Source: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/143/1
Timestamp: 2017-05-23 17:18:44
Document Index: 179084773

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 16', 'Artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 14', 'Artículo 16', 'artículo 27', 'Artículo 19', 'artículo 4']

con CVE 00011146.
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, viene a fijar con carácter básico determinados aspectos referidos a los organismos de control que operan, entre otros, en el ámbito de la protección ambiental. En su día, y mediante el Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que se regulan las entidades colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente en materia de protección ambiental, se establecieron las condiciones requeridas para que una persona jurídica pública o privada pudiera ejercer las funciones de ensayo, inspección y control en el ámbito de la protección ambiental con la suficiente garantía y fiabilidad en sus actuaciones. A estos fines se creó un Registro Administrativo Especial en el que figuran inscritas las entidades que han obtenido dicha calificación.
a) Prevención y control ambiental, en el que se incluyen las siguientes actividades: 1.º Control Ambiental. Actuaciones de comprobación o de ensayo realizadas según normas correspondientes.
3.º Verificación Ambiental. Actuaciones para realizar la comprobación documental de las declaraciones emitidas por las organizaciones acogidas a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 4.º Riesgos ambientales. Actuaciones para validar los análisis de riesgos presentados por los operadores que sean responsables de las instalaciones afectadas por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental. 5.º Etiqueta ecológica. Actuaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la etiqueta.
4.º La verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero notificadas anualmente por las instalaciones afectadas por el régimen del comercio de derechos de emisión 5.º Cualesquiera otros cometidos que se le encarguen por la Consejería competente en materia de medio ambiente y tengan relación con la calidad ambiental, o que se encuentren recogidos en la normativa vigente sobre la materia.
1.º La realización de controles periódicos y de medidas de control interno de emisiones a la atmósfera y niveles de calidad de aire a las instalaciones que estén obligadas a ello, con el objeto de verificar y comprobar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental. 2.º La medición de ruidos y vibraciones cuando reglamentariamente así se disponga.
10.º Comprobación e informe sobre cumplimiento de la normativa aplicable a instalaciones productoras de residuos peligrosos. 11.º Comprobación e informe sobre cumplimiento de la normativa aplicable a instalaciones de gestión de residuos. 12.º Las comprobaciones que la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente o la Dirección General competente en materia de prevención ambiental estime necesarias sobre las medidas correctoras impuestas en los procedimientos de prevención ambiental.
17.º Actuación e informe sobre cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de la etiqueta ecológica y otras marcas de calidad reconocidas por la Consejería competente en materia de medio ambiente determinadas en los artículos 115 a 118 de la Ley 7/2007, de 9 julio. 18.º La emisión de otras certificaciones, y la realización de evaluaciones, dictámenes e informes recogidos en su correspondiente normativa, siempre que la entidad colaboradora esté acreditada para estas actuaciones conforme al artículo 6.1.
b) Disponer de personal suficiente en plantilla, que cuente con la competencia técnica y profesional y la experiencia necesaria para realizar las funciones que tenga atribuidas en cada ámbito o actividad de actuación acreditada. c) Tener los medios materiales adecuados para la actividad que realice.
d) Disponer de procedimientos específicos para el tratamiento de las reclamaciones presentadas con motivo del ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16. Artículo 7. Comunicación previa e inscripción.
En todo caso, en el momento de la aportación de documentos o datos en los Registros, deberá indicarse expresamente si la iniciación del procedimiento o alguno de los trámites del mismo se ha efectuado de forma electrónica o telemática. Se podrán emplear todos los certificados acreditados por la Administración de la Junta de Andalucía mediante convenio con las entidades proveedoras de servicios de certificación electrónica que figuran en una relación actualizada, publicada en la página web de la Consejería competente en materia de administración electrónica de la Junta de Andalucía.
En los casos de presentación de la comunicación previa a través de medios electrónicos, las persona o entidad interesada podrá aportar copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. 4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, se emitirá automáticamente un recibo electrónico de la presentación electrónica de la comunicación, de forma que la persona o entidad interesada tenga constancia de la recepción de la misma por la Consejería competente en materia de medio ambiente.
b) Comunicar inmediatamente a la Dirección General competente en materia de calidad ambiental, cualquier modificación de las condiciones y requisitos que sirvieron de base para su acreditación, acompañando a la comunicación, en su caso, el correspondiente informe o certificado de la Entidad de Acreditación. c) Llevar su correspondiente Libro de registro, en soporte papel o informático, donde se incluya, cuando proceda, información acerca de:
n) Presentar la memoria de actuaciones regulada en el artículo 14. ñ) Ajustarse en todo momento a los requisitos de contenido y formato establecidos por la Consejería competente en materia de medio ambiente en lo referente a la documentación generada por la entidad fruto de sus actuaciones. o) Custodiar, guardar y archivar en el emplazamiento indicado para tal efecto, la documentación generada por la entidad fruto de las actividades derivadas de su ejercicio como entidad colaboradora.
p) Facilitar a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente o, según proceda, a la Dirección General competente en materia de calidad ambiental o de medio hídrico, cuantos datos e informes les sean solicitados en relación con sus actuaciones. q) Conservar y tener a disposición de la Direcciones Generales competentes en materia de calidad ambiental y de medio hídrico la documentación relacionada con sus actuaciones durante un plazo de cuatro años.
a) Acceder a las instalaciones o ámbitos sujetos a actuación con la identificación correspondiente. Las personas o entidades titulares de las instalaciones sujetas a comprobación y control están obligadas a permitir el acceso a las instalaciones al personal técnico de las entidades colaboradoras, debidamente acreditado, cuyas actuaciones hayan sido impuestas normativamente, así como a los que actúen a requerimiento de los órganos competentes en materia de medio ambiente para la ejecución de planes o programas de actuación aprobados. b) Requerir cuanta información y documentación sea necesaria para el cumplimiento de su tarea.
Artículo 16. Reclamaciones. 1. Las entidades colaboradoras dispondrán de procedimientos específicos para atender las reclamaciones presentadas con motivo de sus actividades y deberán mantener a disposición de las Direcciones Generales competentes en materia de calidad ambiental y de medio hídrico, un registro en el que conste la documentación de todas las reclamaciones recibidas, las actuaciones realizadas, las medidas adoptadas y si están resueltas o pendientes de resolución las mismas, así como el sentido estimatorio o desestimatorio de aquellas que hayan sido resueltas.
1. La persona titular de la Dirección General competente en materia de calidad ambiental deberá aprobar los programas, aplicaciones, diseños y estructuras de datos que vayan a ser utilizados por las entidades colaboradoras para las comunicaciones telemáticas referidas en el apartado 6 de este artículo. Asimismo, difundirá sus características entre las personas o entidades interesadas. 2. La utilización de los medios informáticos y telemáticos en las actuaciones y en los términos a que se refiere el presente Decreto será de obligado cumplimiento para las entidades colaboradoras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. La baja en el Registro de la entidad colaboradora implicará el cese de los intercambios electrónicos de datos y la baja en el sistema informático que los soporta.
e) Comunicación de resultado de una actuación de subsanación de defectos advertidos en una actuación anterior. f) Comunicación de cualquier cambio en los datos incluidos en el Registro.
Artículo 19. Baja en el Registro. 1. Serán causas de pérdida de la condición de entidad colaboradora y de la consiguiente baja en el Registro, las siguientes:
En caso de ser una entidad colaboradora entre cuyos ámbitos de actuación esté el de calidad del medio hídrico, la Dirección General con competencia en materia de calidad del medio hídrico propondrá a la Dirección General con competencia en materia de calidad ambiental la baja en el Registro para que esta proceda a realizarla. En el procedimiento de baja en el Registro iniciado de oficio, se dictará resolución por la persona titular de la Dirección General con competencia en materia de calidad ambiental en un plazo de dos meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la entidad colaboradora podrá entender que no causa baja en el Registro.
i) La realización de la actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunicación previa. j) La realización de comprobaciones, controles, ensayos o pruebas de forma incompleta, con resultados inexactos por una insuficiente constatación de los hechos o por la deficiente aplicación de normas técnicas.
Las Direcciones Generales competentes en materia de calidad ambiental o de medio hídrico, según corresponda, podrán aprobar guías técnicas de actuación que concretarán las pautas y criterios técnicos para el desarrollo de las funciones establecidas en el artículo 4. Disposición transitoria primera. Incorporación al nuevo Registro de las entidades colaboradoras inscritas conforme al Decreto 12/1999, de 26 de enero.