Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20018260
Timestamp: 2019-07-18 20:05:11
Document Index: 272668693

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 175', 'artículo 189', 'artículo 29', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 189', 'artículo 175', 'artículo 189', 'artículo 29', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 2', 'artículo 241', 'ARTÍCULO 175', 'artículo 294', 'ARTÍCULO 189', 'artículo 189', 'artículo 1', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 175', 'artículo 189', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 250', 'artículo 189', 'artículo 175', 'artículo 189', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 175', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 29', 'artículo 189', 'Artículo 175', 'Artículo 189']

C-262 de 2011
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020018260CC-SENTENCIAC262201106/04/2011CC-SENTENCIA_C_262__2011_06/04/2011200182602011Sentencia C-262/11 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA- No cumplimiento de los requisitos de procedibilidad/ INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -Ineptitud sustantiva de la demanda En la presente oportunidad se demandan los artículos 175 y 189 de la Ley 906 de 2004, el primero porque, a juicio del actor, vulnera la Constitución por omisión legislativa relativa por la falta de definición temporal de la etapa preliminar y estimar que el término de la investigación preliminar puede coincidir con el de la prescripción, resultando abiertamente desproporcionado e irrazonable sin que existan razones objetivas ni suficientes para justificar tal omisión; y el segundo, por la presunta violación del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas, valiéndose del argumento de que la norma implícita en el artículo 189 de la ley 906 de 2004, consiste en establecer una nueva "interrupción", tras proferirse la sentencia de segunda instancia. Para la Corte, en relación con el artículo 175 del C.P.P., descartada la configuración del fenómeno de la cosa juzgada con relación a la sentencia C-558 de 2009, porque si bien se había demandado el mismo precepto, la Corte se declaró inhibida por ineptitud sustancial de la demanda, y en el asunto bajo estudio se presentan las mismas irregularidades en la construcción de los argumentos del demandante, porque por un lado ha formulado un problema de omisión legislativa absoluta antes que relativa, por cuanto del planteamiento del actor se desprende que el legislador omitió por completo disponer de un término específico para la etapa pre-procesal, además que, de conformidad con la naturaleza de la acción pública de inconstitucionalidad, con las cargas mínimas que debe reunir la demanda y con las exigencias específicas que comporta el cargo de omisión legislativa relativa, se presenta ineptitud sustancial de la demanda. Respecto del artículo 189 del C.P.P. resulta carente de especificidad pues no hay en ella una exposición clara de la manera como aquél desconoce o vulnera el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, como una oposición objetiva verificable entre el texto normativo de la primera y lo establecido en el artículo 29 de la Constitución y los preceptos del bloque de constitucionalidad que se señalan como vulnerados. De tal suerte, sus afirmaciones de talante dispar, aparecen como un conjunto argumentos vagos sin relación directa y concreta con lo previsto en el artículo 189 del C.P.P. que se acusa, incumpliendo el actor con los requisitos de certeza y pertinencia, pues las razones que respaldan algunos de sus argumentos de inconstitucionalidad, no parten de una proposición jurídica real y existente, sino deducida por el actor. Adicionalmente los cargos formulados son impertinentes puesto que algunos de los argumentos no son de naturaleza constitucional, de donde se desprende la necesaria declaración de ineptitud sustantiva de la demanda con relación a los cargos formulados contra el artículo 189 de la ley 906 de 2004. ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD -Naturaleza jurídica/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD- Condiciones para su ejercicio DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Requisitos No obstante el carácter de acción pública, la demanda de inconstitucionalidad debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, además de incluir todas las normas que deberían ser acusadas para que el fallo no sea inocuo. Por lo que hace a los requisitos, en reiterada jurisprudencia, en particular desde la sentencia C-1052 de 2001 que recogió y sintetizó la línea decantada por años, esta Corporación ha enfatizado sobre la importancia de requerir del ciudadano el cumplimiento de unas cargas mínimas de comunicación y argumentación, de "razones conducentes para hacer posible el debate", con las que se informe adecuadamente al juez constitucional, para que este profiera una decisión de fondo sobre los preceptos legales acusados. Tales requisitos no son otros que la definición del objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto. El objeto demandado hace referencia al deber de identificar las normas acusadas como inconstitucionales, para cuya transcripción debe acudir a una fuente oficial que asegure la exactitud de su contenido y permita verificar las razones por las cuales para el actor ese contenido normativo es contrario a la Constitución. El concepto de la violación, consiste en la "exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda", y aunque resulta evidente que el ciudadano puede "escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto", en todo caso debe concretar: i) los "cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas"; (ii) el "contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan"; (iii)"las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución, que sean para el juez constitucional "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes", esto es, que se deben plantear acusaciones comprensibles o claras, recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada y en ese orden ser ciertas, mostrar de forma específica cómo la o las disposiciones objeto de demanda vulneran la Carta, utilizando para tales efectos argumentos pertinentes, esto es, de naturaleza constitucional y no legal o doctrinario ni referidos a situaciones puramente individuales. Por último, la argumentación del demandante debe ser suficiente, en el sentido de ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada. Y como último requisito general se encuentra la competencia, que apunta a establecer que sea la Corte Constitucional quien debe conocer del asunto sometido a su juicio, por cuanto así lo determina el texto normativo demandado en concordancia con lo previsto en el artículo 241 de la Constitución. INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA- Carácter excepcional/ INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA- Condiciones para su procedencia En casos excepcionales la Corte puede integrar la unidad normativa, que permite extender el examen de constitucionalidad a normas no acusadas, siendo condición para ello que se presente una demanda en forma contra un texto legal, es decir con el lleno de los requisitos de la demanda. UNIDAD NORMATIVA- Improcedencia OMISION LEGISLATIVA RELATIVA -Significado y alcance DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA -Requisitos/ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA- Argumentación del actor es más rigurosa Cuando los cargos de la demanda de inconstitucionalidad lo que formulan es un problema de omisión legislativa relativa, tales requisitos deben resultar ostensibles dentro de la estructura argumentativa mínima que se debe completar en este tipo de proposición, de modo que cuando el ciudadano plantea ante el Juez constitucional que el legislador ha omitido un deber de regulación, debe cumplir con unas cargas de argumentación más exigentes y su estudio por el juez constitucional, reclama que el demandante haya acreditado los siguientes presupuestos: "(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador", con lo cual no se procura restringir per se el derecho a participar en la defensa de la supremacía de la Constitución, sino hacer "eficaz el diálogo entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior". Un diálogo en el que se garantice que sea el demandante y no el juez quien define los contornos dentro de los cuales se ejerce en cada caso el control constitucional sobre las leyes y actos objeto de acusación. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Inexistencia por fallo inhibitorio Referencia: expediente D-8248
Javier Mauricio Hidalgo EscobarCONSTITUCIONALIDADJuan Carlos Henao PérezDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 175 y 189 de la ley 906 de 2004 -Código de Procedimiento Penal-D8248Identificadores20020018261true32484Versión original20018261Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 175 y 189 de la ley 906 de 2004 -Código de Procedimiento Penal-
En la presente oportunidad se demandan los artículos 175 y 189 de la Ley 906 de 2004, el primero porque, a juicio del actor, vulnera la Constitución por omisión legislativa relativa por la falta de definición temporal de la etapa preliminar y estimar que el término de la investigación preliminar puede coincidir con el de la prescripción, resultando abiertamente desproporcionado e irrazonable sin que existan razones objetivas ni suficientes para justificar tal omisión; y el segundo, por la presunta violación del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas, valiéndose del argumento de que la norma implícita en el artículo 189 de la ley 906 de 2004, consiste en establecer una nueva "interrupción", tras proferirse la sentencia de segunda instancia. Para la Corte, en relación con el artículo 175 del C.P.P., descartada la configuración del fenómeno de la cosa juzgada con relación a la sentencia C-558 de 2009, porque si bien se había demandado el mismo precepto, la Corte se declaró inhibida por ineptitud sustancial de la demanda, y en el asunto bajo estudio se presentan las mismas irregularidades en la construcción de los argumentos del demandante, porque por un lado ha formulado un problema de omisión legislativa absoluta antes que relativa, por cuanto del planteamiento del actor se desprende que el legislador omitió por completo disponer de un término específico para la etapa pre-procesal, además que, de conformidad con la naturaleza de la acción pública de inconstitucionalidad, con las cargas mínimas que debe reunir la demanda y con las exigencias específicas que comporta el cargo de omisión legislativa relativa, se presenta ineptitud sustancial de la demanda. Respecto del artículo 189 del C.P.P. resulta carente de especificidad pues no hay en ella una exposición clara de la manera como aquél desconoce o vulnera el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, como una oposición objetiva verificable entre el texto normativo de la primera y lo establecido en el artículo 29 de la Constitución y los preceptos del bloque de constitucionalidad que se señalan como vulnerados. De tal suerte, sus afirmaciones de talante dispar, aparecen como un conjunto argumentos vagos sin relación directa y concreta con lo previsto en el artículo 189 del C.P.P. que se acusa, incumpliendo el actor con los requisitos de certeza y pertinencia, pues las razones que respaldan algunos de sus argumentos de inconstitucionalidad, no parten de una proposición jurídica real y existente, sino deducida por el actor. Adicionalmente los cargos formulados son impertinentes puesto que algunos de los argumentos no son de naturaleza constitucional, de donde se desprende la necesaria declaración de ineptitud sustantiva de la demanda con relación a los cargos formulados contra el artículo 189 de la ley 906 de 2004.
No obstante el carácter de acción pública, la demanda de inconstitucionalidad debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, además de incluir todas las normas que deberían ser acusadas para que el fallo no sea inocuo. Por lo que hace a los requisitos, en reiterada jurisprudencia, en particular desde la sentencia C-1052 de 2001 que recogió y sintetizó la línea decantada por años, esta Corporación ha enfatizado sobre la importancia de requerir del ciudadano el cumplimiento de unas cargas mínimas de comunicación y argumentación, de "razones conducentes para hacer posible el debate", con las que se informe adecuadamente al juez constitucional, para que este profiera una decisión de fondo sobre los preceptos legales acusados. Tales requisitos no son otros que la definición del objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto. El objeto demandado hace referencia al deber de identificar las normas acusadas como inconstitucionales, para cuya transcripción debe acudir a una fuente oficial que asegure la exactitud de su contenido y permita verificar las razones por las cuales para el actor ese contenido normativo es contrario a la Constitución. El concepto de la violación, consiste en la "exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda", y aunque resulta evidente que el ciudadano puede "escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto", en todo caso debe concretar: i) los "cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas"; (ii) el "contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan"; (iii)"las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución, que sean para el juez constitucional "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes", esto es, que se deben plantear acusaciones comprensibles o claras, recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada y en ese orden ser ciertas, mostrar de forma específica cómo la o las disposiciones objeto de demanda vulneran la Carta, utilizando para tales efectos argumentos pertinentes, esto es, de naturaleza constitucional y no legal o doctrinario ni referidos a situaciones puramente individuales. Por último, la argumentación del demandante debe ser suficiente, en el sentido de ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada. Y como último requisito general se encuentra la competencia, que apunta a establecer que sea la Corte Constitucional quien debe conocer del asunto sometido a su juicio, por cuanto así lo determina el texto normativo demandado en concordancia con lo previsto en el artículo 241 de la Constitución.
Cuando los cargos de la demanda de inconstitucionalidad lo que formulan es un problema de omisión legislativa relativa, tales requisitos deben resultar ostensibles dentro de la estructura argumentativa mínima que se debe completar en este tipo de proposición, de modo que cuando el ciudadano plantea ante el Juez constitucional que el legislador ha omitido un deber de regulación, debe cumplir con unas cargas de argumentación más exigentes y su estudio por el juez constitucional, reclama que el demandante haya acreditado los siguientes presupuestos: "(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador", con lo cual no se procura restringir per se el derecho a participar en la defensa de la supremacía de la Constitución, sino hacer "eficaz el diálogo entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior". Un diálogo en el que se garantice que sea el demandante y no el juez quien define los contornos dentro de los cuales se ejerce en cada caso el control constitucional sobre las leyes y actos objeto de acusación.
"ARTÍCULO 175. DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad, no podrá exceder de treinta (30) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código.
La audiencia del juicio oral tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria".
"ARTÍCULO 189. SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.Proferidala sentencia de segunda instancia se suspenderá el término de prescripción, el cual comenzará a correr de nuevo sin que pueda ser superior a cinco (5) años".
Admite que si bien se podría oponer a su análisis que "la etapa preliminar es reservada y no existe imputación en contra de una persona específica, y por ende sus derechos fundamentales estarían a salvo no obstante la indeterminación de su duración", este argumento no sería de recibo, por la propia jurisprudencia constitucional. En ella (sentencia C-025 de 2009) -dice el actor- se ha señalado que el derecho a la defensa se predica de todas las etapas procesales y que por ello, "aún en las diligencias preliminares, el imputado que conozca que en su contra existe una investigación preliminar, podrá actuar en los controles de legalidad de los procedimientos realizados en dicha etapa a iniciativa de la Fiscalía" (folio 17).
Observa también que como en la etapa preliminar los funcionarios encargados de la investigación, "pueden practicar diligencias y allegar elementos de prueba y evidencias que posteriormente pueden afectar al indiciado", aunque éste se encuentra habilitado para solicitar el control posterior de legalidad al juez de garantías de tales medidas, "que esa etapa no tenga término legal le significa afectación de sus derechos a un juicio justo y sin dilaciones injustificadas". Le afecta igualmente la "dignidad humana", que hace al indagado preliminarmente antes que un sujeto, el objeto del proceso. De este modo el indiciado se encuentra "sometido al ritmo investigativo de la Fiscalía, que puede coincidir incluso con el término de la prescripción de la acción penal, término abiertamente desproporcionado e irrazonable" (folio 19), porque el actor da "por seguro (…) que la Fiscalía va actuar de una forma pausada y mesurada", manteniendo subjudice al sujeto implicado por el tiempo mínimo de cinco años que tarda la prescripción de la acción penal (folio 19).
Repasa entonces las exigencias del juicio de omisión legislativa. Argumenta que es una omisión relativa y no absoluta, consistente en que "la etapa preliminar carece de término legal específico, no obstante que las otras etapas sí cuentan con un término legal claramente definido", lo cual vulnera los artículos 29 y 229 de la C.P., al desconocer el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas ni el cumplimiento estricto de los términos legales (folio 26).
En cuanto a la inexistencia de razones objetivas y suficientes que justifiquen la omisión, apunta que en la legislación anterior al C.P.P. se había previsto un término para la indagación preliminar, cosa que no ocurre en el vigente. Nada justifica dicha omisión, salvo el "mal entendidoeficientismo judicial" con una facultad de investigación perpetua, a costa de los derechos y garantías fundamentales del indagado.
"No existe justificación alguna para que la Corte avale una etapa intemporal en el proceso penal, porque produce una evidente desigualdad y desprotección del procesado, al punto que sus expectativas de justicia se difieren en el tiempo a un término irrazonable que oscila entre 5 y 30 años, dependiendo de la pena máxima de la conducta punible investigada, pues los términos de la prescripción de la acción penal difieren dependiendo del delito, siendo esta postura abiertamente irrazonable" (folio 27).
También precisa que con ella se produce una desigualdad con el Estado investigador de que trataba la sentencia C-412 de 1993. "Afortunadamente, la sentencia C-025 de 2009 aclaró un poco el panorama del indiciado que conoce la existencia de una indagación preliminar en su contra, porque le permite a él y a su defensor anticipar su defensa en los controles constitucionales ante el juez de control de garantías" (folio 28).
Reconoce que el término al cual está sometida la etapa pre-procesal indagatoria que se echa de menos en el precepto acusado, es un elemento esencial dentro del debido proceso constitucional, "pues de ello depende el ejercicio material de otros derechos también de orden constitucional, como el de defensa, contradicción, proceso sin dilaciones injustificadas, acceso a la administración de justicia, entre otros" (folio 29).
Y no es razonable como término de la misma el de prescripción de la acción penal, pues a su juicio el hecho de que que los ciudadanos durante años puedan ser investigados por la policía judicial y la Fiscalía, puede "(…) terminar violando el principio constitucional de un proceso sin dilaciones injustificadas y el principio de igualdad de todas las personas ante la Ley" (folio 30).
En relación con el artículo 189 del C.P.P., el actor considera que permitir la suspensión de la prescripción al momento de proferirse la segunda instancia, y en esa medida autorizar al tribunal de casación a contar con 5 años de más para tomar una decisión sobre los hechos expuestos a su consideración, es irrazonable y violatorio del debido proceso. Para el actor, "la inclusión del fenómeno jurídico de la suspensión del término de prescripción una vez verificado el proferimiento de la sentencia de segunda instancia, no es más ni menos que el renacimiento de los efectos jurídicos del inconstitucional artículo 1º de la Ley 553 de 2000 (…)", que limitaba la casación penal sólo a las sentencias ejecutoriadas.
Lo previsto en el art. 189 del C.P.P. "prolonga de manera irrazonable y desproporcionada el término jurídico de la prescripción de la acción penal, porque la intención del legislador es ni más ni menos que interrumpir el término de la prescripción para evitar la verificación del mismo a todo costo, sin importar las garantías judiciales y sustanciales que deben rodear al procesado" (folio 32).
Y observa, tras comparar lo previsto en el artículo 189 C.P.P. frente a los artículos 292 del C.P.P. y 86 del Código penal, que "mientras la ley sustancial indica que una vez formulada la imputación comienza a correr un nuevo término que no puede ser superior a 10 años, ni menor de 5 años, en el artículo 189 en abierta contradicción de este precepto legal se plasma otra interrupción de la prescripción una vez proferida la sentencia de 2ª instancia" (folio 43).
Por ello, une los argumentos formulados contra el artículo 175 y 189 C.P.P., para observar sobre el último: "Es este punto en donde el artículo demandado, no conforme con el excesivo término con el que ha contado para investigar, juzgar y condenar la conducta del procesado, habilita inconstitucionalmente al Estado a ejecutar otra interrupción del término prescriptivo de la acción penal, contando con otros cinco años para desatar el recurso extraordinario de casación" (folio 44).
Los procesos se tornan entonces prácticamente imprescriptibles, al contener "1.una etapa previa cuyo término puede coincidir con el de la prescripción de la acción penal, es decir el máximo de la pena fijada en la ley para la conducta punible investigada, que no puede ser inferior a 5 años, 2.- Formulada la imputación cuenta con un término que oscila entre 5 y 10 años para proferir sentencias de 1ª y 2ª instancia; y 3.- proferida la sentencia de 2ª instancia, el artículo 189 demandado habilita al Estado para una segunda interrupción de la prescripción, donde queda revestido nuevamente por un segundo término de 5 años para pronunciarse en el evento de interponer el recurso extraordinario de casación" (folio 44).
Con relación al artículo 175 de la norma en referencia, el Ministerio pone de presente que en la sentencia C-558 de 2009, la Corte Constitucional reconoció que no era intemporal la etapa de indagación, pues estaba sujeta al término de prescripción de la acción penal. Por ello adelante se concluye que "en esas condiciones, los argumentos del actor [sobre el artículo 175 del C.P.P.] resultan impertinentes y carentes de certeza, porque, en tal caso, estructura sus cargos de inconstitucionalidad a partir de apreciaciones subjetivas y respecto de un contenido normativo inexistente" (folio 92).
No es posible entonces estimar conforme a la Constitución una etapa de indagación sin término, pues así "queda el ciudadano indiciado en abierta desigualdad frente a sus contradictores naturales como son la Fiscalía y los miembros de la policía judicial. Y qué decir de la víctima denunciante, que no tendría un término para exigir la convocatoria a una audiencia de imputación" (folio 118).
Trae a cuento referencias sobre el represamiento de investigaciones que padece la Fiscalía y la Policía Judicial, de lo cual ha resultado que los delitos más graves se queden en la etapa de indagación preliminar y sólo se inicie investigación formal y juicio respecto de los delitos bagatela, por captura en flagrancia o aceptación de cargos. Con ello, el interviniente dice demostrar que el nuevo sistema ha creado un represamiento inmenso de la mayoría de los procesos de gran trascendencia. Una situación a la que "contribuye en gran medida la omisión legislativa, al no haberse regulado y limitado en el tiempo, cuál podría ser la duración máxima de la indagación" (folio 124).
Con base en lo expuesto en la sentencia C-558 de 2009, que reconoce en la etapa preliminar el término de prescripción de la acción, el Procurador General estima que el mismo es razonable y proporcionado pues "responde a la necesidad de evitar la impunidad y de realizar el valor de la justicia, que define a la sociedad colombiana y que hace posible la convivencia pacífica, en especial en momentos en los que la tecnología también ha permeado las estructuras y las actividades delictivas, cada vez más sofisticadas, al extremo de requerirse muchos años de pesquisas para poder llevar a juicio a los criminales. Por tal razón, el término analizado, tenido como equivalente al de prescripción de la acción penal, no compromete el debido proceso en lo que se refiere a un juicio sin dilaciones injustificadas".
Agrega que, conforme lo previsto en el artículo 250 C.P., la tarea de averiguación penal previa al proceso formal "no puede realizarse de cualquier manera, ni mucho menos a partir de la vulneración de derechos fundamentales, de ahí que ésta esté sujeta al control de un juez de garantías, que es diferente al juez de conocimiento ante el cual se tramitará, de ser el caso, el juicio". Mas sobre la base de la diferencia entre la investigación preliminar y la investigación formal, concluye que el término de la primera "sea igual al establecido para la prescripción de la acción penal, con las consecuencias que esto implica en materia probatoria desde el punto de vista de los derechos y libertades de los ciudadanos en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal". Porque como el Estado ejerce su poder de averiguación o indagación, "bajo el parámetro de lasospecha, pues se trata de decantar la realidad, para descartar conjeturas y especulacionesen relación con los presuntos delitos que se deben investigar", ello "implica una carga mayor para los ciudadanos en cuanto a sus libertades y derechos fundamentales".
De ahí que "pueden estar sometidos, sin tener conocimiento previo de ello, a operaciones probatorias tales como inspecciones, allanamientos, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones, recuperación de información dejada al navegar en internet, vigilancia y seguimientos personales, vigilancia de cosas, actuación de agentes encubiertos o de confianza, búsqueda selectiva de base de datos, y exámenes de ADN entre otras, conforme a los artículos 213 y siguientes del Código de Procedimiento Penal".
Por otra parte, en el marco de la sentencia C-025 de 2009 y la importancia reconocida al derecho de defensa ejercible aún en la etapa preliminar aunque no se haya iniciado formalmente un proceso penal, observa que el término de prescripción de la acción es el término de la indagación preliminar, "porque en esta etapano se tiene certeza de la existencia de hechos que revistan la característica de delitos, ante lo cual no se puede someter a las personas sin control alguno al poder judicial probatorio sólo por sospecha, con lo que esto representa de negativo para sus derechos y libertades fundamentales. Aceptarlo así implicaría desconocer el concepto de República que define a Colombia".
Ello no oculta, empero que al ser un término extenso, existe un claro riesgo de un ejercicio arbitrario del poder del Estado en perseguir el delito, que pueda afectar los derechos y libertades fundamentales de las personas que se encuentran bajo sospecha. Por esto, solicita a la Corte que más allá de reiterar la necesidad de que se efectúe un control posterior que invalide las pruebas recaudadas de manera ilícita, lo debe hacer para que prevenga "los abusos u hostilidades que se pueden ejercer sobre esas personas" y evite la práctica de diligencias irregulares que afectan dichos derechos y garantías. Es decir que solicitan a la Corte "declarar la constitucionalidad del término establecido, bajo el entendido de que las actuaciones que se realicen durante la indagación, que impliquen afectación de derechos o libertades fundamentales, sólo pueden practicarse con autorización previa del juez de control de garantías".
Sobre el artículo 189 de la Ley 906 de 2004, estima que la demanda carece de claridad, certeza y especificidad al formular el concepto de la violación, lo cual impide un pronunciamiento de fondo. No existe omisión legislativa relativa, porque encuentra obvio que la ley no puede establecer un término para todos los delitos, "sino que en cada caso debe calcularse. Lo que si hace la ley es establecer un límite máximo para ese término, el de cinco años".
No es en fin, pertinente el argumento sobre la Ley 553 de 2000 que pretende equiparar con la ley 906 de 2004, sin tener en cuenta que una y otra leyes se refieren a sistemas procesales penales diferentes. Se omite "el cambio introducido por el Acto Legislativo 2 de 2003, que parte de la base constitucional de que la persecución penal es irrenunciable por parte del Estado", y también se desconoce la "premisa de haberse agotado de buena fe la doble instancia en la actividad judicial", como dice reconocerlo la jurisprudencia (sentencia C-416 de 2002). Lo mismo sucede con el hecho de que el régimen actual "es más favorable para el procesado, en razón de que los términos del proceso penal, bajo el sistema penal acusatorio, son más breves".
Por ello solicita que el artículo 175 de la Ley 906 de 2004 se declare exequible, "bajo el entendido que todas las actuaciones que se realicen durante la indagación únicamente podrán practicarse con autorización previa proferida por el juez de control de garantías" e inhibida para conocer la demanda contra el artículo 189 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustancial de la misma.
9. Por lo que hace a los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en reiterada jurisprudencia, en particular desde la sentencia C-1052 de 2001[4] que recogió y sintetizó la línea decantada por años, esta Corporación ha enfatizado sobre la importancia de requerir del ciudadano el cumplimiento de unas cargas mínimas de comunicación y argumentación, de "razones conducentes para hacer posible el debate", con las que se informe adecuadamente al juez constitucional, para que este profiera una decisión de fondo sobre los preceptos legales acusados.
El concepto de la violación, consiste en la "exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda". Y aunque resulta evidente que el ciudadano puede "escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto", en todo caso debe concretar: i) los "cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas"[5]; (ii.) el "'contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan[6]'"; (iii.) "las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (artículo 2 numeral 3 del Decreto 2067 de 1991)", que sean para el juez constitucional "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes"[7].
En efecto, como lo ha dicho la jurisprudencia, una omisión es relativa, "cuando se vincula con un aspecto puntual dentro de una normatividad específica; pero aquella se vuelve constitucionalmente reprochable si se predica de un elemento que, por razones lógicas o jurídicas -específicamente por razones constitucionales-, debería estar incluido en el sistema normativo de que se trata, de modo que su ausencia constituye una imperfección del régimen que lo hace inequitativo, inoperante o ineficiente"[10], en particular por producir por lo general violaciones del derecho a la igualdad[11] o el derecho al debido proceso[12].
De este modo, cuando el ciudadano plantea ante el Juez constitucional que el legislador ha omitido un deber de regulación, con lo cual se crea una discriminación negativa injustificada, éste debe cumplir con unas cargas de argumentación más exigentes. Es decir que "cuando de activar el control de constitucionalidad abstracto por vía de acción se trata, aduciendo la existencia de una omisión legislativa relativa, es menester que el ciudadano demuestre con razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[13], que la norma acusada contiene una omisión legislativa relativa de conformidad con el artículo 2º numerales 3 y 5 del Decreto 2067 de 1991"[14].
12. El estudio de fondo de la omisión legislativa relativa por el juez constitucional, reclama entonces que el demandante haya acreditado los siguientes presupuestos "(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador"[15].
Con tales exigencias adicionales no se procura restringir per se el derecho a participar en la defensa de la supremacía de la Constitución, sino hacer "eficaz el diálogo entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior"[16]. Un diálogo en el que se garantice que sea el demandante y no el juez quien define los contornos dentro de los cuales se ejerce en cada caso el control constitucional sobre las leyes y actos objeto de acusación[17].
- El mal entendido "eficientismo judicial", no puede procurarse a costa de los derechos y garantías fundamentales del indagado.
20.1. Siguiendo la descripción y análisis contenido en dicha sentencia, en ese asunto se había demandado junto con otro precepto, el artículo 175 del C.P.P., sobre el cual se argumentaba ser violatorio del artículo 29 de la Constitución pues, en criterio del actor no definía "un término para el lapso que transcurre entre el inicio de la indagación y el momento de formular la imputación, con lo cual permite que el proceso penal tenga una duración indefinida". De esta forma, decía entonces el demandante, como el legislador no previó la duración máxima de dicha etapa "y no tuvo en cuenta que el debido proceso exige la definición y delimitación en el tiempo de las distintas etapas y actuaciones del proceso penal, la única consecuencia posible frente a dicha faltante era la de declarar la inexequibilidad del precepto "'por la vía de omisión'".
A esos efectos, retomó la jurisprudencia constitucional referida en el presente proceso, para señalar que sólo era posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, cuando el actor hubiese dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada[18], y que además para emitir un pronunciamiento de fondo, era indispensable que la omisión fuese predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hubieren sido vinculados al proceso[19]. Y recabando sobre el anterior presupuesto precisó que, según el precedente, " '(…) la técnica utilizada en la formulación de las demandas de inconstitucionalidad, derivada de las exigencias contenidas en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, le impone a quien pretende ejercer esta acción, la obligación de señalar con claridad las razones que sustentan la inexequibilidad del precepto impugnado, razones que, además, deben guardar correspondencia lógica con el texto acusado, de tal modo que le sean atribuibles directamente a éste'"[20]. Por ello, dice " '(…) al margen de las condiciones que son necesarias para determinar la ocurrencia de una omisión relativa, es claro que las demandas dirigidas contra normas de las cuales no se extraiga en forma directa la materia que ha sido omitida por el legislador, no pueden ser resueltas en sede del proceso de constitucionalidad. No solo por cuanto se ha desconocido el cumplimiento de un requisito de admisibilidad de la acción - acusar el precepto del cual surge la presunta violación a la Carta -, sino además, (y en plena concordancia con lo anterior) por cuanto la Constitución Política no le otorga a la Corte competencia para examinar, ex officio, aquellas disposiciones que no fueron formalmente acusadas por los ciudadanos mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad (C.P. art. 241-4-5)"[21].
20.3. La Corte entonces precisó, en primer término, que conforme lo dicho en la sentencia C-025 de 2009, en el ámbito del sistema penal desarrollado por la Ley 906 de 2004 "… las actividades practicadas durante la 'indagación' tienen carácter reservado y el límite para llevarlas a cabo es el término de prescripción de la acción penal". De allí que, apuntara la sentencia C-558 de 2009, el hecho que "el legislador no haya fijado de manera expresa un término para la actuación que se cumple por la fiscalía entre lanotitia criminis y la formulación de imputación, no conduce a una indefinición temporal, sino que implica que dicho término es el de prescripción de la acción penal".
20.4. Con base en lo anterior, la Sala retomó el problema de la demanda entonces estudiada y a esos efectos indicó que "para fundamentar las consideraciones de inconstitucionalidad por la omisión en fijar un término expreso para la etapa de indagación previa a la imputación, el actor debía haber mostrado la razón por la cual, en el contexto del nuevo sistema procesal penal, la asimilación de ese tiempo al de la prescripción de la acción penal resulta violatoria del debido proceso y las condiciones en las cuales se produciría tal oposición con el texto superior".
20.5. Pero además se indicó, que formulado el cargo en los términos descritos, aparecía más bien como un problema de omisión absoluta, "porque, en vez de cuestionar un déficit en la regulación del régimen de indagación e investigación, a la luz de los elementos que lo configuran, se limita a señalar que el legislador, al fijar en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, unos términos para ciertas actuaciones procesales, omitió establecer una duración determinada para la etapa que transcurre entre el inicio de la indagación y la imputación".
"Al acudir a un criterio puramente formal, para señalar que la omisión se predica del artículo 175, por cuanto allí se regula la duración de algunas actuaciones en el proceso penal, en lugar de buscar apoyo en una consideración sustantiva, la demanda se desvió de su objetivo, cual es acreditar, así sea de manera somera, que la regulación de la fase de indagación e investigación en la Ley 906 de 2004 es incompleta por no contemplar una duración preestablecida".
"Ello habría implicado dirigir la acusación contra las normas que regulan la actuación de indagación e investigación, que en la estructura del Código no están previstas de manera expresa como una fase, y el señalamiento de las específicas consideraciones por las cuales se estima que, dentro de dicha estructura, resulta imperativo, a la luz de las previsiones constitucionales sobre el debido proceso, el señalamiento de un término para la indagación y la investigación, así como las condiciones en las cuales ello resulta obligatorio. Así, como se ha dicho, no es la misma la situación cuando no se ha podido establecer un presunto responsable, a aquellas en las cuales hay elementos indiciarios suficientes para encauzar la investigación hacia una persona determinada".
Todo ello, es trasunto de una política del Estado en materia criminal, que encuentra expresión en el Código de Procedimiento Penal y en relación con la cualhabría que mostrar en qué casos y bajo qué consideraciones puede decirse que del artículo 29 de la Constitución se deriva el imperativo de fijar un término preestablecido, por oposición a la pretensión conforme a la cual, determinadas actuaciones pueden someterse a términos amplios cuya duración no esté previamente determinada en la ley, sino que se sujete a consideraciones procesales como las que se han previsto en el Código para la actuación de indagación e investigación, que comportan un elemento valorativo sobre la suficiencia de los elementos de prueba recaudados para formular la imputación, o la necesidad de aplicar el principio de oportunidad, o la conclusión sobre la procedencia de la preclusión" (resaltados sobrepuestos).
Así, no resultan pertinentes los alegatos según los cuales el estimar que el término de la investigación preliminar coincide con el de prescripción de la acción penal es desproporcionado e irrazonable, porque con ello se puede esperar sólo que la Fiscalía actúe de forma pausada y mesurada, o que con tal interpretación se procura únicamente un mal entendido "eficientismo judicial". Es ostensible que en tales afirmaciones antes que avanzar un argumento de naturaleza constitucional, lo que el actor está poniendo en evidencia es un punto de vista subjetivo, relacionado con la indebida aplicación de la disposición.
De un lado, porque las razones que respaldan algunos de sus argumentos de inconstitucionalidad, no parten de una proposición jurídica real y existente, sino deducida por el actor. Esto, pues a pesar de que en la disposición acusada se alude al fenómeno de la "suspensión" de la prescripción[23], el actor en varias oportunidades arguye que la norma implícita que se encuentra en el artículo 189 de la ley 906 de 2004, consiste en establecer una nueva "interrupción", tras proferirse la sentencia de segunda instancia. En este orden, el actor estructura parte de sus argumentos en torno de una norma de cuyo contenido no se desprende del texto normativo acusado.
Inhibida por ineptitud de la demanda Artículo 175 LEY_906_2004_31/08/2004
Inhibida por ineptitud de la demanda Artículo 189 LEY_906_2004_31/08/2004
[9] Al respecto se señaló en la sentencia C-320 de 1997, reiterada en numerosas ocasiones, que "la Corte concluye que la unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondosobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema planteado por los actores. Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad" (subrayado fuera de texto). En el mismo sentido la sentencia C-185 de 2002, donde la Corte observó: "La atribución legal reconocida a esta Corporación para integrar la unidad normativa, es decir, para vincular al proceso de inconstitucionalidad otros preceptos que no fueron materia de acusación, al margen de tener un alcance excepcional y restrictivo, sólo puede ejercerse cuando se ha verificado previamente que la demanda fue presentada en debida forma; esto es, cuando se determine que la misma ha cumplido con los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad".