Source: http://justiciasincorrupcion.blogspot.com/2008/12/diarios-peruanos-informan-de-denuncia_31.html
Timestamp: 2018-06-23 15:26:57
Document Index: 339780384

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 100', 'artículo 38', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 38', 'artículo 45', 'artículo 139', 'artículo 89']

justiciasincorrupcion: DIARIOS PERUANOS INFORMAN DE DENUNCIA CONSTITUCIONAL DECLARADA PROCEDENTE CONTRA ABUSIVO FISCAL SUPREMO
DIARIOS PERUANOS INFORMAN DE DENUNCIA CONSTITUCIONAL DECLARADA PROCEDENTE CONTRA ABUSIVO FISCAL SUPREMO
Diarios peruanos han publicado la noticia en donde se declara PROCEDEdenuncia constitucional interpuesta contra uno de los principales responsablbles del gigantesco incremento de la corrupcion en el Perú, contra el abusivo y prevaricador Fiscal Supremo Percy Peñaranda Portugal, por los Delitos de abuso de autoridad y Prevaricato, como se puede leer en:
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN CIERNES
Admiten denuncia contra Gustavo Espinoza
Será investigado por entregar video de Donayre a legisladores chilenos.
Subcomisión tiene 15 días para entregar informe sobre estos casos
Otras denuncias aprobadas son contra los fiscales supremos José Antonio Peláez, Miguel Ángel Cáceres y Percy Peñaranda Portugal.
La Comisión Permanente del Congreso autorizó ayer, por mayoría, dar trámite a cinco acusaciones constitucionales, entre las cuales destacan las interpuestas contra el suspendido congresista Gustavo Espinoza; el ex primer ministro, Jorge del Castillo; el ex ministro de Economía, Luis Carranza; así como contra varios vocales y fiscales supremos, cuyos casos serán investigados.
A iniciativa del presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, se acordó dar 15 días útiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice las investigaciones correspondientes y presente los informes finales a la Comisión Permanente.
Salvo la reserva del congresista oficialista, Mauricio Mulder, todos los parlamentarios presentes votaron a favor.
El congresista Gustavo Espinoza, actualmente suspendido, fue denunciado por los legisladores apristas Luis Giampietri y Édgar Núñez por la presunta infracción de los artículos 38 y 44 de la Constitución. La denuncia señala que el artículo 38 de la Carta Magna exige a los peruanos, y más aun a un congresista, proteger los intereses nacionales, mientras que el artículo 44 indica que es deber del Estado promover la integración, particularmente la latinoamericana.
Como se recuerda, Espinoza fue denunciado por enviar a parlamentarios chilenos el video con las expresiones ofensivas del ex comandante general del Ejército Edwin Donayre, durante una reunión privada, las cuales provocaron un contratiempo diplomático con Chile.
Sin embargo, Espinoza desestimó las acusaciones en su contra y responsabilizó al propio Donayre de haber difundido el video en cuestión.
¿PATRAÑA?
"Todo esto es una patraña porque yo no he mandado ningún You Tube a los chilenos, yo no he colgado nada en You Tube, eso lo colgó el general Donayre con el único fin de contrarrestar la campaña que le hacían todos los medios de información por el 'gasolinazo'. Yo no tengo nada que ver ahí. Tomaron mal mi declaración en el diario "Correo" y se tergiversaron todas las cosas. Yo hablé del tema dos días después, cuando ya se había lanzado la noticia", señaló a El Comercio.
Espinoza dijo que se pondrá a disposición del Congreso y autorizará que revisen su computadora para que se demuestre si realmente se comunicó o no con parlamentarios chilenos, en relación con el video ofensivo.
La denuncia contra el ex ministro Luis Carranza la presentó el congresista nacionalista José Urquizo por la presunta infracción de los artículos 51, 103 y 109 de la Constitución, por el supuesto incumplimiento de la ley que fija el aguinaldo de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
El ex primer ministro Jorge del Castillo es acusado por el mismo cargo, pero en otra denuncia constitucional presentada por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, la cual también incluye al ex ministro Carranza.
Del Castillo dijo que ese hecho no merece una acusación constitucional. "Eso está prohibido por ley, porque con ese criterio una entidad no invierte lo que tiene que invertir, llega el fin de año y reparte entre sus trabajadores lo que sobró. Eso no es así", dijo.
Otra denuncia es contra los vocales supremos Javier Villa Stein, Edmundo Villacorta, Yrma Estrella, Roberto Acevedo y Héctor Rojas, por la presunta infracción del artículo 45 de la Constitución, al haber utilizado como parámetro de constitucionalidad una norma legal inexistente sobre su reincorporación en el régimen del DL 20530.
Verán voto preferencial el 15 de enero
El pleno del Congreso tiene previsto debatir el jueves 15 de enero el dictamen que establece la eliminación del voto preferencial. Así lo informó ayer el presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén (PAP).
Asimismo, indicó que el 8 de enero la comisión que investiga los llamados 'petroaudios', presidida por el humalista Daniel Abugattas, presentará ante el pleno su informe final, el cual recién será debatido el día 15.
Según explicó, no se puede fijar una sesión del pleno para esa misma fecha, pues se necesitan por lo menos 48 horas para analizar el referido informe.
"El 8 de enero recibiremos el informe de la Comisión Abugattas y el 15 tendremos una sesión del pleno para votar los temas de la agenda que no se pueden ver en la Comisión Permanente", afirmó.
Velásquez agregó que el 15 de enero se discutirán otros temas relacionados con las elecciones internas de los partidos, así como con la reforma del artículo 100 de la Carta Magna, a fin de que el Parlamento ya no tipifique los delitos en las acusaciones constitucionales que apruebe.
4 La Comisión Permanente del Congreso declaró improcedente la acusación constitucional contra la congresista Yaneth Cajahuanca (PNP).
Con 14 votos a favor y 3 en contra, se archivó este caso y el de otros 19 funcionarios.
Se eliminó del texto considerativo y de las conclusiones una alusión relativa a que los congresistas no tendrían potestad en la designación del personal que contratan.
Declaran procedente las acusaciones contra Espinoza, Del Castillo y Carranza
El legislador será investigado por difundir entre congresistas de Chile las expresiones del general Edwin Donayre que provocaron un impasse con dicho país. Las denuncias aprobadas contra el ex premier y el ex ministro de Economía son por el tema del aguinaldo para jueces y fiscales.
La Comisión Permanente aprobó hoy iniciar las investigaciones a seis acusaciones constitucionales, entre las cuales destacan las interpuestas contra el ex premier Jorge del Castillo, el ex ministro de Economía Luis Carranza Ugarte, el congresista Gustavo Espinoza, así como contra varios vocales y fiscales supremos.
A propuesta del presidente del Legislativo, Javier Velásquez Quesquén, se acordó otorgar 15 días hábiles como plazo para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice las investigaciones correspondientes y presente los informes finales a la Comisión Permanente. Salvo la reserva del congresista Mauricio Mulder Bedoya (Apra), todos los parlamentarios presentes votaron a favor.
El congresista Espinoza Soto fue denunciado por los legisladores apristas Luis Giampietri Rojas y Édgar Núñez Román por la presunta infracción de los artículos 38° y 44° de la Constitución al haber difundido entre congresistas chilenos las expresiones antichilenas del ex comandante general del Ejército Edwin Donayre, las cuales provocaron un impasse diplomático con ese país.
La denuncia recuerda que el artículo 38° de nuestra Carta Magna exige a los peruanos, y más aún a un congresista, proteger los intereses nacionales. Sostiene que, contrariamente a lo establecido en la norma constitucional, el citado legislador perjudicó la estabilidad y las cordiales relaciones con Chile, al hacer públicas una expresiones que fueron hechas por Donayre en una reunión privada.
De otro lado, la denuncia contra Carranza fue presentada por el congresista nacionalista José Urquizo por la presunta infracción de los artículos 51°, 103° y 109° de la Constitución. Ello, por el supuesto incumplimiento, por parte de Carranza, de la Ley que fija el aguinaldo de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
En tanto, Del Castillo es acusado también por el mismo cargo, pero en otra denuncia constitucional presentada por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, la cual también incluye al ex ministro Carranza.
La tercera denuncia es contra los vocales supremos Javier Villa Stein, Edmundo Villacorta, Yrma Estrella, Roberto Acevedo y Héctor Rojas, por la presunta infracción del artículo 45° de la Constitución Política al haber utilizado como parámetro de constitucionalidad una norma legal inexistente sobre su reincorporación en el régimen del Decreto 2053
Asimismo, las otras denuncias aprobadas son contra los fiscales supremos José Antonio Peláez, Miguel Ángel Cáceres, Percy Peñaranda Portugal.
ARCHIVARON DENUNCIAS. Previamente, la Comisión Permanente remitió al archivo, a propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, otras 20 denuncias, de las cuales 16 fueron declaradas improcedentes, tres fueron rechazadas de plano y una declarada inadmisible.
Entre las denuncias enviadas al archivo se encuentra la acusación planteada contra la congresista Yaneth Cajahuanca, por la supuesta comisión de los delitos de nombramiento ilegal y omisión de declaración, al haber contratado a William Armando Pérez Meléndez como su asesor principal, pese a estar inhabilitado judicialmente para ejercer la función pública.
Lun, 22/12/2008 - 21:40
Comisión aprueba investigar a ex titular del MEF, Luis Carranza
Asimismo, la Comisión Permanente se pronunció en torno a la procedencia de la acusación formulada contra el fiscal supremo Percy Peñaranda Portugal por un presunto abuso de autoridad.
El ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza Ugarte, será investigado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, por la presunta infracción de los artículos 51°, 103° y 109° de la Carta Magna.
Para lo cual se otorgó un plazo de 15 días para el desarrollo de las pesquisas pertinentes.
Asi lo acordó la Comisión Permanente del Congreso al declarar procedente la acusación constitucional formulada contra el ex funcionario de Estado por el supuesto incumplimiento de la segunda disposición transitoria de la ley 29155, por la cual se fijó el aguinaldo de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
A Carranza se le imputa también el haber emitido el Decreto de Urgencia 048-2007, por el cual se prohibió la utilización de los saldos presupuestales, correspondientes al ejercicio fiscal del año pasado, para el otorgamiento de asignaciones pecuniarias o en especies.
Las investigaciones por este tema también alcanzarán al ex Primer Ministro, Jorge del Castillo, así se acordó al declararse la procedencia de una segunda acusación planteada por este mismo tema.
Cabe indicar, la Comisión Permanente se pronunció a favor de la procedencia de la acusación constitucional planteada contra vocales integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, por la supuesta infracción del artículo 45° de la Carta Magna.
También se acordó la procedencia de una acusación contra los fiscales supremos José Antonio Pelaéz Bardales y Miguel Ángel Cáceres Chávez, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de omisión, o demora de actos funcionales.
La inicio de la sesión de la Comisión Permanente se dio cuenta de un oficio remitido por el ex procurador público anticorrupción, Gino Ríos Patio, quien solicito la nulidad del acuerdo de declaración de improcedencia de la denuncia constitucional número 95, la misma que fue formulada contra el ex presidente Alejandro Toledo.
Dicha denuncia involucra al ex mandatario en el presunto delito de peculado. (Con información de Andina)
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=S/cLhqmWHiI=
Comisión Permanente aprueba investigar a ex titular del MEF por aguinaldo a jueces
De igual manera la Comisión Permanente se pronunció en torno a la procedencia de la acusación formulada contra el fiscal supremo Percy Peñaranda Portugal por un presunto abuso de autoridad
· Lima, dic. 22 (ANDINA).- El ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza Ugarte, será investigado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, por la presunta infracción de los artículos 51°, 103° y 109° de la Carta Magna.
Para el efecto se otorgó un plazo de 15 días para el desarrollo de las pesquisas pertinentes.
Así lo acordó esta mañana la Comisión Permanente del Congreso al declarar procedente la acusación constitucional formulada contra el ex funcionario de Estado por el supuesto incumplimiento de la segunda disposición transitoria de la ley 29155; por la cual se fijó el aguinaldo de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Asimismo, la Comisión Permanente se pronunció a favor de la procedencia de la acusación constitucional planteada contra vocales integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, por la supuesta infracción del artículo 45° de la Carta Magna.
De igual manera la Comisión Permanente se pronunció en torno a la procedencia de la acusación formulada contra el fiscal supremo Percy Peñaranda Portugal por un presunto abuso de autoridad.
Dicha denuncia involucra al ex mandatario en el presunto delito de peculado
http://www.hoy.com.pe/noticias.php?noticia=898
Procederán a investigar a Del Castillo. Espinoza y Carranza
Otra de las denuncias declaradas procedentes es contra los fiscales supremos José Antonio Peláez y Miguel Ángel Cáceres y Percy Peñaranda Portugal
Lima, 23 dic.- La Comisión Permanente aprobó el lunes 22 iniciar la investigación de seis acusaciones constitucionales, entre las cuales destacan las interpuestas contra el ex presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, contra el ex ministro de Economía, Luis Carranza Ugarte, contra el congresista Gustavo Espinoza Soto (NoA) y contra varios vocales y fiscales supremos. A propuesta del presidente Javier Velásquez Quesquén, se acordó otorgar 15 días hábiles como plazo para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice las investigaciones correspondientes y presente los informes finales a la Comisión Permanente. Salvo la reserva del congresista Mauricio Mulder Bedoya (PAP), todos los parlamentarios presentes votaron a favor. Cabe recordar que el congresista Espinoza Soto fue denunciado por los legisladores apristas Luis Giampietri Rojas y Édgar Núñez Román por la presunta infracción de los artículos 38° y 44° de la Constitución al haber difundido entre congresistas chilenos las declaraciones del ex comandante general del Ejército, Edwin Donayre, las cuales provocaron un impasse diplomático con Chile.La denuncia recuerda que el artículo 38° de nuestra Carta Magna exige a los peruanos, y más aún a un congresista de la República, proteger los intereses nacionales. Sostiene que, contrariamente a lo establecido en la norma constitucional, el citado legislador perjudicó la estabilidad y las cordiales relaciones con ese país, al hacer públicas expresiones que fueron vertidas por Donayre en privado. De otro lado, la denuncia contra el ex titular del MEF fue presentada por el congresista José Urquizo Maggia (GPN) por la presunta infracción de los artículos 51°, 103° y 109° de la Constitución. Ello, por el supuesto incumplimiento, por parte de Carranza, de la Ley que fija el aguinaldo de los magistrados del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público.Jorge del Castillo es acusado también por el mismo cargo, pero en otra denuncia constitucional presentada por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, la cual también incluye al ex ministro Carranza. La tercera denuncia es contra los vocales supremos Javier Villa Stein, Edmundo Villacorta, Yrma Estrella, Roberto Acevedo y Héctor Rojas, por la presunta infracción del artículo 45° de la Constitución Política al haber utilizado como parámetro de constitucionalidad una norma legal inexistente sobre su reincorporación en el régimen del Decreto Ley núm. 20530.Otra de las denuncias es contra los fiscales supremos José Antonio Peláez y Miguel Ángel Cáceres por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, por supuestamente haber absuelto a quien ha ingresado a la parcela de terreno del denunciante, el ciudadano Ernesto Mendoza.
Otro fiscal supremo denunciado es Percy Peñaranda Portugal, a quien se le acusa de supuesta infracción a los incisos 3) y 6) del artículo 139° de la Constitución y por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de funciones y prevaricato, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 376°, 377° y 418°, respectivamente, del Código Penal.
Previamente, la Comisión Permanente remitió al archivo, a propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, otras 20 denuncias, de las cuales 16 fueron declaradas improcedentes, tres fueron rechazadas de plano y una declarada inadmisible. Entre las denuncias enviadas al archivo se encuentra la acusación planteada contra la congresista Yaneth Cajahuanca Rosales (GPN) por la supuesta comisión de los delitos de nombramiento ilegal y omisión de declaración, al haber contratado a William Armando Pérez Meléndez como su asesor principal, pese a estar inhabilitado judicialmente para ejercer la función pública.La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales basó su informe en el inciso m) del artículo 89° del Reglamento del Congreso, el cual establece que aquellas denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones con la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia. Según explicó la presidenta de la Subcomisión, Martha Moyano Delgado (GPF), la denuncia contra la congresista Cajahuanca ya había sido rechazada en setiembre último y no se ha presentado nuevas pruebas en el caso. Cabe señalar que antes de la votación se acordó, a propuesta de la parlamentaria Mercedes Cabanillas Bustamante (PAP), retirar del informe un articulado en el que se sostenía que no había podido establecerse que la congresista hubiera intervenido en la contratación de su asesor, sino que dicho trámite le correspondió a la Oficina de Recursos Humanos. Dicho argumento fue considerado “peligroso” por el congresista Mulder, quien recordó que las desaforadas legisladoras Elsa Canchaya Sánchez y Tula Benites Vásquez basaron su defensa en una estrategia similar, pero el destino de sus casos fue diferente al de Cajahuanca. En respuesta, los nacionalistas Fredy Otárola Peñaranda y Pedro Santos Carpio replicaron que el caso de la congresista Cajahuanca era “diametralmente opuesto” al de las parlamentarias desaforadas puesto que ella misma solicitó, antes de proceder con la contratación, que la Oficina de Recursos Humanos revisara los antecedentes del aspirante a asesor. Al final, la Comisión Permanente decidió el envío al archivo de las 20 denuncias con el respaldo de 14 congresistas, mientras que otros tres votaron en contra.