Source: http://www.hoyactual.com/la-anc-publica-recomendaciones-para-los-funcionarios-ante-el-cambio-politico-que-se-avecina/
Timestamp: 2018-02-19 22:02:52
Document Index: 51974462

Matched Legal Cases: ['artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 55', 'artículo 67', 'artículo 155', 'artículo 68', 'artículo 14', 'artículo 155']

La ANC publica recomendaciones para los funcionarios ante "el cambio político que se avecina" | Hoy Actual
By appdesarrollo On 28 octubre, 2017 In Mundo Tagged ante, avecina, cambio”, Funcionarios, para, político, pública, recomendaciones Leave a comment
La ANC publica una ‘Reflexión jurídica general’ y solicita a los funcionarios desobecer ante el 155 del Estado porque “atenta contra los derechos humanos y el Estatut”.
Apoyado en que todo parte de “acuerdos unilaterales del Estado”, asegura que “las medidas del 155 no pueden comportar ni la derogación ni la inaplicación del Estatut”.
Desarrolla los artículos del Estatut con los que choca la app del 155.
El reto independentista y el 155, últimas noticias.
Carta a Íñigo Urkullu, ‘lehendakari’.
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha colgado éste viernes en su web una serie de recomendaciones legales para los funcionarios ante “los cambios políticos que se avecinan”, en referencia a la Declaración Unilateral de Independencia y la puesta en funciona del artículo 155, ambas iniciadas éste viernes.
El texto, en catalán, recoge lo que llama cual ‘Reflexión jurídica general‘ y en el afirma que “el artículo 155 de la Constitución española es un mecanismo de reacción ante el incumplimiento de una comunidad autónoma de las obligaciones que le impongan la ley ó la Constitución, ó ante una actuación que atente contra el rédito general de España”, arranca, para permanecer con que ésta acción “permite adoptar las medidas precisas para que la Comunidad Autónoma cumpla forzosamente sus obligaciones, medidas que deben ser aprobadas por mayoría absoluta por el Senado. Estas medidas, en ningún caso, pueden suponer suprimir ó disminuir los derechos fundamentales de los ciudadanos (que solo se pueden suspender de pacto con el mecanismo contractual en el artículo 55 de la Constitución), ni muchísimo menos pueden conllevar la derogación directa ni indirecta de las leyes”.
ANC sigue asegurando que “las leyes solo se pueden alterar ó derogar con los mecanismos que establece de constituye expresa la Constitución, mas en ningún caso mediante acuerdos unilaterales del Estado, a propuesta del Gobierno. En consecuencia, las medidas del 155 no pueden comportar ni la derogación ni la inaplicación del Estatuto de autonomía de Cataluña, que tiene naturaleza de ley orgánica e integra el bloque de constitucionalidad”.
Prosigue preguntándose retóricamente “¿por qué éste 155 atenta contra los derechos fundamentales?” y responder que “las medidas impulsadas por el Gobierno del Estado atentan gravemente contra los derechos esenciales de los catalanes, y suponen la derogación ó inaplicación de parte del Estado de autonomía de Cataluña, sin apoyo legal ni jurídico para hacerlo”, y desgrana a continuación las razones.
“La destitución del presidenta y el Gobierno. Esta es una atribución que, de pacto con el artículo 67.7 del Estatuto, tan solo se puede realizar por renovación del Parlamento consecuencia de unas elecciones, por petición de censura ó denegación de una cuestión de confianza, por fallecimiento, renuncia ó incapacitación permanente, física ó mental, reconocida por el Parlamento. Las medidas propuestas con la excusa del artículo 155 vulneran el Estatuto, y el mismo artículo veintitres de la Constitución, que garantiza el derecho esencial al sufragio, a la participación y la representación política. En cuanto al cese del Gobierno, el artículo 68.4 del Estatuto establece que está directamente ligado al cese del presidente; por tanto, las medidas propuestas vulneran la misma normativa especificada en el cese del presidente.
Prosigue asegurando que “las medidas propuestas, que afectan a la totalidad del Gobierno de la Generalitat, suponen un grave atentado al principio de democracia (principio preeminente ante el principio de estado de derecho) regulado en el preámbulo de la Carta de derechos esenciales de la Unión Europea. La afectación de departamentos cual Educación ó Interior, ó los medios públicos de comunicación, asimismo atenta contra el derecho de información, regulado por el artículo once de la Carta (libertad de los medios de ponencia y su pluralismo político); atenta contra la libertad de educación, contractual en el artículo 14; atenta contra la igualdad y no discriminación, que regulan los artículos veinte y veintiuno de la Carta. Además atenta asimismo contra los derechos a la seguridad y de libertad de prensa, regulados por los artículos diecisiete y veinte de la Constitución”.
En cuanto a la situación de los funcionarios y las autoridades de la Generalitat ante las medidas del 155, la ANC publica que “la obligación de los funcionarios y autoridades de cumplir la ley no ampara obedecer órdenes meridianamente contrarias a la legalidad vigente, que se desprende de los tratados de la Unión Europea (d app directa en España), de la Constitución española, del Estatuto de autonomía y el residuo de normativa. La obligación de los funcionarios de cumplir la ley implica que los funcionarios no deben cumplir las instrucciones que alguien pueda entregar amparándose en estas medidas del artículo 155 propuestas por el Gobierno del Estado, desde el instante que son medidas meridianamente contrarias al ordenamiento jurídico”.
La ANC habla de dos escenarios posibles a partir de la app del 155 “cuando el Parlamento deberá levantado la suspensión de la Declaración de independencia de Cataluña y el Gobierno de España tratará de aplicar su dictado de excepción”:
1) “Que la República Catalana pueda oponerse de forma efectiva. Los funcionarios son denominados a mantener el gobierno y el parlamento legítimos”.
2) “Que la violencia policial y militar española se imponga en primera instancia, parcial ó totalmente. Haremos resistencia pasiva asimismo desde la misma administración, ante una autoridad no electa, ilegítima, que pretende entregar instrucciones que contradicen los fundamentos del estado de derecho y persiguen los derechos esenciales de la ciudadanía a la que nos debemos”.