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Timestamp: 2020-07-15 02:46:50
Document Index: 262745413

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 15', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 129', 'artículo 17', 'in fine', 'artículo 18', 'in fine']

Inconstitucionalidad del art. 121, inciso c), Ley 24.660, en tanto estipula deducciones "para costear los gastos que causare el interno en el establecimiento".Gastos de manutención del interno que deben estar a cargo del Estado.
"Adrober, Norberto Ángel s/Ejecución De Pena Privativa de Libertad".
JUZGADO DE EJECUCION PENAL DE 1ª NOMINACION DE CORDOBA, rta. 6 de mayo 2008 (El Dial –extracto-).
TRABAJO PENITENCIARIO. Remuneración del penado por debajo del mínimo reglamentario establecido (tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil que corresponda al mes que se liquida). Adecuación de los importes percibidos hasta la fecha. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 121, INCISO C), LEY 24.660, en tanto estipula deducciones "para costear los gastos que causare el interno en el establecimiento".Gastos de manutención del interno que deben estar a cargo del Estado. Art. 18, in fine, de la Constitución Nacional
"Adrober, Norberto Ángel s/Ejecución De Pena Privativa de Libertad" - JUZGADO DE EJECUCION PENAL DE 1ª NOMINACION DE CORDOBA - 06/05/2008
"Es evidente que la aptitud del trabajo para que cumpla los fines que persigue el tratamiento (en el caso concreto: posibilidad de que, al egreso de la institución carcelaria, el penado puede reinsertarse en el mercado) depende a que la configuración del mismo se aproxime, cada vez más, a la regulación del trabajo libre. El mejor instrumento para alcanzar dicho objetivo será la asimilación de la vida y el trabajo en prisión a la vida y el trabajo en libertad, como recomiendan las Reglas Mínimas de Naciones Unidas y del Consejo de Europa para el Tratamiento de los Reclusos" (Cfr., Pilar Fernández Artiach, El trabajo de los internos en establecimientos penitenciarios, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 103)."
"En atención a estos principios - y teniendo en cuenta que, el derecho examinado, constituye una categoría de aplicación progresiva y que el trabajo penitenciario genera una relación particular, que admite aristas y perfiles propios - podría ser entendible que, respecto de los internos condenados se tolere una remuneración por debajo del mínimo vital y móvil (como sucede, tanto en la ley nacional como en la norma local). Pero hasta allí puede llegar la concesión; no resultando razonable que se vaya por debajo del mínimo reglamentario establecido. Admitir esta posibilidad importaría tanto como desandar las pautas hermenéuticas que deben iluminar la institución."
"De acuerdo al informe del INDEC glosado a fs. 115, el salario mínimo vital y móvil correspondiente al mes de septiembre del año 2007, ascendía a $ 900,00 (novecientos pesos). Como se viera, la retribución de ADROBER, para ese mismo período (septiembre de 2007) lo fue a $ 506,25; monto que se encuentra por debajo de los tres cuartas partes del salario mínimo (a la sazón $ 900,00). Por tal razón, y para el mes de septiembre de aquel año, el importe total debió ascender a $ 675,00 (pesos seiscientos setenta y cinco); sobre la cual deberán calcularse las deducciones pertinentes."
"Corresponde entonces hacer lugar al planteo de ADROBER; debiendo adecuarse los importes desde aquella fecha (septiembre de 2007) al presente (y continuando como pauta directriz para las liquidaciones futuras) a lo reglamentariamente establecido por el artículo 15 del Anexo V (esto es: la remuneración deberá ser equivalente a las tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil que corresponda al mes que se liquida). Ello, ciertamente, sin perjuicio de las deducciones que correspondan."
"El segundo planteo del interno refiere a la inconstitucionalidad del inciso c) del artículo 121 de la ley 24.660."
"De acuerdo al inciso C) del artículo 121 de la ley 24.660, la retribución del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, "se distribuirá simultáneamente en la forma siguiente: (...) c) 25 % para costear los gastos que causare en el establecimiento"."
"Solicitados los recibos respectivos se advierte que en el rubro deducción se consigna el correspondiente al artículo 121, inciso C), de la ley 24.660. ¿Qué se entiende alcanzado por esta deducción?."
"A pedido del suscripto la administración responde que: "se entiende que dichos 'gastos' se identificarían con los originados en la manutención del interno dentro del establecimiento de alojamiento, no obstante ello no puede dejar de advertirse la contradicción entre dicha norma y la obligación que la misma ley establece a cargo del Estado (...) la provisión a los internos de la alimentación, atención sanitaria, vestimenta, elementos de higiene necesarios, dado el estado de sujeción que implica la pena privativa de la libertad. Asimismo se advierte que ello genera una situación de desigualdad respecto de aquellos internos que en razón de no percibir remuneración alguna quedan exentos de aporte alguno en tal sentido. No obstante ello, habiéndose adherido la Provincia sin reserva alguna a las prescripciones que en materia de pago de remuneraciones y modalidad de liquidación contiene la Ley Nacional, hasta tanto se dicte una norma en contrario, a los fines de no incurrir en inobservancia de la ley, se estimó pertinente practicar el descuento del porcentaje del veinticinco por ciento (25 %) mencionado (...)"."
"Considero que el precepto atacado no puede sortear el test de constitucionalidad. Para llegar a tal conclusión se torna necesario proceder a través de aproximaciones sucesivas. Por una parte, es necesario indagar qué tipo de "gastos" abarca esta deducción (la del inciso "c", del artículo 121). Sin duda que una interpretación sistemática impide que tal concepto pueda adscribirse a la cobertura de daños involuntarios o intencionales que habría producido el interno. Ello, sencillamente por cuanto el propio artículo 129 de la ley 24.660 alude a tal categoría (norma ésta a la que, a su vez, remite el artículo 17 del Anexo V)."
"Por este motivo - y en consonancia con la propia respuesta de la administración - no cabe más que adjudicar la deducción a los gastos de manutención del interno (alimento, medicamento, vestimenta, etc.)."
"Obviamente tal circunstancia trae aparejada la inconstitucionalidad del precepto. Es que, como lo sostienen Axel López y Ricardo Machado - en opinión que comparto - la manutención integral del interno debe ser a cargo del Estado. Ello surge "de la aplicación concreta del principio contenido en el art. 18 - in fine - de la Constitución Nacional, del cual se desprende que la administración debe asegurar las condiciones dignas de alojamiento en los establecimientos carcelarios - vestuario, alimentación, artículos de higiene, medicación, tratamientos terapéuticos, etc. -, siendo que la omisión resulta motivo formalmente válido para la interposición del denominado hábeas corpus correctivo" (cfr. Análisis del régimen de ejecución penal, Ed. Fabián J. Di Plácido, Bs. As., 2004, p. 322)."
"De hecho, el criterio que aquí propicio ha sido receptado por alguna de las Salas de Cámara Nacional de Casación Penal. En efecto, dicho Tribunal, a través de su Sala III, al fallar el precedente "Raskovski, María Dolores s/recurso de casación e inconstitucionalidad" (6/11/2006), expresó que: "si el trabajo carcelario es considerado un deber y un derecho de los condenados, de conformidad con la normativa que rige (art. 107 de la ley 24.600), y éste específicamente deberá ser remunerado y respetar la legislación laboral vigente, no me parece razonable ni equitativo que su retribución, de la que ya se deducen los aportes correspondientes a la seguridad social, se vea disminuida con motivo de 'gastos' cuya naturaleza es difícil precisar, y mucho menos interpretar que su destino sea la manutención del interno, pues ello es una obligación que tiene el Estado, quien por lo demás a través de los órganos apropiados decidió su encierro, y debe asegurar que se les provea de todos los bienes indispensables para su subsistencia en el establecimiento carcelario, en cumplimiento de la regla del artículo 18 in fine de la Constitución Nacional" (voto del Juez Guillermo José Tragant)