Source: http://composi.info/ttema-planificacin-de-rrhh-v2.html
Timestamp: 2019-08-20 16:11:10
Document Index: 113957588

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 98', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 98', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 99', 'artículo 100', 'artículo 12', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 101', 'artículo 113', 'artículo 115', 'artículo 114', 'artículo 99', 'artículo 112', 'artículo 114', 'artículo 99', 'artículo 97', 'artículo 1', 'artículo 115', 'artículo 162', 'artículo 161', 'artículo 5', 'artículo 87', 'artículo 97', 'artículo 5', 'artículo 99', 'artículo 2', 'artículo 115', 'artículo 112', 'artículo 92', 'artículo 62', 'artículo 162', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 3', 'artículo 4']

Descargar 106.01 Kb.
Tamaño 106.01 Kb.
1. EL GOBIERNO.
2. SU COMPOSICION . 3. NOMBRAMIENTO Y CESE
LAS FUNCIONES DEL GOBIERNO
Temario General de la ESTT - OEP 2011
Grupo de Materias Generales
Elaborado en 2011
EL GOBIERNO. SU COMPOSICIÓN. NOMBRAMIENTO Y CESE. LAS FUNCIONES DEL GOBIERNO. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. LOS MINISTROS.
1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL
1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA REGULACIÓN LEGAL
1.4 CONTROL DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO.
1.5 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
1.6 EL CONSEJO DE MINISTROS
1.7 LAS COMISIONES DELEGADAS DEL GOBIERNO
2. SU COMPOSICION.
3. NOMBRAMIENTO Y CESE.
3.1. DESIGNACION Y REMOCION DEL GOBIERNO Y DE SU PRESIDENTE.
3.2. DESIGNACION DEL PRESIDENTE.
3.3. CESE DEL PRESIDENTE Y DEL GOBIERNO.
3.4. CESE DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL GOBIERNO.
4. LAS FUNCIONES DEL GOBIERNO.
4.1. LA FUNCION POLÍTICA O DE GOBIERNO.
4.2. FUNCIÓN LEGISLATIVA.
4.3. FUNCIÓN EJECUTIVA.
5. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO.
5.1. INTRODUCCION
5.2. NOMBRAMIENTO Y CESE.
5.3. FUNCIONES.
5.4. LOS VICEPRESIDENTES DEL GOBIERNO.
5.5. NOMBRAMIENTO Y CESE DE LOS VICEPRESIDENTES DEL GOBIERNO.
5.6. FUNCIONES DE LOS VICEPRESIDENTES DEL GOBIERNO.
6. LOS MINISTROS.
6.2. LOS MINISTROS SIN CARTERA.
La regulación constitucional del Gobierno se encuentra contenida en el Título IV (artículos 97 a 107), bajo la rúbrica “del Gobierno y de la Administración”.
En cumplimiento del mandato constitucional contenido en los artículos 97 y 98 CE, se ha aprobado la ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Esta ley responde a la necesidad, largo tiempo constatada, de proceder a la configuración legal del Gobierno de la Nación, a partir de los artículos anteriormente citados de nuestra Carta Magna, que sientan los principios y criterios que deben presidir el régimen jurídico del Gobierno.
CARACTERÍSTICAS DE LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL
Por un lado, el Gobierno diseñado por la Carta Magna dista mucho ya de coincidir con el Poder Ejecutivo de la triada clásica de poderes, que había que limitarse a ejecutar las leyes emanadas del Parlamento.
Lo cierto es que al Gobierno (tal y como aparece actualmente configurado por el vigente texto constitucional) le corresponde una función esencial, calificada como “función de gobernar”, que realiza con independencia absoluta respecto del Parlamento.
Así se desprende del artículo 97CE, al establecer expresamente que “el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las Leyes”.
Y si bien es cierto que en la dirección de las citadas políticas el Gobierno deberá tener en cuenta las directrices fijadas por las Cortes, no lo es menos que las mismas desempeñan un papel secundario al respecto, ya que las Cámaras, por su propia composición y funcionamiento, resultan un instrumento adecuado para controlar actividades o legitimar decisiones, pero desde todos los puntos de vista inadecuado para adoptar, con la rapidez y precisión necesarias, las decisiones políticas.
De manera que (de acuerdo con la regulación que la CE hace del Gobierno), el Ejecutivo se constituye en un órgano autónomo, con una función materialmente autónoma, dotado de competencias propias, distintas e independientes del Parlamento, y que ejerce por derecho propio y no por delegación.
En el ejercicio de sus competencias, por tanto, no está sometido a las indicaciones del Parlamento (aunque sí a su control).
No es un órgano ejecutor de la voluntad parlamentaria, ni está subordinado a ella, sino que se coloca en pie de igualdad con el Poder Legislativo.
Por otro lado, la Constitución Española, inspirándose en el modelo de la República Federal Alemana, ha construido un sistema decididamente orientado a garantizar al Poder Ejecutivo la mayor estabilidad posible.
En primer lugar, se prevé que el Rey consulte a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, antes de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno. El contenido concreto de esta facultad del Rey vendrá determinado o condicionado en la práctica por la evolución de nuestro sistema de partidos y del liderazgo en el seno de partidos. De manera que en aquéllos supuestos en que exista una mayoría clara el Rey estará obligado, de facto, a proponer como candidato al líder de dicha mayoría.
Además, el candidato propuesto por el Rey deberá exponer el programa político del Gobierno que pretende formar ante el Congreso de los Diputados, solicitando la confianza de la Cámara.
Pues bien, este origen parlamentario del Presidente del Gobierno y, en fin, del Gobierno en su conjunto, compromete en cierto modo a las Cortes Generales a mantenerlo.
A ello se añaden mecanismos dirigidos a dificultar la remoción del Gobierno. Piénsese en la regulación de la moción de censura, calificada de “constructiva”, puesto que la Constitución Española exige que se incluya en ella un candidato a la presidencia del Gobierno como requisito indispensable para su validez y viabilidad.
Y si bien puede resultar fácil, o relativamente fácil, que la mayoría de los Diputados coincidan en su voluntad de exigir responsabilidad y remover al Gobierno, no lo es tanto que esa mayoría se ponga de acuerdo acerca del candidato a incluir en la moción de censura.
Con estos mecanismos se obstaculiza enormemente la viabilidad de la moción de censura y se favorece la permanencia del Gobierno.
CARACTERÍSTICAS DE LA REGULACIÓN LEGAL
El funcionamiento del Gobierno aparece configurado por tres grandes principios de los que parte la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
Se trata de los principios de dirección presidencial, colegialidad, y departamental.
- El principio de dirección presidencial otorga al Presidente del Gobierno competencia para determinar las directrices políticas que deberán seguir tanto el Gobierno como cada uno de los Departamentos ministeriales.
La ley otorga de esta forma al Presidente del Gobierno una posición de preeminencia respecto de los demás miembros del Gabinete, dado que del mismo depende, en definitiva, la existencia misma del Gobierno.
En este sentido, tanto el artículo 98.2 CE y como el artículo 2.1 de la Ley 50/1997 establecen que el Presidente del Gobierno dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en su respectiva gestión.
- El segundo de los principios, el de colegialidad, lleva aparejado el principio de responsabilidad solidaria de los miembros del Gobierno. A él se refiere el artículo 5 de la citada ley, al referirse al Consejo de Ministros como órgano colegiado del Gobierno.
- El principio departamental no es sino la expresión de la organización de la Administración del Estado en Departamentos ministeriales, otorgando al titular de cada uno de ellos amplia autonomía y responsabilidad en el ámbito de su respectiva gestión (artículo 4 de la Ley del Gobierno: Los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación).
CONTROL DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO.
El artículo 26 (“Del control de los actos del Gobierno”) de la Ley 50/1997 parte del principio de que el Gobierno se encuentra sujeto, en toda su actuación, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
A continuación se refiere a varios tipos o modalidades de control, al señalar que todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales; que los actos del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la presente Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora; y que la actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los términos de la Ley Orgánica reguladora del mismo.
Por lo tanto son tres los tipos de control sobre el Gobierno de los que puede hablarse:
El control político: desde el momento en que todos los actos y omisiones del Gobierno están sujetos al control político de las Cortes Generales.
El control jurisdiccional: por el cual los actos del Gobierno son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa con arreglo a la ley reguladora de la misma.
Por último, el control constitucional: puesto que la actuación del Gobierno puede ser igualmente impugnada ante el Tribunal Constitucional, en los términos previstos en la Ley Orgánica reguladora de tal Institución.
Para completar la regulación del Gobierno, ha de señalarse que el mismo se rige, en cuanto a su organización y funcionamiento, además de las normas ya señaladas con anterioridad (CE y LG), por los Reales Decretos del Presidente del Gobierno sobre composición y organización del Gobierno y de sus órganos de colaboración y apoyo; así como por las disposiciones organizativas internas de organización y funcionamiento emanadas de su Presidente o del Consejo de Ministros.
De acuerdo con este cuerpo normativo, y más en concreto, con el artículo 1.3 de la Ley 50/1997, el Gobierno puede funcionar como Consejo de Ministros o como Comisiones Delegadas (“los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno”).
El Consejo de Ministros actúa como una instancia vertebradora del complejo de órganos que integran la Administración, ya que todos ellos dependen, de una forma u otra, del mismo. Directamente, por la dependencia de algún Ministro, o indirectamente, por el control que los Ministros ejercen sobre los Organismos Autónomos o Entidades Públicas Empresariales de su Departamento.
Además, se trata de un órgano de carácter bifronte: por un lado, nos encontramos ante un órgano político, cuando adopta decisiones de este tipo. Por otro, ante un órgano administrativo, cuando sus decisiones inciden en el ámbito burocrático administrativo.
Puede añadirse también, que el Consejo de Ministros es un órgano de competencia general.
LAS COMISIONES DELEGADAS DEL GOBIERNO
Como se ha señalado con anterioridad, el Gobierno puede funcionar como Consejo de Ministros o como Comisiones Delegadas, entendiendo por tales las reuniones restringidas de miembros del Gabinete y que tienen como misión principal resolver los problemas de coordinación y descongestión del Consejo de Ministros.
Se trata por tanto de un órgano de competencia restringida.
De acuerdo con el artículo 98 CE, el Gobierno se compone del Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros, y de los demás miembros que establezca la ley.
Similar contenido presenta el artículo 1.2 de la Ley del Gobierno.
De la lectura de estos dos preceptos puede concluirse que el Gobierno es un órgano colegiado en el que existen dos componentes fijos (el Presidente y los Ministros) y otra serie de componentes variables o posibles (los Vicepresidentes, y aquellos otros miembros que establezca la ley).
Por lo que respecta a estos últimos, lo cierto es que la ley no ha optado por aumentar el número de categorías de miembros del Gobierno. Los Ministros sin cartera son precisamente eso, Ministros, y no una categoría adicional o nueva de miembros del Gobierno.
Los requisitos para ser miembro del Gobierno se encuentran detallados en el artículo 11 de la Ley del Gobierno. Se trata de los siguientes:
Disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo,
No estar inhabilitado para el ejercicio de empleo o cargo público por sentencia judicial firme.
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley del Gobierno, el nombramiento y el cese del Presidente del Gobierno se producirá de acuerdo con lo establecido en la CE, en su artículo 99.
En cuanto al nombramiento y separación de los demás miembros del Gobierno, la Ley del Gobierno se remite al artículo 100 CE, según el cual aquellos serán “nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente”.
El apartado último del artículo 12 Ley del Gobierno aclara que tanto la separación del Vicepresidente del Gobierno, como la de los Ministros sin cartera, llevarán aparejada la extinción de dichos órganos.
De la lectura de la regulación constitucional del Presidente del Gobierno se llega a la conclusión de que existen dos formas de nombramiento o designación del mismo: la designación ordinaria, prevista en el artículo 99 CE, y la designación extraordinaria, que es consecuencia de la aprobación de una moción de censura o de la pérdida de una cuestión de confianza (artículos 112, 113 y 114 CE).
- Designación ordinaria:
El artículo 99 CE se refiere al procedimiento ordinario de nombramiento del Presidente del Gobierno, esto es, la votación de investidura:
1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey (previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del Presidente del Congreso), propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese la mayoría simple.
Puesto que en la votación de investidura sólo interviene el Congreso de los Diputados, no es coherente que la disolución deba afectar a ambas Cámaras. Además, dado la cercanía de las nuevas elecciones con las elecciones anteriores, la composición de las Cámaras no diferirá mucho de la composición anterior, por lo que se plantearán los mismos problemas una vez constituidas las nuevas Cámaras.
En la fase de consulta del Rey, el protagonismo corresponde a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y no a los representantes de los grupos parlamentarios. Cabe incluso que esos representantes no ostenten la condición de Diputados o Senadores.
La propuesta debe ser refrendada por el Presidente del Congreso. Si bien, el Presidente del Congreso no tiene poder de decisión alguno sobre la propuesta del Rey.
El nombramiento del Presidente corresponde al Rey, en tanto que el refrendo corresponde al Presidente del Congreso. El resto de los miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente. En este caso, el refrendo corresponde al Presidente del Gobierno.
- Designación extraordinaria: La cuestión de confianza y la moción de censura.
La moción de censura.
El Gobierno debe contar con la confianza del Parlamento, expresada en la votación de investidura. Y para mantenerse en ejercicio, debe conservar dicha confianza. Una vez obtenida la confianza parlamentaria, ésta se entiende que persiste a menos que se apruebe una moción de censura contra el Gobierno o que el Gobierno pierda una cuestión de confianza. Efectivamente, la exigencia de la responsabilidad política del Gobierno se reduce a estos supuestos, para evitar que la responsabilidad del Gobierno se entienda comprometida constantemente o por incidencias de poca relevancia.
El Parlamento tiene la posibilidad de retirar la confianza que otorgó al Gobierno, o lo que es lo mismo, de exigir la responsabilidad política del Gobierno y sustituirlo por otro.
Así, conforme al artículo 101.1 CE, el Gobierno cesa en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución.
La moción de censura consiste en que el Congreso, a iniciativa propia, retira la confianza otorgada al Presidente del Gobierno.
El artículo 113 CE señala que el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
La moción de censura debe ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados y debe incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. Este requisito configura a la moción de censura como constructiva. Pero a la vez, dificulta la viabilidad de la moción de censura, porque es fácil que dos o más grupos minoritarios coincidan en la voluntad de remover al Gobierno, pero es más difícil que coincidan en apoyar al mismo candidato.
La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. El plazo de cinco días está pensado para que se pondere serenamente la situación.
Si la moción de censura no es aprobada por el Congreso sus signatarios no podrán presentar otra en el mismo período de sesiones.
Todos estos requisitos hacen que la moción de censura sea un instrumento de utilización limitada y de difícil viabilidad.
Conforme al artículo 115.2 CE, la propuesta de disolución de las Cámaras no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.
El debate previo a la decisión parlamentaria se centra no tanto en la exigencia de la responsabilidad poli al Presidente del Gobierno, sino en la investidura de quien aspira a sustituirle en el puesto. El protagonista del debate es el candidato a Presidente, en calidad de aspirante al cargo, más que en calidad de crítico con el Gobierno en ejercicio. El dialogo se establece entre el candidato y los grupos parlamentarios.
Si la moción de censura no se aprueba, el Gobierno recupera la facultad de disolver las Cámaras. Si la moción es aprobada, se entiende retirada la confianza al Presidente y otorgada al candidato incluido en aquélla. Conforme al artículo 114.2 CE, si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la cámara a los efectos previstos en el artículo 99 CE. En consecuencia, el Rey le nombrará Presidente.
La cuestión de confianza:
En ocasiones, el Gobierno puede considerar que para la eficaz continuidad en el ejercicio de sus funciones, es conveniente renovar la confianza que el Parlamento le otorgó.
Así, el artículo 112 CE señala que el Presidente del Gobierno, previa deliberación en Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa político o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada al Gobierno cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados.
La exigencia de mayoría simple, es desproporcionada con las mayorías exigidas para la investidura y la moción de censura. Esto garantiza generalmente la superación de la prueba.
El planteamiento de la cuestión de confianza corresponde al Presidente del Gobierno y no al Gobierno en su conjunto. Sin embargo, la perdida de la confianza implica el cese de todo el Gobierno. Esto justifica que la Constitución exija la previa deliberación en Consejo de Ministros.
La cuestión de confianza se presenta por escrito, ante la mesa del Congreso, acompañada de una certificación del Consejo Ministros que acredita que se ha producido la deliberación. El escrito debe ser motivado. La admisión a trámite de una cuestión de confianza no mengua las facultades del Gobierno: el Presidente podrá proponer al Rey la disolución de las Cámaras. El debate tiene lugar entre la cámara y el Presidente en ejercicio.
Si el Gobierno gana la votación por mayoría absoluta, continúa en el ejercicio, y su posición queda reforzada. Pero si la votación pone de relieve que el Gobierno ha perdido apoyos respecto de una votación anterior, su posición quedará debilitada, aunque haya ganado la cuestión de confianza.
El artículo 114.1 CE señala que si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, y se procederá a Continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99 CE.
Como ya dijimos, la suerte del Gobierno está ligada a la de su Presidente y su cese determina automáticamente el de los restantes miembros del Gobierno. Además, no podemos olvidar que el cese (al igual que el nombramiento) de los miembros del Gobierno, es una prerrogativa de su Presidente.
El cese del Presidente y, por ende, del Gobierno, se produce:
Por fallecimiento o por dimisión aceptada por el Rey.
Por expiración del mandato parlamentario. En efecto, la finalización del mandato del Congreso que otorgó su confianza al Presidente trae consigo el cese del mismo, ya sea por el agotamiento del mandato de cuatro años, ya sea por disolución anticipada.
Por pérdida de la confianza parlamentaria, que puede tener lugar en dos supuestos: por el triunfo de una moción de censura, o por la pérdida de una cuestión de confianza.
También es posible el cese de alguno o algunos de los miembros del Gobierno. Así, de acuerdo con los artículos 100 CE y 12 LG “los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente”.
Por su parte, la separación de los Vicepresidentes del Gobierno y de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos.
Por lo que respecta a las FUNCIONES DEL GOBIERNO, el artículo 97 CE dispone que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Esta fórmula es reproducida por el artículo 1.1 de la Ley el Gobierno.
Pues bien, las funciones del Gobierno han sido clasificadas por la doctrina para una más fácil exposición de la materia en:
Funciones políticas o de gobierno,
Funciones legislativas,
4.1. LA FUNCION POLÍTICA O DE GOBIERNO:
La función política o de gobierno, hace referencia a las facultades de dirección de la comunidad política que la Constitución otorga al Gobierno.
Sánchez Agesta concibe esta función como “el poder de decidir discrecionalmente para el bien público”.
Esto no quiere decir que todos los actos de contenido político estén, por este sólo hecho, exentos de fiscalización jurisdiccional. No debemos olvidar que en ocasiones dicho contenido aparece reglado en leyes parlamentarias o en la propia Constitución, considerando la doctrina que en dichos supuestos no hay motivo para exceptuar a tales actos del control antes citado. Además, son numerosos los casos en que la Carta Magna acomete la regulación de este tipo de funciones, señalando pautas de actuación en su ejercicio y reduciendo en muchos supuestos los márgenes de discrecionalidad que le son propios.
Dentro de la función política destacan los siguientes actos concretos:
La orientación y dirección de la comunidad política, que se reflejan básicamente en:
La presentación ante el Congreso de los Diputados por parte del candidato a la Presidencia del Gobierno del programa político del Gobierno que pretende formar, en la votación de investidura.
La realización de declaraciones generales sobre la política del Gobierno ante la citada Cámara,
La adopción, por el Consejo de Ministros, de programas, planes y directrices para todos los órganos de la Administración del Estado.
Actos relacionados con la política exterior, correspondiendo al Gobierno la dirección de la misma. Así, corresponde al Consejo de Ministros acordar la negociación y firma de los Tratados y acuerdos internacionales, su aplicación provisional y su remisión a las Cortes Generales.
A este respecto, el Capítulo II del Título III de la CE establece toda una serie de limitaciones a la conclusión de Tratados y acuerdos internacionales por el Gobierno, a través de la necesaria intervención de las Cortes Generales.
Actos tendentes al logro del equilibrio entre las distintas Instituciones del Estado. En este apartado se pueden incluir los siguientes supuestos:
La facultad de disolver el Congreso, el Senado o las Cortes Generales (artículo 115 CE), previa deliberación en Consejo de Ministros.
La facultad de proponer al Rey el sometimiento de las decisiones políticas de especial trascendencia política a referéndum consultivo, que requiere autorización previa del Congreso de los Diputados.
La legitimación del Presidente para interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra leyes o disposiciones normativas con rango de ley (artículo 162 CE).
La legitimación del Gobierno para impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas (artículo 161.2 CE).
La facultad para requerir al Tribunal Constitucional para que, con carácter previo a su firma, se pronuncie sobre la constitucionalidad de un tratado.
Actos relacionados con la dirección de la Defensa nacional (como el mando efectivo de las Fuerzas Armadas o declarar la guerra y hacer la paz); actos que la Constitución Española atribuye al Rey, pero cuyo contenido material corresponde al Gobierno.
Actos realizados como consecuencia de las situaciones de anormalidad en la vida constitucional del Estado. Así, de acuerdo con el artículo 5.1 LG corresponde al Gobierno declarar los estados de alarma y excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.
En relación con las Comunidades Autónomas, corresponde al Gobierno:
Controlar el ejercicio, por parte de las mismas, de facultades delegadas correspondientes a materias de titularidad estatal.
El nombramiento del Delegado del Gobierno en cada una de ellas.
La adopción de las medidas necesarias para obligar a las Comunidades Autónomas a cumplir sus obligaciones constitucionales y legales.
La impugnación ante el Tribunal Constitucional de disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de aquéllas.
En virtud de esta última, corresponde al Gobierno la iniciativa legislativa, la potestad reglamentaria y la facultad de dictar disposiciones con rango de ley.
En efecto el Gobierno (de acuerdo con el artículo 87 CE) cuenta con la iniciativa para la elaboración y aprobación de la legislación parlamentaria.
Es ésta una función muy relevante, ya que, en la práctica, se pone en manos del Gobierno la dirección de la actuación legislativa del Estado, dada la proliferación y complejidad técnica de la legislación actual.
De hecho, la Constitución atribuye prioridad en la tramitación a los proyectos de ley (artículos 88 y 89 CE), es decir, a la iniciativa legislativa del Gobierno. Además el Gobierno, dado que se apoya en la confianza de una mayoría, dispone de esa mayoría para cerrarle el paso a las iniciativas o proposiciones de la oposición que no se encuentren comprendidas en el marco de su programa.
El artículo 97 CE atribuye al Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria. El artículo 5 de la Ley del Gobierno declara igualmente que corresponde al Consejo de Ministros (como órgano colegiado del Gobierno) aprobar los Reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, y las demás disposiciones reglamentarias que procedan.
Por último, el Gobierno goza de la facultad de dictar disposiciones normativas con rango de ley, como consecuencia de una delegación de las Cortes Generales o la urgencia del caso. Se trata de los Decretos legislativos y los Decretos-leyes (artículos 82 a 86 CE).
Para el profesor Sánchez Agesta la función ejecutiva comprende la actividad pública del Gobierno que desarrolla la ley, y tiende a concretar un derecho, una obligación o una situación subjetiva bajo el ámbito de una norma.
El Gobierno es el responsable de que esta tarea sea eficazmente desempeñada por la Administración, que es precisamente el instrumento que permite al Gobierno desarrollar esta labor. Por este motivo es el Gobierno el que dirige, controla y orienta directamente la actuación de aquélla y cuenta con todas las facultades necesarias para conseguir la aplicación de las leyes.
Las funciones de naturaleza ejecutiva del Gobierno vienen dadas por la legislación sectorial y son muy numerosas, siendo imposible hacer aquí una enumeración de las mismas.
En el modelo de Gobierno que diseña nuestra Carta Magna, la figura de su Presidente ostenta una posición muy especial, constituyendo, la pieza clave del mismo. Esta afirmación se basa en varios hechos: por un lado, en el procedimiento seguido para su nombramiento; por otro, en la naturaleza de las atribuciones que se le otorgan (nombrar y separar a los demás miembros del Gobierno, dirigir su política, comprometer la responsabilidad del Gobierno a través de la cuestión de confianza o proponer la disolución del Parlamento bajo su exclusiva responsabilidad). En suma, la suerte del Gobierno está ligada a la de su Presidente, pues el proceso de formación de aquél se inicia con el del nombramiento de su Presidente; y su cese determina automáticamente el de los restantes miembros del Gobierno.
En este sentido, la propia Ley del Gobierno, en su Exposición de Motivos, destaca la importancia del Presidente, con fundamento en el principio de dirección presidencial, dado que del mismo depende, en definitiva, la existencia misma del Gobierno. El Derecho comparado es prácticamente unánime en consagrar la existencia de un evidente desequilibrio institucionalizado entre la posición del Presidente, de supremacía, y la de los demás miembros del Gobierno. Nuestra Constitución y, por tanto, también la Ley se adscriben decididamente a dicha tesis.
Es evidente por tanto la importante función que corresponde al Presidente del Gobierno dentro de nuestro sistema de monarquía parla­mentaria y la preeminencia de su papel sobre el de los otros miembros del Gobierno que la Constitución instaura, sin desconocer las competencias que la Constitución otorga al Gobierno en cuanto tal.
De acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la Ley del Gobierno quienes hayan sido Presidentes del Gobierno tienen derecho a utilizar dicho título y gozarán de todos los derechos, honores y precedencias que se determinen por vía legal o reglamentaria.
El nombramiento del Presidente del Gobierno se inicia con la pro­puesta de un candidato, previa consulta con los grupos políticos con representación parlamentaria. El candidato deberá exponer ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretende formar y solicitar la confianza de la Cámara. Después del correspondiente debate, el Congreso de los Diputados debe poner de manifiesto, a través de votación, si otorga o no su confianza al candidato. Para ser investido, el candidato debe obtener el voto de la mayoría absoluta en primera votación. En segunda, celebrada cuarenta y ocho horas después, es suficiente con la mayoría simple (artículo 99 CE).
El cese del Presidente se produce por fallecimiento o dimisión del mismo, por expiración del mandato parlamentario y por pérdida de la confianza parlamentaria
La pérdida de la confianza puede tener lugar en dos supuestos: por pérdida de la cuestión de confianza o por el triunfo de la moción de censura. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a su favor la mayoría simple de los Diputados; si dicha mayoría simple no se alcanza, la cuestión de confianza se entenderá derrotada y el Presidente del Gobierno deberá presentar su dimisión. En el segundo supuesto, la moción de censura debe proponerse al menos por la décima parte de los Diputados y habrá de incluir (moción de censura constructiva) un candidato a la Presidencia del Gobierno; si la moción de censura y el candidato propuesto obtienen la mayoría absoluta de la Cámara, el Presidente del Gobierno cesará en su cargo y quedará automáticamente investido el candidato propuesto en la moción (artículos 112 a 114 CE).
En cuanto a sus funciones, los artículos 98 CE y 2.1 LG, las sintetizan diciendo que "el Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión".
La Ley del Gobierno, en su artículo 2.2, detalla y desarrolla las funciones presidenciales y que son las siguientes:
a) Representar al Gobierno.
b) Establecer el programa político del Gobierno, así como determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento.
c) Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales (artículo 115 CE).
d) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza (artículo 112 CE).
e) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados (artículo 92 CE).
f) Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.
g) Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62 g) CE.
h) Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 CE.
i) Interponer el recurso de inconstitucionalidad (artículo 162 CE).
j) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado; y asimismo le corresponde aprobar la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.
k) Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros (artículo 100 CE).
l) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.
m) Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno.
n) Ejercer cuantas otras funciones le confieran la Constitución y las leyes.
Se trata de una figura de carácter potestativo y de perfiles indefinidos. En un Gobierno pueden existir uno o varios Vicepresidentes o no existir ninguno. La Constitución no indica cuáles son sus funciones. En la práctica se ha configurado como un órgano de carácter fundamentalmente político, cuya relevancia varía en función de las personas que desempeñan el cargo. Sus funciones se han perfilado bien bajo el modelo de un superministro coordinador de determinadas áreas políticas o económicas, bien como una institución con misiones de apoyo al Presidente y de supervisión política.
El nombramiento y separación de los Vicepresidentes del Gobierno se efectuará en la forma establecida en el artículo 100 CE y su separación, en todo caso, llevará aparejada la extinción del correspondiente órgano (artículos 12.2 y 3 de la Ley del Gobierno).
La Ley del Gobierno establece en su artículo 3 que el Vicepresidente o Vicepresidentes, cuando existieren, ejercerán las funciones que les encomiende el Presidente del Gobierno. El Vicepresidente que asuma la titularidad de un Departamento Ministerial (como sucede actualmente con los dos Vicepresidentes del Gobierno) ostentará, también, la condición de Ministro.
Conviene indicar asimismo que la presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y de Subsecretarios corresponderá a un Vicepresidente del Gobierno (en la actualidad al Vicepresidente primero) o, su defecto, al Ministro de la Presidencia (cuya condición coincide ahora con la de Vicepresidente del Gobierno). En todo caso, como ya se ha indicado en la pregunta anterior, los Vicepresidentes suplen al Presidente del Gobierno en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
Los Ministros, como señala Martínez Marín, realizan una función político-administrativa, en cuanto que participan en la formación de la política del país bajo la dirección del Presidente del Gobierno y dirigen la acción de los Departamentos ministeriales. De ahí su doble carácter, como órgano político y como órgano administrativo.
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 50/1997, los Ministros, como titulares de sus respectivos Departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera de su actuación.
Las funciones de los Ministros son fundamentalmente las siguientes:
Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento ministerial.
Refrendar, en su caso, los actos del Rey.
Además de los Ministros titulares de un determinado Departamento, podrán existir Ministros sin cartera, a los que se atribuirá la responsabilidad de funciones gubernamentales específicas.
Autor: Cristina Redondo Sánchez Tema 14. Página de