Source: http://www.eroj.org/tribunus/asociars.htm
Timestamp: 2013-05-23 13:51:14
Document Index: 252537859

Matched Legal Cases: ['de lege ferenda', 'de lege lata', 'Artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 7', 'de lege ferenda']

«El derecho a asociarse en el ordenamiento jurídico español» por Lorenzo Peña
El derecho a asociarse en el ordenamiento jurídico español
Copyright © 1999 Lorenzo Peña
Índice[Nota]
El derecho a asociarse en el ordenamiento jurídico francés
El derecho a asociarse en España: de la revolución de 1868 al Código Civil (1889)
La evolución del derecho de asociación en España de 1931 a 1978
El derecho de asociación en la Constitución española de 1978
La Ley del 24 de diciembre de 1964
Más sobre la dicotomía entre sociedades y asociaciones
Un par de cuestiones adicionales
Anejo: El Reconocimiento de la Libertad de Asociarse en Algunas Constituciones
¿Existe un derecho fundamental a asociarse que tengan los seres humanos para cualesquiera fines lícitos (y por medios lícitos)? Si existe tal derecho, ¿hay dos géneros irreducibles de ejercicio de tal derecho, uno que resultaría en la formación de agrupaciones con sólo fines de interés particular o lucro (sociedades) y otro en la de entidades colectivas exentas de tales fines? ¿Qué tratamiento han de recibir (consideración de lege ferenda) y cuál reciben de hecho en el actual ordenamiento jurídico español (consideración de lege lata)? ¿Cómo ha evolucionado la visión jurídica del problema hasta llegar al ordenamiento actual? Tales son los problemas que abordo en este artículo. §1.-- El derecho a asociarse en el ordenamiento jurídico francés
La revolución francesa se vio ante el dilema de si había de permitirse la libre constitución de asociaciones. El 13 de febrero de 1790 la Asamblea Constituyente de Francia suprime «para siempre» las congregaciones religiosas de uno u otro sexo. El 13 de noviembre de 1790 la Asamblea reconoce a los franceses `el derecho de reunirse pacíficamente y de formar entre ellos sociedades libres'. Pero ni la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del 26-08-1789 ni la Constitución de 1791 reconocen la libertad de asociación. Tampoco la reconoce el texto de la Constitución del año 1 (1793). La Loi Le Chapelier del 14 de junio de 1791 prohibía, bajo severas sanciones, las asociaciones de patronos o de obreros. Así de facto
se abrogó la ley que había reconocido previamente el derecho de asociación. Prevalece, pues, tras un cierto titubeo, la posición de que las asociaciones eran cuerpos intermedios que se interponían entre el individuo y la sociedad en su conjunto, y no debían tolerarse porque su existencia mediatizaba al individuo, estableciendo unos compromisos del individuo que irían en desmedro de su omnímoda libertad personal, la cual sólo habría de encontrar enfrente la soberanía del pueblo como un todo. Y es que, en efecto, si hay asociaciones, entonces los individuos que las forman se han comprometido a algo, y han restringido así su margen de libertad. Naturalmente, tal argumento hubiera podido aplicarse exactamente igual a cualquier contrato, no siendo la asociación sino un contrato particular, uno en virtud del cual un número de individuos se comprometen a obrar en común para cierto fin, lícito o ilícito. El 30 de ventoso del año 12 (21 de mayo de 1804) se promulga el Code Civil, al que Napoleón considerará en Sta Elena como su gran obra, pero cuyos principales redactores fueron Portalis, Malleville, Tronchet y Bigot. El Code Civil
no sólo no prohibió los contratos (prohibición incompatible con la propia economía de mercado cuyo esplendor vino a implantar) sino que --desarrollando el viejo derecho romano con las grandes aportaciones de los civilistas franceses como Jean Domat (1625-1695) y Robert-Joseph Pothier (1699-1772)-- el Code Civil
(o Code Napoléon) otorga nuevas garantías para asegurar la libertad de contratación. Sin embargo, no por eso se levantaba la prohibición sobre las asociaciones. Esa oposición tenía tres causas, que eran: (1ª) la oposición a los gremios y otros estorbos monopolísticos al libre mercado; (2ª) el ceño con el que los próceres de la revolución burguesa veían la posibilidad de que se organizaran y agruparan los desheredados; (3ª) la desconfianza frente a las congregaciones o asociaciones religiosas como polos de poder fáctico o grupos de presión. Como la propia marcha de los negocios mercantiles requería la formación de asociaciones, éstas pudieron existir con una limitación de hecho, y es que, aparte de las de índole religiosa o de las amparadas por el poder, persiguieran un ánimo de lucro (aparte de los círculos de empresarios, casinos y otros colegios de gente bien situada). Pero ello conculcaba el principio de que lo que lícitamente podía hacerse por uno lícitamente podía hacerse por varios o muchos agrupados, o sea: que cualquier actividad lícita pudiera ser lícitamente efectuada por una pluralidad de varios en asociación. La implementación de tal principio la trajo la segunda república francesa, la de 1848 cuya Constitución reconoce la libertad de asociación. Los regímenes que siguen (II Imperio y comienzos de la nunca definida III República, desde 1870) marcan titubeos respecto al derecho de libre asociación; pero la Loi Waldeck-Rousseau
del 21-05-1885 otorga la libertad de creación de sindicatos, y con ello se establece la libertad de asociación, aunque persiste el problema de la libertad de asociación religiosa que traerá mucha cola en Francia en los decenios siguientes. Finalmente el 1º de julio de 1901 se promulga en Francia la Ley «relativa al contrato de asociación», la cual otorga a las asociaciones plena personalidad jurídica (en Francia se la llama `personnalité morale'), sin requerirles más que una declaración de que existen. Distingue claramente esa Ley la existencia de una asociación --que, a fuer de tal, es una persona jurídica-- de su reconocimiento como «de utilidad pública». La Ley de 1901 establece en su art. 1º que la asociación es el convenio por el cual dos o más personas ponen en común de manera permanente sus conocimientos o su actividad con un fin que no sea el de repartirse beneficios. Rígese por los principios generales de las obligaciones y los contratos. El art. 2 preceptúa que podrán formarse libremente sin autorización ni declaración previa, pero que, para tener personalidad jurídica («capacité juridique»), habrán de darse a conocer al público por iniciativa de sus fundadores («par le soin de ses fondateurs»). Setenta años después, la Loi
Nº 71-604 del 20-07-1971, bajo la presidencia de Pompidou, restringe esa libertad al mandar que tal declaración previa conste en `la Prefectura del Departamento ... en que tenga la asociación su domicilio social'. Del depósito de la notificación se entregará un resguardo (récépissé) que surtirá efecto legal. La ley francesa de 1901 también tiene lados negativos. Así, contiene disposiciones relativas a las congregaciones religiosas, a las que sí sujeta a un régimen registral. Pero la más desafortunada novedad de la ley francesa es el lamentable distingo terminológico entre `sociedad' y `asociación', entendiendo por `sociedades' las que --grosso modo-- persigan un fin de lucro. Esa ley lo que hace es prever sociedades que no persigan meramente ánimo de lucro; no impone a tales asociaciones la obligación de no perseguir fines lucrativos. Sólo exige que tengan algún `but autre que de partager les bénéfices', pudiendo tener --como suele suceder-- varios fines, uno de ellos gananciero y otro u otros no. Pese a su novedad terminológica, la Ley de 1901 no introduce ninguna dualidad de régimen jurídico entre sociedades y asociaciones; las asociaciones de la ley francesa de 1901 son, en realidad, sociedades civiles que gozan de una protección especial por no perseguir únicamente fines de lucro; todo eso se echa de ver en un examen atento del texto de la ley, que es, en una serie de puntos (duración, extinción, derecho de retirarse los miembros cuando esté formada la asociación por un tiempo definido, etc.), similar a las disposiciones del Código Civil español de 1889 en materia de sociedades civiles --que estudiaremos en el apartado siguiente. La tradición del derecho civil no predisponía en absoluto a una dualidad de figuras jurídicas sociedad/asociación. Finalmente el art. 17 de la Constitución de la IV República (19-04-1946) establece que `todos los hombres [o sea: todos los seres humanos] tienen derecho de asociarse libremente a menos que su asociación atente, o tienda a atentar, contra las libertades garantizadas por la Constitución'. Está clara la intención de no amparar a organizaciones de inspiración totalitaria o fascista (acababa de derrocarse al régimen del Mariscal Pétain), pero también lo está que, por lo demás, el derecho a asociarse sería ejercible sin trabas, restricciones, ni filtros o medidas de control preventivo de ningún género. Notemos también que el Código Civil francés establece (art. 1844-3) que la transformación regular de una sociedad en una sociedad de otro tipo no altera la personalidad jurídica de la sociedad, no crea una nueva. Es obvio que una sociedad o asociación puede modificar parcialmente sus objetivos --enmendando sus Estatutos siempre que el cambio sea estatutario--, y pasar de tener única o complementariamente fines no-lucrativos a tener únicamente o principalmente fines lucrativos, o viceversa. §2.-- El derecho a asociarse en España: de la revolución de 1868 al Código Civil (1889)
A pesar de venir respaldado por un movimiento revolucionario triunfante de sesgo liberal avanzado y apoyado por amplios sectores populares (la «Vicalvarada» de 1854), y a pesar de redactarse 8 años después de la Constitución de la II República francesa, el Proyecto Constitucional progresista de 1856 no prevé ninguna admisión del derecho de los españoles a asociarse. Hay que esperar a la revolución de 1868 para que se produzca al fin ese reconocimiento. El art. 17 de la Constitución de junio de 1869 reconoce el `derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública', un derecho del cual no podría ser privado ningún español. El art. 22 añade que el ejercicio del derecho no puede sujetarse a ninguna medida preventiva, lo cual indica claramente que la Constitución de 1869 prohíbe todo registro de asociaciones que se convierta en un requisito previo para la existencia legal de las mismas y pueda así actuar como filtro o cedazo. El art. 19 prevé la disolución de una asociación sólo cuando la misma proporcione a sus miembros medios para delinquir; en tal caso sólo el juez puede disolver, pudiendo suspender el funcionamiento de la asociación la autoridad gubernativa. Conforme con su espíritu de «represión de lo ilícito, sí, pero controles preventivos, no», el mismo art. 19 de la Constitución de 1869 permite al legislativo promulgar leyes que disuelvan tal asociación en particular cuyo objetivo comprometa la seguridad del Estado. La Constitución (proyecto) de la I República (1873), en su Título Preliminar, dispone: `Toda persona encuentra asegurados en la República, sin que ningún poder tenga facultades para cohibirlos, ni ley ninguna autoridad para mermarlos, todos los derechos naturales: [...] 4º El derecho de reunión y de asociación pacíficas'. Y el Art. 19
de tal proyecto preceptúa: `Tampoco podrá ser privado ningún español: [...] del derecho de reunirse y asociarse pacíficamente para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública'. Por último, el Art. 25
estipula: `Nadie impedirá, suspenderá ni disolverá ninguna asociación, cuyos estatutos sean conocidos oficialmente, y cuyos individuos no contraigan obligaciones clandestinas'. Nótese que no se está imponiendo a las asociaciones, para ser lícitas, el requisito de dar a conocer sus estatutos de manera que pueda haber un conocimiento oficial, fehaciente, de la norma interna que los establece; lo único que se hace es prohibir a la autoridad disolver una asociación que cumpla tal requisito; éste es, pues, una mera garantía disponible. Mas ni aun así se impone obligación alguna de inscripción. La Restauración (1876-1931) no deshizo del todo la obra de la revolución de 1869, si bien la Constitución de junio de 1876 restringe muchas de las libertades obtenidas por aquella revolución. Esa Constitución reconoce en su art. 13 que todo español tiene derecho `de asociarse para los fines de la vida humana'. No tenemos ahí el énfasis de los textos constitucionales de 1869 y 1873, ni las garantías, ni la exclusión radical de cualquier medida de selección o prevención, ni menos una explicitación de qué ámbito de fines de vida humana se permite tener. Puede que tan parca y acaso parsimoniosa declaración involucrase una intención inicial de excluir asociaciones cuyos fines salieran de los usuales de la «vida humana» particular e incluyera la exposición de ideas políticas, sociales o religiosas (salvo la tolerancia que en materia religiosa prevé esa Constitución en su art. 11). Sin embargo, ni está clara tal intención (al revés, es patente lo oscuro del intento del constituyente de 1876) ni en la práctica prevaleció esa visión restrictiva. El derecho de asociación tuvo, bajo el imperio de tal Constitución (1876-1923) un amplísimo respeto y no estuvo sujeto a cortapisas ni medidas de prevención o filtro. En conjunto el período 1868-1923 ha sido el de mayor libertad de asociación en España, por su duración y por la ausencia de restricciones o controles. En ese ambiente político --y tras una ley regulativa de las asociaciones en 1887-- se promulga al fin el Código Civil, en 1889. El Código reconoce y admite sin restricciones el derecho de asociación particular y no sólo declara libre la formación de asociaciones para cualesquiera fines lícitos, sino que a tales asociaciones les otorga la condición de personas jurídicas. Los hombres de la Restauración no albergaban ya recelos frente a los gremios --cosa entonces del pasado--; como lo pone de manifiesto --en su 16 párrafo-- la Exposición de motivos del Código Civil (redactada por la Secc. 1ª de la Comisión de Codificación, presidida por D. Manuel Alonso Martínez, 30-06-1889) tampoco sentían resquemores frente a las congregaciones; ni (gústeles o no) se sienten autorizados para oponerse a la libre asociación de los pobres, al haber ya arraigado la idea de que los hombres pueden lícitamente asociarse para cualquier fin lícito. En consonancia con ese espíritu de libertad, el Art.º 35 del Código Civil dispone: `Son personas jurídicas; 1.º Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. [...] 2.º Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de sus asociados'. Y el Art.º 36 preceptúa: `Las asociaciones a que se refiere el número 2.º del artículo anterior se regirán por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, según la naturaleza de éste'. Eso significa que todas las asociaciones privadas (todas las personas jurídicas que no sean de derecho público) se rigen por las normas que establezca la ley para las sociedades contractualmente constituidas; o sea, que cualquier asociación privada es, a los efectos legales, una sociedad contractualmente formada. La constitución de las asociaciones privadas es regulada en mayor detalle en el mismo Código Civil en el título VIII del Libro IV, que se inicia con el Art.º 1665: `La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias'. A renglón seguido, el Art.º 1666 dispone: `La sociedad debe tener un objeto lícito y establecerse en interés común de los socios'. Y, en lo tocante a la manera de constituirse la asociación, establece el Art.º 1667: `La sociedad civil se podrá constituir en cualquier forma, salvo que se aportaren a ella bienes inmuebles o derechos reales, en cuyo caso será necesaria la escritura pública'. La asociación puede lícitamente constituirse sin que esa constitución esté sujeta a registro o inscripción de ningún género --si bien eso no obsta a que tenga que hacerse pública tal constitución y tengan que constar y ser públicamente conocibles sus términos, pues, si no, es clandestina y por consiguiente tachada de inexistencia jurídica: `Art.º 1669. No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes'. O sea, ese carácter clandestino no las hace ilegales si sus fines son lícitos, mas sí las priva del reconocimiento de personalidad jurídica. Hemos visto que el Código Civil no distingue entre asociación y sociedad; ¿por qué en el libro I usa ambos términos, el de `asociación' y el de `sociedad'? La doctrina ha tendido a ver ahí, no ya una fluctuación terminológica, sino una confusión entre la asociación --que sería una agrupación sin ánimo de lucro-- y la sociedad, que sí perseguiría ánimo de lucro. Sin embargo, para examinar ese problema exegético conviene ponerse en la mente de los hombres de la época. En ésta, superados ya los recelos del liberalismo clásico, se ve como lícita la formación de agrupaciones de individuos, de entes colectivos --dotados de personalidad jurídica--, para cualesquiera fines lícitos y cuyos medios de actuación sean también lícitos. Salvo en lo tocante a delitos (derecho penal) o a las relaciones con entidades de derecho público --para regular las cuales estaba y está el derecho administrativo (entonces todavía en su relativa juventud)-- la actividad de los particulares estaría, toda ella, sujeta al derecho civil, del cual sólo se había semi-desgajado el mercantil y todavía no el laboral. O sea, el jurista de fines del siglo XIX no ve ninguna diferencia sustancial entre una asociación que persiga fines de lucro y una que tenga fines de donación, de promoción de ideas, o cualesquiera otros fines lícitos. Así, cuando el Libro I del Código distingue las `asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley' de las `asociaciones de interés particular, sean civiles' o de otro tipo, no está estableciendo distingo alguno entre asociaciones sin ánimo de lucro y asociaciones (sociedades) con ánimo de lucro, sino que está distinguiendo las asociaciones de interés público reconocidas por la ley de las asociaciones de interés particular, o sea aquellas a las que la ley no reconoce ser de interés público (ni tiene necesidad de reconocer de ningún modo). Así se explica que las asociaciones de interés público se enumeren junto con las fundaciones (también de interés público) y las corporaciones, y que vengan claramente consideradas como personas jurídicas de derecho público o de derecho semi-público, al paso que las demás asociaciones --o sociedades--, civiles o de la índole que sean, son entes de derecho privado. El que una asociación sea, así, de derecho público (o semi-público), por ser de interés público, no depende de que carezcan de egoísmo sus fundadores, miembros o directivos, sino de que las autoridades reconozcan, en un acto jurídico, el interés público de la asociación (o fundación). Si una asociación se propone --sin buscar ganancia pecuniaria ninguna-- hacer propaganda de las ideas de Silvestre Paradox, o de quien sea, ello --en la mentalidad del legislador de 1889-- no hace de tal asociación una de interés público, mientras no haya prueba objetiva de que sea de interés público propagar esas ideas --y mientras la autoridad no lo declare así en un acto normativo. Ni sería razonable, en la mente del legislador de 1889, que se restringiera la capacidad legal de formar asociaciones privadas para fines que no fueran de enriquecimiento, puesto que hay actividades lícitas --que se regulan en las normas sobre el negocio jurídico-- que no tienen fines de lucro, como la donación, incluida la publicación no venal que es también donación de algo. Ni (siempre en la mente del legislador de 1889) han de imponerse a la actividad de donación --o cualquier otra actividad lícita privada no lucrativa-- constreñimientos como los que sí cabe imponer para que una fundación, p.ej., sea de interés público (p.ej. que el ámbito de los eventuales beneficiados no quede circunscrito por la posesión de vínculos de sangre o de paisanazgo con el benefactor). En resumen, la asociación sin ánimo de lucro es, para el legislador de 1889, igual que la asociación con ánimo de lucro una sociedad particular, de derecho privado, no sujeta a obligación de inscripción (salvo si posee bienes raíces) mas sí sujeta a la obligación de dar a conocer al público la norma constitutiva (el contrato o pacto, e.d. los estatutos), sin lo cual nadie estorbará su existencia interna (suponiendo que sus fines y medios sean lícitos) mas carecerá de personalidad jurídica para el negocio con otras personas. Esa amplia concepción de la asociación privada no viene contradicha ni por el precepto de que la sociedad civil (o sea, la asociación de interés particular sin más particularidades jurídicamente relevantes) la establezcan los socios `con [el] ánimo de partir entre sí las ganancias' ni tampoco por el de que `deb[a] tener un objeto lícito y establecerse en interés común de los socios'. El sentido claro de esas disposiciones es excluir asociaciones leoninas, es decir tales que se establezcan para favorecer a unos socios a expensas de otros, o que persigan el fin de obtener ganancias para sólo algunos de los socios. Sería poco razonable pensar que ahí se está exigiendo un fin lucrativo, y que se está, de ese modo, prohibiendo la formación de sociedades civiles que persigan fines varios de la vida civil lícita, entre los que figura la donación. Sería suponer que, si uno hace donaciones a título individual, es (casi) del todo libre, mas que sólo puede emprenderse una labor de donación en grupo si afronta uno la constitución de una fundación de interés público, la cual --al menos tendencialmente-- no podrá discriminar a los beneficiados por ningún criterio subjetivo. Sin duda el sentido del art. 1665 del Código Civil es el de que, si la sociedad va a emprender una actividad en la que se obtengan ganancias, éstas habrán de repartirse según lo convenido en el pacto fundacional. Y lo que dispone el art. 1666 es que no puede constituirse una sociedad que se haga en interés de unos de sus miembros y no de otros. Mas, aunque ahí se estuviera identificando interés con interés económico o material, eso no obligaría a que la sociedad persiga el interés de los miembros, sino que obliga a que no persiga el de unos a costa de los otros. Y cabe perfectamente otra interpretación, entendiendo que el interés que haya de perseguirse pueda ser uno no económico, igual que hay actividades lícitas reguladas en el Código Civil que no persiguen el enriquecimiento económico (aunque, si alguien las emprende, será porque en ellas encuentre algo satisfactorio, siendo, en ese sentido, algo que le interesa hacer, algo cuya realización redunda en su interés); p.ej. las donaciones a otros humanos, o la alimentación gratuita de gatos callejeros. Veamos un ejemplo de sociedad civil --no lucrativa, mas sí de interés particular-- perfectamente concebible desde el punto de vista del Código Civil español (aun para quienes se empeñen en diferenciar sociedades civiles y asociaciones y exijan que éstas carezcan de ánimo de lucro al paso que aquéllas hayan de hacerse en interés de los socios). Supongamos un grupo de colaboradores intelectuales --dos, tres o más-- que deciden asociarse para autorar juntos diversos escritos o libros en un régimen de co-propiedad intelectual. Tal fin es, desde luego, legítimo y puede así perfectamente constituirse una válida sociedad civil en los términos del CC. Ahora bien, caben varias posibilidades. Una es que esa sociedad civil, AUTORES GENIALES SC, decida --sea en sus estatutos o contrato constitutivo, sea en un acuerdo posterior-- que intentará llegar a arreglos con firmas editoras para obtener remuneración por lo autorado, y que tal ganancia se repartirá equitativamente otro los socios. Alternativamente AUTORES GENIALES SC puede decidir que difundirá, por cualquier vía, su producción intelectual de manera gratuita, mas reservándose, en determinados términos, una serie de los llamados `derechos morales de autor', tales como el derecho a la integridad de la obra, el derecho de prohibir que sea utilizada o distribuida por ciertas personas --a tenor de los criterios que tenga por convenientes la sociedad civil AUTORES GENIALES SC--, el derecho a autorizar la utilización total o parcial de los escritos sólo bajo ciertas condiciones, o cualquier otro derecho reservado que quiera ejercer esa sociedad civil y que esté amparado por la legislación sobre la propiedad intelectual. Por otro lado, puede también constituirse una sociedad civil, PROMOCIONES INTELECTUALES SC, destinada a publicar, gratuitamente, obras de autores que consientan en hacerlo en términos que no conlleven remuneración crematística mas sí respeto a sus derechos morales de autor junto con la aceptación por los lectores o usuarios de sus obras de las condiciones y los términos que ellos estipulen (siempre que no se trate de compensación pecuniaria). PROMOCIONES INTELECTUALES SC será una válida sociedad civil, y, a fuer de tal, si luego modificara sus estatutos y empezara a publicar venalmente, la ganancia obtenida habría de repartirse entre los socios equitativamente. También es posible una sociedad civil que combine rasgos de las dos sociedades que hemos imaginado, o sea cuyos fines sean co-autorar escritos de la propia sociedad y también compilar o publicar otros escritos de otros autores bajo ciertas condiciones. Puede esa sociedad civil prever que, si bien sus publicaciones serán no venales, aun así, en el caso de recibirse donativos de lectores que voluntariamente los dieren a la sociedad, se utilizarían para promover los fines de la sociedad; y que, en caso de excedente, éste se repartiría entre los miembros. Aunque esa hipótesis de obtención de ganancia excedentaria pueda ser --en tal hipótesis-- de improbabilísima realización, ya con preverla está claro que la sociedad civil en cuestión satisface incluso el supuesto requisito legal de tener que ambicionar una ganancia repartible (aunque, por las razones dadas más arriba, es archidudoso que se dé tal requisito legal según el art. 1666 CC); porque lo que nadie va a exigir a una sociedad, ni civil ni mercantil, es que haga todo lo posible para obtener ganancias y que, si no, haya de carecer de existencia legal. Y, si no está obligada a hacer todo lo posible, es muy dudoso que tenga que hacer algo de lo posible. Puede no hacer nada, siempre que estatutariamente establezca una distribución del beneficio eventual entre sus miembros (repito, aun en el supuesto de que haya de ser una entidad que, en principio, busque o persiga ganancias). Caben muchas otras posibilidades legítimas. P.ej., una sociedad civil que se sufrague por cuotas de sus miembros o donativos y que se dedique a insertar anuncios pagados para propagar cierta idea. La publicidad pagada es una actividad admitida en el tráfico, aunque la hagan sociedades sin ánimo de lucro, y sea cual fuere su contenido (lícito). Puede que tales anuncios hayan de redundar indirectamente en algún género de beneficio o interés de los socios; puede que no. Si los anuncios persiguen una finalidad meramente altruista (promover el uso de preservativos para disminuir el contagio del SIDA, p.ej.), no se ve por qué se va a privar a esos socios del derecho a constituir tal sociedad civil, al paso que sí se tendría, en cambio, una correcta sociedad civil en el caso de que los anuncios tuvieran un contenido que propiciara la compra de productos separadamente fabricados por los socios. (P.ej., vinateros del Ampurdán que forman juntos una sociedad que se dedica a hacer publicidad de los vinos del Ampurdán en general; tal sociedad sólo tendrá pérdidas.) O sea, en el caso imaginado, es secundario que se enriquezcan con la venta de los bienes o servicios anunciados todos los socios, algunos de ellos o ninguno. No parece en general haber la menor razón para que una sociedad o asociación tenga que tener o sólo fines de lucro o sólo fines que excluyan el lucro. De tener varios fines, nada impide que luego se dedique a conseguir uno de ellos y no los otros. Así, una asociación sin ánimo de lucro puede proponerse difundir libros y organizar actos de debate, y luego en la práctica limitarse a una de esas dos tareas. En general todos realizamos sólo algunas de las tareas que nos hemos propuesto. Con lo cual, aunque se impusiera el requisito de que una sociedad civil haya de tener al menos un fin de lucro, nada impide que se constituya una que tenga varios fines, uno de ellos de lucro, y que luego no dediquen los socios afán alguno a ese fin de lucro, sino que toda la actividad de la sociedad se vuelque a los otros fines de la misma. Todo eso hace particularmente desafortunada y desacertada la separación de los regímenes jurídicos de las sociedades con ánimo de lucro de las «asociaciones» sin ánimo de lucro. En verdad se trata en cualquier caso de ejercer el derecho de los seres humanos a agruparse o asociarse voluntariamente para la realización de cualesquiera actividades lícitas de la vida, dependiendo cuáles sean ésas de lo que preceptúe el particular ordenamiento jurídico. En uno con economía de mercado, serán unas; en uno sin propiedad privada de los medios de producción, serán otras; en uno con libertad de disenso político, serán tales, en uno sin esa libertad, serán cuales.
§3.-- La evolución del derecho de asociación en España de 1931 a 1978
La Constitución de la II República no otorga al derecho de asociación privada tan amplia e irrestricta latitud como lo había hecho la de la I República, sino que impuso algunas restricciones al ejercicio del derecho de asociación. Ése fue el precio que se pagó para que prosperase el plan anticlerical, caro al republicanismo radical y masónico, pero ya por entonces un tanto añejo y desfasado. En el debate que llevaría a la aprobación del art. 26 de la Constitución, D. Álvaro de Albornoz, diputado radical-socialista (véase de M. Rubio Cabeza: Las voces de la República, ed. Planeta, 1985, p. 245), discutió la cuestión de las congregaciones religiosas desde la perspectiva de una ley de asociaciones. En España las asociaciones privadas, hasta ese momento, meramente tenían que cumplir los pocos preceptos imperativos del Código Civil, pues legalmente eran sociedades civiles. Como parece que nuestra patria siempre ha de ir a la zaga de otros países, se pensaba en el ejemplo de la ley francesa de 1901, en una futura ley de asociaciones. Y D. Álvaro alega la autoridad del civilista Sánchez-Román, del cual cita unos pasajes en los que parece perfilarse la tesis de que `las llamadas asociaciones religiosas no son tales asociaciones' porque `para la personalidad y capacidad que a la entidad conventual [...] reconozcan las leyes [son] indiferentes su vida o su muerte y que sean unos u otros los individuos que la formen a través de la sucesión de los tiempos, mientras ella vive y perdura como tal entidad corporativa'. La concepción de D. Felipe Sánchez-Román Gallifa venía a ser, pues, la de las asociaciones, según los términos del Código Civil, como sociedades civiles surgidas de un contrato de asociación revocable (que excluye voto perpetuo). La tesis de Sánchez-Román que hace suya D. Álvaro de Albornoz es que las asociaciones habrían de ser sociedades civiles entendidas de modo estrecho y casi mezquino, de suerte que se extinguirían al retirarse un miembro, o al morir. Naturalmente no es ésa la concepción que se tiene de las asociaciones, ni justamente la que tienen los juristas que pretenden mantener el distingo entre sociedades y asociaciones. (Distingo innecesario y gratuito por lo que hemos analizado.) Pero es que el Código Civil no establece imperativamente esa cláusula de extinción automática de la sociedad al retirarse de ella, o fallecer, un miembro. El pacto constitutivo de la sociedad puede, de manera perfectamente lícita, prever que, a falta de uno de los socios, la sociedad continuará existiendo con los demás. Al margen de la cuestión de las congregaciones, lo que llama la atención de la argumentación de D. Álvaro de Albornoz es que, por un lado, se refiere a una (eventual) ley de asociaciones, pero por el otro sigue concibiendo a las asociaciones como sociedades civiles constituidas por un contrato, o sea en los términos del Código Civil. Mas, si es así, no es menester ninguna ley de asociaciones. Basta aplicar el Código Civil (y ésa es, en efecto, la tesis que yo defiendo en este artículo.) Ese ambiente político-cultural es el que condujo a que la Constitución española de 1931 contuviera los siguientes artículos: Artículo 26º. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.
Nótese que la personalidad jurídica no se les está negando a las asociaciones no registradas, aunque sí se esté imponiendo una obligación registral; tal inscripción no es requisito de personalidad jurídica, porque justamente a los españoles la Constitución les otorgaba el derecho de asociarse libremente (y la condicion de previa inscripción registral ya estaría introduciendo una restricción a esa libertad, que el texto de la Constitución no parece entronizar); por otro lado, el Código Civil seguía (y siguió) vigente y en él se autoriza la creación, sin requisito de inscripción alguna, de asociaciones para distintos fines de la vida humana. La Constitución de 1931 no establece distingo alguno entre asociaciones creadas para unos fines de la vida humana que involucren ánimo de lucro, o similar, y asociaciones que no los involucren. Los fines pueden ser infinitos e infinitamente variados, complejos y entremezclados. Constitucionalmente, se trata de lo mismo: de individuos que libremente se asocian para fines lícitos por medios también lícitos. §4.-- El derecho de asociación en la Constitución española de 1978
Recién iniciado el actual reinado, el 14 de junio de 1976 se promulga la Ley de asociaciones políticas, que viene a reconocer vergonzantemente (todavía) partidos políticos que no fueran hostiles a la legitimidad de la forma de Estado imperante. Desbordado ese marco inicialmente previsto, promúlgase, ya en plena transición, la ley de partidos políticos del 4 de diciembre de 1978, casi coetánea con la nueva Constitución del Reino. El art. 22 de la Constitución de 1978 está dedicado al derecho de asociación. Helo aquí: 1. SE RECONOCE EL DERECHO DE ASOCIACIÓN.
Ese artículo tiene una redacción muy peculiar. No es seguramente casual que, a diferencia de otros derechos del cap. 2º, Secc. 1ª, del Título I, no se le dé al de asociación el rótulo de `libertad' sino de `derecho'. No se dice que todos tengan tal derecho, ni que lo tengan todos los españoles, sino que `se reconoce el derecho de asociación'. Resaltan algunos contrastes curiosos. Así (art. 20) se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, etc, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz; si bien el ejercicio de tales derechos (a los que se llama `libertades' en 20.4) tiene su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el mismo Título, en los preceptos legales y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud. A pesar de esos peros y restricciones, el art. 20 puede decirse que concede a esos derechos de libre expresión un énfasis que el art. 22 no concede al derecho de asociación. Éste último no se califica de `libertad' en ningún momento, ni su ejercicio de `libre'. Tras conceder que se reconoce ese derecho (sin precisar a quiénes) se enuncian cuatro restricciones. Veámoslas. La primera (Nº 2 del art. 22) es que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Algún intérprete ha entendido (para dar un sentido razonable al precepto) que sólo se reputarán ilegales las asociaciones que se dediquen a perpetrar delitos, no meras faltas. Es dudoso no sólo que fuera ésa la intención del constituyente, sino también que tal lectura sirva de veras para dar un sentido razonable al texto. Difícilmente puede el constituyente establecer preceptos que se remitan a conceptos contingentes de la legislación penal (infra-constitucional) que varían con el tiempo y que son tan móviles, fluidos y hasta relativos. Por otra parte, el mero hecho de que una asociación incurra en un delito (p.ej. fiscal) puede no ser un motivo razonable para que, en virtud de la Constitución, tenga que ser reputada ilegal. Ni dejaría de ser ilegal una asociación que se dedicara a dar palizas, aunque cada paliza sea una mera falta y no un delito. (Según una deplorable pero arraigada costumbre hispana, es verosímil que el constituyente español de 1978 se haya inspirado demasiado literalmente en ciertos preceptos de ordenamientos de «países de nuestro entorno» --sin adaptarlos bien y acaso mal traducidos--; más concretamente de la R.F. de Alemania [véase el Anejo de este artículo], cuya Ley Fundamental estipula: `Quedan prohibidas las asociaciones cuyos fines o cuya actividad sean contrarios a las leyes penales'. El germanismo del legislador de aquella Transición puede que haya jugado unas cuantas malas pasadas.) ¡Prosigamos! El Nº 3 del mismo art. 22 estipula: `Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad'. En este punto --como en tantos otros-- es legítimo hacerse unas cuantas preguntas: ¿Cuánto de la legislación vigente durante la Transición quiso dejar en pie el constituyente? ¿No partió éste de una concepción excesivamente continuista respecto del ordenamiento preconstitucional? Sea de ello como fuere, de tomarse en serio ese mandato, el legislador post-constitucional habría debido adoptar medidas para que se pusiera en funcionamiento un nuevo registro, enteramente diferente del franquista (que era --y sigue siendo-- un filtro selectivo, una autorización previa, para eliminar de entrada las agrupaciones no adictas al Sistema.) Claro que lo que luego haya hecho el legislador ordinario no dice si fue serio o no el mandato constitucional; pero no deja de ser digno de señalar lo poco que se ha reclamado en España la necesidad de poner en marcha un nuevo tipo de registro y la de abrogar la Ley de 1964 --a cuyo estudio dedicaré el §4 de este artículo. Si fue intención del constituyente elaborar una Carta Magna compatible con una continuada vigencia --aunque fuera parcial-- de dicha ley, y si esa intención hubiera de prevalecer como pauta interpretativa de la Constitución, el actual régimen político de España estaría mucho más próximo al de la pre-transición de lo que suele pensarse. Que se requiera o no una inscripción es un detalle de ordenamiento legislativo ordinario que no merecería tener cabida en un texto constitucional racionalmente redactado. (Ya fue un error en la Constitución de 1931 el insertarlo, aunque desde luego en términos más mesurados que como lo hace la de 1978.) En general la Constitución está para garantizar libertades y principios básicos del Estado; cuantos más requisitos se impongan (p.ej. el de inscripción), más cercenado está el ejercicio de una libertad. Será necesario tal cercenamiento en la práctica, o se juzgará (tal vez equivocadamente) que lo es; para eso está el legislador común u ordinario, que pondrá o quitará tales requisitos en función de problemas, demandas sociales, mentalidades que evolucionan, etc. Ya en la Constitución imponer tal inscripción implica de inmediato una limitación de la libre asociación que no parece justificada con tal carácter intangible. Pero es más: aunque la Constitución no lo dice (al revés de lo que hicieron los textos constitucionales precedentes, desde el de 1869), cabe --o cabría-- esperar que el ámbito de ejercibilidad del derecho de asociación constitucionalmente reconocido abarcara la totalidad de la vida humana, o sea que un derecho así amparase la formación de cualesquiera agrupamientos dedicados a cualesquiera actividades de la abigarrada y variopinta vida humana (dentro de lo lícito); p.ej.: empresas, montepíos, clubes, peñas, equipos, círculos de estudio, sindicatos, hermandades, sectas, iglesias, colectivos políticos, partidos etc. En ningún otro lugar otorga la Constitución un derecho general de asociarse a los ciudadanos del Estado. Eso significa que el derecho, que indudablemente tenemos, de unirnos en sociedades civiles al amparo del Código civil, o no está tutelado por ningún precepto constitucional o, si lo está, lo está por el art. 22. Lo primero es, desde luego, posible, pero entonces hay que decir que la Constitución sólo reconoce el derecho, no de asociarse, sino de formar asociaciones de una índole determinada y con ciertos requisitos (entre otros carecer de todo propósito de lucro, tener una estructura determinada, pagar las tasas de inscripción registral e inscribirse efectivamente, etc.). Aunque en general no tiene por qué estar prohibido algo por el mero hecho de que la Constitución no reconozca el derecho a ello, resulta muy dudoso que en el último cuarto del siglo XX una Constitución no otorgue derecho a los ciudadanos de asociarse para cualesquiera fines lícitos de la vida. Es más: el Nº 2 del art. 10 de la Constitución establece que `las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias suscritas por España'. Pues bien, he aquí algunos de tales textos. Art. 20.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: `Toda persona tiene derecho a libertad de reunión y de asociación pacíficas'. Art. 22.1 del Pacto de Derechos civiles y políticos de 1966 (también ratificado por España): `Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos [...]'. El Convenio de Roma de 1950 (ratificado por España el 26 de septiembre de 1979, BOE
10-10-1979) establece en su art. 11.1: `Toda persona [por lo tanto también un extranjero] tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación [...]'. El apartado 2 del mismo artículo preceptúa que las únicas limitaciones a tal libertad de asociación puedan ser restricciones previstas por la ley que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, defensa del orden, prevención del delito, protección de derechos y libertades ajenos. Aunque todo eso es vago y deja muchísimos resquicios a una legislación restrictiva, no da pie, para nada, a pensar que ahí se esté tutelando sólo algún tipo o género particular de asociaciones, sino que se trata de proteger genéricamente el que los individuos se asocien para fines lícitos de la vida por medios también lícitos, sean cuales fueren. Ese amplio contexto hace muy difícil dar un sentido pertinente a la disposición del Nº 3 del art. 22: deberán inscribirse en un registro las asociaciones constituidas al amparo de este artículo (como si pudiera haber asociaciones lícitas no constituidas al amparo de ese artículo) . Por otro lado, se ha debatido en la doctrina si esa inscripción es una formalidad exigida para la personalidad jurídica de la asociación. Veo dudosa la respuesta afirmativa, dado el tenor textual de la Constitución, que no lo establece como requisito de existencia, sino como un deber por realizar --se entiende que una vez que existan. El Nº 4 del mismo art. 22 establece que las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Es, en rigor, la única garantía que otorga el texto constitucional para el derecho de asociarse. Cabe de nuevo plantearse cuál es el ámbito de protección. ¿Aplícase sólo a «las asociaciones constituidas al amparo de este artículo» o a cualesquiera asociaciones --incluidas sociedades civiles o mercantiles, comunidades ideológicas o religiosas, gremios o sindicatos, partidos, y cualesquiera otras personas jurídicas de derecho privado? Creo que es palmario que tal protección tiene que extenderse a toda persona jurídica de derecho privado, e incluso a agrupaciones privadas que no sean personas jurídicas por no reunir los requisitos que establezca la ley para ello. No otra cosa cabe entender si es que se va a interpretar ese derecho y su garantía según la pauta de la Declaración Universal de 1948, del Convenio de Roma de 1950 y del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966. Pero eso contribuye a hacer más dudosa --e incluso tal vez anticonstitucional-- la exigencia de inscripción del Nº 3 del mismo artículo, al menos en los términos en que está formulada. Por último, el Nº 5 del mismo art. 22 prohíbe `las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar'. De nuevo lo invade al intérprete la desazón. ¿A santo de qué venía en el texto constitucional un mandato así? Es evidente que el derecho de asociación, como cualquier otro, es para llevar a cabo actividades lícitas de la vida humana, y por ende ha de tener fines lícitos y emplear medios lícitos. Las actividades paramilitares son ilícitas. Y lo son muchas otras sin duda. ¿O es que no prohíbe el ordenamiento jurídico la asociación para robar, para contrabandear, para traficar con estupefacientes, para perpetrar violaciones, para vender pornografía infantil...? ¿Sólo porque son secretas? Son secretas tales asociaciones porque la ley las prohíbe, no al revés. Y, por otro lado, aunque es normal que se prohíba la clandestinidad de asociaciones lícitas, es de nuevo dudoso que sea la Constitución el lugar adecuado para ello. La Constitución ampara --o tiene que amparar-- tanto el asociarse con los requisitos que sean menester para formar una nueva persona jurídica cuanto el asociarse (lícitamente) sin ellos. Una peña de amigos que se mantiene en secreto (y que, así, no gozará de personalidad jurídica) ¿estará prohibida por la Constitución aunque no haga nada malo? En resumen --y dicho con el máximo respeto y acatamiento al poder constituyente--, el art. 22 de la Constitución no responde a lo que se espera de una Constitución democrática moderna sobre el reconocimiento de la libertad de asociarse de los seres humanos. Y una parte de su contenido es aduciblemente anticonstitucional, especialmente si se le da por el legislador ordinario y la administración una interpretación que restrinja todavía más el derecho de las personas a asociarse libremente. §5.-- La Ley del 24 de diciembre de 1964
A pesar de que la Constitución de 1978 deroga todas las normas anteriores que vengan contradichas por los preceptos de la propia Constitución, han transcurrido 21 años y la Administración y los órganos jurisdiccionales, así como la doctrina, unánimemente, siguen estimando que continúa vigente --con restricciones-- la ley 191/1964 «de asociaciones». No deja de ser pintoresco que la ley de 1964 emplee, en el art. 3º.1, la expresión `libertad de asociación', al paso que la Constitución de 1978 sólo hablará de derecho de asociación. Pero la libertad proclamada en el apartado 1 del art. 3º de la ley del 24.12.1964 viene desmentida por el propio final de ese mismo apartado y por el resto de la ley. El art. 3º, apartado 1 de la Ley 191/1964 exige que la asociación sea constituida por varias personas naturales que, con capacidad de obrar, acuerden voluntariamente servir a un fin determinado y lícito según sus Estatutos. Tales exigencias desmienten que se trate de implementar libertad alguna. ¿Por qué van a tener que ser determinados los fines para que venga a existir una persona jurídica? No se exigen fines determinados a una persona física ni para existir ni para tener capacidad de obrar. Ni se desprende ese requisito de determinación de fines de lo preceptuado en el art. 22 de la Constitución. Pero ¡sea! Supongamos que esa exigencia no constituya limitación abusiva del derecho de asociación (y que aun la vigencia posterior de la Constitución no venga a derogar esa exigencia de fines determinados, que la Ley 191/1964 reitera usque ad nauseam, al menos tres veces más) ¿Cuán determinados han de ser? ¿No es lícito formar una asociación para la práctica de deportes, sin especificar si será natación, equitación, esgrima o balompié? La insistencia machacona en la determinación probablemente excluye tal cosa. Tampoco es concorde con un principio de libertad que las personas fundadoras de la asociación hayan de ser varias personas físicas, y no jurídicas, y que hayan de tener capacidad de obrar. Si hay libertad de asociación, o incluso derecho de asociación ¿por qué no puede uno asociarse solo? (Volveré sobre esta cuestión en el §7 de este artículo.) La actual legislación mercantil (Ley 2/1995 de 23 de marzo de sociedades de responsabilidad limitada, secc. IV de la exposición de motivos y artículos 125ss) permite la existencia de sociedades mercantiles unimembres. Y puede haber razones legítimas para que un individuo funde una asociación, sin ánimo de lucro, y la inscriba registralmente: la da a conocer al público, invita a otros a ingresar en ella, puede participar con el nombre y el patrimonio de la asociación en el tráfico jurídico, deslindar la tal participación de la que haga en su propio nombre personal. Así, Juan López Martínez funda la Asociación Alicantina de amigos de la isla de Tabarca, la inscribe, y la dota de un patrimonio, y la Asociación puede llevar a cabo diversas acciones lícitas. ¿Qué hay de malo en ello? ¿En nombre de qué se va a prohibir todo eso? ¿Qué espíritu de libertad puede respetar una ley que lo prohíbe? Tampoco se ve razón para que estén excluidos de ingresar en asociaciones no lucrativas los menores o incapaces, aparte de que eso en verdad no se cumple. (Ni puede cumplirse si se respeta la Convención sobre los derechos del niño, ratificada por España, la cual reconoce a los niños libertad de asociación.) Ni hay razón para excluir de los socios fundadores a otras personas jurídicas. ¡Sigamos! En el apartado 2 del art. 3º de la ley 191/1964 se enumeran una serie de requisitos para la legalidad de la asociación, desde el nombre único e inconfundible con el de otras asociaciones ya registradas hasta otra serie de detalles como el destino que haya de darse al patrimonio societario en caso de extinción (lo cual es absurdo ya que tales extremos han de estar regulados supletoriamente por la ley). Todas esas demandas restringen indebidamente la libertad de asociación e incluso un mero derecho de asociación. Varias personas físicas pueden tener el mismo nombre (`Juan López Martínez', p.ej.). ¿Por qué no varias personas jurídicas? ¡Que la administración discrimine adjudicando un Nº de registro! Otra cosa es que la asociación registre su denominación como marca, en un registro de denominaciones; pero resulta abusivo que, a falta de eso, ostente un monopolio denominativo en perjuicio de terceros. Mas, aunque esa restricción no constituya una limitación injustificada del derecho de asociación, los otros requisitos sí cercenan indebidamente el margen de libertad asociativa que se requiere para que quepa hablar de libertad de asociación. Así, el requisito 5º sobre órganos directivos y forma de administración se limita a anticipar lo desarrollado en el art. 6º sobre régimen de asociaciones: éstas han de tener una Asamblea general integrada por todos los socios, que adoptará sus decisiones por mayoría, y también una Junta Directiva que se da a entender (en el art. 6º.3, aunque, decirse, no se dice) que habrá de ser elegida por la Asamblea. Todo eso impone a las asociaciones un esquema predeterminado que conculca el legítimo margen de libertad de asociarse como los socios lo deseen y juzguen oportuno. ¿Por qué va a tener que haber una asamblea general o una junta directiva? Aparte de que en una asociación de 37.000 miembros no podrá nunca celebrarse tal asamblea, no parece legítimo imponer a las asociaciones la exclusión de modelos organizativos que se permiten a comunidades ideológicas, sólo porque el art. 2º.1 de la ley 191/1964 excluya a las asociaciones católicas concordatarias del ámbito de aplicación de esa ley. Por analogía se excluirá a las comunidades ideológicas no católicas, pero no hay razón válida de principio para que una organización religiosa goce de derecho a la existencia sólo por el art. 16.1 de la Constitución (libertad ideológica de los individuos y de las comunidades) y no exista al amparo del art. 22 (derecho de asociación). A las sectas masónicas se les ha aplicado el art. 22, no el 16.1. Pero una asociación de fomento del estudio del P. Mariana ¿por qué no va a contar como comunidad ideológica y quedar eximida de los requisitos restrictivos que, en el supuesto ámbito del art. 22 de la Constitución, tendría presuntamente la dizque vigente ley 191/1964? En una comunidad ideológica los órganos directivos pueden estar configurados de arriba abajo, renovarse por cooptación y hasta por herencia (un liderazgo dinástico, como el de los ismailitas) o por presunta reencarnación detectada por ciertos sacerdotes (budismo lamaísta) etc. Que todo eso sea deseable, recomendable o no, es otro asunto. Es lícito. No se ve por qué los españoles no pueden lícitamente asociarse, si no es por un credo religioso, en sociedades con estructuras así o cualesquiera otras que se les antojen. En efecto: el art. 6.1 de la Ley de libertad religiosa del 24-07-1980 estipula que todas las comunidades religiosas inscritas [pero no las ideológicas, a pesar de que ampara por igual a unas y a otras el art. 16.1 de la Constitución] tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias formas de organización, régimen interno y régimen de su personal. En dichas normas [...] podrán incluir cláusulas de salvaguardia de su identidad religiosa y carácter propio [...]'. El art. 6.2 de la misma ley autoriza a las comunidades religiosas a crear, para la realización de sus fines, asociaciones con arreglo a disposiciones del ordenamiento jurídico general. Pero, teniendo en cuenta lo dispuesto por la ley 191/1964, que exceptúa de su propio ámbito a las asociaciones patrocinadas por la Iglesia católica, es dudoso en qué medida se aplica la ley de asociaciones a las asociaciones promovidas por una comunidad religiosa (aparte ya de lo problemático del deslinde, en tal caso, entre la comunidad y la asociación). Sea como fuere, el hecho es que la comunidad misma es, al fin y al cabo, una asociación, la persona jurídica resultante de asociarse varias personas físicas para realizar una labor conjunta; y que una asociación así es libre en su organización (democrática, aristocrática o monocrática) como no lo son las asociaciones comunes y corrientes. ¿Discriminación positiva? Pero las trabas que la ley 191/1964 coloca a la libertad de asociación son muchas más. Obliga a que cada asociación tenga un ámbito delimitado y prefijado de actuación. De nuevo no se ve por qué no puede constituirse una asociación hispánica de estudios de historia de Galicia que puede tener, según evolucionen las cosas, ámbito provincial, regional, nacional, panhispánico o planetario. Desde luego, la principal traba a la libertad de asociación que impone la ley 191/1964 es la definición de fines ilícitos (art. 1º.3): `los contrarios a los Principios Fundamentales del Movimiento y demás Leyes Fundamentales [...] y cualesquiera otros que impliquen un peligro para la unidad política y social de España'. No es subsanable eso haciendo una relectura retrospectiva de la ley y reemplazando en ese párrafo `Principios del Movimiento' por `principios constitucionales', `leyes fundamentales' por `Constitución', etc. ¡No, de ninguna manera! En un régimen constitucional es lícito abogar por la abrogación de la Constitución misma y por la modificación de cada uno de los principios de la Constitución, desde la democracia hasta la propia libertad de expresión, pasando por muchos otros preceptos y principios menos unánimemente compartidos como la economía de mercado, la abolición de la pena de muerte, el modo de nombramiento de la Jefatura del Estado, o la existencia de comunidades autónomas o la bicameraliddad del parlamento, etc. Eso sí, exígese que cualesquiera opiniones se expresen dentro de la ley, sin incitación a desobedecer la ley vigente, sin llamar a subvertir el ordenamiento jurídico, sin inducir a desórdenes o sediciones ni a la comisión de delitos. Pero nadie puede razonablemente prohibir asociaciones dedicadas a la defensa de las ideas sociales y políticas de Platón, de Hobbes, de Bodino, de Maquiavelo, de Balmes o de Babeuf, por mucho que molesten a la mayoría y que el común de sus compatriotas hagan oídos sordos. En suma, el art. 1º.3 de la ley 191/1964, modifíquese como se modifique, impone limitaciones gravemente atentatorias contra el contenido más esencial y mínimo de un derecho de asociación en un régimen político liberal. ¿Está derogado el art. 1º.3? La verdad es que queda un tanto indeterminado justamente algo que sí tendría que estar perfectamente determinado, y es qué partes de la ley están vigentes y cuáles no. La administración ha seguido considerando vigente la ley, pese a la sucesión de equipos ministeriales de variado color. La Constitución en su art. 22 obliga a las asociaciones «constituidas al amparo» de ese mismo art. 22 a inscribirse para fines de publicidad; la Ley 191/1964 y su decreto de aplicación de 1965 conceptúan la inscripción como una autorización. Así (art. 3º.5) el Ministro de la Gobernación (hoy del Interior) dictará la pertinente resolución sobre la licitud y determinación de los fines de la Asociación y mandará visar sus Estatutos (si procede, claro es), siempre que la Asociación cumpla los requisitos (art. 3º.6); o bien la autoridad competente las «excluirá» (art. 5º.3), o sea las prohibirá, denegándoles la autorización o (llamémoslo hache) inscripción. Además la mencionada ley impone otra serie de cargas y obligaciones a las asociaciones: llevar libros, poner en conocimiento del gobernador de la provincia la composición de los órganos directivos, comunicar al Gobernador civil de la provincia, con 72 horas de antelación, la fecha y hora en que han de celebrarse las sesiones generales, aceptar la presencia en tales reuniones de representantes de la autoridad gubernativa, enseñarles los libros y documentos etc., así como someterse a un detallado régimen de disciplina y sanciones. Todo eso carece de justificación alguna en un sistema político de libertad, democrático o no. Por eso, la inseguridad jurídica con relación a saber en qué medida está vigente la ley 191/1964 ha tratado, encomiablemente, de disiparla el Tribunal Supremo en un loable esfuerzo aclaratorio, dictando varias sentencias como la de la antigua Sala 4ª de 3-07-1979 declarando derogados los artículos 3, 4, 5 y 6 de la citada Ley. Pero, lamentablemente, la documentación que exhibe el Ministerio del Interior --en aras, sin duda, de facilitar las gestiones de los administrados-- con relación al ejercicio del derecho de asociación mantiene el texto íntegro de la ley de 1964, el decreto de desarrollo de 1965 y otros preceptos pre (y, por su contenido también anti) constitucionales. Así, p.ej., la normativa vigente, según el criterio del Ministerio del interior (que desde luego ha de acatarse), incluye los siguientes preceptos: El «Decreto 1440/1965, de 20 de mayo, por el que se dictan normas complementarias de la ley de asociaciones de 24 de diciembre de 1964». Según tal norma: `Art. 8.- Anejo al Registro y formando parte del mismo existirá un expediente o protocolo por cada una de las Asociaciones sometidas al ámbito de la ley en el que se archivarán el acta fundacional, con un ejemplar de los Estatutos visados [...], las resoluciones gubernativas a que se refieren los párrafos 4 y 5 del artículo 3 de la Ley ya concernientes a la constitución de la Asociación o a modificaciones de sus Estatutos; las Juntas directivas y los presupuestos anuales, comunicados al Gobernador de conformidad con el artículo 6, párrafo 3, de la Ley, [...], las autorizaciones para recibir donaciones a que se refiere el artículo 9 de la Ley, las comunicaciones de las sesiones generales, con arreglo al artículo 7, y cuantos otros documentos hagan relación a la organización, funcionamiento y actividades de la Asociación de que se trate'. (En los mismos términos incide la «Orden de 10 de julio de 1965 por la que se regula el funcionamiento de los registros de asociaciones».) Tales exigencias de control rebasan, con muchísimo, lo que prevé el art. 22.3 de la constitución, a saber: que las asociaciones `deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad'. Además el mencionado Decreto de 1965, en su art. 18, prohíbe --salvo autorización gubernamental-- que las Asociaciones españolas formen parte de Agrupaciones o Entidades de carácter internacional, o adopten denominaciones alusivas a las mismas; sólo el Ministerio de la Gobernación podrá elevar un expediente a acuerdo del Consejo de Ministros para tal fin. ¿Estamos ante algo concorde con el derecho de asociación previsto por la Constitución? El «Real decreto 713/1977, de 1 de abril, regulador de las denominaciones de asociaciones y sobre régimen jurídico de los promotores», que impone una serie de restricciones que ni siquiera había impuesto la ley franquista de 1964. P.ej. (art. 2): `La denominación de las asociaciones debe hacer referencia al contenido de sus fines estatutarios, sin que sea lícita la adopción y uso de denominaciones que hagan referencia a valores nacionales o comunes a la generalidad de los españoles. Tampoco podrán hacer alusión a conceptos políticos, reservados a las asociaciones constituidas con arreglo a la ley 21/1976, de catorce de junio, y al Real Decreto-ley 12/1977, de ocho de febrero'. La ley 21/1976 era la que había preparado (y sometido a sanción y promulgación regias) el entonces Presidente del Gobierno, Sr. Arias Navarro (a la que me he referido más arriba) para legalizar partidos políticos sin darles tal denominación; ahora, porque se había liberalizado la constitución de esas «asociaciones» (partidos), se prohíbe a las demás asociaciones de ciudadanos tener fin alguno de significación política o exhibir tal fin en su denominación. Para ser legal, entonces, una asociación ha de ser apolítica. Por otro lado, el art. 4 de ese Decreto de 1977 preceptúa: `La adopción por las asociaciones de denominaciones alusivas a agrupaciones o entidades de carácter internacional requerirá, en todo caso, la autorización previa del Consejo de Ministros'. Y el art. 5 dispone: `El incumplimiento de lo establecido en los artículos 2, 3 y 4 de la presente disposición será causa suficiente para denegar el reconocimiento de la asociación'. Más claro agua: ¡Nada de inscripción para meros fines de publicidad! Trátase de una genuina autorización previa. Por eso preceptúa el art. 6: `Las juntas o comisiones de promotores de las asociaciones, y las personas que las integran, mientras se encuentren en dicha situación y no obtengan el preceptivo reconocimiento e inscripción oficial, limitarán su actuación a la mera ejecución de los actos y trámites necesarios e imprescindibles para la constitución de tales asociaciones, con arreglo a lo dispuesto en el artículo tercero de la ley. La infracción al contenido del párrafo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad individual en que pudiera incurrirse, podrá originar la suspensión de los trámites conducentes al reconocimiento de la asociación y, en los casos de gravedad o reiteración, será causa suficiente para la denegación de su reconocimiento'. La verdad es que, si --a tenor de la sentencia mencionada del Tribunal Supremo de 3-07-1979-- a la ley 191/1964 le amputamos los artículos 3, 4, 5 y 6, y si también le amputamos el 1 (más obviamente incompatible con la Constitución), no queda prácticamente nada. Y entonces los Decretos 1440/1965 y 713/1977, y la Orden de 10 de julio de 1965, si están vigentes, lo están al amparo de una ley no vigente, lo cual conculca un principio básico de derecho constitucional (el de que ningún reglamento gubernamental puede preceptuar nada, salvo en tanto en cuanto el Gobierno venga facultado por la Ley para dictar medidas sobre un asunto o materia). En definitiva, no hay casi nada de la Ley 191/1964 y en sus desarrollos normativos que sea tolerable o admisible en un sistema de libertad política como el que presumiblemente inaugura la Constitución de 1978. Concluiré este apartado señalando que se ha establecido en estos últimos años una tasa disuasoria para la inscripción consistente en el pago previo de una suma que puede resultar elevadísima para una modestita asociación de cicloturistas del barrio de Usera, p.ej. Ya es disuasoria la imposición del requisito de inscripción registral; pero ese pago previo lo es más. (A la vez existen múltiples servicios públicos gratuitos --uso de carreteras y autovías, p.ej.--, aunque no estén amparados por ninguno de los derechos fundamentales que define como tales la Constitución, como sí lo está el asociarse.) §6.-- Más sobre la dicotomía entre sociedades y asociaciones
¿Cabe basar en una interpretación válida del Código Civil un distingo entre sociedades y asociaciones de derecho privado? Creo que no, y ya en el §2 de este artículo expuse por qué. Sin embargo, la importancia del asunto me fuerza a desarrollar más, aquí, esa argumentación. Se ha creído válido establecer una dicotomía de sociedades versus
asociaciones sobre la base de cinco criterios: (1º) según tengan, o no, fin de lucro; (2º) según que los socios tengan que hacer, o no, aportaciones materiales; (3º) según se constituyan, o no, mediante un contrato; (4º) según esté en principio excluida, o no, la incorporación de nuevos miembros; (5º) según haya, o no, de extinguirse la persona jurídica al retirarse algún socio. 6.1.-- El criterio del fin de lucro
Puestos a hacer exégesis literalista sobre el presunto requisito de ánimo de lucro que el Código Civil exigiría para que se forme una sociedad civil (art. 1665), habría que notar que el ánimo
del que habla el Código es, no el de obtener ganancia, sino el de `partir entre sí [entre los socios] las ganancias'; igual que se exige que el contrato de sociedad prevea un reparto equitativo de las pérdidas. Ese requisito ¿excluye a las que normalmente se llaman asociaciones? Desde luego puede haber una ley según la cual, para que una persona jurídica reciba la denominación de `asociación', ha de no tener en sus Estatutos cláusula alguna que prevea reparto de beneficio entre los socios; pero es muy difícil implementar realmente esa exclusión del reparto de ganancias, porque la asociación puede emplear las que obtenga en mejorar los servicios que dé a los socios (biblioteca, bar, espacio deportivo mejor equipado, vestuario, comidas de confraternidad, franquicia postal, teléfono, fax, fotocpias y encuadernaciones, uso de computadoras --con acceso a internet e impresión--, cine, espectáculos, transporte, peluquería, manicura, etc.), lo cual equivaldrá --aunque con palabras diversas-- a un reparto (no pecuniario) de beneficios en interés particular de los socios. Más problemático es, sin embargo, que la «sociedad» tenga que tener ánimo de lucro. El tenor literal del Código Civil no lo exige. Y ¿qué pasa si, aunque diga tenerlo, y aunque sinceramente los socios fundadores lo tengan, la sociedad dedica luego más recursos a donaciones o servicios gratuitos, o a actividades no lucrativas (como anuncios, publicaciones no venales, etc.) que a los que sí reporten ingresos? En tal caso lo que habrá que repartir será las pérdidas, no las ganancias; y se hará con cuotas, igual que una «asociación». Así pues, no vale como criterio para la dualidad entre sociedades y asociaciones el que se dé, o no, finalidad de lucro. La finalidad de lucro o no-lucro no puede ser determinante para caracterizar a una persona jurídica. En efecto: las personas físicas no se agrupan en dos grandes clases, las que persiguen y las que no persiguen fines de lucro. Sin embargo, la acción concreta de un individuo perseguirá o no un fin de lucro. La legislación regula el tráfico jurídicamente reconocido y tutelado de manera que la acción del individuo --con o sin fin de lucro en cada caso particular-- respete los derechos ajenos y no ponga en peligro la ulterior ejercibilidad de aquellos derechos propios que son irrenunciables o inalienables. Se entiende, pues, que una persona jurídica se vea tratada de manera diferente cuando emprenda actividades que se explican por un fin de lucro que cuando emprenda actividades no onerosas para otras personas. Y hasta se entiende que haya organismos públicos de control que determinen, al hacer un balance periódico de la actividad de una persona jurídica, si --cuenta habida de todo-- ésta ha actuado principalmente, o no, con fin de lucro. Lo que ya parece mucho más problemático es que, de antemano y constitutivamente, la persona jurídica quede etiquetada como `con' o `sin' ánimo de lucro. 6.2.-- El criterio de las aportaciones de los socios
Otra diferencia que se ha visto entre «sociedades» y «asociaciones» es que en las primeras los socios tendrían que aportar cosas materiales --dinero o bienes--, sin lo cual no habría contrato de sociedad, mientras que una asociación puede existir sin que se exijan cuotas a los miembros. Pero de nuevo es un distingo difícilmente operativo. En primer lugar, toda cláusula contractual puede --en principio y con algunas excepciones-- someterse a término o condición; con lo cual en la práctica puede constituirse una sociedad civil en la que las aportaciones materiales estén sometidas a una condición que, de suyo posible, se sabe no se realizará, con lo cual no se efectúen en la práctica tales aportaciones. En segundo lugar, aquello a que el Código obliga es aportar algo, y ese algo puede ser «la industria», o sea la actividad, del mismo modo que normalmente la asociación exigirá a los socios alguna actividad en pro de la misma; si en la práctica no se exige tal participación, eso puede suceder igual en la sociedad. 6.3.-- El criterio del acto constitutivo de la persona jurídica
Tampoco parece sostenible la creencia de que haya una diferencia radical de principio entre el contrato o convenio constitutivo de una sociedad civil y los Estatutos de una asociación. Un documento de cualquiera de esos dos tipos --si es que son dos-- ha de establecer reglas que determinen el patrimonio, los deberes y derechos de los socios, el ingreso en la sociedad, el cese de la condición de socio, la gestión del patrimonio social, la participación de la persona jurídica en cuestión en el tráfico jurídico, la responsabilidad o irresponsabilidad de los socios en las eventuales pérdidas o deudas de la sociedad, etc. Que el clausulado concreto de una «asociación» excluya la responsabilidad de los socios, eso es posible (y dependerá supletoriamente de la ley de asociaciones, que perfectamente podría prever lo opuesto, dentro de ciertos límites); pero también la legislación civil limita la responsabilidad individual de los miembros de una sociedad (y de hecho a menudo las sociedades civiles se constituyen con cláusulas limitativas de tal responsabilidad, exigiéndose por eso la publicidad del contrato para el reconocimiento de la personalidad jurídica de la sociedad, en aras de evitar fraudes a terceros). 6.4.-- El criterio de los requisitos de incorporación de nuevos miembros
Alégase que el Código Civil exige, para la incorporación de un nuevo socio a una sociedad civil, que ésta sea aprobada unánimemente por los socios existentes, al paso que los reglamentos de una asociación normalmente prevén la aprobación meramente mayoritaria de un órgano directivo (o de la asamblea). Sin embargo, la diferencia es muchísimo menor de lo que parece. En estricto rigor, el Código Civil no establece el requisito de unanimidad para la incorporación de nuevos socios. Más bien deja un cierto vacío legal en la materia, en parte porque posiblemente el legislador histórico no pensó en tal incorporación más que para casos de muerte y herencia, que están regulados en el art. 1704. Generalizando a partir de ese artículo (que, sin embargo, no exige la aceptación personal del heredero, sino que permite una aceptación contractual indeterminada de quienquiera que lo sea) y teniendo en cuenta que el art. 1700.4º prevé la disolución de la sociedad por voluntad de uno cualquiera de los socios (bajo ciertas condiciones), podría alguien colegir que, en general, no puede incorporarse un nuevo socio sin que lo acepten los demás, unánimemente. Pero ¿qué sucede si un contrato de sociedad prevé una ampliación de la sociedad por decisión mayoritaria de la junta de socios? ¿Será nulo? ¿Será nula esa cláusula contractual? ¿Sólo porque va en contra de una extrapolación --exagerada e infundadamente extensiva-- de la restricción establecida por el art. 1704 para la incorporación del heredero de un socio que muera? De hecho, en las grandes sociedades mercantiles, un socio no tiene derecho de veto a la entrada de otros socios en la sociedad. Por consiguiente no es tampoco válido ese criterio diferenciador. 6.5.-- El criterio de las formas de extinción de la persona jurídica
Otra diferencia estribaría en que la «sociedad civil» se disuelve, en principio, por decisión --cuando ésta es lícita-- de cesar en la misma cualquiera de los socios (arts. 1700.4º, 1702, 1707), al paso que evidentemente una «asociación» persiste aunque se vayan de ella muchos de sus miembros, fundadores o no. Pero de nuevo la diferencia es más aparente que real. Una asociación podría prever estatutariamente su disolución si fuera abandonada por un miembro. Y un contrato de sociedad puede perfectamente fijar que la sociedad continuará entre los demás socios aunque se retiren de ella uno o más miembros. Tal cláusula no infringe ningún mandato imperativo del Código Civil, el cual sólo está, en esta materia, estableciendo normas dispositivas, que rigen supletoriamente a defecto de estipulaciones contractuales. De hecho las grandes sociedades mercantiles subsisten aunque las abandonen algunos, o muchos, de sus miembros. Por consiguiente, siendo, como son, sustancialmente homogéneas las sociedades civiles y las asociaciones de derecho privado, no hay razón para que unas puedan constituirse más fácilmente que otras; de haber discriminación, sería normal que se sometiera a alguna limitación, a algún control, la asociación predominantemente con ánimo de lucro, y en cambio hubiera más plena libertad en lo tocante a asociaciones sin fin de lucro. La realidad legislativa española actual es inversa. Puede constituirse libremente una sociedad civil (en la que se presume un fin de lucro, aunque éste --según los términos del Código Civil-- puede consistir sólo en el de repartir entre los miembros las ganancias que hubiere, si las hubiere); al paso que, para constituir una «asociación», se está exigiendo una autorización administrativa obtenible a través de un trámite pesado, enojoso, incierto, disuasorio y caro. §7.-- Un par de cuestiones adicionales
Voy a terminar este artículo con dos problemas, que pueden ser marginales con relación al tema principal que he abordado, pero que no carecen de interés. Uno es a la vez teórico y práctico. El segundo es casi puramente teórico. Mas están conectados. El primero estriba en saber si el derecho a asociarse incluye también el derecho a asociarse uno mismo, solo, no con otros. Ninguna de las dos teorías existentes sobre las personas jurídicas (ni la de la ficción ni la de la realidad) excluye que puedan existir varias personas jurídicas que abarquen a los mismos miembros (Sociedad de estudios alicantinos, Club de excursionistas de Sta Bárbara, y Promotores de chalets S.C., p.ej.). Pero, si no se excluye que haya varias personas diferentes con los mismos miembros --con tal que exista entre los contratos de constitución respectivos alguna diferencia jurídicamente relevante--, ¿por qué no va a permitirse la existencia de sociedades unimembres? Desde luego, cualquier derecho puede dar lugar a que se haga un ejercicio abusivo del mismo: pero, en el caso de las personas jurídicas, la doctrina y la jurisprudencia inventaron desde hace mucho un remedio contra los abusos: el levantamiento del velo. A salvo de ese procedimiento, es perfectamente legítimo que una sola y misma persona física constituya varias personas jurídicas, cada una de ellas con una peculiaridad y personalidad propia en el tráfico jurídico, pero sin que por eso sea menester que cada una esté encasillada de antemano sólo en cierto tipo de actividad o de finalidad. Desde el momento que la doctrina y la legislación han ido admitiendo --al menos en el ámbito del derecho mercantil-- la persona jurídica unimembre (una aceptación que ha venido, en gran medida, de necesidades objetivas del tráfico, pero también de la doctrina del patrimonio de afectación), resulta palmario que un mismo individuo puede formar varias personas jurídicas, cada una con su propio patrimonio, aunque se dediquen a la misma actividad. Pueden ser varias sociedades de asesoramiento, o agencias, o (¿por qué no?) varias «asociaciones» culturales, recreativas, políticas, folclóricas. Será razonable o no, prudente o no, el multiplicar entidades de ese modo; mas nada impide que sea lícito. Si dos pueden hacerlo (ya que nadie niega que Andrés y Nicasio juntos pueden formar varias sociedades y asociaciones), ¿por qué no uno solo? Lo cierto es que en el ámbito jurídico aparece --de manera asombrosamente idéntica, en sus expresiones y motivaciones, a como aparecía en el metafísico-- el miedo a la proliferación de entidades. Los adalides de la economía ontológica, manejando la navaja de Occam (entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem), alegaban que era irracional postular una pluralidad de entidades allí donde, en sentido normal y corriente, sólo nos las habemos con una cosa. Pero el metafísico ha aprendido a resignarse a esa multiplicación inicialmente no deseada, porque viene dada por la necesidad, en vez de ser praeter necessitatem. Similarmente, surge un recelo de muchos civilistas frente a la proliferación indefinida de personas jurídicas (que podría manifestarse en la inquietud maltusiana de que, con 40 millones de españoles, hubiera 400 millones de personas jurídicas en España, p.ej.). Es innegable que eso complica la vida, pero la complicación --si se da, y en la medida en que se dé-- es la complejidad creciente de la vida misma, del tráfico jurídico en una sociedad desarrollada y crecientemente compleja. Sólo se respeta sin restricciones el derecho a asociarse cuando se le reconoce tal derecho a cada uno, ejérzalo en unión con otros o no. Decíanlo bien claro el art. 13 de la Constitución de 1869 (según el cual todo español tiene derecho de asociarse para los fines de la vida humana) y el art. 19 del proyecto constitucional republicano de 1873 (`Tampoco podrá ser privado ningún español [...] del derecho de [...] asociarse pacíficamente para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública'). Es elocuente el uso del singular --a pesar de que entonces no se hubiera planteado este problema--, al paso que la Constitución republicana de 1931 usa el plural (art. 39: `Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana, conforme a las leyes del Estado'). La imprecisión del art. 22 de la vigente Constitución de 1978 permitiría una interpretación extensiva, que amparase también la asociación unimembre. Paso así al segundo y último problema. Suponiendo que la sociedad o asociación haya, para constituirse, de agrupar a por lo menos dos miembros, ¿puede ser uno de ellos una persona jurídica? La sociedad --reza el art. 1665-- es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria. Dos o más personas. No dos o más personas físicas, ni dos o más individuos. Por ende, podría perfectamente formarse una sociedad constituida inicialmente por un individuo y una persona jurídica, o por dos personas jurídicas. Ahora bien, ¿cuándo empieza a existir la persona jurídica que es la sociedad o asociación? Sin duda, en el momento mismo en que las partes están acordando y concertando el contrato. De hecho, un extremo que no siempre se ha destacado --pero que es importantísimo desde un punto de vista teorético-- es que en el contrato de sociedad los socios están incurriendo en deberes y compromisos no sólo entre sí, sino también con respecto a la nueva persona jurídica, la sociedad naciente; y que están surgiendo, durante la concertación del contrato, deberes de esa sociedad naciente --de esa nueva persona jurídica-- respecto de los socios y respecto de terceros. Eso significa que en todo contrato de formación de una sociedad una de las partes es la propia sociedad, y no sólo sus fundadores. Siendo ello así, en el momento de estarse concertando el contrato de sociedad esa sociedad ya es persona jurídica. ¿Puede imaginarse que uno de los socios fundadores de la sociedad fuera la propia sociedad? O ¿puede imaginarse que --aunque tal cosa esté excluida por mandato legal-- pueda llegar eventualmente la sociedad a ser miembro de sí misma? Creo que han asomado, con relación a esa perspectiva, dificultades surgidas de una visión desnivelada de los colectivos, acorde con una concepción más o menos constructuvista de los conjuntos, en pisos, vertical. Mas la moderna teoría de conjuntos ha evolucionado hacia la concebibilidad y la utilidad de conjuntos o cúmulos que no se ajusten a ningún constreñimiento desnivelativo. (Véase mi artículo «¿Lógica combinatoria o teoría estándar de conjuntos?», Arbor
520 [abril 1989], pp. 33-73; y mi libro Rudimentos de lógica matemática, Madrid: Servicio de Publicaciones del CSIC, 1991, Secc. IV, cap. I.) Es perfectamente verosímil que una sociedad mercantil A sea socia de otra B, la cual sea socia de C, la cual sea socia de A. Puede ser que A=C. ¿Por qué no va a poder ser que A=B=C? La dificultad frente a tales autoinvolucramientos no puede consistir en un obstáculo lógico, porque no se da tal. Podrá ser el nudo mandato del legislador, por conveniencias del tráfico jurídico. Mas, dado que el derecho a asociarse es un derecho fundamental, cualquier restricción al mismo habría de estar debidamente justificada y motivada. Justificada porque sin ella se conculcaran derechos igualmente básicos de los demás, lo cual no parece ser aquí el caso. Algún lector puede extrañarse de estas posibilidades y preguntarse si --uniendo los dos problemas abordados en este apartado-- podría entonces formarse una asociación cuyo único miembro fundador fuera la propia asociación. La respuesta es claramente negativa. Mas no por imposibilidad metafísica de que exista tal, sino sencillamente porque una sociedad así no es humanamente constituible. Y el derecho regula lo humanamente realizable. Humanamente es realizable una sociedad, el Club de Amigos de la Verdad, que tenga sólo dos miembros: el propio Club y Juan López. Se dirá que eso o es jugar --frívolamente-- o sólo puede perseguir fines menos confesables. Sin embargo, si existe el derecho fundamental del ser humano a asociarse, no se ve por qué haya de imponerse a su ejercicio una limitación que no venga dada por la necesidad de salvaguardar otros derechos fundamentales ajenos. El ejercicio que haga cada uno, jocoso o serio, es asunto suyo. Y las leyes están para --entre otras cosas-- evitar que se abuse de un derecho (sea el que fuere) con vistas a perseguir fines inconfesables (ilícitos, inmorales o contrarios al orden público) o a acudir a medios ilícitos. Hemos visto lo razonable que sería consentir que una persona jurídica pueda ser miembro de sí misma (salvo los casos especiales en que tenga que no ser así). Por consiguiente, de lege ferenda
no parece tampoco justificado exigir que, para formar una asociación, haya de haber al menos dos socios fundadores (puesto que, habiendo uno, el otro puede ser la propia persona jurídica que está naciendo). El ser humano tiene derecho a asociarse; a asociarse, desde luego, con otros. La plenitud de su derecho a asociarse parece incluir el derecho a asociarse no con otros, a asociarse él, solo. El derecho a la soledad es así un caso particular del derecho a la compañía. Anejo: El Reconocimiento de la Libertad de Asociarse en Algunas Constituciones
Constitución de la República Italiana (1947): Art. 18.-- Los ciudadanos tienen derecho a asociarse libremente, sin necesidad de autorización, para fines que no esté prohibidos a los individuos por la ley penal. Están prohibidas las asociaciones secretas y aquellas que persiguen, aunque sea indirectamente, finalidades políticas mediante organizaciones de carácter militar.
Constitución de la República Democrática Alemana (versión reformada de 1974): Art. 29: Los ciudadanos de la República Democrática Alemana disfrutan del derecho de asociación. Lo ejercen mediante la actuación común en partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones y colectivos, para la defensa de sus intereses en concordancia con los principios y objetivos de la Constitución.
Constitución de la República alemana de Weimar (1919): Art. 124.-- Todos los alemanes tienen derecho a formar asociaciones o sociedades para fines que no se opongan a lo dispuesto en las leyes penales. Este derecho no puede ser limitado por medidas preventivas. Estas disposiciones se aplicarán igualmente a las asociaciones y sociedades religiosas. La posibilidad de adquirir la capacidad jurídica está al alcance de toda asociación que quiera cumplir con los preceptos del Código Civil. No puede ser denegada aquélla a una sociedad alegando que persigue una finalidad política, político-social o religiosa.
Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (1949): Art. 9.-- 1.-- Todos los alemanes tienen derecho a constituir asociaciones y sociedades. 2.-- Quedan prohibidas las asociaciones cuyos fines o cuya actividad sean contrarios a las leyes penales o que vayan dirigidas contra el orden constitucional o contra la idea del entendimiento entre los pueblos.
Constitución de la República Federal de Rusia (1993): Art. 30. 1.-- Todos tienen derecho a asociarse, incluyendo el derecho a crear sindicatos profesionales para la defensa de sus intereses. Se garantiza la libertad de actuación de las organizaciones sociales.
Proyecto de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (14-10-1999): Art. 61. Todos tienen el derecho de asociarse con fines lícitos, en conformidad con la ley.
Art. 79. Todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse con fines políticos y podrán ejercer los derechos inherentes a esta actividad mediante el tipo de organización de su preferencia, utilizando para ello métodos democráticos.
Constitución de la República del Ecuador: Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: [...] 19. La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos.
Constitución Política de Colombia (1991): Art. 38.-- Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.
Constitución Política de los Estados Mexicanos (conforme con las enmiendas vigentes en 1996): Art. 9º.-- No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.
Constitución de la República Federal del Brasil (1988):
La República Federal del Brasil [...] tiene como fundamentos: [...] 17º Es plena la libertad de asociación para fines lícitos, vedada la de carácter paramilitar; 18º La creación de asociaciones [es] [...] independiente de autorización, estando vedada la interferencia estatal en su funcionamiento; 19º Las asociaciones no podrán ser compulsoriamente disueltas o ver sus actividades suspendidas sin autorización judicial [...]; 20º Nadie podrá ser obligado a asociarse o permanecer asociado; 21º Las entidades asociativas, cuando son expresamente autorizadas, tienen legitimidad para representar a sus afiliados judicial o extrajudicialmente.
Constitución de la República de Cuba (24-02-1976,con reformas aprobadas en julio de 1992): Art. 54º.-- Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica.
Constitución de la República de Panamá (11-10-1972, reformada en 1978 y 1983): Art. 39.-- Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal, las cuales pueden obtener su reconocimiento como personas jurídicas. No se otorgará reconocimiento a las asociaciones inspiradas en ideas o teorías basadas en la pretendida superioridad de una raza o de un grupo étnico, o que justifiquen o promuevan la discriminación racial. La capacidad, el reconocimiento y el régimen de las sociedades y demás personas jurídicas se determinarán por la Ley panameña.
Este artículo correspondía a la situación jurídica española anterior a la Ley Orgánica 1/2002 de asociaciones. No deja de llamar la atención que, tras larguísimos años de inercia, a los 20 meses de que la publicación electrónica de este artículo, hayan redactado y aprobado apresuradamente un texto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación (sin haber mediado apenas debate ni deliberación de la opinión pública). ¡No olvidemos que la Ley aquí comentada se ha estado aplicando ininterrumpidamente de 1964 a 2002! Cae fuera de los límites de este artículo analizar la Ley de 2002. Las consideraciones aquí recogidas puede que se apliquen, y puede que no se apliquen, a la actual situación jurídica. El lector juzgará por sí mismo.