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Timestamp: 2018-08-18 21:55:13
Document Index: 392934117

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 9', 'in dubio', 'artículo 27', 'artículo 103', 'artículo 27', 'artículo 60', 'artículo 352', 'artículo 1']

﻿ Sentencia 31563 de marzo 24 de 2010
SENTENCIA 31563 DE 24 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD PENAL. VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL DERIVADA DE UN ERROR DE HECHO DE APRECIACIÓN PROBATORIA. CAUSALIDAD QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD PENAL SE EVIDENCIA SÍ EL RESULTADO SE DERIVA CAUSAL Y JURÍDICAMENTE DE LA CONDUCTA DESPLEGADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:NEXO DE CAUSALIDAD, IMPUTACIÓN OBJETIVA, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
PONENTE:GONZÁLEZ MUÑOZ, MARÍA DEL ROSARIOIBÁÑEZ GUZMÁN, AUGUSTO J.
Sentencia 31563 de marzo 24 de 2010
Proceso 31563
Dra. María del Rosario González de Lemos
Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán
Aprobado Acta 089.
Bogotá, D.C., marzo veinticuatro de dos mil diez.
EXTRACTOS:«Consideraciones de la Corte
En la demanda presentada por la agente del Ministerio Público se plantea una única censura por violación indirecta de la ley sustancial derivada de un error de hecho por falso juicio de identidad que recae en la apreciación del protocolo de necropsia Nº 20005P-06040501615 del occiso Ramón Antonio Castañeda Fernández, de fecha 6 de julio de 2005(2), cuyos efectos probatorios se tornan trascendentes.
Esto último porque, a juicio de la libelista, a partir de ese medio de prueba se dedujo que la causa de muerte del examinado fueron las lesiones recibidas el 12 de junio anterior cuando fue agredido por el procesado Javier Rodríguez Abonía con un objeto contundente (varilla) recibiendo en esa ocasión un trauma a nivel cráneo facial severo, pero que habría sido tergiversado en cuanto lo que se extrae de su contenido es que el fallecimiento se produjo a consecuencia de una úlcera duodenal perforada, con lo cual se habría violado, por falta de aplicación, el artículo 27 del Código Penal referente a la modalidad de tentativa por la que ha debido condenárselo y no considerando la conducta como consumada.
Acerca de la naturaleza del error de apreciación probatoria invocado por la casacionista ha sido abundante y reiterada la jurisprudencia de la Sala en señalar que se presenta cuando el juzgador tergiversa o distorsiona el contenido objetivo de la prueba, hasta el punto de ponerla a decir algo que ella no expresa materialmente.
También es típico de esta modalidad de desacierto en la apreciación de las pruebas tomar una parte de la prueba como si fuera el todo, constituyendo ello una forma de distorsión pues, en el proceso de valoración, a la prueba se le suprimen apartes trascendentes, omitiendo de esa manera su apreciación integral.
Por eso mismo, como también mucho lo ha enfatizado la Sala, este es un yerro de contemplación objetiva de la prueba surgido luego de confrontar su expresión material con lo consignado por el sentenciador sobre ella, el cual, además, para que tenga concreción, debe recaer sobre un elemento o elemento de juicio incidente, esto es, que tenga la entidad de variar la decisión de manera favorable para quien lo propone y con repercusiones frente a la ley sustancial, ya sea por falta de aplicación o por aplicación indebida
El tipo de error atribuido al fallo conduce, como primera medida, siguiendo su esencia y forma adecuada de demostración, a verificar si el medio de prueba fue realmente justipreciado por los sentenciadores de instancia y si se le asignó la trascendencia indicada por la casacionista.
Pues bien, en este caso, dado que las dos sentencias convienen en la decisión de condena es claro que conforman una unidad jurídica indisoluble, toda vez que el de segunda instancia se limitó a modificarlo en el sentido de eliminar la única circunstancia de agravación del delito de homicidio deducida por el inferior, pero manteniendo el reproche de responsabilidad en contra de Javier Rodríguez Abonía.
En la sentencia de primera instancia, al referir a la materialidad del delito, se consignó:
“... en el presente asunto, no existe mayor dificultad, para encontrar que la acción descrita de manera abstracta por el legislador en el dispositivo 103 del Código de Penas, se desarrolló en su integridad, y como prueba de ello contamos con la copia del formato de inspección técnica a cadáver de Ramón Antonio Castañeda, donde consta su deceso el 6 de julio de 2005, lo anterior, aunado a la necropsia médico legal, obrante a folio 18 del cuaderno original, en donde un perito forense, adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses consignó como causa de muerte hipovolemia, y como diagnóstico, 1. hipovolemia. 2. hemoperitoneo. 3. ulcera duodenal de stress perforada. 4. trauma craneoencefálico severo, 5. politrauma contuso”(3)(resaltados fuera de texto).
El tribunal, por su parte, no se ocupó del tema en cuestión, con lo cual implícitamente aceptó el juicio de valor del sentenciador de primera instancia, en tanto no se contrapone a la determinación adoptada.
Así las cosas, refulge diáfano que, como lo indica la casacionista, el medio de prueba sobre el cual recae el ataque fue valorado efectivamente en el fallo impugnado asumiéndose que la causa de muerte del señor Ramón Antonio Castañeda Fernández fueron las lesiones que le propinara días antes el procesado con un objeto contundente y que le ocasionaron un trauma craneoencefálico severo, ante lo cual se lo responsabilizó por la conducta criminal reseñada en su modalidad consumada.
Procede entonces determinar si en esa apreciación conclusiva se incurrió en un falso juicio de identidad, lo cual impone revisar el contenido objetivo del referido informe pericial a fin de constatar si en verdad fue tergiversado por el sentenciador.
El protocolo de necropsia(4) practicado al cadáver de Ramón Antonio Castañeda Fernández, como es característico en este tipo de pericias, se subdivide en varios capítulos. En el primero de ellos, se consigna una información general, como el nombre que tenía la persona en vida, su edad al momento del deceso, sexo, fechas de ingreso, de muerte y de la realización de la diligencia, así como los nombres del profesional que la lleva a cabo y de quienes lo auxilian en el procedimiento.
En el segundo, se expone en términos científicos la opinión del profesional; en el tercero, se establece la causa de muerte; en el cuarto el diagnóstico; en el quinto, se deja constancia del examen externo del cadáver, el cual comprende una descripción general del cuerpo, fenómenos cadavéricos y datos antropométricos; en el sexto, se detalla el procedimiento realizado y, finalmente, en el séptimo, se alude al examen interno del cuerpo.
Para los fines que interesan a esta decisión, es decir, a efecto de determinar si en punto de la causa de muerte se distorsionó materialmente el dictamen, es preciso detenerse en tres de estos ítems. En primer lugar, en el de la opinión expuesta por el profesional; en segundo, en el denominado como causa de muerte y, por último, en el del “diagnóstico”.
Pues bien, cuando el profesional expuso su “opinión” adujo textualmente lo siguiente:
“Este hombre de raza mestiza, con una edad de 53 años, de nombre Ramón Antonio Castañeda, que viene con orden para ser reclamado por sus familiares, el caso trata de un hombre adulto que recibe trauma contundente craneofacial severo con fractura tipo Leffort y estallido ocular derecho en hechos ocurridos el 12 de junio /05, permaneciendo hospitalizado hasta el 29 de junio/05. Fallece el 6 de julio en el barrio Manuela Beltrán por hemorragia masiva secundaria a úlcera duodenal perforada” (resaltado fuera de texto).
Como se puede apreciar en este acápite, en donde el profesional señala su opinión, claramente señala que el fallecimiento de Ramón Antonio Castañeda fue producto de una hemorragia masiva secundaria a úlcera duodenal perforada, sin que vincule el hecho a las lesiones anteriores que presenta el cuerpo consistentes en trauma contundente craneofacial severo con fractura tipo Leffort y estallido ocular derecho en hechos ocurridos el 12 de junio anterior a la fecha del examen.
Esa opinión sobre el motivo del deceso consignada por el perito, además, es consecuente con la causa de muerte que en el siguiente capítulo del informe técnico de necropsia se identifica de manera escueta como: “hipovolemia”, fenómeno entendido, de acuerdo con la literatura especializada, de la siguiente forma:
“Hipovolemia significa disminución del volumen sanguíneo; la hemorragia probablemente sea la causa más frecuente de choque hipovolémico.
La hemorragia disminuye la presión general media de llenado, y en consecuencia se reduce el retorno venoso. Por tanto, el gasto cardiaco cae por debajo de lo normal y se produce choque. Evidentemente la hemorragia puede producir todos los grados del choque, desde la disminución mínima del gasto cardiaco hasta la supresión casi completa del mismo”(5).
En el siguiente aparte del protocolo, titulado como “diagnóstico”, a su vez, el forense presentó el siguiente listado:
“ — Hipovolemia.
— Hemoperitoneo
— Úlcera duodenal de stress perforada
—Trauma craneoencefálico severo
— Politrauma contuso”.
La relación del trauma craneoencefálico severo en este acápite, como con acierto lo subraya la Procuradora Delegada, al igual que su mención en el de la “opinión” expresada por el facultativo forense, muy seguramente desencadenó la confusión de los juzgadores al apreciar el contenido objetivo de esta prueba arribando equivocadamente a la consideración de que constituyó la causa de muerte de Ramón Antonio Castañeda.
Empero, su inclusión allí, así como la del politrauma contuso, al tiempo con los signos de hemoperitoneo y la úlcera duodenal de stress perforada, no entraña contradicción alguna, porque precisamente en el “diagnóstico” clínico, incluyendo desde luego el forense, se relacionan los signos y síntomas que el profesional observa para evaluar la enfermedad o, en el caso de las necropsias, la causa de muerte.
En efecto: “El diagnóstico médico establece a partir de síntomas, signos y los hallazgos de exploraciones complementarias, qué enfermedad padece una persona. Generalmente una enfermedad no está relacionada de una forma biunívoca con un síntoma, es decir, un síntoma no es exclusivo de una enfermedad. Cada síntoma o hallazgo en una exploración presenta una probabilidad de aparición en cada enfermedad”(6).
Por ello, el procedimiento para establecer un diagnóstico, según la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), implica, en forma general, agotar las siguientes verificaciones:
“El diagnóstico se entiende como la competencia que ejercita el médico para precisar la situación de salud o enfermedad del paciente. Esta competencia se ejerce con base en la aplicación del método clínico, donde el papel de la anamnesis y el examen físico tienen una gran importancia, junto con la selección apropiada e interpretación de las ayudas diagnósticas. Los diagnósticos en medicina avanzan de la generalidad hacia la particularidad, en ese sentido metodológicamente se hace primero un diagnóstico sindromático y posteriormente se avanza hacia enfoques más reducidos como localización anatómica de la enfermedad o determinar las alteraciones bioquímicas o histológicas.
El diagnóstico clínico requiere tener en cuenta el análisis y la síntesis, utilizando diversas herramientas como la anamnesis, la historia clínica, exploración física y exploraciones complementarias. Establece a partir de síntomas, signos y los hallazgos de exploraciones complementarias, qué enfermedad padece una persona o un grupo de personas, con base en la mejor evidencia posible y disponible. Cada síntoma o hallazgo en una exploración presenta una probabilidad de aparición en cada enfermedad y a partir de los síntomas y otros hallazgos que presenta el paciente se plantean diversas posibilidades; según la prevalencia de cada enfermedad en cada población, un mismo conjunto de síntomas o síndrome puede producir un diagnóstico diferente en cada población, es decir, cada síndrome puede estar producido por una enfermedad diferente en cada población, como diagnósticos diferenciales. Se hace énfasis en las especialidades básicas como medicina interna, pediatría, cirugía y gineco-obstetricia y salud mental
El médico debe tener la capacidad de observación y análisis de la presentación clínica de un paciente, con base en la realización de una historia clínica adecuada y un examen físico y mental completo, teniendo en cuenta factores asociados culturales, religiosos o económicos, entre otros. El resultado es una impresión diagnóstica con base en la cual hace un plan de comprobación de la misma con exámenes complementarios si es necesario”(7)(resaltado fuera de texto).
Significa lo anterior, entonces, que cuando se elabora un “diagnóstico” se deja constancia de los signos, síntomas y hallazgos evidenciados por el profesional para determinar una enfermedad o, para el caso de las necropsias, la causa de muerte. Cuando el médico forense en este caso aludió a tales fenómenos lo hizo porque se trataba de hallazgos clínicos evidenciables, probablemente desencadenantes del deceso, cuya causa específica individualizó en el capítulo respectivo y en el de su opinión.
Así las cosas, surge nítido que la prueba fue tergiversada en su contenido material por el sentenciador, pues era claro, se insiste, que allí aparecía una causa de muerte y simplemente se consideró otra al margen de lo que el documento expresa fielmente. Por ello, puede asentir la Sala, se incurrió en el error de hecho por falso juicio de identidad propuesto por la casacionista.
Además, porque aceptar que la causa de muerte de Ramón Antonio Castañeda se originó en la hemorragia masiva secundaria a úlcera duodenal perforada y no al trauma craneoencefálico severo que le ocasionara el procesado Rodríguez Aboníapocos días antes, no solo compagina plenamente con lo demostrado en el proceso sino que responde, como se verá, a los criterios de la sana crítica, específicamente a los de la ciencia médica.
En cuanto a lo primero, por estar acreditado probatoriamente que tras recibir la agresión Ramón Antonio fue internado en un centro asistencial, en donde permaneció por espacio de 17 días, luego de lo cual se le dio de alta, falleciendo el 6 de julio siguiente. Comprueba ello, en principio, que no hay nexo directo entre el deceso y dicha agresión, no solo porque trascurrieron varios días entre uno y otro suceso sino, fundamentalmente, porque al cabo de su hospitalización fue dado de alta falleciendo 8 días después.
Y respecto de lo segundo, dado que de conformidad con la lex artiso del arte médico es poco probable que el occiso hubiera desarrollado una úlcera duodenal perforada —patología que a la postre desencadenó la muerte por hipovolemia, acorde, como quedó plasmó en precedencia, con una lectura adecuada del protocolo de necropsia— en el escaso interregnode 24 días comprendido entre el 12 de junio de 2005, día de la agresión por parte del procesado, y el 6 de julio subsiguiente, día del deceso, por tratarse de un fenómeno de carácter crónico(8).
Ciertamente, según la literatura médica, “la úlcera péptica es una afección crónica caracterizada por úlceras gastroduodenales recurrentes que afectan a más del 10 % de la población en cualquier momento. Los dos factores independientes de riesgo de úlcera péptica son los fármacos antiinflamatorios no esteroideos y la infección por el Helicobacter pylori. Los transtornos relacionados son gastritis (es decir, inflamación de la mucosa gástrica) y dispepsia (o sea, malestar abdominal superior)”(9)(resaltado fuera de texto).
Refuerza lo anterior, por consiguiente, que el fallador incurrió en el yerro de apreciación probatoria denunciado por la casacionista, cuya trascendencia, en el ámbito de la ley sustancial, se proyecta por razón de que, como lo precisa la casacionista, se dejó de aplicar el artículo 27 del Código de las Penas que refiere a la figura de la tentativa, pues si bien Rodríguez Aboníacon su comportamiento tuvo la firme intención de segar la vida de Castañeda Fernández, el resultado producido no le es imputable ni ontológica ni jurídicamente.
La tentativa como dispositivo amplificador del tipo se encuentra regulada en el artículo 27 de la Ley 599 de 2000 en los siguientes términos:
“El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad...”.
Pues bien, para la Sala es claro que el acto desplegado por el procesado de golpear a la víctima en la zona craneana con un elemento contundente configura un evidente acto ejecutivo dirigido inequívocamente a la consumación del delito de homicidio.
Ello está demostrado en virtud del elemento letal utilizado para el ataque (varilla), la zona del cuerpo impactada y, además, como acertadamente lo reseña la Procuradora Delegada, basándose para tal efecto en la declaración de Consuelo Murillo Oyola, en el comportamiento posterior asumido por Rodríguez Abonía, quien según la testigo se habría trasladado hasta el centro asistencial donde se recuperaba el agredido con el fin de culminar su propósito.
De suerte que si la conducta homicida no se consumó en aquella ocasión fue por circunstancias ajenas a la voluntad del procesado, como pudo ser la oportuna asistencia médica brindada. En todo caso, el resultado no es dable imputárselo ni desde una perspectiva meramente causal, ni mucho menos desde una óptica basada en criterios de imputación objetiva fundamento de la llamada dogmática funcionalista.
En el primer caso porque entre el traumatismo craneoencefálico ocasionado con la agresión y el resultado muerte de la víctima, aún a partir de la explicación que ofrece la teoría de la equivalencia de condiciones, no existe nexo causal demostrado empíricamente(10).
Tanto menos frente al segundo, acorde con el artículo 9º del Código Penal, según el cual “la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado”, por no estar demostrado que la creación del riesgo jurídicamente desaprobado se haya concretado en la producción del resultado(11), pues, como ya lo ha señalado la Sala en la decisión que oportunamente trae a colación la representante del Ministerio Público:
“1. Como es evidente, la simple relación de causalidad material no es suficiente para concluir en la responsabilidad penal de un procesado. A ello es menester agregar otras razones, entre ellas, las que demuestran que la consecuencia lesiva es obra suya, o sea, que depende de su comportamiento como ser humano. O, como se dice en el nuevo Código Penal, que plasma expresamente aquello que desde mucho tiempo atrás se viene exigiendo, “La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado” (art. 9º).
2. En casos como el analizado, la imputación jurídica —u objetiva— existe si con su comportamiento el autor despliega una actividad riesgosa; va más allá del riesgo jurídicamente permitido o aprobado, con lo cual entra al terreno de lo jurídicamente desaprobado; y produce un resultado lesivo, siempre que exista vínculo causal entre los tres factores. Dicho de otra forma, a la asunción de la actividad peligrosa debe seguir la superación del riesgo legalmente admitido y a este, en perfecta ilación, el suceso fatal.
Dentro del mismo marco, la imputación jurídica no existe, o desaparece, si aún en desarrollo de una labor peligrosa, el autor no trasciende el riesgo jurídicamente admitido, o no produce el resultado ofensivo, por ejemplo porque el evento es imputable exclusivamente a la conducta de la víctima ...” (resaltados fuera de texto)(12).
Estando demostrado, por tanto, (i) que el contenido objetivo del protocolo de necropsia fue tergiversado por el fallador; (ii) que una valoración acorde con las reglas de la sana crítica refuerza esa conclusión y (iii) que el error fue trascendente por cuanto al atribuir como causa de la muerte de Ramón Antonio Castañeda Fernándezla acción desplegada por el procesado cuando el resultado derivó de circunstancia ajena a su voluntad dejándose de aplicar el precepto 27 del C.P., referido a la tentativa, surge imperativo casar el fallo en los términos propuestos por la casacionista y avalados por la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal ante esta corporación.
Previo a acometer la labor de redosificación punitiva consecuente con la anunciada decisión, ha menester precisar que el reconocimiento del dispositivo amplificador del tipo no riñe con la aceptación por parte del procesado, a través de la figura de sentencia anticipada, del delito de homicidio en su forma consumada, toda vez que, como lo ha enfatizado la Sala frente a situaciones similares:
“... cuando se trate de la protección de garantías fundamentales de repercusiones sustanciales que se hubieran materializado como errores in iudicando, la Sala Penal de la Corte, cuando se trate de sentencias anticipadas que se impugnen en vía extraordinaria, deberá casar la sentencia ya sea de manera rogada u oficiosa al encontrar que la violación se ha materializado de manera evidente.
Pueden darse los casos, por ejemplo, entre otros: que la sentencia anticipada se hubiera proferido con violación al principio de derecho penal de acto, al principio de legalidad del delito o de la pena (necesaria, proporcional y razonable), o del principio de favorabilidad sustancial, por violación del principio de prohibición de analogía in malam partem, por desconocimiento del principio de cosa juzgada y del non bis in ídem, o en la que se hubiera consolidado una violación manifiesta por indebida aplicación sustancial referida a la adecuación del injusto típico, formas de participación o de las expresiones de culpabilidad atribuidas, o por menoscabo del principio de antijuridicidad material, o del principio de culpabilidad subjetiva en la que se evidencie una ausencia de responsabilidad penal dada la presencia de alguna de las causales que la excluyen y se hubiese condenado con criterios de responsabilidad objetiva, o por desconocimiento del principio de in dubio pro reo”(13).
De lo expuesto se concluye que el cargo prospera.
Dosificación punitiva y demás consecuencias:
Corolario de la determinación adoptada, se torna imperativo casar parcialmente el fallo impugnado, en tanto el reconocimiento de la figura de la tentativa a favor de Rodríguez Abonía comporta reducción punitiva, a voces del artículo 27 del C.P., consistente en una pena “no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada”.
En este procedimiento, como lo tiene decantado la Sala, se respetarán los parámetros que en tal sentido aplicaron los falladores. Al respecto, recuérdese que el tribunal modificó la punibilidad tras encontrar que el homicidio no era agravado sino simple, para lo cual, también respetando las pautas de dosificación del inferior, elaboró el siguiente análisis:
“La conducta se adecua en el artículo 103 ‘homicidio’, que señala una pena de 13 a 25 años de prisión. Comoquiera que los hechos a que se contrae este expediente ocurrieron antes de entrar en vigencia en este distrito judicial la Ley 906 de 2004, es decir, en el año 2005, los parámetros a seguir para la tasación punitiva serán los reglados en la Ley 600 de 2000, sin que lo anterior impida dar aplicación al principio de favorabilidad para efectos de la disminución punitiva por haberse acogido el procesado a sentencia anticipada.
Cuarto mínimo: 13 a 16 años de prisión
Cuarto medio: 16 a 22 años de prisión
Cuarto máximo: 22 a 25 años de prisión
El juez a quo, en razón a que en la resolución de acusación no se dedujeron circunstancias genéricas de mayor punibilidad se ubicó en el cuarto mínimo, es decir, para el homicidio simple estaría entre 13 a 16 años de prisión.
Ahora bien siguiendo los mismos parámetros esgrimidos por el funcionario de primera instancia para valorar la ubicación en el cuarto mínimo, la pena a imponer será de trece años de prisión. De otro lado, como el enjuiciado se acogió a sentencia anticipada en la etapa del juicio, se hace acreedor a un rebaja de la tercera parte, quedando como pena definitiva siete años nueve meses de prisión.
Como consecuencia de la nueva tasación de pena, se fijará la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal”.
Pues bien, al aplicar el margen de reducción establecido en el artículo 27 del C.P., resulta obvio que se afecta el ámbito de movilidad de la pena establecida, por tratarse, según lo prescribe el artículo 60 ibidem,de una circunstancia modificadora de la punibilidad, con incidencia directa en la configuración de los cuartos respectivos.
En tal dirección, como la disminución por la realización de la conducta en su modalidad tentada comporta, se reitera, una pena “no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada”, los cuartos de dosificación punitiva para el delito de homicidio, sobre un margen punitivo comprendido ahora entre seis años y medio (78 meses) a dieciocho años, nueve meses (225 meses) de prisión, quedan de la siguiente forma:
Primer cuarto: setenta y ocho (78) meses a ciento catorce (114) meses y veintidós (22) días de prisión.
Cuartos medios: ciento catorce (114) meses y veintitrés (23) días a ciento ochenta y ocho (188) meses y diez (10) días de prisión.
Cuarto máximo: ciento ochenta y ocho (188) meses y once (11) días a doscientos veinticinco (225) meses de prisión.
Ahora bien, como de acuerdo a lo valorado por el a quo y retomado por el tribunal la pena que corresponde es la mínima del primer cuarto, tal equivale dentro de este nuevo ámbito a setenta y ocho meses (seis años y medio) de prisión, sobre la cual debe reducirse una tercera parte más (26 meses) por haberse acogido el procesado Rodríguez Abonía a la figura de sentencia anticipada en la fase del juicio en aplicación favorable del mejor descuento punitivo consagrado en el artículo 352 de la Ley 906 de 2004, también reconocido por los juzgadores, coincidiendo tal proceder con el criterio mayoritario fijado por la Sala en esta materia(14).
Ello arroja como pena definitiva para Javier Rodríguez Aboníala de cincuenta y dos meses o, lo que es lo mismo, cuatro años y cuatro meses de prisión.En igual monto se fija la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Por razón de lo aquí decidido también sufre modificación el monto de los perjuicios, específicamente de los morales a los cuales circunscribió la condena el a quo luego de no encontrar demostrados los materiales, sin que el tribunal abordara esa temática.
En efecto, de antaño la jurisprudencia de las Salas Penal y Civil de esta Colegiatura, ha coincidido en que el daño “para que sea indemnizable, debe ser cierto, directo y actual y no basta que se le proyecte o alegue como eventual ni mediato”(15).
Es decir que, como lo concluyó esta Sala más recientemente:
“Para poder atribuir una consecuencia a un determinado sujeto se requiere la existencia de un vínculo directo de causa a efecto entre el daño ocasionadoy el comportamiento del agente. El derecho no impone al responsable del comportamiento la obligación de responder por todos los desarrollos ulteriores al acto que se le imputa, sino de aquellas consecuencias que derivan directa e inmediatamente del mismo, como ha sido dicho por la jurisprudencia en los términos citados.
En esta materia, conviene precisarlo, el mismo principio de causalidad que regula la responsabilidad penal rige también la responsabilidad civil, por lo queresulta impensable que el autor de un hecho delictuoso que crea un determinado riesgo deba responder por el resultado que se produce a raíz del surgimiento de otra cadena causal”(16)(resaltados fuera de texto).
Entonces, si de acuerdo con lo consignado en esta providencia el resultado consistente en el deceso de la víctima Ramón Antonio CastañedaFernández no se derivó causal ni jurídicamente de la conducta desplegada por Javier Rodríguez Abonía, irrumpe claro que el monto de los perjuicios morales por el cual fue condenado en primera instanciaal encontrarlo responsable del delito de homicidio agravado en su modalidad consumada, necesariamente, como ocurrió con la pena, sufre afectación, debiéndose, por tanto, imponer de forma correlativa a la conducta ahora atribuida, esto es, tentativa de homicidio simple.
Con base en criterios de proporcionalidad sustentados en los descuentos punitivos aplicados a favor de Rodríguez Abonía, consecuentes con la decisión del tribunal de suprimir la única circunstancia de agravación específica imputada en su contra para dejarlo como homicidio simple y con la decisión aquí adoptada de establecer su responsabilidad en la modalidad de tentativa, se infiere que en materia punitiva se hizo merecedor a un descuento del 74 % —porcentaje extraído de confrontar los doscientos meses de prisión impuestos en el fallo de primer grado frente a los cincuenta y dos determinados en esta decisión— que igual debe aplicarse a la condena en perjuicios.
Sobre el monto impuesto por tal concepto en la decisión de primera instancia, tal reducción arroja una cantidad de veintiséis (26) salarios mínimos legales mensuales, discriminados, conforme se precisó en la misma determinación, en dos partes iguales de trece (13) salarios a favor de Carmen Castañeda y de Wilmer Zuleta Castañeda, hermana y sobrino del occiso Ramón Antonio Castañeda Fernández, respectivamente.
Finalmente, resta señalar que la determinación aquí adoptada no altera lo resuelto por las instancias en torno a lo decidido respecto del subrogado penal de la condena de ejecución condicional y el sustitutivo de la prisión domiciliaria, pues no se satisface el factor objetivo contemplado en el numeral 1º del artículos 63 y el numeral ídem del 38 de la Ley 599 de 2000, para su concesión. Los demás pronunciamientos allí plasmados, igualmente, se mantendrán incólumes.
1. CASAR parcialmente el fallo de segundo grado, por razón del único formulado en la demanda presentada por la representante del Ministerio Público, en el sentido de variar la pena principal a imponer a Javier Rodríguez Aboníaa cuatro años y cuatro meses de prisión, dejando en claro que por el mismo término señalado se lo condena a la pena principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas; así mismo, variar el monto de la condena en perjuicios en contra del mencionado a una suma equivalente a trece (13) salarios mínimos legales mensuales a favor, para cada uno, de Carmen Castañeda y Wilmer Zuleta Castañeda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
2. PRECISAR que esta determinación no afecta lo resuelto por las instancias en relación con el subrogado penal de la condena de ejecución condicional ni en torno a la prisión domiciliaria.
3. En lo demás, el fallo impugnado se mantiene incólume.
(2) Fls. 18 y 19 del cuaderno original.
(3) Pág. 7 del fallo de primer grado.
(4) Conforme al artículo 1º del Decreto 786 de 1990, por el cual se reglamenta parcialmente el titulo IX de la Ley 09 de 1979 referente a la práctica de autopsias clínicas y medicolegales y viscerotomías, la autopsia o necropsia es un procedimiento mediante el cual a través de observación, intervención y análisis de un cadáver, en forma tanto externa como interna y teniendo en cuenta, cuando sea del caso, el examen de las evidencias o pruebas físicas relacionadas con el mismo, así como las circunstancias conocidas como anteriores o posteriores a la muerte, se obtiene información para fines científicos o jurídicos.
(5) Guyton Arthur C., Tratado de fisiología médica. Séptima edición. Interamericana McGraw Hill. Traducción de Santiago Sapiña Renard. México, D.F., 1989.
(6) Enciclopedia Wikipedia.
(7) www.ascofame.org.co/archivospdf/Diagnosticoafirmaciones.pdf
(8) En medicina, se llama enfermedad crónica a aquella patología de larga duración, cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no ocurrirá nunca. No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad pasa a considerarse crónica; pero por término medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a tres meses puede considerarse como crónica (Enciclopedia Wikipedia).
(9) Manual de medicina de urgencias. American College of Emergency Physicians. McGraw Hill. Traducción de José Luis González Hernández. México, D.F., 2005.
(10) Beling, Ernst Von. Esquema de derecho penal, Buenos Aires, Editorial de Palma, 1944.
(11) En ese sentido puede verse, Rueda Martín, María Ángeles, La Teoría de la Imputación Objetiva del resultado en el delito doloso de acción. J.M. Bosch editor, Barcelona, 2001.
(12) Sentencia de mayo 20 de 2003, radicado 10636.
(13) Auto del 22 de mayo de 2008, radicado 29.476; en el mismo sentido, entre otros, auto del 17de junio de 2009, radicado 31675.
(14) Cfr. Sentencia del 8 de abril de 2008, radicado 25306.
(15) Sentencia de 10 de febrero de 1998. radicado 12286 y de la Sala de Casación Civil, sentencia 131 de 29 de marzo de 1990 y de 5 de octubre de 1999, Rad. 5299.
(16) Sentencia de agosto 11 de 2004, radicado. 20139.