Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-l1-1997.t9.html
Timestamp: 2017-02-28 08:48:05
Document Index: 126316592

Matched Legal Cases: ['Artículo 105', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 35', 'Artículo 106', 'artículo 33']

Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores. TITULO IX. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Véase el D [CANARIAS] 48/2003, 30 abril, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de atención a menores («B.O.I.C.» 12 mayo).
Infracciones administrativas Son infracciones administrativas, en el ámbito de la presente ley, las acciones u omisiones tipificadas en el presente capítulo.
4. No poner en conocimiento de las autoridades competentes la posible situación de riesgo o desamparo en que pudiera encontrarse un menor.
5. Incumplir las resoluciones administrativas que se dicten en materia de atención a los menores.
6. Incumplir la normativa específica establecida para cada tipo de servicio, hogar funcional o centro de atención a los menores.
7. No facilitar el tratamiento o la atención que correspondan a las necesidades de los menores.
8. Excederse en las medidas correctoras a los menores.
9. No gestionar plaza escolar para el menor en periodo de escolarización obligatoria o impedir la asistencia al centro escolar sin causa justificada, por parte de quienes tengan potestad sobre el mismo.
10. Vender, suministrar o dispensar, de forma gratuita o no, a los menores bebidas alcohólicas o tabaco.
11. Cualquier otra infracción que, estando tipificada como grave, no mereciera esta consideración por razón de su falta de intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancias.
Artículo 105 redactado por Ley [CANARIAS] 9/1998, 22 julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias («B.O.I.C.» 28 julio).
Infracciones graves 1. Reincidir en infracciones leves.
3. Intervenir con funciones de mediación en la acogida o adopción de menores sin la previa habilitación administrativa.
4. Recibir a un menor ajeno a la familia de las personas receptoras con la intención de su futura adopción, sin la intervención del órgano competente de la Administración autonómica.
5. Proceder a la apertura o iniciar el funcionamiento del servicio, hogar funcional o centro de atención a los menores sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa.
6. Incumplir el deber de confidencialidad y sigilo respecto a los datos personales de los menores.
7. Difundir, a través de medios de comunicación, datos personales de los menores.
8. Limitar los derechos de los menores más allá de lo acordado por decisión judicial.
9. Amparar o ejercer prácticas lucrativas en centros o servicios de atención a los menores definidos sin ánimo de lucro, por parte de los titulares de los mismos o del personal a su servicio.
10. Impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo las funciones de inspección y control de los centros o servicios de atención a los menores, tanto los titulares de los mismos como el personal a su servicio.
11. Aplicar las ayudas y subvenciones recibidas a situaciones, estados o hechos, o a destinos o finalidades diferentes de los que justificaron su concesión, cuando de ello no se deriven responsabilidades penales.
12. Percibir cantidades no autorizadas por prestaciones o servicios de atención a los menores o su familia, cuando las entidades colaboradoras actúen en régimen de concierto con una Administración Pública.
13. Incumplir la obligación de inscripción en los registros establecidos en relación con la atención integral a los menores.
14. Vender, suministrar o dispensar bebidas alcohólicas o tabaco en centros de enseñanza a los que asistan menores y en establecimientos, recintos, locales o espacios dedicados específicamente a menores.
15. Utilizar menores en actividades o espectáculos prohibidos a los mismos por esta Ley.
16. Permitir la entrada de menores en los establecimientos o locales a que hace referencia el artículo 33 de esta Ley.
17. Vender o suministrar a menores las publicaciones recogidas en el artículo 34.
18. Vender, alquilar, difundir o proyectar a los menores los medios audiovisuales a que hace referencia el artículo 35.
19. Emitir programación a través de medios audiovisuales sin ajustarse a las reglas contenidas en esta Ley.
20. Emitir o difundir publicidad prohibida o contraria a esta Ley.
21. Cualquier otra infracción que, estando tipificada como muy grave, no mereciera esta consideración por razón de su falta de intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancias.
Artículo 106 redactado por Ley [CANARIAS] 9/1998, 22 julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias («B.O.I.C.» 28 julio).
Responsables Son responsables las personas físicas o jurídicas a las que sean imputables, aun a título de simple inobservancia, las acciones u omisiones constitutivas de infracción.
Reincidencia Se produce reincidencia cuando el responsable de la infracción haya sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de otra infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año, a contar desde la notificación de aquélla.
Prescripción de las infracciones Las infracciones tipificadas en este capítulo prescriben a los cinco años si son muy graves, a los tres años si son graves y a los dos años si son leves, a contar desde la fecha de la comisión de la infracción.
Sanciones administrativas Las infracciones tipificadas en el presente título, con carácter genera!, serán sancionadas de la forma siguiente:
Acumulación de sanciones 1. A las sanciones previstas en el artículo anterior podrá acumularse la sanción de revocación de las ayudas o subvenciones concedidas a las personas físicas o jurídicas responsables y/o la de inhabilitación para recibir cualquier tipo de ayudas o subvención de la Administración autonómica por un plazo de uno a cinco años.
3. Cuando los responsables sean los titulares de medios de comunicación, por infracciones cometidas a través de los mismos, podrá imponerse como sanción acumulada la difusión pública de la resolución sancionadora por los mismos medios de comunicación.
4. En las infracciones consistentes en la venta, suministro o dispensación de productos o bienes prohibidos a los menores, así como permitir la entrada de los mismos en establecimientos o locales a que se refiere el artículo 33 de esta ley, podrá imponerse como sanción acumulada el cierre temporal, hasta un plazo de cinco años, o definitivo de los establecimientos, locales, instalaciones, recintos o espacios en que se haya cometido la infracción.
Graduación de las sanciones 1. Para la concreción de las sanciones y la cuantía de las multas, deberá guardarse la debida adecuación de la misma con la gravedad del hecho constitutivo de infracción, considerándose especialmente los criterios siguientes:
Procedimiento aplicable El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora prevista en esta ley se establecerá reglamentariamente, dentro del marco de los principios contenidos en la legislación del procedimiento administrativo común.
Iniciación de los procedimientos Los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora prevista en esta ley se iniciarán de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.
Organos competentes Son órganos competentes para la iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores los que se determinen reglamentariamente.
Efectos de las resoluciones 1. Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivas.
Publicidad de las sanciones La consejería competente en materia de menores podrá acordar la publicación en el «Boletín Oficial de Canarias» de las resoluciones firmes de imposición de sanciones por la comisión de las infracciones previstas en la presente ley.
Caducidad del procedimiento Iniciado el procedimiento sancionador al que se refiere esta ley, y transcurridos tres meses desde la notificación al interesado de cada uno de los trámites que se prevean, sin que se impulse el trámite siguiente, se producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones, salvo en el caso de la resolución, en que podrán transcurrir seis meses desde la notificación de la propuesta.