Source: http://resumendetareasmayday.com/2016/05/23/clasificacion-del-riesgo-de-la-cartera-de-credito-al-consumo/
Timestamp: 2018-06-18 20:52:53
Document Index: 18230690

Matched Legal Cases: ['Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66']

CLASIFICACION DEL RIESGO DE LA CARTERA DE CREDITO AL CONSUMO
By On mayo 23, 2016 In Contabilidad
Artículo 35. La determinación del riesgo en la cartera de créditos de consumo, por el gran número de operaciones, se medirá sobre bases agregadas, según la morosidad más antigua observada a la fecha de la clasificación de cada una de las operaciones, es decir, que los préstamos otorgados en favor de una misma persona física serán agrupados para asignarle una clasificación única, con excepción de las operaciones con tarjetas de crédito, las cuales serán clasificadas por operación. La clasificación será la siguiente:
Clasificación A: Cuando el saldo de los préstamos tenga sus cuotas al día o con una mora no mayor de 30 (treinta) días.
Clasificación B: Cuando el saldo de los préstamos tenga atrasos entre 31 (treinta y un) días y 60 (sesenta) días en el pago de sus cuotas.
Clasificación C: Cuando el saldo de los préstamos tenga atrasos entre 61 (sesenta y un) días y 120 (ciento veinte) días en el pago de sus cuotas.
Clasificación D: Cuando el saldo de los préstamos tenga atrasos entre 121 (ciento veintiún) días y 180 (ciento ochenta) días en el pago de sus cuotas.
Clasificación E: Cuando el saldo de los préstamos tenga atrasos superiores a 180 (ciento ochenta) días en el pago de sus cuotas.
Artículo 36. La determinación del riesgo de los préstamos hipotecarios para la vivienda, debido al gran número de operaciones y monto promedio de las mismas, se mide sobre bases agregadas, considerando esencialmente el comportamiento de pago del deudor a efecto de determinar la pérdida esperada. El deudor puede tener varias operaciones con una misma entidad de intermediación financiera, las cuales serán clasificadas tomando en consideración la morosidad más antigua, sobre la base de la siguiente tabla:
Clasificación C: Cuando el saldo de los préstamos tenga atrasos entre 61 (sesenta y un) días y 180 (ciento ochenta) días en el pago de sus cuotas.
Clasificación D: Cuando el saldo de los préstamos tenga atrasos entre 181 (ciento ochenta y un) días y 270 (doscientos setenta) días en el pago de sus cuotas.
Clasificación E: Cuando el saldo de los préstamos tenga atrasos superiores a 270 (doscientos setenta) días en el pago de sus cuotas.
Artículo 37. Las principales variables que inciden en la evaluación del riesgo de las inversiones financieras no son conceptualmente diferentes a las que afectan a los préstamos o colocaciones y están relacionadas con la solvencia y liquidez del emisor de los respectivos títulos. Esto último, guarda a la vez relación con la cotización que los títulos tuvieren en un mercado secundario si existiere.
Artículo 38. Cuando se trate de documentos a plazo, se registrarán a su valor de mercado y se ajustarán mensualmente según su cotización, reconociendo las diferencias de valor en su registro contable. De no existir un mercado secundario, deben hacerse ciertos supuestos respecto de los valores de estos instrumentos, utilizando técnicas de valor presente.
Artículo 39. Los títulos de entidades de intermediación financiera que se encuentren pagando oportunamente intereses y el capital correspondiente, podrán ser clasificados en categoría “A”, en tanto que aquellos instrumentos emitidos por entidades de intermediación financiera que no estén pagando los intereses y/o el capital, no podrán ser clasificadas en categorías “A” o “B”. Este criterio será aplicado también a aquellos títulos emitidos a plazos menores de 1 (un) año.
Artículo 40. Para el resto de las inversiones financieras, especialmente aquellas emitidas por empresas públicas, mixtas o privadas, que no tengan una garantía explícita del Estado, el ajuste por riesgo de los valores contables se hará con los mismos criterios que para los créditos comerciales, utilizando los procedimientos y categorías establecidos para éstos, es decir, centrándose en la solvencia del emisor y las características financieras del instrumento.
Artículo 41. Las categorías de riesgo en que se clasificarán las inversiones de las entidades de intermediación financiera serán las siguientes:
Clasificación A: Inversiones de Riesgo Normal. Son aquellas que presentan una liquidez inobjetable y se transan en el mercado a precios similares al valor contabilizado por la entidad de intermediación financiera.
Clasificación B: Inversiones de Riesgo Potencial. Son aquellas cuyo precio puede experimentar fluctuaciones adversas en relación con su valor contable, sin embargo el capital e intereses se recuperarán íntegramente.
Clasificación C: Inversiones de Riesgo Deficiente. Se incluyen en esta categoría aquellas inversiones cuyo valor comercial ha descendido debido a factores que afectan al emisor o al mercado, sin existir razones para pensar que este proceso se pudiera revertir. También se clasifican en esta categoría las inversiones de difícil transacción, en que la solvencia del emisor o las condiciones del instrumento podrían implicar una pérdida.
Clasificación D: Inversiones de Difícil Cobro. Se clasifican en esta categoría aquellas inversiones que tengan una expectativa de pérdida importante, debido a factores que afectan al emisor o al mercado, tales como el hecho de que la capacidad de pago del emisor se haya deteriorado o de que existan dudas acerca de su continuidad como empresa y de la existencia de su patrimonio remanente.
Clasificación E: Inversiones Irrecuperables. Son aquellas inversiones que debido a la insolvencia del emisor, las pérdidas esperadas se aproximan al 100% (cien por ciento) del valor contabilizado.
Artículo 42. La evaluación de los riesgos de los activos fijos y de los bienes recibidos en recuperación de créditos, consistirá en determinar la sobre valoración que puedan tener, definida como la diferencia positiva entre el valor contabilizado del bien y el valor estimado que se obtendría en la enajenación del mismo (valor comercial).
Artículo 43. Cuando una entidad de intermediación financiera estime que el valor comercial de uno de esos activos es menor al valor contable, la diferencia entre ambos deberá ajustarse inmediatamente reconociendo la pérdida respectiva.
Artículo 44. Las entidades de intermediación financiera deberán contar con una tasación independiente de los bienes recibidos en recuperación de créditos, al momento de que se produzca el hecho, con la finalidad de determinar el valor real de los mismos. Así mismo, los bienes inmuebles propios de la entidad de intermediación financiera deben contar con su tasación correspondiente. Igual tratamiento se dará a los bienes muebles cuyo valor exceda RD$1,000,000 (un millón de pesos).
Párrafo: La Superintendencia de Bancos podrá ordenar a las entidades de intermediación financiera la realización de una tasación a efectuarse por tasadores propuestos por ella y pagados por la entidad de intermediación financiera de que se trate, cuando dicho Organismo presuma que existe sobre valoración.
Artículo 45. Las reevaluaciones de activos fijos deben contar con tasaciones que las justifiquen y ser aprobadas previamente por la Superintendencia de Bancos, la cual sólo las aprobará si encontrase que éstas se ajustan a la Ley, responden a variaciones de valor técnicamente justificadas y en línea con las mejores prácticas internacionales y no exceden el valor de mercado de tales bienes, para lo cual contratará el servicio de expertos independientes y emitirá procedimientos adicionales de control y verificación.
Artículo 46. La evaluación de las acciones y derechos en sociedades que se reciban en pago, debe relacionarse con la solvencia y liquidez de la empresa emisora, así como también con la cotización de mercado de dichos instrumentos. Estas se clasificarán en las mismas categorías de riesgo que se definieron para la cartera de inversiones. Cuando el valor del bien adjudicado no esté cotizado en el mercado, su valor de adjudicación no podrá ser mayor al valor patrimonial de la empresa, determinado con base a estados financieros auditados por una firma de auditores inscrita en el registro de la Superintendencia de Bancos.
Artículo 47. Los rendimientos por cobrar, tanto de créditos como de inversiones forman parte inherente de las obligaciones que los distintos tipos de deudores y emisores poseen con la Institución y, sólo deberán ser considerados como ingresos, cuando no exista duda razonable de su recuperación. Consecuentemente, las entidades de intermediación financiera deberán suspender el reconocimiento de intereses por el método de lo devengado, cuando un crédito haya cumplido más de 90 (noventa) días de vencido y/o haya sido calificado en categoría de riesgo “C” o superior por capacidad de pago, si es que a pesar de no mostrar atrasos, sus pagos provienen de un mayor endeudamiento del deudor bajo análisis o de una empresa relacionada.
Artículo 48. Asimismo, las provisiones de carácter genérico que dispone este Reglamento, deberán aplicarse sobre los saldos de rendimientos por cobrar de las colocaciones e inversiones.
Artículo 49. Dentro de las “Cuentas a Recibir” y “Cargos Diferidos” del Renglón “Otros Activos”, existen partidas, tales como faltantes de caja, reclamaciones pendientes, cheques devueltos y otras partidas más, que pueden reflejar pérdidas no reconocidas. En consecuencia, las entidades de intermediación financiera deberán evaluar los montos que por estos conceptos estuvieren registrados en sus libros en función de la cobrabilidad o recuperabilidad de los mismos o de su deterioro, determinado éste en función del valor presente de sus flujos futuros de efectivo, de acuerdo a las Normas Contables vigentes relativas a deterioro de activos de larga vida.
Artículo 50. A fin de reflejar los valores reales que poseen las entidades de intermediación financiera en las cuentas que integran el renglón de Otros Activos, dichas entidades deberán incluir como parte de sus auditorías externas de fin de año, las bases de determinación del valor de aquellas partidas que sean incluidas en el mismo.
Artículo 51. Las entidades de intermediación financiera, al cierre de cada mes, deberán tener constituidas las provisiones para cubrir los riesgos de sus activos, conforme a las pautas que se establecen en este Título en base a los riesgos que se hubieren determinado en el proceso de clasificación de activos y las categorías asignadas, conforme a la evaluación que hubieren efectuado, siempre y cuando no hayan sido objeto de una reclasificación por parte de la Superintendencia de Bancos, a cuyo efecto deberán considerarse dichas categorías.
PROVISIONES ATENDIENDO A LA CLASIFICACION DE ACTIVOS
Artículo 52. Cada entidad de intermediación financiera deberá constituir las provisiones, genéricas o específicas que correspondan para su cartera de activos, mediante la aplicación de porcentajes generales de riesgo por categoría de activos (préstamos, inversiones, bienes recibidos en recuperación de créditos y activos fijos). La constitución de dichas provisiones será comunicada a la Superintendencia de Bancos a través de los mecanismos establecidos en el presente Reglamento.
Artículo 53. En el caso de la clasificación de las carteras de créditos comerciales, a la microempresa, de consumo, hipotecarios para la vivienda, así como las inversiones, si las políticas de una entidad de intermediación financiera se apartan de un sano criterio en el otorgamiento de dichos préstamos, la Superintendencia de Bancos podrá establecer el reconocimiento de un riesgo potencial genérico adicional de esa cartera.
PROVISIONES DE LA CARTERA DE CREDITOS
Artículo 54. Las provisiones por los riesgos que se determinen para la cartera de créditos de una entidad de intermediación financiera, conforme a las normas de clasificación de cartera, distinguirán dos tipos de provisiones: específicas y genéricas.
Provisiones Específicas: Son aquellas que se requieren a un tipo determinado de créditos, comerciales, consumo e hipotecarios para vivienda provenientes de pérdidas identificadas (créditos B, C, D y E).
Provisiones Genéricas: Son aquellas que provienen de créditos con riesgos potenciales o implícitos. Todas aquellas provisiones que provienen de créditos clasificados en “A” se consideran genéricas.
Artículo 55. Los porcentajes de provisiones requeridos para los créditos comerciales, de consumo e hipotecarios, se detallan a continuación:
Clasificación A.- Créditos de Riesgo Normal: 1%
Clasificación B.- Créditos de Riesgo Potencial: 3%
Clasificación C.- Créditos de Riesgo Deficiente: 20%
Clasificación D.- Créditos de Difícil Cobro: 60%
Clasificación E.- Créditos Irrecuperables: 100%
PROVISIONES DE LAS INVERSIONES
Cuando las inversiones estén contabilizadas en términos nominales, ante la inexistencia de valores de mercado, las provisiones específicas sobre inversiones se harán considerando la calidad y la solvencia del emisor, utilizando al efecto las mismas categorías que para la cartera de préstamos comerciales, con los mismos porcentajes de provisiones asociados a dichas categorías.
Artículo 57. En la medida que las inversiones financieras se contabilicen a valores acordes con los del mercado, no será necesario constituir provisiones, siempre que sea demostrable por la entidad de intermediación financiera que existe un mercado líquido y activo para tales documentos.
Artículo 58. En el caso de las operaciones de venta de instrumentos financieros con compromiso de recompra, si la entidad de intermediación financiera se ha comprometido a readquirir dichos instrumentos a un valor superior al valor de mercado del mismo, deberá constituirse una provisión, en este caso individual, reconociendo la diferencia de precios.
PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS
Artículo 59. En el caso de los bienes recibidos en recuperación de créditos se establece un plazo máximo de enajenación de 3 (tres) años, contado 120 (ciento veinte) días después de la fecha de adjudicación del bien, al término del cual dichos bienes deberán estar debidamente provisionados, de acuerdo a los criterios siguientes: Los bienes muebles serán provisionados en un plazo de 2 (dos) años, iniciando de forma lineal a partir del plazo de 6 (seis) meses; y los bienes inmuebles se provisionarán en un plazo de 3 (tres) años, iniciando de forma lineal luego de transcurrido el primer año de su entrada a los libros de la entidad de intermediación financiera.
Artículo 60. Las provisiones existentes en el renglón cartera de créditos correspondientes a los deudores cuyas garantías hayan sido recibidas en recuperación de créditos a favor de la entidad de intermediación financiera, deberán ser transferidas al renglón de provisiones para bienes recibidos en recuperación de créditos.
CASTIGOS DE CREDITOS
Artículo 61. Los castigos de préstamos estarán constituidos por las operaciones mediante las cuales las partidas irrecuperables son eliminadas del balance, quedando sólo en cuentas de orden, de forma tal que dichos castigos, en la medida que los riesgos de los créditos respectivos estén correctamente provisionados, no debieran producir mayores efectos sobre los resultados de las entidades de intermediación financiera.
Artículo 62. La entidad de intermediación financiera deberá fijar dentro de sus políticas de control interno, los procedimientos y medidas necesarias para llevar a cabo el castigo de sus créditos incobrables, debiendo quedar evidenciados en las actas respectivas del Directorio u órgano equivalente los créditos castigados, siempre que esto no contravenga los plazos de provisiona miento.
Artículo 63. Los créditos castigados deberán ser controlados contablemente en las cuentas respectivas destinadas para su registro, de acuerdo a las normas contables vigentes, debiendo permanecer en dicho registro hasta tanto no sean superados los motivos que dieron lugar a su castigo, de acuerdo a lo informado por la entidad de intermediación financiera correspondiente.
Artículo 64. Los créditos castigados deben ser reportados por las entidades de intermediación financiera en los formatos, periodicidad y los medios que la Superintendencia de Bancos establezca, y serán mantenidos en la Central de Riesgos hasta su rehabilitación o por el plazo que ese Organismo estime necesario.
Artículo 65. Una entidad de intermediación financiera puede castigar un crédito, con o sin garantía, desde el primer día que ingrese a cartera vencida. Sin embargo, los créditos a vinculados sólo se podrán castigar cuando se demuestre que se han agotado todos los procesos legales de cobro y los funcionarios y/o directores directamente relacionados han sido retirados de sus funciones.
CASTIGOS SOBRE INVERSIONES
Artículo 66. Las inversiones financieras serán castigadas siguiendo los mismos criterios de los créditos presentados en la Sección anterior.
Reglamento para la evaluación de activos, aprobado por la Junta Monetaria del Banco Central de la República Dominicana