Source: https://issuu.com/rodrigo89/docs/revista_octubre_ok_1_completa
Timestamp: 2017-02-26 22:02:00
Document Index: 85118222

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'Artículo 1792', 'Artículo 1803', 'artículo 52', 'artículo 51', 'artículo 52', 'De Lege Ferenda']

revista octubre 1 by Rodrigo Rodriguez romero - issuu
EMAHQU
AHUA TULLI
Publicación mensual • 4a. época • Número 38 • OCTUBRE 2012
Alumnos de la Maestría en Derecho de Amparo para Magistrados de Circuito
y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación que se imparte
en la Universidad Tepantlato presentando el libro: Análisis del Proyecto
de Nueva Ley de Amparo, Memoria de la XII Jornada de Actualización Jurídica.
Preferentemente vía electrónica:
http://www.universidadtepantlato.edu.mx/r_
A nombre del Instituto de Ciencias
Jurídicas de Estudios Superiores S.C.
BBVA Bancomer: 0161998846
Clabe interbancaria: 012180001619988462
HSBC: 04035642990
Clabe interbancaria: 021180040356429906
deberá registrarse en:
y posteriormente enviar la ficha escaneada
al correo electrónico: bety_r@universidadtepantlato.edu.mx
o directamente en la Universidad Tepantlato
Av. Baja California 157, Col. Roma Sur
Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06760.
Tel. 5564-8373 Ext. 105
En ambos casos debe incluir:
nombre completo, teléfono
Registro: 7:30 a 8:00 hrs.
Inauguración: 8:00 hrs.
16:20 a 16:30 hrs.
Alumnos con credencial: $250
Exalumnos y público en general: $500
Se deberá llevar el comprobante de depósito
original el día del evento, en caso contrario no
se entregarán constancias.
y de 17:00 a 18:00 hrs.
Dr. Javier Raúl Ayala Casillas
Magistrado de la Séptima Sala Penal
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
1.	Proyecto del Código de Procedimientos
Dr. José Guadalupe Álvarez Almanza
Agente del Ministerio Público Supervisor en
Funciones de Instructor del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Dr. Ciro Betancourt García
Juez Noveno Penal de Delitos No Graves
Dr. Mauro Morales Sánchez
Juez Trigésimo Penal de Delitos No Graves
Dr. Enrique Gallegos Garcilazo
Juez Trigésimo Sexto en Materia Penal
Juez Quincuagésimo en Materia Penal
Dr. Héctor González Estrada
Juez Noveno de Adolescentes para Delitos
Graves del Tribunal Superior de Justicia del
Dr. Arturo Baca Rivera
Investigador de la Escuela Judicial del Estado
de México y de la Universidad Tepantlato.
Dr. Ramón Alejandro Sentíes Carriles
Magistrado de la Sexta Sala en Materia Penal
2.	Etapa de Investigación en el Proceso
3.	Principio de Oportunidad y Justicia Restaurativa en el Proceso Penal Acusatorio.
4.	Medidas Cautelares en el Proceso Penal
5.	Etapa Intermedia en el Proceso Penal
6.	Etapa de Juicio en el Proceso Penal
7.	El Sistema Acusatorio en relación
a los Menores en Conflicto con la Ley.
8.	Problemática de los Códigos Estatales
que prevén el Proceso Penal Acusatorio.
9.	Los Derechos Humanos en relación con el
Proceso Penal Acusatorio y Control Difuso
Auditorio Carlos Pérez del Toro, Facultad
de Contaduría y Administración, Circuito Exterior S/N entre la Facultad y Anexo de Ingeniería y la Escuela de Trabajo Social, en Ciudad
Universitaria. Contamos con estacionamiento.
Mtro. Felipe Alfredo Fuentes Barrera
Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Segundo Circuito.
1.	Generalidades Parte I
Competencia, Rectoría del procedimiento,
Medios de apremio, Supletoriedad, Peticiones de las partes (escritas y orales).
Mtro. Neófito López Ramos
en Materia Civil del Primer Circuito.
Mtro. Arturo Ramírez Sánchez
Magistrado del Décimo Tercer Tribunal
Dr. Gonzalo Hernández Cervantes
Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado
Mtro. Felipe V Consuelo Soto
Lic. Fernando Rangel Ramírez
Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado
2.	Generalidades Parte II
Emplazamiento, Notificaciones, Incidentes, Nulidades, Impugnación de documentos, Irrecurribilidad, Vigencia.
3.	Etapas
Fijación de la litis, Demanda, Contestación, Reconvención, Contestación, Desahogo de vista de estas.
4.	Principios del juicio oral
Oralidad, Publicidad, Igualdad, Inmediación, Contradicción, Continuidad, Concentración.
Mtro. Indalfer Infante Gonzales
Magistrado del Décimo Primer Tribunal
5.	Audiencia preliminar
Depuración del procedimiento, Conciliación de las partes, Fijación de acuerdos
sobre hechos no controvertidos, Fijación
de acuerdos probatorios, Pronunciamiento
del juez respecto de la admisión de pruebas y citación para la audiencia del juicio.
Mtro. Francisco Javier Sandoval López
Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado
6.	Audiencia del juicio
Recepción y desahogo de pruebas, Alegatos, Citación para sentencia, Sentencia.
Auditorio Alfonso Caso, Torre II de Humanidades Universidad Nacional Autónoma de
México, a un costado del Edificio B de la Facultad de Economía. Contamos con estacionamiento.
7.	Pruebas en Particular
Confesional,Testimonial, Instrumental, Pericial, Prueba Superviniente.
Enrique González Barrera
Héctor González Estrada
Sergio Cárdenas Caballero
Javier Antonio Flores
Arturo Baca Rivera
36.	Comentarios con motivo de la
presentación del libro: Non bis in
idem y reincidencia. Estudio comparado sobre derechos fundamentales en España y México
Dr. Alejandro Sosa Ortiz
5.	In Memoriam
Tomás Barragán Abreu
6.	Firma del convenio
Ricardo Liberato Torres
44.	Te invito a leer un libro
8.	Contenido jurídico
Reyna Zapata Valdez
10.	Canal cultural
Ary Correa Medina
Nancy Estrada Gaspar
Rubén Morales Alfaro
49.	Licenciatura, Maestrías
y la prueba pericial en
la grafoscopía
Mtro. David Troncoso González
63.	Correspondencia
24.	Actuación policiaca en el
penal acusatorio en la Ciudad
Mtro. Reynaldo Sandoval
Tepanradio
Enrique Cuéllar
Rodrigo Rodríguez Romero
José Pérez Servín
Alumnos de la Maestría en Derecho
de Amparo para Magistrados y
Jueces con el fondo de la Rectoría
REVISTA TEPANTLATO, Difusión de la Cultura Jurídica,
Época 4, N°. 38, Octubre 2012. Publicación mensual. Editada por Enrique González Barrera, Av. Baja California 157,
Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760. Tel. 5574-3860.
www.tepantlato.com.mx; suscribetepan@gmail.com. Editor
responsable: Dr. Enrique González Barrera. Reservas de
Derechos al Uso Exclusivo N° 04-2004-072316190000-102,
ISSN en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional
del Derecho de Autor, Licitud de Título 10354 y Licitud de
Contenido 7274, otorgado por la Comisión Calificadora de
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Distribuida: en el D.F. y Área Metropolitana por el
Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES
Aragón e Incija Ediciones; y en el resto de la República por
SEPOMEX con registro No. PP09-1636. Número de tiraje:
25,000 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores
no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total
o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin
previa autorización del editor responsable.
Jefatura de Gobierno del D.F.
Secretarios de Estudio y Cuenta de cada Ministro
Poder Judicial Federal, Magistrados y Jueces Federales
Tribunales del Fuero Común, Magistrados y Jueces
Tribunales Supremos de los Estados
Procuradores de cada Estado
Delegados de la Procuraduría General
de la República en cada Estado
Titulares de las Procuradurías Generales
de Justicia de cada Estado
y Colegios de Extensión Universitaria
Distribuidores Independientes de Literatura Jurídica
Compañías Radiodifusoras y Televisoras
Universidades Públicas de Alemania,
España, Italia, Argentina, Chile, Brasil y Colombia
Secretarios Proyectistas
Actuarios, Conciliadores
Fotografía: Ing. Edgar González Salgado, Fotografías Universitarias, Yugoslavia 7, Bosques de Aragón. Tel. 5766•0543. e-mail: edgaresunam@hotmail.com
¿Qué es Tepantlato? En el Códice Florentino (cap. IX: “Hechiceros y trampistas") hay una referencia a la actividad del tepantlato; en náhuatl significa “el que habla o ruega por otros”. Proviene de “tepan”: intercesor o abogado, y “tlatoa”: hablar. Por lo tanto, la palabra tepantlato alude al abogado y, a su vez, a la actividad que desempeña. Hablar por otros no impide su palabra, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el guía que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del Derecho.
de la UNAM,
Fes, Aragón, A.C.
Ent sea
de l antlat
a tus candidatos
Mérito Académico Docente
Mérito Académico Estudiante
Mérito Servidor Público
en Beneficio del Desarrollo Social
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Informes en: Av. Baja California 157, Col. Roma Sur
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760, México, D.F. Tel. 5564•8373 Ext. 105
la semana, el mes y también la venta del libro “Análisis
del Proyecto de Nueva Ley de Amparo, Memoria de
la XII Jornada de Actualización Jurídica”, que el grupo
especial de la maestría de jueces y magistrados de la Universidad Tepantlato
presenta al foro jurídico de nuestro país.
Con la edición del libro por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, se logró abatir costos y ponerlo a la venta con un precio de
$325.00, lo que permitirá que tanto estudiantes, profesionistas y cualquier
persona interesada tengan mayor acceso para adquirir la obra. También garantiza una amplia distribución en el territorio nacional y facilitará el establecimiento de un diálogo eficiente entre los operadores jurídicos de la Ley de
Ese diálogo se hace indispensable para disipar dudas, examinar proposiciones en la interpretación del texto del proyecto y la difusión de trabajos
temáticos y monográficos, o simplemente para dar a conocer los puntos de
vista de los interesados en la institución del juicio de amparo.
Será de gran interés el análisis de la obra que se realice en las aulas
universitarias, que alumnos y maestros discutan y se pronuncien públicamente
sobre la eficacia de la nueva Ley de Amparo en nuestro ámbito interno y
sobre todo en aspectos de derecho comparado.
Es muy importante conocer la opinión de los abogados litigantes, consultores y gestores de la ley, así como de las organizaciones no gubernamentales
y de la sociedad civil pues son quienes al realizar trámites ante autoridades
de la más variada índole, pueden resentir violaciones de derechos humanos
y tendrán necesidad de hacer valer las normas contenidas en el proyecto de
Los juzgadores, indiscutibles aplicadores de la ley, actualmente en una
dinámica aún inconclusa, tendremos un mejor panorama en nuestro correspondiente quehacer.
La Universidad Tepantlato, por conducto de su rector, Enrique González
Barrera y el grupo especial de la Maestría en Derecho de Amparo, tenemos la
intención de propiciar un diálogo constructivo que permita a todos los operadores jurídicos el máximo aprovechamiento del conocimiento especializado,
expuesto de manera libre y respetuosa.
Para llevar a cabo este diálogo ponemos a tu disposición un sitio web al
que puedes ingresar en la siguiente dirección electrónica: http://www.universidadtepantlato.edu.mx/ley_amparo/index.html en la cual se pueden apreciar
dos barras de opciones, una horizontal en la que están los siguientes instrumentos que consideramos indispensables para comprender en mayor dimensión el contexto del proyecto.
1.- Iniciativa
2.- Versión Estenográfica 1
3.- Versión Estenográfica 2
4.- Versión Estenográfica 3
5.- Dictamen Senadores
6.- Proyecto de dictamen 1
7.- Proyecto de dictamen 2
8.- Proyecto de dictamen 3
9.- Comentarios
La iniciativa se refiere a la publicada en la Gaceta
Parlamentaria 208 del 15 de febrero de 2011; las versiones estenográficas 1, 2 y 3 son las correspondientes a las
sesiones del 22 de septiembre, 11 y 13 de octubre de
2011 de la Cámara de Senadores, en las cuales se aprobó
el dictamen de la iniciativa publicado en la Gaceta Parlamentaria del 18 de ese mismo mes.
Finalmente, la última opción “Comentarios” solamente índica el submenú, contenido en la barra vertical
en la cual de manera directa se puede ingresar a los artículos que en cada opción se precisa (1-32, 33-69, 70106, 107-124, 125-138, 139-189, 190-230 y 231-271)
de modo que a guisa de ejemplo, si tú quisieras ver las
opciones del artículo 50 tendrías que elegir la segunda
Si se pretende (que es lo deseable) enviar opiniones, comentarios, trabajos o estudios monográficos,
ponemos a tu disposición el correo electrónico comentaLA-2011@tepantlato.com.mx. Para ello, debes proporcionar nombre o seudónimo, dado que los diálogos se
realizan entre personas identificadas; en todos los casos
se procurará corroborar el envío por el remitente, si no
se corrobora no se publicará, a menos que por su importancia se considere prudente hacerlo, pero en este
caso, se pondrá la nota de que no fue corroborado por
Nuestra intención es generar un diálogo productivo
y no la crítica insana o inocua, sino que buscaremos propiciar una discusión académica constructiva en beneficio de
los justiciables y para el mejoramiento de nuestro sistema
de control constitucional a través del juicio de amparo.
Publicaremos comentarios, trabajos o estudios monográficos que se envíen al sitio web que se ha mencionado, y
de ellos, los que se estimen convenientes por su trascendencia y contenido académico serán publicados en esta
revista, con la mención de su autor o seudónimo.
El resultado del debate que se genere será procesado y sistematizado con la misma metodología a la
empleada para hacer propuestas en las Cámaras del
Congreso de la Unión, el grupo especial de la Maestría
en Derecho de Amparo de la Universidad Tepantlato
hará llegar en su oportunidad a la Cámara de Diputados
o la instancia que corresponda ese resultado, y desde
luego, que también lo publicará tanto en la página como
en esta revista.
Ojalá seamos capaces de generar un diálogo libre,
científico y con resultados materiales.
Conoce el camino, transítalo y si es necesario apártate de él.
Ricardo Romero Vázquez
en Sayula, Jalisco en 1872.
Se tituló en la Escuela de
Jurisprudencia de Guadalajara (1899). Posteriormente, se le expidió la cédula de
notario para ejercer sus funciones en esa ciudad. En su
entidad natal fue concejal y secretario del Ayuntamiento
de Guadalajara, procurador de Justicia y secretario general
Fungió también como gobernador interino. Durante cuatro años fue miembro de la Comisión Técnica de
Legislación de la Secretaría de Gobernación, y vocal de
la Comisión Nacional Bancaria. Juez de Primera Instancia
en diversos Partidos Judiciales de Jalisco; juez de lo Civil
en Colima, Zacatecas, Guadalajara y la ciudad de México;
magistrado y presidente de los Tribunales Superiores de
Justicia de Colima, Veracruz y Jalisco. Fue juez de Distrito
en Jalisco y el Estado de México. El presidente provisional
de la República Emilio Portes Gil lo designó ministro de
la SCJN (1928). Integró la Tercera Sala, y resultó electo
presidente del Alto Tribunal (1934). Ejerció su cargo hasta
1940. Se le comisionó para participar como miembro de
la Comisión redactora del proyecto de Código Civil para
el Distrito y Territorios Federales de 1928. En la Escuela
Preparatoria de la Universidad del Estado de Jalisco impartió, entre otras, Lógica, Psicología y Moral, y ocupó el
cargo de director (1911-1923). En la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara impartió Derecho Civil, Mercantil y
Constitucional, y también fungió por algún tiempo como
director. Catedrático de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UNAM (desde 1941), recibió la titularidad de la cátedra de Derecho Civil (1945),
que impartió casi hasta su muerte. Dirigió el Seminario de
Derecho Civil y fue consejero de la Comisión Dictaminadora del Instituto de Derecho Comparado, hoy Instituto
de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM. Escribió, entre
otros, La socialización del Derecho privado. Murió en la ciudad de México en 1958.
www.tepantlato.com.mx
nvenio
pasado 18 de septiembre del año en curso se realizó la firma del Convenio de
Colaboración para la edición de la obra titulada Análisis del Proyecto de Nueva
Ley de Amparo, Memoria de la XII Jornada de Actualización Jurídica, entre la
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Tepantlato. Dicho
convenio refuerza los compromisos de colaboración entre ambas instituciones privilegiando
siempre a la comunidad universitaria. La edición de esta obra a cargo de nuestra Máxima Casa
de Estudios garantiza no sólo la calidad de la edición, sino también la voluntad de promover
y acercar al gran público el trabajo académico de los Jueces y Magistrados que participaron
en la elaboración de este libro. Cabe destacar la importancia que tiene, a nivel nacional, este
análisis a la Nueva Ley de Amparo realizado por destacados miembros del Poder Judicial de la
Federación, en un diálogo fructífero y profesional, realizando sugerencias de modificaciones, incorporando circunstancias pragmáticas que cada expositor tomó de su experiencia judicial para
así, contribuir a la difusión de este nuevo sistema de control constitucional que prepondera el
anhelo de toda sociedad moderna de perfeccionar un marco normativo acorde a las circunstancias histórico-sociales en que vivimos.
La distribución y el costo del libro está a cargo de la Universidad Nacional. El libro podrá
encontrarse en las librerías de la UNAM, en librerías de prestigio así como en la Universidad
Tepantlato. Los recursos recaudados por las ventas serán destinados a becas de titulación para
alumnos con excelencia académica de todas las escuelas y facultades de la UNAM, y particularmente para trabajos de restauración de la Preparatoria 4, Vidal Castañeda y Nájera.
De izquierda a derecha: Dr. Luis Raúl González, Abogado General de la UNAM; Dr. Ricardo Romero Vázquez, Magistrado del Primer
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de
Distrito del Poder Judicial de la Federación, Quinta Región, A.C. y Coordinador de la Maestría en Derecho de Amparo; y el Dr. Enrique
González Barrera, Rector de la Universidad Tepantlato en la firma del Convenio de Colaboración para la edición de la obra titulada
Análisis del Proyecto de Nueva Ley de Amparo, Memoria de la XII Jornada de Actualización Jurídica.
De izquierda a derecha: Dr. Enrique
González Barrera, Rector de la Universidad Tepantlato; Lic. Silvia Jurado
Cuéllar, Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria; Dr. Luis
Raúl González, Abogado General
de la UNAM; Dr. Ricardo Romero Vázquez, Magistrado del Primer
Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Segundo Circuito y Director de
la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito
Quinta Región, A.C.; Dr. Enrique
Guadarrama López, Director General de Asuntos Jurídicos de la UNAM
y Lic. Abel Velázquez Cuevas, Coordinador de Gestión de la Oficina del
Lic. Silvia Jurado Cuéllar, Directora General de la
Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia
Auxiliar del Poder Judicial de la Federación
desde el año 2000 a la fecha.
Mtro. David Troncoso
Maestría en Criminalística por el Instituto
Nacional de Ciencias Penales.
Estudios en Grafoscopía y Grafometría.
Diplomado en Criminalística.
Aspectos Teóricos y Prácticos por el Instituto
Historia de la escritura y la
prueba pericial en
actividad cotidiana y común en
nuestros días es la escritura,
pero al igual que todo aquello que conocemos y usamos también tiene una historia y
evolución, pero antes de pasar a ella considero que es importante tener algunos términos
claros y precisos, es por ello que pasaré a definir y diferenciar entre las palabras escribir
Escribir: Representar palabras, sonidos e
ideas mediante el trazo de signos sobre
papel u otro material.
Escribir: Figurar el pensamiento por medio
de signos convencionales.
Escritura: Sistema gráfico de notación del
lenguaje mediante ideogramas, pictogramas o signos representativos de fonemas.
Escritura: Acción o efecto de escribir.
Considero que la escritura es el resultado
evolutivo de diversos elementos tangibles e
intangibles, entre los elementos tangibles tenemos al objeto inscriptor, pluma
fuente, bolígrafo, etc., el soporte es el papel,
tinta y el último de ellos se puede interrelacionar entre los elementos tangibles e intangibles y me refiero al cerebro humano, es
tangible por el hecho de que fue necesario
que el cerebro aumentara en sus dimensiones
para evolucionar, pero no sólo es el tamaño
del cerebro lo que importa, puesto que si así
fuera los elefantes y las ballenas estarían por
encima de nosotros en el aspecto evolutivo, el
aspecto intangible del cerebro radica en su
capacidad de aprendizaje, razonamiento, abstracción, la creación de objetos por medio de
los cuales el ser humano modificó su entorno
para un mejor desarrollo.
La primera manifestación de comunicación empleada por el hombre, en que dejó
plasmadas sus ideas y que perduró a su creador, fue la realizada entre 65,000 y 16,500
años a.C, me refiero a los dibujos rupestres
conocidos también como pictogramas, dejados en las paredes y techos de las cavernas
empleadas por el hombre primitivo.
Rupestre: Se dice de lo relacionado con las
rocas, especialmente de las pinturas y dibujos prehistóricos que se han encontrado
en las rocas y cavernas.
Pictogramas: Signo de la escritura de figuras o símbolos.
Dibujo rupestre.
revista@tepantlato.com.mx
Si bien es cierto que esta es la primer
forma de comunicación de la humanidad,
también es cierto que es imperfecta; esto es
claro si recordamos que estamos ante la primer manera de comunicación humana, ¿y por
qué digo esto?, es muy simple, puesto que a
través de este tipo de dibujos el autor no podía transmitir en forma fidedigna su idea, por
el contrario, cada uno de los observadores
de estos dibujos le da un significado distinto
a cada dibujo basándose primordialmente en
sus propias experiencias y creencias.
Fue necesario que transcurrieran no años
sino siglos para que el ser humano pudiese
crear una escritura abstracta en donde los signos fueran expresados por medio de sonidos
o sílabas, y no se tratase simplemente de un
dibujo representativo y que al ser relacionados
en forma conjunta expresaran objetos, animales, acciones y cuestiones abstractas como
sentimientos, deseos, etc., siendo aceptados y
reconocidos en forma comunitaria o social.
Aproximadamente en el año 5,000 a.C,
en Asia Menor, se desarrolló la civilización
babilónica, la cual se conformó de diversos
grupos étnicos como los semitas, asirios y fenicios, entre otros; fue el pueblo babilónico
quien desarrolló la escritura Cuneiforme,
la cual recibe este nombre por el hecho de
que para escribir se empleaba un pedazo de
madera, hueso o metal en forma de cuña, el
soporte empleado para escribir eran tablillas
de arcilla, se escribía mientras que la arcilla se
encontraba húmeda y por lo tanto blanda; al
terminar de escribir la tablilla era secada al sol
y en otras ocasiones se cocía a fuego, lo que
le daba mayor durabilidad.
Gracias a esta escritura es que se conocen muchos aspectos del pueblo babilónico.
El rey babilónico Hammurabi fue el creador
del primer código conocido por la humanidad,
siendo llamado Código de Hammurabi.
Sin lugar a duda, la escritura cursiva fue la
primer escritura elaborada por el ser humano
y la cual no era una representación de dibujos, ya fuese de acciones o animales, se trataba realmente de la abstracción de objetos,
conocimientos e ideas de la persona, lo que
realmente fue revolucionario para su época,
sin embargo la misma no fue la base de la escritura tanto en Europa como en Asia, puesto
que por su complejidad la misma quedó en
desuso, perdiéndose en el tiempo.
Durante siglos se desconocieron los
orígenes o bases de la escritura de Europa y
Asia, sin embargo, en 1906 se encontraron en
las minas del Monte Sinaí escrituras egipcias
clasificadas como las formas más primitivas de
la escritura jeroglífica, las cuales son el enlace
entre la escritura egipcia y la escritura siria.
El inicio de la escritura egipcia fue pictográfica, retomando lo que fueron los dibujos
rupestres y posteriormente evolucionó a una
escritura ideográfica fonética en donde los dibujos se refinaron expresándose por sílabas y
sonidos aislados que al interrelacionarse entre sí expresaban ideas abstractas, acciones,
objetos y nombres de personas.
Ideográfica: Representación de un concepto valiéndose de una imagen convencional.
La interrelación del pueblo egipcio con los otros pueblos,
ya fuese por cuestiones comerciales, culturales, belicistas, etc.,
hace que se conozcan los fundamentos y principios de la escritura egipcia, adaptándola y modificándola a sus costumbres,
fonética, deseos, etc. Desprendiéndose de la egipcia, surgieron
las escrituras hebrea, árabe, fenicia, siria y griega, entre otras.
Fueron los fenicios quienes difundieron los principios de
la escritura, esto gracias a que ellos eran ávidos navegantes y
comerciantes y que al llegar a las ciudades no sólo intercambiaban mercancías sino también conocimientos y técnicas.
Me concentraré en la evolución de las escrituras griega
y romana y no por hacer menos a los demás pueblos y sus
escrituras, sino porque de estas escrituras se deriva el Español,
siendo esta la escritura que se emplea actualmente en México.
Los fenicios se establecen en las islas de Tera y Beocia
alrededor del siglo XII a.C., siendo este territorio lo que posteriormente se conocería como Grecia. El pueblo griego se
componía de grupos humanos pertenecientes a distintas tribus, entre ellos se encontraban los carios, lidios, licios, pelagos, etc., al
agruparse formaron lo que se conoce como
ciudades-Estado, independientes entre sí
en su administración, y que al mismo tiempo tenían una misma lengua, adoraban a los
mismos dioses y compartían las costumbres,
pero que al existir un conflicto con pueblos
ajenos a su comunidad de ciudades, se agrupaban para formar un frente común.
Independientemente de sus similitudes o
diferencias, todas las ciudades griegas adoptaron la escritura fenicia después de la guerra
del Peloponeso, 403 a.C., la cual podía ser
escrita de izquierda a derecha o de derecha
a izquierda. También era efectuada en forma
espiral de adentro hacia fuera, ya fuese a la
La escritura era realizada en forma continua, es decir, que no se dejaban espacios en
blanco entre palabras, tampoco eran empleados signos de puntuación ni acentos; después
de Alejandro Magno (356-323 a.C.) se comienzan a dejar espacios en blanco entre las
palabras y se emplean en forma rudimentaria
los primeros signos de puntuación y acentos.
Si bien es cierto que los griegos adoptan y modifican la escritura fenicia, también es
cierto que la enriquecieron al determinar que
la altura de la letra tendría que ser del doble
de su ancho; en esta etapa de la historia existían únicamente letras mayúsculas.
La presente gráfica es únicamente para
que el lector tenga una visión más detallada
de las dimensiones generales de las letras y
no quiere decir que estas dimensiones o forma de medir eran empleadas por los griegos
La cultura romana tiene un inicio tímido y a la sombra de las grandes culturas de
su tiempo; en un inicio los romanos fueron
sometidos por los etruscos. En el año 281
a.C. se liberan del dominio etrusco y nace lo
que propiamente se puede considerar como
la cultura romana en forma incipiente, pero
con metas fijas, con la fuerza de la espada
conquista a sus vecinos; entre Roma y Grecia
coexisten tres tipos distintos de escritura:
Capital: Se empleaba en los primeros manuscritos, posteriormente se utilizó para
los títulos y sobreescritos.
Uncial: Con ella se realizaban los libros y los
calígrafos experimentados la empleaban
para rollo y códices.
Cursiva: Por ser realizada en forma descuidada, irregular, suelta y dispersa se empleaba
para cartas privadas, contratos y en cuentas.
Las dos aportaciones que los romanos
hacen a la evolución de la escritura es que
establecen que la misma se efectúe obligatoriamente de izquierda a derecha, y la segunda
de ellas es que diseñan las letras minúsculas
pero con el mismo principio de los griegos.
Los romanos no realizan la adaptación
de la escritura tan uniformemente como los
griegos, es por ello que en un mismo momento en el tiempo coexisten diversos tipos
de escrituras o alfabetos empleados en diversas zonas del imperio, lo que dificultó la
Umbriano: Empleada en el este de los
Etrusco: Al norte del Tiber.
Osco: Utilizada en Campania.
Falisco y Latino: En una zona comprendida
entre el Etrusco y el Oseo.
Mesapino: Empleada para las inscripciones
de Calabria.
Los diversos alfabetos poseían sus propias letras y fonética independiente, lo cual
perduró durante los primeros tres siglos del
Imperio, llegando con el tiempo a prevalecer
sólo uno de ellos: el Latín.
Dentro de los muchos territorios conquistados por los romanos se encuentra la
península ibérica, lo que después se conoció
La firma y la rúbrica, como elementos de
validez de nuestra voluntad y actos jurídicos,
tiene su propia historia la cual data de la época del Imperio Romano.
El texto de los contratos romanos era
realizado por medio de tinta de color negro,
pero las firmas que calzaban los mismos era
plasmada por medio de tinta de color rojo,
y la cual contenía como texto el nombre de
la persona, a este color se le nombraba RÚBEUS, de esta palabra latina se deriva el nombre rubí y que se le da a la piedra preciosa de
color rojo, sin embargo, como el ser humano
tiende a simplificar las actividades que realiza
procurando que prevalezca su eficacia, es que
posteriormente se elabora la firma con color
negro y se enmarcaba la misma con tinta de
La siguiente simplificación se da cuando
la firma continuó plasmándose con tinta de
color negro, pero en este caso se subrayaba
la misma con tinta color rojo.
En un momento determinado a alguien
le pareció que únicamente el empleo del
nombre de la persona y subrayado del mismo era muy simple, por tal motivo sustituyó
la línea horizontal por movimientos horizontales ondulatorios, verticales, espirales, circulares, etc., lo cual perduró por muchos años,
y se consideraba que el nombre y apellidos
del firmante era la firma de la persona y las
figuras geométricas eran clasificadas como la
rúbrica. Sin embargo, en el siglo XX se llevaron a efecto cambios en la manera en que se
realizaban las firmas, en la cual las personas ya
no insertaban su nombre y apellidos como
firmas, siendo sustituidas por figuras geométricas, y la rúbrica se concibió como un fragmento existente de la firma.
En la península ibérica se instalaron diversos pueblos como fueron los ligures, celtas,
griegos, cartagineses y fenicios, cada una de
estas comunidades llevaba consigo una lengua
y escritura propias; fueron los fenicios los que
llamaron a la península ibérica Span o Spania, que significa “oculto o lugar escondido.”
Los romanos se instalan en España y controlan la península por dos siglos (202-409
d.C.) los pobladores de la península adoptan
con facilidad el latín, independientemente de
que se hablase y escribiera en sus lenguas nativas de cada región, mientras que lo que podríamos llamar la clase noble, comerciante o
adinerada, aparte de hablar también escriben
en latín, siendo España el pueblo que mejor
asimiló y defendió el uso de la lengua y escritura latina después de la caída del Imperio
Después de la caída del poderío de los
césares, España se ve sujeta a pequeñas guerras internas e invasiones efímeras como las
realizadas por los suevos, alanos y francos; la
última incursión militar es realizada por los
visigodos y tuvo una duración de tres siglos
(414-711 d.C.), tal ocupación trae consigo influencias en la lengua y escritura.
Posteriormente, los árabes sustituyen a
los visigodos en el dominio y control de España; en esta etapa los árabes permanecen
por ocho siglos (711-1492 d.C.) debido a la
interrelación entre los dos pueblos en todos
los ámbitos surge lo que se conoce como el
aljamía, que es una mescla de lengua y escritura entre el árabe y el latín.
Durante la historia de intervención de
los pueblos en España, diversos idiomas o
dialectos y las propias escrituras internas de
la península, poseen pequeños o grandes
momentos de predominio, los cuales se van
alternando paulatinamente.
En los siglos VIII y IX d.C. se habla el asturiano, en el siglo X d.C. y principios del XI
el leonés, y del siglo XI d.C. hasta el presente
el castellano, la prevalencia de este último dialecto y hoy idioma se debe a que su fonética
es más sencilla y fácil de aprender, por su parte la escritura se puede modificar o adaptar a
la lengua sin mucha dificultad.
Gracias al esfuerzo de Fernando III, “El
Santo” y a Alfonso X, “El Sabio” es que los diversos reinos se unen para formar una nación,
lo que hoy se conoce como España, y por
otro lado dan un gran impulso para la difusión
y aprendizaje del castellano.
La primera escritura que se clasifica como
castellana data del siglo X, d.C. y la cual es
una oración incluida en las llamadas Glosas
Emilianenses, dichas glosas son anotaciones hechas al margen de un escrito cualquiera,
y la cual se encontró en el monasterio español
de San Millán de la Cogolla y que aclara
parte de un texto en latín de San Agustín.
A través del tiempo y en diversos pueblos se han creado distintos tipos de escritura, ente ellas tenemos:
nes del siglo XV d.C. y principalmente en
el siglo XVII d.C. es una variante de la escritura procesal, se caracteriza por la deformación de las letras, el objeto con que
se escribía se separaba en pocas ocasiones
del papel durante la ejecución del renglón
9.	Gótica: Se emplea desde el siglo XV d.C.
hasta mediados del siglo XX d.C., la característica de esta escritura es lo excesivo de
sus adornos.
10. Redonda: Surge a fines del siglo XVIII
d.C. en Francia, los ingleses la retoman y
crean la escritura cursiva, las características de este tipo de escritura son los trazos
curvos o redondos realizados en forma
consecutiva y separando la pluma del papel al concluir cada palabra; dicha escritura
es empleada en la actualidad.
1.	Visigoda: Desarrollada por los visigodos
2.	Rústica: Fue empleada por los romanos
del siglo I, a.C., en donde se cuidaban los
detalles de su configuración, aunque la
misma es sencilla y espontánea se encuentra principalmente en códices.
3.	Uncial: Se empleó entre los siglos IV y IX,
d.C., era utilizada principalmente para códices y traducciones latinas de la Biblia, mezclándose elementos mayúsculos y minúsculos, presentando influencia romana y griega.
4.	Carolingia: Se considera que este tipo
de escritura tuvo su origen en el imperio
de Carlo Magno a fines del siglo VIII a.C.
y de la cual se desprenden todas las ramificaciones de la escritura romana que se
emplearon hasta el siglo XIII, d.C.
5.	Cortesana: Se le dio dicho nombre por
ser empleada en escritos de la corte durante los siglos XIV y XV d.C., las letras son
menudas y los nexos son irregulares, el trazo final era amplio y envolvía a la palabra.
6.	Humanista: Se empleó durante el siglo
XV, d.C., su importancia radica en el hecho
de haberse empleado en toda Europa y en
todas las nuevas tierras descubiertas hasta
7.	Procesal: Empleada en el siglo XV, d.C.,
se deriva de la escritura cortesana, se mezclan letras mayúsculas con minúsculas, es
más extensa y sin proporción, ligaduras y
abreviatura incorrectas, se empleó principalmente en documentos públicos y actuaciones judiciales.
8.	Procesal Encadenada: Empleada a fi-
Al conquistar España las tierras de América, África y Asia llevan e imponen su lengua,
escritura y costumbres a los nuevos territorios.
En la actualidad en México se emplean
dos tipos de escritura, la cursiva y la de
Cursiva: Las letras ya sean mayúsculas o minúsculas son realizadas por medio
de trazos predominantemente curvos, por
otro lado la escritura tiende a ser continua,
es decir, que la pluma se separa del papel al
momento en que se termina de efectuar la
palabra y entre la palabra la separación suele
ser mínima o nula.
Las letras expuestas a continuación pueden ser clasificadas como cursivas, sin embargo, lo que las define o clasifica como tales son
los trazos curvos y el hecho de que la pluma
se separa del papel hasta el momento en que
se efectúa la última letra de cada palabra, en
forma intermedia la separación de la pluma es
N Ñ O P Q R ST U V X Y Z
Imprenta: En este tipo de escritura
predominan los trazos rectos, la pluma es separada del papel al momento de concluir la
realización de cada letra, independientemente si esta es la última letra de la palabra o si se
ubica al inicio o parte intermedia de la misma.
En esta escritura existen tres tipos de trazos:
rectos, curvos y mixtos.
A E F H I K L M N ÑT V W X Y Z
Por su parte las siguientes letras pueden
ser clasificadas como de imprenta, sin embargo lo que las define realmente como tales es
el hecho de que al concluir cada letra la pluma es retirada del papel.
este de Alejandría, descubriéndose por obras
una piedra de basalto pulido de color negro
y que en su superficie presentaba tres tipos
de inscripción distintos en un número igual
de escrituras o lenguas, estos eran jeroglíficos egipcios, escritura cuneiforme y escritura
griega, sin lugar a duda la última de ellas fue la
más fácil de leer y traducir.
Dicha inscripción hace referencia a una
decisión tomada por una asamblea de sacerdotes de Menfis en el año 196 a.C., durante el
reinado de Ptolomeo V en donde se eximía
a los súbditos de determinados impuestos, es
por ello que los sacerdotes decidieron hacer
del conocimiento del pueblo tal decisión, por
lo cual realizaron la transcripción de tal decisión
en tres lenguas o escrituras distintas: egipcio,
cuneiforme y griego en un solo monolito de
piedra, la Piedra Rosetta, y colocar cada una de
estas piedras en los templos más importantes.
Sin embrago, la escritura egipcia y cuneiforme era imposible de poder leerlas por
el hecho de que las mismas correspondían
a lenguas muertas y se desconocía el significado e interpretación de los diversos signos
empleados en las mismas.
Si bien es cierto que se ha visto la evolución de la escritura a través del tiempo, también es cierto que es necesario que al narrar
un evento importante y transcendental en
el entendimiento y estudio de la escritura, y
fundamentalmente me refiero a la escritura
egipcia y cuneiforme, me refiero al hallazgo
de la Piedra Rosetta.
Durante la incursión militar de Napoleón
en 1799 en Egipto, se realizan obras de fortificación en la ciudad portuaria de Rosetta, al
Piedra Rosetta, se encuentra en el Museo Británico de
El primero de los investigadores no logró
ningún resultado en la búsqueda de la interpretación de ambas escrituras desconocidas.
El sueco David Akerblad, orientalista y diplomático, logró pequeños avances en el desciframiento de la escritura egipcia, por lo tanto
se le conoció como el primer egiptólogo.
El médico y naturalista Thomas Young, de
nacionalidad inglesa, logró también pequeños
avances al determinar el nombre del faraón
Ptolomeo y descifrar otros tres jeroglíficos.
Fue necesario que pasaran varias décadas y grandes esfuerzos realizados por el
profesor francés Jean-François Champollion,
el cual tenía gran habilidad para hablar diversas lenguas y dialectos como el hebreo, árabe,
sirio, sánscrito, persa, chino y español, entre
otros. Por lo cual Champollion dio las bases
lingüísticas y estructurales para poder leer e
interpretar la escritura jeroglífica.
El texto de la Piedra Rosetta en los tres
tipos de escritura era el mismo y correspondía al decreto real del faraón Menfis del 27 de
marzo del año 196 a.C., a saber:
Bajo el reinado del joven que recibió la soberanía
de su padre, Señor de las Insignias reales, cubierto de gloria, el instaurador del orden en Egipto,
piadoso hacia los dioses, superior a sus enemigos, que ha restablecido la vida de los hombres,
Señor de la Fiesta de los Treinta Años, igual a
Hefaistos el Grande, un rey como el Sol, Gran
rey sobre el Alto y el Bajo país, descendiente de
los dioses Filopáteres, a quien Hefaistos ha dado
aprobación, a quien el Sol le ha dado la victoria,
la imagen viva de Zeus, hijo del Sol, Ptolomeo.
Viviendo por siempre, amado de Ptah.
En el año noveno, cuando Aetos, hijo de Aetos, era sacerdote de Alejandro y de los dioses
Soteres, de los dioses Adelfas, y de los dioses
Euergetes, y de los dioses Filopáteres, y del dios
Epífanes Eucharistos, siendo Pyrrha, hija de Filinos, athlófora de Berenice Euergetes; siendo
Aria, hija de Diógenes, canéfora de Arsínoe Filadelfo; siendo Irene, hija de Ptolomeo, sacerdotisa
de Arsínoe Filopátor, en el (día) cuarto del mes
Xandikos o el 18 de Mekhir de los egipcios…
Para el derecho, la firma es: nombre y
apellido (o apellidos) que una persona pone,
con rúbrica o sin ella, al pie de un escrito
como señal de autenticidad.
Actualmente en el Código Civil del Distrito Federal hay diversos artículos que señalan lo siguiente:
“…Artículo 1792.- Convenio es el acuerdo
de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones…”
“…Artículo 1803.- El consentimiento
puede ser expreso o tácito. Es expreso
cuando se manifiesta verbalmente, por
escrito o por signos inequívocos…”
En forma general podemos decir que
para que el derecho le dé validez a un documento y con ello surta todos sus efectos
legales, es necesario que dicho documento
presente la firma o firmas de las personas que
intervienen en un contrato.
Hago referencia a una o más firmas en el
párrafo que antecede, esto debido a que en
un pagaré sólo es necesario que se aprecie
la firma del deudor, mas es necesario que en
dicho documento se encuentre presente la
firma del acreedor. Por otro lado en diversos
contratos como el de compra-venta, sí es necesario que obre tanto la firma del comprador como del vendedor.
En cualquier juicio se pueden ofrecer
diversos tipos de prueba, como serían confesionales, testimoniales, inspecciones judiciales,
documentales, etcétera.
Sin embargo, hay ocasiones en que una
de las partes pone en duda la autenticidad de
la firma que obra en algunos documentos, ya
sea que estos sean públicos o privados; por
lo tanto es necesario el ofrecimiento de la
prueba pericial en materia de un especialista
en el área de grafoscopía.
La grafoscopía es el área del conocimiento humano que tiene como finalidad el estudiar la escritura y firma de las personas, empleando para ello instrumentos de aumento
como son lupas, lentes, microscopios, fotografías, etc., y determinar el origen gráfico de
la misma, es decir, determinar si la escritura o
firma estudiadas pertenecen al puño y letra
de la persona a la cual se le atribuye la misma;
para tal efecto, es necesario que el especialista en cuestión analice en forma detallada y
minuciosa aquellos elementos gráficos que la
individualizan, como son inicios, finales, enlaces, intersecciones, presión muscular y velocidad, entre otros.
Al momento de ofrecer esta prueba es
necesario que cubra diversos requisitos que
estipula el Código de Procedimientos Civiles
del Distrito Federal, como son: señalar la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la
cual versará la prueba.
Los puntos sobre los que versará y las
cuestiones que se deben resolver en la prueba pericial:
•	La cédula profesional, calidad técnica, artística o industrial del perito.
•	Nombre del perito.
•	Domicilio del perito.
•	La relación de esta prueba con los hechos
y qué es lo que pretende acreditar con la
El juez conocedor del proceso deberá
dar a conocer a la contra parte la prueba pericial, y pedirle que se manifieste sobre la misma, es decir, que indique si está de acuerdo
o no con ella, que ofrezca perito de su parte
y si así lo desea que amplíe el cuestionario
propuesto por su contra parte.
Si el ofrecimiento de la prueba pericial se
encuentra sujeto a derecho, el juez admitirá la
misma, otorgando a los peritos de las partes
un término de tres días para que presenten
por escrito la aceptación y protesta del cargo
conferido, debiendo cubrir los siguientes requisitos de ley:
Bajo protesta de decir verdad, los peritos
deberán manifestar:
Si el perito es nombrado en un juicio
mercantil, de arrendamiento o en un incidente, el término para la presentación del dictamen será de cinco días.
Por su parte, si el especialista es nombrado en un juicio ordinario, el término de presentación del dictamen sí será de diez días.
Otro aspecto que puede hacer que el
perito solicite una prórroga para la presentación de su dictamen, se origina en el hecho
de que los elementos indubitados y dubitados no se encuentren en el local del Juzgado
correspondiente, por lo cual será necesario la
expedición de oficios o exhortos, dependiendo del caso y su debida tramitación.
La presente obra posee una dualidad especial, primeramente se expone la historia de
la escritura y de las firmas, a continuación los
requisitos de ofrecimiento de la pruebas pericial, al igual que los requisitos de aceptación
del cargo por parte del perito y por último
los términos para la presentación del dictamen encomendado al especialista, al igual que
aquellas circunstancias en las cuales se puede
solicitar una prórroga para la presentación del
dictamen por parte del especialista.
Esta dualidad se origina por la inquietud
de hacer del conocimiento del lector que los
hechos, eventos, historias y desarrollos de la
humanidad no son cuestiones aisladas, sino
que por el contrario todo ello se concatena
en un punto específico del quehacer o actividad humana y que las consecuencias de
nuestras acciones o no acciones tendrán repercusiones en el futuro.
•	Su fiel y leal desempeño.
•	Anexar copia certificada de la cédula profesional o de los documentos que acrediten su calidad de peritos en el arte, técnica
o industria, para el que se les designó.
•	Manifestar que conocen los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial.
•	Que tienen capacidad suficiente para emitir dictámenes sobre el particular.
A partir de que el perito acepta el cargo
conferido tiene diez días para la presentación
de su dictamen, este término podemos decir
que es relativo, esto por lo siguiente:
S谩nchez
Fiscal Desconcentrado de Investigaci贸n
en la Delegaci贸n Gustavo A. Madero
de la Procuradur铆a General de Justicia
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad
auspiciado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad
Máster en Derecho Penal auspiciado por la Universidad de Girona, España
en colaboración con el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF.
Maestro en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias
Jurídicas de Estudios Superiores, hoy Universidad Tepantlato.
Doctorando en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
Profesor de la asignatura “Conceptos Jurídicos Fundamentales”
en la Licenciatura de Administración en la Facultad de Contaduría
y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ponente en diversos Diplomados en Derecho Penal y Derecho
Procesal Penal en el Colegio de Jueces y Magistrados del Poder Judicial
de la Federación A.C.
Miembro fundador del Despacho Jurídico Sandoval y Molina A.C., en donde
ha sido distinguido como abogado postulante en el ámbito penal.
Subdelegado de Averiguaciones Previas en las Delegaciones Cuauhtémoc,
Iztacalco y la entonces Miguel Hidalgo-Cuajimalpa de la propia
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en esta última
fungió como Fiscal de Homicidios y asuntos relevantes.
Fiscal Desconcentrado en las Delegaciones de Iztacalco,
Cuauhtémoc y Coyoacán de la propia PGJDF.
Servidor Público en la Procuraduría General de la República, en donde
ocupó los cargos de Subdelegado de Procedimientos Penales Federales
en los Reclusorios Norte, Sur y en la Zona Centro área de Detenidos de
la Delegación en el Distrito Federal de esa Institución de Procuración de
Actualmente se desempeña como Fiscal Desconcentrado de Investigación
en la Delegación Gustavo A. Madero de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
enjuici de México
II. Sistema procesal acusatorio
y eficiencia policiaca en la Ciudad
Mtro. Reynaldo sandoval sánchez
III. Herramientas jurídicas para la
eficiencia policiaca en el sistema
de enjuiciamiento penal acusatorio
(caso Ciudad de México)
se ofrece a las corporaciones policiacas
herramientas jurídicas y metodológicas
de actuación que se circunscriban a protocolos diferenciados por tipo de actividad
policial, permitirá mejorar su actividad y provocará adaptabilidad al nuevo sistema de enjuiciamiento penal que retroalimente sus resultados en la consecución de elementos de
prueba científicamente adquiridos, con pleno
respeto a los derechos fundamentales de los
todo el país, se ha desatado en los
últimos años una ola creciente de
criminalidad como resultado de la estrategia
equivocada de enfrentamiento enarbolado
por las Autoridades Federales en contra del
denominado Crimen Organizado, Delincuencia Organizada o Enemigos del Estado.
Más allá de pretender confrontar la estrategia de militarización asumida por el Gobierno de la República, lo que este trabajo
pretende ahora, es evidenciar que a partir de
las herramientas normativas con las que se
cuenta en la Ciudad de México, es factible
atender la criminalidad del orden común que
en la capital de la República se presenta todos
los días, con la finalidad de contener a esa
criminalidad, además de coexistir con las necesarias políticas de prevención del delito que
cada sociedad requiere habilitar para ofrecer
a sus comunidades el clima de paz, tranquilidad y seguridad que todos merecemos.
A partir de este criterio y en la medida de
su fortalecimiento mediante la implementa-
ción de políticas públicas muy pragmáticas en
las cuales se destaque el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos,
entonces sí, podremos intentar subir de nivel
al diseño de estrategias más elaboradas en
contra de la alta criminalidad sin que debamos
enfrentar en escenarios de guerra a las Instituciones armadas de este país con los miembros
de la llamada delincuencia organizada.
Estoy de acuerdo que no deberíamos
esperar a poner orden en la casa para poder
atender la delincuencia que se conoce como
Crimen Organizado, sin embargo, la sociedad
mexicana toda se encuentra en la actualidad
bajo la zozobra y en un clima de incertidumbre tal, que pareciera que para vivir en paz
ya no debemos salir de la Ciudad de México, como si ya estuviésemos derrotados por
culpa de aquellas equivocadas decisiones de
lucha contra el crimen, que nos han sumido,
al interior de la República, en un clima de desesperanza ante la cada vez mayor presencia
de nuevos miembros de grupos delincuenciales que se enseñorean por las páginas de los
periódicos y las notas rojas de todos los medios de comunicación masivos, por tanto, comenzar por casa parece una oportunidad de
demostrar que podemos enfrentar a la delincuencia con las herramientas jurídicas con las
que contamos, sólo que debemos provocar
que los operadores del subsistema de justicia
penal se esfuercen y trabajen bajo el amparo
de una visión común.
Ofrecer una propuesta de Plan Integral
de Combate al Delito, a partir de las herramientas normativas (es decir, jurídico-penales) con que a la fecha contamos en la Ciudad
de México, intenta inscribirse en el ámbito del
sistema de Justicia Penal moderno como una
opción a seguir a fin de fortalecer la idea del
Derecho Penal de mínima intervención, en su
afán de encuentro del Estado Social y Democrático de Derecho.
II.- Sistema procesal acusatorio y
eficiencia policiaca en la Ciudad de
advenimiento del sistema de enjuiciamiento penal de corte liberal y democrático, acusatorio adversarial, sugiere por
supuesto la implementación de políticas públicas en materia de actuación policial a partir
de las cuales, el trabajo de investigación permita la integración de datos que posteriormente se presenten ante los órganos judiciales como elementos de prueba pertinentes, y
resistan en el seno del proceso público y contradictorio las críticas a su obtención mediante mecanismos lícitos en franco respeto de
derechos fundamentales de los gobernados.
Este anhelo desde luego que fortalece a
un sistema de enjuiciamiento novedoso, no
obstante la historia insoslayable del quehacer
policial en el México posrevolucionario que
se había caracterizado por signos de abuso,
prepotencia e incluso en ocasiones de tortura, debido principalmente entre otras causas
a la existencia de un sistema penal de corte
inquisitivo, opaco y cerrado que convenía a
los fines del derecho penal autoritario.
Las políticas públicas a implementar en
prácticas policiales, desde luego que obligan
a revisar las características esenciales del sistema acusatorio instaurado en nuestra Constitución Política a partir de la gran reforma del
año 20081, con el propósito de ofrecer meca-
1	Dagdug Kalife, Alfredo. La prueba pericial al amparo de un
nuevo modelo de justicia predominantemente acusatorio.
Coedición Ubijus e Instituto de Formación Profesional de
nismos que permitan empatar el quehacer de
investigación ministerial y policiaco a la luz del
nuevo sistema de justicia penal con la esencia
Un Estado Social y democrático de Derecho, para que se asuma como tal se caracteriza por una serie de principios que le
sustentan en el Plano Constitucional y en el
respeto y cumplimiento de Normas de Convencionalidad admitidas y suscritas por ese
Estado, primordialmente y entre otros, los
principios eje del debido proceso penal, a saber, el Principio de Presunción de Inocencia,
según el cual este derecho se erige como Derecho Fundamental de los gobernados.
Pero no sólo la Presunción de Inocencia
fortalece al debido proceso, sino además, los
principios de legitimidad, culpabilidad, principio de acto, de bien jurídico, legalidad, irretroactividad, exacta aplicación de la ley, litis
cerrada, defensa adecuada, y non bis in idem.2
Ahora bien, en materia probatoria, precisamente este sistema permite contraponer
al Estado de manera franca y pública la legítima obtención de cualquier dato que posteriormente se pretenda asumir en el proceso
como medio de prueba para trastocar aquel
principio de Presunción de Inocencia, ya que
al pretender limitarse ese derecho fundamental, los representantes del Estado deberán cela PGJDF. México. 2012. Al respecto este autor afirma: “ A
partir de la citada reforma Constitucional, se sentaron las
bases para unificar las bases para unificar los sistemas de
justicia criminal, estructurando el desarrollo probatorio, en
el sentido de que durante la etapa de investigación, única
y exclusivamente se deberán realizar diligencias de investigación para obtener fuentes de prueba, salvo pruebas
anticipadas y durante la fase del juicio, se deberán practicar
todos los medios de prueba que se pretendan adquieran
valor probatorio”. p. 20.
2	Aguilar López, Miguel Ángel. Presunción de Inocencia. Principio fundamental en el sistema acusatorio. 2ª. edición. Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal
A.C., México. 2009.
ñirse a reglas claras de obtención y preparación de elementos probatorios con los cuales
se logre restringir aquel derecho fundamental.
En esto precisamente radica la actuación
policial, que de manera científica deberá vincular cualquier dato obtenido para imputar
fundadamente al gobernado la comisión de
un hecho ilícito y que en aras de fincar un
adecuado procesamiento con nuevas reglas
de obtención de tales datos, se verá obligado a mejorar técnicas de actuación policial en
respeto ineludible a los derechos fundamentales de cualquier persona.
Así, podemos afirmar con Hidalgo Murillo que: “…El Principio de Inocencia es un
principio de conveniencia procesal en tres
sentidos; en primer lugar, porque el imputado puede verse sometido a proceso sin haber adecuado su conducta a un tipo penal;
en segundo lugar, porque el imputado puede haber sido víctima de una sociedad que,
incoherente, lo hace delincuente y en tercer
lugar, porque partir de la “hipótesis de inocencia” se asegura potenciar la “hipótesis fáctica” actualizando la carga de la prueba que
“desmienta” esa hipótesis.”3
El proceder policial deberá, por tanto,
constreñirse, sin excepción alguna, a la obtención legal de datos que permitan posteriormente incorporarlos al proceso penal como
medios de prueba legales, aptos y pertinentes
para persuadir al órgano jurisdiccional de la
necesaria limitación al derecho fundamental
del gobernado imputado de ese derecho
subjetivo de presunción de inocencia, pero
siempre sin menoscabo de la legalidad de la
prueba obtenida.
3	Hidalgo Murillo, José Daniel. Debido Proceso Penal en el
Sistema Acusatorio. Coedición Flores Editor y Distribuidor y
Universidad Panamericana, México. 2011. p. 284.
Al respecto, Javier Jiménez Martínez afirma: “Una de las primeras actividades que deben realizar las partes en materia de pruebas
es la verificación de la legalidad de las pruebas
que van a llevar al juicio oral. Lo mismo hará
la autoridad, determinar la legalidad del medio de conocimiento ofrecido por las partes,
y lo hace confrontándolo con las garantías
constitucionales del debido proceso y los derechos fundamentales, e incluso, con los requisitos formales del medio establecidos en la
legislación penal procesal.”4
Luego entonces, el objetivo principal
del quehacer policial será la consecución de
elementos probatorios cuya obtención se
sujete a los parámetros constitucionales y legales tendientes a fortalecer las acusaciones
a los imputados de hechos criminales pero
siempre en el marco del respeto de derechos
fundamentales (a fin de evitar convertir esos
elementos probatorios en ilícitos) así como
del respeto a las normas legales (a fin de no
propiciar pruebas ilegales).
a) El cumplimiento irrestricto de la ley,
es decir, el fortalecimiento de un Estado garantista5;
b) La tutela de los derechos fundamentales de los gobernados6 a fin de discriminar
con toda claridad en su actuar el proceder de
los tipos de delincuencia que atenta en contra de la paz y tranquilidad de la comunidad
afectada, y
c) La sujeción del actuar de los órganos
estatales involucrados en el tema de la paz
pública, a un régimen de transparencia absoluto y un sistema simple de rendición de
cuentas.7
III.- Herramientas jurídicas para la
consecución del Estado Social y Democrático de Derecho pasa necesariamente por la sujeción de las agencias gubernamentales en materia de Seguridad Pública
y Procuración de Justicia por tres aspectos
fundamentales que deben caracterizar su actuar, a saber:
5	Véase a Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. A. Edición. Editorial Trotta. Madrid, España. 2009. “Garantismo designa un
modelo normativo de derecho: precisamente, por lo que
respecta al derecho penal, el modelo de estricta legalidad.
Sistema Garantista propio del estado de derecho, que en
el plano epistemológico se caracteriza como un sistema
cognoscitivo o de poder mínimo, en el plano político
como una técnica de tutela capaz de minimizar la violencia y maximizar la libertad y en el plano jurídico como un
sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del
estado en garantía de los derechos de los ciudadanos”. (pp.
851-852).
6	Sobre este particular destaca la opinión en México de Carbonell, Miguel en su obra Los Derechos Fundamentales en
México, 4ª. Edición, Coedición Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa y Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, México, 2011, p. 5, apunta:
“En términos generales puede decirse que los derechos
fundamentales son considerados como tales en la medida
en que constituyen instrumentos de protección de los intereses más importantes de las personas, puesto que preservan los bienes básicos necesarios para poder desarrollar
cualquier plan de vida de manera digna; siguiendo a Ernesto Garzón Valdés podemos entender por bienes básicos
aquellos que son condición necesaria para la realización de
cualquier plan de vida, es decir, para la actuación del individuo como agente moral”.
7	Sobre este particular, Guillermo O´Donell en “Democracia y Estado de Derecho” en Ackerman, John M. (Coordinador) “Más allá del acceso a la Información”, Transparencia y Rendición de cuentas y Estado de Derecho. Editorial
Siglo XXI, México, 2008. pp. 89 y ss. afirma “Un Estado
democrático de Derecho también establece redes de accountability (o, en traducción aproximada, “rendición de
cuentas”). Es decir, otro aspecto del estado Democrático
de Derecho es que nadie es de legibus solutus; es decir,
nadie, ni siquiera los gobernantes, debe quedar fuera de la
legalidad.”
Jiménez Martínez, Javier. Aspectos básicos sobre la prueba
en el Juicio Oral. Editorial Raúl Juárez Carro. México, 2011.
pp- 57-64.
La medición al cumplimiento de estos
tres aspectos inducirá en la ciudadanía la confianza suficiente que incluso permita la participación directa de órganos no estatales en la
comprobación del avance en la operación del
sistema operativo y funcional de seguridad pública y procuración de justicia implementados.
La expresión gráfica de este inicio de modelo podría evidenciarse de la manera siguiente:
Ahora bien, los acontecimientos de
violencia suscitados en los últimos tiempos,
aunados a la exagerada difusión que sobre
los mismos han realizado los medios masivos de comunicación –más por cuestiones
de carácter económico y de morbo que por
sana preocupación– han provocado un sentimiento colectivo de desesperanza, como si
la delincuencia organizada ya hubiese derrotado al Estado mexicano con el consecuente
mensaje de vulneración a la paz y tranquilidad
sociales, arrebatando incluso a la ciudadanía
la certidumbre de cohabitación con sus semejantes, ocasionando un terrible malestar
y sospecha por el vecino de al lado que incluso nos obliga a encerrarnos en el clima
de desconfianza muy contrario al espíritu de
solidaridad que siempre había manifestado el
mexicano y peor aún, ha provocado la emigración de las ciudades de todos aquellos ciudadanos que han vivido muy de cerca el clima
de violencia desatado por las políticas erradas
expresadas principalmente en regiones del
norte y occidente del país.8
Al reconocer estos datos, esa expresión
de hartazgo en primer lugar y de desesperanza colectiva en segundo sitio, han generado
la proliferación de movimientos sociales encabezados por personajes de la vida pública,
que han pasado en carne propia por las terribles experiencias de la expresión violenta
de los delincuentes, sin embargo, carentes de
información suficiente por ser ajenos a temas
de seguridad y procuración de justicia, más
enarbolan movimientos declarativos y contestatarios a las políticas públicas de los gobiernos que propuestas específicas que auxilien
verdaderamente al fortalecimiento del Estado, que nos permita la recomposición social
y la detección temprana de los delincuentes
que seguramente en sus carreras ascendentes
del submundo criminal llegarán a ser criminales mayormente lesivos a la comunidad si no
reaccionamos a tiempo.9
Esta reacción estatal, precisamente, es
la que debemos atemperar mediante la implementación de mecanismos que respondan
como Estados modernos para contrarrestar
esas carreras delictivas, si y sólo si toda acción
estatal y respuesta estratégica las pasamos por
el tamiz del respeto irrestricto de la Ley, comenzando por los propios servidores públicos encargados de operar los subsistemas de
seguridad y procuración de justicia, así como
supervisar que sean éstos quienes se encar8	Datos estadísticos publicados en el mes de enero del año
2011 permiten desenmascarar el manejo indiscriminado de
datos relativos a la tasa de homicidios a nivel nacional. Véase: Escalante Gonzalbo, Fernando. “Homicidios 2008-2009.
La muerte Tiene Permiso” en Revista Nexos, Núm. 397,
enero, México, 2011. pp- 36-49.
9	Para una explicación muy objetiva acerca del ciclo de vida
de una organización criminal, consultar a Guerrero Gutiérrez, Eduardo. “Cómo reducir la violencia en México” en
Revista Nexos, Núm. 395, noviembre, México, 2010. P. 24.
guen de velar por el respeto a los derechos
fundamentales de toda persona, incluso de los
propios delincuentes y su función se constriña
desde luego a mecanismos de transparencia
en todos los actos y de rendición de cuentas,
con el propósito de que sean los ciudadanos
quienes lleven a cabo esas labores de contrapeso en las decisiones gubernativas, de tal
suerte que se impida el ensanchamiento de
espacios públicos proclives a aquellas carreras
ascendentes de los criminales.
Es decir, en la medida en que podamos
afirmar o no tales mecanismos, podremos
considerar que construimos un Estado fuerte
o en el peor escenario un Estado débil, para
atender la conceptualización que sobre el Estado moderno ha formulado atinadamente
Joel Migdal:10
“El Estado es un campo de poder marcado por el uso y la amenaza de violencia y
conformado por: 1) la imagen de una organización dominante coherente en un territorio,
que es una representación de las personas
que pertenecen a ese territorio, y 2) las prácticas reales de sus múltiples partes.”
Los Estados reales están determinados
por dos elementos, imágenes y prácticas.
“Primero es la imagen. La imagen –decía
Shils– amalgama las numerosas instituciones
a las que pertenecen los actores y en pro de
las cuales ejercen la autoridad, en la imagen
de un centro de la sociedad, dominante y
único. En esta definición la imagen del Estado
es la de una entidad autónoma, integrada y
dominante que controla, en un territorio determinado, la creación de reglas, ya sea directamente a través de sus propios organismos
o indirectamente permitiendo que otras organizaciones autorizadas –negocios, familias,
clubes y similares– generen ciertas reglas de
alcance limitado.”
“La imagen postula una entidad que tiene dos tipos de fronteras: 1) fronteras territoriales entre el Estado y otros Estados, y 2)
fronteras sociales entre el Estado –sus organismos y actores (públicos)– y aquellos sujetos a sus reglas (privados).”
“Después de la imagen, el segundo aspecto clave de la definición del Estado son
las prácticas. El desempeño cotidiano de los
organismos y actores del Estado, sus prácticas, puede reforzar la imagen del Estado o
debilitarla; puede consolidar o neutralizar la
noción de las fronteras territoriales y las que
existen entre lo público y lo privado.”
Esa reacción estatal al llevarse a cabo sin
corresponsabilidad puede impulsar la generación de políticas públicas de endurecimiento
de la acción punitiva que en nada fortalece al
sistema democrático y si por el contrario, deslegitima el actuar de las agencias encargadas
constitucional y legalmente de contrarrestar
el clima de violencia en las calles de nuestras
ciudades, retroalimentando involuntariamente el ciclo de violencia y por ende el ciclo de
vida de toda estructura criminal.”
Sobre este particular, Kleiman11 sostiene:
10	“Una nueva definición de Estado” en: Estados débiles,
Estados fuertes. Migdal S. Joel. Fondo de Cultura Económica. México, 2011, p. 34. Para una definición tradicional:
Cfr. Alfonzo Jiménez, Armando en Acerca del Estado, 2ª.
Edición, Editorial Ubijus, México, 2012. pp. 35-36, quien
citando a Reyes Heroles, Jesús, distingue los elementos formales: Principio de Legalidad, Principio de Obligatoriedad,
Principio de Supremacía de la Carta Magna y Principio de
Responsabilidad del Estado de sus elementos materiales:
Principio de División de Poderes, Sistema Representativo,
Derechos Humanos y Leyes en sentido material, y afirma:
“Estado que no reúne todos y cada uno de los elementos
mencionados no puede identificarse como Estado”.
11	Kleiman, Mark. “Contención del crimen organizado y no
organizado” en serie Conferencias Magistrales del Instituto
Nacional de Ciencias Penales, México, 2011.
“De acuerdo con la teoría clásica, los libros
de criminología suelen establecer que un
sistema de justicia penal puede controlar la
delincuencia de cuatro modos: 1) incapacitando al delincuente, recluyéndolo para que no
vuelva a delinquir, 2) reforzando las normas
públicas, es decir, con un enfoque mecánico
de castigo que le demuestre que la sociedad
desaprueba su comportamiento y, con ello, se
movilice la conciencia individual y el control
social e informal, pues éstos al final hacen la
mayoría del trabajo; 3) castigar a los delincuentes para reivindicar a las víctimas y que
el Estado sustituya la venganza privada, y 4)
poniendo en práctica la disuasión, un concepto de la criminología basado en la amenaza y
el castigo para disminuir los comportamientos
y conductas delictivos.”
Se concuerda con este autor al implicar que esta visión de tan sólo castigo para
el delincuente distorsiona la pretensión de
consecución de paz social, ya que se soslaya
que el anhelo en todo caso fuera “disminuir
al máximo las conductas delictivas” más que
lo primero y para su logro se ha de partir de
fortalecer el sistema de procuración de justicia
en que los conceptos de “prontitud y certeza”
constituyan una retroalimentación positiva en
la búsqueda de lograr esos objetivos.
Por tanto, empatar las políticas públicas
tendientes a lograr la disminución de criminalidad, necesariamente deberán enfocarse en
que los esfuerzos estatales habrán de ceñirse
a identificar, concentrar, advertir y dar seguimiento a los esfuerzos operacionales de las agencias
gubernativas encargadas de la prevención y la
Enseguida se muestra la expresión gráfica de esa pugna en la cual aparentemente se
encuentra sometido el anhelo de un Estado
(reclamo
¿Qué nos proponemos demostrar con
este trabajo? Precisamente que esta aparente
pugna puede reducirse a niveles aceptables,
en tanto reconozcamos que efectivamente
tenemos frente a nosotros una falsa disyuntiva, habida cuenta que si bien por un lado el
favorecer el Estado Garantista o de respeto
absoluto a los derechos fundamentales del
ser humano, pareciera que origina facilidades
a la criminalidad en perjuicio de la ciudadanía,
y por tanto se encuentra el Estado Garantista
confrontado al reclamo social por su exigencia natural de mayor tranquilidad y paz públicas, no menos cierto resulta que antes de tal
pugna, debemos considerar si ese Estado ha
cumplido efectivamente con niveles razonables de efectividad policial y atención social a
la búsqueda de equilibrios en temas de insana
Por ello, en la búsqueda de herramientas jurídicas pertinentes para atender la creación de equilibrios, en donde las entidades
gubernativas se encuentren cerca de las comunidades, este trabajo demuestra que en
la Ciudad de México, sí se cuenta con tales
herramientas que desde luego, no se encuentran perfeccionadas, pero que sin embargo
la optimización de su utilización permitirá a
la autoridad gubernamental en primer lugar,
tender los puentes de comunicación constante con los ciudadanos y en segundo término
la construcción de diagnósticos eficaces en
espacios específicamente delimitados, que
generen consecuentemente respuestas operativas certeras, en plenitud de respeto al
Así, con esta óptica, comunitaria si se
quiere, de trabajar en cada demarcación territorial, en la construcción de diagnósticos
que permitan el diseño de estrategias policiacas eficaces, se revelarán las necesidades de
índole social primariamente, para enseguida,
con los resultados obtenidos de los diagnósticos citados, provocar eficiencia policial que en
cada periodo determinado se ponderen, se
retroalimenten y en su caso se reconstruyan.
La expresión gráfica de la búsqueda de
ese equilibrio, podría observarse así:
incluso militares en escenarios de guerra en
contra de los miembros de la Delincuencia
Organizada, y por la otra el discurso político jurídico de fortalecimiento de ese Estado
confrontado con planteamientos de tutela de
los derechos fundamentales de los gobernados, incluyendo a aquellos que merecen ser
sancionados por conductas tipificadas como
delictivas, es decir el Estado Garantista.
¿Cómo plantear una respuesta que atempere esa presunta confrontación entre la exigencia social y el fortalecimiento de un Estado
Garantista?, como ya se esbozaba, en primer
lugar tender un puente de comunicación entre las entidades gubernativas de una demarcación territorial específicamente delimitada,
y por otro lado, con la operación cotidiana
de las entidades gubernativas involucradas en
la materia de seguridad pública y procuración
de justicia, cuyas representaciones se reúnan
diariamente para la formulación y evaluación,
paso a paso, de las acciones operativas a implementar.
En un segundo momento, con la participación de las representaciones vecinales o
ciudadanas que nos permita la conformación
de una plataforma de trabajo homogéneo, en
la cual se construyan los diagnósticos comunitarios y no oficialistas, que permita in situ,
proponer las mejores soluciones a los reclamos sociales, de manera colectiva pero a partir de una visión común ante los diagnósticos
Esta fase en la construcción del modelo
operativo funcional de coordinación operativa entre las entidades gubernativas en materia de seguridad pública y procuración de
justicia, permite entonces arrancar la plataforma en la construcción de una visión común
a las problemáticas planteadas por la comu-
Hasta ahora, con lo expuesto no hemos
avanzado sustancialmente en la consecución
de una estrategia para combatir el crimen
en la Ciudad de México, ya que hasta este
momento tan sólo hemos expuesto un diagnóstico de la aspiración del Estado, que aparentemente se encuentra confrontado por
una parte entre la exigencia o reclamo social
cotidiano, ante la incesante ola de violencia
desatada con motivo de la política pública
errada de confrontación de las instituciones
nidad en materia de incidencia criminal, que
busque la identificación clara y objetiva de
esa presencia criminal en un espacio territorial delimitado, que obligue a las autoridades
competentes a dar respuesta pronta y certera
a esa problemática identificada, de tal suerte
que su inhibición, tan sólo sea el arranque en
la construcción de bases de datos informativos contundentes para conocer el estatus
criminal en una zona territorial determinada.
La expresión gráfica de ese inicio de plataforma entonces se representa de la manera
operaciones cotidianas de
entidades gobernativas
plataforma cotidiana
Esta plataforma cotidiana de trabajo,
desde luego que implica una obligatoriedad
para cada una de las entidades gubernativas
concentradas en reunión de trabajo que permita de modo constante el planteamiento
de identificación de la presencia delictiva por
La Ciudad de México cuenta con el instrumento jurídico mediante el cual la autoridad máxima de la propia Ciudad de México,
instruye a los representantes de la autoridad
en cada zona territorial de cada demarcación
político-administrativa, para llevar a cabo precisamente esos diagnósticos indispensables
para la consecución de información, la cual
por supuesto se encuentra confrontada por
los miembros de la comunidad o grupos so-
ciales representativos de cada demarcación
de las anteriormente aludidas, a fin de ponderar que tal información generada, cumpla
con un mínimo de certeza que permita tomar
a cada representante de la autoridad de la
zona, aquello que lo involucra acorde a sus
facultades legales.12
Este diagnóstico obtenido de zonas bien
delimitadas, con información claramente sistematizada, permitirá la construcción de políticas operativas reales y de corto alcance,
pero que documenta, para el caso de su debido seguimiento, la criminalidad imperante y
con la cual se pueden provocar acciones estratégicas en donde la característica esencial
sea la explotación de mecanismos de inteligencia policial que redunden en un mínimo
de acciones operativas funcionales pero de
alto grado de contundencia y efectividad.
La expresión de esta fase operacional
DELITO A DELITO
DE COMBATE AL DELITO
P.G.J.D.F.
y Mando
de Policía de
= plataforma
Jurídica y de
12	Véase: Acuerdo por el que se crean las Coordinaciones
Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia
del Gobierno del Distrito Federal publicado en la Gaceta
Oficial de fecha 14 de marzo de 2007.
En términos de la construcción de esta
visión común territorial para la elaboración de
diagnósticos de criminalidad en áreas específicamente delimitadas, podemos expresarlo
de acuerdo a la normatividad vigente para la
administración pública local en el Distrito Federal del siguiente modo:
ma de enjuiciamiento penal que propugna
por un Estado fuerte y democrático de naturaleza acusatorio y adversarial, permitirá la
retroalimentación que apuesta necesariamente por la fortaleza de los colaboradores iniciales del sistema penal, es decir, los cuerpos
policiacos que deberán sujetar su proceder a
reglas constitucionales y legales con sustento
científico, ya que serán expuestos de modo
público a la vista de una sociedad cansada
de abusos y con el propósito de limitar los
derechos públicos subjetivos de los ciudadanos, sólo en aquellos casos en los cuales la
presunción de inocencia quede confrontada
lícitamente por los elementos probatorios legítimamente obtenidos.
Lo anterior, sólo se conseguirá si aportamos aunque sea un poco, al ofertar el cómo
le van a hacer en la vida real tales cuerpos
policiacos, más allá de todo discurso político
que si bien en múltiples análisis nos ofrecen
causas, condiciones y limitaciones del quehacer policial, distantes quedan cuando se trata
de enunciar la forma en que esos cuerpos
policiacos pueden acercarse a empatar su actividad cotidiana con los requerimientos del
nuevo sistema de enjuiciamiento penal derivado de la Reforma Constitucional de 2008.
la homologación del
quehacer policial con la
incursión del sistema de enjuiciamiento penal
de corte acusatorio y adversarial en México, es provocar nuevos modos de comportamiento en los agentes de la autoridad en
la parte inicial de todo el sistema de justicia
penal. Es, precisamente, reconocer que su actuar deviene del sistema inquisitivo obsoleto
cuya característica esencial lo constituye la
opacidad que pregona fuertemente un Estado autoritario.
Ofrecer nuevas herramientas a los cuerpos policiacos para su acoplamiento al siste-
Ahora se ofrece de manera muy pragmática un modelo de actuación, que bien
podrá acrecentarse en la medida en que los
esfuerzos cotidianos de las autoridades involucradas en el sistema de seguridad pública y
procuración de justicia, articulen sus trabajos
con la participación ciudadana afectada en territorios específicamente delimitados, de tal
suerte que las medidas operativas ofrezcan
como propone Kleiman, prontitud y certeza.
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Distrito Federal, publicado en la Gaceta
Comentarios con motivo de la presentación del libro:
NON BIS IN IDEM Y REINCIDENCIA
Estudio comparado sobre derechos fundamentales en España y México
Señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
Magistrados Jorge Higuera Corona
y Diógenes Cruz Figueroa
manera frecuente de escuchar sus agudas intervenciones en clase e intercambiar comentarios sobre los temas de las distintas materias.
Como se podrá advertir, es un libro que
es producto no sólo de un detenido y reflexivo estudio, y de una acuciosa investigación
acerca de los trascendentes temas que aborda, sino también es la feliz conjunción de su
experiencia como juzgador y docente acostumbrado a ser didáctico en sus exposiciones.
En el primer tema tratado: non bis in idem,
expone con valentía y de manera razonada,
pero porqué no decirlo con mesura y elegancia, su legítima preocupación como juzgador
por un criterio jurisprudencial de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la incompetencia
del tribunal hecha valer en amparo directo, da
lugar a un amparo liso y llano, que equivale a
la absolución del quejoso, lo cual genera que
el eventual infractor de la ley penal quede
sin castigo. Punto de vista con el cual estoy
totalmente de acuerdo. Esta expresión de
coincidencia no es un alabo oportunista a la
obra, tan no es así que en el año 2000 en un
trabajo escrito con motivo de la convocatoria
para elaborar propuestas para la nueva Ley
de Amparo, sostuve, si se quiere un poco a la
ligera, esa misma crítica, desde luego sin toda
la lúcida argumentación y trabajo de investigación de derecho comparado, que realiza
en su obra Jorge Higuera y que hace que su
postura resulte harto convincente y razonada.
Es constante el señalamiento de que, con
razón, la sociedad realiza al Estado acerca de
la desbordante impunidad, según las últimas
cifras del año pasado avaladas por la Agencia
para el Desarrollo Internacional, en México
por cada 100 delitos denunciados, sólo el 6%
de los presuntos delincuentes son presenta-
Muy buenas tardes a todos. Agradezco
cumplidamente al autor del libro motivo de
este magno evento académico su gentileza
de invitarme a realizar algunos comentarios
en torno a su obra Non bis in idem y reincidencia, principalmente porque he disfrutado
enormemente su lectura y porque mucho
me honra el compartir esta mesa con quienes
coincidiéramos, por fortuna, como jueces de
distrito en una época en la ciudad de Toluca.
Fue precisamente, en aquel entonces,
por el año de 1994, cuando conocí a Jorge
Higuera Corona, quien como se ha dicho,
después de haberse desempeñado como secretario en Juzgados y Tribunales Colegiados
en materia administrativa, y secretario de estudio y cuenta en la Tercera Sala de la SCJN,
acudía al entonces Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, para familiarizarse con la tramitación de los juicios penales
federales, y el amparo penal; y quien ya venía
precedido de un prestigio por su excelente
desempeño en las funciones que había realizado dentro del Poder Judicial de la Federación. Prestigio que como se habrá advertido
de la lectura de su currículum, se ha venido
acrecentando vertiginosamente, siendo sin
lugar a dudas, este libro que hoy nos reúne,
otro de sus muy importantes logros.
Esta obra, como se ha dicho, es su tesis
doctoral que elaboró como culminación del
máster internacional en derecho penal, constitución y derechos, auspiciado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Máster en el cual
fuimos condiscípulos y tuve la oportunidad de
dos ante los órganos jurisdiccionales, y del
mismo total de los delitos denunciados, sólo
el 1.3% son condenados. Desde luego, son
múltiples y de muy diversa índole los factores
que contribuyen a tal situación, pero mucho
se avanza si se empieza por reconocer, como
lo hace el magistrado Higuera, que ciertos
criterios jurisprudenciales generan sin justificación, impunidad. Y, cómo dejar de reconocer
esto cuando estando el acusado confeso del
delito que se le atribuye, sin haber invocado
siquiera su inocencia, y, por ende condenado,
le basta acudir al amparo alegando haber sido
juzgado por autoridad incompetente para
obtener su inmediata libertad y dejar insubsistente el fallo condenatorio, lo que se traduce
para efectos prácticos en una absolución, sin
haber entrado al fondo del asunto. ¿En dónde quedan los derechos de la víctima, entre
otros el de la reparación del daño, elevado
a garantía constitucional? Nada puede hacer
ésta ante una determinación de esta naturaleza. Ya Honoré de Balzac sentenciaba “dejar
marchar impune a un malhechor es hacerse
culpable de sus crímenes futuros”.
El libro que nos congrega esta tarde, inicia refiriéndose a la definición gramatical del
principio non bis in idem, para continuar con
sus dos vertientes: formal o procesal y material o sustantiva, su proceso evolutivo y su
distinción con el diverso de la cosa juzgada y
el concurso de leyes. Posteriormente, aborda
en el capítulo II su desarrollo jurisprudencial
en España. Al respecto destaca los señalamientos que la Segunda Sala del TC realizara en la sentencia 152/2001, para empezar a
respaldar su postura, en la que resolvió que
no se infringía el non bis in idem, a pesar de
haberse impuesto una sanción administrativa
y después otra penal por los mismos hechos,
en la que adujo que conforme a la legislación vigente el hecho de que se encuentre
pendiente un proceso penal, constituía un
impedimento legal para la simultánea tramitación de un procedimiento administrativo
sancionador por los mismos hechos, lo cual
era conocido por el recurrente, quien a pesar de ello no lo hizo valer ante la administración sancionadora, sino que esperó a ser
sancionado para, a continuación, intentar que
se dejara sin efecto el proceso penal. Y dicha Sala concluye “el silencio del actor, puede
encontrar explicación, que no justificación, en
una táctica defensiva, consistente en tolerar
la vulneración actual del principio non bis in
idem, para utilizar la sanción administrativa
como defensa ulterior frente a la condena penal; pero una explicación tal, lo que evidencia
es una manipulación del principio non bis in
idem, en vez de una atendible reclamación de
su respeto.”
Siempre he considerado acertado asomarnos a las soluciones que en otras latitudes
se dan a las diferentes problemáticas jurídicas
que se nos presentan y más a sistemas como
el español que guarda con el nuestro notorias
semejanzas, desde luego no en un afán de
adoptar automáticamente tales respuestas y
denostar las nuestras, las cuales en varias ocasiones he estimado mejores, sino de abrevar
reflexivamente de sus experiencias.
En el capítulo III, el autor da noticia puntual de la evolución jurisprudencial en México
del principio non bis in idem, para lo cual hace
un recorrido desde la Quinta Época, hasta el
último criterio de la Novena, contenido en la
jurisprudencia 1ª./J.21/2004. A través del cual
advertimos cómo en los temas polémicos a
menudo se sustentan criterios, que al pasar el
tiempo se asumen superados, pero que al fi-
nal se acaban retomando. En la jurisprudencia
que nos refiere el autor se considera que en
el caso que nos ocupa: juzgamiento por tribunal incompetente, la concesión del amparo
para efectos de que el quejoso fuere juzgado
por autoridad competente no sólo vulneraría
el principio non bis in idem, sino también de
manera indirecta el diverso non reformatio in
peius, pues se le estaría juzgando dos veces y
se abriría la posibilidad de agravar su situación.
Al respecto Jorge Higuera anuncia la opinión que más adelante sostiene y respalda con
sólidos argumentos: “en relación con el principio non bis in idem hay casos límite, que a
decir verdad son los menos, como el referente al juzgamiento por tribunal incompetente,
en el que los contornos de dicho principio no
son nítidos, pues aun cuando el otorgamiento
del amparo es para que se deje insubsistente
lo actuado ilegalmente y el tribunal competente inicie un nuevo proceso, al menos es
dudoso que se infrinja ese principio, no sólo
porque durante muchos años la Primera Sala
de la SCJN haya sostenido su no quebrantamiento en casos así -primordialmente por
la vigencia del principio que dice que todo
lo resuelto por tribunal incompetente es nulo
de pleno derecho- sino porque hay algunos
aspectos que falta explorar, aun cuando para
ello deba remarse contracorriente.”
Y vaya que Jorge Higuera está en lo cierto, cuando afirma que su postura es un remar
contracorriente, pues en la época actual en
la que se pone énfasis en los derechos del
inculpado y apenas, por fortuna, se empiezan
a reconocer e instrumentar los de la víctima,
el foro y parte de la doctrina simpatiza más
con la referida jurisprudencia que con la opinión contraria. Es por ello, que en el capítulo siguiente da respuesta a la eventual crítica
que se le pudiere hacer desde la óptica de
que su postura vulnera los principios de un
Estado social y democrático de derecho y
sostiene: “lo hasta aquí referido me permite
concluir este capítulo con la claridad de que
dentro de un Estado social y democrático
de derecho, la regla general es la operancia
del principio non bis in idem, sin embargo ello
no excluye la posibilidad de que, de manera
excepcional, exista algún caso en el que no
opere dicho principio, como acontece específicamente con el juzgamiento por tribunal
incompetente, sobre todo en delitos graves,
cuando ni el órgano jurisdiccional ni las partes durante el proceso alegaron ese vicio del
procedimiento, ya que de admitirse su operancia en un caso así, se estaría tolerando la
impunidad, en virtud de que una estrategia
de ese tipo, si fuere premeditada, encontraría
el camino seguro para lograr en el amparo la
insubsistencia del juicio anómalo y propiciar la
impunidad.” Conducta procesal que refiere el
autor pudiera encuadrar en la perspectiva de
En el capítulo V apuntala su opinión dando noticia de la normatividad del derecho
internacional y de los criterios emanados de
diferentes tribunales regionales e internacionales. Al respecto destaca como una diversa
excepción al principio non bis in idem, en la
Corte Penal Internacional, la debida observancia del diverso principio de complementariedad, que confiere la oportunidad de actuar
en contra del infractor en primer lugar a las
jurisdicciones nacionales, y si no lo hacen o
actúan en forma simulada, de manera complementaria puede actuar la CPI, de tal suerte
que aunque el acusado pudiera formalmente
haber sido juzgado e incluso condenado, no
se infringe el referido principio non bis in idem,
al ser juzgado de nueva cuenta por la CPI. Así
Jorge Higuera sostiene inteligentemente que
en nuestro caso, a pesar de que el condenado
por el delito de genocidio por tribunal incompetente, pudiera haber obtenido su libertad
mediante la concesión del amparo en observancia a la citada jurisprudencia 1ª./J.21/2004,
ello no sería obstáculo para que fuera sometido por la CPI a un nuevo proceso, precisamente con el argumento de que no habría
habido juzgamiento alguno dada la incompetencia del órgano que lo juzgó.
El autor investiga el criterio que al respecto ha tenido la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y da noticia de que en
el caso Cesti Hurtado en el año de 1999, habiéndose ésta pronunciado en el sentido de
que indebidamente las autoridades militares
conocieron del procedimiento, resuelve que
lo actuado por ésta se anulara, sin perjuicio
que las autoridades competentes adoptaren,
en su caso, decisiones acerca de la responsabilidad penal del acusado.
El doctor Higuera agrega que si de manera frecuente en vía de amparo directo,
se otorga la protección constitucional, para
efectos de reponer el procedimiento y en
observancia a ésta, se tramita de nueva cuenta el juicio y se dicta otra sentencia, sin que
se aduzca vulneración al principio non bis in
idem, de manera análoga al quedar insubsistente el procedimiento y sentencia por haber
sido tramitado y dictada por tribunal incompetente, la concesión de la protección constitucional para que el acusado sea juzgado por
autoridad competente, tampoco vulnera tal
Tocante al argumento de la jurisprudencia que cuestiona el doctor Higuera, en
el sentido de que la postura contraria a ésta
vulneraría el diverso principio non reformatio
in peius, responde de la siguiente manera: “no
existe parámetro legal alguno que fuera válido para impedir que éste, el tribunal competente impusiera la pena que en derecho
correspondiera, debido a que es el único órgano facultado y capacitado para ponderar y
sopesar las circunstancias que determinen el
grado de responsabilidad y el quantum de la
pena por imponer, facultad y capacidad legales de las que carecía el tribunal que actuó sin
tener competencia, siendo así que no puede
hablarse de una posible reformatio in peius,
debido a que la penalidad que éste hubiere
impuesto carece de sustento legal y no puede alegarse como un elemento objetivamente válido.” Y más adelante concluye: “lejos de
vulnerarse el principio de seguridad jurídica,
se genera la certeza de que el inculpado será
juzgado y en su caso sentenciado con la penalidad que en derecho proceda, realmente por
el órgano competente.”
Por último, en torno al diverso argumento de la mencionada jurisprudencia, que
cuestiona el magistrado Jorge Higuera, que
sería perjudicial una concesión para efectos
de que el tribunal competente despliegue sus
facultades, para el inculpado que estuviera “a
punto” de compurgar la pena impuesta por el
tribunal incompetente, responde que es una
simple especulación carente de sustantividad,
porque no se acredita que fuera la regla dominante en este tipo de asuntos y por otro
lado, porque se le atribuye una confiabilidad
incomprobada a la actuación del órgano competente, como si fuera el legalmente capacitado para determinar con precisión la penalidad
por imponer, cuando esa es una atribución
exclusiva del tribunal competente, respecto
de la cual no se podría prejuzgar, sino que
para poder aquilatarla habría que esperar a
que la ejerciera.
Respecto a lo anterior, yo me permitiría
agregar un argumento más a favor de la postura que defiende Jorge Higuera: siempre estará la defensa en libertad ante un panorama
así (en el que el quejoso juzgado por tribunal
incompetente se encuentra a punto de compurgar su sentencia), de considerar la conveniencia de interponer el amparo, asumiendo
que el efecto del amparo será que se deje
insubsistentes el juicio y sentencia seguidos
ante el juez incompetente y que sea juzgado
por el competente con la proyección de que
si es inocente obtener una sentencia absolutoria, que es mejor que una libertad decretada por el mero vicio de haber sido juzgado
por tribunal incompetente, y en el peor escenario a ser condenado y que se le abonara
la pena compurgada, o no interponer amparo
alguno, terminar de compurgar su sentencia y
quedarse con el estatus de condenado. Esto
es, nadie le obliga a promover el amparo,
pero a la vez se impide que si opta por su
promoción obtenga su libertad y de facto su
absolución sin haber sido juzgado, generando
una eventual impunidad.
Traigo a colación la máxima del derecho
húngaro que refiere el autor “nadie debe ser
juzgado dos veces, pero tampoco nadie debe
ser dejado de juzgar,” entendida ésta en el
sentido de que una vez que se han reunido
los requisitos para ser juzgado, el juicio debe
culminar con sentencia válida dictada por tribunal competente.
Concluyo el tratamiento de este tema
con una reflexión del pleno de nuestro más
alto tribunal al resolver la contradicción de
tesis 30/90, “Todo rigorismo técnico estará
subordinado siempre a la observancia del fin
supremo esencial de impartir justicia.” Que
viene creo yo, a respaldar la postura del magistrado Higuera Corona en este tema del
juzgamiento por autoridad incompetente.
Esto es, si la interpretación extensiva de un
principio o norma no conduce necesariamente a la realización del bien justicia y atropella
los derechos de la víctima, llámese particular
o sociedad en general, habrá que descartar
tal alcance, más aun cuando la defensa tuvo la
oportunidad, como es el caso que nos ocupa,
de haber remediado el vicio que hasta ahora invoca alegando la inobservancia de dicho
principio, y no lo hizo.
En la segunda parte del libro, el doctor
Higuera Corona aborda la polémica institución de la reincidencia, que resulta emparentada con el principio non bis in idem, en la
medida que se ha considerado que su aplicación es un sancionar dos veces la primera
conducta. El autor con pulcritud reseña su
surgimiento y evolución histórica, al mismo
tiempo que va cimentando las sólidas premisas con que habrá más adelante de fijar su
razonada postura: la agravante de reincidencia
no es incompatible con un Estado social y democrático de derecho, si se regula dentro de
los márgenes del principio de proporcionalidad en la imposición de la pena, sin exceder
nunca el límite del máximo legalmente previsto, lo que excluye cualquier equiparación
a tipos de autor. Si se respeta dicho principio
lo que castiga no es el primer delito, sino el
nuevo cometido en sí mismo considerado, sin
el cual es inviable hacer cualquier pronunciamiento sobre la condición o el carácter de
un sujeto no culpable de delito alguno; y de
existir aquél, la calidad de reincidente es un
dato más a considerar entre todos los que
deben tomarse en cuenta para la correcta de-
terminación de la pena a imponer, conforme
a los parámetros fijados por la ley para el caso
concreto.1
1	Opinión contraria parece sostener la Primera Sala de la
SCJN mediante la reciente jurisprudencia 1ª/J.10/2011 (9ª):
“CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO. A través de la reforma publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1994, al
artículo 52 del entonces Código Penal para el Distrito Federal
en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para efectos de la individualización de
la pena, se abandonó el criterio de peligrosidad adoptándose
el de determinación del grado de culpabilidad, acorde con el
cual la pena debe imponerse por lo que el delincuente ha
hecho y no por lo que es o por lo que se crea que va a hacer,
pues se trata de un derecho penal de hecho y no de autor. Por
otra parte, el artículo 51 del Código Penal Federal (vigente)
establece la regla general para la aplicación de sanciones, al
prever que los juzgadores deben tener en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del procesado;
en tanto que el numeral 52 del mismo ordenamiento prevé la
regla específica para la individualización de sanciones, señalando los elementos que los juzgadores deben considerar para
realizarla, esto es, la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad, así como los factores que deben tener en cuenta a fin de
individualizar las penas y medidas de seguridad con base en
dichos elementos. Ahora bien, las circunstancias exteriores de
ejecución, referidas en la regla general de aplicación de sanciones corresponde, en la regla específica de individualización
de penas y medidas de seguridad, a los factores por los que
se precisa la gravedad del ilícito, los cuales se contienen en las
fracciones I a IV de dicho artículo 52, y las circunstancias peculiares del delincuente, también señaladas en la mencionada
regla general, en la individualización de penas y medidas de
seguridad, se observan al verificarse los factores contenidos
en sus fracciones V a VII, y así fijar el grado de culpabilidad
del agente. Así, son circunstancias peculiares del procesado, su
edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales
y económicas (fracción V); y si bien es cierto que los motivos
que lo impulsaron a delinquir (fracción V), su comportamiento
posterior al hecho ilícito (fracción VI) y las demás condiciones
en que se encontraba en el momento de cometer el delito
(fracción VII), pueden ser circunstancias peculiares reveladoras
de su personalidad -que pudieran conducir a establecer que la
individualización de las penas y medidas de seguridad atiende
a un derecho penal de autor-, también lo es que tal revelación
de la personalidad únicamente puede considerarse en relación
con el hecho cometido, ya que la individualización de las penas
y medidas de seguridad, con base en el grado de culpabilidad,
implica la relación del autor del hecho ilícito con éste, lo cual
conduce a establecer dicho grado de culpabilidad con base
en aspectos objetivos que concurrieron al hecho delictuoso,
sin que deban considerarse circunstancias ajenas a ello. Por
tanto, los antecedentes penales no pueden incluirse entre los
factores que los juzgadores deben atender para determinar el
grado de culpabilidad, pues no tienen la naturaleza de circunstancias peculiares del delincuente, ya que no corresponden a
una característica propia de él, además de que entre esos
factores no se hace alusión a conductas anteriores al hecho
delictivo.”Solicitud de modificación de jurisprudencia 9/2011.
Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal
del Segundo Circuito. 6 de julio de 2011. Mayoría de tres votos.
El doctor Higuera recurre de nueva
cuenta al estudio del derecho comparado
e informa que en España la reincidencia no
incide en la gravedad del nuevo delito sino
en la responsabilidad o culpabilidad criminal
del agente. Para finalizar, De Lege Ferenda
realiza interesantes sugerencias para modificar la regulación normativa en torno a esta
institución, entre ellas la de que en la hipótesis
de segunda o doble reincidencia, la pena a
imponer invariablemente tenga como tope el
límite máximo señalado para dicha conducta,
Espero que estos breves y someros comentarios inviten a los aquí presentes a la lectura del libro Non bis in idem y reincidencia,
la cual seguramente disfrutarán tanto como
yo y les llevará seguramente a formular sus
propias reflexiones, que podrán o no coincidir con el autor, pero que a final de cuentas
ensancharán su panorama acerca de los tópicos tratados.
Felicito sinceramente al autor Jorge Higuera Corona por esta importante aportación a la bibliografía jurídica, de fácil lectura
y abundantemente documentada, que por
sobrados méritos obtuvo de la Universidad
Autónoma de Barcelona la máxima calificación excellent cum laude, y que con certeza se
constituirá en un referente obligado de consulta acerca de los temas de non bis in idem y
Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Visible en el libro
V, febrero de 2012, tomo 1, página 643 del SJF y su Gaceta.”
TE INVITO A LEER UN LIBRO TE INVITO A LEER UN LIBRO TE INVITO A LEER UN LIBRO TE INVITO A LEER UN LIBRO TE INVITO A LEER UN LIBRO TE INVITO A LEER UN LIBRO
Cultura Jurídica. De los Seminarios de
la Facultad de Derecho de la UNAM.
Número 3. VV. AA
Número 4. VV. AA
de México. Tomo LXII Número 257
Enero-Junio 2012. VV. AA
esta obra el lector podrá
encontrar los diferentes seminarios y artículos que diversos
profesionistas del quehacer jurídico
presentaron en la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de
estudios en el periodo de julio a
En este libro encontramos las
ideas de reconocidos juristas como
el Dr. Juan Manuel Saldaña, Dr. Manuel Ruiz, maestra Carina Gómez,
Dr. Porfirio Marquet, Lic. Pedro
Ojeda y la Dra. Elssie Núñez, entre otros distinguidos profesionistas,
vertidas en forma de interesantes
seminarios que versan sobre varios
temas del derecho en sus diferentes
ramas, en donde abundan en temas
como la expropiación de bienes
ejidales comunales, el informe presidencial, la regulación fiscal de las
operaciones en aguas internacionales y el derecho a la información y
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considerable importancia y utilidad
para quienes están involucrados en
el quehacer legal no sólo en nuestro país, sino en otras latitudes del
esta edición número 4 de
octubre a diciembre de
2011 encontramos valiosas aportaciones de reconocidas figuras del
medio jurídico. En este número son
el Lic. Pedro Noguerón, Lic. Miguel
Ángel Vázquez, Dra. Socorro Apreza, Dra. María Elena Mansilla y el
Dr. José Pablo Patiño, entre otras
personalidades del quehacer legal,
quienes sin duda enriquecen con
sus aportaciones el acervo cognitivo
en los diferentes aspectos jurídicos.
Entre los seminarios podemos
encontrar, por ejemplo, Problemática jurídica sobre el comercio
exterior, El juicio oral mercantil, El
penal mexicano, Necesidad de revisar el sistema de pensiones de
retiro, Convenio sobre ley aplicable
en materia de accidentes de circulación por carretera, entre otros
interesantes temas que por ende
marcan la pauta en la actual convivencia humana, y es precisamente
por su valor ideológico y práctico
por lo que estas dos obras merecen
ser revisadas con detenimiento por
quienes están inmersos en estos
menesteres jurídicos.
esta edición se engloba todo
lo que en este periodo se
expuso sobre temas de interés jurídico en la Facultad de Derecho de
la UNAM. Es sin duda una interesante recopilación de los diferentes
tópicos expuestos por algunas de
las más renombradas personalidades del quehacer jurídico, como la
Dra. María Leoba Castañeda, Emilio
Buendía Díaz, Lorenzo Córdova Vianello, José Barroso Figueroa, Sergio
García Ramírez, Eva Leticia Orduña,
Santiago Nieto Castillo y Luis Espíndola Morales, entre otros, quienes
aportan en cada uno de sus trabajos
la semblanza del tema, algunos de
sus pormenores así como sus reflexiones sobre el tópico que tratan.
Entre los temas de este trabajo podemos encontrar Dilemas del
IFE para el modelo de comunicación
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amparo en el ordenamiento jurídico
español, Responsabilidad patrimonial
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Práctica forense de
•	•	•	•	•	•	8o semestre
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Dr. Armando Valdez Rodríguez
Distinguido abogado postulante con maestría
y doctorado en Derecho Laboral por el Instituto
de Posgrados en Derecho.
Dr. José Refugio Vite Palma
Distinguido abogado postulante, egresado del doctorado en Ciencias Penales de la Universidad Tepantlato.
Dr. Mauro Morales Sánchez	Juez Trigésimo Penal de Delitos No Graves
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Dr. Raúl García Domínguez
Secretario de acuerdos del Juzgado Trigésimo Noveno
en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, egresado del doctorado en Ciencias
Penales de la Universidad Tepantlato.
Lic. Alfredo Yáñez Pérez	Licenciado en filosofía, egresado de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM.
Lic. A. Molina Martínez	Distinguido abogado postulante, realizando
estudios de maestría en Derecho Civil
en la Universidad Tepantlato.
Lic. Eduardo Aristeo Torres Sánchez	Distinguido abogado postulante, egresado
de la maestría en Derecho de Amparo
Lic. Enrique González Cerecedo
Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM
e Investigador de la Universidad Tepantlato.
Lic. Hugo Morales de la Rosa	Juez Oficial Administrativo del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, realizando
estudios de maestría en Derecho de Amparo en la
Universidad Tepantlato.
Lic. Jazmín Arellano Mendoza
Secretaria Proyectista del Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Planta docente de la
Lic. Juan Manuel Gutiérrez Guereca	Lic. Ricardo Brígido Moreno	Distinguido abogado postulante, realizando
estudios de maestría en Derecho de Amparo
Distinguido abogado postulante.
Lic. Roxana Trigueros Olivares
Distinguida abogada postulante.
Lic. Julio César Medina Rodríguez	Distinguido abogado postulante, realizando estudios
de maestría en Derecho Constitucional en la UNAM.
Mtra. Carmen Margarita Villar Reyes
Licenciada en Sociología con maestría
en Ciencias Penales y especialización en Criminología.
Lic. Marco Antonio Pérez Vargas	Secretario del Juzgado Sexto de Amparo Penal del
Distrito Federal, realizando estudios de maestría en
Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
Mtra. Johana P. Robles Carriles
Lic. María Eugenia Peñaloza Macías	Mtra. Miriam Eliud Huerta Gutiérrez
Distinguida abogada postulante, realizando
estudios de maestría en Derecho Civil en la
Distinguida abogada postulante, egresada
de la Universidad Tepantlato.
Lic. Martín Gutiérrez del Monte
Mtra. Mónica Mellado Tapia
Pasante de Derecho en el Juzgado Cuadragésimo
Primero Familiar, realizando estudios de maestría en
Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato.
Juez Penal Oral de Cuantía Menor de Chimalhuacán,
Estado de México, egresada de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad Tepantlato y realizando estudios de maestría en Derecho de Amparo en
Lic. Mayela Cortéz López	Distinguida abogada postulante, realizando
Distinguida abogada postulante, doctorando
en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
Mtra. Mónica Nava de Ávila
Lic. Omar Escartín Garrido	Distinguido abogado postulante, realizando
Mtra. Nadia Ángeles Velazquillo Sánchez
Lic. Pedro López Hernández
Mtro. Apolonio Fuentes Ambríz
Supervisor de la Dirección de Justicia Cívica,
realizando estudios de maestría en Ciencias Penales
Distinguido abogado postulante, realizando
estudios de maestría en Ciencias Penales
Lic. Raúl Alcantar Estrada
Mtro. David Salvador López Soto
Secretario de Juzgado del Octavo Tribunal Colegiado
en Materia del Trabajo del Primer Circuito del Poder
Judicial de la Federación, maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana.
Distinguida abogada litigante, realizando estudios
Mtro. Esli Josué Domínguez de la O	Mtro. Juan Manuel Alcantar Mendoza
Distinguido abogado postulante, egresado
de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad
Tepantlato y doctorando en Ciencias Penales en la
de la maestría en Derecho Civil en la Universidad
Tepantlato.
Mtro. Marco Antonio Negrete Galicia
Mtro. Héctor Antonio Ruíz Ángel	Asesor en la Comisión de Aduanas en la Cámara
de Diputados, doctorando en Ciencias Penales
Distinguido abogado postulante, con especialidad en
Ciencias Penales y egresado de la maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato.
Mtro. Martín Torres Contreras	Mtro. Héctor Hugo Negrete Galicia	Distinguido abogado postulante, realizando
estudios de maestría en Derecho Penal
Mtro. Óscar Daniel Flores Ramírez	Mtro. Holbin Guadalupe Pérez López
Secretario Proyectista del Juzgado Septuagésimo
Noveno en Materia Civil del Tribunal Superior
Mtro. Sergio Cárdenas Caballero	Secretario Proyectista de Juzgado de Paz Adscrito
al Juzgado Cuadragésimo Tercero de Paz Civil
Tepantlato y doctorando en Ciencias Penales
Mtro. Iván Ojeda Salazar
Mtro. Ubaldo Jesús Serrano García	Secretario Proyectista Adscrito a la Novena Sala en
Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, egresado de la maestría en Derecho Civil de la Universidad Tepantlato y realizando estudios
de maestría en Derecho de Amparo en la misma
Subdirector de Procesos y Procedimientos Fiscales
Mtro. Javier Bautista Vilchis
Mtro.Víctor Manuel Morales Pozo
Mtro. Isaac Ortíz Nepomuceno
Mtro.Víctor Iván Ramos Solís
Distinguido abogado postulante, doctorando
Mtro. David Efrén Romero Sastre
Mtro. Jorge Manuel Orona Negrete	Distinguido abogado postulante, egresado de la
maestría en Derecho de Amparo en la Universidad
Mtro. José Luis López Pérez
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Derecho Constitucional en la Universidad Tepantlato.
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de Derechos Humanos y su incorporación
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Dr. Julio Humberto Hernández Fonseca
Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito y catedrático de la Universidad Tepantlato.
Catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad
de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Constitucional, en
Ciencia Política y en Control de la Constitucionalidad.
Dr. Gustavo Moscoso Salas
Catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Derecho de la UNAM, especialista en Metodología e Investigación
Jurídica y en Derecho Constitucional.
Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Constitucional y en
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor por la
Universidad Tepantlato, catedrático de ésta y miembro del Consejo
Ministro de la Suprema Corte de Justicia, catedrático de la Universidad Iberoamericana, en la Facultad de Derecho de la UNAM y de la
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Doctor
Honoris Causa por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, hoy Universidad Tepantlato.
Lic. Fauzi Hamdan Amad
Ex-director y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Mtro. José de Jesús Alcaraz Orozco
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Titular de la Jefatura de Planeación, Evaluación y Estadística del
Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal.
(CAMDF SEP) perteneciente a la Dirección General de Normales (DEGEM SEP).
Licenciada en Sociología con maestría en Ciencias Penales
especializada en Criminología.
El periodo de inscripción se abre una
vez al año porque privilegiamos la calidad y la excelencia académica.
Proceso de selección 2013/1
3, 5, 10 y 12 de octubre
a las 7:00 o 18:00 hrs.
al siguiente día de realizado
Costo del examen de admisión:
Plan de estudios en 4 semestres
• Epistemología de la Educación
• Sociedad y Educación
• Modelos Educativos
• Psicología Cognitiva
• Instituciones y Procesos Educativos
• Métodos y Técnicas de Investigación Educativa
• Desarrollo del Personal Docente
•Currículum y Educación
• Creatividad e Innovación en el Proceso de Enseñanza
• Evaluación y Educación
• Seminario de Integración Docente
• Productividad y Calidad en Organizaciones Educativas
• Organismos y Procesos de Acreditación y Certificación
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Nuestro claustro de maestros está conformado por
especialistas en cada una de las materias de nuestras
maestrías y cuentan con amplia trayectoria en la función pública como lo son: Jueces del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, Jueces y Magistrados
del Poder Judicial de la Federación, así como abogados postulantes especialistas en la materia, distinguidos académicos e investigadores de la Universidad
Planta docente de la maestría en DERECHO DE AMPARO
Dr. Juan Carlos Ortega Castro
Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil
Mtro. Manuel Ernesto Saloma Vera
Consejero de la Judicatura Federal.
Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal
Dr. Ricardo Romero Vázquez
Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil
Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia
Lic. Fernando Sánchez Calderón
Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil
Dr. Horacio Armando Hernández Orozco
Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal
Mtro. Javier Cardoso Chávez
Mtro. Fernando Rangel Ramírez
Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil
Mtro. José Martínez Guzmán
Mtra. Angélica Marina Díaz Pérez
Magistrada del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito.
Mtra. María de Lourdes Lozano Mendoza
Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito.
Mtro. Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz
Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal
Mtro. Daniel Horacio Escudero Contreras
Magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil
Magistrado del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil
Dr. Alejandro Sosa Ortíz
del Trabajo del Segundo Circuito.
Juez Décimo Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales
Mtro. Miguel Enrique Sánchez Frías
Magistrado del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito
en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Doctorando Carlos López Cruz
Juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales
Mtra. María Gabriela Rolón Montaño
Magistrada del Octavo Tribunal Colegiado en Materia
Doctorando Óscar Alejandro López Cruz
Juez Segundo de Distrito, especializado en ejecución de penas
con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y Jurisdicción
Mtro.Víctor Manuel Méndez Cortés
Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Segundo Circuito con residencia en
Mtro.Víctor Francisco Mota Cienfuegos
Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
Lic. Víctor Ausencio Romero Hernández
Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales
Titular de la Jefatura de Planeación, Evaluación y Estadística del Centro de
Actualización del Magisterio en el Distrito Federal. (CAMDF SEP) perteneciente a la Dirección General de Normales (DEGEM SEP).
Planta docente de la maestría
en DERECHO FAMILIAR
Mtro. José Antonio Navarrete Hernández
Mtra. Rebeca Florentina Pujol Rosas	Juez Trigésimo Séptimo Familiar del Tribunal Superior
Magistrada de la Primera Sala de lo Familiar
Mtro. Óscar Gregorio Cervera Rivero	Mtro. David Suarez Castillo	Agente del Ministerio Público Supervisor en funciones
de Responsable de la Tercera Agencia de Procesos en
Magistrado de la Segunda Sala Familiar del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.
Mtro. Óscar Barragán Albarrán	Secretario Proyectista de la Segunda Sala Familiar
Mtro. Germán Felipe Campos Mier	Mtro. Eduardo García Ramírez	Mtra. María de Jesús Jacaranda Solís Ledezma
Juez Noveno en Materia Familiar del Tribunal
Mtro. Víctor Manuel Rocha Segura	Juez Décimo Cuarto en Materia Familiar
Mtra. María Teresa Cruz Abrego	Maestra en Derecho Familiar, distinguida
Investigadora de la Universidad Tepantlato.
Mtro. Eduardo Vélez Arteaga	Juez Décimo Tercero en Materia Familiar
Mtra. María Elena Ramírez Sánchez	Juez Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior
Mtra. Margarita Gallegos López
Juez Séptimo de lo Familiar del Tribunal Superior
Juez Vigésimo Cuarto del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal.
Juez Vigésimo Segundo en Materia Familiar
Mtra. Gloria Rosa Santos Mendoza	Juez Sexto de lo Familiar del Tribunal Superior
Mtro. José de Jesús Alcaraz Orozco	Secretario del Primer Tribunal Colegiado
Mtro. Alejandro Tadeo Villanueva Armenta
Secretario del Décimo Primer Tribunal Colegiado
Mtro. José de Jesús Delgado González	Secretario Actuario de la Segunda Sala Familiar.
Dra. Rosario Ruíz González
Distinguida Catedrática de la Universidad Tepantlato.
Licenciada en Sociología con maestría en Ciencias
Penales especializada en Criminología.
Mtra. Flor del Carmen Lima Castillo
Mtro. Francisco René Ramírez Rodríguez
Mtra. María de los Ángeles Rojano Zavalza
Mtro. Edmundo Vásquez Martínez
Mtro. Víctor Manuel Rocha Segura
Mtro. Álvaro Augusto Pérez Juárez
Mtra. Lidia Barrera Santiago
Mtra. María del Socorro Vega Zepeda
Mtro. José Luis De Gyves Marín
Mtro. Eliseo Juan Hernández Villaverde
Mtro. Francisco Neri Rosales
Mtro. Juan Ángel Lara Lara
Mtra. Minerva Tania Martínez Cisneros
Magistrado por M.L. en la Décima Sala Civil del Tribunal
Magistrado de la Octava Sala en Materia Civil del Tribunal
Magistrada de la Novena Sala en Materia Civil del Tribunal
Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior
Juez Noveno de Paz Civil del Tribunal Superior
Juez Segundo de Paz Civil del Tribunal Superior
Mtra. María del Rocío Martínez Urbina
Juez Décimo Noveno en Materia Familiar del Tribunal
Juez Sexágesimo Primero Civil del Tribunal Superior
Juez Octogésimo Segundo Civil del Tribunal Superior
Magistrada en Materia Civil del Tribunal Superior
Juez Décimo Cuarto en Materia Familiar del Tribunal Superior
Juez Septuagésimo en Materia Civil del Tribunal Superior
Juez Quincuagésimo Quinto en Materia Civil del Tribunal
Juez Trigésimo en Materia Civil del Tribunal Superior
Secretario Adscrito al Primer Tribunal Colegiado
Secretario Proyectista Adscrito a la Novena Sala
en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia
Mtra. María Elena Galguera González
Juez Primero Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Trigésimo Noveno en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
egresado del doctorado en Ciencias Penales de la Universidad
Mtro. Juan Hugo Morales Maldonado
Juez Octogésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Mtro. Guillermo Álvarez Miranda
Juez Vigésimo Sexto de Paz del Tribunal Superior de Justicia
Dr. Jaime Daniel Cervantes Martínez
Distinguido Catedrático de la Universidad Tepantlato.
en Materia Penal del Primer Circuito.
Juez Noveno de Adolescentes para Delitos Graves
Dr. Nemecio Guevara Rodríguez
Magistrado de la Séptima Sala en Materia Penal
Juez Vigésimo Primero Penal de Delitos No Graves
Mtro. Javier Raúl Ayala Casillas
Magistrado de la Séptima Sala Penal del Tribunal
Juez Trigésimo Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
del Estado de México adscrito a la Sala Familiar
de Tlalnepantla, Estado de México.
Responsable de la Agencia en la Coordinación
de Agentes del Ministerio Público auxiliares
del Procurador General de Justicia del Distrito Federal.
Dr. José Antonio Yáñez Rosas
Magistrado de la Segunda Sala en Materia Penal del
con residencia en Texcoco.
Asesor en materia de Capacitación de la
Juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales
Federales en el Distrito Federal.
Titular de la Jefatura de Planeación, Evaluación y Estadística del Centro de Actualización del Magisterio
en el Distrito Federal. (CAMDF SEP) perteneciente
a la Dirección General de Normales (DEGEM SEP).
Juez Segundo de Distrito, especializado en ejecución
de penas con residencia en Tlalnepantla de Baz,
Estado de México y Jurisdicción en toda la República
Dr. Juan Alejandro Suárez Velázquez
Juez Quincuagésimo en Materia Penal del Tribunal
Distinguido Catedrático e Investigador de la
Doctorando Jesús Reyes Hernández
Dr. Amado Azuara González
Juez Octavo en Materia Penal del Tribunal Superior
Distinguido Catedrático e Investigador
Subdirectora de Logística de la Agencia Federal
de Investigación de la Procuraduría General
Juez Trigésimo Sexto en Materia Penal del Tribunal
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El periodo de inscripción se
abre una vez al año porque
privilegiamos la calidad y la
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Agente del Ministerio Público Supervisor en funciones
de Instructor del Instituto de Formación Profesional
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Asesor en materia de Capacitación
Dra. Rosario Ruiz González
Dr. Juan Jesús Raya Martínez
Temuco, 02 de agosto de 2012
Sr. Enrique González Barrera
Junto con tener el agrado de saludarle, me es grato hacer llegar a usted a título
de canje o donación, un ejemplar de la Revista Chilena de Derecho y Ciencia
Política, correspondiente al Volumen 3, número 1, Enero – Julio 2012 y un
ejemplar del Volumen 2, número 2, Agosto – Diciembre 2011.
Agradecemos a usted acusar recibo del ejemplar en cuanto le sea posible,
a través del correo electrónico derechoycienciapolitica@uct.cl o a través de
nuestra dirección postal, Calle Manuel Montt 056, Campus San Francisco Universidad Católica de Temuco, Edificio E, Piso 3º.
Le reiteramos nuestra satisfacción por la favorable acogida de este intercambio.
Diego A. Muñoz Mardones
Coordinador. Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política
Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Católica de Temuco, Chile
México, D.F., a 17 de septiembre de 2012
Dr. Enrique González Barrera
Director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón, A.C.
Estimado Dr. González Barrera:
Hago propicio el conducto para agradecerle el envío del ejemplar de la revista
TEPANTLATO “Difusión de la Cultura Jurídica” correspondiente al mes de
septiembre del presente año. Considero que este material será de gran apoyo
de consulta para el trabajo legislativo de un servidor, así como para enriquecer
el acervo bibliográfico de mi oficina.
Senador de la República. LXII Legislatura
Por este medio agradezco cumplidamente la revista “Tepantlato” que generosamente me hiciste llegar, la cual analizaré minuciosamente por la importancia
Hago propicia la ocasión para enviarte un cordial saludo.
Senadora de la República. LXII Legislatura
La Universidad Tepantlato expresa sus más
sinceras condolencias al Magistrado
Dr. Gonzalo Hernández Cervantes,
por el sensible fallecimiento
de su señora madre
Prof. Francisca Cervantes Orea
La Universidad Tepantlato,
en su Galería José Vasconcelos,
presenta la exposición Hommo-Cyborg
de Lilián López y Ana Belén Limón
Magistrados y Jueces expositores del Anรกlisis de la Nueva Ley de Amparo
revista octubre 1
Rodrigo Rodriguez romero