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Timestamp: 2020-07-08 05:07:24
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Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 116', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 4']

El “Decretazo Mordaza” en las telecomunicaciones e internet - La Toga Digital
Publicado por Juan Miguel Pulpillo Fernández | marzo 16, 2020 | Opinión
… Y de los derechos fundamentales y las libertades públicas
Personalmente creo que es importante que la opinión pública conozca y no olvide los riesgos a los que se enfrenta en este ecosistema de la sociedad de la información. Por ese motivo, creo que es imprescindible recalcar lo que puede suponer el “decretazo” tantas veces como sea necesario.
Existe una vulneración del artículo 86.1 de la Constitución Española, por entender que en el caso del “decretazo” no se dan los requerimientos de extraordinaria y urgente necesidad que habilitaría al Gobierno para dictar disposiciones legislativas provisionales y, que en ningún caso, pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
En el caso del “decretazo” el Gobierno no ha explicitado las razones de extraordinaria necesidad y urgencia que le han abocado a recurrir a la legislación de urgencia. En la Exposición de Motivos, el Ejecutivo expresa como justificación de conjunto, que “los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación”. Resulta llamativo observar que quienes aprueban el “decretazo” eran los que criticaban la llamada “ley mordaza”.
A este respecto, conviene poner de manifiesto que el Tribunal Constitucional ha considerado que “las fórmulas rituales de marcada abstracción” que pueden resultar aplicables a distintas realidades de manera intercambiable, no permiten entender satisfecha la exigencia de motivación porque además, resultan de imposible control jurisdiccional (STC 150/2017, de 21 de diciembre y otras).
Ciertamente, “los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español” es una de esas fórmulas ambiguas, dado que no se concretan ni identifican materialmente los acontecimientos a los que se alude ni tampoco se explica cuál es la incidencia que los mismos tienen en esta norma que supuestamente trata de darles respuesta.
En el “decretazo” tan sólo se hace alusión a la situación de disolución de las Cámaras pero, como es bien sabido, esa razón por sí sola no es justificación suficiente para recurrir al procedimiento legislativo del art. 86 CE pues tal cosa supondría asumir que unas Cortes disueltas siempre harían estar a un Gobierno en funciones en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, algo que no es admisible en absoluto atendiendo a la distribución de poderes establecida por la Constitución.
En definitiva, de lo que se trata no es de expresar los deseos de acometer con celeridad ciertas reformas sino la necesidad jurídica de hacerlo con carácter extraordinario y urgente, tal y como señala la STC 61/2018, de 7 de junio. La motivación de dicha necesidad jurídica debe explicar justamente por qué “no se lograría reaccionar a tiempo”. Sobre todo, cuando, la urgencia de muchas de las medidas introducidas se ve igualmente comprometida desde el momento en que las mismas podrían haberse llevado a cabo bastante tiempo atrás en cualquiera de las numerosas modificaciones legislativas de los últimos años (Ley 39/2015, Ley 9/2017, etc)
Tampoco se acredita la excepcionalidad de la situación, determinando el Gobierno “la concurrencia de ciertas notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia”, tal y como ha exigido en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional.
Por tanto, el Gobierno no ha demostrado por qué la circunstancia reviste carácter excepcional, por lo que no resulta constitucional recurrir al instrumento legislativo del art.86 CE ante una serie de situaciones completamente previsibles en términos temporales. Consecuentemente, el Gobierno mediante el decretazo” ha establecido una serie de medidas, técnicas y jurídicas, meramente adaptativas que, como señala el Tribunal Constitucional, sólo responden al esquema propio de los tratamientos continuados preventivos y de acompañamiento que al de acciones limitadoras de derechos y garantías de emergencia.
El “decretazo” también vulnera los Derechos y Libertades de los Ciudadanos mediante la interceptación de comunicaciones y un supuesto estado de excepción.
En este sentido, el artículo 116.3 de la Constitución y lo dispuesto en el Capítulo III, de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, señala que la declaración del estado de excepción se prevé para el supuesto de una grave alteración del orden público, no sólo el caso de una alteración ya presente, sino también el de una amenaza de alteración, que exige un reforzamiento de los poderes de policía y la limitación o suspensión de libertades públicas. Se trata de otorgar facultades gubernativas excepcionales, como las que pretende otorgar el “decretazo”, saltándose estas garantías de legitimación y procedimentales, pues ni exige solicitud de autorización al Congreso de los Diputados, ni señala obligación alguna de comunicación al poder judicial, además de que no justifica debidamente la emergencia de las medidas.
En definitiva, no se observa que este decreto configure una situación de “anormalidad” distinta de los estados excepcionales regulados en el art. 116 CE, en cuanto a la posibilidad real de aplicar garantías constitucionales y evitar la arbitrariedad del poder ejecutivo. Por lo que deberíamos concluir que el “decretazo”, no cumple con las exigencias de certeza y seguridad jurídica dimanantes del principio de legalidad constitucional.
Esta garantía constitucional se quiebra con el “decretazo”. La modificación de la Ley General de Telecomunicaciones abre la puerta a la censura gubernamental de la red, al prescindir de la necesidad de resolución judicial para acordar la retirada de contenidos o la neutralización de su acceso. En la redacción finalmente aprobada, la LGT faculta al Gobierno para una gestión directa o intervención que podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.
La sección uno del artículo 6 del “decretazo” queda redactada de la siguiente manera:
Por consiguiente, con el fin de concretar la expresión “redes y servicios de comunicaciones electrónicas” sobre la que se toman las medidas previstas en el nuevo artículo 4.6 Ley General de Telecomunicaciones, es imprescindible empezar revisando las definiciones contenidas en el anexo II de la citada Ley y, además, en la Directiva [UE] 2018/1972, que establece el Código Europeo del Comunicaciones electrónicas.
A modo de síntesis, por un lado, son “Redes de Comunicaciones Electrónicas” los sistemas de transmisión y, en su caso, otros recursos que permiten el transporte de señales a través de cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos, con la inclusión de redes de satélite, redes de tierra fija (de conmutación circuitos y paquetes, incluyendo Internet) y móviles, sistemas de líneas eléctricas, en la medida en que se utilizan para la transmisión de señales, redes radiodifusión sonora y televisivo y televisión por cable, independientemente del tipo de información transportada (Anexo II. Ley General de Telecomunicaciones). Del mismo modo, se trata de una “red pública de comunicaciones electrónicas” que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a disposición del público y que apoye la transferencia de información entre puntos de la terminación de la red (art. 2.8 Directiva [UE] 2018/1972). Por otro lado, son “Servicios de Comunicaciones Electrónicas” (Directiva (UE) 2018/1972), los proporcionados a cambio de una remuneración, y que consiste principalmente en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas, con inserción de servicios de telecomunicaciones y servicios de transmisión para su difusión.
En este contexto, identifiquemos los principales cambios introducidos por el artículo 6 del “decretazo” en el artículo 4.6 Ley General de Telecomunicaciones.
Esta super facultad se configura, como establece el “decretazo” “con carácter excepcional y transitorio”, y con un alcance que puede “afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o servicio que sea necesario” para alcanzar el objetivo previsto.
Así, se trata de un precepto insertado en un “decretazo” aprobado por el Gobierno, por la que se modifica la Ley General de Telecomunicaciones, con una finalidad y un contenido, de presunción de acción, que se articulan en torno a tres conceptos amplios que, de hecho, son vagos, según el criterio mayoritario de la doctrina e incluso el Jurisprudencia constitucional, como Orden Público, Seguridad Pública y Seguridad Nacional.
El Tribunal Constitucional ya indicó el estrecho vínculo entre la protección de ciertos derechos fundamentales, el secreto de las comunicaciones en una “sociedad tecnológicamente avanzada” con el “cultural, científico y tecnológico” (STC 123/2002, de 20 de mayo). Más recientemente, se reconoce un derecho de nueva generación a proteger el entorno virtual, en el que toda la información almacenada masivamente para el uso electrónico se integraría, ya sea en un consciente o inconsciente, voluntariamente o sin, que el usuario genera, hasta el punto de dejar un rastro susceptible de seguimiento por las autoridades públicas (STS 342/2013, de 17 de abril).
En cuanto a la finalidad perseguida por el decretazo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aceptado el objetivo legítimo de la restricción de los derechos y libertades de las personas, en términos generales, la preservación de otros bienes y valores dignos de protección, como sería el caso de garantizar la seguridad pública. Sin embargo, la “calidad de la ley” requiere en todo caso la limitación, en el sentido de que es accesible, claro y predecible. Por lo tanto, la norma jurídica debe definir las modalidades y la ampliación del ejercicio del poder concedido con suficiente claridad para proporcionar al individuo receptor una protección adecuada contra la arbitrariedad de las autoridades públicas. Además, le debe permitir prever, aun nivel razonable, en función de las circunstancias de cada caso, las consecuencias (formalidades, condiciones, restricciones o sanciones) derivado de su aplicación. Y las limitaciones deben basarse en una ley de precisión singular al tratar con procedimientos de interceptación de comunicaciones, que constituyen una intrusión en la vida privada y la correspondencia, por lo que es indispensable que las normas que los regulan sean claras y detalladas, aún más porque la tecnología disponible es cada vez más sofisticada (Stedh 8691/79, de 2 Agosto de 1984, y otras muchas).
Pero la nueva redacción del artículo 4.6 Ley General de Telecomunicaciones tras el “decretazo” se articula en torno a estos tres conceptos que funcionan como propósito u objetivo de la norma: La preservación o restablecimiento del Orden Público, Seguridad Pública y Seguridad Nacional, y al mismo tiempo, se prevé como casos de aplicación o habilitación para la activación de la facultad de intervención del gobierno del estado.
De esta manera, el “decretazo” contribuye a generar un marco muy amplio e imprevisible de sus supuestos de aplicación: Recurre a tres conceptos jurídicos indeterminados para justificar la atribución de la potestad al gobierno, sin necesidad de autorización judicial y ni siquiera un requisito procesal administrativo específico para intervenir en el conjunto de redes y servicios, que al mismo tiempo son establecido como objetivo y habilitante.
Consecuentemente, y a mayor abundamiento, respecto a la inconstitucionalidad del “decretazo” según los estándares internacionales y la Jurisprudencia Constitucional, la Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet, que fue adoptada por los relatores internacionales de libertad de expresión (Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), y cuyos alineamientos hace suyos el TEDH.
“1. Principios generales.
Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses.”
En relación con la exigencia de proporcionalidad, debe tenerse en cuenta que la “intervención” a la que habilita el “decretazo” puede tener una enorme trascendencia y afectar a cientos de miles o millones de contenidos y usuarios.
“3. Filtrado y bloqueo.
Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión.”
A este respecto hay que señalar la evidente indefinición que sufre el “decretazo” a la hora de concretar los tipos de “intervención” a que puede autorizar el Gobierno, así como el vasto e indeterminado ámbito donde puede proyectarse.
“1. Acceso a Internet
La negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una medida extrema que solo podría estar justificada cuando no existan otras medidas menos restrictivas y siempre que haya sido ordenada por la justicia, teniendo en cuenta su impacto para el ejercicio de los derechos humanos.”
No cabe la menor duda de que la aplicación del “decretazo” puede fácilmente implicar la interrupción del acceso a internet a poblaciones enteras. Además, sin garantía de intervención judicial.
“…En nuestro caso ni tan siquiera hay una decisión judicial, sino gubernativa, y más allá de un proceso penal. Más allá de que sea necesaria una resolución judicial, un elemento esencial es que la ley ha de dejar bien claros los presupuestos, condiciones y requisitos que se han de dar para una restricción grave de la libertad de expresión e información como lo es cerrar, bloquear o impedir acceso a páginas web. Y la ley que ahora se discute parece permitir este tipo de barreras efectivas y en modo alguno lo regula con precisión”.
Además, para el TEDH es la propia ley la que ha de establecer garantías efectivas. En este caso, el TEDH consideró la violación, entre otros motivos, por no haber tenido en cuenta el hecho de que tal medida, al hacer inaccesibles grandes cantidades de información, restringió sustancialmente los derechos de los usuarios de Internet y “tuvo un efecto colateral significativo”. Asimismo, porque no había procedimientos suficientes para evitar los abusos: la legislación nacional debería prever salvaguardas para garantizar que no se utilice una orden de bloqueo con respecto a un lugar específico como medio de bloquear el acceso en general.
Esta carencia es evidente en el “decretazo”, que no prevé garantía alguna específica ni actuación judicial en ningún momento, sin que sea suficiente que se aplique la legislación general. Sobre esta base, una autoridad administrativa y no judicial no puede aplicar sanciones de corte de suministro de internet, pues suponen una restricción de la libertad de expresión, que sólo lo puede hacer un juez. En el caso presente se trata del Ministerio de Industria, en modo alguno puede considerarse que se trata de una autoridad independiente como en su caso podría una autoridad audiovisual con garantías.
Por último, interesa plantear la vulneración del “decretazo” y del Gobierno de los Tratados, la Normativa de la Unión Europea y las sentencias del TJUE que la conforman.
En este sentido, el “decretazo” vulnera el espíritu y la letra de Vulneración en el sentido y la forma de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (art. 47) y los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas (art. 49). Como la propia Carta indica, la limitación del ejercicio de estos derechos debería ser establecida por ley respetando su contenido esencial, y éste no es el caso:
Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.
La Sentencia del TJUE: VAN GEND & LOOS de 5 de febrero de 1963 asunto 26/62. La citada sentencia concluye, por una parte, que el derecho comunitario es autónomo respecto de la legislación de cada Estado miembro, y por otra, que “la Comunidad constituye un nuevo ordenamiento jurídico de Derecho internacional, a favor del cual los Estados miembros han limitado su soberanía”.
Esta soberanía si bien está limitada al “ámbito competencial” (por cesión de soberanía), “los sujetos son, no solo los Estados miembros, sino también sus nacionales” y como consecuencia, el Derecho Comunitario crea tanto obligaciones a cargo de los particulares como reconoce derechos que se incorporan a su patrimonio jurídico, derechos que nacen cuando se reconocen derechos que se incorporan a su patrimonio jurídico, derechos que nacen cuando se reconoce una norma europea de forma explícita y también “en razón de obligaciones que el Tratado impone de manera perfectamente definida tanto a particulares como a los Estados miembros y a las Instituciones comunitarias”. La concepción como verdadero ordenamiento jurídico se reafirma en la STJUE de 15 de julio de 1964 (Caso 6/64 Costa-ENEL).
En el mismo sentido, la Sentencia del TJUE de 26 de febrero de 2013, C-399/11, declara que según jurisprudencia reiterada, “en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, que es una característica esencial del ordenamiento jurídico de la Unión, la invocación por un Estado miembro de las disposiciones del Derecho nacional, aun si son de rango constitucional, no puede afectar a la eficacia del Derecho de la Unión en el territorio de ese Estado”.
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