Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32527
Timestamp: 2018-01-21 18:02:59
Document Index: 255611199

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Sentencia C-536 de 2008 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 28/05/2008
Trascripción de las disposiciones normativas demandadas, acorde con su publicación en el Diario Oficial No. 45.658 de 1 de septiembre de 2004 y No. 46.673 de 28 de julio de 2007, respectivamente.
El demandante consideró que, en general, que las normas demandadas vulneran el preámbulo de la Constitución Política en "cuanto estipula que es uno de los objetivos de la Carta garantizar las condiciones necesarias para asegurar a sus integrantes la vida, la justicia y la igualdad, entre otros derechos".
1.1. El parágrafo 1° y 3° del artículo 18 del la Ley 1142 de 2007 debe ser interpretado no de manera aislada, sino de forma armónica que permita rescatar la unidad lógico jurídica de la ley, lo que a su vez facilita la interpretación teleológica de las normas legales.
1.2. El artículo 268 de la Ley 906 de 2004 y el numeral 9° del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007 no vulneran el principio de igualdad de armas.
Finalmente, manifiesto que es una "potestad facultativa" que los elementos materiales probatorios y de evidencia física sean llevados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Con respecto a la certificación de la Fiscalía como requisito de actuación de la defensa ante terceros y ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, señaló que dicha acto es declarativo y obligatorio por parte del Fiscal, ya que éste no posee discrecionalidad para emitirlo.
Arguyó que la norma es indeterminada, pues la expresión "‘o se encuentre en un estado de salud que le impida ejercer su defensa material’, deja un espacio muy amplio al funcionario judicial para establecer cuándo es imperiosa la presencia del procesado privado de la libertad para formularle la imputación", situación que vulnera el principio de legalidad procesal y consecuentemente el derecho a la defensa.
(i). En primer lugar, en criterio del actor las expresiones demandadas del artículo 268 de la Ley 906 del 2004 y del numeral 9º del artículo 47 de la Ley, las cuales prevén la constancia de la Fiscalía de que es imputado o defensor –art.268 Ley 906 del 2004- así como certificado de la Fiscalía General de la Nación de que la información será utilizada para efectos judiciales –num. 9 art. 47 Ley 1142 del 2007- son vulneratorias del Acto Legislativo 03 de 2002 al desconocer la igualdad de armas que debe existir entre la parte acusadora y defensora en el sistema acusatorio, por cuanto la Fiscalía General de la Nación no tiene facultad constitucional para otorgar constancia de quién es el imputado o el defensor de éste, ni para certificar al defensor, desequilibrando tal disposición la igualdad de armas que debe existir dentro del proceso penal en el sistema acusatorio.
(ii). En segundo lugar, considera el demandante que el parágrafo 1° del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 vulnera el inciso 4° del artículo 29 de la Constitución Política, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14° numerales 1° y 3° literales a y d), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8° numerales 1° y 2° literales b y d), ya que no le permite al imputado estar presente en la legalización de su captura, la formulación de su imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, lo cual afecta de manera directa su derecho de defensa de manera personal o mediante un abogado de su confianza.
(iii). En tercer lugar, afirma el actor que el parágrafo 3° de la Ley 1142 de 2007 vulnera así mismo las normas de orden constitucional del inciso 3° del numeral 1° del artículo 250 y del artículo 30 de la Constitución Política, ya que el capturado no se pone a disposición del Juez con Funciones de Control de Garantías dentro del término establecido para ello por la Carta Política, con el fin de que sea el Juez de Control de Garantías el que legalice la captura, lo cual a su entender tiene una doble connotación inconstitucional: de un lado permite que se legalice la captura sin el capturado, de otro lado, desconoce el término máximo de treinta y seis horas para la realización de ese trámite judicial haciendo inoperante la acción de habeas corpus y negándole al capturado el derecho a conocer la imputación y a ejercer el legítimo derecho de defensa de manera personal o mediante una abogado de confianza; y finalmente, permite que sea la Fiscalía la que legalice la captura.
2.2. En su intervención el Ministerio del Interior y de Justicia solicita a esta Corte de manera principal que se declare inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustancial de la demanda; y de manera subsidiaria, que en caso que decida pronunciarse de fondo declare la constitucionalidad de las normas demandadas.
2.3. En su intervención el ciudadano Nicolás Zapata Tobón, miembro del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes, propugnó por la inconstitucionalidad de los apartes demandados del artículo 268 de la Ley 906 del 2004 y del numeral 9º del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007, defendió la constitucionalidad del parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, y sostuvo la inconstitucionalidad del parágrafo 3 del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007.
2.4. En su concepto, la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales, solicitó a la Corte declarar la exequibilidad del numeral 9 (parcial) del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007 y el artículo 268 (parcial) de la Ley 906 de 2004, y declarar la inexequibilidad de los parágrafos 1° y 3° del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 o "estarse a lo que se resuelva en relación con el expediente D-6948, que se encuentra en trámite ante la Corte constitucional".
Como fundamento de la solicitud de inexequibilidad de los parágrafos 1° y 3° del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, expuso el Ministerio Público que en lo que respecto al parágrafo 1º mencionado, éste trasgede el derecho de defensa ya que permite avanzar en el curso del proceso penal, formular cargos e incluso afectar con medidas restrictivas de derechos fundamentales a una persona, que se encuentra en incapacidad de ejercer su derecho de defensa, lo que no sólo vulnera ese derecho sino también el de dignidad humana, ya que se ignora que el imputado es un sujeto de derechos, los cuales deben ser garantizados, y no un simple destinatario del poder punitivo. Así mismo, para el Ministerio la expresión ‘o se encuentre en un estado de salud que le impida ejercer su defensa material’ contenida en el parágrafo 1º de la Ley 1142 del 2007, es una expresión que deja un espacio muy amplio de interpretación y valoración por parte del juez, lo cual termina vulnerando el principio de legalidad procesal y consecuentemente el derecho a la defensa.
En segundo lugar, corresponde a esta Corporación establecer si el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 del 2007 es vulneratorio del artículo 29 de la Constitución Nacional, así como de las disposiciones consagradas en el articulo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por violación del derecho de defensa.
1. Cosa juzgada constitucional en relación con los parágrafos 1º y 3º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007
1.1 Cosa Juzgada Constitucional
Esta regla es reiterada en el Art. 46 de la ley 270 de 1996, en virtud del cual "en desarrollo del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones sometidas a su control con la totalidad de los preceptos de la Constitución. "1
"Los conceptos de cosa juzgada absoluta y relativa han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional, indicando que en principio debe entenderse que toda sentencia de constitucionalidad hace tránsito a cosa juzgada absoluta salvo que la propia Corporación, bien de manera explicita en la parte resolutiva, o bien de manera implícita en la parte motiva, restrinja el alcance de su decisión a los cargos analizados en la sentencia." 2 (Negrillas fuera de texto)
"La cosa juzgada relativa se presenta de dos maneras: Explícita, cuando "...la disposición es declarada exequible pero, por diversas razones, la Corte ha limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza entonces que la constitucionalidad de esa misma norma puede ser nuevamente reexaminada en el futuro..", es decir, es la propia Corte quien en la parte resolutiva de la sentencia limita el alcance de la cosa juzgada "...mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta...". Implícita, se presenta cuando la Corte restringe en la parte motiva el alcance de la cosa juzgada, aunque en la parte resolutiva no se indique dicha limitación, "...en tal evento, no existe en realidad una contradicción entre la parte resolutiva y la argumentación sino una cosa juzgada relativa implícita, pues la Corte declara exequible la norma, pero bajo el entendido que sólo se ha analizado determinados cargos...". Así mismo, se configura esta modalidad de cosa juzgada relativa, cuando la corte al examinar la norma constitucional se ha limitado a cotejarla frente a una o algunas normas constitucionales, sin extender el examen a la totalidad de la Constitución o de las normas que integran parámetros de constitucionalidad, igualmente opera cuando la Corte evalúa un único aspecto de constitucionalidad; así sostuvo que se presenta cuando: "... el análisis de la Corte está claramente referido sólo a una norma de la Constitución o a un solo aspecto de constitucionalidad, sin ninguna referencia a otros que pueden ser relevantes para definir si la Carta Política fue respetada o vulnerada..". 3 (Negrilla fuera de texto)
No obstante compete igualmente al juez constitucional determinar que no acaezcan los supuestos señalados en el inciso 2° del artículo 243 constitucional que indica que "… Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución."
1.2. Cosa Juzgada en relación con los parágrafos 1º y 3º del artículo 18 de la Ley 1142 del 2007
En reciente fallo de esta Corte –Sentencia C-425 del 2008, Expediente D-6948-, esta Corporación estudió la constitucionalidad de los parágrafos 1º y 3º del artículo 18 de la Ley 1142 del 2007, por los mismos cargos de inconstitucionalidad que se presentan en esta oportunidad, resolviendo la Corte declarar inexequibles las expresiones "…formular imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las solicitudes que considere procedentes…" y "En este caso …" contenidas en el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 y exequible el resto del parágrafo 1º, en el entendido de que esta hipótesis, se interrumpe la prescripción. Así mismo, decidió la Corte en la sentencia C-425 del 2008, declarar inexequible la totalidad del parágrafo 3º del artículo 18 de la ley 1142 de 2007 4.
2.1. El principio de Igualdad de Armas
2.1.2. En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corte5 ha estudiado el principio de igualdad de armas en relación con el sistema probatorio de corte acusatorio.
Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo. 1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que será considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia."
"En efecto, la aplicación del principio de igualdad de armas en el proceso penal hace parte del núcleo esencial de los derechos al debido proceso y de igualdad de trato jurídico para acceder a la justicia (artículos 29, 13 y 229 de la Constitución), según el cual las partes deben contar con medios procesales homogéneos de acusación y defensa, de tal manera que se impida el desequilibrio entre las partes y, por el contrario, se garantice el uso de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación. Ahora, la desigualdad institucional, evidente en el sistema penal acusatorio (el aparato estatal investigativo, por regla general, tiene mayor fortaleza económica, orgánica y funcional, que la defensa a cargo de los particulares), supone la necesaria intervención legislativa para superarla y propiciar la igualdad de trato y de oportunidades de defensa. Por ello, el fortalecimiento y real aplicación de principios procesales tales como la presunción de inocencia, el in dubio pro reo, las prohibiciones de doble incriminación y de autoacusación, entre otros, colocan al juez en una posición clara frente al vacío probatorio: la pasividad probatoria como instrumento de equiparación de armas entre las partes."6
"(E)l principio de igualdad de armas constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección."7
Por ello, al haberse transformado su objeto institucional y al habérsele dado a la Fiscalía la función de actuar eminentemente como ente de acusación, se entiende que el organismo público no esté obligado a recaudar evidencias que pudieran liberar de responsabilidad penal al imputado. La investigación adelantada por la Fiscalía se enfoca primordialmente a desmontar la presunción de inocencia que ampara al individuo objeto de investigación, lo que no significa que, de hallarse evidencia que resulte favorable a los intereses del mismo, ésta deba ser puesta a disposición de la defensa8. En suma, mientras el sistema procesal penal derogado obliga al ente de investigación a recaudar pruebas favorables al procesado, el segundo lo obliga a ponerlas a disposición de la defensa en caso de encontrarlas, lo cual significa un evidente y sensible cambio en el énfasis de dicho compromiso.
2.2. Las facultades del imputado en materia probatoria y el actual paradigma constitucional de tendencia acusatoria
2.2.1. En relación con las facultades del imputado dentro del actual paradigma constitucional de tendencia acusatoria se ha pronunciado esta Corporación en numerosa jurisprudencia9, en la cual se sostiene que el poder de prueba dentro del actual esquema acusatorio se radica tanto en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, como en cabeza del acusado y del Juez. Se afirma que en el nuevo sistema acusatorio -numeral 4 y el último inciso del artículo 250 de la Carta- se introdujeron modificaciones importantes en materia probatoria, dentro de las cuales se encuentra el alcance de los principios de inmediación y de contradicción, ya que las pruebas se han de practicar dentro de la etapa de juzgamiento ante el juez y los jurados y, además, ofreciendo tanto a la Fiscalía como a la defensa el derecho de contradicción.
2.2.2. En la jurisprudencia de la Corte se destaca la función que asigna el numeral 3 del artículo 250 constitucional a la Fiscalía, la cual no se encontraba prevista en la Carta de 1991, relativa a "asegurar los elementos materiales probatorios", para lo cual deberá garantizar la cadena de custodia mientras se ejerce la contradicción de tales pruebas. Asimismo, se pone de relieve el que el sistema acusatorio establece una regla general no prevista en el esquema de funciones original de 1991, el que en caso de requerirse medidas adicionales para asegurar elementos materiales probatorios, que impliquen afectación de derechos fundamentales, se deberá contar con autorización judicial por parte del juez que ejerza la función de control de garantías.
Así mismo la jurisprudencia de esta Corte ha establecido en materia probatoria y bajo el nuevo sistema procesal penal con tendencia acusatoria, que si bien la etapa del juicio tiene preponderancia frente a la fase de investigación, por cuanto en ella se practicarán las pruebas que servirán de fundamento para la sentencia, de conformidad con los principios de inmediación y de contradicción, siendo por ello esta etapa de juicio el eje del proceso penal, la fase de investigación tiene también en el nuevo esquema acusatorio una importancia fundamental como fase de preparación para el juicio tanto por parte de la Fiscalía como por parte del imputado y su defensa, para que en la etapa de juicio se practiquen y valoren en forma pública y con participación del imputado el material probatorio que se hubiere recaudado en la etapa de investigación, conforme a los principios de concentración, inmediación y contradicción de la prueba10.
"En efecto, durante la etapa preprocesal de indagación, al igual que en el curso de la investigación, no se practican realmente "pruebas", salvo las anticipadas de manera excepcional, sino que se recaudan, tanto por la Fiscalía como por el indiciado o imputado, elementos materiales probatorios, evidencia física e información, tales como las huellas, los rastros, las armas, los efectos provenientes del delito, y los mensajes de datos, entre otros. En el escrito de acusación, el cual se presenta ante el juez de conocimiento en el curso de una audiencia de formulación de acusación, el fiscal deberá descubrir las pruebas de cargo, incluyendo los elementos favorables al acusado. A su vez, podrá solicitarle al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Posteriormente, en el curso de la audiencia preparatoria, la Fiscalía y la defensa deberán enunciarle al juez de conocimiento la totalidad de las pruebas que harán valer en el juicio oral, pudiendo solicitársele la aplicación de la regla de exclusión. Finalmente, en virtud del principio de inmediación de la prueba en el juicio oral, se practicarán las pruebas que servirán para fundamentar una sentencia".
2.2.3. En relación con el momento en el cual es procedente el descubrimiento de las pruebas, como soporte de la acusación, a fin de que ellas sean practicadas en el juicio según la configuración del nuevo sistema procesal penal, en la sentencia C-1194 de 200511 la Corte consideró que el propósito central de la diligencia de descubrimiento es que la defensa conozca el material probatorio que el fiscal utilizará en el juicio, así como que inversamente la Fiscal conozca los elementos de convicción y el material probatorio recaudado por la defensa y que pretende hacer valer en el juicio.
2.2.4. Así también, la jurisprudencia de esta Corte se ha pronunciado en relación con el tema de las pruebas anticipadas, afirmando que la práctica de pruebas anticipadas en circunstancias excepcionales no vulnera el principio de inmediación de la prueba en un sistema acusatorio, y que las pruebas anticipadas deben cumplir así mismo con el principio de legalidad, de publicidad y de contradicción.12
2.2.5. También se ha pronunciado esta Corporación13, sobre la función del juez de conocimiento en materia probatoria dentro del actual sistema de tendencia acusatoria, y su rol pasivo en esta materia, de conformidad con el artículo 361 del CPP, caracterización del juez dentro del sistema acusatorio que esta Corte ha considerado como una garantía adicional para el acusado.
En este orden de ideas, esta Corte en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado respecto de la importancia de garantizar el derecho de defensa del imputado en general y específicamente durante la etapa de investigación previa en relación con el material probatorio a ser recabado 14. En este sentido esta Corporación ha sostenido que la investigación previa es una etapa preprocesal en donde el Estado debe determinar si una conducta ha ocurrido, si está tipificada en la ley penal, si se configura una causal de ausencia de responsabilidad y si la acción penal es procedente, así como la identificación del autor o autores del hecho, etapa durante la cual, dentro del marco del actual sistema acusatorio, no sólo el ente acusador sino también el imputado y la defensa tienen el derecho y la facultad de recaudar el material probatorio que permitan esclarecer estos interrogantes penales. Por las razones anteriores, la etapa de investigación previa reviste especial importancia tanto para el sistema punitivo como para el imputado, razón por la cual durante esta etapa debe protegerse y garantizarse plenamente el derecho de defensa y sus principios, entre ellos la igualdad de armas.
"Esta fase [de investigación previa] reviste importancia capital no sólo para el cumplimiento de los fines del Estado, sino también para el imputado, porque dependiendo de las actividades desarrolladas en esta etapa puede luego convertirse en sindicado y desde entonces su libertad personal, al igual que otros derechos, resultar seriamente afectados. Por lo mismo, la actividad estatal en la búsqueda de la verdad debe armonizarse con el ejercicio de sus derechos al debido proceso y a la defensa, pues de lo contrario probablemente carecerán de eficacia material durante las etapas subsiguientes".15
"En efecto, el ente acusador tiene a su alcance amplios poderes que en en ciertos eventos podrían definir radicalmente el curso del proceso. Por ejemplo, si gran parte del material probatorio es recopilado durante la investigación previa sin la participación del imputado o de su defensor, o sin la posibilidad de controvertirlo oportunamente, o de solicitar la práctica imperiosa de algunas pruebas a favor del imputado, el derecho de defensa difícilmente podrá consolidarse durante el sumario y menos aún en la etapa del juicio, por cuanto durante la fase preprocesal aquel no revistió las suficientes garantías y solamente fue satisfecho de manera precaria."16
2.2.7 De todo lo anterior, la Sala concluye dentro del marco de actual sistema penal acusatorio, se introdujeron cambios estructurales fundamentales respecto de la actividad probatoria por parte de la Fiscalía, del imputado, del acusado, del defensor y del juez, cambios que esta Corporación ha encontrado como de los más relevantes dentro de las modificaciones introducidas por el nuevo esquema penal17. En materia probatoria, pertinente para el presente proceso de constitucionalidad, estos elementos se refieren a que:
2.3. Análisis concreto de las expresiones demandadas
2.3.1. El artículo 268 (parcial) de la Ley 906 del 2004
(i). En primer lugar, por cuanto la exigencia de una constancia por parte de la Fiscalía, referente a la calidad de imputado o defensor de éste, para que proceda el traslado de los materiales probatorios, que han buscado, identificado, recogido y embalado el imputado o su defensor, vulnera la igualdad de armas al exigir al imputado una constancia precisamente de su contraparte, esto es, del ente acusador, lo cual desequilibra la igualdad de las partes procesales dentro del esquema acusatorio.
(ii). En segundo lugar, la segunda parte del artículo 268 de la Ley 906 del 2004 es demandada por vulnerar el principio de igualdad de armas, por cuanto dispone que el imputado realice el traslado del material probatorio recaudado para que sea examinado a una entidad pública, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que se encuentra adscrita a la Fiscalía General de la Nación, lo cual rompería nuevamente el equilibrio entre la parte acusadora, y el imputado durante la etapa de investigación.
2.3.1.1. La inexequibilidad de que la constancia sobre la calidad de imputado o de defensor sea otorgada exclusivamente por parte de la Fiscalía
2.3.1.2. La inexequibilidad de la obligación de trasladar el material probatorio recaudado para ser examinado exclusivamente al laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
(i). Inexistencia de cosa juzgada constitucional: En la sentencia C-980 del 2005 esta Corporación conoció de una demanda presentada en esa oportunidad contra los artículos 268, 269 y 270 de la Ley 906 del 2004. En relación con el artículo 268 de la Ley 906 del 2004, que hoy nos ocupa nuevamente, los cargos presentados en esa ocasión se enfilaron específicamente en contra de la disposición referida al traslado del material probatorio y evidencia física recabada por el imputado y el defensor al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por vulnerar los principios de igualdad de armas y de no autoincriminación. Esta Corporación en esa oportunidad, halló que no se configuraban los requisitos constitucionales de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia, exigidos por esta Corte para la existencia real de un cargo de constitucionalidad, razón por la cual falló declarándose inhibida para emitir pronunciamiento de fondo respecto de los artículos 268, 269 y 270 de la Ley 906 de 2004, por haberse presentado ineptitud sustancial de la demanda.
(ii). Análisis de fondo
a). Una primera interpretación, afirma que esta norma hace referencia no a una obligación sino más bien a una facultad concedida al imputado y a su defensor, para trasladar los elementos materiales probatorios y evidencia física recaudados durante la etapa de investigación al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de que sean examinados. Esta interpretación se expone, por ejemplo, en la intervención del Ministerio del Interior y de Justicia.
(b). Una segunda interpretación, sostiene que la disposición contenida en el artículo 268 de la Ley 906 del 2004, no prevé una facultad sino una obligación para el imputado o su defensor, de llevar necesariamente el material probatorio y evidencia física recaudada durante la etapa de investigación, de manera exclusiva al laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que sean examinados.
2.3.1.3. La inexequibilidad de que sea exclusivamente la Fiscalía General de la Nación la que expida el certificado respecto de la utilización de la información para efectos judiciales de que trata el numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007
(i) En primer lugar, la Sala considera que las expresiones demandadas "de la Fiscalía" del artículo 268 de la Ley 906 del 2004 y "por la Fiscalía General de la Nación" del numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 del 2007, son inconstitucionales por vulneración del principio de igualdad de armas como parte integrante del derecho de defensa, por cuanto dejan en forma exclusiva en cabeza de la Fiscalía General de la Nación la competencia para otorgar constancia respecto de la calidad de imputado o defensor dentro del proceso penal –art. 268 Ley 906 del 2004-; y en cabeza de esta misma entidad, la competencia de expedir certificación en relación con que la información buscada, recogida o recabada por la defensa, será utilizada para efectos judiciales –numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 del 2007.
Esta Corte resolverá estarse a lo resuelto en la sentencia C- 425 del 2008 en relación con el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, en cuanto declaró la inexequibilidad de las expresiones "… formular imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las solicitudes que considere procedentes …" y "En este caso …" contenidas en el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, y la exequibilidad del resto del parágrafo 1º, en el entendido de que en esta hipótesis, se interrumpe la prescripción.18
Primero. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C- 425 del 2008 en relación con el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, en cuanto declaró la inexequibilidad de las expresiones "… formular imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las solicitudes que considere procedentes …" y "En este caso …" contenidas en el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, y la exequibilidad del resto del parágrafo 1º, en el entendido de que en esta hipótesis, se interrumpe la prescripción.19
Cuarto. Declarar INEXEQUIBLE la expresión "por la Fiscalía General de la Nación" contenida en el numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007 y EXEQUIBLE el resto de lo demandado.
1 La Sentencia de Constitucionalidad de esta norma , es la C- 037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
2 Sentencia C- 548 de 2002 Corte Constitucional.
3 Sentencia C- 774 de 2001 Corte Constitucional.
4 Con Salvamento Parcial de Voto del Magistrado Jaime Araújo Rentería en relación con el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 que en su concepto ha debido ser declarado inexequible en su totalidad.
5 Ver Sentencia C-1194 del 2005, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, en donde se estudió el principio de igualdad de armas en aras de resolver un cuestionamiento constitucional frente al descubrimiento de la prueba en el nuevo modelo acusatorio. En esta decisión la Corte declaró al exequibilidad del artículo 356 del C.P.P.
6 Sentencia C-396 del 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
7 Sentencia C-1194 del 2005, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
8 Así, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, tomando asiento en la doctrina adoptada en el caso Brady Vs Maryland, y en aplicación de los rudimentos del sistema acusatorio norteamericano y del principio del fair trial, prescribe que el ente acusador está en la obligación de transmitir a la defensa cualquier evidencie exculpatoria de que tenga conocimiento, aún sin que medie solicitud expresa al respecto. Sobre dicho particular, el Tribunal citado asegura, tras citar fallos pertinentes al caso, que: "De la jurisprudencia citada se colige que el ministerio fiscal tiene la obligación legal de revelarle a un imputado de delito cualquier tipo de evidencia exculpatoria que tenga en su poder o cualquier vicio de falsedad que pueda afectar su prueba.[15] Esta obligación ha sido recogida en el Inciso (b) de la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal, ante, al disponerse que "[e]l Ministerio Fiscal revelará toda aquella evidencia exculpatoria del acusado que tenga en su poder." (…) Es importante recalcar que esta obligación no depende de que exista o no una previa solicitud por parte de la defensa o que se trate de una solicitud específica o general. Si el ministerio fiscal tiene en su poder prueba exculpatoria, o evidencia relevante a la inocencia o castigo del acusado, tendrá que entregarla a la defensa pues, al no hacerlo, incurre en una violación al debido proceso de ley;[16] ello independientemente de la buena o mala fe que haya tenido el ministerio público al así actuar. Brady v. Maryland, ante; Giles v. Maryland, 386 U.S. 66 (1967); Moore v. Illinois, 408 U.S. 786 (1972); U.S. v. Agurs, ante. Ciertamente, no es la intención del fiscal lo que cuenta para determinar si se ha ofendido el debido proceso de ley, sino la posibilidad de daño al acusado. Pueblo v. Hernández García, ante, a las págs. 508-09 (citando a Giglio v. United States, ante. (…) Dicho de otra forma, el ministerio fiscal tiene el deber de revelar cualquier indicio de falso testimonio y de descubrir evidencia exculpatoria cuando tal falsedad o carácter exculpatorio es, o debió ser, conocida por éste. Véase: Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. II, ante, a la pág. 32. Ello, naturalmente, sin necesidad de una previa solicitud por parte de la defensa y sin importar si las Reglas de Procedimiento Criminal proveen o no para tal descubrimiento en la etapa específica de los procedimientos en que se encuentren. El no hacerlo podría acarrear la revocación de la convicción y la celebración de un nuevo juicio. Ello dependerá de la relevancia y materialidad de la evidencia suprimida; esto es, si la supresión de la evidencia de que se trata socava la confianza en el resultado del juicio. Esto deberá ser analizado a base de un estándar de "probabilidad razonable".[17] Kyles v. Whitley, 514 U.S. 419, 434 (1995); United States v. Bagley, 473 U.S. 667, 678 (1985)" 2003 DTS 157 PUEBLO V. ARZUAGA RIVERA 2003TSPR157, en el Tribunal Supremo de Puerto Rico el Pueblo de Puerto Rico Recurrido v. Víctor Arzuaga Rivera, Félix de Jesús Mendoza.
9 Ver sentencias C-783-03, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-591 del 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, C-1260 del 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, y C-396 del 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
10 Ver sentencias C-830 del 2003 y C-1260 del 2005.
12 Ver sentencias C- 830 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentaría, C- 798 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Treviño, C-591 del 2005, M.P.: Clara Inés Vargas, y C-1154 del 2005, M.P.:Manuel José Cepeda Espinosa.
13 Ver sentencia C-396 del 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
14 Ver Sentencia C-1291 del 2001, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, y C-033 del 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, ambas sobre disposiciones de la Ley 600 del 2000.
15 Sentencia C-033 del 2003, M.P.: Eduardo Montealegre Lynnett.
16 Sentencia C-033 del 2003, M.P.: Eduardo Montealegre Lynnett.
17 Ver sentencia C-396 del 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
18 Con Salvamento Parcial de Voto del Magistrado Jaime Araújo Rentería en relación con el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 que en su concepto ha debido ser declarado inexequible en su totalidad.
19 Con Salvamento Parcial de Voto del Magistrado Jaime Araújo Rentería en relación con el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 que en su concepto ha debido ser declarado inexequible en su totalidad.