Source: http://www.slideshare.net/ninanor2003/notas-sobre-los-proyectos-de-ley-sobre
Timestamp: 2016-07-24 03:09:15
Document Index: 68073677

Matched Legal Cases: ['artículo 113', 'artículo 116', 'Artículo 75', 'artículo 11', 'artículo 32', 'artículo 21', 'artículo 5', 'artículo 7', 'Artículo 9', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 7', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 32', 'artículo 21', 'ARTÍCULO 21']

NOTAS PARA LA REFLEXIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE“DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA”. ¿Democratiza la justicia?Autor Nina N NoriegaSeis proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo de Argentina y elevadospara su tratamiento en el Poder Legislativo el día 9 de Abril de 2013, ha movilizadoa la sociedad. Bajo el nombre de “democratizar la justicia” el códice de seis leyes,moviliza las estructuras propias de la justicia nacional Argentina. Paul Austersentencia sobre democracia; ” los que no tengan una religión, pasa a ser unareligión”. Por lo tanto, desentrañando el término, implica la suma de “combinar losvocablos “demos”, que se traduce como “pueblo” y “kratós”, que puede entendersecomo “poder” y “gobierno” y conllevan a concluir que democracia aúna a pueblo ypoder. En la actualidad, se entiende que la democracia es un sistema que permiteorganizar un conjunto de individuos, en el cual el poder no radica en una solapersona sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Esta distribución semanifiesta en la distribución del poder para gobernar, que en forma equilibrada sebalancea entre tres poderes (legislativo, judicial y ejecutivo) según lo establece laConstitución Nacional y que mediante el voto libre de los ciudadanos las personaselegidas por las mayorías deberán gobernar y ocupar en los casos del poderejecutivo y legislativo y en forma indirecta el judicial. Sin embargo, acceder aldesempeño de la función pública por el voto de la mayoría no habilita al triunfadora que en nombre de esa legitimidad y bajo el funcionamiento de la democraciapueda acceder a la suma del poder público o a los poderes, que debenencontrarse en equilibrio, y se lo anulen entre sí. “ La democracia no es una metaque se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos; es unacondición que sólo se puede mantener si todo ciudadano ladefiende”(Rigoberta Menchu)También se extiende al conjunto de reglas que determinan la conducta para unaconvivencia ordenada y equilibrada entre lo público y lo privado, o entre elciudadano y el estado. Largos ejemplos devienen en la historia y lamentos en lahumanidad, cuando ese delicado péndulo entre lo público y lo privado producecorrimientos extremos, y el desequilibrio pasa a ser el ordenador de la sociedad.
Pues entonces, cuando los derechos, garantías y obligaciones del ciudadano y delestado, confrontan porque alguna parte no cumple con su obligación ( de hacer,no hacer o dejar hacer), los resultados ponen un freno a la democracia o la anulanya sea como forma de vida o como sistema político.En suma, se trata de un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el respeto ala dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada uno de losmiembros.Esta introducción se torna relevante a medida que se avance en el análisis de losproyectosA las Honorables Cámaras Legislativas, en donde hombres probos querepresentan a los ciudadanos y las provincias de la nación Argentina, se reúnenpara debatir y sancionar leyes, ingresaron los seis proyectos de leyespropulsadas y creadas por el Poder Ejecutivo denominadas “democratización de laJusticia” Este “paquete” de proyectos incluía la modificación del Consejo de laMagistratura (órgano clave del Poder Judicial pues de allí surgen las propuestasde elección de jueces que habrán de administrar justicia), la modificación de lasmedidas cautelares que particulares y otros órganos del estado podían interponeral ser vulnerados sus derechos por acciones u omisiones del estado queprodujeran daño, la creación de otra instancia de apelación para todas las ramasde la justicia (hasta ahora solo la poseía la rama penal), conocida como Cámarasde Casación. A esto proyectos se aompañaba, un proyecto de publicidad hacia lasociedad de la declaraciones de bienes de los señores jueces, como un esfuerzoen ayudar a la transparencia del ejercicio de la actividad judicial, a la que se sumaen igual sentido el proyecto de dar publicidad a los actos que emanan del poderJudicial, es decir dar a conocer sentencias y acordadas. Sin embargo en eldiscurso presidencial el “bonus track”, utilizando terminología actual, fue el anunciodel proyecto de ley que se suma a las anteriores sobre el libre acceso de laciudadanía ilustrada o leguleya para acceder a ocupar cargos dentro del poderjudicial, sin ser parte del poder judicial.Pues bien, aún sigue sin ser muy comprensible ante la diversidad de objetivos delos proyectos propuestos como cuadra, si es que cuadra, el término “democracia”.
Si asociamos el término a las características descriptas, la más rápida lectura quellega a nuestro cerebro es que se suman nuevos derechos. No puede entenderseel término democracia como un retroceso o pérdida de derechos ya obtenidos.Esto de ocurrir, no habla bien de las sociedades, no son sociedades queevolucionan sino involucionan. Pues veremos que resultados se producen alanalizar desde un punto de vista jurídico estos proyectos, en que benefician o noal ciudadano.Con respecto al proyecto de ley que condiciona a los integrantes del PoderJudicial a tener que presentar declaración jurada de bienes, se puede acotar queno genera innovación respecto al sistema que en la actualidad se lleva a cabo,solo cambia quién es el receptor de la información y de ubicarlas en el mismo sitioweb que la de los demás funcionarios incluidos de los otros órganos del estado. ElCentro de acopio de la información se traslada del Poder Judicial hacia la OficinaAnticorrupción.En el año 2010 La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires recordó que losmagistrados y funcionarios están obligados a la presentación y actualización de sudeclaración jurada patrimonial ante el Registro de Declaraciones Patrimoniales delPoder Judicial. Además, se ratificó la vigencia de los Acuerdos 1983 y 3205.El Máximo Tribunal bonaerense recordó a funcionarios y magistrados queingresan al Poder Judicial que están obligados a presentar su declaración juradapatrimonial ante el Registro de Declaraciones Patrimoniales del Poder Judicial.Asimismo, se indicó que dicha declaración debe ser renovada cada cinco años yactualizarse en oportunidad de modificarse el patrimonio durante el ejercicio defunciones, en un plazo de quince días hábiles desde que se produjo dichamodificación.Las normas que dan el marco regulatorio a las declaraciones patrimoniales son losAcuerdos Nº 1983 (modificado por los Ac. 2551, 2875 y 3289) y 3205, el cual creóla Secretaría de Asuntos Instituciones. El Registro de Declaraciones Patrimonialesfue ubicado bajo la órbita de dicha secretaría.
Quienes están obligados a presentar la declaración jurada son: los magistrados yfuncionarios del Poder Judicial que revistan en cargos de nivel 16 y superiores; losperitos oficiales; y los delegados de la Dirección General de Administración. Estasdeclaraciones se renovaban cada cinco años. Esto demuestra que los diferentesniveles del Poder Judicial (Nacional y provincial) ya se encontraban obligados arealizar la declaración jurada de bienesEn resumidas cuentas, el proyecto de ley ingresado recientemente buscauniformar las presentaciones del poder judicial de la misma manera que se lleva acabo con los restantes órganos incluidos a tales efectos. La Oficina Anticorrupciónserá el reservorio de la misma y deberá dar publicidad vía Internet sobre lasdeclaraciones públicas y en guarda las reservadas. Utilizarán los mismosformularios que para el resto de la Administración Pública y se deberáconfeccionar on line o por fuera pero luego enviar en forma electrónica. De allíentonces que el término “democratización “, no es relevante, pues no es innovadorel proyecto sino regulador. Habría que ver si los Poderes Judiciales provinciales seadecúan a esta futura norma o si se mantienen como hasta ahora lo han hecho.Seguidamente, incluyendo el término de “democratización”, se ha presentado elproyecto de ley que ordena la publicidad de sentencias, acuerdos, acordadas,emanadas del poder judicial de la Nación. En este caso el término parecería seradecuado, aunque más pertinente sería reordenar la publicidad de los actosjudiciales. En la actualidad, la Corte realiza la publicidad de sus actos por supropia página. Otras instituciones, gratuitas y pagas, se dedican a los mismosfines. Lo cierto es que solo los leguleyos pueden acceder a ellas, para losciudadanos no es fácil el contacto con esta información. El proyecto unificacriterios respecto a que la publicidad deberá ser llevada dentro de un diario digitaljudicial.La información a la que podrán acceder los ciudadanos será tomar conocimientode todas las causas que se encuentren tramitando, actualizadas a diario. Losdatos que se deben dar en publicidad incluyen número de expediente, caratula de
la causa, objeto del pleito, fuero de origen, fecha de inicio de las actuaciones,estado procesal y fecha de ingreso a la Corte o Tribunales de Segunda Instancia.Cabe acotar que los datos deben ser tratados siempre con resguardo de losderechos personalísimos.Los acuerdos y reuniones previas de la Corte al dictado de la sentencias debenser dadas en publicidad con plazo de cinco días de anticipación por la misma víaque las anteriores.Solo se puede dar lugar a publicidad, las sentencias que se encontraran firmespara todas las partes. Este acuerdo puede ser favorable para los abogados, sobretodo en lo que hace a su actividad procesal, pues permite acortar búsquedas endispersas Mesas de Entrada y también llevar un control de las causas. El accesogratuito a toda la jurisprudencia, resoluciones y acordadas, codificado en una solapágina, se auspicia beneficioso para la producción del trabajo del abogado. Por lotanto esta normativa podría ser considerada bienaventurada. Pues entonces tantopara los profesionales del derecho como para la ciudadanía es un avance.Otro de los proyectos, el que trata sobre la democratización de la justicia nacionalen relación a quienes pueden ser empleados del poder judicial y su forma deingreso, amerita algunas reflexiones, que se suman a las que hemos venidollevando a cabo hasta el momento.En la actualidad los cargos dentro del poder judicial del personal inferior aProsecretario, se realizan mediante un curso de preparación previa, que esta acargo de dependencias del Poder Judicial y una vez finalizado se efectúa unexamen. Posterior a esto se da publicidad de los puntajes obtenidos y seestablece un orden de merito según los puntaje obtenidos. Esto significa que seprioriza el mérito y el puntaje obtenido en el examen y este es el que permite,ocupar la vacante para ingresar como empleado del Poder Judicial de la Nación.La reforma propone, según lo que se puede apreciar en el articulado del proyecto,más que la democratización del acceso a cubrir cargos, dejar supeditado aldestino, a la suerte o no suerte el acceso a una vacante para comenzar a trabajaren la justicia. Si bien es cierto que mantiene el concurso como medio para probarla idoneidad, pero no mantiene el mérito como medio de selección. A este se lo
suprime por el sorteo Público, mediante la Lotería Nacional. Es aplicables parapersonal administrativo medio y servicios generales.En este proyecto, solo se respeta el orden del mérito en los concursos a cubrirvacantes para cargos que impliquen titulo de abogado para ello (prosecretario ySecretario). Para los restantes cargos seguirán siendo cubiertos desde la mismamanera que antes de este proyecto, considerando que el cargo obtenido le hagenerado un derecho no susceptible de revisión, aunque el cargo no fuera deplanta.Se excepciona de este procedimiento el nombramiento, según el art 45 del citadoproyecto, a los relatores de cámara, secretarios privados de primera instancia y delas vocalías de Consejeros miembros del Consejo de la Magistratura y del Consejode Enjuiciamiento de Magistrados, quienes pueden ser contratados en formadirecta sin cumplir con las condiciones citadas. Sin embargo no podrán ocuparcargos dentro del Poder Judicial Nacional o Ministerio Público.Es destacable en forma positiva que el proyecto incorpora al mercado laboraljudicial a las personas con capacidades diferentes. El 4 % de los cargos a cubrirdeben ser ocupados con personas de capacidades diferentes, de acuerdo a lasnecesidades del puesto y las posibilidades de la persona.Los concursos se llevarán a cabo en la sede del Consejo de la Magistratura. Eltribunal examinador debe estar compuesto en igualdad entre Consejeros de laMagistratura y del Ministerio Público.En resumidas cuentas este proyecto, desbalancea calidad por providencia del azarpara cubrir cargos medios de personal y de servicios generales del Poder JudicialNacional. Significa entonces, que todos aquellos que hubieren aprobado elexamen, sin importar su calificación, quedan igualados en la opción a cubrir uncargo y el azar define quién ocupa el cargo. En los letrados, el proyecto ha sidomás prudente en virtud, de mantener el criterio vigente de selección que suma alconcurso de antecedente y oposición, el orden del merito.Se debe destacar, tal como ya lo hemos mencionado, la innovación positiva enpermitir la incorporación de personas con capacidades diferentes al mundojudicial. Finalmente, una duda se presenta ¿hasta que punto no hay un choque de
normas entre este proyecto y el artículo 113 de la Constitución Nacional “La CorteSuprema dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados.”?. Esta dudasurge en virtud de otro proyecto presentado, que párrafos posteriores seráanalizado, respecto a la modificación de Atribuciones para el Consejo de laMagistratura a la que le adjudica también esta actividad, competencia propia de laCorte. Trabajos de doctrina posteriores podrían arrojar más luz al respecto.En el estudio de este códice que conforman estos proyectos, hemos querido dejarpara el final las que trascienden las propias fronteras judiciales por la relevanciaque implica los artículos redactados.Bien cierto es que tamaña modificación amerita largo debate, no solo en el recintolegislativo sino en el seno de la sociedad. Sus consecuencias son importantes. Laaprobación exprés de estos proyectos deviene en consecuencias para lasociedad actual y futura.Pues entonces sigamos avanzando en el camino planteado, que se orienta enentender como juega el contenido “democracia” en estos proyectos. Del caminorecorrido hasta el momento se puede concluir que el término se aleja y se acerca,muy poco en lo que el significado transfunda; respeto a la dignidad humana, a lalibertad y a los derechos de todos y cada uno de los miembros.Con más detenimiento reflexionamos sobre las implicancias del proyecto de leyque propone la creación de una instancia más de apelación dentro del procesojudicial, conocida como CASACION.El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anularuna sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de laley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido lassolemnidades legales, es decir por un error in iudicando o bien error inprocedendo respectivamente. Su fallo le corresponde a la corte Nacional dejusticia y, habitualmente al de mayor jerarquía, como el Tribunal Supremo. Sinembargo, en ocasiones también puede encargarse del recurso un órganojurisdiccional jerárquicamente superior o en su caso uno específico.Fuera del ámbito penal (fuero que tiene Casación en la actualidad), no existe ennuestra forma de administrar justicia.
De allí entonces que el área de competencia de Casación es muy específica ytendría una línea muy delgada en su competencia. Por cierto que la Corte, talcomo reza el artículo 116 “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunalesinferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versensobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con lareserva hecha en el inciso 12 del Artículo 75; y por los tratados con las nacionesextranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos ycónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de losasuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos omás provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos dediferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado ociudadano extranjero”, o sea mantendrá como fuero propio el control de legalidad.En la práctica funcionará como un eslabón más, solo eso, para poder llegar apleitear en la Corte, pues si el demandante se encuentra vulnerado en el controlde legalidad, recurrirá finalmente ante la Corte para solicitar la nulidad de lanorma. Desde lo jurídico no trae mayor innovación. Pero en la práctica traeproblemas (aunque como abogado implica más trabajo y más honorarios) para elciudadano común no es una buena noticia.El fundamento del proyecto descansa en concebir crear estos nuevos centrosjudiciales en “ El retraso de los procesos judiciales-derivados de la magnitud detareas que conciernen al desarrollo judicial-produce una situación irregular, queerosiona el contenido esencial del derecho a una decisión judicial útil y oportuna yfundamentada en derecho”Indudablemente, si dicho proyecto se lo lee sobre la superficie y no en su mensajesubliminal, confunde eficacia, y cumplimientos de los plazos procesales por partedel Poder Judicial con el derecho de defensa. Que el Poder Judicial adolezca deeficiencia y eficacia en los tiempos procesales pertinentes, no significa que nocumpla con las instancias de defensa. Tener una instancia más de apelación nomodifica el funcionamiento del poder judicial. Si este hubiere sido el sentido de lanormativa, no era necesario crear una instancia nueva, sino reordenar y agilizarlas existentes. En la práctica, este proyecto se aleja desde esta óptica del
concepto de democracia. Los plazos serán mayores para la culminación de unjuicio, con más perjuicios para los ciudadanos y mucho más si es el estado eldemandado. No excluye a la Corte en su condición de administrador de justicia,porque así lo determina la Constitución Nacional.Sin embargo, el mayor problema que tiene en la actualidad el Poder Judicial queimplica el desborde de causas, el no cumplimiento de los plazos procesales, lafalta de personal, estructura edilicia, presupuesto, no se resuelven con esteproyecto.Si en la actualidad el acceso a los recursos, especialmente el de Amparo y susconsecuentes la medida de no innovar, abundan, implica que la justicia es lentapara resolver los problemas del litigio, que llevan a que las partes afectadasutilicen esta vía para poner a resguardo sus derechos. Inteligente sería, entoncesrepensar sobre estas situaciones, resolverlas, pues entonces se estaríacolaborando en “democratizar la justicia”. Si la cuestión de fondo no tiene cambio,agregar una instancia más en el proceso, traerá como consecuencia alargarindeseadamente las causas y su resolución final.Es verdad que se incorporó la mediación y que la sociedad comienza a crear unacultura más ágil para resolver controversias y entonces desde ese lugar se puedeequilibrar la balanza, pero si el demandado es el estado, el proceso judicial esinevitable, luego del agotamiento de la vía administrativa. Para aquellos que debandemandar al estado, por haber recibido un daño del mismo, se encontrarán en uncallejón sin salida. La balanza no se encuentra equilibrada. Vamos a un ejemplo(no voy a hacer presente el ejemplo de reclamo por los haberes de jubilados malliquidados, pues mucha literatura hay al respecto, y agregar una instancia más porla que los jubilados deberán pasar hasta llegar a la corte, que probablemente leslleve la vida en ese proceso, es perverso), el caso a exponer sería el de unapersona condenada cuyo condena es anulada por errores en el procedimiento,pero permaneció detenida por determinado tiempo. Indudablemente el estado ensu impericia, negligencia, culpabilidad u omisión ha producido daño que debereparar. Luego de tener que pasar por todas las instancias deberá agregar unamás, sumado a la perdida de las medidas cautelares. Entonces ¿esa persona
damnificada por el estado alguna vez tendrá resarcimiento, justo y legitimo por eldaño producido? Si se sigue el esquema de estos proyectos es muy probable queen seis meses en los que su cautelar estaría firme, no podría obtener todas lassentencias necesarias de todas las instancias y obtener su resarcimiento, perotranscurrido ese plazo su cautelar cae. Entonces ¿el estado reparará el daño si eldamnificado obtiene una sentencia favorable. La balanza propia de la justicia,frente a algunos de los proyectos presentados, pareciera desequilibrarse en favordel estado en desmedro de los sujetos físicos o jurídicos. . Indudablemente estoscriterios se alejan y van en sentido opuesto a la democratización.Sin embargo en cuanto las competencias que tendrá Casación serán: • Inobservancia o errónea aplicación o interpretación de la ley sustantiva • Arbitrariedad • Inobservancia de las formas procesales esenciales • Unificación de la Doctrina cuando en razón de hechos, fundamentos y • Pretensiones sustancialmente iguales se hubiere llegado a pronunciamientosPues bien con esta competencia otorgada ¿como se enlazan con las Cámara deApelaciones y la Corte?. Repasemos dichas competencias:Las Cámaras de Apelaciones tendrán competencia en:Apelaciones. Sólo procede contra las sentencias definitivas, las interlocutoriasque causen gravamen irreparable o decidan artículo y en los casos expresamentedeterminados por la ley". "El recurso de apelación -añade- comprende el denulidad".El recurso procedente contra las sentencias definitivas, entendiéndose por taleslas que ponen fin al litigio, ya sea en juicio ordinario o especial, con laslimitaciones que en este segundo caso establece el código en los títulosrespectivos. Para la admisión del recurso basta que el apelante se considereagraviado, sin que tenga que justificarlo, y de ahí la prohibición de fundar el
recurso cuando se interpone.Procede también el recurso contra las sentencias interlocutorias Son apelables losautos que, aun cuando no resuelvan una incidencia, causen gravamen irreparablepara la definitiva. No bastará que el apelante se considere agraviado, sino queexista realmente un agravio y que este sea irreparable, es decir, que no puedarepararse en la sentencia definitiva; pero esa calificación no puede hacerla elrecurrente, desde que no le está permitido fundar el recurso, sino el juez, y, encaso de negarlo, puede interponerse el recurso de queja. Cuando hubiere dudasobre su procedencia debe de concederse el recurso.La Corte Suprema entenderá • Del recurso casación • De los recursos de competencia que en materia penal se suscitasen entre tribunales y jueces de cualquier fuero o naturaleza • Del recurso de exhibición de la persona:Este es uno de los Procesos constitucionales cuyo conocimiento se atribuye a laCorte Suprema de Justicia. Procede, cuando la violación del derechoconstitucional consiste en la restricción ilegal de la libertad individual, ya seacometida por cualquier autoridad o por cualquier particular. Corresponderá elconocimiento del mismo a la Corte Suprema de Justicia, cuando la violación secometa en la capital; pues si ésta se cometiere fuera de la capital, serácompetente para conocer del recurso la Cámara de Segunda Instancia respectiva. • De los procesos para deducir responsabilidad a funcionarios públicos en los casos determinados por la Constitución y este CódigoSi bien es cierto, que solo estamos analizando un proyecto, podemos otorgarnosla licencia con extrapolar más allá del texto. De ser que este proyecto setransforme en ley, habrá que ver su adecuación con el Código Procesal. Planteadode la forma expuesta, habría superposición de competencias entre las Cámarasde Casación propuestas y la competencia de la Corte que deviene del mandatoconstitucional. Entonces ¿habrá conflicto de normas? ¿Puede haber una ley
superior a la Constitución? La respuesta, lisa y llana es no. Sin embargo esteproyecto se aboga esa condición, al estipular las incumbencias de las cámaras enel artículo 11 y siguientes en que se derogan los artículos 288 a 301 de la Sección8ª, del Capítulo correspondiente al Titulo IV del Libro Primero del Código Civil yComercial de la Nación. ¿Se estará en presencia de un sistema político que seaparta de la constitución legitimada por el voto? ¿Es esto democracia?Finalmente, este proyecto propone la creación de tres Cámaras de Casación en“Capital Federal” según los propios términos, que estarían compuestas por : • Cámara Federal y Nacional de Casación en los Contencioso Administrativo • Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social • Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y ComercialCada Cámara contará con un Fiscal General.Una nota distintiva y preocupante es la unificación de la justicia laboral y la justiciaprevisional en una sola Cámara de Casación, cuando en la instancia anterior, lasCámaras de Apelaciones se encuentran separadas por la materia sobre la quecada Cámara debe tratar, al igual que los procesos sustanciados en primerainstancia. El artículo 32 de dicho proyecto, hecha por tierra esta justicia separadalaboral y previsional para la segunda instancia, pues también propone suunificación en esa instancia. Queda en claro que no es la misma materia encontroversia. No es lo mismo un trabajador activo que uno pasivo. La separaciónde fueros radica en tal distinción producto de largos debates. Pues entonces no seentiende este retroceso en la unificación.Probablemente entre palabras de primer plano puede comprenderse intencionessubliminales, que poco tienen que ver con la “ democratización de la justicia”, sinocon lucha entre poderes a partir de una intencionalidad política en el proyecto, quey lo representa el artículo 21 que reduce a la Corte Suprema de sietemiembros a cinco.A buen entendedor, pocas palabras se necesitan para comprender que, sin existircausas suficientes que ameriten la reducción de los miembros del alto tribunal,
pues no se justifica en los considerandos de dicho proyecto, el concepto dedemocracia tambalea.Avanzando en este camino trazado en donde se reflexiona sobre estos proyectosy el tratar de entender su significado con el que fue rotulado, resta el análisis dedos proyectos más. Hemos querido dejar para el final por el peso que representasu articulado: La modificación del Consejo de la Magistratura y la forma deelección de sus miembros, sus funciones y prerrogativas con la connotación queimplica y el proyecto de modificación sobre medidas cautelares.Comencemos con el proyecto de ley tendiente a la regulación de las medidascautelares dictadas en procesos en los que el Estado Nacional o sus entesdescentralizados sean parte. Es de destacar, que la modificación a la ley 16986 seorienta solo a las medias que se puedan interponer contra el estado.Algunas notas son necesarias decir antes de analizar este proyecto. El estado seencuentra representado por, la Nación, La Provincia y el Municipio, y lasdependencias de orden público. Todas ellas son susceptibles de ser demandadaspor las personas físicas y jurídicas, en aquellas ocasiones que los sujetosconsideren haber sido agraviados en su persona o patrimonio por una acción uinacción de cualquiera de los estamentos públicos enunciados. Asimismo tambiénlas personas jurídicas y físicas pueden demandar al estado cuando considerenque sus derechos sean vulnerados. Si existiese daño y este fuere probado, elestado en cualquiera de sus estamentos debe reparar el mismo, mediantesentencia judicial firme. En la actualidad existen contra el estado variada cantidadde demandas, algunas con sentencias que no se ejecutan y otras en trámite. Cabeacotar que demandar al estado implica un proceso largo que comienza con elagotamiento de la vía administrativa hasta concluir en la vía judicial, normalmenteagotando todas las instancias e incluso la Corte. A pesar de obtener sentenciasfavorables el estado es reacio en cumplir con las mismas en los tiemposestablecidos. Ejemplos como el incumplimiento del pago de sentencias a jubiladosvictoriosos, es solo uno. Los particulares ante gravamen irreparable producido porel estado puede acudir a la solicitud de las conocidas medidas cautelares,generalmente acompañadas de medidas de no innovar para que no prospere el
gravamen a la persona física o a la persona jurídica hasta que la cuestión defondo se dirima. Una vez más retomamos el tema ya expresado, los tiempos dedemora de los procesos judiciales. Indudablemente si la justicia funcionarácorrectamente, las medidas cautelares no se prorrogarían en el tiempo.Viene a cuenta referenciar que el proyecto de modificación del Código Civil, incluíacomo innovación en la Sección X, un título denominado “Sujeto especiales deresponsabilidad” en el que se regulaba la responsabilidad de las acciones delestado y la responsabilidad de los funcionarios públicos en tales actos Art.1764,1765, 1766. Estos artículos fueron objetados en las comisiones legislativas.Pues entonces no deviene en extraño este proyecto de ley.En los considerandos de este proyecto se remarca, más de una vez, que estemarco regulatorio surge a partir de un vacío legal sobre el tema (no es tal) y quetiene un carácter provisorio y en función de ello se hace necesario poner plazo devigencia de estas medidas (hasta ahora mantenían vigencia hasta la sustanciaciónde la controversia de fondo, mediante reinscripción de la cautelar). ¿Qué es lo quepuede ocurrir si este proyecto deja de ser tal y se transforma en ley, comoprobablemente ocurrirá el jueves próximo ya que cuenta con dictamen favorablede l Cámara legislativa de Senadores? Los juzgados, conocida y pública susituación de desborde laboral, no van a modificar sus plazos en la resolución decontroversias, por lo tanto superado el plazo de la cautelar, el demandante quedatotalmente desguarecido frente al estado omnipotente y sin saber que ocurrirá conla sentencia de fondo, implicando que el perjuicio ocasionado o posible deocasionar se lleve a cabo sin posibilidad de hacer nada ante eso.El artículo 5 de este proyecto determina la validez de la vigencia de las cautelaresde la siguiente forma:“Al otorgar una medida cautelar el juez deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límiterazonable para su vigencia, que no podrá ser mayor a los SEIS (6) meses. En losprocesos de conocimiento que tramiten por el procedimiento sumarísimo y en losjuicios de amparo, el plazo razonable de vigencia no podrá exceder de los TRES (3)meses.No procederá el deber previsto en el párrafo anterior, cuando la medida tenga porobjeto la protección directa de la vida o la salud de la persona o de un derecho deesta de naturaleza alimentaria.
Al vencimiento del término fijado, a petición de parte y previa valoración adecuada delinterés público comprometido en el proceso, el tribunal podrá, fundadamente,prorrogar la medida por un plazo determinado no mayor de SEIS (6) meses, siempreque ello resultare procesalmente indispensable.Será de especial consideración para el otorgamiento de la prórroga la actitud dilatoriao de impulso procesal demostrada por la parte favorecida por la medida.Si se tratara de una medida cautelar dictada encontrándose pendiente el agotamientode la vía administrativa previa, el límite de vigencia de la medida cautelar seextenderá hasta la notificación del acto administrativo que agotase la vía.”. “ En cualquier momento en que las circunstancias que determinaron su dictadocesaren o se modificaren, se podrá requerir su levantamiento”El informe requerido por la actual ley en vigencia para solicitar medias cautelares,también fue modificado. El plazo es de tres días y en el caso en que sea unademanda en que el valor vida o la alimentación sean objeto, se puede omitir elinforme.El productor de la medida, una vez que le fue concedida la medida cautelar “podrápedir su ampliación, mejora o sustitución, justificando que ésta no cumpleadecuadamente la finalidad para la que está destinada.”Atención debe ponerse a la redacción del punto 2 del artículo 7, este dice: “Aquélcontra quien se hubiere decretado la medida cautelar podrá requerir su sustitución porotra que le resulte menos gravosa, siempre que esta garantice suficientemente elderecho de quien la hubiere solicitado y obtenido.”. Esta aplicación del artículorequerirá de la mesura del magistrado al evaluar, para lograr el delicado equilibrioentre la parte en litigio. Analizar este proyecto en si mismo, ya ocuparía un montón deliteratura, que excede el marco y objeto de este escrito. Sin embargo a manera deresumen, disminuye ampliamente y “castiga“, de alguna manera al sujeto, cualquierasea su procedencia, que pretenda invocar su derecho y ampararlo hasta que lacuestión de fondo se dirima. Pues entonces ¿ayuda a democratizar la justicia y a lasociedad este proyecto? Prima facie, no crea nuevos supuestos de protección, sinoque limita su aplicación y goce.Pues entonces no se democratiza nada, más bien ubica al demandante eninferioridad de condiciones frente al estado y con pocas posibilidades de defensasy se pierde la esencia de lo que significa el Recurso de Amparo.Por último queda analizar, por su relevancia, el proyecto de ley que propone laModificación del Ley del Consejo de la Magistratura Nº 24.937 -t.o. 1999 y susmodificatorias- y en la normativa que regula la administración del Poder Judicial.Este proyecto junto con la modificación de medidas cautelares, sumado alproyecto de la creación de las Cámaras de Casación modifican en su totalidad laesencia del Poder Judicial Nacional tal como lo conocemos. Subordina a un poder
independiente tal como lo determina la Constitución a una alternancia política nopropia de la naturaleza democrática, que tal como lo escribió Montesquieu, laindependencia de los poderes es la que permite el frágil equilibrio de la libertadfrente a la no libertad.Este proyecto utiliza los vocablos en su considerando como el siguiente “se inspiraen el proceso de profundización democrática que goza la República Argentina desde el 10de diciembre de 1983.” En 1983, el Dr. Ricardo Alfonsín, luchó denodadamente pararestablecer el funcionamiento pleno de las instituciones y de todos los poderes deacuerdo a lo que la Constitución dictaba. Difícilmente pueda entenderse comoprofundización democrática un proyecto que a las claras transita en un caminoopuesto, en donde se pretende que quienes tengan la responsabilidad de elegir alos profesionales que deban impartir el derecho y aplicar la ley, es decir hacerjusticia (dar a cada uno lo que le corresponda) puedan cumplirlo de acuerdo a losprincipios de la objetividad, la sana crítica y las probanzas de expedientes, cuandodeban estar empapados de ideología política y dentro de los cuadros de un partidopolítico, condición necesaria para poder ocupar un cargo en la colegiatura de laMagistratura, deban responder a un mandato político y de esa manera elegir,remover jueces, administrar y confeccionar el presupuesto del poder judicial,nombrar a su personal . En consecuencia la independencia del Poder Judicialqueda aniquilada y la Constitución herida de muerte. Los jueces deben estarsometidos a la ley, para hacerla cumplir y de esta forma ayudar al equilibro socialy evitar la justicia por mano propia. En razón de esto los jueces deben serindependientes. Ser independientes no implica no tener una ideología, pero almomento de generar un fallo otros son elementos a utilizar para resolver unconflicto o decretar una pena frente al delito. La independencia de los jueces esparte indisociable de su estatuto y consiste en el derecho y el deber de estarsometidos únicamente a la ley cuando ejercen jurisdicción, esto es, cuando juzgany hacen ejecutar lo juzgado (Villarejo, José Jimenez).En este sentido, la titularidad de la protección del interés social prevalente ha sidodepositada en el transcurso del tiempo tanto en el poder legislativo como en elpoder judicial. El primero, como representante de la soberanía del pueblo e
intérprete de sus necesidades, tiene asignada la función de dictar leyes y elsegundo, de asegurar su cumplimiento. Inherente al poder de los jueces y comoproducto del sistema de frenos y contrapesos, éstos ejercen el control deconstitucionalidad, facultad que les autoriza a analizar la validez de una ley enrelación con los preceptos de la Constitución Nacional. (Dra Sosa MaríaMercedes). Pues entonces, no es posible que este proyecto pueda garantizarestos principios fundamentales constitucionales sobre los que se debe fundar elfuncionamiento del poder judicial, la investidura de los jueces, la imparcialidad dela Corte y del Consejo de la Magistratura.Esta no es la única innovación del proyecto. Se amplía la cantidad de susmiembros de TRECE (13) a DIECINUEVE (19), por la incorporación de UN (1)representante más por los abogados de la matrícula federal y CINCO (5) más porel ámbito académico y científico, con el objetivo de garantizar la igualdad en larepresentación de los estamentos. La innovación radica en sumar un abogadomás y cinco miembros no abogados que reúnan la característica de seracadémicos o científicos. Esta modificatoria, nos sería objeto de mayorescomentarios, pues ampliar con otras visiones puede enriquecer, sumar y no restar,ni tampoco traería modificación al principio de independencia en la elección dejuez o en tener que iniciar un proceso disciplinar hacia un juez. Si es de reparar lamodificación en la forma de votación de sus miembros para tomar decisiones y laforma en que son electos para el cargo. Se modifica la forma de votación que serápor mayoría absoluta.Artículo 9: “Quórum y decisiones. El quórum para sesionar será de DIEZ (10) miembros yadoptará sus decisiones por mayoría absoluta de sus miembros presentes, salvo cuando poresta ley se requieran mayorías especiales.”Los jueces que habrán de integrar el Consejo de la Magistratura (3) deberán serelegidos por sufragio universal. Para que esto sea posible deben estar afiliados aun partido político, militar en él, ser parte de la plataforma política de un partido,ganar las elecciones. Todo este accionar esta totalmente ajeno a la esencia delPoder Judicial. Estos jueces y los jueces que serán elegidos, deberán responder
a un proyecto político, que en suma nada tiene que ver en administrar la ley yhacer que esta se cumpla, se pierde la independencia y el objeto de la función,porque se pierde la objetividad y la parcialidad. Pero esta no es la única situacióna tener en cuenta. El proyecto establece la siguiente conformación del Consejo elartículo 2:“Composición. El Consejo estará integrado por DIECINUEVE (19) miembros, de acuerdocon la siguiente composición:1. TRES (3) jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el Pueblo de la Nación pormedio de sufragio universal. Corresponderán DOS (2) representantes a la lista que resulteganadora por simple mayoría y UNO (1) a la que resulte en segundo lugar.2. TRES (3) representantes de los abogados de la matrícula federal, elegidos por el Pueblode la Nación por medio de sufragio universal.Corresponderán DOS (2) representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoríay UNO (1) a la que resulte en segundo lugar.3. SEIS (6) representantes de los ámbitos académico o científico, de amplia y reconocidatrayectoria en alguna de las ddisciplinas universitarias reconocidas oficialmente, elegidospor el Pueblo de la Nación por medio de sufragio universal. Corresponderán CUATRO (4)representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y DOS (2) a la que resulteen segundo lugar.4. SEIS (6) legisladores. A tal efecto, los Presidentes de la Cámara de Senadores y de laCámara de Diputados, a propuesta de los bloque parlamentarios de los partidos políticos,designarán TRES (3) legisladores por cada una de ellas, correspondiendo DOS (2) a lamayoría y UNO (1) a la primera minoría.5. UN (1) representante del Poder Ejecutivo. Los miembros del Consejo prestaránjuramento en el acto de su incorporación de desempeñar debidamente el cargo por ante elpresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Excepto los legisladores, que así lo determina la Constitución, su medio paraocupar una banca es el sufragio universal, con esta reforma a la conformación delConsejo, siempre asociado a un partido político deberán estar los abogados y losacadémicos u científicos para elegir a Jueces y administrar la justicia y ser electopor sufragio. Sumar un miembro del Poder Ejecutivo, destrona todo concepto deindependencia entre los poderes.
Otra prerrogativa que se le otorga al Consejo de la Magistratura, actual potestadde la Corte, es la asignación del presupuesto. El artículo ARTÍCULO 22.-Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 23.853 y sus modificatorias, por el siguiente:“ARTÍCULO 1°.- El Consejo de la Magistratura de la Nación preparará elPresupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial, el que será remitido alPoder Ejecutivo Nacional para su incorporación al proyecto de PresupuestoGeneral de la Administración Nacional que se presenta anualmente ante elHonorable Congreso.”Es recomendable la lectura de los considerandos sobre la ley 23.853(http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2005/PDF2005/TP2005/05JULIO2005/tp089/4067-d-05.pdf), en donde se fustiga el accionar del PoderEjecutivo frente al Poder Judicial, que deviene en la nulidad de los decretos leyesreferidos al tema.Otra nota distintiva que tiene este proyecto son los macro poderes que otorga alConsejo, incluso como dice el artículo 7 :” “ARTÍCULO 7°.- Las remuneraciones demagistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación seránestablecidas por el Consejo de la Magistratura.” Significa entonces, que lasfunciones que cumplía la Corte quedan recortadas y esta institución cobra vidainusitada, sin ser el Poder Judicial en sí mismo.Mucho más se podría decir, pero el proyecto lo dice todo:ARTÍCULO 32.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley N° 26.571, por el siguiente:“ARTÍCULO 21°.- La designación de los precandidatos es exclusiva de las agrupacionespolíticas, debiendo respetar las respectivas cartas orgánicas, los requisitos establecidos en laConstitución Nacional, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos Nº 23.298, el CódigoElectoral Nacional y en la presente ley. Los partidos pueden reglamentar la participación deextrapartidarios en sus cartas orgánicas. Cada agrupación política determinará los requisitospara ser precandidato por las mismas.Las precandidaturas a senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur,deberán estar avaladas por un número de afiliados no inferior al dos por mil (2‰) del totalde los inscritos en el padrón general de cada distrito electoral, hasta el máximo de un millón(1.000.000), o por un número mínimo de afiliados a la agrupación política o partidos que laintegran, equivalente al dos por ciento (2%) del padrón de afiliados de la agrupaciónpolítica o de la suma de los padrones de los partidos que la integran, en el caso de lasalianzas, del distrito respectivo, hasta un máximo de cien mil (100.000), el que sea menor.
Las precandidaturas a presidente y vicepresidente de la Nación deberán estar avaladas porun número de afiliados no inferior al uno por mil (1‰) del total de los inscritos en elpadrón general, domiciliados en al menos cinco (5) distritos, o al uno por ciento (1%) delpadrón de afiliados de la agrupación política o de la suma de los padrones de los partidosque la integran, en el caso de las alianzas, de cinco (5) distritos a su elección en los quetenga reconocimiento vigente, el que sea menor.Las precandidaturas a consejero de la magistratura, sin perjuicio del tipo de representaciónde que se trate, deberán estar avaladas por un mínimo de electores no inferior al medio pormil (0,5 ‰) del total de los inscritos en el padrón general, domiciliados en al menos cinco(5) distritos de electores. Ningún afiliado podrá avalar más de una (1) lista”.Finalizamos este trabajo de reflexión sobre el futuro del Poder Judicial a partir delas propuestas de estos proyectos, con estas palabras pronunciadas por JohnRawls en su libro Teoría de la justicia."Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar. Es por esta razón que la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos se vuelva justa por el hecho de que un mayor bien es compartido por otros. No permite que los sacrificios impuestos a unos sean compensados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos."John Rawls