Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S98-03.html
Timestamp: 2018-10-19 14:33:58
Document Index: 318990599

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Statehood Solidarity Committee v. Estados Unidos, Caso 11.204, Informe No. 98/03, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser./L/V/II.114 Doc. 70 rev. 1 en 725 (2003).
5. Luego de la interposición de la petición por los peticionarios el 1 de abril de 1993, la Comisión, por comunicaciones al Estado y a los peticionarios del 28 de mayo de 1993 y el 16 de setiembre de 1993, otorgó a éstos una audiencia sobre su denuncia, que se fijó para el 4 de octubre de 1993. Además, el 1 de setiembre de 1993, o alrededor de esa fecha, los peticionarios presentaron a la Comisión un documento titulado "Comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del Peticionante, el Statehood Solidarity Committee, en relación con la Admisibilidad de la Petición del 1 de abril de 1993." La Comisión posteriormente remitió las partes pertinentes de este documento al Estado, por nota del 14 de noviembre de 1994.
12. En una comunicación del 19 de setiembre de 1994, el Estado pidió que fueran aclaradas algunas discrepancias entre la respuesta de los peticionarios y documentos en posesión del Estado en relación con el caso, y que se le otorgara un plazo de 60 días a partir de la fecha de la aclaración de esas discrepancias para responder a las observaciones de los peticionarios.
17. En comunicaciones del 19 de setiembre y el 20 de setiembre de 1995, de las cuales la Comisión acusó recibo en nota del 11 de octubre de 1995, los peticionarios suministraron a la Comisión nueva información sobre los méritos de su denuncia.
19. En comunicación del 11 de setiembre de 1996, la Comisión reiteró al Estado su pedido de información en relación con el caso, pidiéndole una respuesta dentro de los 30 días. Por comunicación del 17 de octubre de 1996, el Estado informó a la Comisión que no tenía más que agregar a las observaciones de los peticionarios por la vía de una respuesta.
20. Por comunicaciones posteriores del 18 de setiembre de 1996, 3 de diciembre de 1996 y 10 de diciembre de 1996, los peticionarios presentaron observaciones adicionales a la Comisión en relación con las decisiones de los tribunales internos en los casos de Darby c. Estados Unidos y Albaugh c. Tawes. En nueva comunicación del 30 de abril de 1997, los peticionarios suministraron a la Comisión observaciones adicionales en el caso, cuyas partes pertinentes la Comisión posteriormente remitió al Estado, el 19 de setiembre de 1997, pidiéndole una contestación dentro de los 30 días.
61. La Comisión no ha determinado previamente la admisibilidad de las denuncias de la petición de los peticionarios. Teniendo en cuednta el tiempo transcurrido, en que la petición estuvo pendiente, y las numerosas oportunidades de que dispusieron las partes para presentar observaciones sobre la admisibilidad y los méritos de las reivindicaciones planteadas en la petición, la Comisión ha decidido considerar la admisibilidad de las denuncias conjuntamente con sus méritos
62. Los peticionarios sostienen que ninguna otra petición o denuncia en relación con las alegaciones de su petición se encuentra pendiente en otra instancia internacional y que las presuntas violaciones no han sido consideradas previamente por la Comisión, de conformidad con el artículo 33 de su Reglamento. [43] El Estado no ha contestado la cuestión de la duplicación de procedimientos. Por lo tanto, la Comisión no encuentra obstáculo a la admisibilidad de la petición, de acuerdo con el artículo 33 de su Reglamento.
64. Los antecedentes del caso presente indican que algunos residentes del Distrito de Columbia, incluyendo miembros del Statehood Solidarity Committee, han iniciado acciones ante tribunales internos de Estados Unidos en relación con diversos aspectos de las denuncias de la petición. En particular, la información proporcionada por los peticionarios indica que, en los casos consolidados de Adams c. Clinton y Alexander y otros c. Daley, los demandantes argumentaron, en forma similar a la petición que se encuentra ante la Comisión, que, como residentes del Distrito de Columbia, tenían derecho a gozar de igual representación parlamentaria y de pleno autogobierno, en virtud de las disposiciones de las Enmiendas Quinta [44] y Decimocuarta [45] de la Constitución de Estados Unidos, que consagran los derechos a la igual protección de la ley y a una forma republicana de gobierno. Los antecedentes también indican que, en una decisión por mayoría, de 68 páginas, fechada el 20 de marzo de 2000, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos rechazó las denuncias de los demandantes, y que la Corte Suprema de Estados Unidos afirmó la decisión de ese Tribunal en una sentencia de 16 de octubre de 2000.
70. La Comisión ha descrito en la Parte III del presente Informe las alegaciones sustantivas de los peticionarios y las respuestas del Estado a esas alegaciones en la medida en que esas respuestas han sido proporcionadas. Tras considerar detenidamente las alegaciones a la luz de la información presentada por las partes, la Comisión no concluye que las denuncias de los peticionarios sean manifiestamente infundadas o inadmisibles. Para ello, la Comisión ha tenido particularmente en cuenta el papel fundamental que ha desempeñado la democracia representativa en la formación y el desarrollo de la Organización de los Estados Americanos y en la garantía de la protección de los derechos humanos en este continente. [46] En consecuencia, la Comisión concluye que la petición no es inadmisible por virtud del artículo 34 de su Reglamento.
73. A este respecto, la Comisión observa que Estados Unidos es una república federal, con gobiernos a nivel federal y de los Estados. De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos y con las interpretaciones judiciales de la misma, las esferas federal y de los Estados tienen jurisdicción exclusiva y concurrente en esferas particulares del gobierno. [47] El gobierno federal, por ejemplo, al amparo del artículo I, sección 8 de la Constitución, posee facultades específicamente enumeradas, [48] que incluyen una vasta autoridad al amparo de la cláusula "necesarias y apropiadas" de la Constitución de Estados Unidos [49] para promulgar leyes que implementen las facultades enumeradas para la plena consecución de los objetivos nacionales, de modo que toda legislación de los Estados que pudiera interferir con el ejercicio de estas facultades federales será nula. [50] El poder legislativo de los Estados, por otro lado, posee una autoridad residual en materias que no son delegadas a Estados Unidos por la Constitución ni prohibidas por ésta a los Estados. [51]
74. El gobierno federal de Estados Unidos, por su parte, está compuesto por el poder ejecutivo bajo la forma del Presidente, [52] un poder legislativo bajo la forma del Congreso de Estados Unidos, [53] y un poder judicial compuesto por una Suprema Corte y los tribunales inferiores que el Congreso pueda oportunamente establecer. [54] El Congreso de Estados Unidos es bicameral, compuesto por una Cámara de Representantes y un Senado. La Cámara de Representantes consiste en miembros elegidos cada dos años por el pueblo de los Estados y distribuidos sobre la base de la población. [55] El Senado está compuesto por dos senadores de cada Estado, elegidos por un mandato de seis años. [56]
75. En litigio en el presente caso está el papel de los residentes del Distrito de Columbia en el poder legislativo del gobierno federal. Como lo ilustran las observaciones de las partes y las decisiones judiciales internas en relación con la cuestión, parece incuestionable que las personas que viven en el Distrito de Columbia y que reúnen los demás requisitos para votar en las elecciones federales pueden depositar un voto por el Presidente de Estados Unidos [57] pero no podrán votar para la elección ni elegir a miembros plenos de la Cámara de Representantes o el Senado. Esta circunstancia deriva de los términos de la Constitución de Estados Unidos y de la legislación federal por la cual se creó posteriormente el Distrito de Columbia.
77. Las autoridades judiciales de Estados Unidos han interpretado esta disposición, a la luz de su texto, antecedentes y precedentes judiciales, en el sentido de que sólo permite a los Estados elegir miembros de la Cámara de Representantes y han sostenido que el Distrito de Columbia no puede ser considerado un "Estado" en el sentido de esta disposición. [58]
78. Análogamente, con respecto al Senado de Estados Unidos, como lo dispone originalmente el artículo 1, sección 3 de la Constitución de Estados Unidos, el Senado habría de estar "compuesto por dos Senadores de cada Estado", no elegidos "por el pueblo de los diversos Estados", como en el caso de la Cámara de Representantes, sino "por su legislativo". [59] En 1913, por vía de la Decimoséptima Enmienda, se otorgó al pueblo "de cada Estado" y no a su legislativo, el derecho a elegir a los Senadores [60] y tras esa modificación las disposiciones en relación con las calificaciones y vacantes del Senado han sido en esencia paralelas a las de la Cámara de Representantes. [61] Al igual que en el caso de la Cámara de Representantes, la justicia de Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que los redactores de la Constitución no previeron asignar dos Senadores al Distrito de Columbia, pues se consideraba expresamente que el Senado representaba a los propios Estados. Además, la garantía de dos Senadores a cada Estado era un elemento importante del Great Compromise entre los Estados más pequeños y los más grandes, que garantizaba la ratificación de la Constitución, de modo que los Estados más pequeños tenían garantía de igual representación, pese a su población menos numerosa. [62]
79. Las conclusiones de la justicia estadounidense en cuanto a la inexistencia de derechos de voto parlamentario para los residentes del Distrito de Columbia también se basó en los términos de la denominada "Cláusula del Distrito" de la Constitución, así como en la Ley Orgánica de 1801, por la que se creó el Distrito de Columbia. De acuerdo con el artículo 1, sección 8, cláusula 17 de la Constitución, se otorga expresamente al Congreso la facultad de "ejercer legislación exclusiva absolutamente en todos los casos" sobre el Distrito que se transforme en sede del gobierno. [63] Cuando finalmente se creó el Distrito de Columbia en tierras cedidas por Mayrland y Virginia, mediante la aprobación de la Ley Orgánica de 1801, [64] parecería que en general se aceptó que, una vez que el Congreso asumiera jurisdicción sobre el Distrito, sus residentes perderían el derecho de voto en el Congreso. [65] Análogamente, desde febrero de 1801, los residentes del Distrito no pueden votar ni en Maryland ni en Virginia. [66]
80. En cuanto al propósito que informa el tratamiento del Distrito de Columbia, parecería ser generalmente aceptado que el razonamiento histórico de la Cláusula del Distrito era garantizar que el Congreso no tuviera que depender de otro soberano para su protección. [67] En particular, las autoridades sostienen que la Cláusula del Distrito fue adoptada en respuesta a un incidente ocurrido en Filadelfia en 1873 en el que una multitud de soldados en desbandada de la Guerra Revolucionaria, contrariados por no haber recibido la paga, se reunieron para protestar frente al edificio en que se reunía el Congreso Continental en virtud de los artículos de la Confederación. Como lo describe el Tribunal de Distrito de Estados Unidos:
Pese a los pedidos del Congreso, el gobierno del Estado de Pennsylvania declinó sacar a su milicia para responder a la amenaza y el Congreso tuvo que levantarse abruptamente y reunirse en New Jersey. El episodio, considerado como una afrenta al débil gobierno nacional, dio lugar a la creencia generalizada de que era necesario un control federal exclusivo sobre la capital nacional. "Sin ello" –escribió Madison- "no sólo podría haberse insultado a la autoridad pública y sus actuaciones verse interrumpidas impunemente, sino que, una dependencia de los miembros del gobierno general respecto del Estado en que se encuentre la sede del gobierno para la protección en el ejercicio de sus obligaciones, podría acarrear para los consejos nacionales una imputación de sumisión o influencia, igualmente deshonrosa para el gobierno e insatisfactoria para los demás miembros de la confederación." [68]
81. Los antecedentes ante la Comisión indican que desde la creación del Distrito, se han presentado numerosas iniciativas para dar a sus residentes representación a nivel local y federal. Estas iniciativas incluyen una enmienda constitucional que permitía la participación de los residentes del Distrito en las elecciones presidenciales, en 1960; la aprobación de la Ley del Delegado del Distrito de Columbia, [69] en 1970, que otorgaba al Distrito un delegado sin derecho a voto en la Cámara de Representantes, que tiene derecho a hacer uso de la palabra, disponer de espacio de oficinas, ser designado a comisiones y comités con derechos de voto, pero no facultado por la legislación para votar leyes consideradas ante la Cámara de Representantes. La aprobación de la Ley de Autogobierno y Reorganización Gubernamental del Distrito de Columbia, [70] en 1973, que dio lugar a la elección de un consejo municipal y un alcalde; la elección por el Distrito de Columbia en 1990 de representantes "ficticios" , a saber, dos Senadores sin derecho a voto y un representante sin derecho a voto, cuyo papel es defender la causa de la transformación del Distrito en Estado; [71] y el otorgamiento en 1993, al delegado del Distrito y a todos los delegados territoriales no votantes, el derecho a votar en la Comisión Plenaria del Congreso. [72] Con respecto a este último hecho, la Comisión entiende, en base a la información de las partes, que el voto del delegado del Distrito en la Comisión Plenaria está sujeto a una excepción que impide que los delegados del Distrito y los delegados territoriales emitan un voto decisivo para la aprobación de una ley del Congreso en la Comisión Plenaria. [73]
El derecho a la participación política deja margen para una amplia variedad de formas de gobierno, existen muchas alternativas constitucionales en cuanto al grado de centralización de los poderes del Estado o la elección y atribuciones de los órganos responsables del ejercicio de esos poderes, pero el marco democrático es un elemento esencial para el establecimiento de una sociedad política en que se puedan realizar plenamente los valores humanos. [74]
86. El papel central de la democracia representativa en el sistema interamericano queda ilustrado en las disposiciones de los instrumentos en que se asienta el sistema, incluido el artículo 3(d) de la Carta de la OEA, [75] que confirma que la "solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa.” Las resoluciones adoptadas por los órganos políticos de la Organización han reflejado análogamente el carácter indispensable del gobierno democrático para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. En la Resolución 837 de la Asamblea General de la OEA, por ejemplo, los Estados miembros reafirmaron el derecho inalienable de todos los pueblos de las Américas a determinar libremente su sistema político, económico y social sin interferencia externa, a través de un proceso democrático genuino y dentro de un contexto de justicia social en que todos los sectores de la población gocen de las garantías necesarias para participar libre y efectivamente a través del sufragio universal. [76] Citando estos y otros instrumentos similares, la Comisión recientemente reafirmó que en el sistema interamericano existe un concepto acerca de la fundamental importancia de la democracia representativa como el mecanismo legítimo para lograr la realización y el respeto de los derechos humanos, y como derecho humano en sí, cuya observancia y defensa fue confiada a la Comisión. [77] De acuerdo con la Comisión, este concepto implica la protección de esos derechos civiles y políticos en el contexto de la democracia representativa y la existencia de un control institucional sobre los actos de los poderes del gobierno y el régimen de derecho. [78]
87. Por lo tanto, la Comisión opina que esas disposiciones de los instrumentos de derechos humanos que garantizan los derechos políticos, incluido el artículo XX de la Declaración Americana, deben ser interpretados y aplicados de manera de dar efecto significativo al ejercicio de la democracia representativa en este hemisferio. La Comisión también considera que puede arrojar luz en relación con el contenido específico del artículo XX de la Declaración, el artículo 23 de la Convención Americana y la interpretación previa que hizo la Comisión de esa disposición, [79] que es paralela en varios aspectos fundamentales al artículo XX de la Declaración. El artículo 23 dispone lo siguiente:
88. Al interpretar el artículo 23 de la Convención Americana, la Comisión ha reconocido que el grado de autonomía que debe otorgarse a los Estados para organizar sus instituciones políticas a fin de dar efecto a esos derechos, como el derecho a la participación política, deja margen a una amplia variedad de formas de gobierno. [80] Como lo ha determinado la Comisión, su función y objetivo no es crear un modelo uniforme de democracia representativa para todos los Estados, sino determinar si la legislación de un Estado infringe derechos humanos fundamentales. [81] La Comisión ha reconocido análogamente que no todas las diferencias de tratamiento están prohibidas por el derecho internacional en materia de derechos humanos y esto se aplica igualmente al derecho a participar en el gobierno. [82]
89. Sin embargo, esto no quiere decir que el comportamiento de los Estados para dar efecto al derecho al gobierno representativo, sea por vía constitucional o por otra vía, [83] es inmune al examen de la Comisión. Por el contrario, existen ciertas normas o condiciones mínimas respecto de la manera en que se da efecto a este derecho cuyo cumplimiento previo debe demostrarse. Estas normas o condiciones se relacionan primordialmente con la naturaleza de las limitaciones permisibles que pueden imponerse al ejercicio de esos derechos. La Comisión ha observado a este respecto que el artículo 23(2) de la Convención Americana establece una lista exhaustiva de los fundamentos en base a los cuales los Estados podrían correctamente basar limitaciones al ejercicio de los derechos y oportunidades referidas en el artículo 23(1) de la Convención, a saber, la edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil y mental, o por sentencia de tribunal competente en una acción penal. [84]
90. En términos más generales, la Comisión ha sostenido que su función en la evaluación del derecho a participar en el gobierno es garantizar que todo tratamiento diferencial en el otorgamiento de este derecho no carezca de una justificación objetiva y razonable. [85] A este respecto, para garantizar la igual protección de los derechos humanos, los Estados pueden establecer distinciones entre distintas situaciones y establecer categorías para ciertos grupos de individuos toda vez que se persiga un fin legítimo y siempre que la clasificación sea razonable y se relacione razonablemente con el fin que persigue el ordenamiento jurídico. [86] Y, al igual que con otros derechos fundamentales, las restricciones o limitaciones al derecho a la participación en el gobierno deben estar justificadas por su necesidad en el contexto de la sociedad democrática, delimitadas por los medios, motivos, razonabilidad y proporcionalidad. [87] Al mismo tiempo, al formular estas determinaciones, la Comisión debe tener debidamente en cuenta el grado de autonomía del Estado en la organización de sus instituciones políticas y sólo debe interferir en los casos en que el Estado ha restringido la esencia y eficacia misma del derecho del peticionario a participar en su gobierno. [88]
91. Este criterio interpretativo y de la aplicación del derecho amparado en el artículo 23 de la Convención Americana y el artículo XX de la Declaración Americana a la participación en el gobierno, es congruente con la jurisprudencia de otros sistemas internacionales de derechos humanos en relación con las protecciones de tratados similares. La Corte Europea de Derechos Humanos, por ejemplo, tuvo ocasión de interpretar el artículo 3 del Protocolo I de la Convención Europea [89] en el contexto de una denuncia que impugnaba la legislación belga que delimitaba transitoriamente el territorio de las regiones germanoparlante y francoparlante de Bélgica y establecía restricciones lingüísticas a la representación e integración de los grupos idiomáticos minoritarios en la comunidad y en los consejos regionales de los ejecutivos de esas regiones. [90] Al dictaminar en torno a la denuncia, la Corte Europea indicó que los derechos comprendidos en el artículo 3 del Protocolo I no son absolutos, sino que existe margen para "limitaciones implícitas." [91] Además, la Corte proclamó que los Estados disponen de "amplio margen de apreciación" en la implementación de los derechos amparados por el artículo 3 del Protocolo I, pero que
[…] corresponde a la Corte determinar como último recurso si se han cumplido los requisitos del Protocolo N° 1 (P1); debe manifestarse satisfecha de que las condiciones no restringen los derechos en cuestión en tal medida que afecten su propia esencia y les quiten efectividad; de que son impuestos en procura de un objetivo legítimo, y de que los medios empleados no son desproporcionados. En particular, esas condiciones no deben impedir la libre expresión de la opinión de los pueblos en la elección de sus legisladores." [92]
92. De acuerdo con la Corte Europea, todo sistema electoral debe también ser evaluado a la luz de la evolución política del país de que se trate, puesto que, a su juicio, "características que serían inaceptables en el contexto de un sistema pueden estar justificadas en el contexto de otro, por lo menos mientras que el sistema elegido ofrezca condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión de los pueblos para la elección de su legislativo." [93] Al desestimar en última instancia la denuncia de los peticionarios, la Corte subrayó que
[…] en toda consideración del sistema electoral en cuestión, no debe olvidarse su contexto general. El sistema no parece irrazonable si se tienen en cuenta las intenciones que refleja y el margen de apreciación del Estado demandado dentro del sistema parlamentario belga -margen aún mayor teniendo en cuenta que el sistema es incompleto y provisional. [94]
93. Principios similares que rigen el derecho a la participación política han sido definidos en el sistema de derechos humanos de la ONU. El artículo 25 (b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que "todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: […] b) votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores." Al igual que la Corte Europea y esta Comisión, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha reconocido que los derechos protegidos por el artículo 25 del PIDCP no son absolutos pero que toda condición que se aplica al derecho a la participación política protegida por el artículo 25 debe basarse en criterios "objetivos y razonables." [95] El Comité también llegó a la conclusión de que, teniendo en cuenta el principio fundamental de la proporcionalidad, restricciones mayores de los derechos políticos exigen una justificación específica. [96]
94. La Comisión también observa que, al otorgar a los individuos los derechos prescritos en el artículo XX de la Declaración, debe hacerlo sobre la base de la igualdad y sin discriminación, como lo dispone el artículo II de la Declaración. Al igual que con las restricciones permisibles al amparo del propio artículo XX, el artículo II de la Declaración admite un tratamiento diferencial pero sólo cuando ese tratamiento se base en diferencias de hecho y exista una relación razonable de proporcionalidad entre estas diferencias y los objetivos de la norma jurídica a examen, teniendo debidamente en cuenta la prerrogativa del Estado de elegir sus instituciones políticas. [97]
97. Tras considerar las observaciones de las partes que constan en el expediente, la Comisión debe llegar a la conclusión de que los derechos de los peticionarios a participar en el legislativo federal de Estados Unidos han sido limitados o restringidos desde el punto de vista del derecho y de los hechos. Como se indicó, se convino que, como cuestión de la ley constitucional interna, los peticionarios no tienen derecho a elegir a los integrantes del poder legislativo. Sin bien el Estado ha sostenido que el Distrito de Columbia elige a un delegado a la Cámara de Representantes, que tiene derecho a votar leyes en la Comisión Plenaria, [98] los antecedentes indican que el delegado no puede emitir un voto decisorio respecto de ningún proyecto de ley que considere el Congreso. Sobre esta base, la propia justicia del Estado ha dictaminado que el voto otorgado al delegado del Distrito de Columbia en la Comisión Plenaria no tiene posibilidades de incidir en el resultado final de las materias a consideración de la Comisión y, por tanto, carece de "sentido". [99] En consecuencia, la Comisión no puede aceptar que este arreglo otorgue a los peticionarios una participación efectiva en su legislativo. Por razones similares, la capacidad de los peticionarios para elegir a los representantes a otros niveles y poderes del gobierno y de participar en debates públicos sobre el estatuto del Distrito de Columbia, no puede considerarse equivalente a la naturaleza de la participación prevista en el artículo XX de la Declaración que, a juicio de la Comisión, otorga a los peticionarios una oportunidad significativa, directamente o a través de representantes libremente electos, de incidir en las decisiones del gobierno que los afectan, incluso las decisiones del legislativo federal.
100. A este respecto, el Estado ha ofrecido una serie de explicaciones o justificaciones del tratamiento de los peticionarios que, a su juicio, impedirían que la Comisión concluya que ha existido una violación de los artículos II y XX de la Declaración Americana. En particular, como se señaló antes, el Estado argumenta que la cuestión planteada por los peticionarios se vincula básicamente a la estructura federal de Estados Unidos y a la decisión de sus fundadores de constituir una unión de Estados relativamente autónomos. De acuerdo con el Estado, es la ausencia del estatuto de Estado para el Distrito y no una decisión consciente del gobierno de Estados Unidos, discriminatoria o no, de quitar el derecho a los peticionarios o a otros residentes del Distrito de Columbia, lo que ha dado lugar a su estatuto en relación con el Congreso de Estados Unidos. La decisión de los redactores de la Constitución de Estados Unidos fue, a su vez, de acuerdo con el Estado y los peticionarios, basada en el deseo de proteger el centro de autoridad federal de una influencia indebida de diversos Estados y, al mismo tiempo, de evitar la posibilidad de que los residentes del Distrito pudieran gozar de una influencia desproporcionada en los asuntos gubernamentales en virtud de su "contigüidad con los miembros del gobierno general y su residencia entre ellos." [100] En tal sentido, el Estado sugiere que esas decisiones no sólo justifican la limitación del derecho de los peticionarios a elegir miembros del Congreso, sino que hace a la organización misma de los Estados Unidos y, por tanto, pertenece al dominio del debate político y las decisiones políticas.
105. La Comisión ha reconocido y considerado debidamente el hecho de que estas preocupaciones pueden haber justificado la privación a los residentes del Distrito de una representación elegida en el Congreso en momentos en que se aprobaba la Constitución de Estados Unidos y, en efecto, puede haber sido indispensable para la negociación de la Constitución. Sin embargo, al igual que con las demás protecciones de la Declaración Americana, la Comisión debe interpretar y aplicar los artículos II y XX en el contexto de las circunstancias y normas actuales. [101] El Estado no sólo no ha ofrecido ninguna justificación actual para la denegación a los peticionarios de una representación efectiva en el Congreso, sino que la evolución moderna dentro de Estados Unidos y del hemisferio occidental en términos más generales indica que las restricciones impuestas por el Estado al derecho de los peticionarios a participar en el gobierno ya no se justifican razonablemente.
106. Elemento importante es que el poder judicial del Estado haya concluido específicamente que el fundamento histórico de la Cláusula del Distrito de la Constitución de Estados Unidos hoy no requeriría la exclusión de los residentes del Distrito del derecho parlamentario y haya aceptado que la negación de ese derecho no es necesaria para el funcionamiento efectivo de la sede gubernamental. [102] También corresponde señalar a este respecto que los tribunales internos de Estados Unidos han llegado a la conclusión de que la exclusión de los residentes del Distrito del derecho parlamentario no viola el derecho a la igual protección consagrado en la Constitución, no porque la restricción de su derecho a elegir representantes parlamentarios se haya considerado justificada, sino porque la limitación está establecida por la propia Constitución y, en consecuencia, no puede ser derogada por el principio de una persona, un voto. [103] La Declaración Americana no prescribe límites o calificaciones similares a la garantía de los derechos consagrados en los artículos II y XX y, como se señaló, establece normas que se aplican a toda legislación o norma de los Estados, incluidas sus disposiciones constitucionales.
108. La Comisión también considera significativo que, de acuerdo con la información disponible, ningún otro Estado federal del hemisferio occidental niega a los residentes de su Capital Federal el derecho a votar por los representantes de su legislativo nacional. En Canadá, por ejemplo, la ciudad de Ottawa constituye parte de la Provincia de Ontario y, en consecuencia, sus residentes tienen derecho a elegir los miembros del Parlamento en la Cámara de los Comunes federal, sobre la misma base que los residentes de otras divisiones electorales provinciales. [104] La Ciudad de Buenos Aires, aunque constituye un enclave separado similar al Distrito de Columbia, tiene derecho a elegir diputados y senadores ante el Parlamento nacional argentino. [105] Análogamente, los residentes de Brasilia, Brasil, [106] de Caracas, Venezuela [107] y de Ciudad de México, México, [108] que constituyen enclaves o distritos federales, tienen representación en sus legislativos nacionales a través del voto.
LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS REITERA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES A ESTADOS UNIDOS: