Source: https://studylib.es/doc/366068/la-vigencia-de-las-facultades-delegadas-por-la-ley--1
Timestamp: 2018-11-15 09:09:33
Document Index: 130572501

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 76', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo\n2', 'Artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 2', 'artículo 76', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'in fine', 'artículo 4', 'in fine', 'artículo 4', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 2', 'artículo 76', 'artículo 13', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 29', 'artículo 20', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 29', 'artículo 10', 'artículo 7', 'Artículo 33', 'artículo 5', 'Artículo 4', 'Artículo 10', 'in fine', 'artículo 4', 'artículo 4158', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 99', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 23', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 76', 'artículo 99', 'artículo 76', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 99', 'artículo 76', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 76', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 76', 'artículo 2', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 2', 'artículo 2']

LA VIGENCIA DE LAS FACULTADES DELEGADAS POR LA LEY 1
LA VIGENCIA DE LAS FACULTADES DELEGADAS POR LA LEY
20.680 DE ABASTECIMIENTO1
Por Santiago M. Castro Videla y Santiago Maqueda Fourcade
La Ley de Abastecimiento 5
Alcance, fundamentos y finalidades de la ley 5
La delegación de facultades de regulación económica y la autorización al Poder
Ejecutivo para subdelegarlas 6
La delegación de facultades en materia expropiatoria 9
Los delitos contra el abastecimiento 9
3. Estado de la cuestión sobre la vigencia de la delegación 9
Tesis de la continuidad de la suspensión por la inconstitucionalidad del decreto
722/99 10
Tesis de la continuidad de la suspensión por la extinción de los efectos del
decreto 722/99 11
Tesis de la vigencia por el restablecimiento permanente dispuesto por el decreto
722/99 12
4. La delegación original de la Ley de Abastecimiento, ¿transitoria o permanente? 13
El sentido literal de la delegación y el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo
Los debates en el Congreso en torno a la permanencia o temporalidad de la
delegación 15
La interpretación de la Corte Suprema 17
4.3.1. “Verónica S.R.L” (1988) 18
4.3.2. “Cerámica San Lorenzo I. C. S. A.” (1988) 20
Recapitulación 23
5. El decreto 2.284/91 y la reforma de la delegación original 23
Contenido y fundamentos del decreto 24
Sentido y alcances de la reforma realizada por el decreto 26
El nuevo mecanismo de delegación establecido por el decreto: la declaración
legislativa de emergencia de abastecimiento 29
5.3.1. La emergencia de abastecimiento 29
5.3.2. La declaración por el Congreso y el caso de los decretos de necesidad y
urgencia 31
5.3.3. Prácticas normativas y jurisprudenciales coincidentes con la interpretación
Antecedentes de este mecanismo 35
5.4.1. Similitudes con la ley 16.454 (1964) 37
5.4.2. Similitudes con la ley 26.509 (2009) 39
Recapitulación 40
El presente trabajo fue originalmente publicado por los autores en la Revista El Derecho, en los
diarios de los días 05-08-2013, N° 13.293, pp. 1-7, y 06-08-2013, N° 13.294, pp. 4-7.
El decreto 722/99: habilitación del ejercicio de las facultades para una situación concreta
y determinada 41
Contenido y fundamentos del decreto 41
Inconstitucionalidad del decreto 42
La inaplicabilidad de la disposición transitoria octava a la Ley de Abastecimiento 43
Efectos del eventual restablecimiento permanente de la Ley de Abastecimiento 45
La cuestión del inciso “c” del artículo 2 de la Ley de Abastecimiento 45
En 1974, durante la tercer presidencia de Juan D. PERÓN, y pocos días antes de
su fallecimiento, las “leyes de abastecimiento y control de precios”2 vigentes fueron
derogadas y sustituidas por la actual ley 20.680 (1974) de Abastecimiento (“L.A.”),
sancionada el 20 de junio y promulgada cuatro días después3. Su contenido representó
una destilación y maximización de las anteriores leyes de abastecimiento y control de
precios, en un marco comprehensivo y genérico4, aunque sin que en su articulado se la
caracterizara como una ley de emergencia. Su carácter omnicomprensivo y sintetizador
del contenido de las normas que le precedieron, así como la amplitud de las facultades
legislativas que delegó en el Poder Ejecutivo, habilitándolo a regular la producción y los
precios de los bienes y servicios de prácticamente toda industria nacional, hacen de la
L.A. el arquetipo paradigmático de la regulación para el abastecimiento5.
Al igual que sucedía con las leyes de abastecimiento y control de precios que le
antecedieron, la pieza clave de la L.A. es la delegación que realizaron sus artículos 2, 3,
26 y 27, facultando al Poder Ejecutivo a regular íntegramente el proceso económico en
todas sus diversas etapas. Sólo con esa amplísima transferencia del ejercicio de
facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, o en los órganos que éste determine,
podría realizarse la amplia intervención económica buscada por la L.A., pues excede al
Congreso realizar tanta producción normativa específica y frecuente.
La expresión “leyes de abastecimiento y control de precios” ha sido acuñada por CABANELLAS
CUEVAS, Guillermo, Regulación jurídica del comercio interior: abastecimiento y control de
precios, 2ª ed., Heliasta, Buenos Aires, 1999, p. 120. La primera de ellas fue ley 12.591 (B. O. 11-091939), a la que le seguirían las leyes 12.830 (B. O. 16-09-1946), 12.983 (B. O. 03-05-1947) y 16.454 (B.
O. 13-02-1964), y luego los decreto-leyes 17.017/66 (B. O. 23-11-1966), 17.724/68 (B. O. 30-04-1968),
19.230/71 (B. O. 06-09-1971) y 19.508/72 (B. O. 01-03-1972), modificado posteriormente por el decretoley 20.125/73 (B. O. 06-11-1973).
Cfr. ley 20.680 (B. O. 25-06-1974) (Adla XXXIV-C, 2006).
Así lo reconoció expresamente PERÓN en el Mensaje de elevación del proyecto “el adjunto
proyecto, substitutivo del decreto-ley 19.508/72 y su modificatorio 20.125/73, recoge la experiencia de
toda la legislación anterior en la materia, a partir de la ley 12.591” (Diario de Sesiones de la Cámara de
Diputados, 8va reunión, 3ª sesión ordinaria, día 12-06-1974, p. 657-660).
El concepto y análisis constitucional de la regulación para el abastecimiento, entendida como
una especie de regulación económica, será objeto de un futuro estudio de los autores, titulado La
regulación para el abastecimiento. Tratado constitucional, administrativo y procesal sobre los controles
de precios y la producción, inédito.
La tesis propuesta en este trabajo es una continuación y profundización de las ideas esbozadas por los
autores, en torno a la vigencia de la L.A., en “Mercado de combustibles, control de precios y estado actual
de la Ley de Abastecimiento. A propósito de la Resolución SCI 295/2010”, Revista de Derecho
Administrativo 22 (2010), Abeledo Perrot, p. 1107-1116; “Medidas cautelares ante el ejercicio de las
facultades delegadas por la Ley de Abastecimiento”, El Derecho 240-85 (2010), p. 85-95; y “Control de
precios y abastecimiento mediante el inciso “c” del artículo 2 de la Ley de Abastecimiento”, La Ley,
2012-D, 1263-1282.
Este dato inexorablemente lleva a la cuestión de si tales delegaciones son
constitucionales frente a las exigencias del artículo 76 de la Constitución. Sin embargo,
ese análisis de constitucionalidad exige previamente resolver otra cuestión: la de los
alcances y condiciones de la vigencia de la delegación. Es decir, primero debe
responderse si la delegación rige o ha sido derogada, a qué supuestos alcanza y bajo qué
circunstancias pueden ejercerse las facultades otorgadas. Sólo entonces, una vez
determinado lo anterior, puede luego procederse al análisis de constitucionalidad.
En el caso de la L.A., esta cuestión previa tiene particulares matices y relevancia
pues una especial vicisitud la ha afectado: el dictado sucesivo de los decretos 2.284/91 y
722/99. El primero suspendió el ejercicio de las facultades que aquélla había transferido
al Poder Ejecutivo, limitándolo exclusivamente a situaciones de emergencia de
abastecimiento y condicionándolo a una previa declaración del Congreso en tal sentido:
“Suspéndese el ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 20.680, el que solamente
podrá ser reestablecido, para utilizar todas o cada una de las medidas en ella articuladas,
previa declaración de emergencia de abastecimiento por el Honorable Congreso de la
Nación, ya sea a nivel general, sectorial o regional (…)”6.
Y el segundo decreto, ocho años después, declaró la emergencia de abastecimiento y
restableció el ejercicio de esas facultades:
“Declárase el ‘estado de emergencia de abastecimiento’ a nivel general de conformidad
con las previsiones del artículo 4º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2284 del 31
de octubre de 1991, ratificado por Ley Nº 24.307 restableciéndose el ejercicio de las
facultades otorgadas por la Ley Nº 20.680 y sus modificatorias”7.
Como puede advertirse, ambos decretos —de jerarquía legal por tratarse de
decretos de necesidad y urgencia— pretendieron tener efectos sobre la vigencia y
condiciones de ejercicio de las facultades que la L.A. había transferido al Poder
Ejecutivo. ¿Qué efectos deben atribuirse a cada uno de ellos? ¿Qué significó que,
primero, “suspendieran” y, después, “restablecieran” el ejercicio de las “facultades
otorgadas” por la L.A.? ¿El decreto posterior derogó o afectó al anterior? ¿Está
habilitado actualmente el ejercicio de las facultades delegadas? Frente a estas preguntas
hay quienes sostienen que la delegación está vigente y quienes sostienen que no. Si se
responde afirmativamente a la cuestión, sin embargo, se abre un nuevo interrogante: ¿en
qué condiciones rige esa vigencia? ¿Pueden las facultades delegadas ser ejercidas
libremente, o bajo cuáles requisitos y en qué circunstancias? Ninguna de estas
cuestiones goza, todavía, de una respuesta unánime en la doctrina y la jurisprudencia.
Ello justifica el objeto de este estudio: analizar la vigencia de la delegación de
las facultades contenidas en los artículos 2, 3, 26 y 27 de la L.A., a fin de intentar dar
Artículo 4, decreto 2.284/91.
Artículo 1, decreto 722/99.
respuesta a esta cuestión previa y necesaria para, en un eventual trabajo posterior,
considerar su constitucionalidad frente a las exigencias del artículo 76 de la
A tal fin, la estructura del presente artículo será la siguiente. De forma
preliminar, se comentará brevemente cuáles son las facultades delegadas por la L.A. en
sus artículos 2, 3, 26 y 27, para luego exponer el estado de la cuestión de su vigencia en
la doctrina y la jurisprudencia. Entrando luego al fondo de la cuestión, se realizará un
análisis individualizado y cronológico de cada una de las normas involucradas en esta
cuestión: primero, se analizará cuál fue el sentido y alcance de la delegación original, al
dictarse la L.A.; segundo, se determinará qué efecto tuvo el decreto 2.284/91 sobre esa
delegación; y tercero, se dilucidará qué sentido corresponde reconocer al decreto 722/99
en el contexto formado por la L.A. y el decreto 2.284/91. Ese análisis demostrará que el
decreto 2.284/91 reformó las normas delegantes de la L.A. —i. e., sus artículos 2, 3, 26
y 27—, convirtiéndolas en normas que no son delegantes, sino que funcionan como una
“matriz”8 para futuras delegaciones para emergencias de abastecimiento: mientras no
exista y esté vigente una declaración legislativa de emergencia de abastecimiento, no
habrá delegación legislativa en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional;
viceversa, mientras exista y esté vigente dicha declaración, habrá delegación bajo la
L.A. Para concluir, se analizarán diversas cuestiones adicionales vinculadas con la
disposición transitoria octava de la Constitución, el eventual restablecimiento
permanente de la L.A. y los alcances del inciso “c” del artículo 2 de la L.A. que no fue
suspendido por el decreto 2.284/91.
Alcance, fundamentos y finalidades de la ley
La L.A. delegó facultades en el Poder Ejecutivo para regular íntegramente el
proceso económico en todas sus diversas etapas. Su alcance omnicomprensivo lo reflejó
su artículo 1:
“La presente Ley regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas
muebles, obras y servicios —sus materias primas directas o indirectas y sus insumos—
lo mismo que a las prestaciones —cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación
jurídica que las hubiere originado— que se destinen a la sanidad, alimentación,
vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, calefacción, refrigeración,
La idea de concebir a los artículos de la L.A. que otorgan al Poder Ejecutivo facultades
legislativas como normas que funcionan como una “matriz” para eventuales delegaciones legislativas de
emergencia de abastecimiento nació como consecuencia de un intercambio de ideas verificado entre los
autores y Lucas PIAGGIO, a quien agradecemos especialmente, sobre todo por el interés que ha
demostrado al discutir estas cuestiones con nosotros.
esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga —
directamente o indirectamente— necesidades comunes o corrientes de la población.
”El ámbito de esta Ley comprende todos los procesos económicos relativos a dichos
bienes, prestaciones y servicios y toda otra etapa de la actividad económica vinculada
directamente o indirectamente a los mismos”9.
Toda la economía nacional quedaba alcanzada por el ámbito de aplicación de la
ley. Como explicaba el Poder Ejecutivo en su Mensaje de elevación del proyecto al
Congreso, la nueva ley era necesaria “[…] al proponerse el cambio de las estructuras
socioeconómicas y mediante ellas el objetivo prioritario de la reimplantación de la
justicia social”10. La idea del cambio permanente, estructural, nuevamente aparecía en la
justificación de la norma. Pero las finalidades invocadas para la norma no fueron
únicamente “la normalización y contralor del abastecimiento y represión del agio y la
especulación”, sino también el “control del proceso [inflacionario]” y la “redistribución
de ingresos, de precios, de salarios y de racionalización de los sistemas de
comercialización”11. En síntesis, como se señaló en el debate en el Senado, era finalidad
de la L.A. “luchar contra el agio, el acaparamiento, la especulación, el
desabastecimiento, el lucro desmedido, luchar, en suma, contra el terrorismo
económico”12.
El carácter permanente de la L.A., sin embargo, fue cuestionado en los debates
parlamentarios pues, como se verá más adelante, muchos legisladores entendieron que
la L.A. tenía carácter de emergencia y estaba destinada a ser utilizada en situaciones
excepcionales. Estos elementos se utilizarán más adelante para interpretar correctamente
los alcances de la vigencia actual de la L.A.
Ejecutivo para subdelegarlas
Al igual que las “leyes de abastecimiento y control de precios” que le
antecedieron, la L.A. delegó en el Poder Ejecutivo facultades de regulación económica
que, además de ser numerosas y tener un carácter permanente, en casi todos los casos se
encontraban formuladas de modo muy amplio. Las facultades delegadas por su artículo
2 fueron las siguientes:
1. Control de precios: fijar precios máximos, precios mínimos, precios de
Artículo 1, L.A.
El texto completo del citado Mensaje de elevación, suscripto por PERÓN y GELBARD, puede
compulsarse en Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 8va reunión, 3ª sesión ordinaria, día 1206-1974, p. 657-660.
Cfr. Mensaje de elevación del proyecto de ley, cit.
PADILLA, Miguel, “Inconstitucionalidad de la ley 20.680”, ED 112-915, p. 913.
sostén y/o de fomento, o márgenes de utilidad, o congelar los precios en sus
niveles vigentes o en cualquiera de los anteriores13;
2. Control de la producción y el abastecimiento: obligar a continuar con la
producción, industrialización, comercialización, distribución o prestación de
servicios, como también a fabricar determinados productos, dentro de los
niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación14;
3. Control de las importaciones y las exportaciones: rebajar o suspender
temporalmente derechos, aranceles o gravámenes de importación 15, y
prohibir o restringir las exportaciones “cuando lo requieran las necesidades
del país” 16;
4. Otorgamiento de subsidios y exenciones impositivas: acordar subsidios o
exenciones impositivas17;
5. Intervención de bienes de capital: en caso de necesidad imperiosa de
asegurar el abastecimiento y/o prestación de servicios, intervenir
temporariamente, para su uso, explotaciones agropecuarias, forestales,
mineras, pesqueras; establecimientos industriales, comerciales y empresas de
transporte; y disponer temporariamente, para su uso, elementos
indispensables para el cumplimiento del proceso de producción,
comercialización o distribución y medios de transporte, consignando con
posterioridad su valor de uso y/o sus costos operativos18;
6. Requerimientos de información: requerir declaraciones juradas19, realizar
pericias y exigir la exhibición de libros y documentos comerciales y, en su
caso, secuestrarlos20, y disponer la creación de registros y obligar a llevar los
libros especiales que correspondan21;
7. Establecimiento de regímenes de licencias comerciales: establecer
regímenes de licencias comerciales22;
8. Afectación de medios estatales de transporte al comercio: disponer que los
medios de transporte del Estado Nacional o de sus empresas sean afectados
Cfr. artículo 2, incisos a y b, ley 20.680.
Cfr. artículo 2, inciso d, ley 20.680.
Cfr. artículo 2, inciso e, ley 20.680.
Cfr. artículo 2, inciso f, ley 20.680.
Cfr. artículo 2, inciso g, ley 20.680.
Cfr. artículo 2, inciso h, ley 20.680.
Cfr. artículo 2, incisos i y j, ley 20.680.
Cfr. artículo 2, inciso k, ley 20.680.
Cfr. artículo 2, inciso l, ley 20.680.
al traslado de mercaderías o personal23;
9. Facultad residual de regulación: dictar normas que
comercialización, intermediación, distribución y/o producción24;
Como puede verse, la delegación alcanzó prácticamente cualquier forma de
regulación económica y dio al Poder Ejecutivo facultades para regularla de cualquier
manera posible; la delegación tuvo, en su sentido literal, “una extensión tal que les
permite [a las autoridades de aplicación] prácticamente dirigir al sistema económico en
su conjunto, sin limitaciones en cuanto al ejercicio de tales atribuciones”25. Es por ello
que la doctrina más autorizada ha sostenido que “quizá no exista, en el resto de nuestro
ordenamiento jurídico, una ley que haya conferido al Poder Ejecutivo, y a funcionarios
administrativos subalternos, una amplitud tan grande de facultades propias del
Congreso”, pues “ha entregado al Presidente de la República, la facultad de regulación
total de la economía, del comercio y de la industria”26. Más aún, con su habitual
claridad, Héctor MAIRAL ha sostenido que:
“este complejo de normas convierte a todo empresario argentino, comerciante o
industrial, en el prestador de un servicio público porque está obligado a prestar el
servicio quiera o no quiera, e incluso a aumentar la producción y seguir vendiendo
aunque sea a pérdida”27.
En similar sentido, María Angélica GELLI ha opinado que de las normas de la L.A.:
“surge con claridad que a partir de la Ley de Abastecimiento toda la actividad
económica quedaba sujeta a la intervención estatal, más allá del ejercicio de las
facultades concedidas al Congreso por el entonces vigente art. 67, inc. 16, (hoy art. 17,
inc. 18) para proveer lo conducente a la prosperidad del país”28.
El artículo 2, además, autorizó al Poder Ejecutivo a subdelegar tales facultades
en “los funcionarios y/u organismos que determine”, lo que motivó el dictado del
decreto 3/8529 por medio del cual se subdelegaron en cabeza de la Secretaría de
Comercio Interior las facultades que el artículo 2 de la L.A. delegó en aquél30.
Finalmente, el artículo 3 permite a los gobernadores de las provincias, dentro de
sus jurisdicciones: (i) fijar precios máximos y las pertinentes medidas complementarias,
los que regirán siempre que el Poder Ejecutivo o el órgano nacional de aplicación no los
Cfr. artículo 2, inciso ll, ley 20.680.
Cfr. artículo 2, inciso c, ley 20.680.
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Regulación jurídica del comercio interior…, op. cit., p. 18.
BIANCHI, Alberto, La delegación legislativa, Ábaco, Buenos Aires, 1990, p. 180.
MAIRAL, Héctor, “La problemática actual del servicio público”, en AA.VV., Cuestiones de
Intervención Estatal, Ediciones RAP, 2010, p. 745-750, p. 746.
GELLI, María A., Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, 4º edición, La
Ley, Buenos Aires, 2008, tomo I, op. cit., p. 100.
B. O. 09-01-1985 (Adla XLV-A, 105).
Cfr. artículo 2, decreto 3/85. Como puede verse, la subdelegación legislativa sólo comprendió las
facultades previstas en el artículo 2 de la L.A.
establecieren; y (ii) previa autorización de la autoridad nacional de aplicación, modificar
los precios fijados a nivel federal, incrementándolos o reduciéndolos cuando sea
necesario por la localización de la fuente de producción, la menor incidencia de los
fletes, o cualquier otra circunstancia o factor.
La delegación de facultades en materia expropiatoria
La L.A. también otorgó facultades en materia expropiatoria. En efecto, realizó
en su artículo 26 una declaración genérica de utilidad pública para “[c]uando un estado
de emergencia económica lo haga necesario para evitar desabastecimientos,
acaparamientos, y/o maniobras de agiotaje y especulación”, sometiendo a expropiación
a “todos los bienes destinados a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda,
cultura e insumos para la industria, que satisfagan necesidades comunes o corrientes de
la población”. La norma facultó al Poder Ejecutivo para realizar la determinación, “en
cada caso concreto”, de los bienes que serán expropiados, debiendo para ello emitir una
“resolución fundada en la que se justificará su necesidad en la plaza o la carencia de
oferta pública”. Dictada dicha decisión, la autoridad de aplicación debía consignar
judicialmente “el precio de costo más una indemnización que no podrá exceder de un
diez por ciento (10%) y hasta el precio máximo fijado si lo hubiere”, pudiendo luego de
ello tomar posesión de los bienes en cuestión.
Además, el artículo 27 de la L.A. estableció que, “[e]n caso de urgente
necesidad pública”, el Poder Ejecutivo podrá “intervenir y disponer la venta de
productos y mercaderías, cualesquiera sea su propietario”, aunque consignando
judicialmente, y de forma posterior, su “precio de venta neto”.
Los delitos contra el abastecimiento
Si bien no es relevante a los efectos de este estudio, cabe señalar que la L.A.
estableció diversas figuras penales de delitos contra el abastecimiento, con sus
correspondientes sanciones penales31. Sin embargo, en tanto no implicaban delegación
de facultades, dichas normas no fueron alcanzadas por el decreto 2.284/91 y, por ende,
mantienen su vigencia.
ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE LA VIGENCIA DE LA DELEGACIÓN
Conforme se adelantó anteriormente, mientras el decreto 2.284/91 suspendió el
ejercicio de las facultades que la L.A. había transferido al Poder Ejecutivo, limitándolo
Cfr. artículos 4, 5 y 6, ley 20.680.
exclusivamente a situaciones de emergencia de abastecimiento y condicionándolo a una
previa declaración del Congreso en tal sentido, ocho años después, el decreto 722/99
declaró la emergencia de abastecimiento y restableció el ejercicio de esas facultades.
La interpretación de los decretos 2.284/91 y 722/99 ha sido objeto de un debate
doctrinario y jurisprudencial poco uniforme, en el que pueden diferenciarse tres tesis
distintas. Ninguna de ellas niega los efectos suspensivos del decreto 2.284/91 —pues
era un decreto de necesidad y urgencia—, sino que el punto de debate concierne a la
validez y efectos que corresponde reconocer al decreto 722/99.
Las tesis pueden ser enunciadas del siguiente modo:
1. La delegación realizada por la L.A. continúa suspendida por el decreto
2.284/91, pues el decreto 722/99 fue inconstitucional;
2. La delegación realizada por la L.A. continúa suspendida por el decreto
2.284/91, pues los efectos del decreto 722/99 se han extinguido; y
3. La delegación realizada por la L.A. está vigente, pues el decreto 722/99 la
restableció de modo permanente.
722/99
Esta tesis ofrece tres argumentos para sostener la inconstitucionalidad del
decreto 722/99 y, como consecuencia, su falta de aptitud para restablecer el ejercicio de
las facultades delegadas.
El primer argumento afirma que el artículo 2 de la L.A., luego de la reforma
constitucional de 1994, no cumpliría con los estándares del artículo 76 de la
Constitución. Ello así, pues carecería de bases, de plazo fijado y de materias habilitadas.
Por lo tanto, no podía el Poder Ejecutivo restablecer la vigencia de una ley que, por ser
incompatible con el nuevo esquema de delegación, caducaría de acuerdo a lo
establecido por la disposición transitoria octava de la Constitución32.
Véase al respecto el punto 7 del presente. En el sentido de que la L.A. habría caducado en los
términos de la disposición transitoria octava de la Constitución Nacional cfr. GELLI, María Angélica,
“Control judicial de la actividad administrativa en materia de abastecimiento: entre la delegación
prohibida y la irrazonabilidad”, en HUTCHINSON, Tomás — ROSATTI, Horacio Daniel (Directores),
Control Judicial de la Jurisdicción Administrativa, Revista de Derecho Público, nº 2 (2010), RubinzalCulzoni, p. 49-77, especialmente p. 70; y PIAGGIO, Lucas, “Ley de Abastecimiento: la última batalla del
cid campeador”, JA, suplemento del 4-5-2011, punto IV.2.2. Este último autor citado sostiene que la L.A.
debe considerarse una ley delegante prexistente a la reforma constitucional que, por virtud de lo dispuesto
en la disposición transitoria octava, habría caducado ope legis el 24-08-2010 (cfr. PIAGGIO, Lucas, “Ley
de Abastecimiento: la última batalla del cid campeador”, op. cit., punto IV.2.2). Sin embargo, PIAGGIO
efectúa una salvedad en relación a lo dispuesto por la ley 26.045, pues sostiene que podría entenderse que
la misma supuso una ratificación del Congreso para el sector específico de los precursores químicos
El segundo argumento sostiene que el decreto 722/99 fue inválido porque no
cumplía con las exigencias del artículo 99, inciso 3, de la Constitución. En concreto,
afirma que, dado que las facultades que pretendía restablecer eran de naturaleza penal,
violaba los límites fijados por aquella norma33. Por lo tanto, se concluye, el decreto
722/99, en tanto legisló en materia penal, fue inconstitucional34.
Finalmente, un tercer argumento fundado en el artículo 99, inciso 3 de la
Constitución y el régimen de la ley 26.122, tacha de inconstitucional al decreto por una
doble omisión: (i) la del Jefe de Gabinete, quien no lo remitió a la Comisión Bicameral
Permanente para su tratamiento expreso; y (ii) la del Congreso Nacional, quien no se
abocó de oficio a su tratamiento ni lo ratificó por ley35.
Otra tesis, en cambio, afirma que el decreto 722/99 dejó de tener vigor. En tal
sentido, se entiende que este decreto tenía un carácter “transitorio”, propio de la
“Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán
refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros” (artículo 99, inciso 3, párrafo 3, de la
Constitución Nacional, énfasis añadido).
Cfr., en ese sentido, VIGLIERO, Juan Pablo, “Ley de Abastecimiento”, en Revista del Colegio de
http://www.colabogados.org.ar/larevista/articulo.php?id=72, página visitada el 08-03-2010. Cfr. en
sentido similar HUICI, Héctor, y DEL CARRIL, Enrique, “Un nuevo ataque a la seguridad jurídica. Acerca
de la ilegal y arbitraria utilización de la suspendida Ley de Abastecimiento”, Revista del Colegio de
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, tomo 67, núm. 1, del 6 de julio de 2007, quienes sostienen que
“en ningún caso, el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad y urgencia en materia penal
(Constitución Nacional, art. 99, inciso 3); por lo que, a todo evento, el restablecimiento de la vigencia de
las facultades suspendidas de la Ley de Abastecimiento no podría aclanzar a os aspectos penales –en
sentido amplio– de dicha norma”.
Cfr. artículo 99 inc. 3, párrafo 3 de la Constitución Nacional, que establece que el Jefe de
Gabinete de ministros personalmente y dentro del plazo de diez días someterá la medida (el decreto) a la
comisión de la Comisión Bicameral Permanente (en el caso, tal plazo no se contaría desde la fecha de
emisión del Reglamento sino desde la entrada en vigencia de la ley 26.122, reglamentaria de la cláusula
constitucional); cfr., asimismo, artículos 10, 20, 21 y 23 de la ley 26.122. Los autores le deben esta idea a
Alfonso Santiago (h.), a quien agradecen sus generosos e invaluables comentarios [cfr. SANTIAGO,
Alfonso (h.) — VERAMENDI, Enrique Valentín, “Tormenta de verano. Los fallos sobre los decretos
referidos al BCRA. Relaciones recíprocas entre el control legislativo y el control judicial”, publicado en
ED Periódico del 11-03-2010 y, de los mismos autores, “El llamado decreto "simple" para el pago con
reservas del BCRA a organismos financieros internacionales. ¿Qué clase de decreto es el 297/10?”,
publicado en ED Periódico del 11-03-2010]. Cabe destacar, sin embargo, que un argumento similar es
esbozado por Fernando ARANOVICH, quien afirma que el decreto sería cuestionable desde el punto de
vista constitucional en cuanto no fue ratificado por el Congreso (cfr. “Entre el control de precios y la
defensa de la competencia”, Revista de Derecho de la Competencia, Bogotá, vol. 4 Nº 4, enero-diciembre
245-284,
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_colecc/documents/5Aranovich.pdf, visitada el
24-07-2011).
emergencia a la que respondía y a la que aluden sus considerandos. En consecuencia,
dada la limitación temporal ínsita a toda medida de esa naturaleza, aquél no puede
reputarse vigente una vez que la situación de emergencia que lo fundó ha
desaparecido36.
Por eso, una vez extinguidos los “antecedentes de hecho que sirvieron de causa a
su dictado”, se habrían agotado sus efectos. La consecuencia lógica de ello es la vuelta
al estado anterior: la suspensión del ejercicio de las facultades que la L.A. otorgó al
Poder Ejecutivo Nacional, dispuesta por el decreto 2.284/91. Esto fue sostenido en el
año 2002 por la Procuración del Tesoro de la Nación37 y por parte de la doctrina38 y de
la jurisprudencia39. En particular, en el año 2011, esto fue dicho por la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Penal Económico en “Shell” (2011)40, aclarando esta última que la
suspensión se había limitado a los artículos 2 —salvo el inciso “c”—, 3, 26 y 27 de la
Finalmente, una tercera tesis afirma que la delegación legislativa realizada por la
L.A. está vigente en su totalidad. Fue adoptada por la Procuración del Tesoro de la
Nación en el año 2007, en un dictamen en el que abandonó su posición anterior41.
Para sostener eso, se basó en un doble orden de consideraciones. Por un lado,
sostuvo que a la L.A. debe reconocérsele vocación de permanencia, pues su texto no
establece nada en sentido contrario. No puede interpretarse que el decreto 2.284/91
estableció que el restablecimiento de la L.A. debía ser “meramente temporal o
transitorio”, atado a las circunstancias de emergencia mencionadas, por lo que —según
la nueva postura de la Procuración— el restablecimiento realizado por el decreto 722/99
Cfr. ARANOVICH, Fernando, “Entre el control de precios…”, op. cit., p. 254-255.
29-04-2002,
http://www.ptn.gov.ar/Dictamenes/241-165.pdf, consultada el 23-12-2010, Capítulo III especialmente.
Véase en ese sentido, CÁRDENAS, Fernanda — PIAGGIO, Lucas, “Un debate que se reedita: ¿Está
vigente la Ley de Abastecimiento?”, Revista Régimen de la Administración Pública, Buenos Aires, 2008-2006, volumen 335, p. 39-46; PIAGGIO, Lucas, “Ley de Abastecimiento: la última batalla del cid
campeador”, op. cit.; ARANOVICH, Fernando, “Entre el control de precios…”, op. cit., p. 254-255; y
BARRY, Luis, “Verdaderos alcances de la Ley de Abastecimiento”, Revista del Colegio de Abogados de la
Ciudad de Buenos Aires, tomo 71, nº 2, p. 67-90.
Cfr. Cámara Federal de Mar del Plata, “La Capital Cable S.A. c/ Ministerio de Economía –
Secretaría de Comercio Interior”, expte. 13.201, sentencia del 1 de agosto de 2011.
Cfr. CNAPE, Sala “B”, “Incidente de excepción de falta de acción deducida en las actuaciones
Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/ Inf. Ley 20.680”, Expte. N° 59.021, sentencia del 21-122011, publicada en ElDial.com.ar, consultada el 21-03-2012.
18-10-2007,
http://www.ptn.gov.ar/Dictamenes/Octubre%202007/263-064.pdf, consultada el 23-12-2010.
debe considerarse permanente. Por otro lado, arguyó que la sanción de la ley 24.344
(1994) —que actualizó las penas previstas por la L.A.—, ratificaba la conclusión de que
ésta continúa vigente42. De lo contrario, sostuvo la Procuración, aquella ley no habría
tenido sentido43. Similares argumentos fueron utilizados por la Cámara Federal de
Apelaciones de Bahía Blanca, en “Circuito de Televisión Puan S. A. y otros” (2010)44,
donde sostuvo que “el decreto 2.284/91 fue dejado sin efecto por una norma posterior y
especial de no inferior rango jerárquico normativo”45.
Un tercer argumento no utilizado por la Procuración, pero que llevaría a la
misma conclusión, es el siguiente: el decreto 722/99 estaría vigente pues, por
disposición expresa de la ley 25.561 (2002) y sus sucesivas prórrogas 46, la emergencia
pública inicialmente declarada en el año 2002 no habría cesado. En consecuencia, aun si
las circunstancias en que fue dictado aquel decreto se hubieran agotado, no habría
ocurrido otro tanto con la situación de emergencia en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria en cuyo marco aquéllas se produjeron, pues tal
declaración de emergencia pública continuaría vigente47. Este argumento fue esbozado
por una disidencia en la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal en “Shell Compañía Argentina de Petróleo S. A.”
(2010)48.
DELEGACIÓN ORIGINAL DE LA
ABASTECIMIENTO, ¿TRANSITORIA
Expuesto el estado de la cuestión, corresponde ahora adentrarse de lleno al
análisis jurídico de las normas involucradas: la delegación efectuada por la L.A., el
decreto 2.284/91 y el decreto 722/99. En este acápite se estudiará cuál fue el alcance y
sentido de la delegación original realizada por los artículos 2, 3, 26 y 27 de la L.A. ¿Fue
una delegación permanente o transitoria? La respuesta puede variar, con mayor o menor
fuerza de convicción, según se atienda a la redacción literal de la norma y al mensaje de
B. O. 08-07-1994.
Cfr. Dictámenes PTN 263-64 (2007), capítulo III, punto 3.
CamFed Bahía Blanca, Sala II, “Circuito de Televisión Puan S. A. y otros c/ EN s/ medida
cautelar”, Expte. 66.315, sentencia del 01-12-2010.
Ídem, consid. 5.
Cfr. leyes 25.972 (B. O. 17-12-2004), 26.077 (B. O. 10-01-2006), 26.204 (B. O. 20-12-2006),
26.339 (B. O. 4-01-2008), 26.456 (B. O. 16-12-2008), 26.563 (B. O. 22-12-2009) y 26.729 (B. O. 28-122011).
Cfr. artículo 1 de la ley 26.729, ya citada, que entró en vigencia el 01-01-2012 y prorrogó la
emergencia pública declarada por la ley 25.561 hasta el 31-12-2013.
CNACAF, Sala V, “Shell Compañía Argentina de Petróleo S. A. c/ EN — SCI — Resol. 295/10
s/ medida cautelar (autónoma)”, Expte. 23.207/2010, sentencia del 5 de octubre de 2010, disidencia del
juez Treacy. En sentido contrario, ver GELLI, María Angélica, “Control judicial de la actividad
administrativa en materia de abastecimiento…”, cit., especialmente p. 76.
elevación del Poder Ejecutivo, o a los debates en el Congreso, o a la interpretación dada
La redacción de la L.A. y de sus distintos artículos denota que la delegación
contenida en aquélla se realizó de modo permanente. Ni el artículo 2 ni, en general, el
resto de los artículos de la L.A. condiciona la vigencia de la delegación a alguna
circunstancia ajena a la L.A. ni tampoco le fija un límite temporal para su ejercicio.
Es por ello que la L.A. se enrola dentro de la tercera etapa en la historia de las
leyes de abastecimiento y control de precios: se trató de una transferencia permanente
del ejercicio de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, que no tuvo como
fundamento la emergencia49. En efecto, los antecedentes inmediatos anteriores de la
L.A., a partir del decreto-ley 17.017/66 y salvo una excepción50, efectuaron
delegaciones que ya no se fundaban en la necesidad de sortear situaciones excepcionales
de emergencia, sino que tenían la finalidad permanente de intervenir en la economía
para reprimir el alza arbitraria de los precios, la especulación y las prácticas restrictivas
de la “libre competencia”.
Esto parece confirmarse, además, con la lectura del mensaje de elevación del
Poder Ejecutivo, donde se afirmó que la norma era necesaria “[…] al proponerse el
cambio de las estructuras socioeconómicas y mediante ellas el objetivo prioritario de la
reimplantación de la justicia social”51. La ley no buscaba atender a una coyuntura, sino
cambiar las estructuras socioeconómicas de forma permanente. Ello, finalmente, se
vería ratificado por lo dispuesto en el ya citado artículo 26 de la L.A. en una
interpretación sistemática: si excepcionalmente se previó la expropiación para casos de
emergencia económica que pusieran en peligro el abastecimiento interno, resulta lógico
concluir que el resto de los artículos, incluyendo la delegación del artículo 2, no tenía
como fundamento la emergencia.
De este modo, la delegación efectuada por la L.A., en su texto y —según
parece— en su contexto, no estuvo condicionada para ser ejercida por tiempo limitado o
en circunstancias particulares de emergencia. Por eso, es razonable sostener que, tal
como quedó aprobado su texto en el año 1974, el Congreso dotó a la delegación de la
L.A. de un carácter permanente, desvinculado de cualquier situación de emergencia
Como se vio en el punto 2.3 anterior, los artículos 26 y 27 son la excepción, pues desde la misma
sanción de la L.A. en 1974 se refirieron expresamente a la emergencia (26) y a situaciones de urgente
necesidad pública (27).
Se trata del decreto-ley 19.230/71, que estableció un régimen de abastecimiento y control de
precios y que se fundaba explícitamente en la “emergencia”.
Mensaje de elevación del Poder Ejecutivo. El énfasis es agregado.
La discusión en torno a al carácter permanente o transitorio de la delegación
estuvo presente en el seno del Congreso al momento de tratarse la L.A. Si bien la
mayoría de los legisladores adhirió expresa o implícitamente al mensaje de elevación
del Poder Ejecutivo, existió sin embargo una minoría que le atribuyó a la L.A. el
carácter de norma de emergencia y, en consecuencia, esencialmente transitoria. Ello,
aun cuando no surgiera expresamente ni del texto de la norma, ni de su contexto, ni del
mensaje de elevación del Poder Ejecutivo.
En primer lugar, así lo reconoció el propio Secretario de Comercio de aquél
entonces, el señor Miguel REVESTIDO, que en representación del Poder Ejecutivo
participó del debate en comisión de la Cámara de Diputados52. El funcionario afirmó:
“[…] el Poder Ejecutivo es respetuoso y esclavo de la Constitución Nacional [...] y con
esta ley no se pretende alterar ni corregir ninguno de los postulados de nuestra Carta
Magna. Se trata de una ley de excepción, para ser aplicada en circunstancias
[…] La ley de abastecimiento, que es de excepción, pone una cantidad de atribuciones
en manos de la autoridad para aplicarlas en casos excepcionales; en circunstancias de
clara urgencia nacional.
Lo que el Poder Ejecutivo pretende es que, frente a una emergencia de salud pública o
de desabastecimiento de productos esenciales, pueda tomar las medidas conducentes a
solucionar la situación. Y esto no es algo que sea producto de la imaginación. Se nos
plantea muchas veces. Se ha dado que sectores determinados, llevados por
circunstanciales intereses sectoriales, han dejado sin abastecimiento de un artículo
esencial a la población, indudablemente, hay circunstancias imperiosas que obligan al
gobierno a actuar en salvaguardia de los intereses de la Nación y del pueblo.
El propósito del gobierno es contar con un instrumento que le permita, en caso de
imperiosa necesidad, asegurar el abastecimiento de mercaderías y la prestación de
servicios. Podría efectuar incautaciones, pero si mediante la administración o
intervención temporaria puede asegurar el abastecimiento, quedaría superado el
problema. La amplitud de sus atribuciones va a resultar de la necesidad de asegurar el
abastecimiento de mercaderías o la prestación de los servicios”53.
Las palabras del entonces Secretario de Comercio fueron muy claras: la ley
impulsada por el oficialismo era una ley para “circunstancias de clara urgencia
nacional”, “de excepción, para ser aplicada en circunstancias excepcionales”. Su
El debate en comisión del proyecto del Poder Ejecutivo se realizó los días 22 y 23 de mayo de
1974 (cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 8va reunión, 3ª sesión ordinaria, día 12-061974, p. 663).
Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 8va reunión, 3ª sesión ordinaria, día 12-06-1974,
p. 673-674. El énfasis es agregado.
finalidad era darle al Poder Ejecutivo facultades suficientes para paliar una “emergencia
de salud pública o de desabastecimiento de productos esenciales”, a fin de “asegurar el
abastecimiento de mercaderías y la prestación de servicios”.
Por su parte, uno de los dos miembros informantes del Senado, el señor Miguel
O. MOREIRA, se expresó en sentido idéntico al Secretario de Comercio. En concreto,
manifestó de modo expreso que el proyecto de ley tenía “por objeto atender a
situaciones de emergencia”, y que la ley no constituía un “instrumento corriente para el
manejo diario”, sino que era una “herramienta para aplicar cuando las circunstancias así
lo exijan, de emergencia, pues son leyes que no pueden regir permanentemente en el
país, sino cuando graves inconvenientes así lo aconsejen54.
En el mismo sentido se pronunciaron los senadores Juan C. PUGLIESE, Fernando
DE LA RÚA, Pablo E. GRUBISICH y Amadeo R. FRUGOLI. El senador PUGLIESE afirmó
que, independientemente de las manifestaciones del Poder Ejecutivo en su mensaje de
elevación, del texto de la L.A. surgía que, en efecto, se trataba de una “ley de
emergencia”. Ello así, incluso a pesar de que no previera en su articulado una
disposición que pusiera coto a su vigencia55. Parecidos fueron los términos en que se
refirió al proyecto el senador DE LA RÚA, quien afirmó que se trataba de una ley de
emergencia exclusivamente destinada a aplicarse en circunstancias excepcionales y no
para regir siempre y en todo momento56. En similar orden de ideas, cabe también
destacar la intervención del senador GRUBISICH, quien sostuvo que el proyecto en
discusión se refería a una ley destinada a un país en crisis económica, donde la gravedad
Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 7ª reunión, 5ª sesión ordinaria, días 19 y 20-061974, p. 792-794. Sus palabras fueron las siguientes: “El presente proyecto crea múltiples posibilidades
de acción al poder administrador para conjurar con acierto y posibilidades de éxito la delicada situación
que se presenta al país y a su población, y de encontrar herramientas necesarias para cubrir los desajustes
propios de este momento en que se trata de salir del estancamiento y lograr la liberación nacional. […] La
mayor parte de las previsiones contenidas en el proyecto tienen por objeto atender a situaciones de
emergencia, en las que está en peligro la salud pública y, a veces, la vida misma de la Nación, por lo que
no se trata de un instrumento corriente para el manejo diario, sino de una herramienta para aplicar cuando
las circunstancias así lo exijan, de emergencia, pues son leyes que no pueden regir permanentemente en el
país, sino cuando graves inconvenientes así lo aconsejen” (ibídem, el énfasis es agregado).
Textualmente dijo el referido senador: “Creemos que no obstante la invocación del Poder
Ejecutivo sobre los objetivos finales que persigue el proyecto de ley de abastecimiento, de su texto surge
que se trata de una ley de emergencia […]” (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 7ª reunión,
5ª sesión ordinaria, días 19 y 20-06-1974, p. 794; el énfasis es agregado) y que “No extraña entonces el
nuevo texto legal que se propone. Es la reiteración de los anteriores con idénticos fines, y sus resultados,
podemos predecirlo y ojalá nos equivoquemos, serán iguales” (Diario de Sesiones de la Cámara de
Senadores, 7ª reunión, 5ª sesión ordinaria, días 19 y 20-06-1974, p. 795-796; el énfasis es agregado).
Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 7ª reunión, 5ª sesión ordinaria, días 19 y 2006-1974, p. 799. Sostuvo textualmente el senador De la Rúa que: “[e]sta es una ley de emergencia, de
excepción. El señor Secretario de Comercio, en la reunión de la comisión de la Cámara de Diputados, así
lo dijo: es una ley de excepción para ser aplicada en circunstancias excepcionales. Ley de emergencia
económica, la llamó el señor diputado Porto. Y aquí el señor miembro informante ha dicho que no es una
ley para regir siempre y en todo momento […]” (ibídem, énfasis agregado).
de los acontecimientos imponían adoptar medidas adecuadas a esas circunstancias57.
Finalmente, el senador FRUGOLI, que también votó favorablemente la L.A., entendió
que se traba de una norma idéntica a las que ya habían regido en el país desde el año
1939, y que la situación que en ese momento se estaba atravesando justificaba autorizar
al Poder Ejecutivo para recurrir a medidas de esa naturaleza58.
Como puede verse, a pesar de su texto y del mensaje de elevación del Poder
Ejecutivo, algunos de los legisladores que la sancionaron —e incluso el funcionario que
habría de aplicar sus disposiciones— reconocieron expresamente que se estaba
implementando una verdadera norma de emergencia, destinada a regir en situaciones
excepcionales de emergencia de abastecimiento. Se trató, sin embargo, de un criterio
La interpretación de la Corte Suprema
¿Cuál fue la interpretación de la Corte Suprema sobre la temporalidad o
permanencia de la delegación? Con respecto a las leyes de abastecimiento y control de
precios, la jurisprudencia de la Corte Suprema había ido siguiendo las tres distintas
etapas en que puede dividirse la evolución de esta clase de leyes59.
En efecto, había convalidado las leyes de la primera y segunda etapa
Afirmó expresamente que: “[…] es un proyecto de ley para un país en crisis económica, donde
la gravedad de los acontecimientos impone que se tomen medidas adecuadas a las circunstancias. Es un
proyecto propio de épocas calamitosas, de grave emergencia, y no para un país joven, en vías de
desarrollo, decidido a superarse y sobreponerse a todas las dificultades para posibilitar una mejor forma
de vida de sus habitantes” (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 7ª reunión, 5ª sesión ordinaria,
días 19 y 20-06-1974, p. 802; el énfasis es agregado).
Sus palabras textuales fueron las siguientes: “[...] voy a votar favorablemente el proyecto, por
considerar que la situación autoriza al Poder Ejecutivo a reclamar un instrumento legal de este tipo; pero
haciendo presente que no creo en la eficacia de esta ley, y esto no por razones de carácter doctrinario o
teórico sino sobre la base de la experiencia que tenemos en el país a partir del año 1939. Nada más”
(Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 7ª reunión, 5ª sesión ordinaria, días 19 y 20-06-1974, p.
Las leyes de abastecimiento y control de precios, antecedentes de la L.A., surgen como tales en
el año 1939. Su evolución puede dividirse en tres etapas distintas, atendiendo a las condiciones de
vigencia temporal de la delegación y la regulación —i. e., transitoria o permanente—. La primera
transcurre desde 1939 hasta 1959. Se inicia con la sanción de la ley de emergencia 12.591 (1939) y
culmina con la caducidad en 1959 de la ley 14.440 (1958), también de emergencia. La segunda, mucho
más breve que la anterior, está marcada por el corto período de vigencia de la ley 16.454 (1964), entre los
años 1964 y 1966. La tercera, finalmente, abarca el lapso comprendido entre el dictado del decreto-ley
17.017/66 y la sanción de la actual L.A., ocho años después. Desde su origen y a lo largo de toda la
primera y la segunda etapa, las normas dictadas en materia de abastecimiento y control de precios se
fundaban en una situación de emergencia económica para delegar facultades legislativas en el Poder
Ejecutivo. Su finalidad era asegurar el abastecimiento de ciertos bienes y productos esenciales, y castigar
conductas que supuestamente lo afectaban —el “agio” y la “especulación”—, en un escenario de crisis
económica y escasez de bienes en el mercado interno. Por el contrario, en la tercera etapa, las
delegaciones legislativas dejaron de vincularse a la necesidad de sortear una situación de emergencia
determinada e incorporaron gradualmente finalidades y mecanismos para defender la competencia y el
abastecimiento de forma permanente y luchar contra la inflación.
caracterizándolas como leyes especiales y de emergencia, de carácter transitorio60, y
había hecho lo mismo con las normas comprendidas en la tercera etapa, pero
considerándolas como normas dictadas en ejercicio del poder de policía federal, que
facultaban de modo permanente al Poder Ejecutivo para “garantizar la competencia” y
los “correctos usos comerciales”, “evitar la especulación” y servir de instrumento apto
para la “vigilancia” de los procesos de producción y distribución de bienes y servicios
de uso común61.
Si bien la L.A. encuadraba dentro de la tercer etapa —tenía carácter
permanente—, sería objeto de un tratamiento y análisis distinto por parte de la Corte
Suprema, realizado en dos precedentes de 1988 en los que analizó el carácter de la L.A.
y la constitucionalidad de su delegación62. Estos son “Verónica S. R. L.” (1988)63 y
“Cerámica San Lorenzo I. C. S. A.” (1988)64, ambos anteriores a la suspensión
dispuesta por el decreto 2.284/91 y a la reforma constitucional de 1994. De ellos surge,
como se verá a continuación, una caracterización implícita de la L.A. como una ley
excepcional y de emergencia.
“Verónica S.R.L” (1988)
En “Verónica S.R.L.” (1988), se había cuestionado la validez de una sanción
impuesta con motivo de una infracción al régimen de precios máximos establecidos por
la resolución 10/83 de la Secretaría de Comercio65, dictada en ejercicio de las facultades
previstas en el artículo 2 de la L.A.66. Estas facultades, por ese entonces, se encontraban
subdelegadas en la Secretaría de Comercio por el decreto 429/8267.
Esto fue reconocido expresamente por la Corte Suprema en “Mario Cairo”, Fallos 295-729
(1976). Allí, analizando los efectos de la derogación de las medidas restrictivas de la libertad económica
que había dispuesto el decreto 29/76, la Corte afirmó expresamente que su jurisprudencia tradicional
había considerado a las “leyes que contemplen aspectos económicos vinculados con el abastecimiento y
el contralor de precios” como “leyes de emergencia, de carácter transitorio” (considerando 4).
Cfr. “Inverlac S.A.C.I”, Fallos 276-222 (1970).
En 1987, sin embargo, la Corte Suprema había convalidado en "Tecnología Integral Médica",
Fallos 310-2059 (1987), una aplicación concreta de la L.A., aunque sin que se hubiera planteado su
inconstitucionalidad vinculada a la delegación legislativa que realizaba. Cfr. GELLI, María A., “Control
judicial en materia de abastecimiento”, op. cit.
Fallos 311-2339 (1988).
Fallos 311-2453 (1988).
B. O. 14-12-1983.
La resolución 10/83 estableció un complejo régimen de precios que imponía determinados
márgenes de utilidad, precios máximos y sistemas de información obligatorios para las empresas cuyos
productos se encontraran comprendidos en la misma. Según surge de sus propios considerandos, la
medida se justificaba en que existía “una situación económica de características críticas” que hacía
“imperiosa la aplicación de disposiciones para corregir la distorsión de precios”, aclarando sin embargo
que el sistema de precios establecido por la misma se instituía “hasta tanto se concreten medidas de
Gobierno que superen la actual coyuntura” (resolución 10/83, citada en nota 65, considerandos 1, 2 y 4).
B. O. 04-03-1982.
Según surge del dictamen del Procurador al que adhirió la Corte, Verónica
S.R.L., al plantear la invalidez de la sanción que le había sido impuesta, había
cuestionado la constitucionalidad tanto de la L.A. como de la subdelegación las
facultades en la Secretaría de Comercio68. El juez de primera instancia no hizo lugar a la
demanda y rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora69. Contra
esta sentencia, Verónica S.R.L. interpuso un recurso extraordinario en el que mantuvo el
planteo vinculado a la inconstitucionalidad de la subdelegación y, asimismo, alegó la
arbitrariedad de los parámetros utilizados para el establecimiento de los precios
máximos cuya violación motivó la sanción impuesta70.
La Corte Suprema abrió el recurso, pero rechazó todos los planteos formulados
por la actora. Para ello, con cita de la doctrina de “A. M. Delfino y Cía.” (1927) 71 y
“Ufito S.R.L” (1982)72, concluyó que no podía reputarse inconstitucional la
transferencia por el Congreso al Poder Ejecutivo del ejercicio de facultades legislativas,
siempre que la “política legislativa” hubiera sido claramente establecida. Sobre esa
base, continuó afirmando que tampoco resultaba contraria a la Constitución Nacional la
subdelegación de tales facultades en la medida en que la ley delegante así lo estableciera
El dictamen afirmaba al respecto que “la permanente expansión del ámbito de
actividad del Estado impone que la extensión del área legislativa adquiera singulares
proporciones, determinando ello la exigencia de la controlada y limitada delegación de
facultades, sin perjuicio del principio de la separación de poderes, ya que el Congreso
no pierde la titularidad de su poder”73. Luego decía que “esta suerte de delegación
legislativa ha sido admitida desde antiguo no sólo en favor del Poder Ejecutivo, sino
también de entes descentralizados creados por el Congreso […] así como órganos
integrantes de la administración centralizada”74.
En base a los principios mencionados, la Corte ratificó su conclusión en relación
a la constitucionalidad de la delegación y subdelegación de facultades legislativas. En
tal sentido, el dictamen al que adhirió sostuvo expresamente que:
“admitida como hemos visto la aptitud del órgano legislativo para habilitar al Presidente
a reglamentar pormenores de la norma, en materia que está reservada en principio al
Cfr. Fallos 311-2453 (1988), Dictamen del Procurador General que la Corte hizo suyo, Capítulos
Cfr. idem, Capítulo I, párr. único.
Cfr. idem, Capítulo II.
Cfr. Fallos 148-430 (1927).
En el caso, la Corte convalidó una sanción por incumplimiento de una resolución dictada al
amparo del decreto-ley 19.508/72, antecesora de la L.A.
Fallos 311-2453 (1988), Dictamen del Procurador General que la Corte hizo suyo, Capítulo IV,
párr. 6º.
Idem, párr. 7º.
Congreso, así como aceptada la constitucionalidad de la habilitación en cabeza de
órganos u entes administrativos, ningún principio se opone […] a que el Parlamento
faculte en esos casos al Poder Ejecutivo y en la misma ley atribuya la posibilidad de
transferir esa función a un organismo dependiente”75.
En síntesis, en “Verónica S.R.L” (1988) la Corte convalidó la constitucionalidad
de la delegación hecha por L.A. y, consecuentemente, la subdelegación en la Secretaría
de Comercio, con fundamento en su antigua doctrina sobre la delegación legislativa, que
a su vez desconocía tal carácter de “delegación”76. No analizó, sin embargo, si la norma
tenía un carácter permanente o transitorio.
“Cerámica San Lorenzo I. C. S. A.” (1988)
Fue en “Cerámica San Lorenzo I. C. S. A.” (1988)77, una sentencia del mismo
año, donde la Corte Suprema decidió una cuestión sustancialmente idéntica a la anterior,
pero sosteniendo implícitamente que la delegación hecha por la L.A. tenía carácter
transitorio y de emergencia. En el caso, la Secretaría de Comercio había impuesto una
multa a Cerámica San Lorenzo I.C.S.A. por infracción al congelamiento de precios
establecido por las resoluciones 81/8578 y 101/8579. Las resoluciones habían sido
dictadas en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 2 de la L.A., con la
finalidad declarada de combatir la inflación imperante por aquél entonces80.
La actora interpuso un recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó los
planteos de inconstitucionalidad del artículo 2 de la L.A., el decreto 3/85 del Poder
Ejecutivo Nacional y la citada resolución 81/85. En su recurso, Cerámica San Lorenzo
sostuvo expresamente que el régimen de la L.A., y en especial su artículo 2, violaban lo
dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y también los derechos a
trabajar y ejercer toda industria lícita, a la igualdad ante la ley y a la propiedad y, así
como al sistema de división de poderes81. Al igual que en “Verónica S.R.L” (1988), la
Idem, párr. 9º.
Cfr. BIANCHI, Alberto, La delegación legislativa, op. cit., p. 146. Como señalaba el citado autor,
en aquélla época la Corte reconocía “de hecho” la delegación legislativa, mas no “de derecho”, pues la
encuadraba insinceramente dentro de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo (ibídem).
B. O. 18-06-1985. Por medio de la cual se establecieron precios máximos congelándolos al 1306-1985. En efecto, el artículo 1 había dispuesto lo siguiente: “Quienes produzcan, comercialicen o
distribuyan bienes o servicios comprendidos en el art. 1 de la Ley 20.680, excepto los productos
frutícolas, no podrán percibir por ellos en el mercado interno un precio mayor al precio facturado, dentro
de cada modalidad de venta, a las cero (0) horas del día 13 de junio de 1985, salvo expresas
autorizaciones otorgadas por esta Secretaría”.
B. O. 17-07-1985. Esta resolución se limitó a establecer precisiones respecto de la congelación
de precios dispuesta por la resolución 81/85.
Cfr. resolución 81/85, considerandos 1 a 3.
Cfr. “Cerámica San Lorenzo I.C.S.A.”, Fallos 311-2453 (1988), dictamen del Procurador
General, Capítulos I y II.
actora cuestionó también la norma por medio de la cual el Poder Ejecutivo había
subdelegado las facultades de la L.A. en cabeza de la Secretaría de Comercio Interior: el
decreto 3/8582 —que había sustituido al decreto 429/8283—.
La Corte entendió que el recurso extraordinario era formalmente procedente,
pero rechazó los planteos efectuados por Cerámica San Lorenzo, convalidando una vez
más la constitucionalidad de la delegación contenida en la L.A., así como también la
subdelegación instrumentada por el decreto 3/85. Sobre el particular, adhiriendo al
dictamen del Procurador General, la Corte remitió expresamente al conocido caso
“Prattico y otros c/ Basso y Cía” (1960)84 y sostuvo que:
“tratándose de materias que presenten contornos o aspectos tan peculiares, distintos y
variables que al legislador no le sea posible prevén anticipadamente la manifestación
concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el
reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del
órgano ejecutivo”85.
Sin embargo, en este caso el tribunal fue más allá que en “Verónica S.R.L”
(1988): no sólo convalidó la constitucionalidad de la delegación de facultades efectuada
por el artículo 2 impugnado, y su subdelegación, sino que también modificó el criterio
que había adoptado al expedirse en relación al carácter de las normas que —como la
L.A.— integraban la tercera etapa en la historia de las leyes de abastecimiento y control
de precios. En efecto, en esta oportunidad la Corte caracterizó a la L.A. como una
verdadera ley de “emergencia”86, llegando a sostener que las decisiones realizadas en
ejercicio de las facultades delegadas por la L.A. eran “medidas excepcionales tomadas
en momentos de emergencia económica”87.
En ese contexto, cobra especial sentido la remisión expresa al caso “Prattico y
otros c/ Basso y Cía” (1960)88 efectuada por el tribunal. En ese precedente, la Corte
había convalidado una norma comprendida en la primera etapa de la historia de las leyes
de abastecimiento y control de precios: la ley 12.983 (1947). Según afirmó entonces la
Corte, dicha norma tenía carácter de emergencia, era transitoria y había sido “dictada en
Cfr. idem, Capítulos I y II.
Cfr. Capítulo I.
Fallos 246-345 (1960).
General, Capítulo IV, párr. 4º.
Cfr. idem, Capítulo VI in fine. Sobre el particular, cabe señalar que incluso antes, ya en 1984,
AGUILAR señalaba lo siguiente: “preferimos interpretar la ley 20.680 en forma restrictiva, no solamente
por su naturaleza de ley especial, y de "emergencia", sino porque en el conflicto entre el interés de los
particulares y la eficacia de la acción de gobierno, optamos por apuntalar el derecho de los primeros,
frente al poder incontenible del Estado, cuyo apetito en materia de derechos sobre las personas es difícil,
o imposible de saciar” (AGUILAR, Fernando, “Las normas de precios máximos de bienes y servicios”, LL
1984-D, 1276, punto II.2, párr. 3º).
“Cerámica San Lorenzo I.C.S.A.”, Fallos 311-2453 (1988), dictamen del Procurador General,
Capítulo VI, párr. 11.
virtud de circunstancias excepcionales que justifican un ejercicio de los poderes del
Estado diverso del ordinario, máxime cuando se hace preciso afrontar situaciones
cambiantes y diversas, que requieren con frecuencia disposiciones urgentes”89.
La Corte, así, dio en “Cerámica San Lorenzo I. C. S. A.” (1988) el mismo
tratamiento a la L.A. que el que había dado a la ley de emergencia 12.983 (1947). Ello
explica el hecho de que para sostener que la L.A. habilitaba al Poder Ejecutivo a adoptar
“medidas excepcionales tomadas en momentos de emergencia económica”90, la Corte
citara textualmente los considerandos del caso “Frigorífico Yaguané” (1975)91, en el
que se había discutido la ultra-actividad de las sanciones establecidas en el decreto-ley
19.095/7192 y sus normas reglamentarias93. En efecto, aunque no involucró directamente
la L.A., en este último caso la Corte afirmó que las normas citadas habían establecido
“un régimen coyuntural de regulación económica del comercio de carnes vacunas”94
que habilitaba a adoptar “medidas excepcionales tomadas en momentos de emergencia
económica”95.
Finalmente, existe un elemento no considerado por la Corte en su sentencia pero
que habría dado más fuerza a su conclusión: la propia resolución 81/85 cuestionada por
Cerámica San Lorenzo decía textualmente en sus considerandos que “las medidas
dispuestas por la presente resolución son de carácter transitorio y coyuntural”96.
Por estas razones, queda claro que en “Cerámica San Lorenzo I. C. S. A.”
(1988) la Corte interpretó la L.A. como una verdadera ley de emergencia que
habilitaba al Poder Ejecutivo para adoptar “medidas excepcionales tomadas en
“Prattico, Carmelo, y otros c/ Basso y Cía”, Fallos 246-345 (1960), consid. 10. El considerando
1º del voto unánime por el que la Corte resolvió el citado caso dice textualmente: “Que, por lo demás, la
norma examinada tiene carácter de emergencia, es transitoria, ha sido dictada en virtud de
circunstancias excepcionales que justifican un ejercicio de los poderes del Estado diverso del ordinario,
máxime cuando se hace preciso afrontar situaciones cambiantes y diversas, que requieren con
frecuencia disposiciones urgentes”.
Fallos 311-2453 (1988), dictamen del Procurador General, Capítulo VI, párr. 11.
“Frigorífico Yaguané”, Fallos 293-522 (1975).
B. O. 25-06-1971.
El caso involucró la sanción de una infracción consistente en la violación del horario establecido
para el faenamiento de animales. A los pocos meses de cometida la infracción por el actor, el referido
horario había sido modificado, por lo que se discutía si al momento de juzgar la infracción en cuestión
correspondía o no aplicar el nuevo horario como “ley penal más benigna”. La Corte, por su parte,
entendió que al tratrase de un régimen excepcional para situaciones de emergencia ello no correspondía,
convalidando la ultraactividad de la norma vigente al momento de verificarse la infracción. Cabe destacar
que el decreto-ley 19.095/71 preveía que el juzgamiento y la sanción de las infracciones a su régimen
cometidas por sujetos que no fuesen establecimientos faenadores o sus usuarios debía ser efectuado por
las autoridades de aplicación de la ley de abastecimiento vigente en aquél entonces, esto es, el decreto-ley
17.724/68 (cfr. artículo 4, decreto-ley 19.095/71).
“Frigorífico Yaguané”, cit., considerando 3º in fine.
Resolución SCI 81/85, considerando 5º.
momentos de emergencia económica”98. Ello así, en función de (i) el momento histórico
en el que el caso fue decidido99; (ii) en virtud de los términos de la decisión del
Tribunal; (iii) la naturaleza de la medida involucrada; (iv) la remisión expresa a un
precedente en el que se había declarado la constitucionalidad de una norma de
emergencia antecesora de la L.A.100; y (v) la remisión expresa a otro precedente que
involucró un régimen coyuntural de regulación del comercio para situaciones de
emergencia económica101.
El análisis efectuado sobre el sentido original de la delegación realizada por la
L.A. demuestra que, si bien su sentido literal le daba carácter permanente, el Congreso
no fue unánime al respecto, y muchos legisladores entendieron que tenía carácter
transitorio y de emergencia. La Corte Suprema, por su parte, aunque bajo los estándares
de delegación previos a la reforma de 1994 y con anterioridad al dictado del decreto
2.284/91, convalidó dicha delegación con fundamento en su carácter de ley de
EL DECRETO 2.284/91 Y LA REFORMA DE LA DELEGACIÓN ORIGINAL
En el contexto descripto anteriormente, la L.A. continuó siendo aplicada por el
Poder Ejecutivo a lo largo de los años. Ello quizás obedeció a una interpretación literal
de la sentencia de “Cerámica San Lorenzo I. C. S. A.” (1988) 102, en la que había
declarado su constitucionalidad. Sin embargo, durante la primera presidencia de MENEM
se dictó el decreto de necesidad y urgencia 2.284/91, por el que se suspendió el ejercicio
de las facultades delegadas por la L.A. limitándolas exclusivamente a situaciones de
emergencia de abastecimiento. Este decreto fue de necesidad y urgencia y, por ello, tuvo
entidad suficiente para modificar la L.A. Incluso más, el propio Congreso lo ratificó
expresamente con la sanción de la ley 24.307 (1993).
Ídem, dictamen del Procurador General, Capítulo VI, párr. 11.
Sobre el particular, debe recordarse que el caso “Cerámica San Lorenzo I.C.S.A.” fue decidido el
1 de diciembre de 1988, luego del fracaso del Plan Austral y al poco tiempo de la implementación del
Plan Primavera: un contexto de profunda crisis económica y desabastecimiento, en el que empezaba a
desencadenarse la hiperinflación de 1989. Como recuerda Alejandro POLI GONZALVO, la crisis
hiperinflacionaria de 1989 fue consecuencia de las inconsistencias del Plan Primavera que, en el contexto
económico de entonces, condujo a la crisis de los saqueos —agregamos, entre otras, a causa del
desabastecimiento— y la pérdida abrupta del poder por parte del presidente Alfonsín, a pesar de que en
1983 había llegado a la presidencia con el 52% de los votos (cfr. “Inflación y gobernabilidad”, La Nación
del 28-04-2008, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1007932, consultada el 18-04-2010).
“Prattico, Carmelo, y otros c/ Basso y Cía”, Fallos 246-345 (1960).
Es necesario realizar una precisa interpretación de los alcances del decreto, pues
ello permitirá sopesar la naturaleza y profundidad de la reforma que realizó sobre la
L.A. Es esto lo que se analizará en el presente acápite: cuáles fueron los alcances del
decreto 2.284/91 y, particularmente, cómo quedó modificada —i. e., reformada— la
L.A. luego de su dictado.
Contenido y fundamentos del decreto
El decreto 2.284/91 se denominó decreto “de Desregulación Económica”, y
realizó profundas reformas económicas103. En lo que respecta a la L.A., su artículo 4
Nación, ya sea a nivel general, sectorial o regional.
Se exceptúa de lo prescripto en el párrafo anterior las facultades otorgadas en el
Artículo 2º inciso c), continuando en vigencia para este supuesto particular las normas
sobre procedimientos, recursos y prescripción previstas en la mencionada Ley”104.
Como puede verse, la norma “suspendió el ejercicio” de las facultades otorgadas
por la L.A.: alcanzó así únicamente a los artículos 2, 3, 26 y 27, que son los únicos que
“otorgan facultades”. No suspendió las normas penales contenidas en la ley —sin
perjuicio de que no tendrán efecto las normas penales que refieran a las medidas
adoptadas en ejercicio de las facultades delegadas105—, ni al resto de las disposiciones
que no contengan atribuciones de facultades106. Sin embargo, dejó dos puertas abiertas
para el ejercicio de las facultades: (i) permitió el “restablecimiento” de la delegación
mediante una “previa declaración de emergencia de abastecimiento” del Congreso; y (ii)
no suspendió el inciso “c” del artículo 2, que atribuía al Poder Ejecutivo la facultad
genérica de “[d]ictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución
y/o producción”.
motivo y sentido de la “suspensión” y del eventual
Cfr. ESTOUP, Luis, “El decreto 2284/91 de desregulación económica (Comentario y
derogaciones)”, La Ley, 1992-A, 819.
Tal es el caso del inciso “j” del artículo 4 de la L.A., que impone sanciones al incumplimiento de
cualquier medida adoptada en ejercicio de las facultades delegadas por la L.A.
En este aspecto, no parece acertada la interpretación que sostiene que la suspensión alcanzó
también al régimen de penalidades (cfr. BARRY, Luis D., “Verdaderos alcances de la Ley de
Abastecimiento”, Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, tomo 71, nº 2), pues
éste —salvo en el último inciso del artículo 4— es totalmente autónomo del eventual dictado de medidas
de abastecimiento y control de precios mediante el ejercicio de las facultades delegadas. Adoptando esta
interpretación, cfr. CNAPE, Sala “B”, “Incidente de excepción de falta de acción deducida en las
actuaciones Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/ Inf. Ley 20.680”, Expte. N° 59.021, sentencia
del 21-12-2011, publicada en ElDial.com.ar, consultada el 21-03-2012.
“restablecimiento” de las facultades, conviene analizar tanto el contexto en que se dictó
la norma como sus considerandos. Al dictarse el decreto 2.284/91 se mantenía la
situación de emergencia económica, social y administrativa declarada por el Congreso
mediante las leyes 23.697 (1989) y 23.697 (1989). Los considerandos del decreto
explican que, a pesar de esta circunstancia, era necesaria la apertura de los mercados,
por lo que la distorsión de los precios existente a ese momento exigía suspender el
ejercicio de las facultades delegadas por la L.A., limitándolo exclusivamente a
situaciones de emergencia de abastecimiento. En efecto, se lee en los considerandos
1. la “crisis económica de los años 30, dio lugar al establecimiento de un
sinnúmero de restricciones al ejercicio de los derechos constitucionales de
comerciar, trabajar y ejercer industria lícita”107;
2. muchas de las regulaciones económicas vigentes en ese momento habían
sido “sancionadas mediante decretos-leyes, emitidos durante los períodos en
que la República tuvo gobiernos de facto, y en todos los casos se trata de
restricciones más o menos rigurosas al ejercicio por parte de los habitantes
de la Nación de sus libertades económicas” 108;
3. existía por ello una “necesidad de liberar a los habitantes de las restricciones
y limitaciones al ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, que
les habían sido impuestas en atención a situaciones de hecho que ya no
existen” 109;
4. en ese contexto de reforma del Estado, el mantenimiento de las medidas de
control de abastecimiento y precios “afecta[ba] la más pronta superación de
la situación de emergencia”, declarada por las leyes 23.696 (1989) y 23.697
(1989), y constituía un “factor de atraso y entorpecimiento del desarrollo
nacional”110;
5. las normas que restringían la libertad de comercio eran “necesariamente
transitorias y de aplicación limitada estrictamente al período durante el cual
su eficacia es incuestionable”111; y
6. las “intervenciones injustificadas en los mercados” perpetuaban la existencia
de “precios de bienes o servicios notoriamente superiores a los que
resultarían del mercado libre y competitivo”112.
Decreto 2.284/91, considerando 8,
Decreto 2.284/91, considerando 12.
Decreto 2.284/91, considerando 15.
Decreto 2.284/91, considerandos 14 y 17.
Decreto 2.284/91, considerando 16.
Decreto 2.284/91, considerando 19.
En consecuencia, se concluía que el contexto imperante y los objetivos buscados
por la norma no se compadecían con la existencia de la delegación permanente de
facultades efectuada por la L.A. Por ello, y en función de que las restricciones a los
derechos constitucionales y libertades económicas deben ser transitorias y limitadas en
el tiempo, según se lee en los considerandos del decreto, era “altamente necesaria la
suspensión de tales facultades, y limitándolas a situaciones de emergencia, previa
declaración del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION”113. Este último párrafo
citado es de gran trascendencia para interpretar adecuadamente el sentido y alcances del
decreto 2.284/91: la intención de esta reforma legislativa, operada por decreto de
necesidad y urgencia, fue “limitar” las facultades delegadas —i. e., circunscribir su
ejercicio— exclusivamente a situaciones de “emergencia de abastecimiento”
previamente declaradas por el Congreso.
Sentido y alcances de la reforma realizada por el decreto
Lo expuesto en el punto anterior indica que luego del dictado del decreto
2.284/91 y su ratificación por ley 24.307 (1993), el Poder Ejecutivo sólo quedó
habilitado para recurrir al ejercicio de las facultades delegadas por la L.A. si —y sólo
si— el Congreso realiza una previa declaración de emergencia de abastecimiento, sea a
nivel general, sectorial o regional.
¿Qué significa esto en el plano jurídico constitucional? Significa que, desde el
año 1991, la L.A. no es más una “ley delegante” en los términos del artículo 76 de la
Constitución Nacional. Habiendo sido “suspendida”, la delegación que realizaban sus
artículos 2, 3, 26 y 27 ya no existe como tal. Por el contrario, y como se explicará
seguidamente, al suspender el ejercicio de las facultades que había sido transferido al
Poder Ejecutivo de modo permanente y limitarlo exclusivamente a situaciones de
emergencia de abastecimiento declaradas por el Congreso, el decreto 2.284/91 convirtió
a los artículos 2, 3, 26 y 27 de la L.A. en normas que funcionan como una “matriz” para
eventuales delegaciones legislativas de emergencia de abastecimiento.
En nuestro régimen constitucional existe delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo cuando el Congreso le transfiere el ejercicio limitado, pero no la titularidad,
de una facultad que le es propia114. La delegación no supone para el Congreso la pérdida
Decreto 2.284/91, considerando 24, énfasis agregado.
Con anterioridad a la reforma constitucional, los límites a la delegación legislativa fueron
impuestos jurisprudencialmente por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. BIANCHI,
Alberto, La delegación legislativa, Ábaco, Buenos Aires, 1990). Sin embargo, luego de la incorporación
del artículo 76 de la Constitución Nacional, se estableció el principio prohibitivo de la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo y se fijaron expresamente límites de forma y de fondo que condicionan
su admisión excepcional. Cfr. SANTIAGO, Alfonso (h.) - THURY CORNEJO, Valentín, Tratado de la
delegación legislativa, Ábaco, Buenos Aires, 2003. La delegación transfiere el ejercicio de una
de la titularidad sobre la facultad delegada, por lo que puede reasumir su ejercicio en
cualquier momento115. Luego de la reforma de 1994, la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo debe cumplir con los estándares fijados por el artículo 76 de la
Constitución. Por esa razón, el decreto 2.284/91, al “suspender el ejercicio” de las
facultades delegadas y condicionarlo a una previa declaración legislativa de emergencia
de abastecimiento, modificó sustancialmente la L.A.: ya no existe en ella delegación
legislativa alguna, pues el Poder Ejecutivo perdió el ejercicio de las facultades del
Congreso que le había sido transferido de modo permanente en 1974. La L.A. dejó de
ser una “ley delegante”.
Sin embargo, luego de “desactivar” o “suspender” la delegación, el decreto
permitió su “restablecimiento” mediando una declaración de “emergencia de
abastecimiento” por el Congreso: sólo con esa declaración habrá delegación legislativa,
pues sólo entonces el Poder Ejecutivo tendrá el ejercicio aquellas facultades. Desde esta
óptica, puede caracterizarse a los artículos 2, 3, 26 y 27 de la L.A., luego de la reforma
por el decreto 2.284/91, como normas que funcionan como una “matriz” para futuras
delegaciones en situaciones de emergencia de abastecimiento. ¿Y porqué una
“matriz”116? Pues porque luego de la reforma, las normas referidas no delegan facultad
alguna, sino que sólo establecen el marco jurídico necesario —el “molde” o “matriz”—
para facilitar las delegaciones que el Congreso en el futuro realice ante las emergencias
de abastecimiento que se verifiquen en el país. La L.A. está vigente en su totalidad, pero
el marco jurídico delegatorio que ella ofrece sólo será operativo cuando el Congreso,
mediante una declaración de emergencia de abastecimiento a nivel general, sectorial o
regional, habilite expresamente el ejercicio de las facultades legislativas que contiene en
su artículos 2, 3, 26 y 27, transfiriéndolo nuevamente al Poder Ejecutivo con la
específica finalidad de sortear dicha emergencia.
Las normas otrora “delegantes” de la L.A., luego de la reforma dispuesta por el
decreto 2.284/91 sirven así de “matriz” o “molde” para dar contenido a las delegaciones
legislativas que, eventualmente, el Congreso disponga mediante una declaración de
emergencia de abastecimiento. Los diversos artículos suspendidos de la L.A. prevén el
contenido de las facultades cuyo ejercicio el Congreso transferirá nuevamente al Poder
Ejecutivo mediante dicha declaración, y que sólo podrá ser utilizado por el destinatario
de la misma para sortear la emergencia de abastecimiento que así lo haya motivado.
competencia legislativa, por lo que produce un traspaso de órgano y de procedimiento (cfr. BIANCHI,
op.cit., p. 47-48).
Cfr. BIANCHI, La delegación…, op. cit., p. 49; SANTIAGO (h.) - THURY CORNEJO, Tratado…, op.
cit., p. 376.
Según la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española, entre las
acepciones del término “matriz” se indican las siguientes: “(…) 2. f. Molde en que se funden objetos de
metal que han de ser idénticos. 3. f. Molde de cualquier clase con que se da forma a algo (…)”.
Sólo entonces habrá una delegación legislativa en sentido estricto, es decir, una
transferencia transitoria del ejercicio de facultades propias del Congreso en el Poder
Ejecutivo, para sortear la emergencia de abastecimiento que exija y motive esa
declaración. Sólo entonces éste podrá ejercer esas facultades y utilizar el marco jurídico
que brinda la L.A., por un plazo determinado y con la única finalidad de sortear esa
situación excepcional117.
Por las razones expuestas, cabe concluir que la suspensión de la delegación
dispuesta por aquél decreto revirtió el carácter permanente atribuido a la delegación
legislativa realizada por el Congreso en el año 1974. Como dijo la Corte Suprema en
“Jalife” (1993)118 al convalidar el decreto 2.284/91, mediante éste “el Poder Ejecutivo
se autolimitó al suspender, en principio, el ejercicio de las facultades otorgadas por la
citada ley de abastecimiento”119. Esa autolimitación significó en los hechos que aquella
delegación legislativa quedó derogada y, que, en adelante, sólo existirá una
transferencia del ejercicio esas facultades legislativas si media una decisión expresa del
Congreso exteriorizada mediante una declaración de emergencia de abastecimiento. No
es necesario, en consecuencia, que se acuerde el contenido y sancione una nueva ley de
emergencia por la que se instrumente esa transferencia — i. e., delegación— sino que,
como se explicó, basta con aquél realice una declaración de emergencia de
abastecimiento. El Congreso mismo convalidó la “autolimitación” al ratificar el decreto
2.284/91 mediante la ley 24.307 (1993). Al respecto, en similar sentido, María Angélica
GELLI ha afirmado que dicha medida “opera como una pérdida de vigencia de esas
atribuciones [i. e., las delegadas por la L.A.], que requieren de la sanción de otra ley
declarando la emergencia para recuperarla”120.
Finalmente, creemos necesario hacer una última aclaración sobre este punto. A
los ojos del observador común, la declaración de emergencia de abastecimiento opera
como una suerte de “interruptor” que “activa” temporalmente la delegación legislativa,
la que se “desactiva” una vez cumplido el plazo que el Congreso establezca o finalizada
la emergencia concreta que la justificó121. Sin embargo, en el plano jurídico
Como se verá, ese y no otro es el sentido que cabe dar al decreto de necesidad y urgencia
722/99: se trató de una norma que tornó operativo —“activó”— aquél marco jurídico, transfiriendo en el
Poder Ejecutivo el ejercicio de las facultades legislativas previstas en su artículo 2, por un período
limitado de tiempo y respecto de la crisis de abastecimiento acaecida en el país en julio de 1999.
Fallos 316-3077 (1993).
Ídem, voto de la mayoría, consid. 6.
GELLI, María A., Constitución de la Nación Argentina…, tomo I, op. cit., p. 102.
Es interesante destacar algunos de los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo (ley 26.122) reconocieron en términos análogos este particular modo de
funcionamiento de la Ley de Abastecimiento. En efecto, el dictamen en minoría suscripto por Ernesto R.
SANZ, Oscar R. AGUAD y Luis P. NAIDENOFF, emitido en ocasión de analizar el decreto delegado 98/07,
afirma textualmente: “[e]resulta sumamente discutible que entre las medidas previstas se encuentre la
negociación y la posterior determinación de precios de bienes y servicios provistos por el sector privado,
habida cuenta de que el propio Congreso no se siente facultado a semejantes intervenciones sino en
constitucional no hay delegación propiamente dicha mientras no exista la referida
declaración. En efecto, ésta es el elemento por el que el Congreso transfiere al Poder
Ejecutivo el ejercicio de las facultades previstas en la L.A. y torna operativo el marco
normativo que ella ofrece para sortear emergencias de abastecimiento que puedan
producirse en el país. Sin ella, en consecuencia, no existe propiamente una delegación
legislativa en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional.
legislativa de emergencia de abastecimiento
A la luz de lo dicho anteriormente, en consecuencia, bajo la L.A. reformada por
el decreto 2.284/91, la delegación legislativa se realiza cuando media una (i) declaración
de emergencia de abastecimiento (ii) efectuada por el Congreso. Corresponde ahora
profundizar en estos elementos del mecanismo.
La emergencia de abastecimiento
El decreto 2.284/91 distinguió claramente entre dos clases distintas de
emergencia: la “emergencia económica”, que existía al momento de su dictado, y la
“emergencia de abastecimiento”. A tal punto se reconoció esa distinción que el decreto
llegó a afirmar que a pesar de la crisis económica que justificó su dictado, sin embargo,
no existía una emergencia de abastecimiento que exigiera mantener o adoptar medidas
en ejercicio de las facultades extraordinarias que la L.A. había delegado en el Poder
Y es así que el marco normativo, la “matriz”, que configuran los artículos 2, 3,
26 y 27 luego de la reforma dispuesta por el decreto 2.284/91, sólo delega facultades
cuando el Congreso, mediante una declaración expresa, le transfiera al Poder Ejecutivo
nuevamente el ejercicio transitorio de las facultades legislativas que aquél contempla.
La ley prevé la estructura necesaria para realizar y poner en práctica esa delegación
inmediatamente, en tiempo oportuno, cuando se presenten circunstancias de emergencia
de abastecimiento y el Congreso así lo declare.
En este nuevo esquema, no basta que exista una emergencia de abastecimiento,
ni que se haya declarado una clase de emergencia que no sea de abastecimiento para que
condiciones críticas de abastecimiento y ley declaratoria mediante, lo que activaría el proceso previsto
en la Ley 20.680 de Abastecimiento. Es de notarse que dicha ley no ha sido activada en décadas, a pesar
de que varias situaciones de emergencia han sido atravesadas, puesto que no se han verificado,
afortunadamente, situaciones de falta de abastecimiento de productos o servicios esenciales” [Comisión
Bicameral Permanente –—ley 26.122–—, Dictamen en minoría del 20-03-2007 (decreto 98/07), p. 17,
http://www.diputados.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-124/124-2010.pdf,
consultada el 08-01-2012, el énfasis es agregado].
el Congreso transfiera al Poder Ejecutivo el ejercicio transitorio de las facultades
legislativas previstas en sus artículos 2, 3, 26 y 27. El decreto 2.284/91 es explícito: en
el marco de la L.A., lo que habilita la transferencia del ejercicio de aquellas facultades
es la declaración de una emergencia de abastecimiento.
Ello, como se vio, no sólo surge del texto del decreto sino también de su
contexto: al momento de su dictado existía una emergencia pública declarada por el
Congreso mediante las leyes 23.696 (1989)122 y 23.697 (1989)123 en materia económica,
social y administrativa. El mismo decreto analizado lo reconoce en sus considerandos.
Y como se explicó anteriormente, aquél distinguió claramente entre la “emergencia
económica”, que existía al momento de ser dictado, y la “emergencia de
abastecimiento”. Por eso, es lógico concluir que cuando el decreto 2.284/91 exige una
declaración de “emergencia de abastecimiento” para habilitar la transferencia del
ejercicio de las facultades legislativas, se refiere a esta clase de emergencia específica, y
no a una emergencia pública general o de alguna otra especie124.
Así lo reconoció expresamente la Procuración del Tesoro de la Nación al emitir
su dictamen del año 2002125, en el que sostuvo textualmente que “la emergencia pública
declarada por la Ley Nº 25.561 no suple el requisito previsto en el Decreto No
2284/91”126. Llegó a esa conclusión por entender que:
“no resulta admisible pretender que la declaración de emergencia de abastecimiento
haya sido declarada en forma implícita por el Legislador, al sancionar la Ley Nº 25.561,
cuando el Decreto Nº 2284/91 con toda claridad exige una declaración concreta en ese
”[A]demás, la lectura de la Ley Nº 25.561 permite afirmar que ninguna de sus
disposiciones estuvo enderezada a resolver una situación de desabastecimiento, que
pudiera justificar una interpretación de aquel tenor”127.
Sobre esto último, no puede soslayarse que el Poder Ejecutivo, en el año 2002,
impulsó un proyecto de ley con la exclusiva finalidad de modificar el texto del artículo
B. O. 23-08-1989.
B. O. 25-09-1989.
Cfr. PIAGGIO, Lucas, “Ley de Abastecimiento: la última batalla del cid campeador”, op. cit.,
punto IV.1.2.3, en donde el autor adhiere expresamente a nuestra interpretación en el sentido de que
existe una clara diferencia conceptual entre una y otra especie de emergencia. Cfr., también, HUICI,
Héctor – DEL CARRIL, Enrique, “Un nuevo ataque a la seguridad jurídica. Acerca de la ilegal y arbitraria
utilización de la suspendida Ley de Abastecimiento”, Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires, tomo 67, núm. 1, del 6 de julio de 2007, donde se afirma que “no basta una declaración
genérica de emergencia para restablecer la vigencia de un instrumento concebido para el caso específico y
grave de la emergencia de abastecimiento” (ibídem).
Dictámenes PTN 241-165 (2002), op. cit..
Ídem, Capítulo III, punto 1, párrafo 2.
Ídem, punto 1, párrafos 3 y 4. Cabe destacar, sin embargo, que el artículo 13 de la ley 25.561
contiene una disposición que habría habilitado al Poder Ejecutivo para adoptar ciertas medidas en materia
de precios, no ya con fundamento en la Ley de Abastecimiento —obviamente— sino en ejercicio de las
facultades delegadas por la ley de emergencia del año 2002. Se volverá sobre esto más adelante.
4 del decreto 2.284/91. La modificación estaba dirigida específicamente a sustituir la
expresión “emergencia de abastecimiento” por la de “emergencia económica”, con el
objeto de “restablecer la plena vigencia de la Ley Nº 20.680 de Abastecimiento, atento
el estado de emergencia económica en que se encuentra la Nación”128. Ello surge de
otro dictamen de la Procuración, también del año 2002, en el que debió expedirse sobre
el mentado proyecto129. Como puede verse, hay consenso en que existe una clara
distinción de género y especie entre la “emergencia económica” —el género— y la
“emergencia de abastecimiento” —la especie—, siendo ambas a su vez especies del
género “emergencia pública”. La delegación de la L.A. sólo puede realizarse con la
declaración de la emergencia de abastecimiento.
La declaración por el Congreso y el caso de los decretos de necesidad y
La declaración de emergencia de abastecimiento, como afirma el decreto
2.284/91, tiene que realizada por el Congreso de la Nación. Esto significa que tiene que
tener carácter legislativo, por lo que debe ser realizada mediante la sanción de una ley
Sin embargo, luego de la reforma constitucional de 1994 esa declaración podría
suplirse también por decreto de necesidad y urgencia, siempre que se verifiquen las
especiales circunstancias que la Constitución exige para su procedencia (artículo 99,
inciso 3 y ley 26.122)130. No es óbice contra esto sostener que el decreto 2.284/91 se
refiere a una declaración del Congreso, pues del Congreso son todas las facultades que
se ejercen mediante los decretos de necesidad y urgencia. Asimismo, ese fue el caso,
como se verá más adelante, del decreto 722/99131, aunque al momento de su dictado el
Ídem, Capítulo II, punto 3, párrafo 2º, disponible en http://www.ptn.gov.ar/Dictamenes/241169.pdf, consultada el 23-12-2010. El Procurador lo dijo expresamente en los siguientes términos: “[e]n
el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional que acompaña la medida en análisis, se destaca que el
propósito del proyecto es restablecer la plena vigencia de la Ley Nº 20.680 de Abastecimiento, atento el
estado de emergencia económica en que se encuentra la Nación, en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria, conforme lo declarara el Poder Legislativo a través de la Ley Nº
25.561 (B-0. 7-l-02)” (ibídem).
Ídem, Capítulo II, punto 3, párrafo 2º.
Existen otros autores que, en idéntico sentido, admiten excepcionalmente la posibilidad
constitucional de que la declaración de “emergencia de abastecimiento” del Congreso sea suplida por el
Poder Ejecutivo recurriendo para ello a un decreto de necesidad y urgencia (cfr. PIAGGIO, Lucas, “Ley de
Abastecimiento: la última batalla del cid campeador”, op. cit., punto II.1.2.3, nota al pie de página nº 37).
La declaración de emergencia de abastecimiento mediante decreto de necesidad y urgencia no
está vedada por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución, pues no encuadra dentro de las materias
prohibidas. Tampoco podría decirse que el Presidente estaría realizando una delegación legislativa
mediante un decreto de necesidad y urgencia, pues lo único que hace es hacer algo bastante tasado, que es
—ante la imposibilidad de legislar del Congreso— dar aquella declaración: el contenido de la delegación
lo determinó el Congreso previamente, en el artículo 2 de la Ley. Sin perjuicio de ello, el decreto debería
cumplir con las exigencias de validez formales y sustanciales de todo decreto de necesidad y urgencia.
Congreso todavía no había reglamentado el sistema de control previsto en la
Constitución Nacional, establecido en el año 2006 con la sanción de la ley 26.122.
Además, tampoco puede sostenerse que la utilización de un decreto de necesidad
y urgencia implique legislar en materia penal, contra lo dispuesto por la Constitución132.
La activación mediante un decreto de necesidad y urgencia únicamente implicaría
transferir transitoriamente el ejercicio de las facultades previstas en los artículos 2, 3, 26
y 27 de la L.A., accionando el interruptor que habilita temporalmente el marco jurídico
que ella ofrece. No implicaría crear sanciones, modificar los procedimientos o definir
tipo penal alguno: las conductas punibles y las sanciones aplicables —establecidas en
los artículos 4, 5 y 6 de la L.A.— no han sido modificadas ni suspendidas por el decreto
2.284/91, sino que mantienen su vigencia133. Al excluir expresamente de la suspensión
al artículo 2, inciso c, el decreto 2.284/91 dispuso específicamente que “continua[n] en
vigencia para este supuesto particular las normas sobre procedimientos, recursos y
prescripción previstas en la mencionada Ley”134. En consecuencia, dado que dicha
reforma no modificó el régimen sancionatorio ni tampoco los procedimientos previstos
en la L.A. —que se mantuvieron vigentes135—, no resulta posible sostener que un
decreto de necesidad y urgencia que declare la “emergencia de abastecimiento” en los
términos de la L.A. reformada por el decreto 2.285/91 —como lo hizo el decreto
722/99— resulte inconstitucional por las razones indicadas.
Finalmente, para el caso de los decretos de necesidad y urgencia dictados con
anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.122 (2006), como el decreto 722/99,
tampoco podría argüirse que sea necesaria su ratificación por el Congreso136. El texto
constitucional no impuso la exigencia de ratificación como condición de validez o
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia. Por el contrario, la
Constitución sólo se limitó a establecer que una Comisión Bicameral deberá “dar
Cfr. VIGLIERO, Juan Pablo, “Ley de Abastecimiento”, Revista del Colegio de Abogados de la
Ciudad de Buenos Aires, http://www.colabogados.org.ar/larevista/articulo.php?id=72, página visitada el
08-03-2010.
Sobre esto, véase lo dicho al comienzo de este trabajo al analizar los alcances de la suspensión
dispuesta por el decreto 2.284/91.
Esta circunstancia fue ulteriormente reconocida por el decreto 496/02, que actualizó el régimen
sancionatorio previsto en la Ley de Abastecimiento exclusivamente en función de que el artículo 2, inciso
c, se mantenía vigente (junto con el régimen sancionatorio y los procedimientos previstos en la Ley). Con
absoluta claridad dicen los considerandos del referido decreto que: “encontrándose expresamente en
vigencia el Artículo 2º, inciso c) de la Ley de Abastecimiento Nº 20.680 y sus modificatorias que faculta
al PODER EJECUTIVO NACIONAL a dictar normas que rijan la comercialización, intermediación,
distribución y/o producción de productos y servicios, deviene imprescindible la actualización del
instrumento jurídico que se encuentra previsto para reprimir la inobservancia de reglamentaciones que
disponga la autoridad de aplicación” (decreto 496/02, considerando 5).
Así lo entiende ARANOVICH, quien sostiene que el decreto sería cuestionable desde el punto de
defensa de la Competencia”, op. cit., p. 254).
tratamiento” a la medida y que el Congreso dictará una ley en la que se regulará el
trámite y los alcances de su intervención. En el caso concreto del decreto 722/99, dicha
Comisión no existía al momento de su dictado, por lo que su falta de ratificación
legislativa no puede ser interpretada como un límite a la facultad constitucional del
Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia. Como se vio, dicha
exigencia carecería del mínimo sustento exigible en las disposiciones de la
Constitución. Ahora bien, respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados —o
que se dicten— con posterioridad a la sanción y entrada en vigencia de la ley 26.122
(2006), sí cabe exigir la aprobación en los términos sus disposiciones (especialmente los
artículos 22, 23 y 24).
Prácticas normativas y
La interpretación del decreto 2.284/91 ofrecida también ha sido compartida en
cierta medida por el Congreso, la Corte y la Procuración del Tesoro de la Nación.
El Congreso tomó al menos tres decisiones que adhieren a esa interpretación.
Primero, dictó la ley 24.307 (1993), que ratificó expresamente el decreto 2.284/91137.
Segundo, aprobó la ley 25.596 (2002), que dispuso declarar “en emergencia el
abastecimiento de gas oil en todo el territorio nacional” (artículo 1)138. En virtud de esa
habilitación legal, el Poder Ejecutivo dictó los decretos 1912/02139 y 447/03, por los que
se ratificaron los acuerdos de prórroga del convenio de estabilidad de suministro de
gasoil al transporte público de personas invocando el ejercicio de las facultades
delegadas tanto por la ley 25.561 (2002), la ley 25.596 (2002) y la L.A.140. Además,
tiempo después la Secretaría de Energía dictó la resolución 1834/05141 que, invocando
el artículo 2 de la L.A.142 —entre otras normas143—, estableció un régimen orientado a
“Artículo 29: Ratifícanse los decretos 2733/90, 446/91, 576/91, 612/91, 707/91, 2198/91,
2284/91, 2413/91, 2424/91, 2488/91, 2622/91, 1076/92, 1077/92, 1157/92 y 1452/93”.
B. O. 29-05-2002.
B. O. 01-10-2002.
Si existía alguna duda respecto de cuál fue el verdadero fundamento normativo de tales decretos,
la misma fue despejada tiempo después por la propia Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por el artículo 20 de ley 25.561 (2002). En
efecto, aquélla dictaminó que el Poder Ejecutivo, al dictar los decretos 1.912/02, 704/03, 447/03 –así
como también el decreto 867/02–, “actuó dentro del marco de las facultades delegadas por la ley 25.561”
39-P.E.-02,
108-P.E.-02,
28-P.E.-03
54-S.-2006,
http://www4.diputados.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-124/124-543.pdf consultada el 05-072013). En consecuencia, lo anterior indicaría que las medidas adoptadas por los decretos mencionados no
encontraron su verdadera habilitación legal en la L.A. sino, por el contrario, en la ley 25.561 (2002).
B. O. 21-11-2005.
La resolución 1834/05 no hizo mención, sin embargo, de la ley 25.596 (2002) que había
declarado la emergencia de abastecimiento de gasoil, a la vez que tampoco remitió al régimen
sancionatorio de la L.A. sino al previsto en la ley 23.966 de impuesto a los combustibles líquidos. En
asegurar el abastecimiento interno de los hidrocarburos líquidos, así como sus derivados
y en particular el gas oil (requisitos y procedimientos para las empresas elaboradoras
y/o comercializadoras), y creó un sistema de denuncias ante la Secretaría, facultándola a
intimar a las empresas elaboradoras y/o comercializadoras a que se responsabilicen
“respecto del abastecimiento del combustible faltante” (artículo 4)144.
Y tercero, sancionó la ley 26.045 (2005)145, que creó el Registro Nacional de
Precursores Químicos. En su artículo 10 dispuso que “en lo referente al abastecimiento
de los precursores químicos” la autoridad de aplicación “ejercerá las atribuciones
previstas en la Ley Nº 20.680”, y que:
“En este supuesto no será de aplicación la suspensión establecida por el decreto
2284/91, ratificado por el artículo 29 de la Ley Nº 24.307”146.
Como se ve, para el Congreso, en el año 2005 la suspensión dispuesta por el decreto
2.284/91 se mantenía vigente —y, consecuentemente, los efectos del decreto 722/99 ya
se habían agotado—147. Cualquier otra interpretación de esta última ley sería
irrazonable, pues privaría de sentido alguno la disposición contenida en su artículo 10.
El razonamiento es lógico: si el decreto 722/99 no se hubiera agotado en sus efectos y,
consecuentemente, la suspensión dispuesta por el decreto 2.284/91 no hubiese estado
vigente al momento de sancionarse la ley 26.045 (2005), el establecimiento por vía
legislativa de una excepción a esa suspensión carecería de todo sentido. En
consecuencia, es claro que si el Congreso estableció un supuesto de excepción para la
suspensión, es porque entendió que ésta se mantiene vigente148.
La Procuración del Tesoro de la Nación, como ya se adelantó, aceptó
implícitamente el mecanismo del decreto 2.284/91 al sostener en un dictamen del año
2002 que el decreto 722/99 había perdido sus efectos por tener un carácter “transitorio”
efecto, su artículo 7 dispuso que “[e]l incumplimiento de las normas y reglamentaciones vinculadas a la
presente resolución, por acción u omisión, dará lugar a la aplicación de las multas previstas al efecto en el
Párrafo 4º del Artículo sin número incorporado a continuación del Artículo 33 del Capítulo VI - Régimen
Sancionatorio del Título III de la Ley N° 23.966 (t.o. 1998) y sus modificatorias). La Autoridad de
Aplicación graduará las multas en función de la falta cometida”.
Cabe indicar que, al igual que los decretos 1.912/02, 704/03, 447/03, la resolución 1834/05
efectuó una invocación conjunta de normas al explicitar su fundamento normativo. En efecto, además de
los artículos 1 y 2 de la L.A., sus considerandos aludieron expresamente al artículo 5 de la ley 26.022
(2005) de combustibles líquidos (Plan Nacional de Abastecimiento de Gas Oil) y los artículos 2 y 97 de la
ley 17.319 (1967) de hidrocarburos.
Artículo 4, resolución SE 1834/05.
B. O. 07-07-2005.
Artículo 10, ley 26.045.
Cfr., en el mismo sentido, ZUBIAURRE, Ramón, “Ley de abastecimiento: su vigencia y alcance”,
Fortuna, enero 2008, pto. II, párrafo 7, punto II, párrafo 7 in fine.
Adhiere a esta interpretación PIAGGIO, Lucas, “Ley de Abastecimiento: la última batalla del cid
campeador”, op. cit., punto IV.1.2.iv, párrafo 2º.
propio de la emergencia a la que respondía149. Aunque, como también se explicó,
después cambió su posición150.
La Corte Suprema, por su parte, en “Cerámica San Lorenzo I. C. S. A.”
(1988)151 interpretó la L.A., al menos implícitamente, como una ley de emergencia y, en
“Jalife Elías” (1993)152, entendió que mediante el decreto 2.284/91 “el Poder Ejecutivo
citada ley de abastecimiento”153.
Y también hay que destacar que, como se dijo, el propio Poder Ejecutivo
impulsó un proyecto de ley en el año 2002 por el que pretendía sustituir la expresión
“emergencia de abastecimiento” prevista en el artículo 4 del decreto 2.284/91, por la de
“emergencia económica”. La finalidad exclusiva de la modificación propuesta fue
restablecer la plena vigencia de la L.A. con fundamento en la “emergencia económica”
declarada por el Congreso en el año 2002154. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo
habría admitido así la diferencia sustancial que existe entre esta última especie de
emergencia y la “emergencia de abastecimiento”, reconociendo a su vez que, para ese
entonces, regía la suspensión dispuesta por el decreto 2.284/91 —y se habían agotado
los efectos del decreto 722/99—. De lo contrario no habría tenido sentido alguno el
proyecto impulsado para restablecer la vigencia de la L.A. recurriendo a la “emergencia
económica” declarada por la ley 25.561 (2002)155.
Antecedentes de este mecanismo
La reforma realizada por el decreto 2.284/91 cristalizó en la L.A. la
interpretación que le había dado la Corte Suprema en “Cerámica San Lorenzo I. C. S.
A.” (1988): la convirtió en una ley de delegación de emergencia, cuya particularidad es
servir como matriz para las delegaciones que el Congreso realice a fin de paliar las
emergencias de abastecimiento que se verifiquen en el país. En cierta forma, se volvió
Cfr. Dictámenes PTN 241-165 (2002), Capítulo III, punto 2. Sostuvo allí la PTN que una vez
terminados los “antecedentes de hecho que sirvieron de causa a su dictado”, el Decreto 722/99 se habría
agotado en sus efectos.
Cfr. Dictámenes PTN 263-64 (2007).
Cfr. Dictámenes PTN 241-169 (2002), Capítulo II, punto 3, párrafo 2º.
Coincidimos con PIAGGIO en que el Poder Ejecutivo, al impulsar el proyecto de ley, estaba
reconociendo implícitamente que la emergencia declarada por la ley 25.561 (2002) no suplía el requisito
de la específica declaración de “emergencia de abastecimiento” exigida por el decreto 2.284/91 (cfr.
PIAGGIO, Lucas, “Ley de Abastecimiento: la última batalla del cid campeador”, op. cit., punto II.4), lo que
supone admitir que, en el año 2002, el ejercicio de las facultades previstas en la L.A. se encontraba
nuevamente suspendido.
así a la práctica legislativa que había adoptado el Congreso desde los albores de este
tipo de regulación, en el año 1939: leyes de emergencia, destinadas a regir en
situaciones excepcionales, cuya finalidad es dotar transitoriamente al Poder Ejecutivo
de las facultades extraordinarias pero necesarias para poder sortearlas156.
Tal como surge de los propios considerandos del decreto 2.284/91, el Poder
Ejecutivo juzgó que el mantenimiento de las facultades extraordinarias que delegaba la
L.A. no resultaba acorde con la búsqueda de la libertad económica, la desregulación y la
conformación de una verdadera economía popular de mercado, sino que —por el
contrario— sólo se justificaba para sortear verdaderas situaciones de desabastecimiento.
Es por ello que era “altamente necesaria la suspensión de tales facultades, y
limitándolas a situaciones de emergencia, previa declaración del HONORABLE
CONGRESO DE LA NACION”157, tal como lo dispuso expresamente su artículo 4158.
Este esquema de una ley “matriz” para eventuales delegaciones legislativas de
emergencia no es nuevo en la práctica legislativa del Congreso. En efecto, la ley 16.454
(1964), una de las tantas leyes de abastecimiento y control de precios, estaba diseñada
de ese modo, siendo su constitucionalidad expresamente convalidada por la Corte
Suprema en “Suipan S.R.L.” (1965)159, “Inti S. A.” (1965)160 y “Frigorífico Armour de
La Plata” (1967)161. Además, la ley 26.509 (2009), mucho más reciente, también ofrece
un sistema similar, mas no idéntico, como se verá seguidamente. Conviene analizarlos y
Este fue el carácter de todas las leyes que rigieron en la materia a lo largo de la primera y
segunda etapa de estas leyes. En efecto, desde el año 1939 hasta 1964, poco antes de la sanción de la
L.A., las leyes 12.591, 12.830, 12.983, 13.902, 14.120, 14.440 y 16.454, fueron expresamente concebidas
como “leyes de emergencia” por el Congreso.
Considerando 24 del decreto 2.284/91, el énfasis es agregado.
Cfr., en similar sentido, ZUBIAURRE, op. cit., pto. II, párrafo 7. Allí sostiene este autor que “una
vez que han cesado los motivos excepcionales que habilitaron al Poder Ejecutivo a ejercer las facultades
de la LDA, debe retornarse a la situación normal y habitual, que en el caso es la suspensión de tales
facultades” (ídem).
Fallos 263-83 (1965), considerando 3º. Sostuvo allí la Corte que “la validez general de la ley
16.454 debe declararse de conformidad con la doctrina de los precedentes de esta Corte atinentes a
normas anteriores de carácter similar. Pues el Tribunal ha reconocido a partir de Fallos: 172:21 que la
legislación nacional de emergencia, con base en el poder estatal de policía, no puede descalificarse
constitucionalmente en la medida en que la situación de penuria transitoria a que obedece no sea de
creación arbitraria y la restricción que se impone a los derechos individuales no resulte caprichosa ni
inocua –doctrina de Fallos: 258:322, consids. 7º y 8º y sus citas” (ibídem).
Fallos 263-309 (1965). En términos casi idénticos a los de “Suipan S.R.L” (1965), sostuvo la
Corte un mes después en “Inti S.A.” (1965) que “en cuanto a la validez de la ley 16.454, cabe brevemente
señalar que la legislación nacional de emergencia, con fundamento en atribuciones residuales de
soberanía, corrientemente calificadas como poder de policía, no es hoy seriamente desconocida. En la
medida en que la situación de penuria transitoria a que la legislación responde no sea de creación
arbitraria, la restricción razonable que significa para los derechos individuales, no autoriza su
impugnación constitucional. Así lo tiene decidido esta Corte a partir de ‘Avico c/ de la Pesa’ —Fallos:
172:21—. Por lo demás, en cuanto incumbe al Congreso Nacional proveer lo conducente a la prosperidad
del país, a su adelanto, bienestar y progreso —argumento del art. 67, inc. 16, de la Constitución
Nacional— no falta a la doctrina señalada, base normativa suficiente —Fallos: 243:276 y sus citas;
247:121—” [“Inti S. A.” (1965), considerando 8º].
Fallos 267-397 (1967).
Similitudes con la ley 16.454 (1964)
La ley 16.454 (1964) estableció un sistema específico de delegación que,
además de fundarse en la emergencia162, estableció una condición específica para el
ejercicio de las facultades previstas en su articulado: debía existir y estar vigente una
previa “declaración de emergencia económica” del Congreso. En efecto, su artículo 8
disponía que, ante hechos que “signifiquen u originen distorsiones del proceso
económico, o de calamidades públicas como sequías, inundaciones, epidemias,
terremotos u otros estragos”, el Congreso podía declarar el “estado de emergencia
económica en todo o parte del territorio del país y por el término que en cada caso fije la
ley”. En tales condiciones, el Poder Ejecutivo estaría facultado para ejercer las
facultades delegadas “[m]ientras rija el estado de emergencia económica” declarado por
el Congreso163.
La única excepción a ese requisito era para el caso de que el Congreso se
encontrase en receso, hipótesis en la que la ley habilitaba al Poder Ejecutivo a “declarar
por sí el estado de emergencia” y recurrir transitoriamente al ejercicio de las facultades
previstas en su artículo 8. El mismo decreto, sin embargo, debía convocar al Congreso
en un término máximo de diez días, para que éste se pronunciara ratificando o
revocando esa declaración dentro de los sesenta días posteriores164.
Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 15ª Reunión, 11ª Sesión extraordinaria
(especial), del 29 de enero de 1964, pp. 1658-1728, especialmente pp. 1683, 1686, 1705, 1713-1714;
Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 16ª Reunión, Continuación de la 11ª Sesión
extraordinaria (especial), del 30 de enero de 1964, pp. 1737-1972, especialmente pp. 1744, 1745, 1756,
1774-1775, entre muchos otros; Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 8ª Reunión, 6ª Sesión
extraordinaria, del 6 y 7 de febrero de 1964, pp. 417-492, especialmente pp. 454, 455, 458, 460, 461, 467468, 469, 471, 483.
El texto completo del artículo 8 es el siguiente: “Artículo 8. El Congreso de la Nación, ante la
existencia de los hechos enumerados en el inciso j) del artículo 3º, o de los que signifiquen u originen
distorsiones del proceso económico, o de calamidades públicas como sequías, inundaciones, epidemias,
terremotos u otros estragos, podrá declarar el estado de emergencia económica en todo o parte del
territorio del país y por el término que en cada caso fije la ley. — Durante el receso, el Poder Ejecutivo
Nacional podrá declarar por sí el estado de emergencia, convocando en el mismo acto al Honorable
Congreso Nacional y para un término no mayor de diez días. Si hasta los sesenta días posteriores a la
fecha para la cual se convocó al Honorable Congreso Nacional, no se hubiese dictado la ley pertinente,
cesarán automáticamente los efectos de la declaración del mencionado estado.
”Mientras rija el estado de emergencia económica el Poder Ejecutivo estará autorizado por la presente
lay para establecer normas a las cuales deberán ajustarse la producción, distribución, comercialización y
consumo de bienes y servicios. — A tal efecto el Poder Ejecutivo Nacional podrá, sin perjuicio de las
atribuciones asignadas a la Dirección Nacional de Abastecimiento, fijando el órgano de aplicación y, en
su caso, a través de los gobiernos locales, tomar las siguientes medidas […]”.
En caso de que transcurrieran sesenta días contados a partir de la fecha de convocatoria sin que
el Congreso ratificase o revocase el decreto, la ley establecía que cesaban automáticamente los efectos de
aquella declaración del Poder Ejecutivo (cfr. artículo 8, ley 16.454). Al respecto, cabe señalar que en el
caso “Frigorífico Armour de la Plata S. A.”, Fallos 267-397 (1967), la propia Corte Suprema aplicó este
sistema previsto en la ley 16.454 (1964) sin objetar su constitucionalidad. El Presidente había declarado el
El sistema instaurado en 1964 por la ley 16.454, como puede apreciarse, ofrece
una evidente semejanza con el de la L.A. reformada por el decreto 2.284/91:
1. Las facultades legislativas delegables eran sustancialmente idénticas. En
efecto, las medidas que el artículo 8 de la ley 16.454 (1954) permitía adoptar
al Poder Ejecutivo son prácticamente las mismas que éste podría adoptar en
ejercicio de las facultades previstas en la actual L.A.165.
2. Las facultades sólo podían ser utilizadas por el Poder Ejecutivo cuando el
Congreso realizara una expresa declaración de emergencia por la que se le
transfiriera su ejercicio de modo transitorio. Como se vio, las mismas podían
ser utilizadas exclusivamente “[m]ientras rija el estado de emergencia
económica” declarado por el Congreso166; similarmente, el decreto 2.284/91
dispuso que las facultades se restablecerán con una declaración legislativa de
emergencia de abastecimiento.
3. La declaración de emergencia debía ser realizada por el propio Congreso; en
situaciones excepcionales se admitía que el Poder Ejecutivo la sustituyera,
quedando sujeta a una posterior ratificación del Poder Legislativo. En el caso
de la ley 16.454 (1964), esto último se encontraba previsto expresamente en
el texto de la norma legal167. En el supuesto de la L.A., aunque ello no está
previsto ni en su texto, ni en el decreto 2.284/91, dicha posibilidad debe
admitirse excepcionalmente en virtud de la autorización contenida en el
artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional168.
“estado de emergencia” en los términos de la ley 16.454 (1964) mediante el decreto 1074/65 (B. O. 1602-1965). Sin embargo, el Congreso no lo ratificó en los sesenta días posteriores y, en consecuencia, la
declaración de emergencia dispuesta por el decreto caducó irremediablemente. Esta circunstancia que fue
expresamente reconocida por la Corte, que hizo dos afirmaciones relevantes. En primer lugar, sostuvo
expresamente que el decreto 1074/65 había sido válidamente dictado por el Poder Ejecutivo. En segundo
lugar, afirmó que el “estado de emergencia” válidamente declarado por el referido decreto cesó al fenecer
el plazo de sesenta días fijado en la ley 16.454 para su tratamiento por el Congreso (1964) [cfr.
“Frigorífico Armour de la Plata S. A.” (1967), considerandos 3 y 4].
Existiendo una previa declaración de “estado de emergencia económica”, la ley 16.454 (1964)
facultaba al Poder Ejecutivo para: (a) establecer márgenes de utilidad para las etapas del proceso
económico y respecto de cualesquiera de las mercaderías, bienes o servicios (cfr. artículo 8, inciso a); (b)
fijar precios y sus marcaciones (cfr. artículo 8, inciso a); (c) disponer la estabilización o congelación de
precios de venta en los niveles, porcentajes, proporciones o cifras existentes en determinada época u
ocasión (cfr. artículo 8, inciso a); (d) determinar cuotas de producción o elaboración de cumplimiento
obligatorio (cfr. artículo 8, inciso a); (e) fijar precios de sostén o de fomento, inclusive por medio de
subsidios (cfr. artículo 8, inciso b); (f) dictar normas destinadas a regular cualquier etapa de la producción
(cfr. artículo 8, inciso b); (g) disponer, como medidas precautorias (i) la retención o indisponibilidad de
mercaderías o productos alcanzados por la ley —pudiendo, para ello, realizar allanamientos de los locales
o establecimientos industriales—; y (ii) la suspensión del uso o ejercicio de patentes, permisos,
concesiones, preferencias o toda clase de privilegios o autorizaciones especiales (cfr. artículo 8, inciso d),
Artículo 8, párrafo 1, ley 16.454 (1964).
Cfr. artículo 8, párrafo 2, ley 16.454 (1964).
Siempre y cuando se verifiquen las especiales circunstancias en las que se habilita su adopción y
se cumpla con el procedimiento de control parlamentario actualmente vigente, según lo dispuesto en la
ley 26.122 (2006).
Conforme surge del análisis que antecede, puede decirse que el sistema
instaurado en el régimen de la ley 16.454 (1964) es prácticamente idéntico al de la L.A.
reformada por el decreto 2.284/91, salvo las diferencias señaladas.
Similitudes con la ley 26.509 (2009)
Por otro lado, el sistema de la L.A. reformada por el decreto 2.284/91es similar
al de la ley 26.509 (2009) que creó el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación
de Emergencias y Desastres Agropecuarios169. Aunque se trata de una materia distinta y
ajena a la “emergencia de abastecimiento”, es de destacar que el Congreso fijó en ella
un marco de delegación legislativa similar, mas no idéntico: la declaración de
“emergencia agropecuaria” habilita a tomar diversas medidas de clara sustancia
legislativa, tales como “[a]signar y/o reasignar los recursos humanos, financieros y otros
que el estado de situación demande” (artículo 9, inciso “a”) y “eximir total o
parcialmente de los impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima
presunta” a los bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias e inmuebles rurales
arrendados “ubicados dentro de la zona de desastre y afectados por esa situación
extraordinaria” (artículo 23, inciso “b”). La primera facultad se atribuyó directamente a
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. La segunda, en cambio, al
Sin embargo, la diferencia sustancial entre esta ley y el esquema de la L.A.
reformada por el decreto 2.284/91 radica en que, de acuerdo con sus disposiciones, es el
propio Poder Ejecutivo (cfr. artículo 5)170 o la Comisión Nacional de Emergencias y
Desastres Agropecuarios (cfr. artículo 6), según los casos171, el encargado de realizar la
declaración de “emergencia agropecuaria”. Como puede apreciarse, en este caso no es el
Congreso quien, ante cada emergencia, transfiere el ejercicio transitorio de las
facultades previstas en el marco normativo que ofrece la ley 26.509 (2009). Por el
contrario, a diferencia de lo que sucede en el esquema de la L.A. reformada por el
decreto 2.284/91, en el régimen de la ley analizada existe una verdadera delegación
legislativa, aunque el Congreso habilitó expresamente al propio Poder Ejecutivo para
que sea éste, en su carácter de sujeto pasivo de la delegación, quien determine cuándo la
B. O. 28-08-2009.
El Poder Ejecutivo a su vez subdelegó esa facultad en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, tal como se desprende de lo dispuesto en el decreto 1712/09, artículo 5 (B. O. 12-11-2009).
La declaración de emergencia agropecuaria ha sido asiduamente realizada por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca desde que esa facultad le fue subdelegada por el decreto 1712/09. Sólo en
el año 2010, dictó más de 50 declaraciones y prórrogas de declaraciones de emergencia agropecuaria
provincial, departamental o regional.
misma se tornará operativa172.
Así, a diferencia del caso de la ley 16.454 (1964) y la L.A. reformada por el
decreto 2.284/81, la ley 26.509 (2009) no contiene técnicamente normas que funcionen
como “matriz” para eventuales delegaciones legislativas de emergencia, sino que se
trata de una verdadera ley delegante en los términos del artículo 76 de la Constitución.
Luego de la reforma dispuesta por el decreto 2.284/91, los artículos 2, 3, 26 y 27
de la L.A. dejaron de ser normas que delegaban facultades de poder de policía
económica con carácter permanente. La reforma las convirtió en normas que funcionan
como una “matriz” para futuras emergencias de abastecimiento declaradas por el
Congreso: sólo entonces se transferirá nuevamente al Poder Ejecutivo el ejercicio de las
facultades legislativas que aquélla prevé para poder sortear eficazmente una emergencia
de abastecimiento determinada.
Será la declaración del Congreso el medio por el cual se transferirá al Poder
Ejecutivo el ejercicio de las facultades de emergencia previstas en ella. En casos
excepcionales, si se verifican las especiales circunstancias exigidas por el artículo 99
inciso 3 de la Constitución, el Poder Ejecutivo podría hacerlo mediante decreto de
necesidad y urgencia, pero éste deberá ser ulteriormente sometido a control por parte de
aquél en los términos y condiciones que establece la ley 26.122. En ambos casos, la
delegación legislativa así realizada: (i) abarcará diversas facultades legislativas de poder
de policía de emergencia ya previstas en la norma; (ii) durará mientras se mantenga la
situación de emergencia de abastecimiento declarada o por el plazo que el Congreso fije
expresamente en su declaración; y (iii) estará ordenada a la adopción de las medidas
necesarias para paliar esa concreta emergencia de abastecimiento.
Esta interpretación, como se vio, está fundada en el cabal sentido y finalidad del
decreto 2.284/91. Asimismo, se apoya en la práctica legislativa que el Congreso viene
realizando en la materia desde el año 1939, los debates parlamentarios de la L.A. y la
jurisprudencia de la Corte, que entendió que las leyes anteriores en materia de
abastecimiento y control de precios, e incluso la propia L.A., son normas que
habilitaban al Poder Ejecutivo a adoptar medidas excepcionales en “situaciones de
emergencia”. Finalmente, tiene el mérito —como se señalará en un eventual trabajo
futuro— de que permite a la L.A., así interpretada, cumplir con las exigencias del
Como puede verse, la ley 26.509 establece al menos dos delegaciones legislativas que se
“activan” mediante a declaración de emergencia agropecuaria del propio Poder Ejecutivo nacional y se
“desactivan” una vez que ésta ha cesado (cfr. artículos 9, inciso “a”, 23, inciso “b”).
artículo 76 de la Constitución173.
EL DECRETO 722/99: HABILITACIÓN DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES PARA UNA
SITUACIÓN CONCRETA Y DETERMINADA
¿Qué sentido y efectos deben entonces asignarse al decreto 722/99? De
admitirse la interpretación ofrecida del decreto 2.284/91 y los alcances de la reforma
que instrumentó, el decreto 722/99 debe ser considerado como una activación transitoria
pero inconstitucional del ejercicio de las facultades legislativas previstas en la L.A. Éste
y no otro es el sentido que cabe darle: se trató de una norma que se dictó para tornar
operativo el marco jurídico —la “matriz”— que ofrecían los “suspendidos” artículos 2,
3, 26 y 27 de la L.A., transfiriendo en el Poder Ejecutivo el ejercicio transitorio de tales
facultades legislativas (por un período limitado de tiempo y respecto de la crisis de
abastecimiento acaecida en el país en julio de 1999174).
Utilizando la metáfora anterior: el decreto 722/99 se dictó con la finalidad de
“activar” la L.A., para restablecer el ejercicio de las facultades previstas en sus artículos
2, 3, 26 y 27 hasta tanto se paliara la situación de emergencia de abastecimiento a la que
aquél aludió en sus considerandos. Éstos, en efecto, explicaban que:
“[…] en distintos lugares del país, se vienen sucediendo piquetes y cortes de rutas,
algunos de ellos ubicados estratégicamente a la salida de centros abastecedores de
alimentos u otros elementos básicos para el desenvolvimiento normal de la comunidad
afectando de este modo, el regular aprovisionamiento de los mismos en todo el
territorio de la República y colocando a las autoridades del Estado Nacional, en la
necesidad de arbitrar las medidas conducentes para poner término a ese estado de
cosas”175.
Como puede verse, el decreto 722/99, a diferencia del 2.284/91, no hizo
referencia a un cambio estructural y permanente en la política económica, sino que sólo
invocó a la necesidad de poner fin a una situación coyuntural concreta —cortes de
ruta— que estaba generando desabastecimiento de “alimentos u otros elementos
Sin perjuicio de tratar el tema detalladamente en un eventual trabajo posterior, cabe señalar que
la delegación contenida en la L.A., así interpretada y bajo tales límites, cumpliría con las exigencias
constitucionales de “plazo fijado” —siempre que estuviera expresamente limitada en el tiempo por la
declaración de emergencia de abastecimiento—, “materia de administración” o “situación de emergencia
pública” —pues se dictaría para atender una situación de emergencia pública de abastecimiento—, y de
“bases” suficientes —pues las facultades delegadas deberían buscar sanear la situación de
desabastecimiento—.
En sentido coincidente se expide PIAGGIO sosteniendo que: “[a]l cesar entonces aquel estado de
emergencia de abastecimiento, expiró automáticamente la delegación transitoria reactivada con el dictado
del Decreto 722/99, destinada a regir justamente mientras durara aquella plataforma fáctica” (PIAGGIO,
Lucas, “Ley de Abastecimiento: la última batalla del cid campeador”, op. cit., punto IV.1.2.2.).
Decreto 722/99, considerandos, párrafo 1.
básicos” para la comunidad. Así, pretendió habilitar transitoriamente el ejercicio de las
facultades legislativas previstas en los artículos 2, 3, 26 y 27 de la L.A. para “arbitrar
medidas conducentes” que permitieran “poner término a ese estado de cosas” descripto
en sus considerandos.
Dentro de ese contexto debe ser interpretado su artículo 1:
Declárase el ‘estado de emergencia de abastecimiento’ a nivel general de
conformidad con las previsiones del artículo 4º del Decreto [2.284/91], restableciéndose
el ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley Nº 20.680 y sus modificatorias.
Véase que el decreto declaró el “estado de emergencia de abastecimiento” a
nivel general, aclarando que lo hacía “de conformidad” con el decreto 2.284/91. La
única interpretación posible a esta aclaración (“de conformidad”) es entender que no se
modificaba el esquema creado por el decreto 2.284/91, sino que sólo se suplía la
declaración del Congreso —se trataba de un decreto de necesidad y urgencia— para
restablecer temporalmente el ejercicio de las facultades delegadas con la finalidad de
paliar la emergencia de abastecimiento existente al momento de su dictado. De lo
contrario, no habría sido una declaración “de conformidad” con el decreto anterior, sino
una “reforma” del mismo.
Inconstitucionalidad del decreto
Corresponde ahora analizar la constitucionalidad del decreto 722/99 pues, como
ya se indicó, desde la doctrina aquélla ha sido cuestionada en el entendimiento de que
debió ser ratificado legislativamente para ser válido y eficaz. Sin embargo, a nuestro
juicio ello no habría sido necesario. No existe un límite expreso en el texto
constitucional que indique que la mora u omisión del Congreso en sancionar la “ley
especial” que regule el trámite y los alcances de su intervención pueda erigirse en un
límite que impida al Poder Ejecutivo ejercer aquélla facultad constitucional. De lo
contrario, se llegaría a la conclusión de que el Congreso, con su omisión, podría
bloquear ilegítimamente el ejercicio de una facultad que la Constitución pone en cabeza
del Poder Ejecutivo para poder sortear urgencias cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites para la sanción de las leyes 176. Además, al
Este parece ser el razonamiento implícito efectuado por la mayoría de la Corte en
“Consumidores Argentinos c/ Estado Nacional”, Fallos 333-633 (2010). Se analizaba allí la validez
constitucional de un decreto de necesidad y urgencia que había sido dictado en el año 2002, esto es, antes
de la sanción de la ley 26.122 (2006), y que no había sido ratificado por el Congreso. Sin embargo, no fue
la falta de ratificación el fundamento por el que la Corte declaró su inconstitucionalidad. Por el contrario,
lo hizo en virtud de que —a su entender— cuando el mismo fue dictado no se verificaba la situación
excepcional exigida por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional como condición de
procedencia (cfr. ídem, voto conjunto de los jueces Lorenzetti, Fayt y Zaffaroni, considerando 14, y el
voto particular de la jueza Highton de Nolasco, considerando 14). La posición más clara en este sentido
fue expresada en el voto de la Dra. Highton de Nolasco, quien sostuvo expresamente que la inexistencia
sancionar la ley 26.122 (2006) el propio Congreso habría expresado su voluntad en el
sentido de no someter a ratificación los decretos de necesidad y urgencia dictados con
anterioridad a su sanción. En efecto, ninguno de los artículos de la ley prevé la
aplicación retroactiva de sus disposiciones, por lo que no sería constitucionalmente
válido tachar de inválidos por falta de ratificación todos aquellos decretos de necesidad
y urgencia dictados antes de su entrada en vigencia.
Aun cuando no hubiese sido necesaria la ratificación legislativa, lo cierto es que
el decreto 722/99 incumplió con la exigencia del artículo 76 de la Constitución de que
las delegaciones tengan un “plazo fijado”, pues no estableció ningún plazo expreso para
la vigencia del restablecimiento de las facultades delegadas. El decreto, por tanto, no
habría sido constitucional, no pudiendo así suplir eficazmente la declaración legislativa
de emergencia del Congreso ni activar así el ejercicio de las facultades legislativas
previstas en la L.A.
DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA A LA
Una problemática adicional sobre la vigencia de la delegación de la L.A. surge
de la disposición transitoria octava, que fue agregada por la reforma constitucional del
año 1994 en los siguientes términos:
La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su
ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley.
Si bien el plazo para la caducidad fue prorrogado por el Congreso, el 24 de agosto de
2010 se habría vencido la última prórroga establecida por la ley 26.519 (2009)177.
Una relevante cuestión interpretativa respecto de la disposición transitoria
octava, sobre la que no hay consenso doctrinario, consiste en qué debe entenderse por
“legislación delegada preexistente”: esto es, si se refiere a las normas del Congreso que
del debido control legislativo del decreto en cuestión —por no haber estado creada la Comisión
Bicameral al momento de su dictado— habilitaba la revisión judicial tendiente a determinar si en ese
momento se verificaron las condiciones de procedencia establecidas en el artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional (cfr. considerando 14).
En sentido opuesto a la interpretación ofrecida se expidieron los jueces Maqueda (cfr. considerando
14), Argibay (considerando 13) y Petracchi (considerandos 2 y 3), en sus respectivos votos. Cabe aclarar,
sin embargo, que la posición más restrictiva en este punto es adoptada por el juez Petracchi, quien
sostiene que ante la omisión del Congreso de sancionar la ley prevista en el artículo 99, inciso 3 de la
Constitución, el Poder Ejecutivo estaba impedido de recurrir a las facultades excepcionales en él
previstas, por lo que todos los decretos de necesidad y urgencia dictados con anterioridad a la sanción de
la ley 26.122 deberían reputarse insanablemente nulos (cfr. considerandos 2 y 3 de su voto). Ello así pues,
a su entender, sólo la sanción de aquella “ley especial” haría operativo el artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional (ibídem).
B. O. 24-08-2009.
con anterioridad a la reforma constitucional realizaban delegaciones legislativas
(normas delegantes), o bien a las normas dictadas en ejercicio de dichas delegaciones
(normas delegadas)178.
El problema respecto de la L.A. está en que, si se asumiera que la disposición se
refiere a las leyes delegantes, podría llegar a sostenerse que la delegación contenida en
la L.A. habría quedado sin efecto desde el vencimiento del plazo y sus prórrogas. No
obstante, y aun bajo la interpretación —que compartimos179— de que la disposición
transitoria octava se refiere a las leyes delegantes, entendemos que las eventuales
consecuencias del vencimiento de dicha prórroga no serían aplicables a la delegación
contenida en la L.A. Ello así, porque la caducidad dispuesta por la disposición analizada
sólo habría resultado aplicable respecto de la L.A. si la reforma constitucional se
hubiera realizado con anterioridad al dictado del decreto 2.284/91, pues entonces la L.A.
contenía una delegación legislativa efectuada por el Congreso sin plazo alguno y con
carácter permanente..
Sin embargo, como ya se explicó, luego de la reforma dispuesta por el decreto
2.284/91, la L.A. dejó de ser una “ley delegante” y se convirtió en una ley que contiene
normas que, sin ser delegantes, funcionan como “matriz” para eventuales delegaciones
legislativas de emergencia de abastecimiento. No contiene una delegación legislativa en
los términos del artículo 76 de la Constitución, sino que ofrece un marco normativo que
se torna operativo cuando se realiza la referida declaración y, consecuentemente, se
produce la transferencia del ejercicio de las facultades legislativas previstas en su
articulado. Por ello, como a la fecha de entrada en vigencia de la reforma constitucional
la L.A. no era ya una “legislación delegante prexistente” en términos de la disposición
transitoria octava, ésta no le resultaba aplicable180.
Cfr., entendiendo que la cláusula se refiere a las normas delegantes, cfr. CASSAGNE, Juan Carlos,
“El nuevo criterio sobre la delegación legislativa y la caducidad de la legislación delegada preexistente a
la reforma constitucional”, La Ley, Sup. Const. 2010 (noviembre), del 02-11-2010, p. 10 y ss., punto III,
párr. 4º a 6º. Por la postura opuesta, cfr. BIANCHI, Alberto, “El 24 de agosto”, El Derecho, 14-07-2010.
Si bien esta cuestión será objeto de estudio por los autores en un trabajo posterior titulado La
regulación para el abastecimiento..., cabe señalar aquí que entendemos que la cláusula se refiere a las
normas “delegantes”, dado que: (i) la cláusula fue inicialmente propuesta como un tercer párrafo del
artículo 76, aplicándose a los supuestos de leyes delegantes que no tuvieran plazo fijado; (ii) el plazo al
que hace alusión la disposición transitoria octava sólo puede vincularse a la delegación “delegante”
preexistente, pues los “reglamentos delegados” dictados en su consecuencia no llevan impuesta la
exigencia de plazo alguno; (iii) admitir la postura contraria implicaría dejar sin efecto una gran cantidad
de normas dictadas en ejercicio de facultades delegadas con anterioridad a la reforma de 1994; y (iv) la
práctica legislativa posterior ha sido coincidente con esta postura, “ratificando” la legislación delegante, y
“aprobando” la legislación delegada dictada a su amparo.
En sentido contrario véase GELLI, María Angélica, “Control judicial de la actividad
administrativa en materia de abastecimiento: entre la delegación prohibida y la irrazonabilidad”, op. cit.,
p. 70 especialmente; y PIAGGIO, Lucas, “Ley de Abastecimiento: la última batalla del cid campeador”, op.
cit., punto IV.2.2.
EFECTOS DEL EVENTUAL
RESTABLECIMIENTO PERMANENTE DE LA
Conviene además analizar qué efectos tendría un eventual restablecimiento
permanente de la delegación realizada por la L.A., y no meramente transitorio como
tendría por efecto declarar legislativamente la emergencia de abastecimiento por un
plazo determinado. Al respecto, existen distintos proyectos de ley que año a año se
reiteran181, proponiendo desde diversas formas restablecer el ejercicio de las facultades
Así las cosas, entendemos que, de restablecerse de modo permanente el ejercicio
de las facultades previstas en sus artículos 2, 3, 26 y 27, la L.A. perdería su naturaleza
de emergencia y pasaría a tener un claro carácter permanente (independientemente de
que fuese dispuesta a nivel general o sectorial, según cuáles fueran los términos del
eventual restablecimiento). En tal caso, el mecanismo de la declaración de emergencia
de abastecimiento antes descripto no resultaría aplicable ni sería necesario para que el
Poder Ejecutivo adopte medidas de abastecimiento y control de precios con fundamento
en las facultades otorgadas por la L.A. Quedaría así derogada la reforma dispuesta por
el decreto 2.284/91, ratificada por ley 24.307, por lo que en adelante no se exigiría
declaración alguna por parte del Congreso para que se produzca la transferencia del
ejercicio de las facultades previstas sus artículos 2, 3, 26 y 27 de la L.A. Sin embargo,
en tal escenario, la delegación difícilmente cumpliría con las pautas del artículo 76 de la
Constitución Nacional, en tanto carecería de bases suficientes y de plazo expreso182.
LA CUESTIÓN DEL INCISO “C” DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE ABASTECIMIENTO
No puede concluirse este estudio sin hacer al menos referencia a la facultad
prevista en el artículo 2, inciso “c”, de la L.A., la única no alcanzada por la suspensión
dispuesta por el decreto 2.284/91. Si bien dicha cuestión ha sido objeto de estudio en
Cfr. Proyecto de Ley 0570-S-2002 del Senado de la Nación, firmado por Miriam CURLETTI y
Ricardo TAFFAREL; Proyecto de Ley 2722-D-2002 de la Cámara de Diputados de la Nación, suscripto por
Daniel CARBONETTO, Alfredo H. VILLALBA, Francisco V. GUTIÉRREZ y Miguel SAREDI; Proyecto de Ley
1667-D-02 de la Cámara de Diputados de la Nación, firmado por Héctor R. ROMERO; Proyecto de Ley
2932-S-2004 de la Cámara de Diputados de la Nación, suscripto por Araceli MÉNDEZ DE FERREYRA y
Miguel A. BONASSO; Cfr. Proyecto de Ley 4027-S-2006 del Senado de la Nación, firmado por Alicia E.
MASTANDREA; Cfr. Proyecto de Ley 0219-S-2008 del Senado de la Nación, firmado por la senadora
Adriana BORTOLOZZI DE BOGADO.
Hay que destacar, asimismo, que en los años 2004, 2005 y 2006, se presentaron diversos proyectos de
ley con la exclusiva finalidad de derogar la L.A., entre los que cabe mencionar los siguientes: Proyecto de
Ley 3431-D-2004 de la Cámara de Diputados de la Nación, suscripto por Mauricio BOSSA; Proyecto de
Ley 6548-D-2005 de la Cámara de Diputados de la Nación, suscripto por Gabriel LLANO; y Proyecto de
Ley 6323-D-2006 de la Cámara de Diputados de la Nación, suscripto por Pablo G. TONELLI, Federico
PINEDO, Jorge R. VANOSSI, Hugo MARTINI, Mauricio MACRI, Omar B. DE MARCHI.
Esta cuestión será objeto de análisis detallado en un eventual estudio posterior de los autores.
una publicación anterior a donde cabe remitir183, basta decir aquí que, el inciso “c” del
artículo 2 de la L.A. se ha utilizado para dictar medidas que en verdad encuadran dentro
de otros incisos del mismo artículo, tales como controles de precios (inciso “a”), control
del abastecimiento (inciso “d”) y otorgamiento de subsidios (inciso “e”). Es probable
que esta utilización del inciso “c” se deba a que es el único que no fue directamente
Al respecto, el inciso “c” puede ser interpretado de diversas maneras, pero
ninguna de ellas permitiría convalidar su utilización para dictar medidas de control de
precios y abastecimiento y demás medidas contenidas en el artículo 2 de la L.A. En
efecto: (i) si se lo interpreta como una amplia facultad legislativa, el inciso “c” sería
inconstitucional por no cumplir con los estándares del artículo 76 de la Constitución; (ii)
si se lo interpreta como una facultad reglamentaria, el inciso “c” no permitiría dictar
medidas de control de precios, abastecimiento y subsidios, pues éstas tienen carácter
legislativo; y (iii) si se lo interpreta como una facultad legislativa residual, el inciso “c”
habría sido indirectamente suspendido por el decreto 2.284/91 y, por lo tanto, no
permitiría dictar las medidas señaladas.
La L.A., tal como ésta quedó redactada al sancionarse en el año 1974,
transfirió el ejercicio de diversas facultades legislativas al Poder Ejecutivo con carácter
Sin embargo, existieron legisladores que al sancionarla entendieron que
se trataba de una norma excepcional, transitoria y de emergencia. Además, la Corte
Suprema la interpretó como una ley que de emergencia que habilitaba al Poder
Ejecutivo para adoptar medidas excepcionales en “situaciones de emergencia
En el año 1991, el decreto de necesidad y urgencia 2.284/91 reformó
sustancialmente la delegación contenida en los artículos 2, 3, 26 y 27 de la L.A. Las
convirtió en normas destinadas a servir de estructura (de “matriz”) para futuras
delegaciones legislativas que el Congreso realice ante emergencias de abastecimiento
concretas y determinadas que ocurran en el país. Dicha reforma, sin embargo, no
alcanzó a los delitos y las sanciones penales establecidas por la L.A., las que en
principio continúan vigentes.
En consecuencia, debido a la suspensión dispuesta por el decreto
Cfr. CASTRO VIDELA, Santiago – MAQUEDA FOURCADE, Santiago, “Control de precios y
abastecimiento mediante el inciso “c” del artículo 2 de la Ley de Abastecimiento”, La Ley, Suplemento
Derecho Constitucional, 09-08-2012.
2.284/91 y la exigencia de la previa declaración de emergencia de abastecimiento para
su restablecimiento, el Poder Ejecutivo perdió el ejercicio de las facultades legislativas
previstas en la L.A.: la delegación dejó de existir como tal. Este desapoderamiento tuvo
la siguiente particularidad: el Congreso puede volver a transferir el ejercicio de las
facultades de la L.A., pero sin la necesidad de consensuar y sancionar una nueva ley de
emergencia cada vez que se presente una emergencia de abastecimiento. Basta, por el
contrario, con que aquél realice una declaración de emergencia de abastecimiento —a
nivel general, sectorial o regional— para que dicho ejercicio se transfiera nuevamente al
Poder Ejecutivo, aunque la misma debe instrumentarse por una ley formal.
Por estas razones la L.A. reformada por el decreto 2.284/91 no contiene
ya una delegación legislativa en los términos del artículo 76 de la Constitución
Nacional. Por el contrario, contiene una serie de normas —los artículos 2, 3, 26 y 27—
que funcionan como “matriz” para eventuales delegaciones legislativas de emergencia
de abastecimiento. La L.A. está vigente, pero las facultades legislativas que ella
contempla sólo son operativas cuando el Congreso, mediante una declaración de
emergencia de abastecimiento a nivel general, sectorial o regional, habilite su ejercicio
transfiriéndolo nuevamente al Poder Ejecutivo por tiempo limitado.
En ese nuevo esquema de la L.A. reformada por el decreto 2.284/91, muy
similar al de la ley 16.454 (1964), sólo existe delegación legislativa en los términos del
artículo 76 de la Constitución Nacional cuando media una declaración legislativa de
emergencia de abastecimiento y por el plazo que fije el Congreso o mientras ésta
persista, pues la transferencia del ejercicio de las facultades legislativas al Poder
Ejecutivo se efectúa exclusivamente con la finalidad de sortearla.
Concluida la emergencia de abastecimiento que motive una eventual
declaración del Congreso en los términos del decreto 2.284/91 o cumplido el plazo que
éste hubiera establecido en ella, la delegación se “desactiva”, es decir, se extingue la
transferencia del ejercicio de las facultades delegadas: es necesaria entonces una nueva
declaración de emergencia de abastecimiento para volver a “activarla” y transferir
nuevamente al Poder Ejecutivo el ejercicio transitorio de las facultades legislativas
previstas en la L.A. Se trata, en consecuencia, de una nueva delegación legislativa.
Con posterioridad a la reforma operada por el decreto 2.284/91, se han
“activado” esas facultades, con carácter temporal y de emergencia, en al menos dos
oportunidades: (i) de manera general pero inconstitucional, mediante el decreto 722/99;
y (ii) de manera sectorial, mediante la ley 25.596 (2002). Las circunstancias que
motivaron tales medidas, sin embargo, ya han fenecido.
La declaración de emergencia contenida en las leyes 25.561 (2002) y
concordantes —emergencia pública en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria— o la “emergencia agropecuaria” declarada por el Poder
Ejecutivo conforme a lo previsto en la ley 26.509 (2009), no pueden ser caracterizadas
como “emergencias de abastecimiento” en el sentido del decreto 2.284/91, pues no
contuvieron la declaración específicamente exigida por éste ni tampoco pueden suplirla.
En la medida en que no exista una situación de emergencia de
abastecimiento que haya sido declarada por el Congreso, todas las medidas dictadas en
supuesto ejercicio de las facultades delegadas por la L.A. son inconstitucionales: no
existe, al día de hoy, una delegación legislativa en los términos del artículo 76 de la
Constitución que así lo habilite. Por esa razón, el Poder Ejecutivo y los eventuales
órganos subdelegados no cuentan con delegación legislativa alguna al amparo de la cual
poder adoptar válidamente medidas de sustancia legislativa en materia de
abastecimiento y control de precios.
La disposición transitoria octava no resulta aplicable respecto de las
normas de la L.A. que delegan facultades, en razón de que, al momento de entrar en
vigencia la reforma constitucional de 1994, la L.A. no contenía una delegación
legislativa en los términos del artículo 76 de la Constitución, por lo que no podía estar
comprendida dentro del concepto “legislación delegante preexistente”.
El inciso “c” del artículo 2, que no fue alcanzado por la suspensión
dispuesta por el decreto 2.284/92, puede ser interpretado de diversas maneras, pero
ninguna de ellas permite convalidar su utilización para dictar medidas de control de
precios y abastecimiento o las demás medidas previstas en los restantes incisos del
artículo 2 de la L.A.
DIVISION DE ABASTECIMIENTO
Selección de trabajadores • RRHH (Recursos Humanos) • Reclutamiento
Administración de empresas • Selección de proveedores • Stock • Planificación empresarial • Recursos materiales • Sistema de producción • Presupuestos • Adquisición de bienes y etapas
Psicosociología • Persona • Adolescentes • Adolescencia • Rasgos personales • Desarrollo social • Individuo • Factores • Conducta • Identidad
ENERGIA ELECTRICA Grupo Fénix Problemática y propuestas
Presentación de una lista de ... minerales fundamentales MEMO/10/263
Document 236245