Source: https://www.registradoresdemadrid.org/resoluciones/TRANSMISION-DE-FINCA-boe30102019-rDGRN02092019
Timestamp: 2020-02-19 21:09:55
Document Index: 181401272

Matched Legal Cases: ['Artículo 172', 'artículo 107', 'artículo 99', 'artículo 18', 'Artículo 92', 'artículo 51', 'artículo 18', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 18', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 39', 'artículo 107', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 45', 'artículo 99', 'artículo 107', 'artículo 99', 'artículo 650', 'artículo 109', 'artículo 112', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 101', 'artículo 103', 'artículo 104', 'artículo 97', 'artículo 107', 'in casu', 'artículo 107', 'artículo 176', 'artículo 176', 'artículo 178', 'artículo 398', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 176', 'artículo 176', 'artículo 145', 'artículo 21']

RESOLUCIONES - TRANSMISIÓN DE FINCA. - 02/09/2019
TRANSMISIÓN DE FINCA.
Ley Hipotecaria, Artículos 9, 18, 20, 21 32, 34, y 38.
Reglamento Hipotecario, Artículos 26, 51 y 99.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 104 a 112 y las disposiciones transitorias tercera y cuarta del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, y su modificación por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, Artículo 172.
Ley Concursal, Artículos 178 y 179
Resolución de 2 de septiembre de 2019 , de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación dictada por la registradora de la propiedad de Alcázar de San Juan n.º 2, por la que se suspende la inscripción de la transmisión de una finca.
En el recurso interpuesto por don J. M. A. I., abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Alcázar de San Juan número 2, doña Eva Leal Colino, por la que se suspende la inscripción de la transmisión de una finca, realizada en procedimiento de ejecución administrativo, por haberse realizado la misma mediante adjudicación directa, en vez de promoverse nueva subasta o la adjudicación a la propia agencia tributaria, porque habiendo estado concursada la entidad ejecutada, no ha quedado acreditado que no ha tenido lugar la reapertura del procedimiento concursal, que se había cerrado por insuficiencia de la masa activa, y por no quedar clara la identificación del adjudicatario.
I Mediante una certificación del acta de adjudicación de bienes inmuebles, expedida el día 20 de febrero de 2019, dictada en expediente administrativo de apremio, se recogía el acuerdo de enajenación mediante subasta de una finca, procediéndose a su adjudicación directa, tras haber quedado desierta la subasta en primera y segunda licitación.
II Presentada la referida certificación en el Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
"Nota de calificación N.º 1605/219.
Alcázar de San Juan, 11 de abril de 2019, en base a los siguientes:
El día 21 de marzo de 2019 se presentó -Asiento 1605 Diario 219-, certificación del acta de adjudicación de bienes mediante adjudicación directa firmada electrónicamente el día 20 de febrero de 2019 por don J. L. P. M., Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación y por doña I. S. M. M., Técnica de Hacienda, dimanante de procedimiento administrativo de apremio seguido en la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación de Toledo de la AEAT por la que se declara adjudicatario de la finca registral 20.094 del término de Pedro Muñoz a la sociedad J.R. Sabater, S.A. complementada con diligencia de constancia de hechos firmada electrónicamente el 25 de febrero de 2019.
Se acompaña comunicación de plusvalía e instancia de libertad de arrendamientos.
La adjudicación directa es consecuencia de haber sido declarada desierta la subasta celebrada el día 18 de julio de 2018 en primera y segunda licitación iniciándose en tal fecha el trámite de adjudicación directa.
Efectuada consulta al Registro Mercantil resulta que, la citada sociedad, por auto dictado el 21 de marzo de 2018 por el Juez de lo Mercantil de Ciudad Real se acuerda la declaración de la apertura de concurso abreviado y simultanea conclusión y archivo por insuficiencia de la masa activa.
I. Esta nota de calificación se extiende por la Registradora titular de esta Oficina competente por razón del territorio donde radica la finca, en el ámbito de sus facultades de calificación previstas en los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 99 y siguientes de su Reglamento.
II. En cuanto al fondo del asunto se acuerda no proceder al despacho del documento presentado por los siguientes defectos:
1. Siendo declarada desierta la subasta con posterioridad al 1 de enero de 2018 no cabe adjudicación directa sino que, por aplicación de la redacción vigente (operada por el Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre) de los artículos 107, 109 y 112 del RGR en relación con la DT 3.ª del citado RGR, ha de procederse a la adjudicación de los bienes a favor de la Hacienda Pública o, si no se acuerda dicha adjudicación, al inicio de un nuevo procedimiento de enajenación mediante subasta; todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que la Administración acuerde la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados al amparo de la letra c) del artículo 107 del RGR, es decir, en aquellos casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, justificando las razones que motivan dicha adjudicación directa de los bienes o derechos embargados en el expediente. Se cumple así la finalidad perseguida de "simplificar el procedimiento de enajenación para potencias la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad". DT 3.ª del RGR, artículos 107, 109 y 112 del RGR, artículo 99 del Reglamento Hipotecario que permite la calificación de la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido. Puede asimismo citarse el Informe 1/319 de la Comisión de Consultas Doctrinales del Colegio de Registradores.
2. Necesidad de acreditar mediante la oportuna resolución del Juez Concursal que no se ha procedido a la reapertura del concurso, Artículos 178 y 179 de la Ley Concursal, artículo 18 de la Ley Hipotecaria.
3. Existe contradicción en cuanto al adjudicatario de finca toda vez que en la certificación figura como tal Don J. A. S. y en la diligencia de constancia de hechos consta J.R. Sabater, S.A. Artículo 92 de la Ley Hipotecaria, artículo 51 del Reglamento Hipotecario, artículo 18 de la Ley Hipotecaria y artículo 99 del Reglamento Hipotecario.
Contra la presente calificación puede (...)
La Registradora (firma ilegible) Fdo. Eva Leal Colino."
III Contra la anterior nota de calificación, don J. M. A. I., abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, interpuso recurso el día 4 de junio de 2019 del siguiente tenor literal:
Único.-Presentado por D. F. F. M. V. a la inscripción del mandamiento de la Agencia Tributaria con fecha 7 de marzo de 2019 de mandamiento de adjudicación directa, habiéndose presentado autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados el día 20 de marzo de dos mil diecinueve.
Disconformes con tal proceder, la "AEAT" se ve en la obligación de acudir ante ese Centro Directivo para la adecuada defensa de sus derechos e intereses legítimos.
Resultan de aplicación los siguientes
-I- De carácter adjetivo.
-II- De orden sustantivo.
Primer motivo.-Defecto consistente en que no se ha seguido la normativa vigente para el procedimiento de ejecución.
1. El primer motivo del presente recurso se fundamenta en el exceso de la calificación registral, con vulneración de los artículos 18 de la Ley Hipotecaria (en adelante, LH) y 99 del Reglamento Hipotecario (en adelante, RH) que regulan la calificación registral corno medio o instrumento para hacer efectivo el principio de legalidad, en concreto, en relación con la calificación de documentos administrativos.
La Sra. Registradora aduce en su nota que la calificación se ampara en la previsión del artículo 99 RH, que permite examinar que la resolución administrativa haya sido congruente con la clase de expediente o procedimiento seguido, y por tanto, los trámites e incidencias esenciales del mismo, con cita de las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante, "DGRN") de 29 de julio de 2016, 13 de octubre de 2016, y 2 de abril de 2018, aunque sin desarrollar más esta cuestión.
2. En este sentido, aunque en relación con la calificación de documentos administrativos el registrador goce de mayor libertad que respecto de los documentos judiciales, la calificación nunca puede alcanzar la legalidad intrínseca de la resolución, puesto que ello supondría asumir facultades revisoras que exceden del ámbito de la función registral, en línea con lo preceptuado en el artículo 18 LH. Así, como ha señalado reiteradamente la DGRN, conforme al artículo 99 RH puede revisar la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con la clase del expediente seguido, las formalidades extrínsecas del documento presentado, los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, la relación de éste con el titular registral y los obstáculos que surjan del Registro, pero ello es así "con el exclusivo objeto de que cualquier titular registral no pueda verse afectado si en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la Ley, evitando que el titular registral sufra, en el mismo Registro. las consecuencias de una indefensión procesal". (Resolución de 25 de abril de 2018).
En consonancia. la calificación de la "congruencia de la resolución con la clase de expediente seguido" implica examinar si en el marco del procedimiento elegido por la Administración Pública, el documento es coherente con el mismo (es decir, si se ha adoptado una resolución propia del procedimiento de que se trate, y no una distinta) y si se han respetado los trámites esenciales del procedimiento, y, en particular, la audiencia del titular registral.
"2. Como cuestión previa, debe recordarse que esta Dirección General ha señalado que no obstante la presunción de legalidad. ejecutividad y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos (cfr. art. 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), el artículo 99 del Reglamento Hipotecario faculta al registrador para calificar, respecto de los documentos administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de este, así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro, siendo el procedimiento de adjudicación elegido un trámite esencial susceptible de calificación por el registrador en cuanto a la observancia de los requisitos legales precisos para su elección" (cfr. por todas Resoluciones de 31 de julio de 2001 y 31 de marzo de 2005).
En el mismo sentido incide la más reciente Resolución de 29 de julio de 2016, incongruentemente citada por el registrador en su nota, ya que abiertamente secunda la tesis que venimos defendiendo, y concluir que no puede mantenerse la existencia de defecto esencial ostensible en la resolución administrativa que ampara las operaciones contenidas en el documento calificado, en un supuesto de calificación de una licencia de segregación en la que como consecuencia de la misma la parcela originaria, ocupante por una edificación, resultaba disconforme con los usos e intensidades edificatorios permitidos por la ordenación urbanística en vigor, quedando en situación equiparada al régimen fuera de ordenación. Y ello por el hecho clave de que "el titular registral tiene pleno conocimiento de la situación de fuera de ordenación".
4. Así pues, la Sra. Registradora debe revisar la resolución administrativa a fin de evitar la omisión del titular registral en el procedimiento administrativo. habida cuenta de los efectos que se derivan de la inscripción (art. 38 LH), pero lo que no puede es convertirse en revisor de toda la legalidad administrativa, vulnerando un principio esencial básico como es la presunción de legalidad administrativa (en este sentido, el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que "Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa") y el principio de autotutela declarativa, en cuya virtud es la propia Administración la competente para revisar la propia legalidad de sus actos administrativos, ya sea de oficio a través de la declaración de nulidad de pleno derecho o la declaración de lesividad, ya sea a instancia de los propios interesados, mediante el uso de los recursos administrativos, y posteriormente, a través del recurso contencioso-administrativo ante los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (Título V de la Ley 39/2015 y art. 106 CE).
5. Queremos concluir este fundamento señalando que, aun aceptado a efectos meramente dialécticos que ya no se pudiera acudir tras una subasta desierta al procedimiento de adjudicación directa, en modo alguno puede considerarse que su uso suponga una omisión total del procedimiento establecido generador de nulidad de pleno derecho. Para empezar, porque precisamente se ha seguido un procedimiento concreto, con respeto de todos sus trámites, esenciales y accesorios. Pero, fundamentalmente, porque no se ha usado un procedimiento derogado para el supuesto de hecho concreto, como erróneamente concluye la Sra. Registradora en su nota, esto es, aun cuando no se pueda acudir a la adjudicación directa por quedar desierta la subasta, se podría acudir a la misma en los supuestos del artículo 107 del RGR, y en lo que atañe al presente expediente, en los supuestos del apartado 1.b) y c) ("por razones de urgencia justificadas en el expediente", o "en otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente").
6. Enlazando con lo anterior, y sin perjuicio de lo alegado respecto a la vulneración de las normas reguladoras de la calificación registral, estimarnos que la interpretación realizada por la Sra. Registradora de la normativa transitoria tampoco es acertada, siendo válida la actuación de la Agencia Tributaria.
7. Pues bien, consideramos que la interpretación sistemática y teleológica, y que debe primar sobre la interpretación literal, nos debe conducir a la solución contraria.
La interpretación sistemática de la DT 4.ª RGR exige considerar que se refiere a todos los artículos del procedimiento de enajenación modificados (siendo evidente, en este punto, que la adjudicación directa se considera como un procedimiento de enajenación equivalente a la subasta y al concurso, como resulta de su regulación conjunta en la subsección 5.ª ("enajenación de los bienes embargados) de la sección 2.ª del Capítulo II del Título III del RGR, o de sus artículos 100, 109.1 o 112.2), entrando todos ellos en vigor conjuntamente el 1 de septiembre de 2018.
Por otro lado, la Exposición de Motivos del Real Decreto 1071/2017 refuerza claramente esta interpretación cuando indica que "Finalmente, se incorpora una disposición transitoria respecto de la aplicación del nuevo régimen de subastas".
En efecto, de acuerdo con la Sra. Registradora, a estos expedientes les es aplicable el nuevo régimen material de la subasta, pero no las normas de desarrollo de la misma. Pues bien, corno señala la exposición de motivos del RD 1071/2017, "La adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad".
Segundo motivo.-Defecto por no acreditar mediante la oportuna resolución judicial que el Juez del Concurso no ha procedido a la reapertura del concurso - infracción de los artículos 176 bis 4.1, 178.2 y 3 y 179.2 y 3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal así como de las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de diciembre de 2012 y de 14 de diciembre de 2016.
La Sra. Registradora reclama la justificación de un hecho negativo como es la no reapertura del concurso por el Juez del Concurso fruto de la declaración y conclusión simultánea del concurso adoptada con fecha de 21 de marzo de 2018 por el Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real vulnerando, en su criterio, los artículos 178 y 179 de la Concursal en conexión con el art. 18 de la Ley Concursal (en adelante, "LECO").
La invocación de los preceptos es, amén de genérica, incompleta y, añadimos, inexacta o, si se prefiere, inexacta ya que, no es lo mismo la situación del conclusión del concurso cuando la liquidación es incompleta, que es el supuesto del art. 176.1.3.º LECO así como en el del art. 176 bis 2 LECO, que, cuando la repetida conclusión, tiene lugar cuando lo es por insuficiencia de masa para atender hasta los gastos del procedimiento concursal, que es el supuesto del art. 176 bis 4 LECO, que ni tan siquiera ha existido la posibilidad de liquidar. Este último es nuestro caso y aquí radica el nervio de nuestro disenso por cuanto parte la Sra. Registradora de una premisa inexacta, dicho sea con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, como es la equiparación absoluto de términos disímiles, a saber, la existencia de una tramitación judicial del concurso de acreedor, que es el caso de los artículos 176.1.3.º y 176 bis 2 LECO, de la otra, radicalmente diferente, de ni tan siquiera dar trámite judicial alguna más que a la resolución judicial que se limita, y de forma simultánea, a declaración y concluir el concurso.
En el primer caso, por el motivo de extinción del art. 176.1.3.º LECO así como el art. 176 bis 2 LECO, tuvo lugar una tramitación judicial donde se sucedieron diversas fases del concurso o, el menos, la común, mientras que en este segundo caso del art. 176 bis 4 LECO, ni tan siquiera ha tenido lugar fase alguna del concurso, que se archiva, que es el caso del concurso exprés. Este último, que es del presente recurso, el Juez del Concurso ya ha verificado que, a la vista de activo declarado por el deudor que interesa el concurso, el mismo es tan reducido que, por razones de eficacia, eficiencia y seguridad jurídica, el Legislador opta porque no tenga lugar su realización en el seno del concurso, dejando la misma "extra muros" al margen de toda intervención del Juez del Concurso, como así pone de manifiesto la práctica judicial siendo dignos de mención el Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo de 13 de febrero de 2015 [Concurso 92/2014], el Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Palma de Mallorca de 2 de febrero de 2014 [Concurso 2/2012] así como el AAP de Palma de Mallorca -Sección 5.ª- no 84/2014, de 24 de abril de 2014 [Cendoj 07040370052014200003], si bien solo mantiene el pronunciamiento de la extinción, materialmente no es así por cuanto adelanta ya el concepto de personalidad latente, ya definitivamente zanjado tanto por el Tribunal Supremo (STS -Sala 1.ª; Pleno- n.º 324/2017, de 24 de mayo de 2017 [Cendoj 28079119912017100010]) como por ese Centro Directivo (RDGRN de 30 de agosto de 20171).
En consecuencia, una vez que el Juez del Concurso declara que la totalidad de los bienes y derechos realizables del activo del deudor cuyo concurso interesado es objeto del pronunciamiento de declaración y conclusión simultáneos del art. 176 bis 4 LECO, entendemos que no cabe exigir que el acreedor acuda al Juez del Concurso para reclamar un pronunciamiento que ya ha llevado a cabo, a saber, la insuficiencia del patrimonio para la tramitación del concurso (que son los créditos contra la masa aludidos en el art. 84.1.2.º LECO); este pronunciamiento se reserva para el activo sobrevenido, como así reclama la RRDGRN de 17 de diciembre de 2012, FD 3 en su antepenúltimo párrafo refiere "la aparición de activo sobrevenido produce el efecto de reanudar las operaciones liquidatorias en el ámbito del procedimiento concursal y bajo la dirección del mismo Juzgado que conoció anteriormente" y de 14 de diciembre de 2016 alude en el FD 6.4.º párrafo3 "Sólo si tras la finalización del concurso concluido por liquidación o insuficiencia de masa, se produjera la aparición de nuevos bienes o derechos, o se diesen los presupuestos precisos para el ejercicio de acciones de reintegración o la posible calificación de culpabilidad del concurso, habrá lugar a la reapertura del concurso en los términos del artículo 179.2 de la Ley Concursal. La existencia o no de tales requisitos debe apreciarse por el juez Mercantil que ha conocido el procedimiento concursal, ya que la reapertura del concurso no implica sino la continuación de/procedimiento inicial".
De estas dos resoluciones transcritas, se colige que ese Centro Directivo reclama la existencia de un procedimiento inicial que pueda ser continuado, pero no en este caso del denominado "concurso exprés" ya que, sencillamente, no se dio inicio a proceso alguno ya que el Juez del concurso ya ha declarado el carácter de los diferentes bienes y derechos (cosas, en el sentido del Código Civil) como inhábiles para tramitar un proceso concursal; en definitiva, no es un bien de nueva aparición sino un bien ya existente y que ha sido ya calificado por el Juez del Concurso como inhábil para su realización en el concurso de acreedores y, por tanto, no es de aplicación el art. 1.712 LECO "La reapertura del concurso de deudor persona jurídica concluido por liquidación o insuficiencia de masa será declarada por el mismo juzgado que conoció de éste, se tramitará en el mismo procedimiento y se limitará a la fase de liquidación de los bienes y derechos aparecidos con posterioridad" (el énfasis es nuestro).
Por ello, esa exigencia reclamada por la Sra. Registradora de la Propiedad es contraria al art. 179.2 LECO resultando, de este modo, desplazada por el art. 178.2 LECO "Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares". Por otra parte, dado que el concurso fue objeto de declaración y conclusión simultánea el 21 de marzo de 2018 y el título presentado en el Registro data de 21 de marzo de 2019, ni tan siquiera ha transcurrido el plazo de un año para que un acreedor pueda interesar la reapertura del concurso por el ejercicio de las acciones de reintegración o la calificación del concurso corno culpable que reclama el art. 179.3 LECO, de ahí que, a mayor abundamiento, sea este precepto, por el art. 179 LECO, de incorrecta invocación por la Sra. Registradora pues la acción ejecutiva de la AEAT es, con base en el art. 178.2 LECO, conforme a Derecho, imponiendo una carga que, como se ha justificado, no resulta de Ley Concursal, según la interpretación sentada por ese Centro Directivo, al que tenemos el honor de dirigirnos. En este sentido lo pone de manifiesto ese Centro Directivo al que tenemos el honor de dirigirnos en la Resolución de 14 de diciembre de 2016 (BOE de 7 de enero de 2017, Sección III, parágrafo 215, páginas 788 a 797) pues, como recuerda su Fundamento de Derecho 6.º en su párrafo cuarto, se afirma "Sólo (sic) si tras la finalización del concurso concluido por liquidación o insuficiencia de masa, se produjera la aparición de nuevos bienes o derechos, o se diesen los presupuestos precisos para el ejercicio de acciones de reintegración o la posible calificación de culpabilidad del concurso, habrá lugar a la reapertura del concurso en los términos del artículo 179.2 de la Ley Concursal. La existencia o no de tales requisitos debe apreciarse por el juez Mercantil que ha conocido el procedimiento concursal, va que la reapertura del concurso no implica sino la continuación del procedimiento inicial", donde, salvo que admitamos una aporía, mal puede ser continuado aquello que ni tan siquiera ha comenzado, que es lo que resulta del art. 176 bis 4 LECO.
En consecuencia, no procede la reapertura del concurso, menos aún, interesarla del Juez del Concurso puesto que ya rechazó expresamente esta posibilidad.
Tercer motivo.-Defecto por la aparente contradicción entre el adjudicatario de la finca y el identificado en la certificación de constancia de hechos - infracción del artículo 45.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La actuación lo es como representante de la mercantil, según el art. 45.2 LGT, ya que, como resulta del título representado, lo hace como representante de la mercantil, pues, como puede colegirse el número de identificación de fiscal en la certificación del acta de adjudicación es el mismo que consta en la diligencia de constancia de hechos, a saber, el A30022909, tal y como resulta del art. 3 de la Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que, en lo que aquí interesa, afirma "Para las entidades españolas, el número de identificación fiscal comenzará con una letra, que incluirá información sobre su forma jurídica de acuerdo con las siguientes claves: A. Sociedades anónimas",
De ahí que ese desacuerdo no sea tal sino una actuación como representante de la mercantil adjudicataria. Y nada más.
Lo anterior provoca el éxito de esta pretensión de reforma, salvo mejor criterio.
-III- De los documentos aportados "ex" art. 327 LH.
-IV- De la práctica de la anotación preventiva "ex" art. 42.9 LH.
En su virtud, a ese Centro Directivo suplica, que tenga por presentado este escrito con su copia y documentos anejos, se sirva admitirlo y con él interpuesto el presente recurso gubernativo contra la calificación registral expuesto en el encabezamiento del presente escrito para que, tras la preceptiva tramitación, se dicte en su día resolución por la que, estimando las presentes alegaciones, se ordene la revocación de la calificación practicando la inscripción que resulta del título presentado."
IV La registradora de la Propiedad de Alcázar de San Juan número 2, doña Eva Leal Colino, emitió informe en defensa de la nota y elevó el expediente a este Centro Directivo el día 7 de junio de 2019.
Vistos los artículos 9, 18, 20, 21 32, 34, y 38 de la Ley Hipotecaria; 26, 51 y 99 del Reglamento Hipotecario; 172 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 104 a 112 y las disposiciones transitorias tercera y cuarta del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, y su modificación por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre; los artículos 178 y 179 de la Ley Concursal; las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 31 de octubre de 1995, 4 de junio de 2000, 27 de diciembre de 2011 y 21 de febrero de 2012, entre otras, y, de la Sala Primera, de 29 de julio de 1995 y 21 de marzo de 2003, entre otras, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de marzo de 1975, 7 de septiembre de 1992, 22 de octubre de 1996, 27 de enero de 1998, 20 de julio de 2001, 13 de diciembre de 2002, 20 de diciembre de 2005, 26 de marzo y 27 de octubre de 2008, 1 de junio y 17 de diciembre de 2012, 15 de enero, 23 de septiembre y 20 de noviembre de 2013, 12 de febrero y 11 de julio de 2014, 30 de noviembre y 14 de diciembre de 2016,10 de marzo de 2017, 11 de abril y 10 de octubre de 2018 y 6 y 13 de febrero de 2019.
1. El presente recurso tiene por objeto una certificación del acta de adjudicación de bienes mediante adjudicación directa dada por el jefe de la Dependencia Regional de Recaudación y por la Técnico de Hacienda, dimanante de procedimiento administrativo de apremio seguido en la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación de Toledo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se declara adjudicatario de la finca registral 2.0094 del término de Pedro Muñoz a la sociedad "J.R. Sabater, S.A." complementada con diligencia de constancia de hechos firmada electrónicamente el día 25 de febrero de 2019.
Son tres los defectos alegados por la registradora, resumidamente: a) siendo declarada desierta la subasta con posterioridad al 1 de enero de 2018 no cabe adjudicación directa sino que, por aplicación de la redacción vigente (operada por el Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre) de los artículos 107, 109 y 112 del Reglamento General de Recaudación en relación con la disposición transitoria tercera del citado Reglamento, ha de procederse a la adjudicación de los bienes a favor de la Hacienda Pública o, si no se acuerda dicha adjudicación, al inicio de un nuevo procedimiento de enajenación mediante subasta; b) necesidad de acreditar mediante la oportuna resolución del juez concursal que no se ha procedido a la reapertura del concurso, artículos 178 y 179 de la Ley Concursal y 18 de la Ley Hipotecaria, y c) existe contradicción en cuanto al adjudicatario de finca toda vez que en la certificación figura como tal don J. A. S. y en la diligencia de constancia de hechos consta la sociedad "J.R. Sabater, S.A.".
La nota de calificación recoge tres defectos, y los tres han sido objeto de recurso, por lo que han de analizarse separadamente.
2. En cuanto al primero de los defectos, se plantea en este expediente si es inscribible en el Registro de la Propiedad una certificación de un acta de adjudicación directa acordada en procedimiento de apremio fiscal por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que concurren los siguientes antecedentes de hecho relevantes para su resolución:
- En el seno del procedimiento de apremio administrativo, se celebró subasta el día 18 de julio de 2018 y tras su celebración resultó desierta tanto en primera como en segunda licitación, anunciándose la iniciación del trámite de adjudicación directa.
- La Mesa de la Subasta, visto el resultado de la subasta desierta, acuerda el día 16 de enero de 2019 la enajenación directa y la adjudicación del bien.
- El bien adjudicado estaba valorado en 541.023,21 euros y fue adjudicado a por 60.000 euros.
La registradora suspende la inscripción al entender que no resulta posible la práctica de la práctica de la inscripción solicita por haber sido acordada la adjudicación directa en un procedimiento de enajenación abierto el día 28 de julio de 2018, tras haber quedado desierta la subasta en primera y segunda licitación el indicado día, fecha en que ya había entrado en vigor la reforma del Reglamento General de Recaudación operada por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, que, entre otras modificaciones, suprimía la posibilidad de que, desierta la subasta en segunda licitación, se acordara la enajenación de los bienes hipotecados por el procedimiento de adjudicación directa, modificación en vigor desde el 1 de enero de 2018.
El recurrente se opone a la citada calificación por dos motivos: en primer lugar, por considerar que la registradora se extralimita en sus funciones calificadoras y, en segundo lugar, por considerar que la interdicción de la enajenación directa como procedimiento posterior y subsiguiente a una subasta desierta sólo rige a partir del 1 de septiembre de 2018, según resultaría, a su juicio, de una interpretación sistemática de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, introducida por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, conforme a la cual "las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018".
3. En relación con el ámbito de las facultades del registrador para calificar la certificación del acta de adjudicación directa en procedimiento de apremio administrativo, cuestionada por el recurrente, hay que comenzar recodando, conforme a reiteradísima doctrina de este Centro Directivo (vid. Resoluciones citadas en los "Vistos"), que la calificación registral de los documentos administrativos que pretendan su acceso al Registro de la Propiedad se extiende en todo caso a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro (cfr. artículo 99 del Reglamento Hipotecario).
Como hemos visto, en el presente caso la registradora cuestiona la idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de enero, reforma que estaba en vigor el 30 de octubre de 2018 en que se celebró la subasta y se abrió el procedimiento de adjudicación directa. Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento seguido y de sus trámites esenciales, y siendo estos extremos unos de los que conforme a las disposiciones y doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe sino desestimar este motivo de oposición a la calificación impugnada.
Como se ha dicho "supra", en los casos en que sea aplicable el artículo 99 del Reglamento Hipotecario, podrá discutirse en el seno de un recurso gubernativo contra una calificación registral si ésta fue o no acertada, si su juicio sobre las formalidades del documento, sobre la competencia del órgano, sobre la idoneidad del procedimiento, sobre la congruencia con el mismo de la resolución dictada, sobre los trámites esenciales de aquél, sus relaciones con el titular registral, o sobre los obstáculos del Registro, fue o no ajustado a Derecho, pero lo que no puede es negarse las facultades del registrador para calificar tales extremos, eludiendo el debate sobre su acierto o desacierto jurídico.
4. Resuelta la cuestión competencial en los términos indicados, procede entrar en el examen del fondo del recurso.
En concreto en los procedimientos de enajenación de los bienes embargados destacan, entre otras, las siguientes novedades: se introducen los ajustes necesarios para adaptarlos al procedimiento electrónico previsto en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado; se establecen criterios objetivos respecto a la adjudicación de los bienes y derechos objeto de enajenación (inspirados en los términos previstos en el artículo 650 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil). En relación con las subastas se introducen modificaciones en las normas relativas a su desarrollo, y entre ellas se dispone que la subasta sea única, eliminado la existencia de una primera y segunda licitación; se prevé que la presentación y ordenación de las ofertas será electrónica; se faculta a los licitadores a solicitar que el depósito quede a resultas de que finalmente la adjudicación no se produzca en favor de la mejor oferta -postura con reserva de depósito-; se prevé que a igualdad de pujas prevalece la primera en el tiempo; y se establece el umbral del 50% del tipo de subasta a efectos de que si fuera inferior a dicho umbral la mejor de las ofertas la Mesa podrá acordar la adjudicación del bien o lote o bien declarar desierta la subasta.
Que esto es así (es decir, que en la actualidad no cabe acudir a la enajenación mediante la adjudicación directa en los casos en que la subasta haya quedado desierta) lo admite incluso el propio recurrente al recordar que conforme al citado preámbulo del Real Decreto 1071/2017, "la adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta". El debate se centra, no tanto en el alcance y significado de la reforma en este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.
5. En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que el mismo "entrará en vigor el día 1 de enero de 2018". Por su parte, la disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo segundo de su apartado 1 que "las actuaciones de enajenación de bienes continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este reglamento".
Tanto la interpretación literal de la citada disposición transitoria cuarta (que se refiere explícitamente de forma inequívoca y exclusiva a las "normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado"), como su interpretación finalista y sistemática conducen a la conclusión anterior, pues siendo la finalidad de la referida eliminación de la adjudicación directa como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta, según el preámbulo del Real Decreto 1071/2017, "simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad", resulta contrario a dicha finalidad acudir, en defecto de adjudicación del bien a la propia Hacienda Pública (vid. artículo 109 del Reglamento General de Recaudación), a un procedimiento de menor publicidad y concurrencia (adjudicación directa) que a otro con mayores niveles de concurrencia y transparencia (nueva subasta), nueva subasta que lo que procede en defecto de adjudicación del bien a la Hacienda Pública (cfr. artículo 112.2 del citado Reglamento).
a) La interpretación sistemática de la disposición transitoria cuarta exige considerar que se refiere a todos los artículos del procedimiento de enajenación modificados, dado que, a su juicio, la adjudicación directa se debe considerar como un procedimiento de enajenación "equivalente a la subasta y al concurso, como resulta de su regulación conjunta en la subsección 5.ª ("enajenación de los bienes embargados) de la sección 2.ª del Capítulo II del Título III del RGR, o de sus artículos 100, 109.1 o 112.2), entrando todos ellos en vigor conjuntamente el 1 de septiembre de 2018".
6. En primer lugar, y en relación con la afirmación de que la adjudicación directa se considera como un procedimiento de enajenación "equivalente a la subasta y al concurso", con apoyo en el hecho de su regulación en la Subsección Quinta ("enajenación de los bienes embargados") de la Sección Segunda del Capítulo II del Título III del Reglamento General de Recaudación, de cuya equivalencia se derivaría la inferencia de que la completa regulación de las modificaciones en los citados tres procedimientos de enajenación (y no sólo las normas de desarrollo de las subastas) entrarían en vigor conjuntamente el 1 de septiembre de 2018, pues no se compadece ni con el régimen transitorio de Derecho positivo incorporado en la referida disposición transitoria cuarta que sin ambigüedad ni anfibología alguna se refiere, no a la totalidad de los artículos comprendidos en la Subsección Quinta ("enajenación de los bienes embargados") de la Sección Segunda ("desarrollo del procedimiento de apremio") del Capítulo II del Título III del Reglamento General de Recaudación -artículos 97 al 107-, ni siquiera a todas las normas relativas a la subasta (licitadores, depósitos obligatorios, mesa de la subasta, subastas por empresas o profesionales especializados, etc.), sino exclusivamente a "las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado", siendo así que existe un precepto concreto de entre los reformados, el artículo 104 del Reglamento, que lleva por epígrafe precisamente el de "Desarrollo de la subasta", en el que se contiene la nueva regulación sobre la celebración de la subasta en forma electrónica a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, cuya entrada en vigor queda aplazada hasta el 1 de septiembre de 2018.
Podrá discutirse el alcance concreto de la necesidad, por su relación de conexión directa e inmediata, de entender incluida en la expresión "normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado", de la disposición transitoria cuarta, otras normas no incluidas en el citado artículo 104 (v.gr. las relativas al contenido del acuerdo de enajenación en cuanto hace referencia a la presentación de ofertas de forma electrónica ex artículo 101.1, o sobre las pujas electrónicas conforme al artículo 103.3, etc.). Ahora bien, en todo caso habrá de tratarse de normas relativas a la subasta, como específico y particular procedimiento de enajenación de bienes, y relacionadas con el procedimiento de electrónico mediante el que se ha de desarrollar o celebrar a través del referido Portal de Subastas oficial, pero en ningún caso las normas que sean ajenas a dicho procedimiento. El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de enajenación forzosa en un expediente de apremio.
7. Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas, que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más eficaz al aumentar la concurrencia y la transparencia), se apoya simultáneamente en otra que no lo es, pues el hecho de que el aumento de la concurrencia pueda disminuir los supuestos que en la práctica puedan darse de subastas desiertas, no implica en modo alguno que éstas ya no puedan darse, como lo demuestra el hecho de que, en contra de lo que afirma el recurrente, se siguen contemplando en el Reglamento.
En efecto, el hecho de que las nuevas subastas electrónicas puedan quedar desiertas está explícitamente previsto en una de las nuevas normas del Reglamento, en concreto en el nuevo artículo 104 bis (sobre "Adjudicación y pago") al disponer que "finalizada la fase de presentación de ofertas la Mesa se reunirá en el plazo máximo de 15 días naturales y se procederá a la adjudicación de los bienes o lotes conforme a las siguientes reglas: a) En caso de que la mejor oferta presentada fuera igual o superior al 50 por ciento del tipo de subasta del bien, la Mesa adjudicará el bien o lote al licitador que hubiera presentado dicha postura. b) Cuando la mejor de las ofertas presentadas fuera inferior al 50 por ciento del tipo de subasta del bien, la Mesa, atendiendo al interés público y sin que exista precio mínimo de adjudicación, decidirá si la oferta es suficiente, acordando la adjudicación del bien o lote o declarando desierta la subasta". Por tanto, en caso de que la mejor postura ofrecida no alcance el 50% del tipo de subasta del bien (tipo que, no existiendo cargas o gravámenes sobre la finca será como mínimo el importe de su valoración conforme al artículo 97.6 del Reglamento), la Mesa de la Subasta debe decidir si la oferta es suficiente, lo que en caso de decisión favorable dará lugar a un acuerdo de adjudicación del bien o lote al postor que presentó la mejor oferta, y en caso de decisión desfavorable conducirá a un acuerdo de declaración de subasta desierta. Por tanto, el razonamiento del recurrente de que la previsión de que tras una subasta desierta procedía la apertura del trámite de adjudicación directa desaparece con la reforma del Real Decreto 1071/2017 porque, con el nuevo régimen de subastas electrónicas, el Reglamento ya no contempla la posibilidad de subastas desiertas, carece de fundamento.
Pero tampoco esta afirmación se compadece ni con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente lo contrario de lo que se afirma en el recurso. El artículo 107, apartado 4, del Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria anterior a la reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, que el recurrente sostiene que es la aplicable "in casu", establece en concreto en su letra b) que "cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con dos licitaciones [como sucede en el presente caso], no existirá precio mínimo". Y así se ha entendido también en el caso del presente expediente por el órgano de recaudación según resulta de la certificación del acta de adjudicación directa, conforme a la cual: "Al haber sido el bien objeto de subasta con dos licitaciones y, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del artículo 107.4 del Reglamento General de Recaudación, no existía precio mínimo".
En este caso, aun estando tasada la finca (siendo éste el tipo de la subasta) en 541.023,21 euros, sin embargo fue adjudicada por la cantidad de 60.000 euros, es decir el 11,09% de su valor de tasación. Este hecho avala la existencia de un perjuicio sufrido por el deudor, y la falta de beneficio correlativo para la Hacienda Pública, que se sigue del hecho de haber acudido al trámite de la adjudicación directa, pues el crédito público ha quedado parcialmente insatisfecho al no quedar cubierto en su totalidad por la cifra abonada por el adjudicatario, según resulta del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, presentado junto con la certificación de la adjudicación directa, según el cual "se hace constar que el valor obtenido en la adjudicación no ha sido suficiente para cubrir el importe el crédito a favor de la Hacienda Pública en virtud del cual se ejecutó el bien".
8. El segundo defecto de la nota hace referencia a la necesidad de acreditar mediante la oportuna resolución del juez concursal que no se ha procedido a la reapertura del concurso.
La regulación de lo que la doctrina ha venido en denominar "concursos sin masa", ha sido objeto de especial atención en Lay 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal.
El artículo 176.1.3.º de la Ley Concursal señala que en cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa, procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones. El artículo 176 bis.4 prevé la posibilidad de que, en el mismo auto de declaración de concurso, se acuerde su conclusión por insuficiencia de masa, siempre que se den los requisitos necesarios, esto es, cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento, ni sea previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros.
Este supuesto es el que se ha producido en este caso ya que en el auto del Juzgado de lo Mercantil se acordó declarar en estado de concurso a la sociedad, así como la simultánea conclusión del mismo. Las consecuencias de tal declaración en el supuesto de que el deudor sea una persona jurídica, las establece el artículo 178.3 de la Ley Concursal, "la resolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa del deudor persona jurídica acordará su extinción y dispondrá la cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme".
Pero, como también ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, esto no significa que se produzca una extinción, vía condonación, de las deudas de la sociedad, ni que los bienes que permanezcan a nombre de la sociedad pasen a ser "res nullius". Esta postura ha sido así mismo seguida por este Centro Directivo (vid. Resolución de 14 de diciembre de 2016), manteniendo que incluso después de la cancelación persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular, de forma que la cancelación de sus asientos no perjudica al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas de la misma. La cancelación de los asientos registrales de una sociedad no es sino una fórmula de mecánica registral para consignar una vicisitud de la sociedad, que en el caso de liquidación es que se considere terminada la liquidación. Por ello, no impedirá la ulterior responsabilidad de la sociedad si después de formalizarse e inscribirse la escritura pública de extinción de la sociedad aparecieren bienes sociales no tenidos en cuenta en la liquidación (cfr. artículo 398 de la Ley de Sociedades de Capital).
Una vez concluido el concurso, la Ley Concursal, en el supuesto del deudor persona jurídica el artículo 178.3 de la Ley Concursal, dispone su extinción y la cancelación de su inscripción. Sin embargo, la práctica judicial ha determinado el ámbito de aplicación del artículo 178.3 de la Ley Concursal, en la dirección de asimilar la situación de la persona jurídica a la de la persona física haciendo extensible a la primera la posibilidad de que los acreedores puedan reclamar el pago de sus deudas, el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de febrero de 2012 señala "la extinción de la personalidad jurídica que dispone el artículo 178.3 de la Ley Concursal en el supuesto de que se declare la conclusión del concurso por inexistencia de bienes, y el consiguiente cierre de la hoja registral, debe entenderse como una presunción de extinción de la sociedad a favor o en garantía de terceros de buena fe (evitando así que la sociedad deudora e insolvente pueda seguir operando en el tráfico), pero, de un lado, resulta inoperante respecto de los acreedores subsistentes, ya que éstos, según dispone el mismo art. 178 en su apartado 2, podrán iniciar ejecuciones singulares contra el deudor persona jurídica (pese a la declaración de extinción y a la cancelación registral)".
En los casos de simultánea declaración y conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa, el denominado "concurso exprés" el juez habrá de limitarse a aplicar artículo 176.bis. de la Ley Concursal y "a partir de ahí, que sean los órganos sociales los que, conforme a la legislación societaria procedan a disolver y liquidar la mercantil, para posteriormente extinguir la misma", lo que además enlaza con el criterio jurisprudencial de continuación de la personalidad jurídica de la sociedad, si bien modalizada en los términos antes expuestos, hasta su liquidación material.
En el supuesto de este expediente, la registradora entiende que ha de acreditarse que no ha tenido lugar la reapertura del concurso, pero si eso hubiese ocurrido aparecería la sociedad como concursada en el Portal de Resoluciones Concursales y en el Registro Mercantil, además, tratándose de declaración de concurso y simultáneo cierre del procedimiento por falta de bienes, está claro que el juez de lo Mercantil ha entendido que lo procedente son las ejecuciones aisladas y que no concurren los presupuestos para la reapertura. Cuando la insuficiencia de masa se acredita en una fase más avanzada del concurso corresponderá a la administración concursal, como se regula en el artículo 176 bis.2 de la ley en relación con el artículo 145.3 de la misma ley cuando señala: "Si el concursado fuese persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de liquidación contendrá la declaración de disolución si no estuviese acordada y, en todo caso, el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal, sin perjuicio de continuar aquéllos en la representación de la concursada en el procedimiento y en los incidentes en los que sea parte". Sin embargo, nada señala la norma cuando la apertura y conclusión del concurso se producen de manera simultánea, de forma que no hay administración concursal designada.
Por todo ello deberá procederse conforme a la regulación establecida en la Ley de Sociedades de Capital, ya que concluido el concurso cesa la aplicación de los preceptos de la Ley Concursal, y cesa la prohibición de las ejecuciones aisladas, todo ello con sujeción al régimen de responsabilidad del 397 de la Ley de Sociedades de Capital y sin perjuicio de la posibilidad de que tanto los socios como los acreedores puedan conforme a las normas generales ejercitar cuantas acciones les asistan en defensa de sus intereses.
Por todo ello, no es procedente requerir pronunciamiento judicial en torno a la inexistencia de solicitud de reapertura del concurso.
9. Por lo que se refiere al tercer defecto de la nota de calificación, relativo a la existencia de discrepancias entre la certificación y la diligencia de constancia de hechos, en cuanto a las circunstancias personales del adjudicatario, está claro que en la certificación se le identifica como persona física, y en la diligencia como persona jurídica, sin que quede indubitado quien es el adjudicatario.
Dados los importantes efectos que causa la inscripción (artículos 32, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria, entre otros), debe calificarse con especial cuidado el contenido de la inscripción (artículo 21 de la Ley Hipotecaria), y no pueden permitirse supuestos de indeterminación, siendo además que las circunstancias personales de la persona a cuyo favor debe practicarse la inscripción, vienen perfectamente detalladas en los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario, por lo que es imprescindible que se disipe cualquier duda o imprecisión en cuanto al futuro titular registral, por lo que respecto de este punto este Centro Directivo acuerda desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora.
Para concluir, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora, en cuanto a los defectos números uno y tres, y estimar el recurso y revocar la nota de calificación de la registradora en cuanto al defecto número dos.
Madrid, 2 de septiembre de 2019.-El Director general de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.
Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 31 de octubre de 1995, 4 de junio de 2000, 27 de diciembre de 2011 y 21 de febrero de 2012, entre otras, y, de la Sala Primera, de 29 de julio de 1995 y 21 de marzo de 2003, entre otras.
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de marzo de 1975, 7 de septiembre de 1992, 22 de octubre de 1996, 27 de enero de 1998, 20 de julio de 2001, 13 de diciembre de 2002, 20 de diciembre de 2005, 26 de marzo y 27 de octubre de 2008, 1 de junio y 17 de diciembre de 2012, 15 de enero, 23 de septiembre y 20 de noviembre de 2013, 12 de febrero y 11 de julio de 2014, 30 de noviembre y 14 de diciembre de 2016,10 de marzo de 2017, 11 de abril y 10 de octubre de 2018 y 6 y 13 de febrero de 2019.