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Timestamp: 2018-01-16 13:43:23
Document Index: 183201406

Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 79', 'artículo 180', 'artículo 24', 'artículo 63', 'artículo 53']

Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 529/2013 de 4 de noviembre. IVA. Liquidación. Simulación de facturas. Actuaciones inspectoras - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 529/2013 de 4 de noviembre
IVA: Liquidación. Simulación de emisión y recepción de facturas presuntamente falsas. Acuerdo sancionador. Actuaciones inspectoras. Dilaciones. Prueba practicada. Indefensión. Motivación. Se estima.
SENTENCIA: 00529/2013
Recurso Contencioso-Administrativo n.º 273/10
Iltmo. Sr. D. Manuel José Domingo Zaballos.
Iltmo. Sr. D. Lorenzo Pérez Conejo.
Iltmo. Sr. D. Antonio Rodríguez González
SENTENCIA N.º 529
En Albacete, a cuatro de Noviembre de dos mil trece.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha los presentes autos, bajo el número 273/10 del recurso contencioso-administrativo, seguido a instancia de la mercantil Construcciones Noconsa S.L., representada por el Procurador D. Gerardo Gómez Ibáñez, contra el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, representado y dirigido por el Sr. Abogado del Estado, en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Lorenzo Pérez Conejo.
Primero.—Por la representación procesal de la actora se interpuso en fecha 27 de Abril de 2010, recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Man­cha de 26 de febrero de 2010, por la que se desestiman las reclamaciones económico-administrativas n.º 45-158-2008 y 45-159-2008.
Formalizada demanda, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó solicitando sentencia de conformidad con lo interesado en el suplico de dicho escrito procesal.
Segundo.—Contestada la demanda por la Administración, tras relatar a su vez los hechos y fundamentos jurídicos que entendió aplicables, solicitó sentencia desestimatoria del recurso.
Tercero.—Fijada la cuantía del recurso en 315.640'03 € y acordado el recibimiento del pleito a prueba, se practicaron las declaradas pertinentes, se reafirmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, y se señaló día y hora para votación y fallo, el 24 de Octubre de 2013, en que tuvo lugar.
Primero.—En el presente recurso contencioso-administrativo se impugna la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla------- La Man­cha de 26 de febrero de 2010, por la que se desestiman las reclamaciones económico-administrativas n.º 45-158-2008 y 45-159-2008 promovidas contra acuerdo de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido del periodo 2002-2004 ascendiendo la deuda tributaria a 151.647,07 euros, así como contra acuerdo sancionador derivado de la anterior por importe de 163.992,06 euros.
Segundo.—La pretensión que se ejercita por la mer­cantil actora es el dic­­­­tado de sen­­­­tencia por la que se proceda a revocar la desestimación de la reclamación económica-administrativa y, por tanto, declarar no conformes a Derecho los actos impugnados en la misma, todo ello con imposición a la parte contraria de las costas procesales.
La Abogacía del Estado, en la re­presen­­ta­ción que ostenta de la Administración de­­­­mandada, solicita el dictado de sentencia en la que se de­­­­­­­­­­­­­­­­­­ clare la desestimación del recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.
Tercero.—La resolución impugnada dictada por el T.E.A.R. el 26 de Febrero de 2010 incorpora en sus hechos un cuidado relato de antecedentes que, por su claridad, merece la pena transcribir parcialmente: "Previa formalización por parte de la Inspección de acta de disconformidad e informe de disconformidad preceptivo correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido del periodo 2002-2004, en fecha 29/10/2007 el Jefe de la Oficina Técnica de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Castilla-La Mancha de la AEAT dictó acuerdo de liquidación correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido del periodo 2002-2004 confirmando dicha acta, ascendiendo la deuda tributaria a 151.647,97 € y haciendo constar en síntesis en dicho acuerdo de liquidación: 1) Las actuaciones inspectoras se iniciaron el día 10/03/2006; no se computa un periodo de 134 días a los efectos del artículo 150 de la Ley 58/2003 por la existencia de dilaciones no imputables a la Administración; en fecha 17/01/2007, el Inspector-Jefe acordó la ampliación del plazo de duración de las actuaciones inspectoras por concurrir circunstancias de especial complejidad, que se notifica al interesado el día 18/01/2007, por tanto, el plazo de las actuaciones concluiría el 23/07/2008. 2) La actividad de la entidad figura clasificada en el epígrafe 5.011 del IAE ("Construcción completa, reparaciones y conservación"). La Inspección ha advertido la existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad que se explican en el informe ampliatorio y que exigen aplicar el régimen de estimación indirecta. 3) Existe una organización compuesta por la entidad Construcciones Noconsa SL, Construcciones Masprisa SL y Construcciones Dimajo SL pertenecientes a un grupo familiar para la realización de una actividad de simulación de emisión y recepción de facturas presuntamente falsas, que describen trabajos no realizados con el objeto de simular la justificación de gastos y de cuotas deducibles en el Impuesto sobre Sociedades y en el IVA".
También en fecha 29 de octubre de 2007 por el mismo órgano de la Administración Tributaria se resuelve imponer sanción por importe de 163.992,06 € por conducta tipificada en el artículo 79.a) de la Ley General Tributaria de 1963 como infracción grave por dejar de ingresar en los trimestres de los ejercicios 2002 (2T y 4T), 2003 (1T, 3T y 4T) y 2004 (1T y 2T), sancionándose en los dos primeros ejercicios con un porcentaje del 100% (75% más un 25% por aplicación del criterio de graduación de la utilización de medios fraudulentos) y en el tercer ejercicio con un porcentaje del 65% en el 1T/2004 (50% más un 15% por aplicación del criterio de graduación de la utilización de medios fraudulentos) y del 70% en el 2T/2004 (50% más un 20% por aplicación del criterio de graduación de perjuicio económico).
En cuanto se refiere a la liquidación practicada con causa en acta de disconformidad e informe de disconformidad correspondiente al IVA del periodo 2002-2004, los presupuestos fácticos recogidos en la resolución del T.E.A.R. vienen a ser prácticamente los mismos -siempre conforme al criterio de la Administración- por reproducirse el " modus operando" de la mercantil actora, ascendiendo el montante de la deuda a 151.647,97 € según el cálculo de estimación a cargo de la Administración, que igualmente toma elementos objetivos de producción y aplicando precios y márgenes obtenidos de la propia sociedad.
Cuarto.—La mercantil recurrente se decanta, en el amplio escrito de demanda, en reproducir las alegaciones recogidas en el escrito de reclamación económico-administrativa, así como la contestación dada al respecto en la resolución impugnada, seguida de una crítica a la misma que el Abogado del Estado califica de no jurídica, sino de meras quejas.
Si bien es cierto que la estructura del escrito de demanda es un tanto peculiar, no lo es menos que los escritos procesales de la parte actora - demanda y conclusiones- incorporan verdadera crítica jurídica, al margen de la forma elegida en la manifestación de los reproches de legalidad de la resolución que se afirma contraria a Derecho por los motivos que expone la parte:
a) Si las facturas eran falsas a juicio de la Administración, no se entiende que omitieran pasar el acto de culpa a la jurisdicción competente o remitir el expediente al Ministerio Fiscal conforme prevé el artículo 180.1 de la Ley General Tributaria, absteniéndose de seguir el procedimiento administrativo.
b) Por la prueba practicada se acredita que las facturas no son falsas.
c) No ha existido dilación en la fase de inspección, pues la mercantil ha colaborado con la Administración aportando la totalidad de los documentos que le fueron exigidos por la Inspección.
d) La actora ha sufrido indefensión por inmotivado el acto recurrido.
e) Es incorrecta la aplicación del método de estimación indirecta de bases imponibles al no darse los requisitos legales, art. 53 y 158 de la LGT (y 64 del RGI), tratándose de un método excepcional y subsidiario.
f) Consecuencia de todo lo anterior es que no hubo conducta infractora típica, deviniendo ilegales las sanciones impuestas.
Quinto.—A propósito de la supuesta prejudicialidad penal por determinadas actuaciones en el Juzgado de Instrucción de Torrijos por interpuestas querellas de la Fiscalía así como "diligencias de investigación por la fiscalía de Madrid especializada en delitos económicos", se aduce que "la Administración no puede realizar liquidaciones o presentar querellas a su antojo o según su interés; o todo se analiza en el ámbito penal o nada es constitutivo de delito y se procede en la vía administrativa".
En el Fundamento de Derecho Segundo de la resolución recurrida se apela a lo prescrito en el art. 10 de la LOPJ y el art. 180.1 y 101.4.a) de la Ley General Tributaria, considerando que en el supuesto de autos la conducta imputada al recurrente no se estimó constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, sin que por ello mismo procediera la paralización del procedimiento, siendo lo cierto como asevera la Abogacía del Estado que en sede jurisdiccional la sociedad demandante no plantea formalmente la existencia de cuestión prejudicial penal y, aparte de ello, no concurren los elementos caracterizadores a la vista del art. 10 del citado texto legal, pues no esta acreditada la existencia actual de proceso penal alguno, ni qué objeto pudiera tener los que refiere la demanda, ni quienes fueron los imputados en aquel proceso o procesos, a lo que habría que añadir que "la falsedad administrativa" de una factura no necesariamente coincide con el tipo delictivo de falsedades.
Sexto.—La resolución impugnada no puede decirse que incurra en el vicio de no ser motivada, pues se lee en ella un relato de hechos y de fundamentos de derecho más que suficiente para cumplir con la esencia o finalidad fundamentadora. Esta Sala viene manteniendo que la obligación de motivación de los actos administrativos constituye una constante en nuestro ordenamiento jurídico. Con carácter general, la exigencia y modos de motivar se prevé en el art. 54 y 86.3 de la Ley 30/1992 modificada por la Ley 4/1999, teniendo por finalidad que los interesados conozcan los motivos que conducen a la resolución de la Administración, su "ratio decidendi" con el fin de poder recurrirlos, en su caso en la forma procedimental regulada al efecto y facilitar el control jurisdiccional de la actuación impugnada. Es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad enunciados en el art. 9.3 CE en conexión con el artículo 24.2 CE (derecho fundamental a la tutela judicial efectiva) y 103 CE, en relación con el principio de legalidad de la actuación administrativa. No está prevista solo como garantía del derecho de defensa de los contribuyentes, sino que tiende también a asegurar la imparcialidad de la actuación de la Adminis­­ tración, así como de la observancia de las 4reglas que disciplina el ejercicio de las potestades que le han sido atribuidas (STS de 2 de junio 2004).
La motivación puede efectuarse directamente en el acto o por referencia a informes o dictámenes obrantes en las actuaciones, la denominada motivación "in alliunde" (STS de 21 de enero de 2003). Tratándose de un requisito de forma, la consecuencia de la falta de motivación será la anulabilidad del acto, de acuerdo con el artículo 63 LRJPAC, pero ello así en el caso de que se haya producido indefensión material (STS de 2 de junio 2004). Criterio jurisprudencial constante ese que se acoge por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 29 de abril de 2009 (recurso n.º 4386/05, Sección 2.ª de la Sala 3.ª, Ponente: Frías Ponce) expresando lo siguiente: "la exigencia de la motivación de los actos administrativos que establece el art. 54 de la Ley 30/92 , y que reconoció también el art. 13.2 de la Ley 1/1998 , es correlativa a la necesidad de que se exterioricen las razones por las que se llega a la decisión administrativa, con objeto de permitir su conocimiento por los interesados para la posterior defensa de sus derechos, otorgándose así racionalidad a la actuación administrativa, y facilitando la fiscalización del acto por los Tribunales. No obstante, la falta de motivación o una motivación defectuosa sólo puede constituir vicio de anulabilidad si se desconocen los motivos en que se funda la actuación administrativa y se produce indefensión".
La entidad recurrente no desconoce el camino seguido para llegar a las liquidaciones del actuario utilizando el método de estimación indirecta "ex" artículo 53 y 158 de la LGT, el cual no se prevé en la Ley como excepcional, sino como subsidiario si bien de determinación reglada, tal y como se postula en Sentencias del Tribunal Supremo como la de 9 de mayo de 2011 (rec. 3799/2008) o la de 25 de Junio de 2009 (rec. 3783/2006): "Se trata, por tanto, de un régimen de carácter subsidiario que requiere, primero, el razonar sobre su elección para posteriormente determinar la base imponible", de suerte que como también expresa el Alto Tribunal, Sentencia de 12 de Diciembre de 2009 (rec. 1274/04) "se trata de un método de estimación contrapuesto al de estimación directa, cuya elección inadecuada por la Administración determinará un supuesto de anulabilidad pero no de nulidad absoluta".
Séptimo.—Lo anteriormente expuesto aplicado al caso de autos no deja de suscitar dudas pues, como hemos indicado, la resolución impugnada aparece motivada, y precisamente sobre todo con base en el informe del actuario interviniente.
Ahora bien, ya en sede jurisdiccional la parte actora sostiene fundadamente no haber desvirtuado la Administración la realidad, en la forma y en el fondo, de las facturas litigiosas, debiendo repararse en que la labor inspectora tiene un punto angular que se erige en el detonante de la necesidad de aplicar el método de estimación indirec­ta, "la realización de una actividad de simulación de emisión y recepción de facturas presuntamente falsas, que describen trabajos no realizados con el objeto de simular la justificación de gastos y de cuotas deducibles en el Impuesto de Sociedades y en el IVA", habiéndose dictado precisamente en cuanto al referido Impuesto de Sociedades la reciente Sentencia de esta misma Sala y Sección n.º 502/13, de 15 de octubre de 2013, recaída en el P. O. 272/10, de la que ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Manuel José Domingo Zaballos.
Octavo.—Llegados a este punto, es de considerar el considerable esfuerzo probatorio de la sociedad demandante en la correspondiente fase del proceso (numerosas testificales y pericial judicial), con la subsiguiente valoración en su escrito de conclusiones, al que en nada contesta el representante de la Administración más allá de afirmar que ni la prueba practicada ni la argumentación de la recurrente desvirtúan los términos de la contestación a la demanda, sin que ni siquiera haya presentado en el momento procesal oportuno escrito alguno proponiendo prueba.
La prueba practicada viene a secundar la tesis del demandante sobre las facturas emitidas, obedeciendo a obras ejecutadas así como a las "horas" igualmente facturadas (3 administradores mercantiles), coincidiendo con las necesarias para la ejecución de las partidas que constituyen el concepto de los documentos mercantiles emitidos, de tal manera que las obras sobre las que se han emitido facturas y certificaciones se encuentran finalizadas y recepcionadas por los promotores o constructores principales, tal y como se consta en el informe pericial judicial emitido en el P. O. 272/10 cuyos efectos probatorios han sido extendidos al presente procedimiento "ex" art. 61.5 de la LJCA, siendo elaborado por D.ª Piedad en fecha 16 de mayo de 2012, arquitecta técnica con número de colegiada 1269, que consta en los autos, habiéndose realizado aclaraciones al mismo el día 14 de noviembre de 2012.
En dicho informe se indica en relación a la obra "Centro Comercial Luz del Tajo" de Toledo ("Eroski") que las horas de maquinaria facturadas se ajustan a la realidad, así como a las horas facturadas por mano de obra, siendo realizada esta obra en la fecha de su factu­ración y siendo las mediciones conforme a lo facturado. Análogas conclusiones fueron emitidas por este perito en relación a la obra "Asland" de Villaluenga de la Sagra y en relación a los trabajos realizados en el "Palacio de Buenavista" de Toledo, lo que ha sido confirmado en las contestaciones realizadas a las preguntas de la representación procesal de la mercantil actora, ratificando en su totalidad el informe por ella elaborado en el sentido de que las obras se encontraban finalizadas, que las partidas de obra facturadas estaban ejecutadas y coincidían con las que fueron objeto de pericia, así como que las horas facturadas eran las necesarias para la ejecución de los trabajos facturados, lo que viene a contradecir el informe pre­­­ sentado por la Administración y que parte de datos más teóricos, genéricos y abstractos.
Es decir, las obras existen y concuerdan con lo facturado, no teniendo cabida la argumentación de la Administración de que la existencia de una factura o su asiento contable demuestre la existencia de la operación. Debiendo reiterar que desde la primera actuación inspectora se solicitó a la Administración que se procediese a la inspección y valoración de las obras relacionadas en 141 carátulas que forman parte del expediente en las que se relaciona la documentación de cada una de las obras en las que la actora ha participado y que han sido reproducidas en el escrito de demanda contenciosa.
Noveno.—En cuanto a la valoración de la prueba testifical, destaca la declaración del representante legal de "Peyber Hispánica S.L." prestada el 18 de octubre de 2011, en la que se indica que la entidad demandante era la sociedad principal en aportación de mano de obra a todas sus obras, que las obras en las que prestaba servicios se encuentran completamente ejecutadas, correspondiéndose las facturas a los trabajos realizados y habiendo sido abonadas todas ellas. La declaración de la representante legal de Inmobiliaria "Nesgar Promociones S.A.", realizada en la misma fecha, también es clarificadora en este extremo, pues a pesar del tiempo transcurrido recuerda alguna de las obras en las que participó la recurrente, teniendo los medios humanos y materiales necesarios, siendo los trabajos realizados correctos y siendo ejecutados en tiempo y forma, y constándole además que todas las facturas emitidas por la actora estaban abonadas, a lo que hay que añadir por último el Certificado del Ayuntamiento de Portillo de Toledo de 5 de septiembre de 2011 con relación al Centro Residencial para la Tercera Edad.
En definitiva, pues, de la prueba practicada se ha acreditado que las obras se han realizado, que se han entregado en tiempo y forma a los promotores o constructores principales, que coinciden las unidades de obra facturadas con las ejecutadas por lo que hay que concluir que la mercantil recurrente disponía de los medios humanos y materiales necesarios para poder ejecutar las mismas, por todo lo cual procede estimar la demanda articulada en el presente recurso contencioso-administrativo y anular la resolución impugnada por no ser ajustada a Derecho, así como el acuerdo liquidador y sancionador de los que trae causa.
Décimo.—- No se aprecia temeridad ni mala fe en las partes en orden a la condena en costas, de conformidad con lo establecido en el art. 139.1 de la Ley de Enjuiciamiento Administrativo de 13 de julio de 1998.
Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación, en virtud de la potestad que nos ha sido conferida por el Pueblo Español a través de la Constitución y en nombre de su Majestad El Rey,
FALLAMOS.-
Que debemos estimar y estimamos la demanda for­malizada en el recurso contencioso-adminis­­­trativo tramitado como P. O. n.º 273/10, interpuesto por la entidad mercantil "Construcciones Noconsa, S.L." con­tra la re­so­lu­ción des­­­­crita en el Fundamen­to Jurídico Prime­ro de es­ta Senten­cia, anulándola por no ser conforme a Dere­cho, así como el acuerdo liquidador y sancionador de los que trae causa. Sin costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra ella no cabe interponer recurso ordinario alguno.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación literal a los autos originales, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
Diligencia.- Seguidamente se procede a cumplimentar la no tificación de la anterior resolución. Doy fe.