Source: https://www.puntosobrelai.net/los-trabajadores-buscan-defenderse/
Timestamp: 2019-12-09 06:58:18
Document Index: 213033889

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Los trabajadores buscan defenderse - El Punto Sobre La i
“También me preocupa que los experimentos sean soluciones técnicas para problemas políticos que deberían resolverse mediante el debate democrático. Es poco alentador que los experimentos se suelan hacer con los pobres, pero sin su colaboración”.
Premio Nobel de Economía, 2015[1]
En materia de pensiones resulta prudente distinguir entre el uso, la rentabilidad y el rendimiento neto de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos.
La pertinencia de distinguir entre uso (por inversores), rentabilidad (para los administradores) y rendimiento neto (para los dueños) de esos fondos de pensiones se han ganado después de años de debate público sobre el uso de los recursos pensionarios y, por fortuna, ya han sido integradas al cuadro más amplio de las agendas de los diferentes grupos de jubilados y pensionados que brotan sin cesar por doquier (Leal, 2014; Leal 2014a).
Las dos reformas paramétricas[2] que se exponen a continuación confirman la gran preocupación de los dueños de los fondos por el uso que se les ha dado a sus recursos durante los últimos 18 años, así como los grandes desafíos que traza la ausencia de cualquier estabilidad pensionaria para un amplio porcentaje de la población.
Muy poco se conocen los términos, vicisitudes, “usos y costumbres” parlamentarias así como la interposición de recursos judiciales, en que han transcurrido estos ajustes pensionarios locales. En las siguientes páginas se documentan, descriptivamente y sobre la base de materiales periodísticos, tan sólo dos casos de una larga cadena de procesos que se han sucedido en ramillete durante los últimos diez años.
Aunque el discurso oficial que propala la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar, 2015) insiste en forzar la comparación técnicamente imposible entre los “costos” del esquema de reparto frente a los “beneficios” del sistema de capitalización (Leal, Padilla, Nava, 2015), es un hecho que experiencias como las del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) y Tlaxcala describen otra realidad.
Basta considerar que, después de más de tres quinquenios de operación del sistema de cuentas individuales privadas que norma nuestra Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y que data de 1997, el más reciente documento de referencia gubernamental, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, reconoce sin reparo alguno que:
“En 2010, la carencia por acceso a la seguridad social ascendió a 60.7% del total de la población del país… El Sistema de Seguridad Social en México también se caracteriza por la falta de portabilidad de derechos entre los diversos subsistemas que existen tanto a nivel federal como en las entidades federativas y municipios. La consecuencia directa de esta deficiencia es que quienes deciden cambiar de empleador, antes de cumplir con cierta antigüedad laboral, pierden sus beneficios pensionarios y de atención médica, generando un gran número de trabajadores con largas trayectorias laborales y desprotección en la vejez”.
El caso del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) y Tlaxcala confirman que ese gran debate nacional sobre el uso de los recursos pensionarios es impostergable (Leal, Padilla, Nava, 2015; Hoyo, 2014).
2012. LA REFORMA AL ISSEMYM
Reforma estructural al Issemym, propone el gobernador Eruviel Ávila
En diciembre 2012, ante el apremio que generan las pensiones y jubilaciones a las finanzas del Issemym, el gobernador Eruviel Ávila Villegas envió una iniciativa de reformas legislativas, con la que se busca extender de 57 a 65 años la edad para jubilarse, y así dar viabilidad financiera a la institución para los próximos años[3]. La iniciativa, que deberá ser analizada por las comisiones unidas del Congreso local, señala en su exposición de motivos que si no hay adecuaciones legales, el sistema de seguridad social mexiquense queda en riesgo. Agrega que el número de servidores públicos en activo crece en un promedio anual de 4%, y el de pensionados y pensionistas en 8%, por lo que ya existe un desequilibrio en las finanzas. También se advierte que actualmente, 40% del presupuesto del Instituto se destina al pago de pensiones, y alerta que, de continuar así, para principios de 2014 el organismo ya no tendrá fondos para ofrecer servicios de salud, y después para pensiones. Actualmente la ley afirma que un trabajador requiere 35 años de servicio para jubilarse, o tener 57 años y al menos cinco de servicio ininterrumpido. La propuesta de Eruviel Ávila señala que para lograr la totalidad de la jubilación, se debe tener 65 años de edad. Además, el gobierno del estado propone subir las cuotas para los servicios de salud y el porcentaje de aportaciones que deberán hacer los trabajadores e instituciones empleadoras (estado y municipios). Los incrementos en las aportaciones al fondo de pensiones irían de 1.25 y 2% para los trabajadores, y de 1.77 a 5.5% a instituciones públicas. Sobre el alza al porcentaje de las cuotas obligatorias para cubrir las prestaciones de salud, se propone pasar de un descuento de 3.5% del salario del trabajador, a 4.75 del salario. Por su parte, a los pensionados y pensionistas a quienes se descuenta 4.5% de su pensión ahora, se les descontará 6.5%. Las aportaciones de las instituciones públicas para los servicios de salud pasarían a 10% del sueldo de los trabajadores, cuando en la actualidad es de 7.5 por ciento.
Decenas de docentes hicieron un último intento de persuadir a los diputados locales de rechazar en el pleno las reformas a la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado[4]. Primero se manifestaron afuera del Palacio Legislativo, luego en una reunión con legisladores del PRI, fuerza mayoritaria en el Congreso, los profesores pidieron postergar la aprobación para realizar una consulta al magisterio y la burocracia mexiquense y encontrar una salida que dé viabilidad financiera a la institución; incluso propusieron que el incremento en las aportaciones se haga de manera gradual y no súbitamente. Las protestas y reuniones no tuvieron mucho éxito, pues la aprobación de las reformas fue incluida en el orden del día de la sesión que se desarrollaría para cerrar el primer periodo de sesiones. Estas modificaciones —con las que se pretende salvar de la quiebra al Instituto, según han argumentado en el Instituto—, serían avaladas por el PRI, PAN, Panal y Partido Verde, mientras el PT votaría en contra y el PRD lo haría en forma diferenciada. Los maestros lamentaron la nula receptividad de los diputados y cuestionaron, por qué de nuevo sesionaron durante la madrugada para aprobar algo tan trascendente y lesivo para la economía de más de 338 mil servidores públicos del estado y municipios. Los pocos más de 50 profesores que llegaron al Congreso criticaron la actitud de los dirigentes sindicales de la burocracia mexiquense y del magisterio, quienes “nunca alzaron la voz para protestar e impedir este golpe a los trabajadores”, ni “mucho menos tuvieron el valor de informar a sus agremiados lo que se estaba cocinando”, dijo Serafín Pineda, delegado del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM). Norberto López Ponce, también delegado del SMSEM e investigador del Colegio de Ciencias de la Educación, adelantó que buscarán recurrir al amparo para impedir la aplicación de estas enmiendas.
Aprueban el incremento de cuotas
Las comisiones de Gobernación y Trabajo del Congreso mexiquense aprobaron en diciembre 2012 la reforma a la Ley del Issemym para garantizar, por los siguientes 20 años, el sistema de pensiones y servicios de salud[5]. Con el ajuste, las cuotas que pagan los trabajadores aumentan en un 50 por ciento, aproximadamente, mientras que el incremento de aportaciones del Gobierno estatal a este organismo, durante 2013, representará alrededor de mil 900 millones de pesos. A favor de la reforma votaron el PAN, PRI y Nueva Alianza, en tanto que en lo general la rechazaron el PRD y PT, quienes cuestionaron que las autoridades del Issemym no justificaron el incremento a cuotas. La elevación en la edad de jubilación quedó en 62 años. El PRI aclaró que se hizo un cambio de último momento, donde el aumento en la edad para alcanzar la jubilación se ajustará de manera gradual, por lo que en 2013 se podrán jubilar con 58 años; en 2014 con 59; en 2015 con 60, en 2016 con 61 y en 2017 con 62. Independientemente de la edad, los trabajadores también podrán jubilarse si cumplen 35 años de servicio, tope que no fue modificado. El secretario de Finanzas del Estado de México, Erasto Martínez, admitió que la medida puede ser una decisión no agradable, pero la urgencia era cuidar los servicios de salud y pensiones.
“Tenemos un millón 50 mil derechohabientes, y trabajadores en activo son 350 mil, en número redondos, la balanza es impresionante. Podría ser mucho más irresponsable poner en riesgo las pensiones de los trabajadores. Sé que no es una decisión que guste, que tal vez no debería tomarse para no afectar la economía del trabajador, pero sería más irresponsable no asumir la obligación que tenemos”.
La aportación de los trabajadores y pensionados se elevarán. En menos de hora y media de discusión, y en una sesión inusual realizada en sábado, se avaló el dictamen. La votación en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y del Trabajo y Previsión Social, quedó con 20 sufragios en favor y dos en contra, de los diputados Silvestre García del PRD, y Norberto Morales, del PT, con el argumento de que los trabajadores y los pensionados no fueron consultados para estas modificaciones. Además —dijeron— no hubo disposición de las autoridades del Issemym para proporcionales mayor información de la que entregó un funcionario menor del Instituto ante los legisladores. Con las reformas aprobadas, los más de 338 mil burócratas activos y 35 mil pensionados deberán aportar más al Instituto para salvarlo de la quiebra, pues sin reforma, “no tendría viabilidad financiera en el primer trimestre de 2014”, aseveró Juan Pablo Ortiz, jefe de la Unidad de Planeación del Issemym. Añadió que en la actualidad el organismo opera con déficit anual de 19%, lo que ha obligado a hacer uso del fondo de reserva de los pensionados para sufragar gastos de operación diaria. Argumentó que el envejecimiento de la población y el crecimiento del número de jubilados en la entidad, presionó a las finanzas del Instituto. Explicó que la nómina de pensionados se incrementa cada año y de los mil millones que se utilizaban en 2003 para cubrir las pensiones, en 2012 se ocuparon casi 5 mil millones de pesos. “Actualmente, más de 22 mil personas tienen derecho a pensionarse y si hoy todas se jubilaran, no habría cómo enfrentar el reto, porque la nómina de pensionados se duplicaría”. Los argumentos fueron repetidos por los diputados del PRI y Panal; incluso el legislador Enrique Mendoza afirmó que la reforma no era cosa menor, sino “un asunto de Estado”. Sus correligionarios Manuel Castrejón, Armando Corona y Alberto Hernández del Panal, justificaron que la situación del Instituto y sus pensiones no son exclusivas de la entidad. El perredista Silvestre García pidió en más de dos ocasiones información para verificar el estado real de las finanzas del Instituto y saber qué ocurrió o quién falló para llegar a este extremo, porque en la última reforma de 2001, donde se aprobó el incremento de cuotas “nos dijeron que el Instituto tendrá viabilidad 20 años, y no fue así. Entonces, alguien mintió o algo falló y eso queremos saber”. Previo a la votación, los diputados Silvestre García (PRD) y Norberto Morales (PT) pidieron que en vez del aumento, se optara por castigar a ayuntamientos y organismos públicos que retienen aportaciones de trabajadores, pero no las entregan al Instituto, ya que actualmente los municipios del estado tienen una deuda con el Instituto por este concepto de más de 800 millones de pesos.
Norberto López Ponce, investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación, explicó que la reforma afectará severamente la economía de los trabajadores. Puso de ejemplo el salario de un profesor categoría F-12, con sueldo de 7 mil 517 pesos mensuales. Si actualmente aporta 640 pesos al Issemym, con la reforma, a partir de enero, de 2013, deberá contribuir con casi mil pesos. En la entidad hay más de 40 mil profesores en esa situación. La iniciativa no sólo contempla aumentar la aportación de los servidores públicos sino, también de las instituciones[6].
Impulsan amparos
Por su parte, el secretario general del SMSEM, Héctor Ulises Castro Gonzaga, promovió un amparo federal contra el aumento a las aportaciones que hacen más de 93 mil trabajadores de este sector al Issemym[7].
Unos 800 afiliados al SMSEM marcharon en Toluca para demandar al Congreso local que derogue el incremento a las cuotas al Instituto. Señalaron que sus salarios oscilan entre 8 mil 500 y 10 mil pesos mensuales y los descuentos que les permiten acceder a servicios médicos y aportar al fondo mutuo de jubilación van de 800 a mil 200 pesos mensuales. Provenientes de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, Tultitlán, Cuautitlán, Huixquilucan y Toluca, entre otros municipios, los maestros reprocharon a los diputados haber aprobado las reformas sin haber consultado a los afectados y sin hacer un análisis minucioso. “¿Cómo es posible que hayan aprobado estas reformas, que perjudican a más de 80 mil maestros estatales, cuando no conocen a ciencia cierta cuál es la situación financiera del Instituto?”, reprocharon con gritos, coros, pancartas y mantas. Los legisladores dijeron que sin las reformas el Instituto quebraría en menos de un año, pero nunca mostraron estados financieros del organismo, agregaron. A los legisladores les gritaron “vendidos”, les exigieron una auditoría integral al Issemym y dar a conocer públicamente los resultados. El instituto, aseguraron, “ha sido la casa chica del gobierno desde hace muchos años”. Días antes, un centenar de maestros protestó frente al palacio de gobierno del estado donde demandaron un incremento salarial emergente de 10 por ciento, ya que el aumento de 5.5 por ciento pactado por la dirigencia sindical y el gobierno del estado prácticamente quedó anulado con la entrada el vigor de las reformas del Issemym[8].
Desestima Issemym operar en viviendas
En Atizapán, Estado de México, el médico Felipe de Jesús Villalobos, director de la clínica del Issemym que opera en una casa en Las Alamedas, ve como normal ocupar una vivienda particular para ese centro médico, debido a la falta de espacios habilitados específicamente para ello.
“La clínica tiene 34 años de existir, hemos estado en diferentes zonas de Atizapán y normalmente estamos en casas particulares porque no hay un lugar específico para la clínica. Hemos buscado y no se ha encontrado un edificio o una cosa así”.
Desde septiembre de 2011, la casa ubicada en Paseo de la Palomas 140 ha dejado de ser una residencia: en las habitaciones se han adaptado cuatro consultorios, lo que genera que la operación de vehículos sea mayor. Villalobos mostró un oficio emitido por el Ayuntamiento en 2008 que habilita el uso de la casa como de Servicios Asistenciales, con lo que están funcionando. Sin embargo, la vivienda no cuenta con uso de suelo pleno para realizar esta labor, según confirmaron en la Dirección de Desarrollo Urbano municipal. “La dueña de la casa ya metió su solicitud para cambio de uso de suelo y está en espera de una respuesta del Municipio”. No obstante, los planes del Instituto de Salud para la clínica incluyen construir un edificio dedicado a consulta sobre un predio donado por el municipio, y que se espera esté listo dentro de un año, y dejar esta vivienda. De acuerdo con datos del Issemym, la clínica, atiende a 18 mil 500 derechohabientes que viven en la zona. Vecinos han expresado su inconformidad por la clínica, pues señalaron que los autos de los pacientes han llegado a obstruir sus entradas, incluso, el presidente de la Asociación de Colonos afirmó haber llevado la petición al Gobernador Eruviel Ávila[9].
Nuevo despertar, Rafael Calzada
La Corte resuelve a favor de los pensionados
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la cuota del monto de la pensión que deben cubrir pensionados y pensionistas al Issemym para la prestación de los servicios de salud que proporciona, es inequitativa y desproporcional. Esta resolución tiene su origen en una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito, a efecto de determinar si el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, al establecer la mencionada cuota, viola los principios de equidad y proporcionalidad tributarios. Como antecedente, es necesario apuntar que mientras el citado artículo 33 dispone que la cuota que deben enterar los pensionados es del 6% del monto de su pensión, el artículo 32 de la misma ley fija en 4.625% del sueldo sujeto a cotización, la cuota que deben cubrir los servidores públicos en activo. Así también, establece que por disposición legal, las aportaciones y cuotas de seguridad social son contribuciones, igual que los impuestos o derechos, por lo que están sujetas a los principios de equidad y proporcionalidad tributarios que derivan del artículo 31, fracción IV, de la Constitución. Sobre estas bases, la Sala consideró que el artículo 33 de la mencionada Ley viola el principio de proporcionalidad, porque establece una cuota para pensionados y pensionistas, y otra para trabajadores en activo, sin atender a su capacidad económica, pues determina para los primeros una cuota mayor que para los segundos, no obstante que los pensionados obtienen menores ingresos que los trabajadores en activo. Incluso, la pensión que reciben aquéllos se fija en función de sueldo base de cotización, que no incluye todas las prestaciones que recibe un trabajador en activo. De igual manera, la Sala consideró que se viola el principio de equidad, pues a los trabajadores en activo se les impone una cuota menor que a los pensionados, justamente para cubrir la prestación de los mismos servicios de salud, es decir, en ambos casos está destinada a un mismo fin. Ese trato diferenciado —se razonó— no encuentra justificación, ni en la crisis financiera que atraviesa el Instituto, ni en el creciente número de jubilados, los que a fin de cuentas contribuyeron durante su vida laboral, con base en la cuota que en su momento se consideró necesaria para sufragar su pensión, incluidos los servicios de salud. Una vez más, el máximo tribunal, en estricto apego a la Constitución, salvaguarda los derechos de los pensionados, a través de esta resolución que contribuye a eliminar una carga que de manera inequitativa y desproporcional disminuye sus pensiones[10].
2013. LA REFORMA A LA LEY DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA
Cierran Congreso para frenarla
Burócratas estatales integrantes de los sindicatos 7 de mayo y Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 55, cerraron las instalaciones del Congreso local en un intento de frenar las aprobación de la nueva Ley de Pensiones Civiles, que implica la reducción de algunos beneficios. Empleados al servicio del gobierno del estado, de los tres poderes y de varios municipios, se apostaron dentro del palacio legislativo por el temor de que la iniciativa de ley, propuesta por el mandatario priista, Mariano González Zarur, fuera aprobada sin atender las propuestas y demandas de los trabajadores. A ellos se les sumaron profesores, quienes argumentaron que con la nueva propuesta legislativa, les serían retirados beneficios como la jubilación con menos de 27 años de servicio, pago de quinquenios, despensa y otros apoyos que actualmente reciben. La medida obligó a que los integrantes de la Comisión Permanente buscaran ingresar a la sede por accesos alternos, aunque sólo pudieron hacerlo dos de los cuatro congresistas. Dicha iniciativa de ley fue propuesta tras anunciar que el gobierno de Tlaxcala tiene adeudos por más de 100 millones de pesos y se encuentra prácticamente en quiebra.
Los quejosos anunciaron que no abandonarán su movimiento hasta que los diputados se comprometan a aprobar una legislación que atienda sus demandas de jubilación a los 30 años de aportación para los hombres y 28 para las mujeres, en ambos casos sin límite de edad, así como jubilación para mujeres a los 27 años de aportaciones ininterrumpidas. Además, incremento del monto de la pensión de jubilados y pensionados al ciento por ciento al igual que los trabajadores en activo y crear la pensión por invalidez motivada por causas ajenas al servicio a los 10 años de aportación. Además, pretenden que los trabajadores puedan jubilarse por cesantía en edad avanzada motivada por el retiro voluntario o la privación del trabajo remunerado del trabajador al cumplir 60 años y tener cuando menos 13 años de servicio de aportación; la retribución de cuatro meses de salario por concepto de pago de marcha y la integración a la pensión de los conceptos de canasta básica y quinquenio[11].
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso local, Efrén López Hernández, dijo que es necesario sesionar para aprobar la nueva Ley de Pensiones Civiles de Tlaxcala, por lo que discuten con todos los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política –que son los dirigentes de los grupos parlamentarios y los representantes de partido que conforman la 60 Legislatura local– la posibilidad de solicitar la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para desalojar a los manifestantes que mantienen sitiada la sede del poder legislativo[12].
El Congreso local decidió aplazar la discusión y eventual aprobación de la nueva Ley de Pensiones Civiles del Estado debido, por un lado, a las protestas de los trabajadores, que se incrementaron y, por otro, a que aún no hay consenso entre las bancadas parlamentarias. Alrededor de 2 mil 500 afiliados a los sindicatos de burócratas 7 de mayo, del SNTE (sección 55) y Mártires de 1910, marcharon en esta ciudad en rechazo a que el poder Legislativo apruebe la nueva Ley de Pensiones Civiles del Estado. Guadalupe Rodríguez Guzmán, secretaria general del Sindicato 7 de mayo, sostuvo que ante la posibilidad de que los legisladores pudieran alcanzar los 17 votos necesarios para aprobar la ley (les faltaba uno), los afiliados al gremio continuarían sus movilizaciones a fin de
“detener de cualquier forma la acción ilegal del gobierno por desconocer los derechos alcanzados por décadas. Llegaremos hasta la última instancia, ya sea legal o política; si es necesario vamos a tomar la tribuna, pero no podemos permitir que se nos quite lo que con trabajo hemos ganado”,
advirtió la representante de más de 2 mil 800 trabajadores al servicio de los tres poderes del estado y de los municipios.
Además, por segundo día consecutivo, más de 400 trabajadores mantuvieron cerrados los accesos al palacio legislativo, para impedir que los diputados locales celebraran una sesión extraordinaria para aprobar la propuesta de nueva ley, aunque posteriormente decidieron levantar el plantón y permitir la discusión del proyecto de Ley de Egresos 2013, que debe estar listo a más tardar el 31 de diciembre, pero advirtieron que volverán a manifestarse si no se aplaza o cancela la discusión de la ley.
Huyen, votan y cambian ley
Tras una trifulca de burócratas, maestros, diputados y policías, más una pelea en el pleno del Congreso del Estado, durante la noche del 31 de diciembre legisladores priistas ajustaron quórum con aliados de otros partidos, y ya en la madrugada improvisaron sesión en un hotel y reformaron la ley de pensiones. El cambio de reglas para trabajadores del Estado pensionados y jubilados, hecho a espaldas de los diputados opositores y en lo que constituye la primera vez que una sesión legislativa en Tlaxcala se realiza fuera del inmueble oficial para evitar protestas, provocó una marcha multitudinaria y la inconformidad de los diputados excluidos de la votación. Mientras sesionaba la Comisión Permanente para reformar la Ley de Pensiones Civiles de Tlaxcala, maestros y empleados de gobierno –apostados a las puertas y al frente de la sede legislativa– exigieron a gritos ingresar al inmueble, ante unos 200 policías estatales. Los diputados panistas rompieron los candados del recinto; trabajadores de la Sección 55 del SNTE y del Sindicato 7 de mayo irrumpieron en la sala de sesiones. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Orlando Zaragoza Ayala, lanzó golpes contra los legisladores, uno alcanzó al perredista Gelacio Montiel. En la tribuna, el priista Carlos Augusto Hernández leía el documento de reforma y Víctor Morales, le arrebató el papel; Mario Hernández (PRI) se abalanzó sobre éste, lo sujetó de cuello y le propinó un puntapié, pelea que obligó a suspender la sesión. Un bloque de diputados, encabezados por priistas, abandonaron el recinto legislativo y se fueron al hotel Misión de Atlihuetzía, municipio de Yauquemehcan, en donde sin convocar a los opositores, y con una presidencia elegida en el momento, conformaron quórum para una sesión improvisada con 17 diputados de los 32 que conforman la LX Legislatura local y aprobaron la reforma a la Ley de Pensiones Civiles de Tlaxcala. Debido a ello, otro grupo de 13 legisladores del PRD, PAN y del Partido Socialista de Tlaxcala (PS) impugnarán la nueva ley. El perredista Efrén López Hernández indicó que el grupo opositor acusará inconstitucionalidad de la sesión. Enumeró las irregularidades: no hubo convocatoria para que todos los legisladores se trasladaran a una sede alterna, el presidente de la Comisión Permanente que sesionaba en el Congreso era él mismo por lo que, a él correspondía, en todo caso, llamar a una sesión extraordinaria. La sesión de la Comisión Permanente del Congreso debería haber discutido y aprobado el Presupuesto de Egresos y nombrar a la Mesa Directiva para el siguiente periodo ordinario, al siguiente día de la irregular votación de la nueva ley.
Los diputados de Tlaxcala reformaron la ley para: aumentar edad de jubilación, que pasará de 53 a 65 años. Cambiar la jubilación de vejez: un trabajador del Estado de Tlaxcala podía pedir cesantía a los 60 años de edad y 15 de aportar al fondo de pensiones; con el nuevo régimen, deberán acreditar 20 años de contribuciones y 65 años de edad. Bajar el monto de pensiones: el Estado aportará 108 millones de pesos al año, pero hasta ahora aportaba 268 millones[13].
Paralizan Congreso: el gobernador asegura el rescate de las pensiones
Ausentes desde el primer día de 2013, 17 diputados locales, diez de ellos del PRI, paralizaron las actividades del Congreso del Estado de Tlaxcala, integrado por 32 legisladores. El representante de la fracción priista, Silvestre Velásquez Guevara, reconoció que su bancada obstruye las actividades legislativas por faltar a las sesiones. “El periodo de sesiones ya inició el 31 de diciembre. Que no se han nombrado los órganos internos ni se ha sesionado, eso es otra cosa”, dijo. Tras la riña entre diputados del PRI y el PAN, el trabajo legislativo no ha sido reanudado. Las fracciones parlamentarias pelean la presidencia de la Mesa Directiva del primer periodo ordinario de sesiones de su tercer y último año de gestión. Los priistas y legisladores de otros partidos aliados optaron por faltar a las citas en las Comisiones. Así, por falta de quórum en esas mesas de trabajo, no se ha convocado a nueva sesión del pleno. Otros desacuerdos entre fracciones son la modificación de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCyCP) y la del Comité de Administración. Junto con la Mesa Directiva, éstos son los tres órganos que sostienen el trabajo del poder Legislativo. La inactividad provocó que no se haya discutido ni definido el Presupuesto de Egresos 2013, que fue diseñado en la Comisión de Finanzas y Fiscalización, donde los priistas hicieron el vacío. Esta es la primera ocasión que el Congreso del Estado detiene sus actividades. El enfrentamiento entre diputados inició con la aprobación —por sólo un grupo de legisladores afines al PRI— de la reforma a la Ley de Pensiones Civiles de Tlaxcala. Dado que otro grupo de 13 diputados, liderados por la fracción del PAN, amenazó con impugnar la norma, para evitar que eso ocurra el tricolor ha saboteado las reuniones, tanto de Comisiones como del pleno. La presidenta de la JCyCP, Lilia Olvera Coronel, expuso que por “acuerdo político” al principio de la Legislatura, este año le corresponde al PAN presidir la Mesa Directiva, pero la elección no ocurre porque la mayoría de diputados ignora las convocatorias que ella emite. Por ello, indicó, la Legislatura incurre en “omisión legislativa” al incumplir sus responsabilidades. El priista Velásquez Guevara explicó que su fracción quiere presidir la Mesa Directiva, decisión para la que se requieren 22 votos y ningún bando los completa; negó que los priistas estén obligados a cumplir el acuerdo político referido por Olvera Coronel. El cese de todas las actividades legislativas tiene como consecuencia —entre otras— que las dependencias, los organismos y las instituciones del Gobierno del Estado de Tlaxcala deben operar con el mismo presupuesto asignado el año pasado.
Aseguran rescate
El Gobernador Mariano González Zarur afirmó que asignará 100 millones de pesos este año como una aportación extraordinaria para rescatar de la quiebra total al sistema de pensiones estatal. “Eso a fuerza, lo que está en la ley… ese es mi compromiso y lo voy a lograr”, dijo el Mandatario. Luego de que la reforma a la Ley de Pensiones Civiles de Tlaxcala fue aprobada en medio de una trifulca en el Congreso Local y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, González Zarur sostuvo que él actúa con responsabilidad para resolver el problema de las pensiones, y que entre 2014 y 2015 le asignará otros 50 millones al sistema para que termine saneado al final de su gestión[14].
Repudian maestros la reforma
Agremiados a la sección 55 del SNTE y otras dos organizaciones magisteriales marcharon el 16 de enero de 2013 por las principales calles de la capital y realizaron un mitin frente al Congreso local contra las reformas a la Ley de Pensiones Civiles del Estado, aprobadas el 31 de diciembre por los diputados priistas y otros afines al gobierno de Mariano González Zarur. La protesta, en la que participaron unos 6 mil trabajadores (según líderes sindicales), provocó caos vial y al menos 70 policías de tránsito debieron cerrar los principales accesos al centro histórico durante hora y media, mientras el contingente se dirigía a la sede del poder Legislativo. Además, alrededor de 180 mil alumnos de educación básica se quedaron sin clases. El secretario general de la sección 55 del SNTE, Armando Ramos Flores, denunció represión de autoridades estatales contra sus representados, pues les advirtieron que personal de la contraloría interna de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización Superior acudiría a los planteles a verificar que los docentes estuvieran laborando. Los inconformes advirtieron que el 7 de julio, cuando se renovarán 60 alcaldías y el Congreso local, votarán contra el PRI. Ramos Flores considera que las reformas afectan derechos de los trabajadores de la educación y eliminan prestaciones que han otorgado anteriores gobiernos locales a servidores en activo y a jubilados. Entre las reformas que el SNTE considera lesivas está la eliminación de incrementos a las pensiones de profesores jubilados y pensionados en la misma proporción que a los trabajadores en activo; además, desaparecen el derecho a 52 días extras de aguinaldo y la quincena adicional que recibían con motivo del Día del Maestro. Los trabajadores en activo consideran que la reforma los deja indefensos, pues no estipula los requisitos para jubilarse y deja esta facultad al criterio del director de pensiones. Además, fija un “salario pensionable” (promedio de los sueldos base de los últimos cinco años de vida activa) y estipula que cualquier prestación vencida y no cobrada a cargo del fondo de pensiones prescribe en cinco años[15].
Impugnan la nueva ley
Doce diputados locales presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de inconstitucionalidad contra el proceso legislativo mediante el cual se aprobó la nueva Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Argumentaron que los legisladores del PRI y sus aliados del PVEM y PANAL violaron la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Más de 33 por ciento de los diputados locales firmaron el recurso, dijo el perredista Gelacio Montiel Fuentes, quien confió en que la SCJN tomará una decisión con base en argumentos jurídicos y no políticos. Dijo desconocer por qué su compañero de partido, Efrén López Hernández se desistió de firmar la acción de inconstitucionalidad, pues “estaba firme”. Cuando se aprobó la citada ley, López Hernández presidía la Comisión Permanente. “Si los ministros de la Corte le piden información, tendrá que responder”, dijo. El panista Alejandro Aguilar López reveló que a algunos de los firmantes les ofrecieron dos millones de pesos a cambio de no firmar la acción de inconstitucionalidad. No reveló quién hizo la oferta, ni quiénes habrían aceptado, y que los priistas Teodardo Muñoz Torres y Silvestre Velázquez Guevara sólo le solicitaron a él que no firmara. El recurso legal quedó asentado con el folio 4865[16].
Inyectan fondo
El gobierno estatal formalizó el rescate de las finanzas del sistema de pensiones al destinarle 100 millones de pesos. Lo anterior, luego de que el Congreso aprobara el presupuesto 2013 que, en su anexo 2, contiene un Programa para el Saneamiento de las Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. De acuerdo con la Ley de Pensiones Civiles de la entidad, reformada en diciembre de 2012, el Gobierno estatal destinará entre 2013 y 2016 un total de 150 millones de pesos para el Fondo de Créditos[17].
Creando universos, Rafael Calzada
Revisa la SCJN la reforma
La SCJN admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de Pensiones Civiles de Tlaxcala aprobada en una sesión improvisada por diputados locales. La Corte inició el trámite de revisión bajo el expediente 2/2013 el 28 de enero, cuatro días después de que 11 diputados, perredistas la mayoría, solicitará la invalidación del decreto 154, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno local el uno de enero. “Se tienen por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentan y se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que hacen valer”, señala la lista de la Corte. Solicitaron la acción del máximo tribunal los legisladores Lilia Caritina Olvera Coronel, Miguel Meléndez, Fulgencio Torres Tízatl, Justo Lozano Tovar, Vicente Morales Pérez, Fortunato Macías Lima, Adolfo Escobar Jardínez, Gelacio Montiel Fuentes, Jorge García Luna, Víctor Morales Acoltzi y Bernardino Palacios Montiel. Olvera Coronel explicó que el argumento de su queja es que la fracción priista del Congreso del Estado incumplió con el procedimiento legislativo para aprobar la reforma a la ley. Recordó que durante la madrugada del 31 de diciembre de 2012, 17 diputados locales sesionaron en un hotel, sin convocar a sus pares de oposición, para hacer los cambios a la ley. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo indica que el Congreso residirá permanentemente en la capital del Estado, y solo podrá trasladarse a otra sede por actos de carácter conmemorativo, por caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando esté de acuerdo la mayoría de los diputados[18],[19].
Proponen corrección a la Ley
En la ciudad de Tlaxcala, entre protestas y huevazos, el Congreso del Estado inició el 22 de octubre de 2013, el proceso de corrección de la reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado que aprobó en diciembre de 2012.
Debaten la reforma
Con 30 de 32 diputados, la 60 Legislatura inició la discusión de la reforma a la Ley de Pensiones Civiles, trámite con el que se intenta solventar la manera irregular con la que aprobó una reforma a la misma norma en 2012. Los legisladores tomaron su lugar en la Sala de Sesiones y presentaron en Tribuna el Orden del Día en la que incluyeron como punto único el Dictamen con Proyecto de Decreto de la Ley de Pensiones Civiles presentada por la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado priista Silvestre Velázquez Guevara. Al iniciar la sesión, el diputado Fortunato Macías Lima pidió que fuera retirado el documento al considerarlo como una “imposición”, debido a que ante la SCJN existe una acción de inconstitucionalidad en contra de la misma Ley, misma que aún no se ha resuelto. Por tanto, consideró como un acto violatorio a los procedimientos legislativos el que se presente una modificación a la Ley sin que haya fallado la SCJN. “Aún no se emite el fallo de los tribunales federales que establecen la inconstitucionalidad de siete artículos de la reforma aprobada con irregularidades y ya se está tratando de imponer una nueva con vicios similares”, expresó. En tanto, la diputada panista Mildred Murbatian dijo que la reforma que se discute en esta sesión fue impulsada por 23 diputados de diferentes fracciones parlamentarias que integran la 60 Legislatura, porque el sistema pensionario local está a punto de colapsarse. Serán corregidos, detalló, siete artículos y otros transitorios que los tribunales federales podrían calificar como inconstitucionales dentro de la reforma aprobada en 2012. Después de emitir sus opiniones, el presidente de la Mesa Directiva votó la Iniciativa, la cual fue aprobada por 24 votos a favor y siete en contra. Los trabajos parlamentarios tuvieron lugar con la presencia de mil granaderos[20].
Entre los cambios realizados a 24 artículos, se redefine el salario pensionable en relación al salario base del último año y que las aportaciones y descuentos no sean devolutivos. El aumento se dará en todas las prestaciones pensionables; que los pensionados por orfandad que sigan estudiando justifiquen a la institución que lo han realizado de manera ininterrumpida; el seguro de vida se amplía para los servidores públicos en activo, siempre y cuando no dispongan de otro; los trabajadores pasarán a formar parte del Seguro Popular o, en su caso, al ISSSTE, siempre y cuando firmen convenio. Se elimina la tabla de jubilación conforme a la edad de los trabajadores y no por género, lo que permitirá a los servidores públicos (hombres y mujeres) obtener una pensión con los mismos requisitos.
La SCJN deja en suspenso el asunto
Paralelo al debate que tenía lugar en Tlaxcala, la SCJN pospuso la discusión de la inconstitucionalidad de la Ley aprobada en 2012[21].
La SCJN determina sobreseer la acción de inconstitucionalidad
Debido a la creación de una nueva norma (octubre de 2013) y que ésta ya entró en vigor, la SCJN determinó, por mayoría de votos, sobreseer la acción de inconstitucionalidad promovida contra la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala aprobada en diciembre de 2012. Con ello, los ministros decidieron no pronunciarse sobre ella. Aunque cinco de ellos ya habían considerado que esa Ley era inconstitucional, Alberto Pérez Dayán presentó un nuevo proyecto de dictamen a través del cual propuso el sobreseimiento. Sin embargo, cuatro ministros consideraron “errónea” dicha percepción, pues en la “nueva legislación” se incluyeron preceptos de la Ley que estaba impugnada, mismos que se dejaron a salvo en su aplicación, lo cual “es un vicio de origen”, en concreto la creación de un Libro B para registro de los trabajadores al servicio de los tres poderes del Estado y sus municipios. Con ese sentido, el ministro José Ramón Cossío enfatizó que el artículo primero transitorio de la nueva Ley
“es sumamente claro: hay una distinción entre las disposiciones que quedan abrogadas o derogadas y aquellas que están salvando expresamente esta condición. Creo que lo que se está haciendo es tomar un artículo transitorio como si se estuviera derogando en su totalidad, cuando el propio órgano emisor reserva esta posición. Es verdad que es un nuevo acto legislativo, pero se divide en temporalidad y este apartado sigue vigente”.
Con esta posición coincidió el ministro Luis María Aguilar, quien sostuvo “estar en contra de sobreseer la acción pues la inclusión de algunos artículos transitorios en donde se aceptan disposiciones de la Ley impugnada, en los hechos, es una acción para extender los efectos de la norma impugnada”. También compartieron la posición los ministros José Fernando Franco y el Presidente de la SCJN, Juan Silva Mesa. Pero el ministro Arturo Zaldívar minimizó los argumentos al señalar que en todo caso “se podría interponer una nueva acción de inconstitucionalidad en contra de la nueva Ley, solo en cinco de sus artículos y seis transitorios, aunque ya no hay materia para impugnar todo el proceso de la nueva Ley”[22].
Conclusión, ¿qué hacer?: Reformar las “reformas”
Después del infortunado episodio sobre la reforma laboral aprobada en noviembre 2012, y que afecta severamente —por los nuevos tipos de contratación temporal— a los jóvenes y a la base de financiamiento de la seguridad social, la pantalla sobre una “nueva generación de reformas” debe traducirse en una movilización social que exija al gobierno en turno que ya no toque ni una coma en los ordenamientos de la salud y seguridad social de los mexicanos.
Esa tarea corresponde al gobierno de Enrique Peña Nieto, disponiendo para ello un debate amplio e incluyente sobre esta crucial y estratégica política de cohesión social. El debate ya está en curso. Es hora de ampliarlo y democratizarlo. Resulta inconcebible que sean los mismos que hundieron el modelo de seguridad social del siglo XX quienes ahora ostenten ir a su “rescate”. A menos que la estrategia sea disminuir sensiblemente el nivel de bienestar (en pensiones y salud) de los trabajadores activos y dejar casi sin protección social a los jóvenes de nuevo ingreso, es preciso diseñar grandes reformas e implementar nuevas políticas que realmente favorezcan a la población.
La evidencia muestra que, 18 años después de la reforma al IMSS, un trabajador con una vida laboral de 40 años y cotizando cerca de 22 años, apenas podría aspirar a una pensión equivalente al 25 por ciento de su último salario al momento del retiro.
¿Por qué? Sencillo: la tasa de densidad de su cotización sólo sumaría 56 por ciento. Entre otras fallas, la Ley Zedillo soslayó la precariedad laboral, los bajos sueldos, el empleo informal y los períodos de desempleo que impiden a los trabajadores cumplimentar los aportes indispensables para alcanzar una pensión digna (Leal, 2013).
El diseño no vinculó adecuadamente el sistema de ahorro con la realidad del empleo que incluye trabajadores que, al ganar poco, aportan poco y, por tanto, no alcanzarán esa “dignidad” en su pensión.
Por ello, el modelo Afore, al no incorporar el impacto negativo de la densidad de la cotización, ni su efecto en la carrera salarial, proyecta a sus afiliados saldos inexactos, que en el mediano y largo plazo, están fuera de lo real y posible.
El sistema, extendido al Apartado B y también a los de nuevo ingreso del IMSS y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no garantiza ni el 20 por ciento del último salario devengado: cuatro salarios mínimos, incluso considerando las aportaciones del SAR92.
¿Por qué? Ello resulta de los supuestos irreales modelo: la movilidad salarial, el efecto de las comisiones, las tasas de interés y el nivel de los rendimientos.
Agreguemos que las Afores sólo benefician al negocio pues las comisiones son muy altas, mientras que las autoridades se ponen en el lugar del negocio y no del trabajador al argumentar que no hay afectación al ahorro. El gran problema lo constituye precisamente, dichos aspectos, a lo cual hay que sumar, como el corazón del asunto, la propia naturaleza de las cuentas individuales, su estructura de comisiones y la intermediación financiera innecesaria que representan.
En suma: el problema de la modalidad mexicana de la “capitalización individual”, a diferencia de otras como la sueca, representa un riesgo patente que se concretará en no proveer siquiera un nivel digno de pensión. Así, sorprende que algunos legisladores e intereses legítimos presentes en la arena de la política pública, sigan concluyendo que “el modelo es viable”. Viable ¿para quién?
Es un hecho que no habrá nivel pensionario “digno” con el actual nivel de no creación de empleo, la creciente precarización laboral y el impacto del outsourcing. Lo que sigue es reformar esas “reformas”.
Consar. (2015) Informe Trimestral al H. Congreso de la Unión sobre la Situación del SAR, octubre, noviembre, diciembre 2014, México, DF.
Alonso, J., Hoyo, C., y Tuesta, D. (2014). Un modelo para el sistema de pensiones en México: diagnóstico y recomendaciones, BBVA, Research, Documento de Trabajo No. 14/07, México, DF, Febrero.
Leal F., G., Padilla, U. O., y Nava, F. (2015) Documento Ciudadano. Sistema de Ahorro para el Retiro 1997-2015, México, DF, Marzo.
Leal F., G. (2014), Jubilados, pensionados y adultos mayores. Agenda 2007-2012, Coordinadora Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados del IMSS, A.C. México, DF.
Leal F., G. (2014a) Jubilados y pensionados: Impuesto sobre la renta 2009-2012, Asamblea Nacional de Trabajadores Democráticos del IMSS, Consulta Médica, Imagen Médica, México, DF.
Leal F., G. (2013) ¿De quién son los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos? Seis Aproximaciones, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, DF.
[1] El País, 25 de octubre 2015.
[2] A diferencia de una reforma estructural, como las que han implicado pasar del esquema de reparto al sistema de cuentas individuales para el retiro, una reforma paramétrica sólo ajusta los parámetros de un arreglo anterior a los términos de unas nuevas condiciones de requisitos para alcanzar las jubilaciones y pensiones.
[3] La Jornada, 12 de diciembre, 2012.
[4] La Jornada, 16 de diciembre, 2012.
[5] Reforma, 15 de diciembre, 2012; La Jornada, 16 y 20 de diciembre, 2012.
[6] La Jornada, 16 de diciembre, 2012.
[7] La Jornada, 19 de enero, 2013.
[8] La Jornada, 15 de febrero, 2013.
[9] Reforma, 20 de mayo, 2013.
[10] Ministra Margarita Luna Ramos, El Universal, 20 de mayo, 2014.
[11] La Jornada, 30 de diciembre, 2012.
[12] La Jornada, 29 de diciembre, 2012.
[13] Reforma, 1 de enero, 2013.
[14] Reforma, 8 de enero, 2013.
[15] La Jornada, 17 de enero, 2013.
[16] La Jornada, 25 de enero, 2013.
[17] Reforma, 31 de enero, 2013.
[18] Reforma, 4 de febrero, 2013.
[19] Reforma, 23 de octubre, 2013.
[20] Reforma, 24 de octubre, 2013; El Universal, 24 de octubre, 2013.
[21] Reforma, 24 de octubre, 2013; El Universal, 24 de octubre, 2013
[22] La Jornada de Oriente, 30 de octubre, 2013.
Doctor en Economía especializado en Políticas Públicas de laSalud y Seguridad Social. Profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM-XOCHIMILCO.
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