Source: https://it.scribd.com/document/133045622/C-985-10
Timestamp: 2020-02-17 00:20:59
Document Index: 105905621

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 156', 'artículo 6', 'artículo 154', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 150', 'artículo 136', 'artículo 91', 'artículo 11', 'artículo 99', 'artículo 115', 'artículo 5', 'artículo 152', 'artículo 6', 'artículo 154', 'artículo 156', 'artículo 10', 'artículo 411', 'artículo 162', 'artículo 6', 'artículo 154', 'artículo 113', 'artículo 154', 'artículo 5', 'artículo 86', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 90', 'artículo 10', 'artículo 1442', 'artículo 61', 'artículo 97', 'artículo 10', 'artículo 156', 'artículo 154', 'artículo 6', 'artículo 62', 'Artículo 62', 'artículo 54', 'artículo 6', 'artículo 156', 'artículo 42', 'artículo 154', 'artículo 233', 'artículo 223', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 156', 'artículo 10', 'artículo 10']

C-985-10 | Divorcio | Matrimonio
SalvaSalva C-985-10 per dopo
1902-2011, 1º Juz Familia Adjudicación Procesal de Bien Preferente
consejos prematrimonios.docx
5 Consejos Efectivos Para Salvar Un Matrimonio
TERMINOS DE CADUCIDAD PREVISTOS POR EL LEGISLADOR PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION DE DIVORCIO-No se ajustan a la Constitución/TERMINOS DE CADUCIDAD PARA DEMANDAR EL DIVORCIO POR PARTE DEL CONYUGE QUE NO DIO LUGAR A CIERTAS CAUSALES- Resulta una medida innecesaria y desproporcionada
LEGISLADOR-Libertad de configuración en materia de términos de
caducidad/CADUCIDAD-Concepto/CADUCIDAD-
Finalidades/CARGA PROCESAL-Fundamento
MATERIA PROCESAL-Límites
CADUCIDAD-Desarrollo jurisprudencial/CADUCIDAD- Consecuencias/CADUCIDAD DE LA ACCION-Fundamento
MATRIMONIO-Definición/CONTRATO
constitucional especial
patrimoniales/FAMILIA-Protección
FAMILIAR-Imperativo constitucional
CAUSALES DE DIVORCIO-Clasificación según la jurisprudencia y la doctrina/DIVORCIO-Causales objetivas/DIVORCIO-Causales
subjetivas/DIVORCIO REMEDIO-Concepto según la doctrina/DIVORCIO SANCION-Concepto según la doctrina
TERMINOS DE CADUCIDAD PREVISTOS POR EL LEGISLADOR PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION DE
DIVORCIO-Necesidad de examinar su razonabilidad mediante la aplicación de un juicio de proporcionalidad
PROPORCIONALIDAD-Dimensiones
PROPORCIONALIDAD-Aplicación/JUICIO
“ARTICULO 10. <El articulo 156 del Código Civil, modificado por el Art. 6 de la ley primera de 1976 quedara
así:>. “El divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro
conocimiento de ellos respecto de las causales 1ª y 7ª o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, en todo caso las causales 1ª y 7ª sólo podrán alegarse dentro de los dos años siguiente a su ocurrencia”.
En relación con la causal primera de divorcio, aseveran que “(…) podría suceder que el cónyuge ofendido solo se enterara de las relaciones sexuales extramatrimoniales de su consorte pasados dos (2) años desde su ocurrencia”, lo que sobrepasa el término establecido por el Legislador para dar inicio a la acción de divorcio. En consecuencia, el cónyuge inocente tiene que “(…) permanecer ligado al cónyuge culpable aún en contra de su querer, situación que a todas luces contraría los principios constitucionales de la dignidad humana, de la inalienabilidad de los derechos de las personas, y los derechos constitucionales a la libertad de conciencia, el libre desarrollo de la personalidad, la armonía familiar y la honra” del cónyuge inocente, especialmente porque le impide a este último “(…) intentar la reestabilización de su vida ante el deterioro de su vínculo matrimonial”.
Respecto de las causales 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 7° de divorcio, afirman que “(…) es muy común en el entorno Colombiano, que el cónyuge ofendido perdone o acepte cualquiera de estas conductas del otro, a veces por razones emocionales que tienden a generar temor en la soledad o porque simplemente sus sentimientos hacia su consorte son tan fuertes, que sus agravios les resultan tolerables; o en otras ocasiones, porque existen hijos menores de por medio en el matrimonio, ante lo cual, los cónyuges en su condición de padres de familia prefieren continuar con el vínculo jurídico que los une, solamente para que sus hijos no resulten afectados emocionalmente; o porque la dependencia económica por parte del cónyuge inocente hacia el cónyuge culpable no le permite dejarlo a pesar de sus conductas
inapropiadas”. Sin embargo, al pasar del tiempo -más de dos años, los demandantes aseguran que la situación se puede tornar intolerable para el cónyuge inocente, quien en virtud de los apartes acusados se ve obligado a mantener el vínculo matrimonial. Por ello, en su sentir, el instituir un término perentorio dentro del cual se deben denunciar estas causales, le impide al afectado valerse de una causal legítima para obtener la disolución del vínculo y, en consecuencia, limita su derecho a “reestablecer su vida emocional”.
Juan Enrique Medina Pabón, docente de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, intervino oportunamente con el fin de manifestar su desacuerdo con los argumentos esgrimidos por los demandantes. En su sentir, las expresiones acusadas fueron expedidas por el legislador en ejercicio de la competencia amplia que le otorgó el constituyente, que no tiene más límites que el espíritu de la Carta, el bloque de constitucionalidad “o la consagración de un evidente abuso”. En este caso, a juicio del interviniente, los demandantes no lograron “(…) estructurar convincentemente fallas de tal trascendencia y, por el contrario, han fundamentado su criterio en una visión propia de la problemática y sus soluciones, que no por respetable y seria tiene la certeza suficiente para descalificar el criterio del legislador, aún ante el
eventual desacierto de este último en la decisión”. Sus argumentos se resumen a continuación:
1.3.1.1.El interviniente considera que si el Legislador está facultado para establecer nuevas causales de divorcio o para eliminar las vigentes, en virtud del principio de quien puede lo más puede lo menos, también puede hacer las causales más o menos drásticas. Además, el establecimiento de causales más rigurosas tiene fundamento en el artículo 5 de la Carta, según el cual la familia es el núcleo básico de la sociedad, de modo que el legislador puede “poner cortapisas a la terminación del matrimonio” como una forma de promover la permanencia de la familia. Agrega que no se trata de forzar a las parejas
a convivir, pero sí de crear estímulos para la permanencia de la familia que contribuyan a solucionar los problemas conyugales y a evitar la terminación innecesaria del matrimonio.
1.3.1.2.De otro lado, sostiene que “(…) es clarísimo que si el acreedor o titular de cualquier otra ventaja jurídica hace caso omiso de su derecho a reclamar el incumplimiento del otro renunció a su derecho”. Por ello, para evitar desconocer la voluntad de las partes, las excepciones a esta regla deben ser previstas expresamente por el legislador y con fundamento en la necesidad de brindar una especial protección a la parte más débil.
1.3.1.3.También afirma que el principio de seguridad jurídica exige el señalamiento de una oportunidad para el ejercicio de los derechos, bajo por ejemplo las figuras de la prescripción o la caducidad. El establecimiento de la oportunidad para el ejercicio de los derechos también es necesario en el ámbito del divorcio, con mayor razón si se tiene en cuenta que la complejidad de las relaciones de pareja excede cualquier previsión jurídica, de modo que se requiere que el uso de las
acciones sea oportuno. Además, en su sentir, no es conveniente permitir al cónyuge inocente valerse en cualquier momento de las causales de divorcio, especialmente después de que ha perdonado la conducta de su compañero. Al respecto, expresa: “(…) las fallas que ya fueron perdonadas o se han soslayado por el afectado por el paso del tiempo, no deben ser reavivadas, no sólo por razones de elemental congruencia
y lógica del manejo de las conductas, sino porque generó el derecho del
sujeto a que no le fuera ‘cobrada’ posteriormente esa falta y permitir que el afectado pueda en cualquier momento reclamarla, son un pasaporte al irrespeto, cuando no al abuso”.
1.3.1.4.Asegura que los ejemplos propuestos por los demandantes respaldan sus conclusiones, pero que cuando el patrón fáctico es cambiado “(…) ya no parecería tan claro que deba eliminarse el plazo de prescripción”.
1.3.1.5.Concluye que la norma acusada es exequible porque “(…) obedece a precisos principios jurídicos e impone un patrón de conducta al sujeto de Derecho, congruente y serio en materia de ejercicio de las facultades”. Arguye que además existen “(…) suficientes opciones para que cuando se presente una ruptura real y completa de la unión matrimonial las partes puedan recurrir a ellas y que inequívocamente son demostrativas de que no se trata de una decisión de coyuntura como la separación por un término mayor de dos años”. Por último, afirma que el legislador es el que debe determinar las reglas para la fijación del estado civil de las personas por mandato constitucional, y que él, al consagrar la caducidad de la acción, no excedió o abusó de su competencia.
1.3.2.1.Sostiene que la demanda se basa en anécdotas e hipótesis que no afectan la constitucionalidad de la disposición acusada.
1.3.2.2.También señala que es función del legislador establecer los términos de caducidad de las acciones, para lo cual goza de amplio margen de discrecionalidad. Afirma que la fijación de un término breve para el ejercicio de los derechos, no puede ser considerado inconstitucional hasta tanto no se analice su razonabilidad y proporcionalidada. En este caso, asegura que el término es razonable, pues, por una parte, permite que los cónyuges, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, decidan si acuden o no a la justicia para invocar la causal de divorcio de la que han tenido conocimiento directo; mientras, por otra parte, promueve la estabilidad del matrimonio y de la familia.
1.3.2.3.Indica que no es cierto que la norma demandada perpetúe el vinculo matrimonial sin tener en cuenta la voluntad de los cónyuges; por el contrario, precisamente uno de los propósitos que persiguió la
expedición de la Ley 25 de 1992 fue “(…) evitar que se prepetuaran situaciones insostenibles de conflicto de pareja, con los consiguientes efectos nocivos para la comunidad familiar y especialmente para los hijos menores de edad”. En su criterio, el Legislador al crear un término de caducidad buscó la solución de estas situaciones de manera ágil, “(…) tenendo en cuenta que de por medio están los intereses de los hijos los cuales tienen derecho a tener paz y sosiego al interior de su hogar”.
1.3.2.4.Además, afirma que la causal octava de divorcio –separación de hecho superior a dos años- permite a cualquier cónyuge, sin necesidad de contar con el consentimiento del otro, iniciar la acción de divorcio, de modo que el término de caducidad previsto por el Legislador no es un limitante absoluto. Agrega que esta causal permite a los cónyuges reordenar sus vidas, lo cual no era dable hasta la expedición de la Ley 25 de 1992.
1.3.2.5.Por último, la representante del ICBF realiza un análisis del contenido de las causales 1ª y 7ª. Respecto de la causal 7ª, concluye que en tanto el cónyuge afectado debe tener una percepción directa de los hechos que la configuran, el plazo de un año de caducidad no resulta irrazonable. Sin embargo, en la hipótesis de “personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo”, a su parecer es posible que el cónyuge no tenga conocimiento de la ocurrencia de la causal pasados dos años, por lo que la constitucionalidad del plazo debe ser declarada solamente en el entendido de que el otro cónyuge no haya tenido conocimiento de los hechos constitutivos de la causal y siempre que inicie la acción dentro del plazo de un año a partir del momento en el que tuvo conocimiento.
1.4.1. En primer lugar, argumenta que eliminar el límite temporal establecido por el Legislador para iniciar el proceso de divorcio con motivo de agravios u ofensas cometidas por alguno de los cónyuges, no sólo compromete la convivencia estable y pacífica de las parejas y sus
familias, sino que genera inseguridad jurídica y una inestabilidad que es contraria a la unidad matrimonial.
También considera que los términos establecidos en la norma acusada no vulneran el derecho a la intimidad en lo referente a la posibilidad de decidir sobre el estado civil, pues el paso del tiempo no puede ser indiferente al Derecho, de ahí que en la tradición jurídica sea constante la presencia de instituciones como la prescripción y la caducidad en virtud de las cuales se adquieren o se extinguen derechos.
Arguye que los demandantes incurren en error al pretender hacer prevalecer la voluntad del cónyuge ofendido sobre las limitaciones temporales que la norma acusada establece, más aún al proponer que la demanda de divorcio pueda presentarse en cualquier momento, sin perjuicio del tiempo de convivencia trascurrido desde el momento de la ofensa. En su sentir, los demandantes no discuten la razonabilidad de los términos previstos, sino su mera existencia.
Por último, sostiene que ni el matrimonio ni su disolución son asuntos que únicamente correspondan a la esfera privada de las personas. Si bien el matrimonio claramente afecta la dimensión más íntima de la persona, como ser social y ser familiar, esa dimensión tiene claras y evidentes repercusiones sociales. Tan es así que, de acuerdo con el texto de la Carta, la familia se constituye privilegiadamente en virtud del vínculo matrimonial y es la institución básica de la sociedad. Recuerda que la familia tiene un carácter ius fundamental y una dimensión ius constitucional, y es por ello que considera justificado el término establecido en la norma para el ejercicio de la acción, en tanto que su finalidad es la de preservar la familia como institución fundamental en la sociedad.
El artículo 10 de la Ley 25 de 1992, que modificó el artículo 156 del Código Civil, dispone que el divorcio solamente podrá ser solicitado
por el cónyuge inocente, es decir, aquel que no incurrió en las conductas descritas en el artículo 6 del la Ley 22 de 1995, modificatoria del artículo 154 del Código Civil. Tal demanda, sin embargo, debe ser interpuesta dentro de unos términos de caducidad precisos, estos son:
Respecto de las causales 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 7°, afirman que es común que el afectado perdone o acepte las conductas del cónyuge culpable, pero que al pasar del tiempo -más de dos años, la situación se tornen intolerable para el cónyuge inocente, quien en virtud de los apartes acusados se ve obligado a mantener el vínculo matrimonial. Por ello, en
su sentir, el instituir un término perentorio para el ejercicio de la acción limita el derecho del cónyuge inocente a reestablecer su vida emocional y familiar.
Para resolver este interrogante, la Sala deberá ocuparse de las siguientes materias: primero, los límites de la libertad de configuración del Legislador en materia de términos procesales, especialmente de reglas de caducidad; segundo, las características, causales y finalidades de la
acción de divorcio, y tercero, las tendencias globales en materia de regulación del divorcio.
2.3.1. La caducidad es en una limitación temporal del derecho de acción; se trata de un término perentorio e inmodificable fijado por la ley dentro del cual debe ejercerse el derecho de acción, so pena de perder la oportunidad de que la administración de justicia se ocupe de la controversia correspondiente. 1
Desde sus primeras decisiones, la Corte ha reconocido que la fijación de términos de caducidad cumple importantes finalidades como la promoción de la (i) la seguridad jurídica, (ii) la oportuna y eficiente administración de justicia, y (iii) la ética de colaboración con el aparato judicial. Dadas estas importantes finalidades de orden público, la caducidad es irrenunciable y puede ser declarada por las autoridades judiciales de oficio. 2
Por último, realiza el deber de colaboración de todos los ciudadanos con la administración de justicia –un deber constitucional a la luz del artículo 95-7 de la Carta, pues los obliga a acudir a la justicia de manera oportuna, so pena de perder la oportunidad de que sus reclamos sean conocidos en esta sede. 3 Como ha indicado esta Corporación, el
1 Ver las sentencias C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprinmy Yepes; y C-227 de 2009, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
2 Ver sentencias C-251 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Moncaleano; C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; y C-227 de 2009, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
3 Al respecto, en la sentencia C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprinmy Yepes, la Corte afirmó que en virtud del artículo 95 superior, el ejercicio de los derechos implica responsabilidades “(…) que también se pueden
ejercicio oportuno de las acciones es una carga procesal, es decir, es una situación instituida por la ley y que demanda “(…) una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso”. 4
2.3.2. A la luz de la cláusula general de competencia del Congreso –artículo 150-2 superior, la Corte ha considerado que el Legislador cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para configurar las clases de procesos, sus etapas, efectos y otras instituciones vinculadas a ellos como la caducidad. En particular, el Legislador puede definir el tiempo de caducidad de las acciones, así como el momento desde cuando tales términos deben ser contabilizados. 5 Sin embargo, su libertad de configuración debe desarrollarse de conformidad con la naturaleza de la acción respectiva 6 y en el marco del respeto de (i) los principios y fines del Estado –como la justicia, (ii) los derechos fundamentales de las personas, especialmente de los derechos al debido proceso y a la administración de justicia, y (iii) del principio de proporcionalidad, de modo tal que no se haga nugatorio el derecho de acción. 7 En consecuencia, como la Corte sostuvo en la sentencia T-323 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), no se ajustan a la Constitución las disposiciones procesales “que anulan u obstaculizan irrazonablemente el ejercicio del derecho de acción”.
2.3.3. Por ejemplo, en el marco del análisis de proporcionalidad de los términos de caducidad y del momento que se toma como punto de inicio de su conteo, esta Corporación ha señalado que debe tenerse en cuenta que la consecuencia que genera la caducidad solamente debe ser endilgable a aquellas personas que de manera deliberada o negligente dejan de hacer uso de su derecho de acción. 8
consolidar en el ámbito procesal y sustancial. Es válido entonces que en los diversos trámites judiciales, la ley asigne a las partes, a terceros e incluso al juez, obligaciones jurídicas, deberes de conducta o cargas para el ejercicio de los derechos y del acceso a la administración de justicia, que sometidas a los límites constitucionales previamente enunciados, resultan plenamente legítimas.” Ver también la sentencia C-227 de 2009, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
4 Cfr. Sentencia C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprinmy Yepes.
5 Ver las sentencias C- 251 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-781 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Moncaleano; C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis
6 Ver la sentencia C-781 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
7 Ver las sentencias C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Moncaleano; C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprinmy Yepes; C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; y C- 227 de 2009, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. 8 Ver sentencia C- 351 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara. En este fallo, al examinar la constitucionalidad del el inciso segundo del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo sobre la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la Corte señaló que la consecuencia de pérdida del derecho de acción en virtud del cumplimiento del término de caducidad, solamente es predicable respecto de aquellos que deciden no actuar o no actúan por negligencia. La Corte expresó: “No puede pretenderse que la tutela constitucional de los derechos fundamentales ampare la inacción o negligencia del
En la sentencia C-662 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprinmy Yepes), la Corte declaró inexequible el numeral 3º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003, según el cual no había lugar a la interrupción de la prescripción y operaba la caducidad, cuando el proceso terminaba por haber prosperado algunas de las excepciones mencionadas en el numeral 7 del
artículo 99, estas son, falta de jurisdicción y existencia de pacto arbitral
o cláusula compromisoria. Para la Corte, aunque la imposición de
cargas procesales cumple fines constitucionalmente valiosos, en el caso
concreto resultaba desproporcionado el imponer como consecuencia jurídica la caducidad, cuando el proceso terminaba por las excepciones de falta de jurisdicción o compromiso. En primer lugar, la Corte encontró que la determinación de la jurisdicción o de los asuntos que comprende una cláusula compromisoria no siempre es una tarea
sencilla, al punto de que existen múltiples discusiones en la doctrina y
la jurisprudencia. Por tanto, no es exigible al demandante en todos los
casos tomar una decisión acertada al respecto, lo que –para la Corte- llevaba a concluir que resultaba desproporcionado en los casos en los que la terminación del proceso no era atribuible al demandante, hacer operar la caducidad. La Corte manifestó:
(…) si el demandante ha ejercido su derecho de acción en tiempo, el fenómeno de la incongruencia relacionada con el alcance de las excepciones previas enunciadas, no puede serle
titular que los pierde por no ejercerlos. Es un hecho cierto que quien ejerce sus derechos, jamás se verá expuesto a perderlos en virtud de la operancia de la caducidad de la acción. Abandona su derecho quien no lo ejercita, demostrando voluntad de no conservarlo.”
necesariamente imputado directamente a su conducta, por lo que la pérdida eventual de su derecho sustancial por estas razones, -al no interrumpirse la prescripción y operar la caducidad-, sí significa un menoscabo desproporcionado de sus derechos.”
En el marco de la protección constitucional de familia, la promoción de la unidad y permanencia familiar son finalidades no solamente legítimas, sino constitucionalmente importantes. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la familia es la organización básica de la estructura socio-política del Estado, pues es el espacio donde los valores y las enseñanzas cívicas, de tolerancia y respeto –principios esenciales del Estado social de derecho- se aprenden y difunden; por ello, en tanto la comunidad entera se beneficia de las virtudes que se cultivan al interior de la familia, pero también se perjudica con los vicios y desórdenes que allí tienen lugar, el Estado tiene interés en promover la convivencia y estabilidad familiar. 9
2.4.2. Sin embargo, en virtud del deber de promoción de la estabilidad familiar, el Estado no puede obligar a los cónyuges a mantener el vinculo matrimonial. En efecto, en virtud de derechos como al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y a la dignidad, especialmente en su faceta de autodeterminación 10 , la Constitución proscribe cualquier tipo de coacción que obligue a los cónyuges a permanecer juntos o prolongar una convivencia que es contraria a sus intereses e integridad. Además, si el fundamento del matrimonio es la voluntad libre de un hombre y una mujer de contraerlo y si el consentimiento libre es un requisito de existencia y validez del contrato de matrimonio –artículo 115 del Código Civil, ni el Legislador ni ningún otro órgano estatal puede coaccionar la permanencia del
9 Ver al respecto las sentencias T-278 de 1994, M.P Hernando Herrera Vergara, y C-821 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 10 La Corte ha identificado a lo largo de su jurisprudencia tres lineamientos sobre el contenido de la dignidad humana: “(i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).” Cfr. Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
matrimonio en contra de la voluntad de los esposos. 11 En este sentido, en la sentencia C-660 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), la Corte afirmó:
“En punto al tema, ha precisado la jurisprudencia que el imperativo constitucional en lo que refiere a la protección y promoción de la institución familiar no es la duración del matrimonio -como una de sus formas de constitución-. Es lograr la estabilidad y armonía del grupo familiar, no solo como presupuesto social, sino como condición sine qua non para permitir la realización humana y el desarrollo integral de cada uno de sus miembros en un clima de respeto, óptima convivencia y libre expresión de sus sentimientos y emociones. Dichos objetivos no se garantizan ni se logran manteniendo
11 Ver las sentencia C-660 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1495 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; y C-821 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
vigente el contrato matrimonial, en aquellos casos en los que surgen diferencias, desavenencias o conflictos entre los cónyuges que hacen imposible o dificultan gravemente la convivencia y que perturban la estabilidad familiar, sometiendo a sus integrantes, entre los que se cuentan los hijos, a crecer y desarrollarse en un ambiente hostil o que afecta sensiblemente su proceso de desarrollo y formación.
Ciertamente, como esta Corte ha reconocido, la promoción de la estabilidad del grupo familiar busca garantizar la existencia de un ambiente propicio para el desarrollo de todas las personas, especialmente de los niños. No obstante, el matrimonio, como forma de familia, deja de ser ese lugar propicio cuando la convivencia se torna intolerable. En estos casos, para los niños y cónyuges puede resultar más benéfico la separación de sus padres y no crecer en un ambiente hostil. 12
2.4.3. En virtud de estas consideraciones, en ejercicio de la libertad de configuración que la Constitución otorga al Legislador para regular la institución del matrimonio y las formas de disolución del vínculo, la Ley 25 de 1992 reguló el divorcio a la luz de la nueva Carta Política. 13 Esta ley se ocupó de una realidad social que era innegable: muchos matrimonios afrontan crisis insuperables y los cónyuges requieren de mecanismos para terminar el vínculo legal y poder reestablecer sus
12 Ver la sentencia C-660 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
13 El divorcio había sido introducido de manera más restringida por la Ley 1º de 1976 “Por la cual se establece el divorcio en el matrimonio civil y se regula la separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil y en el canónico, y se modifican algunas disposiciones de los códigos civiles y de procedimiento civil en materia de derecho de familia.”
vidas familiares y afectivas. Fue así como el artículo 5 de la Ley 25 de 1992 –que modificó el artículo 152 del Código Civil- dispuso que el vínculo matrimonial se disuelve (i) por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges, o (ii) por divorcio. Por su parte, el artículo 6 de la misma ley –que modificó el artículo 154 Código Civil- indicó las causales de divorcio. El texto de esta disposición es el siguiente:
1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los
2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno
de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.
5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes,
6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o
síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. 7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas
que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.
8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya
perdurado por más de dos (2) años.
9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez
competente y reconocido por éste mediante sentencia.”
2.4.4. Las causales del divorcio han sido clasificadas por la jurisprudencia y la doctrina en objetivas y subjetivas: Las causales objetivas se relacionan con la ruptura de los lazos afectivos que motivan el matrimonio, lo que conduce al divorcio “(…) como mejor remedio para las situaciones vividas” 14 . Por ello al divorcio que surge de esta causales suele denominársele “divorcio remedio”. 15 Las causales pueden ser invocadas en cualquier tiempo por cualquiera de los cónyuges, y el juez que conoce de la demanda no requiere valorar la conducta alegada; debe respetar el deseo de uno o los dos cónyuges de disolver el vínculo
14 Cfr. sentencia C-1495 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
15 Ver GARCÍA SARMIENTO, Eduardo. Elementos del derecho de familia. Bogotá: Editorial Facultad de Derecho, 1999.
matrimonial. 16 A este grupo pertenecen las causales de los numerales 6, 8 y 9 ibídem.
Por otra parte, las causales subjetivas se relacionan con el incumplimiento de los deberes conyugales y por ello pueden ser invocadas solamente por el cónyuge inocente dentro del término de caducidad previsto por el artículo 156 del Código Civil –modificado por el artículo 10 de la Ley 25 de 1992, con el fin de obtener el divorcio a modo de censura; por estas razones el divorcio al que dan lugar estas causales se denomina “divorcio sanción”. 17 La ocurrencia de estas causales debe ser demostrada ante la jurisdicción y el cónyuge en contra de quien se invocan puede ejercer su derecho de defensa y demostrar que los hechos alegados no ocurrieron o que no fue el gestor de la conducta. Además de la disolución del vínculo marital, otras de las consecuencias de este tipo de divorcio son la posibilidad (i) de que el juez imponga al cónyuge culpable la obligación de pagar alimentos al cónyuge inocente –artículo 411-4 del Código Civil; y (ii) de que el cónyuge inocente revoque las donaciones que con ocasión del matrimonio haya hecho al cónyuge culpable –artículo 162 del Código Civil. Pertenecen a esta categoría las causales descritas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo citado.
2.4.5. También con fundamento en el derecho de los cónyuges a terminar el vínculo matrimonial y reestablecer su vida afectiva y familiar, la Corte ha declarado inexequibles disposiciones que limitan desproporcionadamente la posibilidad de invocar las causales de divorcio, especialmente las de orden subjetivo. Por ejemplo, en la sentencia C-660 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), la Corte declaró inexequible la expresión “salvo que el demandante las haya consentido facilitado o perdonado” del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1° del artículo 154 del Código Civil, que establecía que el consentimiento o perdón del cónyuge inocente impedía que las relaciones sexuales extramatrimoniales fueran alegadas como causal de divorcio. La Corte concluyó que el Legislador (i) había vulnerado los derechos a la intimidad, a la libertad de consciencia y al
16 Es preciso anotar que a partir de la Ley 962 de 2005, también posible que el divorcio por mutuo acuerdo se lleve a cabo ante una notaría mediante escritura pública. Esta posibilidad fue reglamentada por el Decreto 4436 de 2005.
17 Ver GARCÍA SARMIENTO, Eduardo. Elementos del derecho de familia. Bogotá: Editorial Facultad de Derecho, 1999.
libre desarrollo de la personalidad del cónyuge inocente al expedir la disposición, pues llevó a cabo una valoración de conductas propias de la intimidad de la pareja de una forma que no siempre coincide con la voluntad de sus miembros, y (ii) además previó una consecuencia desproporcionada para un consentimiento meramente presunto: la pérdida del derecho a ejercer la acción de divorcio.
“Además, de la decisión íntima de perdonar las relaciones sexuales extramatrimoniales del otro no puede derivarse para quien las padece, la consecuencia de perder el derecho a
intentar la reestabilización de su vida mediante la declaración de divorcio porque puede ocurrir que la actitud de perdonar no incluya la intención de mantener la vida en común.
Sobre el traslado de la concepción de culpa al matrimonio, la Corte aclaró que aunque el artículo 113 del Código Civil define el matrimonio como un contrato solemne y otros de sus artículos indican las obligaciones que en virtud de tal vínculo surgen para los cónyuges, la interpretación de estas normas, así como de las que rigen la disolución del matrimonio, no puede hacerse de la misma manera a como se interpretan las reglas que rigen cualquier otro tipo de contrato. 18 En efecto, la Corte afirmó que los componentes afectivos y emocionales que involucra el matrimonio:
“(…) impiden considerar el aparente descuido de uno de los cónyuges ante faltas que el ordenamiento legal consagre como causales de divorcio y que cometa el otro, como un acto de negligencia asimilable a la propia culpa como eximente de responsabilidad. Tampoco, por las mismas razones, puede atribuirse al perdón dentro del matrimonio un efecto definitivo y fijo. E inclusive, el aparente consentimiento de uno de los integrantes de la pareja ante una conducta impropia del otro, no puede verse como una manifestación de culpa o dolo que con el tiempo enerve la posibilidad del cónyuge ofendido para solicitar el divorcio.” 19
En concordancia con estas consideraciones, también es necesario entender que el divorcio no es una sanción que el cónyuge inocente
18 Ver la sentencia C-660 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
19 Cfr. sentencia C-660 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
impone al cónyuge que incurre en las causales subjetivas previstas en el artículo 154 del Código Civil, sino una decisión dirigida a restablecer su vida afectiva y familiar.
La tendencia también fue seguida en Europa. Por ejemplo, en 1975, Portugal extendió las reglas del divorcio a los matrimonios católicos, hizo la regulación para los divorcios por mutuo acuerdo más sencilla e introdujo un régimen predominantemente objetivo. Reformas similares fueron adoptadas en Holanda y el Reino Unido en 1971, en Italia en 1975, en Francia en 1976 y en Grecia en 1979. 20
20 Sin embargo, en los casos de España e Irlanda el divorcio estuvo prohibido hasta 1981 y 1996, respectivamente. Ver SANDERS, Shaakirrah R. “The Cyclical Nature of Divorce in the Western Legal Tradition”. Loyola Law Review, Vol. 50, 2004. GONZÁLEZ, Libertad y VIITANEN, Tarja K. “"The Effect of Divorce Laws on Divorce Rates in Europe," Economics Working Papers 986, Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra, 2006.
2.5.2. Una segunda ola de reformas también comienza a gestarse en los años 70. En esta década un grupo importante de países abrieron la puerta al divorcio unilateral, es decir, aquel que puede ser solicitado por cualquier cónyuge sin necesidad de demostrar el rompimiento de los vínculos maritales o la prolongación de la separación física. En 1971, Holanda introdujo la regla del divorcio unilateral. Esta línea fue seguida en 1974 por Suecia, en 1975 por Bélgica, en 1977 por Portugal y Alemania, en 1978 por Austria, en 1979 por Luxemburgo, en 1983 por Grecia, en 1988 por Finlandia, en 1989 por Dinamarca, en 1993 por Islandia y Noruega, en 1996 por el Reino Unido, en el 2000 por Suiza y en el 2005 por España. 21 En el caso de Estados Unidos, durante esta época 34 de sus estados adoptaron el divorcio unilateral; Utah y Dakota del Sur lo hicieron en los 80. 22
En España, una reforma del año 2005 -Ley 15/2005- eliminó las causales taxativas de divorcio y abrió la posibilidad de que la disolución del matrimonio sea solicitada por cualquier cónyuge, en cualquier tiempo, después de transcurridos los primeros tres meses de matrimonio. En este sentido, el artículo 5 de la Ley 15/2005 –que modifica el artículo 86 del Código Civil- dispone que “[s]e decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81”. 23 Como se indica en la exposición de motivos de la ley, esta reforma buscó fortalecer la libertad como fundamento del ordenamiento jurídico español y garantizar que el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad cobre mayor trascendencia en el ámbito matrimonial. 24
21 Ver GONZÁLEZ, Libertad y VIITANEN, Tarja K. “"The Effect of Divorce Laws on Divorce Rates in Europe," Economics Working Papers 986, Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra, 2006.
22 Ver STEVENSON, Betsey. “The Impact of Divorce Laws on Marriage-Specific Capital”. Working Paper 2006-43. The Wharton School, University of Pennsylvania, 2006.
23 El artículo 81 del Código Civil español dispone: “Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio:
1.º A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código. 2.º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación.”
24 La motivación de la ley señala: “Con este propósito, se estima que el respeto al libre desarrollo de la personalidad, garantizado por el artículo 10.1 de la Constitución, justifica reconocer mayor trascendencia a la
Bajo el régimen de divorcio sanción adoptado por la mayoría de los países durante los siglos XIX y comienzos del XX, la obligación de alimentos que surgía del divorcio se basaba en dos criterios: (i) el reproche a la conducta del cónyuge que incumplía sus deberes maritales, y (ii) la desigualdad económica de las mujeres –quienes usualmente eran las cónyuges inocentes. En algunos países la eliminación del divorcio “con culpa” condujo también a la abolición de las obligaciones alimentarias entre cónyuges divorciados o al menos a la disminución del monto de la obligación. 25 Por ello nuevas reformas adoptadas por varios países buscan introducir una nueva teoría de las
voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. Así, el ejercicio de su derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en su solicitud, ni, desde luego, de una previa e ineludible situación de separación.” 25 Sectores de los estudios feministas aseguran que la disminución del monto de las obligaciones de alimentos se debió a la pérdida del poder de negociación de las mujeres con la introducción del divorcio sin culpa. Por ello recomiendan la creación de medidas de protección de las esposas con fundamento en criterios de necesidad y teniendo en cuenta la pérdida de oportunidades laborales que muchas mujeres enfrentan debido a su retiro del mercado laboral durante parte o todo el matrimonio.
obligaciones alimentarias entre cónyuges divorciados basada, por ejemplo, en la pérdida de capacidad para adquirir ingresos que sufre uno de los esposos debido a su retiro del mercado laboral y a su dedicación a las labores del hogar durante el matrimonio. 26
Por ejemplo, una reforma de 1983 introdujo en Grecia una lista de casos en los que un cónyuge puede ser acreedor de la obligación de alimentos después del divorcio que no están necesariamente ligados a la culpa – artículo 1442 del Código Civil. También dispuso que la obligación de alimentos es temporal, pero eventualmente puede prolongarse si el cónyuge que requiere el soporte no puede acceder a trabajo remunerado apropiado (por ejemplo, debido a su edad o estado de salud), con mayor razón si tiene a su cargo la custodia de los hijos, o por razones de equidad. De acuerdo con la ley griega, no es necesario que esta situación exista al momento del divorcio; puede surgir posteriormente y el juez en ese momento podrá decretar los alimentos. 27
En el caso español, la reforma de 2005 también introdujo mecanismos dirigidos a mitigar los desequilibrios económicos que el divorcio genera. Estos mecanismos no se basan en la culpa del cónyuge que incumple los deberes maritales, sino en criterios de necesidad. 28
Finalmente, aunque Chile legalizó el divorcio solamente hasta el 2004, introdujo un régimen de compensaciones que no se basa exclusivamente en la culpa de uno de los cónyuges sino en el desmedro económico que la disolución del vínculo causa. En este sentido, el artículo 61 de la Ley 19.947 de 2004 dispone: “Si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y
26 Ver ELLMAN, Ira Mark. “The Theory of Alimony”. California Law Review, Vol 77, 1989. 27 Ver TSAOUSSIS-HATZIS, Aspasia. “The Greek Divorce Law Reform of 1983 and its Impact on Homemakers: a Social and Economic Analysis.” Dissertation Submitted to the Faculty of The Law School in Candidacy for the Degree of Doctor Of Jurisprudence. Vol. 1. The University of Chicago, 2000.
28 El artículo nueve de la Ley española 15/2005, que reforma el artículo 97 del Código Civil, expresa:
“El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la
posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa.” 29
EXPRESIONES DEMANDADAS
2.6.1.1.Como ya fue reseñado, el Legislador cuenta con un amplio margen de configuración para establecer los términos de caducidad de las acciones judiciales. Sin embargo, tal libertad debe desarrollarse de conformidad con la naturaleza de la acción respectiva y en el marco del respeto de (i) los principios y fines del Estado social de derecho – como la justicia, (ii) los derechos fundamentales de las personas, especialmente los derechos al debido proceso y a la administración de justicia, y (iii) del principio de proporcionalidad, de modo tal que no se haga nugatorio el derecho de acción.
2.6.1.2.En ejercicio de su libertad de configuración, el Legislador expidió el artículo 10 de la Ley 25 de 1992 -que modificó el artículo 156 del Código Civil, según el cual el divorcio sanción solamente puede ser solicitado por el cónyuge inocente, es decir, aquel que no incurrió en las conductas descritas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 154 del Código Civil –modificado por el artículo 6 del la Ley 25 de 1992. Tal demanda, sin embargo, debe ser interpuesta por el cónyuge inocente dentro de unos términos precisos; estos son:
29 El artículo 62 de la misma ley señala los criterios que los cónyuges y, en su defecto, el juez deben tener en cuenta para fijar esta compensación. Su texto es el siguiente: “Artículo 62.- Para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación, se considerará, especialmente, la duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges; la situación patrimonial de ambos; la buena o mala fe; la edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario; su situación en materia de beneficios previsionales y de salud; su cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral, y la colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge. Si se decretare el divorcio en virtud del artículo 54, el juez podrá denegar la compensación económica que habría correspondido al cónyuge que dio lugar a la causal, o disminuir prudencialmente su monto.”
2.6.1.3.Aunque la disposición no indica expresamente la naturaleza de estos términos, dado que limitan en el tiempo el ejercicio del derecho de acción en materia de divorcio, la Sala concluye que se trata de términos de caducidad que, por tanto, se rigen por las reglas y límites analizados en apartes previos.
2.6.1.4.La disposición acusada tuvo origen en la Ley 1° de 1976 que introdujo la figura del divorcio en la legislación colombiana. El artículo 6 de esta ley, que reformó el artículo 156 del Código Civil, disponía:
El juicio de proporcionalidad es una herramienta argumentativa para el examen de la justificación de actividades estatales que significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de las personas. Como ha señalado esta Corporación, “(…) pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades individuales” 30 (negrita fuera del texto). El examen se lleva a cabo mediante la ponderación de los intereses y valores constitucionales involucrados en la medida legislativa o de otra índole sujeta a control, a fin de determinar si la relación que existe entre ellos es de equilibrio. 31 En particular, el juicio se realiza en las siguientes dimensiones analíticas: 32
30 Cfr. Sentencia C-799 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
31 Ver Sentencia C-799 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
32 Como fue indicado en las sentencias C-093 de 2001 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-896 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), entre otras, la doctrina y la jurisprudencia constitucional comparadas, así como la propia práctica de esta Corporación, han evidenciado que existen tres grandes enfoques para la realización de tales escrutinios: (i) Uno de origen europeo, mejor conocido como juicio de proporcionalidad y que será el que se empleará en la presente decisión. (ii) Otro de origen estadounidense, que diferencia distintos niveles de intensidad dependiendo de la materia sometida a control: por ejemplo, los asuntos económicos son sometidos a un nivel leve de escrutinio en el que basta que una medida sea potencialmente adecuada para lograr una finalidad que no es prohibida por el orden constitucional. Por el contrario, controversias que versan sobre derechos fundamentales o sobre tratos diferenciados basados en criterios sospechosos (como sexo, raza, nacionalidad, etc.) deben someterse a un escrutinio estricto, según el cual la medida adoptada por el Legislador debe ser necesaria para alcanzar un fin no solamente permitido, sino imperioso a la luz de la Carta. Las demás controversias se examinan bajo un escrutinio intermedio que exige que el medio elegido por el legislador sea efectivamente conducente o esté sustancialmente relacionado con un fin que debe ser “importante” desde la perspectiva constitucional (ver también las sentencias C-445 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Cabalero y C-673 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) (iii) Finalmente, la propia Corte ha propuesto un juicio integrado -formulado por primera vez en la sentencia C- 093 de 2001- que pretende de reunir las ventajas de los dos anteriores mediante la práctica de todos los niveles de examen del juicio de proporcionalidad, pero sometidos a distintos niveles de rigor dependiendo de la materia bajo examen. La Corte no ha unificado su jurisprudencia en torno a cuál juicio o método de análisis debe emplearse en sede de control de constitucionalidad. En vista de la libertad que existe al respecto, el
2.6.2.2.Las finalidades que persigue la medida son legítimas a la luz de la Constitución
2.6.2.2.2. De acuerdo con las consideraciones expuestas en apartes previos, la primera de estas finalidades es legítima desde el punto de vista constitucional. En virtud del artículo 42 superior, el Legislador debe promover la unidad y estabilidad familiar. Este último concepto - estabilidad familiar- eventualmente puede coincidir con la duración del matrimonio, toda vez que el matrimonio es una forma de familia.
2.6.2.2.3. La segunda de las finalidades enunciadas, es decir, la imposición de las consecuencias ligadas al divorcio sanción dentro de un término razonable, también es legítima desde la perspectiva constitucional. Ciertamente, el debido proceso en materia sancionatoria implica que las
Magistrado Sustanciador optó por el juicio de origen europeo en el que no es necesario identificar el nivel de escrutinio, pues el rigor del examen es igual en todos los casos.
conductas sancionables y las sanciones no solamente deben ser determinadas o determinables de antemano, sino que deben ser impuestas dentro de términos razonables y predecibles.
2.6.2.4.1. En primer lugar, el establecimiento de un término de caducidad para el ejercicio de la acción de divorcio con ocasión de las causales subjetivas
definidas en el artículo 154 del Código Civil, termina por anular el derecho de los cónyuges inocentes a solicitar el divorcio una vez el término de caducidad ha vencido.
En efecto, para que un cónyuge pueda obtener el divorcio después de que ha vencido el término de caducidad para alegar las causales subjetivas y sin tener que contar con el consentimiento del otro – fundamento de la causal 9° y del divorcio notarial, la única salida que tiene es abandonar la residencia común y esperar dos años para poder solicitar el divorcio con fundamento en la causal 8°. Mientras estos dos años transcurren, el cónyuge se ve obligado en contra de su voluntad a mantener el vínculo jurídico –con las consecuencias personales y patrimoniales que el matrimonio conlleva- y en detrimento de sus derechos a restablecer su vida familiar y al libre desarrollo de la personalidad.
2.6.4.1.En segundo lugar, uno de los elementos esenciales del matrimonio es
la libre voluntad de los contrayentes. Por tanto, es la voluntad de los
contrayentes la que debe regir también su disolución. En consecuencia, el obligar a una persona a permanecer casada aún en contra de su voluntad restringe de manera drástica sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad a la dignidad en su faceta de autodeterminación:
Los derechos al libre desarrollo de la personalidad e intimidad garantizan a las personas la posibilidad de tomar decisiones libres sobre asuntos personales sin injerencias indebidas del Estado o los particulares. Por otra parte, la Corte ha identificado a lo largo de su jurisprudencia tres lineamientos sobre el contenido de la dignidad humana: “(i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien).
Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes
no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin
humillaciones)” (negrita fuera del texto) 33 . La norma acusada restringe la posibilidad de las personas de decidir sobre un asunto tan íntimo como el matrimonio. Además, mediante esta disposición el Estado suplanta al particular en la toma de decisiones al respecto, pues atribuye al paso del tiempo los efectos de consentimiento de conductas tan lesivas como la violencia doméstica que puede incluir hasta agresiones sexuales. Por último, la medida limita la posibilidad de las personas de elegir un nuevo plan de vida y restablecer sus relaciones familiares, uno de los elementos de la dignidad en su faceta de autodeterminación. Como ha dicho la Corte, la conformación de una familia es un elemento indispensable de la fijación de un plan de vida.
incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
y como padres”, se refiere al
sobre “[e]l grave e injustificado
33 Cfr. Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
matrimonio y que están previstas en los artículos 176 y siguientes del Código Civil. Estas obligaciones son, entre otras, fidelidad, socorro y ayuda mutua, y cohabitación. Como indica la doctrina 34 , en la práctica esta causal se invoca usualmente por incumplimiento de los deberes de cohabitación y de asistencia alimentaria respecto del otro cónyuge o los hijos; esta última conducta es además tipificada como delito en el artículo 233 del Código Penal. 35
Por su parte, la causal del numeral 3º, “[l]os ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra” se relaciona con el fenómeno de la violencia doméstica. Este fenómeno, como ha señalado la jurisprudencia, puede entenderse como “(…) todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de éstos incluyendo hijos adoptivos, y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad consiste en el abuso que ejerce un miembro de la familia sobre otros.” 36 La violencia puede ser física, sexual o sicológica, y causar daños de la misma naturaleza. 37 En consecuencia, involucra no solamente los castigos físicos –que pueden terminar hasta con la muerte 38 , sino también insultos, golpes, malos tratos, conductas sexuales abusivas y de acceso carnal violento.
En consecuencia, la violencia doméstica significa la violación de múltiples derechos fundamentales de los miembros de la familia como la integridad física y sicológica, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación sexual. Su gravedad ha conducido incluso a sectores de la doctrina a afirmar que es un trato cruel e inhumano asimilable a la tortura. 39 Por estas razones la violencia
34 Ver por ejemplo CORAL B., María Cristina y TORRES C., Franklin, Instituciones de derecho de familia. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 2002.
35 El texto de artículo 223 del Código Penal es el siguiente: “El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor.”
36 Cfr. Sentencia C-059 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
37 Ver LEMAITRE, Julieta. Compendio Normativo y Diccionario de Violencia Intrafamiliar. Bogotá, Política HAZ PAZ: Consejería Presidencial para la Política Social y PNUD, volumen 1, 2002.
38 En la sentencia C-674 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte expresó: “(…) el fenómeno de la violencia intrafamiliar comprende todo acto de maltrato que recaiga sobre un integrante del núcleo familiar del agresor, sin hacer distinción en cuanto a su gravedad. De este modo conductas tipificadas de manera general como el homicidio o las lesiones personales se integran al ámbito de la violencia intrafamiliar cuando se cometen contra integrantes de ese núcleo.”
39 Al respecto, la Relatora Especial de Naciones Unidas de Violencia contra la Mujer ha afirmado que "(…) la violencia grave en el hogar puede interpretarse como forma de tortura mientras que las formas menos graves pueden calificarse de malos tratos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos". Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la
doméstica es proscrita en nuestro ordenamiento, como a continuación se analiza:
Además, debido a que la mayor parte de las víctimas de violencia doméstica son mujeres, es decir, la violencia doméstica tiene un impacto desproporcionado en términos de género, el derecho internacional de los derechos humanos y la normativa interna han reconocido el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y han introducido medidas afirmativas de protección de la mujeres frente este fenómeno. 40
Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, incorporada mediante la Ley 51 de 1981, califica la violencia doméstica contra las mujeres como una
mujer. Documento E/CN.4/1996/53 Párrafo No 48. Citado en la sentencia C-408 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 40 De acuerdo con la fundación Humanas, de los 52.664 eventos de violencia doméstica registrados en Colombia durante el 2008, el 89,1% se dirigía en contra de mujeres. Ver
www.humanas.org.co/html/varios/ La Corte Constitucional también ha reconocido el nexo entre
violencia doméstica y género en sentencias como la C-408 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en la que afirmó lo siguiente al examinar la constitucionalidad de la Ley 248 de 1995 que incorporó la Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer:
“(…) Esta violencia contra la mujer se encuentra además muy extendida. Así, diversos documentos de Naciones Unidas han mostrado que tanto en los países desarrollados como en las naciones en vía de desarrollo las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia no sólo en los ámbitos públicos y laborales sino también dentro del hogar. Por ejemplo, en Estados Unidos entre tres y cuatro millones de mujeres son golpeadas cada año, de suerte que la agresión contra la mujer representa el 25 % de los delitos violentos en ese país. En Colombia, las prácticas de violencia contra la mujer se encuentran tanto o más extendidas, situación que la Corte Constitucional deplora y considera que debe ser corregida por las autoridades. sí, como lo indica la exposición de motivos del Gobierno, la Encuesta Nacional de Prevalencia, Demografía y Salud de 1990 mostró la extensión de estas formas de violencia doméstica pues concluyó que el 58% de las mujeres que han estado alguna vez unidas, han sido objeto de violencia física o sexual por parte de sus parejas. (…) (…)No se puede entonces invocar la intimidad y la inviolabilidad de los hogares para justificar agresiones contra las mujeres en las relaciones privadas y domésticas. Es más, esta violencia puede ser incluso más grave que la que se ejerce abiertamente, pues su ocurrencia en estos ámbitos íntimos la convierte en un fenómeno silencioso, tolerado, e incluso, a veces, tácitamente legitimado.”
/Cifras.pdf
forma de discriminación por razones de sexo 41 y obliga a los estados partes a adoptar todo tipo de medidas para combatirla.
2.6.4.2. En tercer lugar, la disposición limita el derecho a elegir el estado civil y conformar una familia. El estado civil, como ha señalado la
41 El artículo 1º de la Convención indica: “A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”
Corte, está ligado íntimamente al libre desarrollo de la personalidad, pues es un elemento de la esfera personal. La norma impide a las personas -fuera de las hipótesis antes señaladas- elegir su estado civil y divorciarse. Por esta vía también impide a las personas contraer un nuevo matrimonio y conformar una nueva familia. En este sentido es preciso recordar que conformar una familia es un derecho que garantiza la realización personal y es supuesto para el desarrollo de otros derechos.
En el caso de las causales 1° y 7°, la situación es aún más grave, ya que la disposición restringe de manera absoluta la posibilidad de solicitar el divorcio a un lapso de dos años contados desde cuando tuvo lugar la causal, sin tener en cuenta si el cónyuge tenía o no conocimiento de ella.
Para la Sala el término de caducidad para el ejercicio de la acción de divorcio previsto en la disposición acusada es desproporcionado y, por tanto, contrario a la Constitución. En efecto, (i) aunque persigue finalidades legítimas a la luz de la Carta –promover la estabilidad del matrimonio y garantizar que las sanciones ligadas al divorcio basado en causales subjetivas se impongan en un término razonable, (ii) no es necesaria , pues tales finalidades se pueden alcanzar a través de otros medios menos lesivos en términos de los derechos fundamentales del cónyuge que desea divorciarse. Además, (iii) la medida es desproporcionada en estricto sentido, pues en ausencia de la posibilidad de divorcio unilateral, impone un sacrificio irrazonable al cónyuge inocente en términos de sus derechos al libre desarrollo de la
personalidad, a la intimidad, a la dignidad en su faceta de autonomía, a elegir el estado civil y a conformar una familia.
SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLE la frase “y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1ª y 7ª o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª” contenida en el artículo 10 de la Ley 25 de 1992, bajo el entendido que los términos de caducidad que la disposición prevé solamente restringe en el tiempo la posibilidad de solicitar las sanciones ligadas a la figura del divorcio basado en causales subjetivas. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Presidente Con salvamento parcial de voto
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado Con salvamento parcial de voto
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Magistrado Con salvamento de voto
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Sentencia C-985 de 2010
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Desconocimiento de la confianza legítima del cónyuge culpable (Salvamento parcial de voto)
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 25 de 1992,
modificatoria del artículo 156 del Código Civil.
discrepancia parcial con la decisión de mayoría obedece a lo siguiente:
que se haya efectuado la declaratoria de inexequibilidad a que alude el
punto segundo de la parte resolutiva del fallo proferido en este proceso, a mi juicio, desconoce flagrantemente claras competencias constitucionalmente reconocidas al legislador, en lo que tiene que ver, específicamente, con la regulación del concepto de familia y, en particular, de la institución
matrimonial, jurídicamente concebida como la célula básica, primaria o fundamental de la sociedad, la cual, por lo mismo, a causa del interés general que reviste merece ser prohijada a objeto de que en su seno se realicen los trascendentes cometidos que le son propios.
Si para proteger la estabilidad del matrimonio se le reconoce al legislador la
través del divorcio, solo o de manera
excepcional, mediante el establecimiento de
circunstancias, con mayor razón, aplicando la socorrida e inobjetable máxima según la cual quien puede lo más, también puede lo menos, debe
reconocérsele al órgano de representación democrática la atribución de limitar
en el tiempo, de manera razonable, la posibilidad de invocar o hacer valer oportunamente las correspondientes causales.
facultad de permitir su disolución, a
La anotada declaratoria de inexequibilidad desconoce que el transcurso del
tiempo, en múltiples situaciones, se ha constituido en uno de los supuestos con
mayor implicación jurídica para dar paso al nacimiento, la consolidación o extinción de derechos y para habilitar el ejercicio oportuno de acciones que se promueven ante los órganos jurisdiccionales, dentro de un amplio margen de regulación reconocido al legislador.
La declaratoria de inexequibilidad producida en este caso desconoce que en
asuntos tan caros o sensibles a la sociedad, como la comisión de un delito, puede no investigarse o no aplicarse la sanción impuesta por el solo transcurso
del tiempo. Que el incumplimiento de las obligaciones civiles o comerciales o
el incurrir en actos, hechos u omisiones altamente dañosos del patrimonio o de
los derechos civiles de los demás puede dejar libre de responsabilidad al sujeto
autor de esas situaciones por el simple transcurso del tiempo.
El efecto indeseable de la decisión de la cual discrepamos, consiste en que
convierte en imperdonables, imprescriptibles o en irredimibles faltas constitutivas de causal de divorcio cometidas por alguno de los cónyuges por cuanto estas se pueden hacer valer en cualquier tiempo, 20, 30 o 50 años
después, por el consorte o la consorte que no las propició, en desconocimiento
de la confianza legítima del cónyuge culpable quien por el transcurso del
tiempo válidamente puede suponer que la ausencia de la demanda de divorcio en su contra supuso que su falta se había condonado.
En otras palabras, se reconoce plenamente la competencia del legislador para limitar en el tiempo el ejercicio de derechos o acciones, tornándolos extinguibles, circunscrito dicho reconocimiento a efectos implicativos o accesorios, de carácter económico, pero, paradójicamente se niega dicha atribución al Congreso de la República para regular un tema de máxima trascendencia jurídica constitucional en el que gravita fuertemente el interés general por referirse a un aspecto basilar o fundante de la estructura social, desconociendo el expreso mandato superior (Art.42 de la Constitución) según el cual, le asiste al legislador un amplio margen de configuración, en esta materia, que patentiza en el enunciado según el cual: “Las formas del matrimonio, la edad y la capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de
los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil”.
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO A LA SENTENCIA C-985/10
Con el acostumbrado respeto, el suscrito Magistrado disiente de la decisión mayoritaria que declaró inexequible la frase “en todo caso las causales 1ª y 7ª sólo podrán alegarse dentro de los dos años siguiente a su ocurrencia” contenida en el artículo 10 de la Ley 25 de 1992 y que declaró exequible la frase “y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1ª y 7ª o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª” contenida en el artículo 10 de la Ley 25 de 1992, bajo el entendido que los términos de caducidad que la
disposición prevé solamente restringe en el tiempo la posibilidad de solicitar las sanciones ligadas a la figura del divorcio basado en causales subjetivas.
Documenti simili a C-985-10
20 Años de Matrimonio_ La Época de Mayor Felicidad 1
El Mapa Del Matrimonio - Copy
Resolucion Auxilio Judicial
milagros nanly
Kary Liz Maldonado
Altro di Daniel Felipe Garavito Rincón
001-2019 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.docx
Anonymous wal0VdgGm2
648727696rad55FBF (1)