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Timestamp: 2020-05-27 00:56:02
Document Index: 368128058

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 19', 'artículo 27', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 27', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 27', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 124', 'artículo 13']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 136, de 01/03/2017
cve: DSCD-12-CO-136
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 136
Comparecencia del señor fiscal general del Estado (Maza Martín), para:
- Informar de los criterios de la Fiscalía General de Estado respecto a la persecución de delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos. Urgente. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000221) ... (Página2)
- Que explique qué criterios sigue para mantener los principios de legalidad, imparcialidad y defensa del interés público, haciéndolos compatibles con los de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Urgente. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 212/000238) ... (Página2)
La señora PRESIDENTA: Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión con la celebración acumulada de las dos comparecencias urgentes del fiscal general del Estado que se han solicitado. La primera de ellas, para informar de los criterios de la Fiscalía General del Estado respecto a la persecución de los delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Y la segunda, para que explique qué criterios sigue para mantener los principios de legalidad, imparcialidad y defensa del interés público, haciéndolos compatibles con los de unidad de actuación y dependencia jerárquica, a propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El esquema será el mismo que en veces anteriores. Primero intervendrá el compareciente, luego los grupos -en primer lugar, los proponentes y luego de menor a mayor-, contestará el fiscal general del Estado y, por último, habrá un turno de réplica.
Tiene la palabra el fiscal general del Estado.
El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Maza Martín): Con su permiso, excelentísima y querida señora presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso.
Excelentísimos señoras y señores diputados de la Comisión de Justicia, es para mí de nuevo un gran honor comparecer ante esta Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Ya lo hice, como recordarán ustedes, en fechas muy recientes, dando cumplimiento al mandato del artículo 29 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal como candidato propuesto por el Gobierno y deberé seguir haciéndolo conforme a las previsiones del artículo 9 del propio estatuto, que impone al fiscal general del Estado el deber de presentar a las Cortes Generales la memoria anual sobre la actividad del ministerio fiscal, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia. Seguro que recuerdan ustedes las palabras que pronuncié en mi primera comparecencia, en la que me puse a disposición de sus señorías para dar cuenta de mis actuaciones, compromiso que reitero y asumo en este momento. Más allá de protocolos y relaciones institucionales, la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso reviste una profunda significación, reflejando el sólido vínculo que el ministerio público, defensor de la legalidad, mantiene con el órgano depositario de la soberanía nacional y de la potestad legislativa. Además, en este sentido, el artículo 10 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que me permito leerles, dispone que el ministerio fiscal colaborará con las Cortes Generales a requerimiento de estas y siempre que no exista obstáculo legal, sin perjuicio de comparecer ante las mismas para informar de aquellos asuntos para los que especialmente fuera requerido. Las Cortes Generales se comunicarán con el ministerio fiscal a través de los presidentes de las Cámaras.
Entiendo que este es el marco de la presente comparecencia; un leal deber de colaboración en el que les informaré con sumo gusto de cuantas cuestiones de política criminal relacionadas con los delitos de corrupción les interesen, si bien deben comprender desde ya las dificultades existentes para entrar a analizar o valorar procedimientos penales en tramitación o incluso archivados cuando lo estén solo provisionalmente, pues ello podría poner en peligro investigaciones policiales y judiciales, además de atentar en su caso contra el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de las personas afectadas por ellos. Deberíamos, a mi juicio, partir del uso asentado desde la promulgación de la Constitución, que establece que las comparecencias del fiscal general ante la Comisión de Justicia del Congreso no pueden derivar con carácter general en un debate sobre asuntos penales concretos en tramitación, sin perjuicio de mi intención de responder a todas cuantas cuestiones quieran plantearme, ya que, como en su día igualmente les manifesté, mi interés es el suyo en aras de aclarar y justificar con la debida y posible trasparencia las decisiones que hayan podido suscitar alguna clase de dudas tanto a ustedes como a los ciudadanos, fundamentalmente a causa del tratamiento informativo que a ciertas cuestiones ha venido dándose en las últimas fechas por algunos medios. Este uso deriva de un principio constitucional que orienta la institución que me honro en dirigir, que no es otro que el principio de autonomía funcional por el que se rigen -repito, por mandato de la Constitución- los fiscales, que con tanta profesionalidad como compromiso cumplen diariamente con el desempeño de la función que legalmente tienen encomendada. El ministerio fiscal tiene en este caso independencia funcional respecto de cualquier otro órgano del Estado y está sujeto exclusivamente al principio de legalidad. Esta independencia funcional debe desembocar necesariamente en la independencia orgánica, no ya del fiscal general del Estado, sino hasta del más moderno de los fiscales integrados en la más remota fiscalía de área de nuestro país. Por ello, mi más sincero agradecimiento al posibilitar una comparecencia hoy aquí para despejar con datos objetivos e incuestionables todas esas dudas.
Los motivos de mi presencia en este acto, según leo literalmente en la convocatoria que me ha sido cursada, se centran en dos aspectos, el de los criterios de la Fiscalía General del Estado respecto a la persecución de delitos de corrupción en que resulten implicados autoridades o cargos públicos, así como los criterios que la institución sigue para mantener los principios de legalidad, imparcialidad y defensa del interés público, haciéndolos compatibles con los de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Se trata obviamente de dos cuestiones íntimamente relacionadas pero que merecen una respuesta diferenciada. Comenzaré dando cuenta sobre la primera. A tal respecto, debo decir que el criterio esencial aplicado en la persecución de los delitos de corrupción no es y no puede ser otro que el de aplicar la ley, sea quien fuere la persona investigada. Es prioridad de este fiscal general del Estado, y por tanto del ministerio público en su conjunto, adoptar una posición activa e impulsora de todas aquellas actuaciones encaminadas a la investigación exhaustiva de todos los casos de corrupción política o económica en su integridad. Si es misión del ministerio fiscal, de acuerdo con el mandato constitucional proclamado en el articulo 124 de nuestra Carta Magna, procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social teniendo en cuenta que la corrupción política se sitúa en las primeras posiciones de las preocupaciones de los ciudadanos españoles, el cumplimiento de dicha proclama constitucional pasa necesariamente por priorizar la lucha frente a tal clase de delincuencia. Así se lo hice saber a sus señorías en la anterior oportunidad en que me cupo el honor de intervenir ante ustedes y hoy de nuevo lo reitero aquí. Como recordarán, esbozando las líneas principales que marcarían mi gestión, les hablé de la sensibilidad especial para cuando es la sociedad entera la que sufre los efectos de ilícitos comportamientos, específicamente los delitos de aquella corrupción que tanto daña el crédito de las instituciones y que por ello merece una atención y una condena de la máxima energía y contundencia.
En 1996, la Fiscalía General del Estado ya consideró que la corrupción representa un ataque pluriofensivo a valores y bienes jurídicos esenciales en el Estado democrático de derecho que deben preservarse mediante su protección penal. Están constituidos tanto por el prestigio de la Administración ante los administrados como por el deber de aquella de servir con objetividad a los intereses generales, según exigencia del artículo 103.1 de la Constitución, que se traduce en un deber de neutralidad, probidad e imparcialidad de todos aquellos que participan en las funciones públicas y en el deber de prestación eficaz del servicio público. No puede desconocerse tampoco que organismos internacionales de los que forma parte el Estado español, como Naciones Unidas, la Unión Europea y el Consejo de Europa, están abordando el estudio y la respuesta preventiva y represiva ante la corrupción, fenómeno que se califica por ellos como una de las preocupaciones esenciales de las sociedades modernas, considerándolo como una amenaza extremadamente grave, hasta potencialmente fatal, para el buen funcionamiento de la economía y de las instituciones democráticas.
La Fiscalía General del Estado también dijo en 2006 que el cumplimiento por el ministerio fiscal de sus obligaciones en esta área se concreta en seguir garantizando que la reacción de sus integrantes frente a la delincuencia organizada, económica y relacionada con la corrupción sea en todo caso la ajustada para el mantenimiento del orden económico definido en los artículos 38 y 128 de la Constitución española y para la real efectividad de los principios rectores de la Administración pública establecidos en su artículo 103. Es claro que tales pautas mantienen íntegramente su vigencia. En tal sentido, la fiscalía puede actuar en estos y en todos los delitos previstos en nuestro Código Penal en una doble función. En primer lugar, la función de investigación preprocesal; investigación de los hechos de los que tiene conocimiento, bien sea por denuncia de un ciudadano, bien por dación de cuenta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bien por remisión de otros organismos o instituciones públicas. En estos supuestos, la fiscalía abre las correspondientes diligencias de investigación antes de dar paso a la actuación judicial si, en su caso, procediera. Otra intervención de la fiscalía es en la fase de instrucción de los procedimientos ya sometidos, lógicamente, al control y a la instancia judicial.
En cuanto al primero de los casos, las diligencias de investigación rigen en esta materia de los delitos relacionados con la corrupción idénticos criterios generales que para toda diligencia de investigación que se recogen en la circular 4/2013, de 30 de diciembre, cuyas conclusiones 27 y 28 resultan, en este caso, de especial trascendencia. Una vez el fiscal procede a la investigación de un hecho de apariencia delictiva, deberá concluir esa fase con un decreto en el que eleve las actuaciones al órgano de instrucción, con la correspondiente interposición de denuncia o querella, o archive el asunto por considerar que no concurren suficientes evidencias de la comisión de un hecho criminalmente reprochable. Expresamente indica la circular que lo que no podrá hacer el fiscal es, simplemente, remitir las actuaciones a fin de que el juez de instrucción incoe el correspondiente procedimiento, lo que implica que debe haber una valoración final de
la investigación que se traduzca formalmente en la presentación de una denuncia o la interpretación de querella. Por supuesto, todo ello sin perjuicio de aquellos casos en que, habiéndose incoado unas diligencias de investigación, se ve el fiscal abocado a su remisión al juzgado ante la necesidad de que se practiquen diligencias restrictivas de derechos fundamentales como intervenciones de comunicaciones, registros domiciliarios, etcétera, que precisan siempre de la correspondiente intervención judicial. Los motivos por los que una diligencia de investigación se archivará sin interponer denuncia o querella son reflejados en la conclusión 24 de la misma circular de la fiscalía, que se refiere a la falta de naturaleza delictiva de los hechos, la falta de prueba o la concurrencia de una causa de extinción de la responsabilidad criminal. Tras esta labor de investigación, en el año 2015 se presentaron dieciséis querellas por la Fiscalía Anticorrupción. Es el último año del que tenemos datos oficiales, a la espera de que en mi próxima comparecencia en defensa de la última memoria de la fiscalía les facilite los datos actuales, que ya les puedo adelantar que van en la misma línea evolutiva. Las diligencias de investigación, desde la reforma del estatuto orgánico de 2003, están sometidas a un plazo de seis meses con carácter general, susceptible de ser prorrogado por decreto del fiscal general del Estado. Ahora bien, las diligencias de investigación que sigue la Fiscalía Anticorrupción tienen la peculiaridad de que disponen de un plazo más largo -un año-, también susceptible de ser prorrogado por decreto del fiscal general del Estado. En este punto relativo a las prórrogas, la directriz que se sigue desde la fiscalía es la de autorizarlas siempre que existan indicios de delito y no se hayan podido finalizar las diligencias necesarias para presentar denuncia o querella. Pues bien, como criterio específico, esta flexibilidad en la concesión de prórrogas se intensifica especialmente cuando la investigación versa sobre delitos relacionados con la corrupción, con el fin de facilitar la actuación de los señores fiscales en esta materia. En segundo lugar, en cuanto a la intervención del fiscal en los procedimientos judiciales, como es sabido, el fiscal no dirige -al menos a día de hoy- la instrucción de los procedimientos penales, no obstante, colabora en la instrucción de la causa solicitando las diligencias que estima precisas a fin de acreditar la existencia o no de un hecho delictivo. En estos casos, al igual que en las diligencias de investigación, serán las pautas comunes relativas a la acreditación del hecho delictivo y de su autor las que regirán la actuación de los fiscales, que se encuentran precisamente especializados en la materia para atender con mayor eficacia los supuestos más complejos. No obstante, existen en este campo otros criterios establecidos a través de instrumentos propios de la Fiscalía General del Estado, tales como, a título de ejemplo, la circular 4/2010 sobre las funciones del fiscal en la investigación patrimonial en el ámbito del proceso penal o la circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015.
Me referiré ahora a la cuestión que sin duda preocupa a sus señorías tanto como a la ciudadanía en pleno y también al propio ministerio fiscal, que no es otra que la de los delitos de corrupción cometidos por autoridades y cargos públicos. De ello dan cuenta las sucesivas memorias de la Fiscalía General del Estado. Aunque es muy probable que ya lo conozcan ustedes por haber sido presentados en esta casa en anteriores ocasiones, déjenme ilustrarles con los últimos datos específicos disponibles, dado que están directamente relacionados con el objeto de esta comparecencia; no pretendo aburrirles en exceso con ellos sino tan solo situarles en lo que la actividad de lucha contra la corrupción implica para la institución que dirijo. En 2015 puede afirmarse que aumentó el número de procedimientos penales en los que intervino la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, pasando de 340 a 371. Aumentó la ratio de sentencias condenatorias obtenidas en los procedimientos perseguidos por la citada fiscalía especializada hasta alcanzar 22 sentencias, de las cuales 19 fueron condenatorias. Aumentó en aproximadamente un 30% el número de escritos de acusación, pasando de 35 en 2014 a 47 en el año 2015. Además, como es sabido, la conocida como Fiscalía Anticorrupción no asume la persecución de los delitos de corrupción urbanística, que vienen atribuidos competencialmente en el organigrama del ministerio fiscal a las secciones especializadas en medio ambiente y urbanismo de las fiscalías. En el año 2015, solo a efectos ilustrativos, podemos destacar que se investigaron 1.089 denuncias a través de diligencias de investigación, se presentaron 436 escritos de calificación y se obtuvieron 455 sentencias condenatorias por delitos relacionados con la corrupción urbanística. A ello deberemos sumar una incontable cantidad de asuntos que, por no revestir las características de complejidad u otras que aconsejan su llevanza por las unidades especializadas, son directamente seguidas por las fiscalías territoriales, sean las fiscalías de los tribunales superiores de justicia en caso de aforados sea en otro caso las fiscalías de las audiencias provinciales o las fiscalías de área. Sirvan para ilustrar la relevancia global de la materia los datos facilitados por el propio Consejo General del Poder Judicial, que ha recogido en sus estadísticas las siguientes cifras: 1.378 cargos públicos investigados por corrupción entre junio
de 2015 y septiembre de 2016; 399 cargos públicos condenados en sentencia firme, lo que implica la condena del 72,7% de las personas acusadas por estos delitos, acusaciones sostenidas en su práctica totalidad por la fiscalía.
Por otra parte, ha entrado desde siempre dentro de la normalidad de la institución la recepción en la Fiscalía General del Estado de las daciones de cuenta de asuntos que, por su especial relevancia o trascendencia, deba conocer la fiscalía general. Del mismo modo, habitualmente se recaba información sobre asuntos de especial trascendencia cuando llegan a su conocimiento, a mi conocimiento. Todo ello de conformidad con el artículo 25 del Estatuto del ministerio fiscal. Desde 2005, durante la etapa en la que el excelentísimo señor don Cándido Conde-Pumpido dirigió la Fiscalía General del Estado -por cierto, de forma admirable-, se estableció el criterio de que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto del ministerio fiscal, las fiscalías deben poner en conocimiento del fiscal general del Estado cualquier investigación que inicien en relación con una persona aforada al constituir hechos de importancia o trascendencia relativos a su misión. Esto se dice en la consulta número 1 del año 2005. En todos estos asuntos debe darse cuenta al fiscal general del Estado, están obligados los fiscales a dar cuenta. Lógicamente, es consustancial y consecuente con esa dación de cuenta el estudio por parte de la Fiscalía General del Estado del asunto que se pone en su conocimiento. De resultas de ese estudio, el fiscal general puede limitarse a acusar recibo de la posición de la fiscalía o, si lo considera procedente, dar instrucciones particulares. No es solo que pueda dar instrucciones, sino que debe hacerlo si tras el estudio del asunto ello es necesario.
Existen ordenamientos jurídicos en los que el fiscal general no puede impartir órdenes negativas, pero no es el caso del ordenamiento español, en el que el fiscal general puede, si considera que no procede ejercitar la acción penal, dar una orden en tal sentido. El fiscal general no puede renunciar a priori a esta facultad, pues esa renuncia sería una verdadera dejación de funciones, de acuerdo con lo previsto en nuestro ordenamiento legal. La dación de cuenta obliga al fiscal general del Estado a adoptar una posición sobre la actuación de la fiscalía en el concreto asunto que se le comunica. La posición del fiscal general del Estado, obviamente, no siempre tiene que ser coincidente con la del fiscal concreto encargado del despacho del asunto. Cuando existe discrepancia, se trata de depurar al máximo los fundamentos de la orden correspondiente. En la mayoría de los casos, estas relaciones internas de la fiscalía no tienen mayor alcance y se quedan en la esfera de lo puramente informativo. En otras, sin embargo, a fin de asegurar la igualdad ante la ley y la unidad de actuación, la fiscalía general actúa impartiendo, si procede, las oportunas instrucciones. No es el fiscal general, obviamente, quien analiza cada asunto recibido sino la secretaría técnica de la fiscalía general la que asume esa labor de estudio y propone, cuando lo considera procedente, la actuación que corresponda para ofrecer los suficientes elementos de juicio a la decisión que deberá adoptar el fiscal general del Estado porque, como se ha dicho, será obligación suya hacerlo. Se trata de un mecanismo propio de las características de la institución, transparente y encaminado al adecuado ejercicio de sus funciones constitucionales con salvaguarda de las garantías de todos los ciudadanos. Quiero también subrayar que otro nuevo criterio y una garantía adicional para estos supuestos es la introducida en el año 2007 estableciendo la necesaria intervención de la junta de fiscales de sala, máximo órgano asesor del fiscal general en materia jurídica, siempre que el fiscal general vaya a impartir instrucciones a sus subordinados en cualquier asunto que afecte a miembros del Gobierno, cualquiera que sea la posición procesal de estos. Esta es una instrucción del año 2007.
Además de todo lo dicho hasta ahora, los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica que rigen el ejercicio de la función fiscal requieren un comentario en relación con la Fiscalía Anticorrupción, dada la directa implicación del fiscal general del Estado en su desenvolvimiento y la gran importancia y consiguiente repercusión mediática que alcanzan gran parte de los asuntos que en ella se tramitan. Debe comenzar por recordarse que la persecución de la corrupción no viene atribuida en España a un solo órgano de la carrera fiscal, la Fiscalía Anticorrupción desarrolla las funciones que legalmente le vienen atribuidas en el marco competencial al que se refiere el artículo 19.4 de nuestro estatuto orgánico, que contiene, junto a los delitos contra la Administración pública relacionados con la corrupción, otros delitos contra el orden socioeconómico y los relacionados con la actividad económica de grupos delictivos organizados. Todo esto es competencia de la Fiscalía Anticorrupción. Es cierto que esta fiscalía ejerce sus competencias en todo el territorio nacional y puede actuar ante cualquier órgano judicial penal español, pero de entre las conductas cuya persecución tiene inicialmente atribuidas -a las que acabo de referirme- su competencia alcanza solo a aquellas que revistan especial trascendencia -literalmente se dice así en la norma-, elemento normativo indeterminado que la instrucción 4/2006 de la Fiscalía General del Estado
interpreta siguiendo determinados criterios generales y particulares para atribuir esta competencia a la fiscalía especial. Entre los primeros criterios está el que se trate de delincuencia organizada o la necesidad de intervención de las unidades técnicas de la fiscalía. Como criterios particulares se combinan los cuantitativos y los personales, según la tipología delictiva. Por ejemplo, la malversación o el cohecho se atribuye a la fiscalía especial cuando sean cometidos por altos cargos; si se trata de un delito fiscal, cuando el importe supere determinada cuantía y se cometa por medio de sociedades; en delitos defraudatorios se tiene en cuenta la existencia de múltiples perjudicados, etcétera. En todo caso, es importante resaltar que la atribución de la especial trascendencia corresponde finalmente apreciarla al fiscal general del Estado, quien tiene además la facultad de atribuir a la fiscalía territorialmente competente la intervención en alguno de los procedimientos por los delitos competencia de la Fiscalía Anticorrupción, pese a concurrir en ellos especial trascendencia, así como asignar a esta fiscalía especial la competencia en asuntos por hechos incluidos en el catálogo de sus competencias, pese a que no se de la nota de la especial trascendencia, cuando su complejidad o relevancia así lo aconsejen. Estas atribuciones previstas todas ellas en la correspondiente normativa se completan con la facultad de nombrar a los fiscales delegados de la Fiscalía Anticorrupción. La ley otorga, pues, al fiscal general del Estado una preeminencia especial en relación con la Fiscalía Anticorrupción que conlleva un contacto permanente con la misma a través del fiscal jefe y una especial implicación en el seguimiento de los asuntos que le son encomendados. Debe recordarse, por otra parte, que los fiscales anticorrupción tienen los mismos mecanismos estatutarios para preservar su imparcialidad que cualquier otro fiscal en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ejercitar las facultades previstas en el artículo 27 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal si entienden que han recibido una orden ilegal o improcedente, extremo este al que me referiré más adelante.
A continuación, paso a contestar a la solicitud de comparecencia sobre los criterios que sigue el fiscal general del Estado para mantener los principios de legalidad, imparcialidad y defensa del interés público, haciéndolos compatibles con los de unidad de actuación y dependencia jerárquica, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. A este respecto permítanme, en primer lugar, sus señorías, realizar una precisión necesaria sobre el tenor de su solicitud, a fin de clarificar como punto de partida el diferente alcance para el ministerio fiscal de diversos principios que ustedes han enunciado en forma homogénea y que, a buen seguro, contribuirá a entender mejor el desempeño de la fiscalía en el ejercicio de las competencias que tiene encomendadas. El ministerio fiscal es un órgano de relevancia constitucional que viene regulado en el artículo 124 de nuestra Carta Magna, que prevé en su apartado 1 sus funciones. Dicho precepto dice así: "El ministerio fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social". De forma subordinada a esas funciones, a fin de poder desempeñarlas fielmente, actuará con sujeción a los principios que contempla nuestra texto constitucional en el apartado 2 del mismo artículo, que dice: "El ministerio fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad". Por lo tanto, no deben confundirse funciones, entre las que, como hemos visto, se incluye la defensa del interés público, con principios de actuación. Y dentro de estos últimos debe tomarse en consideración -importante- la distinción entre los principios rectores de la actuación, que son los de legalidad e imparcialidad, y los principios meramente instrumentales, que son los de la unidad de actuación y la dependencia jerárquica, que tienden a garantizar exclusivamente la vigencia de los anteriores, de los principios de legalidad e imparcialidad.
Las funciones que el artículo 124 de la Constitución española asigna al fiscal, de la máxima importancia en el engranaje constitucional, hacen imprescindible que su organización y funcionamiento sea totalmente imparcial y que así sea percibido por la sociedad a la que nuestra institución ha de servir. Por ello, la Constitución española exige la sumisión del fiscal, en todo caso, al principio de imparcialidad. La dependencia jerárquica y la unidad son principios subordinados a la legalidad y a la imparcialidad, es decir, aquellos que en una escala axiológica deben configurarse como instrumentos al servicio de estos. La vertebración sobre el principio de imparcialidad debe ser clave de bóveda en la organización y funcionamiento de nuestra institución, lo que exige al mismo tiempo garantizar nuestra autonomía. El principio de imparcialidad está íntimamente conectado con la autonomía orgánica del ministerio fiscal que la Constitución española asume decididamente al declarar que ejerce su función por medio de órganos propios. Tras la promulgación de la Constitución española, es evidente que el ministerio fiscal constitucional
ha dejado por completo de ser un órgano de representación o de comunicación del Gobierno con los tribunales. Lleva también el principio de imparcialidad a que cualquier fiscal deba rechazar cualesquiera órdenes o indicaciones sobre el modo de cumplir su función que no procedan de sus superiores jerárquicos, y el fiscal general, como superior de todos ellos, de cualquier persona de dentro o fuera de la institución. La defensa de la legalidad como cometido esencial del fiscal y principio fundamental de la Constitución, entroncando con el valor justicia, solo puede actuarse desde la imparcialidad. La imparcialidad y la legalidad son las dos caras de una misma moneda acuñada para garantizar la absoluta rectitud e integridad en el ejercicio de la función que el fiscal tiene encomendada.
En referencia a los principios de legalidad e imparcialidad, como señala el artículo 6 del estatuto, por el principio de legalidad el ministerio fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiéndose a las debidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan. Significa esto que el fiscal se debe a la ley, exclusivamente a la ley, debe actuar siempre y en todo caso en el marco del ordenamiento jurídico y no puede separarse nunca de la legalidad vigente. De acuerdo con el artículo 7 del estatuto, por el principio de imparcialidad, el ministerio fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados.
Déjenme aclarar que esa independencia a la que alude el artículo que les he leído es una independencia en el ejercicio de la acción concreta que le compete al fiscal y se refiere a la imposibilidad de que este se deje influir por aspectos externos en su toma de decisión. El fiscal es imparcial y por ello no puede tomar partido ni actuar movido por elementos extraños al propio principio de legalidad que rige su actuación. Y en cuanto a la unidad y a la dependencia jerárquica, distintos de los principios rectores, subordinados a ellos o, mejor dicho, instrumentales a ellos, aparecen los principios de unidad y dependencia jerárquica, que son exigibles en tanto que herramientas que permitan al fiscal conducirse de acuerdo a la legalidad y a la imparcialidad. La unidad de actuación y la dependencia jerárquica son garantías de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y, en definitiva, de la seguridad jurídica. Siendo como es que el ministerio fiscal es único para toda la nación, se trata de garantizar que sus integrantes actúan de un modo uniforme en todo el territorio en aplicación de la ley. Precisamente ese carácter instrumental de la unidad y de la jerarquía explica que, efectivamente -tal como es seguro que a ustedes les preocupa-, el Estatuto orgánico del ministerio fiscal haya creado asimismo un mecanismo de contrapesos que permita asegurar que esos principios que han de entenderse como instrumentales no se conviertan en objetivo en sí mismos y, en definitiva, que no mermen ni el principio de legalidad, que seguirá siendo la piedra angular del sistema, ni la imparcialidad en su doble vertiente de objetividad e independencia en el ejercicio de las funciones. Es el estatuto, pues, el que prevé un sistema de equilibrio entre los principios en juego, por lo que cuando interpelan a este fiscal general sobre qué criterios está siguiendo para asegurar este necesario equilibrio, no cabe sino responder que los criterios legalmente establecidos, como no podría ser de otra manera.
Los principios de unidad y dependencia jerárquica no se garantizan solo de los fiscales respecto del fiscal general, sino que, como organización escalonada o estratificada, cuenta con una serie de estructuras intermedias y de mecanismos que los facilitan. El objetivo de estos principios no es imponer una visión determinada, sino garantizar el correcto funcionamiento de la institución de acuerdo a los fines que tiene constitucionalmente encomendados. La unidad de actuación se garantiza, pues, a través de distintas vías: a través de las instrucciones generales que puede dictar el fiscal general mediante los procedimientos legalmente establecidos, como son las circulares o las instrucciones, pero también mediante mecanismos internos de cada fiscalía, como son las juntas de fiscales, en las que los miembros de la plantilla debaten sobre la correcta interpretación de un determinado precepto. Fíjense qué claro se aprecia aquí cómo un mecanismo que contribuye a la unidad y que está intrínsecamente relacionado con la dependencia jerárquica favorece al ciudadano, pues se trata de asegurar que todos los fiscales de un determinado territorio están interpretando del mismo modo la ley, evitando que la suerte de ese ciudadano sea diferente según el fiscal que informe su asunto. Es en este contexto en el que aparece la posibilidad de que el fiscal general del Estado imparta las órdenes e instrucciones, tanto generales como referidas a instrumentos específicos, siempre que sean de interés al servicio y a sus funciones.
La unidad y la dependencia jerárquica en el contexto que venimos dibujando es la que explica también otras posibilidades de control de la actuación de los fiscales por sus superiores. Si descendemos al trabajo cotidiano de los fiscales en sus fiscalías territoriales o especializadas, encontraremos -y no generan duda alguna sobre su idoneidad y legalidad- que se dan aspectos tales como que un fiscal participa en la instrucción de una causa y otro fiscal va a juicio; que varios fiscales sirven en un mismo juzgado e
informan de modo indistinto en sus asuntos; todo escrito relevante del fiscal, especialmente las peticiones de archivo y las acusaciones, son supervisadas por su jefe inmediato, quien, a través de la figura del visado, opina sobre la causa y puede indicarle un cambio de orientación en su perspectiva si considera que no está suficientemente justificada.
Pues bien, los mecanismos que la ley confiere al fiscal general para actuar beben de esta misma filosofía. En un cuerpo jerarquizado y escalonado es evidente que esa visión de dación de cuentas y supervisión se va elevando hacia estadios superiores cuando los asuntos, por su gravedad o trascendencia, lo requieren. Ello explica que como trasunto de los mecanismos descritos aparezcan otros que se relacionan directamente con el fiscal general y que incluyen: impartir órdenes e instrucciones tanto generales como referidas a asuntos específicos convenientes al servicio y al ejercicio de sus funciones; ser informado por los fiscales de los asuntos de especial relevancia o trascendencia de los que conozcan; requerir a un fiscal que comparezca a su presencia para que informe sobre un asunto concreto y darle instrucciones que pondrá igualmente en conocimiento de su superior; designar a un miembro de la carrera fiscal para actuar en un asunto concreto, en este caso tras oír al Consejo Fiscal. La defensa de la independencia de los fiscales en los asuntos de su llevanza se garantiza, finalmente, para todos los supuestos, de modo que, si bien la actuación del ministerio fiscal deberá ser la que marquen sus superiores, en aras de los principios ya analizados, el concreto fiscal del caso tiene a su disposición mecanismos que le facilitan separarse personalmente de dicho criterio. Si recibe una orden sobre un asunto específico, podrá desenvolverse en sus informes orales como considere conveniente al bien de la justicia sin perjuicio de acatar la obligación de actuar conforme a la instrucción en sus dictámenes escritos. Si recibe una orden que considera ilegal o improcedente, podrá informar razonadamente sobre sus motivos, de suerte que se analizará en el órgano competente, dependiendo en cada supuesto, y en caso de persistir el primero en su posición, el fiscal superior que no está de acuerdo con la instrucción recibida podrá relevar al fiscal que firma de sus responsabilidades o encargar el asunto a otro fiscal. Este último mecanismo, regulado en el artículo 27 del estatuto, es un poderoso instrumento frente a cualquier atisbo de arbitrariedad. El superior del fiscal que actúa en un caso, que puede ser su fiscal jefe, el fiscal superior o fiscal general del Estado, son plenamente conscientes de que su orden puede ser contestada por el destinatario y que en tal caso será analizada con transparencia por un órgano colegiado, la Junta de fiscales de la correspondiente fiscalía.
Llegado a este punto, espero haber cumplido fielmente mi deber de colaboración con la Cámara e informado cumplidamente sobre las cuestiones objeto de interpelación. En resumen, la Fiscalía General del Estado considera la lucha contra la corrupción un eje central de su política criminal y con pleno respeto al principio de legalidad actúa de forma decidida en la investigación de los casos que llegan a su conocimiento y ejercita las acciones penales cuando reúne elementos incriminatorios suficientes sin atender, desde luego, a la condición o ideología de la persona investigada o acusada. El fiscal general del Estado, en cumplimiento de esa legalidad vigente, no duden que vigila con especial celo el desarrollo de las causas de corrupción que por su trascendencia lo merece y a través de los mecanismos estatutariamente establecidos promueve, como es su obligación, una respuesta efectiva e igual para todos, sin merma en ningún caso de la independencia de actuación de los fiscales que llevan el despacho concreto de sus asuntos, quienes poseen una incuestionable cualificación y desempeñan un trabajo extraordinario y, por descontado, dentro de la normalidad del funcionamiento institucional pueden y deben hacer llegar sus opiniones particulares sobre el caso concreto. La lucha contra la corrupción exige también una adecuada dotación de medios y una constante especialización de los órganos que la investigan, por lo que desde la Fiscalía General del Estado insistimos, y seguiremos insistiendo, en el ámbito de nuestras responsabilidades, en estos extremos. La igualdad ante la ley y la satisfacción del interés social seguirán siendo nuestra guía en esa tarea, no les quepa a ustedes ninguna duda.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Maza.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el portavoz señor Campo Moreno.
El señor CAMPO MORENO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, buenos días a todos.
Señor fiscal general del Estado, gracias por acudir al llamamiento de esta Cámara y por darnos las explicaciones que acabamos de oír. Hoy le puedo asegurar que todos los aquí presentes sabemos mucho más del ministerio fiscal, aunque ya le digo desde este comienzo que esperábamos más, mucho más, sobre todo respecto de aquellos temas que provocaron la petición de su comparecencia.
En su anterior comparecencia en esta Comisión, el pasado noviembre, le dije que era una comparecencia antipática. Ese día, 23 de noviembre del año pasado, usted compareció en relación con su propuesta de nombramiento y ya le dije que mi grupo parlamentario recelaba de su nombramiento. Usé, me acuerdo, el verbo en su acepción intransitiva para indicarle, sin necesidad de complemento alguno, desconfianza; desconfianza por suponer o imaginar que se ocultaban algunos peligros. Esos peligros que nos temíamos nos han saltado a la cara y la imagen de la justicia como instrumento confiable se nos desvanece; se nos desvanece un poco y, si me lo permiten, un mucho. La carrera fiscal, en general, está estupefacta y también una gran parte de la ciudadanía. Fíjese lo que llega a decir en su comunicado la Unión Progresista de Fiscales -abro comillas-: Algunos de los nombramientos y la no renovación en sus plazas de algunos de nuestros compañeros, casualmente en su mayoría asociados de la UPF, supone un claro retroceso en la pretendida autonomía del ministerio fiscal -y subrayo-, pues tales decisiones solo pueden explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico. Si aquella fue antipática, esta se me antoja dolorosa; dolor por sentir cómo se deconstruye, o al menos eso es lo que parece, el Estado de derecho. Que se diga que una actuación del fiscal general del Estado solo puede explicarse desde el interés político e ideológico nos llena de estupor y de decepción, pero a la vez nos da fuerzas para instar desde esta Cámara la búsqueda de la verdad. Señor fiscal general del Estado, ojalá nos ayude usted más de lo que ha hecho hasta ahora a desvirtuar esa idea y alejemos de nosotros ese mantra que ya circula de que por fin el Partido Popular ha encontrado al fiscal -permítanme la ironía- idóneo. Lo que no pudieron hacer con el señor Torres-Dulce o con la señora Madrigal ya se ha conseguido, dicen muchos miembros de la carrera fiscal y también muchos ciudadanos.
Hagamos algo de memoria. Recuerdo que situé la desconfianza de mi grupo parlamentario en cómo fue su propuesta de nombramiento. Le hablé de la salida del señor Torres-Dulce y de la llegada y la salida de la señora Madrigal, y le pedimos que sus actos estuvieran cargados de motivos para paliar y mitigar esa desconfianza inicial. Le pedimos por el bien de nuestra maltrecha justicia, y en particular por la necesaria autonomía del ministerio fiscal, que su forma de actuar fuera impecable como representante máximo de la promoción de la acción de la justicia. Le dije que sobre su designación, señor fiscal general del Estado, se amontonaban las sospechas y cuánto esfuerzo debería realizar para disiparlas cuanto antes. Lejos de disiparlas, se amontonan los elementos de sospecha; de ahí que usted esté aquí hoy. Y créame cuando le digo que ni a mi grupo ni a mí personalmente nos produce satisfacción alguna; al contrario, nos produce zozobra. No estoy hablando de una posverdad ni de una teoría conspiratoria contra usted o contra su nombramiento. Fíjese en el titular del periódico El Mundo del día 27 de febrero de este año, es decir, de anteayer, titular de primera página -abro comillas-: La fiscal Madrigal no siguió por rechazar las presiones de Catalá. El ministro se reunió varias veces con la ex fiscal general para imponerle los nombramientos de los jefes en Anticorrupción y de la Audiencia Nacional. Ella se negó a esto último y fue relevada. Fin de las comillas. No le voy a releer la primera página ni la décima porque seguro que se las debe saber casi de memoria, aunque sabe que eso ya lo habíamos leído en otros medios, medios con líneas editoriales no considerados precisamente progresistas.
Señor fiscal general del Estado, mi grupo parlamentario une al recelo y desconfianza ante su nombramiento la pesadumbre de lo acontecido estas dos últimas semanas, pero del mismo modo le digo que no es la intención de mi grupo parlamentario cuestionar los nombramientos efectuados el pasado viernes por el Consejo de Ministros a instancias suyas, aunque también le diré que es muy preocupante que servidores públicos ampliamente reconocidos por todos como luchadores contra la peor criminalidad -entiéndase terrorismo yihadista, criminalidad organizada, cibercrimen o la corrupción política en general- se vean descabalgados de esa lucha sin explicación alguna, sin que los ciudadanos podamos comprender las causas de esos relevos. Me gustaría centrarme, como máximo exponente de lo que le digo, en Murcia y lo allí ocurrido, aunque posiblemente La Rioja también nos depararía resultados similares. Fíjese, pues no deja de ser llamativo, que del 20 de diciembre de 2016, pasando por el 29 del mismo mes, al 17 de enero de 2017 la fiscalía tiene posturas diferentes en orden a la investigación del chalé situado en Villamediana. El 17 de enero, pese a que los días 20 y 29 de diciembre son fechas navideñas, se instaba la necesidad de la investigación. El 17 se insta el archivo. Cuenta el periódico La Rioja, siguiendo el también periódico de tirada nacional El Mundo, que en la fiscalía riojana se había recibido órdenes de no investigar. Es verdad que el fiscal superior de La Rioja desmintió tal información.
Tras esto, no podemos dejar de observar los relevos en la cúpula del ministerio fiscal. Aparentemente son cosas distintas, pero todos sabemos que raramente la apariencia se corresponde con la realidad. Mucho nos tememos y sospechamos que pueda haber un supernexo común y una confluencia de
intereses. No es bueno que los fiscales superiores o los fiscales jefes tengan aclarar que no son objeto de sugerencias por la Fiscalía general, pero esto se está convirtiendo en una costumbre. Esta misma mañana la fiscal jefe de Cádiz ha tenido que precisar la actuación de su fiscalía con ocasión de los indultos concedidos a varios funcionarios del Ayuntamiento de Rota que habían sido recientemente condenados. El ministro de Justicia dijo que había unanimidad en los informes. Pues no, la fiscal jefe ha tenido que salir diciendo que no. Mucho le dolería a mi grupo parlamentario que aquella desafortunada frase de "la fiscalía te lo afina", que se atribuye al anterior ministro del Interior grabado en su despacho, y dicho al responsable de anticorrupción de Cataluña, tuviera visos de realidad y costumbre. Usted sabía aquello y aceptó el cargo. Esperemos que sea con el único objetivo de preservar el recto proceso y la autonomía de funcionamiento del ministerio fiscal.
Señor fiscal, permítame un momento de reposo. Dos palabras -con todo el peligro que ello conlleva- sintetizan el parecer de este grupo parlamentario respecto a su actuación en estos escasos meses: sospecha y decepción. Sospecha de trato de favor y de filtración al Gobierno, quizá vía ministro de Justicia, en la paralización de una investigación criminal que ponía el foco en el hoy presidente de la Región de Murcia. Ya he dejado dicho lo del expresidente riojano, pero centrémonos en Murcia. Fíjese que mi grupo parlamentario no entra en la bondad de esa paralización. Sabe, pues es conocedor de las facultades del fiscal general del Estado conforme a su estatuto orgánico, que esa orden puede darse y cómo antes de instar la realización de una exposición razonada por el instructor deben pronunciarse tanto la secretaría técnica como los fiscales de Sala del Tribunal Supremo. Conocemos esa dinámica y no hay nada que objetarle. Mi grupo pone el acento en dos cuestiones nada accesorias. Una -y aquí utilizaré algo que a los jueces nos es muy conocido- es el juego del mecanismo o prueba indiciaria, es decir, el método que nos va a permitir la proclamación de un hecho a partir de una mera articulación lógica de indicios, entendiendo por tales rastros, vestigios, huellas, circunstancias y, en general, todo hecho conocido o, mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido.
Algunas preguntas realizadas en voz alta sintetizarán estas dudas. ¿Cómo sabe el presidente de la Región de Murcia que el fiscal no va a solicitar la continuación de la investigación para él? ¿Cómo fue? ¿Quién se lo dijo? ¿Alguien se lo adelantó al ministro o simplemente se aceptó la sugerencia de que así se hiciera y se dijo "ya"? ¿Es el Gobierno el que le dijo lo que pasó o lo que iba a pasar? Señor fiscal general del Estado, ¿por qué es el ministro de Justicia el que tiene que exhortar a las dos fiscales a que acaten el informe de la Fiscalía Anticorrupción, contrario a investigar al presidente de Murcia? ¿Le ha explicado el señor fiscal general del Estado al ministro de Justicia que es posible la discrepancia con un superior y la forma de solventarla conforme al Estatuto orgánico del ministerio fiscal? ¿Es cierto lo que hemos leído en la prensa de que el presidente de Murcia conoció antes que los propios fiscales del caso Púnica que la cadena de mando se oponía a su investigación? El propio ministro parece reconocerlo y no cuestionar tal aseveración. ¿Cómo se defiende el fiscal general del Estado y, lo que es más importante, cómo defiende a las fiscales y los fiscales de este país, que cada día y con escasez de medios realizan su papel constitucional de una manera encomiable cuando el ministro del ramo les llama indiscretos?
Señor fiscal general del Estado, no se sorprenda por ser llamado ante esta Cámara; sorpréndase por lo que está ocurriendo y, lo que es mejor, póngale remedio. Oiga a las asociaciones, pues todas le están pidiendo que marque distancia con el Gobierno y no tolere injerencias. Dé rienda suelta al mérito y a la capacidad en la carrera fiscal sin importar la asociación a la que pertenezcan. Sí, sé lo que le digo, señor fiscal general del Estado. Ponga remedio a que de las cincuenta y dos provincias solo ocho tengan al frente a un fiscal asociado a la Unión Progresista de Fiscales. Ponga remedio a que de las diecisiete comunidades autónomas solo una de ellas tenga un fiscal superior asociado a la Unión Progresista de Fiscales. Ponga remedio a que de los treinta y un fiscales de sala solo once sean de la UPF, de los cuales solo nueve tienen jefatura porque dos conservan la categoría sin esa jefatura. Ponga remedio a que desde que cesó el fiscal general del Estado, el señor Conde-Pumpido, no se haya nombrado a ningún fiscal de sala de la UPF y los que estaban nombrados vayan siendo renovados sistemáticamente.
Le dije que había dos cuestiones. La otra es la falta de explicación o de transparencia sobre la destitución del fiscal superior del tribunal de Murcia. Nada se ha explicado, silencio que agranda la peor versión posible. El crédito ciudadano en las instituciones y la legitimación social del conjunto del sistema democrático está fuertemente relacionado con la capacidad de las propias instituciones y de la legislación para generar confianza en la ciudadanía; confianza en su funcionamiento para que, en suma, las percibamos los ciudadanos como instrumentos eficaces y confiables. A veces olvidamos estas bases
sencillas en el debate político, jurídico y mediático en torno a la justicia. Es sano, por tanto, recordar hoy más que nunca que la Administración de Justicia y la Fiscalía General del Estado, como cualquier otro servicio público, se deben a los ciudadanos y que el diseño de las políticas debe girar sobre sus intereses y prioridades. Por cierto, unos ciudadanos formados para constituirse en verdaderas y exigentes conciencias críticas de las prácticas políticas, pero también jurídicas; ciudadanos que quieren conocer y hasta entender el porqué de ciertas cosas, por qué se releva a un fiscal que está llevando causas criminales contra la corrupción y alguna otra cosa más. Nadie puede discutir la legitimidad del fiscal general del Estado para proponer a quien considere oportuno, pero tampoco espere ciudadanos acríticos ni fiscales de encefalograma plano. Con la propuesta de destitución del fiscal superior de Murcia y su relevo usted ha dejado muchas preguntas en el aire, vacíos que, insisto, alimentan la peor de las sospechas en el sentido indicado por la asociación de fiscales a la que antes me referí.
El fiscal López Bernal estaba inmerso en la dirección profesional de las investigaciones por casos de corrupción en los que se veían afectados responsables políticos del Partido Popular en la Región de Murcia. El fiscal López Bernal llevaba dos mandatos en su puesto. Se ha renovado incluso a fiscales con tres mandatos, luego el hipotético criterio de que los dos mandatos son suficientes quiebra. Al fiscal López Bernal le quedaban dos años para jubilarse. Ha sido un criterio consuetudinario -lo sabe muy bien el fiscal general del Estado- esperar por cortesía ese tiempo sin relevo. Al fiscal López Bernal le apoyaron en el Consejo Fiscal no solo los tres fiscales de la UPF, sino también los dos llamados institucionales, señores Navajas y Cartagena. Se dice que el recién nombrado es continuista en relación con la posición respecto a los enfoques en los casos de corrupción de Murcia. Entonces, ¿para qué el cambio? Tras oír las declaraciones del señor López Bernal en una emisora de radio a todos nos invadió un cierto hilo de estupefacción. Un fiscal superior que denuncia intimidación, un fiscal superior que denuncia persecución familiar, robos en casa habitada al fiscal que desempeñaba más directamente la causa, así como a un subinspector de Hacienda. La nada por respuesta. Un fiscal que nos dice que todo esto estaba en conocimiento del fiscal general del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En resumidas cuentas, los fiscales que luchan contra la corrupción se sienten de una manera generalizada desprotegidos.
Podríamos seguir, pero la última pregunta y que no se despeja es, entonces, cuál es la verdadera causa. A todo esto es a lo que debería haber contestado el señor fiscal general del Estado. Ha perdido una primera oportunidad de hacerlo. Tiene un nuevo turno; no lo desaproveche, señor fiscal.
El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Doy las gracias al compareciente, señor Maza, por esta primera intervención que, efectivamente, no ha despejado ninguna de las dudas por las cuales pedimos su comparecencia. Vamos a ver si en esta intervención somos capaces de centrar más la cuestión y así darle la oportunidad de que en su segunda intervención sea capaz de despejar algunas de estas dudas, que principalmente son sobre un aspecto nuclear de la cuestión que usted mismo ha destacado, que es la imparcialidad del ministerio fiscal y, en concreto, del fiscal general del Estado en su actuación.
Usted hablaba de la necesidad, de la obligación de actuación con ese principio de imparcialidad, así como de la importancia de la percepción de esa imparcialidad por parte de la ciudadanía. Pues bien, desde nuestro punto de vista, con sus actuaciones en estos pocos meses que lleva al frente del cargo sin duda ha roto esa percepción de la ciudadanía de que usted actúa con imparcialidad; vamos a ver si hoy sacamos en claro si realmente ha habido o no actuaciones imparciales por su parte. Luego desgranaré las actuaciones que nos han hecho llamarle a comparecer aquí y acabaré la intervención con unas preguntas que esperemos que nos permitan, como le decía antes, afinar el tiro para que se despeje alguna de las dudas que usted ha provocado, más allá de darnos una clase magistral sobre el funcionamiento de la fiscalía, que sin duda agradecemos porque siempre es positivo.
Pero también hay que recordar el marco en el que se producen esas actuaciones. Como usted ha dicho en su discurso, esas actuaciones están centradas en el marco de la lucha contra la corrupción, que es uno de los principales problemas para los ciudadanos de este país -también lo mencionó en su discurso del 23 de noviembre-, según lo que declaran en los estudios de opinión que se vienen publicando en los últimos años. Pues bien, en ese marco, en el que hay que reconocer, efectivamente, que los
tribunales de justicia, los jueces y, en ocasiones, la fiscalía están siendo arietes de esa lucha contra la corrupción, se producen unas actuaciones por su parte que ponen en cuestión si el verdadero objetivo de usted como fiscal general del Estado es la lucha sin cuartel y la lucha de frente contra ese problema, que es la segunda preocupación para los ciudadanos españoles, la corrupción. Cuando usted compareció aún como candidato, mis compañeros le decían que ya se vería en el ejercicio de su cargo si usted iba a ser un fiscal de Gobierno o iba a ser un fiscal de la legalidad. Las dudas que ha levantado con sus actuaciones inclinan la balanza hacia el lado negativo de la frase. Usted aparece ante la ciudadanía más como un fiscal general del Estado de Gobierno que como un fiscal general del Estado que defiende los intereses generales de los españoles. Por eso, es importante su comparecencia y que disipe esas dudas. Creo, humildemente, que no lo ha hecho en la primera intervención y espero que pueda hacerlo en la segunda.
Esas actuaciones a las que me refiero y que se han producido en los pocos meses que lleva en el cargo se podrían circunscribir en tres cuestiones. Por un lado, en las instrucciones dadas en casos concretos de lucha contra la corrupción. Por otro lado, en el cese y nombramiento de cargos de la fiscalía. Por último, en la defensa de esos arietes en la lucha contra la corrupción, que son los fiscales, y que, como ha denunciado alguno de ellos, se han visto acosados o han sentido esa sensación. Usted ha hecho un repaso tanto por las cuestiones de las órdenes e instrucciones que da la fiscalía como por las cuestiones de nombramientos, y nos ha dicho lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, lo que dice el Estatuto del ministerio fiscal. Estamos de acuerdo, pero vamos a ver si, concretamente en estos asuntos, sus intervenciones han sido las adecuadas, que es lo que nos gustaría desgranar para sacar conclusiones al final de esta comparecencia.
Empecemos por el primero de los puntos, las órdenes e instrucciones. Está claro que los mecanismos existen. Cuando hay discrepancias, ustedes dan órdenes o instrucciones, que pueden darlas, pero las que han salido a la luz pública iban en la dirección de corregir a los fiscales que estaban llevando casos de corrupción favoreciendo el criterio de los presuntos corruptos. Eso se puede producir, pero nos gustaría que usted nos dijera, aunque me va a decir que no puede entrar en casos concretos, si también se ha producido, al menos estadísticamente, esa cuestión al contrario, porque, si no, lo que salta a los medios de comunicación es que se produce una corrección del criterio de los fiscales favoreciendo -insisto- los intereses o los argumentos del presunto corrupto. Se podría producir, pero me gustaría saber si siempre van en la misma línea, porque eso es lo grave, eso es lo que haría el fiscal de Gobierno y no el fiscal que defiende el interés general, actuar siempre defendiendo los intereses de los presuntos corruptos, sobre todo en los casos en los que el presunto corrupto es miembro del partido del Gobierno que le ha nombrado a usted fiscal general del Estado. Es importante que se disipe cualquier tipo de duda en esos casos.
Ese caso se agrava no solo con la discrepancia, que puede ser más o menos espectacular u objeto de noticia o noticiable por su actuación, sino también por la actuación del ministro de Justicia, que creo que de forma muy poco prudente entra al asunto y habla de quién está actuando bien y de quién está actuando mal, de los fiscales buenos o de los fiscales malos, dando otra vez la casualidad de que los fiscales malos son los que quieren llevar adelante ese proceso, los que quieren que siga adelante ese procedimiento por unos determinados cargos contra el presunto corrupto, y los fiscales buenos son los que dicen que no se tiene que seguir adelante. Además, el ministro, cuya comparecencia hemos solicitado y que esperemos que se sustancie lo antes posible, les ha ayudado poco en esa cuestión por una actuación, cuando menos, torpe. También le preguntaré por el tema de las filtraciones. ¿Cómo puede ser que una de las partes del proceso se entere antes de tiempo? Parece ser, además, como hemos podido ver en los medios de comunicación, que hubo una intervención directa del ministro de Justicia. Se lo preguntaremos a él directamente, pero no estaría mal que usted nos diera su opinión, porque quien ha quedado en entredicho en todo este procedimiento ha sido usted y el ministerio fiscal.
Otra de las cuestiones es el tema de los ceses y nombramientos. Nadie pone en cuestión que se puedan realizar estos ceses y nombramientos, pero lo que queremos dilucidar es si hay una intencionalidad política detrás de esos ceses y nombramientos, de esa decapitación de determinados fiscales que estaban en primera línea en la lucha contra la corrupción. Algunos hablan de purga. Vamos a ver si somos capaces de aclarar si hay purga o no, si hay intencionalidad política en esos nombramientos o si realmente son unos nombramientos en los que el único criterio ha sido el que debería ser siempre, el de mérito y capacidad. En ese sentido, también le haremos preguntas. Una de ellas es qué procedimiento se utiliza para esos nombramientos, si realmente no hay criterios políticos y si el único criterio es el de mérito y capacidad. ¿Se está respetando lo que dice el artículo 13.2 del Estatuto del ministerio fiscal? Usted nos ha hablado antes de cómo deben funcionar las cosas, de cómo funcionan, de lo que dice el Estatuto del ministerio fiscal, de lo que
dice la Constitución y de lo que dice la ley. Pues bien, creo que ese artículo 13.2 del Estatuto del ministerio fiscal dice que tiene que haber unos informes preceptivos sobre ese mérito y capacidad, que tiene que haber una sección permanente de valoración de la Inspección Fiscal que evacúe esos informes y que esos nombramientos tendrían que ver algo con esos informes. Me gustaría saber si el único criterio es el de mérito y capacidad o si el criterio es el del dedazo, por interés político, si realmente se ha seguido ahí el procedimiento tal como está establecido en la norma y en el Estatuto del ministerio fiscal.
Por último, la defensa de los fiscales. Los fiscales anticorrupción - todos los fiscales, pero estamos hablando del tema de la corrupción- se tienen que enfrentar a unas mafias organizadas, que han parasitado nuestro sistema democrático y que actúan como tales; se está demostrando en esas denuncias de acoso, de entrada en pisos y de sustracciones. Esa es la sensación del propio fiscal que ha estado en primera línea en el sentido de sentirse acosado, por lo que nos gustaría saber qué se ha hecho desde la fiscalía en ese asunto para amparar a esos fiscales y si tiene conocimiento o se ha interesado usted, como fiscal general del Estado, por saber qué se ha hecho desde el propio ministerio o desde el Ministerio del Interior. Nos gustaría tener esa información.
Le quiero hacer alguna pregunta más concreta. Básicamente, estamos hablando de tres asuntos, en este caso del asunto de las instrucciones. Usted dirá que no puede hablar del asunto concreto, pero en el tema de Murcia, que es el que ha desencadenado todo esto, resulta curioso también -no sé si podrá decirnos algo al respecto o no- que ustedes den una instrucción para corregir a las fiscales. Después el juez Velasco hace un auto tirando hacia delante con esos asuntos y cita una jurisprudencia del Tribunal Supremo de la que usted es ponente para apoyar el criterio jurídico contrario a la instrucción que ustedes dieron a sus fiscales, lo cual, como digo, es curioso, por lo que me gustaría que hiciera algún comentario al respecto.
Creo que las preguntas más importantes ya han sido planteadas. Las dudas sobre su actuación en estos pocos meses nos han obligado a solicitar esta comparecencia. Nosotros le dijimos en su primera comparecencia como candidato que le dábamos el beneficio de la duda, pero creo que en estos tres meses usted ha dilapidado el beneficio y solo ha dejado dudas extensas, dudas que en absoluto ha podido despejar en su primera intervención, por lo que le agradecería -creo que los españoles le agradeceríamos- que fuera capaz de despejar alguna de ellas en la siguiente.
Señor Maza, buenos días. Yo tenía entendido que el motivo de esta comparecencia era esclarecer el cambio de criterio del ministerio fiscal con respecto a las investigaciones en curso relativas a don Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia, implicado en el caso Púnica. Sin embargo, hemos asistido aquí por su parte a una clase sobre el funcionamiento del ministerio fiscal y después de más de una hora de comparecencia aún seguimos con muchas respuestas pendientes, porque no nos ha respondido a nada.
Plan criminal, enriquecimiento ilícito a costa de las arcas públicas, grave lesión al erario público. Todas estas expresiones están en el escrito de las dos fiscales que estaban llevando la investigación del caso Púnica. Estas fiscales y el juez de la Audiencia Nacional, el señor Velasco, vieron evidentes indicios de fraude, de cohecho, de revelación de información reservada por parte del presidente de Murcia. Yo desconozco si el fiscal general del Estado se toma tantas molestias en todos los casos que está llevando, pero está claro que en este caso no se ha escatimado en recursos porque se puso a funcionar a toda la maquinaria del ministerio fiscal para salvar de la imputación al presidente de Murcia, y le enumero. Han intervenido cuatro fiscales de sala del Supremo, dos fiscales de sala de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y usted mismo. También desconozco, señor Maza, si se desconfía y se pone en tela de juicio el trabajo de todos sus fiscales, sobre todo cuando se trata de personas con más de veinte años de carrera en el ministerio fiscal. ¿Puede decirnos en cuántos casos ha discrepado usted desde su nombramiento, hace ahora tres meses, del trabajo de sus subordinados en materias como las que nos ocupan, en casos de corrupción?
Aunque desde Compromís hemos pedido la comparecencia en Pleno del ministro de Justicia, nos gustaría también saber cómo va a preservar la independencia de sus fiscales y mantenerlos al margen del autoritarismo del señor Catalá, que le instó a actuar contra las fiscales del caso Púnica por no compartir el criterio de sus jefes, y me remito al comunicado elaborado por el Consejo Fiscal el día 25 de febrero
pasado, muy duro con las declaraciones que había hecho previamente el ministro de Justicia cargando contra estas fiscales del caso Púnica.
No voy a entrar ahora en las tenues y brumosas razones de los fiscales de sala para velar por la reputación de don Pedro Antonio Sánchez, pero ya que la teniente fiscal de Anticorrupción ha respondido solamente en doce líneas a veintisiete páginas de instrucción, pasando por alto lo relativo, por ejemplo, al posible delito de revelación de información, me gustaría saber por qué no se ha facilitado el informe completo de las fiscales del Supremo y de la Secretaría técnica de la Fiscalía general. ¿Qué razones son las que realmente van a impedir que el presidente de Murcia dé explicaciones sobre un presunto contrato para limpiar su imagen con cargo al bolsillo de los ciudadanos?
Entrando ya en materia de injerencias e irregularidades, me pregunto también cómo es posible que el presidente de Murcia supiera antes que las partes que los cuatro fiscales de sala del Supremo se habían opuesto a su imputación. Me pregunto también cómo es posible que el fiscal general del Estado ponga la lupa sobre el trabajo de dos fiscales si ni siquiera se ha abierto -o al menos no sabemos que se haya abierto- una comisión de investigación para desvelar quién filtró la información a Pedro Antonio Sánchez. Le pregunto qué medidas concretas va a poner usted en marcha para aclarar qué ha pasado con estas filtraciones y para depurar responsabilidades. ¿Por qué no se ha puesto el mismo empeño -que sepamos- en la obligación de perseguir al culpable de ese trato de favor, de esas filtraciones?
Sabemos también, señor Maza, la afición que tiene su jefe, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por las destituciones y relevos -tres fiscales generales en dos años y medio de mandato del señor Catalá-, una afición que parece que usted también tiene, porque en tres meses ha sustituido a mucha gente en el ministerio fiscal, entre otros, al fiscal jefe de la Audiencia Nacional y al fiscal superior de Murcia, incluso en contra de la opinión de los dos fiscales natos del Consejo Fiscal. ¿Por qué no ha renovado a ninguno de ellos en el cargo? ¿Por qué sustituir ahora al fiscal superior de Murcia, a don Manuel López Bernal, teniendo en cuenta que el lunes de la semana que viene, el día 6, don Pedro Antonio Sánchez debe declarar por el caso Auditorio? ¿Esta decisión de relevo tan precipitado tiene que ver con las presiones que denunció el propio señor Bernal ante los medios de comunicación? Aprovecho, por último, mi intervención para intentar saber de primera mano, ya que está usted aquí, si se ha puesto en contacto con el fiscal anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia después de que entraran a robar en su casa dos veces. ¿Qué sabemos sobre esto?
Gracias, señor compareciente, por su asistencia hoy a esta sala. Quiero decirle que hoy es Miércoles de Ceniza, día en el que, según el rito católico, los católicos acuden a recibir la ceniza en una señal de humildad, de fragilidad, y sobre todo para proponerse abrir una etapa de conversión, una etapa de renovación. Pues bien, hoy no hemos asistido a un Miércoles de Ceniza por parte del ministerio fiscal, sino a una comparecencia que ha sido un tratado teórico político-jurídico sobre cuáles son las funciones de la fiscalía. Le agradecemos la ilustración de nuevo, porque siempre es bueno refrescar conceptos, pero nos gustaría que en la segunda parte de su intervención atendiese al objeto de su comparecencia en sí, que no es otro que manifestar por nuestra parte que existe una realidad, y es que, por ejemplo, el 41% de los españoles considera que hay injerencias en la función judicial en abstracto por parte del Gobierno y que organismos europeos como el Greco dicen que el Estado español está en el puesto veintitrés del total de los veintiocho Estados miembros en percepción de independencia judicial y de separación de poderes. Además, todo esto no solo son encuestas y estadísticas, sino que hay hechos que parecen confirmar estas percepciones de la ciudadanía y estos estudios que vienen de Europa, por ejemplo, cambios de criterio exprés en diferentes temas. En este sentido, le podría nombrar el caso Sanz, un caso de cambio de criterio en doce días, o el caso del presidente de Murcia, en el que se ha pasado de un criterio de imputación a otro de no imputación, o el récord de cinco días que tiene el cambio de criterio de la Junta de Fiscales de Cataluña para decidir abrir actuaciones contra el procés participatiu del 9 de noviembre.
Usted ha dicho que los cambios de criterio se dan y que, además, son consecuencia de la jerarquización del órgano que preside, pero es cierto que también ha dicho que estos se producen después de unas sesiones de estudio y motivación. Parece que poco tiempo para el estudio ha habido, pero sí se ha producido un repliegue al imperativo jerárquico por presiones del Gobierno que no
denunciamos solo nosotros o que no se ponen de manifiesto solo por parte de esta parlamentaria, sino que son las que han denunciado el exfiscal de Murcia o el exfiscal Jiménez Villarejo, e incluso hay revelaciones de fiscales que dicen que en una reunión con usted usted mismo reconoció presiones directamente desde la secretaría de Estado. Me gustaría que nos explicase si esto es así, porque se nos antojan muy graves estas denuncias y esta evidencia de que el Gobierno del Estado español, el ministro de Justicia, tiene una acción muy directa sobre el ministerio fiscal, que usted preside. Además, la curiosidad ha hecho que los cambios de criterio relatados, más los nombramientos en puestos clave de la fiscalía siempre han caído del lado del Gobierno, del lado que más beneficia al Partido Popular. Yo digo que serán coincidencias y me imagino que me lo confirmará, pero, en todo caso, me gustaría que entrase también a tratar este asunto.
Recientemente en Cataluña estamos muy animados con la actuación de la fiscalía y, de hecho, la vemos con cierta sorpresa. La última ha sido la imputación de cinco miembros de la Mesa del Parlament -mejor dicho, de cuatro de los cinco miembros que estaban notificados y advertidos-, exactamente cuatro de ellos porque son partidarios de la independencia del país y el quinto en discordia ha sido literalmente exculpado porque no tenía ni pretendía incumplir los mandatos del Constitucional ni llevar adelante un proyecto político con total menosprecio a la Constitución. Es decir, juicios de valor que emite la fiscalía para, a la carta, querellarse contra determinados miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya, sin atender a hechos objetivos -como podría ser aceptar o no una votación- y, en cambio, entran en valoraciones subjetivas. Además, la Fiscalía Superior de Cataluña se toma la molestia de aclarar en una nota de prensa que todo ello ha sido siguiendo instrucciones de la Fiscalía General del Estado. Nos ha llamado la atención este ánimo constante, ya que es la segunda vez que la Fiscalía Superior de Cataluña dice que actúa por decisión del fiscal general del Estado. Me gustaría que nos explicase si esto es realmente así.
Sin ir más lejos, también hoy, siguiendo con Cataluña, una servidora está aquí atendiendo a su comparecencia, pero mi corazón y mi sentimiento están acompañando al portavoz de mi grupo parlamentario, que precisamente está declarando en el Tribunal Supremo como consecuencia de una querella de la fiscalía, después de un año de haberse iniciado las actuaciones en Cataluña. Después de un año de la imputación del señor Mas, de Irene Rigau y de Joana Ortega por el TSJ, la fiscalía se da cuenta de que a lo mejor también el portavoz de mi grupo había hecho alguna cosa en relación con esta cuestión. La fiscalía se da cuenta precisamente cuando mi portavoz es elegido diputado en esta casa, la fiscalía se da cuenta de que algo tenía que hacer. Simultáneamente, aparecen unas autograbaciones en el Ministerio del Interior que dicen que la fiscalía está para afinar cuestiones. Y en ese momento llega la imputación del señor Homs en esta causa, que hoy, como digo, está declarando en un juicio que a nosotros nos parece una total barbaridad y un atentado contra el Estado de derecho. Teniendo en cuenta que usted lleva ya unos meses en la fiscalía, le pregunto: ¿Qué nos puede decir a la vista de lo que se encontró en la cuestión de las autograbaciones del Ministerio del Interior? ¿Cómo piensa usted actuar al respecto?
Para terminar, no le voy a pedir -como ha hecho algún otro grupo- que señale si existen o no existen miembros de una determinada corriente en la fiscalía, ni le voy a pedir que quite ni ponga nombres de determinadas asociaciones fiscales en lugar de otras, porque esto sería tanto como reconocer que nos parece bien que se incida ideológicamente en la fiscalía, pero sí le voy a pedir que haya propósito de enmienda, es decir que interiorice usted este Miércoles de Ceniza por la fiscalía. Ello pasa, por ejemplo, por preguntarle si piensa abrir alguna investigación en relación con el testigo falso que reconoce haber mentido a instancias del Ministerio del Interior para inculpar y -exactamente, dice el testigo- destruir al Gobierno de la Generalitat, presidido por Artur Mas y sus consejeros del momento. Esta información ha aparecido y un testigo ha reconocido que recibió estas presiones del Ministerio del Interior. ¿Piensa abrir investigación? O, sin ir más allá, ¿abrirá investigación en el caso del falso testimonio de la que fue presidenta del Partido Popular en Cataluña? Se ha evidenciado -ella no lo ha reconocido, pero han aparecido unas grabaciones inoportunas para ella- que la señora expresidenta del Partido Popular en Cataluña incurrió en falso testimonio ante el Parlament de Catalunya y ante los juzgados diciendo una cosa que no era cierta. Le pregunto: ¿Empieza hoy el Miércoles de Ceniza para el ministerio fiscal?
Muchas gracias, señor Maza, fiscal general del Estado, por su comparecencia y por su presencia aquí. Sin embargo, no tengo que dárselas -como ya se ha puesto de manifiesto por los anteriores portavoces- por el contenido de su exposición, porque se ha ceñido a darnos una serie de explicaciones sobre el funcionamiento del ministerio fiscal, pero no ha entrado ni de refilón en el objeto por el que se le ha convocado. Al principio de su exposición ya podíamos intuir por dónde iba a ir porque ya ha manifestado que no podía entrar en casos concretos en la medida que se podía afectar a derechos fundamentales. A partir de ahí, ha sido una teórica, buena, sobre cómo funciona con carácter general el ministerio fiscal, pero no nos ha contestado, desde nuestro punto de vista, a las tres cuestiones por las cuales usted había sido convocado de urgencia.
La primera era para darnos cuenta de la desprotección que han denunciado miembros de la Fiscalía Anticorrupción y alguna asociación de fiscales; para darnos cuenta del desamparo que han manifestado ante presiones, amenazas, intimidación, coacciones e incluso en allanamientos de domicilios, con robo de documentación informática vinculada a su actividad anticorrupción. Y esta cuestión no ha sido resuelta, como no lo ha sido la denuncia ante la Fiscalía general y la delegación del Gobierno sobre qué trámite han seguido esas denuncias, porque ponen de manifiesto que fueron denunciados en tiempo y forma y también ponen de manifiesto que no han tenido ningún resultado en cuanto al esclarecimiento de estos hechos. En relación con esta primera cuestión, ha habido declaraciones de ministros y de algunos parlamentarios en las que ponían en solfa a estos fiscales al hacer declaraciones tales como que actúan de manera partidista, o bien minimizándolas diciendo que su trabajo está sometido a mucha presión. No le puedo imputar a usted palabras que no son suyas, pero sí echamos en falta una manifestación por parte de la fiscalía dando amparo a los fiscales frente a estas declaraciones que o minimizan o fragilizan esta cuestión.
La segunda cuestión por la que considero que está usted aquí y a la que tampoco nos ha respondido es la relativa a los criterios que se utilizan para la persecución de los delitos de corrupción, y no en abstracto sino con ocasión de la oposición de la Fiscalía general a imputaciones que se proponían por fiscales adscritos a casos concretos y finalmente haciendo prevalecer la no imputación cuando de algunos cargos públicos se trataba. Tampoco nos ha respondido a los casos concretos, que es para lo que le hemos llamado y no para otra cosa.
Y la tercera cuestión, que creemos que tampoco nos ha respondido, es qué criterios se han seguido para los actuales nombramientos y ceses en las fiscalías. Porque, a través de ellos, se ha lanzado un mensaje a la sociedad y es que: a los más activos en la lucha contra la corrupción se les cesa, se les retira. En definitiva, creemos que no se ha apuntalado la confianza de la sociedad en la fiscalía.
Voy concluyendo. Nada de esto se ha abordado y confiamos en que en su segunda intervención aborde estas cuestiones para las que ha sido aquí convocado, y no para otros asuntos.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la señora Capella tiene la palabra.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia. Gracias, presidenta, señoras y señores diputados.
Señor fiscal general del Estado, señor Maza, en todo caso quiero agradecerle esta lección teórica sobre los artículos que afectan al ministerio público, el repaso que nos ha hecho del Estatuto orgánico del ministerio fiscal -que siempre va bien-, pero comprenderá que no esconda mi decepción. Además, no esconderé la decepción que me producen determinadas actuaciones legales, eso sí, legales, pero que en definitiva, a criterio de Esquerra Republicana, menoscaban aún más la imagen que tiene la justicia en España y la percepción que de ella se tiene por la ciudadanía de que la justicia no es del todo independiente y de que el principio de igualdad deja mucho que desear. Esta es la percepción general y lo que hemos visto hoy aquí tampoco va a ayudar demasiado a cambiarla. Me dirá seguramente que es mi percepción o la percepción de Esquerra Republicana en atención a los miles de procesos que se instruyen, se enjuician, actuaciones de los fiscales, etcétera. Cierto, pero como todo en la vida también es importante la imagen y lo que trasciende de nosotros cuando actuamos; es importante que lo que se transmite sea coincidente con el trabajo que se realiza o con las conductas o los actos que se llevan a cabo. Lo cierto es que en este caso, respecto a la fiscalía, depende mucho de quién comanda la nave.
Usted lleva pocos meses en el cargo y ya se están cuestionando decisiones que afectan a la política de nombramientos en jefaturas concretas de la fiscalía -Anticorrupción, Audiencia Nacional-, pero también en supuestos de apartar a algún fiscal de las funciones que llevaba a cabo -estoy hablando del señor López
Bernal, de Murcia-, a pesar de que existen fiscales que denuncian presiones en supuestos concretos, incluso robos en su domicilio, que van vinculados a casos de corrupción que están investigando. Decía que el señor López Bernal es apartado y las fiscales que llevan el caso enmendadas en su criterio y, por tanto, cuestionadas en él, a pesar de que son quienes han llevado a cabo la instrucción del asunto y, por tanto, son conocedoras en toda la magnitud de la causa que están llevando. La pregunta, si se me permite la expresión, es de cajón: ¿es porque pretendían imputar al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia? ¿El cese del fiscal viene determinado por esta cuestión? De las decisiones que está usted tomando se desprende que son cesados aquellos que son más activos con los casos de corrupción. Es cierto -insistiré en este aspecto- que todos estos cambios se producen desde la más estricta legalidad, faltaría más, pero también lo es que no son del todo justificables desde el punto de vista de los méritos y la capacidad de las personas que desempeñaban esas funciones. En este sentido -no estoy hablando de Murcia, sino de la Fiscalía Anticorrupción y de la Audiencia Nacional- se ha pronunciado la Unión Progresista de Fiscales con relación a los ceses que se están produciendo en la fiscalía, que no apuntan a que lo sean por méritos y capacidad, sino por la pertenencia o no a otras asociaciones, en este caso de fiscales.
Permitirá, señor Maza, que le diga que tengo una extraña sensación; usted me podrá decir: tenga las sensaciones que usted quiera, pero yo actúo conforme a la ley. Sin embargo, creo que existe una voluntad clara de volver a unos tiempos en los que a los fiscales se les llamaba los inmortales, porque no podían pasar a mejor vida por aquello de que eran no muy activos, a diferencia de lo que viene ocurriendo desde hace unos años hasta aquí, que la inmensa mayoría de ellos son personas comprometidas con su trabajo, a pesar de la falta de medios y efectivos, es decir, falta de plantilla de fiscales y falta de medios. Algunos de ellos, aquellos que se dedican a perseguir la corrupción, denuncian presiones, como decía con anterioridad; otros incluso manifiestan que son objeto de querellas y dicen sentirse desprotegidos. Algunos afirman, como decía don Manuel López Bernal, que se persigue a aquellos fiscales que persiguen a los corruptos. De todo ello, en Esquerra Republicana concluimos que de autónomo mucho, señor Maza -usted nos dijo en su primera comparecencia que sería autónomo en su proceder y en su actuación-, pero de independiente, permítame que le diga que poco o casi nada. Nosotros pensamos que desde su nombramiento hasta el día de hoy las actuaciones que está llevando a cabo no nos permiten considerarle un fiscal independiente.
A nosotros tampoco nos resulta baladí dónde se pone el acento de los cambios en la fiscalía, como tampoco es baladí que la mayoría de los casos de corrupción afecten a un determinado partido político que casualmente es el partido que gobierna en el Estado español. Por tanto, la pregunta a formularle es dónde queda la política de nombramientos por capacidad y méritos, dónde queda la defensa del interés general, del bien común, etcétera. Lo de la fiscalía ya viene de lejos, no es únicamente imputable a usted, pero ha habido algún fiscal que se ha plantado, por ejemplo, el señor Torres-Dulce, que dimitió porque no compartía el criterio del Gobierno del Partido Popular en el tema del proceso participativo del 9 de noviembre que fue convocado en Cataluña. Tampoco se ve que fue muy dócil la fiscal Madrigal, que no coincidió con el ministro de Justicia en cuanto a los ceses de determinados fiscales que se le pedían, cosa que parece ser que ahora sí ocurre. Tampoco ayudan a que pensemos que usted es independiente, y que por tanto no tiene correa de transmisión directa con el Gobierno, los cambios de criterio por parte de la fiscalía en asuntos recientes. Por ejemplo, en el caso Noos, se pasó de anunciar que se procedería a pedir prisión para los condenados a solicitar fianzas para ellos. Sin entrar a valorar si es ajustado o no a la ley, que sí lo es, a criterio de la inmensa mayoría de ciudadanos de a pie resulta más que cuestionable.
¿Qué podría decirme con relación a Cataluña, señor Maza? Hemos pasado de que el 9 de noviembre no era nada -por eso hacía indicación antes de que el fiscal, señor Torres-Dulce, terminó dimitiendo en relación con este tema- a una causa penal ya enjuiciada contra el president de la Generalitat, señor Mas, y contra dos exconselleras; además hoy finaliza el juicio contra el señor Homs, portavoz del PDCat. Para rizar el rizo hemos terminado con la presentación de una querella que imputa a una parte de la Mesa del Parlament de Catalunya, desde la presidenta a los vicepresidentes y secretarios de la Mesa, excluyendo a uno de los miembros de tal imputación, que había votado exactamente lo mismo que los otros cuya imputación se pretende, basándose en cuestiones ideológicas -repito, basándose en cuestiones ideológicas, como queda reflejado en la propia querella de la fiscalía- por cuanto este a quien se excluye no es independentista. Estoy hablando del señor Nuet. Es decir, se considera que, al no ser independentista, no está resuelto a llevar a cabo la resolución que también ha votado en toda su magnitud y trascendencia. En consecuencia, el criterio difiere en este caso por parte del ministerio fiscal. ¿Esta es la instrucción que usted ha dado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña?
Insistiré de nuevo en que la mayoría de los aproximadamente tres mil fiscales hace bien su trabajo con escasos medios, sobre todo aquellos que deben hacer frente a los casos de corrupción y a la nueva delincuencia. Una cosa no quita la otra, que critiquemos al ministerio fiscal, en este caso en abstracto, y al fiscal general del Estado en concreto, no quiere decir que pensemos que la inmensa mayoría de fiscales que actúan en los juzgados y tribunales sean así.
Decía que las actuaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado en determinados supuestos tampoco ayudan a dar una imagen de independencia de la justicia y, por tanto, de igualdad ante la ley. Antes alguien se refería al informe Greco, pero en el eurobarómetro de la justicia del año 2013, realizado por la Comisión Europea, España está situada en el último lugar, en el veintiocho, en cuanto a percepción de la ciudadanía de la aplicación igualitaria y no discriminatoria de la ley. Esto tiene que ver -en los casos que antes apuntaba, como el caso Noos- con una actuación de la fiscalía, ahora sí, del principio hasta el final más que discutible, en la fase de instrucción más que discutible y en la fase de enjuiciamiento más que discutible, por cuanto actuó como parte defensora de alguna de las personas que eran objeto de acusación e imputación, algunas de ellas ya condenadas.
Por otro lado, me gustaría remarcar la inactividad en determinados supuestos, como el que se ha venido a denominar la operación Cataluña, que va desde el afinado de fiscales, según se desprende de las conversaciones grabadas entre el exministro del Interior, señor Fernández Díaz, y el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña -por cierto, uno diputado y presidente de una Comisión y el otro magistrado en activo-, pasando por las presuntas operaciones orquestadas contra partidos independentistas, que van desde la redacción de informes policiales falsos, con imputación de cuentas en Suiza que han resultado ser falsas -me estoy refiriendo el alcalde de Barcelona, señor Trías- y en las que parece ser que han jugado un importante papel algunos destacados dirigentes del Partido Popular. Señor fiscal general del Estado, ¿piensa hacer algo al respecto? Usted sabe que Esquerra Republicana se lo ha pedido, a través de carta, en este caso, del portavoz de Esquerra Republicana, señor Joan Tardà, en relación con el posible uso de fondos públicos en el contexto de esta operación y en la intervención de determinados miembros, en este caso, del Ministerio del Interior. Es evidente que todo este paquete de cuestiones no mejora la percepción que se puede tener de la fiscalía en general, en abstracto, y del fiscal general del Estado en particular.
Acabo con una cuestión que se desmarca bastante de las anteriores, pero sobre la que no puedo dejar de hacer una reflexión. Me gustaría que el fiscal general del Estado me dijese que efectivamente va a hacer algo al respecto. Le estoy hablando de la entidad Hazte Oír -entidad que, por cierto, es considerada de utilidad pública por parte del Ministerio del Interior-, que ha iniciado una campaña titulada "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre eres hombre. Si eres mujer seguirás siendo mujer". Dicha entidad está recorriendo con un autobús distintas ciudades del Estado español y se paseará también por los països catalans, por ciudades como Valencia, Barcelona, Hospitalet, Sant Cugat del Vallés, difundiendo mensajes transfóbicos. Se trata de algo que Esquerra Republicana considera muy grave. Estamos hablando del que se ha venido denominando autobús del odio, que ataca justamente a niños y niñas, porque en esa obstinación por perpetuar un sistema social excluyente, llega al extremo de querer difundir el odio hacia los niños y niñas transexuales. Haré un pequeño recordatorio para que veamos la trascendencia del tema, porque a veces las cosas se toman a risa o se consideran poco importantes: la tasa de suicidios del colectivo transexual llega hasta el 30%, mientras que en el conjunto de la sociedad representa el 2%. Ello no es algo casual, en gran medida responde al odio que determinadas entidades como Hazte Oír están difundiendo. En definitiva, estamos hablando de una entidad ultracatólica que podría estar incurriendo en un delito de odio. Por tanto, la pregunta es muy clara: ¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el ministerio fiscal al respecto? ¿Piensa hacer algo?
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Montero.
La señora MONTERO GIL: Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Maza.
En primer lugar, quiero transmitirle en nombre de mi grupo parlamentario nuestro profundo respeto a la institución que representa en tanto en cuanto esa institución se esfuerza y se entrega por defender los derechos de nuestros compatriotas, en especial de aquellas personas más vulnerables, como indica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Estoy segura de que aunque hoy no sea la ocasión, en otro
momento podremos hablar de la labor que realiza el ministerio fiscal, la fiscalía, en relación con las víctimas de violencia machista, con las personas que están buscando asilo o refugio o con las personas más golpeadas por la crisis económica. La actualidad manda. Acabamos de conocer un informe de Amnistía Internacional en el que refleja su preocupación por la actuación de la Fiscalía General del Estado en cuestiones vinculadas, por ejemplo, con crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo o con la necesaria cooperación internacional para esclarecerlos, así como con otros temas como el terrorismo o las víctimas de tortura y malos tratos que actualmente existen en nuestro país, exigiendo el impulso de una agenda común de derechos humanos. Empiezo con esto porque, aunque no sea el estricto motivo de su comparecencia, hay personas que están muriendo por algunas de estas cuestiones en nuestro país o en nuestras fronteras y creo que convendrá conmigo en que tiene que ser una de nuestras prioridades.
Voy a hacerle algunas preguntas muy directas, espero que me las conteste con la mayor concreción y de forma que lo puedan entender los ciudadanos y las ciudadanas que en este momento estén interesados en la comparecencia o que después puedan verla, porque tengo la sensación de que su comparecencia inicial no solamente no ha respondido a muchas de las cuestiones por las que usted venía y por las que solicitamos su comparecencia urgente, sino que además ha sido opaca en términos de lo que la ciudadanía puede entender. Esta es la sede de la soberanía nacional y no solamente lo tenemos que entender nosotros, sino también los ciudadanos.
Aprovecho también para reconocer mi profunda envidia ante su prodigiosa capacidad de memoria. He estado observando que apenas ha tomado nota de las preguntas que le han formulado los portavoces de los grupos parlamentarios. De verdad, envidio su capacidad para retener todas y cada una de las preguntas que le estamos formulando.
Los ojos de los ciudadanos y de las ciudadanas en nuestro país están puestos hoy en esta comparecencia, porque la independencia del Poder Judicial está en entredicho y también lo está su capacidad para defender el interés público, que es la función que le atribuye la Constitución actualmente al ministerio fiscal. Nuestros compatriotas tienen la sensación de que la justicia, sencillamente, no es igual para todos. También están escandalizados con el hecho de que jueces y fiscales valientes, que están intentando perseguir los crímenes de corrupción, estén denunciando coacciones, amenazas y serias presiones para el desempeño de su labor. Además, a todas luces, parece que es muy arriesgado protestar o salirse del carril. Le voy poner un ejemplo que mi grupo parlamentario ha sufrido en carne propia, y es el de la magistrada Victoria Rosell. En su caso, el poder político, el poder empresarial y una parte del Poder Judicial se aliaron para fabricar pruebas falsas contra ella, interfiriendo además en la campaña electoral, favoreciendo al rival electoral de Podemos, el exministro Soria, que después tuvo que dimitir por tener presuntamente cuentas en paraísos fiscales. Además, con este caso se vulneraron los derechos fundamentales de la magistrada Rosell. No lo digo yo, lo dice una sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sabe usted que en este caso la fiscalía también estaba implicada, cuando la fiscalía debe defender los derechos fundamentales de todas las personas, incluida la magistrada Rosell, faltaría más. En este caso, parece que sus derechos fundamentales fueron vulnerados y la Fiscalía General del Estado no ha reaccionado. En definitiva, nuestros compatriotas tienen la sensación de que el Gobierno, una parte de la cúpula judicial y también una parte del gran empresariado de nuestro país están más preocupados por tejer redes de complacencia entre los poderosos -entre los grandes empresarios, las élites políticas y la cúpula judicial- que por dotar de medios a los jueces y al sistema judicial para investigar la corrupción. Parte de la carrera judicial -quizás le suene- denomina lo que yo estoy tratando de expresar aquí como la mafia o la trama del canapé, porque muchas de estas relaciones de poder se establecen en los actos de canapé, que, desgraciadamente, son más habituales de lo que deberían ser en nuestras profesiones. En actos aparentemente banales quizás se estén tomando decisiones muy importantes para la vida de muchos de nuestros compatriotas.
Las preguntas que le voy a formular se dividen en cuatro grupos. El primero de ellos tiene que ver con la intervención de la Fiscalía General del Estado en la trama Púnica. A lo mejor usted me va a decir que no puede hablar de casos concretos, pero aun así le quiero formular las preguntas. ¿Por qué se ignoró el criterio de las fiscales que llevaban desde el principio en el caso y que apuntaban a una posible responsabilidad penal del presidente de Murcia, pese a que dicho criterio se asentaba, como han dicho mis compañeras, no solamente en un conocimiento directo y detallado del caso, sino también en la jurisprudencia del Supremo, que está apuntando a una posible comisión por esta persona de los delitos que señalaba el juez Velasco? En segundo lugar, el ministro Catalá ha dicho públicamente en una cadena
de radio muy conocida, la Cadena Ser, que las fiscales del caso tienen un problema, porque han discrepado del criterio de sus superiores, y además ha sugerido que se las va a sancionar por ello. Quiero preguntarle si se va a generar algún tipo de actuación interna en la fiscalía a este respecto, si a usted le parece que estas declaraciones son respetuosas con la autonomía de la fiscalía, cuando además el Ministerio de Justicia retiene competencias disciplinarias sobre los fiscales, y si cree usted que un fiscal que pretende investigar o acusar a un miembro del Partido Popular puede racionalmente temer ser represaliado en el ejercicio de sus competencias, sobre todo en las competencias de nombramientos y disciplinarias que se reserva el Gobierno respecto de los fiscales.
Por otra parte, las tres asociaciones de fiscales -esto también lo han señalado algunos de mis compañeros- y los fiscales en general dicen que consideran lo que ha dicho el ministro Catalá una injerencia inadmisible en su actuación. También están las palabras del señor Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular, afirmando algo así como que hay fiscales que se inventan delitos. La totalidad de miembros del Consejo Fiscal, los once vocales, a excepción de usted, parece que han suscrito un escrito que respalda a estas fiscales y denuncia estas injerencias. Quiero preguntarle si está usted de acuerdo con el contenido de este escrito, si considera una injerencia del Ejecutivo en la actuación de la fiscalía las palabras del ministro de Justicia y si no cree usted que lo anómalo en democracia no es que unas fiscales discrepen del criterio de un informe de la Fiscalía Anticorrupción, sino más bien que no discutan las órdenes que consideran improcedentes.
En otro orden de cosas, quisiera yo saber cómo pudo enterarse Pedro Antonio Sánchez de la existencia del informe de la fiscalía antes incluso de que fuera presentado en el juzgado. Parece evidente que existió algún tipo de comunicación con Pedro Antonio Sánchez por parte del ministerio fiscal, ya sea directamente o a través de terceros. Quería saber -ya se lo han preguntado algunos de mis colegas- si tiene intención de investigar quién realizó esa comunicación, por qué motivo y si se tuvo solo para comunicarle que se había tomado esa decisión o si se produjo antes de tomarla. Si además, como parece, esta es una comunicación cuanto menos irregular, que no debería haberse producido, quiero saber si usted nos puede decir quién debe asumir responsabilidades y si cree que usted tiene alguna responsabilidad directamente en ello. Por último, me gustaría saber si recibió usted alguna indicación del Ministerio de Justicia o de cualquier otro alto cargo respecto a la postura que tenía que adoptar en el caso del señor Sánchez, el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia.
El segundo bloque de preguntas versa sobre los relevos de la Fiscalía Superior de Murcia, del fiscal jefe de Anticorrupción del Supremo y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Sabrá usted que son los tres relevos que más revuelo mediático han generado; me atrevería a decir que cierta sorpresa e incluso en ocasiones alarma social. Debe usted conocer la información publicada por diversos medios de comunicación, según la cual su predecesora, Madrigal, no fue renovada precisamente porque se habría negado a efectuar algunos de esos relevos o no renovaciones que usted ha efectuado ahora, que además habrían sido impuestos de forma directa por el ministro Catalá en el caso de la señora Madrigal. Lo decía antes el colega del Grupo Socialista, la Unión Progresista de Fiscales ha subrayado hace una semana que algunos de los relevos propuestos en la cúpula fiscal suponen -abro comillas- un claro retroceso en la pretendida autonomía del ministerio fiscal, porque su designación solo puede explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico. Quiero detenerme en el caso del señor Manuel Moix. No solamente es que los medios hayan destacado que tiene poca o ninguna experiencia en lucha contra la corrupción respecto a otros de sus colegas que podrían haber ocupado ese puesto, sino que cualquiera -si me lo permite- podría alegar que no es el mejor aliado para luchar contra la corrupción. Cuando fue jefe de la Fiscalía de Madrid intentó prohibir la difusión y el uso judicial de los correos de Miguel Blesa, que finalmente han dado origen a la reciente condena del señor Blesa y del señor Rato, el gurú económico del Partido Popular, por el escándalo de las tarjetas black. Moix en esa etapa también defendió no perseguir a Esperanza Aguirre por la desobediencia a la autoridad que había efectuado después de su huída ante la policía local. En el caso de Manuel López Bernal, sorprende porque está abierto el proceso en el caso Auditorio, en el que se ha llamado a declarar como investigado a Pedro Antonio Sánchez. Además la Fiscalía de Murcia -esta es la primera pregunta que le hago- ha sido una de las más activas en la lucha contra la corrupción. Le pregunto, por tanto, si es cierto que la Fiscalía de Murcia ha sido una de las más activas en la lucha contra la corrupción y, si es así, a su criterio, qué motivo ha justificado su no renovación. Le pregunto otras tres cuestiones. La primera es si no le parece que la no renovación de un fiscal superior con un proceso de corrupción en curso puede dificultar la investigación en curso. La segunda es si ha recibido alguna indicación del Ministerio de Justicia o de cualquier otro alto cargo respecto a la renovación
del fiscal López Bernal. Y la última es cuál fue el criterio seguido para elegir de entre los candidatos a la Fiscalía Anticorrupción al único fiscal que parece que tiene menos experiencia en el campo.
El tercer bloque tiene que ver con las denuncias de presiones al fiscal superior de Murcia en el desempeño de sus funciones. La Unión Progresista de Fiscales ha hablado de intolerables presiones políticas. Las preguntas son, primero, si han adoptado ustedes alguna medida respecto a estas presiones que se vienen denunciando tanto sobre su persona -como ha denunciado el fiscal de Murcia- como sobre otros miembros de la fiscalía. La segunda es qué medidas han adoptado o tienen pensado adoptar, en su caso, para evitar este tipo de presiones sobre los fiscales que se dedican a la lucha contra la corrupción y que también se han denunciado en el caso de La Rioja. La tercera es si no considera preocupante que entren dos veces en la vivienda del fiscal anticorrupción de Murcia y una vez en la de un inspector de Hacienda que colabora con dicha fiscalía sin que sustrajeran, parece, ningún objeto de ellas. ¿No considera que pueden llegar a constituir -o habría, al menos, que investigarlo- presiones, intimidaciones o algún tipo de mensaje subliminal, aunque un poco agresivo, si me lo permite, relacionado con su tarea en la lucha contra la corrupción?
Por último, el cuarto bloque versaría sobre la independencia y la capacidad de actuación del ministerio fiscal y del sistema judicial español para investigar y perseguir los crímenes de corrupción. Las preguntas son dos muy sencillas: la primera es qué medidas cree usted que deben implementarse para evitar las injerencias, las presiones y las amenazas en el trabajo que realizan fiscales y jueces, y la segunda implica que le lea estos breves datos: Gürtel, 66 meses de instrucción; Bárcenas, 24 meses; ERE, 46 meses; Nóos, 52 meses de instrucción. Quiero preguntarle si considera que la limitación de los tiempos de instrucción impuesta por la que llamamos Ley Berlusconi, por la reforma de la Lecrim del año 2015, a seis o dieciocho meses es suficiente para la investigación, por ejemplo, de las grandes tramas criminales y de las grandes tramas corruptas de nuestro país. A la vista de los datos que le he leído, parece que seis meses son claramente insuficientes comparados con los 52, 65, 24 o 46 meses. De hecho, todas las asociaciones de fiscales y la inmensa mayoría de las de jueces han afirmado literalmente que estas medidas extienden un manto de impunidad sobre todas las causas que están vivas en los juzgados de toda España y permiten a los poderosos y a las grandes tramas criminales y corruptas de nuestro país mantenerse fuera de la ley.
Termino haciéndole cuatro propuestas sobre las que me gustaría conocer su opinión. La primera es reforzar una fiscalía independiente y autónoma; una reforma integral de la fiscalía para introducir mecanismos que garanticen su autonomía. El Gobierno del Partido Popular, sostenido por Ciudadanos y el Partido Socialista, nos tiene demasiado acostumbrados a confundir el Estado con su cortijo privado. Nosotros pensamos -y creo que usted va a estar de acuerdo conmigo- que la Fiscalía General del Estado está al servicio del Estado, de los ciudadanos, del interés común, y que esto no debe confundirse con estar al servicio del Gobierno de turno o de los antojos del ministro de Justicia de turno y que no debe aceptar sus injerencias. Por tanto, hay que generar mecanismos para garantizar esto. La segunda propuesta es una auditoría pública y externa de los recursos del sistema judicial a través de criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad, precisamente como mecanismo de garantía de lo que le decía anteriormente. La tercera propuesta, bastante sencilla también, es no cambiar fiscales en procesos de corrupción en curso, con la intención de que eso no dificulte los procesos de investigación. Y la última es derogar la reforma de la Lecrim para garantizar que los plazos de instrucción son suficientes para investigar las grandes tramas criminales.
Termino con una última apreciación. Nosotros creemos que la corrupción en nuestro país se ha convertido en una forma de construir y de mantener el poder de las élites de nuestro país y que debe ser perseguida con contundencia. Hablamos de una trama -antes le nombraba la mafia del canapé-; hablamos de relaciones que vinculan a personas con nombres y apellidos, que sostienen su poder como élite de nuestro país gracias, entre otros elementos, a las prácticas corruptas. Nosotros creemos que la democracia se construye acabando con la impunidad de los criminales y garantizando verdad, justicia, reparación y no repetición, y que la omertà y la impunidad que promueve esa trama del canapé generan alarma social y dañan seriamente nuestra democracia. Por tanto, frente a los crímenes de corrupción, nosotras proponemos verdad, justicia, reparación y no repetición, que es, creo, lo que desean también los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Montero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Moro, tiene la palabra.
La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor fiscal general del Estado, bienvenido de nuevo a esta Comisión, hoy, como ve, en un contexto menos amable que el de su primera comparecencia. Agradecemos su disponibilidad a comparecer de forma inmediata en la línea del compromiso que asumiera el pasado mes de diciembre.
Enlazando con la última intervención, la portavoz del Grupo Podemos ha seguido al pie de la letra a su jefe de filas, que hablaba también esta mañana en Los desayunos de trama de impunidad. Habla de la trama del canapé; fíjese que eso me suena a algo muy antiguo que pensábamos que habíamos olvidado ya, a aquello de "un contubernio judeomasónico". (Risas). Me suena a aquello; por favor, déjenlo porque meten todo: falsedades, medias mentiras, el caso Nóos, la Corona, la destrucción de un ordenador a martillazos que no ha existido nunca (Rumores). No ha existido nunca, lo comprobarán. Mal empezamos.
Dejando esto de lado, también quiero decirles que nosotros deberíamos haber estado muy preocupados cuando el señor Maza vino aquí para obtener el aval de esta Comisión, porque si algo tiene en su currículum es haber resuelto por archivo la querella contra ustedes. Nosotros podríamos decir: No va a ser absolutamente independiente. Pues no, porque el señor Maza ha hecho muchas resoluciones a lo largo de su vida muy diferentes y con criterios diferentes porque en derecho lo exacto y las matemáticas no existen.
Después de las intervenciones que hemos escuchado y las que vienen jalonando las intervenciones públicas estos días de forma responsable, hay que recordar aquí que no es frecuente que en esta Cámara se haya entendido el estatuto orgánico admitiendo que el fiscal general del Estado comparezca para informar sobre asuntos concretos y quien hoy se ha rasgado las vestiduras y pretende dar lecciones, el Grupo Socialista, vetó en su día la comparecencia del fiscal Conde-Pumpido ante actuaciones concretas altamente reprobables. Nosotros no lo hemos hecho.
Se han extrañado también de que usted haya contestado, pero en el orden del día, que ha sido leído y no voy a perder el tiempo, revisen ustedes qué solicitudes han hecho. Confunden la prensa, lo que dice la prensa o lo que dicen en prensa con lo que dice el orden del día. (Aplausos). ¡Estamos en el Congreso de los Diputados!
Le agradecemos, por tanto, de acuerdo con las peticiones que se han hecho de comparecencia, la información que nos ha trasladado y su consideración con esta Cámara al afirmar que sería aquí donde procedería dar las explicaciones oportunas de las actuaciones de la fiscalía que han sido completamente deformadas en los últimos días, generando, con declaraciones exorbitantes y disparatadas, una percepción deformada, tratando de crear una corriente de opinión preocupante que no es propia de partidos democráticos, que han desarrollado durante largo tiempo tareas de Gobierno y que dicen aspirar a seguir siendo alternativa de Gobierno. Y, utilizando una frase del propio portavoz de Justicia del Grupo Socialista en esta Comisión que decía: no podemos contribuir a alimentar la incertidumbre, las dudas o las sospechas en nuestra ciudadanía, añadiré que, ¡claro, señor Campo!, pero es que esto deberían aplicárselo a ustedes mismos y a su irresponsabilidad de estos días por sembrar dudas sí o sí, bien porque se mantienen los fiscales, la mayoría de los que nombró en su día el fiscal general del Estado, señor Conde-Pumpido, bien porque no se mantienen o bien porque la procedencia de una parte importante de las plazas sujetas a nombramiento proceden de la asociación de la Unión Progresista de Fiscales, aunque a la Unión Progresista de Fiscales no les parece suficiente. Se quejan, aunque se haya seguido mayoritariamente el informe del Consejo de Fiscales -en otros momentos se nombró, por ejemplo, al fiscal de Murcia y el Consejo de Fiscales le dio cero votos-, y se quejan de que se aplique el estatuto que ustedes modificaron en 2007. Siempre que el fiscal no siga sus apetencias, ustedes se van a quejar, ya lo advirtió el señor Campo al señor Maza, y usted lo ha recordado al inicio de su intervención hoy cuando dijo, con una frase que en países civilizados y por quien tiene su trayectoria profesional y política deja perplejos: De su coincidencia o discrepancia con el Poder Ejecutivo depende su suerte; los nombramientos serán un termómetro. ¿Dónde ha visto usted que el Gobierno exprese conformidad o disconformidad? ¿La función constitucional del fiscal general del Estado depende de los nombramientos? ¿Incluso cuando mantiene a los nombrados? Parece que para ustedes sí, pero para nosotros no. Eso es lo más suave que se puede decir del comportamiento sobre todo que el Grupo Socialista ha tenido en las intervenciones públicas en los últimos días.
Usted ha informado, señor Maza, entendemos de lo que puede y de lo que debe porque así se le ha pedido, pero ya ha visto que da igual; las intervenciones vienen escritas, los titulares de prensa son verdad absoluta e incontrovertible y seguimos hablando de otras cosas. En materia de nombramientos y renovaciones se ha denominado la purga masiva. ¿En qué ha consistido esto? En realizar un trabajo
pendiente que le recordó a usted aquí mi compañero, señor Campo, porque al encontrarnos durante un año en situación de interinidad, que también le alcanzaba a la anterior fiscal general del Estado, a la que se le recordó en esta Comisión que ¡ojito con moverse! porque ella estaba en la misma situación que el Gobierno, aunque ahora han cambiado de opinión y resulta que hablan por ella. Ella no habla porque se lee en los titulares, pero si ustedes leen la prensa verán que El Mundo dice que no ha podido hablar. Ella no habla. ¿Y por qué se la está interpretando? (Aplausos).
Hoy podemos decir que la relación de puestos que el señor Campo le recordó a usted como tareas pendientes en el trámite previo a su nombramiento era una advertencia. ¡A ver qué va a hacer usted con los nombramientos! Si no nos gustan, haremos lo que hemos hecho, diremos que usted no es de fiar. Pero miren ustedes, han traspasado los límites de la pataleta, injustificada por otra parte, para entrar en la irresponsabilidad. No creo que su proyecto político consista en ser cronistas, observadores de los tribunales e impulsores de causas contra otros políticos. Si lo fuera, sería una pena. No lo creo. ¿Puede decirme usted, señor Maza, en qué lugar del estatuto orgánico del ministerio fiscal se dispone que los nombramientos son a perpetuidad o vitalicios? No conozco tal norma, pero quizá me he despistado. Si no es así, y estando sujeto a renovación, ¡ojo! porque creo que se está interpretando mal este término, es decir, a mantenerse en el nombramiento, a prorrogarlo y a confirmarlo, ¿cómo puede decirse que se ha cesado o destituido a aquellos distintos cargos en la fiscalía que habían concluido su mandato, que estaban en una situación vamos a llamarla de prórroga por la fuerza de los hechos y que no han sido mantenidos en su nombramiento o no se ha renovado el nombramiento? No es la primera vez que alguno de los que han ocupado ciertos puestos los dejan durante un tiempo para ocupar otro y han vuelto a ser nombrados. ¡Normalidad! Fíjese, señoría, que alguno de los no prorrogados no lo han sido porque no lo han solicitado, porque no hay obligación ni derecho alguno a permanecer en un cargo de libre designación, digo yo.
Los cargos discrecionales en la carrera fiscal tienen una duración de cinco años -usted me corregirá si estoy equivocada- y el cómputo es para todos igual, supongo. Pues bien, en el uso de sus atribuciones, el señor fiscal general ha propuesto en este momento, yo creo, la confirmación de diecinueve casos de las vacantes, veinticinco, por fin de mandato. En uno se incorpora a un nuevo fiscal porque no se presenta, no solicita la plaza aquel que venía ocupando el puesto y en cinco plazas, cinco -purga masiva-, se cambia de candidato. En solo dos casos no se ha atendido el resultado de la votación del Consejo Fiscal, es verdad, quizá nos pueda decir por qué, siendo uno de ellos para la fiscal María del Carmen Nadal, fiscal de reconocida competencia. ¿O cuál es la objeción? Espero que no sea porque es mujer, porque necesitamos más mujeres, y aquí se lo digo yo también, necesitamos más mujeres en la fiscalía porque hay muy buenas mujeres. ¿O será que el fallo está en haber mantenido al fiscal Vercher Noguera? Fiscal, que en el lenguaje que me horroriza, pero que tanto les gusta a otros, creo que es considerado como progresista y que fue nombrado en su momento por el señor Conde-Pumpido. Lo relevante habrá sido su trayectoria profesional, su proyecto, los méritos que aquí la señora Madrigal puso de manifiesto y que están en el Diario de Sesiones. No lo invento ni lo dice ningún titular. ¿Esta es la purga masiva? Iba a leerles la definición del diccionario de la Real Academia, pero se lo ahorro porque creo que no es necesario. Ejemplos de purga los tenemos recientes en alguna formación con representación en esta Cámara que han tenido congreso, y en otras, aunque no hayan tenido congreso todavía. (Aplausos).
Sigamos con la disección. Quiero, señor fiscal general, que usted me corrija en su intervención porque puedo estar equivocada, pero de los nombramientos de las once plazas de fiscales se mantienen ocho, se cambian dos y se nombra uno nuevo por jubilación del anterior. Por su adscripción, que no sé si es necesaria, pero es la que es, cuatro son de la UPF, tres de la Asociación de Fiscales, que creo que es mayoritaria, pero es igual, y otros cuatro no asociados, tres de los cuales fueron nombrados por Conde-Pumpido, todos ellos reuniendo méritos más que reseñables, que quede claro. La asociación UPF también se queja. Esto de 2.400 fiscales españoles de los cuales 200 pertenecen a UPF y sin embargo sus asociados ocupan la mitad de las plazas de los cargos discrecionales, ¿dónde está el escándalo? ¿Quizá en la sobrerrepresentación? Porque yo no veo el escándalo por ninguna parte.
¿Qué calificativo merecería una renovación total justificada? ¿Por qué seguir sin dar oportunidades a magníficos fiscales entre esos 2.400 o 2.500? La permanencia durante tantos años sin duda resta oportunidades a la carrera fiscal y hace difícil el ascenso de excelentes mujeres fiscales a la cúpula de la carrera fiscal. La ideología no puede sustituir un currículum vitae y creo que en esto estamos de acuerdo, pero lo interpretamos de maneras distintas. La ideología no es marchamo de calidad. La no renovación en puestos directivos no es positivo siempre. Sin embargo, creemos que ha habido un criterio para mantener
a gente que es muy valiosa. Hay alguna mujer muy valiosa -lo quiero decir aquí, aunque es mi opinión personal- como Elvira Tejada y me alegro mucho de que siga en un campo extraordinariamente importante al que nadie dio importancia en su momento. Me alegro mucho de que la hayan renovado.
Señorías, a ninguno de los no renovados se le ha destituido ni se le ha obligado a dimitir, a pesar de que esta es la terminología usada dentro y fuera de la Cámara. Ya saben lo que dice el refrán castellano: Piensa el... que todos son de su condición. Quien sí cesó en su día al fiscal Fungairiño fue el fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno socialista. Por cierto, ¿recuerdan que nuestra portavoz, hoy vicepresidenta del Gobierno, solicitó en esta Cámara la comparecencia del fiscal general para que diera explicaciones, que ustedes la vetaron y que no dio explicaciones sobre ese caso concreto? Todo esto es más serio y su penoso papel sembrando desconfianza en las instituciones y en la justicia resulta intolerable.
Los profesionales de la justicia -como otros, pero si cabe aquí más- han de valorarse por su competencia y capacidad, no por su ideología o su adscripción asociativa. Hablan de injerencias, manipulaciones y filtraciones. Las filtraciones, si las hay, denúnciense e investíguense. Las injerencias y manipulaciones les da igual si existen, simplemente lo confirman. Seguro que ustedes no han hecho nunca nada mal, y me refiero en este caso a quien ha tenido responsabilidad de Gobierno. ¿Recuerdan las palabras de Otegi cuando fue detenido y preguntó si se había hablado con el fiscal general del Estado, CondePumpido? ¿Recuerdan el autodenominado fiscal rojo, señor Fernández Bermejo, que fuera ministro de Justicia famoso por sus cacerías sin licencia y que señaló: soy de izquierdas y como tal actúo. Independencia, autonomía e imparcialidad. Pero, ¿a quiénes quieren engañar? ¿O es que querían llenar páginas de opinión estos días para evitar que se hable de cómo un juez que fue un alto cargo con ustedes en la Junta de Andalucía no se abstiene en un procedimiento como el de los ERE? No es que diera alguna conferencia en la Fundación Alternativas, no. Fue un alto cargo en los gobiernos de quienes ahora resultan encausados en el caso más grave de corrupción de cuantos se están enjuiciando. ¿Necesitaban llenar espacios porque no tienen un liderazgo claro hasta que llegue el famoso congreso? No lo sé, pero ustedes han preferido vestir de interferencia o injerencia la opinión del ministro, el papel del fiscal general -que está aquí y podrá decirnos si es así o no- o cómo sale al debate público un procedimiento que debería haber sido ordinario e interno. Nos ha ilustrado de ese procedimiento el señor fiscal general del Estado. Lamentablemente han querido convertir estos días en un Gran hermano la labor ordinaria de los profesionales de la Administración de Justicia y esto sí que no es edificante para los ciudadanos. No es raro que dejen de confiar en la justicia, señorías. Una cosa es la transparencia y la información cuando procede y otra muy distinta es abrir un debate permanente y extrajudicial para quienes tienen que hablar a través de providencias, autos, decretos, etcétera.
Ante la renovación o no del fiscal de Murcia en su cargo, ¿qué debería hacer el fiscal general del Estado? No lo sé, él nos lo dirá, pero yo me lo he planteado al leerles tanto a ustedes. ¿Debería proponer la renovación en su cargo para evitar el qué dirán? El fiscal de Salamanca, al que tengo gran respeto y alta consideración y que creo que trabajaba fenomenal, no ha seguido y se ha incorporado otro. ¿Hay un contubernio judeomasónico respecto al fiscal de Salamanca? Creo que no. Algún periodista comienza a decir, y aquí se ha puesto de manifiesto -porque usted, señor Campo, me ha parecido hoy el abogado defensor de la UPF-, que esto huele a guerra de guerrillas entre asociaciones para poner a los suyos. No sé si esto es así. Esto en la universidad también ocurre algunas veces y solo deteriora a la universidad; se lo aseguro por experiencia propia. Ustedes han colaborado con manifestaciones irresponsables a esta supuesta guerra de guerrillas. Las cortinas de humo que ustedes quieren utilizar para ganar en los juzgados lo que no saben trabajar y ganar en la leal pugna de proyectos políticos en esta ocasión resultan incalificables. Ganar ayuntamientos y gobiernos autonómicos laminando al adversario con su desprestigio y con el cansancio de reiteradas acusaciones infundadas es lo contrario a un Estado de derecho. Eso es lo que han hecho en Villamediana, La Rioja, y lo que pretenden hacer en Murcia. ¿Contundencia con la corrupción? Desde luego. ¿Judicialización de la vida cotidiana y de la política para hacer caer al adversario acallando a los que opinan de otra forma y limitando su ascenso en carreras profesionales? No nos lo podemos permitir, señorías. Confundir apetencia, conveniencia o gusto personal con lo adecuado y con lo que debe hacerse es trabajar por el pensamiento único. No nos vamos a permitir el pensamiento único; ya lo tuvimos y sufrimos mucho por ello. ¿Creen ustedes que con esta actitud se contribuye a mejorar la percepción de la justicia, que se transforma la justicia y se fortalece el Estado de derecho? En absoluto.
En un momento en el que desde todos los sectores se había convenido trabajar de forma constructiva en su mejora y donde nosotros debemos ser catalizadores de diagnósticos y propuestas, se agita como en una corrala el griterío a ver si se acalla -quizá otra vez casualidad- que se abre juicio contra insignes
mandatarios socialistas. Me da pena, como funcionaria pública, que un funcionario público conozca la recusación pero no se dé cuenta de que la abstención es lo más importante de un funcionario que cumple la ley, que es ético y que debe saber cuándo tiene que abstenerse. Ustedes mienten y airean injerencias en un supuesto inexistente -porque usted, señor Campo, ha pasado de puntillas, pero otros no- en el tema de La Rioja. Fíjense que digo inexistente, aunque todavía no es firme la resolución, porque se decreta archivo por auto de 23 de enero de este año por el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño, revocando un auto previo de 20 de octubre de 2016 con un argumento tan contundente como entender que se había incurrido en una instrucción prospectiva prohibida en nuestro ordenamiento; esto es, abrir una investigación masiva para tratar de encontrar algún comportamiento que pueda presentar indicio delictivo. Esto es a lo que se dedicó la circular 4/2013 que ha sido antes citada. Y no solo en La Rioja, sino también en Murcia, en este acoso y derribo con tantas querellas a las espaldas. En los autos de diciembre de 2013 y de mayo de 2014 sobre el tema del presidente de Murcia y sobre los distintos temas, el juez dijo que había una causa general que era un proceso inquisitorial y lamentaba el uso del derecho penal para fines políticos. En mayo de 2014 ocurrió exactamente igual, porque se abrió una causa general de investigación del patrimonio del presidente de Murcia, y así sucesivamente. Ese es el historial de un fiscal que ahora dice que se le ha acosado. Que lo denuncie; debía haberlo denunciado ya en once años. Pero otra vez la sospecha y a veces habla de editoriales. ¿Qué tiene que ver el Gobierno popular con editoriales, con periodistas o con algo que no ha sido denunciado? Es fiscal con un alto cargo. Si no lo hace, ¿por qué la mayor parte de las causas que ha iniciado han sido archivadas? A lo mejor hay que ponerse a pensar qué sucede. A lo mejor hay que dar crédito a lo que dice hoy El Español -aunque yo procuro no dar crédito a los periódicos, porque me gusta más el rigor- sobre que había un informe de la fiscal Consuelo Madrigal procedente de los departamentos correspondientes a la investigación en la Fiscalía General sobre las actuaciones y el trabajo de este fiscal. No sé si el señor fiscal general del Estado puede decirnos si eso ha influido -si es verdad que existe, claro está- en la decisión final.
Termino. Cualquier cosa que afecte al PP, aunque se haga con total pulcritud y objetividad, es una nueva carga de acoso y derribo para la que no reparan en la utilización de los medios más reprobables. Para los cargos del PP no deben darse las garantías del Estado de derecho ni en la investigación ni en el proceso. Son distintos de cualquier otro español. Los titulares de los medios se dan por ciertos e incontrovertibles y se duda de todo profesional que pueda tomar decisiones sobre ellos, aunque se le coloque en la necesidad -como recientemente al fiscal de La Rioja- de tener que hacer un comunicado diciendo que no le está obligando nadie, que se somete a la legalidad y que lo justifica.
Señor Maza, usted nos ha detallado el protocolo de actuación en casos de discrepancia y en la ejecución del principio de unidad de actuación. Termino preguntándole -creo que ya lo han hecho, pero quiero que conste también esta pregunta por parte del Grupo Parlamentario Popular- si existen criterios distintos en las instrucciones seguidas. Usted ha dicho que no deben existir, pero ¿existen? ¿Hay que seguir un proceder distinto si el investigado es político y si además es político de un determinado partido? ¿No cree usted que en la apertura de la investigación penal no puede seguirse un principio que está muy de moda, el principio del "por si acaso" o el principio de que los rumores son verdades?
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
Tiene la palabra el fiscal general.
El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Maza Martín): Les voy a explicar por qué en mi primera intervención en este día de hoy me limité a esbozar las funciones de la Fiscalía General del Estado y cómo funciona. Ha sido por una razón: porque en estos días he tenido la ocasión y el padecimiento de leer informaciones que se daban acerca de cómo funciona la fiscalía, de cosas que se han hecho o que se han dejado de hacer, que -como ustedes habrán comprobado fácilmente a raíz de mis palabras y de mis explicaciones anteriores- no se ajustan en absoluto ni a la realidad ni a lo dispuesto en las leyes ni a la normalidad del funcionamiento de la fiscalía. Por eso, he considerado oportuno y conveniente primero poner de relieve, aunque sé que ustedes ya lo saben, y discúlpenme si he sido algo tedioso, pero lo tiene que saber también la opinión pública, lo que es la fiscalía como institución, los contrapesos que hay dentro de ella, las posibilidades que ofrece tanto en orden al principio de jerarquía como al principio también de imparcialidad, y, en función del de legalidad, que los fiscales pueden reaccionar frente a órdenes que reciben que pueden considerar inadecuadas.
Por otro lado -se ha dicho también-, el objeto de mi comparecencia, que no voy a leer porque no quiero que perdamos mucho tiempo ya que tengo bastantes cosas que responder, no era responder a casos concretos. Además, creo que es lógico que no fuera así, porque, como también les he dicho, creo que el uso parlamentario es que el fiscal general del Estado comparezca para informar -lo he dicho también-, para colaborar activa y fielmente con esta Cámara, pero no para ser controlado respecto de actuaciones concretas. En todo caso, será el Gobierno el controlado. Creo que el ministerio fiscal, precisamente por esa autonomía de que tanto hablamos -lo he dicho anteriormente-, también debe ser autónomo de cualquier poder, y deberse solamente al principio de legalidad, a las leyes, que, precisamente por eso, ustedes confeccionan aquí.
Por eso, mi primera intervención ha sido poner de relieve el escenario en el cual se han producido todas estas noticias de última hora. Pero no pensaba ni mucho menos rehuir la explicación ni la respuesta, y lo voy a hacer, espero que cumplidamente, si he tomado las notas suficientes, señora diputada, a cada una de las cuestiones que ustedes han planteado. Pero, además, por una razón, y es que tengo enorme interés en hacerlo. Cuando les estaba a ustedes escuchando -esto no lo tenía preparado, les aseguro que ha sido espontáneo- me acordaba de una antigua anécdota que se contaba en la Audiencia Provincial de Madrid cuando, hace ya treinta años, tomé posesión de mi cargo allí, que era la siguiente. Cuentan que, antiguamente, en un caso por supuesto antes de la Constitución de 1978, con toda seguridad, un abogado veterano y mayor acudió a la sala de vistas antes de celebrarse el juicio, examinó las actuaciones y vio que el ponente del asunto antes de empezar el juicio había introducido una nota diciendo "condenado, como el fiscal". Este abogado, veterano, como digo, asistió a toda la sesión de juicio, asistió a la práctica de las pruebas y cuando tuvo que comenzar su informe dijo "por si todavía llego a tiempo...". Esa es la sensación que yo he sentido aquí.
Por si todavía llego a tiempo, les voy a intentar explicar las razones por las cuales yo he tomado decisiones y todo lo que ha discurrido y transcurrido en la fiscalía, y les pido, por favor, y se lo digo en el tono más humilde de súplica, que atiendan ustedes a las razones que les voy a dar, con sentido de la equidad, con sentido de la justicia, valorando realmente lo que digo, valorando lo que son datos objetivos que les voy a dar a partir de este momento. Creo que eso es una enorme responsabilidad, y permítanme de nuevo que se lo diga, que les incumbe, porque estamos hablando de una institución básica para el Estado de derecho que no se merece ciertas informaciones ni cierto trato público que se le da, pretendiendo arrastrarla. Tampoco el que estas manifestaciones y estas informaciones prevalezcan va a redundar en ningún servicio ni al Estado de derecho ni a los ciudadanos, sino más bien todo lo contrario, se va a perder el crédito en una institución, se va a.perder de una manera absolutamente no merecida ese prestigio y ese crédito. Creo que estamos todos aquí para construir un Estado decente y digno para todos los ciudadanos.
Paso a la explicación. Señora diputada, no tomé antes nota puntual de las preguntas porque muchas se engloban, muchas se repetían. Espero poder responder a todo, a lo sustancial al menos, sin entrar ya en los argumentos concretos. Por cierto, el señor Campo hizo una referencia interesante. Dijo: Yo creo que hay cierta vinculación entre toda esta situación de informaciones y los nombramientos. Sin lugar a dudas, don Juan Carlos. Yo también he llegado a esa conclusión. El hecho de que se tengan que producir en la fiscalía treinta y cinco nombramientos de jefaturas simultáneamente ha provocado una situación de inquietud en algunos, una situación de nervios, una situación que ha hecho que salieran a flote temas que, como vamos a ver ahora, en absoluto responden a esa información que se ha facilitado y que es lo que ha originado o iniciado toda esta situación. De ahí surge la preocupación de ustedes, absolutamente legítima porque la preocupación trasciende a la ciudadanía, y hoy nos vemos aquí por ese motivo. Yo creo también que, buscando una explicación, algo tan absolutamente fuera de la realidad como les voy a explicar, yo creo que la causa está ahí, porque si no nos podríamos preguntar ¿y esto que usted nos explica a qué se ha debido entonces?
Primer asunto: investigación de los hechos referidos al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La actuación de la fiscalía y la mía personal encajan absolutamente en lo que les he explicado sobre cómo se tramitan estas cosas siempre en la fiscalía. Se pone en conocimiento del fiscal general de Estado, por la señora teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, en funciones de jefatura porque estaba vacante esa plaza, que, por cierto, como comprobarán ustedes con lo que les voy a contar, ha actuado impecablemente y con una gran profesionalidad, que hay un asunto en Murcia en el cual el juez de instrucción central ha solicitado que la fiscalía informe respecto de la procedencia o no de elevar -no imputar, que también se ha dicho- una exposición razonada al tribunal que fuese competente, en su caso, para imputar o no. Y abro un paréntesis, también he tenido que leer que se había impedido que
las fiscales investigasen el asunto. Pero, ¿cómo se iba a impedir, si estaba ya concluida toda la investigación? ¡Si en lo que estamos, precisamente, es en la fase en la que el juez tiene que pronunciarse sobre si, a la vista de todo lo investigado, tiene que elevar o no esa exposición razonada! Bueno, pues hasta eso se ha dicho: que yo había impedido que las fiscales investigasen.
El caso es que se comunica a la fiscalía general -como digo, y ya les he leído a ustedes también los preceptos-, porque la jefa está obligada a comunicarlo a la fiscalía general al tratarse de dos personas aforadas, una nacional y otra autonómica, y no lo comunica. Yo recibo esa comunicación y doy traslado -como disponen las normas que antes les he leído y, por eso, les he dado estas explicaciones- a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que es el equipo técnico, el Estado Mayor de la Fiscalía, la que analiza y estudia estas cosas; siempre, en todos los casos, mucho antes de llegar yo a mis responsabilidades en la fiscalía, siempre, lo estudia la secretaría técnica. ¿Ustedes creen que si yo fuera a obedecer una orden de alguien, si yo quisiera, iba a darle traslado a un equipo numeroso de eminentes juristas, con un teniente fiscal y un fiscal jefe acreditados totalmente, para que me llevasen la contraria y quedar yo más desairado? ¿Ustedes creen realmente que yo tenía esa intención de obedecer normas o instrucciones de alguien? Pues se pasa a la secretaría técnica, la cual emite un informe, en el cual considera que no hay causa para informar favorablemente a ese escrito del juez de exposición razonada. Las señoras fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, sostenían que sí. De acuerdo. El deber de la fiscalía general es revisar si eso es correcto. Ellas no tienen el don de la infalibilidad, como tampoco lo tiene la secretaría técnica ni el fiscal general del Estado. Pero aquí -por eso les he explicado el principio de jerarquía- quien tiene que decidir es quien tiene que decidir.
No contentos con esto -también les he recordado que desde el año 2007 se estableció que todos los asuntos en los que hubiera un aforado lo vieran también los fiscales de Sala del Supremo, porque son los que, al final, sobre todo si hay un aforado nacional, van a llevar el asunto-, no solamente paso informe de la secretaría técnica, sino que ese informe -que no es de unas líneas, como se ha dicho, sino de varias hojas- pasa a los cuatro fiscales jefe de sala de la Sala de lo Penal. De nuevo, si no era para mí bastante tener un criterio de la secretaría técnica, que se supone que coincidiría con instrucciones recibidas, quiero todavía jugar más en el alambre y pido opinión a los cuatro fiscales jefes de lo Penal de la Sala Segunda, de cuyo prestigio -y hay aquí gente que les conoce- creo que no se puede dudar, de cuya sensibilidad ideológica y de planteamientos ante la vida es absolutamente plural. No entro en más detalles, pero algunos de ustedes les conocen y saben que entre esos cuatro fiscales, todos igualados por un prestigio extraordinario y por una calidad técnica excepcional, cada uno tiene diferentes maneras de pensar. Bueno, pues los cuatro coinciden en que no hay motivo para elevar esa exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué tenía que hacer yo, dar la razón a las dos compañeras fiscales del caso o a estos informes que me facilitan? Además, cuando al verlo coincidía, desde el punto de vista técnico, absolutamente con los cuatro fiscales de sala y con la secretaría técnica. No es cuestión de entrar en el fondo de si hay delito o no, entre otras cosas porque el procedimiento está abierto y no podría, pero yo coincidía también con esa opinión. Llegamos a ese punto y les damos las instrucciones correspondientes. Aquí entra en juego otra cuestión interesante que les cuento para que se sepa de verdad lo qué ha pasado -no lo que se ha contado-, con testigos y con las personas que han intervenido en todo este procedimiento. Se les da esta instrucción, amparada en lo que les he leído, en el sistema de funcionamiento de la fiscalía, a las dos fiscales del caso y ellas dicen que no comparten esa opinión. Perfecto. Expresamente se les dice: ¿Queréis hacer uso del artículo 27 del estatuto, que, como les he leído antes para que todo el mundo conozca cómo funciona esto, dice que cuando un fiscal discrepa de su superior puede hacer tres cosas: acatarlo directamente y firmar el escrito, manifestar que no está de acuerdo o manifestar que no está de acuerdo y que el fiscal -en este caso el fiscal general- dé explicaciones públicas en una Junta de Fiscales sobre por qué ha tomado esa decisión. Eso hubiera sido lo correcto. Esta institución tiene mecanismos para llevar a cabo el principio de jerarquía, por eso me parecía muy interesante el planteamiento que se hacía en la convocatoria por parte del Grupo Ciudadanos: explicar cómo se combinan en una institución, por un lado, el respeto a la legalidad y a la imparcialidad y, por otro lado, el principio de jerarquía y de unidad de actuación. Estos mecanismos sensibles que vienen de hace mucho tiempo, de una evolución larga en la cual se ha ido decantando esta situación, no permiten al fiscal jefe cometer arbitrariedades, salvo que sea un suicida y quiera acabar muy mal sus días. Esto es lo que ocurrió en el tema de Murcia. Las fiscales dijeron que ellas no firmaban el escrito y por eso asume la firma su jefa, a través de la cual se les da a las fiscales estas instrucciones, que dijo que lo firmaba por ser la responsable de esa fiscalía y porque entendía que tenía que obedecer lo que decía el fiscal general. Ese es el tema,
eso es lo que ha pasado en el asunto de Murcia, y ustedes valorarán lo que es el principio de todo esto. ¿Ven ahí ustedes el más remoto atisbo... Decía el señor Campos que iba a hablar de indicios. Yo les ofrezco pruebas directas, materiales, de que es bastante inconsecuente llegar a la conclusión de que yo haya actuado obedeciendo, siguiendo o con cualquier tipo de seguidismo respecto a nadie.
Permítanme que combine este asunto con lo demás que se ha dicho respecto de los problemas que ha podido haber en Murcia. Posteriormente se dice que en unas conversaciones habidas entre el señor ministro de Justicia y el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia se le participó a este señor cuál había sido el resultado de esto que les he contado, de las opiniones de los fiscales, y yo no sé qué se quiere extraer de ahí respecto de mi persona o de la fiscalía, porque yo creo que la autonomía o no está en la decisión que tomé, no en que luego se produjeran estas filtraciones o estos comentarios. Pero sí les quiero matizar una cosa, y es que, lógicamente, yo no soy el que tiene que contestar; a esto les contestará a ustedes el señor ministro, si quiere, o el señor presidente, pero sí les puedo decir una cosa, y es que tengo aquí la cronología de los hechos que me ha sacado mi equipo y resulta que un periodista de La Verdad de Murcia vio al señor ministro de Justicia y al señor presidente charlando a solas pero no se sabe lo que hablaron. Eso fue el 12 de febrero. El 13 de febrero sale el auto del juez central de instrucción elevando la exposición razonada y el presidente de Murcia convoca una rueda de prensa en la que dice que no dimite, algo que sus colaboradores más próximos ya sabían, y afirma convincente que no se puede condenar lo que no se puede probar, pero no hace ninguna referencia a ningún informe de la fiscalía. Si había hablado con el ministro y lo sabía, aquí no hace referencia a ello. ¿Cuándo hace referencia? Después de hacerse pública la nota de la fiscalía, exactamente a las cuatro y catorce minutos de la tarde del 13 de febrero, momento en el que la Fiscalía Anticorrupción emite una nota de prensa en la que expresa su opinión contraria a que se investigue a Pedro Antonio Sánchez. Es después, a la mañana siguiente, cuando este señor, en el programa Herrera en COPE, dice por primera vez: Hasta cuatro fiscales jefe de las cuatro salas de lo Penal del Supremo dicen, acreditan, opinan que efectivamente no se firmó nada. Todos ellos consideran que no se debe investigar. Pero lo dice después de que la nota hubiera sido emitida la tarde anterior. ¿Cómo este señor llegó a ese conocimiento? Yo creo que fue por la propia nota, pero como se ha dicho también por alguno, en las filtraciones intervienen bastantes personas. Sinceramente, qué quieren que haga. Uno de los temas con el que tengo un compromiso personal es intentar controlar y evitar las filtraciones en todos los casos, especialmente en los procedimientos secretos. Antes de comenzar la sesión, hablábamos un grupo sobre las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen para seguir y rastrear los documentos e intentar localizar quién hace este tipo de filtraciones. Pero lo que quiero dejar claro es que este incidente, esta cuestión sobre si dijo o no dijo, fue antes o fue después, nada tiene que ver con mi decisión y nada tiene que ver con la autonomía de mi conducta profesional, en este caso, de mis responsabilidades públicas.
El otro asunto, el tema de La Rioja, es aun más sorprendente para mí. No sé cómo se ha podido dar pábulo a una información semejante. Se ha mencionado ya aquí, pero permítanme que les lea la nota de prensa que dio el fiscal superior de La Rioja el mismo día en que apareció en la prensa nacional que había recibido instrucciones mías para archivar no sé qué. Así como en el otro caso les digo que, efectivamente, la instrucción la di yo -y asumo la responsabilidad- y les informo del procedimiento seguido, aquí ya les anticipo que yo no di absolutamente ninguna orden en ningún sentido. Les voy a decir en qué términos está acreditado esto. Dice la nota del fiscal superior de La Rioja -que, por desgracia, solamente tuvo repercusión en la prensa local- que en relación con la noticia aparecida en un medio de comunicación, la Fiscalía superior de La Rioja informa de lo siguiente: En esta Fiscalía superior no se ha recibido en ningún momento ni en forma alguna ni orden ni indicación ni por parte de la Fiscalía General del Estado ni por ninguna otra persona o institución sobre las diligencias previas referentes a la investigación. Y añade: Antes bien, frente al auto de incoación del procedimiento 918/116, el ministerio fiscal se mostró partidario de su investigación, adhiriéndose únicamente de manera parcial al recurso interpuesto por la defensa en el sentido de no observar infracción alguna ni en los concejales de la corporación ni en la COTUR, solicitando expresamente la desestimación del resto de los motivos del recurso de las defensas. Las diligencias previas siguen su curso procesal. Y yo digo: voy a asegurarme, no vaya a ser que alguien imprudentemente o incorrectamente haya dado una orden desde la Fiscalía general o me haya atribuido a mí alguna orden, por lo que pido informes al señor fiscal, que me hace un análisis interesante del tema de la evolución de ese procedimiento, al que no puedo aludir por lo que les decía anteriormente de que no puedo entrar en los casos concretos que son objeto de investigación, entre otras cosas para no perjudicar dicha investigación y las sanciones que procedan. Sí que puedo leerles el final, que dice: En consecuencia
-esto lo dice el fiscal superior de La Rioja-, el fiscal nunca - lo pone en negrita- ha pedido el archivo de la investigación del chalé del vicepresidente del Senado, antes bien, se ha opuesto a su sobreseimiento y va a adherirse, salvo superior criterio -esto es lo que dicen los fiscales porque hay principio de jerarquía-, al recurso del ayuntamiento en el sentido de proseguir la investigación de todos aquellos propietarios beneficiados por la formulación del plan municipal y, por supuesto, jamás hemos recibido en esta Fiscalía superior ni indicación ni orden ni presión alguna, actuando siempre con sujeción estricta a la legalidad y plena imparcialidad. Esto es lo que hay, pero es que es tan fácil como ir allí y ver que el procedimiento está abierto y ver los escritos del fiscal apoyándolo. Entiendan ustedes mi estupefacción, mi indignación, mi rabia porque se estén diciendo cosas de una institución tan seria como el ministerio fiscal dando pábulo a esto, mezclando unas cosas con otras, etcétera, etcétera.
Estos son dos casos concretos, pero incluso en algún medio - aprovecho para decirlo porque creo que de esto no me han hablado ustedes- se hablaba de que había también unas actuaciones en Toledo -porque ya se habla de todo- en las que yo había dado instrucciones para archivar un asunto que al parecer afectaba a la señora De Cospedal... Pero si es que ese asunto no se refiere a la señora De Cospedal. He pedido información al respecto y no se refiere a la señora De Cospedal. El fiscal jefe de Toledo les puede decir a ustedes -y lo dice en su escrito- porque él, sin recibir ninguna orden mía -porque ni siquiera me lo comunicó, decidió y entendió que el procedimiento no debía proseguir allí. Insisto, es un procedimiento en el que no está incursa la señora De Cospedal, se llama así, pero no está incursa; es un tema relacionado con unas basuras y otras cosas que han tenido trascendencia pública y que ustedes podrán conocer por la prensa. Como son los asuntos sobre los que se monta que yo estoy obedeciendo las instrucciones del ministro de Justicia, del Gobierno, del partido del Gobierno o no sé de quién.
Otro tema importante es el de las amenazas a los fiscales. En la fiscalía, no ya yo, porque al parecer estas amenazas vienen produciéndose desde hace tiempo, la entrada en el domicilio particular de un fiscal es antiguo, pero he consultado y no se ha enviado a la fiscalía ningún tipo de denuncia ni de comunicación. Lo habrán comunicado a la policía, como se hace normalmente, porque el fiscal lo comunica a sus superiores cuando entiende que hay una presión indebida por parte de una autoridad y entonces pide el amparo del Consejo Fiscal. Pero en este caso entiendo yo que no se ha apreciado que fuera así. En un primer momento creo que se malinterpretó lo que manifestó el fiscal superior de Murcia porque, como habló de presiones, rápidamente se tendió a pensar que las presiones las daba la fiscalía, el Gobierno o no sé quién. Luego él mismo -lo habrán leído ustedes en la prensa- aclaró que las presiones las sentía por el contenido de ciertos editoriales y noticias que aparecían en la prensa. Les puedo decir que la actuación de los fiscales en anticorrupción y en restantes materias es una actuación arriesgada y dura, porque están persiguiendo a delincuentes que en algún caso son muy graves y muy peligrosos. Los fiscales actúan con un sentido del servicio público excepcional y con una firmeza en sus criterios que no propicia que vayan comentando: se me ha dicho, se me ha dejado de decir, ha salido en el periódico esto o aquello. Sin embargo, hay dos fiscales en este momento en este país -cuyos nombres y datos no voy a dar obviamente porque hay que protegerles y no extender esta noticia- que sí están realmente amenazados, dos fiscales que investigan asuntos de corrupción. Fíjense si es importante que en el caso de uno de ellos se ha quemado un vehículo a un vecino porque se había confundido con el suyo. Son fiscales que están soportando presiones y lo han comunicado a la Fiscalía general y lo que yo hice a los dos días de tomar posesión -ellos mismos lo pueden atestiguar- fue llamar a los dos personalmente para manifestarles el apoyo de la fiscalía y decirles que la institución estaba con ellos. Lo agradecieron muchísimo los dos, como es lógico, Además, estos dos fiscales están amenazados, uno por una mafia de narcotraficantes -persigue corrupción como persigue delito organizado- y el otro supuestamente por una mafia de una policía local de una determinada capital de este país, es decir, por delito organizado, no tanto por hechos cometidos por responsables públicos. Esas son las amenazas. Y si se considera que alguien está presionado por su superior, se acude al Consejo Fiscal para ver si le dispensa el amparo correspondiente o no. Por lo tanto, cuando me preguntan ustedes qué va a hacer la fiscalía con respecto a las amenazas, les diré que proteger todo lo que pueda a todos los fiscales si tiene conocimiento de las amenazas y se le participan. Les protegeremos, claro que sí, porque es un trabajo duro y arriesgado. Principalmente, en este tipo de investigaciones, el delito organizado, las mafias de narcotráfico y de prostitución son los casos más peligrosos. Pero si hay denuncia de que cualquier partido político o cualquier..., lógicamente se examinará y lo veríamos cumplidamente. Esto en cuanto a estos asuntos.
Quiero decirles una cosa que les dije en mi comparecencia anterior y es que, mientras yo sea fiscal general del Estado, no voy a permitir en ningún caso que a un ciudadano español -sea político o no, sea hombre, mujer, mayor o pequeño- se le acuse y se le siga un procedimiento por la fiscalía si no veo que hay fundamento para ello. Lo voy a hacer a rajatabla y me da igual lo que puedan pensar de si tengo implicaciones políticas sea por este partido o sea por este otro. Lo voy a hacer porque es el compromiso mayor que tengo con la ciudadanía y con la ley, a la que he respetado y he intentado cumplir y hacer cumplir desde hace ya cuarenta años. Esto respecto de los casos en los cuales obedezco y practico seguidismo del Gobierno.
Respecto de los nombramientos, se han dado datos. Tengo aquí los datos oficiales. Se ha hablado de la gran purga. De 35 fiscales, 5 los he cambiado, no he cesado, por no renovación, no les he renovado y ahora les explicaré las razones; otros 2 ha habido que nombrarlos porque estaban vacantes, y el resto son fiscales que se han nombrado sin tener que cesar a nadie. Los datos coinciden con los de usted, pero por si acaso los digo. De las 11 plazas de fiscal de sala, yo he propuesto al Gobierno -para que se mantenga en su puesto uno y otro para que se nombre- 4 fiscales miembros de la UPF, 4 fiscales no adscritos a ninguna asociación y 3 fiscales miembros de la asociación de fiscales, de la APF: un 36, un 36 y un 27%. Eso lo he propuesto yo. De entre los 11 fiscales de sala del Supremo, solamente he renovado 2, y ahora diré por qué. Este es un dato curioso porque alguien me preguntaba por las mujeres. Les aseguro que como yo he creído siempre, y con la edad cada vez más, en la extraordinaria capacidad de las mujeres para desempeñar cualquier cargo -eso se lo aseguro-, yo no me fijo en si es hombre o mujer. Lo que pasa es que al final -miren qué casualidad- resulta que las mujeres salen muy beneficiadas, sin tener yo la más mínima intención de beneficiar a ninguna mujer por el hecho de serlo; yo manejo criterios con los que resulta que salen beneficiadas. Había 9 mujeres peticionarias y 24 hombres; los propuestos son 3 mujeres y 8 hombres, en los dos casos una tercera parte. Pero es que en los fiscales superiores había 2 mujeres y 12 hombres y he propuesto a 2 mujeres y a 3 hombres. Dejo ahí el dato por si a alguno le interesa. A mi juicio, estas señoras tienen mucha más capacidad y muchos más méritos que los otros aspirantes, que eran hombres. En las fiscalías superiores, respecto del carácter ideológico que se atribuye a mis propuestas de nombramientos, se han propuesto 3 fiscales no adscritos a ninguna asociación y 2 fiscales miembros de la asociación profesional. Aquí el dato es 60% de ninguna asociación y 40% de la asociación de fiscales. También les recuerdo, como se ha dicho, que de los casi 3.000 miembros de la carrera fiscal hay asociados unos 500 o 600. El grupo más numeroso, con creces, lo conforman los no afiliados. En las tenencias de fiscalía, es decir, en el segundo nivel -también aquí he tenido que proceder a nombramientos-, de las 6 plazas de teniente de fiscalía han sido propuestos un fiscal miembro de la UPF, un fiscal no adscrito a ninguna asociación y 4 fiscales miembros de la APF. Aquí también los peticionarios han sido 2 mujeres y 12 hombres y se ha propuesto a una mujer y a 5 hombres. En las fiscalías provinciales, el último grado que he tenido que estudiar, analizar y producir nombramientos, de las 9 plazas de jefaturas provinciales, han sido propuestos 3 fiscales miembros de la UPF, 3 fiscales no adscritos a ninguna asociación y 3 fiscales miembros de la APF. Por cierto, uno de los fiscales jefes provinciales -se hablaba de Salamanca- un excelente profesional -en competencia con otros 3 ó 4 magníficos candidatos-, uno de los miembros más destacados y distinguidos de la UPF, de la Unión Progresista de Fiscales. Le he propuesto yo. Él no ostentaba esa jefatura, ha competido y le he propuesto yo. Este es el panorama de mi versión totalmente ideologizada de lo que tiene que ser la fiscalía, etcétera.
Respecto de las no renovaciones, desde la comparecencia que tuvo mi antecesor, el señor Conde-Pumpido, a propósito de ciertos nombramientos que hizo en el año 2005 y por los que compareció aquí, en la fiscalía se ha dicho -él decía y yo lo digo también, a ver si somos capaces de hacerlo- que se han de generar unos baremos con la mayor objetividad posible para que se pueda poner en práctica esto que antes me solicitaba el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que tiene mucha razón en este punto, y es que sería bueno que hubiera informes individualizados. Ahora mismo la inspección hace informe de idoneidad, pero han de ser más detallados y tener más valoración, pero no puede hacerse si no hay unos baremos previos. De eso estamos a la espera, y también, entre otras cosas, del estatuto del ministerio fiscal porque sería muy bueno que esto se recogiera en la norma legal para no dejarlo al fiscal general de turno que los establezca.
Me he permitido en la motivación de los nombramientos -que, como saben, tengo que hacer de cada uno de ellos, y que llegado el caso, si es impugnado, será revisado por la jurisdicción y será la Sala tercera del Tribunal Supremo la que al final dirá si la fundamentación de mis propuestas de nombramientos es correcta o no- hacer el esfuerzo de establecer unos criterios; lo digo públicamente y lo introduzco en esta
propuesta de nombramientos que va unida al acta del Consejo Fiscal donde se produjeron. Digo: En la decisión acerca de la propuesta del Gobierno de la nación de determinados cargos de jefatura del ministerio fiscal se han contemplado por el fiscal general del Estado como elementos orientativos para la misma, sin otorgar carácter determinante a ninguno de ellos y siempre sometidos al carácter de confianza en la definitiva designación de los propuestos, los siguientes criterios. En primer lugar, el número de mandatos cumplidos por los aspirantes en el caso de su pretensión de ser renovados en el desempeño del cargo, teniendo en cuenta que, según el espíritu que en su día inspiró la reforma del Estatuto fiscal de 2007, la previsión era impedir, mediante la limitación temporal y la revisión de los nombramientos iniciales, una indeseable perpetuación en el desempeño de tales funciones de jefatura, en especial en aquellos puestos en los que esa permanencia pueda llegar a suponer un perjuicio para el correcto desempeño de las funciones que el cargo en concreto conlleva, atendida la especial implicación que el mismo supone. Segundo, la existencia en esos mismos supuestos de renovaciones de miembros que ya ocupan el cargo de jefatura de una alternativa merecedora de consideración de forma relevante en orden a la continuidad de un adecuado servicio. Y con carácter general, tanto para los supuestos de renovación como para los de cobertura y plazas vacantes, también se ha atendido a los criterios siguientes: la necesidad de concitar algún apoyo entre los miembros electos del Consejo Fiscal, de modo que el propio fiscal general autolimita voluntariamente su designación para la propuesta del candidato al hecho de que cuente al menos con el apoyo de alguno de tales vocales electos. Yo podía nombrar -se han dado casos en la historia de la fiscalía española- a quien hubiera querido. Y yo les dije a los señores vocales del consejo: no nombraré a nadie que no tenga algún apoyo al menos, porque ese apoyo será el que a mí me convenza o no respecto de la idoneidad de ese nombramiento.
Otro criterio, el número total de apoyos obtenido por cada candidato de parte de los vocales del Consejo Fiscal y de forma muy relevante cuando ese apoyo sea unánime por parte de los once vocales que integran el consejo. En bastantes de los nombramientos la votación es unánime. Otro, los contenidos y la valoración que merezcan los diferentes proyectos propuestos por cada candidato para su eventual ejecución en el caso de ser propuesta su designación. En el caso de las jefaturas tienen que presentar un proyecto de cuáles van a ser los criterios de su mandato. Otro, los informes elaborados por la inspección de la Fiscalía General del Estado acerca del desempeño previo de los candidatos en sus respectivos destinos. Por cierto, aquí tengo que decir algo que decía la señora Moro. Para la no renovación del señor fiscal superior de Murcia no he tenido en cuenta el informe de la inspección. El señor fiscal, que forma parte del consejo, informa de todas las situaciones que pueda haber, pero yo me he basado en otros criterios, que ahora explicaré, para esa no renovación. En ese informe, que corresponde a una época anterior a mi llegada a la fiscalía, el informe que en las visitas que hace la inspección hicieron en cuanto al funcionamiento de la Fiscalía en Murcia, yo no me he basado para mi valoración ni para mi fundamentación. También he tenido en cuenta la antigüedad escalafonal de cada aspirante, y todo ello teniendo igualmente en cuenta a la postre, como antes se dijo, la decisión que se considere como más adecuada en aras a la idoneidad para el cumplimiento del proyecto global que inspirará la futura actuación en la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio del reconocimiento que en el caso de las renovaciones merecen también los señores fiscales no designados, que con tanta dedicación han venido desempeñando hasta hoy los cometidos propios de sus cargos.
Con estos criterios me dispongo a decidir en un tema tan complicado como este. Como han visto ustedes, tengo que contar con que yo tenga confianza en los cargos designados porque yo voy a ser el responsable luego de todo lo que ellos hagan, pero quiero también contar con criterios de mérito y capacidad objetivos hasta donde me sea posible. Hay un nombramiento, el del señor Moix, con el que no se trata de renovar ni de cesar a nadie, que se ha cuestionado aquí y se ha dicho que no parecía el candidato idóneo. Yo sí le considero candidato idóneo. Si alguien me dice que no tiene experiencia un señor que ha dirigido -creo que no se pueden encontrar muchos escándalos respecto a su actuación en la hemeroteca- durante años la Fiscalía de Madrid, con trescientos y pico fiscales... En fin. Ese es el nombramiento, como digo, respecto de ese cargo, para el que no había renovación.
En dos casos sí he decidido la renovación, en la Audiencia Nacional y en la Unidad de Apoyo al Fiscal General del Estado. En ambos casos -no lo digo ahora por alabarles, porque van a ver ustedes, en tiempo espero que breve, cómo esto que les estoy diciendo tan es verdad que se va a ver cumplido en la realidad- se trata de dos extraordinarios profesionales. En el caso del señor Zaragoza es uno de los protagonistas que ha conseguido librar a este país de la lacra del terrorismo de ETA, un excelente profesional. En el caso del señor Bueren para qué contarles, es menos conocido públicamente pero ha
sido estos meses mi unidad de apoyo y le conozco perfectamente. Además, es una persona que encajó que no le renovase con una elegancia que ustedes no se pueden ni imaginar. Es una persona de una calidad profesional y personal excepcional. Anteriormente lo he explicado, uno de los criterios es que no se perpetúen las personas en los cargos -es el criterio del estatuto del año 2007- y si son muy buenos -que lo son- yo estoy seguro que los que he elegido van a ser igual de buenos que ellos. Yo necesito en ambas fiscalías un impulso nuevo con mi llegada, igual que ha ocurrido en circunstancias anteriores. También cuando se nombra al señor Zaragoza se aparta a otro extraordinario fiscal del que se decía que era poco menos que el arma perfecta contra el terrorismo de ETA -en gran parte lo era porque, insisto, era otro gran fiscal- y vino el señor Zaragoza y fíjense qué resultado también nos ha dado. Además, hay que dar impulsos. Yo nombro a un señor que, fíjense, lleva en la Audiencia Nacional más de veinte años; que no ha sufrido el desgaste de la jefatura porque de teniente lleva unos pocos años, y que además es el teniente fiscal, es decir, el segundo de a bordo. Mayor idea de que quiero una línea de continuidad pero renovando las personas... Insisto, no supone demérito ninguno para las renovadas sino al revés, porque su capital, sus conocimientos y su experiencia serán utilizados en otros puestos y otros cargos, probablemente de mayor trascendencia para el momento actual. Díganme ustedes aquí qué es lo que pueden ver.
El segundo caso, la unidad de apoyo. Se avecinan -espero y confío- tiempos muy importantes para la fiscalía en el desarrollo de nuevos planes de organización, estructuración y estrategias. Y ese, precisamente, es el puesto clave para ese desarrollo porque es mi unidad de apoyo. El propio señor Bueren -y espero que me disculpe por revelar esta confidencia, pero creo que le enaltece como persona- me decía: José Manuel, si yo comprendo que esta decisión es muy difícil y además tienes mi apoyo; yo no voy a protestar ni a decirte nada porque sé que este puesto es de la absoluta confianza del fiscal general y, por lo tanto, puedes hacer lo que te parezca oportuno porque tu eres el que vas a tener que cargar con quien esté en este puesto. Elijo a una persona que, aparte de haber tenido experiencia como fiscal jefe -concretamente en la provincia de Ciudad Real, también con un comportamiento impecable y que no dio lugar a ningún problema-, estuvo también en su día en la unidad de apoyo y conoce esta unidad perfectamente. Es más, tiene amistad íntima, personal, que yo he podido comprobar, con el señor Bueren, el no renovado, igual que le corresponde el señor Bueren a él. Ese es el señor que nombro porque quiero una persona totalmente nueva que se ponga al mando y que no tenga el desgaste que un puesto tan delicado produce.
Aquí hay algo que ha salido en la prensa que me ha herido profundamente, esto que se dice de que yo he sustituido al señor Bueren porque me lo había ordenado así la señora secretaria de Estado de Justicia y que lo he comentado yo en mi despacho con otros profesionales. Jamás, en la vida a mí me ha ordenado nada la señora secretaria de Estado de Justicia. Por lo tanto, difícilmente puedo haber dicho yo que la secretaria de Estado me imponía ese cambio; jamás en la vida. Con esa señora he coincidido tres veces, las tres veces en actos públicos y hemos cruzado cuatro palabras. Y si hay alguien testigo de algo distinto que lo diga. Jamás se me ha ordenado por la secretaria de Estado que le sustituya. Pero, fíjense -y aquí tienen ustedes una prueba importante si quieren reflexionar- qué calidad de información tenemos, fíjense sobre qué categoría de informaciones hemos basado toda esta crítica a la actuación de la fiscalía y a mi persona. Fíjense en el detalle, en la información en la que se habla de esto se dice que eran cinco votos contra cinco y decidió el nombramiento el voto del fiscal general. Pero si en el Consejo Fiscal no son cinco contra cinco; en el Consejo Fiscal son once y el voto del fiscal general no decide nada, entre otras cosas, porque él tiene toda la responsabilidad y toda la capacidad de decisión, si no vota. Y, en este caso, el resultado fue seis votos a favor de quien yo nombré y cinco votos a favor del señor que solicitaba continuar en el cargo. Esa es la prueba de la calidad de la información, de la racionalidad, de la madurez. Eso se dice y me molesta, como les decía, especialmente por el señor Bueren, porque además se dice: esos cinco votos se los daban dos señores porque eran amigos suyos de toda la vida y otros tres -los miembros de la UPF- porque como no tenían otro candidato se los dieron a él. No, esos cinco votos el señor Bueren los recibió de grandes profesionales que piensan las cosas y que le votaron porque consideraban que era el mejor candidato. Y se está dando esa información del dime que te digo; hasta esa información. Insisto, disculpen mi indignación pero llevo, como hace poco se publicó en un medio de comunicación, mordiéndome la lengua todos estos días por respeto a ustedes y para que ustedes conocieran mi versión de los hechos, esperando llegar a tiempo antes de que ustedes emitiesen su juicio sobre todos ellos.
Respecto al cese del señor López Bernal, estamos en lo mismo; un señor que lleva ya once años al frente de esa fiscalía y que considero que es necesario renovar. Pero no le cambio por alguien que vaya a ocultar la corrupción o que vaya a flaquear en la lucha contra corrupción en Murcia. Pregunten en Murcia -se ha publicado también-, el nombrado es realmente el impulsor de los procedimientos que hay en Murcia, es el señor que está llevando todos los días los procedimientos. ¿Se va a perder fuerza porque el fiscal que lleva los asuntos ya no está? No, el que lleva los asuntos es el que he nombrado yo. Insisto, pregunten en Murcia si no es el señor que ha sido el azote de toda corrupción de unos partidos y de otros.
En resumidas cuentas, hay otras cuestiones como la pregunta del porqué del cese de doña Consuelo Madrigal. Yo no lo sé, sinceramente. Yo puedo responder de mí, de lo que he vivido. Puedo decir que a mí no me han impuesto nada de momento ni creo que lo hagan nunca y si alguna vez lo hacen -como ya les dije en mi primera comparecencia-, tengo las ideas muy claras. Tengo mi profesión y me volvería a mi profesión. Por otra parte, la retribución es semejante a la que tengo ahora, por lo que no estoy aquí por ninguna gabela. Sí que estoy comprometido con algo, y es que quiero realmente cambiar el sistema procesal penal de este país. Se lo dije también en mi anterior comparecencia. Respondiendo a alguna pregunta que me ha hecho la señora diputada de Podemos, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -a la que usted se ha referido- establece límites y plazos máximos para la duración de los procedimientos penales, concretamente su fase de instrucción. Cómo voy a decir que no me gusta ese artículo, si ese artículo da garantías a los ciudadanos, hace que no tengamos que estar sometidos a un procedimiento penal más que un límite determinado, que no existan causas ni penas de banquillo de cuatro, cinco, ocho o diez años. Estoy absolutamente de acuerdo. Otra cosa es que los fiscales, los jueces, el sistema en general, tienen que tener los medios suficientes para cumplir esos plazos. Efectivamente, ese es un tema importante a abordar. Con todo esto, usted sabrá -y si no se lo digo yo- que solamente ha prescrito un caso por el artículo 324 y no voy a decir la provincia porque, sinceramente, no la recuerdo bien. Pueden ustedes buscarlo y díganme si han aparecido en los medios de comunicación muchos casos de corrupción prescritos por este artículo. Ahí sí que tengo un compromiso adquirido con ustedes -y lo cumpliré, si puedo, si soy capaz, si tengo fuerzas y si me dejan-, y es renovar, cambiar la justicia penal en este país. Ahí van a tener ustedes -repito lo que dije en su día- un importantísimo protagonismo y una grandísima responsabilidad histórica, que es adecuar nuestro sistema procesal penal a la modernidad. Eso pasa, entre otras cosas, por que el fiscal lleve a cabo la investigación. Si hay preocupaciones, miedos, suspicacias -que, probablemente, algo habrá detrás de eso- en esta crítica que se hace a la fiscalía, en esta falta de autonomía que se nos atribuye, ustedes van a tener en sus manos cambiar el Estatuto fiscal, lo que quieran, para garantizar esa autonomía. Ustedes, que son los legisladores. Por favor, que estas dudas extendidas sobre la fiscalía no nos despisten de lo importante, del objetivo. En este país hay una justicia penal moderna, ágil, que los asuntos de corrupción y el resto se resuelvan en meses, que la sociedad no tenga que esperar a que se resuelva un asunto que se va pudriendo con el tiempo y haciendo un daño tremendo a las instituciones, porque la lentitud de la justicia es un problema, a mi juicio, procesal y absolutamente estructural.
Se me quedan seguro cosas en el tintero. Mañana la prensa dirá lo que quiera. Ustedes se formarán su opinión, con espíritu crítico, y opinarán de mí lo que quieran. En algún periódico van a tener problemas para sacar titulares. He explicado lo que sé, las noticias que tengo, lo que he hecho y se lo he explicado a ustedes con toda lealtad. Me someto a su juicio y al de los ciudadanos que ustedes representan.
Va a haber un turno final para todos los grupos parlamentarios y aquí sí voy a ser muy estricta. No he puesto límites en la intervención inicial pero ahora, como máximo, dos minutos por cada grupo parlamentario.
El señor CAMPO MORENO: Gracias, señora presidenta, por su generosidad.
Señor fiscal general de Estado, comprendo que es difícil la comparecencia y, efectivamente, nos ha dado mucha información, pero este grupo parlamentario le ha dicho textualmente que no es nuestra intención cuestionar los nombramientos -señora Moro, tome nota- y le ha dicho este grupo parlamentario que no entra en la paralización de las causas -tome nota, señora Moro-. Este grupo le ha hablado de las sospechas que genera la actuación de la fiscalía -con todos los datos pormenorizados que le he dado- y creo que el señor fiscal general del Estado ha perdido una buena oportunidad para aclararlas, porque desde
el Grupo Socialista queremos que la justicia goce de esa confianza que reclamamos los ciudadanos. Por eso, veo todos los esfuerzos que usted ha exteriorizado y los aplaudo pero creo que se ha quedado corto. Es verdad que el papel lo aguanta todo pero, por ejemplo, no nos ha explicado por qué los tres que han sido cesados eran de la UPF, Calparsoro, López Bernal y Zaragoza. ¿Por qué no nos lo ha dicho, pese a los criterios que tenía la Fiscalía General del Estado, que yo aplaudo? Por eso, he querido acotar en mi intervención que si llevaba dos mandatos y se ha prorrogado a uno de tres, no es el motivo; si le quedaba muy poco para jubilarse... Le pedía que disipara las sospechas, pero no lo ha hecho. Esperemos que con su conducta posterior, que este grupo aplaudirá sin duda, vayamos a esa tutela judicial efectiva. Reclamamos una promoción de la justicia, como dice el artículo 124 de la Constitución.
Muchas gracias, señor fiscal general del Estado.
Aparte de la intervención del compareciente, hemos tenido aquí estos rifirrafes entre los viejos partidos porque, seguramente, ninguno está libre de culpa en cuanto a intentar injerencias en la actuación del fiscal general del Estado de turno y hoy se ha podido demostrar. Creemos que tenemos que ir a otro escenario, hacia un escenario nuevo donde los ciudadanos no tengan sospecha de que el Gobierno de turno utiliza a la fiscalía. Usted hablaba de un cambio en el sistema procesal penal que sabemos por dónde va, pero ese cambio que usted tiene en mente es imposible mientras no se reforme el Estatuto fiscal, mientras siga habiendo sospechas de que no se actúa con total imparcialidad desde la fiscalía. Supongo que usted lo comprende. Esta reforma del Estatuto fiscal nos corresponde a nosotros hacerla cuando todas las asociaciones -hemos visto que unos tiraban siglas contra otros en cuanto a nombres de asociaciones- con las que nos hemos reunido y todas nos dan un mismo mensaje: hay que reformar el Estatuto del ministerio fiscal porque hay cosas que no funcionan. Como hay cosas que no funcionan, será nuestro trabajo arreglarlas para que funcionen. Mientras tanto, es su trabajo gestionar con las actuales normas y con el actual estatuto.
Cuando hablábamos de los nombramientos, le hacía mención a si se habían evacuado los informes que están recogidos y que se requieren en ese artículo 13.2 del Estatuto fiscal. Usted me reconoce que no porque no están los baremos. Creo que eso tendría que ser lo prioritario de su actuación. Eso ya está recogido en el Estatuto fiscal, que tiene que haber una excepción permanente de valoración de la inspección fiscal, que esa información sobre méritos de los fiscales tiene que centralizarse. Eso no existe y por lo tanto la sospecha de que usted pueda acertar o no en los nombramientos no es algo que nos quite las dudas sobre esa posible arbitrariedad. Aplique los mecanismos que están previstos y si falta desarrollar parte, desarróllese, pero que se haga, que no se sigan llevando a cabo nombramientos con el mismo sistema que provoca esas sospechas. En cuanto a las instrucciones y órdenes, usted ha acabado con una frase dicha con mucha fuerza y muy bien en cuanto que usted se va a empeñar en que ningún ciudadano sea acusado si no existen indicios suficientes para ello, y yo lo comparto. Espero que con la misma fuerza y contundencia asevere también que se va a empeñar en que ningún delito deje de ser perseguido, sobre todo en función del ciudadano que se pueda ver implicado en esa causa. Espero que, por lo menos, lo diga y lo defienda con la misma fuerza.
La señora PRESIDENTA: Señor Villegas, vaya terminando.
El señor VILLEGAS PÉREZ: En cuanto al amparo y la protección, le preguntábamos qué había hecho después de haber recibido esas noticias, si se había interesado, si había hablando con alguien, si se había realizado alguna actuación y nos ha dicho que no. Desde luego, cuando hay una oportunidad de disipar las dudas y estas no se disipan, las dudas se acrecientan, señor Maza.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, repartiéndose el tiempo, señora Ciuró.
Señor Maza, no nos damos por satisfechos con las respuestas que ha dado a nuestras preguntas, básicamente porque no ha entrado en lo que le hemos preguntado expresamente, que eran cuestiones no
tanto de detalle -como usted ha reprochado a otros grupos-, sino más sobre hechos objetivos y decisiones que tienden a favorecer al partido que da apoyo al Gobierno. Tampoco ha entrado en el tema de la querella ideológica contra la Mesa del Parlament. Tampoco nos ha dicho qué piensa hacer en cuanto a dar instrucciones contra aquellas personas que manifiestamente han prestado falso testimonio donde no está permitido. Además, todo esto me lleva, a la vista de la comparecencia que se ha sustanciado hoy, señor fiscal general, a decirle si usted no se pregunta por qué está usted aquí hoy y qué es lo que ha pasado para estar en el punto en que estamos. A lo mejor esta percepción de falta de independencia también se sustenta en el hecho de que no se acaban de dar cumplidas respuestas a muchas cosas, extremos que no se acaba de entender por qué se hacen, como las querellas ideológicas y, finamente, cómo puede ser que el único partido que ha hecho una defensa numantina de su gestión haya sido precisamente el del Gobierno, en lugar de hacerle preguntas objetivamente para que usted pudiese contestar. Todo esto quizás requiere muchas reformas, y ya le digo desde ahora que desde nuestro partido, desde nuestro grupo, la instrucción en manos de una fiscalía con estos mimbres, no.
Intervendré muy brevemente, como usted reclamaba. En mi primera intervención le he puesto de manifiesto al fiscal general que entendía que no respondía a las cuestiones por las que él estaba aquí. Tras esta segunda intervención tengo que decir que, efectivamente, desde nuestro punto de vista, ha atendido a los epígrafes por los que creemos que está usted aquí, y en ese sentido ha habido, en nuestra opinión, un mayor acercamiento a las cuestiones. No voy a entrar en los nombramientos, en los tres temas, ni en los criterios para la persecución, pero sí en una reflexión de cierre. Tiene que entender -lo entiende y lo conoce- que su cargo tiene una relevancia política no porque sea un político, pero sí porque ejecuta la política criminal del Gobierno, que son decisiones políticas. Y su cercanía al Gobierno, no personal sino institucional, genera percepciones que luego no se ven desmentidas por actuaciones concretas o por manifestaciones de protección, de amparo respecto a los miembros de la carrera. Todas las explicaciones que nos ha dado considero que son razonables, pero ese halo de duda difuso no ha quedado solventado. Confiemos en que su actitud y su actividad nos vayan despejando esta duda razonable que tenemos como brazo ejecutor de las políticas criminales del Gobierno y, en esa medida, involucrado con el mismo Gobierno.
Obras son amores y no buenas razones. Veremos cómo continúa la actuación de la Fiscalía General del Estado, pero permitirá que le diga, señor Maza, que continuo teniendo preocupación al respecto, tal como se lo planteaba en mi intervención inicial. Usted se ha cuidado bien de no contestar, entre otras cosas, aquello que desde los partidos independentistas le hemos preguntado y le preguntaremos siempre en relación con Cataluña y en relación con la querella contra la Mesa del Parlament de Catalunya y la exclusión de algún miembro de esta, así como -en lo que se ha venido llamando operación Cataluña- esta inactividad, que viene no únicamente de usted sino con anterioridad, de la Fiscalía General del Estado en cuestiones que han sido denunciadas y de las que además existen grabaciones, desde la inacción de la fiscalía, pasando por algún testigo falso, un testigo presionado para que declarase en un determinado sentido y otras cuestiones que parece que pueden ser creíbles. Por tanto, deberían ser objeto de investigación por parte de la fiscalía, pasando por algún compareciente en el Parlament de Catalunya que no se ajustó a la verdad o que faltó a la verdad en su declaración. Y en todo caso, he de apuntarle que he leído hace poco en relación a lo que le planteaba de la Asociación Hazte Oír -a lo que tampoco me ha contestado- que, efectivamente, el fiscal jefe de Madrid sí ha iniciado actuaciones al respecto.
En todo caso, quiero decirle que nos veremos más a menudo de lo que seguramente le gustaría el fiscal general del Estado.
Señora Montero.
La señora MONTERO GIL: Gracias, presidenta.
Yo le agradezco la mayor claridad de su segunda intervención, señor De la Maza. Hay algunas cosas que ha dejado sin explicar. Ha explicado bien el procedimiento en el caso de Murcia pero deja sin esclarecer cómo lo supo Pedro Antonio Sánchez. Es verdad que el lunes se emite el informe pero la información que da el martes en la cadena Cope el señor Pedro Antonio Sánchez tiene unos detalles que nadie conocía y que no venían en ese informe. Él dice que hay cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que consideran que no se debía haber investigado y ese detalle no lo conocía nadie. Y yo creo que sí hubiese ameritado que se iniciase una investigación para saber de dónde salen las filtraciones, no creo que sea una cuestión baladí.
Al respecto de las presiones tanto la señora Moro como usted han dicho que no se habían denunciado antes e instan a que se denuncien. En el caso de López Bernal sí denunció y está en la memoria general de la Fiscalía General del Estado de 2015, en la que pedía a los superiores que se adoptaran medidas para frenar la presión que ejercen algunos cargos públicos cuando se enfrentan a procedimientos judiciales, y la propia Unión Progresista de Fiscales habla de intolerables presiones políticas. Por tanto, creo que habría que darle alguna vuelta a esa cuestión. Tampoco ha respondido, aunque ha intentado decir que su acción es independiente y autónoma, a si ha recibido intentos de presión por parte del ministro Catalá o de algún otro alto cargo y qué le parecen las declaraciones del señor Hernando o del señor Catalá, porque creo que sí hacen daño a su profesión y a su institución cuando dicen que hay fiscales que se inventan delitos.
Por último, respecto a la cuestión de la reforma de la Lecrim, de la Ley Berlusconi, creo que antes de cambiar la ley hay que tener los medios y, en todo caso, ya dicen en su profesión que lo que va a pasar es que se va a extender un manto de impunidad porque no es que no se vaya a investigar, sino que se va llegar al juicio sin pruebas suficientes.
Aprovecho para decir dos pequeñas cosas. Decía la señora Moro que hablábamos de contubernio judeomasónico. No, señora Moro, no son conspiraciones, son negocios y pregúntele usted a su compañero de partido, el señor Soria, qué negocios tiene con el juez Alba o con el empresario Ramírez para fabricar pruebas falsas contra una persona. Igual que me hablaba de la querella archivada en la que participó efectivamente el señor Maza. Ha dicho usted que si se tenían que sentir ofendidos por eso; no sé si quería insinuar que estaban ustedes a favor de esa querella. Quizá el problema de esa querella, señora Moro, fue que estaba presentada por 'Manos sucias' y que el informe fantasma PISA -que según publican los medios de comunicación estaba pedido por el Ministerio del Interior que ustedes dirigían- era una chapuza de tal magnitud que el señor Maza no tuvo más remedio, en el ejercicio riguroso de su profesión, que reconocerlo.
La señora PRESIDENTA: Señora Montero.
La señora MONTERO GIL: Termino, presidenta.
Han hecho referencia tanto la señora Moro como usted a la cuestión de las mujeres en la carrera judicial. Decía el señor Catalá que no puede haber más mujeres en el Constitucional porque se necesitan perfiles sénior difíciles de encontrar entre las mujeres. Permítanme que les pida que acabemos, por favor, con el machismo también en la carrera judicial.
Gracias, señor fiscal general del Estado, por sus explicaciones, a pesar de que a algunos, en esa actitud de corregirla y no enmendarla, les siguen pareciendo insuficientes, porque cuando la sombra de la duda está en la mente de uno a veces, por más que le pongan el Boletín Oficial del Estado delante, es imposible. En todo caso, nosotros no creemos, nuestro grupo no cree que las cosas sean perfectas. Por esa razón estamos empeñados también en trabajar, junto al resto de los grupos políticos, para mejorar la justicia. Perdiendo el tiempo en dimes y diretes es muy difícil que nos sentemos a mejorar el proceso
penal, a mejorar las instituciones, aquello que podemos hacer desde aquí, porque el resto, el día a día, lo hacen absolutamente los profesionales.
Estoy de acuerdo con usted, señora Montero, y esto contradice a alguna de las portavoces que hablan de defensa numantina y no de preguntas. No, yo le he hecho preguntas, no he hecho defensa numantina, solo que tengo por costumbre no hacer caso a los rumores, ni a las mentiras, ni a la falta de rigor. Por tanto, estoy de acuerdo con usted en el tema de las mujeres. No soy una persona que me tachen o me tilden por ahí de feminista, pero creo que son muchos años trabajando en el mundo del derecho, conozco a mucha gente que ha sufrido, hemos sufrido mucho por ser rigurosas y por tener una profesionalidad; están ahí y no está de más que nosotros las defendamos. Defiendo un mejor proceso penal, defiendo el refuerzo de las instituciones y creo, eso sí, y ahí le doy las gracias en nombre de nuestro grupo, que el fiscal general del Estado ha demostrado aquí, como han demostrado otros fiscales generales del Estado, que no siempre están en la línea de determinados criterios, aquello que les gusta a algunos partidos políticos, tampoco al nuestro, pero eso no quiere decir que esa sea la tarea que tengan que hacer.
Muchas gracias, señor fiscal.
Tiene la palabra el señor fiscal general del Estado para despedirse.
El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Maza Martín): Me despido. Ya sé que en este formato no tengo lugar ni derecho de defensa en el último turno, pero, si me permite, señora presidenta, solamente quiero decir por qué no he entrado en algún tema concreto que se me ha planteado, y ha sido porque son temas que están en curso y no me puedo pronunciar sobre ellos.
Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.