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Timestamp: 2015-08-30 15:56:17
Document Index: 134092160

Matched Legal Cases: ['artículo 172', 'artículo 172', 'Artículo 21', 'Artículo 25', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

Documento BOE-A-1996-1069
Disponible nuevo suplemento de anuncios de notificaci�n del BOE Documento BOE-A-1996-1069
Publicado en: «BOE» núm. 15, de 17 de enero de 1996, páginas 1225 a 1238 (14 págs.)
Ambito y principios generales
Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y los demás derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.
4. Una vez constituida la guarda o tutela a que se refiere el apartado anterior de este artículo, la Administración pública competente facilitará a los menores extranjeros la documentación acreditativa de su situación, en los términos que reglamentariamente se determinen.
Las Administraciones públicas, en los ámbitos que les son propios articularán políticas integrales encaminadas al desarrollo de la infancia por medio de los medios oportunos, de modo muy especial, cuanto se refiera a los derechos enumerados en esta Ley. Los menores tienen derecho a acceder a tales servicios por sí mismos o a través de sus padres o tutores o instituciones en posición equivalente, quienes a su vez, tienen el deber de utilizarlos en beneficio de los menores.
Las Administraciones públicas deberán tener en cuenta las necesidades del menor al ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre productos alimenticios, consumo, vivienda, educación, sanidad, cultura, deporte, espectáculos, medios de comunicación, transportes y espacios libres en las ciudades.
Las Administraciones públicas tendrán particularmente en cuenta la adecuada regulación y supervisión de aquellos espacios, centros y servicios, en los que permanecen habitualmente niños y niñas, en lo que se refiere a sus condiciones físico-ambientales, higiénico-sanitarias y de recursos humanos y a sus proyectos educativos, participación de los menores y demás condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.
1. La protección del menor por los poderes públicos se realizará mediante la prevención y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda, y, en los casos de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la Ley.
2. Los poderes públicos velarán para que los padres, tutores o guardadores desarrollen adecuadamente sus responsabilidades, y facilitarán servicios accesibles en todas las áreas que afectan al desarrollo del menor.
1. Toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.
Las autoridades y servicios públicos tienen obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor, o cuando sea necesario, del Ministerio Fiscal.
En situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor, que no requieran la asunción de la tutela por ministerio de la Ley, la actuación de los poderes públicos deberá garantizar en todo caso los derechos que le asisten y se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se encuentra y a promover los factores de protección del menor y su familia.
1. Cuando la entidad pública competente considere que el menor se encuentra en situación de desamparo, actuará en la forma prevista en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, asumiendo la tutela de aquél, adoptando las oportunas medidas de protección y poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
2. Cada entidad pública designará el órgano que ejercerá la tutela de acuerdo con sus estructuras orgánicas de funcionamiento.
Además de la guarda de los menores tutelados por encontrarse en situación de desamparo, la entidad pública podrá asumir la guarda en los términos previstos en el artículo 172 del Código Civil, cuando los padres o tutores no puedan cuidar de un menor o cuando así lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda.
El acogimiento familiar, de acuerdo con su finalidad y con independencia del procedimiento en que se acuerde, revestirá las modalidades establecidas en el Código Civil.
Artículo 21. Servicios especializados.
2. Todos los servicios, hogares funcionales o centros dirigidos a menores, deberán estar autorizados y acreditados por la entidad pública.
La entidad pública regulará de manera diferenciada el régimen de funcionamiento de los servicios especializados y los inscribirá en el registro correspondiente a las entidades y servicios de acuerdo con sus disposiciones, prestando especial atención a la seguridad, sanidad, número y cualificación profesional de su personal, proyecto educativo, participación de los menores en su funcionamiento interno, y demás condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.
3. A los efectos de asegurar la protección de los derechos de los menores, la entidad pública competente en materia de protección de menores deberá realizar la inspección y supervisión de los centros y servicios semestralmente y siempre que así lo exijan las circunstancias.
4. Asimismo, el Ministerio Fiscal deberá ejercer su vigilancia sobre todos los centros que acogen menores.
Para el ejercicio de la función de vigilancia de la tutela que atribuyen al Ministerio Fiscal los artículos 174 y 232 del Código Civil, se llevará en cada Fiscalía un Indice de Tutelas de Menores.
La adopción se ajustará a lo establecido por la legislación civil aplicable.
Artículo 25. Adopción internacional.
1. En materia de adopción internacional, corresponde a las entidades públicas:
b) La expedición, en todo caso, de los certificados de idoneidad y, cuando lo exija el país de origen del adoptando, la expedición del compromiso de seguimiento.
– Información y asesoramiento a los interesados en materia de adopción internacional.
– Intervención en la tramitación de expedientes de adopción ante las autoridades competentes, tanto españolas como extranjeras.
– Asesoramiento y apoyo a los solicitantes de adopción en los trámites y gestiones que deben realizar en España y en el extranjero.
2. La comunicación entre las autoridades centrales españolas competentes y las autoridades competentes de otros Estados se coordinará de acuerdo con lo previsto en el Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993 y ratificado por España mediante Instrumento de 30 de junio de 1995.
«Artículo 1.901
Artículo 1.903
Artículo 1.904
Artículo 1.907
Artículo 1.908
Artículo 1.909
Tienen carácter de Ley ordinaria los artículos 1; 2; 5, apartados 3 y 4; 7, apartado 1; 8, apartado 2 letra c; 10, apartados 1 y 2, letras a, b y d, 3 y 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25; las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; la disposición transitoria; la disposición derogatoria, y las disposiciones finales primera a vigésima segunda y vigésima cuarta.
Los preceptos relacionados en el párrafo anterior se aplicarán según lo previsto en la disposición adicional vigésima primera.
Entrada en vigor el 16 de febrero de 1996.
y SE A�ADE determinados preceptos, por Ley 26/2015, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2015-8470).
la r�brica del cap�tulo I del t�tulo I; los arts. 2, 3, 9, 10.2 y la disposici�n final 23, y SE A�ADE el cap�tulo IV del titulo II, por Ley Org�nica 8/2015, de 22 de julio (Ref. BOE-A-2015-8222).
SE DECLARA en la CUESTI�N 4511/1999, BOE-A-2000-2102, inconstitucional y nula la disposici�n final 23 e inconstitucional, con los efectos indicados por el fj6, el primer p�rrafo del art. 211 del C�digo Civil (Gazeta), BOE-A-1889-4763, en la redacci�n dada por la disposici�n final 12, por Sentencia 131/2010, de 2 de diciembre (Ref. BOE-A-2011-273).
SE DEROGA el art. 25, por Ley 54/2007, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-22438).
DEROGA Decreto de 2 de julio de 1948, texto refundido de la Legislaci�n sobre protecci�n de Menores (Gazeta).
MODIFICA secciones 2 y 3 del t�tulo IV del Libro III y los derogados arts. 1.901 a 1.909 de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Decreto de 3 de febrero de 1881 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1881-813).
MODIFICA determinados preceptos del C�digo Civil de 24 de julio de 1889 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1889-4763).
Ley Org�nica 4/1992, de 5 de junio (Ref. BOE-A-1992-13444).
Convenci�n de 20 de noviembre de 1989 (Ref. BOE-A-1990-31312).
Ley Org�nica 5/1988, de 9 de junio (Ref. BOE-A-1988-14327).
Convenio de 5 de octubre de 1961 (Ref. BOE-A-1987-19367).
Ley Org�nica 1/1982, de 5 de mayo (Ref. BOE-A-1982-11196).
Ley de Tribunales Tutelares de Menores, texto refundido aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948 (Gazeta).
Incapacitaci�n