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Timestamp: 2018-06-23 16:46:16
Document Index: 297597358

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 47', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 47', 'artículo 5', 'artículo 4']

Publicado en DOUEL núm. 297 de 04 de Noviembre de 2016
Artículo 4 Asistencia jurídica gratuita en los procesos penales
Artículo 5 Asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de orden europea de detención
Artículo 6 Decisiones relativas a la concesión de la asistencia jurídica gratuita
Artículo 7 Calidad de los servicios de asistencia jurídica gratuita y formación
Artículo 8 Vías de recurso
Artículo 9 Personas vulnerables
Artículo 10 Comunicación de datos y presentación de informes
Artículo 11 No regresión
DOUEL 5 Abril 2017. Corrección de errores Directiva 2016/1919 UE, de 26 Oct. (asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención)
Directiva CE 2016/1919, 26 octubre rectificada por Corrección de errores («D.O.U.E.L.» 5 abril 2017).
(3) El artículo 47, apartado tercero, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»); el artículo 6, apartado 3, letra c), del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, « CEDH»), y el artículo 14, apartado 3, letra d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en lo sucesivo, « PIDCP») consagran el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales, de conformidad con las condiciones indicadas en dichas disposiciones. La Carta tiene el mismo valor jurídico de los Tratados, y los Estados miembros son parte del CEDH y del PIDCP. Sin embargo, la experiencia ha puesto de manifiesto que, por sí sola, esta circunstancia no siempre aporta el grado de confianza suficiente en los sistemas de justicia penal de los demás Estados miembros.
(6) Hasta la fecha se han adoptado, en virtud del plan de trabajo, cinco medidas sobre los derechos procesales en el proceso penal: las Directivas 2010/64/UE (7) , 2012/13/UE (8) , 2013/48/UE, (UE) 2016/343 (9) y (UE) 2016/800 (10) del Parlamento Europeo y del Consejo.
(12) En algunos Estados miembros se consideran infracciones penales ciertas infracciones leves, en particular infracciones leves de tráfico rodado, infracciones leves de ordenanzas municipales generales e infracciones leves del orden público. En tales situaciones, no sería razonable exigir que las autoridades competentes garanticen todos los derechos que reconoce la presente Directiva. Así pues, en los casos en que, con arreglo a la normativa de un Estado miembro, no puedan imponerse sanciones que conlleven privación de libertad para infracciones leves, la presente Directiva solo debe aplicarse a los procesos incoados ante órganos jurisdiccionales competentes en materia penal.
(13) La aplicación de la presente Directiva a infracciones leves queda supeditada a las condiciones en ella establecidas. Los Estados miembros deben poder aplicar una evaluación de medios económicos o una evaluación de méritos para decidir si se tiene que conceder la asistencia jurídica gratuita. Siempre que se respete el derecho a un juicio justo, será posible considerar no superada la evaluación de méritos en el caso de determinadas infracciones leves.
(14) El ámbito de aplicación de la presente Directiva en relación con ciertas infracciones leves no debe ser óbice para que los Estados miembros respeten las obligaciones que hayan contraído en virtud del CEDH a fin de garantizar el derecho a un proceso equitativo, lo que incluye la obtención de asistencia letrada.
(15) Siempre que se respete el derecho a un juicio justo, la siguientes situaciones no se consideran privaciones de libertad en el sentido de la presente Directiva: la identificación del sospechoso o acusado; la decisión sobre la procedencia de iniciar una investigación; la comprobación de la posesión de armas u otras cuestiones de seguridad similares; los actos de investigación o de obtención de pruebas que no sean los mencionados específicamente en la presente Directiva, como los cacheos, los reconocimientos físicos, los análisis de sangre, de detección de alcohol u otros similares, o la obtención de fotografías o de huellas dactilares, la presentación del sospechoso o acusado ante una autoridad competente de conformidad con el Derecho nacional.
(16) La presente Directiva establece normas mínimas. Los Estados miembros deben poder conceder la asistencia jurídica gratuita en situaciones que no estén contempladas en la presente Directiva, por ejemplo cuando se llevan a cabo actos de investigación o de obtención de pruebas que no sean los mencionados específicamente en la presente Directiva.
(17) De conformidad con el artículo 6, apartado 3, letra c), del CEDH, los sospechosos y acusados que carecen de medios suficientes para sufragar la asistencia jurídica, tienen derecho a ser asistidos gratuitamente cuando los intereses de la justicia lo exijan. Esta norma mínima permite a los Estados miembros aplicar una evaluación de medios económicos, una evaluación de méritos, o ambas. La aplicación de estas evaluaciones no debe introducir limitaciones o excepciones a los derechos o garantías procesales reconocidos por la Carta y el CEDH, según la interpretación del Tribunal de Justicia y del TEDH.
(18) Los Estados miembros deben adoptar disposiciones prácticas relativas a la prestación de la asistencia jurídica gratuita. Estas disposiciones pueden establecer que la asistencia jurídica gratuita se conceda previa solicitud del sospechoso, acusado o persona buscada. Habida cuenta en particular de las necesidades de las personas vulnerables, dicha solicitud no debe, sin embargo, considerarse un requisito sustantivo, para la concesión de la asistencia jurídica gratuita.
(19) Las autoridades competentes deben conceder la asistencia jurídica gratuita sin demora injustificada y, a más tardar, antes del interrogatorio que efectúe la policía, otra autoridad policial o una autoridad judicial, o antes de que se lleven a cabo los actos de investigación o de obtención de pruebas específicos a que se refiere la presente Directiva. Si las autoridades competentes no pudieran concederla con la debida antelación, deben conceder al menos una asistencia jurídica gratuita de urgencia o provisional antes de que se lleven a cabo el interrogatorio o los actos de investigación o de obtención de pruebas.
(20) Dada la especificidad de la orden europea de detención, la interpretación de las disposiciones de la presente Directiva que se refieran únicamente a las personas buscadas debe tener en cuenta esta especificidad y no debe ir en modo alguno en perjuicio de la interpretación de las demás disposiciones de la presente Directiva.
(21) Las personas buscadas deben tener derecho a la asistencia jurídica gratuita en el Estado miembro de ejecución. Además, las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención con miras a efectos de su persecución penal y que hayan ejercido su derecho a designar un abogado en el Estado miembro emisor de conformidad con la Directiva 2013/48/UE, deben estar legitimadas para pedir la asistencia jurídica gratuita en dicho Estado miembro para los fines de dicho procedimiento en el Estado miembro de ejecución, en la medida en que la asistencia jurídica gratuita sea necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva, según lo dispuesto en el artículo 47 de la Carta. Así ocurriría si el letrado del Estado miembro de ejecución no puede desarrollar su labor relativa a la ejecución de una orden europea de detención de modo eficaz y eficiente sin la asistencia de un letrado en el Estado miembro emisor. Las decisiones sobre la concesión de la asistencia jurídica gratuita en el Estado miembro emisor deben ser adoptadas por una autoridad que sea competente para adoptar decisiones sobre la asistencia judicial gratuita en dicho Estado miembro con arreglo a criterios establecidos por dicho Estado miembro al aplicar la presente Directiva.
(22) Para garantizar a las personas buscadas el acceso efectivo a la asistencia de letrado, los Estados miembros deben garantizar que las personas buscadas tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita hasta su entrega, o, hasta que la decisión de no proceder a la entrega sea firme.
(23) Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por el respeto del derecho fundamental a la asistencia jurídica gratuita establecido en la Carta y en el CEDH. Deben respetar asimismo los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal.
(24) Sin perjuicio de las disposiciones del Derecho nacional sobre la presencia obligatoria de un letrado, la autoridad competente debe decidir sobre la concesión o denegación de la asistencia jurídica gratuita sin demora injustificada. La autoridad competente debe ser una autoridad independiente que sea competente para adoptar decisiones relativas a la concesión de asistencia jurídica gratuita o un órgano jurisdiccional, incluidos los de composición unipersonal. En situaciones de urgencia, la intervención temporal de la policía o la fiscalía también han de ser posibles en la medida en que resulte necesario para conceder la asistencia jurídica gratuita en tiempo oportuno.
(25) Cuando se haya concedido la asistencia jurídica gratuita a un sospechoso, acusado o persona buscada, una forma de garantizar su efectividad y calidad es facilitar la continuidad de su asistencia jurídica. A este respecto, los Estados miembros deben facilitar la continuidad de la asistencia jurídica durante el proceso penal así como, en su caso, en el procedimiento de orden europea de detención.
(26) Debe proporcionarse formación adecuada al personal que participe en el proceso decisorio sobre la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales y en el procedimiento de orden europea de detención. Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias en la organización del sistema judicial en la Unión, los Estados miembros deben exigir que las personas encargadas de la formación de los jueces ofrezcan tal formación a los tribunales y jueces que tomen las decisiones de conceder la asistencia jurídica.
(27) El principio de eficacia del Derecho de la Unión exige que los Estados miembros implanten vías de recurso adecuadas y eficaces en caso de vulneración de algún derecho otorgado a las personas físicas por el Derecho de la Unión. Debe disponerse de una vía eficaz de recurso cuando el derecho a la asistencia jurídica gratuita se vea menoscabado, o la prestación de la asistencia jurídica gratuita se demore o deniegue total o parcialmente.
(28) A fin de supervisar y evaluar la eficacia de la presente Directiva, es necesario que los Estados miembros recopilen los datos pertinentes, del conjunto de datos disponibles, sobre el ejercicio de los derechos establecidos en la misma. Estos datos deben incluir, cuando sea posible, el número de solicitudes de asistencia jurídica gratuita en el marco de los procesos penales y del procedimiento de orden europea de detención cuando el Estado miembro en cuestión actúa como Estado miembro emisor o de ejecución, así como el número de casos en que se concedió la asistencia y el número de casos en que la solicitud de asistencia fue denegada. También deben recogerse, en la medida de lo posible, datos sobre los costes de prestación de la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos o acusados y a las personas buscadas.
(29) La presente Directiva debe aplicarse a los sospechosos, acusados y personas buscadas, independientemente de su situación jurídica, ciudadanía o nacionalidad. Los Estados miembros deben respetar y garantizar los derechos establecidos en la presente Directiva, sin discriminación alguna por motivo alguno, como la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, la nacionalidad, el origen étnico o social, el patrimonio, la discapacidad o el nacimiento. La presente Directiva promueve los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta y el CEDH, incluidos la prohibición de la tortura y del trato inhumano o degradante, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la integridad de la persona, los derechos del menor, la integración de las personas discapacitadas, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y los derechos de defensa. La aplicación de la presente Directiva debe llevarse a cabo de conformidad con estos derechos y principios
(30) La presente Directiva establece normas mínimas. Los Estados miembros deben poder ampliar los derechos establecidos en la presente Directiva con el fin de proporcionar un nivel más elevado de protección. Este mayor nivel de protección no debe constituir un obstáculo para el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales que las normas mínimas pretenden facilitar. El nivel de protección proporcionado por los Estados miembros no debe ser nunca inferior al de las normas establecidas en el CEDH, tal como las han interpretado el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(31) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de normas mínimas comunes relativas al derecho de los sospechosos, acusados y personas buscadas, a la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor en el ámbito de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.
(32) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda con respecto al espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva, y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicación.
(33) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.
b) las personas objeto de un procedimiento de orden europea de detención en virtud de la Decisión Marco 2002/584/JAI (en lo sucesivo, «personas buscadas»).
a) cuando se ponga a un sospechoso o acusado a disposición del órgano jurisdiccional competente para decidir sobre su detención en cualquier fase del proceso dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, y
1. A más tardar el 5 de mayo de 2021 y, posteriormente, cada tres años, los Estados miembros comunicarán a la Comisión los datos disponibles relativos a la forma en que se han aplicado los derechos establecidos en la presente Directiva.
2. A más tardar el 5 de mayo de 2022, y, posteriormente cada tres años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva. En su informe, la Comisión evaluará la aplicación de la presente Directiva en lo que se refiere al derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales y en el procedimiento de orden europea de detención.
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 5 de mayo de 2019. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Posición del Parlamento Europeo de 4 de octubre de 2016 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 13 de octubre de 2016.
Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).
Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (DO L 132 de 21.5.2016, p. 1).