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Timestamp: 2017-06-28 10:24:42
Document Index: 184794299

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 49', 'artículo 75', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 3']

El Yo Acuso Argentino: julio 2013
Capítulo 636 - Donde ingresamos nuevamente en delitos de lesa humanidad y los dictámenes fiscales. (continuación)
“Los casos de
crímenes de lesa humanidad son justamente la realización de la peor de esas
amenazas, la de la organización política [Estado]
atacando masivamente a quienes debía cobijar.
'Humanidad', por lo tanto, en este contexto, se refiere a la característica
universal de ser un 'animal político' y la caracterización de estos ataques como crímenes de lesa
humanidad cumple la función de señalar el interés común, compartido por el género humano, en que las organizaciones políticas no se conviertan en ese
tipo de maquinaria perversa. El criterio de
distinción entonces radicaría no en la naturaleza de cada acto individual (es decir, por ejemplo, cada homicidio) sino en su pertenencia a
un contexto específico: 'El alto grado de
depravación, por sí mismo, no distingue a los
crímenes de lesa humanidad de los hechos más
crueles que los sistemas locales criminalizan. Más
bien, lo que distingue a los crímenes de
lesa humanidad radica en que son atrocidades
cometidas por los gobiernos u organizaciones cuasi-gubernamentales en contra de grupos civiles que están bajo su
jurisdicción y control' (op.
cit., p. 120).
definición conceptual de los crímenes contra la humanidad, efectuada en 1999,
corresponde a una época en la que ya se percibía la tendencia a ampliar la
categoría por parte de los tribunales ad hoc. En efecto, en el fallo dictado el
7 de mayo de 1997 por la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia (TPIY) en el caso Tadic, se sostuvo que la política de persecución no necesariamente tiene que ser la del Estado y que cuando la fuerza que impulsa la política de terror y/o
persecución no sea la de un gobierno, debe verificarse el requisito de que al menos debe provenir de un grupo que tenga control
sobre un territorio o pueda moverse libremente
en él. Una conclusión similar a la expuesta por Alicia Gil Gil puede verse en el trabajo ya citado de Kai Ambos y Steffen Wirth,
publicado en el año 2002, en el que los autores, luego de analizar
la práctica relevante en la materia, incluyendo los distintos proyectos de la
Comisión de Derecho Internacional y la jurisprudencia de los tribunales ad hoc
hasta esa época,
concluyen en que es necesario para que se
verifique el elemento de contexto propio de los crímenes contra la humanidad que exista un vínculo entre los hechos y una autoridad. Este requisito habitualmente aparece discutido
bajo el rótulo de "elemento político" o "elemento de la política"
(policy element). Para Ambos y Wirth: "[e]n la actualidad no
existe duda de que la entidad que opera tras la
política no tiene que ser un Estado en el sentido del Derecho público
internacional. Es suficiente con que sea una organización que ejerza de facto un poder en un territorio dado".
“Agregan
tales autores, luego de mencionar la jurisprudencia del Tribunal ad hoc para la
ex Yugoslavia, que en la categoría de los crímenes contra la humanidad "[...] no
están comprendidas organizaciones que, siendo capaces de ejercer cierto poder, no son la autoridad de facto sobre un territorio, en virtud de que existe una entidad más elevada o más
poderosa que la domina. La autoridad en cuestión es más bien la que
ejerce la autoridad más alta de facto en el territorio y puede, dentro de
ciertos límites, dominar a todos los que tienen poder y a todos los individuos.
Así, una organización criminal en un Estado que todavía ejerce el poder sobre
el territorio (por ejemplo, mediante las fuerzas policíacas normales) donde
está activa la organización, no entraría dentro de la categoría de la entidad
que se oculta tras la política. Si tal organización, según sus planes, comete
múltiples delitos, esto, como tal, no hará que tales crímenes lleguen a ser
crímenes contra la humanidad. En relación con los últimos desarrollos de la figura debe
decirse que la necesidad de un vínculo entre
los actos y un contexto determinado fue expresamente contemplada en el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional al
momento de tipificarse la figura de los "crímenes de lesa humanidad".
En el artículo 7 del Estatuto se entiende por "crimen de lesa
humanidad" cualquier acto de los enumerados en el párrafo 1 de esa norma
(asesinato, tortura, desaparición forzada de personas, etc.) "cuando se
cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población
civil y con conocimiento de dicho ataque". Este es el particular contexto
requerido para que cierta conducta pueda ser considerada un crimen de lesa
humanidad. Ahora bien, el Estatuto introduce el llamado policy element al
disponer que por '''ataque contra la población civil' se entenderá una línea de
conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1
contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de
una organización de cometer esos actos o para promover esa política".
Como puede observarse,
el Estatuto de Roma no define qué tipo de
organizaciones deben ser las que sostengan la política de cometer el
"ataque", y deberá ser la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional
la que establezca criterios al respecto. Sobre el punto, en el
dictamen ya citado del Procurador General, se menciona 1o expresado por Claus
Kre~ acerca de que la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, que sirvió de
referencia a los delegados en la discusión del Estatuto de Roma, debía tratarse
exclusivamente de organizaciones semejantes a un Estado, que ejercieran el control
fáctico sobre un territorio. Una opinión similar ha expresado Alicia Gil Gil
cuando afirma que la misión del derecho penal internacional no es la lucha
contra la "criminalidad organizada" y que, por ende, no puede
admitirse su actuación en relación con cualquier grupo u organización, sino sólo cuando el grupo o la organización "ha
alcanzado tal poder que neutraliza el poder del Estado o controla de facto una
parte del territorio. Más allá de estas opiniones acerca del alcance
de la figura en el Estatuto de Roma, no es posible descartar que en el futuro
los jueces de la Corte Penal Internacional sostengan una interpretación que
amplíe el ámbito de conductas punibles al admitir organizaciones que pese a no
controlar un territorio o no llegar a neutralizar totalmente el poder del
Estado tengan, sin embargo, capacidad de cometer múltiples actos que alcancen a
ser catalogados como un "ataque generalizado o sistemático contra la
población civil". Claro que la ampliación de la figura podría poner en
tela de juicio, precisamente, la idea de Gil Gil acerca de la función del
derecho penal internacional frente al llamado ", crimen organizado”. Esta
cuestión es, sin embargo, totalmente irrelevante a los efectos del presente
caso. Tal como se ha visto en este apartado la figura de los crímenes contra la
humanidad aparece asociada a la criminalidad de Estado.
“De esta evolución
surge claramente que, a la fecha de los hechos de la causa, no existía una práctica que avalara el empleo de la categoría de los crímenes contra la humanidad para hechos cometidos por
organizaciones no vinculadas al Estado, como fue el caso del ERP. Tampoco resultaría
aplicable la categoría aún si se tomara su
formulación posterior, que admite la intervención
de organizaciones no estatales pero con un
poder similar al del Estado o que de facto
ejerzan el poder. Contrariamente a lo que se sostiene en el dictamen
del Fiscal de Cámara de Rosario, no existen elementos para afirmar que el PRT-ERP o alguna otra organización armada de la década de
1970 haya tenido control territorial o un poder tal que pueda dar lugar al uso de la categoría de
los crímenes contra la humanidad, ni
siquiera tal como se la entendió a partir de la década, de 1990 (cf.
punto III -B-). De
todos modos, es evidente que la aplicación
de una noción más amplia de los crímenes contra la humanidad surgida con posterioridad a
los hechos del caso violaría la prohibición de
retroactividad (nullum crimen sine lege
praevia) dado que implicaría la adjudicación a
estos delitos de una categoría que importa
consecuencias penales más severas que las que
acarreaban al momento de su comisión (imprescriptibilidad, por ejemplo)”. No podemos pasar por alto que el
ministerio público, en ocasión de emitir los correspondientes dictámenes al respecto,
haya omitido tener en consideración que “la propia Corte Interamericana de los
Derechos Humanos ha sostenido que "[d]e conformidad con el artículo 29.b) de la Convención, si alguna ley del Estado Parte u otro
tratado internacional del cual sea Parte dicho Estado otorga una mayor protección o regula con mayor amplitud
el goce y ejercicio de algún derecho o libertad, éste deberá aplicar la norma más favorable para la tutela de los derechos humanos". Es importante hacer notar que la CorteIDH pronunció esas palabras precisamente al discutir el alcance del
principio de legalidad. Tal
omisión contrasta con la insistencia en citar, en forma parcializada y
subjetiva, a autores de fama universal, en el mundo del derecho internacional, que
se han distinguido por sus publicaciones sobre las violaciones a los derechos
humanos y la necesidad de evitar la impunidad de los imputados. Es así que en
las “Instrucciones” hemos detectado que no sólo se cita a Gil Gil sino que se
aduna a Kai Ambos y Steffen Wirth y su trabajo publicado en el 2002, “ (…) en
el que los autores, luego de analizar la práctica relevante en la materia,
incluyendo los distintos proyectos de la Comisión de Derecho Internacional y la
jurisprudencia de los tribunales ad hoc hasta esa época,
verifique el elemento de contexto propio de los crímenes contra la humanidad que exista un vínculo entre los hechos y una autoridad. .”
Los delitos de lesa humanidad y los dictámenes fiscales.
Capítulo 635 - Elementos esenciales del delito de crimen de lesa humanidad.
puede discutirse, si esta necesidad de una
conexión con la guerra fue un elemento
típico de la categoría o sólo un
requisito para justificar la actuación de un tribunal internacional. Sin embargo, parece
claro que la conexión fue un elemento utilizado para
distinguir los “crímenes contra la humanidad” de los delitos comunes,
que quedaban fuera de la competencia del Tribunal de Núremberg. Recordamos lo que comentábamos en la ocasión, con
respecto precisamente a este tema, en el
Capítulo 504 del presente ensayo: “El Procurador hace suyos
conceptos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, pero en absoluta malam parte. La correcta interpretación es la siguiente: “ (…) Asimismo tenemos en relación a los crímenes
de guerra y de lesa humanidad, que el tribunal penal internacional para la antigua ex-Yugoslavia,
declaró que los juicios recaerían sobre
individuos y no sobre organizaciones o
gobiernos, y que la pena máxima podría ser cárcel de por vida. En
este sentido el tribunal dejó claro, en instancia de apelaciones en el caso Tadic,
actos cometidos por motivos meramente personales pueden considerarse crímenes de lesa humanidad si se cometen en el
contexto de crímenes generalizados y
sistemáticos, lo cual es consecuente con los elementos esenciales del delito de crímenes de lesa humanidad, es
decir: que (1) los
actos de los acusados estén relacionados
geográfica y temporalmente con el conflicto armado, (2) que dichos actos "formen parte de una serie de crímenes
generalizados o sistemáticos contra una población civil y que (3)
los acusados supieran
necesariamente que sus actos podían clasificarse así". En el caso
Tadic, el Tribunal ha sugerido que los crímenes de lesa humanidad deben abarcar
una línea de conducta y no sólo actos concretos, un acto aislado
puede tipificarse como crimen si está
relacionado con la agresión generalizada o
sistemática contra una población civil.”
A mayor abundamiento, permítasenos insistir en lo
referido oportunamente, en el Capítulo
503, cuando recordamos que a partir de la sanción del Estatuto del Tribunal
Internacional de Ruanda, se produjo un cambio sustancial en el derecho
internacional humanitario consuetudinario, por cuanto se aceptó que infracciones al mismo en los CANI, pueden ser punibles. Expresó en su dictamen la
Procuración General de la Nación vía su titular: (…) “Es
entonces a partir del Estatuto para el
Tribunal Penal Internacional para Rwanda y de jurisprudencia de los tribunales ad
hoc posterior a él que se aceptó que las infracciones del derecho internacional
humanitario aplicable
en conflictos armados no internacionales pueden ser punibles en virtud del
derecho internacional consuetudinario. En función de lo expuesto y nuevamente sobre los hechos que
damnificaron al Teniente Coronel Larrabure, resulta imposible concluir que éstos
constituyen crímenes de guerra, dado
que a la época en que estos acontecimientos ocurrieron la configuración de este
tipo de delitos sólo tenía lugar frente a determinadas violaciones del derecho
internacional humanitario aplicable a conflictos armados de índole internacional.” “Sólo una prohibida aplicación retroactiva del derecho penal
internacional consuetudinario -tal como se desarrolló en
el apartado III.A-, permitiría afirmar que violaciones al ius in bello aplicable a situaciones de
conflicto armado interno acontecidas en la década de 1970 pueden ser consideradas
crímenes de guerra.”En el Estatuto de Ruanda se considera que los crímenes
de lesa humanidad constituyen una categoría autónoma. Ha desaparecido su conexión con los crímenes de guerra: el artículo 1 de la Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad,
al referirse a los crímenes de lesa humanidad mencionados en el artículo 6 del
Estatuto de Nuremberg, complementa el enunciado añadiendo la frase: "
cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz”. La definición que da el Estatuto citado, nos permite
llegar a la conclusión de que, con anterioridad a la sanción del mismo, la comunidad internacional adoptó la obligación jus cogens de
exigir que, para poder calificar como delito
de lesa humanidad la conducta de un imputado, su actividad criminal tenía que haberse concretado en conexión con una guerra internacional.La realidad es que, tanto los miembros de las fuerzas armadas como de
seguridad ya aludidos y los civiles otrora subversivos, ambos imputados por el delito
de lesa humanidad, habrían
cometido los eventos criminosos que se les endilgan, cuando regían las normas de
un derecho consuetudinario que
obligaba a la Justicia a exigir la
acabada prueba, de que los ilícitos fueron llevados a cabo, en conexión con una guerra internacional. Tal como lo postula la
Procuración General de la Nación en las “Instrucciones”, debe aplicarse el criterio que
allí se postula, en forma
taxativa. Salvo
“privilegio” tenga
como destinatario solamente a los otrora
subversivos, mientras que a los que
fueron militares con
actuación en los eventos
aberrantes “Ni
justicia…”.
Regresando al tema que nos ocupa, prosigue el dictamen
fiscal que anteriormente citábamos, in re Larrabure, expresando en lo pertinente “podemos afirmar que una
formulación similar, de los crímenes contra la humanidad, fue incluida en el
Estatuto para el Tribunal del Lejano Oriente. El nexo de los crímenes contra la humanidad con la guerra no fue
mantenido en la Ley 10 del Consejo de
Control Aliado, norma que sentó las bases para
los juicios en cada una de las zonas de ocupación del territorio alemán.
En general, se explica que el nexo con la guerra no fue incluido puesto que los tribunales de cada zona no
eran tribunales internacionales, sino
tribunales que actuaban conforme al derecho de ocupación. Por lo tanto, no
necesitaban justificar un “elemento internacional” que legitimara su
algunos autores, este antecedente de la Ley 10 del Consejo de Control Aliado inaugura una
tendencia a desvincular los crímenes contra
la humanidad de la guerra, que se consolidó en
los años siguientes. Ahora bien, si
se elimina el nexo con la guerra: ¿qué diferencia a los crímenes contra la
humanidad de los delitos comunes? Como bien indican Kai Ambos y Steffen Wirth
en un completo estudio sobre el tema, el elemento de contexto que surge de la práctica
existente a partir de 1945 está dado por el vínculo de los crímenes con algún
tipo de autoridad. Precisamente, las sentencias pronunciadas en
virtud de la Ley 10 del Consejo de Control Aliado, aunque también las
sentencias del Tribunal de Núremberg, contienen expresiones que vinculan la categoría a la
actuación de las autoridades del Estado en contra de la población civil.
En efecto, el Tribunal de Núremberg hizo referencia a las
"políticas de terror" y en los
juicios llevados a cabo según la Ley 10
mencionada se exigió una prueba de
"participación consciente en procedimientos gubernamentales sistemáticos
organizados o aprobados" o que los
hechos se hubieran cometido en "contexto
con el sistema de poder y tiranía tal como existió durante el período nacional-socialista.
Como bien se afirma en el dictamen del
Procurador General en el caso Derecho, la categoría de los crímenes contra la humanidad "nace como
respuesta a las manifestaciones más terribles del poder estatal pervertido
e infractor
de los derechos humanos más básicos" (punto III).
Debe decirse que, de acuerdo con el derecho de Núremberg, era posible dictar
condenas por la pertenencia a ciertas organizaciones que se declararan
ilegales. Más allá de si esos cargos pueden considerarse crímenes de derecho
internacional en sentido estricto, lo cierto es que en todos los casos se
trataba de organizaciones vinculadas al Estado (Partido Nacionalsocialista, SS,
Gestapo, SD, etc.). Los intentos por codificar el derecho I-"..: penal internacional
no rindieron frutos en los años siguientes. Sólo pueden encontrarse proyectos
que no llegaron a aprobarse. Así, el Proyecto de Código de Crímenes contra la
Paz y Seguridad de la Humanidad de 1951 elaborado por la Comisión de Derecho
Internacional, si bien no incluyó una categoría con el nombre de los crímenes
contra la humanidad, contemplaba una disposición que guarda similitud con ella.
se establece el criterio de un nexo, no ya
con la guerra, sino con los otros crímenes
contra la paz y la seguridad incluidos en el Proyecto. De este modo, no se trataría de una categoría verdaderamente autónoma. En cambio, en el Proyecto de Código de Crímenes
contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1954 la categoría se independiza y
el criterio de distinción respecto de los delitos comunes es su comisión ''por
las autoridades de un Estado o por individuos privados actuando por instigación
o con la tolerancia de esas autoridades.”
vínculo con las autoridades del Estado, también aparece mencionado en la
jurisprudencia nacional que puede hallarse hasta la creación de los Tribunales ad hoc para la ex
Yugoslavia y para Ruanda, en 1993 y 1994, respectivamente. En efecto, en las
sentencias dictadas por los tribunales franceses en los casos Barbie y Tuvier y por la
justicia holandesa en el caso Menten se deja
claramente establecido el vínculo entre los
actos y las políticas de terror y de persecución cometidas o impulsadas por las
autoridades oficiales. Se trata de
sentencias dictadas ya en la década de 1980 y principios de la década de 1990 (esto es, posteriores al caso del Teniente Coronel Larrabure), pero por hechos cometidos en el marco de la Segunda
antecedentes demuestran que el elemento de contexto, que
distingue los delitos comunes de los crímenes contra la humanidad según la
práctica existente hasta la década de1970, se
apoya en que los actos forman parte de una
política del Estado. Ello se desprende con claridad de la circunstancia de que
los hechos a los que se aplicó esta categoría de
delitos en todos los casos fueron crímenes cometidos a gran escala y con la
participación o la tolerancia del Estado. En
suma, los actos fueron cometidos por
funcionarios del Estado o por agentes no estatales actuando de conformidad con la política de un Estado. (…) “
Elementos esenciales del delito de crimen de lesa humanidad.
Capítulo 634 - Donde volvemos a referirnos a la aplicación retroactiva de ciertas leyes penales internacionales.
Subversivos del ERP armando artefactos explosivos
respecto a la eventual aplicación retroactiva de la ley penal, consideramos
pertinente recordar un trabajo originado en la “Comisión Colombiana de Juristas”,
que nos recuerda, con precisión y solvencia intelectual, las más
destacadas normas relacionadas con los
crímenes internacionales. En el “Anexo 1: Normas y Estándares Internacionales”,
enumera los
siguientes instrumentos internacionales, en su parte pertinente:
(2): «Nadie
delictivos según
el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable
en el momento de la comisión del delito.»
«1. Nadie será
condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran
el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena
más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con
posterioridad a la comisión del delito la
ley dispone la imposición de una pena más leve,
el delincuente se beneficiará de ello.
«2. Nada de lo
dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona
por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según
los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad
“Principio de Legalidad y de Retroactividad”: «Nadie puede ser condenado por
acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el
derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena
más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del delito. Si con
posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena
más leve, el delincuente se beneficiará de ello.»
Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos Humanos y las
Artículo 7: «1. Nadie podrá ser condenado por una
acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no
constituya una infracción según el Derecho nacional o internacional.
podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido
«2. El presente
artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una
acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito
según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones
civilizadas.»
Artículo 49 “Principios de
legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas”:
«1. Nadie podrá
ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido
cometida, no constituya una infracción según el Derecho nacional o el Derecho internacional.
Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el
momento en que la infracción haya sido cometida. Si, con posterioridad a esta
infracción, la ley dispone una pena más leve, deberá ser aplicada ésta.
acción o una omisión que, en el momento de su comisión, fuera constitutiva de
delito según los principios generales reconocidos por el conjunto de las
naciones.»
«1. Ningún
trabajador migratorio o familiar suyo será condenado por actos u omisiones que
en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o
Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha
infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su
sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los
derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se
tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración
del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.«2. Con este fin, y habida cuenta de
las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados
Partes garantizarán, en particular: «a) Que no se alegue que ningún niño ha
infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de
haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por
las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron».
Protocolo adicional a los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de
los conflictos armados internacionales
Protocolo I,
artículo 75 (4, c):
«[N]adie será acusado o
actos u omisiones que no fueran delictivos según el derecho nacional o
le fuera aplicable en el momento de cometerse.»
los conflictos armados sin carácter internacional
Protocolo II,
artículo 6 (2,c):
«[N]adie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no
fueran delictivos según
el derecho». Nota: no se agregan las palabras “según el derecho nacional
o internacional”,
debido a que para esa época el
derecho consuetudinario disponía que en los conflictos armados no internacionales no se aplicaban las normas que
tipificaban delitos internacionales: delito de lesa humanidad, crimen de
reconocidos por el Estatuto y por las Sentencias del Tribunal de Nuremberg,
adoptados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en
Principio I:
«Toda persona
que cometa un acto que constituya delito de derecho
internacional es responsable de él y está sujeta a sanción.»
«El hecho de que el
derecho interno no
imponga pena alguna por un acto que constituya delito de derecho internacional no exime de responsabilidad en derecho
quien lo haya cometido.»
NOTA: Si un Estado juzga a un militar y lo absuelve, no sería cosa
juzgada puesto que tal veredicto no exime al imputado de responsabilidad
Estatuto del Tribunal Internacional de
Artículo 6 (c):
«Crímenes de
Lesa Humanidad: a saber, el asesinato, la exterminación, esclavización,
deportación y otros actos inhumanos cometidos contra
población civil antes de la guerra o durante la misma; la
persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de
aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los
mismos, constituyan o no una vulneración de la
legislación interna del país donde se
perpetraron.»
Principios mínimos de las normas
relativas a los derechos humanos en los estados de excepción
«Nadie podrá ser declarado culpable por un acto u
omisión que no constituya un delito penal, en virtud del derecho nacional o internacional, en el momento en que se cometió». Regresando
al tema “Instrucciones,” originadas en la “Procuración General de la Nación- Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos-Informe sobre
la causa “Larrabure, Argentino del valle s/ muerte”, consideramos de interés particular seguir
dando a conocer las partes pertinente de ellas, ya que sería el
punto de partida axiológico, de este espinoso tema. En su parte pertinente el
documento emanado de la procuración nos dice: “III – La inaplicabilidad de la
categoría de los crímenes contra la humanidad- “A”: En este apartado se darán
impiden aplicar la categoría de los crímenes contra la humanidad a los hechos
del caso. Lo que se dirá sobre esta categoría de delitos, en lo
sustancial, recordemos que ya ha sido expuesto claramente en el dictamen del
Procurador General de la Nación en el caso
"Derecho, René Jesús", del 1 de
septiembre de 2006, cuyos fundamentos y conclusiones hizo suyos la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en su fallo del 11 de julio de 2007.
Lo mismo debe decirse de los fallos pronunciados con anterioridad por la CSJN que
se han referido a la cuestión, en particular en los casos Arancibia Clavel,
Lariz Iriondo y Simón. Cabe, sin embargo, agregar algunas
consideraciones sobre el tema. En especial, es preciso
referirse aquí al elemento de contexto necesario para que cierto acto pueda considerarse un crimen contra
la humanidad. Como se verá, la estructura de la categoría de los crímenes
contra la humanidad requiere la comisión de un acto (homicidio, tortura, etc.) en un contexto
determinado. Es este elemento de
contexto el que permite diferenciar los crímenes contra la humanidad de los delitos comunes. (…) Los crímenes contra la humanidad en el artículo 6.c. del Estatuto del Tribunal fueron
formulados del siguiente modo: "asesinatos,
exterminio, esclavitud, deportación, y otros actos inhumanos cometidos contra
cualquier población civil, antes o durante la guerra, o persecuciones por
motivos políticos, raciales o religiosos en
ejecución o en conexión con cualquier crimen
de la jurisdicción del Tribunal, constituyan o
no una violación de la legislación interna del país donde se hubieran
perpetrado”. Son varios los aspectos, que surgen de esta fórmula.
Sin embargo, a los efectos del caso que aquí se plantea, sólo cabe destacar que la categoría de los
crímenes contra la humanidad aparece vinculada a la criminalidad de guerra
dado que los actos debían haberse cometido "en ejecución o en
conexión con cualquier crimen de la jurisdicción
del Tribunal", esto es: los crímenes de guerra y los crímenes contra la
paz.” Publicado por
Aplicación retroactiva de ciertas leyes penales internacionales.
Capítulo 633 - En su dictamen in re Larrabure, destaca la Procuración General de la Nación que "en la década de 1970, no estaban internacionalmente criminalizadas, las violaciones al derecho internacional humanitario, aplicable a conflictos armados internos".
Guerrilla urbana en la Década del 70
tesitura, implica que los opinantes reconocen la vigencia en el tiempo, del
derecho internacional humanitario consuetudinario. Recordemos que se
trata del juzgamiento de delitos internacionales. Llegan a tal conclusión por esa circunstancia
ya que si se tratara del juzgamiento de delitos penales internos de la
Argentina, no podrían haber efectuado tal afirmación. Y así como reconocen que no podrían haber adoptado una
postura opuesta al derecho consuetudinario, en el caso aludido, creemos que tampoco puede la Justicia adoptar una postura opuesta al
derecho internacional humanitario consuetudinario, cuando se trataron las imputaciones que el Estado les
hizo a los militares e integrantes de otras fuerzas, imputados por presunta violación de derechos humanos.
Creemos que es indiscutible que los
imputados deben ser juzgados a la luz de las disposiciones vigentes a la época de comisión de los ilícitos. Creemos
que recordar ello, es ocioso. Pero también creemos que debemos traer a colación, una circunstancia gravísima que
al parecer no se ha tenido en cuenta. Se ha omitido evaluar que a la fecha de comisión de los gravísimos delitos
imputados en esos autos, el derecho
internacional humanitario consuetudinario vigente, señalaba que las disposiciones penales internacionales al respecto no abarcaban los conflictos armados no internacionales. Se nos dirá, con acierto o no, que el Ministerio Público opina que
no existió una guerra. Efectivamente, de los antecedentes que hemos reunido, surge
que así opina. Aun así, y acudiendo al
derecho internacional humanitario consuetudinario llegaremos a la conclusión, sin hesitación alguna, que
para esa época las normas del citado derecho determinaban que los delitos
surgidos de los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales de
1977, no contemplaban el delito de lesa humanidad,
por ejemplo, si no era en conexión con un conflicto
armado internacional. Si acompañamos la postura Fiscal, como niega
terminantemente la existencia de una guerra, en consecuencia faltaría uno de los requisitos de procedibilidad, para poder subordinar a ese tipo penal internacional a
los imputados en las diversas causas penales relacionadas
con las gravísimas violaciones de los derechos humanos ocurrida en el lapso citado. Estimamos que los
elementos de juicio aludidos, justifican destituir a los procesados, del
referido rol. Los
mismos fiscales han señalado, en las “Instrucciones”, a nuestro juicio acertadamente, lo siguiente: “Lo señalado por
estos jueces plantea correctamente la cuestión atinente al principio de
legalidad. Sabido es que el derecho
penal internacional admite fuentes distintas que las exigidas tradicionalmente en el derecho penal común de raíz europeo-continental.
Básicamente, en derecho penal internacional se admite el uso de la costumbre
internacional. Sin
embargo, ello no implica admitir la retroactividad. Por el contrario, en el derecho penal internacional también rige la exigencia
de lex praevia, sólo que ley previa bien puede ser una norma
consuetudinaria. Ello aparece reflejado normativamente en el artículo 15 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, instrumento que
reconoce las fuentes propias del derecho penal internacional, pero recoge la prohibición
de retroactividad. La vigencia del requisito de lex
preavia en el derecho penal internacional también fue remarcada por el Secretario General de las
Naciones Unidas al momento de la creación de los
tribunales ad hoc por parte del Consejo de Seguridad, al explicar que, a fin de resguardar el nullum crimen, se
incluían dentro del catálogo de delitos sólo
aquellas conductas que indudablemente ya
formaban parte de la costumbre internacional.
(…)”. Por nuestra parte, con relación a este punto, creemos
pertinente destacar el voto del Dr. Carlos S. Fayt en una de sus brillantes intervenciones en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación cuando expresó: “Cabe recordar que el Estado argentino
manifestó, para este caso, que la aplicación del
apartado segundo del art. 15 del Pacto debía
estar sujeta al principio de legalidad establecido en el art. 18 de la
Constitución Nacional”. (Reserva del Estado argentino al
ratificar el Pacto el 8 de agosto de 1986; art.
4° de la ley 23.313; al
respecto ver también las manifestaciones del representante de la delegación
argentina, doctor Ruda en el 15° período de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, Documentos Oficiales, 30 comisión, sesiones 10070 y 10090 del
31 de octubre de 1960 y 2 de noviembre de 1960 respectivamente)”. “No debe
soslayarse, asimismo, que un texto análogo al del apartado
segundo, fue excluido del proyecto de lo que
después fue la Convención Americana sobre
Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica”. (Conf. Acta Final de la Cuarta Reunión del Consejo
Interamericano de Jurisconsultos, suscrita en Santiago de Chile el 9 de
septiembre de 1959, Unión Panamericana, Secretaría General de la OEA.,
Washington DC., 1959).
refiriendo el Procurador General de la Nación, en las “Instrucciones”: “En el
dictamen del Sr. Fiscal de Cámara de Rosario se
afirma que los hechos que damnificaron al Teniente Coronel Larrabure habrían sido violatorios del
derecho internacional aplicable a los conflictos armados de carácter interno, en particular el artículo 3 común a los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949.Si bien en el dictamen no se afirma que
los hechos constituyan crímenes de guerra, este punto merece ser tratado, dado
que en ciertos casos la violación de normas internacionales referidas a
conflictos armados puede dar lugar al empleo de esa categoría propia del
derecho penal internacional. En lo que sigue se analizará la evolución de la
categoría de los crímenes de guerra. Para ello, será necesario mencionar algunos instrumentos del
llamado "derecho internacional humanitario" (esto
es, el derecho internacional referido a conflictos armados) cuya evolución guarda
cierto paralelismo con el desarrollo del derecho
penal internacional, aun cuando se trata de dos sectores distintos del
ordenamiento internacional. Y que merecen ser distinguidos. En
efecto, la cuestión de cuándo la violación de normas que regulan los conflictos
armados puede dar lugar a la aplicación de la categoría de los crímenes de
guerra es un tema específico del derecho penal internacional y no ya del
derecho internacional humanitario. (…) Los hechos que
damnificaron al Teniente Coronel Argentino Del Valle Larrabure no pueden considerarse
crímenes contra la humanidad, en tanto esa categoría de delitos, a la fecha de comisión de los acontecimientos del caso, estaba formulada sólo para ilícitos cometidos por el Estado o por organizaciones
vinculadas a él. “Tampoco la categoría de crímenes de guerra es aplicable a los
hechos del caso. Ello no sólo porque, en la década de 1970, no estaban internacionalmente criminalizadas las violaciones al derecho internacional humanitario aplicable
a conflictos armados internos, sino porque tampoco puede afirmarse que haya existido en este país un conflicto armado interno en esos años -dado que no median
elementos que acrediten que alguna agrupación política haya tenido control
sobre alguna parte del territorio argentino o que hayan desarrollado
operaciones armadas de la envergadura y prolongación en el tiempo que exige
este concepto. (…)”.
aplicable a conflictos armados internos,
no estaban internacionalmente criminalizadas las violaciones al derecho internacional humanitario
Capítulo 636 - Donde ingresamos nuevamente en del...
Capítulo 635 - Elementos esenciales del delito de ...
Capítulo 634 - Donde volvemos a referirnos a la a...
Capítulo 633 - En su dictamen in re Larrabure, des...
Capítulo 632 - Lucha contra las organizaciones con...
Capítulo 631 - Exigencia de un contexto para consi...
Capítulo 630 - La Procuración General de la Nación...