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Timestamp: 2019-01-23 05:40:05
Document Index: 409881558

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 32', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 43', 'artículo 24', 'Artículo 18', 'Artículo 30', 'artículo 24', 'artículo 44', 'Artículo 27', 'artículo 5', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 3', 'artículo 149', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 24', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 32', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 309', 'artículo 285', 'artículo 2', 'artículo 154']

﻿ Sentencia SP17467 de diciembre 16 de 2015
SENTENCIA SP17467-2015 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:OBLIGACIÓN ALIMENTARIA EN MATERIA PENAL. EL DERECHO DE ALIMENTOS ES AQUÉL QUE LE ASISTE A UNA PERSONA PARA RECLAMAR DE QUIEN ESTÁ OBLIGADO LEGALMENTE A DARLOS, LO NECESARIO PARA SU SUBSISTENCIA, CUANDO NO ESTÁ EN CAPACIDAD DE PROCURÁRSELA POR SUS PROPIOS MEDIOS. LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA SE RADICA POR LA LEY EN CABEZA DE UNA PERSONA QUE DEBE SACRIFICAR PARTE DE SU PROPIEDAD CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO DEL ACREEDOR DE LOS ALIMENTOS, Y TIENE SU SUSTENTO EN EL DEBER DE SOLIDARIDAD QUE UNE A LOS MIEMBROS MÁS CERCANOS DE UNA FAMILIA. ASÍ, LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA SE ESTABLECE SOBRE TRES CONDICIONES FUNDAMENTALES: I) LA NECESIDAD DEL BENEFICIARIOII) LA CAPACIDAD DEL OBLIGADO PARA BRINDAR LA ASISTENCIA PREVISTA EN LA LEY, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SACRIFICIO DE SU PROPIA EXISTENCIA Y, III) EL ESPECIAL DEBER DE SOLIDARIDAD QUE EXISTE ENTRE UNO Y OTRO EN ATENCIÓN A SUS CIRCUNSTANCIAS RECÍPROCAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE ALIMENTOS, FUERZAS MILITARES, REPARACIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA, JUSTICIA TRANSICIONAL, PROCESO DE JUSTICIA TRANSICIONAL, PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ, FABRICACIÓN DE ARMAS DE FUEGO
Sentencia SP17467 de diciembre 16 de 2015
SP17467-2015
Radicación 45547
De acuerdo con lo regulado en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con lo previsto en el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 906 de 2004; la Corte Suprema de Justicia es competente para desatar el recurso de apelación promovido en contra de la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso transicional adelantado contra los siguientes exintegrantes de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá: A. T. M., A. A. T., A. S. Q., A. d J. S. D., D. M. A., E. L. C., F. T. C. M., G. Z. C., G. de J. A. M., H. S. R., I. M. M., J. M., J. J. P. M., J. A. B., J. E. A. S., J. A. M. B., I. L. C., J. M. P. T., J. R. G.N., J. E. C., L. O. E., N. O. J., O. E. C. T., O. de J. A. O., R. S. B., R. A. P., y W. J. I .A.
La sustentación de los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las víctimas, el defensor, el representante del Ministerio Público y el delegado de la Fiscalía, giran alrededor de 4 ejes temáticos: (i) la nulidad parcial de la actuación, (ii) el reconocimiento y la cuantía de las indemnizaciones a favor de las víctimas, (iii) la punibilidad y los compromisos impuestos a los postulados, y, por último, (iv) la caracterización de los patrones de macrocriminalidad. En ese mismo orden, entonces, se abordarán los puntos de disenso expuestos por todos los recurrentes y, por último, se examinará la petición de aclaración y/o complementación elevada por la Directora Técnica de Reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV).
2.1. NULIDAD DEL PROCESO
Se recapitularán las razones de las nulidades solicitadas por algunos intervinientes, a las cuales se les dará respuesta de manera inmediata.
a) La Dra. R. S. C. S., en su condición de apoderada de un grupo de víctimas, solicita se declare la nulidad de la sentencia para que ésta sea revocada, modificada y aclarada, debido a “la falta de liquidación de perjuicios, (…), la liquidación incompleta por posible error de digitación y el desconocimiento del derecho a la liquidación de perjuicios materiales”. Luego, señala que la negativa a reconocer, total o parcialmente, la reparación económica solicitada a favor de las víctimas de los hechos 67, 23, 12, 91 y 11, obedece a razones falsas o equivocadas.
A pesar que la apoderada de víctimas dice solicitar la nulidad de la sentencia, lo cierto es que por el efecto que persigue –revocatoria, modificación o aclaración de la misma- y por la naturaleza de las situaciones en que lo apoya, como se verá, lo que aquélla plantea no son causales de invalidez del fallo sino las razones de disconformidad con el mismo en lo que hace a las decisiones adoptadas frente a algunas de las víctimas que representa. En efecto, se queja la apelante de la negativa del tribunal a reconocer o a liquidar ciertos perjuicios en la cuantía solicitada, porque tales determinaciones se fundarían en argumentos falsos o equivocados.
En esas condiciones, ninguna vulneración al debido proceso o a otra garantía fundamental se denuncia, por lo que la declaratoria de nulidad es improcedente por no cumplirse siquiera con el principio de taxatividad (art. 458 C.P.P./2004). Sin embargo, los reparos expuestos por la apoderada de víctimas, al dirigirse contra la corrección y el acierto de la sentencia, se analizarán y decidirán como argumentos de sustentación ordinaria del recurso de apelación.
b) El Dr. M. F. O. B., apoderado de víctimas, solicita la nulidad del proceso desde la última sesión del incidente de reparación integral con el objeto de que el Tribunal, previo a la emisión del fallo, se pronuncie sobre la liquidación de los perjuicios. Ello por cuanto (i) a las víctimas indirectas de los hechos No 4 y 43 se les negó la reparación porque no aportaron prueba de sus fechas de nacimiento y (ii) en lo que hace a las víctimas de los hechos 3 y 32 no hubo decisión sobre la reparación del daño emergente.
En primer lugar, cuando asevera el censor que la liquidación de los perjuicios debió hacerse en la última sesión del incidente de reparación integral, desconoce que los artículos 23, 24 y 43 de la Ley 975 de 2005(10) contemplan que las medidas de reparación que adopte la judicatura en favor de las víctimas, estarán contenidas en la sentencia del proceso de justicia y paz. En efecto, el precitado artículo 23 que regula el incidente de reparación integral enseña que “(…). La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia condenatoria”; por su parte, el artículo 24 establece que uno de los contenidos de la sentencia son “(…), las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas”; y, por último, el artículo 43 prevé: “El Tribunal Superior de Distrito Judicial al proferir sentencia, ordenará las medidas de reparación a las víctimas y fijará las medidas pertinentes”. Dada la claridad de los mandatos normativos trascritos, la solicitud de nulidad por el motivo expuesto se denegará.
Contrario a lo anterior, sí le asiste razón al recurrente en cuanto a que la sentencia omitió pronunciarse en relación la pretensión de indemnización por daño emergente (gastos funerarios) a favor de las víctimas de los hechos No 3 (directa: A. A. M.) y No 32 (directa: L. M. R. O.), y dicha omisión sí constituye una irregularidad sustancial porque afecta garantías de las víctimas como la reparación integral y el acceso efectivo a la administración de justicia. Además, el defecto no es subsanable por el juez de apelación porque de hacerlo desconocería la garantía de la doble instancia y con ello el remedio configuraría una nueva anomalía. Por ello, habrá de decretarse la nulidad parcial de la sentencia con el objeto de que la Sala de Justicia y Paz se pronuncie sobre la petición de indemnización por daño emergente en los casos ya referidos.
Ahora, en relación con los hechos No 4 y 43, los cuales versan sobre el Homicidio en persona protegida y la Desaparición forzada de H. H. H. R. y L. C. M. M., respectivamente; la sentencia únicamente manifestó “no se aportó documento alguno en el cual se pudiera establecer la fecha de nacimiento de la víctima directa, por tanto no se pudo calcular la indemnización” (notas al pie 719 y 724). Esa razón, a lo sumo, permitiría justificar la decisión de negar la indemnización de los perjuicios materiales, lo cual ni siquiera se especifica, más no lo que hace en torno a la reparación de los daños morales y a la vida en relación o al proyecto de vida —este concepto ni siquiera es mencionado por el tribunal a la hora de resolver—, que también fuera solicitada por el apoderado de las víctimas. Es decir, por lo menos en lo que hace a estas últimas pretensiones, ningún examen contiene la sentencia y mucho menos la razón que determine la decisión de desatenderlas. Por tal razón y con el mismo fin antes expuesto, se decretará la nulidad parcial de la sentencia.
c) La Dra. L. T. de A., representante de víctimas, solicitó la nulidad de la sentencia por la “falta de liquidación de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante tanto para las madres de las víctimas directas, como para buena parte de la población desplazada…”. A renglón seguido, expone los argumentos por los cuales discrepa de la decisión adoptada en torno a la indemnización de las víctimas de los hechos No 5, 14 y, en general, de los que constituyeron el delito de Desplazamiento forzado.
A la apoderada de víctimas le asiste parcialmente la razón porque pudo constatarse que en unos casos la sentencia no decidió algunas de las pretensiones indemnizatorias que fueran elevadas, irregularidad ésta que configura una nulidad parcial de esa providencia por ausencia de motivación. Esos eventos son:
— En el hecho No 14 (Homicidio en persona protegida y Desaparición forzada de D. L. V. R.), a favor de M. R. G., madre de la víctima directa, se solicitó el reconocimiento y pago de $238.491.935 y $116.661.748 por concepto de lucro cesante presente y futuro, respectivamente. Ningún pronunciamiento contiene la sentencia sobre esa pretensión.
— En cuanto a las víctimas de desplazamiento forzado que representa la apelante, ésta manifestó que no se les reconoció indemnización por daños materiales, olvidando que éstos fueron acreditados con el formato de afectaciones, con juramentos estimatorios o con declaraciones extrajuicio.
Pues bien, es cierto que la apoderada judicial de las personas perjudicadas a raíz de los hechos criminales identificados con los números 7 (Víctima: L. S. C.), 12 (Víctima: S. A. C.), 19 (Víctima: C. P. A.), 20 (Víctima: M. S. R.), 22 (Víctimas: R. M. C. y A. A. V.), 39 (Víctima: B. M. P.), 44 (Víctima: A. S. P.) y 70 (Víctima: A. O. R.); solicitó se reconociera el valor de los cultivos, semovientes y demás bienes muebles perdidos por el desplazamiento.
Y, también es cierto que la sentencia rememoró la existencia de dichas peticiones y que frente a los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) sufridos por las víctimas de desplazamiento forzado, manifestó que “el material probatorio aportado no condujo a la certeza del daño claro y cierto, por tanto no se reconocerán cifras en estos aspectos” (p. 849). Sin embargo, como es fácil observar, esos tres renglones no alcanzan a constituir una mínima motivación para denegar las pretensiones porque no contiene un análisis individualizado de las pruebas aportadas por cada una de las víctimas y ni siquiera tuvo en cuenta las particularidades de las afectaciones reclamadas derivadas de la especial naturaleza de la conducta delictiva que las originó. En consecuencia, la motivación es incompleta y como tal genera la nulidad de la sentencia en los aspectos insuficientemente fundamentados.
d) Algunos apoderados de víctimas, aunque no solicitaron la nulidad de la actuación, expusieron una situación de similar entidad a las ya descrita que, obviamente, también conllevan la virtualidad de generar la invalidación parcial del fallo. Veamos:
(i) El Dr. E. C. L. adujo que la sentencia no se pronunció sobre la solicitud de reparación de los daños de vida en relación que formuló a favor de las víctimas de los hechos No 10 (V.D.: J. E. B. R.), 14 (V.D.: J. B. Q. M.), 17 (V.D.: W. C. y G. O. G.), 21 (V.D.: R. L.), 35 (V.D.: S. E. T. S.), 36 (V.D.: A. B. O.), 39 (V.D.: C. J. R. V. y C. A. B. M.), 41 (V.D.: J. E. V.P. y D. P. G.), 45 (V.D.: J. A. A. F.), 62 (V.D.: L. Á. P. O.), 67 (V.D.: J. P. R. E.), 71 (V.D.: D. A. E.) y 116 (V.D.: J. A. B. R.).
En relación a las víctimas de Desplazamiento forzado en la sentencia se resolvió negar todas las pretensiones de indemnización por el daño a la vida en relación(11), con el argumento consistente en que ninguno de los apoderados cumplió con la carga de demostrarlo. Sin embargo, esa determinación no estuvo precedida por un análisis de las pruebas que en concreto presentó cada víctima o grupo de víctimas, y mucho menos se expuso la razón por la cual en cada caso aquéllas no satisfacían la convicción requerida. En esas condiciones, la motivación de la sentencia fue incompleta a tal punto que impide a los interesados conocer con precisión los argumentos desestimatorios (publicidad) y, por ende, no se garantizó la posibilidad de una contradicción adecuada (impugnación).
Se trae a colación el fragmento referido del fallo para ilustrar la anterior aseveración:
En cuanto al daño a la vida de relación, “la modificación al proyecto de vida inicialmente construido por las personas y familias obligadas a salir de su entorno geográfico, social y cultural está instrínsecamente inmersa en el tipo penal de desplazamiento forzado por cuanto las víctimas son colocadas en situación de absoluta vulnerabilidad, dificultando su formación y consolidación como seres humanos dignos e iguales”. Empero, en el evento bajo estudio, la Sala no encuentra acreditado este perjuicio por cuanto ningún apoderado cumplió con la carga procesal de demostrar la configuración del daño, en tanto se limitaron a enunciar el concepto traído por la jurisprudencia nacional, sin señalar cómo se modificaron las condiciones particulares de cada víctima. Por ello, no hay lugar a reconocer la indemnización invocada por este concepto.
Como consecuencia de la motivación incompleta de la sentencia, se decretará su nulidad parcial con el objeto de que se supere la omisión constitutiva de una irregularidad sustancial que afectó garantías de las víctimas, es decir, que justifique adecuadamente la decisión que se adopte en relación a la petición de indemnización de daños a la vida elevada por las víctimas de los hechos No 10, 14, 17, 21, 35, 36, 39, 41, 45, 62, 67, 71 y 116.
Adicionalmente, se incurrió en ausencia absoluta de motivación en la decisión de las pretensiones que a continuación se enuncian, vicio frente al cual procede, igualmente, la medida de invalidación parcial del fallo:
— Por el hecho No 35 (Desplazamiento forzado de Segundo Eliécer Tunjacipa Sutaneme), el apoderado de las víctimas solicitó una condena por $91.312.948 por concepto de daño emergente, pretensión respecto de la cual ningún análisis contiene la sentencia.
— Por el hecho No 36 (Homicidio en persona protegida de A. B. O.), el apoderado solicitó a favor de E. A. O. R. el pago de $42.999.803 por concepto de lucro cesante (presente y futuro) y de 250 smlmv por el daño al proyecto de vida, lo cual fue reconocido en la misma sentencia (p. 377). Sin embargo, ninguna razón ésta adujo para abstenerse de reconocer los perjuicios materiales y de vida en relación reclamados (p. 914).
— Por el hecho No 98 (víctima directa: E. M. P.), el apoderado de M. E. M. solicitó la indemnización de los daños morales en la cuantía de 100 smlmv y del “daño al proyecto de vida” en la cuantía de 250 smlmv, tal y como fue reconocido en la sentencia (p. 381), sin que, luego, se justificara decisión alguna sobre tales pretensiones (p. 918).
(ii) El Dr. J. A. B. M. manifestó, en primer lugar, que frente al hecho No 1 (Desaparición forzada de C. F. N.), se omitió decidir sobre la pretensión de $6.000.000 por concepto de perjuicios materiales. En la sentencia, por su parte, se aseguró que el representante de las víctimas no había solicitado medidas de reparación de orden material (nota al pie 699). Pues bien, revisado el expediente pudo verificarse que es equivocada la afirmación del juzgador porque la petición indemnizatoria efectivamente se formuló y, por ende, su falta de resolución es evidente.
En segundo lugar, en relación al hecho No 13 (Desplazamiento forzado en contra de D. S. M. y R. M. M. C.), destacó el impugnante que se fijó la reparación de los perjuicios –morales- originados en el delito de Desplazamiento forzado, olvidando los provenientes de los demás ilícitos cometidos contra Daniel Sánchez Marín. Examinada la petición de reparación integral, pudo comprobarse que la misma incluyó una indemnización por valor de $50.000.000 teniendo en cuenta, entre otros, el carácter permanente de las lesiones ocasionadas. Así mismo, se solicitó una indemnización por el daño moral padecido como consecuencia de los delitos diferentes al de Desplazamiento forzado (tortura, lesiones personales, entre otros), así: a favor de D. S. M. por valor de 200 smlmv y de R. M. M. C. por valor de 50 smlmv.
Las aludidas pretensiones efectivamente fueron omitidas por el Tribunal, pues únicamente tasó la indemnización de los perjuicios morales derivados del Desplazamiento forzado, tan es así que aseguró que el respectivo apoderado de víctimas “no solicitó medidas de reparación de orden material” (nota al pie 704). Así pues, le asiste razón al apelante en cuanto reclama un pronunciamiento judicial íntegro respecto de sus solicitudes de reparación.
Por último, se corroboró que el apoderado Barreto Medina solicitó indemnización por perjuicios -materiales y morales- y otras medidas de reparación a favor de Lino José Hernández Arango por las Lesiones personales que le fueran ocasionadas (Hecho No 5). No obstante, el Tribunal nunca se pronunció en relación a esa petición sino a la eventual reparación por un delito de Desplazamiento forzado, por el cual no versó la pretensión indemnizatoria. Así las cosas, la exacta pretensión formulada por dicho apelante no fue resuelta (nota al pie 700).
— Frente al hecho No 41 (Homicidio en persona protegida y Desaparición forzada de J. E. V.P.), la sentencia resolvió negar la reparación económica de los perjuicios materiales teniendo en cuenta que, al tiempo de los hechos, los padres de la víctima directa eran mayores de edad y no demostraron dependencia económica respecto de su hijo (nota al pie 743). De otra parte, tampoco se reconoció suma alguna por concepto de perjuicios morales sin que se suministrara una sola razón por la cual esa condena era improcedente, no obstante el apoderado H. R. S. solicitó al inicio del incidente de reparación que ésta incluyera los daños morales tasados en 100 smlmv para los progenitores C. d S. P. y J. E. V. O.
Como quiera que las pretensiones antedichas no fueran decididas por el Tribunal, como era su deber, se decreta la nulidad parcial de la sentencia para que superen las omisiones relacionadas y se garantice así el acceso efectivo a la administración de justicia, la doble instancia y el derecho a la reparación.
e) Por último, la Procuradora Judicial solicitó que, en garantía del debido proceso, del acceso a la justicia y del esclarecimiento de la verdad, se declare la nulidad del numeral 4º de la decisión impugnada en cuanto negó la caracterización de los patrones de criminalidad. Parece sostener -no es clara al respecto, tanto así que lo manifiesta a través de interrogantes-, que la aceptación o rechazo de la configuración de macrocrímenes debió hacerse en la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos como prerrequisito de la sentencia e inclusive del incidente de reparación integral, conforme a lo establecido en la Ley 1592 de 2012 y en el Decreto 3011 de 2013.
Tal y como lo expresa la representante del Ministerio Público, la caracterización de patrones de macrocriminalidad es una metodología de investigación y de imputación en los procesos de justicia y paz, cuya imperatividad fue establecida por la Ley 1592 de 2012 con el claro propósito de obtener un mayor grado de satisfacción del derecho a la verdad en cabeza de las víctimas y de la sociedad en general, de concentrar los esfuerzos de la justicia en los máximos responsables, de agilizar el procesamiento de hechos que respondan a patrones uniformes y de facilitar la categorización de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Así se desprende del tenor de los artículos 10, 13 y 18 de la mentada ley y 4, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 30 y 36 del Decreto Reglamentario 3011 de 2013(12) .
Es indiscutible también que la metodología en cuestión debe atenderse desde la investigación y durante toda la etapa de juzgamiento, tan es así que se consagró la obligación para los servidores públicos que intervienen en el proceso de disponer lo necesario para que se asegure la verdad sobre el patrón de macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y así se puedan develar los contextos, las causas y los motivos de los delitos. Sin embargo, también es cierto que la decisión sobre la identificación de tales patrones corresponde a la sentencia y no a un momento procesal anterior, sin perjuicio de que en la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz verifique si la Fiscalía ilustró los que pretende esclarecer y formule las observaciones que correspondan al titular de la acción penal, tal y como lo dispone el artículo 24 del decreto(13). Es decir, la competencia en esta etapa intermedia se limita a corroborar si se utilizó el método novedoso de imputación.
A continuación, entonces, se citan las normas legales que señalan expresamente que en la sentencia se define lo relativo a si se logró o no el esclarecimiento de un patrón de criminalidad:
Artículo 18 L. 1592/12:
PAR.—Cuando los hechos por los que se impute al postulado hagan parte de un patrón de macrocriminalidad que ya haya sido esclarecido por alguna sentencia de justicia y paz de conformidad con los criterios de priorización, y siempre que ya se hayan identificado las afectaciones causadas a las víctimas por tal patrón de macrocriminalidad en la respectiva sentencia, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso. (…). Negritas fuera del texto original
Artículo 30 D.R. 3011/13:
(…). La sentencia condenatoria incluirá, además de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 975 de 2005, la decisión sobre el control de la legalidad de la aceptación de los cargos, la identificación del patrón de macrocriminalidad esclarecido, el contenido del fallo del incidente de identificación de afectaciones causadas, cualquier otro asunto que se ventile en el desarrollo de la audiencia concentrada, y los compromisos que deba asumir el condenado por el tiempo que disponga la Sala de Conocimiento, incluyendo aquellos establecidos, como actos de contribución a la reparación integral en el artículo 44 de la Ley 975 de 2005.
(…). Negritas fuera del texto original
Artículo 27 D.R. 3011/13:
El relato de la víctima constituye prueba sumaria de las afectaciones causadas. Este relato será tenido en cuenta por la Sala para el análisis del patrón de macrocriminalidad en la sentencia. Negritas fuera del texto original
Conforme a lo anterior, es claro que la determinación sobre si se acreditó o no un patrón de macrocriminalidad es propia de la sentencia y fue, precisamente, de esta manera que se procedió en esta actuación. En ese orden, ninguna vulneración al debido proceso ni a otra garantía se cometió, por lo que no puede haber lugar a la declaratoria de una nulidad del proceso por ese motivo. Ahora bien, como quiera que la decisión adoptada por la Sala de Justicia y Paz en torno al aspecto en mención fue objeto de impugnación por el delegado de la Fiscalía, al analizarse esta censura se consideraciones adicionales sobre el tema.
2.2. RECONOCIMIENTO Y CUANTÍA DE LAS INDEMNIZACIONES
A continuación se analizarán una a una las medidas de reparación económica que fueron apeladas por los distintos apoderados de las víctimas, salvo las que ya fueron tenidas como motivo de las nulidades decretadas en el numeral anterior por evidente carencia de objeto.
(i) Dr. J. A. B. M.
Hecho No 76: Desplazamiento forzado de M. T. G. de A.
Recurrente Sentencia
Se desconoció la realidad de un desplazamiento forzado que, inclusive, fue aceptado por los mismos postulados. Reitera la solicitud de indemnización La Fiscalía no formuló el delito de Homicidio en persona protegida de J. H. G. y no se aportó prueba de la inclusión de víctimas en el Registro de Personas Desplazadas o en el Registro Único de Víctimas (nota al pie 711)
El Tribunal afirmó que el delito de Homicidio en persona protegida de J. H. G. no fue formulado por la Fiscalía, desconociendo que ese acto tuvo lugar en la sesión de la audiencia concentrada del 11 de septiembre de 2014(14). Es más, la misma sentencia reconoce que el Hecho No 76 fue presentado en el “patrón de desplazamiento forzado y homicidio” y, de manera coherente, al describirlo incluyó tanto la Desaparición forzada y el Homicidio en persona protegida de J. H. G., como el consecuencial Desplazamiento forzado de M. T. G. de A. y de su núcleo familiar(15). Además, el delito contra la vida en mención fue objeto de legalización y de condena penal como expresamente se advirtió en las consideraciones No 1232 y 1254 de la sentencia(16) y se decidió en los numerales décimo tercero y décimo quinto de su parte resolutiva(17).
Así pues, los dos hechos que victimizaron a J. H. G. sí fueron cargos presentados por la Fiscalía y legalizados por el Tribunal al punto que por ellos se profirió condena a los postulados. Sin embargo, ninguna decisión se adoptó en relación a la pretensión de reparación que elevaron las víctimas indirectas de tales acontecimientos, en razón de lo cual habrá de decretarse la nulidad parcial de la sentencia para que subsane la omisión y así pueda garantizarse la doble instancia.
De otra parte, en lo que respecta al Desplazamiento forzado del núcleo familiar de M. T. G. de A., el Tribunal negó el reconocimiento de la indemnización de perjuicios aduciendo como única razón la falta de prueba de la inclusión de los afectados en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) y/o en el Registro Único de Víctimas (RUV), dando a entender así que es la inscripción en los listados estatales el acto constitutivo de la condición de desplazado. Esta motivación, a más de falsa porque según los artículo 5 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012 (art. 2), y 3 de la Ley 1148 de 2011, la condición de víctima deriva exclusivamente del padecimiento de un daño producido por los miembros de grupos armados al margen de la ley(18); contradice la acertada decisión de legalizar el mentado cargo por desplazamiento y de declarar responsables del mismo a los postulados de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá.
Es decir, de una parte, para efectos de la declaratoria de responsabilidad penal y de la imposición de las respectivas sanciones, en la sentencia se tuvo por demostrada la existencia de un delito de Desplazamiento forzado cometido por las ACBP en contra del grupo familiar de M. T. G. de A. Mientras que, de otra parte, a la hora de resolver las pretensiones de reparación económica, el mismo fallo niega la condición de víctimas a quienes fueron desplazados de sus lugares de residencia por una razón formal equivocada como es la falta de inscripción en registros públicos. En esas circunstancias, es claro que la motivación para denegar la petición de indemnización de perjuicios es falsa y, lo que es más grave, anfibológica, razón por la cual se anulará esta parte de la sentencia con el objeto de que el Tribunal resuelva aquélla con razones ciertas y unívocas que garanticen, además, el adecuado agotamiento de una eventual doble instancia para los interesados.
Hecho No 85: Desplazamiento forzado de W. D.
No se liquidaron perjuicios por el homicidio de L. A. C. P. La Fiscalía no formuló el delito de Homicidio en persona protegida de L. A. C. P.(nota al pie 713)
Al igual que en el evento anterior, el Tribunal negó la pretensión indemnizatoria en relación a la muerte violenta de L. A. C. P. , motivado por la falsa premisa consistente en que la Fiscalía no había formulado ese cargo. En efecto, esa aseveración desatiende la realidad procesal, primero, porque esa formulación tuvo lugar en la sesión de la audiencia concentrada del 11 de septiembre de 2014(19), y, segundo, porque en la misma sentencia se declaró que el Hecho No 85 fue presentado en el “patrón de desplazamiento forzado y homicidio”(20) y, de manera coherente, al describirse claramente se incluyó tanto el Homicidio en persona protegida de L. A. C. P. como el consecuencial Desplazamiento forzado de W. D. y de sus hijos E., L. E. y H.(21). Además, aquél delito fue objeto de legalización y de condena penal como expresamente se advirtió en la consideración No 1254 de la sentencia(22) y se decidió en el numeral décimo quinto de su parte resolutiva(23).
En tales condiciones, en lo que hace a la pretensión de reparación por el homicidio de L. A. C. P. , el Tribunal incurrió en una motivación falsa con base en la cual se abstuvo de cualquier pronunciamiento de fondo. Esa omisión no puede subsanarse sino a través de la anulación parcial de la sentencia, como se decretará, para garantizar así la doble instancia en relación a la decisión que allí se adopte.
(ii) Dr. O. F. G. R.
Hecho No 3: Desplazamiento forzado de M. L. C. M.
- La suma reconocida por perjuicios morales corresponde a la mitad de los que fueron solicitados con “sobriedad y ponderación”.
- Sus poderdantes son personas vulnerables y fueron reconocidas como víctimas por Acción Social.
- En la jurisdicción ordinaria hubiese obtenido una indemnización más cuantiosa.
Se determinó la cuantía de los perjuicios en 50 smlmv a favor de cada una de las víctimas indirectas (p. 860)
Como puede observarse, el recurrente disiente de la cuantía de la indemnización que le fue reconocida a las víctimas del Desplazamiento forzado de M. L. C. M., sin que al respecto arguya un solo argumento de orden jurídico. En efecto, se sustenta la inconformidad en la exaltación de la propia petición a través de adjetivos como “sobria” y “ponderada”, en la vulnerabilidad social de las personas desplazadas que es una consecuencia inherente a la condición de víctima por la cual la sentencia ya reconoce una reparación económica, y en una elucubración sobre la suerte de la pretensión en la jurisdicción ordinaria. Ningún ataque contiene, entonces, la sustentación del recurso a las razones jurídicas por las cuales el Tribunal fijó en 50 smlmv, en todos los casos de Desplazamiento forzado, la suma de la indemnización por concepto de perjuicios morales.
(iii) Dr. H. R. S.
Antes de enunciar la inconformidad frente a las decisiones que fueron adoptadas en relación a las pretensiones indemnizatorias de las víctimas que representa, el apelante cuestiona la validez del concepto de víctima contemplado en las leyes 1592 de 2012 y 1448 de 2011 por excluyente y discriminatorio. Sobre la última disiente, además, porque, en su entender, no permite una reparación íntegra al imponer limitantes derivadas de la naturaleza de los delitos y de las cuantías que pueden reconocerse. Como quiera que tales reparos versan sobre la constitucionalidad o la convencionalidad de normas legales, es ésta una materia ajena al ámbito de un recurso de apelación y, en general, a la competencia de los jueces ordinarios. A lo sumo, los cuestionamientos expuestos son propios de una acción de inconstitucionalidad que deben proponerse ante la Alta Corporación a la que se ha confiado la guarda de la Constitución. A continuación, entonces, se examinan cada uno de los concretos argumentos de sustentación argüidos por el censor:
Hecho No 5: Lesiones personales y Desplazamiento forzado de R. R. P.
Cuestiona se haya negado la reparación por la tentativa de homicidio cuando se ocasionaron unas lesiones personales y ello se probó mediante la epicrisis. Por ello, solicita una indemnización equivalente a 40 s.m.l.m.v. o, en su defecto, la determinada por el numeral 3º del artículo 149 del Decreto 4800 de 2011. No se probó el daño por las lesiones personales. Por tanto, sólo se reconoce el daño moral por el delito de Desplazamiento forzado (página 870, nota al pie 729)
Si bien es cierto que en la sentencia se legalizó y se condenó a algunos postulados por la tentativa de Homicidio en persona protegida cuya víctima fue R. R. P. y que se aportó copia de una epicrisis en la que se registra el ingreso de este último al Hospital XXX en Puerto Boyacá el 15 de febrero de 2005, también lo es que ni aquella decisión judicial ni éste documento acreditaron ni la naturaleza, ni la magnitud ni las consecuencias (o secuelas) de las lesiones ocasionadas en el atentado contra la vida del reclamante. En ese orden, tal y como lo declaró el Tribunal, ninguna prueba existe sobre la existencia y mucho menos sobre la cuantía de los perjuicios derivados de la tentativa de homicidio. Así pues, se confirmará la decisión del Tribunal, sin que sobre advertir que aún el reconocimiento del monto que para la indemnización administrativa prevé el artículo 149 del Decreto 4800 de 2011, se sujeta a la naturaleza y secuelas de la lesión, aspectos sobre los cuales, se reitera, ninguna prueba se allegó.
Hecho No 15: Homicidio en persona protegida de D. J. Á.
Cuestiona se haya negado la indemnización por lucro cesante a M. J. Á., madre de la víctima directa, cuando su reconocimiento podía hacerse a partir de la declaración jurada que aportó En el momento de los hechos la víctima había cumplido la mayoría de edad y no se comprobó dependencia económica, por lo que no se reconocerá indemnización por lucro cesante ni por daño emergente. Se ha precisado que, salvo prueba en contrario, se reconoce indemnización por lucro cesante de los hijos hacia los padres hasta cuando aquéllos tengan 18 años de edad (nota al pie 734)
Se confirmará la decisión consistente en negar la indemnización por perjuicios materiales porque, examinada la carpeta del incidente de reparación integral correspondiente al Hecho No 15 pudo verificarse que, tal y como lo afirmó el Tribunal, ninguna prueba se aportó que demostrara la dependencia económica de M. J. Á. respecto de su hijo D. J. Á.. En efecto, la declaración jurada extraprocesal que invoca el apelante, la cual fue rendida por los señores O. A. D. G. y W. A. T. B., en ningún momento versa sobre la fuente de los ingresos o los medios económicos con los cuales subsistía la reclamante de la indemnización, pues se limita a hacer constar (i) que la conocen como vecina del barrio Pueblo Nuevo de Puerto Boyacá, (ii) que saben de su parentesco con la víctima directa, y (iii) que se enteraron del desaparecimiento de su hijo el 15 de diciembre de 2000.
Hecho No 26: Homicidio en persona protegida y Desaparición forzada de L. B. A.
Se desconoce el principio constitucional de solidaridad cuando se niega el sufrimiento padecido por la pérdida de un hijo o de un hermano. Por ello, solicita se legalice el hecho No 26, se reconozca a las víctimas indirectas y se les repare Los miembros de los GAOML no son considerados víctimas en procesos de Justicia Transicional. Para su reparación integral deben acudir a la jurisdicción penal ordinaria (nota al pie 738)
Para desestimar el reproche del recurrente, basta con citar la clara prohibición contenida en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, según el cual:
Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos. Negritas fuera del texto original
Siendo así, la pretensión del impugnante no tiene vocación de prosperidad, pues ésta implicaría nada más y nada menos que el incumplimiento de una prohibición legal.
Hecho No 30: Homicidio en persona protegida de E. H. M. S.
Cuestiona que se haya negado la reparación del lucro cesante a favor de G. M. U., padre de la víctima directa, pues obra declaración jurada que acredita la dependencia y, además, es obligación civil que los hijos den alimentos a sus padres Al tiempo de los hechos, la víctima había cumplido la mayoría de edad y no se comprobó dependencia económica de los padres respecto de los hijos, por lo que no se reconoce indemnización por perjuicios materiales. (nota al pie 739)
Se confirmará la decisión consistente en negar indemnización por perjuicios materiales porque, examinada la carpeta del incidente de reparación integral correspondiente al Hecho No 30 pudo verificarse que, tal y como lo afirmó el Tribunal, ninguna prueba se aportó que demostrara la dependencia económica de G. M. U. respecto de su hijo E. H. M. S. En efecto, la declaración jurada extraprocesal que invoca el apelante -rendida por M. G. S.- en ningún momento versa sobre la fuente de los ingresos o los medios económicos con los cuales subsistía el reclamante de la indemnización, pues se limita a hacer constar (i) que conocía a la víctima directa porque es su hermano, (ii) que ésta falleció el 28 de noviembre de 2001, y (iii) que “era de estado civil soltero, sin unión marital, por cuanto nunca contrajo matrimonio …, que no fue padre de hijos matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos”.
Además, ciertamente la obligación de dar alimentos se funda en el deber de solidaridad; sin embargo, surge cuando se acredita tanto la capacidad del obligado como la necesidad del beneficiario, tal y como claramente lo ha manifestado la Corte Constitucional:
El derecho de alimentos es aquél que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios medios. La obligación alimentaria se radica por la ley en cabeza de una persona que debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos, y tiene su sustento en el deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia. Así, la obligación alimentaria se establece sobre tres condiciones fundamentales: i) la necesidad del beneficiario; ii) la capacidad del obligado para brindar la asistencia prevista en la ley, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia y, iii) el especial deber de solidaridad que existe entre uno y otro en atención a sus circunstancias recíprocas.(24)
Hecho No 53: Reclutamiento ilícito de E. E. V. Á.
Cuestiona que el valor liquidado por concepto de perjuicios morales a favor de los sucesores de la víctima directa (madre y 7 hermanos) sea inferior al reconocido en la ley transicional. Además, aduce que se desconoció la reparación a la madre a pesar de haber demostrado la dependencia o la convivencia Remite a la sentencia del 16 de diciembre de 2011, M.P. U. T. J.: “817. Con base en eso las indemnizaciones a los familiares por los daños morales se decretará de manera personal y conforme a la siguiente gradación: Para los padres o madres a quienes en audiencia no se desvirtúo la presunción de daño moral y vieron partir a sus hijos o hijas con menos de 12 años de edad, se decretarán veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes; para los padres o madres a quienes en audiencia no se desvirtúo la presunción de daño moral y vieron partir a sus hijos entre los 12 y 14 años cumplidos se decretará una daño moral de veinte (20) salarios mínimos; para los padres o madres a quienes en audiencia no se desvirtúo la presunción de daño moral y vieron partir a sus hijos entre los 15 y 16 años cumplidos se decretará una daño moral de quince (15) salarios mínimos; y para los padres o madres a quienes en audiencia no se desvirtúo la presunción de daño moral y vieron partir a sus hijos con 17 años cumplidos se decretará una daño moral de cinco (5) salarios mínimos mensuales vigentes.” (página 878, nota al pie 748)
La sentencia fijó la cuantía de los perjuicios morales a reconocer a las víctimas indirectas del Reclutamiento ilícito de E. E. V. Á., así: 5 smlmv para M. F. V. Á. (madre) y 2,5 smlmv a cada uno de sus hermanos (M. R. V., Y. R. V., C. R. V., V. L. V., E. L. V., J. A. R. V. y M. I. R. V.). El único fundamento de esa tasación fue la citación de una escala de indemnización de daños morales a reconocerse a los padres atendiendo a la edad en que su hijo (a) hubiese sido reclutado (a), la cual fue establecida en otra sentencia de la misma Sala de Justicia y Paz proferida el 16 de diciembre de 2011.
Así las cosas, invocando un criterio exclusivo de autoridad, se trajo a colación una decisión anterior sin que junto a ella se adujeran las razones que la justifican, las cuales permitirían determinar si, al igual que en el caso en que se produjo, es aplicable al caso presente. Por si fuera poco, la tabla de indemnización citada sólo alude a la que tendrían derecho los padres, por lo que, entonces, no se puede conocer el origen de los montos que el Tribunal decidió fijar a favor de los hermanos de E. E. V. Á. De otra parte, a pesar que el apoderado de las víctimas solicitó una “indemnización integral” de hasta 30 smlmv conforme a lo previsto en el artículo 149 del Decreto 4800 de 2011, ningún pronunciamiento contiene la sentencia sobre tal petición.
En síntesis, ante las pretensiones de reparación integral elevadas por las víctimas del Reclutamiento ilícito de E. E. V. Á., la sentencia o decidió con base en una motivación incompleta o inexistente, o, en otros aspectos, ni siquiera decidió. Esas falencias y omisiones constituyen una irregularidad que afectó sustancialmente los derechos de las víctimas, en razón de lo cual se impone la nulidad parcial de la sentencia en relación a las pretensiones indicadas, con el objeto de que se pronuncie de manera suficiente sobre cada una de ellas, garantizándose así la doble instancia.
Hecho No 57: Homicidio en persona protegida y Desaparición forzada de D. A. H.
Se desconoció la reparación del lucro cesante a L. E. H. G., madre de la víctima directa, a pesar que aportó declaraciones con el memorial radicado el 9 de octubre de 2014 Al tiempo de los hechos, la víctima había cumplido la mayoría de edad y no se comprobó dependencia económica de los padres respecto de los hijos, por lo que no se reconoce indemnización por perjuicios materiales. (nota al pie 749)
Se confirmará la decisión consistente en negar la indemnización por concepto de perjuicios materiales porque, examinada la carpeta del incidente de reparación integral correspondiente al Hecho No 57 pudo verificarse que, tal y como lo afirmó el Tribunal, ninguna prueba se aportó que demostrara la dependencia económica de L. E. H. G. respecto de su hijo D. A. H. En efecto, la declaración jurada extraprocesal que invoca el apelante, la cual fue rendida por A. C. M. y B. F. R. T. en ningún momento versa sobre la fuente de los ingresos o los medios económicos con los cuales subsistía la reclamante de la indemnización, pues se limita a hacer constar (i) que conocían a esta última, (ii) que sabían era la madre de D. A. H., de quien relatan desapareció el 29 de marzo de 2003 y que “para esta época su estado civil era el de soltero sin unión marital, puesto que no contrajo matrimonio …, como tampoco tuvo hijos reconocidos ni por reconocer”.
Hecho No 73: Homicidio en persona protegida y Desaparición forzada de J. A. O. A.
Se desconoció la reparación del lucro cesante a M. T. A. de O., madre de la víctima directa, a pesar que se aportaron declaraciones con el memorial radicado el 9 de octubre de 2014 Al tiempo de los hechos, la víctima había cumplido la mayoría de edad y no se comprobó dependencia económica de la madre respecto de su hijo, por lo que no se reconoce indemnización por perjuicios materiales. (nota al pie 756)
Se confirmará la decisión consistente en negar la indemnización por concepto de perjuicios materiales porque, examinada la carpeta del incidente de reparación integral correspondiente al Hecho No 73 pudo verificarse que, tal y como lo afirmó el Tribunal, ninguna prueba se aportó que demostrara la dependencia económica de M. T. A. de O. respecto de su hijo J. A. O. A. En efecto, la declaración jurada extraprocesal que invoca el apelante, la cual fue rendida por Miguel Antonio Ávila Díaz y Jhon Flórez Ayala en ningún momento versa sobre la fuente de los ingresos o los medios económicos con los cuales subsistía la reclamante de la indemnización, pues se limita a hacer constar (i) que conocían a esta última, (ii) que sabían era la madre de J. A. O. A., de quien relatan desapareció el 11 de mayo de 2003 y que “para la fecha en que desapareció aún vivía en la casa de su madre; igualmente nos consta que el estado civil del joven era el de SOLTERO sin unión marital y no había contraído matrimonio …, y estando en vida no tuvo hijos reconocidos ni por reconocer”.
Hecho No 92: Homicidio en persona protegida y Desaparición forzada de R. A. y R. G. B. R.
Se desconoció la reparación del lucro cesante a Martha Liria Restrepo Calderón, madre de las víctimas directas, a pesar que se aportaron declaraciones con el memorial radicado el 9 de octubre de 2014 Al tiempo de los hechos, la víctima había cumplido la mayoría de edad y no se comprobó dependencia económica de la madre respecto de los hijos, por lo que no se reconoce indemnización por perjuicios materiales. (notas al pie 758 y 759)
En la carpeta del incidente de reparación integral correspondiente al Hecho No 92 obra un documento suscrito por M. L. R. C. en el que, entre otras afirmaciones, señala que sus hijos fallecidos R. A. y R. G. B. R., le proporcionaban “el sustento y cubrían todas las necesidades del hogar”. Es innegable que el contenido de ese documento, por lo menos en la parte anunciada, tiene relación con el tema de la dependencia económica como presupuesto de viabilidad de una indemnización por lucro cesante, pero también lo es que ningún análisis sobre la eficacia del mismo realizó la sentencia que se limitó a exponer la conclusión de que no se había comprobado esa dependencia.
En esas condiciones, la sentencia carece de una mínima motivación que permita conocer la razón por la cual el documento aportado por la interesada es insuficiente, por lo que se procederá oficiosamente a decretar la nulidad parcial a fin de que se corrija tal irregularidad.
(iv) Dra. E. H. S.
Hecho No 18: J. U. P. J. (víctima directa)
Aduce que la Fiscalía reconoció a las víctimas indirectas y aportó los documentos que demostraban el parentesco con el afectado directo, por lo que, como mínimo, debió disponerse el pago por daños morales. Manifiesta que debe distinguirse entre quien no tiene vocación reparadora y quien le falta algún requisito, para que en el caso de éste último se disponga que una vez subsanen la irregularidad sean indemnizadas, y no que sean excluidas No aportó registro civil de nacimiento para probar parentesco (hermana) de M. P. J. con la víctima directa (p. 885)
En relación a la pretensión de reparación que formula M. P. J., quien invoca la condición de hermana de la víctima directa J. P. J. en el Hecho No 18, contiene la sentencia dos decisiones contradictorias, véase: en la página 875 se tuvo por acreditado el anotado parentesco y, en tal virtud, se le reconoció una indemnización por daños morales equivalente a 50 smlmv, mientras que en la página 885 siguiente se adujo que la interesada no demostró ser consanguínea de la víctima directa, por lo que ninguna reparación económica se decretó en su favor. En consecuencia, la anfibología de la motivación y de la decisión aludida no deja otro camino que decretar la nulidad parcial de la sentencia, con el objeto de que, frente a la pretensión indemnizatoria de M. P. J., adopte una decisión unívoca que permita delimitar el objeto de una eventual impugnación y de la competencia de la segunda instancia.
Hecho No 94: Desaparición forzada (y Homicidio en persona protegida) de J. I. M. D.
Aduce que la Fiscalía reconoció a las víctimas indirectas y aportó los documentos que demostraban el parentesco con el afectado directo, por lo que, como mínimo, debió disponerse el pago por daños morales. Manifiesta que debe distinguirse entre quien no tiene vocación reparadora y quien le falta algún requisito, para que en el caso de éste último se disponga que una vez subsanen la irregularidad sean indemnizadas, y no que sean excluidas No se aportaron documentos, por lo que no se pudo liquidar ningún tipo de indemnización (p. 889)
Se confirmará la decisión recurrida porque examinada la actuación procesal, especialmente las carpetas allegadas al incidente de reparación integral, se pudo determinar que, tal y como lo afirmó el Tribunal, ninguna prueba aportó la apoderada interesada para demostrar la existencia y la cuantía de los perjuicios padecidos por N. de J. D. B., es más ni siquiera aquéllas que acreditaran el vínculo de parentesco de ésta con la víctima directa J. I. M. D.. Además, en estricto sentido, el recurrente no controvirtió la razón aducida por la sentencia porque se limitó a afirmar axiomáticamente que la Fiscalía sí aportó las pruebas que se destacan como omitidas, sin que detallara cuáles fueron las allegadas ni en qué momento procesal ello habría ocurrido.
(v) Dra. L. T. de A.
Hecho No 5: Homicidio en persona protegida y Desaparición forzada de G. C. H.
El argumento del Tribunal desconoce que las mujeres campesinas constituyen uno de los grupos de mayor vulnerabilidad social, y que la obligación de dar alimentos a los padres es jurídica, no solo moral.
M. A. H. es mayor de edad y no comprobó dependencia económica respecto de su hijo. (p. 891)
En la carpeta del incidente de reparación integral correspondiente al Hecho No 5 obra una declaración jurada extraprocesal rendida por M. A. H. de C. en la que, básicamente, afirma: “1) Es cierto y verdadero que DEPENDÍ EN TODO ASPECTO ECONÓMICO de mis hijos F. A. y G. C. H., es decir subsistía de los ingresos que devengaban como AGRICULTORES hasta el día de su DESAPARICIÓN ocurrida el 9 de Septiembre de 2004”. Es innegable que el contenido de ese documento tiene relación con el tema de la dependencia económica como presupuesto de viabilidad de una indemnización por lucro cesante, pero también lo es que ningún análisis sobre la eficacia del mismo realizó la sentencia que se limitó a exponer la conclusión de que no se había comprobado esa dependencia.
(vi) Dra. R. S. C. S.
Hecho No 67: Homicidio en persona protegida y Desaparición forzada de J. P. R. E..
Se le debió otorgar a Luis Eduardo Rodríguez una reparación por daño moral en la suma de 100 smlmv, en su condición de padre de la víctima directa No se aportaron pruebas del parentesco (nota al pie 784, p. 911)
La decisión del Tribunal se confirmará, en primer lugar, porque la impugnante se limitó a reiterar su pretensión indemnizatoria a favor de Luis Eduardo Rodríguez, sin que en momento alguno haya cuestionado el fundamento de la negativa a reconocerla, cual fue la ausencia de pruebas del parentesco del reclamante con la víctima directa J. P. R. E.. Además, en segundo lugar, revisada la respectiva carpeta efectivamente pudo comprobarse que no reposa en ella el documento idóneo para demostrar el parentesco en Colombia, cual es el registro civil de nacimiento, tal y como lo preceptúa el Decreto 1260 de 1970.
Hecho No 23: Homicidio en persona protegida y Desaparición forzada de A. A. F. y de P. A. F.
- Se desconoce que las dos víctimas directas eran el sustento de toda la familia, especialmente de su madre “adulta mayor”. Además, que ésta fue desplazada a raíz de los crímenes contra sus hijos.
-Los principios constitucionales de equidad y solidaridad obligan a los miembros de la familia a asegurar la subsistencia de aquéllos que no están en capacidad de procurársela.
-Reitera que el valor de los gastos funerarios fue de $1.200.000.
A M. E. F. P., madre de las víctimas, no se le reconoce indemnización por lucro cesante porque era mayor de edad para la época de los hechos y tampoco por daño emergente, pues no se aportó prueba alguna (notas al pie 779-782, p. 908-909)
Sea lo primero indicar que en cuanto a la negativa a reconocer indemnización por daño emergente (gastos funerarios), el censor se limitó a reiterar su pretensión sin esgrimir ninguna oposición a los fundamentos de la sentencia, en razón de lo cual aquella decisión se mantendrá incólume.
Cuestión distinta es la relativa al lucro cesante solicitado porque en la carpeta del incidente de reparación integral correspondiente al Hecho No 23 obra una declaración jurada extraprocesal rendida por los señores J. C. C. y G. A. S., en la cual se afirma, entre otras cosas, que les consta que: “… María Edila Fonseca Pinto, no labora en ninguna entidad pública, ni privada, no recibe ningún tipo de subsidio ni pensión, por lo tanto el (ella) dependía económicamente de su hijo (A. A. F.), debido a que su esposo ya había fallecido”. Es innegable que el contenido de ese documento tiene relación con el tema de la dependencia económica como presupuesto de viabilidad de una indemnización por lucro cesante, pero también lo es que ningún análisis sobre la eficacia del mismo realizó la sentencia que se limitó a exponer la conclusión de que no se había comprobado esa dependencia.
En esas condiciones, la sentencia carece de una mínima motivación que permita conocer la razón por la cual el documento aportado por la interesada es insuficiente, por lo que se procederá oficiosamente a decretar la nulidad parcial a fin de que se realice una adecuada valoración probatoria y se motive adecuadamente la decisión que corresponda.
Hecho No 12: Desplazamiento forzado de B. V. Q.
Son falsas las proposiciones de la sentencia porque:
-La Fiscalía sí señaló las evidencias del homicidio de L. V. Q. y del desplazamiento posterior de su familia.
-Otra apoderada judicial representa el resto de la familia habiendo demostrado el registro de los desplazados y las afectaciones psicosociales.
-El daño moral en los delitos de Homicidio y Desplazamiento forzado es “incontrovertible”.
- La Fiscalía no formuló el Homicidio en persona protegida de L. V. Q..
- No se probó que las víctimas figuran en el Registro de Personas Desplazadas o en el Registro Único de Víctimas de la UARIV.
(nota al pie 778, p. 908)
El Tribunal afirmó que el delito de Homicidio en persona protegida de L. V. Q. no fue formulado por la Fiscalía, cuando ese acto sí había tenido lugar en la sesión de la audiencia concentrada del 8 de septiembre de 2014(25). Es más, la misma sentencia reconoce que el Hecho No 12 fue presentado en el “patrón de desplazamiento forzado y homicidio” y, de manera coherente, al describirlo quedó claro que incluía tanto el homicidio en mención como el Desplazamiento forzado del núcleo familiar de la víctima directa que se produjo(26). Además, el delito contra la vida fue objeto de legalización y de condena penal como expresamente se advirtió en la consideración No 1254 de la sentencia(27) y se decidió en el numeral décimo quinto de su parte resolutiva(28).
Así pues, siendo que, de una parte, la Fiscalía formuló el cargo de Homicidio en persona protegida de L. V. Q. y el mismo fue legalizado por el Tribunal y, de la otra, la sentencia no se pronunció sobre las pretensiones de reparación que elevaron las víctimas indirectas de aquél hecho con base en una motivación falsa; habrá de decretarse la nulidad parcial de la sentencia para que subsane la omisión y así pueda garantizarse la doble instancia a los perjudicados.
De otra parte, en lo que respecta al Desplazamiento forzado del núcleo familiar de L. V. Q., Ahora, el Tribunal negó el reconocimiento de perjuicios aduciendo como única razón la falta de prueba de la inclusión de los afectados en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) y/o en el Registro Único de Víctimas (RUV), dando a entender así que es la inscripción en los listados estatales el acto constitutivo de la condición de desplazado. Esta motivación, a más de falsa porque según los artículo 5 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012 (art. 2), y 3 de la Ley 1148 de 2011, la condición de víctima deriva exclusivamente del padecimiento de un daño producido por los miembros de grupos armados al margen de la ley; contradice la acertada decisión de legalizar el mentado cargo por desplazamiento y de declarar responsables del mismo a los postulados de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá.
Es decir, de una parte, para efectos de la declaratoria de responsabilidad penal y de la imposición de las respectivas sanciones, en la sentencia se tuvo por demostrada la existencia de un delito de Desplazamiento forzado cometido por las ACBP en contra del grupo familiar de L. V. Q. Mientras que, de otra parte, a la hora de resolver las pretensiones de reparación económica, el mismo fallo niega la condición de víctimas a quienes fueron desplazados de sus lugares de residencia por una razón formal equivocada como es la falta de inscripción en registros públicos. En esas circunstancias, es claro que la motivación para denegar la petición de indemnización de perjuicios es falsa y, lo que es más grave, anfibológica, razón por la cual se anulará esta parte de la sentencia con el objeto de que el Tribunal resuelva aquélla con razones ciertas y unívocas que garanticen, además, el adecuado agotamiento de una eventual doble instancia para los interesados.
Hecho No 67: Homicidio en persona protegida y Desaparición forzada de A. L. D.
La representada era la única pariente de la víctima directa y de ésta dependía económicamente. Recuerda que ella fue reconocida como víctima en el proceso y que una familia no se constituye sólo por vínculos naturales y jurídicos, sino que se extiende a otras relaciones de amor, solidaridad y convivencia. No se aportó material probatorio en torno a la dependencia económica de la víctima indirecta C. R. L. Por ende, no se le reconoció indemnización alguna. (nota al pie 786, p. 911)
En la carpeta del incidente de reparación integral obra una declaración jurada extraprocesal rendida por H. M. B. y por B. G. A. en la que, entre otras, hicieron la siguiente afirmación: “… que la señora C. R. L. dependía económicamente en forma total de los ingresos del señor A. L. D.…”, es más, en la misma sentencia se reconoce que al incidente se allegó una declaración de dependencia económica(29). Entonces, es innegable que el contenido de ese documento tiene relación con el tema de la dependencia económica como presupuesto de viabilidad de una indemnización, pero también lo es que ningún análisis sobre la eficacia del mismo realizó la sentencia que se limitó a exponer la conclusión de que no se había comprobado esa dependencia.
Hecho No 11: Desplazamiento forzado de M. E. R. A.
-Enuncia las pruebas que se allegaron con el proceso No 257662 en relación al homicidio de W. R. S. M., entre las cuales destaca el Oficio 0752 del 24 de junio de 2005 en el que consta el registro de los desplazados.
-La existencia del vínculo matrimonial y filial genera la obligación alimentaria.
-El Estado debe responder por los daños antijurídicos de los grupos paramilitares (art. 90 Const. Pol.)
- El desplazamiento forzado se originó por el homicidio de W. R. S., hecho éste que no fue formulado por la Fiscalía ni presentado en las diligencias.
(nota al pie 776, p. 907)
- No se reconoció indemnización alguna.
El Tribunal se equivocó cuando afirmó que el delito de Homicidio en persona protegida de W. R. S. M. no fue formulado por la Fiscalía, pues este acto tuvo lugar en la sesión de la audiencia concentrada del 8 de septiembre de 2014(30). Es más, la misma sentencia reconoce que el Hecho No 11 fue presentado en el “patrón de desplazamiento forzado y homicidio” y, de manera coherente, al describirlo claramente incluyó tanto el crimen contra la vida antes anotado como el consecuencial Desplazamiento forzado del núcleo familiar de la víctima directa(31). Además, el delito contra la vida fue objeto de legalización y de condena penal como expresamente se advirtió en la consideración No 1254 de la sentencia(32) y se decidió en el numeral décimo quinto de su parte resolutiva(33).
Así pues, siendo que, de una parte, la Fiscalía formuló el cargo de Homicidio en persona protegida de W. R. S. M. y el mismo fue legalizado por el Tribunal y, de la otra, la sentencia no se pronunció sobre las pretensiones de reparación que elevaron las víctimas indirectas de aquél hecho con base en una motivación falsa; habrá de decretarse la nulidad parcial de la sentencia para que subsane la omisión y así pueda garantizarse la doble instancia a los perjudicados.
Ahora, en lo que respecta al Desplazamiento forzado del núcleo familiar de M. E. R. A., el Tribunal negó el reconocimiento de perjuicios aduciendo como única razón la falta de prueba de la inclusión de los afectados en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) y/o en el Registro Único de Víctimas (RUV), dando a entender así que es la inscripción en los listados estatales el acto constitutivo de la condición de desplazado. Esta motivación, a más de falsa porque según los artículo 5 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012 (art. 2), y 3 de la Ley 1148 de 2011, la condición de víctima deriva exclusivamente del padecimiento de un daño producido por los miembros de grupos armados al margen de la ley; contradice la acertada decisión de legalizar el mentado cargo por desplazamiento y de declarar responsables del mismo a los postulados de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá.
Es decir, de una parte, para efectos de la declaratoria de responsabilidad penal y de la imposición de las respectivas sanciones, en la sentencia se tuvo por demostrada la existencia de un delito de Desplazamiento forzado cometido por las ACBP en contra del grupo familiar de M. E. R. A.. Mientras que, de otra parte, a la hora de resolver las pretensiones de reparación económica, el mismo fallo niega la condición de víctimas a quienes fueron desplazados de sus lugares de residencia por una razón formal equivocada como es la falta de inscripción en registros públicos. En esas circunstancias, es claro que la motivación para denegar la petición de indemnización de perjuicios es falsa y, lo que es más grave, anfibológica, razón por la cual se anulará esta parte de la sentencia con el objeto de que el Tribunal resuelva aquélla con razones ciertas y unívocas que garanticen, además, el adecuado agotamiento de una eventual doble instancia para los interesados.
(vii) Dr. E. C. L.
a) Según este apoderado, las tablas de indemnización utilizadas por el Tribunal no son las previstas en la legislación colombiana ni en la internacional. En su lugar, entonces, estima deben aplicarse las fórmulas contenidas en el dictamen rendido por un perito de la Defensoría Pública que anexa con la sustentación del recurso. Obsérvese que ninguna controversia legítima plantea el recurrente:
En primer lugar, se limita a afirmar genéricamente que las fórmulas para calcular la cuantía de las indemnizaciones utilizadas por el A quo no se compadecen con el marco jurídico nacional e internacional, sin que se detenga por un momento a explicar si es que entre tales extremos existe una relación de contrariedad y, de ser así, en qué consistiría la infracción.
En segundo lugar, se apoya en un dictamen pericial contable que, además de extemporáneo porque se pretende introducir en segunda instancia cuando ya han precluido todas las oportunidades probatorias del incidente de reparación, busca imponerse al criterio del Tribunal porque, según la personal opinión del recurrente, aquél es mejor.
Y, en tercer lugar, el peritazgo contiene unas fórmulas generales de cálculo aritmético sin que ninguna de sus partes contenga un análisis particularizado de las pretensiones indemnizatorias de cada una de las víctimas que representa el impugnante.
En síntesis, entonces, ningún cuestionamiento serio y consistente plantea el defensor en contra de los cálculos indemnizatorios realizados en la sentencia.
b) Destaca que según los estándares universales la indemnización por perjuicios materiales debe reconocerse a las madres cuando no existan hijos ni compañeras sentimentales, lo cual se desatendió frente a los hechos 7, 14, 17, 34, 41, 67 y 70. A continuación, entonces, se enuncia lo resuelto por la sentencia y, de una vez, se entran a resolver los motivos de la censura:
Hecho No 7: Homicidio en persona protegida y Desaparición forzada de J. A. C. R. La señora R. H. R. era mayor de edad y no se acreditó dependencia económica respecto de su hijo, la víctima directa, en razón de lo cual no se le concedió indemnización por perjuicios materiales (nota al pie 787, pág. 912).
Se confirmará la decisión consistente en negar la indemnización por concepto de perjuicios materiales porque, examinada la carpeta del incidente de reparación integral correspondiente al Hecho No 7 pudo verificarse que, tal y como lo afirmó el Tribunal, ninguna prueba se aportó que demostrara la dependencia económica de R. H. R. respecto de su hijo J. A. C. R. Además, debe advertirse que el recurrente dice soportar su pretensión en “estándares universales”, sin que especifique cuáles son esos referentes normativos internacionales, razón por la cual ni siquiera un pronunciamiento sobre tal reparo es posible hacer.
Hecho No 14: Homicidio en persona protegida de J. B. Q. M. La señora M. N. M. era mayor de edad y no se acreditó dependencia económica respecto de su hijo, la víctima directa, en razón de lo cual no se le concedió indemnización por perjuicios materiales (nota al pie 788, pág. 913).
Se confirmará la decisión consistente en negar la indemnización por concepto de perjuicios materiales porque, examinada la carpeta del incidente de reparación integral correspondiente al Hecho No 14 pudo verificarse que, tal y como lo afirmó el Tribunal, ninguna prueba se aportó que demostrara la dependencia económica de M. N. M. respecto de su hijo J. B. Q. M.. Además, al igual que en el caso anterior, no se especifican los estándares normativos de carácter universal que soportarían su pretensión.
Hecho No 17: Reclutamiento ilícito de G. O. G. La señora A. O. de P. era mayor de edad y no se acreditó dependencia económica respecto de su hijo, la víctima directa, en razón de lo cual no se le concedió indemnización por perjuicios materiales (nota al pie 789, pág. 913).
Se confirmará la decisión consistente en negar la indemnización por concepto de perjuicios materiales porque, examinada la carpeta del incidente de reparación integral correspondiente al Hecho No 17 pudo verificarse que, tal y como lo afirmó el Tribunal, ninguna prueba se aportó que demostrara la dependencia económica de A. O. de P. respecto de su hijo G. O. G.. Tampoco identificó los preceptos normativos que, supuestamente, justificarían la procedencia de su petición.
Hecho No 34: Homicidio en persona protegida y Desaparición forzada de N. B. L. La señora M. del S. L. de B. era mayor de edad y no se acreditó dependencia económica respecto de su hijo, la víctima directa, en razón de lo cual no se le concedió indemnización por perjuicios materiales (nota al pie 790, pág. 914).
Se confirmará la decisión consistente en negar la indemnización por concepto de perjuicios materiales porque, examinada la carpeta del incidente de reparación integral correspondiente al Hecho No 34 pudo verificarse que, tal y como lo afirmó el Tribunal, ninguna prueba se aportó que demostrara la dependencia económica de M. del S. L. de B. respecto de su hijo N. B. L.. Tampoco identificó los preceptos normativos que, supuestamente, justificarían la procedencia de su petición.
Hecho No 41: J. E. V.P. (víctima directa). Se anota que la señora P. O. D. era madre de crianza de la víctima directa y que fue liquidada en el grupo de otro apoderado(34), como efectivamente lo fue reconociéndosele una suma de 100 smlmv por concepto de indemnización por daños morales(35). Sin embargo, en lo que discrepa el apelante es que no le hayan reconocido la indemnización por los perjuicios materiales.
Pues bien, en la misma sentencia se afirmó que en beneficio de P. O. D. se solicitó un valor de $141.309.823 por concepto de lucro cesante presente ($93.793.919) y futuro ($47.515.904), en respaldo de lo cual se aportaron unos documentos(36). En el mismo sentido, se hizo constar de la petición de 250 smlmv por el daño al proyecto de vida. Sin embargo, frente a ninguna de tales pretensiones se pronunció el Tribunal, omisión que configura una irregularidad sustancial que lesiona los derechos de las víctimas, especialmente el del acceso efectivo a la administración de justicia y a la reparación, la que sólo es reparable a través de la declaratoria de la nulidad parcial de la sentencia a fin de que se adopte la decisión que corresponda y, de ese manera, se garantice a las víctimas la posibilidad de la doble instancia.
Hecho No 67: Homicidio en persona protegida y Desaparición forzada de J. P. R. E.
Entre las víctimas indirectas registradas en la carpeta del incidente de reparación integral, no se encuentra la madre de la víctima directa. Por ende, por sustracción de materia, ninguna consideración ha de hacerse frente al hecho en mención.
Hecho No 70: Homicidio en persona protegida y Desaparición forzada de J. D. R. La señora A. L. R. V. era mayor de edad y no se acreditó dependencia económica respecto de su hijo, la víctima directa, en razón de lo cual no se le concedió indemnización por perjuicios materiales.
En la carpeta del incidente de reparación integral correspondiente al Hecho No 70 obra una declaración jurada extraprocesal rendida por la señora A. L. R. V., en la cual se afirma “… No poseo ninguna clase de bien que me genere renta, no recibo ingresos ni pensión de ninguna naturaleza por parte de entidad pública o privada, personal, natural o jurídica y dependía económicamente de hijo J. D. R. (q.e.p.d.),…”. Es innegable que el contenido de ese documento tiene relación con el tema de la dependencia económica como presupuesto de viabilidad de una indemnización por lucro cesante, pero también lo es que ningún análisis sobre la eficacia del mismo realizó la sentencia que se limitó a exponer la conclusión de que no se había comprobado esa dependencia.
c) Hecho No 89 (erróneamente lo enuncia como 29): Desplazamiento forzado de R. C. M.
Solicita se reconozca el desplazamiento forzado del que fueron víctimas R. C. M. y su grupo familiar, pues ese hecho sí fue presentado por la Fiscalía. - “El presunto desplazamiento, puesto que no fue probado, se originó en el homicidio de N. R. F.”. (nota al pie 795, página 918)
- Se reconoció indemnización por daño moral a favor de las víctimas (100 smlmv c/u).
La decisión del Tribunal sobre la petición de reparación integral elevada a nombre de R. C. M. debido al Desplazamiento forzado que padeció ella junto con su núcleo familiar, resulta incomprensible como pasa a demostrarse: como motivo de aquélla asegura que ese desplazamiento no fue probado, olvidando que antes lo había incluido fáctica y jurídicamente en la descripción del Hecho No 89 -Desaparición forzada de N. R. F.-(37) y, lo que es más importante, que ese cargo fue objeto de legalización y de condena, como expresamente se advirtió en la consideración No 1239(38) y así se decidió en el numeral décimo cuarto de la parte resolutiva(39). Pero la contradicción no acaba allí, pues a pesar de descartar la ocurrencia del hecho por no haber sido demostrado, decretó una indemnización de perjuicios morales en cuantía de 100 smlmv, a favor de la peticionaria y de cada uno de sus hijos.
Ahora, si es que la medida indemnizatoria obedeció a los perjuicios ocasionados con la Desaparición forzada y el Homicidio de N. R. F., cuestión que no se aclara en la sentencia, en todo caso pervive la inicial incongruencia. Así pues, siendo que, de una parte, la Fiscalía formuló el cargo de Desplazamiento forzado de R. C. M. y de sus hijos W. L. y A. J. R. C.) siendo legalizado y sancionado por el Tribunal y, de la otra, que la sentencia no se pronunció sobre las pretensiones de reparación que elevaron las víctimas directas de aquél hecho con base en una motivación falsa; habrá de decretarse la nulidad parcial de la sentencia para que subsane la omisión y así pueda garantizarse la doble instancia a los perjudicados.
(viii) Dr. J. A. L. V.
El abogado en mención solicita a la Corte: a) se reconozcan como víctimas indirectas del Homicidio en persona protegida de B. M. B., a S. P. G. M., B. A. M. G., M. L. B. M. y A. H. M. B.; b) se le reconozca a él como apoderado de dichas víctimas; c) se ordene la exhumación del cadáver de B. M. B. a fin de que se haga entrega de sus restos a los familiares; y d) se ordene el pago de unos valores por concepto de perjuicios materiales y morales. En apoyo de tales peticiones, el apelante allega los respectivos poderes y algunas pruebas documentales como son copias de una partida de matrimonio, de registros civiles de nacimiento, de cédulas de ciudadanía y de tarjetas de identidad.
Con relativa facilidad se puede observar que el peticionario pretermitió la oportunidad procesal para solicitar el decreto de medidas de reparación integral y aportar las pruebas de la existencia y cuantía de los perjuicios sufridos a raíz del hecho criminal en mención, cuál era el incidente de reparación integral. Además, pretende subvertir el debido proceso cuando sin agotar la primera instancia acude a la segunda, desconociendo que la competencia de esta última se limita a los puntos de la decisión que tomada en aquélla sean objeto de controversia. Conforme a lo anterior, es claro que el apelante carece de interés jurídico porque ninguna decisión contraria a sus intereses se produjo en la sentencia de la Sala de Justicia y Paz, por lo que se rechazará de plano el recurso que promovió.
2.3 PUNIBILIDAD Y COMPROMISOS IMPUESTOS
El defensor de los postulados cuestionó (i) el término de la pena alternativa concedida a I. M. M. y N. O. J.; (ii) los compromisos que deberán cumplir los sentenciados; y (iii) la no concesión de la libertad por cumplimiento de la pena alternativa a A. T. M.
(i) Pena alternativa concedida a I. M. M. y N. O. J.
Según el recurrente, la Sala de Justicia y Paz omitió el análisis de la colaboración efectiva en el esclarecimiento de los delitos y de la situación particular de cada postulado, lo que condujo a que se impusiera la misma cantidad de pena alternativa a los máximos responsables y a los simples patrulleros. Específicamente, pregona tales falencias en relación a los condenados I. M. M. y N. O. J.
En cuanto a lo primero, se equivoca el censor porque en la sentencia expresamente se advirtió que la tasación de la pena alternativa dependería de la gravedad de los delitos y de la contribución al esclarecimiento de los mismos, tal y como lo ordena el artículo 29 de la Ley 975 de 2005. Luego, al analizar el cumplimiento de la segunda de tales exigencias se concluyó que los postulados juzgados “contribuyeron con su desmovilización a la paz nacional y, además, colaboraron con la justicia confesando en versiones libres sus crímenes y posteriormente aceptando los cargos formulados por la Fiscalía”. Inclusive, se advirtió que ese requisito fue evaluado positivamente al examinarse la elegibilidad de los condenados a los beneficios de la justicia transicional. En consecuencia, la afirmación del recurrente es alejada de la realidad procesal y no puede conducir al efecto punitivo diferenciado que busca porque a todos los postulados se calificó en el mismo grado la contribución a la verdad.
En cuanto al segundo reparo a la cuantificación de la pena alternativa, ciertamente la responsabilidad penal, aun cuando sea declarada en un proceso transicional como el presente, es individual y se funda en la comisión de conductas punibles. Por ende, las consecuencias jurídicas aplicables a cada procesado dependerán del número y de la gravedad de los delitos en que personalmente resulten comprometidos. En tal sentido, con claridad y precisión, la sentencia señaló una a una las conductas ejecutadas por los postulados y las consecuentes penas que les correspondía.
Ahora, si bien es cierto que, con excepción de uno de los postulados, la pena privativa de la libertad finalmente determinada, tanto la ordinaria como la alternativa, resultó siendo la misma: 40 y 8 años, respectivamente, también lo es que ello obedeció no a la desatención de una necesaria discriminación positiva por parte de los jueces, sino a los límites cuantitativos que, de manera general e indeterminada, fija tanto la ley penal ordinaria (art. 31, inciso 2, C.P.) como la transicional (art. 29 L. 975/2005) en la individualización de la pena de prisión. Prueba de ello es que, con independencia del número de delitos por el cual se condenó a los procesados, incluido I. M. M., como quiera que un solo Homicidio en persona protegida implicó la pena más grave (40 años) y ésta coincidía con el tope máximo permitido en el estatuto sustantivo, no pudo adicionarse ni un solo día de prisión por las demás conductas punibles concurrentes.
Diferente es la situación del postulado N. O. J., quien fue el único que resultó condenado solo por los delitos de Concierto para delinquir agravado, Utilización de uniformes e insignias y Utilización de equipos transmisores, y, en tal virtud, se le impuso una pena ordinaria de prisión por un término de 316 meses. Sin embargo, tal y como lo advirtió el defensor, al determinarse la cantidad de la pena alternativa se faltó al principio de proporcionalidad porque, de manera inexplicable, se fijaron los mismos 8 años que a quienes correspondió una pena ordinaria de 480 meses. Es más, es evidente que el Tribunal cuantificó aquél beneficio punitivo a partir de la premisa errónea consistente en que la sanción privativa de la libertad era igual para todos los postulados. Obsérvese:
1576. La pena ordinaria fue individualizada con fundamento en lo previsto en el artículo 31 del Código Penal que para los casos de concurso de conductas punibles, como sucede en este caso, quedaron sometidos a las más graves, según su naturaleza aumentada hasta en otro tanto. De esta manera, el monto determinado alcanzó el máximo previsto por el inciso 2º de dicho artículo. Por lo que la Sala la sustituirá por el máximo de la pena alternativa de ocho (8) años.
Así pues, se corregirá el error de la sentencia al individualizar la pena alternativa que corresponde a N. O. J., respetándose los criterios punitivos de la primera instancia que no fueron objeto de impugnación. En ese orden, conforme a una regla de tres simple, si 480 meses de pena de prisión fueron sustituidos por 96 meses (8 años), los 316 meses que se fijaron al postulado en mención corresponden a 63 meses y 6 días, siendo ésta la pena alternativa que resulta procedente y que, en todo caso, respeta el monto mínimo imponible que es de 5 años. No sobra advertir que la referida regla de tres se utiliza únicamente por la necesidad de corregir una desproporción de la pena ocasionada por la introducción de una premisa falsa en el análisis de su cuantificación, tarea en la cual deben respetarse los criterios de dosificación punitiva utilizados en la primera instancia porque no fueron objeto de impugnación.
En lo que respecta a las demás consecuencias punitivas se confirmará la decisión del Tribunal.
(ii) Compromisos y obligaciones impuestos
Conforme lo establece el artículo 24 de la Ley 975 de 2005, entre los contenidos de la sentencia se encuentra la de imponer a los beneficiados con la pena alternativa los compromisos de comportamiento y las obligaciones de reparación que el Tribunal estime necesarias. De esa manera, resulta indiscutible la facultad del juzgador para fijar conductas que deberán asumir los sentenciados, tales como las que, en el presente evento, fueron señaladas en los numerales trigésimo tercero y trigésimo quinto de la parte resolutiva del fallo objeto de apelación. En consecuencia, se mantendrán las obligaciones impuestas porque obedecen a la discrecionalidad que en tal sentido confirió el legislador y persiguen fines legítimos del sistema de justicia transicional como son la adecuada reincorporación a la vida civil de los desmovilizados y la reparación integral de las víctimas.
(iii) Libertad a prueba de A. T. M.
En lo que respecta al instituto de la libertad a prueba, el artículo 29 de la Ley 975 de 2005 dispone que:
Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia.(40)
Obsérvese que la disposición normativa prevé que la concesión de la libertad a prueba está sujeta al cumplimiento de la pena alternativa y de los compromisos impuestos en la sentencia. Así, ese estado de libertad constituirá una fase intermedia entre la ejecución total de las obligaciones a cargo de los condenados y la extinción de la pena, tal y como se infiere del último inciso del precitado artículo 29. En tales condiciones, la decisión sobre tal aspecto necesariamente es posterior al fallo porque pende de la verificación de la eficacia de la sanción penal y de las demás conductas allí ordenadas a los sentenciados, por lo que son, entonces, los jueces encargados de la supervisión de la ejecución de la sentencia, los competentes para resolver al respecto, según se desprende de la cláusula general de competencia prevista en el artículo 32 del Decreto Reglamentario 3011 de 2013:
Los jueces con funciones de ejecución de sentencias estarán a cargo de vigilar el cumplimiento de las penas y de las obligaciones impuestas a los condenados y deberán realizar un estricto seguimiento sobre el cumplimiento de la pena alternativa, el proceso de resocialización de los postulados privados de la libertad, las obligaciones impuestas en la sentencia y las relativas al período de prueba. Las disposiciones consagradas en el artículo anterior son de competencia exclusiva de los jueces con funciones de ejecución de sentencias, una vez la sentencia condenatoria esté ejecutoriada.
Conforme a lo anterior, no es ésta la oportunidad para decidir sobre la libertad a prueba de los condenados porque habrá que esperar si cumplen no solo la pena alternativa sino cada uno de los compromisos que les fueron impuestos por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia de primera instancia. Ahora bien, el hecho de que durante el proceso algunos de aquéllos hayan cumplido el término de privación de la libertad que finalmente les correspondería como pena alternativa y ello dio lugar a la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva, tal y como ocurrió con A. T. M., no implica que automáticamente sean beneficiarios de la libertad a prueba porque, recuérdese, habrá de verificarse, adicionalmente, el cumplimiento de las obligaciones de comportamiento que fueron fijadas por el a quo y ello corresponderá el respectivo juez de supervisión de ejecución de la sentencia.
En consecuencia, la Corte se abstendrá de resolver la petición de libertad a prueba elevada por el defensor de A. T. M..
2.4 PATRONES DE MACROCRIMINALIDAD
I. El delegado de la Fiscalía circunscribió el objeto de su recurso a controvertir la decisión de negar la caracterización de patrones de macrocriminalidad que él presentara en la audiencia concentrada. En la sentencia se fundó esa determinación en el incumplimiento de “requisitos técnicos y metodológicos”, así: a) no se especificó el marco muestral utilizado y cuando sí se hizo el número de hechos priorizados no era representativo, b) no se determinó la política, la práctica o el modus operandi a los que respondían 12 de los hechos agrupados en los patrones de “Homicidio”, “Desaparición forzada” y “Reclutamiento ilícito”; c) se hizo una caracterización simplificada de los patrones de la violencia cometida por las ACPB; y, por último, d) la clasificación de los hechos fue muy discrecional, prueba de lo cual es que un mismo suceso haya sido ubicado en dos categorías distintas.
II. Por su parte, el apelante rebatió cada uno de los argumentos del Tribunal asegurando: a) que incorporó informes de policía judicial por cada patrón delictivo que, a través de análisis cualitativos y cuantitativos, develaron el contexto de violencia de las ACPB, así como la sistematicidad, generalidad y uniformidad de la misma; b) que la falta de identificación de la práctica o política frente a 12 hechos se debió al desconocimiento que de la misma tienen víctimas y victimarios; c) que las conductas criminales se presentaron en términos de sistematicidad, generalidad y conexidad, con independencia a que se les haya denominado con el tipo penal que denotaba mayor relevancia; además, aclara que la categoría de “hechos connotados” fue provisional y respondió a circunstancias procesales; y, por último, d) que la clasificación realizada obedeció exclusivamente a las pruebas recopiladas.
III. Como antes se indicó, el “patrón de macrocriminalidad” es una metodología de investigación, imputación y juzgamiento de los crímenes de competencia de la justicia transicional, la cual fue introducida por la Ley 1592 de 2012 que modificó la 975 de 2005, uno de cuyos objetivos principales fue, precisamente, el de “transformar de manera definitiva el enfoque de investigación, procesamiento y judicialización que se venía aplicando en los procesos de Justicia y Paz para asegurar la concentración de esfuerzos en la investigación de los máximos responsables y en la develación de los patrones de macrocriminalidad”; tal y como se reconoció explícitamente en el Decreto No 3011 de 2013 que reglamentó el mentado cuerpo legal.
Fue ese mismo decreto (art. 16) el que se consignó una definición legal de la novel categoría, en los siguientes términos: “Es el conjunto de actividades criminales, prácticas y modos de actuación criminal que se desarrollan de manera repetida en un determinado territorio y durante un periodo de tiempo determinado, de los cuales se pueden deducir los elementos esenciales de las políticas y planes implementados por el grupo armado organizado al margen de la ley responsable de los mismos”. Su finalidad, entonces, sería la de concentrar los esfuerzos de la investigación en los máximos responsables y contribuir a develar la estructura, el modus operandi y las relaciones de la organización ilegal. En últimas, esa metodología propendería por el adecuado esclarecimiento de la verdad y por la determinación del grado de responsabilidad de los integrantes y de sus colaboradores.
Por su parte, el artículo 17 del Decreto 3011 de 2013 relacionó una serie de elementos mínimos indispensables a la hora de establecer la existencia de un patrón de macrocriminalidad. Estos son:
IV. Ahora bien, no debe olvidarse que la Ley 1592 fue expedida en desarrollo del denominado “Marco jurídico para la paz” o Acto Legislativo No 01 de 2012, en el que ya se habían fijado las directrices de la reforma al esquema de enjuiciamiento transicional, entre las cuales son pertinentes citar para el caso bajo examen las siguientes:
1. La finalidad prevalente de la justicia transicional es facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos. De igual forma, debe garantizar en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
2. Los criterios de priorización y de selección resultan esenciales al ejercicio de la acción penal, con el objetivo de “centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática;…”.
3. En punto a la satisfacción de los derechos de las víctimas, especialmente a la verdad y a la reparación, se estableció que, junto a los mecanismos judiciales, se aplicarían también los extrajudiciales de justicia transicional, entre los cuales, inclusive, se autorizó la creación de una Comisión de la Verdad.
V. Entonces, conforme a las pautas constitucionales y legales anunciadas, el nuevo sistema de procesamiento de la justicia transicional y, particularmente, el método del “patrón de macrocriminalidad” presenta las siguientes características:
a) El patrón de criminalidad es un método esencialmente inductivo de construcción de verdad porque determina las políticas, los planes y el modus operandi de la organización criminal, a partir del análisis de algunos casos particulares. Una vez se determina esa línea de conducta criminal, ésta adquiere la condición de premisa mayor frente a los eventos no priorizados cuya verdad, entonces, se entenderá definida a partir de un juicio deductivo.
e) Es indiscutible que la identificación de patrones busca garantizar en el mayor nivel posible el derecho a la verdad. Sin embargo, ello no implica que un grado menor de satisfacción del derecho sea ilegal, claro está siempre que se respete el núcleo mínimo intangible, es decir, que se haya esclarecido (i) la ocurrencia del hecho criminal, sus motivos y circunstancias, (ii) su comisión por los miembros del grupo armado ilegal durante y con ocasión a su pertenencia al mismo, y (iii) la identificación de todos los responsables.
f) La definición del contexto como marco geográfico, político, económico, histórico, social y cultural de los delitos perpetrados en desarrollo o con ocasión del conflicto armado interno, que incluye la identificación del aparato criminal vinculado con el grupo ilegal y de sus redes de apoyo y financiación (art. 15 D. 3011/2013); constituye un paso fundamental en la determinación y comprensión de las políticas, planes y modus operandi macrocriminales.
g) La identificación de las prácticas criminales es, como se vio, uno de los objetivos del proceso de justicia y paz, por lo que su búsqueda se sujeta a los principios de la prueba en esa clase especial de actuaciones judiciales, especialmente en cuanto a que las fuentes principales de información son los victimarios y las víctimas y a que, en todo caso, rige una necesaria flexibilización probatoria.
VI. Precisado el marco constitucional y legal de los patrones de macrocriminalidad, se analizarán las razones con base en las cuales el Tribunal aseveró que en el proceso no se acreditó la existencia de uno solo de aquéllos, con el objeto de verificar si tal conclusión es correcta o si, por el contrario, le asiste razón en su reclamo al titular de la acción penal quien sostiene la tesis contraria. Antes de eso, debe advertirse que, si bien es cierto, según ya se anticipó, la decisión sobre la demostración de los patrones debe adoptarse en la sentencia, también lo es que en la audiencia de formulación y aceptación de cargos el Tribunal debió verificar si los hechos presentados ilustraban o, lo que es igual, si daban luz sobre la presencia de dichas categorías para que, de no ser así, formulara las observaciones que tuviera al titular de la acción penal, tal y como en su momento lo solicitó la delegada del Ministerio Público.
En esas circunstancias, resulta un tanto incoherente que en la audiencia concentrada el Tribunal haya omitido cualquier comentario, advertencia u observación y se reservara para la sentencia todo un arsenal de objeciones en contra de la identificación de patrones de macrocriminalidad. Precisado lo anterior, se examinará la corrección de cada una de las razones esgrimidas en la sentencia para oponerse a la metodología de imputación utilizada por el delegado de la Fiscalía:
a) Cuando en la sentencia se echa de menos la utilización de una muestra cuantitativa representativa o que la misma fuese determinable, se entendería que no estimó cumplido el requisito contemplado en el numeral 7º del artículo 17 que antes se trascribió. Prueba de ello es que sostiene que en 4 patrones no se precisó el universo o la población a partir de la cual se pudiera determinar el tamaño de una muestra que fuese representativa y que en los 2 eventos en que sí se hizo, de acuerdo a una fórmula estadística que garantizaba el 95% de confiabilidad, el marco muestral no reunía tal condición.
Antes que nada se recordará el tenor del requisito que, según la sentencia de primera instancia, se habría omitido: “7. La documentación de la dimensión cuantitativa de la naturaleza y número de las actividades ilegales cometidas bajo el patrón de macrocriminalidad. Se utilizarán medios estadísticos en la medida de lo posible”. Entiende el Tribunal que esa exigencia se satisface si de la cifra total de casos que respondan a un mismo patrón, la Fiscalía presenta una muestra que sea representativa desde el punto de vista cuantitativo, lo cual solo es posible si la misma se determina a partir de ecuaciones estadísticas que desarrollen un altísimo porcentaje de confiabilidad. Esa interpretación resulta equivocada porque parte de la falsa premisa de que al proceso transicional debe llevarse una muestra y no el universo de los casos que han sido priorizados por la Fiscalía, precisamente, por responder a una práctica de macrocriminalidad.
En efecto, en ninguna parte del numeral trascrito del artículo 7º del Decreto 3011 de 2013 se dispone que a efectos de acreditar la existencia de un patrón delictivo se presente tan solo una muestra del número de casos priorizados que se correspondan con el mismo. Por el contrario, lo que se exige es la documentación del número y de la naturaleza de las actividades ilegales que en desarrollo de la específica práctica se hayan realizado, obviamente siempre que hayan sido priorizados para su investigación. En tal sentido, el objeto de la utilización deseable de medios estadísticos, no es la determinación de una muestra representativa confiable sino la tabulación de la dimensión cuantitativa de los crímenes.
Recuérdese que la representatividad de los hechos delictivos es determinada por el delegado de la Fiscalía cumpliendo los criterios que al respecto fijó el jefe máximo de esa institución en la Directiva No 0001 del 4 de octubre de 2012. Esos parámetros que tienen carácter vinculante según lo dispone expresamente el artículo 13 de la Ley 1592 de 2012, establecen que la representatividad “…, presupone el hecho de que el aparato judicial puede investigar, y con ello ilustrar, un abanico complejo de hechos y conductas, que dan cuenta de dinámicas en la comisión de los crímenes”(41). Es claro, entonces, que en virtud de la facultad de priorización de casos es la Fiscalía la que determina los que resultan representativos en la explicación del patrón de macrocriminalidad y que esa determinación obedece a criterios cualitativos antes que cuantitativos.
A título de ejemplo, se cita el contenido del acta de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, sesión del 19 de agosto de 2014, durante la cual, en torno a la dimensión cuantitativa del patrón de Desaparición forzada, explicó la Fiscalía: “9) El análisis de variables que se examinan la matriz elaborada: encontrándose un total de 1030 víctimas registradas del delito correspondiente a desaparición forzada, suma depurada a 427 casos confirmados como víctimas de A. T. M. en los periodos de tiempo expuestos, y este a su vez depurado a 134 casos de los cuales si se tenía información verídica, comprobada y corroborada, conformándose en la muestra priorizada;…”.
b) En la sentencia se asegura que no se determinó la política, la práctica o el modus operandi, que son los elementos característicos de un patrón de macrocriminalidad, en 12 eventos: 2 de Homicidio (hechos 53 y 7), 9 de Desaparición forzada (hechos 35, 81, 50, 62, 34, 108, 116, 65 y 38), y 1 de Desplazamiento forzado (hecho 25). De manera errónea se cita el patrón de Reclutamiento ilícito, sin que al respecto se identificaran los eventos que contendrían la falencia indicada, por lo que ha de concluirse que ésta solamente está referida a hechos de los 3 patrones antes enunciados.
Pues bien, resulta paradójico que la razón inicial en que fundó el Tribunal su objeción a la existencia de patrones criminales haya sido la –falsa- ausencia de una representatividad cuantitativa y que, en el segundo argumento que esboza con el mismo propósito, para nada tenga en cuenta la incidencia del número de hechos concretos en que se habría omitido la determinación de la práctica o del modus operandi, frente al total que permitió establecer una conclusión general sobre esos componentes en cada patrón. En este reparo sí que resultaba necesaria tal justificación, primero, porque en su desarrollo no se esgrimió razón distinta a la simplemente cuantitativa y, segundo, porque así restringido el debate, las cifras señaladas son manifiestamente insignificantes para cuestionar la generalidad de una dinámica criminal. Véase: de 74 Homicidios la omisión recaería en 2 casos, de 134 Desapariciones forzadas en 9 y de 121 Desplazamientos forzados en tan sólo 1(42), o sea, el 2,7%, el 6,7% y el 0,82% de cada una de las cifras totales, respectivamente.
A más de lo anterior, la consecuencia lógica de que un porcentaje tan bajo del universo de casos no cumpla con los requisitos para conformar un patrón o de que, por lo menos, ello no haya podido establecerse; no puede ser la de concluir la inexistencia de la categoría sino, a la sumo, que aquéllos eventos le son extraños. Una conclusión diferente también desatiende la razonabilidad del argumento que esgrimió la Fiscalía para justificar la omisión que se le reprocha, puesto que si victimarios y víctimas que son la principal fuente de información en los procesos de justicia y paz, ignoran u olvidaron las circunstancias del caso relevantes para establecer el modus operandi utilizado, y ningún otro medio de prueba permite revelarlo; no se puede pretender legitimar la existencia de una obligación a lo imposible.
c) En tercer lugar, afirmó el Tribunal que “La Fiscalía hizo una caracterización simplificada de los patrones de violencia cometidos por las ACPB”, por cuanto agrupó los hechos por tipos penales y ello desconoce la complejidad del accionar criminal del grupo paramilitar que implicaba, usualmente, la concurrencia de varios delitos. Otras consecuencias adversas de esa forma de proceder son que se haya trabajado sobre delitos inconexos en un gran porcentaje y que 3 hechos (10, 11 y 12) se encasillaran simultáneamente en los patrones de Homicidio y de Desplazamiento forzado.
Frente a tal reparo ha de decirse que la Fiscalía imputó supuestos fácticos íntegros, es decir, no segmentados, en relación a los cuales realizó las adecuaciones típicas que correspondieran definiendo así, el número y la clase de delitos que un mismo hecho hubiese alcanzado a configurar. Luego, formuló los cargos por la totalidad de los crímenes y, finalmente, las clasificó bajo el nombre de un tipo penal, el cual correspondía, según aseguró el titular de la acción penal, al de mayor relevancia entre los concurrentes. En esos términos, ningún achaque de orden sustancial puede hacerse a la integridad y a la conexidad de los hechos delictivos presentados bajo una determinada clasificación. Menos aún, puede insinuarse que esta última desconoce las características de sistematicidad y de generalidad de la actividad criminal de las ACPB porque omite decir que la exposición del fiscal en la audiencia concentrada esclareció:
… la identificación de los postulados, para ubicarlos dentro del contexto general del grupo armado, su génesis, su estructura, su georreferenciación, sus políticas de exterminio, sus finanzas y demás aspectos; para aterrizarlos todos ellos, en unos hechos concretos que de acuerdo a las políticas del grupo pueden ser homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, reclutamientos ilícitos o la violencia basada en género junto con sus delitos conexos. (…)(43).
De otra parte, un análisis detenido de los argumentos de la sentencia de primera instancia deja ver que no reprocha un error sustancial en la clasificación de los hechos, sino uno en la denominación de las categorías bajo las cuales aquéllos fueron agrupados. En efecto, no se cuestiona la pertenencia de los casos a un determinado patrón, ni la conexidad de los mismos, ni los caracteres de generalidad o sistematicidad, sino el nombre que a éste se le asignó, lo cual constituye, en el mejor de los casos, un mero defecto formal. Además, la imprecisión en que incurrió el delegado de la Fiscalía al haber incluido 3 eventos en dos patrones diferentes, es un argumento manifiestamente intrascendente frente a los cientos de crímenes que fueron adecuadamente presentados y clasificados, por lo que ninguna relevancia reviste.
d) Por último, objetó el Tribunal que los hechos delictivos cometidos por las ACPB fueron clasificados por la Fiscalía con suma discrecionalidad, muestra de lo cual es que un mismo evento se adscribiera a dos patrones distintos en procesos judiciales también diferentes y que la categoría de “hechos connotados” sea muy imprecisa.
En cuanto a lo primero, el conocimiento adquirido por el Tribunal en un proceso transicional diferente, sin que del mismo obre prueba en el que ahora se juzga, no puede ser utilizado para producir un efecto jurídico en este último porque constituye un conocimiento privado del juzgador. En todo caso, en el reparo a la clasificación de los hechos, se olvidó que la Fiscalía aclaró que si bien, en un principio, utilizó un “patrón de hechos connotados” en el que se incluyó el hecho No 7 (víctimas: O. L., J. C. S., N. O. L., H. L. S. , C. P. e I. D. G. S.), ello obedeció a que la dispersión de los procesos adelantados contra los integrantes de las ACPB, y el distinto estadio en que cada uno se encontraba, determinó la necesidad de utilizar esa calificación. Sin embargo, advierte que la misma fue provisional porque en la audiencia concentrada, luego que las actuaciones se unificaron, formuló cada uno de los hechos “connotados” en el patrón que correspondía (casi todos en el de Homicidio), como efectivamente ocurrió(44).
VII. A más de que, como se vio, las críticas del Tribunal a la metodología que utilizó el delegado de la Fiscalía en orden a demostrar la existencia de patrones de macrocriminalidad en la delincuencia de las ACPB resultan infundadas, y que éste último siguió las pautas que a nivel institucional se establecieron en el Memorando No 033 del 21 de agosto de 2013; es irrebatible que en la actuación se cumplieron los objetivos previstos en el artículo 16 del Decreto 3011 de 2013; por cuanto, la investigación pudo establecer el grado de responsabilidad de los integrantes del grupo armado organizado al margen de la ley que fueron objeto de juzgamiento, entre los cuales se cuenta quien fuera su máximo comandante A. T. M. alias “Botalón”, además se estableció la estructura, el modus operandi, las políticas, las prácticas y el contexto de la organización criminal. A esa conclusión se arriba si se tiene en cuenta que, con base en la confesión de los postulados, en la versión de las víctimas y en los demás elementos probatorios recaudados, en la audiencia concentrada la Fiscalía cumplió con las siguientes cargas procesales:
— Estableció la génesis y evolución de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (sesiones del 30 y 31 de julio de 2014.
— Ilustró la georreferenciación del grupo paramilitar año por año (sesión del 1 de agosto de 2014).
— Determinó lo relativo a la doctrina, la estrategia, las comunicaciones y las finanzas de la organización (sesiones del 4 y 5 de agosto de 2014), al igual que lo referente a las acciones militares y a las escuelas de entrenamiento (sesión del 12 de agosto de 2014).
— Acreditó las relaciones del grupo armado ilegal con dirigentes políticos y con autoridades públicas (sesiones del 6 de agosto y del 12 de agosto de 2014, respectivamente).
— Precisó las políticas de macrovictimización (sesión del 11 de agosto de 2014).
Y, en lo que hace a los específicos patrones de criminalidad de las ACPB, acreditó la Fiscalía:
— En lo que respecta al patrón de Desaparición forzada, en sesión del 19 de agosto de 2014 explicó:
“…; 11) Las Políticas y/o Móviles del grupo (Record: 1:12:00, clip 1), siendo éstas: control social, territorial y de recursos, vínculos con el grupo enemigo y sin información, a su vez manifestando así: a) Dentro del control social, territorial y de recursos, se manifiesta la limpieza social (drogadictos, expendedores de droga, violadores y delincuentes), la confusión con el verdadero enemigo y por solicitud de la comunidad; b) Dentro de vínculos con el grupo enemigo se manifiesta la colaboración con el grupo enemigo, e información al grupo enemigo; 12) Las Practicas fueron (Record: 1:18:00, clip 1): Inmersión en rio, inhumación en fosa clandestina, desmembración e inmersión en rio y desmembración e inhumación en fosa clandestina; 13) Respecto de las víctimas: género, edades, geo-referenciación por departamento, cantidad de hechos por año, el comportamiento anual del patrón, ocupación u oficio de las víctimas, condición de la víctima, los modus operandi, medios de transporte, la conducta criminal, participación de autoridades, lugar de ocurrencia de los hechos, los delitos conexos (Record: 1:24:30, clip 1) y las conclusiones (Record: 2:05:00, clip 1)”.
— En cuanto hace al patrón de Reclutamiento ilícito, en sesión del 28 de agosto de 2014, la Fiscalía acreditó: las políticas (incrementar número de integrantes, expansión territorial y mayor control social), las prácticas (persuasión y fuerza), modus operandi (convocatorias abiertas a la comunidad, convencimiento por miembros del grupo armado o por terceros, amenaza e intimidación), las motivaciones de los menores para ingresar al grupo (oportunidad d empleo, gusto por armas, el poder o la ideología del grupo, venganza contra integrantes de bando contrario, constreñimiento, situación económica o violencia intrafamiliar), las acciones previas al reclutamiento y la clasificación de las víctimas.
— En cuanto hace al patrón de Violencia basada en género, en sesión del 2 de septiembre de 2014, la Fiscalía acreditó: la política (no era expresa y se fundaba en móviles de ejercicio de poder y venganza en contra del bando contrario), las prácticas (accesos carnales, actos sexuales y acosos sexuales; tratos inhumanos, crueles y degradantes; y otros métodos como mutilación y desnudez forzada), modus operandi (ingreso a inmuebles justificándose en el control social, abordar a la víctima en un lugar de tránsito y es llevado a zona solitaria y abordaje en instituciones educativas, todos ellos a través de la fuerza, amenaza y engaño), y el tipo de agresión (física, psicológica y verbal).
— En lo que respecta al patrón de Homicidio en persona protegida, en sesión del 3 de septiembre de 2014, la Fiscalía acreditó: las políticas (control territorial y de recursos, lucha antisubversiva y desacato a las reglas), las prácticas (homicidio individual y múltiple), el modus operandi (engaño y fuerza: ingreso violento a la vivienda, retén ilegal, retención ilegal, sicariato), los delitos conexos (Apropiación de bienes, Desplazamiento forzado, Exacciones o cobros de vacuna, Secuestro, tentativa de Homicidio y Tortura), los medios de transporte y los tipos de armas uniformados, y la caracterización de las víctimas.
— En lo que hace al patrón de Desplazamiento forzado, en sesión del 12 de septiembre de 2014, la Fiscalía acreditó: las políticas (control social, territorial y de recursos, y lucha antisubversiva), las prácticas (individuales y colectivas), y el modus operandi (amenazas, combates, control territorial, desaparición forzada, exacciones, expulsión de tierras, limpieza social, temor y tentativa de homicidio).
En conclusión, el delegado de la Fiscalía sí acreditó la existencia de 5 patrones de macrocriminalidad en el actuar de las ACPB, cumpliendo las exigencias previstas en el artículo 17 del Decreto 3011 de 2012 y alcanzando los objetivos destacados en el artículo 16 ibídem. Por tanto, se revocará la decisión contenida en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia.
2.5 ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA
Durante el término de ejecutoria, la Directora Técnica de Reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entidad ésta a la cual se dirigieron varios exhortos; solicitó la aclaración de la sentencia exclusivamente en lo que respecta a cada una de esas órdenes. Esa petición fue oportuna porque fue presentada en el término que para dicha actuación consagra el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil (reproducido en el artículo 285 del Código General del Proceso), aplicable por integración; sin embargo, el Tribunal omitió la debida resolución.
Ahora bien, como quiera que la solicitud en cuestión no entraña, en forma alguna, una impugnación a la sentencia sino la precisión y/o aclaración de unos exhortos y que, como antes se advirtió, se decretará la nulidad parcial de esta última con el objeto de que se pronuncie en relación a algunas pretensiones de reparación económica; la petición de aclaración se remitirá a la primera instancia con el objeto de que sea resuelta en la nueva sentencia que se dicte como consecuencia de la anulación parcial aquí dispuesta.
Primero: Decretar la nulidad parcial de la sentencia con el objeto de que ésta se pronuncie o lo haga de manera suficiente y/o unívoca, respecto de las pretensiones omitidas, total o parcialmente, que fueron formuladas en razón de los hechos No 3, 32, 4, 43, 14, 7, 12, 19, 20, 22, 39, 44, 70, 10, 14, 17, 21, 35, 36, 39, 41, 45, 62, 67, 71, 116, 98, 1, 13, 5, 41, 76, 85, 53, 92, 18, 5, 23, 12, 67, 11, 41, 70 y 89, conforme a lo indicado en la parte considerativa.
Segundo: Denegar las demás solicitudes de nulidad elevadas por los intervinientes.
Tercero: Rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto por el Dr. J. A. L. V.
Cuarto: Revocar parcialmente el numeral trigésimo primero de la parte resolutiva de la sentencia con el objeto de conceder al postulado N. O. J. el beneficio de una pena alternativa por un período de 63 meses y 6 días de privación de la libertad.
Quinto: Abstenerse de resolver la petición de libertad a prueba elevada por el defensor de A. T. M.
Sexto: Revocar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia y, en su lugar, se dispone declarar esclarecida la existencia de los patrones de macrocriminalidad “Desaparición forzada”, “Reclutamiento ilícito”, “Violencia basada en género”, “Homicidio” y “Desplazamiento forzado”, en el actuar de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá.
Séptimo: Devolver al Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz, la solicitud de aclaración de la sentencia elevada por la la Directora Técnica de Reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el objeto de que haga el pronunciamiento que corresponda.
Octavo: Confirmar la sentencia en las partes que no fue objeto de revocación o de anulación.
1 La Magistrada de la Sala de Justicia y Paz, Dra. Lester M. González R., presentó salvamento parcial del voto.
2 Sentencias: del 15 de agosto de 2002, Exp. 14357, Sección Tercera, C.P. Ricardo Hoyos Duque; y del 29 de enero de 2004, Exp. 26147, Sección Tercera, C.P. Alier Hernández Enríquez.
3 Sentencias: del 13 de mayo de 2008, Exp. 1101-3103-006-1997-09327-01, M.P. César Julio Valencia Copete; y del 20 de enero de 2009, Exp. 170013103005-1993-0215-01, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena.
4 Al respecto cita el contenido de las páginas 470, párrafo 744; 471, párrafo 745 y ss; y 480, párrafo 772, de la sentencia.
5 Trascribe apartados del salvamento de voto que se produjo tanto en este proceso como en el seguido contra el postulado Luis Eduardo Cifuentes Galindo y otros bajo el radicado interno 2358.
6 Cita algunos párrafos de las sentencias T-751 de 1999, C-383 de 2000, C-248 de 2013 y C-252 de 2001.
7 Auto del 29 de mayo de 2013, rad. 41035.
8 Menciona el informe de patrón de desaparición forzada del 19/8/2014, informe de patrón de reclutamiento ilícito del 29/8/2014, informe patrón de violencia basada en género del 3/9/2014, informe patrón de homicidio del 8/9/2014 y el informe de patrón de desplazamiento forzado del 12/9/2014.
9 Enuncia las sentencias proferidas (i) contra Fierro Flórez alias “don Antonio” el 7 de diciembre de 2011, (ii) contra los postulados del Bloque Vencedores de Arauca el 1 de diciembre de 2011, y (iii) contra Hebert Veloza García el 7 de diciembre de 2011. Así también cita la decisión de control de legalidad de los cargos formulados a Gian Carlo Gutiérrez del Bloque Calima emitida el 30 de septiembre de 2010.
10 Los artículos 23, 24 y 43 de la Ley 975 de 2005 fueron modificados por los artículos 23, 25 y 41 de la Ley 1592 de 2012; sin embargo, estos últimos fueron declarados inexequibles mediante la sentencia C-286 de 2014 que, al tiempo, dispuso que las disposiciones originales siguieran aplicándose en virtud de la orden de reincorporación de normas derogadas al ordenamiento jurídico interno o reviviscencia.
11 Página 850
12 Esta normatividad fue compilada por el Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho” a partir del artículo 2.2.5.1.1.1.
13 “(…) la Sala verificará si el conjunto de hechos presentado ilustra el patrón de macrocriminalidad que se pretende esclarecer. (…)”.
14 Según la respectiva acta de audiencia, a record 1:35:30, clip 2
15 Páginas 233 y 234 (Consideración No 387)
16 Páginas 697 y 705
17 Páginas 938 y 939
18 Sentencia T-006 de 2014: “En relación con la condición de desplazado, tal y como se sostuvo anteriormente, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que dicha condición se adquiere y se constituye a partir de un presupuesto fáctico, que es el hecho mismo del desplazamiento forzado, hecho que es el requisito constitutivo de esta condición y en consecuencia, de la calidad de víctima de desplazamiento forzado. Por tanto, la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada -RUPD-, que la actual Ley 1448 de 2011 prevé sea el soporte para el “Registro Único de Víctimas” –RUV-, de conformidad con el artículo 154 de esa normativa, es un requisito meramente declarativo y no constitutivo de la condición de víctima, en donde, a través de un trámite de carácter administrativo, se declara la condición de desplazado, a efectos de que las víctimas de este delito puedan acceder a los beneficios legales y a los diferentes mecanismos de protección de derechos, con carácter específico, prevalente y diferencial, para dicha población.”
19 Según la respectiva acta de audiencia, a record 1:50:50, clip 2
20 Página 218 en adelante
21 Páginas 236-237 (Consideraciones No 392 y 393)
22 Página 705
23 Página 939
24 Sentencia C-029 de 2009
25 Según la respectiva acta de audiencia, a record 1:24:10
26 Páginas 242-243 (Consideración No 401)
27 Página 705
28 Páginas 938 y 939
29 Página 911
30 Según la respectiva acta de audiencia, a record 1:15:20
31 Páginas 240-241 (Consideración No 399)
32 Página 705
33 Páginas 938 y 939
34 Página 915
35 Página 876
36 Página 378
37 Página 188
38 Página 699
39 Páginas 938-939
40 Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006.
41 Hoja 30. Directiva No 0001 “Por medio de la cual se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquéllos en la Fiscalía General de la Nación”.
42 Estas cifras son las que contiene la misma sentencia (pág. 472), aclarando que en el caso del Desplazamiento forzado se descontaron los 18 casos que allí se asegura fueron retirados por la Fiscalía (pág. 474).
43 Es un texto tomado de la sustentación del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía.
44 Véase acta de sesión del 9 de septiembre de 2014 (récord 1:32:00, clip 2).