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Timestamp: 2017-03-27 16:28:50
Document Index: 322895020

Matched Legal Cases: ['artículo 121', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 31', 'artículo 40', 'artículo 26', 'artículo 42', 'artículo 94', 'artículo 476', 'artículo 72', 'artículo 117', 'artículo 90', 'artículo 98', 'artículo 75', 'artículo 68']

La prestación del servicio público eléctrico está incorporada en la expresión "comercio" de la Constitución Nacional, lo que justifica el sometimiento, a la jurisdicción nacional, de la actuación de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista.
Inicio El Fallo de Hoy La prestación del servicio público eléctrico está incorporada en la expresión "comercio" de la Constitución Nacional, lo que justifica el sometimiento, a la jurisdicción nacional, de la actuación de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista.
Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (E.D.E.N. S.A.) c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ ordinarioLa prestación del servicio público eléctrico está incorporada en la expresión "comercio" de la Constitución Nacional, lo que justifica el sometimiento, a la jurisdicción nacional, de la actuación de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista.Sumario:1.-La prestación del servicio público eléctrico está incorporada en la expresión comercio del art. 75, inc. 13 de la CN., como así también en los incs. 18 y 30 de ese mismo artículo, lo que justifica el sometimiento, a la jurisdicción nacional, de la actuación de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, ya que se encuentra involucrado el comercio federal de energía (de las sentencias de la Corte Suprema in re 330:5257 Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. s/resolución ENRE 707/98 y Eden S.A. s/resolución ENRE 707/98 ; 12/10/10 Eden S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/nulidad de resolución ENRE 671/99 ; y 29/11/11 Edesal S.A. c/ San Luis, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/nulidad de actos administrativos ). Fallo: Procuración General de la Nación-I-Como se señaló en las anteriores intervenciones de esta Procuración (v. fs. 146/147 y fs. 672), la Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (EDEN S.A.), en el carácter de concesionaria y continuadora de ESEBA S.A. en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, interpone recurso directo en los términos de los arts. 76 y 25 de las leyes nacionales 24.065 y 19.549, respectivamente, contra la resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), instrumentada mediante nota 28.779 del 7 de febrero de 2000, por la cual se le ordena cobrar al gran usuario KARAVELL S.A., en concepto de peaje por la prestación adicional de la función técnica de transporte (PAFTT), los importes que surgen de aplicar las normas federales (v. fs. 1/16).Considera que -en oposición al criterio adoptado por KARAVELL S.A., quien pretende el pago de la tarifa federal, invocando la resolución 406/96 de la ex- Secretaría de Energía y Transporte de la Nación- corresponde aplicar la tarifa provincial -T5- regulada por la ley de la Provincia 11.769 y su decreto reglamentario 1208/97, ya que ambos agentes -distribuidor y gran usuario- desarrollan su actividad dentro de las jurisdicción provincial y que, por lo tanto, la cuestión debe ser resuelta por el Organismo de Control de la Energía de Buenos Aires (OCEBA) que es la autoridad local competente para dirimir el conflicto y no por el ENRE que, según los términos de los arts.25 y 72 de la ley 24.065, tiene competencia para resolver los conflictos que se susciten entre agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en el ámbito nacional.En ese sentido, cuestiona la resolución del ENRE, en cuanto hace lugar a la pretensión de KARAVELL S.A., al aplicarle la tarifa federal que establece la resolución ex SEyT 406/96.Funda su pretensión en los arts. 121 de la Constitución Nacional y 1° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en las leyes nacionales 15.336 y 24.065 , en la ley provincial 11.769 , en su decreto reglamentario 1208/97 y en el contrato de concesión suscripto entre la Provincia de Buenos Aires y EDEN S.A. publicado en el Boletín Oficial el 14 de julio de 1997.- II -A fs. 148, V.E., de conformidad con el dictamen de este Ministerio Público (v. fs. 146/147), declara la competencia del Tribunal para que este proceso tramite en forma originaria ante sus estrados.A fs. 673, a mérito del pedido de esta Procuración General, el Tribunal corre vista a las partes a fin de que se pronuncien con relación a la resolución SE 672/06 dictada con posterioridad a la iniciación de esta causa.- III -A fs. 723/728, la actora afirma que la resolución SE 672/06 configura un reconocimiento por parte del Estado Nacional del derecho reclamado en el proceso.Expone que, tal como ha quedado trabada la litis, la cuestión que debe decidirse en el caso sub examine es si la prestación adicional de la función técnica de transporte (PAFTT) corresponde que sea regulada por el gobierno federal o provincial (v. fs.723) y si existe alguna razón jurídica o fáctica que permita apartarse de la regla según la cual las provincias legislan sobre la prestación de los servicios públicos dentro de su ámbito territorial.Señala que -contrariamente a lo que expresa la resolución SE 672/06- no son los cambios producidos en el MEM en el transcurso del tiempo los que generaron asimetrías, ni la evolución registrada en los regímenes regulatorios de las jurisdicciones provinciales y municipales los que dieron origen a la necesidad de implementar ajustes en el reglamento del servicio, pues los recaudos impuestos por dicha resolución, a fin de poder aplicar los marcos regulatorios locales, los cumplió acabadamente desde el inicio mismo de la concesión provincial del servicio de distribución de energía eléctrica.Pone de manifiesto, además, que en virtud de aquel acto reglamentario, la Secretaría de Energía, mediante la resolución SE 741/07 prestó conformidad para que aplique las condiciones de la PAFTT firme de acuerdo con el contrato de concesión que suscribió con la Provincia de Buenos Aires, a partir de noviembre de 2007 y según los plazos establecidos en la normativa vigente.En ese sentido, aduce que el dictado de la resolución SE 741/07 ha implicado tanto un reconocimiento del Estado Nacional a la potestad de la Provincia de Buenos Aires de regular los servicios públicos en su ámbito territorial, como al hecho de que la tarifa fijada por aquélla es justa y razonable.- IV -El ENRE (v. fs. 708/709) y la empresa Karavell S.A. (fs. 719) en respuesta al traslado ordenado por V.S. a fs. 673, consideran que la actora, al pedirle a la Secretaría de Energía de la Nación que la autorizara a aplicar las condiciones fijadas en su contrato de concesión (v. resolución SE 741/07 ), reconoció la jurisdicción federal para regular lo relativo a la tarifa por la PAFTT.En virtud de ello, entienden que la demanda interpuesta debe ser rechazada y confirmado el acto instrumentado mediante la nota 28.778.De modo similar se expide el Estado Nacional a fs. 716/717.Por su parte, la Provincia de Buenos Aires sostiene que la cuestión ha devenido abstracta como consecuencia del dictado de la resolución SE 672/06 (v. fs. 751).-V-En ese contexto, V.E. corre nueva vista a este Ministerio Público a fs. 752.- VI -Cabe recordar que el Tribunal, reiteradamente, ha señalado que sus sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas (Fallos: 301:947; 306:1160; 318:342 , entre muchos otros), a la vez que ha subrayado que la subsistencia de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y su desaparición importa la de poder juzgar (Fallos: 315:466) y que, entre tales extremos, se halla la inexistencia de gravamen cuando las circunstancias sobrevinientes han tornado inoficiosa la decisión pendiente (Fallos: 313:1081).En el caso, la Secretaría de Energía de la Nación, reafirmando el carácter federal de la vinculación de los Grandes Usuarios con el MEM, dictó la resolución 672/06 (publicada en el Boletín Oficial el 18 de mayo de 2006), en virtud de la cual estableció las condiciones básicas que deben cumplir las solicitudes de los prestadores adicionales de la función técnica de transporte para aplicar los marcos regulatorios locales y las condiciones de los contratos de concesión con las autoridades provinciales y municipales.Ello, con la finalidad de que pudieran percibir ingresos suficientes para cubrir los costos razonables por la prestación del servicio de redes de acuerdo con las exigencias de calidad de cada jurisdicción.En ese contexto reglamentario, la actora solicitó y obtuvo, mediante la resolución SE 741/07 (publicada en el Boletín Oficial el 12 de julio de 2007) la autorización para aplicar las condiciones de la PAFTT, de conformidad con el contrato de concesión a los Grandes Usuarios de su jurisdicción.Ello permite afirmar que EDEN S.A. no sólo no cuestionó la competencia de la autoridad federal para dictar la resolución SE 672/06, sino que, además, puso en evidencia su expreso reconocimiento a la competencia de la Secretaría de Energía para regular las condiciones de la PAFTT, cuando le solicitó, en el contexto reglamentario de tal acto, que la autorizara a aplicar las tarifas de su contrato de concesión. En ese sentido, a mi juicio, al quedar superada la controversia planteada por la actora para que se determine si la prestación adicional de la función técnica de transporte (PAFTT) corresponde que sea regulada por el gobierno federal o provincial, se ha tornado inoficioso el pronunciamiento de V.E. en este aspecto.En efecto, más allá de las consideraciones que efectúa la demandante acerca de la resolución SE 672/06, lo cierto es que la conducta asumida por la actora implica un reconocimiento de la competencia de los organismos federales tanto para dirimir los conflictos entre actores del MEM como para regular la PAFTT y da la pauta de que no subsiste a la fecha agravio alguno para que se dicte sentencia sobre el pedido efectuado en la demanda. En las condiciones expresadas, tal modificación en el marco jurídico del servicio eléctrico nacional ha tenido como efecto la desaparición de uno de los requisitos que, como el gravamen, condiciona la jurisdicción del Tribunal y convierte en abstracta la cuestión que se invocó en la demanda (ley 27, art.2° ), haciendo que el eventual fallo de la Corte implicara una mera interpretación teórica, carente de contenido práctico (conf. Arg. Fallos: 324:4307 ).Esta conclusión obsta a cualquier consideración sobre la sustancia del asunto debatido en la causa, según los términos en que se pretendió someter a V.E. en instancia originaria, toda vez que, al no verificarse excepcionales razones de índole institucional que justifiquen apartarse de esa regla como sucedió en el precedente de Fallos: 310:819, a la Corte le está vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos, debido a que todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual (Fallos: 329:40, 1853, 1898 y sus citas, y 2733).- VII -Por todo lo expuesto, opino que corresponde declarar inoficioso el pronunciamiento del Tribunal por haber devenido abstracta la pretensión articulada en la demanda.Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.ES COPIALAURA M. MONTICorte Suprema de Justicia de la NaciónBuenos Aires, 6 de marzo de 2012Vistos los autos: "Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (E.D.E.N. S.A.) c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ ordinario", de los que Resulta:I) A fs. 1/16 se presenta la Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (E.D.E.N. S.A.) e interpone recurso directo, de conformidad con los artículos 25 y 76 de las leyes nacionales 19.54 9 y 24.065, respectivamente, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, contra la resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (E.N.R.E.), del 7 de febrero de 2000, dictada en el expediente no 7284, instrumentada mediante nota no 28.778, a fin de que se la declare nula en virtud de que fue dictada por un órgano nacional que carecía de competencia para ello.Señala que la citada resolución se originó como consecuencia de una controversia producida entre E.D.E.N. S.A. y Karavell S.A.(gran usuario provincial) respecto de la tarifa de peaje a pagar por la prestación de la función técnica del transporte (F.T.T.), que la primera le concedió a la segunda mediante el contrato de suministro de energía eléctrica que ambas habían celebrado.Sostiene que -en oposición al criterio adoptado por Karavell S.A., quien pretende el pago de la tarifa federal, invocando la resolución 406/96 de la ex Secretaría de Energía y Transporte de la Nación- corresponde aplicar la tarifa provincial regulada por la ley local 11.769 y su decreto reglamentario 1208/97 -T 5-, debido a que ambos agentes - distribuidor y gran usuario- desarrollan su actividad dentro de la jurisdicción provincial y que, por lo tanto, la cuestión debe ser resuelta por el Organismo de Control de la Energía de Buenos Aires (O.C.E.B.A.) que es la autoridad local competente y no por el E.N.R.E. que, según los artículos 25 y 72 de la ley 24.065, tiene competencia para resolver los conflictos que se susciten entre agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.) en el ámbito nacional.Recuerda que la Provincia de Buenos Aires se ha adherido a los principios tarifarios del régimen regulatorio nacional dentro pero de su no al sistema territorio tarifario rige la ley nacional, por lo 11.769 su decreto y que reglamentario 1208/97, y por tanto cuestiona la resolución del E.N.R.E. en cuanto hace lugar a la pretensión de Karavell S.A., al aplicarle la tarifa federal que establece la resolución ex S.E. y T. 406/96.Alega además que el acto administrativo que cuestiona se encuentra viciado de nulidad absoluta y manifiesta. En primer lugar, por la incompetencia del E.N.R.E. para dictar la resolución, pues considera que como la relación comercial entre E.D.E.N.y el gran usuario, como así también su ejecución, se llevan a cabo íntegramente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la autoridad de aplicación es O.C.E.B.A.En segundo término, por la ilegalidad del objeto, ya que entiende que se vulnera el artículo 121 de la Constitución Nacional y el artículo 1º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.De dichas disposiciones extrae que es una potestad provincial la de regular los servicios públicos locales y que dicha potestad no ha sido delegada a la Nación. También considera que el acto viola los artículos 85 de la ley 24.065, y 11 de la ley 15.336, que fijan la jurisdicción provincial para los sistemas eléctricos que desarrollan su actividad en su territorio (fs. 8).Asimismo indica tampoco que resulta aplicable a E.D.E.N. S.A. lo dispuesto por el artículo 10 del decreto 1398/92 , reglamentario de la ley 24.065, en cuanto establece la jurisdicción federal para los contratos que celebren los grandes usuarios con los generadores a través del Sistema Argentino de Interconexión (S.A.D.I.), pues la empresa no es generadora de energía sino distribuidora, y el servicio de peaje o P.A.F.T.T. que da la impugnante a Karavell S.A.se efectúa a través de una línea de media tensión desde la estación transformadora de San Pedro (propiedad de la transportista) hasta la planta del usuario en Baradero y no por medio de aquél.Por otra parte arguye que, a través del artículo 14 de la ley local 11.769, la provincia retuvo expresamente su potestad tarifaria con relación a las operaciones que se realizan y en las que se utilizan las instalaciones de agentes provinciales, Mayorista; por bajo parte la de única agentes condición del de Mercado no Eléctrico obstaculizar el comercio interjurisdiccional.Al efecto manifiesta que por medio del artículo 31 se estableció que "los concesionarios de servicios públicos de electricidad permitirán el acceso indiscriminado de terceros a la capacidad de transporte remanente de sus sistemas. mediante el pago de una tarifa de peaje correspondiente aprobada por esta última", y que en el artículo 40 se determinó que "la aprobación de las tarifas a aplicar por los concesionarios provinciales y municipales de servicios públicos de electricidad en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, con las limitaciones que surgen del exclusiva régimen artículo de y la los 1o párrafo autoridad de segundo, aplicación, procedimientos para el será de atribución acuerdo cálculo con el tarifario establecido en los contratos de concesión." (fs. 8 vta./9).Cuestiona también que la resolución del E.N.R.E. resulta contraria al artículo 26 del contrato de concesión de distribución provincial, el que determina que "la concesionaria tendrá derecho a cobrar un peaje por el uso de sus líneas en los términos del artículo 42, inc.d , de la ley provincial 11.769 y su reglamentación a grandes consumidores o a cualquier agente del mercado eléctrico", y que "dicho peaje se ajustará en cuanto su precio y forma de pago a las modalidades de la ley 11.769, de su reglamentación y de los Subanexos pertinentes del presente contrato".Agrega que, en nuestro sistema federal, las provincias conservan las facultades atinentes a la creación, la organización y la regulación de los servicios públicos locales.Ese principio regulación sólo reconoce federal cuando: interjurisdiccional; b) establecimientos utilidad de se excepciones a) se vincule trate la nacional, que habilitan de cuestión y c) se la comercio con los afecte la cláusula del progreso; extremos todos ellos que considera que no se configuran en la situación planteada.Aduce, por último, que la resolución 406/96 de la ex Secretaría de Energía y Transporte de la Nación es violatoria del principio de igualdad, pues establece un régimen distinto entre las distribuidoras nacionales y las provinciales en cuanto dispone que ".las empresas titulares de Concesiones de Servicio Público de Distribución otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de las leyes 15.336 y 24.065, en cuanto sirva a Grandes Usuarios del MEM ubicados en sus respectivas áreas de Concesión, continuarán rigiéndose por los términos de las respectivas concesiones no siéndole aplicable el presente Anexo" (fs. 14).Funda su pretensión en los artículos 121 de la Constitución Nacional y 1º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en las leyes nacionales 15.336 y 24.065, en la ley provincial 11.769, en su decreto reglamentario 1208/97 y en el contrato de concesión suscripto entre la Provincia de Buenos Aires y E.D.E.N. S.A.publicado en el Boletín Oficial el 14 de julio de 1997.Pide la citación de la Provincia de Buenos Aires en los términos del artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en razón de que una eventual e hipotética sentencia desfavorable a esta acción generaría la responsabilidad del Estado local por la imposibilidad de ejecutar el contrato de concesión en los términos oportunamente suscriptos, y con el propósito de que en el proceso de regreso pertinente la provincia no pueda argüir la excepción de negligente defensa (exceptio mala gestio processio).Por último, ofrece prueba y pide que, oportunamente, se haga lugar al recurso interpuesto.II) A fs. 67 el juez interviniente, teniendo en cuenta lo manifestado por el E.N.R.E. a fs. 65/66, en cuanto a que el acto impugnado tiene "índole jurisdiccional", decide no hacer lugar a la citación del E.N.R.E. como parte en las presentes actuaciones. Sin perjuicio de ello, y en virtud de la incompetencia planteada a fs. 7/7 vta., resuelve correrle traslado en los términos del artículo 476 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.A fs. 73/76 el citado organismo contesta que ratifica los argumentos expuestos en la nota nº 28.778 y que, en el caso, el conflicto se plantea entre un gran usuario y un distribuidor provincial que presta la F.T.T., por lo que al actuar en el ámbito federal que regula el funcionamiento del M.E.M., debe sujetarse necesariamente a las normas federales y ser dirimido por el E.N.R.E.A fs. 82 se ordena correr traslado del recurso interpuesto a la empresa Karavell S.A.III) A fs. 136/137 se presenta Karavell S.A. y contesta el traslado. Luego de reseñar los antecedentes del caso, señala que su categoría es de Gran Usuario y que E.D.E.N. S.A.sólo presta el servicio de transporte de energía eléctrica, por lo que la relación comercial entre ambos se rige por las normas del Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.).Añade que el artículo 72 de la ley 24.065 es claro al disponer que "toda controversia que se suscite entre generadores, transportistas, distribuidores, grandes usuarios, con motivo del suministro o del servicio público de transporte y distribución de electricidad, deberá ser sometida en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del ente.".Por lo expuesto, solicita que se rechace el recurso interpuesto y se confirme el acto administrativo.IV) A fs. 141 la Cámara Federal resuelve citar como tercero al Estado local y, en consecuencia, se declara incompetente para entender en el presente caso, con fundamento en el artículo 117 de la Constitución Nacional y remitió las actuaciones a esta Corte.A fs. 146/147 dictamina el señor Procurador Fiscal subrogante, y sobre la base de esa opinión, a fs. 148 el Tribunal declara que el asunto corresponde a la competencia originaria.V) A fs. 240/243 se presenta la Provincia de Buenos Aires y contesta la citación como tercero (artículo 90, inciso 1º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nació n).Manifiesta que la resolución recurrida, e impugnada por E.D.E.N.S.A., resulta errónea e inconstitucional por cuanto la facultad de adhesión establecida en el artículo 98 de la ley 24.065 implica reconocer claramente la autonomía provincial para fijar las tarifas.Señala invitación que cursada en por oportunidad esta norma, de el adherirse Estado local a la indicó expresamente que no adhería a las tarifas fijadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y que sólo se ajustaría - por medio del decreto 3730/92- a los principios tarifarios y no a los valores tarifarios calculados y fijados por la Nación.Dice que la provincia hizo sus cálculos sobre la base de valores económicos de su jurisdicción que por su propia naturaleza son ajenos a los de otras jurisdicciones y a los considerados por el E.N.R.E. En su mérito sancionó su propio régimen regulatorio -ley 11.769 y decreto reglamentario 1208/97- y ejerció facultades propias no delegadas a la Nación.Pone de resalto además que se trata de una distribución local integrada al sistema interconectado nacional sólo bajo completo los a términos toda de la interferencia ley provincial, federal y sobre ajeno su por régimen tarifario. Aclara que, en consecuencia, ni el E.N.R.E. ni la Secretaría de Energía de la Nación son los órganos competentes para controlar el ejercicio de una facultad que no ha sido delegada al Gobierno Nacional, dado que le corresponde a O.C.E.B.A. fijar la tarifa en cuestión (fs. 242).Concluye constitucionalidad que de al la no ley haber 11.769, sido ni cuestionada de su la decreto reglamentario, debe dejarse sin efecto el acto cuya impugnación persigue la actora.Ofrece prueba y pide que, oportunamente se haga lugar al recurso interpuesto por E.D.E.N. S.A., con costas.VI) A fs.247 se ordena correr traslado de la presentación incoada al Estado Nacional -Secretaría de Energía- y al E.N.R.E., a fin de que tome en la causa la intervención que pudiese corresponderle en defensa de sus derechos.VII) A fs. 349/367 se presenta el E.N.R.E. y contesta el traslado oportunamente conferido. Afirma que cuando actúa en ejercicio de sus funciones, en el marco de la resolución de controversias que se presentan entre los distintos agentes del mercado eléctrico, el planteo no debe deducirse contra el ente sino contra su contraparte en el conflicto, y debe pedirse una revisión judicial de lo resuelto en sede administrativa.Explica el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista y las normas nacionales que regulan el sistema. A ese fin indica que corresponde a la jurisdicción nacional todo lo que se refiere a las transacciones de carácter interprovincial efectuadas en el M.E.M., y funda el ejercicio de sus funciones en la naturaleza de establecimiento de utilidad nacional y en la cláusula del progreso.Señala que la ley 24.065 no es "legislación local" a la que las provincias pueden o no adherirse, sino que es una ley de carácter federal y solamente en aquellos aspectos que no revisten ese carácter es susceptible de adhesión voluntaria por parte de los gobiernos provinciales.Concluye en que no es que las autoridades nacionales intervienen en el marco regulatorio provincial, sino que serían precisamente las autoridades provinciales quienes estarían incurriendo en una intromisión en el marco regulatorio nacional al pretender imponer las disposiciones locales.En este sentido, dice que Karavell S.A. no es un gran consumidor provincial sino un Gran Usuario del Mercado Eléctrico Mayorista Nacional y E.D.E.N. S.A. es una distribuidora del Mercado Eléctrico Mayorista Nacional y que, en consecuencia, la relación mercado comercial al que entre ambos pertenecen, y se en rige el por que, las normas del concretamente, han actuado (fs.364).Pide la citación como tercero del Estado Nacional, ofrece prueba y solicita que se rechace el recurso interpuesto.VIII) A fs. 374/378 el Estado Nacional (Ministerio de Economía) contesta la citación como tercero ordenada en estas actuaciones.Afirma Función Técnica distribuidora que de la resolución Transporte vinculada al S.E. (F.T.T.) S.A.D.I. 159/94 y realiza definió la cuando la operaciones de que compra en el Mercado Eléctrico Mayorista o presta la denominada Función Técnica de Transporte (F.T.T.)para posibilitar la vinculación de los Grandes Usuarios con el M.E.M., no son en rigor actividades de distribución sino de transporte, por lo que deben sujetarse necesariamente a la jurisdicción federal.En transportan este y sentido, comercializan explica a sus que las usuarios distribuidoras comunes energía eléctrica que han comprado en el Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.), mientras que cuando prestan la F.T.T. sólo transportan. En tanto y en cuanto cumplen con esta función, lo hacen exclusivamente en base al funcionamiento del mercado mayorista e independientemente de sus funciones de distribuidor local, debiendo sujetarse necesariamente a todas sus normas y reglamentaciones ya que están actuando en un ámbito estrictamente federal.Recuerda también que en el precedente de Fallos: 323:3949 se señaló que la prestación del servicio público eléctrico está incorporada en la del expresión "comercio" artículo 75, inciso 13 , como así también en los incisos 18 y 30 de este artículo. Ello justifica, dice, el sometimiento a la jurisdicción nacional de los contratos ejecutados a través del sistema argentino de interconexión, como así también por medio de la actuación de quienes operan en el mercado nacional, ya que se encuentra involucrado el comercio federal de energía (fs.375 vta.).En relación al argumento de la actora que sostiene que el acto administrativo que se impugna adolece de vicios, aduce que en su dictado intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos y que ésta entendió que se habían cumplido con los requisitos necesarios por lo que el acto carecía de vicios que lo pudieran tornar nulo.Por lo expuesto, solicita que se rechace el recurso, con costas.IX) Con posterioridad, tras agregarse los alegatos de las partes, se corrió vista al Ministerio Público a fs. 668. A mérito del pedido de la Procuración General (fs. 672/672 vta.), el Tribunal dio traslado a las partes a fin de que se pronunciaran con relación a la resolución S.E. 672/06 dictada después de la iniciación de esta causa (fs. 673).X) A fs. 708/709 y 719, el E.N.R.E. y la empresa Karavell S.A., contestan el traslado ordenado y consideran que la actora, al pedirle a la Secretaría de Energía de la Nación que la autorizara a aplicar las condiciones fijadas en su contrato de concesión (v. resolución S.E. 741/07), reconoció la jurisdicción federal para regular lo relativo a la tarifa por la P.A.F.T.T.En interpuesta virtud debe de ser ello, rechazada sostienen y que la confirmado demanda el acto instrumentado mediante la nota no 28.778.En términos similares se expide el Estado Nacional a fs. 716/717.XI) A fs. 723/728 la actora sostiene que la resolución S.E. 672/06 configura un reconocimiento del Estado Nacional del derecho reclamado en este juicio.Señala que, tal como ha quedado trabada la litis, la cuestión que debe decidirse en el caso sub examine es si la prestación (P.A.F.T.T.)adicional de corresponde la función que sea federal o provincial.En suma, si existe alguna razón jurídica o fáctica que permita apartarse de la regla según la cual las provincias legislan sobre la prestación de los servicios públicos dentro de su ámbito territorial (fs. 723).Aclara que -contrariamente a lo que expresa la resolución S.E. 672/06- no son los cambios producidos en el M.E.M. en el transcurso del tiempo los que generaron asimetrías, ni la evolución registrada en los regímenes regulatorios de las jurisdicciones provinciales y municipales los que dieron origen a la necesidad de implementar ajustes en el reglamento del servicio, pues los recaudos impuestos por dicha resolución, a fin de cumplió poder aplicar acabadamente los desde marcos el regulatorios inicio mismo locales, de la los concesión provincial del servicio de distribución de energía eléctrica (fs. 727 vta./728).Añade además que, en virtud de aquel acto reglamentario, la Secretaría de Energía de la Nación, mediante la resolución S.E. 741/07 prestó conformidad para que aplique las condiciones de la P.A.F.T.T. firme de acuerdo con el contrato de concesión que suscribió con la Provincia de Buenos Aires, a partir de noviembre de 2007 y según los plazos establecidos en la normativa vigente (fs. 728).Concluye que el dictado de la citada resolución S.E. 741/07 ha implicado tanto un reconocimiento del Estado Nacional a la potestad de la Provincia de Buenos Aires de regular los servicios públicos en su ámbito territorial, como al hecho de que la tarifa fijada por aquélla es justa y razonable.XII) A fs. 751 la Provincia de Buenos Aires acompaña copia del expediente no 5100-27706/08 y afirma que la cuestión ha devenido abstracta como consecuencia del dictado de la resolución S.E. 672/06.XIII) A fs. 753/754 la señora Procuradora Fiscal dictamina en virtud de la vista que se le corrió a fs.752.Considerando:Que este juicio es de la competencia originaria de esta Corte (artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).Que la cuestión planteada es sustancialmente análoga a la examinada y resuelta por este Tribunal en las causas "Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. s/ resolución 707/98 ENRE" y "Eden S.A. s/ resolución 707/98 Ente Nacional Regulador de la Energía", (Fallos: 330:5257); E.91.XXXVII "Eden S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ nulidad de resolución E.N.R.E. 671/99", sentencia del 12 de octubre de 2010 y E.429.XL "Edesal S.A. c/ San Luis, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ nulidad de actos administrativos", pronunciamiento del 29 de noviembre de 2011, entre otros, a cuyos fundamentos y conclusiones allí expuestos corresponde remitir en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innec esarias.Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se decide: Rechazar el recurso interpuesto por la Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (E.D.E.N. S.A.) contra la resolución dictada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (E.N.R.E.) en instrumentada mediante nota no 28.778 del 7 de febrero de 2000.Con costas (artículo 68 , Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).Notifíquese, remítase copia de esta decisión a la Procuración General y, oportunamente, archívese. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY.ES COPIA