Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-227-de-mayo-11-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_4b09b7c2d66b44c48cd7c1813a14ea01&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-19 19:07:03
Document Index: 260797305

Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 83', 'artículo 5', 'artículo 1081', 'artículo 42', 'artículo 97', 'Artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 206', 'artículo 1036']

﻿ Sentencia T-227 de mayo 11 de 2016
SENTENCIA T-227 DE 11 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:ENTIDAD CREDITICIA DEBE EXTINGUIR OBLIGACIÓN DE TOMADOR DE PÓLIZA DE VIDA GRUPO DEUDORES EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. EN EFECTO, CUANDO SE SUSCRIBE DE BUENA FE EL CONTRATO Y SE CUMPLE CON EL PAGO DE LA PRIMA CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO SE ESTABLECE UNA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL, AFECTANDO SUS ACTIVIDADES DIARIAS, Y AGRAVANDO LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE QUIEN LOS SUSCRIBE, SE ENTIENDE QUE TIENE DERECHO AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PÓLIZA Y LA CONSECUENTE EXTINCIÓN DE LA DEUDA, TODA VEZ QUE LO CONTRARIO VULNERA SU DERECHO AL MÍNIMO VITAL. POR LO ANTERIOR, ES OBLIGACIÓN DE LA ENTIDAD CREDITICIA NO OMITIR INFORMAR AL DEUDOR (A) CUANDO SU EDAD SUPERA EL LÍMITE PARA QUE PUEDA OPERAR EL AMPARO REFERIDO, Y ABSTENERSE DE CELEBRARLO. SE CONCLUYE ENTONCES QUE LA ENTIDAD ES LA INTERESADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y, EN VIRTUD DEL DEBER DE INFORMACIÓN, DEBE EXPLICAR A LA USUARIA CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS COBERTURAS QUE TENDRÁ EL SEGURO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PÓLIZA DE SEGURO, REQUISITOS DE LA PÓLIZA DE SEGURO, INCAPACIDAD LABORAL, DERECHO AL MÍNIMO VITAL, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL, CONDICIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO
Sentencia T-227 de mayo 11 de 2016
Ref.: Expediente T-5.227.083.
Acción de tutela instaurada por la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres contra la Compañía Mundial de Seguros S.A. y el Centro de Servicios Crediticios, CSC.
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por los Juzgados Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de San Juan de Pasto y Tercero Penal del Circuito de Pasto (Nariño), mediante los cuales resolvió la tutela promovida por la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres contra la Compañía Mundial de Seguros S.A. y el Centro de Servicios Crediticios, CSC.
El 7 de abril de 2015 la señora Juanita Concepción Torres, actuando en calidad de agente oficiosa de su madre, Teresita de Jesús Bermeo de Torres, interpuso acción de tutela contra la Compañía Mundial de Seguros S.A. – en adelante Seguros Mundial- y el Centro de Servicios Crediticios, CSC, para solicitar la protección de sus derechos fundamentales a una vida digna y al mínimo vital, de conformidad con los siguientes:
1.4. Indica que el 8 de mayo de 2014 la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres sufrió un derrame cerebral(1), en virtud del cual, el 13 de agosto de 2014 la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño la calificó con una pérdida de capacidad laboral de 89.16 %, con origen común y fecha de estructuración del 5 de mayo de 2014.
1.5. Expone la agente oficiosa que una vez establecida la pérdida de capacidad laboral la señora Teresita de Jesús, mediante escrito radicado el 8 de septiembre de 2014, solicitó al Centro de Servicios Crediticios hacer efectivo el cubrimiento del seguro que venía pagando y por ende la condonación de la deuda.
1.6. Explica que el Centro de Servicios Crediticios, mediante escrito de 20 de abril de 2015, en respuesta a la anterior solicitud, puso de presente que el 7 de noviembre del 2014 Seguros Mundial negó la petición de la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres bajo el argumento de no cumplir con los requisitos de edad, por cuanto la póliza otorga el amparo de incapacidad total y permanente siempre y cuando el asegurado tenga menos de 65 años y cuya fecha de estructuración se encuentre dentro de la vigencia del seguro.
1.9. Asevera que el estado de salud en el que se encuentra la demandante “es crítico a tal punto que requier[e de] la ayuda de terceros para desempeñar [sus] actividades básicas, y en virtud de [su] enfermedad y los costos que deb[e] cubrir para sobrellevarla [le es] imposible seguir cancelando las cuotas adeudadas en virtud de la obligación crediticia núm. 28052012 con el Centro de Servicios Crediticios S.A”..
1.11. En declaración juramentada dentro de la acción de tutela, rendida por la señora Juanita Concepción Torres Bermeo en su condición de agente oficiosa de la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres, se explica en relación con la salud de esta última que a raíz de un derrame cerebral que sufrió disminuyó su autonomía al punto de requerir atención especial con ocasión de su precario estado de salud, en virtud del cual demanda terapias, desplazarse a citas médicas y medicamentos que no puede sufragar con su pensión. En la declaración se expresa lo siguiente:
“Sírvase aclarar las razones por las que usted interpuso la acción de tutela de la cual esta judicatura sigue trámite? CONTESTÓ: A mi mamá, quien tiene 74 años, el 8 de mayo de 2014 le dio un derrame cerebral, quedó sin conocimiento, sin habla, sin poder caminar, hay que cuidarla, cambiarle pañales, quedó como un niño prácticamente. Nosotros no tenemos un trabajo fijo, quien la está cuidando es mi padre de 85 años. A raíz de eso pedimos a la entidad que nos condone la deuda para poder comprar pañales, las citas médicas que nos ha tocado por aparte, la droga de la presión y otros medicamentos, las terapias también nos ha tocado pagar por aparte porque SALUDCOOP EPS no nos entrega los pañales ni autoriza los medicamentos o las citas; por esto no he colocado tutela ante SALUDCOOP EPS. Nos respondieron que eso no lo condonan porque según una ley no le cobija. Mi mamá tiene una edad avanzada que no le prestan”.
“PREGUNTADO: Manifieste a que se dedica su agenciada y su padre y a cuánto ascienden sus ingresos mensuales?- CONTESTÓ: Mi madre es pensionada y recibe $844.276.17, de ahí le descuentan salud y el valor del crédito. Mi padre tiene una pensión por valor de $600.000, antes de hacerle descuentos, él también ha estado enfermo, nos ha tocado comprarle audífonos.- PREGUNTADO: Manifieste si su tiene deudas, o créditos bancarios de algún tipo y sus obligaciones?- CONTESTÓ: El crédito del cual pedimos que se cumpla el seguro, ya lleva pagando la mitad del plazo pactado.- PREGUNTADO: Tiene algo más que agregar a la presente declaración.- CONTESTÓ: Que nos colaboren, mi padre también esta delicado y me tocaría atender a dos personas a la vez. Entrego copia del desprendible de la pensión de mi madre. Informo que mi padre está ayudando a pagar un préstamo particular por valor de $3.000.000 que adquirió con un hermano, paga $300.000 mensuales, no sé cuánto le falta por pagar”.
2.1. En escrito radicado el 15 de mayo de 2015, la representante legal de la Compañía Mundial de Seguros S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda. Enfatiza, en relación con la causa por pasiva, que el tomador y beneficiario de la póliza en discusión es el Centro de Servicios Crediticios y no la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres, y por ende ella no se encuentra legitimada por activa para promover el amparo.
Finalmente, recalcó que el contenido de la póliza se compartió con el tomador -Centro de Servicios Crediticios-, el cual sabía de las condiciones particulares de la misma en relación con la incapacidad total y permanente, por lo que tenía conocimiento de que la póliza cubre este evento siempre y cuando el asegurado tenga menos de 65 años de edad y adquiera una invalidez igual o superior al 50%, edad que supera la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres.
La agente oficiosa impugnó la decisión de primera instancia por considerar que el juzgado no tuvo en cuenta la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres, ni la precaria situación económica de ella y su familia, derivada de los numerosos gastos en que deben incurrir para atender la salud de su madre.
— Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres (folio 13 del primer cuaderno de tutela).
— Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Juanita Concepción Torres (folio 14 del primer cuaderno de tutela).
— Copia de la petición presentada por la señora Juanita Concepción Torres Bermeo a la Cooperativa el Bosque LTDA., por medio de la cual le solicita “se haga efectivo el seguro de vida por incapacidad total y permanente de la titular la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres”, con ocasión de una enfermedad (Derrame cerebral-cerebrovascular) (folio 22 del primer cuaderno de tutela).
— Respuesta a la petición elevada por la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres a la entidad Centro de Servicios Crediticos informando sobre el estado de cuenta de la obligación crediticia que contrajo con esa entidad, identificada bajo el núm. 30201251431 (folios 15-16 del primer cuaderno de tutela).
— Copia de la tabla de amortización del crédito núm. 30201251431, contraído por la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres con la entidad Centro de Servicios Crediticos (folio 17 del primer cuaderno de tutela).
— Copia del dictamen de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de la invalidez de la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres, emitido por la Junta Regional de calificación de invalidez de Nariño el 13 de agosto de 2014, el cual certifica una pérdida del 89,16% (folios 18 a 21 del primer cuaderno de tutela).
— Copia de la respuesta emitida por Seguros de Vida Mundial el 7 de noviembre de 2014, a través de la cual manifiesta que la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres “no tiene cobertura bajo la póliza de seguro de vida grupo deudores tomada por Centro de Servicios Crediticios” (folio 25 del primer cuaderno de tutela).
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 57 del Acuerdo 05 de 1992 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional), que faculta a esta corporación para decretar pruebas en sede de revisión, esta Sala, mediante auto de 7 de marzo de 2016, resolvió:
1. Remita copia de los documentos soporte de la obligación crediticia adquirida por la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres núm. 30201251431, que reposen en sus bases de datos.
2. Remita copia de los documentos soporte de la póliza de seguro de vida grupo deudores con la que se respaldó la obligación crediticia referida, contratada por la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres, identificada con el núm. 100001169.
3. Se sirva informar las condiciones bajo las cuales la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres tomó el seguro de vida grupo deudores.
3. Se sirva informar las normas y condiciones bajo las cuales la entidad solicitó a la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres la suscripción de una póliza para amparar la obligación crediticia adquirida.
Sexto.- Proceda la Secretaría General de esta corporación a librar las comunicaciones correspondientes”.
2. La representante legal de la Compañía Seguros Mundial S.A., mediante escrito de fecha 29 de marzo de 2016, allegó memorial para dar cumplimiento a lo requerido en la primera orden impartida en el auto de pruebas de fecha 7 de marzo de 2016, en el cual se refirió a los siguientes puntos:
Manifestó que los documentos soporte de la obligación crediticia adquirida por la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres núm. 30201251431 reposan en la bases de datos del Centro de Servicios Crediticios.
3. En relación con las pruebas solicitadas al Centro de Servicios Crediticios CSC, la Secretaría General de esta Corte, mediante oficio de 8 de abril de 2016, certificó que vencido el término probatorio no se allegaron más pruebas.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, concierne a esta Sala determinar previamente si es procedente la acción de tutela en el asunto objeto de revisión, para exigir el cumplimiento de una obligación contenida en una póliza de seguro y la extinción de la deuda por parte de una persona que ha perdido un 89% de capacidad laboral.
Para ello esta Sala entrará a analizar los siguientes ejes temáticos: (i) procedencia de la tutela contra particulares; (ii) procedencia de la acción de amparo contra instituciones que hacen parte del sistema financiero; (iii) el derecho al acceso efectivo, oportuno y claro a la información en los contratos de seguro; y (iv) la buena fe en el contrato de seguro. Con estos elementos de juicio (v) resolverá el caso concreto.
El artículo 86 de la Constitución Política consigna que la acción de tutela es procedente cuando se emplea como mecanismo para la protección de un derecho fundamental que se encuentra vulnerado o en riesgo, independientemente de que se trate de una acción u omisión que provenga de una autoridad pública o de un particular. No obstante, es esta una herramienta subsidiaria, carácter que pretende evitar que se reemplacen los caminos ordinarios para resolver controversias jurídicas y se convierta en un instrumento supletorio cuando no se han empleado oportunamente dichos medios.(2)
La procedencia excepcional de la tutela encuentra su justificación en la necesidad de respetar las competencias asignadas a las autoridades judiciales impidiendo así su desarticulación y la trasgresión del principio de seguridad jurídica.(3)
“La jurisprudencia constitucional ha sido enfática al señalar que la tutela no fue creada para sustituir los mecanismos de defensa ordinarios. Para el Tribunal, la acción del artículo 86 de la Carta tiene carácter excepcional en la medida en que únicamente responde a las deficiencias de los medios de defensa judiciales, sin desplazarlos ni sustituirlos. De allí que la Corte haya afirmado que dicha acción “constituye un instrumento democrático con que cuentan los ciudadanos para reclamar ante los jueces dicha protección de sus derechos constitucionales, pero de la cual, en razón a su excepcionalidad, no puede abusarse ni hacerse uso cuando existan otros medios judiciales idóneos para la definición del conflicto asignado a los jueces ordinarios con el propósito reiterado de obtener, entre otras consideraciones, un pronunciamiento más ágil y expedito”.(4) (Subrayas fuera del original).
Como corolario de lo anterior, es menester la verificación de la existencia de un daño irremediable, es decir,”un grave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergables”, lo cual legitimará hacer uso de la acciòn de tutela.(5)
“Para que la acción de tutela sea procedente como mecanismo principal, el demandante debe acreditar que, o no tiene a su disposición otros medios de defensa judicial, o teniéndolos, éstos, no resultan idóneos y eficaces para lograr la protección de los derechos fundamentales presuntamente conculcados. A su turno, el ejercicio del amparo constitucional como mecanismo transitorio de defensa iusfundamental, implica que, aún existiendo medios de protección judicial idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, pueden ser desplazados por la acción de tutela”.(6)
“La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que, en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional. En efecto, el carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo constitucional pone de relieve que para acudir a la acción de tutela el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo establecido en el artículo 86 superior”.(7)
“Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad”.(8)
4. La procedencia de la tutela contra instituciones del sistema financiero.(9)
En el artículo 42 del Decreto-Ley 2591 de 1991 se establecieron los requisitos que deben presentarse para que proceda la acción de tutela contra particulares. Dice la norma:
En virtud de las relaciones que se generan entre los particulares y dichas entidades, la jurisprudencia ha hecho referencia a la protección de los derechos de los primeros en razón del estado de indefensión en el que pueden llegar a encontrarse debido a esos vínculos.(10)
En sentencia C-134 de 1994(11), por ejemplo, esta corporación hizo un análisis sobre la procedencia de la tutela contra particulares e indicó que el constituyente introdujo la viabilidad de la misma cuando se advirtiera la vulneración de derechos fundamentales por parte de aquellos. En este pronunciamiento la Corte señaló:
“Ahora bien, si como se estableció, la procedencia de la acción de tutela contra particulares parte del supuesto de que las personas, en ciertos casos, no se encuentran en un plano de igualdad -ya porque están investidos de unas determinadas atribuciones especiales, ora porque sus actuaciones pueden atentar contra el interés general- lo que podría ocasionar un “abuso del poder”, entonces la función primordial del legislador debe ser la de definir los casos en que se pueden presentar estos supuestos fácticos y, en consecuencia, la potencial violación de un derecho fundamental consagrado en la Carta Política. Por ello, conviene reiterarlo, el Constituyente determinó tres situaciones en las cuales se pueden manifestar los presupuestos citados, pues resulta contrario a un principio mínimo de justicia, partir de la base de que la acción de tutela proceda siempre en cualquier relación entre particulares, toda vez que ello llevaría a suprimir la facultad que se tiene para dirimir esos conflictos ante la jurisdicción ordinaria, ya sea civil, laboral o penal”.
“Las relaciones entre los particulares discurren, por regla general, en un plano de igualdad y de coordinación. La actividad privada que afecte grave y directamente el interés colectivo, adquiere una connotación patológica que le resta toda legitimación, máxime en un Estado social de derecho fundado en el principio de solidaridad y de prevalencia del interés general. De otro lado, la equidistancia entre los particulares se suspende o se quebranta cuando a algunos de ellos se los encarga de la prestación de un servicio público, o el poder social que, por otras causas, alcanzan a detentar puede virtualmente colocar a los demás en estado de subordinación o indefensión. En estos eventos, tiene lógica que la ley establezca la procedencia de la acción de tutela contra los particulares que prevalecidos de su relativa superioridad u olvidando la finalidad social de sus funciones, vulneren los derechos fundamentales de los restantes miembros de la comunidad (CP art. 86). La idea que inspira la tutela, que no es otra que el control al abuso del poder, se predica de los particulares que lo ejercen de manera arbitraria”. (Subrayas fuera del texto original).
“Una interpretación de las normas legales que rigen la actividad aseguradora de conformidad con la Constitución permite concluir que las entidades aseguradoras sujetas al derecho privado no pueden ser ajenas a los preceptos constitucionales cuando existen relaciones asimétricas de poder entre ellas y las personas a asegurar o aseguradas. (…) dada la relación de indefensión de este grupo humano frente a los intereses del mercado de seguros, es claro que las personas con discapacidad pueden exigir de las aseguradoras el respeto del derecho a la igualdad de oportunidades. Véase que lo pretendido por las demandantes no es el trato igual en la cotización del costo de la póliza del seguro de accidentes que el dado a personas sin discapacidad. Lo que acusan es la discriminación en el acceso a la posibilidad de cotizar una póliza, esto es, el goce de la oportunidad de tener un seguro de accidentes, pese a que su costo pueda, - siempre que ello se justifique objetivamente porque habrá circunstancias en que el riesgo sea menor -, ser más elevado en consideración a los riesgos que puedan eventualmente llegar a correr las personas aseguradas dadas sus especiales condiciones”. (Subrayas fuera del texto original).
“La Corte Constitucional ha intentado establecer la razón de esta ampliación de la protección de la tutela. En cuanto a ello, la Corte ha planteado dos razones distintas. De una parte, ha señalado que la extensión de la tutela a las relaciones entre particulares tiene por objeto restaurar situaciones de desigualdad existentes en tales relaciones. Es decir, se busca que las relaciones particulares se conduzcan bajo condiciones de igualdad coordinación. Por otra parte, la Corte ha indicado que la ampliación se explica por un fenómeno más complejo, cual es el “desvanecimiento de la distinción entre lo público y lo privado”, lo que demanda la protección de los particulares frente a cualquier clase de poder socia http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-484-05.htm - _ftn3.(12)
“Ahora bien, al referirse a las compañías de seguros esta Corte ha destacado que, si bien en principio las diferencias que con ellas surjan deben tramitarse ante los jueces ordinarios dado su carácter contractual, cuando están de por medio derechos fundamentales como la vida, la salud y el mínimo vital, por su propia actividad y por el objeto de protección que ofrece en caso de siniestro, resulta viable el amparo constitucional. Por ende, si de tal objeto asegurado se deriva que la prestación correspondiente es puramente económica, no tendría cabida la tutela, en cuanto se dirimiría el conflicto ante la jurisdicción ordinaria, pero si el objeto de la gestión específicamente considerado tiene efecto en la vida y en el mínimo vital de una persona por razón de la materia de la cobertura, puede ser viable la acción de tutela para el fin constitucional de amparar tales derechos fundamentales ante la falta de idoneidad y agilidad del medio ordinario de defensa judicial”. (Subrayas fuera el texto original).(13)
“Las condiciones anteriores confluyen para concluir categóricamente que no resulta oportuno ni eficaz para garantizar de una manera efectiva el derecho fundamental al mínimo vital de las menores […] someterlas al trámite de un proceso judicial. En efecto, resultaría contrario a los principios de irradiación y eficacia directa de los derechos fundamentales que las menores tengan que aguardar el resultado de un trámite de esa estirpe –que por las notorias condiciones de congestión del aparato judicial colombiano podría tardar varios años– para que puedan hacer efectivo el pago de una prestación pecuniaria respecto de la cual la misma póliza y la ley comercial establecen su plena claridad y exigibilidad”.
“Por otra parte, la actividad financiera no solo comporta un servicio público sino que por sus mismas características, sitúan al ciudadano en estado de indefensión; situación que refuerza la procedencia de la acción de tutela. Ello se explica en buena medida por la relación asimétrica que existe entre las partes. Evidentemente, el banco como particular tiene muchas más prerrogativas que el ciudadano “al tener (…) atribuciones que los colocan en una posición de preeminencia desde la cual pueden con sus acciones y omisiones desconocer o amenazar derechos fundamentales de las personas”. Este tipo de relaciones no se dan entre iguales; las entidades financieras tienen más prerrogativas y posibilidades. Por ejemplo, son ellos quienes fijan, normalmente, las cláusulas de los contratos, establecen unilateralmente las condiciones de sus servicios, e incluso en algunos casos tienen la posibilidad de variar las estipulaciones contratadas con los ciudadanos. En ese mismo sentido, en la Sentencia T-136 de 2013 esta corporación manifestó que el “cliente o usuario del sistema financiero se encuentra, por regla general, en una posición de indefensión ante las entidades del sector”.(14)
5. El derecho al acceso efectivo, oportuno y claro a la información en los contratos de seguro.(15)
El artículo 3º de la Ley 1328 de 2009(16) establece la obligación de las entidades financieras de entregar información cierta, suficiente y oportuna a los consumidores, y lo consagra como uno de los principios que rigen las relaciones entre estos. La norma referida dispone:
“ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS. Se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los siguientes:
“Según lo dispuesto en dicha ley, la información es: (i) un derecho de los consumidores financieros en los términos del literal b) del artículo 5°; (ii) una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo con lo establecido en los literales a), b), c), f), g), h), j), o), p) y s) del artículo 7°; (iii) un principio orientador que debe regir las relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las entidades al tenor de lo previsto por el literal c) del artículo 3° de la misma norma y (iv) un elemento constitutivo del Sistema de Atención al Consumidor Financiero al que se refiere el literal c) del artículo 8 de la misma disposición”(17).
En este sentido, la exigencia a las entidades que conforman el sistema financiero para que entreguen a los consumidores datos claros y oportunos, no es otra que equilibrar la situación de indefensión en la que estos últimos se encuentran ante ellas, para que reconozcan y ejerciten sus derechos como usuarios, permitiéndoles tomar mejores decisiones, facilitándoles la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado, propendiendo porque conozcan tanto sus derechos como las obligaciones adquiridas.(18)
“Los siguientes son los requisitos mínimos que, de acuerdo con la normatividad vigente, ha de satisfacer la información suministrada por las entidades financieras para cumplir con su imperioso cometido: a) Ser cierta, suficiente, idónea y corresponder a lo ofrecido o previamente publicitado. En este sentido, contener las características de los productos o servicios, los derechos y obligaciones, las condiciones, las tarifas o precios y la forma para determinarlos, las medidas para el manejo seguro del producto o servicio, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato. b) Ser clara y comprensible. c) Ser divulgada o suministrada oportunamente. d) Ser entregada o estar permanentemente disponible para los consumidores financieros”.
PARÁGRAFO. El asegurador está también obligado a librar a petición y a costa del tomador, del asegurado o del beneficiario duplicados o copias de la póliza”.
De esta manera, entre más clara sea la comunicación entre las entidades vigiladas y los usuarios, más sencillo será para estos entender el alcance de sus derechos y obligaciones y cumplir con estas o hacer exigibles aquellos. Así, por ejemplo, aun cuando la Superintendencia Financiera ha establecido que las entidades vigiladas no se encuentran en la obligación de exigir un seguro sobre la vida del deudor para amparar el saldo insoluto de una deuda adquirida, ello no obsta para que las entidades que lo requieran comuniquen con claridad, y de manera completa y precisa, las condiciones en que se pacta.(19)
La exigencia al deudor, de un seguro de vida es una decisión que cada institución financiera podrá adoptar dentro del marco de la autonomía de la voluntad y dependerá de las políticas crediticias establecidas por la misma, con la finalidad de contar con una seguridad adicional del crédito”.
Según lo expuesto, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera que otorguen créditos a particulares no siempre tienen que exigir un seguro para respaldar dichas obligaciones. Sin embargo, sí deben cumplir con las disposiciones referentes al deber de información, en procura de los derechos de los usuarios y con la finalidad de contar con una seguridad adicional del crédito, toda vez que es la entidad financiera la interesada en que los usuarios cumplan con los compromisos adquiridos.(20)
En síntesis, la información es una herramienta que dota a los ciudadanos de poder en todas las etapas contractuales, antes, durante y con posterioridad a la ejecución del contrato, que busca evitar que la libertad contractual se ejerza en detrimento de otros derechos fundamentales y de manera abusiva por quienes representan la parte dominante, como lo son las aseguradoras y entidades bancarias.(21)
5. El principio de buena fe en el contrato de seguro.(22)
El artículo 83 de la Carta Política consagra el principio de buena fe y establece que todas las actuaciones de la administración pública deben orientarse por este principio, concebido como un mecanismo para buscar la protección de los derechos de las personas al interior de las relaciones negociales.(23)
“La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para transformarse en un postulado constitucional, su aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su función integradora del ordenamiento y reguladora de las relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado, y en tanto postulado constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre particulares, y por ello la ley también pueda establecer, en casos específicos, esta presunción en las relaciones que entre ellos se desarrollen”.(24)
El Código de Comercio, al referirse al contrato de seguro(25), no establece que la buena fe sea un elemento estructural de ese negocio jurídico. Sin embargo, la jurisprudencia lo ha integrado al contrato con el ánimo de que tanto el tomador como el asegurador desplieguen sus actuaciones con diligencia, decoro, honestidad y con la máxima calidad. Esta Corte ha señalado al respecto:(26)
“Aseverar que el contrato de seguro es ‘uberrimae bona fidei contractus’, significa sostener que en él no bastan simplemente la diligencia, el decoro y la honestidad comúnmente requeridos en todos los contratos, sino que exige que estas conductas se manifiesten con la máxima calidad, esto es, llevadas al extremo. La necesidad de que el contrato de seguro se celebre con esta buena fe calificada, vincula por igual al tomador y al asegurador. Sin embargo, la Corporación centra su interés en la carga de información precontractual que corresponde al tomador, pues es en relación con ésta que pueden surgir las nulidades relativas contempladas en el Código de Comercio”.
Tal calificación fue emitida por una empresa de médicos determinada toda vez que había sido trabajadora oficial del Distrito Capital de Bogotá, y era la entidad encargada de prestar los servicios de salud para el personal del Magisterio. Además, para efectos de reclamar la pensión de invalidez ella debía recurrir a esa empresa para que certificara su pérdida de capacidad laboral, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 91 de 1989. La aseguradora negó el pago de la póliza bajo el argumento de que el certificado de pérdida de capacidad debía ser expedido por la Junta de Calificación de Invalidez del Sistema de Seguridad Social.
Posteriormente, la peticionaria fue diagnosticada con “un tumor maligno de la mama”; que luego se esparció e hizo “metástasis en el sistema óseo”. Al considerar que se había presentado el riesgo amparado, solicitó que se hiciera efectiva la póliza y asumiera el saldo insoluto del crédito hipotecario. No obstante, la aseguradora negó el pago de la misma bajo el argumento de que en dicho caso operaba el fenómeno de la prescripción, porque entre el momento de la ocurrencia del siniestro (cuando por primera vez le diagnosticaron cáncer de mama) y el día que efectuó la reclamación transcurrieron más de cuatro años, y de conformidad con el artículo 1081 del Código de Comercio, las acciones correspondientes deben impetrarse dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del siniestro.
“La relación de aseguramiento, se caracteriza principalmente por imponer límites al poder de la parte dominante. En este sentido, la parte que redacta e impone las condiciones del contrato debe cumplir, al menos, los siguientes parámetros: (i) no estipular condiciones indeterminadas, ambiguas o vagas que actúen en contra de los intereses del asegurado; y si las integran al contrato, (ii) deben interpretarlas a favor del usuario, en virtud del principio pro costumatore o pro homine. La Constitución protege de esta forma la posición de los usuarios de los contratos de seguros como manifestación del principio de la buena fe (art. 83, CP), el cual propende por el equilibrio de la relación de aseguramiento y la eliminación de todas aquellas condiciones que generan inseguridad jurídica en la ejecución del contrato”.
“En esa medida, para esta Sala de Revisión resulta claro que realmente corresponde a la entidad aseguradora probar la mala fe que alega por parte de la accionante y sin embargo no lo hizo, pues solo se limita en señalar que era deber de la actora declarar su edad. Como fundamento de lo anterior, esta Sala constata que [la compañía aseguradora] era la única que podía definir con toda certeza que (i) por ese hecho el contrato se haría más oneroso; y (ii) que se abstendría de celebrar el contrato.
Además, según lo probado en el proceso tutelar, se corroboró que la empresa aseguradora tuvo conocimiento de la edad exacta de la señora Dioselina Rivera Gutiérrez, ya que al recibir de ésta su documento de identificación a efectos de diligenciar a mano el formato de la póliza de seguro. Por ende, contrario a lo que afirma la accionada en realidad no hubo reticencia a cargo de la referida señora, toda vez que [la aseguradora] al no cumplir con su deber mínimo de diligencia y si bien conoció el hecho debatido, no hizo más oneroso el contrato, ni tampoco se abstuvo de celebrarlo. En cambio, firmó el contrato de seguro y solo hasta cuando la accionante como beneficiaria presentó la reclamación, aproximadamente al cabo de 3 años de pago de primas, alegó la reticencia.
8.2.6. Por consiguiente, para esta Sala de Revisión es claro que el proceder arbitrario y reprochable de la aseguradora constituye una evidente conducta de mala fe, en perjuicio de una persona de más de 70 años, perteneciente a una población vulnerable -como se advierte de los documentos que obran en el expediente, se califica el servicio de [la empresa de gas] en Estrato 1 bajo-bajo- a quien no se informó sobre este requisito y por el contrario, se procedió por parte de la aseguradora a suscribir una póliza a sabiendas que la accionante superaba los 65 años. A lo anterior, se agrega la incapacidad laboral que le impide procurarse su propio sustento, menos aún, de iniciar un proceso judicial que en este caso no garantiza la protección inmediata que en el caso concreto requiere la accionante ante el perjuicio irremediable que se le causa con la negativa de la aseguradora. En consecuencia, será revocada la sentencia única de instancia proferida el 05 de mayo de 2014 por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Manizales, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela instaurada […]”.
Concierne a esta Sala determinar previamente si en el asunto objeto de revisión es procedente la acción de tutela, para exigir el cumplimiento de una obligación contenida en una póliza de seguro.
6.1.1. Según las pruebas allegadas, la Sala de Revisión encontró que la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres puede considerarse como un sujeto de especial protección constitucional.
Lo expuesto, por cuanto la accionante es una persona de la tercera edad, toda vez que a la fecha en que instauró la acción de tutela contaba con 73 años(27); en la declaración juramentada que rindió la agente oficiosa(28) se expuso que la accionante cuenta únicamente con los ingresos que percibe por concepto de pensión, equivalentes a $844.276, lo que pone en evidencia que únicamente recibe un poco más del mínimo como ingresos mensuales(29); presenta como diagnóstico “otros trastornos cerebrovasculares en enfermedades clasificadas en otra parte”, “hemiplejia – no especificada” y “Dislexia y Alexia”, lo que le impide realizar sus actividades básicas por si sola y por ello requiere de asistencia permanente de un tercero;(30) y se evidencia que la actora tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, por cuanto fue calificada con una disminución de 89,16%,(31) condición que afecta directamente su mínimo vital toda vez que a partir de la enfermedad una parte importante de sus recursos debe ser destinada a la atención de su deficiente estado de salud.(32)
6.1.6. Por consiguiente, de conformidad con lo que ha sostenido la Corte en casos como el que ocupa a esta Sala, en los que un accionante se halla en estado de debilidad manifiesta, la acción de tutela deviene procedente, especialmente si se tiene en cuenta el tiempo que tomaría adelantar el caso ante la jurisdicción ordinaria.
6.2.1. La Sala comienza por aclarar que el Centro de Servicios Crediticios CSC no presentó respuesta alguna a la información requerida por esta Sala mediante auto de fecha 7 de marzo de 2016, notificado el 16 del mismo mes. Por su parte, la compañía de seguros, en atención a la solicitud referida, manifestó lo siguiente:
“La Póliza de Vida Grupo Deudores [núm.] 100001169, es un seguro de carácter masivo el cual está orientado a cubrir las necesidades del cliente CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS, que tiene un volumen importante de clientes finales que son su grupo de deudores. De acuerdo a esto, los documentos soporte de la obligación crediticia adquirida por la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres, se encuentran directamente con el tomador de la póliza CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS”.(33)
“De acuerdo con el reporte entregado por CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS la señora teresita de Jesús Bermeo de Torres ingresó a la póliza de Vida Grupo Deudores Nº 100001169 el 01 de mayo de 2014, cuando contaba con 72 años de edad, motivo por el cual su cobertura dentro de la póliza era exclusivamente respecto del amparo básico de vida por un valor de saldo insoluto de deuda de $8.514.247, sobre el cual se cobró una prima de $4.257”.(34)
Finalmente la Sala advierte que los documentos allegados por la Compañía Seguros Mundial no contienen la firma de la accionante, al igual que ningún otro de los que reposa en el acervo probatorio anexado al proceso de tutela.
6.2.2. Por tanto, atendiendo a las circunstancias particulares que rodean el presente asunto y las condiciones especiales en que se encuentra la demandante, esta Sala de Revisión entrará a analizar si en efecto hay lugar o no al reconocimiento y pago del saldo insoluto de la deuda correspondiente a la cobertura del siniestro por invalidez, atendiendo a los pronunciamientos jurisprudenciales de este Tribunal.
La aseguradora afirma que la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres no tiene derecho al amparo de incapacidad total y permanente que se otorga a quienes adquieran una invalidez igual o superior al 50%, por haber suscrito el contrato con 72 años, lo que supera la edad máxima establecida en el clausulado contractual, correspondiente a 65 años.
No obstante, de conformidad con lo constatado en la declaración rendida bajo juramento por la agente oficiosa de la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres, aquella alega que la entidad bancaria no le entregó “ningún tipo de información acerca de las condiciones del contrato de póliza de seguro que como es sabido es deber de la entidad bancaria; puesto que se trata de un contrato de adhesión”.(35)
6.2.4. En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la aseguradora señala que el Centro de Servicios Crediticios conocía las condiciones particulares de la póliza, como lo es el hecho de que la incapacidad total y permanente solo se cubre al asegurado menor de 65 años, se hace necesaria la valoración del caso de acuerdo a los postulados y reglas constitucionales que esta corporación ha trazado sobre el principio de buena fe en esta materia.
Para esta Sala de Revisión correspondía a la entidad aseguradora y crediticia demostrar que la accionante actuó de mala fe y suscribió el contrato de seguro conociendo que no se le cubriría el riesgo de invalidez; sin embargo, no lo hicieron.
Ahora bien, se observa que la copia de la póliza de seguro allegada al expediente se refiere, en la primera página, entre otras, a los amparos otorgados, y de manera enunciativa en una de sus columnas consigna “MUERTE-BÁSICO” y en la otra “INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE”, lo cual puede inducir a error a la persona que suscribe la póliza, porque de su simple lectura permite pensar razonablemente que el seguro ampara tanto la incapacidad total o permanente, como la muerte.(36)
Comoquiera que las demandadas deben guardar copia del contrato de seguro y junto con este del documento de identificación de la beneficiaria en el que se evidencia su edad, ello refleja negligencia de su parte al advertir la edad de la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres y no informarle sobre las implicaciones en términos de cobertura de esa circunstancia.
6.2.5. Ahora bien, aun cuando para esta Sala de Revisión el proceder de la aseguradora es reprochable, por cuanto suscribió el contrato sin hacerlo más oneroso ni advertir que la señora Teresita de Jesús tenía más de 70 años al momento de la suscripción del mismo, no lo es menos la actuación de la entidad crediticia, la directamente interesada en respaldar la obligación adquirida por la actora.
6.2.6. Teniendo en cuenta que el Centro de Servicios Crediticios hizo suscribir a la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres el referido contrato para respaldar el crédito que le fue otorgado, que la entidad vigilada es la interesada en el cumplimiento de la obligación, y que en virtud del deber de información debió explicar a la usuaria con claridad y precisión las coberturas que tendría el seguro, incurrió en negligencia al no verificar que por la edad de la actora la póliza no le cubriría el riesgo en cuestión.
En su lugar, será concedido el amparo del derecho al mínimo vital y se ordenará al Centro de Servicios Crediticios que declare la extinción de la obligación adquirida por la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres y en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia emita el paz y salvo correspondiente a la obligación crediticia núm. 30201251431, y por ende se abstenga de cobrar las cuotas faltantes del saldo insoluto de la misma y actualice la información a las centrales de información y riesgo. De igual manera, se sirva devolver a la accionante las cuotas que la accionante haya pagado con posterioridad a la presentación de la acción de tutela.
De igual forma, ordenará a la Compañía Mundial de Seguros S.A. que, a partir de la notificación de esta sentencia, se abstenga de cobrar a la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres la prima mensual correspondiente a la póliza de seguro de vida grupo deudores núm. 100001169.
1. LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el auto de pruebas de fecha 7 de marzo para decidir el presente asunto.
2. REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto (Nariño) el 10 de agosto de 2015, que confirma la decisión de primera instancia, emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de San Juan de Pasto (Nariño) el 25 de mayo de 2015, dentro del proceso de la referencia, mediante las cuales se negó el amparo por considerar improcedente la solicitud impetrada. En su lugar CONCEDER la protección del derecho al mínimo vital de la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres.
3. ORDENAR al Centro de Servicios Crediticios CSC que declare la extinción de la obligación la deuda adquirida por la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres y, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, emita el paz y salvo correspondiente a la obligación crediticia núm. 30201251431, y se abstenga de cobrar las cuotas faltantes del saldo insoluto de la misma y actualice la información a las centrales de información y riesgo. De igual manera, se sirva devolver a la accionante las cuotas que la accionante haya pagado con posterioridad a la presentación de la acción de tutela.
4. ORDENAR a la Compañía Mundial de Seguros S.A. que a partir de la notificación de esta sentencia, se abstenga de cobrar a la señora Teresita de Jesús Bermeo de Torres la prima mensual correspondiente a la póliza de seguro de vida grupo deudores núm. 100001169.
1 Folio 46 del cuaderno principal.
2 Ver sentencias T-858 de 2002, T-313 de 2005, T-774 de 2010, T- 826 de 2012, T-268 de 2013, T-179 de 2015, T-244 de 2015, T-597 de 2015, T-690 de 2015 y T-691 de 2015, entre muchas otras.
3 Ver sentencias T-858 de 2002, T-313 de 2005, T-774 de 2010, T- 826 de 2012, T-268 de 2013, T-597 de 2015, y T-690 de 2015, entre muchas otras.
4 Sentencia T-161 de 2005. Ver también sentencias T-340 de 1997, SU-622 de 2001, T-742 de 2002, T-441 de 2003, T-606 de 2004 y T-161 de 2005, entre otras.
5 Sentencia T-161 de 2005. Ver también sentencias T-832 de 2010, T-655 de 2011, T-342 de 2013, T-736 de 2013 y T-222 de 2014, entre muchas otras.
6 Ver también sentencias T-081 de 2013, T-788 de 2013 y T-458 de 2014, entre otras.
7 Sentencia T-480 de 2011. Ver también sentencias T-113 de 2013, T-103 de 2014 y T-595 de 2015, entre otras.
8 Sentencia T-786 de 2008. Ver también sentencias T-751 de 2012, T-136 de 2013, T-120 de 2013, T-956 de 2013, T-889 de 2013 y T-506 de 2015, entre otras.
9 Ver sentencias T-136 de 2013, T-268 de 2013 y T-222 de 2014, entre otras.
10 Ver sentencias T-1085 de 2002, T-342 de 2013, T-662 de 2013 y T-007 de 2015, entre otras.
11 En esta providencia se estudió la exequibilidad de los incisos 1º, 2º y 9º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, referentes a la procedencia de la acción de tutela contra particulares.
12 En este fallo -Sentencia T-484 de 2005- la Corte Constitucional concedió el amparo solicitado por los conductores de una empresa de transporte público, al considerar que esta vulneró sus derechos al exigirles afiliarse a la Cooperativa e imponer el pago de cuotas por concepto de administración y ahorro obligatorio mensual y sanciones por el no pago oportuno de dichos montos. De este modo, estableció que “si bien es cierto que las cooperativas gozan de plena libertad para determinar y autorregular ciertos aspectos básicos que conciernen a su objeto social, a su estructura, organización y funcionamiento, a las condiciones de ingreso y retiro de sus miembros, también lo es que dicha libertad no es absoluta, porque debe ejercerse dentro del marco de la Constitución y las restricciones impuestas por la ley”.
13 En esta providencia la Corte concedió el amparo invocado al accionante, el cual a pesar de no haber cotizado nunca al sistema general de pensiones había adquirido una póliza de seguro de vida que amparaba el riesgo de muerte e incapacidad permanente total, a quien la aseguradora le había negado el pago de la póliza bajo el argumento de que el beneficiario no se encontraba impedido para desempeñar un trabajo remunerado, a pesar de que fue calificado con una pérdida de capacidad del 59.31%, con posterioridad a una cirugía de rodilla que le fue practicada.
14 En Sentencia T-222 de 2014 este Tribunal ordenó a la aseguradora demandada pagar el saldo insoluto de la obligación adquirida por el accionante al banco beneficiario de la póliza de seguro de vida grupo deudores, la cual operaría por muerte o incapacidad total y permanente del asegurado, al concluir lo siguiente: “Así las cosas, en el presente caso existe una inminencia del perjuicio, al detallarse varios elementos del caso. Así, ante la alta probabilidad que el peticionario no pueda continuar pagando las cuotas, el curso natural del crédito es que el banco inicie un proceso ejecutivo en contra del deudor. Este proceso, sin más, implica cargas procesales bastante altas que incluso pueden llegar al remate de los bienes del petente. Bienes inmuebles, muebles, etc. Eso, ante las condiciones del señor Martínez (95% de pérdida de capacidad laboral), sería un perjuicio excesivo que podría poner vulnerar certeramente el derecho al mínimo vital, vida digna y dignidad humana. Ello, además, conlleva a una gravedad del asunto. Una persona que presuntamente no tiene familia, pero además sufre una discapacidad tan alta como la que padece el señor Martínez, no tiene posibilidades reales de continuar su vida en condiciones normales. No hace falta realizar cálculos aritméticos para dar cuenta de la gravedad del asunto. Pero además, son impostergables estas medidas, pues de no aplazarse la ejecución de la deuda, el perjuicio se habrá consumado. En consecuencia, se decretará la existencia de un perjuicio irremediable”.
15 Sentencia T-136 de 2013.
16 Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones.
17 Cfr., la Ley 1328 de 2009 por medio de la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. El artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero también se refiere a la información en los siguientes términos: “Artículo 97. INFORMACIÓN:
2. Información financiera. Con excepción de los intermediarios de seguros, las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, de acuerdo con el artículo 97 de la Ley 45 de 1990, expresarán obligatoriamente el resultado económico de sus empresas y de una vigencia determinada en términos de utilidad o pérdida que reciba cada una de las acciones suscritas. Lo anterior no prohíbe que adicionalmente este resultado sea expresado en términos absolutos, si así lo acepta la asamblea de accionistas.
3. Publicidad de la situación financiera. La Superintendencia Bancaria debe publicar u ordenar la publicación de los estados financieros e indicadores de las entidades sometidas a su control y vigilancia, en los que se muestre la situación de cada una de éstas y la del sector en su conjunto.
4. Publicidad de las inversiones. Las entidades aseguradoras deberán llevar un libro en el cual se anotarán los títulos, documentos y activos representativos de las inversiones. Dicha información deberá publicarse conjuntamente con el balance general y el estado de resultados.
5. Informes a la Superintendencia Bancaria. Las entidades vigiladas deberán presentar informes respecto de su situación, de tiempo en tiempo, en las fechas que el Superintendente Bancario determine y en la forma y con el contenido que para el efecto prescriba.
6. Informes sobre operaciones. Para los efectos del impuesto de industria y comercio, las entidades financieras a que se refiere el artículo 206 del Decreto Ley 1333 de 1986 deberán comunicar a la Superintendencia Bancaria el movimiento de sus operaciones discriminadas por las principales, sucursales, agencias u oficinas abiertas al público, que operen en los municipios o en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”.
18 Al respecto, en Sentencia T-754 de 2011 esta Corte concedió la protección solicitada por una persona habida consideración de que la entidad financiera modificó en forma unilateral las condiciones iniciales del contrato de mutuo en pesos, plazo a 15 años y 180 cuotas mensuales sucesivas, a otro denominado “Cuota Decreciente Mensualmente en UVR Cíclica por Períodos Anuales”, sin comunicar clara y suficientemente los cambios efectuados y sin contar con el consentimiento del actor.
19 Superintendencia Financiera. Concepto núm. 1999040992-2 de agosto 20 de 1999. https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=18461.
20 El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero regula el aseguramiento de algunos bienes según su naturaleza o destinación. Sin embargo, no hace alusión expresa a la obligación de contratar pólizas como garantías adicionales de créditos otorgados a particulares.
21 Ver Sentencia T-136 de 2013.
22 Sentencia T-268 de 2013.
23 Sentencia T-537 de 2009.
24 Sentencia C-1194 de 2008.
25 En Sentencia T-136 de 2013, se expone que de la lectura del Título V, Capítulo I del Código de Comercio se puede aseverar que: de los elementos consagrados en el artículo 1036 del Código de Comercio se ha precisado que el contrato de seguro por su naturaleza está sometido a las normas del derecho privado y se rige por las siguientes reglas: (i) es consensual porque se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y produce sus efectos desde que se ha realizado la convención; (ii) es bilateral puesto que origina derechos y obligaciones entre asegurador y asegurado; (iii) es oneroso, en cuanto compromete al primero a pagar el siniestro y al segundo a reconocer el valor de la prima; y (iv) es aleatorio ya que se refiere a la indemnización de una pérdida o de un daño producido por un acontecimiento o un hecho incierto, y en el caso contrario, como ocurre con la muerte, no se sabe cuándo ella ha de acontecer.
26 Sentencia C-232 de 1997.
27 La actora nació en junio de 1941 por lo que al 7 de abril de 2015, fecha en la que presentó la acción de tutela, contaba con 73 años de edad. Folios 12 y 17 del cuaderno principal de tutela.
28 Declaración rendida el día 19 de mayo de 2015 ante el despacho judicial de instancia.
29 Folios 19 y 46 del cuaderno principal de tutela.
30 En el folio 19 del cuaderno principal de tutela se encuentra el formulario de dictamen para calificación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de la invalidez de la accionante, en el cual se lee el diagnóstico entregado a la accionante.
31 Con fecha de estructuración del 05 de mayo de 2014.
32 En el folio 20 –vuelto- se encuentra la calificación otorgada a la accionante por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño, equivalente a un 89,16% de pérdida de capacidad laboral.
33 Folio 26 del cuaderno número dos del expediente de tutela.
34 Folio 27 del cuaderno número dos del expediente de tutela.
35 Numeral 7º de los hechos de la tutela, visible a folio 2 del cuaderno principal de la misma.
36 Folio 56 del cuaderno original de tutela.