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Timestamp: 2019-08-23 11:04:17
Document Index: 227785703

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 57', 'Artículo 46', 'Artículo 3', 'ARTÍCULO 46', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 719', 'artículo 643', 'artículo 8', 'artículo 23', 'ARTÍCULO 121', 'Artículo 13', 'Artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 14', 'artículo 5', 'artículo 19']

Boletin Correspondiente a 2015-02-24Regresar
En aras de garantizar la puesta en marcha de la Instancia de Coordinación y Asesoría dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud en comento, se hace necesario definir su integración y reglamento operativo.
Artículo 1.Integración. La Instancia de Coordinación y Asesoría dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se denominará Instancia Asesora del Sistema de Salud, y estará integrada por:
1. El Ministro de Salud y Protección Social, quien podrá delegar en uno de los Viceministros y la presidirá;
2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien podrá delegar en uno de los Viceministros;
3. El Director del Departamento Nacional de Planeación, quien podrá delegar en uno de los Subdirectores Generales;
4. El Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia;
5. Un (1) representante por las Secretarías de Salud en los niveles departamental, municipal y distrital, elegido por el Ministro de Salud y Protección Social de terna que sea conjuntamente remitida por la Federación Nacional de Departamentos (FND), la Federación Colombiana de Municipios (FCM), la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (ACCC) y la Corporación Colombiana de Secretarios Municipales y Distritales de Salud (Cosesam). De la terna recibida el Ministro elegirá un representante suplente. Los ternados lo serán por su condición personal y no necesariamente por su vinculación a alguna de las entidades de que trata el presente numeral.
( 2015-02-24) Consultar
Las acciones correspondientes, pueden llevar a sanciones de hasta 8 años de cárcel y multas de hasta 1000 SMLV.
La medida busca ejercer control sobre quienes evadan tributos con estas prácticas.
Como resultado de las visitas realizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- durante el 2014, en desarrollo de su ejercicio de fiscalización y en atención a las denuncias recibidas por el uso de software ilegal, en la actualidad 110 empresas se encuentran respondiendo a procesos judiciales por temas relacionados con propiedad intelectual.
La Ley 603 de 2000 faculta a la Entidad para realizar este tipo de verificaciones a fin de precisar si se evaden tributos y enfatiza la obligación que tienen las empresas de declarar en los informes de gestión, el cumplimiento de las normas que protegen la propiedad intelectual y los derechos de autor sobre programas de computador.
La DIAN continuará solicitando a las empresas los documentos que demuestren la legalidad de los programas utilizados.
Cuando, como consecuencia del ejercicio del ius variandi, el empleador hace cambiar de residencia al trabajador para que preste sus servicios en otro lugar, debe asumir todos los gastos en que incurra el empleado, incluidos los de traslado, indicó el Ministerio de Trabajo.
La entidad recordó que la facultad para modificar las condiciones laborales de los trabajadores se debe ejercer consultando las circunstancias que los afectan, su situación familiar, su estado de salud y el de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, las condiciones salariales, el comportamiento y el rendimiento demostrado por el empleado.
En cada caso particular, el empleador debe tener presente que esa potestad no es absoluta, pues está limitada por los principios mínimos fundamentales previstos en el artículo 53 de la Constitución. Además, de acuerdo con el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, dentro de sus obligaciones está pagar al trabajador los gastos razonables de regreso, a memos que la terminación del vínculo se deba a la culpa o la voluntad del trabajador.
La entidad aclaró que la naturaleza pública o privada del empleador no es razón suficiente para diferenciar los alcances del ius variandi. Por lo tanto, “los criterios relativos a las mínimas condiciones de respeto a la dignidad de los trabajadores tienen plena aplicación frente a cualquier empleador”, advirtió.
Finalmente, acogiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, recordó que un trabajador que devengue hasta dos salarios mínimos tiene derecho al auxilio de transporte, independientemente de si en el lugar de residencia se presta el servicio de transporte público, la distancia o el valor que deba cancelar pagar por concepto de pasajes.
Ya que lo contrario implicaría que el contrato de trabajo se prorrogó por un periodo igual y con las mismas condiciones inicialmente convenidas.
Al contrato a término fijo celebrado por escrito, le serán aplicables las condiciones establecidas en el Artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Artículo 3° de la Ley 50 de 1990, el cual establece textualmente qué:
"ARTÍCULO 46. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres (3) años, pero es renovable indefinidamente.
2. . No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente.
PAR.- En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea,"
Se desprende del texto de la norma que se entenderá prorrogado el contrato en las condiciones iniciales, cuando ninguna de las partes comunica a la otra por escrito su intención de terminar el contrato en la fecha estipulada en el contrato, notificación esta que debe efectuarse con una antelación no inferior a treinta (30) días.
En concordancia con lo anterior, es dable entender que los contratos a término fijo superiores a un año solo cumplirán el término contractual cuando alguna de las partes comunica a la otra su intención de no prorrogar, de lo contrario el contrato se entiende prorrogado por un período igual al inicialmente pactado, aun cuando se suscriba un contrato posterior por un término diferente.
Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.
Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todos los agentes, usuarios y demás que intervengan de manera directa o indirecta, en la garantía del derecho fundamental a la salud. Artículo 4°. Definición de Sistema de Salud. Es el conjunto articulado y armónico de principios y normas; políticas públicas; instituciones; competencias.
y procedimientos; facultades, obligaciones, derechos y deberes; financia~entb; controles; información y evaluación, que el Estado disponga . para la garantía y materialización del derecho fundamental de la salud.
Una vez adelantados los procedimientos relacionados con el emplazamiento para declarar y la sanción por no declarar, la Administración cuenta con un periodo de cinco años para expedir la liquidación de aforo, como lo dispone el artículo 719 del Estatuto Tributario,
Esta última norma prevé el monto de la sanción al señalar que:
“En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Administración por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere superior”.
Así las cosas, los supuestos para la imposición de la sanción son:
i) la comprobación previa del deber de declarar;
ii) la expedición del emplazamiento para declarar;
iii) la no presentación de la declaración por parte del contribuyente, dentro del término de un mes contado a partir de la notificación del emplazamiento y,
iv) la tasación e imposición de la sanción en los términos previstos por el artículo 643 del Estatuto Tributario, para lo que se debe tomar el monto superior de los conceptos indicados por la norma.
La discrecionalidad que tiene el Empleador en desarrollo de esta facultad de modificar las condiciones de trabajo no es infinita, toda vez que debe respetar los postulados constitucionales mencionados
Aspectos jurídicos Del ius variandi
En primer lugar, debe advertirse al consultante que esta Oficina Asesora Jurídica; de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 4108 de 2011; no ostenta la competencia para indicar si la actuación de la Empresa en calidad de Empleador se encuentra ajustada o no a derecho, pues, esto corresponde a las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo.
No obstante, se considera importante mencionar algunos aspectos jurídicos pertinentes que podrían fungir como criterios orientadores a fin de resolver su inquietud.
Así pues, debe comenzarse por indicar que en una relación jurídica laboral deben existir los elementos esenciales establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, tales como:
1) prestación de servicio personal,
2) subordinación y
3) contraprestación / remuneración por los servicios prestados.
Es de la subordinación que emana una facultad del Empleador consistente en modificar las condiciones de trabajo, entre las cuales se encuentran: modo, tiempo y lugar.
Hemos recibido la comunicación radicada con el número del asunto, mediante la cual consulta sobre el pago de la licencia de maternidad.
De conformidad con las citas jurisprudenciales, puede señalarse frente a lo consultado que en virtud de la flexibilización de algunos de los requisitos establecidos por el legislador, como es el caso de los que se refieren (i) al tiempo de cotización ininterrumpida durante todo el periodo de gestación y, (ii) al pago oportuno de las cotizaciones al sistema de salud por lo menos cuatro de los seis meses anteriores a la fecha de causación del derecho, la Corte Constitucional ha señalado la posibilidad de que el Sistema de Seguridad Social en Salud reconozca de manera proporcional el pago de la licencia de maternidad en los eventos en los que la madre trabajadora no cuenta con el periodo de cotización exigida por la Ley, siguiendo las reglas antes mencionadas.
Mientras se mantenga la relación laboral, frente al trámite de incapacidades el Decreto 19 de 2012 señala lo siguiente:
ARTÍCULO 121. TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PA TERNI DAD.
Se mantendrá el derecho a la pensión de sobrevivientes en aquellos casos en los cuales la realización de las prácticas profesionales sean de forma gratuita o ad honórem, siempre y cuando la persona jurídica de carácter público o privado bajo cuya responsabilidad se encuentre el estudiante, certifique el cargo o la labor que desempeña, la gratuidad de la misma y el período de duración.
Consideramos pertinente señalar que para acceder a las prestaciones contempladas en el Sistema General de Pensiones, es necesario cumplir con los requisitos establecidos en la ley, para tal fin.
Respecto a la pensión de sobrevivientes, la Ley 797 de 2003, establece:
"Artículo 13. Los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, quedarán así:
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante el momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante..." (Subrayado fuera de texto)
A su vez, la Ley 1574 de 2012 "Por la cual se regula la condición de estudiante para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes", dispone:
"Artículo 1° Objeto.
La presente ley tiene como propósito definir las condiciones mínimas que se deben reunir para acreditar la condición de estudiante por parte de los hijos del causante, mayores de 18 y hasta los 25 años cumplidos, imposibilitados para trabajar por razón de sus estudios y que dependían económicamente del causante al momento de su fallecimiento, para efectos de ser reconocida la pension de sobrevivientes.
Como quiera que la situación planteada en su consulta no se ajusta a lo preceptuado en la norma, es factible colegir que dado el carácter oneroso de la vinculación, no sería procedente percibir simultáneamente la pensión de sobrevivientes y un ingreso de cualquier otra naturaleza.
En consecuencia, las entidades cooperativas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, están sujetas a retención en la fuente a la tarifa del 2.5% por operaciones activas de crédito y mutuo comercial, estableciéndolo así el Gobierno Nacional, autoridad que de acuerdo con la ley tiene la facultad de reglamentar las retenciones en la fuente y sin que lo anterior contravenga las disposiciones especiales del régimen tributario especial al que están sometidas las cooperativas.
En el oficio de la referencia y, previo análisis del parágrafo del artículo 4 del artículo 19 del Estatuto Tributario, el artículo 18 del Decreto 3050 de 1997, el artículo 14 del decreto 4400 de 2004 y el parágrafo 4 del artículo 5 del Decreto 2418 de 2013, considera que esta última disposición debe adecuarse en el sentido de exceptuar de la retención en la fuente prevista en este artículo a las entidades de naturaleza cooperativa, dado que en esta materia les aplican disposiciones especiales y lo contrario conllevaría a autorretener el impuesto sobre la renta del cual son exentas.
Dispone el artículo 19 del Estatuto Tributario en relación con los contribuyentes del régimen tributario especial, que: (...)
En materia de retención en la fuente, según lo indica el parágrafo tercero del artículo en cita, las cooperativas están sometidas a retención en la fuente solamente por concepto de rendimientos financieros en las términos que señale el reglamento. En su momento, este artículo fue reglamentado por el Decreto 3050 de 1997, a través de los artículos 18 a 22.