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Timestamp: 2018-06-22 14:54:21
Document Index: 272512074

Matched Legal Cases: ['artículo 113', 'artículo 113', 'Artículo 254', 'Artículo 257', 'artículo 49', 'Artículo 257', 'artículo 243', 'artículo 509', 'artículo 509', 'artículo 509', 'artículo 249', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 26', 'artículo 313', 'artículo 322', 'artículo 322', 'artículo 326']

CASACION DE OFICIO POR SILENCIO DE PRUEBAS. EL JUEZ DE OFICIO PUEDE ORDENAR LA PRACTICA DE EXPERTICIA NECESARIA - Noticias Juridicas
6 Agosto, 2017/ Sala Civil/ No hay comentarios/
CASACION DE OFICIO POR SILENCIO DE PRUEBAS. EL JUEZ PUEDE DE OFICIO ORDENAR LA PRACTICA DE UNA EXPERTICIA QUE SEA NECESARIA PARA ESTABLECER LOS DAÑOS Y PERJUICIOS.
N° SENTENCIA: RC.000536
N° EXPEDIENTE: 17-391
Partes: PROMOTORA LEIPZIG, C.A. Y OTRA contra NESTLÉ VENEZUELA, S.A.
Decisión: CASA DE OFICIO
Exp. N° 2017-000391
En el juicio por indemnización por daños y perjuicios materiales y morales, iniciado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas, por las sociedades de comercio PROMOTORA LEIPZIG, C.A. y LEIPZIGER SERVICES, C.A., representadas judicialmente por los abogados José Araujo Parra y Gloria Santaella de Römer, contra la sociedad mercantil NESTLÉ VENEZUELA, S.A., representada judicialmente por los abogados Andrés Blanco Fernández, Alfredo Travieso Passios, Gustavo Planchart Manrique, Gustavo Planchart Pocaterra, José Santiago Núñez Gómez, Carlos Lepervanche Michelena, Roberto Yepes Soto, Margarita Escudero León, Gustavo Morales, Moisés Vallenilla Tolosa, Omar Ortega Pizzani, María Carolina Torres, Ornella Bernabei Zaccaro, Carlos Alfredo Zuloaga Travieso, Nelly Herrera Bond, René Lepervanche Orellana, Yesenia Piñango Mosquera, Eliana Heredia Arroyo, Xabier Escalante Elguezabal, María Verónica Espina Molina, Andreína Martínez Salaverría, Hasne Saad Naame, Malvina Salazar Romero y Manuel Lozada García; el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 22 de febrero de 2017, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y sin lugar el recurso de las demandantes, y sin lugar la demanda, en consecuencia, revocó el fallo del a quo de fecha 7 de noviembre de 2014, que consideró parcialmente con lugar la pretensión.
Contra el referido fallo de alzada, anunció recurso de casación la representación judicial de la demandante, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación.
En fecha 9 de mayo de 2017, se dio cuenta en Sala y se asignó la ponencia a la Magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba.
Asimismo, ha establecido de forma reiterada que tampoco “…es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público…”. (Sentencia de fecha 19 de julio de 1999, caso: Antonio Yesares Pérez c/ Agropecuaria el Venao C.A.).
Ahora bien, en reciente decisión N° 432, de fecha 28 de junio de 2017, caso: Morela Chiquinquirá Pérez Terán, contra Francisco Vásquez Péréz y otro, esta Sala de Casación Civil estableció mediante un obiter dictum, la facultad de casar de oficio con base en infracción de ley, de conformidad con los principios procesales del derecho a la defensa, al debido proceso previstos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual fue establecido en los siguientes términos:
Para verificar la infracción de ley referida a la falta de aplicación de los artículos 249 y 509 del Código de Procedimiento Civil, incurrió en el vicio de silencio de pruebas detectado por la Sala, por ello resulta necesario pasar a transcribir lo pertinente de la sentencia recurrida:
“…MOTIVACIONES PARA DECIDIR
V.1.- Del Thema Decidendum
De acuerdo con las exposiciones de las partes en la demanda y la contestación, así como también en informes y en base al análisis de las pruebas aportada por ellas, el thema decidendum se circunscribe estrictamente al reclamo de los supuestos daños materiales y el daño moral presuntamente causados a las demandantes por la conducta ilícita emprendida por NESTLE VENEZUELA, S.A., al interferir en la relación contractual que las demandantes mantenían con sus clientes, que eran propietarios o comodatarios de las máquinas expendedoras del producto (café) “Nescafé”, lo cual quedó determinado en la decisión proferida, en fecha 20 de diciembre de 2006, por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, al asentar que:
“…Se aprecia en el caso de marras que las presuntas lesiones que invoca la parte accionante son imputables a la sociedad mercantil NESTLE VENEZUELA, S.A., consistentes en haberse comunicado con los clientes de las promotoras para informales que la prestación del servicio post venta de las máquinas expendedoras de café Nescafé, tanto preventivo como correctivo, sería realizado por personas distintas a ellas, girando en este sentido instrucciones para que se impidiera a los técnicos de las accionantes realizar dichos servicios, acompañada dicha orden con una clara advertencia a los clientes que debían ser cumplidas de inmediato o de lo contrario no se le suministraría los productos necesarios para el expendio del café en la máquinas;… (…Omissis…) En cuanto al artículo 113 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; que reza: “No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las articulares (sic) que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contraria a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un particular, un conjunto de ellos o ellas o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía. (…Omissis…) La conducta asumida por parte de la agraviante y la advertencia girada a los clientes de las promotoras de no seguir el suministro de los insumos necesarios para la operatividad de las máquinas expendedoras de café Nescafé; es sin lugar a dudas una franca interferencia en la relación contractual de la agraviada con sus clientes sin mediar procedimiento previo que lo autorizará, demuestra un excesivo uso por parte de la agraviante de su situación económica de superioridad frente a las promotoras y que ostenta por ser la única que suministra los insumos o productos necesarios para la operatividad de las máquinas expendedoras de café Nescafé, como quedó demostrado de los testigos promovidos, que este tribunal valoró por estar conteste entre sí; valiéndose de esta situación de superioridad para exigir o imponer a los clientes de las promotoras conductas que comportan autentica violación a la protección que en este sentido se encuentra garantizada en la norma invocada como vulnerada y que este tribunal así la declara en el caso de autos…”.
Al respecto, este juzgado superior constituido con asociados realiza las siguientes consideraciones acerca de la responsabilidad civil, a saber:
Nuestra doctrina patria (Eloy Maduro Luyando) señala como elementos concurrentes de la responsabilidad civil los siguientes: 1. Un incumplimiento. 2. Una culpa, o como afirman algunos autores, el carácter culposo del incumplimiento 3. Los daños y perjuicios causados a un sujeto de derecho. 4. La relación de causalidad entre el incumplimiento culposo y el daño. De no existir prueba acerca de cualquiera de estos elementos no habrá lugar a la responsabilidad civil, por lo cual nada habrá que indemnizar.
Los dos primeros elementos concurrentes de la responsabilidad civil están constituidos por el incumplimiento culposo de una obligación preexistente, que puede ser de dar, de hacer y de no hacer, derivada de una convención, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y/ o de la Ley. En el caso de marras este juzgado superior constituido con asociados considera que se demostró que la demandada incurrió en abuso de su posición de dominio contra las actoras, en los términos establecidos por la sentencia de amparo, con lo cual quedó probado en este proceso el incumplimiento culposo, por parte de la demandada, de la obligación constitucional preexistente de no cometer abuso de la posición de dominio, conforme lo establece el artículo 113 Constitucional. Por lo tanto, en este asunto quedó demostrado el primer elemento concurrente para la procedencia de la responsabilidad civil de la demandada a favor de las actoras. ASÍ SE DECLARA.
El tercer elemento concurrente de la responsabilidad civil está constituido por los daños y perjuicios causados a un sujeto de derecho. De manera general, por daños y perjuicios, se entiende toda disminución o pérdida que experimente una persona en su patrimonio o acervo material o en su patrimonio o acervo moral. En opinión de nuestra doctrina patria (Eloy Maduro Luyando), que comparte este juzgado superior constituido con asociados, “No basta con la existencia de un incumplimiento puro y simple para que surja la obligación de reparar; es necesario que ese incumplimiento cause un daño. Si el incumplimiento no produce daño alguno, nada habrá que indemnizar y por lo tanto no habrá lugar a la responsabilidad civil… y el incumplimiento culposo de la obligación preexistente será irrelevante desde el punto de vista del Derecho Civil…Los daños deben ser demostrados por el acreedor demandante…” (Negrilla de este juzgado superior), salvo en las obligaciones dinerarias, que no es el caso de autos, derivadas por ejemplo de un contrato de préstamo de dinero, de un pagaré o de una letra de cambio, en las cuales el legislador presume dichos daños y su cuantía (interés legal ex artículos 1.277 y 1.746 del Código Civil y 108 del Código de Comercio) como regulación supletoria para el caso de que las partes nada hubiesen dispuesto al respecto.
En ese mismo sentido, respecto a la carga del actor de demostrar los daños y perjuicios alegados, también se ha pronunciado la doctrina jurisprudencial así:
Este juzgado superior constituido con asociados comparte plenamente los criterios expuestos por las citadas doctrinas autoral y jurisprudencial, en el sentido que corresponde a las demandantes de autos la carga de probar los daños y perjuicios demandados, máxime en este caso donde la parte accionada negó en su contestación todos y cada uno de los presuntos daños y perjuicios reclamados en la demanda, so pena que se declare la improcedencia de la indemnización reclamada en el escrito libelar por tales conceptos, en concordancia con las reglas de distribución de la carga de la prueba ex artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECLARA.
V.3.- De los daños y perjuicios reclamados por las demandantes.
Este juzgado superior constituido con asociados observa que de los autos no se derivan elementos de convicción tendientes a demostrar que el abuso de la posición de dominio en que incurrió la demandada contra las demandantes ocasionó real y efectivamente a estas los siguientes daños y perjuicios materiales (i) “por la interrupción del trabajo que venían realizando las mencionadas empresas” (ii) “por la pérdida total de los ingresos que percibían, debido al cese obligado de su actividad económica”; (iii) “por la pérdida de la inversión en equipos, repuestos e insumos adquiridos por mis representadas y que son exclusivos para las máquinas dispensadoras de productos Nescafé”; (iv) “por los gastos administrativos y de funcionamiento de las empresas, en que tuvieron necesidad de incurrir por imposición de NESTLÉ”.
Ninguno de estos presuntos daños y perjuicios materiales fueron demostrados por las demandantes. En efecto, de la revisión de los elementos probatorios que cursan en el expediente se aprecia que la mayoría de las probanzas aportadas por las demandantes fueron desestimadas y desechadas del proceso, y en todo caso son irrelevantes para la resolución de esta controversia, pues están dirigidas fundamentalmente a demostrar la existencia de la relación comercial que existió entre las partes, lo cual no es un hecho controvertido en esta causa. Es un hecho admitido por las partes que entre ellas existió una relación comercial en los términos indicados en la sentencia de amparo.
Asimismo, como lo sostiene esta alzada, las demandantes debieron, pero no lo hicieron, promover y evacuar una prueba de experticia contable, en la cual los expertos designados examinasen exhaustivamente la contabilidad de las demandantes, así como su real situación económica y financiera, antes y después de la ocurrencia de los hechos que las demandantes imputan a la demandada en este juicio, a los efectos de determinar si las demandantes cesaron o no en sus actividades comerciales y económicas, y si seocasionaron o no los daños y perjuicios materiales reclamados como consecuencia de tales hechos, ya que para analizar e interpretar debidamente toda la información contable y fiscal que contienen las declaraciones de impuesto sobre la renta, las de los activos empresariales y las planillas de pago del impuesto sobre el valor agregado (IVA), aportados por las actoras en esta causa, se requiere conocimientos especiales, que este jurisdicente no tiene, de ahí la importancia de la prueba por excelencia como lo es la referida prueba de experticia contable. ASÍ SE DECLARA.
De manera que, las probanzas analizadas que cursan en autos no evidencian que las demandantes cesaron en sus actividades comerciales y económicas como consecuencia de los hechos imputados por ellas a la parte demandada, ni tampoco evidencian la existencia de los daños y perjuicios materiales demandados. ASÍ SE DECLARA.
Ahora bien, explanados los términos en que ha quedado trabada la controversia, este juzgado superior constituido con asociados, pasa a resolver el fondo de la misma en los siguientes términos:
La pretensión de las co-actoras persigue la indemnización de los daños y perjuicios materiales y daño moral que le imputan a la parte accionada, con ocasión, no sólo por la interrupción del trabajo que venían realizando, sino, además por la pérdida total de los ingresos que percibían, debido al cese obligado de su actividad económica; por la pérdida en la inversión de equipos, repuestos e insumos adquiridos y que son exclusivos para el uso de las máquinas dispensadoras del producto “Nescafé”, por los gastos administrativos y de funcionamiento de las empresas, en que tuvieron necesidad de incurrir por disposición de NESTLE VENEZUELA, S.A., y por el daño moral que se produjo al quedar desprestigiadas ante sus clientes y fuera del mercado, dado que las medidas adoptadas por esta última obligaron al cierre del giro comercial de las demandantes y siendo que de autos no quedaron plenamente establecidas dichas reclamaciones, por lo que las alegaciones contenidas en el escrito libelar no pueden ser oponibles a la parte demandada en la forma como se hicieron, dado que en materia de daños se hace imperativo que todos los medios de pruebas promovidos por la parte actora para sustentar y demostrar los alegatos contenidos en el escrito libelar, deben quedar fácticamente evidenciadas en los autos. ASÍ SE DECIDE.
Conforme las anteriores determinaciones éste sentenciador superior constituido con asociados debe concluir en que, no basta con que un medio probatorio pueda trasladar los hechos del mundo exterior a un proceso judicial, pues se requiere que el medio de prueba se encuentre en capacidad de incorporar debidamente los hechos al proceso para que los mismos cumplan con su función primordial, lo cual no es otra que demostrar la veracidad o falsedad de los hechos controvertidos, dado que el medio de prueba debe, por sí mismo, bastar para que los hechos que trae al juicio y especialmente la prueba de los hechos, cumplan con la tarea de fijar como ciertos dentro de la mente sentenciadora del juez, su existencia y veracidad, pues, para que esta labor de fijación se cumpla, se requiere que el medio de prueba contenga en sí dos elementos fundamentales, como son la identidad y la credibilidad del medio, en relación a los hechos del proceso, lo cual en este caso no se cumplió, ya que las demandantes alegaron unos daños materiales y un daño moral que no quedaron demostrados por falta de elementos probatorios, lo cual hace imposible determinar a ciencia cierta sobre la existencia o no de la indemnización demandada, y al ser así, la pretensión que origina las actuaciones bajo estudio no debe prosperar en derecho conforme a lo establecido en el Artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que el juez no podrá declarar con lugar la demanda sino cuando a su juicio exista plena prueba de los hechos alegados en ella y que en caso de duda sentenciará a favor de la parte demandada en igualdad de condiciones, siendo esta última circunstancia el caso de autos. ASÍ LO DECIDE.
En este sentido es necesario recalcar que el Artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no sólo se refiere a la naturaleza instrumental simple, uniforme y eficaz que debe observar todo proceso judicial llevado a cabo ante los tribunales de la República, sino que además establece de manera clara y precisa que el fin primordial de este, es garantizar a las partes y a todos los interesados en una determinada contención, que la tramitación de la misma y las decisiones que se dicten a los efectos de resolverla no sólo estén fundadas en el derecho, en atención a lo alegado y probado en autos, sino también en criterios de justicia y razonabilidad que aseguren la tutela efectiva de quien haya demostrado su legítima pretensión en el asunto a resolver, tal como lo sostuvo el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, mediante Sentencia dictada en el caso: Unidad Médico Nefrológica La Pastora C.A., el día 4 de Noviembre de 2003.
Desde tal perspectiva, el debido proceso, más que un conjunto de formas esenciales para el ejercicio del derecho a la defensa, conforme se desprende de las disposiciones consagradas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, deviene, conforme al referido Artículo 257, un derecho sustantivo, regulador de las actuaciones y decisiones de los órganos jurisdiccionales en su misión constitucional de otorgar tutela efectiva a toda persona que vea amenazados o desconocidos sus derechos e intereses. En tal virtud, tomando en consideración los criterios de justicia y de razonabilidad señalados ut supra, obrando según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad, al determinar el justo alcance de las obligaciones contractuales y de acuerdo a las atribuciones que le impone la ley al Juez, pues, tiene por norte descubrir la verdad de los hechos y actos de las partes, a fin de procurar conocer la causa en los límites de su oficio, ateniéndose a las normas del derecho, sin sacar elementos de convicción fuera de lo alegado y probado en autos y tomando en consideración los actuales principios que fundamentan el Sistema Social de Derecho y que persiguen hacer efectiva la Justicia, inevitablemente se debe DECLARAR CON LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto por la parte demandada; SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto por la parte actora y SIN LUGAR la demanda por daños y perjuicios materiales y daño moral intentada y la consecuencia legal de dicha situación es revocar el fallo recurrido, conforme las determinaciones señaladas ut retro; lo cual quedará establecido en forma expresa, positiva y precisa en la parte dispositiva de la presente sentencia, con arreglo al contenido del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así finalmente lo determina éste operador superior del sistema de justicia en sede de asociados…”.
En el caso sometido a examen, se evidencia que el juez de alzada estableció en primer lugar: que había quedado demostrado que que la demandada incurrió en abuso de su posición de dominio contra las actoras, en los términos establecidos por la sentencia de amparo, con lo cual quedó probado en este proceso el incumplimiento culposo, por parte de la demandada, de la obligación constitucional preexistente de no cometer abuso de la posición de dominio.
En segundo lugar estableció que: El tercer elemento concurrente de la responsabilidad civil está constituido por los daños y perjuicios causados a un sujeto de derecho, al respecto estableció…. y efectivamente a estas los siguientes daños y perjuicios materiales (i) “por la interrupción del trabajo que venían realizando las mencionadas empresas” (ii) “por la pérdida total de los ingresos que percibían, debido al cese obligado de su actividad económica”; (iii) “por la pérdida de la inversión en equipos, repuestos e insumos adquiridos por mis representadas y que son exclusivos para las máquinas dispensadoras de productos Nescafé”; (iv) “por los gastos administrativos y de funcionamiento de las empresas, en que tuvieron necesidad de incurrir por imposición de NESTLÉ”.
Al respecto concluyó: “…las demandantes debieron, pero no lo hicieron, promover y evacuar una prueba de experticia contable, en la cual los expertos designados examinasen exhaustivamente la contabilidad de las demandantes, así como su real situación económica y financiera, antes y después de la ocurrencia de los hechos que las demandantes imputan a la demandada en este juicio, a los efectos de determinar si las demandantes cesaron o no en sus actividades comerciales y económicas, y si se ocasionaron o no los daños y perjuicios materiales reclamados como consecuencia de tales hechos, ya que para analizar e interpretar debidamente toda la información contable y fiscal que contienen las declaraciones de impuesto sobre la renta, las de los activos empresariales y las planillas de pago del impuesto sobre el valor agregado (IVA), aportados por las actoras en esta causa, se requiere conocimientos especiales, que este jurisdicente no tiene, de ahí la importancia de la prueba por excelencia como lo es la referida prueba de experticia contable …”; para luego declarar sin lugar la demanda.
Ahora bien, observa la Sala que en el caso concreto, el juez de alzada establece como hecho demostrado y aceptado por las partes que la demandada incurrió en abuso de su posición de dominio contra las actoras, en los términos establecidos por la sentencia de amparo, con lo cual quedó probado en este proceso el incumplimiento culposo, por parte de la demandada, de la obligación constitucional preexistente de no cometer abuso de la posición de dominio.
Y por otra parte establece que: El tercer elemento concurrente de la responsabilidad civil está constituido por los daños y perjuicios causados a un sujeto de derecho, al respecto estableció…. y efectivamente a estas los siguientes daños y perjuicios materiales (i) “por la interrupción del trabajo que venían realizando las mencionadas empresas” (ii) “por la pérdida total de los ingresos que percibían, debido al cese obligado de su actividad económica”; (iii) “por la pérdida de la inversión en equipos, repuestos e insumos adquiridos por mis representadas y que son exclusivos para las máquinas dispensadoras de productos Nescafé”; (iv) “por los gastos administrativos y de funcionamiento de las empresas, en que tuvieron necesidad de incurrir por imposición de NESTLÉ”.
Ahora bien, de lo precedentemente expuesto se observa que el juez de alzada en relación a las pruebas llevadas a los autos por la parte actora fueron dejadas de analizar con lo cual se evidencia que el mismo incurrió en el vicio de silencio de prueba, pues el juzgador tiene la obligación de analizar y valorar todas cuantas pruebas sean llevadas a los autos, siempre que estas no sean contrarias a derecho, así lo ha establecido esta Sala de Casación Civil, entre otras en decisión de fecha 3 de febrero de 2017, caso: Amelia Rosa Moreno de Arévalo, contra los ciudadanos Jaime José Arévalo Inciarte, Ana Julia Arévalo Inciarte, Ana Carmen Arévalo Inciarte, Lissette Trinidad Arévalo Inciarte Y Horacio Antonio Arévalo Inciarte, en la que se estableció:
“…Ahora bien, respecto al silencio parcial de pruebas, entre otras, en sentencia de fecha 30 de abril de 2009, Nº 229, caso Francisca Josefa Bernáez Mendoza, contra Carmen Rosa Silva de González, José Salazar Luis y Yelitza Guevara Vivas, expediente N°2008-625; la Sala ha sostenido lo que sigue:
‘…Sobre el alegato del análisis parcial de la prueba con infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, la Sala en sentencia Nº 668 de fecha 19 de octubre de 2005, expediente Nº 04-679, señaló lo siguiente:
‘…En la presente denuncia el recurrente plantea la infracción por parte del Juez (sic) Superior (sic) del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, dado que -según sus dichos la recurrida realizó ‘…la valoración deficiente y superficial del expediente que contiene las actuaciones administrativas levantadas por las autoridades de tránsito terrestre, por parte de la recurrida, y que cursan en autos a los folios setenta y cinco (75) al noventa y cinco (95) de las actas procesales…’ y posteriormente en su denuncia expresa que ‘…el haber dejado de analizar, o analizando de forma deficiente…’ y concreta exponiendo que: “…existe una incompleta valoración de las pruebas…’.
Ahora bien de la transcripción ut supra de la recurrida, claramente se observa que el Juez (sic) Superior (sic), no sólo mencionó la prueba, sino que además de ello, la analizó y le otorgó pleno valor probatorio, motivo por el cual no incurre la Alzada (sic) en el delatado vicio de silencio de prueba señalado por el formalizante, motivo suficiente para determinar la improcedencia de la denuncia planteada, lo que conlleva a declarar sin lugar el presente recurso de casación, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en la dispositiva del presente fallo. Así se decide…’.
En este sentido, esta Máxima Jurisdicción ha señalado que el vicio de silencio de pruebas se produce cuando el sentenciador ignora por completo el medio probatorio, o hace mención de él pero no expresa su mérito probatorio, pues, el representante del órgano jurisdiccional está en la obligación de valorar todas y cada una de las pruebas presentadas por las partes con independencia de quien la promovió.’
Debe hacerse notar, que evidentemente, en el texto transcrito el sentenciador de la instancia superior sí se pronuncia respecto al contrato de arrendamiento que el formalizante consideró silenciado. Ello lo constata esta Sala de la expresión dada por dicho juzgador cuando señala que el contrato en cuestión, le sirvió para constatar que ‘…la actora tenía arrendada la planta bajo del inmueble objeto de litis…’.
Así, siendo que el silencio de prueba es un defecto de la sentencia que supone la omisión de pronunciamiento por parte del sentenciador respecto a alguna de las pruebas aportadas por las partes, no encuentra esta Sala razón alguna para avalar los fundamentos con los cuales el formalizante pretende que sea declarada la procedencia de dicho vicio, pues tal silencio, una vez constatado el pronunciamiento emitido por el sentenciador superior, queda determinado que no existe.
Ahora bien, si el desacuerdo del recurrente se refiere a la valoración que el ad quem expresó respecto al aludido contrato de arrendamiento, otra debió ser la fundamentación de su denuncia.
Así, por considerarse inexistente la denunciada infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el silencio de prueba delatado debe ser declarado sin lugar. Así se decide…”.(Negrillas y subrayado de la Sala).
En aplicación al caso de autos el precedente jurisprudencial antes transcrito, se verifica que efectivamente el juez de alzada al establecer: las demandantes debieron, pero no lo hicieron, promover y evacuar una prueba de experticia contable, en la cual los expertos designados examinasen exhaustivamente la contabilidad de las demandantes, así como su real situación económica y financiera, antes y después de la ocurrencia de los hechos que las demandantes imputan a la demandada en este juicio, a los efectos de determinar si las demandantes cesaron o no en sus actividades comerciales y económicas, y si se ocasionaron o no los daños y perjuicios materiales reclamados como consecuencia de tales hechos, ya que para analizar e interpretar debidamente toda la información contable y fiscal que contienen las declaraciones de impuesto sobre la renta, las de los activos empresariales y las planillas de pago del impuesto sobre el valor agregado (IVA), aportados por las actoras en esta causa, se requiere conocimientos especiales, que este jurisdicente no tiene, de ahí la importancia de la prueba por excelencia como lo es la referida prueba de experticia contable, incurrió evidentemente en el vicio de silencio de prueba, pues el juez tiene la obligación de pasar a analizar todas cuantas pruebas hayan sido aportadas al proceso y en caso de no tener conocimiento de los asuntos que se somete a su consideración tiene el deber de informarse e incluso de servirse de los auxiliares de justicia a fin de conocer la verdad procesal de la controversia planteada.
En ese sentido y, a fin de verificar la utilidad del silencio de prueba aquí detectado por esta Sala, conforme a los postulados de tutela judicial efectiva (acceso a la justicia), debido proceso (derecho a la defensa) y al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia, estatuidos en los artículos 26; 49.1 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es pertinente advertir que la trascendencia de las pruebas referidas “…a la contabilidad de las demandantes, así como su real situación económica y financiera…”, son de meridiana importancia pues de ellas se puede precisar sí las actoras cesaron o no en sus actividades comerciales y económicas y, si tal cesación ocasionó o no los daños y perjuicios materiales reclamados como derivación del hecho ilícito experimentado por las demandantes.
Como corolario de lo anterior, en caso de que el juez tenga duda para acordar los montos definitivos para el pago que proceda, se establece la obligación de ordenar una experticia complementaria del fallo con el nombramiento de un (1) solo perito a fin de que precise los montos a cancelar (decisión N° 865, de fecha 7 de diciembre de 2016, expediente N° 2015-438, caso: Ana Lina Belisario Hergueta c/ Constructora FYD, C.A.), todo con base a lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil; a mayor abundamiento y en relación a la obligación e importancia que tiene el juez de ordenar la experticia complementaria del fallo, ha establecido la Sala de Casación Civil, en reciente decisión N° 987 de fecha 16 de diciembre de 2016, caso: Banco De Comercio Exterior C.A. (BANCOEX) contra SURAL C.A., lo siguiente:
“…Del texto pertinente supra transcrito se evidencia, que la hoy recurrida consideró un error por parte del tribunal de instancia, acordar una experticia complementaria del fallo fuera del decreto intimatorio, que –según precisa- no había sido solicitada por la demandante aunado al hecho que el mismo había adquirido fuerza y carácter de cosa juzgada, lo cual –en su criterio- contravendría lo estatuido en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, cuya norma establece la imposibilidad que se le impone a los juzgadores de sentenciar sobre una controversia que ya había sido resuelta, razón por la cual revocó el auto apelado, todo según lo decidido.
Ahora bien, luego de realizar la exhaustiva revisión de las actas procesales que integran el expediente, observa esta Sala que con posterioridad a la decisión de este Máximo Jurisdicción Civil de fecha 9 de agosto de 2013, supra transcrita, el ad quem profirió el 28 de septiembre de 2015 la decisión hoy recurrida con ocasión a la apelación ejercida por la accionante contra la sentencia el 26 de mayo de ese año, emitida por el tribunal de cognición, mediante la cual, en definitiva revocó el auto del a quo ya mencionado, bajo el argumento que “…el contenido del decreto intimatorio no es susceptible de modificaciones, de ningún tipo, por cuanto no se puede condenar al pago de una cantidad distinta a la peticionada en el libelo de la demanda…”.
Al respecto, advierte esta Sala de Casación Civil, que no sólo el tribunal a quo ignoró la decisión emitida por esta Máxima Instancia Civil en fecha 9 de agosto de 2013 -para el caso concreto-, de manera gravosa; sino que la hoy recurrida, a quien le fue trasladada la jurisdicción plena sobre la causa en razón de la apelación ejercida por la intimante el 1 de junio de 2015, inexplicablemente decide el mencionado recurso, desconociendo el principio a favor de la ejecución de fallo, sobre el cual esta Sala determinó que debía servir como norte y guía para resolver el presente caso, autorizando al juez a tomar las medidas necesarias en pro de la ejecución del fallo y en franco beneficio de la parte victoriosa por el pronunciamiento judicial.
No obstante todo lo expuesto, el artículo 1.159 del Código Civil, expresamente establece que, “…Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la ley…”.
En este mismo orden de ideas, la cláusula Décima del contrato constitutivo de la hipoteca mobiliaria, señala de manera expresa que:
“…Este contrato está nominado en “Dólares de los Estados Unidos de América”. Queda entendido que los “Reembolsos” que efectúe “EL IMPORTADOR” y/o “LA EMPRESA” a “BANCOEX” ya sea por amortización del capital, por concepto de intereses, ya sean convencionales o convencionales y de mora, gastos o por cualquier otro concepto derivado de este Contrato se efectuarán exclusivamente en Dólares de los Estados Unidos de América, con exclusión de cualquier otra moneda.
Queda expresamente convenido entre las partes que si por disposiciones legales o reglamentarias o de cualquier otro orden se impusieren limitaciones o restricciones a la libre convertibilidad de la moneda venezolana o de la moneda del país de “EL IMPORTADOR”, tales limitaciones o restricciones en nada afectarán las obligaciones que “EL IMPORTADOR” y/o “LA EMPRESA” acepta y asume mediante este Contrato, así como tampoco a la moneda de pago que en forma exclusiva se contempla en este Contrato…”. (Negrillas del texto y subrayado de la Sala).
Tal como claramente se desprende del texto de la cláusula Décima del contrato suscrito entre las partes hoy en litigio, el pago fue establecido de manera exclusiva y excluyente de cualquier otra moneda, en dólares de los Estados Unidos de América; mas, para el momento de la firma del contrato, 27 de septiembre de 2000, no existía régimen de control cambiario y, las contrataciones podían hacerse en moneda extranjera.
En este orden de ideas, el tratadista Joaquín Sánchez-Covisa, en su obra La Vigencia Temporal de la Ley en el Ordenamiento Jurídico Venezolano, Serie Clásicos Jurídicos Venezolanos, Caracas, 2007, páginas 139 y siguientes, señala:
“…Con el propósito de evitar tales confusiones, adoptamos nosotros la posición de considerar que el derecho adquirido y la irretroactividad de la ley son el aspecto subjetivo y objetivo de un mismo fenómeno.
En consecuencia, será un derecho adquirido aquel que no pueda ser vulnerado por la ley sin incurrir en retroactividad. A la inversa, una ley será retroactiva cuando vulnere derechos adquiridos. Esto concuerda perfectamente con las afirmaciones de Planiol, según el cual la distinción entre la ley retroactiva y la ley no retroactiva no puede hacerse a base de las expresiones “derecho adquirido” y “expectativa”, ya que tales expresiones “traducen el resultado de la distinción y no dan, en realidad, ningún medio para hacerla”.
Para la mejor inteligencia del problema, debemos comenzar por hacer una observación previa, cuyo desarrollo sistemático será objeto de capítulos posteriores. Tal observación es la siguiente: los supuestos de hecho “S” de cualquier norma de Derecho pueden considerarse siempre constituidos bajo la vigencia de una sola ley, en tanto que las consecuencias jurídicas “C” pueden realizarse en un instante preciso o en un determinado transcurso de tiempo y, por lo tanto, pueden tener lugar bajo la vigencia de dos o más leyes sucesivas.
Vemos, pues, que, según hemos dicho más arriba, las consecuencias jurídicas de un supuesto de hecho, o sea, los efectos de un hecho o acto jurídico, pueden tener lugar bajo la vigencia de dos o más leyes sucesivas, en tanto que el supuesto de hecho correspondiente tiene siempre lugar bajo la vigencia de una ley específica.
Después de las aclaraciones anteriores, estamos en situación de comprender con mayor exactitud el contenido implícito en la proposición fundamental que enunciamos a continuación, la cual resume en forma sintética el principio de la irretroactividad y nos servirá de punto de partida para el planteamiento teórico del problema.
La proposición en cuestión es esta:
El principio de irretroactividad exige que, en aplicación de la regla “tempus regit actum”, la ley vigente en un período determine la existencia de los supuestos de hecho “S” verificados bajo su vigencia y las consecuencias jurídicas “C” derivadas de tales supuestos…”. (Resaltado del texto).
Del transcrito se desprende que la sí para el momento de la suscripción del contrato se expresó de manera exclusiva y excluyente, que el pago de las obligaciones lo sería en dólares de los Estados Unidos de América, el hecho de que posteriormente se haya instaurado un régimen de control cambiario, no exime a la intimada del pago en dólares de los Estados Unidos de América, pues esa fue la moneda de pago prevista en el contrato, cuya vigencia temporal inició el 27 de septiembre de 2000, época para lo cual la contratación en moneda extranjera era perfectamente viable.
En este mismo orden de ideas, la Sala observa que el demandante, BANCO DE COMERCIO EXTERIOR, C.A. (BANCOEX), fue creado mediante DECRETO CON FUERZA DE LEY DEL BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOEX), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 37.330 de fecha 22 de noviembre de 2001, y en su artículo 5, expresa:
“…Artículo 5. El capital suscrito del Banco de Comercio Exterior es el equivalente en Bolívares a la cantidad de Doscientos Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200.000.000,00). El capital pagado a la presente fecha es la cantidad de Setenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Tres Millones Setecientos Mil Bolívares (Bs. 79.533.700.000,00), equivalente a la cantidad de Ciento Sesenta y Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 165.432.000,00). La tasa de cambio, a los solos efectos del capital suscrito y pagado inicialmente hasta la presente fecha, es aquella aplicable a la fecha de constitución del Banco.
La República mantendrá participación accionaria mayoritaria y decisoria en el capital social…”. (Negrillas del texto, doble subrayado de la Sala).
En este sentido, el presente caso como ha quedado expuesto sobreviene de una obligación privada que nace del contrato de Hipoteca Mobiliaria suscrito entre el Banco de Comercio Exterior (BANCOEX), institución bancaria perteneciente e al Estado venezolano, y la sociedad mercantil SURAL, C.A., el cual a la presente fecha no ha podido ser verificado en su pago, encontrándose comprometidos intereses económicos de la República Bolivariana de Venezuela.
Sobre el particular la Sala Constitucional de este Alto Tribunal en sentencia de reciente data N°1188 de fecha 16 de octubre de 2015, caso Alcaldía del Municipio San Francisco del estado Zulia, dejó específicamente establecido lo siguiente:
“…Ahora, en el caso de autos, alegó básicamente la representación judicial de la solicitante la violación de los derechos constitucionales de su representada a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso, toda vez que la Sala Político Administrativa (…), al pronunciarse sobre el incumplimiento del contrato de mandato por parte de Banesco Banco Universal C.A., y la indemnización de daños y perjuicios, lo hizo sin resolver en el dispositivo sobre el incumplimiento del contrato de fideicomiso, mediante la cual su representada depositó en fideicomiso la cantidad de dos millones novecientos treinta y un mil sesenta y ocho con ochenta y un dólares americanos, ($. 2.931.068,81), objeto del pago indebido, que se derivó en la conducta irresponsable por parte de Banesco Banco Universal C.A., en la preservación y salvaguarda de bienes del patrimonio público, por lo que solicitaba la nulidad del fallo y que esta Sala Constitucional asumiera el conocimiento de la causa principal.
Consta en autos la sentencia objeto de revisión dictada el 05 de mayo de 2015, publicada en 06 del mismo mes y año, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que declaró con lugar la demanda por “incumplimiento de contrato de mandato e indemnización de daños y perjuicios” incoada por el Síndico Procurador del Municipio San Francisco del Estado Zulia contra la sociedad mercantil Banesco, Banco Universal C.A; ordenó a la institución financiera demandada el pago de los daños y perjuicios, la cual asciende al monto de tres millones trescientos ocho mil novecientos treinta y nueve bolívares fuertes con ochenta y nueve céntimos (Bs. 3.308.939,89); acordó la indexación de la cantidad de dinero demandada, sobre la base del promedio de la tasa pasiva anual de los seis (6) primeros bancos comerciales del país, para lo cual se ordenó oficiar al Banco Central de Venezuela para que, por vía de colaboración, practicara la experticia complementaria del fallo, desde el 18 de noviembre de 2008, hasta la fecha de publicación de esta decisión; y, acordó el pago de las costas procesales a que hubiere lugar, pero omitió ordenar el pago correspondiente al incumplimiento que constató en la motiva de su fallo.
En el caso de autos, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia impugnada, vista la demanda por “incumplimiento de contrato de mandato e indemnización de daños y perjuicios” incoada por el Síndico Procurador del Municipio San Francisco del Estado Zulia contra la sociedad mercantil Banesco, Banco Universal C.A; sólo ordenó el pago correspondiente a los daños y perjuicios, al indicar: “4. ORDENA el pago de la cantidad reclamada por la parte actora producto de los daños y perjuicios ocasionados por la institución financiera demandada, la cual asciende al monto de TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLÍVARES FUERTES CON 89/100 (Bs. 3.308.939,89)”; mas no así el monto que correspondía en virtud del incumplimiento del contrato demandado, incumplimiento que ocasionó un perjuicio al patrimonio del Estado venezolano (…).
Tomando en consideración lo anterior, resulta relevante acotar que de los alegatos de las partes se evidencia que el fondo fiduciario al cual se alude en las cláusulas contractuales antes citadas, fue constituido por el Municipio demandante con ocasión a la tramitación ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) de la obtención de las divisas preferenciales necesarias para la compra de las unidades automotoras y de recolección de desechos sólidos, bienes que fueron adquiridos a una empresa exportadora extranjera, en moneda igualmente foránea. El monto de las divisas tramitadas, obtenidas y pagadas ascendió a la cantidad de dos millones novecientos treinta y un mil sesenta y ocho dólares con ochenta y un centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD$ 2.931.068,81)
Se aprecia que para la Sala Político Administrativa en la sentencia objeto de revisión constitucional quedó comprobado que se realizó un contrato de mandato, que el fondo fiduciario al cual se alude en las cláusulas contractuales, fue constituido por el Municipio demandante con ocasión a la tramitación ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) de la obtención de las divisas preferenciales necesarias para la compra de las unidades automotoras y de recolección de desechos sólidos, bienes que fueron adquiridos a una empresa exportadora extranjera, en moneda igualmente foránea y que el monto de las divisas tramitadas, obtenidas y pagadas ascendió a la cantidad de “dos millones novecientos treinta y un mil sesenta y ocho dólares con ochenta y un centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD$ 2.931.068,81)”.
Igualmente, quedó comprobado en dicha sentencia que la demandada Banesco, Banco Universal C.A., solicitó el 25 de marzo de 2008, autorización a la Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia, para debitar del fondo fiduciario, el cual en respuesta del 24 de abril de 2008, manifestó su negativa con la operación de débito en referencia, de “DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO CON 81 DÓLARES AMERICANOS ($ 2.931.068,81)…”, que justificó en el incumplimiento contractual por parte de Basurven Servicios Sanitarios C.A., (BASURVENCA), negativa que fue recibida el 29 del mismo mes y año por la demandada, la cual no obstante le comunicó el 17 de junio de 2008, al Municipio que en esa misma fecha 17 de junio de 2008, procedió a debitar la cantidad antes señalada del fondo fiduciario.
Esta Sala observa que no obstante ello, en la sentencia denunciada solo se observa un pronunciamiento en el dispositivo, sobre la condena al pago de los daños y perjuicios, más no sobre el incumplimiento que generó el pago indebido por parte de la demandada, en moneda extranjera, dólares americanos que la Alcaldía tramitó en CADIVI, a los efectos de la transacción internacional que realizó, cuya forma de pago se pactó en dólares americanos, siendo que expresamente se establece en dicha sentencia que Banesco, Banco Universal C.A., debió esperar la respuesta afirmativa de manera previa por parte del Municipio para realizar el debito, lo cual no hizo, motivo por el cual, ameritaba el pronunciamiento correspondiente por parte de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto se encontraba involucrado dinero de fondos del tesoro nacional, destinados a un servicio público, como lo es de “aseo urbano y domiciliario”.
Ahora, tal como se sostuvo precedentemente, de la lectura de la decisión cuya revisión es solicitada, se evidencia que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, no se pronunció en el dispositivo sobre la consecuencia jurídica que apareja el “Incumplimiento de mandato…”, pronunciándose, sólo sobre los daños y perjuicios demandados, más no así sobre el monto a devolver por parte de la entidad bancaria, debido al incumplimiento del mandato que quedó plenamente comprobado, y que generó un pago no autorizado, por no haber esperado la demandada la conformación de tal operación por parte del Municipio antes referido, lo que generó un pago por la cantidad de “DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO CON 81 DÓLARES AMERICANOS ($ 2.931.068,81).
Con tal actuación la Sala Político Administrativa en la recurrida violó la tutela judicial efectiva, por cuanto la parte demandante Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia, tenía derecho a un pronunciamiento visto el incumplimiento del contrato de mandato comprobado por dicha Sala, sobre el reintegro del pago indebido del fondo fiduciario, es decir, a la cantidad de dinero que entregó en dólares americanos la referida Alcaldía, a Banesco, Banco Universal, C.A., en virtud del contrato de compra internacional de bienes destinados al uso público conforme a la gestión del Estado, cuyo precio se pactó en dicha moneda extranjera, por tratarse de una transacción internacional, para lo cual la Alcaldía de dicho Municipio obtuvo las divisas requeridas de CADIVI, como ente de la gestión del Estado, sin que pueda liberarse Banesco, Banco Universal, C.A., entregando el equivalente en moneda de curso legal a la demandante en la causa principal, máxime cuando está involucrado el erario público.
De esta manera, esta Sala estima que en el caso de autos se produjo el vicio de incongruencia omisiva, así como la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso y con ello una vulneración al principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en los artículos 26 y 49, numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que se ordenó sólo el pago de la cantidad reclamada por la parte actora producto de los daños y perjuicios, sin incluir lo referido al incumplimiento del mandato que llevó tal como quedó establecido en la recurrida a un pago que no contó con la “conformación” de dinero de erario público, con lo cual, no cabe duda que se afectaron de forma sustancial los términos de la controversia principal, por lo cual se declara parcialmente ha lugar la solicitud de revisión propuesta por la Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia. Así se decide.
En el presente caso, dados los términos en que se resolvió la presente solicitud de revisión se estima que el reenvío a la Sala Político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre lo atinente al fideicomiso, dilataría de manera inútil la causa, toda vez que el motivo que generó la declaratoria parcialmente ha lugar de la revisión constitucional, es la omisión en la dispositiva de ordenar la devolución del monto fiduciario por haber incurrido BANESCO BANCA UNIVERSAL en el pago indebido sobre el pago efectuado sin la “conformación” del Municipio de dinero de erario público, destinado a un servicio público, que es un asunto que para ser resuelto no requiere una nueva actividad probatoria, pues ya esos elementos cursan en el expediente.
Por tal razón, esta Sala revisa parcialmente sin reenvío la sentencia n.° 00491, dictada, el 05 de mayo de 2015, publicada en 06 del mismo mes y año, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y en consecuencia ordena a Banesco, Banco Universal C.A., el reintegro de la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO CON 81 DÓLARES AMERICANOS ($ 2.931.068,81), así como los intereses generados, al Fondo fiduciario que en esa entidad tiene la Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia, para cuyo objeto se constituyó, más los conceptos establecidos en la sentencia objeto de revisión constitucional. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades Civiles, Penales y Administrativas a que hubiere lugar, en virtud de que el contrato cuyo incumplimiento se demandó, fue suscrito con ocasión de la compra de bienes internacionales para atender la emergencia sanitaria del servicio público de aseo urbano y domiciliario del Municipio San Francisco, lo cual es un asunto de Salud Pública. Así se declara…”. (Negrillas, subrayado y doble subrayado de la Sala).
En tal sentido, y conforme a lo esgrimido en la presente sentencia aunado con la jurisprudencia aquí contenida, esta Máxima Jurisdicción Civil indefectiblemente cumpliendo el deber de garantizar la justicia y en resguardo de los intereses de Estado venezolano, el cual se traduce en los intereses económicos del pueblo, y dando cabal cumplimiento a la Carta Política venezolana, acuerda que en el presente caso, la sociedad mercantil SURAL, C.A., se encuentra en la obligación de devolver al Banco de Comercio Exterior (BANCOEX), la cantidad de dinero pactado de la misma forma en que fue convenida en el contrato de Hipoteca Mobiliaria de fecha 28 de diciembre de 2001, es decir, estrictamente en Dólares de los Estado Unidos de Norte América. Así se decide.
Con base en las razones de hecho y de derecho anteriormente expresadas, la Sala casa de oficio el fallo recurrido por la indefensión causada al Estado Venezolano, en la persona jurídica del Banco de Comercio Exterior al vulnerarse el derecho el derecho a la defensa y el debido proceso contenidos en los artículos 26 y 49, numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la cosa juzgada formal y el retardo en la ejecución del fallo que ello generó, en consecuencia, se declara la infracción de los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, Así se decide.
En este sentido, esta Máxima Jurisdicción Civil verifica que en la presente decisión, se han materializado los supuestos que permiten a en el sub lite, la casación sin reenvío, de acuerdo con los postulados jurisprudenciales que anteceden, por lo cual acuerda su aplicación, ya que la misma se encuentra amparada en el precepto constitucional consagrado en el artículo 26 de la Carta Política vigente. Así se estable.
Ahora bien, en el caso concreto, la Sala declaró la violación de los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el juez de la recurrida no atendió a los criterios permanentes y reiterados de esta Sala de Casación Civil, para resolver la apelación planteada por la accionante sociedad mercantil Banco de Comercio Exterior, C.A., (BANCOEX), en cuanto a la concretización de la tutela judicial efectiva en beneficio de la ejecutabilidad de los fallos, ignorando el contenido dispuesto –para este caso-, en la sentencia de esta Sala N° 534, de fecha 9 de agosto de 2013, que lo obligaba a dictar una decisión sobre el fondo, pero atendiendo a todo lo contenido y expuesto en el proceso.
Al respecto, es doctrina de esta Sala la establecida en sentencia de fecha 14 de marzo de 2000, y ratificada en fecha 12 de abril de 2005, caso Hugo Eusebio Urdaneta Fernández Contra Juan Amenodoro Flores Roa.
“…los casos en que produce la casación sin reenvío son taxativos, carácter que viene justificado pues esta modalidad representa una excepción al principio general conforme al cual casado un fallo por cualquiera de las causas enumeradas en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, ésta debe enviarse al tribunal de reenvío a objeto de que se dicte nueva sentencia de conformidad con la doctrina expuesta por la Sala, la cual tiene carácter vinculante para el juez de reenvío en el presente asunto sometido a consideración del Tribunal Supremo.
De conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, la casación sin reenvío tiene lugar “cuando la decisión sobre el recurso haga innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo”. – Sobre este punto – explica la doctrina – se resume en la conocida fórmula de la jurisprudencia francesa conforme a la cual el fallo anulativo de casación no deja nada por juzgar, quedando excluido el reenvío por inútil o supérfluo. Y también no hay lugar al reenvío cuando, ‘…cada vez que los hechos que han sido soberanamente establecidos y apreciados por los jueces del fondo, le permitan aplicar la apropiada regla de derecho…’. En este caso, que es más complicado, ha tratado de ser caracterizada por la afirmación de que él va mas lejos de la primera hipótesis, y consiste en que la casación si deja algo que decidir, pero que el error de derecho cometido en el fallo anulado puede ser reparado sin que sea necesario nuevas apreciaciones de hecho, a través de la simple sustitución de un dispositivo nuevo sin necesidad de que el asunto sea remitido, al tribunal de reenvío. En el sub-judice, la casación debe limitarse a aquellos casos en que se trata de la apreciación de hechos claros y simples, respecto de los cuales la subsanación del error de derecho cometido por el juez de fondo es fácilmente realizable. En este caso la casación al dictar el fallo sin reenvío, aplica a los hechos la apropiada regla de derecho.
En el presente asunto, considera la Sala que debe declarar con lugar el recurso de casación, como en efecto se declarará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo de la presente decisión; y por vía de consecuencia, se casará la sentencia sin reenvío, y con los demás pronunciamientos de Ley por cuanto, su decisión hace innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo…”.
En atención a lo expuesto, cónsono con el principio a favor de la ejecución del fallo, esta Sala acuerda con relación al decreto intimatorio de fecha 15 de febrero de 2008, en el cual se apercibió a la sociedad mercantil SURAL C.A., de la ejecución de pago a favor de Banco de Comercio Exterior BANCOEX C.A., ordenar la cancelación de PRIMERO: la cantidad de CUATRO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS ÚNIDOS DE AMÉRICA (US$ 4.000.000,00), por concepto de capital adeudado, SEGUNDO: DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS ÚNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y CINCO CENTÁVOS DE DÓLAR (US$ 2.111.444,45), por concepto de intereses moratorios desde el 28 de diciembre de 2001 hasta el 26 de noviembre de 2007, TERCERO: Los intereses moratorios que se sigan generando hasta la fecha definitiva en que sea totalmente cancelada la deuda respecto a los honorarios de abogados estimados en la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR (US$ 1.222.288,89), (…) el Tribunal niega el mismo, por cuanto la deuda debe ser líquida, cierta, exigible y de plazo vencido, elemento que no concurren con el cobro de honorarios profesionales de abogados, sujetos a retasa y, CUARTO: Las Costas y Costos Procesales que genere este procedimiento. Advirtiéndoseles que de no pagar en el lapso concedido, se procederá a la subasta de los bienes hipotecados.
Por consiguiente, esta Sala casa sin reenvío el fallo recurrido de acuerdo a lo previsto en el artículo 322 del Código de Procedimiento civil, y ordena se prosiga con la ejecución de la sentencia sin más demora, y en aras de garantizar una justicia expedita. Así se decide…”.
En consecuencia y de acuerdo a los razonamientos precedentemente expuestos esta Sala de Casación Civil, casa de oficio la decisión recurrida por falta de aplicación de los artículos 249 y 509 del Código de Procedimiento Civil y, así se decide.
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: CASA DE OFICIO sentencia de fecha 22 de febrero de 2017, dictada por Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, declara la NULIDAD de la sentencia recurrida y SE ORDENA al Tribunal Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia acogiendo la doctrina señalada por esta Sala Civil en el presente fallo.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al juzgado superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
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