Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-84957-de-abril-26-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_f26dcc99de9c434c9d42d6d41bef4096&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-16 12:57:51
Document Index: 350176735

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 317', 'artículo 199', 'artículo 199', 'artículo 199', 'artículo 199', 'artículo 317', 'artículo 199', 'artículo 199', 'artículo 294', 'artículo 295', 'artículo 3', 'artículo 317', 'artículo 294', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 199', 'artículo 199', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 175', 'artículo 317', 'artículo 199', 'artículo 199', 'artículo 199', 'artículo 199', 'artículo 13', 'artículo 199', 'artículo 199', 'artículo 26', 'artículo 199', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 228', 'artículo 209']

﻿ Sentencia 84957 de abril 26 de 2016
SENTENCIA 84957 DE 26 DE ABRIL DE 2016
CONTENIDO:PROCESADOS POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES PUEDEN SOLICITAR LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS. LA PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES NO PUEDE SER ENTENDIDA COMO LA NEGACIÓN ABSOLUTA DE LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE LOS CONDENADOS, ENTENDIMIENTO QUE SE HACE EXTENSIBLE A QUIENES APENAS TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPUTADOS O ACUSADOS Y, POR TANTO, SE LES PRESUME INOCENTES. SE ESTABLECE QUE EL DERECHO DE TODOS LOS PROCESADOS A OBTENER LA LIBERTAD PROVISIONAL POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS NO IMPLICA LA NEGACIÓN DE LA PREVALENCIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES A ESTA POBLACIÓN VULNERABLE. AL RESPECTO, LA PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD NO SIGNIFICA LA SUPRESIÓN ABSOLUTA DE LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS SUJETOS, ASÍ ESTOS SEAN IMPUTADOS O CONDENADOS POR DELITOS CONTRA MENORES. AHORA BIEN, TAMBIÉN SE PRECISA QUE DICHA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL NO TIENE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA QUE TODOS LOS PROCESADOS POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE EDAD QUE SOLICITEN LA LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DEBAN SER EXCARCELADOS, PUES CORRESPONDE A LOS JUECES DE CONTROL DE GARANTÍAS EVALUAR SI LA DILACIÓN PROCESAL DENUNCIADA ES INJUSTIFICADA Y, POR TANTO, EL TIEMPO DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA RESULTA DESPROPORCIONADA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS PARÁGRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, QUE CONCUERDAN CON LA DOCTRINA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA ESTOS TEMAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:MENOR DE EDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL, LIBERTAD DEL PROCESADO, LIBERTAD PROVISIONAL DEL PROCESADO, VÍCTIMA DE DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
Sentencia 84957 de abril 26 de 2016
Rad.: 84957
Bogotá. D.C., veintiséis de abril de dos mil dieciséis.
Decide la Sala la impugnación interpuesta por J.B.O.U., a través de apoderado, contra el fallo proferido el 24 de febrero de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, mediante el cual denegó el amparo de los derechos fundamentales invocados, supuestamente vulnerados por los juzgados segundo penal municipal, primero penal del circuito, tercero penal del circuito y quinto penal del circuito, todos de Popayán, y el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Piendamó, Cauca.
Refiere el apoderado del accionante que: i) el señor J.B.O.U. se encuentra privado de la libertad como imputado de la comisión del delito de “Acto sexual con menor de 14 años”. ii) El Juzgado 2 Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de Piendamó, Cauca, impuso medida de aseguramiento de privación de la libertad intramural, la cual fue apelada y confirmada por el juzgado 3 penal del circuito de esta ciudad. iii) Transcurrieron más de 60 días desde la formulación de la imputación, sin que la Fiscalía presentara formulación de la acusación, por lo que solicitó la libertad por vencimiento de términos del imputado. El Juzgado 2 Promiscuo Municipal de Piendamó, acogiendo la tesis de la Fiscalía, que adujo que contaba con un término de 90 días conforme a los artículos 294 y 175 del CPP, decidió negar la solicitud que fue apelada. iv) El recurso fue resuelto por el Juzgado 3 Penal del Circuito de Popayán que decidió revocar la decisión devolviendo al Juzgado la actuación, con el fin de que se pronunciara sobre la procedencia o no de la libertad por vencimiento de términos, frente a lo consagrado en el artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia. v) El Juzgado 2 Promiscuo Municipal de Piendamó, Cauca, en audiencia del 30 de septiembre de 2015, negó la libertad por vencimiento de términos por estimar que es un beneficio, por la prohibición del artículo 199 referido, decisión que fue apelada y confirmada por el Juzgado 5 Penal del Circuito de Popayán. vi) En consecuencia interpuso habeas corpus, el cual fue resuelto por el Juzgado 2 Penal Municipal de Popayán, el 27 de noviembre de 2015, considerando que ya había cosa juzgada sobre el tema, incurriendo en la equivocación de considerar que el “derecho a la libertad incondicional” está prohibido por el numeral 8º del artículo 199, pues no se trata de un beneficio como la libertad provisional, sino de la “libertad incondicional” por vencimiento de términos. Dicha decisión fue apelada, y confirmada por el Juzgado 1 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Popayán, argumentando que a) no entraría en discusiones “bizantinas” sobre los argumentos del apelante (lo que considera un irrespeto), b) la fiscalía tenía un término de 90 días por lo cual no se produce la libertad por vencimiento de términos, cuando esta causal objetiva fue reconocida por el juzgado 3 penal del circuito y aceptada por el Juzgado 2 Penal Municipal de Popayán, desconociéndose los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, c) en la eventualidad de que los términos se hubieren vencido no se puede desconocer el precedente jurisprudencial con ponencias de la Dra. María del Rosario González, “de la que los funcionarios mencionados se han convertido en rehenes”, y del Dr. José Luis Barceló que establece la posibilidad de descontar pena dentro del establecimiento carcelario y la inaplicación del artículo 199 cuando esta enseña que la redención es un derecho que se debe reconocer. vii) Agrega que la fiscalía presentó el escrito de acusación el 17 de julio de 2015, cuando debía presentarlo entre el 24 de abril y el 22 de junio de 2015 (60 días siguientes a la formulación de la imputación - 23 de abril), según el contenido gramatical del artículo 317.4 del CPP, por lo que el imputado adquirió el derecho a la “libertad incondicional” a partir del 23 de junio de 2015.
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán negó la protección constitucional invocada porque “no ha habido error de interpretación normativa ni vulneración al debido proceso” del accionante, dado que, según su criterio, “(…) la jurisprudencia de las altas cortes se ha pronunciado reiteradamente manifestando que es aplicable el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, y en esa medida, las providencias emitidas en virtud de la solicitud de libertad y su apelación y de la acción de habeas corpus y su impugnación, por los juzgados accionados, se encuentran acordes a derecho, pues siguen la línea trazada por la Corte Suprema de Justicia, al referir el radicado 37668 del 30 de mayo de 2012, M. P. María del Rosario González, para concluir que si bien se configuró la causal objetiva de libertad a que alude el defensor, no es posible concederla, pues debe darse aplicación al artículo 199 precitado”(2) (Resalta la Sala).
e. “Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible”(8).
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la Sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida “(…) si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta”. C-590 de 2005.
Con el fin de caracterizar el problema jurídico, la Sala reseñará, brevemente, las motivaciones esgrimidas por las autoridades judiciales para negar la libertad provisional por vencimiento de términos solicitada por el accionante el 30 de junio de 2015(9) y los fallos de habeas corpus de primera y segunda instancia.
(…) [S]i hablamos de 60 días, por el factor objetivo, la causal liberatoria pues obviamente es procedente, si hablamos de 90 días, como lo plantea el Fiscal y el juez de primera instancia, no se habría dado ese vencimiento a la fecha en que fue radicada la solicitud por vencimiento de términos —minutos 0:13:43.4—0:14:07.1—
[E]l 317, entonces, nos habla de la causal de libertad, está diciendo que cuando se da, cuando pasan 60 días desde la formulación de imputación y no se ha presentado escrito de acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294, el artículo 295 que nos habla de la afirmación de la libertad, el artículo 3º del Código de Procedimiento Penal que nos habla de la prelación de los tratados internacionales, el principio pro homine como criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos inversamente a la norma (sic) o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Se dice que el principio pro homine tiene una doble manifestación, para el sub examine, para el caso que nos ocupa, nos interesa la referida a la preferencia interpretativa que se afirma en: a) la interpretación extensiva o b) la interpretación restringida. La norma de derechos humanos se debe aplicar en el sentido que brinde más protección a las personas, en el sentido que menos restrinja los derechos, de manera que se optimice el disfrute de los mismos (...) —minutos 0:16:32.4—0:17:40.5—
¿Las razones esbozadas por la defensa como parte recurrente tienen la solidez suficiente para derruir la decisión adoptada por el a quo de negar la solicitud de libertad por vencimiento de términos (...)? La respuesta es que sí, y las razones son las siguientes: Son razones de orden legal, de orden constitucional y tienen que ver con la interpretación sistemática de los artículos 3º, prelación de los tratados internacionales, 175, 294, 295 y 317 4º del Código de Procedimiento Penal. Todo ello bajo el rasero o a la luz del principio pro homine. —minutos 00:17:45.0—0:18:24.5— —Resalta la Sala—
[E]l artículo 317 4º del Código de Procedimiento Penal es una norma especial que regula de manera directa la causal de libertad por vencimiento de términos en la etapa de investigación, que debe aplicarse de manera preferente siempre que sea más favorable a cualquier otra disposición que trate la materia (…) para el juzgado la alusión que del artículo 294 del Código de Procedimiento Penal se hace en el artículo 317 4º, de la misma obra, se refiere a la obligación que tiene la fiscalía de formular acusación o solicitar la preclusión pero, en manera alguna, se puede invocar para cambiar los términos fijados en la causal liberatoria por otros más laxos, pues además de ser un contra sentido, no encuentra en la técnica legislativa una razón plausible que lo respalde. Esta norma del artículo 317 4º fue modificada por la Ley 1453 del año 2011 y nuevamente volvió (sic) a ser modificada por la Ley 1760 del año 2015, y en las dos leyes se mantiene el término de 60 días para la causal liberatoria del numeral cuarto. (…) Si el querer del Legislador fuera que esta causal liberatoria se produjera 90 días después de la privación de la libertad, a partir de la medida de aseguramiento, pues así lo habría consignado en el año 2015. —minutos 0:20:15.9—0:22:35.6— —Resalta la Sala—
Como se puede ver, el precedente judicial, la línea jurisprudencial frente a la aplicación del artículo 199, esgrimido por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, es que el contenido íntegro y en aplicación hermenéutica del artículo 199 del Código de la Infancia y la adolescencia, reclama que cobija (sic) el otorgamiento de la libertad provisional por vencimiento de términos que trata el artículo 317, esto ahondado y habiendo hecho un estudio juicioso sobre el principio de que dijo el ad quem al tomar la decisión, sobre el principio pro homine, donde dice que hay que tomar las decisiones que más convengan al procesado en aplicación a la interpretación que se le dio a los términos del artículo 317 comparados con los términos, comparados con los del artículo 175 y 294 del Código de P. Penal, estudiado ese principio se debe también entonces sopesarlo frente al principio pro infans, que hoy ha hecho alusión el señor fiscal, principio este que determina como prevalecen los derechos de los menores sobre los derechos de los demás, dada la incapacidad física y psicológica de los menores para auto defenderse y comprender con suma capacidad lo que le sucede en el mundo real, se le debe dar una especial protección, que las decisiones que se tomen en los procesos donde son víctimas debe prevalecer ese principio pro infans que está por encima de los demás derechos de las personas adultas, en aplicación de ello y bajo la reiterada jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, el estrado judicial encuentra en el presente caso, pese a como lo ha dicho y ordenado el Juez 3 Penal del Circuito, de que si se da la causal 4ª del artículo 317 para otorgar la libertad provisional en el presente caso, estudiado está bajo el contenido del artículo 199 del Código de la Infancia y Adolescencia, no es posible por interpretación hermenéutica conceder tal beneficio de libertad provisional porque lo prohíbe el artículo 199 para esta clase de delitos como son los delitos que atentan contra la libertad, formación e integridad sexuales de los menores de edad.
Atendiendo al precedente judicial, a la aplicación del principio pro infans y en el caso concreto el Estrado Judicial encuentra que por prohibición que hace el artículo 199 del Código de la Infancia y Adolescencia, en especial lo estatuido en el numeral 8º y en parágrafo haciendo una interpretación y aplicación hermenéutica no es posible conceder la libertad provisional por vencimiento de términos solicitada —Resalta la Sala—
iii) Ninguno de los funcionarios evaluó las circunstancias que originaron el vencimiento de los términos, esto es: a) La complejidad del caso; b) la conducta procesal del detenido, por supuesto también la de sus apoderados judiciales y, por último, c) el comportamiento de los otros sujetos procesales - fiscales, jueces y víctimas.
Dado que las autoridades judiciales accionadas invocaron algunos precedentes de esta corporación, resulta necesario realizar un análisis de la línea jurisprudencial sobre la prohibición de la libertad por vencimiento de términos en relación con los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
4. Análisis de la línea jurisprudencial sobre la prohibición de la libertad por vencimiento de términos en relación con los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
Y basta verificar el contenido íntegro del artículo 199 en cita, en particular sus 8 numerales y el parágrafo, para definir inconcuso el querer del legislador, que se extiende al inicio mismo de la investigación penal, en punto de las medidas de aseguramiento a imponer y su imposibilidad de sustitución; el desarrollo de la misma, con limitaciones respecto del principio de oportunidad y las formas de terminación anticipada del proceso; el contenido del fallo, restringiendo la posibilidad de conceder subrogados; y la fase ejecutiva de la pena, impidiendo la libertad condicional o la sustitución de la sanción —Resalta la Sala—.
El 28 de abril de 2010, rad. 34044, frente a una solicitud de Habeas Corpus, tras citar la anterior decisión, se agregó que “(…) la negativa de la libertad provisional con apoyo en los razonamiento reseñados no significa el desconocimiento del principio de presunción de inocencia, sino que respeta la libertad de configuración legislativa, así como los intereses prevalentes de los menores de edad, víctimas de abuso sexual y de otras conductas punibles” —Resalta la Sala—.
(…) cuando se trate de delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las distintas exclusiones de beneficios excarcelatorios contemplados en el Código de la Infancia y la Adolescencia contenido en la Ley 1098 de 2006, bajo el entendido que el precepto 199 también comprende las concernientes a la libertad provisional, que en virtud de la prevalencia de los derechos de los menores (art. 44 de la Constitución Política), se ve restringida por así disponerlo el numeral 8º y parágrafo de esta norma, en forma tal que a las personas imputadas, acusadas o condenadas por esa clase de reatos en que como se dijo sean sujetos víctimas infantes y adolescentes, no les sea concedido ningún tipo de beneficio, rebaja o prebenda legal o administrativa, salvo los beneficios por colaboración eficaz únicos admitidos por la propia ley —Resalta la Sala—.
Además, está a tono con el preámbulo, así como con los artículos 1º, 2º y 13 de la Constitución Política, pues resquebrajaría la efectividad de los derechos de los menores y rompe la función otorgada a las autoridades de no proteger adecuadamente sus derechos y libertades. Adicionalmente, tiene en cuenta que por ser las víctimas personas menores de edad, requieren un análisis sobre la igualdad material para, según el artículo 13 de la Constitución Política, protegerlas de forma especial, atendiendo sus condiciones de inferioridad —Resalta la Sala—.
La prohibición extendida a la libertad provisional obedece a una interpretación del numeral 8º del artículo 199 de la norma en cuestión al advertir que “tampoco procederá ningún otro beneficio” y fruto de una hermenéutica sistemática del precepto para los asuntos regidos por la Ley 906 de 2004, en tanto sí fue contemplada para los tramitados por la Ley 600 de 2000, como se señala en su parágrafo transitorio —Resalta la Sala—.
Resulta comprensible que los funcionarios judiciales afirmen que la libertad provisional por vencimiento de términos, en relación con los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes, está prohibida, porque así se desprende de la lectura de la jurisprudencia de esta corporación.
Con anterioridad a la Ley 1709 de 2014, la mayoría de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad negaron el reconocimiento de la redención especial de pena por trabajo y estudio, siguiendo la tesis dominante de que ese beneficio estaba prohibido en el numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 (18).
Adicionalmente, los funcionarios judiciales suelen invocar como precedentes válidos algunas de las providencias reseñadas en los numerales 4.1. y 4.2. Esa actitud tiene una explicación muy simple, el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 y el numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 reproducen el mismo enunciado: “(…) ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz”.
En todo caso, la ley estatutaria de estados de excepción establece que nunca podrá llegar a afectarse el núcleo esencial del derecho fundamental, porque el estado de excepción es un régimen de legalidad que no patrocina arbitrariedades (art. 7º Ley 137/94).
Examinado el texto del precepto (artículo 26 de la Ley 1121 de 2006) se observa que en su primera parte contiene referencias a institutos concretos y perfectamente identificados, cuya aplicación es excluida, a saber:
a) Rebajas de pena: por sentencia anticipada y por confesión y,
Si bien, en las providencias de 2 de julio de 2015, rad. 80488, STP8442-2015 y 20 de abril de 2016, rad. 85216, STP4883-2016 la Sala de Casación Penal no advirtió alteración alguna respecto de la línea jurisprudencial sobre la prohibición de la libertad por vencimiento de términos en relación con los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes, no hay duda de que ocurrió un cambio doctrinal que no puede ser ignorado.
En ese orden, la existencia de una prohibición legal —primera fase de la línea jurisprudencial— o derivada de las normas constitucionales e internacionales sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes —segunda fase de la línea jurisprudencial— no es un argumento válido para negar a los procesados la libertad provisional por vencimiento de términos, puesto que las motivaciones que sustentaron cada una de las orientaciones reseñadas en los numerales 4.1. y 4.2., fueron revaluadas y refutadas en las sentencias de 2 de julio de 2015, rad. 80488, STP8442-2015 y 20 de abril de 2016, rad. 85216, STP4883-2016.
Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución de fallo (Se resalta).
Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio (Se resalta)(20).
Por tanto, esos derechos son anteriores al Estado y este no los concede sino que los reconoce y se encuentra limitado por ellos, pues el fundamento del aparato estatal reside en el respeto de la dignidad humana (artículo 1º) y su existencia se justifica solo en cuanto sirve a la comunidad y propende por la efectividad de tales derechos (artículo 2º).
La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él (Se resalta).
Esa consideración es la que explica que aún frente a delitos tan execrables como la tortura la normatividad disponga: “Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 4º recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento” (artículo 7-3 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y aprobada por Colombia mediante la Ley 70 de 1986).
Precisamente, la fijación legal de un término máximo de duración de la detención provisional, obedece al enunciado propósito. La duración de la privación temporal de la libertad, aplicable a las etapas de investigación y juzgamiento, consulta en una sociedad democrática el delicado equilibrio que debe mantenerse entre el interés legítimo del Estado de perseguir eficazmente el delito y sancionar a los culpables y, de otro lado, la necesidad de asegurar la libertad de las personas y la posibilidad de garantizar un proceso justo e imparcial”(22) —Resalta la Sala—.
En la determinación de los términos procesales, ha dicho la Corte Constitucional, el Legislador tiene una amplia potestad, limitada únicamente por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y el fin que en general persiguen las formas procesales, cual es permitir la realización del derecho sustancial(23), sin embargo, también ha aclarado que cuando está en juego la libertad de las personas, su indeterminación o inexistencia conduce a la violación de los principios y derechos constitucionales(24).
En la sentencia de 30 de mayo de 2012, rad. 37668, la Sala empleó el concepto “delitos de altísimo impacto” en referencia a los casos complejos en los que se necesita enviar un “… mensaje contundente a la sociedad, a la familia y al Estado de que la vida, la dignidad y la integridad de los niños, niñas y adolescentes son bienes, como ya se dijo, de superior y mayor jerarquía que deben ser tutelados con especial consideración (…)”.
En este punto ocurre lo que el profesor C. V. F. solía llamar un “error de falsa oposición”(25), puesto que la prevalencia de los derechos de los menores de edad, un principio ciertamente importante, no significa la supresión absoluta de los derechos de los demás sujetos, así estos sean imputados o condenados por delitos contra niños, niñas y adolescentes.
En consecuencia, revocará, en su integridad, el fallo impugnado, dejará sin efecto las decisiones censuradas y ordenará al Centro de Servicios Judiciales de Tunja que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, asigne la solicitud de libertad por vencimiento de términos a un nuevo juez de control de garantías, quien deberá pronunciarse en un plazo improrrogable de 3 días, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad de J.B.O.U..
ORDENAR al Centro de Servicios Judiciales de Tunja que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, asigne la solicitud de libertad por vencimiento de términos a un nuevo juez de control de garantías, quien deberá pronunciarse en un plazo improrrogable de 3 días, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Luis Antonio Hernández Barbosa—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar O.
1 Fls. 263-265-94.
2 Fls. 286-287.
3 Fl. 287.
4 Fl. 289.
5 Fl. 310.
6 Fl. 313.
7 Sentencias C-590 de 8 de junio de 2005 y T-332 de 2006.
19 El principio de celeridad que es base fundamental de la administración de justicia debe caracterizar los procesos penales. Ni el procesado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado profiera una sentencia condenatoria o absolutoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad. (...) Luego es esencial la aplicación del principio de celeridad en la administración de justicia. Ello se desprende directamente del artículo 228 de la Constitución, e indirectamente del artículo 209, cuando sostiene que el principio de celeridad debe caracterizar la actuación administrativa. Fue pues voluntad manifiesta del constituyente consagrar la celeridad como principio general de los procesos judiciales. Ahora una dilación por una causa imputable al Estado no podría justificar una demora en un proceso penal. Todo lo anterior nos lleva a concluir que frente al desarrollo del proceso penal, se deben aplicar las disposiciones sobre fijación de términos en desarrollo del principio de respeto a la dignidad de la persona, como límite a la actividad sancionadora del Estado. Sentencias T-450 de 1993, T-368 de 1995 y T-518 de 2014.
20 (sic).
21 Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador; Caso Tibi, supra nota 20, párr. 175; Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 141; y Caso 19 Comerciantes, supra nota 15, párr. 190. En igual sentido cfr. Wimmer vs. Germany, no. 60534/00, §23, 24 February 2005; Panchenko v. Russia, no. 45100/98, § 129, 08 February 2005; y Todorov v. Bulgaria, no. 39832/98, § 45, 18 January 2005.
22 Sentencia C-300 de 1994.
25 Ese paralogismo es explicado por el autor citado, de la siguiente forma: “Una de las mayores adquisiciones del pensamiento se realizaría cuando los hombres comprendieran —no solo comprendieran, sino sintieran— que una gran parte de las teorías, opiniones, observaciones, etc., que se tratan como opuestas, no lo son. Es una de las falacias más comunes, y por lo cual se gasta en pura pérdida la mayor parte del trabajo pensante de la humanidad, la que consiste en tomar por contradictorio lo que no es contradictorio; en crear falsos dilemas, falsas oposiciones” C.V.F. (1872-1958). Lógica viva: moral para intelectuales. Caracas: Italgráfica, 1979, pág. 7.