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Timestamp: 2017-03-29 13:04:49
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Matched Legal Cases: ['Artículo 107', 'artículo 48', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 47', 'artículo 44', 'artículo 145', 'artículo 24', 'artículo 12', 'artículo 122', 'artículo 6']

El objetivo del blog es compartir y debatir sobre Derecho, no prestar asesoramiento jurídico. Lo aquí escrito son meras opiniones y divagaciones y como tales deben entenderse por el lector. sábado, 28 de noviembre de 2015
Artículo 107. Declaración de lesividad de actos anulables.1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público.
(...) Se he llegado así a entender que la declaración de lesividad exige que se resuelva en plazo, son ahora seis meses, pero no solamente que se resuelva en plazo sino que incluso se notifique al interesado (...) dentro de ese plazo. En términos tales que si pasa el plazo sin que al interesado se le notifique la declaración de lesividad el procedimiento caduca.Bien, frente a este planteamiento (...) se entendió que había que cambiarlo con la consideración básica siguiente: La declaración de lesividad, no voy a negar que sea un procedimiento, pero es un procedimiento interno. Es decir, es un requisito de admisibilidad procesal de un ulterior recurso (...) tiene la importante consecuencia de que (...) no se le tiene que notificar obligatoriamente, la notificación es a efectos meramente informativos. Por tanto se ha pretendido salvar la regla (...)
declaración de lesividad,
dies ad quem,
Ley 39/2015,
El cómputo de los plazos en la interposición de recursos es una
cuestión que crees controlar cuando eres estudiante y que no te deja conciliar
el sueño cuando eres abogado. Lo que, a priori, y por razones de seguridad
jurídica y tutela judicial efectiva, debería ser sencillo, no lo es. Para
muestra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nº408/2015, de 30.9.2015 (recurso 317/2014). En el procedimiento resuelto por la Sentencia se examina el
recurso deducido contra la Resolución 11/2014, de 7 de febrero, del ÓrganoAdministrativo de Recursos Contractuales de la CAPV (OARC) que acordó estimar
los recursos especiales interpuestos en su día contra los Pliegos de bases
técnicas de los Acuerdos Marco de suministro de medicamentos. De la Resolución del OARC es destacable su Fundamento de Derecho
Primero, que reza:
Primero: La interposición de los recursos se ha producido dentro
del plazo legal de quince días hábiles previsto en el artículo 44.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP),
habiendo sido anunciados debidamente al Órgano de contratación conforme a lo
establecido en el artículo 44.1 del TRLCSP. Respecto al "dies a quo"
para la interposición de los recursos se ha considerado el día hábil siguiente
a la fecha de presentación de las proposiciones, momento a partir del cual ya
no puedo alegarse desconocimiento del contenido de los mismos cuando los
pliegos han podido obtenerse por medios electrónicos, según doctrina de los
Órganos y Tribunales que entienden del recurso especial que puede considerarse
pacífica, al no constar la fecha de acceso a la documentaciones expuestas en el
Frente a la Resolución del OARC se alza uno de los licitadores
alegando, en lo que aquí interesa, la nulidad de la resolución por cuanto la
misma admitió, y estimó, el recurso especial formulado por otra licitadora
cuando el mismo fue interpuesto fuera de plazo. La Sentencia, en su Fundamento de Derecho Tercero, coincide con el
recurrente al considerar que si se toma en consideración la fecha de
publicación de la licitación en el BOE, 4.11.2013, que, además, es posterior al
anuncio en el DOUE, es llano que la interposición del recurso especial el día
2.12.2013 fue extemporáneo y que, por ello, el OARC venía obligado a declarar
su inadmisión conforme el artículo 47.2 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre. La
conclusión de la Sentencia se alcanza con el siguiente razonamiento:
En una interpretación lógica y sistemática de los artículos 44.2b)
y 158.1 del RDL 3/2011, debemos concluir que, cuando, como aquí sucede, se
facilita acceso a los Pliegos por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos que se señalan en el anuncio de licitación, el día inicial del
plazo se corresponde con el siguiente a la fecha de publicación del anuncio,
momento en el que los Pliegos son "puestos a disposición de los
licitadores o candidatos para su conocimiento", supuesto distinto al de su
envío en un plazo de seis días a partir de la recepción de su solicitud, que no
consta haya sido presentaba por Pfizer, y por tanto, no es de interés a la
litis. Resultando que la solución interpretativa que propugna el
sustituto del titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales no se
compadece con la previsión legal, en tanto que prescinde de los elementos
objetivos que ofrece la norma para la fijación del "dies a quo"; así
lo refiere a "el día hábil siguiente a la fecha de presentación de las
proposiciones", que justifica por la falta de constancia de la fecha de
acceso por los licitadores a la documentación reflejada en el perfil del
contratante, empero, el artículo 44.2 sitúa el día inicial del cómputo
-insistimos, dejando a salvo la remisión de los Pliegos tras solicitud- en el
siguiente a aquél en que estén "disponibles", sin atender al momento
en que se accede efectivamente a la información, que dejaría a la voluntad de
los interesados el inicio del plazo, y esa puesta a disposición se produce si
se facilita su conocimiento a través de una publicación oficial. Por otro lado,
con esa tesis, la impugnación de los Pliegos tendrá lugar cuando ya se ha
presentado la oferta, que precisamente supone la aceptación incondicionada del
contenido de la totalidad de las cláusulas administrativas particulares o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna (art. 145.1 del RDL 3/2011). (...) Es de ver que la parte demandada, promotora del recurso especial,
no pone en cuestión la legalidad del criterio interpretativo expuesto, tan solo
discrepa de su aplicación al caso en razón de la existencia a la fecha de
publicación de las licitaciones, de una doctrina de distinto signo, que dice
pacífica, de los órganos administrativos de recursos contractuales, sin
embargo, este Tribunal no está vinculado en la labor de interpretación de la
norma aplicable al parecer de aquellos órganos, ni en él puede fundarse la
vulneración de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las
normas desfavorables o restrictivas de los derechos individuales, invocados por
Pfizer, S.L. Siempre me ha costado asumir la perentoriedad de los plazos
administrativos. Tanto es así, que debo reconocer cierto sesgo en compartir
aquellas interpretaciones de las normas que permiten alargar los plazos en pro
de la seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva. Ahora
bien, la empresa licitadora debe ser lo más previsora posible para evitar
perder la razón por una cuestión formal, así que, no siendo la primera
Sentencia que concluye en el sentido expuesto -la misma cita una Sentencia de
la Audiencia Nacional de 30.10.2013 (recurso 264/2011)-, más vale que se tenga
en cuenta su razonamiento y, en consecuencia, computar el plazo para la
interposición del recursos especial frente a los Pliegos, cuando el acceso a los
mismos se facilita por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, a
partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio.
cómputo plazo,
puesta a disposición pliegos,
otro día tuve una discusión con un amigo sobre si la presentación de licitación impide, a partir de ese momento, la impugnación de los pliegos, a pesar de que no se haya consumido el plazo para impugnar los
amigo mantenía que la presentación de licitación impide, a partir de ese momento, la impugnación de los pliegos, es más, defendía que quién presentaba licitación no podía recurrir los pliegos y que quien presentaba recurso no podía presentar licitación. Su argumento era más o
menos el que se reproduce en el Fundamento de Derecho Quinto de la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
de 30.7.2012 (recurso nº 139/12; resolución nº 158/12):
Antes de entrar a examinar el fondo de la cuestión debatida, debemos analizar la alegación formulada por el órgano de contratación en el sentido de que la presentación del recurso por Recall Management, SA, es
contraria al principio de congruencia pues ha presentado oferta en la licitación cuyas bases impugna, contradiciendo con toda evidencia lo dispuesto en el artículo 145.1 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público cuyo tenor es el siguiente: "Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en las cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna".
razonamiento de mi amigo me parece inasumible, además de coger el rabano por las hojas. Lo que cierto sector de la jurisprudencia impide es aducir, frente a los actos de adjudicación, motivos de nulidad en los
que incurrían los Pliegos si los mismos no se habían recurrido en tiempo y forma. Sin embargo, lo que mi amigo, y otros muchos, pretenden no es eso. Pretenden que el recurso dirigido frente a los Pliegos se declare inadmisible por haberse interpuesto tras la presentación de la licitación y , en su caso, adjudicación del contrato, aunque esté "vivo"
el plazo para impugnar los pliegos. Una suerte de "legalización" o "blindaje" de los Pliegos por, presumirse, consentidos. Ello,
obviamente, no puede tener acogida sobre la discusión doctrinal a la que se ha hecho mención. La misma no afronta, pues le estaría vedado, una suerte de acortamiento del plazo de interposición de recurso, bien sea especial o contencioso-administrativo, pues ello, obviamente, supondría una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. En tal sentido se pronuncia el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en la resolución antedicha:
embargo, afirmar como hace el órgano de contratación que el principio de congruencia impide presentar oferta en la licitación a quien interpone recurso contra los pliegos de la misma, o viceversa, puede interpretarse en un sentido restrictivo del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución.
efecto, cualquier persona interesada en una licitación debe poder participar en ella aún cuando el contenido de las cláusulas y prescripciones de los pliegos que la rigen le planteen dudas desde el punto de vista legal.De admitir otra cosa estaríamos limitando de forma
efectuva el derecho antes mencionado, o, en el caso contrario, el derecho a participar en las licitaciones que se convoquen, de todos aquellos que reúnan los requisitos de aptitud previstos en la Ley.
En realidad, la norma del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público antes transcrita produce
su efecto respecto de los pliegos que han adquirido firmeza por no haber siodo recurridos en plazo o en el caso de haberlo sido, por haber sido desestimado el recurso. Nada obsta, sin embargo, a que quien los impugna pueda concurrir a la licitación para evitar que, en caso de que su recurso no prospere, quede privado de la posibilidad de obtener la adjudicación del contrato.
consecuencias procesales que mi amigo quiere dar a la presentación de la licitación son, además, criticadas por la doctrina. Sirva como ejemplo lo que afirma Silvia Díez en su libro "La tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos públicos":
La negación general de la posibilidad de impugnar las bases una vez que
se ha presentado la oferta no cohonesta con las Directivas de recursos...
ese sentido, la interpretación que se está haciendo del art. 145.1 TRLCSP en cuanto a las consecuencias procesales que conlleva la presentación de una proposición, en el sentido que suponen una aceptación de todas las prescripciones de los pliegos reguladores de un contrato que se licita, comportando un efecto de acto consentido cuando se pretenda recurrir regulaciones de dichos pliegos si el recurso se interpone contra el acto de adjudicación, creo que acaba afectando el principio de efectiva aplicación de la Directiva 89/665 de recursos y de
la protección de los derechos que dicha directiva propugna.
Y para terminar os dejo un interesante post que trata, en parte, sobre los efectos del art. 145.1 TRLCSP. Aquí lo tenéis, es del profesor Fernández Acevedo. Publicado por
traté hace un tiempo en el blog sobre el uso fraudulento de las diligencias previas en el procedimiento administrativo, voy a volver sobre ello porque un
buen compañero, que sabe lo que me gustan estas cosas, me ha remitido la Sentencia nº 172/2015, de
29.7.2015, Abreviado 249/2014-D, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Bilbao.
asunto que resolvía el Juzgado eran dos sanciones impuestas por el
Gobierno Vasco a un propietario de una vivienda de protección oficial, una
por falta de visado del contrato de alquiler y otra por exceso en el importe de
la renta. El Departamento que tramitó y resolvió el expediente sancionador,
antes de incoar el mismo, hizo uso de la figura de las diligencias previas.
Uso que, a juicio del recurrente, fue abusivo y, por ende, debía llevar
aparejado que las diligencias previas contasen en el cómputo del plazo de
caducidad o, en caso contrario, considerar que las mismas incurrieron en fraude
de ley, con la consiguiente nulidad de la resolución sancionadora. La
Sentencia, en su Fundamento de Derecho Tercero, afronta, y resuelve, la
<La demanda hace
referencia a dos interpretaciones jurisprudenciales que han sido identificadas
como alternativas para la solución de los casos en los que se produce una
inusual o injustificada dilación en la tramitación de las diligencias previas:
a) considerar que cuentan en el cómputo del plazo de caducidad (STSJ Canarias -
Las Palmas- nº 359/2013, de 15 de marzo, procedimiento ordinario 591/2013); b)
valorar la razonabilidad del plazo empleado antes de la incoación formal para
determinar su concurre fraude de ley (SSAN de 17 de octubre de 2007, -recurso
180/2006- y de 20 de noviembre de 2008).
pugna directamente con el tenor literal de las normas que regulan la
tramitación del procedimiento sancionador y no ha encontrado eco en la
jurisprudencia. Así, por ejemplo, la SAN de 8 de julio de 2011 (recurso
203/2010) razona:
El inicio del computo
de dicho plazo (de caducidad), sin embargo, lo constituye la fecha del acuerdo
de incoación o de inicio del expediente, y no las "actuaciones
previas" a las que se refiere el artículo 12 del R.D. 1398/93, que son una
fase preliminar anterior a la incoación en sentido estricto, indicada e incluso
inevitable por la complejidad técnica de los hechos investigados y dado que el
Art. 13.1 de dicho Reglamento requiere que tal acuerdo de incoación contenga la
indicación de persona frente a la que se dirige, hechos, posible calificación
jurídica e indicación de sanciones.
De ahí que, en el
presente caso, la fase de actuaciones previas E/00434/2008 no se corresponden
con el inicio del expediente sancionador y respecto a las mismas no se ha
argumentado por la recurrente que se haya producido una utilización espuria y
fraudulenta de las citadas actuaciones previas, no siendo, por otra parte, de
aplicación el plazo máximo de 12 meses de duración establecido para dichas
actuaciones preliminares en el artículo 122 del Real Decreto 1720/2007 pues tal
norma reglamentaria sólo es de aplicación a actuaciones iniciadas con
posterioridad a su entrada en vigor, es decir al 19 de abril de 2008. Así, el cómputo del
plazo de caducidad comienza partir de la fecha del acuerdo de iniciación del
expediente (...)
aplicación usual es, como puede apreciarse, el de la razonabilidad en el
recurso a las actuaciones previas y la justificación de su duración, que
excluiría la utilización espuria y fraudulenta de las mismas. En el ámbito que
le es propio, la Sala Quinta del Tribunal Supremo ha declarado en varias
ocasiones que si se dispone de datos suficientes para incoar el expediente, la
información reservada no deberá ser practicada, por ser innecesaria y porque
los derechos fundamentales de defensa del art. 24.2 de la C.E. exigen que no se
retrase el otorgamiento de la condición de imputado o expedientado (SSTS de 6
de noviembre de 2000 y 9 de junio de 2006-recurso 118/2005-).
En el caso que ahora
se enjuicia se han impuesto dos sanciones: una por falta de visado del contrato
de arrendamiento de una vivienda de protección oficial (VPO) y otra por exceso
en el importe de la renta. Según se aprecia en el expediente, la Inspectora de
Vivienda descubrió el 13 de mayo de 2013 que la VPO estaba alquilada por la demandante
a la persona que se identifica en el acta a los folios 94 y 94 v; el día
siguiente, la esposa del arrendatario le proporcionó el contrato de
arrendamiento y el certificado de empadronamiento (ibídem). La Inspectora
confirma en fecha indeterminada del mes de septiembre siguiente que “se
mantiene esta situación”. El 9 de octubre la Inspectora envió a la actora el
requerimiento para que aportará el contrato, que fue notificado el día
siguiente, cumplimentándose por la requerida el 18 de octubre. No consta que
existe diferencia entre este documento y el que fue remitido por la esposa del
arrendatario. Dos meses más tardo la Inspectora en concluir que el
arrendamiento no estaba autorizado porque el contrato que había recibido no se
encontraba visado (folio 96 v.). Un mes más tarde (el 17 de enero de 2014) se
incoó el expediente sancionador, trámite que fue notificado el 5 de febrero
siguiente (folio 92). En consecuencia., desde que la Administración constato la
existencia de hechos sancionable (14 de mayo de 2013) hasta la notificación del
inicio del expediente sancionador (5 de febrero de 21014) transcurrieron nueve
Para ponderar la
razonabilidad de este plazo resultan relevantes los siguientes hechos:
a) las actuaciones previas se limitaron a constatar la falta de
visado del contrato y el importe de la renta, sin ninguna otra actividad de
pesquisa, comprobación o investigación;
b) los hechos podían tenerse por acreditados, siquiera de forma
indiciaria, al día siguiente del inicio de dichas actuaciones previas, cuando
la esposa del arrendatario hizo llegar a la Inspectora copia del contrato de
c) en la denuncia que desencadena la incoación del expediente
sancionador no constan hechos distintos de los que se desprendían del documento
que estaba en poder de la Inspección desde el 14 de mayo de 2013;
d) la colaboración de los interesados (tanto el arrendatario como
la arrendadora demandante) fue extremadamente diligente, atendiendo con
prontitud y de manera completa a los requerimientos de la Inspectora;
e) no consta que concurrieran circunstancias en las dotaciones de
recursos materiales o humanos, la carga de trabajo o el sistema organizativo de
la Inspección de Vivienda que permitan explicar la desproporción entre la
duración de las actuaciones previas y el contenido de las mismas.
A la vista de estas
circunstancias, no se puede
admitir que mantener las actuaciones previas abiertas durante el plazo de nueve
meses se fundamente en una razón suficiente. Por eso hay que concluir que en este
caso la Administración llevó a cabo una utilización espuria y fraudulenta de
las citadas actuaciones previas. Y
que el resultado debe ser la norma que establece la caducidad del expediente y
cuya aplicación la Administración ha intentado evitar debe desplegar ahora
todos sus efectos. Como razona la citada SAN de nos hallamos en
consecuencia ante un supuesto de fraude de ley contemplado en el artículo 6.4
del Código Civil, por cuanto se pretende burlar la aplicación del art. 42.2 de
la Ley 30/1992 usando la solicitud de información para, con ella, evitar la
caducidad del expediente sancionador. Utilización fraudulenta que conlleva la
nulidad del procedimiento sancionador y la consiguiente estimación de la
pretensión de la demanda, con revocación de la sanción impuesta (…)>
Una Sentencia muy interesante que debería hacer
reflexionar a la Administración sobre el uso y abuso de las diligencias previas, y sobre su incidencia en el derecho de defensa de los administrados. Pero esto último, si hay ganas, lo dejo para otro día. Publicado por
nulidad.,