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Timestamp: 2020-08-09 23:58:53
Document Index: 331139194

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 75', 'artículo 88', 'artículo 156', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 88', 'artículo 156']

Proyectos del orden del día
Proyecto Expte. Nº 90-26.593/17 - Incorporando al Sistema de Salud de la Provincia de Salta la labor del “Payaso de Hospital”.
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto incorporar al Sistema de Salud de la Provincia de Salta la labor del "Payaso de Hospital".
Artículo 2°.- Se entenderá por Payaso de Hospital aquella persona especialista en el arte de clown que, de acuerdo a la Autoridad de Aplicación, reúna las condiciones y requisitos para el desarrollo de su tarea en los Hospitales Públicos Provinciales y/o Municipales de nuestra Provincia.
Artículo 3".- Cada Servicio de Terapia Pediátrica deberá contar con un servicio de especialistas en el arte de clown o payasos hospitalarios.
Artículo 4°.- El Ministerio de Salud Publica, como Autoridad de Aplicación, determinará los requisitos y condiciones de los especialistas del arte del clown para el desarrollo de sus tareas, articulando acciones con Organizaciones no Gubernamentales como así también la categorización de los Hospitales Públicos Provinciales y/o Municipales en los que se los requiera.
Expte. Nº 90-26.593/17 - la labor del “Payaso Hospitalario” - Orden del dia 29
Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto incorporar al Sistema de Salud de la provincia de Salta la labor artística-terapéutica del payaso de hospital, payaterapeuta o payamédico en un equipo interdisciplinario.
Art. 2°.- Se entenderá por payaso de hospital, payaterapeuta o payamédico a aquella persona especialista en el arte de clown que se dedica a la animación y estimulación emocional a través de la risa en pacientes internados, tanto en efectores públicos como privados de atención a la salud de nuestra Provincia.
Art. 3°.- Serán beneficiarios de la misma, todo internado sin límite de edad, tanto sea niño, paciente en internaciones prolongadas con enfermedades crónicas, persona con discapacidad, como adulto mayor, y sus familiares.
Art. 4°.- El Ministerio de Salud Pública, como Autoridad de Aplicación, determinará los requisitos y condiciones de los especialistas del arte del clown para el desarrollo de sus tareas y su participación en equipos interdisciplinarios, coordinará la articulación de acciones con Organizaciones no Gubernamentales y categorizará los servicios de salud que los requieran.
Art. 5°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley se imputarán al Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio vigente.
Acordada Corte de Justicia N° 12.196 - Orden del Día 29
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y
Artículo 1.- Ámbito de aplicación. El procedimiento especial que se instaura mediante el presente régimen legal, se aplicará a las causas por delitos cometidos exclusivamente o con la participación de niñas, niños o adolescentes que, a la fecha de comisión del hecho, no hubiesen cumplido la edad de dieciocho (18) años.
Art. 2º.- Procedimiento aplicable. Regla general. El proceso se realizará de acuerdo a las normas previstas en el Código Procesal Penal, salvo las que expresamente se establecen en la presente.
Art. 3º.- Garantías fundamentales. Rigen operativamente todas las garantías y derechos consagrados en la Constitución Nacional, los tratados internacionales incorporados a su artículo 75, inciso 22, la Constitución Provincial y la Ley N° 7039.
-Entre éstas, especialmente, las disposiciones contenidas en:
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño;
las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing);
las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Resolución N° 45/113 de la Asamblea General);
las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Resolución N° 45/112 de la Asamblea General Directrices de Riad), con las reservas respectivas realizadas por el Congreso Nacional;
la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley N° 26.061);
la Ley Nacional de Protección contra la Violencia Familiar (Ley N° 24.417).
El régimen aquí previsto en ningún caso podrá interpretarse como limitativo o negatorio de las normas que amparan la especial situación de las niñas, niños o adolescentes, sin perjuicio de las restricciones que se impongan de manera fundada y bajo estrictos parámetros de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Art. 4º.- Intervención autónoma de padres, tutores o guardadores. Las facultades acordadas por esta ley y por el Código Procesal Penal a la defensa técnica de la niña, niño o adolescente podrán ser ejercidas también por sus padres, tutores o guardadores, quienes actuarán autónomamente con patrocinio letrado obligatorio.
A dichos efectos, a la par de la notificación personal de la niña, niño o adolescente, también se les comunicará las garantías mínimas de aquél según lo establecido, en lo pertinente, en el artículo 88 y cc. del Código Procesal Penal.
Sin embargo, la actuación de aquellos sujetos nunca será contradictoria con la del defensor de la niña, niño o adolescente, en cuyo caso el juez penal juvenil podrá hacer cesar su intervención.
Art. 5º.- Examen psicológico obligatorio. A las niñas, niños o adolescentes que resultasen involucrados en el proceso se les deberá practicar un examen psicológico integral para determinar su grado de maduración, conocimiento y situación de la realidad circundante, comprensión mínima de sus actos y un informe ambiental orientativo que describa núcleo familiar, habitacional e influencias externas e internas del medio en el cual se desenvuelve.
Art. 6º.- Participación exclusiva de niñas, niños o adolescentes. El fiscal penal juvenil dirigirá la investigación penal preparatoria, en las causas iniciadas por hechos en los que hubieran participado exclusivamente niñas, niños o adolescentes penalmente responsables.
Los jueces juveniles ejercerán las funciones del juez de garantías y actuarán como juez unipersonal de juicio.
El magistrado que actuando como juez de garantías hubiere dictado auto de mérito durante la etapa de la investigación penal preparatoria, no podrá entender como juez de juicio en la misma causa.
Art. 7o.- Participación con mayores de edad. En causas donde se investiguen hechos en los que hubieran participado niñas, niños o adolescentes penalmente responsables y mayores de edad se aplicará lo siguiente:
en la etapa preparatoria intervendrán el fiscal penal y el juez de garantías de mayores, quien será competente para dictar toda resolución de mérito, de acuerdo
a lo previsto en el Código Procesal Penal;
juzgarán los tribunales ordinarios de juicio, limitando su sentencia, en lo que a la niña, niño o adolescente atañe, a emitir declaración sobre su responsabilidad o irresponsabilidad, pasando una copia de esa resolución y, cuando sea el caso, de la del tribunal de alzada, al juez penal juvenil para que con arreglo a la ley de fondo resuelva sobre la sanción o corrección;
durante el proceso se evitará en lo posible, la presencia de la niña, niño o adolescente, procurando que de ningún modo se los haga comparecer junto a los mayores, ni compartan aún en forma provisoria el lugar de alojamiento o comparecencia;
la niña, niño o adolescente permanecerá bajo la jurisdicción exclusiva del juez penal juvenil en lo que respecta al resguardo y protección de su persona. Dicho magistrado será el único competente para disponer las medidas que puedan afectar su libertad, propiedad o intimidad, pero nunca ejercerá las funciones ordinarias de la investigación;
el juez penal juvenil remitirá al juez de garantías de mayores y al tribunal de juicio los informes y antecedentes que considere convenientes para cumplir su finalidad.
Art. 8o.- Inimputables. Si surgiere la intervención de niñas, niños o adolescentes inimputables, las actuaciones se remitirán al juez penal juvenil para que ordene las medidas que resultasen necesarias a efectos de comprobar su estado y situación personal.
Cumplidas dichas constataciones y previa vista al fiscal penal juvenil, a la defensa y a los representantes legales de la niña, niño o adolescente, sin perjuicio de su responsabilidad el juez dictará el sobreseimiento y, en su caso, dispondrá las medidas de seguridad que estime corresponder o remitirá los antecedentes a la justicia civil a los efectos a que hubiere lugar.
Las medidas de seguridad sólo procederán si dos {2) peritos psiquiatras concuerdan que la niña, niño o adolescente es peligroso para sí o para terceros.
Art. 9º.- Ministerio Pupilar. El Ministerio Público Pupilar intervendrá en todas las actuaciones en que participe una niña, niño o adolescente, tomando conocimiento en las que fuera imputado. Se requerirá su presencia en la declaración de la niña, niño o adolescente, durante el juicio y siempre que se exija expresamente, o cuando existieren intereses contrapuestos con la parte denunciante o víctima.
Dictaminará en forma previa a toda resolución que decida sobre medidas aplicables a la niña, niño o adolescente. A dichos efectos se le otorgará un plazo de tres (3) días que, en atención a las circunstancias del caso, podrá ser abreviado por el juez mediante decreto fundado. Cuando se tratare de medidas asegurativas del proceso o de la internación preventiva el plazo será siempre fijado en horas.
En casos de suma urgencia, podrá procederse sin el dictamen pero, practicada la medida, será requerido de inmediato bajo pena de nulidad.
Art. 10.- Identificación. La identificación de una niña, niño o adolescente sometido a proceso se realizará en presencia de uno sus padres, tutor o guardador. Si fuere imposible o existieren intereses gravemente contrapuestos, se requerirá la presencia del Ministerio Público Pupilar.
Se practicará mediante datos extraídos de la correspondiente partida de nacimiento o del documento nacional de identidad. En su defecto, se procederá a la identificación por testigos, en las formas prescriptas para los reconocimientos, o por otros medios que se estimaren útiles.
La identificación patronímica sólo procederá antes del requerimiento de la causa a juicio y si hubieran resultado negativas las demás operaciones.
En ningún caso se los comprometerá o expondrá a procesos de identificación invasivos o traumáticos.
Art. 11.- Antecedentes. Registro. Los antecedentes por delitos que se registren en sede policial, administrativa o judicial, como cualquier otro registro que existiese, sólo podrán ser empleados a efectos de constatar la procedencia de alguna norma de acumulación.
La Corte de Justicia de la Provincia llevará un registro de antecedentes de los delitos cometidos por niñas, niños o adolescentes, cuyos datos serán reservados y solamente expuestos en caso de orden judicial fundada y escrita que amerite su exhibición.
A tal efecto créase el Registro Único de Antecedentes Penales Juveniles.
Art. 12.- Medidas de protección de derecho y resguardo. El juez penal juvenil podrá adoptar, a pedido del fiscal y/o del asesor de incapaces, medidas urgentes de protección de derechos y resguardo de los niños y adolescentes sometidos a su competencia. También podrán requerirse tales medidas urgentes cuando de los estudios realizados o antecedentes obrantes en la causa resultare que aquéllos se hallan en situación de vulnerabilidad o desprotección.
Concluida la intervención del juez penal juvenil, si continuará el estado de desprotección del niño o adolescente, se dará intervención al juzgado civil de personas y familia en turno, notificando de ello al asesor de incapaces a sus efectos
Art. 13. - Medidas asegurativas del proceso. El juez penal juvenil podrá ordenar, por resolución fundada y a requerimiento del fiscal, siempre que hubiere peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, la aplicación de alguna o varias de las siguientes medidas:
mantener a la niña, niño o adolescente en su núcleo familiar bajo la responsabilidad de un miembro mayor de edad;
en caso de no ser posible o resultar inconveniente, confiarlo a otra persona, familiar o no, para su supervisión y bajo su responsabilidad;
alojarlo en un instituto especializado, que informará periódicamente al juez que lo disponga;
obligarlo a concurrir periódicamente a la sede del juzgado acompañado de un mayor responsable;
abstenerse de concurrir a determinados lugares, o de frecuentar determinadas personas;
no tomar contacto ni acercarse o molestar de manera alguna a la supuesta víctima del delito y ordenar toda otra medida inhibitoria u ordenatoria en resguardo de su integridad y derechos;
adoptar cualquier otra medida que resulte conveniente al caso.
Siempre deberá adoptarse la medida que resulte menos gravosa para la niña, niño o adolescente. Podrán cesar o ser sustituidas unas por otras, en cualquier momento, por resolución fundada.
El cumplimiento efectivo de las medidas impuestas deberá ser tenido en cuenta en la sentencia definitiva, a sus efectos.
Art. 14.- Internación preventiva. El alojamiento en un instituto especializado sólo procederá como medida de último recurso, cuando no exista otra menos gravosa para evitar el peligro procesal y se estime que se impondrá una pena de cumplimiento efectivo.
Se aplicará del modo más adecuado al interés superior de la niña, niño o adolescente y de la forma que se afecte lo menos posible su persona y sus derechos. Se les proveerá sus necesidades básicas en cuanto a vestimenta, alimentación, medicamentos y educación, estableciéndose un amplio régimen de visitas con sus familiares y allegados, salvo que ello ponga en riesgo los fines de la investigación o resultase perjudicial a su salud psíquica o física.
El establecimiento donde se encontrasen alojados deberá realizar mensualmente, por lo menos, un control y vigilancia, debiéndose practicar un examen o evaluación psicológica y ambiental, el cual será puesto de inmediato en conocimiento del juez penal juvenil y del defensor juvenil.
Art. 15.- Contenido y carácter de las decisiones. El auto que disponga o rechace una medida de protección y resguardo o asegurativa del proceso, será revocable o reformable en cualquier estado del proceso, aún de oficio. Bajo pena de nulidad absoluta, deberá contener:
a) la individualización de la niña, niño o adolescente en la forma prescripta en la presente ley;
b) la descripción sucinta del hecho imputado y de las pruebas en que se funda la participación de la niña, niño o adolescente expuesta de manera clara, precisa y comprensible teniendo en cuenta la edad al momento del hecho, su educación
y costumbres, su léxico y la comprensión que se haya determinado que tiene de la realidad de acuerdo al examen psicológico;
c) la descripción acabada de los alcances de la medida cautelar en forma clara, precisa y comprensible para la niña, niño o adolescente.
Además de estos requisitos, de ordenarse la internación, el auto deberá precisar las razones específicas que justifican la no aplicación de una medida más leve, bajo pena de nulidad absoluta. En todos los casos tendrá participación necesaria el defensor juvenil, quien deberá emitir opinión en forma obligatoria.
Art. 16.- Revisión. La defensa o el defensor juvenil podrán solicitar en cualquier momento la revisión de toda medida impuesta a una niña, niño o adolescente. Del pedido se correrá vista al fiscal interviniente y al asesor de incapaces por un plazo menor y que determinará el juez penal juvenil, atendiendo las particularidades del caso.
La resolución será dictada en el término de veinticuatro (24) horas excepcionalmente prorrogable por otras veinticuatro (24) horas mediante decreto fundado y en atención a la complejidad del asunto.
Art. 17.- Recurso. Las resoluciones que decidan sobre la situación de las niñas, niños o adolescentes serán apelables al solo efecto devolutivo y deberán ser resueltas dentro de los tres (3) días hábiles en que los autos se radicaron en el Tribunal de Impugnación.
Art. 18. - Revocación. Plazo máximo. El juez, aún de oficio, deberá hacer cesar toda medida restrictiva impuesta respecto de niñas, niños y adolescentes, cuando las razones que la justificasen hubieran desparecido.
En ningún caso esta medida podrá superar un (1) año prorrogable por otros doce (12) meses, a contarse desde el momento de hacerse efectiva.
Art. 19. - Criterios de oportunidad y vías alternativas de solución del conflicto. Resultan aplicables los criterios de oportunidad y vías alternativas de solución del conflicto previstos en el Código Procesal Penal, siempre y cuando sean compatibles con el proceso especial de niñas, niños o adolescentes en conflicto con la ley penal.
En los casos en que se exija la reparación de los daños ocasionados será necesario el acuerdo de quienes deban responder civilmente por la niña, niño o adolescente.
Sin embargo, en atención a las particularidades del caso, el fiscal podrá solicitar al juez penal juvenil que exceptúe tal condición quedando habilitada la vía civil correspondiente.
Art. 20. - Audiencia de debate. Además de las reglas comunes, durante el juicio se observarán las siguientes:
la audiencia de debate se realizará a puertas cerradas, pudiendo asistir solamente el fiscal, las partes, el querellante, sus defensores, los padres, tutores o guardadores de la niña, niña o adolescente y las personas que tengan legítimo interés en presenciarlas;
el asesor de incapaces deberá asistir a la audiencia, si fuere requerida su presencia bajo pena de nulidad, y tendrá las mismas facultades atribuidas al defensor, aún cuando el imputado tuviere patrocinio privado;
la niña, niño o adolescente podrá asistir siempre a la audiencia de debate salvo excepción fundada, a tal fin deberán tomarse todos los recaudos para preservar su salud física y psíquica;
antes del veredicto, el juez deberá oír a la niña, niño o adolescente a pedido de éste, y también a sus padres, tutores o guardadores, a las autoridades del establecimiento en que estuviere internado pudiendo suplirse la declaración de éstos, en caso de ausencia por la lectura de sus informes.
Art. 21. - Sanción. Al individualizar la sanción, el juez atenderá al superior interés de la niña, niño o adolescente, a su personalidad y a las circunstancias del hecho.
La pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo será impuesta tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda de acuerdo a las circunstancias del caso y a la ley penal de fondo.
Sin embargo, en atención a las particularidades del caso, el fiscal podrá solicitar al juez penal juvenil que exceptúe tal condición quedando habilitada la vía civil correspondiente
Art. 22. - División del debate. En delitos cuya pena máxima en abstracto no supere los cinco (5) años y siempre que se trate de hechos con participación exclusiva de niñas, niños o adolescentes, el juez penal juvenil podrá dividir el debate, tratando primero la cuestión acerca de su culpabilidad y posteriormente, si correspondiere, la cuestión acerca de la determinación de la pena o medida de seguridad.
Art. 23.- Preclusión. Recurso. La decisión respecto de la división del debate podrá hacerse de oficio o a pedido de parte y únicamente hasta el momento de su apertura. Vencido el acto el proceso continuará conforme las reglas comunes y lo específicamente establecido en la presente ley.
La decisión del juez penal juvenil al respecto es irrecurrible.
Art. 24.- Juicio, primera parte. Decidida la división del debate se procederá a la apertura del juicio y demás actos procesales.
Rigen al respecto todas las reglas que regulan su desarrollo y, para la resolución interlocutoria sobre la culpabilidad, las que regulan dicha resolución, salvo las referidas específicamente a la determinación de la pena o medida de seguridad.
Al momento de pronunciarse sobre la culpabilidad y si estimare que corresponde la aplicación de una pena o medida de seguridad, el juez fijará el plazo y las condiciones a que deberá sujetarse la niña, niño o adolescente durante la etapa de evaluación.
La resolución interlocutoria respecto de la culpabilidad será irrecurrible hasta tanto se dicte sentencia condenatoria.
Art. 25.- Etapa de evaluación. Órgano de control. El control del cumplimiento de las condiciones quedará a cargo del juez penal juvenil, con la colaboración de la Secretaría de Control de Juicio a Prueba del área de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente de la Corte de Justicia, que elevará informes bimestrales respecto de la evolución de la niña, niño o adolescente.
Art. 26.- Juicio, segunda parte. El debate sobre la pena comenzará con la lectura de la resolución interlocutoria que declara la culpabilidad de la niña, niño o adolescente y los informes producidos por la Secretaria de Control sobre los que las partes podrán alegar.
Finalizado el debate, el juez dictará sentencia fijando la pena o medida de seguridad o bien eximiendo de ella en atención al superior interés de la niña, niño o adolescente.
Art. 27.- Casación. La sentencia definitiva se integrará con el pronunciamiento sobre la culpabilidad y lo resuelto respecto de la aplicación o eximición de la pena o medida de seguridad, y será recurrible por vía de casación conforme las disposiciones comunes.
Art. 28.- Implementación. El proceso aquí establecido se aplicará por hechos cometidos a partir de la publicación de la presente ley, en todos los distritos de la Provincia.
Las causas iniciadas con anterioridad continuarán su trámite de conformidad a la Ley N° 6345 y modificatorias y al art. 35 de la Ley N° 7716. Sin embargo, siempre que no se hubiere dictado auto de procesamiento firme, en dichas causas podrá aplicarse un criterio de oportunidad o medio alternativo de solución del conflicto.
Art. 29.- Normas prácticas. La Corte de Justicia y el Colegio de Gobierno del Ministerio Público, cada uno en el ámbito de sus atribuciones, dictarán las normas prácticas que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 30. - Transformación. Los Juzgados de Menores de Primera, Segunda y Tercera Nominación del Distrito Judicial del Centro se transforman en Juzgados Penales Juveniles de Primera, Segunda y Tercera Nominación, conservando los señores jueces y el resto del personal la antigüedad, remuneración e inamovilidad garantizada por el artículo 156 de la Constitución Provincial.
Art. 31.- Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia una vez que sean posesionados en su cargo los fiscales, defensores oficiales y asesores de incapaces necesarios para su efectivo cumplimiento, lo que no podrá exceder de un (1) año a partir de la respectiva publicación. Vencido este plazo, el sistema legal aquí establecido quedará vigente de modo pleno.
Art. 32. - Derogación. Derógase toda norma que se oponga a la presente ley.
Art. 33. - Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley, se imputarán a las partidas correspondientes del Presupuesto General de la Provincia, ejercicio vigente.
Art. 34.- De forma.
Expte. Nº 91-35.706/16 - Promoción del "Arte Mural"
PROMOCIÓN DEL ARTE MURAL
Artículo 1°.- Créase el Régimen de Promoción del Arte Mural, el cual tiene por finalidad incentivar el desarrollo de la cultura popular y el turismo en la provincia de Salta, ello sin perjuicio de la libre voluntad, tanto de artistas como de propietarios particulares, que no adhieran a la presente Ley.
Art. 2°.- Es Autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia, o el organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 3°.- Créanse, en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, el Registro de Muralistas y el Registro de Espacios ofrecidos para Muralismo.
Art. 4°.- Podrán inscribirse en el Registro de Muralistas, en forma individual o grupal, artistas que se ofrezcan para realizar obras plásticas en todo lo relativo a la disciplina mural.
Art. 5°.- Podrán estar comprendidos en el Registro de Espacios ofrecidos para Muralismo aquellos inmuebles del dominio público o privado del Estado Provincial siempre que no se contrapongan con lo dispuesto en el art. 10.
Art. 6°.- Los Municipios podrán afectar al régimen creado por la presente sus inmuebles del dominio público o privado. Asimismo, deberán enviar a la Autoridad de Aplicación las propuestas elaboradas por ellos, o recibidas por parte de particulares, respecto de posibles inmuebles y espacios ubicados en sus respectivos ejidos municipales, a los fines de su inclusión en los registros correspondientes.
Art. 7°.- Los titulares de dominio de inmuebles privados que en forma voluntaria deseen afectar sus inmuebles o parte de ellos al presente régimen podrán solicitar la inscripción en el Registro de Espacios ofrecidos para Muralismo. La Autoridad de Aplicación determinará la idoneidad del inmueble para ser afectado al presente régimen, estableciendo la superficie mínima que deberá poseer.
Art. 8°.- En caso de proceder conforme el artículo precedente, los titulares dominiales que se encuentren inscriptos como contribuyentes en la Dirección General de Rentas de la Provincia, gozarán de una reducción en la alícuota del impuesto a las actividades económicas del 0.6% por el término de dos (2) años desde la realización efectiva de la obra mural en su propiedad.
Para el caso de no estar inscriptos como contribuyentes en el impuesto a las actividades económicas, estarán exentos del pago del impuesto inmobiliario por el término de dos (2) años desde la realización efectiva de la obra mural en su propiedad.
Art. 9°.- Los titulares dominiales deberán aprobar, en forma previa a la realización del mural, el boceto de la obra a realizar en su propiedad.
Art. 10.- No podrán afectarse al presente régimen todos aquellos inmuebles integrantes del patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de la Provincia de Salta, ni aquellos que se encontraren bajo otro régimen de similares características.
Los inmuebles declarados de Interés Arquitectónico y/o Urbanístico, según Ley N° 7.418 de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta, solo podrán afectarse al presente régimen previa obtención del certificado de no objeción emitido por la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta (CoPAUPS).
Art. 11.- El Registro de Espacios Ofrecidos para Muralismo deberá incluir la siguiente información respecto de cada uno de los inmuebles o espacios:
La ubicación física del inmueble o espacio.
Las dimensiones del mismo.
El material de la construcción.
Las fotografías que correspondan.
Toda otra información que resulte pertinente.
Art. 12.- La Autoridad de Aplicación convocará anualmente a un Concurso de Murales, a los fines de adjudicar la realización de las obras en los inmuebles o espacios incluidos en el Registro de Espacios Ofrecidos para Muralismo. Podrán inscribirse en el Concurso de Murales todas aquellas personas o grupos de personas inscriptos en el Registro de Muralistas.
Art. 13.- Será requisito para la inscripción en el Concurso de Murales la presentación de un proyecto sobre un inmueble seleccionado del Registro de Espacios Ofrecidos para Muralismo, el cual deberá contener:
La descripción general del Proyecto incluyendo plazo de ejecución.
El presupuesto estimativo (discriminando los costos de mano de obra y materiales).
El boceto de la obra en formato digital e impreso.
Indicaciones técnicas para su realización.
Art. 14.- La evaluación de los proyectos se encontrará a cargo de un Jurado interdisciplinario, conforme lo determine oportunamente la Autoridad de Aplicación, dándole intervención a la Coordinación de Educación Artística del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, o el organismo que en el futuro lo reemplace, y a muralistas registrados, elegidos entre ellos.
Art. 15.- Será tarea del Jurado:
La clasificación de los inmuebles y espacios incorporados en el Registro de Espacios ofrecidos para Muralismo, según las técnicas plásticas que puedan ser empleadas en los mismos.
La aprobación o no aprobación de los proyectos concursados.
Art. 16.- Los proyectos que no resulten aprobados deberán quedar a disposición para ser recuperados por sus autores.
Art. 17.- Las obras que se realicen en virtud de la presente norma no podrán contener mensajes que sean violatorios de los principios protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos o contrarios al orden público.
Asimismo, dichas obras deben integrar su sentido estético con el entorno y la arquitectura circundante.
Art. 18.- La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la adquisición de los materiales e infraestructura necesaria para la realización de la obra según indicaciones técnicas de los proyectos ganadores, el pago de honorarios de los artistas, y la difusión del concurso. A la vez dispondrá, mientras dure el período de realización de las obras, la contratación de seguros de vida y accidentes para los artistas que las lleven adelante, los cuales estarán obligados a tal fin a precisar los plazos de las obras y los días, lugares y horarios de las jornadas laborales.
Art. 19.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley se imputarán al Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio vigente.
Art. 20.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el término de noventa (90) días a partir de su promulgación.
Art. 21.- Invítase a los Municipios a adherirse a la presente Ley.
Art. 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores de la provincia de Salta, a los ocho días del mes de junio del año dos mil diecisiete.
Expte. Nº 90-25.372/16- Dictamen de Comisión: Régimen de Responsabilidad Penal para niñas, niños y adolescentes.
Artículo 1°.- Ámbito de aplicación. El procedimiento especial que se instaura mediante el presente régimen legal, se aplicará a las causas por delitos cometidos exclusivamente o con la participación de niñas, niños o adolescentes que, a la fecha de comisión del hecho, no hubiesen cumplido la edad de dieciocho (18) años.
Entre éstas, especialmente, las disposiciones contenidas en:
f) la Ley Reglamentaria de la Ley Nº 26.061 (Ley Nº 7.970);
g) la Ley Nacional de Protección contra la Violencia Familiar (Ley N° 24.417).
Art. 4º.- Defensa Técnica. Las facultades acordadas por esta ley y por el Código Procesal Penal a la defensa técnica de la niña, niño o adolescente podrán ser ejercidas también por sus padres, tutores o guardadores, quienes actuarán autónomamente con patrocinio letrado obligatorio.
A dichos efectos, a la par de la notificación personal de la niña, niño o adolescente, también se les comunicará las garantías mínimas según lo establecido, en el artículo 88 y cc. del Código Procesal Penal.
Art. 5º.- Examen Multidisciplinario. A las niñas, niños o adolescentes que resultasen involucrados en el proceso se les deberá practicar un examen integral para determinar su grado de maduración, conocimiento y situación de la realidad circundante; como así también, un informe ambiental orientativo que describa núcleo familiar, habitacional e influencias externas e internas del medio en el cual se desenvuelve y un examen psiquiátrico, para determinar su grado de entendimiento y comprensión mínima de sus actos. A tales efectos, se deberá contar con profesionales especializados en menores.
Los jueces penales juveniles ejercerán las funciones del juez de garantías y actuarán como juez unipersonal de juicio.
a) en la etapa preparatoria intervendrán el fiscal penal, quien realizara la investigación pertinente, y el juez de garantías de mayores, quien será competente para dictar toda resolución de mérito, de acuerdo a lo previsto en el Código Procesal Penal;
c) durante el proceso, se procurara que la niña, niño o adolescente, de ningún modo se los haga comparecer junto a los mayores, ni compartan aún en forma provisoria el lugar de alojamiento o comparecencia;
e) el juez penal juvenil remitirá al juez de garantías de mayores y al tribunal de juicio los informes y antecedentes que considere convenientes para cumplir su finalidad.
Cumplidas dichas constataciones y previa vista al fiscal penal juvenil, a la defensa y a los representantes legales de la niña, niño o adolescente, sin perjuicio de su responsabilidad, el juez penal juvenil dictará el sobreseimiento y, en su caso, dispondrá las medidas de seguridad que estime corresponder o remitirá los antecedentes a la justicia civil a los efectos a que hubiere lugar.
Las medidas de seguridad sólo procederán si dos (2) peritos psiquiatras concuerdan que la niña, niño o adolescente es peligroso para sí o para terceros.
Art. 9º.- Ministerio Pupilar. El Ministerio Público Pupilar intervendrá en todas las actuaciones en que participe una niña, niño o adolescente, tomando conocimiento en las que fuera imputado, ante la ausencia de sus padres, tutores o guardadores o cuando alguno de ellos fuere denunciante. Además, se requerirá su presencia en la declaración de la niña, niño o adolescente, durante la etapa preparatoria y el juicio, y siempre que se exija expresamente, o cuando existieren intereses contrapuestos con la parte denunciante o víctima.
Dictaminará en forma previa a toda resolución que decida sobre medidas aplicables a la niña, niño o adolescente. A dichos efectos se le otorgará un plazo de tres (3) días que, en atención a las circunstancias del caso, podrá ser abreviado por el juez penal juvenil mediante decreto fundado. Cuando se tratare de medidas asegurativas del proceso o del alojamiento preventivo el plazo será siempre fijado en horas.
Art. 10°.- Identificación. La identificación de una niña, niño o adolescente sometido a proceso se realizará en presencia de uno sus padres, tutor o guardador. Si fuere imposible o existieren intereses gravemente contrapuestos, se requerirá la presencia del Ministerio Público Pupilar.
Art. 11°.- Antecedentes. Registro. Los antecedentes por delitos que se registren en sede policial, administrativa o judicial, como cualquier otro registro que existiese, sólo podrán ser empleados a efectos de constatar la procedencia de alguna norma de acumulación.
Art. 12°.- Medidas Socioeducativas. El juez penal juvenil podrá adoptar, a pedido del fiscal penal juvenil y/o del asesor de incapaces, medidas urgentes de protección de derechos y resguardo de las niñas, niños o adolescentes sometidos a su competencia. También podrán requerirse tales medidas urgentes cuando de los estudios realizados o antecedentes obrantes en la causa resultare que aquéllos se hallan en situación de vulnerabilidad o desprotección.
Concluida la intervención del juez penal juvenil, si continuará el estado de desprotección de la niña, niño o adolescente, se dará intervención al juzgado civil de personas y familia en turno, notificando de ello al asesor de incapaces a sus efectos
Art. 13°.- Medidas asegurativas del proceso. El juez penal juvenil podrá ordenar, por resolución fundada y a requerimiento o no del fiscal penal juvenil, siempre que hubiere peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, la aplicación de alguna o varias de las siguientes medidas:
a) mantener a la niña, niño o adolescente en su núcleo familiar bajo la responsabilidad de un miembro mayor de edad;
b) en caso de no ser posible o resultar inconveniente, confiarlo a otra persona, familiar o no, para su supervisión y bajo su responsabilidad;
c) alojarlo en un instituto especializado, que informará periódicamente al juez que lo disponga;
d) obligarlo a concurrir periódicamente a la sede del juzgado acompañado de un mayor responsable;
e) abstenerse de concurrir a determinados lugares, o de frecuentar determinadas personas;
f) no tomar contacto ni acercarse o molestar de manera alguna a la supuesta víctima del delito y ordenar toda otra medida inhibitoria u ordenatoria en resguardo de su integridad y derechos;
g) adoptar cualquier otra medida que resulte conveniente al caso.
Art. 14°.- Alojamiento preventivo. El alojamiento en un instituto especializado sólo procederá como medida de último recurso, cuando no exista otra menos gravosa para evitar el peligro procesal y se estime que se impondrá una pena de cumplimiento efectivo.
Art. 15°.- Contenido y carácter de las decisiones. El auto que disponga o rechace una medida de protección y resguardo o asegurativa del proceso, será revocable o reformable en cualquier estado del proceso, aún de oficio. Bajo pena de nulidad absoluta, deberá contener:
b) la descripción sucinta del hecho imputado y de las pruebas en que se funda la participación de la niña, niño o adolescente expuesta de manera clara, precisa y comprensible teniendo en cuenta la edad al momento del hecho, su educación y costumbres, su léxico y la comprensión que se haya determinado que tiene de la realidad de acuerdo al informe ambiental y examen integral practicado;
Art. 16°.- Revisión. La defensa o el defensor juvenil podrán solicitar en cualquier momento la revisión de toda medida impuesta a una niña, niño o adolescente. Del pedido se correrá vista al fiscal penal juvenil interviniente por un plazo menor y que determinará el juez penal juvenil, atendiendo las particularidades del caso.
Art. 17°.- Recurso. Las resoluciones que decidan sobre la situación de las niñas, niños o adolescentes serán apelables al solo efecto devolutivo y deberán ser resueltas dentro de los tres (3) días hábiles en que los autos se radicaron en el Tribunal de Impugnación.
Art. 18°.- Cese de Medidas. Plazo máximo. El juez penal juvenil, aún de oficio, deberá hacer cesar toda medida restrictiva impuesta respecto de niñas, niños o adolescentes, cuando las razones que la justificasen hubieran desparecido.
Art. 19°.- Criterios de oportunidad y vías alternativas de solución del conflicto. Resultan aplicables los criterios de oportunidad y vías alternativas de solución del conflicto previstos en el Código Procesal Penal, siempre y cuando sean compatibles con el proceso especial de niñas, niños o adolescentes en conflicto con la ley penal.
Sin embargo, en atención a las particularidades del caso, el fiscal penal juvenil podrá solicitar al juez penal juvenil que exceptúe tal condición quedando habilitada la vía civil correspondiente.
Art. 20°.- Audiencia de debate. Además de las reglas comunes, durante el juicio se observarán las siguientes:
a) la audiencia de debate se realizará a puertas cerradas, pudiendo asistir solamente el fiscal penal juvenil, las partes, el querellante, sus defensores, los padres, tutores o guardadores de la niña, niño o adolescente y las personas que tengan legítimo interés en presenciarlas;
b) el asesor de incapaces deberá asistir a la audiencia, si fuere requerida su presencia bajo pena de nulidad, y tendrá las mismas facultades atribuidas al defensor, aun cuando el imputado tuviere patrocinio privado;
c) la niña, niño o adolescente deberá asistir siempre a la audiencia de debate salvo excepción fundada, a tal fin deberán tomarse todos los recaudos para preservar su salud física y psíquica;
d) antes del veredicto, el juez penal juvenil deberá oír a la niña, niño o adolescente a pedido de éste.
Art. 21°.- Sanción. Al individualizar la sanción, el juez penal juvenil atenderá al superior interés de la niña, niño o adolescente, a su personalidad y a las circunstancias del hecho.
Art. 22°.- División del debate. En delitos cuya pena máxima en abstracto no supere los cinco (5) años y siempre que se trate de hechos con participación exclusiva de niñas, niños o adolescentes, el juez penal juvenil podrá dividir el debate, tratando primero la cuestión acerca de su culpabilidad y posteriormente, si correspondiere, la cuestión acerca de la determinación de la pena o medida de seguridad.
Art. 23°.- Preclusión. Recurso. La decisión respecto de la división del debate podrá hacerse de oficio o a pedido de parte y únicamente hasta el momento de su apertura. Vencido el acto el proceso continuará conforme las reglas comunes y lo específicamente establecido en la presente ley.
Art. 24°.- Juicio, primera parte. Decidida la división del debate se procederá a la apertura del juicio y demás actos procesales.
Al momento de pronunciarse sobre la culpabilidad y si estimare que corresponde la aplicación de una pena o medida de seguridad, el juez penal juvenil fijará el plazo y las condiciones a que deberá sujetarse la niña, niño o adolescente durante la etapa de evaluación.
Art. 25°.- Etapa de evaluación. Órgano de control. El control del cumplimiento de las condiciones quedará a cargo del juez penal juvenil, con la colaboración de la Secretaría de Control de Juicio a Prueba del área de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente de la Corte de Justicia, que elevará informes bimestrales respecto de la evolución de la niña, niño o adolescente.
Art. 26°.- Juicio, segunda parte. El debate sobre la pena comenzará con la lectura de la resolución interlocutoria que declara la culpabilidad de la niña, niño o adolescente y los informes producidos por la Secretaria de Control sobre los que las partes podrán alegar.
Finalizado el debate, el juez penal juvenil dictará sentencia fijando la pena o medida de seguridad o bien eximiendo de ella en atención al superior interés de la niña, niño o adolescente.
Art. 27°.- Casación. La sentencia definitiva se integrará con el pronunciamiento sobre la culpabilidad y lo resuelto respecto de la aplicación o eximición de la pena o medida de seguridad, y será recurrible por vía de casación conforme las disposiciones comunes.
Art. 28°.- Implementación. El proceso aquí establecido se aplicará por hechos cometidos a partir de la publicación de la presente ley, en todos los distritos de la Provincia.
Art. 29°.- Normas prácticas. La Corte de Justicia y el Colegio de Gobierno del Ministerio Público, cada uno en el ámbito de sus atribuciones, dictarán las normas prácticas que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 30°.- Transformación. Los Juzgados de Menores de Primera, Segunda y Tercera Nominación del Distrito Judicial del Centro se transforman en Juzgados Penales Juveniles de Primera, Segunda y Tercera Nominación, conservando los señores jueces y el resto del personal la antigüedad, remuneración e inamovilidad garantizada por el artículo 156 de la Constitución Provincial.
Art. 31°.- Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia una vez que sean posesionados en su cargo los fiscales, defensores oficiales y asesores de incapaces necesarios para su efectivo cumplimiento, lo que no podrá exceder de un (1) año a partir de la respectiva publicación. Vencido este plazo, el sistema legal aquí establecido quedará vigente de modo pleno.
Art. 32°.- Derogación. Derógase toda norma que se oponga a la presente ley.
Art. 33°.- Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley, se imputarán a las partidas correspondientes del Presupuesto General de la Provincia, ejercicio vigente.
Art. 34°.- De forma.
Expte. 91-38.795/17 - Sesión 32°
Expte. 91-38.783/17 - Sesión 32°
Expte. 91-38.782/17 - Sesión 32°
Exptes. 91-38.021/17 y 91-38.198/17 –acumulados- Sesión 32°