Source: http://www.icedaabogadosyasesores.com/2013/01/t-85412-exoneracion-de-cuota.html
Timestamp: 2019-03-24 05:05:53
Document Index: 97248718

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'Artículo 257', 'Artículo 264', 'artículo 24', 'artículo 413', 'artículo 422', 'artículo 435', 'artículo 42', 'Artículo 86', 'artículo 129', 'Artículo 422', 'Artículo 47', 'Artículo 435']

ICEDA Bufete de Abogados : T-854/12. EXONERACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA HIJO MAYOR DE EDAD
T-854/12. EXONERACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA HIJO MAYOR DE EDAD
Sentencia T-854/12
Referencia: expediente T-3516725
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012)
1.3. Indica que el mencionado proceso le correspondió a la Juez Once de Familia de Medellín, quien dictó sentencia negando dicha pretensión con base en que “(…) si bien el demandado no tiene impedimento corporal, o mental, que los inhabilite para subsistir por sí mismo; que cuenta con estudios superiores y formación técnica, lo cierto es que no goza de vinculación laboral”[1].
El 7 de mayo de 2012 la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín admitió la acción de tutela, ofició a la Juez Once de Familia de Medellín e integró al contradictorio por pasivo, vinculando al joven Faber Andrés Londoño Flórez para que ejerciera su derecho de defensa. Asimismo vinculó al Defensor de Familia y al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado accionado para los efectos legales a que hubiere lugar.[2]
- Copia de la demanda presentada por el actor ante el Juzgado Once de Familia con el fin de obtener la exoneración de cuota alimentaria establecida a favor de su hijo Faber Andrés Londoño Flórez. (Cuaderno 2, folio 2).
- Copia del auto núm. 1377 proferido por el Juzgado Once de Familia de Medellín, admitiendo la demanda de exoneración de cuota alimentaria y corriendo traslado de la misma al joven Londoño Flórez para que contestara y solicita pruebas. (Cuaderno 2, folio 9).
- Copia de los registros de nacimientos de los jóvenes Faber Andrés Londoño Flórez y Daniel Londoño Carmona. (Cuaderno original, folios 5 y 6).
- Copia de la cédula de ciudadanía del señor Élkin Darío Londoño Marulanda. (Cuaderno original, folio 7).
- Copia de los programas académicos cursados por Faber Andrés Londoño Flórez que acreditan que es técnico en sistemas (realizado y aprobado en el período 2004) y diseño gráfico digital (certificado en el año 2007), y posee un diplomado en diseño de páginas Web (del 14 de marzo al 30 de junio de 2009) expedido por el instituto de formación técnica CESDE. (Cuaderno original, folios 8 a 9).
- Copia del auto que decretó el embargo y la retención del 25% del salario del peticionario por el Juzgado Cuarto Civil de Menores de Medellín hoy Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad. (Cuaderno 2, folio 5).
- Copia de los recibos de los pagos realizados por el accionante al colegio Carmelitano del menor Daniel Londoño de los meses noviembre y octubre por la suma de $66.000 pesos. (Cuaderno 2, folio 17).
- Copia del pago semanal del señor Élkin Darío Londoño Marulanda expedido por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. donde se evidencia que: el total devengado son $385.852.35; el total deducido son $324.861.30; y el neto a pagar son $60.000.00. (Cuaderno 2, folio 21).
- Copia de la declaración juramentada del señor Élkin Darío Londoño dentro de la cual señala que vive desde hace 18 años con la señora Luz Maribel Carmona Patiño, quien es ama de casa; y que de tal unión nació Daniel Londoño Carmona. Finalmente, manifiesta que él es el que sostiene económicamente a su núcleo familiar. (Cuaderno original, folio 1).
- Copia del interrogatorio de parte realizado al joven Faber Andrés Londoño Flórez en el cual afirma que no presenta ninguna inhabilidad física o mental que le imposibilite procurarse los alimentos a través del trabajo; que no está realizando estudios superiores; que es técnico en sistemas y diseño gráfico en el CESDE, con diplomado de desarrollo de páginas Web; y que en su criterio tal formación es suficiente para empezar a trabajar. (Cuadernos 2, folio 40).
- Copia del acta de la audiencia de conciliación del 14 de julio de 2011, donde el señor Londoño Marulanda declara que solicita la exoneración de la cuota alimentaria toda vez que cuenta con otras responsabilidades con su hijo menor de edad y su compañera. Agrega que en el tiempo en que asumió la cuota le tocó perder una casa ya que los ingresos que percibía eran escasos. Además, indica que su hijo Faber Andrés no está incapacitado físicamente, es mayor de edad, y técnico, situación que lo habilita para trabajar. Por su parte, Faber Andrés Londoño indica “yo todavía tengo 25 años y yo necesito la cuota para mis propios gastos (…) actualmente no estoy trabajando y terminé estudios en junio, pero hice las pruebas para el ITM para empezar nuevamente”. (Cuadernos 2, folio 36).
- Copia de los testimonios dados por el señor Carlos Mario Arboleda Tabares y la señora Mariluz Pareja Giraldo en la audiencia de instrucción del proceso de exoneración de la cuota alimentaria, quienes manifestaron conocer las dificultades económicas que sufre el accionante, hasta el punto que su hijo Daniel Londoño no ha podido entrar a la universidad por falta de recursos. Además, afirmaron que el demandante ha intentado obtener préstamos de entidades bancarias sin éxito en razón al embargo y retención del 25% del sueldo que lo afecta por concepto de alimentos. (Cuadernos 2, folio 40).
- Copia del fallo proferido por el Juzgado Once de Familia el 9 de diciembre de 2011, donde niega la pretensión elevada por el accionante, esto es, la exoneración de cuota alimentaria fijada a favor de su hijo Faber Andrés Londoño Flórez. (Cuaderno original, folios 2 a 4; y cuaderno 2, folios 43 a 46).
La Corte ha establecido de manera extraordinaria la procedencia de la acción de tutela como medio para cuestionar decisiones judiciales que violan garantías constitucionales, en especial, los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial[3].
Lo anterior obedece a que el artículo 86 Superior[4] establece que a través del amparo podrá solicitarse la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados por “cualquier autoridad pública”[5], es decir, por “todas aquellas personas que están facultadas por la normatividad para ejercer poder de mando o decisión en nombre del Estado y cuyas actuaciones obliguen y afecten a los particulares”[6].
Así, la acción de tutela procede contra las decisiones judiciales toda vez que son “adoptadas por servidores públicos en ejercicio de la función jurisdiccional”. Sin embargo, este Tribunal ha sostenido que con el objeto de conseguir un adecuado equilibrio “entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, así como la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales”, tal procedencia es excepcional y tiene que cumplir con los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional[7].
Esta Corporación ha señalado como criterios de procedibilidad, unos de carácter general, es decir, los que se requieren para habilitar la presentación del amparo[8]; y otros de carácter específico que versan sobre la procedencia de la tutela una vez incoada[9].
f. Que no se trate de sentencias de tutela[15]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”.
Las mencionadas causales constituyen el punto de partida para la procedencia excepcional del amparo contra providencias judiciales[18]. Teniendo en cuenta los criterios específicos, la Sala precisará algunos de ellos que guardan estrecha relación con el caso objeto de revisión, así:
La Corte ha establecido que dicha falla se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”[19]. La jurisprudencia de este Tribunal en diferentes decisiones ha recopilado diversos supuestos que pueden configurar este defecto y que recogió en sentencia SU-195 de 2012 de la siguiente manera:
(ii) Cuando, a pesar de la autonomía judicial, “la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable[20] o el operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra legem- o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes[21] o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial[22]”.
La Corte ha hecho énfasis en que el referido criterio procede cuando se comprueba que el apoyo probatorio en el que basó el juez su decisión es absolutamente inadecuado[23]. Por ello, este Tribunal ha señalado que solo es factible que prospere el defecto cuando aparece arbitraria la valoración de la prueba realizada por el operador judicial[24].
En otras palabras, el yerro en la valoración de la prueba tiene que ser “de tal magnitud que pueda advertirse de manera evidente y flagrante, sin que quepa margen de objetividad alguno que permita explicar razonablemente la conclusión a la cual llegó el juez[25]. En igual sentido, es imprescindible que tal yerro tenga una trascendencia fundamental en el sentido del fallo, de manera que si no se hubiera incurrido en él, el funcionario judicial hubiera adoptado una decisión completamente opuesta[26].”[27].
Respecto del defecto fáctico la Corte la ha establecido los siguientes criterios para su configuración[28], así:
“1. Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Esta hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido[29].
2. Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio. Se presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente[30].
3. Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Tal situación se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva[31].”
La jurisprudencia constitucional ha explicado que el derecho de alimentos es aquél que tiene una persona para solicitar lo necesario para su subsistencia a quien por ley se encuentra obligado a darlo, cuando la persona no cuenta con la capacidad de procurárselo por cuenta propia[32].
Igualmente, ha señalado que los alimentos adquieren relevancia constitucional debido a que constituyen “el reconocimiento y concreción de las obligaciones alimentarias y su realización material, se vincula con la necesaria protección que el Estado debe dispensar a la familia como institución básica o núcleo fundamental de la sociedad, y con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, en la medida en que el cumplimiento de aquéllas sea necesario para asegurar en ciertos casos la vigencia de los derechos fundamentales de las personas al mínimo vital o los derechos de la misma estirpe a favor de los niños, o de las personas de la tercera edad, o de quienes se encuentren en condiciones de marginación o de debilidad manifiesta (arts. 2, 5, 11, 13, 42, 44 y 46 C.P.)”[33].
El derecho de alimentos en un comienzo proviene del parentesco; la obligación de suministrarlo se deriva del principio de solidaridad, ya que los miembros de la familia deben proporcionar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma, que se encuentran impedidos para procurarse sustento a través del trabajo[34].
“Artículo 257. Los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos legítimos pertenecen a la sociedad conyugal, según las reglas que, tratando de ella, se dirán”.
“Artículo 264. Los padres, de común acuerdo, dirigirán la educación de sus hijos menores y su formación moral e intelectual, del modo que crean más conveniente para éstos; asimismo, colaborarán conjuntamente en su crianza, sustentación y establecimiento.”
Por su parte, el artículo 24 del Código de la Infancia y la Adolescencia define los alimentos como “todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes (…)”.
La jurisprudencia constitucional ha establecido los criterios para reclamar alimentos[35], así:
Así que conforme con estas disposiciones y con la Constitución, el suministro de alimentos no solo comprende lo estrictamente necesario para subsistir, sino también lo que se necesita para vivir dignamente[36], lo que para algunos autores hace que pierda vigor la clasificación de alimentos consagrados en el artículo 413 del Código Civil, que tradicionalmente los divide en congruos y necesarios (los primeros son los que se requieren para vivir modestamente de acuerdo a su posición social, y los segundos los que se proporcionan para sostener la vida)[37].
De otra parte, el Código Civil regula la manera y el monto con que los padres deben colaborar a la educación y crianza de los hijos, circunstancia que resulta variable, dependiendo de la situación especial del alimentante y el alimentario[38]. Sobre el punto esta Corporación ha indicado que al momento de imponer las cuotas o cuando esas se fijan por mutuo acuerdo, el Estado tiene el deber, por un lado, de satisfacer las necesidades congruas o necesarias de los acreedores, y por el otro, velar por que estas sean equitativas para los deudores de las mismas[39].
Conforme con el artículo 422 del Código Civil[40], la obligación alimentaria de los padres en principio rige para toda la vida del alimentario, siempre que permanezcan las circunstancias que dieron origen a su reclamo[41]. Sin embargo, en su inciso segundo indica que los alimentos se deben hasta que el menor alcance la mayoría de edad, a menos que tenga un impedimento corporal o mental o se halle inhabilitado para subsistir de su trabajo. Dicha condición fue ampliada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, de manera que se ha considerado que “se deben alimentos al hijo que estudia, aunque haya alcanzado la mayoría de edad, siempre que no exista prueba de que subsiste por sus propios medios”[42].
No obstante, con el fin de que no se entendiera la condición de estudiante como indefinida, analógicamente la jurisprudencia ha fijado como edad razonable para el aprendizaje de una profesión u oficio la de 25 años, teniendo en cuenta que la generalidad de las normas relativas a la sustitución de la pensión de vejez y las relacionadas con la seguridad social en general[43] han establecido que dicha edad es “el límite para que los hijos puedan acceder como beneficiarios a esos derechos pensionales, en el entendido de que ese es el plazo máximo posible para alegar la condición de estudiante”[44].
La finalización de la preparación académica habilita a la persona para el ejercicio de una profesión u oficio y, por ende, da lugar a la terminación de (i) “la incapacidad que le impide laborar” a los (as) hijos (as) que estudian, y (ii) del deber legal de los padres de suministrar alimentos, excepto cuando la persona de nuevo se encuentre en una circunstancia de inhabilitación que le imposibilite sostenerse por cuenta propia[45].
(i) Relevancia constitucional de las cuestiones discutidas. Como se observa en el expediente, el accionante considera que la decisión tomada por el Juzgado Once de Familia de Medellín, el 9 de diciembre de 2011, esto es, la negativa a exonerarlo de la obligación alimentaria, vulneró su derecho al debido proceso. Con ello se evidencia la relevancia constitucional del caso, toda vez que se busca proteger el mencionado derecho respecto de la presunta actuación arbitraria de la autoridad judicial que ha obtenido firmeza e incluso puede comprometer los derechos fundamentales de su otro hijo y el de su compañera[51].
(ii) Agotamiento de todos los medios ordinarios de defensa judicial. Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, conforme con el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil[52], los procesos de exoneración de alimentos se tramitan en única instancia, por lo que la vía ordinaria de defensa para la protección de sus derechos fundamentales se encuentra agotada[53]. En consecuencia, se entiende cumplido este criterio.
(iii) Requisito de la inmediatez. En relación con este parámetro se observa en el expediente que el accionante interpuso el amparo constitucional el 24 de abril del presente año, contra la decisión tomada por el Juzgado Once de Familia de Medellín el 9 de diciembre de 2011 (la negativa de exonerarlo de la obligación alimentaria), transcurriendo aproximadamente cuatro meses después de emitida la decisión judicial que cuestiona, término que se considera razonable y proporcionado[54].
Indicó que la condición de “impedidos” (inciso 5º artículo 42 Superior) no solo hacía referencia a dicha incapacidad, sino que también se refería a los hijos mayores de 18 años que se encontraran estudiando, cuando esa formación no fuese solo un pretexto para seguir siendo beneficiario de alimentos.
Igualmente, sostuvo que cuando los hijos menores alcanzan la mayoría de edad y no se encuentran impedidos física o psíquicamente para laborar “si están educándose o en formación profesional y avanzan progresivamente con éxito, la obligación permanece; terminada la carrera o formación se extingue la obligación, lo mismo si obtiene malos resultados académicos o cuando el hijo para recibir los alimentos se mantiene en ciclos continuados de estudio (…)”[55].
3) Cuenta con capacidad para trabajar, unida a la adquisición de bienes o de rentas o de un empleo.”[56]
A partir de lo anterior el juzgado consideró que “(…) si bien el demandado no tiene impedimento corporal, o mental, que los inhabilite para subsistir por sí mismo; que cuenta con estudios superiores y formación técnica, lo cierto es que no goza de vinculación laboral”[57], por lo que estimó necesario que se le siguieran suministrando los alimentos.
Así las cosas, se tiene que el beneficio de la cuota alimentaria de los hijos que estudian va hasta los 25 años (dependiendo del caso), edad que la jurisprudencia ha establecido como término razonable para formarse en una profesión u oficio que les permita obtener su independencia económica y satisfacer sus propias necesidades[58], tope cronológico que se encuentra encaminado a que la condición de estudiante no se torne indefinida.
Ha de decirse al respecto que la juez encontró demostrado, por una parte, la inexistencia de impedimento corporal o mental que imposibilitara al demandado para trabajar; y por la otra, que el accionado no se encontraba estudiando, circunstancias que fueron acreditadas con base en las propias aseveraciones del demandado Londoño Flórez, quien al absolver el interrogatorio de parte que le fue formulado afirmó no sufrir de discapacidad física o mental que le imposibilitara procurarse los alimentos a través del trabajo; y no estar realizando estudios superiores[59].
También encontró la juez acreditado, con base en los certificados que aparecen arrimados al proceso, que aunque Faber Andrés Londoño Flórez no contaba con bienes o un empleo, ello no significaba que estuviera inhabilitado para laborar, ya que los certificados antedichos dan fe de su idoneidad como técnico en sistemas y diseño gráfico digital, amén de poseer un diplomado en diseño de páginas Web, formación que resulta suficiente para trabajar y procurarse su sustento, como él mismo lo reconoció[60].
Primero. REVOCAR el fallo de única instancia proferida el 15 de mayo de 2012 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín, mediante el cual se negó el amparo invocado dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por el señor Élkin Darío Londoño Marulanda. En su lugar, CONCEDER la protección del derecho fundamental al debido proceso.
Segundo. ORDENAR al Juzgado Once de Familia de Medellín que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, decida nuevamente sobre la exoneración de alimentos pretendida por el señor Élkin Darío Londoño Marulanda con base en las consideraciones planteadas en esta providencia.
[1] Fallo del 9 de diciembre de 2011 proferido por el Juzgado Once de Familia. Cuaderno 1, folio 4.
[2] Cuaderno 1, folio 28.
[3] Sentencia T-703 de 2011.
[4] “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…)”.
[5] Sentencia SU-195 de 2012. Disposición que se encuentra reiterada en el Decreto 2591 de 1991 que reglamenta la acción de tutela.
[6] Sentencias SU-195 de 2002 y T-405 de 1996.
[7] Sentencias T-136 de 2012 y T-852 de 2011.
[8] Sentencias SU-195 de 2012 y C-590 de 2005.
[9] Sentencia SU-195 de 2012.
[10] Sentencia T-173/93.
[11] Sentencia T-504/00.
[12] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05.
[13] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000.
[14] Sentencia T-658/98.
[15] Sentencias T-088/99 y SU-1219/01.
[16] Sentencia T-522/01.
[17] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01.
[18] Sentencia SU-195 de 2012.
[19] Sentencias SU-159 de 2002, T-043 de 2005, T-295 de 2005, T-657 de 2006, T-686 de 2007, T-743 de 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, SU-195 de 2012, entre otras.
[20] Sentencias T-051 de 2009 y T-1101 de 2005.
[21] Sentencias T-462 de 2003, T-001 de 1999 y T-765 de 1998.
[22] Sentencias T-066 de 2009 y T-079 de 1993.
[23] Sentencias SU-195 de 2012, T-143 de 2011 y T-567 de 1998.
[24] Sentencias SU-195 de 2012.
[25] Sentencia T-456 de 2010.
[26] Sentencia T-311 de 2009.
[28] Sentencia SU-195 de 2012.
[29] Cfr. Sentencia T-902 de 2005.
[32] Sentencias C-1033 de 2002 y C-919 de 2001.
[33] Sentencias C-1033 de 2002, C-919 de 2001 y C-184 de 1999.
[34] Sentencia C-919 de 2011. Código de la Infancia y la Adolescencia artículo 129.
[35] Sentencias C-1033 de 2002, C-919 de 2001 y la Guía Básica de Procesos de Familia, Martha Patricia Guzmán Álvarez. Editorial Ibáñez, 2009.
[36] Sentencia C-919 de 2011.
[37] Guía Básica de Procesos de Familia, Martha Patricia Guzmán Álvarez. Editorial Ibáñez, 2009.
[39] Sentencia T-492 de 2003.
[40] “Artículo 422. Los alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda. Con todo, ningún varón –entiéndase hombre o mujer, desde la Constitución de 1991- de aquellos a quienes solo se deben alimentos necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido 21 años –hoy 18-, salvo que por algún impedimento corporal o mental, se halle inhabilitado para subsistir de su trabajo”.
[41] Sentencia C-875 de 2003.
[42] Sentencia T-192 de 2008 y sentencia de tutela, Exp.632. Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia.
[43] Ley 100 de 1993 “Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
[44] Esta Corporación, en sentencia T-192 de 2008, estudió el caso de un joven de 22 años, quien a través de la tutela buscaba que se le protegieran sus derechos fundamentales a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, ante la negativa de su padre a avalar con su firma el otorgamiento de una beca de estudios en España conferida por ECOPETROL S.A.. Del mismo modo, la sentencia T-285 de 2010 sostuvo que los 25 años es la edad “límite establecida en la ley para que una persona se procure, así misma, su propio sustento, no puede deducirse la intención del alimentario de permanecer indefinidamente como beneficiario de la obligación alimentaria que le asiste a su padre”.
[51] La Corte, en sentencia T-285 de 2010, al observar que se había configurado los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial establecidos por la jurisprudencia constitucional, decidió estudiar el caso de un señor que interpuso la acción de tutela contra el Juzgado Tercero de Familia de Palmira, con el fin de que se le protegiera su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado como consecuencia de la decisión adoptada por el juez en mención, consistente en negar la exoneración de la cuota alimentaria que le debía a su hijo estudiante de 25 años de edad.
[52] Proceso Verbal Sumario. “Artículo 435. Asuntos que comprende. Se tramitarán en única instancia por el procedimiento que regula este capítulo, los siguientes asuntos: (…) 3. Fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos, y restitución de pensiones alimenticias”.
[53] Sentencia T-285 de 2010.
[54] Sentencia T-703 de 2011. La Corte examinó el caso de un señor que instauró tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria y el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, dentro del cual consideró que cumplía con el principio de inmediatez, en tanto que el accionante acudió a la tutela el 10 de enero de 2010 y la decisión de segunda instancia fue dictada el 24 de agosto de 2009, transcurriendo aproximadamente 5 meses, término que estimó razonable y proporcionado. En igual sentido lo expuso en sentencia T-136 de 2012, donde manifestó que 5 meses era un plazo prudente para interponer el amparo constitucional. Así lo hizo saber en el asunto de una señora que interpuso dicha acción contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales y el Juzgado 3° Laboral del Circuito de la misma ciudad.
[55] Cuaderno 1, folio 3.
[56] Cuaderno 1, folio 3.
[57] Cuaderno 1, folio 4.
[58] Sentencia C-451 de 2005.
[59] Cuaderno 2, folio 40.
[60] Ídem y Cuaderno 1, folio 8.
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