Source: http://b.se-todo.com/law/19883/index.html?page=6
Timestamp: 2019-11-19 15:27:34
Document Index: 130543478

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 67', 'artículo 43', 'artículo 45', 'artículo 44', 'artículo 95', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 36', 'artículo 15', 'artículo 39']

Normatividad nacional - Competencias ciudadanas
La Constitución Política de 1991 reconoce la educación como un derecho fundamental de los colombianos y como un servicio público que tiene una función social. Establece que en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica y se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana (artículo 41). Así mismo, dispone que la educación formará al colombiano en el respeto a los Derechos Humanos, a la paz y a la democracia (artículo 67). En este mismo artículo, consigna de manera explícita que la educación es responsabilidad del Estado, de la sociedad y de la familia.
El proyecto de ley se sustenta en la protección de los derechos fundamentales de los niños consagrados en la Constitución como el derecho a la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, a tener una familia y no ser separados de ella, al cuidado y amor, a la educación y la cultura, a la recreación y la libre expresión de su opinión. Recoge los principios constitucionales de la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer; la no discriminación de la mujer y disposiciones como la asistencia y protección del Estado durante el embarazo y después del parto, y el subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada (artículo 43).
Recoge otros principios mencionados por la Carta Política como la obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, su derecho a la formación integral y a la participación activa en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud (artículo 45).
Finalmente, se apoya en el hecho de que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir o proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos (artículo 44), y en el reconocimiento de la responsabilidad que implica el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución en términos de que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes y que son deberes de la persona y del ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, defender y difundir los Derechos Humanos como fundamento de la convivencia pacífica, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país y propender al logro y mantenimiento de la paz (artículo 95).
Desarrollos normativos del sector de educación
La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece en su artículo 1° que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
Señala que corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y que es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales garantizar su cubrimiento. Expresa que el Estado debe atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velar por la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo, ratificando con ello la obligatoriedad de abordar la temática desarrollada por este proyecto de ley (artículo 4º).
Demanda de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, contribuir solidariamente con la institución educativa para su formación y educarlos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral (artículo 7º). Esta obligación es reiterada y definida por el Decreto número 1286 de 2005.
Para el propósito de esta iniciativa, hace énfasis en la obligatoriedad de todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal en los niveles de la educación preescolar, básica y media, de la enseñanza de contenidos que promuevan el estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica; y la educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos (artículo 14).
Para cumplir este propósito, el Decreto número 1860 de 1994 en su artículo 36 establece que la enseñanza debe ejercerse bajo la modalidad de proyectos pedagógicos cuya intensidad horaria y duración debe ser definida en el respectivo plan de estudios de cada establecimiento educativo.
De acuerdo con la Ley 715 de 2001, el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la descentralización administrativa, debe cumplir labores de acompañamiento, seguimiento, vigilancia e inspección a la ejecución de la política en los entes territoriales certificados en educación para que logren resultados adecuados y cualificados que favorezcan el cumplimiento autónomo de las labores de las instituciones educativas, quienes gozan de autonomía para desarrollar sus contenidos y cuentan con flexibilidad para construir sus currículos de manera que responda a las necesidades e intereses de la comunidad educativa, así como a las características de sus contextos[34][34][34].
Otro de los desarrollos legislativos fundamento del proyecto de ley que se presenta a consideración del Congreso de la República es el Código de la Infancia y la Adolescencia o Ley 1098 de 2006, que establece normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes y garantiza el ejercicio de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento.
El Código define que dicha garantía y protección, así como la educación en Derechos Humanos será obligación de la familia, la sociedad y el Estado (artículo 15).
De manera particular asigna obligaciones a la familia en la promoción de la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes, definiendo que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Específicamente ordena la promoción del ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y colaborar con la escuela en la educación sobre este tema (artículo 39).
Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía
La presente propuesta legislativa surge en el marco del Plan Decenal de Educación[35][35][35] 2006-2015, construido a través de una consulta y un debate público, donde miles de ciudadanos plantearon la educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, como uno de los mayores desafíos del país en los próximos diez años.
El Plan fija como prioridad el diseño y la aplicación de políticas públicas articuladas intra- e intersectorialmente, basadas en un enfoque de derechos y deberes y en los principios de equidad, inclusión, diversidad social, económica, cultural, étnica, política, religiosa, sexual y de género, valoración y tratamiento integral de los conflictos.
Así mismo, determina la necesidad de comprometer al Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector productivo, las ONG, las comunidades educativas y las familias en la corresponsabilidad intra- e intersectorial y en el diseño y aplicación de políticas que garanticen la participación democrática y promuevan en toda la sociedad la formación e interiorización de valores humanos pertinentes a las necesidades del siglo XXI.
Señala además la urgencia de articular las instancias involucradas en los programas de organización escolar, de manera que los proyectos educativos institucionales consoliden culturas en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, con énfasis en la igualdad de oportunidades, la tolerancia, el respeto, la participación y la solidaridad[36][36][36].
Prosperidad para todos: una política de Estado
En congruencia con este mandato colectivo, el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos precisa que para alcanzar la prosperidad democrática, se requiere de una educación fortalecida, una educación de calidad y con pertinencia, destinada a formar un capital humano que contribuya al fortalecimiento de la democracia.
Con este fundamento, el Gobierno Nacional asume como uno de sus objetivos centrales el de mejorar la calidad de la educación y movilizar a toda la sociedad en torno a este propósito común.
El Plan Sectorial 2011-2014 contempla como uno de sus énfasis transformar la calidad de la educación en Colombia. Para ello define tres grandes estrategias, entre las cuales se incluye la formación para la ciudadanía. Esta estrategia contiene tres acciones principales: la primera contempla la expansión a todos los establecimientos educativos de los programas transversales; la segunda prevé el aumento de psicoorientadores para lograr que todos los establecimientos educativos de más de 500 estudiantes cuenten con uno de estos profesionales; y la tercera dispone la utilización de un empréstito internacional para la creación de un fondo concursable para proyectos pedagógicos que presenten las secretarías de Educación y las escuelas normales superiores en temas asociados al proyecto de ley, formación docente y promoción de líneas de investigación relacionadas con estos mismos temas. Este proyecto de ley refuerza, impulsa y crea un marco normativo y documental para el desarrollo de esta estrategia.
En el Pacto por la Convivencia Escolar y la Ciudadanía suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de Educación del país en el marco del Primer Encuentro con Secretarios de educación, realizado en Bogotá en septiembre del 2010, el sector educativo se comprometió con el logro de una educación de calidad que desarrolle competencias para el ejercicio activo de la ciudadanía y los Derechos Humanos en todas las comunidades educativas del país.
III. Desarrollo humano: responsabilidad y autonomía
¿Por qué apostarle a la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar?
Bienestar de niños y jóvenes, responsabilidad común
La realidad refrendada por los estudios y cifras presentados en este documento refleja que en nuestro país las dificultades frente a la convivencia en el contexto escolar son un factor asociado que genera un alto impacto no solo en los resultados de los estudiantes en las diferentes pruebas nacionales e internacionales, sino también en su rendimiento académico, la calidad de los aprendizajes, la permanencia en la escuela, y la generación de vínculos y relaciones entre los alumnos, y entre ellos y los demás miembros de la comunidad educativa.
Las demandas continuas del entorno que dependen de la situación socioeconómica y cultural del mismo y la influencia del contexto están constantemente presentes en la vida de los estudiantes y exigen de ellos una toma de decisiones acertada en torno a ellos mismos, a sus relaciones con los otros y a su relación con el ambiente.
Diversas fuentes de información muestran un aumento significativo en la participación de los estudiantes en procesos y conductas asociados con la violencia escolar como el matoneo y la vulneración de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, que exigen a la sociedad, al sector educativo y principalmente a los establecimientos educativos atender este fenómeno y convertir su solución en objetivo de trabajo, a fin de involucrar a rectores, directores, coordinadores, docentes, familias y comunidades en acciones destinadas a la identificación, prevención y mitigación de los riesgos que afectan la tra nquilidad y sana convivencia de los estudiantes, y a unir sus esfuerzos en torno a principios fundamentales como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la valoración de la diversidad y la multiculturalidad que permitan la creación de ambientes favorables al aprendizaje y la convivencia pacífica en los contextos escolares. La construcción de estos ambientes tiene que ver con la provisión de entornos físicos, psicológicos y sociales propicios para el bienestar y la productividad de la comunidad y el control o eliminación de factores de riesgo para el desarrollo humano.
Si bien la escuela es el escenario privilegiado para iniciar procesos de transformación cultural, se debe reconocer que no es el único actor responsable de estos procesos. En este sentido, es claro que la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado con sus diferentes instancias e instituciones es una urgencia en el propósito de prevenir y enfrentar los fenómenos asociados a la violencia escolar.
Lo mismo sucede con panoramas como el del embarazo adolescente, cuyas cifras son un indicador del desarrollo social y de los esfuerzos por promover y proteger los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes en la escuela.
Estas situaciones obligan al sector educativo, y a otros sectores como el de la salud, gobierno y justicia entre otros, a trabajar colaborativamente y a generar estrategias integrales que permitan potenciar la generación de proyectos de vida en los estudiantes, donde se revise, por ejemplo, si la maternidad o paternidad hacen parte de los objetivos inmediatos de dichos proyectos, y en donde la mediación de conflictos sea una herramienta para solucionar y plantear decisiones de vida.
Como se anotó en el capítulo anterior, el Gobierno Nacional, a través de la política sectorial de educación, se ha propuesto convertir la calidad de la educación en un propósito nacional, entendiendo que para alcanzarla es imprescindible una transformación educativa que atienda muchos de los factores que inciden en ella, entre los cuales se encuentra sin lugar a duda la formación bajo un enfoque de estándares disciplinares, competencias y logros, y con ella la promoción de una cultura institucional que reconozca las fortalezas y aprendizajes de los estudiantes; que ofrezca las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias ciudadanas y su capacidad para reco nocer las consecuencias de sus actos y reaccionar, encontrar y decidir la manera de resolver sus dilemas, expresar sus opiniones, defender sus posiciones y superar las situaciones conflictivas sin el uso de la violencia.
Partiendo de este enfoque, el Ministerio de Educación Nacional considera de vital importancia trabajar conjuntamente con todos los actores que confluyen en el sector, en el desarrollo de acciones que permitan crear un clima escolar propicio para la construcción de relaciones significativas entre los miembros de la comunidad educativa, en el que los estudiantes puedan ejercer sus derechos de manera responsable y autónoma, fortalezcan su sentido de pertenencia frente a la escuela y su entorno, y se conviertan en agentes de cambio de su realidad a través de su participación activa en la construcción de la democracia.
Para lograr este objetivo se requiere el fortalecimiento de los establecimientos educativos, reconociendo que estos deben ser el centro de la política de calidad, a través de la formulación de políticas, programas y proyectos orientados al fortalecimiento de la convivencia escolar. Muchas de estas acciones deben estar orientadas a la detección y mitigación temprana de los factores de riesgo que impactan en los niños, niñas y adolescentes, y que en general afectan al conjunto de la comunidad educativa, entre los cuales se encuentran fenómenos que se traducen en violencia escolar como el matoneo, el cibermatoneo, el abuso sexual, el embarazo adolescente, la exclusión por orientación sexual diversa, el uso de sustancias psicoactivas y en general problemas psicosociales de diversa índole.
La creación del ¿Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar¿ se convierte en cimiento fundamental para el logro del objetivo mencionado.