Source: http://abogadomartin.com/recursos/recursos-en-civil/revision-civil/
Timestamp: 2017-08-17 17:22:54
Document Index: 393242582

Matched Legal Cases: ['artículo 514', 'artículo 207', 'artículo 511', 'artículo 10', 'artículo 511', 'artículo 514', 'artículo 514', 'artículo 510', 'artículo 510']

Revisión Civil -
La Ley de Enjuiciamiento Civil, al regulado en su Título VI del Libro II (artículos 509 a 516) no utiliza ningún sustantivo para designar este medio de impugnación, limitándose a llamado simplemente “revisión”, pero el empleo de determinadas expresiones, como “demanda de revisión” (artículos 513.1 y 514), el tratamiento procedimental que se otorga a su sustanciación (artículo 514) y la misma ubicación sistemática de su regulación, ponen de relieve que se le atribuye el carácter de proceso autónomo en el que se ejercita una pretensión constitutiva tendente a modificar la situación jurídica creada con la sentencia firme dictada en un proceso anterior. El proceso de revisión ha tenido y tiene un carácter marcadamente extraordinario que se traduce, de un lado, en su necesaria fundamentación en las causas taxativamente enumeradas en la Ley y, de otro, en la interpretación rígida y restrictiva de los supuestos que las integran. Desde esta perspectiva, la jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1″, de 16 abril 1996 y 27 julio 1999, entre otras) ha declarado con reiteración que la revisión no constituye una nueva instancia del proceso sometido a ella, ni permite un nuevo examen o enjuiciamiento de las cuestiones ya debatidas y resueltas en él (Sentencia del Tribunal Superior de justicia de Navarra de 27 enero 2003). La revisión no entra en la categoría de los recursos y constituye una pretensión impugnativa de la sentencia firme sobre una base fáctica nueva y diferente de la que fue tratada en el proceso anterior (Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 158/1987, de 20 de octubre), teniendo la consideración de proceso o juicio autónomo (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1′, de 18 de marzo de 1998).
b) Si fuese un recurso procedería única- mente contra las sentencias del Tribunal Supremo, es decir, guardando el orden debido y evitando la revisión ”per saltum”; pero no es así, pues mediante la revisión pueden impugnarse todas las sentencias firmes, sea cual fuere el órgano jurisdiccional que las dictara.
c) La pretensión que se ejercita en la revisión no es la misma que se ejercitó en el proceso anterior, diferenciándose en la fundamentación y en la petición (los elementos objetivos que identifican el objeto del proceso); los recursos continúan el proceso en una fase distinta; la revisión tiene como fundamento los hechos calificados de motivos de revisión y como objeto la petición de que se rescinda la sentencia firme. Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1″, de 30 de septiembre de 2002: “tal remedio rescisorio y extraordinario o, si se prefiere, acción autónoma, no puede estimarse en puridad recurso, pues procede contra sentencias firmes, aquéllas contra las que no cabe recurso alguno, bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado (artículo 207.2).
Presenta carácter extraordinario, en cuanto vulnera el principio riguroso y casi absoluto de irrevocabilidad de los fallos que hayan ganado firmeza, requiere que la interpretación de los supuestos que lo integran, haya de realizarse con criterio restrictivo”.
La legitimación activa para interponer la demanda de revisión se atribuye en el artículo 511 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a “quien hubiere sido parte perjudicada por la sentencia firme impugnada”. La cualidad de parte legítima corresponde, en principio, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a quienes hubieren comparecido y actuado en el anterior juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, tanto si intervinieron como demandantes cuanto si lo hicieron como demandados. La noción de parte legítima para solicitar la revisión debe completarse con el requisito del gravamen exigido por este artículo 511 al referirse a la ”parte perjudicada”, de lo que se deriva una doble consecuencia:
La legitimación pasiva viene referida en el artículo 514.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando indica que en el juicio de revisión se emplazará a cuantos hubieren litigado en el pleito cuya sentencia se impugne, o a sus causahabientes. Con la primera expresión se está haciendo referencia a todos los que hubieren intervenido en el proceso anterior y no sean demandantes en el juicio de revisión; y con la segunda a quienes tras la finalización del anterior proceso, hayan sucedido a los titulares de la relación jurídica en él debatida y resuelta, ya sea por título “inter vivos” o “mortiscausa”.
El Ministerio Fiscal no es parte en el juicio de revisión, ni está legitimado para promoverlo. Su intervención, a la que se refiere el artículo 514.3, lo es a los solos efectos de “informar”, antes de que se dicte sentencia, sobre la procedencia de la demanda. Se trata, en definitiva, de la emisión de un dictamen que se le requiere en consideración a la significación de los hechos que integran los motivos de revisión y que obedece a la naturaleza de la función que el mismo desempeña en orden a la promoción de la justicia y de la defensa de los derechos de los ciudadanos, procurando la tutela del interés público en que no se perpetúen situaciones que pudieran ser injustas.
Asimismo, la sentencia objeto de la revisión será, en cada caso, la que en el desarrollo del proceso plenario haya alcanzado la cualidad de firme, pudiendo ser la de primera instancia, la de apelación que haya revocado y sustituido a la anterior, o la de casación que haya estimado el recurso y resuelto sobre el tema de fondo, por lo que quedan también excluidas de la revisión aquellas sentencias que no se han pronunciado sobre el fondo del asunto estimando o desestimando la pretensión, las llamadas “sentencias procesales”, bien porque lo son de absolución en la instancia (con las escasas posibilidades que tienen de existir en el proceso regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000), bien porque se limitan a declarar la nulidad de lo actuado, que es lo que puede ocurrir en el recurso extraordinario por infracción procesal.
a) Las causas o motivos de revisión tienen el carácter de “numerus clausus”, de modo que sólo resulta posible promoverla con base en los específicos supuestos que taxativamente se señalan en la ley, los cuales no son susceptibles de aplicación extensiva a casos distintos de los expresamente previstos en ella (Sentencias del Tribunal Supremo de 21 octubre de 1982,1 de marzo de 1999, y 25 de mayo de 2004).
El primer motivo es el que se basa en el supuesto de que: “si después de pronunciada la sentencia, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer con anterioridad por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado” (artículo 510.1). El ámbito objetivo de este motivo se amplía en su redacción actual y comprende tanto el supuesto de los documentos recobrados como el de los “obtenidos” por vez primera, y ello comporta distinguir entre: “obtenidos”, que son los que no fueron conocidos ni estuvieron nunca estuvieron a disposición de la parte, y “recuperados”, que son los que en algún momento estuvieron bajo su posesión.
El segundo motivo se basa en el supuesto de que la sentencia hubiere recaída “en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad se declarare después penalmente” (artículo 510.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Tal declaración de falsedad puede haberse efectuado antes o después de haberse dictado la sentencia impugnada, pero en el primer caso, la parte que la alegue, deberá acreditar en el juicio de revisión que no tuvo conocimiento de este hecho en momento oportuno para a1egarlo en el anterior proceso cuya rescisión solicita. Para que el motivo prospere se requiere, primero, que el documento sea declarado falso en sentencia penal y, después, que ese documento hubiera sido decisivo, en el sentido de haber servido de base al pronunciamiento proferido en la sentencia impugnada (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala P, de 30 junio 1991, 10 mayo 2001 y 5 octubre 2002).
Por violencia ha de entenderse el empleo tanto de la fuerza física como de la intimidación, ya sea sobre las personas que integran el órgano jurisdiccional, ya sobre alguna de las partes del proceso, ya sobre quienes asuman su defensa o representación procesal, con objeto de obtener una sentencia que beneficie a la parte en cuyo provecho se ejerció.