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Timestamp: 2017-10-23 22:26:19
Document Index: 76013796

Matched Legal Cases: ['artículo 215', 'artículo 16', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'artículo 215', 'artículo 46', 'artículo 215', 'artículo 27', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 12', 'Artículo 9', 'Artículo 15', 'artículo 3']

No. 14 comunicado 31 de marzo de 2011
EL GOBIERNO NACIONAL DEBE JUSTIFICAR DE MANERA RIGUROSA Y ESTRICTA LA UTILIZACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA, MÁXIME CUANDO SE TRATA DE UNA SEGUNDA DECLARATORIA
1. EXPEDIENTE RE-197 - SENTENCIA C-216/11 (29 marzo)
Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por razón grave calamidad pública
Artículo Tercero. - Convocase al Congreso de la República en cumplimiento de lo previsto por el artículo 215 de la Constitución Política, para el 7 de febrero de 2011.
Artículo Cuarto. - El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 020 de 2011 “por medio del cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública”.
Tratándose del estado de emergencia, la Constitución prescribe que su declaratoria puede ser hasta de treinta días “en cada caso”, sin que sumados puedan exceder de noventa días en el año, pero las medidas dictadas durante la emergencia tienen carácter permanente –a excepción de las medidas tributarias y penales-, salvo que el Congreso las derogue. Es decir, que siempre debe darse una nueva declaratoria sometida a los controles políticos y jurídicos que establece la Constitución, en los estrictos términos ya indicados. Es por ello que, en manera alguna, cabe una interpretación analógica de los estados de excepción, concebidos por el constituyente por causas distintas y con límites temporales propios de su especificidad.
En segundo lugar, el análisis de los presupuestos formales establecidos en la Constitución y en la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción (Ley 137 de 1994), efectuado por la Corte, permitió concluir que se cumplieron a cabalidad, salvo lo concerniente a la ausencia de notificación oportuna del Gobierno a los organismos internacionales establecido en el artículo 16 de la ley estatutaria -que consideró como un vicio subsanable- los demás requisitos eminentemente formales de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de calamidad pública, hecha mediante el Decreto 020 del 6 de enero de 2011.
No ocurre lo mismo, con los requisitos materiales exigidos por las normas constitucionales y estatutarias para una declaratoria de un estado de emergencia. En efecto, al aplicar el juicio fáctico, valorativo y de necesidad o de suficiencia, la Corte encontró que no se había demostrado por el Gobierno de manera concreta y específica, las razones por las cuales los hechos que se aducen no podían ser atendidos en su momento, con las facultades de excepción que ostentaba en virtud del estado de emergencia declarado mediante el Decreto 4580 de 2010, el cual estuvo vigente hasta el 5 de enero de 2011, ni por qué, estas atribuciones resultaban insuficientes para superar la perturbación causada por el fenómeno climático de La Niña e “impedir la extensión de sus efectos”, y por tanto, era necesario acudir a una nueva declaratoria de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública. Se reiteró que, dado el carácter excepcionalísimo que en la arquitectura constitucional de la Carta de 1991 tiene que predicarse del uso de las extraordinarias facultades que el Presidente de la República adquiere en virtud de los estados de excepción, cada declaratoria del estado de emergencia tiene que ser rigurosa y autónomamente justificada.
Para la Corte, si bien formalmente en los considerandos del Decreto 020 de 2011 se enumeran una serie de hechos vinculados a la ola invernal, no puede hablarse ciertamente de hechos novedosos, impensables e inusitados que ameritaran acudir a una nueva declaratoria de emergencia o que no pudieran ser conjurados con los múltiples instrumentos ya creados en desarrollo del Decreto 4580 de 2010, que previó una amplia gama de mecanismos orgánicos, presupuestales y administrativos para enfrentar la crisis provocada por la grave calamidad pública. Es cierto que la jurisprudencia constitucional ha aceptado la viabilidad de declarar el estado de emergencia frente a la ocurrencia de hechos que si bien no son enteramente nuevos, su agravación repentina e imparable puede perturbar o llegar a hacerlo de manera grave e inminente, el orden económico, social y ecológico. Sin embargo, en el presente caso se observa que desde la primera declaración del estado de emergencia el Gobierno advirtió dentro de los motivos para declararla, la prolongación de la ola invernal por la presencia del fenómeno de La Niña, la cual podía irse agravando con el devenir de los días hasta mediados de 2011 según pronósticos del IDEAM anexados al expediente, para lo cual ha podido tomar las debidas precauciones, además de atender oportunamente consecuencias como las que tuvieron lugar entre el 17 y el 27 de diciembre de 2010 y que ahora se invocan como causas de la nueva declaratoria de emergencia. Más aún, algunos decretos de desarrollo de la primera emergencia, esto es, los decretos legislativos 4819, 4820, 4821, 4828 y 4831 de 2010, aluden a la posibilidad de la extensión de los efectos a magnitudes cada vez mayores, por lo que se adoptan medidas extraordinarias al respecto.
A juicio de la Corte, resultaba injustificado que a pesar de que aducía la urgencia de hacer una nueva declaratoria de emergencia para dictar medidas legislativas extraordinarias, el Gobierno se tomó trece días en emplearlas y sólo dictó los primeros decretos de esta segunda emergencia el 20 de enero de 2011.
La mayor rigurosidad que debe aplicarse en el examen de la nueva declaratoria de emergencia proviene, a más de las características propias con las que deben ser utilizados los extraordinarios poderes de un estado de excepción, de la circunstancia de que el Gobierno tuvo la oportunidad de utilizar dichas facultades para algo que ya se preveía desde la primera declaratoria del estado de emergencia. Es decir, que en esta oportunidad no se explica la insuficiencia de los medios de que disponía en virtud del estado de excepción vigente para remediar los hechos que ahora se invocan como causa de una nueva declaratoria de emergencia, razón por la cual no se supera el juicio de necesidad de la nueva declaratoria de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública (Sentencias C-070/09, C-254/09).
También encontró que no se superaba el juicio de insuficiencia de los medios ordinarios de que dispone tanto el poder legislativo como el ejecutivo en su funcionamiento normal, en tanto no se explicó por qué dichos medios no eran adecuados para el manejo del nuevo estado de excepción ni para qué necesitaba las facultades extraordinarias.
La Corte reiteró que los mecanismos excepcionales no pueden instrumentalizarse con miras a eludir la potestad que tiene el Congreso para dictar leyes, ya que el uso de estos mecanismos constituyen una herramienta excepcionalísima en donde el juicio de constitucionalidad se hace más exigente con miras a proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, el principio democrático y el principio separación de poderes.
Finalmente, la Corte Constitucional no niega la gravedad de la emergencia que originó la ola invernal producto del fenómeno de La Niña. De hecho encontró ajustada a la Constitución el estado de excepción que declaró el Gobierno el 7 de diciembre de 2010 y actualmente analiza cada uno de los 21 decretos que se expidieron con fundamento en dicha declaratoria y que contienen las medidas estructurales que el Gobierno diseñó para atender la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Por tanto, la inexequibilidad de la segunda declaratoria de emergencia no priva al Ejecutivo de instrumentos para atender los efectos de la ola invernal y los damnificados. Al mirar las materias que se regulaban en los doce decretos que se dictaron al amparo de esta declaratoria, la Corte encontró que en su mayoría se dirigían a complementar, aclarar y modificar los decretos dictados en la primera emergencia sin una conexión directa y especifica con los hechos en que se fundó el Gobierno para dictar esa segunda emergencia y que los otros podían ser tramitados rápidamente con mensaje de urgencia por la vía ordinaria ante el Congreso.
La Constitución Política de Colombia encomendó a esta Corte la función de impedir que las facultades de legislar sean usadas e invocadas cuando no estén material, formal y razonablemente justificadas, como ocurrió en el presente caso. Es deber de esta Corte defender la estabilidad y las reglas más básicas del Estado Social de Derecho, cuando el camino para resolver las situaciones jurídicas pudiere ser frecuentemente el de las reglas de excepción, como ocurría de manera casi permanente, se reitera, en vigencia de la Carta de 1886.
El término de vigencia de los estados de Excepción se debe contar en días calendario. Extemporaneidad del Decreto legislativo 016 de 2011, por haber sido expedido cuando ya no estaba vigente el estado de emergencia
2. EXPEDIENTE RE-195 - SENTENCIA C-217/11 (29 marzo)
Artículo 1°. Definición. Solo para efectos del presente decreto, entiéndase el "Empleo de Emergencia" como el esquema de contratación de mano de obra mediante el cual se realizan y ejecutan actividades de rehabilitación y construcción de vivienda e infraestructura, mejora de áreas públicas y demás actividades conexas o complementarias que se requieran para la recuperación social, económica y ecológica de las zonas afectadas por el invierno.
Artículo 2°. Condiciones del empleo de emergencia. Son condiciones de empleo de emergencia, las siguientes:
2. Estar registrado en la base del Sisben y tener un puntaje que lo clasifique en el nivel I o II, o pertenecer a la estrategia Red Juntos, de los municipios afectados por la ola invernal.
Artículo 5. Obligación de reporte de vacantes y de contrataciones. Las entidades del Gobierno Nacional, Departamental o Municipal y las empresas contratistas del Estado, que ejecuten actividades de construcción de vivienda e infraestructura, mejora de áreas públicas y demás actividades conexas o complementarias que se requieran para la recuperación social, económica y ecológica de las zonas afectadas por el invierno, deberán realizar el reporte de personal vacante para la realización de estas actividades ante el Sistema Nacional de Recurso Humano del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Así mismo tendrán la obligación de reportar la duración de los contratos y los datos de las personas que contrate bajo el esquema de empleo de emergencia.
Artículo 7°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y tendrá una vigencia de un año, sin exceder el 31 de diciembre de 2011.
Declarar INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 016 del 06 de enero de 2011, “Por el cual se crea la figura de ‘empleo de emergencia’ para los damnificados por la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto 4580 de 2010”.
La Corte comenzó por reiterar que los decretos legislativos expedidos al amparo de la declaratoria de un estado de emergencia, deben cumplir con ciertos requisitos formales, que se concretan en la siguientes exigencias: (i) que hayan sido dictados y promulgados en desarrollo del decreto que declaró el estado de emergencia; (ii) que lleven la firma del Presidente de la República y de todos los ministros del despacho; (iii) que se encuentren debidamente motivados, con el señalamiento de las razones o causas que condujeron a su expedición y (iv) que hubieren sido expedidos dentro del término de vigencia del Estado de Emergencia.
El último de los requisitos encuentra fundamento en el artículo 215 de la Constitución, que establece los rasgos distintivos para esta categoría de estado de excepción, los cuales a su vez constituyen precisos límites al ejercicio de las facultades del Gobierno durante su invocación. A ese respecto, el precepto constitucional prevé que el estado de emergencia se puede declarar por períodos hasta de treinta (30) días calendario, debiendo el Gobierno señalar el término dentro el cual va a hacer uso de las facultades de excepción. De este mandato, surge entonces la obligación para el Gobierno de expedir los decretos legislativos de desarrollo dentro del término de vigencia del estado de excepción, toda vez que los poderes excepcionales y transitorios, materializados en el reconocimiento de atribuciones legislativas extraordinarias, sólo se confieren para ser ejercidos dentro de dicho lapso.
Ahora bien, en relación con la verificación del requisito de expedición de los decretos legislativos dentro del término de vigencia, requería que la Corte definiera cómo se debe contabilizar dicho término. Al respecto, y aun cuando resulte obvio, precisó que tratándose de los estados de excepción, sea de conmoción interior o de emergencia, el término de sus duración previsto en los respectivos decretos declaratorios, se debe contar en días corridos o calendario. De esta forma, se respetan los principios de temporalidad e interpretación restrictiva de los estados de excepción, los cuales están llamados a gobernar situaciones de crisis extraordinarias.
La Jurisprudencia constitucional ya había tenido oportunidad de referirse al punto, precisando que los términos de la declaratoria de los estados de excepción se cuentan en días calendario y no hábiles (Sentencia C-154/93).
Ahora bien, en cuanto hace a la fecha a partir de la cual debe empezar a regir el estado de emergencia, ésta se define en el propio decreto declaratorio. A esta conclusión se llega a partir de una interpretación sistemática y armónica de los artículos 215 de la Carta y 46 de la Ley 137 de 1994, Estatutaria de los Estados de Excepción. Ciertamente, la norma constitucional, además de contemplar el período máximo de duración del estado de emergencia, en el inciso cuarto le ordena al Gobierno Nacional señalar en el propio decreto declaratorio “el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias”. En concordancia con dicho mandato, el artículo 46 de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, prevé que “en el decreto declarativo el Gobierno deberá establecer la duración del Estado de Emergencia”.
Para la Corte, tratándose del cómputo de tiempo de los términos del estado de emergencia, la interpretación que se impone es que el propio decreto declaratorio es el que determina la fecha a partir de la cual dicho estado debe entrar a regir.
Precisó que, tratándose del principio de temporalidad, éste se dirige fundamentalmente a señalar la necesaria limitación en el tiempo de los estados de excepción y a evitar su indebida prolongación. Procura que la situación de crisis tenga una duración limitada, la mínima que sea posible, sin que supere en cada caso, treinta (30) días y que sumados no supere los noventa (90) días en el año calendario, según lo prescribe el artículo 215 de la Carta. De igual manera, el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos lo consagra expresamente, al prever que las medidas extraordinarias que se adopten deben serlo “por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación”. En lo que toca con el principio de interpretación restrictiva, el mismo se encuentra en íntima relación con el anterior, en el sentido que, por su intermedio, se busca que durante la situación de crisis existente, las facultades que se asuman, lo sean con un criterio restringido, limitado y estén dirigidas exclusivamente a atender con la prontitud y eficiencia requeridas, la circunstancia específica objeto de alarma.
Frente a la situación analizada, acudir a una contabilización distinta a la de días corridos o calendario, como sería la de los días hábiles, afectaría sustancialmente los citados principios, en cuanto que frente a dos interpretaciones posibles, se estaría optando por aquella que hace más extenso y duradero el estado de excepción y de esta forma, ampliando el espectro de aplicación de las facultades, en desmedro de la normalidad institucional y de la separación de poderes, ejes del Estado de derecho. A la vez, la atención de una determinada situación de crisis para conjurarla e impedir la extensión de sus efectos, no puede tener solución de continuidad –vgr. en días festivos- pues ello iría en contra del sentido de urgencia, eficacia y coherencia que caracteriza y justifica la existencia de las situaciones de crisis extraordinarias.
En el presente caso, mediante el Decreto 4580 de de 7 de diciembre de 2010, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, con el fin de enfrentar el desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles generado por el fenómeno climático del precipitaciones conocido como el fenómeno de La Niña. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1º y 4º , el estado de emergencia se declaró en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días, los cuales empezarían a contarse a partir de la fecha de expedición del citado decreto.
El Decreto 4580 se expidió el 7 de diciembre de 2010 y se publicó en el Diario Oficial No. 47.916 de la misma fecha. Ello significa que el estado de emergencia, al haber sido declarado por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición, rigió entre el 7 de diciembre de 2010 y el 5 de enero de 2011.
En ese orden, la Corte encontró que el Decreto Legislativo 016 de 2011 fue expedido por el Gobierno Nacional de forma extemporánea, esto es, por fuera del estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 4580 de 2010, toda vez que para el momento de su expedición, el 6 de enero de 2011, el Gobierno no gozaba ya de atribuciones legislativas extraordinarias que le permitiesen adoptar medidas de excepción con fuerza de ley. En consecuencia, procedió a declarar su inexequibilidad.
Extemporaneidad en la adopción de medidas de excepción
3. EXPEDIENTE RE-196 - SENTENCIA C-218/11 (29 marzo)
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Que de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Artículo 1°. Objeto. Mediante este decreto se adoptan medidas con el fin de hacer frente a las consecuencias en salud de la población afectada por la emergencia declarada mediante el Decreto 4580 de 2010 y prevenir la extensión de sus efectos.
Artículo 2°. Criterio de interpretación. Las normas del presente decreto se interpretarán bajo el principio esencial de solidaridad y teniendo en cuenta que las personas afectadas se encuentran en situación de debilidad manifiesta. En consecuencia, las medidas que se adopten, deben estar encaminadas a garantizar el goce de sus derechos fundamentales y su dignidad en armonía con los derechos de terceros. Las medidas de protección son de orden público y de aplicación inmediata.
Artículo 3°. Red para la atención en salud. La atención en salud debe contemplar las redes de prestación de servicios de salud que sean necesarias y adecuadas para la prestación del servicio de salud a la población afectada, de conformidad con lo que disponga el Ministerio de la Protección Social.
Artículo 4°. De los recursos adicionales para prevención en salud en las zonas afectadas. Modificase, transitoriamente, el artículo 4° de la Ley 715 de 2001, modificado por el artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, el cual quedará así:
4. Un 11.1% corresponderá a la participación de propósito general".
Parágrafo 1°. El 0,5 que sé adiciona a salud se destinará a financiar programas de prevención de eventos en salud, de las personas afectadas por la emergencia invernal y será asignado al componente de salud Pública.
Parágrafo 3°. A partir de 2012, la distribución sectorial continuará siendo la prevista en el artículo 4° de la Ley 715 de 2001, modificado por el artículo 2° de la Ley 1176 de 2007.
Artículo 5°. Criterios de Distribución. Los recursos correspondientes al medio punto que se redirecciona a salud, serán distribuidos por el Conpes, durante el meses de enero de 2011, de acuerdo con el per cápita resultante de dividir el monto de recursos a distribuir entre la población afectada de cada municipio, distrito o corregimiento departamental, ajustada por la capacidad de generación de ingresos propios de la respectiva entidad territorial.
Artículo 6°. En el evento en que durante el primer trimestre de 2011 la información de población afectada determine la necesidad de redistribuir recursos entre municipios o distritos o corregimientos departamentales, en el mes de abril de 2011 se deberá ajustar, la distribución anual de los recursos de que trata este artículo, usando los mismos criterios y actualizando el corte de información de población afectada a 31 de marzo de 2011.
Artículo 7°. De la inversión o uso de los recursos. La inversión de los recursos que se adicionan para prevención en salud con el fin de atender la emergencia invernal se destinará a acciones preventivas y a la intensificación de las acciones colectivas de vigilancia y control en la población damnificada, priorizando aquella ubicada en alojamientos y albergues temporales, conforme a los lineamientos que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social.
Artículo 8°. Recursos adicionales para prevención y otros usos. El parágrafo transitorio 1° del artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 que trata sobre premios no reclamados se modifica con el siguiente texto:
"Parágrafo transitorio. Durante el término de seis meses contados a partir de la vigencia del presente decreto, el 75% de los recursos de que trata el inciso 3° del presente artículo se destinarán a acciones preventivas y a la intensificación de las acciones colectivas de vigilancia y control en la población damnificada, priorizando aquella ubicada en alojamientos y albergues temporales o, en su defecto, para el soporte logístico de los equipos de salud en la zona de desastre incluida la contratación de transporte (cualquier modalidad), alimentación, hospedaje, dotación de personal especial para zonas con afectación o para acciones de inspección y vigilancia en salud pública, conforme a los lineamientos que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social.
Tales recursos serán transferidos a la entidad concedente y/o al Fondo Territorial de Salud respectivo que usufructúe el juego de suerte y azar".
Artículo 9°. Emergencia Sanitaria. El Ministerio de la Protección Social, por motivos de salubridad pública como consecuencia del fenómeno de La Niña, podrá decretar la emergencia sanitaria en todo o en parte del territorio nacional.
Artículo 15. Movilización de personal de sector salud. Adiciónese el artículo 3° de la Ley 1164 de 2007 con los siguientes incisos:
"De manera excepcional, el Ministerio de la Protección Social podrá movilizar temporalmente al talento humano asistencial del área de la salud a lugares diferentes de su sitio habitual de trabajo o residencia para atender población afectada por emergencias o desastres.
Al personal que se traslade en cumplimiento del presente artículo se le reconocerán y pagarán gastos de transporte, alojamiento y manutención, con cargo a los excedentes de la Subcuenta ECAT del Fosyga".
Parágrafo 1°. Para los servicios no incluidos en el POSS se accederá con los recursos de oferta del departamento al cual pertenezca el municipio en el cual se afilie al subsidiado, si el mismo no se encuentra aún con POS unificado.
Parágrafo 2°. La afiliación al régimen subsidiado se perderá en el momento en que la persona celebre un contrato de trabajo, tome posesión de un cargo público o tenga capacidad de pago. En todo caso, la afiliación al régimen subsidiado no afectará la continuidad ni antigüedad del afilado en el régimen contributivo.
Declarar INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 017 del 06 de enero de 2011, “Por el cual se adoptan medidas en materia de salud con el fin de hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica”.
Al igual que lo sucedido en el caso anterior, al momento de expedirse el Decreto Legislativo 017 de 2011, el 6 de enero de 2011, ya había vencido el término de treinta días señalado en el Decreto 4580 de 2010, expedido el 7 de diciembre de ese año. Por tal motivo, el Gobierno Nacional carecía de facultad de excepción para expedir medidas en desarrollo del estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública, declarado mediante Decreto 4580 de 2010, cuya vigencia concluyó el 5 de enero del presente año.
En consecuencia, el Decreto Legislativo 017 de 2011 fue declarado inexequible por haber sido expedido en forma extemporánea.
4. EXPEDIENTE RE-194 - SENTENCIA C-219/11 (30 marzo)
Declarar INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 015 del 06 de enero de 2011, “Por el cual se establecen los límites máximos de velocidad para garantizar la seguridad vial en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
Al igual que lo sucedido en los anteriores procesos, al momento de expedirse el Decreto Legislativo 015 de 2011, el 6 de enero de 2011, ya había vencido el término de treinta días señalado en el Decreto 4580 de 2010, expedido el 7 de diciembre de ese año. Por consiguiente, el Gobierno Nacional carecía de facultades de excepción para expedir medidas en desarrollo del estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública, declarado mediante Decreto 4580 de 2010, cuya vigencia finalizó el 5 de enero del presente año.
En consecuencia, el Decreto Legislativo 015 de 2011 fue declarado inexequible, en razón de haber sido expedido en forma extemporánea.