Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-5173-de-noviembre-25-de-1999?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920419e32f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-18 02:00:02
Document Index: 302309049

Matched Legal Cases: ['artículo 101', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'artículo 2356', 'artículo 2357', 'artículo 2357', 'artículo 2356', 'artículo 375', 'artículo 9']

﻿ SENTENCIA 5173 DE NOVIEMBRE 25 DE 1999
SENTENCIA 5173 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1999
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDADES PELIGROSAS. FALLA EN LA UBICACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CIVIL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACTIVIDAD PELIGROSA, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ACTIVIDAD PELIGROSA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:338 DE FEBRERO DE 2000, PÁG.141
Sentencia 5173 de noviembre 25 de 1999
FALLA EN LA UBICACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS
Ref.: Expediente 5173
Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 15 de julio de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso ordinario instaurado por Marina Lobo de Carrascal, en su propio nombre y en representación de sus hijos Alexander, Leidy Yohana y Wilmar Carrascal Lobo; Orladis Carrascal Lobo; Ana María Carvajalino de Carrascal y Salustriano Carrascal Vega, contra la sociedad Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A., quien a su vez llamó en garantía a La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
1. La demanda versa sobre la responsabilidad civil que se le imputa a la demandada por la cual debe resarcir todos los daños y perjuicios padecidos por los nombrados demandantes con ocasión de la muerte de Salustriano Carrascal Carvajalino; se pide en concreto que se condene a la demandada a pagar perjuicios materiales por la suma de $ 40.000.000, en favor del conjunto de demandantes; y perjuicios morales por el equivalente en moneda nacional de 1.000 gramos oro para cada uno.
2. La causa para pedir se puede compendiar de la siguiente manera:
a) En el municipio de Ocaña, el 4 de marzo de 1991, Salustriano Carrascal Carvajalino murió electrocutado al recibir una descarga eléctrica proveniente de los cables de alta tensión, cuando, en cumplimiento de una exigencia de la empresa demandada, se hallaba colocando una caja para la instalación del medidor de energía correspondiente a un inmueble de propiedad de su padre, Salustriano Carrascal Vega.
b) La nombrada empresa es la encargada de suministrar el fluido eléctrico para el alumbrado público y privado de dicha localidad, y obliga a los usuarios a que tengan los medidores de consumo de energía dentro de los inmuebles y a colocarlos en la pared de frente exterior de estos, con el fin de facilitar la verificación de los datos respectivos; en ese sentido, la empresa se encarga de hacer las instalaciones eléctricas del traslado del medidor, pero la incrustación de la caja corre por cuenta del usuario, lo que no debía suceder por cuanto la demandada, como guardián de la actividad peligrosa, debería adelantar todo el trabajo.
c) Salustriano Carrascal Carvajalino, en su carácter de administrador de las propiedades de su padre y por tener conocimientos de albañilería, se encargó de hacer el trabajo señalado, pero cuando trataba de colocar el tubo de la acometida hizo contacto con los cables de alta tensión que, por negligencia y descuido de la empresa, pasan muy cerca del inmueble; dicho contacto produjo su deceso, quedando sin su protección la esposa, los hijos y los padres del fallecido, aquí demandantes.
d) Respecto del monto de la indemnización se afirma que Salustriano Carrascal Carvajalino era comerciante de profesión y agricultor, pues poseía un establecimiento de billares y una finca destinada al cultivo, igualmente colaboraba con su padre en la administración de los bienes de este último; que por razón de esas actividades, a la fecha de la muerte, percibía ingresos de $ 300.000 mensuales, los que en un 80% destinaba al sostenimiento de su familia; que según la vida probable del difunto y de los demandantes, con la muerte del primero estos dejan de recibir ingresos por una suma que estiman en $ 40.000.000, a la fecha de la presentación de la demanda —9 de septiembre de 1991. También se causaron daños morales.
3. La demandada se opuso a las pretensiones e imputó culpa de la víctima en la ocurrencia del accidente, puesto que para el trabajo en cuestión la empresa no le impuso a los usuarios que lo hicieran personalmente, sino que recomendó que fuera realizado por personal capacitado, o sea, por técnicos electricistas inscritos en la empresa. Además, llamó en garantía a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, para hacer valer el contrato de seguro de responsabilidad civil contenido en la póliza número 240; dicha compañía también se opuso al reconocimiento de las pretensiones y propuso la excepción de ausencia de responsabilidad fincada en la culpa exclusiva de la víctima.
4. En el trámite del proceso y dado que varios demandantes no comparecieron a la audiencia prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, se decretó para ellos la perención, por lo que el trámite continuó únicamente con los demandantes Marina Lobo de Carrascal y los hijos del difunto; fue así como finalmente en la sentencia de primera instancia se desestimaron las pretensiones objeto de la demanda. Apeló sin éxito la parte demandante, pues el tribunal confirmó la sentencia del a quo, tras de hallar demostrada la excepción de ausencia de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima.
II. Fundamentos del fallo recurrido
En lo esencial, después de darse por sentada la legitimación por activa, se resumen así:
1. La responsabilidad civil extracontractual que emana de las denominadas actividades peligrosas, como es la que realiza la demandada, se da cuando concurren un perjuicio, una presunción de culpa y la relación de causalidad entre uno y otra; en ese caso, tal presunción implica que se invierte la carga de la prueba y que le corresponde a la empresa demostrar que no hubo responsabilidad de su parte porque el hecho obedeció a una causa externa, como la culpa exclusiva de la víctima, la cual fue alegada por la compañía de seguros llamada en garantía.
2. Aquí se evidencia que la compañía de energía demandada exige que los contadores se encuentren en la fachada exterior de los inmuebles a los que suministra el servicio, “requisito que se da no por comodidad de la empresa sino para mayor seguridad del usuario, además de que debe cumplir las disposiciones emanadas del Ministerio de Minas relacionadas con el suministro de energía eléctrica”; a ese respecto la demandada envió a los usuarios una circular por medio de la cual impartió las instrucciones necesarias por las que recomienda que ese trabajo debe efectuarse con la asistencia de un empleado idóneo, o sea de aquellos que figuran en el listado de la empresa capacitados para tal actividad.
3. Se demostró que el accidentado no figuraba en el registro de las personas autorizadas para realizar esa clase de oficio; “mas aún, apunta con énfasis el fallo, con los testimonios obrantes en el negocio, se deduce de manera clara e inequívoca que el electrocutado Salustriano Carrascal Carvajalino fue imprudente al efectuar este trabajo, pues la labor se realiza de manera contraria a como él la estaba practicando”; con ello se establece y demuestra la afirmada culpa de la víctima, propuesta como excepción.
1. En un solo cargo y con respaldo en la causal primera de casación, vía indirecta, se denuncia el quebranto del artículo 2356 del Código Civil, por falta de aplicación, como consecuencia de no haber apreciado el fallador o haberlas apreciado erróneamente las siguientes pruebas:
a) No vio la inspección judicial que se practicó en el lugar de los hechos donde se pudo constatar que fue después de la ocurrencia del accidente que la demandada procedió a elevar las líneas de alta tensión que pasan por allí, lo cual demuestra que antes, por negligencia o descuido de la empresa, cruzaban muy cerca del inmueble; se prueba así que el accidente ocurrió por culpa de la demandada.
b) Pasó por alto el dictamen en el que los expertos manifestaron lo siguiente: que el trabajo realizado por Salustriano Carrascal Carvajalino consistía en hacer un hueco para colocar la caja del contador, labor que en nada se relacionaba con las instalaciones eléctricas; y que, para la época en que ocurrió el accidente, las redes no cumplían con las normas de distribución y subtransmisión de energía eléctrica, pues “los cables de alta tensión pasaban a una altura con respecto al techo del inmueble donde ocurrió el hecho de 2.20 metros y en total desde el piso estaban a una altura de 5.50 metros y además de lo anterior las cuerdas de alta y baja tensión no pueden pasar por encima del techo de los inmuebles”; según la acusación, estos hechos denotan la negligencia y descuido de la empresa demandada los que fueron “la causa determinante” del accidente, el cual “...se pudo haber evitado si dichas normas se hubieran cumplido...”.
c) Omitió apreciar las fotografías del lugar donde sucedió el percance que muestran que el trabajo realizado por Carrascal Carvajalino fue de albañilería y no de instalaciones eléctricas, y que los cables de alta tensión que tienen una capacidad de 13.200 voltios que al contacto los hace mortales, pasan por encima del techo de la vivienda a una altura de 2.40 metros; esta circunstancia “... demuestra la negligencia e imprevisión de la empresa demandada como guardián de una actividad peligrosa como lo es la conducción de la energía eléctrica”.
d) Apreció erróneamente la circular dirigida a los usuarios por la empresa acusada, folio 40, no dice que el trabajo en cuestión debía realizarlo un empleado de aquellos que figuren en el listado de la empresa; según el cargo, “lo que dice la circular es que las instalaciones eléctricas debía efectuarlas el personal acreditado, por seguridad y bienestar de la familia, se equivocó el tribunal al apreciar esta prueba pues el trabajo realizado por el fallecido Salustriano Carrascal Carvajalino, no era de electricidad sino de albañilería”; labor esta para la cual él no tenía que estar inscrito en la empresa demandada, como equivocadamente entendió el fallador.
e) Por último, se equivocó en el análisis de los testimonios rendidos por técnicos electricistas y empleados de la empresa demandada por los que dedujo que la víctima obró imprudentemente, pues se limitó a verificar el comportamiento del fallecido y no se detuvo a analizar si este factor fue determinante del accidente, ni si fue la negligencia de la empresa, ya que el accidente pudo evitarse si ésta hubiera tenido el “cableado” de alta tensión a la altura correcta.
2. Considera la parte recurrente que los errores de hecho antes denunciados tuvieron incidencia en la parte resolutiva del fallo impugnado, toda vez que en ella se reconoció erróneamente la excepción de culpa exclusiva de la víctima, con lo cual el sentenciador quebrantó el artículo 2356 del Código Civil.
1. Si bien es cierto que la electricidad constituye uno de los puntales del progreso humano y motor por excelencia de numerosos avances tecnológicos, también lo es que se trata de un elemento de marcada peligrosidad intrínseca, cuyo manejo y aprovechamiento implica riesgos especiales para las personas; de allí que el uso y la provisión de energía eléctrica se halle entre las actividades que se califican de peligrosas, lo que, en lo pertinente a este caso y en materia de la responsabilidad civil que deriva de su ejercicio, significa que contra la demandada opera la presunción de culpa, cuyo respaldo legal radica en el artículo 2356 del Código Civil.
De acuerdo con lo anterior, en la especie de este proceso le basta a los demandantes con demostrar la existencia del daño padecido y que éste se produjo con ocasión de la generación, transformación, transmisión o distribución de energía eléctrica, pues, cumplido ello, es a la sociedad demandada a quien, como guardián y vigilante de tales fenómenos, le corresponde demostrar que el daño sólo pudo tener origen por cualquier causa extraña al ejercicio de su actividad; en ese sentido, resulta pertinente reiterar que “La causalidad basta para tener por establecida la culpa en aquellos casos en que, atendida la naturaleza propia de la actividad y las circunstancias precisas en que el hecho dañoso se realizó, la razón natural permite imputar este último a la incuria o imprudencia de la persona de quien se demanda la reparación, e inútil será por lo tanto, que este último, guardián de la actividad y demandado en el proceso, intente establecer que observó la diligencia debida; su defensa, entonces, no puede plantearse con éxito en el terreno de la culpabilidad sino en el de la causalidad, rindiendo la prueba de la causa extraña del perjuicio, originada en el caso fortuito o en la fuerza mayor, en el hecho de la víctima o en el hecho de un tercero” (G.J. CCXXXIV, pág. 260; sentencia de 5 de mayo de 1999, sin publicar).
2. Ahora bien, según lo dicho precedentemente, uno de los casos en que se hace patente la existencia de una causa extraña y cuya presencia, por tanto, soporta eficazmente la defensa de la demandada para sustraerse de la responsabilidad civil que se le imputa, ocurre precisamente cuando se comprueba que el hecho dañoso es imputable a la culpa exclusiva de la víctima, puesto que demostrada ésta se rompe el nexo causal que debe existir entre el perjuicio y la acción del presunto ofensor; en tal caso, no pueden entenderse configurados a plenitud los elementos que se requieren para que pueda surgir y hacerse exigible la responsabilidad civil.
Empero, en el examen de la causa del daño que debe hacerse para deducir si ésta proviene del ejercicio de la actividad peligrosa o del hecho o culpa de la víctima, debe guardarse el sentenciador de establecer, según un cuidadoso estudio de las pruebas, la incidencia de una u otra, para ver cuál se excluye o si ambas concurren en la realización de aquél. En dicha tarea evaluativa no se puede pasar por alto, entonces que para que se configure la culpa de la víctima, como hecho exonerativo de responsabilidad civil, debe aparecer de manera clara su influencia en la ocurrencia del daño, tanto como para que, no obstante la naturaleza y entidad de la actividad peligrosa, ésta deba considerarse irrelevante o apenas concurrente dentro del conjunto de sucesos que constituyen la cadena causal antecedente del resultado dañoso.
Tratándose de la concurrencia de causas que se produce cuando en el origen del perjuicio confluyen el hecho ilícito del ofensor y el obrar reprochable de la víctima, deviene fundamental establecer con exactitud la injerencia de este segundo factor en la producción del daño, habida cuenta que una investigación de esta índole viene impuesta por dos principios elementales de lógica jurídica que dominan esta materia, a saber: Que cada quien debe soportar el daño en la medida en que ha contribuido a provocarlo, y que nadie debe cargar con la responsabilidad y el perjuicio ocasionado por otro. (v. G.J. tomos LXI, pág. 60, LXXVII, pág. 699, y CLXXXVIII, pág. 186, Primer semestre, entre otras); principios en los que se funda la llamada “compensación de culpas”, concebida por el legislador para disminuir, aminorar o moderar la obligación de indemnizar, en su expresión cuantitativa, hasta o en la medida en que el agraviado sea el propio artífice de su mal, compensación cuyo efecto no es otro distinto que el de “repartir” el daño, para reducir el importe de la indemnización debida al demandante, ello, desde luego, sobre el supuesto de que las culpas a ser “compensadas” tengan virtualidad jurídica semejante y, por ende, sean equiparables entre sí.
Es así como esta corporación, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 2357 del Código Civil, ha predicado que “... La reducción del daño se conoce en el derecho moderno como el fenómeno constituido por la compensación de culpas, lo cual quiere decir que cuando el coautor del daño comete una culpa evidente, que concurre con la conducta igualmente culpable de la víctima, el juez debe graduar cuantitativamente la relación de causalidad entre las culpas cometidas de manera concurrente, y la cuantía del daño, a fin de reducir la indemnización mediante el juego de una proporción que al fin y al cabo se expresa de manera matemática y cuantitativa...” (G.J. tomo CLXXXVIII, pág. 186, antes citada).
3. En el caso sub judice, el tribunal se limitó a analizar la excepción de culpa exclusiva de la víctima; en términos generales halló demostrada ésta por el hecho de que el accidentado, Salustriano Carrascal Carvajalino, no siendo electricista calificado, se aprestó a realizar un trabajo para el que se requería tal especialización, adelantándolo entonces de manera imprudente y en forma contraria a como técnicamente debía hacerse; empero, olvidó examinar, bajo la consideración de que en la demanda se invocó que la conducción de energía eléctrica constituye una actividad peligrosa, si la empresa demandada, como responsable de la conducción de energía por medio de los cables de alta tensión con los que tropezó la víctima, había sido suficientemente cuidadosa en su instalación y mantenimiento y si cumplió las normas que regulan la ubicación de redes transmisoras, puesto que, de no haber obrado así, se le puede imputar culpa en la ocurrencia del hecho; punto que debió ser analizado en la sentencia, y no lo fue.
Sobre el particular, con justa razón son relacionadas por el recurrente, como preteridas por el fallador, las pruebas de cuyo examen se deduce lo siguiente:
La denunciada falla en la ubicación de las redes eléctricas quedó puesta de manifiesto suficientemente en el dictamen pericial, no objetado (fl. 23, cdno. 2), puesto que los peritos, después de advertir que cualquier contacto con los cables de alta tensión produce la muerte instantánea a una persona, señalan, basándose en las fotografías aportadas al proceso y en la visita efectuada al lugar de los hechos, que por la época del accidente tales cables
“...no cumplían con los requisitos mínimos de las normas de subtransmisión y distribución de energía eléctrica dados por el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, ICEL y la norma 900 de alumbrado público, (...) pues el poste donde salen las cuerdas no tenían (sic) la altura de 10.5 metros, luego cambiaron el poste que hoy existe lo corrieron 3.20 metros a la izquierda del inmueble, la distancia de los cables de alta tensión y baja tensión debía ser de 8 a 10 metros del nivel del piso según declaración de técnicos eléctricos y la cuerda de alta tensión que pasa sobre el inmueble tiene una altura de 2.20 a partir del techo más 3.00 metros de altura de casa suman 5.20 metros del piso a la cuerda de alta tensión. Además las cuerdas de alta y baja tensión no deben pasar sobre los inmuebles para evitar contactos con techos, antenas y demás que se colocan sobre los tejados, deben pasar sobre el andén o calle a la altura que exigen los códigos de alumbrado eléctrico. Las normas de Icontec y demás sí cumplen las normas en altura y separación entre las cuerdas y no implican peligro para los usuarios siempre y cuando se rijan por las normas establecidas”.
Dichas conclusiones, concuerdan con varios testimonios de técnicos electricistas, así: William Armando Firguine Prado (fl. 5v, cdno. 3), empleado de la entidad demandada, quien al ser preguntado sobre si las normas permiten que los cables de alta tensión pasen por encima de las edificaciones o inmuebles, contestó: “pues por encima directamente no. La norma no la conozco, pero sé que no deben estar muy cerca de la pared”; en general todas las declaraciones de técnicos en electricidad que obran a folios 2, 3, 4, 7, 8 y 9 del mismo cuaderno, afirman al unísono y en forma por demás convincente, que la altura de los cables de alta tensión debe ser entre 10 y 12 metros y las de baja entre 7 y 10 metros; a lo cual agrega el testigo Ciro Coronel González (fl. 3) que con la altura debida, en casas normales no hay riesgo de que se presente un accidente como el que ocurrió con Salustriano Carrascal Carvajalino; versión que complementa Evelio Julio Delgado (fl. 9), también electricista y empleado de la demandada, quien da como una de las causas posibles del accidente el hecho de que la víctima al estar sobre el tejado y alzar el tubo no se dio cuenta que se encontraba a 8 ó 10 centímetros de los cables de alta tensión y estos generan inducción a 13.2 centímetros alrededor, y el testigo electricista Miguel A. Yaruro Boada, quien calificó el accidente como imprudencia de la víctima, “pues que no se dio cuenta que los cables de alta tensión estaban arriba y yo pienso que como él era más o menos alto al ir a introducir el tubo por el orificio del techo para meterlo en la regata se produjo el arco que lo mandó al suelo como producto de la descarga eléctrica”; circunstancia que no se puede ignorar si se considera el informe del legista en el cual se hace constar que la estatura de la víctima era de 1.80 metros y que su muerte ocurrió por descarga eléctrica de alto voltaje (fl. 5, cdno. 2), y el tamaño del tubo metálico de acometida eléctrica que pretendía colocar, tal como dicen los eletricistas, para una casa normal era de 2 a 3 metros de largo, todo lo cual indica que eran altísimas las probabilidades de que una persona de altura media parada en el techo de una casa con un tubo metálico de 2 metros, rozara un cable de alta tensión que, violando las normas reglamentarias sobre la materia, no sólo pasaba por encima de la vivienda sino que estaba sólo a 2.20 metros de altura, y que, por la magnitud del voltaje de energía eléctrica que conduce, genera una fuerte atracción sobre todo lo que se acerque a varios centímetros a su alrededor.
4. De todo lo anterior se sigue:
a) Que en las circunstancias anotadas fluye de manifiesto, y sin embargo no lo tuvo en cuenta el sentenciador, que la ubicación de los cables de alta tensión entrañaba una situación de evidente peligrosidad intrínseca, cuya existencia no podía ser extraña a la sociedad demandada como guardián y encargada de velar por su correcta disposición. Inclusive, ella reconoció implícitamente el hecho, toda vez que, después del accidente, procedió a elevar y reubicar las redes siguiendo las normas de seguridad requeridas, tal como se constató en la inspección judicial y en el dictamen pericial, atrás mencionados.
b) Que, de otro lado, fue acertada la apreciación probatoria por la cual se estableció la culpa de la víctima, quien de todos modos se expuso al peligro que para él significaba la baja altura en que estaban los cables de alta tensión respecto del inmueble de su familia, no obstante lo cual se subió al techo con una varilla metálica destinada a ser utilizada de acometida para la instalación eléctrica del contador, lo que, sin entrar a discutir sobre si este trabajo impuesto por la demandada era una labor de simple albañilería o estaba reservada a técnicos en el manejo de la electricidad, resultaba sin duda un acto en extremo imprudente de su parte, identificable con el supuesto de la compensación previsto en el artículo 2357 del Código Civil, dado que, en la forma descrita, aparece demostrado que en el acaecimiento del hecho dañoso concurrieron, como causas eficientes y adecuadas, la culpa de la demandada y la de la propia víctima.
c) Que ante esa concurrencia de causas, se patentiza la notoria equivocación en que incurrió el fallador de instancia al exonerar de responsabilidad a la sociedad demandada, todo por haber desestimado la demanda incoada y dejado de ver las pruebas antes relacionadas que evidencien, a simple vista, que también hubo descuido de la demandada en cuanto no llevó a cabo en forma adecuada la instalación y mantenimiento de los cables de transmisión de energía, hecho que resulta ser antecedente inmediato de la ocurrencia del hecho dañoso cuya realización también contribuyó, como se dijo, la imprudencia de la víctima; máxime que la primera, para prestar el servicio de que se encarga regularmente, debe “...establecer permanente y esmerada vigilancia sobre las líneas conductoras. Sin esa atención se está en constante posibilidad de causar daños y, en consecuencia, en la obligación de repararlos, por efecto de error de conducta ...” (G.J. núms. 2256 a 2259, pág. 124).
d) Que las pruebas pasadas por alto por el tribunal tienen la virtud de atribuir responsabilidad a la demandada de conformidad con el artículo 2356 del Código Civil, norma ésta que resultó infringida, por falta de aplicación; claro está que, como se dejó expresamente anotado, atenuada la consiguiente obligación indemnizatoria en razón del comportamiento culpable de la víctima, cuya incidencia cuantitativa concreta será objeto de examen cuando se profiera la sentencia sustitutiva.
5. En consecuencia, el cargo debe prosperar; sin embargo, la Corte no dictará de inmediato la sentencia de reemplazo, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, estima necesario decretar pruebas de oficio tendientes a establecer el valor actual del daño patrimonial padecido por Marina Lobo de Carrascal, Leidy Yohana, Alexander y Orladis Carrascal Lobo, a raíz de la muerte de su esposo y padre.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha 15 julio de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso arriba referido.
Antes de proferir el fallo sustitutivo, en sede de instancia se decreta la siguiente prueba:
Se ordena la práctica de un dictamen pericial, con el fin de que estimen en cantidad numérica cierta y previos cálculos actuariales, el valor de los perjuicios propios o personales de carácter patrimonial padecidos por los demandantes Marina Lobo de Carrascal, esposa, y Leidy Yohana, Alexander y Orladis Carrascal Lobo, hijos, a raíz de la muerte de su esposo y padre, el cual se encuentra fijado hasta el mes de abril de 1993 en el dictamen que obra a folio 33 del cuaderno número dos.
Para que rindan el dictamen anterior desígnase como peritos a los señores Ruth Celmira Molano Rodríguez y Rómulo Peñuela Zapata, a quienes se les comunicará el nombramiento en la forma señalada por el artículo 9º, numeral 8º, del Código de Procedimiento Civil, haciéndoles saber que deben tomar posesión del cargo el día 16 de noviembre del año en curso a las 8 a.m., fecha a partir de la cual dispondrán del término de veinte (20) días para rendir la experticia.
No hay lugar a costas en casación ante la prosperidad del recurso. Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Jorge Antonio Castillo Rugeles—Manuel Ardila Velásquez, con salvedad de voto—Nicolás Bechara Simancas—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno.
Respetuosamente plasmo a continuación las razones que me llevan disentir del criterio mayoritario expresado en la sentencia de que ahora discrepo.
El tema de la responsabilidad civil, tal vez como ningún otro, clama por soluciones que se avengan con el tiempo actual. Su dominio se ha visto significativamente ensanchado por el crecimiento de una vida cada vez más compleja, atiborrada de sucesos insospechados en otros tiempos. El paso de los días ha puesto al hombre en presencia de un adelantamiento tecnológico y científico asombroso, que, al compás del progreso, lo ha expuesto a incontables riesgos y peligros, a veces rodeado de un pragmatismo material tal que, en no pocos casos, asfixia incluso su espiritualidad. Un estado de cosas así automáticamente dispara las alarmas; la reparación de los daños que le inflige ese mundo que, muy a pesar suyo, lo coloca como su “subalterno”, es de necesidad absoluta. Fueron muchos los que otrora tuvieron que cargar sobre sus hombros el fardo de la desventura, cuando no por defecto de prueba, esquiva ésta en muchísimos casos, a título de un “fatal destino”, que por toda indemnización apenas sí entregaba a la víctima la sentida exclamación de ¡Pobre hombre! Nadie consiente hoy semejante manera de reparar. No se debe escatimar esfuerzo alguno para escrutarlo todo, y ver de establecer en quién recae la responsabilidad.
Que el progreso venga, pero no a costa del ser humano; quién, con sanidad mental, se opondría a las innumerables ventajas de tantos avances tecnológicos que ciertamente se traducen en un mejor estar del hombre; pero, eso sí, sin hollar su existencia ni su dignidad.
Evócase lo anterior porque lo reclama el asunto que se agitó en esta controversia. Un ser humano ha sido aniquilado, con el condigno desamparo de su familia, por una de las actividades que más peligrosidad comporta: el manejo del fluido eléctrico. Si. La explotación del campo energético, ese mismo cuyos efectos y complejidades, no obstante los importantes avances hasta ahora logrados, acaso ni haya llegado el hombre a comprender del todo y constituya aún, por lo mismo, un vasto tema enigmático, colocándolo todo en evidente riesgo. Tiene que convenirse, pues, en que allí debe extremarse la diligencia, que todo deba adelantarse con el mayor escrúpulo, haber manos expertas, personal calificado, todo detalle ser examinado cautelosamente. Y que, por lo tanto, no habiendo sitio para la improvisación, tanto menos lo habrá para desacatar normas y reglamentos que propenden a eliminar los riesgos.
Para centrar el estudio a lo que hace al caso, destáquese que dos cuestiones transitan pacíficas en el expediente: de un lado, la víctima murió porque la barra metálica que manipulaba en el techo de su casa hizo contacto con los cables de alta tensión, y, de otro, que tales cables pasaban indebidamente por sobre el techo, amén de no guardar la altura mínima; tanto, que luego de acaecido el infortunado hecho, la electrificadora corrigió dicha altura, conforme se resalta en la sentencia. He ahí un manejo, no simplemente descuidado, sino altamente irresponsable. El más lego de los ciudadanos es consciente de lo letal que es un cable de alta tensión; sin embargo, la empresa que es profesional en el asunto, no parece entenderlo así. Su imprudencia, sin duda, es notable.
En tales condiciones, nadie duda de la responsabilidad de la empresa, como bien lo deduce la sentencia. Me aparto de ella es en el punto en que la mayoría estimó que también la víctima concurrió con su culpa a la producción del daño, y que la llevó de la mano a desembocar en la denominada compensación de culpas. A mi juicio nada hay para reprocharle al muerto; y en cualquier caso nada que hubiese resultado relevante al daño. Cuanto a lo primero, porque es absurdo endilgarle imprudencia por no haber reparado que otros quisieron hacer pasar los cables de alta tensión no sólo por encima del techo de su casa sino a una distancia no permitida; ni más faltaba que la irresponsabilidad de otro pueda de esa manera limitar el derecho de dominio, limitación que implicaría que el propietario por ningún motivo subiese a ese lugar. Relativamente a lo segundo, porque aun cuando se admita que Salustriano obró contra la advertencia de la empresa, en el sentido de que la incrustación de la caja para el traslado del medidor debía realizar un electricista que figurase en la lista de la empresa, ello resulta ser inocuo, toda vez que la causa de la muerte no la produjo la actividad que por iniciativa propia quiso adelantar el malhadado usuario, sino una bien distinta, cual fue el hecho de estar indebidamente colocado el cableado de alta tensión. Es apodíctico: si tales cables hubiesen estado correctamente colocados —con sólo que no hubiesen pasado por encima de techo—, no estaría ocupada la jurisdicción de este asunto; dicho de otra manera, aunque Salustriano hubiese subido al techo a realizar una labor distinta de la mencionada, acaso hubiese topado también con la muerte, que lo acechaba, no en la caja del medidor, sino en los cables de alta tensión. De donde se sigue, tiene que seguirse, que el simple hecho de haberse subido con aquél propósito, resulta a la postre enteramente casual e irrelevante; a la verdad, no pudo ser la causa determinante del daño, porque brilla por su ausencia la relación causa a efecto.
Sostener que Salustriano contribuyó a su muerte, sería tanto como, y permítaseme acudir al absurdo con el sólo fin de encarecer la idea, reprocharle a una víctima no haber acatado que el automovilista que lo arrolló le había advertido de la precaución que habría de tener al cruzar la calle, dada su afición a emplear velocidades escalofriantes. Nadie puede pretender exoneración o atenuación de responsabilidad, no más que por dar noticia y pregonar que se trata de un sujeto díscolo e imprudente.
Así que, al no concluirse en este caso que la electrificadora fue la única culpable del lamentable accidente, échanse a perder los importantes avances que, en punto de responsabilidad civil, han venido en pro de la humanidad. Porque es muy de notar que acá la decisión no debiera apuntalarse en una culpa meramente presunta —que bien lo pudiera ser por tratarse de una actividad de suyo peligrosa— sino, lo que es más grave naturalmente, en la culpa probada de la empresa; además, una culpa inexcusable, tanto por la profesionalidad que ha de suponerse en el agente y que, por ende, repudia toda negligencia, cuanto porque, mirando las cosas en su punto exacto, no se trató de una negligencia propiamente dicha sino de un comportamiento abiertamente ilegal, pues que la misma sentencia de que me aparto admite, basada en la pericia, que los cables “no cumplían con los requisitos mínimos de las normas de subtransmisión y distribución de energía eléctrica dados por el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, ICEL, y la norma 900 de alumbrado público (...)” y que adicionalmente “las cuerdas de alta y baja tensión no deben pasar sobre los inmuebles para evitar contactos con techos, antenas y demás que se colocan sobre los tejados”. Esto permite aseverar, pues, que del sujeto agente se apoderó una negligencia “consciente”, siendo que, como quedó dicho, ha debido actuar con una diligencia exigente, es decir, una diligencia exenta del más mínimo cuestionamiento u objeción. Un error en la materia, con riesgos tan considerables, tórnase casi inexplicable.
Paréceme demasiado aventurado no mirar con la reprensión que es proporcional al inmenso peligro que ínsito se ve en la explotación energética, porque inadvertidamente puede llegarse a tolerar la inobservancia de deberes por parte de las empresas encargadas de hacerlo, con la secuela de que en casos como el analizado apenas sí respondan parcialmente por un daño que en otras circunstancias, vale decir, de haber mediado el desvelo que los asociados inermes esperan, y más aún de haberse limitado a la tarea, fácil como la que más, de acatar las normas que rigen la materia, no ha debido producirse.
Aceptar aquí la tesis de la concurrencia de culpas, es colocar a ras, como otrora, al individuo y a la empresa que lo empuja a un mundo tan necesario como azaroso; es decir, como si en el punto no se hubiera dado ni un paso adelante.
Total, a mi modo de ver la decisión no ha debido basarse sino en la culpa exclusiva de la demandada, que, según se vio, es la única que comportó una causalidad eficiente.