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Timestamp: 2019-02-24 05:45:34
Document Index: 343326330

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 21', 'artículo 143', 'artículo 136', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 95', 'artículo 97', 'artículo 39', 'artículo 70', 'artículo 2', 'artículo 33', 'Artículo 328']

﻿ SENTENCIA 2009-00047/44101 DE AGOSTO 24 DE 2017
SENTENCIA 2009-00047 DE 24 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:NO HAY LUGAR AL RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CUANDO EL INVESTIGADO QUEDA EN LIBERTAD BAJO COMPROMISO SIN QUE HAYA EXISTIDO LA PRIVACIÓN EFECTIVA. LA SUSCRIPCIÓN DE LA DILIGENCIA DE COMPROMISO, PER SE, NO CONFIGURA LA CONCRECIÓN DE UN DAÑO ANTIJURÍDICO, PUES PARA ELLO ES NECESARIO QUE LA VÍCTIMA DEMUESTRE QUE LAS OBLIGACIONES ALLÍ IMPUESTAS LESIONARON EFECTIVAMENTE SU DERECHO DE LOCOMOCIÓN. ASÍ MISMO, LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR LOS CAMBIOS DE RESIDENCIA TAMPOCO CONFIGURA UN DAÑO ANTIJURÍDICONI EL REQUERIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PREVIA PARA SALIR DEL PAÍS, EN SI MISMO, ES UNA LESIÓN AL DERECHO DE LOCOMOCIÓN, SINO QUE DEBEN DEMOSTRARSE ELEMENTOS ADICIONALES QUE REALMENTE ACREDITEN QUE LA VÍCTIMA SE VIO IMPOSIBILITADA PARA VIAJAR AL EXTERIOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN, CULPA DE LA VÍCTIMA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, DAÑO ANTIJURIDICO
Sentencia 2009-00047/44101 de agosto 24 de 2017
Rad.: 44001-23-31-000-2009-00047-01(44101)
(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos o XXX dependiendo el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).
Actor: J. C. F. y otros
La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(31), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.
En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes J. C. F., en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar, P. B. Z. (compañera permanente), Y. P. F. B. (hija), J. V. F. B. (hija), R. C. F. B. (hija), R. F. A. (hijo), K. S. F. M. (hija), J. A. F. M. (hijo), E. J. F. A. (hija) y N. J. F. N. (hija), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.
Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las Fiscalías Delegadas en la etapa de instrucción a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.
La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(32), y solo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(33). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(34).
Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación(35).
En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 30 de enero de 2008 y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 6 de noviembre de 2008, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.
En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(41)-(42) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:
“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), puesnosolosetratadeguardareldebidorespetohacialosfuncionariosjudiciales,sinoquetambiénsereclamadelosparticularesunmínimodeinterésydecompromisoenlaatenciónoportunaydiligentedelosasuntosquesometenaconsideracióndelaramajudicial.Granpartedelaresponsabilidaddelasfallasyelretardoenelfuncionamientodelaadministracióndejusticia,recaeenlosciudadanosquecolmanlosdespachosjudicialescondemandas,memorialesypeticionesque,obiencarecendevaloroimportanciajurídicaalguna,obienpermaneceninactivosantelapasividaddelospropiosinteresados.Porlodemás,lanormabajoexamenesuncorolariodelprincipiogeneraldelderecho,segúnelcual“nadiepuedesacarprovechodesupropiaculpa
Conforme al objeto de la apelación y los lineamientos teóricos antes expuestos, la Sala procederá a determinar si en el caso de autos la Fiscalía General de la Nación es administrativa y patrimonialmente responsable por la presunta privación injusta de la libertad a la que se vio sometido J. C. F. y la suscripción del acta de compromiso que le imponía la carga de “1. Presentarse cuando el funcionario judicial lo solicite; 2. Informar todo cambio de residencia; 3. No salir del país sin previa autorización” de conformidad con los siguientes hechos probados.
Sobre el particular, la Sala encuentra demostrado que el proceso penal adelantado en contra de J. C. F. tuvo su génesis en la detención que se llevó a cabo el 22 de julio de 2005 por miembros de la Policía Nacional, con fundamento en:
“los siguientes hechos: El día de hoy 22 de julio de 2005, en la XXXXXX de este municipio, siendo las 10:00 horas se practicó requisa al vehículo en mención [camión Chevrolet tipo estacas, modelo 81, color azul, de placas XXXXXXX], encontrándose en su interior 2300 pies de madera (caracolí), de su propiedad el cual no presentó documentación de autoridad ambiental (Corpoguajira), que autorizara el transporte de la misma, madera puesta a disposición de autoridad ambiental, Corpoguajira Fonseca (…) Anexo: Acta Derechos del capturado, Acta incautación elementos vehículo, acta de inmovilización de vehículo, inventario vehículo, copia oficio dejando a disposición madera”(46).
Así, J. C. F. fue puesto a disposición de la Fiscalía Segunda Delegada de Fonseca Guajira, quien dio apertura a la instrucción con fundamento en el informe policivo antes citado, por la presunta comisión del delito de Aprovechamiento Ilícito de los Recursos Naturales Renovables y ordenó la formalización de la captura del demandado mediante la diligencia de indagatoria(47)(48), donde manifestó que:
“(…) Yo administro un taller de carpintería hace 20 años desde entonces estoy trabajando con la madera y le vendo a la mina el cerrejón y nunca había tenido ningún problema con la madera porque la madera tiene su correspondiente permiso de donde viene a su lugar y Corpoguajira dice que está sin permiso, no valorizan ni le dan importancia al permiso de la madera que tengo yo, entonces me detuvieron por el permiso de Corpoguajira viendo que la madera viene de otro departamento del departamento de Santander, ese fue el motivo. (…) eneltallerseprocesa[madera]enlistonesyenmuebles,ysemehaceimposibleamíparasacarunpermisodeCorpoguajiraporcadalistónqueproceseyvenda,ademásalláenUrumitahayunaoficinadeCorpoguajirayseencuentratodoeltiempocerradoquedebehaberunfuncionariotrabajandoahíparapodersacarelpermisoporcadalistónqueyovenda”(49).
Seguidamente, el mismo 22 de julio de 2005 la Fiscalía Segunda Delegada Local profirió resolución en la que señaló que el delito “por el que aquí se procede es de aquellos que no aparece enlistado, en el art. 357 como los que se resuelve su situación jurídica, por lo que se hace necesario ordenar su libertad, previa la suscripción de diligencia de compromiso”(50).
Para el efecto, se suscribió la correspondiente acta de compromiso, donde J. C. F. se comprometió a: “1. Presentarse cuando el funcionario judicial lo solicite; 2. Informar todo cambio de residencia; 3. No salir del país sin previa autorización. (…) Se le hace saber a quien se compromete, que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones acarrea sanciones judiciales (…)”(51).
El 16 de septiembre de 2005 la Fiscalía Segunda Delegada hizo entrega provisional a J. C. F. del automóvil incautado(52).
Ahora bien, en consideración a “que en cumplimiento de sus funciones la Policía Nacional Estación Hatonuevo, el día 22 de julio del 2005 dejaron a disposición de Corpoguajira un producto forestal de propiedad del señor J. C. F., el cual era transportado sin el debido salvoconducto de movilización”, en esta misma fecha, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira - Corpoguajira decomisó preventivamente el producto y adelantó la correspondiente investigación administrativa por violación a las normas ambientales, la cual concluyó con la Resolución 5857 de fecha 18 de octubre de 2005, por medio de la cual se resolvió el decomiso forestal y se sancionó a J. C. F. “por violación a las normas ambientales vigentes”. La sanción ascendió a la suma de $ 1.897.500(53).
De la mencionada resolución se extrae:
“Si bien es cierto que el señor J. C. F. a través de su empresa legalmente constituida “Ebanistería y Carpintería Urumita” cuenta con los salvoconductos de movilización que amparan los productos forestales decomisados para su transporte desde el interior del país a las ciudades de Urumita y Villanueva en el Departamento de La Guajira, no es menos cierto, que al momento del decomiso del producto forestal ya transformado y elaborado y transportado en la ruta de Urumita hasta Hatonuevo, no contaba con el salvoconducto de removilización otorgado por Corporguajira, tal como lo establece el artículo 95 del Acuerdo 11 de 1989, anteriormente descrito(54).
Que con lo anteriormente descrito se concluye que si bien el producto forestal tiene un origen legal incluido su aprovechamiento al estar amparado por salvoconductos de movilización de CRANTIOQUIA y AMVA y de removilización de la CDMB como autoridades ambientales, también se concluye que al momento del decomiso no tenía ampara legal para su transporte.
Que el artículo 97 del Acuerdo 11 de 1989 referido a las sanciones para movilización ilegal de productos forestales, en su literal g. establece que la movilización de producto forestal sin salvoconducto pero con permiso de aprovechamiento se sanciona con el 75% del valor del producto en la plaza”.
Por su parte, El 17 de enero de 2008 la Fiscalía Segunda Delegada precluyó la investigación adelantada en contra de J. C. F. con fundamento en las siguientes consideraciones(55):
Así las cosas, tenemos que para que la conducta se estructure, es necesario que el producto introducido, explotado, transportado, traficado, comercializado, aprovechado, se encuentre amenazado o en vía de extinción, sin embargo, como ya se indicó, esta no es la situación del Caracolí, habida cuenta que no es una especie amenazada o en vía de extinción, como ya se indicó antes.
Paraestedelegado,laincautacióndelamaderadeacuerdoalasnormaspertinentesycitadasporlaCorporaciónAutónomaRegionaldeLaGuajirasieraprocedente,peronoporquelaconductadesplegadaporelencartadoseencuadrarádentrodeltipopenalarribaseñalado,sinoporviolaciónalasnormassobremovilizacióndelproducto,loquedalugaralaimposicióndesancionesadministrativasrespectivas,comoefectivamentesehizomediantelaResolución3857deoctubre18de2005porpartedelaCorporaciónmencionada.
Estando como están las cosas, resulta forzoso para este despacho dar aplicación a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 600 del 2000 y precluir la presente investigación a favor del señor J. C. F. por considerar que la conducta investigada es atípica. En consecuencia, se dispondrá la entrega definitiva del vehículo automotor involucrado en los hechos (…)”.
En este orden de ideas, la Sala encuentra probado que la investigación penal adelantada en contra de J. C. F. fue precluída porque la conducta investigada resultó atípica, de manera que no encuadraba dentro del tipo penal de ILÍCITO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES(56), aunque sí constituyó una contravención de tipo ambiental que fue sancionada por la respectiva autoridad ambiental.
A la sazón, la Sala considera que aunque la conducta desplegada por el demandante no constituyó un delito, en el caso de autos sí se presentó un comportamiento irregular que, además de la actuación administrativa surtida por Corpoguajira, requirió la investigación penal adelantada por la Fiscalía Segunda Delegada, pues, el ente investigador tenía que establecer si la conducta del infractor ambiental constituía o no una conducta de tipo penal.
De manera que la Sala comparte los argumentos de la demandada, en el sentido de considerar que fue la culpa exclusiva de la víctima la que dio lugar a la investigación penal adelantada en su contra. Culpa esta que se califica como grave bajo el entendido que J. C. F., en su calidad de comerciante y gerente de la empresa comercializadora de maderas, ostenta la aptitud de profesional y esta calidad lo obliga a conocer y cumplir la normatividad ambiental que rige la materia, por lo que su desconocimiento es calificado como grave, pues, a su vez, esto implica que J. C. F., no le dio al manejo de su negocio el “cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”.
En conclusión, el actor comprometió su responsabilidad cuando con su proceder gravemente culposo incumplió el deber legal de tener toda la documentación requerida para transportar la madera procesada, sobre lo cual es claro que él mismo tenía conocimiento de cada uno de los trámites que debía adelantar y ante qué autoridades, sin que resulte aceptable el argumento según el cual la oficina “de Corpoguajira se encuentra todo el tiempo cerrad[a]”.
Así las cosas, tiene razón el A quo cuando considera que existe una culpa en la víctima que “transportaba mercancía con el salvoconducto vencido” o, lo que es peor, sin el correspondiente salvoconducto de removilización.
Sin embargo, la primera instancia consideró que la culpa era compartida entre la administración y el demandante, sobre lo cual el recurso de apelación presentado por dicho demandante manifestó:
“No nos explicamos cómo, si una persona es detenida y después se concluye que su conducta es atípica porque debe concurrir su culpa con la del Estado. A caso es responsable de las equivocaciones de quienes lo capturaron”.
Pese a esto, es forzoso concluir que no le asiste razón al A quo, en el sentido de compartir la responsabilidad, y mucho menos al actor, quien pretende obtener un beneficio de su propia culpa. Pues, contrario a lo manifestado por el demandante, la Sala no se explica cómo una persona quiere hacer responsable al Estado de las equivocaciones con que maneja su propio negocio.
O dicho de otra manera, la Sala no se explica cómo el demandante quiere hacer responsable al Estado del incumplimiento de la normatividad que regula la transformación, comercialización y transporte de productos forestales, el cual activó el poder de las autoridades públicas y dio lugar a una investigación penal en su contra.
Entonces, fue J. C. F. quien ocasionó que la Fiscalía iniciara la investigación penal, toda vez que existían indicios que comprometían su responsabilidad como lo era transportar la madera procesada sin el salvoconducto de removilización expedido por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.
De modo que, frente a la existencia de un producto forestal sin salvoconducto, le correspondía a la entidad demandada investigar si dicha madera pertenecía o no a las especies protegidas. Y en este sentido, la Sala comparte la apreciación del Ministerio Público que, en síntesis, consideró “Había una conducta que investigar y el demandante tenía la carga de soportar la investigación”.
Ahora bien, frente a la restricción del derecho a la libertad, la Sala encuentra que J. C. F. no estuvo privado de la libertad, toda vez que en el mismo momento de la retención, fue puesto a disposición del Fiscal Delegado quien procedió a dejarlo en libertad mediante la suscripción de la correspondiente acta de compromiso, en la cual se comprometió a “1. Presentarse cuando el funcionario judicial lo solicite (…) 2. Informar todo cambio de residencia (…) 3. No salir del país sin previa autorización”.
Dicho de otra manera, no habría lugar a reconocer monto alguno por privación injusta de la libertad, pues en el sub judice no existió privación efectiva de la libertad ni domiciliaria ni intramural ya que como se ha dicho a lo largo de esta providencia el demandante quedó en libertad, aunque bajo compromiso.
Ahora bien, con relación a la suscripción de la diligencia de compromiso, la Sala debe anotar que ella, per se, no configura la concreción de un daño antijurídico, pues para ello es necesario que la víctima demuestre que las obligaciones allí impuestas lesionaron efectivamente su derecho de locomoción.
Así, por ejemplo, en el caso de autos no está acreditado que J. C. F. haya sido requerido para presentarse ante el funcionario judicial y, mucho menos que tal requerimiento haya lesionado su derecho.
Tampoco es dable aseverar que la obligación de informar los cambios de residencia configura un daño antijurídico; ni que el requerimiento de autorización previa para salir del país, en sí mismo, es una lesión al derecho de locomoción, sino que deben demostrarse elementos adicionales que realmente acrediten que la víctima se vio imposibilitada para viajar al exterior. Sobre lo cual debe tenerse en cuenta que la Fiscalía no impuso una prohibición para salir del país sino simplemente la autorización de la autoridad penal, se insiste, en razón de la investigación a que dio lugar el propio demandante.
De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpagraveodolo”.
Lo anterior, no riñe con el hecho de que la Fiscalía Segunda Delegada, en ejercicio de sus funciones y en aplicación su valoración probatoria considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para acusar penalmente al sindicado por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.
En síntesis, la Sala revocará la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2011(57) por el Tribunal Administrativo de La Guajira, y en su lugar negará las pretensiones de la demanda, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
Ahora bien, en el caso de autos la Sala evidenció que la situación que dio lugar a la investigación penal adelantada en contra de J. C. F., tuvo lugar como consecuencia de la culpa grave y exclusiva de la víctima, quien además pretende un reconocimiento económico del Estado, lo que hace que la actuación del impugnante resulte temeraria al no existir un fundamento razonable para interponer su recurso de apelación.
En consecuencia, la Sala condenará en costas a la parte actora, las cuales se liquidarán en el 1% sobre el total de las pretensiones de la demanda.
REVOCAR la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de La Guajira y en su lugar se dispone:
2. CONDENAR en costas a la parte actora por el 1% del total de las pretensiones de la demanda.
31 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.
32 ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (Subrayado fuera de texto)
33 Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909, M.P. Delio Gómez Leyva.
34 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
35 Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
39 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200 (sic), Expediente: 15989.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577 M.P Olga Mélida Valle de De la Hoz
46 Fl. 21 del C.1
47 Fls. 27-28 del C.1
48 En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta Corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (…). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…)” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp. 36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016. Exp. 44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.
49 Fls. 29-31 del C.1
50 Fl. 33 del C.1
51 Fls. 53-54 del C.1
52 Fl. 92 del C.1
53 Fls. 116-121 del C.1
54 “Parágrafo: para la expedición de salvoconductos de removilización, el interesado deberá presentar a la Corporación, el salvoconducto que ampara la primera movilización e igualmente se deberá constatar los productos a removilizar”
55 Fls. 145-137 del C.2
56 Artículo 328 de la Ley 599 de 2000. Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. El que con incumplimiento de la normatividad existente introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos de especie amenazada o en vía de extinción o de los recursos genéticos, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa hasta de diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
57 Fls. 454-484 del C.P