Source: https://agendamagna.wordpress.com/2008/12/18/improcedencia-del-recurso-de-agravio-constitucional-en-caso-fronton/
Timestamp: 2018-06-20 03:49:10
Document Index: 91732622

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Improcedencia del recurso de agravio constitucional en caso Frontón | Agenda Magna
Improcedencia del recurso de agravio constitucional en caso Frontón
Referencia bibliográfica: Tribunal Constitucional: Sentencia Exp. N.º 03173-2008-PHC/TC; vista el 11 de diciembre de 2008; publicada en Tribunal Constitucional web site el 15 de diciembre de 2008; reproducida en Agenda Magna el 18 de diciembre de 2008.
EXP. N.º 03173-2008-PHC/TC
TEODORICO BERNABÉ
El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Instituto de Defensa Legal contra la resolución de la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, conformada por los votos de fojas 272 y 460, sus fechas 10 de mayo y 27 de julio de 2007, respectivamente, que declaran fundada la demanda de hábeas corpus de autos; y,
§. La competencia del Tribunal Constitucional para conocer el recurso de agravio constitucional
1. Que antes de ingresar a evaluar el fondo de la controversia constitucional, este Tribunal Constitucional estima necesario evaluar su competencia por razón de la materia para conocer y resolver el recurso de agravio constitucional interpuesto por el Instituto de Defensa Legal, pues en caso de ser incompetente no debe ingresarse a conocer el fondo de la controversia, ya que el avocamiento indebido constituye una manifiesta vulneración del derecho a la tutela procesal efectiva, que no puede ser permitida ni avalada.
Para determinar ello, debe recurrirse al marco constitucional y legislativo que le asignan competencias por razón de la materia al Tribunal Constitucional. Así, conforme al inciso 2) del artículo 202º de la Constitución, corresponde al Tribunal Constitucional:
“Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, (…)”
Asimismo, el artículo 18º del Código Procesal Constitucional señala que:
“Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional (…)”
2. Pues bien, teniendo presente las competencias que le corresponden al Tribunal Constitucional, debe precisarse que aún cuando la demanda de hábeas corpus no fue declarada infundada ni improcedente en segunda instancia, el Instituto de Defensa Legal -que no era parte en el presente proceso de hábeas corpus- invocando el fundamento 40 de la STC 4853-2004-PA/TC estimó que se encontraba legitimado para interponer el recurso de agravio constitucional.
3. Sobre este fundamento, debe señalarse que jurisprudencialmente se habilitó, como precedente vinculante, el Recurso de Agravio Constitucional aun para las demandas de amparo que hubiesen obtenido pronunciamiento estimatorio en segunda instancia, si es que se verificaba la contravención de un precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional. Pues bien teniendo presente que el fundamento 40 de la STC 4853-2004-PA/TC ha servido de fundamento para que el Instituto de Defensa Legal interponga el recurso de agravio constitucional este Tribunal considera necesario evaluar si este fundamento cumplía los presupuestos básicos para ser aprobado como precedente vinculante.
4. En este sentido, debe tenerse presente que en la STC 0024-2003-AI/TC este Tribunal precisó los cinco presupuestos básicos para la aprobación de un precedente vinculante, que son:
(i) La existencia de interpretaciones contradictorias.
(ii) La comprobación de interpretaciones erróneas de alguna norma perteneciente al bloque de constitucionalidad.
(iii) La necesidad de llenar un vacío legislativo.
(iv) La corroboración de normas que sea susceptibles de ser interpretadas de manera diversa. Y,
(v) La necesidad de cambiar un precedente vinculante.
5. Que, teniendo en cuenta los cinco presupuestos básicos para la aprobación de un precedente vinculante, este Tribunal constata que el fundamento 40 de la STC4853-2004-PA/TC no cumple con ninguno de estos presupuestos básicos para haber sido aprobado como precedente vinculante, por las siguientes razones:
(i) En la praxis judicial no existía interpretaciones contradictorias del inciso 2) del artículo 202º de la Constitución, ni del artículo 18º del Código Procesal Constitucional. La interpretación pacífica, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, es que el Tribunal sólo conoce las demandas desestimadas en segundo grado.
(ii) Asimismo, tampoco sirvió para aclarar alguna interpretación errónea de las normas que conforman el bloque de constitucionalidad.
(iii) Tampoco existía ningún vacio legislativo, ya que tanto la Constitución como el propio Código Procesal Constitucional tienen contemplados de manera precisa los casos en los que es posible interponer un Recurso de Agravio Constitucional. Ello quiere decir, que un precedente vinculante no puede reformar el texto expreso de la Constitución pues está únicamente puede ser reformada siguiendo el procedimiento previsto en su articulo 206.º. Además conforme al principio de interpretación conforme a la Constitución el Tribunal Constitucional, y por ende, el recurso de agravio constitucional, sólo procede contra resoluciones denegatorias.
(iv) No existían interpretaciones diversas de la Constitución o del Código Procesal Constitucional. Muy por el contrario, lo que se observa es que el precedente vinculante del fundamento 40 de la STC 4853-2004-PA/TC, ha sido concebido en abierta contradicción con la Constitución, el Código Procesal Constitucional y los presupuestos básicos para la aprobación de un precedente vinculante establecidos en la STC 0024-2003-AI/TC.
(v) Y, por último, tampoco se estableció con la finalidad de cambiar algún precedente vinculante preexistente.
6. Que al amparo del referido fundamento 40, el Instituto de Defensa Legal interpuso Recurso de Agravio Constitucional. Como no se le concedió este medio impugnatorio, recurrió ante el Tribunal Constitucional, en vía de recurso de queja, argumentando la supuesta violación de un precedente vinculante:
“De conformidad con las nuevas reglas fijadas por el TC en la sentencia recaída en el exp. Nº 04853-2004-AA[/TC], fundamento jurídico 40[…], procede Recurso de Agravio Constitucional excepcional contra aquellas resoluciones “estimatorias” de segundo grado expedidas en procesos constitucionales, cuando estas violen o desconozcan precedentes vinculantes” (fojas 2 y 3 del escrito).
7. Que de la argumentación transcrita, este Tribunal advierte los siguientes vicios procesales en que habrían incurrido los abogados del Instituto de Defensa Legal:
(i) Se presentaron al proceso como amicus curiae. Es decir como un tercero que no es parte y a quien no se le puede exigir el requisito de la legitimación activa o pasiva necesaria para establecer una relación procesalmente válida. En consecuencia, el IDL, al presentarse como amicus curiae ya no podía tener ninguna vinculación con el bien o interés jurídico sub judice.
(ii) El IDL cambió de motu proprio su condición de amicus curiae a tercero legitimado, sin la intervención del juez, lo cual es totalmente inválido e ineficaz. De este modo, con manifiesto agravio de la buena fe procesal, decidieron despojarse de la condición de amicus curiae y convertirse en parte con capacidad para incoar medios impugnatorios.
(iii) Invocaron como precedentes vinculantes sentencias del Tribunal Constitucional que sólo constituían doctrina jurisprudencial (STC 2663-2003-HC/TC, Tipología del Hábeas Corpus; y STC 2488-2002-HC/TC, sobre el derecho a la verdad). Así se infiere de su escrito de Queja:
“Efectivamente, en el presente caso hay dos opciones, o consideramos que ambas sentencias son doctrina jurisprudencial o le asignamos naturaleza de precedentes vinculantes. Las consecuencias serán distintas, pues cada una de estas instituciones tiene mecanismos distintos de protección, pues si bien la doctrina jurisprudencial y el precedente vinculante son vinculantes (sic), la protección que tiene el precedente vinculante es más sólida y eficaz, pues se protege a través del Recurso de agravio constitucional, a diferencia de la doctrina jurisprudencial cuyo mecanismo de protección es el amparo contra amparo, en aplicación del fundamento jurídico 39 de la sentencia del TC recaída en el exp. Nº 04853-2004-AA[/TC]”.
(iv) La invocación mecánica de doctrina jurisprudencial como si se tratase de precedentes vinculantes, tenía como propósito obviar la interposición de una demanda de amparo para enervar la resolución de segundo grado que declara fundada la demanda de hábeas corpus de don Teodorico Bernabé Montoya. Para ello decidieron utilizar la vía más expeditiva del Recurso de Agravio Constitucional, que el referido fundamento 40 sólo habilitaba en casos de trasgresión de un precedente vinculante. Por tanto esta actividad procesal constituye una abierta festinación de trámites que no se condice conla Constitución, el Código Procesal Constitucional y el precedente vinculante invocado. Es una clara violación de la probidad procesal en perjuicio del derecho al debido proceso del demandante, tanto la actuación procesal de las partes, del amicus curiae y la del juez deben constituir siempre una afirmación de los valores, principios y derechos que informan el ordenamiento constitucional, en el cual el debido proceso goza de una importancia capital para la existencia de un verdadero Estado democrático y constitucional.
8. Que por ello, este Tribunal considera que la sentencia de segunda instancia del presente proceso de hábeas corpus tiene la calidad de cosa juzgada, con efectosinterpartes, en tanto se encuentre subsistente, pues quien se considere afectado por su contenido tiene expedita la vía del proceso de amparo contra amparo si los plazos procesales lo permiten.
9. Que de otro lado, y en lo que respecta a la conformación de la Sala que resolvió el recurso de queja, debe señalarse que la resolución recaída en el Exp. N.º 245-2007-Q/TC aparece firmada por magistrados que no pertenecen todos a la Sala Primera del Tribunal Constitucional, sin que exista fundamento o razón alguna para variar la conformación de la misma o en todo caso, sin que se haya tomado en cuenta para tal efecto, lo previsto en el artículo 11.º del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional[1].
10. Se advierte entonces, que la calificación del recurso de queja ha sido hecha por una Sala distinta de aquellas que conforman el Tribunal Constitucional, sin tomar en cuenta que en tanto dicho recurso se formula al interior de un proceso, éste debe ser resuelto por un órgano que ejerza jurisdicción y no por una Sala especial, ad-hoc, conformada o comisionada para tal efecto, pues ello contraviene el debido proceso en su manifestación del juez predeterminado por la ley.
En consecuencia, este Tribunal estima que dicha resolución se encuentra viciada de nulidad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 171.º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procesos constitucionales, conforme a lo dispuesto por el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Esta nulidad no afecta a los demás procesos que pudieran haber sido resueltos en esa u otras oportunidades, dado que las mismas quedaron consentidas, a diferencia de lo que ha ocurrido en el presente proceso.
§. ¿Los amicus curiae tienen legitimación activa en los procesos constitucionales?
11. Asimismo, este Tribunal considera pertinente determinar si el amici curiae o los amicus curiae gozan de legitimación activa para ser parte en los procesos constitucionales, ya que si no gozan de ella, el recurso de queja y, por ende, el recurso de agravio constitucional interpuestos por el Instituto de Defensa Legal serían nulos de pleno derecho, pues éste carecía de las facultades para ello.
12. Pues bien, para determinar si los amicus curiae tienen legitimación activa en los procesos constitucionales hemos de recurrir a la práctica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, cabe destacar el artículo 36.2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que establece que:
En interés de la buena administración de la justicia, el Presidente del Tribunal podrá invitar a cualquier Alta Parte Contratante que no sea parte en el asunto o a cualquier persona interesada distinta del demandante o que presente observaciones por escrito o a participar en la vista.
Del articulo trascrito, puede concluirse que los amicus curiae intervienen en los procesos de tutela de derechos humanos: a) cuando son invitados por el Presidente de la Corte; b) en calidad de terceros y no de partes del proceso; y c) para presentar observaciones por escrito o a participar en la vista.
13. En buena cuenta, los amicus curiae no tienen derecho a la acción y ni siquiera actúan como parte procesal sino sólo como portadores de una opinión cualificada, política o técnica, que el Tribunal desea conocer. Por tanto, el Instituto de Defensa Legal no tenía la capacidad procesal para interponer los recursos de queja y agravio constitucional, pues actuaba como amici curiae y no como parte del proceso de hábeas corpus. Por esta razón este Tribunal estima que los recursos referidos son nulos de pleno derecho por contravenir el principio de legalidad de las formas, ya que los medios impugnatorios sólo pueden ser interpuestos por las partes del proceso y no por los amicus curiae, ya que éstos no tienen la calidad de partes ni mediatizan, desplazan o reemplazan a éstas.
14. Declarado lo anterior, este Tribunal considera innecesario analizar el fondo de la cuestión controvertida por cuanto la justicia constitucional debe guardar un justo equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y confiabilidad de los procesos constitucionales. Y es que en el caso sub judice, como ya se señalo, los recursos de queja y agravio constitucional han sido interpuestos con manifiestas infracciones a las reglas procedimentales, ya que el Instituto de Defensa Legal carecía de legitimidad para ello.
Es más, debe señalarse que hay jurisprudencia en abono a la tesis sustentada, sin que ello implique exceso de formalismo, pues la justicia constitucional no puede amparar ni avalar el anarquismo procesal. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que el principio de legalidad de las formas también debe ser respetado en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Así ha señalado que:
“La Corte debe guardar un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional. En el caso sub judice continuar con un proceso enderezado a lograr la protección de los intereses de las supuestas víctimas, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales establecidas en la propia Convención, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos”[2].
En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que el principio de legalidad de las formas debe ser respetado y cumplido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, ha señalado que:
“Debe la Corte, sin embargo, puntualizar que no existe razón alguna para que la Comisión no dé estricto cumplimiento a las normas procesales porque, como lo ha dicho ya y lo reitera ahora, es verdad que el objeto y fin de la Convención no pueden sacrificarse al procedimiento pero éste, en aras de la seguridad jurídica, obliga a la Comisión”[3].
Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú, con los votos singulares de los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz
1. Declarar NULO el concesorio del recurso de queja recaído en el Exp. N.º 245-2007-Q/TC; en consecuencia, IMPROCEDENTE la queja de derecho eIMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional.
2. Disponer la devolución de los actuados a la instancia pertinente, para que siga su trámite conforme a su estado y a lo resuelto.
EXP. N.º 3173-2008-PHC/TC
TEODORICO BERNABE
VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS BEAUMONT CALLIRGOS
Y ETO CRUZ
Con el respeto debido, discrepamos de la decisión adoptada por la mayoría, así como de su correspondiente ratio decidendi, en atención a los fundamentos que a continuación se señalan:
1. La presente demanda tiene como finalidad que se declare la nulidad de la resolución fiscal emitida por la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, de fecha 14 de febrero de 2007, mediante la cual se resuelve declarar fundada en parte la queja interpuesta contra la Resolución fiscal de fecha 24 de agosto de 2006, y se ordena al Fiscal Provincial formular denuncia penal en contra del demandante y otros, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado – asesinato, en agravio de Alfonso Esteban Gonzales y otros. Asimismo, se pretende que se declare la nulidad de la Denuncia Fiscal N.º 27-2007, de fecha 12 de marzo de 2007, que, en mérito de la mencionada resolución de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, fue presentada ante la judicatura penal.
Alega el recurrente que las referidas resoluciones fiscales vulneran sus derechos fundamentales a la libertad personal y a la prohibición de revivir procesos fenecidos, pues la denuncia fiscal ha sido presentada a pesar de haber operado la prescripción de la acción penal en relación con los hechos que son materia de acusación.
§2. Sobre la nulidad planteada contra el auto del Tribunal Constitucional que declara fundado el recurso de queja.
2. Con fecha 15 de agosto de 2008, el recurrente ha solicitado que se declare la nulidad del auto emitido por la Primera Sala del Tribunal Constitucional, en virtud del cual se declaró fundado el recurso de queja interpuesto contra la resolución que declaró improcedente el recurso de agravio constitucional (RAC) planteado contra la sentencia de segunda instancia que declaró fundada la demanda de hábeas corpus de autos. En atención a ello, en primer término, corresponde emitir pronunciamiento en relación con la nulidad planteada.
3. En atención al tenor del recurso de nulidad y de las alegaciones que a propósito suyo han sido vertidas en la Audiencia Pública de esta causa, puede concluirse que aquél se fundamenta en las siguientes razones: a) no cabe que el Tribunal Constitucional tome conocimiento de la causa en atención a que, según se afirma, sólo tiene competencia para pronunciarse en relación con las resoluciones denegatorias emitidas en los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento; b) aún cuando pueda aceptarse que el fundamento jurídico de estimación de la queja se encuentra en la STC 4853-2004-PA, la inexistencia de un precedente constitucional vinculante violado, debería haber impedido que la queja prospere; c) la Sala del Tribunal Constitucional que conoció el recurso de queja no se encontraba válidamente conformada; y, d) la institución que interpuso el RAC y el respectivo recurso de queja, es decir, el Instituto de Defensa Legal (IDL), previamente se había apersonado al proceso en calidad de amicus curiae lo cual impide que a posteriori pretenda intervenir como tercero legitimado en el proceso.
Pues bien, así las cosas, es preciso analizar cada una de estas alegaciones.
2.1 Tribunal Constitucional y resoluciones “denegatorias” recaídas en los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento.
4. Como se señaló, la primera razón por la que se pretende la declaración de nulidad del auto que declara fundada la queja, consiste en que se considera que el Tribunal Constitucional sólo tiene competencia para pronunciarse en relación con las resoluciones denegatorias emitidas en los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. Es claro que en esta alegación subyace una interpretación subjetivo procesal del concepto de “resoluciones denegatorias” recogido en el artículo 202º 2 de la Constitución. En otros términos, se interpreta el concepto en el sentido de que el Tribunal Constitucional sólo puede conocer como tercera instancia los referidos procesos, en la medida de que la demanda haya sido declarada improcedente o infundada.
5. Somos conscientes de que este sentido interpretativo es el que, hasta hace no mucho tiempo, se adoptaba uniformemente en la comunidad jurisdiccional, doctrinaria y académica. Es probable que dos hayan sido las causas fundamentales de tal interpretación. La primera consiste en que dicha interpretación es la que inmediatamente deriva del análisis semántico del concepto. En otras palabras, es el primer sentido que deriva de la lectura de su texto. La segunda causa es probable que consista en que dicha interpretación puede ser asociada con el sentido originalista del concepto. Es decir, puede asumirse que la voluntad del constituyente estaba encaminada que sea ésa la interpretación atribuible al artículo 202º 2 de la Constitución.
Ahora bien, analizadas detenidamente las cosas, puede concluirse que esta aparente dualidad de causas, en realidad debería ser reconducida a una sola. Y es que usualmente la razón de mayor peso para determinar cuál ha sido la voluntad del constituyente, surge a partir del análisis de la semántica utilizada al positivizar el texto jurídico. Ello termina siendo así una vez que se cae en la cuenta de las dificultades prácticas y teóricas que supone pretender escudriñar en la voluntad histórica del constituyente[4]. La principal dificultad práctica consiste en que, una vez que se toma en serio la empresa, se descubre que resulta realmente imposible conocer la concreta voluntad de todos aquéllos que en su momento formaron parte de la Asamblea Constituyente, y que coadyuvaron con su voto en la formación de una única voluntad colegiada; y aún cuando ello fuese posible, resultaría en los hechos imposible dotar a todas esas voluntades de una compatibilidad esencial lo suficientemente clara que permita descubrir el sentido de la disposición.
Pero incluso si este obstáculo práctico se considerase vencible, existe una dificultad teórica más importante que viene determinada por un correcto entendimiento de lo que significa una Constitución. La interpretación de la Constitución no puede ser de una vez y para siempre la representación de la voluntad de quienes pensaron en un determinado sentido en un espacio y tiempo determinados[5]. Ello supondría condenar a las generaciones futuras a actuar siempre y en todos los casos de conformidad con la ideología constitucional de las generaciones pasadas, haciendo de la Constitución un documento estático incapaz de representar la evolución del pensamiento de una sociedad, encontrándonos ante la postura conservadora llamada por el pensamiento norteamericano como interpretación textualista, originalista, preservasionista y que entiende a la Constitución como un texto acabado cuya interpretación fiel debe respetar tanto la palabra como la intención del constituyente histórico. Sin embargo, existe también en la otra orilla la idea de “Constitución viviente” o interpretación dinámica que pretende romper con el textualismo u originalismo[6].
6. Ahora bien, que el respaldo de una interpretación subjetivo procesal del concepto “resoluciones denegatorias” del artículo 202º 2 de la Constitución haya sido reconducido a su autonomía semántica o, si se quiere, a su sentido literal, en modo alguno le resta fuerza jurídica a dicha interpretación. Por el contrario, usualmente la interpretación literal de un texto viene acompañada de la fuerza jurídica de valores constitucionalmente importantes como la certeza, la predictibilidad y la seguridad jurídicas. Como suele reconocerse, el análisis propiamente semántico de un texto da lugar a una norma o sentido interpretativodirectamente estatuido[7], al que acompañan, justamente por su inmediata aprehensión, la fuerza de los valores antedichos.
No obstante, a diferencia de lo que a veces suele creerse, no se trata de valores siempre determinantes. Cuando de la interpretación constitucional de una disposición se trata, a veces resulta preciso dejar de lado la interpretación literal de un texto, cuando existen razones de mayor peso que surgen de otros valores materiales y derechos fundamentales concernidos que aconsejan adoptar una interpretación distinta. Como bien se ha señalado, “[n]inguna disposición iusfundamental, por más específica que parezca, permite conocer a priori todas y cada una de las normas [o sentidos interpretativos] que estatuye directa e indirectamente. Casi todas las normas estatuidas indirectamente resultan no sólo de lo expresado por el texto de la disposición, sino de otras premisas que complementan al texto en su interpretación”[8].
La Constitución no es una suma atomizada de disposiciones, sino un sistema unitario que preside el ordenamiento jurídico en su conjunto (criterio de interpretación de unidad de la Constitución). De ahí que si la interpretación aislada y textual de una norma constitucional no resulta compatible con el sentido sistemático que deriva de la incorporación en el análisis del contenido constitucionalmente protegido de otros valores y derechos que resultan involucrados, es preciso armonizar y optimizar las respectivas interpretaciones, sin sacrificar ninguno de los valores, derechos o principios concernidos (criterio de interpretación de concordancia práctica), y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional, incluso aquéllos pertenecientes a la denominada “Constitución orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución).
7. Es teniendo en cuenta estos criterios que no consideramos que el concepto “resoluciones denegatorias” del artículo 202º 2 de la Constitución deba ser interpretado solamente en un sentido subjetivo procesal. Si bien lo “denegatorio”, como regla, debe ser entendido como el supuesto de una resolución de segunda instancia que declara improcedente o infundada la demanda, excepcionalmente, cabe interpretar el concepto como la denegación de debida protección del contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, sea éste de titularidad del demandante, del demandado o de un tercero con legítimo interés en el resultado del proceso. En ese sentido, también cabe una interpretación objetiva del mencionado concepto, allí donde exista una manifiesta violación del ordenamiento constitucional, presidido por los derechos fundamentales.
8. ¿Cuál es el fundamento constitucional que exige una interpretación también objetiva del concepto “resoluciones denegatorias”? En otras palabras, ¿cuáles son los valores materiales o derechos fundamentales que en un entendimiento sistemático de la Constitución generan que una interpretación subjetivo procesal del concepto no deba ser siempre determinante? A nuestro juicio, son, cuando menos, dos esos valores. En primer lugar, el principio-derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 2º 2 de la Constitución. Y, en segundo término, e íntimamente relacionado en este caso con el derecho antes mencionado, el derecho fundamental al debido proceso, reconocido en el artículo 139º 3 de la Norma Fundamental.
En efecto, una interpretación del referido término “denegatorias” previsto en el artículo 202º 2 de la Constitución en el sentido de que sólo cabe que el Tribunal Constitucional conozca las resoluciones que no han estimado la pretensión del demandante, sería manifiestamente contraria al derecho fundamental a la igualdad de la parte demandada, la cual sólo tendría ocasión de pretender la defensa de su interés en una doble instancia, privándosele de la intervención del órgano con competencia para interpretar de modo definitivo el contenido normativo de los derechos fundamentales, en particular, y de la Constitución, en general; a diferencia del demandante que gozaría de una triple instancia decisoria, con intervención última del Tribunal Constitucional. Esta situación genera una desigualdad procesal que resulta contraria, a su vez, al derecho fundamental al debido proceso, el cual, correctamente interpretado, exige una igualdad de armas desde el inicio hasta el final de la litis.
Pero, además, una interpretación meramente subjetiva del concepto no sólo afecta a la igualdad como derecho subjetivo, sino también como principio en la medida de que genera la posibilidad de que los procesos constitucionales de la libertad sean resueltos de manera discordante al impedirse la participación del Tribunal Constitucional que, como supremo intérprete de la Constitución (artículos 201º y 202º de la Constitución y 1º de su Ley Orgánica), tiene entre sus funciones esenciales unificar el sentido interpretativo de la Norma Fundamental. De esta forma, una exclusiva y excluyente interpretación subjetivo procesal del concepto, incide negativamente en la igualdad en la aplicación de la Constitución como contenido derivado del artículo 2º 2 constitucional.
9. Es en este orden de consideraciones, y en vista además de que la fuerza jurídica de la interpretación subjetiva del artículo 202º 2 de la Constitución impide sacrificarla in toto, que el Tribunal Constitucional estableció que la posibilidad de una interpretación objetiva del precepto, que permita resguardar conjuntamente la igualdad procesal y la igualdad en la aplicación de la Constitución, sólo cabe en la medida de que resulte afectado un precedente constitucional vinculante establecido por este Colegiado. En efecto, en el Fundamento N.º 40 de la STC 4853-2004-PA -el cual, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar (TP) del Código Procesal Constitucional (CPConst.) y con el punto resolutivo N.º 2 de la referida sentencia, constituye precedente constitucional vinculante-quedó establecido lo siguiente:
B) Regla sustancial: El recurso de agravio a favor del precedente tiene como finalidad restablecer la violación del orden jurídico constitucional producido a consecuencia de una sentencia estimatoria de segundo grado en el trámite de un proceso constitucional. El recurso puede ser interpuesto por la parte interesada o por un tercero afectado directamente y que no haya participado del proceso, sea por no haber sido emplazado o porque, tras solicitar su incorporación, le haya sido denegada por el órgano judicial respectivo. El Tribunal resuelve en instancia final restableciendo el orden constitucional que haya resultado violado con la decisión judicial y pronunciándose sobre el fondo de los derechos reclamados.
10. De esta manera, el alegato del recurrente en el sentido de que corresponde declarar nulo el auto que declara fundada la queja en razón de que el Tribunal Constitucional sólo es competente para conocer de las resoluciones que han declarado improcedente o infundada la demanda en un proceso constitucional de la libertad, no puede ser estimado. Dicho alegato no toma en cuenta el precedente establecido en el Fundamento N.º 40 de la STC 4853-2004-PA, ni tampoco laratio decidendi que le sirve de base.
No obstante, corresponde ahora analizar si, tal como afirma el demandante, no existía precedente afectado por la sentencia de segunda instancia que justifique la procedencia del RAC presentado.
2.2 Recurso de agravio constitucional y precedente constitucional vinculante.
11. Según el demandante, en el presente caso no es de aplicación el precedente constitucional vinculante establecido en la STC 4853-2004-PA en relación con la eventual procedencia del RAC planteado contra una sentencia estimatoria de la demanda. Ello en atención a que, de conformidad con dicho precedente, la procedencia del RAC está condicionada a que la sentencia de segundo grado viole de manera manifiesta un precedente constitucional vinculante emitido por el Tribunal Constitucional en el marco de las competencias que establece el artículo VII del TP del CPConst., lo que, a criterio del recurrente, no ha sucedido en el presente caso.
12. Ante todo, conviene puntualizar que para efectos de la procedencia del RAC, la determinación de si la sentencia de segundo grado afecta un precedente constitucional vinculante, es una determinación no concluyente, sino prima facie. Se trata, en consecuencia, de la apreciación de una afectación verosímil más no definitiva, pues la decisión jurisdiccional concluyente en relación con dicha vulneración sólo podría ser determinada por la decisión de fondo definitiva emitida por el Tribunal Constitucional, y no por un mero auto de procedencia emitido ab initio de la intervención del Colegiado en la causa.
13. La denuncia fiscal planteada contra el recurrente está referida a los hechos acaecidos el 19 de junio de 1986 en que se produjo la debelación del motín de internos del establecimiento penitenciario San Juan Bautista de la isla El Frontón, y que dio lugar a la demolición del denominado Pabellón Azul, desencadenando la muerte de cuando menos cuando menos 111 personas. En la sentencia recurrida a través del RAC se ha sostenido, básicamente, que en el año 2006, transcurridos 20 años desde aquel suceso, ha operado la prescripción de la acción penal, motivo por el cual, el Ministerio Público, al presentar la referida denuncia sin tomar en cuenta el término prescriptorio, ha afectado el derecho fundamental al debido proceso del demandante.
El recurrente sostiene que la posibilidad de que el Tribunal Constitucional emita precedentes vinculantes sólo ha sido incorporada al ordenamiento desde que entró en vigencia el artículo VII del TP del CPConst., y, desde entonces, no se ha establecido ningún precedente relacionado con la imprescriptibilidad de la acción penal contra los hechos que constituyen una grave afectación contra los derechos fundamentales, motivo por el cual el RAC resulta improcedente.
14. Este criterio del recurrente no puede ser compartido. El artículo VII del TP del CPConst. que le concede la posibilidad de emitir precedentes constitucionales vinculantes, es decir, de establecer determinadas reglas jurídicas de vinculatoriedad erga omnes, a partir de la interpretación directa de determinadas cláusulas constitucionales, no es sino una concretización legislativa de una competencia que viene impuesta por la propia Constitución. En efecto, dado que el instituto del precedente se fundamenta en la idea de que los casos sustancialmente idénticos, merezcan una misma decisión por parte de la jurisdicción, es un instrumento de realización del derecho fundamental a la igualdad en la aplicación del ordenamiento jurídico, reconocido por el artículo 2º 2 de la Constitución. En otras palabras, si el Tribunal Constitucional tiene como competencia la posibilidad de emitir reglas jurídicas vinculantes, vía interpretación constitucional, es en virtud de la fuerza normativa del principio-derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 2º 2 de la Constitución, aunada a su condición de supremo intérprete de la Constitución(artículos 201º y 202º de la Constitución y artículo 1º de su Ley Orgánica), y no de alguna disposición legislativa.
15. Con ello, a su vez, se consolida el principio de seguridad jurídica, que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional como un principio implícito y esencial del Estado Constitucional: “El principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho. La predecibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad. (…). Así pues (…) la seguridad jurídica es un principio que transita todo el ordenamiento, incluyendo, desde luego, a la Norma Fundamental que lo preside. Su reconocimiento es implícito en nuestra Constitución, aunque se concretiza con meridiana claridad a través de distintas disposiciones constitucionales (…)”[9].
Tal como señala Rafael de Asís, hay fuertes razones para afirmar el carácter vinculante de los enunciados jurisdiccionales de los órganos de máximo nivel «en aras de la satisfacción de la obligación de seguridad jurídica. Sólo así la posibilidad de predecir, que es el sentido mínimo de aquella exigencia, se verá cumplida»[10].
16. Asimismo, el instituto del precedente vinculante encuentra fundamento constitucional en los principios de coherencia y universalización propios de la argumentación racional en todo Estado Constitucional. La coherencia del hablante -como una de las manifestaciones del discurso práctico general racional- expresada en la máxima «[t]odo hablante sólo puede afirmar aquellos juicios de valor y de deber que afirmaría así mismo en todas las situaciones en las que afirmare que son iguales en todos los aspectos relevantes», es «una formulación del principio de universalidad»[11], y es trasladable a nivel de los jueces y tribunales, quedando expuesto en estos términos: «hay que interpretar y aplicar el Derecho conforme a criterios que, por considerarlos correctos, se estuviera dispuesto a utilizar en la resolución de todos los casos iguales que puedan presentarse en el futuro»[12].
17. Así las cosas, son la igualdad, la seguridad jurídica y los principios de coherencia y de universalización en la argumentación racional, los fundamentos constitucionales del instituto del precedente constitucional vinculante, y no alguna disposición legal. Ello, desde luego, no significa que su reconocimiento legislativo sea baladí. Por el contrario, dicha concretización permite una mayor institucionalización de este instrumento, delineando determinados matices dentro del ámbito de la libre configuración legislativa, tales como el hecho de que, a partir de la entrada en vigencia del artículo VII del TP del CPConst. sea el propio Tribunal Constitucional el que deba precisar “el extremo de su efecto normativo”.
18. Cabe enfatizar que este criterio no es nuevo. En el Fundamento N.º 48 de la STC 0030-2005-PI, se expuso lo siguiente: “cuando se establece que determinados criterios dictados por este Tribunal resultan vinculantes para todos los jueces, no se viola la independencia y autonomía del Poder Judicial, reconocidas en el artículo 139º, inciso 2, de la Constitución, sino que, simplemente, se consolida el derecho a la igualdad en la aplicación del ordenamiento jurídico (artículo 2º, inciso 2); máxime, si es a partir del reconocimiento de su supremacía normativa que la Constitución busca asegurar la unidad y plena constitucionalidad del sistema jurídico y su consecuente aplicación (artículos 38º, 45º y 51º de la Constitución). Debe recordarse que ninguna garantía conferida a un órgano constitucional tiene su última ratio en la protección del poder público en sí mismo, sino en asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana (artículo 1º de la Constitución)”.
19. En definitiva, el hecho de que sólo a partir de diciembre de 2004 se encuentre en vigencia el artículo VII del TP del CPConst., no significa que con anterioridad el Tribunal Constitucional no haya emitido determinadas reglas vinculantes para todos los poderes públicos y la colectividad en general, derivadas de los fundamentos constitucionales del precedente constitucional vinculante y de su calidad de máximo intérprete de la Norma Fundamental.
En consecuencia, lo que corresponde a continuación es analizar si en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha establecido ya alguna clara regla jurídica en relación con la imprescriptibilidad de la acción penal contra hechos que constituyan una grave violación de los derechos fundamentales.
20. Dicha regla fue establecida con meridiana claridad en la STC 2488-2002-PHC. En efecto, en dicha sentencia quedó establecido lo siguiente:
“La ejecución extrajudicial, la desaparición forzada o la tortura, son hechos crueles, atroces, y constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no pueden quedar impunes; es decir, los autores materiales, así como los cómplices de conductas constitutivas de violación de derechos humanos, no pueden sustraerse a las consecuencias jurídicas de sus actos. La impunidad puede ser normativa, cuando un texto legal exime de pena a los criminales que han violado los derechos humanos; y también fáctica, cuando, a pesar de la existencia de leyes adoptadas para sancionar a los culpables, éstos se liberan de la sanción adecuada por la amenaza o la comisión de nuevos hechos de violencia. (…).
El conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las violaciones de los derechos humanos y, en caso de fallecimiento o desaparición, del destino que corrió la víctima por su propia naturaleza, es de carácter imprescriptible. Las personas, directa o indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud, tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan sus restos, entre otras cosas. (…).
[E]n el caso de violaciones de derechos humanos, el derecho de la víctima no se limita a obtener una reparación económica, sino que incluye el de que el Estado asuma la investigación de los hechos. (…)
[C]orresponde al Estado el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad y, si es necesario, la adoptación de normas restrictivas para evitar, por ejemplo, la prescripción de los delitos que violenten gravemente los derechos humanos. La aplicación de estas normas permite la eficacia del sistema jurídico y se justifica por los intereses prevalentes de la lucha contra la impunidad. El objetivo, evidentemente, es impedir que ciertos mecanismos del ordenamiento penal se apliquen con el fin repulsivo de lograr la impunidad. Ésta debe ser siempre prevenida y evitada, puesto que anima a los criminales a la reiteración de sus conductas, sirve de caldo de cultivo a la venganza y corroe dos valores fundantes de la sociedad democrática: la verdad y la justicia”[13].
21. Todo ello fue establecido en el marco del reconocimiento del derecho fundamental a la verdad como derecho no enumerado, pero con plena fuerza jurídico constitucional, a partir de lo establecido por el artículo 3º de la Constitución.
En tal sentido, resulta erróneo afirmar que el Tribunal Constitucional no hubiese establecido reglas jurídicas claras y vinculantes en relación con la imprescriptibilidad de los hechos que constituyen una grave afectación de los derechos fundamentales. Ello termina de hacerse evidente si se tiene en cuenta que en relación con los hechos que han sido materia de la denuncia fiscal planteada contra el recurrente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido la sentencia en el Caso Durand y Ugarte (Sentencia del 16 de agosto de 2000) en la que expresamente, por unanimidad, ha ordenado al Estado peruano “hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, así como para investigar los hechos y procesar y sancionar a los responsables”[14].
22. Por todo ello, resulta verosímil que la sentencia de segunda instancia emitida en este proceso haya desconocido un precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional, y una orden expresa emitida por la Corte IDH, al considerar que la acción penal por los hechos que tuvieron lugar el 19 de junio de 1986 en que se produjo la debelación del motín de internos del establecimiento penitenciario San Juan Bautista de la isla El Frontón, y que culminaron con la muerte de cuando menos 111 personas, ha prescrito.
En definitiva, la alegación del demandante bajo examen debe ser desestimada.
2.3 La composición de la Sala que resolvió el recurso de queja.
23. En tercer término, el recurrente cuestiona la validez de la composición de la Primera Sala del Tribunal Constitucional que resolvió el recurso de queja. El recurrente alega que de acuerdo a una publicación (Nota de Prensa N.º 081 2007-OII/TC, de fecha 28 de septiembre de 2007) realizada por el Tribunal Constitucional, la referida Sala debería haberse encontrado conformada por quien entonces era Presidente del Tribunal, magistrado Landa Arroyo, el magistrado Beaumont Callirgos, y por el magistrado Eto Cruz, no obstante lo cual el auto que declara fundada la queja fue firmado por los magistrados Landa Arroyo, Mesía Ramírez y Beaumont Callirgos.
24. La referencia normativa relativa a la conformación de la Primera Sala del Tribunal Constitucional se encuentra prevista en el artículo 12º de su Reglamento Normativo, el cual señala: “El Presidente del Tribunal lo es también de la Primera Sala, la que, en su defecto, es presidida por el Magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igualdad, por el de mayor antigüedad en la colegiatura”. Por su parte, el artículo 55º del mismo reglamento señala lo siguiente: “El recurso de queja será resuelto por cualquiera de las Salas dentro de los diez días de recibido, sin trámite previo. (…)”. Ambos preceptos han sido plenamente respetados con la conformación de la Primera Sala al resolverse el recurso de queja. En efecto, conforme lo dispone el referido artículo 55º, ha sido una de las Salas la que resolvió el recurso de queja, y conforme lo dispone el artículo 12º la conformación de las Salas está únicamente determinada por quien la preside, siendo que el recurso de queja fue resuelto por la Primera Sala presidida por quien entonces era Presidente del Tribunal Constitucional.
25. Sin perjuicio de la observancia del referido artículo 12º, no existe, como pretende sostener el recurrente una conformación estática o invariable de las Salas del Tribunal Constitucional. Si así fuera, se privaría al Colegiado de la asunción de los mecanismos racionales de ordenación interna que permitan alcanzar la máxima celeridad y eficacia en la resolución de los casos que conoce.
26. El alegato del recurrente en el sentido de que al haberse variado uno de los magistrados pertenecientes a la Primera Sala se habría afectado su derecho al juez natural, no es de recibo. Cada uno de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional tiene plena competencia para conocer y votar en cualquiera de las causas que llegan a su fuero. En ese sentido, sólo la afectación del cauce regular previsto en el artículo 12º del Reglamento Normativo o la afectación de algún derecho fundamental justificaría que considere seriamente la posibilidad de declarar la nulidad de alguna de las resoluciones del Tribunal Constitucional por una supuesta irregularidad en la composición de sus Salas. Ninguno de tales supuestos se ha presentado en el presente caso.
2.4 El IDL como amicus curiae y como representante de los familiares de don Nolberto Durand Ugarte y don Gabriel Pablo Ugarte Rivera.
27. La última razón que alega el recurrente para que se declare la nulidad del auto que declaró fundado el recurso de queja es que la institución que lo interpuso, es decir, el IDL, previamente se había apersonado al proceso en calidad de amicus curiae. A criterio del demandante, ello le impediría pretender actuar, a posteriori, como parte legitimada en el proceso.
28. Mediante escrito de fecha 19 de julio de 2007, el IDL se apersonó al proceso presentando un informe en calidad de amicus curiae. Como se sabe, la institución procesal del amicus curiae hace alusión a una persona física o jurídica que pone al servicio del juzgador su conocimiento técnico o especializado en relación con la materia litigiosa, de forma tal que, previa aquiescencia del juez o tribunal, coadyuva a una mejor resolución de la litis. Se trata entonces de una entidad coadyuvante, que a través de su pericia, contribuye a que la causa sea resuelta en un determinado sentido. Tiene, en esa medida, un interés objetivo en la resolución del caso, producto de su conocimiento técnico, pero no un interés subjetivo derivado de su pertenencia a la relación jurídica sustancial, o acaso de las relaciones personales, laborales o institucionales que pudiera haber entablado con alguna de las partes o algún tercero legitimado. Si en alguno de estos últimos supuestos nos hallásemos, es evidente que su intervención en el proceso podría verificarse como parte, tercero legitimado o representante de alguno de éstos, pero no como “amigo de la Corte”.
29. Siendo ello así, y tomando en cuenta que el IDL patrocina jurídicamente a los familiares de don Nolberto Durand Ugarte y don Gabriel Pablo Ugarte Rivera, dos de las personas que fallecieron durante la debelación del motín de internos del establecimiento penitenciario San Juan Bautista de la isla El Frontón, dicha institución no podía participar en el proceso en calidad de amicus curiae. Ello termina de hacerse evidente cuando una vez desestimada la demanda de autos, se apersona al proceso en calidad de representante legal de los referidos familiares, quienes ciertamente tienen un interés legítimo en la resolución de esta causa.
30. Se ha identificado, en consecuencia, dos intervenciones del IDL en el presente proceso que resultan mutuamente incompatibles. Ello genera una irregularidad procesal. Así las cosas, la pregunta que corresponde plantearse es ¿justifica esa irregularidad que se declare nulo el auto que declara fundada la queja y se ordene el archivo del presente proceso? A nuestro juicio, el error en el que ha incurrido el IDL no justifica en modo alguno privar a los familiares de don Nolberto Durand Ugarte y don Gabriel Pablo Ugarte Rivera de la posibilidad de participar en el presente proceso como terceros legitimados. Y es que no debe olvidarse que el RAC no ha sido interpuesto por el IDL a nombre propio, sino en calidad de representante legal de los referidos familiares.
En efecto, declarar la improcedencia del RAC interpuesto contra la resolución de segunda instancia, implicaría negar la posibilidad a los familiares de revisar una sentencia que ordena que se declare prescrita la posibilidad de investigar los hechos acontecidos durante la debelación del motín de internos del establecimiento penitenciario San Juan Bautista de la isla El Frontón en los que cuando menos 111 personas fueron privadas del derecho fundamental a la vida.
31. Son demasiado valiosos los bienes constitucionales que resultarían mellados al negar la posibilidad de que proceda el referido RAC. No se trataría tan sólo de privar del derecho de audiencia a quienes tienen un interés legítimo en la resolución de la litis, sino también de restar eficacia a un precedente constitucional de este Tribunal y a una sentencia del Corte IDH que verosímilmente se han visto afectados.
Contrario sensu, la irregularidad a la que ha dado lugar la intervención del IDL como amicus curiae, no ha afectado el pleno ejercicio de los derechos fundamentales procesales del recurrente, quien ha gozado del pleno ejercicio del derecho de defensa en igualdad de armas.
De esta manera, ponderados los perjuicios que pueda haber generado dicha irregularidad con aquellos que pudieran derivarse del hecho de que ella pueda dar lugar al archivo definitivo del proceso, resulta meridianamente claro que la presente causa debe continuar su trámite, posibilitándose un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
En resumidas cuentas, la nulidad planteada por el recurrente, debe ser desestimada.
§3. Imprescriptibilidad de las graves violaciones a los derechos humanos.
32. El punto neurálgico de la discusión en esta causa reside en determinar si cabe la prescripción de la acción penal en relación con los hechos acaecidos el 19 de junio de 1986 en que se produjo la debelación del motín de internos del establecimiento penitenciario San Juan Bautista de la isla El Frontón, y que dio lugar a la demolición del denominado Pabellón Azul, desencadenando la muerte de cuando menos 111 personas.
33. En buena parte del proceso la dilucidación del asunto parece haberse entendido condicionada a si los referidos hechos pueden o no ser considerados como crímenes de lesa humanidad. En efecto, el asunto parece haberse planteado en estos términos: si los referidos hechos constituyen un crimen de lesa humanidad, la acción penal es imprescriptible, en caso contrario, la acción penal será prescriptible.
34. Desde su mención en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nurenberg, del 6 de octubre de 1945, anexo al Acuerdo de Londres del 8 de agosto del mismo año (United Nations Treaty Series, vol. 82), determinadas violaciones graves a los derechos humanos, han sido catalogadas como crímenes de guerra y como crímenes contra la humanidad. En el caso específico de éstos últimos, el artículo 6º c. del referido Estatuto señalaba:
“…Cualesquiera de los actos que constan a continuación son crímenes que recaen bajo competencia del Tribunal respecto de los cuales habrá responsabilidad personal:
(c) CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD: A saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron.
Aquellos que lideren, organicen, inciten a la formulación de un plan común o conspiración para la ejecución de los delitos anteriormente mencionados, así como los cómplices que participen en dicha formulación o ejecución, serán responsables de todos los actos realizados por las personas que sea en ejecución de dicho plan”.
Cabe destacar que mediante las Resoluciones Nos. 3 y 95, del 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946, respectivamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas (NN.UU.) confirmó los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nurenberg, y que en 1950 la Comisión de Derecho Internacional de las NN.UU., hizo suyos los mismos principios.
35. Actualmente existe una definición bastante más precisa del concepto de crimen de lesa humanidad. Ella se encuentra en el artículo 7.1 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (ratificado por el Estado peruano el 10 de noviembre de 2001), el cual establece lo siguiente:
36. Es así que, con razón justificada y suficiente, ante los crímenes de lesa humanidad se ha configurado un Derecho Penal más allá del tiempo y del espacio. En efecto, se trata de crímenes que deben encontrarse sometidos a una estructura persecutoria y condenatoria que guarde una línea de proporcionalidad con la gravedad del daño generado a una suma de bienes jurídicos de singular importancia para la humanidad in toto. Y por ello se trata de crímenes imprescriptiblesy sometidos al principio de jurisdicción universal.
37. Bajo estas premisas, en la historia reciente se han constituido una serie de tribunales ad hoc para ocuparse del juzgamiento de personas en casos patentes de violación a los derechos humanos, como consecuencia de la comisión de los delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Ése es el caso, por ejemplo, del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, creado por el Consejo de Seguridad de NN.UU., mediante Resolución N.º 827, del 25 de mayo de 1993, y encargado de juzgar a los presuntos responsables de haber cometido graves violaciones al derecho internacional humanitario, convencional o consuetudinario, en el territorio de la ex Yugoslavia a partir del 1 de enero de 1991. Este Tribunal se ha encargado, entre otros, del procesamiento del ex presidente Slobodan Milosevic, Dusko Tadic, Tihomir Blaskic y Drazen Erdemovic.
Otro ejemplo es el Tribunal Internacional para Ruanda, creado mediante Resolución N.º 955 del Consejo de Seguridad de NN.UU., del 8 de noviembre de 1994, y con competencia para juzgar a los presuntos culpables de los delitos de genocidio y otras violaciones del derecho internacional humanitario, cometidos en el territorio de Ruanda y de Estados vecinos en el período que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1994. En 1998, este Tribunal condenó a cadena perpetua al ex Primer Ministro Ruandés Jean Kambanda, por la comisión del delito de genocidio. Fue la primera vez en la historia que se ha condenado a una persona por este delito.
38. La imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad encuentra hoy en día un reconocimiento positivo en la denominada Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad[15]. En lo que ahora resulta pertinente, el artículo I de la referida Convención, estipula lo siguiente:
“Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido:
b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos”.
39. En consecuencia, resulta además que la imprescriptibilidad de esta clase de delitos, ha dejado de ser en la actualidad la sola postulación hermenéutica y heroica de determinados tribunales protectores de los derechos humanos, para convertirse en un designio moral al que acompaña la mayor fuerza jurídica vinculante de un tratado internacional meridianamente claro y del que el Estado peruano es parte.
40. Ahora, si bien es cierto que, a la luz de lo expuesto, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad resulta indiscutible, también lo es que la determinación de cuándo nos encontramos o no ante un crimen de lesa humanidad, es un asunto que, en principio, debe ser determinado por un tribunal penal, sea nacional o internacional, mas no por un Tribunal Constitucional. En efecto, si los crímenes de lesa humanidad pueden ser descritos como “atentados contra bienes jurídicos individuales fundamentales (vida, integridad física y salud, libertad…) cometidos, tanto en tiempo de paz como de guerra, como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación o tolerancia del poder político de iure o de facto“[16], resulta que su configuración presupone un comportamiento típico, resultados y circunstancias típicas, elementos subjetivos especiales de la responsabilidad y elementos o circunstancias contextuales, que sólo pueden ser determinados debidamente por un tribunal penal.
41. Así las cosas, parecería que si la imprescriptibilidad de las graves violaciones a los derechos humanos se encuentra sujeta a que éstas constituyan crímenes de lesa humanidad, y un Tribunal Constitucional, en principio, no tiene competencia para determinar cuándo se ha producido esta figura típica, entonces no tiene competencia tampoco para juzgar si nos encontramos o no ante un supuesto de imprescriptibilidad.
No obstante, dicha apreciación es errada. Si bien es cierto que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, ello no significa que sólo esta clase de grave violación de los derechos humanos lo sea, pues, bien entendidas las cosas, toda grave violación de los derechos humanos resulta imprescriptible. Esta es una interpretación que deriva, fundamentalmente, de la fuerza vinculante de la Convención Americana de Derechos Humanos, y de la interpretación que de ella realiza la Corte IDH, las cuales son obligatorias para todo poder público, de conformidad con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y el artículo V del TP del CPConst.
42. La gravedad de la afectación a los derechos humanos deriva de la fuerza axiológica de los concretos derechos que resultan afectados, así como de las circunstancias manifiestamente desproporcionadas e irrazonables en que se produce dicha afectación. Y estos elementos sí pueden ser objeto de análisis por parte de un Tribunal Constitucional o de un Tribunal de Derechos Humanos, con prescindencia de la configuración típica que revistan.
43. Los derechos humanos son la esencia material de los estados constitucionales. Ésta, que ahora parece ser una apreciación pacífica, es consecuencia de todo un proceso histórico que, tras diversos avances y retrocesos, ha culminado con el más alto reconocimiento positivo de tales derechos, aunado al firme convencimiento en la base ética que les asiste. De ahí que, en sí misma, toda violación de los derechos humanos revista una dosis importante de gravedad.
No obstante, la historia se ha encargado también de poner en evidencia que existen ciertas clases de afectaciones a los derechos humanos que resultan particularmente dañosas. Se trata de conductas que -sea por su particular modo de ejecución, por el contexto en el que se realizan o por el número de personas sobre las que incide- no sólo se limitan a atentar contra el contenido protegido de los derechos, sino que además denotan un manifiesto y profundo desprecio por su presupuesto ontológico, a saber, la dignidad humana (artículo 1º de la Constitución)[17]. Se trata de actos que no sólo comprometen a la sistematicidad de todo un orden jurídico iusfundamental, sino que hacen lo propio con el sentido natural y ético de humanismo que le brinda sustento.
44. Puede afirmarse que la gravedad de estos actos emana, fundamentalmente, de la violación del denominado núcleo duro de los derechos humanos. Se trata de derechos inalienables cuyo poder jurídico imperativo no admite pacto contrario, y que, por ende, tienen reconocido el valor de ius cogens en el marco de la comunidad internacional, según el sentido que a tal valor ha reconocido el artículo 53º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[18]:
“53. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (“jus cogens”). Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración. esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.
45. Existe un marcado consenso doctrinal en el reconocimiento de que el referido núcleo de derechos encuentra su plasmación, básicamente, en el artículo 3º común a las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949[19], el artículo 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[20], el artículo 27º de la Convención Americana de Derechos Humanos[21], y el artículo 12.2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
Todos los bienes iusfundamentales que resultan afectados por estos actos, tienen correlato con determinados derechos fundamentales reconocidos por la Constitución peruana. Es el caso del derecho a la vida (artículo 2º 1), a la integridad física, psíquica y moral (artículos 2º 1 y 2º 24 h.), a la libertad personal (artículos 2º 24 b. y 2º 24 f.) y a la igualdad ante la ley (artículo 2º 2).
46. Es por estas consideraciones que la Corte IDH tiene establecido que
“son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”[22]. Más concretamente tiene expuesto que “la prescripción de la acción penal es inadmisible e inaplicable cuando se trata de muy graves violaciones a los derechos humanos en los términos del Derecho Internacional”[23].
47. Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con los Fundamentos Nros. 12 y 13 de la STC 2730-2006-PA,
“La vinculatoriedad de las sentencias de la CIDH no se agota en su parte resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que se extiende a su fundamentación o ratio decidendi, con el agregado de que, por imperio de la CDFT de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del CPConst, en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la CIDH, reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la CDFT de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso, sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal.
La cualidad constitucional de esta vinculación derivada directamente de la CDFT de la Constitución, tiene una doble vertiente en cada caso concreto: a) reparadora, pues interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte, queda optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y eficaz protección; y, b) preventiva, pues mediante su observancia se evitan las nefastas consecuencias institucionales que acarrean las sentencias condenatorias de la CIDH, de las que, lamentablemente, nuestro Estado conoce en demasía. Es deber de este Tribunal y, en general, de todo poder público, evitar que este negativo fenómeno se reitere”.
48. Ha sido la Corte IDH -instancia supranacional con la que el Tribunal Constitucional, según quedó establecido en la STC 2730-2006-PA, tiene una relación de cooperación mutua en la interpretación pro homine de los derechos fundamentales[24]-, la que en el Caso Durand y Ugarte vs. Perú, apoyándose en buena medida en los Dictámenes, tanto en mayoría como en minoría, emitidos por las respectivas Comisiones Investigadoras del Congreso de la República[25], formadas en aquel entonces, la que ha dejado establecido el modo desproporcionado en que se produjo la debelación del motín del penal de la isla El Frontón, el día 19 de junio de 1986, que dio lugar a la demolición del denominado Pabellón Azul, y que desencadenó la muerte de cuando menos 111 personas[26].
49. Si a ello se suma el hecho de que, como quedó expuesto, en el punto resolutivo N.º 7 de la sentencia recaída en el Caso Durand y Ugarte, se ordenó al Estado peruano “hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, así como para investigar los hechos y procesar y sancionar a los responsables”, existen razones suficientes para considerar que los hechos sobre los que versa la denuncia fiscal planteada contra el demandante, constituyen una grave violación de los derechos humanos y que, en esa medida, resultan penalmente imprescriptibles.
50. Ahora bien, debe tenerse presente que la determinación de la existencia de una grave violación de los derechos humanos por parte de un Tribunal Constitucional, sólo alcanza a la apreciación objetiva sobre la grave incidencia en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos involucrados (en este caso, sobre el derecho a la vida), y al establecimiento de la consecuente necesidad imprescriptible de una investigación eficiente y profunda sobre los respectivos hechos, pero no puede suponer el reconocimiento del grado de responsabilidad penal subjetiva de los agentes relacionados con la comisión de los hechos. Este último es un asunto que, en principio, compete analizar exclusivamente a los tribunales penales.
51. De otra parte, el hecho de que la grave violación resulte imprescriptible y que, en consecuencia, no quepa alegar términos temporales a efectos de evitar su profunda investigación, no significa, desde luego, que el cause de dichas investigaciones pueda convertirse, a su vez, en un instrumento de violación de derechos humanos. En esa medida, se juzga necesario emitir algunos criterios relacionados con el derecho fundamental a que las referidas investigaciones se desarrollen dentro de un plazo razonable, y a la vigencia del ne bis in idem en el ámbito de las investigaciones realizadas en sede del Ministerio Público.
§4. Razonabilidad del plazo en la investigación del delito.
52. En modo alguno hay que confundir la imprescriptibilidad de un delito con la posibilidad de que su investigación, una vez iniciada, puede prolongarse adinfinitum. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.1, establece:
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. (cursiva agregada)
53. Aunque la Constitución peruana no hace una mención expresa al derecho fundamental a la razonabilidad del plazo de duración de un proceso judicial, es evidente que, de conformidad con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, la cláusula general del debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva contenida en el artículo 139º 3, debe ser interpretada a la luz del referido artículo 8.1 de la Convención, de forma tal que deba entenderse que dentro de la complejidad de su ámbito tuitivo se encuentra el derecho fundamental aludido. Por lo demás, en atención a lo previsto por el artículo 55º constitucional[27], el artículo 8.1 de la Convención es de aplicación directa en el ordenamiento jurídico peruano.
54. La Corte IDH, siguiendo al TEDH (fundamentalmente en los casos Motta, del 19 de febrero de 1991, y Ruiz Mateos, del 23 de junio de 1993), ha establecido que deben atenderse, principalmente, a tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso:
“a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales”.[28]
55. El Tribunal Constitucional tiene establecido que, en la medida de que razonablemente resulte pertinente, las garantías del debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva, no sólo deben ser protegidas en el ámbito de un proceso judicial propiamente dicho, sino que se proyectan al ámbito prejurisdiccional de los procesos penales[29]. En ese sentido, corresponde interpretar que la razonabilidad del plazo de duración del proceso, alcanza también al período en el que el Ministerio Público, en ejercicio de las competencias reconocidas por el artículo 159º de la Constitución, investiga la comisión de un ilícito penal para determinar si se presenta o no la correspondiente denuncia fiscal. De ahí que una investigación excesivamente prolongada o aquéllas que se cierran y reabren indefinidamente afectan al derecho fundamental a que dicha investigación no se prolongue más allá de un plazo razonable.
56. Las investigaciones penales –máxime cuando sobre ellas pesa el control público permanente a través de los medios de comunicación- corren el riesgo de estigmatizar a las personas investigadas, más allá y (lo que es peor aún) con antelación a la existencia de un veredicto judicial. Evidentemente, una situación tal, pone en serio riesgo el derecho fundamental a la integridad psíquica y moral (artículo 2º 1 de la Constitución) de seres humanos a quienes asiste el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme que establezca su culpabilidad (artículo 2º 24 e. de la Constitución).
57. En tal escenario, por paradójico que resulte, las investigaciones por la comisión de graves afectaciones a los derechos fundamentales, pueden convertirse, a su vez, en medios de vulneración de derechos fundamentales. De ahí que resulte conveniente encontrar un justo equilibrio entre la búsqueda de la verdad en procesos por afectación de derechos fundamentales, y la defensa de los derechos de quienes pudiendo ser sujetos de investigación, como no podría ser de otro modo, se encuentran protegidos también por el orden iusfundamental del Estado Constitucional.
58. Corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial un rol fundamental en la consecución de dicho equilibrio. En efecto, estos órganos tienen la obligación constitucional, en el marco de sus competencias, de llevar a cabo una labor intra e inter coordinada en la investigación unitaria, profunda y eficaz de los delitos cometidos durante la debelación del motín de internos del establecimiento penitenciario San Juan Bautista de la isla El Frontón y en el correspondiente establecimiento de las responsabilidades penales a que hubiere lugar, dando cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH en el Caso Durand y Ugarte. Pero, a su vez, corresponde a estos mismos órganos agotar esfuerzos en la búsqueda de que dicha investigación se desarrolle dentro de un plazo razonable. A tal fin contribuirá que, mediante las acumulaciones procesales pertinentes, se logre la configuración de un solo proceso investigativo y judicial (sin arbitrarios archivamientos y reaperturas) que reduzca considerablemente la complejidad del asunto, y haga más eficaz el uso de recursos humanos y logísticos. Se hace preciso, en definitiva, agotar esfuerzos en pro de la unidad de la investigación y juzgamiento de estos hechos, tanto en sede fiscal como jurisdiccional, de forma tal que se evite que ella se extienda más allá de un plazo razonable.
§5. Ne bis in idem y Ministerio Público.
59. El Tribunal Constitucional tiene establecido que el principio del ne bis in idem tiene una doble dimensión: una material y otra procesal. La primera consiste en que nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho, y expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador. En su vertiente procesal, tal principio significa que nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos y bajo un mismo fundamento, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos[30]. En cualquier caso, la afectación del principio del ne bis in idem supone la previa constatación de una triple identidad: mismo sujeto, mismos hechos y mismo fundamento.
60. Asimismo, como ya se ha mencionado, en la medida de que razonablemente resulte pertinente, las garantías del debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva, no sólo deben ser protegidas en el ámbito de un proceso judicial propiamente dicho, sino que se proyectan al ámbito prejurisdiccional de los procesos penales. Es por ello que en la STC 2725-2008-PHC, se ha dejado establecido que la proscripción del bis in idem también tiene una manifestación en las investigaciones realizadas por parte del Ministerio Público, y que, en principio, la decisión fiscal de “No ha lugar a formalizar denuncia penal” genera un estatus de inamovible[31]. Esta regla se encuentra sujeta, sin embargo, cuando menos, a dos excepciones: a) el surgimiento de nuevos elementos de prueba; y, b) la fehaciente acreditación de que la investigación fiscal primigenia ha sido manifiestamente defectuosa o irregular.
61. Por lo demás, este mismo criterio se encuentra regulado en el artículo 335º del nuevo Código Procesal Penal, el cual a pesar de no estar vigente en todo el territorio de la República, puede servir como parámetro interpretativo. Dicho artículo reza lo siguiente:
2. Se exceptúa esta regla, si se aportan nuevos elementos de convicción, en cuyo caso deberá reexaminar los actuados el Fiscal que previno. En el supuesto que se demuestre que la denuncia anterior no fue debidamente investigada, el Fiscal Superior que previno designará a otro Fiscal Provincial.”
62. Así las cosas, en principio, sobre la base la proscripción constitucional del bis in idem, no cabe que la desestimación de una denuncia por parte del Ministerio Público pueda ser luego reabierta contra una misma persona, por los mismos hechos y bajo un mismo fundamento, sin perjuicio de lo cual cabe agregar que “[l]as excepciones a esa prohibición, que impide nuevas denuncias por los mismos hechos, son de dos órdenes: a) que se aporten nuevos elementos probatorios; y b) que se demuestra que la denuncia anterior no fue debidamente investigada. Por consiguiente, el Fiscal frente a una denuncia tiene que establecer, primero, si ha sido o no desestimada por el otro órgano del Ministerio Público; segundo, si la denuncia fue desestimada, la evaluación se circunscribirá a la exigencia de que se encuentre acompañada de nuevos elementos probatorios o de datos que permitirán contar con ellos al más breve plazo; y, tercero, de igual modo, en los supuestos de denuncia repetida, que la investigación realizada anteriormente -por su Fiscalía u otra- sea deficiente, lo que debe advertirse de las razones expuestas por el denunciante y del análisis de los actuados anteriores. Por ende, la cosa decidida es muy relativa, no es absoluta, pues puede obviarse si nuevos elementos permiten optar por la promoción de la acción penal”[32].
Por estos fundamentos, consideramos que la presente causa debiera decidirse en el siguiente sentido:
1. Declarar INFUNDADO el recurso de nulidad interpuesto por el demandante contra la Resolución del Tribunal Constitucional de fecha 14 de diciembre de 2007 que declaró fundado el recurso de queja interpuesto por el Instituto de Defensa Legal en representación de los familiares de don Norberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera.
2. Declarar INFUNDADA la demanda.
Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados emito el presente voto singular. Previamente a ello, debe decirse que en aras de que el Estado Constitucional se consolide en base al Derecho y a la justicia, corresponde al Tribunal Constitucional reafirmar su compromiso con la tutela de los derechos fundamentales y el respeto al principio jurídico de supremacía constitucional. Precisamente es el caso del ahora demandante en el presente hábeas corpus, quien desde su presunta participación en los luctuosos hechos de El Frontón no ha sido aún investigado en un proceso judicial justo para ambas partes: los familiares de las víctimas y el demandante del hábeas corpus; incumpliendo así el Estado peruano la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expedida en el Caso Durand y Ugarte vs. Perú, motivo por el cual corresponde estimar el recurso de agravio constitucional y expedir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.
I. ASPECTOS DE FONDO
1. Impunidad respecto a los casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno
1. Durante el conflicto armado interno que vivió el país en las décadas pasadas se produjeron violaciones a los derechos humanos, que no fueron objeto de investigación por parte de las autoridades policiales, fiscales y jurisdiccionales, siendo el propio Estado responsable de fomentar la impunidad. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad puede ser definida como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”[33].
2. En su Informe Final, presentado al país hace cinco años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó que el sistema de administración de justicia en el Perú durante el período 1980-2000, fue completamente ineficaz para juzgar a los miembros de las bandas terroristas, como para proteger los derechos humanos e investigar las graves violaciones en su contra ocurridas en el mencionado período. En este sentido señaló: “El sistema judicial no cumplió con su misión adecuadamente; ni para la condena dentro de la ley de las acciones de los grupos subversivos, ni para la cautela de los derechos de las personas detenidas, ni para poner coto a la impunidad con que actuaban los agentes del Estado que cometían graves violaciones de los derechos humanos”[34].
3. En la medida que la Constitución dispone en el artículo 44º que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, sin perjuicio de la seguridad de la población, esta situación de impunidad generalizada, bajo ninguna circunstancia puede ser dejada de lado al momento de emitir un pronunciamiento sobre las controversias jurídicas relacionadas con el juzgamiento de las ejecuciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas ocurridas en el mencionado período. A través de su jurisprudencia vinculante, el Tribunal Constitucional ha señalado que estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos, por lo que no pueden quedar impunes. En otras palabras, los autores materiales, así como los cómplices de conductas constitutivas de violación de derechos humanos, no pueden sustraerse a las consecuencias jurídicas de sus actos[35].
4. En consecuencia, la demanda de hábeas corpus presentada a favor de Teodorico Bernabé Montoya, por medio de la cual se solicita dejar sin efecto la decisión fiscal de formular denuncia penal en su contra por su presunta responsabilidad en las ejecuciones arbitrarias ocurridas en el establecimiento penal de El Frontón en junio de 1986, debe ser analizada tomando como premisa la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos que estuvo presente en el Estado peruano y que se reflejó en la ineficacia del sistema policial, fiscal y judicial para investigar estos hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
2. La jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional respecto a la investigación de las violaciones a los derechos humanos
5. El Tribunal Constitucional, en su calidad de supremo intérprete de la Constitución y en atención a las competencias que le han sido asignadas en el artículo 202º de la Ley Fundamental, puede desarrollar jurisprudencia vinculante sobre la interpretación y aplicación de las normas constitucionales, así como sobre la interpretación de la legislación ordinaria de conformidad con la norma suprema del ordenamiento jurídico. Esta jurisprudencia vinculante, conforme lo establecen los artículos VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, así como la Primera Disposición Final de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), debe ser seguida por todos los órganos jurisdiccionales del Estado. Asimismo, se encuentran obligados a seguirla todas las demás autoridades estatales y los ciudadanos en su conjunto.
6. Por este motivo, el Tribunal Constitucional ha desarrollado y aplicado en forma permanente una jurisprudencia vinculante que permita a los jueces y fiscales cumplir adecuadamente con sus funciones de investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período 1980-2000, a partir de una interpretación de los derechos y las obligaciones estatales previstas en la Constitución de 1993 y los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado peruano. La siguiente relación de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional así lo confirma:
– STC 2488-2002-HC/TC, de 18 de marzo del 2004. Este caso, resuelto por el Pleno del Tribunal, estuvo relacionado con la falta de investigación por parte del Ministerio Público de la desaparición forzada del señor Genaro Villegas Namuche, ocurrida en el año de 1992.
– STC 2798-2004-HC/TC, de 9 de diciembre del 2004. Este caso, resuelto por la Sala Primera del Tribunal, estuvo relacionado con el cómputo del plazo de detención del Sr. Gabriel Orlando Vera Navarrete, quien tenía varios procesos penales en su contra, acusado de ejecuciones arbitrarias cometidas como integrante del denominado Grupo Colina, en los sucesos conocidos como “La Cantuta” (1992), “Barrios Altos” (1992), entre otros.
– STC 4677-2005-HC/TC, de 12 de agosto del 2005: Caso similar al anterior, resuelto por el Pleno del Tribunal y referido al cómputo del plazo de detención del Sr. Javier Rivero Lazo.
– STC 4587-2004-PA/TC, de 29 de noviembre del 2005: Este caso, resuelto por el Pleno del Tribunal, estuvo relacionado con el proceso penal iniciado al Sr. Santiago Martin Rivas por las ejecuciones arbitrarias cometidas como integrante del denominado Grupo Colina, en los sucesos conocidos como “Barrios Altos”.
– STC 679-2005-PA/TC, de 2 de marzo del 2007: Este caso, resuelto por el Pleno del Tribunal, también estuvo relacionado con el proceso penal iniciado al Sr. Santiago Martin Rivas por las ejecuciones arbitrarias cometidas como integrante del denominado Grupo Colina, en los sucesos conocidos como “Barrios Altos”.
– STC 3938-2007-PA/TC, de 5 de noviembre del 2007: Este caso, resuelto por el Pleno del Tribunal, estuvo relacionado con el proceso penal iniciado al Sr. Julio Rolando Salazar Monroe por las ejecuciones arbitrarias cometidas como integrante del denominado Grupo Colina, en los sucesos conocidos como “Barrios Altos”.
– STC 01271-2008-PA/TC, de 8 de agosto de 2008. Este caso, resuelto por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, resuelve la demanda de hábeas corpus de José Enrique Crousillat López Torres, donde se reafirma la fuerza vinculante de la jurisdicción universal y de los tribunales internacionales, así como la competencia de los tribunales nacionales en materia de protección judicial de los derechos humanos.
7. A través de esta jurisprudencia, ratificada por el Pleno del Tribunal Constitucional desde el año 2002 hasta la fecha, se han establecido importantes criterios de interpretación de la Constitución relacionados con la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos, destacando entre ellas el reconocimiento del derecho a la verdad como un derecho fundamental, la precisión sobre la obligación del Estado de investigar los casos de ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el compromiso del Estado peruano en materia de lucha contra la impunidad, entre otros aspectos de particular importancia.
8. A pesar del desarrollo de esta jurisprudencia vinculante, que ha sido seguida por el Poder Judicial en diversos procesos penales, no puede escapar a este Colegiado que la demanda de hábeas corpus que da origen al presente fundamento de voto tiene por finalidad desconocerla en su conjunto, situación que constituye un quebrantamiento del orden jurídico constitucional y frente a la cual el Tribunal Constitucional no puede quedarse pasivo. Por este motivo, se justifica plenamente que una sentencia del Poder Judicial que declara fundada una demanda de hábeas corpus, pero que contraviene la jurisprudencia vinculante del Tribunal, pueda ser revisada por éste, a efectos de proceder a su revocación.
9. Por lo tanto, en concordancia con la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional -desarrollada desde el año 2004 hasta la fecha- sobre la investigación fiscal y judicial de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país, este Colegiado, de conformidad con la STC 4853-2004-AA/TC, se encuentra facultado por el artículo 202º.2 de la Constitución, para revisar aquellas decisiones del Poder Judicial que hayan sido expedidas en contravención de la Constitución y de la mencionada jurisprudencia vinculante, a fin de evitar que tales actos contrarios a los derechos humanos queden impunes. Cuestionar estos fundamentos del quehacer jurisdiccional del Tribunal Constitucional significaría, en la práctica, vaciarlo de competencia para cumplir su función constitucional.
3. Los sucesos ocurridos en el penal El Frontón como ejecuciones arbitrarias
10. Las ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales pueden ser definidas como “los homicidios, individuales o colectivos, perpetrados por agentes del Estado, fuerzas privadas, particulares, grupos paramilitares u otras fuerzas bajo su control, por orden de un Gobierno o bajo su complicidad, tolerancia o aquiescencia fuera de un proceso judicial”[36]. La prohibición absoluta de este tipo de actos se encuentra prevista en los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano. En este sentido, el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente“.
11. Por su parte, el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente” (énfasis agregado). Las ejecuciones arbitrarias (también conocidas como extrajudiciales o extralegales) constituyen uno de los actos contrarios al derecho a la vida más condenables, por la gravedad de los hechos y la forma en que se lleva a cabo, razón por la cual corresponde al Estado llevar a cabo las investigaciones respectivas y determinar las responsabilidades penales que correspondan por tales hechos.
12. Precisamente, uno de los sucesos ocurridos en el país que no fue objeto de una debida investigación lo constituyó el caso de las ejecuciones arbitrarias ocurridas en el establecimiento penal de El Frontón en junio de 1986, en el cual fueron violados el derecho fundamental a la vida de 111 personas. La CVRen su Informe Final concluyó que: “está en condiciones de afirmar que en el centro penitenciario San Pedro (Lurigancho) y el ex centro penitenciario San Juan Bautista de la Isla “El Frontón” (ubicada frente a la provincia del Callao), más de doscientos internos acusados o sentenciados por terrorismo perdieron la vida durante los motines de junio de 1986, por el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos que una vez rendidos y controlados fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado. Asimismo (…) expresa que el Estado, en el presente caso, está obligado a hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, así como para investigar los hechos y procesar y sancionar a los responsables“[37] (énfasis agregado).
13. En consecuencia, los actos contrarios al derecho a la vida de los internos del penal El Frontón ocurridos en junio del 1986, constituyeron ejecuciones arbitrarias, que deben ser objeto de las respectivas investigaciones y sanciones, de ser el caso, por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial, sin que pueda, desde una perspectiva constitucional, aceptarse que, a través de un proceso de hábeas corpus -destinado a proteger derechos fundamentales-, se pretenda convalidar la prescripción de la acción penal frente a un delito de lesa humanidad, dejando sin eficacia resoluciones fiscales que sustentan el inicio de procesos penales sobre estos hechos.
4. El derecho a la verdad como derecho fundamental reconocido por el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia vinculante
14. Mediante la STC 2488-2002-HC/TC, el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la verdad como un nuevo derecho fundamental, a partir de una importante y novedosa interpretación de la cláusula abierta de derechos prevista en el artículo 3º de la Constitución de 1993. Sobre el contenido de este nuevo derecho, el Tribunal ha señalado que tiene una dimensión individual y otra colectiva. La dimensión colectiva del derecho a la verdad implica que[38]: “la Nación tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico colectivo inalienable”.
15. En esta misma dirección, sobre la dimensión colectiva del derecho a la verdad el Tribunal ha precisado[39]: “el derecho a la verdad, en su dimensión colectiva (…) posibilita que todos conozcamos los niveles de degeneración a los que somos capaces de llegar, ya sea con la utilización de la fuerza pública o por la acción de grupos criminales del terror. Tenemos una exigencia común de que se conozca cómo se actuó, pero también de que los actos criminales que se realizaron no queden impunes. Si el Estado democrático y social de derecho se caracteriza por la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, es claro que la violación del derecho a la verdad no sólo es cuestión que afecta a las víctimas y a sus familiares, sino a todo el pueblo peruano. Tenemos, en efecto, el derecho a saber, pero también el deber de conocer qué es lo que sucedió en nuestro país, a fin de enmendar el camino y fortalecer las condiciones mínimas y necesarias que requiere una sociedad auténticamente democrática, presupuesto de un efectivo ejercicio de los derechos fundamentales. Tras de esas demandas de acceso e investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, desde luego, no sólo están las demandas de justicia con las víctimas y familiares, sino también la exigencia al Estado y la sociedad civil para que adopten medidas necesarias a fin de evitar que en el futuro se repitan tales hechos” (énfasis agregado).
16. En cuanto a la dimensión individual del derecho a le verdad, el Tribunal Constitucional ha precisado que sus titulares son las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, sus familias y sus allegados, siendo de carácter imprescriptible el conocimiento de las circunstancias en que se cometieron estas violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, del destino que corrió la víctima por su propia naturaleza. Para el Tribunal, “las personas, directa o indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud, tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan sus restos, entre (otros aspectos)” (énfasis agregado)[40].
17. En consecuencia, de la dimensión colectiva del derecho a la verdad se deriva el derecho de todos los peruanos y peruanas de conocer todos los aspectos relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país durante el conflicto armado interno, dentro de las cuales se encuentran la ejecuciones arbitrarias ocurridas en el establecimiento penal de El Frontón en junio de 1986. Asimismo, de la dimensión individual del derecho a la verdad se deriva el derecho de los familiares de las víctimas de tales sucesos a que se determinen las responsabilidades y sanciones que correspondan. A fin de respetar y garantizar las dimensiones individual y colectiva del derecho a la verdad, el Estado peruano debe proceder a la investigación fiscal y judicial de los acontecimientos ocurridos en el penal El Frontón en junio de 1986. En este sentido, toda medida que tenga por objetivo impedir estas investigaciones, como pretender a través de un hábeas corpus dejar sin efecto las resoluciones fiscales que formulan denuncia penal por tales hechos contra el demandante, constituye una flagrante violación del derecho fundamental a la verdad.
18. De conformidad con el artículo 44º de la Constitución, constituye un deber primordial del Estado “garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”. Por su parte, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2º y 3º) como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1º y 2º), establecen como obligaciones del Estado el respeto y garantía de los derechos reconocidos en estos tratados. A través de su jurisprudencia vinculante, el Tribunal Constitucional ha delimitado los alcances de estas obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
19. Tomando como referencia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal ha señalado[41]: “el deber de garantía implica que el Estado debe prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos, y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. La obligación del Estado consiste en el ejercicio de la acción penal correspondiente contra aquellos funcionarios públicos, o cualquier individuo, que sea presuntamente responsable de la violación alegada. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de esta manera vela por la protección de los derechos de las personas, pero simultáneamenteexige la intervención del Derecho Penal contra aquellos que resulten responsables de la infracción” (énfasis agregado).
20. Por lo tanto, en el marco de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado en materia de derechos humanos, reconocidas ampliamente a través de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, el Estado debe investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país durante el conflicto armado interno, encontrándose dentro de ellas los hechos ocurridos en el penal El Frontón en junio de 1986. No llevar a cabo la investigación de estos hechos implica una violación de la Constitución y de los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, por lo que no corresponde que a través de una demanda de hábeas corpus se impida la investigación de tales hechos.
21. Ello contrastaría, además, con el deber de investigar, identificar y sancionar a los responsables por los hechos sucedidos en El Frontón, porque la obligación del Estado no se cumple, hablando en estricto sentido, cuando se realiza una investigación fiscal y judicial meramente formal, sino cuando ella efectivamente conduce a la determinación de las responsabilidades penales a que hubiera lugar. Esto sólo es posible a través de un proceso justo -no vindicativo – que se caracteriza no sólo por el acceso a la justicia de los presuntos responsables y de las víctimas, sino también por el conocimiento de la verdad de lo sucedido. Si bien el deber de enjuiciar no forma parte, prima facie, del deber de investigar, la investigación fiscal y judicial carecen de sentido si el proceso judicial no se dirige a perseguir, enjuiciar y sancionar judicialmente, si fuera el caso, a los identificados como responsables.
22. De otro lado, es clara la posición del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la propia posición del Tribunal Constitucional respecto de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables son nulas de pleno Derecho. De ahí que no pueda asumirse una posición excesivamente formalista y de negación de la esencia misma de la justicia constitucional, como se hace en la resolución de la mayoría, cuando se limitan a pronunciarse únicamente por las cuestiones formales de improcedencia, evitando así dictar una sentencia de mérito.
23. Por mucho que se adjetive en la resolución de la mayoría (fundamento 14) que la justicia constitucional “no puede amparar ni avalar el anarquismo procesal”, ello desconoce la singular naturaleza de los procesos constitucionales y de los principios jurídicos que los rigen, en el sentido que el Derecho procesal constitucional es tributario de la Constitución antes que de los principios e instituciones que rigen los procesos ordinarios. De ahí que el propio Tribunal ha sostenido expresamente que el Derecho procesal constitucional es Derecho constitucional concretizado[42]. En ese sentido, considero que precisamente en esa omisión incurre la mayoría a lo largo de su resolución cuando no se fundamenta suficientemente los supuestos vicios procesales de la Resolución 245-2007-Q/TC, como se verá más adelante.
6. Ineficacia de las normas y otras medidas que tengan por objeto impedir la investigación de violaciones a los derechos humanos
24. A fin de que el Estado pueda cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, el Tribunal Constitucional peruano ha dejado claramente establecido que, en concordancia con la tendencia actual en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no pueden establecerse medidas orientadas a impedir la investigación y sanción de aquellos hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado los siguientes lineamientos a través de su jurisprudencia vinculante, que consideramos de particular importancia para fundamentar nuestra posición sobre la presente demanda de hábeas corpus:
– La gravedad de las violaciones a los derechos humanos ha llevado a la comunidad internacional a plantear expresamente que no pueden oponerse obstáculos procesales que tengan por propósito eximir a una persona de sus responsabilidades por tales hechos. Esta afirmación se deriva de la obligación del Estado de investigar y sancionar las violaciones producidas[43].
– Sobre la base de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La investigación que desarrolle el Estado, por medio de sus autoridades jurisdiccionales, debe ser asumida como un deber jurídico propio y no como una gestión procesal cualquiera. El derecho a la tutela judicial exige que los jueces dirijan el proceso de modo de evitar dilaciones y entorpecimientos indebidos que provoquen situaciones de impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos (Caso Bulacio vs. Argentina, Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18 de septiembre del 2003)[44].
– El artículo I del Título Preliminar de nuestro Código Penal establece que la finalidad de la legislación penal es la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y la sociedad. Esta disposición orienta al conjunto de las normas sustantivas y procesales, y deben ser interpretadas a la luz de las consideraciones hasta aquí anotadas. Sería un contrasentido si una sociedad democrática tolerara la impunidad en nombre de disposiciones adjetivas que tienen otra finalidad[45].
25. Por lo tanto, corresponde al Estado remover todas aquellas barreras normativas y judiciales que impidan la investigación de graves violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de tortura. Porque, de acuerdo con el artículo 44º de la Constitución, el deber primordial del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos se concretiza en prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación a tales derechos.
26. En el caso concreto que ha sido puesto a conocimiento del Tribunal Constitucional, se aprecia que la intención del demandante es conseguir, a través de un proceso de hábeas corpus, que se paralice -bajo el argumento de la prescripción- el proceso penal iniciado en su contra por los sucesos ocurridos en el penal El Frontón en junio del 1986. Se trata, por lo tanto, de una situación en la que las autoridades judiciales y fiscales deben privilegiar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, en la perspectiva de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en su dimensión sustantiva, el derecho de defensa, del debido proceso y el derecho a la verdad, dejando sin efecto aquellos impedimentos normativos, procesales o de otro tipo que les impidan realizar las investigaciones correspondientes, así como determinar las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar por tales hechos.
27. Al respecto, es importante señalar que en el caso Barrios Altos vs Perú (2001), la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que: “(…) son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”[46] (énfasis agregado).
28. Sobre el mismo tema, en el caso Bulacio vs Argentina (2003), la Corte precisó: “De acuerdo con las obligaciones convencionales asumidas por los Estados,ninguna disposición o instituto de derecho interno, entre ellos la prescripción, podría oponerse al cumplimiento de las decisiones de la Corte en cuanto a lainvestigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Si así no fuera, los derechos consagrados en la Convención Americana (sobre Derechos Humanos) estarían desprovistos de una protección efectiva. Este entendimiento de la Corte está conforme a la letra y al espíritu de la Convención, así como a los principios generales del derecho; uno de estos principios es el de pacta sunt servanda, el cual requiere que a las disposiciones de un tratado le sea asegurado el efecto útil en el plano del derecho interno de los Estados Partes”[47].
29. En consecuencia, a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido plenamente acogida por el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia vinculante, queda claramente establecido que la normativa interna sobre la prescripción de delitos no puede ser invocada en el caso de los procesos penales por violaciones a los derechos humanos, pues contraviene las obligaciones del Estado en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, establecidas en la Constitución y los tratados ratificados por el Estado peruano. En este sentido, no corresponde amparar la pretensión del demandante, que busca a través de un proceso de hábeas corpus que se deje sin efecto la acusación fiscal presentada en su contra por las ejecuciones arbitrarias ocurridas en el penal El Frontón en junio de 1986, en tanto considera que sobre estos hechos habría operado la prescripción. En ese sentido, corresponde más bien que el demandante del hábeas corpus haga valer sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela procesal efectiva en el seno del proceso penal correspondiente, con todas las garantías constitucionales reconocidas en nuestra Ley Fundamental, de acuerdo a lo previsto enunciativamente en su artículo 139º.7.
7. Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad
31. En este sentido, se debe hacer mención al pronunciamiento de la Corte en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile (2006), en el cual señaló: “la Cortereconoce que los crímenes contra la humanidad incluyen la comisión de actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Prosecutor v. Dusko Tadic, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable”[48] (énfasis agregado).
32. En este caso concreto resuelto por la Corte, se acreditó que la ejecución arbitraria del Sr. Almonacid Arellano ocurrida en Chile en el año 1973 (año del golpe de Estado de Augusto Pinochet), se dio en el marco de un conjunto de ataques sistemáticos y generalizados contra determinados sectores de la población civil, por lo que debía ser considerado como un crimen de lesa humanidad. Esta misma línea interpretativa fue asumida por la Corte Interamericanaen el caso Penal Castro Castro vs. Perú (2006), en el que se pronunció sobre las ejecuciones arbitrarias de 41 personas y las torturas aplicadas a los internos sobrevivientes que se encontraban en el mencionado penal.
33. Al respecto señaló: “esta Corte encuentra que en mayo de 1992, época a partir de la cual ocurrieron los hechos del presente caso, la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluidos el asesinato y la tortura ejecutados en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra sectores de la población civil, era violatoria de una norma imperativa del derecho internacional. (…) En cuanto a la ocurrencia de los hechos bajo un ataque sistemático o generalizado contra una población civil, ya ha sido establecido que los hechos del presente caso ocurrieron dentro de un contexto de conflicto interno y de graves violaciones a los derechos humanos en el Perú, que el ataque a los internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro constituyó una masacre, y que dicho “operativo” y el trato posterior otorgado a los internos tenían el fin de atentar contra la vida e integridad de dichos internos, quienes eran personas acusadas o sentenciadas por los delitos de terrorismo y traición a la patria. Asimismo, el Tribunal hace notar que dichas personas se encontraban recluidas en un centro penal bajo el control del Estado, siendo este de forma directa el garante de sus derechos. Por lo tanto, la Corte encuentra que hay evidencia para sostener que las muertes y torturas cometidas contra las víctimas de este caso por agentes estatales, por las razones referidas en párrafos precedentes constituyen crímenes de lesa humanidad. La prohibición de cometer estos crímenes es una norma de ius cogens, y, por tanto, el Estado tiene el deber de no dejar impunes estos delitos y para ello debe utilizar los medios, instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales para la persecución efectiva de tales conductas y la sanción de sus autores, con el fin de prevenirlas y evitar que queden en la impunidad“[49] (énfasis agregado).
8. Cumplimiento de sentencias de tribunales internacionales en materia de derechos humanos
35. El artículo 205º de la Constitución de 1993 establece: “Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constituciónreconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte”. Esta disposición constitucional reconoce el derecho de toda persona a acudir a la protección internacional de sus derechos fundamentales, encontrándose el Estado obligado a no adoptar medidas que impidan el acceso a los órganos internacionales de protección de estos derechos. A su vez, este artículo 205º impone la obligación al Estado de cumplir con aquellas decisiones que emitan estos órganos internacionales, pues en caso contrario, es decir, si tales decisiones no fueran cumplidas, el acceso a la protección internacional sería solamente una mera formalidad.
36. El Tribunal Constitucional, al momento de resolver los casos de hábeas corpus y amparo por medio de los cuales ha establecido una jurisprudencia vinculante en materia de investigación de violaciones a los derechos humanos -mencionadas anteriormente en el presente fundamento de voto-, ha contribuido al cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular las referidas a los casos conocidos como “Barrios Altos” y “La Cantuta”. Respecto a los sucesos ocurridos en el penal El Frontón en junio de 1986, los familiares de las víctimas de estos hechos acudieron al sistema interamericano de protección de derechos humanos, precisamente amparadas en el reconocimiento constitucional del derecho de acceso a los órganos internacionales, y obtuvieron dos sentencias favorables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos referimos a las sentencias sobre el fondo del caso Neira Alegría y otros vs Perú, del 19 de enero de 1995, y Durand y Ugarte vs Perú, del 16 de agosto del 2000.
37. En el fundamento 76 de la sentencia del caso Neira Alegría y otros vs Perú, la Corte Interamericana llegó a la conclusión que los hechos ocurridos en el penal El Frontón constituyeron ejecuciones arbitrarias. En este sentido señaló: “De las circunstancias que rodearon la debelación del Penal San Juan Bautista (El Frontón) y del hecho de que ocho años después de ocurrida no se tengan noticias del paradero de las tres personas a que se refiere el presente caso, del reconocimiento del señor Ministro de Relaciones Exteriores en el sentido de que las víctimas no aparecieron dentro de los sobrevivientes y de que “tres de los [cadáveres no identificados] sin duda corresponden a esas tres personas” y del uso desproporcionado de la fuerza, se desprende la conclusión razonable de que ellos fueron privados arbitrariamente de su vida por las fuerzas peruanas en violación del artículo 4.1 de la Convención (Americana sobre Derechos Humanos)” (énfasis agregado).
38. De otro lado, en el fundamento 130 de la sentencia del caso Durand y Ugarte vs Perú, la Corte señaló: “el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 25.1 de la misma, confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la desaparición y muerte de estas últimas sean efectivamente investigadas por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido. Ninguno de estos derechos fue garantizado en el presente caso a los familiares de los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera”.
39. Como consecuencia de esta afirmación, la Corte estableció en el fundamento 143 de la misma sentencia que: “(…) el Estado está obligado a investigar los hechos que produjeron las violaciones. Inclusive, en el supuesto de que las dificultades del orden interno impidiesen identificar a los individuos responsables por los delitos de esta naturaleza, subsiste el derecho de los familiares de las víctimas a conocer el destino de éstas y, en su caso, el paradero de sus restos. Corresponde al Estado, por tanto, satisfacer esas justas expectativas por los medios a su alcance. A este deber de investigar se suma el de prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables de las mismas. Tales obligaciones a cargo del Estado se mantendrán hasta su total cumplimiento” (énfasis agregado). Sobre la base de estos argumentos, la Corte ordenó en el punto resolutivo Nº 7 de la sentencia del caso Durand y Ugarte vs Perú que: “(…) el Estado está obligado a hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, así como para investigar los hechos y procesar y sancionar a los responsables”.
40. En consecuencia, el Estado peruano se encuentra obligado a investigar las ejecuciones arbitrarias efectuadas en el penal El Frontón en junio de 1986, por lo que no cabe la posibilidad de impedir, a través de un proceso de hábeas corpus, que el Ministerio Público y del Poder Judicial continúen investigando estos hechos, en la perspectiva de determinar las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar. En caso contrario, se incumplirían las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, violándose no sólo el derecho a la protección internacional de los derechos humanos reconocido en el artículo 205º de la Constitución peruana, sino también el derecho a la vida y, por ende, la no ejecución arbitraria o extrajudicial establecido en el artículo 2º.1 de la Constitución y el derecho al debido proceso y a la tutela procesal efectiva consagrado en su artículo 139º.3.
1. El injustificado intento de dejar sin efecto el precedente vinculante de la STC 4853-2004-AA/TC
41. La resolución de la mayoría, aunque no lo diga expresamente, en el fondo, pretende dejar sin efecto el precedente vinculante establecido a través de la STC4853-2004-AA/TC, so pretexto que no se cumplen los presupuestos para dictar un precedente previstos en la STC 0024-2003-AI/TC. De acuerdo con esta sentencia dichos presupuestos son:
42. Si hay algo que la resolución de la mayoría debió resolver previamente, ello es determinar si dichos presupuestos son concurrentes o alternativos. Es evidente que son alternativos, pues de una leal interpretación se deriva que no es necesario que todos ellos concurran previamente al establecimiento de un precedente vinculante sino que basta la presencia, cuando menos de uno de ellos. Pero contrariamente a lo que se sostiene en la resolución de la mayoría considero que sí se cumple, cuando menos, uno dichos presupuestos, concretamente el que se refiere el punto b) que dice: “[c]uando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo en base a una interpretación errónea de una norma del bloque de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una indebida aplicación de la misma”.
43. Precisamente el Tribunal Constitucional, en tanto supremo intérprete de la Constitución, consideró que no se podía interpretar el artículo 202º.2 de manera literal y, por ende, descartar de plano la posibilidad de que una sentencia estimatoria pueda resultar lesiva de la Constitución. Literalmente, se señaló en el precedente vinculante “si bien hasta la fecha la jurisprudencia constitucional ha venido interpretando que una decisión ‘denegatoria’ es aquella que declara infundada o improcedente en segundo grado un proceso constitucional, tal interpretación se venía realizando en un contexto en el que no existía una disposición como la que ahora se recoge en el artículo VII del Título Preliminar del C.P.Const., que establece el carácter de precedente constitucional vinculante a determinadas decisiones del Tribunal Constitucional, las que no pueden ser desconocidas bajo ningún supuesto por el Poder Judicial, al disponer que su modificación o variación sólo corresponde al propio Tribunal” (FJ 23) (énfasis agregado).
44. No es cierto, pues, ni tiene fundamento jurídico válido la afirmación de la resolución de la mayoría de que el precedente vinculante de la STC 04853-2004-AA/TC se haya dictado sin que se cumplan los presupuestos antes mencionados; siendo claro que, a la luz de los principios de unidad de la Constitución y de concordancia práctica, la antinomia entre el principio jurídico de supremacía constitucional y la irrevisabilidad de las resoluciones estimatorias no puede ser resuelta mediante una interpretación parcial y aislada del artículo 202º.2 de la Constitución ni del artículo 18º del Código Procesal Constitucional que prevé el recurso de agravio constitucional.
45. De otro lado, bajo el aforismo clásico que señala que las cosas en el Derecho se deshacen de la misma forma como se hacen, el abandono de un precedente vinculante se debe realizar por el mismo procedimiento que el Código Procesal Constitucional prevé para su establecimiento. De acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del mencionado Código, “[l]as sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente” (énfasis agregado). De lo cual se desprende que un precedente vinculante puede ser establecido mediante una sentencia que adquiere autoridad de cosa juzgada. En los procesos constitucionales sólo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión final que se pronuncie sobre el fondo, según dispone el artículo 6º del Código Procesal Constitucional. De la misma forma, este requisito es exigible para el supuesto de abandono de un precedente que, en el presente caso, debe hacerse, si así lo considera la resolución de la mayoría con cinco votos como mínimo, mediante una sentencia y no a través de una mera resolución como aquélla.
46. Lo que en el fondo se aprecia en la resolución de la mayoría es una posición del interpretativismo textualista que no se condice con la estructura de las disposiciones constitucionales, a partir de reconocer en ella normas-regla y normas-principio. Constituye un retorno al positivismo jurídico más radical cuyos adeptos afirman que la interpretación empieza y acaba en el texto mismo de las disposiciones. Si se asumiera este punto de vista se derivarían consecuencias de gravedad que pueden terminar afectando inclusive la esfera de competencias que este Tribunal ha ido perfilando a través de su jurisprudencia.
47. El Tribunal Constitucional terminaría por abdicar de su competencia general respecto del control constitucional de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, del Consejo Nacional de la Magistratura, de las leyes de reforma constitucional, de los decretos leyes y el control, excepcionalísimo por cierto, de las resoluciones judiciales y en particular del amparo, del amparo contra normas legales; porque la Constitución es un orden jurídico supremo integral y no segmentado, que otorga sentido y finalidad a los distintos poderes e instituciones públicos a partir de concebir que “la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado” (artículo 1º de la Constitución).
48. Ello ha permitido que el Tribunal Constitucional haya derivado a través de la interpretación constitucional más garantías sustantivas -vía mayores derechos fundamentales, como el derecho a la verdad, al acceso en igualdad de condiciones a los cargos públicos, a la objeción de conciencia, al agua potable, a la personalidad jurídica, entre otros- y más garantías procesales -la figura del amicus curie, del recurso de agravio constitucional por desconocimiento de la jurisprudencia constitucional vinculante, del partícipe y del tercero legitimado en un proceso de inconstitucionalidad- que no hubiera sido posible si se hubiera asumido, como se hace ahora en la resolución de la mayoría, una interpretación literal de las disposiciones constitucionales. Todo este quehacer jurisdiccional ha permitido que la población legitime democráticamente al Tribunal Constitucional, en tanto garante de sus derechos fundamentales, pero en el marco de la Constitución.
49. En el Caso Giuliana Llamoja[50] este Colegiado ha señalado que “[l]a incoherencia narrativa se presenta cuando existe un discurso confuso, incapaz de trasmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión, produciéndose así una manifiesta incoherencia narrativa, y cuya consecuencia lógica puede ser la inversión o alteración de la realidad de los hechos, lo que la hace incongruente e inconstitucional”. En el presente caso, la resolución de la mayoría carece de coherencia narrativa cuando señala, en su considerando 8, que quien se considere afectado por la sentencia de segunda instancia del presente hábeas corpus puede recurrir al amparo contra amparo. Sin embargo, en la lógica de una interpretación literal o textualista, que propugna la mayoría, sería más bien una figura no prevista en la Constitución o proscrita en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, a tenor del artículo 5º.6 del Código Procesal Constitucional. Peor aún si el amparo contra amparo ha sido incluida como precedente en la STC 4853-2004-AA/TC, que es precisamente la que ahora se pretende dejar sin efecto. Un magistrado constitucional debe caracterizarse por la coherencia de sus decisiones, pero no es positivo que sea el reflejo más bien de obvias contradicciones con ellas.
50. Por todo lo señalado en esta parte, debe concluirse que el precedente vinculante de la sentencia 04853-2004-AA/TC conserva plenamente su validez y sus efectos normativos, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
2. Inexistencia de un vicio en el proceso como consecuencia de la presentación, por parte de la defensa de los familiares de las víctimas del caso El Frontón, de un amicus curiae y del recurso de agravio constitucional
51. Del contenido del expediente y de la información recabada por este Tribunal en la Audiencia Pública sobre el presente caso, se desprende que los abogados del Instituto de Defensa Legal intervinieron en dos oportunidades durante el desarrollo del proceso de hábeas corpus: primero, presentaron un amicus curiae ante la Sala que conoció la causa en segundo grado[51], lo cual ocurrió antes de que ésta emita la sentencia respectiva; y luego, tras la expedición del fallo de la Sala que declaró fundada la demanda, presentaron un recurso de agravio constitucional contra esta decisión. Esta doble forma de intervención, primero a través de un amicus curiae (amigo de la Corte) y luego mediante la interposición de un recurso de agravio constitucional (como parte interesada en la resolución del caso), podría considerarse como un vicio del proceso que, por lo tanto, debería dar lugar a que se declare la nulidad de la resolución de queja que admitió el recurso de agravio constitucional. Sin embargo, considero que esta posición no tiene fundamento constitucional ni legal, por los motivos que expongo a continuación.
52. Los procesos constitucionales y en especial los hábeas corpus iniciados contra resoluciones judiciales y fiscales presentan una particularidad, cual es su ausencia como sujetos procesales, durante el desarrollo, de aquellas personas que pudiesen verse afectadas por el contenido de la decisión que se emita a nivel de la justicia constitucional. Si bien, en principio, los procesos constitucionales contra tales resoluciones se centran en la evaluación de las presuntas violaciones a la tutela procesal efectiva, existen casos -como el presente proceso- en el que lo resuelto en el proceso constitucional de hábeas corpus afecta los derechos de personas que no han intervenido en su desarrollo procesal, situación ante la cual el Tribunal Constitucional tiene que respetar su jurisprudencia, acorde con las normas constitucionales y los principios procesales reconocidos en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
53. Como se explicará más adelante, la sentencia de segundo grado que declaró fundada la demanda de hábeas corpus tiene como consecuencia directa dejar sin efecto las resoluciones fiscales mediante las cuales se formalizó la denuncia penal contra el demandante Teodorico Bernabé Montoya, por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en El Frontón en junio de 1986; situación que vulnera la obligación internacional el Estado peruano de cumplir con las sentencias dela Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el derecho al debido proceso, a la tutela jurisdiccional sustantiva, y el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas que perdieron la vida durante esos lamentables sucesos. Aparentemente, no se ha previsto en el Código Procesal Constitucional ni en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para el proceso de hábeas corpus la intervención de aquellas personas que, en perspectiva constitucional, puedan ver afectados, en el desarrollo del proceso constitucional, sus derechos fundamentales. Sin embargo, una característica de todo proceso justo es el derecho de defensa en cualquier etapa del proceso constitucional, de los familiares de las víctimas de El Frontón, sea en calidad de amicus curiae, o ya como tercero con legítimo interés.
54. Como consta en el expediente, la Sala admitió el amicus curiae, y aunque el contenido del mismo no fue empleado en los fundamentos de la sentencia de segundo grado, tampoco fue rechazado, ni se consideró que la defensa de las víctimas estuviese impedida de presentarlo. Si se hubiese considerado que no cabía la posibilidad de presentar un amicus curiae, la Sala no lo hubiese admitido. En el caso del recurso de agravio constitucional, la legitimación de la defensa de los familiares de las víctimas es más clara, por cuanto el propio Tribunal Constitucional en aras de su autonomía procesal ha establecido la posibilidad de que, ante una sentencia estimatoria emitida en un proceso constitucional de amparo, hábeas corpus, hábeas data o de cumplimiento, que sea contraria a la jurisprudencia vinculante del Tribunal, se puede presentar un recurso de agravio constitucional.
55. En este sentido ha señalado lo siguiente en el fundamento 40 de la STC 4853-2004-PA/TC: “El recurso de agravio a favor del precedente tiene como finalidad restablecer la violación del orden jurídico constitucional producido a consecuencia de una sentencia estimatoria de segundo grado en el trámite de un proceso constitucional. El recurso puede ser interpuesto por la parte interesada o por un tercero afectado directamente y que no haya participado del proceso, sea por no haber sido emplazado o porque, tras solicitar su incorporación, le haya sido denegada por el órgano judicial respectivo. El Tribunal resuelve en instancia final restableciendo el orden constitucional que haya resultado violado con la decisión judicial y pronunciándose sobre el fondo de los derechos reclamados” (énfasis agregado).
56. Queda claro, por lo tanto, que la defensa de los familiares de las víctimas de El Frontón se encontraba legitimada para presentar el respectivo recurso de agravio constitucional. En consecuencia, ni la presentación del amicus curiae ni la presentación posterior del recurso de agravio constitucional pueden considerarse como actos que justifiquen declarar la existencia de un vicio en el proceso, ni menos aún que obliguen a este Colegiado a dejar sin efecto la resolución del recurso de queja mediante el cual se declaró procedente la interposición del recurso de agravio a favor de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional. Más aún si la legitimidad activa en el proceso constitucional de hábeas corpus es amplia, de acuerdo con el artículo 26º del Código Procesal Constitucional: “[l]a demanda puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. Tampoco requerirá firma del letrado, tasa o alguna otra formalidad. También puede interponerla la Defensoría del Pueblo”.
57. Por el contrario, ambas formas de intervención procesal dejan en claro un hecho que no puede pasar inadvertido: ante la insuficiencia de las normas procesales ordinarias el uso de los procesos constitucionales es en última instancia el medio adecuado, idóneo y proporcional, para dejar sin efecto resoluciones fiscales, que vienen afectando los derechos fundamentales de terceras personas que, a pesar de tener interés legítimo en los resultados del proceso, no intervienen en el mismo. Ante esta situación, un orden procesal constitucional no puede considerar como vicios procesales la legítima defensa procesal de quienes tienen interés en la decisión a adoptarse, sino como mecanismos constitucionales de defensa que deben ser analizados por el Tribunal Constitucional desde la perspectiva de garantizar el derecho de acceso a la justicia y el respeto al principio de elasticidad, reconocido en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en virtud del cual “el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales”.
58. Al respecto la jurisprudencia nacional ha señalado[52]: “(…) el Código Procesal Constitucional parte de un presupuesto constitucional de las instituciones procesales previstas en el mismo cuerpo normativo (artículo III del Título Preliminar), según el cual el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales. No obstante, ello sólo tiene plena aplicación en aquellos casos en los cuales se estima el ejercicio constitucionalmente legítimo de los derechos fundamentales que la Constitución del Estado reconoce. El Tribunal Constitucional se encuentra obligado, por lo tanto, a hacer prevalecer los fines de los procesos constitucionales, reconocidos en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, adecuando las exigencias formales exigidas por el Código a la necesidad de garantizar los derechos fundamentales y la supremacía normativa de la Constitución.
3. Inexistencia de un vicio procesal en la resolución que admite el recurso de queja
59. En los fundamentos 9 y 10 de la resolución se concluye que la Resolución 245-2007-Q/TC se encuentra viciada de nulidad. Se cuestiona, incorrectamente desde mi punto de vista, el hecho de que el Tribunal Constitucional haya admitido el recurso de queja presentado por el recurrente. Como se deriva del propio artículo 201º de la Constitución y tal como ha señalado este Colegiado
“[t]al autonomía, como es evidente, está referida a la potestad constitucional del Tribunal para definir su gobierno y la gestión jurisdiccional -autonomía administrativo-jurisdiccional-, así como a la autonomía en su relación con los poderes del Estado y órganos constitucionales -autonomía funcional- y a su facultad para llenar los vacíos y deficiencias legislativas procesales – autonomía procesal-. En virtud de la primera de ellas, esto es, su autonomíaadministrativo-jurisdiccional, es el Tribunal Constitucional el único al que le corresponde definir su propio gobierno y la organización, planificación y resolución de los procesos constitucionales sometidos a su competencia, de conformidad con el artículo 202 de la Constitución. Por eso mismo, se debe enfatizar en que la gestión jurisdiccional del Tribunal Constitucional es una cuestión orgánica que no puede ser sometida a controversia jurídica, sea a través de un proceso ordinario o de un proceso constitucional, porque con ello se estaría vulnerando el artículo 201 de la Constitución. En realidad esta autonomía también se refleja en el artículo 3 de su Ley Orgánica, cuando señala que “[e]n ningún caso se puede promover contienda de competencia o de atribuciones al Tribunal respecto de asuntos que le son propios de acuerdo con la Constitución y la presente Ley (…)”. Ello es así por cuanto el principio de competencia de la competencia al que hace referencia este artículo es abierto y no se restringe únicamente a la definición de las atribuciones del Tribunal para conocer determinados procesos constitucionales. Alcanza también, como señala la propia Ley, a otros “asuntos que le son propios”, como por ejemplo, la conformación de las Salas del Tribunal, la elección de su Presidente y Vicepresidente, la potestad del Pleno del Tribunal para levantar la inmunidad o definir la vacancia de los magistrados constitucionales, por ejemplo; lo cual incluye, claro está, la definición de su gobierno y de su gestión jurisdiccional. El Tribunal Constitucional no está sujeto al mandato imperativo de personas u organización en su gestión administrativo-jurisdiccional, porque si se permitiera injerencias externas en estos ámbitos en los cuales solo el Tribunal ostenta competencia para su definición, se estaría vulnerando la autonomía e independencia que la Constitución le reconoce a través de su artículo 201; por eso mismo estas cuestiones que le “son propias” al Tribunal no pueden ser objeto de cuestionamiento o de intervenciones externas”[53].
60. En cuanto al recurso de queja, el artículo 19º del Código Procesal Constitucional establece que “[c]ontra la resolución que deniega el recurso de agravio constitucional procede recurso de queja. Este se interpone ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de cinco días siguientes a la notificación de la denegatoria. Al escrito que contiene el recurso y su fundamentación, se anexa copia de la resolución recurrida y de la denegatoria, certificadas por abogado, salvo el caso del proceso de hábeas corpus. El recurso será resuelto dentro de los diez días de recibido, sin dar lugar a trámite. Si el Tribunal Constitucional declara fundada la queja, conoce también el recurso de agravio constitucional, ordenando al juez superior el envío del expediente dentro del tercer día de oficiado, bajo responsabilidad”.
61. Asimismo, el artículo 55º del RNTC prevé que “el recurso de queja será resuelto por cualquiera de las Salas dentro de los diez días de recibido, sin trámite previo. Si la Sala declara fundada la queja conoce también del recurso de agravio constitucional, ordenando al juez respectivo el envío del expediente, dentro del tercer día, bajo responsabilidad”. De estas disposiciones se desprende la definición de que la Sala primera o la Sala segunda o, indistintamente cualquiera de las dos Salas del Tribunal Constitucional puede conocer y resolver los recursos de queja. La organización del Tribunal Constitucional está definida tanto por lo establecido en el último párrafo del artículo 5º de la LOTC, por lo previsto en el primer párrafo del artículo 11º del RNTC. La organización del Tribunal Constitucional queda así definida por dos Salas, integrada cada una de ellas por tres magistrados. Las resoluciones de cada una de las Salas son, en realidad, resoluciones del Tribunal Constitucional, sin que pueda afirmarse que cada una de ellas sea un órgano jurisdiccional al interior de otro órgano constitucional que sería el Pleno del Tribunal Constitucional.
62. La conformación de cada una de las Salas se ordena reglamentariamente en función de quien la preside, según la cual el Presidente del Tribunal Constitucional es, a su vez, el Presidente de la Primera Sala del Tribunal Constitucional; mientras que el Vicepresidente lo es de la Segunda Sala, según lo prevé el RNTC (artículo 12º). Ello se condice con el usus fori del Tribunal, según el cual, independientemente de la Sala que integren, las facultades y atribuciones conferidas mediante la Constitución y la LOTC a los magistrados son las mismas, al conocer un proceso constitucional, integrando una de las dos Salas; o cuando, por mandato legal, el proceso constitucional es visto por el Pleno (los procesos de inconstitucionalidad, de competencia o aquellos previstos en el artículo 13º del RNTC). De otro lado, la especial conformación de la Sala que se asigna para resolver los recursos de queja guarda directa relación con la naturaleza del procedimiento previsto para la tramitación del referido medio impugnatorio. Y es que el recurso de queja, como último mecanismo para que determinado proceso sea conocido por el Tribunal Constitucional, requiere de un especial procedimiento, diferenciado de los demás procesos que son de competencia de este Colegiado.
63. Así, al haberse asignado una tramitación especial al recurso de queja, el artículo 55º del RNTC prevé que es resuelto por cualquiera de las Salas dentro de los diez días de recibido, sin trámite previo. Ello explica que no se haya previsto la realización de audiencia pública para la vista de la causa (que además es facultativa, según se desprende del artículo 29º y ss. del RNTC) y que se resuelva en un breve término. Esto debido a que ante la denegatoria del recurso de agravio constitucional, la interposición del recurso de queja constituye la última actuación posible ante el Tribunal Constitucional por parte del recurrente.
64. Asimismo, a fin de no saturar la carga procesal de las Salas Primera y Segunda y sobre la base de la especial tramitación del recurso de queja el Tribunal Constitucional se ha dotado de una conformación, de acuerdo al RNTC, para resolver los expedientes referidos al recurso de queja. Tal conformación estuvo integrada, en principio, por el Presidente y por el Vicepresidente quienes, de conformidad con lo dispuesto en la LOTC, presiden las Salas Primera y Segunda, respectivamente. Tal cometido responde a la finalidad de integrar y mantener uniformizada la jurisprudencia de ambas Salas al momento de decidir sobre la regularidad de los pronunciamientos denegatorios o estimatorios del recurso de agravio constitucional expedidos por el Poder Judicial. En tal sentido, en la búsqueda de mayor predictibilidad de las decisiones que, como último recurso para acceder al Tribunal Constitucional se expiden mediante recurso de queja, éstos han venido siendo atendidos por la Sala Primera del Tribunal con la conformación ordinaria que resolvió la queja que se impugna.
65. No existe, pues, ningún vicio procesal que conlleve a declarar la nulidad de la resolución 0245-2007-Q/TC porque no se ha vulnerado lo dispuesto por el artículo 55º del RNTC; lo cual encuentra también justificación en el usus fori de este Tribunal, tal como lo ha venido haciendo desde enero de 2003, sin que se haya producido impugnación alguna a dichas resoluciones de queja. De ahí que llame la atención la afirmación de que la Resolución 245-2007-Q/TC es nula, cuando esta figura no está prevista ni en el Código Procesal Constitucional, ni en la LOTC ni en el RNTC para el caso de las resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional.
En el caso concreto puesto a conocimiento de este Tribunal Constitucional, la sentencia de segundo grado que declaró fundada la demanda de hábeas corpus, que declara sin eficacia las resoluciones fiscales que sustentaban el inicio de un proceso penal en contra del demandante por su presunta responsabilidad en las ejecuciones arbitrarias ocurridas en el penal El Frontón en junio de 1986 contraviene de forma manifiesta lo siguiente:
Primero. 1) La ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Durand y Ugarte vs. Perú; 2) la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional en materia de derechos humanos; 3) el derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional sustantivos; 4) el derecho de defensa, 5) el derecho a la verdad (tanto en su dimensión individual como colectiva); y 6) el derecho fundamental a la protección internacional de los derechos humanos.
Segundo. Constituye un obstáculo para la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad, a la vez que viola las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado de interpretar los derechos y libertades de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales, que además forman parte del Derecho nacional, según dispone la Cuarta Disposición Final y Transitoria y el artículo 55º de la Constitución; lo cual exige al Estado peruano a respetar y garantizar los derechos esenciales del ser humano, de conformidad con el artículo 44º de la Constitución.
Tercero. No contribuye al fortalecimiento de nuestro Estado constitucional y democrático, en cuya esencia yace el pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas; poniendo con ello al Estado peruano en una situación de grave incumplimiento de sus obligaciones internacionales que, voluntariamente y en ejercicio pleno de su soberanía, ha asumido. Siendo el Estado peruano al que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en el mayor número de veces y, con ello, al pago de cuantiosas reparaciones, no cabe descartar que a nivel del Derecho interno sea el propio Estado, las víctimas o los familiares de éstas las que podrían demandar a los funcionarios públicos por cuya actuación el Estado peruano incurrió en responsabilidad internacional.
Por lo expuesto precedentemente, considero que debe declararse FUNDADO el recurso de agravio constitucional; y, en consecuencia, INFUNDADA la demanda de hábeas corpus presentada a favor de Teodorico Bernabé Montoya.
[1] “Resoluciones de las Salas
“El Tribunal conoce, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de acciones de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, iniciadas ante los jueces respectivos, mediante dos Salas integradas por tres Magistrados. La sentencia requiere tres votos conformes.
Una de las Salas se encargará de calificar la procedencia de las causas que lleguen al Tribunal. La Sala determinará si, tras la presentación de los recursos de agravio constitucional, se debe ingresar a resolver sobre el fondo. Para realizar tal análisis, aparte de los criterios establecidos en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, la Sala declarará su improcedencia, a través de un Auto, en los siguientes supuestos: si el recurso no se refiere a la protección del contenido esencial del ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; si el objeto del recurso, o de la demanda, es manifiestamente infundado, por ser fútil o inconsistente; o, si ya se ha decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente idénticos, pudiendo acumularse.
[2] Caso Cayara Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C No. 14, párr. 63.
[3] Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 17, párrafo 52.
[4] Cfr. Hart Ely, J., Democracia y desconfianza. Una teoría del control constitucional, Siglo del Hombre Editores / Universidad de los Andes, Santafé de Bogotá, 1997, p. 29 y ss.
[5] Cfr. Pérez Royo, J., “La interpretación de la Constitución”, en: E. Ferrer Mac-Gregor (coordinador), Interpretación Constitucional, Editorial Porrúa, México D. F., 2005.
[6] Cfr. Sagüés, N. P., Interpretación Constitucional y Constitución viviente (Living Constitution), en: E. Ferrer Mac-Gregor (coordinador), Interpretación Constitucional, Editorial Porrúa, México D. F., 2005.
[7] Cfr. Bernal, C., El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003, p. 97 y ss.
[8] Cfr. Bernal, C., El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, ob. cit., p. 98.
[9] Cfr. STC 0016-2002-PI, FF. JJ. 3 y 4.
[10] Cfr. Asís, R. de, Jueces y normas. La decisión judicial desde el Ordenamiento, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 247.
[11] Cfr. Alexy, R., Teoría de la argumentación jurídica, La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, 1ra. edición ampliada, traducción de M. Atienza e I. Espejo, Palestra, Lima, 2007, p. 269.
[12] Cfr. Gascón, M., La técnica del precedente y la argumentación racional, Tecnos, Madrid, 1993, p. 98.
[13] Cfr. STC 2488-2002-PHC, FF. JJ. 5, 9, 19 y 23.
[14] Cfr. Caso Durand y Ugarte, Sentencia del 16 de agosto de 2000, Serie C N.º 68, punto resolutivo N.º 7.
[15] Ratificada por el Estado peruano el 1 de julio de 2003.
[16] Cfr. Gil, A., “Los crímenes contra la humanidad y el genocidio en el Estatuto de la Corte Penal Internacional a la luz de ‘Los Elementos de los crímenes´”, en: K. Ambos (coordinador),La nueva justicia penal supranacional. Desarrollos post-Roma, Tirant lo blanch, Valencia, 2002, p. 94.
[17] “La dignidad de la persona humana es el presupuesto ontológico para la existencia y defensa de sus derechos fundamentales. El principio genérico de respeto a la dignidad de la persona por el sólo hecho de ser tal, contenido en la Carta Fundamental, es la vocación irrestricta con la que debe identificarse todo Estado Constitucional y Democrático de Derecho. En efecto, este es el imperativo que transita en el primer artículo de nuestra Constitución” (Cfr. STC 0010-2002-PI, F. J. 217).
[18] Que entró en vigor para el Estado peruano el 14 de octubre de 2000.
[19] Que entraron en vigor para el Estado peruano el 15 de agosto de 1956.
[20] Que entró en vigor para el Estado peruano el 28 de julio de 1978.
[21] Que entró en vigor para el Estado peruano el 28 de julio de 1978.
[22] Cfr. Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C N.º 75, párr. 41.
[23] Cfr. Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, Sentencia del 22 de noviembre de 2007, Serie C N.º 171, párr. 111
[24] Cfr. STC 2730-2006-PA, F. J. 15.
[25] Cfr. Dictamen en mayoría de la Comisión Investigadora del Congreso de la República, sobre los sucesos acaecidos el 18 y 19 de junio de 1986, en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, Lima, diciembre de 1987, pp. 134, 135 – 167, 238, 255 y 257; Dictamen en minoría de la Comisión Investigadora del Congreso de la República, sobre los sucesos acaecidos el 18 y 19 de junio de 1986, en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, Lima, diciembre de 1987, pp. 48, 50 – 54 de las Observaciones de Minoría y 134, 156 – 189 y 277 – 281.
[26] Cfr. Caso Durand y Ugarte, Sentencia del 16 de agosto de 2000, Serie C N.º 68, párrs. 68, 70 y 71.
[27] Artículo 55º de la Constitución.- “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”.
[28] Cfr. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C N.º 30, párr. 77.
[29] Cfr. SSTC 1268-2002-PHC, F. J. 3, y 6167-2005-PHC, F. J. 32.
[30] Cfr. STC 2050-2002-PHC, F. J. 19.
[31] Cfr. STC 2725-2008-PHC, FF. JJ. 15 y 16.
[32] Cfr. San Martín, C., Derecho Procesal Penal, 2da. edición, T. 1, Grijley, Lima, 2003, p. 495.
[33] Sentencia sobre el fondo del caso Bulacio vs. Argentina, del 18 de setiembre del 2003, fundamento 120.
[34] Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Conclusión General Nº 123.
[35] STC 2488-2002-HC, fundamento 5.
[36] Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo VI, p. 142.
[37] Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo VII, p. 737. Sobre el trabajo de esta Comisión el Tribunal Constitucional ha señalado: “(el propósito de la) la Comisión de la Verdad(…) no fue el de suplantar, sustituir o superponerse al Poder Judicial; antes bien, uno de sus objetivos fundamentales fue el de identificar los hechos y las responsabilidades de las violaciones de los derechos humanos, empeñándose, en lo posible, en tratar de determinar su real existencia y veracidad, y, complementariamente, en evitar la desaparición de pruebas vinculadas con tales hechos. Sus investigaciones, con loable criterio exhaustivo, han permitido conocer los sucesos acaecidos en nuestro país en estas últimas décadas, y contribuyen al imperativo de cumplir con la obligación internacional y constitucional de evitar la impunidad y restituir los derechos violados para conseguir la paz social y la reconciliación nacional” (Cfr. STC 2488-2002-HC, fundamento 7).
[38] STC 2488-2002-HC, fundamento 8.
[39] STC 2488-2002-HC, fundamento 17.
[40] STC 2488-2002-HC, fundamento 8.
[41] STC 2798-2004-HC, fundamento 10.
[42] RTC 00025-2005, 00026-2005-PI/TC (resolución de admisibilidad), fundamento 15.
[43] STC 2798-2004-HC, fundamento 18.
[44] STC 2798-2004-HC, fundamento 19.
[45] STC 2798-2004-HC, fundamento 20.
[46] Sentencia sobre el fondo del caso Barrios Altos vs. Perú, del 14 de marzo del 2001, fundamento 41.
[47] Sentencia sobre el fondo del caso Bulacio vs. Argentina, del 18 de setiembre del 2003, fundamento 117.
[48] Sentencia sobre el fondo del caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, del 26 de setiembre del 2006, fundamento 96.
[49] Sentencia sobre el fondo del caso Penal Castro Castro vs. Perú, del 25 de noviembre del 2006, fundamentos 402, 403 y 404.
[50] STC 00728-2008-PHC/TC, fundamento
[51] Nos referimos a la Tercera Sala Especializada en lo Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima (en adelante la Sala).
[52] STC 00767-2007.PHC/TC, fundamento 6.
[53] STC 10340-2006-AA/TC, fundamentos 2 a 5.
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