Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-973-de-diciembre-15-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_ba85ccd8e76b020ce0430a010151020c&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-22 03:07:52
Document Index: 79847342

Matched Legal Cases: ['artículo 344', 'artículo 191', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 229', 'artículo 250', 'artículo 114', 'artículo 395', 'artículo 120', 'artículo 399', 'artículo 397', 'Artículo 250', 'Artículo 322', 'Artículo 331', 'Artículo 334', 'Artículo 394', 'Artículo 39', 'Artículo 399']

﻿ Sentencia T-973 de diciembre 15 de 2011
SENTENCIA T-973 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:DERECHOA AL DEBIDO PROCESO Y A LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR LA OCURRENCIA DE UNA CONDUCTA PUNIBLE DEBE SER ASUMIDA POR EL ESTADO COMO UN DEBER JURÍDICO Y NO COMO UNA SIMPLE GESTIÓN DE INTERESES PARTICULARES, QUE DEPENDA DE LA INICIATIVA PROCESAL DE LA VÍCTIMA O DE SUS FAMILIARES O DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE DE MANERA PARTICULAR SE PUEDAN APORTAR, SIN QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE BUSQUE EFECTIVAMENTE ESTABLECER LA VERDAD DE LOS SUCEDIDO Y EVITAR LA IMPUNIDAD, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS PROCESALES QUE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO LE OTORGA A DICHO PROPÓSITO. MÁXIME CUANDO SE ENCUENTRAN AFECTADOS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL COMO SON LOS MENORES DE EDAD, DISCAPACITADOS Y AFECTADOS POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD, MENOR DE EDAD VÍCTIMA DE DELITO, PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA, PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, SISTEMA PENAL ACUSATORIO, DISCAPACIDAD, ACCESO CARNAL EN MENOR DE EDAD
Sentencia T-973 de diciembre 15 de 2011
Ref.: Expediente T-2.477.844
Demandante: Matilde en representación de su hija Lucía
Demandado: Fiscalía 21 Seccional de Cartagena de Indias
Bogotá D.C., quince de diciembre de dos mil once.
En la revisión del fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 4 de noviembre de 2009, que confirmó el dictado por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 24 de septiembre del mismo año, en el trámite de la acción de tutela promovida por la ciudadana Matilde en representación de su hija Lucía, contra la Fiscalía 21 Seccional de Cartagena.
1. Aclaración preliminar: reserva de identidad de la víctima y su familia.
La Corte Constitucional, en distintos pronunciamientos, ha venido adoptado como regla mantener la reserva de identidad de ciertas personas involucradas en procesos de tutela, cuando a partir de situaciones específicas, advierte que la publicación de sus nombres, así como el de sus familiares o, incluso, datos puntuales, podrían afectar su derecho a la intimidad, su integridad moral y física, y el sosiego suyo y de su familia. Ello ha ocurrido, por ejemplo, tratándose de víctimas de delitos sexuales, enfermos de VIH u otras afecciones que pueden generar rechazo o discriminación, personas con distinta orientación sexual, casos de hermafroditismo, entre otros(1). En dichos eventos, esta corporación ha decidido omitir de la providencia y de toda futura publicación de la misma, sus verdaderos nombres y el de sus familiares, al igual que cualquier información que permita su identificación.
El 10 de septiembre de 2009, la señora Matilde, en su condición de madre y representante legal de Lucía, y actuando a través de apoderado judicial(2), promovió acción de tutela contra la Fiscalía 21 Seccional de Cartagena, por considerar que dicha autoridad vulneró los derechos fundamentales de su hija, quien padece retraso mental moderado, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad humana y la protección especial que demandan las personas discapacitadas, como consecuencia de haber ordenado la preclusión de la investigación penal, que por el presunto delito de acceso carnal y actos sexuales abusivos con incapaz de resistir adelantaba en la ciudad de Cartagena (Bolívar) contra Samuel.
3. Reseña fáctica.
3.3. Por lo anterior, el 23 de febrero de 2005, le fue practicado un examen sexológico por parte del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación, en el que se concluyó lo siguiente: “examinada con edad cronológica de 17 años y mental de 12 años, con himen no integro desgarros antiguos, ano infundibular con fisuras, compatible con acceso carnal reciente, se envian muestras a medicina legal” (sic).
3.4. En consecuencia, el 25 de febrero de 2005, la actora formuló la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación —Seccional Cartagena—, en cuya diligencia expuso con detalle los hechos que a continuación se citan(3):
“el 21 de febrero de siendo las 7:30 de la noche Lucía salió para donde unas amiguitas en XXX, a las nueve de la noche notamos que no había llegado y empezamos a buscarla, fuimos donde las amigas Sonia no recuerdo el apellido y ella me dijo que había salido y apenas regresaron Lucía se había ido para la casa, después la buscamos en YYY, luego en XXX en vista de que no aparecía, no la pudimos encontrar, en la mañana del 22 de febrero me fui para PPP donde unas tías que tiene allá y no estaba de ahí regresé a mi casa y en la noche como a las 7:00 de la noche, oí el comentario de la gente que la había visto en una casa en XXX salí con varios vecinos para allá, cuando llegué a la casa del sujeto llamado Samuel, el salió y negó que ella no estaba ahí, de ahí regresamos para mi casa otra vez y una prima de nombre Salomé, se regresó para allá con Anibal hijo de ella y Héctor un vecino y cuando llegaron le dijo al tipo que ella sabía que su sobrina estaba ahí, él se negó nuevamente, entonces ella le siguió insistiendo y metiendo presión, entonces los muchachos le dijeron que si seguía negando iban a llamar a la policía y cuando dijo que la niña sí estaba ahí y que él no le había hecho nada, nos metimos a la casa y Lucía estaba allí, en un cuarto en una cama de solo cuerpo, estaba vestida y con los zapatos en la mano, en ese momento llegó la Policía y él decía que no le había hecho nada, en el momento cuando llegamos a la casa ese tipo Samuel tenía unos condones en la mano, yo le dije a la policía que lo detuvieran, mientras yo hacía los trámites en la Fiscalía pero según lo soltaron en la mañana temprano (...)” (sic).
3.5. Con fundamento en la anterior denuncia, el 4 de marzo de 2005, la Fiscal Seccional 21 de Cartagena, dio apertura a la investigación penal contra Samuel, por el presunto delito de acceso carnal o actos sexuales abusivos con incapaz de resistir, del que resultó víctima Lucía. En ese orden de ideas, (i) procedió a vincular al proceso al implicado mediante indagatoria, (ii) solicitó la declaración de Lucía y de una testigo, (iii) ordenó la práctica de una valoración psicológica a la víctima para efectos de determinar su estado de salud mental y, finalmente, (iv) solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el resultado del examen sexológico que le fue practicado a la misma, el 23 de febrero de 2005. A dicha actuación le correspondió el radicado 169.022.
3.6. Como quiera que, vencido el término de rigor, el investigado no acudió a rendir indagatoria, el 4 de marzo de 2005, fue declarado persona ausente y, en consecuencia, le fue designado un abogado de oficio para efectos de que asumiera su defensa durante el proceso. Ello, de conformidad con lo previsto en el inciso 2º del artículo 344 de la Ley 600 de 2000.
3.7. Después de un año y seis meses de haberse iniciado la respectiva investigación, el 8 de agosto de 2006, se dio por terminada la misma y, en consecuencia, el 22 de septiembre del mismo año, se calificó el sumario con resolución de preclusión de la investigación. Ello, sobre la base de considerar la Fiscalía que no existían suficientes elementos de juicio para dar por cientos los hechos declarados en la denuncia, pues, según lo informó la fiscal del caso, a pesar de que acepta que no hay duda acerca de la materialización de la conducta punible, “no ha sido posible conocer la versión de la presunta ofendida a fin de establecer las circunstancias de que fue víctima de un punible contra la Formación y Libertad Sexual”.
3.9. Cabe mencionar, que la situación fáctica que dio lugar al proceso penal en discusión, aparece relacionada en el Auto 92 de 2008, mediante el cual, la Corte Constitucional adoptó medidas de protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004.
En documento anexo a dicho auto, la Corte reportó, con destino a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, un número aproximado de 183 casos de violencia sexual ocurridos como consecuencia del conflicto armado interno, dentro de los cuales se incluyeron dos episodios de abuso sexual de que fue víctima Lucía. Uno de ellos dio lugar a la investigación penal radicada por la Fiscalía con el número 169.022, que ahora se analiza, y el otro se encuentra bajo conocimiento del Juzgado Único de Menores de Cartagena, con el número de radicado 239.682.
4. Fundamentos de la demanda.
4.1. Teniendo como soporte el escenario descrito en precedencia, la demandante, con el acompañamiento de la corporación SISMA MUJER, señala que la vulneración de los derechos fundamentales de su hija se deriva del hecho de que se haya precluido la investigación penal adelantada por los hechos constitutivos de violencia sexual de que fue víctima, sobre la base de no haberse obtenido su testimonio, aún cuando es de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación que la víctima padece de retardo mental y, que no fue debidamente citada a dicha diligencia.
Bajo el entendido que la decisión de la Fiscalía 21 Seccional de Cartagena, de precluir la investigación penal adelantada contra Samuel por los hechos constitutivos de violencia sexual de que fue víctima Lucía, en su condición de discapacitada, desconoce por entero sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad humana y la protección especial que demandan las personas en circunstancias de debilidad manifiesta, la actora, en representación de su hija, promueve la presente acción de tutela, a fin de lograr la protección de dichas garantías, solicitando al juez constitucional que se ordene a dicha autoridad que “declare la nulidad de la resolución de preclusión proferida el 22 de septiembre de 2006” y, en consecuencia, disponga la reapertura de la investigación 169.022.
Copia simple de la denuncia penal 1665, presentada el 25 de febrero de 2005 por Matilde (fls. 29 a 31).
Copia simple del dictamen sexológico 72 GIDES del 23 febrero de 2005, practicado a la víctima por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, el cual resultó “compatible con acceso carnal reciente” (fl. 32).
Copia simple de la providencia del 4 de marzo de 2005, a través de la cual se da apertura a la investigación penal en contra de Samuel, se ordena vincular al indiciado y se decretan algunas pruebas (fl. 33).
Copia simple del telegrama enviado por la Fiscalía 21 Seccional de Cartagena a la señora Salomé y a Lucía, en el que se les cita para que asistan el 23 de noviembre de 2005 a rendir declaración jurada dentro de la actuación 169.022 (fl. 34).
Copia simple de la providencia del 16 de diciembre de 2006, mediante la cual se declara persona ausente a Samuel y se designa un abogado de oficio para que asuma su defensa (fl. 35).
Copia simple de la providencia del 8 de agosto de 2006, a través de la cual se dispuso el cierre del ciclo sumarial seguido contra Samuel, por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir (fl. 26).
Copia simple de la Resolución 287 del 22 de septiembre de 2006, mediante la cual se decidió precluir la investigación penal 169.022 en favor de Samuel (fls. 38 a 40).
Copia simple del Oficio 523 del 5 de diciembre de 2008, en el que la Fiscal 21 Seccional de Cartagena remite con destino al Director Nacional de Fiscalías información por él solicitada (fls. 42 y 43).
Copia simple de la petición elevada por la apoderada de la demandante ante el Director Nacional de Fiscalías acerca de la viabilidad jurídica de ejercer la acción de revisión (fls. 44 a 46).
Copia simple de la petición elevada por la apoderada de la demandante ante la Directora Seccional de Fiscalías de Cartagena acerca de la viabilidad jurídica de ejercer la acción de revisión (fls. 47 a 49).
Copia simple de la petición elevada por la apoderada de la demandante ante la Procuraduría Regional de Bolívar acerca de la viabilidad jurídica de ejercer la acción de revisión (fls. 51 a 53).
Copia simple de la respuesta emitida por la Fiscalía General de la Nación a las solicitudes efectuadas por la apoderada de la actora (fls. 55 a 62).
Copia simple de la respuesta emitida por la Procuraduría General de la Nación a la solicitud efectuada por la apoderada de la actora (fls. 55 a 62).
Original del documento de sustitución del poder inicialmente conferido por la señora Matilde a otra abogada (fls. 317 cdno. ppal.).
7.1. Fiscalía Veintiuno (21) Seccional de Cartagena.
Menciona que en dicha actuación se profirió la Resolución 287 del 22 de septiembre de 2006, mediante la cual se calificó el mérito sumarial con preclusión de la instrucción, encontrándose actualmente archivada.
II. Intervenciones amicus curiae en sede de revisión.
1. Corporación AVRE.
A manera de ilustración, comienza por señalar que la entidad que representa
“es una organización no gubernamental, constituida desde el año 1992 con el propósito de desarrollar procesos interdisciplinarios en la atención psicosocial y en salud mental, con una perspectiva de Derechos Humanos, orientados a la articulación de acciones y respuestas jurídicas, políticas e institucionales y el fortalecimiento de capacidades para la promoción del bienestar y el desarrollo integral de las personas, organizaciones y comunidades víctimas de violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en diferentes zonas del país”.
En punto al caso objeto de la presente acción, manifiesta que la confluencia de múltiples factores de riesgo y vulnerabilidad que afectan a Lucía dan cuenta de la especial necesidad de protección para la garantía de sus derechos fundamentales, atendiendo a las consideraciones consagradas en la Constitución Política, en los Instrumentos Internacionales de derechos humanos y los autos 192 de 2008, 251 de 2008, 5 de 2009 y 6 de 2009 dictados por la Corte Constitucional y demás jurisprudencia sobre la materia, en su calidad de mujer, menor de edad, afrodescendiente, discapacitada y en situación de desplazamiento forzado.
Concretamente, manifiestan que
“las limitaciones impuestas al proceso penal por las condiciones de indefensión y vulnerabilidad de la víctima no pueden ser un argumento para truncar el acceso a la justicia o el derecho a un recurso efectivo, pues esto implica trasladar una carga más a la víctima, cuando el mandato constitucional en este sentido implica todo lo contrario, esto es, que se debe procurar mayor protección a estas personas, y en la práctica eso se traduce en una mayor carga que debe ser asumida adecuadamente por el Estado, en este caso por la Fiscalía y los jueces de conocimiento”.
Durante el término otorgado para el efecto, la demandante impugnó la anterior decisión, sobre la base de estimar que
“no basta con la existencia de los recursos judiciales para garantizar el acceso material a la administración de justicia, es necesario que las autoridades de investigación y juzgamiento actúen de manera diligente, lo que implica la obligación de brindar todas las garantías procesales a las víctimas y establecer medidas que les permitan participar activamente en el proceso”.
“no es aceptable que se obligue a la víctima a constituirse en parte civil, para deducir de allí su interés o no en el proceso, y mucho menos que la falta de interposición de un recurso en contra de la decisión de preclusión que adoptó la Fiscalía, por motivos ajenos a su voluntad e imputables a la autoridad judicial, pueda constituir causal invencible para desechar la procedencia de la acción de tutela. Se debe recordar que quienes tienen la obligación constitucional y legal de investigar las violaciones a los derechos humanos son las autoridades judiciales, por lo cual no se le puede imputar esa carga a las víctimas”.
“(...) si en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte en el numeral segundo de la parte resolutiva del Auto 092 de 2008, y con posterioridad a la Resolución de preclusión proferida el 22 de septiembre de 2006 por la Fiscalía Veintiuna (21) Seccional de Cartagena, la entidad que preside ha adoptado alguna medida, o ha llevado a cabo alguna gestión, tendiente a reactivar la investigación penal que por el delito de acceso carnal y actos sexuales abusivos en la persona de Lucía, se inició en la ciudad de Cartagena (Bolívar), por los hechos de violencia sexual de que fue víctima los días 21 y 22 de febrero de 2005, y que aparece identificada con el número de radicación 169.022. Precisar si, en todo caso, el proceso ha continuado frente a persona desconocida y en qué estado se encuentra actualmente”.
“si, por fuera de los procesos tramitados ante la Fiscalía Veintiuna (21) Seccional de Cartagena (rad. 169.022) y el Juzgado Único de Menores de Cartagena (rad. 239.682), el organismo que preside tiene conocimiento sobre nuevas situaciones de violencia sexual en que aparezca involucrada, en condición de víctima, la joven Lucía. De ser afirmativa la respuesta, describir o identificar los casos, e informar el estado en que se encuentran y la actividad desplegada por la Fiscalía con miras a asegurar que las investigaciones que estén en curso avancen aceleradamente”.
1.2. De igual forma, se le requirió al señor Procurador General de la Nación para que informara a esta Sala de Revisión,
“si, conforme a lo dispuesto por la Corte en el numeral segundo de la parte resolutiva del Auto 92 de 2008, la entidad que preside ha ejercido una supervigilancia particularmente estricta sobre la investigación penal que por el delito de acceso carnal y actos sexuales abusivos en la persona de Lucía, se inició ante la Fiscalía Veintiuna (21) Seccional de Cartagena (Bolívar), por los hechos de violencia sexual de que fue víctima los días 21 y 22 de febrero de 2005, y que aparece identificada con el número de radicación 169.022. De haberse llevado a cabo dicha vigilancia, informar en qué ha consistido la actividad desplegada por la Procuraduría”.
1.3. Así mismo, se dispuso oficiar al Juzgado Único de Menores de Cartagena (Bolívar) para que se sirviera informar
“el estado en que se encuentra el proceso penal número 239682, que por el delito de acceso carnal y actos sexuales abusivos en conexidad con lesiones personales, adelanta ese despacho contra Germán, y cuya víctima es la joven discapacitada Lucía”.
1.4. Por otra parte, se solicitó a la Corporación Sisma Mujer que informara
“si, por fuera de los hechos ocurridos en los meses de febrero de 2005 y abril de 2006, la corporación tiene conocimiento sobre nuevas situaciones de violencia sexual contra la joven Lucía, y si las mismas fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes”.
1.5. Del mismo modo, se requirió a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social- para que se sirviera informar,
“si la señora Matilde (identificada con la C.C. Nº 45’742.020 de El Carmen de Bolívar) y su hija discapacitada Lucía (identificada con R.C. Nº 14666329), se encuentran inscritas en el Registro Único de Población Desplazada -RUPD-. De ser afirmativa la respuesta, informar: (i) cómo está integrado su grupo familiar; (ii) cuál es la situación actual de vulnerabilidad en que se encuentran y (iii) si han recibido todas las ayudas humanitarias indicadas en la Ley 387 de 1997 (apoyo alimentario, asistencia en salud, estabilización socio-económica, educación y capacitación, atención en necesidades habitacionales básicas y acceso a bienes rurales). Concretamente, informar si la joven Lucía, recibe o ha recibido algún tipo de ayuda especial (psicológica, educativa, formativa y de capacitación) dada su discapacidad mental y las situaciones de abuso sexual de que ha sido víctima”.
1.6. En la misma providencia, dispuso, además, ordenar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Bolívar, con sede en la ciudad de Cartagena que se sirviera
“someter a la joven Lucía, a una valoración integral por parte del grupo de profesionales de la institución, con el fin de determinar sus condiciones física, mental y sociológica”.
En el correspondiente escrito, esa autoridad judicial informó que en virtud de lo dispuesto por la Corte Constitucional en el numeral segundo de la parte resolutiva del Auto 92 de 2008,
“se dispuso la realización de comités técnico jurídicos frente a las investigaciones que ya se habían iniciado en virtud de los episodios de violencia sexual en aquél contenidos, al paso que se iniciaron de oficio los procedimientos investigativos correspondientes frente a los hechos que aún no habían sido objeto de conocimiento por la jurisdicción penal ordinaria”.
Particularmente, puso de presente que
“frente a la investigación radicada bajo la partida 169022, por el delito de acceso carnal y actos sexuales abusivos en la persona de Lucía, en el que la Fiscalía Veintiuna (21) Seccional de Cartagena profirió resolución de preclusión el 22 de septiembre de 2006, en el comité se ordenó inspección al proceso requiriendo a la Fiscal Seccional allegar copia de la actuación a través de la Directora Seccional de Cartagena.
Por otra parte, afirma que
“en comité efectuado el 5 de mayo de 2009 con acompañamiento especial por parte de asesores de la Dirección Nacional de Fiscalías, se evaluó nuevamente el proceso 169022, requiriendo para ello respuesta a la solicitud elevada el 5 de diciembre de 2008 a la Dra. Viviana Baena Puello, 82 Judicial Penal II, en el sentido de instaurar acción de revisión de este proceso, en atención a petición incoada por la Corporación Sisma Mujer (sic)”.
Por último indica que,
“verificados los sistemas de información misional de la entidad SIJUF y SPOA y de conformidad con lo informado por la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena, no se encontraron registros de investigaciones penales adelantadas en virtud de nuevas situaciones de violencia sexual en las que aparezca involucrada en condición de víctima la joven Lucía”.
2.1. Igualmente, mediante oficio del 1º de julio de 2010, la Secretaría General de esta Corporación envió al despacho del Magistrado Ponente, escrito del 28 de junio del mismo año, firmado por Sonia Patricia Sierra Román, Procuradora Delegada (e). A dicho escrito, acompañó un informe rendido por la Procuradora 82 Judicial Penal II, quien intervino como agente del Ministerio Público en la mencionada investigación penal.
Respecto de la primera investigación (169.022), señaló que la misma
“se encuentra archivada y ejecutoriada desde el 5 de octubre del año 2006”, y advierte que, “mediante oficio del 8 de junio de 2009, ante derecho de petición instaurado por la Corporación SISMA Mujer en relación con este radicado, se respondió que al estimarse la acción de revisión improcedente en este evento, no se solicitó por esa razón agencia especial de la Procuraduría, por lo que representación del Ministerio Público continuaba ejerciéndola el Personero en lo Penal” (sic).
En cuanto hace a la segunda investigación (239.682), mencionó que ésta fue enviada por competencia al Juzgado Único de Menores de Cartagena, el 15 de julio de 2010, por remisión que hiciere la Fiscalía 32 Seccional de la misma ciudad. Paralelamente, informó que,
“el 4 de agosto del año 2008 se ordenó la apertura de investigación previa. En varias oportunidades se ordenó escuchar en ampliación de declaración a la señora Matilde, sin embargo no se logró su comparecencia. El juez de menores ordenó el traslado previsto en el artículo 191 del Código del Menor. En el despacho de conocimiento actúa como Ministerio Público ordinario la Procuradora 10 Judicial Familia II”.
2.4. A través de oficio del 14 de julio de 2010, la Secretaría General de esta corporación, puso a disposición de la Sala de Revisión el dictamen psiquiátrico del 29 de junio del mismo año, practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a Lucía. En dicho dictamen, se concluyó que,
“dada la patología cerebral que padece la examinada y que la lleva a un retraso mental moderado, con la consiguiente inmadurez psicológica, se deduce que ésta no se considera apta para recordar los hechos ocurridos como para servir de testigo y dar una declaración sobre lo sucedido. Se necesitan otros elementos materia de prueba para llegar a una conclusión sobre el delito sexual y hechos traumáticos de que fue objeto”.
El juez de tutela de segunda instancia, por oficio 26418, del 5 de noviembre de 2009, remitió el expediente de tutela de la referencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, siendo radicado en esta corporación el 13 de noviembre del mismo año.
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos (resaltado fuera de texto)
En el caso sub exámine, presenta la acción de tutela la señora Matilde con la asistencia legal de la Corporación Sisma Mujer y en calidad de representante legal de su hija, Lucía, quien padece retardo mental moderado.
Al tenor de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, la Fiscalía 21 Seccional de Cartagena se encuentra legitimada como parte pasiva en el presente asunto, dada su calidad de autoridad pública, y en la medida en que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales en discusión.
4. Cuestión previa.
5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración jurisprudencial.
5.1. La posibilidad de controvertir las decisiones judiciales a través del ejercicio de la acción de tutela, ha sido objeto de un amplio proceso de elaboración jurisprudencial por parte de esta corporación, tanto por vía de control concreto de constitucionalidad, como a través del control abstracto. Bajo esta premisa, se ha llegado a considerar que la acción de tutela contra providencias judiciales constituye un mecanismo idóneo y eficaz para garantizar la primacía, prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales fundamentales, cuya realización es uno de los pilares esenciales del Estado social y democrático de derecho(4).
Sobre el particular, afirma la Corte que, “los jueces, como las demás autoridades del Estado, han sido instituidos para garantizar a todas las personas sus derechos y garantías constitucionales, razón por la cual todas sus actuaciones ‘constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales’(5) sometidas al principio de legalidad, es decir, al imperio de la Constitución y la ley. Por encontrarse sometidas al imperio de la Constitución y la ley, las decisiones de las autoridades judiciales son autónomas e independientes, libres de cualquier injerencia por parte de otra autoridad, y se encuentran amparadas por el alcance de la cosa juzgada, que conlleva que una vez agotado el trámite procesal, las mismas adquieran firmeza, no pudiendo ser nuevamente revisadas, generando de este modo seguridad jurídica al ordenamiento”(6).
5.3. Paralelamente ha sostenido que, dada la naturaleza supletiva de la acción de tutela, la misma no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos en el ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos de manera preferente, como quiera que, a través de su ejercicio, no se busca reemplazar los procedimientos ordinarios o especiales y, menos aún, pretermitir los mecanismos que dentro de estos se han establecido para controvertir las decisiones que se adopten(7)
5.4. Siguiendo esta línea interpretativa, el carácter excepcional y restrictivo al que se ha hecho expresa referencia, conduce necesariamente a afirmar que sólo procederá la acción de tutela contra providencias judiciales,
“en aquellos eventos en que se establezca una actuación del juzgador, manifiestamente contraria al orden jurídico y violatoria de derechos fundamentales, en especial, de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En estos casos, el control en sede de amparo constitucional se justifica, toda vez que los pronunciamientos judiciales que no se ajustan a las reglas preestablecidas, y que afectan de forma indebida los derechos fundamentales, constituyen en realidad una desfiguración de la actividad judicial, que termina por deslegitimar la autoridad confiada al juez para administrar justicia, y que debe ser declarada constitucionalmente para dar primacía al derecho sustancial y salvaguardar los derechos fundamentales de los administrados”(8)
5.7. Respecto de los primeros, denominados también requisitos formales, indicó que se trata de aquellos presupuestos cuyo cumplimiento forzoso es condición necesaria para que el juez constitucional pueda entrar a valorar de fondo el asunto puesto en su conocimiento. En cuanto a los segundos, llamados requisitos materiales, señaló que corresponden, específicamente, a los vicios o defectos presentes en el fallo judicial y que constituyen la fuente de vulneración de los derechos fundamentales(9).
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones(10). En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable(11). De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración(12). De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora(13). No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible(14). Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que d cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela(15). Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”(16) (negrilla fuera del texto original).
— La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio.
— Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
— Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, ‘el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto’(17).
f. Error inducido o por consecuencia. Tiene lugar, en los casos en que el juez o tribunal ha sido víctima de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo conduce a la adopción de una decisión que afecta derechos fundamentales. En estos eventos, la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en cuya realización participan personas obligadas a colaborar con la administración de justicia —autoridades o particulares—, y cuyo manejo irregular induce en error al funcionario judicial, con grave perjuicio para los derechos fundamentales de alguna de las partes o de terceros.
i. En violación directa de la Constitución. La misma tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa, la decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados amparados por la Carta Política”(18).
6. El interés superior del menor y su caracterización jurídica como sujeto de especial protección constitucional.
6.1. Bajo la concepción de que los niños, por su falta de madurez física y mental —que les hace especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos—, y por ser quienes representan el futuro de los pueblos, necesitan protección y cuidados especiales, los Estados y en general la comunidad internacional, los han proclamado como sujetos de especial protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado, centrado su atención en el propósito de garantizarles un tratamiento preferencial y asegurarles un proceso de formación y desarrollo en condiciones óptimas y adecuadas, acorde al rol de gran trascendencia que están llamados a cumplir en la sociedad.
6.2. Ese especial interés en proporcionarle a los menores un tratamiento preferencial, que implica adoptar
“una forma de comportamiento determinado, un deber ser, que delimita la actuación tanto estatal como particular en las materias que los involucran”(19), encuentra particular sustento en los distintos instrumentos o convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, que consagran el principio del interés superior del menor, establecido por primera vez en la Declaración de Ginebra de 1924 y, posteriormente reproducido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en la Convención sobre Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989. Este último instrumento dispuso en su artículo 3º, numeral 1º, que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
6.4. Siguiendo la pauta trazada por el derecho internacional, la Constitución Política, en su artículo 44, consagra expresamente el principio del interés superior del menor, que se manifiesta en los siguientes postulados básicos: (i) son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, así como los demás derechos consagrados en la Constitución, en la ley y en los tratados internacionales ratificados por Colombia; (ii) le impone a la familia, a la sociedad y al Estado la obligación de asistir y proteger a los niños y niñas contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, en orden a garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos y (iii) establece el principio de prevalecía, en virtud del cual, “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Ello, como una manera de explicar la importancia que reviste su protección, aún en aquellos eventos en los que el derecho de un menor entre en conflicto con los intereses de un adulto, que de no ser posible conciliarlo, aquel deberá prevalecer sobre este.
6.5. Para la Corte, los contenidos del artículo 44 superior representan
“verdaderos valores y principios que no solo están llamados a irradiar la expedición, interpretación y aplicación de todas las normas de justicia imputable a los menores, sino también a orientar la promoción de políticas y la realización de acciones concretas dirigidas al logro de su bienestar físico, moral, intelectual y espiritual(20). entendiendo dicho bienestar como una de las causas finales de la sociedad y del Estado, y como un objetivo del sistema jurídico(21)”(22).
6.7. De conformidad con el marco trazado por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, el principio del interés superior del menor ha venido siendo objeto de un amplio desarrollo legislativo en el orden interno, inicialmente a través del Código del Menor (D. 2737/1989) y, en la actualidad, a través de la Ley 1098 de 2006, “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, que en su artículo 8º dispone que “se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”.
“El denominado “interés superior” es un concepto de suma importancia que transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tratamiento de los menores de edad. En el pasado, el menor era considerado "menos que los demás" y, por consiguiente, su intervención y participación, en la vida jurídica (salvo algunos actos en que podía intervenir mediante representante) y, en la gran mayoría de situaciones que lo afectaban, prácticamente era inexistente o muy reducida.
“Con la consolidación de la investigación científica, en disciplinas tales como la medicina, la [psicología], la sociología, etc., se hicieron patentes los rasgos y características propias del desarrollo de los niños, hasta establecer su carácter singular como personas, y la especial relevancia que a su status debía otorgar la familia, la sociedad y el Estado. Esta nueva visión del menor se justificó tanto desde una perspectiva humanista - que propende la mayor protección de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensión -, como desde la ética que sostiene que sólo una adecuada protección del menor garantiza la formación de un adulto sano, libre y autónomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consistió en reconocerle al menor una caracterización jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes”(23).
6.9. Más adelante, señaló que el interés superior del menor es un principio que se caracteriza, esencialmente, por ser:
“(1) real, en cuanto se relaciona con las particulares necesidades del menor y con sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente autónomos; (3) un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos del menor; (4) la garantía de un interés jurídico supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del menor”(24) (negrilla fuera del texto original).
6.12. A partir de la entrada en vigencia del mencionado instrumento y con la promulgación de la Constitución Política de 1991, el interés superior del menor dejó de ser un objetivo social deseable -perseguido por una autoridad progresista o benevolente-, para convertirse en un principio de derecho que vincula directamente a la autoridad, cualquiera que sea su naturaleza, en cuanto límite del ejercicio de sus competencias, cuando están de por medio los derechos fundamentales del menor(25).
6.1. Situación del menor discapacitado y víctima de desplazamiento forzado.
6.1.2. Dicha protección, que se hace efectiva a través de la aplicación del principio del interés superior del menor, resulta doblemente reforzada, cuando frente al menor concurren, además, una serie de circunstancias que lo hacen aún más vulnerable. Tal es el caso de aquellos que padecen algún tipo de discapacidad o son víctimas del desplazamiento forzado. Así lo dispone el artículo 13 de la Constitución Política, al señalar que
Al respecto, la Corte, en Sentencia T-608 de 2007(26) expresó:
“La protección constitucional a los menores se ve reforzada de manera especial cuando éstos sufren de alguna clase de discapacidad, puesto que en tal evento quedan amparados también por el mandato constitucional de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (C.P., art. 13).
6.4.3. Al respecto, conviene destacar que la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de enero de 1989(27), en su artículo 23, consagra la obligación de los estados partes de otorgar cuidados y asistencia especial en diversas áreas a los niños y niñas mental y físicamente impedidos, como una garantía de plena satisfacción de sus derechos fundamentales, en el marco del principio de dignidad humana(28).
6.1.5. En razón de ello, en la Sentencia T-025 de 2004, esta corporación sostuvo que, en términos generales, las personas desplazadas por el conflicto armado interno y en especial los menores de edad(29) dadas las circunstancias que rodean el desplazamiento forzado,
“quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades: ‘Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado’”.
Esa especial atención por parte de las autoridades al menor desplazado se funda en los mandatos constitucionales de protección a la infancia y en las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. De manera particular, en el documento de Naciones Unidas que contiene los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, se indicó que
“ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y las personas de edad, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales”.
7. Los derechos de las víctimas de conductas punibles en la jurisprudencia constitucional.
7.2. En efecto, el artículo 1º superior, al consagrar el estado social de derecho como forma de organización política y los principios de participación y de dignidad humana, promueve la intervención directa de las víctimas en el proceso penal, en orden a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos vulnerados, siendo merecedores de un trato especial acorde con su condición humana.
7.3. A su vez, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º del mismo ordenamiento, al adelantar las investigaciones y demás procedimientos necesarios para sancionar la comisión de una conducta punible, las autoridades en general, y las judiciales en particular, tienen el deber de garantizar el goce efectivo de los derechos de todas las personas, incluidas las víctimas, así como asegurar la protección integral de sus bienes jurídicos. Protección que no se reduce exclusivamente a la reparación material del daño ocasionado con el delito.
7.5. En desarrollo de dichos postulados, la Corte, en varios de sus pronunciamientos, ha explicado que el derecho a la verdad
“implica que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso. La dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de información que es vital para ella. El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen de la víctima”(30); el derecho a la justicia, es decir, a que no haya impunidad, “incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso”(31) y el derecho a la reparación del daño ocasionado comprende una dimensión individual y una colectiva. “Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas. La integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación”.
7.7. A su turno, el artículo 229 superior consagra expresamente el derecho de acceso a la administración de justicia, también llamado derecho a la tutela judicial efectiva, “el cual se traduce en la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.(32)” . En el caso de las víctimas, el derecho de acceso a la administración de justicia comprende especialmente la obligación de las autoridades competentes de investigar, identificar y sancionar las conductas punibles, así como de lograr el restablecimiento de sus derechos o la reparación integral del daño ocasionado. No cumplir dichos presupuestos implica una denegación de justicia que se encuentra proscrita por la Constitución Política y el derecho internacional de los derechos humanos.
“El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsable, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”. “Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se establezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción”. En cuanto a la obligación de investigar, señala la Corte que la investigación “...debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”(33) (subrayas fuera de texto).
7.9. Acorde con ello, el artículo 250 de la Constitución Política, reformado por el Acto Legislativo 3 de 2002, le impuso a la Fiscalía General de la Nación, en su condición de titular del ejercicio de la acción penal, entre otras, las siguientes funciones:
7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”(34).
7.12. En el caso de los menores de edad víctimas de delitos sexuales, dicha protección adquiere un especial significado, pues el decreto y práctica de pruebas, así como la valoración de las mismas, deben estar siempre orientados hacia la protección del interés superior del menor, máxime cuando aquel es discapacitado y afronta las consecuencia del desplazamiento forzado, conforme quedó expuesto en el acápite precedente.
8. El papel de la Fiscalía General de la Nación en el antiguo sistema penal contemplado en la Ley 600 de 2000. Alcance de la decisión de preclusión de la investigación.
Conforme lo ha destacado esta Corporación, con la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 3 de 2002, el constituyente derivado modificó la estructura básica del proceso penal en Colombia, pasándose de un modelo mixto que había sido el originalmente adoptado por la Constitución de 1991, a un sistema procesal penal de tendencia acusatoria, contemplado en la Ley 906 de 2004.
Antes de expedirse el Acto Legislativo 3 de 2002, el proceso penal se encontraba regulado, como ya se mencionó, en la Ley 600 de 2000. Concretamente, el artículo 114 de dicho ordenamiento definió como funciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación, las siguientes:
(a) Investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes; (b) Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento; (c) Tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito, cuando a ello hubiere lugar; (d) Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas; (e) Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley; (f) Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso y (g) Las demás que le atribuya el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación.
8.4. Antes de dar inicio a la etapa investigación propiamente dicha, siempre que existiera duda sobre la procedencia de la apertura de instrucción, el Fiscal asignado puede optar por realizar una investigación previa, durante el término de seis meses, con el fin de (i) determinar si ha tenido ocurrencia la conducta que por denuncia, querella, informe, o cualquier otro medio de información ha llegado a su conocimiento, (ii) si está descrita en la ley penal como punible, (iii) si se ha actuado bajo el amparo de una causal eximente de responsabilidad, (iv) si procede el ejercicio de la acción penal y (v) de obtener la identificación o individualización de los autores o partícipes de dicha conducta(35).
8.6. Superada la etapa de investigación previa, de haber sido necesaria, el Fiscal daba inicio a la etapa de investigación o instrucción, mediante resolución de sustanciación que dispone la apertura de la instrucción, la cual debe contener los fundamentos de la decisión, las personas por vincular y las pruebas a practicar. Ello, con el fin de determinar (i) si se ha infringido la ley penal, (ii) quién o quiénes son los autores o partícipes de la conducta punible, (iii) los motivos determinantes y factores que influyeron en la comisión del delito, (iv) las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó la conducta, (v) las condiciones de índole personal del procesado, así como (vi) los daños y perjuicios ocasionados(36) El sindicado queda formalmente vinculado al proceso una vez es escuchado en diligencia de indagatoria o declarado persona ausente y, posteriormente, se debe resolver su situación jurídica solo en aquellos eventos en que es procedente la detención preventiva(37).
8.7. Cuando se ha recaudado la prueba necesaria para calificar o se ha vencido el término de instrucción (18 meses), mediante providencia de sustanciación que debe ser notificada personalmente y solo admite el recurso de reposición, el Fiscal declara cerrada la etapa de investigación y ordena que el expediente pase al despacho para su calificación. En el evento en que sean varias las personas vinculadas al proceso o se investigaban delitos conexos, y concurran las circunstancias para cerrar la investigación solo frente a un sindicado o una sola conducta punible, se debe proceder al cierre parcial de la misma, que genera como consecuencia la ruptura de la unidad procesal, lo cual permite continuar la instrucción en relación con los delitos en que no aparece prueba suficiente para calificar, y seguir adelante el trámite de juzgamiento para los demás(38).
8.10. Según lo dispuesto en el artículo 395 del mismo ordenamiento, el sumario se califica de dos maneras: profiriendo resolución de preclusión de la instrucción o resolución de acusación. La resolución de preclusión de la investigación se profiere en los mismos eventos previstos para dictar cesación de procedimiento, es decir, “cuando aparezca demostrado que la conducta no ha existido, o que el sindicado no la ha cometido, o que es atípica, o que está demostrada una causal excluyente de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse”(39). En caso de que el cierre de la investigación se haya producido por vencimiento del término de instrucción o por imposibilidad de recaudar o practicar pruebas, la duda se resolverá a favor del sindicado(40).
8.11. Contra la resolución de preclusión de la investigación proceden los recursos de reposición y apelación. Ejecutoriada y en firme dicha providencia, el proceso pasa al archivo con las correspondientes anotaciones, hace tránsito a cosa juzgada, pero admite la acción de revisión en los eventos previstos en los numerales 4º y 5º del artículo 120 de la Ley 600 de 2000, esto es, cuando la misma fue proferida con fundamento en una conducta típica del fiscal o de un tercero, o cuando se demuestre que el fiscal basó su decisión en una prueba falsa.
9.1. La resolución de preclusión de la investigación proferida por la Fiscalía 21 Seccional de Cartagena adolece de un defecto fáctico y constituye la fuente de vulneración de los derechos fundamentales de la víctima.
9.1.3. Una vez valoradas las circunstancias de hecho que dieron origen a la correspondiente actuación penal, las pruebas aportadas al proceso, así como aquellas recaudadas en sede de revisión, y el contenido de la Resolución 287, del 22 de septiembre de 2006, mediante la cual se precluyó la investigación penal 169.022, encuentra la Corte que al adoptar dicha decisión, la Fiscalía 21 Seccional de Cartagena trasgredió los derechos fundamentales invocados por la parte actora, circunstancia que por demás se encausa en un defecto fáctico por incorrecta valoración del material probatorio allegado al proceso.
9.1.4. Como ya se indicó en la parte considerativa de esta providencia, el defecto fáctico que habilita la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se configura cuando existen fallas sustanciales en la decisión de la autoridad correspondiente, atribuibles a deficiencias probatorias en el proceso. Dichas deficiencias pueden producirse como consecuencia de: (i) la falta de decreto y práctica de pruebas conducentes a la solución del caso, lo que se traduce en una insuficiencia probatoria; (ii) la errada valoración de las pruebas allegadas al proceso, esto es, una interpretación errónea de las mismas y (iii) la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o totalmente inconducentes, es decir, por ineptitud o ilegalidad de la prueba. Para que la acción de tutela proceda por defecto fáctico, el error en el juicio valorativo del material probatorio debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y de incidencia directa en la decisión que se cuestiona.
9.1.5. Así pues, importante es evocar el trámite impartido por la Fiscalía 21 Seccional de Cartagena, dentro de la etapa sumarial del proceso penal 169.022, que se adelantó en ese despacho por el delito de acceso carnal o actos sexuales abusivos con incapaz de resistir, cometido en la persona de Lucía, para confirmar este aserto.
9.1.6. Se recuerda, entonces, que el 25 de febrero de 2005, la señora Matilde formuló denuncia penal contra Samuel, por los hechos de violencia sexual de los que resultó víctima su hija menor de edad, quien padece de retardo mental moderado y se encuentra en situación de desplazamiento forzado. Para tal efecto, puso de presente que durante los días 21 y 22 de febrero de 2005, Lucía estuvo desaparecida, luego de haber departido con unas amigas del barrio donde reside. Después de una búsqueda infructuosa, vecinos del sector le informaron que habían visto a la menor en la vivienda de otro vecino, razón por la cual, en compañía de su prima Salomé, de su hijo Anibal y de un vecino llamado Héctor, se dirigió hacia el lugar indicado, encontrando allí al señor Samuel, quien en principio negó que la menor estuviera en su residencia. Sin embargo, al regresar nuevamente y amenazarlo con llamar a la Policía, finalmente aquél aceptó que la menor se encontraba allí, y fue así como la hallaron en una de las habitaciones de la vivienda, en donde al parecer fue objeto de acceso carnal violento. Informa que de inmediato dio aviso a las autoridades de policía, quienes acudieron al lugar de los hechos y detuvieron al agresor. No obstante, refiere que horas más tarde fue dejado en libertad.
9.1.7. A la correspondiente denuncia se acompañó el examen sexológico practicado a la víctima, el 23 de febrero del mismo año, por parte del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación, en el que se concluyó lo siguiente: “Examinada con edad cronológica de 17 años y mental de 12 años, con himen no íntegro desgarros antiguos, ano infundibular con fisuras, compatible con acceso carnal reciente, se envían muestras a medicina legal” (negrilla fuera del texto original).
9.1.10. En la misma fecha, se citó a la menor Lucía y a la señora Salomé, para que se presentaran a rendir declaración jurada sobre los hechos materia de investigación. Dicha comunicación fue enviada a la dirección de la víctima (XXX, Manzana X, lote Y). Como no se logró su comparecencia, mediante oficio del 29 de septiembre de 2005, fueron nuevamente citadas, pero esta vez se envió la comunicación a una dirección diferente, esto es, a la dirección XXX, Manzana Z, lote Y (fl. 261). En esa medida, no se pudo llevar a cabo la correspondiente diligencia.
9.1.11. Después de un año y seis meses de haberse iniciado el proceso penal, el 8 de agosto de 2006, la autoridad demandada decidió clausurar el ciclo sumarial y, en consecuencia, mediante Resolución 287 del 22 de septiembre del mismo año, resolvió precluir la investigación. Dicha providencia se basó en los siguientes argumentos:
Conforme al caudal probatorio recopilado y todas las razones expuestas en esta providencia, no se detallan los requisitos indispensables para proferir resolución de acusación, por lo que se impone entonces ante estas falencias probatorias, como se había anunciado, precluir la instrucción en su favor, con sustento en el artículo 399 del rito procesal penal (sic)”.
9.1.12. De acuerdo con la cita anterior, encuentra la Corte que, en la resolución de preclusión, la Fiscalía admite que Lucía fue, en efecto, víctima del delito de acceso carnal o actos sexuales abusivos con incapaz de resistir; sin embargo, se abstuvo de proferir resolución de acusación en contra del presunto implicado, aduciendo insuficiencia probatoria, particularmente, por considerar que era necesario contar con el testimonio de la propia víctima, el cual no fue posible recepcionar.
9.1.14. En efecto, según el resultado del examen sexológico practicado a la víctima por parte del CTI de la Fiscalía General de la Nación el día siguiente a la ocurrencia de los hechos, la examinada presenta una edad cronológica de 17 años y mental de 12 años. El anterior estado, fue confirmado a través de la valoración psiquiátrica efectuada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por solicitud de este alto tribunal, en la que se indicó que, “dada la patología cerebral que padece la examinada y que la lleva a un retraso mental moderado, con la consiguiente inmadurez psicológica, se deduce que esta no se considera apta para recordar los hechos ocurridos como para servir de testigo y dar una declaración sobre lo sucedido”.
9.1.19. En efecto, conforme lo prevé el artículo 397 de la Ley 600 de 2000,
“el Fiscal General de la Nación o su delegado dictarán resolución de acusación cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado”.
De igual manera, desconoció la protección reforzada de la que es titular, dada su situación de extrema indefensión y vulnerabilidad; omitió realizar una exhaustiva investigación de los hechos delictivos de que resultó víctima, y al condicionar el desarrollo de la actuación penal al recaudo de una prueba imposible y no procurar el acopio de otras, la despojó desproporcionadamente de su derecho a la tutela judicial efectiva y de la protección de sus demás derechos fundamentales.
9.1.23. Así las cosas, ha de precisar la Sala, que la condición de sujetos de especial protección constitucional, de que gozan los menores de edad en condición de discapacidad y desplazamiento forzado, y el principio del interés superior que los cobija, le impone a las autoridades judiciales y, en particular, a la Fiscalía General de la Nación —a través de sus distintos fiscales delegados— una carga máxima de diligencia en el ejercicio de sus funciones, en el sentido de tener que desplegar el mayor esfuerzo investigativo posible, tendiente al esclarecimiento de los delitos en que han resultado involucrados, en calidad de víctimas, este grupo de personas. Ello, dentro del propósito insustituible de garantizar plenamente sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, de parte de los responsables de tales conductas delictivas. En ese sentido, no es jurídicamente admisible, como ocurrió en este caso, que la Fiscalía renuncie al ejercicio de la acción penal o precluya la actuación a su cargo, sin antes haber ejecutado todas las acciones posibles, tendientes a acopiar el material probatorio suficiente para esclarecer la ocurrencia de los hechos delictivos y, de esa manera, asegurar un juicio justo acorde con la realidad de lo ocurrido.
9.2. La providencia acusada también se enmarca en un defecto procedimental absoluto.
9.2.3. Entre tanto, la representante legal de la víctima, la madre, no tuvo ocasión de hacerse oír dentro de la supuesta investigación, pues no se le hizo ningún llamado en dicho sentido, ni mucho menos se le informó sobre la resolución de preclusión de la investigación; de hecho, no aparece acreditado dentro del expediente, cuya copia simple se aportó al trámite de tutela, que haya recibido algún tipo de asesoría jurídica a efecto de enterarla de las distintas actuaciones que podían surgir en el transcurso del proceso y, de esa manera, poder evitar la decisión aludida. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de una persona que por su escasa escolaridad y por el entorno social y económico que la rodea, no cuenta con los medios necesarios para asegurar en debida forma la defensa de los derechos e intereses de su hija discapacitada, de los que la propia Fiscalía debió apersonarse y no desdeñar como lo hizo.
9.2.4. Desde esa perspectiva, mal podría predicarse la improcedencia de la presente acción de tutela, como lo señalaron los jueces de instancia en sus respectivas decisiones, del hecho de no haber puesto en marcha los medios judiciales de defensa de que disponía para controvertir lo resuelto en la Resolución 287 del 22 de septiembre de 2006, si no fue oportunamente informada de su contenido y, además, su precaria situación social y económica no lo permitía.
En consecuencia, la Sala de Revisión concederá la protección tutelar impetrada y ordenará dejar sin efecto la Resolución 287, del 22 de septiembre de 2006, proferida por la Fiscalía 21 Seccional de Cartagena, y, en consecuencia, dispondrá la reapertura de la investigación penal radicada con el número 169.022, contra Samuel.
1. LEVANTAR la suspensión de términos para fallar el presente asunto, decretada por la Sala de Revisión en auto del 10 de junio de 2010.
2. REVOCAR la sentencia proferida en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que, confirmó el fallo dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y, en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la dignidad humana de Lucía, por las razones expuestas en esta providencia.
3. DEJAR SIN EFECTO la Resolución 287, del 22 de septiembre de 2006, proferida por la Fiscalía 21 Seccional de Cartagena, mediante la cual dispuso la preclusión de la investigación penal radicada con el número 169.022 contra Samuel. En consecuencia, ORDENAR al Fiscal Seccional 21 de Cartagena, o quien haga sus veces, reabrir dicha investigación, la cual se encuentra archivada desde el 5 de octubre de 2006, y realizar una verdadera investigación seria y exhaustiva de los hechos en los que se sustentó y una correcta valoración del material probatorio allegado al proceso.
4. Por conducto de la Secretaria General de esta corporación, COMPULSAR COPIAS del presente expediente, incluida esta sentencia, con destino a la Procuraduría General de la Nación, para que se designe un agente especial del Ministerio Público que intervenga en todas las etapas del referido proceso, en defensa del orden jurídico y de los derechos y garantías fundamentales, incluidos los de la víctima, merecedora de una protección reforzada.
5. Por conducto de la Secretaría General de esta corporación, COMPULSAR COPIAS del presente expediente, incluida esta sentencia, a la Fiscal General de la Nación, para que disponga lo pertinente a objeto de que otro fiscal asuma la presente actuación, PREVINIÉNDOLA para que investigaciones por esta clase de delitos contra menores de edad, aún más si están en condición de discapacidad y desplazamiento, sean debidamente adelantadas, de manera que el esclarecimiento de los hechos permita sustentar plenamente las imputaciones, si a ello hubiere lugar.
(1) Consultar, entre otras, las sentencias T-1025 de 2002; T-554, T-1021/2003; T-349 de 2006; T-794, T-856/2007; T-732/2009; T-051, T-078, T-509, T-898, T-1042/2010; T-025 y T-036/2011.
(2) La apoderada de la actora se identifica como miembro de la Corporación SISMA MUJER.
(3) Folio 30.
(4) Sobre el particular, consultar, entre otras, las sentencias T-217, T-285, T-707/2010 y T-018/2011.
(5) Sentencia C-590 de 2005.
(6) Ver Sentencias T-217, T-707/2010 y T-018 de 2011.
(7) Ver entre otras, las sentencias T-500 de 1995 y T-285 de 2010.
(8) Ver Sentencia T-217 de 2010.
(9) Sobre el particular, consultar, entre otras, las Sentencias C-590 de 2005, T-789 de 2008, T-217 y T-285 de 2010.
(10) Sentencia 173 de 1993, cuyo pronunciamiento ha sido reiterado en la Sentencia T-707 de 2010.
(11) Sentencia T-504 de 2000.
(12) Ver entre otras la Sentencia T-315 de 2005.
(13) Sentencia T-008 de 1998, reiterada recientemente en las Sentencias T-707 de 2010 y T-018 de 2011.
(14) Sentencia T-658 de 1998, reiterada recientemente en las Sentencias T-707 de 2010 y T-018 de 2011.
(15) Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001.
(16) Sentencia C-590 de 2005.
(17) “Sentencia T-590 del 2009.
(18) Acápite contenido en la Sentencia T-217 de 2010.
(19) Sentencia C-1064 de 2000, C-149 y C-468 de 2009.
(20) Cfr. Sentencia C-019 de 1993.
(21) Cfr. Sentencia T-029 de 1994.
(22) Sentencia C-149 de 2009.
(23) Sentencia T-408 de 1995, reiterada posteriormente en las Sentencias C-273 de 2003 y C-716 de 2006.
(25) Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias C-273 de 2003, T-864 de 2005 y T-794 de 2007.
(26) Este pronunciamiento fue reiterado, entre otras, en las sentencias T-1016 de 2007, T-282 de 2008 y T-974 de 2010.
(27) Aprobada mediante la Ley 12 de 1991.
(28) “ART. 23.—1. Los Estados partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren dignidad, permitan llegar a bastarse así mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.
(29) Según la Encuesta Nacional de Verificación, presentada por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado a la Corte Constitucional en febrero de 2008, el 54.3% de la población desplazada incluida en el RUPD/SIPOD tiene entre 0 y 19 años de edad, proporción significativamente superior a la de la población colombiana en general, constituida en un 40.2% por menores de 20 años – y que no refleja el amplio subregistro del que demostradamente adolece el sistema oficial de medición, de donde es viable inferir que el número de menores de edad víctimas de desplazamiento forzado es mucho mayor de lo que se ha reconocido o apreciado hasta ahora.
(30) Sentencias C-228 de 2002, C-454 de 2006, T-520A de 2009 y T-078 de 2010.
(32) Ver Sentencia C-426 de 2002.
(33) CIDH, Informe 10/95, Caso - Caso 10.843 (Chile) OEA/Ser. L /V/II.91, Doc 7 rev. 3 de abril de 1996. Tomado: Rodríguez, Diego; Martín, Claudia, OJEA, Tomás. “La dimensión Internacional de los Derechos Humanos”. Banco Interamericano de Desarrollo. American University. Washington 1999.
(34) Artículo 250 de la Constitución Política.
(35) Artículo 322 de la Ley 600 de 2000.
(36) Artículo 331 ibídem.
(37) Artículo 334 ibídem.
(38) Artículo 394 ibídem.
(39) Artículo 39 de la Ley 600 de 2000.
(40) Artículo 399 ibídem.