Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2002/A215-02.htm
Timestamp: 2017-11-22 05:46:38
Document Index: 85166286

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 37']

Auto 215/02
Referencia: expediente ICC-518
Conflicto de competencia entre el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá y el Juzga­do 14 Civil Municipal de Bogotá
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitu­cionales y legales, procede a definir el conflicto suscitado entre los despachos judiciales de la referencia, en acción de tutela promovida por Clara Rosa Salguero Vega contra la Agrupación Residencial Prados de La Calleja.
1. El 27 de junio de 2002, Clara Rosa Salguero Vega interpuso, ante el Juz­ga­do Civil del Circuito de Bogotá acción de tutela en contra de la Agrupación Residencial Prados de La Calleja.
2. Mediante auto de julio 3 de 2002, el Juez 35 Civil del Circuito de Bogotá, a quien se repartió el caso, resolvió declararse incompetente, pues consideró que en virtud del numeral 1 del artículo 1° del Decreto reglamen­tario 1382 de 2000 el Juez Civil Municipal es el competente para conocer del proceso.
3. El Juez 14 Civil Municipal de Bogotá, en atención a la Constitución Política y a la jurisprudencia constitucional, decidió mediante auto de julio 11 de 2002 inaplicar el Decreto 1382 de 2000 y devolver el expediente al Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá. Éste, a su vez, reiteró su posición y mediante auto de julio 16 devolvió el expediente al Juzgado 14 Civil Muni­cipal de Bogotá. Finalmente, en decisión de julio 18, el Juzgado Municipal remitió el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto suscitado entre los dos despachos judiciales.
1. El proceso de la referencia versa sobre un aparente conflicto nega­tivo de compe­tencia, suscitado por el Juez 14 Civil Munici­pal de Bogotá, fun­cionario que consideró que la acción de tutela que le había remitido el Juez 35 Civil del Circuito de Bogotá para su cono­cimiento en virtud del artículo 1° del Decreto Reglamentario 1382 era nula, pues según su criterio y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, dicha disposición debía ser inaplicada por desconocer la Consti­tución Política. Así, decidió decla­rar­se incompetente para conocer de la acción de tutela que le había enviado, y en consecuencia, resolvió remitir el proceso a la Corte Cons­ti­tu­cional para que dirimiera el conflicto.
2. Sin embargo, a pesar de que el Juez 14 Civil Municipal de Bogotá decidió conforme a la jurisprudencia constitucional, con posterioridad al auto mencio­nado, el 18 de julio de 2002 la Sección Primera del Consejo de Estado decidió un grupo de demandas, que el propio Consejo de Estado calificó de “simple nulidad” (pág. 4), contra varias normas del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.[1] Dicha Sección resolvió denegar las súplicas de las demandas, salvo las acusaciones contra el inciso cuarto del numeral primero del artículo 1°, y el inciso segundo del artículo 3°, los cuales fueron declarados nulos.
4. El decreto reglamentario estableció que la acción presentada debía ser repar­tida a los Jueces Municipales y así se dispondrá en la parte resolutiva.[4] Por lo tanto, en merito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Remitir, por intermedio de Secretaría General, el expediente de la referencia al Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá, para que, ejerciendo sus compe­tencias constitu­cionales y legales, decida sobre la acción de tutela presentada.
Salvamento de voto al Auto 215/02
Referencia. expediente ICC - 518
Peticionario: Clara Rosa Salguero Vega
[4] Decreto reglamentario 1382, artículo 1°- Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: || 1. (…) A los Jueces Municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal y contra particulares.