Source: http://grupoonce.com/2014/02/04/boletin-informativo-enero-2014/
Timestamp: 2018-06-23 00:52:37
Document Index: 195246836

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 31', 'artículo 35', 'artículo 36', 'ARTÍCULO 16', 'artículo 42', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 77', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 31', 'ARTÍCULO 31', 'artículo 123', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 123', 'artículo 31', 'artículo 27', 'artículo 50', 'artículo 128', 'artículo 1', 'artículo 63']

BOLETÍN INFORMATIVO: ENERO 2014 – Grupo ONCE
Martes, 04 febrero 2014 / Publicado en Boletin
PRIMERO.- NORMAS FISCALES PARA 2014 Y FECHAS DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION:
DOF 20/11/2013: “DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, y se reforma el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.”
DOF 3/12/2013: “PRESUPUESTO de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.”
DOF 9/12/2013: “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.”
DOF 9/12/2013: “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.”
DOF 9/12/2013: “DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.”
DOF 11/12/2013: “SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y SE ABROGAN LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, Y LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.”
DOF 26/12/2013: “DECRETO que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa.”
DOF 26/12/2013: “DECRETO que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación.”
DOF 26/12/2013: “RESOLUCIÓN del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2014.”
DOF 27/12/2013: “LINEAMIENTOS que regulan el procedimiento para la adopción de acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.”
DOF 30/12/2013: “RESOLUCIÓN de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para 2014.”
DOF 30/12/2013: “DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.”
DOF 30/12/2013: “DECRETO por el que se modifica el diverso por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo, publicado el 24 de julio de 2007.”
DOF 30/12/2013: “RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2014 y su anexo 19.”
DOF 1/01/2014: “SEXTA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013.”
DOF 3/01/2014: “ANEXOS 4, 5, 8, 11, 13, 17 y 18 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013.”
SEGUNDO.- SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ACTUALIZA LISTA DE CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS. Servicio de Administración Tributaria informa que el pasado 16 de enero se actualizó la lista de contribuyentes incumplidos, publicada el 1 de enero de 2014 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación vigente.
En esta ocasión, se agregaron los siguientes datos:
RFC de 1,220 contribuyentes, de los cuales 586 tienen créditos firmes y 634 créditos exigibles.
Asimismo, informó que dicho órgano fiscalizador determinó aceptar las recomendaciones formuladas por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) en el Análisis Sistémico 001/2014.
Por ello, a partir del 16 enero cada uno de los contribuyentes cuyos datos aparezcan publicados deberá ser informado, a través de la aplicación disponible en el portal de internet del SAT, de los fundamentos y motivos específicos por los cuales aparece en la lista.
De igual forma, atendiendo las sugerencias de la PRODECON, se eliminan del listado inicial a los contribuyentes que habiendo resultado como “no localizados” y que no presentan un incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales.
Por otra parte, se determinó que a partir del 15 de enero, en todos los adeudos que la dependencia determine a los contribuyentes, derivados de actos de auditoría fiscal, se incluye un texto expreso que comunica al contribuyente que, en caso de no pagar o impugnar sin garantizar el adeudo, con fundamento en las nuevas excepciones que establece el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación al secreto fiscal, el SAT podría incluirlo en su momento en la relación de contribuyentes incumplidos.
La nueva lista excluye igualmente a quienes realizaron su trámite de aclaración o verificaron su domicilio ante las autoridades del Servicio de Administración Tributaria.
TERCERO.- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RECIBE EL “PREMIO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 2013”. El pasado 10 de Diciembre de 2013 en la ciudad de Nueva York, el Ministro Juan N. Silva Meza, recibió a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2013 que le entregó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como un reconocimiento por la destacada labor del tribunal en la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos mexicanos y de los residentes en México.
Durante la premiación, en la Asamblea General, se recordó el legado de Nelson Mandela en esta materia, pues en su momento fue uno de los personajes más reconocidos que en el pasado recibió esta misma distinción que otorga la ONU.
En la ceremonia se explicó que el Premio se otorgó a la Corte mexicana porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga protección constitucional para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos y residentes en el país de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos; señalándose que ha contribuido de manera significativa a promover los derechos humanos a través de sus interpretaciones y de la aplicación efectiva de la Constitución y de las obligaciones que se desprenden del derecho internacional .
El Ministro Presidente Juan Silva Meza, dijo que el Premio es un logro del Estado mexicano y lo comparte con toda la Nación, pues reconoce el esfuerzo de generaciones de mexicanas y mexicanos, por tener un país justo y equitativo en el que el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas, oriente la existencia y la labor de todas las autoridades, de todas las instituciones, incluidos, por supuesto, todos los tribunales e impartidores de justicia, así como las relaciones entre los miembros de la sociedad.
La Suprema Corte, dijo, continuará poniendo en el centro de su labor cotidiana, tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo, los derechos humanos de las personas, para lo cual continuará colaborando estrechamente con los órganos especializados de Naciones Unidas como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ONU-Mujeres, UNICEF, UNESCO y ACNUR.
CUARTO.- SHCP ACTUALIZA MULTAS RELACIONADAS A DECLARACIONES PARA 2014.
En el Diario Oficial de la Federación, la dependencia detalla las instituciones de crédito autorizadas para recibir declaraciones anuales por Internet y ventanilla bancaria, recepción de pagos de derechos, productos y aprovechamientos y recepción de pagos por depósito referenciado mediante “LÍNEA DE CAPTURA.”
QUINTO.- REFORMA FINANCIERA. El pasado 10 de Enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras”, a través del cual se hicieron diversas modificaciones a los siguientes ordenamientos:
Así mismo, esta reforma comprende la expedición de la nueva “Ley para Regular las Agrupaciones Financieras”, a través de la cual se abroga la ley anterior, haciendo cambios sustanciales en cuanto a los lineamientos de organización de las Sociedades Controladoras y el funcionamiento de los Grupos Financieros.
El principal objeto de la reforma es abrir los mercados de seguros y de fianzas a la inversión extranjera a fin de promover la inversión y la diversificación de productos de seguros y de fianzas; por lo que a través de la misma, se establecen excepciones a la política por la cual se prohíbe la inversión de gobiernos extranjeros en esas instituciones, directa o indirectamente, sin importar las razones que justifiquen dicha inversión.
Las reformas antes mencionadas entraron vigor el 11 de Enero de 2014, a excepción de la reforma a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la cual entrará en vigor hasta el día 4 de Abril de 2015.
SEXTO.- RECOMENDACIÓN SISTÉMICA 001/2014 PRODECON. Emite la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente una recomendación a las autoridades del Servicio de Administración Tributaria a efecto de implementar medidas que generan mayor eficacia y equidad en el otorgamiento de facilidades administrativas al sector primario.
Al emitir la Recomendación Sistémico 001/2014, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente examina la constante problemática a la que se enfrentan los miembros del sector primario así como los sujetos que tienen vínculos comerciales con éstos, ante la complejidad que representa el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tomando en cuenta las condiciones que caracterizan a dicho sector con respecto al resto de los contribuyentes.
En efecto, la Procuraduría advierte que no obstante que la autoridad fiscal ha reconocido las condiciones de vulnerabilidad del sector primario y su incidencia en los distintos sujetos que participan en la cadena de producción y distribución de los productos agropecuarios, ante lo cual ha emitido resoluciones de facilidades administrativas para dicho sector así como reglas de carácter general con el mismo propósito; en la práctica, no se ha logrado abatir la problemática que en materia tributaria afecta a los sectores primario y de abasto en el país, pues las medidas implementadas no recogen en su totalidad el entorno y condiciones en las que se desenvuelven dichos sectores; por lo que, de forma inevitable, redundan en un esquema de tributación inequitativo y desproporcional y de muy difícil cumplimiento.
Frente a ello, señala la PRODECON que ninguna autoridad —ya sea administrativa o legislativa— debe ignorar, al momento de imponer cargas tributarias u otorgar facilidades, las condiciones reales del sector rural, pues desconocerlas implica trastocar el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), al otorgar un trato igual a los desiguales.
En tal virtud, las disposiciones fiscales aplicables a los contribuyentes de las zonas urbanas no deberán aplicarse a los de zonas rurales pues las diferencias son evidentes. Por ejemplo, los pagos que se efectúan con medios distintos al efectivo —cheques, tarjetas electrónicas, vales y otros—, en las zonas urbanas puede resultar sencilla su utilización, sin embargo, los agricultores y otros miembros del sector primario no reciben pagos distintos al efectivo pues les genera desconfianza y dificultades para su cobro, al no saber si el cheque tiene fondos y tenerse que trasladar a poblaciones que cuenten con servicios bancarios para hacerlos efectivos.
“La problemática descrita se encuentra inmersa en una realidad social-operativa conocida parcialmente por la autoridad fiscal generando disposiciones legales o facilidades administrativas poco factibles que a su vez redundan en incumplimiento de obligaciones por parte de los miembros del sector primario y los principales comercializadores de sus productos —centros de abastos—.”
Como ejemplo de lo anterior, la PRODECON señaló el hecho de que la facilidad otorgada a los adquirentes de los productos del campo para generar comprobantes fiscales a sus proveedores se encuentra condicionada a otras obligaciones como inscribirlos al RFC, tarea, que no siempre es de fácil ejecución pues se enfrentan a obstáculos de operatividad por las circunstancias en las que se llevan a cabo sus operaciones comerciales (muchas de ellas en zonas rurales muy alejadas de los servicios bancarios o internet), de tal forma que la “facilidad” pierde eficacia y deja de serlo pues en la práctica no es sencillo implementarla.
El otorgar ese tipo de “facilidades”, afirma la Procuraduría, lejos de abonar a la formalidad, genera más pobreza e informalidad pues se fomenta la ejecución de operaciones sin la expedición de comprobantes fiscales y, por otra parte, si los miembros del sector abasto no obtienen sus comprobantes de los pequeños y medianos productores dejan de realizar operaciones con ellos, generándoles pérdidas económicas muy considerables, lo cual ocasiona que frenen su crecimiento o sean susceptibles de desaparecer orillándolos a emigrar a zonas urbanas en busca de oportunidades de supervivencia.
Así mismo, se señaló que las facilidades emitidas por la autoridad fiscal resultan insuficientes pues en su elaboración no participan autoridades especializadas en el sector primario del país. Tal es el caso de la SAGARPA, autoridad que conforme a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la competente para formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural en nuestro país, en tales términos, esta dependencia resulta ser el órgano especializado para ponderar y evaluar el desarrollo del sector rural, por ende, cualquier lineamiento que se emita para regular al sector, deberá ser consultado y, en su caso, avalado por dicha dependencia, pues de no ser así, no se puede considerar que se conocen a plenitud las condiciones reales del sector.
Sobre ese contexto, la recomendación formulada al Servicio de Administración Tributaria abarcó los siguientes puntos:
1. Dar continuidad y permanencia a la expedición de facilidades administrativas para el sector primario a través de las Resoluciones correspondientes, en éstas se debe considerar puntualmente los siguientes aspectos:
a) Nivel académico, social, económico y acceso a servicios de los contribuyentes a quienes se les otorgan.
b) Diferencias de operación entre los propios integrantes del sector primario (grandes, pequeños y medianos productores).
c) Diferencias relativas a zonas geográficas, tipo de productos y destino de los mismos (consumo nacional, importación u otros).
2. Dar continuidad y permanencia a la expedición de oficios con base en lo dispuesto en el artículo 36 Bis del CFF a cualquier Asociación, Cámara o Confederación que lo solicite y que se vincule comercialmente con el sector primario, considerando los siguientes aspectos:
a) Oportunidad en la expedición de las facilidades a fin de evitar colocar a estos contribuyentes en expectativa e inseguridad jurídica, permitiendo el desarrollo de las actividades del sector bajo un margen de estabilidad y seguridad.
b) Distinguir las diferencias de operación entre los miembros de la propia Confederación.
c) Distinguir entre los miembros de la Confederación el tipo de productos que comercializan y la zona geográfica en la que la llevan a cabo.
3. Establecer mesas de trabajo intersecretariales en las que participen las diferentes autoridades que de forma directa o indirecta tengan injerencia en los temas o aspectos que puedan determinar un régimen proporcional y equitativo para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los sectores primario y de abasto, tales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Gobernación (SEGOB) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a efecto de conocer con precisión la realidad que impera en el campo mexicano, el porcentaje real de la población rural susceptible de ser inscrito al RFC, así como cualquier dato o factor que sea determinante en la solución de la problemática, tales como el número de operaciones realizadas por los sectores, montos de sus actos comerciales, incorporación a la tecnología, etc. Asimismo se deberán escuchar las opiniones de organismos no gubernamentales especializados en la materia, tales como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC).
4. Se conmina a todas las autoridades involucradas con los sectores primario y de abasto, así como en los temas de seguridad y soberanía alimentaria; a considerar la potencial problemática que en las próximas décadas puede enfrentar nuestro país y en ese sentido, coordinarse a efecto de tomar medidas encaminadas a impulsar su desarrollo a través del otorgamiento de subsidios, asesoría y sobre todo, de disposiciones legales justas y accesibles que fomenten su desarrollo y consideren sus carencias y debilidades.
Registro: 2005155
Localización: Publicación: viernes 13 de diciembre de 2013 13:20 h
Tesis: IV.1o.A. J/4 (10a.)
Pag: 980
PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN EL AMPARO. VULNERA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SI SU DESAHOGO IMPLICA QUE LA AUTORIDAD IRRUMPA EN LA CONTABILIDAD DEL QUEJOSO, SIN QUE MEDIE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN LAS LEYES FISCALES. Del citado precepto constitucional se advierte que nadie podrá ser molestado en su domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; precisa, además, que la autoridad administrativa podrá exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas. Así, el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación faculta a las autoridades hacendarias para realizar revisiones de gabinete o escritorio a fin de verificar si el contribuyente cumple con las disposiciones fiscales, de tal suerte que no es válido que con la justificación de practicar una prueba pericial en materia contable, ofrecida por la autoridad responsable, se pretenda cerciorar del cumplimiento de obligaciones fiscales de su contraparte, pues ello implica una facultad de comprobación ajena a las previstas en dicho precepto y, por ende, un acto de molestia violatorio del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, de realizarse la revisión que envuelve la prueba en cuestión, implicaría un daño no reparable en la sentencia definitiva, pues si en su desahogo el perito encuentra o descubre hechos que originen una posible responsabilidad y los diera a conocer, ello, sin duda, se constituiría en un medio diverso para acceder a su contabilidad, sin que el juzgador pueda repararlo en la sentencia definitiva, al no estar facultado para corregir o exculpar dicha situación, en tanto que su sentencia debe constreñirse al examen de legalidad o constitucionalidad que se le haya planteado en relación con los actos reclamados. En consecuencia, permitir el desahogo de la prueba pericial aludida, implicaría establecer que, ante la promoción de una demanda de amparo, la autoridad pueda revisar la contabilidad del quejoso como si estuviera ejerciendo una facultad de comprobación, pero sin cumplir con los requisitos legales ni constitucionales, sólo bajo el sustento de que como parte en el juicio de amparo, tiene derecho a ofrecer las pruebas que estime conducentes, lo que, como se dijo, no podría repararse en la sentencia definitiva, ni siquiera ante una eventual concesión del amparo, ya que tal revisión en sí no puede retrotraerse, peor aún, si se llegara a sobreseer el juicio.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 02 de enero de 2014.
Registro: 2005088
Localización: Publicación: viernes 06 de diciembre de 2013 06:00 h
Tesis: VI.1o.A.61 A (10a.)
Pag: 1212
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE. AL NO EMITIR RESOLUCIONES VINCULANTES, NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se obtiene que las resoluciones dictadas por este organismo, al conocer de las quejas interpuestas por los contribuyentes en contra de autoridades fiscales federales, no vinculan a éstas ni al particular, ya que aun si se emite alguna recomendación a la autoridad, ésta no está obligada a acatarla, además de que lo resuelto en dicha queja no crea, modifica o extingue alguna situación jurídica, pues la resolución primigenia (que motivara la queja), subsiste en cuanto a las afirmaciones en ella contenidas. Por tanto, dicha procuraduría no es autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2013.
Registro: 2005178
Tesis: XVI.1o.A.T.30 A (10a.)
Pag: 1119
DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE O LAS QUE PROCEDAN CONFORME A LAS LEYES FISCALES. SISTEMATIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ. De conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, constituye un derecho de los contribuyentes solicitar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente al fisco federal o las que procedan conforme a las leyes fiscales, y una obligación de la autoridad tributaria responder congruentemente la petición, en tres diferentes sentidos: acceder a la devolución (total o parcial), negarla y tener al interesado por desistido. Consecuentemente, el contenido del aludido precepto debe sistematizarse en los términos siguientes: 1. Recibida la solicitud, la autoridad debe analizar si cuenta o no con los elementos necesarios para responder el fondo, es decir, si tiene a su alcance toda la información y/o documentación que la respalde. 2. Corroborado lo anterior, dará respuesta de manera afirmativa o negativa o mixta. 3. Si de la revisión de los datos y soporte documental aportados deriva la imposibilidad para pronunciarse sobre el fondo, la autoridad está obligada a requerir del interesado aquello que le permita definir si es o no procedente la devolución, a lo que deberá cumplir el contribuyente en un plazo de veinte días. 4. Ante ello pueden darse dos escenarios: a) que el solicitante sea omiso en atender el requerimiento, o b) que cumpla con lo pedido, aportando información y/o documentación. 5. En el primer supuesto, es claro que la sanción jurídica correspondiente consiste en tenerlo por desistido, ante su falta de interés. 6. En la segunda pueden generarse dos situaciones: a) que el cumplimiento sea total, o b) que se dé un cumplimiento parcial. 7. El cumplimiento total posibilita a la autoridad para atender la petición, pero a su vez la faculta y obliga a responderla, es decir, se ve conminada a decidir la procedencia o improcedencia de la devolución. 8. El cumplimiento parcial exige a la autoridad realizar un segundo requerimiento (diez días), donde especifique qué datos, información o documentación omitidos, le son indispensables para decidir el fondo. Hipótesis que se traduce en la facultad reglada de requerir por segunda ocasión al interesado, lo cual implica que una vez actualizado este supuesto, la autoridad no tiene la opción de decidir si ejerce o no dicha potestad, sino que debe, invariablemente, llevarla a cabo. 9. Materializado el segundo requerimiento, el solicitante puede cumplirlo o no. 10. El cumplimiento implica que la autoridad cuenta con toda la información y soporte relativo, que le permite responder la petición, por lo que es su obligación pronunciarse si procede o no la devolución. 11. Finalmente, el incumplimiento o cumplimiento deficiente, trae como sanción el desistimiento, cuyo pronunciamiento debe expresar las razones que lo justifiquen.
Amparo directo 264/2013. Francisco Arias Salas. 4 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Ramón Lozano Bernal.
Registro: 2005182
Tesis: XI.1o.A.T.16 A (10a.)
Pag: 1127
EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES ANÓNIMAS DE CAPITAL VARIABLE. SUS DETERMINACIONES QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN UNA SITUACIÓN JURÍDICA PREEXISTENTE, MEDIANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD. Si una empresa de participación estatal mayoritaria constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable, en su calidad de integrante de la administración pública paraestatal, acorde con los artículos 1o. y 3o., fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, efectúa actos en representación del Estado Mexicano, por tener a su cargo la prestación de determinados servicios, por sí o a través de terceros mediante el contrato respectivo, que crean, modifican o extinguen una situación jurídica preexistente, mediante la sustanciación de un procedimiento administrativo en el cual otorga la oportunidad de ofrecer y rendir pruebas, además de expresar los argumentos y, posteriormente, una vez que recabó las consultas u opiniones que consideró pertinentes, tomó una determinación, tal empresa actúa como autoridad, pues, unilateralmente, en uso de las facultades que derivan tanto del título de concesión que implica la prestación de un servicio público, que originalmente corresponde al Estado Mexicano, conforme a su naturaleza y a que se erige como un ente híbrido, en cuanto a que, por un lado, se constituye como una Sociedad Anónima de Capital Variable de participación estatal mayoritaria (no cualquier sociedad mercantil) y, por otro, asume funciones que son propias del Estado, tomando en cuenta que por sí o ante sí, en ejercicio de una potestad administrativa, el cual es de carácter irrenunciable, ejerce facultades decisorias que afectan a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, en función de ello, dichos actos no pueden quedar al margen del control de legalidad y, por lo mismo, son impugnables mediante el juicio de nulidad, en términos del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Registro: 2005197
Tesis: I.4o.A.23 K (10a.)
Pag: 1198
OMISIÓN LEGISLATIVA. NO PUEDE OPONERSE COMO EXCUSA PARA EL INCUMPLIMIENTO DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. En la exposición de motivos del proyecto de decreto que reforma los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente estableció que los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, deben reconocerse y tutelarse como normas programáticas pero exigibles individual o colectivamente, con plena eficacia jurídica, debiendo contar con garantías adecuadas para su protección. Para lograr ese objetivo, entre otros medios, se dispuso la atribución de los tribunales de la Federación para resolver en amparo toda controversia que se suscite no sólo por normas generales y actos de autoridad, sino también por omisiones en que incurran los poderes públicos al desarrollar los derechos sociales, ya que dada su naturaleza prestacional, las omisiones son su principal medio de violación, expresándolo así el Constituyente como un mandato claro y categórico, precisándose que la protección de los derechos fundamentales es independiente de su carácter individual o social. Ahora bien, con motivo de la mencionada reforma, en la Ley de Amparo se contempla que a través del juicio de amparo se proteja a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares, ya sea que se promueva individual o conjuntamente por dos o más personas -colectivamente-, tal es el caso de los derechos colectivos, cuya naturaleza es la supraindividualidad e indivisibilidad, elaborando así el concepto de afectación común, el que resulta básico para la operatividad de la protección a los derechos sociales que, por su naturaleza, inciden en un colectivo. Asimismo, en el artículo 77 de la citada ley se establece expresamente que los efectos de la concesión del amparo pueden versar respecto de actos de carácter omisivo. En esa medida, se colige que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario que por mandato constitucional puede tener por objeto la solución de controversias de actos de naturaleza omisiva. Lo anterior, en consonancia con la nueva redacción del artículo 1o. constitucional, específicamente en su párrafo tercero, en el cual se estipula que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo que de suyo implica, por parte del legislador, el desarrollo de leyes que doten de contenido y eficacia este imperativo constitucional, que protejan y garanticen el abanico de derechos que prevé la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues el propósito fundamental es hacer operativos, en el plano fáctico, los derechos humanos a través de leyes secundarias que recojan los valores, principios y fines de dichas prerrogativas fundamentales. Por lo anterior, una omisión legislativa no puede oponerse como excusa para incumplir un precepto constitucional, argumentando dificultad o incompatibilidad con los efectos en cuanto al cumplimiento de una eventual concesión del amparo, lo que redundaría en una violación al derecho de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 constitucional, que debe reflejarse en la disponibilidad de recursos efectivos, sencillos y rápidos para dar respuesta y tutela restaurativa a cualquier violación.
Amparo en revisión 76/2013. Administración Local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal y otra. 6 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretarios: Mayra Susana Martínez López y Marco Antonio Pérez Meza.
Registro: 2005238
Tesis: 2a./J. 152/2013 (10a.)
CERTIFICADO DE DERECHOS EMITIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. DEBE EXHIBIRLO EN ORIGINAL SI LO OFRECE PARA DEMOSTRAR SUS EXCEPCIONES, CUANDO ES DEMANDADO COMO ENTE ASEGURADOR. Al Instituto Mexicano del Seguro Social corresponde probar las cotizaciones del trabajador en caso de controversia en un juicio en el que se le demande como ente asegurador; en ese tenor, si para demostrar sus excepciones ofrece el certificado de derechos que él expide, acorde con la interpretación sistemática de los artículos 776 a 784, 795 a 798, 801, 803, 807, 810 y 811 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, y con diversos criterios jurisprudenciales de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta inconcuso que debe exhibirlo en original, para cumplir con la obligación que el indicado ordenamiento impone a las partes de aportar los documentos originales que estén a su disposición. Lo anterior es así, porque el Instituto expide esa documental a través de sus órganos competentes, con base en la información que tiene en su poder -físicamente o en una base de datos- sobre movimientos afiliatorios y de cotización de los asegurados; de ahí que si exhibe dicha documental en copia simple no procede su perfeccionamiento mediante una diligencia de cotejo y compulsa, porque su desahogo retardaría la impartición de justicia que, conforme al postulado del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser pronta, completa e imparcial.
Contradicción de tesis 157/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Tercero del Primer Circuito y Tercero del Tercer Circuito, ambos en Materia de Trabajo. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: María Enriqueta Fernández Haggar.
Tesis de jurisprudencia 152/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de octubre de dos mil trece.
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de enero de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Registro: 2005174
Tesis: XVIII.4o.22 L (10a.)
Pag: 1112
Amparo directo 758/2012. Juan Hernández García. 15 de marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Franco Luna, Juez de Distrito en el cargo de Magistrado de Circuito. Secretaria: María Teresa Aguilar Lombard.
Amparo directo 30/2013. Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos. 19 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Franco Luna, Juez de Distrito en el cargo de Magistrado de Circuito. Secretaria: Cristina Reyes León.
Amparo directo 225/2013. Onasis Cacique Almanza. 3 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hernández García. Secretaria: Lorena Domínguez Ávalos.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria apartir del jueves 02 de enero de 2014.
Registro: 159822
Tesis: P. X/2013 (9a.)
DERECHO AL MÍNIMO VITAL. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN MARGEN DE LIBRE CONFIGURACIÓN EN CUANTO A LOS MECANISMOS QUE PUEDE ELEGIR PARA SALVAGUARDARLO. Si bien es cierto que el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos demanda que las manifestaciones de capacidad económica no idóneas para contribuir no las afecte el sistema fiscal -y, adicionalmente, que el impacto económico representado por los tributos no debe dejar de valorar las necesidades variadas que en cada caso influyen en la cobertura de las necesidades elementales, ajustándose ello a los diversos niveles de capacidad contributiva, cuando ésta ya permite la imposición de gravámenes-, también lo es que la consecución de tales objetivos no debe sujetarse a los efectos de una particular figura jurídica. En ese sentido, el principio de capacidad contributiva, a través del reconocimiento del derecho al mínimo vital, no demanda necesariamente la incorporación de una exención generalizada en el impuesto sobre la renta, o bien, una deducción también de carácter general, pues corresponde al legislador tributario diseñar el régimen legal del gravamen y, en lo que hace a este tema, definir si en un momento determinado resulta más adecuado a las finalidades del sistema fiscal, o más acorde con la realidad económica, un mecanismo u otro. Además, el fenómeno financiero es más complejo que el aspecto impositivo, por lo que el respeto al derecho al mínimo vital no debe implicar, única y exclusivamente, liberaciones de gravamen o la introducción de figuras que aminoren el impacto de los tributos, pues en la medida en que el Estado provea directamente satisfactores para las necesidades más elementales, puede quedar autorizado el establecimiento de contribuciones. En consecuencia, para cumplir con los requerimientos del derecho al mínimo vital como expresión del principio de proporcionalidad tributaria, el legislador cuenta con un margen de libre configuración, de ahí que pueden servir figuras tan dispares como las exenciones generales -o acotadas bajo algún criterio válido-, las deducciones generalizadas, las deducciones específicas por concepto o la valoración de condiciones sistémicas -como puede ser la existencia de tratamientos favorables en otras contribuciones, inclusive, las indirectas-, tomando en cuenta que también aportan elementos para el juicio que se efectúe en relación con el grado de cumplimiento con dicho derecho, la forma en la que el Estado social distribuya sus recursos, verificando la medida en la que las asignaciones directas o subsidios pueden tener un impacto en los más necesitados, valorando cómo inciden unas y otros en la tributación de estos grupos.
Amparo en revisión 2237/2009. Gerardo González Jaime y otros. 19 de septiembre de 2011. Mayoría de seis votos; votaron con reservas: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, Luis María Aguilar Morales, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Fanuel Martínez López, Gabriel Regis López, Juan Carlos Roa Jacobo, Gustavo Ruiz Padilla y Jesicca Villafuerte Alemán.
Amparo en revisión 24/2010. Marco Antonio Palma Coca y otros. 19 de septiembre de 2011. Mayoría de seis votos; votaron con reservas: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, Luis María Aguilar Morales, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Fanuel Martínez López, Gabriel Regis López, Juan Carlos Roa Jacobo, Gustavo Ruiz Padilla y Jesicca Villafuerte Alemán.
Amparo en revisión 121/2010. Silvia Elizabeth Miguel Sandoval. 19 de septiembre de 2011. Mayoría de seis votos; votaron con reservas: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, Luis María Aguilar Morales, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Fanuel Martínez López, Gabriel Regis López, Juan Carlos Roa Jacobo, Gustavo Ruiz Padilla y Jesicca Villafuerte Alemán.
Amparo en revisión 204/2010. Ángel Alpizar Enciso y otros. 19 de septiembre de 2011. Mayoría de seis votos; votaron con reservas: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, Luis María Aguilar Morales, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Fanuel Martínez López, Gabriel Regis López, Juan Carlos Roa Jacobo, Gustavo Ruiz Padilla y Jesicca Villafuerte Alemán.
Amparo en revisión 507/2010. Saúl González Jaime y otros. 19 de septiembre de 2011. Mayoría de seis votos; votaron con reservas: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, Luis María Aguilar Morales, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Fanuel Martínez López, Gabriel Regis López, Juan Carlos Roa Jacobo, Gustavo Ruiz Padilla y Jesicca Villafuerte Alemán.
El Tribunal Pleno, el siete de noviembre en curso, aprobó, con el número X/2013 (9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de noviembre de dos mil trece.
Registro: 159821
Tesis: P. VI/2013 (9a.)
DERECHO AL MÍNIMO VITAL. EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO, TIENE FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el derecho de los trabajadores que perciben una suma equivalente al salario mínimo, a que no se les impongan contribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, no debe perderse de vista que dicho criterio se limitó a discernir sobre los casos en los que los trabajadores no deberían ver mermado su patrimonio con descuentos, sin pretender una proyección de tal criterio a otros rubros de ingreso. En ese sentido, el derecho al mínimo vital no es una prerrogativa exclusiva de la clase trabajadora, ni su contenido se agota al exceptuar de embargo, compensación o descuento al salario mínimo; por el contrario, aquél ejerce una influencia que trasciende ese ámbito y, en lo relativo a la materia tributaria, deriva del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, los diversos postulados desarrollados por este Tribunal Constitucional en relación con el principio de proporcionalidad tributaria permiten apreciar que el derecho al mínimo vital, desde una óptica tributaria, encuentra sustento en dicho precepto constitucional y tiene una proyección más amplia de la que le correspondería si se encontrara acotado a quienes obtienen ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Así, el referido derecho se configura como directriz para el legislador, por cuya virtud debe abstenerse de imponer contribuciones a determinados conceptos o ingresos, cuando ello implique dejar a la persona sin medios para subsistir. En consecuencia, como el derecho al mínimo vital en el ámbito tributario encuentra asidero en el citado artículo 31, fracción IV, constitucional, puede precisarse que lo establecido en la fracción VIII del apartado A del artículo 123 de ese ordenamiento fundamental, en el sentido de que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento, no es más que la manifestación de dicho derecho, de proyección más amplia, en la materia laboral y, específicamente, para el caso de los trabajadores que perciben dicho salario.
El Tribunal Pleno, el siete de noviembre en curso, aprobó, con el número VI/2013 (9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de noviembre de dos mil trece.
Registro: 159820
Tesis: P. VII/2013 (9a.)
El Tribunal Pleno, el siete de noviembre en curso, aprobó, con el número VII/2013 (9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de noviembre de dos mil trece.
Registro: 159819
Tesis: P. VIII/2013 (9a.)
DERECHO AL MÍNIMO VITAL. SUS ALCANCES EN MATERIA TRIBUTARIA. Existen diversas acepciones de lo que debe entenderse por derecho al mínimo vital en el ámbito tributario, sin que exista una posición unánime al respecto. Sin embargo, puede apreciarse una misma postura en cuanto a la forma en la que ese derecho, como derivación del principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca resguardar los signos de capacidad económica -mas no contributiva, en tanto no resulta idónea para tal fin- destinados a satisfacer necesidades primarias, de manera que en tanto se supere ese nivel mínimo, la auténtica capacidad contributiva del causante impone la necesidad de aportar al sostenimiento de los gastos públicos, en cumplimiento a la obligación establecida en el precepto referido. En ese sentido, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el derecho al mínimo vital se configura, desde el punto de vista tributario, como una proyección del principio de proporcionalidad tributaria y entraña una garantía de las personas, por virtud del cual el legislador, al diseñar el objeto de las contribuciones e identificar la capacidad idónea para contribuir, debe respetar un umbral libre o aminorado de tributación, según sea el caso, correspondiente a los recursos necesarios para la subsistencia de las personas, en el cual le está vedado ejercer sus facultades por no estar legitimada constitucionalmente la imposición de gravámenes sobre ese mínimo indispensable, es decir, un derecho por cuya virtud las personas no serán llamadas a contribuir en tanto no satisfagan sus necesidades más elementales, correlativo al deber del legislador de respetar este límite.
Amparo en revisión 2237/2009. Gerardo González Jaime y otros. 19 de septiembre de 2011. Mayoría de siete votos; votaron con salvedades: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Fanuel Martínez López, Gabriel Regis López, Juan Carlos Roa Jacobo, Gustavo Ruiz Padilla y Jesicca Villafuerte Alemán.
Amparo en revisión 24/2010. Marco Antonio Palma Coca y otros. 19 de septiembre de 2011. Mayoría de siete votos; votaron con salvedades: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Fanuel Martínez López, Gabriel Regis López, Juan Carlos Roa Jacobo, Gustavo Ruiz Padilla y Jesicca Villafuerte Alemán.
Amparo en revisión 121/2010. Silvia Elizabeth Miguel Sandoval. 19 de septiembre de 2011. Mayoría de siete votos; votaron con salvedades: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Fanuel Martínez López, Gabriel Regis López, Juan Carlos Roa Jacobo, Gustavo Ruiz Padilla y Jesicca Villafuerte Alemán.
Amparo en revisión 204/2010. Ángel Alpizar Enciso y otros. 19 de septiembre de 2011. Mayoría de siete votos; votaron con salvedades: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Fanuel Martínez López, Gabriel Regis López, Juan Carlos Roa Jacobo, Gustavo Ruiz Padilla y Jesicca Villafuerte Alemán.
Amparo en revisión 507/2010. Saúl González Jaime y otros. 19 de septiembre de 2011. Mayoría de siete votos; votaron con salvedades: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Fanuel Martínez López, Gabriel Regis López, Juan Carlos Roa Jacobo, Gustavo Ruiz Padilla y Jesicca Villafuerte Alemán.
El Tribunal Pleno, el siete de noviembre en curso, aprobó, con el número VIII/2013 (9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de noviembre de dos mil trece.
VII-TASR-NOII-27
NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN EL ACTA RELATIVA SE ASIENTE LA IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO CON QUIEN SE ENTIENDE, ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR COLMADO EL VÍNCULO QUE TIENE ESTE CON EL CONTRIBUYENTE.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 80/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Julio de 2009, página 404, estimó que cuando la notificación se entiende con las personas que habitan en el domicilio, como los familiares o empleados domésticos, o con las que habitual o temporalmente están ahí, como los trabajadores, se cumple con el requisito de circunstanciación si se asienta el vínculo de tales personas con el contribuyente, lo cual ofrece garantía de que le informarán sobre la notificación. En congruencia con lo anterior, para cumplir con el requisito de circunstanciación de la indicada diligencia cuando se entiende con un tercero, resulta indispensable que el notificador asiente en el acta correspondiente que habiendo requerido la presencia del contribuyente o de su representante legal, este no lo esperó a la hora señalada en el citatorio previo, de lo cual se cercioró por la información que a ese respecto le proporcionó la persona con quien llevó a cabo la diligencia, de quien asentó su nombre y el vínculo que tiene con el contribuyente, sin que pueda pensarse que este último requisito (vínculo) quede salvado con la identificación del tercero, y que ello dé certeza de que la diligencia fue entendida con una persona que no estaba en el domicilio por una cuestión accidental; lo anterior es así, pues el hecho de que haya quedado debidamente circunstanciada la identificación del tercero con el que se entendió la diligencia, solo puede generar certeza en cuanto a la identidad de la persona y su localización, más, ello no puede implicar que quede colmado el vínculo o relación que guarda este con el contribuyente, pues tal requisito no se desprende de una identificación, sino que tiene que obtenerse por parte del notificador y asentarse en el acta relativa.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 29. Diciembre 2013. p. 381
VII-TASR-2OC-26
PRECLUSIÓN PROCESAL. SU ACTUALIZACIÓN TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- Si en un fallo dictado por una Sala Regional solo se declaró la nulidad de la resolución determinante, implica que el procedimiento de fiscalización, se encuentra incólume, por consiguiente, en un nuevo juicio, en el que se controvierta la resolución emitida en cumplimiento, el demandante no podrá esgrimir conceptos de impugnación tendientes a desvirtuar el procedimiento de auditoría que le dio origen, toda vez que el momento procesal oportuno lo era el juicio que le antecede, lo anterior si toma en cuenta que la preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados. En efecto, las partes tienen la carga de hacer valer, en la fase procesal oportuna, todos los fundamentos de hecho de la acción que ejercitan; y de ofrecer y de rendir las pruebas necesarias en que apoyan sus pretensiones, incluso hasta a exponer cuestiones ad cautelam, so pena de que precluya su derecho, por lo que se concluye que un concepto de impugnación es inoperante si contiene argumentos sobre cuestiones que no se plantearon en el juicio de alzada, cuando en el juicio de origen se declaró la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1363/09-07-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de junio de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alfredo Ureña Heredia.- Secretaria: Lic. Yazmín Rodríguez Aguilar.- Encargado de la elaboración de la tesis: Lic. David Fernando Castillón Dueñas.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 29. Diciembre 2013. p. 394.
VII-TASR-3HM-5
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. CUANDO UN BIEN ADQUIRIDO DURANTE EL MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, PERTENECE A AMBOS CÓNYUGES, ES LEGAL EL EMBARGO TRABADO SOBRE ESE BIEN EN LA PARTE PROPORCIONAL, AUN Y CUANDO UNO DE LOS CÓNYUGES NO SEA A QUIEN SE FINCÓ EL CRÉDITO FISCAL Y SEÑALE SER EL ÚNICO PROPIETARIO CON UN CONVENIO DE DACIÓN DE PAGO, AL SER ESTE INSUFICIENTE PARA TAL EFECTO.- Conforme a los artículos 4.27 y 4.29 del Código Civil para el Estado de México, la sociedad conyugal comprende todos los bienes que adquieran los cónyuges, individual o conjuntamente durante la vigencia de la misma, dicha sociedad se regirá por las capitulaciones matrimoniales y a falta de ellas, los bienes adquiridos durante el matrimonio son propiedad de ambos cónyuges en partes iguales. Lo anterior significa que el dominio de los bienes que la integran corresponde a ambos consortes en igual proporción, por lo que si en juicio no se controvierte el hecho de que no existen capitulaciones matrimoniales y uno de los cónyuges pretende acreditar ser el único propietario del bien embargado con un convenio de dación de pago, el mismo es insuficiente para tal efecto, pues la sociedad conyugal no se liquida con un convenio de dación de pago. Por lo tanto, si la autoridad embarga la parte proporcional de un bien de los consortes, es legal su actuación.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5044/12-11-03-5.- Resuelto por la Tercera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de enero de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Rosa María Corripio Moreno.- Secretario: Lic. Miguel Ángel González Bárcenas.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 29. Diciembre 2013. p. 397.
VI-TASR-XXVIII-27
NOMBRES DE LOS TRABAJADORES. NO ES NECESARIO CITARLOS EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, CUANDO LAS CUOTAS SE DETERMINAN DE MANERA PRESUNTIVA.- El numeral 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, se desprende que cuando los patrones no entreguen al Instituto la documentación requerida, este fijará en cantidad líquida los créditos cuyo pago se haya omitido, de manera presuntiva, aplicando en su caso, los datos con los que cuente y los que de acuerdo con sus experiencias considere como probables. En ese sentido, cuando la determinación obedece a los elementos que de acuerdo a las experiencias del Instituto, como son los avisos mediante los cuales se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores o porcentajes de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que anualmente se publican en el Diario Oficial de la Federación, porque así lo establecen la fracción II y antepenúltimo párrafo del precepto legal en comento, inconcuso resulta que la autoridad no tiene acceso a los nombres de los trabajadores que trabajaron en la obra, y por ende, no puede citar sus nombres en la propia resolución impugnada. En ese orden de ideas, la falta de dichos nombres en la resolución combatida no es suficiente para restarle validez, pues se insiste su determinación se realizó en forma presuntiva acorde a lo dispuesto por el numeral 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1191/10-07-02-7.- Resuelto por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de junio de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor por Ministerio de Ley: José Limón Gallegos.- Secretaria: Lic. Yazmín Rodríguez Aguilar.- Tesis: Magistrado Alfredo Ureña Heredia.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 28. Noviembre 2013. p. 289.
VII-TASR-CA-61
CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL.- SURTIMIENTO DE EFECTOS DEL. TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES SUJETOS A FACULTADES DE COMPROBACIÓN.- De acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación los contribuyentes están obligados, entre otras cosas, a manifestar al Registro Federal de Contribuyentes su domicilio fiscal; además, se dispone que en caso de cambiarlo deben presentar el aviso correspondiente dentro del mes siguiente al día en el que tenga lugar dicho cambio, salvo que al contribuyente se le hayan iniciado facultades de comprobación y no se le haya notificado la resolución a que se refiere el artículo 50 de dicho Código, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo a dicho cambio con cinco días de anticipación. En consecuencia cuando un contribuyente al que se le han iniciado facultades de comprobación, presenta su aviso de cambio de domicilio fiscal, este, surte efectos cinco días después al de su presentación y no al momento en que se hizo, por lo que si la autoridad fiscal lleva a cabo la notificación del oficio de observaciones en el domicilio primigenio, dentro de los 5 días siguientes a la presentación del aviso, la misma debe tenerse como debidamente hecha ahí, pues en estricto sentido, el cambio de domicilio aún no era efectivo y por ende, no estaba obligada la autoridad a actuar en el nuevo domicilio.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 29. Diciembre 2013. p. 410.
VII-TASR-PE-29
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. EL TERCERO QUE AFIRME SER PROPIETARIO DE UN BIEN EMBARGADO, ESTÁ LEGITIMADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA HACER VALER CONCEPTOS DE ILEGALIDAD EN CONTRA DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA.- El artículo 128 del Código Fiscal de la Federación no restringe en forma alguna la facultad para que los terceros en su demanda hagan valer todos los conceptos de ilegalidad que estimen pertinentes, sin limitárseles a acreditar la propiedad de los bienes embargados; lo anterior no puede ser de otra forma, pues asiste el derecho de la persona a la cual se le requirió de pago y embargo, así como el del tercero al que se le embargó un bien en la diligencia respectiva, de hacer valer los conceptos de impugnación que consideren pertinentes, pues es claro que con independencia de que para el tercero la intención primordial sea el acreditar que el bien embargado es de su propiedad, para así demostrar que el embargo es ilegal, también lo puede ser el demostrar que los actos que antecedieron al acto de trabar el embargo son ilegales, pues finalmente el resultado al que se arribó con toda esa serie de actos fue el de afectar un bien de su propiedad, de donde se sigue que los terceros sí pueden hacer valer agravios en contra de cualquier acto emitido dentro del procedimiento administrativo de ejecución, que concluyó con el embargo de un bien de su propiedad, pues lo cierto es que todos ellos, en su conjunto, terminaron por afectar su esfera jurídica; lo que no puede hacer, por no estar legitimado, es combatir el origen del crédito fiscal ya que esa inconformidad es propia del deudor directo, así como toda cuestión relacionada con este.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 828/12-16-01-3.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de mayo de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Omar García Huante.- Secretaria: Lic. Ligia Elena Aguayo Martín.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 29. Diciembre 2013. p. 406.
31/2013/CTN/CS-SPDC
DECLARACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES. ERRORES FORMALES. AUN CUANDO LA
AUTORIDAD LOS CONSTATE, DEBE ATENDER A LA SITUACIÓN DE FONDO PARA DETERMINAR SU SITUACIÓN FISCAL. Si bien la legislación fiscal establece una serie de requisitos formales que deberán observar los contribuyentes en la presentación de declaraciones fiscales, al valorar dichos documentos la autoridad fiscalizadora está obligada a atender el contenido del artículo 1° constitucional, conforme al cual toda interpretación a las normas jurídicas deberá realizarse considerando que los derechos fundamentales se rigen por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, debiendo favorecerse en todo momento a las personas la protección más amplia. En este sentido, es criterio de esta Procuraduría, que cuando en la presentación de una declaración de Impuesto al Valor Agregado por error se registre el monto a pagar en un campo distinto al de ese impuesto, como puede ser el del Impuesto al Activo, ello no debe dar lugar a que la autoridad considere que se omitió el pago de aquel impuesto, pues errores de forma como el descrito no modifican ni demeritan el cumplimiento de la obligación fiscal que el contribuyente intentó satisfacer; es decir, no afectan el cumplimiento de deberes contributivos.
Recomendación 15/2013.
32/2013/CTN/CS-SPDC
VALOR PROBATORIO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA BASE DE DATOS DE LA AUTORIDAD FISCAL. El artículo 63 del Código Fiscal de la Federación establece la facultad de la autoridad fiscal para motivar sus resoluciones en hechos que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso u obren en su poder; sin embargo, dicho dispositivo debe ser interpretado armónicamente con el diverso 68 del mismo ordenamiento legal, para concluir que en aquellos casos en que el contribuyente sujeto a fiscalización niegue lisa y llanamente las operaciones que un tercero manifestó ante la autoridad fiscal a través de una declaración informativa y con base en la cual se pretende atribuirle el incumplimiento de obligaciones fiscales, entonces a dicha información no deberá otorgarse la calidad de prueba plena sino relacionarla con diversos medios de convicción que reflejen la materialidad y veracidad del hecho generador, a fin de no violentar la garantía de seguridad jurídica del pagador de impuestos, quien legalmente se encuentra relevado de demostrar hechos negativos.
BOLETIN INFORMATIVO GRUPO ONCE ENERO 2014
BOLETÍN INFORMATIVO: MAYO 2013