Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1995-10714-de-enero-29-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f3798675d787039ae0430a010151039a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-16 16:42:33
Document Index: 188661325

Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'artículo 136', 'artículo 66', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 414', 'in dubio', 'artículo 1', 'in fine', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 414', 'in dubio', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 90', 'in dubio', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 390', 'artículo 389', 'artículo 187', 'artículo 149', 'artículo 97', 'artículo 42', 'artículo 1614', 'artículo 16', 'artículo 393', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 40', 'artículo 115', 'artículo 357', 'artículo 414', 'artículo 105', 'artículo 100', 'artículo 83']

﻿ Sentencia 1995-10714 de enero 29 de 2014
SENTENCIA 1995-10714 DE 29 DE ENERO DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. CONSTITUYE UN EVENTO DETERMINANTE DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CUANDO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL PROCESO PENAL AL CUAL FUE VINCULADO EL CIUDADANO, SIEMPRE SE MANTUVO INTACTA LA PRESUNCIÓN CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA QUE LO AMPARA Y QUE EL ESTADO, A TRAVÉS DE SUS ENTIDADES, JAMÁS LE DESVIRTUÓ.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, EMPLEADO PÚBLICO, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DOLO, CULPA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
Sentencia 1995-10714 de enero 29 de 2014
Rad.: 25000232600019951071401
Exp: 33.806.
Actor: Alberto Alfredo Jubiz Hazbum y otros.
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros.
Ref.: Apelación sentencia – reparación directa.
2.1.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida el 2 de agosto de 2006, por el tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, comoquiera que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, independientemente de la cuantía del proceso(27).
2.1.2. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que los daños por cuya indemnización se demandó, según el libelo introductorio, son: i) la privación injusta de la libertad de la cual fueron objeto las citadas víctimas directas y; ii) las presuntas “falsas imputaciones” realizadas contra los demandantes el 24 de agosto de 1989 por el entonces Presidente de la República y demás autoridades demandadas en los distintos medios de comunicación.
Ahora bien, para determinar el momento en el cual ha de efectuarse el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa para el primero de los aludidos daños antijurídicos, la Sala tendrá como punto de referencia el día siguiente al de la fecha de ejecutoria de la providencia de fecha 2 de marzo de 1993(28) a través de la cual la fiscalía delegada ante el tribunal Nacional confirmó la providencia objeto de consulta respecto de la preclusión de la investigación penal adelantada en contra de los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero(29), razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 2 de marzo de 1995, se impone concluir que la misma se formuló dentro de los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
El anterior razonamiento resulta también aplicable para efectos de contabilizar el término de caducidad respecto de las presuntas “falsas imputaciones” que habrían sido realizadas por el entonces Presidente de la República en una alocución televisiva el 24 de agosto de 1989, comoquiera que la ejecutoria de la providenciajudicial en la cual se determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión o el procedimiento adelantado por la respectiva autoridad judicial contra los procesados, reveló su inocencia respecto de los delitos que les fueron imputados y, por ende, tornó en falsas todas las imputaciones judiciales o extrajudiciales realizadas contra los ahora demandantes, razón por la cual se impone revocar la decisión del a quo respecto de la declaratoria de caducidad de dicho hecho dañoso.
2.2. Límites de la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia frente al presente asunto.
Sea lo primero advertir que comoquiera que ambas partes formularon recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, dicha circunstancia permite a la Sala resolver el presente asunto sin limitación alguna(30); sin embargo, resulta necesario destacar ab initio que mediante auto del 25 de marzo de 2009, la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado aprobó el acuerdo conciliatorio al cual llegaron las partes en el trámite de segunda instancia respecto del reconocimiento de los perjuicios deprecados para los demandantes relacionados en dicho acuerdo; en ese mismo proveído se manifestó que el proceso debía continuar, únicamente, respecto “de los demandantes y pretensiones que no fueron parte del acuerdo conciliatorio”.
Así pues, de conformidad con el artículo 66 de la Ley 446 de 1998(31) debe concluirse que ha operado el fenómeno jurídico de la cosa juzgada respecto del aludido arreglo conciliatorio, el cual incluye —como resulta apenas natural—, la declaratoria de responsabilidad respecto de la entidad demandada (Fiscalía General de la Nación), por la privación injusta de los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, puesto que la propia entidad demandada concilió judicialmente y aceptó su responsabilidad patrimonial por el daño que aquí se le imputó. De igual forma, la Sala se abstendrá de estudiar los perjuicios de orden material e inmaterial que fueron objeto de conciliación por las partes.
Como consecuencia de todo lo anterior, la Sala abordará el estudio de fondo del presente asunto sin limitación distinta a aquellos puntos que ya fueron objeto de conciliación por las partes.
Respecto de los efectos jurídicos del acuerdo conciliatorio parcial realizado por las partes dentro del trámite del proceso, esta Subsección en diversas oportunidades ha razonado de la siguiente manera:
— Sentencia de12 de mayo de 2011, expediente 20.960(32), en la cual se manifestó:
‘Es necesario precisar que la competencia de la Sala se limita a decidir sobre la relación entre la entidad demandada y los llamados en garantía, comoquiera que el proceso terminó respecto de las imputaciones formuladas por los inicialmente demandantes en contra de la administración, de manera que no hay lugar a hacer pronunciamiento alguno acerca de la responsabilidad de la entidad pública demandada ni sobre el acuerdo conciliatorio logrado entre ésta y la parte actora’(33).
Por consiguiente, resultaría abiertamente contradictorio realizar en esta oportunidad un análisis de responsabilidad patrimonial del ente accionado, cuando, se reitera, existe una decisión judicial en firme y que hizo tránsito a cosa juzgada como lo es el proveído de junio 7 de 2000, por medio del cual el a quo impartió aprobación al arreglo económico al cual llegaron las partes en primera instancia (...)”. (negrillas y subrayas adicionales).
“Para efectos del presente proceso, advierte la Sala que mediante auto del 15 de abril de 1996, el tribunal a quo aprobó el acuerdo conciliatorio al cual llegaron las partes en el trámite de primera instancia respecto del reconocimiento de los perjuicios morales deprecados para los demandantes; en ese mismo proveído se manifestó que el proceso debía seguir únicamente respecto “del llamado en garantía y por los perjuicios materiales”.
Así pues, el tribunal de primera instancia al efectuar un análisis de responsabilidad patrimonial de la demandada en la sentencia impugnada no tuvo en cuenta que ya había operado la cosa juzgada respecto del aludido arreglo conciliatorio (L. 446/98, art. 66(34))” (negrillas y subrayas adicionales).
“De acuerdo con el panorama fáctico que se ha dejado expuesto, la Sala advierte que debe abstenerse de analizar la responsabilidad de la parte demandada frente al daño alegado por los actores, pues, por un lado, ese aspecto fue definido mediante la aprobación del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes de manera prejudicial y, por consiguiente, hizo tránsito a cosa juzgada, tal como de manera reciente lo precisó esta Subsección al resolver un caso similar al que ahora se define”(35).
En conclusión, la Sala se abstendrá de analizar la responsabilidad patrimonial del ente demandado —Fiscalía General de la Nación— por el daño causado a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fueron objeto, así como los perjuicios de orden material e inmaterial que fueron conciliados por las partes en esta instancia, habida cuenta que sobre esos puntos se entiende configurado el fenómeno de la cosa juzgada material(36).
Así las cosas, la Sala en su condición de juez de la segunda instancia procederá a examinar y a resolver los siguientes tópicos: i) la responsabilidad patrimonial de las demás entidades demandadas por la privación injusta de la libertad de la cual fueron objeto los demandantes; ii) el estudio del daño antijurídico consistente en las “falsas imputaciones” realizadas por las entidades demandadas en contra de los referidos demandantes; iii) lo atinente con el reconocimiento de los perjuicios a favor de los demandantes no incluidos en la condena de primera instancia; iv) el aumento del monto de los perjuicios morales a favor de los demandantes no relacionados en el acuerdo conciliatorio; v) el reconocimiento de perjuicios por “daños sicológicos y biológicos” a favor de las víctimas directas y, vi) finalmente, la responsabilidad de las personas llamadas en garantía en el presente asunto.
2.3. Responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de la cual fueron objeto los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero.
2.3.1. Régimen de responsabilidad extracontractual aplicable al presente asunto.
Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, resulta necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la privación injusta de la libertad a la cual fueron sometidos los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbúm, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, desde el 24 de agosto de 1989, hasta el 2 de marzo de 1993, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron antes de la expedición de la Ley 270 de 1996.
La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(37). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(38).
En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a Derecho, previa una valoración seria y razonada de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(39). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber de soportar(40).
Más adelante, en una segunda dirección, se indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(41), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma legal se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(42), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(43).
En una tercera línea, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(44), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(45).
Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e, incluso, cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento(46)—.
Estas últimas tesis han tenido sustento en la primacía de los derechos fundamentales, en la consecuente obligación estatal de garantizar el amparo efectivo de los mismos y en la inviolabilidad de los derechos de los ciudadanos entre los cuales se cuenta, con sumo grado de importancia, el derecho a la libertad. En relación con estos aspectos, la Sala, en sentencia proferida el 4 de diciembre de 2006, precisó:
“Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas...
“Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general...
“De ahí que los derechos fundamentales se configurasen como límites al poder(47) y que, actualmente, se sostenga sin dubitación que el papel principal del Estado frente a los coasociados se contrae al reconocimiento de los derechos y libertades que les son inherentes y a ofrecer la protección requerida para su preservación y respeto(48). No en vano ya desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1798(49), en su artículo 2º, con toda rotundidad, se dejó consignado:
““ART. 2º—El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”...
“Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo. No es gratuito que, en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el Capítulo 1 del Título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida —artículos 11 y 12— se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de derecho.
Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la necesidad de garantizar de manera real y efectiva los derechos fundamentales de los ciudadanos, no da cabida a entender que los ciudadanos estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y que, en consecuencia, estén obligados a aceptar como un beneficio gracioso que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren causales como las previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo —sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima— el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que le hubiere impedido el ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el sólo hecho de vivir en sociedad(50).
Adicionalmente, es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar del ordenamiento vigente en Colombia, es un auténtico derecho fundamental que solo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (C.P., art. 28).
En materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos son varias las disposiciones que amparan el derecho a la libertad personal, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual expresa que,
“Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta (...). La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”. (Subrayas adicionales).
De igual forma, el artículo 7º de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, preceptúa que,
“Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes y por las leyes dictadas conforme a ellas”.
“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario encargado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.
En cuanto a las generalidades de dicha medida cautelar de detención preventiva, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que ésta, para evitar la vulneración del derecho a la libertad personal, debe contar, por lo menos, con los siguientes elementos: i) debe ser adecuada, esto es cumplir los requisitos que se desprenden directamente de la norma constitucional (C.P. art. 28); ii) debe fundamentarse en un causa que esté previamente prevista en la ley; en otras palabras, la autoridad que asume la medida en todo momento está sujeta al más estricto principio de legalidad. Se exige como presupuesto la existencia de indicios y medios probatorios que desde un punto de vista racional arrojen una posible responsabilidad penal del individuo inculpado; iii) no puede ser indefinida, debe tener un límite temporal que se relaciona directamente con el tiempo indispensable para la averiguación de los hechos que dieron lugar a la asunción de la medida y iv) por tratarse de una medida cautelar su finalidad no es represiva, se encamina principalmente a prevenir la fuga del sindicado, a garantizar su presencia en el proceso, a asegurar la efectividad de la sentencia o a impedir la continuación de su actividad delictiva(51).
Asimismo, se ha manifestado que dicha medida tiene una naturaleza jurisdiccional en sus diferentes fases: en la toma de decisión, en su control y en su finalización; así por ejemplo, una vez asumida la medida y afectada la libertad de una persona se activan diversas garantías de orden procedimental y sustancial que hacen parte del derecho fundamental al debido proceso: principalmente la presunción de inocencia, el derecho de contradicción, la radicación de la carga de la prueba en cabeza del Estado, entre otros.
De igual forma, la detención preventiva debe responder al criterio de excepcionalidad, esto es, dicha medida debe asumirse cuando no existe otra forma de asegurar los objetivos señalados en la ley y, finalmente, la detención preventiva siempre debe responder al principio de proporcionalidad, es decir que debe constituir un medio adecuado para la finalidad que se pretende alcanzar(52).
Ahora bien, según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad, en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o porque se le favoreció con la aplicación del in dubio pro reo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.
Dicha garantía a la indemnización por la privación injusta de la libertad, se encuentra consagrada también en el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Así pues el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”. En similares términos, el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé que “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”.
La Sala ha considerado necesario presentar estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas que rigen la materia, las cuales serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, con el fin de establecer si están demostrados en este caso, como en efecto lo están, los elementos de la responsabilidad de las entidades demandadas respecto de la privación injusta de la libertad de la cual fueron objeto los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbúm, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero.
2.3.2 Los hechos probados.
Del acervo probatorio recaudado se destacan las siguientes actuaciones procesales(53):
a) La noche del 18 de agosto de 1989 fue capturado por miembros de la Policía Nacional el señor Héctor Manuel Cepeda Quintero mientras realizaba una llamada desde un teléfono público en la ciudad de Bogotá, el cual fue identificado por la Central de Radio de la Policía Nacional como el aparato telefónico desde donde una voz masculina sostuvo: “Yo trasladé a los duros que le dieron al doctor Galán hasta el barrio Valencia”(54).
b) Mediante providencia proferida el 19 de agosto de 1989 por el Juzgado Tercero de Orden Público el señor Héctor Manuel Cepeda Quintero fue vinculado al proceso penal adelantado por el homicidio del Candidato Presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento(55).
c) Mediante proveído del 21 de agosto de 1989 el Juzgado 58 de Instrucción Penal Militar de Bogotá comisionó al Jefe de la Sección de Estupefacientes, Capitán de la Policía Nacional Hernando Arciniegas Sánchez, para la práctica de un allanamiento y registro en diferentes inmuebles, entre los cuales se incluyó el denominado “Edificio Mezanine” ubicado en la carrera 4 Nº 19-78 de Bogotá, pues con base en “escaneo de frecuencias, informantes y medidas de inteligencia, se tenía conocimiento de que en ese lugar se encontraban personas u objetos vinculados a actividades de narcotráfico”(56).
d) El 22 de agosto de 1989 fueron capturadas varias personas en el inmueble ubicado en la carrera 4 Nº 19-78, entre ellas, el señor Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, y fue dejado a disposición del Juzgado Tercero de Orden Público de Bogotá ese mismo día. En el respectivo oficio suscrito por el Capitán Hernando Arciniegas Sánchez, se lee “Según investigaciones adelantadas por esta Dirección estas personas pueden estar vinculadas en la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento”(57).
e) El 13 de septiembre de 1989 el Juzgado Tercero de Orden Público dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero, como presuntos responsables de los delitos de homicidio con fines terroristas. En esa misma providencia se ordenó la vinculación al proceso penal del señor Norberto Hernández Romero y se libró orden de captura en su contra, la cual se hizo efectiva el 14 de septiembre de 1989, mientras se encontraba trabajando en un Hotel de la ciudad de Bogotá D.C.(58).
La anterior decisión se fundamentó en los siguientes hechos y consideraciones:
“(...). En virtud de la gravedad de tales hechos, los diferentes cuerpos armados del Estado realizaron varios operativos tendientes a dar con la aprehensión de los sujetos que participaron en el magnicidio, lográndose la retención de todas las personas mencionadas anteriormente, las cuales se encuentran a disposición de este despacho en la Sala de detenidos de la DIJIN y la Cárcel Nacional Modelo de esta ciudad.
“Es evidente que en el caso materia de estudio aparece fortalecida la prueba indiciaria en contra de los procesados Alberto Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero (...), no sólo porque se desprende de los testimonios que la soportan, sino por diligencias de reconocimiento practicadas con el lleno de los requisitos del artículo 390 del Código de Procedimiento Civil, que los anteriormente mencionados estuvieron presentes en la población de Soacha la noche del atentado contra el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, Julio César Peñaloza y el agente del DAS Santiago Cuervo, además de que la aprehensión de los mismos ocurrió en circunstancias bastante sospechosas.
Como consecuencia de lo anterior el despacho tendrá como prueba legalmente producida dentro del proceso, las diligencias de reconocimiento en fila de personas, ya que para la realización de las mismas el despacho consultó los postulados del artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, decisión que no será óbice para que en el decurso de la investigación se evalúe plenamente el valor probatorio que conforme a la crítica las mismas merezcan. (...).
Respecto de la diligencias de reconocimiento en fila de personas, las mismas se tendrán como indicio grave en contra [de] cada uno de los procesados reconocidos, pero en ningún momento se están incorporando como plena prueba, entre otras razones, porque no es el momento procesal para que ello ocurra. Ya se dijo que las circunstancias extrañas al proceso aunque de alguna forma debilitan la prueba, no pueden desaparecerla de tajo” (se ha resaltado).
f) Mediante proveído calendado el 29 de noviembre de 1989, el Juzgado Tercero de Orden Público decidió no reponer la medida de aseguramiento impuesta contra las aludidas personas(59).
g) El 29 de marzo de 1990 el tribunal Superior de Orden Público confirmó, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa, la medida de aseguramiento dictada contra los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero(60).
h) Mediante providencia proferida el 29 de diciembre de 1992, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Medellín dictó cesación de procedimiento a favor de los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, entre otros; en consecuencia se les concedió el beneficio de libertad mediante caución juratoria.
En esa misma providencia se decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Pablo Emilio Escobar Gaviria, como presunto autor intelectual responsable de la comisión de los delitos de concierto para delinquir, homicidio y lesiones personales con fines terroristas.
Las razones que motivaron dicha decisión fueron, en lo sustancial, las que a continuación se transcriben:
“Es importante indicar que el objetivo del registro y allanamiento fue la búsqueda de elementos y personas relacionadas con actividades de narcotráfico, que se llevó a cabo cuatro días después de los crímenes conocidos y los señores capturados en el edificio Mezanine de la dirección mencionada, se convirtieron en noticia hablada y escrita, publicando inclusive sus fotografías y mostrándolas a través de videos, sin que existiera prueba alguna que permitiese relacionarlos directa o indirectamente con el magnicidio.
Lo anterior permitió que ciertos reconocimientos y testimonios que más adelante citaremos fueran posiblemente preconcebidos dada la magnitud del despliegue periodístico, que por ende originó medidas de excepción que limitaran la actividad periodística.
“Resulta inexplicable para este despacho que la Policía y el Instructor hubiesen incurrido en esas irregularidades en cuanto al manejo de estas primeras averiguaciones, pues no se entiende cómo una vez capturados los señores en el edificio Mezanine conocido (ago. 22/89) sin que existiera sindicación en contra de aquellos por los acontecimientos del 18 de agosto de 1989 (registro y allanamiento tuvo otras motivaciones), difundieran dicha información, los filmaran, los fotografiaran y fuera de eso, mostraran sus retratos entre otros, a los habitantes de Soacha para que rindieran declaración y realizaran reconocimiento personal.
Además de lo anterior, no existe prueba que lleve a demostrar alguna clase de relación entre los capturados en el Mezanine y los autores materiales e intelectuales vinculados a esta investigación. (...).
“Sea este la ocasión para que se reitere el criterio expuesto en esta misma providencia respecto de estas diligencias judiciales practicadas de manera irregular, porque adolecen de los mismos vicios detallados frente a los otros reconocimientos ya criticados. Inexplicablemente, enfatiza la Fiscalía, la ausencia de técnica criminalística y probatoria con que actuaron las autoridades que en principio investigaron este asunto, lo que dio pie a que se bifurcara el objetivo de la instrucción y sólo hasta la fecha, después de casi tres años se calificara.
“Nos bastan los argumentos precedentes para apartarnos respetuosamente de la valoración que tuvieron en cuenta los funcionarios de primera y segunda instancia, al dictar y confirmar la medida de aseguramiento que afecta la libertad de (...), lo que permite concluir que estos sindicados no tuvieron ninguna clase de participación en la comisión de los ilícitos que se le imputan, llevándose de contera la calificación de su situación jurídica en esta oportunidad con cesación de procedimiento”(61) (negrillas y subrayas de la Sala).
i) La anterior decisión fue confirmada íntegramente por la Fiscalía Delegada ante el tribunal Nacional mediante providencia de fecha 2 de marzo de 1993 y, en consecuencia, ordenó la libertad inmediata e incondicional de los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, entre otros(62).
j) Según certificación expedida por el Director de la Cárcel La Picota de Bogotá D.C., los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum y Héctor Manuel Cepeda Quintero permanecieron privados de su libertad de forma ininterrumpida desde el 22 de agosto de 1989, hasta el 2 de marzo de 1993, es decir por tres (3) años, seis (6) meses y nueve (9) días;(63) a su turno, el señor Norberto Hernández Romero permaneció privado de su libertad desde el 14 de septiembre de 1989 hasta el día 2 de marzo de 1993(64).
2.3.3 Conclusiones probatorias y caso concreto.
En el caso sub examine, de las pruebas aportadas al proceso se puede establecer, básicamente:
i) Que los días 22 de agosto y 14 de septiembre de 1989 los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, fueron capturados por miembros de la SIJIN de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá, por ser presuntamente responsables del homicidio con fines terroristas del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento y de los señores Julio César Peñaloza y del escolta Santiago Cuervo, la noche del 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha, Cundinamarca;
ii) El mismo día de su captura los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero fueron presentados por la Policía Nacional a los diferentes medios de comunicación de circulación nacional como los directos responsables del aludido magnicidio.
iii) Que a través de providencia de 13 de septiembre de 1989 el Juez Tercero de Orden Público decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra las mencionadas personas por los delitos de homicidio y lesiones personales con fines terroristas, decisión que fue confirmada por el tribunal Superior de orden Público mediante proveído calendado el 29 de marzo de 1990.
iv) Que mediante providencia fechada el 29 de diciembre de 1992 la Fiscalía Regional de Medellín dictó cesación de procedimiento a favor de los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, por cuanto no existía prueba alguna sobre la comisión de los delitos respecto de los cuales se los investigó. Dicha decisión fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el tribunal Nacional y, en consecuencia, dispuso la libertad inmediata e incondicional de las referidas personas.
Así pues, las circunstancias descritas evidencian que los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero fueron objeto de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por haber sido sindicados de los delitos de homicidio y lesiones personales con fines terroristas con ocasión de la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento y de dos personas más que lo acompañaban; sin embargo, el Fiscal de conocimiento, después de valorar detenidamente el material probatorio allegado al proceso penal, concluyó que no existía prueba alguna sobre la responsabilidad penal respecto de la comisión de los ilícitos por los cuales se privó de la libertad a los referidos demandantes o, en palabras de la propia Fiscalía, las aludidas personas “no tuvieron ninguna clase de participación en la comisión de los ilícitos que se le imputan”.
Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fueron vinculados los ahora demandantes, siempre mantuvieron intacta la presunción constitucional de inocencia que los ampara y que el Estado, a través de las entidades demandadas, jamás les desvirtuó. En consecuencia, no es posible considerar que los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero hubieren estado en la obligación de soportar las consecuencias de la medida cautelar restrictiva de su libertad, en los términos en que en ese entonces la impuso la justicia penal.
Resalta la Sala que la privación de la libertad de los ahora demandantes no se produjo entonces como consecuencia de un hecho que fuere atribuible a ellos, pues no se acreditó en este asunto causa alguna que permita establecer que la decisión se hubiere adoptado con fundamento en una actuación directa y exclusiva de tales personas; por el contrario, tanto su captura como la investigación adelantada en su contra estuvo fundada sobre múltiples irregularidades que fueron reconocidas, incluso, por la propia Fiscalía General de la Nación al momento de decretar la cesación de procedimiento en favor de dichos afectados.
Bajo las circunstancias anteriores, resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir a los ahora demandantes que asuman de forma impasible y como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, durante más de tres años y medio, la privación de su derecho a la libertad, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado, mucho más si se tienen presentes los gravísimos hechos delictivos por los cuales fueron injustamente detenidos, tal y como lo reconoció y puso de presente la propia Fiscalía General de la Nación, además del amplísimo despliegue público y mediático que las propias autoridades del Estado promovieron e impulsaron para presentar ante el país y ante mundo a los ahora demandantes como responsables del magnicidio que les fue infundadamente atribuido, para con ello trasmitir, a costa de personas inocentes, una falsa imagen de eficiencia y eficacia en la lucha contra el delito y el esclarecimiento de un ilícito de tanta trascendencia que constituyó un lamentable hito en la historia de Colombia y aún continúa generando efectos nocivos sobre la institucionalidad democrática del país.
Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas se impone concluir que no estaban los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero en la obligación de soportar el daño que el Estado les irrogó y que, por tanto, debe calificarse como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a los demandantes.
Sobre el particular debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente.
En esa misma línea de argumentación, correspondía a las entidades demandadas demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, como fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(65).
2.4. Responsabilidad del Estado por las falsas imputaciones realizadas contra los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero.
Adicional a las anteriores consideraciones respecto de la privación injusta de la libertad de la cual fueron objeto los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, resulta necesario destacar que en el presente caso se presentó una grave violación a los derechos de buen nombre y honra de las aludidas víctimas, puesto que fue un hecho notorio a nivel nacional, tal y como lo reconoció la propia Fiscalía en el acápite atrás citado, que el propio Estado a través de autoridades del orden nacional (Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y Director de la Policía Nacional), sin que se hubiese adelantado el correspondiente proceso penal y sin que se hubiere declarado su responsabilidad penal por parte de la autoridad jurisdiccional competente, sometió a tales personas al escarnio público y se empecinó en mostrarlas como los directos responsables del magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el cual fue un acontecimiento que conmocionó al país entero y, por esa razón, provocó el odio, el desprecio público y el rechazo frente a esas personas, quienes, a la postre, resultaron ser absolutamente inocentes(66).
Así pues, los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero fueron víctimas de la irracionalidad del poder que les arrebató injustamente la libertad y, como si ello fuera poco —cuando lo es todo—, mancilló, además, su honra y su dignidad, al estigmatizarlos y hacerlos pasar ante la ciudadanía en general a través de los medios masivos de comunicación del orden nacional como los homicidas del entonces senador y candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, así como de las dos personas que lo acompañaban la noche de su muerte.
Así las cosas, resulta evidente que con tales acusaciones públicas, difundidas a través de los medios masivos de comunicación, se afectaron gravemente los derechos al buen nombre y a la honra en perjuicio de los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, así como de sus respectivos grupos familiares. De igual manera, tales imputaciones y señalamientos afectaron ostensiblemente la propia verdad de los hechos y con ello el curso de las investigaciones penales respecto de los verdaderos responsables.
Nadie —y menos las autoridades públicas— puede deshonrar la vida de una persona, ni mucho menos deshonrar a la justicia y a la verdad, y fue eso, sin eufemismo alguno, lo que en este caso ocurrió, pues —bueno es reiterarlo—, fue un hecho notorio a nivel nacional el despliegue periodístico que los diversos medios de comunicación le dieron a la noticia de la captura de los “asesinos del doctor Luis Caros Galán”, divulgación que fue auspiciada y respaldada por el propio Estado, que trasmitió una falsa imagen de eficiencia y eficacia en la lucha contra el delito. Al respecto, esta corporación, ha señalado:
“Al trato inhumano que algunos miembros de la fuerza pública le suelen dar a las personas que caen en sus manos se agrega un vicio reprochable que es el que se orienta a rendirle culto a la mentira. El delincuente no resulta ser el agresor, sino la víctima, a la cual se le presenta, en sociedad, como el peor delincuente, atentando así contra el patrimonio espiritual que le ha dejado a su familia, a su esposa, a sus hijos. De la mentira ha dicho el escritor Jean Francois Revel, que es la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo. Por ello se impone una tarea educativa que forme a los integrantes de la Policía Nacional en el culto a la verdad, pues sólo así será posible predicar que sus miembros PIENSAN BIEN Y ACTUAN BIEN.
“Para casos con el temperamento del que se deja estudiado vienen bien las enseñanzas de BALMES: ‘Ciertos hombres tienen el talento de ver mucho en todo; pero les cabe la desgracia de ver todo lo que no hay, nada de lo que hay’ (El Criterio). Quede, pues, en claro que LA MENTIRA no es vía amplia para lograr la exoneración de responsabilidad del Estado, sino semilla fructífera sobre la cual se consolida con más fuerza de convicción la falla del servicio o el daño antijurídico.” (mayúsculas en original)(67).
“Es una lástima, y también una tragedia nacional, que ciertas autoridades no se preocupen por rendirle culto a la verdad sino a la mentira, pues transitando por esta senda el país pierde confianza en sus instituciones. Las verdades a medias también perturban la recta administración de justicia, pues como lo recordaba Balmes, ellas se parecen a “...un espejo mal azogado, o colocado en tal disposición que, si bien nos muestra objetos reales, sin embargo, nos los ofrece demudados, alterando los tamaños y figuras”. (El Criterio. Diferentes modos de conocer la verdad)”(68).
Cuando es el mismo Estado el que a través de sus más altos miembros, emplea sus medios e instrumentos para vulnerar, aniquilar y desdibujar las garantías fundamentales del ser humano, se quebranta el principio basilar del Estado social de derecho, esto es, la dignidad humana, y ello se presta para definir a la organización pública como ilegítima, pues actúa en contra de los propios mandatos trazados por el constituyente primario y directo detentador de la soberanía y del poder político(69).
Finalmente, en cuanto a la responsabilidad patrimonial de la Nación - Presidencia de la República, advierte la Sala que si bien en los hechos 34 a 37 del líbelo introductorio sostuvieron los demandantes que los días 24 de agosto y 19 de diciembre de 1989, el entonces Señor Presidente de la República doctor Virgilio Barco Vargas, en alocuciones presidenciales trasmitidas por los canales nacionales de televisión, realizó varias incriminaciones en contra de los ahora demandantes, calificándolos como autores materiales del homicidio del señor Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido el 18 de agosto de 1989, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, lo cierto es que no obra medio de prueba alguno dentro del proceso que acredite tales afirmaciones realizadas en la demanda.
En efecto, pese a que se allegaron varios recortes de periódicos y revistas de la época sobre la captura de los ahora demandantes, ninguno de tales documentos contiene o refiere las falsas imputaciones que hubiera realizado el entonces Presidente de la República en contra de las mencionadas personas, razón por la cual se impone concluir acerca de la ausencia de prueba respecto de la conducta que se le imputa a la Nación - Presidencia de la República.
2.5. Entidades llamadas a reparar los daños antijurídicos en el presente asunto.
La Sala estima necesario precisar que si bien la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de administración Judicial tienen de manera debida y suficiente la representación de la Nación en casos en los cuales se discute la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la administración de Justicia (L. 446/98, art. 49 inc. 2º(70) y L. 270/96, art. 99 num. 8 (71)), lo cierto es que las decisiones que se discuten en el presente litigio y que causaron la privación injusta de la libertad de los demandantes, fueron proferidas durante la etapa de instrucción o investigación por el Juzgado 58 de Instrucción Penal Militar y, posteriormente, por el Juzgado Tercero de Orden Público de Bogotá D.C.
Ahora bien, respecto de las decisiones proferidas por el Juez de Orden Público, estima la Sala necesario señalar que con ocasión de la entrada en vigencia del Decreto 2700 de 1991(72), los Juzgados de Orden Público se integraron a la Fiscalía General de la Nación(73), entidad que asumió sus derechos y obligaciones de conformidad con el artículo 187 del Decreto 2699 de 1991, el cual dispuso que “la Fiscalía General de la Nación se subroga en todos los derechos y obligaciones que tengan las entidades que se incorporan a ella”.
De lo anterior se infiere que la llamada a responder por la privación injusta de la libertad que originó la presente acción es la Fiscalía General de la Nación; no obstante, comoquiera que, tal y como se destacó anteriormente, mediante auto de fecha 25 de marzo de 2009 la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado entre dicha entidad y la parte demandante -el cual hizo tránsito a cosa juzgada-, no se efectuará pronunciamiento alguno en esta oportunidad sobre la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, salvo, claro está, en lo que respecta a la indemnización de perjuicios frente a los puntos que no fueron objeto de conciliación(74).
En ese mismo sentido, concluye la Sala que la Dirección Ejecutiva de administración Judicial carece de legitimación en la causa por pasiva respecto del daño que se le endilga en el presente asunto, razón por la cual se proferirá decisión denegatoria de las pretensiones frente a dicha entidad.
En cuanto al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, se tiene que mediante Decreto 4057 del 31 de octubre de 2011(75), se ordenó suprimir esa entidad y, en consecuencia, se dispuso que las funciones de policía judicial y relacionadas con ella, fueran asumidas por la Fiscalía General de la Nación (art. 3º); asimismo, se estableció que “los procesos y reclamaciones en curso serán entregados a las entidades que hayan asumido las funciones de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal” (art. 18).
En ese orden de ideas, resulta forzoso concluir que en virtud de la normativa antes transcrita, la entidad llamada a responder por las actuaciones u omisiones desplegadas por el entonces Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, así como por la condena que se le llegare a imponer, es la Fiscalía General de la Nación, toda vez que dicha entidad asumió las obligaciones relacionadas con las funciones de policía judicial que desempeñaba el DAS, las cuales son, precisamente, las que han dado origen al presente litigio.
Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa —Policía Nacional—, advierte la Sala que están llamados a responder por las falsas imputaciones realizadas a través de medios masivos de comunicación contra los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, comoquiera que, tal y como se estableció anteriormente, el Director de la Policía Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, presentaron a tales personas ante los diferentes medios de comunicación del orden nacional como los responsables del magnicidio del senador y candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, sin que hubiera mediado decisión alguna proferida por una autoridad jurisdiccional competente que así lo hubiese establecido, razón por la cual al haber difundido masivamente falsas imputaciones en contra de los demandantes les resulta jurídicamente imputable el daño antijurídico derivado de la afectación a su buen nombre y a la honra, de los cuales son titulares y a cuya protección están obligadas todas las autoridades de la República.
Finalmente, respecto de la Nación —Ministerio de Justicia y el Derecho—, resulta necesario precisar que si bien para la época en que fue presentada la demanda (mar. 2/95), el Ministerio de Justicia tenía la representación de la Rama Judicial, de acuerdo con el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo(76), lo cierto es que en el presente asunto las decisiones que ordenaron privar de la libertad a los demandantes se profirieron durante la etapa instructiva del proceso penal por el “Juez Tercero de Orden Público”, el cual, posteriormente, entró a integrar la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda frente a dicha cartera ministerial.
2.6. Reparación de los perjuicios.
La Sala se ocupará de analizar la reparación de los perjuicios respecto de aquellos rubros que no fueron objeto de conciliación, comoquiera que respecto de los demás, —reitera la Sala—, operó el fenómeno de la cosa juzgada.
Así pues, la Sala se ocupará de analizar: i) lo atinente con el reconocimiento de los perjuicios a favor de los demandantes no incluidos en la condena de primera instancia; ii) el aumento del monto de la indemnización por los perjuicios morales a favor de los demandantes no relacionados en el acuerdo conciliatorio; iii) el reconocimiento de perjuicios por “daños sicológicos y biológicos” a favor de las víctimas directas y; iv) la indemnización de perjuicios a favor de los demandantes con ocasión del daño antijurídico consistente en las falsas imputaciones realizadas por la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y el Ministerio de Defensa - Policía Nacional en contra de los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero.
2.6.1. Los perjuicios morales a favor del señor Alberto Jubiz Hazbum.
La libertad es una cualidad consustancial al ser humano. Desde que comenzó la construcción de las diferentes civilizaciones, este valor ha constituido la piedra angular sobre la cual se ha cimentado la noción ética, política y jurídica del hombre(77), por esa razón se ha manifestado que la libertad es “algo más que un instrumento necesario de tutela: es la condición necesaria para que los derechos nazcan y sean alumbrados como auténticas situaciones jurídicas subjetivas de los ciudadanos”(78).
La Constitución Política en varias de sus disposiciones reconoce que la libertad en su triple condición de valor, principio y derecho, debe ser protegida y respetada tanto por los poderes públicos como por cualquier individuo. Esta premisa se desprende del preámbulo en donde se señala que el Estado colombiano debe propender por asegurar a sus integrantes la libertad dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, y de los artículos 13 y 28 superiores que consagran el derecho a la libertad, el primero al señalar que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley” y el segundo al preceptuar que “toda persona es libre” y no podrá ser molestada en su ámbito personal o familiar, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
Así pues, no es gratuito que en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el capítulo 1 del título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida —artículos 11 y 12— se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas totalitarias y el Estado de derecho.
Es por ello que, la centralidad del principio-derecho a la libertad, en el seno de todo Estado constitucional, democrático y de Derecho, constituye el verdadero valor fundante de la organización política misma, con incidencia, tanto en la concepción de los demás derechos inherentes a la condición humana, como en la configuración de la manera de ser y de proceder de las autoridades públicas.
Ahora bien, en cuanto al criterio para liquidar dicho perjuicio por razón de la privación injusta de la libertad, se debe precisar que con base en las máximas de la experiencia y en las pruebas recaudadas, puede inferirse que el señor Alfredo Jubiz Hazbum padeció el perjuicio moral por cuya reparación demandó, comoquiera que es propio de la naturaleza humana que toda persona privada injustamente de la libertad, experimente un profundo sufrimiento de angustia, temor, impotencia e inseguridad por causa de dicha situación(79).
De igual forma, en reciente sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2013, la Sala evaluó el tema del quantum al que deben ascender las indemnizaciones que se reconocen por este tipo de perjuicios en casos de privación injusta de la libertad y en dicha oportunidad se estableció que para determinarlos el juez debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias de cada caso con el fin de determinar la intensidad de esa afectación y así calcular las sumas a reconocer. En dicha oportunidad se precisó:
“Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos de los presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivos y garantizar así, de manera efectiva, el Principio Constitucional y a la vez Derecho Fundamental a la igualdad (C.P. art. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad”(80).
Ahora bien, la Sala encuentra que para el momento en que fue privado de su libertad el señor Alberto Jubiz Hazbum contaba con 53 años de edad, se hallaba en plena etapa productiva de su vida, tenía una familia constituida por su compañera permanente y seis hijos. En razón de la medida restrictiva que le fue impuesta —más de 42 meses en la cárcel—, no le fue posible compartir durante ese tiempo con su núcleo familiar y sus seres queridos, ni ver el desarrollo y crecimiento de sus hijos, ni mucho menos desarrollar las actividades productivas y de esparcimiento que solía realizar. Agréguese a lo anterior que el señor Jubiz Hazbum fue recluido en tres centros de detención diferentes en la ciudad de Bogotá (DAS, DIJIN y La Picota), lejos de la ciudad de su residencia, Barranquilla.
Además de todo lo anterior, la referida víctima directa sufrió una afectación grave a su dignidad y a sus derechos al buen nombre y a la honra debido al masivo despliegue de las ignominiosas y deshonrosas acusaciones por los diferentes medios de comunicación sobre su presunta responsabilidad en el homicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento(81), lo cual provocó el odio, el desprecio público y el rechazo de la ciudadanía en general en su contra, circunstancias que permiten inferir, para el caso concreto, una mayor afectación moral, pues es de público conocimiento la profunda conmoción e indignación que causó —y sigue causando— en todo el país, el asesinato de tan insigne e ilustre colombiano.
En cuanto al límite del monto a reconocer por indemnización del perjuicio moral, la Sala Plena que integra la Sección Tercera de esta corporación, en reciente pronunciamiento de unificación jurisprudencial, precisó:
“En criterio de esta Sala, el monto a que hace referencia el artículo 97 ibídem no puede entenderse como una camisa de fuerza, puesto que al margen de que la mencionada disposición sea pertinente para valorar el perjuicio inmaterial en aquellos supuestos en que el daño antijurídico tiene origen en una conducta punible, es preciso indicar que la tasación del mismo dependerá de las circunstancias en que se produjo la lesión o afectación, así como la magnitud de la misma, su gravedad, naturaleza e intensidad y demás factores objetivos. Por consiguiente, el hecho de que el precepto legal haga referencia a un valor determinado, esta circunstancia no puede restringir la autonomía e independencia con que cuenta el juez a la hora de valorar el daño inmaterial padecido, razón por la cual no siempre que el hecho devenga de la comisión de una conducta punible, habrá lugar a decretar una condena por perjuicio inmaterial que ascienda a 1.000 smmlv”(82).
Teniendo en cuenta que la valoración de dichos perjuicios debe ser hecha por el juzgador, en cada caso concreto, según su prudente juicio, en el presente asunto se considera que dicha indemnización a favor del señor Alberto Jubiz Hazbum debe ser aumentada por las condiciones especiales del caso, las cuales —según se indicó-, se concretan en su permanencia en diferentes centros de reclusión por más de 42 meses, lapso durante el cual permaneció alejado de sus seres queridos, recluido en una ciudad diferente a la de su residencia, al tiempo que su imagen fue desprestigiada y menoscabada por las propias autoridades públicas del orden nacional a través de los diferentes medios de comunicación, empecinadas así en presentarlo como uno de los autores materiales del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, lo cual despertó odio, desprecio público y rechazo generalizado en la población nacional y, de contera, comportó una grave afectación de sus derechos a la dignidad, al buen nombre y a su honra, circunstancias que permiten inferir, para el caso concreto, una mayor afectación moral.
Con fundamento en todo lo anterior y teniendo en cuenta que en el presente asunto se configuraron dos daños antijurídicos independientes, a saber: i) privación injusta de la libertad y; ii) falsas imputaciones difundidas masivamente, la Sala decretará una indemnización por cada uno de tales hechos dañosos.
En consecuencia, se reconocerá una indemnización equivalente a 300 smlmv por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, la cual será sufragada por la Fiscalía General de la Nación.
Adicionalmente, se reconocerá en su favor la cantidad de 200 smlmv como consecuencia de las falsas imputaciones realizadas en su contra, suma que deberá ser pagada de forma solidaria por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación (pues esta entidad asumió las obligaciones del extinto DAS).
2.6.2. Los perjuicios morales a favor de los demandantes no incluidos en el acuerdo conciliatorio realizado ante esta corporación.
— Grupo familiar del señor Alfredo Jubiz Hazbum.
Para el caso sub lite, entiende la Sala que la restricción injusta de la libertad a la cual fue sometido el señor Alberto Jubiz Hazbum, por más de 42 meses, causa per se, una afección moral en sus parientes cercanos, que debe ser indemnizada.
Ahora bien, en cuanto al criterio para liquidar dicho perjuicio por razón de la privación injusta de la libertad, se debe precisar que esta Sección del Consejo de Estado ha manifestado que, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos ha sufrido un daño antijurídico, como el que se juzga en el presente caso, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(83) y con base en las máximas de la experiencia, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por cuya reparación se demanda, comoquiera que, es propio de la naturaleza humana que toda persona privada injustamente de la libertad, experimente un profundo sufrimiento de angustia, terror, impotencia e inseguridad.
De igual forma, respecto de las falsas imputaciones contra el señor Jubiz Hazbum, la Sala entiende que con la masiva difusión a nivel nacional de esa ignominiosa acusación, tanto la imagen de la propia víctima directa como la de su familia fue desprestigiada y menoscabada, lo cual despertó también un odio, desprecio público y rechazo generalizado de la población nacional para ese grupo familiar, todo lo cual lleva reconocer tales perjuicios a favor de sus familiares.
De otra parte, obran en original y copia auténtica los correspondientes registros civiles de nacimiento de quienes acudieron al proceso en calidad de hijos, padres, hermanos, ex esposa y cuñados del señor Alberto Alfredo Jubiz Hazbum(84). Adicionalmente para acreditar la calidad de compañera permanente de la señora Lucía Castro Orozco obran los testimonios de los señores Álvaro José Tous Salgado, Graciela Judith Cabrera de Benedetti, Luis Enrique Méndez Palma y Beatriz Isabel Amador Bernal, quienes en sus declaraciones coinciden en manifestar la relación de convivencia y afecto entre aquella y el señor Jubiz Hazbum, así como el profundo dolor, tristeza y desilusión que produjo la privación de la libertad del señor Jubiz Hazbum y las falsas imputaciones difundidas por medios masivos de comunicación, lo cual afectó gravemente a su compañera permanente como a sus cuñadas, las señoras Gladys Cabal Lorza de Jubiz y Rubby Cecilia Vizcaíno de Jubiz(85).
Adicionalmente, la Sala tendrá en cuenta el criterio jurisprudencial establecido por esta Sección respecto del reconocimiento del monto de esta modalidad de perjuicios, según la cual el padecimiento del daño moral por la privación injusta de la libertad que sufre la víctima directa es igual a la que sufre su cónyuge o compañera permanente y sus parientes dentro del primer grado de consanguinidad(86).
Con fundamento en todo lo anterior, la Sala modificará la sentencia apelada y decretará una indemnización de perjuicios morales, por los siguientes conceptos:
1. Por indemnización de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, se condenará a la Fiscalía General de la Nación a reconocer a favor de las siguientes personas, los montos establecidos a continuación:
Perjudicado Salarios mínimos legales mensuales vigentes
Alberto Alfredo Jubiz Hazbum (víctima directa) Trescientos (300)
Alberto Mario Jubiz Castro (hijo) Trescientos (300)
Milady Hazbum de Jubiz (madre) Trescientos (300)
Lucía Castro Orozco (compañera permanente) Trescientos (300)
Carmen Helena Bendeck Eljaik (ex esposa) Sesenta (60)
Patricia del Carmen Jubiz Bendeck (hija) Trescientos (300)
Carmen Jubiz Bendeck (hija mayor) Trescientos (300)
Gabriel Alberto Jubiz Bendeck (hijo) Trescientos (300)
Rafael Alberto Jubiz Bendeck (hijo) Trescientos (300)
Nesin Alfredo Jubiz Hazbum (hermano) Sesenta (60)
Nellib Salvador Jubiz Hazbum (hermano) Sesenta (60)
William Alberto Jubiz Hazbum (hermano) Sesenta (60)
Wilson Jubiz Hazbum (hermano) Sesenta (60)
Gloria Yaneth Jubiz Hazbum (hermana) Sesenta (60)
Alonso Jubiz Hazbum (hermano) Sesenta (60)
Gladys Cabal Lorza de Jubiz (cuñada) Treinta (30)
Rubby Cecilia Vizcaíno de Jubiz (cuñada) Treinta (30)
2. Por indemnización del daño antijurídico causado por las falsas imputaciones realizadas por medios masivos de comunicación en contra del señor Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, se condenará de forma solidaria a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación (pues ésta entidad asumió las obligaciones del extinto DAS), al pago de las siguientes cantidades de dinero a favor de las personas que se relacionan a continuación:
Alberto Alfredo Jubiz Hazbum (víctima directa) Doscientos (200)
Alberto Mario Jubiz Castro (hijo) Doscientos (200)
Milady Hazbum de Jubiz (madre) Doscientos (200)
Lucía Castro Orozco (compañera permanente) Doscientos (200)
Carmen Helena Bendeck Eljaik (ex esposa) Cuarenta (40)
Patricia del Carmen Jubiz Bendeck (hija) Doscientos (200)
Carmen Jubiz Bendeck (hija mayor) Doscientos (200)
Gabriel Alberto Jubiz Bendeck (hijo) Doscientos (200)
Rafael Alberto Jubiz Bendeck (hijo) Doscientos (200)
Nesin Alfredo Jubiz Hazbum (hermano) Cuarenta (40)
Nellib Salvador Jubiz Hazbum (hermano) Cuarenta (40)
William Alberto Jubiz Hazbum (hermano) Cuarenta (40)
Wilson Jubiz Hazbum (hermano) Cuarenta (40)
Gloria Yaneth Jubiz Hazbum (hermana) Cuarenta (40)
Alonso Jubiz Hazbum (hermano) Cuarenta (40)
Gladys Cabal Lorza de Jubiz (cuñada) Veinte (20)
Rubby Cecilia Vizcaíno de Jubiz (cuñada) Veinte (20)
De otra parte, en cuanto a las personas relacionadas a continuación: Evelin María Saba de Jubiz y Gined Palis Morad (Cuñadas); Yadira María Verena Milanes del Castilo y María Stella Díaz Royerth (Nueras); Mireya Beatriz Jubiz Vizcaíno y Marcela Beatriz Vizcaíno, Miladi Beatriz Jubiz Vizcaíno, Rafael Antonio Pérez Jubiz, Elizabeth Jubiz de Pérez, Alfredo Jubiz Palis, Luz Stella Jubiz Palis, Jorge Michel Jubiz Palis, Naguel del Carmen Jubiz Palis, Nellib Alfredo Júbioz Palis, Carlos de Jesús Jubiz Palis, Óscar Alfonso Jubiz Saba y Evelin Cecilia Jubiz Saba (Sobrinos), advierte la Sala que respecto de cada una de tales personas no se acreditó el grado de sufrimiento o aflicción que amerite la indemnización por dicho rubro, pues si bien los testigos Gloria Bustamante Duncan, María Isabel Uribe de Amador, Ramiro Benedetti Hernández y Marina de La Cruz De Méndez(87), se refirieron de forma general al sufrimiento que padeció el núcleo familiar del señor Alfredo Jubiz Hazbum con ocasión de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto, lo cierto es que tales declaraciones no resultan suficientes para acreditar en este caso concreto, el grado de sufrimiento, aflicción y dolor que padecieron, razón por la cual la decisión contenida en primera instancia respecto de la negación de perjuicios a favor de tales personas habrá de ser confirmada.
— Grupo familiar de Héctor Manuel Cepeda Quintero:
La personas no relacionadas en la condena de primera instancia y, por ende, no relacionadas en el acuerdo conciliatorio son: Flor A. Nieto (cónyuge); Carlos Gabriel Cepeda Quintero, Armando Cepeda Quintero y Marlene Cepeda Quintero (hermanos); Florinda Ibáñez de Cepeda, Fabio Francisco Velásquez y Blanca Berenice González Cepeda (cuñados); Carlos Andrés Saavedra Cepeda, Diego Alejandro Cepeda Ibáñez, César Augusto Cepeda Ibáñez, Jonathan Armando Cepeda Rincón, Raúl Armando Velásquez, Cristian Leonardo Velásquez, Sergio Mauricio Cepeda González y Mónica Eliana Cepeda González (sobrinos).
Respecto de los señores Carlos Gabriel Cepeda Quintero y Marlene Cepeda Quintero, advierte la Sala que obran en original y copia auténtica los respectivos registros civiles nacimiento de dichos demandantes (fls. 39 y 51 cdno. 6), los cuales dan cuenta de la relación del parentesco existente entre el señor Héctor Manuel Cepeda Quintero y quienes acudieron al proceso en calidad de sus hermanos, razón por la cual con apoyo en las anteriores consideraciones respecto de la indemnización de perjuicios a favor de los parientes cercanos de la víctima directa, se reconocerá la suma de 100 smlmv a favor de cada uno de ellos.
Sin embargo, en relación con la indemnización de perjuicios morales pedida para los demás demandantes, la solicitud de perjuicios morales en estudio se negará, toda vez que no se encuentra en el expediente la prueba idónea y eficaz que permita acreditar el parentesco(88) o vínculo (cónyuge, hermano, cuñados y sobrinos) con la referida víctima directa, esto es no se allegó al proceso el correspondiente registro civil de nacimiento y matrimonio de éstos demandantes(89), así como tampoco obra declaración o algún otro medio de prueba que permita a la Sala inferir el grado de sufrimiento y dolor respecto de cada una de las personas relacionadas por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Héctor Manuel Cepeda Quintero, que eventualmente los hubiere permitido acreditar como terceros damnificados.
Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido:
“Ahora bien, con el fin de acreditar el vínculo familiar existente entre el señor Juan Carlos Hidalgo Ariza y sus padres, Reyes Hidalgo y Ana Elvia Ariza, se aportó el registro de bautizo del señor Hidalgo y la partida de matrimonio de quien dicen ser sus padres (fls. 3-4 cdno. 2, exp. 15.922), sin embargo, dichas pruebas no resultan procedentes para establecer el parentesco puesto que con la entrada en vigencia del Decreto 1260 de 1970(91) la única prueba válida para acreditar la filiación es el registro civil de nacimiento. En este caso, dado que el señor Hidalgo nació con posterioridad a la expedición de dicha legislación debe decirse que la partida de bautismo no constituye un medio idóneo para acreditar quiénes son sus padres; en consecuencia, la no acreditación del parentesco torna imposible inferir, aplicando las reglas de la experiencia, el sufrimiento de los demandantes por razón de la detención injusta de la libertad de que fue objeto el señor Juan Carlos Hidalgo Ariza. La sola circunstancia de que en la providencia mediante la cual se impuso la medida de aseguramiento se hubiere hecho mención a que el señor Hidalgo era hijo de los señores Reyes y Ana Elvia, en tanto no constituye prueba del parentesco y no da cuenta del perjuicio moral que los hechos de la demanda causaron en ellos, no es relevante para efectos de reconocer a su favor una condena de tipo patrimonial ni para tenerlos como terceros damnificados puesto que, se reitera, no se allegó prueba alguna que permita tener por cierto el padecimiento sufrido por ellos con ocasión de los hechos imputables a la administración”.
Así las cosas, la Sala modificará la decisión del tribunal en cuanto reconoció en su favor una indemnización por concepto de perjuicios morales y en su lugar negará las súplicas formuladas a favor de los referidos demandantes” (se destaca).
Por otra parte, en relación con las falsas imputaciones realizadas en medios masivos de comunicación en contra del señor Héctor Manuel Cepeda Quintero, se condenará de forma solidaria a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación (pues esta entidad asumió las obligaciones del extinto DAS), a pagar la cantidad equivalente en pesos a 200 SMLMV a favor de la aludida víctima directa y para cada uno de sus hijos, padres y cónyuge. Entonces:
Perjudicado Salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)
Héctor Manuel Cepeda Quintero (víctima directa) Doscientos (200)
Ema Quintero de Cepeda (madre) Doscientos (200)
Amadeo Cepeda Páez (padre) Doscientos (200)
Hellman Alexander Cepeda Rincón (hijo) Doscientos (200)
Edwin Fernando Cepeda Nieto (hijo) Doscientos (200)
Nidia Marcela Cepeda Nieto (hija) Doscientos (200)
Andrea Carolina Cepeda Nieto (hija) Doscientos (200)
— Grupo familiar del señor Norberto Hernández Romero.
Las personas no incluidas en el acuerdo conciliatorio son: Pedro Antonio Hernández y María Emma Romero de Hernández (padres) y Antonio Hernández Romero (hermano).
La Sala confirmará la decisión que denegó los perjuicios a favor de tales personas, comoquiera que no se no acreditó su legitimación en este juicio, pues no se encuentra en el expediente la prueba idónea y eficaz que permita acreditar el parentesco (registros civiles de nacimiento) o el grado de sufrimiento y dolor que habrían padecido con ocasión de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Norberto Hernández Romero, lo cual eventualmente hubiera permitido acreditar su condición como terceros damnificados.
En consonancia con lo anterior, se ha indicado que la falta de legitimación en la causa no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de
“... una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”(92).
En conclusión, cuando se encuentra suficientemente establecida, como en este caso lo está, la falta de legitimación en la causa por activa al no acreditarse la titularidad del derecho por cuya indemnización se reclama, resulta necesario denegar las pretensiones de la demanda, tal y como se dispondrá en el sub lite, lo cual impone modificar la sentencia de primera instancia en este punto.
Respecto de las falsas imputaciones realizadas por medios masivos de comunicación en contra del señor Norberto Hernández Romero se condenará de forma solidaria a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación (pues ésta entidad asumió las obligaciones del extinto DAS), a pagar las siguientes cantidades de dinero a favor de las personas que se relacionan a continuación:
Norberto Hernández Romero (detenido) Doscientos (200)
Diana Carolina Hernández Galeano (hija) Doscientos (200)
Blanca Nieves Galeano González (tercera afectada) Cincuenta (50)
Javier Eduardo Hernández Galeano (tercero afectado) Cincuenta (50)
2.6.3. Perjuicios materiales.
En cuanto dicho perjuicio, se tiene que la parte actora en el escrito contentivo de la demanda solicitó el reconocimiento de perjuicios materiales, “en las sumas líquidas que se demuestren dentro del proceso”.
La Sala recuerda que el artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”. En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la Sección, estos perjuicios se traducen en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1.998, solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo.
Se tiene entonces que los gastos a que se refiere la parte demandante corresponden, por una parte, a la manutención de las familias que habrían quedado desprotegida en virtud de la detención de que fueron objeto las referidas víctimas directas y que en razón de este hecho se vieron avocados a contraer obligaciones personales y enajenar algunos bienes de su propiedad.
Debe señalarse que los gastos de manutención del hogar, constituyen erogaciones que no se originan como consecuencia de la medida privativa de la libertad, sino que surgen de las naturales obligaciones consustanciales a la propia subsistencia y para atender los deberes de manutención de la familia, los cuales, obviamente, son previos y ajenos a la ocurrencia del hecho generador del daño, en tanto no existe relación causal que los sustente(93). Por lo que habrá de negarse el reconocimiento de dicho perjuicio.
De otra parte, no le cabe duda a la Sala que los gastos de honorarios profesionales en que se haya incurrido para la defensa legal de quien estuvo privado de la libertad injustamente, constituyen un daño emergente que debe ser reparado en la medida que se compruebe su pago por parte del solicitante(94).
Al respecto, la subsección estima procedente la indemnización, dado que si bien en el expediente no existe información que permita establecer su cuantificación, esto es el monto de las sumas específicas de dinero que debió cancelar la actora a su(s) representante(s) judicial(es) dentro de la investigación penal, no es menos cierto que de las diferentes decisiones que se adoptaron en dicho proceso —allegadas en debida forma a este proceso— es posible determinar que los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, sí contaron con una defensa técnica y, por consiguiente, sí se configuró el daño material deprecado.
Ahora bien, la circunstancia de que en el expediente no exista constancia del quantum al cual debe ascender la indemnización por concepto del daño emergente, no constituye óbice para que la Sala proceda a la liquidación de dicho perjuicio, teniendo en cuenta que en el ordenamiento existen parámetros objetivos que el juez puede y debe aplicar en aquellos eventos en que, como el presente, resultan indispensables para definir de manera concreta e inmediata —sin mayores dilaciones— los extremos del proceso sometido a conocimiento del operador judicial.
En este sentido, tanto el Código Contencioso Administrativo, como el Código de Procedimiento Civil, prevén la posibilidad de condenar a la parte vencida en el proceso al pago de las expensas judiciales y las agencias en derecho causadas durante el trámite de la litis.
Las agencias en derecho pueden definirse como “la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho. No obstante, como lo señalan los intervinientes y lo ha explicado la propia Corte, esos valores son decretados a favor de la parte y no de su representante judicial, sin que deban coincidir con los honorarios pactados entra ésta y aquel(95)”(96).
Los numerales 3º y 4º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, disponen que el magistrado ponente fijará las agencias en derecho con aplicación de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
En cualquier caso, ante la existencia de tarifas mínimas y máximas, el juez deberá tener en cuenta i) la naturaleza, ii) calidad y iii) duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente. Los mencionados supuestos deben valorarse por el juez de la causa, con el fin de decidir el monto de la tarifa dentro de los límites correspondientes.
El Consejo Superior de la Judicatura —Sala Administrativa— mediante Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, estableció las tarifas correspondientes a las agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales y señaló los siguientes criterios para su liquidación:
ART. 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.
PAR.—En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia.
Con todo, al revisar el citado acuerdo, se encuentra que allí no se regularon las tarifas mínimas y máximas, para efectos de liquidar las agencias en derecho causadas en un proceso penal. Lo anterior encuentra justificación en la sencilla pero potísima razón de que en los procesos de naturaleza penal, salvo casos específicos, en los eventos en los cuales el proceso termina por preclusión o fallo absolutorio, no hay lugar fijar agencias en derecho(97).
Lo anterior adquiere relevancia en la medida en que el Acuerdo 1887, para efectos de fijar las tarifas de las agencias en derecho, se fundamenta, principalmente en el monto de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia correspondiente, circunstancia que al momento de pretender aplicarse en un proceso penal, por obvias razones, encuentra dificultades, en la medida en que, en estricto sentido, el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación no se fundamenta, generalmente, en la formulación de pretensiones de índole económica.
No obstante lo anterior, el parágrafo del artículo 4º del mencionado Acuerdo 1887, fija un parámetro que bien puede ser de utilidad en casos como el presente en los cuales se pretende calcular, de nuevo, de manera objetiva, razonable y proporcional, los gastos generados por concepto de la defensa judicial en un proceso penal.
Dice el aludido parágrafo:
“ART. 4º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.
PAR.—En los eventos de terminación del proceso sin haberse proferido sentencia, o esta sea solamente declarativa, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo tercero, sin que en ningún caso la tarifa fijada supere el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes”. (se resalta y subraya).
Así las cosas, para liquidar las agencias en derecho tratándose de los procesos judiciales que terminen con sentencia sólo declarativa, deberán tenerse en cuenta los criterios previstos en el artículo 3 de ese acuerdo y en ningún caso deberá superar el monto equivalente a 20 smlmv.
En la misma dirección, la Sala considera pertinente tener en cuenta, como criterio auxiliar, las tarifas que por concepto de honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado han sido fijadas por la corporación Colegio Nacional de Abogados, Conalbos, en la medida en que allí se hace una discriminación detallada acerca del monto al cual podrían ascender los honorarios de un profesional del derecho que ejerza la representación en un proceso penal, dependiendo de las actuaciones que este realice.
En este sentido, según la mencionada corporación, las siguientes son las tarifas que por concepto de honorarios corresponderían a un abogado que ejerza la representación judicial en un proceso penal:
“18. Derecho penal.
18.1. Consulta oral. Un salario mínimo legal vigente.
18.2. Consulta escrita. Dos salarios mínimos legales vigentes.
18.3. Presentación de denuncia. Dos salarios mínimos legales vigentes.
18.4. Visita a la cárcel y estudio de documentos. Un salario mínimo legal vigente.
18.5. Asistencia en actuaciones preliminares, si es el caso. Dos salarios mínimos legales vigentes.
18.6. Asistencia a indagatoria.
18.6.1. Ante juez penal municipal. Dos salarios mínimos legales vigentes.
18.6.2. Ante fiscal local. Dos salarios mínimos legales vigentes.
18.6.3. Ante fiscal seccional. Tres salarios mínimos legales vigentes.
Si se trata de versión libre: se cobrará el honorario respectivo disminuido en un 50%.
18.7. Etapa instructiva.
18.7.1. Ante fiscal local diez salarios mínimos legales vigentes.
18.7.2. Ante fiscal seccional diez salarios mínimos legales vigentes.
18.7.3. Ante fiscal especializado veinte salarios mínimos legales vigentes.
18.7.4. Ante fiscal delegado ante tribunal veinte salarios mínimos legales vigentes.
18.7.5 Ante magistrado Sala Penal de la Corte cuarenta salarios mínimos legales vigentes.
18.8. Etapa de juicio.
18.8.1. Ante los juzgados penales municipales diez salarios mínimos legales vigentes.
18.8.2. Ante los juzgados del circuito diez salarios mínimos legales vigentes.
18.8.3. Ante los juzgados del circuito especializados veinte salarios mínimos legales vigentes.
18.8.4. Ante los tribunales superiores veinte salarios mínimos legales vigentes.
18.8.5. Ante la Corte Suprema de Justicia cuarenta salarios mínimos legales vigentes.
18.9. Constitución de la parte civil dentro del proceso penal diez salarios mínimos legales vigentes.
18.11. Recursos.
18.11.1. Extraordinarios.
18.11.1.1. Casación veinte salarios mínimos legales vigentes.
18.11.1.2. Revisión quince salarios mínimos legales vigentes.
18.11.2. Ordinarios.
18.11.2.1. Ante juzgados penales municipales cinco salarios mínimos legales vigentes.
18.11.2.2. Ante juzgados penales del circuito cinco salarios mínimos legales vigentes.
18.11.2.3. Ante juzgados penales del circuito especializado cinco salarios mínimos legales vigentes.
(...)”(98).
En consecuencia, la Sala, para liquidar el daño emergente, por concepto de los honorarios de abogado solicitados en la demanda, tendrá en cuenta los siguientes parámetros:
— La naturaleza, la calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente.
— El parágrafo del artículo 4º del Decreto 1887 de 2003.
— Las tarifas fijadas por la corporación Colegio Nacional de Abogados.
Así las cosas, una vez revisadas las actuaciones surtidas en el proceso penal que obra en el presente encuadernamiento, hay constancia de que después de la captura de los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, contaron con la asistencia de un Profesional del Derecho, labor de defensa que se extendió hasta la fecha en la cual se dictó la providencia de la Fiscalía Delegada ante el tribunal Nacional en la cual se decidió confirmar la cesación de procedimiento frente a tales personas y, en consecuencia, se dispuso su libertad incondicional inmediata —2 de marzo de 1993—.
En cuanto a la calidad de la gestión, se encuentra que en términos generales, la labor de defensa resultó adecuada para los intereses de los defendidos, en la medida en que obran en el expediente diferentes actuaciones por medio de las cuales se pretendió hacer cesar la acción penal en contra de los sindicados, esto es, hubo diferentes peticiones con el fin de que se ordenara la libertad de los procesados, se interpusieron recursos de reposición y apelación contra la resolución mediante la cual se dictó medida de aseguramiento en su contra, se contó con la asistencia del Profesional del Derecho a varias audiencias e, incluso, se presentaron varios memoriales tendientes a exponer razones por las cuales el fiscal delegado ante el tribunal Nacional debía confirmar la decisión de cesación de procedimiento en su favor.
A partir de lo expuesto y teniendo en cuenta la duración de su gestión y la naturaleza del proceso, se fijará, por concepto de daño emergente, un monto equivalente a 20 smlmv(99) en contra de la Fiscalía General de la Nación y a favor del señor Alberto Alfredo Jubiz Hazbum. Lo anterior en virtud de que —reitera la Sala—, respecto de los perjuicios materiales a favor de los demás demandantes, éstos fueron objeto de conciliación judicial.
— Lucro cesante a favor del señor Alfredo Jubiz Hazbum.
Comoquiera que los perjuicios por este rubro a favor de los señores Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero fueron objeto de conciliación en esta instancia, la Sala se ocupará exclusivamente de analizar los perjuicios materiales deprecados para el señor Alfredo Jubiz Hazbum.
Advierte la Sala que si bien en la demanda se manifestó que el señor Alfredo Jubiz Hazbum era químico farmacéutico y que como consecuencia del ejercicio de su profesión devengaba la suma mensual de $1’000.000 para el año de 1989, lo cierto es que no se aportó prueba idónea alguna para acreditar dicha afirmación; no obstante lo anterior, se acudirá a la presunción de que el señor Jubiz Hazbum se encontraba en una edad productiva (53) años y que ganaba para su propio sustento al menos un salario mínimo legal mensual, el cual, para la época de su detención —año 1989—, equivalía a $ 35.559, todo lo cual impone la revocatoria de la sentencia apelada en este punto.
En cuanto al período a reconocer por dicho concepto, este será el comprendido entre el 22 de agosto de 1989 —fecha de la captura del actor— y el 2 de marzo de 1993, fecha en cual la Fiscalía Delegada ante el tribunal Nacional confirmó la providencia que ordenó el cese de procedimiento en su contra y ordenó su libertad inmediata.
Sin embargo, se liquidará no sólo ese período en el que estuvo privado de la libertad el demandante principal, sino también el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse en una actividad laboral.
En efecto, acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:
“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)(100)”(101).
De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio, así:
Ingresos de la víctima al momento de su detención: $ 35.559.
Período a indemnizar: 51 meses
RA = $ 520.452, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2014 ($ 616.000), se tomará éste último para la liquidación. Adicionalmente, el mismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 770.000).
Total perjuicios materiales por lucro cesante: Cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil quinientos sesenta pesos ($ 44’450.560).
2.6.4. Perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia.
La parte demandante solicitó que se reconociera como indemnización la suma “de cien mil gramos oro por concepto de perjuicios biológicos y psicológicos”. Al respecto, cabe resaltar que mediante sentencia proferida el 15 de agosto de 2007(102), la Sala se refirió a dicho perjuicio en los siguientes términos:
En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que “[p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que éstas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él”.
Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que “para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismo tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece”(103).
Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d’éxistence(104) pueden entenderse como “una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos”(105) o “las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral”(106).
Asimismo, la Sala ha considerado que cuando se trata de alteraciones que afectan la calidad de vida de las —fuera de los daños corporales o daño a la salud—(107), éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas(108).
Dicho perjuicio, como los demás, puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la naturaleza o el alcance de la lesión sufrida por la víctima, las secuelas que le hubiere dejado el daño antijurídico causado y la alteración de las condiciones en que se desarrollaba su vida cotidiana en lo social, en lo familiar, en lo laboral, en su ámbito placentero o de otra índole, e incluso con base en las reglas de la experiencia; no obstante debe advertirse que no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio.
En el presente asunto advierte la Sala que la privación injusta de la libertad de la cual fueron objeto los señores Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero ocasionó un cambio trascendental en su vida y en la de su familia, pues además de las reglas de la experiencia, obran en el proceso los testimonios de los señores Gloria Bustamante Duncan, María Isabel Uribe de Amador, Ramiro Benedetti Hernández, Marina De La Cruz de Méndez, Hugo Germán Bernal Castaño, Luis Osvaldo Saavedra(109), los cuales dan cuenta de que el trámite del proceso penal en contra de las citadas víctimas directas, incluido el despliegue periodístico de tan infames acusaciones, afectó y menoscabó drásticamente su imagen y su entorno social; asimismo, las condiciones de reclusión y el tiempo que duraron privados injustamente de la libertad, tuvieron tal connotación que produjo una alteración grave a sus condiciones de existencia. Por lo tanto la Sala reconocerá a cada uno de ellos la suma equivalente en pesos a 200 smlmv como indemnización de dicho perjuicio ocasionado(110).
2.6.5. Medidas de reparación integral.
El daño antijurídico considerado como lesión de un derecho, bien o interés legítimo, supone la alteración o afectación de un estado de cosas que impacta de manera negativa la esfera interna y externa de la persona que lo padece y, por consiguiente, no sólo comprende la órbita patrimonial.
Así las cosas, el principal objetivo del derecho de daños consiste en reparar integralmente la afectación padecida por la persona en su vida, integridad o bienes, razón por la que a la hora de valorar la misma es necesario establecer e identificar si es posible que opere la restitutio in integrum y, de ser factible, adoptar las medidas deprecadas en la demanda —o que, dependiendo del caso concreto puedan ser decretadas de oficio por el juez— tendientes a que se restablezca el statu quo o estado de cosas anterior a su producción. Es decir, llevar a la víctima de un daño antijurídico a un estado como si no se hubiera producido, o en otros términos remover los efectos negativos que el mismo desencadena(111).
Sobre el particular, la Corte Permanente de Justicia Internacional (ONU), acerca del concepto de reparación integral, puntualizó:
“Constituye un principio del derecho internacional que la infracción de un compromiso entraña la obligación de reparación en forma debida. Por lo tanto, la reparación es el complemento indispensable del incumplimiento de una convención y no es necesario expresar esto en la propia convención. Las diferencias relativas a la reparación, que puedan obedecer al incumplimiento de una convención, son en consecuencia diferencias relativas a su aplicación.
“(...). El principio esencial que consagra el concepto real de hecho ilícito (principio que parece establecido por la práctica internacional y en particular por los laudos de los tribunales arbitrales) es que la reparación debe, en toda la medida de lo posible, hacer desaparecer las consecuencias del hecho ilícito y restablecer la situación que, con toda probabilidad, habría existido de no haberse cometido el hecho”(112).
La Corte Interamericana ha conceptualizado la reparación en el contexto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los siguientes términos:
“La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados”(113).
En este sentido, la jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana ha vinculado la reparación con la prevención, en los siguientes términos:
“En lo que se refiere a la violación del derecho a la vida y otros derechos (libertad e integridad personales, garantías judiciales y protección judicial), por no ser posible la restitutio in integrum y dada la naturaleza del bien afectado, la reparación se realiza, inter alia, según la práctica jurisprudencial internacional, mediante una justa indemnización o compensación pecuniaria, a la cual deben sumarse las medidas positivas del Estado para conseguir que hechos lesivos como los del presente caso no se repitan”(114).
De otra parte, esta Sala ha delimitado el principio de reparación integral, así como su contenido y alcance frente a otros principios de índole procesal, en los siguientes términos(115):
“i) En todo proceso en el que se juzgue la responsabilidad patrimonial del Estado, será posible deprecar medidas de reparación integral, con miras a que se restablezca el statu quo preexistente a la producción del daño.
“En consecuencia, siempre será posible que en las demandas de reparación directa los demandantes formulen pretensiones dirigidas o encaminadas a la reparación in integrum del perjuicio, incluso reparaciones in natura. No obstante, en estos supuestos, el juez estará siempre vinculado por el principio de congruencia procesal y de la no reformatio in pejus.
“ii) Cuando se trate de graves violaciones a derechos humanos, el juez cuenta con la facultad de decretar todo tipo de medidas de justicia restaurativa (correctiva), encaminadas a la satisfacción y el restablecimiento del derecho o derechos lesionados. Así las cosas, en estos eventos, el juez de lo contencioso administrativo no puede estar limitado, en modo alguno, por los principios procesales antes mencionados, puesto que constituye un imperativo categórico que prevalece sobre las citadas garantías, el hecho de garantizar una reparación integral del perjuicio”.
En ese orden de ideas, la Sala ante la gravedad de los hechos probados en el caso sub examine, adoptará una serie de medidas y determinaciones que apuntan a reparar de manera integral el daño irrogado a los demandantes, constituido aquél no sólo por los perjuicios materiales e inmateriales que tienen repercusión patrimonial y que fueron determinados en los acápites anteriores, sino, adicionalmente, por las graves y significativas vulneraciones a los derechos humanos —fundamentales— de los demandantes, concretamente al derecho a la libertad personal, presunción de inocencia, al buen nombre y honra. Por tanto, en la parte resolutiva del presente fallo —el cual per se constituye una forma de reparación—, se dispondrá la adopción de las siguientes medidas:
1. Como medida de satisfacción se dispondrá que en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, tanto el Fiscal General de la Nación, como el Director General de la Policía Nacional realicen un acto solemne de presentación de excusas públicas in memoriam(116) a los señores Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y al señor Norberto Hernández Romero y a cada uno de sus grupos familiares, por haber trasgredido con ocasión de la privación injusta de la libertad de esas personas, sus derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al buen nombre y la honra; para la realización de dicho acto solemne, se recomienda la participación de medios de comunicación nacional (radio, prensa, televisión, etc.).
2. Como garantía de no repetición, la Fiscalía General de la Nación remitirán a todas y cada una de las unidades de fiscalías especializadas y a los juzgados penales del circuito del país, copia íntegra de esta providencia, con miras a que sirva como medio de capacitación y prevención de este tipo de circunstancias.
2.7. Respecto de la responsabilidad de las personas llamadas en garantía.
Sea lo primero advertir que si bien el tribunal de primera instancia en la parte resolutiva de la sentencia apelada no hizo referencia expresa a la responsabilidad patrimonial de las personas llamadas en garantía (señores Virgilio Barco Vargas, Miguel Alfredo Maza Márquez y Oscar Eduardo Peláez Carmona), lo cierto es que en la parte considerativa se manifestó que, comoquiera que las entidades demandadas (Nación - Presidencia de la República, Departamento Administrativo de Seguridad DAS y Ministerio de Defensa - Policía Nacional), no tuvieron participación alguna en la producción del daño antijurídico por cuya indemnización se demandó, esto es la privación injusta de la libertad de los demandantes, se decidió también absolver de responsabilidad patrimonial a los llamados en garantía, comoquiera que el daño que originó la presente acción era atribuible, únicamente, a la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual resultaba inocuo abordar el estudio del presunto dolo y/o culpa grave respecto de sus actuaciones, amén de que frente al otro daño antijurídico —falsas imputaciones contra los demandantes—, el tribunal a quo declaró la caducidad de la acción.
Ahora bien, según quedó establecido en los capítulos precedentes de esta sentencia, dichas entidades están llamadas a responder patrimonialmente con ocasión de las falsas y deshonrosas imputaciones divulgadas en contra de los demandantes, puesto que i) se encontró que dicho daño antijurídico no está caducado y, ii) dichas entidades (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y Ministerio de Defensa - Policía Nacional), participaron directamente en la producción de dicho daño antijurídico salvo, claro está, la Nación - Presidencia de la República, entidad que fue absuelta de responsabilidad patrimonial en la presente sentencia.
Así las cosas, comoquiera que las conclusiones a las cuales arribó el tribunal de primera instancia respecto de la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas y de los llamados en garantía, son diametralmente opuestas a las expresadas en esta sentencia, la Sala en esta oportunidad abordará el estudio y análisis de la responsabilidad de las personas llamados en garantía, salvo —reitera la Sala—, la responsabilidad del entonces Presidente de la República, doctor Virgilio Barco Vargas, pues no se encontró acreditada la responsabilidad patrimonial de la Nación - Presidencia de la República en el presente asunto.
Resulta necesario precisar que si bien es cierto respecto del señor Miguel Alfredo Maza Márquez en su calidad de ex director del DAS, en virtud del artículo 7º(117) de la Ley 678 de 2001(118), la competencia para conocer de tales acciones de repetición y llamamientos en garantía con fines de repetición estaría radicada en forma privativamente y en única instancia en el Consejo de Estado, también es cierto que dicha norma legal no se encontraba vigente para la época en que se interpuso la demanda, ni para la fecha en que se admitieron dichos llamamientos en garantía (abr. 25/96).
Cabe advertir que, según lo ha manifestado la jurisprudencia de la corporación(119), en aras de garantizar el derecho al debido proceso (art. 29 de la Constitución Política), la Ley 678 de 2001 se aplica en lo sustancial para los hechos y actos que hubieren tenido lugar con posterioridad al 4 de agosto de 2001(120), fecha en que comenzó a regir, pues los hechos y actos ocurridos con antelación a dicha fecha, y por ende la responsabilidad del agente público, se deben analizar a luz de la legislación anterior, salvo lo atinente a las normas sustanciales posteriores favorables, las cuales pueden ser aplicadas a los mismos. En lo procesal, con la excepción que permite el efecto ultractivo de las normas antiguas sobre actos procesales iniciados de que trata el aparte segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se aplica la Ley 678 de 2001 a los juicios de repetición en curso y pendientes a la fecha de su entrada en vigencia(121).
Ahora bien, comoquiera que en el presente caso los hechos o actuaciones que dieron lugar al llamamiento en garantía fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 3 de agosto de 2001, las normas sustanciales aplicables para dilucidar si el llamado actuó con culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, casos en los cuales resulta necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y de dolo que recoge el Código Civil:
“ART. 63 C.C. Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. (se destaca).
No obstante lo anterior, frente a estos conceptos, el Consejo de Estado(122) ha señalado que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Así mismo, es necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe que están contenidos en la Constitución Política(123) y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes y familia.
Ahora bien, en relación con la noción de culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo con sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible(124).
Respecto de la culpa grave señalan los hermanos Mazeaud, que “Su autor no ha querido realizar el daño, pero se ha comportado como si lo hubiera querido; era preciso no comprender quod omnes intellgunt para obrar como él lo ha hecho, sin querer el daño”. De acuerdo con jurisprudencia citada por estos autores, incurre en culpa grave aquel que ha “...obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves...” (Derecho Civil, Parte II, vol. II, pág. 110)(125) y agregan que “... reside esencialmente en un error, en una imprudencia o negligencia tal, que no podría explicarse sino por la necedad, la temeridad o la incuria del agente...” (Mazeaud y Tunc, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil, Delictual y Contractual, Tomo I, Volumen II, pág 384.).
Ahora bien, en cuanto a la segunda modalidad subjetiva con la cual se califica la conducta del agente, esto es, el dolo, debe entenderse por tal, aquella conducta realizada por el autor con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio, o en otra concepción, un comportamiento antijurídico, habiéndoselo representado y adecuado a sus posibilidades, con el fin unívoco de obtener un resultado dañino deseado.
Así pues, dentro de los aspectos integrantes del dolo, la doctrina nacional ha mencionado que “deben estar presentes dos aspectos fundamentales, uno de carácter intelectivo o cognoscitivo y otro de naturaleza volitiva; o en palabras más elementales, para que una persona se le pueda imputar un hecho a título de dolo es necesario que sepa algo y quiera algo; que es lo que debe saber y que debe querer...”(126), de donde los dos aspectos resultan fundamentales, pues el volitivo es el querer la conducta dañina y el cognitivo le entrega al autor aquellos elementos necesarios para desarrollar la conducta de manera tal que logre u obtenga el fin dañino deseado.
Resulta claro, entonces, que el elemento fundamental del dolo radica en el aspecto volitivo, por manera que obra dolosamente quien conociendo el daño que con su acción u omisión ha de producir, voluntariamente lo provoca(127), es decir, cuando actúa con intención maliciosa de generar un determinado resultado injusto, que se enmarca dentro de una conducta jurídicamente reprochable.
Finalmente, las nociones de culpa grave y de dolo establecidas en el régimen civil deben ser acompasadas con la órbita funcional del servidor público, de manera que estos aspectos subjetivos de su actuación deba ser analizado y valorado a la luz del principio de legalidad, porque quienes están al servicio del Estado y de la comunidad deben responder por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, precepto constitucional previsto tanto en la Carta de 1991 (art. 6) como en la de 1886 (art. 20). Debe, entonces, el juzgador analizar o calificar la conducta del agente público bajo las anteriores nociones de título de culpa grave o dolo para atribuirle responsabilidad, a través de un juicio de valor de su conducta.
En consideración a lo anterior, la Sala(128) ha explicado que para determinar la responsabilidad personal de los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas —actuación dolosa—, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y el daño que podría ocasionar y aun así no lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo —actuación gravemente culposa—.
En el caso sub examine, advierte la Sala que los señores Miguel Alfredo Maza Márquez en su calidad de Director del entonces DAS y Oscar Eduardo Peláez Carmona actuando como Director de la DIJIN de la Policía Nacional, sin que se hubiese adelantado el correspondiente proceso penal y sin que se hubiere declarado la responsabilidad penal por parte de la autoridad jurisdiccional competente o, al menos, hubiesen existido elementos de prueba razonables que permitieran inferir la participación en el conocido magnicidio, con suma ligereza, y con el afán de mostrar resultados eficaces y eficientes en la lucha contra el delito, vulneraron de forma grave los derechos humanos a la presunción de inocencia, al buen nombre y a la honra en perjuicio de los señores Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, hecho que provocó el odio, el desprecio público y el rechazo frente a esas personas, quienes a la postre resultaron ser absolutamente inocentes de tan grave crimen, el cual, aun en la actualidad, sigue conmocionando al país entero(129).
Así las cosas, resulta evidente que con tales acusaciones públicas difundidas a través de los medios masivos de comunicación por parte de los llamados en garantía, señores Oscar Eduardo Peláez Carmona-Director de la DIJIN de la Policía Nacional- y Miguel Alfredo Maza Márquez —Director del DAS—, se transgredió ostensiblemente el ordenamiento jurídico, comoquiera que resulta abiertamente negligente el hecho de que los directores de las principales entidades de inteligencia del Estado para la época, no hubieran realizado un análisis serio, detallado y profundo de la efectiva y real participación de tales personas en tan grave delito, sino que —se reitera—, con extrema ligereza, hubieran presentado a unos ciudadanos inocentes ante la opinión pública nacional como “los asesinos del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento”, y se le hubiera dado a tal noticia un amplísimo despliegue público y mediático, propiciado por esas mismas autoridades del Estado, todo lo cual —reitera la Sala—, significó un grave desconocimiento al principio de dignidad humana y a los derechos fundamentales de presunción de inocencia, buen nombre y honra en perjuicio de tales personas.
De los máximos responsables de los principales organismos de seguridad, inteligencia e investigación del Estado, para la época de los hechos, no podían esperarse, ni exigirse, sino actuaciones ponderadas, extremadamente prudentes y particularmente cuidadosas, máxime en un asunto tan delicado, de tanta trascendencia y de tan graves repercusiones tanto para la vida institucional y democrática del país, como para quienes resultaron ser señalados por esos organismos estatales de la realización de semejante magnicidio; de tan altos servidores públicos, naturalmente conocedores de sus delicadísimas funciones y profesionalmente formados y capacitados a lo largo de sus amplísimas carreras policiales, tanto la sociedad colombiana como las diversas autoridades del Estado, sólo podían esperar que actuaran con los mayores cuidados, rigor, seriedad, responsabilidad y fundamentación.
De allí que para la Sala resulte inaceptable que sin el suficiente respaldo probatorio, de manera extremadamente ligera y movidos únicamente por afanes de figuración mediática y protagonismo, a sabiendas de que no existía para ese momento decisión judicial alguna que pudiere inculpar o comprometer la responsabilidad penal de los ahora demandantes, conducta en la cual no habrían incurrido ni aun las personas o los servidores públicos descuidados en el manejo de sus propios asuntos o en el cumplimiento de sus funciones, según el caso. Pues bien, tanto el Director General del DAS en todo el país, como el Director de la DIJIN a nivel nacional, el primero con el grado de General de la República y el segundo en su condición de coronel, ambos oficiales de carrera de la Policía Nacional, se aventuraron a presentar ante los diversos medios de comunicación como responsables del magnicidio del ex Ministro de Estado, ex Senador de la República, ex Embajador de Colombia y para ese momento candidato a la Presidencia de la República, Luis Carlos Galán Sarmiento, así como de la muerte de las dos personas que lo acompañaban en ese momento, a los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, proceder éste que para la Sala, no cabe duda que resulta constitutivo de culpa grave, dadas las connotaciones y valoraciones que al respecto se dejan señaladas.
Así las cosas, encuentra la Sala que el actuar gravemente culposo de los señores Oscar Eduardo Peláez Carmona y Miguel Alfredo Maza Márquez se encuentra acreditado en el asunto sub examine y, por tal razón, los mencionados llamados en garantía deberán reintegrar, por mitades (50% cada uno), las sumas de dinero que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación (pues ésta entidad asumió las obligaciones del extinto DAS), deban pagar como consecuencia de las condenas que aquí se imponen por las falsas imputaciones realizadas en contra de los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero.
2.8. Condena en costas.
1. MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 2 de agosto de 2006, la cual quedará así:
1. Declárase administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fueron objeto los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
1.2. Como consecuencia de la anterior declaración se condena a la Fiscalía General de la Nación, al reconocimiento y pago de las siguientes indemnizaciones:
Alberto Alfredo Jubiz Hazbum Trescientos (300)
1.3. Por concepto de perjuicios morales a favor de los señores Carlos Gabriel Cepeda Quintero y Marlene Cepeda Quintero, condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales para cada uno de ellos.
1.4. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar la suma de cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil quinientos sesenta pesos ($ 44’450.560) a favor del señor Alberto Alfredo Jubiz Hazbum.
1.5. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar la suma de 20 smlmv a favor del señor Alberto Alfredo Jubiz Hazbum.
1.6. Por concepto de perjuicios por alteración grave a las condiciones de existencia, condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar la suma a favor de los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, la suma de 200 salarios mínimos legales mensuales a favor de cada uno de ellos.
2. Declárase solidaria y patrimonialmente responsables a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación (pues esta entidad asumió las obligaciones del extinto DAS), por las falsas imputaciones realizadas por los diferentes medios masivos de comunicación respecto de la presunta responsabilidad penal de los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, por el homicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento y de los señores Julio César Peñaloza y Santiago Cuervo Jiménez.
2.1. Como consecuencia de la anterior declaración se condena solidariamente a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación (pues ésta entidad asumió las obligaciones del extinto DAS), al reconocimiento y pago de las siguientes indemnizaciones y a favor de las siguientes personas:
Norberto Hernández Romero (víctima directa) Doscientos (200)
3. Exonerar de responsabilidad patrimonial a la Nación - Presidencia de la República, de conformidad con las razones expresadas en la parte motiva de esta sentencia.
4. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación (pues ésta entidad asumió las obligaciones del extinto DAS), a la reparación integral de la violación de los derechos humanos de los mencionados demandantes, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, deberán adoptarse las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria:
i) Como medida de satisfacción se dispondrá que en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, el Fiscal General de la Nación y el Director General de la Policía Nacional, realizarán un acto solemne de presentación de excusas públicas —in memoriam— a los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero y a cada uno de sus grupos familiares, por haber transgredido con ocasión de la privación injusta de la libertad de esas personas, sus derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al buen nombre y a la honra; para la realización de dicho acto solemne se recomienda la participación de medios de comunicación nacional (radio, prensa, televisión, etc.).
ii) Como garantía de no repetición, la Fiscalía General de la Nación remitirá a todas y cada una de las unidades de fiscalías especializadas y a los juzgados penales del circuito del país, copia íntegra de esta providencia, con miras a que sirva como medio de capacitación y prevención de este tipo de circunstancias.
2. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
5. CONDENAR a los señores Miguel Alfredo Maza Márquez en su calidad de Director del entonces DAS y Oscar Eduardo Peláez Carmona en calidad de Director de la DIJIN de la Policía Nacional, para la época de los hechos, a pagar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación (pues ésta entidad asumió las obligaciones del extinto DAS), por mitades (50% cada uno), las sumas de dinero que tengan que sufragar tales entidades con ocasión de las condenas por las falsas imputaciones realizadas contra los señores Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, de conformidad con lo dispuesto en los subnumerales 2 y 2.1 de la parte resolutiva de la presente sentencia.
6. ABSOLVER de responsabilidad patrimonial al llamado en garantía, doctor Virgilio Barco Vargas, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
7. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento; expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
(27) Al respecto consultar las precisiones que sobre el particular realizó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a través de Auto del 9 de septiembre de 2008. Expediente 110010326000200800009 00.
(28) Folios 223 a 293 cdno. 5.
(29) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 2001, expediente 13.392, M.P. Alier Hernández Enríquez, entre muchas otras.
(30) Al respecto, el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, es del siguiente tenor literal: “Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”. (resaltado adicionales).
(31) A cuyo tenor: “El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo”.
(32) M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(33) Sentencia de mayo 26 de 2010, expediente 17.120, entre muchas otras.
(34) A cuyo tenor: “El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo”.
(35) Sentencia de junio 8 de 2011, expediente 18.676, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(36) “En cuanto al fenómeno de la cosa juzgada cabe advertir que se le ha asimilado al principio del “non bis in ídem” y que tiene por objeto que los hechos y conductas que hayan sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica; por ello la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias proferidas el 11 de julio de 2012, expediente 19.644, expediente 18.993 y 20.399, entre otras.
(37) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.
(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.
(39) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, expediente 9734.
(40) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, expediente 8.666.
(41) Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.
(42) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente 10.056.
(43) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.229.
(44) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2.002, expediente 13.606.
(45) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601.
(46) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2007); Radicación 20001-23-31-000-3423-01; Expediente 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación-Rama Judicial.
(47) Sobre el punto, véase De Asis Roig, Agustín, Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, Debate, Madrid, 1992; Rodríguez-Toubes Muñiz, Joaquín, La razón de los derechos, Tecnos, Madrid, 1995.
(48) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Introducción, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 2003, pág. 375.
(49) Se toma la cita de la trascripción que del texto de la Declaración efectúa FIORAVANTI, Maurizio, Los derechos fundamentales..., cit., pág. 139.
(50) En similares términos puede consultarse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 8 de julio de 2009, expediente 17.517, 25 de febrero del 2009, expediente 25.508 y del 15 de abril del 2010, expediente 18.284, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(52) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril del 2010, expediente 18.960, M.P. Enrique Gil Botero.
(53) Las providencias fueron allegadas en copia auténtica por el Coordinador de Fiscalías de Bogotá mediante oficio del 30 de noviembre de 2004 (fls. 222 cdno. 5 y 2 cdno. 9).
(54) Folios 242 a 244 cdno. 5.
(55) Folios 208 a 211 cdno. 5.
(56) Folios 208 a 211 cdno. 5.
(57) Folios 212 a 214 cdno. 5.
(58) Folios 5 a 39 cdno. 9.
(59) Folios 71 a 74 cdno. 9.
(60) Folios 39 a 114 cdno. 9.
(61) Folios 114 a 227 cdno. 9.
(62) Folios 223 a 293 cdno. 5.
(63) Folios 321 cdno. 5.
(64) Folios 327 cdno. 5 y 142 cdno. 9.
(65) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, expediente 17.517 y del 15 de abril de 2010, expediente 18.284, entre otras.
(66) Respecto de la captura y sindicación de tales personas consultar, publicaciones realizadas en el periódico El Tiempo de fechas 23 y 24 de agosto de 1989, noviembre 5 de 1989, diciembre 20 y 21 de 1989, entre muchas otras, En http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-266257. Periódico El Espectador de fechas agosto 24 de 1989, diciembre 20 y 21 de 1989, http://www.elespectador.com/opinion/quien-creerle-columna-454759. Revista Semana, publicaciones del 10 de enero de 1993, 24 de enero de 1993, 2 de octubre de 1994, entre otras, http://www.semana.com/especiales/articulo/el-rostro-justicia/19155-3, entre otras publicaciones de circulación nacional. Además de todo lo anterior se allegaron al proceso numeroso recortes de prensa y revistas de circulación nacional relacionadas con esa ignominiosa noticia (fls. 2 a 79 cdno. 2).
(67) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida el 8 de mayo de 1994, expediente 9209.
(68) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida el 28 de mayo de 1992, expediente 6557.
(69) Cf. Welzel, Hans “Introducción a la Filosofía del Derecho”, Ed. Aguilar, 1987, pág. 147.
(70) “En los procesos Contencioso Administrativos (...). La Nación-Rama Judicial estará representada por el director ejecutivo de administración judicial”.
(71) “(...) Son funciones del director ejecutivo de administración judicial:
“8. Representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados judiciales”.
(72) “Por el cual se expide el Nuevo Código Penal”.
(73) Al respecto el artículo transitorio 7 es del siguiente tenor literal:
“Organismos que se integran a la Fiscalía General de la Nación. Pasarán a la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Nacional y las direcciones seccionales de instrucción criminal, el cuerpo técnico de policía judicial, y los juzgados de instrucción criminal de la justicia ordinaria, de orden público y penal aduanera. La Dirección Nacional de Medicina Legal del Ministerio de Justicia, con sus dependencias seccionales, se integrará a la Fiscalía General de la Nación como establecimiento público adscrito a la misma”.
(74) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el 8 de julio del 2009, expediente 17.517, del 23 de abril de 2008, expediente 17.534 y del 15 de abril de 2010, expediente 18.284, entre otras., toda con ponencia del consejero Mauricio Fajardo Gómez.
(75) “Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, se reasignan unas funciones y se dictan otras disposiciones”.
(76) A cuyo tenor: “En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, jefe de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, procurador o contralor, según el caso; en general, por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. Sin embargo, el Ministro de Gobierno representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso y el de justicia en lo referente a la Rama Jurisdiccional”.
(77) Cfr. De Torres Flórez, José I, Disertación sobre la libertad natural jurídica del hombre. 1788, Estudio preliminar, edición del texto y notas de Salvador Rus Rufino. León, Universidad de León. 1995.
(78) Las cursivas en el texto original. Cfr. Fioravanti, Maurizio, Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las Constituciones, traducción de Manuel Martínez Neira, Editorial Trotta-Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 1996, pág. 46.
(79) “Una razonable aspiración de la sociedad, es que —como retribución por su obediencia a las leyes, de su sometimiento pacífico a las decisiones jurisdiccionales, de su profundo respeto a la dignidad de quienes ejercen el apostolado de la justicia— se le garantice que sus derechos no podrán ser conculcados, ni por ignorancia, ni por negligencia, ni por arbitrariedad del poder público. Allí reposa el germen de la paz social, la suprema virtud de un auténtico ordenamiento jurídico. Y cuando estos principios se olvidan, empiezan los síntomas del despotismo y la tiranía”. Londoño Jiménez, Hernando “De la captura a la excarcelación”, Ed. Temis, 1974, pág. 196 y 197.
(80) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala plena, sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente 36.460, M.P. Enrique Gil Botero.
(81) Respecto de la captura y sindicación de tales personas consultar, publicaciones realizadas en el periódico El Tiempo de fechas 23 y 24 de agosto de 1989, noviembre 5 de 1989, diciembre 20 y 21 de 1989, entre muchas otras, En http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-266257. Periódico El Espectador de fechas agosto 24 de 1989, diciembre 20 y 21 de 1989, http://www.elespectador.com/opinion/quien-creerle-columna-454759. Revista Semana, publicaciones del 10 de enero de 1993, 24 de enero de 1993, 2 de octubre de 1994, entre otras, http://www.semana.com/especiales/articulo/el-rostro-justicia/19155-3, entre otras publicaciones de circulación nacional.
(82) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de septiembre de 2013, expediente 36.460. M.P. Enrique Gil Botero.
(83) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.
(84) Folios 63 a 118 cdno. 6.
(85) Folios 400 a 445 cdno. 2.
(86) Al respecto consultar, sentencias proferidas el 24 de agosto de 2012, expediente 26.027, 23 de junio de 2011, expediente 22.591 y 8 de junio de 2011, expediente 21.010, en las cuales se reconoció el mismo monto por perjuicios morales a favor de la víctima directa, hijos y cónyuge.
(87) Folios 401 a 432 cdno. 2.
(88) Sobre el particular, al ocuparse de regular los asuntos atinentes a las “Pruebas del Estado Civil”, el Decreto-Ley 1260 de 1970, en su artículo 105, determina:
“ART. 105.—Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos.
“En caso de pérdida o destrucción de ellos, los hechos y actos se probarán con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 100”.
(89) Sobre el punto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia del 22 de enero del 2008, señaló:
“Así pues, cuando el estado civil se aduce como fuente de derechos y de obligaciones (D. 1260/70, art. 1º) es necesario acudir a su régimen probatorio establecido en los artículos 101 y siguientes del Decreto 1260 de 1970”.
(90) Sentencia de febrero 25 de 2009, expediente 25.508, expediente 14908, reiterada por esta subsección en sentencia de marzo 24 de 2011, expediente 19.032, entre otras.
(91) La legislación anterior, esto es las leyes 57 de 1887 y 92 de 1938, contemplan la posibilidad de que las personas católicas acreditaran el parentesco con las partidas de bautismo expedidas por la respectivas parroquias.
(92) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, C.P. Alier E. Hernández Enríquez, expediente 13764.
(93) En sentencia de 12 de diciembre de 2005, expediente 13.558 la Sección señaló que sólo hay lugar a indemnizar los perjuicios que se originen como consecuencia de la medida privativa de la libertad, lo que no ocurre respecto de los gastos y obligaciones ya existentes y que son consustanciales al giro ordinario de la vida familiar. En ese sentido denegó la indemnización solicitadas en la demanda por las cuotas pagadas por un crédito hipotecario de vivienda, las cuotas de administración del apartamento donde residía el procesado, el pago de servicios públicos, los gastos de manutención de uno de los hijos y del hogar, el pago del colegio de otro de los hijos, gastos odontológicos, el salario de la secretaria de la oficina de abogado del procesado y el pago del arrendamiento de la citada oficina, egresos que se dijo, fueron cubiertos con ahorros personales y adquisición de préstamos.
Al respecto puede consultarse igualmente la sentencia proferida por esta Subsección el 11 de agosto de 2011, expediente: 25000-23-26-000-1997-04613-01 (21801).
(94) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 2 de septiembre de 2013, expediente 36.566.
(95) Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 1999 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 28 de junio de 1995, exp.4571 MP. Héctor Marín Naranjo.
(96) Corte Constitucional. Sentencia C-089 del 13 de febrero de 2002. MP: Eduardo Montealegre Lynett.
(97) Al respecto ver: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de abril de 2011. Expediente: 34145, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez.
(98) http://conalbos.com/tarifas. Último ingreso: 6 de junio de 2013.
(99) En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de junio de 2013, expediente 31.033, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(100) Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie documentos laborales y ocupacionales, Nº 3, Observatorio laboral y ocupacional colombiano, SENA-Dirección general de empleo y trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22.
(101) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(102) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007, actor: Antonio María Ordóñez Sandoval.
(103) Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, Tercera Edición, 2006, pág. 98.
(104) Navia Arroyo Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, pág. 78.
(105) Chapus René. Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial, citado por Juan Carlos Henao, El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pág. 252.
(106) Paillet Michel. La Responsabilidad Administrativa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, o. 278.
(107) Respecto del perjuicio por el denominado “daño a la salud” consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de marzo de 2012, expediente: 22.163, demandante: Luis Carlos González Arbeláez y otros. M.P. Enrique Gil Botero.
(108) Cf. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1 de noviembre de 2007, expediente 16.407.
(109) Folios 188 a 204 y 402 a 431 cdno. 2.
(110) En ese mismo sentido consultar, Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 13 de febrero de 2013, expediente 25.634, M.P. Carlos A. Zambrano Barrera y del 10 de julio de 2013, expediente 29.940.
(111) En términos similares consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, expediente 18.960, M.P. Enrique Gil Botero.
(112) Corte Permanente de Justicia Internacional, caso Factory of Chorzów, Merits, 1928, Series A, Nº 17, pág. 47. Citada por Crawford, James “Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad Internacional del Estado”, Ed. Dykinson, pág. 245.
(113) CrIDH. Caso Trujillo Oroza – reparaciones, párr. 61; Caso Bámaca Velásquez – reparaciones, párr. 39; Caso Cantoral Benavides – reparaciones, párr. 41; Caso Durand y Ugarte – reparaciones, párr. 25; Caso Barrios Altos – reparaciones, párr. 25; Caso Velásquez Rodríguez – indemnización compensatoria, párr. 25.
(114) CrIDH. Caso Trujillo Oroza – reparaciones, párr. 62; Caso Bámaca Velásquez – reparaciones, párr. 40; Caso Loayza Tamayo – reparaciones, párrs. 123 y 124; Caso Paniagua Morales y otros – reparaciones, párr. 80; Caso Castillo Páez – reparaciones, párr. 52; y Caso Garrido y Baigorria – reparaciones, párr. 41.
(115) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, expediente 17.994. M.P. Enrique Gil Botero, consultar también, sentencia dictada por la Subsección A de esta Sección el 2 de abril de 2013, expediente 20.067, entre otras.
(116) Ello en virtud de que es de público conocimiento que los señores Alberto Alfredo Jubiz Hasbum y Héctor Manuel Cepeda Quintero fallecieron en los meses de agosto de 1998 y septiembre de 2006, respectivamente.
(117) Cuyo texto es del siguiente tenor literal:
PAR. 1º—Cuando la acción de repetición se ejerza contra el Presidente o el Vicepresidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, ministros del despacho, directores de departamentos administrativos, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, de los Tribunales Administrativos y del Tribunal Penal Militar, conocerá privativamente y en única instancia la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.
(118) “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.
(119) En relación con lo anteriormente expuesto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 31 de agosto de 2006, expediente 17.482 y Expág. 28.448, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(120) Según Diario Oficial 44.509 de 4 de agosto de 2001.
(121) En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2001, expediente 34.816, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(122) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 31 de 1999, expediente 10.865, reiterada en muchas otras decisiones.
(123) El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.
(124) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de octubre de 2007, exp. 24.844; M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(125) Cfr. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente 8493, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. La jurisprudencia de la Sección antes de la expedición de la Ley 678 de 2001 se apoyó en esta doctrina para precisar el alcance de la culpa grave.
(126) Alfonso Reyes Echandía, Culpabilidad, Tercera Edición, Editorial Temis, 1998, pág. 43.
(127) Alessandri R., Arturo; Somarriva U, Manuel; Y Vodanomic H., Antonio, Tratado de las Obligaciones. Volumen II, Segunda Edición, Ed. Jurídica de Chile, 2004, pág. 265.
(128) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de noviembre 27 de 2006, expediente 23.049.
(129) Respecto de la captura y sindicación de tales personas consultar, publicaciones realizadas en el periódico El Tiempo de fechas 23 y 24 de agosto de 1989, noviembre 5 de 1989, diciembre 20 y 21 de 1989, entre muchas otras, En http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-266257. Periódico El Espectador de fechas agosto 24 de 1989, diciembre 20 y 21 de 1989, http://www.elespectador.com/opinion/quien-creerle-columna-454759. Revista Semana, publicaciones del 10 de enero de 1993, 24 de enero de 1993, 2 de octubre de 1994, entre otras, http://www.semana.com/especiales/articulo/el-rostro-justicia/19155-3, entre otras publicaciones de circulación nacional. Además de todo lo anterior se allegaron al proceso numeroso recortes de prensa y revistas de circulación nacional relacionadas con esa ignominiosa noticia (fls. 2 a 79 cdno. 2).