Source: http://colombiaaldia.co/estados/boletines/boletin_6_2011/index.htm
Timestamp: 2018-12-11 05:17:48
Document Index: 85446739

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 136', 'artículo 44', 'artículo 136', 'artículo 254', 'artículo 177', 'artículo 169', 'artículo 171', 'artículo 2', 'artículo 104', 'artículo 104', 'Artículo 279', 'artículo 113', 'artículo 174', 'artículo 6', 'artículo 145', 'artículo 51', 'artículo 60']

Dr. CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO -Presidente -
Dr. NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ
Dos frases simbolizan las sentidas y profundas palabras de despedida de la Ex –Magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, Doctora Hilda Calvache Rojas quien por más de veinte años prestó sus servicios a esta Jurisdicción y quien por retiro voluntario deja el que fue y, seguirá siendo su segundo hogar. La primera la pronunció refiriéndose a dos de sus antiguos compañeros que por largos diez años compartieron la Magistratura con ella, los Doctores Jesús María Lemos Bustamante y Hernán Andrade Rincón; los caracterizó como “unos caballeros del derecho”, y la segunda, “en todo ese tiempo descubrimos que debe imperar la justicia, aún por encima de la norma jurídica”.
Si analizamos lo suficiente estas frases nos daremos cuenta de lo que entrañan. A contrario sensu de los que consideran el estudio del derecho como algo esquemático y rutinario, las palabras de la Ex Magistrada marcan un derrotero a seguir: la innovación continua de lo jurídico y la entrañable responsabilidad de su aplicación conforme a realidades sociales cambiantes, amén del gran compromiso de administrar justicia con base en una interpretación que esté a tono con principios y valores constitucionales transversales. Sus palabras cargadas de experiencia implican que no puede seguir imperando el raciocinio frío y supeditado, de manera asfixiante, a la literalidad del texto normativo.
Pero, para interpretar con profundidad se requiere forjar una personalidad de arraigado talante social, cultural y ético. No basta el conocimiento normativo, se le debe agregar un componente esencial y es la talla de la persona humana, con todo lo que ello significa. Un fallo judicial garantista solamente será socialmente legítimo en la medida que se refleje con coherencia en los actos cotidianos de los que lo produjeron, solamente así se puede llegar a ser un “caballero del derecho”.
Ponemos a su disposición el Boletín 006 de Diciembre de 2011, como entrega final de un año que sobresalió por el compromiso de la Jurisdicción Administrativa del Cauca con el departamento y con el país. Damos un saludo de Navidad a los Magistrados, a los Jueces y de manera muy especial, al grupo de empleados que en cada despacho judicial trabajan con lealtad, con tenacidad, a veces en el anonimato, en la labor de administrar justicia. A todos ellos prosperidad y sabiduría para continuar la labor en el año venidero y, a la Doctora Hilda, como cariñosamente le dijimos siempre, un gracias inmenso por sus enseñanzas y por su amistad; que Dios la bendiga en esta nueva etapa de su vida.
PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
1. ACCIÓN POPULAR/Defensa de bienes de uso público/semáforos y señalizaciones/ Faltan elementos probatorios que demuestren la vulneración de derechos colectivos/Fotografías por sí solas, no son un medio de prueba válido. 19001333100620100043101. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
2. ACCIÓN DE TUTELA /Derecho de petición/Es improcedente presentar un derecho de petición por fuera del proceso ordinario para obtener documentos probatorios y, en consecuencia también es improcedente la acción de tutela como mecanismo para ordenar que se remitan unos documentos que van a ser valorados como pruebas en un asunto que ya se está debatiendo ante la Jurisdicción Administrativa. 20110054500 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
3. ACCIÓN DE TUTELA/ Temeridad /A pesar de configurarse no se impone sanción, por presunción de ignorancia a favor del actor. 19001230000420110055600 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
4. ACCIÓN DE TUTELA/ Desplazados / Ayudas humanitarias/ no se acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley para tal fin. 19001230000120110058000. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
5. ACCIÓN DE TUTELA/ Concurso de méritos/ Improcedencia/El fin de la tutela no es el de nulitar actos administrativos. 19001230000220110057800. MP/ Hilda Calvache Rojas.
6. ACCIÓN DE TUTELA/Improcedencia/ La tutela no puede suplir la inactividad del accionante en procesos contractuales/Convenio Municipio – INVIAS. 19001230000420110055300. MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
7. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia de la acción/ Problemas de humedad en predios colindantes/Debe acudirse a otras vías jurídicas. 1900123000220110052700. MP/ Hilda Calvache Rojas.
8. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud Internos/ En segunda instancia se vinculó a Aseguradora de manera directa por el fallador/ En riesgo los derechos fundamentales de sujeto vulnerable/ El juez de instancia debe impartir la orden para cada una de las entidades vinculadas al proceso. 19001233100120110046401. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
9. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Procesos de desafiliación/Le corresponde a la EPS reportar la respectiva novedad/Hecho superado. 19001230000420110059600 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
10. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Epilepsia / Eventos NO POS/A cargo de las entidades territoriales. 19001230000420110003201 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
11. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia/ Funciones de secuestres según Acuerdos PSAA10-7339 de octubre 6 de 2010 y PSAA10-7490 del 27 de octubre de 2010 del Consejo Superior de la Judicatura/ Las normas no afectan intereses particulares y concretos. 19001230000120110057700. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
12. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia de la acción/ Reclamación de subsidio familiar ante el Ejército/ Debe acudirse a la vía ordinaria. 19001230000120110056000. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
13. ACCIÓN DE TUTELA / Procedencia de la acción / Reparación administrativa /Vulneración del debido proceso y del derecho de petición. 19001230000420110053500. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
14. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Soldado herido por granada/ Tratamiento integral. 1900123000220110053100. MP/ Hilda Calvache Rojas.
15. ACCIÓN DE TUTELA/ Procesos de elección de representantes de comunidades negras ante el Consejo Directivo de la CRC/No se violentó el debido proceso. 19001230000420110162300. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
16. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia de la acción / No es el medio idóneo para reclamar la entrega de unos documentos requeridos dentro de una acción ordinaria. 19001230000320110054600. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
17. ACCIÓN DE TUTELA/ Cosa juzgada/ No puede haber nuevo pronunciamiento sobre lo ya juzgado. 19001230000320110055200. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
18. ACCIÓN DE TUTELA/Desplazados/ Ayudas humanitarias/Acción social debe acreditar probatoriamente la entrega de las ayudas. 19001230000220110051601. MP/ Hilda Calvache Rojas.
19. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud /recobros/No requiere orden del juez constitucional/La EPS debe adelantar el trámite administrativo. 19001230000420110035201. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
20. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/ Renovación de contratos a las ARS/ No opera cuando éstas hayan incurrido en mora superior a siete días calendario. 19001230000120040090500. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
21. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/ Convenio interadministrativo/ CRC y Universidad del Cauca/ Término de caducidad de la acción. 19001233100020050163600. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado
22. EJECUTIVO/ Las características de ejecución de los actos administrativos se perdieron por previa decisión judicial que declaró su nulidad/No es posible continuar con el proceso ejecutivo. 19001230000320080021601. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
23. REPARACIÓN DIRECTA/ ESMAD/ Actuaciones desmedidas en abuso de su investidura.
1901233100020060027900. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
24. REPARACIÓN DIRECTA / Acceso a vivienda / Convenio Municipio - Fondo Nacional Ahorro/No hay daño atribuible a ninguna de las partes. 20010213900 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
25. REPARACIÓN DIRECTA/Responsabilidad médica/Falta de diagnóstico oportuno /Daño a la salud / Responsabilidad del médico llamado en garantía/Requisitos. 19001230000020020182001. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
26. REPARACIÓN DIRECTA/ Caducidad de la acción/ Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia/Hurto de vehículo en manos de secuestre. 190012300004200500103400. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
27. REPARACIÓN DIRECTA/ Responsabilidad médica/Diagnóstico de estenosis válvula aórtica severa/falla del servicio por pérdida de oportunidad/ el hecho generador de responsabilidad está constituido por la omisión por parte de la entidad demandada en la realización de las intervenciones médicas ordenadas / La indemnización no puede ser plena, depende del caso concreto. 1900123000042005012301. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
28. REPARACIÓN DIRECTA/ Señalización de vías/Inexistencia de responsabilidad del Estado/ Imprudencia de conductor al estacionarse a recoger pasajeros. 190010000220030086901. MP/ Hilda Calvache Rojas.
29. REPARACIÓN DIRECTA/Responsabilidad del Estado por omisión/Características/Policiales que no evitaron golpiza a ciudadano. 190012300220050047001. MP/ Hilda Calvache Rojas.
30. REPARACIÓN DIRECTA/ Obras relacionadas con proyecto de vivienda de interés social/ Caducidad / Se cuenta desde que se cumplió el plazo para la entrega de las obras y no desde la fecha del acto administrativo en el que se declara el incumplimiento/Síntesis jurisprudencial sobre el inicio del término de caducidad. 19001230000320040170901. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
31. REPARACIÓN DIRECTA/ Falla en la prestación del servicio/Lesiones causadas por el Ejército a miembro de la Policía/No existió la debida coordinación de las fuerzas que hacían presencia en el área. 20070018600 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
32. REPARACIÓN DIRECTA/ Responsabilidad médica/ Inexistencia de Pérdida de oportunidad/La época de los exámenes médicos no es la llamada a explicar lo perdido, versus lo que se pudo haber esperado. 19001230000320050158801 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
33. REPARACIÓN DIRECTA/ Programa universitario sin el debido registro ICFES/Responsabilidad por omisión del Ministerio de Educación Nacional e ICFES. 19001230000420040049301 MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
34. REPARACIÓN DIRECTA/Culpa exclusiva de la víctima/ Muerte por vehículo recolector de basura. 19001230000020040224401 MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
35. REPARACIÓN DIRECTA/ Retén de la guerrilla/ Presunto enfrentamiento con el Ejército/No se demostró responsabilidad del Estado. 1900133310220050027801. MP/ Hilda Calvache Rojas.
36. REPETICIÓN/ Copia simple de sentencia condenatoria contra la Entidad no tiene valor probatorio/ La carga de la prueba sobre el elemento subjetivo de dolo o culpa que exige la repetición, debe ser probado por la Entidad demandante. 1900123000220050023701. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
37. REPETICIÓN/ Masacre de Los Uvos/Hubo configuración de dolo en la conducta desplegada por los precitados ex miembros del Ejército Nacional. 1900123156502003 065000. MP/ Hilda Calvache Rojas.
38. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Impuestos municipales/ Competencia del tesorero municipal no puede ser desconocida por el Alcalde/ Impuestos municipales/ Condena en costas/ Requisitos. 19001230000120050090000. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
39. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Insubsistencia de funcionario en provisionalidad de la Fiscalía General de la Nación/ El acto no requería ser motivado/ No se desvirtúo la presunción de legalidad del acto administrativo/ La sentencia de constitucionalidad que dispone la motivación del acto fue proferida de manera posterior a la expedición del acto acusado. 19001333100420050120301. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
40. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Procedimientos disciplinarios/Oficina de control Interno de Universidad/ Se respetó la garantía del debido proceso del disciplinado. 2006000950. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
41. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Asignación mensual de retiro de las Fuerzas Militares/Decreto Ley 4433 y 1213 de 1990. 190010000220070020701. MP/ Hilda Calvache Rojas.
42. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Pensiones/ Registrador municipal /deben incluirse todos los factores salariales que devengó en el último año de servicios /Errada aplicación del Decreto 1045 de 1978. 19001230000720070005501 MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
43. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Recurso de apelación/ El Ad quem no puede referirse a nuevos hechos y argumentos no argüidos en la primera instancia/ Vulneración del deber de lealtad entre las partes y derecho de defensa. 19001230000320060001101. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
44. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Reajuste de asignación de retiro/ Policía Nacional/Condiciones/Asignación de retiro/ Prestación imprescriptible/Mesadas pensiónales sí están sujetas a prescripción/ Los incrementos de la asignación de retiro y de pensión de los miembros de las fuerzas militares se hará por el sistema de oscilación. 190012300032007 0009001. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
45. ACLARACIÓN DE VOTO/ Al configurarse excepción de caducidad de la acción la decisión debió ser la negación de pretensiones y no fallo inhibitorio. 20080009000. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
46. ACLARACIÓN DE VOTO/ Indemnización a for fait/ Inexactitud del problema jurídico formulado en la sentencia. 2005008701. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
47. SALVAMENTO DE VOTO / Procesalmente no está permitido que un juez revoque sus propias sentencias (art. 309. C.P.C), y menos aún cuando éstas se encuentran ejecutoriadas. 20060001201. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
48. SALVAMENTO DE VOTO/ Acción de tutela/ Debió rechazarse la demanda de tutela por temeridad. 20110045500. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
49. ACLARACIÓN DE VOTO / El no haber vinculado a la Nación en la demanda, no da lugar al rechazo de la misma. 20110011400. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
50. SALVAMENTO DE VOTO/ No es necesario demandar el acto ficto resultante de un recurso de reposición, cuando el acto administrativo inicial fue expedido por el Alcalde. 19001230000420060042201. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
Sentencia: 17 de noviembre de 2011
Expediente: 19001333100620100043101
Tema tratado: Defensa de bienes de uso público/semáforos y señalizaciones/ Faltan elementos probatorios que demuestren la vulneración de derechos colectivos/Fotografías por sí solas, no son un medio de prueba válido.
“Revisado el expediente, se advierte que la parte demandante no aportó un elemento probatorio para demostrar idónea y válidamente el daño, la amenaza o la vulneración a los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda; únicamente se allegan unas fotos (Fls. 1 a 3 Cdno Ppal). Sobre su valor probatorio debe puntualizarse que tal como fueron presentadas en el proceso no pueden apreciarse por sí solas como un medio de prueba válido, debido a que aquellas sólo demuestran que se registró una imagen, pero no es posible determinar su origen, esto es, la autoría de las mismas, la ciudad y la época en que fueron tomadas, ni el lugar exacto al que efectivamente corresponden, toda vez que las fotografías no fueron objeto de reconocimiento ni de cotejo o contraste con otros medios de prueba dentro del proceso. Esta Sala se permite señalar que no es suficiente con observar unas fotos que no fueron tachadas de falsas por las entidades accionadas para dar por acreditado un supuesto de hecho, pues la jurisprudencia ha indicado que atendiendo el principio de unidad de la prueba se debe analizar si otros medios probatorios corroboran lo que muestran las imágenes”.
Sentencia: 04 de noviembre de 2011
Expediente: 20110054500
Tema tratado: Derecho de petición/Es improcedente presentar un derecho de petición por fuera del proceso ordinario para obtener documentos probatorios y, en consecuencia también es improcedente la acción de tutela como mecanismo para ordenar que se remitan unos documentos que van a ser valorados como pruebas en un asunto que ya se está debatiendo ante la Jurisdicción Administrativa.
“En el caso bajo estudio, se tiene que la actora mediante derecho de petición dirigido al Comandante del Batallón de Infantería No. 8 - Batalla de Pichincha – Cantón Nápoles – Tercera Brigada – Ejército Nacional (Fls. 4 y 5), pidió la remisión de los documentos solicitados como pruebas en el proceso ordinario adelantado en el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán, por los hechos ocurridos el día 6 de diciembre de 2008. Así, se observa que el objeto de la petición es lograr la obtención de unos documentos con destino a un proceso judicial ordinario, mecanismo que no resulta idóneo para lograr tal fin dado que la tutelante cuenta con los medios procesales al interior de la acción de reparación directa a efectos de lograr la consecución de la prueba y el mismo Juzgado es el que de acuerdo a las normas procesales decreta las pruebas que estime pertinentes, conducentes y necesarias, librando los respectivos oficios a las entidades que los tienen en su poder, según la información suministrada por la parte que pide la prueba. Ahora, si los documentos que según la tutela están en poder de la entidad demandada no son remitidos, el Juez cuenta con unos poderes para lograr el recaudo de la prueba conforme a los deberes y responsabilidades de las partes y sus apoderados (art. 71 C.P.C.).La Sala considera que en ese entendido en el proceso judicial es donde se debe analizar la procedencia de decretar y obtener las pruebas referidas en el escrito visible a folios 4 y 5 del expediente, siendo improcedente presentar un derecho de petición por fuera del proceso ordinario para obtener los documentos y en consecuencia también es improcedente la acción de tutela como mecanismo para ordenar que se remitan unos documentos que van a ser valorados como pruebas en un asunto que ya se está debatiendo ante la Jurisdicción Administrativa, teniendo en cuenta que existen otros mecanismos de defensa para lograr ese fin. Por ende, al interior del proceso judicial ordinario es donde se deben desplegar los diferentes mecanismos procesales para obtener las pruebas conforme a lo que indican las normas que regulan la materia y por ello se declarará la improcedencia del amparo solicitado”.
Sentencia: 11 de noviembre de 2011
Expediente: 19001230000420110055600
Tema tratado: Temeridad /A pesar de configurarse, no se impone sanción por presunción de ignorancia a favor del actor.
“Ahora, de conformidad con las pautas jurisprudenciales sobre la temeridad, así como los elementos de juicio que obran en el plenario, se tiene que los supuestos fácticos de las tutelas correspondientes a los expedientes acumulados no tienen diferencias sustanciales; existe identidad de objeto, pues las pretensiones y los derechos fundamentales invocados no difieren, se busca el pronunciamiento sobre el reconocimiento de la pensión con base en el acta de la junta médico laboral del 7 de febrero de 2011 y la protección de los derechos fundamentales de petición, a la igualdad y al debido proceso y las entidades accionadas pertenecen al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por lo que es claro que existe temeridad en el asunto estudiado por este Tribunal, dada la identidad de partes, causa petendi y objeto. Sin embargo, la conducta del actor no alcanza a merecer la imposición de sanción, toda vez que al presentar la acción de tutela en nombre propio puede presumirse la ignorancia del tutelante respecto del fenómeno de la temeridad y de las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico frente a dicha figura”.
Sentencia: 24 de noviembre de 2011
Expediente: 19001230000120110058000
Tema tratado: Desplazados / Ayudas humanitarias/ no se acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley para tal fin.
“Ahora, en relación con los beneficios que solicita le sean concedidos a través de la presente acción, la demandante indica que le han sido negados por las demandadas, sin embargo no refiere ni acredita haber presentado solicitudes para reclamar las ayudas humanitarias a las que afirma tener derecho. Aunado a ello, se tiene que en la relación de inscripciones a programas estatales de la señora QUINTERO, sólo aparecen tres vinculaciones: régimen subsidiado de salud, Familias en Acción y Bancarización de Familias en Acción (fl. 25-26); y que además no se encuentra inscrita en ninguna convocatoria a subsidios de vivienda (fl. 86). De lo cual se colige que no han sido radicadas solicitudes por la demandante en programas estatales diferentes a los ya relacionados. Así las cosas, se halla que la señora ANA MARÍA QUINTERO, además de haber seguido residiendo y recibiendo ayudas estatales en el municipio de Toribio-Cauca, de donde afirma haber sido expulsada; no ha realizado solicitudes formales de inclusión en otros programas estatales, como el de reparación directa, proyectos productivos y de subsidio de vivienda, de lo que deviene que no ha acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley para tal fin. En vista de ello, se denegará la acción impetrada”.
Sentencia: 28 de noviembre de 2011
Expediente: 19001230000220110057800
Tema tratado: Concurso de méritos/ Improcedencia/El fin de la tutela no es el de nulitar actos administrativos.
“Analizando el caso en tiempo y espacio, el actor hubiera podido demandar el acto que ordenó la Convocatoria No 001 de 2005 por no incluir todos los cargos a concurso, no pudiendo pretender a hoy que por la vía de acción de tutela se nulite dicho acto o los demás que se han generado durante el concurso de méritos, más aún cuando es de pleno conocimiento, la acción de tutela es de carácter residual y subsidiario y que actúa como mecanismo transitorio siempre y cuando se evidencie con la vulneración de los derechos fundamentales, un perjuicio irremediable, el cual debe ser probado por la parte que lo alega, y que en el caso de estudio no se expresa ni se demuestra. Para terminar, concluye la Sala, que para los casos en los que se pretenda controvertir actos administrativos de carácter general y abstracto, dentro de los cuales se ubican los actos propios del concurso de méritos, como es del caso, el competente es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y no la acción de tutela, la cual es incoada como mecanismo subsidiario y residual”.
Sentencia: 10 de noviembre de 2011
Expediente: 19001230000420110055300
Tema tratado: Improcedencia/ la tutela no puede suplir la inactividad del accionante en procesos contractuales/Convenio Municipio – INVIAS.
“(…) observa la Sala que el actor no ha solicitado aclaración o modificación de los pliegos de condiciones en las oportunidades consagradas para el efecto y tampoco asistió a la audiencia de aclaración de pliegos, por lo que ahora por vía de la tutela, acción subsidiaria y residual no puede suplir su inactividad y sustraerse de agotar los recursos y medios ordinarios. Ahora, esta inactividad refuerza la consideración sobre la falta de prueba del perjuicio irremediable, pues el actor no ha hecho uso de los recursos legales que le otorga el ordenamiento jurídico para exponer sus argumentos y así defender sus derechos si los considera vulnerados”.
Sentencia: 01 de noviembre de 2011
Expediente: 1900123000220110052700
Tema tratado: Improcedencia de la acción/ Problemas de humedad en predios colindantes/Debe acudirse a otras vías jurídicas.
“La accionante señala que su vivienda colinda con la infraestructura de INVIAS en la carrera 6 # 25 N 29, y que existe una humedad que pertenece a la accionada desde hace varios años produciéndole daños en las paredes, repellos, pintura, debilitamiento de muros, cerámicas, afectándola económicamente, fuera de ello le ha generado problemas de salud a quienes habitan el inmueble. Ha solicitado al accionado en dos oportunidades por escrito que le solucione el problema, pero ha recibido repuestas de manera negativa. En primera medida, el caso en estudio se trata de una perturbación y amparo al domicilio generada por una humedad en los muros que colindan entre el inmueble de la señora Bohórquez de Hidalgo y el INVIAS, situación que se ha venido presentando desde hace varios años, tal y como lo manifestó la accionante en su demanda. Para dar solución al conflicto mencionado, la accionante cuenta con otro medio de defensa correspondiendo a una querella civil de policía, que deberá ser presentada personalmente por el ofendido, el perjudicado o por su apoderado ante la máxima autoridad del Departamento del Cauca siendo el Alcalde Municipal, deberá cumplir con lo requerido por los procedimientos internos y por lo dispuesto por el Código Nacional de Policía; ahora, de encontrarse vencidos los términos, la accionante deberá acudir a una acción civil ante la Jurisdicción ordinaria”.
Sentencia: 09 de noviembre de 2011
Expediente: 19001233100120110046401
Tema tratado 1: Derecho a la salud Internos/ En segunda instancia se vinculó a la aseguradora de manera directa por el fallador/ En riesgo los derechos fundamentales de sujeto vulnerable.
“En consideración a que en la primera instancia no se vinculó a la Aseguradora Aurora S.A., esta Sala procedió a hacerlo de forma directa, sin la declaración de nulidad y el regreso del expediente al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán, debido a que en este caso, están en juego los derechos fundamentales de una persona que se encuentra en estado de vulnerabilidad, por cuanto está recluida en un establecimiento penitenciario, lo cual, hizo imperioso proceder con prontitud”.
Tema tratado 2: Derecho a la salud Internos/ El juez de instancia debe impartir la orden para cada una de las entidades vinculadas al proceso.
“El señor DIEGO MARÍA RIVERA, se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de la ciudad de Popayán EPCAMS, razón por la cual fue asegurado a CAPRECOM EPS-S, con la cual suscribió contrato el INPEC para asegurar la prestación de los servicios POS a la población que está bajo su custodia. El actor carece de la totalidad de sus piezas dentales, lo cual ha afectado ostensiblemente sus funciones orales. Afirma el demandante que solicitó ante la odontóloga del INPEC los implantes dentales, sin embargo, la funcionaria le respondió que dado que era un servicio de alto costo, ni CAPRECOM EPS ni el INPEC, podían suministrárselo. (…) En ese contexto, encuentra la Sala que las entidades demandadas han operado negligentemente en el caso del señor DIEGO MARÍA RIVERA, en tanto, sólo con la interposición de la presente acción de tutela, comenzaron a realizar las gestiones necesarias para poder lograr la rehabilitación oral del actor. Situación ésta que acredita la vulneración del derecho fundamental a la salud del demandante, que no sobra anotar, de manera alguna se ve limitado por su estado de privación de la libertad. (…) En ese sentido, si bien se comparte la decisión tomada en la primera instancia, en tanto la misma concedió el amparo de los derechos fundamentales del actor, se halla que la orden de protección no se podía impartir únicamente a CAPRECOM EPS, pues, ésta únicamente se encarga de prestar los servicios incluidos en el POS-S, y prescribir los no POS, a fin de que el INPEC inicie los trámites para contratar con cualquier IPS o profesional de la salud la prestación del servicio requerido por el interno, los cuales finalmente pagará la Aseguradora Aurora S.A. Es decir, debió impartir la orden a cada una de las entidades vinculadas al presente proceso”.
Expediente: 19001230000420110059600
Tema tratado: Derecho a la salud/ Procesos de desafiliación/Le corresponde a la EPS reportar la respectiva novedad / Hecho superado.
“…la Sala entiende que desde el mes de junio de 2011 el tutelante está gestionando su desafiliación e incluso se infiere que por una falta de orientación de la misma EPS S.O.S. ha presentado un derecho de petición ante el FOSYGA (fls. 3 a 5), cuando es a la EPS a la que le corresponde reportar la respectiva novedad pero esta última se ha sustraído de su obligación sin aclarar la situación del accionante; sin embargo, como se manifiesta en la contestación de la tutela, S.O.S el 10 de noviembre de 2011 ya procedió a reportar la desafiliación del tutelante. (fl. 31) En ese orden de ideas, si bien es cierto se demostró que para la época en que se instauró la presente acción, persistía la vulneración de los derechos fundamentales de petición, seguridad social, debido proceso y salud, en el trámite de la misma las accionadas allegaron prueba de haber atendido los requerimientos del actor al actualizar el sistema y reportarlo como desafiliado (fls. 34, 36 y 42 a 45), por lo que con fundamento en la jurisprudencia se establece que hay un hecho superado y se declarará la carencia actual de objeto”.
Sentencia: 23 de noviembre de 2011
Expediente: 19001230000420110003201
Tema tratado: Derecho a la salud/ Epilepsia / Eventos NO POS/A cargo de las entidades territoriales.
“De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta lo indicado sobre el síndrome convulsivo (epilepsia) en los acápites precedentes de esta providencia, se tiene que es una enfermedad que involucra la salud pública y en principio las actividades, procedimientos e intervenciones incluidas en el POS-S y en las normas técnicas (guías médicas) establecidas mediante el Acuerdo 117 de 1998 de forma obligatoria están a cargo de las Entidades Promotoras de Salud Subsidiada; sin embargo cuando se trate de procedimientos o medicamentos NO POS-S estarán a cargo de las entidades territoriales, de conformidad a lo establecido en la Ley 715 de 2001”.
Expediente: 19001230000120110057700
Tema tratado: Improcedencia de la acción/ Funciones de secuestres según Acuerdos PSAA10-7339 de octubre 6 de 2010 y PSAA10-7490 del 27 de octubre de 2010 del Consejo Superior de la Judicatura/ Las normas no afectan intereses particulares y concretos.
“Observa la Sala que los actos administrativos atacados por la accionante, esto es, los Acuerdos PSAA10-7339 de octubre 6 de 2010 y PSAA10-7490 del 27 de octubre de 2010, son actos de carácter impersonal y abstracto, puesto que la exigencia de una nueva póliza para garantizar la ejecución de las funciones de los secuestres no genera en sí misma, modificación alguna de una situación de carácter particular y concreto. Los acuerdos referidos, simplemente establecen unos requerimientos para la expedición de la licencia de secuestre por el Consejo Superior de la Judicatura. En tal sentido se tiene que la tutela impetrada es improcedente, por cuanto no puede intentarse que por medio de esta vía excepcional, y bajo la exposición de argumentos de índole económico, se modifique una norma que no afecta situaciones de carácter particular. Máxime, si se tiene de presente que la declaración de nulidad se debe solicitar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, frente a la cual se puede pedir la suspensión provisional del acto que se ataque en el auto admisorio de la demanda. Deviniendo entonces que existe un medio ordinario para absolver las pretensiones del accionante. De lo anterior, concluye la Sala que, en el caso objeto de análisis, la tutela impetrada por el señor GUILLERMO SALAS PERDOMO, no es procedente para lograr la protección de los derechos que denuncia como conculcados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA con ocasión de la expedición de los Acuerdos PSAA10-7339 de octubre 6 de 2010 y PSAA10-7490 del 27 de octubre de 2010”.
Sentencia: 15 de noviembre de 2011
Expediente: 19001230000120110056000
Tema Tratado: Improcedencia de la acción/ Reclamación de subsidio familiar ante el Ejército/ Debe acudirse a la vía ordinaria.
“Entiende la Sala que lo pretendido por el actor a través de la presente acción, es la obtención del subsidio familiar que le fue denegado en el oficio del 10 de marzo de 2011, acto administrativo que es demandable mediante la vía ordinaria. En tal sentido, se puede afirmar que en el presente caso la acción de tutela no es el medio judicial adecuado para la obtención del reconocimiento del subsidio solicitado; ya que, en el ordenamiento jurídico colombiano se ha previsto una acción que, según las condiciones del señor RODOLFO LÓPEZ JIMÉNEZ, es idónea y eficaz para reclamar los derechos que considere vulnerados por la entidad demandada, cual es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Ahora, no puede pretender el demandante que en la instancia de tutela se reviva una discusión que debió agotarse ante el juez natural. Lo anterior en razón a que la tutela, al tener un carácter subsidiario, surge como improcedente para la defensa efectiva de los derechos presuntamente vulnerados por la DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, pues ésta no tiene como finalidad alguna, pretermitir las vías judiciales ordinarias, y mucho menos revivir términos vencidos por la negligencia de los interesados. Tampoco se acredita la existencia de un perjuicio irremediable o amenaza inminente a un derecho fundamental que amerite la intervención del juez constitucional, toda vez que se encuentra en servicio activo en el Ejército devengando el respectivo salario, desvirtuándose así una vulneración al mínimo vital. Así las cosas, la Sala observa que la acción es improcedente, y por tanto procederá a declararlo”.
Expediente: 19001230000420110053500
Tema tratado: Procedencia de la acción/ Reparación administrativa /Vulneración del debido proceso y del derecho de petición.
“(…) la Sala encuentra que conforme lo indica la accionante y se acredita con el documento visible a folios 26 y 27 del expediente, el día 29 de agosto de 2008 se recibió en ACCIÓN SOCIAL – TERRITORIAL CAUCA la solicitud de reparación administrativa de la señora MIRYAN YATACUÉ aduciendo la desaparición forzada de su esposo, el señor ROBERTO ENRIQUE BASTIDAS MUÑOZ, en hechos perpetrados por grupos paramilitares. (…) Ante esta situación es procedente la acción de tutela debido a que la parte actora no cuenta con otro mecanismo judicial para lograr que se le resuelva la solicitud de reparación administrativa y como se determina que efectivamente se están violentando los derechos fundamentales al debido proceso y de petición, por retardar de manera injustificada los plazos legales para resolver la situación jurídica planteada, es del caso conceder el amparo solicitado”.
Expediente: 1900123000220110053100
Tema tratado: Derecho a la salud/ Soldado herido por granada/ Tratamiento integral.
“Si bien es cierto que la entidad accionada le ha prestado los servicios de salud al accionante desde su lesión (1996) y que al cumplir con ciertos trámites exigidos se le autorizó el lente de contacto en el año 2008, también lo es que en la actualidad, después de 15 años de lo sucedido, le exigen que diligencie un nuevo formulario para proceder a la autorización y entrega del lente de contacto, trámite que se efectúo hace cinco años, cuando el actor contaba con una edad de 35 años, situación que en percepción de la presente Sala, no es dable, por considerar que en primera medida se le está vulnerando de manera directa el derecho a la salud armonizado con el principio de la dignidad humana, proyectado como derecho fundamental, no sólo a vivir sino a llevar una vida en condiciones dignas, y como segunda, al accionante se le debe prestar tratamiento continuo e integral a su padecimiento, y más, cuando éste fue a causa de cumplir con su deber a la Patria, siendo responsabilidad expresa del Estado tal y como lo ha expresado la H. Corte Constitucional. Bajo estas conclusiones, el deber de garantizar la integridad personal de quienes prestan un servicio a la Patria como soldados en cumplimiento de una obligación constitucional y legal y en la que ejercen una actividad que por su naturaleza entraña riesgos, se encuentra en cabeza del Estado y cuando estos riesgos se materializan en un daño que genera una lesión física o síquica, el deber se traduce en la prestación integral de los servicios y en el de suministrar la totalidad de los medicamentos y tratamientos necesarios para el restablecimiento de su salud”.
Expediente: 19001230000420110162300
Tema tratado: Procesos de elección de representantes de comunidades negras ante el Consejo Directivo de la CRC/No se violentó el debido proceso.
“…para el momento en que la tutelante impetró esta acción constitucional -3 de noviembre de 2011, fl. 6- las condiciones fácticas eran diferentes y buscaba evitar que se continuara suspendiendo la elección de los representantes de las Comunidades Negras ante el Consejo Directivo de la C.R.C., procediendo a cumplir con su elección en los términos de la convocatoria del 28 de agosto de 2011. Sin embargo, a la fecha ya se llevó a cabo la elección e incluso la accionante fue una de las elegidas para representar a las Comunidades Negras, encontrando además que la tutelante está conforme con el proceso adelantado tal como se infiere de lo sucedido en la asamblea eleccionaria del 11 de noviembre de 2011 (fl. 59). Ante esta situación, para la Sala es razonable concluir que no hay una actual violación del derecho fundamental al debido proceso de la señora YOLANDA GARCÍA LUANGO, porque se infiere que se le respetaron sus garantías en el proceso de elección al punto que ella a la fecha es una de las elegidas para representar a las Comunidades Negras ante el Consejo Directivo de la C.R.C.”
Expediente: 19001230000320110054600
Tema tratado: Improcedencia de la acción / No es el medio idóneo para reclamar la entrega de unos documentos requeridos dentro de una acción ordinaria.
“(…) para el caso en concreto, la tutela no es el medio idóneo para reclamar la entrega de unos documentos requeridos dentro de una acción ordinaria, por cuanto se reitera, que la acción de tutela es de carácter residual y subsidiario, es decir, que sólo procede en aquellos eventos en los que no exista un instrumento constitucional o legal diferente. Si bien es cierto esta Corporación, en situación anterior consideró oportuna la intervención del Juez Constitucional para exigir a una entidad pública la entrega de unas pruebas documentales, este concepto hoy se recoge, por cuanto dentro del proceso ordinario, como lo es el referido por la actora, existe un plazo legal o periodo probatorio, a fin de recoger las pruebas bien sea solicitadas por las partes, o las pruebas de oficio, razón por la cual habiendo otro medio de defensa judicial, deja de ser la tutela el mecanismo idóneo para lograr esa protección, razón por la cual habrá de negarse la protección por improcedente”.
Expediente: 19001230000320110055200
Tema tratado: Cosa juzgada/ No puede haber nuevo pronunciamiento sobre lo ya juzgado.
“En este orden de ideas, es necesario precisar que con fundamento en la sentencia del 10 de mayo de 2010 proferida por esta Corporación, la cual niega tutelar los derechos fundamentales alegados, la Sala no se pronunciará nuevamente respecto de lo ya juzgado por este Tribunal, teniendo en cuenta que en aquella ocasión, el señor ALVARO ARNULFO IMBACHI BAOS alegó padecer stress postraumático como consecuencia de lo vivido por él, en el Ejército Nacional, solicitando en consecuencia valoración de la junta médico laboral por parte de la institución Estatal demandada, hecho que una vez más, pretende el actor le sea tutelado en la presente acción constitucional . Con fundamento en lo anterior, considera la Sala, que en el presente caso no existe una circunstancia relevante que claramente justifique la nueva solicitud de amparo, ya que la presente tutela no se fundamenta en un hecho nuevo, que amerite la protección de los derechos fundamentales alegados por el accionante. Ahora bien volverse a pronunciar sobre los mismos hechos desconocería completamente el fallo de tutela anterior, además que tal situación configura cosa juzgada, condición que amerita decir que no puede haber más de una tutela sobre los mismos hechos, tal como lo establece la Honorable Corte Constitucional”.
Sentencia: 22 de noviembre de 2011
Expediente: 19001230000220110051601
Tema tratado: Desplazados/ Ayudas humanitarias/Acción social debe acreditar probatoriamente la entrega de las ayudas.
“De lo aportado por el accionante se evidencia que es persona desplazada junto con su grupo familiar y que interpuso la denuncia ante la Fiscalía el 6 de julio de 2011 en la que indica que es desplazado por la violencia desde el 14 de septiembre de 2010. (fls 2 a 4). Aporta la denuncia realizada ante el cabildo indígena de Miranda Cauca de fecha 12 de septiembre de 2010 (fl. 6), en donde le entregan un certificado en el que indica que el actor hace parte de la comunidad indígena de la etnia PAEZ (fl. 8). Dentro del escrito de impugnación presentado por la entidad accionada a folio 50 señala que al actor se le ha entregado una ayuda el 13 de enero de 2011 por $1.035.000 y que se le autorizó una prórroga de la ayuda por valor de $780.000 con el turno 3D-174326, el cual se encuentra pendiente de entrega. De lo anterior no existe prueba que convalide dicha información, motivo que lleva a decidir que al accionante se le debe garantizar la totalidad de las ayudas humanitarias en su condición de desplazado, y que se encuentra debidamente acreditada a folios 2 al 8 de la demanda”.
Sentencia: 03 de noviembre de 2011
Expediente: 19001230000420110035201
Tema tratado: Derecho a la salud /recobros/No requiere orden del juez constitucional/La EPS debe adelantar el trámite administrativo.
Expediente: 19001230000120040090500
Tema tratado: Renovación de contratos a las ARS/ No opera cuando éstas hayan incurrido en mora superior a siete días calendario.
“De conformidad con el artículo 58 numeral 2º del Acuerdo 244 de 2003, los contratos suscritos a 1º de abril de 2003, podían ser prorrogados de manera automática, cumpliendo con los requisitos exigidos en dicha norma; el artículo 36 del Decreto 050 de 2003, estableció que en los eventos en que las Administradoras el Régimen Subsidiado hayan incurrido en mora superior a siete (7) días calendario respecto de las cuentas debidamente aceptadas, habiendo recibido oportunamente los recursos correspondientes a las UPC de su población afiliada, la entidad territorial podía abstenerse de celebrar nuevos contratos de aseguramiento o de renovar los ya existentes con las correspondientes Administradoras del Régimen Subsidiado. En este orden observa la Sala, que no obra en expediente prueba alguna que demuestre que la ARP ASMET SALUD, se encontraba a paz y salvo en los pagos, concretamente respecto a la deuda que presentaba con el Hospital Universitario San José de Popayán y el Hospital Susana López de Valencia, según lo señalado en los actos demandados, o si bien presentaba dicha mora, esta le era imputable al Municipio por la demora en la cancelación de los recursos correspondientes a las UPC de su población afiliada. En vista de lo anterior, como consecuencia del incumplimiento por parte de la entidad demandante, dada la mora frente a la red prestadora de servicios, el Municipio de Timbiqui estaba habilitado para abstenerse de contratar nuevamente la administración de los recursos del régimen subsidiado de conformidad con el artículo 36 del Decreto 050 de 2003”.
Expediente: 19001233100020050163600
Tema tratado: Convenio interadministrativo/ CRC y Universidad del Cauca/ Término de caducidad de la acción.
“La parte demandante interpone la presente acción de controversias contractuales con el propósito que se declare la nulidad absoluta del convenio No. 0549 de 15 de octubre de 2003, suscrito entre las partes. Efectivamente frente al asunto en debate, el artículo 136, numeral 10º del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, es lo suficientemente claro en consagrar que el término de caducidad, cuando se pretende la nulidad absoluta del contrato a través de la acción de controversias contractuales, es de 2 años contados a partir del día siguiente del perfeccionamiento del mismo. Es preciso aclarar que la vigencia del convenio No. 0549 de 2003, tenía como plazo 1 año contado a partir de su legalización. En este orden, el convenio No. 0549 de 2003, según la cláusula duodécima, “El presente convenio se entenderá perfeccionado con la suscripción de las partes”, es decir 15 de octubre de 2003, fecha en que se suscribió el mismo (Fl. 128 C. Principal). Resulta entonces evidente que, si se pretendía demandar la nulidad absoluta del convenio en acción contractual, la oportunidad para presentar la demanda era hasta el 16 de octubre de 2005, por lo tanto al ser presentada la misma el 02 de noviembre de 2005 (Fl. 199 C. principal), es decir por fuera de los 2 años que otorga la ley, ya había caducado la acción. En consecuencia, se declarará de oficio la caducidad de la acción en el presente asunto; y por tanto, se negaran las pretensiones”.
Acción: Ejecutivo
Expediente: 19001230000320080021601
Tema tratado: Las características de ejecución de los actos administrativos se perdieron por previa decisión judicial que declaró su nulidad/No es posible continuar con el proceso ejecutivo.
“La Sala se abstendrá de continuar con la ejecución, debido a que en providencia judicial se declaró la nulidad de los actos administrativos que sirven de título ejecutivo en el presente asunto. En efecto, el INVIAS pretende la ejecución de las sumas de dinero contenidas en la resolución 1236 de 3 de marzo de 2005, -confirmada en resolución 3883 de 19 de agosto de 2005, según se aclaró en resolución 4822 de 3 de octubre de 2005-, en la que se declaró el siniestro de estabilidad de la obra y se ordenó hacer efectiva la garantía y el pago de los perjuicios ocasionados, en el marco del contrato 1159 de 28 de diciembre de 1995, suscrito con el CONSORCIO EDGARDO NAVARRO VIVES – CONSTRUCCIONES CBG UNIVERSAL LTDA, y cuyas garantías fueron constituidas a través de pólizas de seguros expedidas por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. De dichas resoluciones se pidió, en acción de controversias contractuales, interpuesta por SEGUROS DEL ESTADO S.A., coadyuvada por CONSTRUCCIONES CBG LTDA., y EDGARDO NAVARRO VIVES, contra INVIAS, su declaratoria de nulidad y la consecuente devolución de las sumas de dinero pagadas. (…) Visto el expediente, se constata que la providencia no fue apelada. La Sala debe precisar que, al momento de interposición de la acción de la referencia, las resoluciones 001236 de marzo 31 de 2005, 003880 de 19 de agosto del mismo año y 004822 de octubre 3 de 2005, eran actos administrativos en firme, revestidos de presunción de legalidad y con carácter ejecutivo y ejecutorio, todo lo cual permitía su ejecución. Tales características se perdieron en virtud de la orden judicial relacionada, por lo que se imposibilita, en esta etapa procesal, continuar con la ejecución de las obligaciones contenidas en tales resoluciones”.
Expediente: 1901233100020060027900
Tema tratado: ESMAD/ Actuaciones desmedidas en abuso de su investidura.
“De las pruebas obrantes en el proceso, concluye la Sala que si bien el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD- perteneciente a la Policía Nacional, realizaban sus funciones el 13 de septiembre de 2005, con el propósito de evitar desmandes en la protesta adelantada por los corteros de caña en el Ingenio la Cabaña de Puerto Tejada- Cauca, su actuación inicialmente lícita rebasó lo normal, en cuanto su función era precisamente la de evitar que se produjeran disturbios, y si se presentaban tal como aconteció, su deber era repelerlos, pero no actuando de manera desmedida en abuso de su investidura, sino con los medios constitucionales y legales para los que han sido previa y oportunamente preparados, pero esto no se dio porque los uniformados finalmente agredieron a los manifestantes, entre ellos al demandante, con granadas de gas lacrimógeno, aspersores y “bolillos”, como se confirma con los testimonios anteriormente referidos, sin que se midieran las consecuencias de ello, desconociendo que su labor constitucional es la proteger a los residentes en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, con un fin primordial de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes convivan en paz. Precisamente, la autoridad policiva debe estar preparada para mantener el orden pero siempre respetando los derechos más caros a la persona humana, entre ellos el de su dignidad y el espacio de libertad que requiere la protesta misma, por lo que no pueden permitirse conductas, como estas en las que resulten personas lesionadas en su integridad ya que la sola condición de policías no los autoriza para utilizar sus medios de mando (bolillos) en contra de la humanidad de los asistentes”.
Expediente: 20010213900
Tema tratado: Acceso a vivienda / Convenio Municipio - Fondo Nacional Ahorro/No hay daño atribuible a ninguna de las partes.
“(…) no hay lugar a atribuir el daño alegado al FNA ni al municipio de Popayán. Lo anterior, porque el Fondo simplemente giró unos dineros, previo consentimiento y autorización de sus afiliados. El Municipio, en su función de canalizador de esos dineros, i) observó el cumplimiento de las condiciones previstas por el FNA y previstas en el convenio que suscribió con la Constructora Los Faroles, ii) hizo garantizar el destino de tales dineros, iii) y ejecutó las pólizas ante los siniestros ocurridos. Además, iii) nunca contrajo la obligación de construir las viviendas, iv) siempre actuó en forma ajustada a la ley y al contrato, en procura de la culminación del programa, y v) las prórrogas para este cometido las adoptó en el marco de su autonomía contractual”.
Expediente: 19001230000020020182001.
Tema tratado 1: Responsabilidad médica/Falta de diagnóstico oportuno.
“Para la Sala existe el nexo de causalidad entre la falta de atención de la fractura del actor y la posterior complicación, la que conllevó al reemplazo total de cadera, como medida terapéutica extrema dado la necrosis avascular del cuello femoral izquierdo en la medida que si la fractura de cadera no fue advertida el día de la evaluación, esto es el 2 de Noviembre del 2000, y por el contrario se ha dado de alta al actor, quien siguió su rutina de vida y por ello no recibió la atención debida a su quebranto, resulta evidente que el daño ocasionado en la salud, esto es la necrosis avascular del cuello femoral izquierdo es consecuencia directa de la falla en la prestación del servicio médico, que no usó todas las herramientas para precisar el diagnóstico, siendo la obligación hospitalaria dado que se trataba de un politraumatismo, por lo que ese daño deviene en imputable a la entidad demandada. Es bien claro que si la fractura se hubiera advertido a tiempo, mediante un diagnóstico precoz u oportuno, el paciente ha debido quedar hospitalizado y la cirugía practicada hubiera evitado el necrosamiento de la cabeza femoral izquierda, que es la complicación médica que ha surgido debido a su falta de atención, tal como lo dijo el dictamen pericial practicado en el proceso. Así la Sala concluye de manera categórica, que la omisión de una adecuada valoración, llevó a un errado diagnóstico, según el cual el actor se encontraba bien de salud, con una lesión de rodilla, sin advertir que tenía una fractura de cadera izquierda, lo que sin lugar a dudas influyó en la complicación clínica y finalmente a la cirugía donde se le ha realizado un trasplante de la cadera izquierda como forma remedial ante la necrosis de la cabeza femoral. Dado que se ha encontrado que hay un daño antijurídico atribuido a la entidad demandada, se pasa al estudio de la cuantificación del perjuicio”.
Tema tratado 2: Responsabilidad médica/Daño a la salud.
“En la demanda se ha solicitado el valor de 400 SMLMV a favor de William Fredy Samboni León, por concepto de la pérdida del goce fisiológico, al haber perdido totalmente la capacidad de disfrutar de actividades que suponen goce de la existencia, lo cual de acuerdo a la posición del Consejo de Estado en la sentencia del 14 de septiembre de 2011, Consejo Ponente, Enrique Gil Botero, expediente 19.031, corresponde al daño a la salud. Encuentra la Sala que de acuerdo con el dictamen pericial -fl. 196 cuaderno de pruebas -, las consecuencias físicas al haberse efectuado un reemplazo de cadera radican en la limitación para realizar actividades deportivas de alto rendimiento, saltos, deportes de contacto como fútbol o baloncesto. Que además pueden existir leves diferencias de longitud en sus miembros inferiores siendo la causa primaria la fractura de cadera. Así como la limitación de la movilidad en la cadera izquierda en comparación con la derecha, lo cual de acuerdo al criterio del perito, ocurre generalmente en toda fractura de cadera. Es así como existe un cambio en las condiciones físicas del actor y las cuales interfieren en su relación con el entorno, lo que implica que ese daño en la salud, altera sus condiciones de existencia, razón por la cual deberá ser indemnizado en la suma de CUARENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES”.
Tema tratado 3: Responsabilidad del médico llamado en garantía/Requisitos.
“Es claro entonces que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la cual juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permitirá deducir la responsabilidad del agente, ex agente estatal o particular en ejercicio de funciones públicas y, por ello, resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta. Concluye, la Sala que dentro del presente asunto el llamado en garantía no actuó con culpa grave y mucho menos en forma dolosa frente a la producción del daño, en el entendido que si bien se acreditó que el médico Dagoberto Gallego Zapata atendió a la víctima y fue quien lo valoró por traumatología, no existe prueba que demuestre que su comportamiento hubiere estado prevalido de la intención de producir las consecuencias nocivas que se generaron, puesto que del material probatorio allegado no puede arribarse a tal consideración y el hecho de no haber ordenado el examen que finalmente determinó con certeza el verdadero diagnóstico del actor no es suficiente para establecer que su actuar haya sido gravemente culposo”.
Expediente: 190012300004200500103400
Tema tratado: Caducidad de la acción/ Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia/Hurto de vehículo en manos de secuestre.
“Se puede deducir del líbelo demandatorio, que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia origen de la acción, se sustenta exclusivamente en el hurto del que fue objeto el vehículo de placas QEO-873, cuando éste se encontraba en manos de un Auxiliar de Justicia –Secuestre- designado dentro de un proceso ejecutivo que cursaba en un Despacho Judicial de este Distrito, automotor que fue posteriormente encontrado en un estado físico y técnico deplorable. Al carecer de valor probatorio los documentos aportados por la parte demandante para probar tales hechos, por haberse presentado en fotocopia simple, inevitablemente se tendrá que dar crédito a los argumentos fácticos esbozados en el acápite “HECHOS Y FALLA EN EL SERVICIO FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN” de la demanda, y de éstos se infiere que el mencionado hurto fue perpetrado el día 23 de junio del año 2002, ante la presunta negligencia y descuido del señor Secuestre, de tal manera, la acción debió incoarse a más tardar el día 23 de junio del año 2004. Ahora bien, si se da por cierto que la parte actora no tuvo conocimiento del hecho delictivo, lo que impide poner en marcha el término de caducidad en su contra, la misma parte se encarga de señalar que el automóvil fue recuperado el día 17 de septiembre del año 2002 por la Policía de Sotomayor, Nariño, y que fue posteriormente entregado en calidad de depósito, por solicitud de las partes, el día 11 de febrero del año 2003, así pues, a esta última fecha los propietarios de dicho automotor tenían pleno conocimiento, tanto de los hechos, como del estado físico en que se encontraba al momento de ser recuperado, y es, entonces, a partir del día siguiente que empieza a correr el término de caducidad, que por tanto venció el día 11 de febrero de 2005, sin embargo, como ya se mencionó, la demanda fue presentada el día 6 de julio de ese año, cuando la acción se encontraba más que caducada, siendo procedente para la Sala declarar de oficio la excepción de caducidad de la acción, y negar por tanto las pretensiones de la demanda. Como conclusión y para dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala encuentra que ha operado el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa impetrada por la parte demandante, y en consecuencia se deberán negar las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 1900123000042005012301
Tema tratado: Responsabilidad médica/Diagnóstico de estenosis válvula aórtica severa/falla del servicio por pérdida de oportunidad/ el hecho generador de responsabilidad está constituido por la omisión por parte de la entidad demandada en la realización de las intervenciones médicas ordenadas / La indemnización no puede ser plena, depende del caso concreto.
“Así las cosas, la Sala discrepa de la decisión del Juez de instancia en el entendido de que el régimen de responsabilidad aplicable es el de la falla probada del servicio médico y no la falla en el servicio medido por pérdida de oportunidad, por cuanto en el sub examine es claramente evidenciable que el hecho generador de responsabilidad está constituido por la omisión por parte de la entidad demandada en la realización de las intervenciones médicas ordenadas por el médico tratante al señor López Noguera, desconociendo de esta manera su deber constitucional de brindar una adecuada atención médica de manera oportuna y eficaz. De otra parte, la Sala recuerda que en casos donde el régimen de responsabilidad a aplicar sea el de la falla en el servicio médico por la pérdida de chance u oportunidad la indemnización no puede ser plena, sino que debe tener una relación con la pérdida de oportunidad del chance el cual debe ser valorado en cada caso en concreto de conformidad con las pruebas arrimadas al proceso”.
Expediente: 190010000220030086901
Tema tratado: Señalización de vías/Inexistencia de responsabilidad del Estado/ Imprudencia de conductor al estacionarse a recoger pasajeros.
“Todo lo anterior lleva a la Corporación a establecer que en efecto, en el escenario de los acontecimientos, la mala calidad del material con que se encontraba elaborado las cunetas, no fue la causa del accidente ocurrido al automotor, por el contrario la imprudencia del conductor al estacionarse sobre la cuneta a recoger pasajeros hizo que se produjera el hecho, por tanto queda descartada la existencia de una falla consistente en la omisión de señalización y en la mala calidad de los materiales con que estaba construidas las placas de concreto que recubrían la cuneta, lo cual lleva a concluir a la Sala, que la inobservancia de la normatividad al estacionarse en el sitio no permitido fue en últimas, la causa o circunstancia que finalmente determinó el resultado que ha dado lugar a la presente acción. No configurada la falla en la forma como se deja advertida, y teniéndose claro que correspondía a la parte demandante entrar a demostrar que el daño fue jurídicamente imputable al Estado, se concluye que no amerita reparo la argumentación construida por la Juez A quo en la sentencia recurrida, para deducir la no declaratoria de responsabilidad, situación que conlleva a concluir que no fue probada la omisión en cuya ocurrencia centró el demandante la causa eficiente del daño sufrido por el actor”.
Expediente: 190012300220050047001
Tema tratado: Responsabilidad del Estado por omisión/Características/Policiales que no evitaron golpiza a ciudadano.
“…respecto a la responsabilidad por omisión la doctrina distingue las omisiones en sentido laxo y las omisiones en sentido estricto, para considerar que las primeras están referidas al incumplimiento de los deberes de cuidado necesarios para prevenir un evento, de por sí previsible y evitable, cuando se ejerce una actividad. De este tipo serían, por ejemplo, las relacionadas con la falta de señalización de obstáculos que en la actividad de la construcción se dejan sobre una vía; en tanto que las segundas están relacionadas con el incumplimiento de una actuación a la cual se hallaba obligado el demandado, es decir, la omisión de una actuación que estaba en el deber de ejecutar y que podía impedir la ocurrencia de un hecho dañoso. El caso típico sería el del incumplimiento del deber de protección que el Estado debe brindar a las personas, que de haberse cumplido hubiera podido impedir la ocurrencia del hecho dañoso. En relación con las omisiones que bajo estos criterios se han denominado como de sentido restringido, se ha señalado que la responsabilidad del Estado se ve comprometida cuando se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño. Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión”.
Expediente: 19001230000320040170901
Tema tratado 1: Obras relacionadas con proyecto de vivienda de interés social/ Caducidad / Se cuenta desde que se cumplió el plazo para la entrega de las obras y no desde la fecha del acto administrativo en el que se declara el incumplimiento.
“La Sala confirmará el fallo apelado, pero bajo las consideraciones que se siguen, en las que se explica que el principio del término de caducidad de la acción de reparación directa intentada en razón a lo ocurrido con el programa de vivienda “Villa Hermosa del Norte”, es el día siguiente a cuando se cumplió el plazo para la entrega de las obras: 8 de enero de 2001, y no la fecha del acto administrativo en el que se declaró la ocurrencia de un siniestro de incumplimiento, como lo estimó la A quo. (…) Quiere la Sala anotar que el inicio del término de caducidad de la acción de reparación directa intentada se relaciona con la fecha del incumplimiento o no entrega de las obras del programa, pero no tiene relación con la fecha de los actos administrativos que declararon el siniestro de incumplimiento por el Municipio contra la Constructora. Al respecto, debe recalcar la Sala que una es la fecha en que se venció el plazo para la entrega de las obras, otra la fecha del acto administrativo que declaró el siniestro de incumplimiento, y otra es la fecha desde la cual inicia el término de caducidad de la acción. La relación que interesa a asuntos como el sub judice, es la que se traba entre la primera y la última, mientras que la segunda aparece aislada, por la siguiente razón: La declaratoria del siniestro puede ser efectuada por la administración dentro de los dos años siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro –Consejo de Estado, Sección Tercera, 22 de abril de 2009, radicado 14667-. Es decir, la fecha de los actos administrativos que declaran el siniestro de incumplimiento, dependen única y exclusivamente de la voluntad de la administración, en el lapso de dos años descrito. A todo lo cual no puede estar supeditada la caducidad de la acción de reparación directa de la referencia, en tanto que: El artículo 136.8 del CCA es claro y expreso en que el término de caducidad de la acción de reparación directa principia al día siguiente de ocurrencia del hecho, omisión, operación, entre otros. Bien pudo ocurrir que el Municipio no hubiera decretado el siniestro de incumplimiento, o que lo hubiera hecho cualquier día siguiente al conocimiento del siniestro, incluso en el primer día o en el último. O que, dentro del control del acto, en vía administrativa o judicial, hubiera sido revocado, modificado, declarado nulo, etcétera. En consecuencia, dado que en el sub judice es manifiesto el daño y la ubicación temporal en que ocurrió, 8 de enero de 2001, el término de caducidad de la acción principiará desde el día siguiente a dicha fecha, hasta los dos años siguientes. Como la demanda se interpuso el 5 de AGOSTO de 2004, la acción está por fuera del término de caducidad, por lo que procede la confirmación del fallo apelado”.
Tema tratado 2: Síntesis jurisprudencial sobre el inicio del término de caducidad.
“Para el inicio del término de caducidad, jurisprudencialmente se han diferenciado algunas hipótesis:
“1. El inicio del término de caducidad de la acción de reparación directa coincide con el de la ejecución del hecho, omisión u operación administrativa, ocupación temporal o permanente del inmueble.
“2. En los eventos en los que la producción o manifestación del daño no coincide con el acaecimiento de la actuación que les da origen, el término para accionar no debe empezar a contarse desde cuando se produjo la actuación causante del daño, sino desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo.
“3. Cuando el daño se presenta en forma continuada, el término de caducidad debe contarse desde el momento en que inicia su ocurrencia, aunque sus efectos se prolonguen en el tiempo.
“4. Cuando el daño por el cual se reclama indemnización proviene de una conducta omisiva de la Administración, la prolongación en el tiempo de esa actitud omisiva, característica que es connatural a la omisión, no conduce a concluir la inexistencia del término para intentar la acción; en este evento, tal término empezará a contarse a partir del día siguiente en que se consolidó la omisión, es decir, del momento en el cual se puede predicar el incumplimiento de un deber por parte de la Administración.
Expediente: 20070018600
Tema tratado: Falla en la prestación del servicio/Lesiones causadas por el Ejército a miembro de la Policía/No existió la debida coordinación de las fuerzas que hacían presencia en el área.
“De acuerdo con los lineamientos anteriormente expuestos, se tiene que para el caso concreto existe la responsabilidad estatal, por cuanto, como se anotó anteriormente, se encuentra demostrado que las lesiones ocasionadas al señor JORGE RODRIGUEZ TOBAR, fueron causadas por arma de dotación oficial de militares pertenecientes al Ejército Nacional, dado que las fuerzas armadas Policía y Ejército hacían presencia en el área, los primeros porque reaccionaban frente al secuestro del señor Leheman y los segundos porque se encontraban realizando operaciones en el área del municipio de Patía según se ha verificado con el insitop de fecha 13 de octubre del 2006, visible al folio 52 del C. de Pruebas, por lo que en el caso concreto, es evidente que estamos en presencia de una protuberante falla del servicio debido a que como consta en el informe del teniente FORERO JIMENEZ que se reprodujo en extenso, no existió la debida coordinación de las fuerzas que hacían presencia en el área, toda vez que mientras a la patrulla del GAULA se le dijo que podía avanzar, que el Ejército se encontraba como a dos horas de camino, lo cierto del caso es que ello no fue así, dado que miembros del Ejército se encontraban cerca del área y por la falla de las comunicaciones se dio el ataque, entre otras cosas por la acción precipitada de la persona que disparó en contra del patrullero Rodríguez Tobar. Para la Sala, es claro que como las lesiones ocasionadas al actor provienen de una falla en la prestación del mismo, el perjuicio causado escapa del denominado riesgo propio del servicio, situación que excede el riesgo natural del oficio policial y por tanto, es procedente la indemnización reclamada en su totalidad”.
Expediente: 19001230000320050158801
Tema tratado: Responsabilidad médica/ Inexistencia de Pérdida de oportunidad/La época de los exámenes médicos no es la llamada a explicar lo perdido, versus lo que se pudo haber esperado.
“El Juzgado Tercero, estimó que la teoría de la pérdida de oportunidad explicaba el nexo causal como elemento de la responsabilidad de las demandadas, entre el actuar o su omisión y la muerte de la señora Agredo. Ello contraría abiertamente la concepción que de tal teoría predica la jurisprudencia contenciosa administrativa, pues implica adoptarla como una explicación subsidiaria del nexo causal, cuando éste no se ha demostrado claramente, lo que proyecta un fallo significativamente erróneo. Ahora bien, respecto de la configuración de la pérdida de oportunidad en el caso concreto, cabe anotar que no se cumplen los requisitos que la hacen proceder, por las siguientes razones: No puede predicarse que la señora (…) mantendría, en un ALTO GRADO DE PROBABILIDAD la expectativa de obtener una ganancia o de evitar una pérdida, de habérsele hecho los exámenes ordenados, porque no se demostró cuánto implicó, en pérdida o ganancia, la no práctica de éstos, máxime cuando ERAN CONSECUENCIA, y no condición –para-, de un diagnóstico. La probabilidad de obtener una ventaja o de evitar un detrimento no se perdió en forma definitiva. Respecto del legrado o de la resonancia magnética ordenados, no interesa la época en que se hicieron o no se hicieron, sino el efecto o la utilidad que tenían en la salud de la paciente, bien para recuperarla o bien para alargarle la vida, que es la oportunidad señalada como pérdida. Y sobre el efecto o utilidad, ha de decirse, según lo arriba considerado, que el legrado no era un tratamiento siquiera pensable para la señora (…), debido al avanzado estado en que estaba su cáncer, y por su lado, la resonancia magnética nuclear buscaba una explicación a las dolencias de la columna de la paciente, las cuales cobraron sentido frente al cáncer previamente advertido. En consecuencia, la época de los exámenes no es la llamada a explicar lo perdido, versus lo que se pudo haber esperado”.
Expediente: 19001230000420040049301
Tema tratado: Programa universitario sin el debido registro ICFES/Responsabilidad por omisión del Ministerio de Educación Nacional e ICFES.
“Así pues, queda suficiente claro que las funciones de inspección y vigilancia en relación con la Educación Superior, están radicadas en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, por lo que el hecho dañoso en este evento, le es atribuible a título de omisión por no haber actuado oportunamente, permitiendo con su negligencia, el funcionamiento de la Universidad Libre Seccional Cali con extensión en la ciudad de Popayán, ofreciendo el programa de derecho sin el debido registro ante el ICFES. Por su parte, el ICFES colabora con el Ministerio de Educación Nacional en el cumplimiento de la función de inspección y vigilancia delegada por el Gobierno Nacional, así como también tiene la función de registrar los programas de pregrado y de especialización conforme al Decreto 837 de 1994, “Por el cual se establecen los requisitos para notificar e informar la creación y desarrollo de programas académicos de pregrado y de especialización de educación superior”, vigente para la época en que se dió apertura al programa de derecho en la Universidad Libre Seccional Cali, con extensión a Popayán. (…) la Entidad sólo verificó la información suministrada por la Universidad Libre en virtud de una queja presentada por los estudiantes en mayo de 1997 y sólo en ese momento se dio cuenta, a pesar de la información suministrada aproximadamente dos años atrás, de la falta de registros del programa que desarrollaba en la ciudad de Popayán, situación que, además, sólo se puso en conocimiento del Ministerio de Educación Nacional en el año 1998, es decir, casi tres años después de habérsele dado a conocer sobre la existencia del programa de pregrado en derecho de la Seccional Cali en extensión Popayán. Por ello, se considera que su actuación fue tardía incurriendo en una falla probada del servicio por lo que se reitera, existe mérito para atribuirle responsabilidad en la comisión del daño antijurídico enrostrado a las entidades demandadas”.
Expediente: 19001230000020040224401
Tema tratado: Culpa exclusiva de la víctima/ Muerte por vehículo recolector de basura.
“De esta manera, la causa determinante del daño es atribuible de manera exclusiva a la víctima quien de manera negligente se expuso al riesgo, puesto que no previó que el automotor causante del accidente podía continuar la marcha sin que se percatara de su presencia, desconociendo el deber de cuidado que le correspondía. En otras palabras, la causa eficiente del daño es la conducta negligente adoptada por la misma víctima, puesto que de manera irresponsable decidió guarecerse del sol debajo del vehículo recolector de basuras, hecho que resulta ilógico e imposible de prever por el conductor del camión y sus compañeros de labor quienes no podían siquiera inferir la conducta del afectado, en consecuencia se revocará la sentencia objeto de apelación por cuanto se configuró la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad”
Expediente: 1900133310220050027801
Tema tratado: Retén de la guerrilla/ Presunto enfrentamiento con el Ejército/No se demostró responsabilidad del Estado.
“(…) dentro de las pruebas no se logra establecer la presencia efectiva del ejército en ese instante ya que ninguna de las testigos vio a un uniformado en la escena, solo se limitan a realizar simples conjeturas sobre quien pudo ser los sujetos con los cuales se enfrentó la guerrilla, inconsistencias éstas, como las que se ven en las declaraciones rendidas por las señoras María DEL CARMEN URIBE CHAMORRO , quien dice que el enfrentamiento sucedió después que apareció el ejército y ALFA OMEGA URIBE dice que ya había enfrentamientos en la zona. Todo esto hace que se configure una causal de exoneración de responsabilidad de parte del Estado. Así las cosas, la Sala encuentra que la sentencia recurrida merece confirmación, por cuanto no aparece demostrado el daño especial que la parte actora alega como criterio para generar la responsabilidad, y tampoco aparece en parte alguna título de imputación que pudiera vincular directa y definitivamente al Estado en la producción del daño para dar aplicación al régimen de riesgo excepcional”.
TÍTULO 36
Acción: Repetición
Expediente: 1900123000220050023701
Tema tratado 1: Copia simple de sentencia condenatoria contra la Entidad no tiene valor probatorio.
“No obstante que el A quo encontró probado que contra la Policía Nacional se impuso una condena por los hechos ocurridos el 15 de mayo de 1999, cuando en las inmediaciones del barrio Retiro Bajo de la ciudad de Popayán, el señor agente activo de la Institución Revelo Vallejo, conduciendo un vehículo de la misma Institución, atropelló a un ciudadano, la Sala debe iterar que es posición reiterada de la jurisprudencia contenciosa administrativa, que las copias simples no tienen valor probatorio. Incluso, ha predicado dicha particularidad, de las copias simples de providencias judiciales que se pretenden hacer valer en un asunto de repetición (…) Dado lo anterior, es menester señalar que dichas copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil”.
Tema tratado 2: La carga de la prueba sobre el elemento subjetivo de dolo o culpa que exige la repetición, debe ser probado por la Entidad demandante.
“Según la regla general del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, por lo que resulta razonable que en el caso de la acción de repetición sea la entidad demandante la que tenga que demostrar los elementos de dicha acción. (…) La facultad oficiosa que el A quo se vería abocado a ejercer para declarar tales pruebas, no está llamada a suplir las falencias probatorias de las partes. El artículo 169 del CCA faculta al juez contencioso administrativo para que de oficio decrete pruebas, con el fin de esclarecer la verdad o puntos oscuros o dudosos de la contienda. Por su lado, el Consejo de Estado ha delimitado esa facultad, en el sentido de cuidar que con su ejercicio no se rompa el equilibrio probatorio de las partes, y el juez supla la inactividad probatoria de éstas”.
TÍTULO 37
Expediente: 1900123156502003065000
Tema tratado: Masacre de Los Uvos/Hubo configuración de dolo en la conducta desplegada por los precitados ex miembros del Ejército Nacional.
“Así las cosas, forzoso resulta concluir que en el presente caso se configuró el dolo en la conducta desplegada por los precitados ex miembros del Ejército Nacional y, en consecuencia, para la Sala se encuentra configurado el derecho que tiene la Entidad, Ministerio de Defensa Ejército Nacional, a que se le devuelvan los valores pagados en cumplimiento de la sentencia impuesta por esta Corporación a los señores (….) en cumplimiento del fallo de 16 de diciembre de 1997, y en obedecimiento a la conciliación proferida el 5 de octubre de 2000, por el Tribunal Administrativo del Cauca, demandante (….), proceso No 2000393000, por lo que se accederá a las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 19001230000120050090000
Tema tratado 1: Impuestos municipales/ competencia del tesorero municipal no puede ser desconocida por el Alcalde.
“La Sala comparte y acoge la posición del alto tribunal, pues considera que la competencia funcional que en materia tributaria le fue asignada al tesorero municipal en una norma estatutaria, no puede ser desconocida y reemplazada por el alcalde, anteponiendo como justificación su condición de superior jerárquico y su calidad de administrador del municipio, tampoco es argumento válido el hecho de que el asunto decidido sea de contenido económico de importancia para el Municipio, como lo argumenta la parte demandada. En este caso, tanto la resolución que impone la sanción a la Empresa de Energía del Pacífico por no presentar la declaración del ICA y complementarios correspondiente al año gravable 2000, como la resolución que resuelve el recurso de reconsideración y confirma la sanción, es expedida por el Alcalde Municipal de Morales, es decir, un funcionario distinto, al que la norma estatutaria de carácter local, le asignó el conocimiento. La parte demandada acepta tal circunstancia, sin embargo pretende justificarla con argumentos que no son de recibo para la Sala, puesto que, la norma que fija la competencia no establece excepciones, de manera que no caben las interpretaciones sustentadas en consideraciones subjetivas acerca del contenido de la decisión o jerárquicas para darle a la norma un sentido que no tiene. Lo anterior es suficiente para concluir que los actos demandados están viciados de nulidad por falta de competencia del funcionario que los expidió y por tanto, se hace innecesario estudiar los demás cargos expuestos en la demanda. A título de restablecimiento del derecho se declarará que la empresa demandante no está obligada a pagar la sanción impuesta y confirmada en los actos demandados”.
Tema tratado 2: Impuestos municipales/ Condena en costas/ Requisitos.
“Por último, respecto de la solicitud de condena en costas a la parte vencida, es preciso anotar que la jurisprudencia contencioso administrativa ha interpretado el artículo 171 del C.C.A., en el sentido de que el juez administrativo debe hacer una valoración subjetiva respecto de la conducta asumida por aquella, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Que la demanda o su oposición sean temerarias, porque no asiste a quien la presenta un fundamento razonable.
2. Que haya existido de su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de pruebas.
3. Que se hayan interpuesto recursos con un interés meramente dilatorio
“En este caso, no se advierte la existencia de ninguno de los anteriores supuestos, en consecuencia no se condenará en costas a la parte demandada”.
TÍTULO 39
Expediente: 19001333100420050120301
Tema tratado: Insubsistencia de funcionario en provisionalidad de la Fiscalía General de la Nación/ El acto no requería ser motivado/ No se desvirtúo la presunción de legalidad del acto administrativo/ La sentencia de constitucionalidad que dispone la motivación del acto fue proferida de manera posterior a la expedición del acto acusado.
“En conclusión, en el caso en concreto, no era obligatorio para la entidad demandada, motivar el acto administrativo por medio del cual declaró insubsistente al demandante, dado que su nombramiento era en provisionalidad, ya que la sentencia de constitucionalidad que así lo dispone fue proferida de manera posterior a la expedición del acto acusado, razón por la cual para desvirtuar la legalidad del mismo, la parte actora debió probar la desviación de poder alegada, sin embargo, no lo hizo, por cuanto del plenario probatorio obrante en el proceso no es posible determinar de manera fehaciente que aquel hubiese sido expedido por motivos diferentes a los del mejoramiento del servicio. Como quiera que el actor no había sido nombrado en ninguno de los cargos que ocupó en la Fiscalía General de la Nación en carrera administrativa, pues no consta que su nombramiento haya sido el resultado de un concurso de méritos cosa que en el caso de autos no se discute y, teniendo en cuenta que el acto de insubsistencia es considerado como aquella decisión que se produce en ejercicio de la facultad discrecional del nominador para remover a un servidor de la entidad, quien podía, ciertamente y de manera legal en ejercicio de esa facultad, dejar sin efecto el nombramiento realizado, por cuanto la ley presume que tal medida se aplica en aras de mejorar el servicio. Así pues, le asistía al administrado desvirtuar dicha presunción en el sentido de evidenciar que los motivos del nominador al declararlo insubsistente no fueron las razones del servicio, sino un capricho de sus intereses particulares, situación que no se logró demostrar en el caso bajo estudio, ni demostró que el empleo que ocupaba era de carrera”.
TÍTULO 40
Expediente: 20060009501
Tema tratado: Procedimientos disciplinarios/Oficina de control Interno de Universidad/ Se respetó la garantía del debido proceso del disciplinado.
“….encuentra la Sala que la respuesta al mismo es negativa, ya que la investigación que se adelantó por parte del Jefe de Control Interno Disciplinario en contra de la señora (…) se hizo conforme a la normatividad vigente y por ello no se encontró vulnerada la garantía del debido proceso, por desconocimiento de los términos procesales, ni por la violación del principio de la doble instancia, por cuanto se cumplió con todas las etapas previstas para el proceso disciplinario; además que quien resolvió el recurso de apelación fue el rector de la Universidad del Cauca, el competente para desatar la segunda instancia. De acuerdo a lo anterior, la Sala, confirmará la sentencia de primera instancia., por cuanto no se encontró vulnerado el debido proceso del actor en la investigación disciplinaria adelantada en su contra”.
TÍTULO 41
Expediente: 190010000220070020701
Tema tratado: Asignación mensual de retiro de las Fuerzas Militares/Decreto Ley 4433 y 1213 de 1990
“Así las cosas, se tiene que sólo quien se ajuste a los requerimientos antes señalados podrá acceder a las garantías previstas en el artículo 2º del Decreto Ley 4433 y en consecuencia podrá hacerse acreedor al reconocimiento de la asignación mensual de retiro en los términos del artículo 104 del Decreto Ley 1213 de 1990. Vistas así las cosas, se puede establecer con meridiana claridad que en el caso sub judice uno de los requisitos fundamentales para obtener la asignación de retiro es acreditar 20 años de servicio cuando se ha solicitado expresamente su desvinculación, teniendo en cuenta que el señor Castaño Villa solicitó de manera voluntaria su desvinculación de la Entidad, y que al momento de su retiro contaba con 16 años, 4 meses y 10 días, de servicio, tal situación no lo hace beneficiario de dicha asignación en los términos del artículo 104 del Decreto 1213 de 1990. Las anteriores consideraciones permiten a la Sala contar con elementos suficientes para despachar negativamente las pretensiones contenidas en la apelación”.
TÍTULO 42
Sentencia: 29 de noviembre de 2011
Expediente: 19001230000720070005501
Tema tratado: Pensiones/ Registrador municipal /deben incluirse todos los factores salariales que devengó en el último año de servicios /Errada aplicación del Decreto 1045 de 1978.
“Se comprobó que el señor Pablo Reinerio Pino Ruiz laboró como Registrador Municipal, que adquirió su estatus jurídico pensionable en marzo de 1994, y que no es beneficiario del régimen especial previsto en el decreto 603 de 1997, por lo que su régimen pensional corresponde al previsto en las leyes 33 y 62 de 1985. Que en consecuencia, y en atención a la jurisprudencia del Consejo de Estado, para la liquidación de su pensión de jubilación deben incluirse todos los factores salariales que devengó en el último año de servicios, en especial, la prima de navidad, que no fue tenida en cuenta por Cajanal en los actos demandados, con excepción de la prima electoral –excluida expresamente por la ley como factor salarial-. (…) En consecuencia, debe modificarse la sentencia apelada, en el sentido de que la liquidación de la pensión del señor Pino Ruiz debe hacerse con la inclusión de todos los factores salariales que devengó en el último año de servicios, en especial, la prima de navidad, y con exclusión de la prima electoral, según lo considerado. Y eliminar de esa forma, la errada aplicación que para esos efectos la A quo predicó del decreto 1045 de 1978. Además, deberá incluirse que se proceda a hacer los descuentos correspondientes, sobre los factores de los que no se hayan hecho las cotizaciones, de forma que no se impida el goce del derecho pensional del trabajador”.
TÍTULO 43
Expediente: 19001230000320060001101
Tema tratado: Recurso de apelación/ El Ad quem no puede referirse a nuevos hechos y argumentos no argüidos en la primera instancia/ Vulneración del deber de lealtad entre las partes y derecho de defensa.
“Conforme a la normativa procesal, el recurso de apelación tiene como objeto la revisión de la sentencia de primera instancia, para ser revocada, confirmada o modificada. Empero, el recurso de alzada no es la oportunidad para invocar aspectos ajenos al debate iniciado con la demanda y analizado en la sentencia, pues, la impetración de elementos fácticos y/o jurídicos diferentes a los de la demanda, viola el deber de lealtad entre las partes, quebranta el derecho de defensa de la demandada y desnaturaliza el objeto de la apelación. Todo esto, porque el cargo o hecho nuevo aducido ausente en la demanda, pero invocado en el recurso de apelación, no fue controvertido por la contraparte, pues ésta defiende la legalidad del acto administrativo según el marco trazado en la demanda; y por su parte, no es un asunto analizado por el A quo, por lo que el pronunciamiento que hiciera el Ad quem, sería un pronunciamiento por primera vez sobre él. Lo anterior implica dejar incólume la sentencia de primera instancia, debido a que el recurso de apelación intentado, i) no contiene un cuestionamiento directo contra las razones de la sentencia de primera instancia, ii) sino que agregó al proceso un nuevo cargo contra el acto administrativo demandado, que no fue objeto de contradicción y sobre el que la Sala en su función de Ad quem no puede pronunciarse por primera vez”.
TÍTULO 44
Expediente: 1900123000320070009001
Tema tratado 1: Reajuste de asignación de retiro/ Policía Nacional/Condiciones.
“Sin lugar a dudas, del estudio de la normatividad precedente se concluye que es pertinente aplicar al personal de la Fuerza Pública (Policía Nacional) los beneficios estipulados en los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993, bajo el amparo de la Ley 238 de 1995 en virtud de la cual se adicionó el parágrafo 4 del Artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que estableció expresamente que “las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993, para los pensionados de los sectores de la Fuerza Pública, entre los que se hayan incluidos los miembros de la Policía Nacional. Ahora, la Sala discrepa de la decisión del juez de instancia consistente en reajustar la asignación de retiro del actor desde 1.998, por cuanto solamente hasta el 20 de noviembre de 1.998, al actor le fue reconocida esta prestación y empezó a disfrutarla desde el 16 de diciembre de ese año según documentos obrantes a folios 11 a 14 del cuaderno principal, por tanto, la asignación de retiro solamente se reajustó a partir de 1.999, así las cosas se modificará el numeral segundo de la sentencia consultada.
Tema tratado 2: Asignación de retiro/ Prestación imprescriptible/Mesadas pensiónales sí están sujetas a prescripción/ Los incrementos de la asignación de retiro y de pensión de los miembros de las fuerzas militares se hará por el sistema de oscilación.
“De otra parte, estudiando el tema de la prescripción para el caso objeto de litigio y como bien lo dijo el Juzgado de Conocimiento, las asignaciones de retiro, son prestaciones imprescriptibles, por ello su reconocimiento puede ser solicitado en cualquier tiempo, pero no ocurre lo mismo con las mesadas pensiónales que no se hallan amparadas por esta excepción y por el contrario se subsumen dentro del régimen prescrito establecido para los derechos laborales que conforme al artículo 113 del Decreto 1290 antes trascrito, es de 4 años, término con los que cuenta el interesado o beneficiario para reclamar ante la administración el derecho laboral. Así las cosas, tenemos que el actor por medio de petición del 1 de diciembre de 2.006, solicitó la reliquidación y pago de la asignación mensual de retiro tomándose como base los incrementos anuales de acuerdo con el IPC y dando aplicabilidad a lo establecido en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, referido mediante jurisprudencia de febrero de 2009, encuentra la Sala que las mesadas causadas antes del 1 de diciembre de 2002 se encuentran prescritas, por lo que el fallo consultado se encuentra igualmente ajustado a derecho en este aspecto. Es decir que la Entidad demandada deberá pagar al accionante las diferencias que resulten entre el reajuste que se le ha reconocido con fundamento en el principio de la oscilación y lo que se le debe reconocer de acuerdo a los índices de precios al Consumidor IPC, para el año 2002, desde el 1 de diciembre de 2002 hasta el año 2004, debido que a partir del primero (1) de enero de 2005 entró en vigencia el Decreto 4433 de 2004, que taxativamente expresó que los incrementos de la asignación de retiro y de pensión de los miembros de las fuerzas militares se hará por el Sistema de Oscilación”.
TÍTULO 45
Acción: Aclaración de voto
Expediente: 2005008701
Tema tratado: Indemnización a for fait/ Inexactitud del problema jurídico formulado en la sentencia.
“Si se pregunta: es posible reclamar indemnización de perjuicios por los familiares de un ex miembro de la Policía Nacional o la Entidad, por el fallecimiento del mismo, cuando ha sido reconocida indemnización a for fait?, la respuesta sería sí, si se analiza desde el punto de vista procesal, porque la esfera de las pretensiones es un campo que depende de la voluntad del demandante, y nada impide que incluya las que considere pertinentes en la demanda”.
TÍTULO 46
Acción: Salvamento de voto
Expediente: 20110045500
Tema tratado: Acción de tutela/ Debió rechazarse la demanda de tutela por temeridad.
“Si bien, la temeridad no aparece expresamente dentro de las causales de improcedencia de la tutela establecidas en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, lo cierto, es que la práctica judicial de la Corte Constitucional en sus procesos de revisión de tutelas, seguida por jueces y tribunales en sede constitucional, ha sido la de incorporar el análisis de la temeridad previamente a adentrarse al estudio de fondo del asunto sometido a estudio, de resultar positivo dicho test, implica que el mismo ya fue resuelto por un juez anterior (cosa juzgada constitucional), y en consecuencia la acción debe rechazarse por agotamiento del medio judicial
TÍTULO 47
Expediente: 20060001201
Tema tratado: Procesalmente no está permitido que un juez revoque sus propias sentencias (art. 309. C.P.C), y menos aún, cuando éstas se encuentran ejecutoriadas.
“En primer término, no puedo pasar por alto, el procedimiento anti técnico que utilizó el juez para resolver el asunto sometido a su consideración, Si bien es criterio aceptado entre la jurisdicción contenciosa que el juez está facultado y tiene el deber de subsanar errores cometidos dentro del proceso, y evitar decisiones que violen el ordenamiento legal y constitucional, debe hacerlo conforme al procedimiento y en las oportunidades que las normas procesales le fijan. Procesalmente no está permitido que un juez revoque sus propias sentencias (art. 309. C.P.C), y menos aún cuando ésta se encuentra ejecutoriada, bajo la argumentación de que no hizo una correcta valoración de los hechos al momento de proferir mandamiento de pago, pues tal como lo establece el artículo 145 ibídem en cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe”.
TÍTULO 48
Expediente: 20080009000
Tema tratado: Al configurarse excepción de caducidad de la acción la decisión debió ser la negación de pretensiones y no fallo inhibitorio.
“Mi aclaración de voto, es en relación con el efecto que tiene la caducidad en la definición del proceso. En mi criterio, ésta por ser una excepción de mérito, enerva las pretensiones de la demanda, puesto que impide proponer una nueva demanda entre las mismas partes, los mismos hechos e idéntico objeto, así mismo releva a la Sala de verificar otros requisitos procesales de la demanda. (…) En aplicación del anterior criterio jurisprudencial, considero que se debió denegar las pretensiones de la demanda, en vez de declararse la Sala inhibida de fallar el fondo del asunto”.
TÍTULO 49
Expediente: 20110011400
Tema tratado: El no haber vinculado a la Nación en la demanda, no da lugar al rechazo de la misma.
“En mi criterio, la revocatoria de la providencia es procedente, en atención a que el rechazo no se fundamenta en un aspecto meramente formal. El tema de si está correcto o no el nombre de la entidad hacía quien se dirige la demanda, es un aspecto formal, que si bien puede ser destacado por el juez para que sea corregido, tal circunstancia no le impide adelantar el proceso y decidir en la sentencia si se acreditó o no adecuadamente la legitimación procesal y material. Si el demandante considera que en este caso debe vincular como demandada a la Nación, al estimar la dependencia presupuestal de la Caja respecto de esta, es una interpretación jurídica que no puede ser rechazada al inicio del proceso. Tal como lo ha manifestado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo de Estado, los requisitos meramente formales deben ceder ante el principio constitucional de acceso a la administración de justicia”.
TÍTULO 50
Expediente: 19001230000420060042201
Tema tratado: No es necesario demandar el acto ficto resultante de un recurso de reposición, cuando el acto administrativo inicial fue expedido por el Alcalde.
“El argumento de la Sala, consiste en que no se demandó el acto ficto o presunto, resultante del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 365 de mayo 29 de 2004. En vista de que la citada resolución fue proferida por el Alcalde del Municipio, máxima autoridad del ente demandado, conforme al artículo 51 del C.C.A. tal recurso no era necesario para agotar vía gubernativa y demandar la resolución. Si de la interposición del recurso hubiere resultado un acto administrativo posterior modificando la primera decisión, sí era perentorio que se incorporará a la demanda, pero como tal situación no se dio, el silencio de la administración no tiene ningún efecto práctico para el control de legalidad del acto demandado; además, por disposición del artículo 60 ibídem, la administración perdió competencia para pronunciarse sobre el acto demandando, una vez presentada la demanda”.
Sentencia: 05 septiembre de 2011
Expediente: T- 3.057.808
Número sentencia: T-655/11
Tema tratado: Procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares.
“Ante la inminencia del perjuicio ocasionado por la negligencia del demandado y la inactividad de las entidades administrativas a que se acudió, la Corte protegió los derechos fundamentales a la vivienda digna, al trabajo y a la salud de los demandantes, con ocasión de la construcción del edificio Puerta del Sol de propiedad del señor Héctor Alirio Forero Quintero por cuanto con ella, ocasionó daños irreparables en los inmuebles de los afectados, al punto que tuvieron que abandonarlos dada la inminente amenaza de ruina, lo que se tradujo en la vulneración flagrante de sus derechos”.
Sentencia: 20 septiembre de 2011
Expediente: T-3.066.242.
Número sentencia: T-694/11
Tema tratado: Procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho fundamental de la educación para las personas con discapacidad.
“La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación en el componente de acceso y calidad de María Victoria Sánchez Giraldo y, ordenó a la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas que, realice las gestiones pertinentes para que la menor sea incluida de manera efectiva en el Proyecto denominado “Caldas Camina hacia la Inclusión” y en consecuencia, empiece a recibir la educación requerida de manera integral y continua, de acuerdo a la discapacidad que presenta ¨hipoacusia neurosensorial bilateral profunda¨. Para lo anterior, el Departamento deberá contratar con una institución particular que preste el servicio de educación especial cerca al lugar de residencia de la accionante, por el tiempo que sea indispensable y hasta tanto, esté en capacidad de ofrecer la atención requerida en un centro de educación especial oficial o con el cual el Departamento tenga convenio en el Municipio de Chinchiná. La acción de tutela debe ser concedida en aquellos casos en los que las personas con discapacidad son privadas o no se les brinda oportuna y adecuadamente el acceso a su derecho fundamental de educación, contraviniendo el mandato de progresividad y de inmediatez que el mismo tiene”.