Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-incompatibilidades-conflictos-intereses-657261833
Timestamp: 2020-07-07 00:09:02
Document Index: 177256640

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Ley de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos. (Ley 8/2016, de 28 de octubre) - Normativa de la Comunidad Valenciana - Legislación - VLEX 657261833
Ley de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos. (Ley 8/2016, de 28 de octubre)
CAPÍTULO I. Régimen - art. 3
CAPÍTULO II. Incompatibilidades y obligaciones - arts. 4 a 6
CAPÍTULO III. Compatibilidad y reingreso - arts. 7 y 8
CAPÍTULO I. Registro y Oficina de Control de Conflictos de Intereses - arts. 9 a 11
CAPÍTULO II. Obligaciones - arts. 12 a 14
TÍTULO IV. Principios de transparencia y accesibilidad - arts. 19 y 20
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Aplicación subsidiaria del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del Empleado Público
Norma citada en: 15 disposiciones normativas, 2 noticias
Ley 8/2016, de 28 de octubre, desarrollada por el DECRETO 65/2018, de 18 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos.
El objeto de la ley es regular las incompatibilidades de los altos cargos de la administración de la Generalitat y la declaración de actividades, bienes e intereses de los mismos y de otros cargos públicos recogidos en el artículo 2 de la presente ley, aportar más transparencia y, con ella, mayor confianza de los ciudadanos, para garantizar así el cumplimiento del principio de objetividad en el servicio del interés general durante el cumplimiento de su mandato.
También es objeto de esta ley regular las incompatibilidades una vez se produzca el cese de los altos cargos de la administración de la Generalitat para evitar los conflictos de intereses.
Se entiende por conflicto de intereses aquella situación en que, por acción u omisión, incurre un cargo público no electo que, vinculado por un deber de servicio al interés general, subordina dicho interés general a su interés particular o ajeno en forma de ánimo de lucro pecuniario o en especie, incluso en el caso que no consiguiera con su acción u omisión su propósito.
La persona titular de la Presidencia de la Generalitat, personas miembros del Consell y personas titulares de las secretarías autonómicas, subsecretarías, direcciones generales y órganos o centros directivos cuyo nombramiento competa al Consell.
El personal directivo de los entes del sector público instrumental, entendiendo por estos los recogidos en el artículo 2.3 de la Ley 1/2015, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones; en particular:
Todos aquellos puestos de libre designación nombrados directamente por acuerdo del Consell que sean calificados como tales en normas de rango de ley o reglamento y que impliquen especial confianza o responsabilidad.
Las personas nombradas comisionadas o puesto de análoga naturaleza por la Presidencia o por cualquier otra conselleria para representar los intereses públicos en los ámbitos de gestión privada existentes.
Las personas que hayan suscrito un contrato laboral especial de alta dirección.
Asimismo, las personas titulares de cualquier otro puesto, sea cual sea su denominación, cuyo nombramiento efectúe el Consell y que comporte retribución o tenga atribuidas funciones ejecutivas o directivas.
Artículo 2, apartados f) y g), modificados por la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.
TÍTULO PRIMERO Régimen de dedicación e incompatibilidades Artículos 3 a 8
CAPÍTULO I Régimen Artículo 3
El ejercicio de un alto cargo, cuando sea con carácter remunerado, deberá desarrollarse en el régimen de dedicación absoluta y exclusiva. Es incompatible con el desarrollo, por sí mismo o mediante sustitución, de cualquier otro cargo, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o de otro, retribuidos mediante sueldo, arancel, participación o cualquier otra forma especial, con las excepciones establecidas en esta ley.
Sin embargo, los altos cargos podrán compatibilizar el cargo con el de parlamentario en los supuestos establecidos en la legislación electoral. No obstante, en ningún caso podrán percibir retribución o percepción de ninguna cantidad por cualquier otro concepto que pudiera corresponderles por la dedicación de diputado.
De acuerdo con lo establecido en el punto 1 de este artículo, no podrá percibirse más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas, ni de los organismos, entidades y empresas dependientes o con cargo a los órganos institucionales.
Artículo 3, apartado 1, modificado por la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
CAPÍTULO II Incompatibilidades y obligaciones Artículos 4 a 6
ARTÍCULO 4 Incompatibilidades directas o indirectas durante el mandato.
Se declara incompatible la percepción de cualquier dieta, indemnización por asistencia o retribución de los altos cargos por formar parte de los órganos colegiados o de otra naturaleza cuando les corresponda con carácter institucional o para los cuales fueron designados de acuerdo con el cargo que ocupan, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 sobre compatibilidades con el ejercicio del cargo.
Durante su mandato o nombramiento, las personas con cargo público no podrán suscribir contratos por sí mismas o a través de sociedades o empresas participadas por ellas o sus familias hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, directamente o indirectamente, que afecten el sector en el que presta servicios.
Las personas sometidas a esta ley, durante el mandato, no podrán ser propietarias por sí mismas o junto al cónyuge o pareja de hecho o situaciones de análoga convivencia, descendientes dependientes o personas tuteladas o a través de persona interpuesta, de participaciones directas o indirectas que superen el 10 % en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza en el sector público o que sean subcontratistas de estas empresas o que reciban subvenciones provenientes del sector público, o participaciones que, sin llegar al 10 %, supongan una posición en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuación. Las mismas limitaciones y de la misma manera serán de aplicación a las personas con cargo público titulares de obligaciones de una sociedad mercantil.
Se exceptúan del punto anterior las acciones o participaciones de las que la persona sea propietaria por formar parte de un establecimiento mercantil familiar y que hayan estado en su poder por lo menos los cinco años anteriores a su nombramiento o, si la transmisión se produce por causa de muerte, en un período inferior o durante el mismo mandato. En este caso, la persona afectada durante el mandato no podrá ejercer ningún cargo de gerencia o administración de la empresa, se limitará únicamente a mantenerse como propietaria de las acciones y estará sujeta a los deberes del artículo 6 y del apartado 2 de este artículo.
No será de aplicación el punto 3 de este artículo a las cooperativas de trabajo asociado ni cooperativas agrícolas, de consumo o de aprovechamiento energético.
Se exceptúa la aplicación de este artículo a la persona funcionaria de libre designación, a la que se aplicará el régimen de compatibilidades que establezca la normativa aplicable a los empleados públicos.
ARTÍCULO 5 Incompatibilidades después del cese en el cargo.
Durante los tres años siguientes a la fecha de cese, los miembros del Consell y las personas que ejerzan el cargo de la secretaría autonómica y durante los dos años siguientes a la fecha del cese, el resto de personas incluidas en el artículo 2 no podrán:
Prestar servicios, ni ejercer cualquier otro cargo ni papel mediador en entidades privadas, remunerado o no, que pudiera provocar un conflicto de intereses con la función ejercida.
Formar parte de órganos colegiados en empresas o sociedades privadas relacionadas con las competencias del cargo ocupado en el ámbito competencial de la Generalitat Valenciana, si genera un conflicto de intereses.
Suscribir, por sí mismas o a través de sociedades o empresas participadas por ellas directamente o indirectamente en los términos establecidos en el artículo 4.2, contratos de asistencia técnica, de servicios o semejantes con la administración o entidad pública de la que provenga, de manera directa o a través de empresas contratistas o subcontratistas.
A los efectos del punto 1, se considera que hay conflicto de intereses en el ámbito o sector en el que ejerce los servicios cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos de hecho:
Que la persona afectada directamente, las personas con rango jerárquicamente superior a propuesta de ella o las personas titulares de sus órganos dependientes por delegación o sustitución hayan dictado resoluciones o cualquier tipo de acuerdo o formulado propuesta en relación a estas entidades, excepto cuando se derive de una convocatoria pública o de un acto reglado.
Cuando la persona afectada intervenga o participe en algún acuerdo o resolución en relación con estas entidades, excepto cuando se derive de una convocatoria pública o de un acto reglado.
Que se trate de empresas vinculadas a empresas o servicios privatizados por decisión del órgano del que formaba parte.
Las incompatibilidades establecidas en este artículo no serán de aplicación al personal funcionario de libre designación, al que se aplicará el régimen de compatibilidades que establezca la normativa aplicable a los empleados públicos.
ARTÍCULO 6 Inhibición y abstención.
Las personas afectadas por esta ley deberán inhibirse del conocimiento de asuntos en los que, anteriormente a la toma de posesión como cargo público, hayan intervenido o que interesen a entidades, empresas o sociedades en las que ellas, la persona cónyuge o persona con relación análoga a la conyugal, o familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hayan realizado funciones de dirección, asesoramiento o administración.
Cuando la persona afectada por esta ley estuviera obligada a abstenerse en los términos previstos en la legislación administrativa del Estado o autonómica, la abstención se hará por escrito, y se notificará tanto al superior inmediato o el órgano que lo nombró, como a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
CAPÍTULO III Compatibilidad y reingreso Artículos 7 y 8
El ejercicio del cargo será compatible con las siguientes actividades privadas, siempre que estas no comprometan la imparcialidad o independencia del cargo ni vayan en detrimento del estricto cumplimiento de los deberes públicos:
La participación no lucrativa en seminarios, jornadas o conferencias organizadas por centros oficiales destinados a la formación, siempre que no tengan carácter permanente y que su participación se deba a la condición de cargo público o a su especialidad profesional.
La participación no lucrativa en medios de comunicación y difusión audiovisuales o escritos.
La producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de estas, siempre que no sean consecuencia de una relación laboral o de prestación de servicios o supongan merma en el estricto cumplimiento de los deberes públicos.
Las derivadas de la simple administración de su patrimonio personal o familiar, con las limitaciones establecidas en el artículo 4.
La participación en entidades sin ánimo de lucro, siempre que no perciban una retribución ni ejerzan cargos directivos en estas y se cumpla el deber de abstención del artículo 6.
El ejercicio de las funciones del cargo de las personas afectadas será compatible con las siguientes actividades públicas:
El ejercicio de los cargos que les correspondan con carácter legal o institucional o para los cuales sean designadas por su condición.
La representación de la administración de la Generalitat en los órganos colegiados y en los consejos de administración u órganos de gobierno de organismos o empresas con capital público o de entidades u organismos de derecho público. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley no podrán pertenecer a más de dos consejos de administración u órganos de gobierno de empresas o entidades, salvo que una norma lo establezca por razón del cargo o lo autorice de manera excepcional el Consell.
La participación, en representación de la administración de la Generalitat, como miembros de instituciones, organismos y empresas públicas del Estado.
Los miembros del Consell podrán compatibilizar su cargo con la condición de parlamentario, sin que se tenga derecho a ninguna retribución por dicha condición, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.
Las personas sujetas a esta ley tendrán derecho a la percepción de gastos de locomoción o dietas por las actividades compatibles, con el límite de las cuantías exceptuadas de gravamen en la legislación estatal reguladora del IRPF.
Se exceptúa de lo que dispone este artículo al personal de libre designación, al que le será de aplicación el régimen de compatibilidades que establezca la normativa aplicable a los empleados públicos.
Artículo 7, modificado por la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
ARTÍCULO 8 Reingreso.
Las personas del ámbito subjetivo de esta ley establecido en el artículo 2, que con anterioridad a ocupar puestos públicos hubieran ejercido su actividad profesional o laboral en empresas privadas, a las que quisieran reincorporarse, no incurrirán en la incompatibilidad prevista en el artículo 5 si no se da ninguno de los supuestos de hecho establecidos en el artículo 5.2 y se ha cumplido lo que disponen los artículos 5 y 6 de esta ley.
Con posterioridad a la fecha de cese, aquellos que reingresen a la función pública y tengan concedida la compatibilidad para prestar servicios retribuidos mediante honorarios, arancel o cualquier otra manera de contraprestación económica a personas físicas o jurídicas de carácter privado, les será de aplicación lo que se prevé en el artículo 5 y se inhibirán en todas aquellas actuaciones que tengan relación directa con las competencias del cargo ejercido.
TÍTULO II El Registro y la Oficina de Control de Conflictos de Intereses Artículos 9 a 14
CAPÍTULO I Registro y Oficina de Control de Conflictos de Intereses Artículos 9 a 11
ARTÍCULO 9 Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Se crea el Registro de Control de Conflictos de Intereses que incluirá los datos sobre actividades, bienes y patrimonio de las personas que ejerzan un cargo público conforme el artículo 2 de esta ley. Este registro será de acceso público.
El registro estará adscrito a la conselleria competente en materia de transparencia y asumirá las funciones del registro de actividades, bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Generalitat y la información de que dispone, quedando subsumido en el Registro de Control de Conflicto de Intereses.
Se crea la Oficina de Control de Conflictos de Intereses, que estará adscrita a la conselleria competente en materia de transparencia y gozará de autonomía funcional.
Son funciones de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses: a) Gestionar el Registro de Control de Conflictos de Intereses y recibir y custodiar las declaraciones y la documentación que las personas con cargo público del ámbito subjetivo del artículo 2 de esta ley presenten al registro.
Gestionar el régimen de incompatibilidades y dictaminar sobre la compatibilidad entre las actividades, el patrimonio y los bienes y el ejercicio del cargo público de cada persona con cargo público con obligación de declarar. El personal de libre designación queda excluido de este dictamen.
Requerir a las personas afectadas el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley.
Instar a la incoación de procedimientos sancionadores cuando se requiera en aplicación de los preceptos de esta ley. Esta disposición no es aplicable al personal de libre designación, respecto al cual, en caso de que fuera detectada una incompatibilidad, se actuará conforme a la normativa estatal aplicable.
Realizar un informe anual, que en todo caso será público, sobre las situaciones de compatibilidad e incompatibilidad, incidencias, aplicación del régimen disciplinario y cualquier hecho relevante en su gestión.
Ajustar sus informes y sus publicaciones al respeto al derecho de protección de datos de carácter personal, siempre garantizando la transparencia en la gestión pública y el derecho de la ciudadanía a conocer la situación de compatibilidad o incompatibilidad de las personas con cargo público.
Ejercer la labor inspectora cuando tenga conocimiento de cualquier indicio de irregularidad en materia de incompatibilidades o conflictos de intereses de las personas incluidas en el artículo 2, por denuncia, petición razonada de otros órganos o entidades o a iniciativa propia, así como informar al resto de órganos que tengan atribuidas funciones de inspección cuando se detecte alguna irregularidad de su competencia, y en caso de situaciones de aparente ilícito penal, informar al Ministerio Fiscal inmediatamente.
Cualesquiera otras que le otorguen esta ley o el reglamento que la desarrolle.
La Oficina de Control de Conflictos de Intereses estará coordinada con los órganos de control o prevención y lucha contra la corrupción existentes.
Artículo 10, modificado por la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.
Artículo 11, modificado por la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
CAPÍTULO II Obligaciones Artículos 12 a 14
ARTÍCULO 12 Obligación de informar.
Las personas afectadas por esta ley relacionadas en el artículo 2 deberán realizar una declaración de actividades, bienes y patrimonio ante el Registro de Control de Conflicto de Intereses, con el fin de someterse a esta normativa. La oficina emitirá un informe sobre la compatibilidad de las actividades, con las consecuencias previstas en esta ley.
Las personas que deban ejercer o ejerzan alguno de los cargos comprendidos en el artículo 2 deberán efectuar ante el Registro de Control de Conflicto de Intereses declaración detallada sobre todas las actividades que realizan, sus bienes y su patrimonio.
Las personas que hayan ejercido alguno de los cargos comprendidos en el artículo 2 después de su cese y durante un período de tres años deberán efectuar ante el Registro de Control de Conflicto de Intereses declaración detallada sobre todas las actividades que realicen, sus bienes y su patrimonio.
Estas obligaciones se entienden sin perjuicio de aquellas obligaciones que, para las personas que también ejerzan cargo electo, puedan establecer las respectivas instituciones de las que formen parte.
ARTÍCULO 13 Declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales y plazos.
La persona que se incorpore de nuevo a un cargo público deberá hacer la declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, y la Oficina de Control de Conflictos de Intereses emitirá un dictamen sobre la situación de compatibilidad de la persona que se incorpora al cargo público.
La declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales incluirá el detalle de todos los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, valores y activos financieros, participaciones u obligaciones societarias que posee la persona con cargo público. Igualmente, deberán informar sobre la denominación y el objeto social de las sociedades en que tengan intereses. A esta declaración se podrá acompañar, con el respectivo consentimiento, la relativa a la participación de su cónyuge o su pareja de hecho, los hijos e hijas dependientes o las personas tuteladas y las personas con quien conviva.
La declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales incluirá sus actividades profesionales, mercantiles o laborales de los dos años anteriores a la toma de posesión.
Durante los tres años posteriores al cese de su cargo las personas afectadas por esta ley deberán informar al registro de sus actividades profesionales, mercantiles o laborales. Reglamentariamente se establecerán los términos en que se realizará dicha obligación, y se garantizará el control efectivo de las actividades para que no haya incompatibilidades según lo dispuesto en esta ley.
Toda la información mencionada en este artículo deberá acompañarse de la correspondiente documentación acreditativa, como la copia simple de la declaración tributaria que grava renta, patrimonio o sociedades de los ejercicios señalados, y todas las correspondientes a los años de empleo del cargo o relación de servicios y durante los tres años posteriores al cese.
ARTÍCULO 14 Tramitación de la información y consecuencias jurídicas.
Mientras no haya resolución expresa, la persona nombrada para el cargo se encontrará en situación de compatibilidad hasta que no reciba notificación la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
La persona afectada por una situación patrimonial incompatible con el cargo deberá desprenderse de las acciones, de las participaciones, o realizar la acción que corresponda en el plazo de dos meses desde la notificación de la incompatibilidad, y notificará y acreditará el hecho de manera inmediata a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
Si la situación de incompatibilidad sobreviniera durante el ejercicio del cargo, dispondrá igualmente de dos meses desde la notificación de la incompatibilidad para reencontrarse en situación de compatibilidad, y notificará y acreditará el hecho de manera inmediata a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
Si la persona afectada en el plazo legal no retorna a una situación de compatibilidad, se iniciará expediente sancionador de acuerdo con las previsiones del título III de esta ley.
El suministro deliberado de datos o documentos falsos que no se ajusten a la realidad o estén destinados a propiciar una falsa apariencia de legalidad.
El incumplimiento del deber de abstención o inhibición cuando corresponda.
El incumplimiento del régimen material de incompatibilidades previsto en esta ley.
La omisión deliberada de aportación al Registro de Control de Conflicto de Intereses de datos o documentos relevantes a los efectos de esta ley.
La no aportación de la documentación que corresponde aportar al Registro de Control de Conflicto de Intereses después del requerimiento para hacerlo.
La presentación extemporánea de la documentación que corresponde aportar al Registro de Control de Conflicto de Intereses después del requerimiento fehaciente para hacerlo.
El cumplimiento extemporáneo del deber de retomar a una situación de compatibilidad una vez emitido un informe por la Oficina de Control de Conflictos de Intereses después del requerimiento fehaciente para hacerlo.
La reincidencia y la reiteración se tomarán en consideración como criterios para la graduación de las infracciones y de las sanciones en las que deba apreciarse. Se entenderá por reiteración la existencia previa de dos o más sanciones por la comisión de infracciones previstas en esta ley en un período de tres años.
En los supuestos en que exista reiteración de faltas graves, la sanción a imponer por la infracción cometida será la que corresponda a las faltas muy graves. En los supuestos en que exista reiteración de faltas leves, la sanción a imponer por la infracción cometida será la que corresponda a las faltas graves.
Artículo 15, modificado por la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.
ARTÍCULO 16 Sanciones y principios para su aplicación.
Las infracciones muy graves serán sancionadas con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Portal de Transparencia del nombre de las personas infractoras y la infracción cometida, y, como máximo y aplicando el principio de proporcionalidad según la infracción cometida, con una o más de las siguientes sanciones:
El reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, en su caso, incrementadas hasta un diez por ciento si no se procediera a la devolución en el mes siguiente a la notificación de la resolución del expediente sancionador. Este incremento se concretará atendiendo a su motivación, a la disposición mostrada para hacer efectiva la devolución y al tiempo de demora transcurrido.
El cese inmediato en el cargo para aquel que lo siga ejerciendo.
La pérdida del derecho a percibir, después del cese, la totalidad o parte de la pensión, indemnización, prestación o percepción económica que se haya generado por haber ejercido el cargo, o la obligación de restituirla en caso de que se haya percibido anteriormente.
La prohibición de volver a ser nombrado alto cargo no electo durante un período de entre 5 y 10 años.
Las infracciones graves serán sancionadas con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Portal de Transparencia del nombre de las personas infractoras y la infracción cometida, y con una o más de las siguientes sanciones:
La prohibición de volver a ser nombrado alto cargo no electo durante un período entre 2 y 5 años.
Las infracciones leves serán sancionadas con la amonestación, que se acompañará del requerimiento fehaciente del cumplimiento de la obligación.
Para la graduación de las sanciones, se tendrán en cuenta el grado de incumplimiento de la ley, la existencia de perjuicios causados al interés público, el tiempo transcurrido en situación de incompatibilidad o la percepción indebida de cantidades y la cuantía por el desarrollo de las actividades incompatibles.
La tramitación de los expedientes se hará de acuerdo con los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, garantía de defensa y principio contradictorio, y conforme a lo previsto en la normativa general en relación con el procedimiento administrativo sancionador.
Lo que dispone esta ley se entiende sin perjuicio de la exigencia del resto de responsabilidades que correspondan.
El régimen disciplinario regulado en esta ley no será de aplicación al personal funcionario de libre designación.
ARTÍCULO 17 Tramitación del expediente sancionador.
Para la tramitación del expediente sancionador se aplicará el régimen sancionador de los empleados y de las empleadas públicos.
El órgano competente para ordenar la incoación cuando el cargo público tenga la condición de miembro del Consell será el Consell. En el resto de casos la incoación del expediente corresponderá a la persona titular de la conselleria competente en materia de transparencia, siempre que el cargo público no dependa de ella. Antes de incoar el procedimiento se podrán realizar actuaciones de carácter informativo y reservado, dando audiencia a la persona interesada, para determinar si concurren circunstancias que justifiquen la incoación.
La instrucción de los correspondientes expedientes la llevará a cabo la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
Corresponde al Consell la imposición de sanciones por infracciones muy graves y graves y, en todo caso, cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Consell. La imposición del resto de sanciones corresponde a la persona titular de la conselleria competente en materia de transparencia, siempre que el cargo público no dependa de ella.
ARTÍCULO 18 Prescripciones de infracciones y sanciones.
El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de cinco años para las muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.
El plazo de prescripción de las sanciones será de cinco años para las impuestas por la comisión de infracciones muy graves, tres años para las impuestas por la comisión de infracciones graves y un año para las impuestas por la comisión de infracciones leves.
El cómputo de los plazos se realizará de acuerdo con las previsiones de la legislación que regule el procedimiento administrativo común.
TÍTULO IV Principios de transparencia y accesibilidad Artículos 19 y 20
En el Portal de Transparencia de la Generalitat o, en su caso, en el portal correspondiente de las entidades del sector público instrumental, se publicará y mantendrá actualizada información de la actividad de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses, que necesariamente incluirá las memorias anuales presentadas a las Corts Valencianes. También se publicará la relación completa de las declaraciones de actividades presentadas por cada persona que ocupe un cargo público no electo comprendido en el artículo 2, además de las resoluciones de compatibilidad y de las resoluciones que determinen la incompatibilidad. Esta información se publicará desde el nombramiento, manteniéndose publicada hasta los tres años posteriores al cese. Se garantiza que la navegación por la información sea accesible y sencilla para facilitar al público el acceso y la transparencia.
Artículo 19, modificado por la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.
ARTÍCULO 20 Accesibilidad para denunciar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA Aplicación subsidiaria del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del Empleado Público
En el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Consell regulará los mecanismos y procedimientos por los que la Oficina de Control de Conflictos de Intereses pueda desarrollar sus funciones, y la dotará de recursos y de personal técnico cualificado suficiente para el cumplimiento de lo que dispone esta ley.
El Consell desarrollará reglamentariamente las prescripciones contenidas en esta ley en el plazo de un año desde que se apruebe.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley se creará la web que habilite la posibilidad de recibir información de casos de incumplimientos de esta ley de personas sin identificar, para garantizar su intimidad y la protección de datos de la persona afectada.
El President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.
ORDRE de 20 de setembre de 2000, per la qual s'aproven i es modifiquen taules d'avaluació documental.