Source: http://jusdem.org.pe/webhechos/N010/reforma.htm
Timestamp: 2017-10-18 23:58:05
Document Index: 284122512

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 55', 'artículo 122', 'Artículo 122', 'Artículo 59', 'Artículo 28', 'artículo 185', 'Artículo 01', 'Artículo 213', 'artículo 22', 'Artículo 55']

“La historia de la humanidad es un inmenso mar de errores en el que, de vez en cuando, pueden encontrarse unas cuantas verdades”. César de Beccaria
Moreno Ccancce, Ricardo[*]
I. A MANERA DE INTRODUCCION Y JUSTIFICIACION, II.- ANALISIS DE LA PROPUESTA DE ACCION INMEDITA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LOS AUXILIARES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS, III. POLITICA DE RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LOS AUXILARES EN EL PODER JUDICIAL Y PROPUESTA DE LA CERIAJUS, IV. NUEVA PRIORIDAD INSTITUCIONAL: INVERSION EN RECURSOS HUMANOS COMO UNA EXPRESION DE LA CALIDAD ACADEMICA Y ETICA DE LOS AUXILIARES, V. CAUSALES OBJETIVAS DE DESPIDO DE AUXILARES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS, VI.- COLOFÓN, VII. CONCLUSIONES
I. A MANERA DE INTRODUCCION Y JUSTIFICIACION
De acuerdo a sondeos de opinión pública la desconfianza ciudadana en el Poder Judicial marcos altos índices, en un Estudio Publicado en el año 1999, sobre acceso a la justicia en siete países de América Latina, en el Informe sobre el Perú, se afirma: “En los últimos 15 años, los diversos sondeos de opinión han arrojado entre 70% y 80% de desaprobación y desconfianza en el Poder Judicial[1].
En un estudio de opinión realizado por el Consorcio PROETICA[2], reveló que en el 2003 que el 74% de los entrevistados considera que el Poder Judicial es la institución pública más corrupta, en otro estudio de opinión publica el diario “El Comercio” revela que en abril del 2004 el 80% de los entrevistados desaprueba el Poder Judicial y el 78% en agosto de 2004, en el mes de mayo del año 2005 el mismo diarios nos revela un 80% de desaprobación[3].
Con fecha 21-09-2006 la Empresa Encuestadora Apoyo Opinión y Mercado, pone a conocimiento de la encuesta realizada con motivo de la Reforma del Poder Judicial, de la que podemos apreciar que el 57% de los encuestados señalan que el Poder Judicial es nada confiable, y el 32% es poco confiable[4]; es decir 87% de la encuesta desconfía en el Poder Judicial.
Con fecha 25-09-2006, el Juez Titular del Segundo Juzgado de Paz Letrado del MBJ de Los Olivos, remitió un correo electrónico circular a todos los integrantes del Poder Judicial, adjuntando un artículo denominado: “Cuestiones previas para una reforma del Poder Judicial”, en donde aporta 3 ideas para aplicarse a corto plazo, en tanto se implementa la Reforma Judicial, consistiendo una de ellas:
“Evaluar al personal jurisdiccional para excluir aquellos que carecen de la suficiente capacidad profesional o técnica, acabando con la provisionalidad o encargatura de funciones a todo nivel”.
Al respecto, me felicito que Magistrados independientes no se limitan sólo al análisis de la realidad del sistema de administración de justicia; sino por el contrario producen propuestas político-institucionales para superar la crisis en la que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el Perú, ideas que por las fuerzas de sus fundamentos se convertirán, luego en ideología político-institucional, que forma el carácter de determinados modos de comportarse -que no es otra cosa que la cultura política en la aquella vive y se apoya-; para Juan Monroy Galvez[5]: La elaboración de un ordenamiento procesal, como la de cualquier ordenamiento legal (como por ejemplo la “exclusión” de trabajadores por causales subjetivas), es una obra política; esto explica por qué de tras de tal concepción hay una concepción ideológica.
Por dicho motivo, me parece indispensable escrutar[6] la formula de aplicación inmediata propuesta, y analizarla a la luz del paradigma constitucional[7];para establecer su concordancia o no con los valores y principios sobre los que se asienta el Estado Peruano, definido como Estado Social y Democrático de Derecho conforme a los artículos 3° y 43° de la Constitución Política del Perú; asimismo el presente ensayo pretende resaltar la necesidad de contar con soluciones integrales a la crisis de la gestión de recursos humanos eficientes orientados a los Auxiliares jurisdiccionales y administrativos; entendido como uno de los componentes (no el único) de la grave crisis de confianza y credibilidad que atraviesa el Poder Judicial.
II.- ANALISIS DE LA PROPUESTA DE ACCION INMEDITA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LOS AUXILIARES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS
1.- La alternativa de “Evaluar al personal jurisdiccional para excluir aquellos que carecen de la suficiente capacidad profesional o técnica” me parece que -planteado así-, atenta contra el derecho constitucionales reconocidos como derechos fundamentales en la Carta Magna, al pretender instaurarse exámenes “subjetivos”; que colisiona con el derecho fundamental contenido en el artículo 22° de la Constitución Política del Perú, el cual prevé que el Trabajo “es un medio de la realización de la persona”; norma constitucional que constituye una manifestación del principio constitucional a la dignidad de la persona[8]; razón por el cual el acotado artículo 22° de la C.P.P debe necesariamente ser interpretado a la luz de los Tratados Internacionales suscritos por el Perú, los mismos que forman parte del ordenamiento jurídico peruano interno, por imperio del artículo 55°[9] y conforme a la 4ta Disposición Final y Transitoria de la Carta Magna[10].
2.- Recordemos adicionalmente, que el articulo 06° del Protocolo Adicional Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” ratificado por el Estado Peruano con fecha 05/17/95[11], sanciona que los Estados deben tomar medidas adicionales para garantizar la plena efectividad en el derecho al trabajo, en especial las “referidas al logro del empleo pleno”, a la orientación vocacional y al “desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional”.
Para Ricardo Marcenado Frers[12], el trabajo es base del bienestar social y un medio de realización de la persona; debiendo entenderse que el bienestar social es la función propia de nuestra sociedad que consiste en contribuir a que los seres humanos se realicen como tales; además -agrega- el trabajo es medio de la realización de la persona por cuanto mediante él desarrollamos nuestra personalidad, satisfaciendo las necesidades de nuestra psique, nos proyectamos a la comunidad, realizamos nuestros ideales y desplegamos nuestras energías.
3.- Es este el marco que ha dotado la norma fundamental al derecho al trabajo, y sobre el cual se debe analizarse, y sentarse una política de recursos humanos orientada a Auxiliares jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial; por lo expuesto me temo que el término de “excluir”, se utilice eufemísticamente para “despedir” a trabajadores mediante exámenes subjetivos de evaluación de capacidades, alegando causales tan etéreas como la “insuficiente capacidad profesional o técnica”.
Empero cabe preguntarnos, si el hecho de “excluir” o “despedir” Auxiliares jurisdiccionales o administrativos del Poder Judicial (por una causal subjetiva pre-determinada a todo el Personal del Poder Judicial) es una medida significativa que garantice la abolición de la “cultura judicial”
que da origen a la sobrecarga procesal; entendiéndose como “cultura judicial” en el sentido amplio, como el conjunto de actitudes o percepciones existentes en el ámbito del Estado -jueces, fiscales y operadores de Derecho en general, o de la sociedad, abogados, estudiantes de derechos, ciudadanos en general, medios de comunicación- que por lo común juega en contra de una buena administración de justicia, y que por lo tanto, hay que modificar de manera radical[13].
Ciertamente dicha medida de aplicación mediata no garantiza que se culmine con la denominada “cultura jurídica” y con la “elevada carga procesal”; pues la elevación de la capacidad profesional o técnica de los Auxiliares jurisdiccionales y administrativos que actualmente vienen laborando en el Poder Judicial -así como los venideros trabajadores- parten necesariamente de cambios culturales y sociales, donde ciertamente las Facultades de Derechos del Perú tienen un especial papel en la Reforma de la Justicia, conforme se encuentra diagnosticado en el Área 4, Sub-Área 3 de la CERIAJUS.
Adicionalmente, conviene preguntarnos si acaso, el cambio de Auxiliares jurisdiccionales y administrativos, sirven para cambiar una institución con casi 200 años en el Perú.
III. POLITICA DE RECURSOS HUMANOS ORIENTADOS A LOS AUXILARES EN EL PODER JUDICIAL Y PROPUESTA DE LA CERIAJUS
1.- Según el Fiscal Supremo Percy Peñaranda Portugal en el Ciclo de Conferencia de Magistrados Supremos llevada a cabo en la Academia de la Magistratura con fecha 16-10-2006[14]: En términos gerenciales, los elementos de la Administración Pública lo constituyen:
1.1.- Organizaciones y Funciones, que diseñan políticas y funciones
contempladas en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, y por la Ley General Presupuestaria del Estado.
1.2.- Normas y Procedimientos; y
1.3.- El Factor Humano.
Detengámonos en el elemento del FACTOR HUMANO, al respecto el citado Fiscal Supremo, precisa que dicho factor a su vez contiene 2 componentes.
1.3.1.- Componente Teleológico
- Competencia Conducta Funcional (inversión de instrucción).
- Ética y Deontología de los funcionarios Públicos.
- Honestidad (que no es lo mismo que honradez[15]).
1.3.2.- Componente Estatutario
-Deberes y obligaciones.
Este es el cuadro nos permitirá apreciar el problema en forma más didáctica.
Es una realidad incontrastable que en el Poder Judicial no existe una política de fijación de objetivos y establecimientos de metas de quienes han asumido funciones como titulares del pliego, con la finalidad de establecer prioridades.
La planificación en la actividad jurisdiccional, constituye un diagnóstico de la gestión como resultado de la evolución de funcionamiento institucional y el grado de cumplimiento de metas; sólo así se puede justificar el inicio de una política institucional de recursos humanos del poder judicial.
Tómese nota que según la CERIAJUS, el Sistema de la Administración de Justicia carece de una política integral de Recursos Humanos orientada a los servidores judiciales (remunerativa, de capacitación y disciplinaria).
2.- Por otro lado, me parece que el análisis de la realidad del Sistema Judicial, ya se encuentran amplia y suficientemente analizados por la CERIAJUS[16], en donde el tratamiento de los Recursos Humanos se presenta en concordancia con la vigencia plena de la Constitución, inherente al Estado constitucional y democrático[17], como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales; pues como vemos del Sub-Área N° 1 y 2; Área N° 4: Recursos Humanos se establece como:
Lineamientos específicos: Desarrollar un sistema de destitución en causales objetivas; y como
Medida a corto plazo: Crear bienestar e integración del personal[18].
Para J. María Guerra Cerrón[19], el resultado del análisis de las propuestas de la CERIAJUS lleva a afirmar que lo que se busca es contribuir a la mejora de la calidad profesional y moral del personal de apoyo del sistema de justicia, estableciéndose para cuyos efectos: “un perfil del servidor judicial que responda efectivamente a la necesidad de la tarea que debe ejecutarse”.
Que, por ello teniendo como fuente estas propuestas, con fecha 06-10-2005, el Congresista Alvarado Dorero en uso de su iniciativa legislativa, propone el proyecto de Ley N° 13848/2005 de fecha 06-10-2005, que regula una Ley Marco para la incorporación de los trabajadores del Poder Judicial y del Ministerio Público al régimen de la carrera pública, a fin de contemplar la necesidad de asegurar que la mayoría de los trabajadores que laboran en el PJ y el MP, no sean despedidos de su puestos; sino antes bien, pasen a ser comprendidos dentro de una carrera pública[20].
Asimismo con fecha 25-09-2006, la Sala Plena de la Corte Suprema de la República[21], ha adoptado como medidas destinadas a reestructurar la administración de justicia, agilizar trámites jurisdiccionales, y por consiguiente, impulsar la lucha contra la corrupción:
Numeral 27: “Dictar el Reglamento del Auxiliar Jurisdiccional del Poder Judicial: Capítulo I del Titulo I de la Sección Sexta de la LOPJ. En especial identificar a los auxiliares jurisdiccionales -qué personal lo integra- y sus tareas”
Numeral 30: Cada órgano jurisdiccional identificará al personal judicial, sus funciones y realizará una evaluación de su nivel de competencia laboral.
Pues, como se ha dicho la CERIAJUS ha identificado que el Sistema de la Administración de Justicia carece de una política integral de Recursos Humanos orientada al Auxiliar jurisdiccional y administrativo.
IV. NUEVA PRIORIDAD INSTITUCIONAL: INVERSION EN RECURSOS HUMANOS COMO UNA EXPRESION DE LA CALIDAD ACADEMICA Y ETICA DE LOS AUXILIARES
1.- Por otro lado, conviene señalar en forma especial que la CERIAJUS se propone elevar la calidad de los trabajadores judiciales, con capacitaciones temáticas y permanente.
En este extremo el ensayista propone, que se repotencie la Escuela de Formación de Auxiliares jurisdiccionales de las diferentes Cortes de Justicia del Perú, a fin de elaborar cursos de Especialización con menciones de post-grados en convenio con Universidades de prestigio; así como desarrollar Campañas de difusión e internalización de valores con carácter obligatorio, a este respecto tómese nota que la Academia Nacional de la Magistratura se encuentra programando Laboratorios Vivenciales y Análisis Transaccional y Ética en el servicio de Justicia, dirigido tanto a Magistrados como a Auxiliares Jurisdiccionales.
De esta forma se garantizaría la capacitación permanente de todo los servidores del Poder Judicial, para brindar calidad y eficiencia en la atención al servicio de administración de justicia; y de esta forma iniciar una política de recursos humanos de calidad, con la finalidad que la ciudadanía cobra más confianza en el Poder Judicial a través del desembalse cuantitativa de expedientes judiciales, y elevar el nivel cualitativo del contenido de las decisiones jurisdiccionales o servicios a la ciudadanía.
Siguiendo la misma línea del numeral 5, el ensayista propone que dentro de la política de fijación de objetivos y proyección de metas, se postule como un Proyecto de Inversión la capacitación de los Auxiliares jurisdiccionales y administrativos, con cursos de nivel post-grado, que no consistan en cursos ya llevados en las Universidades; sino en reglas de técnicas de argumentación jurídica que lo conviertan en expertos tanto en el trámite procesal como en el conocimiento y valoración de los hechos que conducen a la interpretación y aplicación de la norma pertinente, conforme lo señala el Marco Ibazeta Marino[22]; y por cada Área por ejemplo Reglas de Interpretación Constitucional y Análisis Económico del Derecho para el Área Civil; Derecho Contenciosos Administrativos y sus jurisprudencias vinculantes, para el Área Contencioso Administrativo; Derecho Bancario y Bursátil, Análisis Económico del Derecho para el Área Sub-especializada en lo Comercial; Derecho Tributario y Delitos de Función para el Área Penal, Derecho de Género para el Área de Familia, etc.
2.- La alta capacitación como proyecto de inversión en la política de recursos humanos orientados a los Auxiliares jurisdiccionales y administrativos, es una inversión que va a redituar a futuro; el mismo que debe necesariamente presentarse como una inversión para su sustento técnico financiero, sujeto a evaluación por periodos.
Considero que dicha necesidad obedece a no heredar y mantener el statu quo[23], pues, como se advierte el en numeral I.1.- del presente ensayo, se esta generando una peligrosa y latente desconfianza de la ciudadanía del Perú para con el Poder Judicial, situación que lamentablemente abre una brecha social entre la Comunidad y el Sistema de Administración de Justicia.
A estas alturas de este presente ensayo, se habrán preguntado, si acaso no es un sacrilegio afirmar que el Auxiliar jurisdiccional es el encargado de imprimir la calidad de las decisiones jurisdiccionales, retornándose a una indeseable delegación de facultades.
Empero el ensayista pretende dejar establecido que el “asistir” a un Magistrado en el resumen de un expediente, y proponerle salidas justas a través de los métodos de interpretación de la normas; constituye un actividad muy distinta a la sustitución del Magistrado en sus funciones propias encomendadas por la Constitución.
Desmitifiquemos un poco dicha idea.
Según Marco Ibazeta Marino[24] dentro de la estructuración de un nuevo Despacho Judicial en los Estados Unidos de Norteamérica, antes del desborde de la carga procesal se nombraron numerosos auxiliares, que eran Abogados de calidad, para plantear los casos y plantear las decisiones a los Magistrados, logrando de ese modo un desembalse procesal.
En el Perú, en la Comisión Revisora de una Ley Orgánica del Poder Judicial, a inicios del año 1991 se quiso; pero no se trabajo en la calidad de los Auxiliares; pues se les paga poco y se le exige mucho, con el sueldo que oscila entre los S/. 1, 300 nuevos soles no se puede acceder a un post-grado a una maestría; a pesar que en el mercado laboral externo no se encuentra mayor calidad para una misión tan delicada.
Por ello me parece, necesario que dentro de la política de recursos humanos en la reforma del Poder Judicial, se establezca como meta contar con Auxiliares jurisdiccionales de alta calidad, por que en la práctica ellos son los Especialistas Legales y Asistentes de Juez quienes califican preliminarmente los actos procesales de las partes e inclusive proponen al Juez algún tipo de criterio de decisión; tan cierta es dicha realidad que cada Vocal Supremo se encuentra autorizado a la contratación de Asistentes Personales (Abogados de calidad), para que los auxilien su labores jurisdiccionales.
Por otro lado, los Auxiliares jurisdiccionales también desempeñan labores netamente jurisdiccionales y discrecionales, que afectan la secuencia del proceso, al respecto tómese nota que según el último párrafo del artículo 122° y 626° del Código Procesal Civil:
Artículo 122°: Los decretos son expedidos por los Auxiliares jurisdiccionales respectivos y serán suscritos con su firma completa, salvo aquellos que se expidan por el Juez dentro de las audiencias.
Articulo 626°: El Secretario interviniente es responsable cuando los daños y perjuicios se originan en su negligencia al ejecutar la medida cautelar.
V. CAUSALES OBJETIVAS DE DESPIDO DE AUXILARES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS
1.- Considero que si se advierte, la existencia de Auxiliares jurisdiccionales y auxiliares administrativos que mantienen una deficiente capacidad para el desempeño de las funciones (causa justa objetiva), el Poder Judicial tiene todo el derecho de aplicar la normatividad vigente, que regula dicho supuesto.
Recordemos según el D.L 728[25] - Ley de Fomento al Empleo, prevé:
Art. 58°: “ La causa justa puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador; La demostración de la causa corresponde al empleador dentro del proceso judicial que el trabajador pudiera interponer para impugnar su despido.”
Artículo 59.- Son causas justas de despido relacionadas con la capacidad del trabajador:
a) El detrimento de la facultad física o mental o la ineptitud sobrevenida, determinante para el desempeño de sus tareas
Asimismo el Decreto Legislativo N° 276[26]- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector publico, sanciona:
Artículo 28: Son faltas de carácter disciplinarias que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo: (…) d) La negligencia en el desempeño de las funciones;
Asimismo conviene precisar que según el Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece el “Control Previo” y el “Control Concurrente”, al respecto el inciso 5 del artículo 185° y 213° del acotado TUO de la LOPJ, así como el Artículo 01° del Reglamento de Organización de Funciones de la Oficina de la Magistratura, publicado con fecha 27-07-1996 en el Diario Oficial “El Peruano”, los cuales establecen:
Inciso 5), articulo 185°: Son facultad de los magistrados (…) Dictar las medidas disciplinarias que establecen las leyes y reglamentos;
Artículo 213.- Los Magistrados, en el conocimiento de los procesos o medios impugnatorios, están obligados a aplicar las sanciones de apercibimiento o multa cuando advierten irregularidades o deficiencias en la tramitación de los procesos, no siendo necesario trámite previo. En la resolución se menciona el motivo de la sanción, la que es notificada al infractor y anotada en el registro de medidas disciplinarias y en su legajo personal.
Articulo 01 del Reglamento de organización y Funciones de la OCMA: El presente Reglamento regula la organización, estructura y funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, con el objetivo de supervisar la idoneidad, conducta y desempeño funcional de los Magistrados y auxiliares jurisdiccionales; buscando alcanzar la prestación de un servicio eficiente de justicia.
2.- Iniciemos una practica filosófica, ideológica y política de la vigencia de la supremacía de la Constitución, desterrando aquella idiosincrasia institucional consistente en la existencia de diversos grados de ciudadanía que hace a las autoridades no vean a ciertos ciudadanos como sujetos de derecho[27], convirtiéndolo en individuos y no ciudadanos[28]; por ello en toda política de recursos humanos, desde el destaque “por necesidad de servicio” de los trabajadores hasta la “evaluación de capacidades” debe sujetarse al paradigma constitucional del derecho al trabajo como base del bienestar social y medio de realización de la persona como limite jurídico, social y político del poder constituido.
En palabras del Dr. Sergio Salas Villalobos[29], el Neo Constitucionalismo, representa un nuevo paradigma filosófico que a su vez va a originar la evolución de una serie de posturas y modelos en las sociedades contemporáneas. Por tanto, el Neo constitucionalismo -afirma- debe verse desde tres perspectivas:
- Como Teorías de Derecho
- Como modelo político y
- Como ideología
Asimismo, en el fundamento jurídico N° 10 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 3149-2004-AC de fecha 20-01-2005, publicada el 10-10-2005[30], el Tribunal Constitucional ha señalado que:
“El Estado Social y Democrático de Derecho constituye no sólo un conjunto de reglas de derecho a las que está supeditada la actuación del poder público, sino también un conjunto de actitudes, es decir, una cultura o, como lo sugiere Böckenförde, un “ethos”, que presupone “(...) determinados modos de comportarse (...) Estos modos de comportamiento, en los que se incorporan los principios y los criterios de ordenación de la democracia, constituyen el ethos de la democracia. Y este ethos no es otra cosa que la cultura política en la aquella vive y se apoya”.
1.- Espero que el presente ensayo logre sensibilizarlo, motivarlo y comprometerlo en la aplicación de herramientas de gestión que permitan lograr una atención en el Poder Judicial con calidad, equidad y eficiencia; y dejar en claro que la brecha social consistente en la creciente desconfianza de la ciudadanía del Poder Judicial, es una acción que va a producir necesariamente una reacción.
Un día, algunos valores humanos como por ejemplo el contenido en el artículo 22° de la Constitución Política del Perú en su sentido más lato (ver numeral II.2.-) que fueron postergados, van a volver ser necesidad prioritaria, ello a través de ideas que por las fuerzas de sus fundamentos se convertirán, luego en ideología político-institucional, que forma el carácter de determinados modos de comportarse; no debemos perder esto de vista (ver 5to párrafo del Numeral I del presente ensayo).
2.- En palabras de Mario Vargas Llosa[31], al comentar la Novela “Grandes Miradas” escrita por Alonso Cueto en el año 2004 que se encuentra
relacionado a la negación del mantenimiento de estado de cosas en el Poder Judicial y como un manifiesto contra la amnesia política, señala que “sería falso confinar esta historia (La Novela: “Grandes Miradas”) en el estricto dominio de la literatura, porque es más o menos que ese quehacer que modifica la realidad y la embellece y eterniza con palabras, creando una realidad aparte, otra vida”.
1.- La solución de Evaluar al personal jurisdiccional para excluir aquellos que carecen de la suficiente capacidad profesional o técnica, no resulta razonable para superación de la crisis de recursos humanos; pues dicha decisión no asegura los cambios culturales y sociales que van a determinar la abolición total de la “cultura judicial” y la “gigantesca carga procesal”.
2.- El Estado Social y Democrático de Derecho constituye no sólo un conjunto de reglas de derecho a las que está supeditada la actuación del poder público, sino también un conjunto de actitudes, es decir, una cultura Democrática en toda decisión de la vida pública y privada.
3.- Surge como una necesidad orientar todo acto creativo personal o institucional, a la viabilidad y aplicación de las recomendaciones en el área de política de recursos humanos de la CERIAJUS, el cual obedece a una visión integral del Sistema de Administración de Justicia; evitando así medidas inorgánicas que no se compadezcan con el respecto de orden constitucional.
4.- Constituye de vital importancia una política de recursos humanos donde la inversión en el factor humano, sea una prioridad institucional como garantía de la calidad de los servidores judiciales; y por consiguiente de la descarga procesal, obviamente dicha prioridad deberá ser objeto de un análisis y control de sus resultados, por tal razón la acotada necesidad dicha inversión debe ser técnicamente sustentada en base el análisis costo-beneficio.
Con fecha 17-10-2006 el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dicta las normas de austeridad y racionalidad en materia de personal y servicios en el Poder Judicial, el cual tiene como finalidad el disminuir el nivel de gastos en bienes y servicios a fin de generar ahorros para ser utilizados por el Estado en cumplimiento de los Decretos de Urgencia sobre austeridad y racionalidad en la ejecución del gasto público, delineando el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como normas especificas en materia de personal: que la Oficina de Control de la Magistratura y Oficinas Distritales de Control de la Magistratura, efectúen visitas inopinadas a las dependencias jurisdiccionales para verificar la puntualidad en la asistencia y permanencia de los magistrados y personal jurisdiccional; no evidenciándose -por el momento- una preocupación en la inversión de capacitación del recurso humano orientado a los servidores judiciales, para elevar así la calidad y eficiencia en el servicio de justicia.
[*] Abogado USMP, Maestrista Derecho Civil y Comercial UNFV-EUPG, Discente VIII PROFA-AMAG; Asistente de Vocal de IV Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.
[1]MEJIA, Beatriz, en “Acceso a la Justicia y equidad. Estudio en siete países de América Latina”; Instituto Interamericano de Derechos Humanos y BID, San José de Costa Rica, 2000, p. 254, citado por DE BELAUNDE LÓPEZ DE ROMAÑA, Javier en “Algunas Propuestas para la Reforma del Sistema Judicial Peruano, Fundación Konrad-Adenauer e Instituto de Estudios Social Cristianos, Editorial Roel, Lima 2005, p.6
[2]En http://www.proetica.org.pe/Descargas/EncuestaApoyo_20040210.ppt#12
[3] Cfr. DE BELAUNDE LÓPEZ DE ROMAÑA, Javier , ob.cit, p.6
[4] En http://www.apoyo.com/entorno-3187-1-0.html.
[5] MONROY GALVEZ, Juan; La Formación del Proceso Civil Peruano, Capitulo 29 “Con absoluta prescindencia del Código, la Reforma del proceso civil es un dato real”, Editora Palestra 2004, p.449
[6] Apreciar si la sombra tras la idea propuesta, es coincidente con la cultura Democrática de Derecho.
[7] Si pensamos en la interpretación de las normas constitucionales, aquellas que realizan el reparto de las competencias supremas del Estado, tomaremos conciencia que estamos abordando un tema trascendental para el derecho constitucional y las instituciones políticas, pues en última instancia, estamos desentrañando el sentido y la validez de todo el ordenamiento jurídico
[8] Articulo 2, inciso 2 de la C.P.P; toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.
[9] Artículo 55 de la C.P.P: Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.
[10] CUARTA DISPOSICION FINAL y TRANSITORIA: Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.
[11] En http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-52.html
[12] MARCENARO FRERS, Ricardo, El Trabajo en la nueva Constitución, Editorial Cuzco S.A, Lima 1995.
[13] CADE 2004: ¿Se puede reformar el Poder Judicial?, elaborado para XLI Conferencia Anual de Ejecutivos CADE “Institucionalidad: Reglas claras para la Inversión”.
[14] Ciclo de Conferencia Tema: Reforma Judicial, Academia de la Magistratura-AMAG Lima 16-10-2006.
[15] la honradez ha quedado anulada por la honestidad. Son cosas algo distintas. La honradez se refiere a una cualidad moral, al comportamiento íntegro de la persona que la manifiesta. La honestidad se refiere más bien a la apariencia personal, a la disposición del cuerpo. Digamos que la honradez es un criterio más amplio, que englobaría a la honestidad. Para los norteamericanos la honestidad equivale a ser sincero, no engañar
[16] Ley N° 28083 del 4 de octubre de 2003 creó la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia-CERIAJUS, con la finalidad de elaborar el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia.
[17] Base de Legitimidad del Plan de Reforma Integral de la Administración de Justicia de la CERIAJUS: “Se ha producido en el marco de un Estado democrático y constitucional de derecho, sin excluir a las entidades directamente involucradas, sin ningún atisbo de intervención política”.
[18] En http://www.cajpe.org.pe/rij/Ceriajus/ceriajus.
[19] GUERRA CERRÓN, J. Maria, “Perú: En la búsqueda de la eficiencia del servicio de justicia. Nueva Visión de la Reforma Judicial Peruana”, Revista de Opinión Jurídica VRBE ET IVS. p. 103 y ss.
[20] En http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2004/ceriajus/proyectos.htm.
[21] Comunicado publicado en http://www.pj.gob.pe/detalle_audiencias.asp?codigo=3264
[22] IBAZETA MARINO, Marco; Los Técnicos Judiciales; Dialogo con la Jurisprudencia N° 81, Junio 2005, Gaceta Jurídica. p. 314.
[23] Según la Real Academia de la Lengua Española y el Diccionario Panhispanico de Dudas, Madrid 2005: Statu quo significa: En la diplomacia, estado de cosas en un determinado momento.
[24]IBAZETA MARINO, Marco; Ob. cit.
[25] Texto Único Ordenado de la Ley de Formación y Promoción Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-97-TR, publicado el 27-03-97.
[26] Decreto Legislativo N° 276, de fecha 24 de marzo de 1984.
[27] DARGENT BOCANEGRA, Eduardo; “Justicia es igualdad: Idiosincrasia judicial y reforma de la justicia”, Lima setiembre 2005.
[28] Para GÜNTHER JACOBS, Alemán y unos de los pensadores de la doctrina del "Derecho Penal del enemigo", indica que en toda sociedad existen dos clases de individuos, el ciudadano y el enemigo. El primero a quien se reconocen sus derechos fundamentales y al segundo, quien por haberse apartado gravemente del derecho, por tratarse de un individuo especialmente peligroso, no merece ninguna contemplación por parte del Estado. No puede ser tratado como persona. Debe ser apartado de la sociedad.
[29] SALAS VILLALOBOS, Sergio Roberto; “Control Judicial en el Estado Constitucional”, Lima setiembre 2006.
[30] Expediente N° 3149-2004-AC/TC en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03149-2004-AC.html
[31] VARGAS LLOSA, Mario; Contra la Amnesia, en http://www.elsalvador.com/