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Timestamp: 2020-05-29 23:03:17
Document Index: 202782528

Matched Legal Cases: ['Artículo 831', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 831', 'artículo 831', 'artículo 829', 'artículo 209', 'artículo 831']

Oficio 26628 de 09-04-2007
Oficio 026628
Descriptor: Mandamiento de pago- excepciones. Demanda inadmitida.
MONICA INES HERNANDEZ GOMEZ
Carrera 11 No 82-01 Oficina 201
DESCRIPTORES: Mandamiento de Pago/ Excepciones
FUENTES FORMALES: Numeral 5° del Artículo 831 del Estatuto Tributario
De conformidad con el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999 y el artículo 11 de la Resolución 1618 de 2006, este Despacho es competente para absolver de manera general las consultas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional.
Solicita reconsideración del Concepto 12337 del 10 de febrero de 2006, que precisa que para la excepción contra el mandamiento de pago prevista en el numeral 5º del artículo 831 del Estatuto Tributario, debe demostrarse no solo la interposición sino la admisión de la demanda ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, cuando la norma no establece este requisito adicional como lo pretende la Administración, en cuanto considera que cuando la ley no distingue no le es dable hacerlo al intérprete, y teniendo en cuenta que la ley procesal definió lo que debe entenderse por interposición de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, no se puede desconocer el contendido de la ley sustancial. Concluye afirmando que el concepto en mención desconoce las normas que fijan las condiciones de ejecutoria de los actos administrativos en materia tributaria.
El numeral 5° del artículo 831 del Estatuto Tributario, dentro de las excepciones contra el mandamiento de pago consagra la de interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Ahora bien, los actos administrativos se entienden ejecutoriados acorde con lo dispuesto por los numerales 2 y 4 del artículo 829 del Estatuto Tributario, cuando vencido el término para interponer los recursos no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma, o cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso.
De esta manera, si una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto que determine impuestos por parte de la administración tributaria, no es admitida, no es posible excepcionar válidamente el mandamiento de pago por cuanto no se ha hecho efectiva la intervención de la jurisdicción, o lo que es lo mismo, no se ha trabado la relación jurídico procesal.
La Corte Constitucional en Sentencia C- 833 de octubre 8 de 2002, M.P. Dr Alfredo Beltrán Sierra, señaló:
En función del tiempo no sólo se crean y modifican los derechos procesales concretos, sino que también se los extingue, por lo cual se hace necesario que la ley procesal establezca unos plazos o términos, con el fin de que el proceso se realice dentro de una secuencia lógica ordenada y con la oportunidad y celeridad que de conformidad con los artículos 29 y 228 de la Constitución Política demanda el ejercicio de la función de administrar justicia. Aunque es de anotar, que los principios de eficacia y celeridad que informan el proceso judicial y que se infieren de los preceptos aludidos, igualmente tienen su fundamento en el artículo 209 de la Carta Política, pues los postulados rectores de la función administrativa también tienen operancia en el desarrollo de la función jurisdiccional, como manifestaciones que son del poder del Estado (Sent. T-416/94 M.P. Antonio Barrera Carbonell).
En el pronunciamiento del Honorable Consejo de Estado a que alude en su petición (Expediente 6617 de 2001. C.P. Dr Manuel Santiago Urueta) establece que el uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho impide la ejecutoriedad del acto administrativo demandado, de tal manera que ella surge una vez se dicte la sentencia que ponga fin a dicha acción, en caso de que no prosperen las pretensiones de la demanda, es decir que no se declare la nulidad del acto.
Es claro entonces, que para conocer de las pretensiones de la demanda necesariamente se requiere poner en funcionamiento el aparato judicial, circunstancia que ocurre una vez es admitida como garantía del debido proceso, sujeto al trámite definido en la ley.
En sintesis, para efectos de probar la interposición de demandas de restablecimiento del derecho para efectos de la excepción del numeral 5º del artículo 831 del Estatuto Tributario, se requiere la admisión de la demanda, de lo contrario la Administración Tributaria puede ser sorprendida con la interposición de demandas en las cuales ya no puede intervenir en defensa de sus intereses, por haber caducado la acción.
En los anteriores términos se confirma el Oficio No. 012337 del 10 de febrero de 2006.
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