Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/192137-RC.000707-81116-2016-16-076.HTML
Timestamp: 2019-12-09 11:38:30
Document Index: 272613013

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 243', 'artículo 243', 'artículo 313', 'artículo 313', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 55', 'artículo 509', 'artículo 12', 'artículo 313', 'Artículo 217', 'artículo 55', 'Artículo 282', 'artículo 317', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'Artículo 54']

192137-RC.000707-81116-2016-16-076.html
En el juicio por nulidad de asamblea de accionistas, incoado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, por la sociedad mercantil FRANA, C.A., representada judicialmente por los abogados Ismael Barrera Guerrero, Julio Rafael Lara y Alexander Pérez Gallardo, contra la compañía anónima ANACO MOTORS, C.A., representada judicialmente por las abogadas Bárbara Andrea García Álvarez, Primitiva Juana Margarita García Alfonso y Eliana Solorzano de Rojas; la sociedad mercantil VI-CAR S.A. sin representación judicial acreditada en autos; la SUCESIÓN DE FELIX GARCÍA CARABALLO, representados judicialmente por el abogado Rómulo Moncada Yépez y, el ciudadano GREGORIO GARCÍA ALFONSO en forma personal y en su condición de presidente y accionista de las sociedades mercantiles ANACO MOTORS C.A. y VI-CAR S.A. sin representación judicial acreditada en autos; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 3 de diciembre de 2015 mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto la parte demandante contra el fallo dictado en fecha 23 de marzo de 2012 por el a quo que declaró parcialmente con lugar la demanda por nulidad de asamblea. Confirmó el fallo apelado y condenó en costas a la parte apelante.
“…RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 243, ORDINAL 4TO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
En razón de todo lo expuesto el tribunal de la recurrida ha debido aplicar por mandato de la ley lo dispuesto en el mencionado artículo 243, en su ordinal 4to., para así dar cumplimiento al orden público procesal en la preservación del sagrado derecho a la defensa y el debido proceso; por lo que ante tal subversión procesal solicito se declare CON LUGAR el recurso de casación interpuesto. Y así lo solicito…”. (Subrayado de la Sala, mayúsculas del texto).
“…En este orden de ideas, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones constitucionales indicadas, y conforme con la ley procesal civil, la Sala sólo podrá tener conocimiento de estos extremos si la denuncia se encuadra en un recurso por infracción de ley; recurso en el cual el formalizante satisfaga las exigencias del artículo 313, ordinal 2º, único aparte del Código de Procedimiento Civil, dentro de los términos y condiciones previstos en la ley, donde la denuncia de violación de las respectivas normas relativas a la apreciación y carga de la prueba, así como las referidas al establecimiento o valoración de las pruebas, adquiere suma importancia, ya que permitirá precisar el servicio, la necesidad o la conveniencia de la prueba en la resolución de la pretensión contenciosa, y de allí dependerá la calificación jurídica de la utilidad o no de la casación.
Consecuencia de lo anterior, es que desaparece el silencio de prueba como especie de la falta de motivación. Por tanto, la Sala abandona el criterio sostenido en fecha 28 de abril de 1993, caso: Inversiones Sinamaica contra Parcelamiento Chacao y, aclara que, para evitar perjuicios a aquéllos que adecuaron su conducta a la doctrina que hoy se abandona o aquéllos cuyos lapsos de formalización están por concluir, el criterio aquí establecido se aplicará a todos los recursos que se admitan a partir del día siguiente, inclusive, a la publicación de este fallo. Por consiguiente, en lo sucesivo se establecerá como exigencia para la elaboración de la denuncia del vicio por silencio de pruebas, que se fundamente en un recurso por infracción de ley, es decir, en el artículo 313, ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil. Así se decide…”. (Vid. Sent. Nº 204, de fecha 21 de junio de 2000, caso: Farvenca Acarigua, C.A., vs Farmacia Claely, C.A., reiterada, entre otras, en sentencia N° 272, de fecha 13 de julio de 2010, caso: María Fabiola Azar Guédez contra Lucía Esculpi de Azar y otros).
“…Aunque no lo dice expresamente el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es de la esencia de dicha norma, que todo fallo debe ser motivado, de manera que las partes conozcan los motivos de la absolución o de la condena, del por qué se declara con o sin lugar una demanda. Solo así, puede calificarse el error judicial a que se refiere el numeral 8 del citado artículo 49; sólo así, puede tener lugar el acto de juzgamiento, el cual corresponde a los jueces, según el numeral 4 del mismo artículo; sólo así, puede determinarse si a la persona se le sanciona por actos u omisiones, como lo establece el numeral 6 del mencionado artículo; y es más, todo acto de juzgamiento, a juicio de esta Sala, debe contener una motivación, que es la que caracteriza el juzgar. Es la falta de motivación de la sentencia, en criterio de esta Sala, un vicio que afecta el orden público, ya que todo el sistema de responsabilidad civil de los jueces no podría aplicarse y la cosa juzgada no se conocería como se obtuvo, y principios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos social.
Fallos judiciales sin juzgamientos (motivación) atentan contra el orden público, y siendo éste el vicio que se denuncia en la solicitud de amparo, considera la Sala, que debe examinar la sentencia para calificar si realmente hay falta de motivación...”. (Destacado de este fallo).
En tal sentido, ha de referirse previamente en relación a la falta de razonamientos que sustenten las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales, que esta Sala ha sido conteste en establecer que para que una sentencia se considere inmotivada, debe carecer en forma absoluta de fundamentos. Deben ser totalmente inexistentes las razones tanto de hecho como de derecho, pues no basta entonces, para considerarla inmotivada, lo ‘insuficientes’ y ‘aparentes’ que resulten para el formalizante los motivos dados en la recurrida para declararla sin lugar, pues se insiste, debe carecer por completo la decisión objetada, tanto en las razones de hecho como de las razones de Derecho. (Vid. entre otras, sentencia Nº 199, de fecha 2 de abril De 2014, caso: Franklin René Gutiérrez Andradez contra C.A. de Seguros La Occidental, la cual ratifica el fallo Nº 702, de fecha 27 de noviembre de 2013, caso: William José Santana Torrealba y otra contra Irian Santiago Osorio).
“…Conoce este Tribunal Superior del recurso de apelación ejercido, por el abogado ISMAEL BARRERA GUERRERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 15.374, contra la decisión proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, de fecha 23 de marzo de 2012, que declaró Parcialmente Con Lugar la pretensión por NULIDAD DE ASAMBLEA, incoado por la Sociedad Mercantil FRANA, C.A, con registro de información fiscal Nº J-09516315, domiciliada en la Carrera 5, Quinta San Antonio, Vista Hermosa, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar; e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar bajo el Nº 28, folios 99 al 103, Vuelto del Libro de Registro de Comercio Nº 283, llevado en fecha 10 de octubre de 1.990 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, contra Sociedad mercantil ANACO MOTORS, C.A., constituida en 05 de septiembre de 1.983 e inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 04 de octubre de 1.983, bajo el Nº 26, Tomo A-7, domiciliada en la Avenida José Antonio Anzoátegui con Calle Altamira, frente al Aeropuerto de la ciudad de Anaco, Estado Anzoátegui; Sociedad Mercantil VI-CAR, S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 19 de agosto de 1.981, bajo el Nº 119, Tomo A-8; SUCESIÓN DE FELIX GARCÍA CARABALLO, según consta en certificado de solvencia de Sucesión Nº 289523 de fecha 28 de mayo de 1.999, expedido por el Servicio Autónomo de Administración Tributaria (Seniat) de la Región Nor-Oriental; y el ciudadano GREGORIO GARCÍA ALFONSO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 5.194.102; el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.
Él Dr. Humberto Bello Lozano, en su Obra Procedimiento Ordinario, Páginas 234 y 235, indica:
La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 20 de enero de 2.004, con ponencia del Magistrado Dr. Juan Rafael Perdomo, en el expediente Nº AA60-S-2003-000567, señala: (…).
Sobre las diferencias que existen entre la caducidad y prescripción extintiva o liberatoria, es oportuno traer a colación al Profesor Eloy Maduro Luyando (Curso de Obligaciones, Tomo 1, p. 506, 11ª. Edición, UCAB, Caracas, 1999.), donde afirma que la prescripción (extintiva) extingue la obligación y la acción, es decir, extingue el poder jurídico de hacer cumplir la obligación, transformándose la misma en una obligación natural, cuyo pago espontáneo es válido y no está sujeto a repetición; mientras que la caducidad es un término fatal, cuyo transcurso produce la extinción de la acción, no de la obligación; el titular del derecho subjetivo pierde la facultad de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarlo o establecerlo.
Acta registrada en fecha 12 de diciembre de 2006, bajo el número 25, Tomo A-47; Acta registrada en fecha 14 de Diciembre de 2006, bajo el número 57, Tomo A-47; Acta registrada en fecha 08 de junio de 2007 bajo el número 50, Tomo A-22, y Acta registrada en fecha 26 junio de 2007 bajo el número 52, Tomo A-25, las cuales fueron insertas por ante el Registro Mercantil Primero de esta circunscripción judicial; la presente demanda se introdujo en fecha 19 de septiembre de 2008, lo que quiere decir, que entre las fechas de las citadas actas de asambleas de las cuales se pretende su nulidad, y el momento de presentación de la demanda, habían transcurrido con creces el año de caducidad que establece en el artículo 55 de la Ley de Registro Público y Notariado, para que se produjera el final del tiempo útil legalmente establecido para exigir el derecho; por lo cual le resulta forzoso a este Juzgador declarar SIN LUGAR la presente apelación, y seguidamente confirmar la decisión apelada, tal como se determinará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide….”.
“…RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 243, ORDINAL 4°, 509 Y 12 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
De tal manera, que si el juez de la recurrida hubiese analizado y valorado tales documentales hubiese llegado a la conclusión, que afectaba a la sociedad ostensiblemente, y que al no estar publicadas mal podrían estar caducadas (Sic), conforme al Artículo (Sic) 105 (Sic) de la Ley de Registro Público y del Notariado, razón por la cual fue quebrantado por parte del tribunal de la recurrida el ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, al no expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión.
De igual forma, por el no análisis (Sic) conforme a derecho de las pruebas documentales, la decisión impugnada quebrantó el principio de exhaustividad probatoria, contenido en el artículo 509 del Código de procedimiento civil, que obliga a los jueces a examinar todas aquellas pruebas promovidas y evacuadas en el proceso, así como el artículo 12 del mismo Código, al no atenerse a lo alegado y probado en autos, como lo es el hecho de que no se probó que dichas asambleas fueran publicadas, siendo procedente la declaratoria con lugar del recurso por inmotivación. Y así lo solicito…”. (Subrayado de la Sala).
En tal sentido, la Sala considera necesario señalar que la doctrina relacionada con la técnica casacionista para denunciar el vicio del silencio de pruebas por defecto de actividad, tal y como fue expuesto en la denuncia precedente, fue abandonada en sentencia N° 204 del 21 de junio de 2000, en el juicio por FARVENCA ACARIGUA C.A. contra FARMACIA CLEALY C.A., expediente N° 99-597, y la nueva establecida al respecto, fue ampliada por fallo N° 62, de fecha 5 de abril de 2001, juicio Eudocia Rojas contra Pacca Cumanacoa, expediente N° 99-889, ello así llama poderosamente la atención que transcurrido más de dieciséis (16) años desde el cambio de doctrina y, quince (15) años desde su nueva ampliación, se formalicen denuncias en los recursos extraordinarios de casación en franca contravención a la doctrina establecida por esta Sala, de forma pacífica, reiterada y ya de vieja data, relativa a la fundamentación del vicio de silencio de pruebas como una infracción de ley, al amparo del artículo 313, ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil.
“…A tal efecto estableció el tribunal a quo (Sic), lo siguiente:
En razón de lo expuesto solicito respetuosamente se declare con lugar el recurso de casación interpuesto…”. (Resaltado y mayúsculas del texto).
En virtud de lo expuesto, debe precisarse que ha sido criterio pacifico y reiterado de este Máximo Tribunal que el vicio de falta de aplicación se produce cuando se niega la existencia o la vigencia de una norma dispuesta para resolver el conflicto, es decir, “…el juez niega su aplicación de la norma o subsunción en el derecho, bien porque el juez la considera inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque presume que no se encontraba vigente, aun cuando ella estuviese promulgada o no hubiese sido derogada…”. (Vid. sentencia N° 132 de fecha 1º de marzo de 2012, caso: Eli Lilly And Company contra Laboratorios Leti S.A.V. y otros).
“…Artículo 217: Todos los convenios o resoluciones que tengan por objeto la continuación de la compañía después de expirado su término, la reforma del contrato en las cláusulas que deban registrarse y publicarse, que reduzcan o amplíen el término de su duración, que excluyan algunos de sus miembros, admitan otros o cambien la razón social, la fusión de una compañía con otra, y la disolución de la compañía, aunque sea con arreglo al contrato, estarán sujetos al registro y publicación establecidos en los artículos precedentes…”. (Negrillas de la Sala).
“…Ahora bien, se considera oportuno traer a colación, decisión emitida por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 30 de mayo de 2006, Exp. No. 2002-0085, referente a los artículos 19 ordinal 9°, 25, 217 y 221 del Código de Comercio, en la cual indicó:
Acta registrada en fecha 12 de diciembre de 2006, bajo el número 25, Tomo A-47; Acta registrada en fecha 14 de Diciembre de 2006, bajo el número 57, Tomo A-47; Acta registrada en fecha 08 de junio de 2007 bajo el número 50, Tomo A-22, y Acta registrada en fecha 26 junio de 2007 bajo el número 52, Tomo A-25, las cuales fueron insertas por ante el Registro Mercantil Primero de esta circunscripción judicial; la presente demanda se introdujo en fecha 19 de septiembre de 2008, lo que quiere decir, que entre las fechas de las citadas actas de asambleas de las cuales se pretende su nulidad, y el momento de presentación de la demanda, habían transcurrido con creces el año de caducidad que establece en el artículo 55 de la Ley de Registro Público y Notariado, para que se produjera el final del tiempo útil legalmente establecido para exigir el derecho; por lo cual le resulta forzoso a este Juzgador (Sic) declarar SIN LUGAR la presente apelación, y seguidamente confirmar la decisión apelada, tal como se determinará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide…”. (Mayúsculas de la sentencia. Resaltado de la Sala).
A) En el acta de asamblea societaria registrada en fecha 12 de diciembre de 2006, inscrita bajo el número 25, tomo A-47; el punto único a tratar fue el “Aumento del capital social de la empresa”, el cual fue aprobado por unanimidad. (Folios 345 al 348 de la pieza 1 de 4)
B) En el acta de asamblea de socios registrada en fecha 14 de Diciembre de 2006, bajo el número 57, tomo A-47; como punto único se trató la “Ratificación de la Asamblea Extraordinaria de fecha 11 de Diciembre de 2006 (…) el punto único objeto de esta asamblea que es la ratificación de la Asamblea Extraordinaria de fecha 11 de Diciembre de 2006, referida al aumento del capital de la Empresa (Sic) en virtud de este aumento de Capital (Sic) los Accionistas (Sic) aprueban por unanimidad reformar los estatutos sociales en lo que respecta al Capítulo (Sic) Tercero (Sic) numeral 3.1, referido al capital social de la empresa ”, el cual fue aprobado por unanimidad. (Folios 357 al 359 de la pieza 1 de 4)
C) En el acta de asamblea de accionistas registrada en fecha 08 de junio de 2007 bajo el número 50, tomo A-22, el segundo de los puntos a tratar lo fue, “Tomar decisión con relación a las acciones pertenecientes a FRANA S.A. de conformidad con lo establecido en el Artículo 282 del Código de Comercio (…) propongo formalmente, ante esta soberana asamblea, someter a consideración solicitar ante el Juez de Comercio competente por el territorio, la convocatoria a una asamblea extraordinaria de accionistas, a fin de que se emplace o convoque a los accionistas de FRANA S.A., representada (…), para que reciban el reintegro de su activo social… ”, el cual fue aprobado por unanimidad. (Folios 364 al 368 de la pieza 1 de 4)
D) En el acta registrada en fecha 26 junio de 2007 bajo el número 52, Tomo A-25 cuyo punto único a tratar, fue la “Ratificación de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de mayo de 2007 registrada en fecha 08 de junio de 2007 bajo el número 50, tomo A-22”, el cual fue aprobado por unanimidad. (Folios 374 al 377 de la pieza 1 de 4)
“…Con fundamento en el ordinal 2° del Artículo (Sic) 313 del Código de procedimiento Civil en concordancia con el artículo 317, ordinal 3°, denuncio la infracción por parte de la recurrida del artículo 55 de la Ley de Registro Público y del Notariado, por haberse incurrido en un error de interpretación acerca de su contenido y alcance en su aplicación, que fue determinante en el dispositivo de la sentencia, por cuanto produjo la declaratoria SIN LUGAR del recurso de apelación interpuesto por mi representada, ratificándose en la sentencia apelada y como consecuencia la caducidad de la acción (Sic) de las asambleas demandadas en nulidad.
De tal manera que es evidente y notorio que el tribunal de la recurrida incurrió en un error de interpretación acerca del contenido y alcance del artículo 55 de la Ley de Registro Público y del Notariado, ya que a pesar de que era la norma apropiada por cuanto prevé la institución de la caducidad para accionar contra las asambleas de la (Sic) sociedades, sin embargo la interpreta erradamente en su alcance general y abstracto, al declarar la caducidad de la acción de nulidad tomando como base el supuesto de la inscripción del acto societario ante el Registro (Sic) mercantil, cuando lo cierto es que el supuesto previsto en la norma es el de la publicidad. Esta interpretación errónea produjo un efecto determinante en el dispositivo de la sentencia, por cuanto declaró sin lugar el recurso de apelación contra la sentencia dictada en fecha 23 de marzo de 2012, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, en el juicio por nulidad de asambleas seguido por mi representada contra las sociedades mercantiles ANACO MOTORS, C.A. y VICAR, S.A., y el ciudadano GREGORIO GARCÍA AFONSO (Sic); confirmándola y declarando la caducidad de las asambleas demandadas en nulidad.
En razón de lo expuesto es evidente la procedencia con lugar del recurso de casación interpuesto por la infracción de parte del tribunal de la recurrida, por error de interpretación del artículo 55 de la Ley de Registro Público y del Notariado, que fue determinante en el dispositivo de la sentencia, por cuanto produjo la declaratoria SIN LUGAR del recurso de apelación interpuesto por mi representada, ratificándose la sentencia apelada y como consecuencia la caducidad de la acción en contra de las asambleas demandadas en nulidad. Y así lo solicito…”. (Resaltado y mayúsculas del texto).
“…Caducidad de acciones.
Articulo 55. La acción para demandar la nulidad de una asamblea de accionistas, de una sociedad anónima o de una sociedad en comandita por acciones, así como para solicitar la nulidad de una reunión de socios de las otras sociedades, se extinguirá al vencimiento del lapso de un año, contado a partir de la publicación del acto inscrito…”. (Negrillas de la Sala).
“…Artículo 54: El Servicio Autónomo de Registros y Notarías, podrá crear boletines oficiales del Registro Mercantil, en los cuales se podrán publicar los actos que el Código de Comercio ordena publicar en los periódicos. Su régimen de publicación, edición, distribución y venta se define en el Reglamento de la presente Ley...”. (Negrillas de la Sala).