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Timestamp: 2019-12-11 16:13:08
Document Index: 225897832

Matched Legal Cases: ['artículo 145', 'artículo 137', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 149', 'artículo 8', 'artículo 149', 'artículo 92', 'artículo 143', 'artículo 11', 'artículo 149', 'artículo 13', 'artículo 143', 'artículo 143', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149']

DS. Senado, Comisiones, núm. 287, de 14/05/1998
Año 1998 VI Legislatura Comisiones. Núm. 287
celebrada el jueves, 14 de mayo de 1998
--Protocolo de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta de Castilla y León sobre coordinación de actuaciones en materia de infraestructura viaria (Número de expediente 592/000007).
--Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre distribución de actividades en materia de infraestructura viaria en zonas limítrofes (Número de expediente 592/000008).
--Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
(Número de expediente 605/000004).
Punto primero del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 4 de mayo de 1998.
El acta ha sido repartida a los señores portavoces.
¿Podemos entender que es aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así consta.
--PROTOCOLO DE COLABORACION ENTRE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON SOBRE COORDINACION DE ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIARIA (592/000007).
--CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON SOBRE DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIARIA EN ZONAS LIMITROFES (592/000008).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, dictamen sobre el Protocolo de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta de Castilla y León sobre coordinación de actuaciones en materia de infraestructura viaria y sobre el Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre distribución de actividades en materia de infraestructura viaria en zonas limítrofes. (El señor Armet i Coma pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Armet.
El señor ARMET I COMA: Quería hacer una consideración previa, este punto trata de dos temas, uno es un protocolo y el otro es un convenio. Digo esto para ser escrupulosos con lo que señala la Constitución y lo que manda nuestro Reglamento. Separaría la consideración de protocolo porque es un documento de intenciones que contiene la voluntad de desarrollar el protocolo en convenio, y para que no hubiera dificultades en el sentido de que nosotros aprobáramos un protocolo que, después, podría dar lugar a un convenio con algunas diferencias sustanciales, me parece que sería aconsejable dejar este protocolo como un acto positivo de avance significativo y estar a la espera del convenio para hacer la aprobación pertinente. Rogaría que hiciéramos este tipo de planteamiento para evitar dos aprobaciones que pudieran parecer excesivas por nuestra parte y que podrían dar lugar a equívocos posteriormente.
El señor PRESIDENTE: Señor Senador, para su conocimiento, y sin oponerme a lo planteado por su señoría, la Mesa de la Cámara ha calificado el protocolo como convenio entre Comunidades Autónomas para la gestación y prestación de servicios propios de las mismas, encuadrándolo en aquellos convenios de colaboración para los que no es necesaria la autorización de las Cortes Generales sino simplemente la toma de conocimiento.
En cualquier caso, si su señoría lo cree más procedente, podemos dejar este Protocolo de colaboración en suspenso; separarlo del orden del día y comunicarlo a la Mesa del Senado para que tome la decisión pertinente, salvo que las comunidades afectadas tengan algo que alegar al respeto.
¿Quiere alegar algo la señora Consejera? (Pausa.)
La señora CONSEJERA DE OBRAS PUBLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA (Muñoz de Pedro): Sí, señor Presidente.
Como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, entendemos que es un protocolo, una declaración de intenciones y de voluntad para fijar un marco de cooperación «a posteriori» en materia de infraestructuras y de carreteras con la Comunidad de Castilla y León, y, con todo el respeto, a pesar de la calificación que ha dado la Mesa, entiendo que para que llegue a ser un convenio nosotros tendríamos que pasar por una tramitación previa y formal antes de que como tal documento o como tal tal convenio pase a tener conocimiento y a dictaminarse por esta Comisión y por esta Cámara.
Por tanto, entendemos que sería más correcto que, si quieren, hoy lo tomen en consideración como protocolo, pero nunca como un convenio, ya que está sujeto a sus propias formalidades de aprobación dentro de la comunidad correspondiente, y en este caso en Castilla-La Mancha sería necesario que el desarrollo de este protocolo tuviera un convenio que fuera aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha, cosa que en este documento que hoy se presenta no se ha realizado.
Recogiendo el sentir de los portavoces, vamos a proceder de la forma que antes he anticipado; es decir, se retira del orden del día este Protocolo de colaboración y se pondrá en conocimiento de la Mesa del Senado.
Agradecería a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que hiciera también esas observaciones a la Mesa del Senado para que proceda en consecuencia.
Por consiguiente, este punto del orden del día queda reducido al dictamen sobre el Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre distribución de actividades en materia de infraestructura viaria en zonas limítrofes.
La Mesa y portavoces han preparado una propuesta de dictamen, que ha sido repartida a los señores portavoces, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: la Comisión General de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145.2 de la Constitución española y el artículo 137.3 del Reglamento del Senado acuerda elevar al Pleno de la Cámara su dictamen favorable a la toma de conocimiento de la comunicación de la celebración del Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma
de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sobre distribución de actividades en materia de infraestructura viaria en zonas limítrofes.
Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie I, número 463, el 7 de mayo de 1998, sin oponer reparo alguno a la misma.
¿Desea intervenir alguno de los señores portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, simplemente quiero anunciar el voto favorable de los Senadores socialistas al dictamen elaborado por la Mesa por entender que este Convenio de colaboración entre las Comunidades Autónomas de Castilla y León y la de Madrid, para el desarrollo de las infraestructuras viarias situadas en los límites de ambas Comunidades, es un buen modelo que debería tener continuidad, probablemente, en convenios similares de colaboración en otras Comunidades Autónomas.
Con frecuencia se ha identificado la existencia de límites como uno de los factores que dificultan el desarrollo de zonas concretas del territorio. En Castilla y León, por ejemplo, tenemos muy estudiado el problema de la raya de Portugal y el impacto que ha tenido la existencia de la frontera sobre el subdesarrollo de las zonas de nuestra Comunidad que son fronterizas con el vecino país. Y, evidentemente, la existencia de dos administraciones públicas, con titularidades diferentes y con competencias sobre sus propios territorios, en los límites de las dos Comunidades Autónomas --la de Castilla y León y la Comunidad Autónoma de Madrid-- de no alcanzarse acuerdos como el que hoy vemos podría tener ese impacto también negativo en el desarrollo de actuaciones concretas que permitieran la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los vecinos de Castilla y León y de los vecinos de Madrid de las zonas limítrofes y, en general, de las relaciones de las dos Comunidades Autónomas.
Por esta razón, queremos manifestar nuestra satisfacción por la firma de este convenio y, además del voto favorable, anunciar nuestros votos en el sentido de que convenios como el presente vengan con más frecuencia a esta Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granado. (El señor García Carnero pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular manifiesta también su posición favorable, su voto favorable, al Convenio de cooperación entre las Comunidades Autónomas de Madrid y de Castilla y León.
Asimismo, y pese a las actuaciones que la Cámara decida formalmente, queremos manifestar nuestra voluntad favorable al Protocolo de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta de Castilla y León que, en principio, estaba previsto en el orden del día.
Señorías, independientemente de las fórmulas, de que el Protocolo se considere como una declaración de intenciones o de voluntad política, y el convenio, como expresión ya determinada de las actuaciones concretas, de las responsabilidades, independientemente de las fórmulas específicamente determinadas sobre cómo se van a llevar adelante las actuaciones, en cualquiera de los casos, señorías, a nosotros nos parece que la coordinación de actuaciones, la promoción conjunta de proyectos, la búsqueda de mecanismos para impulsar fórmulas de colaboración económica como son éstas --con el intercambio de experiencias, con el apoyo técnico entre ambas Comunidades y con el establecimiento de mecanismos como las Comisiones Permanentes para mantener un periódico control sobre el desarrollo de estas actuaciones-- constituyen un perfecto mecanismo de colaboración interregional, y nos parece, además, que es la manera adecuada de búsqueda de un espíritu constitucional del Estado de las Autonomías. La búsqueda de estas fórmulas de cooperación es la interpretación correcta de la propia Constitución en eso que hemos denominado espíritu constitucional del Estado de las Autonomías.
Señorías, el que el Senado sea además el lugar de encuentro de este tipo de acuerdos, de convenios suscritos entre Comunidades limítrofes que tienen problemas comunes que les afectan a ambas, que el establecer rayas imaginarias que puedan ser motivo de separación o motivo de insuficiente desarrollo no son más que mecanismos retroactivos, que esto se vea superado por el espíritu de colaboración entre Comunidades Autónomas y que esta Cámara y específicamente esta Comisión sean el marco nos parece que es hacer una interpretación correcta, adecuada, de esa voluntad reiteradamente expresada de que el Senado sea el lugar de encuentro, la Cámara de las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, señorías, estamos también acostumbrados a ver la actitud en general de las Comunidades Autónomas, cualquiera que sea el sentido o el color político de quien las dirija en cada momento, que han mantenido a lo largo del tiempo --y mantienen-- un espíritu de reivindicación de competencias y de medios materiales permanentemente ante la Administración del Estado, y quizá no ha estado suficientemente atendido este espíritu constitucional de colaboración interregional.
Creemos, señor Presidente, señorías, que estas actuaciones por parte de las Comunidades de Castilla y León --a la que me honro en representar--, de Castilla-La Mancha y de Madrid son un buen principio de lo que puede ser --de lo que debe ser, a nuestro juicio-- el encuentro permanente en esta Cámara de los problemas y de las soluciones que las propias Comunidades Autónomas vayan planteando en el quehacer de cada día.
Por tanto, felicitamos a las Comunidades por los acuerdos alcanzados, nos felicitamos nosotros mismos de esa interpretación correcta del espíritu constitucional como fórmulas de colaboración interregional y, sobre todo, por
entender que de esta manera las Comunidades Autónomas asumen plenamente sus propias competencias, sus propias responsabilidades, se sienten Estado en definitiva y no se relegan exclusivamente a una función meramente reivindicativa.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Carnero.
¿Por la forma en que han intervenido los portavoces parece ser que hay conformidad de todos en que se apruebe por asentimiento el dictamen? (Pausa.) Así consta.
--PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA REGION DE MURCIA (605/000004).
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: dictamen de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.
Señorías, la Mesa y Portavoces han acordado ordenar el debate de la siguiente forma: pueden ustedes intervenir en defensa de sus enmiendas y, al mismo tiempo, posicionarse respecto de la enmienda presentada y viva del Grupo Parlamentario Socialista. Cada Grupo lo hará en este sentido en una sola intervención y después procederá el turno de portavoces.
Para la defensa de las enmiendas números 1 a 14, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente, así lo haremos.
Señorías, en primer lugar, como Senador en representación de la Comunidad Autónoma andaluza quiero expresar el apoyo que desde Izquierda Unida prestamos a la huelga que hoy vive Andalucía en defensa del olivar.
También quisiera llamar la atención para que el Presidente del Gobierno asuma de forma firme y decidida la defensa del olivar y no permita una reforma de la OCM que producirá gravísimas consecuencias a nuestra agricultura y a nuestro olivar.
Y, señorías, voy a proceder a defender las enmiendas que hemos presentado a esta proposición de ley. El objetivo que perseguimos con estas enmiendas es el de mantener los acuerdos a los que se llegó en Murcia, e independiente de que podamos remitirnos a lo que figura en las justificaciones de algunas de ellas, sí queremos resaltar tres bloques en estas enmiendas.
En primer lugar, para Izquierda Unida es importante la asunción de competencias en el régimen local, y eso estaría justificado precisamente por las características de la Región de Murcia. Por tanto, algunas de nuestras enmiendas van dirigidas fundamentalmente a asumir plenamente las competencias en régimen local.
En segundo lugar, quisiéramos trasladar --y así lo expresamos también en la justificación de nuestras enmiendas-- competencias que está previsto ejercer con carácter ejecutivo a competencias con carácter legislativo.
Creemos, señorías, que esto significaría dar mayor consistencia a la capacidad de autogobierno.
El tercer bloque de nuestras enmiendas quisiera resaltar la necesidad de la figura del Defensor del Pueblo. Señorías, no entendemos que puedan existir dos varas distintas de medir: que esta figura pueda estar contemplada, por ejemplo, en Cantabria o en Aragón y que no sea buena para la Región de Murcia.
Tenemos otras enmiendas que van dirigidas al régimen electoral, pues consideramos que es necesario modificar el mismo, como también consideramos necesario establecer un equilibrio entre las instituciones y, en todo caso, entre las competencias que tiene el Consejo de Gobierno y las competencias que deba tener la Asamblea de Murcia. Entendemos que mejorar y ampliar las competencias de la Asamblea beneficia esos equilibrios.
Señorías, estos tres bloques justifican la presentación de algunas enmiendas que yo no voy a pasar a defender, que tienen consecuencia en éstas que estoy resaltando y que supondrían, por tanto, modificar otros artículos dentro del artículo Unico.
Quisiera posicionarme también con respecto a la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, y anuncio que Izquierda Unida votará favorablemente la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista porque entendemos que mejora también la modificación del Estatuto.
Si las enmiendas son tenidas en cuenta, señorías, votaremos favorablemente el dictamen de la Comisión, si no, pediremos una votación desagregada del artículo Unico del artículo 10 y del artículo 11.
Votaremos una parte del dictamen favorablemente y votaremos en contra otra parte del dictamen si, insisto, señorías, no son tenidas en cuenta estas enmiendas.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Martínez García.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda a la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, concretamente de adición a su artículo 11, al cual proponemos se añada un nuevo apartado conteniendo una nueva competencia: aquella referida a las especialidades de la legislación procesal que pudieran derivarse de las peculiaridades de derecho consuetudinario.
En primer lugar, quiero agradecer el apoyo que desde Izquierda Unida-Grupo Mixto se manifiesta a esta enmienda, así como lamentar que no haya sido posible en estos días previos llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular, aunque tal vez esta mañana podamos conseguir llegar a un acuerdo en algunas de las razones
que se han esgrimido. En cualquier caso, quiero dejar patente que la introducción de esta enmienda no supone en modo alguno menoscabo del gran y amplio consenso que ha habido entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular para llegar a los acuerdos que han dado objeto y fundamento a esta reforma del Estatuto. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque la enmienda que presentamos tiene su sustento en una previa modificación que se ha hecho del Estatuto, concretamente el contenido de su artículo 8, y viene a completar este artículo posibilitando su desarrollo y de forma muy particular en lo que afecta al Consejo de Hombres Buenos de Murcia.
El fundamento de esta enmienda lo encontramos, sin duda, en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva en la legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
Nosotros entendemos, señorías, que precisamente éste es el caso que se da y sufrimos en la Región de Murcia. Dice el artículo 8, incluido en la Ponencia del Estatuto de Autonomía, que la Comunidad Autónoma prestará especial atención al derecho consuetudinario de la Región, con particular referencia a los Tribunales consuetudinarios y tradicionales en materia de aguas.
Pues bien, esta especial atención que el propio Estatuto, en esta reforma, reclama de la Comunidad Autónoma no es posible ejercerla si la Comunidad no dispone del correspondiente título competencial para hacerlo. Y es precisamente para enmendar eso por lo que el Grupo Socialista presenta esta propuesta. Entendemos que se dan los supuestos contenidos y la excepcionalidad contenida en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución ya que el derecho en materia de aguas es un derecho sustantivo, y prueba de ello es que esas normas contienen especialidad en materia procesal y la creación de un propio tribunal para que las aplique.
A continuación, señor Presidente, paso a fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con las catorce enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida, del Grupo Mixto. Quiero decir que la posición de nuestro grupo va a ser la de votar en contra de todas ellas, excepto de dos: las números 9 y 14, relativas a la creación y posterior regulación legal de la figura del Defensor del Pueblo.
Respecto a nuestra posición de voto favorable a estas dos enmiendas, quiero hacer la misma advertencia que hice en relación con la enmienda presentada por el Grupo Socialista, y es que entendemos que votar a favor no supone menoscabo alguno del consenso y acuerdo habido entre el Grupo Popular y el Socialista, ya que los temas referidos a las instituciones de autogobierno no han sido acotados en ese acuerdo político previo que ha habido entre ambos partidos políticos.
Quiero también llamar la atención, y ya lo hacía el Senador que ha intervenido previamente, sobre que hay razones de fondo para que votemos a favor de estas dos enmiendas. La primera es la coherencia que debemos mantener con la posición que el Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido, tanto en la Asamblea Regional de Murcia como en el Congreso.
Una coherencia que, además, se ve reforzada, lamentablemente, por el hecho de que PSOE y PP hayan sido capaces de llegar a acuerdos para que esta figura institucional se haya contemplado en otras Comunidades Autónomas como la de Madrid o la de Cantabria; y esto es algo que, si ustedes lo estiman oportuno, esta mañana podríamos subsanar.
Aunque sea sucintamente, quiero razonar los motivos por los que vamos a votar en contra del resto de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida. Desde luego, son razones de fondo que han estado presentes en ese acuerdo y consenso habido entre el resto de los grupos parlamentarios; pero, además, quiero trasladar aquí algunos de nuestros razonamientos que van más allá de ese fondo, puesto que han sido introducidas algunas enmiendas que no fueron admitidas en el Congreso de los Diputados. Haré algunas precisiones sucintas.
El Grupo Parlamentario Socialista estima que la distribución competencial que se contiene en el texto de la Ponencia, que, concretamente, intentan subsanar las enmiendas números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de Izquierda Unida, es más acorde con la interpretación constitucional que hace de los títulos competenciales quien, según la Constitución, está facultado y tiene la competencia para ello, que es el propio Tribunal Constitucional.
En relación con la enmienda número 5 quiero decir que el texto de la Ponencia concuerda bastante mejor que la enmienda con el artículo 92.3 de la Constitución y con la posibilidad, que se prevé en dicho texto, de una distinta regulación legal por las Cortes Generales.
En cuanto a la enmienda número 6 he de decir que nos parece adecuado el distinto rango competencial que el texto de la Ponencia otorga a la educación y a las materias que dependen del sistema de la Seguridad Social, porque entendemos que tiene una base, que es su singular sistema de financiación, asentada, en gran medida, en el principio de caja única que desde el Grupo Socialista siempre hemos defendido.
Vamos a rechazar la enmienda número 8 por entender que de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas no se deriva ninguna de las funciones que están encomendadas legalmente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; precisamente, la posibilidad de convenio se establece para la protección de los bienes y edificios de la Comunidad Autónoma.
La enmienda número 11 de Izquierda Unida pretende introducir el elemento de la circunscripción única, criterio que el Grupo Socialista no ha compartido desde la constitución de la Comunidad Autónoma y la aprobación del Estatuto. Nosotros somos partidarios de la comarcalización futura de la Comunidad, y para ello entendemos que es una buena base el mantenimiento de las circunscripciones que en este momento delimitan el panorama electoral.
Respecto a la número 12, que afecta a la celebración de elecciones, nosotros entendemos que el texto de la Ponencia permite la coordinación de calendarios que puedan aprobar las Cortes Generales, como recientemente hemos tenido ocasión de aprobar en el último Pleno del Senado, y consideramos que esa posibilidad de coordinación va a
evitar que deban ser reformados los estatutos de autonomía, como tuvo que hacerse en su momento con todos los estatutos elaborados en base al artículo 143.
Por último, en cuanto a la disolución del Parlamento autonómico que recoge la enmienda número 13 creemos que el texto de la Ponencia es acertado y ecuánime, así como que compatibiliza muy bien una mayor autonomía política de los órganos de la Comunidad Autónoma al tiempo que coadyuva al mantenimiento de una estabilidad electoral en el país.
Concluyo, señor Presidente, diciendo que vamos a votar a favor las enmiendas números 9 y 14 y en sentido negativo el resto de enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Martínez García.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Bascuñana García.
El señor BASCUÑANA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quisiera comenzar mi intervención felicitando a la Asamblea Regional de Murcia por el trabajo realizado en esta proposición de Ley de reforma del Estatuto de Autonomía, así como por el alto grado de consenso conseguido en ello.
Dicho Estatuto ha sido posteriormente mejorado y enriquecido con modificaciones, todas ellas con un grado de consenso muy importante en el Congreso de los Diputados. Así, el texto que nos ha sido remitido del Congreso, que es el recogido en la Ponencia, implica una profundización en lo que es la autonomía de la Región tanto en temas competenciales como en temas institucionales.
Paso a hablar de las enmiendas que se proponen. La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista pretende incorporar al artículo 11 un nuevo apartado referente a desarrollo legislativo, a fin de atribuir a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de especialidades de la legislación procesal que pudieran derivarse de las peculiaridades del derecho consuetudinario. Con motivo del proceso de ampliación de competencias concretado en los Pactos Autonómicos de 1992, en el que se pone de manifiesto la improcedencia de una ampliación competencial en este ámbito, dado que --como muy bien decía su señoría-- el artículo 149.1.6.ª de la Constitución hay que entenderlo en el sentido de que las necesarias especialidades procesales habrán de operar únicamente en aquellas Comunidades Autónomas que posean instituciones de Derecho foral o especial que no existan en el Derecho común. No se incorporó en el proceso de ampliación y no se incorpora a la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, pese a que en la misma --como bien sabe su señoría-- figuraba como competencia diferida en el artículo 13 y, por lo tanto, ahora no se justifica.
Quisiera referirme a algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, aunque ninguna de ellas es novedosa porque todas fueron presentadas, debatidas y rechazadas en el Congreso de los Diputados por el resto de los grupos parlamentarios, posición que este grupo va a mantener. En cuanto a la enmienda número 10, que plantea un cambio de competencias en contra del Ejecutivo y a favor de la Asamblea, es necesario decir que Izquierda Unida aboga por una política intervencionista, que no es el deseo expresado por la propia Asamblea Regional. El tratamiento es más adecuado vía Reglamento que en Estatuto.
Las enmiendas números 12 y 13 no son aceptables, como también apuntaba la portavoz del Partido Socialista, ya que modifican criterios generales de coordinación de convocatorias electorales.
En cuanto a la enmienda 11, relativa a la circunscripción única, debo decir a sus señorías que, en fecha 17 de julio del pasado año 1997, en la Asamblea Regional se produjo un debate al respecto, y no es conveniente trasladar a otros Parlamentos lo que ha sido debatido y rechazado en un Parlamento Regional, puesto que si la Asamblea se ha expresado con toda claridad y las fuerzas políticas han rechazado esta proposición, no es lógico, como desea el Grupo Mixto, que esta Cámara, el Senado, con proyección territorial, donde siempre se han respetado los acuerdos de todos los Parlamentos autonómicos, vaya contra lo propio que ha decidido la Asamblea Regional de Murcia.
En cuanto a las enmiendas números 9 y 14, propuestas por el Grupo Mixto de Izquierda Unida, que según ha expresado aquí apoya el Partido Socialista, debo decir que la figura del Defensor del Pueblo no aparece contemplada en la proposición de ley enviada por la Asamblea Regional.
Esta figura, directamente vinculada a las Cámaras legislativas con el fin de defender los derechos fundamentales de ellas, está contemplada en la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano.
No todas las Comunidades Autónomas tienen recogida la figura del Defensor del Pueblo. Cada Parlamento autonómico habrá optado por lo que haya creído más conveniente, pero nunca desde las Cortes Generales, nunca desde el Senado, y menos mediante ley orgánica podremos imponer algo que el Parlamento Regional --en este caso la Asamblea Regional de Murcia-- no desea establecer.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista señalaba --y así se recoge en el «Diario de Sesiones» del Congreso de los Diputados-- que el Partido Popular ha obrado incoherentemente. Señalaba el señor Ortiz Molina respecto a las enmiendas números 51 y 56 del Congreso de los Diputados --en el Senado las números 9 y 14--, que el Partido Popular en unas Comunidades Autónomas mantiene una posición y en otras otra. Ello significa una falta de coherencia que quizá se deba a que el Partido Popular no tenga bien definido su modelo de Estado, su modelo de desarrollo autonómico y consideramos que ello aporta poca coherencia a sus actuaciones. Son palabras que la portavoz del Partido Socialista ha venido a repetir en esta sesión.
Quisiera recordar a sus señorías que el 15 de julio de 1994, en la Asamblea Regional de Murcia --obra en mi poder el «Diario de Sesiones»--, el portavoz de Izquierda Unida proponía la creación del Defensor del Pueblo, alegando lo siguiente: El Defensor del Pueblo podrá dirigirse
a toda clase de autoridades, organismos, funcionarios. El Defensor del Pueblo supervisará la actividad de la administración de la Comunidad Autónoma; el Defensor del Pueblo actuará con total independencia...
Seguía diciendo lo que debía hacer el Defensor del Pueblo, y continuaba añadiendo el portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea Regional de Murcia: Figura, la del Defensor del Pueblo, que goza de un enorme prestigio ante los ciudadanos y ante la población en general. Estábamos convencidos de que era necesario de que hubiera sido de gran utilidad en nuestra Comunidad Autónoma. Pero la falta de sensibilidad del partido mayoritario, la falta de colaboración del Grupo Parlamentario Socialista ha hecho que, al final, Izquierda Unida transija provisionalmente.
Ustedes nos están hablando de coherencia, nos están hablando de que mantengamos coherencia y, en fecha 15 de julio de 1994, no la aceptan.
Voy a decir más, voy a remitirme a las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Me querría detener en dos matices. El primero por el cual el Grupo Parlamentario Socialista plantea al Grupo de Izquierda Unida y al Partido Popular la posibilidad de sustituir --por decirlo de alguna forma-- la iniciativa de la creación de la figura del Defensor del Pueblo murciano por una mejor, mayor y más amplia reglamentación de la Comisión de Peticiones. A continuación, alega en qué consiste y por qué se debe potenciar la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano.
Por lo tanto, no hablemos de incoherencia del Partido Popular, puesto que siempre hemos mantenido el mismo criterio, mantenemos el criterio en la Comunidad de Murcia y mantenemos a nivel nacional el que sea cada Parlamento el que defina cuál debe ser la figura del Defensor del Pueblo.
Ustedes sí han mantenido una incoherencia --consta en el «Diario de Sesiones»-- en el Parlamento autonómico murciano y en las Cortes Generales.
Señor Presidente, señorías, con el máximo respeto a las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, no podemos apoyar ninguna, ya que no se recoge el sentir expresado en la Asamblea Regional y estamos convencidos de que tampoco amplían ni enriquecen el texto que nos ha sido remitido, que es el expresado en la Ponencia.
Por lo tanto, mantenemos el mismo texto de la Ponencia y no aceptamos la enmienda del Partido Socialista ni las presentadas por el Grupo Mixto de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bascuñana.
¿Turno de Portavoces? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
En primer lugar, debo agradecer el voto favorable a las enmiendas números 9 y 14 relativas a la figura del Defensor del Pueblo. En segundo lugar, debo resaltar que también desde Izquierda queremos valorar el consenso que se pueda haber alcanzado en otros aspectos de la reforma. Seguimos manteniendo que con nuestras enmiendas se mejora el texto. No compartimos el mismo criterio y es bueno, señorías, que en democracia podamos expresar las discrepancias y lo hagamos con rigor.
Nosotros consideramos que la figura del Defensor del Pueblo mejora sustancialmente la protección de los derechos y que es bueno mantener un criterio que sea coherente. La defensa de los derechos no es algo que nosotros queramos imponer a la Asamblea de Murcia. No se trata de una imposición, sino de garantizar los derechos de los ciudadanos. Si se mantiene un criterio en algunas Comunidades Autónomas por entender que es bueno para ellas, nosotros también lo mantenemos para la región de Murcia.
Señorías, la protección y la defensa de los derechos no se puede entender como una imposición. Todos hemos valorado el papel que puede jugar la figura del Defensor del Pueblo de España y todos hemos acudido a él.
Quiero recordar recientes acontecimientos donde la figura del Defensor del Pueblo también ha jugado un papel controvertido en los medios de comunicación. Es una garantía para los ciudadanos y nosotros defendemos esa coherencia. Asimismo, defendemos que pueda haber un equilibrio en las competencias establecidas para la Asamblea de Murcia y el Consejo de Gobierno. Estimamos que ese equilibrio es bueno para el funcionamiento de las instituciones. Señorías, consideramos que si hay competencias plenas en Educación, también podría haberlas en Sanidad. Una vez asumidas ciertas competencias, el desarrollo de las mismas en materia de salud por parte de la Asamblea de Murcia mejora la prestación de este servicio fundamental. (El señor Vicepresidente Segundo, García Miralles, ocupa la Presidencia.) Las enmiendas que formulamos suponen una mejora y una asunción de competencias, sin menoscabo de lo que la Constitución establece, lo cual beneficiaría la reforma del Estatuto. Así lo mantenemos, lo que no quiere decir que no valoremos el consenso que se pueda haber alcanzado en otros aspectos de esta reforma.
El señor VICEPRESIDENTE (García Miralles): Muchas gracias.
En representación del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona.
Señorías, intervengo para expresar nuestro voto favorable a esta reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, precisamente porque no podría ser de otra forma, y como consecuencia de tres consideraciones que voy a exponer muy brevemente. En primer lugar, por nuestra convicción totalmente autonomista y porque desde nuestro punto de vista eso refuerza la posición que siempre hemos defendido en nuestro grupo parlamentario.
En segundo lugar, también por solidaridad con otros territorios, en este caso, con la Región de Murcia, respetando su voluntad manifestada por el órgano máximo de representación,
que es su Asamblea parlamentaria. Y, en tercer lugar, por constatación de que la construcción de este Estado de las Autonomías no es un proceso estático, sino evolutivo, que sólo tiene un límite: los límites constitucionales. Por tanto, los límites que nos hemos dado en la Constitución de 1978. Esto no quiere decir que en un futuro pueda ser otra; en cualquier caso, con esta reforma el Estatuto de Autonomía forma parte del bloque de constitucionalidad, de la Constitución española, en este caso concreto su nuevo Estatuto para el territorio de Murcia, una vez cumpla todo el trámite parlamentario y la modificación ya sea un hecho.
En caso de que tuviéramos que expresar nuestra posición en cuanto a las enmiendas --puesto que en estos momentos no sé si se someterán a votación-- ésta es de respeto a la voluntad mayoritaria de la Asamblea de Murcia. En este sentido, en este trámite nosotros nos abstendríamos, precisamente para respetar la voluntad de la Asamblea parlamentaria de la Región de Murcia.
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña María Antonia Martínez.
No era mi intención abrir polémica en relación con el apoyo que mi Grupo ha manifestado aquí a las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, pero sí creo necesario hacer alguna consideración. Creo que la coherencia es compatible con la evolución, y los tiempos políticos se agotan en el tema autonómico cuando se ha agotado el desarrollo y el cumplimiento de los pactos que el Partido Popular y el PSOE han suscrito.
Quiero recordar a sus señorías que el Pacto Autonómico de 1992, alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, fue un pacto de más competencias para las Comunidades Autónomas. No se abordaron reformas institucionales que afectaran ni a la Asamblea regional ni a ningún otro órgano. De ese Pacto está todo cumplido, excepto la transferencia en materia de educación.
Hasta ahí, el Partido Socialista, y entiendo que el Partido Popular, ha mantenido las correspondientes posiciones políticas que exigía la coherencia con los acuerdos firmados entre ambas formaciones políticas, suscritos por los grupos parlamentarios. Pero su señoría se va al año 1994 y, en coherencia con esa posición del Pacto del 92, en un debate donde lo que analizábamos era precisamente la figura del Defensor del Pueblo, la posición del Grupo Parlamentario Socialista --seguramente hasta yo sería la portavoz-- fue coherente con mantener las posiciones mantenidas en el Pacto de 1992. En ese momento decíamos que todavía estaban por explotar las capacidades de la Comisión de Peticiones. Quiero decir que ésta ha funcionado magníficamente y se está haciendo un trabajo magnífico en defensa de muchas de las competencias que institucionalmente están atribuidas al Defensor del Pueblo en los ámbitos autonómicos de otras Comunidades Autónomas.
Pero llega un momento, en el año 1997, donde Partido Popular y PSOE intentan suscribir otro pacto autonómico que, como saben bien sus señorías, ha sido imposible suscribir a nivel nacional, pero que con buena voluntad, Comunidad Autónoma a Comunidad Autónoma, Partido Popular y PSOE entramos en conseguir ese consenso necesario para reformar los Estatutos del artículo 143. Y en esa reforma, en todas las Comunidades Autónomas del artículo 143, sí se plantean elementos de reforma institucional, se amplía el número de miembros de la Asamblea Regional, como se ha hecho en Murcia, y se pone sobre la mesa una petición que desde antaño Izquierda Unida venía haciendo en la Asamblea Regional: la figura del Defensor del Pueblo.
El Partido Socialista Obrero Español, cumpliendo los Pactos de 1992, evaluando el trabajo hecho por la Comisión de Peticiones, y afrontando un nuevo tiempo político, plantea la conveniencia de apoyar esta institución, que entendemos que en la Región de Murcia es beneficiosa y puede hacer lo que ahora mismo hace la Comisión de Peticiones del ciudadano y bastantes cosas más. Pero ¿qué sucede? Yo entiendo perfectamente la actitud del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Quieren ser respetuosos con los aprobado en la Asamblea Regional, yo también, pero tenemos que ser coherentes con las posiciones políticas que mantenemos. La voluntad de la Asamblea Regional de Murcia de traer este proyecto de reforma en el que no está incluido el Defensor del Pueblo, es el acuerdo mayoritario adoptado por la Cámara sólo con el voto, grandioso en número, del Partido Popular y con el voto en contra de PSOE e Izquierda Unida. Por eso, señorías, yo mantenía ese principio de coherencia con lo actuado allí y lo actuado aquí.
He dicho que hoy teníamos una oportunidad de subsanar esto, ¿por qué? Porque en esa evolución que desde el Partido Socialista hemos tenido y desde el Partido Popular también, en esos pactos que se han hecho en cada una de las Comunidades Autónomas, los frutos no han sido los mismos; y en unas Comunidades se contempla y se dice sí por el Partido Popular al Defensor del Pueblo y en otras Comunidades, como la nuestra, se dice no.
Y yo me pregunto, señorías --sin ánimo de crítica, estaba viendo la posibilidad de subsanar un tema que ha evolucionado después en los cuerdos de la Asamblea de Madrid, que son posteriores a los de Murcia--, si el Partido Popular en Cantabria, en Madrid ha evolucionado en el sentido de reconocer esa institución para esas Comunidades Autónomas, ¿por qué en Murcia no? Digo que aquí tenemos una posibilidad; que mantiene su criterio, me parece muy legítimo, señor Bascuñana, pero no hablemos de incoherencias. Yo no he dicho que el Partido Popular fuera incoherente, lo que he querido es sumarme a la coherencia que se está manteniendo en relación con otras Comunidades Autónomas, salvando lo que yo de momento entiendo que puede ser incluso un principio de discriminación y de desequilibrio un poco institucional. Desde luego, soy absolutamente respetuosa con la decisión de la Asamblea y con la mayoría de la que es producto ese acuerdo. Se dice que no, no, pero mi obligación era poner aquí de manifiesto estas consideraciones.
Haré una breve referencia a la enmienda que presentamos desde el Grupo Parlamentario Socialista a la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Yo creo que la interpretación que hace su señoría del contenido del artículo 149 no es correcta. Estamos en una Comisión donde las consideraciones jurídicas y constitucionales son esenciales, porque de ellas depende mucho de lo que decidimos aquí. En ningún momento el artículo 149 de la Constitución en su apartado sexto hace referencia al derecho sustantivo contenido en leyes forales. El derecho sustantivo es derecho sustantivo y se define en los manuales de Derecho como aquel que tiene la capacidad de crear, modificar, o de extinguir relaciones jurídicas. Desde luego el derecho de la huerta de Murcia tiene un contenido total y absolutamente sustancial, consuetudinario y sustancial.
El derecho consuetudinario no es contrario al derecho sustancial. ¿Quién dice que el único derecho sustancial que existe en las Comunidades Autónomas es aquel que es foral? Nuestro derecho es sustancial y prueba de ello, y lo he dicho antes, no es que podrán derivarse especialidades, como dice la Constitución; es que del derecho de Murcia ya se han derivado especialidades, y prueba de ello es que tenemos un Tribunal que va a ser reconocido por las Cortes Generales como tribunal consuetudinario y que, además, en esa propia legislación están previstas especialidades procesales. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Lo dije en el debate que tuvimos cuando examinamos la toma en consideración de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, precisamente uno de los débitos de las cuentas pendientes que tiene el Consejo de Hombres Buenos de Murcia y que ha sido puesto de manifiesto por tratadistas e insignes juristas de la Región de Murcia, es que hay algunos temas que tenemos que solventar. Uno de ellos es la segunda instancia, que hay que acomodar a la jurisprudencia constitucional desde el máximo respeto al derecho consuetudinario. Con ese ánimo he defendido la enmienda, que nuestro Grupo a su vez mantendrá en el Pleno, ya que tenemos los suficientes elementos de juicio para mantener el carácter consuetudinario y sustantivo del derecho consuetudinario de la Región de Murcia al entender que ésta se ajusta perfectamente a las reservas que se establecen en el artículo 149 de nuestra Constitución para conseguir ese título competencial. Y prueba de ello es que, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía el día 9 de junio de 1982, esa competencia ya se contemplaba en él.
En cuanto al cómo y al por qué desapareció del Estatuto, no creo que sea éste momento ni ocasión de entrar en ello, pero en cualquier caso creo que ahora tenemos la oportunidad de remediar un pequeño error que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista cometieron en la anterior reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Bascuñana.
El señor BASCUÑANA GARCIA: Señor Presidente, parece que, al final, las enmiendas se han ido centrando más en temas relacionados con el Defensor del Pueblo y en cuestiones relacionadas con la coherencia que el Partido Popular está manteniendo en unas Comunidades Autónomas y en otras.
Señoría, yo creo que la coherencia que en estos momentos está manteniendo el Partido Popular se basa en que cada Parlamento autonómico sea el que decida si quiere introducir o no la figura del Defensor del Pueblo en su Comunidad Autónoma, pero lo que creo que no procede es que desde las Cortes Generales, desde esta Cámara territorial que es el Senado, les impongamos a las Comunidades Autónomas, es decir, a los Parlamentos autonómicos, la figura del Defensor del Pueblo. Creo que ni es ésta la cuestión ni tampoco considero que sea coherente.
Pero le voy a decir más, señoría: ¿Sería coherente --ya que nos acusan de ello-- que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Murcia votara en contra de esta propuesta referente al Defensor del Pueblo con que aquí y ahora aceptáramos la enmienda? ¿Sería eso coherente? Señoría, la coherencia está en aceptar lo que el Parlamento autonómico en su mayoría ha propuesto, y lo que ha propuesto es que, de momento, no considera conveniente adoptar la figura del Defensor del Pueblo.
Por otra parte, sí es cierto que hubo un gran consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea para ampliar las competencias de la Comisión de Peticiones, lo que, por cierto, está funcionando muy bien. Todos los grupos parlamentarios de la Asamblea regional estamos de acuerdo en ello. Por tanto, creo que debemos felicitarnos, tanto porque se está haciendo un control del Legislativo, como porque, además, existe la figura de la Comisión para que, en un momento determinado, se pueda apoyar o ayudar a cualquier ciudadano.
En cuanto a la cuestión del tribunal consuetudinario, como es lógico, su señoría está en su derecho de mantener la enmienda para el Pleno y yo no voy a entrar en ello. Lo que sí entiendo es que le he dado a su señoría argumentos suficientes a este respecto, pero usted entiende de una forma el artículo 149 de la Constitución en tanto que nosotros lo entendemos de otra. Ya tuvimos oportunidad de hablar de ello en su momento, y por eso no voy a entrar ahora en esta cuestión, pero lo cierto y verdad es que la Asamblea Regional de Murcia no se lo ha planteado. Por otra parte, tampoco consta en el texto. Eso es algo que corresponde a la Asamblea, y lo que nosotros estamos recogiendo es precisamente el sentir mayoritario de la Asamblea. Repito que no está en el texto que nos ha llegado, y que, al menos en este momento, tampoco lo consideramos conveniente.
Agradezco al representante de Convergència i Unió los tres puntos que ha expuesto referentes a la solidaridad con el Parlamento de Murcia y al respeto a su voluntad. Agradezco, tanto a Convergència i Unió como al resto de las fuerzas políticas del Senado, ese ánimo de construcción hacia todas las Comunidades Autónomas que, me imagino, se habrá demostrado también en su momento en relación con otros Estatutos, con lo cual, por supuesto que en
el caso del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia ese ánimo de construcción no iba a ser menor.
Lo que sí quiero agradecer a todos, y especialmente a la Asamblea Regional de Murcia, como decía al principio, es el gran esfuerzo que ésta ha hecho para conseguir presentar un Estatuto en el que nuestro techo competencial está prácticamente ya en un 90 ó 95 por ciento, esfuerzo que, efectivamente, ha supuesto un trabajo ímprobo. A partir de la fecha en que sea aprobado este Estatuto, la Región de Murcia va a poder contar con algo que necesitábamos hace tiempo y que todas las fuerzas políticas estábamos reclamando, con lo cual, creo que todos podremos celebrarlo.
Para nuestra Comunidad esto va a suponer un gran éxito logrado a través del consenso, a pesar de esas pequeñas diferencias que hemos tenido y que aún tenemos con Izquierda Unida con ocasión de otras reformas del Estatuto, el cual, en un 90 por ciento ha sido consensuado por todas las fuerzas políticas con representación en la Región de Murcia.
Seguidamente, pasamos a votar las enmiendas. En primer lugar, votamos las enmiendas números 9 y 14 del Senador Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en contra, 25; abstenciones, una.
Seguidamente, votamos las restantes enmiendas del Senador Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 40; abstenciones, una.
Votamos seguidamente la enmienda número 15 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; en contra, 25; abstenciones, una.
Votamos a continuación el informe de la Ponencia. (El señor Román Clemente pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, solicitamos votación separada del artículo único y de los artículos 10 y 11.
El señor PRESIDENTE: Está bien.
Votamos, en primer lugar, el artículo único y los artículos 10 y 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 41; en contra, uno.
Resta tan sólo designar al miembro de la Comisión que presente el dictamen de la Comisión ante el Pleno. Esta Presidencia propone que sea un miembro de la Mesa perteneciente a la Región de Murcia. Así pues, si no hay inconveniente por parte de sus señorías, esta Presidencia considera que podría ser el Senador Bascuñana. (Pausa.) Así pues, el Senador Bascuñana García sería quien presente el dictamen de la Comisión ante el Pleno.