Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-221-de-abril-19-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_a0bc60f36bb547a7bb4e3207a22075a4&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-13 23:27:49
Document Index: 261347912

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 307', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 228', 'artículo 365', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 175']

﻿ SENTENCIA C-221 DE ABRIL 19 DE 2017
SENTENCIA C-221 DE 19 DE ABRIL DE 2017
CONTENIDO:EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS Y A UN TÉRMINO RAZONABLE DE DETENCIÓN PREVENTIVA. SE PRECISA QUE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD, A LA IGUALDAD Y A UN DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES DEL PROCESADO EN SEGUNDA INSTANCIA, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE PROTEGIDOS POR EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1768 DE 2016. ESTE ARTÍCULO CONTIENE LA REGULACIÓN QUE LOS ACTORES ECHAN DE MENOS, EN LA MEDIDA EN QUE EL PLAZO MÁXIMO DE UN (1) AÑO DE DETENCIÓN CAUTELAR HA SIDO ESTIMADO, PRECISAMENTE, TOMANDO COMO REFERENTE EL TÉRMINO MÁXIMO PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE SEGUNDO GRADO. ASÍ MISMO, SE RECUERDA QUE EN LA SENTENCIA C-528 DE 2003, SE INDICÓ QUE LA INTERPRETACIÓN DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS SUPONE LA EXISTENCIA DE UN ORDENAMIENTO NORMATIVO SISTEMÁTICO, EL CUAL DEBE INTERPRETARSE DE MANERA INTEGRAL Y COORDINADA, DE MODO QUE NINGUNO DE SUS COMPONENTES ACTÚE COMO COMPARTIMENTO ESTANCO, AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE. POR LO TANTO, LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL, EN EL MARCO DEL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS Y A TÉRMINOS RAZONABLES DE DETENCIÓN PREVENTIVA IMPLICA, ASÍ MISMO, ENTENDER QUE ESA SALVAGUARDA SE LLEVA A CABO DENTRO DE UN SISTEMA DE REGLAS DISPUESTAS A PARTIR DE LAS ETAPAS PROCESALES DISEÑADAS POR EL LEGISLADOR Y NO CON BASE EN NORMAS AISLADAS. SE CONCLUYE ENTONCES, DECLARAR EXEQUIBLE EL NUMERAL 6, DEL ARTÍCULO 2, DE LA LEY 1786 DE 2016.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, DETENCIÓN PREVENTIVA, TÉRMINO DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA, PROLONGACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA
Sentencia C-221 de abril 19 de 2017
Bogotá, D.C., diecinueve de abril de dos mil diecisiete.
EXTRACTOS «II. NORMA DEMANDADA
VI.CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Tampoco el cargo es pertinente si el argumento en que se sostiene se basa en hipótesis acerca de situaciones de hecho, reales o de hipotética ocurrencia, o ejemplos en los que podría ser o es aplicada la disposición. Y, por último, la suficiencia implica que la demostración de los cargos contenga un mínimo desarrollo, en orden a demostrar la inconstitucionalidad que le imputa al texto demandado. El cargo debe proporcionar razones, por lo menos básicas, que logren poner en entredicho la presunción de constitucionalidad de las leyes, derivada del principio democrático, que justifique llevar a cabo un control jurídico sobre el resultado del acto político del legislador(1).
6.2.3. Ahora, como lo ha reconocido la Corte, el legislador puede vulnerar la Constitución, no solo por acción sino también por omisión(2). En este sentido, cuando la demanda se orienta a mostrar que la infracción a la Carta se origina en una omisión legislativa relativa(3), a los anteriores requisitos se añade la exigencia de construir un específico razonamiento tendiente a evidenciar que, en efecto, existe una carencia parcial de regulación violatoria de preceptos de la Constitución.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, la existencia de una omisión legislativa relativa requiere constatar (i) que existe una norma sobre la cual se predique el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad injustificada frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador(4).
De igual forma, al referirse a los requisitos de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad cuando el cargo se propone por la vía de una omisión legislativa relativa, la Sala ha sostenido que la viabilidad de conocer y emitir pronunciamiento de mérito se halla condicionada a que la omisión sea atribuible directamente al texto de la disposición impugnada y no a ningún otro u otros enunciados no vinculado al trámite de constitucionalidad(5).
Particularmente, la Corte ha subrayado la relevancia de que la configuración de la presunta inconstitucionalidad no suponga un ejercicio interpretativo de conjuntos más amplios de disposiciones, de regulaciones distintas o de normas indeterminadas(6). Desde otro punto de vista, este requisito se traduce en que la omisión que se plantea pueda coherentemente imputársele a la disposición acusada o, en otros términos, que sea lógicamente atribuible a su texto(7).
Este razonamiento se convierte, así, en la condición fundamental para que el cargo por incumplimiento de una obligación superior que hace constitucionalmente incompleta la norma demandada pueda ser conocido y decidido de fondo. Debe precisarse, sin embargo, que la satisfacción de este presupuesto solo implica que la demanda es formalmente apta y puede ser analizada, no que el elemento considerado por el demandante constitucionalmente obligatorio dentro de la norma efectivamente lo sea y, por lo tanto, se configure una verdadera omisión del legislador. Este es ya el problema constitucional de fondo planteado a la Corte, que deberá ser resuelto en el análisis de fondo de los cargos(8).
1. Legado de la tradición liberal, uno de los derechos fundamentales básicos en el Estado constitucional y democrático de derecho es la libertad personal, que implica en general la posibilidad y ejercicio efectivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios. Correlativamente, supone la prohibición de todo acto de coerción física o moral, oficial o proveniente de particulares, que interfiera o suprima la autonomía de la persona, la sojuzgue, oprima o reduzca indebidamente(9).
2. No obstante lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a la libertad personal no es absoluto sino que se está sujeto a privaciones y restricciones temporales(10). Las privaciones legítimas a la libertad son llevadas a cabo esencialmente en el marco del proceso penal, bajo la forma de sanciones contra el acusado, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal. Sin embargo, también en el trámite de la actuación el Estado puede afectar la libertad personal a través de decisiones cautelares, denominas medidas de aseguramiento, de carácter transitorio, decretadas con fines preventivos(11).
El artículo 7 de la misma Ley prescribe que la administración de justicia debe ser eficiente y que los funcionarios y empleados judiciales “deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley”(12). De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, este deber compromete el debido proceso, pero también fines esenciales del Estado, como la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo y la efectividad de los derechos; así mismo, el acceso a la administración de justicia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos (Arts. 2, 228 y 365 C.P.)(13).
7. Como principal herramienta para asegurar un debido proceso sin dilaciones injustificadas, el legislador generalmente consagra plazos de carácter perentorio, con arreglo a los cuales deben ser adelantadas etapas o precisas actuaciones en los diversos sectores del ordenamiento jurídico, aunque no siempre asocie a ellas específicas consecuencias jurídicas. Para otros casos, la jurisprudencia constitucional y de la Corte IDH han construido un conjunto de criterios, sobre la base de los cuales puede ser evaluado el cumplimiento de plazos razonables, a la luz de los casos concretos, que permiten determinar si se ha desconocido el derecho a un debido proceso sin dilaciones(14).
Entre otros, se han subrayado como factores relevantes: (i) la complejidad del asunto, (ii) el tiempo promedio que demanda su trámite, (iii) el número de partes, (iv) el tipo de interés involucrado, (v) las dificultades probatorias, (vi) el comportamiento procesal de las partes e intervinientes y (vii) la diligencia de las autoridades judiciales etc. En materia penal, se ha considerado determinante (viii) la naturaleza del delito imputado, (ix) su mayor o menor gravedad, (x) el grado de complejidad que su investigación comporte, (xi) el número de sindicados, los (xii) los efectos sociales nocivos que de él se desprendan y (xiii) el análisis global del procedimiento(15).
8. En materia penal, el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas adquiere una importancia vital, por obvias razones vinculadas a la intensa afectación del derecho a la libertad personal del imputado que ocasionalmente se produce durante la actuación, como consecuencia de la imposición de medidas cautelares, con fines preventivos(16). Como se enunció en la sección anterior, la creación legislativa de las medidas de aseguramiento se halla sometida a un conjunto de límites constitucionales de carácter sustancial, que sirven de garantías para la salvaguarda de la dignidad humana y la proscripción del exceso en su utilización, límites dentro de las cuales se encuentra el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas(17).
La Corte ha indicado que la detención preventiva de una persona acusada de un delito restringe su derecho a la libertad personal, con el propósito de garantizar otros fines constitucionales. Sin embargo, también ha precisado que los artículos 29 de la Constitución y 9º del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles impiden que se persista en la prolongación de la detención luego de un cierto lapso que, además, de ninguna manera puede coincidir con el término de la pena, pues se desvirtuaría la finalidad eminentemente cautelar de la detención preventiva y terminaría convertida en un anticipado cumplimiento de la sanción, con evidente menoscabo del principio de presunción de inocencia(18).
Ha sostenido también, en el anterior sentido, que la fijación legal de un término máximo de duración de la detención provisional, aplicable a las etapas de investigación y juzgamiento, consulta en una sociedad democrática el delicado equilibrio que debe mantenerse entre el interés legítimo del Estado de perseguir eficazmente el delito y sancionar a los responsables y, de otro lado, la necesidad de asegurar la libertad de las personas y la posibilidad de garantizar un proceso justo e imparcial(19). La detención temporal es una medida cautelar pero, innegablemente, “trasciende sus efectos procesales y repercute negativamente en la esfera de la libertad personal del inculpado”, lo cual revela la importancia de señalar términos máximos de su duración(20).
En armonía con lo anterior, el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra que toda persona tiene derecho a “a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”. Según la Corte IDH, esta disposición “impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar…// 120. Cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad”(21).
Como consecuencia de lo anterior, para la Corte IDH, el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, trae consigo, a su vez, una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud los procesos penales en los que el imputado se encuentre privado de libertad(22).
12. Por un lado, el parágrafo 1º del artículo 307 C.P.P., como fue modificado por el artículo 1 de la Ley 1760 de 2015, estableció que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrían exceder de un (1) año, con excepción de los siguientes supuestos: cuando (i) “el proceso se surta ante la justicia penal especializada”, (ii) “sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva” o (iii) “se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011(23). En estos casos, el citado término de un (1) año podría prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo plazo inicial.
15. El artículo 5 de la misma Ley 1760 de 2015, sin embargo, postergó la entrada en vigencia, específicamente, de las dos anteriores reformas, por el término de un año luego de su promulgación. Esta norma de vigencia traía como consecuencia que, en tanto la Ley fue promulgada el 6 de julio de 2015, dichas disposiciones entrarían en vigencia el 6 de julio de 2016. Pese a esto, antes de que se cumpliera esa fecha, el 1º de julio de 2016, el Congreso promulgó la Ley 1786, demandada en este asunto, que subrogó varios artículos de la Ley 1760 de 2015 y, concretamente, las dos reglas analizadas en precedencia(24).
16. El artículo 1 de la Ley 1786 de 2016 reemplazó el artículo 1 de la Ley 1760 de 2015, pero mantuvo prácticamente los mismos contenidos normativos y, específicamente, el término máximo de un (1) año de detención preventiva dentro de la actuación procesal. Como novedad, solamente previó que dicho término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial, no solo en los procesos (i) que se surtan ante la justicia penal especializada, (ii) en que sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva y (iii) en los adelantados por actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011, sino además (iv) en los cuales se investiguen o juzguen las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000, es decir, aquellas que atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales(25).
Ley 1760 de 2015 Ley 1786 de 2016 (se resaltan los apartes novedosos, respecto de la Ley 1760 de 2015)
60 días Escrito de
Audiencia de juicio oral 150
Audiencia de lectura de fallo o su equivalente Audiencia de lectura de fallo de segunda instancia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------»
En el citado documento(26), en efecto, el Ministro de Justicia y del Derecho y el Fiscal General de la Nación, funcionarios que presentaron el proyecto de ley, señalaron que el límite temporal de la privación preventiva de la libertad debía estar en armonía con la duración efectiva del proceso penal ordinario, a partir de la audiencia de formulación de la imputación, de manera que dicho máximo legal no resultara en contradicción con la debida administración de justicia. En este sentido, mostraron que, de conformidad con el Código, para la generalidad de los casos, la duración del proceso, desde la audiencia de formulación de imputación hasta la decisión por el juez de segunda instancia, era de 220 días. Advirtieron que este término, sin embargo, no era suficiente en la realidad para agotar todo la actuación(27).
Explicaron que el plazo anterior había sido consultado con jueces y fiscales, para comparar las reglas previstas en la ley con la práctica y que, según indicaron, en ocho meses, es prácticamente imposible terminar el proceso”(28), debido a la duración de las sesiones y a las circunstancias que a veces impiden la realización de las audiencias. Por esta razón, afirmaron que se había llegado a la conclusión de que un término razonable para evacuar los procesos con personas privadas de la libertad, que no fuera en contravía de la administración de justicia y, al mismo tiempo, respetara los derechos de aquellas, podía ser fijado en un (1) año.
En la Sentencia C-528 de 2003, en que se juzgó un caso similar, la Corte indicó que la interpretación de las disposiciones jurídicas supone la existencia de un ordenamiento normativo sistemático, el cual debe interpretarse de manera integral y coordinada, de modo que ninguno de sus componentes actúe como compartimento estanco, autónomo e independiente(29). En el presente asunto, la protección de la libertad personal, en el marco del derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas y a términos razonables de detención preventiva implica, así mismo, entender que esa salvaguarda se lleva a cabo dentro de un sistema de reglas dispuestas a partir de las etapas procesales diseñadas por el legislador y no con base en normas aisladas.
2 Cfr., al menos, las Sentencias C-942 de 2010, C-185 de 2002, C-533 de 2012, C-522 de 2009, C-427 de 2000, C-833 de 2013, C-497 de 2015, C-583 de 2015, C-533 de 2012, C-1009 de 2005, C-351 de 2013.
3 Como lo ha sostenido la Corte, pueden existir omisiones legislativas absolutas y omisiones legislativas de carácter relativo. Las primeras se predican en aquellos casos en los que preceptos constitucionales han ordenado expresamente al legislador el desarrollo o la precisión de determinadas materias y aquél no ha provisto ninguna norma tendiente a dar cumplimiento al mandato de actuación. A las segundas, en cambio, se hace referencia cuando el Congreso ha creado una cierta regulación o régimen dentro del cual, sin embargo, ha omitido incluir ingredientes cuya incorporación resultaba constitucionalmente obligatoria. Las omisiones legislativas absolutas escapan por completo de la competencia de la Corte, debido a que, por definición, no existe ninguna norma susceptible de ser confrontada, objetiva y materialmente, con las disposiciones constitucionales, aspecto que técnicamente distingue el control jurisdiccional (241 C.P.). Por el contrario, las omisiones legislativas relativas pueden ser objeto de revisión por la Corte, por cuanto este se dirige contra una norma específica, a la que se atribuye excluir elementos que, desde el punto de vista constitucional, era imperativo integrar. En la Sentencia C-185 de 2002, la Corte indicó. “Tratándose de la omisión absoluta, es claro que el órgano de control carece de competencia para emitir pronunciamiento de fondo, pues la misma comporta una ausencia total e íntegra de normatividad que, en cualquier caso, impide una confrontación material, objetiva y verificable con el texto de la Carta Política, aspecto que resulta relevante al proceso de constitucionalidad, en cuanto responde a la técnica a partir de la cual éste último se edifica, configura y desarrolla... Por el contrario, en el caso de la llamada omisión relativa o parcial, la competencia de la Corte Constitucional para proferir decisión de fondo está plenamente justificada, pues aquella se edifica sobre una acción normativa del legislador, específica y concreta, de la que éste ha excluido determinado ingrediente o condición jurídica que resulta imprescindible a la materia allí tratada, o que habiéndolo incluido, termina por ser insuficiente e incompleto frente a ciertas situaciones que también se han debido integrar a sus presupuestos fácticos”. Ver, así mismo, las Sentencias C-942 de 2010, C-1052 de 2001, C-405 de 2009 y C-434 de 2010.
4 Cfr. Sentencias C-473 de 2016, C-584 de 2015, C-427 de 2000, C-041 de 2002, C-1549 de 2000, C-509 de 2004, C-1009 de 2005, C-1266 de 2005, C-864 de 2008, C-442 de 2009, C-936 de 2010, C-260 de 2011, C-782 de 2012, C-233 de 2016, C-942 de 2010, C-185 de 2002, C-533 de 2012, C-522 de 2009, C-427 de 2000, C-833 de 2013, C-497 de 2015, C-583 de 2015, C-533 de 2012, C-1009 de 2005, C-351 de 2013, C-185 de 2002, C-942 de 2010.
5 Sentencia C-185 de 2002.
6 La Corte ha señalado: “la doctrina de esta corporación ha definido que sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada. En este sentido, la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso” (Sentencia C-454 de 2006). Cfr, en el mismo sentido, los fallos C-533 de 2012, C-528 de 2003, C-185 de 2002, C-871de 2002, C-041 de 2002, C-427 de 2000, C-1549 de 2000 C-543 de 1996 y C-1009 de 2005.
7 La Corte ha indicado algunas veces que se trata de una exigencia de coherencia. Al respecto, ver la Sentencia C-528 de 2003.
8 En relación con este aspecto, en la Sentencia C-522 de 2009, la Corte afirmó: “[e]s preciso en todo caso aclarar, frente al texto de la sentencia C-185 de 2002 citado en precedencia, que cuando la Corte afirma encontrar cumplido el segundo elemento configurativo de la omisión legislativa relativa, se refiere simplemente al hecho de que, en efecto, la norma acusada excluye la situación que la actora entiende constitucionalmente obligatoria, lo cual para nada implica afirmar también, en este momento, que la inclusión de ese aspecto “resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta”. Como ha quedado dicho, ese aspecto será dilucidado más adelante, una vez se analice de fondo el planteamiento contenido en la demanda”. La Corte consideró en este fallo que las condiciones de la aptitud sustantiva de la demanda por omisión legislativa consistían en i) la existencia de una norma y ii) la circunstancia de que esta efectivamente excluyera de sus consecuencias un supuesto o conjunto de supuestos, requisitos que aquí han sido sintetizados en la segunda exigencia debido a que en verdad esta supone lógicamente la existencia de la primera.
9 Cfr. Sentencias C-301 de 1993 y C-327 de 1997.
10 En la Sentencia C-327 de 1997, la Corte señaló: “Se deduce de lo expuesto que el Constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; todo lo contrario, fluye del propio texto superior que en determinados supuestos, ese derecho fundamental es susceptible de limitación…”.
11 La Corte ha caracterizado estas medidas de la siguiente manera: “Las medidas de aseguramiento hacen parte de las denominadas medidas cautelares, es decir, de aquellas disposiciones que por petición de parte o de oficio, dispone la autoridad judicial sobre bienes o personas, cuyo objeto consiste en asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad, bajo la premisa por virtud de la cual, de no proceder a su realización, su propósito puede resultar afectado por la demora en la decisión judicial. Sentencia C-774 de 2001, reiterada en la Sentencia C-1154 de 2005.
12 Cfr. Sentencias C-1198 de 2008 y T-527 de 2009.
13 En la Sentencia T-292 de 1999, la Corte señaló: “[e]l cumplimiento de los términos judiciales debe analizarse en relación directa con el derecho al debido proceso y con el de acceso a la administración de justicia. Asimismo es necesario señalar que el acatamiento de los plazos judiciales constituye un elemento indispensable para alcanzar la convivencia pacífica y el orden justo, los cuales han sido consagrados en la Constitución de 1991 como fines esenciales del Estado (artículo 1).// En efecto, el artículo 29 de la Carta hace referencia expresa, como parte del derecho fundamental en cabeza de toda persona, a "un debido proceso público sin dilaciones injustificadas", de tal manera que la observancia de los términos judiciales es factor esencial para garantizar la no vulneración de aquél. De igual forma, el artículo 228 ibídem prescribe en relación con la administración de justicia que "los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado" y, por su parte, el artículo siguiente establece la garantía de acceder a la administración de justicia, la cual no puede concebirse desde una óptica simplemente formal o restrictiva que la circunscriba a la facultad del particular de acudir físicamente ante la Rama Judicial -de modo que se le reciban sus demandas, escritos y alegatos y se les dé trámite-, sino que es necesario entenderla desde un punto de vista material, esto es, como la posibilidad que tiene toda persona de poner en marcha el aparato judicial, en el entendido -imprescindible para que se pueda hablar de la efectividad de aquélla- de que la autoridad competente resuelva el asunto que le ha sido planteado, y de que lo haga oportunamente.// Lo anterior está en concordancia con el principio de eficiencia en la prestación de los servicios públicos (artículo 365 C.P.) y con el de efectividad de los derechos (artículo 2 ibídem). Ver, así mismo, las Sentencias T-612 de 2013, T-647 de 2013 y T-1249 de 2014.
14 En relación con el nexo entre plazo razonable y la garantía del derecho al debido proceso, ver entre otras, las Sentencias T-348 de 1993, T-502 de 1997, T-577 de 1998, T- 1227 de 2001, C-012 de 2002 y T-1249 de 2004.
15 Cfr., las Sentencias C-300 de 1994, C-1154 de 2005, C-411 de 1993, C-496 de 2015, C-647 de 2013, T-527 de 2009, T-1249 de 2004. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ver Caso Genie Lacayo, sentencia de enero 29 de 1997, párrs. 77-81; caso Suárez Rosero, sentencia de noviembre 12 de 1997, párrs. 67-75; caso Hermanas Serrano Cruz, sentencia de 1 de marzo de 2005; caso Tibi, sentencia del 7 de septiembre de 2004; caso Ricardo Canese, sentencia de 31 de agosto de 2004 y caso de los 19 comerciantes, sentencia de 5 de julio de 2004. En algunos casos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Europeo ha añadido el análisis de la importancia del litigio para el interesado como un elemento adicional para establecer la razonabilidad del plazo, el cual, sin embargo, según ha precisado, puede ser sustituido por el elemento del análisis global del procedimiento indicado en el texto. Sobre esto, ver Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Motta, sentencia de febrero 19 de 1991, serie A, N°195A; Caso Vernillo, sentencia de febrero 20 de 1991, serie A, N° 198; Caso Unión Alimentaria Sanders S.A., sentencia de julio de 1991, serie A, N° 157.7 de 1991, serie A, N° 157. Esta precisión es apuntada en la Sentencia C-1154 de 2005, nota 119.
16 La Corte ha subrayado: “[e]l principio de celeridad que es base fundamental de la administración de justicia debe caracterizar los procesos penales. Ni el procesado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado profiera una sentencia condenatoria o absolutoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad… una dilación por una causa imputable al Estado no podría justificar una demora en un proceso penal. Todo lo anterior nos lleva a concluir que frente al desarrollo del proceso penal, se deben aplicar las disposiciones sobre fijación de términos en desarrollo del principio de respeto a la dignidad de la persona, como límite a la actividad sancionadora del Estado.”.
17 En la Sentencia C-301 de 1993, indicó la Corte: “[e]n punto de razonabilidad, la Corte considera que la exigencia de un debido proceso público sin dilaciones injustificadas es un límite sustancial a la discrecionalidad del legislador para regular la institución de la detención preventiva”.
18 Sentencia C-301 de 1993. La vigencia de este criterio, aunque se vea flexibilizada de forma importante, no se erosiona completamente ni siquiera tratándose de delitos graves. En la decisión citada, la Corte indicó: “[e]l deber del Estado de asegurar la convivencia pacífica (CP art. 2) mediante la persecución eficaz del delito justifica que, frente a determinadas formas delincuenciales - criminalidad organizada - y ante dificultades probatorias ajenas a la actividad y diligencia de los órganos del Estado, los términos legales para la investigación y juzgamiento de ciertos delitos sean mayores que los ordinarios de manera que se evite la liberación de presuntos autores de ilícitos que producen profundas repercusiones en la vida social. No obstante, el principio de seguridad pública no puede interpretarse con desconocimiento del principio de efectividad de los derechos y garantías fundamentales, ni el sindicado o procesado ha de soportar indefinidamente la ineficacia e ineficiencia del Estado. // La Constitución, en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos, acogió en su artículo 29 el criterio de justificación razonable - debido proceso sin dilaciones injustificadas - para la investigación y el juzgamiento de ilícitos penales. La jurisprudencia y la doctrina internacionales han precisado lo que debe entenderse por un plazo razonable para la investigación y el juzgamiento, condicionando sus límites a las circunstancias del caso y a la existencia de un verdadero interés público que justifique la restricción del derecho a la libertad personal sin llegar en ningún caso al extremo de desconocerlo”.
19 Sentencia C-300 de 1994.
20 Ibíd. En el fallo citado en la nota anterior, la Corte analizó la constitucionalidad del Decreto 874 1994, mediante el cual se había declarado el estado de conmoción interior. La Sala consideró que inhibir la posibilidad de que, expirado el máximo término de duración de la detención provisional sin haberse calificado el mérito del sumario, el sindicado recobrara la libertad (conforme al parágrafo transitorio del 415 C.P.P.), vulneraba de manera “clara e inconcusa” el núcleo esencial del derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas. Señaló que la causa de las dilaciones, explicable por diversos problemas estructurales del sector de la justicia y sobre los cuales el Presidente de la República y el Fiscal General habían informado abundantemente a la Corte, si bien podría eximir de responsabilidad personal a las autoridades judiciales, no podía implicar, sin vaciar el contenido del citado derecho, la no aplicación de la consecuencia liberatoria para aquellos supuestos de expiración del máximo término de detención provisional sin haber sido calificado el mérito del sumario.
21 Corte IDH. Caso Barreto Leiva, sentencia de 17 de noviembre de 2009, párrs. 119-120. Ver, en el mismo sentido, caso Bayarri, sentencia de 30 de octubre de 2008, párr. 70.
23 El parágrafo también previó como excepción lo previsto en los parágrafos 2º y 3° del artículo 317 C. P. P. Conforme al parágrafo 2º del artículo 317 C.P.P., en las causales de libertad derivadas del transcurso de 60 días desde la imputación sin haberse presentado el escrito de acusación o solicitud de preclusión y 120 días desde la presentación del escrito de acusación sin haberse dado inicio a la audiencia de juicio, se restablecerán los términos si existió improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad. Por su parte, según el parágrafo 3 de mismo artículo, en la aplicación de las causales de libertad por haber transcurrido 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, sin que se haya dado inicio a la audiencia de juicio y 150 días desde la fecha de inicio de la audiencia de juicio, sin que se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente, si el juicio oral no se pudo iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán los días empleados en ellas.
24 La nueva Ley, según la exposición de motivos, fue justificada en que los procesos penales no habían avanzado con la agilidad esperada y el sistema jurídico no había logrado las modificaciones requeridas, que brindarían a los jueces y fiscales las herramientas para adelantar las actuaciones dentro de los tiempos originalmente previstos por la Ley 1760. Como consecuencia, se afirmó que era necesaria la extensión del plazo de entrada en vigencia de términos de detención preventiva para los procesos más complejos, a fin de evitar un escenario de excarcelación masiva e indiscriminada, que podría representar un peligro inminente para la seguridad de los ciudadanos y la administración de justicia. Ver Gaceta del Congreso de la Republica N° 157, del 19 de abril de 2016, pp. 7-8.
25 El artículo agregó, así mismo, que el juez de control de garantías, al prorrogar o levantar la medida, debe considerar el tiempo empleado por la parte acusada en maniobras dilatorias.
26 Gaceta del Congreso de la Republica N° 660, del 28 de octubre de 2014, pp. 16-23.
27 El Ministro y el Fiscal General, a través de un esquema, mostraron que, de acuerdo con el artículo 175 C.P.P., los plazos para formular la acusación o solicitar la preclusión es de máximo 90 días luego de la formulación de la imputación; la celebración de la audiencia preparatoria debe realizarse a más tardar dentro de los 45 días siguientes a la audiencia de formulación de acusación y la audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los 45 días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria. Así mismo, que el juicio oral podrá aplazarse máximo por 30 días; la audiencia de individualización de pena y sentencia debe realizarse dentro de los 15 días siguientes a la culminación del juicio oral y el plazo para traslados del recurso de apelación es de 10 días, la adopción de la decisión de segunda instancia se adoptará en 15 días y el fallo deberá ser leído en audiencia, durante los 10 días siguientes. La sumatoria de los plazos anteriores, conforme a su exposición, arroja un estimativo de 220 días de duración del proceso penal, comprendido el fallo de segunda instancia.
28 GACETA DEL CONGRESO N° 57, 23 de febrero de 2015, p. 19.
29 En esta sentencia, la Corte resolvió la demanda contra varios artículos de la Ley 600 de 2000, por la supuesta configuración de una omisión legislativa relativa, al no regular, según el actor, la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos ocasionados en la privación injusta de la libertad. La Corte encontró que, si bien el demandante habían vinculado la omisión que alegaba al contenido normativo de las disposiciones del Código a las cuales aquella podría válidamente atribuírseles, estas eran exequibles, puesto que otras normas del ordenamiento jurídico, como la Ley 678 de 2001 (por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición), la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y la propia Constitución Política regulaban la materia que el demandante consideraba omitida por el legislador.