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Timestamp: 2019-04-22 04:03:53
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Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 60', 'Artículo 7', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 132', 'artículo 42', 'artículo 23', 'artículo 60', 'artículo 56', 'artículo 14', 'artículo 1']

Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía
Martes 18 enero 2OOO BOE núm. 15 BOJA de 31-12-1999
El artículo 13.32 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a esta Comunidad Autónoma competencias exclusivas en materia de espectáculos, sin perjuicio de las normas del Estado. Asimismo, le atribuye, entre otras, competencia en materia de régimen local (artículo 13.3 EAA), sanidad e higiene (artícu|o 13.21 EAA), deporte y ocio (artículo 13.31 EAA), casinos, juegos y apuestas (artículo 13.33 EAA), medio ambiente (artículo 15.1.7 EAA), defensa del consumidor y el usuario (artículo 18.1.6), urbanismo (artículo 13.8 EAA), promoción y ordenación del turismo (artículo 13.17 EAA), fomento de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones (artículo 13.26 EAA), promoción de actividades y servicios de la juventud y la tercera edad (artículo 13.30 EAA), publicidad (artículo 13.32 EAA), fomento y planificación de la actividad económica (artículo 1 8.1.1 EAA), industria (artículo 18.1.5 EAA) y comercio interior (artículo 18.1.6 EAA).
Así, al objeto de garantizar la seguridad y confor-tabilidad para los ciudadanos asistentes a los espectáculos o a los establecimientos dedicados a las actividades recreativas, se establece en la presente Ley que la ausencia de resolución administrativa en plazo, en relación con las solicitudes de autorizaciones en esta materia, determinará que las mismas puedan entenderse desestimadas a los efectos previstos en la normativa de aplicación y, esencialmente, en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; por ello, se establece como requisito imprescindible para el ejercicio de tales actividades la previa autorización administrativa.
Por otro lado, existe en esta materia otro aspecto jurídico relevante, concretamente el referido al elemento subjetivo de la actividad, que dada su especial significación debe encontrar acomodo en una regulación que garantice, por una parte, la profesionalidad de los organizadores o empresarios de los espectáculos públicos y de actividades recreativas y, por otra, y en íntima conexión con lo anterior, la máxima eficacia de la respuesta administrativa que, en su caso, deban tener los abusos respecto de los prevalentes derechos que asisten a los usuarios y consumidores de tales actividades. Por ello, en los capítulos III y IV de la presente Ley se recogen «prima facie» y sin perjuicio de una más detallada regulación reglamentaria la regulación del Estatuto administrativo de empresarios y organizadores de espectáculos
públicos y de actividades recreativas, así como de los espectadores y asistentes, en sus relaciones, entre sí, y con la Administración, sea municipal o autonómica.
Finalmente, la presente Ley contiene en su último capítulo la regulación de las infracciones y procedimientos a los que ha de ajustarse el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración en esta materia, y que, con garantía de los principios constitucionales de legalidad y tipicidad, califica con mayor rigor la falta o carencia de las condiciones técnicas de seguridad de los recintos, locales, establecimientos o instalaciones, así como las perturbaciones de la pacífica convivencia ciudadana frente a otras conductas u omisiones ¡legítimas de relevancia menor. Al propio tiempo, se dota a la Administración actuante de los suficientes márgenes de maniobra y mecanismos legales para atemperar o ponderar el ejercicio de esta potestad sancionadora, sin olvidar el ocasional endurecimiento de las correcciones aplicables a las situaciones de habitual resistencia al cumplimiento del régimen jurídico de los espectáculos públicos y actividades recreativas en Andalucía.
En cuanto a la protección de los derechos de los menores de edad, y complementando el régimen san-cionador previsto en la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas, se tipifican como infracción grave las actitudes permisivas o negligentes por parte de los titulares o responsables de establecimientos destinados a la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas respecto del consumo de bebidas alcohólicas o de tabaco por menores de edad.
3. La presente Ley será de aplicación a los espectáculos o actividades recreativas que se celebren o prac
tiquen, independientemente de su titularidad, en establecimientos públicos, aun cuando estos se encuentren situados en espacios abiertos, en la vía pública, en zonas marítimo-terrestres o portuarias, o en cualesquiera otras zonas de dominio público.
9. La celebración de espectáculos o el ejercicio de actividades recreativas sin las pertinentes autorizaciones
dará lugar a su inmediata suspensión, sin perjuicio de la imposición, en su caso, de las sanciones que fueran procedentes.
1 O. En todo caso, se entenderán desestimadas las solicitudes de autorización cuando hubiese transcurrido el plazo establecido reglamentariamente para resolver y no hubiese recaído resolución expresa del órgano competente.
4. Establecer los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos sujetos a la Ley o incluidos en el ámbito de aplicación de la misma.
11. El ejercicio, de forma subsidiaria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, de las competencias de policía y la acti-
vidad inspectora que en esta materia corresponda a los municipios, que tras haber sido instados para ello por los órganos competentes de la Consejería de Gobernación y Justicia no se hayan ejecutado.
Artículo 7. Obligaciones especíales y derecho de admisión.
CAPITULO II De los establecimientos públicos
3. En ningún caso se podrá otorgar la licencia de apertura o autorización para celebrar un espectáculo o
realizar una actividad recreativa en tanto no se haya comprobado por la Administración competente que el establecimiento público cumple y reúne todas las condiciones técnicas exigibles de acuerdo con la normativa vigente que resulte de aplicación, estando obligado el titular de la actividad, o en su caso el organizador del espectáculo, al mantenimiento y observancia permanente de las condiciones técnicas en virtud de las cuales se concedió la autorización.
Cuando se considere necesario podrá, motivadamen-te, requerirse la comparecencia de los interesados en la sede de la inspección, al objeto de practicar las diligencias que se determinen en la correspondiente citación.
1. Los espectáculos públicos o actividades recreativas, cualquiera que sea su duración, sólo podrán ser
organizados y explotados por empresas inscritas con fines informativos y de identificación en el registro administrativo a que se refiere el artículo siguiente.
f) A evitar la producción de ruidos y molestias del establecimiento público con ocasión de la celebración
de espectáculos públicos o desarrollo de actividades recreativas.
Artículo 1 5. Derechos de los espectadores y asistentes.
b) Cumplir los requisitos y condiciones de seguridad y de respeto a los demás espectadores y asistentes.
actuantes y empleados que establezca la empresa organizadora del espectáculo o titular de la actividad recreativa.
CAPÍTULO V Del régimen sancionador
1 O. La negativa a permitir el acceso de los agentes de la autoridad, o de los funcionarios habilitados a tal efecto, en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control, así como, permitido el acceso, impedir u obstaculizar gravemente las funciones de inspección.
1 1. Obtener las correspondientes licencias de apertura o autorizaciones mediante la aportación de datos o documentos no conformes con la realidad.
1 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 7.b), la utilización de cualquier tipo de armas fuera de las ocasiones prevenidas o sin las precauciones necesarias.
1 5. La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves en el plazo de un año.
1 O. La reventa no autorizada o venta ambulante de billetes y localidades, o la percepción de sobreprecios superiores a los autorizados, así como el favorecimiento de tales situaciones ilícitas por el empresario u organizador del espectáculo o actividad recreativa.
1 3. Carecer de impresos oficiales de quejas y reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y en las condiciones exigibles en la normativa de aplicación en materia de defensa de los consumidores y usuarios, así como la negativa a facilitar su utilización a los espectadores, concurrentes o usuarios.
1 5. La negativa de los artistas o ejecutantes a actuar sin causa justificada que lo motive, así como la actuación al margen de las normas, programas o guiones, establecidos con entidad bastante para desnaturalizar el espectáculo.
16. La instalación, dentro de los establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas, de puestos de venta, máquinas recreativas u otras actividades sin obtener, cuando sea preceptiva, la previa autorización municipal o autonómica, o cuando, habién
dose obtenido, la instalación o el desarrollo de tales actividades se realice al margen de los requisitos y condiciones establecidos en la normativa de aplicación o en las correspondientes autorizaciones.
1 7. La no aportación de los datos o las alteraciones de éstos que reglamentariamente se determinen, en relación con la inscripción en el registro administrativo correspondiente.
1 9. El incumplimiento de los horarios permitidos de apertura y cierre de establecimientos públicos destinados a espectáculos públicos o a actividades recreativas.
21. Permitir de forma consciente por parte del organizador, empresario o personal a su servicio, el acceso de personas que porten armas u otra clase de objetos que puedan usarse como tales por parte de los asistentes o espectadores dentro de los establecimientos públicos, así como su posesión por parte de éstos en los precitados establecimientos pese a la prohibición establecida en el artículo 1 7.b).
Artículo 21. Infracciones leves. Constituirán infracciones leves:
b) Suspensión de las licencias de apertura, autorizaciones municipales o autorizaciones autonómicas desde dos años y un día a cinco años, para infracciones muy graves, y hasta dos años, para infracciones graves.
3. En los casos de reincidencia que afecten deforma grave a la seguridad de las personas o bienes, condi
ciones de salubridad del establecimiento público, o denoten reincidencia en el incumplimiento de los horarios de apertura y cierre de aquéllos, la suspensión y clausura a que se refieren las letras b) y c) del número 1 del presente artículo podrán ser de cinco años y un día a diez años por infracciones muy graves y hasta cinco años por infracciones graves.
1. Las sanciones se graduarán atendiendo a las circunstancias de la infracción, a la gravedad, a su trascendencia, a la capacidad económica del infractor, a la intencionalidad, a la reiteración, a los daños y a los beneficios ¡lícitamente obtenidos.
2. Si los referidos daños o beneficios fueren de poca entidad, la sanción podrá imponerse dentro de la escala inmediatamente inferior, siempre que no concurran en su comisión la reiteración del infractor, la producción de daños y perjuicios a terceros ni afecten a la seguridad de las personas. La toma en consideración de estas circunstancias sólo procederá si, previamente, no han sido tenidas en cuenta para determinar la infracción sancio-nable.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 30.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las exigencias al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios.
3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.3 déla Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
4. El procedimiento sancionador deberá resolverse en el plazo máximo de un año desde su iniciación, produciéndose la caducidad del mismo en la forma y modo previstos en la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1 999, de 1 3 de enero. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá acordar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra alguna de las circunstancias previstas y exigidas para ello en el artículo 42.5 de la citada Ley, de acuerdo con la redacción establecida por la Ley 4/1999.
En materia de espectáculos taurinos se estará al régimen de competencias establecido en su normativa espe
cífica para la imposición de la sanción accesoria prevista en el artículo 23.1 d) de la presente Ley
2. Los Alcaldes serán competentes para imponer |as sanciones pecuniarias previstas en esta Ley para las infracciones leves y graves hasta el límite de 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros) cuando el espectáculo o la actividad recreativa de que se trate únicamente se encuentre sometida a autorización municipal.
3. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, y en las condiciones previstas en el artículo 60 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local, los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía asumirán la competencia de incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores, cuya competencia corresponda a los municipios, en el supuesto de la falta de actuaciones de éstos ante la denuncia presentada ante ellos por los ciudadanos y una vez instados a actuar por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma.
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local, los órganos competentes de la Administración municipal remitirán a los de la Administración de la Junta de Andalucía copia o, en su caso, extracto comprensivo de los procedimientos sancionadores que inicien sobre la materia sometida a la presente Ley, dentro de los diez días siguientes a la fecha de adopción del acuerdo de iniciación de los mismos.
2. No obstante lo anterior, el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador acordará la adopción de tales medidas en los casos de presunto incumplimiento grave de las debidas condiciones de seguridad, higiene o de normal tranquilidad de las personas y vecinos, así como por carecer o no tener vigente el contrato de seguro colectivo de accidentes previsto en la presente Ley, manteniéndose la efectividad de tales medidas en tanto no se acredite fehacientemente la sub-sanación o restablecimiento de los presuntos incumplimientos.
c) Tener abonadas las indemnizaciones que se hayan derivado civil o penalmente, a favor de terceras personas, como consecuencia de la comisión de la infrac-
Las Diputaciones Provinciales prestarán a los municipios que lo precisen cooperación y asistencia de carácter técnico para el ejercicio de las funciones de inspección y control que le atribuye la presente Ley y demás normativa de aplicación en la materia, en los términos previstos en la Ley 11/1987, de 26 de diciembre. Reguladora de las Relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio.
5. Al objeto de garantizar eficazmente la protección de los intereses generales previstos en esta Ley, se habilita a esta Comisión para ejercer de manera especial la coordinación de las distintas Administraciones Públi-
cas. A tal fin, se aprobará un Plan General de Inspección de Establecimientos Públicos sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley. En dicho plan se recogerán al menos los extremos siguientes:
1. En tanto no sean dictadas por el Consejo de Gobierno las oportunas normas reguladoras de las condiciones del seguro colectivo de accidentes previsto en el artículo 14.c), para casos de lesiones y muerte de los espectadores y público asistentes a espectáculos públicos y actividades recreativas, las correspondientes empresas estarán obligadas a suscribir las oportunas pólizas con una cobertura mínima de 25.000.000 de pesetas (1 50.253,03 euros), en caso de muerte, y hasta un tope acumulado de 200.000.000 de pesetas (1.202.024,21 euros) para tal contingencia en el supuesto de que fuesen dos o más de ellas en un mismo siniestro.
2. El incumplimiento de lo previsto en el número anterior constituirá infracción administrativa en los términos prevenidos en el artículo 1 9.1 2 de la Ley.
En cualquier caso, cuando los espectáculos y actividades recreativas se celebren en edificios que formen parte del Patrimonio Histórico Andaluz, e| otorgamiento de las correspondientes autorizaciones o licencias estará sometido al cumplimiento de la normativa en la materia y a las condiciones establecidas en las normas de protección de ese Patrimonio.
Sevilla, 1 5 de diciembre de 1999.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», lie 31 de diciembre de 1999)