando la conducta pueda afectar las pretensiones de defensa o la presunción de inocencia que ampara a los ciudadanos. En este caso, la sanción se impone por el ejercicio del derecho fundamental a la defensa o dicho en otros términos “[e]s inconstitucional la sanción, porque el abstenerse de realizar la prueba de alcoholemia es precisamente el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es en este caso el de la defensa.”
La norma acusada implica desconocer la prohibición que existía de “obligar o coaccionar a los conductores con el fin de que realizaran las pruebas de alcoholemia”. Desconocer esa prohibición “pugnaría con los derechos fundamentales de los ciudadanos al obligarlos a constituir una prueba que siempre sería usada en su contra sin que mediara una orden judicial que así lo indicara.”
Los ciudadanos Carlos Alberto Paz Russi y Carlos Eduardo Paz Gómez formulan demanda, solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad de los apartes que a continuación se subrayan de la Ley 1696 de 2013 “Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas.” Las expresiones demandadas se resaltan a continuación:
2.2.2.2. Los apartes acusados del artículo 8º desconocen la dignidad humana y el derecho a la salud integral. Remitir al agravante establecido en el numeral 6º del artículo 110 de la Ley 599 de 2000 y establecer que en esos casos se brindará un tratamiento integral contra el alcoholismo, desconoce que aquella disposición se aplica también cuando al momento de cometer la conducta se encuentre bajo el efecto de drogas o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica. Así las cosas “[n]o podrá existir dignidad (…) material, donde a un drogadicto, entiéndase sujeto que consume THL o cocaína, por conducir bajo su influencia, se le brinda tratamiento contra el alcoholismo”. En estos casos se desconoce el deber de prestar asistencia médica específica.
3.1.1. Los demandantes fundamentan su acusación en una comprensión equivocada de la disposición acusada. En efecto, la norma tiene por objeto imponer una sanción por “la conducción bajo los efectos del alcohol o los delitos que puedan cometerse al conducir en estado de embriaguez”.
3.1.2. A pesar de que la jurisprudencia constitucional ha aceptado, por ejemplo en la sentencia C-616 de 2002, algunas normas de responsabilidad objetiva en disposiciones de tránsito, la norma demandada no contempla un supuesto semejante. En efecto, de la norma acusada no se desprende que sea inviable una valoración de la culpabilidad del sujeto con cuyo comportamiento se desconoce el deber de cuidado. Conforme a ello, impuesta la sanción correspondiente “el infractor podría impugnarla con fundamento en la irreprochabilidad del mismo, aduciendo factores externos a su propia voluntad como eximentes de culpabilidad”. En estrecha relación con lo anterior, la norma no desconoce el derecho de defensa en tanto el sancionado podría plantear fórmulas de defensa aduciendo, por ejemplo, que su decisión de no practicarse la prueba “no es el resultado de su dolo, de su negligencia, pericia o imprudencia”.
3.1.3. La norma no afecta el derecho a la no autoincriminación dado que a la configuración especifica de la falta que se sanciona, no es posible aplicar dicha garantía. La falta reprochada en la disposición queda en evidencia en el momento mismo de la infracción, al tratarse de un caso de flagrancia. En esa medida “los elementos del ilícito quedan expuestos a la inmediata percepción de las autoridades”. Así las cosas “la falta se comete en el acto mismo en que la autoridad exige el cumplimiento del deber legal, circunstancia que le impide al infractor alegar que no es autor de la misma”.
3.1.4. En adición a lo anterior, la prueba prevista en la disposición demandada resulta plenamente constitucional y no se opone, en modo alguno, al deber de proteger el derecho de defensa, la no autoincriminación y la presunción de inocencia. La facultad de no autoincriminarse “no incluye el derecho a impedir la intervención del Estado mediante diligencias de prevención, indagación o prueba de las que puedan extraerse elementos inculpatorios de un posible infractor”.
3.2. Ministerio de Justicia y del Derecho y Ministerio de Defensa: exequibilidad
La obligación de realizarse la prueba de embriaguez o alcoholemia encuentra pleno fundamento constitucional. La Corte Constitucional –sentencia C-619 de 2011- ha considerado admisible su realización a conductores que estén involucrados en accidentes que causen lesiones personales o la muerte. Conducir vehículos automotores constituye una actividad peligrosa que impone el cumplimiento de especiales deberes de conducta orientados a garantizar que los conductores cuenten con las condiciones adecuadas para el efecto. Es posible, a fin de fundamentar la obligación de realizarse la prueba prevista en la disposición demandada, invocar la posición de la Corte Constitucional vertida en la sentencia C-429 de 2003, conforme a la cual es posible establecer el deber de los conductores de suscribir el informe descriptivo en aquellos casos en los que se presente un accidente de tránsito. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional el legislador dispone de un amplio margen de configuración para regular el tránsito terrestre. Por ello se encuentra habilitado para establecer restricciones a los derechos bajo la condición de que persigan una finalidad constitucional, sean razonables, proporcionadas y respeten el debido proceso.
Aunque la disposición, en efecto prevé sanciones posteriores, ellas no proceden por presumirse la responsabilidad o embriaguez de quienes no se han hecho la prueba o de los conductores. En este caso “en auspicio del principio de autoridad del que están investidas las autoridades públicas, el precepto sanciona el hecho mismo de negarse a dar cumplimiento a una orden de autoridad competente, quien actúa con base en las facultades otorgadas por un precepto legal”.
3.3.4. Si se considera que la acusación del demandante en contra del artículo 8º se funda en la obligatoriedad del tratamiento del alcoholismo, debe precisar que lo que allí se dispone es la obligación del Estado de tomar en cuenta tales situaciones en la elaboración del Plan Obligatorio de Salud y la necesidad de que el juez penal considere tal medida. Ahora bien “la falta de acuerdo o aprobación del demandante respecto de la metodología técnica o incluso la posición filosófica respecto de los tratamientos de salud o sicoterapéuticos, no constituyen por ese solo hecho, razones suficientes para que el precepto sea inconstitucional”.
Existe evidencia suficiente de la aptitud de la medida para la consecución de importantes resultados en materia de salud pública. Ella contribuye “a la reducción de la accidentalidad vial, la disminución de muertes por conducir bajo los efectos del alcohol y otras lesiones asociadas a este tipo de consumo nocivo del alcohol”.
Es importante la adopción de medidas para evitar los accidentes de tránsito asociados al consumo del alcohol y otro tipo de sustancias. Las pruebas directas e indirectas para identificar la presencia de alcohol en el cuerpo hacen posible controlar el consumo nocivo. En particular, la realización de la Prueba Aleatoria de Aliento y la existencia de Puntos de Verificación de Sobriedad con la intervención de la policía tienen como finalidad “disuadir la conducción de personas impedidas por el alcohol al aumentar el riesgo aparente de arresto”.
3.6.3. La acusación formulada en contra del artículo 8º se explica por el inadecuado uso de los conceptos de alcoholemia y embriaguez por parte de la ley. En efecto la embriaguez es un concepto más amplio que supone “la alteración del sistema nervioso central secundaria al consumo de una sustancia exógena, que deprimen o estimulan el sistema nervioso”. En consecuencia ella puede ser producida por el alcohol y por otro tipo de sustancias.
3.6.4. El uso de la expresión “grado cero” de alcoholemia no es adecuado dado que dicho término “no es aceptado por la comunidad forense ni por ningún laboratorio de toxicología, ya que no es una categoría válida para la comparación entre los grados de embriaguez clínica y los valores de alcohol en sangre o su equivalente en la medida indirecta tomada en aire expirado”.
3.7.1. La Ley 1696 de 2013 tuvo como propósito adoptar medidas encaminadas a proteger el derecho a la vida. En efecto, la fijación de reglas orientadas a sancionar a los conductores que bajo los efectos del alcohol o determinadas sustancias sicoactivas pongan en riesgo la integridad de las personas, hace posible disminuir las muertes y lesiones violentas. El ajuste de las sanciones en estos casos se encuentra justificada no solo como medida de coerción sino también como método de enseñanza. Adicionalmente, se articulan plenamente con la primacía del interés general sobre el interés particular.
3.9.1. La finalidad de la Ley 1696 de 2013 consiste en adoptar medidas que disuadan a los conductores de conducir luego de haber consumido alcohol o sustancias sicoactivas. Ello se apoya en que está demostrado que una porción importante de las contravenciones en materia de movilidad “se encuentran relacionadas con la conducción de vehículos bajo el influjo de bebidas alcohólicas, esto es en estado de embriaguez, o bajo el influjo de sustancias sicoactivas”.
3.9.2. Para proteger la seguridad pública y el derecho de locomoción fue adoptada la disposición demandada. Ella no contradice el derecho de defensa ni el derecho a no autoincriminarse “dado que el hecho de someterse a una medida administrativa como lo es la prueba de alcoholemia no comporta en si misma una manifestación de voluntad autoincriminatoria, una voluntad exterior que aduzca un reconocimiento de culpabilidad por parte de la persona a la cual se le manifieste la práctica de la prueba, la cual se convierte en una prueba técnica que puede ser desvirtuada dentro del procedimiento administrativo correspondiente”.
3.10.2. La Corte Constitucional ha señalado –sentencia C-621 de 1998- que el procesado tiene la facultad de “hacer o dejar de hacer, decir o dejar de decir todo aquello que tienda a mantener la presunción que el ordenamiento jurídico ha establecido en su favor”. En esa medida, la norma acusada tiene como efecto tipificar la autoincriminación.
3.10.3. La contradicción existente entre el parágrafo segundo del artículo 5º de la Ley 1696 de 2013 que autoriza la retención preventiva de la licencia y el artículo 23 de la Ley 962 de 2005 en la que se prescribe que ninguna autoridad podrá retener la licencia de conducción, no debe resolverse mediante la acción pública de inconstitucionalidad, “pues lo que se evidencia no es una contradicción entre las normas y la Carta Política de 1991”.
3.11.1. El derecho a la no autoincriminación y a no formular declaración alguna respecto de la propia culpabilidad o la inocencia, constituyen garantías históricamente forjadas y de enorme valor liberal. Ahora bien, no resulta posible confundir la violación de tales garantías con la obligación “de prestar la colaboración necesaria a las autoridades para la investigación de hechos y conductas significativas para la seguridad y la tranquilidad públicas”.
3.11.2. Diferentes ordenamientos jurídicos han admitido medidas semejantes a la examinada en esta oportunidad. Incluso se ha previsto dicho comportamiento como un hecho punible en la legislación española. Ahora bien, la doctrina ha considerado que esto plantea la posibilidad de considerar al sindicado como un objeto de indagación. Adicionalmente, diferentes órganos, entre ellos el Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Saunders contra el Reino Unido), han considerado procedente la adopción de este tipo de medidas. Del primero de tales tribunales se encuentran las sentencias STC 252/1984, STC 103/1985, STC 107/1985, STC195/1987 y STC 161/1997. En una de ellas advierte que el ciudadano “como contrapartida de la propia permisión del riesgo circulatorio, tiene el correlativo deber de soportar las actuaciones de indagación y control, y de colaborar con su práctica, dentro de las garantías esenciales”.
3.11.3. En todo caso, el requerimiento de las autoridades debe estar precedido de todas las garantías. En esa dirección, el ciudadano cuenta con recursos administrativos y judiciales para controvertir las decisiones en caso de que las garantías no se hubieren hecho efectivas “como ocurriría si durante la práctica del procedimiento, por ejemplo, no se le explica claramente el por qué y para qué del mismo y el tipo de prueba por practicar”.
3.12.2. La norma acusada considera como hecho punible la contumacia. Como consecuencia de ello se somete al conductor a un estado de insuperable coacción ajena que le exige colaborar con las autoridades. Ello vulnera la dignidad humana y el derecho a la no autoincriminación dado que se “cercena por completo escogencia del individuo en pos del cumplimiento de un cometido estatal”.
Debe advertirse que la jurisprudencia constitucional –C-1287 de 2001- ha señalado que el derecho punitivo en la actualidad ha proscrito el empleo de medios de búsqueda de la verdad mediante el empleo de fuerzas físicas o morales que someten al individuo. Así pues es “inconcebible y cavernario forzar moralmente y atemorizar a un ciudadano con el fin de obtener de éste pruebas físicas, biológicas o confesiones; medios probatorios que son arrancados con fundamento base en el miedo y la intimidación policiva”.
3.12.5. La norma demandada desconoce el principio de racionalidad y proporcionalidad punitiva. En efecto, la norma establece, comparadas con las previstas en la Ley 769 de 2002, “cifras astronómicas, abusivas, exorbitantes, desproporcionadas, que en la praxis se hacen impagables” de manera que “el ciudadano que no pague una multa de éstas por evidente ausencia de capacidad de pago será reportado perpetuamente en el RUNT con las consecuencias jurídicas que ello acarrea”. Este planteamiento se apoya en la sentencia C-799 de 2003 y adquiere mayor fuerza al considerar que según algunos informes, los conductores que tienden a consumir bebidas alcohólicas antes de conducir son aquellos que se ubican en los estratos más bajos.
3.12.6. La retención preventiva de la licencia así como su reporte al RUNT desconocen la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho fundamental al buen nombre. En efecto, el registro de la retención preventiva en el referido sistema, desconoce que dicha medida no es el resultado de una sanción en tanto ella solo existe después de adelantar el procedimiento administrativo correspondiente. Ese registro desconoce que “una mera reseña no es antecedente”.
3.13.2. Dado que la conducción de vehículos es una actividad peligrosa, el Estado se encuentra habilitado para adoptar medidas de protección de los derechos de todos los que participan en el tráfico automotor. La conducta sancionada en la disposición, no consiste en conducir en estado de embriaguez sino en abstenerse de realizarse la prueba dispuesta por las autoridades de tránsito. Ahora bien, como las pruebas para detectar el estado de embriaguez pueden involucrar la toma de fluidos –sangre, orina, saliva o aire- es una condición indispensable el consentimiento de la persona. Ese consentimiento debe prestarse bajo todas las garantías de manera tal que se le permita conocer la clase de prueba así como las condiciones para llevar a cabo su práctica.
4.1. Solicita a la Corte (i) declarar la exequibilidad del parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1696 de 2013 en lo relativo a la posibilidad de que la autoridad administrativa conmine a la práctica de la prueba de alcoholemia; (ii) inhibirse de efectuar un pronunciamiento de fondo sobre la tasación normativa de la sanción por negarse a realizar la prueba de alcoholemia requerida por las autoridades de tránsito, prevista en el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, por insuficiencia de los cargos; (iii) declarar la constitucionalidad condicionada del parágrafo 2º del artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, en el entendido que la retención preventiva de la licencia, efectuada por el agente, únicamente tiene carácter transitorio hasta que la autoridad de tránsito que deba adelantar el proceso contravencional la deje en firme, permitiendo que se aduzcan razones para ejercer contradicción contra la misma, en un momento procesal previo a la resolución del fondo del asunto, cuando el conductor no acepte la sanción; (iv) inhibirse de efectuar un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del tratamiento integral contra el alcoholismo previsto en el artículo 8º de la Ley 1696 de 2013, en lo relativo a su naturaleza de pena accesoria, en el entendido que los cargos carecen de certeza; (v) declarar la exequibilidad condicionada de la expresión “contra el alcoholismo”, contenida en el artículo 8º de la Ley 1696 de 2013, en el entendido que el juez penal debe poder brindar tratamiento integral contra otro tipo de dependencias a sustancias psicoactivas, ya que la conducción bajo los efectos del alcohol no es la única causal que permite la comisión del homicidio culposo agravado.
4.2. Las normas constitucionales relativas al derecho de defensa, a la presunción de inocencia y a la garantía de no autoincriminación aseguran al individuo la posibilidad de asumir comportamientos de abstención pero, en modo alguno, de obstrucción. A pesar de que la jurisprudencia constitucional ha advertido que quien es investigado no tiene la obligación de colaborar con la administración de justicia en caso de que ello pueda suponer su incriminación, ello no puede extenderse al deber de permitir el recaudo probatorio. Así las cosas, “la facultad de no hacer es amplia, pero tiene su límite en las acciones u omisiones tendientes a impedir el hallazgo de la verdad material a través del recaudo probatorio”. La decisión de oponerse a la realización de la prueba para identificar la existencia de alcohol, no puede asumirse como una actuación amparada por la Carta en tanto “no se puede asimilar con la prerrogativa de no utilizar los medios procesales dispuestos ni con una opción legítima de guardar silencio.”
4.3. Teniendo en cuenta la competencia del legislador para regular los procesos y en particular para imponer deberes procesales tal y como se encuentra previsto en el artículo 60A de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, es posible concluir que “resulta constitucional que el Legislador haya previsto como un deber procesal, prestar colaboración a la práctica de la prueba de alcoholemia”. En todo caso, a pesar de que la realización de la prueba es manifestación del citado deber, no implica que el conductor no pueda controvertirla o que el inspector, en el trámite administrativo sancionador, no deba valorarla. También la sanción por sustraerse a la práctica de la prueba puede discutirse en el trámite administrativo correspondiente en el que deberán respetarse todas las garantías procesales.
La medida preventiva resulta inconstitucional si no puede ser controvertida de ninguna manera. Así las cosas “el ciudadano no tiene opción de alegar, contra la medida “preventiva”, que la prueba de alcoholemia no respetó sus garantías; no puede aducir contra ella prueba en contrario; no puede desvirtuar el margen de error de la prueba en su contra; que existe un error por haber registrado alcohol proveniente de productos como el enjuague bucal; no tiene como señalar que él no es peligroso como conductor en razón a que se encontraba en el límite más bajo de la prohibición, entre otros argumentos que podrían aducirse no sólo contra el fondo del asunto sino contra la medida “preventiva”, que por ser incuestionable resulta ser definitivamente anticipativa.”
4.7. Carece de certeza el cargo formulado en contra del artículo 8º de la Ley 1696 de 2013 consistente en indicar que dicha disposición establece una pena accesoria. La expresión empleada por el legislador es “brindar” sin imponer obligación alguna al sujeto condenado. Ahora bien, prever que a la persona que incurre en el agravante pero que ha consumido otro tipo de sustancia se le brinde un tratamiento contra el alcoholismo desconoce la igualdad en tanto ese tratamiento no se corresponde con la situación en la que se encuentra el conductor condenado. En atención a ello procede que la Corte condicione la constitucionalidad de la disposición estableciendo que el juez, en esos casos, “debe poder brindar tratamiento integral contra otro tipo de dependencias a sustancias psicoactivas.”
2.1. Las demandas acumuladas en esta oportunidad cuestionan la constitucionalidad de varias disposiciones de la Ley 1696 de 2013 cuyo objeto, según el artículo 1º consiste en establecer sanciones penales y administrativas a la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas. Con ese propósito se introducen modificaciones a varias disposiciones de la Ley 769 de 2002 –Código Nacional de Tránsito- que, a su vez, habían sido previamente modificadas en algunos casos por la Ley 1383 de 2010[2] y en otros por la Ley 1548 de 2012[3]. Igualmente, esa ley adopta nuevas normas guiadas por el propósito de hacer frente al problema de la conducción en estado de embriaguez y sus efectos.
En la nueva regulación, se consagra una circunstancia agravante del homicidio culposo cuando al momento de cometer la conducta se está conduciendo bajo un determinado grado de alcoholemia (art. 2); se establecen nuevas sanciones según el grado de alcoholemia y la reincidencia en la conducta, previendo además la retención transitoria de la licencia de conducción (art. 5); se agrava la sanción que se impone por la negativa a practicarse la prueba cuando la autoridad de tránsito formula un requerimiento (art. 5); se dispone la implementación de mecanismos para registrar en audio o video los procedimientos de tránsito (art. 6); se regula el registro de antecedentes de tránsito en el Registro Único Nacional de Tránsito –Runt- (art. 7); se impone la obligación de brindar tratamiento integral contra el alcoholismo a las personas cuya conducta encuadre en la causal de agravación por conducir bajo el influjo del alcohol; y se prevé la difusión de las sanciones establecidas en la ley, en aquellos lugares en los que se ofrezcan bebidas embriagantes y en los parqueaderos (art. 8).
3.2. Según la acusación, prever que en los supuestos de agravación del homicidio culposo antes mencionados se activa una obligación del Estado de brindar únicamente tratamientos para el alcoholismo, desconoce el deber constitucional de prestar asistencia específica en salud. Se afectaría con ello la dignidad humana y el derecho a la salud previsto en el artículo 49 de la Constitución. De hecho el último inciso de esta disposición, modificada por el Acto Legislativo 2 de 2009, establece que el Estado “dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas.”
La existencia de este régimen imponía al demandante la obligación de demostrar que el déficit del artículo 8º de la Ley 1696 de 2013, no era contrarrestado por la regulación incluida en la Ley 1566 de 2012. A pesar de ello, sostuvo su argumentación en una proposición jurídica inexistente –o al menos incompleta- según la cual el Estado no tiene el deber de ofrecer atención a quienes consumen drogas o sustancias que produzcan dependencia. Sobre ello guardó silencio y, en consecuencia, la acusación no consigue suscitar una duda mínima respecto de la constitucionalidad del artículo. La Corte se inhibirá de pronunciarse debido a la ausencia de certeza y, consecuencialmente, de suficiencia.
El texto actual del parágrafo 2º del artículo 152 del Código Nacional de Tránsito fue el resultado de la modificación que introdujo el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013[5]. Allí se establece una competencia de retención transitoria de la licencia de conducción en aquellos casos en los cuales se ha registrado en el conductor uno de los grados de alcoholemia no autorizados por la ley o se ha negado a la práctica de la prueba luego del requerimiento hecho por la autoridad de tránsito. Esa competencia debe ejercerse al momento de realizar la orden de comparendo. Tal medida, que debe registrarse de forma inmediata en el Registro Único Nacional de Tránsito –Runt-, tendrá vigencia hasta el momento en que adquiera firmeza el acto administrativo que adopte la decisión respecto de la responsabilidad contravencional.
3.3.1. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el Congreso de la Republica es titular de un amplio poder para valorar las opciones regulatorias relativas a las normas que rigen el tránsito terrestre. Esta competencia se adscribe a los numerales 1º -competencia general para adoptar leyes- y 25 del artículo 150 de la Carta –competencia para unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio nacional-.
Apoyándose en el reconocimiento de la cláusula general de competencia[6] este Tribunal ha señalado que “la naturaleza del tránsito terrestre, su carácter imperativo para garantizar el derecho a la movilidad y circulación de las personas y ciudadanos, el carácter de interés público que entraña y la prevalencia de este interés sobre el privado”[7] son circunstancias que fundamentan una “amplia facultad legislativa”[8] en tanto se trata de “un ámbito que es competencia especial del legislador”[9].
Tal facultad legislativa se anuda “a la necesidad de regular este ámbito de claro y prevalente interés público, garantizando que se realice en condiciones de seguridad, y con el fin de proteger la vida, la integridad, los bienes, la infraestructura y malla vial, el medio ambiente, entre otros fines, valores y derechos constitucionales de primer orden.”[10] En esa dirección “el tránsito es una actividad frente a la cual se ha considerado legítima una amplia intervención policiva del Estado, con el fin de garantizar el orden y proteger los derechos de las personas (…)”[11]. En otros términos “es el Estado, por conducto del legislador, el que debe determinar cuáles son las restricciones que deben imponerse para que el tránsito de vehículos y de peatones permita alcanzar niveles aceptables de orden, seguridad, salubridad y comodidad públicas.”[12]
Al amparo de tal atribución, el legislador tiene la obligación de adoptar una regulación adecuada para enfrentar los desafíos y las tensiones que suscita el desarrollo del tráfico terrestre. Esa competencia-obligación ha sido destacada indicando que “en materia de tránsito, en virtud de los artículos 2 y 82 constitucionales, el legislador está en la obligación de expedir normas jurídicas que busquen salvaguardar la seguridad vial, y con ella, los derechos a la vida e integridad personal de los demás conductores y peatones (…)”[13]. Supone todo esto un mandato de expedir normas que (i) garanticen la libertad de locomoción; (ii) controlen los riesgos que se asocian al tránsito terrestre, protegiendo los intereses de los conductores, peatones y demás agentes que pueden afectarse con su desarrollo; (iii) definan las autoridades con competencia para aplicar las disposiciones que regulan el tránsito así como el alcance de sus atribuciones; (iv) determinen los comportamientos de los conductores y peatones que requieren ser regulados o contrarrestados así como las sanciones aplicables cuando se desconocen las normas en la materia; y (v) establezcan los procedimientos que deben seguirse para investigar y sancionar las faltas.
Con fundamento en lo expuesto, la jurisprudencia de este Corporación ha señalado que “el control constitucional ejercido sobre las regulaciones de tránsito no debe ser tan riguroso como en otros campos a fin de no vulnerar esa amplitud de la libertad de configuración del Legislador (…)”[14]; o como también tuvo la oportunidad de indicarlo “[e]l control constitucional ejercido sobre las regulaciones de tránsito debe entonces ser dúctil (…) a fin de no vulnerar (…) las facultades del Legislador para regular el tránsito, debido a su carácter riesgoso.”[15]
3.3.3. Como toda competencia legislativa, de la Constitución también se siguen límites a su ejercicio. Ellos encuentran fundamento (i) en el deber de adoptar medidas legislativas de protección para conductores y peatones, lo que supone, correlativamente, una prohibición de protección deficiente o insuficiente de los intereses de quienes participan en el tránsito terrestre; (ii) en la proscripción de normas que vulneren garantías constitucionales precisas –relativas a la libertad o al debido proceso, por ejemplo-; y (iii) en la prohibición de restricciones desproporcionadas a las normas que reconocen derechos[32].
Considerando esos límites ha concluido que se oponen a la Carta las normas que (a) restringen a las zonas urbanas determinadas medidas de protección[33] o (b) permiten únicamente perros lazarillos en vehículos de servicio público[34]. Ha señalado también que se oponen al texto de la Constitución (c) la prohibición absoluta de circulación de vehículos de tracción animal[35]; (d) la competencia de las autoridades para disponer en pública subasta –sin una regulación clara- de los bienes inmovilizados[36]; (e) la posibilidad de establecer que la inasistencia del propietario, después de la citación que le cursan los organismos de tránsito, conducirá a la imposición de la sanción[37]; (f) la fijación de un régimen de garantías procesales más favorable para los conductores de servicio público[38]; o (g) la atribución de competencias a los organismos o autoridades de tránsito para imponer la sanción de arresto[39].
“(…) esta Corte ha destacado que en materia de regulación de los procedimientos y procesos administrativos en materia de tránsito, y de regulación de los procedimientos para la aplicación de restricciones o sanciones por infracciones de tránsito, le asiste igualmente al Legislador una amplia potestad de regulación, de conformidad con las disposiciones generales consagradas en los artículos 29 y 150, numerales 1° y 2° de la Constitución Política, que consagra que es al Legislador a quien corresponde regular los diversos procesos judiciales y administrativos, y establecer las etapas, oportunidades y formalidades aplicables a cada uno de ellos, así como los términos para interponer las distintas acciones y recursos ante las autoridades judiciales y administrativas.
En materia de procedimientos y procesos administrativos para la imposición de sanciones de tránsito por infracciones, ha insistido igualmente la jurisprudencia constitucional, que tal regulación debe enmarcarse dentro de los principios, derechos fundamentales y valores esenciales del Estado constitucional de Derecho, y que cualquier procedimiento o proceso administrativo de tránsito debe ajustarse a las exigencias del debido proceso contenido en el artículo 29 Superior. De esta manera, la regulación que realice el Legislador de los diversos procedimientos y procesos administrativos se debe ajustar a las garantías sustanciales y formales que exige el derecho fundamental al debido proceso. (…)”
3.3.4.1.2. Posteriormente, en la sentencia C-017 de 2004, juzgó una norma que prohibía renovar la licencia de conducción en aquellos eventos en los cuales o bien subsistía una sanción contra su tenencia o bien su titular figurara como deudor por sanciones debidamente ejecutoriadas. Sostuvo que ese tipo de medidas coactivas resultaban ajustadas a la Constitución “si el instrumento (i) persigue un objetivo constitucional legítimo, (ii) es adecuado para alcanzar dicho objetivo, y (iii), es necesario dadas las circunstancias del caso.” Consideró este Tribunal que la medida aseguraba que quienes han sido sancionados no cometan nuevas infracciones hasta tanto cumplan sus obligaciones –lo que garantiza la efectividad de las normas de tránsito- (juicio de finalidad). También estimó que la medida era adecuada en tanto contribuía a la consecución de ese propósito (juicio de idoneidad). Advirtió, en tercer lugar, que se trataba de un medio indispensable en tanto era el único que conseguía, de manera efectiva, evitar que siguieran conduciendo aquellos que tenían obligaciones pendientes (juicio de necesidad). Finalmente, aunque no había anunciado la necesidad de realizar un examen de estricta proporcionalidad, explicó que la carga impuesta no era excesiva puesto que la renovación de la licencia de vehículos de servicio público era cada tres años, de manera que los conductores disponían de tiempo suficiente para recaudar los recursos para el pago.
3.3.4.1.3. En la sentencia C-018 de 2004 la Corte revisó varias disposiciones que fijaban como sanción, por incurrir en faltas de tránsito, la inmovilización del vehículo. Sostuvo que en atención al grado de afectación de la libertad de locomoción y a la competencia legislativa para regular la materia, la validez de la medida dependía (i) de la existencia de una finalidad constitucional importante (juicio de finalidad), (ii) de la ausencia de una prohibición constitucional para su empleo (juicio de no exclusión del medio) y (iiii) de su efectiva conducencia para alcanzar dicha finalidad (juicio de idoneidad). Luego de caracterizar las faltas que daban lugar a la inmovilización, concluyó que se trataba “de normas que imponen una restricción a un derecho (libertad de locomoción), en pro de un fin constitucionalmente importante (la protección de los derechos fundamentales de las personas que transitan por las vías y la conservación del orden público vial), a través de un medio que no está prohibido (imponer como sanción la retención temporal de un bien) y es efectivamente conducente para lograr el fin buscado.”
3.3.4.1.4. Años después, la Corte reconoció la correspondencia entre el método que debía emplearse para juzgar las normas relativas al régimen procedimental y sancionatorio en materia de tránsito y el denominado -por la jurisprudencia- juicio intermedio. Fue así como en la sentencia C-885 de 2010, indicó que el examen de la norma que establecía la inmovilización de las motocicletas ante la falta de pago de multas graves, debía efectuarse aplicando dicho juicio intermedio[41]. Ello implicaba “que la norma es razonable si propende por fines importantes constitucionalmente, mediante medios que no estén prohibidos y sean conducentes para llegar a los fines propuestos.” Aplicando ese examen, señaló que la regla juzgada (i) “está orientada a un fin importante, cual es el de proteger la vida y la integridad personal de las personas”; a continuación indicó que (ii) el medio, además de no encontrarse prohibido, (iii) resultaba efectivamente conducente dado que la norma imponía una restricción que obliga “a cumplir con la sanción económica impuesta” y “la certeza de la sanción pecuniaria, ante la severidad de la restricción por la inmovilización en caso de no pago, lleva a las personas a evitar incurrir en las contravenciones indicadas”.
3.3.5. En suma, la constitucionalidad de las normas que componen el régimen sancionatorio en materia de tránsito y establecen restricciones a los derechos de las personas, dependerá –al menos prima facie- de que no vulneren reglas constitucionales relevantes –como la fijada en el artículo 28- o, en caso de que impongan limites a derechos reconocidos en normas con estructura de principio, no desconozcan el principio de proporcionalidad -concretado en un juicio de intensidad intermedia-. De ser este último el caso, la Corte deberá evaluar si la medida persigue una finalidad constitucional importante y si ella, además de no encontrarse prohibida, contribuye sin ninguna duda a alcanzar el propósito identificado –efectiva conducencia-. Ahora bien, respecto de la intensidad del juicio no puede excluirse que en otros supuestos el examen de constitucionalidad deba ser más exigente si, por ejemplo, se afecta el goce de derechos fundamentales o se emplean categorías calificadas como sospechosas para establecer un trato diverso.
3.4.2.2.1. La retención preventiva de la licencia de conducción tiene como propósito evitar que una persona conduzca vehículos automotores si (a) se encuentra bajo los efectos del alcohol o (b) se niega a practicarse la prueba para establecer si ha consumido esa sustancia. A tal retención se adscriben propósitos constitucionales importantes como lo son la protección de la vida y la integridad, no solo de las personas que pueden ser afectadas por un conductor con algún grado de embriaguez, sino también del propio conductor que, bajo esas condiciones, pone en riesgo su propia integridad. La finalidad perseguida es importante –incluso imperiosa- dado que se funda en los artículos 11 (derecho a la vida), 12 (integridad personal) y 49 (derecho a la salud y deber de procurar el cuidado de la propia salud). A través de esa medida el Congreso y las autoridades de tránsito cumplen el deber constitucional de implementar políticas en esa dirección.
3.4.2.2.4. La conclusión a la que llega la Corte en esta oportunidad no se opone a la razón de la decisión que se sigue de la sentencia C-799 de 2003. En esa oportunidad, la Corte examinó una disposición del Código Nacional de Tránsito en la que se disponía la retención de la licencia de conducción si pasados treinta (30) días de la imposición de la multa, ésta no ha sido debidamente cancelada. La Corte concluyó que tal norma imponía una restricción excesiva a los derechos fundamentales dado que (i) no todas las personas se encuentran en la misma posición económica para pagar las multas y, en consecuencia, la retención podría afectar su derecho al trabajo; (ii) existían medios alternativos que hacen posible cobrar -jurisdicción coactiva-; (iii) en tanto la comisión de las faltas más graves suponían ya la sanción de suspensión o inmovilización del vehículo, la restricción resultaba superflua; y (iv) para el caso especial de los conductores del servicio público estaba previsto que la renovación periódica de la licencia –cada tres años- exigía el pago de todas las multas impuestas[44].
El demandante sostiene que prescribir la obligación de practicarse la pruebas físicas o clínicas referidas en la ley (alcoholimetría[49] y Alcoholuria[50]). Para definir la alcoholemia[51] bajo el apremio de sanciones especialmente fuertes, desconoce las posibilidades de defensa del conductor, en tanto la decisión de someterse o no a dicha prueba se ve especialmente restringida. En esa medida, ante la obligación legal de realizarse la prueba, el conductor termina aportando una prueba que, sin previa orden judicial, se toma de su cuerpo y puede obrar en su contra en el proceso correspondiente. Por lo expuesto, el problema jurídico que debe resolver la Corte es el siguiente:
La Corte se ha referido a este derecho, señalando que “lo integran el conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus derechos sustanciales y se logre el respeto de las formalidades propias del juicio, asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia”. (…)
3.2. Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, “de ser oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga” (…).
La jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia del derecho a la defensa en el contexto de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio se busca “impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado” (…). Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal, que “constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico” (…).”
“Ante la evidencia de que contra la persona se inicia un proceso penal que eventualmente puede culminar en una sentencia en su contra, aquélla cuenta con la garantía constitucional que presume su inocencia. Es el Estado el que corre con la carga de la prueba y, en consecuencia, es de su resorte impulsar la actividad procesal orientada a establecer la verdad de los hechos y a desvirtuar, si las pruebas que aporte y que se controvierten a lo largo del proceso se lo permiten, la presunción que favorece al procesado. De allí resulta que éste, quien no está en la posición jurídica activa, se halla exento de la carga de la prueba. No debe demostrar su inocencia. Le es lícito, entonces, hacer o dejar de hacer; decir o dejar de decir todo aquello que tienda a mantener la presunción que el ordenamiento jurídico ha establecido en su favor. Y en esa actitud, que es justamente la que el debido proceso protege, le es permitido callar. Más aún, la Constitución le asegura que no puede ser obligado a hablar si al hacerlo puede verse personalmente comprometido, confesar o incriminar a sus allegados.” (Subrayas no hacen parte del texto original)
En ese sentido, toda violación del derecho a la no autoincriminación (art. 33) constituye una violación del derecho a la actuación pasiva en el proceso sancionatorio -amparada por el derecho de defensa (art. 29)-[54]. Sin embargo, no toda violación del derecho a asumir comportamientos pasivos constituye una violación de la garantía a la no autoincriminación, en tanto esta última únicamente protege al sujeto –mediante una norma con estructura de regla- ante cualquier intento de obligarlo a emitir una declaración o manifestación escrita u oral que puede incriminarlo. Así las cosas, salvo que se trate de la imposición de una obligación de declarar, cualquier otra intervención en el derecho a comportarse pasivamente en un proceso sancionatorio, constituye una intervención en el derecho a la defensa cuya validez deberá evaluarse teniendo como punto de partida que se encuentra reconocido por una norma con estructura de principio.
4.5.4.1. La obligación de realizar las pruebas físicas o clínicas no tiene un impacto en el derecho a la no autoincriminación en tanto no se trata, como se dijo, de la obligación de manifestarse sobre los hechos[56]. Sin embargo, sí incide en la posibilidad de asumir comportamientos pasivos en hipótesis en las que la actuación –realizarse la prueba física o clínica- puede tener efectos en procedimientos sancionatorios. En esa medida la prueba obtenida mediante el examen físico o clínico constituye el fundamento de la orden de comparendo y luego, posiblemente, de la atribución de responsabilidad en el proceso contravencional regulado en el Código Nacional de Tránsito.
Sin embargo, en la hipótesis regulada por la norma acusada y referida a la infracción de normas de tránsito y que dan lugar al inicio de un proceso administrativo gobernado por las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, no se encuentra ordenada la previa autorización judicial dispuesta por el artículo 250.3 de la Constitución. Esta interferencia no queda tampoco comprendida por el derecho a no ser molestado sin autorización judicial que reconoce el artículo 28 de la Constitución, dado que la interpretación correcta de esa norma exige considerar que el concepto de molestia no comprende las intervenciones de las autoridades (i) que están previstas previamente en la ley, (ii) que cumplen funciones evidentemente preventivas, (iii) que no suponen interferencias excesivas en la intimidad, (iv) que no inciden en las comunicaciones, la libertad o el domicilio y (v) que se desarrollan en el marco de una actividad que requiere una vigilancia acentuada y que presupone del ciudadano –ex ante- una especie de consentimiento a la intervención. Adicionalmente, como se explicó más arriba, la obligación de realizarse la prueba, si bien puede restringir el derecho de defensa, persigue una finalidad constitucionalmente importante y es efectivamente conducente.
1.3.2. ¿Establecer como infracción de tránsito sancionable, la decisión de practicarse las pruebas físicas o clínicas que han sido requeridas por las autoridades de tránsito desconoce (i) el derecho de defensa (art. 29), el derecho a la no autoincriminación (art. 33) y la presunción de inocencia (art.29), al privar al conductor de la posibilidad de no realizarse una prueba que puede ser empleada para la imposición de sanciones administrativas y (ii) la prohibición constitucional de atribuir responsabilidad objetiva dado que se sanciona a una persona que actúa en ejercicio del derecho constitucional a la defensa?
A LA SENTENCIA C-633/14
DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCION Y TRABAJO DERIVADA DE LA RETENCION PROVISIONAL DE LA LICENCIA DE CONDUCCION-Juicio de proporcionalidad requería un nivel más exigente de escrutinio (Aclaración de voto)/TEST INTERMEDIO DE PROPORCIONALIDAD-Elementos a tener en cuenta (Aclaración de voto)
RETENCION PROVISIONAL DE LA LICENCIA POR CONDUCCION BAJO EL INFLUJO DEL ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS-Debe evitarse que la medida se convierta en una sanción anticipada, violatoria de la presunción de inocencia y del debido proceso y una fuente de responsabilidad patrimonial para el Estado (Aclaración de voto)
RETENCION PROVISIONAL DE LA LICENCIA POR CONDUCCION BAJO EL INFLUJO DEL ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS-Posibilidad de controvertir la medida ante la autoridad de tránsito quien podrá ordenar la devolución siempre que no se justifique la retención mientras se adelanta el proceso contravencional (Aclaración de voto)
SANCIONES PARA QUIEN SE REHUSE A LA PRACTICA DE LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA-Restricción justificada en razón de la importancia de prevenir y reducir los niveles de conducción de vehículos bajo los efectos del licor (Aclaración de voto)
SANCIONES PARA QUIEN SE REHUSE A LA PRACTICA DE LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA-Aplicación en cada caso concreto debe estar precedida de una motivación que dé cuenta de su idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad para alcanzar las finalidades previstas (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente D - 10081
Demandas de inconstitucionalidad contra algunos apartes de los artículos 5 y 8 de la Ley 1696 de 2013 “Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas”.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corporación, aclaro mi voto para precisar el sentido en el que acompaño la declaratoria de exequibilidad de las normas enjuiciadas, al igual que mi desacuerdo frente a algunos de los argumentos contenidos en la sentencia.
1. La decisión de la mayoría sostiene que la retención provisional de la licencia de conducir de quien sea sorprendido conduciendo bajo efectos de alcohol o drogas, hasta tanto esté en firme la decisión que resuelva de fondo el procedimiento contravencional, constituye una afectación de derechos “efímera” y “no especialmente seria”. Sobre esta base, la ponencia se decanta por efectuar un test intermedio de proporcionalidad, en el cual sólo examina: (i) que la medida persiga una finalidad importante; (ii) el medio no esté prohibido; (iii) que el medio sea efectivamente conducente.
No creo que pueda afirmarse que la afectación de derechos fundamentales a la libertad de locomoción y al trabajo que se deriva de la retención provisional de la licencia de conducir sea “efímera” y de poca monta. En la sentencia no se menciona ni siquiera cuál sería la duración de un proceso contravencional, cuando el artículo 158 del Código Nacional de Tránsito fija los términos del siguiente modo:
De acuerdo con esta norma, un procedimiento de tránsito que se ciña a los términos legales puede durar, hasta la decisión de primera instancia, alrededor de 7 meses, sin contar con el tiempo adicional que tarde la resolución de los recursos, que se rige por las normas del Código Administrativo. Para una persona que, por ejemplo, trabaja como repartidor de alimentos y necesita contar con la licencia para desempeñar su labor, una retención de la misma que tenga una duración tan prolongada supone una afectación intensa de su derecho al trabajo. Lo mismo cabría decir de quienes requieren contar con la posibilidad de conducir vehículo para movilizarse en zonas donde no existe suficiente transporte público (por ejemplo, zonas rurales apartadas). Así que, la calificación de esta afectación de los derechos a la libertad de locomoción y al trabajo como “no especialmente seria”, resulta, cuando menos, una ligereza.
En ese orden de ideas, no comparto la decisión de la mayoría de decantarse por un test intermedio de proporcionalidad, pues la intensidad de la medida enjuiciada requería un nivel más exigente de escrutinio. Pero aún de admitirse que correspondía efectuar un test intermedio de proporcionalidad, debe tenerse en cuenta que este no se limita sólo a examinar que (i) la medida persigue un fin importante, (ii) el medio no está prohibido y (iii) resulta efectivamente conducente para alcanzar el fin. Un juicio intermedio de proporcionalidad requiere, además, examinar si existe (iv) proporcionalidad entre el medio y el fin. Esta última parte del examen, que resulta de especial relevancia, se omite de manera inexplicable en el análisis; su realización habría puesto de manifiesto los problemas de estricta proporcionalidad que, en su aplicación a casos concretos, puede llegar a presentar la retención provisional de la licencia de conducir.
Por lo anterior, apoyé la exequibilidad simple de esta norma, bajo el entendido que, al momento de su aplicación, debe enjuiciarse su proporcionalidad en cada caso concreto. Debe evitarse que el recurso generalizado a esta medida se convierta en una sanción anticipada, violatoria de la presunción de inocencia y del debido proceso, al igual que una fuente de responsabilidad patrimonial para el Estado, pues una persona a quien se le retuvo su licencia de conducir por varios meses y a la postre se declara su no responsabilidad en un proceso contravencional, bien podría demandar al Estado por los perjuicios económicos derivados de la aplicación de esta medida tan desproporcionada. De ahí que, tal y como lo propuso el Ministerio Público en su intervención, debe darse al afectado por la medida la posibilidad de controvertirla ante la propia autoridad de tránsito, quien podrá ordenar la devolución de la licencia de conducir, siempre que no subsista ninguna razón que justifique la retención mientras se adelanta el proceso contravencional.
2. Por otra parte, en relación con la declaratoria de exequibilidad del parágrafo 3º del artículo 152 del Código Nacional de Tránsito, que establece las sanciones para quien se rehúse a la práctica de pruebas de alcoholemia, considero que, como lo afirmó la Corte en la sentencia C-822 de 2005, las normas que establecen la obligación de someterse a la práctica de pruebas constituyen una restricción del derecho a no auto incriminarse (art. 33 CP) y no sólo del derecho a la defensa (art. 29 CP) en su modalidad de derecho a asumir comportamientos pasivos, como se afirma en la sentencia. No obstante, considero que se trata de una restricción justificada, en razón de la importancia de prevenir y reducir los niveles de conducción de vehículos bajo los efectos del licor.
Por eso apoyé la exequibilidad de la norma. Sin embargo, en razón de las gravosas consecuencias previstas para quien se rehúse a la práctica de pruebas de alcoholemia - la cancelación definitiva de la licencia de conducir, multa de 1440 salarios mínimos diarios vigentes e inmovilización del vehículo por 20 días, su aplicación en cada caso concreto debe estar precedida de una motivación que dé cuenta de su idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad para alcanzar las finalidades previstas.
FRENTE A LA SENTENCIA C-633/14
CON PONENCIA DEL MAGISTRADO MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, QUE RESUELVE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTÍCULOS 5 Y 8 (PARCIALES) DE LA LEY 1696 DE 2013, INSTAURADA POR EL SEÑOR JUAN SEBASTIAN FAJARDO VANEGAS Y OTROSY OTROS.
DISPOSICIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS PARA SANCIONAR LA CONDUCCION BAJO EL INFLUJO DEL ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS-En el procedimiento para la imposición de la multa y de las demás consecuencias señaladas en la norma demandada se debe respetar el debido proceso y el derecho a la defensa (Aclaración de voto)
DEBIDO PROCESO-Alcance (Aclaración de voto)
DEBIDO PROCESO-Instrumentos internacionales (Aclaración de voto)
DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION-Alcance (Aclaración de voto)
DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION-Jurisprudencia constitucional (Aclaración de voto)
DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION-Finalidad (Aclaración de voto)
DISPOSICIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS PARA SANCIONAR LA CONDUCCION BAJO EL INFLUJO DEL ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS-El análisis de la conducta de oponerse a realizar el examen señalado en la norma demandada no puede ser realizado de una manera netamente objetiva, pues vulneraría el principio de culpabilidad, derivado del artículo 29 de la Carta Política (Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE CULPABILIDAD-Consecuencias (Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE NO ACCION SIN CULPA (Aclaración de voto)
DISPOSICIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS PARA SANCIONAR LA CONDUCCION BAJO EL INFLUJO DEL ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS-Es necesario analizar la situación específica de la persona y su motivación para no realizarse el examen señalado en la norma demandada (Aclaración de voto)
Problema jurídico planteado en la sentencia: ¿La competencia atribuida a las autoridades de tránsito para retener preventivamente la licencia de conducción hasta que se encuentre en firme el acto administrativo que determina la responsabilidad contravencional, desconoce los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de locomoción, al trabajo, al debido proceso, a la propiedad y a la presunción de inocencia, dado que autoriza su restricción sin el previo desarrollo de un procedimiento administrativo de conformidad con las garantías del debido proceso?
Motivo de la aclaración: en el procedimiento para la imposición de la multa y de las demás consecuencias señaladas en la norma demandada se debe respetar el debido proceso y el derecho a la defensa.
Aclaro el voto en la Sentencia C- 633 de 2014, pues si bien comparto la decisión considero necesario expresar las garantías que deben aplicarse para imponer la sanción contemplada en la norma demandada para respetar el debido proceso y el derecho a la defensa.
1. ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA C- 633 DE 2014
El accionante demanda de inconstitucionalidad de los artículos 5 y 8 (parciales) de la Ley 1696 de 2013, por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas, por cuanto considera que "impide rotundamente el ejercicio del derecho fundamental a la defensa del conductor que, legítimamente y en ejercicio del mismo, se abstenga de realizar las pruebas de alcoholemia" y además consagra una sanción desproporcionada y que vulnera la proscripción de responsabilidad objetiva.
Para la Corte, las competencias previstas por los parágrafos 2o y 3o del artículo 5o de la ley acusada son acordes a la Constitución, pues regulan lo relativo a una actividad peligrosa que pone en riesgo importantes valores constitucionales, además de no resultar desproporcionadas en razón a emplear medidas no proscritas por la Carta y ser efectivamente conducentes al logro del fin perseguido.
Considero necesario aclarar que teniendo en cuenta la gravedad de la sanción en su imposición deben respetarse de manera especial las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a la defensa:
2.1. En primer lugar, se deberá respetar el debido proceso cuyos trámites se encuentran contemplados en el artículo 158 del Código General de Tránsito y que incluye: (i) la apertura de la investigación, (ii) la rendición de descargos, la práctica de pruebas, la adopción de la decisión y la posibilidad de interponer los recursos administrativos y contenciosos administrativos[57].
2.2. En todas las fases de este procedimiento se deberá dejar participar a la defensa, la cual deberá ser notificada oportunamente para poder preparar si es del caso los argumentos necesarios para actuar en el trámite.
2.3. En ningún caso la conducta de no permitir la realización de las pruebas físicas o clínicas a que se refiere la presente ley podrá tener consecuencias penales, pues en ese evento se vulneraría claramente el derecho a la no autoincriminación contemplado en el artículo 33 de la Constitución, según el cual: "Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil"[58].Así mismo, esta garantía también se encuentra contemplada en algunos tratados internacionales:
(i) El artículo 8o de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, expresa que:
"Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) '
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable ".
(ii) El Pacto Universal de Derechos Humanos, en su artículo 14 dispone lo siguiente:
"1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil... ".
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable ".
La Corte Constitucional ha definido este principio y ha señalado sus consecuencias concretas:
En la Sentencia C-l 15 de 2008 expresó: "El artículo 33 de la Constitución Política contempla la inmunidad penal, también denominada principio de no autoincriminación, según el cual nadie podrá ser conminado a declarar, esto es manifestar o hacer público algo, contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Este principio además de favorecer la indemnidad del ser humano ante sí mismo y frente al Estado, para que no sea compelido a expresar algo que resulte contrario a su propia intimidad e intereses personales, el precepto constitucional ampara también la armonía familiar y el derecho de una persona a procurar el bienestar suyo y de sus familiares ".
Por su parte, la finalidad de este derecho es "es proscribir toda actuación de las autoridades que pretenda la confesión involuntaria de quien es parte en un proceso "[59], lo cual puede suceder si se derivan consecuencias penales de la negativa a que la persona se haga los exámenes señalados en la norma.
2.4. Finalmente, el análisis de la conducta de oponerse a realizar el examen señalado en la norma demandada no puede ser realizado de una manera netamente objetiva, pues se vulneraría el principio de culpabilidad, derivado de artículo 29 de la Carta Política y que en nuestro ordenamiento tiene las siguientes consecuencias:
(i)El Derecho penal de acto, por el cual "sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente"[60]. Sobre este principio la Corte Constitucional ha señalado: "La Constitución colombiana consagra el Derecho Penal de acto, en cuanto erige un Estado Social de Derecho, que tiene como uno de sus pilares el respeto de la dignidad humana (Art. 1 °), asigna el carácter de valor fundamental a la libertad de las personas (preámbulo) en sus diversas modalidades o manifestaciones, destaca que todas las personas nacen libres (Art. 13) y que toda persona es libre (Art. 28) y preceptúa específicamente en relación con la responsabilidad penal que nadie puede ser reducido a prisión o arresto ni detenido sino por motivo previamente definido en la ley (Art. 28) y que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al "acto que se le imputa ", como también que toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente "culpable "(Art. 29) "[61].
"En la doctrina penal se distingue entre el Derecho Penal de autor y el Derecho Penal de acto, i) En el primero, el sujeto responde por su ser, por sus condiciones sicofísicas o su personalidad, que se consideran peligrosos para la sociedad, por su supuesta inclinación natural al delito, con un criterio determinista, de modo que el sujeto resulta condenado por la naturaleza a sufrir las condenas penales, por obra del destino y, por tanto, de modo fatal o inevitable. En este orden de ideas no es relevante que aquel cometa infracciones, sino que tenga la potencialidad de cometerlas, ii) En el segundo, el sujeto responde por sus actos conscientes y libres, es decir por la comisión de conductas conocidas y queridas por el mismo, previstas expresa y previamente en la ley como contrarias a bienes fundamentales de la sociedad y de sus miembros y que hacen a aquel merecedor de una sanción. Esta clase de Derecho, inspirado por la filosofía liberal y fundado en la dignidad humana, ha sido acogido por los regímenes políticos democráticos y encuentra fundamento en varios preceptos de la Constitución colombiana, entre ellos el Art. 29. Por sus fundamentos filosóficos y políticos, la responsabilidad derivada de esta última concepción del Derecho Penal es necesariamente subjetiva, es decir, exige la existencia de la culpabilidad, en alguna de las modalidades previstas en la ley, en la comisión de la conducta”[62]
(ii) El principio según el cual no hay acción sin voluntad, que exige la configuración del elemento subjetivo del delito. De acuerdo al mismo, ningún hecho o comportamiento humano es valorado como acción, sino es el fruto de una decisión; por tanto, no puede ser castigado si no es intencional, esto es, realizado con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer[63].
(iii) El grado de culpabilidad es uno de los criterios básicos de imposición de la pena es, de tal manera que a su autor se le impone una sanción, mayor o menor, atendiendo a la entidad del juicio de exigibilidad, es decir, la pena debe ser proporcional al grado de culpabilidad[64].
De esta manera, estas circunstancias deben ser tenidas en cuenta en el proceso, en el cual no pueden adoptarse decisiones de manera automática, sino que es necesario analizar la situación específica de la persona y su motivación para no realizarse el examen.
[4] Según su epígrafe la Ley adopta normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional “entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias” psicoactivas.
[5] Antes de dicha ley el parágrafo 2 –introducido por la Ley 1383 de 2010, tenía un contenido diferente. Prescribía lo siguiente: “La certificación de la sensibilización será indispensable para la entrega de la licencia de conducción suspendida.”
[6] Así fue señalado en la sentencia C-362 de 1996 en la que esta Corporación indicó: “El Congreso es el órgano del Estado competente para regular lo referido al tránsito automotor y, por consiguiente, para dictar la norma bajo análisis, de acuerdo con la cláusula general de competencia contenida en el artículo 150 de la Constitución.”
[7] Sentencia C-089 de 2011.También en esa dirección se encuentran las sentencias C-799 de 2003 y C-530 de 2003. En adición a ello, cuando de la regulación del servicio público de transporte se trata, la competencia legislativa encuentra un fundamento directo en el artículo 150.23. Sobre el particular este Tribunal ha señalado en la sentencia C-408 de 2004: “Ahora bien, como se señaló la prestación del servicio público de transporte es regulada por la ley por expreso mandato de la Carta Política (art. 150-23), de ahí que corresponda al Congreso la expedición de leyes que regulen la prestación permanente, continua y regular de dicho servicio, dada la íntima conexidad del servicio público de transporte con algunos derechos fundamentales, así como la función económica que con la prestación de ese servicio público se cumple.”
[40] Indicó la Corte: “La desproporción de las atribuciones administrativas para retener la licencia de conducción o inmovilizar el vehículo de los infractores de tránsito que se hallen en mora de cancelar la sanción de multa deviene del desconocimiento del legislador a cerca de la realidad socioeconómica de un grupo importante de conductores.”
[41] La referencia a esta metodología como la dominante en el control constitucional de normas de tránsito que restringían la libertad de circulación fue planteada así por la Corte en la sentencia C-089 de 2011: “Acerca del nivel de intensidad del juicio de constitucionalidad respecto de sanciones por infracciones de las normas de tránsito, la Corte ha establecido que el juicio que procede en estos casos es un juicio intermedio de constitucionalidad, el cual resulta de tener en cuenta, de un lado, el carácter de las normas que imponen sanciones a las infracciones de tránsito y la afectación de derechos constitucionales de las personas, frente a lo cual se impone un juicio estricto de constitucionalidad; y de otro lado, el que se trata de normas de tránsito respecto de las cuales le asiste una amplia libertad de configuración al Legislador en esta materia, lo cual impone un juicio leve.”
[43] Al referirse a la detención preventiva -una de las medidas más complejas- ha explicado la Corte en la sentencia C-289 de 2012: “De forma unánime y reiterada, esta Corte ha indicado que “la detención preventiva es compatible con la Constitución y no resulta contraria a la presunción de inocencia, en cuanto que, precisamente, tiene un carácter preventivo, no sancionatorio” (…). Así, “por su propia naturaleza (…) tiene una duración precaria o temporal porque su finalidad no es sancionatoria, ni está dirigida a resocializar, ni a prevenir el delito ni a ejemplarizar, sino que su finalidad es puramente procesal y asegurar el resultado exitoso del proceso penal”. En otras palabras, con la detención preventiva no se busca castigar a una persona no condenada, pues ello sería contrario a la presunción de inocencia, sino prevenir ciertos hechos que, de presentarse, darían al traste con el proceso penal, tales como (i) la obstaculización del mismo, (ii) la puesta en peligro de la sociedad o de la víctima, (iii) la ausencia del imputado o la falta de cumplimiento de la sentencia (…).”
[54] El artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos dispone en el numeral 3 que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.” En un sentido similar se encuentra el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
[56] Esta conclusión coincide con la posición sostenida al respecto por el Tribunal Constitucional Español. En la sentencia 161 de 1997 explicó: “Tampoco menoscaban per se el derecho a la presunción de inocencia por inversión de la carga material de la prueba. Las pruebas de detección discutidas, ya consistan en la espiración de aire, ya en la extracción de sangre, en el análisis de orina o en un examen médico, no constituyen actuaciones encaminadas a obtener del sujeto el reconocimiento de determinados hechos o su interpretación o valoración de los mismos, sino simples pericias de resultado incierto que, con independencia de que su mecánica concreta no requiera sólo un comportamiento exclusivamente pasivo, no pueden catalogarse como obligaciones de autoincriminarse, es decir, como aportaciones o contribuciones del sujeto que sostengan o puedan sostener directamente, en el sentido antes dicho, su propia imputación penal o administrativa, ya que, según se dijo en la STC 76/1990respecto de la obligación de exhibir o aportar determinados documentos contables, con ello quien se ve sometido a esas pruebas "no está haciendo una declaración de voluntad ni emite una declaración que exteriorice un contenido admitiendo su culpabilidad". En el mismo sentido se pronuncia la STC 197/1995 en relación con la obligación del titular de un vehículo de identificar al conductor presuntamente responsable de una infracción. De ahí que no exista el derecho a no someterse a estas pruebas y sí, por contra, la obligación de soportarlas. (…)”
ARTICULO 158. PROCEDIMIENTO. El procedimiento para regular las actuaciones a que se refiere este capítulo, se someterá a las siguientes reglas:
Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno que
señalará los hechos y las normas presuntamente violadas.
PARAGRAFO lo. Los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso
PARAGRAFO 2o. Igualmente, se someterán a este procedimiento todas aquellas infracciones de las normas de este Código que, dada su naturaleza, no tengan señalado un procedimiento específico para su definición.
[58]ARTlCULO 33.
'Sentencia C-403/97 M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa
[60] Sentencia de la Corte Constitucional C-239 de 1997. En igual sentido: Sentencia C-179 de 1997, M.P. Clara
[61]Sentencia de la Corte Constitucional C-077 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería,
[62] Sentencia de la Corte Constitucional C-077 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[63] Sentencia de la Corte Constitucional C-239 de 1997. En igual sentido: Sentencia C-616 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-928 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[64] Sentencia de la Corte Constitucional C-239 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.