Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl18546-2016-58057-de-diciembre-6-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_6d3bdb9dec204c6f84becc50c8bbf526&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-14 18:18:59
Document Index: 324692327

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA SL18546-2016/58057 DE DICIEMBRE 6 DE 2016
SENTENCIA SL18546-2016 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:LOS 10 AÑOS COTIZACIONES REQUERIDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PUEDEN EXCEDER EL TIEMPO CALENDARIO. SE RECUERDA QUE EL PROMEDIO DE LOS SALARIOS O RENTAS SOBRE LOS CUALES HA COTIZADO EL AFILIADO DURANTE LOS 10 AÑOS ANTERIORES AL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 100 DE 1993, SE REFIERE A LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS COTIZADOS, PARÁMETRO QUE, SEGÚN LA INTERPRETACIÓN VIGENTE, PUEDE EXCEDER DEL TIEMPO CALENDARIO. EN EFECTO, SE EXPLICA QUE LA TELEOLOGÍA DE LA NORMA ES DETERMINAR LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE LAS PENSIONES DE VEJEZ CON EL PROMEDIO DE AÑOS DE COTIZACIONES MENCIONADOS, LOS CUALES, PRECISAMENTE, ESTÁN UBICADOS AL FINAL DE LA VIDA LABORAL DEL AFILIADO, ADMITIENDO, PARA EL CASO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA, TODO EL TIEMPO DE COTIZACIONES SI ESTE FUERE INFERIOR A 10 AÑOS Y, POR FAVORABILIDAD, EL PROMEDIO DE LAS DE TODA LA VIDA, CUANDO EL AFILIADO COTIZÓ COMO MÍNIMO 1250 SEMANAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE INVALIDEZ, RECURSO DE CASACIÓN, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, COTIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ
Sentencia SL18546-2016 de diciembre 6 de 2016
SL18546-2016
Radicación: 58057
Para el juez colegiado las operaciones aritméticas realizadas por el ISS, tomando como parámetros los últimos 10 años de aportes, arrojan una pensión superior a la que se lograría atendiendo los parámetros temporales indicados por la libelista, de allí que haciendo eco de los principios de favorabilidad y «no reformatio impejus», puesto que se trataba de la única apelante, era pertinente confirmar la decisión absolutoria de primer grado.
Por su parte la censura considera que el juez de apelaciones dejó a un lado la revisión de la prestación con los derroteros fijados por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que prevé la actualización de los salarios reportados en los últimos 10 años anteriores al otorgamiento de la pensión, y erró al limitar su estudio solamente a las fechas que debían tenerse en cuenta para efectos de verificar la liquidación.
La réplica a su vez, destaca que la demanda de casación no controvierte los verdaderos pilares de la sentencia recurrida y, por tanto, no debe prosperar.
Aunque la demanda de casación no es un modelo, es claro que el único cargo planteado denuncia la interpretación errónea de los artículos 13 y 36 de la Ley 100 de 1993, cuando en esencia, su inconformidad radica en la infracción directa del artículo 21 de la misma normativa, pues refiere que el sentenciador se rebeló al dejar de aplicarlo, con el argumento de acudir al principio de favorabilidad.
Sin embargo, el tribunal sí se ocupó del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, al punto que lo transcribió en forma completa y, además, en el apartado que tituló «Reliquidación de la mesada pensional» se refirió «al promedio de lo cotizado durante los últimos diez años», de donde surge palmario el apoyo en la normativa referida; de tal suerte que no acompaña la razón a la recurrente cuando denuncia la infracción directa del mencionado precepto.
Otra cosa es que exista diferencia en la interpretación de la disposición en comento, respecto a lo que debe entenderse como el promedio de los «salarios realmente devengados de los últimos diez años cotizados debidamente actualizados año por año con el IPC», para lo cual la recurrente debió acudir a la vía directa por la interpretación errónea de la norma pero no a su infracción directa; error de técnica suficiente para no casar la sentencia del tribunal.
A pesar de lo anterior, la Sala con el fin de unificar la jurisprudencia nacional considera importante reiterar la correcta interpretación sobre el particular.
Mientras que para la censura la norma se refiere al promedio de lo cotizado en los últimos diez años calendario, con lo cual el mencionado lapso transcurrió entre el «23 de diciembre de 1998 (sic) y el 28 de febrero de 2008 (medio magnético a fl. 112ª)», para el sentenciador, la norma se refiere a los últimos 10 años cotizados, parámetro que ciertamente puede exceder del tiempo calendario, interpretación que valga la pena anotar, también sostiene la entidad demandada.
Pues bien, la teleología de la norma es determinar la base de liquidación de las pensiones de vejez con el promedio de 10 años de cotizaciones, precisamente los ubicados al final de la vida laboral del afiliado, admitiendo para el caso de invalidez y sobrevivencia todo el tiempo de cotizaciones si este fuere inferior a 10 años y, por favorabilidad, el promedio de las de toda la vida, cuando el afiliado cotizó como mínimo 1250 semanas.
De ello se desprende que, aun cuando el cargo hubiera sido correctamente dirigido, tampoco le asistiría la razón a la recurrente, en tanto, el promedio para liquidar la pensión de vejez, conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, corresponde al de los últimos 10 años de cotizaciones efectivas.
El colegiado encontró que la forma de liquidación propuesta por la censura daba como resultado una mesada inferior, por tanto, en aplicación del principio de la «no reformatio in pejus», confirmó la sentencia del juzgado, la cual absolvió al instituto demandado, precisamente porque tuvo en cuenta para la liquidación del IBL el promedio de las rentas o salarios cotizados durante los últimos diez años anteriores, conforme a la interpretación que se corresponde con la teleología de la norma y que apoya esta Sala de Casación.
Así las cosas el cargo resulta infundado.
Las costas se impondrán a la recurrente dado que hubo réplica, y en ellas se incluirá $ 3.250.000 como agencias en derecho, que el juez de primer grado incluirá al momento de hacer la respectiva liquidación, como lo prevé el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el doce (12) de junio de dos mil doce (2012) por La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por María Teresa Brigard de Samudio contra el Instituto de los Seguros Sociales.