Source: https://delajusticia.com/2010/06/29/perplejidades-ante-la-sentencia-del-tribunal-constitucional-sobre-el-estatuto-catalan/?replytocom=5781
Timestamp: 2019-06-19 19:22:56
Document Index: 255440102

Matched Legal Cases: ['artículo 152', 'artículo 161', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 161', 'artículo 152', 'artículo 81', 'artículo 161']

Perplejidades ante la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán delaJusticia.com El rincón jurídico de José R. Chaves
Relámpagos Jurisprudenciales Sobre los políticos
Perplejidades ante la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán
La recientísima sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto ( que curiosamente no se ha publicado aún en el BOE ni en la web del propio Tribunal Constitucional) es una buena noticia por aquello de “mas vale tarde, que nunca” aunque vistas las reacciones adversas a la misma, quizás convendría que las voces críticas recordasen algunas premisas de un Estado de Derecho, sembradas por Montesquieu, abonadas por Kelsen y fructificadas en todas las Constituciones avanzadas, que a Sevach le da pudor recordarlas:
1º La Constitución NO puede ser derogada por una ley orgánica estatal, como es un Estatuto de Autonomía.
2º La Constitución NO puede ser derogada por un acuerdo de un parlamento autonómico.
3º Las leyes autonómicas NO son constitucionales en función del nivel de algarada o aplauso de un sector de la población.
4º Las sentencias del Tribunal Constitucional NO tienen recurso jurídico alguno, y son inapelables.
5º La parte que asume las reglas del juego constitucional a la hora de aprobar una ley, y que entra al juego de alegar en el procedimiento y especular con la futura sentencia del Tribunal Constitucional, NO puede ir contra sus propios actos y cuestionar su legitimidad por no haber conseguido obtener finalmente la razón a sus tesis.
6º Las autoridades públicas, que juran o prometen el cargo y acatar la Constitución, y ahora esgrimen vías de hecho para combatir el Derecho, NO se ajustan a la mas elemental lealtad institucional.
7º La crítica de las sentencias en términos jurídicos es aceptable e incluso la política cuando aprecia errores manifiestos o criterios irrazonables, pero NO es aceptable reaccionar como los bárbaros ante un prudentísimo criterio anulatorio, pues cualquier persona sin conocimientos jurídicos, cotejando la Constitución con los catorce apartados del Estatuto inconstitucionales, llegaría a idéntica conclusión.
8º Cuando una sentencia dictada por el máximo órgano jurisdiccional del Estado afecta a la validez de una norma legal relevante, NO es hora de intentar su rectificación a cualquier precio, ni aprovechar para tambalear el Estado, sino sencillamente de arrimar el hombro para solucionar dos problemas sembrados con el desatino.
De un lado, la situación de los preceptos de otros Estatutos autonómicos, de redacción idéntica a los ahora anulados, y que seguirán “vivos bajo sospecha” hasta que se declare su inconstitucionalidad.
De otro lado, la situación planteada en relación con las leyes y decretos autonómicos, así como con los actos administrativos firmes- convocatorias, sanciones- que se apoyan en los 14 preceptos ahora anulados, o en los 27 que han sido reiterpretados en sentido distinto al que la Generalitat lo ha aplicado.
Ante tan elementales premisas, lamento pesaroso el escenario político de acoso y derribo al Tribunal Constitucional (culpable eso sí, de la demora). Y por eso, me maravilla que esta misma semana el Tribunal Supremo americano se haya pronunciado sobre la interpretación de la Segunda Enmienda de su Constitución, sobre el derecho de los ciudadanos a que los Estados federados no les prohiban portar armas. La Sentencia se ha dictado por el Tribunal Supremo en su papel constitucional y aunque provoca las elementales críticas, se acata la decisión. Visto lo visto, si un caso similar se plantease en España, posiblemente quienes se declarasen contrarios a permitir el uso de armas, ante una sentencia reconociendo lo contrario, serían capaces de manifestarse e incluso de enarbolar armas para reclamar su derecho a que nadie las lleve. ¡ Cosas veredes, amigo Sancho!.
46 comments on “Perplejidades ante la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán”
Me centro en el último párrafo de tu post, en el que te haces eco del caso McDonald v. Chicago. En realidad lo que hace la sentencia no es más que aclarar un punto que dejó en blanco hace dos años en el caso District of Columbia v. Heller, que es el caso importante que aclara e interpreta la segunda enmienda constitucional, pero que no se pronunciaba sobre si tal derecho era aplicable únicamente a la legislación federal o era igualmente aplicable a la legislación de los diferentes estados y municipios. En este caso, merced a un proceso que se denomina «incorporación», se extiende este derecho fundamental contemplado en el Bill of Rights y se declara plenamente aplicable a los estados (por cierto, que en mi post que dedico al tema en mi blog -http://monsieurdevillefort.wordpress.com/2010/06/28/mcdonald-v-chicago-aplicacion-de-la-segunda-enmienda-derecho-a-portar-armas-a-las-legislaciones-estatales-y-locales/-ofrezco el texto de la sentencia y de sus votos particulares).
Por cierto, que mucho se critica el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por el hecho de que los magistrados que lo integran son propuestos por el presidente (se suele olvidar que es necesaria la aprobación del senado, que en determinadas ocasiones puede vetar un nombramiento -como ocurrió en 1987 con Robert Bork-), pero lo cierto es que los magistrados suelen hacer gala de bastante independencia. Y si no, ahí están los casos de Byron White, propuesto por Kennedy y que en 1972 fue uno de los dos magistrados que, en un tribunal integrado mayoritariamente por magistrados teóricamente republicanos, votó en contra de despenalizar el aborto (el otro fue William Rehnquist); o los casos de David Souter y John Paul Stevens, ambos republicanos que se integraron en el ala liberal.
Por cierto, y a título de anécdota. En un caso muy reciente (Stop the beach renourishment v. Florida), donde el fondo del asunto radicaba en la posibilidad de que los propietarios de terrenos en primera línea de playa pudiesen hacer suyos los terrenos ganados al mar, John Paul Stevens se abstuvo argumentando que, como él tenía una vivienda en Florida en primera línea de playa, podría tener un conflicto de intereses que afectase a su imparcialidad. ¡Qué lección para cierta catedrática de derecho laboral de caudillesco apellido!
Realmente no resulta facil, tal y como nos lo han presentando en los medios de comunicacion (ninguno estabamos presentes en las deliberaciones) hasta donde llega la politica y hasta donde el discernimiento juridico, por mucha carga ideologica y politica de un signo u otro que quiera llevar el Derecho.
Desde que se empezo a informar sobre las deliberaciones aquello parecia un Parlamento, que tal es duro de derechas, que si tal es progresista incombustible, y en ultimo termino se llego a pedir la dimision en bloque del mismo tribunal, en fin todo lo opuesto a lo que normalmente se entiende por la puesta en comun de una Sentencia con contenido juridico. Quiza este equivocado pero creo que los terminos en que se plantea lo ocurrido hasta el fallo no favorece en nada la percepcion del Tribunal Constitucional que pueda tener un ciudadano de la calle.
Hasta ahora había seguido con interés, por su contenido jurídico esta web. Voya a dejar de hacerlo. El tema del constitucional es político, no jurídico. España es el único país democrático que impone por las armas la unidad de la patria. Cuando varios votantes han aprobado una ley, con dos parlamentos detrás, tardar cuatro años en refutar unos pocos artículos es propio de ineptos, por muy juristas que sean.
¿Qué tal la opinión de Javier Cercas sobre los nacionalismos en el suplemnento de El País este domingo?
Respeto tu opinión, pero aprovecho para precisar que este blog no se adentra jamás en cuestiones ideológicas o de partido, pero es inevitable que los temas de Derecho público tengan lecturas políticas, y lo asumo. En este caso particular, el post era obligado y en los términos expuestos, ya que se están poniendo en entredicho los principios mas elementales de nuestro Ordenamiento Jurídico constitucional: Unidad del Ordenamiento Jurídico, jerarquía normativa, inmutabilidad e inapelabilidad de las sentencias del Tribunal Constitucional, modelo autonómico… Y sinceramente, creo que debo ocuparme antes de este tsunami que sobre si la Administración penitenciaria debe retornar a los uniformes de los reclusos con rayas verticales, horizontales u oblicuas.
Desde aquí invito a todos a leer la «España invertebrada» de Ortega y Gasset, donde se dan algunas pautas e ideas clave acerca del origen no siempre histórico de los separatismos en España.
Me quedo con esta frase «La historia de toda nación es un vasto sistema de incorporación».
Del fallo de la sentencia se saca una primera conclusión: el TC, se ha cuidado mucho de podar el Estatuto en la regulación que éste hace del Poder Judicial en Cataluña. Al margen de sensibilidades, es claro que el TC que ha dictado esta sentencia, con cinco Magistrados procedentes de la carrera judicial, ha tenido muy en cuenta la unidad del Poder Judicial. Me parece muy bien, pero es una pena que hayan descuidado otros aspectos tales como las declaraciones de derechos, la consagración estatutaria del modelo de inmersión lingüística en el ámbito de la enseñanza, o la bilateralidad en las relaciones entre la Generalidad y el Gobierno de la Nación. El fallo desprende puro voluntarismo interpretativo, forzando el principio de conservación de la norma impugnada hasta límites insoportables. Los Magistrados del TC salvan la constitucionalidad de artículos diciendo que éstos dicen lo que no dicen.
En cuanto al Tribunal Supremo de EEUU, es ejemplar por su tradición y balance claramente positivo en la Historia de ese país. Ahora bien, todo el mundo sabe que los demócratas intentan nombrar a Magistrados cercanos a lo que en EEUU llaman «liberals», y los republicanos hacen lo propio, intentando poner en ese tribunal a verdaderos «conservatives». De hecho, los ejemplos que pones, Rehnquist, son la excepción que confirman la regla. Son los Magistrados que han salido rana, frente a la mayoría que se ha alineado en las posiciones que se les presuponía.
Tienes razón, JotaF, pero en determinados casos de gran importancia los magistrados no siempre suelen actuar como de ellos se espera. Si no, ahí tienes, por ejemplo, el caso Roe v. Wade, donde de los cuatro magistrados nombrados por Nixon (teóricamente antiabortistas) tres votaron a favor e incluso uno de ellos (Harry Blackmun) fue el ponente de la sentencia. Cuando en 1992 se intentó dejar sin efecto el caso Roe fueron tres magistrados nombrados por republicanos (la iniciativa fue de David Souter, que contó con el apoyo de Sandra Day O´Connor y el católico practicante Anthony Kennedy) quienes lograron mantener vigente la despenalización del aborto.
Podría citar también el caso de Earl Warren, nombrado por un presidente republicano (Eisenhower) y que fue el protagonista de la gran revolución jurídica de los años cincuenta y sesenta en pro de los derechos civiles, hasta el punto que el propio Eisenhower reconoció que Warren fue el mayor error que había cometido en su mandato.
A pesar de todo, como bien dices, a pesar de decisiones bastante delicadas en momentos puntuales (como los casos Dred Scott o el Bush v. Gore, por ejemplo -sentencia esta última de la que, por cierto, muchos hablan sin haberla leído-) el Tribunal Supremo de los Estados Unidos goza de un bien merecido prestigio al cual jamás de los jamases llegará el Tribunal Constitucional español.
Para Ares: El pueblo catalán podrá modificar sus propias normas pero no la Constitución de todos los españoles (incluidos catalanes), puesto que lo pretendido es una barbaridad lógica ( que una parte modifique el todo) y jurídica ( que una parte del pueblo de la nación se alce en poder constituyente). Si nos preguntamos que calificativo merece quien pretende «cargarse la Constitución» con una votación de grupo, quizás nos venga a la mente el de «golpenacionalistas».
Te felicito, sevach, porque ya tenìa ganas de oír con contundencia razones jurídicas que vaciasen los alegatos críticos nacionalistas, que hacen oídos sordos de las sentencias cuando les perjudican.
El pueblo de Catalunya ha hablado y la Constitución Española se esgrime como un arma totalitaria y absolutista para castrar la voluntad de los catalanes.
Si la voluntad del pueblo es inconstitucional ¿qué es la Constitución?
Los que aplaudieron con las orejas la sentencia del Pleno del TC Nº 76/1983, que tumbó completamente la LOAPA, son los mismos que ahora convocan manifestaciones porque el TC ha osado toserles un poquito. Sólo un poquito, y la que montan!
Teniendo en cuenta que en los últimos tiempos venimos asistiendo con frecuencia a un reiterado e incómodo triunfo de la política sobre el Derecho, resultó ayer para mí muy satisfactorio el conocimiento de un hecho que en buena medida se ajustaba más al Derecho que a la política (en el sentido de que se acomodaba bastante a lo que como amante del Derecho yo consideraba que era de esperar).
Más allá de valoraciones políticas, en base a razonamientos como los expuestos por Sevach cualquiera que conociera mínimamente la Constitución española de 1.978 seguro que ya desde antes de conocer el pronunciamiento concreto del Tribunal consideraba que unos cuantos de los artículos controvertidos serían declarados inconstitucionales, aunque pudiera discreparse entre unos y otros en cuanto a la extensión en relación al número de los afectados.
Por eso, aun sabiendo que la política es práctica impúdica -con demasiada frecuencia deshonesta y sesgada- entiendo repugnantes conceptualmente las intromisiones ilegítimas de lo político en campos que son esencialmente jurídicos y, al rechazar las habituales mixtificaciones interesadas, me parecen muy ‘oportunas’ las precisiones de Jose Ramón y muy ‘oportunistas’ las valoraciones que hemos escuchado tras la sentencia de políticos catalanistas.
En realidad, dígase lo que se diga, la acción política debe ejercitarse en su campo y no deben mezclarse churras con merinas. Y cuando esto se hace… chirría todo.
En cualquier caso, me alegro de que mi preocupación por el posible descalabro del principio de seguridad jurídica haya bajado algunos enteros con esta sentencia (aunque aun esté pendiente del conocimiento de sus términos concretos).
A Ernesto,
EL plano formal desde el que Ud. se opone al post de Sevach es político mientras que el de éste es estrictamente jurídico.
Es más es el único apunte estrictamente de técnica jurídica que contesta a toda la patulea de comentarios interesados surgidos desde ayer.
Ahora bien, si Ud. quiere dejar de leer (en mi caso aprender) de Sevach es muy libre de hacerlo.
Vean la diferencia: http://www.scotusblog.com/
Pingback: Sobre la sentencia del Estatut de Catalunya | Blog jurídico | No se trata de hacer leer
Acepto los puntos planteados y estoy de acuerdo con ellos, pero yo no veo ningún argumento jurídico que justifique echar por tierra una ley (para mi totalmente constitucional) por unas cuantas personas (por muy juristas que sean), después de ser aprobado por representantes del pueblo catalán y español elegidos democráticamente y refrendado en referéndum. Si la cosa estaba tan clara ¿por qué cuatro años? ¿por que han discutido tanto? en principio no parece que sean motivos jurídicos que son fácilmente solventables (hay que tener en cuenta que lo jurídico siempre está y estará al servicio de lo político), por lo tanto…
Otra cuestión jurídica: el artículo 152.2 de la Constitución (que todos deben respetar, también el Tribunal Constitucional) dice que «una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos (y el catalán lo está), solamente (y recalco lo de solamente) podrán ser modificados (y la sentencia lo modifica) mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum…».
El sistema democrático también es imperfecto, pero hay imperfecciones difíciles de explicar y aceptar.
Ambrosio: Creía haber utilizado consideraciones jurídicas claras, pero gustoso te ofrezco alguna complementaria que a mi juicio hay que recordar:
1º Que el Estatuto de Autonomía catalán no es una «ley catalana», sino una Ley Orgánica Estatal, y como tal, supeditada a la Constitución.
2º Las doce personas del TC, son precisamente las que han sido llamadas por la Constitución, norma que admitió el subsistema autonómico, para interpretar la misma Constitución y para garantizar que todas las normas inferiores se supediten a la misma. No son por tanto doce indocumentados, ni políticos, ni oportunistas, sino juristas que además están legitimados por un nombramiento nada fácil y que cumplen su función (eso sí, como ya dije, el reproche es por la demora, aunque es difícil repartir entre todos la mayor o menor culpa en ello).
3º Es cierto que los parlamentarios autonómicos han sido de elección democrática pero ello no autoriza a que puedan «ignorar y saltarse» la Constitución. Por el mismo argumento, el Ayuntamiento de Cadaqués, por ejemplo, podría con su pleno democrático, aprobar una Ordenanza municipal que le permitiese acuñar moneda, tener ejército o crear un Tribunal Supremo propio. O bajo ese principio democrático, un Rector de Universidad con el apoyo del Claustro electo, podría establecer tributos o aprobar leyes discriminatorias. Estos ejemplos extremos son para ilustrar que la democracia legitima dentro de las competencias que corresponden al núcleo de electores, pero nunca fuera del mismo, ni cuestionar las normas que han permitido ese mismo procedimiento electoral.
4º Es cierto que la Constitución señala que los Estatutos solo serán «modificados» mediante referendum o por su propio procedimiento. Pero las palabras en Derecho importan, porque siempre encierran matices. Así, el Tribunal Constitucional no «modifica» el Estatuto sino que lo anula o declara inconstitucional (cosa muy distinta), como distinto de «modificar» es «interpretar». Por exponerlo en un ejemplo didáctico: si un alumno da el cambiazo a un examen, el profesor al dar el suspenso no está «modificando» su examen sino «anulándolo».
Comparto las reflexiones de Sevach a propósito del revuelo que se lleva formando hace años sobre este tema. Por parte del nacionalismo catalán, que no sólo engloba a los partidos que así se califican, se ha insistido durante este tiempo en una barbaridad que pretenden pasar por argumento incontestable: El estatuto es intocable, primero porque deriva de un pacto Estado-Cataluña, y segundo porque fue aprobado en referéndum por el pueblo de Cataluña, de lo que se deriva la falta de legitimidad del TC para fiscalizarlo.
Ambos argumentos son en términos jurídicos dos barbaridades insostenibles, que deberían impedir a cualquier estudiante de segundo de Carrera aprobar la asignatura de Derecho Constitucional. Respecto a lo primero, aquí no hay pacto que valga (al margen de los tejemanejes políticos) sino una Ley orgánica que como cualquier otra norma jurídica ha de ser conforme con la Norma de Superior Grado, en este caso la Constitución. Y quien debe valorar si esa norma es o no conforme con el texto constitucional, es el TC. Lo contrario supone que el mismo órgano que aprueba la Ley es quien decide si es o no constitucional. Aplíquese el argumento a las ordenanzas de un Ayuntamiento respecto a la Ley, o a cualquier Cámara autonómica respecto a la Constitución y nos cargamos el Estado de Derecho. Así de simple y sencillo.
Respecto a lo segundo, dejando de lado la escasa participación en aquél referéndum, es más que evidente que la opinión de los ciudadanos no priva al TC de su función de velar por la constitucionalidad de las leyes. Lo contrario supone que cualquier votación asamblearia decide lo que es conforme a Derecho. ¿Qué papel le queda al TC o a los Tribunales de Justicia éstos respecto a las normas reglamentarias?
Jurídicamente es insostenible. Pero eso da igual con tal de atacar la estructura del Estado, con la aquiescencia de quienes olvidan sus altas responsabilidades en el mismo en aras de perpetuarse en el poder.
Respecto de la tardanza en dictarse la sentencia, el TC se ha dejado en este camino el prestigio que le pudiera quedar después de otras sentencias difícilmente explicables desde el punto de vista jurídico, que es el que debería primar. Ahora bien, resulta escandaloso que los políticos, sean los que sean y vengan de donde vengan, se rasguen las vestiduras, pues al consolidar con los nombramientos de los Magistrados el sistema de cuotas partidistas, han puesto las bases para que se produzcan estas situaciones. En los nombramientos no cuenta tanto la valía profesional sino si el nombrado “es de fiar” para quien lo nombra. Y cuando alguien se sale del guión, pasa lo que ha ocurrido con algún miembro de este TC. Aplíquese este argumento a los cargos discrecionales en la Carrera Judicial y el efecto es el mismo. Por eso, siendo gravísimo que se haya tardado en resolver este pleito todo este tiempo (la sentencia no dice nada que no se supiera hace años), lo es tanto o más que el político de turno, con su coche oficial, se escandalice y ponga el grito en el cielo. Recogen, recogemos, lo que sembramos.
Este asunto puede hacer saltar por los aires el régimen de convivencia pactado en 1978. Espero equivocarme.
Estamos de acuerdo en todas tus consideraciones iniciales, sin embargo:
(1) No estamos hablando del Parlamento catalán (ni de ayuntamientos ni universidades)), sino de las Cortes Generales del Estado, únicas que elaboran Leyes Orgánicas. El estatuto no es una Leu Orgánica cualquiera, sino que tiene un tratamiento específico (hay unos cuantos artículos constitucionales sobre él).
(2) El Estatuto ha sido promulgado y publicado, y aprobado en referéndum.
(3) Precisamente porque las palabras importan, anular algunas disposiciones de una ley es modificarlo, porque el resultado es distinto (ya no es la misma ley que se promulgó y aprobó en referendum, y la ley no ha sido anulada). Es evidente que en el espíritu constitucional no cabe anular una ley de estatuto.
(4) Yo no veo ningún cambiazo porque la ley del estatuto es perfectamente integrable en la Constitución.
(5) Si no se celebra un nuevo referéndum para ratificar o no esta «nueva» ley, ¿no se está incumpliendo la Constitución? porque los catalanes votaron un texto, y el nuevo texto igual no les interesa! democráticamente no parece muy presentable.
Lo que hay que leer: «la ley del estatuto es perfectamente integrable en la Constitución»
Una lectura atenta de la Constitución del 78 y otra del Estatut no dejan lugar a dudas de que esos 14 debieron ser muchos más. Y, si no se hizo, fue por motivaciones políticas.
A mí, sinceramente, esa sentencia me parece insuficiente, incompleta y descarademente escorada políticamente.
Deja sin resolver muchos puntos claramente inconstitucionales, y que sólo pueden ser defendidos por personas a las que (y lo digo con conocimiento de causa) se les imbuye de un «Marco histórico y social» sobre el catalán sesgado y erróneo.
En fin, ahora no me queda ninguna duda que nuestro TC hará como el rumano, y fallará a favor de la legalidad del recorte del sueldo de los funcionarios.
La democracia ha muerto. Viva la muerte!
Mucho hay de decisiones asamblearias, compartidas o no por ajenos a quienes las adoptan, tomadas en diversos ámbitos y exclusivamente sobre la base de principios democráticos sesgada y maliciosamente entendidos. Es propio de los tiempos que corren, como el desaforado «tengo derecho a» desvinculado de toda norma, consideración o mínimo y elemental respeto.
Muchas cosas que se dijeron con relación al órdago Ibarretxe son de plena aplicación al Estatut. Nada nuevo bajo el sol, pero que periódicamente hay que recordar como si fuesen nuevas. Gracias Sevach. Y sobre la labor «legislativa» del TC…qué añadir que no se haya visto ya.
Ambrosio, es la propia Constitución la que establece en su Título IX la existencia del Tribunal Constitucional, y en su artículo 161.1.a),la competencia para conocer los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes. Del mismo modo que el TC ha estado legitimado para declarar inconstitucional la LOAPA pactada por UCED y el PSOE, para echar por tierra el modelo urbanístico existente en España hasta la década de los 90, tiene ahora toda la legitimidad para declarar inconstitucional los artículos que lo sean del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo contrario nos lleva directamente a Caracas, o a La Paz, es decir, a cambiar la Constitución prescindiendon total y absolutamente del procedimiento establecido. Si nos quedamos en Europa, la actitud nacionalista catalana es muy parecida a la de Berlusconi en Italia: demoniza a los jueces y les resta legitimidad porque no le gustan sus sentencias.
Rehnquist, teniendo un conocimiento diminuto del asunto al lado de lo que sabes, sí parece claro, al menos por los antecedentes que refieres, que los Magistrados «rebeldes» suelen ser producto de «errores» de Presidentes republicanos. En eso hay puntos en común con el Partido Popular en España. Si hablamos de la sentencia del Estatut, uno de los 6 Magistrados que han avalado la sentencia de la mayoría, es Guillermo Jiménez Sánchez, propuesto por el PP, y supuestamente conservador. Volviendo a EEUU, quizás el juego de las mayorías en el Senado llevó a ciertos Presidentes republicanos a proponer candidatos que no respondían a las expectativas generadas en ciertos sectores. En todo caso, no puede perderse de vista la importancia de las designaciones de Magistrados del TS de EEUU en la política de ese país, también en la campaña electoral. Los candidatos republicanos sistemáticamente se comprometen a proponer Msgistrados que sean fieles en su interpretación al texto de la Constitución, lo que allí es equivalente, en general, a volver a considerar inconstitucional el derecho al aborto. Por cierto, el ex Presidente George Bush es el primer Presidente republicano en muchos años que nombra a conservadores de verdad para el TS.
¿Qué puede (y qué no) contener el preámbulo de un estatuto si a renglón seguido (o más tarde por sentencia de un tribunal) se aclara que carece de eficacia jurídica?, ¿cuál es el límite?, ¿vale todo con esa «aclaración»?.
Al hilo de lo que Rodríguez Ibarra (ex-Presidente de Extremadura) comentó en su momento, ¿validaría el Tribunal Constitucional que el estatuto extremeño dijese en su preámbulo que “todos los extremeños somos extraterrestres”, con la simple aclaración de que esa expresión y/o sentir popular carecen de eficacia jurídica?
Permítaseme la expresión (que manifiesto con el máximo respeto a todos los españoles), ¿podríamos decir los valencianos en nuestro estatuto que somos los que meamos más lejos … ?
Sevach, conforme con los varios de los puntos de su articulo, pero no conforme, concretamente, con los que realiza juicios de valor.
A.-A estas alturas, debería ser pacífico que, lejos de debates jurídicos, el estatuto podria ser completamente constitucional si hubiera la voluntad política precisa para ello, y no lo es por que no la hay. Hay mas de cinco y de seis … catedráticos de derecho constitucional que así lo han afirmado.
Consecuencia de lo anterior: en el debate de estatut vrs. constitución lo politico es lo fundamental, y la técnica jurídica es, mas que nunca, meramente un instrumento.
B.- Por otro lado, reseñar que si estamos de acuerdo en que el TC es necesario, seguramente tambien lo estaríamos que en su función de super legislador negativo y POSITIVO, tiene déficits de soberanía con los que se deben convivir. Pero esos deficits de soberanía ya son dificiles de soportar, y de explicar, cuando el TC se carga lo expuesto por: Las Cortes Españolas, El Parlament Català y referendum del pueblo catalá … a quien se le ocurrió introducir el referendum penso en los gravísimo problemas de soberanía que le plantea al TC???
Estimado JotaF: No se pone en cuestión la existencia del TC, evidentemente (aunque haya sistemas constitucionales donde no existe). Lo que pasa es que la propia Constitución (y yo creo que en esto no hay duda, y donde no hay duda no hay interpretación, y si no hace falta interpretación el TC no tiene tarea) establece un mecanismo de elaboración de los Estatutos que se ha respetado escrupulosamente, y la propia Constitución tiene una norma que impide modificar un Estatuto promulgado constitucionalmente (claro que si se entiende que anular algunas normas no supone modificarlo… si el texto no es idéntico pues ya no es igual, se ha modificado). ¿Cómo se engarza todo este sistema? ¿Qué principios deben alumbrarlo? Creo que el principio que médula del sistema deben ser la democracia («sociedad democrática avanzada») y el imperio de la ley «como expresión de la voluntad popular» (expresión constitucional). De hecho reconocidos constitucionalistas sostienen que el estatuto se trata de una norma pactada en las Cortes y refrendada por el pueblo de Cataluña. Si interviene el TC, le quita a las Cortes Generales la atribución del control de constitucionalidad del Estatuto y, sobre todo, le quita la última palabra al pueblo de la comunidad autónoma, al que se le puede acabar imponiendo un Estatuto que no ha votado. El Estatut no es una norma de un Parlamento único, que se recurre (por motivos competenciales entre dos legisladores), sino que es un pacto entre dos Parlamentos, y después además interviene el cuerpo electoral.
Ambrosio, el Estatuto no ha sido modificado, el Estatuto ha sido anulado parcialmente, de hecho, muy parcialmente por el escaso número de preceptos afectado, en virtud del control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional. La cuestión es tan sencilla como esta: el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, establece lo siguiente:
«Uno. Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad regulados en este Título, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados.
Los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes Orgánicas.»
Vista la ley, las conclusiones son claras. Mientras la Constitución esté en vigor, y la LOTC esté en vigor, lo que tú mantienes, queda en el ámbito de la doctrina constitucional, que por cierto, es marginal por absolutamente minoritaria en el ámbito del Derecho Constitucional.
¿Y la LOTC es constitucional? ¿Quién decide si es constitucional o no cuando se introducen ámbitos no reconocidos por la propia Constitución?
Por cierto, todos los principios democráticos vigentes y evidentes hoy día, eran doctrina minoritaria en su época.
A propósito de los Jueces americanos del TS y su nombramiento por el propio presidente (En realidad, propuesta) me parece que se olvida una cuestión fundamental a la hora de compararlos con el sistema español. Los Jueces en el sistema anglosajón LEGISLAN a través del precedente, y eso es una diferencia esencial con los del sistema continental. Además de dirimir conflictos entre partes, los Jueces anglosajones crean normas que vinculan casos posteriores, y eso incluye nada menos que la propia Constitución, de la que hacen un control difuso todos los Tribunales del país. Esto explica y justifica un sistema completamente diferente de designación y legitimación, que en nada es extrapolable al sistema que nosotros conocemos.
Contencioso, cuando dices que en Estados Unidos los jueces legislan no estás totalmente equivocado, pero tampoco aciertas del todo. Me explico. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en sus sentencias puede hacer dos tipos de pronunciamientos: de mera interpretación legal o de interpretación constitucional. Los primeras pueden ser superadas por el legislador simplemente a través de una modificación legal (por ejemplo, el reciente asunto Citizens United ha provocado una reacción presidencial y en ciertos sectores del legislativo para modificar la ley y dejar sin efecto la sentencia) mientras que las sentencias de interpretación constitucional vinculan al legislador. Esta distinción la recoge el Tribunal de manera expresa en la sentencia Dickerson v. United States (2000) donde la cuestión planteada era precisamente si la doctrina contenida en el caso Miranda v. Arizona era de mera interpretación legal (y, por tanto, podría dejarse sin efecto por el legislador) o de interpretación constitucional -la sentencia, de la cual fue ponente William Rehnquist, por cierto- hizo una exégesis de esa dualidad y sostuvo que el caso Miranda era de interpretación constitucional y, por tanto, indisponible para el legislador.
La LOTC es constitucional, y es el TC el que resuelve eventualres recursos contra dicha ley. De hecho, recientemente el TC resolvió un recurso de parlamentarios del Partido Popular contra la modificación de la LOTC en lo relativo a la forma de designación de Magistrados del TC por parte del Senado.´Volviendo al contenido concreto del artículo 27 que refería de dicha ley, lo único que hace es concretar lo que dice el artículo 161 de la Constitución, cuando enuncia como competencia del TC el control de la constitucionalidad de las leyes y demás disposiciones con rango de ley. El Estatuto de Autonomía es un tipo de ley, y como todas las leyes de nuestro ordenamiento, está subordinado a la Constitución española, el respeto y cumplimiento de ésta es lo que trata de garantizar el TC.
Si el TC fue bueno cuando anuló numerosos artículos de la LOAPA, para regocijo de los nacionalistas.
Si el TC fue bueno cuando anuló los aspectos elementales de la legislación urbánistica del Estado.
Si el TC fue bueno cuando validó la política de inmersión lingüsitica, con matices, pero básicamente la validó.
Tiene que ser bueno ahora que ha dictado esta sentencia.
Si nos olvidamos del Derecho, y vamos a principios no jurdificados, podemos recordar que en el referendo del Estatut, la participación no llegó al 50% del censo electoral, lo cual en otros ordenamientos jurídicos habría sido bastante para no considerar válida la consulta. Aquel referendo fue perfectamente legal y legítimo, como lo es ahora la sentencia del TC.
Hay que respetar la ley, guste o no. Eso es el Estado de Derecho.
Es que el problema planteado con el referendum del Estatuto se debe a un mal uso de la institución de la reforma estatutaria, la institución del referendum en ese caso está perfectamente justificada.
Ciertos grupos políticos catalanes consideran a finales de los 90, principios del 2000, que con arreglo al Estatuto vigente y a la interpretación del TC del régimen de distribución competencial imperante en ese momento Cataluña ha agotado todas las posibilidades de incrementar su autogobierno y como no pueden ni obligar a reformar la CE, ni obligar al EStado a dictar leyes de transferencia o delegación (art. 150.2 CE), ni tener peso suficiente en el TC para variar la jurisprudencia constitucional (pese a los denodados esfuerzos del magistrado Viver PiSunyer) deciden que es posible la mutación constitucional vía reforma estatutaria, y para ello ponen en marcha toda la maquinaria institucional con objeto de «despistar» a la opinión pública haciéndonos creer que tambien detrás del Estatuto hay poder constituyente para desbordar la CE.
Si a ese uso alternativo de la institución estatutaria se añade el referendum popular -previsto para avalar o no el alcance del autogobierno dentro de los límites de la propia CE- el lío está servido.
Al final todo se reduce a una cuestión competencial, ahora bien, del máximo rango e importancia para nuestro sistema constitucional.
En los 14 artículos declarados inconstitucionales -y probablemente tambien en los 27 declarados constitucionales vía interpretación conforme- subyace la intención de restar exclusividad a determinadas competencias estatales (CGPJ, Defensor Pueblo, control de constitucionalidad, cajas, entidades crédito, tributos) y de dotar de exclusividad a favor de la CA Cataluña de competencias compartidas.
No es descartable que tal tendencia constitucional pueda desarrollarse en nuestro Estado, pero habrá de hacerse por los cauces constitucionalmente previstos (reforma CE, leyes de transferencia o delegación art. 150.2 CE, interpretación de la CE por el TC…).
La STC sirve para poner límite a los rechazables intentos de tergiversar del orden constitucional de distribución de competencias -de ahí la gravedad del retraso-, pero particularmente no me tranquiliza el escenario que se plantea a continuación puesto que, una vez clarificados los límites competenciales, si a continuación o en los próximos años surge un clamor en la sociedad catalana (no el fictio clamor creado para propiciar la reforma que nos ocupa), demandando mayor autogobierno que el que la CE y el TC les reconoce, no tengo muchas esperanzas de que las instituciones políticas del Estado central detecten a tiempo tal demanda y sepan ofrecer una respuesta adecuada.
Entre tanto, confío en que los 27 artículos declarados constitucionales en una interpretación conforme y el resto del Estatuto no declarado inconstitucional puedan servir temporalmente para «saciar» las demandas de autonomía del pueblo catalán -ya sé que a sus gobernantes es casi imposible saciarlos-.
Parece evidente que el estado de las autonomías ya no da mas de sí, y que son necesarias reformas de calado para asegurar estabilidad. El problema es que no es tiempo de mudanzas, sino que éstas deberían llegar de un gobierno con mayoría absoluta salido de unas elecciones y apoyado por la oposición en un pacto de estado.
En mi opinión -y aquí entro en el terreno político, dejando el jurídico al márgen- sería preciso:
1) Decidir de una vez por todas si seguimos unidos o se produce secesión de partes del estado.
2) Si la opción es permanecer unidos, habría que:
A) Reconocer lo que en la práctica ya son estados federales y hacer algunos ajustes.
B) Poner límite y coto definitivo a la transferencia de competencias, sean las actuales o aumentadas.
C) Sacar del congreso a los partidos nacionalistas, y reformar el senado para ubicarlos allí, dando a esa cámara peso real y capacidad de veto de leyes que se dicten en determinadas materias (Que afecten a las CCAA o estados federados)
D) Hacer una revisión importante de la administración local, con desaparición de diputaciones (Las CCAA pueden asumir esas funciones) y de muchos municipios pequeños cuya existencia no se justifica, así como redefiniendo sus competencias de manera mas sensata, vista la experiencia (Urbanismo)
Vaya morro que tiene el tal Ambrosio y tal vez hasta una poltrona en el Gouvern. De cuando me estudié la Constitución recuerdo que para modificar ciertos aspectos del texto constitucional, me tenían que preguntar a mí si estaba o no de acuerdo con los cambios. Yo vivo en Logroño y nadie me ha preguntado nada. Todavía estoy esperando que se me pregunte si estoy de acuerdo. Pero qué es eso de que solo voten los catalanes cuando se trata de mofificar la Constitución de todos. Cómo se atreven a hablar de democracia cuando se lo guisan y se lo comen en el Parlamento Catalán o en las Cortes Generales. Este Estatut me ha parecido una estafa completa, a mí, un señor de Logroño porque he visto «confiscado» y «burlado» mi derecho a votar sobre asuntos que afectan a mi país, España, con estratagemas y pactos de políticos vende patrias.
Pido disculpas por esta irrupción de un ciudadano sin conocimientos jurídicos en un blog jurídico, pero francamente me hierve la sangre, porque me he sentido ninguneado.
Los conceptos de Democracia directa e indirecta deben ser bien interpretados. Y a mí me parece que eso no sucede hoy.
Hay muchos que olvidan que la dignidad propia de quienes son representantes del pueblo –aunque entre estos haya a quienes se les llene la boca exagerándola- solo resulta en realidad de eso, de ser representantes del pueblo, y eso precisamente les pone a ellos –aunque ya lo hayan perdido de vista- por debajo de este, o sea, del pueblo, a quien solo representan (“periódica y alternadamente”), pero no suplen.
De aquí, un relevante axioma: los representantes no están por encima del pueblo que los nombra o elige, sino por debajo de él. Así, aunque haya muchos que lo ignoren o lo quieran ignorar no se puede olvidar que -teniendo el alcance que pueda tener territorialmente el pueblo que les ha elegido y no más- las Leyes que hacen los representantes del pueblo están por debajo de las que como la Constitución o las demás Leyes sometidas a Referéndum nacional son “hechas” por el pueblo.
Importantes reflexiones al hilo de esto serían:
– – 1) Que hay quienes olvidan que el Estatut y todas las Leyes -por esa razón- están obligadas a concordar en su totalidad con la Constitución. A mi juicio la doctrina del bloque de la constitucionalidad es infumable sin esta matización importante.
– – 2) Que, por ello también, la Constitución nunca podrá cambiarse por la fuerza de una Ley -por mucho que la Ley se haya tramitado sin salirse de su cauce- y solo podrá cambiarse por el cauce previsto en la Norma suprema, superior y distinto del de las Leyes.
– – 3) Que la legitimidad es un concepto jurídico y puede ser un concepto político, pero que “Legítimo” es sinónimo de legal y de justo, y es también antónimo de ilegal e injusto y, por ello, que la legitimidad –desde uno u otro punto de vista- se pierde por un quebrantamiento o bien de las normas o bien de la justicia.
– – 4) Que, por consiguiente, puede afirmarse que cumplidas las normas de suplencia previstas legalmente, el TC estaba en realidad jurídicamente legitimado para dictar la sentencia que ha dictado, pero, dictada la Sentencia, no es legítimo, sin embargo, y menos desde la posición de Presidente de una Comunidad Autónoma, promover una movilización ciudadana mediante una manifestación política multitudinaria en contra de una sentencia que únicamente debe ser acatada y punto.
– – 5) Que -con independencia de los problemas prácticos que la aplicación de la sentencia pueda tener- todos debemos tener en cuenta que esos problemas derivados los ha ocasionado («El que es causa de la causa es causa del mal causado») el que alentó –o los que alentaron- una reforma tan arriesgadamente opuesta a principios constitucionales obvios para casi todos los juristas, y que será a él o a ellos al que -o a los que- habría que pedir cuentas, no solo por esto sino además por la irresponsabilidad de haber tomado un camino tal que -por compromisos políticos u otras razones más o menos válidas o espurias (que no son ahora el momento de revisar)- les llevó en su día incluso a torcer la voluntad de los próceres más sobresalientes del sancta sanctorum de su propio partido, como Felipe Gonzalez (Miércoles, 7 de diciembre de 2005 – «Rubalcaba frenó un artículo de Felipe González contra el Estatuto»), Alfonso Guerra (Jueves, 6 de abril del 2006 – «El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso es la tercera vez que muestra su desacuerdo público con el Estatuto de Cataluña, sin embargo votó a favor del texto estatutario»), etc., quienes con sus opiniones tímidamente se habían alejado de la dirección que tomaban las cosas. Basta consultar las hemerotecas para darse cuenta de la falta de consenso interno en el partido promotor de la iniciativa, sobre todo al comienzo del proceso.
– – 6) Que, en mi opinión, solo serán coincidentes las voluntades respectivas de los legisladores (en el desarrollo de su cometido de elaborar leyes) y del pueblo que los eligió en el caso de que aquellos estuvieran dando cumplimiento a rajatabla a su programa político. La fidelidad programática es la clave. Esto es, si el Partido sigue aquello que recogió en el programa con el que se presentaron a las elecciones, entonces…. la voluntad de los ciudadanos puede considerarse que es la misma que la voluntad de los representantes elegidos por ellos (pero no es esto lo que a menudo sucede en la realidad, y si no véase como máximo exponente histórico el ejemplo de la entrada en la OTAN a propuesta de Felipe Gonzalez).
– – 7) Que, por último, en esta realidad de ahora mismo podemos constatar cómo aquello que se defendía, que no estaba amparado en un programa refrendado por los votos, ni por su concordancia con la Constitución, les ha dejado finalmente frustrados –gracias a Dios, y gracias al TC- a quienes directa o indirectamente quisieron abrir nuevas sendas no autorizadas impulsando la transmutación jurídica de las Leyes orgánicas que aprueban los Estatutos. Por aquí al menos podemos decir que no se nos ha birlado nada, sino que hemos avanzado consolidando los que a mi juicio son los criterios correctos (en términos generales parece que lo que se ha venido a decir es que quien quiera promover una reforma constitucional que lo haga… pero… por la puerta de “alante” y no por la de atrás).
Bienvenida sea la Sentencia.
Sin haberla podido leer aún -al menos por lo dicho en este y en mi anterior comentario- yo lo celebro (y de verdad me siento menos derrotista que otros como Peterlove, p.e.).
Alatriste, por alusiones (que no tengo intención de polemizar, sólo de aflorar otras visiones). Por cierto, estoy bastante lejos de una poltrona del Gouvern (no sé que tipo de argumento es ese).
Confirmas lo que se ha dicho: no se puede imponer un texto distinto del que se sometió a referendum. También estoy deseando que me pregunten a mí sobre la configuración política de este país (Nación en mayúsculas según la Constitución) porque nunca he tenido ocasión de votar sobre ello (soy favorable a las consultas populares, aunque los políticos parece que tienen miedo a preguntar al pueblo). Ya por último, todavía nadie me ha explicado cómo se respeta el art. 152.2 de la Constitución con la modificación realizada.
Te lo ha explicado Sevach -y algún otro comentarista- de forma nítida, solo tienes que abrir tu mente
Ambrosio, es sencillo de entender. El artículo 152. 2 de la Constitución dice:
«Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.»
Eso significa que el procedimiento de modificación debe seguir las reglas prescritas constitucionalmente.
Por su parte, el artículo 81.2 de la Constitución dice:
«La aprobación, modificación o derogación de las Leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.»
Es aplicable lo mismo que acabo de señalar: para aprobar, modificar, o derogar una ley orgánica, debe seguirse determinado procedimiento.
El TC no ha modificado el Estatuto. El TC ha ejercido sus funciones, las que le atribuye el artículo 161 de la Constitución, entre ellas, la declaración de inconstitucionalidad de las normas jurídicas con rango de ley. El TC no aprueba leyes, ni las modifica, ni las deroga. En su caso las anula por ser inconstitucionales. Esa es su función jurisdiccional en el ámbito constitucional.
Si lees la Constitución, léela toda. Lee también el Título IX que regula la creación, composición y funciones del Tribunal Constitucional.
Para Ambrosio:
Pues estamos los dos de acuerdo, está claro, ni Parlamentos ni Tribunales. El asunto es de tal naturaleza que nos tienen que preguntar a todos «los españoles», puesto que hay controversia y una parte de la población ¿1/3 de la catalana? cuestionan la Constitución que nos gobierna. Referéndum si, pero no solo para los catalanes, para todos.
Es obvio por qué han limitado la consulta a solo una parte del territorio nacional, y han instrumentado un cambio del orden establecido, por la puerta del engaño. Los sujetos que nos representan-como ha puntualizado muy oportunamente Pablo Soto-, nos la han intentado meter doblada y de hecho algo han conseguido: ZP y su Gobierno han ganado tiempo en la poltrona. Han vendido al Pueblo Español por permanencia en el Gobierno.
Pero ¿cómo comenzó todo? Pues aunque yo no sé expresarme mejor, para mí es evidente:
Por la desigualdad de trato que establece la Ley Electoral, la cual atribuye un valor desproporcionado a los votos de unos frente a los votos de otros.
De ahí arranca el sometimiento de los gobiernos de España a los chantajes sistemáticos de nacionalistas catalanes y vascos.
Ese poder que les da la Ley Electoral es lo primero que hay que revisar, y cuando tu voto -Ambrosio- valga lo mismo que el mío, hablamos.
El Estatut de “Da Vinci”
Como en el Código da Vinci, entre enigmas y arcanos misterios judiciales y, tras cuatro años de deliberaciones poco luminosas y un tanto espirituales, el Tribunal Constitucional, que es como una fuerza de cualidad divina al modo de la sabiduría, emitió una sentencia de lo más esotérica y tirando a mística, poco práctica y actualizada a los tiempos. Y como queriendo sacarse la cosa de encima, pues parecía que le pesaba como una losa. Dejando en su deliberación y razonamiento sumarial del Estatut, catorce artículos mutilados y tullidos.
El TC, actuando como el Espíritu Santo con su sentencia, describe una «realidad espiritual1 suprema y de definición única, sin llegar a convencer al más apostólico de los progresistas. Quedando la cosa como agua estancada en la charca de la verdad desnuda.
El Partido Popular, actuando como el “Priorato de Sión” con sus ideas cerradas como cerrojos sellados en plomo, cítricos y ácidos como un limón, se jactan en un auge de conspiración y sectarismo. Viendo al Estatut como el Santo Grial y teniendo miedo a descubrir, probablemente, toda la verdad, inventando teorías de complots y confabulaciones pensando que pueden intervenir los poderes ocultos.
Las teorías de Brown no son nada, comparadas con las de la señora Cospedal y el gran“Maestre” Rajoy que, cuando hablan de Catalunya, suelen hacerlo realizando afirmaciones donde sólo ven lo oculto y oscuro, sin aportar pruebas muy convincentes cuando se trata del Estatut, que es como un enigma sagrado para la derecha española. Actuando un poco como el Opus Dei de la novela de Brown. El Partido Popular aquí también estaría presuntamente involucrado en una conspiración para encubrir la verdadera historia del Estatut, que habría vivido dentro de una gran mentira fraguada por la derecha española, más arcaica desde los tiempos de la transición. Debe de ser terrible vivir con miedos paranoicos.
Igual los del Partido Popular se imaginan que en el museo del Louvre de París, o igual en un despacho oculto en las salas ovales de la Generalitat de Catalunya, está dibujada la postura del Hombre Virtuvio (dibujo realizado por Leonardo Da Vinci) con un mensaje críptico escrito en su costado y dentro de un pentáculo, y los artículos del Estatut dibujados en el pecho con su propia sangre. Puestos a exagerar, hagámoslo todos.
Como en la novela, aquí también se proponen dos misterios: ¿qué secreto intentan proteger los catalanes? ¿Quién planteo el asesinato? ¡Por Dios!, de momento aquí no ha muerto nadie físicamente, ¡Dios nos libre! Aunque, probablemente, algunos los paguen con su “muerte política” en las próximas elecciones. Porque tanta “confianza” mal medida les puede llevar al derrotero. Cayendo por afilados riscos para estrellarse en el malecón que domina el paisaje del pueblo soberano.
Se ve que el desarrollo de la historia de un pueblo requiere la solución de varios acertijos y anagramas, como los artículos del Estatut, que parecen para algunos más arcanos que pragmáticos, ignorando que emanan de la voz del pueblo catalán, que en lícito referéndum votó, en su día, decidiendo por la vía del sufragio, que suele ser camino permitido para expresar nuestra voluntad, dicen que de gran belleza y punto de encuentro de la libertad. Pero los del PP actuaron como los “Iluminati”, presentando recurso delante del TC y creyéndose como los “pura sangre” españoles, que no se detuvieron hasta que el macizo se ha desplomado ente acantilados hasta anular el resonar de los ecos.
Quizás la verdad del Estatut estremecería los cimientos de la Democracia española. Al final del libro del Código del Da Vinci, los personajes se enamoran. De momento, aquí con el Estatut, tal sentimiento no se ha manifestado, ni tampoco parece que tenga intención de que se produzca tal ansia de un amor tan complejo e imposible de reciprocidad y de llama pura.
Los grandes “Maestres” del Partido Popular puede que conozcan la ubicación de la “Clave”, la cual pueda llevar a la verdad del “Santo Estatut”, más de anagramas y de logotipos irracionales enquistados, que de borrador y artículos que respalden una identidad y filiación del pueblo de Catalunya. Aquí podríamos sustituir la Figura de Leonardo Da Vinci por la de “Sant Jordi”, que fue caballero catalán y que nos pilla más a mano.
Se desconoce si los del TC pasaron por alto que algunos artículos están igual escritos con tinta invisible, esa que sólo se ve con luz ultravioleta. Y claro, las incógnitas es lo que tienen, que en su dificultad está su gracia. Pues no sea que lo que de verdad asusta es la evidencia. Y, como en el libro, esta sentencia sea en realidad una gran mentira bien ensayada por las entusiasmadas criaturas de la derecha más conservadora, que visten de pureza y cincel perfilado sus mantos, diciendo que la clave está escondida detrás de un misterioso cuadro o sepultada debajo de cualquier Iglesia gótica. O en un dispositivo cilíndrico que no saben abrir. Los dispositivos que esconden mensajes secretos de este calibre no suelen llevar instrucciones, sería absurdo. Es igual, en sus creencias enajenadas, maquinan confabulaciones inimaginables, haciendo tiempo para esperar revelar al mundo la verdad acerca del “Santo Estatut” en el momento acordado. O tienen un plan de contingencia nunca revelado, que mantiene a la “organización” y su secreto a buen recaudo. Pero confundidos por su condición de criaturas, que les limita chocando contra las paredes del cielo.
“Custodios y guardianes de sus puertas serán para siempre el cáliz y la espada”. O sea, el Estatut y la justicia.
Al final del libro, Langdon, reflexiona sobre el acertijo y, de repente, recuerda los marcadores dorados en las calles de París que marcan el antiguo meridiano. Aquí, los marcadores y señales que muestren el camino pueden estar en una calle oscura de Madrid. Igual por la calle Génova, en una catacumba en los mismos sótanos del edificio. A saber.
“El manto que la cubre en su descanso no es otro que la bóveda estrellada”. Igual, algún día, se descubran los restos del verdadero Estatut, la encarnación de la “Divinidad Catalana”, excluida por la derecha española más agria y atrapada en el tiempo.
El misterio que ha acompañado estos cuatro años a la deliberación y resolución de la sentencia del Estatut demuestra el poder y la fuerza activa de jueces, que han ido puliendo el texto con sílex, que es piedra primitiva pero de puntas cortantes. En cualquier caso, el TC, en su misterio y desconcierto, interviene como el Espíritu Santo que, en principio, es una entidad espiritual de carácter excelso, muy cercana a la divinidad pero en cuestión de soluciones terrenales poco práctica y de desuso próspero, limitado y diferente a los misterios ocultos por su condición de servidores y ejecutores de la ley que está escrita.
La cuestión es si queremos creer en el pasado más enquistado, o bien evolucionar como pueblo mudable y no como nómadas de umbrías sombras profundas que siempre van buscando el camino torrente arriba torrente abajo. Desaprovechando y, a veces, ignorando el rumbo de la brújula que nos guía por la libertad y privilegio de decidir del pueblo llano. Alguien dijo una vez; que la democracia es un sistema de desconfianzas. Porque el Estatut no es una cuestión de fe, sino una parte de la “evolución” política y cultural, de una sociedad moderna dentro de una Europa confundida y con problemas de dineros. Pero eso ya es otra novela.
Menuda sarta de idioteces.
¡¡¡Y menudos argumentos!!! El PP y la derecha es arcaica, luego no pueden o no deben cuestionar lo votado en referéndum por un 33% de la sociedad catalana.
Pues mire, yo no soy de derechas y eso no me impide afirmar lo siguiente: el Estatuto es inconstitucional en 31 artículos.
Aunque muy tarde, apunto una breve observación después de leer las colaboraciones. Esta sentencia del TC podía haber sido emitida hace años. Se ha tardado más en que doce personas emitan una sentencia que un parlamento autonómico redacte un Estatuto. Lo inmediato para cualquiera con algún conocimiento jurídico, es sentir que este Tribunal está desprestigiado.
Se percibe la chapuza, y no hace falta ser un experto jurista para ello.
Algunos han indicado que con la jurisprudencia anterior del TC, se podría haber dictado sentencia en seis meses. Ha sido cuatro años.
Para mí, que ha faltado profesionalidad en estos señores jueces (¿dependencia respecto de quienes les nombraron?)
Por otra parte, la sentencia es una sentencia cobarde. No se han atrevido a ajustar el contenido completo de esta ley orgánica al texto constitucional. Ejemplo: el uso de la palabra nación para designar a cataluña, si no tiene eficacia jurídica no debería constar en una ley. Debería suprimirse.
Por otra parte, esta ley orgánica aprobada por el PSOE con la aquiescencia del tripartito y CIU, no es más que un fraude. ¿Por qué? Pues porque quien tiene la soberanía para «cambiar» la Constitución, el pueblo español, no puede decidir sobre el cambio que establece el Estatuto y que afecta a su Constitución.
Como el PSOE no pudo llegar a ningún acuerdo con el PP (o mejor, no ha querido) respecto a modificar la Constitución, le vino mejor aprobar el Estatuto por la vía del ley orgánica. Sin importarle las modificaciones al Estado de Derecho que plantea.
El método huele a poco democrático. El Estatuto es una pretensión de modificar el Estado sin que el pueblo español pueda decidir.
Sinceramente, no me parece democrática esta actitud (aunque sea formalmente legal). No se debería hurtar al pueblo soberano, el conjunto de todos los españoles, que pudiera decidir sobre cualquier reforma constitucional de tanto calado como pretende este Estatuto.
Quizá vivimos en una partidocracia y no en una democracia.
I’m sorry, I don’t speak a good Spanish. I’m looking for the sentence of Tribunal constitucional, because I’m writing a thesis about la cuestion prejudicial for the Tribunal Constitucional and the Corte costituzionale Italiana.
This sentence is very difficult to find, becuase Tc website is updated until 2008. I hope you can give me some more information, as the number of the sentence and the date. Thank you very much.
the sentence is published here:
http://www.tribunalconstitucional.es/es/resolucionesrecientes/Documents/SENTENCIA_RI_8045-2006.pdf
Para quien no quiera molestarse en leer los 881 folios, basta el resumen de Rodríguez-Zapata en su voto particular: «una Sentencia que manipula los preceptos del EAC, los modifica y desconoce su sistemática interna hasta convertirlo en un embrollo de normas vacías, paralizadas, futuras o a las que se hace decir lo que no dicen, ni han querido decir. Las leyes se traen ante este Tribunal para que controle su conformidad a la
Constitución no para que llame con otros nombres los principios, derechos, competencias y potestades que el legislador ya ha creado. Sólo Adán pudo tener ante sí todos los animales del campo y todas las aves del cielo para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviera el nombre que él les diera (Génesis 2, 19)».
Junto a la “Sentencia manifiesta”, dice el magistrado discrepante- hay una “Sentencia oculta”, que «no aparece en el fallo pero es la que manipula innumerables preceptos esenciales del EAC y los aproxima al sentido conforme a la Constitución de otros Estatutos aprobados con posterioridad a él, en un ejercicio dsproporcionado de legislación positiva». Toma ya.
El antecedente de extremar hasta el absurdo el principio de interpretación conforme como instrumento para conservar la norma impugnada, ya lo puso de manifiesto el TC en la sentencia sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En aquella ocasión, el TC salvó la constitucionalidad de las declaración de derechos, y del pretendido «derecho al agua», a base de decir que el Estatuto decía lo que realmente no decía. A tal punto llegó el TC, que consideraba que cuando el legislador hablaba de «derechos», realmente no se trata de derechos. Se trataba de otra cosa. Pues bien, con estan sentencia, parece que el TC se ha deslizado por la misma pediente. Para salvar la constitucionalidad de numerosos preceptos, obvia el texto de la ley, directamente se inventa un texto nuevo.
Esta forma de ejercer la función jurisdiccional constitucional, es profundamente lesiva de la seguridad jurídica. Me adhiero al voto particular de Vicente Conde Martín de Hijas, el más brillante de los Magistrados del TC, para decir que quiero un TRIBUNAL DE DERECHO. Quiero Magistrados confiables. Magistrados que no se van a saltar el contenido de una ley con tal de salvar su constitucionalidad, pasando a ser legisladores positivos, e ignorando la voluntad del legislador. Si la voluntad del legislador es inconstitucional, dígase. Declárese así. Lo demás son componendas vergonzantes, que sólo sirven para prostituir nuestra Constitución, y adulterar la función del TC.
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