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Timestamp: 2017-09-19 18:44:08
Document Index: 138944040

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 75', 'artículo 16', 'artículo 22', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 75', 'artículo 16', 'artículo 63']

ARRABAL JURIDICO - EDUARDO ALFONSO DEPETRIS - ABOGADO: octubre 2013
HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO - FALLO SCJN - CONSTITUCION NACIONAL - HONORARIOS - REGULACION DE HONORARIOS - TRANSACCION - HONORARIOS LETRADO NO PARTICIPÓ TRANSACIÓN
Asociación Trabajadores del Estado c. Provincia de San Juan • 28/03/2000
Publicado en: LA LEY 2001-A , 610 • DJ 2001-1 , 963 - Cita Fallos Corte: 323:676 - Cita online: AR/JUR/1533/2000
Voces: CONSTITUCION NACIONAL - HONORARIOS - REGULACION DE HONORARIOS - TRANSACCION - HONORARIOS LETRADO NO PARTICIPÓ TRANSACIÓN
Solicitan regulación de honorarios los letrados involucrados en una causa finiquitada por transacción resolviendo la Corte Suprema que, a los fines de obtener la base regulatoria, cabe otorgar eficacia vinculante al acuerdo entre partes respecto de los profesionales que lo han suscrito mas no así en el caso de que éstos no hayan tenido participación en aquél, donde debe estarse al monto de la pretensión inicial.
1 - El monto consignado en un convenio transaccional -en el caso, atinente a los recargos e intereses por mora en el depósito de cuota sindical- es inoponible al letrado que no participó en él, debiendo estarse al monto de la pretensión inicial, pues de lo contrario se menoscabaría el derecho a una justa retribución consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Buenos Aires, marzo 28 de 2000.
1. Que en virtud de que la presente causa ha finalizado como consecuencia de las transacciones de que dan cuenta las piezas de fs. 303/304 y 341/342, los doctores R. R. K. y H. D. S. solicitan que se fijen sus honorarios por la tarea cumplida en autos.
2. Que a ese fin y, contrariamente a lo sostenido a fs. 352/354, la base regulatoria está constituida, con relación al reclamo vinculado por cobro de cuota sindical y otros aportes correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 1994, sueldo anual complementario de 1994 y enero de 1995, por el monto determinado en el convenio del 28 de noviembre de 1996, homologado a fs. 325. Ello es así, pues al suscribirlo, el interesado prestó su conformidad a su contenido.
3. Que distinta es la solución en lo atinente a los recargos e intereses por mora en el depósito de cuota sindical y otros aportes y contribuciones devengados en el período febrero de 1994 a enero de 1995 y S.A.C., segundo semestre de 1994, que fue objeto del acuerdo del 14 de diciembre de 1998, homologado a fs. 355.
En efecto, no corresponde otorgar eficacia vinculante, con respecto al doctor R. R. K., al convenio en el cual no tuvo participación, ya que ello importaría desconocer la aplicación al caso de normas expresas de derecho sustancial (arts. 851, 1195 y 1199, Cód. Civil) y significaría menoscabar el derecho a una justa retribución consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional (Fallos: 310:2829).
Por lo tanto, cabe estar al monto de la pretensión inicial, a cuyo efecto deben considerarse como base regulatoria sólo los recargos e intereses correspondientes a los períodos febrero/94 a enero/95 y S.A.C. segundo semestre de 1994 calculados de acuerdo con lo previsto por la ley 23.540 hasta el 29 de mayo de 1996 y a partir de allí conforme a la ley 24.642.
Por ello, se resuelve: Regular los honorarios del doctor R. R. K. por la labor desarrollada en la primera etapa del proceso en la suma de $... y los del doctor H. D. S. por la tarea cumplida a fs. 351 en la de $... (arts. 6º, incs. a, b, c y d; 7º, 9º, 19, 37 y 38 y concs., ley 21.839).
Asimismo, en razón de lo dispuesto por los arts. 33, 39 y concs. de la ley citada, modificada por la ley 24.432, se regulan los honorarios del doctor R. R. K. en la suma de $..., por el incidente resuelto a fs. 212/213 y en la de$..., por el incidente resuelto a fs. 231/232. - Eduardo Moliné O'Connor. - Carlos S. Fayt. - Augusto C. Belluscio. - Enrique S. Petracchi. - Gustavo A. Bossert.
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DESPIDO DISCRIMINATORIO DELEGADO GREMIAL ANTE LA EMPRESA - Medida cautelar innovativa, requisitos - Nulidad del distracto - Reinstalación preventiva - Pago de salarios caidos - Libertad Sindical - Ley anti-discriminatoria - Costas
35.413-2.010 - TS07I32239
SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 32239 CAUSA Nº 35.413/2.010 - SALA VII – JUZGADO Nº 79 - Autos: “DOS SANTOS, MARCELO ARIEL c/ WALT MART S.R.L. S/ JUICIO SUMARÍSIMO”. Buenos Aires, 24 de febrero de 2.011.
Voces: DESPIDO DISCRIMINATORIO DELEGADO GREMIAL ANTE LA EMPRESA - Medida cautelar innovativa, requisitos - Nulidad del distracto - Reinstalación preventiva - Pago de salarios caidos - Libertad Sindical - Ley anti-discriminatoria - Costas
1° - .......corresponde tener en cuenta que las medidas cautelares, para su admisibilidad, no requieren una certeza del derecho invocado, lo que sólo puede obtenerse luego de agotado el proceso de cognición con el dictado de la sentencia definitiva. Se trata de simple apariencia o verosimilitud del derecho (fumus bonis iuris), en cuyo efecto el procedimiento probatorio es meramente informativo y sin intervención de la persona contra la cual se pide la medida.
2°- ".......la libertad sindical o, en otros términos, la organización sindical libre y democrática, es un principio arquitectónico que sostiene e impone la Constitución Nacional mediante su artículo 14 bis, y por vía de un muy comprensivo corpus iuris con jerarquía constitucional, proveniente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos......."
3°- El art. 14 bis de la Constitución Nacional dispone de manera terminante que los representantes gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
4°- La protección, por añadidura, si bien debe ser
realizada por el Estado, no defiende a los representantes
gremiales sólo ante acciones u omisiones de aquél, violatorias de
la libertad sindical, sino también frente a las acciones u omisiones de análogo tenor pero provenientes de particulares o actores no estatales, como es el caso, vgr., de los empleadores
5°- En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referentes a la libertad sindical y a la libertad de asociación previstas en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la obligación estatal “negativa” de no interferir, se yuxtapone una obligación “positiva”, esto es, la de adoptar las medidas apropiadas para proteger y preservar el ejercicio de la actividad sindical sin temor por parte de los representantes.
6°- "....... el Convenio 87 de la O.I.T. que es concluyente en cuanto obliga al Estado tanto a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores el libre ejercicio del derecho de sindicación cuanto a abstenerse de toda intervención que tienda a limitar o a entorpecer el ejercicio legal del derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y el de formular su
programa de acción. La legislación nacional, a su vez, no
menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el convenio.
7°- Ley antidiscriminación (23.592) cuyo primer artículo reza: “Quien arbitrariamente impida, obstruya,
restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.
8°- El Tribunal advierte que existen en este caso, más que
indicios de que existió dicha discriminación y que el actor fue
despedido aparentemente vigente su actividad gremial, impidiéndole a partir de allí el ejercicio de su libertad sindical.
El recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 72/76.
I) En primera instancia (fs. 63/66) el Sr. Juez a quo
desestimó la medida cautelar innovativa peticionada por la actora a fs. 18vta./21vta. y contra esto es que apela el actor.
II) El reclamante es un ex dependiente de la demandada que -como el juez de grado indica-, fue elegido como delegado de personal de la Asociación del Personal Jerárquico de Comercio en la empresa demandada.
El magistrado desestimó la pretensión cautelar deducida por el actor, con la que perseguía su reintegro al servicio y esto es apelado por el demandante.
III) El Tribunal considera que corresponde acoger la apelación, más allá de que la medida precautoria presenta un matiz innovativo que pudiera identificarse con el objeto mismo del proceso, toda vez que este Tribunal ha admitido la posibilidad de privar de efectos a una conducta de la empleadora, conforme lo normado en el art. 1° de la ley 23.592 (en igual sentido ver de esta Sala, S.I. Nro. 31.478 del 19/04/2.010, “Largel, Daniel
Arturo y otros c/ El Rápido Argentino S.A. s/ Juicio Sumarísimo”) toda vez que el actor inició demanda contra la empresa Wal Mart S.R.L. solicitando se deje sin efecto el despido discriminatorio del que fuera objeto y pretende se declare la nulidad del distracto.
Asimismo pide se ordene a la demandada su reinstalación
preventiva hasta tanto el Juzgado dicte sentencia de fondo en el
amparo sindical promovido y el pago de los salarios caídos desde el despido mismo.
Aduce que la demandada lo despidió y que –en realidad se
trató de una medida discriminatoria. En líneas generales
considera que para decidir como lo hizo el a quo omitió tener en cuenta normas de rango constitucional como los Tratados
Internacionales; Convenios de la O.I.T. y también la ley 23.952,
que no está excluida en cuanto a la obligatoriedad de su
aplicación a las relaciones laborales y al ejercicio de la
En primer lugar corresponde tener en cuenta que las
medidas cautelares, para su admisibilidad, no requieren una
certeza del derecho invocado, lo que sólo puede obtenerse luego de agotado el proceso de cognición con el dictado de la sentencia definitiva.
Se trata de simple apariencia o verosimilitud del derecho (fumus bonis iuris), en cuyo efecto el procedimiento probatorio es meramente informativo y sin intervención de la persona contra la cual se pide la medida.
Comparto lo dictaminado por el Sr. Fiscal General,
Eduardo O. Álvarez (ver fs. 83/83vta.) en relación a ello, por
cuanto el caso en análisis presenta aristas muy singulares pues
del contexto probatorio se infiere que el actor había sido
designado representante del personal, circunstancia que habría
entrado en la esfera de conocimiento de la empresa. Este hecho
califica el fumus bonis iuris.
En el caso, conviene reiterar –atento tratarse de una medida
cautelar- que no se trata aquí de un activista gremial, sino de un representante de una asociación gremial.
Al respecto el Tribunal advierte que la libertad sindical o, en otros términos, la organización sindical libre y democrática, es un principio arquitectónico que sostiene e impone la Constitución Nacional mediante su artículo 14 bis, y por vía de
un muy comprensivo corpus iuris con jerarquía constitucional,
proveniente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: declaración contenido en su artículo 75.22, segundo párrafo: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XXII), Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 20 y 23.4); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 16); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 22.1/3) y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 8.1.a y c, y 3). Estos dos últimos pactos de 1966 se hicieron eco, preceptivamente, del Convenio nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación. Y no dejó de tomar en consideración, a su vez, el artículo 8 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), de jerarquía superior
a las leyes (Constitución Nacional, artículo 75.22, primer
El art. 14 bis de la Constitución Nacional dispone de manera terminante que los representantes gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
La protección, por añadidura, si bien debe ser realizada por el Estado, no defiende a los representantes gremiales sólo ante acciones u omisiones de aquél, violatorias de la libertad sindical, sino también frente a las acciones u omisiones de análogo tenor pero provenientes de particulares o actores no estatales, como es el caso, vgr., de los empleadores privados.
En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
referentes a la libertad sindical y a la libertad de asociación
previstas en el artículo 16 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que a la obligación estatal “negativa” de no
interferir, se yuxtapone una obligación “positiva”, esto es, la de
adoptar las medidas apropiadas para proteger y preservar el
ejercicio de la actividad sindical sin temor por parte de los
También es de tener en cuenta el Convenio 87 de la O.I.T. que es concluyente en cuanto obliga al Estado tanto a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores el libre ejercicio del derecho de sindicación cuanto a abstenerse de toda intervención que tienda a limitar o a entorpecer el ejercicio legal del derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y el de formular su programa de acción. La legislación nacional, a su vez, no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el convenio.
Y bien, paralelamente a todos este bloque normativo cabe
también tener en cuenta la Ley antidiscriminación (23.592) cuyo primer artículo reza: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.
El Tribunal advierte que existen en este caso, más que
Ello porque, como indica el Sr. Fiscal, las piezas cuyas copias obran a fs. 25 y siguientes y los testimonios de fs. 50 y siguientes, que fueran ratificados, avalarían, en principio,
el “fumus bonus iuris”, tal como lo indica el propio Sr. Juez de
grado a fs. 64, anteúltimo párrafo y, lo cierto es que, como es
sabido, las medidas precautorias no requieren una certeza absoluta de la procedencia final de la demanda.
En cuanto a las razones vertidas por el magistrado, en torno a la salud del trabajador y a su eventual posibilidad de llevar a cabo la tarea en el ámbito correspondiente, deben ser –
eventualmente- esbozadas por el dependiente en un marco incidental concreto y no resultan articulables de oficio, en hipótesis en las cuales el propio trabajador insta su reincorporación.
IV) Teniendo en cuenta el contexto fáctico y jurídico
precedentemente reseñado, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada, y disponer la reinstalación provisoria del Sr. Marcelo Ariel Dos Santos (arts. 232 y 233 del Código Procesal), bajo apercibimiento de astreintes, debiendo la demandada pagarle los salarios caídos desde el 18 de mayo de 2010 inclusive y hasta su efectiva reinstalación, teniendo en cuenta que dichos salarios se devengaron y que el actor estuvo a
disposición de la empleadora (art. 103 de la L.C.T.).
Cabe dejar establecido que todo lo expuesto en el presente lo es sin perjuicio de lo que oportunamente se resuelva en cuanto al fondo del asunto.
V) Puesto que se trata de una resolución que abarca exclusivamente lo relativo a una medida cautelar, no corresponde expedirse en este estado sobre costas y honorarios, sin perjuicio de lo que oportunamente corresponda resolver y regular al decidirse en definitiva sobre la pretensión principal.
Por todo lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la
resolución de primera instancia y ordenar la reinstalación
provisoria y hasta tanto se resuelva el fondo del asunto, del Sr.
Marcelo Ariel Do Santos bajo apercibimiento de astreintes. 2)
Hacer saber lo dispuesto en el considerando IV de la presente. 3) Diferir la imposición de costas y la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.-
Publicado por EDUARDO ALFONSO Depetris en 10:34 Enlaces a esta entrada
DAÑO AL PROYECTO DE VIDA - PRIMERA APROXIMACIÓN AL DERECHO DE LOS TRABAJADORES DESDE EL PENSAMIENTO DE FERNÁNDEZ SESSAREGO - Abog.: EDUARDO ALFONSO DEPETRIS - 2010 - UNIVERSIDAD CATÓLICA CUENCAS - REP. ECUADOR
Trabajo presentado y expuesto en Maestria en Derecho del Trabajo - UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCAS - REP. DE ECUADOR - 2010
El daño a la persona es la consecuencia de la naturaleza ontológica del ente dañado, en este caso el Ser Humano.-
Siendo el Ser Humano una unidad psico-somática, este daño puede ser el que se produzca a la psique o a la soma; ahora bien por tratarse el Ser Humano de una unidad, el daño a la soma puede incidir en el psique, o viceversa.-
Ahora bien el daño moral puede convertirse en una patología psíquica
Es el que afecta el propio ser a la libertad.-
Estas profundas diferencias ontológicas marcan disímiles calidades y tratamiento técnico-jurídicos, al momento de analizar las indemnizaciones y consecuencias del daño, tanto en la magnitud del daño como en sus consecuencias tanto patrimoniales como no-patrimoniales.-
El daño objetivo es el que inside en los objetos que integran el patrimonio, el haber del sujeto de derecho.-
El bien jurídico protegido es la Libertad (Del lat. libertas, -atis), que según el diccionario de la real academia española se trata de la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.-Ahora bien no se trata de un ejercicio absoluto de la libertad que permita un absolutismo de quien la ejerce sobre los demás, se trata de la libertad Jurídica.-
La libertad que el Derecho ampara es la libertad jurídica, entendida como la defensa de la libertad del Hombre a través la proteccción de su personalidad, lo que implica mantener incólumes todas sus posibilidades de desarrollo intelectual como sujeto interactuante con iguales, que tienen sus mismos derechos.-
El ordenamiento jurídico, en cuanto constituye un sistema de proposiciones normativas herméticamene pleno tiene que integrarse con una norma de libertad, fundada apriorísticamene en la esencia misma de derecho como foma de vivir social, según la cual lo no prohibido tiene que interpretarse como jurídicamente permitido.-
61. Este Tribunal ha establecido que es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadament
62. El artículo 63.1 de la Convención Americana acoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. Al producirse un hecho internacionalmente ilícito imputable a un Estado, surge la responsabilidad internacional de éste, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violació
63. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos, entre ellos éste, el tribunal internacional determinará medidas para garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron y establecer una indemnización que compense los daños ocasionado
Es necesario añadir las medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente cas
64. Las reparaciones son medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen de las características de la violación y del daño ocasionado en los planos material e inmaterial. No pueden implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores, y deben guardar relación con las violaciones declaradas en la Sentenci
74. La Corte se referirá en este acápite al daño material, el cual supone la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso sub judic, para lo cual, cuando corresponde, el Tribunal fija un monto indemnizatorio que busque compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones que han sido declaradas en la presente Sentencia.
Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar la repetición de las violaciones de derechos humano
83. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye per se una forma de reparació.
La naturaleza compleja e íntegra del daño al “proyecto de vida” exige medidas de satisfacción y garantías de no repetición (infra párrs. 103, 104, 105, 107 y 110) que van más allá de la esfera económic.
Por otra parte, el Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de una sentencia condenatori.
98. Este Tribunal ya se ha referido a la llamada “cosa juzgada fraudulenta”, que resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proces.
3. Todos vivimos en el tiempo, que termina por consumirnos. Precisamente por vivirnos en el tiempo, cada uno busca divisar su proyecto de vida.
8. Como el tiempo nos consume a todos y sigue fluyendo, la construcción de un proyecto de vida puede parecer insuficiente a muchos, que, conscientes de su propia vulnerabilidad existencial, buscan construir además lo que yo me permito denominar de proyecto de post-vida. Este punto lo he desarrollé en mi Voto Razonad
31. Quisiera concluir este Voto Razonado con una referencia a un libro magistral titulado Le problème du mal - l'histoire (1948), en que su lúcido autor, R.P. Sertillanges, observó con acierto que el pensamiento positivista, negador de la inmortalidad, e insensible a los valores, se tornó simplemente inconsciente del problema del ma. El despertar de la conciencia jurídica universal viene, a mi modo de ver, a sepultar en definitiva la indiferencia de la miopía positivista, - siempre connivente con el poder, y sumiso al mismo, inclusive cuando es ejercido en grave violación de los derechos básicos inherentes a la persona humana.
Abog.: EDUARDO ALFONSO DEPETRIS
CATAMARCA - REP. ARGENTINA - 2010
CARLOS FERNÁNDEZ SESSAREGO: Daño a la persona y daño moral en la jurisprudencia latinoamericana actual, en "Themis", N° 38, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1998 así como Daño moral y daño al proyecto de vida, en "Revista de Derecho de Daños", N° 6, Rubinzal -Culzoni, Buenos Aires, noviembre de 1995, pág. 25 y sgts. y en "Revista Jurídica del Perú"
Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino - German G. Bidart Campos
Publicado por EDUARDO ALFONSO Depetris en 15:55 Enlaces a esta entrada