Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2001/08/registro-oficial-7-de-agosto-del-2001
Timestamp: 2019-10-16 04:32:13
Document Index: 298802694

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 7', 'Artículo 2', 'artículo 75', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 29', 'artículo 380', 'artículo 200', 'artículo 1', 'artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 31', 'artículo 33', 'artículo 6', 'artículo 26', 'artículo 2445', 'artículo 200', 'artículo 1', 'artículo 2416', 'artículo 14', 'artículo 2445', 'artículo 119', 'artículo 19', 'artículo 200', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 45', 'artículo 47', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 45', 'artículo 1067', 'artículo 30']

Registro Oficial. 7 de AGOSTO del 2001
Martes, 07 de agosto de 2001
Martes 7 de Agosto del 2001
REGISTRO OFICIAL No. 385
FUNCION EJECUTlVA
\n 1698 Dispónese que el Ministro\n de Economía y Finanzas, realice las gestiones necesarias\n para una emisión de bonos por el monto indispensable,\n que garantice el pago del costo de las obras de readecuación\n del puente Rafael Mendoza Avilés y la construcción\n de un puente anexo al mismo, a ser contratadas por el Ministerio\n de Obras Públicas y Comunicaciones
\n 168 Modifícase el Acuerdo\n Ministerial No 110 publicado en el Registro Oficial No \n 240 de enero 9 del 2001
DIRECCION GENERAL DE AVIACION\n CIVIL:
\n 01/209 Establécese el procedimiento\n y cuantía en la determinación de sanciones administrativas\n provenientes de auditoría y exámenes especiales\n practicados por la Contraloria General del Estado y la División\n de Auditoría Institucional
\n EMPRESA NACIONAL\n DE CORREOS:
\n 0045 Expídese\n el Reglamento Constitutivo del Comité de Concurso Epistolar\n y Adquisiciones Menores
SEGUNDA SALA DE LO CIVIL\n Y MERCANTIL:
\n 170-2001 Lcda. Rosa Santamaría\n Acurio en contra de Juana Maricela Gordillo Freire
172-2001 Arq. Rodrigo Gustavo Montero Calle en contra de la\n Sociedad Salesiana del Ecuador
173-2001 Dr. Polivio Nelson Dávila Gordón en\n contra de Sonia Cadena de Villarreal
179-2001 Blanca Rosario Peralta Cordero en contra del Dr. Ricardo\n Pazmiño Tenelema
180-2001 Abogado José Vicente del Salto Gaibor en contra\n de Angel Oña
181-2001 Pinturas Superior Cia. Ltda. en contra de INCA Compañía\n de Seguros S.A.
183-2001 Cía. Friosur S.A. en contra del abogado Ramiro\n Domínguez Narváez
185-2001 Aída Cecilia de los Angeles Rivadeneira Obando\n en contra de Cecilia Michelena Carranco
186-2001 Carlos Tomás Torres Pesantes en contra de\n María Josefina Bohórquez Avilés
190-2001 Abogada Julieta Ramirez Monroy en contra del abogado\n José Maria Loor Bravo
196-2001 Ec. Jaime Sacoto Rojas en contra del Instituto Ecuatoriano\n de Reforma Agraria
204-2001 Sociedad de Carpinteros de Auxilios Mútuos\n en contra de Enrique Antonio Ponce Morán
209-2001 Ing. Luis Cedeño Romero en contra del Subsecretario\n Regional Litoral Norte del Ministerio de Agricultura y Ganadería
210-2001 Dra. Mercy Galud Aguirre de Massi en contra de Javier\n Aleander Camacho González
212-2001 Martín Saquinga Lema y otra en contra de Segundo\n Salomón Molina
215-2001 José Filiberto Molina Alcivar en contra de\n Mónica Liliana Mejía Cedeño
217-2001 Dr. Julio Soxo Vallejo y otros en contra de Wilmo\n Nazareno Soxo Mariño
218-2001 Juan Prado Quinde en\n contra de Cira Martinez Manjarret
220-2001 Yolanda Raquel Molina Parra en contra de Sonia Velecela\n Carchipulla
221-2001 Pablo Guillerno Moreta Suárez en contra de\n María Luzmila Andrango Chirán
223-2001 Betty de las Mercedes Yépez Navarro \n de Núnez en contra de Luis Guillermo Núnez
225-2001 Manuel Barrera Pinos en contra de Manuel Cornelio\n Orellana Arichavala
\n ACUERDO DE CARTAGENA
\n 503 Reconocimiento de documentos\n nacionales de identificación
504 Creación del Pasaporte Andino
505 Plan Andino de Cooperación para la lucha contra\n las drogas ilícitas y delitos conexos
506 Reconocimiento y aceptación de certificados\n de productos que se comercialicen en la Comunidad Andina
\n ORDENANZAS MUNICIPALES:
\n - Cantón Gualaquiza: Para\n el servicio de agua potable
- Cantón San\n Francisco de Puebloviejo: Que regula\n la determinación, administración y recaudación\n del impuesto a los predios rurales
- Cantón San\n Cristóbal: Que reforma \n a la Ordenanza que reglamenta el servicio de agua potable.\n \n
N°\n 1698
Que el proyecto de construcción de un puente anexo\n sobre el río Daule, y la readecuación del puente\n Rafael Mendoza Avilés, constituye para el Gobierno obra\n prioritaria para el desarrollo del país;
Que dada la trascendencia del proyecto de construcción\n especificado, y la urgente necesidad de iniciar los procesos\n para la contratación y ejecución de las obras inherentes\n al mismo, es indispensable establecer los mecanismos que garanticen\n el pago de dichas obras, a ser financiadas con crédito\n de proveedor;
Que de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control, compete al Presidente\n de la República la Dirección General de la Administración\n Financiera del Gobierno Nacional, que la ejerce por Medio del\n Ministro de Economía y Finanzas; y,
En ejercicio de la facultad que le confieren los artículos\n 171 numeral 18 y 260 de la Constitución Política\n de la República,
Art. 1. - Dispónese que el Ministro de Economía\n y Finanzas, en ejercicio de las funciones que le corresponden,\n a nombre y representación del Estado Ecuatoriano inicie,\n con sujeción a la ley, las gestiones necesarias para una\n emisión de bonos por el monto indispensable, que garantice\n el pago del costo do las obras de readecuación del puente\n Rafael Mendoza Avilés y la construcción de un puente\n anexo al mismo, a ser contratadas por el Ministerio de Obras\n Públicas y Comunicaciones.
Art. 2. - De la ejecución de este decreto, que entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial, encárguense los ministros de Economía\n y Finanzas y el de Obras Públicas y Comunicaciones.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 25 de julio del 2001.
f) Jorge Gallardo, Ministro de Economía y Finanzas.
f.) José Machiavello, Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones.
N0 168
Que mediante Acuerdo Ministerial N0 110, publicado en Registro\n Oficial N0 240 de enero 9 del 2001, se asignó jurisdicción\n a cada una de las direcciones regionales de minería;
Que en el artículo 7, ordinal tercero se ha asignado\n a la Dirección Regional de Minería de El Oro, jurisdicción\n sobre los distritos mineros de Ponce Enríquez y San Gerardo;
Que los distritos mineros señalados en el considerando\n anterior no pueden ser geográficamente delimitados, resul-tando\n en consecuencia imposible asignar a una Dirección Regional\n de Minería jurisdicción sobre los mismos;
Que por lo manifestado es necesario establecer las jurisdicciones\n por provincias y no por distritos mineros a fin de evitar conflictos\n de competencia entre direcciones regionales de minería;\n y,
En ejercicio de las facultades previstas en el Art. 179, numeral\n 6 de la Constitución Política de la República,\n Art. 2 literal i) del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento\n General de la Ley de Minería; y Art. 16 del Estatuto del\n Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva,
Articulo 1. - Eliminase del ordinal tercero del Art. 7 del\n Acuerdo Ministerial N0 110, publicado en el Registro Oficial\n N0 240 de enero 9 del 2001, de la jurisdicción asignada\n a la Dirección Regional de El Oro, la frase "los\n distritos mineros de Ponce Enríquez y San Gerardo".
Artículo 2. - El presente acuerdo entrará en\n vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de\n su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días\n del mes de julio del 2001.
Comuníquese. - f) Pablo Terán Ribadeneira, Ministerio\n de Energía y Minas.
Quito, a 24 julio del 2001.
No. 01/209
Que de conformidad con el artículo 75 de la Ley para\n la Promoción de la Inversión y de la Participación\n Ciudadana que reformó el artículo 6 de la Ley de\n Aviación Civil, la Dirección General de Aviación\n Civil es una entidad adscrita a la Presidencia de la República;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo\n No. 921, publicado en el Registro Oficial No. 198 del 7 de noviembre\n del 2000, la Dirección General de Aviación Civil\n es una entidad de derecho público, con autonomía\n administrativa y financiera, con personería jurídica\n y recursos propios;
Que se hace necesario determinar y cuantificar las sanciones\n administrativas para los servidores, funcionarios y empleados\n tanto civiles como militares, así como a los ex - servidores,\n funcionarios y empleados, por incorrecciones que se derivan de\n los informes de auditorias y exámenes especiales practicados\n por la Contraloría General del Estado y la División\n de Auditoría Interna; y,
En uso de las facultades y atribuciones, que le concede el\n artículo 7 de la Ley de Aviación Civil,
Establecer el siguiente procedimiento y cuantía en\n la determinación de sanciones administrativas provenientes\n de auditoria y exámenes especiales practicados por la\n Contraloría General del Estado y la División de\n Auditoría Institucional.
ARTICULO PRIMERO. Las sanciones administrativas de multa y\n destitución sin perjuicio de las responsabilidades civiles\n o penales que pudieran ocasionar el mismo hecho, serán\n las determinadas en los artículos 62, 63 y 114 de la Ley\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa y los correlativos\n de su Reglamento General de aplicación; esto es una multa\n no menor a diez dólares (USD $ 10) ni mayor a un mes de\n sueldo, o la suspensión, sin goce de sueldo en el ejercicio\n de sus funciones, por un período que no exceda de dos\n meses, previo sumario administrativo.
La imposición de las sanciones administrativas previstas\n en el presente artículo las impondrá el Director\n General de Aviación Civil, conforme el artículo\n 361, numeral 3 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control.
ARTICULO SEGUNDO. Las sanciones administrativas para el personal\n militar en funciones o fuera de ellas, seguirá el trámite\n determinado en las leyes y reglamentos militares.
ARTICULO TERCERO. En los casos de destitución de servidores,\n funcionarios y empleados de la Dirección General de Aviación\n Civil por incorrecciones cometidas en el ejercicio de sus funciones\n que provengan de auditorías y exámenes especiales\n practicados por la Contraloría o la División de\n Auditoría, se aplicará lo dispuesto en los artículos\n 326, 340, 361 y 376 (parcialmente derogado) en la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control, de conformidad\n con el procedimiento y trámite correspondiente.
Para el caso de servidores, funcionarios y empleados que hayan\n cesado en el ejercicio de sus funciones se establece la prohibición\n de reingreso a la Dirección General de Aviación\n Civil, con los mismos efectos de la destitución conforme\n lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley para la Promoción\n de la Inversión y Participación Ciudadana, publicada\n en el Registro Oficial No. 144 del 18 de agosto del 2000.
ARTICULO CUARTO. Para la cuantificación e imposición\n de las sanciones provenientes de la intervención de la\n División de Auditoría Interna, ésta en sus\n informes incluirá individualizadamente, en la síntesis\n del informe, la ley o leyes violadas y los deberes incumplidos.
DISPOSICION GENERAL Para la recaudación de las multas\n que deban imponerse y cobrarse a servidores, funcionarios y empleados\n de la Dirección General de Aviación Civil en funciones\n y fuera de ellas, la División de Recursos Financieros\n observará lo previsto en el artículo 380 de la\n Ley Orgánica de Administración Financiera y Control,
ARTICULO FINAL - La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese. - Dada en la Dirección General\n de Aviación Civil en Quito, Distrito Metropolitano, a\n 24 de julio del 2001.
f.) César Naranjo Anda, Brigadier General, Director\n General de Aviación Civil.
Proveyó y firmó la resolución que antecede\n el Brigadier General César Naranjo Anda, Director General\n de Aviación Civil. - Certifica, a 24 de julio del 2001.
f.) Dr. Marcelo Toro Campaña, Secretario General.
Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la\n Dirección General de Aviación Civil. - Certifico.
Quito, a 27 de julio del 2001.
f) Dr. Marcelo Toro Campaña, Secretario General de\n la DAC.
Nro. 0045
Que, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 1494 del\n 18 de noviembre de 1999, mediante el cual se encarga al Consejo\n Nacional de Modernización del Estado CONAM, llevar adelante\n los procesos para la delegación de los servicios postales\n y la supresión de la Empresa Nacional de Correos;
Que, de conformidad con el oficio Nro. 99 - DJ - 00 1883 del\n 22 de noviembre de 1999, se delega al Ing. Gonzalo Vargas San\n Martín, como representante legal de la Empresa Nacional\n de Correos;
Que, la Empresa Nacional de Correos, de conformidad a la Ley\n 2000 - 4 para la Transformación Económica del Ecuador,\n publicada en el Registro Oficial Nro. 34 del 13 de marzo del\n 2000, en su Capítulo XI procede a derogar el, Reglamento\n Constitutivo del Comité de Concurso Privado de Precios\n y Adquisiciones Menores de la Empresa Nacional de Correos publicado\n en el Registro Oficial Nro. 674 del 30 de abril de 1991 y sus\n reformas; y,
Para lo cual, el señor representante legal, en uso\n de sus facultades legales y reglamentarias antes citadas,
Expedir el siguiente Reglamento Constitutivo del Comité\n de Concurso Epistolar y Adquisiciones Menores de la Empresa Nacional\n de Correos.
Del Ambito y Composición del Comité
Art. 1. - Se someterán al presente reglamento los procedimientos\n precontractuales y contractuales para la adquisición de\n bienes, prestación de servicios y ejecución de\n obras cuyo monto sobrepase los doscientos millones de sucres\n y no exceda la cuantía establecida para el concurso público\n de ofertas señalada en el artículo cuarto, literal\n b de la Ley de Contratación Pública.
Art. 2. - Constitúyese el Comité de Concurso\n Epistolar y Adquisiciones Menores de la Empresa Nacional de Correos,\n el mismo que estará integrado por los siguientes miembros:
a) El representante legal de la empresa, quien lo presidirá;
b) El Director Jurídico; y,
c) El responsable de la Dirección que solicite la adquisición.
El Secretario General de la empresa actuará como Secretario\n del Comité; y, en ausencia o impedimento de éste\n se designará un Secretario ad - hoc.
Art. 3. - El comité sesionará con la presencia\n de al menos de dos de los miembros y sus decisiones se tomarán\n por mayoría absoluta de votos.
Los votos de los miembros del comité deberán\n definirse afirmativa o negativamente.
Art. 4. - El Secretario del comité llevará los\n libros de actas en orden estrictamente cronológico y tendrá\n bajo su responsabilidad los documentos relativos a los concursos\n que se realicen.
Art. 5. - El Director Administrativo debe mantener actualizado\n cada treinta días, el Registro de Proveedores y Precios,\n quien remitirá una copia al Secretario del comité.
Art. 6. - Toda solicitud de adquisición de bienes,\n ejecución de obras o prestación de servicios que\n por su monto deba ser conocida por el Comité Epistolar,\n será remitida al representante legal, a través\n de la Dirección que solicite al respecto, quien esta facultado\n a rechazar o aceptar dicha solicitud para que el Comité\n Epistolar la analice.
La solicitud debe tener como base las asignaciones de las\n correspondientes partidas, de acuerdo con el anexo de la respectiva\n Proforma del Ejercicio Económico a fin de que se ordene\n el trámite previsto en este reglamento.
Cuando se trate de adjudicación de bienes, ejecución\n de obras o prestación de servicios que no estén\n contemplados en los anexos de la Proforma Presupuestaria, el\n Jefe de la Unidad que requiera de los mismos presentará\n en Secretaría General, la respectiva solicitud. El Secretario\n General sentará en la solicitud la correspondiente fe\n de presentación y la trasladará al representante\n legal, para que convoque a sesión de comité, la\n que deberá realizarse cuando lo determine el representante\n legal,
La convocatoria a los miembros del Comité Epistolar\n la realizará el Secretario General por escrito, con señalamiento\n de lugar, día y hora de la sesión, misma que deberá\n entregarse con anticipación no menor de veinticuatro horas\n a la fecha de su realización, a la cual se adjuntará\n la documentación respectiva, en caso de ser necesario.
Art. 7. - La Dirección solicitante de la adquisición,\n será la encargada de elaborar u obtener todos los documentos\n señalados en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley\n de Contratación Pública, como requisito previo\n a la iniciación del procedimiento precontractual.
Para la elaboración de los indicados documentos, la\n Dirección interesada podrá solicitar la colaboración\n de asesores o expertos en la materia sobre la que verse el concurso,\n de parte de los funcionarios de la propia empresa, y, a falta\n de funcionarios especializados, de fuera de ella, previa certificación\n del Director de Recursos Humanos.
Art. 8. - El Comité Epistolar aprobará, bajo\n su responsabilidad, únicamente los documentos señalados\n en los literales a), b), c), d), e) y k) del Art. 17 de la Ley\n de Contratación Pública; y, siendo de exclusiva\n responsabilidad de la Dirección solicitante, el contenido\n de los documentos indicados en los literales f), g), h) e i)\n del Art. 17 de la ley antes citada.
Art. 9. - Con vista de los documentos señalados en\n los dos artículos anteriores, el comité procederá\n a efectuar tres invitaciones escritas que serán autorizadas\n por el representante legal y dirigidas a los proveedores, personas\n naturales o jurídicas que ejecuten obras y prestación\n de servicios. Esta invitación contendrá el objeto\n del concurso y los datos fundamentales que permitan definir claramente\n el alcance del mismo.
Art. 10. - El o los oferentes presentarán su propuesta\n en un solo sobre cerrado de conformidad con lo establecido en\n el inciso primero del Art. 24 de la Ley de Contratación\n Pública.
Al acto de apertura del sobre podrán asistir los proponentes.\n Los miembros del comité y el Secretario rubricarán\n todos y cada uno de los documentos presentados.
a) La carta de presentación y compromiso, según\n el modelo preparado por la entidad;
b) El certificado de la Contraloría General del Estado,\n sobre el cumplimiento de contratos;
c) Los documentos que acrediten el estado de situación\n financiera y la capacidad del oferente para ejecutar el contrato\n y la disponibilidad de los equipos, todo conforme a lo previsto\n en los documentos precontractuales,
d) La propuesta según el formulario que conste en los\n documentos precontractuales.
e) El cronograma valorado de trabajo y el análisis\n de los precios unitarios de cada uno de los rubros, en caso de\n ejecución de obra o prestación de servicios; o\n si se trata de adquisición de bienes, el plazo de entrega\n de éstos;
f) La garantía de seriedad de la propuesta consistirá:
1. En la entrega de una letra de cambio endosada por valor\n en garantía o fianzas personales del contratista, de conformidad\n con lo establecido en el Art. 77 de la Ley de Contratación\n Pública;
2, Una certificación de la entidad bancaria donde la\n empresa concursante posea su cuenta corriente, en la que se indique\n que ésta tiene un saldo promedio mensual de seis cifras\n altas; y,
3. Las demás garantías que se exijan para cada\n caso;
g) Una hoja de vida de la empresa concursante en donde se\n acredite su experiencia con documentación de respaldo;\n y,
h) Los documentos deberán presentarse foliados y rubricados\n por el proponente, en originales y copias certificadas por autoridad\n competente.
El plazo para la presentación de las ofertas no será\n inferior ni mayor a diez días contados desde la fecha\n de entrega de la invitación.
Cualquier solicitud, oferta o documentación referente\n al proceso precontractual que se presentare fuera del plazo establecido\n en este reglamento y de la hora fijada en la invitación,\n no será considerada por el comité; y, en tal caso,\n el Secretario procederá de inmediato a su devolución,\n de lo cual sentará la razón correspondiente.
Art. 11. - Cuando el oferente fuera persona jurídica\n deberá, al tiempo de presentar su oferta, acreditar su\n existencia legal, indicando el nombre de su representante legal\n y acompañar el certificado que acredite el ejercicio de\n tal representación.
Las personas jurídicas sujetas al control de la Superintendencia\n de Compañías o Superintendencia de Bancos, presentarán\n el certificado de encontrarse operando legalmente en el país\n y de haber cumplido las obligaciones establecidas en la Ley de\n Compañías o en la Ley de Instituciones del Sistema\n Financiero, según corresponda.
Cuando el oferente fuere persona natural, el comité\n determinará, en las bases, la documentación que\n deba presentar para acreditar su idoneidad según la naturaleza\n de la adquisición de bienes, prestación de servicios\n o ejecución de obra.
No podrán presentarse como oferentes aquellas personas\n naturales o jurídicas que se hallaren inhabilitadas para\n contratar con la Superintendencia de Compañías\n por las causales señaladas en los Arts. 60, 61 y 62 de\n la Ley de Contratación Pública.
Art. 12. - Las propuestas serán entregadas al Secretario\n General de la Empresa, quien sentará razón del\n día y hora de la recepción; y, comunicará\n al representante legal de la Empresa para que señale el\n día y hora para realizar la apertura de los sobres según\n lo establecido en el inciso segundo del Art. 10 del presente\n reglamento y 36 de la Ley de Contratación Pública.
En la misma sesión y sin la presencia de los interesados,\n los miembros del comité y sus asesores, si los tuvieren,\n analizarán la documentación de cada una de las\n propuestas presentadas, y podrán realizar la o las adjudicaciones\n del contrato en la misma sesión o en caso de necesitar\n más tiempo para el análisis de la misma, se dará\n un término de dos días.
Art. 13. - El comité podrá declarar desierto\n el concurso en los siguientes casos:
a) Por no haberse presentado ninguna propuesta;
b) Por haber sido descalificadas o consideradas inconvenientes\n para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas\n o la única presentada;
c) Cuando fuere necesario introducir una reforma sustancial\n que cambie el objeto del contrato; y,
d) Por violación sustancial del procedimiento precontractual.
El comité podrá ordenar la reapertura del concurso\n o convocar a uno nuevo, siguiendo para el efecto el trámite\n previsto en el Art. 33 de la Ley de Contratación Pública,\n en todo aquello que fuere aplicable al Concurso Epistolar.
Art. 14. - El Secretario del Comité, notificará\n al adjudicado y a cada uno de los oferentes dentro de las veinticuatro\n horas hábiles siguientes, la resolución adoptada\n por el comité.
A los oferentes no adjudicados, se les devolverá la\n garantía establecida en el Art. 10, literal f, numeral\n primero de este reglamento, junto con la notificación.
En caso de que la garantía ofrecida por el adjudicado\n no cumpliera con los requisitos legales, se le concederá\n el término de dos días a partir de la notificación\n de adjudicación para que presente la misma cumpliendo\n lo establecido en las disposiciones legales pertinentes.
Art. 15. - Una vez realizada la notificación al adjudicatario,\n el Secretario del Comité remitirá fotocopia de\n la documentación de todo lo actuado por el comité,\n a la Dirección Jurídica de la institución,\n para que elabore el contrato dentro de los diez días hábiles\n contados desde la fecha de la adjudicación.
DE LA CUANTIA INFERIOR AL CONCURSO EPISTOLAR
Art. 16. - Para la adquisición de bienes, ejecución\n de obras y prestación de servicios, cuyo monto no exceda\n los doscientos millones de sucres, la Dirección interesada\n oficiará al representante legal de la empresa, quien autorizará\n a la Dirección Administrativa para que solicite tres proformas\n a proveedores inscritos como tales, de conformidad al Art. 4\n del presente reglamento, en la Empresa Nacional de Correos.
La Dirección Administrativa, dispondrá que los\n proveedores entreguen las proformas en sobre cerrado al Secretario\n General de la Empresa, quien entregará los mismos al representante\n legal para que seleccione la oferta más conveniente.
DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Art. 17. - El plan anual de adquisiciones de bienes, ejecución\n de obras y prestación de servicios, es el documento en\n el que cada unidad de la empresa, detallará en forma clara\n y precisa las necesidades (activos fijos, suministros, materiales,\n inmuebles, contratación de obras y servicios, etc.) que\n requerirán para el cumplimiento de sus funciones, en el\n siguiente ejercicio económico de acuerdo con sus planes\n y programas de trabajo.
Art. 18. - Cada unidad de la empresa, preparará hasta\n el 31 de octubre de cada año un detalle de sus necesidades,\n que entregará a la Dirección Administrativa, donde\n se consolidará la información y se preparará\n el referido plan en coordinación con la Dirección\n Financiera, para su aprobación por el representante legal.
Art. 19. - El plan anual de adquisiciones de bienes, ejecución\n de obras y prestación de servicios, se ajustará\n a las disposiciones presupuestarías de la empresa, el\n mismo que será reajustado una vez aprobado el presupuesto\n de la institución.
Art. 20. - En el evento de no constar en el plan anual de\n adquisiciones de bienes, ejecución de obras y prestación\n de servicios, de requerirse los mismos en forma urgente, tal\n petición será formulada por el Jefe de la unidad\n que los requiera, conforme lo prescribe el Art. 6 del presente\n reglamento.
Art. 21. - Para los procedimientos precontractuales establecidos\n en este reglamento, no serán necesarios los informes establecidos\n en los Arts. 18 y 65 de la Ley de Contratación Pública.
Art. 22. - Una vez que el contrato hubiere sido perfeccionado\n y debidamente legalizado según la naturaleza del mismo,\n el Director Jurídico que intervino en su elaboración,\n obtendrá de él cinco copias certificadas por el\n Secretario General, dos de las cuales, las remitirá al\n Director Financiero, una copia entregará al contratista,\n una copia al Secretario del Comité y la última\n para su propio archivo.
Serán de cargo del contratista el pago de los derechos\n notariales y de las copias señaladas en el inciso anterior,\n y, además, de ser necesario los derechos de registro,\n en los casos que por la naturaleza del contrato o por expreso\n mandato de la ley, éstos deban otorgarse por escritura\n pública.
Art. 23. - El Secretario del comité, formará\n un expediente con los originales de todo lo actuado y, remitirá\n únicamente fotocopia de la oferta favorecida con la adjudicación\n a la Dirección Financiera, para los trámites de\n egreso de fondos.
Art. 24. - La garantía establecida en el Art. 10, literal\n f, numeral primero de este reglamento, se devolverá al\n contratista adjudicado a la fecha de suscripción del acta\n de entrega recepción definitiva; y, en los contratos mencionados\n en el Art. 75 de la Ley de Contratación Pública\n sé devolverá la misma, una vez que se haya cumplido\n la garantía técnica.
Art. 25. - Los contratos que por su monto deban someterse\n a los procedimientos de licitación y concurso público\n de ofertas serán conocidos y adjudicados por el Comité\n de Contrataciones de la Empresa Nacional de Correos, de conformidad\n con lo establecido en la Ley de Contratación Pública\n y en su Reglamento General.
Art. 26. - Las controversias derivadas de los contratos sometidos\n al presente reglamento, se sujetarán al procedimiento\n establecido en el Capítulo IX de la Ley de Contratación\n Pública.
Art. 27. - En todo cuanto no estuviere previsto en el presente\n reglamento se estará a las disposiciones de la Ley de\n Contratación Pública y a su Reglamento General.
PRIMERA. - Para la aplicación del Art. 19 del presente\n reglamento exceptúese la aprobación del Presupuesto\n de la Empresa Nacional de Correos únicamente para el primer\n semestre del año 2000.
Derógase la Resolución de la Empresa Nacional\n de Correos que contiene el Reglamento Constitutivo del Comité\n de Concurso Privado de Precios y Adquisiciones Menores de la\n Empresa Nacional de Correos de fecha 9 de abril de 1991, publicado\n en el Registro Oficial Nro. 674 de abril 30 de 1991 y todas sus\n reformas.
El presente reglamento entrará en vigencia a partir\n de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en\n el Registro Oficial.
Cúmplase y publíquese, dado en Quito, a los\n quince días del mes de marzo del 2000.
f) Lcdo. Jorge F. Canelos V., Secretario General de la Empresa\n Nacional de Correos.
20 de julio del 2001.
N0 170\n - 2001
ACTORA: Federación de Enfermeras.
\n DEMANDADA: Maricela Gordillo Freire.
Quito, abril 11 del 2001; las 09h35.
VISTOS: Inconforme con el fallo pronunciado por la Quinta\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, interpone la\n demandada Juana Maricela Gordillo Freire recurso de casación,\n dentro del juicio verbal sumario seguido por la licenciada Rosa\n Santamaría Acuno. El fallo pronunciado confirma la sentencia\n dictaminada por la Jueza Segunda de Inquilinato de Quito, que\n acepta la demanda y ordena la inmediata desocupación y\n entrega del inmueble materia de la controversia, además\n del pago del canon arrendaticio hasta el día en que se\n haga la entrega por la parte demandada. El juicio se encuentra\n en estado de resolución, para hacerlo, se considera: PRIMERO.\n - La Sala es competente para conocer el recurso de casación\n en virtud de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución\n Política de la República, que está en relación\n con el artículo 1 de la Ley de Casación, toda vez\n que el juicio fue sorteado el 26 de febrero de 1996, ya que fue\n calificada su admisibilidad mediante auto de 14 de noviembre\n de 1995. SEGUNDO. - La recurrente manifiesta que se ha infringido\n Id dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Inquilinato\n (actual artículo 28 de la última codificación),\n que dispone que el arrendatario tendrá derecho a una duración\n mínima de dos años, anotando que el plazo estipulado\n por las partes en el contrato, es ley para ellas y debe ser respetado.\n Añade, que el artículo 31 de la Ley de Inquilinato\n (actual artículo 33), dispone que el arrendador comunicará\n al arrendatario su resolución de terminan el contrato\n con 90 días de anticipación por lo menos a la fecha\n de expiración del mismo disposición que no se cumplió;\n manifiesta por último, que el fallo pronunciado no considera\n los gastos realizados en el inmueble, debiendo hacer un análisis\n de todo el proceso, situación que no se encuentra cumplida.\n TERCERO. - El recurso de casación interpuesto no llena\n los requisitos formales del artículo 6 de la Ley de Casación,\n pues no indica ni lo dispuesto en el numeral 3 y 4, esto es,\n la determinación de las causales en que se funda ni los\n fundamentos en que se apoya el recurso. CUARTO. - Sin perjuicio\n de lo anterior, también se observa que: el fallo se ajusta\n a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Inquilinato,\n así como también, a lo dispuesto en el artículo\n 31, puesto que, el desahucio fue notificado con tres meses a\n la fecha de terminación del contrato, esto es el 31 de\n agosto de 1993 (fojas 7 del primer cuaderno) y el contrato de\n arrendamiento su duración era de un año a partir\n del 1 de diciembre de 1993 (fojas 1 y 2 de primer grado). Por\n las consideraciones anotadas, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, rechaza el recurso interpuesto por falta de base legal.\n Con costas. Se multa con dos salarios mínimos vitales\n a la recurrente por su manifiesta intención de retardar\n la ejecu-ción de la sentencia definitiva. Publíquese\n y notifíquese.
Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos y Bolívar Vergara Acosta, Ministros Jueces.
Certifico. - El Secretario.
CERTIFICO: Que la una copia que antecede, es tomada de su\n original, constante en el juicio verbal sumario No. 23 - 96 (Resolución\n No. 170 - 2001), que por inquilinato sigue Federación\n de Enfermeras contra Maricela Gordillo Freire,
Quito, julio 5 del 2001.
f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.
N° 172 - 2001
ACTOR: Arq. Rodrigo Montero.
\n DEMANDADA: Sociedad Salesiana en el Ecuador.
Quito, abril 11 del 2001; las 09h45.
VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala, este juicio\n ordinario que ha propuesto el arquitecto Rodrigo Gustavo Montero\n Calle, en contra de la Sociedad Salesiana del Ecuador, en la\n persona de su procurador general, demandando el pago por honorarios\n profesionales correspondientes al trabajo realizado en el anteproyecto,\n proyecto y dirección técnica de la iglesia construida\n en el parroquia Yanuncay, cantón Cuenca, ubicada en la\n avenida Don Hosco y Domingo Sabio. La Cuarta Sala de la Corte\n Superior de Cuenca, - Tribunal de Alzada - confirma en todas\n sus partes la sentencia dictada por el Juez Segundo de lo Civil\n de Cuenca, que rechaza la demanda, al aceptar la excepción\n de prescripción de la acción. El actor vencido,\n objete la legalidad de la sentencia dictada y deduce recurso\n de casación, basándose en la causal 3ra, del artículo\n 3 de la Ley de Casación, determinando que el Tribunal\n de Alzada no ha aplicado la normativa constante en el artículo\n 119 del Código de Procedimiento Civil, al no apreciar\n en conjunto las pruebas, lo que ha conducido a una equivocada\n aplicación del artículo 2445 del Código\n Civil. Terminado el trámite, calificada la admisibilidad\n del recurso, procede resolver, al hacerlo, se considera: PRIMERO.\n - La competencia de la Sala se halla asegurada en atención\n al artículo 200 de la Constitución en armonía\n con el artículo 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.\n - La prescripción conforme el artículo 2416, es\n un modo de adquirir las cosas, o de extinguir las acciones y\n derechos ajenos; por haberse poseído las cosas, o no haberse\n ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo; y\n nuestra misma legislación expresamente dispone que quien\n quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla.\n En la especie, el demandado vía excepción alega\n la prescripción del derecho o acción del actor\n (fojas 5 a 6 de primer grado), siendo procedente por parte de\n los jueces de instancia fundar su resolución si se comprueba\n tal excepción perentoria. TERCERO. - El artículo\n 2445 del Código Civil establece que prescriben en tres\n años los honorarios, en general, de los que ejercen cualquier\n profesión liberal, pero además deben no estar comprendidos\n dentro de las disposiciones del Código del Trabajo. Al\n respecto, la Sala considera: 3,1, La citación con la demanda\n se ha efectuado el 18 de febrero de 1993, en la persona del demandado,\n según se desprende de la razón actuarial (fojas\n 4 vuelta de primer grado), 3.2. La relación contractual\n que han mantenido los litigantes se ha iniciado en el mes de\n marzo de 1987, con los estudios y anteproyecto para la construcción\n de la iglesia. 3,3. La parte demandada debía probar la\n excepción de prescripción que alega a fin de que\n se compruebe el transcurso de tres años, que comprende\n desde la fecha que era exigible la obligación, hasta la\n citación con la demanda. 3,4, No aparece prueba que establezca\n que el trabajo del arquitecto Montero haya concluido el\n mes de septiembre de 1988, como expresa el demandado, tanto más\n que esta afirmación corresponde a la fecha de presentación\n del anteproyecto. La lógica, razón y sentido común,\n nos conduce inequívocamente a concluir que para la construcción\n de una obra civil de la envergadura de una iglesia, se necesita\n más de seis meses, puesto que indubitablemente aparece\n que la elaboración del anteproyecto y plano definitivo\n de la iglesia a construir fue terminada en septiembre de 1987,\n mas la dirección de la construcción, bajo la responsabilidad\n profesional del recurrente, surge también de los testimonios\n de Jorge Chicaiza Vega y José Salto Quishpe (fojas 54\n y 55 de primer grado), en que deponen que la obra de construcción\n continúa en 1992. En consecuencia, no transcurrieron los\n tres años. En la especie, no se encuentra probado que\n el actor haya por su inactividad dejado de ejercer las acciones\n que le franquea la ley, a fin de que prospere la excepción\n perentoria de prescripción, más allá de\n toda duda razonable. CUARTO. - Conforme a lo dispuesto en el\n artículo 14 de la Ley de Casación, al encontrar\n procedente el recurso de casación, expedirá la\n sentencia que correspondiere con el mérito de los hechos,\n al respecto, se observa: 4.1. No aparecen omisiones de solemnidades\n sustanciales que influyan en la decisión de la causa,\n ni aparece error en el trámite de la vía. 4.2.\n No existe prueba suficiente que permita concluir que la Sociedad\n Salesiana del Ecuador adeude al arquitecto Rodrigo Montero por\n honorarios profesionales valor alguno, ni es creíble que\n el valor de la dirección reclamada sea apenas inferior\n al de la construcción, De igual modo tampoco la demandada\n ha probado los fundamentos de su reconvención, por los\n defectos de construcción afirma sufre la iglesia. Por\n lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se casa la sentencia por indebida\n aplicación del artículo 2445 del Código\n Civil en concordancia con el artículo 119 del Código\n de Procedimiento Civil. Se rechaza la demanda como la reconvención\n planteada. Sin costas. Publíquese, notifíquese\n y cúmplase con el artículo 19 de la Ley de Casación.
Fdo.) Dres. Olmedo Betuneo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos y Bolívar Vergara Acosta, Ministros Jueces y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.
RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original No. 275 - 97 que sigue\n Arq. Rodrigo Montero contra Sociedad Salesiana en el Ecuador.\n Resolución No. 172 - 2001. - Quito, 5 de julio del 2001.
f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte\n Suprema de Justicia.
N0 173\n - 2001
ACTOR: Dr. Polivio Dávila Gordón.
\n DEMANDADA: Sonia Cadena de Villarreal.
Quito, abril 11 del 2001; las 09h50.
VISTOS: Interpone recurso de casación la demandada\n Sonia Cadena de Villarreal, impugnando la sentencia dictada por\n la Corte Superior de Justicia del Carchi que por resolución\n de mayoría, confirma el fallo pronunciado por el Juez\n Tercero de lo Civil del Carchi, que aceptando la demanda, declara\n terminado el contrato de arrendamiento existente, disponiendo\n la desocupación y entrega del local arrendado y pago de\n las pensiones de arrendamiento vencidas y que se vencieron; en\n tanto que el voto salvado del doctor Rodrigo Urresta Burbano,\n confirma la sentencia venida en grado y desecha la reconvención,\n varía éste con relación a la resolución,\n solo en cuanto a que señala haberse justificado el atraso\n en el pago de las cuatro mensualidades reclamadas por falta de\n prueba oportuna de la demandada, que acredita tales soluciones\n en tiempo. El recurso de casación se refiere al juicio\n verbal sumario que por terminación del contrato de arrendamiento\n sigue el doctor Polivio Nelson Dávila Gordón, contra\n la profesora Sonia Cadena de Villarreal. Como el juicio se encuentra\n en estado de resolución, para hacerlo, se considera: PRIMERO.\n - La Sala es competente para conocer el recurso de casación\n en virtud de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución\n Política de la República, que está en relación\n con el artículo 1 de la Ley de Casación, toda vez\n que el juicio fue sorteado el 10 de mayo de 1999 correspondiendo\n su conocimiento a la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil y calificada\n su procedencia y admisibilidad en auto de 15 de julio de 1999,\n para llenar los requisitos de procedencia, oportunidad, legitimación\n y formalidades previstos en el artículo 6 de la Ley de\n Casación. SEGUNDO. - El recurrente manifiesta que se ha\n infringido el artículo 45 de la Ley de Inquilinato (actual\n Codificación artículo 47), al no haberse acompañado\n a la demanda, la certificación del canon de arrendamiento,\n incumpliéndose un mandato legal que acarrea la nulidad\n procesal, que no puede ser subsanada de ninguna manera y que\n influye en la decisión de la causa, por cuanto se trata\n de un documento que debe acompañarse obligatoriamente\n y no de una simple formalidad como sostiene el Juez en la sentencia.\n Añade que se han violado los artículos 118, 119,\n 120 y 1067 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto\n existe violación del trámite y que el artículo\n 9 del Código Civil determina que los actos que prohíbe\n la ley son nulos y de ningún valor. Las causales en que\n funda el recurso de casación son la primera y segunda\n del artículo 3 de la Ley de Casación, sosteniendo\n que existe aplicación indebida de la ley al pretender\n dar validez a un acto jurídico que se encuentra prohibido;\n además la causal segunda del artículo 3, porque\n existe errónea interpretación de las normas procesales,\n ya que el Juez de lo Civil del Carchi no debió haber aceptado\n la demanda, reiterando que los fundamentos en que apoya su recurso\n constituyen una clara violación a la Ley de Inquilinato\n en el artículo 45. TERCERO. - El artículo 1067\n del Código de Procedimiento Civil dice que la violación\n del trámite correspondiente a la naturaleza del asunto\n o al de la causa que se está juzgando, anula el proceso,\n y los juzgados y tribunales declararán la nulidad de oficio\n o a petición de parte, siempre que dicha violación\n hubiese influido o pudiere influir en la decisión de la\n causa, observando las reglas generales y en especial lo dispuesto\n en los artículos 364, 365 y 366 del Código de Procedimiento\n Civil. Las solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios\n e instancias, están determinadas en el artículo\n 355 del Código de Procedimiento Civil y en las siete causales,\n señaladas en la disposición legal, no se encuentra\n ninguna a la que hace relación el recurrente, como tampoco\n existe violación del trámite, ya que no se ha tramitado\n en distinta vía a la verbal sumaria, ni se han allanado\n las etapas del proceso. Además, la certificación\n del Jefe de Avalúos y Catastros del Municipio del Cantón\n Tulcán de los autos de fojas 10, convalide uno de los\n elementos que deben acompañarse a la demanda, conjuntamente\n con el contrato escrito que consta a fojas 1 y 2 de los autos.\n CUARTO. - No hay motivo para casar la sentencia de mayoría\n ni el voto salvado cuya casación se pide, pues, la causal\n de falta de pago que determina la terminación del contrato\n de arrendamiento, que prescribía la letra a) del artículo\n 24 de la Ley de Inquilinato, vigente al tiempo de la resolución\n cuestionada, actual artículo 30 de la última codificación,\n se encuentra suficientemente probada sin que incide la posterior\n presentación del escrito de consignación a la expedición\n del fallo de primera instancia que solo reitera la prueba practicada\n oportunamente. Por las consideraciones anotadas, la Segunda Sala\n de lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE\n LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso interpuesto.\n Con costas. Publíquese y notifíquese.
Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos y Bolívar Vergara Acosta, Ministros Jueces y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.
RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original No. 105 - 99 que sigue\n el Dr. Polivio Dávila Gordón contra Sonia Cadena\n de Villarreal. Resolución No. 173 - 2001. - Quito, 5 de\n julio del 2001.
N0 179 - 2001
ACTORA: Blanca Peralta Cordero.
\n DEMANDADO: Ricardo Pazmiño Tenelema.
Quito, a 11 de abril del 2001; las 10h25.
VISTOS: Póngase en conocimiento de las partes la recepción\n del proceso. En lo principal, el demandado Dr. Ricardo Pazmiño\n Tenelema, ha interpuesto recurso de casación el veinte\n y dos de enero del dos mil uno,