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Timestamp: 2020-01-29 07:34:59
Document Index: 265179486

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 63', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 96', 'artículo 93', 'artículo 7', 'artículo 32', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 32', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 22']

diariolaley - Documento relacionado Consulta Vinculante V2113-19, de 12 de agosto de 2019 de la Subdireccion General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Publicos
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Consulta Vinculante V2113-19, de 12 de agosto de 2019 de la Subdireccion General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Publicos
LA LEY 2269/2019
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. Imposibilidad de discriminar a los contribuyentes residentes y no residentes. Tributación por obligación real. El sujeto por obligación real aplicará los criterios establecidos por la Ley 29/1987 con carácter general para la persona sujeta por obligación personal en cuestiones de reducciones en la base imponible, tarifa impositiva o el coeficiente multiplicador. Residentes en países extracomunitarios. Gestión del tributo. La presentación de la autoliquidación por los bienes que adquiera situados en España da derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en la que residiera el causante. En caso de no sr el causante residente en ninguna Comunidad Autónoma de España y no existir punto de conexión con ninguna de ellas, el organismo competente para la exacción del impuesto es la Administración Central del Estado, a través de la AEAT.
En sentido equivalente:
La ley aplicable en España para la liquidación de herencias es la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LA LEY 2421/1987) (BOE de 19 de diciembre de 1987) -en adelante, LISD (LA LEY 2421/1987)-, cuyos artículos 6 y 7 disponen lo siguiente:
"Artículo 6.º Obligación personal.
3. Los representantes y funcionarios del Estado español en el extranjero quedarán sujetos a este impuesto por obligación personal, atendiendo a idénticas circunstancias y condiciones que las establecidas para tales sujetos pasivos en las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.".
"Artículo 7.º Obligación real.
A los contribuyentes no incluidos en el artículo inmediato anterior se les exigirá el impuesto, por obligación real, por la adquisición de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza, que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español, así como por la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros sobre la vida cuando el contrato haya sido realizado con Entidades aseguradoras españolas o se haya celebrado en España con Entidades extranjeras que operen en ella.".
Por otra parte, la disposición adicional segunda de la LISD (LA LEY 2421/1987) dispone lo siguiente en su apartado Uno.1:
"Disposición adicional segunda. Adecuación de la normativa del Impuesto a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12 (LA LEY 105622/2014)), y regulación de la declaración liquidación de los contribuyentes que deban tributar a la Administración Tributaria del Estado.
La disposición adicional transcrita, como su propio nombre indica, fue dictada para adecuar la normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE- de 3 de septiembre de 2014, relativa a la conformidad con el derecho comunitario de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LA LEY 2421/1987) español en lo referente a las operaciones sujetas al impuesto en que intervenían no residentes, que tenían un tratamiento diferente a aquellas en las que intervenían residentes exclusivamente, pues mientras en estas los sujetos pasivos del impuesto podían optar por la aplicación de la normativa propia aprobada por las Comunidades Autónomas -y, en consecuencia, disfrutar de los beneficios fiscales aprobados por la Comunidad Autónoma competente-, los no residentes solo podían aplicar la normativa general contenida en la Ley 29/1987 (LA LEY 2421/1987) y su normativa de desarrollo. El TJUE falló en contra de España, determinando que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de los artículos 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (LA LEY 6/1957) y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992, al permitir que se establecieran diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste.
Posteriormente, el Tribunal Supremo ha dictado, entre otras, las sentencias 242/2018, de 19 de febrero de 2018, 488/2018, de 21 de marzo de 2018, y 492/2018, de 22 de marzo de 2018 (LA LEY 16498/2018), sobre responsabilidad patrimonial del Estado legislador, derivada de la aplicación de la normativa estatal del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, contraria al Derecho de la Unión Europea, según sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014. En estas sentencias, procedentes de recursos interpuestos por ciudadanos residentes en países terceros no pertenecientes a la UE ni al EEE, el Tribunal Supremo ha determinado que, conforme a la jurisprudencia del TJUE, los efectos de la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014, resultan aplicables a los residentes en países extracomunitarios. La base fundamental de la argumentación del Tribunal Supremo reside en el criterio sostenido por el TJUE en sentencia de 17 de octubre de 2013, sobre la interpretación de los artículos 56 CE (LA LEY 2500/1978) y 58 CE (LA LEY 2500/1978) -Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea- (actuales artículos 63 (LA LEY 6/1957) y 65 TFUE (LA LEY 6/1957) -Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea-).
En este caso, pues, debe tenerse en cuenta lo establecido por el Tribunal Supremo en la sentencia 242/2018, conforme a la cual y de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, el principio de libertad de movimiento de capitales consagrado en el artículo 63 TFUE (LA LEY 6/1957) resulta aplicable no solo a los residentes en Estados miembros de la UE sino también a los residentes en países terceros, como se desprende de la sentencia de 3 de septiembre de 2014. De lo cual cabe concluir que la disposición adicional segunda de la LISD (LA LEY 2421/1987), al limitar su ámbito de aplicación a los residentes en países de la UE o del EEE y excluir a los residentes en países terceros, infringe el Derecho de la UE por resultar contraria a los preceptos que regulan el principio de libertad de movimiento de capitales, el cual, según la jurisprudencia del TJUE, es aplicable igualmente a ciudadanos residentes fuera del EEE.
Sobre los principios de primacía y efecto directo del derecho comunitario sobre el derecho nacional, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LA LEY 1914/2003) (BOE de 18 de diciembre de 2003) -LGT-, que regula las fuentes del ordenamiento tributario, y que dispone lo siguiente:
"Artículo 7. Fuentes del ordenamiento tributario.
b) Por los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de naturaleza tributaria y, en particular, por los convenios para evitar la doble imposición, en los términos previstos en el artículo 96 de la Constitución (LA LEY 2500/1978).
c) Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o supranacionales a los que se atribuya el ejercicio de competencias en materia tributaria de conformidad con el artículo 93 de la Constitución (LA LEY 2500/1978).
Del precepto transcrito se desprende no solo que las normas que dicte la Unión Europea forman parte de las fuentes del ordenamiento jurídico tributario (artículo 7.1.c) de la LGT), sino que incluso tienen prevalencia sobre las normas de Derecho interno, precisamente en virtud de los principios de eficacia y primacía del Derecho comunitario. En este mismo sentido se ha pronunciado el propio Tribunal Constitucional, en su sentencia 145/2012, de 2 de julio de 2012 (LA LEY 106691/2012), en cuyo fundamento jurídico 5 se refiere a la obligación de la Administración Pública de aplicar la norma prevalente y dejar sin efecto la desplazada, aunque esté vigente en los siguientes términos:
"5 […]
Asimismo es pertinente traer a colación la doctrina fijada en la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre (LA LEY 2624/2004), FJ 4, en la que precisamos que la primacía no se sustenta necesariamente en la jerarquía, «sino en la distinción entre ámbitos de aplicación de diferentes normas, en principio válidas, de las cuales, sin embargo, una o unas de ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o prevalente debida a diferentes razones», lo que obliga al Juez nacional o a la Administración pública, en su caso, a aplicar la norma prevalente y a dejar sin efecto a la norma desplazada, aun cuando no haya sido expulsada del ordenamiento interno (algo propio de la Unión Europea como proceso de creación de una unidad política por agregación o unión de Estados)
En el caso planteado, en el que uno de los consultantes es residente en Dubái, conforme a lo anteriormente expuesto, en la adquisición por sucesión "mortis causa", por un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no residente en España-y, por tanto, sujeto a obligación real- deberá presentar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por los bienes que adquiera que se encuentren situados en España y tendrá derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en la que residiera el causante. Los causahabientes residentes en España, deberán presentar la declaración del impuesto por todos los bienes que reciban del causante con independencia de dónde se encuentren situados, al tributar por obligación personal.
Por otra parte, al no ser uno de los consultantes residente en ninguna Comunidad Autónoma de España y no existir punto de conexión con ninguna de ellas, tal y como establece el artículo 32 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre (LA LEY 22770/2009), por la que se regula el sistema de financiación de la Comunidades Autónomas de régimen común, y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, el organismo competente para la exacción del impuesto es la Administración Central del Estado, esto es, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en concreto, la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, Departamento de Sucesiones de no Residentes (C/ Infanta Mercedes, nº 49. Madrid; registro en C/ Lérida, nº 32-34). Los consultantes residentes en España deberán presentar la liquidación en la oficina gestora competente de la Comunidad autónoma donde el causante tuviera su residencia.
En cuanto a las reducciones en la base imponible -artículo 20-, la tarifa impositiva -artículo 21-, o el coeficiente multiplicador -artículo 22-, el consultante sujeto por obligación real aplicará los criterios establecidos por la LISD (LA LEY 2421/1987) con carácter general para la persona sujeta por obligación personal.
Primera: La normativa española que regula el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es contraria a la normativa de la Unión Europea, en tanto en cuanto no respeta el principio de libertad de movimiento de capitales regulado en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (LA LEY 6/1957), que prohíbe todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.
Segunda: Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE sobre el alcance del principio de libertad de movimiento de capitales consagrado en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (LA LEY 6/1957), los efectos de la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014, resultan aplicables a los residentes en países extracomunitarios.
Cuarta: El consultante residente en el Dubái deberá presentar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por los bienes que adquiera situados en España y tendrá derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en la que residiera el causante. Al no ser el causante residente en ninguna Comunidad Autónoma de España y no existir punto de conexión con ninguna de ellas, tal y como establece el artículo 32 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre (LA LEY 22770/2009), por la que se regula el sistema de financiación de la Comunidades Autónomas de régimen común, y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, el organismo competente para la exacción del impuesto es la Administración Central del Estado, esto es, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en concreto, la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, Departamento de Sucesiones de no Residentes (C/ Infanta Mercedes, nº 49. Madrid; registro en C/ Lérida, nº 32-34).
Quinto: Los consultantes residentes en España deberán presentar la liquidación por todos los bienes y derechos que pertenecieran al causante, con independencia del lugar donde se encuentren situados. Se deberán presentar en la oficina gestora competente de la Comunidad autónoma donde el causante tuviera su residencia.
Sexta: En cuanto a las reducciones en la base imponible -artículo 20-, la tarifa impositiva -artículo 21-, o el coeficiente multiplicador -artículo 22-, el consultante sujeto por obligación real aplicará los criterios establecidos por la Ley 29/1987 (LA LEY 2421/1987) con carácter general para la persona sujeta por obligación personal.