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Timestamp: 2019-11-20 14:12:23
Document Index: 125464066

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 127', 'Artículo 9', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 20', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 6', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 127', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 127', 'artículo 9', 'artículo 149', 'artículo 127', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1']

Publicado en BOE de 30 de Junio de 1986
Vigencia desde 20 de Julio de 1986. Revisión vigente desde 30 de Abril de 2006 hasta 19 de Julio de 2006
Disposición adicional cuarta Evaluación ambiental de los planes y proyectos estatales previstos en el artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
ANEXO I . Proyectos contemplados en el apartado 1 del artículo 1
ANEXO II . Proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo 1
ANEXO III . Criterios de selección previstos en el apartado 3 del artículo 1
TC, Pleno, S 1/2012, 13 Ene. 2012 (Rec. 71/2001)
Apartado 2 del artículo único del RDL 9/2000 de 6 de octubre, que modifica el presente Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, e introduce la presente disposición adicional tercera, declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) de 13 enero 2012.
Artículo 1 bis introducido por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio). Artículo 3 redactado por el apartado dos de la disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio). Artículo 6 redactado por el apartado tres de la disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio). Disposición adicional primera redactada por el apartado cuatro de la disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio). Disposición adicional segunda redactada por el apartado cinco de la disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio). Letra e) del grupo 9 del anexo I introducida por el apartado seis de la disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio). Apartado 4.º de la letra a) del grupo 3 del Anexo II redactado por el apartado siete de la disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio). Letra k) del grupo 9 del Anexo II redactada por el apartado ocho de la disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio).
L 9/2006 de 28 Abr. (evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente)
Artículo 1 redactado por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril). Artículo 2 redactado por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril). Artículo 3 redactado por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril). Artículo 4 redactado por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril). Artículo 4 bis introducido por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril). Artículo 7 redactado por el apartado uno de la disposición final primera de Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril). Número 5.º de la letra b) del grupo 9 del anexo I redactado por el apartado dos de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril). Letra d) del grupo 9 del anexo I introducida por el apartado tres de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril). Letra b) del grupo 7 del anexo II redactada por el apartado cuatro de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril). Letra m) del grupo 9 del anexo II introducida por el apartado cinco de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril). Letra n) del grupo 9 del anexo II introducida por el apartado cinco de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril). Rúbrica del anexo III redactada por el apartado seis de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril).
Letra c) del número 1 del artículo 2 redactada por el apartado uno del artículo 127 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Artículo 9 redactado por el apartado dos del artículo 127 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Disposición adicional cuarta introducida por el apartado tres del artículo 127 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Disposición final tercera redactada por el apartado cuatro del artículo 127 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).
Conversión a euros de las cuantías establecidas en el presente artículo conforme lo previsto en la Resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 21 de noviembre de 2001. Conversión a euros de las cuantías establecidas en el presente artículo conforme lo previsto en la Resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 21 de noviembre de 2001.
L 6/2001 de 8 May. (modificación del RDLeg. 1302/1986 de 28 Jun., evaluación de impacto ambiental)
Artículo 1 redactado por el número uno del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo). Artículo 2 redactado por el número uno del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo). Número 2 del artículo 4 redactado por el número uno del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo). Artículo 5 redactado por el número uno del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo). Artículo 6 redactado por el el número uno del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo). Artículo 7 redactado por el número uno del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo). Artículo 8 bis introducido por el número uno del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo). Artículo 8 ter introducido por el número uno del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo). Disposición Final 3.ª introducida en su actual redacción por el número dos del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo). Anexo I redactado conforme establece el número tres del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo). Anexo II introducido en su actual redacción conforme establece el número tres del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo). Anexo III introducido en su actual redacción conforme establece el número tres del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo).
RDL 9/2000 de 6 Oct. (modificación del RDLeg. 1302/1986 de 28 Jun., evaluación de impacto ambiental)
Artículo 1 redactado por el número uno del artículo único del R.D.-Ley 9/2000, 6 octubre, de modificación del R.D. legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental («B.O.E.» 7 octubre). Artículo 2 redactado por el número uno del artículo único del R.D.-Ley 9/2000, 6 octubre, de modificación del R.D. legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental («B.O.E.» 7 octubre). Número 2 del artículo 4 redactado por el número uno del artículo único del R.D.-Ley 9/2000, 6 octubre, de modificación del R.D. legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental («B.O.E.» 7 octubre). Artículo 5 redactado por el número uno del artículo único del R.D.-Ley 9/2000, 6 octubre, de modificación del R.D. legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental («B.O.E.» 7 octubre). Artículo 6 redactado por el número uno del artículo único del R.D.-Ley 9/2000, 6 octubre, de modificación del R.D. legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental («B.O.E.» 7 octubre). Artículo 7 redactado por el número uno del artículo único del R.D.-Ley 9/2000, 6 octubre, de modificación del R.D. legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental («B.O.E.» 7 octubre). Disposición Adicional Tercera introducida por el número dos del artículo único del R.D.-Ley 9/2000, 6 octubre, de modificación del R.D. legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental («B.O.E.» 7 octubre). Disposición Final Tercera introducida por el número tres del artículo único del R.D.-Ley 9/2000, 6 octubre, de modificación del R.D. legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental («B.O.E.» 7 octubre). Anexo I redactado por el número cuatro del artículo único del R.D.-Ley 9/2000, 6 octubre, de modificación del R.D. legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental («B.O.E.» 7 octubre). Anexo II introducido por el número cuatro del artículo único del R.D.-Ley 9/2000, 6 octubre, de modificación del R.D. legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental («B.O.E.» 7 octubre). Anexo III introducido por el número cuatro del artículo único del R.D.-Ley 9/2000, 6 octubre, de modificación del R.D. legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental («B.O.E.» 7 octubre).
L 54/1997 de 27 Nov. (sector eléctrico)
Anexo I redactado por la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 54/1997, 27 noviembre, del sector eléctrico («B.O.E.» 28 noviembre).
Número 13 del Anexo introducido por Ley 54/1997, 27 noviembre («B.O.E.» 28 noviembre), del Sector Eléctrico. Téngase en cuenta que el número 2 de la disposición adicional 12 de la citada Ley establece que: "Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación a los expedientes de autorización de líneas aéreas de energía eléctrica con una tensión igual o superior a 220 KV y una longitud superior a 15 Km., iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley".
LE0000254767_20131031Atención norma derogada, ver regulación posterior R.D. Leg. 1302/1986, 28 junio, derogado por la letra a) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos («B.O.E.» 26 enero), el 27 de enero de 2008. Véase R.D. 1131/1988, 30 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del R.D. Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 5 octubre).
Las evaluaciones de impacto ambiental constituyen una técnica generalizada en todos los países industrializados, recomendada de forma especial por los organismos internacionales, y singularmente por el PNEUMA, OCDE y CEE, que reiteradamente, a través de los programas de acción, las han reconocido como el instrumento más adecuado para la preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente, hasta el extremo de dotarla, en el último de los citados, de una regulación específica, como es la directiva 85/377/CEE de 27 de junio de 1985.
Esta técnica singular, que introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con incidencia importante en el medio ambiente, se ha venido manifestando como la forma más eficaz para evitar los atentados a la naturaleza, proporcionando una mayor fiabilidad y confianza a las decisiones que deben adoptarse, al poder elegir, entre las diferentes alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses generales desde una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los efectos derivados de la actividad proyectada.
Las evaluaciones de impacto ambiental, que han tenido ese reconocimiento general en muchos de los países de nuestra área, han estado reguladas en España de modo fragmentario, con una valoración marginal dentro de las normas sectoriales de diferente rango. Así, el Reglamento de actividades clasificadas de 30 de noviembre de 1961, en su artículo 20, regulaba sus repercusiones para la sanidad ambiental y proponía sistemas de corrección. La Orden del Ministerio de Industria de 18 de octubre de 1976, para proyectos de nuevas industrias potencialmente contaminadoras de la atmósfera y ampliación de las existentes, incluía un estudio de los mismos al objeto de enjuiciar las medidas correctoras previstas y evaluar el impacto ambiental, conectadas a los planes de restauración de los espacios naturales afectados por las actividades extractivas a cielo abierto. Finalmente, la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 impone con carácter preceptivo que en la tramitación de las concesiones y autorizaciones que afecten al dominio público hidráulico y a la vez impliquen riesgos para el medio ambiente, sea necesaria la presentación de una evaluación de sus efectos.
El presente Real Decreto legislativo de impacto ambiental completa y normaliza este importante procedimiento administrativo partiendo de la directiva comunitaria anteriormente citada, sin otros trámites que los estrictamente exigidos por la economía procesal y los necesarios para la protección de los intereses generales.
La participación pública ha sido recogida a través de la consulta institucional y la información pública de las evaluaciones de impacto. En cuanto a la relación de actividades sometidas a evaluación, respetando los mínimos consagrados en el anexo I de la directiva comunitaria, se han seleccionado algunas otras actividades que deben ser objeto de aquélla, de entre las comprendidas en el anexo II de la misma disposición, que contiene las que cada Estado miembro puede incorporar, según su criterio, a este procedimiento.
Las garantías en orden a la confidencialidad de los datos que se refieran a procesos productivos, con el fin de proteger la propiedad industrial, es otro de los varios aspectos de la presente regulación, acorde no sólo con la mencionada directiva comunitaria, sino en relación con todo el derecho derivado de la CEE.
Por último, se prevén las necesarias medidas a adoptar en los casos de ejecución de proyectos en los que se hubiera omitido el trámite de evaluación de impacto o se hubieran incumplido las condiciones impuestas.
En su virtud, en uso de la potestad delegada en el Gobierno por la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de Bases de Delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de junio de 1986, dispongo:
1. La evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con este real decreto legislativo, los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los siguientes factores:
2. Los proyectos, públicos y privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo I deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en este real decreto legislativo.
3. Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II, así como cualquier proyecto no incluido en el anexo I que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en este real decreto legislativo cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso. La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios establecidos en el anexo III.
Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a aquellos proyectos para los que la normativa de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, bien exija evaluación de impacto ambiental, en todo caso, bien haya fijado umbrales, de acuerdo con los criterios del anexo III, para determinar cuándo dichos proyectos deben someterse a evaluación de impacto ambiental.
4. La persona física o jurídica, pública o privada que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo I de este Real Decreto Legislativo, acompañará la solicitud de un documento comprensivo del proyecto con al menos el siguiente contenido:
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, la solicitud y la documentación a que se refiere este apartado se presentarán ante el órgano con competencia sustantiva.
5. La persona física o jurídica, pública o privada que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo II de este Real Decreto Legislativo, acompañará la solicitud de un documento ambiental del proyecto con al menos el siguiente contenido:
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, la solicitud y la documentación a que se refiere este apartado se presentará ante el órgano con competencia sustantiva.
6. En el ámbito de la Administración General del Estado, el órgano sustantivo, una vez mostrada su conformidad con los documentos recogidos en los apartados anteriores, los enviará al órgano ambiental al objeto de iniciar el trámite de evaluación de impacto ambiental.
7. Para los proyectos recogidos en el anexo II que no se sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el órgano ambiental dictará resolución en el plazo correspondiente tras consultar a las administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto.
En el ámbito de la Administración General del Estado, dicha resolución será dictada por el órgano ambiental en el plazo de tres meses.
Cuando de la información recibida en la fase de consultas se determine que los citados proyectos se deban someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se dará traslado al promotor de las contestaciones recibidas a las consultas efectuadas, para que continúe con la tramitación.
Artículo 1 redactado por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006
Artículo 1 bis introducido por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio).
1. Los proyectos que, según el artículo 1 del presente Real Decreto Legislativo, hayan de someterse a evaluación de impacto ambiental deberán incluir un estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, los siguientes datos:
f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. Informe, en su caso, de las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del mismo.
3. La amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental se determinará por el órgano ambiental tras consultar a las administraciones afectadas. La consulta se podrá ampliar a otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente.
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, el plazo para trasladar al órgano promotor la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental será de tres meses, computándose desde la recepción de la solicitud y documentación a que se refiere el artículo 1.4.
4. Si el promotor no hubiera sometido el estudio de impacto ambiental al trámite de información pública, en el plazo fijado por la Comunidad Autónoma, se procederá a archivar el expediente, siendo necesario, en su caso, iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental.
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, dicho plazo será de dos años y se computará desde que el promotor reciba las contestaciones formuladas a las consultas efectuadas.
Artículo 2 redactado por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006
1. El estudio de impacto ambiental será sometido por el órgano sustantivo, dentro del procedimiento aplicable para la autorización o realización del proyecto, y conjuntamente con el proyecto, al trámite de información pública y demás informes que en el mismo se establezcan. Asimismo, al realizar el trámite de información pública, el órgano sustantivo remitirá la misma documentación a las administraciones afectadas para su examen y formulación de observaciones.
2. Los resultados de las consultas e información pública deberán tomarse en consideración por el promotor en su proyecto, así como por el órgano sustantivo en la autorización del mismo.
Artículo 3 redactado por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006
Artículo 3 redactado por el apartado dos de la disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio).
1. Con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de que se trate, el órgano sustantivo remitirá el expediente al órgano ambiental, acompañado, en su caso, de las observaciones que estime oportunas, al objeto de que se formule una declaración de impacto, en la que se determinen las condiciones que deban establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. Los plazos para remitir el expediente al órgano ambiental y para formular la declaración de impacto ambiental serán fijados por la Comunidad Autónoma.
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, dichos plazos serán de seis y tres meses respectivamente.
2. En el supuesto de discrepancia entre ambos órganos, resolverá, según la Administración que haya tramitado el expediente, el Consejo de Ministros o el Órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o, en su caso, el que dicha Comunidad haya determinado.
3. La Declaración de Impacto se hará pública en todo caso.
4. La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad caducará si no se hubiera comenzado su ejecución en el plazo fijado por la Comunidad Autónoma. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental del proyecto.
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, dicho plazo será de cinco años.
5. No obstante, el órgano ambiental podrá resolver, a solicitud del promotor, que dicha declaración sigue vigente al no haberse producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la evaluación de impacto ambiental. El plazo máximo de emisión del informe sobre la revisión de la declaración de impacto ambiental será el que fije la Comunidad Autónoma. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el citado informe, podrá entenderse vigente la declaración de impacto ambiental formulada en su día.
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, el plazo máximo de remisión del informe sobre la revisión de la declaración de impacto ambiental será de sesenta días.
6. A los efectos previstos en este artículo, el promotor de cualquier proyecto o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental, con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del mismo.
Artículo 4 redactado por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006
1. Cuando se adopte, la decisión sobre la aprobación del proyecto será hecha pública por el órgano sustantivo que la haya adoptado, el cual pondrá a disposición del público la siguiente información:
2. La información a que se refiere el apartado anterior será enviada a los Estados miembros que hayan sido consultados según el artículo 6.
Artículo 4 bis introducido por el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006
1. A efectos de lo establecido en este Real Decreto legislativo y, en su caso, en la legislación de las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Medio Ambiente será órgano ambiental en relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado.
3. Cuando corresponda a la Administración General del Estado formular la declaración de impacto ambiental, será consultado preceptivamente el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en donde se ubique territorialmente el proyecto.
Artículo 5 redactado por el número uno del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo).Vigencia: 10 mayo 2001
1. Cuando un proyecto pueda tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente de otro Estado miembro de la Unión Europea, se seguirá el procedimiento regulado en el Convenio sobre Evaluación de Impacto en el Medio Ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991, ratificado por España el 1 de septiembre de 1997.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el órgano ambiental que intervenga en la evaluación de impacto ambiental de dichos proyectos se relacionará con el Estado afectado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Artículo 6 redactado por el el número uno del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo).Vigencia: 10 mayo 2001
Artículo 6 redactado por el apartado tres de la disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio).
1. Corresponde a los órganos sustantivos por razón de la materia o a los órganos que, en su caso, designen las Comunidades Autónomas respecto a los proyectos que no sean de competencia estatal, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquéllos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado.
El órgano sustantivo comunicará al órgano ambiental el comienzo y final de las obras así como el comienzo de la fase de explotación.
2. Las potestades sancionadoras corresponderán al órgano sustantivo en los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado.
Artículo 7 redactado por el apartado uno de la disposición final primera de Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006
1. De acuerdo con las disposiciones sobre propiedad industrial y con la práctica jurídica en materia de secreto industrial y comercial, el órgano competente, al realizar la evaluación de impacto ambiental, deberá respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por el titular del proyecto que tengan dicho carácter, teniendo en cuenta, en todo caso, la protección del interés público.
2. Cuando la evaluación de impacto ambiental afecte a otro Estado miembro de las Comunidades Europeas, la transmisión de información al mismo estará sometida a las restricciones que para garantizar dicha confidencialidad se consideren convenientes.
1. Sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, puedan establecer las Comunidades Autónomas, las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental en el caso de proyectos privados se clasifican en muy graves, graves y leves.
a) El inicio de la ejecución de un proyecto que debe someterse a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con el anexo I, incumpliendo dicho requisito.
b) El inicio de la ejecución de un proyecto contemplado en el anexo II, que deba someterse a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 1.
b) El incumplimiento de las condiciones ambientales en que debe realizarse el proyecto de acuerdo con la declaración de impacto ambiental, así como las correspondientes medidas protectoras y correctoras.
c) El incumplimiento de las órdenes de suspensión de la ejecución del proyecto.
d) El incumplimiento de la obligación de recabar el parecer del órgano medioambiental, que se impone en el apartado 2 del artículo 1, a los promotores de proyectos del anexo II.
e) El incumplimiento por parte de los promotores de los proyectos del anexo II de la obligación de suministrar la documentación señalada en el apartado 3 del artículo 2.
4. Es infracción leve el incumplimiento de cualquiera de las previsiones contenidas en el presente Real Decreto legislativo, cuando no esté tipificada como muy grave o grave, de acuerdo con los apartados anteriores o las normas aprobadas conforme al mismo.
5. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver podrá, en cualquier momento y mediante acuerdo motivado, disponer la suspensión de la ejecución del proyecto y adoptar otras medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
Artículo 8 bis introducido por el número uno del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo).Vigencia: 10 mayo 2001
1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
a) En el caso de infracción muy grave: multa desde 240.404,85 hasta 2.404.048,42 euros (desde 40.000.001 hasta 400.000.000 de pesetas)
b) En el caso de infracciones graves: multa desde 24.040,49 hasta 240.404,84 euros (desde 4.000.001 hasta 40.000.000 de pesetas)
c) En el caso de infracciones leves: multa de hasta 24.040,48 euros (4.000.000 de pesetas).
Conversión a euros de las cuantías establecidas en el presente artículo conforme lo previsto en la Resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 21 de noviembre de 2001. Vigencia: 1 enero 2002
2. Las sanciones se impondrán atendiendo a las circunstancias del responsable, grado de culpa, reiteración, participación y beneficio obtenido y grado del daño causado al medio ambiente o del peligro en que se haya expuesto la salud de las personas.
3. Lo establecido en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en la materia.
Artículo 8 ter introducido por el número uno del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo).Vigencia: 10 mayo 2001
1. Si un proyecto de los sometidos obligatoriamente a evaluación de impacto ambiental comenzara a ejecutarse sin el cumplimiento de este requisito, se suspenderá su ejecución a requerimiento del órgano administrativo de medio ambiente competente, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiese lugar.
4. En el caso de suspensión de actividades se tendrá en cuenta lo previsto en la legislación laboral.
Artículo 9 redactado por el apartado dos del artículo 127 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
1. Cuando la ejecución de los proyectos a que se refiere el artículo anterior produjera una alteración de la realidad física, su titular deberá proceder a la restitución de la misma en la forma que disponga la Administración. A tal efecto, ésta podrá imponer multas coercitivas sucesivas de hasta 300,51 euros (50.000 pesetas) cada una, sin perjuicio de la posible ejecución subsidiaria por la propia Administración, a cargo de aquél.
2. En cualquier caso el titular del proyecto deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. La valoración de los mismos se hará por la Administración, previa tasación contradictoria cuando el titular del proyecto no prestara su conformidad a aquélla.
El presente Real Decreto legislativo no será de aplicación a los proyectos relacionados con la Defensa Nacional o a los aprobados específicamente por una Ley del Estado.
Disposición adicional primera redactada por el apartado cuatro de la disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio).
El Consejo de Ministros, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, podrá excluir a un proyecto determinado del trámite de evaluación de impacto. El acuerdo de Gobierno se hará público y contendrá, no obstante, las previsiones que en cada caso estime necesarias en orden a minimizar el impacto ambiental del proyecto.
Disposición adicional segunda redactada por el apartado cinco de la disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio).
Tratándose de proyectos, públicos y privados, que corresponda autorizar o aprobar a la Administración General del Estado y no sujetos a evaluación de impacto ambiental conforme a lo previsto en el presente Real Decreto legislativo, que, sin embargo, deban someterse a la misma por indicarlo la legislación de la Comunidad Autónoma en donde deban ejecutarse, la citada evaluación se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento abreviado que a tal efecto se establezca reglamentariamente por el Estado.
Disposición Adicional Tercera introducida por el número dos del artículo único del R.D.-Ley 9/2000, 6 octubre, de modificación del R.D. legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental («B.O.E.» 7 octubre).Vigencia: 8 octubre 2000
1. La evaluación a la que se refiere el apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, relativa a planes y proyectos autorizados por la Administración General del Estado y sometidos, a su vez, a evaluación de impacto ambiental, se entenderá incluida en el procedimiento previsto por el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
3. La remisión, en su caso, de la información a la Comisión Europea sobre las medidas compensatorias que se hayan adoptado se llevará a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional cuarta introducida por el apartado tres del artículo 127 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
El presente Real Decreto legislativo será de aplicación a las obras, instalaciones o actividades sometidas al mismo que se inicien a partir de los dos años de su entrada en vigor.
Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo del presente Real Decreto legislativo.
Este Real Decreto Legislativo, excepto lo previsto en su artículo 9, tiene el carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución.
Disposición final tercera redactada por el apartado cuatro del artículo 127 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
Proyectos contemplados en el apartado 1 del artículo 1
c) Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la explotación agrícola intensiva, que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 100 hectáreas o mayor de 50 hectáreas en el caso de terrenos en los que la pendiente media sea igual o superior al 20 por 100.
1.ª 40.000 plazas para gallinas y otras aves.
2.ª 55.000 plazas para pollos.
3.ª 2.000 plazas para cerdos de engorde.
4.ª 750 plazas para cerdas de cría.
5.ª 2.000 plazas para ganado ovino y caprino.
6.ª 300 plazas para ganado vacuno de leche.
7.ª 600 plazas para vacuno de cebo.
8.ª 20.000 plazas para conejos.
1.ª Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere las 25 hectáreas.
6.ª Explotaciones situadas en espacios naturales protegidos o en un área que pueda visualizarse desde cualquiera de sus límites establecidos, o que supongan un menoscabo a sus valores naturales.
7.ª Explotaciones de sustancias que puedan sufrir alteraciones por oxidación, hidratación, etc., y que induzcan, en límites superiores a los incluidos en las legislaciones vigentes, a acidez, toxicidad u otros parámetros en concentraciones tales que supongan riesgo para la salud humana o el medio ambiente, como las menas con sulfuros, explotaciones de combustibles sólidos, explotaciones que requieran tratamiento por lixiviación «in situ» y minerales radiactivos.
8.ª Explotaciones que se hallen ubicadas en terreno de dominio público hidráulico o en zona de policía de un cauce cuando se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, o en humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar.
3.ª Aquéllas cuyos minados se encuentren a menos de 1 kilómetro (medido en plano) de distancia de núcleos urbanos, que puedan inducir riesgos por subsidencia.
1.º Dragados fluviales cuando se realicen en tramos de cauces o zonas húmedas protegidas designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, o en humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar y cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos/año.
1.º Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de, al menos, 300 MW.
1.º La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.
2.º El tratamiento de combustible nuclear irradiado o de residuos de alta actividad.
3.º El depósito final del combustible nuclear irradiado.
4.º Exclusivamente el depósito final de residuos radiactivos.
5.º Exclusivamente el almacenamiento (proyectado para un período superior a diez años) de combustibles nucleares irradiados o de residuos radiactivos en un lugar distinto del de producción.
a) Plantas siderúrgicas integrales. Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metalúrgicos, químicos o elecrolíticos.
1.ª La producción de productos químicos orgánicos básicos.
2.ª La producción de productos químicos inorgánicos básicos.
3.ª La producción de fertilizantes a base de fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes simples o compuestos).
4.ª La producción de productos fitosanitarios básicos y de biocidas.
5.ª La producción de productos farmacéuticos básicos mediante un proceso químico o biológico.
6.ª La producción de explosivos.
1.º La producción de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas similares.
2.º La producción de papel y cartón, con una capacidad de producción superior a 200 toneladas diarias.
2.º Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10 kilómetros.
3.º Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, autovía o carretera de doble calzada en una longitud continuada de más de 10 kilómetros.
d) Puertos comerciales, pesqueros o deportivos.
f) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras, cuando estas estructuras alcancen una profundidad de, al menos, 12 metros con respecto a la bajamar máxima viva equinoccial.
1.º Que el trasvase tenga por objeto evitar la posible escasez de agua y el volumen de agua trasvasada sea superior a 100.000.000 de metros cúbicos al año.
2.º Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción supere los 2.000.000.000 de metros cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada supere el 5 por 100 de dicho flujo.
3.º En todos los demás casos, cuando alguna de las obras que constituye el trasvase figure entre las comprendidas en este anexo I.
a) Instalaciones de incineración de residuos peligrosos [definidos en el artículo 3.c) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos], así como las de eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad o tratamiento químico (como se define en el epígrafe D9 del anexo IIA de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos).
2.º Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la explotación agrícola intensiva que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 10 hectáreas.
3.º Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas.
4.º Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 10 hectáreas.
5.º Dragados marinos para la obtención de arena. Número 5.º de la letra b) del grupo 9 del anexo I redactado por el apartado dos de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006
6.º Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D, cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas y normativa complementaria, cuando la superficie de terreno afectado por la explotación supere las 2,5 hectáreas o la explotación se halle ubicada en terreno de dominio público hidráulico, o en la zona de policía de un cauce.
7.º Tuberías para el transporte de productos químicos y para el transporte de gas y petróleo con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 10 kilómetros.
8.º Líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con una longitud superior a 3 kilómetros.
9.º Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores.
10 Plantas de tratamiento de aguas residuales.
4.º Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.
6.º Vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el grupo 8 de este anexo I, así como de residuos inertes que ocupen más de 1 hectárea de superficie medida en verdadera magnitud.
d) Todos los proyectos incluidos en el anexo II cuando sea exigida la evaluación de impacto ambiental por la normativa autonómica. Letra d) del grupo 9 del anexo I introducida por el apartado tres de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006
Letra e) del grupo 9 del anexo I introducida por el apartado seis de la disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio).
Anexo I redactado conforme establece el número tres del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo).Vigencia: 10 mayo 2001
Proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo 1
Grupo 2. Industrias de productos alimenticios
Grupo 3. Industria extractiva
3.º Perforaciones para el abastecimiento de agua.
Apartado 4.º de la letra a) del grupo 3 del Anexo II redactado por el apartado siete de la disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio).
Grupo 4. Industria energética
Grupo 5. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales
Grupo 6. Industria química, petroquímica, textil y papelera
b) Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos. Letra b) del grupo 7 del anexo II redactada por el apartado cuatro de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006
c) Construcción de líneas de ferrocarril, de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales (proyectos no incluidos en el anexo I).
e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones (proyectos no incluidos en el anexo I).
f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros.
1.º Grandes presas según se definen en el Reglamento técnico de seguridad de presas y embalses, cuando no se encuentren incluidas en el anexo I.
2.º Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado anterior, con capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros cúbicos.
c) Depósitos de lodos.
j) Recuperación de tierras al mar.
k) Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los anexos I y II, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, es decir, cuando se produzca alguna de las incidencias siguientes:
5.ª Afección a áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, o a humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar.
Letra k) del grupo 9 del Anexo II redactada por el apartado ocho de la disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) («B.O.E.» 19 julio).
l) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años.
m) Urbanizaciones de vacaciones y complejos hoteleros fuera de áreas urbanas y construcciones asociadas. Letra m) del grupo 9 del anexo II introducida por el apartado cinco de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006
n) Los proyectos que no estando recogidos en el anexo I ni II cuando así lo requiera la normativa autonómica y a solicitud del órgano ambiental de la comunidad autónoma en la que esté ubicado el proyecto, acreditando para ello que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente. La exigencia de evaluación de impacto ambiental por la normativa autonómica podrá servir de acreditación a efectos de este apartado. Letra n) del grupo 9 del anexo II introducida por el apartado cinco de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006
Anexo II introducido en su actual redacción conforme establece el número tres del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo).Vigencia: 10 mayo 2001
Criterios de selección previstos en el apartado 3 del artículo 1
Rúbrica del anexo III redactada por el apartado seis de la disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente («B.O.E.» 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006
1. Características de los proyectos Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, desde el punto de vista de:
2. Ubicación de los proyectos La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta, en particular:
1.ª Humedales.
2.ª Zonas costeras.
3.ª Áreas de montaña y de bosque.
4.ª Reservas naturales y parques.
5.ª Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.
6.ª Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación comunitaria.
7.ª Áreas de gran densidad demográfica.
8.ª Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.
3. Características del potencial impacto Los potenciales efectos significativos de los proyectos deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular:
a) La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada).
Anexo III introducido en su actual redacción conforme establece el número tres del artículo único de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental («B.O.E.» 9 mayo).Vigencia: 10 mayo 2001