Source: http://legislacion.derecho.com/ley-26-1988-sobre-disciplina-e-intervencion-de-las-entidades-de-credito
Timestamp: 2016-10-24 03:00:19
Document Index: 43105124

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 4', 'artículo 62', 'artículo 4', 'artículo 28', 'artículo 29', 'Artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 4', 'Artículo 18', 'artículo 42', 'Artículo 23', 'artículo 17', 'Artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 28', 'Artículo 30', 'artículo 11', 'Artículo 31', 'Artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 57', 'artículo 4', 'artículo 149', 'artículo 18', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 149', 'Artículo 43', 'Artículo 43', 'artículo 5', 'artículo 40', 'artículo 2', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 52', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'artículo 57', 'artículo 58', 'Artículo 60', 'artículo 59', 'artículo 45', 'artículo 1', 'artículo 111', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 41', 'Artículo 21', 'Artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 48', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 48', 'Artículo 48', 'Artículo 4', 'Artículo 52', 'Artículo 52']

LEY 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito	LEY 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito Mis Leyes
LEY 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito Estado	:
26/1988	Boletín Oficial	:
TÍTULO I. RÉGIMEN SANCIONADOR DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO
CAPÍTULO II. INFRACCIONES (Arts. 3 al 7)
CAPÍTULO III. SANCIONES (Arts. 8 al 17)
CAPÍTULO IV. COMPETENCIAS EN LA MATERIA (Art. 18)
CAPÍTULO V. NORMAS DE PROCEDIMIENTO (Arts. 19 al 27)
TÍTULO II. EJERCICIO DE ACTIVIDADES Y USO DE DENOMINACIONES RESERVADAS A LAS ENTIDADES DE CRÉDITO (Arts. 28 al 30b)
TÍTULO III. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN Y DE SUSTITUCIÓN (Arts. 31 al 38)
TÍTULO IV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS (Arts. 39 al 48)
CAPÍTULO I. APERTURA DE SUCURSALES Y LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN OTROS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA POR ENTIDADES DE CRÉDITO ESPAÑOLAS (Arts. 49 y 50)
CAPÍTULO II. APERTURA DE SUCURSALES Y LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESPAÑA POR ENTIDADES DE CRÉDITO DE OTRO ESTADO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EUROPEA (Arts. 51 al 55)
TÍTULO VI. RÉGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS (Arts. 56 al 62)
Numerosas experiencias internacionales y la propia española, acumuladas a lo largo de muchos años, han puesto de manifiesto la absoluta necesidad de someter las entidades financieras a un régimen especial de supervisión administrativa, en general mucho mas intenso que el que soporta la mayoría de los restantes sectores económicos. Esas entidades captan recursos financieros entre un público muy amplio, carente en la mayor parte de los casos de los datos y los conocimientos necesarios para proceder a una evaluación propia de la solvencia de aquellas. La regulación y supervisión públicas aspiran a paliar los efectos de esa carencia, y facilitan la confianza en las entidades, una condición imprescindible para su desarrollo y buen funcionamiento, esencial no solo para los depositantes de fondos, sino para el conjunto de la economía, dada la posición central que reúnen esas entidades en los mecanismos de pago.
Esos problemas se suelen afrontar en todas las partes articulando unos dispositivos especiales de supervisión de las instituciones. Dichos mecanismos se componen básicamente de un conjunto de normas tendentes a facilitar a la autoridad supervisora una completa información sobre la situación y evolución de las entidades financieras, y de otro conjunto de normas tendentes a limitar o prohibir aquellas practicas u operaciones que incrementen los riesgos de insolvencia o falta de liquidez, y a reforzar los recursos propios con que pueden, en su caso, atenderse esos riesgos, evitando perjuicios para los depositantes. Obviamente, la eficacia de las normas depende de la existencia de unas facultades coercitivas suficientes en manos de las autoridades supervisoras de las entidades financieras, cuyo desarrollo, a través de un régimen adecuado de sanciones administrativas, debe cerrar el sistema regulador.
En nuestro Ordenamiento son muy abundantes las normas que establecen preceptos inspirados en los criterios expuestos mas arriba para los diferentes tipos de entidades financieras, definiendo unas infracciones de los mismos sancionables por la vía administrativa. Esa normativa presenta, sin embargo, deficiencias muy graves, que se pueden agrupar en dos categorías: las que oscurecen la correcta aplicación del principio de legalidad aplicable a las normas sancionadoras en sus elementos esenciales (atribución de potestades sancionadoras a la administración, tipificación precisa de las infracciones y sanciones); y las que surgen de la enorme dispersión y variedad de las disposiciones en que se recoge la normativa, con las lagunas legales y las faltas de coordinación correspondiente.
Para atender esas deficiencias, y siguiendo al mismo tiempo la política promovida por la CEE de impulsar la creación de un marco común de supervisión de las entidades financieras, resulta necesaria la publicación de la presente Ley. Con ella se pretende adecuar el derecho sancionador en la materia a las Normas constitucionales aplicables a la doctrina sentada al respecto por el tribunal constitucional, e igualmente afectar al conjunto mas amplio posible de instituciones financieras, generalizando así este aspecto de su estatuto legal.
I. Se establece una normativa sancionadora común para el conjunto de las entidades de crédito, denominación mas acorde con nuestra tradición jurídica que la de establecimiento de crédito, a la que sustituye, y que se extiende además a otros tipos de instituciones financieras que desarrollan esencialmente la actividad que define a una entidad de crédito.
II. Se determinan con claridad los sujetos pasivos de la potestad sancionadora, implicando a la entidad infractora y, caso de concurrir responsabilidad en ellos, a quienes ejerzan en aquella cargos de administración, dirección o control.
III. Se tipifican las infracciones, tratando de obtener un equilibrio entre la imprescindible concreción de las conductas sancionables, atendiendo a su gravedad, y la definición de aquellas con el grado necesario de generalidad que evite el posible vaciamiento futuro de la Ley, así como el exceso de casuismo o la exhaustividad en su relación, tan imposible como inútil en una actividad sujeta a rápida evolución.
V. Por ultimo, y en cuanto a la cuestión de las competencias sancionadoras, la aplicación de la Ley corresponde al Estado, sin perjuicio del ejercicio de las potestades que en la materia corresponden a las comunidades autónomas. En todo caso, estas deberán ejercerse respetando los principios que se declaran básicos, con amparo de los apartados 11 , 13 y 18 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, al tiempo que se reserva a la competencia estatal la sanción de las infracciones que afecten a normas de carácter monetario o de solvencia.
Junto al desarrollo de estos temas centrales, y de las cuestiones de procedimientos ligadas estrechamente a ellos, se aprovecha esta Ley para regular otros aspectos importantes que guardan relación con el derecho sancionador y cuya normativa era fragmentaria, incompleta o defectuosa: las facultades de la administración para tutelar que las denominaciones y actividades reservadas a las entidades de crédito no se ejerzan por personas, físicas o jurídicas, no habilitadas para ello; y las medidas de intervención y sustitución de sus órganos de administración que, en circunstancias excepcionales, pueden ser adoptadas por los organismos competentes. En relación con el importante sector de las entidades de seguros, no se limita esta Ley a cubrir lagunas, sino que se opta por extender a las mismas, con las naturales adaptaciones, su régimen sancionador y sus soluciones en materia de medidas de intervención y sustitución de los administradores.
Con ello se ha perseguido tanto dar un paso mas hacia la homogeneidad del derecho sancionador administrativo del mundo financiero, como superar las deficiencias advertidas en la aplicación de los correspondientes preceptos de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del Seguro Privado.
La presente Ley va, sin embargo, mas allá de la regulación estricta del régimen disciplinario de las entidades de crédito. En defecto de una Ley general sobre ordenación de la actividad de las entidades de crédito, cuya necesidad se deja sentir, pero que, por su complejidad, no puede abordarse con premura, se ha considerado conveniente aprovechar la aprobación de esta Ley para resolver ciertos problemas sustantivos importantes del régimen legal de las diversas categorías de entidades financieras.
Así, figuran en ella disposiciones que responden a un intento de plantear de forma global el marco de actuación de las entidades de crédito, ampliando el ámbito de aplicación de este concepto al instituto de crédito oficial, a las sociedades de arrendamiento financiero y a las sociedades mediadoras del mercado de dinero y eliminando normas vigentes que fuerzan una especialización artificiosa de determinadas entidades financieras, o constituyen una restricción innecesaria para la actividad de otras. En tal sentido cabe reseñar la generalización a todas las entidades de crédito de la posibilidad de emitir obligaciones sin limites relacionados con su capital; la ampliación a los bancos de la facultad de emitir cédulas hipotecarias, o de realizar, junto a las cajas de ahorro y cooperativas de crédito, operaciones de arrendamiento financiero; y la autorización al Gobierno para someter a todas las entidades de crédito a las normas vigentes sobre coeficientes de caja, inversión o recursos propios. No obstante, la unificación de trato no es absoluta. En particular se mantienen limitaciones a la capacidad de determinadas entidades de crédito especializadas de utilizar ciertas modalidades de captación de fondos del público.
En la misma línea se sitúa la concentración en el banco de España de las funciones de registro, control e inspección de todas las entidades de crédito, así como de las sociedades de garantía reciproca. Esa concentración se justifica, primero, por la similitud de las actividades y la problemática de esas entidades, que precisan un tratamiento coordinado; segundo, por las frecuentes vinculaciones que existen de hecho entre entidades de crédito de diferentes tipos; y tercero, en el caso particular de las entidades oficiales de crédito, por la inhabilitación que la conversión del ICO en una sociedad holding de las mismas implica para el ejercicio de sus anteriores funciones supervisoras.
En fin, la Ley aborda la regulación general de las operaciones de arrendamiento financiero. Sus normas reproducen, mejorándolas en algunos aspectos técnicos, las establecidas en la regulación anterior. Pero se introducen modificaciones en el tratamiento fiscal, que en la regulación precedente equivalía a la admisión de un principio ilimitado de libertad de amortización. Así, se establece la desagregación de las cuotas de arrendamiento en un componente de carga financiera y otro de recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, que seria el equivalente al concepto de amortización en el caso de una adquisición definitiva. Se acepta el principio de que ese segundo componente constituye un gasto amortizable para el arrendatario, pero se dispone que deberá ser de cuantía igual o creciente a lo largo del periodo contractual, para evitar una anticipación de gastos amortizables a través de cuantías decrecientes. Al mismo tiempo se rechaza la deducibilidad en el caso del arrendamiento de bienes que, por su naturaleza, no sean amortizables. Tales normas, unidas a la posibilidad de que el Gobierno establezca plazos mínimos, a la duración de los contratos posibilidad que ya existía en la legislación vigente, pero de la que no se ha hecho uso deberían permitir que, sin eliminar la flexibilidad que los arrendamientos financieros aportan en relación con la normativa del impuesto de sociedades, pueda ponerse limite a practicas que llevarían demasiado lejos esa flexibilidad.
Dicha responsabilidad alcanzará igualmente a las personas físicas o jurídicas que posean una participación significativa según lo previsto en el Título VI de esta Ley, y a aquellas que, teniendo nacionalidad española, controlen una entidad de crédito de otro Estado miembro de la Comunidad Europea. La responsabilidad también alcanzará a quienes ostenten cargos de administración o dirección en las entidades responsables.
2. Se consideran entidades de crédito, a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, las enumeradas en el apartado segundo del artículo 1 del Real Decreto legislativo 1298/1986, de 28 de junio.
Entre tales disposiciones se entenderán comprendidas tanto las aprobadas por órganos del Estado o, en su caso, de las comunidades autónomas que tengan atribuidas competencias en la materia, como las circulares aprobadas por el banco de España, en los términos previstos en esta Ley.
El ejercicio de la potestad sancionadora a que se refiere la presente Ley será independiente de la eventual concurrencia de delitos o faltas de naturaleza penal. No obstante, cuando se este tramitando un proceso penal por los mismos hechos o por otros cuya separación de los sancionables con arreglo a esta Ley sea racionalmente imposible, el procedimiento quedara suspendido respecto de los mismos hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial.
Reanudado, en su caso, el expediente, la resolución que se dicte deberá respetar la apreciación de los hechos que contenga dicho pronunciamiento.
Las infracciones de normas de ordenación y disciplina a que se refiere el artículo 1. de esta Ley se clasifican en infracciones muy graves, graves y leves.
Artículo 4. Constituyen infracciones muy graves:
a. La realización de los actos que a continuación se relacionan, sin autorización cuando ésta sea preceptiva, sin observar las condiciones básicas fijadas en la misma, u obtenerla por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular:
Fusiones, absorciones o escisiones que afecten a las entidades de crédito.
Adquisición, directa o indirecta, de acciones u otros títulos representativos del capital, o cesión de sus derechos políticos, de:
Entidades de crédito españolas por otras entidades de crédito, españolas o extranjeras, o por persona jurídica filial o dominante de las mismas.
Entidades de crédito españolas por otras personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, cuando suponga el control de derecho o de hecho de aquellas, o el cambio en el mismo.
Entidades de crédito extranjeras, por entidades de crédito españolas o por entidad filial o dominante de estas.
Distribución de reservas, expresas u ocultas.
Apertura por entidades de crédito españolas de oficinas operativas en el extranjero.
b. El mantener durante un periodo de seis meses unos recursos propios inferiores a los exigidos para obtener la autorización correspondiente al tipo de entidad de crédito de que se trate.
c. Incurrir las entidades de crédito o el grupo consolidado o el conglomerado financiero a que pertenezcan en insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos, cuando estos se sitúen por debajo del 80 % del mínimo establecido reglamentariamente en función de los riesgos asumidos, o por debajo del mismo porcentaje de los requerimientos de recursos propios exigidos, en su caso, por el Banco de España a una entidad determinada, permaneciendo en tal situación por un periodo de, al menos, seis meses.
f. Carecer de la contabilidad exigida legalmente o llevarla con irregularidades esenciales que impidan conocer la situación patrimonial y financiera de la entidad o del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezcan.
g. El incumplimiento de la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoria de cuentas conforme a la legislación vigente en la materia.
h. La negativa o resistencia a la actuación inspectora, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
i. La falta de remisión al órgano administrativo competente de cuantos datos o documentos deban remitírsele o requiera en el ejercicio de sus funciones, o su falta de veracidad, cuando con ello se dificulte la apreciación de la solvencia de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca. A los efectos de esta letra, se entenderá que hay falta de remisión cuando esta no se produzca dentro del plazo concedido al efecto por el órgano competente al recordar por escrito la obligación o reiterar el requerimiento.
j. El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a sus socios, a los depositantes, prestamistas, y al público en general, así como el incumplimiento del deber de confidencialidad sobre los datos recibidos de la Central de Información de Riesgos, su uso para fines diferentes de los previstos en la Ley reguladora de la misma, o la soli citud de informes sobre personas titulares de riesgos fuera de los casos expresamente autorizados en dicha Ley. Todo ello siempre que, por el número de afectados o por la importancia de la información, tales incumplimientos puedan estimarse como especialmente relevantes.
k. La realización de actos fraudulentos o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado cuya obtención directa implicaría la comisión de al menos una infracción grave.
l. El adquirir participaciones significativas o aumentarlas infringiendo lo previsto en el Título VI de esta Ley.
ll. El poner en peligro la gestión sana y prudente de una entidad de crédito mediante la influencia ejercida por el titular de una participación significativa, según lo previsto en el artículo 62 de esta Ley.
m. Las infracciones graves cuando durante los cinco años anteriores a su comisión hubiera sido impuesta a la entidad de crédito sanción firme por el mismo tipo de infracción.
p. La falta de remisión al Banco de España por parte de los administradores de una entidad de crédito del plan de retorno al cumplimiento de las normas de solvencia o de los planes de actuación o de reestructuración a los que se refiere la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, cuando ello resulte procedente. Se entenderá que existe falta de remisión cuando hubiera transcurrido el plazo establecido para efectuar la misma, a contar desde el momento en que los administradores conocieron o debieron conocer que la entidad se encontraba en alguna de las situaciones que determinan la existencia de dicha obligación.
La realización de actos u operaciones sin autorización cuando ésta sea preceptiva, sin observar las condiciones básicas de la misma, u obtenerla por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular, salvo en los casos en que ello suponga la comisión de una infracción muy grave de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior.
La ausencia de comunicación, cuando esta sea preceptiva, en los supuestos enumerados en la letra a del artículo 4 de esta Ley y en los casos en que la misma se refiera a la composición de los órganos de administración de la entidad o a la composición de su accionariado.
La realización meramente ocasional o aislada de actos u operaciones prohibidas por normas de ordenación y disciplina con rango de Ley, o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas.
La realización de actos u operaciones con incumplimiento de las normas dictadas al amparo del número 2 del artículo 28 de esta Ley o al amparo del número 2 del artículo 29 de la Ley de Economía Sostenible.
La realización de actos u operaciones prohibidas por normas reglamentarias de ordenación y disciplina o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter meramente ocasional o aislado.
El incumplimiento de las normas vigentes en materia de limites de riesgos o de cualquiera otras que impongan limitaciones cuantitativas, absolutas o relativas, al volumen de determinadas operaciones activas o pasivas.
La dotación insuficiente de las reservas obligatorias y de las previsiones para insolvencias.
La falta de remisión al órgano administrativo competente de los datos o documentos que deban remitírsele o que el mismo requiera en el ejercicio de sus funciones, así como la falta de veracidad en los mismos, salvo que ello suponga la comisión de una infracción muy grave. A los efectos de esta letra se entenderá que hay falta de remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido al efecto por el órgano competente al recordar por escrito la obligación o reiterar el requerimiento.
La falta de comunicación por parte de los administradores a la junta general o asamblea de aquellos hechos o circunstancias cuya comunicación a la misma haya sido ordenada por el órgano administrativo facultado para ello.
El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a sus socios, a los depositantes, prestamistas, y al público en general, así como el incumplimiento del deber de confidencialidad sobre los datos recibidos de la Central de Información de Riesgos, su uso para fines diferentes de los previstos en la Ley reguladora de la misma, o la solicitud de informes sobre personas titulares de riesgos fuera de los casos expresamente autorizados en dicha Ley, cuando no concurran las circunstancias a que se refiere el párrafo j del artículo anterior.
La realización de actos fraudulentos o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado contrario a las normas de ordenación y disciplina, siempre que tal conducta no este comprendida en la letra k del artículo anterior.
El incumplimiento de las normas vigentes sobre contabilización de operaciones y sobre formulación de balances, cuentas de perdidas y ganancias y estados financieros de obligatoria comunicación al órgano administrativo competente.
Las infracciones leves, cuando durante los dos años anteriores a su comisión, hubiera sido impuesta a la entidad de crédito sanción firme por el mismo tipo de infracción.
La transmisión o disminución de una participación significativa incumpliendo lo previsto en el Título VI de esta Ley.
La efectiva administración o dirección de las entidades de crédito por personas que no ejerzan de derecho en las mismas un cargo de dicha naturaleza.
La adquisición de una participación en una entidad de crédito, como la descrita en el 57.2, sin haberla comunicado oportunamente al Banco de España.
La ausencia o mal funcionamiento de los departamentos o servicios de atención al cliente, en este último caso, una vez que, transcurrido el plazo concedido al efecto por el Banco de España, no se haya procedido a la subsanación de las deficiencias detectadas por éste.
2. En ambos casos el plazo de prescripción se contara desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del computo será la de finalización de la actividad o la del ultimo acto con el que la infracción se consume.
Multa por importe de hasta el 1 % de sus recursos propios o hasta 1.000.000 euros si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.
Revocación de la autorización de la entidad. En el caso de sucursales de entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, la sanción de revocación de la autorización se entenderá sustituida por la prohibición de que inicie nuevas operaciones en territorio español.
Amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Multa por importe de hasta el medio % de sus recursos propios, o hasta 500.000 euros si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.
Multa por importe de hasta 150.000 euros.
Multa a cada uno de ellos por importe no superiora 500.000 euros.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, en el caso de imposición de las sanciones previstas en las letras c y d del mismo podrá imponerse simultáneamente la sanción prevista en su letra a.
Multa a cada uno de ellos por importe no superior a 250.000 euros.
Artículo 13 bis. Con independencia de las sanciones que, en su caso, procedan de acuerdo con los anteriores artículos del presente Capítulo, las infracciones graves y muy graves cometidas por aquellas personas físicas o jurídicas y cargos de administración o de dirección a que se refiere el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 1 de esta Ley serán objeto de las sanciones de multa e inhabilitación recogidas en los artículos 12 y 13 precedentes, pudiendo imponerse ambas simultáneamente.
1. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy graves, graves o leves se determinaran en base a los siguientes criterios:
Las consecuencias desfavorables de los hechos para el Sistema Financiero o la Economía Nacional.
La circunstancia de haber procedido a la substancian de la infracción por propia iniciativa.
2. Para determinar la sanción aplicable entre las previstas en los artículos 12 y 13 de esta Ley, se tomaran en consideración, además, las siguientes circunstancias:
1. Quien ejerza en la entidad de crédito cargos de administración o dirección será responsable de las infracciones muy graves o graves cuando estas sean imputables a su conducta dolosa o negligente.
Cuando dichas infracciones sean exclusivamente imputables a comisiones ejecutivas, consejeros-delegados, directores generales u órganos asimilados, u otras personas con funciones en la entidad.
2. Si la sanción que correspondiese aplicar fuera la de revocación de la autorización prevista en el apartado b del artículo 9, y la entidad financiera cabeza del grupo consolidado no tuviera la condición de entidad de crédito, se impondrá a aquella la sanción de disolución forzosa con apertura del periodo de liquidación.
3. Cuando, en virtud de lo previsto en los dos números anteriores o en virtud de lo dispuesto en el número segundo de la letra a del artículo 4 de esta Ley, proceda imponer sanciones a personas físicas o entidades que no ostenten la condición de entidades de crédito, será de aplicación lo establecido, a tal efecto, en esta Ley para las entidades que si ostenten dicha condición, sin perjuicio de lo previsto en el número anterior.
En el caso de que, por el número y clase de las personas afectadas por las sanciones de suspensión o separación, ello resulte estrictamente necesario para asegurar la continuidad en la administración y dirección de la entidad de crédito, el órgano que imponga la sanción podrá disponer el nombramiento, con carácter provisional, de los miembros que se precisen para que el órgano colegiado de administración pueda adoptar acuerdos o de uno o mas administradores, señalando sus funciones.
Dichas personas ejercerán sus cargos hasta que, por el órgano competente de la entidad de crédito, que deberá convocar de modo inmediato, se provean los correspondientes nombramientos y tomen posesión los designados, en su caso, hasta que transcurra el plazo de suspensión.
Artículo 18. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de esta Ley, corresponde al Banco de España la competencia para la instrucción de los expedientes a que se refiere este Título y para la imposición de las sanciones correspondientes.
En el propio acuerdo de incoación del procedimiento, o a lo largo del mismo, podrán nombrarse instructores o secretarios adjuntos si la complejidad del expediente así lo aconseja.
Los instructores adjuntos actuaran bajo la dirección del instructor.
Contestado el pliego de cargos, el instructor podrá acordar, de oficio o a petición de los interesados formulada en su contestación al mencionado pliego, la practica de las pruebas adicionales que estime necesarias.
Artículo 23 bis. La incoación de expedientes, cuando afecte a las sucursales de entidades de crédito autorizadas en otro Estado de la Unión Europea, se comunicará a sus autoridades supervisoras, a fin de que, sin perjuicio de las sanciones que procedan con arreglo a la presente Ley, adopten las medidas que consideren apropiadas para que la entidad ponga fin a su actuación infractora o evite su reiteración en el futuro. Resuelto el expediente, el Banco de España notificará la decisión adoptada a las citadas autoridades y, cuando implique una sanción por infracción grave o muy grave, a la Comisión Europea y a la Autoridad Bancaria Europea.
2. La suspensión provisional, salvo en el caso de paralización del expediente imputable al interesado, tendrá una duración máxima de seis meses, y podrá ser levantada en cualquier momento de oficio o a petición de aquel.
4. Resultara de aplicación a la suspensión provisional prevista en este artículo lo dispuesto en el artículo 17 de la presente Ley.
Artículo 25. 1. Las sanciones impuestas conforme a esta Ley no serán ejecutivas en tanto no hayan puesto fin a la vía administrativa.
2. Cuando la sanción consista en la constitución de depósitos compensatorios no remunerados, estos se constituirán en el Banco de España.
5. Las sanciones por infracciones muy graves serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado una vez que sean firmes. También será objeto de dicha publicación la de amonestación pública. La autoridad que imponga las restantes sanciones por infracciones graves podrá disponer asimismo su publicación en el Boletín Oficial del Estado una vez que las mismas adquieran firmeza.
1. Sin perjuicio de lo previsto en el Título V, ninguna persona física o jurídica, nacional o extranjera, podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en los correspondientes registros, ejercer en territorio español las actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito o utilizar las denominaciones genéricas propias de estas u otras que puedan inducir a confusión con ellas.
La actividad definida en el apartado 1 del artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del Derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.
La captación de fondos reembolsables del público, cualquiera que sea su destino, en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que no estén sujetas a las normas de ordenación y disciplina del mercado de valores.
2. Será competente para la formulación de los requerimientos y para la imposición de las multas contempladas en el número anterior el Banco de España. Los requerimientos se formularan previa audiencia de la persona o entidad interesada y las multas se impondrán con arreglo al procedimiento previsto en la presente Ley.
El Registro Mercantil y los demás registros públicos no inscribirán a aquellas entidades cuya actividad u objeto social o cuya denominación resulten contrarios a lo dispuesto en el artículo 28 de esta Ley. Cuando, no obstante, tales inscripciones se hayan practicado, serán nulas de pleno derecho, debiendo procederse a su cancelación de oficio o a petición del órgano administrativo competente. Dicha nulidad no perjudicara los derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme al contenido de los correspondientes registros.
Artículo 30 bis. 1. Las entidades de crédito podrán abrir libremente nuevas oficinas en territorio nacional. Ello se entiende sin perjuicio del régimen de autorización previa a que pueden quedar sometidas de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de las limitaciones que se puedan establecer reglamentariamente a la apertura de oficinas durante los primeros años de actividad de las entidades de crédito españolas o de las sucursales de entidades autorizadas en Estados que no sean miembros de la Comunidad Europea, y de las restricciones que, en su caso, puedan contener los estatutos sociales de las entidades.
Artículo 31. 1. Cuando una entidad de crédito se encuentre en alguna de las situaciones descritas en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, podrá acordarse la sustitución provisional de su órgano de administración en los términos previstos en esta Ley y con las particularidades recogidas en la citada Ley.
1. Las medidas de intervención o sustitución a que se refiere el artículo anterior se acordaran por el Banco de España, dando cuenta razonada de su adopción al Ministro de Economía y Hacienda.
2. Para el caso de adopción de dicho acuerdo a petición fundada de la propia entidad, podrán formular la petición no solo los administradores de la entidad de crédito, sino también el correspondiente órgano de fiscalización interna y, en su caso, una minoría de socios que sea, al menos, igual a la que exija la legislación respectiva para instar la convocatoria de una Asamblea o Junta General Extraordinaria.
Los acuerdos de intervención o sustitución se adoptaran previa audiencia de la entidad de crédito interesada durante el plazo que se le conceda al efecto, que no podrá ser inferior a cinco días. No obstante, tal audiencia no será necesaria en el caso de que haya precedido petición de la propia entidad o cuando el retraso que tal tramite origine comprometa gravemente la efectividad de la medida o los intereses económicos afectados. En este ultimo supuesto el plazo para la resolución del pertinente recurso de alzada será de diez días.
1. El acuerdo designara la persona o personas que hayan de ejercer las funciones de intervención o hayan de actuar como administradores provisionales, e indicara si tales personas deben actuar conjunta, mancomunada o solidariamente.
2. Dicho acuerdo, de carácter inmediatamente ejecutivo, será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado y de inscripción en los registros públicos correspondientes. Tanto la publicación como la inscripción citadas determinaran la eficacia del mismo frente a terceros.
1. En el supuesto de intervención, los actos y acuerdos de cualquier órgano de la entidad de crédito que se adopten a partir de la fecha de publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado no serán validos ni podrán llevarse a efecto sin la aprobación expresa de los interventores designados.
Se exceptúa de esta aprobación el ejercicio de acciones o recursos por la entidad de crédito en relación con la medida de intervención o con la actuación de los interventores.
2. La obligación de formular las cuentas anuales de la entidad y la de aprobación de estas y de la gestión social quedaran en suspenso, por plazo no superior a un año, a contar desde el vencimiento del plazo legalmente establecido al efecto, si el nuevo órgano de administración estimare razonadamente que no existen datos o documentos fiables y completos para ello.
Acordado por el Banco de España el cese de la medida de sustitución, los administradores provisionales procederán a convocar inmediatamente la Junta General o Asamblea de la Entidad de Crédito, en la que se nombrara el nuevo Órgano de Administración. Hasta la toma de posesión de este, los administradores provisionales seguirán ejerciendo sus funciones.
Artículo 37 bis. En el supuesto de que una entidad de crédito decida su disolución y correspondiente liquidación voluntaria, deberá comunicarlo al Banco de España, el cual podrá fijar condiciones a dicha decisión en el plazo de tres meses desde la presentación de la correspondiente solicitud.
3. TÍTULO IV.
1. Se modifica el título del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de Establecimientos de Crédito al de las Comunidades Europeas, que pasara a ser el siguiente:
Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del Derecho vigente en materia de Entidades de Crédito al de las Comunidades Europeas..
2. Se modifica la rubrica del Capítulo I del citado Real Decreto Legislativo, que queda redactado del siguiente modo:
3. El artículo 1 del Real Decreto legislativo 1298/1986, de 28 de junio, al que se refieren los dos apartados anteriores, queda redactado de la siguiente forma:
1. A efectos de la presente disposición, y de acuerdo con la directiva 77/780, de 12 de diciembre, de la Comunidad Económica Europea, se entiende por entidad de crédito toda empresa que tenga como actividad típica y habitual recibir fondos del público en forma de deposito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta propia a la concesión de créditos u operaciones de análoga naturaleza.
El Instituto de Crédito Oficial y las Entidades Oficiales de Crédito.
Las Cajas de Ahorro, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Caja Postal de Ahorros.
Las Sociedades de Crédito Hipotecario.
Las Sociedades de Arrendamiento Financiero.
Las Sociedades Mediadoras del Mercado de Dinero.
5. La letra f) del artículo 57 bis de la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946, introducido en dicha Ley en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de Junio, queda redactado del siguiente modo:
f) Como sanción, según lo previsto en la Ley sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.
No proponer al Órgano Administrativo competente la suspensión de acuerdos adoptados por el Órgano de Administración cuando estos infrinjan manifiestamente la Ley y afecten injusta y gravemente a la situación patrimonial, a los resultados, al crédito de la caja de ahorro o a sus impositores o clientes, o no requerir en tales casos al presidente para que convoque asamblea general con carácter extraordinario.
La negligencia grave en el ejercicio de las funciones que legalmente tiene encomendadas, siempre que no este comprendida en el apartado a del número anterior.
La falta de remisión al órgano administrativo competente de los datos o informes que deban hacerle llegar o que el mismo requiera en el ejercicio de sus funciones, o su remisión con notorio retraso.
No proponer al Órgano Administrativo competente la suspensión de acuerdos adoptados por el Órgano de Administración cuando la comisión entienda que vulneran las disposiciones vigentes o afectan injusta y gravemente a la situación patrimonial, a los resultados, al crédito de la caja de ahorro o a sus impositores o clientes, siempre que ello no constituya infracción muy grave conforme a lo dispuesto en el número anterior, o no requerir, en tales casos, al presidente para que convoque Asamblea General con carácter extraordinario.
4. Constituyen infracciones leves imputables a los miembros de las comisiones de control de las cajas de ahorro el incumplimiento por estas de cualesquiera obligaciones que no constituyan infracción muy grave o grave, así como la falta reiterada de asistencia de los mismos a las reuniones de las citadas comisiones.
6. A los efectos contemplados en este artículo resultara de aplicación lo dispuesto en los artículos 2, 7, 15, 17 y 18, así como lo previsto en el Capítulo V del Título I de esta Ley.
1. Las Sociedades de Garantía Reciproca y las Sociedades de Reafianzamiento, así como quienes ostenten en ellas cargos de administración o dirección, que infrinjan normas de ordenación o disciplina, incurrirán en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en el Título I de esta Ley.
2. A tal efecto, se consideraran normas de ordenación y disciplina los preceptos de obligada observancia para las mismas contenidos en el Real Decreto 1885/1978, de 26 de julio, en el Real Decreto 1695/1982, de 18 de junio, y en las disposiciones generales que sustituyan o complementen dicha regulación.
Artículo declarado inconstitucional por Sentencia 96/1996, de 30 de Mayo de 1996.
1. A los efectos del ejercicio por las comunidades autónomas de las competencias que tengan atribuidas en materia sancionadora respecto de cajas de ahorro o cooperativas de crédito, se declaran básicos, de conformidad con el artículo 149.1.11. , 13. Y 18. de la Constitución, los preceptos contenidos en el Título I, con excepción de los artículos 20, 21, 22, 23, 25.2 y 3, y 26.1, y salvo las referencias contenidas en aquellos a órganos o entidades estatales.
Lo dispuesto en este número se entiende sin perjuicio, en su caso, de la posibilidad de tipificación por las Comunidades Autónomas, como muy graves, graves o leves, de otras infracciones de sus propias normas en materia de ordenación y disciplina.
2. En todo caso, corresponderá al Banco de España o a los Órganos de la Administración del Estado a que se refiere el artículo 18, el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito cuando se trate de las infracciones comprendidas en las letras b), c) y f) del artículo 4. y en las letras f), g), h), j) y o) del artículo 5. de esta Ley o, en general, de infracciones de normas de carácter monetario o que afecten a la solvencia de las entidades, en la medida en que el adecuado funcionamiento del sistema monetario o crediticio nacional aconseje el ejercicio uniforme de dicha potestad.
3. También corresponderá al Banco de España o a los Órganos de la Administración del Estado a que se refiere el artículo 18, ejercer la potestad sancionadora sobre las entidades citadas cuando, tratándose de las infracciones comprendidas en las letras a), h) e i) del artículo 4. , y a), b), i) y k) del artículo 5, o de infracciones leves análogas, el otorgamiento de las autorizaciones o la recepción de las comunicaciones, datos o documentos incumba a los mismos o la resistencia, negativa u obstrucción se produzca en relación con su actividad inspectora.
4. Cuando el Banco de España tenga conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de infracciones distintas de las citadas en los números 2 y 3 anteriores dará traslado de los mismos a la Comunidad Autónoma correspondiente.
El Banco de España procederá de igual modo respecto de las infracciones comprendidas en el número 2, en el caso de que no aprecie la concurrencia de la relación con el adecuado funcionamiento del Sistema Monetario o Crediticio Nacional a que dicho número se refiere.
7. Al amparo del artículo 149.1.11, y 13 de la Constitución, y a los efectos del ejercicio por las Comunidades Autónomas de las competencias que tengan atribuidas en materia de Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito, se declaran básicos:
Los preceptos contenidos en el Título II de esta Ley, salvo las referencias contenidas en ellos a Órganos o Entidades Estatales.
Los preceptos contenidos en el Título III de esta Ley.
Artículo 43. 1. Corresponderá al Banco de España autorizar la creación de entidades de crédito, así como el establecimiento en España de sucursales de entidades de crédito no autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea. La inscripción en los registros correspondientes, así como la gestión de estos, corresponderá igualmente al Banco de España.
La honorabilidad comercial y profesional de los accionistas. Esta honorabilidad se presumirá cuando los accionistas sean Administraciones públicas o entes de ellas dependientes.
La posibilidad de que la entidad quede expuesta de forma inapropiada al riesgo de las actividades no financieras de sus promotores; o cuando, tratándose de actividades financieras, la estabilidad o el control de la entidad puedan quedar afectadas por el alto riesgo de aquéllas.
Artículo 43 bis. 1. Corresponderá al Banco de España el control e inspección de las entidades de crédito, extendiéndose esta competencia a cualquier oficina o centro dentro o fuera del territorio nacional y, en la medida en que el cumplimiento de las funciones encomendadas al Banco de España lo exija, a las sociedades que se integren en el grupo de la afectada. También le corresponderá la supervisión de los grupos consolidables de entidades de crédito, según lo previsto en la Ley 13/1992, de 1 de junio, sobre Recursos Propios y Supervisión en Base Consolidada de las Entidades Financieras.
En el ejercicio de sus propias competencias de control, en particular en lo que se refiere a la liquidez de la sucursal, la ejecución de la política monetaria y al adecuado funcionamiento del sistema de pagos.
Para colaborar con las autoridades supervisoras del Estado miembro donde la entidad esté autorizada, especialmente en la vigilancia de los riesgos que asuman por operaciones realizadas en los Mercados Financieros Españoles.
Para controlar que la actividad de la sucursal se realiza de conformidad con las Normas de interés general.
El apartado 2 del artículo 5, de la Ley 4/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios, queda redactado del siguiente modo:
Las entidades autorizadas quedan sujetas al deber de colaboración con los organismos encargados del control de cambios y de la vigilancia de los delitos monetarios. Las entidades que incumplan este deber podrán considerarse incursas en una infracción muy grave de las previstas en la Ley de disciplina e intervención de las entidades de crédito.
El Gobierno procederá a actualizar periódicamente los limites máximos de las sanciones pecuniarias previstas en el Título I y en el artículo 40 de esta Ley, así como en su Disposición Adicional Primera, en función de la variación que experimente el índice de precios al consumo.
1. Con el fin de garantizar la liquidez y solvencia de las entidades de crédito, en aras del mejor desarrollo de la política monetaria y de la función que aquellas están llamadas a desempeñar en la economía nacional, se faculta al Gobierno para:
Establecer y modificar, previo informe del Banco de España, el Capital Social mínimo o, en su caso, la dotación inicial igualmente mínima que las entidades de crédito deben tener suscrito, así como la medida en que el mismo haya de estar desembolsado, a efectos de su autorización e inscripción en los correspondientes registros especiales y del mantenimiento de las mismas.
Extender a todas las entidades de crédito enumeradas en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de Junio, redactado conforme a lo dispuesto en esta Ley, el régimen previsto en la Ley 26/1983, de 26 de Diciembre, sobre Coeficiente de Caja de los Intermediarios Financieros y en los Títulos Primero y Segundo de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre Coeficiente de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros.
2. Las disposiciones que apruebe el Gobierno en virtud de lo previsto en el número anterior tendrán carácter básico conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.11 y 13 de la Constitución.
1. Se faculta al Ministro de Economía y Hacienda para establecer y modificar las normas de contabilidad y los modelos a que deberá sujetarse el balance y la cuenta de resultados de las entidades de crédito, así como los balances y cuentas de resultados consolidados previstos en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, disponiendo la frecuencia y el detalle con que los correspondientes datos deberán ser suministrados a las autoridades administrativas encargadas de su control y hacerse públicos con carácter general por las propias entidades de crédito. En el uso de esta facultad, cuyo ejercicio podrá encomendar el Ministro citado al Banco de España, no existirán mas restricciones que la exigencia de que los criterios de publicidad sean homogéneos para todas las entidades de crédito de una misma categoría y análogos para las diversas categorías de entidades de crédito.
Establecer que los correspondientes contratos se formalicen por escrito y dictar las normas precisas para asegurar que los mismos reflejen de forma explícita y con la necesaria claridad los compromisos contraídos por las partes y los derechos de las mismas ante las eventualidades propias de cada clase de operación, en especial, las cuestiones referidas a la transparencia de las condiciones financieras de los créditos o préstamos hipotecarios. A tal efecto, podrá determinar las cuestiones o eventualidades que los contratos referentes a operaciones financieras típicas con su clientela habrán de tratar o prever de forma expresa, exigir el establecimiento por las entidades de modelos para ellos e imponer alguna modalidad de control administrativo sobre dichos modelos. La información relativa a la transparencia de los créditos o préstamos hipotecarios, siempre que la hipoteca recaiga sobre una vivienda, se suministrará con independencia de la cuantía de los mismos.
Imponer la entrega al cliente de un ejemplar del contrato, debidamente suscrito por la entidad de crédito.
Establecer que las entidades de crédito comuniquen a las Autoridades Administrativas encargadas de su control y den a conocer a su clientela cualesquiera condiciones relativas a sus operaciones activas y pasivas, con obligación de aplicar las mismas en tanto no se comunique o de a conocer su modificación.
Dictar las normas necesarias para que la publicidad, por cualquier medio, de las operaciones activas y pasivas de las entidades de crédito incluya todos los elementos necesarios para apreciar sus verdaderas condiciones, regulando las modalidades de control administrativo de dicha publicidad, y pudiendo establecer, entre ellas, el régimen de previa autorización.
Efectuar, por sí o a través del Banco de España, la publicación regular, con carácter oficial, de determinados índices o tipos de interés de referencia que puedan ser aplicados por las entidades de crédito a los préstamos a interés variable, especialmente en el caso de préstamos hipotecarios.
Regular las especialidades de la contratación de servicios bancarios de forma electrónica con arreglo a lo que establezcan las normas que, con carácter general, regulan la contratación por vía electrónica.
Determinar la información mínima que las entidades de crédito deberán facilitar a sus clientes con antelación razonable a que estos asuman cualquier obligación contractual con la entidad o acepten cualquier contrato u oferta de contrato, así como las operaciones o contratos bancarios en que tal información pre-contractual será exigible. Dicha información tendrá por objeto permitir al cliente conocer las características esenciales de los productos propuestos y evaluar si estos se ajustan a sus necesidades y, cuando pueda verse afectada, a su situación financiera.
3. Las normas que se aprueben al amparo del número 1 anterior tendrán carácter básico conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.11 y 13 de la Constitución.
Las disposiciones que, en el ejercicio de sus competencias, puedan dictar las comunidades autónomas sobre las materias contempladas en el número 2 anterior no podrán ofrecer un nivel de protección de la clientela inferior al que derive de las disposiciones que se aprueben por el Ministro de Economía y Hacienda al amparo de dicho número.
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD CREDITICIA EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA CAPÍTULO I.
Un programa de actividades en el que se indiquen, en particular, las operaciones que pretenda realizar y la estructura de la organización de la sucursal.
a. Las de captación de depósitos u otros fondos reembolsables, según lo previsto en el artículo primero del Real Decreto legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre Adaptación del Derecho Vigente en materia de Entidades de Crédito al de las Comunidades Europeas.
b. Las de préstamo y crédito, incluyendo crédito al consumo, crédito hipotecario y la financiación de transacciones comerciales.
c. Las de factoring con o sin recurso.
d. La de arrendamiento financiero.
e. Los servicios de pago, tal y como se definen en el artículo 1 de la Ley de servicios de pago.
f. La emisión y gestión de otros medios de pago, tales como tarjetas de crédito, cheques de viaje o cheques bancarios, cuando esta actividad no esté recogida en el apartado e.
g. La concesión de avales y garantías y suscripción de compromisos similares.
h. La intermediación en los mercados interbancarios.
i. Las operaciones por cuenta propia o de su clientela que tengan por objeto:
Valores negociables, instrumentos de los mercados monetarios o de cambios, instrumentos financieros a plazo, opciones y futuros financieros y permutas financieras. Para realizar las operaciones citadas las entidades de crédito comunitarias podrán ser miembros de los mercados organizados correspondientes establecidos en España, siempre que ello esté permitido por las normas reguladoras de éstos.
j. La participación en las emisiones de valores y mediación por cuenta directa o indirecta del emisor en su colocación, y aseguramiento de la suscripción de emisiones.
k. El asesoramiento y prestación de servicios a empresas en las siguientes materias:
Estructura de capital,
Adquisiciones, fusiones y materias similares.
l. La gestión de patrimonios y asesoramiento a sus titulares.
ll. La actuación, por cuenta de sus titulares como depositarios de valores representados en forma de títulos, o como administradores de valores representados en anotaciones en cuenta.
m. La realización de informes comerciales.
n. El alquiler de cajas fuertes.
ñ. La emisión de dinero electrónico.
1. La apertura en España de sucursales de entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Comunidad Europea no requerirá autorización previa, ni dotación especifica de recursos.
Tendrán la consideración de establecimiento financiero aquellas entidades que no sean de crédito y cuya actividad principal consista en adquirir participaciones en otras entidades o ejercer una o varias de las actividades que se enumeran en el artículo 52, salvo las previstas en los párrafos a, m y n.
Los establecimientos financieros deberán estar sujetos a un régimen jurídico que les habilite para realizar las actividades que pretendan efectuar en España y deberán ejercer efectivamente dichas actividades en el Estado donde tengan su domicilio.
La entidad o entidades de crédito dominantes deberán haber demostrado, a satisfacción de sus autoridades supervisoras que efectúan una gestión prudente de los establecimientos financieros y, con el consentimiento de dichas autoridades, haberse declarado solidariamente garantes de los compromisos asumidos por dichos establecimientos.
RÉGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS Artículo 56.Participaciones significativas en entidades de crédito. 1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por participación significativa en una entidad de crédito española aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10 % del capital o de los derechos de voto de la entidad. También tendrá la consideración de participación significativa aquella que, sin llegar al porcentaje señalado, permita ejercer una influencia notable en la entidad. Reglamentariamente se determinará, habida cuenta de las características de los distintos tipos de entidad de crédito, cuándo se deba presumir que una persona física o jurídica puede ejercer dicha influencia notable, teniendo en cuenta a estos efectos, entre otras, la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro de su consejo de administración.
Artículo 57. Obligaciones relativas a las participaciones en entidades de crédito. 1. Toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada con otras, en lo sucesivo, el adquirente potencial, haya decidido adquirir, directa o indirectamente, una participación significativa en una entidad de crédito española o bien, incrementar, directa o indirectamente, la participación en la misma de tal forma que, o el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30 ó 50 %, o bien que, en virtud de la adquisición se pudiera llegar a controlar la entidad de crédito, en lo sucesivo, la adquisición propuesta, lo notificará previamente al Banco de España, indicando la cuantía de la participación prevista e incluyendo toda la información que reglamentariamente se determine. Dicha información deberá ser pertinente para la evaluación, y proporcional y adecuada a la naturaleza del adquirente potencial y de la adquisición propuesta.
Artículo 58. Evaluación de la adquisición propuesta. 1. Al examinar la notificación a la que se refiere el artículo 57.1, el Banco de España, con la finalidad de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad de crédito en la que se propone la adquisición, y atendiendo a la posible influencia del adquirente potencial sobre la misma, evaluará la idoneidad de éste y la solidez financiera de la adquisición propuesta, de acuerdo con los siguientes criterios:
la honorabilidad comercial y profesional del adquirente potencial;
la honorabilidad comercial y profesional y la experiencia de administradores y directivos que vayan a dirigir la actividad de la entidad de crédito como consecuencia de la adquisición propuesta;
la solvencia financiera del adquirente potencial para atender los compromisos asumidos, en especial en relación con el tipo de actividad que se ejerza o esté previsto ejercer en la entidad de crédito en la que se propone la adquisición;
la capacidad de la entidad de crédito de cumplir de forma duradera con las normas de ordenación y disciplina que le sean aplicables, y en particular, cuando proceda, si el grupo del que pasará a formar parte cuenta con una estructura que no impida ejercer una supervisión eficaz, y que permita proceder a un intercambio efectivo de información entre las autoridades competentes para llevar a cabo tal supervisión y determinar el reparto de responsabilidades entre las mismas; y,
que no existan indicios racionales que permitan suponer que:
en relación con la adquisición propuesta, se están efectuando o se han efectuado o intentado efectuar operaciones de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo en el sentido previsto en la normativa de prevención de tales actividades; o,
que la citada adquisición no pueda aumentar el riesgo de que se efectúen tales operaciones.
Artículo 58 bis. Colaboración entre autoridades supervisoras para la evaluación de la adquisición propuesta. 1. El Banco de España, al realizar la evaluación a la que se refiere el artículo anterior, deberá consultar a las autoridades responsables de la supervisión en otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando el adquirente potencial sea:
una entidad de crédito, una empresa de seguros o de reaseguros, una empresa de servicios de inversión o una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva o de fondos de pensiones, autorizada en otro Estado miembro de la Unión Europea;
la sociedad matriz de una entidad de crédito, de una empresa de seguros o de reaseguros, de una empresa de servicios de inversión o de una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva o de fondos de pensiones, autorizada en otro Estado miembro de la Unión Europea;
una persona física o jurídica que ejerza el control de una entidad de crédito, de una empresa de seguros o de reaseguros, de una empresa de servicios de inversión o de una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva o de fondos de pensiones, autorizada en otro Estado miembro de la Unión Europea.
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siempre que el adquirente potencial sea una empresa de servicios de inversión o una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, una sociedad matriz de una empresa de servicios de inversión o de una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva o una persona física o jurídica que ejerza el control de una empresa de servicios de inversión o de una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva.
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, siempre que el adquirente potencial sea una empresa de seguros o reaseguros, o una sociedad gestora de fondos de pensiones, o una sociedad matriz de una empresa de seguros o reaseguros o de una sociedad gestora de fondos de pensiones, o una persona física o jurídica que ejerza el control de una empresa de seguros o reaseguros o de una sociedad gestora de fondos de pensiones.
Artículo 59. Efectos del incumplimiento de las obligaciones relativas a las participaciones en entidades de crédito. Cuando se efectúe una de las adquisiciones reguladas en el artículo 57.1 sin haber notificado previamente al Banco de España, o, habiéndole notificado, no hubiera transcurrido todavía el plazo previsto en el artículo 58.2, o si mediara la oposición expresa del Banco de España, se producirán los siguientes efectos:
En todo caso y de forma automática, no se podrán ejercer los derechos políticos correspondientes a las participaciones adquiridas irregularmente. Si, no obstante, llegaran a ejercerse, los correspondientes votos serán nulos y los acuerdos serán impugnables en vía judicial, según lo previsto en la Sección II del Capítulo V del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estando legitimado al efecto el Banco de España.
Si fuera preciso, se acordará la intervención de la entidad o la sustitución de sus administradores, según lo previsto en el Título III.
Artículo 60. Reducción de participaciones. Toda persona física o jurídica que haya decidido dejar de tener, directa o indirectamente, una participación significativa en una entidad de crédito, lo notificará primero al Banco de España, indicando la cuantía de su participación prevista. Dicha persona deberá también notificar al Banco de España si ha decidido reducir su participación significativa de tal manera que el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte inferior al 20, 30 ó 50 % o bien que, se pudiera llegar a perder el control de la entidad de crédito.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, las entidades de crédito deberán informar al Banco de España, en la forma y con la periodicidad que reglamentariamente se establezca, sobre la composición de su accionariado o de las alteraciones que en el mismo se produzcan. Tal información comprender , necesariamente, la relativa a la participación de otras entidades financieras en su capital, cualquiera que fuera su cuantía.
Las previstas en los párrafos a y b del artículo 59, si bien la suspensión de los derechos de voto no podrá exceder de tres años.
Con carácter excepcional, la revocación de la autorización.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 1. Las entidades y demás personas sujetas a la ordenación y disciplina de las entidades de crédito están obligadas a guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos, posiciones, transacciones y demás operaciones de sus clientes sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros y objeto de divulgación.
2. Se exceptúan de este deber las informaciones respecto de las cuales el cliente o las leyes permitan su comunicación o divulgación a terceros o que, en su caso, les sean requeridas o hayan de remitir a las respectivas autoridades de supervisión. En este caso, la cesión de la información deberá ajustarse a lo dispuesto por el propio cliente y por las leyes.
2. 3. Las entidades de crédito deberán hacer pública, en la forma y medida que se determine por el Gobierno, la participación de otras entidades de crédito, nacionales o extranjeras, en su capital, y su participación en el capital de otras entidades de crédito.
4. 5. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.
1. Toda persona física o jurídica que pretenda adquirir directa o indirectamente, una participación en un banco español que, por si misma o unida a la que pudiera ostentar con anterioridad, suponga la titularidad o el control del 15 % o mas del capital social de aquel, precisara la previa autorización del banco de España, que habrá de justificar su decisión en idénticos términos y plazos a los establecidos para la autorización de nuevos bancos.
3. Cuando se produzca el supuesto previsto en el número anterior sin la necesaria autorización, el adquirente no podrá ejercer los derechos políticos derivados de su participación, y la entidad afectada podrá ser intervenida de acuerdo con lo establecido en los artículos 31 a 38 de la Ley sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.
Si, no obstante lo dispuesto en el número anterior, los sujetos afectados hiciesen uso de sus derechos políticos, los acuerdos adoptados por su participación podrán ser impugnados de acuerdo con lo establecido para la impugnación de acuerdos sociales en la normativa reguladora de las sociedades anónimas, estando el banco de España legitimado para promover dicha impugnación.
2. El artículo 45, apartado c, de la Ley de ordenación bancaria de 31 de diciembre de 1946, queda redactado como sigue:
para los acuerdos entre firmas bancarias sobre absorciones y fusiones.
No será de aplicación a las entidades de crédito enumeradas en el apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, la limitación que, en materia de emisión de obligaciones, establecen el párrafo primero del artículo 111 de la Ley de sociedades anónimas y el número 2 del artículo 1 de la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre Emisión de Obligaciones por Sociedades no Anónimas y otras Personas Jurídicas.
Las cédulas hipotecarias podrán ser emitidas por las entidades a que se refieren los apartados a, b, c, d, f y g del artículo segundo.
1. Las entidades de financiación, las sociedades de arrendamiento financiero y las sociedades de crédito hipotecario no podrán recibir fondos del público en forma de deposito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas, a la vista, por plazo indeterminado o por plazo inferior al que se determine por el ministerio de economía y hacienda. Dicho plazo no será, en ningún caso, inferior a un año.
1. Tendrán la consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de las cuotas a que se refiere el número 2 de esta disposición. Los bienes objeto de cesión habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su termino, en favor del usuario.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Las sociedades de arrendamiento financiero tendrán como actividad principal la realización de operaciones de arrendamiento financiero. Con carácter complementario, y sin que les sea de aplicación el régimen fiscal específico previsto en esta disposición, podrán realizar también las siguientes actividades:
Actividades de arrendamiento no financiero, que podrán complementar o no con una opción de compra.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. El Banco de España enviara anualmente a las cortes una memoria de las actuaciones que hayan dado lugar a sanciones muy graves y a intervenciones o sustituciones a que se refiere el Título III de esta Ley.
no obstante, los Títulos representativos de la captación de capitales ajenos seguirán el régimen recogido en esta Ley para los activos financieros con rendimiento explícito, cuando el efectivo anual que produzcan en esta naturaleza sea igual o superior al que resultaría de aplicar el tipo de interés que, a este efecto, se fije en la Ley de presupuestos generales del Estado o, en su defecto, el tipo de interés legal del dinero vigente en el momento de la emisión, aunque en las condiciones de emisión o amortización se hubiese fijado, total o parcialmente, de forma implícita, otro rendimiento adicional.
Solicitar de los mismos el suministro de cualquier información, contable o de otra naturaleza, relativa a sus actividades financieras, con el grado de detalle y con la periodicidad que se estimen conveniente.
Realizar, por si o a través del banco de España, las inspecciones que se consideren necesarias a efectos de confirmar la veracidad de la información a la que se refiere el apartado a anterior o de aclarar cualquier otro aspecto de las actividades financieras de dichas personas o entidades.
2. La falta de suministro de la información que se solicite con arreglo a la letra a del número anterior en el plazo que este establecido o que se conceda al efecto, la falta de veracidad en la información suministrada y la negativa o resistencia a las actividades inspectoras a que se refiere la letra b de dicho número, se consideraran infracciones muy graves y podrán dar lugar a la imposición por el Ministro de Economía y Hacienda a la persona o entidad correspondiente, de una multa cuyo importe no excederá de 5.000.000 de pesetas y será graduado de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 14 de esta Ley. Tal sanción podrá ser impuesta cada una de las veces en que no se suministre en plazo la citada información o se produzca la negativa o resistencia a las mencionadas actividades inspectoras.
Se modifican los artículos 21 y 36 del Real Decreto 1885/1978, de 26 de julio, sobre Sociedades de Garantía Reciproca, dictado en virtud de la autorización contenida en el artículo 41 del Real Decreto-ley 15/1977, de 25 de febrero, que quedan redactados del siguiente modo:
Artículo 21. Derecho de voto.
Cada cuota atribuye el derecho a un voto, pero ningún socio podrá tener un número de votos superior al 5 % del total. Los estatutos podrán fijar un limite menor, pudiendo incluso atribuir a cada socio un solo voto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los estatutos podrán establecer que los socios protectores que sean corporaciones, entidades públicas, entidades que representen o asocien intereses económicos de carácter general o del ámbito sectorial a que se refieran los estatutos o instituciones de crédito y ahorro sin finalidad de lucro, puedan tener, cada uno de ellos, hasta un número de votos equivalente al 50 % del total, pero en ningún caso los votos correspondientes al conjunto de socios protectores podrán exceder de esa misma proporción. En caso necesario se reducirá proporcionalmente el número de votos que corresponda a cada uno de ellos, sin que se les pueda privar de un voto como mínimo.
Artículo 36. Miembros del Consejo de Administración.
Para ser nombrado miembro del Consejo de Administración no se requiere la cualidad de socio. Esto no obstante, el Presidente y los vicepresidentes del Consejo deberán ostentar la condición de socios.
El apartado a del artículo 7 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, queda redactado del siguiente modo:
El capital. Este comprenderá el capital social de las entidades con forma de sociedades anónimas, excluidos el capital no desembolsado y las acciones propias que posea la entidad; los fondos fundacionales y las cuotas participativas de las cajas de ahorro, y las aportaciones incorporadas al capital de las cooperativas de crédito. Tendrán la consideración de cuotas participativas de las cajas de ahorro los valores nominativos, carentes de todo
Derecho político, representativos de aportaciones dinerarias de duración indefinida que puedan ser aplicadas por la emisora a la compensación de perdidas, tanto en la liquidación de la entidad como en el caso de saneamiento general de la misma. Dichas cuotas se aplicaran a esos fines en la misma proporción en que lo haga la suma de los fondos fundacionales y las reservas, y su retribución quedara supeditada a la existencia de excedentes de libre disposición y a las limitaciones adicionales que establezca el Gobierno.
Este podrá asimismo prohibir o limitar la tenencia de cuotas participativas de las cajas de ahorro por parte de categorías especificas de inversores.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA. Cuando los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, y Organismos o Entidades dependientes de éstas acuerden, en el ejercicio de sus competencias en relación con Cajas de Ahorros u otras entidades, recabar la colaboración de auditores de cuentas o sociedades de auditoría de cuentas para llevar a cabo, en el ejercicio de dichas competencias, trabajos distintos de los de auditoría regulados en el artículo 1 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la prestación de la colaboración en el ejercicio de esas facultades será incompatible con la realización simultánea o en los cinco años anteriores o posteriores de cualquier trabajo de auditoría de cuentas en estas mismas entidades o sus sociedades vinculadas, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Auditoría de Cuentas.
1. Las sociedades que, a la entrada en vigor de esta Ley, se hallen inscritas en el registro especial de empresas de arrendamiento financiero de la dirección general del tesoro y política financiera, no precisaran ser autorizadas y serán inscritas de oficio conforme a lo dispuesto en el número 8 de su disposición adicional séptima, ostentando a todos los efectos, a partir de dicha fecha, la condición de sociedad de arrendamiento financiero.
2. En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, las sociedades a que se refiere el número anterior cuyo capital este integrado por acciones al portador, deberán modificar sus estatutos transformando las mismas en acciones nominativas y efectuando el canje correspondiente.
3. Las operaciones a que se refiere el apartado anterior se efectuaran sin devengo de tributo alguno directa o indirectamente vinculado a las mismas. En particular, el canje de acciones no tendrá la consideración de alteración patrimonial a los efectos de lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, y 15 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Las circulares que el banco de España hubiese dictado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, al amparo de las normas en cada momento vigentes, continuaran subsistentes en tanto no sean modificadas o
Sustituidas por otras aprobadas con arreglo a lo previsto en la disposición adicional octava de esta Ley.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el banco de España aprobara y publicara un texto refundido, conteniendo las circulares vigentes.
Los expedientes sancionadores cuya incoación se hubiese ordenado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuaran tramitándose por los mismos órganos a los que, hasta ese momento, estuviese atribuida su competencia.
A la entrada en vigor de la presente Ley quedaran derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la misma y, en particular, las siguientes:
Del Real Decreto-ley 2532/1929, de 21 de noviembre, por el que se regula el Régimen del Ahorro Popular y se aprueba el Estatuto Especial para las Cajas Generales de Ahorro Popular: los artículos 116 a 139, 143 a 146, 156, 159 y 160.
La Ley de 27 de agosto de 1938, sobre Facultades Gubernativas en Materia Bancaria.
Orden de 30 de octubre de 1940, sobre normas para la inspección e intervención de las cajas generales de ahorro y deposito.
De la Ley de Ordenación Bancaria, de 31 de diciembre de 1946: los artículos 38, párrafo primero, 56, 57 y 58.
Del Decreto-ley 53/1962, de 29 de noviembre, sobre Bancos Industriales y de Negocios, el párrafo segundo de su artículo 3.
Del Real Decreto-ley 15/1977, de 25 de febrero, sobre Medidas Fiscales, Financieras y de Inversión, el Título Segundo.
Del Real Decreto 896/1977, de 28 de marzo, sobre Régimen de las Entidades de Financiación: el apartado 2 del artículo 3 y los artículos 6 y 13.
De la orden del ministerio de hacienda de 14 de febrero de 1978, sobre Régimen de las Entidades de Financiación, modificada por la orden de 19 de junio de 1979: el artículo 13.
Del Real Decreto-ley 5/1978, de 6 de marzo, por el que se modifican las facultades del Banco de España previstas en la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946 y el Decreto-Ley 18/1962, de 7 de junio: el artículo 1.
Del Real Decreto 2860/1978, de 3 de noviembre, por el que se regulan las Cooperativas de Crédito: el artículo 8.
De la Ley 27/1980, de 19 de mayo, de modificación de la Ley de 17 de julio de 1951, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y de la Ley de 24 de diciembre de 1964, sobre Emisión de Obligaciones: el número 2 de la disposición adicional.
De la Ley 2/1981, de 25 de marzo, sobre regulación del mercado hipotecario: el artículo 21 (con excepción del párrafo primero).
Del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, sobre Regulación del Mercado Hipotecario: los artículos 76 a 79.
Del Real Decreto-ley 18/1982, de 24 de septiembre, sobre Fondos de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito: el artículo 5.
De la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros: el artículo duodécimo.
Redactado de conformidad con la Ley 12/1998, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Artículo 5 (letra g):
Derogado por la Ley 12/1998, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Artículos 48 (apdo. 2, letras e y f):
Añadido por Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios. Artículo 48 (apdo. 1):
Redacción según Ley 13/1992, de 1 de junio, de Recursos Propios y Supervisión en base consolidada de las Entidades Financieras.
Artículos 4 (letras c, f, i y n), 5 (letras h y r), 16 (apdo. 1) y 43 (apdos. 2 y 4):
Redacción según Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero. Artículo 37 bis:
Añadido por Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito. Artículo 38 (apdo. 3):
Suprimido por Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito. Artículos 4 (letras c y n), 5 (letras h y r) y 43 (apdo. 4):
Redacción según Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero. Artículos 4 (letras ñ y o), 5 (letras u y v), 30 bis (apdo. 1 bis) y 43 bis (apdo. 1 bis):
Añadido por Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero. Artículo 48 (apdo. 2.a):
Redacción según Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria. Artículo 48 (apdo. 2.h):
Añadido por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria. Artículo 4 (apdo. p):
Añadido por Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Artículos 4 (letra n), 5 (letras r, s y t), 43 (apdo. 6) y 48 (apdo. 2.g); Disposición adicional primera:
Añadido por Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. Artículos 43 (apdo. 5), 56, 57, 58, 59 y 60:
Redacción según Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras. Artículos 5 (apdo. w) y 58 bis:
Añadido por Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras. Artículo 52 (letras e y f):
Redacción según Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. Artículos 5 (letra e), 9 (letra a), 10 (letra a), 11 (letra b), 12 (apdo. 1.a), 13 (apdo. 1.c), 29 (apdo. 1) y 30 bis (apdo. 1 bis):
Redacción según Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Artículos 5 (letra x), 43 bis (apdo. 1 bis tercer párrafo, 1 ter y 1 quáter):
Añadido por Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Artículos 28 (apdo. 2), 43 bis (apdo. 1 quáter):
Redacción según Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico. Artículo 52 (letra ñ):
Añadido por Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico. Artículos 23 bis y 49 (apdo. 2):
Redacción según Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas normas financieras en relación con las facultades de las Autoridades Europeas de Supervisión. Artículos 4 (letra p), 18 (con efectos de 1 de enero de 2013) , 25 (apdos. 1 y 2 con efectos de 1 de enero de 2013), 30 bis (apdo. 1 bis), 31 y 43 (apdo. 1,con efectos de 1 de enero de 2013):
Redacción según Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
Artículos 4 (letra p), 18 (con efectos de 1 de enero de 2013) , 25 (con efectos de 1 de enero de 2013), 30 bis (apdo. 1 bis), 31 y 43 (apdo. 1,con efectos de 1 de enero de 2013):
Redacción según Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Artículos 4 (letras a y j), 5 (letras a y n), 9, 10, 11 (letra b), 12 (apdo. 1), 13 (apdo. 1), 28 (apdo. 2) y 29 (apdo. 1):
Redacción según Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. Disposición adicional decimoquinta:
Añadida por Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Disposición adicional séptima (apdos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7):
Redacción según Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Títulos V y VI; Artículos 13 bis, 23 bis, 30 bis y 43 bis:
Añadido por Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la Legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero.
Artículos 1 (apdo. 1), 4, 28 (apdo. 1) y 43; Disposición adicional séptima (apdo. 8):
Redacción según Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la Legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero.
Disposición adicional segunda (apdos. 2, 4 y 5):
Derogado por Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la Legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero.
Artículos 19 y 25:
LEY 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden socialLEY 9/1999, de 12 de abril, por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión EuropeaLEY 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus sociedades gestorasLEY 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euroLEY 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de ValoresLEY 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes MueblesLey 12/1998, de 28 de abril, por la que se modifica la ley 13/1994, de 1 de junio, de autonomia del Banco de EspañaLEY 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden SocialLEY 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre SociedadesLEY 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General TributariaLEY 37/1992, del 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AñadidoLEY 21/1990, de 19 de diciembre, pra adaptar el Derecho Español a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida, y de actualización de la legislación de seguros privadosLEY 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las CooperativasReal Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad EconómicaLEY 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden socialLEY 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidoresLEY 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financieroLEY 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributariaLEY 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de ValoresLEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información	Derecho.com
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