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Timestamp: 2018-02-18 22:01:48
Document Index: 79520354

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 215', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 161', 'artículo 208', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 161', 'artículo 208', 'artículo 161']

Nota para los asociados asegurados en aegon
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La Crosa, 6 (17180) Vilablareix – Telef.:972 40 22 23
GI: E.mail:A.P.V.120643@telefonica.net Web. PREJUGI.ya.st BCNA: Web. prejutecat.com E.mail.prejutecat@prejutecat.com
Como sabéis, a lo largo de los meses de julio y agosto la oficina de la Confederación permanecerá cerrada. Si en este intervalo se produjera el nacimiento de algún hijo o nieto de asociado, y este desea que el recién nacido sea inscrito como asegurado, y dado que se dispone del plazo de una semana para inscribirlo, deberá enviar un fax a Aegon manifestando-ante la imposibilidad de hacerlo de inmediato - su intención de inscribirlo como asegurado tan pronto como abra la oficina de la Asociación.
Este documento debe servir como justificante a la hora de hacer efectiva la inscripción.
El número de fax del departamento de contratación es:
91 5615846”
Esta operativa establecida, sólo para el periodo estival, se ha dado traslado de la misma a responsables de AEGON
ANTARES 914179959
Associació Barcelona 608000000
Delegació Girona 972402223
Delegació Lleida 649965224
Delegació Tarragona 696533716
ATAM 900502650
Col.lectiu Ronda 932682199
Fonditel 902120300
Montepío 915318031
Plan Pensiones 900210666
Plan Pensiones(Fax) 915564942
Plan Vacaciones 900351010
Pléyade Seguros 915970977
Grupo de Mayores 972185988 T-Gestiona 900123008
Fax 915948304-06
Cuando el Tribunal Constitucional dictó sentencia contra el Decretazo impuesto por el Gobierno del PP, nos preguntamos que en que nos afectaba a los prejubilados telefónicos.
En este sentido, y para evitar especulaciones se coincidió, en el conjunto de la Confederación, elevar consulta a expertos en la materia, en este caso al Col.lectiu Ronda de Barcelona.
Estudiado el asunto en cuestión, nos ha remitido el informe que ha continuación se detalla.
“EL DECRETAZO”
La sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 28 de marzo de 2007 (número 68/2007, que contaba como ponente a Jorge Rodríguez-Zapata Pérez) anuló el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas “urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad”, conocido como el “decretazo”.
Este RDL 5/2002 fue “convalidado” en su tramitación posterior como Ley, y concretamente con la aprobación de la Ley 45/2002, que además modificó algunos pequeños aspectos “polémicos” del RDL.
Por lo tanto, el RDL 5/2002 fue vigente desde el 24 de mayo al 14 de diciembre de 2002, en que fue “ratificado” o “convalidado” como Ley ordinaria.
El Tribunal Constitucional basa su resolución en que este Real Decreto-ley de reforma del sistema de protección del Desempleo del Gobierno del PP no cumple los requisitos exigidos en el artículo 86.1 de la Constitución española, al no existir en este caso concreto “una situación extraordinaria y de urgente necesidad” que justifique esta vía legislativa de “urgencia”.
La nulidad del Real Decreto-ley sólo se decreta por haber utilizado una vía legislativa “de urgencia y excepcional”, sin que esta fuera necesaria y suficientemente motivada para la situación concreta que quería afrontar la norma.
El Tribunal Constitucional sólo ha considerado inconstitucional y nulo el Real Decreto-ley por una cuestión de forma, pues las medidas adoptadas tendrían que haber sido aprobadas por ley y no por Real Decreto-ley, que sólo se puede utilizar en casos urgentes y excepcionales.
Por lo tanto, sólo es nulo el Real Decreto-ley vigente desde el 24 de mayo al 14 de diciembre de 2002, pero no su contenido, aprobado posteriormente por ley (con pequeñas modificaciones).
El Real Decreto-ley (el decretazo) introdujo restricciones en los requisitos para poder acceder a la prestación y a los diferentes subsidios de Desempleo, y entre estas los referentes a las rentas de los solicitantes.
Concretamente, el “decretazo” concretó y precisó el concepto de rentas o ingresos computables para el subsidio de Desempleo, reformando el artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social, considerando en síntesis que “todo” debe ser considerado “renta” a tales efectos.
Estas restricciones fueron “convalidadas” por la posterior ley, y por lo tanto son plenamente vigentes actualmente.
Pero con la sentencia del Tribunal Constitucional la fecha a partir de la cual entran en vigor estas restricciones en la prestación o subsidio no es ya el 24 de mayo de 2002 (entrada en vigor del RDL), sino el 14 de diciembre de 2002 (entrada en vigor de la ley ordinaria).
Por lo tanto, todas aquellas personas que perdieron su derecho a la prestación o subsidio de Desempleo por aplicación de las restricciones establecidas en el RDL (entre el 24 de mayo y el 14 de diciembre de 2002) tienen derecho a la prestación hasta la entrada en vigor de la ley (el 14 de diciembre de 2002), pero sólo hasta esta fecha.
Las Cortes recurren la suspensión de su acuerdo sobre las pensiones
El País-J. GARCÍA DEL MORAL –Valencia - 31/05/2007
La Mesa de las Cortes Valencianas decidió ayer presentar un recurso de súplica contra el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que decretó la suspensión cautelar del acuerdo relativo a las pensiones y otras prestaciones económicas de los ex diputados. El acuerdo, aprobado en diciembre, es copia del Reglamento del Congreso de los Diputados, aunque en marzo la Cámara autonómica lo modificó para mejorar sustancialmente algunos aspectos.
Ayer, al término de la reunión de la Mesa, el aún presidente de las Cortes, Julio de España, eludió comentar la decisión judicial, adoptada a raíz de un recurso de Coalición Valenciana, y subrayó que la Cámara ha decidido hacer uso del recurso de súplica, para lo que tiene un plazo de cinco días.
La norma garantiza a los parlamentarios, cuando se jubilen, el 80% de la paga máxima con sólo 7 años de mandato y el 100% cuando hayan permanecido 11 años en la Cámara. Aparte de estas ventajosas condiciones para el cobro de la pensión, el acuerdo prevé el pago de indemnizaciones por cese a los diputados que abandonen las Cortes después de ocupar un escaño durante al menos dos años.
Mientras a los telefónicos se nos niega la mejora de las pensiones por haber cotizado los 35 años preceptivos, llegando incluso en la mayoría de los casos, a los 40 o más años, a los “padres de la patria” solo se les exige 7 años para percibir el 80% de la paga máxima y 11 años para percibir el 100%.
Y luego se extrañan de que hay abstención. Parece claro, no queremos ser cómplices de tamaños despropósitos.
Si recordáis, la Confederación presentó, a través de la Junta Aragonesista,(Cha) una Proposición al Congreso de los Diputados por la que se pretendía que se eliminaran al cumplir los 65 años los coeficientes reductores impuestos por Jubilación Anticipada, al entender que la penalización debía acabar cuando se alcanzaba la edad obligatoria de jubilación, es decir, los 65 años, al haber cotizado los 35 años exigidos como mínimo, pues de todos es sabido que los telefónicos y telefónica hemos cotizado hasta 40 años y más.
Pues bien, dicha Proposición ha sido retirada ya que no tenía posibilidades de prosperar, dado el rechazo del PSOE y el PP.
En cambio, se he creído que era más posible presentar enmiendas parciales, cuyo contenido se expone a continuación.
Paralelamente a la vía política se está llevando la vía judicial, a través del Bufete de Abogados Gay-Vendrell de Barcelona (ver texto en página 5)
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes ENMIENDAS PARCIALES AL PROYECTO DE LEY Proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social. (121/000126)
PORTAVOZ GRUPO MIXTO JOSE ANTONIO LABORDETA DIPUTADO DE CHA
Al artículo 3 en su Apartado Tres
Se propone modificar, en el artículo 3 Apartado Tres, el apartado 2. del artículo 161bis, punto 2. d) dejándolo redactado en los siguientes términos:
“2. Podrán acceder a la jubilación anticipada, los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos:
Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias.
Que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se haya producido por causa imputable a la libre voluntad del trabajador. A tales efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no encontrándose afectado por medidas de reducción ó adecuación de plantilla, promovidas por parte de la empresa, decide poner fin a la misma. Se considerará, en todo caso, que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria cuando la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 208.1.1 de esta Ley.
A los efectos anteriores, se considerará que una empresa se encuentra sometida a medidas de reducción o adecuación de plantilla cuando, cualquiera que fuere el mecanismo de instrumentación de estas medidas, el número de los trabajadores afectados por la extinción de contratos represente, al menos, a un veinte por ciento, durante un período de tiempo no superior a tres años consecutivos o a un siete por ciento en un año.
Los requisitos exigidos en los apartados b) y d) no serán exigibles en aquellos supuestos en los que el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo o contrato de prejubilación en vigor, haya abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, y durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo total, represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social.
1.° Entre treinta y treinta y cuatro años completos de cotización acreditados: 6,5 por 100.
2.° Con treinta y cinco años o más de cotización acreditados: 5,5 por 100.
3º Por cada año de cotización superior a cuarenta, se disminuirá el anterior coeficiente en un 0,3%.
Considerar involuntarios a aquellos trabajadores que han tenido que abandonar su puesto de trabajo por haber sido sometido, por parte de su empleador, a medidas de adecuación y reestructuración de plantillas, sin que éste haya solicitado administrativamente expedientes de regulación de empleo, pero que, de hecho, han provocado, en corto período de tiempo, una auténtica reducción de empleo.
Acondicionar los coeficientes reductores, para largas carreras de cotización, a reducciones más acordes con la longevidad actual y, por tanto, con la amortización debida a los adelantos de las pensiones en edades anteriores a la ordinaria de jubilación, que actualmente es de sesenta y cinco años.
Beneficiar, por haber colaborado largamente con el Sistema, al trabajador que haya contribuido a la Seguridad Social durante muy largas carreras de cotización. En concreto durante más de cuarenta años.
Al artículo 3 en su Apartado Cinco
Se propone modificar, el artículo 3 Apartado Cinco, dando una nueva redacción a la norma 2ª del apartado 1 de la Disposición Transitoria Tercera, quedando redactada de la siguiente manera:
“2. Quienes tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 podrán causar el derecho a la pensión de jubilación a partir de los sesenta años. En tal caso, la cuantía de la pensión, se reducirá en un 8 % por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad que se fija en el apartado 1.a) del artículo 161.
En los supuestos de trabajadores que, cumpliendo los requisitos señalados en el apartado anterior, y acreditando más de treinta años de cotización, soliciten la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, en virtud de causa no imputable ala libre voluntad del trabajador, el porcentaje de reducción de la cuantía de la pensión a que se refiere el párrafo anterior será, en función de los años completos de cotización acreditados, el siguiente:
1.° Entre treinta y treinta y cuatro años acreditados de cotización: 6,5 por 100.
2.° Con treinta y cinco o más años acreditados de cotización: 5,5 por 100.
A tales efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no encontrándose afectado por medidas de reducción ó adecuación de plantilla, promovidas por parte de la empresa, decide poner fin a la misma. Se considerará, en todo caso, que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria cuando la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 208.1.1 de esta Ley.
El requisito exigido de que el cese, como consecuencia de la extinción del trabajo, lo sea en virtud de causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, no será exigible en aquellos supuestos en los que el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo o contrato de prejubilación en vigor, haya abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, y durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo total, represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social.
Considerar involuntarios a aquellos trabajadores que tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 y que han tenido que abandonar su puesto de trabajo por haber sido sometido, por parte de su empleador, a medidas de adecuación y reestructuración de plantillas, sin que éste haya solicitado administrativamente expedientes de regulación de empleo, pero que, de hecho, han provocado, en corto período de tiempo, una auténtica reducción de empleo.
Beneficiar a aquellos trabajadores que empezaron a trabajar antes y contribuyeron más al Sistema de la Seguridad Social, con una reducción en los coeficientes reductores de la pensión, en la jubilación anticipada, por cada año de cotización que supere los cuarenta.
Eliminar el agravio que supone hacer de peor derecho, a la hora de exigir, en la jubilación anticipada, la condición de involuntariedad en el cese laboral, a aquel que más cotizó, sobre el que lo hizo durante menos tiempo.
A la Disposición Adicional Cuarta.
Se propone modificar el concepto y donde dice mejora debe decir equiparación.
Se anulan los párrafos b) 2 y 3 y dejándolo redactado en los siguientes términos:
Los jubilados anticipadamente, cuyo cese en el trabajo se haya producido antes de la promulgación de esta Ley, incluidos, por tanto, los que lo hicieron antes del 1 de enero de 2002, siendo mutualistas antes del 1 de enero de 1967, se les aplicará, a partir de la entrada en vigor de la Ley, los coeficientes reductores y los mismos tramos de aplicación, que los contemplados en ella, y en los mismos términos y criterios que se establezcan en la misma.
El párrafo b) 4 pasa a ser b)3 y debe modificarse en:
Donde dice: ”…..derecho a la mejora regulada en la presente disposición........” debe decir: “…. derecho a la equiparación del coeficiente reductor establecido en la presente disposición….”
Permitir regularizar, a partir de la promulgación de la Ley, todas las situaciones anteriores de jubilación anticipada.
Equiparar a todos los pensionistas que se hubieran jubilado anticipadamente, evitando la desigualdad social existente en la actualidad, con los que lo hicieron antes del 1 de enero de 2002 y las que se puedan producir en el futuro.
Equiparar, con el coeficiente reductor del 7,5%, al jubilado anticipado con treinta años de cotización, que se jubiló con el coeficiente reductor del 8%, antes de la promulgación de la futura Ley.
Incluir una nueva Disposición transitoria al artículo 161-bis Jubilación Anticipada
Con el objeto de posibilitar la mejora de la pensión que vienen percibiendo aquellos pensionistas que han accedido a una jubilación anticipada, con aplicación de coeficientes reductores, el Gobierno presentara a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso, en el plazo máximo de seis meses, un informe técnico y económico que estudie la modificación de los actuales coeficientes reductores, para que resulten actuarialmente neutros, de manera que no sea gravoso para la Seguridad Social ni para el pensionista.
En el supuesto que el sistema de pensiones siga con la situación de la actual bonanza económica, se insta al Gobierno a que previa la realización de los estudios correspondientes, se procure de una forma progresiva y gradual, eliminar los mencionados coeficientes de las pensiones que vienen percibiendo todos los jubilados anticipados.
SOBRE DEMANDAS 100%, A LOS 65 AÑOS, EN LA PENSION DE JUBILACION
Recientemente se os entregó la documentación, en función de lo hablado con el Bufete de Abogados Gay-Vendréll, necesaria para iniciar demandas, como ya las estaban realizando jubilados y jubiladas de otras Empresas, ante el INSS por las que se solicitaría el 100% de la pensión al cumplir los 65 años y a ellas podían recurrir, tanto los prejubilados de los ERES 1999-2000 Y 2003-2007.
Las reclamaciones iniciales se empezaron a realizar, y a ser respondidas por la Administración. Con las respuestas nacieron dudas, lo que motivo que la Junta Directiva de la APJTC solicitara entrevista con los responsables del Bufete. Celebrada la entrevista a continuación os resumimos el resultado de las preguntas hechas y sus respuestas:
P1- En los colectivos ERE de Telefónica la jubilación está prevista a los 61 años. ¿Se pueden adherir a la demanda los que están próximos a jubilarse? , o ¿sólo los ya jubilados?
R- Habría que valorar caso a caso, pero en principio sólo podrían poner demanda aquellos que hayan cumplido los 65 años.
P2- ¿Qué documentación es necesario aportar?
R- Documentación del ERE, el contrato firmado con Telefónica, la resolución del INSS en la que se concede la jubilación, y el certificado de vida laboral.
P3- ¿Dónde se presentan las demandas?
Los de Catalunya cada uno en su capital de provincia. Otras en Madrid, Sevilla, Valencia, León, etc. No se pueden acumular en Madrid.
Hay que otorgar poderes notariales.
P4- Las prejubilaciones procedentes del convenio 1997/98 y las prejubilaciones conocidas como adecuaciones de plantilla de 1999 y por tanto no sujetas a ERE o CEMAC, en ambos casos hay personas que han trabajado posteriormente durante la prejubilación en “contratos temporales” o en contratos por “obra y servicio”, fueron despedidos y la mayoría obtuvieron sentencia favorable contra fraude de ley, ¿Pueden entrar en la demanda?
R- Tanto si han tenido un contrato de Obra y Servicio o Contrato Temporal, ayudaría mucho el tener una sentencia favorable y aun así habría que valorar cada caso individualmente.
P5- Si se pierde en primera instancia y en el Superior de Justicia, ¿Se puede seguir hasta el Tribunal Supremo?
R- Para ir al Supremo hacen faltas dos sentencias firmes de signo opuesto del Superior aunque sean de diferentes tribunales. También se puede optar por ir al Supremo para ir luego al Tribunal Constitucional.
PACTO MONETARIO SUSCRITO ENTRE LA APJTC Y EL BUFETE GAY-VENDRELL
En Barcelona, a 9 de Mayo de 2007.
De una parte Don ........... actuando en nombre y representación de la Entidad .....
Y de otra parte Don ............ actuando en nombre y representación de Gay-Vendrell Abogados.
Las partes comparecientes se reconocen la capacidad legal necesaria para suscribir el presente acuerdo y
Que la Entidad ........ Formula encargo profesional al Despacho Gay-Bendery Abogados para la defensa jurídica de la inaplicación de los coeficientes reductores en la pensión de jubilación anticipada a los pensionistas que por razón no imputable a ellos cesaron en el trabajo por causa de la edad, de acuerdo con la estrategia jurídica que se viene realizando para la referida reivindicación.
Que Gay-Vendrell Abogados asume el encargo referido y las partes acuerdan llevar a buen término dicho compromiso en base a los siguientes:
I.- Que Gay-Vendrell Abogados asume el encargo profesional consistente en ejercitar jurisdiccionalmente las pretensiones de los pensionistas de acuerdo con la estrategia procesal conocida y asumida por las partes.
II.- Que la Entidad .......... tiene la condición de cliente en relación al presente encargo profesional con Gay-Vendrell Abogados siendo su único interlocutor a todos los efectos.
En el sentido expuesto, la Entidad ......... facilitará al Despacho Gay-Vendrell Abogados los datos y documentos individualizados de cada pensionista referidos a sus condiciones personales de Seguridad Social, de la pensión de jubilación, así como de la causa de extinción del contrato de trabajo y, en su caso, de la prestación de desempleo junto a la escritura de poder a favor de Abogados del Despacho Gay-Vendrell.
III.- Que Gay-Vendrell Abogados se compromete a seguir el procedimiento hasta obtener una resolución firme en sede judicial e incluso hasta solicitar el amparo del Tribunal Constitucional al tratarse y entender las partes de una vulneración de derechos fundamentales.
IV.- Los honorarios profesionales que percibirá Gay-Vendrell Abogados de la Entidad ........ se desglosan en las siguientes cantidades:
Importe de 30 euros por pensionista (incluido IVA) para el caso de que como mínimo 5.000 pensionistas se adhieran a la reivindicación de acuerdo con la estrategia planteada relativa a la inaplicación de los coeficientes reductores por razón de edad. En caso contrario, el presente acuerdo devendría inaplicable e ineficaz, resultando resuelto a todos los efectos.
En concepto de gastos, Gay-Vendrell Abogados no repercutiría los mismos hasta tanto no superaran el 15% de los honorarios solicitados (ejemplo: si se devengaran gastos inferiores a 3,78 euros (30 euros – 16% IVA = 25,2 de honorarios x 15% = 3,78 euros), Gay-Vendrell los asumiría, y a partir de dicho importe lo repercutiría a las Asociaciones previa justificación de los mismos).
El indicado importe de 30 euros para cada uno de los pensionistas, comprende la actividad profesional durante un período de tiempo equivalente a cinco anualidades naturales a contar desde la fecha de la firma del presente acuerdo.
V.- Ambas partes son conocedoras de la nueva etapa de acciones que se inicia tras las efectuadas y todavía no incluidas que han sido soportadas mediante los honorarios satisfechos en su día y que comprenden la continuidad de los tres Recursos de Suplicación interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya con los 8942/2006, 7694/2006 y 6622/2006 dimanantes de los Juzgados de lo Social número 22, 24 y 29 respectivamente.
En prueba de conformidad las partes comparecientes firman por duplicado el presente acuerdo en el lugar y la fecha al principio indicados.
SERVICIO MILITAR, COMPUTABLE COMO COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL
Recientemente, han ido surgiendo diferentes noticias en los medios de comunicación sobre considerar el período del Servicio Militar y la Prestación Social Sustitutoria como cotizado a la Seguridad social, habiendo algunos que lo han planteado como ya aprobado.
Siendo cierto que se está discutiendo, también lo es que aún no se ha aprobado, aunque está bastante avanzada la discusión.
De todas formas, y después de tanto ruido mediático, cuando se leen despacio las noticias, comprobamos que no tendrá los efectos económicos que demandábamos, sino que:
" Respecto a la enmienda para que la mili o la PSS computen como periodo de cotización, Granado calculó que beneficiará a unos cientos de personas cada año. Para jubilarse antes de los 65 años, se necesita haber cotizado 30 años. Sólo cuando los trabajadores hayan sido despedidos pero no puedan acogerse a la jubilación anticipada por tener cotizados 29 años se computará como cotizado el año de mili.
Ello no supondrá una mejora de la pensión, pues el tiempo de mili o PSS sólo se considerará a efectos de cotización, no a efectos económicos".
Habrá que estar, por tanto, muy vigilantes, para evitar, si podemos, que una vez más nos den gato por liebre.
SOBRE FISCALIDAD EN EL RESCATE DEL PLAN DE PENSIONES
En Hojas Informativas anteriores se os ha informado sobre la posibilidad de pedir la exención fiscal, en el rescate del Plan de Pensiones, de la parte correspondiente a los Derechos por Servicios Pasados que nos ingresó Telefónica.
De momento, sólo se ha reclamado los rescates efectuados en 2002, para evitar la prescripción de 4 años, aún sin saber que Gabinete lo iba a llevar y cuanto iba a ser el importe. Para los vencimientos sucesivos ya se irá informando
A partir de aquí, la Junta Directiva se va a emplear en la búsqueda del Gabinete que lo puede llevar y al mejor precio, habiéndose comenzado con la especialista en asuntos fiscales del Col·lectiu Ronda que nos ha dicho que:
Según su opinión la documentación que manejamos es bastante compleja y en principio es suficiente para la primera reclamación e incluso para el Tribunal Económico Administrativo Regional.
La primera reclamación la puede hacer uno individualmente, y si la respuesta es negativa se puede recurrir al TEAR aunque este asunto es un poco delicado ya que las alegaciones que se presenten van a condicionar todo el proceso posterior. ( al TEAR también puede recurrir cada uno por su cuenta)
Para el caso de Catalunya, el Col·lectiu Ronda puede llevar este asunto al TEAR previo pago de una cantidad y si la respuesta sigue siendo negativa se puede ir por la vía Contencioso Administrativa aunque el pago será mayor y con una cantidad mínima dependiendo del nº de reclamantes o un 10% del total en caso de ganar.
La respuesta del TEAR Catalunya puede tardar hasta unos dos años.
¿Seguiremos después de los 65?
ALEMANIA HA ELEVADO POR LEY LA EDAD DE LA JUBILACIÓN, ESPAÑA TODAVÍA NO SE LO PLANTEA, PERO INCENTIVA LA PROLONGACIÓN DE LA VIDA LABORALY PIENSA EN EL FUTURO.
ROSARIO SEPÚLVEDA-El Diario Montañés
Cuando las barbas de tu vecino ve­as cortar... La sabiduría popular no es infalible, pero lo cierto es que Alemania ha sido el primer país en responder con una medi­da drástica, aunque impopular, a las numerosas advertencias de la Unión Europea, que alerta sobre la necesidad de reformar el siste­ma de pensiones para enfrentar el envejecimiento de la población. El pasado marzo, la Cámara Baja del Parlamento alemán aprobó el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Aunque esta reforma se implantará paulati­namente a partir de 2012, para cul­minar en 2029, a los nacidos en 1964 les afectará de lleno el cam­bio y, al menos sobre el papel, su retiro habrá de posponerse dos años más.
Pero ¿qué pasará en España? ¿Acaso el ejemplo alemán será una tendencia inevitable? «Si crece el número de pensionistas y éstos cada vez viven más años, se nece­sita más dinero. Ante eso, o hay más cotizaciones o baja el nivel de protección o se alarga la edad de jubilación, no hay más alternati­vas», afirma Fidel Ferreras, di­rector general del Instituto Na­cional de la Seguridad Social. Con 19 millones de cotizantes y el equi­librio económico financiero ase­gurado hasta 2020, España no se plantea ahora retrasar la edad le­gal de retiro. «Va a ser una ten­dencia, no a corto, pero sí a medio plazo. Aunque lo razonable no se­ría subir por ley la edad de jubi­lación, que puede seguir en los 65 años, pero sí ir favoreciendo que la gente se jubile más tarde, con incentivos de la Seguridad Social», opina el editor Manuel Pimentel, ministro de Trabajo en el Go­bierno del Partido Popular.
Precisamente una mejora de los incentivos para prolongar la vida activa ya se recoge en el texto que reforma la Ley General de Segu­ridad Social, que ahora se debate en el Parlamento. En virtud de la reforma, todos aquellos que sigan trabajando incrementarán un 2% su pensión por cada año cotizado después de los 65. Este porcenta­je sube hasta el 3% para los tra­bajadores con carreras de coti­zación de 40 años. Aquéllos que al­cancen la pensión máxima tendrán derecho a percibir cada año «una cantidad a tanto alzado». Fidel Ferreras es optimista con el efecto que tendrán estas medi­das —«cuando el mercado de trabajo es próspero, se tiende, incluso sin incentivos, a retrasar la edad de jubilación»—, pero advierte de que la nueva ley también pretende ser una llamada de atención: «Ahora en la Europa de los Quince, sólo trabaja el 50% de los mayores de 55 años. Europa no se puede de permitir este despilfarro de ex­periencia. Ahora estamos bien, hay un fondo de reserva muy im­portante, pero los cambios que se hacen en la Seguridad Social mi­ran al futuro».
Y ese futuro muestra una so­ciedad muy distinta a la que ha­bitaba en Europa cuando se im­plantó el estado del bienestar, tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora, con una población envejecida —en 2050 las previsiones demo­gráficas estiman que un tercio de los europeos tendrá más de 60 años, y habrá dos personas ma­yores de esta edad por cada niño— que debido a su longevidad de­manda cada vez más cuidados, el panorama cambia.
A los 63,5 años
En España, la edad real de jubi­lación se sitúa en los 63,5 años. «Estamos empeñados en que se cumpla la edad legal de 65», afir­ma Blanca Villate, representante de Comisiones Obreras en la Me­sa de negociación de acuerdos de la Seguridad Social. En Alemania, según los datos del Instituto Na­cional de la Seguridad Social, es­ta cifra baja hasta los 62,2. Entre los países de la Europa de los Quin­ce, sólo en Dinamarca, Luxem­burgo y Reino Unido la edad legal de jubilación coincide con la real. De ahí que Fidel Ferreras mues­tre sus dudas ante los efectos de la reciente ley alemana. «Usted puede subir a los 67 años la edad obligatoria, pero hay tantas ex­cepciones —jubilaciones parcia­les anticipadas, contratos de re­levo...— que, al final, alteran sus­tancialmente la edad legal. A no­sotros nos pasa lo mismo». Junto con Francia y Suecia, Alemania es el país que más gasta en pro­tección social. «Destina el 32 % de su Producto Interior Bruto (PIB) a gasto social», apunta Ferreras.
«En España, yo creo que se pro­ducirá un movimiento natural de prolongar un poco la vida laboral. No será de forma exagerada ni muy rápida, va a ser progresiva y sua­ve», vaticina Manuel Pimentel, que no está de acuerdo con subir de for­ma uniforme la edad de jubilación porque «hay que ser muy exquisi­to con el tipo de oficio. No tiene na­da que ver un trabajo de oficina con otro que implique un esfuerzo físico». De parecida opinión es Blanca Villate, de Comisiones Obre­ras: «Lo óptimo es que se hiciera una jubilación flexible, y que, de­pendiendo de las circunstancias personales, familiares y del tipo de trabajo, se pudiera optar a jubi­larse antes de los 65 o prolongar la vida laboral».
Prejubilaciones: del frente activo al retiro forzoso
Hace sólo tres años, las prejubi­laciones suponían el 60% de las jubilaciones registradas, mientras que el 40% de los casos restantes correspondía a trabajadores que se retiraban a partir de los 65 años. Un año después, en 2005, este por­centaje se invirtió, por fortuna. El antiguo ministro de Trabajo Ma­nuel Pimentel siempre fue muy crítico con las prejubilaciones en empresas que no estaban en cri­sis. «Yo mantenía que en mi país donde la pirámide demográfica es la que es, que envejece, no se ha­ce ningún bien público con ade­lantar la edad de jubilación».
Además del coste económico que suponen, las prejubilaciones pueden causar grandes daños a los profesionales. De un día para otro, pasan de estar en la prime­ra línea del frente a un «cómodo» retiro. «No deja de ser traumáti­co que una persona con 52 ó 55 años abandone su vida laboral ac­tiva, pero en muchos casos la ofer­ta es muy atractiva. El caso más espectacular es el de Radio Tele­visión Española. Las condiciones son tan magníficas que casi nadie se atreve a rechazarlas. Pero eso no deja de suponer un coste para el profesional, sobre todo cuando se desempeñan trabajos intelec­tuales», sostiene Blanca Villate, de Comisiones Obreras.
José María Llorente, antiguo directivo de Huarte y miembro de la junta directiva de SECOT (Se­niors Españoles para la Coopera­ción Técnica), da una serie de con­sejos para que el retiro forzoso no provoque una pérdida de autoes­tima o, incluso, una depresión: «A partir de cierta edad hay que em­pezar a pensar en ésta posibilidad, y diseñar un plan para el día de después. Lo mejor es hacer algo fuera de casa, es decir, una actividad, exterior, y también mantener una actividad intelectual si siempre se ha hecho».
La cuantía máxima a percibir por un mismo beneficiario por la pensión o pensiones públicas que tenga reconocidas, queda fijada para el año 2.007 en 31.439,38 €/año, 2.245,67 €/mes, (14 pagas). Para este año 2.007 la Base Reguladora, la media de los últimos 15 años, para una persona que haya cotizado por la máxima, le sale aproximadamente unos 2.480 € brutos/mes; a esta cantidad hay que aplicarle los coeficientes reductores que existen, si se jubila uno antes de los 65 años, además de las circunstancias en que dejó la empresa.
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