Source: https://es.scribd.com/document/438284097/Sentencia-de-la-suspension-definitiva-otorgada-a-Adriana-Jimenez-Ver-paginas-17-y-18
Timestamp: 2020-02-26 20:59:29
Document Index: 307300303

Matched Legal Cases: ['artículo 135', 'artículo 148', 'artículo 149', 'artículo 150', 'artículo 144', 'artículo 140', 'artículo 143', 'artículo 15', 'artículo 144', 'artículo 107', 'artículo 103', 'Artículo 128', 'artículo 129', 'artículo 131', 'artículo 135', 'artículo 22', 'artículo 27', 'artículo 142', 'artículo 3', 'artículo 107', 'artículo 147', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 107', 'artículo 128', 'ARTÍCULO 124', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 129', 'ARTÍCULO 129', 'ARTÍCULO 107', 'artículo 107', 'artículo 129', 'artículo 129', 'artículo 124', 'artículo 2', 'artículo 124', 'artículo\n107', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo\n124', 'artículo 107', 'artículo 128', 'artículo 161', 'artículo 140', 'artículo 124', 'artículo 150', 'artículo 107', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 107', 'artículo 124', 'artículo 107', 'e contrario', 'artículo 124', 'artículo 124']

Sentencia de la suspensión definitiva otorgada a Adriana Jiménez (Ver páginas 17 y 18) | Mandato | Caso de ley
Sentencia de la suspensión definitiva otorgada a Adriana Jiménez (Ver páginas 17 y 18)
El Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió a la clavadista Adriana Jiménez la suspensión definitiva para que continúe recibiendo la beca del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) en tanto se resuelve el fondo del asunto.
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INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1681/2019
Audiencia incidental. Suspensión definitiva
Ciudad de México, tres de diciembre de dos mil diecinueve, el secretario
da cuenta al secretario encargado del despacho con el estado que guardan los
autos del presente incidente, así como con el oficio y el escrito registrados con
los folios 24261 y 24321 y acto seguido CERTIFICA lo siguiente:
¿La parte quejosa comparece a juicio aduciendo un interés X
legítimo? Deberá estar acreditado el daño inminente e
irreparable a su pretensión y el interés social que justifique su
¿Existe tercero interesado? Señalar garantía X
¿La parte quejosa es un núcleo de población? No requiere X
¿El amparo se solicita contra actos relativos a determinación, X
liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de
naturaleza fiscal? Señalar garantía ante la autoridad exactora y
excepcionalmente dispensarla en los casos del artículo 135 de la
¿La parte quejosa es una persona moral oficial? Exentar garantía X
¿Se requiere algún documento o diligencia adicional para X
resolver la suspensión definitiva? Acordar
¿Se reclaman normas autoaplicativas sin acto de aplicación? X
Efectos del artículo 148 de la Ley de Amparo
¿Se reclaman normas con motivo de un acto de aplicación? X
¿Existe algún particular que tenga o deba tener intervención en X
la ejecución, efectos o consecuencias del acto reclamado?
Efectos del artículo 149 de la Ley de Amparo
¿Se reclaman actos dentro de un procedimiento? Efectos del X
artículo 150 de la Ley de Amparo
¿Las autoridades responsables fueron omisas en rendir sus X
informes previos? Imponer multa con excepción de autoridades
¿Se interpuso recurso de queja en contra de la suspensión X
provisional? Mandar oficio al Tribunal Colegiado de Circuito
Primera fase. Apertura
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con treinta y cuatro
minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la
celebración de la audiencia incidental, ante la presencia del secretario encargado
del despacho, asistido del secretario, de conformidad con el artículo 144 de la
Ley de Amparo se abre la audiencia y se hace constar que no comparecen las
Acto, se procede a acordar las promociones presentadas por las partes
recibidas en forma previa a la apertura de la presente audiencia incidental, así
como en su caso las que se hubieren reservado en los siguientes términos:
  
Agréguese a sus autos el oficio suscrito por el Director de Procesos
Jurisdiccionales de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la
Secretaría de Educación Pública en representación del titular de dicha secretaría
mediante el cual rinde su informe previo, por lo que, con fundamento en el
artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe.
Segunda fase. Informes previos
Acto seguido el secretario da cuenta con los informes previos rendidos por
las autoridades responsables en los siguientes términos:i
Autoridad responsable ¿Rindió informe?
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte X
Secretario de Educación Pública X
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos X
Tercera fase. Pruebas
I. Documentales. De conformidad con el artículo 143 de la Ley de
Amparo, el cual dispone que serán admisibles en la audiencia incidental las
pruebas documental y de inspección judicial, así como excepcionalmente la
testimonial en los casos a que se refiere el artículo 15 del citado ordenamiento,
se tienen como pruebas documentales de la parte quejosa en el presente juicio,
las que ya obraban en autos, y que fueron en su caso cotejadas y certificadas
previamente por este juzgado en atención a la jurisprudencia 2ª./J. 19/2012
(registro 2000319)ii.
Cuarta fase. Alegatos
Atento a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse
por formulados los alegatos que exhibieron por escrito las partes conforme a la
Parte ¿Formuló alegatos?
Quejosa Sí
Comisión Nacional de Cultura Física y No
Secretario de Educación Pública No
Presidente de los Estados Unidos No
Asimismo, ténganse por admitidas las pruebas documentales ofrecidas
por la parte quejosa en su escrito de alegatos, y al efecto se acuerda tenerlas por
desahogadas conforme a su propia y especial naturaleza en términos de lo
dispuesto en los artículos 129, 130 y 133 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria.
Quinta fase. Resolución sobre la suspensión definitiva
Como cuestión previa, resulta necesario hacer referencia a lo dispuesto
en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como al diverso numeral 128 de la Ley de Amparo, los cuales
“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán
a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con
X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y
mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo
cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo
permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen
derecho y del interés social.
Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la
suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el
último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos
II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan
disposiciones de orden público.
Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de
protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna
autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad
o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de
investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.
Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de
Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica,
no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión
Federal de Competencia Económica imponga multas o la
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas
se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso,
se promueva.”
De los preceptos mencionados se desprende que los requisitos para
conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados son los siguientes:
1. Que la solicite el quejoso.
2. Que exista el acto reclamado.
3. Que la naturaleza del acto permita su suspensión.
4. Que no se trate de órdenes o medidas de protección dictadas en
términos de la legislación aplicable por alguna autoridad
administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o
integridad de una persona y la ejecución de una técnica de
5. Que no se trate de normas generales, actos u omisiones del
Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal
de Competencia Económica, salvo en los casos en que la
Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o
la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o
6. Que se acredite el interés suspensional y se supere el análisis
ponderado de la apariencia del buen derecho.
7. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan
disposiciones de orden público; lo anterior, en el entendido de
que, por regla general, -y si bien excepcionalmente se puede
conceder la suspensión cuando de negarse pudiera causarse
mayor afectación al interés social-, se subsumen en este supuesto
los previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo, a saber
aquéllos en los que, de concederse la suspensión:
a. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así
como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;
b. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;
c. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus
d. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera
necesidad o de consumo necesario;
e. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de
carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas
f. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la
g. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan
como finalidad la defensa de la integridad territorial, la
independencia de la República, la soberanía y seguridad
nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el
cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a
quienes pertenecen al régimen castrense;
h. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda
causar trastorno emocional o psíquico;
i. Se impida el pago de alimentos;
j. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción
esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno
de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se
incumplan con las normas relativas a regulaciones y
restricciones no arancelarias a la exportación o importación,
salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se
apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se
incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la
producción nacional;
k. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la
intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades
financieras, y además actos que sean impostergables, siempre
en protección del público ahorrador para salvaguardar el
sistema de pagos o su estabilidad;
l. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de
dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso
de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento,
procederá la suspensión;
m. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento
o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
8. En el caso de que el quejoso comparezca con un interés legítimo,
el quejoso debe acreditar el daño inminente e irreparable a su
pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que
justifique su otorgamiento.
El análisis sobre el cumplimiento de los anteriores elementos constituye
una estructura escalonada que rige el estudio de la procedencia de la
suspensión, de tal manera que si en un caso concreto no se surte alguno de los
requisitos mencionados, será innecesario el análisis de los subsecuentes.
Así, este juzgador procede a determinar si en el caso concreto se surten
los requisitos para conceder la suspensión respecto de los actos reclamados por
la parte quejosa, en los siguientes términos:
Primer requisito para conceder la suspensión
(Solicitud del quejoso)
Autoridad responsable Acto reclamado
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a) La emisión de la orden de baja de la quejosa del
Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento que dio
a conocer mediante el comunicado de treinta de
octubre de dos mil diecinueve.
b) Los efectos y consecuencias de dicho acto.
c) La omisión de enviar a la quejosa la
documentación para suscribir la Carta de
Aceptación-Compromiso correspondiente al dos mil
d) Los efectos y consecuencias de dicha omisión.
La quejosa solicitó la suspensión para el efecto de que continúe
recibiendo las prestaciones que venía percibiendo derivadas del Fondo para el
Deporte de Alto Rendimiento hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del
Segundo requisito para conceder la suspensión
(Existencia del acto)
El segundo requisito de la suspensión consiste en verificar la existencia
del acto reclamado, para lo cual, tratándose de la suspensión definitiva, es
necesario atender en principio al contenido de los informes previos, pues en caso
de no rendirse, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo debe
presumirse su certeza; mientras que, si la autoridad responsable lo niega, la
carga probatoria sobre su existencia se arroja a la parte quejosa.
En el caso concreto, respecto de los primeros actos que le fueron
reclamados a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, esto es, a) la
emisión de la orden de baja de la quejosa del Fondo para el Deporte de Alto
Rendimiento que dio a conocer mediante el comunicado de treinta de octubre de
dos mil diecinueve y b) sus efectos y consecuencias, dicha autoridad
responsable en su informe previo manifestó que no son ciertos.
Sin embargo, la autoridad manifiesta que la quejosa cometió infracciones
a las Reglas de Operación del citado fondo (foja 72) y, por ende, no existe
certeza de que no haya sido iniciado el procedimiento de baja o que no haya sido
emitida una resolución en ese sentido, de ahí que deban tenerse por cierto los
actos reclamados. Máxime que dicha autoridad manifiesta que no se le dio de
baja a la quejosa a través del comunicado sino por las infracciones que cometió
(foja 72).
Sirve de apoyo la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del
Sexto Circuito (registro 211004), de rubro:
ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU
INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE
EVIDENCIAN SU CERTEZA.
En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus
informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y
llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no
puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos
reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se
desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto
desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos
los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.
Por otra parte, respecto de los actos reclamados restantes, esto es, c) la
omisión de enviar a la quejosa la documentación para suscribir la Carta de
Aceptación-Compromiso correspondiente a esta anualidad y d) sus efectos y
consecuencias, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte expone que no
son ciertos, toda vez que no constituye una obligación para dicho organismo el
entregar los documentos mencionados a la deportista. Lo anterior, ya que de
conformidad con el artículo 3.2.1.2 de las Reglas de Operación del fondo en
comento se desprende que la obligación de entregar los documentos
mencionados recae en la quejosa y no en la autoridad responsable (foja 71).
De esa forma, al haber acreditado la autoridad responsable que no tenía
la obligación legal de realizar la conducta cuya omisión se reclama en el presente
juicio, aunado al hecho de que la quejosa no desvirtúa lo manifestado por la
autoridad, lo procedente es tener por inexistente la omisión reclamada y sus
efectos y consecuencias.
Así, derivado de lo expuesto en líneas precedentes, puede concluirse
respecto de la certeza de los actos reclamados la síntesis que aparece en el
¿Se desprende la
Comisión Nacional de Cultura a) La emisión de la orden de baja de
Física y Deporte la quejosa del Fondo para el Deporte
de Alto Rendimiento que dio a
conocer mediante el comunicado de
treinta de octubre de dos mil
b) Los efectos y consecuencias de
dicho acto
documentación para suscribir la
Carta de Aceptación-Compromiso X
correspondiente al dos mil
d) Los efectos y consecuencias de
dicha omisión
En tal virtud, dado que no se acredita la existencia de algunos de los
actos reseñados en el cuadro anterior, respecto de los mismos procede negar la
Tercer requisito para conceder la suspensión
(Naturaleza del acto)
El tercer requisito del otorgamiento de la suspensión consiste en verificar
que la naturaleza del acto sea compatible con la medida suspensional y que, por
ende, pueda ser objeto de paralización. Este requisito tiene sustento en el
artículo 107, fracción X, constitucional, el cual dispone que la suspensión del acto
reclamado procederá, entre otros requisitos, cuando la naturaleza del acto
permita su suspensión.
A fin de comprobar lo anterior, es necesario acudir a los criterios emitidos
por los tribunales federales, en los cuales se han diferenciado los actos que
pueden ser objeto de suspensión. Tradicionalmente, dichos actos se habían
c. Omisiones simples
d. Negativos con efectos positivos
e. Consumados totalmente
f. Consumados parcialmente
g. Continuados o de tracto sucesivo
h. Futuros inminentes
i. Futuros inciertos
j. Declarativos simples
k. Declarativos con principios de ejecución
Sin embargo, a juicio de este juzgador, dicha clasificación debe ampliarse,
pues conforme al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo vigente,
la suspensión ahora puede tener por efecto no solo que las cosas se mantengan
en el estado que guarden, sino que, de ser jurídica y materialmente posible, se
pueden dar efectos restitutorios provisionales al quejoso en el goce del derecho
violado mientras se dicta sentencia definitiva en el juicio de amparo. Esta
posibilidad jurídica y material debe entenderse en el sentido de que, si bien
pueden darse efectos restitutorios provisionales al concederse la suspensión,
éstos en ningún momento puedan convertirse en definitivos, sino que deben
poder desaparecer en caso de que la pretensión del quejoso no prospere dentro
del juicio, ya sea porque se sobresea o bien porque se niegue el amparo.
Así, debe ponderarse en cada caso concreto si el efecto restitutorio que
se pudiera otorgar mediante la suspensión tendría o no efectos definitivos que no
pudieran revertirse en caso de un sobreseimiento o negativa del amparo, pues en
caso de que así fuere, la suspensión no debe otorgarse, ya que se darían efectos
restitutorios definitivos que son materia únicamente de una eventual concesión
Por tal motivo, a la clasificación tradicional de los actos en cuanto a su
naturaleza para la procedencia de la suspensión, a juicio de este juzgador deben
agregarse los siguientes:
l. Omisiones con posibilidad de restitución provisional en el goce del
derecho violado.
m. Consumados totalmente con posibilidad de restitución provisional
en el goce del derecho violado.
n. Continuados o de tracto sucesivo con posibilidad de restitución
provisional en el goce del derecho violado por lo que se refiere a la
parte consumada.
En síntesis, para efectos de determinar la procedencia de la
suspensión, los actos reclamados pueden revestir la siguiente naturaleza:
h. Inminentes
l. Omisiones con posibilidad de restitución provisional en el goce
del derecho violado.
m. Consumados totalmente con posibilidad de restitución
provisional en el goce del derecho violado.
provisional en el goce del derecho violado por lo que se refiere a
la parte consumada.
Las características de los actos a que se refiere la clasificación anterior se
desprende de lo expuesto a continuación:
a. Actos positivos. Son aquéllos que implican un dar o un hacer
por parte de la autoridad responsable, esto es, entrañan una
acción, orden, prohibicióniii, privación o molestia. En estos
casos se considera que su naturaleza resulta compatible con
la medida suspensional, toda vez que el acto positivo
representa un actuar de la autoridad que puede ser paralizado
para conservar la materia del juicio, lo que a su vez repercute
en que no se siga causando perjuicio a la esfera jurídica del
quejoso mientras se dicta sentencia definitiva.
b. Actos negativos. Son aquéllos que comprenden una negativa
de la autoridad para actuar en cierto modo o resolver en favor
de los intereses del quejoso. En este supuesto se estima que
la medida cautelar es incompatible con la naturaleza de los
actos negativos, toda vez que una eventual concesión de la
suspensión tendría efectos constitutivos.
c. Omisiones simples. Son aquéllos que implican un no hacer o
un no actuar de la autoridad responsable cuando tiene
obligación de hacerlo. En esta hipótesis se considera que
tales actos no pueden ser objeto de suspensión, pues al igual
que ocurre con los de naturaleza negativa, una eventual
concesión de la suspensión tendría efectos constitutivos.iv
d. Actos negativos con efectos positivos. Son aquéllos que,
en principio, participan de la naturaleza de los actos negativos
y omisivos, toda vez que involucran un rechazo o una
abstención de la autoridad a actuar en sentido determinado,
pero que, no obstante ello, generan indirectamente un efecto
positivo que repercute en la esfera jurídica del quejoso. En
estos casos, se considera que los actos en cuestión sí pueden
ser suspendidos, lo que no implica dar efectos restitutorios a
la medida suspensional por lo que al acto negativo concierne,
sino que solamente se traduce en paralizar los actos o efectos
positivos que se producen de manera indirecta.v
e. Actos consumados totalmente. Son aquéllos en los que el
acto y sus consecuencias se han ejecutado en su totalidad. Al
respecto, se estima que no procede la suspensión, pues se
otorgarían efectos restitutorios que son propios de la
sentencia definitiva.vi
f. Actos consumados parcialmente. Son aquéllos en los que
el acto se ha ejecutado, pero aún no sus efectos y
consecuencias, de modo tal que respecto de estos últimos sí
pueden concederse la suspensión.
g. Actos continuados o de tracto sucesivo. Dentro de la
categoría de estos actos se incluyen aquéllos en los que el
propio acto, o bien sus efectos y consecuencias no se
consuman inmediatamente, sino que continúan ejecutándose
en el tiempo o, por lo menos, hasta que se desarrolla un
número determinado de actuaciones subsecuentes. Al
respecto, se considera que sí procede conceder la
suspensión, la cual tendrá por efecto paralizar el desarrollo de
los actos o consecuencias que se siguen ejecutando o que
irremediablemente habrán de ejecutarse. Lo anterior, con la
precisión de que, por regla general, la suspensión no opera
sobre los actos ya realizados, sino solamente sobre aquéllos
que aún no se han verificado. Asimismo, es importante
distinguir la ejecución instantánea de un acto respecto de sus
consecuencias que se prolongan en el tiempo, es decir,
existen ocasiones en las que el acto reclamado se emite y se
consuma de manera inmediata, pero sus efectos se prolongan
de manera positiva en el tiempo. En estos casos, es
procedente conceder la suspensión únicamente por lo que
hace a los efectos o consecuencias que posteriormente
puedan ejecutarse, siempre que estos últimos en sí mismos
permitan ser suspendidos atendiendo a su propia naturaleza.vii
h. Actos inminentes. Son aquéllos que aún no se han realizado,
pero que existe certeza y seguridad de que se realizarán, al
ser, generalmente, consecuencia de otros que ya existen. La
práctica jurisprudencial se ha inclinado por considerar que sí
es procedente conceder la suspensión, la cual tendrá por
efecto detener la realización del acto respecto del cual se
tiene plena certeza que se va a ejecutar.viii
i. Actos futuros inciertos. Son aquéllos que no se han
realizado y que no se tiene certeza de que se realizarán, ya
sea porque su acaecimiento depende de la voluntad del
quejoso o del ejercicio de una facultad discrecional de la
autoridad. Al ser de naturaleza contingente, su ejecución
dependerá de la conducta que asuma la autoridad o el
quejoso, pero sin que exista la plena seguridad de que el acto
llegue a realizarse, por tanto, se ha considerado que la
suspensión en su contra resulta improcedente.ix
j. Actos declarativos: Son aquéllos que por sí solos carecen de
ejecución real y material, toda vez que no prescriben o
mandan una conducta determinada que tenga que
desarrollarse de modo imperativo. En estos casos se ha
sostenido que la suspensión es improcedente, toda vez que
no existe materia alguna qué suspender.x
k. Actos declarativos con principios de ejecución: Son
aquéllos que por sí mismos carecen de ejecución, pero que
por sus consecuencias se genera la ejecución imperativa de
un acto. En estos casos, por regla general, procede conceder
la suspensión siempre que exista una concatenación entre el
acto declarativo y sus efectos positivos.xi
l. Omisiones con posibilidad de restitución provisional en el
goce del derecho violado. Son aquéllos que implican un no
hacer o un no actuar por parte de la autoridad cuando existe
una norma expresa que la obliga a actuar en el sentido
pretendido por el quejoso. En estos casos, mediante la
suspensión se puede obligar provisionalmente a que actúe
para lograr el goce del derecho humano violado; lo anterior,
siempre que en el caso concreto se cuente con la posibilidad
jurídica y material de que posteriormente las cosas vuelvan al
estado que tenían como si la suspensión no se hubiera
concedido en caso de que se sobresea o niegue el amparo.
provisional en el goce del derecho violado. Son aquéllos
que aun cuando ya se agotaron en su totalidad, puede
otorgarse la suspensión para restablecer provisionalmente al
quejoso en el goce del derecho violado; lo anterior, siempre
que en el caso concreto se cuente con la posibilidad jurídica y
material de que posteriormente las cosas vuelvan al estado
que tenían como si la suspensión no se hubiera concedido en
caso de que se sobresea o niegue el amparo.
n. Continuados o de tracto sucesivo con posibilidad de
restitución provisional en el goce del derecho violado por
lo que se refiere a la parte consumada. Dentro de la
precisión de que, de manera excepcional, la suspensión
puede concederse para restablecer provisionalmente al
quejoso en el goce del derecho violado respecto de la parte
consumada siempre que en el caso concreto se cuente con la
posibilidad jurídica y material de que posteriormente las cosas
vuelvan al estado que tenían como si la suspensión no se
hubiera concedido en caso de que se sobresea o niegue el
Así, una vez expuestos los requisitos necesarios para analizar la
naturaleza del acto reclamado para efectos de la suspensión definitiva, procede
determinar en el caso concreto cuál es la naturaleza de los actos cuya
suspensión solicitó la parte quejosa, y que previamente se ha acreditado su
existencia, en los siguientes términos:
Permite Impide
Autoridad responsable Acto reclamado Naturaleza
suspensión suspensión
Comisión Nacional de a) La emisión de la orden de baja
Cultura Física y Deporte de la quejosa del Fondo para el
Deporte de Alto Rendimiento que
Consumado X
dio a conocer mediante el
comunicado de treinta de
b) Los efectos y consecuencias
de dicho acto.
En efecto, el acto reclamado consistente en la emisión de la orden de baja
constituye un acto consumado, puesto que no es posible, aun con la concesión
de la medida cautelar, revertirlo y desaparecerlo, por lo que tampoco resulta
procedente otorgar la suspensión solicitada.
Por otra parte, el suscrito estima que respecto de los efectos y
consecuencias del acto reclamado que en esencia constituye la suspensión de
los pagos que venía recibiendo la quejosa, es posible conceder la suspensión
solicitada, ya que en ellos se contienen prohibiciones por parte de la autoridad,
compatibles con la medida cautelar.
Cuarto y quinto requisitos para conceder la suspensión
(Órdenes para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona,
ejecución de técnicas de investigación y medidas cautelares en materia
penal) (Normas, actos u omisiones del IFETEL y de la COFECE)
Cabe señalar que en el caso concreto los actos respecto de los cuales se
solicita la suspensión no se ubican en las hipótesis de los párrafos segundo y
tercero del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que no se tratan de
órdenes para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, ejecución
de técnicas de investigación o medidas cautelares, o bien de actos del Instituto
Federal de Telecomunicaciones o de la Comisión Federal de Competencia
Sexto y séptimo requisitos para conceder la suspensión
(Acreditación del interés suspensional)
(Análisis ponderado de la apariencia del buen derecho)
(Verificación de que no se sigue perjuicio al interés social ni se
contravienen disposiciones de orden público)
El siguiente paso para analizar la procedencia de la suspensión de los
actos reclamados es verificar que el quejoso cuenta con interés suspensional, así
como llevar a cabo un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la
no generación de un perjuicio interés social y la no contravención a disposiciones
de orden público, lo que encuentra sustento en los numerales 107, fracción X, de
la Constitución Federal y 138 de la Ley de Amparo.
Interés suspensional
Para tal efecto, en principio es necesario determinar si el interés con el
que acude al quejoso a solicitar la suspensión corresponde a la verosimilitud de
la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su
ejecución, esto es, si cuenta con lo que se ha denominado “interés suspensional”,
esto es, el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de
afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la
inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la
fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo.
Una vez acreditado el interés suspensional, debe sopesarse el análisis de
la apariencia del buen derecho, lo cual implica, de acuerdo con lo sostenido por
el Alto Tribunal, llevar a cabo un examen superficial sobre el asunto y advertir
una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido
Sobre el particular, debe decirse que el análisis en cuestión se traduce en
la facultad del juzgador de realizar un cálculo de mera probabilidad con base en
las manifestaciones del quejoso, las cuales deben ser suficientes para considerar
la verosimilitud del derecho y determinar si se concede o no la suspensión. Por
ende, a partir del referido estudio será posible advertir si en relación con el fondo
del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar, con un alto
grado de acierto, que obtendrá la protección federal que busca.
Cabe señalar que el análisis correspondiente no puede llegar al extremo
de exigir al juzgador que estudie las circunstancias del solicitante desde todos los
puntos de vista posibles, toda vez que ello no equivaldría a establecer una mera
hipótesis o apariencia del derecho en cuestión, sino emprender un estudio
exhaustivo, el cual es propio de la sentencia de fondo.xii
En ese sentido, el estudio de la apariencia del buen derecho se reduce
únicamente a un asomo provisional de los elementos que integran el asunto, de
modo que el resultado de la suspensión de ningún modo prejuzga o vincula sobre
la certeza del derecho cuestionado, ya que tal situación sólo puede determinarse
en la sentencia de amparo, con base en un procedimiento más amplio y con
mayor información.xiii
Paralelamente a lo anterior, es preciso señalar que la Segunda Sala ha
sostenido el criterio de que la apariencia del buen derecho únicamente puede ser
invocada por el órgano de amparo para conceder la suspensión y no para
negarla. Lo anterior, debido a que, en primer término, el artículo 107, fracción X,
constitucional reconoce la apariencia del buen derecho únicamente para el
otorgamiento de la suspensión, de modo que si se niega la medida con base en
esa figura se estaría aplicando una consecuencia que no prevé el ordenamiento
constitucional y legal. Además, –de acuerdo con lo expuesto por la Sala– porque
la finalidad de la suspensión es asegurar provisionalmente el derecho
cuestionado para que la sentencia que se dicte no pierda su eficacia, por ende, si
se niega la suspensión bajo la consideración de que el acto reclamado es
constitucional, sería proceder en contra de la naturaleza y finalidad de la medida,
habida cuenta que su inclusión en el orden jurídico se hizo para que fuera
tomada en cuenta sólo en sentido favorable a los intereses del quejoso.xiv
Que no se violen disposiciones de orden público ni se afecte el interés social
Establecidos los alcances de la apariencia del buen derecho, en párrafos
precedentes se señaló que la demostración de dicha hipótesis no asegura, por sí
misma, el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, ya que es
necesario contrastar ese resultado con la posible afectación al interés social y la
contravención a disposiciones de orden público, de conformidad con la fracción II
del artículo 128 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J.
204/2009 (9ª) (registro 165659), de rubro:
“SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR
DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN
DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.”
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER
SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS
CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA
APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el
otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos
exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación
de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que
sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la
inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el
perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la
concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden
público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda
sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un
estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la
demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público
o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto
contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe
ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto
pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera
inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su
paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos
legales para el otorgamiento de la medida.
Una primera postura de los tribunales federales ha sido dotar de
contenido a esos conceptos a través de su interpretación literal, señalando que
“interés” implica nociones como bien, beneficio, utilidad o importancia; “interés
social” supone un beneficio o utilidad para la comunidad o la sociedad; “orden”
implica la idea de un mandato que debe ser obedecido; y, “público”, como un
deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Sirve de
apoyo a lo anterior la tesis aislada II.1o.A.23 K (9ª) (registro 178594), de rubro:
“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS
CONCEPTOS ´INTERÉS SOCIAL´ Y ´ORDEN PÚBLICO´, PARA EFECTOS DE SU
CONCESIÓN.” El vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio,
utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia.
Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio,
utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la
comunidad o sociedad. Asimismo, el vocablo "orden" hace referencia a la
idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público,
es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los
gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Tales
nociones, en materia de suspensión del acto reclamado, deben plantearse
en función de elementos objetivos mínimos que reflejen preocupaciones
fundamentales y trascendentes para la sociedad, como las establecidas
en el artículo 124 de la Ley de Amparo (funcionamiento de centros de
vicio, comercio de drogas, continuación de delitos, alza de precios de
artículos de primera necesidad, peligro de epidemias graves, entre otras).
Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta
al interés social -nociones que, por cierto, guardan un estrecho vínculo
entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación
con la colectividad.
No obstante, el criterio mayoritario se ha perfilado en el sentido de que el
“interés social” y el “orden público” son conceptos jurídicos indeterminados que
son imposibles de delimitar, toda vez que el dinamismo de la sociedad y la
multiplicidad de las relaciones con la autoridad hacen necesario ajustar tales
conceptos a la realidad imperante en una época determinada, lo cual resultaría
difícil si a través de una fórmula legal y rígida se pretende definir, para todos los
casos, cuándo se afectan los intereses colectivos de la sociedad.
Por ello, para entender tales conceptos es necesario referir que el común
denominador de los criterios aislados y jurisprudenciales sobre el tema ha
consistido en establecer que la suspensión del acto reclamado afecta al interés
social y a disposiciones de orden público cuando la paralización de aquél priva a
la colectividad de un beneficio que le concede las leyes o le infiere un daño que
de otra manera no resentiría.
Es decir, el significado de interés social y de orden público siempre ha
estado asociado a las preocupaciones fundamentales y trascendentes para la
colectividad, de modo que el interés particular del quejoso no puede
sobreponerse a los temas respecto de los cuales la sociedad guarda una
especial preocupación, tal y como ocurre, por ejemplo, con los supuestos
previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que conforme al
último párrafo del propio numeral 129 el juez, de manera excepcional, puede
conceder la suspensión contra los actos previstos en el precepto legal transcrito,
siempre que –a su juicio– con la negativa de la medida pueda causarse mayor
afectación al interés social; aspecto que, en todo caso, dará lugar a una
motivación reforzada sobre por qué resulta más gravoso permitir la ejecución de
aquellos actos que, por sí mismos, son considerados lesivos de los intereses de
la colectividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada IV.2o.A.73 K (10a.),
de rubro:
“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. INTERPRETACIÓN DEL
ARTÍCULO 129, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE PREVÉ
LA POSIBILIDAD EXCEPCIONAL DE CONCEDERLA, AUN EN LOS SUPUESTOS
EN QUE EL LEGISLADOR CONSIDERÓ QUE DE OTORGARLA SERÍA
CONTRARIO AL INTERÉS SOCIAL, A LA LUZ DE LA FRACCIÓN X, PRIMER
PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LA
PONDERACIÓN COMO BASE DE LA DECISIÓN.” Como resultado de la
reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de
junio de 2011, y la posterior expedición de la Ley de Amparo,
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, vigente a
partir del 3 de abril de 2013 se generó, en cuanto a la suspensión del acto
reclamado en el amparo indirecto, un nuevo sistema equilibrado,
orientado a dotar de mayor eficacia a esa medida para la preservación de
los derechos humanos y a contar con mayores elementos de control, a fin
de evitar el abuso en su concesión y el dictado de resoluciones que
lastimen la sensibilidad social. En particular, en la fracción X, primer
párrafo, del artículo 107 constitucional se estableció que correspondería
al legislador determinar tanto las condiciones como los casos en los que
la suspensión sería procedente y, en función de esto, el legislador, al
expedir la ley reglamentaria en vigor, no sólo reconoció al Juez la
discrecionalidad constitucionalmente otorgada para decidir sobre ella y
estableció los parámetros normativos para el desarrollo general o
específico de la ponderación, sino que también ejerció directamente la
facultad que le otorgó el Constituyente para determinar los supuestos en
los que la suspensión es procedente o no, en función de preservar ciertos
bienes jurídicos colectivos de índole irreductible o preponderante, y
dispuso que se conceda o se niegue por la simple adecuación de un caso
concreto al supuesto previsto en la norma. Esto acontece en los artículos
126 y 129 de la Ley de Amparo, el primero relativo a la suspensión de
plano, en que sólo se señala una serie de actos o supuestos en los que la
suspensión deberá ser otorgada respecto de actos que, por su naturaleza,
claramente contraria a la Constitución, o bien, porque afectan bienes
jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, imponen el
otorgamiento de la cautelar sin mayor trámite o ponderación y, el
segundo, en el cual el legislador estableció un conjunto de supuestos en
los que, por sí mismo, consideró que otorgar la precautoria a petición de
parte ocasionaría un perjuicio al interés social, lo que implica que, ante la
adecuación de un caso concreto a alguno de los supuestos previstos en el
referido artículo, ya no corresponde al juzgador resolver sobre la
suspensión discrecionalmente en función de contraponer al interés
superior referido el del particular, el buen derecho aparente o la manera
en que éste resultaría afectado por el acto reclamado, pues fue el
legislador quien, en función de la naturaleza y dimensión del acto y su
relación con la protección de un bien jurídico colectivo tutelado, que
resultaría afectado si el acto se suspende, determinó que la suspensión
sea negada, dotando a la norma de un carácter prohibitivo, por lo que en
este supuesto no se involucra en forma alguna el interés del particular
que solicite la medida o la afectación que en cuanto a éste tendría la
ejecución del acto reclamado. Así, del último párrafo del artículo 129 se
advierte, significativamente, la posibilidad excepcional de que, en
determinados casos, aun adecuándose el acto a suspender a uno de los
supuestos en que el legislador consideró que otorgar la suspensión sería
contrario al interés social, el Juez podrá concederla, si su negativa
redunda en una afectación mayor al interés social, empero, aun en este
contexto, dicha porción normativa no involucra la afectación al interés
individual del quejoso ni refiere una ponderación entre éste o el buen
derecho del particular y un interés social, por el contrario, enfatiza que lo
que se busca salvaguardar son bienes jurídicos de índole colectivo y que,
en todo caso, lo que pretende evitarse con el otorgamiento excepcional
de la suspensión es el perjuicio a ese conjunto de bienes e intereses que
integran la noción de orden público e interés social, más allá del
resultado que la ejecución del acto tenga en cuanto a los intereses del
particular, en consideración de lo cual, cabe sostener que, aunque esa
última parte del artículo 129 abre la posibilidad de que el Juez ejerza su
discrecionalidad aun respecto de los supuestos previstos en ese precepto,
no involucra una ponderación ordinaria entre el interés del particular o su
buen derecho aparente y el interés social, sino que se trata de una
ponderación reforzada, encaminada a determinar los efectos que
suspender el acto o permitir su ejecución, tendría en cuanto a intereses
generales o colectivos o bienes jurídicos de la misma dimensión,
integrados a la noción de orden público, en congruencia con el parámetro
de ponderación efectuado por el legislador, al expedir el precepto
referido, bajo la premisa de evitar el dictado de resoluciones que lastimen
la sensibilidad social.
Bajo esa tesitura, el interés social y el orden público se inscriben como
dos conceptos indeterminados cuyo contenido sólo puede ser delineado por las
circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se
realice la valoración, para lo cual deben ser observados bajo el tamiz de las
condiciones que resultan esenciales para el desarrollo armónico de la
comunidad, el correcto funcionamiento del Estado y las reglas mínimas de
Por ello, si bien la estimación del orden público corresponde determinarla
a otros órganos políticos del Estado, lo cierto es que no es ajeno a la función de
los jueces de amparo apreciar su existencia en los casos concretos que se les
someten a consideración, verificando que la suspensión no prive a la colectividad
de un beneficio que le otorgan las leyes o infiera un daño que de otra manera no
resentiría.xv
Al respecto, es preciso indicar que la valoración de estos aspectos no
depende de las apreciaciones subjetivas del juzgador, sino que su análisis debe
descansar en elementos objetivos que representen las preocupaciones
fundamentales de una sociedad, exponiendo los motivos por los que se
considere que un caso concreto ocasiona o no perjuicio al interés social, o bien,
contravenga o no disposiciones de orden público.
Asimismo, siguiendo los criterios jurisprudenciales, para considerar que la
suspensión del acto resulta perjudicial para dichas instituciones, no basta que el
acto reclamado se fundamente en leyes de interés social, o bien, se presente
desde el punto de vista formal como una representación del orden público. Por el
contrario, es menester atender a un criterio material conforme al cual la
suspensión causaría tales perjuicios, no por el apoyo formal en que se funda,
sino por las características materiales del acto mismo. Sirven de apoyo los
Jurisprudencia 2a./J. 81/2002 (registro 186415), de rubro:
“SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE
AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE
CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE
CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.” Uno de los
requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el
otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal
otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan
disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte
de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés
social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de
su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de
amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la
fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad
esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o.
de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos
juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva
del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se
ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no
Tesis aislada s/n (8ª) (registro 227491), de rubro:
“SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA
LOS EFECTOS DE LA.” De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la
Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo
107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva
solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede
concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden
público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés
social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan
configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que
se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al juez
examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden
público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos
indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser
delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes
en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles
significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales
para el de sarrillo armónico de una comunidad, es decir, las reglas
mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se
causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta
institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso
concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del
juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan la preocupaciones
fundamentales de una sociedad.
Tesis aislada s/n (registro 254979), de rubro:
“SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO. SU
DEMOSTRACIÓN.” No basta que el acto se funde formalmente en una ley
de interés público, o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir
una finalidad de interés social, para que la suspensión sea improcedente
conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sino que es menester que
las autoridades o los terceros perjudicados aporten al ánimo del juzgador
elementos de convicción suficientes para que pueda razonablemente
estimarse que, en el caso concreto que se plantee, la concesión de la
suspensión causaría tales perjuicios al interés social, o que implicaría una
contravención directa e ineludible, prima facie y para los efectos de la
suspensión, a disposiciones de orden público, no sólo por el apoyo
formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por las características
materiales del acto mismo. Por lo demás, aunque pueda ser de interés
público ayudar a ciertos grupos de personas, no se debe confundir el
interés particular de uno de esos grupos con el interés público mismo, y
cuando no esté en juego el interés de todos esos grupos protegidos, sino
el de uno solo de ellos, habría que ver si la concesión de la suspensión
podría dañar un interés colectivo en forma mayor que como podría dañar
al quejoso la ejecución del acto concreto reclamado. O sea que, en
términos generales y para aplicar el criterio de interés social y de orden
público contenidos en el precepto a comento, se deben sopesar o
contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la ejecución
del acto reclamado, y el monto de la afectación a sus derechos en
disputa, con el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo
perseguidas con el acto concreto de autoridad.
Tesis aislada s/n (registro 228764), de rubro:
“ORDEN PÚBLICO. ALCANCE DEL CONCEPTO PARA EFECTOS DE LA
SUSPENSIÓN.” No es ajeno a la función de los juzgadores apreciar la
existencia del orden público en los casos concretos que les someten para
su resolución; de ahí que corresponda al juzgador, haciendo uso de la
facultad que como tal está dotado, apreciar cada caso concreto que se le
presente y determinar, tomando en consideración las circunstancias del
mismo, si de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés
social y se contravendrían disposiciones de orden público, dado que no
basta que el acto se funde formalmente en una ley de interés público, o
que en forma expresa o implícita pretenda seguir una finalidad de interés
social, para que la suspensión sea improcedente conforme al artículo 124
de la Ley de Amparo, sino que es menester que las autoridades
responsables aporten al ánimo del juzgador elementos de convicción
suficientes para que pueda razonablemente estimarse que, en el caso
concreto que se plantee, la concesión de la suspensión causaría tales
perjuicios al interés social o que implicaría una contravención directa e
ineludible, por los efectos de la suspensión, a la disposición de orden
público, no sólo para el apoyo formalmente buscado en dichas
disposiciones, sino por las características materiales del acto mismo.
Así las cosas, es dable concluir que el interés social y el orden público no
constituyen nociones que puedan ser delimitadas para todos los casos. Por ende,
para determinar si se afectan tales instituciones debe partirse de la premisa de
que constituyen la máxima expresión del interés de la sociedad para que las
personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos y atribuciones
Esto es, para mantener la tranquilidad, el bienestar colectivo y la armonía
social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, libertades y poderes dentro
del Estado de Derecho, ya que sólo así pueden coexistir de manera pacífica el
poder de la autoridad y la libertad de los individuos.
En ese sentido, la eventual concesión de la medida cautelar debe
asegurar el respeto del orden público y representar un ejercicio razonable del
derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, pero ponderando los
derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían
deteriorados o disminuidos. A través de este ejercicio, puede subsistir un
equilibrio entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes,
libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas.
Resulta orientadora la tesis aislada I.4o.A.11 K (10a.) (registro 2002421), de
“SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD.” El artículo
124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a
efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre
los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se
contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe
afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida
se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le
infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede
afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés
social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la
sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente
sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento
de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía
social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades
y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el
poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados
y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores
fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la
libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con
conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que
únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en
abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del
artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real
y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que
resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y
en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del
buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar
debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio
razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los
deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe
imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes,
libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las
personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga.
Una vez expuesto lo anterior, procede analizar si los actos cuya
suspensión solicitó la quejosa, una vez acreditada su existencia, que su
naturaleza permite su suspensión, así como que no encuadran dentro de los
supuestos de prohibición a que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo,
reúnen los requisitos de acreditar el interés suspensional, superar el examen de
la apariencia del buen derecho, así como que con la concesión de la medida
cautelar no se cause un perjuicio al interés social, ni se violen disposiciones de
orden público, conforme a los siguientes argumentos:
A. En el caso, la quejosa acredita el interés suspensional, porque era
beneficiaria de los recursos económicos que el Estado le
proporcionaba de forma regular derivado del convenio que firmó en
dos mil quince como miembro del programa de Deporte de Alto
Rendimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (foja
8); y, según los actos reclamados pueden implicar la suspensión en el
otorgamiento del beneficio económico contemplado en el Fondo para
el Deporte de Alto Rendimiento, por incumplir requisitos y obligaciones
establecidas en las Reglas de Operación del Fideicomiso (foja 44).
B. En efecto, en el presente asunto se satisface la apariencia del buen
derecho, toda vez que de un examen preliminar de la demanda de
amparo y sus anexos se desprende que la quejosa era parte de un
programa que indicó el otorgamiento de un apoyo económico por
parte de las autoridades responsables y sin ningún procedimiento de
por medio, fue retenido durante el transcurso del dos mil diecinueve
(foja 9).
C. Finalmente, con la concesión de la medida cautelar no se
contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés
social, ya que la quejosa forma parte del fondo desde el año dos mil
quince y la restitución sería temporal hasta que se resuelva el fondo
del presente asunto, siendo procedente otorgar la suspensión
provisional de los actos reclamados para los efectos dispuestos en el
No pasa desapercibido para el suscrito que la autoridad responsable
en su informe previo manifiesta que la quejosa fue dada de baja del
fondo mencionado pues incumplió con las Reglas de Operación
establecidas. Sin embargo, dicha manifestación no es obstáculo para
otorgar la medida cautelar solicitada puesto que la autoridad
responsable no especifica sobre los incumplimientos de los que
supuestamente es responsable la quejosa ni la forma en la que le
notificó su baja o si se le dio el derecho de audiencia correspondiente.
Lo anterior, en la inteligencia de que el otorgamiento de la suspensión
de los actos reclamados se encuentra circunscrita al hecho de que de
que la quejosa cumpla con los requisitos y las condiciones
establecidas ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Efectos de la suspensión definitiva
Con fundamento en los artículos 147, 148, 149, 150, 151 y 152 de la Ley
de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que la
quejosa continúe recibiendo las prestaciones que percibía derivadas del
Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento hasta en tanto se resuelva sobre
el fondo del asunto, siempre y cuando cumpla con los requisitos y satisfaga las
condiciones establecidas en las cartas compromiso que ha firmado desde su
incorporación a dicho fondo y de cuyo cumplimiento depende el otorgamiento del
apoyo económico así como las demás prestaciones inherentes a éste.
Dado que los actos reclamados por los cuales se concedió la suspensión
no se ubican en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 132 y 135 de
la Ley de Amparo, resulta innecesario requerir al quejoso que exhiba garantía
para que surta efectos la medida cautelar.
PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva respecto de los actos
consistentes en (i) la emisión de la orden de baja de la quejosa del Fondo para el
Deporte de Alto Rendimiento, (ii) la omisión de enviar a la quejosa la
documentación para suscribir la Carta de Aceptación-Compromiso
correspondiente a la presente anualidad y (iii) los efectos y consecuencias de
dicha omisión, por los motivos expuestos en la presente resolución.
SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva respecto del acto
consistente en los efectos y consecuencias de la orden de baja de la quejosa del
Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, para los efectos precisados en la
Notifíquese a las partes de la siguiente forma:
Parte Tipo de notificación
Quejosa Lista
Autoridad responsable Oficio
Autoridad responsable particular No existe
Tercero interesado autoridad No existe
Tercero interesado particular No existe
Ministerio Público Federal Lista
Así lo proveyó Diego Gama Salas, Secretario del Juzgado Primero de
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del
despacho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, en atención al oficio CCJ/ST/6287/2019 de
doce de noviembre de dos mil diecinueve; quien actúa con el secretario Héctor
Jesús Reyna Pérez Güemes, que certifica que las promociones que, en su
caso, generaron este acuerdo y el propio proveído, se encuentran debidamente
incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
S.I.S.E Actuaría Agenda
definitiva definitiva
(fecha, hora y
sentido),
celebrada y
En la misma fecha, se giraron los oficios 62183, 62184 y 62185, a fin de
notificar a las partes el acuerdo que antecede. Conste.
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del día
_________________, el Actuario del Juzgado Primero de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México, publicó en la lista que se fija en los
estrados de este juzgado federal, así como en el portal de internet del Poder
Judicial de la Federación, la resolución o acuerdo que antecede, con lo cual
quedan notificadas de ello las partes en este juicio de garantías, hecha excepción
de las que deban notificar personalmente o por oficio, se asienta la razón, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 y 29 de la Ley de Amparo. Doy
Relación de criterios citados en el presente proveído.
Resulta aplicable la tesis XVI.1o.A.30 K (10a.) (registro: 2015431), que señala: “INFORME PREVIO.
PARA QUE SEA TOMADO EN CUENTA AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL
AMPARO, DEBE RENDIRSE CON ANTICIPACIÓN AL INICIO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. De los
artículos 140, 142 y 144 de la Ley de Amparo se desprende la obligación de la autoridad
responsable de rendir su informe previo, expresando si son o no ciertos los actos reclamados y
que, ante la falta de éste, se presumirá que sí lo son, para el solo efecto de resolver sobre la
suspensión definitiva, por lo que una vez abierta la audiencia incidental se dará cuenta con aquél
y con las documentales recibidas. Así, de la interpretación conjunta de dichos numerales,
particularmente del primer párrafo del 142, se colige que para que el informe previo sea tomado
en cuenta al resolver sobre la medida cautelar, debe rendirse con anticipación al inicio de la
audiencia incidental, pues ésta se lleva a cabo en un acto continuo, de manera que previamente a
su inicio debe contarse con las constancias de las que se hará relación y servirán para resolver
respecto de la suspensión, máxime que, de acuerdo con la última parte del primer párrafo del
artículo 140 citado, las partes pueden objetar su contenido en la audiencia sólo si antes de que
comience lo conocen.”
De rubro y texto: “CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA
DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN
EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA
(REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010). La jurisprudencia citada
establece como requisito que el Juez de Distrito, de oficio, ordene la compulsa o certificación de
los documentos originales presentados con la demanda de amparo, con las copias simples que se
anexen a ésta, a fin de que se tomen en consideración al emitir la resolución relativa a la
suspensión definitiva de los actos reclamados. Incluso prevé que respecto a las pruebas
documentales aportadas en el expediente principal del juicio de amparo durante el
procedimiento, también debe actuar en los términos referidos, con el propósito de que en ambos
cuadernos, principal e incidental, obren los mismos elementos probatorios. Ahora bien, dicha
actuación corresponde al secretario del Juzgado de Distrito, según los artículos 61, 64, 217 y 279
del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el 2o. de la
Ley de Amparo, que en general establecen que el secretario del órgano jurisdiccional es quien
debe realizar la certificación correspondiente, la cual constituye una actuación fundamental e
imprescindible para que el Juez de Distrito esté en aptitud legal y material de conocer si se
aportaron elementos probatorios con la demanda de amparo o durante el procedimiento del
juicio de garantías, con el objeto de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren las
mismas pruebas documentales y al dictar la resolución atinente a la suspensión definitiva de los
actos reclamados, atienda a todas las pruebas exhibidas por la quejosa, con base en lo cual emita
una decisión apegada a la realidad jurídica de ese asunto.”
Resultan aplicables las siguientes tesis:
Tesis aislada I.15o.A.43 K (9ª) (registro 161733), de rubro: “SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE
AMPARO. ES PROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS.”
Tesis aislada III.2o.A.8 K (registro 201195), de rubro: “MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE IMPLICAN
ACTOS PROHIBITIVOS. ES PROCEDENTE LA SUSPENSION DE LAS.”
Tesis aislada I.14o.C.8 K (10a.) (registro 2016409), de rubro: “SUSPENSIÓN DEL ACTO
RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA OMISIONES DE LA AUTORIDAD
RESPONSABLE.”
Tesis aislada I.6o.T.3 K (10a.) (registro 2004810), de rubro: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES
IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS.”
Tesis aislada VII.2o.T.19 L (10a.) (registro 2010205), de rubro: “SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES
IMPROCEDENTE CONCEDERLA SI EL ACTO RECLAMADO ES LA OMISIÓN O NEGATIVA DE DAR
CUMPLIMIENTO Y TOTAL EJECUCIÓN A UN LAUDO”.
Sirven de apoyo las siguientes tesis:
Tesis aislada I.4o.A.427 A (9ª) (registro 181836]), de rubro: “SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE
CONCEDERSE CONTRA UNA INTERLOCUTORIA QUE NIEGA LA SUSPENSIÓN, PERMITIENDO LA
EJECUCIÓN DE UNA GARANTÍA Y LA POSIBLE REVOCACIÓN O CANCELACIÓN DE UN PERMISO, AL
TRATARSE DE UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS.”
Tesis aislada XII.1o.9 K (9ª) (registro 190465), de rubro: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ACTOS
NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS.”
Tesis aislada VI.2o.21 K (9ª) (registro 203168), de rubro: “ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS
POSITIVOS. SUSPENSION.”
Tesis aislada IV.1o.C.18 K (9ª) (registro 1804416), de rubro: “ACTOS CONSUMADOS. SUPUESTOS
EN QUE PROCEDE SU SUSPENSIÓN. A diferencia de los actos de tracto sucesivo, los actos
consumados son aquellos que se realizan en una sola ocasión, es decir, que no requieren
pluralidad de acciones con unidad de intención. Existen actos consumados de modo irreparable y
actos consumados que son susceptibles de reparación. En lo que concierne a los primeros, no
procede la suspensión, ya que éstos ni siquiera pueden tener el carácter de actos reclamados,
pues de concederse la protección de la Justicia Federal, la sentencia carecería de efectos ante la
imposibilidad de que se restituya al quejoso en el goce de su garantía individual violada. Por otra
parte, con relación a los actos consumados de un modo reparable, hay que distinguir entre el
consumado que ya produjo todos sus efectos y consecuencias y otros en que no puede precisarse
cuándo quedan definitivamente ejecutados. En el primer supuesto ya no cabe la suspensión y si
se concediera se le daría a la medida efectos restitutorios, cuando no debe tener otros que los
suspensivos. En cambio, con relación a los actos consumados cuya ejecución se prolonga en el
tiempo, como la suspensión puede afectar la ejecución del acto, en cuanto a la continuidad de esa
ejecución, de cumplirse con los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo procede conceder
la medida cautelar, siempre y cuando se advierta, al analizarse la naturaleza de la violación
alegada, la apariencia del buen derecho fumus boni juris y el peligro en la demora periculum in
mora.”
Tesis aislada II.3o.C.2 K (9ª) (registro 191476), de rubro: “SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.
TRATÁNDOSE DE ACTOS POSITIVOS Y DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA.” Si bien la Suprema Corte
de Justicia de la Nación ha sostenido que en el juicio de amparo es improcedente conceder la
suspensión respecto de actos consumados, entendidos como aquellos cuya emisión se ha
realizado en su totalidad, lo cierto es que respecto de sus efectos y consecuencias sí es posible
otorgar la medida cautelar. Así, aun cuando la emisión de una autorización, permiso o licencia
constituye un acto consumado, respecto de sus efectos o consecuencias que posteriormente
puedan ejecutarse, procede otorgar la suspensión solicitada, si no se afecta el interés social ni se
contravienen disposiciones de orden público.
Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis:
Jurisprudencia 2a./J. 138/2012 (10a.) (registro 2004603), de rubro: “SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE
AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE UNA AUTORIZACIÓN,
PERMISO O LICENCIA.” Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el
juicio de amparo es improcedente conceder la suspensión respecto de actos consumados,
entendidos como aquellos cuya emisión se ha realizado en su totalidad, lo cierto es que respecto
de sus efectos y consecuencias sí es posible otorgar la medida cautelar. Así, aun cuando la emisión
de una autorización, permiso o licencia constituye un acto consumado, respecto de sus efectos o
consecuencias que posteriormente puedan ejecutarse, procede otorgar la suspensión solicitada,
si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.
Tesis aislada I.10o.A.6 K (10a.) (registro 2015786), de rubro: “ACTOS DE TRACTO SUCESIVO O DE
EJECUCIÓN CONTINUA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO EN
SU CONTRA.” Los actos positivos de ejecución continua o de tracto sucesivo, son aquellos que se
traducen en un hacer por parte de la autoridad, cuyos efectos no se consuman inmediatamente,
sino hasta que se desarrolla un número determinado de actuaciones subsecuentes. En ese
sentido, si el acto reclamado establece un procedimiento que se traduce en la consecución de una
serie de etapas previamente establecidas, que habrán de culminar con el resultado pretendido
por la autoridad, atento a que tiene la misma naturaleza de los señalados, procede conceder la
suspensión en el amparo promovido en su contra, en términos del artículo 150 de la ley de la
materia, siempre que se cumplan los requisitos del numeral 128 del propio ordenamiento.
Jurisprudencia PC.IV.C. J/3 K (10a.) (registro 2009364), de rubro: “SUSPENSIÓN EN EL AMPARO.
TRATÁNDOSE DE UN SERVIDOR PÚBLICO ACTIVO, LA RETENCIÓN DEL SALARIO ES UN ACTO DE
TRACTO SUCESIVO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA.” La retención del salario de un
trabajador activo -no cesado o suspendido temporalmente como sanción-, de una corporación
policial, dictada fuera de o durante el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido
en su contra, es un acto de tracto sucesivo para efectos de la suspensión, respecto del cual la
medida cautelar es procedente. Ello, porque la conducta de la autoridad implica la materialización
de no entregar el salario y que se mantenga en poder de la autoridad, porque se realiza en forma
consecutiva, atento a que el salario se genera día con día. De ahí que se trate de actos que, por su
naturaleza, son susceptibles de suspenderse. Desde luego sin dejar de observar que la medida
cautelar no opera sobre los actos ya realizados, sino solamente para efecto de que se paralice la
retención del salario que se siga generando a partir de que se provee sobre la suspensión, con
efecto de que el quejoso siga percibiendo su salario, siempre que se encuentren satisfechos los
requisitos legales previstos para su concesión.
Resulta aplicable la siguiente tesis:
Tesis aislada II.2o.C.76 K (registro 185280), de rubro: “ACTOS INMINENTES, SUSPENSIÓN DE LOS.
SÓLO PODRÁ DECRETARSE RESPECTO DE ACUERDOS AÚN NO DICTADOS, CUANDO EL ESCRITO
RELATIVO HAYA SIDO PRESENTADO.” De conformidad con los elementos que se consideran
configurativos de la inminencia de un acuerdo, para los efectos de la suspensión de los actos
reclamados, que son: a) Que el acto relativo sea futuro; b) Que haya suficiente certeza en su
realización; y, c) Que su ocurrencia se deba verificar en un breve lapso, sólo podrá considerarse
que existe dicha inminencia en la emisión de un proveído por el Juez responsable, cuando se haya
presentado la promoción correspondiente y ésta no fuera acordada, pues por disposición legal
expresa el juzgador no puede negarse a proveer lo que se le solicite, como tampoco a hacerlo en
breve tiempo; empero, no se actualiza dicha figura cuando aquella petición aún no se reciba en el
juzgado, y sólo se aduzca que la misma se formulará posteriormente, ante lo remoto de tal
posibilidad, por no existir certeza de que el acuerdo se vaya a emitir, y mucho menos de cuál sería
Jurisprudencia 2a./J. 14/2010 (registro 165133), de rubro: “SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES
IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DEL APERCIBIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE
UNA MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO
LABORAL, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO.” Conforme al criterio reiterado de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, por regla general sólo los actos futuros de inminente realización y
no los futuros e inciertos son susceptibles de suspenderse, entendiéndose por los primeros los
que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de modo que pueda
asegurarse que se ejecutarán en breve, y por los segundos, aquellos cuya realización es remota,
ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida
ejercer o no alguna de sus atribuciones. En ese tenor, resulta improcedente conceder la
suspensión contra la ejecución del apercibimiento al quejoso con la imposición de una multa en
caso de no cumplir con un laudo laboral, pues constituye un acto futuro e incierto, en virtud de
que su realización no es segura, por depender de la conducta que aquél asuma en relación con
ese mandato judicial.
Tesis aislada I.6o.T.29 L (10a.) (registro 2002207), de rubro: “SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES
IMPROCEDENTE CONTRA EL APERCIBIMIENTO CONSISTENTE EN QUE DE NO CUMPLIR EL
QUEJOSO CON LO ORDENADO EN EL LAUDO, SE DARÁ VISTA A UNA AUTORIDAD DETERMINADA
PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO EN SU CONTRA, AL SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO
QUE DEPENDE DE LA CONDUCTA QUE AQUÉL ASUMA.”
Tesis aislada VI.1o.P.182 P (9ª) (registro 187057), de rubro: “SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ES
IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE ACTOS FUTUROS E INCIERTOS.” Si en la audiencia incidental,
con vista en los informes previos y demás elementos de prueba que se ofrecen con toda
oportunidad, se advierte que el órgano judicial señalado como responsable recibió la
consignación de las diligencias de averiguación previa seguida en contra del quejoso, sin que
hasta ese momento se hubiera ordenado su aprehensión, al tratarse de un acto futuro de
realización eventual y no inminente, no procede dicha medida cautelar, toda vez que depende del
órgano judicial, en ejercicio de sus legales facultades, determinar si ha lugar a dictar o no la orden
de aprehensión solicitada.
“SUSPENSIÓN DEFINITIVA IMPROCEDENTE CONTRA EL REGISTRO DEL SINDICATO
BUROCRÁTICO Y LA TOMA DE NOTA DE SU DIRECTIVA, AL SER UN ACTO DECLARATIVO. Cuando
el acto reclamado estribe en el registro de un sindicato burocrático y la toma de nota de su
directiva, en el que la autoridad responsable se constriñe a realizar un acto declarativo sobre el
ejercicio autónomo del derecho de asociación, no existe per se afectación ni perjuicio alguno al
empleador. En consecuencia, es improcedente el otorgamiento de la suspensión definitiva, pues
no conlleva ningún principio de ejecución.” Tesis aislada I.3o.T.84 L, registro 180052.
“ACTOS DECLARATIVOS (SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA LA CONFESION FICTA). Si el acto
reclamado se hizo consistir exclusivamente en la resolución dictada por el Juez responsable, por la
cual este funcionario declaró confesa a la quejosa, es indudable que se trata de un acto
meramente declarativo que no lleva en sí, como consecuencia, ningún acto de ejecución que
pueda ser suspendido.” Tesis s/n, registro 349594.
“SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE
DECLARA PROCEDENTE LA EXCEPCIÓN PROCESAL DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA, QUE
DEJA A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS EJERCITE EN LA VÍA Y FORMA QUE
CORRESPONDAN. Con la concesión de la suspensión del acto reclamado se conserva la materia
del juicio, atendiendo a las exigencias de la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; la cual prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de
suspensión; sin embargo, para ello, el órgano jurisdiccional debe atender, entre otros aspectos, a
la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, es improcedente conceder la suspensión contra
la interlocutoria que en forma definitiva declara procedente la excepción procesal de
incompetencia por declinatoria, con la consecuente reserva de derechos del actor, ya que
simplemente declara la incompetencia del Juez para conocer del asunto; no requiere de
ejecución, pues no prescribe o manda una conducta determinada, ni requiere la nulidad expresa
de lo actuado por él, además de que opera de pleno derecho, al ser una consecuencia expresa de
la ley; y es sabido que la suspensión no procede contra actos declarativos. Por otra parte, la
devolución de los documentos anexados con la demanda tampoco implica en sí misma una
situación de la que puedan derivarse actos de ejecución que hagan procedente la medida
cautelar, ya que no hay nada que ejecutar como consecuencia de esa declaración, al no ser
imperativa la materialidad sobre la entrega de esos documentos, pues en todo caso dependerá de
la solicitud del actor, lo que tampoco incide en la declaración de incompetencia reclamada, al
tratarse de un acto declarativo y consumado.” Jurisprudencia PC.IV.C. J/6 K (10a.), registro
2015558.
“SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE SU CONCESIÓN EN CONTRA DE LOS EFECTOS DE UN ACTO DE
AUTORIDAD QUE CARECE DE EJECUCIÓN REAL Y MATERIAL. Cuando en la demanda de amparo se
reclama de una autoridad la expedición de un documento en el que se informa al gobernado la
imposibilidad de otorgarle la renovación de algún permiso, licencia, autorización o cualquier otro
acto similar, y se pide la suspensión de sus efectos aduciéndose que con apoyo en esa
determinación existe la posibilidad de que se emita una orden de clausura del establecimiento de
que se trate, la medida suspensional resulta improcedente, pues el acto materia de la
controversia por sí solo carece de ejecución por ser meramente declarativo, ya que para darse la
afectación a su esfera jurídica se requiere, en todo caso, de un nuevo acto en el que se configure
la hipótesis descrita por el quejoso en cuya situación tiene a su alcance los medios legales para
combatir dicha orden, de tal suerte que al tratarse de un acto diverso, el juzgador está impedido
legalmente para obsequiar la medida cautelar solicitada en esos términos.” Tesis aislada I.7o.A.48
K, registro 184386.
“ACTOS DECLARATIVOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. No procede conceder la suspensión
contra el acto reclamado en el juicio de amparo, si éste reviste el carácter de positivo con efectos
meramente declarativos, sin actos de ejecución atribuibles a la autoridad que los emitió, como en
el caso de que la responsable al dar contestación a una petición se constriña a informar al
particular la instancia a que debe acudir para realizar la gestión que requiere, pues en ese
supuesto las consecuencias de tal acto se reflejarán en la conducta que a posteriori despliegue el
particular al acudir o no ante la instancia que se le informó es competente para decidir sobre su
solicitud, pero éstas de ninguna forma serían imputables a la autoridad que emitió el acto
reclamado.” Tesis aislada IV.3o.A.9 K, registro 181238.
“ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSION TRATANDOSE DE. Si la resolución reclamada es
simplemente declarativa pero de ella se derivan efectos positivos como son los que se apliquen a
herederos reconocidos en una sucesión, los bienes de la misma, como esto sí puede causar un
perjuicio al que reclama dicha resolución, porque se podría llegar a disponer de los bienes y el
reclamante afirma que es el único heredero del autor de la sucesión y que las otras personas
reconocidas no tienen derecho a la herencia, como en el caso se satisface el requisito de la
fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión, ya que con ello
no se causa perjuicio al interés general, ni se contravienen disposiciones de orden público, por
tratarse de una contienda en que se versan exclusivamente intereses de particulares, ya que con
la medida no se paraliza el procedimiento del juicio sucesorio, sino únicamente la aplicación de
los bienes respectivos, pero la suspensión debe otorgarse bajo fianza, para garantizar los
perjuicios a terceros.” Tesis s/N, registro 353990.
“ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSION CONTRA LOS. El auto que desecha un recurso por
improcedente, es declarativo, e indiscutiblemente esta declaración tiene como consecuencia que
continúe el procedimiento, que puede culminar con la adjudicación de los bienes litigiosos, y si el
quejoso pide la suspensión para mantener las cosas en el estado que guardaban al interponer el
recurso, es procedente concederla, ya que con ello no se afecta el interés general, por tratarse de
una contienda entre particulares; pero mediante fianza, para garantizar los perjuicios y los
terceros perjudicados.” Tesis s/n, registro 352553.”
“SUSPENSION DEFINITIVA. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA ACTOS CUYAS CONSECUENCIAS
TRAEN CONSIGO UN PRINCIPIO DE EJECUCION. Si el acto reclamado consiste en una sentencia
interlocutoria que declara fundado el incidente de falsedad de firma que aparece en el escrito de
expresión de agravios, trayendo como consecuencia que en dicha resolución se declare desierto el
recurso de apelación que se interpuso en contra de la sentencia definitiva y por lo tanto, firme
ésta; se trata de un acto declarativo, pero que deja al juez de primera instancia en aptitud de
llevar a cabo la ejecución de la sentencia definitiva por lo que es procedente conceder en su
contra la suspensión definitiva.” Tesis aislada Tesis: I.8o.C.8 K, registro 203672.
Tesis aislada I.8o.C.5 K (10a.) (registro 2005998), de rubro: “SUSPENSIÓN EN EL AMPARO.
LÍMITES EN EL ESTUDIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.”; El examen que para los
efectos de la suspensión se efectúe en relación con la denominada apariencia del buen derecho,
al que se refieren los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 138 de la Ley de
Amparo, debe reducirse a establecer si a primera impresión es o no inconstitucional el acto de
que se trate. Por lo mismo, no puede llegarse al extremo de exigir que el análisis de esa cuestión
se haga desde todos los puntos de vista posibles, hasta agotar el estudio de los argumentos en
pro y en contra, para llegar a una conclusión pues, de ser así, se estaría ya no en el caso de una
mera apariencia o probabilidad, sino de fijar con certeza el carácter constitucional o
inconstitucional del acto, lo que sólo puede ser materia de la sentencia de fondo.”
Jurisprudencia VI.3o.A. J/21 (9ª) (registro 185447), de rubro: “APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.
ALCANCES.” Si bien es cierto que con base en la teoría de la apariencia del buen derecho existe la
posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado cuando es evidente que en relación con
el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar con cierto grado de
acierto que obtendrá la protección federal que busca, tal posibilidad no llega al extremo de hacer
en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de
constitucionalidad, pues esto es propio de la sentencia que se emita en el juicio principal. Así
pues, si en el caso de que se trate no es tan claro preestablecer con sólo "echar un vistazo" a la
apariencia del buen derecho si la actuación de la autoridad está apegada a la ley, o bien, si es el
peticionario de garantías quien tienen razón en cuanto la tilda de inconstitucional, no cobra
aplicación la teoría en comento.
Sirven de apoyo los criterios siguientes:
Jurisprudencia P./J. 15/96 (9ª) (registro 200136), de rubro: “SUSPENSION. PARA RESOLVER
SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL
ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL
DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.” La suspensión de los actos reclamados
participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen
derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial
dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido
en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para
la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la
Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de
modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de
amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además
fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el
otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la
naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice
violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el
concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que
entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho
análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede
determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor
información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la
suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de
provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones,
en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión,
porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil
reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la
preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular
afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual
siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.
Tesis aislada I.3o.C.15 K (10a.) (registro 2001572), de rubro: “APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.
CUESTIONES JURÍDICAS.” La apariencia del buen derecho se traduce en un estudio previo de la
cuestión planteada para realizar un juicio de probabilidad sobre la procedencia de lo solicitado
por quien promovió el juicio de amparo. Ese análisis no implica una declaratoria de
inconstitucionalidad del acto reclamado, porque ello debe ser materia de la sentencia. Ahora,
cuando el peticionario de garantías hace valer un punto de derecho, sin referirse a cuestiones de
hecho, su pretensión no puede ser descartada en forma superficial, aun cuando existan tesis
aisladas que desvirtúen la postura de la parte quejosa. Por consiguiente, la apariencia del buen
derecho no puede servir como justificante para negar la suspensión del acto reclamado, cuando el
peticionario de amparo hizo valer cuestiones jurídicas que pueden ser debatidas y que, en todo
caso, deben ser materia de un análisis exhaustivo en la sentencia que resuelva el caso concreto.
Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10ª) (registro 2005719), de rubro:
“SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO
PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA.” Para otorgar la suspensión, sin dejar de observar los
requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013,
basta con comprobar la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea
posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto
reclamado; análisis que debe llevarse a cabo concomitantemente con el posible perjuicio que
pueda ocasionarse al interés social o la contravención a disposiciones de orden público, acorde
con la fracción II del precepto legal citado. En congruencia con lo anterior, no puede invocarse la
apariencia del buen derecho para negar la suspensión de los actos reclamados, al considerar de
manera preliminar que el acto reclamado en el juicio de amparo es constitucional, debido a que
esa aplicación no es acorde con su naturaleza ni con la finalidad de la suspensión pues, incluso,
cuando se introdujo esa institución en la reforma constitucional de 6 de junio de 2011, se hizo
para que fuera tomada en cuenta sólo en sentido favorable, es decir, para conceder la suspensión
de los actos reclamados; además, su otorgamiento se sujeta a los requisitos establecidos para tal
efecto, sin que sea factible negarla con un análisis superficial del acto reclamado, ya que se estaría
aplicando una consecuencia no prevista en la ley, aunado a que dicho análisis corresponde
realizarlo al resolver el fondo del asunto. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, la
circunstancia de que se lleve a cabo un análisis similar para conceder la medida cautelar, ya que
ello obedece a que precisamente la finalidad de la suspensión es asegurar provisionalmente el
derecho cuestionado, para que la sentencia que se dicte en el proceso principal no pierda su
eficacia, sin que esa decisión se torne arbitraria, pues en todo caso deben satisfacerse los
requisitos establecidos para su otorgamiento; máxime si se toma en cuenta que la Ley de Amparo
prevé mecanismos para asegurar que las partes en litigio no sufran un daño irreparable al
otorgarse la suspensión de los actos reclamados, aplicando la apariencia del buen derecho, lo que
no podría garantizarse al quejoso si se negara la medida cautelar aplicando esa institución en
sentido contrario y la sentencia que se dictare fuera favorable a sus intereses.”
Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada IV.2o.A.71 K (10a.) (registro 2006902), de rubro:
“APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. COMO ELEMENTO INDISPENSABLE DE PONDERACIÓN PARA
LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO NO ASEGURA, POR SÍ MISMO, SU OTORGAMIENTO, NI DEBE
TENERSE POR ACREDITADO SÓLO CON BASE EN LO EXPUESTO POR EL QUEJOSO EN SU
DEMANDA.” Al establecer la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, los Jueces decidirán
sobre la suspensión con base en un análisis ponderado sobre la apariencia del buen derecho y el
interés social, dicha norma constituye un mandato de optimización de un fin perseguido
constitucionalmente, consistente en dar eficacia a la suspensión como instrumento de
preservación de derechos humanos y de la materia del amparo, pero sin que se lastime el interés
social, cuya preservación igualmente se encomienda al Juez, en uso de su discrecionalidad, por lo
que a éste corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las
circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin, sin que la norma constitucional
referida otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo para la toma de la
decisión sobre suspender un acto, sino que responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más
efectivo para la consecución del objetivo constitucional perseguido; de ahí que al resolver sobre
cada situación, el juzgador deba exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la
decisión adoptada es la mejor disponible para la consecución del fin constitucionalmente
relevante, además de ajustar la referida ponderación a los elementos normativos y de control
previstos por el legislador en la Ley de Amparo. Para ello, también deberá considerarse que la
ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social no conlleva a la
contraposición de dos intereses en abstracto, aunque el segundo concepto entrañe una idea de
intereses colectivos, sino que ha de atenderse a las circunstancias concretas del derecho que el
quejoso estime alterado en su situación particularizada ante el acto y, a su vez, a la manera en
que el interés general o el orden público se concretiza mediante el acto de autoridad, pues lo que
los Jueces ponderan en los casos concretos, no son principios en abstracto, sino las circunstancias
de hecho que justifican la aplicación de ciertos principios ante otros, sobre la base de los
singulares intereses en conflicto. En este contexto, resulta lógico considerar que la mera
acreditación de la apariencia del buen derecho no asegura el otorgamiento de la suspensión, pues
es necesario que ese elemento se pondere ante el mandato de que el otorgamiento de la medida
no resulte contrario al interés social, para determinar los supuestos y condiciones en que la
suspensión procedería, de manera que aun advertida la posible inconstitucionalidad del acto,
deba enseguida o, concomitantemente, valorarse el impacto que tendría en el interés social el
paralizar su ejecución, como ya se reconocía antes de la reforma constitucional en materia de
amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, según se advierte de
la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, aunque la misma evolución jurisprudencial sobre la apariencia del buen derecho en el
incidente de suspensión, llevó a definir, según la diversa jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.) de la
misma instancia, que tal concepto no puede invocarse para negar la medida, esto significa que no
puede efectuarse un asomo provisional al fondo del asunto que resulte en sostener que el acto
reclamado es constitucional y, por ello, negarse la medida, no obstante, tampoco debe asumirse,
con base en esa premisa, que la apariencia del buen derecho deba tenerse por acreditada sólo en
función de lo expresado por el quejoso en su demanda, en orden a reforzar su pretensión de que
el acto reclamado es inconstitucional, pues aun siendo superficial, el asomo provisional al fondo
del asunto debe ser coherente con la normativa que determine la verdadera naturaleza del acto,
sobre todo porque, en la mayoría de los casos, es ésta la que otorga significado y contexto jurídico
al acto reclamado y permite identificar con mayor precisión, en función de la naturaleza de las
normas en que se funda, el interés general que, específicamente, podría verse alterado por la
suspensión del acto o aun por su ejecución y cuya salvaguarda, se insiste, igualmente se
encomienda al Juez en uso de su discrecionalidad, además de que conduce a una conclusión más
objetiva sobre la estimación de que la pretensión deducida por el quejoso, probablemente sea
fundada y no temeraria, ni manifiestamente frívola o improcedente, de modo que aun derivada
de un análisis superficial, esa estimación sea lo más adecuada posible al contexto fáctico y
normativo en que aparece el acto reclamado, sin que esto implique invocar aquella apariencia en
perjuicio del quejoso, sin soslayar que las cuestiones que a la luz de un análisis superficial y
meramente válido para resolver sobre la suspensión del acto, no puedan tenerse por sentadas sin
que con ello se condicione o vincule en forma definitoria la materia sustantiva de la sentencia a
dictar en la audiencia constitucional, especialmente en perjuicio del quejoso, no puedan ser
invocadas para resolver sobre la suspensión, dada su vocación de preservar la materia del juicio,
incluso, al no prejuzgar sobre el fondo del asunto en forma vinculante a la propia sentencia que
debe dictarse en la audiencia constitucional.
Tesis aislada s/n (registro 818680), de rubro: “INTERES SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN
PÚBLICO. SU APRECIACION.” La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131
del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del
orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de
los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El
examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar
cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela
que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones
cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se
les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría.
Tesis s/n (registro 328903), de rubro: “SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE
ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.” De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de
Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado,
descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga
perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha
establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y
por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece
en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene
que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley,
no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les
sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto
aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas
contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia,
revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas
situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las
leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
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