Source: https://www.cjpb.org.uy/la-caja/marco-legal/ley-no-17613-de-27-de-diciembre-de-2002/
Timestamp: 2018-12-14 06:28:17
Document Index: 223925457

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 20', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 39', 'Artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 16', 'artículo 319', 'Artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 197', 'Artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 23', 'artículo 20', 'Artículo 8', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 43', 'ARTÍCULO 45', 'artículo 43', 'ARTÍCULO 46', 'Artículo 9', 'artículo 23', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 41', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 41', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 16', 'artículo 18', 'Artículo 20', 'artículo 1', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 24', 'Artículo 28', 'artículo 9', 'in fine', 'artículo 9', 'Artículo 29', 'artículo 16', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'artículo 322', 'artículo 323', 'Artículo 34', 'artículo 4', 'artículo 8', 'Artículo 35', 'artículo 26', 'artículo 32', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 10', 'artículo 30', 'Artículo 40', 'artículo 517', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 54', 'artículo 53', 'artículo 1', 'Artículo 55', 'artículo 53', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'artículo 53', 'artículo 25', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'artículo 43', 'artículo 46', 'Artículo 62']

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PROTECCIÓN DEL AHORRO BANCARIO Y SUBSIDIO POR DESEMPLEO PARA AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS
NORMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
Artículo 1º. (Supervisión de entidades integrantes de grupos económicos).- El Banco Central del Uruguay ejercerá sus potestades normativas, de control y sancionatorias sobre las entidades de intermediación financiera que integren un grupo económico con otras empresas, teniendo en cuenta la existencia y situación del grupo y su incidencia en la actividad, solidez y solvencia de la entidad controlada. El Directorio del Banco Central del Uruguay declarará, mediante resolución fundada, la existencia del grupo económico e integración a él de la entidad controlada.
Artículo 2º. (Tercerización de servicios por entidades controladas).- Requerirá autorización del Banco Central del Uruguay la contratación por las entidades sometidas a su control de la prestación en su favor por terceros de servicios de tal modo inherentes a su giro que, cuando son cumplidos por dependencias de la propia entidad, están sometidos a las potestades normativas y control del Banco Central del Uruguay. El Banco Central del Uruguay podrá enumerar reglamentariamente, en forma taxativa, servicios comprendidos en esta previsión.
Artículo 3º. (Obligación de información de los empleados de las empresas controladas por el Banco Central del Uruguay).- La aplicación de una sanción o de cualquier otra medida lesiva a los empleados de empresas de intermediación financiera controladas por el Banco Central del Uruguay motivada por el cumplimiento del deber de informar a dicha institución acerca de las infracciones a las leyes y los decretos que rigen esta actividad o a las normas generales e instrucciones particulares dictadas por el Banco Central del Uruguay, de las que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, constituirá una infracción y dará lugar a las medidas previstas en el artículo 20 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992. La sanción se graduará atendiendo a la gravedad de la irregularidad denunciada por el empleado y de la lesión que se le hubiere inferido a éste. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad por su comportamiento ilícito del empleador frente al empleado, conforme a las normas del derecho común y laboral.
Artículo 4º. (Cometidos y atribuciones de las Superintendencias de Instituciones de Intermediación Financiera y de Seguros y Reaseguros).- Sustitúyese el penúltimo inciso del artículo 39 de la Ley Nº 16.696, de 30 de marzo de 1995, por el siguiente:
“El Directorio podrá avocar en cualquier momento el ejercicio de las potestades previstas en los literales A) y F)”.
Artículo 5º. (Poderes del Banco Central del Uruguay).- Sustitúyese el artículo 16 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por el siguiente:
“ARTÍCULO 16.- Con respecto a las empresas e instituciones comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta ley, el Banco Central del Uruguay podrá:
El quórum de presencia y la mayoría de votos necesarios para que los órganos sociales adopten las decisiones requeridas conforme a lo previsto en el inciso precedente se computarán prescindiendo de los accionistas y de sus acciones alcanzados por las resoluciones del Banco Central del Uruguay a que ese inciso se refiere. Las decisiones sociales consiguientes necesarias para cumplir la resolución del Banco Central del Uruguay, no generarán derechos de preferencia o de acrecer (Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, artículos 326 a 330) ni tampoco derecho de receso (Ley Nº 16.060, citada, artículos 108, 109, 129, 130, 139, 166, 284,319,330 y 362 a 364 y concordantes), en beneficio del o de los accionistas alcanzados por las antedichas resoluciones del Banco Central del Uruguay.
Si no se diera cumplimiento a las modificaciones en la estructura y composición del capital accionario requeridas en el plazo prudencial que hubiera fijado, el Banco Central del Uruguay podrá anular los derechos de los accionistas alcanzados por el requerimiento ( Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, artículo 319)”.
Artículo 6º. (Instituciones estatales).- Sustitúyese el inciso final del artículo 20 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por los siguientes:
“El Banco Central del Uruguay pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo las infracciones a las leyes y decretos que rijan la intermediación financiera o a las normas generales e instrucciones particulares que hubiera dictado, cometidas por instituciones estatales, así como las resoluciones dictadas en aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, a fin de que considere la adopción de rectificaciones sobre la gestión o los actos de la institución infractora, o de correctivos sobre los miembros de su Directorio, de conformidad con el artículo 197 de la Constitución de la República.
Las instituciones infractoras serán pasibles de las medidas previstas en los numerales 1), 2) y 3) del inciso primero de este artículo”.
Artículo 7º. (Medidas respecto del personal superior).- Sustitúyese el acápite del artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por el siguiente:
“ARTÍCULO 23.- Los representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos y fiscales de las empresas de intermediación financiera comprendidas en la presente ley, que actúen con negligencia en el desempeño de sus cargos, o aprueben o realicen actos o incurran en omisiones que puedan implicar o impliquen la aplicación de las sanciones previstas en los numerales 3º) a 7º) del artículo 20 de la presente ley, podrán ser pasibles de multas entre UR 100 (cien unidades reajustables) y UR 10.000 (diez mil unidades reajustables) o inhabilitados para ejercer dichos cargos hasta por diez años, por el Banco Central del Uruguay”.
Artículo 8º. (Registro, emisión y transferencia de acciones).- Sustitúyense los artículos 43, 45 y 46 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por los siguientes:
“ARTÍCULO 43.- Las sociedades anónimas que desarrollen actividades de intermediación financiera deberán consagrar preceptivamente en sus estatutos que sus acciones serán necesariamente nominativas y sólo transmisibles previa autorización del Banco Central del Uruguay.
ARTÍCULO 45.- El Banco Central del Uruguay llevará un registro público de los accionistas de las sociedades anónimas a que se refiere el artículo 43.
ARTÍCULO 46.- Toda emisión o transferencia de acciones de una sociedad anónima que desarrolle actividad de intermediación financiera deberá ser previamente autorizada por el Banco Central del Uruguay, que tendrá en cuenta al resolver razones de legalidad, de oportunidad y de conveniencia. La solicitud de autorización deberá precisar la identidad del o los adquirentes.
La emisión o transferencia realizada en violación de lo dispuesto en este artículo será nula”.
Artículo 9º. (Desplazamiento de accionistas por razones de necesidad pública en caso de suspensión y graves infracciones).- Declárase de necesidad pública la expropiación por el Estado de las acciones de las empresas de intermediación financiera con actividad suspendida y cuyos propietarios hayan sido sancionados de conformidad con el artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y sus modificativas.
Artículo 10. (Designación y consignación de la compensación).- La designación de las acciones a expropiar conforme a lo dispuesto en el artículo precedente será decretada por el Poder Ejecutivo, a propuesta fundada del Banco Central del Uruguay.
Artículo 11. (Determinación judicial de la compensación).- Si el Poder Ejecutivo o el sujeto expropiado consideraran injusta la compensación determinada conforme al artículo anterior, o en su caso la declaración del valor patrimonial negativo de la empresa, podrán promover la determinación de la compensación en proceso ordinario ante el Juzgado competente, estableciendo en la demanda la cuantía que estimen justa, sin perjuicio de la transferencia de propiedad ya producida y de la disponibilidad por el expropiado del monto consignado por el expropiante.
Artículo 12.- Previa autorización del Banco Central del Uruguay las cooperativas de intermediación financiera podrán emitir, si está previsto en sus estatutos, acciones con interés, las que formarán parte de su patrimonio esencial, a los efectos del cumplimiento de la relación patrimonio-activos de riesgo fijada por las normas bancocentralistas.
a) la expresión “acción con interés”;
POTESTADES DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY COMO LIQUIDADOR
DE SOCIEDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Artículo 13.- Sustitúyese el artículo 41 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, incorporado por el artículo 4º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por el siguiente:
“ARTÍCULO 41.- El Banco Central del Uruguay será liquidador, en sede administrativa, de las empresas integrantes del sistema de intermediación financiera y de sus respectivas colaterales. A tales efectos, determinará las empresas que se consideran colaterales.
El Banco Central del Uruguay ejercerá sus potestades como liquidador de entidades de intermediación financiera con la finalidad primordial de proteger el ahorro por razones de interés general”.
Artículo 14.- La disolución de las sociedades y el consiguiente estado de liquidación serán declarados por el Banco Central del Uruguay, en los casos en que proceda conforme a la legislación vigente en materia de sociedades de intermediación financiera y la demás aplicable a las sociedades anónimas. La liquidación se regirá por las disposiciones de la presente ley, y subsidiariamente y en lo pertinente por las normas de liquidación de sociedades anónimas.
Artículo 15.- El Banco Central del Uruguay, como liquidador, dispondrá de los más amplios poderes de administración y disposición, sin limitaciones de especie alguna, sobre los bienes, acciones, derechos y obligaciones de las sociedades o empresas comprendidas en la liquidación, a cuyo efecto podrá levantar los embargos e interdicciones trabados.
Artículo 16.- El Banco Central del Uruguay, en su carácter de liquidador, podrá disponer que con activos y pasivos del intermediario en liquidación que a tal efecto determine, se constituyan uno o más fondos de recuperación de patrimonios bancarios, que se regirán en lo pertinente por la Ley Nº 16.774, de 27 de setiembre de 1996, y su modificativa Nº 17.202, de 24 de setiembre de 1999.
Artículo 17.- El Banco Central del Uruguay podrá administrar por sí los fondos a que refiere el artículo anterior, o encomendar esa administración o la de activos incluidos en el fondo mediante un procedimiento competitivo a una institución bancaria, o a una de las sociedades reguladas por los artículos 5º y siguientes de la Ley Nº 16.774, de 27 de setiembre de 1996. La remuneración de la entidad administradora será con cargo a los fondos administrados; su monto se acordará con el Banco Central del Uruguay.
Artículo 18.- En el mismo carácter de liquidador, el Banco Central del Uruguay podrá vender como universalidades, cuotas partes del patrimonio de las sociedades en liquidación que a tal efecto determine, pudiendo incluir activos líquidos. Las ventas se realizarán por el procedimiento competitivo que determine el Banco Central del Uruguay por razones de buena administración, respetando los principios de igualdad de los interesados y publicidad, y se adjudicarán al oferente que proponga la mejor contraprestación.
Artículo 19.- Con la finalidad de transferir los respectivos pasivos a otro intermediario financiero, de aportarlos para la constitución de un fondo de recuperación de los previstos en el artículo 16 de la presente ley, o de desglosarlos de un fondo ya constituido respetando la proporción entre aportes y activos prevista en el inciso segundo del artículo 18 de esta ley, el Banco Central del Uruguay en su carácter de liquidador y el intermediario financiero destinatario de esa transferencia, o en su caso y en su lugar el administrador del fondo, podrán proyectar de común acuerdo, para proponerlos a los acreedores de la sociedad en liquidación o a categorías determinadas de ellos, acuerdos colectivos de sustitución de deudor, de quitas o reprogramación de los vencimientos de sus créditos con el nuevo deudor, de aportación de sus créditos a la constitución de fondos de inversión, de capitalización de sus créditos, o de tales soluciones acumulativamente. Las propuestas podrán contemplar soluciones diferenciales en beneficio de ciertas categorías de acreedores o de créditos hasta cierto valor absoluto, respetando la igualdad entre los acreedores de la misma categoría y sin alterar el prorrateo que en definitiva corresponda a todos los acreedores.
Artículo 20.- Declárase que la suspensión de actividades de las entidades de intermediación financiera comprendidas en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, dispuesta por el Banco Central del Uruguay, tendrá por efecto la suspensión de la exigibilidad de todos los créditos contra la entidad suspendida por todo el plazo de duración de esta medida.
Artículo 21.- En el ejercicio de sus facultades como liquidador, el Banco Central del Uruguay tendrá presentes los privilegios de ciertos créditos legalmente establecidos y la igualdad entre los acreedores de la misma categoría.
NORMAS SOBRE LIQUIDACIÓN DE INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
CUYAS ACTIVIDADES ESTÁN SUSPENDIDAS A
LA FECHA DE PROMULGACIÓN DE LA PRESENTE LEY
Artículo 22.- Las disposiciones del presente Capítulo, adoptadas como consecuencia de la situación por la que atraviesan las instituciones de intermediación financiera cuya actividad se suspendió por el Banco Central del Uruguay, tienen el propósito de amortiguar el impacto que para la sociedad significaría la aplicación lisa y llana de la normativa vigente.
Artículo 23.- El Estado, sin perjuicio de las acciones promovidas al presente, deberá demandar administrativa y judicialmente a los accionistas y directores responsables de graves infracciones en perjuicio de los Bancos a que refiere este Capítulo. El producido de las mismas se destinará a los Fondos de Recuperación de Activos.
Artículo 24.- La disolución y liquidación de las entidades de intermediación financiera cuyas actividades se encuentran suspendidas a la fecha de promulgación de esta ley que pueda disponer el Banco Central del Uruguay, se regirán por lo dispuesto en el Capítulo II de la Sección I de la presente ley.
Artículo 25.- Sin perjuicio de todas las potestades que se le otorgan en el Capítulo II de la Sección I de la presente ley, el Banco Central del Uruguay, en su carácter de liquidador y administrador del fondo constituido en virtud de lo dispuesto por el artículo 24 de la presente ley, enajenará a instituciones bancarias autorizadas a estos efectos para operar en el país, en una partida o en varias, la totalidad o parte de los activos, incluyendo los líquidos, de dicho fondo, y sus respectivas garantías.
Artículo 26.- Transfiérense al Estado los créditos por cualquier concepto del Banco Central del Uruguay contra los Bancos cuyas actividades se encuentran suspendidas a la fecha de la presente ley que sean liquidados, y sus respectivas garantías.
Artículo 27.- Con la finalidad primordial de proteger el ahorro por razones de interés general, se autoriza al Poder Ejecutivo a destinar parte de los recursos en efectivo o en valores que correspondan al Estado, en su calidad de acreedor de las entidades a que se refiere el artículo 24 de la presente ley, como resultado de los procedimientos previstos en este Capítulo, para posibilitar soluciones más favorables en beneficio de categorías de depositantes o de depositantes hasta ciertos montos, del sector privado no financiero, en esas entidades.
Artículo 28.- En la aplicación de cualquiera de las soluciones previstas en esta ley, el Banco Central del Uruguay podrá convertir unilateralmente los adelantos otorgados a los ahorristas de conformidad con el inciso segundo del artículo 9º de la citada Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002, en pagos con subrogación.
La declaración unilateral de conversión de los adelantos a los ahorristas en pagos con subrogación, importarán la subrogación de pleno derecho a favor del Banco Central del Uruguay en los derechos del acreedor. Los recursos que se recuperen en virtud de esa subrogación retornarán al Banco Central del Uruguay, con destino a la subcuenta especial a que se refiere el inciso segundo “in fine” del artículo 9º de la Ley Nº 17.523 citada.
Artículo 29.- A efectos de facilitar el cumplimiento de los deudores que permanezcan en los fondos de recuperación de activos a que refiere el artículo 16 de la presente ley, el Estado podrá, por el porcentaje de cuotaparte que le corresponde, autorizar al administrador de los mismos, a otorgar extensiones de plazos y a aceptar cancelaciones con bonos soberanos tomados a su valor nominal.
Artículo 30.- Facúltase al Poder Ejecutivo a constituir una Comisión integrada por personas de notorio prestigio y experiencia en materia bancaria y financiera, con el cometido de auditar todas las gestiones y operaciones que se realicen en cumplimiento de las normas del presente Capítulo, tanto por el Banco Central del Uruguay en su carácter de liquidador como por cualquier otro administrador que pueda designarse a tales efectos.
Artículo 31.- Facúltase al Banco Central del Uruguay a otorgar a los ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera, cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones sin mediar su consentimiento, los mismos derechos que correspondan a los demás ahorristas de dichos Bancos.
REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Artículo 32.- Se autoriza al Estado a constituir una sociedad anónima de giro bancario y ser titular de parte de sus acciones, regida por el derecho aplicable a las entidades privadas de intermediación financiera en todos sus aspectos, incluyendo los relativos a su estructura y funcionamiento societarios, a la autorización, habilitación, supervisión y control de su actividad, a la enajenación de acciones y a la contratación de cualquier naturaleza con terceros, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo siguiente.
Artículo 33.- Los estatutos de la sociedad a que se refiere el artículo anterior podrán establecer que su capital se dividirá en: acciones ordinarias con derecho a voto, que sólo se emitirán en favor del Estado; acciones ordinarias sin derecho a voto para las que no regirá lo dispuesto en el artículo 322 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989; y acciones preferidas sin derecho a voto que tendrán prioridad en el reembolso del capital en caso de liquidación (artículo 323 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989). Podrán establecer también que las acciones sin derecho a voto se emitan al portador y se ofrezcan públicamente, en ambos casos cuando la reglamentación a que se refiere el artículo siguiente lo admita.
Artículo 34.- El Banco Central del Uruguay determinará reglamentariamente la forma en que, respecto de las acciones nominativas sin derecho a voto previstas en el artículo anterior, se dará cumplimiento a los requisitos de nominatividad de las acciones y de autorización previa para su emisión o transferencia, contenidos en los artículos 43 y 46 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, incorporados por el artículo 4º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, y en la redacción dada por el artículo 8º de la presente ley, así como a las demás exigencias reglamentarias.
Artículo 35.- Facúltase al Poder Ejecutivo a integrar, con cargo a los intereses percibidos y a percibir, de los créditos que se transfieren según el artículo 26 de la presente ley, el capital necesario para la constitución de la sociedad anónima de giro bancario a que refiere el artículo 32 de esta ley.
Artículo 36.- Las entidades de intermediación financiera cuyas actividades se encuentran suspendidas a la fecha de promulgación de esta ley a las que se levante dicha suspensión por el Banco Central del Uruguay podrán celebrar con sus acreedores a la fecha de la suspensión de actividades o con categorías determinadas de ellos, acuerdos colectivos de sustitución de deudor, de quitas o reprogramación de los vencimientos de sus créditos, de aportación de sus créditos a la constitución de fondos de inversión, de capitalización de sus créditos, o de tales soluciones acumulativamente, previa aprobación de la propuesta por el Banco Central del Uruguay, ya sea como condición o como consecuencia de la rehabilitación. Las propuestas podrán contemplar soluciones diferenciales en beneficio de ciertas categorías de acreedores o de créditos hasta cierto valor absoluto.
Artículo 37.- En caso de que el Banco Central del Uruguay levante la suspensión de actividades del Banco de Crédito, facúltase al Estado a aplicar a la absorción del patrimonio negativo de dicho Banco, su participación en el capital de este último y los créditos resultantes de los préstamos que realizó la Corporación Nacional para el Desarrollo al Banco de Crédito, con fondos que el Poder Ejecutivo prestó a la Corporación Nacional para el Desarrollo con esa finalidad (Resoluciones del Poder Ejecutivo de fechas 24 de junio de 2002 y 4 de julio de 2002), hasta la suma equivalente a U$S 33:500.000 (treinta y tres millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América). Dicha suma, podrá ampliarse hasta en U$S 9:000.000 (nueve millones de dólares de los Estados Unidos de América) en caso de ser necesario un aumento de la previsión sobre los activos del Banco. La deuda de la Corporación Nacional para el Desarrollo con el Estado por concepto de los préstamos antes referidos quedará condonada hasta concurrencia con lo que la Corporación Nacional para el Desarrollo aplique a la finalidad establecida en este inciso.
Artículo 38.- Las transferencias de universalidades previstas en esta ley no implican sucesión a título universal, sino sólo la sustitución exclusivamente en las situaciones jurídicas activas y pasivas comprendidas en la delimitación de la universalidad que se transmite.
Artículo 39.- Las transferencias de dominio de bienes o de otros derechos como consecuencia de la aplicación de cualquiera de las soluciones previstas en esta ley que requieran publicidad registral serán inscriptas en los Registros Públicos que correspondan mediante la presentación de testimonio notarial del contrato o del acto del Banco Central del Uruguay que las causen, e individualización en anexo de los bienes o derechos cuya transferencia se registra. Serán además aplicables a las transferencias de créditos y sus garantías, el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.701, de 12 de setiembre de 1977, en la redacción dada por el artículo 30 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, y en su caso los artículos 1º a 5º del Decreto-Ley Nº 15.631, de 26 de setiembre de 1984, rigiendo en cuanto a este último en favor del beneficiario de la transferencia las soluciones allí previstas en favor del Banco Central del Uruguay.
Artículo 40.- Interprétase el artículo 517 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, declarándose:
b) que no son aplicables a los negocios celebrados al amparo de la presente ley que impliquen transferencia de bienes, derechos u obligaciones a título universal, las disposiciones de la Sección XII “De la fusión y de la escisión” del Capítulo I de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.
Artículo 41.- Interprétanse los artículos 12 a 23, 25 y 28 a 30 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, declarándose:
PROTECCIÓN DEL AHORRO BANCARIO
SUPERINTENDENCIA DE PROTECCIÓN DEL AHORRO BANCARIO
Artículo 42. (Creación, naturaleza jurídica, domicilio y capacidad).- Créase la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario, como dependencia desconcentrada del Banco Central del Uruguay.
Artículo 43. (Cometidos).- Será cometido de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario garantizar el reintegro de los depósitos en Bancos y cooperativas de intermediación financiera, en las condiciones que establece la presente ley y su reglamentación.
Artículo 44. (Poderes jurídicos).- Para el cumplimiento de sus cometidos, la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario podrá:
Artículo 45. (Creación).- Créase un Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, que constituirá un patrimonio de afectación independiente, sin personería jurídica, gestionado por la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario, la que ejercerá las facultades de dominio sin ser propietaria, para cumplir los cometidos asignados en esta ley.
Artículo 46. (Recursos del Fondo).- El Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios se constituirá con los siguientes recursos:
Artículo 47. (Aportes de los Bancos y las cooperativas de intermediación financiera).- El aporte a que se refiere el numeral 1) del artículo anterior será fijado por el Poder Ejecutivo, a propuesta fundada de la Superintendencia, entre el 1 o/oo (uno por mil) y el 30 o/oo (treinta por mil) del promedio anual de los depósitos garantizados del sector no financiero de cada institución bancaria o cooperativa de intermediación financiera comprendida en la garantía en función del rango de los distintos riesgos a que esté expuesta cada una de ellas. La Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario ubicará fundadamente a cada entidad en el rango de riesgos asumidos que le corresponda aplicando los criterios técnicos generalmente admitidos. El Poder Ejecutivo podrá exonerar del aporte a aquellas instituciones que presenten un seguro suficiente, o respaldo de otras instituciones o casas matrices. También podrá fijar diferentes tarifas en atención a la moneda de constitución de las obligaciones. Las porciones del aporte determinadas por moneda se pagarán efectivamente en las respectivas monedas.
Artículo 50. (Ámbito de aplicación).- El régimen de subsidio por desempleo establecido por el Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, comprenderá obligatoriamente a todos los empleados afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, sin perjuicio de las modificaciones al mismo establecidas en la presente ley para los referidos afiliados.
Artículo 51. (De la prestación).- La prestación por desempleo consiste en un subsidio mensual en dinero que se paga a todo trabajador comprendido en la presente ley que se encuentre en situación de desocupación forzosa no imputable a su voluntad o capacidad laboral, de cargo del Fondo de Subsidio por Desempleo administrado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Los desocupados comprendidos en la presente ley deberán solicitar la prestación por desempleo ante la Caja, en la forma que determine la reglamentación y dentro del plazo de treinta días, la que otorgará el subsidio a quienes tengan derecho al mismo. La falta de presentación en plazo determinará la pérdida del beneficio por él o los meses transcurridos.
Artículo 52. (Período previo de generación).- Para tener derecho al subsidio por desempleo se requiere que el trabajador comprendido en el ámbito de aplicación de la presente ley haya computado como mínimo seis meses de aportes efectivos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, previos a configurarse la causal respectiva tratándose de trabajadores mensuales.
Artículo 54. (Recursos).- Los recursos determinados en los literales b) y c) del artículo 53 de la presente ley constituyen prestaciones de carácter pecuniario establecidas a favor de una persona de derecho público no estatal (inciso primero del artículo 1º del Código Tributario), recaudadas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Los pagos se efectuarán en la oportunidad, forma y condiciones que determine la reglamentación.
Artículo 55. (Prórrogas de la prestación).- Vencido el plazo inicial de seis meses, más la o las prórrogas por un plazo total máximo de doce meses, se podrá proceder a conceder prórroga o prórrogas del término de las prestaciones correspondientes a los beneficiarios comprendidos en el literal b) del artículo 53 precedente, y con la financiación exclusiva de la aportación personal prevista en dicho literal, por un plazo total máximo de dieciocho meses. Si la financiación no fuere suficiente para cubrir la totalidad de las prestaciones, éstas se reducirán en forma proporcional a los recursos existentes.
Artículo 56. (Reducción de aportes patronales).- Fíjase en 0% (cero por ciento) la tasa de aporte patronal jubilatorio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, correspondiente a aquellos trabajadores que a partir de la vigencia de la presente ley fueren contratados o reincorporados del subsidio por desempleo administrado por la referida Caja. La tasa referida precedentemente se aplicará por un período máximo de dos años a contar desde la fecha de contratación o reincorporación del trabajador, y por una única vez por trabajador.
Artículo 57. (Tributo).- Destínase como recurso del Fondo de Subsidio por Desempleo para financiar el monto de las prestaciones con un máximo de ocho salarios mínimos nacionales (inciso primero literal a) del artículo 53 de la presente ley), el importe mensual equivalente para su financiamiento del producido del impuesto creado por el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, y sus modificativas y complementarias.
Artículo 58. (Cómputo del período de desocupación y del subsidio).- Los subsidios por desempleo establecidos en la presente ley constituyen asignaciones computables y los períodos en que se gozan los mismos se computan como tiempo trabajado a los efectos de los años de servicios.
Artículo 59. (Gravabilidad del subsidio).- Las prestaciones del subsidio por desempleo de que trata la presente ley estarán gravadas con las mismas aportaciones personales a favor de la Caja Bancaria que los salarios del personal en actividad.
Artículo 60. (Alícuota de aporte patronal jubilatorio).- El Poder Ejecutivo, durante el año 2003, podrá autorizar un aumento de hasta 4,5 (cuatro con cinco) puntos porcentuales la alícuota de aporte patronal jubilatorio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.
Artículo 61.- La garantía de reintegro de los depósitos en Bancos y cooperativas de intermediación financiera a que se refiere el artículo 43 de la presente ley entrará en vigencia cuando el Poder Ejecutivo así lo disponga, a propuesta de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario fundada en la suficiencia para ello de las reservas acumuladas hasta ese momento en el Fondo con los recursos previstos en el artículo 46 de la presente ley.
Artículo 62.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación.
Montevideo, 27 de diciembre de 2002.