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Timestamp: 2020-06-04 11:38:28
Document Index: 315302317

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2536', 'artículo 56', 'artículo 2536', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 2536', 'artículo 2524', 'artículo 209', 'artículo 2536', 'artículo 14', 'Artículo 2536']

INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2524 FRACCIÓN VI Y ARTÍCULO 2536-B DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO EN RELACIÓN CON LA EXTINCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES POR CADUCIDAD ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE GUANAJUATO - GRUPO PARLAMENTARIO PRI GUANAJUATO
Las y los que suscribimos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como por lo establecido por los artículos 167, fracción II, 168 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos presentar y someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 2524 Fracción VI y artículo 2536-B del Código Civil para el Estado de Guanajuato en relación con la extinción de las inscripciones por caducidad ante el Registro Público de la propiedad y del Comercio del Estado de Guanajuato de conformidad con la siguiente:
La garantía de audiencia constituye uno de los principales instrumentos de defensa que tienen los gobernados frente a cualquier acto de autoridad que pretenda privarlos de sus derechos. El párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución mexicana exige que todo acto privativo sea dictado por tribunales previamente establecidos, en un juicio en el que se observen las formalidades esenciales del procedimiento.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el debido proceso legal se refiere al “conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos, es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. Al igual que este derecho ha sido reconocido por el articulo 8.1 de la convención Americana sobre los derechos Humanos.
Una de las mayores dificultades de la aplicación del ordenamiento jurídico administrativo, afirma Agustín Gordillo, es partir de aplicar disposiciones legales en colisión con normas y principios supranacionales y constitucionales. Este problema se agudiza cuando los instrumentadores de las normas tratan de ir subsumiendo las normas de rango legislativo y reglamentario con menor valor normativo por encima de los preceptos Constitucionales. Sin duda corresponde a este órgano legislativo, corregir este problema de interpretación que tienen los operadores de las normas que tienden a invertir el orden de jerarquía normativa y dar mayor importancia al reglamento, aunque contravenga los principios generales del derecho, normas y principios legales, constitucionales y supraconstitucionales. Así las cosas, la presente iniciativa pretende armonizar los enunciados normativos del Código Civil para el Estado de Guanajuato con las precitadas normas de jerarquía superior.
Sobre el tema la jurisprudencia mexicana ha sostenido la siguiente tesis:
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Diciembre de 1995, Tesis: P./J. 47/95, página 133.
Como se desprende de esta tesis, las formalidades esenciales del procedimiento se refieren en parte al llamado “derecho de audiencia”.
Toda ley o reglamento que no otorgue a los quejosos la garantía de audiencia es inconstitucional.
Es frecuentemente, en los Registro Público de la propiedad y del Comercio en el Estado de Guanajuato, aplicar de manera dogmática y aislada las cancelaciones de registro por caducidad, sin contemplar su obligación constitucional del debido proceso, pasando por alto la aplicación de los valores constitucionales ínsitos en la concepción actual del derecho. En el Grupo Parlamentario del PRI, entendemos que nuestra tarea como legisladores, es la de ir eliminando los vacíos legales, auxiliando a los instrumentadores su labor de interpretación de la ley y aplicación del derecho. De allí que estamos obligados a legislar teniendo presente, además de la expresión de la ley siempre limitada por su propia generalidad y abstracción, los postulados de los principios generales del derecho, recogidos en nuestra carta magna, pues éstos son la manifestación auténtica, prístina, de las aspiraciones de la justicia de los mexicanos.
Así las cosas, en lo que respecta al artículo 2536-B del Código Civil para el Estado de Guanajuato, su redacción actual, permite afectar mediante la cancelación de una inscripción, el derecho registrado a favor de determinada persona, sin que tenga oportunidad de intervenir en el tramite respectivo. Lo anterior contraviene la garantía de audiencia tutelada en el articulo 14 constitucional, en la medida en que no contemplan la posibilidad de que, previamente a cancelar por caducidad el asiento registral, el titular del derecho inscrito manifieste lo que a su interés legal convenga para que, si es su deseo, ofrezca pruebas con las cuales, demuestre que no opero esa figura jurídica, o bien, que el plazo se interrumpió o suspendió, esto es, autoriza afectar el derecho registrado a favor de determinada persona, sin que el titular tenga la oportunidad de intervenir en el tramite de cancelación, y no prevé la posibilidad de que, previo a cancelar el asiento registral, el titular del derecho inscrito manifieste lo que a su interés convenga, en su caso, ofreciendo las pruebas para demostrar que no operó esa figura jurídica, o bien, que el plazo se interrumpió o suspendió.
En lo que respecta al artículo 2524 en su fracción VI, consideramos que el Registrador Público de la Propiedad debe de constatar, ya sea que las partes le alleguen los medios de prueba idóneos que comprueben que se ha declarado la caducidad del procedimiento en que fue decretado el embargo, o que transcurrieron tres años de inactividad procesal, o en su defecto, que pida al Juez que ordenó la inscripción del embargo, sobre el estado que guarda el juicio, para que se cerciore efectivamente que si en el lapso establecido por el artículo, hubo inactividad procesal, o fue declarada la caducidad del procedimiento en que fue decretado el embargo, pues el solo transcurso del tiempo no debe de bastar para que opere la cancelación por inactividad procesal del embargo, pues de lo contrario, no se respetarían las garantías de audiencia y legalidad.
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideramos que con estas reformas, las autoridades y la ciudadanía contaran con los instrumentos jurídicos idóneos para garantizar el derecho de audiencia a los titulares de los derechos inscritos para que manifiesten lo que a sus interés convenga, y que se respeten dichos derechos por parte de la autoridad al cerciorarse fáctica y jurídicamente que se actualizaron con los documentos y los medios de convicción idóneos las hipótesis jurídicas contenidas en el articulo del Código civil que se pretende reformar.
Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; los que suscribimos la presente iniciativa coincidimos en que de aprobarse ésta, tendrían cabida los siguientes impactos:
En este caso se reforman los artículos 2524 Fracción VI y artículo 2536-B del Código Civil para el Estado de Guanajuato en relación con la extinción de las inscripciones por caducidad ante el Registro Público de la propiedad y del Comercio del Estado de Guanajuato,
Una vez aprobada la reforma, implica se garantice el derecho de audiencia y que los servidores públicos correspondientes tengan herramientas jurídicas que les permita brindar mayor certeza jurídica al cancelar inscripciones. De tal suerte, se deberá implementar un procedimiento que respete el debido proceso para dictar un acto administrativo, que respete ciertos principios que tienen por objetivo que, dentro del menor tiempo posible y reuniendo la mayor cantidad de información, se pueda declarar la voluntad del Registrador Público.
De la presente iniciativa no se advierte un impacto presupuestal, pues no implica la creación de nuevas inversiones o plazas al interior de la administración pública estatal ni en este órgano deliberativo. Aunado a lo anterior, se tiene conocimiento de muchos juicios de amparo en contra de estos artículos, en donde los quejosos argumentan fundamentalmente, la violación a su garantía de audiencia, y esta reforma, pretende además terminar con cargas de trabajo innecesarias a los órganos jurisdiccionales y administrativos, además brindar certeza jurídica y garantía de audiencia a la ciudadanía guanajuatense.
La reforma permitirá, brindar total certeza jurídica a la ciudadanía guanajuatense en lo que respecta al derecho de audiencia en los supuestos en que se actualizan la extinción de las inscripciones por caducidad, que serán de gran impacto en la sociedad guanajuatense.
El mejor vehículo legal que tienen los ciudadanos para que las autoridades administrativas cumplan con la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución, es que la administración antes de pronunciarse y dictar resolución, conozca la realidad concreta que oiga a los administrados con la amplitud necesaria, recibiendo y valorando las pruebas que éstos presentan y analizando las razones de hecho y de derecho que se deduzcan para evitar pretensiones que puedan resultar injustas o ilegales El procedimiento administrativo constituye una garantía de los derechos de los particulares y asegura la pronta y eficaz satisfacción del interés general. Por ello, dicho procedimiento sirve como protección jurídica de la sociedad en general.
En suma, con estas reformas, se les impone a los registradores públicos la ineludible obligación para que, de manera previa al dictado de un acto de cancelación registral por caducidad, cumpla con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa de los titulares de la inscripción y asiento registral. Dichas formalidades, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución esta apegada a derecho.
Artículo 2536-B. La caducidad de la inscripción registral operará por el simple transcurso del tiempo y el registrador podrá hacer la cancelación de oficio, a petición de parte o de terceros, previa audiencia del titular del del derecho inscrito.
Guanajuato, Guanajuato, a 4 de abril del año 2019.