Source: https://issuu.com/consorciooaxaca/docs/reforma_del_co__digo_penal_en_mater
Timestamp: 2017-01-20 01:04:21
Document Index: 37976592

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'artículo\t2', 'artículo\t407', 'ARTÍCULO\t407', 'artículo\t408', 'artículo\t25', 'artículo\t1', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo\t7', 'artículo\t2', 'artículo\t210', 'artículo\t1', 'artículo\t7', 'artículo\t9', 'Artículo\t1', 'Artículo\t2', 'artículo\t1', 'Artículo\t4', 'Artículo\t5', 'Artículo\t7', 'Artículo\t8', 'Artículo\t11', 'artículo\t28', 'artículo\t29', 'artículo\t134', 'artículo\t210', 'ARTÍCULO\t28', 'artículo\t29', 'ARTÍCULO\t29', 'ARTÍCULO\t134', 'ARTÍCULO\t210', 'ARTÍCULO\t411', 'ARTÍCULO\t412', 'artículo\t2', 'artículo\t12', 'artículo\t15', 'artículo\t31', 'artículo\t32', 'artículo\t33', 'artículo\t2', 'artículo\t3', 'artículo\t23', 'artículo\t31', 'artículo\t35', 'artículo\t133', 'artículo\t135', 'artículo\t316', 'artículo\t62', 'artículo\t411', 'artículo\t412', 'artículo\t196', 'artículo\t414', 'artículo\t90', 'artículo\t126', 'artículo\t127', 'artículo\t170', 'Artículo\t90', 'Artículo\t126', 'Artículo\t127', 'ARTÍCULO\t170', 'artículo\t411', 'artículo\t412', 'Artículo\t196', 'ARTÍCULO\t414']

Oaxaca: Reforma del código penal estatal en materia de feminicidio by Consorcio Oaxaca - issuu
GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	EXPEDIENTE	CPAJ:	171.	EXPEDIENTE	CPEG:	30.	DICTAMEN	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	QUE	REFORMA	Y	ADICIONA	DIVERSAS	DISPOSICIONES	DEL	CÓDIGO	PENAL	PARA	EL	ESTADO	LIBRE	Y	SOBERANO	DE	OAXACA,	DEL	CÓDIGO	DE	PROCEDIMIENTOS	PENALES	PARA	EL	ESTADO	LIBRE	Y	SOBERANO	DE	OAXACA	Y	DEL	CÓDIGO	PROCESAL	PENAL	PARA	EL	ESTADO	DE	OAXACA	PARA	TRES	TIPOS	DE	CONDUCTAS	DELICTIVAS:	EL	FEMINICIDIO,	LA	VIOLENCIA	FAMILIAR	Y	LA	VIOLENCIA	OBSTÉTRICA.	01	de	Agosto	de	2012
COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
EXPEDIENTE	CPAJ:	171.	EXPEDIENTE	CPEG:	30.	ASUNTO:	DICTAMEN.	Honorable	Asamblea:	Las	Comisiones	Permanentes	Unidas	de	Administración	de	Justicia	y	de	Equidad	y	Género,	de	la	LXI	Legislatura	con	fundamento	en	lo	dispuesto	en	los	artículos	42,	44,	fracciones	II	y	XVII	y	48	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Legislativo	del	Estado	de	Oaxaca;	25,	29,	30,	37	fracciones	II	y	XVII,	71	y	demás	aplicables	del	Reglamento	Interior	para	el	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca,	somete	a	la	consideración	de	los	integrantes	de	esta	Honorable	Asamblea	el	presente:	DICTAMEN	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	QUE	REFORMA	Y	ADICIONA	DIVERSAS	DISPOSICIONES	DEL	CÓDIGO	PENAL	PARA	EL	ESTADO	LIBRE	Y	SOBERANO	DE	OAXACA,	DEL	CÓDIGO	DE	PROCEDIMIENTOS	PENALES	PARA	EL	ESTADO	LIBRE	Y	SOBERANO	DE	OAXACA	Y	DEL	CÓDIGO	PROCESAL	PENAL	PARA	EL	ESTADO	DE	OAXACA,	con	base	en	los	antecedentes	y	consideraciones	que	en	seguida	se	indican:	I.	Antecedentes	del	proceso	legislativo	1.	En	Sesión	Ordinaria	del	10	de	Agosto	de	2011,	se	dio	cuenta	con	el	oficio	del	C.	Gobernador	Constitucional	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca,	Lic.	Gabino	Cué	Monteagudo,	por	medio	del	cual	presentó	iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	reforma	y	adiciona	diversas	disposiciones	del	Código	Penal	para	el	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca,	del	Código	de	Procedimientos	Penales	para	el	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca	y	del	Código	Procesal	Penal	para	el	Estado	de	Oaxaca.	2.	Asimismo,	en	sesión	celebrada	el	10	de	Agosto	de	2011,	la	Mesa	Directiva	de	este	Honorable	Congreso	turnó	dicha	iniciativa	para	su	estudio	y	dictamen	a	la	Comisión	Permanente	de	Administración	de	Justicia.	3.	En	sesión	Plenaria	de	la	Comisión	de	Administración	de	Justicia	de	15	de	noviembre	de	2011,	se	aprobó	discutir	la	iniciativa	de	ley	presentada	por	el	C.	Gobernador	Constitucional	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca,	Lic.	Gabino	Cue	Monteagudo,	citándose	a	diversas	reuniones	de	trabajo.	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
4.-­‐	Con	fecha	12	de	octubre	de	2011,	en	Sesión	de	Periodo	Extraordinario,	la	Presidencia	de	la	Mesa	Directiva	acordó	que	dicha	iniciativa	sea	analizada	en	Comisiones	Unidas	por	las	Comisiones	Permanentes	de	Administración	de	Justicia	y	Equidad	y	Género,	por	lo	que	se	dispuso	la	ampliación	del	turno	de	la	iniciativa	en	cuestión,	sumándose	al	proceso	de	dictaminación	la	Comisión	de	Equidad	y	Género.	5.	Derivado	de	la	importancia	del	tema,	tanto	la	Comisión	de	Administración	de	Justicia	como	la	de	Equidad	y	Género,	llevaron	a	cabo	reuniones	de	trabajo	con	médicos,	especialistas,	organismos	autónomos	y	descentralizados,	instituciones	administrativas	y	académicas,	así	como	con	organismos	de	la	sociedad	civil	interesados	en	el	tema,	los	cuales	plantearon	observaciones	y	propuestas	que	fueron	tomadas	en	cuenta	para	enriquecer	el	dictamen.	6.	En	reunión	de	trabajo	de	las	Comisiones	Unidas	de	Administración	de	Justicia	y	Equidad	y	Género	realizada	el	día	23	de	noviembre	de	2011,	se	presentó	a	las	comisiones	el	proyecto	de	dictamen,	mismo	que	se	puso	a	discusión	de	los	diputados	y	diputadas	integrantes	de	ambas	comisiones,	siendo	atendidas	las	observaciones	y	propuestas	de	los	y	las	legisladoras.	7.	Consecuentemente,	las	Fracciones	Parlamentarias	de	Grupos	Parlamentarios	del	Partido	Revolucionario	Institucional	(PRI),	Partido	Acción	Nacional	(PAN),	Partido	de	la	Revolución	Democrática	(PRD)	y	Partido	del	Trabajo	acordaron	centrar	los	trabajos	en	la	clarificación	de	los	conceptos	para	evitar	la	subjetivación	respetando	en	todo	momento	el	sentido	de	protección	y	prevención	de	la	iniciativa	a	dictaminar.	II.	Materia	de	la	iniciativa:	Estas	dictaminadoras	han	considerado	de	suma	importancia	la	iniciativa	referida	en	el	numeral	1,	que	prospectando	la	reforma	para	tres	tipos	de	conductas	delictivas:	el	feminicidio,	la	violencia	familiar	y	la	violencia	obstétrica	y	dada	la	importancia	de	cada	uno	de	estos	temas,	las	dictaminadoras	han	coincidido	en	dar	tratamiento	por	separado	a	cada	uno	de	los	tópicos	propuestos	en	la	iniciativa,	y	toda	vez	que	es	facultad	de	este	poder	Legislativo	reservamos	la	dictaminación	de	los	otros	dos	tipos	penales	para	un	dictamen	posterior,	por	lo	que	este	dictamen	versa	única	y	exclusivamente	sobre	el	delito	de	feminicidio.	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
Y	siendo	referencia	obligada	la	exposición	de	motivos	que	presenta	la	iniciativa	en	dictaminación,	a	continuación	se	presenta	el	apartado	específico	del	delito	de	feminicidio:	EXPOSICIÓN	DE	M OTIVOS:	MARCO	JURÍDICO	INTERNACIONAL	En	el	ámbito	internacional,	México	ha	suscrito	la	mayoría	de	los	Convenios	y	Tratados	Internacionales,	en	los	que	se	compromete	a	realizar	programas	y	acciones	encaminadas	a	crear	las	condiciones	necesarias	para	mejorar	la	vida	y	el	bienestar	de	mujeres	y	hombres,	de	acuerdo	con	el	estándar	al	que	deben	aspirar	toda	sociedad.	Los	Convenios	y	Tratados	forman	parte	del	sistema	jurídico	mexicano	al	ser	contemplados	en	los	artículos	133,	89	fracción	X	y	76	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	donde	los	considera	Ley	Suprema,	ubicándolos	por	debajo	de	la	Constitución	y	por	encima	de	las	Leyes	federal	y	local	siempre	y	cuando	estén	signados	por	el	Presidente	de	la	República,	ratificados	por	el	Senado	y	no	contravengan	lo	estipulado	por	la	misma	Carta	Magna.	[…]
MARCO	JURÍDICO	NACIONAL	Y	ESTATAL.	En	el	ámbito	nacional	y	estatal	en	los	últimos	años	se	han	creado	múltiples	leyes	y	normas	jurídicas,	cuyo	fin	es	el	reconocimiento	explícito	del	derecho	a	la	igualdad	entre	mujeres	y	hombres	y	el	derecho	de	las	mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia.	Los	logros	en	materia	legislativa	que	son	el	soporte	legal	para	alcanzar	la	igualdad,	eliminar	la	violencia	y	discriminación	contra	las	mujeres	son:	•
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	Ley	General	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	(2	de	agosto	2006).	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	(1º	febrero	2007).	Programa	Nacional	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	2008-­‐2012.	Ley	Federal	para	Prevenir	y	Erradicar	la	Discriminación	(junio	2003).	Acuerdo	Nacional	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres.	Ley	General	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	(2	agosto	2006).	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
Ley	para	Prevenir	y	Sancionar	la	Trata	de	Personas	(27	noviembre	2007).	Ley	del	Instituto	Nacional	de	las	Mujeres	(12	enero	2001).	El	Estado	Mexicano,	en	su	Constitución	Política,	ha	consagrado	el	principio	de	igualdad al referir en su Artículo 4o que: ‟El varón	y	la	mujer	son	iguales	ante	la	Ley”, por lo que es obligación del mismo llevar a la práctica este
principio, garantizando	su	total	y	libre	observancia.	Es	esta	la	máxima	disposición	de	nuestro	sistema	jurídico	en	la	materia.	La	Ley	General	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	y	la	Ley	General	de	Acceso	a	una	Vida	Libre	de	Violencia,	constituyen	dos	instrumentos	fundamentales	para	proteger	los	derechos	de	las	mujeres.	La	primera	tiene	como	objeto	garantizar	la	igualdad	y	proponer	mecanismos	institucionales	y	para	lograr	la	igualdad	sustantiva	en	los	ámbitos	público	y	privado.	La	segunda	tiene	por	objeto	establecer	la	coordinación	entre	la	Federación,	las	entidades	federativas	y	los	municipios	para	prevenir,	sancionar	y	erradicar	la	violencia	contra	las	mujeres.	Con	la	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	se	observa	la	formalización	del	trabajo	interinstitucional.	Se	reconoce	el	derecho	de	las	mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia	como	sujetos	de	derecho,	se	promueven	los	derechos	fundamentales	de	las	mujeres	y	se	crean	las	condiciones	para	disfrutar	de	los	derechos	humanos	y	la	libertad.	Hasta	ahora	todas	las	entidades	federativas	se	han	armonizado	con	la	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	violencia.	Y a	se	implementó	el	Sistema	Nacional	de	Prevención,	Atención,	Sanción	y	Erradicación	de	la	Violencia	contra	las	Mujeres	y	el	Sistema	Nacional	para	la	Igualdad	de	Mujeres	y	Hombres.	La	Ley	ya	cuenta	con	su	Reglamento	correspondiente.	Todas	las	entidades	federativas	del	país	han	tipificado	la	violencia	familiar	como	una	causal	de	divorcio;	30	Estados	consideran	la	violación	entre	cónyuges	como	delito	y	seis	Estados	han	tipificado	el	feminicidio.	En	este	marco	el	Estado	de	Oaxaca	cuenta	desde	el	23	de	marzo	de	2009	con	la	Ley	Estatal	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	de	Género	y	su	Reglamento,	y	desde	el	25	de	abril	de	2009	con	la	Ley	de	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	para	el	Estado	de	Oaxaca.	[…]
Recomendaciones	de	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos:	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
El	objetivo	es	garantizar	una	respuesta	judicial	idónea,	que	sea	inmediata,	oportuna,	exhaustiva,	seria	e	imparcial,	ante	actos	de	violencia	contra	las	mujeres.	Las	recomendaciones	tienen	tres	objetivos	específicos:	•
En	primer	lugar,	los	gobiernos	de	los	Estados	deben	diseñar	una	política	estatal	integral,	respaldada	con	recursos	públicos	adecuados,	para	garantizar	que	las	víctimas	de	violencia	tengan	un	acceso	adecuado	a	la	justicia	y	que	los	actos	de	violencia	se	prevengan,	investiguen,	sancionen	y	reparen	en	forma	adecuada.	•
En	segundo	lugar,	crear	las	condiciones	necesarias	para	que	las	mujeres	puedan	usar	el	sistema	de	administración	de	la	justicia	para	remediar	los	actos	de	violencia	sufridos	y	reciban	un	trato	digno	por	parte	de	los	funcionarios	al	acudir	a	las	distintas	instancias	judiciales.	•
En	tercer	lugar,	adoptar	medidas	públicas	para	redefinir	las	concepciones	tradicionales	sobre	el	rol	de	las	mujeres	en	la	sociedad,	y	promover	la	erradicación	de	patrones	socioculturales	discriminatorios	que	impiden	su	acceso	pleno	a	la	justicia.	La	propuesta	de	reforma	va	encaminada	a	fortalecer	el	sistema	jurídico	en	el	Estado	de	Oaxaca	y	coadyuvar	en	el	acceso	a	la	justicia	para	las	mujeres	que	son	víctimas	de	violencia.	La	violencia	contra	las	mujeres	representa	una	violación	a	los	derechos	humanos	y	constituye	uno	de	los	principales	obstáculos	para	lograr	una	sociedad	igualitaria,	plenamente	democrática	y	libre	de	violencia.	Frente	a	la	violencia	de	género,	es	obligación	del	Estado	garantizar	los	derechos	humanos	que	emanan	de	los	Tratados	y	Convenios	Internacionales	firmados	y	ratificados	por	nuestro	país	sobre	la	materia,	ello	incluye	la	obligación	de	adoptar	las	medidas	legislativas	que	tiendan	a	asegurar	su	goce	y	disfrute.	Estas	medidas	legislativas,	en	particular	cuando	se	trata	de	los	derechos	a	la	vida,	a	la	libertad,	a	la	integridad	física	y	psicológica	de	las	personas,	incluyen	también	las	normas	penales	destinadas	a	sancionar	los	actos	que	constituyen	atentados	contra	estos	derechos.	Concepto	de	Feminicidio.	Diana	Russell,	utilizó el término “feminicide” por	vez	primera	ante	el	Tribunal	Internacional	sobre	los	Crímenes	contra	la	Mujer	en	1976,	para	definir	como	las	formas	de	violencia	extrema	contra	la	mujer.	Junto	con	Jane	Caputi,	Russell	en	1990	redefine el “feminicide” como “el asesinato de mujeres por hombres motivado
el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres” (Russell
Harmes).	“Marcela Lagarde
introduce el concepto en nuestro país,	considerado	apropiado	utilizar	la	voz	feminicidio	para	denominar	al	conjunto	de	hechos	violentos	misóginos	contra	las	mujeres,	que	implican	la	violación	de	sus	derechos	humanos,	atentan	contra	su	seguridad	y	ponen	en	riesgo	su	vida.	Culmina	en	la	muerte	de	algunas	mujeres.	Se	consuma
porque	las	autoridades	omisas,	negligentes	o	coludidas	con	agresores	ejercen	sobre	las	mujeres	violencia	institucional	al	obstaculizar	su	acceso	a	la	justicia	y	con	ello	contribuyen	a	la	impunidad.	El	feminicidio	conlleva	la	ruptura	del	Estado	de	derecho	ya	que	el	Estado	es	incapaz	de	garantizar	la	vida	de	las	mujeres,	de	actuar	con	legalidad	y	hacerla	respetar,	de	procurar	justicia,	prevenir	y	erradicar	la	violencia	que	la	ocasiona.	El	feminicidio es un crimen de
Estado”. En	el	caso	del	Observatorio	Ciudadano	Nacional	de	Feminicidio	definen	el	término	feminicidio	como	los	asesinatos	de	mujeres	que	resultan	de	la	violencia	ejercida	contra	ellas	por	su	condición	de	género.	Es	decir,	se	trata	de	asesinatos	violentos	de	mujeres	cometidos	por	la	misoginia,	la	discriminación	y	el	odio,	donde	familiares	o	desconocidos	realizan	actos	de	extrema	brutalidad	sobre	los	cuerpos	de	las	víctimas,	en	un	contexto	de	permisividad	del	Estado	quien,	por	acción	u	omisión,	no	cumple	con	su	responsabilidad	de	garantizar	la	vida	y	la	seguridad	de	las	mujeres.	También	el	Observatorio	comenta	que	el	feminicidio	es	un	tema	complejo	por	todo	el	entramado	que	lo	envuelve:	•
Refleja	la	asimetría	que	existe	en	las	relaciones	de	poder	entre	mujeres	y	varones.	Nutre	la	subordinación	y	devaluación	de	lo	femenino	frente	a	lo	masculino.	Niega	los	derechos	de	las	mujeres.	Reproduce	la	inequidad	entre	los	sexos.	Da	cuenta	de	impunidad	y	la	falta	de	respuesta	eficaz	del	Estado,	o	ambas,	ante	este	tipo	de	asesinatos	por	razones	de	género.	En	cualquier	caso	es	necesario	tener	en	consideración	que	estas	elaboraciones	conceptuales	provienen	de	las	ciencias	sociales,	constituyendo	marcos	teóricos	y	políticos	para	la	acción	e	investigación	en	torno	a	este	fenómeno;	p or	tanto,	para	su	aplicación	en	el	ámbito	jurídico,	en	particular	en	lo	penal,	es	necesario	cumplir	con	los	principios	de	legalidad,	de	importar	exigencias	materiales	y	formales	especialmente	rigurosas	en	lo	referido	a	la	precisión,	determinación	y	taxatividad	de	sus	conceptos	para	la	tipificación	del	feminicidio.	1	Informe	Ciudadano	2008-­‐2009.	Feminicidio	en	Oaxaca.	Impunidad	y	Crímen	de	Estado	contra	las	Mujeres.	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
Sentencia	de	Campo	Algodonero:	El	10	de	diciembre	de	2009,	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	publicó	la sentencia caso González y otras vs México, denominada “Campo Algodonero”, en
la	que	condena	al	Estado	Mexicano	por	violar	los	derechos	humanos	de	tres	mujeres	desaparecidas,	torturadas	y	asesinadas	en	Ciudad	Juárez,	así	como	por	violar	los	derechos	humanos	de	sus	madres	y	familiares.	Esta	sentencia	es	histórica	porque	define	acciones	de	reparación	del	daño	para	las	personas	ofendidas	directamente	en	el	caso,	así	como	medidas	de	no	repetición	que	debe	implementar	el	Estado	mexicano,	como	promover	políticas	públicas	de	prevención	y	atención	de	la	violencia;	reformas	en	las	instituciones	y	con	autoridades,	e	impulsar	reformas	legales,	entre	ellas,	la	necesidad	de	tipificar	el	feminicidio,	con	el	fin	de	realizar	cambios	sociales	en	todo	el	Estado	Mexicano	para	que	el	respeto	a	los	derechos	humanos	sea	una	realidad.	En	materia	legislativa:	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	determinó	la	responsabilidad	del	Estado	mexicano	por	la	falta	de	un	marco	jurídico	adecuado	para	garantizar	el	derecho	a	una	vida	libre	de	violencia.	Por	ello	establece	en	la	Sentencia	que	para	cumplir	con	las	obligaciones	establecidas	en	el	artículo	2	de	la	Comisión	Americana	de	Derechos	Humanos	y	7	de	la	Convención	Belém	Do	Pará.	En	particular,	contar	con	un	adecuado	marco	jurídico	de	protección,	con	una	aplicación	efectiva	del	mismo	y	con	políticas	de	prevención	y	prácticas	que	permitan	actuar	de	una	manera	eficaz	ante	las	denuncias.	Además	de	contar	con	un	marco	jurídico	adecuado	y	una	eficaz	aplicación	del	mismo,	la	estrategia	de	prevención	debe	ser	integral,	es	decir,	debe	prevenir	los	factores	de	riesgo	y	a	la	vez	fortalecer	las	instituciones	para	que	puedan	proporcionar	una	respuesta	efectiva	a	los	casos	de	violencia	contra	las	mujeres.	Asimismo,	los	Estados	deben	adoptar	medidas	preventivas	en	casos	específicos	en	los	que	es	evidente	que	determinadas	mujeres	y	niñas	pueden	ser	víctimas	de	violencia.	Propuesta	de	Tipificación	del	Feminicidio.	De	acuerdo	a	las	investigaciones	del	Observatorio	Nacional	el	feminicidio,	este	delito	tiene	un	carácter	pluriofensivo,	ya	que	afecta	diversos	bienes	jurídicos;	no	sólo	atenta	contra	la	vida	de	las	mujeres,	sino	que	se	vulneran	otros	derechos	como	la	dignidad,	integridad	física,	libertad,	seguridad	y	sobre	todo	contra	el	derecho	a	la	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
igualdad	y	no	discriminación	pues	la	naturaleza	de	esta	conducta	es	motivada	por	el	género	de	las	víctimas.	El	feminicidio	al	tener	una	naturaleza	específica	debe	tipificarse	de	forma	autónoma.	Por	esta	razón	se	propone	cambiar	la	denominación	del	Título	Vigésimo	Segundo	del	Código	Penal	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca	que	actualment	e	se	llama	Delitos	contra	la	familia	para	quedar	como	DELITOS	CONTRA	EL	DERECHO	A	UNA	VIDA	LIBRE	DE	VIOLENCIA,	al	que	se	incluirán	tres	capítulos.	El	Capítulo	Primero	se	referirá	a	la	Violencia	familiar,	el	Capítulo	Segundo	será	para	el	Feminicidio	y	el	Capítulo	Tercero	para	Violencia	Obstétrica.	La	propuesta	de	incorporar	un	concepto	desarrollado	desde	la	perspectiva	sociológica	y	antropológica	a	la	esfera	jurídico	penal,	implica	considerar	como	ya	lo	comentamos	que	es	una	figura	compleja	y	de	naturaleza	pluriofensiva,	ya	que	un	mismo	delito	afecta	diversos	bienes	jurídicos.	La	adopción	de	una	norma	penal	género-­‐específica,	se	basa	en	que	la	violencia	contra	las	mujeres	no	únicamente	afecta	la	vida,	la	integridad	física,	psicológica,	la	libertad	sexual	de	las	mujeres,	la	inviolabilidad	del	cuerpo	de	las	mujeres,	sino	que,	existe	un	elemento	adicional:	los	feminicidios	están	basados	en	la	discriminación	y	subordinación	implícita	en	la	violencia	contra	las	mujeres.	Por	esta	razón	se	propone	crear	un	nuevo	tipo penal “feminicidio” y desde
esta perspectiva	todos	los	homicidios	de	mujeres	en	primera	instancia
serán	investigados	como	feminicidio.	La	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	utiliza	para	el	caso	de	su	Sentencia	“Campo Algodonero” vs México, la	expresión	“Homicidio	de	Mujeres	por	Razones	de	Género,	también	conocido	como	feminicidio	“.	Para	efectos	de	la	tipificación	del	feminicidio	como	un	delito,	es	necesario	explicar	con	claridad	cuáles	son	las	razones	de	género	por	las	cuales	se	puede	dar	o	rigen	al	homicidio	de	una	mujer,	para	que	los	operadores	jurídicos	entiendan	el	significado	y	se	pueda	acreditar	este	delito.	También	es	importante	destacar	que	las	razones	de	género	deben	estar	redactadas	de	manera	objetiva,	lo	cual	facilita	la	acreditaci	ón	de	las	mismas	y	de	esta	manera	refleja	la	verdadera	discriminación	y	violencia	que	sufren	las	mujeres	antes	o	al	momento	o	después	de	ser	asesinadas.	En	este	tenor	se	sugiere	adicionar	un	artículo	407	al	Código	Penal	del	Estado	de	Oaxaca	en	el	que	se	propone	tipificar	el	delito	de	feminicidio	en	los	siguientes	términos:	ARTÍCULO	407.-­‐	Comete	el	delito	de	feminicidio	quien	por	razones	de	género	prive	de	la	vida	a	una	mujer.	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
En	cuanto	a	la	construcción	de	los	elementos	del	tipo	penal,	resulta	fundamental	establecer	una	redacción	que	permita	visibilizar	los	asesinatos	de	mujeres	por	razones	de	género,	pero	que	limite	la	inclusión	de	prejuicios	y	estereotipos	de	las	y	los	operadores	de	justicia	encargados	de	investigar	y	sancionar	esos	crímenes.	Por	lo	cual,	la	propuesta	está	integrada	en	su	mayoría	por	elementos	objetivos,	limitando	así	la	interpretación.	Si	bien	es	cierto,	el	delito	de	feminicidio	considera	una	serie	de	conductas	que	ya	se	encuentran	tipificadas	en	el	Código	Penal,	en	figuras	como	el	homicidio,	privación	de	la	libertad,	las	lesiones,	violencia	familiar,	la	violación.	Sin	embargo	tales	delitos	no	permiten	evidenciar,	ni	cubren	suficientemente	las	necesidades	de	justicia	y	de	erradicación	de	la	impunidad	con	que	se	comenten	los	crímenes	contra	mujeres	llamados	feminicidios.	Las	hipótesis	que	se	consideran	para	la	integración	del	tipo	penal,	son:	I.	Exista	o	haya	existido	entre	el	victimario	y	la	víctima	una	relación	de	parentesco	por	consanguinidad	o	afinidad,	de	matrimonio,	concubinato,	relaciones	de	convivencia,	noviazgo,	o	cualquier	otra	relación	de	hecho	o	amistad;	La	inclusión	de	esta	hipótesis	atiende	a	lo	siguiente:	I)	La	realidad	en	Oaxaca:	De	acuerdo	a	la	Encuesta	Nacional	sobre	la	Dinámica	de	las	Relaciones	en	los	hogares	(ENDIREH)	2006,	el	46.0%	de	las	mujeres	oaxaqueñas	casadas	o	unidas	han	sido	objeto	de	violencia	por	parte	de	su	pareja	a	lo	largo	de	su	relación	(46.6%	promedio	nacional).	Una	tercera	parte	de	las	mujeres	(38.2%)	casadas	o	unidas,	manifiestan	haber	padecido	al	menos	un	incidente	de	violencia	durante	los	12	meses	previos	a	la	entrevista,	y	el	52.3%	de	mujeres	violentadas	señalan	haberla	padecido	a	lo	largo	de	su	relación.	El	331,585	mujeres	encuestadas,	casadas	o	unidas	han	sido	violentadas	a	lo	largo	de	su	relación;	de	ellas,	más	de	una	cuarta	parte	(28.4%),	equivalente	a	94	157	mujeres	han	padecido	violencia	extrema	por	parte	de	su	pareja	(26.4%	a	nivel	nacional);	en	donde	el	51.6	por	ciento	han	sido	pateadas	por	su	esposo	o	pareja.	El	40.4	por	ciento	han	requerido	de	atención	médica	para	superar	los	daños	ocasionados	por	las	agresiones.	27.6	por	ciento	su	esposo	o	pareja	las	ha	amarrado,	tratado	de	ahorcar	o	asfixiar,	atacado	con	cuchillo	o	navaja,	o	les	ha	disparado	con	un	arma	de	fuego.	En	donde	el	26.0	por	c iento	son	mujeres	cuya	pareja	ha	usado	su	fuerza física para obligarlas a tener relaciones sexuales” (INEGI, 2008:10).
De	184,	578	mujeres	casadas	o	unidas	que	son	violentadas	por	su	pareja	de	manera	física	y/o	sexual,	sólo	15.4%	han	denunciado	los	hechos,	mientras	que	84.6%	no	han	acudido	ante	ninguna	autoridad,	por	las	siguientes	razones:	•
El	45.6%	declaran	que	no	lo	hacen	porque	piensan	que	la	agresión	no	tuvo	importancia	o	que	él	(su	pareja)	tiene	derecho	a	reprenderla;	42.7%	por	miedo,	debido	a	sus	hijos	o	por	amenazas	de	su	pareja;	33.6%	no	lo	hacen	por	vergüenza	o	para	que	su	familia	no	se	entere;	19.8%	no	denuncian	porque	no	confían	en	las	autoridades	o	bien	piensan	que	él	no	va	a	cambiar;	De	cada	100	mujeres	que	son	violentadas	por	su	esposo	o	pareja,	27	también	son	víctimas	de	agresiones	por	parte	de	familiares,	lo	que	significa	que	las	mujeres están expuesta a sufrir “violencia múltiple” que muchas veces
es justificada	y	legitimada	por	la	sociedad. ;	En	la	entidad,	40.0%	de	las	mujeres	casadas	o	unidas	hablan	lengua	indígena;	de	ellas;	39.9%	fueron	violentadas	por	su	esposo	o	pareja	a	lo	largo	de	su	relación;	80.4%	manifestaron	agresiones	emocionales;	56.5%	económicas;	53.9%	físicas,	y	21.9%	sexuales.	II)	La	gran	mayoría	de	los	asesinatos	de	mujeres	se	encuentran	en	la	impunidad.	El	Informe	Ciudadano	sobre	Feminicidio	en	Oaxaca,	establece	que	a	partir	del	recuento	hemerográfico	de	enero	de	2008	a	diciembre	del	2009	de	los	periódicos	locales,	el	Informe	Feminicidio	en	Oaxaca:	Impunidad	y	Crimen	de	Estado	contra	las	mujeres	pone	sobre	la	mesa	los	datos	que	demuestran	que	el	ataque	a	mujeres	no	es	una	cuestión	ocasional	sino	una	práctica	cotidiana	que	el	Estado	permite,	en	tanto	que	no	interviene	ni	para	prevenir,	ni	para	sancionar.	La	ausencia	de	políti	cas	públicas	eficaces	que	enfrenten	la	problemática	y	la	negligencia	del	actuar	de	los	tres	poderes,	genera	la	impunidad	con	que	se	da	esta	violencia.	II.	Exista	o	haya	existido	entre	el	victimario	y	la	víctima	una	relación	laboral,	docente,	o	cualquier	otra	que	implique	confianza.	Esta	hipótesis	supone	un	vínculo	entre	el	autor	y	la	víctima	en	el	ámbito	laboral.	Tal	situación	presupone	una	relación	de	superioridad	por	parte	del	activo,	aún	y	cuando	no	exista	de	facto	una	relación	de	superioridad	entre	ambos.	Sin	embargo	el	elemento	de	confianza	que	puede	tener	la	víctima	hacia	el	activo,	la	coloca	en	una	situación	de	desigualdad	y	desventaja.	2	Feminicidio	en	Oaxaca.	Impunidad	y	Crimen	de	Estado	contra	las	Mujeres.	Informe	Ciudadano	2008-­‐2009.	P.	11	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
III.	La	víctima	presente	signos	de	violencia	sexual	de	cualquier	tipo.	La	intención	de	incluir	esta	hipótesis	como	razón	de	género	por	la	cual	una	mujer	puede	ser	víctima	de	feminicidio,	es	con	el	fin	de	no	supeditar	la	violencia	sexual	únicamente	al	delito	de	violación	que	se	encuentra	establecido	en	el	Código	Penal,	sino	tomar	en	consideración	que	la	violencia	sexual	además	constituye	una	violación	a	la	integridad	física	y	mental	de	la	víctima	e	implica	un	ultraje	deliberado	a	su	dignidad,	lo	cual	ha	sido	reconocido	por	organismos	internacionales.	En	este	sentido	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	ha	sostenido	que	la	violencia	sexual	contra	la	mujer	tiene	consecuencias	físicas,	emocionales	y	psicológicas	devastadoras	para	ellas.	Asimismo	la	Corte	ha	sostenido	que	la	violencia	sexual	es	una	experiencia	sumamente	traumática	que	puede	tener	severas	consecuenc	ias	y	causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima “humillada
física y emocionalmente”.
En	el	caso	específico	de	Oaxaca,	los	casos	de	violencia	sexual	son	reportes	cotidianos	en	la	prensa	local,	en	24	meses	-­‐según	datos	del	Informe	ciudadano	2008-­‐2009	sobre	Feminicidio	en	Oaxaca-­‐	se	difundieron	211	casos	en	los	medios.	Esto	arroja	que	en	promedio	se	conocen	9	casos	por	mes	de	este	tipo	de	violencia.	Según	el	recuento	hemerográfico	realizado	durante	el	2008	se	reportaron	90	casos	y	en	el	2009	se	registraron	121.	Atendiendo	a	lo	anterior	se	consideró	la	inclusión	de	esta	hipótesis	que	incorpora	no	sólo	la	violación	como	única	forma	de	violencia	sexual,	sino	la	inclusión	de	otras	conductas,	conforme	lo	establece	tanto	la	Ley	General	y	Ley	Estatal	de	Acceso	de	las	mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia.	IV.	Al	cuerpo	de	la	víctima	se	le	hayan	infligido	heridas,	escoriaciones,	contusiones,	fracturas,	dislocaciones,	quemaduras,	mutilaciones	y	cualquier	otra	que	le	deje	huella	material.	El	tratamiento	degradante	o	destructivo	del	cuerpo	de	la	mujer	durante	y	después	de	la	privación	de	la	vida,	ha	sido	una	constante	en	los	feminicidios,	lo	cual	implica	una	saña	o	crueldad.	La	violencia	y	la	brutalidad	con	que	se	agrede	a	las	mujeres,	indica	la	intención	de	agredir	de	diversas	maneras	su	cuerpo.	Los	datos	disponibles	en	el	registro	de	estas	defunciones	muestran	que	mientras	en	dos	tercios	de	los	homicidios,	los	hombres	mueren	por	agresiones	con	armas	de	fuego,	en	los	asesinatos	de	mujeres	es	más	frecuente	el	uso	de	medios	de	sufrimiento	como	el	ahorcamiento,	estrangulamiento,	sofocación,	apuñalamiento,	ahogamiento	e	inmersión	que	son	indicadores	de	una	violencia	de	odio	contra	las	mujeres.	Para	las	mujeres	su	condición	de	mujer	constituye	un	factor	de	riesgo,	ya	que	sobre	ellas	se	cierne	un	afán	de	dominio,	uso	y	control	de	los	agresores,	que	se	convierte	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
en	una	amenaza	para	su	seguridad,	su	integridad	física	y	sus	libertades,	lo	cual	afecta	su	salud,	capacidades,	causa	denigración,	intimidación,	miedo,	sufrimiento,	daño,	y	en	casos	extremos	una	muerte	cruenta.	V.	Existan	antecedentes	o	indicios	anteriores	de	amenazas,	acoso	o	maltrato	del	sujeto	activo	en	contra	de	la	víctima.	Hablar	de	feminicidio	implica	abordar	la	discriminación	contra	las	mujeres	y	la	violencia	de	género,	considerar	situaciones	que	expresan	y	reproducen	relaciones	asimétricas	de	poder,	que	desarrollan	mecanismos	para	perpetuar	la	subordinación	y	la	exclusión	de	las	mujeres	de	la	vida	política,	civil,	económica,	social	y	cultural,	así	como	del	ejercicio	pleno	de	sus	derechos.	En	este	sentido	tiene	características	que	lo	distinguen,	se	trata	de	un	acto	culminante	en	una	serie	de	vejaciones	cruentas,	que	ya	han	vulnerado	previamente	diversos	derechos	de	la	víctima	e	infringido	una	serie	de	agresiones	como:	abusos	verbales	y	físicos,	la	esclavitud	sexual	(particularmente	en	prostitución),	el	incesto	y	el	abuso	sexual	infantil,	la	agresión	psicológica,	el	hostigamiento	sexual,	violación,	privación	de	la	libertad	y	otras,	por	lo	que	está	al	final	del	"continuum"	del	terror	contra	las	mujeres.	(Diana	Russell,	1976).	En	este	sentido	es	expresión	extrema	del	poder	masculino	sobre	la	mujer,	legitimado	por	una	percepción	social	desvalorizadora,	hostil	y	degradante	de	las	mujeres.	Por	ello	la	importancia	de	incorporar	esta	hipótesis	como	circunstancia	de	género	para	la	comprobación	del	tipo	penal	del	feminicidio.	VI.	El	cuerpo	o	restos	de	la	víctima	hayan	sido	enterrados	u	ocultados.	La	manifestación	de	la	violencia	en	el	caso	del	feminicidio	se	refiere	a	los	casos	en	que	las	mujeres	son	desaparecidas	y	posteriormente	son	encontradas	enterradas	clandestinamente	por	ello	la	inclusión	de	esta	hipótesis.	Por	ello	merece	una	especial	atención	la	conducta	desplegada	sobre	el	cuerpo	de	la	víctima	con	fines	destructivos,	pues	implica	que	además	de	privarla	de	la	vida,	el	autor	realizó	conductas	con	fines	de	ocultar	o	desaparecer	el	cuerpo	y	con	ello	impedir	su	sanción	atentando	contra	la	administración	de	la	justicia.	VII.	El	cuerpo	o	restos	de	la	víctima	hayan	sido	expuestos	en	un	lugar	público.	Los	múltiples	asesinatos	de	mujeres	han	sugerido	que	existe	la	tendencia	de	exhibir	por	parte	del	sujeto	activo,	el	cuerpo	de	la	víctima	después	de	llevado	a	cabo	el	feminicidio,	con	el	fin	de	dar	a	conocer	públicamente	su	crimen.	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
Los	asesinos,	lejos	de	esconder	los	cuerpos	de	las	víctimas	los	exponen,	lo	cual	podría	parecer	un	desafío	a	las	autoridades,	pues	hasta	el	momento	han	gozado	de	total	impunidad.	Si	se	propone	sancionar	especialmente	la	conducta	tendiente	a	desaparecer	o	destruir	el	cuerpo	de	la	víctima,	igual	sanción	merece	la	acción	contraria,	que	sería	la	exposición	pública	del	cuerpo	de	la	víctima,	pues	con	este	tipo	de	conductas	se	provoca	un	desequilibrio	en	la	comunidad	se	genera	un	efecto	de	miedo	e	inseguridad	y	se	atenta	contra	el	libre	y	armónico	desarrollo	de	la	colectividad.	El	desdén	público	que	sobre	el	cuerpo	de	la	víctima	ejerce	el	agresor	aún	después	de	haberle	privado	de	la	vida,	implica	un	reproche	particular	que,	el	abandono	o	exhibición	del	cadáver	en	un	lugar	público	provoca	como	ya	se	mencionó,	una	afectación	no	sólo	individual	sobre	la	víctima	sino	una	afectación	social	colectiva	más	amplia,	afectación	que	se	adiciona	a	la	provocada	per	se	por	el	propio	crimen.	VIII.	La	víctima	haya	sido	incomunicada	o	privada	de	su	libertad,	y	El	hecho	de	que	las	mujeres	sean	secuestradas,	mantenidas	en	cautiverio,	incomunicadas	y	en	una	situación	de	incapacidad	física,	psicológica	o	emocional	y	que	sus	familiares	denuncien	su	desaparición	y	que	días	o	meses	después	sus	cadáveres	sean	encontrados	en	terrenos	baldíos	con	signos	de	violencia,	son	factores	en	común	en	un	porcentaje	considerable	de	los	homicidios	de	mujeres.	La	incorporación	de	esta	hipótesis	atiende	a	las	condiciones	de	mayor	vulnerabilidad	en	la	que	se	encuentra	la	víctima.	IX.	Por	desprecio	u	odio	a	la	víctima	motivado	por	discriminación	o	misoginia.	Hablar	de	violencia	feminicida	implica	abordar	la	discriminación	y	la	violencia	que	padecen	las	mujeres	en	distintos	ámbitos	(comunitario,	familiar,	de	pareja,	laboral,	escolar,	institucional)	bajo	diversas	modalidades;	así	como,	considerar	que	esta	violencia	es	resultado	de	relaciones	asimétricas	entre	mujeres	y	hombres,	en	materia	de	acceso	a	recursos,	derechos,	oportunidades	y	capacidades.	También	a	esta	violencia	contra	las	mujeres	se	le	sitúa	dentro	de	una	misoginia	exacerbada	por	parte	de	los	hombres	que	se	sienten	desplazados	de	su	función	privilegiada,	dada	la	entrada	de	las	mujeres	en	los	mercados	de	trabajo	y	la	supuesta	independencia	y	libertad	que	han	ido	adquiriendo.	Al	respecto	la	Asamblea	General	de	Naciones	Unidas	ha	reconocido	que	la	violencia	basada	en	el	género	"constituye	una	manifestación	de	relaciones	de	poder	históricamente	desiguales	entre	el	hombre	y	la	mujer	que	han	conducido	a	la	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
dominación	de	la	mujer	y	a	la	discriminación	en	su	contra	por	parte	del	hombre	e	impedido	el	adelanto	pleno	de	la	mujer,	(...)	la	violencia	contra	la	mujer	es	uno	de	los	mecanismos	sociales	fundamentales	por	los	que	se	fuerza	a	la	mujer	a	una	situación	de	subordinación	respecto	del	hombre"	(Resolución	de	la	Asamblea	General	48/104	del	20	de	diciembre	de	1993).	La	violencia	basada	en	el	género	permite	el	dominio	sobre	las	mujeres,	al	ejercer	control	sobre	sus	cuerpos,	su	sexualidad	y	sus	vidas.	Es	parte	de	la	discriminación	que	por	razón	de	género	viven	las	mujeres,	porque	se	ejerce	como	mecanismo	de	sujeción,	como	castigo	y	venganza	y	es	funcional	a	la	prevalencia	de	condiciones	de	exclusión,	marginación,	explotación,	subordinación	de	las	mujeres.	Se	trata,	de	una	violencia	que	busca	ser	ejemplar,	ya	que	al	violentar	a	una	mujer,	se	amenaza	a	todas.	Además	es	genérica	porque	abarca	a	todas	las	mujeres.	Por	lo	anterior	al	feminicidio	también	se	le	ha	denominado	como	crímenes	de	odio.	Por	lo	anterior	es	necesario	establecer	la	discriminación	y	odio	como	hipótesis	para	tipificar	el	feminicidio.	En	cuanto	a	las	sanciones	se	propone	adicionar	un	artículo	408	en	el	cual	se	establecerán	las	penas	para	el	delito	de	feminicidio	las	cuales	irán	entre	30	y	40	años	de	prisión	y	multa	de	quinientos	a	mil	salarios	mínimos,	al	igual	que	el	homicidio	calificado,	se	perseguirá	de	oficio	y	sin	que	se	le	conceda	ningún	beneficio.	Es	importante	destacar	que	para	los	fines	de	la	investigación,	todo	homicidio	contra	una	mujer	debe	ser	considerado	e	investigado	como	feminicidio.	Esto	con	el	objetivo	de	favorecer	una	exhaustiva	investigación.	Para	dar	cumplimiento	a	lo	anterior	es	necesario	que	las	instituciones	encargadas	de	procuración	de	justicia	cuenten	con	equipos	multidisciplinarios	eficientemente	capacitados	que	desarrollen	estrategias	y	diseños	de	operatividad	propios	para	cada	caso	en	particular,	principalmente	cuando	se	trata	de	delitos	cometidos	contra	las	mujeres	relacionados	con	posible	delincuencia	organizada.	En	este	sentido	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	en	su	Sentencia	“Campo Algodonero” vs México, destacó la importancia de contar con un
Protocolo de	Investigación	para	Feminicidios	el	cual	tendrá	que	elaborar	en	su	momento	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	Oaxaca.	“continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales,
criterios ministeriales	de	investigación,	servicios	periciales	y	de	impartición	de	justicia,	utilizados	para	investigar	todos	los	delitos	que	se	relacionen	con	desapariciones,	violencia	sexual	y	homicidios	de	mujeres,	así	como	a	realizar	investigaciones	rápidas	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
y	eficaces	y	castigar	a	los	autores	de	actos	de	violencia	contra	la	mujer,	en	particular	garantizando	una	cooperación	eficaz	entre	las	autoridades	estatales	y	3
federales” Contar	con	el	Protocolo	de	Investigación	ayudará	a	uniformar	criterios	jurídicos	y	dirigir	esfuerzos	para	investigar	este	tipo	de	conductas	en	forma	eficiente,	situación	que	solo	se	puede	lograr	cuando	se	marcha	acorde	a	los	nuevos	criterios	de	legalidad	en	el	marco	de	respeto	a	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	y	con	base	en	una	correcta	investigación	ministerial	sustentada	y	probada	mediante	la	aplicación	de	procedimientos	técnicos	y	científicos	que	hoy	en	día	son	posibles	gracias	a	los	novedosos	avances	tecnológicos	aplicados	en	materia	de	investigación	criminalística.	Para	complementar	estos	Protocolos	y	con	el	fin	de	fortalecer	el	marco	jurídico	procedimental	se	proponen	hacer	reformas	tanto	al	Código	de	Procedim	ientos	Penales	como	al	Código	Procesal	Penal	en	materia	de	investigación	criminalística.	[…]
Propuesta	de	Modificación	a	otros	Artículos	para	el	Acceso	a	la	Justicia.	Reparación	del	Daño.	El	artículo	25	en	relación	con	el	artículo	1.1	de	la	Convención	Americana,	firmada	y	ratificada	por	México	obliga	a	nuestro	país	a	garantizar	a	toda	persona	el	acceso	a	la	administración	de	justicia	y,	en	particular,	a	un	recurso	rápido	y	sencillo	para	lograr,	entre	otros	resultados,	que	los	responsables	de	las	violaciones	de	los	derechos	humanos	sean	juzgados	y	para	obtener	una	reparación	por	el	daño	sufrido	(…) [E]l artículo 25 “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la
Convención Americana, sino del propio Estado de derecho en una sociedad
democrática (…)”. Dicho artículo guarda relación directa con el artículo 8.1
(…) que consagra el derecho de toda persona a ser oída con las debidas
garantías (…) para la
determinación	de	sus	derechos	de	cualquier	naturaleza .	En	dicho	marco,	los	Estados	tienen	el	deber	de	a ctuar	con	la	debida	diligencia	frente	a	las	violaciones	de	los	derechos	humanos.	Este	deber	contempla	cuatro	obligaciones:	la	prevención,	la	investigación,	la	sanción	y	la	reparación	de	las	3	4	Sentencia	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	sobre	el	caso	“Campo	Algodonero	vs	México”	Corte	I.D.H.,	Caso	Loayza	Tamayo.	Reparaciones.	Sentencia	de	27	de	noviembre	de	1998.	Serie	C	No.	42,	párr.	169;	Corte	I.D.H.,	Caso	Velásquez	Rodríguez.	Excepciones	Preliminares.	Sentencia	de	26	de	junio	de	1987.	Serie	C	No.	1,	párr.	91;	Corte	I.D.H.,	Caso	Fairén	Garbi	y	Solís	Corrales.	Excepciones	Preliminares.	Sentencia	de	26	de	junio	de	1987.	Serie	C	No.	2,	párr.	90;	Corte	I.D.H.,	Caso	Godínez	Cruz.	Excepciones	Preliminares.	Sentencia	de	26	de	junio	de	1987.	Serie	C	No.	3,	párr.	93.	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
violaciones	de	los	derechos	humanos	y	evitar	la	impunidad.	Al	respecto,	la	Corte	Interamericana	ha	manifestado	que	esta	obligación	implica	el	deber	de	los	Estados	de	organizar	todo	el	aparato	gubernamental	y,	en	general,	todas	las	estructuras	a	través	de	las	cuales	se	manifiesta	el	ejercicio	del	poder	público,	de	manera	tal	que	sean	capaces	de	asegurar	jurídicamente	el	libre	y	pleno	ejercicio	de	los	derechos	humanos.	Como	consecuencia	de	esta	obligación	los	Estados	deben	prevenir,	investigar	y	sancionar	toda	violación	de	los	derechos	reconocidos	por	la	Convención	y	procurar,	además,	el	restablecimiento,	si	es	posible,	del	derecho	conculcado	y,	en	su	caso,	la	reparación	de	los	daños	producidos	por	la	violación	de	los	derechos	humanos.	También	en	este	sentido	la	Convención	de	Belém	do	Pará,	la	cual	ha	sido	firmada	y	ratificada	por	nuestro	país,	en	su	artículo	7	establece	las	obligaciones	inmediatas	que	el	Estado	debe	implementar	en	casos	de	violencia	contra	las	mujeres,	que	incluyen	procedimientos,	mecanismos	judiciales	y	legislación	para	evitar	la	impunidad:	•
En	la	esfera	de	la	administración	de	la	justicia,	establece	que	los	Estados	deben	“establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya
sido sometida	a	violencia,	que	incluyan,	entre	otros,	medidas	de	protección,	un	juicio	oportuno	y	el	acceso	efectivo	a	tales	procedimientos"	y	"establecer	los	mecanismos	judiciales	y	administrativos	necesarios	para	asegurar	que	la	mujer	objeto	de	violencia	tenga	acceso	efectivo	a	resarcimiento,	reparación	del	daño	u	otros medios de compensación justos y eficaces (…)"
En	cuanto	al	marco	normativo,	dispone	que	los	Estados	deben	incluir	en	su	legislación	interna	"normas	penales,	civiles	y	administrativas,	así	como	las	de	otra	naturaleza	que	sean	necesarias	para	prevenir,	sancionar	y	erradicar	la	violencia	contra	la	mujer	y	adoptar	las	medidas	administrativas	apropiadas	que	sean del caso", así como adoptar “las medidas apropiadas, incluyendo
medidas de	tipo	legislativo,	para	modificar	o	abolir	leyes	y	reglamentos	vigentes,	o	para	modificar	prácticas	jurídicas	o	consuetudinarias	que	respalden	la	persistencia	o	la tolerancia de la violencia contra la mujer”.
Igualmente,	el	Estado	se	encuentra	obligado	a	adoptar	medidas	de	protección	judicial	"para	conminar	al	agresor	a	abstenerse	de	hostigar,	intimidar,	amenazar,	dañar	o	poner	en	peligro	la	vida	de	la	mujer	de	cualquier	forma	que	atente	contra	su	integridad	o	perjudique	su	propiedad".	Por	la	importancia	que	representa	la	reparación	del	daño	para	víctimas	del	delito	se	proponen	realizar	una	serie	de	modificaciones	tanto	al	Código	Penal,	como	al	de	Procedimientos	Penales	y	al	Procesal	Penal	del	Estado	de	Oaxaca,	con	el	fin	de	fortalecer	el	marco	jurídico	en	esta	materia.	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
De	la	propuesta	se	destaca	la	modificación	a	los	artículos	27,	28	y	29	del	Código	Penal,	en	los	que	se	establece	la	obligación	de	reparar	el	daño	a	la	víctima	del	delito	de	manera	plena,	efectiva	y	proporcional	a	la	gravedad	del	daño	y	a	la	afectación	del	proyecto	de	vida.	Se	incluye	como	parte	de	la	reparación	el	costo	de	pérdida	de	oportunidades,	los	gastos	de	asistencia	jurídica,	atención	médica	y	psicológica	para	la	víctima	y	familiares	entre	otros.	Se	incluye	la	figura	de	Lucro	Cesante	y	se	armoniza	con	los	estándares	más	elevados	a	nivel	internacional.	Deficiencias	en	la	Investigación	y	Derecho	de	las	Víctimas.	En	el	área	específica	de	la	administración	de	justicia	se	ha	detectado	la	carencia	de	una	visión	y	de	una	política	integral	institucionalizada	para	prevenir,	sancionar,	investigar	y	reparar	actos	de	violencia	contra	las	mujeres.	En	este	sentido	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	también	ha	observado	algunas	importantes	deficiencias	que	afectan	negativamente	la	investigación	de	casos	de	violencia	contra	las	mujeres:	retrasos	injustificados	en	las	diligencias	necesarias	por	parte	de	las	instancias	encargadas	de	efectuar	la	investigación,	vacíos	e	irregularidades	en	las	diligencias	que	obstaculizan	el	proceso	de	juzgamiento	y	la	sanción	eventual	de	los	casos.	A	estas	dos	variables	contribuye	la	falta	de	recursos	económicos	y	humanos	para	llevar	a	cabo	investigaciones	efectivas,	y	para	poder	judicializar	y	sancionar	los	casos.	Esta	situación	es	particularmente	crítica	en	las	zonas	rurales	y	marginadas.	Esta	realidad	no	es	ajena	al	Estado	de	Oaxaca	y	por	ello	se	propone	hacer	una	serie	de	modificaciones	tanto	al	Código	Penal	como	al	de	Procedimientos	Penales	y	al	Código	Procesal	del	Estado,	con	el	fin	de	fortalecer	la	investigación	y	los	derechos	de	las	víctimas	en	caso	de	violencia.	La	investigación	es	una	etapa	crucial	en	casos	de	violencia	contra	las	mujeres,	y	no	se	puede	sobrestimar	la	importancia	de	la	misma,	ya	que	las	fallas	a	ese	respecto	suelen	impedir	u	obstaculizar	ulteriores	esfuerzos	tendientes	a	identificar,	procesar	y	castigar	a	los	responsables.	La	jurisprudencia	del	sistema	interamericano	ha	reiterado	que	la	ausencia	de	una	investigación	y	sanción	constituye	un	incumplimiento	de	la	obligación	del	Estado	Mexicano	de	garantizar	el	libre	y	pleno	ejercicio	de	los	derechos	humanos	de	las	víctimas	y	de	sus	familiares	y	de	la	sociedad	para	conocer	lo	ocurrido.	Por	ello	ha	destacado	la	importancia	de	realizar	una	investigación	inmediata,	exhaustiva,	seria	e	imparcial	ante	violaciones	de	derechos	humanos.	La	Corte	ha	establecido	que	la	investigación	se	debe	efectuar	con	seriedad	y	no	como	una	simple	formalidad	condenada	de	antemano	a	ser	infructuosa.	Debe	tener	un	sentido	y	ser	asumida	por	el	Estado	como	un	deber	jurídico	propio	y	no	como	una	simple	gestión	de	intereses	particulares,	que	dependa	de	la	iniciativa	procesal	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
de	la	víctima	o	de	sus	familiares	o	de	la	aportación	privada	de	elementos	probatorios,	sin	que	la	autoridad	pública	busque	efectivamente	la	verdad.	Ante	esta	situación	se	propone	modificar	el	artículo	2º	del	Código	de	Procedimientos	Penales	y	su	similar	en	el	Código	Procesal	Penal,	con	el	fin	de	ampliar	las	obligaciones	del	Ministerio	Público,	como	parte	de	sus	facultades,	y	dentro	del	período	de	la	averiguación	previa.	En	este	sentido	se	incorpora	la	obligación	de	brindar	información	de	manera	regular	a	las	víctimas	y	a	su	s	familiares	sobre	los	avances	de	la	investigación	y	del	proceso	y	darles	pleno	acceso	a	los	expedientes;	llevar	a	cabo	la	investigación	de	manera	inmediata,	eficiente,	exhaustiva,	profesional	e	imparcial,	sin	discriminación	y	libre	de	estereotipos;	realizar	una	investigación	efectiva	y	búsqueda	exhaustiva	desde	las	primeras	horas;	remitir	a	la	víctima	de	manera	pronta	y	expedita	a	los	servicios	de	atención	a	víctimas;	garantizar	y	ponderar	los	derechos	de	los	menores;	proporcionar	de	manera	gratuita	la	asistencia	de	una	intérprete	o	traductor;	dictar	las	medidas	de	protección;	en	caso	del	delito	de	Feminicidio	apegarse	al	Protocolo	de	Investigación	correspondiente,	con	el	fin	de	garantizar	el	derecho	a	una	debida	investigación.	Conforme	a	lo	anterior,	es	necesario	contar	con	agentes	del	Ministerio	Público	renovados	y	conscientes	de	su	papel	en	esta	nueva	dinámica	del	proceso	penal,	al	igual	que	Agentes	de	la	Policía	Ministerial	Investigadora,	y	una	Defensoría	Pública	también	más	preparada,	convertida	en	una	verdadera	contraparte	del	Ministerio	Público.	Por	otro	lado	se	ha	podido	observar	con	especial	preocupación	la	baja	utilización	del	sistema	de	justicia	por	parte	de	las	mujeres	víctimas	de	violencia,	por	el	maltrato	que	pueden	recibir	tanto	las	víctimas	como	sus	familiares	al	intentar	acceder	a	recursos	judiciales,	y	su	persistente	desconfianza	de	que	las	instancias	judiciales	sean	capaces	de	remediar	los	hechos	perpetrados.	El	derecho	a	la	integridad	personal	se	considera	siempre	violado	respecto	de	los	familiares	directos	de	las	víctimas,	pues	presupone	que	por	el	vínculo	afectivo	y	la	participación	en	la	búsqueda	de	la	verdad,	su	integridad	psíquica	y	moral	se	ve	afectada.	En	este	sentido	la	Sentencia	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	sobre el caso “Campo Algodonero vs México”, concluyó que la violación
de	la	integridad	personal	de	los	familiares	se	reconoce	por	el	gran	sufrimiento	y	angustia	que	les	toca	vivir	en	este	tipo	de	procesos.	Por	ello	la	necesidad	de	incorporar	modificaciones	legales	en	favor	de	las	víctimas	y	sus	familiares.	Delitos	cometidos	en	la	Administración	y	Procuración	de	Justicia.	Uno	de	los	problemas	más	graves	identificados	es	el	mal	tratamiento	que	reciben	las	mujeres	víctimas	de	violencia	cuando	procuran	acceder	a	los	recursos	judiciales	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
disponibles.	Las	mujeres	al	ser	revictimizadas	por	el	sistema	de	justicia	tienen	desconfianza	de	que	se	pueda	investigar,	sancionar	y	reparar	lo	que	han	vivido.	Esta	situación	se	traduce	en	impunidad	y	en	falta	de	acceso	a	la	justicia.	Los	operadores	del	sistema	de	justicia	son	elementos	clave	para	prevenir,	sancionar	y	erradicar	la	discriminación	y	la	violencia	contra	la	mujer.	Sin	embargo	muchos	de	ellos	no	cumplen	con	su	cometido	y	por	ello	merecen	una	sanción.	Se	propone	a	dicionar	un	artículo	210	Bis	al	Código	Penal,	con	el	fin	de	establecer	sanciones	a	aquellos	funcionarios	públicos	que	no	cumplan	con	su	deber	de	servicio.	El	objetivo	de	este	proyecto	de	reforma	es	legislar	a	favor	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres,	en	especial	las	que	viven	en	situación	de	violencia,	dando	las	bases	legales	para	que	se	garantice	el	acceso	efectivo	a	la	justicia	y	el	derecho	a	vivir	libre	de	violencia.	Esta	iniciativa	es	resultado	de	un	proceso	amplio	de	discusión	y	consenso	con	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	académicas/os	y	personas	que	han	dado	una	larga	lucha	para	que	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	sean	tutelados	por	la	normatividad	local.	III.	CONSIDERANDOS:	Con	motivo	de	las	reformas	planteadas,	se	modifican	diversos	artículos	del	Código	Penal,	estas	comisiones	que	dictaminan	proceden	al	estudio	y	análisis	de	los	artículos	planteados	de	la	iniciativa	presentada	por	el	iniciante;	aplicando	un	método	de	argumentación	analógica,	cronológica,	histórica	y	científica,	respecto	de	los	artículos	que	se	someten	a	consideración	de	las	comisiones.	Estas	comisiones	consideran	que	la	reforma	al	Código	Penal,	es	tema	de	políticas	públicas	en	materia	de	criminalidad,	que	desde	la	Constitución	Federal,	la	Local	y	el	Plan	Estatal	de	Desarrollo,	se	les	considera	como	políticas	primordiales,	debido	a	que	forman	parte	de	los	ejes	rectores	para	que	la	sociedad	pueda	transitar	en	una	calidad	de	vida	mejor,	con	base	en	la	seguridad	y	la	justicia.	La	violencia	ha	sido	definida	por	diversos	doctos	como	la	“coacción	física	o	psíquica	ejercida	sobre	una	persona	para	viciar	su	voluntad	y	obligarla	a	ejecutar	un	acto	determinado”	pudiendo	adoptar	diversas	modalidades	como	lo	son	la	física,	verbal,	moral,	psíquica,	sexual,	económica	o	social.	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
Ahora	bien,	la	violencia	de	género	ha	sido	conceptualizada	por	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	como	“todo	acto	de	violencia	sexista	que	tiene	como	resultado	posible	o	real	un	daño	físico,	sexual	o	psíquico,	incluidas	las	amenazas,	la	coerción	o	la	privación	arbitraria	de	la	libertad,	ya	sea	que	ocurra	en	la	vida	pública	o	en	la	privada”	Es	decir,	aquellas	conductas	que	mediante	acciones	u	omisiones	violentas	o	pasivas	y	que	tienen	como	base	sentimientos	o	pensamientos	de	superioridad	respecto	del	sexo	opuesto,	se	busca	imponerse	sobre	otra	persona.	La	realidad	mexicana	expone	lo	tremendamente	arraigada	que	se	encuentra	la	relación	desequilibrada	entre	los	géneros,	a	raíz	de	la	primera	diferencia	que	es	el	sexo	de	una	u	otra	persona,	siendo	una	cuestión	de	construcción	cultural	que	ha	colocado	a	las	mujeres	en	niveles	de	inferioridad	o	subordinación	con	relación	a	los	hombres.	Es	justamente	por	esta	construcción	cultural	de	supra-­‐subordinación	de	hombres	sobre	mujeres	que	la	violencia	contra	las	mujeres	se	observa	socialmente	con	tolerancia	y	aceptación	lo	cual	se	agrava	con	elementos	como	la	impunidad	de	dichas	conductas.	La	violencia	de	género	es	ejercida	contra	las	mujeres	por	el	simple	hecho	de	ser	mujeres,	con	el	objetivo	de	someterlas	o	controlarlas	y	lograr	de	ellas	conductas	de	sometimiento	y	sumisión,	violando	de	esta	manera	sus	más	elementales	derechos	humanos.	La	violencia	contra	las	mujeres	reviste	una	enorme	importancia	tanto	por	la	alta	incidencia	de	agresiones	contra	mujeres	como	por	ser	el	reflejo	de	una	sociedad	desigual	con	tejidos	sociales	incapaces	de	anidar	desarrollo	colectivo	o	personal.	El	Estado	como	garante	de	los	derechos	humanos	y	de	los	derechos	fundamentales	inscritos	en	nuestra	Carta	Magna	debe	llevar	a	cabo	todas	aquellas	acciones	necesarias	para	enfrentar	la	violencia	contra	las	mujeres,	incluyendo	el	perfeccionamiento	de	los	marcos	jurídicos	con	la	intención	de	erradicarle.	La	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	en	su	artículo	1°	ordena:	“En los Estados Unidos	Mexicanos	todas las personas gozarán de los	derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados	internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de	las garantías para su protección,	cuyo	ejercicio	no	podrá	restringirse	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
ni	suspenderse,	salvo	en	los	casos	y	bajo	las	condiciones	que	esta	Constitución	establece.	Las	normas	relativas	a	los	derechos	humanos	se	interpretarán	de	conformidad	con	esta	Constitución	y	con	los	tratados	internacionales	de	la	materia	favoreciendo	en	todo	tiempo	a	las	personas	la	protección	más	amplia.	Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la	obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos	humanos	de	conformidad	con	los	principios	de	universalidad,	interdependencia,	indivisibilidad	y	progresividad.	En	consecuencia,	el	Estado	deberá	prevenir,	investigar,	sancionar	y	reparar	las	violaciones	a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
Ante	esto,	es	de	resaltarse	La	Convención	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer	(CEDAW),	La	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	(Belém	Do	Pará);	señalándose	que	dicha	Convención	manifiesta	en	su	artículo	7	que:	“Los	Estados	Partes	condenan	todas	las	formas	de	violencia	contra	la	mujer	y	convienen	en	adoptar,	por	todos	los	medios	apropiados	y	sin	dilaciones,	políticas	orientadas	a	prevenir,	sancionar	y	erradicar	dicha	violencia…”	En	tanto	que	en	el	artículo	9	se	expone	lo	siguiente:	“Para	la	adopción	de	las	medidas	a	que	se	refiere	este	capítulo,	los	Estados	Partes	tendrán	especialmente	en	cuenta	la	situación	de	vulnerabilidad	a	la	violencia	que	pueda	sufrir	la	mujer	en	razón,	entre	otras,	de	su	raza	o	de	su	condición	étnica,	de	migrante,	refugiada	o	desplazada.	En	igual	sentido	se	considerará	a	la	mujer	que	es	objeto	de	violencia	cuando	está	embarazada,	es	discapacitada,	menor	de	edad,	anciana,	o	está	en	situación	socioeconómica	desfavorable	o	afectada	por	situaciones	de	conflictos	armados	o	de	privación	de	su	libertad.”	Por	su	parte	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos	(CADH)	Ratificada	por	México	en	1982,	dispone:	Artículo	1.1	(OBLIGACION	DE	RESPETAR	LOS	DERECHOS)	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
“Los Estados Partes en esta Convención se
comprometen	a	respetar	los	derechos	y	libertades	reconocidos	en	ella	y	a	garantizar	su	libre	y	pleno	ejercicio	a	toda	persona	que	esté	sujeta	a	su	jurisdicción,	sin	discriminación	alguna	por
motivos	de	raza,	color,	sexo,	idioma,	religión,
opiniones	políticas	o	de	cualquier	otra	índole,	origen	nacional	o	social,	posición	económica,	nacimiento	o	cualquier	otra	condición social.”
Artículo	2	(DEBER	DE	ADOPTAR	DISPOSICIONES	INTERNO)	DE	DERECHO	“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el
artículo	1	no	estuviere	ya	garantizado	por	disposiciones	legislativas	o	de	otro	carácter,	los	Estados	Partes	se	comprometen	a	adoptar,	con	arreglo	a	sus	procedimientos	constitucionales	y	a	las	disposiciones	de	esta	Convención,	las	medidas	legislativas	o	de	otro	carácter	que	fueren	necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”
Artículo	4	(DERECHO	A	LA	VIDA)	“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho
estará	protegido	por	la	ley	y,	en	general,	a	partir	del	momento	de	la	concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”
Artículo	5	(DERECHO	A	LA	INTEGRIDAD	PERSONAL)	1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica	y	moral.	2.	Nadie	debe	ser	sometido	a	torturas	ni	a	penas	graves	o	tratos	crueles,	inhumanos	o	degradantes.	Toda	persona	privada	de	liberad	será	tratada	con	el	respeto	debido	a	la	dignidad	inherente	al	ser	humano. […]”
Artículo	7	(DERECHO	A	LA	LIBERTAD	PERSONAL)	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
1. “Toda persona tiene
seguridad	personales.	derecho
a la	2.	Nadie	puede	ser	privado	de	su	libertad	física,	salvo	por	las	causas	y	en	las	condiciones	fijadas	de	antemano	por	las	Constituciones	Políticas	de	los	Estados	Partes	o	por	las	leyes	dictadas	conforme	a	ellas.	3.	Nadie	puede	ser	sometido	a	detención	o	arbitrarios. […]”
encarcelamiento	Artículo	8	(GARANTÍAS	JUDICIALES)	“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y
dentro	de	un	plazo	razonable,	por	un	juez	o	tribunal	competente,	independiente	e	imparcial,	establecido	con	anterioridad	por	la	ley,	en	la	sustanciación	de	cualquier	acusación	penal	formulada	contra	ella,	o	para	la	determinación	de	sus	derechos	y	obligaciones	de	orden	civil,	laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. […]”
Artículo	11	(Protección	de	la	Honra	y	de	la	dignidad)	1. “Toda persona tiene derecho al respeto
reconocimiento	de	su	dignidad.	de su honra y
2.	Nadie	puede	ser	objeto	de	injerencias	arbitrarias	o	abusivas	en	su	vida	privada,	en	la	de	su	familia,	en	su	domicilio	o	en	su	correspondencia,	ni	de	ataques	ilegales	a	su	honra	o	reputación.	3.	Toda	persona	tiene	derecho	a	la	protección	de	la	ley	contra	esas	injerencias o esos ataques.”
El	Estado	oaxaqueño	en	su	conjunto	ha	reconocido	la	importancia	de	lograr	la	igualdad	sustantiva	entre	hombres	y	mujeres	y	la	erradicación	de	la	violencia	contra	éstas,	para	lo	cual	entre	sus	acciones	se	encuentra	la	promulgación	de	la	Ley	Estatal	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	de	Género,	publicada	el	23	de	marzo	de	2009,	que	tiene	por	objeto:	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
“… establecer las disposiciones jurídicas aplicables en el Estado y sus
Municipios	para	la	prevención,	atención,	sanción	y	erradicación	de	todo	tipo	de	violencia	de	género	contra	las	mujeres,	así	como	los	principios	y	modalidades	para	garantizar	el	disfrute	de	este	derecho,	favoreciendo su desarrollo y bienestar.”
Asimismo	la	Ley	de	Igualdad	Entre	Mujeres	y	Hombres	para	el	Estado	de	Oaxaca,	publicada	el	25	de	abril	de	2009,	se	ha	encaminado	a:	“…garantizar la Igualdad entre Mujeres	y	Hombres	y	establecer	los	lineamientos	y	mecanismos	institucionales	que	promuevan	en	el	Estado	la	igualdad	sustantiva	en	los	ámbitos	público	y	privado,	mediante	el	empoderamiento	de	las	mujeres.”	Si	bien	lo	anterior,	actualmente	se	ha	manifestado	necesario	observar	también	el	fortalecimiento	de	la	protección	de	las	mujeres,	facilitar	el	acceso	a	la	justicia	y	la	lucha	contra	la	impunidad.	El	acceso	a	la	justicia	incluye	que	se	cuente	con	los	tipos	penales	adecuados	e	idóneos	que	contemplen	las	conductas	de	violencia	contra	las	mujeres	en	todas	sus	modalidades	y	la	gravedad	de	dichos	comportamientos,	así	como	los	mecanismos	simplificados	y	asequibles	para	que	las	conductas	que	configuren	un	delito	sean	castigadas	de	forma	pronta	y	real	contrarrestando	la	impunidad.	Finalmente	es	de	rescatarse	el	elemento	que	aporta	la	sentencia	emitida	El	10	de	diciembre	de	2009	por	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	para	el	caso	González	y	otras	(“Campo	Algodonero”)	vs	México,	en	la	que	se	encuentra	al	estado	Mexicano	culpable	de	violar	los	derechos	humanos	de	tres	mujeres	asesinadas	por	no	cumplir	con	su	obligación	de	proteger	y	prever	todas	las	acciones	necesarias	para	evitar	la	violencia	contra	las	mujeres.	Los	resolutivos	de	la	sentencia	abarcan	varios	aspectos	de	acuerdo	a	lo	que	cada	una	de	las	partes	alegó,	probó	y	solicitó	en	el	proceso.	Los	resolutivos	se	integran	por	tres	puntos:	las	decisiones,	las	declaraciones	y	las	disposiciones,	todas	ellas	deben	ser	aceptadas	y	acatadas	por	el	Estado	mexicano	en	los	plazos	y	formas	que	se	establecen.	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
Al	ser	una	Corte	de	ámbito	internacional,	en	este	caso	acotado	a	la	región	interamericana,	no	hay	posibilidad	de	que	México	apele	o	busque	rectificar	en	otra	instancia.	Es	una	sentencia	definitiva	dentro	de	lo	que	corresponde	al	proceso	del	Sistema	Interamericano	de	Derechos	Humanos,	sin	embargo,	las	acciones	para	su	cumplimiento	se	tienen	que	realizar	en	el	ámbito	y	por	las	autoridades	locales	y	nacionales,	según	se	especifique.	La	Corte	decide,	para	el	caso	de	esta	sentencia,	utilizar	la	expresión	“homicidio	de	mujer	por	razones	de	género”,	también	conocido	como	feminicidio.	Cabe	destacar	que	el	resolutivo	18	de	esta	Sentencia	señala:	“El Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con
la estandarización	de	todos	sus
protocolos,	manuales,	criterios	ministeriales	de	investigación,	servicios	periciales	y	de	impartición	de	justicia,	utilizados	para	investigar	todos	los	delitos	que	se	relacionen	con	desapariciones,	violencia	sexual	y	homicidios	de	mujeres,	conforme	al	Protocolo	de	Estambul,	el	Manual	sobre	la	Prevención	e	Investigación	Efectiva	de	Ejecuciones	Extrajudiciales,	Arbitrarias	y	Sumarias	de	Naciones	Unidas	y	los	estándares	internacionales	de	búsqueda	de	personas	desaparecidas,	con	base	en	una	perspectiva	de	género,	conforme	a	lo	dispuesto	en	los	párrafos	497	a	502	de	esta	sentencia.	Al	respecto,	se	deberá	rendir	un	informe	anual	durante	tres años.”
Estas	Comisiones	Unidas	acompañan	al	iniciante	en	su	reflexión	de	considerar	al	feminicidio	un	delito	pluriofensivo	que	requiere	de	tipificación	autónoma	por	lo	cual	considera	oportuno	la	modificación	del	Título	Vigésimo	Segundo	del	Código	Penal	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca	que	actualmente	se	llama	DELITOS	CONTRA	LA	FAMILIA	para	quedar	como	DELITOS	CONTRA	EL	DERECHO	A	UNA	VIDA	LIBRE	DE	VIOLENCIA.	Una	vez	expuesto	lo	anterior,	se	hace	necesario	establecer	que	en	cuanto	a	las	hipótesis	para	considerar	la	privación	de	la	vida,	donde	la	víctima	sea	una	mujer	y	se	haya	cometido	bajo	razones	de	género,	las	hipótesis	que	propone	el	Ejecutivo	en	su	iniciativa	fueron	profundamente	analizadas	y	modificadas	en	virtud	de	que	estas	dictaminadoras	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
encontraron	elementos	de	alta	subjetividad	que	dificultarían	al	juzgador	la	aplicación	asertiva	del	tipo	penal.	Siendo	necesario	para	la	clarificación	del	estudio	realizado,	el	análisis	puntual	de	cada	una	de	las	hipótesis	propuestas	por	el	Ejecutivo	en	su	iniciativa	lo	que	una	vez	realizado,	estas	dictaminadoras	consideran	el	argumento	sustentado	por	el	iniciante	para	la	hipótesis	de	la	existencia	entre	el	victimario	y	la	víctima	una	relación	de	parentesco	por	consanguinidad	o	afinidad,	de	matrimonio,	concubinato,	relaciones	de	convivencia,	noviazgo,	o	cualquier	otra	relación	de	hecho	o	amistad	perfectamente	válido	como	sostén	de	que	este	tipo	de	relaciones	son	de	lo	más	concurrente	en	la	realidad	oaxaqueña,	es	también	de	señalarse	que	dicha	circunstancia	debe	considerarse	como	una	agravante	y	no	como	un	elemento	material	de	identificación	de	razones	de	género	para	la	ejecución	del	hecho	que	se	pretende	tipificar,	por	lo	que	estas	dictaminadoras	han	previsto	dicho	escenario	como	un	elemento	de	calificación	y	aumento	de	la	pena.	En	cuanto	al	segundo	supuesto	de	la	norma	ubicada	en	la	fracción	II,	que	menciona;	exista	o	haya	existido	entre	el	victimario	y	la	víctima	una	relación	laboral,	docente,	o	cualquier	otra	que	implique	confianza.	Es	necesario	considerar	el	hecho	de	que	las	relaciones	que	implican	confianza	o	elementos	de	subordinación	impliquen	desventajas,	lo	que	penalmente	es	una	realidad,	pero	desde	el	punto	de	vista	concreto,	no	se	trata	de	una	conducta	si	no	de	una	característica	de	la	conducta	por	lo	que	esta	circunstancia	de	ventaja	del	sujeto	activo	debe	analizarse	desde	la	disposición	sobre	las	calificativas	genéricas	como	lo	son	la	ventaja,	la	alevosía	y	la	traición	y	no	como	una	hipótesis	que	deba	considerarse	como	un	elemento	que	pueda	revelar	violencia	de	género.	En	cuanto	al	tercer	supuesto	de	la	norma	ubicada	en	la	fracción	III.	Que	refiere	que	la	víctima	presente	signos	de	violencia	sexual	de	cualquier	tipo.	Al	incorporar	como	una	evidencia	material	de	la	privación	de	la	vida	de	una	mujer	por	razones	de	género,	es	de	respaldarse	la	propuesta	del	iniciante,	toda	vez	que	la	violencia	sexual	que	se	describe	en	la	exposición	de	motivos	el	Ejecutivo,	es	un	paso	previo	a	la	violencia	mortal	contra	las	mujeres	y	a	consideración	de	estas	comisiones	unidas	lo	signos	de	violencia	sexual	es	un	claro	indicio	de	que	la	agresión	se	consumó	en	razón	del	género	de	la	víctima.	En	cuanto	al	cuarto	supuesto	de	la	norma	ubicada	en	la	fracción	IV	que	refiere	que	el	cuerpo	de	la	víctima	se	le	hayan	infligido	heridas,	escoriaciones,	contusiones,	fracturas,	dislocaciones,	quemaduras,	mutilaciones	y	cualquier	otra	que	le	deje	huella	material.	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
Estas	comisiones	consideran	adecuado	el	supuesto	en	la	que	se	contempla	como	un	elemento	definitorio	de	violencia	de	género	el	hecho	de	infligir	al	cuerpo	de	la	víctima	heridas,	escoriaciones,	contusiones,	fracturas,	dislocaciones,	quemaduras,	mutilaciones	y	cualquier	otra	que	le	deje	huella	material,	siendo	necesario	precisar	esta	conducta,	toda	vez	que	toda	agresión	física	de	cualquier	índole	puede	dejar	este	tipo	de	huellas	por	lo	que	se	adecuó	la	hipótesis	a	huellas	con	implicaciones	sexuales	o	de	tortura	que	demuestren	la	saña	o	crueldad	con	la	que	actuó	el	victimario,	siendo	necesario	para	efectos	de	técnica	jurídica	eliminar	de	la	propuesta	el	termino	de	cuerpo	de	la	víctima	evitando	confusiones	con	el	cuerpo	del	delito,	refiriéndonos	a	la	víctima	exclusivamente.	En	cuanto	al	quinto	supuesto	de	la	norma	ubicada	en	la	fracción	V	que	refiere	que	existan	antecedentes	o	indicios	anteriores	de	amenazas,	acoso	o	maltrato	del	sujeto	activo	en	contra	de	la	víctima.	Estas	comisiones	consideran	necesaria	la	existencia	de	antecedentes	de	violencia	de	género	como	circunstancia	precedente	a	la	violencia	mortal	contra	una	mujer	no	requiere	de	mayores	abundamientos,	es	un	hecho	notorio	que	las	acciones	violentas	presentan	un	comportamiento	de	ascenso	en	la	gravedad	de	las	conductas	delictivas,	sobre	todo	cuando	la	impunidad	se	apareja	de	estas	conductas	y	la	violencia	contra	las	mujeres	no	es	una	situación	ajena	a	este	hecho.	Por	ello	es	de	aceptarse	la	propuesta	del	iniciante	en	este	sentido.	En	cuanto	al	sexto	supuesto	de	la	norma	ubicada	en	la	fracción	VI	que	refiere	que	el	cuerpo	o	restos	de	la	víctima	hayan	sido	enterrados	u	ocultados.	Estas	comisiones	consideran	que	el	modus	operandi	más	recurrido	en	los	casos	de	feminicidios	es	el	de	ocultar	el	cuerpo	en	zonas	que	dificulten	su	hallazgo	y	si	bien	significa	entre	otras	cosas	el	intento	por	parte	del	victimario	de	ocultar	el	hecho	también	es	un	acto	de	desprecio	final	por	la	víctima,	ante	lo	que	estas	comisiones	unidas	valoran	pertinente	la	permanencia	de	esta	hipótesis.	En	cuanto	al	séptimo	supuesto	de	la	norma	ubicada	en	la	fracción	VII	que	refiere	que	el	cuerpo	o	restos	de	la	víctima	hayan	sido	expuestos	en	un	lugar	público.	Estas	comisiones	consideran	que	la	exposición	de	motivos	el	iniciante,	es	acertada	respecto	que	la	exhibición	física	de	la	víctima	implica	una	acción	de	desafío	y,	en	ocasiones,	de	placer	por	el	acto	cometido,	ya	que	el	exhibir	el	resultado	material	de	su	conducta	es	considerado	criminológicamente	como	una	acción	en	la	que	el	victimario	presume	ante	la	sociedad	su	capacidad	criminal	y	considerando	que	la	exhibición	del	cuerpo	también	implica	el	desdén	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
del	cuerpo	de	la	mujer	victimada	y	ya	que	ha	sido	concurrente	en	los	feminicidios	debe	considerarse	como	un	elemento	material	demostrativo	de	las	razones	de	género.	En	cuanto	al	octavo	supuesto	de	la	iniciativa	ubicada	en	la	fracción	VIII	que	refiere	que	la	víctima	haya	sido	incomunicada	o	privada	de	su	libertad,	y.,	esta	Comisiones	unidas	consideran	que	los	actos	de	privación	de	la	vida	de	mujeres	se	ha	visto	una	tendencia	de	mantener	a	las	víctimas	confinadas	e	incomunicadas	con	lo	cual	la	vulnerabilidad	total	de	la	víctima	es	aprovechada	por	el	agente	activo	para	desatar	sobre	ella	toda	la	violencia,	crueldad,	sometimiento	y	desprecio	que	pudiese	sentir	el	victimario	por	las	mujeres,	por	lo	que	es	perfectamente	pertinente	incluir	entre	las	hipótesis	la	de	la	privación	de	la	libertad	y	la	incomunicación	y	por	último	el	supuesto	contenido	en	la	fracción	IX	que	refiere	que	el	feminicidio	se	cometa	por	desprecio	u	odio	a	la	víctima	motivado	por	discriminación	o	misoginia.	Estas	comisiones	que	dictamina	ha	considerado	que	procura	sobre	todo	eliminar	los	elementos	subjetivos	de	la	iniciativa	presentada	por	el	iniciante,	siendo	necesario	que	conste	entre	ellas,	la	motivación	de	asesinar	a	las	mujeres	por	ideas	discriminatorias	o	misoginia.	La	misoginia	es	nacida	de	la	idea	de	que	la	mujer	no	es	un	ser	humano	completo.	Usualmente	se	cree	que	la	mujer	ocupa	una	posición	inferior	al	hombre	y	que	la	mujer	debe	hacer	y	seguir	pautas	de	conducta	que	se	suponen	naturales	a	su	sexo.	La	misoginia	se	considera	como	el	odio	hacia	las	mujeres,	que	si	bien	resulta	un	elemento	difícil	de	acreditar,	es	necesario	mantener	la	hipótesis	y	realizar	el	protocolo	de	investigación	lo	suficientemente	desarrollado	para	identificar	la	existencia	o	no	de	ideas	de	desprecio	que	den	pie	a	las	conductas	de	odio.	Es	menester	hacer	algunas	puntualizaciones	tendientes	a	presentar	la	postura	ante	la	argumentación	de	algunos	sectores	respecto	de	que	el	feminicidio	es	el	conjunto	de	acciones	ya	tipificadas.	Lejos	de	desestimar	esta	aseveración,	se	acepta	dicho	concepto	no	sin	agregar,	como	ya	se	ha	bosquejado	anteriormente	en	este	dictamen,	que	el	conjunto	de	estas	acciones	que	hoy	se	tipifican	como	feminicidio,	implican	una	carga	de	discriminación,	desvalorización,	cosificación	y	desprecio	hacia	el	género	femenino	y	es	justamente	estos	elementos	que	se	conjuntan	y	orientan	la	comisión	del	acto	de	privar	a	una	mujer	de	su	vida	teniendo	como	principal	motivación	en	el	hecho	de	que	la	víctima	es	precisamente	una	mujer,	es	esta	conjunción	de	prejuicios	y	pensamientos	errados,	lo	que	otorga	la	carga	aparentemente	subjetiva	y	que	a	su	vez	se	deriva	en	la	manifestación	de	la	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
multiplicidad	de	acciones	y	atentados	contra	diversos	bienes	jurídicos	tutelados	que	brinda	la	calidad	de	delito	pluriofensivo	y	autónomo.	Y	señalamos	como	aparente	la	subjetividad	de	la	que	hablamos,	toda	vez	que	el	esfuerzo	de	estas	dictaminadoras	ha	sido	explícitamente	la	eliminación	de	la	subjetividad	y	proporcionar	a	los	agentes	jurisdiccionales	elementos	materiales	objetivos	y	plenamente	acreditables,	al	traducir,	conjuntamente	con	el	iniciante,	las	situaciones	subjetivas	en	acciones	definitivas	que	brinden	los	indicios	necesarios	para	el	reconocimiento	de	un	feminicidio.	Ahora	bien,	estas	comisiones	concuerdan	con	el	iniciante	en	el	hecho	de	que	el	objeto	que	se	persigue	con	la	integración	que	se	presenta	para	la	tipificación	del	feminicidio,	es	que	cualquier	homicidio	doloso	de	una	mujer	sea	investigado	primariamente	bajo	un	protocolo	de	feminicidio	para	analizar	las	condiciones	y	estar	en	posibilidades	de	perseguir	un	posible	feminicidio	desde	el	primer	momento	en	que	se	tenga	conocimiento	del	hecho	y	en	su	oportunidad	precisar	si	en	realidad	se	trata	de	un	feminicidio	o	de	un	homicidio.	Con	relación	a	las	penas	privativas	de	la	libertad	y	económicas	que	se	prevén	para	el	tipo	penal	de	feminicidio	es	de	señalarse	que	no	se	trata	de	poner	la	muerte	de	una	mujer	por	encima	de	la	muerte	de	un	hombre,	si	no	que	el	feminicidio	se	considera	un	homicidio	de	mujer	agravado	per	se,	por	las	motivaciones	que	conlleva	y	las	circunstancias	en	las	que	se	da,	por	ello	consideramos	que	se	deba	imponer	la	misma	pena	que	se	aplica	al	delito	de	feminicidio	establecida	en	el	código	penal	federal	que	es	de	40	a	60	años,	sin	dejar	de	lado	que	no	toda	privación	de	la	vida	de	una	mujer	constituye	un	feminicidio.	El	resarcimiento	del	daño	para	el	caso	del	feminicidio,	muestra	una	cantidad	mayor	que	la	designada	para	el	homicidio	por	la	razón	de	que	una	de	las	características	del	feminicidio	es	la	saña	y	crueldad	con	la	que	se	comete	el	hecho	o	la	motivación	radicada	en	el	género	de	la	víctima.	También	se	prevén	castigo	diferenciado	si	entre	el	activo	y	la	víctima	existió	una	relación	de	parentesco	por	consanguinidad	o	afinidad,	de	matrimonio,	concubinato,	relaciones	de	convivencia,	noviazgo,	amistad,	laboral,	docente	o	cualquier	otra	que	implique	confianza	o	cuando	el	sujeto	pasivo	o	activo	sea	o	haya	sido	servidor	público	integrante	de	las	corporaciones	de	seguridad	pública	o	de	las	instituciones	de	procuración	o	impartición	de	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
justicia	o	de	las	fuerzas	armadas,	dentro	de	los	cinco	años	anteriores	a	la	fecha	de	la	comisión	del	delito.	Por	lo	anterior	y	habiendo	sido	analizado	en	diversas	reuniones	de	trabajo	cada	uno	de	los	elementos	de	la	iniciativa	a	dictaminar,	las	Comisiones	Unidas	de	Administración	de	Justicia	y	de	Equidad	y	Género,	someten	a	la	consideración	del	Honorable	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca,	el	siguiente	proyecto	de	DECRETO	QUE	REFORMA	Y	ADICIONA	DIVERSAS	DISPOSICIONES	DEL	CÓDIGO	PENAL	PARA	EL	ESTADO	LIBRE	Y	SOBERANO	DE	OAXACA,	DEL	CÓDIGO	DE	PROCEDIMIENTOS	PENALES	PARA	EL	ESTADO	LIBRE	Y	SOBERANO	DE	OAXACA	Y	DEL	CÓDIGO	PROCESAL	PENAL	PARA	EL	ESTADO	DE	OAXACA.	ARTÍCULO	PRIMERO.	Se	REFORMA	el	artículo	28;	el	artículo	29	Fracción	I;	el	artículo	134;	la	denominación	del	Título	Octavo	y	la	denominación	del	Capítulo	III	del	mismo	Título;	la	denominación	del	Título	Vigésimo	Segundo;	y	se	ADICIONAN	el	artículo	210	Bis;	el	Título	Vigésimo	Segundo,	con	el	capítulo	III	denominado	“Feminicidio”	y	los	artículos	411	y	412;	todos	del	Código	Penal	para	el	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca,	para	quedar	como	sigue:	CÓDIGO	PENAL	PARA	EL	ESTADO	LIBRE	Y	SOBERANO	DE	OAXACA	ARTÍCULO	28.-­‐	El	monto	de	la	reparación	del	daño,	será	fijado	por	los	jueces	de	acuerdo	con	las	pruebas	que	obran	en	el	proceso	y	la	afectación	causada	a	la	víctima	u	ofendido	del	delito,	salvo	lo	dispuesto	en	el	artículo	29.	...	…	ARTÍCULO	29.-­‐	A	falta	de	pruebas	específicas	para	fijar	el	monto	de	la	reparación	del	daño:	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
I.-­‐	En	caso	de	homicidio	y	feminicidio,	el	monto	será	la	cantidad	equivalente	al	importe	de	setecientos	noventa	días,	calculados	sobre	el	triple	del	salario	mínimo	vigente	en	el	Estado.	…	II.	y	III.-­‐	...	CAPITULO	VI.	Prescripción.	ARTÍCULO	134.-­‐	Los	reos	de	homicidio	intencional,	feminicidio,	lesiones	o	violencia	graves,	a	quienes	se	hubiere	impuesto	la	prohibición	de	ir	a	determinado	lugar,	y	cuya	sanción	corporal	haya	sido	compurgada,	no	podrán	residir	en	el	lugar	donde	vive	el	ofendido	o	sus	descendientes,	ascendientes,	cónyuge,	concubina	o	concubino,	o	hermanos,	por	un	tiempo	igual	al	de	la	condena.	TITULO	OCTAVO	Delitos	cometidos	por	servidores	públicos	CAPÍTULO	III	Delitos	cometidos	en	la	administración	y	procuración	de	justicia	ARTÍCULO	210	Bis.-­‐	Se	impondrá	de	dos	meses	a	cinco	años	de	prisión,	destitución	y	multa	de	cincuenta	a	quinientos	días	de	salario	mínimo	vigente	a:	los	jueces,	servidores	públicos,	empleados	o	auxiliares	de	la	administración	y	procuración	de	justicia,	que	cometan	algunos	de	los	siguientes	delitos	durante	el	desempeño	de	sus	funciones:	I.-­‐	Inducir	a	la	víctima	de	un	delito,	a	sus	representantes	o	familiares	para	otorgar	el	perdón	o	conciliar	en	los	delitos	que	se	hayan	cometido	en	su	perjuicio;	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
II.-­‐	A	quien	se	niegue	a	recibir	una	denuncia	o	querella	de	forma	inmediata	a	su	presentación,	o	a	llevar	a	cabo	la	investigación	correspondiente	del	delito	denunciado;	III.-­‐	No	proporcionar	información	a	las	víctimas	u	ofendido	o	su	representante	sobre	los	avances	de	la	investigación	y	en	su	caso	del	proceso	o	negarse	a	dar	pleno	acceso	a	los	expedientes	cuando	así	le	sea	solicitado;	IV.-­‐	No	llevar	a	cabo	la	investigación	de	manera	inmediata,	profesional	e	imparcial	y	sin	discriminación;	V.-­‐	No	realizar	una	investigación	real	y	una	búsqueda	exhaustiva	de	forma	inmediata,	a	partir	de	que	tenga	conocimiento	de	la	denuncia	presentada	por	la	desaparición	de	alguna	persona;	VI.-­‐	No	canalizar	a	la	víctima	u	ofendido	a	las	instancias	que	brinden	los	servicios	de	atención	a	víctimas	del	delito,	de	manera	pronta	y	expedita;	VII.-­‐	Tratándose	de	víctimas	menores	de	edad,	no	garantice,	ni	pondere	sus	derechos	y	no	tome	en	consideración	su	bienestar	e	integridad	física	o	psicológica;	VIII.-­‐	No	se	proporcione	de	manera	gratuita	la	asistencia	de	intérprete	o	traductor,	en	cualquier	etapa	de	la	investigación	o	del	proceso,	cuando	la	víctima	u	ofendido	no	conozca	o	no	comprenda	bien	el	idioma	castellano,	o	tenga	alguna	discapacidad	que	así	lo	requiera,	y	IX.-­‐	No	den	cumplimiento	a	los	Protocolos	de	Investigación	de	los	delitos,	y	se	ponga	en	riesgo	el	derecho	a	una	debida	investigación,	particularmente	en	los	casos	relativos	a	los	delitos	de	homicidio,	feminicidio,	los	relacionados	a	la	libertad	sexual,	trata	de	personas	y	violencia	intrafamiliar.	TITULO	VIGESIMO	SEGUNDO.	Delitos	contra	el	derecho	a	una	vida	libre	de	violencia.	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
CAPÍTULO	III.	Feminicidio.	ARTÍCULO	411.-­‐	Comete	el	delito	de	feminicidio	quien	prive	de	la	vida	a	una	mujer	por	razones	de	género.	Se	entiende	por	razones	de	género	cuando	ocurra	cualquiera	de	las	siguientes	circunstancias:	I.-­‐	La	víctima	presente	signos	de	violencia	sexual	de	cualquier	tipo;	II.-­‐	A	la	víctima	se	le	hayan	infligido	heridas,	escoriaciones,	contusiones,	fracturas,	dislocaciones,	quemaduras,	mutilaciones	con	implicaciones	sexuales	o	que	le	genere	sufrimiento;	III.-­‐	Existan	antecedentes	o	indicios	anteriores	de	amenazas,	acoso	o	maltrato	del	sujeto	activo	en	contra	de	la	víctima;	IV.-­‐	El	cadáver	o	restos	de	la	víctima	hayan	sido	enterrados	u	ocultados;	V.-­‐	El	cadáver	o	restos	de	la	víctima	hayan	sido	expuestos	en	lugar	público;	VI.-­‐	La	víctima	haya	sido	incomunicada	o	privada	de	su	libertad,	y	VII.-­‐	Por	desprecio	u	odio	a	la	víctima	motivado	por	discriminación	o	misoginia.	Se	entiende	por	misoginia	las	conductas	de	odio	contra	la	mujer	que	se	manifiestan	mediante	actos	violentos	o	crueles	contra	ella.	ARTÍCULO	412.-­‐	A	quien	cometa	el	delito	de	feminicidio	se	le	impondrá	una	sanción	de	cuarenta	a	sesenta	años	de	prisión	y	multa	de	quinientos	a	mil	salarios	mínimos.	Si	entre	el	activo	y	la	víctima	existió	una	relación	de	parentesco	por	consanguinidad	o	afinidad,	adopción,	matrimonio,	concubinato,	relación	de	convivencia,	noviazgo,	amistad,	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
laboral,	docente,	tutela	o	cualquier	otra	que	implique	confianza,	además	de	la	pena	que	le	corresponda,	se	le	impondrá	hasta	un	tercio	más	de	la	misma.	Se	impondrá	hasta	dos	tercios	más	de	la	pena	cuando	el	sujeto	activo	se	encuentre	en	servicio	o	se	haya	desempeñado	dentro	de	los	cinco	años	anteriores	a	la	comisión	del	delito	como	servidor	público	integrante	de	las	corporaciones	de	seguridad	pública,	de	las	instituciones	de	procuración	e	impartición	de	justicia	o	de	las	fuerzas	armadas.	ARTÍCULO	SEGUNDO.	Se	REFORMAN	el	Título	Preliminar	al	integrarse	de	dos	capítulos,	el	Capítulo	I	denominado	del	Procedimiento	en	materia	penal	y	el	Capítulo	II	denominado	Sujetos	Pasivos;	el	primer	párrafo	y	la	fracción	V	del	artículo	2°;	la	fracción	IV	del	artículo	12;	artículo	15;	el	primer	párrafo	del	artículo	31;	el	artículo	32	y	el	segundo	párrafo	del	artículo	33;	y	se	ADICIONAN	las	fracciones	IX	a	la	XVII	del	artículo	2º;	el	artículo	3	Bis;	un	último	párrafo	al	artículo	23	Bis	A;	último	párrafo	al	artículo	31;	los	artículos	31	Bis;	un	cuarto	y	quinto	párrafos	al	artículo	35;	y	un	tercer	párrafo	con	fracciones	de	la	I	al	VIII	del	artículo	133,	todos	del	Código	de	Procedimientos	Penales	para	el	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca,	para	quedar	como	sigue:	CODIGO	DE	PROCEDIMIENTOS	PENALES	PARA	EL	ESTADO	LIBRE	Y	SOBERANO	DE	OAXACA.	TITULO	PRELIMINAR.	CAPITULO	I	DEL	PROCEDIMIENTO	EN	MATERIA	PENAL.	Art.	2o.-­‐	Dentro	del	período	de	averiguación	previa,	el	Ministerio	Público,	con	el	auxilio	de	los	cuerpos	policiales,	deberá	en	ejercicio	de	sus	facultades:	I.-­‐	a	la	IV-­‐…	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
V.-­‐	Dictar	todas	las	medidas	y	providencias	de	protección	necesarias	para	proporcionar	seguridad	y	auxilio	a	las	víctimas;	VI.-­‐	a	VIII.-­‐…	IX.-­‐	Brindar	información	a	las	víctimas	u	ofendidos	sobre	los	avances	de	la	investigación	y	darles	pleno	acceso	a	los	expedientes,	conforme	al	artículo	135	de	este	código;	X.-­‐	Llevar	a	cabo	la	investigación	de	manera	inmediata,	exhaustiva,	profesional,	con	perspectiva	de	género,	sin	discriminación	y	libre	de	estereotipos;	XI.-­‐	Realizar	una	investigación	real	y	una	búsqueda	exhaustiva	de	forma	inmediata,	a	partir	de	la	denuncia	presentada	por	la	desaparición	de	alguna	persona;	XII.-­‐	Canalizar	a	la	víctima	u	ofendido	a	las	instancias	de	atención	a	víctimas	del	delito,	de	manera	pronta	y	expedita,	para	que	se	le	proporcionen	los	servicios	correspondientes;	XIII.-­‐	Tratándose	de	víctimas	u	ofendidos	menores	de	edad,	deberá	garantizar	y	ponderar	sus	derechos	y	tomar	en	consideración	su	bienestar	e	integridad	física	y	psicológica;	XIV.-­‐	Proporcionar	durante	todo	el	procedimiento	de	manera	gratuita	la	asistencia	de	intérprete	o	traductor,	cuando	la	víctima	u	ofendido	pertenezca	a	un	grupo	étnico	o	que	no	conozca	o	no	comprenda	bien	el	idioma	castellano,	o	tenga	alguna	discapacidad	que	así	lo	requiera;	XV.-­‐	Con	el	fin	de	garantizar	el	derecho	a	una	debida	investigación	los	servidores	públicos	de	la	procuración	de	justicia	deberán	apegarse	a	los	protocolos	de	investigación	correspondientes	según	el	delito	de	que	se	trate;	XVI.-­‐	Autorizar	la	interrupción	del	embarazo	conforme	a	lo	estipulado	en	el	artículo	316	fracción	II	del	Código	Penal	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca,	en	relación	con	el	artículo	62	bis	del	presente	código,	y	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
XVII.-­‐	Las	demás	que	se	señalen	en	las	disposiciones	aplicables.	CAPÍTULO	II	SUJETOS	PASIVOS.	Art.	3º	Bis.-­‐	Son	sujetos	pasivos	la	víctima	u	ofendido	del	delito.	TITULO	PRIMERO.	DE	LA	AVERIGUACION	PREVIA.	CAPITULO	I	DE	LA	INICIACION	DEL	PROCEDIMIENTO.	Art.	12.-­‐	…	I.-­‐	a	III.-­‐…	IV.-­‐	Comprobar	el	daño	por	reparar,	así	como	aportar	las	pruebas	para	acreditar	el	parentesco,	la	dependencia	económica	o	la	afectación	directa	e	inmediata	de	quien	tenga	derecho	a	la	reparación	del	daño	en	cualquier	delito.	V.-­‐	a	VII.-­‐…	CAPITULO	II	DE	LAS	PRIMERAS	DILIGENCIAS.	Art.	15.-­‐	Inmediatamente	que	el	Ministerio	Público	o	los	funcionarios	encargados	de	practicar	en	su	auxilio	diligencias	de	averiguación	previa	tengan	conocimiento	de	la	probable	existencia	de	un	delito	que	deba	perseguirse	de	oficio,	dictarán	todas	las	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
medidas	de	protección	y	providencias	necesarias	para	proporcionar	seguridad	y	auxilio	a	las	víctimas;	impedir	que	se	pierdan,	destruyan	o	alteren	las	huellas	o	vestigios	del	hecho	delictuoso,	los	instrumentos	o	cosas,	objetos	o	efectos	del	mismo;	saber	qué	personas	fueron	testigos;	evitar	que	el	delito	se	siga	cometiendo,	y	en	general,	impedir	que	se	dificulte	la	averiguación,	procediendo	a	la	detención	de	los	que	intervinieron	en	su	comisión	en	los	casos	de	delito	flagrante.	…	Art.	23	BIS	A.-­‐	…	A)…	B)…	C)…	…	…	…	…	…	…	…	...	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	EL	FEMINICIDIO,	previsto	en	el	artículo	411	y	sancionado	en	el	artículo	412.	CAPITULO	III	DE	LA	COMPROBACION	DEL	CUERPO	DEL	DELITO	Y	LA	PROBABLE	RESPONSABILIDAD	DEL	INCULPADO.	Art.	31.-­‐	Si	se	tratare	de	homicidio	o	feminicidio,	además	de	otras	diligencias	que	sean	procedentes,	se	practicará	la	inspección	del	cadáver,	describiéndosele	minuciosamente	y	se	recabará	el	dictamen	de	los	Peritos	Médicos	Oficiales,	quienes	practicarán	la	autopsia	y	expresarán	con	minuciosidad	el	estado	que	guarde	el	cadáver	y	las	causas	que	originaron	la	muerte.	…	...	En	todo	caso,	el	Ministerio	Público	y	sus	auxiliares	deberán	realizar	todas	las	diligencias	que	hagan	posible	la	plena	identificación	de	la	víctima	y	podrán	auxiliarse	de	las	técnicas	a	su	alcance	para	cumplir	con	esta	obligación.	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
Art.	31	BIS.-­‐	En	caso	de	delito	de	feminicidio	el	Ministerio	Público,	los	Peritos	y	los	cuerpos	policiales	apegarán	sus	actuaciones	al	Protocolo	de	Investigación	para	el	delito	de	feminicidio	expedido	por	la	Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	Oaxaca.	Art.	32.-­‐	Si	el	cadáver	estuviere	sepultado,	y	su	autopsia	se	hace	necesaria,	se	ordenará	la	exhumación	siempre	que,	a	pesar	del	tiempo	transcurrido	o	de	cualquier	otra	causa,	a	juicio	de	los	Peritos	Médicos	Oficiales	o	en	su	defecto	de	un	facultativo	cuya	opinión	sea	ratificada	por	aquéllos,	la	autopsia	pueda	conducir	a	la	averiguación	del	feminicidio	u	homicidio.	Art.	33.-­‐	…	Cuando	no	se	encuentren	testigos	que	hayan	visto	el	cadáver,	pero	hubiere	datos,	suficientes	para	suponer	que	se	ha	cometido	un	feminicidio	u	homicidio,	se	comprobará	la	preexistencia	de	la	persona	víctima	del	delito,	sus	costumbres,	carácter,	si	ha	padecido	alguna	enfermedad,	el	último	lugar	y	fecha	en	que	haya	sido	visto,	y	la	posibilidad	de	que	el	cadáver	haya	podido	ser	ocultado	o	destruido,	así	como	los	motivos	que	los	hagan	suponer	que	se	trata	de	un	feminicidio	u	homicidio.	……….	Art.	35.-­‐	…	...	…	Cuando	no	es	posible	su	identificación	a	través	de	los	rasgos	fisonómicos,	esta	se	podrá	llevar	a	cabo	mediante	los	procedimientos	técnico	forenses	legalmente	reconocidos.	En	todo	momento,	se	deberán	tomar	las	medidas	necesarias	para	evitar	la	contaminación	y	garantizar	la	apropiada	custodia	de	las	muestras	biológicas.	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
Art.	133.-­‐…	…	Además	de	los	anteriores	derechos,	la	víctima	o	el	ofendido,	tendrá	las	siguientes	garantías:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	Ser	informada	de	las	resoluciones	que	finalicen	o	suspendan	el	proceso;	Ser	escuchada	antes	de	cada	decisión	que	implique	la	extinción	o	suspensión	de	la	acción	penal;	Si	por	su	edad,	condición	física	o	psíquica,	se	le	dificulta	gravemente	su	comparecencia	ante	cualquier	autoridad	que	conozca	de	un	delito,	a	rendir	su	declaración	o	ser	interrogada	en	el	lugar	de	su	residencia;	Cuando	reciba	amenazas	o	corra	peligro	en	razón	del	papel	que	cumple	en	la	investigación	del	delito	a	recibir	medidas	de	protección;	Al	resguardo	de	su	identidad	y	otros	datos	personales,	cuando	sean	menores	de	edad,	se	trate	de	delito	de	violación,	secuestro	o	trata	de	personas	para	su	protección;	A	ser	informada	sobre	sus	derechos	cuando	realice	la	denuncia	o	en	su	primera	intervención	en	el	proceso;	A	un	trato	humano,	con	calidad	y	calidez,	sin	discriminación	alguna;	Y	tratándose	de	víctimas	menores	de	edad,	que	se	le	garantice	y	se	le	pondere	sus	derechos	frente	a	los	del	inculpado,	velando	siempre	por	su	bienestar	e	integridad	física	y	psicológica,	tomando	en	consideración	el	interés	superior	del	menor.	…	…	ARTÍCULO	TERCERO.	Se	REFORMAN	el	último	párrafo	del	artículo	196;	y	el	tercer	párrafo	del	artículo	414;	y	se	ADICIONAN	las	fracciones	IV	y	V	al	artículo	90;	las	fracciones	VII	y	VIII	al	artículo	126;	las	fracciones	de	la	XIV	a	la	XX	al	artículo	127;	y	la	fracción	XIII	al	artículo	170	Bis;	todos	del	Código	Procesal	Penal	para	el	Estado	de	Oaxaca,	para	quedar	como	sigue:	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
CÓDIGO	PROCESAL	PENAL	PARA	EL	ESTADO	DE	OAXACA:	TÍTULO	TERCERO	ACCIONES	CAPÍTULO	II	ACCIÓN	PARA	OBTENER	LA	REPARACIÓN	DEL	DAÑO	Artículo	90.	…	…	I…	II…	III…	IV.	La	reparación	del	daño	material,	físico,	psicológico	y	moral	causado,	incluyendo	el	pago	de	los	tratamientos	curativos	que,	como	consecuencia	del	delito,	sean	necesarios	para	la	recuperación	de	la	salud	de	la	víctima,	y	V.	El	pago	de	la	indemnización	correspondiente	por	el	delito	de	homicidio	o	feminicidio.	TÍTULO	QUINTO	SUJETOS	PROCESALES	CAPÍTULO	II	LA	VÍCTIMA	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
Artículo	126.	Se	considera	víctima:	I.	a	la	VI...	VII.	A	quienes	se	encuentren	en	situación	de	vulnerabilidad,	especialmente	a	las	mujeres,	a	las	y	los	menores	de	edad	y	adultos	y	adultas	mayores,	personas	con	discapacidad,	las	personas	pertenecientes	a	pueblos	o	comunidades	indígenas,	personas	con	diversas	preferencias	sexuales	o	cualquier	persona	que	por	sus	condiciones	sociales,	económicas,	psicológicas	o	culturales	pueda	ser	sujetas	de	discriminación,	y	VIII.	A	los	familiares,	cónyuge,	concubino	dependientes	económicos	de	la	víctima	directa	del	delito,	así	como	a	cualquier	otra	persona	que	tenga	una	relación	de	hecho	o	convivencia	afectiva	con	éstos	y	que	sufran,	hayan	sufrido	o	se	encuentren	en	situación	de	riesgo	de	sufrir	algún	daño	o	perjuicio	por	motivo	o	a	consecuencia	de	la	comisión	del	delito.	…	Artículo	127.	…	…	I.	a	la	XIII...	XIV.	Canalizar	a	la	víctima	a	las	instancias	que	brinden	los	servicios	de	atención	a	víctimas	del	delito,	de	manera	pronta	y	expedita;	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
XV.	A	ser	informada	del	avance	de	su	denuncia	y	de	las	subsecuentes	actuaciones	sobre	la	misma,	del	desarrollo	de	la	investigación,	del	proceso	y	tener	acceso	al	expediente;	XVI.	Tratándose	de	víctimas	menores	de	edad,	a	que	se	le	garantice	y	ponderen	sus	derechos	frente	a	los	del	inculpado,	velando	siempre	por	su	bienestar	e	integridad	física	y	psicológica,	tomando	en	consideración	el	interés	superior	del	menor;	XVII.	Que	se	le	proporcione	de	manera	gratuita	la	asistencia	de	intérprete	o	traductor,	en	cualquier	etapa	del	proceso,	cuando	la	víctima	u	ofendido	pertenezca	a	un	grupo	étnico	o	no	conozca	o	no	comprenda	bien	el	idioma	castellano,	o	tenga	alguna	discapacidad	que	así	lo	requiera;	XVIII.	Garantizarle	el	derecho	a	una	debida	investigación,	sin	discriminación	y	libre	de	estereotipos,	particularmente	en	los	casos	relativos	a	la	investigación	de	los	delitos	de	homicidio,	feminicidio,	los	relacionados	a	la	libertad	sexual,	trata	de	personas	o	contra	el	normal	desarrollo	psicosexual	de	las	personas;	XIX.	A	un	trato	humano,	con	calidad	y	calidez,	sin	discriminación	alguna,	y	XX.	A	recibir	asesoría	jurídica,	protección	especial	de	su	integridad	física	o	psicológica	con	inclusión	de	su	familia	inmediata,	cuando	reciba	amenazas	o	corra	peligro	en	razón	del	papel	que	cumple	en	la	investigación	del	delito.	…	TÍTULO	SEXTO	MEDIDAS	DE	COERCIÓN	CAPÍTULO	II	MEDIDAS	DE	COERCIÓN	PERSONAL	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
Sección	2	MEDIDAS	DE	COERCIÓN	PERSONAL	ARTÍCULO	170	BIS.	…	…	I.	a	la	XII…	XIII.	El	feminicidio,	previsto	en	el	artículo	411	y	sancionado	en	el	artículo	412.	…	CAPÍTULO	II	CRITERIOS	DE	OPORTUNIDAD	Artículo	196.	…	…	…	I,	II	y	III…	El	Ministerio	Público	deberá	aplicar	los	criterios	de	oportunidad	y	otras	facultades	discrecionales	sobre	la	base	de	razones	objetivas,	libre	de	estereotipos,	con	perspectiva	de	género	y	sin	discriminación,	valorando	las	pautas	descritas	en	cada	caso	individual,	según	las	pautas	generales	que	al	efecto	se	hayan	dispuesto	p ara	la	procuración	de	justicia,	exceptuando	de	esta	disposición	los	delitos	de	violencia	intrafamiliar,	los	delitos	de	carácter	sexual	y	feminicidio.	En	los	casos	en	que	se	verifique	un	daño,	el	Ministerio	Público	velará	porque	sea	razonablemente	reparado.	TÍTULO	NOVENO	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
JUICIOS	ESPECIALES	CAPÍTULO	V	PUEBLOS	O	COMUNIDADES	INDÍGENAS	Sección	Única	ARTÍCULO	414.	…	…	…	Se	excluyen	los	casos	de	feminicidio,	homicidio	doloso,	violación,	violencia	intrafamiliar,	los	delitos	cometidos	contra	menores	de	doce	años,	los	delitos	agravados	por	el	resultado	de	muerte	y	los	delitos	de	asociación	delictuosa.	ARTÍCULOS	TRANSITORIOS.	PRIMERO.	El	presente	Decreto	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	Periódico	Oficial	del	Gobierno	del	Estado	de	Oaxaca.	SEGUNDO.	El	Procurador	General	de	Justicia	del	Estado,	expedirá	el	Protocolo	Especializado	para	la	Investigación	del	delito	de	Feminicidio,	dentro	de	seis	meses	contados	a	partir	del	día	siguiente	a	la	entrada	en	vigor	de	este	Decreto.	TERCERO.	Para	la	debida	implementación	del	presente	Decreto,	se	destinarán	los	recursos	necesarios	en	el	Presupuesto	de	Egresos	del	Estado	de	Oaxaca,	para	su	ejecución	a	las	instituciones	correspondientes.	Recinto	legislativo	a	01	del	mes	de	agosto	de	2012.	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
COMISIÓN	PERMANENTE	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DIP.	LUIS	DE	GUADALUPE	MARTÍNEZ	RAMÍREZ	PRESIDENTE	DIP.	HITA	BEATRIZ	ORTIZ	SILVA	DIP.	ELÍAS	CORTÉS	LÓPEZ	DIP.	LETICIA	ÁLVAREZ	MARTÍNEZ	DIP.	MARÍA	MERCEDES	ROJAS	SALDAÑA	COMISIONES	UNIDAS	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	y	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	Congreso	del	Estado	de	Oaxaca.	GOBIERNO	CONSTITUCIONAL	DEL	ESTADO	DE	OAXACA	PODER LEGISLATIVO
COMISIÓN	PERMANENTE	DE	EQUIDAD	Y	GÉNERO	DIP.	IVONNE	GALLEGOS	CARREÑO	PRESIDENTA	DIP.	EUFROSINA	CRUZ	MENDOZA	DIP.	FLORENCIA	CAROLINA	APARICIO	SÁNCHEZ	DIP.	DELFINA	PRIETO	DESGARENNES	DIP.	LETICIA	ÁLVAREZ	MARTÍNEZ	All pages:
Oaxaca: Reforma del código penal estatal en materia de feminicidio