Source: http://www.laotravozdigital.com/anteproyecto-ley-de-femicidio/
Timestamp: 2017-12-13 01:49:25
Document Index: 33455520

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 88', 'Artículo 41', 'Artículo 3', 'Artículo 307', 'Artículo 307', 'Artículo 309', 'Artículo 309', 'Artículo 4', 'artículo 390', 'Artículo 390', 'Artículo 5', 'artículo 478', 'Artículo 10', 'Artículo 8', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 37', 'artículo 9', 'artículo 8', 'in fine']

Anteproyecto Ley de Femicidio | La Otra Voz Digital
12 de mayo de 2012	A través de: CONSAVIG 193 lecturas
Artículo 1.- Objeto: La presente ley tiene por objeto, en el marco de lo establecido por la Convención Interamericana Para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer ?Convención de Belém Do Pará?, garantizar la protección de la vida de las mujeres contra actos de violencia que tengan por objeto poner fin a la misma.
a) Se incorpora el ?Capítulo I bis Delitos contra la vida y la igualdad? en el Título I del Libro Segundo.
?Artículo 88 bis: Se impondrá prisión perpetua al varón que matare a una mujer o a una persona con identidad femenina, en razón de serlo.?
?Artículo 41 quinto: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código sea cometido por un varón contra una mujer o persona de identidad femenina, en razón de serlo, la escala penal correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo. Se exceptúan los delitos previstos en el Libro Segundo, Título III.?.
Artículo 3.- Patria Potestad: Modifícase el Libro I, Sección II, Título III ?De la patria potestad? del Código Civil de la Nación Argentina de modo que:
?Artículo 307 bis: Queda privado de la patria potestad el padre condenado como autor, coautor, instigador o cómplice por el delito de femicidio o tentativa de femicidio contra la madre de las hijas o hijos en común con la víctima, respecto de ellos. La condena penal produce de pleno derecho la privación de la patria potestad.
El juez penal debe comunicar la condena recaída por el delito de femicidio o tentativa de femicidio al juzgado competente en asuntos de familia, el que dará intervención al Ministerio Público para que promueva las acciones que correspondan.?
?Artículo 307 ter: En todos los casos de privación de la patria potestad previstos en este código, subsisten los deberes alimentarios. ?
?Artículo 309 bis: Queda suspendido en el ejercicio de la patria potestad el padre procesado como autor, coautor, instigador o cómplice por el delito de femicidio o tentativa de femicidio contra la madre de las hijas o hijos en común con la víctima, respecto de ellos. El auto de procesamiento dictado por el juez de instrucción, produce de pleno derecho la suspensión del ejercicio de la patria potestad
El juez penal debe comunicar el procesamiento por delito de femicidio o tentativa de femicidio al juzgado competente en asuntos de familia que, dará intervención al Ministerio Público para que promueva las acciones que correspondan.?
Si recae condena firme, se aplicará el art. 307 bis. Dictado el sobreseimiento o la absolución, el padre podrá requerir la revisión de la medida al juez con competencia en asuntos de familia. La decisión se adoptara previa audiencia con las hijas e hijos.?
?Artículo 309 ter: En todos los casos de suspensión de la patria potestad previstos en este código, subsisten los deberes alimentarios.?
Artículo 4.- Tutela: Modifícase el Libro I, Sección II, Título III ?De la Tutela Legal? del Código Civil de la Nación Argentina de modo que se incorpora el artículo 390 bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:
?Artículo 390 bis: En los supuestos de privación o de suspensión de la patria potestad previstos en los artículos 307 bis y 309 bis, el juez priorizará el otorgamiento de la tutela de las hijas o hijos a los familiares de la víctima o aquellos designados por ésta, salvo causas graves que afecten el interés superior de la niña o niño.?
Artículo 5.- Curatela: Modifícase el Libro I, Sección II, Título XIII, Capítulo I ?Curatela a los incapaces mayores de edad? del Código Civil de la Nación Argentina de modo que se incorpora el artículo 478 bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:
?Art. 478 bis: Será revocada la curatela a favor del procesado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio o tentativa de femicidio cometido contra la madre de su curada o curado. El auto de procesamiento produce de pleno derecho la revocación de la curatela.
El juez penal debe comunicar el procesamiento por el delito de femicidio o tentativa de femicidio al juzgado competente, el que dará intervención al Ministerio Público.?
Artículo 10.- Estados Provinciales: Invítase a los Estados Provinciales a sancionar las leyes pertinentes para eximir del pago de la tasa de justicia y tasa administrativa a los trámites judiciales o administrativos y publicaciones de rigor, necesarios para la percepción de la reparación
1. Al Organismo Rector encargado del diseño de políticas públicas para efectivizar las disposiciones del art. 12 de la ley 26.485.
2. A la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), para que en cumplimiento del Artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer realice un informe sobre causas y circunstancias del caso y proponga las medidas que estime conducentes para evitar su reiteración.
3. Al órgano que corresponda a fin de determinar la eventual responsabilidad penal de los/las funcionarios/as o agentes por actos u omisiones vinculados a denuncias anteriores al hecho. Para el supuesto que surgiera responsabilidad administrativa, este último organismo deberá remitir copia de las actuaciones a la autoridad competente.
Artículo 13.- Modifícase el Libro II INSTRUCCIÓN, Título IV ?Situación del Imputado? del Código Procesal Penal de la Nación Argentina de modo que:
?Art. 308 bis: Dispuesto el procesamiento como autor, coautor, instigador o cómplice por el delito de femicidio o tentativa de femicidio, dentro de las 48 horas, el juez debe comunicar dicha circunstancia al juzgado con competencia en asuntos de familia para que adopte las medidas correspondientes.?
Artículo 14.- Modifícase el Libro III JUICIOS, Título I ?Juicio Común? del Código Procesal Penal de la Nación Argentina de modo que:
?Art. 403 bis: La sentencia condenatoria por el delito de femicidio o tentativa de femicidio será comunicada dentro de las 48 horas al juzgado con competencia en asuntos de familia para que adopte las medidas correspondientes y en igual plazo al Organismo Rector encargado del diseño de políticas públicas para efectivizar las disposiciones del art. 12 de la ley 26.485, a la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) y al órgano correspondiente para investigar la eventual responsabilidad penal de los/las funcionarios/as o agentes por actos u omisiones vinculados a denuncias anteriores al hecho.
Por ello, en pos de avanzar hacia una igualdad sustancial entre mujeres y hombres, superadora de la meramente formal, es necesario reconocer que la violencia contra las mujeres constituye una práctica social cuyo sustento fundamental es la discriminación y la construcción de relaciones de subordinación(1).
Estas leyes llamadas de segunda generación en general son penales. Y entre ellas se encuentran las leyes que penalizan el femicidio ?Costa Rica (2007), Guatemala (2008), Chile (2010), México (en diferentes momentos en los siguientes estados: Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos, el Estado de México, DF y Veracruz) y el presente año El Salvador (2011)?. Un antecedente parcial de estas leyes de segunda generación lo logró República Dominicana al introducir en 1997 una reforma al Código Penal que incluyó como delito la violencia contra la mujer con una pena de entre 1 y 5 años, igual que el delito de violencia doméstica.
Los constituyentes del siglo XIX al establecer el Programa Constitucional para la Nación Argentina, procuraron dejar expresamente determinados los pilares de su construcción. De tal manera, el proceso revolucionario iniciado a principios de ese siglo se consagró en la voluntad del pueblo de la nación en darse una forma de gobierno representativa, republicana y federal(2). Pero siguiendo los principios que caracterizaron el camino de la revolución americana, los constituyentes adoptaron una formulación igualitaria para la república naciente.
En este sentido, tanto el enfático rechazo a toda prerrogativa de sangre o nacimiento, a los fueros personales o a los títulos de nobleza, como la afirmación de que todos sus habitantes son iguales ante la ley(3), se encuentra reforzado al extender los derechos que expresamente consagra a todos los habitantes(4), en coincidencia con la generosa oferta de su preámbulo.
Por cierto que tal proclamación de la igualdad aún cuando debió estar presente en todas las acciones de gobierno desarrolladas en el marco del Programa Constitucional, con el objeto de afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad(5), resultó insuficiente para alcanzar una aceptable protección. En esta línea de pensamiento, los reformadores de 1994 introdujeron nuevos compromisos programáticos tendentes a realizar la igualdad proclamada.
De tal manera, el actual artículo 37, en su segundo párrafo, determina que ?la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral?. En consonancia con el reconocimiento expreso de las desigualdades de poder históricas entre varones y mujeres, que los organismos internacionales han efectuado en numerosos documentos, los reformadores incorporan al Programa Constitucional la obligación de adoptar medidas de transformación directa de la realidad para alcanzar la igualdad de los derechos políticos.
Así el nuevo inciso 23 del ahora art. 75, en su primer párrafo, pone en cabeza del Congreso Nacional la obligación de ?legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad?.
En el ámbito universal, la igualdad de género se encuentra enunciada desde el Preámbulo de la Carta de las Naciones(6) y a ella se hace referencia en gran parte de su articulado(7). Este principio fue ratificado enfáticamente en le Declaración del Milenio(8) en la que se señala que determinados valores fundamentales son esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI, y precisamente en referencia a la igualdad, afirma que debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, en un paso avanzado hacia la igualdad real. La referida declaración agrega además, bajo el título Derechos Humanos, Democracia y Buen Gobierno, la decisión de los Estados que integran la ONU de luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
La Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en 1968 emitió la Proclamación de Teherán cuyo punto 15 expresa que ?la discriminación de que sigue siendo aún víctima la mujer en distintas regiones del mundo debe ser eliminada. El hecho de que la mujer no goce de los mismos derechos que el hombre es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y a las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La aplicación cabal de la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer es una necesidad para el progreso de la humanidad?.
Con base en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967), once años más tarde se firmó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. En ella remitiendo nuevamente al principio de igualdad establecido en la Carta de las Naciones, y ?recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad?, se establece un catálogo numeroso de compromisos que asumen los Estados con el objetivo de hacer real la igualdad de varones y mujeres atacando la discriminación.
A fines de 1993 y específicamente en materia de violencia, se emitió la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer cuyo contenido ?a pesar de que aún no ha logrado plasmarse en una Convención?, contiene compromisos y orientaciones que no pueden ignorarse.
En el ámbito regional, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, consagra el principio de igualdad en su articulado(9). En septiembre de 2001, los Estados de la Región firmaron la Carta Democrática Interamericana en cuyo artículo 9 se establece que la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.
El 9 de junio de 1994 la Asamblea General de la OEA adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que establece numerosas obligaciones para los Estados entre las cuales merecen destacarse el compromiso del art. 7g a establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Se suma a ello la obligación de adoptar en forma progresiva medidas tendentes a ?fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer?(10), y ?garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios?(11).
En este sentido, la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales(12), constituye una vigorosa herramienta normativa para llevar adelante las transformaciones necesarias que remuevan definitivamente los obstáculos que impiden alcanzar la igualdad real de varones y mujeres.
Y el pueblo de la Nación Argentina, ha puesto en las bases mismas de su constitución el ?sagrado dogma de la igualdad?(13) y ha enunciado entre sus objetivos políticos, alcanzar la igualdad real de oportunidades y trato para todas y todos sus habitantes.
Es por ello que se propone incorporar al Código Penal dos normas que tienen por objeto individualizar los crímenes que deben identificarse como violencia de género destacando que, en atención a que dicha violencia constituye una vulneración de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres, a quienes limita total o parcialmente en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades(14), merecen una consideración distintiva respecto de los demás delitos.
En este sentido, el homicidio de una mujer ?o de una persona de identidad femenina? por ser tal, no sólo afecta de manera directa a quien pierde la vida sino que afecta la estructura social misma. Con ello se explica la necesidad de introducir el delito de femicidio en un nuevo capítulo que se incorporará al Código Penal bajo el rótulo de delitos contra la vida y la igualdad, a continuación del Capítulo I, del Título I del Libro Segundo, y no como un artículo más dentro del capítulo de delitos contra la vida.
La reparación en los casos de femicidio ha sido abordada en general desde contextos de conflicto armado o de represión. En un estudio realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) se indaga en la violencia sexual de la que fueron objeto las mujeres durante los conflictos armados en Guatemala, Colombia, Perú y durante la dictadura en Argentina y Chile, así como en las formas de reparación adoptadas y su impacto en las víctimas(15).
Por ello en el escenario de la reparación, es factible el análisis de una nueva forma de justicia llamada ?transiciona?l. Esta concepción de justicia se asocia con períodos de cambio político y se caracteriza por respuestas legales, que tienen por objeto enfrentar los crímenes cometidos en contextos de conflicto armado o por regímenes opresores anteriores. Abarca ?según surge de un informe del Secretario General del Consejo de Seguridad Naciones Unidas(16)? ?? toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos?.
Si bien hay quienes a esta justicia llamada transicional la oponen o enfrentan a la justicia ?restaurativa?, Uprimny y Saffon(17) señalan que a pesar de la tendencia que existe en la actualidad a defender la aplicación del paradigma de justicia restaurativa a procesos de justicia transicional, los orígenes de ambos tipos de justicia son disímiles, pues mientras la justicia transicional surge para equilibrar las exigencias de justicia y paz en contextos excepcionales de transición ?de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia? caracterizados por la necesidad de enfrentar la violación masiva y sistemática de derechos humanos, la justicia restaurativa aparece como un paradigma alternativo al funcionamiento del sistema penal y crítico del mismo en condiciones de normalidad y, en concreto, de la manera como éste castiga las formas ordinarias de crímenes presentes en una sociedad.
Así, la justicia restaurativa se presenta como un modelo alternativo de enfrentamiento del crimen que ?? en lugar de fundarse en la idea tradicional de retribución o castigo, partiría de la importancia que tiene para la sociedad la reconciliación entre víctima y victimario. En ese sentido, todos los autores o grupos que la defienden coinciden en propugnar que el derecho penal deje de centrarse en el acto criminal y en su autor y gire la atención hacia la víctima y el daño que le fue ocasionado? el paradigma restaurador pretende centrarse en el futuro y no en el pasado y, al hacerlo, lejos de basarse en la evaluación de la culpa del ofensor, le otorga una importancia fundamental a la búsqueda de aquellos mecanismos a través de los cuales éste puede adquirir conciencia acerca del daño que causó, reconocer su responsabilidad e intentar reparar ese daño? (Uprimny y Saffon).
1) Acciones judiciales contra los autores individuales de crímenes (ya sea por medio de tribunales nacionales o internacionales). Así los procesos penales ?en los contextos transicionales? no sólo sirven para que los autores de delitos respondan por sus actos y se haga justicia para las víctimas, sino que también cumplen un rol disuasivo y de denuncia pública de las conductas delictivas. Para Naciones Unidas, ?los sistemas de justicia nacionales deben ser el primer recurso en materia de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando las autoridades nacionales no cumplen sus obligaciones internacionales y se muestran renuentes o incapaces a la hora de enjuiciar internamente a los infractores, el papel de la comunidad internacional cobra una importancia crucial, como queda de manifiesto en el establecimiento y el funcionamiento de los tribunales penales internacionales? Pese a sus limitaciones e imperfecciones, los tribunales penales internacionales? han modificado el carácter de la justicia internacional y realzado la naturaleza mundial del imperio de la ley.?
Especialmente en países latinoamericanos y africanos, se ha utilizado el mecanismo de las Comisiones de Verdad, instituciones temporales investidas con una autoridad oficial para investigar trayectorias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante un período de tiempo pasado y para elaborar recomendaciones para la justicia y la reconciliación. Las historias que estas comisiones para reconstituir deben ser divulgadas en un reporte público. Para Naciones Unidas es ?indispensable asegurar que sean sensibles a las cuestiones de género y solidarias con las víctimas de delitos o de discriminación?.
Ello así porque según el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ?la reparación no siempre es monetaria, sino que puede consistir en la restitución de los derechos de las víctimas, programas de rehabilitación y medidas simbólicas, como disculpas oficiales, monumentos y ceremonias conmemorativas. También es habitual, en los países que salen de un conflicto, la restitución de los derechos de propiedad o, si no es posible, una indemnización justa? Es probable que ninguna forma de reparación por sí sola sea satisfactoria para las víctimas. Normalmente se necesitará una combinación adecuada de medidas de reparación, como complemento de los procesos de los tribunales penales y las comisiones de la verdad. Independientemente del sistema de justicia de transición que se adopte y de los programas de reparación complementarios, las demandas de justicia y los dictados de la paz requieren algún tipo de indemnización de las víctimas?.
La Declaración Universal de Derechos Humanos es el texto fundador y fuente inspiradora de lo que más tarde constituirá el desarrollo concreto de sus principios. Así, en su artículo 8, se señala que ?toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.?
De igual modo lo expresan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al señalar que ?toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación? y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que ?todo Estado parte velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible??
Los Sistemas Regionales de Protección a los Derechos Humanos también han consagrado ?respecto de derechos específicos? el principio de indemnizaciones o el derecho a una compensación adecuada.
En efecto, si bien la obligación de reparar surge en el derecho cada vez que existe incumplimiento con las obligaciones que los sujetos acuerdan, no es menos cierto que en el caso de los contextos de conflicto interno y/o represión política en que las violaciones a los derechos humanos cobran una especial gravedad por el carácter sistemático y generalizado de los actos que se cometen, la reparación también debe dar cuenta de dicha gravedad. En este sentido, el concepto de víctima tiende a ampliarse en la medida que no son sólo las víctimas directas las afectadas, sino círculos más amplios y, finalmente, la ciudadanía o población en su totalidad. De allí la importancia creciente que los expertos en derechos humanos están dando a medidas tanto de carácter simbólico como de carácter institucional, tales como reformas legales específicas que garanticen la protección de los derechos humanos. Este tipo de medidas a veces se dan producto del propio contexto transicional, pero otras veces ocurren porque los actores involucrados se movilizan y presionan. Estarán más ligadas a la capacidad que tengan dichos actores que a la obligación del Estado de reparar en sentido amplio a la sociedad que se ha visto afectada y que requiere reconocerse en sus errores y horrores para poder avanzar hacia la ?normalidad? democrática.
Para realizar un menú de reparaciones con perspectivas de género frente a los femicidios creemos paradigmáticos los criterios jurisprudenciales desarrollados en la sentencia CAMPO ALGODONERO(18)
En Campo Algodonero es nodal el concepto de ?reparación integral? (restitutio in integrum), entendiendo por tal el restablecimiento a la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación de derechos humanos produjo, además de una indemnización como compensación por los daños causados.
En Campo Algodonero la Corte Interamericana de DDHH, luego de analizar las pruebas presentadas por todas las partes, consideró que habían sido violados derechos humanos de las víctimas y que por ello se debía atribuir responsabilidad internacional al Estado Mexicano. Las ?declaraciones? contenidas en la sentencia son las conclusiones de ese análisis, y en ellas se establece qué derechos se conside¬ran violados por actos u omisiones de cualquier poder u órgano del Estado, independientemente de su jerarquía.
Así en la Declaración Tres (3) la Corte dispuso que el Estado incumplió con su deber de investigar ?y con ello su deber de garantizar? los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las víctimas, consagrados en Tratados Internacionales y con ello violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial.
En la Declaración Cuatro (4), por su lado, se estableció que el Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artí¬culo 1.1 de la Convención Americana, en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal
En la Declaración Seis (6) la Corte estableció que el Estado Mexicano violó el derecho a la integridad personal, aclarando que este derecho siempre se considera violado respec¬to de los familiares directos de las víctimas, en virtud del vínculo afectivo que los/as unía pero además por la participación en la búsqueda de la verdad.
A cada declaración, en Campo Algodonero se suman comentarios y referencias ?llamadas disposiciones? que permitan de¬sarrollar propuestas específicas de seguimiento. Veamos algunas de ellas:
La Disposición Uno establece que ?esta sentencia constituye per se una forma de reparación?.
Recordemos que en el derecho internacional se considera que la sentencia declarativa de la responsabilidad de un Estado constituye, por sí misma, una manera de reparación de los daños inmateriales producidos. Es una forma de reivindi¬cación social en la que se establece que la víctima fue sometida a un trato injusto por el que el Estado debe responder. La sentencia tiene una repercu¬sión pública y en ello también radica su calidad reparadora.
En la historia de la construcción de los derechos humanos de las muje¬res colocar las violaciones a estos derechos en el ámbito público ha sido un aspecto prioritario. Porque uno de los principales obstáculos para las mujeres para acceder a la justicia ?así como una más de las características de la discriminación contra las mujeres? ha sido ubicar en lo íntimo, en lo individual y aislado, en la culpa y la propia responsabilidad, las violaciones a sus derechos.
Por otro lado, este último organismo, con copia de la sentencia deberá examinar las distintas circunstancias de cada caso estudiando el contexto en que se produjo el episodio y procurará determinar el modo en que los patrones socioculturales de discriminación hacia la mujer, falta de capacitación o sensibilidad, asignación estereotipada de roles, prejuicios u otras circunstancias que obstaculizan el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, hayan funcionado como obstáculo para que la víctima pudiera obtener una respuesta pronta y eficaz que evitara el crimen. En base a ello y a lo que resulte del informe del organismo de investigación, propondrá las medidas necesarias para remover tales obstáculos para garantizar a las mujeres una igualdad real de derechos y una vida libre de violencia(19).
Finalmente, las particularidades del femicidio indican que en muchos casos la muerte de la mujer deja en especial desprotección a sus hijas e hijos menores o discapacitadas/os, situación que se agrava cuando el agresor era, a su vez, el adulto masculino responsable de ellas/os. En estos casos, el Estado debe asumir una protección reforzada puesto que la especial situación de vulnerabilidad de dichas niñas, niños, adolescentes o personas discapacitadas ha sido producto del doble fracaso en cuanto a brindar el cuidado adecuado a ellas/ y a sus madres. Tal protección no podía circunscribirse a la mera disposición de tutelas y asistencias formales: la ley crea una asignación igual a una cuota mensual de ?tres asignaciones universales por hijo?, para cada niña/o, adolescente o persona discapacitada.
En el año 1919, a través de la ley 10.903 la patria potestad dejo de ser un ?conjunto de derechos? y pasa a constituir ? el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos?.
La mencionada reforma, incluyó en el texto del anticuo 264, la finalidad de esos deberes en tanto sostiene ?Es una autoridad que se debe ejercer para que puedan lograrse los fines de protección y formación integral de los hijos (art. 264 in fine); con ello se consagra la ?cláusula de beneficio de los hijos?, que no es otra cosa que la forma de ejercer la autoridad paterna, siempre con la mira puesta en el interés de los hijos o hijas, desplazando toda idea de primacía o prerrogativa paterna.
Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la OC-17/2002 ha afirmado que ?los Estados se comprometen a abandonar la concepción del niño incapaz, logrando el respeto de todos sus derechos, así como el reconocimiento de una protección integral?.
Todo ello produce un cambio sustancial en las relaciones del Estado con la infancia y de los adultos con los niños y niñas, las políticas públicas deben tener en miras que estamos ante ?sujetos en formación?, con todo lo que ello implica.
? Esto se relaciona con un factor importante como lo es el tiempo, el plazo razonable como una de las características fundamentales en un proceso justo constitucional para la infancia. Cada diligencia o paso en un proceso puede consumir días, meses y años, mientras los niños esperan con incertidumbre quien se hará a cargo de sus necesidades elementales, lo que es inconciliable con el proceso que se merecen.
(1) TOLEDO VASQUEZ, Patsilí, Femicidio, Naciones Unidad. Derechos Humanos. Oficina del Alto comisionado para los Derechos Humanos. México, 2009.
(2) Art. 1° de la Constitución Nacional
(3) Art. 16 de la Constitución Nacional
(4) Arts. 14, 17, 18, 19, 20 de la Constitución Nacional
(5) Objetivos perennes que enuncia el Preámbulo del texto constitucional para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.
(6) NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS RESUELTOS ?a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas (Preámbulo de la Carta de las Naciones)
(7) Arts. 1, 13b, 55c, 76c de la Carta de las Naciones.
(8) Nueva York, septiembre de 2000
(9) Arts. 3.l y 45, a de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
(10) Art. 8 inciso c) de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
(11) Art. 8, inciso h) de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
(12) sancionada por el Congreso Nacional el 11 de marzo de 2009 y promulgada el 1 de abril del mismo año
(13) Decreto de Supresión de Honores del Presidente, dictado por la Junta Revolucionaria el 6 de diciembre de 1810
(14) ?Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer?
(15) SIN TREGUA. Políticas de reparación para mujeres víctimas de violencia sexual durante dictaduras y conflictos armados en http://www.ela.org.ar, publicaciones. Página consultada 10 de setiembre de 2011.
(16) Citado en Sin Tregua
(17) Citados en Sin Tregua
(18) http://www.campoalgodonero.org.mx. Página web consultada 11 de septiembre de 2011.
FOTO: monitorbc.info
Genero	2012-05-12