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Timestamp: 2018-12-13 04:28:57
Document Index: 286357978

Matched Legal Cases: ['Artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 31', 'artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 4']

Publicada la UNE 19601, la certificación del 'compliance' 22-05-2017
La certificación conforme a la UNE 1960, tendrá una duración de tres años aunque su cumplimiento deberá auditarse año a año.
El 'compliance officer', que vigila las operaciones corporativas, debe depender de la Comisión de Auditoría 22-05-2017
La función del 'compliance officer' no está determinada en la legislación, y puede ser ejercida por un directivo, un órgano colegiado y también puede ser externalizada.
Las empresas se enfrentan a multas millonarias ante la futura regulación europea de protección de datos 22-05-2017
Las sanciones que fija la nueva normativa comunitaria pueden implicar también la prohibición del tratamiento de datos ?lo que para algunos negocios puede conllevar el cese de su actividad-; o la suspensión de las transferencias internacionales de datos. De igual modo, las empresas, que tienen obligación de comunicar las brechas de seguridad que sufran, pueden ser objeto de demandas colectivas (?class actions?) por parte de los afectados.
?Los datos personales puede pasar, de ser un activo de gran valor económico, a convertirse en un activo tóxico para las organizaciones que no adopten las medidas apropiadas para mitigar los riesgos de incumplimiento de esta nueva normativa. El incremento del riesgo que se asume no deriva únicamente del giro del régimen sancionador, sino también de la adopción de un sistema de autoevaluación y de responsabilidad proactiva?, sostiene Blanca Escribano, socia de CMS Albiñana & Suarez de Lezo.
Para José Luis Piñar, exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos, estas sanciones se dividen en dos bloques ?una hasta diez millones de euros y el 2 por ciento del volumen total anual global de facturación de la empresa y otra hasta 20 millones y el 4 por ciento de ese volumen global de la empresa. Son unas cuantías desconocidas hasta este momento si se hace la lectura del articulo 83 de este Reglamento Europeo?, aclara.
En opinión de este experto se plantean dos cuestiones ?la primera, el incremento sustancial de las multas respecto a la situación actual y otra que se podría plantear si es o no constitucional en el modelo español el establecer esta horquilla tan amplia?. Nuestro interlocutor recuerda una sentencia del Tribunal Constitucional la 175/2012 que admitía esas horquillas tan amplias en ciertos casos. ?Estas sanciones van a generar un gran poder discrecional en las autoridades de protección de datos, mucho mayor que el actual?.
Piñar recuerda que el citado Reglamento Europeo establece unos criterios generales para imponer las multas y una serie de supuestos o de criterios que tendrán que tener en cuenta las propias autoridades ?estas van desde la gravedad de la infracción, intencionalidad, medidas tomadas para solventar la situación creada por la infracción, la cooperación que la empresa realice con la autoridad de control. Circunstancias que tendrán que valorarse antes de la implantación de dichas sanciones?.
En este escenario de un año que queda para la entrada de vigor de la nueva normativa europea en protección de datos este experto, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo y Presidente de la Sección 3 de Derecho Público de la Comisión de General Codificación no cree que haya muchos cambios a nivel de sanciones en el propio texto del Reglamento ?El futuro Comité Europeo de Protección de Datos, antes Grupo de Trabajo del Artículo 29 quizás podría fijar algunas directrices sobre esta cuestión sin menoscabar la potestad de las autoridades de control de cada país?.
Sobre las infracciones, habrá que ver si afecta a un único país o tiene relevancia trasnacional ?en ese caso entraría en marcha todo el sistema de cooperación y coherencia para determinar quién es la autoridad competente para determinar la sanción. El procedimiento sancionador tendrá todas las garantías jurídicas para el denunciado y que pueda presentar alegaciones y tras su tramitación se pondrán las sanciones pertinentes?. En el Reglamento se indica que si no hay acuerdo entre las autoridades de control implicadas será este nuevo Comité Europeo de Protección de datos quien dictará la resolución vinculante.
Por su parte, Cecilia Álvarez, presidenta de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), entidad que está a punto de celebrar su V Congreso Nacional donde se hará un análisis detallado de este Reglamento Europeo de Protección de Datos, señala que ? la imposición efectiva de las multas del RGPD dependerá de los requerimientos del derecho administrativo de cada Estado Miembro que deberá tener previsto, y, si no, deberá regularlo ahora la tipificación de las infracciones y sanciones así como su período de prescripción; precisar si y cómo se aplican las sanciones al sector público nacional ,como es el caso del sector público de la UE que está sujeto a sanciones,; y comprobar que las reglas del procedimiento sancionador existentes son suficientes.
Álvarez señala que ?en relación con tratamientos transfronterizos y la ventanilla única europea, será necesario definir el proceso a seguir y las garantías procesales. Es una tarea en la que debería estar trabajando ya el Supervisor Europeo de Protección de Datos junto con las demás autoridades de protección de datos nacionales. En cuanto a la concreción del procedimiento sancionador a efectos españoles es tarea del Ministerio de Justicia español y todo apunta a que la voluntad es que la norma española que lo regule, junto con otras materias, en su caso, se apruebe antes de la entrada en vigor del Reglamento europeo?.
Respecto a los supuestos más frecuentes que puedan generar las mencionadas sanciones, la presidenta de APEP destaca que ?no es algo que se pueda anticipar con seguridad, pero no es improbable que las infracciones más frecuentes estén vinculadas a perfilados si estos derivaran en supuestos de discriminación injusta, a los consentimientos condicionados en materia de publicidad?.
También cree que otras conductas sancionables pueden tener que ver con la ?falta de incorporación de la privacidad por el diseño en la tecnología utilizada para tratar datos personales así como las brechas de seguridad derivadas de medidas de seguridad poco diligentes. En cualquier caso, como punto de referencia del pasado reciente, siempre es útil observar los supuestos más habituales de la actividad sancionadora de la AEPD de los últimos años?.
Si esas multas deben ser más flexibles para las pymes, Álvarez señala que ?la sociedad debe esperar ejemplaridad de la Administración así como que las grandes corporaciones inviertan recursos razonables para incorporar la privacidad en sus decisiones estratégicas y procesos de negocio?.
Desde su punto de vista ?la imposición de sanciones debe tener un efecto desincentivador del incumplimiento, lo que está directamente ligado con la aplicación del principio de proporcionalidad. No por tratarse de una PYME el perjuicio causado es automáticamente menos relevante pero sin duda la capacidad económica de la entidad será tenida en cuenta a la hora de imponer sanciones?.
En cuanto a si entrada de esta normativa europea puede generar más litigiosidad, cree que es razonable pensar que así sea ?porque las entidades tienen mucho más que perder si se les imponen multas elevadas. Asimismo, las entidades públicas y privadas serán cada más más conscientes de que necesitan proteger los datos personales como un insumo estratégico para sus actividades, con la dificultad de la falta de regulación en materia de derechos de propiedad. Asimismo, esta litigiosidad puede incrementarse si se generaliza en los Estados miembros la posibilidad de interponer acciones colectivas en esta materia?
Declaración común del Grupo de Contacto de las Autoridades de Protección de Datos de Holanda, Francia, España, Hamburgo y Bélgica 17-05-2017
En España, la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto dos procedimientos de infracción tras las investigaciones preliminares sobre la política de privacidad y las condiciones de uso de Facebook.
El sector analiza y se prepara para la reforma de la protección de datos en el V Congreso Nacional de Privacidad APEP 17-05-2017
Datos personales: nuevos retos para pequeñas empresas 17-05-2017
Se elimina la obligatoriedad de inscribir los ficheros y de elaborar el documento de seguridad, pero, a cambio, se requerirán otras cuestiones. Ver enlace:
Protección y explotación comercial de software y Apps-Asturias 16-05-2017
Jornada organizada por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) y la European IPR Helddesk para el 23/05/2017. Jornada gratuita previa inscripción.
El "manual de compliance", hoja de ruta con poder para salvar a las empresas 16-05-2017
Los expertos confían en que las empresas conozcan cada vez más las ventajas de velar por la norma y se involucren con la supervisión, seguimiento y monitorización de estos programas.
Virus WannaCry: consejos para evitar sufrir un ataque informático 16-05-2017
Los expertos coinciden en que los retos del compliance officer son enormes 15-05-2017
Manuel Crespo, compliance Officer de Telefónica, ha afirmado que los retos ?aparecen todos los días, a lo que hay que sumar los estructurales, que tienen que ver con la delimitación de las funciones, comenzado por aglutinar una trabajo que antes se hacía desde distintas áreas?. Cree necesario comenzar por la delimitación de la tareas, ?porque no se sabe muy bien qué se espera de la oficina de cumplimiento?. Por ello ?es necesario priorizar muy bien cuáles son las materias, ya que los recursos no son ilimitados?. Reconoce además que ?nuestra función es complicada, ya que además generamos un cierto temor en la misma organización?.
Por su parte, Jaime Gaspar, compliance Officer de Laboratorios Lilly, cree que el responsable de cumplimiento se enfrenta a un primer reto: ?Determinar si su trabajo se centra más en el ámbito de la asesoría o en el de formación?. En la creación de la oficina, ?la empresa siempre manda un mensaje sobre lo que espera de ella y la importancia que le da?. Así, ?no es lo mismo que la haga reportar a su dirección nacional o a la internacional?. Otro reto ?es lograr una cultura ética de integridad; hacer un programa de compliance es relativamente fácil, lo difícil es tener capacidad de influir para que siempre que se actue desde el comité de dirección, se haga sin intención de sobrepasar los limites éticos?.
Silvia Zamorano, del Área de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal, puesto que ?me da una doble visión, ya que nos dedicamos a la consultoría de otra empresas en esta materia?, afirma que una de la dificultades con las que se encuentra el compliance officer es la propia estructura de la organización: ?Muchas veces no se tiene claro qué funciones se van a integrar en la oficina de cimplimiento?. En cuanto a los retos de la figura del compliance officer, ?el primero es la delimitación de sus funciones dentro de la organización?. Destacó además que ?debe ser visto como una persona de confianza, no como un enemigo?.
Ignacio Garcia Miguel, compliance Officer Region Iberia de Bosch, ha afirmado que, de la misma forma que los departamentos jurídicos tienen bastante autonomía, las empresas deben
crear unos medios personales y económicos para la oficina de compliance?, que además ?tienen que ser independientes de los de la asesoría jurídica?.
Por último, Juan Pablo Olmo Subdirector General Área de Cumplimiento de Grupo Mapfre, ha recordado que ?el desarrollo normativo no ha sido igual en todos los países de Europa?. Por eso, en una multinacional las oficinas de compliance no pueden ser idénticas, ya que los desarrollos normativos son distintos; hay que crear un programa global pero adaptado a cada país?. Ha hecho además hincapié en la necesidad de que el compliance officer ?baje a todos los procesos del trabajo y explicar a cada departamento cuáles son los riegos de su desempeño. Más que un formador tiene que ser un concienciador?, ha concluido.
La Inspección de Trabajo desoye al Supremo y exige el registro horario 15-05-2017
La AEPD e ISMS Forum Spain publican un 'Código de buenas prácticas en protección de datos para proyectos de Big Data' 12-05-2017
Misión tecnológica para la colaboración entre entidades del sector ambiental españolas y latinoamericanas 12-05-2017
Está dirigida a aquellas empresas españolas del sector ambiental interesadas en generar y consolidar oportunidades de cooperación tecnológica en los sectores ambientales que se tratarán en el Congreso de ACODAL y en el EIMA 2017.
¿Están obligadas las empresas a registrar la jornada de los trabajadores? 12-05-2017
El registro de jornada sigue siendo obligatorio en varios casos.
Prevención de Riesgos Laborales. Preguntas Frecuentes 12-05-2017
Esta modalidad preventiva, como se ve, únicamente se puede utilizar por el empresario en el caso de empresas de hasta 25 trabajadores, en el caso de más de 25 trabajadores el empresario deberá recurrir a una de las otras tres modalidades preventivas contempladas en la normativa, trabajadores designados, servicio de prevención ajeno o prevención propio.
¿Puede ocuparse de la actividad preventiva de la empresa un trabajador?
El número de trabajadores designados, así como los medios y el tiempo de que deben disponer deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones.
¿Tengo obligación de crear un Servicio de Prevención Propio (SPP) para ocuparse de la actividad preventiva de la empresa?
La empresa deberá elaborar anualmente y mantener a disposición de las autoridades sanitarias competentes y del comité de seguridad y salud la memoria y programación anual del SPP.
¿Cuándo tengo que contratar un Servicio de Prevención Ajeno (SPA)?
Para actuar como servicio de prevención ajeno, las entidades especializadas deberán ser objeto de acreditación por la administración laboral, previa aprobación de la administración sanitaria, en cuanto a los aspectos de carácter sanitario. La acreditación se dirigirá a garantizar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento.
¿Qué es un Servicio de Prevención Mancomunado (SPM)?
Tendrán la consideración de servicios propios de las empresas que los constituyan y habrán de contar con, al menos, tres especialidades o disciplinas preventivas. Para poder constituirse, deberán disponer de los recursos humanos mínimos equivalentes a los exigidos para los servicios de prevención ajenos en la Orden TIN/2504/2010. En cuanto a los recursos materiales, se tomará como referencia los que se establecen para los servicios de prevención ajenos en la citada Orden, con adecuación a la actividad de las empresas.
En todo caso, es recomendable que quede bien claro que el programa formativo se corresponde con el recogido en el R.D. 39/1997 y que figure en el reverso del certificado o titulo que se expida, así como que en este mismo documento se especifique que esa formación habilita para desempeñar las funciones de nivel básico en PRL recogidas en el art. 35 del R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.
¿Dónde puedo encontrar los Servicios de Prevención Ajenos acreditados para actuar en Asturias?
Asimismo, en la pestaña de Entidades de Prevención de Riesgos Laborales de esta propia página Web del IAPRL podrá acceder a los listados de los Servicios de Prevención Ajenos acreditados para actuar en Asturias en las cuatro disciplinas preventivas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo).
Consultando nuestra página web (se convocan al menos 15 días antes de su realización), o bien enviándonos un correo electrónico en el que nos autoriza a comunicárselo cuando hagamos la convocatoria.
Me gustaría saber si organizan cursos de PRL, cuánto cuestan y cómo podría conseguir información de ellos.
Organizamos jornadas técnicas y seminarios que se publican en nuestra página web. Son todos gratuitos, el límite está en el aforo del salón de actos en las jornadas técnicas y los seminarios son de grupos reducidos para especialistas. La información se la podemos dar directamente cuando hagamos la convocatoria, si nos autoriza para hacerlo por correo electrónico y comunicárselo.
¿Podría conseguir la publicación X del IAPRL? ¿Cuál es su importe?
Todas las publicaciones del IAPRL son gratuitas y se pueden descargar de nuestra página web. Nuestra tirada en papel es limitada y no siempre disponemos de ejemplares suficientes.
¿Para qué sirve el Pasaporte a la Seguridad?
Es un carnet que garantiza el haber realizado el curso básico de 50 horas a los alumnos que hayan aprobado la asignatura de FOL cursando cualquiera de las especialidades de FP.
No, aunque sí tiene la obligación de que en la evaluación de riesgos y en el plan de prevención de la empresa se contemple la presencia y localización de los materiales con amianto y las acciones encaminadas a asegurar que no se van a producir exposiciones a fibras de amianto para sus trabajadores.
¿Es obligatorio realizar mediciones personales durante todos los trabajos de retirada de MCA que se realicen por una empresa inscrita en el RERA?
Cada trabajo a realizar requiere su propia evaluación de riesgos y ésta debe basarse necesariamente en los resultados de la medición de fibras de amianto en aire. Esto no significa necesariamente que haya que realizar mediciones de fibras en todos y cada uno de los trabajos ya que, como se indica en el artículo 5 del R.D. 396/2006, la medición no es preceptiva para cada trabajo individual, sino para todo tipo de actividad determinado. Cuando se trate de trabajos que correspondan al mismo tipo de actividad, la evaluación de riesgos se puede basar en las concentraciones de fibras de amianto estimadas sobre los resultados de mediciones anteriores.
¿Cuál es el plazo de la aprobación del Plan de trabajo en Asturias?
Según el artículo 12 del R.D. 396/2006, el plazo para resolver y notificar la resolución será de cuarenta y cinco días, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la autoridad laboral competente; si, transcurrido dicho plazo, no se hubiera notificado pronunciamiento expreso, el plan de trabajo se entenderá aprobado. En la tramitación del expediente debe recabarse el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos técnicos en materia preventiva de las correspondientes comunidades autónomas, y en Asturias no suele agotarse el plazo citado.
En una demolición aparece oculta una bajante, una chimenea, que no se ha podido identificar antes por no estar a la vista, ¿cómo se debe actuar? Y ¿Está obligada la empresa de demolición a inscribirse en el RERA?
En el plan de prevención de la empresa de demolición deberían estar previstas estas situaciones: a qué empresa del RERA se recurrirá, condiciones del contrato con la misma, designación del responsable de la identificación de los casos en los que sea necesaria la intervención de esta empresa externa, etc.
¿Qué es un agente químico peligroso?
Un agente químico se considera peligroso cuando puede ser causa de un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores porque dispone de capacidad para causar daño debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas, o sea, a su peligrosidad intrínseca, pero también a la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo, como sería el caso de vapor de agua a 150°C, un material inerte en forma de polvo respirable, lejía (irritante), amoniaco (corrosivo), etc.
¿Qué es una Ficha de Datos de Seguridad? ¿Qué información mínima debe contener?
El proveedor de una sustancia o mezcla, que en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 31 del Reglamento nº CE 1907/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, debe facilitar a su destinatario una FDS, a más tardar en el momento de la primera entrega del producto, deberá asimismo, antes de la comercialización de esa sustancia o preparado, entregar una copia de la misma al Ministerio de Sanidad y Consumo.
La FDS mencionada, deberá estar redactada al menos en la lengua española oficial del Estado o estados miembros en el que se comercializa la sustancia o el preparado.
Además, se deben incluir como anexos los escenarios de exposición derivados del informe de seguridad química, con el fin de facilitar la aplicación de las medidas adecuadas de control de riesgos.
Soy técnico de prevención y voy a realizar la toma de muestra de un contaminante químico en aire según el método de toma de muestra y análisis ?X? y el posterior envío de la muestra a un laboratorio para su determinación mediante el método de toma de muestra y análisis ?Y?.¿Es correcta esta forma de actuar?
Tanto el técnico de prevención de campo como las personas que realizan el análisis, deben conocer el método de medida de forma completa en todas sus etapas estableciendo la comunicación necesaria para su aplicación correcta y coherente.
¿Cuál es el muestreador personal más adecuado para la determinación de la fracción inhalable de materia particulada?
En España, los muestreadores que se han venido utilizando hasta la fecha son la cassette de 37 mm de diámetro cerrada para la llamada ?fracción total? y el ciclón para la fracción respirable. Mientras que el ciclón es un muestreador adecuado para la fracción respirable, la cassette de 37 mm en sus dos modalidades de uso, abierta y cerrada, no cumple con el convenio de la fracción inhalable.
La información necesaria para la selección y utilización del muestreador más adecuado a las exposiciones a evaluar, entre los que cumplen con los criterios de la norma, los requisitos que deben cumplir los muestreadores y su relación con los valores límite, se encuentra disponible en el documento publicado por el INSHT, CR-03/2006:Toma de muestras de aerosoles. Muestreadores de la fracción inhalable de materia particulada.
¿Puede una trabajadora seguir lactando a su hijo si en su puesto de trabajo puede estar expuesta a agentes químicos?
La reanudación de la jornada laboral no tiene por qué significar el final de la lactancia natural. El Reglamento CLP establece una clasificación específica para las sustancias que pueden tener efectos adversos sobre la lactancia con el fin de advertir a las madres lactantes sobre este peligro específico, denominada categoría adicional para efectos sobre la lactancia o a través de ella: Se reconoce que no existe información sobre los efectos adversos que, a través de la lactancia, muchas sustancias pueden originar en los descendientes. No obstante, las sustancias que son absorbidas por las mujeres y cuya interferencia en la lactancia ha sido mostrada o aquéllas que pueden estar presentes (incluidos sus metabolitos) en la leche materna, en cantidades suficientes para amenazar la salud de los lactantes, deben clasificarse y etiquetarse para indicar el peligro que representa para los bebés alimentados con la leche materna.
Puede encontrar más información en el apartado Amianto de nuestra web
A este respecto, debemos señalar que el Grupo de Trabajo "Construcción" de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo estableció en su Ponencia General los criterios de aplicación del Real Decreto 1627/97, y por lo tanto aplicables a todas las obras de construcción definidas en el mismo, manifestando en cuanto a los técnicos competentes: "a los efectos de interpretar el art. 2.1 e) y f), del Real Decreto 1627/97, se consideran técnicos competentes a aquellas personas que posean titulaciones académicas y profesionales habilitantes, así como conocimientos en actividades de Construcción y de Prevención de Riesgos Laborales, acordes con las funciones que fija el Real Decreto, que serán las titulaciones de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero e Ingeniero Técnico".
En obras sin proyecto no existe Estudio de Seguridad y Salud, por tanto Plan de Seguridad y Salud, entonces, ¿no es precisa la figura del Coordinador de Seguridad y Salud en la obra?
Este Organismo considera que actualmente existe la obligación legal de que en cualquier tipo de obra, y no únicamente las que tengan obligación normativa específica de contar con proyecto, el promotor debe designar un coordinador en materia de seguridad y salud durante le ejecución de la obra, siempre que en la misma intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
En efecto, queda claro que las obras se seguirán rigiendo por su normativa específica y sus propios medios de coordinación (y el allí establecido es la designación de coordinador), y además la propia disposición adicional primera, cuya letra c) del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, dispone que los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los establecidos en Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposición adicional decimocuarta de le Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como cualesquiera otros complementarios que puedan establecer las empresas concurrentes en la obra.
El Real Decreto 171/2004 obliga al establecimiento de determinados medios de coordinación entre los que se incluye la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas, y su disposición adicional, relativa a la aplicación real decreto en las obras de construcción, especifica que los medios de coordinación serán los establecidos en el Real Decreto 1627/1997 (e insistimos que allí el medio previsto es el coordinador), luego en el ámbito de las obras de construcción necesariamente debe designarse un coordinador durante la ejecución de la obra, tenga esta o no obligación legal de contar con proyecto. La disposición adicional deja claro que el medio de coordinación utilizado en las obras, con o sin proyecto, únicamente puede ser la designación del coordinador y que el resto de los medios de coordinación del articulo 11 pueden darse pero con carácter de complementarios (y no sustitutos) si las empresas concurrentes desean aplicarlos.
Por otro lado, carecería de toda lógica que, tras la aprobación de una norma especifica sobre coordinación de actividades empresariales, con un articulo 13 donde se especifican las condiciones necesarias para la designación de un coordinador de actividades preventivas, una obra de construcción de cierta envergadura, en la que intervengan varias empresas, no requiriese la designación de coordinador durante la ejecución de la obra por el hecho de que la misma no cuente con proyecto y, por tanto, con dirección facultativa. Resultaría, así, paradójico, que la remisión del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, al Real Decreto 1627/1997, en esta materia, tuviera como consecuencia que las obras de construcción sin proyecto fueran los únicos centros de trabajo en los que, interviniendo varias empresas, no existieran medios de coordinación.
Esta interpretación tampoco entra en contradicción con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, porque este se aplica a todo tipo de obras (con o sin proyecto) y, en realidad, la base de la definición de coordinador es que éste sea un técnico competente, que deberá estar integrado en la dirección facultativa, si esta existe, pero sin que pueda supeditarse la obligatoriedad de la designación del coordinador a la circunstancia de que no exista dirección facultativa.
Una cosa es que, si hay dirección facultativa, el coordinador deba integrarse en ella, y otra bien distinta es que la ausencia de dirección facultativa tenga como consecuencia la falta de designación de coordinador en los casos en que la norma prevé la existencia de esa figura.
Además, tampoco puede dejar de señalarse que el artículo 3.2 no condiciona la exigencia de coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra a la existencia de un proyecto de ejecución. Así, la redacción del apartado 2 ("cuando en la ejecución de la obra intervenga mas de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designara un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra"), condiciona la exigencia para el promotor de designar un coordinador únicamente a la circunstancia de que en la ejecución de la obra intervenga mas una figura.
Quiero construir un balancín para uso propio. ¿Qué normativa debo cumplir?
El balancín es un accesorio de elevación. La normativa que le afecta es el R.D. 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de máquinas.
Dentro del citado real decreto, el artículo 2 define la figura del fabricante como: ?persona física o jurídica que diseñe y/o fabrique una máquina cubierta por este R.D. y que sea responsable de la conformidad con vistas?o para su propio uso.?
Este precepto indica que el empresario se convierte en fabricante a efectos legales de la seguridad y conformidad del accesorio de elevación, con los requisitos exigidos en la normativa.
El primer paso que debe hacer es la realización de un Expediente Técnico que incluirá los ensayos de carga efectuados según las Normas Técnicas de aplicación.
Además del Expediente Técnico, certificará la prueba de carga, redactará el correspondiente ?Manual de instrucciones? y deberá realizar la declaración CE de conformidad.
¿Qué equipos de protección individual se deben utilizar en cuadros eléctricos de baja tensión?
Según el artículo 4 del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, excepto en los casos de las operaciones elementales, tales como por ejemplo conectar y desconectar o los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que no exista posibilidad de confusión en la identificación de las mismas y que las intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura. Salvo en estos dos casos, el procedimiento empleado para la realización de trabajos en tensión deberá ajustarse a los requisitos generales establecidos en el Anexo III.A del citado Real Decreto.
La Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo, en su Apéndice N ?Criterios sobre la elevación de personas con equipos diseñados para la elevación de cargas y sobre las plataformas de trabajo asociadas a dichos equipos?, establece:
Sin embargo, podrían considerarse situaciones excepcionales y, por lo tanto, no rutinarias, ni repetitivas, aquellas en las que sea técnicamente imposible utilizar equipos para la elevación de personas, o en las que los riesgos derivados del entorno en el que se realiza el trabajo o de la necesidad de utilizar medios auxiliares a bordo del habitáculo de las máquinas para elevar personas, son mayores que los que se derivarían de la utilización de las máquinas para la elevación de cargas, acondicionadas para elevar personas.
¿Debe tener marcado ?CE? una cesta construida para elevar personas, acoplada a una máquina diseñada y fabricada para otro uso?
Las plataformas construidas independientemente de la máquina base, que consisten en una simple estructura, prevista para alojar a una o varias personas, sin los mandos (órganos de accionamiento) y dispositivos necesarios para poder gobernar los desplazamientos de la propia plataforma y, en ciertos casos, de la máquina a la que está acoplada, no responden a la definición de máquina, ni de componente de seguridad, ni de equipo intercambiable (ya que, por su mera inclusión en una máquina destinada a elevar cargas, no convierte a ésta en una máquina para elevar personas), establecidas por la Directiva 2006/42/CE (transpuesta al derecho español por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre) y, por lo tanto, no están contempladas en el campo de aplicación de esta directiva.
En consecuencia, cualquier mención a dicha directiva en la información utilizada para presentar o comercializar tales productos o cualquier marcado CE, o declaración CE de conformidad con dicha directiva, es improcedente.
Los comercios de España podrán tomar acción contra el blanqueo de capitales 12-05-2017
El Gobierno ha dado un nuevo paso en su lucha contra el blanqueo de dinero y ha decidido elevar las sanciones previstas, garantizar el anonimato de las denuncias y exigir a los comercios que se mantengan vigilantes a las compras en efectivo de extranjeros si estas exceden de los 10.000 euros.
La noticia fue confirmada por el Ministerio de Economía, que ha sacado a consulta pública hasta el próximo 10 de junio y que adaptará la ley española a las directrices llegadas desde Bruselas en mayo de 2015, escribe este miércoles El País.
La legislación española ya incluye la mayor parte de lo previsto en la norma comunitaria, mas todavía requiere la adaptación de algunos artículos, especialmente aquellos que limitan el poder sancionador.
Madrid espera actualizar al alza el régimen de sanciones. Su idea es compatibilizarlos con los "límites máximos previstos en la directiva europea", y para ello espera mejorar la detección de infracciones y catalizar los mecanismos de denuncia, que ahora garantizarán el anonimato de las fuentes, sigue el mismo medio.
Las modificaciones tampoco serán abruptas. La idea es que estos cambios mejoren el sistema punitivo para que las posibles sanciones sean suficiente advertencia para los potenciales maleantes.
En relación a los pagos en efectivo, para los no residentes el tope será de 15.000 euros, mas los vendedores tendrán potestad y deber de tomar medidas de prevención del blanqueo de capitales en cuanto la compra supere los 10.000 euros y éstos se paguen con billetes. Para los nacionales la limitación estará en 2.500 euros.
Aparte del refuerzo de las sanciones, este documento también explica que se podría cambiar el concepto de grupo empresarial a fin de que éste quede según los cánones de la Comisión Europea y crear de esta forma un censo de personas que se dediquen a prestar servicios a sociedades y estructuras jurídicas sin personalidad, explica el medio ya citado.
En simultáneo, se revisará el concepto de país tercero en los aparatos de prevención, pues se trata de uno concepto que "casi desaparece de la nueva normativa europea y deberá ser objeto de una redefinición en la norma española", y añadir la aplicación obligatoria de medidas de diligencia reforzada respecto a los países que incluye la UE en su propia lista.
En cuanto se supere el proceso de consulta pública, el documento se llevará a audiencia pública, tentativamente para septiembre. Su paso final será el Consejo de Ministros.
¿Qué supone para su empresa incumplir la nueva norma de protección de datos? 10-05-2017
Los servicios en la nube y las soluciones locales que ofrece la compañía tecnológica ayudan a ubicar y categorizar los datos personales existentes en los sistemas de las organizaciones, además de permitirles crear un entorno más seguro, simplificar la administración y supervisión de los datos personales, y darles acceso a las herramientas y los recursos necesarios para cumplir con los requisitos de presentación de informes y evaluación del RGPD.
Madrid acoge el II Congreso Internacional de COMPLIANCE 08-05-2017
Los próximos 11 y 12 de mayo tendrá lugar en Madrid el II Congreso Internacional de Compliance.
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