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Timestamp: 2017-04-25 20:52:14
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 22', 'Artículo 2', 'artículo 5', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 15', 'Artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 4', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 4', 'Artículo 20', 'artículo 5', 'Artículo 21', 'artículo 50', 'Artículo 22', 'artículo 31', 'Artículo 23', 'artículo 4', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 5', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 29', 'artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 22', 'Artículo 32', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 31', 'Artículo 40', 'artículo 35', 'Artículo 41', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 9', 'Artículo 769', 'Artículo 141', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 22', 'Artículo 1', 'artículo 9', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 997', 'ARTÍCULO 884', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TEXTO ORIGINAL. - PDF
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Sergio de la Fuente Sandoval
1 LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TEXTO ORIGINAL. LEY PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, EL 13 DE MAYO DE 2014, TOMO: CLIX, NÚMERO: 43, SÉPTIMA SECCIÓN. FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes hace saber: El H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: DECRETO EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DECRETA: NÚMERO 315 ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue: LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de Michoacán de Ocampo, y tiene por objeto reglamentar el procedimiento de Extinción de Dominio de bienes a favor del Estado, en los términos de lo previsto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: I. Acción: La Acción de Extinción de Dominio; II. Afectado: La persona titular de los derechos de propiedad, o copropiedad, del bien sujeto al Procedimiento de Extinción de Dominio, con legitimación para acudir a proceso; III. Bienes: Todas las cosas, muebles o inmuebles, que no estén excluidas del comercio, así como todos aquellos derechos reales o personales, sus objetos,2 frutos y productos, susceptibles de apropiación, que actualicen los supuestos establecidos por el artículo 5 de esta Ley; IV. Hecho ilícito: Hecho, típico y antijurídico, constitutivo de cualquiera de los delitos de delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, robo de vehículos y trata de personas; aún cuando no se haya determinado quien o quienes fueron sus autores, participaron en él o el grado de su intervención; V. Juez: Juez de Extinción de Dominio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; VI. Ley: Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán de Ocampo; VII. Procedimiento: Procedimiento de Extinción de Dominio previsto en esta ley; y, VIII. Tercero: Persona que, sin ser afectado en el procedimiento de Extinción de Dominio, comparece en él para deducir un derecho propio sobre los bienes materia de la acción. Artículo 3. En los casos no previstos en esta Ley, se estará a las reglas de supletoriedad siguientes: I. En la preparación del ejercicio de la Acción de Extinción de Dominio, a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales; II. En el Procedimiento de Extinción de Dominio, a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales; y, III. En los aspectos relativos la regulación de bienes u obligaciones, a lo previsto en el Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo. CAPÍTULO SEGUNDO EXTINCIÓN DE DOMINIO Artículo 4. La Extinción de Dominio es la pérdida de los derechos a favor del Estado de Michoacán, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado, respecto de los bienes mencionados en el artículo 5 de esta Ley, cuando se acredite el hecho ilícito en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de personas, y el afectado no logre probar la procedencia lícita de dichos bienes; su actuación de buena fe, o que estaba impedido para conocer su utilización ilícita. La Extinción de Dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real o personal,3 principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido. La acción es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe. La extinción de dominio no procederá sobre bienes decomisados por la autoridad judicial, en sentencia ejecutoriada. Los bienes sobre los que se declare la Extinción de Dominio se aplicarán a favor del Gobierno del Estado de Michoacán y serán destinados a programas de seguridad pública y procuración de justicia mediante acuerdo del Ejecutivo del Estado que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Cuando se trate de bienes fungibles se destinarán en porcentajes iguales a la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública. Toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley se considerará como reservada, o confidencial según sea el caso en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. No se podrá publicar o divulgar ningún dato contenido en los expedientes de extinción de dominio hasta que alcancen su total conclusión. En todo caso se reservará la información de las averiguaciones del Ministerio Público que pudiera comprometer sus investigaciones. Artículo 5. Se determinará procedente la Extinción de Dominio, previa declaración jurisdiccional, respecto de los bienes siguientes: I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió; II. Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos de la fracción anterior. Se entenderá por ocultar bienes, los actos que tengan por objeto esconder, disimular o transformar bienes que son producto del delito, o utilizados para su comisión; III. Aquellos utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo; y, IV. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. El supuesto previsto en la fracción III será aplicable cuando:4 a) El Agente del Ministerio Público acredite que el tercero utilizó el bien para cometer delitos patrimoniales, delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas o robo de vehículos, y el conocimiento del afectado; y, b) El afectado no pruebe que lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. Para efectos del inciso a) anterior, el conocimiento del afectado se presume por la existencia de un deber de cuidado, y por la falta de prueba de que realizó conductas diligentes, o precauciones indispensables, para comprobar que el uso del bien fuera legítimo. Se entiende por deber de cuidado la obligación de poner interés y esmero en la ejecución, y medios de comprobación, de actos formales y materiales tendientes a vigilar que el bien cuya posesión trasmitió, o detenta sea destinado a los fines lícitos, satisfaciendo la función social del bien de que trate. Cuando el o los instrumentos, objetos, o productos de un delito que motiven la extinción de dominio se relacionen con la actividad principal del poseedor de los bienes, existirá la presunción de que éste tuvo conocimiento de que dichos bienes provenían de un ilícito. Artículo 6. La absolución del afectado en el proceso penal, o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien. Artículo 7. También procederá la acción respecto de los bienes objeto de sucesión hereditaria cuando dichos bienes sean de los descritos en el artículo 5 de esta Ley, siempre y cuando se ejercite antes de la etapa de inventario y liquidación de bienes, en el procedimiento sucesorio correspondiente. Artículo 8. Se restituirán a la víctima u ofendido del delito los bienes de su propiedad que sean materia de la acción, cuando acredite dicha circunstancia en el procedimiento previsto en esta Ley. El derecho a la reparación de daño, para la víctima u ofendido del delito, será procedente de conformidad con la legislación vigente, cuando obren suficientes medios de prueba en el procedimiento y no se haya dictado sentencia ejecutoriada al respecto. Cuando la víctima u ofendido obtengan la reparación del daño en el procedimiento de Extinción de Dominio, no podrán solicitarlo por ninguna de las otra, vías, que para tal efecto establecen las Leyes aplicables. Artículo 9. Cuando los bienes materia de la acción, después de ser identificados, no pudieran localizarse o se presente alguna circunstancia que impida la declaratoria de Extinción de Dominio, se procederá conforme a las reglas siguientes:5 I. La extinción se decretará sobre bienes de valor equivalente; II. Cuando los bienes se hayan transformado o convertido en otros bienes sobre estos se hará la declaratoria; o III. Cuando se hayan mezclado con bienes adquiridos lícitamente, estos podrán ser objeto de la declaratoria de Extinción de Dominio hasta el valor estimado del producto entremezclado. Respetando el derecho de propiedad de terceros ajenos al proceso. Artículo 10. No se podrá disponer de los bienes sujetos a la acción hasta que exista una sentencia ejecutoriada que haya declarado la extinción de dominio, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 15 del presente ordenamiento. Si la sentencia fuere absolutoria., los bienes se reintegrarán al propietario. Sólo en los casos en que los mismos hubieren estado bajo administración, se entregarán al propietario los productos que se hubieren generado. CAPÍTULO TERCERO MEDIDAS CAUTELARES Artículo 11. El Agente del Ministerio Público solicitará al Juez las medidas cautelares que considere procedentes a fin de evitar que puedan sufrir menoscabo, extravío o destrucción; que sean ocultados o mezclados; o se realice acto traslativo de dominio; sobre aquellos bienes de los que existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que es alguno de los señalados en el artículo 5 de esta Ley y relacionados con alguno de los delitos señalados en el artículo 4 de este ordenamiento. El Juez deberá resolver sobre las medidas cautelares en el auto admisorio. Las medidas cautelares podrán consistir en: I. La prohibición para enajenarlos o gravarlos; II. La suspensión del ejercicio de dominio; III. La suspensión del poder de disposición; IV. Su retención, o desalojo; V. Su aseguramiento;6 VI. El embargo de bienes; dinero en depósito en el sistema financiero; títulos valor y sus rendimientos, lo mismo que la orden de no pagarlos cuando fuere imposible su aprehensión física; o, VII. Las demás contenidas en la legislación vigente o que considere necesarias, siempre y cuando funde y motive su procedencia. Cuando la medida cautelar a que se refiere la fracción V ocurra respecto de bienes en los que existan partes privativas, y de las cuales existan poseedores que acrediten la posesión o uso bajo un título legítimo siempre que éste se hubiera inscrito, protocolizado, o perfeccionado con un acto comprobable anterior, se podrá nombrar depositario del bien al poseedor legítimo. Las medidas cautelares dictadas por el Juez, cuando se trate de bienes inmuebles, se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad que corresponda y en caso de bienes muebles, se informarán a través del oficio respectivo, a las instancias correspondientes. En todos los supuestos se determinarán los alcances de las medidas cautelares que se decreten. En los casos en que se trate de unidades privativas de la totalidad de un bien y no exista un folio auxiliar, el Juez ordenará al Registro Público de la Propiedad la apertura de un folio provisional para efectos de inscribir la medida cautelar. En todos los supuestos, los bienes materia de las medidas cautelares quedarán en depósito de áreas especializadas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, y a disposición de las autoridades que determine el Juez. La regulación para la administración y disposición de dichos bienes será emitida en disposiciones generales por la propia Secretaría. Tratándose de bienes que no sean sujetos de medidas cautelares, pero que se encuentren ubicados en otros que sí lo sean, y no sean reclamados por el legítimo propietario en un periodo máximo de sesenta días, causarán abandono a favor de la administración de justicia en el Estado de Michoacán. Artículo 12. Las medidas cautelares obligan a los propietarios, poseedores, quienes se ostenten como dueños, depositarios, interventores, administradores albaceas, o cualquier otro que tenga algún derecho sobre los bienes respecto de los cuales se dicten dichas medidas. Artículo 13. La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán procederá preferentemente sobre los bienes sujetos a medidas cautelares, a constituir fideicomisos de administración: o, en su defecto, a arrendar o celebrar otros contratos que mantengan la adecuada administración, productividad y valor de los bienes, o aseguren su uso en atención al destino que señala la Ley, debiendo informar al Juez de su administración.7 En todos los casos, a la fiduciaria se le pagará el valor de sus honorarios y de los costos de administración que realice, con cargo individualizado a los bienes administrados o a sus productos. Cualquier faltante que se presente para cubrirlos, será exigible con la misma preferencia con la que se tratan los gastos de administración en un concurso de acreedores, sobre el valor de los bienes, una vez que se liquiden o se subasten. Artículo 14. Mientras los recursos en numerario o títulos financieros de valores se encuentren sujetos a medidas cautelares, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán estará obligada a abrir una cuenta individualizada en una institución financiera que genere rendimientos a tasa comercial. Artículo 15. Previa autorización del Juez, los bienes fungibles de género, muebles susceptibles de deterioro o pérdida y los demás que en adición a los anteriores determine la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, podrán ser enajenados al mejor postor o en condiciones de mercado. Cuando fuere el caso, la Secretaría administrará el producto líquido, de acuerdo con las normas vigentes, e informará al Agente del Ministerio Público y al Juez. Los bienes inmuebles se administrarán y custodiarán por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de conformidad con la legislación vigente, e informará al Agente del Ministerio Público y al Juez. Artículo 16. Durante la sustanciación del procedimiento de Extinción de Dominio se podrá solicitar la ampliación de medidas cautelares, respecto de los bienes sobre los que se haya ejercitado acción. También se podrán solicitar medidas cautelares con relación a otros bienes sobre los que no se hayan solicitado en un principio, pero que formen parte del procedimiento. La ampliación de las medidas cautelares sólo será posible antes de acordar el cierre de la instrucción. Artículo 17. Cuando el Agente del Ministerio Público tenga conocimiento de que va a celebrarse o se está celebrando un acto civil, mercantil o cualquier otro acto jurídico, que tenga como objeto alguno de los bienes señalados en el artículo 5 de la presente Ley, solicitará las medidas cautelares que considere pertinentes para tutelar derechos de terceros de buena fe, que intervengan en dichos actos. Las autoridades y los notarios públicos que intervengan en la celebración de esos actos o en la inscripción de los mismos, están obligados a informar al Ministerio Público cuando tengan conocimiento o indicios de que los bienes objeto de tales actos se encuentran en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5 de esta Ley, en caso contrario serán responsables en términos de la legislación penal o administrativa.8 Artículo 18. Contra la resolución que ordene o niegue medidas cautelares procederá el recurso de apelación que se admitirá, en su caso, sólo en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. CAPÍTULO CUARTO DENUNCIA Artículo 19. Cualquier persona podrá presentar denuncia ante el Agente del Ministerio Público, no especializado, sobre hechos posiblemente constitutivos de los delitos señalados en el artículo 4 de esta Ley. Artículo 20. En la denuncia podrá formularse la descripción de los bienes que el denunciante presuma sean de los señalados en el artículo 5 de esta Ley. Artículo 21. El particular que denuncie y contribuya a la obtención o aporte medios de prueba para el ejercicio de la acción, podrá recibir como retribución un porcentaje del 2 al 5% del valor comercial de los mismos, después de la determinación relativa a los derechos preferentes, señalados en el artículo 50 de este ordenamiento, y en los términos del Reglamento de esta Ley. El valor comercial de los bienes se determinará mediante avalúo, que podrán elaborar las dependencias de la Administración Pública del Gobierno del Estado, y que presente el Agente del Ministerio Público durante el procedimiento. Toda persona que en los términos antes señalados, presente una denuncia tendrá derecho a que se guarde absoluta secrecía respecto de sus datos personales. CAPÍTULO QUINTO COLABORACIÓN Artículo 22. El Juez que conozca de un procedimiento de Extinción de Dominio, de oficio o a petición del Agente del Ministerio Público en términos del artículo 31 de esta Ley, podrá requerir información o documentos del sistema financiero por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de ahorro para el Retiro, así como información financiera o fiscal al Sistema de Administración Tributaria y demás entidades públicas o privadas, que puedan aportar elementos de convicción para la sustanciación del procedimiento. El Juez y el Agente del Ministerio Público deberán guardar la más estricta confidencialidad sobre la información y documentos que se obtengan con fundamento en este artículo, considerando los regímenes de protección que otras leyes establezcan para esa información.9 Artículo 23. Cuando con motivo del Procedimiento de Extinción de Dominio deban dictarse ejecución de las medidas cautelares y la sentencia, y los bienes motivo de la acción se encuentren en otra entidad federativa, en el Distrito Federal, o en el extranjero, se utilizarán para ello los exhortos, la vía de asistencia jurídica internacional, los demás instrumentos legales que establezcan el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, la legislación vigente, los tratados e instrumentos internacionales o, en su defecto la reciprocidad internacional. Los bienes que se recuperen con base en la cooperación con entidades federativas e internacionales, o el producto de éstos, serán destinados a los fines que establece el artículo 4 de esta Ley. CAPÍTULO SEXTO DE LAS GARANTÍAS Y DERECHOS DE LOS AFECTADOS, TERCEROS, VÍCTIMAS Y OFENDIDOS Artículo 24. En el procedimiento de Extinción de Dominio se respetarán las garantías de audiencia y debido proceso, permitiendo al afectado, terceros, víctimas y ofendidos, comparecer en el procedimiento, oponer las excepciones y defensas, presentar pruebas e intervenir en su preparación y desahogo, así como los demás actos procedimentales que estimen convenientes. Artículo 25. Durante el procedimiento el Juez garantizará y protegerá que los afectados puedan probar: I. La procedencia lícita de dichos bienes, su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización ilícita; II. Que los bienes materia del procedimiento no son de los señalados en el artículo 5 de esta Ley; y, III. Que respecto de los bienes sobre los que se ejercitó la acción se ha emitido una sentencia firme favorable dentro de un procedimiento de Extinción de Dominio, por identidad respecto a los sujetos. Los terceros podrán ofrecer pruebas conducentes para que se reconozcan sus derechos sobre los bienes materia de la acción; y las víctimas u ofendidos únicamente en lo relativo a la reparación del daño, cuando comparezcan para tales efectos. Artículo 26. Cuando el afectado lo solicite por cualquier medio, el Juez le designará un defensor de oficio para que éste realice todas las diligencias tendientes a garantizar la audiencia y el debido proceso. Cuando comparezcan10 terceros y la víctima., en caso de requerirlo, tendrán derecho a que se les garantice defensa adecuada. CAPÍTULO SÉPTIMO PARTES Artículo 27. Son partes en el procedimiento de Extinción de Dominio; I. El afectado; II. La víctima; III. El ofendido; IV. El tercero; y, V. El Agente del Ministerio Público Especializado. CAPÍTULO OCTAVO PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN Artículo 28. Cuando se haya iniciado una averiguación previa durante la substanciación de un proceso penal o se dicte sentencia penal respecto de los delitos previstos en el artículo 4 de esta Ley y sean identificados, detectados o localizados algunos de los bienes a que se refiere el artículo 5 de este ordenamiento, el Agente del Ministerio Público que esté conociendo del asunto, remitirá copia certificada de las diligencias conducentes, al Agente del Ministerio Público Especializado para sustanciar la acción. Artículo 29. El Agente del Ministerio Público Especializado preparará y ejercerá la acción ante el Juez y para ese efecto, tendrá las siguientes atribuciones: I. Recabará, recibirá y practicará las diligencias que considere necesarias para obtener las pruebas que acrediten cualquiera de los hechos típicos a que se refiere el artículo 4 de la presente Ley; II. Recabará los medios de prueba que acrediten indiciariamente que los bienes se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 5 de esta Ley; III. Solicitará al Juez, durante el procedimiento respectivo, las medidas cautelares previstas en la presente Ley; y,11 IV. Las demás que señale esta Ley, la legislación vigente o que considere necesarias para el cumplimiento del objeto de este ordenamiento. Artículo 30. Recibidas las copias certificadas de las constancias ministeriales, los autos del proceso penal o la sentencia penal, el Agente del Ministerio Público Especializado de inmediato realizará todas las diligencias necesarias para preparar la acción y procederá a complementar o, en su caso, recabar la información necesaria para la identificación de los bienes materia de la acción. Si los bienes se encuentran a disposición de alguna otra autoridad, les informará al respecto. Realizará el inventario de los bienes, cuando no exista constancia de su realización, y determinará las medidas cautelares necesarias previstas en el Capítulo Tercero de esta Ley. Para la etapa de preparación de la acción, el Agente del Ministerio Público Especializado tiene un término de noventa días hábiles, contados a partir de la recepción de las constancias. El término se podrá ampliar por acuerdo específico del Procurador General de Justicia del Estado. Artículo 31. Si requiere información o documentos que obren en las instituciones a que hace referencia el artículo 22 de esta Ley, el Agente del Ministerio Público solicitará al Juez, por cualquier medio, que haga el pedimento correspondiente. El Juez desahogará de inmediato la solicitud, requiriendo a las autoridades facultadas la contestación en un término no mayor de diez días naturales. Artículo 32. En caso de que el Agente del Ministerio Público acuerde ejercitar la acción, la presentará ante el Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes, que deberá contener cuando menos: I. El Juez ante quien promueve; II. Los nombres y domicilios del afectado, tercero, víctimas o testigos, en caso de contar con esos datos; III. La identificación de los bienes sobre los que se ejercita la acción; IV. Los razonamientos y pruebas con los que acredite la existencia de alguno de los hechos típicos de los mencionados en el artículo 4 de esta Ley y que los bienes sobre los que ejercita la acción indiciariamente son de los mencionados en el artículo 5 de este ordenamiento; V. Las pruebas que ofrezca, conducentes para acreditar la existencia de alguno de los hechos ilícitos de los señalados en el artículo 4 de la Ley y que los bienes sobre los que ejercita la acción son de los mencionados en el artículo 5 de este ordenamiento;12 VI. Los fundamentos de derecho; VII. La solicitud, en su caso, de medidas cautelares sobre los bienes materia de la acción; VIII. La solicitud de notificar al afectado, tercero, víctima y ofendido, determinados e indeterminados; IX. La petición para que se declare en la sentencia correspondiente la extinción de dominio de los bienes; y, X. Las demás que considere necesarias para el cumplimiento del objeto de esta Ley. Artículo 33. En los casos en que el Agente del Ministerio Público determine la improcedencia de la acción, deberá someter su resolución a la revisión del Procurador General de Justicia del Estado. El Procurador General de Justicia del Estado, analizando los argumentos de la resolución de improcedencia, decidirá en definitiva si debe ejercitarse la acción ante el Juez. El Agente del Ministerio Público podrá desistirse de la acción, en cualquier momento hasta antes del cierre de la instrucción, cuando lo acuerde con visto bueno del Procurador General de Justicia del Estado. En los mismos términos podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la acción. En ambos casos pagará costas, en los términos de los artículos 136 a 141 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo. CAPÍTULO NOVENO NOTIFICACIONES Artículo 34. Deberán notificarse personalmente: I. La admisión del ejercicio de la acción al afectado; II. Cuando se deje de actuar durante más de ciento ochenta días naturales, por cualquier motivo; y, III. Cuando el Juez estime que se trata de un caso urgente y así lo ordene expresamente. Las demás notificaciones se realizarán a través de estrados o listas.13 Artículo 35. En todos los casos que se admita el ejercicio de la acción, el Juez mandará publicar el auto respectivo por tres veces, de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en estrados o lista y en un diario de circulación nacional, cuyo gasto correrá a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que comparezcan las personas que se consideren afectados, terceros, víctimas u ofendidos a manifestar lo que a su derecho convenga. Artículo 36. Cuando se trate de la notificación personal al afectado por la admisión del ejercicio de la acción, la cédula deberá contener copia íntegra del auto de admisión. Artículo 37. Las notificaciones deberán seguir las formalidades establecidas en el Capítulo IV del Título Primero del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo. Artículo 38. Bastará la manifestación del Agente del Ministerio Público de que se desconoce el domicilio de las personas a notificar personalmente, situación que acreditará con los informes de investigación respectivos, para que se ordene a través de edictos. CAPÍTULO DÉCIMO PROCEDIMIENTO Artículo 39. El Juez admitirá la acción, en el plazo de setenta y dos horas siguientes a su recepción, si considera que se encuentra acreditado alguno de los hechos ilícitos de los señalados en el artículo 4 de la Ley y que los bienes sobre los que se ejercita la acción probablemente son de los enlistados en el artículo 5 de este ordenamiento, en atención al ejercicio de la acción formulada por el Agente del Ministerio Público; y si se cumplen los demás requisitos previstos en el artículo 31 de esta Ley. Si no los reúne mandará aclararla en el término de cuarenta y ocho horas. El Agente del Ministerio Público subsanará las observaciones de ser procedentes, si considera que no lo son realizará la argumentación correspondiente. Contra el auto que admita el ejercicio de la acción no procede recurso alguno, contra el que lo niegue procede el recurso de apelación en efecto devolutivo de tramitación inmediata. Cualquiera que sea la resolución que se adopte en el procedimiento penal, así como en los juicios de Amparo por actos reclamados dentro del procedimiento penal, no serán vinculantes respecto de las resoluciones que se dicten en el Procedimiento de Extinción de Dominio14 Artículo 40. El Juez acordará, en el auto que admita la acción: I. Lo relativo a las medidas cautelares que le solicite; II. La orden de emplazar a las partes mediante notificación personal; III. La orden de publicar el auto admisorio en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en términos de lo previsto en el artículo 35 de esta Ley; IV. El término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación, para comparecer por escrito, por sí o a través de representante legal, y manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que considere acrediten su dicho; apercibiéndoles que de no comparecer y no ofrecer pruebas en el término concedido, precluirá su derecho para hacerlo; y, V. Las demás determinaciones que considere pertinentes. El notificador tendrá un término improrrogable de tres días hábiles para practicar las notificaciones personales. Artículo 41. Las pruebas que ofrezca el afectado deberán ser conducentes para acreditar: I. La inexistencia del hecho ilícito; II. La procedencia lícita de los bienes sobre los que se ejercitó la acción, su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer la utilización ilícita de dichos bienes; y; III. Que los bienes no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 5 de la presente Ley. Los terceros ofrecerán pruebas conducentes para que se reconozcan sus derechos sobre los bienes materia de la acción, y las víctimas u ofendidos únicamente en lo relativo a la reparación del daño. Las pruebas que ofrezca el Agente del Ministerio Público Especializado deberán ser conducentes, primordialmente, para acreditar la existencia., desde el inicio de la averiguación previa para la admisión de la acción por el Juez, de los hechos ilícitos señalados en el artículo 4 de la Ley y que los bienes son de los enlistados en el artículo 5 del mismo ordenamiento, para el dictado de la sentencia. Además, el Juez le dará vista con todas las determinaciones que tome, para que manifieste lo que conforme a derecho proceda con relación a los terceros, víctimas u ofendidos, y estará legitimado para recurrir cualquier determinación que tome.15 Artículo 42. Si las partes, excepto el Agente del Ministerio Público, no tuvieren a su disposición los documentos que acrediten su defensa o lo que a su derecho convenga designarán el archivo o lugar en que se encuentren los originales, y la acreditación de haberlos solicitado para que, a su costa, se mande expedir copia de ellos. Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legítimamente puedan pedir copia autorizada de los originales. Artículo 43. El derecho a ofrecer pruebas le asiste también al Agente del Ministerio Público, quien contará con el término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación, para ofrecer pruebas diversas a las ofrecidas en su escrito inicial. En su caso, se dará vista a las partes mediante notificación personal, por un término de cinco días a fin de que manifiesten lo que a su interés corresponda. Artículo 44. Concluidos los términos para que comparezcan las partes, el Juez dictará auto, en un término de tres días hábiles, donde acordará lo relativo a: I. La admisión de las pruebas que le hayan ofrecido; II. La fecha de la audiencia de desahogo de pruebas y formulación de alegatos; que se celebrará dentro de los quince días hábiles siguientes; y, III. Las demás determinaciones que considere pertinentes. La audiencia se celebrará estén o no presentes las partes, excepto el Ministerio Público, así como los peritos o testigos cuya presentación quedará a cargo de la parte que los ofrezca. La falta de asistencia de los peritos o de los testigos que el Juez haya citado para la audiencia, tampoco impedirá su celebración; pero se impondrá a los faltistas debidamente notificados una multa de hasta cien días de salario mínimo vigente en el Estado de Michoacán. De no ser posible por la hora o por cuestiones procesales, el Juez suspenderá la audiencia y citará para su continuación dentro de los tres días hábiles siguientes. Artículo 45. Concluida la etapa de la audiencia de desahogo de pruebas, se abrirá la de formulación de alegatos, que podrán ser verbales o por escrito, en el primer supuesto se observarán las siguientes reglas: I. El secretario leerá las constancias de autos que solicite la parte que esté en uso de la palabra; II. El Agente del Ministerio Público alegará primero, y a continuación las demás partes que comparezcan;16 III. Se concederá el uso de la palabra por dos veces a cada una de las partes, quienes podrán alegar tanto sobre la cuestión de fondo como sobre las circunstancias que se hayan presentado en el procedimiento; IV. En los casos en que el afectado esté representado por varios abogados, sólo hablará uno de ellos en cada tiempo que le corresponda; V. En sus alegatos, las partes procurarán ser breves y concisas; y, VI. No se podrá usar la palabra por más de media hora cada vez, a excepción que el Juez permita mayor tiempo porque el alegato lo amerite, pero se observará la más completa equidad entre las partes. Artículo 46. Terminada la audiencia, el Juez declarará mediante acuerdo el cierre de la instrucción, visto el procedimiento y citará para sentencia dentro del término de quince días hábiles, que podrá duplicarse cuando el expediente exceda de más de dos mil fojas. CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO PRUEBAS Artículo 47. Se admitirán todos los medios de prueba que señale el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo. Para el caso de discrepancia entre dictámenes, tratándose de la prueba pericial, se nombrará perito tercero, preferentemente de los que disponga el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Las pruebas testimonial, pericial y confesional se desahogarán con la presencia ineludible del Juez. Artículo 48. Los documentos que versen sobre los derechos reales o personales que se cuestionan sobre los bienes, deberán ser analizados detenidamente por el Juez a fin de determinar el origen y transmisión de los mismos. CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO SENTENCIA Artículo 49. La sentencia se ocupará exclusivamente de la acción, excepciones y defensas que hayan sido materia del procedimiento. Cuando hayan sido varios los bienes en extinción de dominio se hará con la debida separación, la declaración correspondiente a cada uno de ellos.17 Artículo 50. El juez, al dictar la sentencia, determinará procedente la Extinción de Dominio de los bienes materia del procedimiento cuando: I. Se haya acreditado la existencia del hecho ilícito, por el que el Agente del Ministerio Público ejercitó la acción, de los señalados en el artículo 4 de esta Ley; II. Se haya probado que los bienes son de los señalados en el artículo 5 de esta Ley; III. El afectado no haya probado la procedencia lícita de dichos bienes o su actuación de buena fe; o. Se acredite que el afectado tuvo conocimiento del uso ilícito del bien, y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. En caso contrario, el Juez ordenará la devolución de los bienes respecto de los cuales el afectado hubiere probado la procedencia legítima y los derechos que sobre ellos detente. La sentencia que determine la Extinción de Dominio también surte efectos para los acreedores prendarios o hipotecarios, o de cualquier otro tipo de garantía prevista en la Ley, de los bienes materia del procedimiento, en atención a la ilicitud de su adquisición, con excepción de las garantías constituidas ante una institución del sistema financiero legalmente reconocida y de acuerdo con la legislación vigente. La sentencia también resolverá, entre otros aspectos, lo relativo a los derechos preferentes, en lo que se refiera a los alimenticios y laborales de los terceros, así como a la reparación del daño para las víctimas u ofendidos, cuando éstos hayan comparecido en el procedimiento. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, y en los supuestos de los dos párrafos anteriores, el Juez fijará su importe en cantidad líquida o por valor equivalente en especie, y se ordenará el remate de los bienes para su cumplimiento, pero se permitirá que el Gobierno del Estado de Michoacán pueda optar por pagar a los terceros, víctimas u ofendidos para conservar la propiedad de los bienes. Artículo 51. La Extinción de Dominio procede con independencia del momento de adquisición o destino ilícito de los bienes sobre los que se ejercitó la acción. En todos los casos se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título. Artículo 52. En ningún caso el juez podrá aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el juicio.18 Artículo 53. Excepcionalmente, cuando para declarar la Extinción de Dominio el Juez requiera pronunciarse conjuntamente con otras cuestiones que no hubieren sido sometidas a su resolución, lo hará saber al Agente del Ministerio Público para que amplíe la acción a las cuestiones no propuestas, siguiendo las reglas previstas en esta Ley para los trámites del procedimiento. La resolución que ordene la ampliación es apelable y se admitirá, en su caso, en ambos efectos. Artículo 54. Los gastos que se generen con el trámite de la acción de Extinción de Dominio, así como los que se presenten por la administración de los bienes, se pagarán con cargo a los rendimientos financieros de los bienes que se pusieron a su disposición para su administración. Los administradores deberán rendir cuentas. Artículo 55. Si luego de concluido el procedimiento de Extinción de Dominio mediante sentencia firme, se supiere de la existencia de otros bienes propiedad del condenado se iniciará nuevo proceso de extinción del dominio respecto de los bienes restantes. CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO NULIDAD DE ACTUACIONES Artículo 56. La nulidad de actuaciones procederá únicamente por la ausencia o defecto en la notificación. CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO INCIDENTES Y RECURSOS Artículo 57. Los incidentes no suspenden el procedimiento y todas las excepciones que se opongan se resolverán en la sentencia definitiva. Artículo 58. Procede el recurso de revocación contra los autos que dicte el juez en el procedimiento, con excepción de los que esta Ley expresamente señale que procede el recurso de apelación. Previa vista que le de a las partes con el recurso de revocación, por el término de dos días hábiles, el Juez resolverá el recurso en un término de dos días hábiles. Artículo 59. En contra de la sentencia que ponga fin al juicio, procede el recurso de apelación que se admitirá en ambos efectos. Contra el acuerdo que rechace medios de prueba ofrecidos en tiempo y forma, procede el recurso de apelación que se admitirá sólo en el efecto devolutivo.19 Artículo 60. La revocación y la apelación se sustanciarán en los términos previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo. CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO UNIDAD ESPECIALIZADA DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA Artículo 61. La Procuraduría General de Justicia del Estado, contará con la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, con el objeto de detectar las estructuras financieras de la delincuencia, lograr una mayor eficiencia en la investigación y persecución de los delitos, y en el aseguramiento y la extinción de dominio de los bienes destinados a éstos. Esta Unidad contará con agentes del Ministerio Público especializados que ejercitarán la acción de Extinción de Dominio e intervendrán en el procedimiento, en los términos de esta Ley, los demás ordenamientos legales aplicables y los acuerdos que emita el Procurador General de Justicia del Estado. Artículo 62. La Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Procuraduría General de Justicia del Estado tendrá, por lo menos, las atribuciones siguientes: I. Generar, recabar, analizar y consolidar información fiscal, patrimonial y financiera relacionada con conductas que pudieran estar vinculadas con la comisión de algún delito; II. Emitir lineamientos y jerarquizar, por niveles de riesgo, la información que obtengan; III. Diseñar y establecer métodos y procedimientos de recolección, procesamiento, análisis y clasificación de la información fiscal, patrimonial y financiera que obtenga; IV. Proponer al Procurador General de Justicia del Estado, la celebración de convenios de colaboración con las instituciones y entidades financieras, empresas, asociaciones, sociedades, corredurías públicas y demás agentes económicos en materia de información sobre operaciones en las que pudiera detectarse la intervención de la delincuencia organizada o que tengan por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes vinculados a actividades delictivas; V. Requerir a las unidades administrativas, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública Estatal, que proporcionen la información y documentación necesaria para el ejercicio de las atribuciones que se le confieren;20 VI. Solicitar a las autoridades competentes la realización de auditorías extraordinarias, en los casos en que considere conductas presumiblemente constitutivas de delito; VII. Colaborar en la investigación y persecución de los delitos con base en los análisis de la información fiscal, financiera y patrimonial que sea de su conocimiento; VIII. Ser el enlace entre las autoridades administrativas, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública Estatal y las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de otras entidades federativas en los asuntos de su competencia, para el intercambio de información; así como negociar, celebrar e implementar acuerdos con esas instancias; IX. Coordinarse con las autoridades competentes para la práctica de los actos de fiscalización que resulten necesarios con motivo del ejercicio de sus facultades; X. Llevar el registro, inventario y control administrativo de los bienes que se encuentren bajo medidas cautelares o sujetos al procedimiento de Extinción de Dominio, en los términos de esta Ley; XI. Recabar informes de los depositarios de los bienes sujetos a medidas cautelares y en su caso, requerir al Ministerio Público para que realice las promociones conducentes ante la autoridad judicial con relación a la depositaria y administración de los mismos; XII. Someter a consideración del Procurador un informe sobre los resultados en la aplicación de esta Ley, que podrá servir de base para que se informe a la Legislatura, observando lo dispuesto en esta Ley y demás normas aplicables en materia de transparencia y acceso a la información; y, XIII. Las demás que le confieren otras disposiciones legales aplicables. Artículo 63. Las dependencias y organismos auxiliares del Gobierno del Estado de Michoacán, así como de los municipios están obligadas a proporcionar la información que les requiera la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera con motivo del ejercicio de sus funciones. Asimismo, están obligados a proporcionar información los notarios públicos, en los términos que dispone esta Ley y la Ley del Notariado del Estado de Michoacán. Las operaciones relevantes en las que se detecte la intervención de miembros de la delincuencia organizada o que tengan por objeto actos jurídicos con relación a bienes de procedencia ilícita, que se determinen en los protocolos que emita el Procurador, deberán ser informadas a la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, en los términos que se establezcan en los mismos y en las demás normas aplicables. Mostrar más
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