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Timestamp: 2017-06-24 09:39:46
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Matched Legal Cases: ['artículo 1191', 'artículo 39', 'artículo 98', 'artículo 1902', 'artículo 44', 'artículo 31', 'Artículo 1', 'De lege lata', 'Artículo 42', 'Artículo 32', 'artículo 10', 'Artículo 769']

José María Juárez Acuña
1 InDret REVISTA PARA EL ANÁLISIS DEL DERECHO WWW. INDRET.COM El resarcimiento del daño moral ocasionado por el incumplimiento de los deberes conyugales Facultad de Derecho Universidad Pablo de Olavide BARCELONA, OCTUBRE DE 20102 Abstract Tras la entrada en vigor de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se instaura un divorcio sin causa en nuestro ordenamiento jurídico, se ha producido un notable incremento de decisiones jurisprudenciales a favor del resarcimiento del daño moral causado por el incumplimiento de los deberes conyugales. De forma similar a lo que está ocurriendo en los países europeos de nuestro entorno, se aplican los principios generales del Derecho de daños con una finalidad claramente sancionatoria de conductas que, si bien puedan resultar moralmente reprochables, deben ser consideradas como una manifestación de la libertad personal del cónyuge que las realiza. La cuestión reside en determinar en qué supuestos la violación de un deber conyugal debe dar origen a una indemnización por los daños sufridos, sin que ello suponga reintroducir el concepto de culpa en nuestro Derecho. After coming into force, the Law 15/2005, from July 8th, that eliminates grounds for divorce in our legal system, there has been an outstanding increase of decisions that award damages for pain and suffering caused by the failure to comply with marital duties. Like in other European countries, the rules of Law of torts are applied in order to punish immoral behavior which should be regarded as an expression of freedom. The question is to determine when the failure to comply with a marital duty gives rise to damages yet avoiding bringing the concept of fault back in our Law. Palabras clave: matrimonio, Derecho de daños, responsabilidad civil, deberes conyugales, daño moral, infidelidad, indemnización. Title: Compensation for pain and suffering caused by the failure to comply with marital duties Keywords: marriage, Law of torts, marital duties, infidelity, compensation. 23 Sumario 1. Introducción 2. Responsabilidad civil entre cónyuges en la familia patriarcal 3. La superación del modelo tradicional. La indemnización al cónyuge por la frustración del matrimonio 3.1. La reparación de los daños resultantes del divorcio 3.2. Nulidad del matrimonio e indemnización al cónyuge de buena fe 4. El resarcimiento del daño moral causado por incumplimiento de los deberes conyugales 4.1. Estado de la cuestión 4.2. El resarcimiento del daño moral entre cónyuges en Derecho comparado 4.3. El resarcimiento del daño por incumplimiento de los deberes matrimoniales en la jurisprudencia española 4.4. El fundamento jurídico de la responsabilidad civil entre cónyuges: la protección de los derechos fundamentales 5. Conclusiones 6. Tabla de sentencias 7. Bibliografía 34 1. Introducción Desde hace algunos años, es una cuestión debatida en la doctrina y en la jurisprudencia si los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los deberes que nacen del matrimonio (arts. 67 y 68 C.C.) pueden ser objeto de resarcimiento conforme a las reglas generales del Derecho de daños. En principio, la tendencia general ha sido la de rechazar, o cuanto menos limitar, lo que se ha llamado la injerencia del Derecho patrimonial en el Derecho de familia 1, y en particular, se ha cuestionado el margen de aplicación que se debe otorgar a los mecanismos resarcitorios característicos de la responsabilidad extracontractual en el ámbito propio del matrimonio. Cierto es que la especial naturaleza de la relación matrimonial, sustentada en vínculos afectivos y de confianza, implica que no sean frecuentes los litigios de este tipo entre los cónyuges, salvo que se trate de conductas tipificadas como delito, o de daños de una cierta cuantía en los que, la más de las veces, entran en juego las compañías aseguradoras (accidentes caseros, siniestros automovilísticos, etc.). Además, es también un dato a tener en cuenta el interés de los cónyuges en mantener el vínculo matrimonial, pues no cabe duda de que la exigencia del resarcimiento del daño, además de la existencia del daño en sí mismo, va a suponer una importante quiebra de la estabilidad de la pareja 2. Y la propia organización económica de la familia será determinante a la hora de decidir si incoar o no el correspondiente procedimiento judicial. Será mucho más factible que un cónyuge proceda contra el otro en los supuestos en que el régimen económico del matrimonio sea el de separación de bienes, que en el caso de gananciales, pues aunque el art. 1346, 6º C.C. establece la naturaleza privativa de la indemnización por daños inferidos a la persona de uno de los cónyuges o a sus bienes privativos, lo cierto es que el cónyuge condenado al resarcimiento debe hacer frente al mismo con sus propios bienes privativos, pero si carece de ellos, será a cuenta de los gananciales, cierto, limitado a la parte que le correspondería en el reparto, pero en la práctica ello se traduciría en que a un cónyuge se le indemniza con su propio patrimonio. Si el matrimonio definitivamente se quiebra, la posibilidad de admitir una indemnización por los daños sufridos como consecuencia de la conducta injusta del cónyuge es aún más cuestionada, por la opinión generalizada de que los mecanismos propios del Derecho de familia destinados a regular la crisis matrimonial son suficientes para solucionar toda cuestión que pueda surgir al hilo de la misma 3. Sin embargo, no se puede negar que en los últimos tiempos, tanto en Derecho español como en Derecho comparado, cada vez son más frecuentes las opiniones que abogan por 1 THOMAS (1974). 2 En este sentido, RODRÍGUEZ GUITIÁN (2009, p. 74). 3 Tras la separación o el divorcio, el mayor inconveniente que puede plantearse es el de que haya transcurrido el plazo de prescripción de la acción establecido en la ley (art C.C.). Así lo apunta FERRER I RIBA (2001, p. 3). Sobre la suspensión del plazo de prescripción en esta cuestión, RODRÍGUEZ GUITIÁN (2009, pp. 72 y ss.). 45 admitir una mayor presencia del Derecho de daños en el ámbito propio del Derecho de familia, lo que en ocasiones se presenta como un intento de recuperar un cierto juicio moral o crítico sobre cual haya sido el comportamiento de los cónyuges durante el matrimonio 4, en un contexto legal en el que ha desaparecido el divorcio por culpa y donde juega un papel fundamental la libertad individual de los miembros de la pareja, tanto durante la relación matrimonial como a la hora de poner fin a la misma. Dejando al margen que nuestro ordenamiento contempla específicos ilícitos penales contra los miembros de la familia, de los que se deriva la correspondiente responsabilidad penal y civil 5, parece pues conveniente establecer la posible interconexión entre las normas del Derecho de daños y del régimen jurídico del matrimonio, para determinar si la violación de los deberes propios que configuran el estatuto jurídico matrimonial ocasiona un daño que dé lugar a responsabilidad civil. 2. Responsabilidad civil entre cónyuges en la familia patriarcal Si nos situamos en una perspectiva histórica, podemos constatar como ha existido un patente rechazo a la aplicación de las normas propias del Derecho de daños en las relaciones entre cónyuges, lo que se explica fundamentalmente por el modelo patriarcal de familia, en la que el marido y la mujer se colocan en posiciones jurídicas muy desiguales entre sí. Si bien, el modo de articular la exclusión ha variado según se tratase del Derecho anglo-americano o del Derecho continental, pues así como en el primero la aplicación del principio de unidad conyugal impide la acción de un cónyuge contra el otro, en el Civil Law es la propia configuración de la familia en los Códigos Civiles la que hace que el problema prácticamente no llegue a plantearse en los tribunales. En efecto, tradicionalmente en el sistema del Common Law, el principio de unidad conyugal - en virtud del cual el marido y la mujer constituyen jurídicamente una sola persona, representada por el marido -, evitaba que un cónyuge pudiese solicitar el resarcimiento del daño causado como consecuencia de un acto ilícito cometido por el otro 6. La inmunidad conyugal derivada de este principio de inspiración bíblica se manifestaba en dos ámbitos de distinta naturaleza: en el aspecto sustantivo, ningún acto ilícito llevado a cabo por un cónyuge en perjuicio del otro podía originar responsabilidad; ni siquiera una vez disuelto el matrimonio, el cónyuge lesionado podía actuar judicialmente contra el otro 7. En el aspecto procesal, impedía que un cónyuge pudiese demandar al otro por actos cometidos 4 En esta línea, DE VERDA Y BEAMONTE (2007, p. 3). 5 Arts. 109, 147, 153, 205 y 208, 226 y ss. del Código Penal y arts. 33 y ss. de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 6 Esta ficción legal se reflejaba en dos aspectos en lo que al Derecho de daños se refiere: por un lado, si una mujer casada cometía o sufría un daño, su marido tenía necesariamente que actuar como parte en el proceso, por otro, se imposibilitaba la acción de los esposos entre sí (LOWE DOUGLAS (2007, p. 120); FLEMING (1998, p. 746)). 7 LABRUSSE (1967, p. 437). 56 antes o durante el matrimonio. La única excepción estaba constituida, bajo ciertas condiciones, por los comportamientos penalmente tipificados como delitos. Como se ha indicado, la razón última de esta ausencia de responsabilidad se traduce en la esencial limitación de la capacidad que sufre la mujer casada, de la que el mundo anglosajón tampoco es ajeno. El marido representa legalmente a su mujer y administra los bienes propios de aquella, de lo que se deriva no sólo la imposibilidad de celebrar contratos entre ambos, lo que se traduciría en que el marido celebra negocios consigo mismo, sino también que a la mujer le está vedado exigir responsabilidad por los daños que hayan podido originarse de la mala administración llevada a cabo por su marido. De este modo, tanto en EE.UU. como en Inglaterra, a medida que se va modificando el estatuto jurídico de la mujer casada, las reglas generales de responsabilidad civil empiezan a adentrarse en el ámbito propio del Derecho de familia, y empiezan a admitirse ciertas acciones limitadas en función del objeto: se atribuye a la mujer capacidad procesal para demandar a su marido, si bien las acciones concedidas están limitadas a la salvaguarda de su patrimonio, pues lo cierto es que aún es difícil que los tribunales admitan demandas de los cónyuges por daños personales causados entre sí, principalmente en aras de la paz doméstica y de la salvaguarda de la armonía familiar. El lento declive de la familia patriarcal, como consecuencia de la evolución de las costumbres y de las conquistas feministas, llevará a la extinción del principio de inmunidad interconyugal. Y así, después de sucesivas leyes sobre la materia 8, por fin, en Inglaterra, la Law Reform (Husband and wife) Act, de 1962, establecerá que Each of the parties to a marriage has the like right of action in tort against the other as if they where not married. Si bien, el tribunal podía oponerse al proceso cuando la acción fuese interpuesta constante matrimonio y considerase que no se derivaba ningún beneficio a favor de ninguna de las partes intervinientes en el mismo, quedando así patente el temor a que disputas triviales entre cónyuges pudiesen llegar a colapsar los tribunales de justicia. Del mismo modo, en EE.UU. empieza a tomar forma la posibilidad de que los cónyuges se demanden entre sí por daños cometidos uno contra el otro 9, a lo que contribuyó en gran medida la existencia de contratos de seguro, que permitían reclamar directamente a la compañía aseguradora (en caso de accidentes de viaje, domésticos, etc.) y mantener a salvo, en consecuencia, la paz y tranquilidad familiares. La desaparición del principio de inmunidad en el ordenamiento norteamericano tuvo como consecuencia la inclusión de cláusulas de estilo en el contrato de seguro, por las que se excluía la responsabilidad en 8 La Married Women s Property Act de 1870 concedió a la mujer casada una acción para recuperar bienes de su propiedad. Y con la Married Women s Property Act de 1882 recibió un poder absoluto para defender en su nombre sus propios bienes. Pero no fue hasta la Law Reform (Married Women and Tortfearsors) Act de 1935 cuando el marido cesó de estar jurídicamente involucrado en las reclamaciones por daños de su mujer (LOWE DOUGLAS (2007, p. 120)). 9 Ya en 1910, el juez Harlam se negó a tomar en consideración los argumentos que justificaban la impunidad entre marido y mujer y la Married Women s Act admitió que un cónyuge accionase contra el otro por los daños causados intencionadamente o por culpa [ROCA TRÍAS (2000, p. 535)]. 67 caso de que el lesionado y el causante del daño perteneciesen a la misma familia, si bien en muchos casos, fueron declaradas nulas por la jurisprudencia 10. Pero como es bien sabido, el principio de inmunidad entre cónyuges no es exclusivo del sistema del Common Law, sino que también los ordenamientos jurídicos de la Europa continental conocieron y aplicaron este principio. Aunque, como nos recuerda la profesora DA SILVA CERDEIRA 11, tal inmunidad no resultaba de una corriente jurisprudencial firme que negase el resarcimiento de daños al cónyuge perjudicado tal y como ocurrió en el Derecho anglosajón, sino que en nuestro caso, lo característico fue la ausencia casi absoluta de pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia. En efecto, si tomamos como ejemplo el Derecho francés, observamos que a pesar de que no existió una disposición general que prohibiese las demandas entre cónyuges, ciertas normas en la práctica conducían a un resultado similar: la universal limitación de la capacidad de la mujer casada y la potestad marital vigente hasta 1938 implicaban el rechazo de la acción interpuesta por la esposa. Del mismo modo, la norma según la cual los créditos y las deudas entre cónyuges sólo serían objeto de liquidación con la disolución del régimen económico matrimonial, solía ser interpretada en el sentido de vetar todo intento de reclamación durante el matrimonio 12. En consecuencia, no hay prácticamente demandas entre cónyuges en el seno del Derecho de familia pues la falta de capacidad de la mujer que impone el Derecho francés en el Código Civil le impide realizar cualquier tipo de acto jurídico sin el consentimiento del marido. Sin embargo, parece ser que en el ámbito estrictamente patrimonial, los tribunales fueron muchos más permisivos y admitieron demandas de un cónyuge contra otro por daños materiales, permitiéndose, en el caso de la mujer, que la autorización para actuar pudiese ser concedida de forma expresa o tácita, en cualquier momento del proceso 13. Una realidad que se presenta de forma similar en otros ordenamientos cercanos como Italia o Portugal, en los que la ausencia de decisiones jurisprudenciales sobre la materia confirma la tendencia de no atribuir relevancia externa a los actos ilícitos producidos en el ámbito propio de la familia. Y aunque de hecho la doctrina contemplaba distintas hipótesis en las que se permitía al cónyuge demandar al otro, principalmente, si el marido hería o maltrataba de forma grave a su mujer o si alguno de los cónyuges disponía ilícitamente de los bienes matrimoniales o causaba algún daño a los mismos, lo cierto es que no era habitual el uso de tales acciones resarcitorias del daño entre cónyuges, por el mismo motivo que en el resto de los ordenamientos continentales de tradición romano-canónica: la posición del marido como jefe de familia hacía que la mayoría de los conflictos planteados fueran resueltos en función de su propia autoridad. Además, si los malos tratos sufridos 10 La sección 895F Restatement of Torts 2d., estableció en 1977 el rechazo al principio de inmunidad conyugal. 11 DA SILVA CERDEIRA (2000, pp. 31 y 32). 12 LABRUSSE (1967, p. 432). 13 LABRUSSE (1967, pp. 439 y ss.). 78 por la mujer eran moderados entraban dentro de lo permitido por el poder de corrección atribuido legalmente al marido. En Italia, como es sabido, la familia consagrada en el Código Civil tanto el precedente de 1865, como el de 1942 antes de la reforma -, es la familia patriarcal, en la que el marido es el cabeza de familia y a quien corresponde decidir sobre todas las cuestiones atinentes a la vida matrimonial y a la relación paterno-filial. Al marido se le reconoce también, en nombre del buen gobierno de la familia, un poder de control sobre su mujer, incluida la facultad de impedirle realizar todo tipo de actividades extradomésticas que puedan resultar incompatibles con sus deberes familiares 14. En este contexto, la aplicación de las normas de responsabilidad civil en el ámbito familiar es prácticamente inexistente, la intervención del juez se reduce a los casos con trascendencia penal o cuando el ilícito constituye causa de divorcio. La consagración del principio de igualdad en la Constitución italiana (art. 29 C.I.) no impidió, al menos durante las décadas de los 50 y 60, que aun siendo formalmente iguales, la ley atribuyese un distinto papel al marido y a la mujer. Los autores dudan acerca de la virtualidad de los artículos de la Constitución italiana de modificar el Derecho positivo entonces vigente y se discute sobre las indicaciones programáticas de las normas constitucionales de la familia y la eficacia normativa de los artículos del Código Civil 15. Hasta la reforma del Derecho de familia de 1975 (Ley nº 151, de 19 de mayo de 1975), la Corte Costituzionale tuvo que asumir la difícil tarea de compagina ambos cuerpos legislativos; y si bien en un primer momento se intentó abordar la interpretación de las normas constitucionales sobre la familia a la luz del Código Civil de 1942, pronto se constató la incompatibilidad de ambas, optándose por declarar inconstitucionales determinados artículos del Código. En un principio, los pronunciamientos de la Corte Costituzionale centran su argumentación en la distinción entre igualdad y paridad de tratamiento, lo que habría permitido que a sujetos formalmente iguales pero en situaciones desiguales se les asigne funciones diferentes. En segundo término, el principio de la unidad familiar reconocido constitucionalmente (art. 29 C.I.) justificó el control de ciertos comportamientos, fundamentalmente de la mujer, de modo que no se pusiese en peligro la estructura familiar. De hecho, se consideraba que la salvaguardia de la unidad familiar constituía el único límite legítimo a la igualdad moral y jurídica de los cónyuges. Con el tiempo, la discusión acerca de la prevalencia de la unidad sobre la igualdad o de la igualdad frente a la unidad de la familia será obviada por el legislador, quien garantiza la plena equiparación de los cónyuges en el texto legal, afirmándose que la unidad de la familia se asegura con la perfecta igualdad de sus miembros, al contrario que con una jerarquía de poderes o una distribución de poderes y funciones entre los cónyuges. La superación de tal concepción contribuirá a la aplicación progresiva de las reglas del Derecho de daños en las relaciones familiares 16. En Portugal, el Código Civil de Seabra confirmó la capacidad de los cónyuges de demandarse entre sí y aun considerando a la mujer incapaz para actuar en juicio, exceptuaba los casos en que el pleito fuese contra su propio marido (art. 1192). El Código Civil de 1867 aludía expresamente a la responsabilidad civil entre cónyuges, estableciendo en su artículo 1191 que en caso de que el marido causase algún daño a su mujer o a sus herederos por la disposición ilícita de los bienes inmobiliarios, éstos podían exigirle la correspondiente responsabilidad. Pero salvo este caso concreto, las acciones entre cónyuges seguían sin ser frecuentes, probablemente por las razones ya apuntadas, la potestad marital hacía que los conflictos familiares se resolviesen en el seno familiar, excluyéndose el recurso a entidades externas, y a pesar de que el Decreto nº 1, de 25 de diciembre de 1910 proclamó los principios de libertad y de igualdad en su artículo 39, las modificaciones que contemplaba fueron más aparentes que reales, ya que la mujer casada 14 CATTANEO (2007, pp. 1 y ss.). 15 CASSANO (2006, p. 370). 16 PATTI (1984, pp. 48 y ss.), 89 continuó supeditada a su marido, sufriendo las mismas limitaciones que en el Derecho anterior. Con la entrada en vigor del Código Civil de 1966 se eliminaron todos los artículos que contenían limitaciones a la capacidad de obrar de la mujer casada, si bien la dirección de la familia continuaba en manos del marido, con el objetivo de preservar la autonomía y unidad institucional de la familia. La consagración en la Constitución de la República de 1976 del principio de igualdad de derechos y deberes entre cónyuges motivó que por el Decreto-ley nº 496/77, de 25 de noviembre se dispusiera que la dirección de la familia pertenece a ambos cónyuges, quienes deben ponerse de acuerdo sobre la orientación de la vida en común, teniendo en cuenta el bien de la familia y los intereses de uno y otro (art nº 2 C.C.). Por todo ello, la evolución de la sociedad y el reconocimiento de la igualdad entre marido y mujer tuvieron también sus consecuencias en la aplicación del Derecho de daños en las relaciones conyugales, permitiéndose que cualquiera de los cónyuges pudiese recurrir a los tribunales en defensa de sus intereses lesionados por el otro La superación del modelo tradicional. La indemnización al cónyuge por la frustración del matrimonio En la cuestión que tratamos, juega un papel fundamental el cambio operado con la consagración de la familia democrática, en la que más allá de la familia como institución, se tiene en cuenta de manera individualizada a los miembros que la componen, cuyos derechos constitucionales constituyen el auténtico objeto de protección jurídica. En este nuevo contexto democrático tiene lugar una profunda mutación de las relaciones familiares, de modo que se brinda una especial tutela a la persona en sí misma considerada y a sus valores fundamentales, los cuales, en principio, son susceptibles de ser lesionados tanto por un extraño, como por parte de cualquier otro miembro de la familia 18. Lo que no implica necesariamente que toda lesión que un cónyuge pueda sufrir en su esfera personal deba necesariamente ser resarcida. De hecho, en lo que se refiere a las consecuencias del incumplimiento de los deberes conyugales, se parte de la idea de que el propio concepto de divorcio causal constituye el marco en el que se han de situar los deberes matrimoniales y sus efectos, de tal modo que si un cónyuge quebranta sus obligaciones frente al otro, la respuesta más adecuada es la posibilidad que se le brinda al perjudicado de solicitar la separación o el divorcio. Aún así, se ha de reconocer que en el ámbito del Derecho de familia se contemplan determinados daños entre cónyuges que merecen ser objeto de resarcimiento a juicio del legislador, resarcimiento que responde a distintas claves, pero en los que están muy presentes los deberes entre cónyuges y su efectivo cumplimiento. Como ejemplos, podemos citar el resarcimiento de los daños ocasionados por el divorcio o la indemnización por la declaración de nulidad del matrimonio. 17 DA SILVA CERDEIRA (2000, pp. 41 y ss.). 18 En opinión de MARÍN GARCÍA DE LEONARDO (2006, p. 149), los actuales principios del Derecho de familia: desarrollo de la personalidad, autonomía del sujeto familiar, igualdad entre cónyuges... llevan a plantear la posible aplicación de los principios del Derecho de daños en el Derecho de familia. 910 3.1. La reparación de los daños resultantes del divorcio En efecto, en determinados ordenamientos, como Francia o Portugal, se admite la posibilidad de que el cónyuge a quien el divorcio le haya causado un perjuicio - al margen del desequilibrio económico que aquel haya podido motivar en la persona de uno u otro cónyuge 19 -, pueda solicitar del cónyuge que directamente ocasionó la extinción del matrimonio el resarcimiento del daño percibido. En este caso lo que se indemniza son los daños tanto patrimoniales como morales originados por el divorcio en sí mismo considerado, con independencia de cuáles hayan sido las causas que han conducido a la crisis matrimonial. Lo que ocurre es que, en la mayoría de los casos, ha sido el propio incumplimiento de los deberes conyugales lo que ha motivado el divorcio, por lo que, en última instancia, lo que se concede es el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la vulneración de aquéllos. Así, en Francia, la ley de reforma del divorcio (Ley nº , de 11 de julio de 1975) consagró en el art. 266 del Código Civil francés el derecho del cónyuge a ser indemnizado por las consecuencias dañosas que le haya ocasionado el divorcio 20. Esta indemnización puede ser reconocida en forma de capital o renta y tiene una naturaleza claramente resarcitoria, en la medida en que está dirigida a paliar los daños y perjuicios tanto patrimoniales como morales que la declaración del divorcio haya provocado al cónyuge que habría preferido continuar casado. Junto a estos daños, las necesidades puramente alimenticias son cubiertas a través de la pensión compensatoria (arts. 270 y ss. Code Civil francés) 21. Si bien lo cierto es que, en la mayoría de los casos, los perjuicios de carácter patrimonial originados por la disolución del matrimonio serán resueltos a través de esta última, lo que ha llevado a los autores a afirmar que, en la práctica, la indemnización por divorcio cubre la finalidad esencial de resarcir los daños morales ocasionados. Como ejemplo de estos daños, se cita la desconsideración social que se sufre por la nueva situación de divorciado, la exclusión de la vida social, la soledad a la que le condena tal hecho, el esfuerzo excesivo de criar solo a los hijos o el sufrimiento causado por la experiencia sufrida 22. Profundizando un poco en la cuestión, es fácilmente constatable la estrecha relación existente entre el incumplimiento de los deberes que emanan del matrimonio y esta 19 En nuestro ordenamiento esta cuestión se resuelve con la pensión compensatoria del art. 97 C.C., de indubitada naturaleza reequilibradora o compensadora, y al margen por tanto de la cuestión resarcitoria del daño que ahora tratamos. 20 Reformado por la Ley nº , de 26 de mayo de Art. 266 Code Civil: «Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce». 21 En opinión de ciertos autores, el resarcimiento de estos daños se sitúa entre la pensión alimentaria que trata de paliar las consecuencias de la extinción del deber de ayuda y socorro, y la Derecho de daños (THOMAS (1974, p. 271)). 22 GUITON (1980, pp. 237 y ss.). 1011 indemnización concedida por el hecho del divorcio. En la medida en que se trata de aplicar los principios generales del Derecho de daños en materia de divorcio, el cónyuge lesionado deberá probar que el perjuicio resultante del mismo es una consecuencia directa del comportamiento culpable del otro cónyuge, y tal comportamiento culpable se manifiesta por la violación grave y reiterada de los deberes conyugales 23, lo que de hecho constituye causa de divorcio 24. En caso de divorcio por ruptura de la vida en común (arts. 237 y 238 Code Civil) tras la reforma también se contempla en la ley la indemnización por divorcio 25, lo que no deja de ser extraño, pues tratándose de un divorcio sin culpa, la indemnización se asentaría sobre una responsabilidad objetiva, que en última instancia, no es sino una forma de sancionar el ejercicio de la libertad individual del cónyuge que opta por no permanecer casado. También en Portugal, desde 1977 y hasta la reciente reforma efectuada por la Ley nº 61/2008, de 31 de octubre, el art del Código Civil contemplaba una indemnización por los daños morales ocasionados como consecuencia del divorcio a favor del cónyuge inocente, disposición que se aplicaba igualmente a la separación legal (art C.C.P.) 26. En el caso portugués, la norma se limitaba a conceder el resarcimiento de los daños morales, distinguiéndose también en el hecho de que aquélla podía ser invocada en cualquier variante de divorcio litigioso. De hecho, en lo que se refiere al concepto de culpa en el divorcio, el Derecho del país vecino prescribía la obligación del juez de determinar quién era el culpable de la ruptura aun tratándose de divorcio por causas objetivas, lo que permitía aplicarle las consecuencias correspondientes 27. Incluso en el caso de divorcio por alteraciones mentales del cónyuge (art b) C.C.), y por tanto con total ausencia de la idea de culpa, se admitía el resarcimiento de los daños morales causados por la disolución del matrimonio, lo que, en un exceso de moralidad legislativa, se llegaba a justificar en clave sancionadora del cónyuge que abandonaba a su pareja en momentos en los que aquél se hallaba más necesitado de la cooperación y ayuda del otro 28. En este sentido, es llamativa la sentencia del Tribunal Supremo de Portugal de 28 de mayo de , en la que se condenó al marido que tras más de seis años de separación de su mujer, 23 DA SILVA CERDEIRA (2000, p. 142). 24 Art. 242 Code Civil français: Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. 25 Si bien algunos autores ya sostenían con anterioridad a la reforma que no existía ningún impedimento a la reparación de los perjuicios derivados del mismo mediante la aplicación de los principios generales de la responsabilidad extracontractual. Sobre el tema, GUITON (1980, p. 245). 26 El art en su antigua redacción establecía: O cônyuge declarado único ou principal culpado e, bem asim, o cônyuge que pediu o divorcio com fundamento da alínea c) do artigo 1781º devem reparar os danos nao patrimoniais causados ao outro cônguye pela dissoluçao do casamento. 27 DA SILVA CERDEIRA (2000, p. 152). 28 Algunos autores lo justifican incidiendo en la naturaleza alimenticia de esta indemnización, que explicaría que fuese impuesta aun en tipos de divorcio donde no juega el concepto de culpa [DA SILVA CERDEIRA (2000, pp. 160 y ss.)]. 29 Boletim do Ministério da Justiça, nº 477, (1998), pp. 518 y ss. 1112 solicitó judicialmente el divorcio. En reconvención, ésta imputó a aquel la responsabilidad exclusiva por la ruptura, alegando que el marido había abandonado el hogar conyugal y mantenía relaciones sentimentales con otra mujer, y solicitó el resarcimiento por los daños morales causados por el divorcio. El divorcio fue concedido en base a la separación de hecho (arts a) y 1782 C.C.) y sin embargo el marido fue considerado culpable y condenado a indemnizar a su mujer. Tras la reforma de 2008, el art del Código Civil portugués consagra el derecho del cónyuge lesionado de solicitar la reparación de los daños causados por el otro cónyuge según las normas generales de responsabilidad civil, lo que provoca la entrada definitiva de la responsabilidad extracontractual en el Derecho matrimonial, y en consecuencia, la posibilidad de exigir el resarcimiento de los daños morales provocados por el incumplimiento de los deberes conyugales. En caso de divorcio por alteraciones de las facultades mentales de la pareja, se reitera la posibilidad de pedir una indemnización por los perjuicios que tal divorcio le haya ocasionado Nulidad del matrimonio e indemnización al cónyuge de buena fe Como es bien sabido, el art. 98 de nuestro Código Civil contempla el derecho a una indemnización a favor del cónyuge de buena fe que sufre determinados perjuicios económicos como consecuencia de la declaración de nulidad del matrimonio. Pero no sólo se indemnizan los daños patrimoniales, en nuestra jurisprudencia son abundantes las sentencias en las que, tras la declaración de nulidad del matrimonio, ya sea en la jurisdicción canónica o en la civil, son resarcidos daños de naturaleza moral causados por la conducta ilícita de aquel que ha actuado de mala fe, lo que implica un juicio de moralidad sobre la participación del cónyuge en la declaración de nulidad del matrimonio celebrado, muchas veces en relación directa con un inadecuado cumplimiento de los deberes conyugales. En concreto, en la STS de 26 de noviembre de 1985 (RJ 1985/5901) 31, en la que se condenó al marido a pagar una indemnización a su mujer por los daños morales ocasionados, se tuvo en cuenta el comportamiento doloso del primero en el que jugó un papel fundamental la interpretación del deber de fidelidad entre cónyuges: Tras la solicitud de la esposa de la separación legal del matrimonio alegando adulterio y abandono del hogar por parte de su marido, éste presentó demanda de nulidad ante el Tribunal Eclesiástico donde manifestaba que, ante la imposibilidad de mantener relaciones sexuales con su pareja antes del matrimonio, había accedido a casarse con la única finalidad de vencer la resistencia de ella, añadiendo que «mantendría su unión con su mujer mientras que la atracción física que por la misma sentía perdurase, o al menos mientras que se encontrase a gusto con ella, pero sin considerarse atado 30 Art. 1792: 1 - O cônjuge lesado tem o direito de pedir a reparação dos danos causados pelo outro cônjuge, nos termos gerais da responsabilidade civil e nos tribunais comuns. 2. O cônjuge que pediu o divórcio com o fundamento da alínea b) do artigo 1781.º deve reparar os danos não patrimoniais causados ao outro cônjuge pela dissolução do casamento; este pedido deve ser deduzido na própria acção de divórcio.. 31 Comentada por Igartua Arregui (1986, pp a 3244). 1213 permanentemente». La esposa presentó una demanda en la que solicitaba una indemnización por los daños morales y materiales sufridos, siendo la petición estimada totalmente por el Juez de primera instancia y reducida parcialmente en segunda instancia. El Tribunal Supremo declaró que Los hechos expuestos y los demás probados revelan una conducta del recurrente que ha de ser calificada de dolosamente grave, ( ), puesto que el recurrente se sirvió indudablemente de la astucia de celebrar un matrimonio para lograr sus apetencias sexuales exclusivamente, circunstancia que de haber sido conocida por la contrayente recurrida hubiera impedido la celebración de la boda. Como variedad dentro de la conducta dolosa seguida por el recurrente, puede considerarse que aquélla incidió en clara reserva mental como vicio de la declaración de voluntad al contraer matrimonio, pues hubo una manifiesta discordancia consciente entre voluntad y declaración, discordancia ocultada a la otra parte al silenciar, que se expresaba en forma deliberadamente disconforme con lo que derivaba de sus términos y de su verdadera voluntad; de modo que resultó su conducta un lazo tendido a la buena fe de la otra parte. Fue una conducta de mala fe, que, aun sin intención de dañar, cabe incluirla en la descripción que hace a estos efectos el artículo del Código Civil, que, por tanto, no ha sido infringido por indebida aplicación. ( ) Se deduce sin duda que el recurrente, amparándose en la realidad sociológica actual, pluralista, liberal y abierta, en casos como el ahora contemplado origina sin duda para la parte perjudicada y engañada un evidente daño moral, como consecuencias de carácter patrimonial resultantes de la conducta dolosa de la otra parte, y ello sin considerar la unión matrimonial como únicamente determinada por una perspectiva de ganancias o adquisiciones para la mujer, en cuanto que para ésta, a la idea lucrativa o de asistencia material, ha de añadirse el daño no patrimonial que se origina con la frustración de la esperanza de lograr una familia legítimamente constituida. De ahí que la indemnización haya de determinarse en estos casos no sólo atendiendo a criterios puramente materiales, sino que éstos muchas veces tendrán menos importancia que los espirituales. También en relación con el deber de fidelidad, en el caso que motivó la STS de 1 de julio de 1994 (RJ 1994/6420), la esposa hizo creer al marido que todavía tenía o estaba en edad para engendrar hijos, cuando no era cierto. Declarado nulo el matrimonio por la jurisdicción eclesiástica, el marido solicitó la aplicación en el orden civil del art. 95 C.C. para poder así beneficiarse de las normas reguladoras del régimen económico de participación en las ganancias. El Tribunal Supremo dictaminó que La equiparación, por ello -obvia por otra parte- entre el dolo de la esposa, causa de la nulidad por error en el consentimiento y la mala fe del cónyuge a que se refiere el Código Civil, realizada por los jueces estatales que determina consecuencias concretas de la eficacia civil en ejecución de sentencia, debe estimarse plenamente conforme a Derecho. Del mismo modo, en los casos enjuiciados por las Audiencias Provinciales se considera que el comportamiento deshonesto del cónyuge es fuente de responsabilidad, y da origen al resarcimiento de los daños morales ocasionados 32. En concreto, los hechos que motivaron la SAP de Cádiz (secc. 6ª, Ceuta), nº 81/2006 de 4 de diciembre de 2006 (AC 2007/1026), fueron los siguientes: En el mes de enero del 2003 llegó a conocimiento de la actora que su marido no solo estaba casado en la fecha que contrajo con ella matrimonio, sino que además tenía una niña de ocho años de edad, por lo que, de haber conocido la existencia de ese primer matrimonio, nunca hubiera prestado su consentimiento para casarse. También se señala que el demandado, en el expediente de matrimonio civil núm. 915/1992 del 32 En opinión de DA SILVA CERDEIRA (2000, p. 76), la falta de corrección, honestidad y lealtad en el comportamiento de uno de los contrayentes en la celebración del contrato matrimonial, cuando origine daños al otro contrayente, debe constituir fuente de responsabilidad, en este caso precontractual, con independencia de la declaración judicial de nulidad del matrimonio. 1314 Registro Civil de Ceuta, adujo ser de estado civil soltero, sin hacer especial mención al matrimonio que tenía contraído. La esposa solicitó la nulidad del matrimonio alegando el art y 4 del Código Civil, que hacen referencia a la ausencia de consentimiento y al error, aludiendo asimismo a la existencia de un matrimonio anterior que invalida al posteriormente contraído (art C.C.), así como una indemnización en virtud del art. 98 C.C. La Audiencia Provincial de Cádiz consideró oportuno conceder la indemnización alegando que la regulación de la nulidad del matrimonio ha tenido como característica, desde el primer momento, el singular valor que en ella se reconoce a la buena o mala fe de los que celebraron el acto ineficaz. La importancia de la concreta actitud de los contrayentes fue incluso acrecentada con la reforma del Código Civil de 1981, que la ha empleado, unas veces, para beneficiar directamente al cónyuge de buena fe, y otras, para sancionar al de mala fe. La buena fe ha de entenderse como ignorancia de la existencia de una causa de invalidez. Y tal es la situación que se describe en la sentencia recurrida y que sirve de base fáctica para la declaración de nulidad aquí impugnada, estimándose acreditado que la esposa ignoraba la existencia del matrimonio anterior. Partiendo de lo anterior, la buena fe de ésta y la mala fe de aquél, no ofrecen duda alguna, ya que el fundamento de la indemnización de daños y perjuicios se halla en la "culpa in contraendo" en que incurre el contratante que lesiona la confianza ajena violando las exigencias de la buena fe en la formación del acto. La sentencia incide en la naturaleza resarcitoria de la indemnización del art. 98 C.C., a pesar de que se utilicen los parámetros de la pensión compensatoria del art. 97 C.C. para su determinación. Como bien puede observarse, en los casos expuestos se sobrepasa la finalidad de la norma, que no es otra que resarcir al cónyuge de buena fe por el daño moral sufrido al declararse que su matrimonio no existió como tal por causa que lo invalidaba y que fue maliciosamente ocultada por el otro cónyuge. En estos supuestos se pretende además sancionar de alguna forma al cónyuge que no ha actuado correctamente, y en la calificación de tal comportamiento se parte de una clásica interpretación de los deberes conyugales y en particular, del deber de fidelidad 33. Hay pues una interrelación entre el inadecuado cumplimiento de los deberes que emanan del matrimonio y la indemnización al cónyuge que sufre el daño, aunque por la vía indirecta del artículo 98 C.C. La cuestión por determinar es si esta indemnización implica ya de suyo el resarcimiento del daño moral causado por tal incumplimiento o si permite acudir al art C.C. de forma coetánea o subsidiaria. En opinión de PATTI 34, si el cónyuge lesionado prueba ante el tribunal los perjuicios sufridos, verificándose todos los presupuestos del art del Codice Civile correspondiente a nuestro 1902 C.C. -, el juez debe condenar al cónyuge culpable según los principios del Derecho de daños. En caso del art. 129 bis del Código Civil italiano indemnización por nulidad del matrimonio -, el cónyuge de buena fe podrá solicitar la indemnización correspondiente, sin necesidad de probar los daños o cuando éstos sean de una mínima cuantía en correspondencia al límite de los tres años de mantenimiento que fija la norma. En definitiva, la sanción prevista para el cónyuge que ha actuado de mala fe en caso de anulación del matrimonio no es incompatible con la aplicación de la norma que consagra la responsabilidad extracontractual cuando concurran los presupuestos legales LÓPEZ DE LA CRUZ (2010, pp. 582 Y SS.). 34 PATTI (1984, p. 83). 35 Así también IGARTUA ARREGUI (1986, pp y 3241). 1415 4. El resarcimiento del daño moral causado por incumplimiento de los deberes conyugales 4.1. Estado de la cuestión Al margen de los supuestos señalados, en los que como hemos visto se acaba indemnizando el daño moral ocasionado por la vulneración de los deberes que emanan del matrimonio aunque sea por una vía indirecta, la cuestión que ahora se plantea es la de la aplicación sin reservas de las normas del Derecho de daños en tales supuestos, de modo que los daños morales 36 infligidos al cónyuge sean resarcidos conforme al artículo 1902 del Código Civil. Llegados a este punto, cobra especial importancia la reforma del Derecho de familia efectuada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se derogan las causas tradicionales de separación o divorcio entre las que se encontraba, como es sabido por todos, el incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales. Como consecuencia, se empieza a cuestionar la naturaleza última de tales deberes dada la escasa trascendencia que a partir de ese momento se predica de su incumplimiento. Lo cierto es que, sin dudar de la naturaleza jurídica de los deberes matrimoniales que establecen los artículos 67 y 68 del Código Civil, no cabe duda de que en la actualidad, las consecuencias sancionadoras que para el cónyuge incumplidor consagra nuestro ordenamiento jurídico son limitadas 37, lo que no significa que el cónyuge lesionado quede absolutamente desprovisto de soluciones legales al respecto 38. Pues si bien es cierto que tras la reforma del Derecho de familia de 2005, no es preciso alegar ningún motivo para obtener la separación o el divorcio, ello no debe ser interpretado en el sentido de que el incumplimiento de los deberes conyugales no constituya hoy día causa de separación o divorcio, sino más bien al contrario, la separación o el divorcio no requieren como presupuesto legal necesario el incumplimiento de los deberes conyugales. Es decir, es evidente que, en caso de que un cónyuge incumpla los deberes que le imponen los artículos 67 y 68 C.C. y no necesariamente de manera grave o reiterada una de las soluciones posibles para solventar la cuestión es acudir a la separación o el divorcio, con la ventaja de que en la actualidad no se requiere un juicio de valor por parte de la autoridad judicial acerca de si procede tal solución jurídica, sino que bastará con la propia voluntad 36 Sobre el empleo de la indemnización por daño moral en el Tribunal Supremo, GÓMEZ POMAR (2001 y 2002). 37 HÖSTER (1995, p. 116). 38 Pérdida de alimentos (art C.C.), indignidad para suceder (art. 756 CC) y desheredación (arts y 834 C.C.). En Italia, destaca el instituto del addebito de la separación (art. 151, párr. 2º Codice Civile), lo que podríamos traducir como su imputabilidad, que hace responsable a un cónyuge de la ruptura del matrimonio, y tiene como consecuencia la pérdida frente al otro de derechos alimenticios y derechos sucesorios, así como de asumir las costas procesales (BONA (2003, p. 417)). 1516 del solicitante. Si el cónyuge se niega a la convivencia, no colabora con las tareas domésticas, muestra desinterés por los asuntos del otro o es proclive a la infidelidad, una forma de poner fin al problema es con la extinción del vínculo conyugal, y no a través de otros mecanismos que, en principio, no han sido diseñados para resolver estas cuestiones y con los que se corre el riesgo de lesionar valores jurídicos que pueden entrar en conflicto. Primero, porque la finalidad fundamental del Derecho de daños es la indemnización o el resarcimiento de los perjuicios injustamente sufridos, y no la de sancionar al sujeto que los ocasiona. Además, porque plantear el posible recurso a la acción indemnizatoria para tratar de limitar por esta vía determinado tipo de conductas podría suponer un grave atentado al principio de libertad personal que consagra nuestra Constitución y que constituye el eje sobre el cual se ha hecho pivotar la reciente reforma del divorcio 39. Otra cosa es, sin duda, que la hipotética lesión de los derechos de una persona no deba quedar impune por el mero hecho de que el causante del daño sea su cónyuge 40. Por lo que bien puede deducirse que la clave del problema está en determinar qué comportamientos originan daños resarcibles y cuáles otros, aun constituyendo violaciones de los deberes entre cónyuges, no deberían dar derecho a una indemnización El resarcimiento del daño moral entre cónyuges en Derecho comparado Si acudimos a los países de nuestro entorno, podemos ver que la cuestión que tratamos, lejos de estar definitivamente resuelta, provoca distintas reacciones entre los autores, quienes, ante el silencio del legislador, muestran opiniones dispares. Y así, por ejemplo en Francia, mientras algunos se muestran reacios a admitir una sanción al cónyuge que incumple los deberes matrimoniales más allá de las consecuencias que impone el Derecho de Familia 41, otros, por el contrario, se manifiestan a favor de una indemnización por los daños morales resultantes 42. En la jurisprudencia, es destacada por los autores la sentencia de la Corte de Casación de 9 de noviembre de 1965, en la que, aplicándose los principios del Derecho de daños, se concede una indemnización a la esposa por los perjuicios sufridos como consecuencia de la negativa de su marido a admitirla en el domicilio conyugal. La Corte de Casación anuló la sentencia del Tribunal de apelación que rechazaba la petición de la esposa por no haberse tramitado la separación o el divorcio a la vez que se solicitaba el resarcimiento del daño. En este sentido, THOMAS (1974, pp. 39 En esta línea, expone MARTÍN CASALS (2001, p. 12) que la aplicación de las normas de responsabilidad civil no pueden conculcar la coherencia interna de los principios básicos sobre los que se asientan las de Derecho de familia. 40 Como se pregunta RODIÈRE (1966, p. 288), Por qué las relaciones entre esposos deberían quedar sustraídas de la regla moral y jurídica del art C.C.? 41 LABRUSSE (1967, p. 452). 42 Ya NERSON (1966-II, pp. 514 y ss.) admitía en 1966 tal posibilidad a través del art CC ( Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ). Más recientemente, BÉNABENT (2003, pp. 106 y 112); LAMARCHE (2007, pp. 171 y 173).También MIGNON-COLOMBET (2005, p. 5), quien denuncia el carácter de pena privada de la indemnización. 1617 298 y ss.) critica la resolución del Tribunal de Apelación de París y se adhiere a la tesis de que el cónyuge que sufre las consecuencias de la violación por parte del otro de una obligación matrimonial, puede solicitar la reparación del daño aplicando los principios generales de la responsabilidad extracontractual sin necesidad de proceder a la separación o al divorcio. En Alemania, se ha de recordar, como nos indica PATTI 43, que a pesar de que una autorizada doctrina haya intentado durante décadas demostrar la posible convivencia entre las normas sobre responsabilidad civil y aquellas que regulan las relaciones familiares, lo cierto es que la jurisprudencia alemana ha afirmado en repetidas ocasiones que la normativa particular del Derecho de familia excluye cualquier pretensión de naturaleza aquiliana. Y aun no negando, en línea de principio, la admisibilidad de la acción de un cónyuge contra el otro por el daño causado, tanto la jurisprudencia como parte de la doctrina sostienen que las relaciones personales dentro de la comunidad familiar se deben desenvolver en un contexto de libertad, y no bajo la amenaza de sanciones resarcitorias 44. La doctrina portuguesa, antes de la reforma de 2008, también se ha planteado si la violación de los deberes conyugales es susceptible de originar un derecho a la indemnización por los daños causados en los términos generales de la responsabilidad civil, o por el contrario, tal incumplimiento debe ser sancionado únicamente por el Derecho de familia. Para muchos, la violación de los deberes conyugales, además de constituir causa de separación y divorcio, debe ser fuente de responsabilidad civil por los daños tanto patrimoniales como morales causados al cónyuge lesionado 45. Lo cierto es que en la jurisprudencia de aquel país se ha ido abriendo paso la idea de que el incumplimiento de los deberes personales entre cónyuges debe ser sancionado más allá de la mera declaración de la separación o el divorcio, que, en realidad, no se contempla al menos formalmente, como sanción, sino como remedio a la crisis matrimonial. En esta sentido es paradigmática la Sentencia del Tribunal Supremo de Portugal de 21 de junio de Los hechos que la motivaron fueron los siguientes: En 1982, la actora, de 39 años de edad y el demandado, de 36, contrajeron matrimonio. El marido jamás consiguió tener relaciones sexuales con su mujer. En marzo de 1984, el demandado exigió que su mujer se trasladase a dormir a otra habitación y en agosto del mismo año, la actora encontró a su marido y a un amigo durmiendo en la misma cama, lo que le causó un fuerte impacto emocional y un gran abatimiento físico y psíquico al comprender que su marido, además de impotente, era homosexual. En el juicio quedó demostrado que el demandado era consciente de su estado antes de contraer matrimonio y aún así continuó adelante con las nupcias. Su mujer obtuvo el divorcio por incumplimiento grave de los deberes conyugales y además, pidió, a través de una acción autónoma, una indemnización por los daños morales que su marido le había ocasionado, fundamentados asimismo en la violación culposa de los deberes conyugales. El Tribunal 43 PATTI (1998, p. 688). 44 Como nos ilustra FERRER I RIBA (2001, p. 16), el Tribunal Supremo alemán ha sostenido la negativa a indemnizar los daños derivados del adulterio o de la atribución errónea de la paternidad, reconociendo de manera excepcional la posibilidad de ser indemnizado si el adulterio ha tenido como presupuesto una intención concreta de causar daño (BGH , NJW 1990). 45 DA SILVA CERDEIRA (2000, pp. 96 y ss.); HÖSTER (1995, p. 117); PEREIRA COELHO y OLIVEIRA (2008, P. 156). En contra se pronuncia, aunque antes de la reforma, PIRES VERISSIMO (pp. 251 y ss). 1718 Supremo concedió la indemnización, si bien en un montante inferior al originariamente solicitado. En la actualidad, como ya se ha indicado, la nueva redacción del art del Código Civil dada por la Ley nº 61/2008, de 31 de octubre, viene a zanjar el asunto al reconocer expresamente la facultad del cónyuge de acudir a los remedios resarcitorios propios del Derecho de daños. Por lo que se refiere al ordenamiento jurídico italiano, la cuestión que tratamos no puede ser abordada sin hacer una previa referencia al resarcimiento de los daños no patrimoniales sufridos con carácter general por cualquier persona perjudicada. En efecto, la orientación seguida en general por la jurisprudencia anterior a 1986 sostenía que el único daño resarcible en virtud del art del Codice Civile 46 era el daño patrimonial, mientras que sólo en los casos expresamente establecidos en la ley podían ser objeto de resarcimiento los daños no patrimoniales (art Codice Civile 47 ). La consecuencia inmediata era, según los autores, que sólo los daños morales procedentes de delito podían ser indemnizados (art. 185 Codice Penale). Por consiguiente, sólo cuando las lesiones sufridas por la persona tuviesen consecuencias patrimoniales serían resarcidas, tanto en el concepto de daño emergente (gastos por tratamientos médicos, rehabilitación, prótesis), como de lucro cesante (falta de ingresos por la incapacidad temporal o permanente del lesionado) 48. El problema surgía especialmente en aquellos casos en que la persona lesionada no desempeñase ningún trabajo remunerado o no percibiese prestación económica alguna, pues entonces el montante del resarcimiento venía drásticamente reducido limitándose a la cuantía de los gastos efectivamente desembolsados. Sólo en el caso de los menores de edad se tenía en cuenta la pérdida de capacidad económica, pero estrechamente ligado al status socioeconómico de la familia de origen, por lo que el montante de la indemnización concedida se fijaba en función de la posición social del damnificado. No obstante, a finales de los años 70 se observa una cambio jurisprudencial definitivamente consagrado por la Corte Costituzionale (sent. 184/1986, de 14 de julio), que empieza a considerar resarcible el daño a la vita di relazione y el daño estético como supuestos de daños a la persona prescindiendo de los aspectos patrimoniales. Se consagra así el concepto de daño biológico, como aquel daño originado por lesiones a la integridad psico-física del sujeto 49. Un daño a la salud que, como derecho constitucional reconocido a todos los ciudadanos y ciudadanas (art. 32 CI), debe ser resarcido en idénticos términos, en cuanto a la cuantía de la indemnización, para todos los perjudicados y que, se admite, es reconducible al art del Codice Civile. 46 Artículo que consagra la responsabilidad extracontractual en el Derecho italiano: Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 47 Art C.C.I.: Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. 48 PILLA (2007, p. 211). 49 PILLA (2007, p. 211). 1819 Abierto este camino, surge otro concepto en la jurisprudencia que es el del denominado daño existencial 50. Si con el daño biológico se protege la integridad tanto física como psíquica del individuo, al margen de las consecuencias patrimoniales, a través de la reparación del daño existencial se tutela la realización de la propia personalidad comprometida por el evento dañoso 51. En este sentido, si el sujeto sufre una significativa limitación en todo tipo de actividad que viniese desarrollando antes del siniestro excepto aquéllas ilícitas o inmorales, tal empeoramiento de su situación deberá ser indemnizado como daño existencial. La distinción entre el daño existencial y el daño moral radica en que, mientras este último se refiere al dolor físico y al estado de ánimo, el daño existencial tienen por objeto las actividades comprometidas por el hecho ilícito. Y precisamente en este punto puede producirse una interrelación entre las normas reguladoras del Derecho de daños y del Derecho de familia. En este sentido, es paradigmática la sentencia de la Corte de Casación italiana de 7 de junio de 2000, nº Los hechos motivadores de la sentencia fueron los que siguen: El padre natural de un niño, tras haberse declarado judicialmente la paternidad, insiste en el incumplimiento de sus obligaciones paternofiliales. Tres años después de la declaración de paternidad, los padres del menor convienen en saldar las obligaciones económicas pendientes frente al menor, cumpliendo el padre con todo aquello que le adeudaba. Sin embargo, el menor demanda al padre el resarcimiento del daño causado como consecuencia del retraso en el pago de las obligaciones que le incumbían como padre. El juez de primera instancia acoge la demanda y condena al padre al pago de la suma de 30 millones de liras, sentencia que es confirmada en segunda instancia. El Tribunal de Casación coincide en conceder una indemnización al hijo, señalando que el daño sufrido por el menor no se concretaría sólo en el perjuicio estrictamente patrimonial, como consecuencia del retraso en el desembolso, sino que además, el padre debía indemnizar la lesión de los derechos fundamentales de la persona, en particular inherentes a la cualidad de hijo y de menor: La vigente Costituzione, garantendo principalmente e primariamente valori personali, impone, infatti, una lettura costituzionalmente orientata dell art C.C. (che non si sottrarrebbe altrimenti ad esiti d incostituzionalitá) in correlazione agli articoli della Carta che tutelano i predetti valori, nel senso appunto che quella norma sia idonea a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell illecito, attraverso il risarcimento del danno che é sanzione ejecutiva del precepto primario ed é la minima delle sanzioni che l ordinamento apresta per la tutela di un interesse. Il citato art C.C. correlato agli art. 2 ss. Cost., va cosí necesariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i dan che almeno potenzialmente ostacolano le attivitá realizzatrici della persona umana. Pero lo cierto es que en los últimos años, tanto por parte del Tribunal de Casación italiano como de la Corte Constitucional, los conceptos de daño biológico y de daño existencial han 50 Como nos ilustra BONA (2003, pp ), a partir de los años 70 se ha ido desarrollando una teoría en Italia, según la cual, la lesión de una posición o derecho constitucionalmente garantizado implica de por sí la injusticia del daño. Desde este punto de vista, se sostiene que: art Codice Civile (responsabilidad extracontractual) + art. 32 CI (derecho a la salud) = resarcimiento del daño biológico. Art Codice Civile + Art. 2 CI (derechos inviolables de la persona) = resarcimiento del daño existencial. Art Codice Civile + Art. 29 CI (protección de la familia) = resarcimiento del daño a la serenidad familiar. 51 PILLA (2007, p. 219). 52 Comentada por BONA (2001, pp ). También D ADDA (2001, pp. 187 y ss.). 1920 sido cuestionados, para volver a incidir en la clásica distinción entre daños patrimoniales (art Codice Civile) y daños morales (art Codice Civile), comprendiendo eso sí estos últimos, tanto los daños no patrimoniales procedentes de delito, como los ocasionados como consecuencia de lesiones a derechos constitucionalmente garantizados, en definitiva todos los daños morales sufridos por una persona, incluido el biológico 53. En cuanto al daño existencial especialmente referido al incumplimiento de los deberes conyugales, se llega a considerar que, en tales casos, el ilícito por parte del cónyuge atenta contra la esfera jurídica del otro, lo que implica tener en cuenta, no tanto las consecuencias en el plano de la vida cotidiana, cuanto la propia lesión del bien jurídico tutelado, que no es otro que el consortium vitae instaurado entre los cónyuges 54. En lo que a nuestro tema se refiere, el Tribunal de Casación italiano, cuando ha tenido la oportunidad directa o indirecta de pronunciarse sobre el tema, no ha brindado una respuesta unívoca 55. Así, de pronunciamientos en los que se reconoce un abstracto resarcimiento del daño originado por el incumplimiento de los deberes matrimoniales, se ha pasado a otros en los que definitivamente se excluye tal posibilidad. En sentido afirmativo, la sentencia de la Corte de Casación de 10 de mayo de 2005, nº En el caso, Dª C.S., después de haber obtenido de la autoridad eclesiástica la dispensa de matrimonio rato no consumado contraído con D. S.B., solicitó a los tribunales civiles el resarcimiento del daño tanto patrimonial como no patrimonial sufrido a causa de la conducta ilícita de su ex cónyuge, contraria a los cánones de lealtad, corrección y buena fe, por no haberla informado con anterioridad al matrimonio de sus condiciones psíquico-físicas que le impedían mantener relaciones sexuales plenas, así como por haberse negado durante el matrimonio, para evitar que el problema trascendiese a terceros, a recibir ningún tipo de tratamiento médico. El Tribunal de Casación considera que la intensidad de los deberes derivados del matrimonio, caracterizados por su inderogabilidad e indisponibilidad, inciden también en la relación entre las partes previa al matrimonio, imponiéndoles incluso en ausencia de vínculo matrimonial pero ante la perspectiva de la inmediata constitución del mismo una obligación de lealtad y de solidaridad, que se manifiesta también en una obligación de información de cualquier circunstancia que se refiera a sus condiciones físicas y psíquicas, y de cualquier otra situación susceptible de comprometer la comunión material y espiritual a la cual el matrimonio está dirigido. El derecho lesionado en este caso, el derecho a la sexualidad, asume la cualidad de derecho fundamental de la persona garantizado constitucionalmente, considerando el Tribunal que lo que se ha producido 53 Este último viene resarcido en sí mismo, en cuanto se lesiona el bien primario de la salud y por tanto un derecho constitucional, siendo además el único que ha sido objeto de disciplina normativa con la Ley de 5 de marzo de 2001 [PILLA (2007, p. 230)]. 54 PILLA (2007, p. 248), quien habla de un daño neo-esistenziale. 55 Cuestión directamente relacionada con el tema que tratamos es la de la responsabilidad del tercero que ha lesionado un derecho conyugal. De este modo, por ejemplo, la muerte culpable del cónyuge dedicado a las tareas domésticas ha permitido obtener al cónyuge supérstite una indemnización en la que se ha computado el valor de tal actividad (Trib, Roma, 18 de marzo de 1997), o el comportamiento culpable del conductor de un automóvil que ocasiona un daño a la víctima, aboca en la concesión a su cónyuge del resarcimiento del daño moral ocasionado por no poder continuar con su vida sexual en idénticos términos a como se desarrollaba antes del accidente (Corte di Cassazione 21 de mayo de 1996 nº 4671 (Revista Italiana di Medicina Legale, 1999, 1, pp. 312 y ss.) Por el contrario, niega responsabilidad al tercero que ha mantenido una relación adúltera con la esposa (Trib. Roma, 17 de septiembre de 1998 y Trib. Monza, 15 de marzo de 1997). Sobre el tema, FRACCON (2001- I, p, 392). 56 Diritto e giustizia, fasc. 22, 2005, pp. 14 y ss. 20 Mostrar más
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