Source: http://absta.info/sentencia-c-60512.html
Timestamp: 2019-02-18 01:59:19
Document Index: 87406434

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 10', 'ARTÍCULO 24', 'Artículo 25', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 36', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 36', 'artículo 13', 'artículo 93', 'artículo 3', 'artículo 18', 'Artículo 3', 'Artículo 10', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 36', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 243', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 27', 'artículo 67', 'artículo 1', 'artículo 68']

Referencia: expediente D-8895
Javier Darío Conrado Díaz.
Acción de inconstitucionalidad contra los numerales 3, 6, 10 y 13 del artículo 1° y los artículos 3, 10, 24, 25, 29 y 36 de la Ley 982 de 2005, ‘por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordo ciegas y se dictan otras disposiciones’.
Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil doce (2012)
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el 1° de diciembre de 2011, el ciudadano Javier Darío Conrado Díaz, en su condición de miembro del Grupo de Acciones Públicas de la Pontificia Universidad Javeriana (GAPUJ), presentó acción de inconstitucionalidad contra los numerales 3, 6, 10 y 13 del artículo 1° y los artículos 3, 10, 24, 25, 29 y 36 de la Ley 982 de 2005, ‘por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordo ciegas y se dictan otras disposiciones’.
La demanda fue repartida y admitida para su conocimiento por la Sala Plena, mediante auto de 4 de noviembre de 2011.
Artículo 1o.– Para efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos.
Artículo 3o.– El Estado apoyará las actividades de investigación, enseñanza y difusión de la Lengua de Señas en Colombia al igual que otras formas de comunicación de la población sorda y sordociega, para tal efecto promoverá la creación de escuelas de formación de intérpretes para sordos y sordociegos y la incorporación de la enseñanza de la Lengua de Señas en Colombia en los programas de formación docente especializada en sordos y sordociegos.
Artículo 10.– Las entidades territoriales tomarán medidas de planificación para garantizar el servicio de interpretación a los educandos sordos y sordociegos que se comunican en Lengua de Señas, en la educación básica, media, técnica, tecnológica y superior, con el fin de que estos puedan tener acceso, permanencia y proyección en el sistema educativo.
De los derecho humanos del sordo y sordociego y la integración de su familia
ARTÍCULO 24.– A padres, cónyuges y hermanos de sordos y sordociegos que lo deseen el Estado les proveerá de acceso a la Lengua de Señas Colombiana, a través de los programas de educación bilingüe de sordos.
Artículo 25.– El Gobierno Nacional instituirá programas para que los padres oyentes de niños sordos y sordociegos que usan la Lengua de Señas para comunicarse puedan disponer de tiempo para aprender la Lengua de Señas Colombiana y convivir con la comunidad de sordos y sordociegos. Estos programas incluirán el apoyo económico que sea necesario.
Artículo 28.– Toda forma de represión al uso de una Lengua de Señas, tanto en espacios públicos como en espacios privados, será considerada como una violación al derecho de libre expresión consagrada en la Constitución y será sancionada conforme a la legislación vigente.
Artículo 29.– Toda forma de represión a la congregación y organización pacífica de los sordos y sordociegos señantes, tanto en espacios públicos como en espacios privados, será considerada como una violación al derecho de libre asociación consagrada en la Constitución y será sancionada conforme a la legislación vigente.
Artículo 36.– El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, realizará acciones de promoción de sus cursos entre la población sorda y sordociega y permitirá el acceso en igualdad de condiciones de dicha población previa valoración de sus potencialidades a los diferentes programas de formación. Garantizará el servicio de interpretación para el acceso, permanencia y proyección de los sordos y sordociegos, que se comunican en Lengua de Señas. Asimismo a través de los servicios de información para el empleo establecerá unas líneas de orientación laboral que permita relacionar las capacidades del beneficiario y su adecuación con la demanda laboral.
[…]”1
Javier Darío Conrado Díaz presentó acción de inconstitucionalidad contra los numerales 3, 6, 10 y 13 del artículo 1° y los artículos 3, 10, 24, 25, 29 y 36 de la Ley 982 de 2005, ‘por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordo ciegas y se dictan otras disposiciones’, por considerar que se incurrió en una violación del principio de igualdad (art. 13, CP).
1. La primera parte de la demanda se ocupa de sustentar la violación en la que incurren los artículos 3, 10, 24, 25, 28, 29 y 36 de la Ley 982 de 2005 (Ley de equiparación de oportunidades para personas sordas y sordociegas), al principio constitucional de igualdad (art. 13, CP). Para la demanda las normas acusadas incurrieron en una omisión legislativa, pues se excluyó los derechos de las personas sordas y sordociegas que usan un lenguaje diferente al de señas para comunicarse.
1.1. Luego de hacer referencia a la jurisprudencia constitucional aplicable, la demanda sustenta la omisión legislativa de la siguiente manera,
“a. Que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo
A través de los artículos 10, 24, 25, 28, 29 y 36 de la ley 982 de 2005 el legislador imparte una serie de medidas favorables para los derechos de los sordos y sordociegos. Sin embargo, las mismas disposiciones limitan la protección legal, dejando fuera de su amparo a los sordos y sordociegos que emplean otros lenguajes:
- Artículo 3: en procura de que los sordos señantes reciban una educación armónica con sus necesidades, dispone que el Estado deberá apoyar la incorporación de la enseñanza de la lengua de señas en los programas de formación docente especializada. No obstante lo anterior, la ley excluyó el apoyo estatal a la capacitación de docentes en los otros lenguajes que utiliza la población sorda.
- Artículo 24: define que los familiares de los sordos y sordociegos que emplean el lenguaje de señas cuentan con un programa de educación que les permite mejorar entre los sordos señantes y sus relativos. Sin embargo, el legislador no determinó igual obligación estatal frente a las familias de los sordos que encuentren una vía diferente para expresarse.
- Artículo 25: nuevamente potenciando las relaciones familiares, el artículo determina que el Gobierno debe crear programas y brindar apoyo económico necesario para que los padres de niños sordos y sordociegos puedan aprender a comunicarse con ellos y compartir con otras personas que tengan dificultades auditivas. A pesar de lo anterior, excluye la iniciativa estatal para los eventos en que los niños no se valgan del lenguaje de señas.
- Artículo 28: máxima (sic) su derecho a la libertad de expresión, deja en claro que toda forma de contención al lenguaje empleado por sordos y sordociegos es reprochada por el Estado. No obstante, como en los anteriores eventos, el compromiso legislativo sólo aparece presente en lo que refiere a los sordos señantes.
- Artículo 29: en beneficio de sus derecho de libre asociación, define que toda forma de represión a la congregación y organización pacífica de los sordos será sancionada conforme a la legislación vigentes. Sin embargo, la misma norma limita la protección legal, dejando fuera de su amparo a los sordos y sordociegos que emplean otros lenguajes.
- Artículo 36: en procura de su derecho a la educación, la norma obliga al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para que garantice el acceso, permanencia y proyección de los sordos y sordociegos que se comuniquen en lenguaje de señas y, por ende, requieran de intérpretes. No obstante lo anterior, no presenta igual exigencia frente a los sordos que se comunican por otras vías.
b. Que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta.
En efecto, la protección contenida en los artículos acusados debió contemplarse para todos los sordos y sordociegos, con independencia del lenguaje que empleen para expresarse. Lo anterior, pues tanto los sordos señantes son personas que, por su condición física, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y que, por ende, demandan un especial amparo legislativo de sus derechos de familia, educación, libertad de expresión y de libre asociación.
c. Que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de razón suficiente
Pues bien, no encuentra esta demanda fundamento alguno que permita amparar la distinción que trazan los artículos 10, 24, 25, 28 29 y 36 de la Ley 982 de 2005. En efecto, no se entiende qué motivó al legislador a considerar que los sordos que no emplean el lenguaje de señas no demanda la especial protección estatal. Lo anterior, máxime cuando se recuerda como en la sentencia C-128 de 2002 esta Corporación dejó en claro que en la diferenciación entre sordos señantes y no señantes no persigue finalidad constitucional alguna.
d. Que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados pro las consecuencias de la norma
Cuando el legislador decide restringir el alcance de las medidas adoptadas mediante las referidas normativas de la ley, genera un efecto hermenéutico que no puede ser ignorado. En efecto, el lector de su texto no puede evitar desprender de ellas que al legislador colombiano sólo le interesa adoptar medidas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas que empleen el lenguaje de señas, y sólo desea evitar que se presenten ataques de represarías contra ellos, más no así respecto los sordos no señantes.
En ese sentido, habida cuenta del reconocimiento que se ha hecho del poder simbólico del lenguaje legislativo, esta Corporación se ha preocupado por evitar que a través de él se incorpore al plano jurídico un perjuicio o una discriminación inaceptable o que produzca o reproduzca un efecto social o cultural reprochable desde la vista constitucional. De esta manera, no puede pasar por desapercibido que los artículos demandados, sin justificación alguna, le comunican al pueblo colombiano que sólo los derechos de los sordos señantes son amparados por el Estado.
e. Que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador
Cunado el legislador decidió excluir a los sordos que se comunican oralmente de la protección conferida por las disposiciones acusadas, desconoció que ‘(…) el Estado ha asumido compromisos especiales con las personas con limitaciones auditivas, (…)’ [C-128 de 2002].
[…] En lo que refiere al texto de la Carta, particular claridad ofrecen los dos últimos incisos del artículo 13 Superior […]. || A su turno, tratándose del bloque de constitucionalidad, esto es, de aquellas normas que sin aparecer formalmente en el articulado de la Carta, por mandatos como el consagrado en el artículo 93 Superior, son normativamente integradas a ella, cabe mencionar […] el artículo 3° de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad […]. || Igualmente, es oportuno recordar que el artículo 18 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales […] obliga al Estado a brindarle una atención especial a toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad.
Así pues, cuando el legislador decidió excluir a los sordos que se comunican oralmente del amparo instaurado por los artículos 10, 24, 25, 28, 29 y 36 de la Ley 982 de 2005, quebrantó su deber constitucional y específico de ofrecer especial amparo a quienes, como los sordos parlantes, padecen de limitaciones físicas.
Superado así el último de los niveles del análisis adelantado con base en los criterios establecidos por la jurisprudencia, queda entonces corroborado que los artículos acusados dieron lugar a un evento de omisión legislativa relativa que resulta discriminatorio de los sordos no señantes y, en consecuencia, resulta contrario a los mandatos de la Carta Política […].”
1.2. La consecuencia usual de la constatación de la violación de la Constitución por parte de una o varias normas legales es la declaratoria de inexequibilidad de las mismas. No obstante, la demanda, considerando la jurisprudencia constitucional sobre omisiones legislativas, solicita alternativamente que no se excluya las normas del orden legal vigente, sino que sea condicionada su interpretación. Dice la demanda al respecto,
“[…] si el juez constitucional procediera a su retiro del ordenamiento jurídico, ya no sólo una parte de la población sorda estaría privada del amparo que ofrecen, sino que el perjuicio aquí reprochado se extendería a la totalidad de las personas con limitantes auditivas.
Así pues, siguiendo los precedentes de esta Corporación sobre eventos donde la declaratoria de inexequibilidad podría aparejar un perjuicio grave y, por ende, se impone la modulación de los efectos del fallo de control de constitucionalidad, esta demanda solicitará la exequibilidad condicionada de los artículos en mención:
- Artículo 3°: constitucional en el entendido de que el Estado también incorporará la enseñanza de otros lenguajes empleados por la comunidad de sordos, diferentes al lenguaje de señas, en los programas de formación docente especializada en sordos sordociegos.
- Artículo 10°: constitucional en el entendido de que las entidades territoriales también deben adoptar medidas de planificación para garantizar el acceso, permanencia y proyección de los sordos no señantes a la educación básica, media, técnica, tecnológica y superior.
- Artículo 24: constitucional en el entendido de que el Estado también debe procurar programas de educación que les permitan mejorar la comunicación con sus hijos a los padres, cónyuges y hermanos de sordos y sordo ciegos no señantes.
- Artículo 25: constitucional en el entendido de que el Gobierno Nacional también debe instaurar programas, que deben incluir el apoyo económico necesario, para que los padres oyentes de niños sordos y sordociegos que no señantes puedan disponer de tiempo para aprender sus métodos de educación y convivir con la comunidad de sordos y sordociegos.
- Artículo 28: constitucional en el entendido de que toda forma de represión a los diversos lenguajes empleados por la población sorda, tanto en espacios públicos como en espacios privados, será considerada como una violación al derecho de libre expresión consagrada en la Constitución y será sancionada conforme a la legislación vigente.
- Artículo 29: constitucional en el sentido de que la congregación y organización pacifica de los sordos que empleen otras formas de comunicación también será considerada como una violación al derecho de libre asociación consagrada en la Constitución y será sancionada conforme a la legislación vigente.
- Artículo 36: constitucional en el sentido de que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) también debe garantizar el acceso, permanencia y proyección de los sordos y sordociegos no señantes.”
2. La acción presentada considera que el tercer numeral del artículo primero de la Ley 982 de 2005 (Ley de equiparación de oportunidades para personas sordas y sordociegas) desconoce el principio de igualdad (art. 13, CP) al definir la ‘comunidad de sordos’ como un grupo de personas que forman parte del patrimonio pluricultural de la Nación y que ‘en tal sentido, son equiparables a los pueblos y comunidades indígenas’ y en consecuencia deben poseer los derechos conducentes. Sustenta su alegato en los siguientes términos,
“[…] cuando la precitada disposición, en el aparte señalado equipara la comunidad de sordos a los pueblos y comunidades indígenas, produce o reproduce un efecto social o cultural reprochable desde la vista constitucional. En efecto, con la referida norma, el legislador afinca en el campo normativo las nociones de que la sociedad colombiana puede ser descrita como la convergencia entre dos grupos claramente definidos, una población mayoritaria y un grupo de ‘otros’ (ubicado aquí a sectores sociales tan diversos como las comunidades indígenas, negritudes, discapacitados, comunidad LGTB), y de que la protección estatal conferida a este segundo grupo es siempre uniforme. Lo anterior, en desmedro de los alcances del principio de igualdad en el Estado Social de Derecho, reflejados en los últimos dos incisos del artículo 13 de la Carta.
[…] las autoridades públicas no sólo deben abstenerse de realizar tratos discriminatorios, sino que también es imperioso que reconozcan la existencia de la diversidad en lo fáctico y adecuen su acción a tal reconocimiento, específicamente, para adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados y dirigir una especial protección hacía aquellas personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiestas.
De esta manera, resulta comprensible que el Estado reconozca que la comunidad sordomuda posee una especial condición física y que, en virtud, debe desarrollar políticas específicas, en materia educativa y laboral, para su rehabilitación e integración social, como fue puesto de presente por esta Corporación mediante sentencia C-128 de 2002. Igualmente, partiendo de la noción del principio de igualdad de materia, se entiende que las comunidades indígenas gozan de cosmovisiones y tradiciones diversas a las de la sociedad mayoritaria, que justifican un trato legislativo disímil para ellos en asuntos como los penales (C-370 de 2002), los contractuales administrativos (C-620 de 2003) y de seguridad social (C-088 de 2001).
En consecuencia, resulta reprochable desde la vista constitucional que el legislador produzca o reproduzca el efecto social y cultural de asimilar en una misma categoría a dos grupos poblacionales tan diversos, como lo son los indígenas y sordos, y encauce la protección de sus derechos a partir de esa perspectiva, como lo pretende hacer la expresión demandada del numeral 3° del artículo 1° de la Ley 982 de 2005. Por ende se impone la declaratoria de inexequibilidad de esta norma.”
3. Con relación al numeral décimo del artículo primero de la Ley 982 de 2005 (Ley de equiparación de oportunidades para personas sordas y sordociegas), se alega que concretamente viola la prohibición a toda autoridad política de reproducir el contenido material de un acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución (art. 243, CP). Sustenta la demanda su posición así,
“[…] la disposición acusada reproduce el contenido de una norma que fue declarada inexequible por la sentencia C-128 de 2002 de esta Corporación, por razones de fondo y con fundamento en normas Superiores que a la fecha permanecen vigentes. La referida normativa era el artículo 2° de la Ley 324 de 1996 y tenía el siguiente tenor: ‘el estado colombiano reconoce la Lengua Manual Colombiana como idioma propio de la Comunidad Sorda del País’.
En efecto, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la citada disposición, considerando que el artículo 10 de la Carta Política define que el idioma oficial de Colombia es el castellano y que tienen tal carácter también las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus respectivos territorios, y la referida norma en el fondo defina un idioma diferente cuando reconocía que el lenguaje de señas era el propio de la comunidad sorda y cuando, en razón de tal reconocimiento, instauraba unas obligaciones de comunicación de ese lenguaje a las autoridades.
Pues bien, el numeral 10° del artículo 1° de la Ley de 982 de 2005 reproduce el contenido del artículo 2° de la Ley 324 de 1996 y, en consecuencia, con su expedición el legislador introdujo al ordenamiento jurídico una norma que había sido declarada inconstitucional por motivos de fondo. Pero, ¿qué criterios le permiten a esta demanda formular tal apreciación? Al respecto, se recuerda que la jurisprudencia constitucional, ha definido que una norma remeda el contenido de otra cuando presenta un texto idéntico (evento en que se produce cosa juzgada constitucional de carácter formal), o cuando así se deduce de la redacción del nuevo precepto y del contexto normativo en el que se expidió (caso en que se predica la cosa juzgada de índole material).
En ese sentido, la normativa acusada reitera el texto de aquella que fue declarada inconstitucional por esta Corporación mediante sentencia C-128 de 2002, pues si bien no presenta igual tenor literal si tiene una redacción increíblemente símil y una teleología idéntica. Frente a lo primero, pese a que no afirma que el lenguaje de señas es el idioma propio de la comunidad sorda, el numeral 10 del artículo 1° de la Ley 982 de 2005 sostiene que se trata de su lengua natural. En lo concerniente a lo segundo, nuevamente estamos ante una disposición que en el fondo afirma que existe un idioma diferente a aquellos reconocidos constitucionalmente y soporta la acción estatal sobre esa afirmación.
Al respecto, no puede desconocerse que la norma acusada determina el alcance de la expresión ‘lengua de señas’ utilizada a lo largo de la normatividad ‘por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas’. En tal virtud, el resto del texto legal que emplea la referida expresión y el conjunto de acciones estatales que se desprenden de él, pasan a orientarse por la idea de que el lenguaje de señas es el oficial de la comunidad de sordos.
En consecuencia, se impone la declaratoria de inexequibilidad del numeral 10° del artículo 1° de la Ley 982 de 2005 a fin de salvaguardar el principio de cosa juzgada constitucional consagrado en el artículo 243 de la Carta Política.”
4. Con relación a los numerales sexto y décimo del artículo 1° de la Ley 982 de 2005, la demanda presenta también un cargo por violación del principio de igualdad (art. 13, CP) que sustenta en los siguientes términos,
“[…] el numeral 10 del artículo 1° […] junto con el numeral 6° de la misma disposición [son] normas que traducen al lenguaje jurídico un perjuicio o discriminación injustificada en contra de la población sorda que se comunica oralmente y que, por ende, resultan desconocedoras del principio de igualdad salvaguardado por el artículo 13 de la Constitución Política.
Como se adelantaba en líneas anteriores, la jurisprudencia de esta Corporación tiene definido que la inconstitucionalidad de las leyes puede resultar del empleo de un lenguaje que traduzca al plano jurídico un perjuicio o una discriminación inaceptable. Pues bien, cuando el numeral 10° del artículo 1° de la Ley 982 de 2005 define que el lenguaje de señas es el ‘natural’ de la comunidad de sordos, consagra un prejuicio o discriminación injustificada en contra de los sordos que se comunican oralmente. En efecto, como coralario de tal definición, se tiene que los sordos que no empleen el lenguaje de señas estarán utilizando una vía de comunicación artificial, anómala o extraña a lo que es propio de su comunidad. En ese sentido, la norma invita al lector a considerar que los sordos parlantes son una suerte de quimeras.
En similar sentido, el numeral 6 del artículo 1° de la Ley 982 de 2005 prejuzga que los sordos que se comunican oralmente tienen problemas para comunicarse satisfactoriamente con el resto de la comunidad y, en consecuencia, presentan deficiencias en su desenvolvimiento social, laboral y familiar, a diferencia de lo que ocurre con aquellos que se valen del lenguaje de señas.
Lo anterior, sin que exista justificación alguna desde los principios y valores de la Carta Política que permita avalar la mentada diferenciación entre los sordos señantes, que son tenidos por las mentadas normas como naturales y más aptos socialmente, y los que se comunican oralmente, cuya existencia es definida como una aberración. En ese sentido, es pertinente recordar aquí cómo en la sentencia C-128 de 2002 esta Corporación dejó en claro que, en lo que se refiere a la comunidad científica que permita privilegiar la oralidad o el lenguaje manual para la rehabilitación y educación de quienes padecen limitaciones auditivas.
Así pues, el lenguaje empleado por el legislador en las disposiciones acusadas resulta lesivo del principio de igualdad, considerando que, según la jurisprudencia de esta Corporación, éste se ve comprometido ante la existencia de un trato diferenciado entre dos supuestos de hecho idénticos que no persigue finalidad alguna. En efecto, a través de los numerales 6 y 10 del artículo 1° de la Ley 982 de 2005, el legislador afirma la existencia de un método natural y adecuado de comunicación entre la comunidad sorda y otro de índole artificial y deficiente, pese a que no existe fundamento alguno que es o debe ser así, de cara a la consecución de finalidades constitucionales como el derecho a la educación.”
5. Finalmente, la demanda cuestiona el numeral decimotercero del artículo primero de la Ley en cuestión, con base en un cargo que articuló cuatro violaciones a la Carta Fundamental, al derecho al libre desarrollo de la personalidad (art 16, CP), a la libertad de enseñanza (art. 27, CP), al derecho a la educación integral (art. 67, CP) y al derecho a escoger la educación para los hijos (art. 68, CP). Dice al respecto,
“[i] […] la norma acusada infringe el artículo 16° Superior porque implica que la población sorda no puede optar libremente por vincularse a las instituciones educativas de oyentes a través del lenguaje que deseen emplear, pues supedita su vinculación al acompañamiento de un intérprete, figura ésta propia del lenguaje de señas, esto es, de uno de los tantos medios de comunicación que puede utilizar un persona con deficiencias auditivas. Así pues, el legislador interviene injustificadamente en una decisión propia del fuero interno de la persona sorda y de familia.
[ii] Con relación al derecho a la libertad de enseñanza, la Corte ha sostenido que ‘En el artículo 27 superior se consagran los diferentes aspectos comprendidos en el concepto general de la liberta de enseñanza […]. || El aparte de la norma desconoce el derecho de libertad de enseñanza y, específicamente, el de libertad de aprendizaje, porque obliga a la comunidad sorda a valerse de un intérprete y, en consecuencia, a emplear el lenguaje de señas, para obtener sus conocimientos. || En efecto, es oportuno recordar en primer lugar, que el carácter pluralista y heterogéneo de nuestra sociedad implica necesariamente que la educación cuente con un carácter abierto, tolerante y receptos de las diferencias entre los individuos y grupos de estos. En segundo lugar, también resulta pertinente mencionar que en sentencia C-128 de 2002, la Corte expresó que no corresponde al Estado privilegiar determinado método de enseñanza, al momento de examinar la constitucionalidad de los artículos 2° y 7° de la Ley 324 de 1996.
[iii] Como bien ha identificado esta Corporación mediante sentencias como la T-1036 de 2006, siguiendo el artículo 67 de la Constitución, el estado tiene la obligación de garantizar la disponibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad del servicio público de educación […]. || En efecto, como corolario de la exigencia de accesibilidad de la educación, compete al estado garantizar el acceso de todos a la educación, en condiciones de igualdad, eliminando toda discriminación y facilitando el servicio desde un punto de vista geográfico y económico. Sin embargo, la disposición acusada sólo facilita el acceso a la educación básica y secundaria a los sordos que deseen comunicarse a través de un intérprete. || En lo que se refiere a al adaptabilidad de la educación, se tiene que el Estado tiene la obligación de fundar un sistema educativo se adapte a las necesidades de los educandos. No obstante lo anterior, el numeral 13 del artículo 1° de la ley 982 propende por un modelo educativo que se compagine exclusivamente con las demandas de la comunidad de sordos sintientes, relegando las exigencias de los sordos que procuran comunicarse mediante otra vía.
[iv] La disposición demandada desconoce el artículo 68 de la Carta pues atenta contra la prerrogativa de los padres de escoger un método pedagógico diferente al estructurado sobre el lenguaje de señas. En efecto, esta Corporación dejó en claro mediante sentencia C-128 de 2002 que el legislador tienen vedada la proliferación de normas que presenten una inclinación por uno u otro modelos de educación para la población sorda […]”.