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Timestamp: 2018-03-22 13:52:23
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Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 193', 'artículo 24', 'artículo 193', 'artículo 174', 'artículo 24', 'artículo 84', 'artículo 174', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 76']

SENTENCIA DEL TSJ DE CANTABRIA DE 30-12-2015
Prolongada convivencia y nacimiento de un nuevo hijo en común tras la reconciliación
Recurso de suplicación interpuesto por Dª Bibiana contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Santander
PRIMERO.- Se presentó demanda de Seguridad Social por Dª Bibiana frente al INSS y a la TGSS.
Se dictó sentencia por el Juzgado de referencia el 27-4-2015.
1º.- La demandante, Dª Bibiana, estuvo casada con el difunto D Maximino, pensionista de gran invalidez y fallecido el 26-10-2013.
A lo largo del tiempo la actora no percibió pensión a cargo del Sr. Maximino, ni la disfrutaba tampoco en el momento de su fallecimiento, -reconocido por la parte demandante-.
2º.- La demandante y el difunto Sr. Maximino se separaron en virtud de sentencia del Juzgado de 1ª Instancia e instrucción nº 1 de Santoña, de 11-7-1984, que aprobó el convenio regulador.
3º.- El 15-10-2013 la actora y el Sr. Maximino solicitaron al Juzgado de Santoña la reconciliación judicial al amparo del artículo 84 C.Civil.
4º.- La actora instó ante el INSS petición de pensión de viudedad. Por resolución del INSS de 14-4-2014, se declaró que la actora no tenía derecho a la pensión de viudedad. Interpuesta reclamación previa, la misma fue desestimada por resolución de 12-6-2014.
5º.- La B.R. de la prestación interesada, asciende a 2.340,64 euros, siendo la fecha de efectos el 11-1-2014, con un porcentaje del 52%.
"Desestimando la demanda formulada por Dª Bibiana frente al INSS y TGSS, absuelvo a éstos de la pretensión contra ellos deducida.
La actora formula recurso frente a la sentencia de instancia que ha desestimado su pretensión de reconocimiento de la pensión de viudedad.
En el recurso articula tres motivos.
En el primero de ellos, con amparo en el apartado a) del artículo 193 LRJS, solicita la declaración de nulidad de la sentencia de instancia, por infracción del artículo 24 CE.
En el motivo segundo, con amparo en el apartado b) del 193 LRJS, insta la revisión del relato fáctico.
Por último, en el tercer motivo de recurso, con base en el apartado c) del artículo 193 LRJS, denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo 174 LGSS y la jurisprudencia que lo interpreta.
SEGUNDO.- Motivo de nulidad.
En el primer motivo de recurso, denuncia la vulneración de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Española por incongruencia omisiva.
Alega que la sentencia omite pronunciarse sobre la existencia de pensión compensatoria a favor de la actora.
Respecto a la incongruencia de las resoluciones judiciales, el TC ha indicado que "la incongruencia de las decisiones judiciales, entendida como una discordancia manifiesta entre lo que solicitan las partes y lo que se otorga en aquéllas concediendo más, menos o cosa distinta de lo pedido, puede llegar a vulnerar el derecho a la tutela judicial reconocido en el Art. 24 CE , tanto por no satisfacer tal pronunciamiento la elemental exigencia de tutela judicial efectiva que es la de obtener una sentencia fundada sobre el fondo del asunto sometido al órgano judicial, como por provocar indefensión, ya que la incongruencia supone, al alterar los términos del debate procesal, defraudar el principio de contradicción», siempre que tal desviación suponga una alteración decisiva de los términos del debate procesal, «substrayendo a las partes el verdadero debate contradictorio y produciéndose un fallo o parte dispositiva no adecuado o no ajustado sustancialmente a las recíprocas pretensiones de las partes», constituyendo en definitiva una posible causa de lesión del derecho de defensa.
En idéntico sentido, la doctrina del TS establece que la incongruencia omisiva solo puede ser apreciada cuando no sea posible interpretar el silencio judicial como una desestimación tácita de la pretensión omitida, cuya motivación pueda deducirse del conjunto de razonamientos recogidos en la resolución, entre otras muchas].
En el caso que nos ocupa la sentencia de instancia no ha incurrido en incongruencia.
No es cierto que no haya dado respuesta a cada una de las pretensiones ejercitadas en la demanda. La sentencia recurrida desestima la pretensión principal de reconocimiento de pensión de viudedad, al entender que al tiempo del fallecimiento del causante no se había culminado el proceso de reconciliación judicial regulado en el artículo 84 CC. Acto seguido analiza la segunda pretensión, esto es, si cabe reconocer a la actora la referida pensión, en su condición de separada legalmente. A tal efecto analiza si reúne o no los requisitos del artículo 174.2 LGSS y, en concreto, si se cumple el relativo a la pensión compensatoria.
Después de analizar la jurisprudencia sobre la materia, concluye que "la actora no percibía pensión alguna del causante en el momento del fallecimiento. Así se afirma en la demanda y se ha declarado probado. Por tanto, no percibía pensión compensatoria que se viese truncada por el óbito del Sr. Maximino (...)" - apartado "F" del fundamento de derecho tercero-.
Por tanto, no cabe apreciar un defecto de incongruencia en la resolución recurrida. Con independencia de la valoración jurídica que merezca la cuestión relativa al requisito al que se refiere el art. 174.2 LGSS, lo cierto es que la sentencia responde de forma expresa a todas las cuestiones planteadas.
En definitiva, el motivo de nulidad ha de ser desestimado.
TERCERO.- Revisiones fácticas.
1.- En primer lugar, interesa la rectificación del hecho probado primero, para el que propone el siguiente texto alternativo: "La demandante, Dª Bibiana, estuvo casada con el difunto D. Maximino, pensionista de gran invalidez y fallecido El 26-10-2013. La actora no disfrutaba de la pensión en el momento del fallecimiento. Sin embargo tenía reconocida y era acreedora por tanto de una pensión compensatoria atribuida en Sentencia de Separación en forma de "cargas familiares", que si bien no percibía en el momento del fallecimiento ello era debido a que pocos meses tras la separación retomaron la convivencia, continuando la misma hasta el momento del fallecimiento del Sr. Maximino". Esta pretensión no puede prosperar.
2.- En segundo lugar, solicita la rectificación del hecho segundo, para el que propone el siguiente contenido: "La demandante y el difunto Sr. Maximino se separaron en virtud de sentencia del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Santoña, de fecha 11-7-1984, que aprobó el convenio regulador que obra en los folios 13 a 16 de las actuaciones, cuyo contenido se tiene por reproducido. Haciendo mención a que la guarda y custodia se atribuye a la madre y que "El marido contribuirá a las cargas familiares con la cantidad de 26.500 pts.".
Tampoco esta pretensión puede prosperar.
3.- Interesa también la modificación del hecho tercero, para el que propone el siguiente texto alternativo:
"El 15 de octubre la actora y el Sr. Maximino solicitaron al Juzgado de Santoña la reconciliación judicial al ampro del artículo 84 del Código Civil -folio 33 de las actuaciones-. Tras llevar conviviendo indefinidamente durante 29 años en relación análoga al matrimonio."
Esta pretensión tampoco puede prosperar al resultar innecesario incluir el dato de la convivencia entre la actora y el causante. Se trata de un hecho que no ha sido propiamente controvertido entre las partes. La demandada, a lo largo de la contestación a la demanda, se opuso a que dicha convivencia produjera efectos legales. Por lo tanto, no se ha negado la realidad de la convivencia alegada. El mismo argumento se reitera en el escrito de impugnación del recurso, por lo que se trata de un dato admitido cuya constancia no es necesaria.
4.- Por último, solicita la revisión del hecho quinto. Propone el siguiente contenido alternativo: "La B.R. de la prestación interesada, asciende a 2340,64 euros, siendo la fecha de efectos el 11 de enero de 2014, con un porcentaje del 52%. Siendo la B.R. para la solicitud subsidiaria respecto a la existencia de pensión compensatoria de 159,27 euros, cantidad a la que se deberá aplicar las actualizaciones correspondientes desde el 11-7-1984". Esta última pretensión no puede ser acogida, dado que, como se alega en el escrito de impugnación, la B.R. debe calcularse de acuerdo con la normativa vigente.
CUARTO.-Revisiones Jurídicas.
La cuestión planteada en el motivo de infracción jurídica exige recordar que la doctrina existente en materia de reconciliación matrimonial exige la comunicación de esta circunstancia al Juez que conozca o haya conocido del litigio, conforme a lo dispuesto en el art. 84 del Código Civil.
De este modo, cuando dicha reconciliación no ha sido comunicada al órgano judicial competente, en principio, la posible convivencia entre las partes no puede considerarse como convivencia legal, a efectos del reconocimiento de la pensión en proporción al tiempo de convivencia entre las partes; criterio que recoge la STS de 10-11-2014.
La reanudación de la convivencia solo produce efectos frente a terceros cuando se comunica al Juez, conforme establece el artículo 84 del Código Civil.
Así resulta con toda claridad, que, en lo que ahora interesa:
"La separación matrimonial, en tanto se mantiene el pronunciamiento judicial que la decreta produce -ex lege- unos determinados efectos, entre los que aparece, como el más esencial, el cese de la convivencia conyugal y la posibilidad de vincular bienes de otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica (art. 83 del Código Civil). De aquí que, en tanto subsista y no se modifique por una nueva resolución judicial la decretada situación de separación matrimonial, la convivencia conyugal resulte legalmente inexistente, por más que pueda seguir dándose en la práctica o de hecho. Siendo esto así por las exigencias de la propia naturaleza de un Estado de Derecho, la voluntaria y comúnmente aceptada continuación de la convivencia matrimonial entre dos personas, que legalmente tienen suspendida dicha convivencia, no puede surtir efecto jurídico similar al de la convivencia matrimonial propiamente dicha".
"Para que la reconciliación de los cónyuges separados produzca efectos en el reconocimiento de la pensión de viudedad es preciso que se produzca la comunicación [de la reconciliación] al órgano Judicial, que exige el artículo 84 del Código Civil]."
Por tanto, en los casos en los que se pretenda acceder a la pensión de viudedad desde la situación de matrimonio, si previamente ha existido una sentencia de separación, será necesaria la comunicación correspondiente al órgano judicial que haya conocido de proceso.
La comunicación de la reconciliación la han de realizar ambos cónyuges. La norma no especifica la forma en que se ha de llevar a cabo, pero si se comunica por escrito deberá ser ratificada personalmente ante el Juez. Así parece desprenderse del art. 84 del Código Civil, que establece que los cónyuges "separadamente" deberán poner en conocimiento del Juez la reconciliación, lo que permitirá comprobar que, efectivamente, la decisión de reconciliarse se ha adoptado de manera libre y voluntaria.
La cuestión más controvertida que plantea la regulación legal de la reconciliación es el alcance que se ha de atribuir a la exigencia de comunicación al Juez.
El 84 CC regula la comunicación de la reconciliación, disponiendo que los cónyuges "deberán" ponerla en conocimiento del Juez que entienda o haya entendido en el litigio, pero no determina con claridad las consecuencias del incumplimiento de tal obligación.
En el ámbito civil se han perfilado dos corrientes claramente contradictorias.
La que afirma el carácter constitutivo de la comunicación judicial. Conforme a esta posición, la reanudación de la convivencia sin la notificación al juzgado, no solo no tiene efectos frente a terceros, sino tampoco entre los propios cónyuges, de manera que mantienen plena vigencia la totalidad de las medidas acordadas en la sentencia de separación, incluyendo las pensiones compensatorias y alimenticias. Para esta tesis, la comunicación al juzgado es un requisito formal esencial
La tesis contraria defiende que la exigencia de comunicación al Juez no impide reconocer la existencia de una reconciliación de forma tácita o privada, cuando se deduzca de actos concluyentes mantenidos en el tiempo. Para esta segunda posición, la comunicación al Juez tiene un carácter formal, va dirigida a ordenar la nota marginal en la inscripción del matrimonio en el Registro Civil y así poder afectar a terceros.
El carácter constitutivo o no de la comunicación carece de relevancia en el asunto que nos ocupa, dado que en este caso consta la comunicación efectiva, remitida por escrito al Juzgado que había conocido del proceso de separación entre los cónyuges. Lo que ocurre es que en este supuesto no consta la ratificación de ambos cónyuges, el dictado de la correspondiente resolución judicial ni el acceso de la misma al registro.
La interrupción de la tramitación procesal correspondiente se produjo como consecuencia del fallecimiento sobrevenido del causante, ya que la comunicación de la reconciliación se remitió al Juzgado el 15-10-2013 y el Sr. Maximino falleció el 26-10-2013.
Sobre este extremo debemos considerar que el art. 84 del Código Civil contempla el requisito de la comunicación al Juez, exclusivamente, desde la perspectiva de su incidencia en el procedimiento de separación en curso, o incluso, en el proceso ya resuelto en virtud de sentencia. Dicha comunicación es la que sirve de base para practicar la inscripción, pues a partir de ella, el juez dicta la correspondiente resolución que sirve para que ésta se haga constar en el Registro civil al margen de la inscripción del matrimonio, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 76 de la Ley de Registro Civil y 264 del Reglamento de Registro Civil.
Si tenemos en cuenta que la Ley de Registro Civil no hace una mención especial a la reconciliación como hecho inscribible, podríamos concluir que la inscripción no es un requisito necesario para entender que la reconciliación existe.
De hecho, el artículo 76 LRC no la menciona. Su inclusión ha de efectuarse al amparo de la fórmula general del propio artículo art. 76 LRC, cuando menciona a "cuantos actos pongan término a ésta", en referencia a la relación conyugal.
Por tanto, cabría entender que la inscripción, por sí misma, no es un requisito constitutivo sino declarativo del hecho jurídico de la reconciliación de los cónyuges separados judicialmente. Tiene un valor semejante al de la mayor parte de las inscripciones en nuestro ordenamiento jurídico, esto es, hace prueba del hecho inscrito -Díez Picazo-.
Conforme dispone el art. 2 LRC y el 327 CC, da publicidad al hecho de la reconciliación y precisamente por ello, la falta de inscripción no es oponible frente a terceros.
Ahora bien, este último escollo, la inoponibilidad frente a terceros, debe ser salvado en supuestos como el presente en los que concurren excepcionales circunstancias.
En el presente caso la Entidad Gestora asume la existencia de una mera separación formal y no material, pues como se ha dicho, lo único que cuestionó en la contestación a la demanda fue el carácter o los efectos legales de una convivencia de hecho mantenida durante veintinueve años, durante la cual tuvieron un segundo hijo en común.
Estas excepcionales circunstancias hay que ponerlas en relación con el hecho de que antes del fallecimiento del causante, ambos cónyuges comunicaron al Juzgado competente la reconciliación y que el procedimiento judicial quedó truncado por la circunstancia sobrevenida del fallecimiento del Sr. Maximino.
Entendemos que en tales circunstancias procede aplicar una interpretación humanizadora y flexible de lo dispuesto en el art. 174.1 LGSS, reconociendo a la actora la prestación de viudedad, en la condición de cónyuge del causante.
La falta de aprobación judicial y la correspondiente inscripción de la reconciliación comunicada al juzgado, no pueden producir una consecuencia tan gravosa como la exclusión de la protección. En primer lugar, porque no estamos ante un supuesto en el que se haya omitido la comunicación, con lo que no se infringe la doctrina legal antes citada, que entiende que, a efectos de reconocimiento de la pensión de viudedad, en supuestos de divorcio o separación con ulterior reconciliación, ésta ha de ser efectivamente comunicada al Juzgado de familia. En este caso consta la comunicación formal, lo único que no consta es la tramitación de la misma, lógicamente, derivada del funesto hecho sobrevenido de la muerte del causante.
En segundo término, debemos considerar, como venimos manteniendo, las excepcionales circunstancias acreditadas, esto es, la prolongada convivencia, apenas interrumpida y la existencia de un nuevo hijo común, nacido tras la reconciliación (año 1987).
Conviene señalar que esta interpretación humanizadora y flexible en supuestos de reconciliación entre cónyuges previamente separados o divorciados se ha aplicado por otras Salas de lo Social como la de Canarias. En dichos supuestos no constaba la comunicación de la reconciliación al Juzgado, pero se justificaba, como en este caso, una larga convivencia apenas interrumpida tras la separación judicial, así como la existencia de hijos comunes, nacidos durante dicho período de separación legal. Como se razona por la Sala, la falta de cumplimiento del requisito de comunicación que exige el art. 84 CC, no puede producir una consecuencia tan gravosa como la exclusión de protección a personas que seguramente desconocen la existencia de dicho requisito, argumento que compartimos.
En el mismo sentido, se pronuncia la STSJ de Castilla La Mancha de 29-6-2015, que igualmente reconoce la pensión de viudedad en la condición de cónyuge del causante, en un supuesto en el que la comunicación se había producido a un órgano judicial no competente, efectuando también una interpretación flexible y humanizadora del precepto.
En definitiva, procede estimar la pretensión principal del recurso y, en consecuencia, reconocer a la actora la pensión de viudedad que solicita en la condición de cónyuge del causante, en un porcentaje de 52% sobre la B.R. de 2.340,64 euros, con fecha de efectos a 11-1-2014.
Estimamos el recurso interpuesto por Dª Bibiana frente a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Santander, de 27-4-2015, revocando la misma y reconociendo en su lugar el derecho de la actora a percibir la pensión de viudedad en la condición de cónyuge del causante, en un porcentaje de 52% sobre la B.R. de 2.340,64 euros, con fecha de efectos a 11-1-2014.
Se puede interponer contra esta sentencia recurso de casación para la unificación de doctrina, que podrá prepararse ante el TSJ de Cantabria dentro de los 10 días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación.
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