Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-00014-de-abril-9-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_00264bdcd6d402aae0530a01015102aa&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 03:45:53
Document Index: 77125444

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 7', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 40', 'artículo 17', 'artículo 45', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 21', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 17', 'Artículo 40', 'artículo 1']

﻿ Sentencia 2010-00014 de abril 9 de 2014
SENTENCIA 2010-00014 DE 09 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:RÉGIMEN PENSIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SE REITERA QUE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR ESTAR AMPARADOS POR UN RÉGIMEN PENSIONAL QUE LES ES PROPIO, NO PUEDEN ESTAR SUPEDITADOS A LO PREVISTO EN EL RÉGIMEN GENERAL PARA EL RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN PENSIONAL, SINO QUE LOS MISMOS SE ENCUENTRAN REGULADOS EN EL ARTÍCULO 7° DEL DECRETO 929 DE 1976 QUE DETERMINÓ LOS REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA OBTENER LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE ESOS SERVIDORES (EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO) Y CON EL 75% DEL PROMEDIO DE LOS SALARIOS DEVENGADOS DURANTE EL ÚLTIMO SEMESTRE SIN QUE SEA UN OBSTÁCULO PARA SU INCLUSIÓN LA REALIZACIÓN O NO DE APORTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, CARRERA ADMINISTRATIVA, ENTIDAD PÚBLICA CON RÉGIMEN ESPECIAL, CONTRALORÍA DELEGADA GENERAL, RÉGIMEN ESPECIAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Sentencia 2010-00014 de abril 9 de 2014
Radicación 250002325000201000014 01 (1849-2013)
Actor: José de Jesús Gossain Abdallah
Demandado: Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE en Liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP
El problema jurídico a resolver en esta instancia, se contrae a verificar si el demandante tiene derecho a que se le reliquide la pensión de jubilación teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en los últimos seis meses de servicios, al tenor de lo previsto en el artículo 7º del Decreto 929 de 1976, por haber sido funcionario de la Contraloría General de la República y adquirir el status pensional con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 o si por el contrario, le es aplicable en la liquidación de la prestación, el inciso 3º del artículo 36 ibídem.
1. Del régimen aplicable:
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estableció un régimen de transición para aquellas personas que al momento de su entrada en vigencia (abr. 1º/94), estaban próximas a cumplir los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez, así:
“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez, de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad o más si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados” (resaltado fuera de texto).
En virtud de lo anterior, quienes ostentan alguna de las mencionadas condiciones, pueden pensionarse con el cumplimiento de los requisitos consagrados en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993.
Así se salvaguarda su legítima expectativa de adquirir una pensión de jubilación, pues como es bien sabido, la Ley 100 de 1993, trajo consigo mayores exigencias para obtener el reconocimiento y pago de la multicitada prestación.
Sobre el contenido y alcance del régimen de transición, esta corporación ha establecido lo siguiente:
“El régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, constituye un mecanismo de protección establecido por el legislador para regular el impacto del tránsito legislativo en materia pensional, de manera que el mismo no afecte desmesuradamente a quienes si bien no han consolidado el derecho a la pensión por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa válida de obtenerlo conforme al régimen que les venía cobijando por estar próximos a su consumación.
De lo anterior se infiere el contenido jurídico vinculante de los sistemas de transición —particularmente el previsto en la L. 100/93— y la protección que asiste a las personas inmersas dentro de los mismos, pues la transición se erige entonces como un derecho cierto y no como una simple expectativa modificable por el legislador, derecho que implica para estas la habilitación del ordenamiento que cobijaba su derecho pensional antes del cambio legislativo, en aras de la consolidación y reconocimiento del mismo bajo las reglas allí contenidas en cuanto a la totalidad de elementos que lo componen, es decir, respecto de la edad, el tiempo de servicios, las cotizaciones, el porcentaje y monto pensional, entre otros.
No cabe duda alguna para concluir entonces, que todas aquellas personas cobijadas por los sistemas de transición en seguridad social, por encontrarse dentro de los supuestos establecidos por el legislador para tal efecto, pese a no disfrutar del derecho pleno de pensión, poseen derechos ciertos a que el decreto de su pensión y el tratamiento de los demás elementos que se desligan de esta, respeten la oponibilidad de una situación jurídica consolidada al abrigo del ordenamiento anterior que por tal virtud se les ampara.
De acuerdo con lo anterior, se encuentran cobijados por el régimen de transición en comento, los trabajadores que a la entrada en vigencia de la mencionada ley (abr. 1º/94 para empleados del orden nacional y jun. 30/95 para empleados territoriales de conformidad con el art. 151 ibíd.) contaran con 35 años de edad o más si son mujeres o con 40 años de edad o más si son hombres, o con 15 o más años de servicios cotizados, para quienes las condiciones de acceso al derecho pensional como la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión, se regirían por la normatividad establecida en el régimen anterior al que se encontraran afiliados”(2).
Ahora bien, teniendo en cuenta que en el escrito demandatorio, el actor reclama la aplicación de un régimen anterior a la Ley 100 de 1993, inherente a los funcionarios de la Contraloría General de la República, es preciso analizar la normatividad que así lo consagra, como sigue.
2. Del régimen especial aplicable a los funcionarios de la Contraloría General de la República.
El régimen de prestaciones sociales de los servidores de la Contraloría General de la República, es el establecido en las leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, en los decretos-leyes 2567 de 1946, 929 de 1976 y 720 de 1978 y en sus correspondientes reglamentaciones.
En lo que concierne al tema pensional, el artículo 7º del Decreto-Ley 929 de 1976, dispone:
La norma en comento, no solo determinó con suficiente claridad los requisitos fundamentales para obtener la pensión de jubilación de esos servidores (edad y tiempo de servicio), sino que también, estableció que esta se liquidaría con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre.
Sin embargo, en lo tocante a la forma en que deben liquidarse las pensiones previstas en este decreto, únicamente se hace la siguiente precisión:
“ART. 9º—Para liquidar las pensiones de que trata este decreto y las demás prestaciones establecidas o reconocidas por el presente decreto, no se incluirán los viáticos que haya recibido el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de carácter permanente y se hayan recibido, durante un lapso continuo de seis meses o mayor”.
De contera, el Decreto-Ley 720 de 1978 —norma que establece el régimen salarial especial de los servidores de la Contraloría General de República— en su artículo 40, establece:
Se advierte entonces que las normas que regulan este régimen, solo citan algunos factores salariales a tener en cuenta para estos efectos, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 929 de 1976(3), es necesario remitirse a los factores consagrados en el Decreto 1045 de 1978, para liquidar la pensión de jubilación de estos servidores.
Así pues, el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, enlista como factores que deben ser incluidos para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación, de manera general y no como una relación taxativa(4), los siguientes:
Como corolario de lo anterior, la jurisdicción contencioso administrativa, en repetidas providencias ha concluido que resulta indiscutible que los servidores públicos de la Contraloría General de la República, por estar amparados por un régimen pensional que les es propio, no pueden estar supeditados a lo previsto en el régimen general para el reconocimiento y liquidación pensional, sino que los mismos se encuentran regulados en el artículo 7º del Decreto 929 de 1976 que determinó los requisitos fundamentales para obtener la pensión de jubilación de esos servidores (edad y tiempo de servicio) y con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre sin que sea un obstáculo para su inclusión la realización o no de aportes(5).
3. De lo probado en el proceso:
Establecido lo anterior y descendiendo al caso de autos, deberá verificarse si el demandante se encontraba amparado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y si en consecuencia, le son aplicables las disposiciones contenidas en regímenes de excepción anteriores a este, así:
• Según se desprende del material probatorio recaudado en el proceso, el señor Gossain Abdallah, prestó sus servicios a la Contraloría General de la República entre el 16 de mayo de 1980 al 21 de julio de 1992(6) y del 1º de septiembre de 1992 al 30 de noviembre de 2007(7), pues mediante Resolución Ordinaria 1643 de 7 de noviembre de 2007, fue aceptada su renuncia al cargo de profesional universitario, nivel profesional grado 2 de la oficina jurídica, a partir del 1º de diciembre de 2007(8).
• De otra parte, de acuerdo con la copia del registro civil(9), así como de la cedula de ciudadanía(10), el demandante nació el 5 de marzo de 1952, en consecuencia cumplió los 55 años de edad el día 5 de marzo de 2007.
En el sub examine, el señor José de Jesús Gossain Abdallah contaba con cuarenta y un (41) años, diez (10) meses y veintisiete (27) días de edad a 1º de abril de 1994, fecha para la cual también acreditaba más de trece (13) años de servicios al Estado, en consecuencia, es claro que ostentaba la condición de beneficiario del régimen de transición, conforme al numeral 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aspecto que como se expuso en párrafos anteriores, genera a su caso la aplicación del régimen “anterior” en su integridad.
No obstante, siendo el actor beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, su pensión fue reconocida a través de la Resolución 50461 de 26 de octubre de 2001, “con el 75% del salario promedio de diez (10) años conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993”; posteriormente, mediante la Resolución 6087 de 11 de febrero de 2009, se indicó que el demandante se pensionó con la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión consagrados en el Decreto 929 de 1976, pero que el periodo sobre el cual se liquidó la pensión, así como los factores salariales, fueron los indicados en la Ley 100 de 1993 y los decretos reglamentarios 691 y 1158 de 1994; y finalmente, mediante la Resolución 20593 de 4 de junio 2009, la entidad, en cumplimiento al fallo de tutela 2009-0800, proferido por el Juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá, revocó la Resolución 6087 de 11 de febrero de 2009 y reliquidó por nuevos factores salariales la pensión de jubilación.
In extenso, esta corporación, en casos como el que hoy ocupa el estudio de la Sala, ha establecido que el derecho al régimen de transición se traduce en la posibilidad de consolidar el derecho pensional, conforme a las disposiciones consagradas en el régimen anterior y respecto de la totalidad de los elementos que lo afectan, razón por la que proceder como lo ha hecho la entidad demandada, resulta contrario al principio de inescindibilidad de la ley.
También se ha establecido que para efectos de la aplicación del régimen anterior, en virtud del mencionado beneficio, el monto de la pensión, comprende los diferentes elementos que deben tenerse en cuenta para efectos de la liquidación aritmética del derecho pensional, de la siguiente manera:
En el precitado pronunciamiento de fecha 18 de febrero de 2010, se dijo:
“Para la Sala es claro —como se expuso en párrafos precedentes—, que el alcance del régimen de transición respecto de estas personas es integral e implica que los diferentes elementos que definen el reconocimiento y pago del derecho pensional sean gobernados sin discriminación alguna por la normatividad anterior, posición que ha constituido una constante en el tratamiento jurisprudencial del tema y que se adopta una vez más por la Sala, de manera pues que se descarta en principio o al menos en cuanto al contenido y alcance del inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 una escisión en cuanto al manejo normativo y aplicación de los elementos que componen y determinan el derecho pensional de los beneficiarios de dicho régimen.
De acuerdo con lo anterior se tiene, que el contenido real del régimen de transición se encuentra expresado en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues allí se describe con suficiencia la naturaleza misma de dicho beneficio”.
Y en un caso de similares contornos al que hoy es objeto de estudio por parte de la Sala, se precisó:
“De acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1º de abril de 1994 la señora Sara Paulina Pretel Mendoza contaba con más de 35 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En efecto, como las situaciones fácticas que rodearon a la actora se encuentran amparadas en el Decreto 929 de 1976, por ser más favorable, no es posible tomar los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 para determinar el ingreso base de liquidación, como lo pretende la entidad demandada, porque al principio de favorabilidad le secunda el de inescindibilidad de las leyes, en virtud del cual, la norma que se adopte debe ser aplicada en su integridad quedando prohibido, dentro de una sana hermenéutica, el desmembramiento de las normas legales que regulan la misma situación de hecho, para tomar de cada una de ellas sus aspectos más favorables”(11).
Esta tesis ha sido corroborada en pronunciamientos como el que se transcribe a continuación:
“Precisa la Sala que de conformidad con el principio de “inescindibilidad de la ley” tal apreciación resulta equívoca, pues dentro de una sana hermenéutica no es viable desmembrar las normas legales, de manera que a quien resulta beneficiario de un régimen de transición, debe aplicársele en integridad el régimen que lo cobija y no parcialmente tomando partes de uno y otro ordenamiento como lo pretendió la Caja Nacional de Previsión Social. No se puede afirmar, como en el caso que motiva la presente acción que el porcentaje es el del régimen especial del Decreto 929 de 1976 y la base reguladora es la señalada en la Ley 100 de 1993.
Por ello cuando se reúnen los requisitos para gozar del régimen especial este debe aplicarse en su integridad, que para el caso es el artículo 7º del Decreto 929 de 1976, luego no se puede tasar el monto de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
Hacer lo contrario, como considera el apelante es afectar el principio de la inescindibilidad de la norma jurídica, en virtud del cual no es jurídicamente viable conceder beneficios de uno y otro régimen para obtener de cada uno lo que más conviene. Además, el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que establece el régimen de transición expresamente cobija “el monto de la pensión de vejez” y el monto significa una operación aritmética de un porcentaje sobre una base reguladora expresamente fijada en el artículo 7º del Decreto 929 de 1976 y además es este mismo decreto en su artículo 17 que expresamente dispone que en cuanto no se opongan al texto y finalidad de ese estatuto deben aplicarse a los empleados de la Contraloría General de la República, el Decreto 3135 de 1968 y las normas que lo modifican y adicionan, razones estas de más para dar por rebatido este argumento de apelación”(12) (resaltado fuera de texto).
En ese orden de ideas, contrario a lo argumentado por la entidad demandada en el recurso de apelación, en el sub examine no es dable aplicar el Decreto 1158 de 1994, para determinar el ingreso base de liquidación, pues se reitera, por ser el demandante beneficiario del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, la pensión debió reconocerse aplicando en su integridad el régimen especial de los empleados de la Contraloría General de la República, que permite la inclusión de “todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios(13)” devengadas en el último semestre de servicio, atendiendo como principio general, los factores salariales dispuestos en el Decreto 1045 de 1978.
En consecuencia el argumento del recurrente, según el cual, la liquidación realizada por la entidad es correcta, por haber sido calculada con los factores taxativamente señalados en el Decreto 1158 de 1994, no tiene vocación de prosperidad.
Ahora bien, según se desprende del certificado de sueldos y factores salariales expedido por la dirección de gestión del talento humano de la Contraloría General de la República, el señor José de Jesús Gossain Abdallah, durante el periodo comprendido entre junio 3 a diciembre 2 de 2007, devengó los siguientes factores salariales (fl. 6):
Año Mes Días Sueldo Bonific. servicio Bonific.
especial Prima
vacac. Prima servicios Prima navidad Indem.
2007 06 28 $1.997.931 $2.200.387
2007 07 30 $2.140.640
2007 08 30 $2.140.640
2007 09 30 $2.140.640 $749.224 $7.444.779
2007 10 30 $2.140.640
2007 11 30 $2.140.640
2007 12 2 $142.709 $1.804.103
$1.176.447
$2.894.083 $2.505.699
Totales 180 $12.843.840 $749.224 $7.444.779 $1.804.103 $3.376.834 $2.894.083 $2.505.699
Como se aprecia, el señor José de Jesús Gossain Abdallah, tiene derecho a que se reliquide su pensión en cuantía del 75%, teniendo en cuenta los factores efectivamente devengados (conforme se demuestra en la certificación señalada) durante los últimos seis (6) meses de servicio, esto es, entre junio 3 a diciembre 2 de 2007, incluyendo el sueldo, la bonificación por servicios, la bonificación especial, la prima de vacaciones, la prima de servicios y la prima de navidad, todo de acuerdo a las sextas partes, pues se reitera, la norma enseña que debe atenderse a lo devengado en el último semestre de prestación de servicios, como acertadamente lo consideró el tribunal.
Ahora bien, en lo que se refiere a la bonificación especial, en sentencia de 14 de septiembre de 2011, Nº interno 0899-2011, con ponencia del Dr. Víctor Hernando Alvarado, se puntualizó la manera como debía ser incluida para efectos de la liquidación pensional, indicando que esta debe tenerse en cuenta para establecer el ingreso base de liquidación de la pensión, siempre y cuando se haya percibido en el último semestre de servicios, y será liquidada en igual proporción al resto de los factores, esto es, tomando el último quinquenio causado, dividido por seis (6), así:
“En ese orden de ideas, es preciso indicar que la Sala Plena de esta Sección, en fallo de tutela de 13 de julio de 2011(14) puntualizó la manera como se debía incluir la bonificación especial; al respecto expresó:
En otras palabras, independientemente de que el “quinquenio” se haya adquirido como una contraprestación por haber cumplido 5 años de servicio, y este a su vez haya servido como factor a tener en cuenta al momento de ajustar la pensión, no hay norma que indique que aquello que se recibió de manera integral, no pueda ser fraccionado para efectos de liquidar la pensión, más aún si se tiene en cuenta, que al ser un factor salarial, tal y como fue considerado por esta corporación anteriormente(15), es susceptible de ser dividido conforme lo estableció el artículo 7º ibídem.
Por consiguiente, por este concepto solo es dable incluir el último quinquenio causado y pagado dentro de los últimos 6 meses anteriores al retiro del servicio, periodo este que es el que tiene incidencia en el monto de la pensión, o, dicho de otro modo, no se podría incluir por este tópico pagos que se hagan en dicho lapso pero que no correspondan al último quinquenio causado. Esta suma, a su turno, deberá ser calculado del valor certificado por dicho factor salarial en el último quinquenio, dividido en sextas partes (resaltado fuera de texto).
En conclusión, la bonificación especial será liquidada en igual proporción al resto de los factores, esto es, tomando el último quinquenio causado, dividirlo por 6, para que de esta manera, arroje el resultado de uno de los factores a tener en cuenta al momento de liquidar la pensión”(16).
También es preciso indicar, como bien lo señaló el a quo, que no es posible incluir la indemnización de vacaciones, toda vez que estas no son salario ni prestación, sino que corresponden a un descanso remunerado para el trabajador, por lo cual, no es posible computarlas para fines pensionales. En efecto, se ha precisado que la compensación monetaria, que se otorga al trabajador cuando no disfruta de sus vacaciones, no puede servir de base salarial para liquidar la pensión de jubilación.
En este sentido, fue acertada la decisión del a quo al ordenar reconocer, liquidar y pagar al demandante, el valor de la reliquidación de la pensión, a partir del 3 de diciembre de 2007, en un monto del 75% del promedio de la totalidad de los factores salariales devengados en el último semestre de servicios, siendo estos, la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la bonificación especial (quinquenio), la prima de vacaciones, la prima de servicios, y la prima de navidad, de acuerdo a las sextas partes.
4.1. Los descuentos para seguridad social en pensiones, de aquellos factores que se ordena incluir para calcular el ingreso base de liquidación de la pensión del actor, respecto de los cuales —en su momento— no se realizaron cotizaciones.
En el caso bajo estudio, el a quo ordenó a la liquidadora de la entidad de previsión, “reliquidar sobre el nuevo valor de la pensión los reajustes de ley y realizar los descuentos de los aportes a pensión frente a los factores cuya inclusión se ordenó en esta providencia y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal, de acuerdo con la normatividad aplicable para el caso y teniendo en cuenta el porcentaje que corresponda sufragar al trabajador”(17).
No discute la Sala que la posición del colegiado de primera instancia es ajustada a la doctrina sentada de antaño por esta corporación, según la cual, “procede el descuento de los aportes correspondientes a los factores cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal”(18).
Se ha establecido entonces, en múltiples pronunciamientos, que la omisión por parte de la administración no impide el reconocimiento de los mencionados conceptos para efectos pensionales, pues aquellos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional(19).
Lo anterior debido a que el Acto Legislativo 1 de 2005, que modifica el artículo 48 de la Carta Política, dentro de las vías que introdujo para mantener la sostenibilidad financiera del sistema pensional, señaló que “[P]ara la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”.
Por ello, siendo consecuentes con el anterior propósito y teniendo en cuenta que eventualmente, en casos como el sub examine, los aportes sobre la totalidad de los factores que legalmente constituyen factor salarial para efectos pensionales, no se realizaron durante la vida laboral del actor desde el momento de su causación, para esta Sala resulta necesario que los valores a retener y/ o deducir, de aquellos sobre los que no se cotizó y que se tendrán en cuenta para reliquidar la pensión del accionante, sean actualizados a valor presente a través del ejercicio que realice un actuario, de suerte que se tenga una cifra real de lo que le corresponde sufragar al empleador y al actor (pudiendo repetir contra el primero para obtener su pago y determinando el valor a descontar de la pensión del segundo), de lo contrario se trataría de sumas depreciadas, que en vez de coadyuvar a la sostenibilidad fiscal en materia pensional, ahondarían la problemática.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia validando la tesis del tribunal de primera instancia, pero la adicionará en el sentido de indicar que la orden de reliquidación proferida por el a quo, estará condicionada a la elaboración, por parte de la entidad demandada, de un cálculo actuarial cuya proyección permita tanto el cumplimiento del imperativo consagrado en el Acto Legislativo 1 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política, como la efectividad del derecho reclamado por el demandante en términos razonables, de conformidad con las pautas establecidas en párrafos anteriores.
Finalmente, se reconocerá al abogado Oswaldo Borbón Méndez como apoderado sustituto de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, de acuerdo con la sustitución de poder realizada por el abogado Carlos Arturo Orjuela Góngora, obrante a folio 284 del expediente.
1. CONFÍRMASE la sentencia de once (11) de septiembre de dos mil doce (2012), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección E - Sala de Descongestión, dentro del proceso promovido por José de Jesús Gossain Abdallah contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE en Liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, por las razones expuestas en esta providencia.
2. ADICIÓNESE la sentencia de once (11) de septiembre de dos mil doce (2012), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección E - Sala de Descongestión, dentro del proceso promovido por José de Jesús Gossain Abdallah contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE en Liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en el sentido que la orden de reliquidación proferida por el a quo, estará condicionada a la elaboración, por parte de la entidad demandada, de una fórmula actuarial cuya proyección permita tanto el cumplimiento del imperativo consagrado en el Acto Legislativo 1 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política, como la efectividad del derecho reclamado por el demandante en términos razonables, de conformidad con las pautas expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
3. RECONÓCESE al abogado Oswaldo Borbón Méndez, como apoderado sustituto de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, de acuerdo con la sustitución de poder realizada por el abogado Carlos Arturo Orjuela Góngora, obrante a folio 284 del expediente.
(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010). Radicación 25000-23-25-000-2004-04269-01(1020-08), actor: Álvaro Libardo Ramírez Sánchez. Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. - Secretaría de Hacienda.
(3) El artículo 17 del Decreto 929 de 1976, dispone que en cuanto no se opongan al texto y finalidad de ese estatuto, deben aplicarse a los empleados de la Contraloría General de la República, el Decreto 3135 de 1968 y las normas que lo modifican y adicionan.
(4) Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia de 21 de mayo de 2009, Expediente 0525-2008, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
(5) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B de 26 de septiembre de 2002, Exp. 0091-02, C.P. Jesús María Lemos.
(6) Folio 30 - Cuaderno administrativo.
(8) Folios 9 a 11.
(9) Aportada a folio 28 - Cuaderno administrativo.
(10) Aportada a folio 27 - Cuaderno administrativo.
(11) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011) Radicación 25000-23-25-000-2010-00031-01(0899-11), actor: Sara Paulina Pretel Mendoza. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal.
(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil trece (2013). Radicación: 25000 23 25 000 2010 00388 01 (2631-2011), actor: Nayibe Rodríguez Sáenz. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social Apelación Sentencia - Autoridades Nacionales.
(13) Artículo 40 del Decreto-Ley 720 de 1978.
(14) Consejo de Estado, fallo de tutela de 13 de julio de 2011, Exp. 11001-03-15-000-2011-00677-00, actor: Carlos Ernesto Novoa Pérez, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(15) Consejo de Estado, sentencia 24 de agosto de 2011, Radicación 25000-23-25-000-2003-01676-01(4593-05), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Bogotá, D.C., catorce (17) de septiembre de dos mil once (2011). Radicación 25000-23-25-000-2010-00031-01(0899-11), actor: Sara Paulina Pretel Mendoza. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal.
(17) Folio 223.
(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011). Radicación 25000-23-25-000-2010-00031-01(0899-11). Actor: Sara Paulina Pretel Mendoza. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal.
(19) V. gr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010). Radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09). Actor: Luis Mario Velandia Demandado: Caja Nacional de Previsión Social. Autoridades Nacionales.
De otra parte, específicamente en lo que concierne a los pensionados que gozan del régimen especial previsto para la Contraloría General de la República, esta corporación en sentencia del veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013), radicación 25000-23-25-000-2009-00515-01(0305-12) dijo: “Finalmente, en cuanto a los aportes, cabe decir, que en virtud de la estipulación final de,l (sic) artículo 1º de la Ley 62 de 1985, la liquidación de la pensión debe estar de acuerdo con los factores que hayan servido de base para calcular los aportes. Regla general a la que están obligados todos los servidores públicos, aun para los empleados de régimen especial como los de la Contraloría General de la República, en el sentido de pagar los respectivos aportes sobre todos los rubros que según la ley deben constituir factor de liquidación pensional. Lo anterior significa, que si no han sido objeto de descuento, ello no da lugar a su exclusión, sino a que al momento del reconocimiento, la entidad de previsión social efectúe los descuentos pertinentes. Tal ha sido la filosofía del legislador, que actualmente se ha elevado a rango constitucional a través del Acto Legislativo 1 de 200512, en el sentido de establecer que para efectos de la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Máxima que implica a partir del año de 2005 que sobre todos los factores que constituyen base para liquidar la pensión deban realizarse los respectivos aportes, en aras de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional” (resaltado fuera de texto).