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Timestamp: 2019-09-22 10:35:26
Document Index: 289134323

Matched Legal Cases: ['artículo 177', 'artículo 368', 'artículo 140', 'artículo 307', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 175', 'artículo 233', 'artículo 233', 'artículo 175', 'artículo 187', 'artículo 175', 'artículo 233', 'artículo 19', 'artículo 1613', 'artículo 175', 'artículo 375', 'artículo 243', 'artículo 243']

﻿ Sentencia 7368 de octubre 3 de 2003
SENTENCIA 7368 DE 03 DE OCTUBRE DE 2003
CONTENIDO:PERJUICIOS MATERIALES. MEDIOS PROBATORIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:MEDIOS DE PRUEBA, ADMISIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES, PRUEBA LEGAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:385 DE ENERO DE 2004, PÁG.7
Sentencia 7368 de octubre 3 de 2003
Ref.: Expediente 7368
Bogotá, D.C., tres de octubre de dos mil tres.
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 20 de enero de 1998, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por Myriam Burgos Delgado contra la sociedad Centro Medico Imbanaco de Cali S.A. y los médicos Jochen Gerstner Bruns, Luis Felipe Villota y José Oriol Vásquez.
1. Mediante demanda presentada el 14 de mayo de 1993, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Once Civil del Circuito de Cali, Myriam Burgos Delgado, asistida de apoderado judicial, solicitó que previos los trámites de un proceso ordinario, se declarara que los demandados, Centro Médico Imbanaco de Cali S.A., Jochen Gerstner Bruns, Luis Felipe Villota y José Oriol Vásquez, son civilmente responsables de los actos realizados “... con negligencia, imprudencia y desconocimiento del Reglamento médico”, el 2 de septiembre de 1992, que le provocaron una incapacidad permanente parcial del dedo pulgar de la mano izquierda, por su pérdida funcional. Que deben indemnizarle los perjuicios materiales y morales que ha sufrido y sufrirá como consecuencia de tal suceso, incluyendo en los primeros el daño emergente y el lucro cesante, y en los segundos el daño moral objetivado y subjetivado, teniendo en cuenta, al fijar el monto de la indemnización, la depreciación monetaria.
2. Como fundamento de las anteriores pretensiones expuso los hechos que seguidamente se compendian.
2.1. El 8 de diciembre de 1991, la demandante tuvo una caída que le produjo traumatismo en la base del dedo pulgar de su mano izquierda, razón por la cual consultó a un traumatólogo, quien no identificó con exactitud la lesión sufrida. Durante algún tiempo se le realizaron infiltraciones y exámenes de laboratorio, indicándole que el dolor desaparecería con una cirugía del hueso del dedo lesionado. El profesional consultado la remitió donde un cardiólogo, quien descartó cualquier afección cardio-vascular.
2.2. Como la cirugía recomendada le generaría una incapacidad temporal en su actividad profesional (diseño y confección de ropa), por intermedio del servicio de medicina prepagada COOMEVA, consultó al doctor Jochen Gerstner Bruns, especialista en cirugía de la mano, el 29 de julio de 1992, quien dictaminó “... la ruptura del ligamento colateral del Trapecio Metacarpiano del pulgar izquierdo”, recomendando como procedimiento para su “reparación”, una cirugía para reconstrucción abierta.
2.3. Como también tiene contratado el servicio de medicina prepagada con la Compañía de Asistencia Médica “Colsánitas” S.A., solicitó a esta entidad autorización para que la cirugía fuese practicada por el doctor Gerstner, quien no está vinculado a dicha institución. Para tal efecto se le ordenó someterse a una serie de exámenes, realizados por los doctores Servio Tulio Eraso, James Benítez Perlaza y Jaime Roberto Arias. El primero elaboró un estudio radiológico, sin encontrar fractura o luxación de hueso alguno, como tampoco calcificación de los tejidos blandos o anormalidad en las articulaciones. El segundo, cirujano especializado en Ortopedia y Traumatología, ratificó el diagnóstico de Gerstner, y el último, cirujano especialista en plástica maxilofacial, corroboró el diagnóstico de Benítez Perlaza y Gerstner Bruns.
2.4. Con tales diagnósticos, Colsanitas S.A. otorgó la autorización solicitada el 14 de agosto de 1992, fecha en la cual Gerstner expidió la orden de cirugía, “... para la reconstrucción de inestabilidad del trapecio metacarpiano de la base del pulgar izquierdo (subluxación T.M.)”, que se llevaría a cabo en el Centro Médico Imbanaco de Cali S.A., con la participación de los doctores Luis Felipe Villota como ayudante y Roberto Nel Peláez como anestesiólogo.
2.5. El 26 de agosto siguiente fue examinada por el anestesiólogo. Previas las advertencias y recomendaciones pertinentes, suscribió la autorización exigida por el Ley 23 de 1981.
2.6. El 2 de septiembre del mismo año se practicó la intervención quirúrgica. Por causas que aún se desconocen, el doctor José Oriol Vásquez actuó como anestesiólogo. En el registro de anestesia consignó que la cirugía practicada “...era la de dedo pulgar en gatillo, tenorrafia”, que no corresponde a la recomendada con antelación por varios galenos.
2.7. Aproximadamente a las 6:30 p.m. del mismo día, el doctor Gerstner le manifestó que debido a un error en la programación del Centro Médico Imbanaco de Cali S.A., se le practicó una intervención quirúrgica distinta a la ordenada y por ello debía ser operada de nuevo. La demandante accedió, pese al riesgo que para ella implicaba someterse a una nueva anestesia por las alergias que padece, constatadas en las valoraciones pre-anestésica y quirúrgica que se le efectuaron.
2.8. El 4 de septiembre se realizó la operación con la participación de los médicos inicialmente designados.
2.9. El Centro Médico Imbanaco de Cali S.A., ha pretendido crear la apariencia de la realización de una sola cirugía, acompañando, v. gr., a dos registros de anestesia distintos, con fecha, descripción de intervenciones quirúrgicas, anestesiólogos e instrumentadores diferentes, el documento titulado “Cirugía Ambulatoria y Hospitalización de corta estancia”, fechado el 2 de septiembre.
2.10. El 2 de septiembre de 1992, fecha de la primera cirugía, el Centro Médico Imbanaco de Cali S.A., expidió la factura 07-13371, por valor de $132.800, por concepto de derechos de sala de cirugía. El 4 de septiembre siguiente, emitió la factura 07-13409, fechada “...inexplicablemente” el 2 de septiembre, sin tener en cuenta que los documentos que la soportan datan del 4 de septiembre. Por esa inconsistencia, Colsanitas debió efectuar una conciliación de cuentas con el Centro Médico Imbanaco de Cali S.A.
2.11. El 2 de octubre del mismo año, el doctor Luis Felipe Villota le dio a la demandante una orden para recibir diez sesiones de terapia física del pulgar izquierdo, posteriormente ampliadas a cuarenta, “... sin conseguir los resultados presuntamente esperados, pues por la práctica de la Tenorrafia o liberación de la primera polea flexora del pulgar izquierdo, era imposible lograr tal objetivo”.
2.12. Como los médicos tratantes atribuyeron a un problema neurológico de la paciente la falta de respuesta positiva a la terapia ordenada, se sometió a un examen de neurodiagnóstico, el cual descartó cualquier lesión de carácter cerebral.
2.13. En su intento por llegar a un arreglo amigable con el doctor Gerstner Bruns sobre la indemnización del daño padecido, previa comprobación de sus ingresos, éste le presentó un contrato de transacción, cuyos literales e) y f) evidencian la grave falla cometida, la cual le generó incapacidad permanente parcial del dedo pulgar de la mano izquierda, por su pérdida funcional —arts. 203 y 209 del CST—, pues no puede utilizar la mano izquierda por los fuertes dolores y la inmovilidad del pulgar.
2.14. Derivaba el sustento personal de su propia actividad, que por los hechos descritos no ha podido desarrollar y que “...gracias a sus conocimientos, experiencia y good will alcanzado, le iban a generar cada vez mayores ingresos”.
2.15. En la fecha de la operación contaba cuarenta años de edad. De acuerdo con la tabla colombiana de mortalidad, tenía treinta y nueve años de vida probable. Su ingreso promedio mensual, certificado por el contador público Darío Barreneche M., ascendía a $1.200.000, provenientes de su actividad de diseño y confección de modas.
2.16. De conformidad con las tablas contenidas en el Código Sustantivo de Trabajo, ha sufrido una disminución de su capacidad laboral equivalente al 25%, por la pérdida de la funcionalidad del dedo pulgar de su mano izquierda, fundamental en la actividad por ella ejercida.
3. Notificados los demandados del auto admisorio de la demanda, oportunamente le dieron respuesta separada, oponiéndose a lo pretendido por carecer de fundamento jurídico.
Luis Felipe Villota Escobar y José Oriol Vásquez Beltrán propusieron las excepciones llamadas de inexistencia de relación de causa a efecto entre sus actos médicos y los resultados de los procedimientos, “inexistencia de responsabilidad de acuerdo con la ley” y “culpa de la demandante”. Jochen Gerstner Bruns, y el Centro Médico Imbanaco de Cali S.A., alegaron la “inexistencia de relación de causalidad entre los actos de la sociedad (...) y los daños que pueda haber sufrido la demandante”, además de la “inexistencia de responsabilidad de acuerdo con la ley” y la “culpa de la demandante”.
De otra parte, la persona jurídica demandada y José Oriol Vásquez Beltrán llamaron en garantía a “La Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A.” y “Aseguradora Grancolombiana S.A.”, las cuales concurrieron al proceso dando respuesta a la demanda y al llamamiento en garantía, y oponiéndose a éste. La primera invocó la excepción que denominó “inexistencia de la obligación a indemnizar por riesgos no cubiertos...” y la segunda la “inexistencia de siniestro. Inexistencia de obligación condicional de la aseguradora”.
Adelantado el proceso en los términos que se dejaron expuestos, el a-quo puso fin a la primera instancia con sentencia del 11 de febrero de 1997, reconociendo la excepción de “inexistencia de relación de causa a efecto entre los actos de los demandados y los resultados de los procedimientos”, propuesta por Luis Felipe Villota Escobar, José Oriol Vásquez Beltrán y el Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. Consecuentemente negó las pretensiones formuladas contra todos los demandados y declaró que no había lugar a proveer sobre la relación sustancial existente entre los convocantes y las sociedades llamadas en garantía.
Recurrida en apelación por la demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, decidió el recurso interpuesto en sentencia del 20 de enero de 1998, revocando la del a quo. En su lugar declaró civil y solidariamente responsables a los demandados Centro Médico Imbanaco de Cali S.A., Jochen Gerstner Bruns y Luis Felipe Villota, de los hechos acaecidos el 2 de septiembre de 1992 y los condenó a pagar la suma de “...$19.380.000 como indemnización de los perjuicios materiales o daño emergente, y $2.000.000 a título de indemnización del daño moral subjetivado”. Absolvió a José Vásquez Beltrán y declaró que La Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A., estaba obligada a pagarle al Centro Médico Imbanaco de Cali S.A., las sumas de dinero que cancelase a la actora en cumplimiento de lo ordenado en el fallo. Además, se abstuvo de decidir sobre el llamamiento en garantía efectuado a la Aseguradora Grancolombiana S.A.; negó las restantes pretensiones e impuso las condenas relativas a las costas de ambas instancias.
Contra esta sentencia, la misma parte interpuso el recurso extraordinario de casación que la Corte decide en esta oportunidad.
Una vez verificada la validez del proceso e identificada la causa de las pretensiones, el ad quem se refiere a la fuerza normativa del contrato y las consecuencias perjudiciales que su incumplimiento puede arrojar. Dice que para deducir esa responsabilidad, anteladamente se debe establecer el tipo de obligación que la engendra, tarea en la cual consigna, con apoyo en doctrina nacional, la distinción entre obligaciones de medio y de resultado para anotar que la jurisprudencia de la Corte reiteradamente ha situado, en la primera categoría, la obligación asumida por el médico tratante.
Sentado el marco conceptual anterior, entra en el examen del caso, para ver en las respuestas dadas a la demanda, la prueba de las relaciones contractuales por las cuales se vinculó la demandante con los médicos y la institución demandada. Averigua a renglón seguido, “... si se incurrió en la responsabilidad civil que señala la demanda, por darse una culpa profesional que acarrea perjuicios al paciente”. Es así, como luego de enunciar sus presupuestos considera que de la confesión vertida en la respuesta a los hechos décimo a catorce de la demanda, se colige “... la responsabilidad que en tales acontecimientos le cabe al centro asistencial por razón del contrato de prestación de servicios hospitalarios - por la equivocación en el programa diario de cirugía que se dio en sus instalaciones - e igualmente al médico tratante y a su ayudante que son los directos responsables de la intervención quirúrgica”.
Como advierte que los perjuicios cuya reparación se reclama no provienen de la actividad ejecutada por el anestesiólogo, concluye que no puede deducírsele la responsabilidad pretendida y que tal situación deja sin piso el llamamiento en garantía que éste hiciera.
El daño sufrido y la relación de causalidad con el proceder de los demandados, lo considera suficientemente acreditado con la prueba pericial y los testimonios de Piedad Fernández Izquierdo, Rosario Burgos Delgado, Jaime Roberto Arias González y Claudia Maritza Ramírez.
Al analizar los perjuicios, se refiere a la carga probatoria impuesta por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, para reiterar que a la demandante le correspondía probar no sólo la realidad del daño sufrido, sino la cuantía del mismo, haciendo ver que si bien satisfizo dicha carga en relación con el daño y su causa, “... el quantum no obra demostrado en forma total y fehaciente”, pues en el curso de la primera instancia no se practicaron pruebas suficientes para concretar el monto de tales perjuicios y las decretadas de oficio durante el trámite de la segunda, no arrojaron resultados positivos, por cuanto la prueba pericial fracasó por el incumplimiento de los peritos. Además, la interesada no exhibió la documentación requerida y los libros que aportó carecen de mérito probatorio porque no se han llevado como corresponde, ni se conforman con la práctica contable.
Con todo, considera que los extractos bancarios aportados, las certificaciones expedidas por el contador Darío Barreneche y su testimonio, permiten concluir que para la época de los acontecimientos la actora tenía un ingreso mensual de $1.200.000, como diseñadora de modas, acorde con lo afirmado en el hecho 24 de la demanda. La experticia rendida en el curso de la segunda instancia —añade— determina que presenta una “... disminución de la fuerza de agarre y fuerza de pinza de pulgar izquierda” que le produce una invalidez laboral del 25%”.
No teniendo, acota el Tribunal, otros elementos de juicio que ilustren sobre el monto de los perjuicios materiales causados, procede calcularlos, “... con los datos existentes, hasta la fecha del fallo y sin lugar a indexación ni a la cuantificación de los perjuicios futuros ni del lucro cesante, pues dada la especialización de estas materias su cálculo debió ser elaborado por expertos y como ya se resaltó, esa prueba pericial se frustró”.
Expresa que “el daño emergente presente” debe cuantificarse con base en el ingreso mensual acreditado y la disminución calculada en un 25% mensual ($300.000), hasta la fecha de proferimiento del fallo (64 meses y 18 días).
Se ocupa a continuación del daño moral, distinguiendo entre el subjetivo y el objetivo, para hacer ver que “... los perjuicios morales objetivados no se discriminaron en la demanda, ni se aportó prueba alguna tendiente a acreditar en qué proporción incidió aquella intervención quirúrgica dentro de las actividades económicas de la paciente, desde luego en un plano diferente a la incapacidad laboral aludida en la estimación del daño emergente”. En cuanto al subjetivo, lo tasa en $2.000.000, pues la innecesaria intervención, dadas las secuelas en el campo estético, le causó a la actora sufrimiento y aflicción que debe ser indemnizado.
Por último, entiende viable, una vez descartada la excepción propuesta, el llamamiento en garantía formulado por el Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. a la aseguradora La Nacional Compañía de Seguros Generales S.A., con fundamento en el contrato contenido en la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual 20531.
Cinco cargos formula la demandante. El cuarto, con fundamento en la causal quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil y los restantes al amparo de la causal primera, los cuales se resolverán en el siguiente orden: inicialmente el cuarto cargo por denunciar un error de procedimiento y luego el tercero por estar llamado a prosperar y dirigirse, como los restantes, a combatir la negativa del Tribunal a condenar a los demandados a pagar el lucro cesante futuro, quedando la Corte relevada del examen de los restantes.
Denuncia este cargo la sentencia por haberse proferido en proceso viciado por la causal de nulidad contemplada en el artículo 140 num. 6º del Código de Procedimiento Civil.
En su desarrollo expresa el recurrente que en el artículo 307 ibídem, el legislador estableció el mecanismo “... para garantizar la efectividad del derecho de la parte pretensora (sic), consagrando la necesidad de decretar oficiosamente la prueba que permita la condena en concreto del demandado”.
Considera que en el presente asunto se pretermitió la oportunidad para practicar la prueba de la cual dependía el reconocimiento del derecho sustancial de la demandante a la indemnización del perjuicio futuro, por cuanto en ejercicio de la facultad otorgada por el precepto citado, el tribunal decretó una prueba pericial para cuantificar el daño sufrido por la actora, pero esta no se pudo practicar por circunstancias no imputables a aquella, “... pues al no posesionarse los peritos en la oportunidad fijada por el Tribunal el Magistrado Ponente dispuso el ingreso del expediente al despacho y en lugar de nombrar nuevos peritos dictó sentencia”.
Dice que la demandante no incumplió ninguna de las cargas que le correspondían para lograr la posesión de los expertos y por ello no se le puede imputar tal falta, como tampoco hacerle soportar sus consecuencias nocivas.
1. Ciertamente el artículo 140 numeral 6 del Código de Procedimiento Civil, consagra como causal de nulidad del proceso, la omisión de la oportunidad “para pedir o practicar pruebas”. Sin embargo, como en esta materia rige el principio de la especificidad, refractario a la analogía, no es dable extender el citado motivo de nulidad, ni ninguno otro, a defectos o irregularidades diferentes.
Esta reserva normativa permite afirmar, como ya en otras ocasiones lo ha dicho la corporación, que la causal de nulidad en comentario, solo se configura cuando se priva a las partes de la oportunidad o el término para pedir pruebas, o se les cercena la oportunidad de su práctica, pues son estas las irregularidades que definitivamente entendió el legislador como lesivas de los derechos de contradicción y defensa. De ahí que la Corte haya predicado que “... la omisión del término de pruebas para que engendre una nulidad, debe implicar un evidente cercenamiento del derecho esencial que asiste a las partes para pedir pruebas y para que le sean decretadas y practicadas, con notorio desconocimiento del fundamental derecho de defensa” (G.J., t. CLXV, pág. 70).
2. En el presente asunto, el recurrente hace derivar el motivo de nulidad de la pretermisión del término para practicar la prueba pericial decretada de oficio por el ad quem, con el fin de cuantificar el daño padecido por la demandante como consecuencia de la conducta de los demandados.
Como lo pone de manifiesto el expediente el ad-quem no pretermitió la oportunidad para practicar la prueba pericial decretada por su propia iniciativa, sino que, pese a otorgar el término pertinente, que transcurrió con creces, la prueba no se cristalizó por circunstancias que si bien no son atribuibles a la parte recurrente, tampoco pueden imputarse a la desidia del sentenciador, quien sin pérdida de tiempo adoptó las providencias necesarias para obtener el concurso de los expertos. Desde luego que esta actividad resultó vana, pero sin que de este hecho pueda colegirse la nulidad alegada, por cuanto la falta de práctica de la prueba echada de menos por el impugnador, derivada de dichas circunstancias, carece de entidad para configurar la causa de nulidad invocada, la cual ciertamente no se subsume en la hipótesis prevista por el numeral 6º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, que como ya se explicó, sanciona como nulidad la “omisión” de los “términos” u “oportunidades” para “practicar pruebas”, mas no la imposibilidad de su práctica, que fue lo que aquí definitivamente ocurrió, por circunstancias, que como ya se comentó, superaron la actividad judicial, que en vano estuvo dirigida a la obtención del resultado. Desde luego, que con independencia de la actividad que en el caso desplegó el Tribunal, la nulidad no se perfila, porque como en sentencia de 13 de diciembre de 2002, lo explicó la Corporación, a la nulidad descrita por el numeral 6 del artículo 140 “sólo hay lugar, en lo atinente a pruebas, cuando el juez no concede a los interesados la oportunidad establecida por la ley para perdirlas o practicarlas, y no entonces cuando se abstiene de decretarlas de oficio”. De manera que si de acuerdo con el criterio jurisprudencial transcrito no constituye la causa de nulidad en comentario, la abstención del decreto de pruebas de oficio, mucho menos la configurara la imposibilidad o dificultad en su práctica, como atrás quedó explicado.
En consecuencia, el cargo no se abre paso.
En este se acusa el fallo del Tribunal por quebrantar los artículos 175 y 233 del Código de Procedimiento Civil, 1604, 1610, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617 y 2341 del Código Civil, como consecuencia de error de derecho cometido por el sentenciador en la apreciación de las pruebas.
Para desarrollarlo, manifiesta el recurrente que al abstenerse de condenar a los demandados al pago del lucro cesante futuro, ignorando los elementos de prueba que obran en el proceso y con los cuales se acredita el daño, la culpa de los demandados y la edad de la demandante, so pretexto de no haberse practicado “...un dictamen pericial que sin embargo, no exige la ley y que, más aún contraviene lo que ella dispone acerca de la necesidad de un dictamen pericial”, el ad quem incurrió en un manifiesto error de derecho.
Con el propósito de explicar la acusación, dice que el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil enuncia los medios probatorios autorizados para acreditar los hechos que sustentan las pretensiones o las excepciones, incluyendo el dictamen pericial, el cual, al tenor del artículo 233 ibídem, resulta procedente para verificar hechos que requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, los cuales la ley no exige, ni son necesarios para “... un avalúo de perjuicios para reconocer el monto de la indemnización debida al demandante”, sobre todo si tales perjuicios se pueden calcular mediante una operación aritmética que el juez o cualquier ciudadano puede realizar.
Concluye afirmando que la decisión adoptada viola el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, “... que pretende que se acuda al dictamen pericial sólo en los casos en los que se necesite de especiales conocimientos técnicos de los que carezca el juez. Y por supuesto no es el caso que se presentó en la sentencia impugnada”.
1. En torno a la posición del juez frente a los medios de prueba las legislaciones identifican dos sistemas: la prueba legal o tarifaria y la libertad probatoria. Este último que es el que por principio general acoge el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, en asocio con el artículo 187 ibídem (libre apreciación de la prueba), implica que los hechos objeto de investigación puedan ser probados por los medios que enunciativamente presenta el artículo o por “cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.
Bajo este entendimiento la exigencia de un medio específico, que es propio del sistema de la prueba tasada, generalmente opera por virtud de disposición legal. De ahí que la jurisprudencia de la corporación reiteradamente haya calificado como error de derecho que el juzgador exija “para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere” (Sent. sep. 25/73).
Tratándose del dictamen pericial que es uno de los medios de prueba que enuncia el artículo 175 ejusdem, cuyo objetivo es ofrecer al juez elementos de juicio que requieren especiales conocimientos de carácter técnico, científico o artístico (CPC, art. 233), la exigencia del mismo, bien puede surgir directamente de la ley (tarifa legal), o determinarla las circunstancias de hecho cuya apreciación demandan del juez esos conocimientos especiales de los cuales carece, que es al fin de cuentas la condición que se debe dar en los términos del artículo 233 para que el juzgador en ejercicio del principio de libertad probatoria, discrecional pero racionalmente, acuda al auxilio de los expertos.
Con relación a la cuantificación de perjuicios patrimoniales tradicionalmente se ha reconocido la “conveniencia” de procurar el auxilio de peritos, generalmente en consideración a las diferentes metodologías utilizadas para fijar el valor. Sin embargo, ese proceder que carece de asidero legal, pues ninguna disposición impone el medio específico, no tiene otra explicación que el uso judicial, muchas veces injustificado porque ni siquiera se presenta la necesidad de acudir a criterios técnicos para obtener la valuación, como en muchas ocasiones ha tenido oportunidad de verificarlo la propia Corporación, razón por la cual, a partir de elementales operaciones, ha procedido a cuantificar directamente su valor, más hoy en día cuando factores significativos del resultado, como los indicadores económicos nacionales, la ley los considera hechos notorios (ley 794 de 2003, artículo 19), o la Corte mediante jurisprudencia les confiere un valor probatorio similar en consideración al carácter general y nacional, como ocurre con las tablas de supervivencia, homologadas por resoluciones oficiales (sent. de oct. 18/2002).
2. Como quedó consignado en el compendio del fallo impugnado, aunque el tribunal estimó debidamente comprobado el daño material padecido por la demandante, consideró que el quantum del mismo no estaba “... demostrado en forma total y fehaciente”, por la insuficiencia de las pruebas practicadas en el curso de la primera instancia y los resultados negativos de las pruebas ordenadas en la segunda.
Frente al déficit probatorio notado, procedió a calcular los perjuicios materiales sufridos por ella hasta la fecha del fallo, con base en el ingreso mensual acreditado para la época del suceso y el porcentaje de disminución de su capacidad laboral, pericialmente determinado, advirtiendo que no había lugar a “...indexación ni a la cuantificación de los perjuicios futuros ni del lucro cesante, pues dada la especialización de éstas materias su cálculo debió ser elaborado por expertos y como ya se resaltó, esa prueba pericial se frustró”.
El recurrente controvierte la conclusión del sentenciador, en cuanto concierne a la estimación pecuniaria del lucro cesante que en el futuro habría de recibir la demandante, imputándole incurrir en error de derecho, por exigir que su importe fuera fijado por peritos, anotando que la ley no impone el citado medio de prueba, y no se trata de asunto que exija una especial versación, puesto que se puede calcular mediante una simple operación aritmética.
3. Entre los daños patrimoniales a cuya reparación tiene derecho el acreedor, de conformidad con lo previsto por el artículo 1613 del Código Civil, se comprenden, el daño emergente y el lucro cesante. El primero corresponde a la pérdida o disminución efectivamente sufrida en su patrimonio como consecuencia del hecho dañoso, mientras que el segundo está constituido por la ganancia o utilidad que esperaba percibir y que en un estado normal de cosas habría reportado, de no presentarse la afección.
La mensura del daño padecido por el concepto últimamente mencionado, a veces puede requerir algún grado de técnica, fundamentalmente por el cuidado que se debe tener para evitar que la indemnización rebase el detrimento verdaderamente experimentado por quien la reclama, como habría de suceder si en lugar de fundamentarse en la realidad de los hechos, sopesados a la luz de reglas estrictas de probabilidad, se fundase en ilusorias expectativas de utilidad. Para procurar certeza en el punto, pero más a modo de cautela, como ya quedó explicado, ordinariamente la práctica judicial ha buscado la colaboración de personas experimentadas para que con base en las circunstancias fácticas relevantes, debidamente comprobadas en el proceso y mediante la aplicación de métodos técnicos, estimen su monto. Empero, como igualmente se analizó, la prueba pericial no está instituída legalmente como el medio específico y único para fijar el valor de perjuicios de orden patrimonial. En este campo, contrariamente, rige el principio de libertad probatoria, razón por la cual las partes y el juez pueden acudir a cualquier medio probatorio que resulte útil y adecuado para avaluar la extensión del perjuicio, obviamente dentro del marco de los linderos constitucionales.
Bajo la perspectiva anterior, es claro que el sentenciador incurrió en el desacierto de índole probatoria que le imputa el censor, cuando se abstuvo de condenar a los demandados al pago del lucro cesante futuro reclamado por la demandante, argumentando que por “...la especialización de estas materias su cálculo debió ser elaborado por expertos y como ya se resaltó, esa prueba pericial se frustró”, pues, como se dijo, tal valoración no constituye materia exclusiva del citado medio de prueba, ya que la ley no la ha erigido como tal. De otra parte, la versación que pueda requerir su valuación económica tampoco la torna imprescindible, pues en eventos de la índole mencionada el referido medio de prueba constituye un instrumento potestativo al alcance del juez para su correcta verificación, porque a tal cometido puede llegar con la utilización de otros medios reconocidos o autorizados por la ley, cuya exclusión para los efectos que se vienen comentando claramente apareja la transgresión del principio de libertad probatoria consagrado por el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil.
En este orden de ideas, resulta pertinente observar que la cuantificación en cuestión válidamente podría resultar, vr. g., del cálculo directamente efectuado por el fallador, con fundamento en los elementos de hecho relevantes que estén debidamente comprobados en el proceso, pues si bien es cierto no está obligado a dominar las reglas o procedimientos técnicos utilizados para el efecto, no son pocos los casos en que tales reglas y procedimientos no le son extraños y por ello, con prescindencia de la colaboración técnica, personalmente puede realizar las operaciones necesarias para establecer su monto, más si estas son simplemente aritméticas, como aquí sucede.
Como el error cometido por el sentenciador trascendió a la parte resolutiva de la decisión, pues debido a él dejó de aplicar los preceptos sustanciales enunciados, en los cuales se reconoce el derecho del acreedor a ser íntegramente resarcido de los perjuicios derivados del incumplimiento del deudor, el cargo resulta próspero y conduce a la casación parcial del fallo, correspondiendo a la Corte proferir, en sede de instancia, el que debe reemplazarlo. Sin embargo, antes de proceder en el sentido indicado, haciendo uso de la facultad otorgada por el artículo 375 inc. 2º del Código de Procedimiento Civil, decretará la prueba que enseguida se indicará, con el fin de averiguar en atención a las condiciones de la naturaleza humana y las atinentes al sistema económico vigente (libre competencia), por cuánto tiempo más la demandante hubiera podido tener una participación activa en el mercado, que le reportara un ingreso igual o mayor al que en este expediente aparece demostrado ($1.200.000) para el año de 1991, como diseñadora y confeccionadora de ropa y uniformes en la ciudad de Cali. Lo anterior, porque como lo ha analizado la corporación, tratándose de indemnizaciones por lucro cesante futuro derivado del ejercicio profesional liberal, “Es natural tener en cuenta la declinación de la vida, que disminuye la capacidad de trabajo, la que no siempre se mantiene uniforme en toda la duración de aquélla” (Sent. jul. 22/43).
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República,
CASAR la sentencia dictada el 20 de enero de 1998, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por Myriam Burgos Delgado contra la sociedad Centro Medico Imbanaco de Cali S.A. y los médicos Jochen Gerstner Bruns, Luis Felipe Villota y José Oriol Vásquez.
De conformidad con el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se decreta como prueba el siguiente informe técnico:
Ofíciese al Ministerio de Protección y Seguridad Social, para que por intermedio de la dependencia y el funcionario calificado, que deberá señalarse siguiendo las pautas establecidas por el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, informe, teniendo en cuenta factores como la pérdida de capacidad laboral por la edad (declinación natural de la persona humana), circunstancias económicas propias del sistema de libre competencia, así como las coyunturas del mercado local, cuál sería la vida probable laboral productiva, de acuerdo con lo que de ordinario sucede, de una persona que en dicha ciudad para el año de 1991, ejercía liberalmente la profesión de diseñadora y confeccionadora de ropa y uniformes. Como datos adicionales se informa que la persona de sexo femenino, en el año de 1992, fecha del accidente investigado tenía 40 años de edad y ejercía su trabajo en la ciudad de Cali. Además, percibía un ingreso promedio mensual, según prueba de este proceso, de $1.200.000. No demuestra título profesional y su trabajo lo desarrollaba en la casa “cortando las telas y haciendo los moldes”.
Para rendir el informe, se fija un término de treinta (30) días.
Remítase el oficio correspondiente al Ministerio mencionado, transcribiendo todo el contenido del decreto de la prueba, así como la parte pertinente de la motivación de esta sentencia.
Sin costas con ocasión del recurso de casación, dado el éxito del mismo.
Magistrados: Jorge Antonio Castillo Rugeles, en permiso—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Silvio Fernando Trejos Bueno—Cesar Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.