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Timestamp: 2018-12-10 15:30:05
Document Index: 269423131

Matched Legal Cases: ['Artículo 377', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 390', 'artículo 30', 'Artículo 390', 'artículo 385', 'artículo 390', 'artículo 325', 'artículo 327', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 390']

Acuerdo y Sentencia 338/2017 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2ª SALA Nº 338/17
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días diez y ocho del mes de octubre del dos mil diecisiete, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas - Contencioso Administrativo - Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, ARSENIO CORONEL BENÍTEZ y MARÍA CELESTE JARA TALA VERA, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la Presidencia del Primero de los nombrados, por ante mí el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “PARAGUAY TEXTIL S.A. c/ RES. N° 757 DE FECHA 23/12/15 Y OTRAS DICTADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS” a fin de resolver la cuestión suscitada en estos autos.
Y el miembro del Tribunal de Cuentas - Contencioso Administrativo - Segunda Sala, magistrado ARSENIO CORONEL BENITEZ, dijo: Que, en fecha veintiocho de enero del año dos mil dieciséis (fojas 358/378 TOMO II) se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, la Abogada Mirtha Dos Santos en representación de la firma PARAGUAY TEXTIL S.A., a promover demanda contencioso administrativa contra la Resolución N° 9 de fecha 14 de septiembre del 2.015 dictada por la Administradora de Aduana de Puerto Fénix y contra la Resolución N° 757 de fecha 23 de diciembre del 2.015 dictada por el Director Nacional de Aduanas. Funda la demanda en los siguientes términos: 1) Objeto: En el carácter invocado y acreditado, siguiendo expresas instrucciones de mi mandante de conformidad al Artículo 377 y concordantes de la Ley N° 2422/04 y a lo dispuesto en la Ley N° 4046/2010, en tiempo y forma vengo a promover demanda contencioso administrativa contra: (1) La Resolución N° 757/2015 de fecha 23 de diciembre de 2015 del Director Nacional de la Dirección Nacional de Aduanas, que resuelve el recurso de apelación interpuesto en fecha 02/10/2015 y notificada a mi parte por cédula de notificación de fecha 05 de enero de 2016; (2) la Resolución N° 09/2015 de fecha 14 de setiembre de 2015, de la Administradora de Aduanas de Puerto Fénix de la misma entidad estatal, que resuelve el sumario administrativo instruido a mi representada y (3) demás providencias, actos administrativos y/o resoluciones que sean consecuencia de las indicadas resoluciones, dictados en el marco del expediente sumarial DNA N° 14000081758K- DSA N° 310 - 3/14, en adelante denominados Actos Administrativos; todas emanadas de la Dirección Nacional De Aduanas, en adelante DNA a fin de que (a) sean revocados y/o declarados nulos en la parte que agravian a nuestro mandante, (b) ordenándose en consecuencia la devolución de la garantía con identificador Nro. 11024ADU000020D, cuyo monto asciende a guaraníes Gs. 37.466.074 (Treinta y siete millones cuatrocientos sesenta y seis mil setenta y cuatro, así como los intereses que correspondan calcular sobre dichos montos hasta la fecha de su efectiva devolución y/o pago a PARAGUAY TEXTIL S.A. y de todos los gastos pagados más los accesorios legales correspondientes, en consideración a los fundamentos de hecho y de derecho que seguidamente se exponen. La Dirección Nacional de Aduanas constituye su domicilio en la casa de la calle El Paraguayo Independiente N5 938 casi Colón de la ciudad de Asunción. Los actos administrativos impugnados por esta vía indicados precedentemente y cuyas nulidades y/o revocaciones se requieren disponen específicamente lo siguiente: a) LA RESOLUCION N° 757/2015 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2015 DEL DIRECTOR NACIONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS. El Director Nacional de Aduanas, el Lie. Néstor Valiente, en adelante el Director, por Resolución N- 747/2015 de fecha 23 de diciembre de 2015 resuelve: “1) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por Cesar Armele Maluff representante legal de la firma Paraguay Textil S.A. contra la Resolución N° 09/15, de fecha 14 de setiembre de 2015, dictada por la Administradora de Aduanas de Puerto Fénix, conforme a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución; 2) MODIFICAR parcialmente la Resolución N° 09/15 dictada por la Administradora de Aduanas de Puerto Fénix, en los artículos 1 y 2, los cuales quedan redactados en los siguientes términos: “Art. 1 CALIFICAR, el hecho investigado en autos como FALTA ADUANERA POR DIFERENCIA, de conformidad a lo establecido en el art. 325, numeral 1, de la Ley N° 2422/02, Código Aduanero, responsabilizando de la falta a la firma PARAGUAY TEXTIL S.A. y en forma solidaria al Despachante de Aduanas RICARDO EDGAR ROBLEDO ARMELE, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 23, 317, 318 y 319 del cuerpo legal citado; Art. 2 DEJAR sin efecto la sanción prevista para las FALTAS ADUANERAS POR DIFERENCIA, por los fundamentos sostenidos en el considerando de la presente resolución y por lo establecido en el art. 327, numeral 1, de la Ley 2422/04, Código Aduanero”; 3) REVOCAR en todos sus términos el art 6to de la Resolución N° 09/2015 dictada por la Administradora de Aduanas de Puerto Fénix, considerando lo establecido en el artículo 2, de la presente resolución; y 4) NOTIFICAR, la presente resolución a quienes corresponda y cumplido, archivar. Pase al Departamento de Sumarios Administrativos a los efectos legales correspondientes”. La referida resolución fue notificada por cédula de notificación en fecha 05/01/2016. Se adjunta copia de la misma, b) LA RESOLUCIÓN N° 09/2015 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2015 DE LA ADMINISTRADORA DE ADUANAS DE PUERTO FÉNIX: La Administradora de Aduanas de Puerto Fénix, Abog. María Luján Carrillo, en adelante la Administradora, por Resolución NA 09/2015 de fecha 14 de setiembre de 2015 resuelve: “ART. 1°.- CALIFICAR: como infracción aduanera de DEFRAUDACION el hecho investigado, de conformidad a lo reglado en el art. 331 de la Ley N° 2422/04 del Código Aduanero. Responsabilizando a la firma PARAGUAY TEXTIL S.A. y solidariamente de Aduanas Ricardo Robledo Armele, en concordancia con lo dispuesto en los Arts. 23,317, 318 y 319 de la Ley A/- 2422/04 Código Aduanero. Art. 332 inc. a) de la Ley Ne 2422/04 del Código Aduanero, fundamentado conforme al exordio de la presente Resolución; ART. 2°.- APLICAR: la sanción correspondiente a los casos de Infracción Aduanera de Defraudación, en virtud a lo contemplado en el Art. 333° del Código Aduanero, que dispone una multa al igual al monto del tributo aduanero en que se habría perjudicado el fisco; ART. 3°.- CONFIRMAR: en todos sus términos la reliquidación garantizada a favor de la D.N.A. Despacho de Importación N° 110241c04002321C, LMAN N° 11024LMAN006264W, con identificador de garantía Nro. 11024ADU000020D, cuyo monto asciende o guaraníes Gs. 37.466.074 (Treinta y siete millones cuatrocientos sesenta y seis mil setenta y cuatro). Se detalla Fs. 34 de autos; ART. 4°.- EJECUTAR: una vez firme y ejecutoriada la presente Resolución, las garantías a favor de la Dirección Nacional de Aduanas, LMAN N° 11024LMAN006264W, con identificador de garantía Nro. 11024adu000020D cuyo monto asciende a guaraníes Gs. 37.466.074 (Treinta y siete millones cuatrocientos sesenta y seis mil setenta y cuatro guaraníes). Afectada al Despacho de Importación N° 11024Lc040023221C; ART. 5°.- INTIMAR: a la firma PARAGUAY TEXTIL S.A. y solidariamente al Despachante de Aduanas Ricardo Edgar Robledo Armele; al cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1°, 2°, 3° y 4° de la presente resolución, en el término de (05) días hábiles, conforme al Art. 379° del Código Aduanero; ART: 6°.- ADJUDICAR: del producido de la multa; el (50%) a los denunciantes de la infracción y el restante (50%) a la Dirección Nacional de Aduanas, de conformidad a lo previsto en el Art. 334 de la Ley N? 2422/04 “Código Aduanero”; y ART. 7°.- NOTIFICAR: a quienes corresponda y cumplida archivar. A la oficina de Sumarios Administrativos, a sus efectos”. Se adjunta copia de la indicada resolución, cuya revocación y/o nulidad total e integra de la misma se solicita, por no hallarse ajustada a derecho, conforme a los fundamentos que seguidamente se exponen: 2) Agotamiento de la instancia administrativa: La procedencia del proceso contencioso administrativa queda expedita expresamente al haberse agotado la instancia administrativa con el pronunciamiento de la Resolución N° 757/2015 de fecha 23 de diciembre de 2015, del Director Nacional de la Dirección Nacional de Aduanas, que resuelve el recurso de Apelación y Nulidad interpuesto contra la Resolución N5 09/2015 de fecha 14 de setiembre de 2015 de la Administradora de Aduanas de Puerto Fénix, conforme a lo dispuesto por el Art. 377 de la Ley N° 2422/2004, no quedando más otra vía que el planteamiento de la presente acción. 3) Antecedentes administrativos: Previamente es necesario que VV.EE. se sirvan ordenar a la DNA la remisión del expediente administrativo individualizado como: A.A.E: N° 14000081758K, N° 13000 DPA 000 028796 D.S.A. N° 310-3/14 CARATULADA: “ACTUACIONES REALIZADAS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA NOTA DE LA FIRMA PARAGUAY TEXTIL S.A. EN EL CUAL SOLICITA CANCELACION Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA EFECTIVA”, y de todos los antecedentes administrativos referentes al caso, en adelante nombrados en su conjunto como Expediente Administrativo. Para tal efecto, solicitamos se sirvan librar el pertinente oficio judicial a la Administración Tributaria, a fin de que remita el Expediente Administrativo dentro del perentorio plazo de diez (10) días, en atención a lo dispuesto por los arts. 18, inciso b), y 219 del Código Procesal Civil, bajo apercibimiento de lo dispuesto en la Ley Nro. 4711/12. 4) Hechos; 1. Antecedentes. Antes que nada corresponde mencionar que esta litis es una repetida discrepancia entre mi mandante y la Dirección Nacional de Aduanas que ya ha generado anteriores demandas ante el Tribunal de Cuentas respecto a la partida arancelaria y el correspondiente gravamen aplicable a un tejido importado, el alcance y carácter vinculante de los informes emitidos por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, en adelante el INTN, existiendo jurisprudencia que respalda la posición de que el dictamen emitido por dicho ente público constituye el criterio objetivo y técnico oficial respecto a la composición de un producto para definir su correspondiente clasificación arancelaria. Mi mandante importó tejido de China conforme se aprecia en el despacho de importación N° 11024IC04002321C de fecha 17 de mayo de 2011 obrante en el sumario administrativo. El tejido importado en dicho despacho, tal como fue declarado por el despachante de Aduanas Edgar Ricardo Robledo, corresponde a la partida arancelaria 6006.32.00 el cual tiene gravamen del 0% (cero por ciento). Sin embargo, el Departamento de Visturía de la Dirección de Procedimientos Aduaneros una vez mas cuestionó la clasificación arancelaria declarada por PARAGUAY TEXTIL S.A. del citado despacho de importación que fuera tramitado por el canal de selectividad rojo, y consecuentemente el servicio aduanero procedió a reajustar los aranceles y re-liquidar los tributos injustamente, estableciendo igualmente una multa por la “supuesta situación irregular”. En virtud de ello, la empresa PARAGUAY TEXTIL S.A. se vio obligada a realizar un depósito de garantía de dinero en efectivo por la diferencia tributaria existente entre la clasificación arancelaria declarada por el despachante de aduanas, el Sr. Robledo, - que es la que se ajusta a derecho conforme se fundamentará y acreditará más adelante, quien aplicó la partida arancelaria 6006.32.00 (Tejido Teñido) en atención al informe científico de la INTN, en contraposición a la partida arancelaria 6006.33.00 (Hilados de distintos colores) que indebidamente fuera aplicada por la Dirección y/o Departamento de Visturía. La misma había sido indicada en el Dictamen 65/2007 de la mencionada dirección, sin embargo desde ya manifestamos que de ninguna manera puede ser oponible para éste despacho de importación no solamente por no corresponder debido a que se trata de otra importación realizada por otra empresa y atendiendo a que cada despacho es único e independiente (por lo que aquel dictamen no pudo ser utilizado como parámetro para clasificar el tejido que fue importado por mi representada), sino también por el hecho que la DNA realiza una aplicación distorsionada y amañada de dicho Dictamen contrariamente al informe de ensayo del organismo nacional de normalización que es el INTN, lo cual ya fuera debidamente probado en juicio y juzgado en tal sentido por este mismo órgano jurisdiccional en otro caso similar como será explicado más adelante. Cabe resaltar que los tributos fueron abonados en garantía por la firma PARAGUAY TEXTIL S.A., conforme se puede acreditar del informe del Departamento de Contraloría de fecha 14 de marzo de 2013 obrante a fs. 16 y 17 del sumario administrativo, que contiene la impresión de pantalla de las liquidaciones del Sistema Informático Sofía. El pago fue realizado mediante la garantía N5 11024ADU000020D, transferida a la Cta. Cte. N2 45340/8, "FIANZA Y DIVERGENCIAS” del BANCO ITAU PARAGUAY S.A., conforme al anexo de Conciliación Bancada y extracto de la Cta. Cte. N9 856440/00 del Banco Continental S.A.E.C.A de fecha 11/04/2011, cuyas copias igualmente se adjuntan. 'Posteriormente, y debido al paso del tiempo desde la oficialización del despacho de importación en divergencia en fecha 17/03/2.011, PARAGUAY TEXTIL S.A. por formulario de Cancelación y Devolución de Garantía con entrada DPA N5 28796 de fecha 21/02/2013 se dirigió al Director de Procedimientos Aduaneros a fin de solicitar la Cancelación y Devolución efectiva de la misma con Identificador N° 11024ADU000020D afectada el Despacho de Importación N° 11024IC04002321C,, cuyo monto asciende a guaraníes treinta y siete millones cuatrocientos sesenta y seis mil setenta y cuatro (Gs. 37.466.074). Dicha solicitud se debió a que efectivamente había desaparecido la discrepancia que dio lugar a la divergencia por aplicación del informe del INTN y la ausencia del sumario administrativo pese al tiempo transcurrido. Se aclara que el motivo que origina la solicitud de cancelación y devolución de la garantía es la nota de fecha 09 de marzo de 2011 agregada al expediente sumarial a fs. 2 de autos, que entre otras cosas dice: “La firma solicita del Sr. Administrador la tramitación del Despacho de Importación y el Deposito de una Garantía por un plazo de 10 días de conformidad a lo establecido en el art. 299 de Código Aduanero en atención a la discrepancia con el Dictamen 65/2007 de la Dirección de Visturía... a efectos de su posterior retiro...dejando constancia que el depósito de la garantía se hará en efectivo sobre el monto de la diferencia que resulte con la determinación tributaria producto de la aplicación de la partida arancelaria establecida en el dictamen mencionado precedentemente...”. Asimismo, la ausencia de sumario administrativo se comprueba fehacientemente mediante los informes remitidos por cada uno de los Juzgados de Instrucción Sumarial de la Capital obrante a fs. 09 al 13 del expediente sumarial. La propia Jefa del Departamento de Sumarios Administrativos confirma la inexistencia, mediante Providencia J.S.A. N° 66/13 de fecha 01 de marzo de 2013 obrante a fs. 13 del sumario administrativo, al manifestar: “esta jefatura cumple en remitir los informes por parte de los Juzgados de Instrucción Sumarial de la Capital - Juzgados N° 1, 2, 3, 4 y 5; según los cuales no obra sumario administrativo instruido con relación a los datos consignados en los antecedentes recepcionadas”. Estando avalada la pretensión del importador sobre la composición del producto por un informe técnico como lo es el de la INTN y habiendo hecho el depósito de la garantía en efectivo, los Departamentos de la D.N.A.: de Visturía, de Normas y Procedimientos y Asesoría Jurídica, emitieron varias providencias o dictámenes recomendando un proceso de “solución de controversias”, un “comité de arbitraje” ,para el estudio de una resolución para los despachos de importación en los que una mercadería deba ser sometida a análisis por organismos externos y, en el caso de llevarse a cabo un análisis, cuál sería el alcance de la conclusión. Los Departamentos de la D.N.A. indicados coincidían en que la cuestión no era una infracción o falta aduanera, al contrario, daba la razón de que correspondía un análisis de la cuestión desde el punto de vista normativo y científico (INTN). Básicamente, o que querían hacer a partir de este caso era reglamentar el art. 390, inc. 5 de la Ley 2422/04. De esta manera, la Directora en ese entonces Abog. Rocío Vallejos, mediante la Orden de Servicio 629/2013 de fecha 11 de Junio de 2013 (fs. 46/47), dispuso la conformación de un “grupo de trabajo” para la elaboración de un proyecto de resolución en el plazo de 10 días, orden de servicio o instrucción administrativa que para bloquear este proceso de manera adrede nunca se cumplió efectivamente por parte de los diferentes Departamentos dependientes de la DNA, lo que genera un “vicio grave” e “insalvable” de los actos administrativos posteriores, pues tanto el Departamento de Normas y Procedimientos (fs. 74 al 76) como el Departamento de Visturía (fs. 56) se olvidan por completo de conformar el grupo de trabajo , apartándose de la orden del superior jerárquico y refieren sin más que se debe aplicar la contra liquidación del tributo cuando antes estas mismas dependencias habían elevado dicha sugerencia a la Directora de la DNA. Sobre este punto se hará referencia más adelante. Posteriormente, habiendo transcurrido casi 4 años del despacho de importación y luego del peregrinaje o vía crucis administrativo sufrido por mi representada en atención a los antecedentes y procedimientos por los que tuvo que pasar el expediente, donde no hacen otra cosa más que discutir, no sobre el fondo de la cuestión, sino sobre el procedimiento administrativo que dé solución a lo pretendido por el Importador y lo sostenido por el Departamento de Visturía de la D.N.A., la Asesoría Legal dependiente de la Dirección Jurídica recomienda que se instruya sumario a mi representada, el cual fuera instruido en virtud a la A.I.S. N5 310- 3/14 de fecha 12 de diciembre de 2014, dejando de esta manera a PARAGUAY TEXTIL S.A. supeditado a las resultas de la investigación administrativa aduanera para obtener una respuesta al pedido de cancelación y devolución de garantía que le corresponde en derecho, y que en teoría debería haberse dirimido a partir de la citada Orden de Servicio N° 629/2013 que reglamentara el alcance del informe del INTN, el cual no solamente constituye la base del derecho de mi mandante sino de alguna manera reglamenta el alcance de las atribuciones "discrecionales" que se arroga la DNA. Es así que la cronología del sumario administrativo revela que el mismo fue totalmente irracional, sin el mínimo cuidado de las formas procesales y de una abierta arbitrariedad en la decisión del fondo de la cuestión. Finalmente, el resultado del sumario administrativo se materializa en las Resoluciones: N° 757/2015 del Director de la DNA que resuelve el recurso de apelación y N° 09/2015 de la Administradora de la misma institución que resuelve el sumario administrativo, resueltas en contra de los intereses de mi mandante, de forma total y absolutamente parcial y arbitraria conforme se detalla a continuación: 2) Falta de fundamentación de las resoluciones dictadas por la DNA: Se promueve la presente demanda por considerar que ambas resoluciones son infundadas, arbitrarias, e inconstitucionales en cuanto al fondo de la cuestión, pues no se expresa mérito alguno que sustente válidamente el rechazo de lo solicitado por PARAGUAY TEXTIL S.A., además de contener violaciones de aspectos procesales y/o formales dentro del sumario que las toman completamente nulas, causándole un evidente perjuicio. Como se podrá comprobar a lo largo de la presente demanda, la DNA ha hecho uso abusivo de sus facultades de Autoridad de Aplicación, olvidándose principalmente de fundamentar y/o motivar sus resoluciones, remitiéndose simplemente a negar los argumentos fehacientemente probados por nuestra parte tanto en primera como en segunda instancia administrativa, para finalmente y luego de caer en un sinfín de contradicciones, sin base técnica ni legal, confirmar la reliquidación indebida, ilegal e injustamente aplicada a PARAGUAY TEXTIL S.A. Asimismo, se ve vulnerado el debido proceso y la defensa en juicio consagrados expresamente en los art. 164 y 175 de la Constitución Nacional. En defecto, el considerando de la Resolución 757/2015 del Director Nacional de la DNA se limita básicamente a alegar como “fundamentación” de su decisión cuanto sigue: Discusión sobre la asignación de la posición arancelaria del apelante y de la DNA manifiesta: “...la facultad del servicio aduanero de establecer la clasificación arancelaria y en caso de dudas recurrir eventualmente, a las opiniones o análisis de organismos técnicos especializados, como es el caso del Instituto Nacional de Tecnología; Normalización y Metrología (INTN)...esta Dirección Nacional de Aduanas ya se expidió sobre la cuestión a través de la Resolución DNA N° 281, de fecha 30 de abril, al evacuar la consulta vinculante realizada por la propia firma Paraguay Textil S.A. a cuyos términos se remiten...”. Rechazo al cuestionamiento de la parte sumariada sobre los informes técnicos de la INTN - omitiendo de manera parcialista las propias facultades en esta materia otorgadas al INTN por su propia Carta Orgánica a la que haremos referencia más adelante- y en base a las atribuciones de la DNA en virtud a la facultad otorgada por la Ley como Autoridad de Aplicación al sostener: “... esta Dirección Nacional de Aduanas es del criterio de que los análisis realizados por el mencionado organismo estatal (INTN) o cualquier otra institución técnica; como ya lo señalara en la Resolución. DNA N° 281/2015no son vinculantes a la decisión final que pudiera adoptar el servido aduanero al proceder a la clasificación de una determinada mercadería... Además, no señala taxativamente, tal como pretende hacer creer el apelante, de que el resultado de dichos análisis obligan al servicio aduanero a ajustar su clasificación arancelaria a esos resultados. La normativa legal que si debe prevalecer por sobre cualquier otro criterio es la establecida en la Nomenclatura Común del Mercosur, la cual está basada sobre el Sistema Armonizado de la OMC. Tampoco es óbice para invalidar el criterio del servicio aduanero el hecho de que se dispongan laboratorios para análisis químicos o de otra naturaleza, considerando que la Nomenclatura es una herramienta basada en criterios científicos, técnicos, a todos los efectos legales...”. Como se puede apreciar, las resoluciones dictadas por la DNA, hoy recurridas mediante la presenta acción, deja a nuestro mandante en un estado de indefensión a raíz de que no se encuentran debidamente fundados, es decir, carecen de motivación, violando principios de rango constitucional. Es indudable que la motivación del acto administrativo constituye una de las más importantes garantías de las que goza el contribuyente frente a los actos de la Administración y es, pues, un derecho elemental del mismo. La falta de motivación es manifiesta, puesto que se limita a manifestar que la ley le concede la potestad de aplicar las normas relativas la clasificación de las mercaderías motivo por el cual, puede no adherirse a las conclusiones y/o análisis de los organismos del Estado (INTN) o de cualquier otra institución técnica que refieran a la cuestión debatida, sin entrar a analizar y explicar las razones por las cuales decide aparcarse del informe del UNICO órgano certificador por excelencia con criterio objetivo y técnico como lo es la INTN. Paraguay Textil S.A. no puso ni pone en discusión la potestad de aplicación, interpretación y fiscalización de la DNA respecto de las normas aduaneras vigentes. Lo que se le requirió y requiere es que el acto administrativo se realice teniendo en cuenta parámetros técnicos y objetivos, más aun cuando se trata de la composición de hilos y tejidos por existir centenares o miles de combinaciones producido por el constante desarrollo industrial y tecnológico. Para ello se requieren conocimientos científicos, instrumentos tecnológicos de alta precisión, normas técnicas de contrastación aprobadas por autoridad competente y ejecutadas por organismos certificados por la respectiva autoridad nacional. La determinación de la composición de un determinado bien en particular como el presente no es un acto de fe, incluso en casos como éstos escapa a la apreciación humana y mucho menos está sujeto a un criterio dogmático donde porque un cierto ente tiene ciertas atribuciones legales, se interpreta la norma y la sustancia conforme a su capricho sin un mínimo sustento técnico reconocido. Con la argumentación esgrimida en el texto reproducido básicamente quiere significar que por ser la autoridad de aplicación con facultades interpretativas, tienen conocimientos específico y científico de absolutamente todas las cuestiones que se le plantean, y como agravante aún cuando reconocen que no tienen los laboratorios requeridos para tal menester. En la actualidad se encuentra totalmente desfasada esta perspectiva, pues la especialidad, la división del trabajo y especificación son requisitos previstos a nivel MERCOSUR y OMC para así lograr la uniformidad de criterios en el comercio internacional y evitar medidas proteccionistas y discriminatorias. Reiteramos, no caben dudas respecto a la potestad interpretativa y de asignación de clasificación arancelaría, pero la misma es una actividad reglada para la DNA, tal cual lo menciona el Director en la Resolución respectiva. Lógicamente para semejante operación de determinación en todos los países se cuenta con los organismos de certificación y/o acreditación como es el INTN y por ello es inadmisible que la DNA pueda realizar una interpretación motus propio sin determinar la composición exacta de la mercadería, - que en casos altamente complicados como el presente lo realizan dichos organismos especializados y autorizados, y que aun cuando haya sido determinado exactamente por dicho organismo certificador la Autoridad de Aplicación realice una interpretación y clasificación totalmente al margen de dicho resultado técnico. Por tanto, y conforme a lo expuesto, bajo ninguna circunstancia puede considerarse como fundamentada] una resolución en la que básicamente dice que tienen la potestad de hacer o deshacer las cosas que se encuentran bajo su competencia. Debe contrarrestar las pruebas ofrecidas por nuestra parte, hacer un mérito sobre ellas y explicar las consideraciones por las cuales no los tiene en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que mi parte logra desvirtuar en el marco del sumario, que las mercaderías importadas corresponden a la partida arancelaria N° 6006.32.00 conforme al informe técnico de la INTN, sobre la cual se harán consideraciones en los puntos siguientes. La necesidad de motivación del acto administrativo constituye la traducción práctica del principio de interdicción de la arbitrariedad, que obliga a los poderes públicos sin excepción a fundamentar sus decisiones, mediante un criterio racional y objetivo, lo cual se encuentra íntimamente ligado a los principios de igualdad y seguridad jurídica consagrados también en la Constitución Nacional. De hecho, obra en el sumario administrativo que nuestra parte ha alegado la inexistencia de criterios uniformes por parte de la DNA, ya que en cumplimiento del oficio N° 148/2015 (fs. 171 del sumario) se han adjuntado copias autenticadas de los siguientes despachos de importación de la misma mercadería (desduanizadas bajo la posición arancelaria 6006.32.00 con gravamen cero) donde se ha aplicado el art. 390 inc. 5 del Código Aduanero y se otorgó fuerza vinculante al informe del INTN: i) 14017IC04000726Y del 20/01/14; ii) 14017IC04000847S del 22/01/14; iii) 14024IC04000831J del 06/02/14 y iv) 13024IC04000990Y del 08/02/13 (fs. 172 a 181). En el mismo sentido, incluso recientemente en el año 2016 se han realizado los despachos de importación 16017IC04000825Z y 16010IC04000826R bajo la posición arancelaria 6006.32.00. Desde ya se ofrecen los mismos como pruebas documentales en este proceso. También la D.N.A. ha establecido el mismo criterio con importaciones de la misma mercadería por otras empresas, para lo cual en la estación probatoria oportuna se solicitarán las fotocopias de las facturas y los despachos desaduanizados bajo la partida 6006.32.00 del año 2011 de la empresa Achón Bau Hermanos Comercial e Industrial S.A con RUC 80002087-1, Achón Bau S.A. con RUC 80013907-0 y Rolac S.A. RUC 80005122-0 que demuestran de que se trata del mismo artículo que en todos estos despachos Rieron clasificados bajo la citada partida y sin embargo a nuestro mandante se pretende aplicarle una clasificación diferente bajo criterios alejados de los informes técnicos descriptos con el cual se pretende otorgarle 2 clasificaciones diferentes. La ausencia de fundamentación legal adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que nuestro sistema tributario consagra el principio de la auto-declaración de tributos, atribuyendo una presunción de certeza a los datos y elementos de hecho suministrados por los contribuyentes en sus declaraciones juradas y en las contestaciones a cualesquiera requerimientos de información exigidos por la Administración. En aplicación de lo expuesto hasta aquí, la DNA debió demostrar dentro del sumario administrativo que le fuera instruido a PARAGUAY TEXTIL S.A. - luego de tres (3) años de demora y contradictoriamente después que las propias Direcciones de Visturía, Normas y Procedimientos y Asesoría Jurídica sugirieran a la entonces Directora Nacional Rocío Vallejos realizar un proceso de “solución de controversia” o “Comité de Arbitraje”, para luego de ir “tirándose la pelota” entre dichas dependencias sugerir nuevamente un sumario administrativo para averiguación de hechos ocurridos sin mediar denuncia o falta alguna - que las informaciones, datos suministrados por el IMPORTADOR ADMINISTRADOR - que en este caso sería la declaración del tributo- son incorrectos, incompletos o falsos, y por lo tanto debe soportar la carga de la prueba que fue lo que finalmente tuvo en cuenta para re-liquidar el tributo. Esto, sobre todo y además de lo expuesto, no solamente debido a la aplicación del PRINCIPIO DE INOCENCIA que ampara a mi representada, aclarándose que en este caso incluso los hechos y las pruebas producidas y diligenciadas en el sumario administrativo son contundentes en beneficio de PARAGUAY TEXTIL S.A. y que además ya existieron fallos del Tribunal de Cuentas asentando la premisa de que los informes del INTN reúnen el carácter objetivo de la composición del producto para determinar la clasificación arancelaria del mismo en base a las características arrojadas por los medios técnicos idóneos. En este orden de ideas, tenemos que el acto administrativo tributario se compone de un triple grupo de elementos: subjetivos, objetivos y formales. Los elementos subjetivos son aquellos que se refieren al órgano administrativo competente para tomar una resolución en el ámbito de que se trate; los elementos formales aluden al proceso y/o procedimiento de la formación de la decisión y resolución final, como a la forma externa (normalmente escrita). Por último, los elementos objetivos incluyen el presupuesto de hecho al que la norma atribuye una consecuencia determinada, el fin/objetivo perseguido que constituye un interés público concreto para cuya realización la norma confiere a la Administración una potestad, la causa que debe estar relacionada directamente a objetivos legales, y los motivos que manifiestan la concurrencia de los requisitos para tomar una determinada decisión. Indudablemente los actos administrativos recurridos, soslayan totalmente el elemento objetivo. En efecto, ambos dictámenes fueron emitidos sobre la base de anteriores informes de Departamento de Visturía, sin entrar a analizar la exactitud de los mismos y/o la aplicabilidad de las normas invocadas, ni mucho menos examinar cuestiones de hecho y/o de derecho que podrían afectar o variar lo señalado por la Administración Aduanera, tales como el ensayo de la INTN que confirma lo argumentado por nuestra parte en cuanto a la composición del producto y su correspondiente partida arancelaria, desconociendo además la propia jurisprudencia sobre el tema asentada por el Tribunal de Cuentas. Es decir, PARAGUAY TEXTIL S.A. logra desvirtuar lo alegado por la DNA en cuanto a la posición y/o clasificación arancelaria en el sentido de que supuestamente corresponde la posición N5 6006.33.00, mediante la producción de pruebas fehacientes, científicas y técnicas como lo es el informe del INTN en el que CLARAMENTE manifiesta que la posición arancelaria correcta es la N5 (el cual se encuentra exento de tributo), aportando incluso el criterio jurisdiccional que viene a zanjar la cuestión definitivamente, y cuyo desconocimiento en el propio considerando indica que ya se ha llegado incluso a una actitud caprichosa de la DNA. Claramente la DNA “interpreta” como le parece tergiversando la naturaleza o composición del articulo incidido, en base a sus propios criterios y sin consideración a la opinión objetiva y técnica del órgano certificador por excelencia del país, haciendo imponer su criterio con menoscabo de los derechos del importador/ contribuyente, aplicando arbitraria e injustamente un arancel que no corresponde al producto importado. 3) Discusión sobre la asignación de la posición arancelaria del producto según PARAGUAY TEXTIL S.A. y la DNA. a) Informe del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA (INTN): La discusión principal se ciñe en la clasificación de la partida arancelaria declarada por PARAGUAY TEXTIL S.A. y la que sostiene el Departamento de Visturía de la DNA como la que debe ser impuesta. Amén del vencimiento de los plazos aplicables para la resolución del expediente y las violaciones del proceso administrativo en detrimento del recurrente, para nuestra Parte ha desaparecido la discrepancia en virtud del informe técnico del INTN y el hecho que la DNA no puede apartarse de los resultados arrojados por la única institución pública normalizadora del país. En tal sentido, CONSTA en el expediente la realización de los informes de ensayo realizados por el INTN y que fueron remitidos por su nota DG N° 0044/2015 de fecha 29 de Enero de 2015 en contestación al Oficio N° 44/2015 de fecha 20 de Enero de 2.015 realizado por la Jueza Instructora Abog. Editg Nuñez en el marco del presente sumario administrativo, en los cuales el INTN consigna como resultado del ensayo “Tejido teñido” en Contraposición a “Tejido de hilado de diversos colores", por lo tanto el resultado del ensayo es concordante con la partida arancelaria 6006.32.00 declarada por mi representada. No quepan dudas de que el INTN es la ÚNICA; institución en nuestro país que no solamente reúne los conocimientos científicos, instrumentos tecnológicos y normas técnicas, con certificación nacional e internacional para realizar éste tipo de ensayos, sino que es la única entidad pública autorizada por Ley para certificar productos y servicios. En tal sentido, la competencia específica y de referencia como organismo de certificación del Estado paraguayo están expresamente establecidos por Ley 2.575/2005 “De reforma de la Carta Orgánica del INTN”, en cuya Carta Orgánica figuran como fines los siguientes: Artículo 3°.- Realizar actividades científico-tecnológicas, prestación de servicios, innovación e investigación en su sede central o centros regionales creados por la Institución. 3.2. De la asistencia: b) participar y avalar, mediante certificación técnica, los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones públicas donde se requiera la intervención del INTN, llamados por las entidades que forman parte del Estado y sociedades mixtas, para garantizar las especificaciones de insumos, productos, diseños, equipos e instalaciones a ser utilizados, d) asistir a los sectores públicos y privados mediante trabajos técnicos en análisis y/o ensayos de insumos, productos y sus productos, nacionales e importados, e) realizar trabajos de peritaje técnico en las áreas de investigación, asistencia técnica en el campo de las actividades científico-tecnológicas, g) evaluar y certificar instalaciones, productos y personal. Conforme a lo expuesto, el INTN se encuentra facultado legal y estructuralmente preparada para realizar el ensayo técnico de determinación de la composición de un determinado bien como el presente, y además de ello, es una Institución totalmente imparcial ajena a las partes actuantes en el proceso administrativo y en el contencioso. En otras palabras, además de ser el único órgano competente, especializado y equipado para la realización de este tipo de actividades, se encuentra ajena a intereses de las partes respecto al resultado de dicho ensayo. Todo lo contrario se da en el caso de la DNA que es parte interesada, que tiene como único fin “recaudar”, sin importar los parámetros técnicos y objetivos proporcionados, aprovechándose de su potestad de autoridad de aplicación para la interpretación y clasificación arancelaria, arbitraria y autoritariamente. Siendo la INTN la entidad oficial cuya misión es certificar los aspectos técnicos, de productos sujetos a importación, la DNA no puede apartarse de sus conclusiones, pues la misma no cuenta con conocimientos técnicos que hacen a la composición y construcción de los productos como bien ellos mismos lo reconocen a lo largo del proceso sumarial. Dicho informes son generados en virtud del art. 390 inciso 5 del Código Aduanero que establece: “Corresponde a los Vistas de Aduana 5) Solicitar, por conducto del superior jerárquico, los informes técnicos necesarios para la exacta clasificación tarifaria, en todos los casos de dudas relativas a la composición o a los elementos constitutivos de las mercaderías pedidas a despacho, o relativas al uso o destino de las mismas”. Asimismo, en virtud al citado artículo, en el marco del proceso administrativo la propia jueza instructora solicita un informe vía oficio N° 44/2.015 de fecha 20 de enero de 2.015 al INTN, a fin de que dicha institución informe sobre la composición de la muestra de la tela importada, informe que tuvo como resultado incuestionable “TEJIDO TEÑIDO”, definición que corresponde a la partida arancelaria declarada por mi representada y por el despachante de aduanas Edgar Ricardo Robledo. No tiene ningún sentido dicha disposición del Código Aduanero, para que a pesar de los resultados fehacientes de un ensayo técnico de la institución certificadora nacional arbitrariamente se tome una decisión contraria a la pericia técnica. Las facultades discrecionales son regladas, y en este sentido el CA estipula que ante los casos de dudas relativas a “composición” o “elementos constitutivos” de las mercaderías se solicitan los informes técnicos necesarios para la exacta clasificación. Si no fuere necesario el ensayo técnico entonces nos preguntamos qué sentido tiene solicitarlos y cómo puede ser posible que la determinación del elemento constitutivo de la institución certificadora oficial sea totalmente opuesta a otro organismo del Estado. Esto no resiste ningún razonamiento lógico - jurídico y por ende los informes técnicos son parámetros objetivos y vinculantes como regla para las facultades discrecionales de interpretación. Es inaudito que la DNA pretenda desconocer el informe del INTN, no teniendo la DNA laboratorio de ensayos técnico alguno. De hecho, si aplicamos por analogía un caso similar al tratarse de la composición de telas para uniformes de la Comuna de Asunción, el cual lo mencionamos por ser un hecho notorio de público conocimiento al haber sido publicado en fecha 18 de Enero de 2.012 en el Diario ABC, los informes técnicos del INTN confirmaron las publicaciones de ABC en las que se denunció que los uniformes adquiridos por la Comuna no cumplían el pliego de bases y condiciones, por lo que el municipio decidió rescindir el contrato con la firma proveedora, b. Jurisprudencia del Tribunal de Cuentas respecto al alcance del Informe del INTN: Recientemente, el Tribunal de Cuentas de la Segunda Sala se pronunció en juicios similares, también iniciados por PARAGUAY TEXTIL S.A. contra la misma Institución Estatal y con el mismo objeto de discusión, confirmando y/o ratificando el criterio/interpretación de mi representada expuesta en la presente demanda. Las resoluciones se materializan en los siguientes Acuerdos y Sentencias: Artículo ABC de fecha 18 de enero de 2.012. Municipalidad rescindió contrato con firma proveedora de uniformes. Informes técnicos del INTN confirmaron las publicaciones de ABC en las que se denunció que los uniformes adquiridos por la Comuna no cumplían el pliego de bases y condiciones. El municipio decidió rescindir el contrato con la firma proveedora Estampar SA. Desde el 9 de enero este medio viene denunciando que los uniformes adquiridos por la Comuna capitalina no reunían los requisitos que figuran en el pliego de bases y condiciones, y ayer, tras conocerse un informe técnico del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) sobre la calidad de las prendas, el intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, decidió rescindir el contrato que tenía con la firma Estampar SA, que fue la adjudicada para proveer al municipio de unos 5.750 uniformes por un monto total de G. 4.798.638.502. La denuncia partió del concejal Rafael Villarejo (PPQ), quien incluso el 10 de enero del corriente presentó un análisis realizado por Manufactura Pilar SA a las prendas en cuestión, cuyo resultado arrojó que las mismas no estaban hechas de algodón 100% Pilar, sino que contenían poliéster mezclado con algodón, cuyo precio es más barato que la tela de algodón 100% Pilar. Acto seguido, el edil realizó la denuncia ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Tras esta denuncia, la Comuna también hizo la denuncia en la DGCP y envió varios pares de uniformes al INTN para su estudio. Lo que determinó el INTN: 1) En los uniformes de color amarillo se comprobó que tienen solo 17,70 % de algodón y un 82,30 de polieste; Los uniformes de color gris tienen solo un 19,92 % de algodón y un 80,08 % de poliéster; 3) Las prendas de color amarillo están hechas con 20,95 % poliéster. “ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2 SALA N° 349/15 JUICIO: “EDGAR R. ROBLEDO ARMELE C/ RES. N° 247 DE FECHA 24/05/12, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS”, que entre sus partes destacadas reza: “...Que, en base a todo lo arriba mencionado, tenemos que en este litigio no se discute la potestad de la autoridad de aplicación para la interpretación y clasificación arancelaria, sino más bien que dicha actividad debe realizarse en base a parámetros técnicos y objetivos, como es en el caso de la composición de hilos y telas, por el hecho de que existen centenares o miles de combinaciones productos por el constante desarrollo industrial, por tanto se requiere conocimientos científicos, instrumentos tecnológicos, normas técnicas de contrastación aprobadas por autoridad competente y ejecutadas por organismos certificados por la respectiva autoridad nacional. Por ello para la operación de determinación de que tipos de fibras se encuentra compuesta dicho tejido, es necesario contar con el organismo de certificación y/o acreditación para elaborar con exactitud el resultado que corresponde a la mercancía, como es el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) ya que es la única entidad oficial reconocida y cuya misión es certificar los aspectos técnicos, de todo producto sujeto a importación, de la cual la Dirección Nacional de Aduanas no puede apartarse. Por tanto, es inadmisible que la Dirección Nacional de Aduanas pueda realizar una interpretación sin determinar la composición EXACTA de la mercancía y es por ello que no puede desconocer el informe elaborado por el INTN, ya que la DNA no cuenta con laboratorios de ensayos técnicos...Queda demostrado que, no existe diferencia entre lo manifestado por la adora y lo que resulto finalmente verificado por la DNA correspondiente a la posición arancelaria 6006.32.00 del producto importado. Es así, que a través del certificado emitido por la Fabrica Tianjin Basitex Int. Trading Co Ltd. (fs. 316 C.A.) y 8 través del Análisis e Informe técnico ejecutado por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) (fs. 315 C.A.), de que el tejido es TEÑIDO; y por lo tanto corresponde a la partida arancelaria 6006.32.00...”. “ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2 SALA N° 430/15 JUICIO: “PARAGUAY TEXTIL SA. C/ RES. N° 558 DE FECHA 24/10/2012 DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS. El mismo reza cuanto sigue: “QUE, frente a este planteo de la autoridad aduanera, no se pueden soslayar los informes técnicos del INTN, que se han sustanciado en las actuaciones administrativas, de los que surgen categóricamente que se trata de tejido teñido, por lo que es categórico que la mercadería en cuestión está considerada como PARTIDA ARANCELARIA 6006.32.00 con 0 % de arancel aduanero. Esta afirmación se sustenta en el informe del INTN obrante a fs. 62 del Sumario Administrativo y Fs. 80 del presente expediente contencioso. Nótese que en el informe citado se detallan en el punto tres, en la columna de ensayos, se especifica la disyuntiva de si la muestra ensayada es tejido teñido o hilado de diferentes colores, similar, el art. 324 del Código Procesal Penal establece que: “El Ministerio Público deberá finalizar la investigación, con la mayor diligencia, dentro de los seis meses de iniciado el procedimiento y deberá acusar en la fecha fijada por el juez”. Por ende, todas las actuaciones realizadas en el marco del presente expediente para dirimir la controversia que generara la garantía por diferencia tributaria deberían resolverse en el plazo de seis (6) meses de iniciado el procedimiento, que en este caso sería desde el 17 de marzo de 2011 cuando se realiza el despacho con garantía. De hecho, el pago en garantía fue realizado por el plazo de 180 días conforme al Código Aduanero. Como agravante se puede mencionar que el 10 de diciembre de 2012 se presentó la nota de urgimiento del finiquito presentada en mesa de entrada DPA N° 180456, la cual reúne todos los requisitos para la aplicación del art. 6 de la Ley N° 4.679/128; posteriormente se genera otro plazo mediante la presentación el 20 de Febrero de 2013 del formulario de cancelación y devolución de garantía (presentada en mesa de entrada DPA n° 028796), y como último acto firme de la superioridad jerárquica de la Administración la Orden de Servicio N° 629/13 emanada por la Directora Nacional de Aduanas el 11 de junio de 2013. Como veremos a continuación, nunca se dio cumplimiento a dicha Orden de Servicio por parte de los órganos inferiores de la DNA en detrimento de los derechos del recurrente, por lo cual el plazo de 6 meses resultante de la aplicación del art. 324 del CPP en virtud de la integración de la legislación supletoria autorizada por el art. 380 del Código Aduanero, por imperio de la vigencia de Ley 4.672/13, se encontraba totalmente cumplido desde el inicio del procedimiento (13 de marzo de 2011) hasta la última actuación del superior jerárquico (20 de junio de 2013) que dispusiera acciones puntuales para dirimir el objeto de este expediente. 5. NULIDADES DE PROCEDIMIENTO. Vista la Nota de la Dirección de Procedimientos Aduaneros de fecha 1 de abril de 2014 por la que se emplaza al recurrente a pronunciarse sobre la denegatoria del Pedido de Cancelación y Devolución de la garantía reclamada y, la posterior providencia del 09 de mayo de 2014 por la cual se remite el expediente al Departamento de Contraloría para la ejecución de la garantía efectiva, son totalmente nulas. Es menester recordar la existencia y vigencia de la Orden emitida por la propia Dirección Nacional de Aduanas de junio de 2013 (orden de servicios 629) mediante la cual la propia Directora Nacional disponía la conformación de un grupo de trabajo integrado por el Jefe del Departamento de normas y procedimiento (Coordinador), un representante del Departamento de Visturía y otro representante de la Dirección de Fiscalización, a los efectos de establecer claramente el proseguimiento a seguir para los informes de organismos externos de mercaderías y el alcance de los mismos. Dicha orden igualmente establecía que el Coordinador, esto es, el Jefe del Departamento de Normas y Procedimiento, elevaría en 10 días ante la Dirección Nacional el proyecto de resolución, medida hasta ahora pendiente de cumplimiento. 5.1. Orden de Trabajo N° 629/13 emanada por la DNA. Es importante destacar que en el “VISTO” de la citada Orden de Servicio, la propia Directora Nacional de Aduanas concuerda y deja sentada la necesidad planteada por el recurrente de contar con mecanismos legales pre establecidos en casos de dificultad de clasificación arancelaria sea por falta de laboratorios de la DNA para establecer la naturaleza de un producto o bien por una disparidad de criterios sobre la interpretación de la posición arancelaria respectiva, lo cual se reproduce a continuación: “(...) por la cual expresa la necesidad de establecer como parte de la normativa que rige la vida institucional aduanera, resolución mediante, que si existiera duda sobre la configuración de alguna mercadería se deberá pedir informes técnicos al INTN, y dicho informe será vinculante en el momento de clasificar las mercaderías; que sometido al análisis e informe de la Dirección de Procedimientos Aduaneros, previo informe de sus Departamentos Técnicos, concluye con la sugerencia de conformar un grupo de trabajo para el estudio de una resolución de la DNA, a los efectos de establecer claramente el procedimiento a seguir en los casos que requieran la intervención de organismos que puedan realizar análisis y emitir informes técnicos sobre mercaderías, y el alcance y obligación de aplicación de los mencionados informes; que ésta Dirección Nacional comparte plenamente, por lo que dispone la conformación del Grupo de Trabajo”. La referida orden surge del propio Departamento de Visturía, que en fecha 16 de mayo de 2013 emite el primer Informe DV N° 145/13 en el que expresa (fs. 28) a la Dirección de Procedimientos Aduaneros “la conveniencia de establecer un Comité de Arbitraje, constituido por representantes de los diferentes organismos que forman parte del grupo de Personas Vinculadas a la actividad Aduanera”. Incluso, el mismo Departamento de Visturía vuelve a expresarse en el mismo sentido ya que posteriormente en su segundo Informe DV N° 164/13 de fecha 27 de mayo de 2013 (fs. 25/26) menciona: “Establecida las causas que originaron la discrepancia y la garantía de referencia, esta oficina ya sugirió la conformación de un COMITÉ DE ARBITRAJE, a fin de que el mismo se expida con relación al presente caso (...)”. Existe incluso un tercer informe del Departamento de Visturía DV n° 339/13 de fecha 16 de octubre de 2013, que de manera sorprendente e inaudita, y aun conociendo todos los antecedentes del caso, se contradice a sí misma o vuelve a adoptar una posición diferente al mencionar que “por lo que no encontramos motivos o reparos al nuevo proyecto pero lo consideramos inviable para el presente caso”. La contradicción y arbitrariedad de las actuaciones administrativas realizadas hasta el presente que provocan la indefensión del recurrente resulta patente si se tiene en cuenta lo actuado por los demás departamentos intervinientes. En cuanto a lo actuado por el Departamento de Normas y Procedimiento, inicialmente sugiere a través del Informe DNP N° 962 de fecha 25 de junio de 2013 (fs. 29/30) “la conformación de un grupo de trabajo para el estudio de una RESOLUCIÓN de la Dirección Nacional de Aduanas, a los efectos de establecer el procedimiento a seguir en los casos que requieran la intervención de organismos que puedan realiza análisis y emitir informes técnicos sobre mercaderías, y el alcance y obligación de aplicación de los mencionados informes”, citando expresamente como antecedente el Informe del Departamento de Visturía D.V. N° 164/13 mencionado anteriormente. Este mismo Departamento DNP emite posteriormente un segundo Dictamen N° 050/2014 de fecha 16 de enero de 2014, totalmente contradictorio con el anterior y que versa exclusivamente sobre el fondo de la cuestión, el cual será explicado posteriormente. En el mismo sentido de seguir la sugerencia inicial de conformar un Grupo de Trabajo se expresa la Dirección de Asesoría Jurídica de la DNA, que en fecha 22 de julio de 2013 emite el Dictamen N° 2426 dirigido a la Dirección de Procedimientos Aduaneros, en el que se concluye lo siguiente: “Por tanto, sobre la base de todo lo expuesto, de conformidad a los informes y antecedentes que conforman el presente expediente, es criterio de esta Dirección Jurídica, que corresponde en coincidencia con el Dictamen de DNP n? 962/13, del Departamento de Normas y Procedimientos, se sirva elevar el presente expediente a la Alta Dirección Nacional de Aduanas, a fin de que la Señora Directora, en uso de sus atribuciones conferidas en el art. 386 numeral 13 de la Ley N° 2422/04(....), considere la conformación de un grupo de trabajo, atendiendo lo sugerido tanto por el Departamento de Visturía como por el Departamento procedimientos, para que posteriormente, en base a la postura resultante, sea analizada la posibilidad de proceder a la cancelación y devolución de la Garantía Efectiva con identifícador n° 11024ADU000020D. Como derivación de las sugerencias de los órganos arriba reproducidas, la Directora Nacional de Aduanas dicta la ORDEN DE SERVICIO N° 629/13 ya antes referida, del que nunca más se supo. Cronología de actos administrativos arbitrarios, discrecionales e Improcedentes luego de elevada la sugerencia de conformación de GRUPO DE TRABAJO para extracción de muestras y alcance de informes técnicos para clasificación arancelaria. Se debe mencionar que tanto el Departamento de Visturía (inicialmente) y luego la Dirección Jurídica de la DNA concordaban en la necesidad de establecer el Grupo de Trabajo para que posteriormente, en base a la postura resultante, sea analizada la posibilidad de proceder a la cancelación y devolución de la Garantía Efectiva con identifícador 11024ADU000020D”. En tal sentido, el expediente con las recomendaciones arriba reproducidas es elevada por la Dirección de Procedimientos Aduaneros en fecha 25 de julio de 2013 a la Dirección Nacional de Aduanas que lo recibe fecha de entrada 31 de julio de 2013. Posteriormente, el entonces Director Nacional Adjunto por providencia N° 1987/2013 de fecha 02 de agosto de 2013 dispone “el pase a la Dirección de Procedimientos Aduaneros/Departamento de Normas y Procedimientos, para que éste último se expida en su carácter de Coordinador del Grupo de Trabajo conformado por la Orden de Servicio DNA N° 629/2013, con la debida celeridad que el caso requiere”, recepcionándose el expediente en fecha 12 de agosto de 2013 a fin de presentar el borrador de resolución previsto. En fecha 26 de setiembre de 2013 el Departamento de Normas y Procedimientos eleva a la Dirección de Procedimientos Aduaneros el borrador de resolución respectivo mediante el Dictamen N° 1588/2013 en el cual textualmente sugiere: “Finalmente; visto los informes y antecedentes obrantes en autos; es sugerencia de este Departamento de Normas y Procedimientos, salvo mejor parecer de la Superioridad que corresponde presentar el borrador de Resolución que se adjunta en relación al tema; con la expresa salvedad de remitir el mismo al Departamento de Visturía a efecto de formular sus observaciones y agregar correcciones o ampliaciones, de conformidad con las mencionadas disposiciones legales”. A pesar que en la misma fecha de su recepción el Director de Procedimientos Aduaneros dispone elevar el expediente a consideración de la Dirección Nacional de Aduanas, el mismo recién es recibido en fecha 11 de octubre de 2013. En la misma fecha de su recepción el Director Nacional Adjunto tomo medida de mejor proveer lo deriva alDepartamento de Visturía que lo recepciona el 14 de octubre de 2013. Desviación del objeto de la Orden De Servicios N° 629/13 por parte del Departamento de Visturía y Normas y Procedimientos. Opinión sobre el fondo de la cuestión y falta de retomo a la Dirección Nacional de Aduanas. En fecha 16 de octubre de 2013 el Departamento de Visturía emite su tercer Informe D.V. N° 339/13, que como fuera citado anteriormente no solamente se desvía del fin original previsto en el Dictamen N° 1588/13 del Departamento de Normas y Procedimientos para el cual fue derivado el expediente, esto es formular observaciones sobre el borrador de Resolución propiamente dicho, sino que mediante una lacónica opinión de un (1) párrafo se contradice radicalmente con las sugerencias realizadas hasta dicho momento de conformar el Grupo de Trabajo "a fin de que el mismo se expida con relación al presente caso (sic). En fecha 08 de noviembre de 2013 el Director Nacional Adjunto emite la Providencia N° 896/2013 para que visto el Informe del Departamento de Visturía DV. N° 339/13, vuelva - nuevamente - a la Dirección de Procedimientos Aduaneros/Departamento de Normas y Procedimientos, para su análisis junto con los integrantes del Grupo de Trabajo conformado por la Orden de Servicio DNA N° 629/2013. Termina la providencia con “Cumplido, con las recomendaciones de solución, vuelva”, lo cual nunca ocurrió como veremos más adelante. El citado expediente recién se recepciona en la Dir. de Normas y Procedimientos en fecha 13 de noviembre de 2013, y contrariando la anterior providencia de que el análisis del Informe de Visturía DV N° 339/13 se debía realizar “junto con los integrantes del Grupo de Trabajo”, recién luego de más de un mes dicha Dirección solicita por Providencia D.N.P N° 03 de fecha 03 de enero de 2013 a la Unidad Central de Informes un informe sobre los “sufijos de valor, información adicional y complementaria informada de la declaración detallada por parte del despachante de aduanas”, el cual es respondido en fecha 07 de enero de 2014. En realidad esta información en el estado del procedimiento era totalmente innecesaria por lo que tendría un carácter meramente dilatorio, teniendo en cuenta que lo que aquí debía cumplirse era la Orden de Servicio N° 629/13 emitida seis (6) meses antes para elevar a la Dirección Nacional un “proyecto de resolución” que resuelva en general este tipo de situaciones, y no de manera particular el caso en cuestión. Sin mediar ninguna providencia posterior de la Dirección de Procedimientos Aduaneros, posteriormente en el expediente aparece sin ninguna razón procesal el Dictamen N° 050 de fecha 16 de enero de 2014 del Departamento de Normas y Procedimientos, el cual se concentra exclusivamente sobre el fondo de la cuestión alejándose totalmente de su propio Dictamen N° 1588/2013 del 26 de setiembre de 2013, que por segunda vez lo reproducimos evidenciando la contradicción inherente del actuar administrativo de los órganos actuantes: “Finalmente, visto los informes y antecedentes obrantes en autos; es sugerencia de este Departamento de Normas y Procedimientos, salvo mejor parecer de la Superioridad que corresponde presentar el borrador de Resolución que se adjunta en relación al tema; con la expresa salvedad, de remitir el mismo al Departamento de Visturía a efecto de formular sus observaciones y agregar correcciones o ampliaciones, de conformidad con las mencionadas disposiciones legales”. Es decir, la Dirección de Procedimientos Aduaneros por un lado sugiere elevar a la Dirección Nacional su propio borrador de resolución, luego sugiere que el Departamento de Visturía opine sobre dicho borrador, posteriormente dicha Dirección da su conformidad sobre el borrador de resolución pero extralimitándose en lo providenciado vuelva a discutir sobre el fondo de la cuestión - cosa que la propia Directora Nacional había concordado la necesidad de analizarlo en el marco de un Grupo de Trabajo a ser creado, y el mismo Departamento de Normas y Procedimientos deja al costado su sugerencia - que costó al recurrente más de seis meses de tramitación interna - para luego lacónicamente dictaminar: Finalmente, visto (...) es sugerencia de este Departamento de Normas y Procedimientos, salvo mejor parecer de la Superioridad[ que corresponde DENEGAR lo solicitado por el recurrente, y confirmar la partida arancelaria 6006.33.00 para la mercadería en cuestión, conformidad a lo dictaminado por los Informes de Clasificación del Departamento de Visturía”. 5.4. Incumplimiento de la Orden de Servicio. Estudio del fondo del caso y arbitrariedad del procedimiento administrativo. En fecha 03 de marzo de 2014 se da el siguiente paso de este vía crucis administrativo, cuando la Dirección de Procedimientos Aduaneros remite el expediente a la Dirección Jurídica, haciendo referencia en particular al anterior Dictamen N° 50/2014 del Departamento de Normas y Procedimientos - que se contradice a sí mismo - y el Informe del Departamento de Visturía que resuelva extra petita. En fecha 19 de marzo de 2014, la Dirección Jurídica por Providencia DJA N° 714 responde a la Dirección de Procedimientos Aduaneros en los siguientes términos: "esta Dirección Jurídica informa que, no habiendo motivo para el inicio de alguna acción extrajudicial o judicial tendiente a la ejecución de la mencionada garantía, ya que la misma correspondería a una acción Administrativa, se remite a vuestra Dirección, a sus efectos”. La citada providencia denota dos cosas. Por un lado que el despacho está conforme puesto que NO existe motivo para accionar - judicial ni extrajudicialmente, y segundo que el análisis realmente no se compadece con lo realizado ya que el mismo debería haber versado sobre el borrador de Resolución en base a la Orden de Servicio N° 629/13 y conforme a la Providencia N° 896/13 del 8 de noviembre de 2013, lo cual evidentemente no aconteció. En fecha 01 de abril de 2014, se deriva el expediente al recurrente para su conocimiento y suficiente notificación, estableciendo un plazo no mayor a tres (3) días para responder, en caso de no compartir lo resuelto con lo actuado. Cumplido> pase a la Dirección Jurídica, a sus efectos”. Igualmente esta providencia está totalmente fuera de contexto, por no corresponder lo dictaminado sobre el fondo tanto por los Departamentos de Visturía y de Normas y Procedimientos, además estableciendo un plazo mínimo de 3 días - fuera de toda base legal - para responder a un expediente que a la propia DNA le ha tomado más de un año en discutirlo internamente, con graves contradicciones como ha sido descripto. La última actuación tiene fecha 09 de mayo de 2014, que como colofón a la arbitrariedad y discrecionalidad evidenciado en este expediente, se remite el Expediente "al Departamento de Contraloría para la ejecución de la garantía por Gs. 37.466.074. Luego; al Departamento de Recaudaciones y Garantías, para la liberación de la Garantía, a través del menú del Sistema Informático Sofía Modulo Garantías. Cumplido> para a la Dirección de Administración y Finanzas, para imprimirse los trámites correspondientes al presente caso”. 5.5. Peticiones al Director Nacional de la DNA para el cumplimiento de la ORDEN DE SERVICIOS, nulidad de los actos administrativos posteriores e inexistencia de discrepancia en virtud del dictamen del INTN. Resultado: instrucción del sumario administrativo. Debido a la desviación y arbitrariedad del procedimiento, en fecha 26 de mayo de 2014 mi mandante presentó una nota al Director Nacional de la DNA describiendo los actos citados anteriormente y la desnaturalización de este procedimiento administrativo, solicitando básicamente elevar a su conocimiento el expediente en cuestión; la suspensión de los trámites de ejecución de la garantía y el cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo de la Orden de Servicio N° 629/13 para reencauzar el proceso y a partir de la existencia del Comité de Arbitraje proceder en todo caso a la asignación de la clasificación arancelaria. Ante la nula respuesta de la DNA a esta petición y la falta de movimiento del proceso administrativo, nuevamente en fecha 18 de Agosto de 2014 se presentó ante el Director de Procedimientos Aduaneros Américo Rodi una petición con la cronología del procedimiento, la desviación del objeto de la Orden de envíos 629/13, la consecuente nulidad de los procedimientos con posterioridad a dicha Orden de Servicio y la inexistencia de discrepancia en virtud del dictamen emitido por el INTN. En fecha 30 de Octubre de 2014, el Director Nacional Adjunto Luis Morales pasa dicha petición junto al expediente administrativo a la Dirección Jurídica de la DNA, que de manera inaudita antes de expedirse sobre la petición del recurrente emite el Dictamen N° 2729 del 11 de Noviembre de 2.014 sugiriendo la instrucción de un sumario administrativo - sin mencionar las causales - dejando supeditado lo planteado por el recurrente a las resultas de la investigación administrativa. O sea, antes de analizar la ejecución de una instrucción del superior jerárquico como es la Orden de Servicios para resolver el fondo de la cuestión, la deja pendiente de una eventual condena en un sumario carente de falta o denuncia de parte ya que el despacho estaba en divergencia. Un despropósito total. Finalmente, el Director Nacional de la DNA por providencia del 25 de Noviembre de 2.014, en base al arbitrario dictamen de la Asesoría Jurídica, dispone la instrucción del sumario administrativo, y como no había falta o denuncia que lo sustente, “dispone en averiguación, esclarecimiento y dilucidación de los hechos ocurridos, tomando como cabeza de procedimiento las documentaciones que conforman el presente Expediente”. Es evidente el eufemismo de la frase en negrillas y subrayada puesto que no había falta ni denuncia en este despacho de importación que sirviera de cabeza de proceso, puesto que lo único que existía era una divergencia sobre el fondo de la cuestión (alcance del contenido del dictamen del INTN) cuya solución ya fue dispuesta anteriormente por otro acto administrativo (ORDEN DE SERVICIO 629/13) firme que nunca se cumplió por obvias razones, es decir la limitación objetiva y técnica de la "facultad de interpretación" de la DNA. Y así se fabricó el sumario administrativo instruido por A.I.S N° 310-3/14 cuyas resoluciones posteriores arbitrarias e infundadas son demandadas por nuestro mandante en este proceso contencioso - administrativo. Conforme a lo expuesto detalladamente, corresponde la revisión de la legalidad de los actos administrativos realizados con posterioridad a la emisión de la Orden de Servicio N° 629/13, en particular desde el Informe D.V. N° 339/13 de fecha 16 de octubre de 2013 por apartarse totalmente del cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo de la citada Orden de Servicio, y por supuesto la suspensión de los actos administrativos en curso. Todo ello fue realizado sin haber dado cumplimiento a lo dispuesto en la ORDEN DE SERVICIO N° 629/13 emitida por la propia Directora Nacional de Aduanas para resolver el caso en particular y que hasta el momento se encontraba firme, por lo tanto NO existe clasificación arancelaria firme diferente al del despacho que tiene estado CANCELADO, y sin siquiera la apertura y las otras vías procesales previstas en el Código Aduanero que en otro caso sería la vía ordinaria, siempre y cuando existiera una clasificación arancelaria, que insistimos no fue realizada formalmente. Teniendo en cuenta que el despacho en cuestión 110024IC04002321C data del 17 de marzo del 2011 que originara la cancelación y devolución de garantía solicitada el 20 de febrero de 2013t habiendo transcurrido más de (3) años para resolver la cuestión, esto denota a toda luz sea la intención de alargar el procedimiento para hacerlo más gravoso al recurrente, la apertura de instancias totalmente innecesarias fuera de lo dispuesto por el superior jerárquico, y la arbitrariedad y discrecionalidad de los órganos de la Administración al directamente fallar en contra de lo solicitado por el recurrente y no de manera objetiva siguiendo la instrucción de la Orden de Servicio N° 629/13, haciendo un ejercicio abusivo del derecho que coloca en una posición de indefensión al recurrente, considerando el transcurso del tiempo, la carga de los intereses y la inexistencia de un sumario administrativo propiamente dicho. Cabe resaltar los efectos perniciosos para la legalidad de los procesos administrativos en general ante la DNA, al respeto a los derechos constitucionales de defensa y presunción de inocencia, principio de legalidad e igualdad ante la Ley - considerando otros despachos en la misma situación citados en nuestra respuesta a la notificación del 01 de abril pasado -, y el enriquecimiento ilícito de la Administración que se genera por el simple transcurso del tiempo, ya que los repetidos informes y dictámenes emitidos que resultan al mismo tiempo concordantes y contradictorios entre sí, el traslado del expediente en círculos dentro de la institución sin ninguna fecha final y la falta de cumplimiento por parte de los órganos inferiores de la disposición emanada por el responsable jerárquico de la institución mínimamente denota arbitrariedad en el contenido de los informes, discrecionalidad en el manejo del procedimiento administrativo en desmedro del recurrente - por lo tanto abuso de autoridad por imponer condiciones desventajosas para el mismo ante el órgano superior de la misma autoridad que debe juzgar el caso - y falta de acatamiento al orden jerárquico, ya que con la Orden de Servicio N° 629/13 la máxima autoridad institucional ya decidió el procedimiento a ser establecido para debatir el fondo de la cuestión, volviendo el Departamento de Visturía - con el endoso de la Dirección de Normas y Procedimientos -, a generar una instancia interna inexistente dentro del procedimiento principal ordenado por el Director Nacional de Aduanas, el cual paradójicamente antes que ordenar el cumplimiento de lo dispuesto en la citada Orden de Servicio de su predecesora instruyó un sumario administrativo sin bases legales con las consecuentes resoluciones arbitrarias e infundadas. En parte, el Director de la DNA trató de enmendar tamaña arbitrariedad mediante el cambio de calificación de defraudación por el de falta aduanera por diferencia conforme lo dispuesto en el Art. 2 de su Resolución y dejando sin efecto la sanción prevista para las FALTAS ADUANERAS POR DIFERENCIA, utilizando sus prerrogativas establecidas en el art. 327, numeral 1, de la Ley 2422/04, Código Aduanero, caso que nuestro mandante no está dispuesto tampoco a aceptar puesto que ha realizado de buena fe una correcta declaración de la partida arancelaria, el informe del INTN lo comprueba y respalda y los fallos jurisdiccionales han ratificado la validez del INTN como entidad certificadora oficial para los casos en controversia.
Por proveído de fecha 23 de febrero del año 2.016, de fojas 378 vlto., este Tribunal de Cuentas tiene por iniciada la presente demanda contencioso administrativa.
Por providencia de fecha 14 de marzo del año 2.016, de fojas 383 vlto., se ordena el traslado de la demanda a la adversa.
Posteriormente, en fecha nueve de mayo del año dos mil dieciséis, de fojas 391/398, se presentó ante este Tribunal de Cuentas la representante convencional de la Dirección Nacional de Aduanas, a contestar la demanda contencioso administrativa. Funda la contestación en los siguientes términos: Que, en primer lugar solicito el reconocimiento de mi personería en el carácter invocado, por denunciado y constituido mis domicilios en el lugar señalado, y se me otorgue la intervención legal correspondiente. Que, por el presente escrito vengo a contestar la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Abogada Mirtha Dos Santos, en nombre y representación de la Firma PARAGUAY TEXTIL S.A., contra la Resolución N° 757 de fecha 23 de diciembre de 2015, dictada por la Dirección Nacional de Aduanas, en base a las consideraciones de hecho y Derecho que paso a exponer: Antecedentes administrativos: Que, el sumario administrativo (sustento de esta acción) tiene como cabeza de proceso sumarial la nota de solicitud de cancelación y devolución de garantía presentada ante la Dirección de Procedimientos Aduaneros por la firma importadora Paraguay Textil SA, bajo patrocinio del Despachante de Aduanas, Ricardo Robledo Armele. Manifiestan los recurrentes que dicha solicitud se sustenta en: “(...) la desaparición de la discrepancia que dio lugar a la divergencia por aplicación del informe del INTN y la ausencia de sumario administrativo pese al tiempo transcurrido (...)”. La garantía que se solicita sea cancelada y devuelta fue establecida a favor de la Dirección Nacional de Aduanas por la firma Paraguay Textil SA, por diferencias constatas en la clasificación arancelaria de las mercaderías amparadas por el Despacho de Importación N° 110241C04002321C, y que como cuya consecuencia la Administración aduanera procedió a reajustar los aranceles y reliquidar los tributos eventualmente aplicables al caso, y establecer la multa que correspondería a dicha situación irregular, por cuyo monto resultante se estableció la garantía en cuestión. Que, sobre la base de lo diligenciado en las instancias administrativas correspondientes, y remitidos los antecedentes al Departamento de Visturía de la Dirección de Procedimientos Aduaneros, esta unidad técnica emite el Informe DV N° 164/13 (fs. 26 y 27), en el cual se indica en la parte sustantiva, con relación al objeto de sumario administrativo “(...) ésta oficina informa que en el presente caso, se aprecia una disparidad de criterios de clasificación entre el importador y éste Departamento, en razón de que el producto textil en cuestión, ubicado en la partida arancelaria 6006 LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO, podría ser clasificado en las siguientes posiciones arancelarias: 6006.32.00 (como tejido teñido), por locación del informe INTN, que lo define como TEJIDO TEÑIDO, mientras que la postura del Departamento de Visturía, sustentada y argumentada en base a la Norta legal de la Sección XI y sustentado en los textos auxiliares (Notas Explicativas del Sistema Armonizado de Designación y Clasificación Arancelaria de Mercancías los considera clasificable en la posición: 6006.33.00 (con hilados de distintos colores. Que, a fojas 33 a 42 rola el informe generado en la División Conciliaciones del Departamento de Tesorería de la Dirección Nacional de Aduanas respecto de la garantía establecida a favor de la Administrad: n aduanera por la firma Paraguay Textil SA. Luego de una serie de diligencias administrativas en las que se agregan informes de las unidades técnicas aduaneras presentaciones de la firma Paraguay Textil SA, con relación al tema cuestionada y objeto de sumario administrativo, informes técnicos del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), sobre cuya base el Administrador de Aduana de Puerto Fénix, en fecha 3 de diciembre de 2014, dicta la presidencia por la cual ordena la instrucción del sumario administrativo, para la averiguación y aclaración del hecho y remite todos los antecedentes al Departamento de Sumarios Administrativos para el impulso procesal del mismo (fe. 66 a 116). Que, a fojas 117, 118 y 119 rola el AIS N° 310-3/14 dictado por la Jueza Instructora de Sumarios Administrativos, el cual es notificado en debida y legal forma a las partes. A fojas 125 y 126 rola el escrito presentado ante el Juzgado Instrucción por el Representante Fiscal, a través del cual solicita su intervención de Ley en el sumario administrativo y la realización de diligencias varias, tendientes al esclarecimiento del hecho. Que, a fojas 129 y 135 a 148 César Armele Maluf, representante de la firma Paraguay Textil S.A., por derecho propio y bajo patrocinio de profesional Abogado, presenta ante el Juzgado de Instrucción el escrito por el cual solicita su intervención en el sumario administrativo y realiza el descargo correspondiente, hace un relatorio de todo lo acontecido en el hecho, desde la controversia surgida con el servicio aduanero por la clasificación arancelaria declarada en el Despacho de Importación N9 11024IC04002321C, los informes generados, especialmente en el INTN, los cuales señala el recurrente son válidos, considerando que dicha entidad es la que posee “autoridad” en análisis de productos, por los laboratorios que posee. Finalmente, luego del ofrecimiento de pruebas agregadas a su escrito (fs. 149 a 151), se desestime el sumario administrativo, procediéndose a la clausura del mismo, sobreseyendo a la firma importadora, y que para el efecto se declare vinculante el informe del INTN, por aplicación del artículo 390, inciso 5, de la Ley N9 2.422/04, Código Aduanero, y luego se proceda a la liberación, cancelación y devolución de la garantía depositada a favor de la Dirección Nacional de Aduanas. Que, de las constancias verificadas en autos, VV.EE. podrán corroborar que durante la tramitación del sumario administrativo no se observan vicios o defectos procesales que traigan aparejada la nulidad de las resoluciones administrativas. Se ha dado activa participación a la firma investigada, quien ha presentado sus descargos y ofrecido los elementos de prueba con los cuales pretendían demostrar que no existió ninguna falta o infracción aduanera con relación a las mercaderías ingresadas por el Despacho de Importación N H024IC04002321C, cumpliendo de esta manera con el respeto a las garantías constitucionales del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Que, niego todos y cada uno de los hechos afirmados por la parte actora en su escrito de demanda, con excepción de aquellos que sean expresamente reconocidos por mi parte en esta presentación. Que, las resoluciones recaídas en el sumario administrativo de referencia son el resultado de todo lo diligenciado en sede administrativa; que no es cierto que las resoluciones carezcan de fundamentación y mucho menos de ejercicio abusivo de facultades regladas tal y como lo pretende hacer ver la accionante, las decisiones administrativas recaídas, siguen un orden lógico de ideas y de principios de legalidad propios en todos y cada uno de los fallos emanados por parte de las administraciones de Aduanas, así como también de la Dirección Nacional de Aduanas. Que, no es cierto que la Administración de Aduana de Puerto Fénix no haya valorado la prueba realizada por el Instituto Nacional de Tecnología Normalización, por su siglas I.N.T.N; mas bien aclara en la resolución impugnada los fundamentos por los cuales se sostiene lo establecido por la Unidad Técnica correspondiente, Departamento de Visturía de la Dirección de Procedimientos Aduaneros, el cual en su informe técnico obrante en autos administrativos a fs 26 y 27 menciona: %..) esta oficina informa que en el presente caso, se aprecia una disparidad de criterios de clasificación entre el importador % este Departamento, en razón de que el producto textil en cuestión, ubicado en m partida arancelaria 6006 LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO, podría ser clasificado en las siguientes posiciones arancelarias 6006.32.00 (como tejido teñido), pc~ aplicación al Informe del I.N.T.N., que lo define como TEJIDO TEÑIDO, mientras que la postura del Departamento de Visturía, sustentada y argumentada en base a la Nota Legal de la Sección XI y sustentado en los textos auxiliares (Notas Explicativas) del Sistema Armonizado de Designación y Clasificación Arancelaria de Mercancías, los considera clasificable en la posición: 6006,33.00 (con hilados de distintos colores) (...)”. Que, además de los argumentos sustentados en los informes técnicos de referencia, los fallos administrativos se sustentaron en los fundamentos de la Resolución N° 281/15 “POR LA CUAL SE CONTESTA LA CONSULTA VINCULANTE REALIZADA POR LA FIRMA PARAGUAY TEXTIL S.A.”, obrante a fs. 192 y 193, la cual es consecuencia de la consulta vinculante realizada por la firma PARAGUAY TEXTIL S.A., que en su artículo 30 señala: “Con relación a las consultas realizadas en los puntos 2 y 3; la Dirección Nacional de Aduanas no cuenta con laboratorios de análisis químicos, por lo que en caso de necesidad, puede solicitar informes al Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN),constituyéndose los mismos, en soportes básicos para la clasificación arancelaria de mercaderías. No obstante, la interpretación de las reglas generales del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías, es competencia legal exclusiva de la Dirección Nacional de Aduanas, conforme el Art. 385, numeral 2, de la Ley N° 2.422/04 “Código Aduanero”. Que, no podemos dejar de mencionar las disposiciones contenidas en el Artículo 390 de la Ley 2.422/04 “Código Aduanero”, la cual establece funciones y atribuciones de los funcionarios Vistas de Aduanas en materia de verificación de mercaderías, así como la clasificación y codificación arancelaria de las mercaderías objeto de importación y/o exportación, esta atribución corresponde neta exclusivamente por imperio de ley al Departamento de Visturía de la Dirección Nacional de Aduanas, esta repartición es la única encargada de emitir informes técnicos con validez probatoria existiendo discrepancia en clasificad ir.es arancelarias, no por capricho como lo pretende hacer ver los representantes de la Firma PARAGUAY TEXTIL S.A., sino porque la Ley N° 2422/04 “Código Aduanero” así lo establece. INFORME TÉCNICO DIVISION VISTURÍA Que, por Informe D.V. N° 164/13 de fecha 27 de mayo de 2.013 (fs. 26 del sumario) correspondiente al expediente 13 000 DPA 000028796, el Departamento de Visturía menciona cuanto sigue: POSICIÓN ARANCELARIA CORRECTA DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS: 6006.33.00. La disparidad se presenta en virtud de que, actualmente el tejido de referencia se presenta con la superficie constituida 100% por hilado sintético TEÑIDO (hilado de frente) y en la parte inferior (hilado del dorso) CON TONALIDAD DISTINTA en virtud de hallarse compuesto en una proporción de 65% poliester y 35% algodón, al de la superficie. Es decir nos encontramos ante la presencia de un tejido teñido en la superficie (poliéster) y fibras de algodón con poliéster (con tonalidad distinta) al dorso, pero que en su consideración general, en su conjunto textil se lo considera como tejido con HILADO DE DISTINTOS COLORES, en virtud de la Nota Legal de la Sub-partida N° 1, de la Sección XI-MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS, el cual define a los tejidos TEÑIDOS y los HILADOS DE DISTINTOS COLORES, en sus apartados g, h, como a continuación se describe: Notas de subpartida. 1. En esta Sección y, en su caso, en la Nomenclatura, se entiende por: g) Tejido teñidos. Los tejidos: 1°) teñidos en pieza con un solo color uniforme, excepto el blanco (salvo disposición en contrario) o con apresto coloreado; o 2) constituidos por hilados coloreados con un solo color uniforme, h) Tejidos con hilados de distintos colores. Los tejidos (excepto los tejidos estampados): 1°) constituidos por hilados de colores distintos o por hilados de matiz diferente de un mismo color, distintos del color natural de las fibras constitutivas; o 2°) constituidos por hilados crudos o blanqueados e hilados coloreados o 3°) constituidos por hilados jaspeados o mezclados. (En ningún caso se tendrán en cuenta los hilados que forman los orillos o las cabeceras de pieza). A modo aclaratorio la Nota Explicativa de las Sub-partidas 6005.21 a 6005.44 y 6006.21 a 6006.44, hacen referencia a los Tejidos de punto crudos, blanqueados, teñidos, con hilados de varios colores o estampados, indicando que: Las disposiciones de la Nota 1 de sub-partida de la Sección XI, apartados d) a h), se aplican mutatis mutandis a los tejidos de punto crudos, blanqueados, teñidos, con hilados de varios colores o estampados. Los tejidos constituidos parcial o totalmente de hilos estampados de varios colores o de hilos estampados de diversas tonalidades de un mismo color se consideran tejidos con hilados de varios colores y no como tejidos teñidos o estampados. Que, las decisiones administrativas recaídas en autos fueron fundadas con suficientes elementos técnicos, no en simples caprichos o por el simple hecho de sancionar a la firma sumariada, las explicaciones de los funcionarios vistas en los numerosos informes agregados en autos son determinantes a la hora de establecer la partida arancelaria 6006.32.00 o 6006.33.00. En este sentido, para que el prodigio sea considerado tejido teñido (6006.32.00) debe mantener un color uniforme matiz diferente, sin embargo en el caso de autos el tejido presenta dos matices o tonos diferentes como consecuencia de las distintas fibras constitutivas de (poliéster y algodón), por tanto corresponde la partida arancelaria 6006.33.00 tejidos hilados de distintos colores. FACULTAD DE LA D.N.A. PARA APLICAR LA LEGISLACIÓN ADUANERA Y DETERMINAR LA CLASIFICACIÓN DE LAS MERCADERÍAS. Que, en lo que respecta a las facultades de la Dirección Nacional de Aduanas, el artículo 385 del Código Aduanero menciona: "Funciones de la Dirección Nacional de Aduanas. De conformidad a las disposiciones de este Código, sus normas reglamentarias y complementarias le compete: 1. Aplicar la legislación aduanera. 2. Aplicar las normas relativas a clasificación, origen y valoración de mercaderías", en concordancia con el artículo 390 del mismo cuerpo legal. Por tanto, no existe duda ni margen de equivocación en cuanto a la competencia exclusiva que tiene la Dirección Nacional de Aduanas en materia de interpretación y clasificación arancelaria de las mercaderías ya que la legislación aduanera vigente es clara al respecto. Que, esta función es realizada por medio de la División Nomenclatura y Clasificación Arancelaria, dependiente del Departamento de Visturía, siendo esta última la única dependencia facultada para expedirse sobre la clasificación arancelaria de mercancías, conforme a la Nomenclatura Común del MERCOSUR, basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Por tanto, sobre las consideraciones expuestas precedentemente, V.V.E.E. podrán llegar a la conclusión que las resoluciones dictadas por el Administrador y por el Director Nacional de Aduanas son producto de un procedimiento legal, consecuencia de los elementos existentes en el proceso aplicándose estrictamente la ley, debiendo por tanto proceder al rechazo de esta acción.
Por proveído de fecha 13 de mayo del año 2.016, de fojas 399, se tuvo por contestada la demanda en los términos del escrito obrante a fojas 391/398.
Por A.I. N° 487 de fecha 30 de mayo del 2.016, de fojas 401 Tomo III, este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala se declara competente para entender en la presente litis y ordena la apertura de la causa a prueba por todo el término de ley.
Por A.I. N° 458 de fecha 09 de junio del 2.017, de fojas 483 Tomo III, se ordena la acumulación a estos autos el expediente caratulado: “RICARDO EDGAR ROBLEDO ARMELE C/ RES. N° 757 DEL 23/DIC/15 Y OTRAS DICTADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS”.
Por proveído de fecha 16 de agosto del año 2.017 se llamó Autos para Acuerdo y Sentencia.
Y el Miembro Magistrado ARSENIO CORONEL BENÍTEZ, prosiguió diciendo: Que se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, la Abogada Mirtha Dos Santos en nombre y en representación de la firma “PARAGUAY TEXTIL S.A.", a instaurar juicio contencioso administrativo contra resoluciones dictadas por la Dirección Nacional de Aduanas dentro de las facultades que la Ley le otorga.
A los efectos de una mejor estructura analítica y previa al estudio del fondo de la cuestión corresponde pasar revista de los ANTECEDENTES del caso.
En ese sentido, tenemos la Resolución N° 757 de fecha 23 de diciembre del año 2.015 (fojas 354/357) dictada por el Director Nacional de Aduanas por la cual se resolvió lo siguiente: “...ART. 1° NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por César Armele Maluff, representante legal de la firma Paraguay Textil S.A., contra la Resolución N° 09/15, de fecha 14 de setiembre de 2015, dictada por la Administradora de Aduana de Puerto Fénix, conforme a los fundamentos expuestos en el Considerando de la presente resolución; ART. 2° MODIFICAR parcialmente la Resolución N° 09/15, dictada por la Administradora de Aduana de Puerto Fénix, en sus artículos 1° y 2°, los cuales quedan redactados en los siguientes términos: “Art. 1° CALIFICAR, el hecho investigado en autos como FALTA ADUANERA POR DIFERENCIA, de conformidad a lo establecido en el artículo 325, Numeral 1, de la Ley N° 2422/04, Código Aduanero, responsabilizando de la falta a la firma Paraguay Textil SA y en forma solidaria al Despachante de Aduanas, Ricardo Edgar Robledo Armele, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 23, 317, 318 y 319 del cuerpo legal citado; Art. 2° DEJAR sin efecto la sanción prevista para las FALTAS ADUANERAS POR DIFERENCIA, por los fundamentos sostenidos en el considerando de la presente resolución y por lo establecido en el artículo 327, Numeral 1, de la Ley N° 2422/04, Código Aduanero”; ART. 3° REVOCAR en todos sus términos el artículo 6° de la Resolución N° 09/2015, dictada por la Administración de Aduana de Puerto Fénix, considerando lo establecido en el artículo 2°, de la presente resolución; ART. 4° NOTIFICAR la presente resolución a quienes corresponda y cumplido, archivar. Pase al Departamento de Sumarios Administrativos a los efectos legales correspondientes”.
Por su parte, mediante la Resolución N° 09 de fecha 14 de septiembre del 2.015 dictada por el Administrador de Aduanas de Puerto Fénix se resolvió lo siguiente: "ART.- 1° CALIFICAR: como infracción aduanera de DEFRAUDACIÓN el hecho investigado, de conformidad a lo reglado en el Art. 331° de la Ley N° 2422/04 Código Aduanero. Responsabilizando a la firma PARAGUAY TEXTIL S.A., y solidariamente al Despachante de Aduanas Ricardo Edgar Robledo Armele, en concordancia con lo dispuesto en los Arts. 23, 317, 318 y 319 de la Ley N° 2422/04 Código Aduanero. Art. 332° inc. a) de la Ley N° 2422/04 Código Aduanero, fundamentado conforme al exordio de la presente Resolución; ART. 2°.- APLICAR: la sanción correspondiente a los casos de Infracción Aduanera de Defraudación, en virtud a lo Contemplado en el Art. 333° del Código Aduanero, que dispone una multa igual al monto del tributo aduanero en que se habría perjudicado al fisco; ART. 3°.- CONFIRMAR: en todos sus términos la reliquidación garantizada a favor de la D.N.A. Despacho de Importación N° 11024IC04002321C, LMAN N° 11024LMAN006264W, con identificador de garantía Nro. 11024ADU000020D, cuyo monto asciende a guaraníes Gs. 37.466.074 (Treinta y siete millones cuatrocientos sesenta y seis mil setenta y cuatro guaraníes). Se detalla a fs. 34 de autos; ART. 4°.- EJECUTAR: una vez firme y ejecutoriada la presente Resolución, la garantía a favor de la Dirección Nacional de Aduanas, LMAN N° 11024LMAN006264W, con identificador de garantía Nro. 11024ADU000020D, cuyo monto asciende a guaraníes Gs. 37.466.074 (Treinta y siete millones cuatrocientos sesenta y seis mil setenta y cuatro guaraníes). Afectada al Despacho de Importación N° 11024IC04002321C; ART. 5°.- INTIMAR: a la firma PARAGUAY TEXTIL S.A. y solidariamente al Despachante de Aduanas Ricardo Edgar Robledo Armele, al cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1°, 2°, 3°, y 4° de la presente resolución, en el término de 5 días hábiles, conforme al Art. 379° del Código Aduanero; ART. 6°.- ADJUDICAR: del producido de la multa, el (50%)a los denunciantes de la Infracción y el restante (50%) a la Dirección Nacional de Aduanas, de conformidad a lo previsto en el Art. 334 de la Ley N° 2422/04 Código Aduanero; ART. 7°.- NOTIFICAR: a quienes corresponda y cumplida archivar. A la Oficina de Sumarios Administrativos, a sus efectos”.
Previamente al ingreso del análisis del fondo de la cuestión cabe mencionar que por A.I. N° 458 de fecha 09 de junio del 2.017, de fojas 483 Tomo III, se ordenó la acumulación del expediente caratulado: “RICARDO EDGAR ROBLEDO ARMELE C/ RES. N° 757 DEL 23/DIC/15 Y OTRAS DICTADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS”, a estos autos.
En la situación planteada estamos ante una sanción por defraudación impuesta por la Dirección Nacional de Aduanas a la firma Paraguay Textil S.A. y solidariamente al Despachante de Aduanas Ricardo Edgar Robledo Armele, como consecuencia del sumario administrativo instruido a raíz de una disparidad de criterios, en relación a la clasificación arancelaria que determina el gravamen aduanero, existente entre el Importador y el Departamento de Visturía en relación a un producto textil importado. La sanción impuesta consistió en una multa igual al monto del tributo aduanero en que se habría perjudicado al fisco por valor de Gs. 37.466.074.
Y en esos términos, surge de autos que el sumario administrativo instruido por A.I.S. N° 310-3/14 de fecha 12 de diciembre del 2.014 tuvo como cabeza del proceso sumarial la nota de solicitud de cancelación y devolución de garantía con identificador N° 0020D, bajo la modalidad “Dinero en Efectivo” en concepto de “Diferencia de Valor y/o Gravamen Aduanero” presentada por el representante convencional de la firma Paraguay Textil S.A. con entrada DPA N° 028796 de fecha 21 de febrero del 2.013, ante la Dirección Nacional de Aduanas, en relación al Despacho de Importación N° 11024IC04002321C, Expediente N° 11000DPA000057515, bajo el argumento de que había desaparecido la discrepancia que dio lugar a la divergencia aplicación del informe del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y la ausencia del sumario administrativo pese al tiempo transcurrido.
La garantía que la firma Paraguay Textil S.A. solicitó sea cancelada y devuelta fue establecida a favor de la Dirección Nacional de Aduanas por diferencias constatadas en la clasificación arancelaria de las mercaderías amparadas en el Despacho de Importación N° 1102IC04002321C oficializado en fecha 17 de marzo del 2.011, y que como cuya consecuencia la administración aduanera procedió a reajustar los aranceles y reliquidar los tributos correspondientes. La disparidad de criterios surgida en cuanto a la clasificación arancelaria del producto textil ubicado en la partida 6006. LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO, fue a raíz de que podría ser clasificado en las siguientes posiciones arancelarias: 6006.32.00 según la actora por aplicación del informe del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) que lo define como “tejido teñido”, mientras que la postura del Departamento de Visturía lo considera clasificable en la posición 6006.33.00 “con hilados de distintos colores”.
En ese contexto de ideas, tenemos que la discusión en autos gira en tomo a la asignación de la posición arancelaria de la mercadería importada por la firma Paraguay Textil S.A., mediante Despacho de Importación N° 11024IC04002321C. Y en ese sentido, el Departamento de Visturía mediante Informe DV N° 164/13 de fecha 27 de mayo del 2.013 comunica cuanto sigue: “La disparidad se presenta en virtud de que, actualmente el tejido de referencia se presenta con la superficie constituida 100% por hilado sintético TEÑIDO (hilado del frente) y en la parte inferior (hilado del dorso) CON TONALIDAD DISTINTA en virtud de hallarse compuesto en una proporción de 65% poliéster y 35% algodón, al de la superficie. Es decir nos encontramos ante la presencia de un tejido teñido en la superficie (poliéster) y fibras de algodón con poliéster (con tonalidad distinta) al dorso, pero que en su consideración general, en su conjunto de textil, se lo considera como tejido con HILADO DE DISTINTOS COLORES, en virtud de la Nota Legal de la Sub-partida N° 1, de la Sección XI-MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURERAS, el cual define a los tejidos TEÑIDOS y los HILADOS DE DISTINTOS COLORES, en sus apartados g, h...".
Por otro lado, a fojas 105/107 rola el Dictamen N° 050 de fecha 16 de enero del 2014 del Departamento de Normas y Procedimientos en la que concluye diciendo que la clasificación arancelaria correcta a ser aplicada es la 6006.33.00 en atención a los informes obrantes en el expediente, la documentación y muestra del tejido adjuntado, y a la sugerencia de Clasificación dada por la Secretaría de la Organización Mundial de Aduanas (O.M.A.).
Igualmente, rola a fojas 229/230 la Resolución N° 281 de fecha 30 de abril del 2015 “POR LA CUAL SE CONTESTA LA CONSULTA VINCULANTE REALIZADA POR LA FIRMA PARAGUAY TEXTIL S.A.” la cual en su Art. 2° y 3° del resuelve se lee lo siguiente: “Art. 2°.- Si durante la verificación de mercaderías, surgieren dudas para su correcta clasificación arancelaria, el funcionario Vista de Aduanas, puede requerir los informes técnicos necesarios de conformidad a lo establecido en el artículo 390 numeral 5 de la Ley N° 2422/04 Código Aduanero; Art. 3°.- Con relación a las consultas realizadas en los puntos 2 y 3; la Dirección Nacional de Aduanas no cuenta con laboratorios de análisis químico, por lo que en caso de necesidad, puede solicitar informes al Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (I.N.T.N.), constituyéndose los mismos, en soportes básicos para la clasificación arancelaria de mercaderías. No obstante, la interpretación de las reglas generales del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías, es competencia legal exclusiva de la Dirección Nacional de Aduanas, conforme al Art. 385 numeral 2 de la Ley N° 2422/04 Código Aduanero”.
Ahora bien, en extrema síntesis surge del libelo inicial de los demandantes, Paraguay Textil S.A. y Ricardo Edgar Robledo Armele, solicitan la nulidad y/o revocación de los actos administrativos impugnados y que en consecuencia sea devuelta a la firma Paraguay Textil S.A. la garantía con identificador N° 11024ADU000020D cuyo monto asciende a la suma de Gs. 37.466.074 más los intereses y accesorios legales.
En base a todo lo expuesto hasta aquí surge con meridiana claridad que el núcleo de la controversia en autos consiste en determinar cual es la correcta clasificación arancelaria que determina el gravamen aduanero en relación a la mercadería importada por la firma en cuestión, teniendo en cuenta la disparidad existente al respecto entre el informe remitido por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y el Departamento de Visturía de la Dirección Nacional de Aduanas.
Al respecto, se debe dejar en claro que la Dirección Nacional de Aduanas pueda realizar una interpretación sin determinar la composición exacta de la mercadería y es por ello que no puede desconocer el informe elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) , teniendo en cuenta que la DNA no cuenta con laboratorios de ensayo técnicos tal como se desprende de la Resolución N° 281 de fecha 30 de abril del 2.015 “POR LA CUAL SE CONTESTA LA CONSULTA VINCULANTE REALIZADA POR LA FIRMA PARAGUAY TEXTIL S.A.” transcripta mas arriba.
Por tal motivo para la operación de determinación de que tipos de fibras se encuentra compuesta un tejido, indefectiblemente es necesario contar con el organismo de certificación y/o acreditación para elaborar con exactitud el resultado que corresponde a la mercadería como es el INTN, ya que es la única entidad oficial reconocida y cuya misión es certificar los aspectos técnicos, de todo producto sujeto a importación.
Es así que para la configuración del delito de Defraudación Aduanera es necesaria la existencia del elemento INTENCIONALIDAD con respecto a la declaración falsa, con la finalidad de la disminución del pago tributario, en cuyo caso no puede ser enmarcada en caso en estudio, debido a que tanto la firma PARAGUAY TEXTIL S.A. y su despachante el Sr. Ricardo Robledo Armele han demostrado desde el inicio de la situación que los mismos no realizaron ninguna declaración falsa o inexacta de la base imponible, debido a que ha sido corroborado por el análisis técnico elaborado por el INTN.
Como corolario de lo mencionado, es de importancia citar el comentario de Expedito Rojas Benítez que en su libro “Comentarios sobre el Código Aduanero” Pág. 193 expresa lo siguiente: “La defraudación es una maquinación o maniobra que se perpetra en las operaciones aduaneras para evitar que el Fisco perciba regularmente los tributos que debe percibir por dichas operaciones. Elementos estructurales de la Defraudación son: A) Intención de perjudicar al Fisco en sus intereses económicos, que se materializa en la maquinación, treta, ardid o artificio utilizado para ese efecto; B) Lesión a la renta fiscal, y; C) Violación de las disposiciones legales”.
Por su parte, en relación al sistema nacional reglado de certificación y el reconocimiento nacional e internacional del INTN como órgano certificador para este tipo de ensayos técnicos, tenemos la Ley N° 2.279/03 “QUE MODIFICA Y AMPLIA LA LEY N° 1.028/97 “GENERAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA”, en cuyo art. 15 establece el Organismo Nacional de Acreditación - ONA, dependiente del CONACYT, como parte integrante del Sistema Nacional de la Calidad es la institución responsable de dirigir y administrar el Sistema Nacional de Acreditación y otorgar la acreditación a nivel nacional; mientras que el art. 16 establece que el ONA tendrá como función principal otorgar la acreditación a los organismos, con el fin de habilitarlos para realizar actividades tanto en el ámbito obligatorio como voluntario: a) Laboratorios de ensayo y calibración; b) Organismos que realicen la certificación de productos; c) Organismos que realicen inspección o actividades similares de verificación y control; d) Otros organismos o entidades que requieran de acreditación o evaluación de la competencia de sus servicios, de acuerdo a sistemas intemacionalmente reconocidos.
Además, tenemos el Decreto N° 3.900/10 “POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LOS ARTICULOS 15 Y 16 DE LA LEY N° 2.279/03 “QUE MODIFICA LOS ARTICULOS, 1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 y 22 y AMPLIA LA LEY N° 1.028/97 “GENERAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA” que en ciertos párrafos del CONSIDERANDO dice: “ ...El Paraguay es miembro de la Organización Mundial de Comercio - OMC y signatario del acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio - OTC. El Paraguay a través del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN es miembro de la Organización Internacional de Normalización -International Standarization Organization- ISO, que genera las normas internacionales reconocidas por la OMC para lograr la armonización de los Sistemas de Evaluación de la Conformidad...”.
En el mismo sentido ya se ha expedido este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala mediante Acuerdo y Sentencia N° 349 de fecha 22 de julio del 2.015 en el expediente caratulado: “EDGAR R. ROBLEDO ÁRMELE c/ RES. N° 247 DE FECHA 24/05/12 DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS”.
Por tanto, en virtud a las razones arriba esgrimidas y considerando que para la imposición de una sanción como la “defraudación” las pruebas deben estar suficientemente fundadas con expresiones claras y precisas que la sustenten, demostrándose el dolo o la intencionalidad de perjudicar, lo que no ha ocurrido en el presente caso, por lo que soy del parecer que la presente demanda debe prosperar haciéndose lugar a la misma; y en consecuencia, corresponde la revocación de la Resolución N° 9 de fecha 14 de septiembre del 2.015 dictada por la Administradora de Aduana de Puerto Fénix y de la Resolución N° 757 de fecha 23 de diciembre del 2.015 dictada por el Director Nacional de Aduanas, con la inmediata devolución de la garantía con identificador N° 11024ADU000020D cuyo monto asciende a la suma de Gs. 37.466.074 más los intereses y accesorios legales.
Asunción, 18 de octubre del 2.017.
2) REVOCAR, la Resolución N° 9 de fecha 14 de septiembre del 2.015 dictada por la Administradora de Aduana de Puerto Fénix y contra la Resolución N° 757 de fecha 23 de diciembre del 2.015 dictada por el Director Nacional de Aduanas.
3) ORDENAR, la inmediata devolución de la garantía con identificador N° 11024ADU000020D cuyo monto asciende a la suma de Gs. 37.466.074 más los intereses y accesorios legales.
Abg. Diego Mayor Gamell. Actuario