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Timestamp: 2017-08-19 01:45:04
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Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 82', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 81', 'Artículo 21', 'artículo 1', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4']

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El sistema de control de concentraciones en la Unión Europea
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Antonio Córdoba Olivera
1 El sistema de control de concentraciones en la Unión Europea La adopción del Reglamento (CE) 139/2004 ha supuesto una importante reforma del sistema comunitario de control de concentraciones con el objeto de mejorar el análisis de los efectos que este tipo de operaciones pueden tener sobre la competencia. La entrada en vigor del Reglamento ha ido acompañada de la aprobación de diversas normas adicionales de desarrollo, que han supuesto en la práctica una revisión integral del marco normativo aplicable a las operaciones de concentración entre empresas. El presente artículo tiene por objeto analizar las novedades más significativas introducidas a este respecto, con especial referencia a las modificaciones introducidas en los ámbitos material, jurisdiccional y procesal del nuevo sistema comunitario de control de concentraciones. The adoption of Regulation (EC) 139/2004 has entailed an important reform of the EU merger control system aimed at improving the analysis of the effects on competition of this type of transactions. The entering into force of the new Regulation has been coupled with the passing of further implementation rules, which have amounted in practice to a global modification of the regulatory framework applicable to concentrations. The present article intends to analyse the most significant developments in this regard, with special reference to the amendments introduced in matters connected with the material, jurisdictional and procedural aspects of the new EU merger control system. 1
2 José Carlos Engra Ana Rodríguez Encinas Abogados de Uría Menéndez Índice 1. Introducción: el nuevo sistema comunitario de control de concentraciones Novedades desde el punto de vista material Novedades desde el punto de vista jurisdiccional: la distribución de competencias entre la Comisión y los Estados miembros Novedades desde el punto de vista procesal Novedades de carácter no legislativo Referencias bibliográficas INTRODUCCIÓN: EL NUEVO SISTEMA COMUNITARIO DE CONTROL DE CONCENTRACIONES La adopción por el Consejo del Reglamento (CE) 139/2004, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (el Reglamento 139/2004 ) 1 ha culminado un proceso de reforma de las normas comunitarias aplicables a las operaciones de concentración económica que introduce importantes modificaciones desde las perspectivas jurisdiccional, material y procesal. La normativa de control de concentraciones a escala comunitaria data de finales de los años ochenta, cuando el Consejo aprobó el ya derogado Reglamento (CEE) 4064/89, de 21 de (*) Abogados de Uría Menéndez, destacados en las oficinas de Bruselas y Madrid, respectivamente. Las opiniones expresadas en este artículo son personales de los autores y no vinculan a Uría Menéndez. 1 DO L 24/1 de 29 de enero de
3 diciembre de 1989 (el Reglamento 4064/89 ), 2 mediante el que se dotó a la Comisión Europea (la Comisión ) de facultades específicas para el control de las concentraciones empresariales al objeto de garantizar, con arreglo a los objetivos del Tratado CE, que la competencia no fuese falseada por este tipo de operaciones. Para tal fin se adoptó un cuerpo homogéneo de normas materiales y procesales que evaluaban la compatibilidad de las concentraciones con el mercado común, vinculando por igual a todos los operadores que desarrollasen actividades económicas en territorio comunitario. La Comisión se erigió en la única autoridad competente para aplicar estas normas a las operaciones de concentración que tuviesen dimensión comunitaria, definida esta última con arreglo a determinados umbrales de negocio que debían alcanzar las empresas partícipes en la concentración (vid. infra Sección 3.1.1). Esto es, el reparto de competencias entre la Comisión y los Estados miembros en materia de control de concentraciones se organizó mediante un sistema denominado de ventanilla única o one stop shop, confiriéndose a la Comisión la jurisdicción exclusiva sobre las concentraciones de dimensión comunitaria, sin perjuicio de ciertos mecanismos de remisión entre los Estados miembros y la Comisión. 3 El Reglamento 4064/89 fue objeto de reforma parcial en 1997 mediante la adopción del Reglamento (CE) 1310/97, aprobado por el Consejo el 30 de junio de 1997, 4 que modificó los umbrales de notificación existentes, al objeto de permitir que notificaciones múltiples (esto es, concentraciones notificadas en varios Estados miembros) pudieran ser consideradas de dimensión comunitaria, y extendió el concepto de concentración a las empresas en participación con plenas funciones. El objetivo de la reforma de 1997 era someter al control de la Comisión un mayor número de concentraciones que podían tener efectos a escala comunitaria. 2 DO L 395/1 de 30 de diciembre de 1989, versión rectificada en el DO L 257/13 de 21 de septiembre de El Reglamento 139/2004 mantiene el principio de ventanilla única (artículo 21.1) y los mecanismos de remisión (artículos 9 y 22). No obstante, como se expondrá más adelante, introduce posibilidades de remisión adicionales. 4 Reglamento (CE) 1310/97 del Consejo, de 30 de junio de 1997, por el que se modifica el Reglamento (CEE) 4064/89, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (DO L 180/1 de 9 de septiembre de 1997). 3
4 No obstante, fue a finales de 2001 cuando se inició un proceso de revisión más amplio y profundo, con la publicación por parte de la Comisión del Libro Verde sobre la revisión del Reglamento 4064/89. 5 En él se exponían las líneas directrices de la reforma que se pretendía llevar a cabo con el objeto de mejorar la eficacia en la aplicación de estas normas en un contexto económico cada vez más global e interrelacionado. A la publicación del Libro Verde siguió un largo período de consultas y debates que terminaron, primero, con la publicación de un proyecto de nuevo Reglamento y, finalmente, con la adopción del Reglamento 139/2004, por el que se deroga el Reglamento 4064/89. La aprobación y entrada en vigor el 1 de mayo de 2004 del Reglamento 139/2004 ha ido acompañada asimismo de la progresiva adopción de un amplio paquete normativo cuyo objeto es adaptar las disposiciones ya existentes y desarrollar e interpretar el nuevo texto normativo. 6 5 Libro Verde sobre la revisión del Reglamento (CEE) 4064/89 del Consejo, presentado por la Comisión (COM (2001) 745/6 de 11 de diciembre de 2001). 6 El paquete normativo de desarrollo viene constituido por las siguientes normas: - Directrices de la Comisión, de 5 de febrero de 2004, sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 31/03 de 5 de febrero de 2004) (las Directrices Horizontales ); - Reglamento (CE) 802/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, por el que se aplica el Reglamento (CE) 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO L 133/1 de 30 de abril de 2004) (el Reglamento 802/2004 ); - Código de Buenas Prácticas en la tramitación de los procedimientos de control de concentraciones. Este texto no ha sido publicado en el DO, pero se encuentra disponible en la página web de la Comisión: Junto a ello, se está procediendo gradualmente a la adopción por la Comisión de varias Comunicaciones interpretativas del Reglamento 139/2004, en sustitución de las que hasta la fecha estaban vigentes. A fecha de hoy han sido adoptadas por la Comisión las siguientes: - Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2005, sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas concentraciones en virtud del Reglamento (CE) 139/2004 del Consejo (DO C 56/32 de 5 de marzo de 2005); - Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2005, sobre las restricciones directamente vinculadas a la realización de una concentración y necesarias a tal fin (DO C 56/24 de 5 de marzo de 2005) (la Comunicación sobre restricciones accesorias ); - Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2005, sobre la remisión de asuntos de concentraciones (DO C 56/02 de 5 de marzo de 2005). La Comisión Europea prevé adoptar además nuevas comunicaciones, que sustituirán a las actualmente vigentes, en relación con los compromisos para facilitar la aprobación de una concentración, los 4
5 Las reformas se han extendido también al proceso interno de adopción de decisiones de la Comisión, mediante la adopción de una serie de medidas no legislativas a las que se hará referencia en la Sección 5 infra. En definitiva, el sistema comunitario sobre control de concentraciones está formado en la actualidad por un grupo heterogéneo de normas, tanto por su forma de adopción como por su naturaleza jurídica. Así, junto a normas vinculantes en todos sus elementos, como el Reglamento 139/2004, adoptado por el Consejo de la UE, están vigentes toda una serie de Directrices, Comunicaciones y textos interpretativos adoptados por la Comisión, en los que esta institución, además de codificar su práctica decisoria existente, proporciona instrucciones y orientaciones acerca de cuestiones materiales y procesales del análisis de control de concentraciones. El presente artículo tratará de analizar las novedades más significativas que el Reglamento 139/2004 y su desarrollo normativo han introducido en el sistema comunitario de control de concentraciones, así como sus principales consecuencias prácticas para los operadores comunitarios. 7 conceptos de concentración y de empresa en participación con plenas funciones, el cálculo del volumen de negocios, y los efectos verticales y conglomerales derivados de una operación de concentración. 7 Prácticamente al mismo tiempo y en gran medida influido por la revisión emprendida por la Comisión de las normas comunitarias sobre control de concentraciones, se ha iniciado en España un proceso de reforma integral de su norma material reguladora de la competencia, esto es, la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (la LDC ), cuyo punto de arranque fue la publicación el 20 de enero de 2005 del Libro Blanco para la Reforma del Sistema de Defensa de la Competencia (el Libro Blanco ). La reforma emprendida en España se encuentra actualmente en fase de discusión en el Parlamento, habiéndose publicado un Anteproyecto de Ley de Defensa de la Competencia el pasado 10 de marzo de La reforma tiene por objeto mejorar la eficiencia en la tramitación de los procedimientos y en el empleo por las autoridades españolas de competencia de los recursos de que disponen. Junto a ello, la reforma pretende ajustar el sistema de defensa de la competencia a los cambios recientes introducidos en la normativa europea de competencia. Como es obvio, las normas nacionales aplicables al control de concentraciones no escapan a esta reforma que las autoridades españolas tienen intención de acometer. A la fecha de redacción de este artículo no se ha publicado todavía el proyecto de ley de reforma de la LDC. Por el contrario, el Libro Blanco sí está disponible en la página web del Servicio de Defensa de la Competencia (www.dgdc.meh.es), en la que figuran también los comentarios al mismo formulados por diversas organizaciones profesionales, despachos, asociaciones y operadores económicos. 5
6 2. NOVEDADES DESDE EL PUNTO DE VISTA MATERIAL 2.1. Nuevo test sustantivo para la evaluación de la compatibilidad de las concentraciones La principal novedad introducida en el sistema comunitario de control de concentraciones por el Reglamento 139/2004 es sin duda el nuevo sistema de evaluación para la autorización o prohibición de una operación de concentración. Conforme al antiguo artículo 2.2 del Reglamento 4064/1989, resultaban incompatibles con el mercado común las operaciones de concentración que creasen o reforzasen una posición dominante a resultas de la cual se obstaculizase de forma significativa la competencia en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. Esto es, la declaración de compatibilidad de una operación de concentración con el mercado común se basaba en el requisito previo de que dicha operación no conllevase la creación o reforzamiento de una posición de dominio en el mercado o mercados afectados como resultado de la concentración. Este criterio material de análisis de las operaciones de concentración se conoció como el denominado test de dominancia. A este respecto, el concepto de posición de dominio se definió como una situación de poder económico en que se encuentran una o varias empresas y que les permite impedir que haya una competencia efectiva en el mercado de que se trate, confiriéndoles la posibilidad de comportarse con un grado apreciable de independencia frente a sus competidores, sus clientes y, finalmente, los consumidores. 8 No obstante, el concepto de posición de dominio fue interpretado por los Tribunales comunitarios de manera más flexible que en su aplicación a la figura de abuso de posición de dominio prevista por el artículo 82 del Tratado CE. 9 8 Vid., entre otras, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia ( TPI ) de 25 de marzo de 1999, Gencor c. Comisión, as. T-102/96, Rec. 1999, pág. II-753, considerando 200; y de 21 de septiembre de 2005, EDP - Energías de Portugal, SA c. Comisión, as. T-87/05, pendiente de publicación, considerando Los Tribunales comunitarios realizaron una interpretación finalista del concepto de posición de dominio en el contexto del control de concentraciones, entendiendo que concurría cuando la operación de concentración producía efectos sobre la estructura de la competencia en la Comunidad, que pudieran resultar incompatibles con el régimen de competencia no falseada establecido por el Tratado (vid. 6
7 La creación o reforzamiento de dicha posición era por sí misma condición necesaria, pero no suficiente, para que una concentración fuese declarada incompatible con el mercado común. Era preciso que se produjese además una distorsión significativa de la competencia en los mercados afectados. Pese a ello, la creación o reforzamiento de una posición de dominio constituía un requisito previo ineludible que, de no darse, impedía a la Comisión prohibir una concentración (aunque incluso ésta produjera distorsiones en la competencia). En el proceso de revisión del Reglamento 4064/89 iniciado con la publicación del Libro Verde, la Comisión planteó la posible sustitución de este criterio de evaluación de concentraciones por un criterio más flexible que permitiese centrar el análisis de una concentración en los efectos de ésta sobre la competencia en los mercados afectados, esto es en la reducción sustancial de la competencia que la concentración pudiese producir (de forma real o potencial) sobre el mercado. Ello requería la realización de un análisis más económico de los efectos derivados de una operación de concentración en el mercado y era similar a los criterios de evaluación de concentraciones utilizados en otras jurisdicciones como Canadá, Australia, Reino Unido, Irlanda y, en particular, los Estados Unidos. 10 sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ( TJCE ) de 31 de marzo de 1998, Francia c. Comisión, as. C-68/94, Rec. 1998, pág. I-1375, considerando 170). 10 El criterio de evaluación contemplado en la normativa norteamericana es el denominado test de disminución sustancial de la competencia (substantial lessening of competition). Con la modificación del criterio sustantivo de evaluación de las concentraciones se pretendía controlar aquellas concentraciones que pudieran producir una disminución significativa de la competencia en el mercado sin crear o reforzar una posición de dominio individual o colectiva. El debate principal giraba en torno a la necesidad, alegada por la Comisión, de ejercer un control efectivo sobre los oligopolios no colusorios, esto es, sobre aquellas situaciones en las que con posterioridad a la concentración, las empresas partícipes están en condiciones de ejercer un poder de mercado significativo sin recurrir a mecanismos de coordinación y sin necesidad de incrementar su cuota en el mercado de referencia. El caso Baby foods (as. Heinz/Beech-Nut, 246, F.3rd 708, D.C. Cir. 2001), aunque analizado al amparo del Derecho norteamericano de control de concentraciones, permite ilustrar este tipo de situaciones. En este asunto, la Federal Trade Commission ( FTC ) se opuso a la fusión del segundo y tercer operador del mercado de la alimentación infantil, cuya cuota de mercado conjunta (28%) no superaba la del líder (65%), por entender que afectaba significativamente a la competencia en el mismo. El factor determinante para que la FTC se opusiese a la operación fue que la realización de ésta supondría la desaparición de la fuerte competencia existente entre el segundo y tercer operadores. En efecto, mientras la marca de la empresa líder estaba presente en el 90% de los supermercados, existía una fuerte competencia entre el segundo y el tercer operador por conseguir colocar sus productos como segunda marca (los principales distribuidores sólo operaban con dos marcas: la marca líder y una segunda marca). Además, ambas empresas competían activamente en el desarrollo de nuevos productos. Esto generaba a su vez una importante presión competitiva sobre el líder del mercado, que le impedía incrementar los precios y le obligaba a invertir en innovación a fin de mantener su posición. Por estos motivos, la FTC consideró que 7
8 El amplio debate iniciado a raíz de la propuesta de la Comisión 11 culminó con la adopción del actual test de compatibilidad contenido en el artículo 2.3 del Reglamento 139/2004, que puede considerarse un híbrido entre los dos criterios de evaluación mencionados (i.e. el test de dominancia y el test de reducción sustancial de la competencia ). Así, con carácter general, el nuevo criterio sustantivo señala que se declararán incompatibles con el mercado común aquellas concentraciones que sean susceptibles de obstaculizar de forma significativa la competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial del mismo (sin necesidad de que se cree o refuerce una posición de dominio). La cuestión principal radica pues en si existirá o no un nivel de competencia suficiente tras la operación. No obstante, el artículo 2.3 mantiene una referencia expresa a la creación o refuerzo de una posición de dominio como una muestra particular de obstaculización significativa de la competencia, por lo que este concepto seguirá constituyendo un elemento clave en el sistema de control de concentraciones comunitario. la fusión del segundo y el tercer operador habría supuesto una importante disminución de competencia en el mercado afectado. 11 Algunos países (el Reino Unido, Francia o España) entendían que determinadas concentraciones susceptibles de obstaculizar de forma significativa la competencia no quedaban cubiertas por el artículo 2 del Reglamento 4064/1989. Sin embargo, otros países (principalmente Alemania) entendían que la supuesta laguna podía cubrirse mediante una interpretación más amplia del criterio de dominancia. Abogaban en este sentido por equiparar el concepto de posición de dominio al de poder económico, tal y como en cierto modo venía haciendo la jurisprudencia. Así, cabe destacar la sentencia del TJCE de 14 de febrero de 1978, United Brands, as. 27/76, Rec. 1978, pág. 207, considerandos 65 y 66; y la sentencia del TPI de 12 de diciembre de 2000, Aéroports de Paris c. Comisión, as. T-128/98, Rec. 2000, pág. II-3929, considerando 147, en las que el concepto de posición de dominio se define como: una situación de poder económico en la que se encuentra una empresa y que le permite impedir que haya una competencia efectiva en el mercado de que se trate (...). La doctrina legal y económica se encontraba igualmente dividida. En concreto, un sector abogaba por la sustitución del criterio de dominancia por un criterio basado en los efectos de la concentración sobre la competencia, entendiendo que una mera modificación del artículo 2 que se limitase a equiparar la posición de dominio con el poder económico suponía distorsionar el concepto de posición de dominio hasta hacerle perder su significado, con el único fin de poder mantener el acervo comunitario existente (jurisprudencia y decisiones de la Comisión). Vid. en este sentido R. Whish, Analytical Framework of Merger Review, Substantial lessening of competition/creation or strengthening of dominance, International Competition Network, First Annual Conference, Nápoles, 28 de septiembre de 2002, disponible en Sin embargo, otro sector estimaba suficiente la modificación del concepto de posición de dominio en el sentido indicado o, simplemente, la adopción por la Comisión de una Comunicación conteniendo las directrices para la evaluación de concentraciones, que incluyese de modo expreso los oligopolios no colusorios en el ámbito de aplicación del criterio de dominancia (vid. V. Selvam: The EC Merger Control Impasse: is there a Solution to this Predicament?, European Merger Control Review, 2004, núm. 1, pág. 52). 8
9 2.2. Criterios para la evaluación de los efectos anticompetitivos de las concentraciones El test de obstaculización significativa de la competencia, como criterio de carácter general para la evaluación de concentraciones económicas de dimensión comunitaria, se manifiesta en diversos efectos que deben ser objeto de valoración para determinar la compatibilidad de una operación con el mercado común. Los eventuales efectos anticompetitivos de una operación de concentración pueden ser de naturaleza coordinada o no coordinada, en función de que se incremente el poder individual de una empresa, o las posibilidades de una colusión tácita entre la entidad resultante de la concentración y el resto de empresas presentes en el mercado afectado por la operación. Tales efectos son objeto de valoración en las Directrices horizontales, que desarrollan el nuevo criterio sustantivo de evaluación de concentraciones Efectos anticompetitivos no coordinados (unilaterales) Esta categoría se corresponde en buena medida con lo que bajo el Reglamento 4064/1989 venía calificándose como posición de dominio individual. Sin embargo, amplía el ámbito de actuación de la Comisión puesto que permite sancionar los efectos anticompetitivos materializados en un incremento del poder de mercado de las empresas afectadas con posterioridad a la operación, aun cuando no exista posición de dominio individual de la entidad resultante de la concentración. Los efectos no coordinados suponen la eliminación de la presión competitiva que existía sobre una o varias de las empresas partícipes en la operación con anterioridad a la misma, en la medida en que dispondrán de un mayor poder de mercado por sí solas (esto es, sin necesidad de recurrir a un comportamiento coordinado o estratégico). Así, el efecto más directo de la concentración será la desaparición de la competencia entre las empresas que se fusionan. A modo de ejemplo, cabe indicar el supuesto en el que una de las empresas participantes en la operación perdiese parte de sus ventas en beneficio de la otra empresa participante en caso de que la primera hubiera subido sus precios antes de la concentración. Si la concentración pone 12 Apartados 22 a 57 de las Directrices Horizontales. La propuesta inicial de la Comisión distinguía tres categorías de efectos anticompetitivos: (a) la denominada posición de liderazgo en el mercado ( paramount market position ), que equivalía a la posición de dominio individual bajo el Reglamento 4064/89, (b) la posición de dominio colectiva y (c) los oligopolios no colusorios. Esta clasificación reflejaba la intención de la Comisión examinar aquellas concentraciones que generasen este último tipo de oligopolios. La versión final sin embargo ha subsumido la primera y tercera categorías dentro de los 9
10 fin a esta presión competitiva estaríamos ante un efecto no coordinado, sin perjuicio de que las empresas del mismo mercado que no participan en la fusión también puedan beneficiarse de la reducción de la presión competitiva resultante de la concentración, ya que la subida de precios realizada por las empresas que van a fusionarse puede desviar parte de la demanda hacia sus competidores, para los que también puede resultar rentable incrementar los precios. La reducción de estas presiones competitivas puede conducir a un importante aumento de los precios en el mercado de referencia. Tal es el caso en particular de mercados oligopolísticos, 13 en los que además de la desaparición de importantes presiones competitivas que las partes de la concentración ejercían previamente entre sí, la concentración también puede conllevar la reducción de la presión competitiva sobre los competidores restantes, aun cuando resulte poco probable la coordinación entre los miembros del oligopolio Efectos anticompetitivos coordinados Esta segunda categoría se corresponde con lo que, bajo el Reglamento 4064/1989 había venido denominándose posición de dominio colectiva. El hecho de que los efectos coordinados resultantes de una operación de concentración también estén cubiertos por el test de compatibilidad del artículo 2.3 del Reglamento 139/2004 tiene como objetivo principal incluir bajo su ámbito de aplicación los oligopolios colusorios. Y ello puesto que una fusión en un mercado concentrado puede obstaculizar de forma significativa la competencia efectiva, a través de la creación o el refuerzo de una posición dominante colectiva, debido a que aumenta la probabilidad de que las empresas puedan coordinar su comportamiento y subir los precios, incluso sin necesidad de llegar a un acuerdo o de recurrir a una práctica concertada en el sentido del artículo 81 del Tratado CE. Una concentración también puede facilitar o hacer más estable o efectiva la coordinación entre empresas que ya se coordinaban antes de la concentración, bien sea robusteciéndola o permitiendo que las empresas acuerden unos precios más altos. denominados efectos no coordinados, dando lugar a una categoría más abstracta que podría dar cabida a concentraciones con efectos anticompetitivos incluso en mercados no oligopolísticos. 13 El término mercado oligopolístico hace referencia a una estructura de mercado caracterizada por la presencia de un número limitado de empresas de tamaño considerable. Como el comportamiento de cualquiera de ellas tiene un impacto considerable sobre las condiciones de competencia en el mercado e indirectamente en la situación de todas las demás, las empresas oligopolísticas son interdependientes. 10
11 Con la positivización de esta categoría en las Directrices horizontales, la Comisión ha venido a admitir de modo expreso el concepto y los parámetros ya establecidos por la jurisprudencia comunitaria para determinar la existencia de efectos coordinados, a saber: (1) la posibilidad de establecer mecanismos de coordinación en el mercado relevante; (2) la posibilidad de controlar las desviaciones de ciertos operadores respecto de los mecanismos de coordinación; (3) la existencia de sistemas efectivos de disuasión y penalización para aquellas empresas que se separen de la política marcada por el oligopolio; y (4) que el resultado de dicha coordinación no sea fácilmente neutralizable por las empresas que no participan en ella, los competidores potenciales o los clientes Instrumentos estadísticos de evaluación Las Directrices horizontales han reconocido diversos criterios para evaluar el grado de obstaculización de la competencia susceptible de producirse como consecuencia de una operación de concentración. En particular, establecen los siguientes parámetros que permiten evaluar el grado de concentración en el mercado de referencia, y la importancia en el mismo de las partes de la concentración y sus competidores: (1) la cuota de mercado y (2) el índice Herfindahl-Hirschman ( IHH ). La Comisión señala en las Directrices que estos indicadores deben constituir el punto de partida o índice primario para el análisis de una concentración. La cuota de mercado ya venía constituyendo un punto de referencia básico para el análisis práctico de las concentraciones bajo el Reglamento 4064/1989. La novedad introducida por las Directrices horizontales reside en el establecimiento de porcentajes máximo (50%) y mínimos (25%), a los que se vincula una presunción de existencia o inexistencia de obstaculización efectiva de la competencia. 15 Ambos límites porcentuales habían sido repetidamente mencionados por la jurisprudencia en diversas sentencias y eran tomados como 14 Sentencia del TPI de 6 de junio de 2002, Airtours c. Comisión, as. T- 342/99, Rec. 2002, pág. II Apartados 17 y 18 de las Directrices Horizontales. 11
12 referencia en la práctica decisoria de la Comisión, 16 si bien hasta el momento, carecían de reflejo en los textos legales. 17 La referencia al IHH 18 constituye por el contrario una novedad que parece responder a un deseo por parte de la Comisión de conceder mayor peso al análisis económico en la toma de decisiones. Este índice, previsto también en las Directrices norteamericanas de concentraciones horizontales ( 1992 Merger Horizontal Guidelines ), mide el grado de concentración existente en un determinado mercado con anterioridad y con posterioridad a la concentración. Al igual que ocurre con la cuota de mercado, si el IHH se sitúa por debajo de determinados niveles, la Comisión presume que no existen problemas de competencia horizontal. No obstante, esta presunción está rodeada de excepciones que desvirtúan la seguridad jurídica que debería proporcionar a las empresas la aplicación de este índice. Por otra parte, la introducción del IHH podría implicar una ampliación de la intervención de la Comisión, ya que los índices de concentración a los que la Comisión vincula la presunción de compatibilidad con el mercado común son reducidos y resultan por tanto fácilmente superables. 16 Vid. a este respecto las sentencias del TJCE, de 3 de julio de 1991, Akzo Chemie BV c. Comisión, as. C- 62/86, Rec pág. I-3359, considerando 60; y de 25 de marzo de 1999, Gencor c. Comisión, as. T- 102/96, Rec pág. II-753, considerando 205, que establecen una presunción iuris tantum de la existencia de una posición de dominio cuando la empresa ostenta cuotas de mercado superiores al 50%; y la decisión de la Comisión de 27 de julio de 2001, Nestlé/Ralston Purina, as. COMP/M. 2337, apartados 48 a 50. En sentido contrario, cuotas de mercado inferiores al 25% suelen conducir a los Tribunales comunitarios y a la Comisión a concluir la inexistencia de posición de dominio. Vid. por ejemplo la sentencia del TJCE de 22 de octubre de 1986, Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG c. Comisión (SABA II), as. 75/84, Rec. 1986, pág. 3021, considerando 85; y las decisiones de la Comisión de 9 de octubre de 2000, DaimlerChrysler/Detroit Diesel Corporation, as. COMP/M. 2127, apartados 25 a 31; y de 19 de diciembre de 2000, Repsol Química/Borealis/JV, as. COMP/M.2092, apartados 18 a A diferencia de lo que ocurría en otros sistemas, como el alemán, que establece expresamente una presunción de existencia de posición de dominio individual en aquellos supuestos en que la cuota de mercado de una empresa supere un tercio del mercado y colectiva si la cuota conjunta de menos de tres empresas es superior al 50%. Vid. E. Navarro Varona, et. al, Merger Control in the European Union, Second Ed., Oxford University Press 2005, pág. 152, apartado Apartados 19 a 21 de las Directrices Horizontales. 12
13 2.4. Factores de contrapeso Las Directrices horizontales hacen referencia, por otra parte, a diversos factores de contrapeso que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar si una concentración puede obstaculizar de forma significativa la competencia. Entre tales factores, cabe destacar el poder de la demanda en el mercado relevante o el nivel de competencia potencial, entendida como la capacidad de acceso al mercado en un periodo de tiempo razonable (dos años). 19 Junto a ello, y a diferencia de lo que ocurría bajo la vigencia del Reglamento 4064/1989, las Directrices horizontales establecen parámetros para la valoración de las posibles eficiencias derivadas de una operación de concentración, considerando éstas como un factor a tomar en consideración en la evaluación de concentraciones horizontales. No obstante, debe indicarse que, en la práctica, la Comisión ya venía tomando en consideración los efectos favorables que una concentración podía generar para los consumidores en el análisis de la posible creación o reforzamiento de una posición de dominio. 20 Esta práctica se ha reflejado expresamente en las Directrices horizontales, 21 que destacan que se tendrán en cuenta las eficiencias resultantes de la operación siempre y cuando cumplan cuatro condiciones: (1) que produzcan beneficios para los consumidores; (2) que resulten inherentes a la operación de concentración; (3) que sean susceptibles de verificación; y (4) que se materialicen en un periodo de tiempo breve posterior a la operación. La necesidad de que las eficiencias se trasladen a los consumidores (el denominado pass-on requirement ) del mismo mercado en el que se producen los efectos negativos constituye el criterio básico e indispensable para que pueda apreciarse su existencia. 22 Por ello, la eficiencia 19 Apartados 64 a 75 de las Directrices Horizontales. 20 La Comisión analizó por primera vez las eficiencias como factor de evaluación de concentraciones en su decisión de 2 de octubre de 1991, Aérospatiale-Alenia/de Havilland, as. IV/M.053 (DO L 334/42 de 5 de diciembre de 1991). La Comisión también se ha referido a las posibles eficiencias de las operaciones de concentración en sus decisiones, entre otras, de 4 de julio de 2000, BOSKALIS/HBG, as. IV/M.1877, apartado 22, y de 25 de julio de 2001, De Beers/LVMH, as. COMP/M.2333 (DO L 29/40 de 5 de febrero de 2003, apartado 102). 21 Apartado 78 de las Directrices Horizontales. 22 La inclusión de este criterio como punto central de referencia para la valoración de las eficiencias, supone la opción por el denominado modelo del beneficio para el consumidor o consumer welfare model frente a un modelo basado en los beneficios totales generados por la operación o total surplus model. Esta opción, elegida también por Estados Unidos o el Reino Unido, es criticada por cierto sector 13
14 que las Directrices horizontales considera más relevante es la reducción de precios como consecuencia de la concentración. No obstante, también se valoran las eficiencias que produzcan efectos beneficiosos para el mercado en general, siempre y cuando no resulten perjudiciales para los consumidores. 23. Las eficiencias deben ser además específicas de la operación de concentración, de tal modo que no habrían podido generarse sin ésta. Por otra parte, habrá que probar igualmente que no existe posibilidad alguna de lograr dichas eficiencias de forma menos restrictiva y perjudicial para la competencia. Esta condición será difícil o más bien imposible de cumplir en la práctica, dado que supone la prueba de un hecho negativo o inexistente ( cómo probar que no existe algo?). Además, concede gran discrecionalidad a la Comisión, que podría declarar incompatible una concentración que produzca importantes efectos pro-competitivos si considera que las partes no han podido demostrar suficientemente que no hay un modo menos restrictivo para la libre competencia de alcanzar ese resultado. En cuanto a la necesidad de que las eficiencias resulten verificables, se trata de un requisito de difícil satisfacción, 24 y en ocasiones resultará difícil proporcionar una cuantificación detallada de cada eficiencia. 25 Adicionalmente al cumplimiento de las cuatro condiciones anteriores, las Directrices horizontales establecen que la intensidad de los efectos beneficiosos producidos por las eficiencias deberá ser proporcional a la obstaculización de la competencia que la de la doctrina, en la medida en que impide la consideración de aquellos efectos que, pese a ser beneficiosos para la economía en general, no se trasladen directamente a los consumidores (tales como la mejora o racionalización de la distribución de un producto en un mercado distinto al afectado negativamente por la operación). Vid. al respecto, C. Luescher, Efficiency considerations in European Merger Control-Just Another Battle Ground for the European Commission Economist and Competition lawyers?, European Competition Law Review, 2004, núm. 2, pág Apartado 79 de las Directrices Horizontales. 24 Como han señalado algunos autores, se trata de un requisito tautológico, ya que la Comisión exige a las partes que las eficiencias resulten verificables a fin de que la propia Comisión pueda verificarlas. Vid. C. Luescher, op.cit., pág Ciertos efectos beneficiosos de una concentración, tales como el lanzamiento de un nuevo producto o las mejoras introducidas en un producto ya existente resultan difíciles de cuantificar, ya que no puede predecirse el grado de aceptación y los beneficios que los consumidores extraerán del mismo. 14
15 concentración pudiera producir, de modo que si los efectos anticompetitivos son significativos el beneficio que se traslade a los consumidores deberá igualmente ser sustancial. Cabe destacar que la carga de la prueba (onus probando) de las eventuales eficiencias recae sobre las partes, a las que corresponde no sólo la aportación de documentos que sirvan como prueba de las eficiencias conseguidas, sino también la justificación del cumplimiento de los requisitos indicados. En este sentido, la Sección 9 del Formulario de notificación 26 detalla las informaciones y documentos que deberán proporcionar las empresas notificantes para cada una de las eficiencias que acompañen a la concentración notificada. 3. NOVEDADES DESDE EL PUNTO DE VISTA JURISDICCIONAL: LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA COMISIÓN Y LOS ESTADOS MIEMBROS 3.1. Principio de ventanilla única o one stop-shop El control de concentraciones en la UE se basa en un sistema de control ex ante, en virtud del cual las concentraciones que reúnan los requisitos previstos en el Reglamento 139/2004 deben ser notificadas a la Comisión con carácter previo a su ejecución a fin de permitir a esta institución analizar y evaluar los efectos que dichas operaciones puedan tener sobre los mercados afectados. A tal efecto, existe una distribución de competencias entre la Comisión y las Autoridades Nacionales de Competencia de los Estados Miembros ( ANC ) con arreglo a la cual la Comisión tiene competencia exclusiva para el conocimiento de aquellas concentraciones que tengan dimensión comunitaria. 27 Ello implica que el sistema comunitario de control de concentraciones y los diversos sistemas nacionales de los Estados miembros sean regímenes excluyentes, en el sentido de que estos últimos deben abstenerse de aplicar sus normas nacionales de competencia a las operaciones de dimensión comunitaria. Por el contrario, el análisis de las concentraciones sin dimensión comunitaria es competencia de las ANC. Este sistema de distribución de competencias, fundamentado en el denominado principio de ventanilla única facilita pues la centralización en una sola autoridad de las notificaciones de concentraciones con dimensión comunitaria. De este modo, las empresas partícipes en una 26 Anexo I del Reglamento de Procedimiento. 15
16 concentración con efectos en varios Estados miembros no se ven obligadas a notificar aquélla en cada uno de esos países a fin de obtener las múltiples autorizaciones nacionales que sean necesarias bajo regímenes legales y procedimientos administrativos distintos. El carácter comunitario de una concentración se determina en función del volumen de negocios de las partes afectadas. A este respecto, se considera que una concentración tiene dimensión comunitaria cuando el volumen de negocios total - a escala mundial, comunitaria y, en su caso, nacional - de las empresas afectadas por la concentración supere determinados umbrales cuantitativos con independencia de que aquéllas tengan o no su sede o actividades principales en la UE. Así, una concentración tendrá dimensión comunitaria cuando: 28 a) el volumen de negocios total a escala mundial realizado por el conjunto de las empresas afectadas supere los millones de euros, y b) el volumen de negocios total a escala comunitaria realizado individualmente por al menos dos de las empresas afectadas por la concentración supere los 250 millones de euros, salvo que cada una de las empresas afectadas realice más de dos tercios de su volumen de negocios total comunitario en un mismo Estado miembro. 29 Alternativamente, una concentración que no alcance los anteriores umbrales tendrá dimensión comunitaria cuando: a) el volumen de negocios total a escala mundial realizado por el conjunto de las empresas afectadas supere los millones de euros; 27 Artículo 21 del Reglamento 139/ Vid. 1.2 y 1.3 del Reglamento 139/ El no cumplimiento del criterio de los dos tercios del volumen de negocios en un único y mismo Estado puede resultar fundamental para declarar la dimensión comunitaria de una concentración y atribuir así la competencia para su análisis a la Comisión. Tal ha sido el caso de la operación de concentración consistente en el proyecto de adquisición de la compañía eléctrica Endesa por la sociedad Gas Natural. Aun cuando dicha operación fue notificada inicialmente a las autoridades españolas de defensa de la competencia con fecha 12 de septiembre de 2005, la Comisión analizó, a raíz de una denuncia interpuesta por Endesa, si el análisis de dicha operación era de su competencia. La Comisión llegó a la conclusión de que en el año 2004 tanto Gas Natural como Endesa obtuvieron al menos el 75% de su volumen de negocios comunitario en España, esto es, más de dos tercios del total de dicho volumen, por lo que 16
17 b) en al menos tres Estados miembros, el volumen de negocios total realizado por el conjunto de las empresas afectadas supere los 100 millones de euros en cada uno de dichos Estados miembros; c) en al menos tres de los Estados miembros referidos anteriormente, el volumen de negocios total realizado individualmente por al menos dos de las empresas afectadas supere los 25 millones de euros en cada uno de dichos Estados miembros, y d) el volumen de negocios total a escala comunitaria realizado individualmente por al menos dos de las empresas afectadas supere los 100 millones de euros, salvo que cada una de las empresas afectadas realice más de dos tercios de su volumen de negocios total en la Comunidad en un mismo Estado miembro. La finalidad de este segundo nivel de umbrales, vigente desde la reforma del antiguo Reglamento 4064/89 por el Reglamento 1310/97, radica en permitir que operaciones de menores dimensiones, pero en las que las empresas partícipes realicen conjunta o individualmente un mínimo de actividades en tres o más Estados miembros, se integren en el ámbito de aplicación del Reglamento 139/2004, evitando así que deban ser analizadas en diversas jurisdiccionales nacionales con arreglo a múltiples legislaciones. Cabe señalar que los anteriores umbrales de volumen de negocios constituyen un criterio jurisdiccional objetivo y fácilmente cuantificable para la distribución de competencias entre la Comisión y las ANC a diferencia de otras disposiciones antitrust del Tratado CE cuya valoración puede implicar un mayor grado de complejidad. Tal sería, por ejemplo, el caso del requisito relativo a la afectación al comercio entre los Estados miembros al que se refieren los artículos 81 y 82 del Tratado CE para determinar si un acuerdo restrictivo de la competencia o una conducta abusiva de una posición de dominio deben ser analizados por la Comisión o las ANC. concluyó, con arreglo al artículo 1 del Reglamento 139/2004, que la operación carecía de dimensión comunitaria (vid. IP/05/1425 de 15 de noviembre de 2004). 17
18 3.2. Excepción: mecanismos correctores basados en un sistema de remisiones Sin perjuicio del sistema de distribución de competencias exclusivas entre la Comisión y las ANC basado en la dimensión comunitaria de una operación de concentración, el Reglamento 139/2004 prevé una serie de mecanismos correctores al objeto de garantizar que el análisis de una operación de concentración se efectúe por la autoridad mejor situada para realizar dicho examen, sea ésta la Comisión o la ANC de un Estado miembro. Esta posibilidad de remisión a solicitud de los Estados miembros aparecía ya recogida en los artículos 9 y 22.3 del Reglamento 4064/89. La novedad es que el Reglamento 139/2004 simplifica y flexibiliza (ampliando los plazos) el sistema de remisión de asuntos entre la Comisión y los Estados miembros, con el objetivo de garantizar, de conformidad con el principio de subsidiariedad, que cada caso sea examinado por la autoridad de competencia mejor situada, como se expone a continuación. En efecto, bajo el Reglamento 139/2004, la distribución de competencias entre la Comisión y las ANC se completa mediante un sistema de remisiones entre ambas autoridades que pueden tener lugar tanto antes como después de la notificación. Así, los Estados miembros y la Comisión siguen estando facultados para remitirse entre sí una concentración una vez que ésta haya sido objeto de notificación, tal y como contemplaba el Reglamento 4064/89. Pero la novedad más significativa del Reglamento 139/2004 reside en que se faculta a las partes notificantes para solicitar la remisión de una concentración a la Comisión o a un Estado miembro de forma total o parcial con carácter previo a la notificación en la jurisdicción que en principio sería competente Remisiones pre-notificación Remisión a la Comisión de operaciones de concentración sin dimensión comunitaria Las partes podrán solicitar la remisión a la Comisión de aquellas concentraciones que, si bien carecen de dimensión comunitaria, tienen que ser notificadas en al menos tres Estados miembros conforme a su normativa nacional. 30 El objetivo es evitar a las empresas la notificación en un gran número de Estados Miembros (con la consiguiente multiplicación de 30 Artículo 4.5 del Reglamento 139/
19 los trámites administrativos de notificación), solicitando a la Comisión que intervenga. Sin embargo, esta posibilidad no evita que las empresas se vean obligadas a examinar la regulación nacional de control de concentraciones en cada uno de los Estados miembros donde ésta produzca efectos. En efecto, al objeto de solicitar la remisión, las partes deberán cumplimentar un formulario especial denominado Formulario EM, 31 que requiere facilitar información muy detallada sobre la operación en dichos Estados, y que puede constituir una carga de trabajo importante, prácticamente equivalente a la preparación de una notificación. Teniendo en cuenta que la aceptación de la solicitud de remisión no está garantizada, dado que cualquier Estado miembro afectado por la operación puede oponerse sin necesidad de motivación alguna, resultaba incierto en los primeros meses de aplicación del Reglamento 139/2004 en qué medida las empresas realizarían el esfuerzo necesario para solicitar la remisión. En efecto, la remisión no es automática, sino que requiere la conformidad (aunque sea tácita) de todos los Estados miembros en los que la operación debería haber sido notificada. La Comisión informará a dichos Estados de la solicitud de remisión y estos dispondrán de un plazo de quince días laborables para oponerse, que se computarán desde la recepción del escrito remitido por la Comisión. Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado oposición, la concentración deberá ser considerada de dimensión comunitaria y examinada por la Comisión de conformidad con el Reglamento 139/2004. Sin embargo, la práctica desde la entrada en vigor del Reglamento 139/2004 demuestra que esta posibilidad está siendo objeto de utilización por las empresas de forma creciente, sin que los Estados miembros se hayan opuesto a ello en la mayor parte de las operaciones en las que se ha solicitado. 32 Remisión de operaciones de concentración con dimensión comunitaria a los Estados miembros 31 Las siglas EM se corresponden con las iniciales de las palabras Escrito Motivado de conformidad con lo previsto en los apartados 4 y 5 del Reglamento 139/2004. El Formulario EM se adjunta como Anexo III del Reglamento 802/ Hasta la fecha, la remisión de operaciones a la Comisión con carácter previo a su notificación bajo el Reglamento 139/2004 ha sido solicitada por las empresas afectadas en 19 ocasiones en 2004 y en 24 durante 2005 y concedida en 39 de ellas (se ha rechazado en 2 ocasiones en 2004 y en otras 2 en 2005). 19
20 El Reglamento 139/2004 permite también que las partes notificantes soliciten a la Comisión la remisión a un Estado miembro de operaciones de concentración de dimensión comunitaria. Esta posibilidad se prevé para aquellos supuestos en que la operación afecte significativamente a la competencia en el mercado de dicho Estado. 33 En este caso, el procedimiento de remisión se inicia con la presentación a la Comisión de una solicitud de la que ésta dará posteriormente traslado a todos los Estados miembros. A partir de la recepción de la solicitud de remisión, la ANC del Estado al que se pretende remitir la concentración, dispondrá de un plazo de quince días para manifestar su desacuerdo. Pero en este caso el consentimiento de la ANC no supondrá la remisión automática de la operación. La Comisión goza de discrecionalidad para decidir en un sentido u otro, en el plazo máximo de veinticinco días laborables contados desde la recepción de la solicitud. De no hacerlo así, se presumirá que su decisión es positiva, debiendo proceder a la remisión de la concentración al Estado miembro afectado. Esta posibilidad está también siendo objeto de utilización creciente por las empresas desde la entrada en vigor del Reglamento 139/2004, si bien su número es claramente inferior al de las solicitudes de remisión formuladas bajo el artículo 4.5 (esto es, solicitudes de remisión a la Comisión) Remisiones post-notificación Remisión de operaciones de concentración con dimensión comunitaria a los Estados miembros Los Estados miembros pueden solicitar la remisión del análisis de una concentración con dimensión comunitaria inicialmente notificada a la Comisión en dos supuestos: Las estadísticas relativas a la aplicación del Reglamento 139/2004 se encuentran disponibles en: 33 Artículo 4.4. del Reglamento 139/ Hasta la fecha, la remisión de operaciones a los Estados Miembros con carácter previo a su notificación bajo el Reglamento 139/2004 ha sido solicitada por las empresas afectadas en 2 ocasiones en 2004 y en 10 durante 2005 y concedida en todas ellas. Vid. 20
Naciones Unidas Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo TD/RBP/CONF.7/L.6 Distr. limitada 30 de agosto de 2010 Español Original: inglés Sexta Conferencia de las Naciones Unidas encargada
contempla la notificación por el criterio de cuota de mercado sino únicamente el basado en el volumen de negocios de las empresas partícipes.
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