Source: http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2017/07/
Timestamp: 2017-11-19 12:13:04
Document Index: 86943194

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 218', 'Artículo 16', 'artículo 82', 'artículo 87', 'artículo 52', 'artículo 16', 'artículo 87', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 25', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 46', 'Artículo 13', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'artículo 27', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 27', 'Artículo 2', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 24']

Conflictus Legum: 1/07/17 - 1/08/17
Bibliografía (Revista de revistas) - Diario La Ley Unión Europea n. 50 (julio 2017)
Trabajos publicados en el Diario La Ley Unión Europea, núm. 50, de día 31 de julio de 2017:
-Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO, Las acciones de reintegración en el Reglamento europeo de insolvencia: precisiones sobre ley aplicable.
Como excepción al criterio general basado en la aplicación de la lex fori concursus a los procedimientos concursales transfronterizos, el Reglamento europeo de insolvencia deja al margen del alcance de la ley del Estado de apertura del procedimiento la posibilidad de impugnar un acto perjudicial para los acreedores cuando quien se ha beneficiado del acto prueba que se trata de un acto regido por la Ley de un Estado miembro distinto al de apertura y que además en ese caso concreto la Ley que rige ese acto no permite en ningún caso su impugnación. El presente artículo se centra en la más reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia, con especial referencia a la delimitación entre la lex fori concursus y la ley aplicable al acto perjudicial, así como las peculiares cuestiones que surgen cuando el acto perjudicial es un contrato interno sometido a un ordenamiento extranjero.
-Víctor FUENTES CAMACHO, Por fin una nueva ley sobre restitución de bienes culturales.
Con dieciséis meses de retraso ha visto la luz la Ley 1/2017, de 18 de abril. Esta ley transpone con bastante fidelidad la Directiva 2014/60/UE. Por tal razón comparte sus principales ventajas (ampliación de su ámbito material, máxima inversión de la carga de la prueba, etc.), pero también sus principales inconvenientes (especialmente, en el sector del Derecho aplicable)
-Pilar MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, Modernización del régimen jurídico de la marca de la Unión Europea.
En el presente trabajo se lleva a cabo un análisis de la versión codificada del Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, publicado en el DOUE de 16 de junio de 2017 que deroga el Reglamento 207/2009 y que será aplicable a partir del 1 de octubre de 2017. El trabajo analiza las principales novedades del mismo, introducidas en el año 2015, así como su impacto en el sistema de marcas de una Unión Europea. Esta reforma pretende impulsar la innovación y el crecimiento haciendo que los sistemas de marcas en Europa sean más eficaces y accesibles para las empresas. Así se incorporan mecanismos para racionalizar y armonizar los procedimientos de registro, modernizar las disposiciones existentes, aumentar la seguridad jurídica y facilitar la cooperación entre las oficinas de los Estados miembros y la agencia de marcas de la Unión Europea.
-Iñigo IRURETAGOIENA AGIRREZABALAGA, Por fin un poco de luz en el farragoso debate competencial en el marco de los nuevos tratados de comercio e inversión de la Unión Europea (Dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea)
El dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve sobre el reparto competencial entre la Unión y sus estados miembros para la celebración del proyectado Acuerdo de libre comercio entre la UE y Singapur. Sin embargo, la relevancia de esta decisión transciende más allá del propio acuerdo, al ser la primera vez que el Tribunal se pronuncia sobre la delimitación de competencias para la conclusión de los tratados de libre comercio «de nueva generación» impulsados por la Unión tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, como son, por ejemplo, el CETA o, el actualmente embarrancado, TTIP; el dictamen, de este modo, constituye un elemento clave para el desarrollo de la nueva política comercial y de inversiones de la Unión. El Tribunal de Justicia ha dictaminado que el Acuerdo UE-Singapur debe ser concluido como un acuerdo mixto, en la medida en que incluye compromisos sobre protección de inversiones extranjeras distintas a las directas, un mecanismo de arreglo de diferencias inversor-estado, y disposiciones institucionales relativas a materias de competencia compartida. Requerirá, por tanto, para su entrada en vigor el consentimiento de la Unión y de todos sus estados miembros.
-M.ª Yolanda SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, El concepto de trabajador en el contexto de la protección flexible del derecho del trabajo en la Unión Europea.
Si la europeización del Derecho del Trabajo pudiera definirse como respuesta equilibrada entre el Derecho de la UE y los sistemas jurídicos nacionales de los Estados Miembros en la configuración de este sector del ordenamiento jurídico, convendríamos en afirmar que una de las cuestiones trascendentales a resolver es la relativa al significado del concepto de trabajador y, en consecuencia, la delimitación del ámbito de cobertura de las normas protectoras laborales. Desde esta perspectiva concreta se plantea la general sobre interrelación entre dos sistemas normativos, el de la UE y los nacionales de los EMs, en base al principio de primacía del Derecho de la UE y sus límites; se afronta un estudio sistemático de la jurisprudencia del TJUE al efecto y se atisban algunas propuestas de futuro.
-Silvia BAÑARES VILELLA, Luis GONZÁLEZ VAQUÉ, Alcance de algunas medidas transitorias relativas a las marcas y a las propiedades saludables en los alimentos (artículo 28.2 del Reglamento nº 1924/2006) STJUE de 23 de noviembre de 2016: «Nelsons GmbH»
El TJUE declaró que el artículo 28.2 (1) del Reglamento (CE) 1924/2006 del Parlamento, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (versión consolidada) debe interpretarse en el sentido de que esta disposición se aplica en una situación en la que un alimento que lleva una marca registrada o un nombre comercial se comercializaba, antes del 1 de enero de 2005, como medicamento, y después de dicha fecha, como alimento, pese a presentar las mismas características materiales e ir revestido con la misma marca registrada o el mismo nombre comercial.
Publicado por Federico Garau a las 16:25:00 0 comentarios
Etiquetas: Bibliografía, D.Obligaciones, Insolvencia, IP, M.Capitales, Reglamento Insolvencia
Publicado por Federico Garau a las 13:11:00 0 comentarios
Jurisprudencia - Hijo de madre española que no puede ser nacional de origen por aplicación de la Ley de 1954
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Sentencia de 14 Noviembre 2016, Rec. 3706/2015: Nacionalidad. Adquisición por opción. No cabe rectificación para que figure como nacional de origen. Hijo de madre española de origen. Aplicación del art. 17 CC en la versión de la Ley de 15 de julio 1954: el demandante nació en Puerco Rico en 1974 y no adquirió la nacionalidad española de origen por ser hijo de madre española y corresponderle, por ser hijo de padre nacional norteamericano, la misma nacionalidad de éste.
Nº de Recurso: 3706/2015
Iustel - Diario Del Derecho, 31 julio 2017, sección Jurisprudencia
[Texto en CENDOJ: STS 4845/2016 - ECLI: ES:TS:2016:4845]
Bibliografía (Revista de revistas) - REEI núm. 33 (junio 2017)
Trabajos publicados en la Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 33 (junio 2017):
-César A. Villegas Delgado, El estado de derecho en el ámbito internacional y el imperio de la ley en las relaciones internacionales: Tendencias, retos y desafíos. [Texto]
-Francisco Pascual Vives, El futuro del arbitraje de inversión en los acuerdos internacionales celebrados por la Unión Europea. [Texto]
-Felipe Gómez Isa, EU promotion of deep democracy in Egypt after the Arab spring: A missed opportunity? [Texto]
-Julio Jorge Urbina, La cooperación internacional en la aplicación de medidas comerciales para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. [Texto]
-Carolina Jiménez Sánchez, La persecución de género en el Derecho Internacional de los Refugiados: Nuevas perspectivas. [Texto]
-Beatriz Pérez de las Heras, La Unión Europea y la asociación de naciones del sudeste asiático: Sinergias y retos en la cooperación interregional. [Texto]
-Eulalia W. Petit de Gabriel, Los “derechos consulares” de los extranjeros detenidos: ¿Nuevas cartas en la baraja de los derechos fundamentales? [Texto]
-Jesús Verdú Baeza, A propósito de la cumbre climática de Marrakech: Cuando la solución empieza a ser parte del problema. [Texto]
-Yolanda Martínez Mata, Bolkestein revisited in the era of the sharing economy. [Texto]
-Francisco de Asís Peña Díaz, La agenda europea de migración: Últimos desarrollos. [Texto]
-Marco António Batista Martins, Fernando Miguel Magano Martins, La dependencia hídrica de Portugal respecto a España: Cuestiones de política y seguridad. [Texto]
-Irene Nuviala Lapieza, The expansion of the Panama canal and its ruling international contract: A mega-project sailing in troubled waters? [Texto]
-Annina Cristina Bürgin, Chronicle on International Courts and Tribunals (January - December 2016). [Texto]
-Albert Font i Segura, Carmen Otero García-Castrillón (Coords.), Crónica de actualidad de Derecho Internacional Privado (Julio - Diciembre 2016). [Texto]
-Natalia Ochoa Ruiz, M. Esther Salamanca Aguado, Crónica de Derechos Humanos (Julio 2015 - Diciembre 2016). [Texto]
-Marta Iglesias Berlanga, Carmen Quesada Alcalá, Crónica de hechos internacionales (Julio - Diciembre 2016). [Texto]
-Ángel María Ballesteros Barros, Laura García Álvarez, Crónica sobre Derecho Procesal Civil Internacional (Julio - Diciembre 2016). [Texto]
-Francisco Pascual Vives (Coord.), Crónica sobre la solución de controversias en materia de inversiones extranjeras (Enero - Diciembre 2016). [Texto]
Etiquetas: Arbitraje, Bibliografía, Ciudadanía UE, DPCI, DPPI, Extranjería, Ley aplicable, M.Capitales
-Civitas. Revista Española de Derecho Europeo: núm. 62 (2017).
-Cuadernos de Bioética: núm. 93 (2017) [Tema de Estudio: Maternidad subrogada o de alquiler]
-Maastricht Journal of European and Comparative Law: 2016, núm. 2; 2016, núm. 3; 2016, núm. 4; 2016, núm. 5; 2016, núm. 6; 2017, núm. 1; 2017, núm. 2.
Nota: Véase la Orden de 20 de enero de 1994, mediante la cual los productos destinados al uso y consumo humano que figuran en su anexo I, y que procedan o tengan como destino países no comunitarios, serán sometidos a control sistemático en frontera exterior, a la entrada o a la salida del territorio nacional. En el anexo II se recoge el listado de recintos aduaneros habilitados para la práctica de estos controles.
[BOE n. 180, de 29.7.2017]
-Reglamento (UE) 2017/1370 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1683/95 del Consejo por el que se establece un modelo uniforme de visado.
Nota: Véase el Reglamento (CE) nº 1683/95 del Consejo, de 29 de mayo de 1995, por el que se establece un modelo uniforme de visado.
-Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.
Nota: Esta norma tiene por objeto establecer las normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones relativas a la lucha contra el fraude y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión (véase art. 1).
Cabe destacar su art. 11, en el que se recogen los criterios sobre competencia judicial internacional:
"1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para establecer su competencia sobre las infracciones penales a que se refieren los artículos 3, 4 y 5 cuando:
4. En el caso a que se refiere la letra b) del apartado 1, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el ejercicio de su jurisdicción no esté supeditado a la condición de que el enjuiciamiento solo pueda iniciarse tras la presentación de una denuncia de la víctima en el lugar donde se haya cometido la infracción, o de comunicación del Estado en cuyo territorio se haya cometido la infracción."
Los Estados miembros deben haber traspuesto esta norma antes del 6 de julio de 2019 (art. 17).
[DOUE L198, de 28.7.2017]
(525º Pleno del CESE de los días 26 y 27 de abril de 2017)
-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1889/2005.
-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 y (UE) 2016/1624.
[DOUE C246, de 28.7.2017]
Publicado por Federico Garau a las 11:05:00 0 comentarios
Etiquetas: CESE, D.Penal, D.Persona, DOUE, DPPI, Extranjería, M.Capitales
Jurisprudencia - Es inconstitucional exigir a los extranjeros aprender catalán para acceder a la formación en castellano
Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 87/2017 de 4 Jul. 2017, Rec. 6352/2010: Extranjeros. Política lingüística. CA Cataluña. Impugnación de los apartados 2, 4 y 5 del art. 9 de la Ley 10/2010, de 7 May., de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña. Inconstitucionalidad de la obligación impuesta al extranjero de alcanzar un determinado nivel lingüístico en catalán para acceder a las acciones formativas en castellano, al apartarse del objetivo de garantizar el acceso al aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales y bloquear el acceso a la enseñanza en castellano si no se adquieren las competencias básicas en catalán. El establecimiento del catalán como lengua vehicular de la formación y la información en el servicio de primera acogida no debe cerrar a los extranjeros la posibilidad de utilizar también el castellano como lengua vehicular. Constitucionalidad del ofrecimiento de la formación y de los medios necesarios para la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana, al no existir voluntad de excluir las acciones formativas en lengua castellana y de la decisión de iniciar la acción formativa de las lenguas oficiales con la enseñanza del catalán, opción que se enmarca en la competencia sectorial autonómica.
Ponente: Narváez Rodríguez, Antonio.
Nº de Sentencia: 87/2017
Nº de Recurso: 6352/2010
Diario La Ley, Nº 9031, Sección Jurisprudencia, 28 de Julio de 2017
ECLI: ES:TC:2017:87
Etiquetas: D.Interregional, Extranjería, Jurisprudencia, TC
Bibliografía - Estudio comparado de la determinación de la filiación
La determinación de la filiación en el artículo 125 del Código Civil Español: estudio comparado en los derechos Español e Italiano
Ana María GUTIÉRREZ MARTÍN, Abogada
La autora analiza el artículo 125 del Código Civil, que regula la determinación de la filiación de los hijos cuyos progenitores son hermanos o consanguíneos en línea recta. A su juicio la redacción actual no respeta lo establecido en el art. 39 y 14 de la Constitución Española, Derechos reconocidos en nuestra Carta Magna, principios inspiradores en materia de filiación y determinación de la filiación, que son de imperativo cumplimiento y aplicación.
Etiquetas: Bibliografía, D.Comparado, D.Familia, D.Persona
Publicado por Federico Garau a las 12:10:00 0 comentarios
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (26.7.2017)
-DICTAMEN 1/15 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala), de 26 de julio de 2017: Dictamen emitido con arreglo al artículo 218 TFUE, apartado 11 — Proyecto de Acuerdo entre Canadá y la Unión Europea — Transferencia de los datos del registro de nombres de los pasajeros aéreos desde la Unión a Canadá — Bases jurídicas adecuadas — Artículo 16 TFUE, apartado 2, artículo 82 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, letra d), y artículo 87 TFUE, apartado 2, letra a) — Compatibilidad con los artículos 7 y 8 y con el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Conclusiones del Tribunal:
"1) La Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre Canadá y la Unión Europea sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros debe basarse conjuntamente en el artículo 16 TFUE, apartado 2, y en el artículo 87 TFUE, apartado 2, letra a).
2) El Acuerdo entre Canadá y la Unión Europea sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros es incompatible con los artículos 7, 8 y 21, así como con el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en tanto en cuanto no excluye la transferencia de datos sensibles desde la Unión Europea a Canadá ni la utilización y conservación de esos datos.
3) Para ser compatible con los artículos 7 y 8 y con el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, el Acuerdo entre Canadá y la Unión Europea sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros debe:
a) determinar con claridad y precisión los datos del registro de nombres de los pasajeros que han de transferirse desde la Unión Europea a Canadá;
b) disponer que los modelos y criterios utilizados en el marco del tratamiento automatizado de los datos del registro de nombres de los pasajeros sean específicos y fiables y no discriminatorios; establecer que las bases de datos utilizadas se limiten a las utilizadas por Canadá en relación con la lucha contra el terrorismo y con los delitos graves de carácter transnacional;
c) someter, excepto en el marco de las comprobaciones relativas a los modelos y criterios preestablecidos en que se basan los tratamientos automatizados de los datos del registro de nombres de los pasajeros, la utilización de tales datos por la autoridad canadiense competente durante la estancia de los pasajeros aéreos en Canadá y tras su salida del país, así como toda comunicación de dichos datos a otras autoridades, a requisitos materiales y procedimentales basados en criterios objetivos; supeditar esa utilización y esa comunicación, salvo en casos de urgencia debidamente justificados, a un control previo efectuado, bien por un órgano judicial, bien por una entidad administrativa independiente, cuya decisión por la que se autoriza la utilización se adopte a raíz de una solicitud motivada de esas autoridades, presentada, en particular, en el marco de procedimientos de prevención, de descubrimiento o de acciones penales;
d) limitar la conservación de los datos del registro de nombres de los pasajeros tras la partida de los pasajeros aéreos a los de aquellos pasajeros respecto de los que existan elementos objetivos que permitan considerar que podrían presentar un riesgo en materia de lucha contra el terrorismo y los delitos graves de carácter transnacional;
e) supeditar la comunicación de los datos del registro de nombres de los pasajeros por la autoridad canadiense competente a las autoridades públicas de un país tercero al requisito de que exista o bien un Acuerdo entre la Unión Europea y ese país tercero equivalente al Acuerdo entre Canadá y la Unión Europea sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros, o bien una decisión adoptada por la Comisión en virtud del artículo 25, apartado 6, de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que comprenda a las autoridades a las que se prevea comunicar datos del registro de nombres de los pasajeros;
f) establecer un derecho a la información individual de los pasajeros aéreos en caso de que se utilicen datos del registro de nombres de los pasajeros referentes a ellos durante su estancia en Canadá y tras su salida de dicho país, así como en caso de divulgación de esos datos por la autoridad canadiense competente a otras autoridades o a particulares, y
g) garantizar que una autoridad de control independiente se encargue de la supervisión de las normas establecidas en el Acuerdo entre Canadá y la Unión Europea sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros, relativas a la protección de los pasajeros aéreos frente al tratamiento de los datos del registro de nombres de los pasajeros referentes a ellos."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 26 de julio de 2017, en el asunto C‑670/15 (Šalplachta): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, de seguridad y de justicia — Acceso a la justicia en los litigios transfronterizos — Directiva 2003/8/CE — Normas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios — Ámbito de aplicación — Normativa de un Estado miembro que establece el carácter no reembolsable de los gastos de traducción de los documentos acreditativos necesarios para la tramitación de una solicitud de justicia gratuita.
Fallo del Tribunal: "Los artículos 3, 8 y 12 de la Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios, en su conjunto, deben interpretarse en el sentido de que la justicia gratuita concedida por el Estado miembro del foro, en el que una persona física domiciliada o residente habitualmente en otro Estado miembro ha presentado una solicitud de justicia gratuita en un litigio transfronterizo, incluye asimismo los gastos realizados por dicha persona para traducir los documentos acreditativos necesarios para la tramitación de dicha solicitud."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 26 de julio de 2017, en el asunto C‑225/16 (Ouhrami): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, de seguridad y justicia — Retorno de nacionales de terceros países en situación irregular — Directiva 2008/115/CE — Artículo 11, apartado 2 — Decisión de prohibición de entrada adoptada antes de la entrada en vigor de esta Directiva y referida a una duración más amplia que la prevista en la mencionada Directiva — Inicio del período de prohibición de entrada.
Fallo del Tribunal: "El artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, debe interpretarse en el sentido de que la duración de la prohibición de entrada prevista en esa disposición, que en principio no debe exceder de cinco años, debe calcularse a partir de la fecha en la que el interesado abandonó efectivamente el territorio de los Estados miembros."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 26 de julio de 2017, en el asunto C‑348/16 (Sacko): Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Directiva 2013/32/UE — Artículos 12, 14, 31 y 46 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional — Posibilidad de que el órgano jurisdiccional se pronuncie sin oír al solicitante.
Fallo del Tribunal: "La Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, y en particular sus artículos 12, 14, 31 y 46, interpretados a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el órgano jurisdiccional nacional, que conoce de un recurso contra la resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional manifiestamente infundada, desestime dicho recurso sin conceder audiencia al solicitante si las circunstancias fácticas no dejan lugar a dudas en cuanto a la fundamentación de dicha resolución, a condición de que, por un lado, en el procedimiento en primera instancia, se haya brindado al solicitante la posibilidad de ser convocado a una entrevista personal sobre su solicitud de protección internacional, conforme al artículo 14 de dicha Directiva, y que el informe o la transcripción de dicha entrevista, si se realizó, se hayan incorporado al expediente, conforme al artículo 17, apartado 2, de la citada Directiva, y, por otro lado, el órgano jurisdiccional que conoce del recurso pueda acordar tal audiencia si lo considera necesario a efectos del examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, al que se refiere el artículo 46, apartado 3, de esta misma Directiva."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 26 de julio de 2017, en el asunto C‑490/16 (A.S.): Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país — Llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de terceros países deseosos de obtener una protección internacional — Cruce de la frontera organizado por las autoridades de un Estado miembro a efectos de tránsito hacia otro Estado miembro — Entrada autorizada a modo de excepción por razones humanitarias — Artículo 13 — Cruce irregular de una frontera exterior — Plazo de 12 meses a partir del cruce de la frontera — Artículo 27 — Vía de recurso — Alcance del control jurisdiccional — Artículo 29 — Plazo de seis meses para la ejecución del traslado — Cómputo de los plazos — Interposición de un recurso — Efecto suspensivo.
"1) El artículo 27, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, puesto en relación con el considerando 19 de ese Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que un solicitante de protección internacional puede invocar, en el contexto del recurso interpuesto contra la decisión de trasladarlo, la aplicación errónea del criterio de determinación del Estado miembro responsable, que se formula en el artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento, relativo al cruce irregular de la frontera de un Estado miembro.
2) El artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 604/2013 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar que ha «cruzado de forma irregular» la frontera de un primer Estado miembro, en el sentido de dicha disposición, un nacional de un tercer país cuya entrada ha sido tolerada por las autoridades de ese Estado miembro, obligadas a hacer frente a la llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de terceros países deseosos de atravesar dicho Estado miembro para presentar una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro, sin cumplir las condiciones de entrada en principio exigidas en el primer Estado miembro.
3) El artículo 13, apartado 1, segunda frase, del Reglamento n.º 604/2013, puesto en relación con el artículo 7, apartado 2, de este Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que la interposición de un recurso contra la decisión de traslado carece de efectos sobre el cómputo del plazo fijado en ese artículo 13, apartado 1.
El artículo 29, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento debe interpretarse en el sentido de que la interposición de tal recurso implica que el plazo fijado en esas disposiciones sólo empieza a correr a partir de la resolución definitiva de ese recurso, incluso cuando el tribunal que conozca del asunto haya decidido plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, a condición de que se haya atribuido efecto suspensivo a dicho recurso con arreglo al artículo 27, apartado 3, del mismo Reglamento."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 26 de julio de 2017, en el asunto C‑646/16 (Jafari): Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país — Llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de terceros países deseosos de obtener una protección internacional — Cruce de la frontera organizado por las autoridades de un Estado miembro a efectos de tránsito hacia otro Estado miembro — Entrada autorizada a modo de excepción por razones humanitarias — Artículo 2, letra m) — Concepto de “visado” — Artículo 12 — Expedición de un visado — Artículo 13 — Cruce irregular de una frontera exterior.
"1) El artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, puesto en relación con el artículo 2, letra m), de este Reglamento, debe interpretarse considerando que no procede calificar de «visado», en el sentido de ese artículo 12, el hecho de que las autoridades de un primer Estado miembro, obligadas a hacer frente a la llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de terceros países deseosos de atravesar dicho Estado miembro para presentar una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro, hayan tolerado la entrada en su territorio de esos nacionales, que no cumplen las condiciones de entrada en principio exigidas en ese primer Estado miembro.
2) El artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 604/2013 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar que ha «cruzado de forma irregular» la frontera de un primer Estado miembro, en el sentido de dicha disposición, un nacional de un tercer país cuya entrada ha sido tolerada por las autoridades de ese Estado miembro, obligadas a hacer frente a la llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de terceros países deseosos de atravesar dicho Estado miembro para presentar una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro, sin cumplir las condiciones de entrada en principio exigidas en el primer Estado miembro."
-ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 26 juillet 2017, dans l’affaire C‑670/16 (Mengesteab): Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Article 20 – Début du processus de détermination – Introduction d’une demande de protection internationale – Procès-verbal dressé par les autorités, parvenu aux autorités compétentes – Article 21, paragraphe 1 – Délais prévus pour la formulation d’une requête aux fins de prise en charge – Transfert de la responsabilité à un autre État membre – Article 27 – Voie de recours – Étendue du contrôle juridictionnel.
"1) L’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur de protection internationale peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l’expiration d’un délai énoncé à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement, et ce même si l’État membre requis est disposé à prendre ce demandeur en charge.
2) L’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’une requête aux fins de prise en charge ne peut être valablement formulée plus de trois mois après l’introduction de la demande de protection internationale, même si cette requête est formulée moins de deux mois après la réception d’un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
3) L’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité."
-CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MICHAL BOBEK, présentées le 26 juillet 2017, Affaire C‑271/17 PPU (Zdziaszek): [demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)] Renvoi préjudiciel – Mandat d’arrêt européen – Motifs de non-exécution facultative – Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté – Notion de “procès qui a mené à la décision” – Procédure concernant une peine globale – Procédure en appel.
"La notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, dans sa version résultant de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle peut s’appliquer à la procédure ayant donné lieu au jugement, tel que le jugement cumulatif en cause au principal, lorsque ce jugement, devenu exécutoire, fixe une peine privative de liberté et lorsque, dans la procédure afférente à la fixation de cette peine, le juge national dispose d’un pouvoir discrétionnaire.
L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen dans le cas où ni les informations contenues dans le formulaire, ni celles qu’elle a reçues de la part de l’autorité judiciaire d’émission au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, dans sa version résultant de la décision-cadre 2009/299, ou par ailleurs ne permettent de vérifier le respect des droits de la défense de l’intéressé qui n’a pas comparu en personne à son procès. La décision d’appliquer le motif facultatif de refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen, au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de ladite décision-cadre revient à l’autorité judiciaire d’exécution qui doit pouvoir apprécier, à la lumière de toutes les circonstances factuelles dont elle dispose, le respect des droits de la défense de l’intéressé."
-CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MICHAL BOBEK, présentées le 26 juillet 2017, Affaire C‑270/17 PPU (Tupikas): [demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)] Renvoi préjudiciel – Mandat d’arrêt européen – Motifs de non-exécution facultative – Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté – Notion de “procès qui a mené à la décision” – Procédure en appel.
"La notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, dans sa version résultant de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée comme renvoyant également à la dernière instance de la procédure pénale dans le cadre de laquelle le fond de l’affaire, à savoir la culpabilité ou la peine infligée, a, dans un cas donné, été examiné et sur la base de laquelle la décision de condamnation est devenue exécutoire.
Dans ce contexte, la décision d’appliquer le motif facultatif de refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen au sens de la disposition susmentionnée revient à l’autorité judiciaire d’exécution qui doit pouvoir apprécier, à la lumière de toutes les circonstances factuelles dont elle dispose, le respect des droits de la défense de l’intéressé."
Publicado por Federico Garau a las 16:37:00 0 comentarios
Etiquetas: D.Persona, DPCI, DPPI, Extranjería, Jurisprudencia, TJUE
Jurisprudencia - Nulidad de la exigencia del conocimiento del vasco para contratar con la Diputación Foral de Gipuzkoa
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 238/2017 de 29 May. 2017, Rec. 1051/2016: Normalización lingüística. Diputación Foral de Gipuzkoa. Plan de Normalización del Uso del Euskera para el período 2013-2017. Nulidad parcial. Preceptos relativos a la comunicación institucional, a las publicaciones, a las redes internet e intranet, a las obligaciones de los beneficiarios de subvenciones y a la contratación administrativa. Infracción del principio de cooficialidad. Validez de los apartados que potencian o impulsan el uso del euskera, pero dejan indemne el derecho de los ciudadanos del País Vasco a utilizar en sus relaciones con la Administración cualquiera de las lenguas oficiales.
Nº de Sentencia: 238/2017
Nº de Recurso: 1051/2016
Diario La Ley, Nº 9029, Sección La Sentencia del día, 26 de Julio de 2017
Etiquetas: D.Interregional, Jurisprudencia
Nota: Mediante esta disposición se convoca, sin limitación en el número de plazas, la segunda prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de abogado dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por universidades o escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas. La prueba será única e idéntica para todo el territorio español.
El programa que regirá la evaluación se encuentra en el Anexo II y contiene una descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para el acceso a la profesión de abogado que serán objeto de la evaluación.
Para poder concurrir a la prueba de evaluación deben reunirse los requisitos personales mencionados en el núm. 4 de la convocatoria a la fecha de realización del examen.
Para poder participar en la prueba de evaluación deberá cumplimentarse el modelo de solicitud de inscripción (anexo I), que podrá descargarse en portal web del Ministerio de Justicia. En la solicitud de admisión se incluirá una declaración responsable referente al cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el num. 4 de la convocatoria. El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el BOE.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará la lista provisional de aspirantes incluidos y excluidos, que podrá consultarse en la página web del Ministerio de Justicia. En los términos previstos en el núm. 10, en la lista provisional de aspirantes incluidos y excluidos se hará constar, en su caso, el idioma de realización de la prueba solicitado por el aspirante. A continuación, se concederá un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación del listado provisional en el citado portal web, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión. Finalizado el plazo de subsanación, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y fijará el lugar, la fecha y la hora para la realización del ejercicio
Con posterioridad a esta convocatoria, se constituirán las Comisiones evaluadoras en función del número de aspirantes presentados procedentes de las distintas universidades y escuelas de práctica jurídica de cada Comunidad Autónoma. Las comisiones evaluadoras dependerán funcionalmente del Ministerio de Justicia, a cuyos representantes corresponderá la presidencia en cada una de las mismas, ostentando la secretaría los representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La prueba de aptitud podrá realizarse, a libre elección del aspirante, en castellano o en la lengua cooficial autonómica del lugar de celebración del examen. A efectos de facilitar la realización de la prueba en cualquiera de las lenguas cooficiales autonómicas, el interesado deberá señalar el idioma en el que desea realizar la misma en el apartado correspondiente de su solicitud de inscripción. En caso de que no se consignara ninguno, se entenderá que realizará el examen en castellano. Se pondrá a disposición de los aspirantes la realización de la prueba en la lengua cooficial correspondiente, de acuerdo con lo señalado en su solicitud de inscripción. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el aspirante señalara la realización de la prueba en una lengua cooficial de una Comunidad Autónoma en la que, de conformidad con el núm. 9, no se constituyera Comisión evaluadora, realizará el examen en castellano.
En relación con el desarrollo de la prueba, conviene leerse con atención el núm. 11 de la convocatoria. A continuación resumo los puntos fundamentales:
La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples con una duración de 4 horas.
Su contenido se fijará por el Ministerio de Justicia y se basará en el programa orientativo de materias que se contiene en el anexo II de la convocatoria. Igualmente, el contenido se ajustará a la normativa publicada en el BOE en la fecha de la presente convocatoria, aun cuando no hubiese entrado en vigor.
A los aspirantes se les entregará un cuaderno de examen, que contendrá 50 preguntas sobre las materias que figuran en el apartado A (Materias comunes al ejercicio de la profesión de Abogado) del anexo II de la convocatoria; 25 preguntas sobre una especialidad jurídica a elegir entre las cuatro que figuran en el apartado B (Materias específicas) del anexo II; además, el cuestionario incluirá seis preguntas de reserva para el apartado A y dos por cada especialidad jurídica del apartado B. Junto con el cuaderno de examen se les hará entrega de una hoja de respuestas con las correspondientes instrucciones para su cumplimentación.
La hoja de respuestas estará dividida en dos partes: una primera parte de 50 respuestas, cada una con 4 respuestas alternativas de las que sólo una es la correcta, que se referirán a las materias relacionadas con el apartado A, y una segunda parte con cuatro bloques de 25 respuestas cada bloque y cada una con 4 alternativas de las que igualmente sólo una de ellas es correcta, con la mención en la parte superior de la especialidad jurídica de que se trate. En esta segunda parte, los aspirantes únicamente deben elegir una especialidad jurídica entre las cuatro posibles. Si en la hoja de respuestas se contesta a más de una especialidad jurídica, o no se señala ninguna especialidad jurídica o se cumplimenta de forma incorrecta, el aspirante será eliminado automáticamente de la prueba.
El cuestionario se valorará sobre una escala de 0 a 75 puntos, obteniéndose 1 punto por cada respuesta correcta, descontándose 0,33 puntos por cada respuesta incorrecta y no obteniendo ninguna puntuación las preguntas no contestadas. La calificación total se obtendrá mediante la suma de las puntuaciones obtenidas por las respuestas correctas deduciéndose las incorrectas. Tras la celebración de la prueba, se harán públicas en el portal web del Ministerio de Justicia las plantillas provisionales de las respuestas correctas. Una vez publicadas, los interesados tienen un plazo de cinco días naturales, a contar desde el día siguiente al de su publicación, para presentar las reclamaciones que estimen pertinentes respecto a la formulación de las preguntas y de las correspondientes respuestas correctas. Las preguntas anuladas serán sustituidas, por su orden y en función del apartado al que pertenezcan, por las preguntas de reserva, de tal modo que en todo caso el cuestionario contará de 75 preguntas válidas. Resueltas las reclamaciones, se publicará la plantilla definitiva de respuestas.
La nota final de la evaluación será de apto o no apto. La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70 por 100 de la calificación obtenida en la prueba de evaluación y el 30 por 100 de la nota obtenida en el máster o curso de formación especializada, no siendo necesario obtener una nota mínima en la prueba de evaluación para efectuar la media ponderada. Para obtener la calificación de apto será necesario obtener una nota igual o superior al 50 por 100 de la media ponderada de ambas calificaciones en base 10, esto es, 5 puntos. La calificación de no apto no impedirá la participación en futuras convocatorias. Los aspirantes que no hayan aprobado la evaluación podrán presentar por escrito, a los efectos de subsanar exclusivamente posibles errores materiales en la corrección, en el plazo de tres días, desde la fecha en que se publiquen las calificaciones definitivas, solicitud de revisión dirigido a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
El Ministerio de Justicia expedirá los títulos profesionales de Abogado de todos los aspirantes que hayan resultado aptos y hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria. Los títulos profesionales de Abogado de aquellos aspirantes que hayan resultado aptos y hayan realizado la evaluación en una Comunidad Autónoma que haya asumido la competencia ejecutiva de expedición de títulos profesionales, serán expedidos por los órganos competentes de dichas Comunidades Autónomas, una vez acreditados los requisitos exigidos en esta convocatoria.
Con el objeto de simplificar la gestión administrativa y eliminar cargas administrativas, las universidades y las escuelas práctica jurídica acreditarán, mediante certificaciones emitidas al efecto que los aspirantes que han superado la formación especializada en dichos centros formativos poseen las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos en la presente convocatoria y en la Ley 34/2006, de 30 de octubre y su Reglamento de desarrollo.
Véase igualmente la Resolución de 11 de octubre de 2017 por la que se designan las Comisiones evaluadoras de la segunda prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2017.
-Resolución de 24 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el anuncio de la apertura del plazo para presentar candidaturas para participar en la terna de candidatos propuestos por el Reino de España a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, encargada de la designación de un Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Nota: El acuerdo sexto de la Resolución de 25 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de enero de 2017, por el que se establecen pautas para la elaboración de una terna de candidatos para la elección de Juez titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (véase la entrada de este blog del día 31.1.2017), fue declarado nulo mediante sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de fecha 31 de mayo de 2017. Por tanto, ahora se da publicidad al anuncio de inicio del proceso de selección y de presentación de candidaturas que se desarrollan en la forma prevista en esta resolución y conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo del Consejo de Ministros de enero de 2017, con la excepción del apartado anulado por el Tribunal Supremo.
[BOE n. 177, de 26.7.2017]
Etiquetas: BOE, TEDH, Universidad
Audiencia Provincial de Lleida, Sección 1ª, Sentencia 119/2017 de 28 Mar. 2017, Rec. 6/2016: Agravante por racismo: acuchillamiento selectivo de extranjeros que responde a la ideología nacionalsocialista del acusado. Incendio. Plan urdido contra la vida de ciudadanos extranjeros, vertiendo combustible sobre su vivienda y prendiéndola fuego, a sabiendas de que el humo y el fuego podían propagarse por todo el edificio, con grave riesgo para los vecinos. Asesinato. Cinco delitos. Tentativa. Tras iniciar el incendio el acusado salió a la calle con un cuchillo y agredió de forma sorpresiva y por la espalda a cinco viandantes -cuatro de ellos extranjeros-. Animus necandi. Alevosía por imposibilidad de defensa de las víctimas, que no esperaban el ataque. Racismo. Agravante. Requisitos para su apreciación y doctrina jurisprudencial sobre su aplicación. Selección de sus víctimas acorde con el discurso nacionalsocialista y de extrema derecha que procesaba el acusado, perteneciente a la asociación "Nueva Época". Alteración psíquica. Eximente incompleta al haber cometido los hechos el acusado bajo un brote delirante. Confesión. Atenuante. Lesiones. Absolución. El hijo de una de las víctimas, testigo presencial del ataque a su madre, no se constituye como ofendido o sujeto pasivo de la agresión, sino solo como perjudicado por la acción. Posibilidad, ex art. 113 CP, de ser resarcido por el daño moral.
Ponente: Jiménez Márquez, María Lucía.
Nº de Sentencia: 119/2017
Nº de Recurso: 6/2016
Diario La Ley, Nº 9028, Sección La Sentencia del día, 25 de Julio de 2017
ECLI: ES:APL:2017:290
Publicado por Federico Garau a las 16:06:00 0 comentarios
Resolución de 20 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Nota: En esta Resolución se recogen las comunicaciones sobre tratados recibidas en el MAEC hasta el 15.7.2017. Para los convenios en materia de Derecho Internacional Privado véase la págs. 65683 a 65690 (págs. 24 a 31 del documento). Para los de Derecho Penal y Procesal, véanse las págs. 65690 a 65698 (págs. 31 a 39 del documento).
[BOE n. 176, de 25.7.2017]