Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/1995?documento=legcol&contexto=legcol_7599204202b9f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-16 17:42:20
Document Index: 271682921

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 50', 'artículo 50', 'artículo 15', 'artículo 42', 'artículo 31', 'artículo 104', 'artículo 9', 'artículo 20', 'artículo 40', 'artículo 16', 'artículo 63', 'artículo 23', 'artículo 39', 'artículo 40']

﻿ ACUERDO 23 DE 1995
ACUERDO 23 DE 05 DE DICIEMBRE DE 1995
CONTENIDO:UNIDADES AGRÍCOLAS FAMILIARES. SE ESTABLECE EL REGLAMENTO GENERAL DE DOTACIÓN DE LAS TIERRAS INGRESADAS AL FONDO NACIONAL AGRARIO. DEROGA LOS ACUERDOS 5 Y 39 DE 1989, 13 DE 1993, 22 DE 1994 Y 4 DE 1995.
TEMAS ESPECÍFICOS:REFORMA AGRARIA, ENTIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, ENTIDAD PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO
VIGENCIA:DEROGADO POR EL ACUERDO 174 DE 2009 ARTÍCULO 50 DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL
“Por el cual se establece el reglamento general de dotación de las tierras ingresadas al Fondo Nacional Agrario”.
(Nota: Derogado por el Acuerdo 174 de 2009 artículo 50 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural)
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las previstas en el inciso 4º del artículo 15 de la Ley 160 de 1994,
ART. 1º—Campo de aplicación. Las disposiciones del presente acuerdo se aplicarán a quienes, de conformidad con los artículos 39 y 40 de la Ley 160 de 1994, hubieren adquirido del Incora unidades agrícolas familiares o tierras con anterioridad a la vigencia de dicha ley, y además, a los campesinos de escasos recursos que sean beneficiarios del programa de dotación de tierras en los predios rurales que se hallaren en trámite de negociación directa por el instituto y pendientes de adjudicación a partir de su promulgación, según la autorización contenida en el artículo 42 de la Ley 160 de 1994.
ART. 2º—Beneficiarios. Las tierras adquiridas por el Incora bajo la vigencia de la Ley 135 de 1961 y las que llegaren a adjudicarse posteriormente, conforme a las previsiones contenidas en el artículo anterior, sólo podrán destinarse a la constitución de unidades agrícolas familiares, empresas comunitarias o cualquier tipo asociativo de producción, en favor de los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos, los minifundistas, los habitantes de regiones afectadas por calamidades públicas naturales, mujeres campesinas jefes de hogar, o solas por causa de la violencia, abandono o viudez y para reubicar habitantes de zonas que deban someterse a un manejo especial o de interés ecológico.
Las disposiciones de este acuerdo no regirán para los campesinos que, en el futuro, sean adjudicatarios de tierras como consecuencia de la aplicación de las previsiones contenidas en el numeral 5º del artículo 31 de la Ley 160 de 1994, o quienes accedan a la propiedad de las tierras mediante el procedimiento señalado en el capítulo V de la citada ley.
ART. 3º—Definiciones.Para los efectos del presente reglamento, se establecen las siguientes definiciones:
Asalariado rural: el campesino cuyos ingresos provienen en más de un 75% de la venta de su fuerza de trabajo.
Minifundista: el campesino propietario o poseedor de un predio rural con área total inferior a la determinada por el instituto para las unidades agrícolas familiares en el respectivo municipio o zona, que no permite a la familia remunerar su trabajo, ni disponer de un excedente capitalizable.
Grupo familiar: núcleo de personas compuesto por los cónyuges o compañeros permanentes, que comparten entre sí las responsabilidades sobre sus hijos menores, o con sus parientes hasta el segundo grado de consaguinidad, o la condición de jefe de hogar prevista en la ley, y que se hayan comprometido con el desarrollo de la unidad de producción.
ART. 4º—Trámite de selección. Para la selección de los beneficiarios sujetos al presente reglamento, se adelantarán los siguientes trámites:
1. Inscripción y registro de aspirantes.
2. Clasificación de los aspirantes.
3. Revisión y calificación de inscritos.
4. Inducción a los solicitantes, sobre los derechos y obligaciones que contraen los beneficiarios de los programas de dotación de tierras y sobre las técnicas de explotación a desarrollar en la unidad agrícola familiar.
5. Selección de aspirantes.
ART. 5º—Registro de aspirantes. Las gerencias regionales llevarán un registro numerado y cronológico de los campesinos aspirantes a la dotación de tierras, con base en el formulario de inscripción, el cual aportará una información socioeconómica de aquellos y sus familias, y deberá, como mínimo, contener los siguientes datos:
1. Fecha y número de inscripción.
3. Personas a cargo, edad, grado de escolaridad y ocupación.
5. Municipio o zona donde desearía la adjudicación de la parcela.
6. Experiencia específica en labores agropecuarias.
7. Clase de explotación (agrícola, pecuaria u otras, en sus diferentes niveles tecnológicos) a que prefiera dedicarse.
8. Forma individual o comunitaria en que desearía la adjudicación.
La regional entregará a cada peticionario una ficha que contenga el número y fecha de inscripción. El aspirante podrá actualizar su información cuando así lo considere necesario.
En los formularios de inscripción se deberá dejar expresa constancia de que la falta de veracidad en los datos que se suministren invalida la inscripción, ocasiona la pérdida de opción a la selección y constituye causal de caducidad de la adjudicación, si fuere el caso.
ART. 6º—Clasificación de los aspirantes. Con base en los resultados del análisis de la información allegada, la gerencia regional clasificará a los aspirantes, teniendo en cuenta para el efecto:
a) El municipio o zona para la cual el peticionario ha solicitado la adjudicación.
b) Clase de explotación, agrícola, pecuaria u otras, en sus diferentes niveles tecnológicos, y
c) La forma de adjudicación solicitada, individual o comunitaria.
ART. 7º—Forma y clase de explotación. Con la colaboración del instituto y los organismos pertinentes del sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino y con base en el estudio técnico, los interesados determinarán la forma y clase de explotación a que debe dedicarse el predio.
ART. 8º—Junta de revisión. En cada gerencia regional habrá una junta de revisión, integrada así:
— El gerente regional, quien la presidirá.
— El jefe de la sección de operaciones.
— El jefe de la sección jurídica.
— Un (1) funcionario de la sección de operaciones.
— Una (1) representante de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia, Anmucic.
— Un (1) representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC.
— Dos (2) representantes de otras organizaciones campesinas.
— Un (1) representante de los campesinos inscritos, elegidos por ellos mismos por mayoría de votos.
Su función será la de efectuar la revisión y verificación de la información contenida en los formularios de inscripción presentados por los aspirantes a la adjudicación o negociación de tierras, y el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiarios de los programas de reforma agraria.
ART. 9º—Factores de calificación. Para la calificación del aspirante se establecen los siguientes puntajes:
1. Edad del aspirante y grupo familiar: 30 puntos.
a) Aspirante y cónyuge o compañero permanente.
Se dará un total de 10 puntos por el promedio de edad del aspirante y cónyuge o compañero permanente. Para tal fin, se utilizará la siguiente fórmula:
Si el aspirante no tuviere cónyuge o compañera permanente, la edad de aquel sólo dará derecho al puntaje total.
Para determinar la puntuación a que tiene derecho el aspirante, se lleva el promedio de edad a la siguiente tabla:
16 a 20 años: cuatro (4) puntos.
21 a 30 años: ocho (8) puntos.
31 a 40 años: diez (10) puntos.
41 a 50 años: ocho (8) puntos.
51 a 60 años: cuatro (4) puntos.
b) Personas a cargo: máximo 20 puntos. Se dará una calificación de cuatro (4) puntos por cada hijo o persona que dependa económicamente del aspirante.
2. Vinculación a la región: máximo 10 puntos.
Se asignará un punto por cada año de vinculación laboral agropecuaria a la región.
3. Vinculación al predio: 10 puntos.
Se dará un punto por cada año de vinculación al predio. Máximo 10 puntos.
4. Experiencia agropecuaria: 10 puntos.
Se otorgará un punto por cada año de experiencia, continuos o discontinuos, en los renglones de explotación a que se dedicará el predio. Máximo 10 puntos.
5. Mejoras en el predio: máximo 10 puntos. Se asignará el puntaje de acuerdo con la siguiente tabla:
Hasta 15 salarios mínimos mensuales legales: 4 puntos.
De 16 a 25 salarios mínimos mensuales legales: 8 puntos.
Más de 25 salarios mínimos mensuales legales: 10 puntos.
6. Activos totales brutos: 30 puntos. Se establecerá la puntuación de acuerdo con la siguiente tabla:
Hasta 40 salarios mínimos mensuales legales: 30 puntos.
De 41 a 80 salarios mínimos mensuales legales: 20 puntos.
De 81 a 120 salarios mínimos mensuales legales: 15 puntos.
De 121 a 150 salarios mínimos mensuales legales: 10 puntos.
De 151 a 200 salarios mínimos mensuales legales: 5 puntos.
PAR.—La condición de mujer campesina jefe de hogar, y las que se encuentren en estado de desprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez y carezcan de tierra propia o suficiente, dará lugar a la máxima calificación como aspirante a la adjudicación de tierras.
ART. 10.—Comité de selección. En las gerencias regionales donde el instituto adelanta programas de dotación de tierras funcionará un comité de selección de adjudicatarios, integrado por funcionarios y campesinos, con carácter consultivo, encargado de formular recomendaciones al gerente regional en lo relacionado con la escogencia de los beneficiarios y en los demás asuntos relativos a la dotación de tierras que se le atribuyen en el presente reglamento.
ART. 11.—Composición del comité. El comité de selección de adjudicatarios estará integrado así:
1. El gerente regional, quien lo presidirá.
2. El jefe de la sección de operaciones.
3. El jefe de la sección jurídica.
4. Un (1) funcionario de la sección de operaciones, quien actuará como secretario.
5. Un (1) representante de los campesinos aspirantes a la adjudicación del predio, elegido por estos por mayoría absoluta de votos.
6. Una (1) representante de las mujeres campesinas inscritas para la adjudicación del predio, elegida en la misma forma prevista en el numeral anterior.
7. Un (1) representante de la asociación municipal de usuarios campesinos, que corresponda a la jurisdicción de ubicación del inmueble objeto de la adjudicación.
8. Un (1) representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, a nivel departamental.
9. Una (1) representante de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia, Anmucic, a nivel departamental.
10. Dos (2) representantes de las organizaciones campesinas nacionales con presencia en el departamento, diferentes a la ANUC y a Anmucic, los cuales se elegirán por las respectivas organizaciones por mayoría de votos.
11. Un (1) representante de las organizaciones campesinas regionales, independientes de las organizaciones nacionales ya señaladas, el cual será escogido por mayoría de votos.
La convocatoria del comité de selección de adjudicatarios la hará por escrito el gerente regional a cada uno de los miembros, por lo menos con ocho (8) días calendario de anticipación a la fecha de la correspondiente reunión, con indicación del lugar, fecha y hora en que esta habrá de celebrarse.
Cuando el comité deba ocuparse de asuntos relacionados con parcelaciones, empresas comunitarias o cooperativas campesinas ya conformadas, asistirá además un parcelero o socio del respectivo predio o sociedad, con derecho a voz y voto en las deliberaciones correspondientes, el cual será elegido por la mayoría de sus representados, en la forma que determinen los respectivos estatutos.
El comité podrá reunirse a deliberar con la participación de seis (6) de sus miembros y las recomendaciones se tomarán por la mayoría de votos de sus integrantes. Si convocado el comité no hubiere quórum para adoptar recomendaciones, se citará a una nueva reunión en la forma señalada en el inciso 2º del presente artículo.
ART. 12.—Funciones del comité de selección. El comité de elección tendrá las siguientes funciones:
1. Estudiar los documentos relacionados con la calificación y clasificación de las solicitudes, y emitir conceptos favorables o desfavorables para la selección de los campesinos aspirantes a la dotación de tierras.
2. Estudiar documentos sobre incumplimiento de las obligaciones por parte de los beneficiarios de tierras, y recomendar al gerente regional la iniciación de los trámites relativos a la declaratoria de caducidad, cuando a ello hubiere lugar.
3. Conceptuar sobre traslado de los beneficiarios en los respectivos asentamientos.
4. Formular recomendaciones en el caso de que, los socios escogidos por la asamblea de las empresas comunitarias, no reúnan los requisitos exigidos por la ley y el reglamento de dotación de tierras.
5. Recomendar la selección de los nuevos socios de las empresas comunitarias con personería jurídica, en los casos en que, de conformidad con el estatuto que rige las empresas comunitarias, estas no ejerzan dentro del término legal el derecho de escogencia que les asiste.
PAR. 1º—Cuando el gerente regional no estuviere de acuerdo con la recomendación del comité de selección, por razones de legalidad o de conveniencia para los programas de reforma agraria, deberá enviar la documentación respectiva, acompañada de las pruebas pertinentes, al gerente general del Incora para que emita concepto previo sobre el particular. Si el concepto de este fuere desfavorable a la solicitud del gerente regional, se dispondrá la adopción de las medidas que la sustituyan y para ello se convocará nuevamente al comité de selección. Si el gerente general considerare que la recomendación de este organismo consultivo estuviere afectada de ilegalidad o inconveniencia, el instituto asumirá directamente la decisión y así lo comunicará al referido comité.
PAR. 2º—Las atribuciones relacionadas con las empresas comunitarias se ejercerán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 160 de 1994.
ART. 13.—Orden de prelación. Con base en la revisión, calificación y clasificación a que se refieren los artículos anteriores y teniendo en cuenta el número de cupos que arroje la unidad agrícola familiar establecida por el instituto, el comité recomendará la selección de las personas beneficiarias del respectivo programa de dotación de tierras, teniendo en cuenta el siguiente orden de prelación:
1. Las mujeres campesinas a que hace referencia el parágrafo del artículo 9º de este reglamento.
2. Los asalariados rurales y los meros tenedores del predio objeto del programa, carentes de tierra propia.
3. Los asalariados rurales y los meros tenedores de predios rurales de la zona objeto del programa, carentes de tierra propia.
4. Los minifundistas colindantes del predio objeto del programa.
PAR.—Cuando se trate de la adjudicación de tierras en favor de los campesinos habitantes de regiones afectadas por calamidades públicas naturales sobrevinientes, los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional, y quienes sean considerados como sujetos de reforma agraria, conforme al inciso 3º del artículo 20 de la Ley 160 de 1994, la inscripción y selección se efectuará con arreglo al reglamento especial que para tal efecto dicte la junta directiva del instituto.
ART. 14.—Prohibiciones para la adjudicación. No podrá hacerse adjudicación de tierras, a los aspirantes que se hallen en una cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) No sean sujetos de reforma agraria, conforme a lo establecido en este reglamento y en la ley.
b) Los menores de dieciséis (16) años.
c) Quienes hayan sido excluidos de una empresa comunitaria, o se les hubiere decretado la caducidad de la resolución de adjudicación.
d) Quienes hayan transferido a cualquier título la propiedad de una unidad agrícola familiar, sin el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley o el reglamento, y la autorización expresa de la junta directiva del Incora, o la hubieren enajenado, según lo establecido en el inciso 2º del numeral 5º del artículo 40 de la Ley 160 de 1994.
e) Quienes hubieren adquirido total o parcialmente, a cualquier título, una unidad agrícola familiar, sin el lleno de los requisitos exigidos por la Ley 160 de 1994 y el presente acuerdo.
f) Quienes ejerzan el dominio, la posesión o tenencia de una o más unidades agrícolas familiares, o tengan la calidad de socio de una empresa comunitaria beneficiaria de tierras del Incora.
g) Quienes conforme a la Ley 160 de 1994 y sus reglamentos no puedan ser beneficiarios de los programas de dotación de tierras de la reforma agraria.
PAR.—Para fines estadísticos y controlar el cumplimiento de las prohibiciones contenidas en el presente artículo, el instituto elaborará un listado alfabético general de dotación de tierras, con la identificación de los beneficiarios, el cual deberá ser consultado por la junta de revisión en el momento de estudiar los formularios de inscripción. Si se encontrare que el solicitante ha sido adjudicatario de parcelas, o se halla afectado por una prohibición o limitación, así lo consignará como observación en el formulario.
ART. 15.—Resolución de adjudicación. Concluida la etapa de selección, el Instituto procederá a adjudicar a los campesinos escogidos los predios correspondientes, mediante resolución administrativa que, una vez inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos del respectivo círculo, constituirá título suficiente de dominio y prueba de la propiedad.
En las resoluciones se determinará el bien inmueble objeto de la adjudicación, el precio y forma de pago, los plazos, intereses, sistemas de amortización, las obligaciones y derechos del adjudicatario, las condiciones para la enajenación, la constitución de gravámenes, la transferencia de la posesión o tenencia, la vinculación del predio a formas asociativas de producción y las causales de caducidad de la adjudicación.
Los títulos de propiedad de los predios adjudicados deberán hacerse conjuntamente a nombre de los cónyuges o compañeros permanentes, cuando a ello hubiere lugar.
ART. 16.—Régimen de la unidad agrícola familiar. Todas las adjudicaciones de tierra de que trata el presente acuerdo estarán sometidas al régimen de la propiedad parcelaria previsto en el capítulo IX de la Ley 160 de 1994, y a las normas del capítulo IV del mismo estatuto, en lo que fueren compatibles, y a las demás disposiciones que los adicionen, reformen o reglamenten.
PAR.—Cuando se trate de predios rurales donados al instituto para los fines de reforma agraria; los previstos en los numerales 8º y 11 del artículo 16 de la Ley 160 de 1994; o los inmuebles rurales a que se refiere el artículo 63 de la citada ley, las adjudicaciones se efectuarán con sujeción al presente reglamento y para la determinación del precio de venta a los campesinos se tendrá en cuenta el avalúo catastral del inmueble.
ART. 17.—Explotación directa. Los adjudicatarios de parcelas que ingresan al Fondo Nacional Agrario están obligados a explotar directamente la extensión adjudicada, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la explotación así lo requiere. Así mismo están obligados al cumplimiento de las demás exigencias previstas en la ley, en el presente acuerdo y en la resolución de adjudicación, en especial las relacionadas con la conservación de los recursos naturales; caminos y servidumbres; enajenación y gravamen de la parcela; solicitud previa y expresa de las autorizaciones requeridas y al pago de los créditos que se hubieren constituido.
ART. 18.—Protección de recursos naturales. Los beneficiarios de los programas de dotación de tierras, por el solo hecho de la adjudicación, contraen la obligación de sujetarse a las disposiciones sobre uso y protección de los recursos naturales renovables, así como a las de caminos y servidumbres de tránsito y de aguas que dicte el instituto.
ART. 19.—Beneficio de protección de cartera. Los adjudicatarios de tierras se acogerán al sistema de beneficio y protección de deuda establecido por el instituto.
PAR.—Cuando se trate de la adjudicación a una empresa comunitaria u otra forma asociativa de producción, en la respectiva resolución se incluirá la obligación de acogerse al beneficio de protección de deuda por muerte o invalidez, mediante el sistema de cuotas partes en cabeza de cada uno de los socios, con el objeto de garantizar las obligaciones contraídas con el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
ART. 20.—Causales de caducidad. En todas las resoluciones de adjudicación de tierras, el instituto incluirá una cláusula administrativa que le permita declarar unilateralmente la caducidad de la adjudicación, cuando se presente uno de los siguientes eventos:
1. El incumplimiento de las obligaciones contraídas con el instituto con motivo de la adjudicación, o de los créditos otorgados o garantizados por el Incora.
2. La transferencia del dominio, posesión o tenencia, o la cesión total o parcial de los derechos sobre la parcela o cuota parte del predio, sin autorización expresa y previa de la junta directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
3. El abandono del predio por un término superior a treinta (30) días sin justa causa, calificada por el comité de selección, sin previo aviso y la autorización del instituto, o de la empresa comunitaria a la cual pertenece el beneficiario.
5. No sujetarse a las disposiciones que sobre el uso de caminos, servidumbres de tránsito y de aguas dicte el instituto para el predio correspondiente.
7. El negarse a suscribir las garantías y seguros necesarios para el respaldo de las obligaciones contraídas.
8. La exclusión de empresas comunitarias, cuando la adjudicación se hubiere hecho en común y pro indiviso.
9. La perturbación, con sus actos u omisiones, y los de las personas que conforman su grupo familiar y demás dependientes, del uso o goce de la tierra de los demás parceleros.
10. La infracción de las normas sobre uso y conservación de los recursos naturales renovables.
11. El incumplimiento de una o varias de las prohibiciones previstas en la ley o sus reglamentos, las señaladas en este acuerdo y las contenidas en la resolución de adjudicación.
ART. 21.—Procedimiento de la caducidad. La caducidad administrativa será decretada por el instituto, previa comprobación de la causal respectiva, para lo cual el gerente regional ordenará la práctica de las diligencias pertinentes.
La resolución será notificada personalmente al adjudicatario o su apoderado, y se le dará traslado del expediente por el término de tres (3) días.
Cuando no fuere posible su comparecencia personal para surtir la notificación y el traslado, se fijará un edicto por cinco (5) días en la secretaría de la gerencia regional, emplazando al adjudicatario, vencido el cual, si no compareciere, se dejará constancia de ello en el expediente y se le designará un curador ad litem, al que se notificará la resolución y con quien se proseguirá la actuación.
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación y traslado del expediente, el adjudicatario o su representante podrá interponer el recurso de reposición contra la providencia y solicitar la práctica de pruebas, las cuales se ordenarán y practicarán dentro de los cinco (5) días siguientes, si ellas fueren conducentes. Culminado el término probatorio, se someterán las diligencias de caducidad a la consideración del comité de selección para su concepto, el cual deberá proferirse dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del expediente.
Concluido el trámite anterior, se expedirá por parte de la gerencia regional la resolución administrativa de caducidad, o se ordenará el archivo de las diligencias.
En firme la resolución de caducidad, se inscribirá en la oficina de registro de instrumentos públicos del círculo respectivo.
PAR.—Cuando la declaratoria de caducidad se deba al incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones de crédito con el instituto, el beneficiario tendrá derecho a que se declare sin efecto la caducidad si cancela al instituto el monto de las cuotas vencidas dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a su expedición.
ART. 22.—Restitución. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el instituto adelantará el trámite de restitución de la parcela conforme al procedimiento vigente para el lanzamiento por ocupación de hecho, previo pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer al adjudicatario. Para solicitar el lanzamiento el Incora deberá presentar copia auténtica de la resolución que declaró la caducidad, junto con sus constancias de notificación y ejecución, y el pago, consignación o garantía aquí previsto.
PAR.—Las sumas que resulten a favor del adjudicatario se pagarán de acuerdo con lo previsto para tal fin en el artículo 23 del presente acuerdo.
Si no se presentare personalmente el adjudicatario afectado con la caducidad, o por medio de apoderado, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se efectúe la liquidación, el instituto depositará las sumas adeudadas en el Banco Popular de la localidad o, en su defecto, en la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, informando de ello al procurador agrario.
ART. 23.—Determinación del valor y forma de pago. Cuando por causa de caducidad el instituto deba recobrar el dominio, posesión o tenencia de la parcela o cuota parte adjudicada, deberá reintegrar en favor del interesado el valor de las cuotas abonadas al capital de la deuda de tierras y pagará las mejoras introducidas al precio que señale el avalúo comercial, previo descuento de los saldos de las obligaciones crediticias que el adjudicatario tenga con el instituto y que hasta ese momento fueren exigibles.
Los intereses pagados por el parcelero se compensarán con el usufructo que ha tenido de las tierras.
El instituto pagará las sumas de que trata el presente artículo así: a) Cuando lo que deba reconocerse no exceda de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales, se pagará de contado y en dinero efectivo; b) Cuando la cuantía exceda de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales, el excedente se pagará en bonos agrarios.
ART. 24.—Fallecimiento del adjudicatario. En caso de fallecimiento del adjudicatario que no hubiere cancelado al instituto la totalidad del precio de adquisición, el juez que conozca del proceso de sucesión adjudicará en común y proindiviso el dominio sobre el inmueble a los herederos, cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente que tenga derecho conforme a la ley.
Para todos los efectos se considera que la unidad agrícola familiar es una especie que no admite división material, y serán nulos los actos que contravengan esta previsión. En todo caso, los comuneros no podrán ceder sus derechos sin autorización del Incora, con arreglo al procedimiento establecido en este acuerdo y la ley. El instituto podrá optar por readquirirla si consigna, con aceptación de todos los herederos, el valor comercial del inmueble a órdenes de la sucesión, ante el juez de la causa, quien de plano adjudicará la parcela al instituto y continuará el proceso sobre la suma depositada.
ART. 25.—Enajenación de parcelas dentro de los quince (15) años siguientes a la primera adjudicación. De conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 160 de 1994, hasta cuando se cumpla un plazo de quince (15) años, contados desde la primera adjudicación en propiedad que se hizo sobre la respectiva parcela o cuota parte del predio, los adjudicatarios de que se trate deberán solicitar autorización previa y expresa de la junta directiva del Incora para transferir su dominio, posesión o tenencia, o la cesión total o parcial de los derechos que recaigan sobre aquella, y en todo caso la enajenación o traspaso sólo podrá hacerse en favor de los campesinos de escasos recursos sin tierra o de minifundistas.
PAR.—El adquirente o cesionario se subrogará en todas las obligaciones contraídas por el enajenante o cedente en favor del instituto.
ART. 26.—Enajenación de parcelas después de los quince (15) años de la primera adjudicación. Quienes hayan adquirido el dominio sobre una parcela cuya primera adjudicación se hubiere efectuado en un lapso superior a los quince (15) años, deberán informar expresa y previamente al Instituto respecto de cualquier proyecto de enajenación sobre la parcela respectiva, para que el Incora haga uso de la primera opción de readquirirla dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de recepción del aviso. Si dentro de este plazo no hubiere pronunciamiento expreso del instituto, o este rechazare en igual forma la opción, el adjudicatario quedará en libertad para disponer de la parcela, sin sujeción al régimen de la propiedad parcelaria.
Corresponde al gerente general del instituto el ejercicio del derecho de opción de compra previsto en este artículo.
ART. 27.—Precio. Para calcular el costo inicial de las unidades agrícolas familiares a las que se aplica el presente acuerdo, el Incora distribuirá el precio global de adquisición sobre la totalidad de la superficie adquirida, tomando en consideración el valor intrínseco del terreno y el de las mejoras útiles y necesarias existentes al momento de la compraventa por el instituto, así como las condiciones que puedan determinar una diferencia por unidad de superficie entre las distintas parcelas del predio que se fracciona.
El precio de venta al parcelario no podrá ser superior al de su última adquisición por el instituto.
Serán de cargo del beneficiario los gastos generales de mensura y amojonamiento, los cuales se determinarán por acuerdo separado que expida la junta directiva.
ART. 28.—Plazo. Los compradores cubrirán el valor de la parcela en un plazo de quince (15) años, por el sistema de amortización acumulativa o capitalización que señale la junta directiva, el monto del capital comenzará a cobrarse a partir del tercer año y los intereses se cobrarán en las mismas condiciones del crédito de tierras otorgado a los antiguos parceleros.
No obstante lo anterior, el instituto podrá fijar plazos de amortización inferiores a quince (15) años, o reducirlos a solicitud del beneficiario, según la naturaleza de la parcela, el potencial productivo del predio y la capacidad de pago del adjudicatario y su familia.
ART. 29.—Procesos civiles. En los juicios ejecutivos o de venta que se adelanten contra quienes hubieren adquirido el dominio de una unidad agrícola familiar mediante adjudicación hecha por el instituto, este tendrá derecho a que se le adjudique la parcela al precio que señale el avalúo pericial practicado en el proceso. Si el Incora desistiere, en todo caso el inmueble adjudicado a otra persona quedará sometido al régimen de la propiedad parcelaria durante el término que faltare para el cumplimiento de los quince (15) años, contados desde la primera adjudicación.
En todos los procesos civiles que afecten las unidades agrícolas familiares, los derechos de las empresas comunitarias o los intereses sociales de sus miembros, el Incora podrá hacerse parte y los jueces no podrán adelantarlos sin dar previo aviso al instituto, de lo cual se dejará constancia en el expediente.
ART. 30.—Faltantes. Si al efectuar la adjudicación de un predio se establecieren faltantes por concepto de mejoras, construcciones, instalaciones y otros elementos, el instituto levantará un acta en la cual se determinará la cantidad y el valor de los bienes faltantes, las circunstancias y demás información que permita deducir las responsabilidades respectivas.
El valor de los faltantes se establecerá y descontará con base en el precio de adquisición, cuando la responsabilidad fuere atribuible al vendedor.
ART. 31.—Readquisición de parcelas. Por regla general, las readquisiciones que efectúe el instituto solo podrán hacerse respecto de las parcelas que hubieren sido adjudicadas con una antigüedad superior a quince (15) años, o cuando el parcelero haya cancelado la totalidad del crédito de tierras.
Si la readquisición se produce antes del término previsto, en todo caso el instituto deberá descontar del precio de la compraventa el saldo del crédito de tierras y los que hubieren por concepto de los créditos de producción otorgados o garantizados por el Incora.
ART. 32.—Adjudicación de parcelas readquiridas. Cuando el instituto deba readjudicar una parcela, la transferencia se hará por la modalidad establecida para la adquisición de tierras con crédito y subsidio y en favor de los campesinos que reúnan los requisitos de elegibilidad señalados para el efecto por el instituto.
ART. 33.—Forma de pago. Cuando se trate de la readquisición de parcelas contemplada en el numeral 1º del artículo 40 de la Ley 160 de 1994, la junta directiva expedirá el correspondiente reglamento.
ART. 34.—Elección de socios en empresas comunitarias. En las empresas comunitarias vigentes corresponde a la asamblea general la escogencia de socios. El comité de selección verificará que estos reúnan los requisitos para ser sujetos de reforma agraria y procederá a recomendar su aprobación o rechazo, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que conozca de la solicitud.
No obstante, si la asamblea general de la correspondiente empresa comunitaria no escoge la persona que ha de sustituir al socio retirado, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de retiro, el nuevo socio será seleccionado por el gerente regional del Incora, previo concepto del comité de selección, teniendo en cuenta los derechos preferenciales establecidos por el Decreto Extraordinario 561 de 1989, que determina el régimen de las empresas comunitarias.
ART. 35.—Normas subsidiarias. Los aspectos sobre dotación de tierras ingresadas al Fondo Nacional Agrario no regulados en el presente acuerdo, se regirán por lo dispuesto sobre el particular en los capítulos IX y IV de la Ley 160 de 1994, siempre que las de este último fueren compatibles.
ART. 36.—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga los acuerdos números 5 y 39 de 1989, 13 de 1993, 22 de 1994, 4 de 1995 y los artículos 1º y 2º del Acuerdo 16 de 1995 de la junta directiva del Incora y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a diciembre 5 de 1995.