Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/ElSalvador880.01sp.htm
Timestamp: 2017-05-22 17:33:01
Document Index: 370719895

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 19', 'Artículo 25', 'artículo 1', 'Artículo 46', 'Artículo 4', 'artículo 17']

El Salvador Petición 880/01 - José Rubén Rivera
INFORME Nº 53/05[1]
PETICIÓN 880-01
1. El 16 de noviembre de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una denuncia presentada por la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Asociación Pro-Búsqueda), y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), (en adelante “los peticionarios”), en la cual se alega la
responsabilidad internacional de la República de El Salvador ("el Estado") por la desaparición forzada del niño José Rubén Rivera y por la posterior falta de investigación y reparación de tales hechos. Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("la Convención Americana"): derecho a la integridad personal (artículo 5); a la libertad personal (artículo 7); a las garantías judiciales (artículo 8); a la protección de la familia (artículo 17); derechos del niño (artículo 19); y derecho a la protección judicial (Artículo 25), todo ello en violación del deber general de respetar y garantizar los derechos (artículo 1(1)).
2. Conforme a la denuncia, el 18 de mayo de 1983, José Rubén Rivera de 3 años de edad, habría sido capturado por militares integrantes de la Quinta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada de El Salvador durante un operativo realizado en la Hacienda “La Joya” en el departamento de San Vicente. Desde entonces, a casi 22 años de ocurridos los hechos, se desconoce el paradero del niño. Todas las gestiones realizadas ante las autoridades para esclarecer los hechos, incluyendo una denuncia penal y un habeas corpus, resultaron infructuosas. 3. El Estado sostiene que los recursos internos no han sido agotados. Sostiene que a petición de la madre del niño, y de acuerdo a la normativa vigente, el 15 de noviembre de 1996, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Vicente inició la causa penal No 479-3 96, por el delito de desaparición forzada y que pese a que dicha causa fue archivada, la resolución que ordena el archivo tiene el carácter de archivo provisional administrativo, lo cual implica que puede reabrirse al aportarse nuevos datos. En adición a lo anterior, el Estado sostiene que la investigación sigue abierta puesto que los peticionarios interpusieron un recurso de
hábeas corpus en el año 2000 (pudiendo haberlo interpuesto en cualquier momento anterior) y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 21 de marzo de 2002, admite este recurso y ordena a la Fiscalía General de la República llevar a cabo las acciones respectivas para darle eficacia a la debida tutela a la libertad personal del niño. El Estado señala que si bien no se ha obtenido ningún resultado positivo, ello no justifica que haya un retardo injustificado, pues tomando en cuenta el tiempo transcurrido, la investigación se dificulta, especialmente puesto que la primera denuncia fue presentada once años después de la desaparición de José Rubén Rivera. Por lo tanto, solicita que la CIDH declare la inadmisiblidad del caso por falta de agotamiento de los recursos internos.
7. En cuanto a la investigación, los peticionarios indican que las diversas instancias que intervinieron en El Salvador han sido ineficaces e insuficientes. El 11 de enero de 1996, la madre acudió a la Asociación Pro-Búsqueda, y el 31 de mayo del mismo año, acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La resolución de este último organismo, de fecha 30 de marzo de 1998, fue certificada y enviada a la Fiscalía General de la República, sin obtener resultados. Asimismo, el 15 de noviembre de 1996, denunció penalmente la desaparición de su hijo ante el Juzgado Segundo de lo penal de San Vicente, departamento del mismo nombre. Esta causa fue archivada provisionalmente “por no tener más diligencias que practicar”, el 2 de octubre de 1997. El 10 de noviembre de 2000, la señora María de Dolores Rivera presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 8. Se indica que solo fue posible hacer la denuncia en 1996, puesto que debido al conflicto armado existente, existía el temor de que cualquier persona que se apersonara a los cuarteles iba a ser vinculada a la guerrilla y sufrir represalias. En este sentido, en declaración ante el Juzgado Segundo de lo Penal de San Vicente, la señora Margarita Dolores Rivera señaló que “estaba segura de que su hijo se encontraba en la Quinta Brigada de Infantería[…] pero que […] nunca se hizo presente[…] por temor a que en esa época lo que podía encontrar era la muerte.” [4] Al respecto, la Comisión de la Verdad para El Salvador advirtió que se cometieron muchas violaciones de derechos humanos en contra de la población civil simplemente por considerarlos colaboradores de los guerrilleros, dentro de la campaña -especialmente de los primeros años del conflicto- de “quitarle el agua al pez”. Dentro de este panorama, los peticionarios alegan que no existía confianza en las autoridades, especialmente cuando las violaciones a los derechos humanos eran perpetradas por el ejército salvadoreño. 9. Los peticionarios señalan que el proceso penal interno no fue efectivo, ya que después de algunas diligencias, fue archivado en menos de un año. De acuerdo a lo señalado, las diligencias practicadas fueron: tomar la declaración de la ofendida, citar a dos testigos, pedir informes a la Quinta Brigada de Infantería y hacer la compulsa de los libros respectivos, luego de lo cual, la causa sigue archivada hasta hoy, sin haber esclarecido los hechos, ni encontrado a José Rubén Rivera. Alegan los peticionarios que el juez no realizó diligencias tan fundamentales como aquellas tendientes a determinar quienes eran los integrantes de la Quinta Brigada de Infantería en el momento en que ocurrieron los hechos, o la identidad de otras personas que habitaban en el lugar, entre otras.
10. Los peticionarios alegan que el recurso de hábeas corpus presentado el 10 de noviembre de 2000, debido a la ineficacia de la investigación penal, tampoco ha resultado efectivo. Señalan que la Corte Suprema emitió sentencia sobre este recurso el 21 de marzo de 2002, reconociendo la violación constitucional al derecho a la libertad física de José Rubén Rivera, sin embargo, en ella señaló que el recurso de habeas corpus es un recurso formal, sin capacidad de resolver el aspecto material de la causa, por lo tanto, en su resolución instó a la Fiscalía General de la República para “llevar a cabal término el establecimiento de las condiciones en que se encuentra el favorecido José Rubén Rivera con el objeto de salvaguardar su derecho fundamental a la libertad.”[5] Los peticionarios manifiestan que no tienen noticias de alguna gestión de la Fiscalía tendiente a la investigación de los hechos. 11. En suma, los peticionarios sostienen que en un principio y hasta un tiempo después de la creación de la Comisión de la Verdad, no había en El Salvador posibilidad para los peticionarios de acceder a ningún recurso interno. Desde entonces los peticionarios sostienen que los recursos internos disponibles en El Salvador han sido ineficaces para investigar los hechos, determinar el paradero de José Rubén Rivera y reparar las consecuencias de las violaciones alegadas. Argumentan en tal sentido que han transcurrido más de nueve años desde que el caso fue denunciado, durante los cuales la actitud del Estado ha sido sumamente negligente y displicente en el proceso, pese a que los hechos revisten el carácter de acción penal pública. Los peticionarios solicitan, por tanto, la aplicación de la excepción al agotamiento de los recursos internos establecida en el Artículo 46.2.b. de la Convención.
A. Competencia personal, material,
temporal y territorial de la Comisión Interamericana
22. La Comisión posee jurisdicción temporal para examinar las denuncias. La petición se basó en alegaciones sobre hechos ocurridos a partir del 25 de agosto de 1982, fecha en que habría comenzado
la desaparición de José Rubén Rivera. Los hechos aducidos se produjeron por lo tanto con posterioridad de la entrada en vigor de las obligaciones del Estado como Parte de la Convención Americana. El Estado alega que, dada la declaración formulada oportunamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es competente para conocer de este caso; la CIDH no se pronunciará sobre esta materia en el presente informe debido a que no se relaciona con su competencia. 23. Adicionalmente, como en la petición se alegan violaciones de derechos protegidos en el marco de la Convención Americana que tuvieron lugar en el territorio de un Estado parte, la Comisión concluye que posee competencia territorial para tomar conocimiento de la misma. B. Requisitos de admisibilidad de la petición
26. En el presente caso se alega la presunta responsabilidad de integrantes del Ejército salvadoreño en la desaparición forzada de un
niño en pleno conflicto armado interno en El Salvador. Dicha época se caracterizó por las violaciones sistemáticas de derechos humanos e impunidad, facilitada en parte por la ineficacia del sistema judicial salvadoreño.[16] Habida cuenta de las circunstancias particulares del caso y el contexto mencionado, la Comisión considera que al momento en que ocurrieron los hechos alegados, no era posible ni necesaria la presentación de recurso alguno.
28. El 31 de mayo de 1996, la Asociación Pro- Búsqueda, presentó una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), sobre 145 casos de menores víctimas de desaparición forzada, todos ellos en el contexto del conflicto armado interno del país. La Procuraduría seleccionó de éstos, 5 casos, entre ellos el José Rubén Rivera. En dicho Informe estableció la responsabilidad del Estado en su desaparición.[18]
29. La Procuraduría entregó este Informe al Fiscal General de la República, “para que inicie los procedimientos legalmente establecidos, a fin de deducir las responsabilidades penales a que haya lugar”.[19] El Estado no ha aportado información alguna relativa a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía en 1998 con relación a la posible desaparición del niño. De modo que, en 1998, las autoridades salvadoreñas competentes fueron puestas nuevamente en noticia de que había ocurrido una desaparición forzada, sin que hayan reaccionado al respecto.
37. En virtud del principio iura novit curia, y de la jurisprudencia reiterada de la Comisión y la Corte en el sentido de que de probarse una desaparición forzada, ésta constituye una violación al derecho a la vida[22], la CIDH admite el presente caso, adicionalmente, por presunta violación al Artículo 4.[23]
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 12 días del mes de octubre de 2005. (Firmado): Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo Vicepresidente; Comisionados Evelio Fernández Arévalos,
José Zalaquett y Freddy Gutiérrez.
El Comisionado Florentín Meléndez, nacional de El salvador, no participó en la consideración o votación de este caso de conformidad con el artículo 17(2)(a) del Reglamento de la CIDH.
[3] Cita hecha en el escrito de denuncia: “Ver declaración de Carlota Romero, del 27 de noviembre de 1996, fs.6 del expediente 479-3-96 en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Vicente”.
[4] Cita hecha en escrito de agosto de 2004: “Declaración de Margarita de Dolores de Rivera ante el Juzgado Segundo de lo Penal de San Vicente en fecha 15 de noviembre de 1996”.
La CIDH ha establecido que “[…]Es precisamente en situaciones de conflicto armado interno que esas dos ramas del Derecho Internacional convergen de manera más precisa y se refuerzan recíprocamente. En tal sentido, los autores de uno de los comentarios más autorizados a los dos Protocolos Adicionales de Ginebra [M. Bothe, K. Partsch & W. Solf, NUEVAS NORMAS PARA LAS VICTIMAS DE CONFLICTOS ARMADOS: COMENTARIO A LOS DOS PROTOCOLOS ADICIONALES DE 1977 A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949, 619 (1982)], expresan lo siguiente: A pesar de que cada instrumento legal especifica su propio ámbito de aplicación, no puede negarse que las reglas generales contenidas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos se aplican a conflictos armados no internacionales, al igual que las normas más específicas del derecho internacional humanitario.” Ver CIDH, Informe N 55/97, caso 11.137 Juan Carlos Abella, Argentina, 18 de noviembre de 1997. [8] Ver en este sentido, Corte IDH, Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párrafo 115: […]Si bien es claro que la atribución de responsabilidad internacional bajo las normas de Derecho Internacional Humanitario no puede ser declarada, como tal, por este Tribunal, dichas normas son útiles para la interpretación de la Convención, al establecer la responsabilidad estatal y otros aspectos de las violaciones alegadas en el presente caso[…]
CIDH, Informe Anual 1983-1984, Capítulo IV “Situación de los derechos humanos en varios Estados: El Salvador”, párr. 6. [17] Ver párrafo 3 del presente Informe.
Resolución de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, de fecha 21 de marzo de 2002, en el proceso de hábeas corpus número 215-2002. [21] Ver párrafos 24 a 31 del presente Informe.3
Ver, por ejemplo, Corte IDH, Caso Castillo Páez, Sentencia de fondo de 3 de noviembre de 1998, Serie C No. 34, párr.66.
Ver Informe Informe Nº 11/05, Admisibilidad, Gregoria Herminia, Serapio Cristián, Julia Inés Contreras, El Salvador, 23 de febrero de 2005.