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Timestamp: 2018-05-20 23:11:47
Document Index: 42706340

Matched Legal Cases: ['artículo 763', 'artículo 21', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 2']

Menores Solos: octubre 2010
domingo, octubre 31
Protocolo sobre Inspecciones a Centros de Internamiento de Menores. Fiscalía General del Estado 2009
05 febrero 2009
Fiscalía General del Estado, Coordinador de Sala de Menores
Protocolo sobre Inspecciones a Centros de Internamiento de Menores
DISPONIBLE EN DRARI.Jurista@gmail.com
Fiscal de Sala Coordinadora de Menores FISCALIA GENERAL DEL ESTADO C/ Fortuny nº 4 28071 MADRID
PROTOCOLO SOBRE INSPECCIONES A CENTROS DE INTERNAMIENTO
1.1 Génesis del Protocolo
1.2 Doctrina de la Fiscalía General del Estado sobre inspecciones a Centros de Reforma.
1.3 Fuentes del Protocolo
2.- Periodicidad de visitas
3.- Objetivos de las visitas
4.- Visitas con aviso previo
5.- Visitas sin aviso previo
6.- Integrantes de la Comisión
7.- Visitas realizadas en comisión judicial
8.- Centros a visitar
9. Competencia territorial
10.- Inicio de la visita de inspección
11.- Acceso a los expedientes personales de los menores internados
12.- Entrevistas y comunicaciones reservadas
13.- Comunicaciones telefónicas
14.- Inspección de locales y dependencias e inspección de las habitaciones de los internos
15.- Entrevista con el Director del Centro. Otras entrevistas
16.- Algunos puntos concretos de interés para la actuación inspectora.
16.-1 Propuestas de modificación o cancelación de medidas
16.- 2 Control de la naturaleza de los centros
16.-3 Coordinación con otras autoridades o funcionarios con funciones inspectoras en los centros de internamiento.
16.-4 Aspectos disciplinarios
16.-5 Comprobación de la existencia de incentivos
16.-6 Comprobación del cumplimiento de las disposiciones sobre acumulación
16.-7 Comprobaciones en relación con el programa de tratamiento individualizado
16.-8 Comprobaciones en relación con el derecho a recibir enseñanza básica obligatoria y formación
16.-9 Comprobaciones en relación con la existencia de actividades de esparcimiento complementarias
16.-10 Traslados a centros penitenciarios
16.-11 Observación de los menores internados
16.-12 Medios de contención.
16.-13 Consulta de la normativa de funcionamiento interno.
16.-14 Inspección de centros socio sanitarios en los que se cumplan medidas privativas de libertad
16.-15 Menores internados en centros alejados de su domicilio
16.-16 Comprobación sobre el cumplimiento del derecho a la información del menor
16.-17 Asistencia religiosa
16.-18 Comprobación de que la medida de libertad vigilada se ejecuta sin solución de continuidad tras el internamiento
16.-19 Comprobación de los mecanismos de supervisión establecidos por las Entidades Públicas sobre los centros gestionados por entidades privadas
16.-20 Disposiciones sobre trabajo
16.-21 Comprobación de la existencia de servicios de atención a menores con toxicomanías o con enfermedades mentales
16.-22 Comprobación de la cualificación profesional de los educadores
16.-23 Comprobación de la adecuación entre el número de plazas y el número de menores efectivamente internados
16.-24 Aplicación de medidas en casos de riesgo para la salud
16.-25 Horarios
16.-26 Alimentación
16.-27 Asistencia médica
17.- Acta y expediente de la visita
18.- Propuestas de reformas generales
19.- Unificación de criterios
20.- Dación de cuenta a las Autoridades autonómicas, al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma y al Fiscal de Sala Coordinador de Menores
21.- Carácter dinámico de los protocolos
Publicado por Colectivo SocialyJusticia en 18:34
VIVA DRARI Xixón 30/10/10 foto de Javi BA
VIVA DRARI دراري
pintada en el puerto de Xixón
foto de Javi BA
DRARI دراري , en árabe magrebí del norte (Tánger), quiere decir xavals, nois, chicos, mozos, muchachos, rapazes, boys, moleques, mozalbetes, chicarrones, muchachotes, chavales, raparigos, ganàpies, hombrecitos, homenets, guajes, ...
Col•lectiu DRARI دراري d'Investigació Acció Participativa pels Drets de l'Infant
General <DRARI.Col.lectiu.IAP.Drets.Infant@gmail.com>
Juristes i casos de menors.Juristas y casos de menores <DRARI.Jurista@gmail.com>
Publicado por Colectivo SocialyJusticia en 13:35
DRARI <http://www.DRARI-Col-lectiu-IAP-Drets-Infant.blogspot.com>
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Publicado por Colectivo SocialyJusticia en 13:21
Cualquier programa de acogimiento de menores debe procurar que disfruten de una vida estable. Programa de desvinculación de la Diputación Gipuzkoa incluye familias de acogida y ayudas económicas hasta los 23 años
http://www.diariovasco.com/v/20101031/opinion/acogidos-familia-20101031.html
Acogidos en familia
Cualquier programa de acogimiento de menores debe procurar que disfruten de una vida estable
31.10.10 - 02:35 -
Gipuzkoa puso en marcha en 1999 un programa de acogida de menores que se complementó ocho años después con otro que contemplaba también la profesionalización de esta modalidad. En este momento, son 260 los menores que residen en familias de acogida dentro del territorio guipuzcoano. En este contexto, una cuarta parte de ellos cumple los 18 años en su casa de acogida y en tres de cada cuatro casos se quedan a vivir con ellos, algunos bajo el amparo legal de la adopción. Además, treinta jóvenes se encuentran en el denominado programa de desvinculación, que engloba un plan de ayudas de la Diputación Foral de Gipuzkoa para los jóvenes que cumplen la mayoría de edad.
Este cuadro estadístico pone de manifiesto la existencia de una realidad social en Gipuzkoa que no se puede obviar y cuya gestión depende de un esfuerzo compartido entre el departamento foral de Política Social y un número importante de familias guipuzcoanas comprometidas con la solución de este problema.
Cuando la institución foral y un juez dictaminan la retirada de la custodia a los padres biológicos, significa que existe un grave riesgo de desprotección del menor, que se han agotado ya otras fórmulas menos drásticas de intervención familiar, y que se está ante una situación de potencial desamparo que reclama una respuesta institucional. Por muy desestructurada que esté una familia, es evidente que para los padres es muy duro asumir que la tutela de sus hijos deba trasladarse a la Administración pública. Y esta circunstancia es la que condiciona la necesidad de actuar con especial sensibilidad, facilitando, como sucede en el caso de los menores guipuzcoanos acogidos, que la familia biológica no sea ajena a la vida de sus hijos mediante visitas o a través de un seguimiento por parte de los psicólogos que analizan su evolución.
Cualquier programa de acogimiento de menores debe fijarse como objetivo esencial procurar que los niños disfruten de una vida estable para facilitar su desarrollo personal de forma armónica. No obstante, cuando los periodos de acogimiento se alargan mucho en el tiempo, existe un cierto riesgo de colisión entre los intereses de la familia biológica y los del menor. Y afrontar esta delicada situación exige un considerable esfuerzo de responsabilidad, que compromete muy especialmente a la familia biológica.
http://www.diariovasco.com/v/20101031/al-dia-local/nueva-realidad-reto-acogida-20101031.html
Una nueva realidad en el reto de la acogida de menores
El programa de desvinculación de la Diputación incluye ayudas económicas hasta los 23 años
31.10.10 - 02:27 - A. A. | SAN SEBASTIÁN
Vidas como la de Nogaye y Sigrid demuestran que la acogida de un niño no termina con la mayoría de edad. Todo lo contrario. «Si tuviéramos que definir el acogimiento familiar con una sola palabra ésta sería permanencia», afirma Mónica López, del grupo de investigación sobre familia e infancia de la Universidad de Oviedo. Una cuarta parte de los menores cumple los 18 años en su casa de acogida y en tres de cada cuatro casos se quedan a vivir con ellos, algunos bajo el amparo legal de la adopción.
En la actualidad, treinta jóvenes se encuentran en el programa de desvinculación, el plan de ayudas de la Diputación de Gipuzkoa para los chavales que cumplen la mayoría de edad. Según explica el director de Infancia, Joxi Insausti, los jóvenes reciben una ayuda económica hasta los 23 años (la cuantía máxima es el 80% de la renta de garantía de ingresos, unos 600 euros), para que puedan cursar unos estudios superiores o iniciarse en el mundo laboral sin perder de súbito la protección foral, aunque ya no estén bajo su tutela. «Ningún menor se queda desprotegido cuando cumple la mayoría de edad», subraya Insausti.
El reto es seguir captando nuevas familias de acogida ya que, lamentablemente continúan en aumento los casos de niños apartados de sus padres por situaciones graves de desprotección como abusos, malos tratos o abandono.
Captar más familias
El sistema de acogida tiene la virtud de la estabilidad, «pero ese beneficio para los menores tiene una contrapartida», advierte López. «Las familias agotan su potencial acogedor en un solo episodio y no realizan más acogimientos».
Otro de los retos será la acogida de bebés de 0 a 3 años. El proyecto de Ley de Adopción Nacional y Acogimiento Familiar incluye el desalojo de los centros de menores entre 0 y 6 años para ponerlos bajo la protección de familias de acogida. «En los próximos años la sensibilización y captación de familias será clave para crear un banco de acogedores dispuestos a aportar su granito de arena por el bienestar de los niños», concluye López.
http://www.diariovasco.com/v/20101031/al-dia-local/hijos-corazon-20101031.html
Hijos de corazón
La mayoría de niños acogidos se queda en la familia cuando cumple 18 años. Nogaye y Sigrid eligieron este modelo de convivencia
31.10.10 - 02:32 - ARANTXA ALDAZ aldaz@diariovasco.com | SAN SEBASTIÁN
Acogida de menores
Familias: 260 menores residen en familias de acogida, un programa que se puso en marcha en Gipuzkoa en 1999 al que se sumó en 2007 el programa de acogimiento profesionalizado. Se trata de un modelo único en el que profesionales se encargan del cuidado de los menores más problemáticos, a cambio de un sueldo. La acogida del menor también puede asumirse por parte de un familiar directo, lo que se conoce como familia ajena.
Beroa: La asociación de familias de acogida Beroa se encuentra en el paseo Zarategi, en el edificio Txara I de Donostia.
Contacto: Teléfono 943245604 y correo electrónico 'asociacionberoa@hotmail.com'.
Programa de desvinculación: Ayudas económicas para personas que han estado bajo la tutela de la Diputación de Gipuzkoa y continúan viviendo en el domicilio de la familia acogedora tras la mayoría de edad. Las ayudas no pueden superar el 80% de la renta de garantía de ingresos y se conceden hasta los 23 años.
Tutela: Las familias de acogida pueden asumir la tutela de aquellas personas acogidas en las que concurre una causa de incapacitación prevista en el Código Civil.
Todos menores: La Diputación no cuenta con ningún caso de adopción de un acogido siendo mayor de edad, aunque sí se han tramitado adopciones de niños por parte de la familia acogedora.
FAMILIA LARRAÑAGA BLANCO HONDARRIBIA
«A nosotros nos tocó abrir el camino de la acogida y ahora nos toca pelear por esta nueva etapa»
NOGAYE HIJA DE LOS LARRAÑAGA BLANCO
«Tengo una madre biológica a la que veo, pero mis padres de verdad son ellos»
FAMILIA BAILADOR SERRANO ERRENTERIA
«Sigrid nunca ha sido una carga, todo lo contrario, ha sido un regalo para toda la familia»
Hace tiempo que la revolución familiar ha desmontado el concepto de hogar tradicional, entendido como aquel compuesto por un hombre y una mujer casados con la intención de tener hijos. Junto a esos modelos 'clásicos', que siguen siendo los mayoritarios, conviven los formados por padres y madres separados, divorciados, viudos, padres adoptivos, matrimonios homosexuales o parejas que comparten un mismo techo sin estar casados. El parentesco de los Larrañaga Blanco, sin embargo, no encaja con ninguna de estas etiquetas del complejo universo familiar.
Txema y Mari Jose tienen dos hijas biológicas, Andrea y Maeva, una familia de toda la vida a la que se unió hace ocho años el pequeño Iram, un espabilado niño que fue apartado de sus padres con 18 meses y que ellos acogieron para educarlo en el calor de un hogar. A la familia se ha sumado además hace escasos días otro menor, que reside en un piso de acogida de la Diputación de lunes a viernes y pasa el fin de semana con ellos. El rostro que falta para completar el retrato de este hogar hondarribitarra tan peculiar se llama Nogaye, tiene 21 años y se deshace en gestos de cariño hacia Mari Jose y Txema. Son sus padres, pero no son sus padres.
¿Y cómo se entiende esto? Nogaye llegó hace quince años a la familia Larrañaga Blanco de la forma en que se fraguaron muchos de los primeros acogimientos de menores desprotegidos en Gipuzkoa, «por casualidad»; pero un encuentro sin nada de particular cambió su vida para siempre. Tanto que, cuando la joven dejó de estar bajo la tutela de la Diputación al cumplir los 18 años, decidió quedarse a vivir en el hogar que le había brindado la oportunidad de crecer como cualquier otro niño de su edad. Muy pocos chavales acogidos, de hecho, inician un camino independiente tras alcanzar la mayoría de edad (13%) y sólo un 8% vuelve al hogar de la familia biológica, según cifra un estudio de la Universidad de Oviedo, elaborado por Jorge Fernández del Valle, Amaia Bravo y Mónica López, el equipo de profesionales que se encarga también de supervisar el correcto funcionamiento del programa de acogida de menores en Gipuzkoa.
La adopción del adolescente es una de las fórmulas legales para formalizar esos vínculos afectivos que se han ido construyendo de forma espontánea con el paso de los años, pero no todos los casos pueden acogerse a este trámite, bien porque no cumplen con los requisitos jurídicos requeridos bien porque simplemente no quieren prescindir de sus vínculos de origen. Nogaye, por ejemplo, mantiene contacto con su madre biológica y crece en una situación familiar singular. «Tengo una madre biológica, pero mis padres de verdad son ellos», define sin darle más vueltas. «Nosotros somos sus padres afectivos -interviene Txema como para intentar explicar este 'enredo' familiar-, y luego están sus padres legales».
Mayor respaldo legal
El único problema es que esa falta de cobertura jurídica les deja a menudo sin respuesta para trámites tan sencillos como solicitar una beca para la universidad. Nogaye, que estudia Educación, está a la espera de recibir el visto bueno a su solicitud después de «remover todo» para conseguir la ayuda. «Me piden la firma y documentos de mis padres, pero claro, es que mis padres no son mis padres legales», intenta justificar. Las familias piden a la Administración un mayor respaldo legal para sus hijos. «A nosotros nos tocó abrir el camino de la acogida y ahora nos toca pelear por este modelo de familia», sentencia Txema.
La familia Larrañaga Blanco recuerda como si fuera ayer el día en que conocieron a Nogaye. «Fue en una comida familiar hace ya quince años. Nos comentaron que una monja que estaba al frente de un piso de madres solteras necesitaba ropa de bebé para uno de ellos. El día en que llevamos a aquella casa todo lo que habíamos guardado coincidió con el cumpleaños de Nogaye, que vivía allí con su madre. La conexión fue inmediata. Tanto que Maeva, Andrea y la propia Nogaye terminaron la tarde de juegos a lágrima viva porque no se querían separar».
Al cabo de un año, cuando la Diputación determinó que la madre de Nogaye no estaba capacitada para quedarse al cuidado de la pequeña, surgió la oportunidad del acogimiento. «¿Y eso qué es?», preguntó Mari José «alucinada» cuando se lo propusieron por teléfono. La naturalidad con la que la cría, entonces de 7 años, se acopló al ritmo familiar borró los miedos que habitualmente ensombrecen esos primeros meses de conocimiento mutuo. Y así, poco a poco, todos juntos fueron superando problemas hasta convertirse en un hogar «como todos los demás».
Mari Jose y Txema dejan claro que la convivencia no ha sido un camino de rosas, al contrario, han tenido que «hilar muy fino, más que con nuestras hijas biológicas», para interpretar cualquier señal de alarma de los menores que tienen acogidos. A Nogaye, explican, le vino muy bien mantener la relación con su madre biológica, unas visitas al principio «traumáticas» para la familia que luego se convirtieron en una rutina más. Pero no fue hasta los 17 años cuando comprendió «de verdad» por qué había sido separada de sus padres. «Cuando le contamos la historia de su padre, fueron las cataratas del Niágara», bromea Mari Jose, que contagia su humor al resto de la mesa. «Pero entre todos hicimos piña: el colegio, el psicólogo, el médico y la familia, y conseguimos levantarla. No creas que por estar ahora tan feliz Nogaye ha llegado hasta aquí de forma tan fácil».
Cuesta imaginar también el durísimo pasado de Sigrid al verla ejercer de anfitriona junto a sus padres de acogida, Juan Miguel Bailador y María Luisa Serrano, una tarde de octubre alrededor de un café. Sigrid es todo sonrisas, como si quisiera aprovechar el momento más intrascendente para desprenderse del drama que le tocó vivir siendo muy pequeña. Lo de hablar se lo deja a sus padres, mucho más locuaces. «Teníamos relación con unas monjas que cuidaban de niños desprotegidos con quienes a veces íbamos a cenar o a pasar la tarde. Un buen día nos lanzaron la propuesta de acoger a uno de ellos. Nunca nos lo habíamos planteado porque ya teníamos dos hijos biológicos y nos dejaron un tiempo para madurarlo», evoca Juan Miguel. Cuando por fin se lanzaron y preguntaron por todos los trámites en Diputación, llegaron lo que Juan Miguel llama «los dolores del parto», el miedo de no saber «si íbamos a ser capaces de llevarlo adelante». Entonces conocieron a Sigrid, una niña de seis años y medio, «muy inquieta y nerviosa», a la que la vida no le había reservado la mejor infancia. Y no hubo vuelta atrás. Dicen que su historia ha sido «un milagro».
Tutela por discapacidad
Sigrid empezó a pasar los fines de semana en casa de los Bailador Serrano y a los meses se convirtió en «una más de la familia. Nunca ha sido una carga, sino un regalo. Todos nos volcamos con ella y mis hijos se portaron 'chapeau'», reconoce María Luisa. «El principio fue duro -admite Juan Miguel-, pero nos lo planteamos poco a poco y esa fue una de las razones del éxito». Siempre tuvieron claro, por ejemplo, que no querían romper los vínculos familiares de la pequeña. Su abuela materna, que le cuidó hasta que fue dada en acogida, sigue viéndola. Su madre biológica falleció y de su padre conserva algunas fotos en un álbum que se ha convertido en el único nexo en común, porque nunca lo ha conocido.
A los Bailador Serrano les ha tocado pelear para asegurar el futuro de su hija. A los doce años a la cría le fue reconocida una discapacidad psíquica del 23% que luego fue elevada al 33%. «Ese fue el momento en que empezamos a pensar en su futuro, cuando ya no estuviera bajo la tutela de la Diputación», cuenta Juan Miguel. Seis meses antes de que cumpliera la mayoría de edad, se dirigieron directamente a la entonces diputada de Política Social, Esther Larrañaga, a quien escribieron una carta solicitando una fórmula legal para que el acogimiento no terminara con los 18 años debido a la discapacidad que padece. El juez determinó que Juan Miguel y María Luisa asumieran la tutela de Sigrid, una resolución inédita en Gipuzkoa que a todos convenció. «Ella sabe que no somos sus padres legales, pero a los efectos sí. Yo le digo siempre que tiene unos padres de sangre y otros de corazón. Nosotros le queremos igual que a nuestros hijos. ¡Es que es nuestra hija!», resuelve María Luisa antes de lanzarle una sonrisa a Sigrid que no tarda ni un segundo en devolver el gesto.
«Un milagro». La familia Serrano Bailador junto a su hija Sigrid, a quien rescataron de una dura infancia. :: NAGORE IRAOLA
En pocos meses Sigrid pasó a ser una más de la familia. :: IRAOLA
«Padres afectivos». Nogaye, aunque vive con los Larrañaga Blanco, todavía mantiene contacto con su madre biológica. ::USOZ
Publicado por Colectivo SocialyJusticia en 10:45
Denuncien concentraciones xenófobes delantre del Materno-infantil d'Uviéu
http://infoasturies.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9044:denuncien-concentraciones-xenofobes-delantre-del-materno-infantil-duvieu-&catid=76:socieda&Itemid=73
Sábadu, 30 de Ochobre de 2010 16:01
Ficieron fotos al centru y a los menores
El Coleutivu Social y Justicia denuncia que demientres dellos díes d'esta selmana hubo concentraciones delanter del Materno-infantil d'Uviéu convocaes pol partíu facista español Democracia Nacional. La última foi esti vienres y nelles reparten panfletos, "concentrándose delles personas con Pancartas y megafoneando esloganes xenófobos". El coleutivu denuncia que los facistes ficieron fotos a los menores y del centru onde residen menores de 0 a 18 ensin que la policia española que taba presente ficiere nada.
Social y Justicia esplica que los concentraos glayaben consignes "culpabilizando a los inmigrantes de la inseguridá ciudadana, del deterioru de la calidá de vida de les ciudaes d'Asturies" y pidiendo "la repatriacion masiva de los inmigrantes sean menores o mayores d'edá".
Ayeri, según esplica'l coleutivu, "ficieron fotogradíes del centru y de los menores" y denuncien que la policia española, que taba presente, "nun fizo aicion dalguna que torgare estos fechos delantre d'un centru onde residen menores de 0 a 18 años", tanto asturianos como d'otros oríxenes.
Denuncien concentraciones xenófobes delantre del Materno-infantil d'Uviéu — Naves 31-10-2010 10:16
El BLOQUE POR ASTURIES PIDE A TREVÍN QU´ACTÚE URXENTEMENTE CONTRA UNA CONCENTRACIÓN XENÓFOBA
La organización d´estrema derecha Democracia Nacional convocó una concentración pa les 19:45 delantre´l Centru Maternu Infantil.
El Bloque por Asturies pide a la Delegación del Gobiernu español n´Asturies qu´actúe inmediatamente pa que la estrema derecha nun esparda´l mensaxe d´odiu contra los neños inmigrantes y nun permita la concentración convocada por Democracia Nacional delantre´l Centru Maternu Infantil.
Otra vez más la estrema derecha apunta contra los inmigrantes col so discursu demagogu y oportunista col fin de criminalizar a esti sector de la población como si fueren los culpables de tolos males que pasen n´Asturies y n´Europa. Detrás d´esta estratexa escóndese la necesidá de confundir a la población y que nun se sepa quienes son de verdá los culpables de la crisis, y quienes les víctimes independienteme nte de la nacionalidá.
L´oportunismu xenófobu d´estos grupos d´estrema derecha, como Democracia Nacional, aprovecha´l discursu de confusión y falsa criminalización de los inmigrantes, qu´organizacion es polítiques como´l Partido Popular faen por meter nos debates sociales, económicos y políticos.
Hai tres años en Madrid, enantes d´una concentración de Democracia Nacional un militar profesional asesinó a Carlos Palomino y ta condenáu a más de venti años de carcel. Por desgracia esta nun ye la escepción y munchos de los miembros d´esti partíu fueron condenaos pola xusticia por agresiones.
Agradecemos la so difusión, Asturies, 29 d`ochobre de 2010
Publicado por Colectivo SocialyJusticia en 10:44
sábado, octubre 30
"A menos cuatro grados, en Galapagar, nos sacaban desnudos al patio y nos enchufaban agua fría con la manguera"
http://www.gentedigital.es/blogs/pendientes/36/blog-post/7894/a-menos-cuatro-grados-en-galapagar-nos-sacaban-desnudos-al-patio-y-nos-enchufaban-agua-fria-con-la-manguera/
Santiago, junto a Juan Carlos y Jose Antonio·Fotografía: Chema Martínez
Comienza la proyección, apago el móvil. Las primeras escenas me dan una idea de lo que me espera. En diciembre de 2009, Amnistía Internacional pone sobre la mesa el informe 'Si vuelvo, ¡me mato!', que denuncia la violación de derechos humanos en centros terapéuticos de menores. Posteriormente -hace un mes-, la ONG publica la segunda parte del estudio, analizando la pasividad de la Administración, que nada hace, de momento, para garantizar la protección de estos niños.
Los créditos iniciales me presentan a los protagonistas. Sin embargo, y aunque se ha intentado minimizar por todos los medios las denuncias que han recaído sobre estos lugares en los últimos años, madres, hijos y trabajadores, todos ellos víctimas de este 'descuido' continuo, siguen dando la cara para que sus casos no se olviden, y para que nadie vuelva a pasar por los que ellos un día pasaron.
Quiero imaginarme que lo que escucho pertenece a una buena película de cine social, escrita por Fernando León de Aranoa o Ken Loach. Pero la interpretación de los actores sería sospechosamente talentosa. Entra en escena Juan Carlos, de 20 años. Vivió poco más de un año en 'Hogar Galapagar', centro madrileño al que él mismo denunció por maltrato, junto a otros tres supervivientes y un testigo:
"En pleno invierno, a menos cuatro grados, en la sierra de Galapagar, nos sacaban desnudos al patio y nos enchufaban agua fría con la manguera. Y porque ellos querían. En ese centro ha habido hasta abusos sexuales a chicas por parte de los trabajadores, o palizas a niños de 7 u 8 años", cuenta en primer plano.
Jose Antonio, que tiene la misma edad, residió tres años y medio en el mismo centro:
"Mi estancia fue como estar en una cárcel, no había actividades, los educadores nos contenían cada dos por tres, haciéndonos daño... Pero lo peor que he visto fue una niña de 15 años que se intentó tirar por un balcón porque estaba desesperada y pensaba en suicidarse. O una paliza de un educador a un niño de 11 años por robar en un colegio".
Me remuevo en la butaca. Cuesta escuchar.
"¿El peor día que recuerdo? Era el cumpleaños de un compañero. Vino un educador. Le pregunto si le habían comprado el regalo. Contesta que no. De broma, entre nosotros, le digo al que estaba de cumpleaños: 'No te han comprado el regalo'. Me responde: 'Déjame en paz'. Le replico: 'Déjame tú'. Él sigue: 'Me cago en tu puta madre'. Y yo continúo: 'Me cago yo en la tuya'. Entonces vino Antonio, el vigilante, 'el Puertas', me pegó un empujón contra el sofá, y me amenazó: 'Como no te tranquilices, te vamos a tener que contener, tirarte al suelo y llevarte a la cama para atarte'. Y así ocurrió. Me tiraron al suelo, me subieron los brazos, me sujetaron las piernas, me arrastraron hasta la habitación y me ataron. Así estuve toda la noche, y al día siguiente no me dejaron ir al instituto", explica J.C.
Nudo en la garganta. Demasiada violencia en el guión.
"Era algo normal, nos insultaban, nos pegaban, nos daban medicación forzosa, sin informarnos, se ponía un niño nervioso y enseguida lo echaban al suelo... Y yo he ido a la Comunidad de Madrid a denunciarlo, pero no te hacen ni caso. También visité al Defensor del Pueblo, hablé con la secretaria, le avise: 'tenéis que ir a este centro'. Pero te responden que no es para tanto, que están informados, que realizan visitas...", continúa J.C.
La trama avanza y nos presenta a una nueva víctima.
Se llama Santiago, es psicólogo, y en 2007 trabajó en uno de los primeros centros terapéuticos denunciados y cerrados en Madrid: 'La Jarosa'. Nos revela que en 2009 hubo ni más ni menos que 48 bajas de trabajadores en otro centro que todavía permanece abierto, a pesar de las denuncias, el de Picón de Jarama (Madrid):
"En La Jarosa me encontré un centro que olía mal, con pesonas que no sabían como tratar a adolescentes con problemas, con un nivel de violencia muy alto, con prácticas impensables. Por ejemplo, una persona -que no era médico ni enfermera-, al ver a un niño nervioso le introducía sedantes en la leche. También se producían castigos en celdas de aislamiento, donde un niño podía estar hasta tres días. Pero, sobre todo, lo más grave era la situación de indefensión en la que se encontraban unos chavales que en teoría estaban siendo protegidos. Lo puse en conocimiento del Defensor del Pueblo, y una semana después se cerró, pero lamentablemente todos los chavales fueron trasladados a Paracuellos de Jarama, al centro de Picón de Jarama, que pertenece a la misma empresa".
El film nos aclara ciertos conceptos que quizás desconocemos.
¿Qué es un centro de menores?
"El término centro de menores es muy confuso. Pensamos en un reformatorio, un lugar donde van chavales que han cometido delitos, pero también hay centros a donde van niños sin familia, con padres toxicómanos, o presos en la cárcel, o que no quieren vivir con ellos. Los centros que ha denunciado Amnistía pertenecen a este tipo", añade Santiago.
¿Cuánto cuesta 'proteger' a cada uno de estos niños?
"Dinero hay. La consejera de la Comunidad, Engracia Hidalgo, confesó que entregaba a estas empresas unos 5.000 euros por niño, pero no se invierte en las familias, sólo cuando el niño está en una situación extrema. Cuando sacamos a una persona de su entorno, y le introducimos en una institución de este tipo, ya le estamos poniendo en riesgo. No es lo mismo que estén en un entorno familiar, que en un edificio masificado, con rejas, celdas de aislamiento, seguridad... Y la Comunidad habla de un 85% de resinserción, pero a mí me gustaría saber cuántos de estos chicos tienen el graduado, cuántos hay indigentes, ejerciendo la prostitución, en prisión... Quizás las cifras sean muy altas y no nos las dan por eso", afirma el psicólogo.
"Haciendo el cálculo, partiendo como mínimo de los 3.800 euros por niño que ha dicho el Defensor del Pueblo concede la Comunidad, la inversion pública en estos dos chicos -Juan Carlos y Jose Antonio-, ha supuesto unos 320.000 euros", concluye.
¿Qué futuro les espera a los protagonistas?
Juan Carlos salió de 'Hogar Galapagar' sin la ESO y no tiene trabajo. Jose Antonio sí salió con la ESO, aunque estuvo un año sin escolarizar.
"Va a ser muy difícil que salgan hacia adelante. Salen con miles de euros de inversión, pero no pueden trabajar ni en un supermercado", analiza Santiago.
"Se han beneficiado únicamente ellos, el dueño del centro, recibían un dinero y en nosotros invertían lo mínimo, en comida, ropa... Ni siquiera 500 euros al mes, de esos 3.800. En tres años me compraron unas zapatillas y un pijama", confiesa J.A.
J.C. y J.A. hablan de Nacho, el director del centro, constantemente. Y recuerdan las inspecciones de la Comunidad, que siempre avisaba con tiempo de sus visitas: "nos llevaban de excursión, disimulando, para aparentar que todo iba bien, y no te dejaban hablar con ellos. Era imposible contarles lo que vivías allí", dice J.C.
Tercera víctima
Ángel Alonso Pozo, de 18 años, vivió en el ya mencionado centro de Picón de Jarama alrededor de un año y medio:
"Lo peor es la impotencia que sientes cuando están haciendo una contención y no te puedes meter. Aunque el peor castigo era estar un mes sin salir, o 24 horas en un cuarto, encerrado, sin ir al patio. Eso si hacías algo leve, y hasta una semana si cometías una falta gorda, como amotinarte. A mí me dislocaron un hombro en una contención, y me lo hizo un educador, que en teoría no puede. No me llevaron ni al médico, y me lo tuve que colocar yo mismo. Más cosas... Si te negabas a algo, limpiabas el patio o hacías otro trabajo para el centro, tareas para las que ya había personas asignadas".
Violaciones. Vuelven las agresiones. Cierro los ojos.
"Hay gente que dice que la situación ha cambiado, pero sigue habiendo contenciones, sala de reflexión...Y me han dicho que han echado a un vigilante por violar a una menor. Le han expulsado y eso es todo, pero no se ha hecho justicia".
Estoy enganchada, pero miro el reloj. Entra un nuevo personaje.
Se llama Noelia y es educadora social. Trabajó en distintos centros de menores, uno de ellos el de El Escorial, que es la misma compañía que gestiona 'Hogar Galapagar', la empresa de salud mental 'Consulting':
"No llegué al año de estar allí. La gota que colmó el vaso fue un fin de semana que yo no había trabajado. Cuando volví, me enteré de que le habían dado una paliza a dos niñas de 16 años, con un palo. Me las encontré llenas de moratones. Nos lo contaron porque dos días después venía la Comunidad, y preparaban una excursión para que las chicas desapareciesen ese día. Era un sábado por la mañana, una de ellas se despertó muy temprano, se levantó, hizo ruido, despertó a este hombre, al agresor, y él empezó a pegarle. La compañera le defendió, y entonces él descargó también su ira contra ella. En este centro siempre había insultos, humillaciones, medicación... Mucho maltrato, de todo tipo".
Nueva dosis de maltrato.
"Y debido a ese maltrato se están creando delincuentes y toxicómanos, porque esa rabia tiene que salir por algún sitio. Meten a todos en el mismo saco, y a niños que los han sacado de sus familias por un problema de maltrato, por ejemplo, los ponen hasta arriba de pastillas. Recuerdo a una niña de siete años, sentada en una silla, no se podía mover porque le habían subido la medicación. Estaba babeando, con los ojos en blanco. Se me cayó el alma a los pies. Otra vez, por un exceso de medicación, tuve que llevar a un niño de 17 años a urgencias con mi coche, porque ni movía la mandíbula, le habían puesto hasta arriba de pastillas también. Era totalmente frecuente. Otros niños se pasaban durmiendo el día entero. Y lo peor era la falta de preparación de la plantilla. La misma persona que cuidaba a los tres mayores, por ejemplo, se encargaba de mantenimiento y de hacer la compra".
Nada se mueve en la sala. Hablan las madres.
Marta es madre de acogida de una niña que ahora tiene 18 años. La sacó de Picón hace cuatro años, porque la conocía y porque no estaba en las mejores condiciones. "Me la encontré medicada, sin escolarizar, muy deprimida… Ella no quería estar allí, se autolesionaba, como otros muchos, porque no tenía actividades, no iba al colegio. Estamos yendo al psicólogo todavía. Fue maltratada, tenía el cuerpo lleno de golpes en una salida. Les encerraban en una habitación sin derecho alguno, ni siquiera a ir al baño. También le quitaban el colchón a modo de castigo, a ella y a su compañera de habitación, para que no durmiesen juntas. Y cuando la recogí no me dieron nada, sólo una tableta de pastillas, pero no tenía ningún diagnóstico, no sabía qué tenía".
Marisa Garro Martín tiene dos hijos, David (14) y Diego (11). El primero se encuentra en estos momentos ingresado en el centro de menores Picón de Jarama, y el segundo lleva tres cursos en otro centro, en Berzosa del Lozoya (Sierra Norte de Madrid), porque tiene un trastorno de hiperactividad. David duerme allí desde el pasado mes de julio. Antes estuvo en un centro de Leganés, de lunes a viernes, después de que su madre solicitase una guarda. Pero empezó a autolesionarse al verse encerrado. De ahí fue al Gregorio Marañón, y de allí a Picón, después de que su padre denunciase a su madre por abandono, y después de que la Comunidad de Madrid le quitase la tutela a Marisa.
"Mi hijo me dice que le saque de allí, que no aguanta más, y que va a hacer algo. Tiene sólo una hora de patio, no le ponen a estudiar, tan sólo hace jardinería una hora por la mañana. No les hacen ni caso. No le dejan salir fuera a estudiar porque tiene que pasar unas fases o algo así. Lo aislan completamente. Además, al principio le hacían muchas contenciones, me lo contaba por teléfono y me cortaban las llamadas. Le dolían hasta los hombros, de cogerle entre tres o cuatro educadores. Mi hijo me llegó a decir que llevaba calzoncillos de cuatro días, la ropa se la dan contada... y eso no lo puedo permitir. Todos los días hablo con él por teléfono y me pregunta cuánto le queda".
El día de su traslado a Picón, Marisa pidió al director que le enseñasen el centro para saber dónde viviría su hijo, nada más llegar allí, pero se lo negó.
"En un cuarto pequeño, con la cama atornillada al suelo, una puerta muy gruesa, una ventanita... Así estuvo una vez desde por la noche hasta el día siguiente, y eso es inhumano, no se le puede hacer a una criatura. Y sólo por contestar o por no cumplir los objetivos de los educadores. Están todo el día adormilados con la medicación, y lo veo excesivo. Salen peor, y aprenden cosas que no tienen que aprender, porque mezclan a unos niños y a otros".
Lo ve una vez a la semana. Se queja de que las visitas a casa estén sumamente controladas por los educadores que acompañan a David. También de que no tiene coche, y tiene que arreglárselas para ver a uno y a otro, ya que sus hijos se encuentran en centros separados.
"Entiendo que un chaval no puede estar solo en casa tantas horas, pero también es cierto que pueden ponerme un asistente en casa, alguien que me ayude, con todo ese dinero que paga la comunidad de Madrid por cada uno de ellos, o sino que lo manden a un centro de día y que por la tarde pueda volver a casa. He pedido informes médicos, escolares... y no me dan nada".
"A mi hijo Diego también le han hecho muchas contenciones, le han cogido por el cuello, le han tirado al suelo, le han subido los brazos hasta la nuca. Diego tampoco quiere estar allí, echa de menos su casa. Ha visto hasta niños con escayola después de las contenciones. Mis hijos no se merecen estar ahí. Les ha condenado a ellos y a mí".
El desenlace. Hora de pedir cambios.
Jose Antonio: "Que contraten a gente titulada para trabajar en los centros de menores".
Juan Carlos: "Salí muy mal viendo lo que me hacían a mí y a mis compañeros, necesité tiempo, y sigo yendo al psiquiatra para superarlo".
Santiago: "Debería intervenirse en los propios barrios de esos niños, llevar a alguna persona a su casa, a su familia".
Ángel Alonso: "Sólo pido que se cierren estos centros, o que se intente cambiar a la gente que está dentro".
Noelia: "Yo le diría a la Comunidad de Madrid que no deje estos centros en manos de empresas privadas con ánimo de lucro. ¿Por qué no ven la despensa cuando visitan estas residencias para comprobar qué alimentación tienen los niños?. Era penosa, unos críos en edad de crecimiento con una dieta a base de fritos. ¿Por qué no abren el armario para ver la ropa que tienen? La que vestían era la que donábamos nosotros. Y las instalaciones también dejaban que desear, no era un centro cálido, sino destartalado...".
Marta: "Si se hacen cargo de ellos, que lo hagan de verdad. Me gustaría saber cómo llegan a estos centros, si hay algún juez que lo dictamine. También orqué están medicados, y si hay alguien al que se le haya dado el alta terapéutica y se lo hayan dado a sus padres antes de los 18".
Marisa: "Entiendo que tenga que haber centros, pero de otra manera. Solicité una ayuda a los servicios sociales y me han condenado. Quiero que me ayuden, pero no así, porque mi hijo no es un niño problemático".
Se encienden las luces, pero los actores no se han ido. Aquí están, sentados junto a mí, en esta particular sala de proyección, cada uno en su butaca, esperando a la señora 'Justicia', tratando de olvidar los golpes y de borrar las crueles escenas que un día vieron sus ojos.
Publicado el 27 de octubre de 2010 a las 13:00
Publicado por Colectivo SocialyJusticia en 22:57
"La Policía no puede controlar todo el mar", dice Othman, de 16 años. La vida en España, a cobijo de los educadores sociales
http://www.alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=15&t=44227&start=0
La vida en España, a cobijo de los educadores sociales
MARÍA SERRANO - CÓRDOBA - 22/11/2009 18:29
Viajar durante 36 horas en una patera hacia la costa española es para muchos chicos de Marruecos algo absolutamente normal. "Es como ir a la estación de autobuses, todo el mundo sabe a qué hora sale la siguiente". Salir sin miedo y con mucha fuerza fue la receta que le funcionó a Mohamed cuando, con sólo 14 años, decidió emprender el viaje. Su hermano, mayor de edad, le ayudó a ahorrar los 800 euros que costaba cruzar el Estrecho. Sabían que un menor podía ingresar en un centro y obtener con el tiempo el permiso de residencia. Hoy, tres años más tarde, vive junto a otros siete chicos en un centro de menores, gestionado por la Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC).
Othman (16 años) es otro de esos chicos. Llegó a la costa de Almería junto a 73 marroquíes desde Nador, a 200 kilómetros del Estrecho. "Tardamos 23 horas y cuando llegamos estuvimos sentados en la playa. Sólo teníamos frío y, sobre todo, miedo, porque aunque sabíamos que la Policía no podía controlar todo el mar llegábamos a un sitio desconocido, donde empezaba una nueva vida".
"La Policía no puede controlar todo el mar", dice Othman, de 16 años
Esa nueva vida, en el centro de menores, es muy parecida a la de "cualquier niño de aquí". Recoger la mesa o hacer su cama son algunas de sus tareas diarias. Zhora, la cocinera y para ellos la "mamá" de la casa, los ayuda en las labores de limpieza. "Le tenemos mucho respeto y cuando acabamos de hacer lo que nos pide, unos vamos a los talleres y los más pequeños al colegio",comenta Othman.
Zhora los conoce a la perfección. De origen marroquí, lleva más de 15 años en España, pero aún no tiene la nacionalidad, e intenta siempre que puede preparar platos de la tierra para ellos, como si estuvieran en familia. En la de Mohamed son más de 10 personas y todos viven juntos. Una imagen que añora al recordar que sólo puede hablar siete minutos a la semana con ellos. "Pero quería salir de allí, ayudar a mi familia, y veía España como el paraíso, que para mí es un lugar donde hay muchos árboles", añade Mohamed.
"En este centro buscamos ser una familia, para que todos se sientan arropados. No queremos un lugar con normas estrictas, como si fueran chicos peligrosos", explica Natxo Andrío, director del centro. Cada institución tiene unas características específicas que marcan el régimen de permanencia de los menores, aunque la saturación obliga a modificar la norma. Una treintena de menores llegan al mes a estas casas y "no hay forma de ubicarlos", señala Andrío. "Los chicos no pueden estar más de tres o cuatro meses en esta casa, al ser de acogida inmediata, sin embargo, el último menor que se marchó estuvo 14 meses conviviendo con nosotros", añade.
Recoger la mesa o ayudar a hacer la comida son algunas de sus tareas
Talleres por escuelas
Mohammed y Othman llevan, respectivamente, cinco y siete meses viviendo en el centro. Ambos llegaron a Córdoba tras haber trabajado durante más de dos años en los invernaderos de Almería. Una primera parada que recuerdan con mucha dureza. "Teníamos que trabajar para mandar dinero a la familia antes de entrar en un centro", relata Mohamed. "Les tenemos que formar en algo que les permita competir en el mercado de trabajo y los que llegan con 14 años no pueden entrar en el instituto porque no es la mejor salida", señala el director.
Los talleres son el mejor sustituto a la enseñanza tradicional, aunque la duración de los cursos, de tan sólo un mes o tres semanas, no les permite aprender un oficio con todos sus matices. "Yo quiero ser chapista", dice Mohamed. Ha realizado muchos más cursos: un programa de jardinería, otro de atención de personas mayores... Con 12 años, ya trabajaba en el campo, en BeniMellal, la zona rural del centro de Marruecos de donde proviene.
"Sin permiso de residencia van directamente a la calle", dice Andrío
Othman, con un español más escaso, intenta explicar también su vida en los alrededores de Casablanca. "Trabajaba de carpintero, en la pintura, en todo lo que podía". Ahora, los talleres le permiten formarse en la construcción, en el acabado de fachadas de edificios. A su corta edad no piensa en ir al cine o salir por la noche. El ocio es un plan secundario frente a la tarea de "trabajar para salir adelante".
Su objetivo es conseguir el permiso de residencia. A Mohamed le quedan menos de siete meses para cumplir los 18 años y puede que la tarjeta de residente no llegue a tiempo al ser un trámite demasiado lento en la mayoría de los casos. El director lucha con todas sus fuerzas para hacerlo posible: "Sin el permiso se convertirán en irregulares, que no tienen más oportunidad que la de volver a su país de la misma forma en la que vinieron".
"Al cumplir los 18 no hay nada que hacer. Van directamente a la calle", zanja Andrío. Mohammed sabe que es complicado encontrar un trabajo en tan poco tiempo, conseguir los papeles y ahorrar un dinero para poder irse a un piso de alquiler con otros chicos cuando salga. AOthman le quedan dos años.
Los chicos superan el periodo máximo de estancia en el centro
Al final de la tarde, los dos chicos salen a la calle a pasear. Para ellos no es lo más habitual. Mucho menos hace tres años, cuando aún estaban al otro lado del Estrecho. Ahora, a este otro lado, el rostro delgado de Othman se contiene, como si no fuese real su nueva vida.
Publicado por Colectivo SocialyJusticia en 21:51
Bloque por Asturies pide a Trevín que impida la celebración de una concentración de Democracia Nacional por "xenófoba"
ANTE EL MATERNO INFANTIL
El Bloque por Asturies ha pedido a la Delegación del Gobierno español en Asturias que actúe inmediatamente para que "la extrema derecha no difunda su mensaje de odio contra los niños inmigrantes y no permita la concentración convocada por Democracia Nacional delante del Centro Materno Infantil".
EUROPA PRESS. 29.10.2010
En una nota prensa, ha señalado que "otra vez más la extrema derecha apunta contra los inmigrantes con su discurso demagogo y oportunista con el fin de criminalizar a este sector de la población, como si fueran culpables de todos los males que pasan en Asturias y en Europa". Detrás de esta estrategia "se esconde", según el Bloque, "la necesidad de confundir a la población y que no s
En una nota prensa, ha señalado que "otra vez más la extrema derecha apunta contra los inmigrantes con su discurso demagogo y oportunista con el fin de criminalizar a este sector de la población, como si fueran culpables de todos los males que pasan en Asturias y en Europa". Detrás de esta estrategia "se esconde", según el Bloque, "la necesidad de confundir a la población y que no se sepa quiénes son de verdad los culpables de la crisis, y quienes las víctimas independientemente de la nacionalidad".
Para la organización "el oportunismo xenófobo de estos grupos de extrema derecha, como Democracia Nacional, aprovecha el discurso de confusión y falsa criminalización de los inmigrantes, que organizaciones políticas como el Partido Popular hacen por introducir en los debates sociales, económicos y políticos".
Recuerda además la nota que "hace tres años en Madrid, antes de una concentración de Democracia Nacional un militar profesional asesinó a Carlos Palomino y está condenado a más de veinte años de cárcel". "Por desgracia, esto no es la excepción y muchos de los miembros de este partido han sido condenados por la justicia por agresiones", concluye el comunicado.
e sepa quiénes son de verdad los culpables de la crisis, y quienes las víctimas independientemente de la nacionalidad".
http://www.20minutos.es/noticia/858644/0/
Publicado por Colectivo SocialyJusticia en 15:59
Noemí Martín: «No se sabe si los agresores son de nuestros centros
Ch. N.
La consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, insitió ayer en que las críticas formuladas contra la red de centros tutelados para menores del Principado, en relación a la agresión sufrida por un joven en la noche del sábado al domingo en el barrio de San Lázaro, carece de base, al no haber ningún informe de la Policía que ligue este ataque con los menores que dependen de los centros del Principado. «No hay ninguna novedad», explicó Noemí Martín en la Junta General del Principado a preguntas de los periodistas. «Estamos coordinados con la Policía Nacional, que son los que tienen que darnos toda la información que obre en su poder». «Pero por lo que se conoce», siguió la Consejera, «es una agresión ocurrida puertas afuera de los propios centros del Principado». «Así», siguió, «no sabemos si son menores tutelados por nosotros o no». La Consejera aprovechó la oportunidad para recordar que igual que existen menores tutelados por el Principado también hay «mayores de edad no tutelados e incluso menores tutelados por otras comunidades autónomas que se desplazan hasta aquí». En esos casos, insistió Noemí Martín, «nosotros los devolvemos irectamente a sus ciudades de origen».
http://www.lne.es/oviedo/2010/10/26/oviedo-noemi-martin-agresores-centros/985404.html
Publicado por Colectivo SocialyJusticia en 15:57
Vecinos del Parque de Invierno y Foncalada destapan más casos de menores conflictivos
Jóvenes esnifando disolvente cerca del centro de Los Pilares, en Oviedo. archivo
Noemí Martín: «No se sabe si los agresores son de nuestros centros». Oviedo
El caso del joven que sufrió una paliza en San Lázaro en la noche del sábado a manos de menores marroquíes, según su denuncia, sigue provocando reacciones en diversos colectivos vecinales que se suman a esta denuncia y ven en el problema de la integración del colectivo inmigrante tutelado por el Principado un problema generalizado de conflictividad y delincuencia en la ciudad.
La nueva Asociación Vecinal Amigos del Parque de Invierno quiso manifestar ayer a través de un comunicado «su gran preocupación y su total rechazo a los continuos robos, agresiones y violencia que se vienen produciendo en Oviedo y con mayor incidencia en la zona del Parque de Invierno y sus zonas limítrofes por menores de edad acogidos bajo tutela en el Materno Infantil situado en el propio parque».
Los vecinos agrupados en esta asociación acusan al Principado de defender «con palabras muy bonitas la acogida de estos menores» pero no hacer «efectiva» su tutela, «que deja mucho que desear», añaden. «¿Qué control tienen sobre estos chicos y qué libertades les dan a unos menores que a las seis de la madrugada campan a sus anchas y de manera indiscriminada roban, asaltan y palizan a quien se cruza en su camino?», se preguntan los vecinos del Parque de Invierno.
La asociación insiste en que «se están produciendo constantemente hechos lamentables y no podemos esperar a que ocurra uno de consecuencias irreparables para tomar cartas en el asunto. Creemos además que el sitio en el que están ubicados es el menos indicado al estar en el mismo recinto donde hay niños y bebés y en el entorno del parque donde pasea mucha gente mayor a los que ya dieron muchos disgustos, exigiéndoles dinero a modo de peaje en lo que parece ser su territorio». En su despedida, exigen al Principado que intervenga de forma urgente para evitar que «la tutela de estos menores sea un auténtico peligro y riesgo para los ciudadanos».
La asociación Entorno de Foncalada también quiso ayer sumarse a estas denuncias y, a través de portavoces de su directiva, aseguró que con fecha anterior a que se produjera la agresión en San Lázaro ya habían presentado escritos al Principado denunciando conflictividad en la zona y exigiendo medidas. Los vecinos de Foncalada aseguran que grupos de menores cuya tutela dependería supuestamente del Principado ocupan a diario hasta las cuatro o cino de la madrugada la plaza próxima a la casa de Doña Urraca, y que en su mayor parte proceden de dos pisos de acogida existentes en el barrio.
A pesar de que fuentes de la Consejería de Bienestar Social negaron que dispusiera en la actualidad de ningún piso ni centro en la zona, la denuncia de otra chica, agredida por un menor marroquí el pasado verano, apunta también a esta supuesta casa de acogida de Foncalada como otro centro de conflictividad.
La joven, que prefiere no revelar su identidad, regresaba a casa con una amiga en la noche del 7 al 8 de julio, a las tres y media de la madrugada, cuando fueron golpeadas por la espalda, cayeron al suelo y sendos menores se lanzaron sobre sus bolsos. La víctima sufrió una fractura en el hombro como consecuencia de la agresión y sigue todavía en rehabilitación.
La Policía logró recuperar su móvil y detener a su presunto agresor, un menor que vivía, asegura la denunciante, en un piso tutelado de Foncalada.
Tanto la joven ovetense como su amiga ya han prestado declaración y están a la espera de que se celebre el juicio. El presunto agresor se encuentra en el centro de Sograndio y en el momento de su detención acumulaba ya una hoja de antecedentes plagada de delitos menores.
La joven y su madre piden también cuentas al Principado a la hora de entender cómo «un menor con antecedentes puede estar sin vigilancia y andar por la calle a esas horas». Madre e hija aseguran que la nula conflictividad en las calles de Oviedo se está convirtiendo en un «problema serio» por culpa de los problemas derivados de la tutela de ciertos grupos de menores.
La madre de la joven agredida llegó, incluso, a plantearse la creación de una plataforma ciudadana que aglutinara a todos los que han sufrido de alguna forma la violencia y la conflictividad de los menores que dependen de la red de centros de tutela y acogida del Principado. En la actualidad, y después de la agresión a un joven en San Lázaro el pasado fin de semana, está dispuesta a ponerse en contacto con asociaciones vecinales para tratar de remediar «esta sensación de impotencia».
http://www.lne.es/oviedo/2010/10/26/vecinos-parque-invierno-foncalada-destapan-casos-menores-conflictivos/985403.html?pCom=2#EnlaceComentarios
Publicado por Colectivo SocialyJusticia en 15:55
Concentraciones de Democracia Nacional delante del C. Materno-Infatil de oviedo
Durante varios dias de la presente semana se han organizado concentraciones delante del Materno-infantil de oviedo convocadas por Democracia Nacional. En las mismas , la última ayer viernres, se reparten panfletos, concentranadose varias personas con Pancartas y megafoneando esloganes xenofobos en los que se pide culpando a los inmigrantes de la inseguridad ciudadana, del deteriorioro de la calidad de vida de las ciudades de Asturias ( más en concreto de oviedo), asi como pidiendo la repatriacion masiva de los inmigrantes sean menores o mayores de edad. Ayer además se realizaron fotografias del centro , asi como de los menores. La policia nacional, que estaba presente, no realizo accioon alguna que impidiese estos hechos delante de un centro donde residen menores de 0 a 18 años( tanto de origen extranjero como nacionales)
OVIEDO / VIOLENCIA INMIGRANTE
Los vecinos de San Lázaro sufren problemas diarios con menores del centro de acogida
La presidenta de la asociación vecinal amenaza con movilizaciones tras la brutal paliza a un joven en el barrio en la noche del sábado
Nuestros Militantes de San Lazáro en campaña.
Los vecinos del barrio de San Lázaro salieron ayer en apoyo al joven que en la noche del sábado recibió una brutal paliza en el cruce de las calles San Melchor y San Mateo a manos, según el denunciante, de un grupo de menores de origen marroquí. La presidenta de la asociación vecinal de San Lázaro, María Teresa Martín, aseguró ayer que agresiones como éstas no son ningún hecho aislado y que los problemas con ciertos menores residentes en el centro de acogida materno infantil del Parque de Invierno son constantes.
«Aquí estamos dos días sí y otro también con algún problema», denunció María Teresa Martín. «Esconden cuchillos y barras por el Parque de Invierno, agreden a todo el mundo, quitan los bastones a los ancianos, se los lanzan al suelo y les mandan ir a buscarlo, les piden dinero. Como dejes una bicicleta candada en la calle, te la roban. E incluso la Policía te recomienda que a partir de determinada hora de la tarde mejor no salir a pasear por el Parque de Invierno».
María Teresa Martín denuncia que la delincuencia de baja intensidad de menores acogidos en el centro materno infantil es un problema muy grave en el barrio y pide explicaciones. «Me gustaría preguntar al Principado cómo es posible que estos chavales anden por ahí a esas horas de la madrugada, cómo les permiten salir de casa. Nosotros los acogemos aquí y encima tenemos que dejar que nos machaquen», denunció.
«Aquí», siguió María Teresa Martín, «parece que sólo nos toca aguantar». La presidenta de la asociación vecinal no dudó en amenazar a la Administración regional de la que depende la tutela de estos menores de los centros de acogida en realizar movilizaciones. «Si esto no cambia, vamos a tener que salir en manifestación», aseguró.
María Teresa Martín añadió que esta conflictividad está «amargando la vida» a todos los vecinos del barrio y denunció que determinados menores que reinciden en sus actos vandálicos salgan solos a la calle. «Si no pueden andar por ahí, que vayan esposados o con Policía. Además, son unos cobardes, porque nunca van solos, siempre van en grupo. Nosotros no podemos estar tranquilos en la calle y tampoco lo están nuestros hijos ni nuestros nietos. Es una situación que no se puede consentir. A ver si al final vamos a tener que tomarnos la justicia por nuestra mano», zanjó.
Militantes del barrio dispuestos a iniciar la campaña.
Por su parte los militantes de DN se posicionaron de parte de sus vecinos logrando el reconocimiento del barrio. Más de 2000 panfletos buzoneados y entregados en mano a cerca de 1000 vecinos del barrio de San Lázaro y el Parque de Invierno.
Lo que ha provocado las cargas de la prensa gubernamental:
El Principado reclama que no se «criminalice» a los menores marroquíes
"....Fernández afirmó que no está demostrado que el joven agredido el pasado fin de semana en San Lázaro fuese apaleado por menores marroquíes. «A nosotros nos cuesta un dictamen del fiscal determinar la edad de uno de estos chicos, y el agresor lo determinó a las seis de la mañana y con niebla», criticó González, que denunció que en el entorno del Materno han aparecido panfletos de Democracia Nacional, «una organización de extrema derecha con actitudes racistas»."
Infancia asegura que 'se han reducido' los conflictos provocados por extranjeros tutelados y pide 'no criminalizar'
"...Por último, la directora del IAASIFA ha negado que aprecie tintes racistas en las quejas vecinales, aunque ha alertado de organizaciones y partidos, entre los que ha citado a Democracia Nacional, que se aprovechan para criminalizar a todo el colectivo y alejarlo de la integración social. 'Quiero reunirme con los vecinos para saber cómo podemos mejorar. La responsabilidad es de toda la sociedad', ha concluido."
La ultraizquierda asturiana sigue obsesionada con DN
Bloque por Asturies pide a Trevín que impida la celebración de una concentración de Democracia Nacional por "xenófoba".
http://www.europapress.es/asturias/noticia-bloque-asturies-pide-trevin-impida-celebracion-concentracion-democracia-nacional-xenofoba-20101029174942.html
Panfleto repartido.
C/ Belmonte Miranda, 4º-Entlo D
33201. GIJÓN-ASTURIAS (Esp.)
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Red Menores: www.menoressolos.blogspot.com
Publicado por Colectivo SocialyJusticia en 14:34
viernes, octubre 29
Menores extranjeros piden menos asilo que en el resto de Europa Se trata de niños soldado, niñas que han sufrido la mutilación genital, casos de esclavitud, trata de niños y maltrato
http://www.diariovasco.com/v/20101029/al-dia-sociedad/menores-extranjeros-piden-menos-20101029.html
Los menores extranjeros piden menos asilo que en el resto de Europa Se trata de niños soldado, niñas que han sufrido la mutilación genital, casos de esclavitud, trata de niños y maltrato
29.10.10 - 02:49 - EFE | TOLEDO
El número de menores extranjeros que llega a España y pide acogerse a la protección internacional es muy bajo en comparación con el resto de Europa, ya que menos del 5% de las personas que solicitan asilo en España son menores frente al 20% que se calcula en Europa. Esta situación fue analizada ayer en una jornada organizada por Save the Children y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Francisco Ortiz, técnico de Acnur experto en la figura de protección internacional, explicó la importancia de que los profesionales que trabajan con estos menores extranjeros puedan encaminarlos hacia lo que más les conviene, que en determinados casos puede ser pedir refugio. «Es complicado explicarle al menor que tiene unos derechos, al margen de por ser menor, por haber sufrido determinados tipos de persecución, y es difícil conseguir que te cuenten cuál ha sido su situación», reconoció Ortiz.
Se trata de niños soldado, niñas que han padecido la mutilación genital, casos de esclavitud de menores, trata de niños para su explotación laboral y sexual, trabajos forzados y maltrato familiar, entre otras situaciones que han sufrido los menores que llegan a España procedentes de países en conflicto.
Estos niños pueden acogerse a la protección del país al que llegan como menores, pero también pueden optar a la protección internacional, que es una figura más extensa y les protege sobre determinadas cuestiones.
«Interés superior del menor»
Lo interesante, en todos los casos, es determinar el «interés superior» de ese menor, saber lo que es mejor para él y encaminarlo para que lo consiga.
El trabajo que tienen que realizar los profesionales con estos menores, desde los técnicos de la Administración hasta las fuerzas de seguridad y las organizaciones, es «acercarse» a ellos, en primer lugar, e intentar que cuenten su situación para establecer la figura que mejor puede defender sus derechos.
«Hay que acercarse al menor, hablar con él y entrevistarse repetidas veces porque un niño no te va a contar que le han violado o que le han obligado a hacer determinadas cosas, incluso porque lo ha interiorizado como normal y puede no ser consciente de que es malo lo que ha pasado. Ha sufrido y lo tiene interiorizado, pero no es capaz de verbalizarlo», indicó Francisco Ortiz.
Publicado por Colectivo SocialyJusticia en 14:14
Gobierno Asturies reclama que no se criminalice a los menores migrantes. El centro Materno Infantil aloja a la mitad que en 2008 y los conflicos se han reducido
http://www.lne.es/oviedo/2010/10/29/principado-reclama-criminalice-menores-marroquies/986964.html
El Principado reclama que no se «criminalice» a los menores marroquíes. El Materno Infantil aloja ahora a la mitad de jóvenes que en 2008
D. ORIHUELA
La directora del Instituto Asturiano de Atención a la Infancia, Familias y Adolescencia, Gloria Fernández, se reunirá la próxima semana con los vecinos del Parque de Invierno y de San Lázaro para analizar la situación generada tras las últimas denuncias por agresiones protagonizadas por menores marroquíes bajo la tutela del Principado, y que viven en el edificio del Materno Infantil de la calle Pedro Masaveu.
Fernández afirmó que no está demostrado que el joven agredido el pasado fin de semana en San Lázaro fuese apaleado por menores marroquíes. «A nosotros nos cuesta un dictamen del fiscal determinar la edad de uno de estos chicos, y el agresor lo determinó a las seis de la mañana y con niebla», criticó González, que denunció que en el entorno del Materno han aparecido panfletos de Democracia Nacional, «una organización de extrema derecha con actitudes racistas».
La directora del Instituto pidió «que no se criminalice a todos los menores marroquíes», y aclaró que en el Materno viven actualmente 12 menores, de los que 9 son marroquíes. Estas cifras, en su opinión, no hacen necesaria la presencia durante todo el día de dos guardias de seguridad en el centro, por lo que «dentro de una reordenación de efectivos» se retiró la seguridad privada.
Fernández reconoció que en algunas ocasiones estos jóvenes causan «incidencias y conflictos puntuales», pero aseguró que estas situaciones han descendido mucho en los últimos meses. Además, la responsable de Infancia explicó que desde 2008 se ha reducido a la mitad el número de menores extranjeros no acompañados de origen marroquí que llega a Asturias. Así, hace dos años 42 menores estaban bajo la tutela de la administración regional, y en la actualidad la cifra de jóvenes en esta situación es de 21.
Gloria Fernández insistió en la necesidad de ser prudentes y de tener en cuenta «la dura biografía» que tienen estos chicos antes de llegar a Asturias.
http://www.que.es/madrid/201010281822-infancia-asegura-se-reducido-conflictos-epi.html
Infancia asegura que "se han reducido" los conflictos provocados por extranjeros tutelados y pide "no criminalizar". Fernández dice que el personal se ha "reordenado", no recortado
Fernández dice que el personal se ha "reordenado", no recortado
OVIEDO, 28 (EUROPA PRESS)
La directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia (IAASIFA), Gloria Fernández, ha asegurado este jueves que los conflictos provocados por menores extranjeros no acompañados en los centros de la red pública "se han reducido notablemente" en los últimos meses y ha pedido "no criminalizar" al colectivo.
"Hay incidentes y conflictos puntuales que no tienen nada que ver con los del pasado y que son cada vez menores. Trabajamos cada día en tratar de corregir las crisis e incidencias que les alejan de un futuro mejor", ha manifestado.
En rueda de prensa, Fernández ha respondido así a las críticas 'populares' y vecinales surgidas a raíz de dos agresiones a educadoras del Materno Infantil y a un joven ovetense, en San Lázaro, la madrugada del sábado.
Al respecto, la directora del Instituto ha lamentado la agresión, pero ha precisado que, en lo que respecta a éste último, no existe constancia de que el autor fuese un menor tutelado, porque no ha habido confirmación policial pese a los constantes contactos con la Brigada de Extranjería.
Asimismo, ha precisado que los menores tutelados en la capital del Principado son 26, que viven en distintos recursos entre centros de acogida, pisos y casas de entre seis y doce plazas, con lo que la atención es "personalizada". En total, su número en Asturias asciende a 84.
Fernández ha puntualizado, sin embargo, que se trata de centros de atención social "en régimen abierto", con lo que el trabajo con ellos es "difícil".
Por otra parte, ha señalado que las llegadas de estos menores extranjeros no acompañados de origen marroquí se han reducido a la mitad en los últimos tres años, así como las tutelas asumidas por el Instituto de Infancia. En concreto, los menores que llegaron al Principado fueron 71 en 2008, 52 en 2009 y 40 en 2010.
En el capítulo de personal, ha negado que se estén realizando recortes de personal en los centros, aunque sí "una reordenación de efectivos" para ubicarlos donde son más necesarios. En lo que se refiere al Materno, ha dicho que los 23 puestos de la plantilla están cubiertos, a los que se suman dos mediadores socioculturales y un guardia de seguridad.
Fernández, ha calificado de "hecho aislado" y "absolutamente imprevisible" la agresión a dos educadoras de la Unidad de Primera Acogida del Materno Infantil. Ha explicado que el episodio se produjo cuando se comunicó al menor que iba a ser trasladado a la CCAA a la que correspondía la tutela.
Por último, la directora del IAASIFA ha negado que aprecie tintes racistas en las quejas vecinales, aunque ha alertado de organizaciones y partidos, entre los que ha citado a Democracia Nacional, que se aprovechan para criminalizar a todo el colectivo y alejarlo de la integración social. "Quiero reunirme con los vecinos para saber cómo podemos mejorar. La responsabilidad es de toda la sociedad", ha concluido.
Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.
Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.
La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.
Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.
Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.
En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.
El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.
En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.
Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.
En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.
I. DE CARÁCTER GENERAL
1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.
4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.
7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.
9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización
10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.
II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.
16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.
22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .
28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.
30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.
31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.
33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.
34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.
35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.
36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.
39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.
46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.
48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.
49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .
51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,
56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.
En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.
La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.
VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)
1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.
2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.
3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.
4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.
5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.
6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.
7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.
8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.
9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.
Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.
10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
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II CONGRESO INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN E INMIGRA...
IV Conferencia Internacional OIJJ Roma 2010
Hace más de diez años que asistimos a la llegada de menores no acompañados procedentes del Magreb, del África sudsahariana y del este de Europa, principalmente. La presencia de estos Niños entre nosotros continúa planteando un reto importante a nuestra sociedad, a las administraciones que detentan las instituciones legales de la Tutela y la Guarda y Custodia, al resto de administraciones públicas con responsabilidades y a los profesionales, entidades sociales y empresas encargadas de la protección, la acogida, la educación, la formación y la inserción social de estas niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Las respuestas, inadecuadas e insuficientes en general, que dan las diferentes entidades tutoras y las otras administraciones públicas no siempre garantizan ni defienden los Derechos del Niño, y han tejido un sistema de acogida que en ocasiones discrimina a estos menores, lo que motiva el recorrido de los Niños por las diferentes comunidades autónomas en busca de la protección adecuada.
Subrayamos la necesidad de conseguir la imprescindible coordinación de las administraciones públicas en la garantía y defensa de los Derechos del Niño. Y esto con independencia de los retos que la migración precoz de Niños supone para el diseño de las políticas sociales y de protección de la infancia. Advertimos del inexcusable deber legal de las administraciones públicas de velar por el Interés Superior del Niño y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre a nuestros territorios, tal y como establecen la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor. Recordamos que el artículo 2.1 de la Convención prohíbe explícitamente la discriminación del Niño por razón de su origen nacional. El ordenamiento jurídico estatal y autonómico establece que estos Niños son menores antes que cualquier otra consideración, principio que prevalece legalmente sobre la condición de extranjero, la situación de indocumentación, o de otras.
Es patente la relevancia de la vulneración de los Derechos del Niño con los menores no acompañados tanto a escala marroquí, española como europea, y dada la especial gravedad de su situación en el estado español, presentamos este Manifiesto para expresar ante la sociedad nuestra responsabilidad colectiva de velar porque los derechos de estos Niños sean garantizados, subrayar las obligaciones que las entidades tutoras y las distintas administraciones públicas tienen respeto a los Niños y sus derechos y recomendar algunos principios de actuación dirigidos a reforzar el cumplimiento de sus deberes y la garantía de los Derechos del Niño. Pensamos que la única forma aceptable de solucionar la situación de los menores no acompañados es considerar que el Derecho y la Educación son el único marco y que buscar soluciones diferentes o crear estrategias al margen de la Ley no hace sino aumentar el riesgo del Niño y el fracaso de la protección.
Principios de Actuación recomendados:
1. Sobre el Desamparo y la Tutela.
La entidad tutora competente a cada comunidad autónoma ha realizar la Declaración de Desamparo desde el primer momento de detectar un menor no acompañado, e inmediatamente ha de formalizar la Asunción de Tutela del Niño. El Desamparo es un hecho objetivo que se da al territorio donde está el Niño. La fase de estudio de su situación para buscar una solución duradera de acuerdo a su Interés Superior no debe privarle del acceso a los recursos normales de acogida, de documentación, socioeducativos y formativos a los que tiene derecho.
2. Sobre el Derecho a la Identidad y la Documentación.
La entidad tutora y el resto de administraciones deben velar por el Derecho a la Identidad del Niño. Cuando haya una carencia de documentación acreditativa, deben tener en cuenta la identidad manifestada por el Niño y los datos de la documentación que la familia facilita de urgencia, con respecto al nombre, el apellido, la edad y la nacionalidad. En espera de su documentación definitiva, el Niño debe disponer de un documento identificativo que acredite su identidad y su situación de menor bajo Tutela y Guarda de su comunidad autónoma. La entidad tutora, la subdelegación del gobierno del estado y los consulados y administraciones del país de origen del Niño deben documentarle desde el primer momento y con diligencia. La documentación de origen, documento nacional de identidad y pasaporte, se deben tramitar sin excusa desde la entrada del Niño en el sistema de protección. La autorización de residencia se debe conceder cuando se acredite la conveniencia de la permanencia del Niño en nuestro territorio, en el plazo máximo de nueve meses que establece el Reglamento del Real Decreto 2393/2000, y con la fecha retroactiva del ingreso del Niño en el sistema de protección. La autorización de trabajo se debe tramitar respetando el Derecho al Trabajo del Niño a partir de los 16 años y con vistas a su educación, formación e inserción social y laboral.
3. Sobre la Determinación de la Edad.
Las pruebas de determinación de la edad deben realizarse sólo cuando la minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, lo que excluye los casos en los que los menores tengan pasaporte, cuya veracidad se debe presumir siempre. Las pruebas han de efectuarse con expertos independientes y con métodos y tecnologías modernas, y deben consistir en una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas. Siempre se debe tomar como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas realizadas, de acuerdo con el Interés Superior del Niño.
4. Sobre la Repatriación y la Reagrupación Familiar.
El Niño debe ser reagrupado con su familia en origen siempre que, de acuerdo con el principio del Interés Superior del Niño, sea la mejor solución para él en el presente y a largo plazo, cuando la familia pueda garantizar su bienestar y con la total garantía de sus derechos en el proceso de la toma de decisión y en la ejecución. El Niño no puede ser repatriado de otra manera si en su país no existe un sistema de protección y unos servicios sociales que garanticen sus Derechos. Se debería buscar su consentimiento y en ningún caso puede ser repatriado sin notificación previa, ni sin asistencia jurídica independiente. La decisión de la repatriación debe tener en cuenta el punto de vista del menor y debe tomarse sólo tras un estudio técnico detenido y razonado de su realidad y de su situación familiar.
5. Sobre el Derecho a Ser Escuchado, la Asistencia Jurídica y el Defensor Judicial.
El Niño debe recibir asistencia jurídica independiente de la entidad tutora desde el primer momento que ingresa en el sistema de protección, para que le asesore y defienda sus derechos durante la tutela y especialmente ante una posible repatriación. La forma adecuada es el Turno de Oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos y judiciales se llevan a cabo teniendo en cuenta su Interés Superior. Ante el evidente conflicto de intereses entre el tutelado y la entidad tutora, como así lo han reconocido diversas sentencias judiciales, el Niño debe poder disponer de un Defensor Judicial que vele por sus derechos.
6. Sobre la Acogida, la Educación, la Formación, la Integración Social y la Perversión del Sistema de Protección de la Infancia.
Los centros de acogida y residenciales han de ofrecer garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Se debe revisar la conveniencia, en cada caso concreto, de los recursos parciales en el tiempo como albergues, centros de día, habitaciones en pensiones, hostales y hoteles, o habitaciones alquiladas a particulares, para evitar situaciones de desprotección. Se deben reformar los centros masificados y los exclusivos para menores no acompañados o extranjeros. Las entidades tutoras y guardadoras deben garantizar que los menores no acompañados reciban atención dentro del circuito normalizado, en centros integrales, con los recursos complementarios normalizados, de forma que se proporcione a los Niños referentes educativos y afectivos estables y profesionales, evitando la multitud de referentes inoperantes, primando la respuesta educativa, centrando la intervención en la prevención de las situaciones que generen la exclusión social, promoviendo la participación y, en definitiva, apostando por el futuro del Niño como ciudadano adulto responsable y feliz.
7. Sobre la Coordinación de las Administraciones Públicas.
Las entidades tutoras se deben coordinar para que sus modelos de atención a los menores no acompañados sean profesionales, igualitarios, integradores, normalizadores y no discriminatorios. Han de evitar y perseguir las actitudes que provocan nuevas migraciones de los Niños por las comunidades autónomas, huyendo de prácticas que no garantizan sus derechos y buscando territorios que garanticen un mejor proceso de Tutela y Guarda y mejores recursos socioeducativos, formativos y documentales. Las entidades tutoras, las delegaciones del gobierno del estado, las embajadas y consulados se deben coordinar y asegurar de que sus propuestas, en sus respectivas competencias, eviten disfunciones y aseguren la propuesta más adecuada al Interés Superior del Niño en cada caso. El registro de menores extranjeros no acompañados de la Dirección General de Policía del Ministerio de Interior debería servir única y exclusivamente para garantizar los derechos de cada Niño.
8. Sobre la Difusión de los Derechos del Niño y la Sensibilización.
Es especialmente importante acabar con las actitudes de rechazo social que a menudo acompañan las medidas de protección de estos Niños y que generan prejuicios en la sociedad. Este rechazo lo encontramos en la sociedad en general, en los medios de comunicación, en las administraciones públicas y entre los mismos profesionales de la educación y el trabajo social y otros técnicos del sistema de protección de la infancia. Es deber legal de las entidades tutoras, de todas las administraciones públicas, de los colegios profesionales y de las entidades sociales promover el conocimiento y respeto por los Derechos del Niño.
9. Sobre la Prevención de la Migración Precoz y la Cooperación Internacional.
Es inexcusable nuestro deber legal y moral de prevenir la migración precoz de Niños, de acuerdo con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, y pensamos que es la mejor solución a la situación de los menores no acompañados que migran. La cooperación al desarrollo es uno de los instrumentos más valiosos, siempre y cuando responda a unos principios de trabajo a largo plazo, y no a la búsqueda de soluciones rápidas. Sin embargo, no sustituye a la obligación legal del estado español y las comunidades autónomas de proteger a los menores que se encuentren bajo su jurisdicción. Los programas de prevención de la migración precoz y de repatriación de menores no acompañados se han de idear, gestar y desarrollar con un total conocimiento del contexto de origen de los Niños, con un correcto conocimiento de la realidad de los menores no acompañados, con la colaboración transnacional con administraciones y entidades sociales del país de origen, con la participación de los profesionales del sistema de protección de la infancia, y con una adecuada e imprescindible coordinación con entidades e instituciones autonómicas, estatales y de los países de origen de los Niños.
10. Sobre la Responsabilidad Institucional.
Todas las administraciones públicas han de asumir sus responsabilidades en la atención a los menores no acompañados. Las entidades tutoras y guardadoras han de asumir efectivamente sus deberes legales con respecto a la Tutela y la Guarda. Es importante que los gobiernos de las comunidades autónomas establezcan acuerdos con las administraciones locales y entidades sociales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y estrategias necesarias que garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Las instituciones legales de la Fiscalía, el Poder Judicial y las Defensorías han de asumir su papel de defensa activa y garantía de los Derechos del Niño de manera efectiva. Sólo con la asunción de manera efectiva de las respectivas responsabilidades y deberes legales conseguiremos el pleno cumplimiento de
las leyes.
Colectivo DRARI دراري de IAP por los Derechos del Niño
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