Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-644_2004.html
Timestamp: 2019-11-21 16:07:19
Document Index: 360838961

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 189', 'artículo 157', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 80', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 163', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 9', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 241', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 7']

Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-644_2004]
Esta Corporación ha reconocido que la finalidad pretendida por la citada norma constitucional, es permitir a los Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas. Bajo esta perspectiva, la Corte ha establecido que se cumple con la citada exigencia constitucional, cuando en una sesión inicial se ordena la lectura y se deja constancia de los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión diferente, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura prefijada, la cual resulte al menos determinable. Por otra parte, en Sentencia, la Corte estableció que si por diversos inconvenientes la votación no tiene lugar el día predispuesto, no se incurre en vulneración a la Carta Fundamental, pues la exigencia constitucional se limita exclusivamente a obligar el efectivo conocimiento previo de los proyectos que en el futuro serán objeto de decisión. Por consiguiente, como lo sostuvo esta Corporación, el nuevo requisito de procedimiento legislativo previsto en el Acto Legislativo No. 01 de 2003, se acredita con "anunciar en sesión previa que se convocará para votación en una fecha futura prefijada".
Bajo este contexto, por independencia política se entiende la facultad de los Estados de decidir con autonomía acerca de sus asuntos internos y externos en el marco del derecho internacional. Por ello, aun cuando los Estados son libres de escoger la forma de regular, administrar y disponer de sus asuntos internos, y, en igual medida, de llevar a cabo sus relaciones internacionales, no por ello su independencia les otorga el poder actuar por el fuera del marco de las costumbres, principios y tratados del derecho internacional, que constituyen un límite normativo en la dirección de las relaciones internacionales. De manera pues que la independencia de los Estados, en cuanto sujetos del derecho internacional, se orienta a impedir que alguno de ellos se encuentre sometido al ordenamiento jurídico o al poder público, político y soberano de otro Estado. Hoy en día, es indiscutible, que entre sujetos puestos en un plano de igualdad, no es concebible ni admisible el establecimiento de relaciones jerárquicas de poder. Dicho principio se reconoce en el ordenamiento internacional con el nombre de "par in parem non habet imperium", o en otras palabras, entre sujetos pares no pueden existir relaciones de sometimiento.
PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE CARTAGENA "COMPROMISO DE LA COMUNIDAD ANDINA PARA LA DEMOCRACIA"-Exigencia de vigencia de instituciones democráticas y del Estado de derecho/COOPERACION POLITICA Y PROCESOS DE INTEGRACION EN EL MARCO DEL ACUERDO DE CARTAGENA-Exigencia de vigencia de las instituciones democráticas y del Estado de derecho como condiciones fundamentales
PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE CARTAGENA "COMPROMISO DE LA COMUNIDAD ANDINA PARA LA DEMOCRACIA"-Ruptura del orden democrático, consultas previas y medidas para propiciar el restablecimiento
PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE CARTAGENA "COMPROMISO DE LA COMUNIDAD ANDINA PARA LA DEMOCRACIA"-Medidas a adoptar por la ruptura del orden democrático
PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE CARTAGENA "COMPROMISO DE LA COMUNIDAD ANDINA PARA LA DEMOCRACIA"-Conexidad de las sanciones
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN CLAUSULA SANCIONATORIA DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE CARTAGENA "COMPROMISO DE LA COMUNIDAD ANDINA PARA LA DEMOCRACIA"-Violación por generalidad, vaguedad e indeterminación
RESERVA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE CARTAGENA "COMPROMISO DE LA COMUNIDAD ANDINA PARA LA DEMOCRACIA"-Formulación previa ante inexequibilidad de expresión de disposición
DECLARACION INTERPRETATIVA EN PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE CARTAGENA "COMPROMISO DE LA COMUNIDAD ANDINA PARA LA DEMOCRACIA"-Procedencia
Asunto: Revisión constitucional de la Ley 846 de noviembre 6 de 2003, "por medio de la cual se aprueba el'Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena', 'Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia', hecho en Oporto, Portugal, el diecisiete (17) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998)".
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, envió fotocopia auténtica de la Ley 846 de noviembre 6 de 2003, "por medio de la cual se aprueba el'Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena', 'Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia', hecho en Oporto, Portugal, el diecisiete (17) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998)".
"LEY 846 DE 2003
3.1.	Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores.
b.	En el aspecto material.
En este contexto, el representante del Ministerio sostiene que: "(...) el Protocolo posee una relevancia especial dentro del compromiso del Estado colombiano de defender la seguridad y la democracia, dentro de un marco definido tanto por la Constitución Política como por los instrumentos internacionales que propenden por la defensa y protección de los derechos fundamentales, labor esta que se alcanza a través de un sistema basado en la democracia, con base en un óptimo equilibrio entre los Estados Partes (...)".
3.3.	Intervención de la Comisión Colombiana de Juristas.
En idéntico sentido, considera que el concepto "ruptura del orden democrático", aun cuando presenta deficiencias en la interpretación de su contenido, el mismo puede definirse acudiendo a los principios definidos en la Constitución Política de 1991 y en los Tratados Internacionales que pregonan por la defensa de la democracia, dentro los cuales, señala la Carta Democrática Interamericana adoptada el 11 de septiembre de 2003 por la Organización de Estados Americanos.
En esta medida, el interviniente concluye que: "(...) los propósitos de consolidación de la democracia y del Estado de Derecho se encuentran plenamente reconocidos en nuestro ordenamiento constitucional. Sin embargo, aunque se afirme la constitucionalidad del Protocolo bajo estudio, es preciso insistir en la necesidad de interpretarlo conforme a los principios constitucionales que rigen las relaciones exteriores del Estado Colombiano e, igualmente, a la luz de los contenidos de la Carta Democrática Interamericana sobre los componentes y elementos fundamentales de la democracia (...)".
IV.	CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
a.	En el aspecto formal.
El Procurador sostiene que: "(...) el proyecto de ley que concluyó con la aprobación de la Ley 846 de 2003, contentiva del instrumento internacional bajo examen, (...) cumplió con las exigencias constitucionales y legales, razón por la cual no se encuentra reparo alguno a su exequibilidad".
"(...) El que en un instrumento internacional el Estado Colombiano acuerde que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son condiciones esenciales para la cooperación política y el proceso de integración económica, social y cultural, (...) es apenas congruente con los presupuestos de nuestra Carta Política, por lo que como todo aquello que se acuerde en el plano internacional en ese sentido es válido desde el punto de vista constitucional. Por este aspecto, entonces, no habría reparo alguno en la congruencia del instrumento internacional en revisión y el ordenamiento superior vigente".
Sin embargo, a juicio de la vista fiscal, el Protocolo desconoce la Carta Fundamental, en primer lugar, porque traslada al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores la definición del orden político que ha de regir en nuestro territorio y, en segundo término, porque la indeterminación del concepto "ruptura del orden democrático", conduce a que sea el citado órgano quien detente la atribución exclusiva e ilimitada de establecer cuándo se presentan circunstancias lesivas a la preservación de los principios democráticos. En sus propias palabras, sostiene que:
"(...) no es congruente con el principio constitucional de la soberanía popular el que en el Protocolo en examen se defiera en un ente internacional la determinación de la vigencia del orden político que rige nuestra nación, por lo que negando tal principio dicho instrumento se encuentra en abierta contradicción con la regla superior constitutiva del poder público en Colombia, pues ni siquiera se señala en él, qué es lo que ha de entenderse como ruptura del orden constitucional, indefinición que implica que sea el órgano señalado en el Protocolo el que determine cuándo en un Estado miembro se produjo la ruptura del orden democrático (...)" .
"Si la noción de autodeterminación de los pueblos implica en lo esencial la facultad que tiene todo Estado como sujeto de derecho internacional a decidir, sin injerencia de los demás Estados su propio destino en lo político, en lo social, en lo económico y lo cultural, es obvio que esa facultad se ve gravemente afectada cuando mediante una norma de carácter supranacional, se faculta a determinados funcionarios pertenecientes a una de las instancias organizativas de un ente internacional para que decidan sobre el carácter del régimen político asumido por la comunidad nacional y, además, para que tales funcionarios apliquen determinadas sanciones económicas o de exclusión, cuando a juicio de ellos, se haya quebrantado dicho régimen".
1. Esta Corporación es competente para efectuar la revisión constitucional del Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena 'Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia' y de la Ley que lo aprueba, de conformidad con el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política.
3. El 3 de octubre de 2000, el Presidente de la República aprobó el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena 'Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia' y, a su vez, ordenó someterlo al conocimiento y trámite legislativo del Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2° de la Constitución Política. Decreto éste suscrito también por el Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Guillermo Fernández de Soto[2].
4.1. El proyecto de ley número 033 de 2002, fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional a través del Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Guillermo Fernández de Soto, el día 2 de agosto de 2002[3]. El texto original y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso No. 328 del 12 de agosto de 2002 (páginas 1 a 5), en acatamiento de lo previsto en el artículo 157 Superior, conforme al cual, "Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: 1º) Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva" [4].
Así, por ejemplo, en Sentencia C-533 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), esta Corporación determinó que resulta ajustado a la Constitución que en una sesión inicial se haga lectura de los proyectos que serán discutidos y votados, y se adopte como fecha de señalamiento para su aprobación definitiva la siguiente sesión correspondiente al día "martes". En esta caso, aun cuando no determina con exactitud la fecha para adelantar la votación, se trata de un término cierto y determinable.
"(...) Para la Corte en el presente caso ha de entenderse cumplido el requisito señalado el inciso final del artículo 160 constitucional, en la medida en que, atendiendo la finalidad de la norma -a saber permitir a los Congresistas conocer previamente cuales proyectos serán sometidos a votación, sin que pueda sorprendérseles con votaciones intempestivas- y dadas las circunstancias que se presentaron en la sesión del 26 de agosto de 2003 donde fue necesario levantar la sesión por falta de quórum para decidir, el proyecto que culminó con la expedición de la Ley 840 de 2003 fue discutido y aprobado previo anuncio en sesión anterior de que sería discutido y votado en la siguiente sesión plenaria destinada a la votación de proyectos de ley, sesión plenaria que se realizó efectivamente el martes 2 de septiembre de 2003.
Téngase en cuenta al respecto que según consta en el Acta 065 del 20 de agosto de 2003 en la que precisamente se discutió el informe de la subcomisión encargada de analizar el alcance del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 que introdujo el inciso final del artículo 160 superior a que se ha hecho referencia, en relación con los proyectos de ley anunciados en esa fecha se hizo especial énfasis en la necesidad de cumplir con el nuevo requisito así establecido, y en este sentido se dio lectura uno a uno a los títulos de los proyectos de ley que deberían ser votados en la siguiente sesión plenaria, por lo que no puede considerarse que los H.H Representantes hayan podido ser sorprendidos con una votación no anunciada, que por lo demás figuró en el orden del día sometido a discusión y aprobación tanto de la sesión del 26 de agosto de 2003 como de la sesión del 2 de septiembre de 2003. Al respecto es pertinente recordar además que el artículo 80 de la Ley 5ª de 1992 señala que "Cuando en una sesión no se hubiere agotado el orden del día señalado para ella, en la siguiente continuará el mismo orden hasta su conclusión." y que ello fue lo que precisamente sucedió en la sesión del 26 de agosto que debió levantarse por ausencia de quórum para decidir sobre los asuntos de dicho orden del día.(...)"[22].
Por consiguiente, como lo sostuvo esta Corporación en Auto 038 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), el nuevo requisito de procedimiento legislativo previsto en el Acto Legislativo No. 01 de 2003, se acredita con "anunciar en sesión previa que se convocará para votación en una fecha futura prefijada". Así, lo reconoció la misma Plenaria de la Cámara de Representantes, al momento de aprobar el informe que sobre el contenido y alcance del inciso adicional al artículo 160 Constitucional, realizó una subcomisión nombrada para el efecto.
"El procedimiento legislativo establecido en la Constitución y en el Reglamento del Congreso, Ley 5ª de 1992, comprende estas etapas: Primera, iniciativa; segunda, publicación del proyecto; tercera, discusión; cuarta, anuncio o aviso de votación -que este es el nuevo requisito según lo estableció la Reforma Política en su artículo 8°, hoy artículo 163, inciso segundo-; quinto, aprobación; sexto, sanción presidencial; séptimo, promulgación; octavo, vacancia de la ley; y, noveno, vigencia de la ley.
Como puede verse, a las etapas mencionadas, el Acto Legislativo 01 de 2003 adicionó el anuncio o aviso de votación, cuando reformó el artículo 160 Constitucional, y señaló que 'el aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquélla en la cual se realizará la votación', es decir, con el anuncio o aviso de votación de un proyecto de ley en sesión previa de aquella en que se hará la votación desaparece, óigase bien apreciada Cámara de Representantes, desaparece la votación inmediata, y por ende el llamado pupitrazo. De otra parte, como entre la discusión de los proyectos de ley y su votación habrá un tiempo prudencial, los legisladores tendrán la oportunidad no sólo de revisar el proyecto o los proyectos de ley, sino de intercambiar ideas, de consultar con expertos si se quiere, y de profundizar sobre su conveniencia o inconveniencia.
Por último, cabe resaltar que la reforma se refiere a los proyectos de ley, pero con aplicación de la jurisprudencial de la Corte Constitucional, se entiende que también se aplica a los proyectos de acto legislativo, según la Sentencia C-222 de 1997"[23]
10. Conforme a los citados argumentos, en el presente caso, se acreditó el cumplimiento de la exigencia constitucional prevista en el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, en cuanto se pudo constatar que en el Acta No. 069 correspondiente a la sesión ordinaria del día 24 de septiembre de 2003, se anunció dentro los proyectos que serían objeto de votación en la próxima sesión correspondiente al día martes, el "proyecto de ley número 233 de 2003 Cámara, 033 de 2002 Senado, por medio de la cual se aprueba el protocolo adicional al Acuerdo de Cartagena", tal y como consta en la página 9 de la Gaceta de Congreso No. 561 del 30 de octubre de 2003.
12. El Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena sobre el 'Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia', analizado en esta ocasión, es un acuerdo internacional de nueve artículos, ocho de los cuales se encargan de regular las obligaciones y medidas sancionatorias que por su incumplimiento asumen los Estados Partes; mientras que, el artículo restante se limita a señalar las reglas para su entrada en vigor.
14. En el artículo 2°, se específica que el Protocolo se aplicará "en caso de producirse una ruptura del orden democrático en cualquiera de los países miembros".
De manera pues que la independencia de los Estados, en cuanto sujetos del derecho internacional, se orienta a impedir que alguno de ellos se encuentre sometido al ordenamiento jurídico o al poder público, político y soberano de otro Estado. Hoy en día, es indiscutible, que entre sujetos puestos en un plano de igualdad, no es concebible ni admisible el establecimiento de relaciones jerárquicas de poder. Dicho principio se reconoce en el ordenamiento internacional con el nombre de "par in parem non habet imperium", o en otras palabras, entre sujetos pares no pueden existir relaciones de sometimiento.
"(...)El poder de reforma, por ser un poder constituido, tiene límites materiales, pues la facultad de reformar la Constitución no contiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla en su integridad. Para saber si el poder de reforma, incluido el caso del referendo, incurrió en un vicio de competencia, el juez constitucional debe analizar si la Carta fue o no sustituida por otra, para lo cual es necesario tener en cuenta los principios y valores que la Constitución contiene, y aquellos que surgen del bloque de constitucionalidad, no para revisar el contenido mismo de la reforma comparando un artículo del texto reformatorio con una regla, norma o principio constitucional - lo cual equivaldría a ejercer un control material -. Por ejemplo, no podría utilizarse el poder de reforma para sustituir el Estado social y democrático de derecho con forma republicana (CP art. 1°) por un Estado totalitario, por una dictadura o por una monarquía, pues ello implicaría que la Constitución de 1991 fue remplazada por otra diferente, aunque formalmente se haya recurrido al poder de reforma (...)"[28].
"(...) Se ha dicho que el principio democrático es universal en cuanto "compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder social." Con fundamento en tal definición, en varias ocasiones la Corte ha hecho que el principio democrático cobre vigencia en espacios que no se restringen a lo electoral, sino en todos aquellos asuntos que implican la toma de decisiones que afecten a la comunidad o a la persona y que aparejan el ejercicio del poder.
En el terreno de la educación, también la jurisprudencia ha sentado criterios relativos a la operancia real del principio democrático en este ámbito. Así, sobre la incidencia del nuevo modelo participativo en el proceso educativo, ha señalado que los sujetos que interviene en este proceso "ya no se encuentran separados entre actores pasivos receptores de conocimiento y actores activos depositarios del saber. El principio constitucional que protege el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la participación de la comunidad educativa, han hecho del estudiante un sujeto activo con deberes y derechos que toma parte en el proceso educativo. "A diferencia de la Carta del 86, el sujeto del proceso educativo no es pasivo enteramente, sumiso, carente de toda iniciativa, marginado o ajeno a la toma de decisiones y al señalamiento de los rumbos fundamentales de su existencia. Es, por el contrario, titular privilegiado de una dignidad humana que prevale y condiciona el contenido del ordenamiento, así como también del derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, a la asociación, a la participación democrática".
El anterior recuento jurisprudencial muestra cómo los criterios de universalidad y de fuerza expansiva del principio participativo han irradiado la interpretación del ordenamiento jurídico a fin de hacer real el nuevo modelo democrático que propone la Constitución Política. No obstante, estos criterios no están llamados a presidir únicamente la interpretación y aplicación del derecho, sino que el legislador, a quien corresponde regular mediante ley estatutaria los mecanismos de participación, también debe tenerlos en cuenta en el momento de producir las normas legales (...)"[29].
Precisamente, al realizar el control constitucional de la Ley 323 de 1996 "Por medio de la cual se aprueba el 'Protocolo modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996", la Corte afirmó que:
"(...) 8. El derecho comunitario se distingue por ser un derecho que apunta hacia la integración - y no solamente hacia la cooperación -. Igualmente, es un derecho que no se desarrolla únicamente a partir de tratados, protocolos o convenciones, puesto que los órganos comunitarios están dotados de la atribución de generar normas jurídicas vinculantes. Por eso, en el caso del derecho comunitario se habla de la existencia de un derecho primario y un derecho secundario, siendo el primero aquél que está contenido en los tratados internacionales, y, el segundo, el que es creado por los órganos comunitarios investidos de competencia para el efecto (...)"[32].
(...) la configuración de un espacio de mutua complementación e integración económica, social y cultural, demanda que en éste se proyecten los valores y principios superiores que rigen en el interior de los países y que también ostentan la naturaleza de compromisos internacionales irrevocables, no susceptibles de sufrir suspensión o detrimento alguno. La integración económica, que amplía mercados y genera oportunidades de desarrollo antes no concebidas, no puede aparejar como contraprestación la pérdida o erosión de los principios jurídicos superiores pertenecientes al acervo común de los pueblos que rinden homenaje a la persona humana y a su indeclinable dignidad (...)"[33]
"(...) La Constitución de 1991 estableció en su artículo 1° que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república democrática. De esta manera, la Constitución determinó que la legitimidad del poder público en el país reposaría en el acatamiento de diversos valores - expresados en el concepto "Estado social de derecho" - y de diversos procedimientos propios del régimen democrático. Estos presupuestos determinan fundamentalmente la estructura y la acción del Estado colombiano y, por lo tanto, también su actividad a nivel internacional y los procesos de integración en los que participe.
El reconocimiento de los principios democráticos - que en el caso colombiano había tenido lugar desde la misma Constitución de 1886- ha conducido a que dentro del proceso de integración andino se incorpore también el principio de separación de los poderes, para lo cual se creó, además de diversos órganos ejecutivos, un Parlamento Andino y un Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (...)".
Dicho mandato fue recogido en el artículo 9° de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también llamada "Protocolo de Washington", en el cual se exige de los Estados miembros el respeto total hacia los gobiernos democráticamente constituidos, luchando en conjunto contra el uso de la fuerza como medio legítimo para acceder al poder. De igual manera, se prevén las sanciones que la organización de los Estados Americanos, puede adoptar para restablecer el orden democrático en el país infractor. La citada disposición establece que:
"Un miembro de la organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creados.
g) Las atribuciones a que se refiere este artículo se ejercerán de conformidad con la presente Carta"[34].
Esta Corporación mediante sentencia C-178 de 1996, consideró exequible la citada disposición, pues se ajusta a la reformulación moderna del concepto de soberanía que compatibiliza la independencia nacional con la necesidad de vivir dentro de una comunidad supranacional. En opinión de la Corte, las obligaciones internacionales, difíciles antes de conciliar con la existencia de un "poder autónomo, incondicionado y absoluto", resultan perfectamente compatibles con un "poder con suficiente autonomía para gobernar dentro de su territorio y obligarse frente a otros que hacen lo mismo dentro del suyo".
En este contexto, la Corte consideró exequible el citado artículo 9°, ya que si bien es cierto cada Estado es soberano de escoger su forma de gobierno y, por ende, todo pueblo tiene la potestad de autodeterminarse de acuerdo con sus conveniencias, "no es menos cierto que si un Estado que pudiéramos denominar 'socio' de la organización ha decidido pertenecer a ella y, en consecuencia, cumplir fielmente los principios, valores y propósitos de la misma, dentro de las cuales se halla el de promover y consolidar la democracia, pudiera convertirse en un país totalitario y, sin embargo, seguir perteneciendo a dicho ente".
Recientemente, la Carta Democrática Interamericana aprobada el 11 de septiembre de 2001, en el artículo 1° reafirma el derecho de los pueblos de América de gobernarse conforme a los pilares y principios de la democracia, y así mismo, establece la obligación de las autoridades de cada Estado de promover y defender los elementos esenciales dicho régimen político. De conformidad con la citada Carta, "el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos." (artículo 2°).
En aras de propender por la defensa del régimen democrático, la Carta establece en el artículo 19, que la ruptura del orden democrático o la alteración del orden constitucionalmente establecido que afecte gravemente la estabilidad democrática de un Estado miembro constituye, mientras persiste, "un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, de las Comisiones, Grupos de Trabajo y demás órganos de la organización". Disposición que resulta acorde a lo previsto en el artículo 9° del Protocolo de Washington, declarado exequible por esta Corporación en Sentencia C-178 de 1996.
"Artículo 3°. Son elementos de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.
Artículo 4°. Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad, son igualmente fundamentales para la democracia".
Análisis particular del Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena 'Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia'.
Se critica de la norma su falta de precisión en el término "ruptura del orden democrático". Sin embargo, con fundamento en el numeral 29 de esta providencia, es posible concluir que dicha noción responde a la técnica de los conceptos jurídicos abiertos e indeterminados y, por lo mismo, es susceptible de ser definido a partir del cotejo del acatamiento a sus principales principios, como lo son, entre otros, la dignidad y los derechos fundamentales, el principio de soberanía popular y la separación funcional del poder público (artículos 1°, 2°, 3° y 113 de la Constitución Política)
Artículo 4. Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad, son igualmente fundamentales para la democracia".
De manera pues que el concepto "ruptura del orden democrático", puede ser definido a partir de los principios contenidos en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales que pregonan por la defensa de la democracia, tales como, Carta Democrática Interamericana de la OEA, recientemente reiterada en la Declaración de Nuevo León del 13 de enero de 2004, en el marco de la Cumbre Extraordinaria de las Américas realizada en Monterrey, México.
Se trata de una norma que salvaguarda la exigencia constitucional del debido proceso, al someter a consultas previas la decisión en torno a la existencia de una causal de ruptura del orden democrático. Así mismo, garantiza la efectividad en la protección de la democracia, al solucionar el problema de la posible radicalización de un Estado en posturas no propicias para el diálogo, cuando reconoce el requisito de la "posibilidad", como excepción para consultar al Estado infractor. En efecto, las medidas preventivas de derecho internacional, no pueden depender de la aquiescencia del agresor, pues de lo contrario perderían su total eficacia.
En la norma bajo examen, se establecen dos tipos de sanciones que resultan acordes al contenido regulatorio del Tratado de integración andina. Por una parte, medidas sancionatorias de tipo económico, las cuales se ajustan al incipiente proceso de integración en dicha materia. Y, por otra, se reconoce la posibilidad de adoptar "medidas y acciones que de conformidad con el derecho internacional se consideren pertinentes", otorgando la alternativa de recurrir a otras medidas correctoras distintas de las económicas, pero que respondan a los principios de derecho internacional generalmente aceptados por los pueblos y que, dada su vocación y aplicación universal, se consideren idóneas y eficaces para profundizar el modelo de integración económica hacia la consolidación de un modelo de integración política, como lo reconocen los artículos 9° y 227 de la Constitución.
d) Suspensión de derechos derivados del Acuerdo de Cartagena y concertación de una acción externa en otros ámbitos, y" (subrayado por fuera del texto original).
De igual manera, es posible revelar la conexidad de las sanciones, con el respeto hacia la integridad de los principios generalmente aceptados de derecho internacional, al permitir la viabilidad de medidas y acciones acordes a los pilares fundamentales de dicho derecho. Al respecto, el literal e) del artículo 4° del Protocolo dispone que: "Estas medidas conciernen especialmente a las relaciones y compromisos que se derivan del proceso de integración andino. Se aplicarán en razón de la gravedad y de la evolución de los acontecimientos políticos en el país afectado y comprenderán: (...) e) (...) medidas y acciones que de conformidad con el Derecho Internacional se consideren pertinentes".
No obstante, el aparte del literal d) del artículo 4° previamente subrayado, según el cual, se puede adoptar como medida coercitiva para restablecer el orden democrático en el país afectado, "la concertación de una acción externa en otros ámbitos", es inconstitucional; por cuanto vulnera el principio de legalidad, al permitir la existencia de una cláusula sancionatoria general, vaga e indeterminada, la cual en ningún momento limita el objeto y el alcance de la sanción, sino que eventualmente podría llegar a ser utilizada indiscriminadamente en cualquier asunto, entre otros, en la imposición de normas que conduzcan o se orienten a exigir una transformación política del Estado soberano, no asumida directamente por el poder constituyente originario. Así las cosas, el aparte subrayado del literal d) artículo 4° del Protocolo objeto de revisión, será declarado inexequible y, por lo mismo, el Presidente de la República, sólo podrá manifestar el consentimiento obligando al Estado Colombiano formulando previamente la correspondiente reserva.
"Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un Tratado o adherirse al mismo, a menos:
Que la reserva esté prohibida por el Tratado;
Que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del Tratado".
Primero.- Declarar INEXEQUIBLES las expresiones "y concertación de una acción externa en otros ámbitos", contenidas en el literal d) del artículo 4°, del "Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena, 'Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia', hecho en Oporto, Portugal, el diecisiete (17) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998)".
Segundo.- Declara EXEQUIBLE el artículo 5° del "Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena, 'Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia', hecho en Oporto, Portugal, el diecisiete (17) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998)"; bajo la declaración interpretativa consistente en que la imposibilidad de participación se refiere exclusivamente a la adopción de la decisión, más no a la viabilidad de intervenir dentro del proceso, con la finalidad de garantizar el ejercicio cabal de su derecho de defensa.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el resto del "Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena, 'Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia', hecho en Oporto, Portugal, el diecisiete (17) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998)".
Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 846 de noviembre 6 de 2003, por medio de la cual se aprueba el "Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena, 'Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia', hecho en Oporto, Portugal, el diecisiete (17) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998)", la cual debe atender a lo dispuesto en los numerales primero y segundo de esta decisión que declaró la inexequibilidad de las expresiones "y concertación de una acción externa en otros ámbitos", contenidas en el literal d) del artículo 4°, y dispuso igualmente la exequibilidad del artículo 5°, bajo la declaración interpretativa consistente en que la imposibilidad de participación se refiere exclusivamente a la adopción de la decisión, más no a la viabilidad de intervenir dentro del proceso, con la finalidad de garantizar el ejercicio cabal de su derecho de defensa.
Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política, el Presidente de la República, sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva respecto a lo dispuesto en los numerales primero y segundo de esta decisión, es decir, observando la inexequibilidad de las expresiones "y concertación de una acción externa en otros ámbitos", contenidas en el literal d) del artículo 4°, y la declaración interpretativa respecto del artículo 5°, en el sentido que la imposibilidad de participación se refiere exclusivamente a la adopción de la decisión, más no a la viabilidad de intervenir dentro del proceso, con la finalidad de garantizar el ejercicio cabal de su derecho de defensa.
6.- Esta internacionalización de la protección de los derechos humanos deriva no sólo de la demostrada insuficiencia de los mecanismos estatales en este campo sino que se articula a la idea, según la cual, es más factible la convivencia pacífica entre Estados democráticos que entre regímenes autoritarios, porque los controles democráticos internos y la opinión pública pueden asegurar una mayor adhesión de los regímenes políticos a las reglas pacíficas del derecho internacional. El orden internacional acepta así la perspectiva de Kant[38], quien en su proyecto de paz perpetua, si bien consagraba el principio de no intervención, pues establecía que ningún Estado debía inmiscuirse por la fuerza en la constitución y gobierno de otra nación, planteaba en su primer artículo que una de las condiciones esenciales para la paz mundial era que el régimen interno de los Estados fuese republicano, a fin de que las decisiones sobre la paz o la guerra no dependiesen de los caprichos del gobernante sino de la voluntad de los ciudadanos libres e iguales. Por esas dos razones se considera entonces que la violación por parte de un Estado de los derechos fundamentales de sus ciudadanos no es un asunto puramente doméstico sino que afecta a la comunidad internacional, tanto por sus potenciales implicaciones políticas como porque vulnera la conciencia de la comunidad civilizada. No es entonces por casualidad que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949 comienza señalando que "la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana."
[1] El artículo 7° de la Ley 406 de 1997, dispone que: "Plenos poderes. 1. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: a) Si presenta los adecuados plenos poderes, o b) Si se deduce de la práctica o de otras circunstancias que la intención de los Estados y de las organizaciones internacionales de que se trate ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos sin la presentación de plenos poderes. 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; (...)". (subrayado por fuera del texto original). Véase: Folio 140 del cuaderno 1° del presente expediente.
[19] Al respeto, dispone la norma en cita: "Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquélla que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquélla en la cual se realizará la votación".
[35] Sobre la materia, Norberto Bobbio en su obra "democracia y sistema internacional", sostiene que desde el pensamiento republicano de mediados del siglo XVIII se le atribuyó una mayor voluntad "pacifista a los Estados republicanos y también a las repúblicas aristocráticas, que a los Estados monárquicos, aduciendo que las repúblicas tenían más vocación para el comercio que para la guerra". (El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica. México. 1997. Pág. 193 y subsiguientes).
[36] Precisamente, la doctrina ha expuesto que: "Tras la espectacular autodisolución del comunismo, en el momento mismo en que se celebraba el segundo centenario de la Revolución Francesa, puede decirse que la democracia como forma de ordenación de las sociedades humanas ha pasado a ser un paradigma universal e indiscutido". (GARCÍA DE ENTERRÍA. Eduardo. La democracia y el lugar de la ley. En: Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Bogotá. Abril de 2004. Pág. 173).
[37] Para la metáfora de Nino sobre la catedral, ver su texto La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa, 1997. Para la metáfora de Dworkin sobre la novela en cadena, ver su texto "How Law is Like Literature" en Matter of Principle. Cambridge: Harvard University Press, pp 158 y ss.