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Timestamp: 2019-10-22 01:57:51
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﻿ Sentencia 2010-00204 de marzo 7 de 2013
SENTENCIA 2010-00204 DE 07 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:ERROR VENCIBLE EN EL PROCESO DISCIPLINARIO. EN EL PROCESO DISCIPLINARIO ADELANTADO, SE ENCONTRÓ PROBADO QUE LA CONDUCTA ASUMIDA POR EL INVESTIGADO ACARREABA UN ERROR VENCIBLE, EN ATENCIÓN A QUE AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE, SER ELECTO Y POSESIONARSE COMO ALCALDE DEL MUNICIPIO ERA CONSCIENTE DE UNA POSIBLE INHABILIDAD PARA EJERCER EL CARGO, Y COMO TAL, SE ENCONTRABA EN CAPACIDAD DE SUPERAR LA COMPRENSIÓN ERRADA QUE TENÍA SOBRE SU CASO PARTICULAR, POR CUANTO ACUMULABA GRAN EXPERIENCIA COMO SERVIDOR PÚBLICO Y LE FALTÓ EMPEÑO EN ACTUALIZARSE CON LA JURISPRUDENCIA NACIONAL, QUE LE HUBIESE DILUCIDADO CORRECTAMENTE SU CASO PARTICULAR, FUE ASÍ COMO AL INVESTIGADO SE LE CALIFICÓ SU CONDUCTA A TÍTULO DE CULPA GRAVE, PORQUE EL ERROR PUDO SER SUPERADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PROCESO DISCIPLINARIO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CULPA GRAVE, ERROR DE TIPO VENCIBLE
Sentencia 2010-00204 de marzo 7 de 2013
Rad.: 11001-03-25-000-2010-00204-01 (1576-10)
Actor: Regulo Pascual Matera García
El problema jurídico gira en torno a establecer la legalidad del fallo de 10 de junio de 2008 proferido por la Procuraduría Provincial de Barranquilla, por medio del cual declaró responsable disciplinariamente al actor y le impuso sanción de suspensión del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de cuatro (4) meses y de la decisión de 6 de agosto de 2008 proferida por la procuraduría delegada para la moralidad pública que resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando en su integridad el fallo de primera instancia.
III. El proceso disciplinario
“(...) La conducta que se imputa al doctor Regulo Pascual Matera García... consiste en haberse posesionado en el cargo de alcalde municipal de Galapa, el día 1º de enero de 2008, y continuar ejerciendo el cargo hasta la fecha, estando incurso en la causal de inhabilidad establecida en el numeral 4º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000 ya que su hija, la doctora Ligia Matera Carrillo dentro del año anterior a la fecha de la elección se desempeñó como subcontralora y contralora departamental del Atlántico, ejerciendo autoridad administrativa en el municipio de Galapa. Lo anterior tal y como lo demuestran los elementos probatorios obrantes en el expediente (...)” (fl. 81, cdno. 2).
Mediante auto de 17 de abril de 2008 la procuraduría delegada para la moralidad pública, al resolver la consulta sobre la medida de suspensión provisional, decidió confirmarla (fls. 142 a 149, cdno. 3).
El 24 de abril, 7 y 22 de mayo de 2008, se celebraron audiencias públicas en las que se recibieron declaraciones juramentadas de la señora Ligia Matera Carrillo, hija del disciplinado, del señor Ricardo Rojas, Roberto Solano y Rafael Pérez (fls. 85 a 90,105 a 108 y 118 a 121, cdno. 4).
El 12 de mayo de 2008, en audiencia pública, el señor Matera García, amplió su versión libre (fls. 109 a 110, cdno. 4).
El 28 de mayo de 2008, se recibió por parte del apoderado del disciplinado el memorial contentivo de los alegatos de conclusión (fls. 122 a 140, cdno. 4).
Dentro de la audiencia pública celebrada el 10 de junio de 2008, la Procuraduría Provincial de Barranquilla, profirió el fallo de primera instancia(6) y declaró responsable disciplinariamente al señor Regulo Pascual Matera García y le impuso sanción de suspensión del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de cuatro (4) meses. La decisión anterior se tomó, luego de analizar el material probatorio; pronunciarse frente a las consideraciones respecto a los hechos establecidos, la versión del implicado y los alegatos de conclusión; tener en cuenta los criterios y calificación de la falta y hacer referencia a la sanción a imponer.
Ante la anterior decisión el hoy demandante interpuso recurso de apelación (fls. 243 a 264, cdno. 4).
Mediante auto de 6 de agosto de 2008 proferido por la procuraduría delegada para la moralidad pública, se resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando en su integridad el fallo de primera instancia (fls. 259 a 270, c.p. y 270 a 281, cdno. 4).
1. “Falta de competencia del operador disciplinario”.
“ART. 76.—Funciones. Las procuradurías distritales y provinciales, dentro de su circunscripción territorial, tienen las siguientes funciones, cuando lo determine el procurador general en virtud de las facultades contenidas en el artículo 7º de este decreto:
a) Los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, los concejales de estos, los personeros, personeros delegados, ediles de juntas administradoras locales, rectores, directores o gerentes de las entidades y organismos descentralizados del orden distrital o municipal, los miembros de sus juntas o consejos directivos, y contra servidores públicos del orden distrital o municipal, según el caso.
(...)” (subraya y resalta la Sala).
2. “Atipicidad de la conducta por no reunir el disciplinado la condición esencial de sujeto activo calificado”.
Lo anterior por cuanto dentro del proceso disciplinario se probó que el señor Matera García se inscribió, resultó electo y se posesionó como alcalde municipal de Galapa a pesar de encontrarse incurso en una causal de inhabilidad para ocupar el cargo (L. 617/2000, art. 37, num. 4º(7)), pues su hija, dentro de los 12 meses anteriores a la elección, ejerció autoridad administrativa en el respectivo municipio.
3. “Violación de la presunción de inocencia de la imparcialidad y del principio del acto”.
Sobre el particular, ha de tenerse en cuenta que al interior del proceso disciplinario de manera fehaciente se probó que el disciplinado es padre de la señora Ligia Matera Carrillo(8), quien se desempeñó como subcontralora departamental del Atlántico en propiedad y contralora departamental del Atlántico en encargo(9), lo que llevaba implícito según el manual de funciones de esa entidad(10) el cumplimiento de funciones relacionadas con el ejercicio de autoridad administrativa en el departamento del Atlántico y como tal en el municipio de Galapa, de igual forma se encontró probado que la señora Matera Carrillo ejerció autoridad administrativa dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de la elección del señor Regulo Matera —su padre—, como alcalde de Galapa.
4. “La exigibilidad en el condenado de culpa grave existiendo error de hecho”.
Según el actor las pruebas obrantes en el proceso disciplinario dan cuenta de la ausencia de responsabilidad en los hechos que le fueron imputados y por el contrario sobre él se concreta una de las causales eximentes de responsabilidad (L. 734/2002, art. 28, num. 6º) el error invencible, por tanto la conducta no es reprochable a título de dolo, porque en el encartado no hay conciencia de la ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se estructura. Tampoco le puede ser reprochable a título de culpa porque actuó con el cuidado y diligencia para determinar que su conducta no era contraria a la ley.
5. “Imputación de una falta disciplinaria por violación de una norma que fue expresamente derogada”.
Manifiesta el demandante que quedó demostrado que el numeral 4º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la ley 617 de 2000 fue expresamente derogado, en consecuencia el cargo imputado por la procuraduría provincial, así como la calificación de la falta son infundados, puesto que el señor Matera fue elegido alcalde sin encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad y su posesión y permanencia en el cargo fue completamente legal.
Sobre el particular considera la Sala que no le asiste razón a la parte actora, pues de conformidad con lo señalado en el fallo de primera instancia proferido por la procuradora provincial de Barranquilla dentro de la respectiva audiencia pública(11), una de las normas infringidas fue el numeral 4º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000 que modificó el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que dispone:
Norma vigente al momento de endilgarse al disciplinado el cargo correspondiente(12), ajustándose su conducta al supuesto de hecho inmerso en el artículo citado en precedencia.
De igual forma, la Sala expresa que “El proceso de control jurisdiccional de los actos que imponen sanciones disciplinarias, no es una tercera instancia en la que se pueda abrir nuevamente el debate probatorio para suplir las deficiencias del proceso disciplinario... No puede tildarse de ilegal una decisión que se adopta con base en las pruebas que obran en un proceso disciplinario, donde el inculpado interviene y ejerce en su favor los medios de defensa que el ordenamiento jurídico le permite...”(13).
NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por el señor Regulo Pascual Matera García contra la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
(6) Fls. 168 a 258, c.p., y 149 a 241, cdno. 4.
(7) “4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio”.
(8) Fl. 25, cdno. 2.
(9) Fls. 11 a 24, cdno. 2.
(10) Fls. 63 a 72, cdno. 2.
(11) Fls. 247 y 248, c.p.
(12) Fls. 80 y 81, cdno. 2.
(13) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de agosto 8 de 1996. M.P. Javier Díaz Bueno. Actor: Alba D. Calderón Parra.