Source: http://absta.info/contradiccin-de-tesis-2932011.html?page=8
Timestamp: 2019-09-20 01:42:12
Document Index: 309857763

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Puntos de contradicción abordados y criterios aprobados.
Argumentación en relación a las diferencias respecto de la parte concurrente de este voto.
JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.”
VOTO CONCURRENTE Y PARTICULAR QUE FORMULA EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011, DISCUTIDA EN SESIONES PÚBLICAS DE LOS DÍAS 26, 27, 29 DE AGOSTO, 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE, Y RESUELTA EN LA ÚLTIMA FECHA SEÑALADA.
En este asunto, sin duda uno de los más importantes que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 10ª Época, el Pleno concluyó que existía contradicción de tesis entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y determinó que eran dos los puntos de contradicción a dilucidar y resolver, a saber: 1. La posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos; y 2. El carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como resultado de las decisiones adoptadas por el Tribunal Pleno, se aprobaron los siguientes criterios obligatorios:
“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1º constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independiente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del artículo 1º, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en el sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos en su conjunto constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.”
“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1º constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de ese mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender lo siguiente: (i) cuando el criterio que haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.”
En la resolución se argumenta lo siguiente: (cito solamente los aspectos relevantes para la parte concurrente de este voto)
A luz de los precedentes sobre el tema, hasta antes de la resolución que se comenta: “[…] para este Alto Tribunal, del artículo 133 constitucional se desprende una noción de jerarquía formal de normas que integran el sistema de fuentes, según la cual los tratados internacionales se encuentran jerárquicamente por debajo de la Constitución y por encima del resto de normas jurídicas que forman parte del entramado normativo mexicano [...]” (página 24, segundo párrafo de la resolución).
Más adelante se afirma que dicha posición resulta insatisfactoria a la luz del nuevo enfoque a que obliga la reforma al artículo 1º constitucional (página 24, último párrafo). Y se concluye en este aspecto: “[…] como una conclusión preliminar, que los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y en la Constitución no se relacionan entre sí en términos jerárquicos. En consecuencia, el enfoque tradicional de la jerarquía de los tratados internacionales no constituye una herramienta satisfactoria para determinar el lugar que ocupan en el ordenamiento mexicano los derechos humanos reconocidos en dichos instrumentos normativos […]” (página 30, último párrafo).
Después de analizarse en la resolución las reformas constitucionales de junio de 2011 y lo resuelto en el expediente varios 912/2010, se llega a la siguiente conclusión: “[…] Ahora bien, todas las consideraciones antes apuntadas permiten concluir a este Tribunal Pleno que las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y en la Constitución no se relacionan entre sí en términos jerárquicos. En efecto, una vez que un tratado es incorporado al orden jurídico, las normas de derechos humanos que éste contenga se integran al catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional, de tal suerte que dichas normas no pueden contravenir el principio de supremacía constitucional precisamente porque forman parte del conjunto normativo respecto del cual se predica la supremacía […]” (página 51 in fine y principio de la 52). Y poco más adelante, se incorporó, recogiendo el Ministro Ponente –en mi opinión, de manera sumamente escueta- la posición mayoritaria sobre la última parte del párrafo primero del artículo 1º de la Constitución, la siguiente consideración, que quedó plasmada en la tesis de jurisprudencia: “Ahora bien, como ya se señaló, de la parte final del primer párrafo del artículo 1º constitucional, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.” (página 53, segundo párrafo).
Finalmente, se estableció en la resolución que: “[…] ambos parámetros de control forman parte del mismo conjunto normativo y, por tanto, integran el aludido parámetro de control de regularidad, de modo que hablar de constitucionalidad o convencionalidad implica hacer referencia al mismo parámetro de regularidad o validez, aunque para efectos meramente didácticos pueda diferenciarse entre el origen de la norma empleada para desarrollar el estudio de validez respectivo [...]” (página 53 último párrafo).
En relación al valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (tema que se abordará por separado en este voto), contrario a lo resuelto en el expediente varios 912/2010 (caso Radilla), la mayoría en el Pleno77, al resolver la presente contradicción, sostuvo: “[…] Por todo lo anterior, se concluye que los criterios emanados de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos resultan vinculantes para los jueces nacionales con independencia de que el estado Mexicano haya sido parte en el litigio, toda vez que dotan de contenido a los derechos humanos establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, la aplicación de dicha jurisprudencia deberá hacerse en términos de colaboración y no contradicción con la jurisprudencia nacional, atendiendo en todo momento al principio pro persona. En este sentido, la fuerza vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana se desprende del propio mandato constitucional establecido en el artículo 1º constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver atendiendo a la interpretación más favorable a la persona [...]” (página 63 in fine y principio de la 64).
Ahora bien, estando de acuerdo, en lo general, con la primera tesis aprobada, disiento de algunos aspectos importantes de las consideraciones que le dan sustento, lo que genera el carácter de concurrente de este voto frente a la resolución de la mayoría en este tema; y el desacuerdo con la segunda de las tesis produce, por tanto, el carácter de voto particular en este aspecto. A continuación refiero los argumentos en que sustento mis diferencias con la posición mayoritaria, respectivamente, en ambos casos.
A fin de facilitar el desarrollo argumentativo de mi voto, a continuación se abordarán las consideraciones de disenso con algunas de las que se contienen en la resolución, sobre el primer punto de contradicción.
Como preámbulo necesario, debo decir que en las discusiones de diversos asuntos78 he mantenido mi posición invariable de que el primer y fundamental referente del juez constitucional mexicano al realizar juicios de constitucionalidad e, inclusive, de convencionalidad, en términos de la reforma del 10 de junio de 2011, debe ser nuestra propia Constitución79; por ello, las restricciones, suspensiones, limitaciones o excepciones en relación a ciertos derechos humanos, establecidos en nuestra Ley Fundamental, deben prevalecer como sustento del control constitucional de todo el orden jurídico nacional, aún sobre disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos que pudiesen ser consideradas más favorables.
Y reitero que esa posición se sustenta en la propia decisión soberana del Poder Constituyente originario80, la cual ha sido ratificada posteriormente por el Constituyente Permanente con la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos, al mantener en los artículos 133 y 1º de la Ley Fundamental81, en el primero de los preceptos aludido, el principio de supremacía constitucional y, en el segundo, la regla general por la cual los preceptos constitucionales y los instrumentos internacionales de los que México forma parte, que regulan derechos humanos, son el parámetro para el control de la regularidad constitucional en esta materia; pero también establece una excepción a esa situación, al mantener el principio de jerarquía normativa formal entre la Constitución y los instrumentos internacionales, cuando se trata de contrastar las restricciones y suspensiones expresas de la Constitución para el ejercicio de los derechos humanos.
Lo anterior, en mi opinión, a pesar de que no se desarrolla en las consideraciones de la resolución, es la única posibilidad razonable de explicar por qué se aceptó introducir escuetamente en un Considerando y, por supuesto, en la tesis de jurisprudencia aprobada, que: “[…] De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independiente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del artículo 1º, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en el sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; […]” Expresión que, lo sostengo con pleno respeto a otras opiniones, no tendría sentido lógico, si no se entiende como vigencia, cuando se trata de las restricciones y suspensiones establecidas en la Ley Fundamental mexicana, del principio de jerarquía normativa de la Constitución frente a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Desde esta óptica, los artículos 1º y 133 citados, establecen en lo que interesa a este voto, lo siguiente:
1º. El reconocimiento del principio de supremacía constitucional.
2º. Que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse82, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece.
3º. Que las normas relativas a dichos derechos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
4º. La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, son la Ley Suprema de toda la Unión.
1º. Los tratados internacionales, salvo los que se refieran a derechos humanos, quedan jerárquicamente, desde el punto de vista formal, por debajo de nuestra Constitución;
2º. Hoy, a la luz de la reforma al artículo 1º de ese texto fundamental, por regla general, los tratados internacionales cuya materia son los derechos humanos o que contienen normas relacionadas con ellos, son, junto con la Constitución, el parámetro de control de regularidad constitucional por lo que, para estos efectos, aquéllos no guardan una relación de subordinación jerárquica formal frente a la Constitución; pero,
3º. Esa regla general tiene una excepción importante puesto que, de acuerdo con la última parte del párrafo primero, del artículo 1º constitucional, el ejercicio de los derechos humanos y las garantías para su protección pueden restringirse o suspenderse en los casos y bajo las condiciones que la propia Ley Fundamental establece. Consecuentemente, en los casos en que exista una suspensión o restricción constitucional para el ejercicio de un derecho humano, el único parámetro para el control de regularidad constitucional para resolver el caso concreto, deberá ser el texto de la Ley Fundamental, lo cual deberá hacerse de la manera más favorable a la persona, en términos del segundo párrafo del artículo 1º constitucional.83 .En este aspecto, también debe tenerse presente que el Pleno de esta Suprema Corte se ha pronunciado repetidamente en el sentido de que ningún derecho humano es absoluto.
Por otra parte, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, en lo sucesivo) ha aceptado en sus resoluciones que puede haber restricciones a los derechos humanos, y al interpretar el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos ha fijado lineamientos para considerar válidas las restricciones que se establezcan.
El artículo 30 de la Convención Americana establece:
“Artículo 30. Alcance de las restricciones. Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.”
LA CIDH ha interpretado el alcance de las razones de interés general comprendido en el artículo 30 de la Convención Americana (alcance de las restricciones), al señalar que: "[e]l requisito según el cual las leyes han de ser dictadas por razones de interés general significa que deben haber sido adoptadas en función del 'bien común' (artículo 32.2 de la Convención), concepto que ha de interpretarse como elemento integrante del orden público del Estado democrático, cuyo fin principal es 'la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad' (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Considerandos, párr. 1 )"84
En el Caso Artavia Murillo vs Costa Rica (fertilización in vitro), la CIDH sostuvo, en el párrafo 273, lo siguiente:
“273. Al respecto, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que un derecho puede ser restringido por los Estados siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, deben estar previstas en ley en sentido formal y material[], perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”.
Y en el Caso Castañeda Gutman vs México se sostuvo:
“La Corte ha precisado las condiciones y requisitos que deben cumplirse al momento de regular o restringir los derechos y libertades consagrados en la Convención:
“1) Legalidad de la medida restrictiva
“176. El primer paso para evaluar si una restricción a un derecho establecido en la Convención Americana es permitida a la luz de dicho tratado consiste en examinar si la medida limitativa cumple con el requisito de legalidad. Ello significa que las condiciones y circunstancias generales que autorizan una restricción al ejercicio de un derecho humano determinado deben estar claramente establecidas por ley[63]. La norma que establece la restricción debe ser una ley en el sentido formal y material[64].
“2) Finalidad de la medida restrictiva
“180. El segundo límite de toda restricción se relaciona con la finalidad de la medida restrictiva; esto es, que la causa que se invoque para justificar la restricción sea de aquellas permitidas por la Convención Americana, previstas en disposiciones específicas que se incluyen en determinados derechos (por ejemplo las finalidades de protección del orden o salud públicas, de los artículos 12.3, 13.2.b y 15, entre otras), o bien, en las normas que establecen finalidades generales legítimas (por ejemplo, "los derechos y libertades de las demás personas", o "las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática", ambas en el artículo 32).”
Ahora bien, adicionalmente a lo antes señalado, en mi opinión existe un aspecto no abordado que tiene que ver con la justificación de las restricciones que en un momento pueda imponer un Estado al ejercicio de los derechos humanos. Esto es el alcance del Capítulo V, intitulado “DEBERES DE LAS PERSONAS”, y del artículo 32 que es el único que integra dicho capítulo, y que a la letra dice:
“Artículo 32. Correlación entre deberes y derechos.
Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.”
Como se puede apreciar del texto transcrito, además de los límites que se definen a la luz del artículo 30 de la CIDH y de la definición de interés del bien común que ha sostenido la Corte Interamericana, el artículo 32 es claro en dos aspectos:
1º. Establece deberes de toda persona para con la familia, la comunidad y la humanidad. Por lo tanto, esos deberes pueden y deben ser exigidos en su cumplimiento, coercitivamente, por quien tiene la responsabilidad de ello, que no es otro, en principio, que el Estado, a través de sus órganos en sus respectivas competencias.
2º. Los derechos individuales están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.
Por tanto, corresponde al Estado imponer esas limitaciones a través de sus órganos competentes, tomando en cuenta la situación real que se enfrenta, para lograr proteger los derechos de las demás personas, la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común. Lo anterior debe, conforme con los lineamientos de la propia Corte Interamericana, llenar el estándar de que las restricciones estén previstas, primero, en una ley formal y material (principio de legalidad), y segundo, que la causa que se invoque para justificar la restricción sea de aquellas permitidas por la Convención Americana, previstas en disposiciones específicas que se incluyen en determinados derechos (por ejemplo las finalidades de protección del orden o salud públicas, de los artículos 12.3, 13.2.b y 15, entre otras), o bien, en las normas que establecen finalidades generales legítimas (por ejemplo, “los derechos y libertades de las demás personas", o "las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”).
Es por lo anterior que he sostenido, reiteradamente, que es al Estado mexicano, a través de sus órganos competentes, a quien le corresponde defender, de ser el caso, ante la Corte Interamericana, la legalidad, razonabilidad y pertinencia –por responder a alguno de los imperativos de protección del orden o salud públicos, o por responder a finalidades generales legítimas (v.gr. en términos de la propia Corte Interamericana, proteger los derechos y libertades de las demás personas), ante nuestra realidad nacional- de las restricciones que tenemos establecidas en la Constitución. Y de ser el caso, será el Estado mexicano el que deba responder a las responsabilidades que pueda fincar el Tribunal Internacional.
De igual manera, entiendo que la Corte Interamericana deberá ser deferente, en sus juicios de convencionalidad, a razones fundadas y suficientes de un Estado, en el caso México, cuando con ellas se sustente la pertinencia y validez de una restricción a un derecho humano, a la luz del caso concreto y de las realidades que enfrenta ese Estado. La Corte Interamericana no puede pasar por alto los límites que impone a los derechos humanos de la persona el artículo 32 de la CIDH; ni mucho menos desconocer la obligación de los Estados parte de hacer efectivo el cumplimiento de los deberes que ese mismo precepto impone a todas las personas.
Por supuesto, las anteriores afirmaciones de ninguna manera, lo digo categóricamente, pueden justificar cualquier arbitrariedad o exceso de las autoridades de un Estado, que se lleven a cabo en detrimento de los derechos de una o varias personas, en aras de darle vigencia al artículo 32 de la CIDH. Esas conductas deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley. Es decir, debe discernirse lo que es la justificación o no de una restricción general a uno o varios derechos humanos y lo que puede ser, a la luz de una restricción válida en términos de reunir los estándares antes referidos, una conducta indebida de la autoridad pretendidamente amparada en la restricción, la cual debe ser, como se ha dicho, sancionada conforme a la gravedad de la falta, con todo el rigor de la ley.
La parte correspondiente de este voto que genera su carácter de particular, es en relación a la segunda tesis aprobada en el presente asunto.
En la resolución del Expediente Varios 912/2010, Caso Rosendo Radilla, me pronuncié porque los criterios fijados en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que México no fue parte, no son obligatorias y que deben tener el carácter de orientadoras. Reitero mi posición y en obvio de repeticiones, reitero lo señalado entonces en las sesiones públicas en que se discutió ese asunto, para sustentar mi posición.85 Por ello voté en contra de la segunda tesis aprobada bajo el rubro: “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.”
Adicionalmente a ello, estimo que la tesis aprobada en segundo término –por seis votos- resulta contradictoria, en su alcance, con la que se aprobó por mayoría de diez votos, y cuyo rubro es: “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.“
En esta última tesis, sin lugar a dudas, se reconoce que cuando existan restricciones expresas en la Constitución al ejercicio de algún derecho humano, se debe estar a lo que establece nuestra Constitución, lo que no se incorporó en la segunda tesis, respecto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana –sea o no el Estado mexicano parte en los litigios de los que haya emanado esa jurisprudencia. Ello generará una situación de incertidumbre en los operadores jurídicos; por lo menos hasta que los órganos jurisdiccionales constitucionales del Poder Judicial de la Federación, en especial esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cada caso concreto en que se enfrente esta antinomia, dilucide qué debe prevalecer, si la norma constitucional mexicana que contiene una restricción o el criterio de la Corte Interamericana que no lo toma en cuenta, cuando ello quedó resuelto en la primera tesis de jurisprudencia aprobada por el Pleno en el mismo asunto.
Las razones y argumentos antes señalados, sustentan mi disidencia con la resolución, en las partes y con los alcances precisados.
“En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.”