Source: http://www.libertadidioma.com/2002/20020927.htm
Timestamp: 2018-11-18 10:16:22
Document Index: 164367857

Matched Legal Cases: ['artículo 578', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 183']

AGLI Recortes de Prensa Viernes 27 Septiembre 2002
Jalear asesinos
Editorial La Razón 27 Septiembre 2002
Jaime CAMPMANY ABC 27 Septiembre 2002
El gobierno vasco en rebeldía
Amando DE MIGUEL La Razón 27 Septiembre 2002
NI AYUNTAMIENTOS PROETARRAS NI PANCARTAS QUE EXALTEN EL TERROR
Editorial El Mundo 27 Septiembre 2002
Por presunta colaboración con Eta
Luis María ANSON La Razón 27 Septiembre 2002
GENÉTICA TERRORISTA
Editorial ABC 27 Septiembre 2002
Impresiones El Mundo 27 Septiembre 2002
Alfonso USSÍA ABC 27 Septiembre 2002
ANTONIO ELORZA El País 27 Septiembre 2002
Asesino predilecto
Enrique de Diego Libertad Digital 27 Septiembre 2002
El presidente del TC advierte de que la autodeterminación no cabe en la Constitución
Madrid. Agencias ABC 27 Septiembre 2002
El Gobierno disolverá ayuntamientos proetarras previo acuerdo del Senado
FERNANDO GAREA El Mundo 27 Septiembre 2002
FERNANDO LOPEZ AGUDIN El Mundo 27 Septiembre 2002
Cartas al Director ABC 27 Septiembre 2002
Antonio JIMÉNEZ La Razón 27 Septiembre 2002
PORTAZO DE ESTEVE
ABC 27 Septiembre 2002
Lo peor para Pujol
Editorial El País 27 Septiembre 2002
No debe extrañar al Gobierno la indignación de la sociedad ante los continuos casos de apología del terrorismo en el País Vasco. Reconociendo que aquellas cuestiones que rozan, aunque sea de lejos, la libertad de expresión deben ser estudiadas con el mayor cuidado, es cierto que escenas como la vivida estos días en algunos pueblos de aquella comunidad llenan de sonrojo a los demócratas. En una analogía de fácil comprensión, nadie comprendería que al ladrón sorprendido en pleno robo, incluso con las cámaras de TV delante, se le dejara en libertad hasta que la autoridad, judicial por supuesto, decidiera que, efectivamente, había cometido un delito. Pues bien, esto es lo que ocurre, al menos así lo percibe una buena parte de la ciudadanía, con el delito de apología del terrorismo.
Porque los hechos no dejan margen a interpretaciones. En la madrugada del lunes al martes, dos individuos mueren en Bilbao cuando les estalla la bomba que estaban preparando. La potencia del explosivo destroza los cuerpos y dificulta la identificación de los cadáveres. Sin embargo, pronto se confirma lo evidente: se trata de dos terroristas que, aunque jóvenes, estaban implicados en varios asesinatos.
Uno de ellos era vecino de la localidad de guipuzcoana de Zaldivia, cuyo ayuntamiento está gobernado por Batasuna. De hecho, los nueve concejales del consistorio pertenecen a esta organización proetarra.
Conocida la identidad del muerto, el pleno del Ayuntamiento decide nombrarle «hijo predilecto», honor que se reserva tradicionalmente para los nacidos en una localidad que hayan destacado por hechos extraordinarios o de especial relevancia.
¿Y qué «hechos extraordinarios» o de «especial relevancia» había realizado el joven Odei Galarraga en su corta y criminal vida? El pleno del Ayuntamiento guipuzcoano se limita a decir que «formaba parte de la charanga» y había tenido «iniciativas para el pueblo», pero sin especificarlas. Como formar parte de la charanga convertiría en «hijos predilectos» al noventa por ciento de los jóvenes de Zaldivia, y no parece que ése sea el caso, hay que interpretar que el único hecho extraordinario y relevante del joven Galarraga ha sido su pertenencia a ETA y, de paso, su muerte cuando manipulaba explosivos.
Es decir, los nueve ediles batasunos de Zaldivia nombran hijo predilecto al etarra por el hecho incontrovertible de su pertenencia a la banda terrorista. Lo demás son ganas de mirar a otro lado.
Estamos pues ante un delito «in fraganti», el de apología del terrorismo, hecho a la luz del día, ante testigos y por escrito. De ahí que no nos deba extrañar que los ciudadanos crean que la impunidad se mantiene, pese a todo, en una parte del territorio nacional.
Como para los ladrones y asesinos sorprendidos con las manos en la masa, tal vez la detención preventiva, con su efecto ejemplificador, debiera aplicarse a la apología del delito. De todo tipo de delitos.
Por Jaime CAMPMANY ABC 27 Septiembre 2002
He visto en televisión esa plaza del Ayuntamiento de Leiza, el pueblo donde tenía su destino el guardia civil Juan Carlos Beiro, asesinado por la banda etarra. La bandera en el balcón del Ayuntamiento ondeaba en el extremo del mástil, que ni siquiera el cabrón del alcalde ordenó arriarla hasta media asta. Es natural. Aquel municipio se encuentra secuestrado legalmente por los compañeros concejales del alcalde cabrón, todos ellos cabrones, todos ellos de Batasuna. Celebran así el asesinato esos palmeros y jaleadores de los asesinos.
A una cierta hora, en toda España se celebraban concentraciones pacíficas y silenciosas para condenar aquella muerte, perpetrada a traición, con vileza y cobardía, como todas las muertes que comete esa manada de hienas llamada «Eta». En Leiza, la concentración de condena adquiría una significación especial, porque allí trabajaba por el vecindario, velaba por el orden del pueblo y convivía con sus gentes el asesinado guardia civil. Por supuesto, el cabrón del alcalde batasuno y los cabrones de ediles de la misma camada no bajaron a la plaza. ¿Cómo iban a condenar un acto querido e incitado por ellos mismos? Al contrario. En algunos ayuntamientos vascos, los concejales batasunos mostraban pancartas insultando a la Guardia Civil, insultando a quien acababan de matar. En el juego macabro del terror, unos escupen el plomo de los disparos y otros escupen la baba de los improperios. Ahí están: son todos uno y el mismo.
A la hora en que otras plazas de España se poblaban de gente dolorida y harta, gente cansada de soportar la amenaza estúpida del terrorismo, la plaza de Leiza estaba desierta. Sólo un pequeño oasis de gente se agrupaba gallardamente en el centro de la plaza detrás de una pancarta que rezaba en castellano y en euskera: «Leiza y Navarra por la libertad». La estampa que daba la televisión y la fotografía que publican los periódicos ofrece una impresión desoladora. La gran plaza vacía y un puñado de gente en medio. Con la ayuda de una lupa he intentado contar las personas. He contado cincuenta y una. Los habitantes de Leiza son aproximadamente tres mil.
Desde ese día la plaza de Leiza debería llamarse Plaza de la Vergüenza, si se dedica el nombre a los que no asistieron, o Plaza de la Dignidad si se quiere recordar la hazaña civil, humanitaria y valerosa de condenar un crimen que mañana se puede repetir sobre ellos mismos. Ya sé yo que el terror aterra. Para eso lo cultivan. Con la amenaza de los etarras, logran sus votos los batasunos, alcanzan las concejalías, toman los ayuntamientos y mandan en los pueblos. No sé si es justo reprochar el miedo a quienes tienen motivo para sentir miedo, el motivo diario de sentirse vigilados y amenazados por el terror. Pero qué vergüenza. Qué vergüenza para el pueblo de Leiza que sólo cuatro docenas de personas hayan tenido los arrestos necesarios para salir a la plaza a condenar el crimen que ha quitado la vida a un vecino suyo y para pedir el bien excelso de la libertad.
No hace falta mucho ringorrango jurídico para percatarse de que el Gobierno vasco camina hacia la rebeldía. Es una tendencia, pero imparable. La rebeldía consiste en que los gober- nantes vascos no se sienten parte del Estado español, en el sentido propio de esa expresión. Tampoco se sienten partícipes del «Estado» en el sentido espurio que ellos dan a esa palabra, equivalente a la nación o la sociedad españolas. Es decir, el Gobierno vasco se considera desgajado de España, de su realidad histórica y administrativa. Naturalmente, es difícil averiguar los sentimientos de una persona y más de una persona moral, como es un Gobierno. Pero para eso está la razón. Tenemos que inferir los sentimientos a partir de las conductas, los gestos, las palabras. Es evidente que todos esos signos nos conducen a la conclusión antedicha.
La cosa es grave, tanto o más que el terrorismo, pues ese exabrupto asesino es concomitante con el sentimiento de los gobernantes vascos. No me refiero a posibles actos aislados de rebeldía, como incumplir una determinada ley. Se trata más bien de una rebeldía sistemática, general, coherente consigo misma. Cualquier observador desapasionado entiende perfectamente que los gobernantes vascos no se consideran españoles. Otra cosa es que no puedan dejar de serlo, pero ese es el drama sespiriano (como habría dicho Ramiro de Maeztu, medio vasco, medio inglés).
No soy, ni de lejos, un experto en asuntos constitucionales e ignoro, por tanto, qué se puede hacer con un Gobierno regional (de una comunidad autónoma) en permanente rebeldía. Supongo que pierde la legitimidad básica para ser obedecido, en cuyo caso deja de ser Gobierno para convertirse en un grupo que manda de hecho. Ha habido casos. Es una realidad política inestable que produce un gran sufrimiento a la población. Señores empresarios vascongados: ustedes verán, pero en esas condiciones no van a poder funcionar. Quien dice empresarios ponga profesionales, eclesiásticos o cualquier otro grupo representativo. Sin ir más lejos, en esa circunstancia no puede haber elecciones libres. Las habrá, pero todo será una especie de ficción. Así se puede ir tirando algunos años, pero la sociedad vasca, y por tanto, la española, no podrá resistir mucho más tiempo. La realidad se va degradando.
Alguien podrá decir que el Gobierno vasco expresa el sentimiento de su pueblo, partidario de la independencia. Pero eso no es así. La mayoría del pueblo vasco no está por la independencia, ni la aceptarían fácilmente los otros Estados europeos. Ese movimiento supondría un coste insoportable. De momento, la situación es peliaguda.
El PP y el PSOE han pactado modificar la Ley de Bases de Régimen Local dentro del entendimiento que sostienen ambos partidos en el Pacto Antiterrorista. La modificación supondrá, entre otras medidas, la posibilidad de disolver, después de que sea aprobado por la mayoría del Senado, ayuntamientos que homenajeen a etarras.
La nueva Ley saldrá así fulminantemente al paso de barbaridades como la cometida por el Ayuntamiento de Zaldivia al nombrar hijo predilecto a Hodei Galarraga, uno de los etarras muertos al explotarle la bomba que transportaba.
Entre tanto existen otras vías, la escrupulosa pero firme aplicación de la legalidad es la única respuesta eficaz al reto lanzado por Batasuna y su brazo armado a las instituciones democráticas.En este sentido se enmarca la decisión del fiscal general al dar las órdenes a los fiscales competentes para que se querellen contra los concejales de Batasuna de San Sebastián y Zaldivia. La primera querella será por injurias contra los ediles que tuvieron la desfachatez de exhibir en el pleno pancartas con acusaciones e insultos contra la Guardia Civil al día siguiente de la muerte de la última víctima de ETA. La querella contra el Ayuntamiento de Zaldivia será por exaltación del terrorismo y puede llevar a la cárcel a los ediles de Batasuna por uno de los supuestos contemplados como delito tras la reforma del Código Penal que tuvo lugar en diciembre de 2000.
También el alcalde de Bilbao, el peneuvista Iñaki Azcuna, utilizó la legalidad a su alcance para ordenar la expulsión de la sala de plenos -salieron en volandas sujetos por la Policía Municipal- de los cuatro concejales de Bizkaiko Sozialistak Abertzaleak, que exhibían camisetas en las que se podía leer; «Faxismoa Kampora» (Fascismo fuera). Además, el Gobierno vasco prohibió ayer las dos manifestaciones programadas en Rentería para homenajear a Egoitz Gurrutxaga, el otro de los etarras muertos por su propia bomba.
El duro manifiesto de ETA contra el Gobierno de Vitoria no debe amedrentar al PNV. Tal y como demuestra el amplio reportaje gráfico realizado ayer por nuestro periódico, las calles del País Vasco están llenas de pancartas y símbolos a favor de los terroristas.Es necesario que la Ertzaintza, con la Ley en la mano, proceda a limpiarlas cuanto antes para terminar con el clima de terror que provocan y en pro de la normalidad democrática tan imprescindible para los ciudadanos vascos.
Acebes debió enviar ayer a la Guardia Civil a que detuviera a los alcaldes de Zaldivia y Leiza y a los ediles batasunos de ambos pueblos para, tras tomarles declaración, ponerlos a disposición del juez de la Audiencia Nacional por presunta colaboración con banda armada.
Si no se actúa contra los proetarras, dentro de la ley, claro, pero de forma contundente, Batasuna seguirá mofándose del Gobierno español en las mismas barbas de Rajoy, en el bigote celular de Aznar y en el cuidadoso rasurado de Acebes y Michavila. El alcalde de Zaldivia ha colocado a media asta y con crespón negro la bandera en el balcón del ayuntamiento, la ikuriña por supuesto, porque en contra de la ley, la enseña española ha quedado proscrita en aquel pueblo. Además ha declarado hijo predilecto al etarra muerto por el explosivo con que iba a asesinar a ciudadanos inocentes. El alcalde de Leiza, por su parte, ha mantenido la bandera izada en el ayuntamiento, la ikurriña claro, para que ondee alegre y plena por el asesinato de un guardia civil. Hay, en fin, indicios suficientes, para sospechar que él y sus ediles conocían o amparaban o encubrían la acción que terminó con la vida del agente caído.
Después de la Ley de Partidos no se puede volver a las medias tintas del procedimiento fiscal y la lentitud de la justicia. Si la Guardia Civil hubiera detenido ya a los dos alcaldes y a sus ediles proetarras por presunta colaboración con Eta, los hubiera trasladado a Madrid, los hubiera interrogado y puesto a disposición del juez, seguramente comenzarían a debilitarse las befas y los escarnios con que los batasunos acogen a los asesinados por Eta. Se terminaría también con los actos de exaltación de los terroristas muertos y los hijos de puta predilectos.
Las querellas del fiscal general contra los ediles batasunos de San Sebastián y Zaldivia que han injuriado a la Guardia Civil y han exaltado a ETA son las reacciones que cabía esperar con la ley en la mano. El Código Penal es muy claro: el enaltecimiento de terroristas es un delito de terrorismo (artículo 578) y se comete cuando un Ayuntamiento nombra hijo predilecto a un etarra muerto por su propio afán criminal. El asunto es jurídico, pero no sólo. En una sociedad preocupada por el efecto degradante de la violencia en la formación de los jóvenes, no se puede tolerar que una institución pública, como un Ayuntamiento, erija a un terrorista en un modelo de conducta.
Con el homenaje al etarra muerto -Hodei Galarraga- el alcalde y los concejales batasunos de Zaldivia estaban proclamando su apoyo a la banda terrorista y a sus métodos. Por eso, la querella contra estos cómplices del terror no es una reacción emocional por el asesinato del cabo Beiro Montes, sino la consecuencia jurídica de un acto de terrorismo propagandístico que, como cuando se grita «Gora ETA» ante miles de personas, busca la legitimación social del terror, la bonificación de sus crímenes y la continuación de su actividad. Algunos llaman a esto «delito de opinión». Más parece una colaboración con banda armada. Al final, las cosas se manifiestan como lo que son y las personas también: cada vez que los etarras matan o se matan, la genética terrorista de Batasuna reacciona siempre de la misma manera y no hay más opción -porque realmente no la hay- que el Código Penal.
El ministro del Interior, Angel Acebes, y los responsables de la Guardia Civil han quedado impresionados por algunas penosas circunstancias que les ha tocado comprobar en relación con el atentado que costó la vida al agente Juan Carlos Beiro en la localidad navarra de Leitza. Los mandos del instituto armado son conscientes de las durísimas condiciones en las que tienen que trabajar los guardias civiles de este pueblo, gobernado por Batasuna con mayoría absoluta, puesto que incluso se ven obligados a ir a comprar el pan ataviados con el chaleco antibalas.
Pero aún más que estos detalles, habituales por lo demás en los pueblos del gulag abertzale, les ha sobrecogido el contenido del atestado policial que da cuenta de las declaraciones de los testigos del asesinato con una bomba accionada a distancia por los terroristas. Ningún vecino se acercó hasta donde se desangraban los heridos para echar una mano. Y el detalle más estremecedor sobre la falta de la más elemental humanidad de los habitantes de la zona lo puso un agricultor que cultivaba su campo de zanahorias en un promontorio cerca de donde estalló la bomba. Suponiendo que tal vez hubiera podido ver a los terroristas que accionaron el mando, los policías le interrogaron y encontraron la siguiente respuesta: «A mí dejadme en paz, que lo que ha pasado aquí no tiene nada que ver conmigo».
Por Alfonso USSÍA ABC 27 Septiembre 2002
Me revuelve el estómago la hipocresía políticamente correcta. Nadie se atreve a reconocer que la muerte de dos terroristas caídos en la propia trampa, destrozados por la bomba con la que ellos pretendían asesinar a uno, dos, diez o cien inocentes, es una buena noticia, o mejor aún, una noticia alegre. A mí, al menos, me alegró muchísimo. Lo políticamente correcto sería escribir: «Siempre causa tristeza la muerte de dos personas, aun en el caso de dos personas que planeaban atentar contra la convivencia». Pues nada. Lo políticamente correcto, a la basura. No me ha producido ninguna tristeza la muerte de ese par de cabrones asesinos. A ver si empezamos -algunos- a ser sinceros y a no someter la naturalidad a la cautela estúpida atemorizada por el qué dirán. ¿Que han muerto dos terroristas que iban a matar? Pues nada, fenomenal.
Por lo contrario, me entristece e indigna que un inocente sea asesinado. Un inocente, además, que ha dedicado su vida al servicio de los demás. Que tenía una casa feliz con una mujer y dos hijos que jamás se avergonzarían del trabajo de su padre. Un hombre joven que era guardia civil, parte de esa Institución admirable que hoy está presente en las zonas más conflictivas del mundo como fuerza de paz. Esto es curioso y llama la atención. Los nacionalistas lamentan «todas las muertes por igual», que también es mentira. A los nacionalistas les duele infinitamente más el picadillo de terrorista que un guardia civil destrozado. A Juan Carlos Beiro le ha asesinado una banda de terroristas marxistas-estalinistas que coinciden en el objetivo común con un partido de ultraderecha, burgués, étnico y de hondas raíces cristianas. Eliminando lo primero y lo tercero, el fascismo y la obsesión étnica, ese partido, el PNV, puede encuadrarse sin dificultad en el amplio espacio de los partidos demócratas del mundo civilizado. Ese mundo que respeta la diversidad y defiende, ante todo, la libertad y la vida. Ese mundo que ha convertido a los guardias civiles, -lejos de tópicos y lugares comunes tan antiguos como injustos-, en soldados de la paz. Es el guardia civil, los compañeros de los doscientos cincuenta guardias civiles asesinados por la ETA, los que defienden y van a defender en el futuro la libertad y la vida de los nacionalistas. Pero éstos, ciegos de errehaches, deformaciones y mentiras, están con los que asesinan, apoyan a los que asesinan y encubren abiertamente a los que asesinan. Seguir manteniendo la perversidad de «Batasuna no es ETA» es prueba inequívoca del camino elegido por los dirigentes nacionalistas como Arzallus, Ibarreche o Eguíbar, este último a un paso de reconocer -al fin-, que Batasuna es su sitio.
El guardia civil Juan Carlos Beiro, asesinado por la ETA, ha podido ser parte de las Fuerzas de Paz de la ONU en El Salvador, Guatemala, Bosnia o Albania. Sería justo y necesario, que por fin, la Organización de las Naciones Unidas manifieste su dolor por la muerte de sus hombres. Porque un guardia civil no es hoy sólo un servidor del orden y de la paz en España. Lo es de todos los ciudadanos del mundo que sufren la injusticia y padecen el horror de la violencia y la guerra. Este guardia civil nada tiene que ver con la romántica pareja caminera que tanto bien hizo y tan mal ha sido tratada, y que es parte de una leyenda que se deshoja de vieja y tópica. Este guardia civil es un soldado de la libertad de Europa, y ha representado y se ha jugado la vida cumpliendo con su deber allá donde la paz del mundo ha demandado su presencia. Pero los nacionalistas están con los que matan, y también con los que mueren por intentar asesinar. Que Dios ilumine a los equivocados, castigue a los asesinos y premie a las víctimas del crimen aldeano y étnico.
En su artículo del domingo sobre la ilegalización de Batasuna, Javier Pérez Royo se quejaba de la atmósfera de hostilidad que ha rodeado a sus tomas de posición. Al ser un gran aficionado al deporte, tal vez haya encontrado esa explicación al contemplar la tristemente famosa entrada con que el pucelano Peña partió el peroné al más brillante futbolista español en activo. Al enjuiciar el hecho, lo que cuenta no es la lesión sufrida por Valerón, ya que este tipo de percances se produce periódicamente sin que exista responsabilidad alguna por parte del causante, sino el dato fundamental de que la entrada violenta por la espalda de Peña iba a por el hombre, al margen de cualquier intento de alcanzar el balón. Tal vez inconscientemente, esto es lo que le ha sucedido a Pérez Royo en su afán polémico. Nada tiene de extraño que en un tema tan complejo un jurista encuentre razones para exponer reservas o críticas; lo preocupante es que se haya desentendido por completo de jugar el balón, que en este caso para un demócrata y manifestante por ¡Basta Ya! no puede ser otro que ETA. El fondo de la cuestión es que Garzón acierta plenamente en la caracterización de Batasuna como parte de ETA y Pérez Royo renuncia a asumir el alcance jurídico de esa calificación, sin invalidarla satisfactoriamente. Es cierto que 'no todo vale contra ETA', pero si estas medidas y estos autos no sirven, la obligación política y moral de un jurista demócrata consiste en plantear alternativas y en ponderar en todo momento las propias apreciaciones de modo que la virulencia de la crítica no le convierta en abogado defensor espontáneo de la organización terrorista y de quienes, como ahora el Gobierno vasco, PNV y EA, tratan de conservar la vida legal para su herramienta política.
De ahí que la sugerencia de la 'prevaricación' del juez, asumida por las instituciones nacionalistas, debiera ser para Pérez Royo una amarga victoria, lo mismo que si logra ver triunfar su argumento de que mediante testaferros individuales sigan celebrándose manifestaciones de Batasuna en honor de ETA. Este mismo fin de semana tendremos ocasión de comprobarlo con las ceremonias de homenaje a los dos terroristas autoinmolados en Bilbao: sería estupendo que Batasuna fuera de la ley pudiera repetir la parafernalia nazi de exaltación de los mártires del terror, exhibida hace dos años en situación similar. De ser así las cosas, nos encontraríamos ante un panorama de total indefensión de la democracia, porque unos juristas renuncian a mirar el verdadero rostro de un terror nazi que se oculta detrás de la máscara. Entretanto, hemos pasado de tener como tema central la puesta fuera de la ley de Batasuna a los conflictos con el Gobierno vasco que ensaya el 'se obedece pero no se cumple', para desembocar en un cerco a Garzón. Por una vez, el presidente Aznar ha dado con el adjetivo preciso: esperpéntico.
Claro que en este tiempo de nerviosismo no faltan quienes desde otros ángulos olvidan también la exigencia de ponderación. Por fortuna ha resultado falsa (y tendenciosa) la información ofrecida la pasada semana en torno a la actitud del director del Instituto Cervantes, Jon Juaristi, de cara a la próxima manifestación de ¡Basta Ya!, al declarar, según La Razón, que irá allí con la bandera española y que la ikurriña es la bandera del nacionalismo y ETA. Normalizar la presencia de la rojigualda en Euskadi constituye una aspiración democrática. No lo es, en cambio, recusar la ikurriña, que ganó la condición de enseña de todos los vascos antifascistas en la guerra civil contra Franco. Y peor aún es volver a una guerra de banderas que anule el planteamiento integrador, propio de quienes no somos aberzales.
Bastante mal están las cosas como para ir quebrando los tenues hilos que mantienen la trama de la legalidad política en Euskadi, y eso debiera tenerlo en cuenta Rodríguez Ibarra al proponer la aplicación precipitada del artículo 155 de la Constitución. 'Amaya da asierija', 'el fin es el principio', anunció hace más de un siglo un precursor del nacionalismo. Más vale no ayudar al cumplimiento de la profecía.
El Ayuntamiento de Zaldibia ha declarado “asesino predilecto” al etarra Hodai Gallarraga. Su mérito, que le explotara la bomba que manipulaba para asesinar a personas inocentes. Este es el ejemplo genocida que los ediles de Zaldibia ponen a sus conciudadanos, a los que tratan de animar a que se conviertan en patentes criminales.
No le ha resultado difícil al equipo de gobierno (sic) llegar a ese desquiciado acuerdo, porque en Zaldibia los nueve concejales son de Batasuna. O sea, de Eta. Es alucinante, demuestra lo bajo que se ha caído en la línea de cesiones democráticos, que este escenario totalitario y fascista pueda tener cobertura legal en el Estado de Derecho español. Que el fiscal Luis Navajas presente inmediata querella es un dato alentador, pero que debe ser visto a la luz del esperpento en sí. Nada nos asegura que algún juez, con ínfulas de progre, tipo Perfecto de Andrés, no considere la “exaltación del terrorismo” un delito que no debe ser tenido en cuenta o que no genera alarma social.
Zaldibia es una muestra clara de la dictadura nacionalista que se ha consentido a lo largo de la transición. Pertenece a la provincia de Guipuzcoa, donde esa dictadura es muy fuerte, y, dentro de ella, a la comarca de Oria, donde es intensa en niveles ultrasoviéticos. En las elecciones municipales de 1999, Batasuna obtuvo 683 votos, el 90,22% de los válidos emitidos. El PP cosechó 21 (2,77%) y el PSOE, 53 (7%). PNV y EA no presentaron candidatura. ¿Miedo nacionalista? ¿Reparto de poblaciones? Hubo una latente rebelión ciudadana con 73 votos en blanco y 105 nulos. En las elecciones autonómicas de 2001, EA-PNV fue el partido más votado (el 44,67%), seguido de EH (43,11%). Los otros partidos tuvieron resultados testimoniales, heroicos: PP, 4,79%; PSOE, 4,89%; IU, 2,44%. Sumados los votos de EA-PNV y Batasuna se reafirma el asfixiante clima dictatorial: 87,78%.
Estos resultados no son normales en ninguna democracia. No son democráticos. Sólo se dan en dictaduras, donde al discrepante se le asesina y al asesino se le declara hijo predilecto. Es el caso. Esta es la situación que trata de perpetuar Ibarretxe, pues es “su” dictadura nacionalista. Es el nacionalismo el que envenena las mentes y las pervierte hasta situar a un asesino como el ejemplo a seguir. Una parte de la sociedad vasca –la nacionalista, con el PNV a la cabeza– está muy enferma. Ensalza a psicópatas y asesinos en serie.
El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, afirmó hoy, respecto a la intervención del "lehendakari", Juan José Ibarretxe en el Parlamento Vasco, que "parece que eso no
tiene encaje en la Constitución, porque el Estatuto vasco actual es una norma que ha brotado de la Constitución".
En declaraciones a "El Primer café", de Antena 3, Jiménez de Parga señaló que "si van a cambiar, o van a intentar modificar el Estatuto sin tener en cuenta la Constitución, esa operación es jurídicamente imposible; otra cosa es que ellos lo quieran hacer".
Ibarretxe alega que no hay más límite a ese encaje del País Vasco en Europa que la voluntad del pueblo vasco. Preguntado a este respecto, Jiménez de Parga ha declarado que "está la voluntad del pueblo español, que es el constituyente, es el titular de la soberanía y es el que en un futuro puede modificar
la Constitución, no el pueblo vasco".
"El Estatuto vasco fue sometido a referéndum, pero fue elaborado por las Cortes Generales. No se puede sostener que el pueblo vasco, catalán o andaluz por sí, establezcan unas normas al margen de la voluntad del resto de los españoles".
Jiménez de Parga ha sentenciado que "todos los estatutos se apoyan en la Constitución". A la pregunta de si puede haber alguna solución a estas pretensiones del Gobierno vasco dentro de la Constitución, Jiménez de Parga ha considerado que sí: "Dentro de la Constitución yo creo que sí".
"El poder que los estatutos confieren a las instituciones no es un poder soberano. La autonomía no es soberanía; la soberanía es del
pueblo español", según Jiménez de Parga, quien ha agregado que "el Estado de las Autonomías ha concedido más autonomía política, además de administrativa, económica y financiera, a la Comunidad vasca que probablemente ningún estado descentralizado del mundo, lo cual no significa que se haya cerrado el proceso".
A la pregunta de si el derecho del ejercicio de autodeterminación cabe en la Constitución, Jiménez de Parga ha respondido que "el derecho de autodeterminación no cabe" en la Constitución, porque "ya en su día el pueblo vasco, como el español, se autodeterminó dándose la Constitución".
La representación de la autonomía vasca en las instituciones europeas en un plano de igualdad con el Estado español tampoco tiene cabida en la Carta Magna, según Jiménez de Parga: "No tiene
sentido. Si todas los grupos políticos de Europa se quieren representar sería el caos".
El Parlamento vasco se niega a disolver Batasuna
En opinión del presidente del constitucional, "si hay un recurso, se tramitan los recursos contra la actitud rebelde de cumplimiento. En la tramitación de esos recursos se tomarán las medidas que procedan".
Jiménez de Parga ha concluido que el artículo 155 de la Constitución "se puede y se debe aplicar cuando se han dado las circunstancias jurídico-políticas, para su aplicación".
Declaró que la Ley de Partidos parece que tiene cabida en la Constitución y sigue sosteniendo lo mismo: "Lo mantengo. Es correcta y encaja en la Constitución".
Los nacionalistas le han emplazado a que se abstenga en el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Partidos, pero ha declarado su intención de no hacerlo: "No veo ningún motivo de abstención".
A la pregunta de qué opinión le merece que el Gobierno vasco haya anunciado que va a presentar este recurso de inconstitucionalidad, ha considerado que eso legitima al Tribunal Constitucional: Si
presentan un recurso me parece muy bien, porque desde 1992 ellos prometieron que instituciones vascas no irían nunca al Tribunal Constitucional. Desde entonces las instituciones vascas no han ido
nunca tomando la iniciativa".
PP y PSOE pactan modificar la Ley de Bases de Régimen Local para impedir actuaciones como la de Zaldivia - Cuando una corporación municipal exalte el terrorismo podrá ser suspendida, será sustituida por una gestora y se convocarán nuevas elecciones en el plazo de tres meses
MADRID.- El Pacto Antiterrorista aprobará el próximo miércoles reformas legales para evitar que puedan repetirse homenajes a etarras como el que tuvo lugar anteayer en Zaldivia (Guipúzcoa).
Por ejemplo, entre las medidas que preparan el Gobierno y el PSOE se incluye la posibilidad de disolver ayuntamientos en los que se homenajee a terroristas.
Es decir, si estuviera ya en vigor la reforma propuesta, podría el Gobierno central, previo acuerdo de la mayoría del Senado, disolver esa corporación local y nombrar una gestora.
La reunión del pacto del próximo miércoles aprobará una docena de medidas que incluye la reforma de seis leyes para garantizar la seguridad de cargos públicos en el País Vasco y acabar con actos de exaltación del terrorismo.
La filosofía de la mayor parte de esas medidas ya fue acordada por Gobierno y PSOE el pasado mes de junio.
Ahora estas medidas están sido perfiladas y redactadas para su aprobación el miércoles como proposición de ley que empezará el trámite parlamentario.
Como novedad, según fuentes del Gobierno, se incluirá una reforma de la Ley Electoral General para que en el censo electoral no figure el domicilio de personas amenazadas. Esta propuesta se produce tras haber constatado el uso para fines terroristas del censo electoral del País Vasco, al que tienen acceso todas las formaciones que concurren a las elecciones y que se expone en los colegios durante las votaciones.
También se reformará la Ley de Financiación de Partidos para crear un fondo con unos 3.000 euros (500 millones de pesetas) para financiar a las formaciones que deban reforzar sus medidas de seguridad como consecuencia de la amenaza terrorista. Es decir, al PP y al PSOE.
Otra de las medidas será la sustitución de ediles que dimitan por amenazas por otros, aunque no hubieran ido en las listas.
Devolución de competencia
En el caso de la disolución de ayuntamientos, se trata de reformar la Ley de Bases de Régimen Local, en una línea parecida a la prevista en el artículo 155 de la Constitución con respecto a las comunidades autónomas. La diferencia es que en las comunidades autónomas se prevé la devolución de competencias, mientras que en los ayuntamientos se trata de la disolución de sus órganos de gobierno.
El artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local ya prevé esa disolución cuando su «gestión sea gravemente dañosa para los intereses generales que suponga el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales». La constitucionalidad de este artículo fue avalada ya en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981.
Ahora, a iniciativa del PSOE, se trata de precisar más y añadir como causa de disolución «la gestión gravemente dañosa para los intereses generales, por acuerdos de los órganos que sirvan para dar cobertura o apoyo, expreso o tácito, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o lo justifiquen o humillen a las víctimas o a sus familiares, o perturben gravemente el funcionamiento democrático de la corporación».
En este supuesto entraría claramente el nombramiento de un etarra como hijo adoptivo o cualquier homenaje a un terrorista como los producidos esta semana en Zaldivia.
Con respecto al procedimiento de disolución se mantendrá la actual redacción del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Electoral: «El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales».
Esta vía es independiente y compatible con la penal que pueda emprenderse contra los concejales que participen en el homenaje a terroristas.
La Ley Orgánica de Régimen Electoral especifica que «en los supuestos de disolución de corporaciones por acuerdo del Consejo de Ministros, previstos en la legislación básica de régimen local, deberá procederse a la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación dentro del plazo de tres meses, salvo que por la fecha en que ésta debiera constituirse, el mandato de la misma hubiese de resultar inferior a un año».
El artículo 183 de esa ley añade que «mientras se constituye la nueva corporación o expira el mandato de la disuelta, la administración ordinaria de sus asuntos corresponderá a una Comisión Gestora designada por la Diputación Provincial o, en su caso, por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, cuyo número de miembros no excederá del número legal de miembros de la corporación».
PP y PSOE invitarán a otros partidos a respaldar la proposición de ley que podría aprobarse antes de final de año.
Como si buscasen reforzar los numerosos flancos débiles del controvertido auto de Garzón, además de proporcionar argumentos supletorios a los promotores de la Ley de Partidos que estudia el Tribunal Supremo, los batasunos se vuelcan en declaraciones, manifestaciones, gestos, acciones y esquelas periodísticas de exaltación de los dos pistoleros que murieron con la bomba puesta entre las manos.No es una iniciativa aislada. Primero, en el Ayuntamiento de Zaldivia, después, en el de San Sebastián y ayer en el de Bilbao, sus concejales no sólo continúan sin condenar los asesinatos sino que, además, presentan como mártires a los asesinos. Pese a la reciente reforma del Código Penal, que tipifica como delitos esta tipología de actos, y a la Ley de Partidos, que igualmente los prohibe, los ilegales parecen querer dar la razón a quienes los han ilegalizado y ridiculizar a los que protestan por su ilegalización.
Ahorrándole el trabajo a la Fiscalía General del Estado, en sus querellas contra los ediles responsables de estos homenajes, son los propios acusados los que proporcionan la prueba de la acusación al fiscal Jesús Cardenal. Cuando se invierte la lógica de toda actividad procesal y la carga de la prueba corre a cargo del procesado se pone de manifiesto algo mucho más grave que una mera degradación moral como se ha limitado a señalar el ministro Acebes. Ya se vio, en la votación parlamentaria sobre la presentación de un recurso contra la Ley de Partidos, cuando Otegi sumó su voto negativo al de Mayor Oreja. Porque los batasunos han dado un pasado adelante en su estrategia de desobediencia civil y ya ni siquiera cuestionan el sustantivo jurídico de tal legislación sino que rechazan abiertamente el adjetivo de su españolidad.No aspiran a recuperar la legalidad española; aspiran a una propia legalidad vasca desde una movilización social soberanista que presione gradualmente, desde abajo, a las instituciones democráticas.No buscan el reconocimiento de un soberanismo consensuado, mucho menos ningún tipo de negociación, sino un soberanismo coactivo.Aprovechando las bruscas oscilaciones del péndulo nacionalista democrático, corroído por la ineludible aplicación de la ilegalización a Batasuna, tratan de arrastrar hacia este desacato político a los nostálgicos de Lizarra. De ahí que descalifiquen rotundamente a Ibarretxe como el «Gobierno de la vergüenza» por limitarse a cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales. Buscan convertir la Ley española, según se cumpla o no, en la prueba del algodón de todo verdadero nacionalista.
Estamos ante el ensayo de una nueva táctica batasuna. En lugar de esconderse o de esquivar la vigilancia policial, asumen a cara descubierta, sin máscaras de ningún tipo, acciones delictivas con la intención de blindarse socialmente ante sus responsabilidades penales. Es todo un desafío del que sólo podrá alegrarse profesionalmente el magistrado Garzón. De la más que discutible prueba de la lógica, en la que basa la suspensión cautelar de Batasuna, va a poder empezar a pasar a la indiscutible lógica de la prueba gracias a los propios procesados.
Durante el verano de 1996 tuvimos la oportunidad de pasar nuestras vacaciones familiares en Navarra, concretamente en el maravilloso valle de Baztán. Lo recorrimos prácticamente de un extremo a otro y sus maravillosos paisajes nos encantaron.
En una de nuestras excursiones visitamos el pueblo de Leiza. En plena plaza contemplamos el bochornoso espectáculo que nos hizo salir de allí rápidamente: un individuo subido en el remolque de un camión pintaba con un espray un enorme «Gora ETA» en el frontón de la plaza.
Hoy contemplo con inmenso dolor el llanto de la viuda del último héroe asesinado por esos canallas. También veo con inmenso orgullo a un puñado de personas sosteniendo una pancarta que dice «ETA no» y que aplauden a la salida del féretro en su bello pueblo de Leiza. Ellos también son héroes y es muy triste que sea así. Yo pude salir asqueada de allí, pero ellos tienen que convivir con aquel individuo que pintaba en el frontón y con todos sus secuaces asesinos.
En una de las concentraciones de protesta he visto un inmenso lazo azul en una fachada. Me gustaría que recuperáramos aquello que surgió como un símbolo de esperanza durante el secuestro de Miguel Ángel Blanco, que llevamos el tiempo que duró la tortura de Ortega Lara. Mientras haya un solo asesino suelto todos estamos secuestrados porque no tenemos libertad. Yo, desde luego, me lo voy a poner desde este mismo momento.
Elena Mª Vegué Sanz. Madrid.
Cada vez que Rodríguez Zapatero viaja a Barcelona, su gente de Ferraz se pone a temblar. El peligro se llama Pascual Maragall, cuyo discurso político en cuestiones relativas al Gobierno y administración del Estado,cuando no raya en lo pintoresco, deja al PSOE a los pies de los caballos, de la incoherencia y del barullo. Maragall juega a «enfant terrible» del socialismo y a nacionalista de izquierdas y se ha empeñado en ser la voz disonante del coro que intenta conducir con armonía el secretario general.
La penúltima nota la puso al dudar sobre la conveniencia de ilegalizar a Batasuna, que el PSOE apoya sin reservas ni dudas; y casualmente ha sido en Barcelona, a su sombra, donde Zapatero prometió un cambio en las relaciones con el Gobierno vasco si llega a la Moncloa, sugiriendo de paso que el de-sencuentro actual entre Madrid y Vitoria es por culpa del actual inquilino del palacete. Zapatero sería un ingenuo si creyera, como probablemente le inspiró el errático Maragall, que Ibarreche y Arzallus iban a renunciar a su apuesta soberanista y de ruptura del «statu quo» estatutario, si fuera él, en vez de Aznar, quien ocupara la presidencia del Gobierno. El secretario general socialista no debería olvidar que fue el PNV quien se tiró al monte al cuestionar las reglas del juego democrático emanadas de la Constitución.
LA liturgia política requiere de puestas en escena mucho más espectaculares que importantes. De cuando en vez, Pere Esteve, el «padre» de la Declaración de Barcelona y a quien Pujol encomendó la «limpieza» del roquismo en Convergencia, asomaba en el marasmo declarativo de la política para tratar de poner en valor el soberanismo, una especie de «tercera vía» del nacionalismo que trataba de conciliar las exigencias de la política adulta con el entusiasmo que provoca en las bases del partido de Pujol cualquier mención al independentismo. Esteve, que tras el fulgurante ascenso de Artur Mas asumió un papel ni siquiera secundario, ha decidido abandonar su partido en uno de los momentos más inconvenientes para la coalición CiU y en pleno debate sobre la dirección que debía tomar, entre los acuerdos con el partido de Gobierno en Madrid -sea cual sea- y el soberanismo, volcado única y exclusivamente en la política catalana. El único horizonte de esa segunda línea pasa por mantener la Generalitat, algo muy complicado sin Pujol y con una pinza PSC-ERC que Esteve se dispone a alimentar. La salida incontrolada de Esteve no anima precisamente a pensar que se respira optimismo para las próximas autonómicas en el seno de CiU. Sin embargo, ni es indiciaria de más abandonos ni es precisamente presumible que contribuya a restar opciones a los nacionalistas en una contienda electoral que se antoja apretada, difícil y con dos actores secundarios decisivos, el PP y ERC.
En clave de política general, el abandono de Esteve rubrica el fracaso de una operación, la Declaración de Barcelona, que Duran el democristiano y Pujol nunca tuvieron clara. Es también una muestra de que los partidarios de romper con el PP y defender a capa y espada al PNV tienen cada vez menos sitio en CiU. Se podría decir que vencen los «coyunturales» frente a unos «ortodoxos», que más que en ganar elecciones piensan en «construcciones nacionales» más o menos periclitadas. Nada está fuera del guión, salvo el modo y el momento en que Esteve arroja la toalla para abrazar la causa de ERC y, por cierto, la de un sector del socialismo catalán, encabezado por Pasqual Maragall, que pide una agenda catalana propia, que el PSOE reconstruya las relaciones con el PNV y que descarte el consenso con el PP en los grandes asuntos de Estado en favor de la confrontación.
Se dibuja en el panorama catalán un nuevo equilibrio en el que el PSC puede asumir contenidos nacionalistas, mientras que CiU acabaría definitivamente por abrazar el pragmatismo sin complejos.
A Jordi Pujol acaba de ocurrirle una de las peores cosas que le podían suceder. Uno de sus colaboradores inmediatos ha venido a dar la razón a quienes sostenían que la alianza de Convergència i Unió (CiU) con el PP perjudica la concepción nacionalista de Cataluña. Éste es el mensaje que el ex secretario general de Convergència Democràtica, Pere Esteve, lanza con su abandono del partido. Ataca así el principio que unifica el mensaje poliédrico de Pujol: la tesis de que su nacionalismo consiste en colocar siempre por delante los intereses de Cataluña.
Esteve sostiene que Pujol ha vulnerado este principio primando su permanencia en el poder con una mayoría de centro-derecha en vez de decantarse por un Gobierno de mayoría nacionalista con Esquerra, la otra opción política y matemáticamente posible. CiU lleva tres años haciendo oídos sordos a esta crítica, lanzada desde la oposición y desde un sector nada desdeñable de sus filas. Esta vez la puya viene de alguien que goza de una notable credibilidad en los medios nacionalistas. Su salida rompe el cuidadoso equilibrio pujolista, capaz de atraer desde el soberanismo templado hasta el regionalismo burgués. El desafío llega además en un momento en que CiU parecía haber logrado pacificar sus huestes en torno al sucesor de Pujol, Artur Mas, y cuando apenas dispone de tiempo -queda un año de legislatura- para modificar su estrategia. La dirección de CiU, que se aprestaba a escenificar un lento distanciamiento del PP para hacer olvidar a sus electores nacionalistas una alianza que ya tiene seis años de duración, se queda sin margen de maniobra.
Exagera la oposición cuando cree ver en el abandono de Esteve una descomposición irreversible de CiU, pero es cierto que la federación nacionalista se debilita si deja de ser una amalgama de centrismo y nacionalismo moderado. Y sobre todo, plantea dudas sobre si tras la jubilación de Pujol seguirá siendo posible un nacionalismo de tan amplio espectro. Las expectativas electorales nada halagüeñas para CiU anuncian querellas ideológicas futuras. Todo ello beneficia al líder de la oposición, al socialista Pasqual Maragall. Los tropiezos de todo político favorecen a su adversario. Pero en este caso, además, avalan el mensaje de que Pujol y su formación han agotado su recorrido y Cataluña necesita un cambio. No sólo de líder, sino de mayoría. La espantada de Esteve da más pábulo a esa idea.