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Timestamp: 2020-05-28 15:25:11
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JUAN GONZÁLEZ Srio. DE CTA-CORRIENTES DENUNCIA PENALMENTE A MACRI – CTA -CORRIENTES
29 marzo, 2019 andresitoguacurariartigas
JUAN GONZÁLEZ Srio. DE CTA-CORRIENTES DENUNCIA PENALMENTE A MACRI
Denuncia Penal Criminal
Juan Alfredo González – D.N.I. N° 10.844.311, con domicilio en la calle Belgrano N° 952 de la Ciudad de Corrientes – Provincia de Corrientes, al Sr. Fiscal nos presentamos y decimos:
Objeto: Que venimos por este acto a presentar denuncia penal criminal, por la probable comisión de delitos tipificados en el Código Penal Argentino, a los efectos de que se proceda a la activación de la investigación y el procesamiento de los autores, todo ello con las aplicaciones de las normas que regulan el procedimiento en el Orden Federal.
La denuncia que presentamos, tiene por objeto dar cuenta de la violencia institucional del gobierno contra el sistema democrático, Violando sistemáticamente la Constitución Nacional y Leyes emanadas de ella, con la finalidad de cometer “grave delito doloso contra el Estado con el fin de su enriquecimiento” (Art. 36º Constitución Nacional). Según establece este mismo artículo de la Constitución nacional, denunciamos como ciudadanos y ciudadanas, asumiendo el derecho de resistencia, sosteniendo el imperio de la Constitución ante toda acción de fuerza contra el orden institucional (violación sistemática de la constitución) que atenta contra el sistema democrático. Consideramos que los hechos que desarrollaremos en la presente denuncia se encuadran, según lo establecido en el artículo 36º de la constitución nacional, no como hechos aislados de la administración del gobierno presidido por el empresario Mauricio Macri, sino se trata de la violación sistemática del Estado de Derecho para cometer delito doloso con el fin de enriquecimiento en nuestro país. Acción política delictiva, de dolo contra el Estado para enriquecimiento privado y particular de funcionarios empresarios, asumida como política de gobierno por el presidente Mauricio Macri.
El gabinete de ministros y secretarios, constituido por empresarios, CEOs, propietarios y/o empleados de empresas, mayoritariamente multinacionales, son violatorios de la Ley de Ética de la función pública. Designaciones que importan un claro conflicto de intereses, tal lo establece la Ley 25.188. No obstante, se mantuvieron y mantienen en sus funciones generando las acciones dolosas con el fin del “beneficio” privado y particular contrario al interés público, en contra del Bienestar general.
Esta caracterización del accionar político del gobierno nacional fue desarrollado en presentaciones realizadas ante usted, el 2 de junio y ampliada el 27 de junio del año 2016; también, el 16 de agosto 2016, el 4 de noviembre de 2016 y el 03 de agosto de 2018, sobre hechos graves sustentados en beneficios privados y particulares de los funcionarios empresarios a costa del deterioro constante y premeditado del funcionamiento del Estado de derecho, del sistema democrático, a través de la acción forzada del orden institucional.
Por ello, requerimos al poder judicial determine la responsabilidad criminal del Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri en su condición de tal y como JEFE SUPREMO de la NACION, JEFE del GOBIERNO y responsable político de la Administración General del País. (Art. 99 inc. 1 de la Constitución Nacional), como autor “prima facie” responsable de los delitos de ASOCIACION ILICITA (Art. 210 del Cód. Penal); ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO (Art. 248 del Cód. Penal), a efectos de su procesamiento y la urgente e imprescindible restitución del Estado de Derecho en la Argentina; todo en concurso real tantas veces reiteradas como hechos acreditados, todo en relación al incumplimiento, como funcionarios públicos, de las leyes que establecen responsabilidad del Estado en garantizar derechos sociales, laborales, económicos y culturales de trabajadores (urbanos y rurales), con Ajustes sistemáticos reduciendo el funcionamiento del Estado de derecho con el fin de beneficios privados y particulares relacionados con los funcionarios-empresarios, contrarios al interés público y en contra del bienestar general. Conducta delictiva del gobierno encabezado por el presidente Mauricio Macri encuadrado en lo establecido en el artículo 36º de la Constitución Nacional.
La presente tiene el requerimiento de la acción urgente por el agravamiento de la situación socioeconómica en el país, producto de las políticas impuestas por el gobierno nacional que violentan sistemáticamente derechos constitucionales, en lugar de cumplir con su responsabilidad de Estado (Gobierno) de garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores y la ciudadanía.
Para lograr los objetivos de acumulación de riqueza, la primera cuestión a resolver es resolver la relación Capital – Trabajo a favor del capital, de los capitalistas. En esta relación está en juego los principios y valores fundamentales del desarrollo Humano, la libertad e igualdad. El Estado interviene en esta relación, garantizando el ejercicio universal de estos principios y valores convertidos en derechos constitucionales. El Estado de derecho interviene a través de las leyes que emanan de la Constitución, protegiendo a los trabajadores y la ciudadanía de la explotación que violentan la libertad y generan la desigualdad excluyente de la ciudadanía.
El trabajo es un derecho humano esencial para nuestro desarrollo como ser humano. Los trabajadores precarizados, no asalariados y desocupados, son definidos como excluidos del sistema; por ello, estos trabajadores carecen de posibilidad de acceder a los derechos ciudadanos, entendiendo a la ciudadanía, como relación entre ciudadanos y ciudadanas en su comunidad política.
Integralidad de Derechos que están definidos expresamente, en el artículo 14ºbis: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. Aquí debe entenderse, que la acción del Estado no es dar ni quitar derechos, sino garantizar el ejercicio de los derechos constituidos. El Estado, ante la organización poderosa empresarial, como en toda sociedad capitalista, debe garantizar el derecho de los trabajadores de organizarse libre y democráticamente; y cumplir con el segundo párrafo del artículo 14ºBis que dice, “Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.
Y en el último párrafo del artículo 14º Bis se reafirma la responsabilidad de todo gobierno en cumplir con el Rol del Estado de ser garante activo de los derechos fundamentales de los trabajadores y la ciudadanía popular, “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
Todos estos derechos constituidos, gozan de la protección de las leyes que establecen las modalidades del ejercicio de los derechos, que sin ninguna discusión toda relación de derechos implica también, obligaciones, que en el rescate de los principios y valores de las relaciones humanas debe asumirse como responsabilidades. Cuando se trata, como el nuestro, de un Estado de derecho democrático estamos hablando de las tres instituciones republicanas. Así, los legisladores no pueden legislar contrario a los derechos constitucionales; si lo hacen, la justicia deberá sostener el imperio de La constitución. Al igual que un ejecutivo que, gobernando de hecho, aún sea por decretos (DNU) o aplicando injustamente una ley, violenta derechos constitucionales.
Los gobernantes responsables del funcionamiento del Estado, con el conjunto de sus trabajadores, deben cumplir con las LEYES garantizando el ejercicio de los derechos constituidos. Cualquier funcionario que incumpla con sus responsabilidades violando derechos, falta a sus deberes como funcionario público. Es la justicia quien debe actuar en la restitución del Estado de derecho, administrando justicia en la reparación y castigo si correspondiere. La violación de derechos que aquí tratamos no se trata de hechos aislados y particulares de algún o algunos funcionarios sino de una política planificada de gobierno que violentan los derechos constituidos con el objetivo de cometer delito doloso contra el Estado (vaciamiento fraudulento) con el fin de enriquecimiento privado y particular de grupos económicos financieros corporativos asociados al grupo de funcionarios empresarios gobernantes.
La violencia sobre los derechos de los trabajadores (laborales, sociales y humanos) fue (sigue siendo) un plan sistemático de los grupos empresariales “asociados” en los negocios con el gobierno-Estado, que acumularon (como ahora) poder y riqueza (económica y financiera) durante la última Dictadura cívico militar. Gobernando de hecho, contra-derecho, con objetivo de la acumulación de riqueza por parte de corporaciones, inclusive multinacionales, a costa del empobrecimiento de los trabajadores y la ciudadanía popular.
El 29 de marzo de 1976 asumía el empresario José Martínez de Hoz como Ministro de Economía de la Dictadura cívico militar encabezada por el general Videla. Ese mismo día presentó el Plan económico del gobierno de facto, sintetizando la concepción y el objetivo de concentración de riqueza privada, con la frase de “Hay que achicar el Estado para agrandar la Nación”. Que, a los cinco años cuando dejo su cargo de ministro, podíamos traducir aquella frase, diciendo: “Hay que achicar el Estado para agrandar los negocios privados y particulares que vamos a hacer”.
La acción de achicar el Estado para agrandar los negocios privados, con la finalidad de enriquecimiento de los grupos asociados a los funcionarios-empresarios, que durante la dictadura como ahora, aplican las mismas políticas y hasta con mismos personajes involucrados, como es el caso del presidente Macri.
Esta acción política de transferencia de recursos públicos (del pueblo) a los grupos oligopólicos de la economía y las finanzas (además, transnacionales) con el objetivo de acumular y concentrar riqueza (enriquecimiento privado y particular de funcionarios-empresarios asociados), es la que se define como conducta delictiva dolosa contra el Estado, establecida en el artículo 36º, “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento,… ”. Esta definición, parte del primer párrafo del artículo 36º al establecer que, “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos”. Y es determinante en cuanto a la significancia de la gravedad de los actos de fuerza, de hecho (contra-derecho), al sostener en el párrafo siguiente, “Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas”.
La gravedad prevista en el artículo 29º reafirma que los actos de fuerza del artículo 36º se refieren a la acción de gobiernos contra-derecho, al sostener que, “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria”.
Traemos este artículo 29º, al que nos remite el artículo 36º, porque la presenta denuncia se refiere a actos de fuerza realizados y por realizar que requiere del encuadramiento de toda la dimensión del Capítulo segundo de Nuevos derechos y garantías de la Constitución, principalmente los artículos 36º, 42º y 43º, el incluido el artículo 29º.
La inclusión del Capitulo Segundo, principalmente del artículo 36º de la Constitución Nacional (Reforma constitucional del año 1994) tiene su origen en el objetivo político democrático de “Nunca Más” golpes cívicos militares en nuestro país.
Surge de la misma redacción, que no se trata solo en los casos de golpes militares contra el orden institucional sino, también, en cuanto a los actos de fuerza contra el funcionamiento del sistema democrático. Y en ella, el mismo artículo 36º es determinante en cuanto a las responsabilidades respecto del accionar contra el sistema democrático. La cual define claramente la responsabilidad cívica en los actos de fuerza al establecer que, “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento,… ”.
Se trata de los delitos económicos, que fueron los objetivos que motivaron y determinaron los golpes de Estado y el ejercicio genocida de la Dictadura cívico militar. Delitos económicos, entonces, que son cometidos por los cívicos empresarios asociados en los objetivos de la acción del gobierno de facto iniciado el 24 de marzo de 1976. Delitos que quedaron pendientes de enjuiciamiento, a los empresarios que se enriquecieron con la cartelización de negocios con recursos del Estado.
Las responsabilidades civiles, políticas y económicas son inseparables, siendo la mayor expresión de estas responsabilidades en el golpe y la Dictadura iniciada en 1976, José Martínez de Hoz; representante empresarial cuya identidad, tristemente histórica, deviene de los tiempos de conquista y colonización de nuestro país. Solo basta recordar que se trata de la familia emblemática de la financiación de la “conquista del desierto”; por la cual, se apropió de dos millones de hectáreas de las pampas. Tanto fue que, son fundadores de la “Sociedad Rural Argentina”.
El artículo 36º, enmarcado en el capitulo segundo de Nuevos derechos y garantías, define el derecho de resistencia a la ciudadanía para la defensa del orden institucional y del sistema democrático, al establecer que “Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este Artículo”.
Asumiendo este derecho es que nos presentamos, además como trabajadores, venimos denunciando la violación sistemática de todos los derechos constituidos en el artículo 14 Bis producto de actos de fuerza del gobierno nacional contrarios al orden institucional y el sistema democrático. Los derechos definidos en el artículo 14ºbis que tratan la integralidad de derechos de los trabajadores, fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía.
No hay un solo derecho de los establecidos en el artículo 14ºbis que el gobierno encabezado por el presidente Macri cumpla. La agresión sobre los derechos es masiva producto de un plan de gobierno violatoria de derechos con el fin delictivo doloso contra el Estado. Todo, con el fin del enriquecimiento de grupos corporativos a partir de la planificación de negocios, acordados entre el grupo de funcionarios de gobierno y los empresarios cartelizados, con recursos del Estado.
Todo achicamiento del Estado implica reducción presupuestaria, cuya consecuencia es la reducción de funciones del Estado. La gravedad de esta acción es cuando se trata de funciones del Estado, que son su responsabilidad ineludible en cuanto a garantizar derechos fundamentales constitucionales. Y para identificar a quienes incurran en grave de delito doloso en la función pública, el mismo artículo 36º lo define en su último párrafo, estableciendo que, “El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función”.
Todo gobierno constitucional debe tener legitimidad de origen (ser electo democráticamente de acuerdo a la legislación, cumpliendo con el proceso electoral) como también, tener legitimidad de ejercicio, que es gobernar ajustado a derecho, cumpliendo con la constitución y las leyes que de ella emanan.
La violación de los derechos constitucionales incumpliendo los deberes establecidos en la Ley de ética pública significa la pérdida de legitimidad de ejercicio; donde a partir de la Ley 25188, la falta de ética en el ejercicio de la función pública es delito. Por ello, resulta necesario este encuadramiento para la determinación de la nulidad de los actos realizados en violación del sistema democrático. El objeto del derecho de resistencia es la restitución del Estado de derecho ante los actos de fuerza que violentan el orden institucional y el sistema democrático.
La Constitución no admite interpretación restrictiva, sino extensiva cuando de derechos se trata. El Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales. Es reconocido, probado y asumido, tanto nacional como internacional, que los golpes de Estado cívico militares, en nuestro país y en América latina, fueron planificados y ejecutados para imponer un sistema económico – financiero definido como neoliberalismo. Plan ideado y conducido por los poderes económicos financieros internacionales, bajo la hegemonía del Estado garante del poder militar mundial, EEUU (y sus aliados de la OTAN).
La exigencia constitucional de la ley de ética pública tiene por finalidad establecer la conducta del funcionariado público en cuanto al cumplimiento estricto de la Constitución Nacional y las leyes que de ella emanen, velando en todos sus actos por los intereses del Estado, por los intereses de los pueblos, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando sin excepción el interés público sobre el particular.
La Ley de Ética pública, sancionada de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 36º de la Constitución, determina a quienes compete lo establecido en la Ley; en su “ARTICULO 1º.- La presente ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.
Debemos entender “por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. De aquí, que la Ley de ética es para todas las personas que desempeñan la función pública en los tres poderes del Estado sean electas o designadas.
La Ley, establece las obligaciones de los funcionarios públicos en su “ARTICULO 2º.- Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético:
i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil. Por lo tanto, toda violación a estas obligaciones comporta una falta a los deberes de funcionario y abuso de Autoridad; siendo su violación sistemática, particularmente en cuanto al inciso c), en la acción de grave dolo contra el Estado para el enriquecimiento privado y particular contra el bienestar general, atenta contra el sistema democrático. Ambos actos de fuerza habilitan expresamente el derecho de resistencia ciudadana.
Por todo lo expuesto, la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública exigida por la Constitución en su artículo 36º tiene por objetivo encuadrar las conductas de funcionarios; estableciendo las prevenciones (respecto a los delitos dolosos) determinando que todos “los funcionarios que acceden a la función pública deben presentar Declaración Jurada a efectos de conocer el origen de su capital, bienes, actividad privada y relaciones de su actividad con el Estado, etc.; y también, “Aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo del sufragio universal, incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales al solo efecto de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses que puedan plantearse”.
El incumplimiento de la Ley no importa solo un “conflicto de intereses”; la falta de ética en la Administración pública, utilizando la función pública para obtener beneficios privados en contra del interés público y el Bienestar general es DELITO. Los funcionarios del gobierno nacional, la mayoría con cuentas en el exterior y en paraísos fiscales, consideran que esto no constituye un Delito, aunque puedan ser discutidas éticamente. Aquí, el reconocimiento de la falta de ética, para un funcionario o funcionaria pública, significa reconocer la existencia de Delito.
El enriquecimiento privado como consecuencia de esta acción dolosa lo hacen en contra del interés público y a costa del empobrecimiento de la mayoría trabajadora y ciudadanía popular. Realizado por la planificación sistemática, diseñada de antemano por este grupo de gobierno, y ejecutado por sus propios empresarios-gerentes designados como funcionarios públicos..
Es mucho el daño realizado durante estos más de tres años de gobierno y que continúan realizando contra los trabajadores y la ciudadanía popular producto de este accionar político delictivo doloso que venimos denunciando, atentando contra el sistema democrático. Daño, ahora agravado en nuestra provincia de Corrientes por la situación de Emergencia hídrica, productiva y social. Situación que desnuda las graves consecuencias socioeconómicas que sufrimos los trabajadores y la ciudadanía popular, producto del “achicamiento premeditado del Estado”, de la reducción de las funciones del Estado con el fin de la realización de negocios privados y particulares con el objeto exclusivo del enriquecimiento.
Más allá, de lo establecido en el mismo artículo, respecto al castigo a “quienes incurrieren en grave delito doloso contra el Estado”, estableciendo que “quedaran inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”; resulta imprescindible, considerar en esta oportunidad, por antecedentes históricos, determinar la responsabilidad delictiva penal y civil, a efectos de que esta Asociación de empresarios-funcionarios responda, con sus bienes personales y empresariales, por los daños ocasionado.
Antes de entrar a los hechos que venimos a denunciar, resulta necesario aprovechar la declaración del periodista de investigación del Diario La Nación, Alconada Mon en la causa por los aportes de “campaña política de la alianza Cambiemos” del actual gobierno nacional ante el juez Ernesto Kreplak. Que nos permite conocer y entender la conformación de la cartelización empresarial a partir del “financiamiento político”. Y porque, en el capitulo segundo de Nuevos derechos y garantías fueron incorporados los artículos 37º y 38º.
La referida declaración del periodista Alconada Mon (ver Anexo doc.1) corrobora la conformación de la cartelización empresarial, sindicando al presidente de la nación Mauricio Macri, entonces candidato, como el responsable de su armado. Donde lo sostenido por Alconada Mon ratifica la planificación de negocios privados desde el gobierno presidido por el Ing. Mauricio Macri constituye una asociación para cometer delitos dolosos contra el Estado con el fin del enriquecimiento propio y de los funcionarios-empresarios que lo componen y asociados. Gobierno compuesto por ministros y secretarios que son propietarios, gerentes, ex-CEOs, o empleados de Empresas/corporaciones relacionadas con el Estado, como contratistas/prestadores de servicios y comercialización de bienes.
Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación, realizó un trabajo de investigación que lo editó en un libro al que lo tituló “La raíz de todos los males”. Su trabajo detalla el modus operandi de la corrupción empresarial que conforman verdaderos “carteles” para los grandes negocios con los recursos del Estado. En las conclusiones de la investigación, Alconada Mon pone nombres, números, tiempos y formas, a la corrupción planificada de esta asociación de empresas para beneficiarse de grandes transferencias de recursos públicos a las corporaciones cartelizadas para su enriquecimiento. Estructuración que demuestra la continuidad del modus operandi implementado por estos empresarios-políticos, desde Martínez de Hoz a Macri.
Lo expresado en su libro, fue ratificado por Alconada Mon, ante el juez Ernesto Kreplak, quien lo llamó a declarar sobre sus dichos en el mencionado libro. La primera pregunta del juez al periodista fue sobre la anécdota que contó en su libro: “¿Ratifica lo manifestado en las páginas 37 y 42 de su libro ‘La raíz de todos los males’, en relación a las reuniones en el marco de las cuales Mauricio Macri pidió a diversos empresarios el 1% de sus respectivos patrimonios, en negro, para financiar su campaña electoral?”. A esta pregunta, Alconada Mon respondió: “Sí, lo ratifico”.
Luego, el juez le pide al autor del libro (Alconada Mon) si podía aportar más detalles; quien respondió que, “Esos eventos ocurrieron desde mediados del 2014, y a lo largo de todo el 2015, una vez que el entonces Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció su candidatura a Presidente de la Nación. A partir de ese momento, montó un equipo de campaña con varios referentes para el eje político, marketing y financiamiento electoral, quedando este último eje bajo el liderazgo de Nicolás Caputo y Edgardo Cenzón. Estos dos referentes coordinaron un equipo abocado a recaudar fondos que terminaron superando los mil setecientos sesenta millones de pesos, apoyado en la recaudación que obtuvieron de medianos y grandes empresarios, aportes de funcionarios y militantes, y en un determinado momento, un adelanto financiero del propio Nicolás Caputo, cuando las encuestas mostraban tercero a Macri. Entre los empresarios que aportaron fondos aparecen empresas constructoras, empresas de seguridad privada con contratos vigentes o ya vencidos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como así también algunos de los empresarios que figuran hoy en la causa de los “cuadernos de la corrupción” al igual que cámaras sectoriales, como CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos)”.
El juez quiso saber más y preguntó sobre los beneficios que pudieron haber recibido esas empresas tras tan importantes aportes. Respondiendo Alconada Mon: “Logré reconstruir que Macri, repetidas veces, afirmó que ese aporte del 1% quedaría más que compensado por las políticas pro mercado que como presidente impulsaría, como así también políticas sectoriales, que permitirían revitalizar áreas de la economía que redundarían en beneficios generales para las empresas, pero en ningún momento logré verificar si durante ese intercambio de promesas por aportes se habló o prometió beneficios específicos para empresas particulares”.
Este desarrollo realizado por Alconada Mon nos sirve para nuestra denuncia, ya que, tanto el mecanismo, desde el origen (financiamiento empresarial de campaña) como los nombres responsables mencionados están involucrados en los hechos que denunciamos.
En el año 2017 en la provincia de Corrientes las elecciones no eran solo legislativas de medio término sino ejecutivas, de gobierno provincial y municipios. El gobierno de la provincia era ejercido en segundo mandato por el dirigente radical el abogado Ricardo Colombi alineado a la alianza política “Cambiemos” del presidente de la nación, el ingeniero Mauricio Macri. Sin embargo, la intendencia del municipio de la ciudad de Corrientes estaba en manos del dirigente justicialista, el ingeniero Fabián Ríos en su primer mandato. De esta manera, al no poder ser reelecto en la provincia el R. Colombi, la alianza “Eco-Cambiemos” postuló al entonces Diputado nacional Gustavo Valdés. Y para la intendencia de la ciudad de Corrientes el Ing. F. Ríos iba por la reelección y el médico Eduardo Tassano por la alianza “Eco-Cambiemos”. El secretario general de la gobernación, el dirigente radical veterinario Carlos Vignolo, durante todo el mandato del gobierno de Ricardo Colombi fue designado jefe de campaña en la ciudad de Corrientes. Carlos Vignolo gobernó el municipio de la ciudad de Corrientes durante el periodo 2005 – 2009, perdiendo la intendencia contra la alianza peronista “Frente para la Victoria”, que postulaba al deportista Carlos Espínola. Durante su intendencia Carlos Vignolo intentó desarrollar un proyecto inmobiliario conocido como “Puerto Madero correntino” en los terrenos del puerto y de la Dirección Nacional de Vías Navegables. Vignolo fracasa en el intento por la controversia generada por la presentación del Estado Nacional Argentino c/Municipalidad de la ciudad de Corrientes por la propiedad de los terrenos correspondiente a la DNVN, en el juzgado federal Nº 1, aún en litigio, sin resolver. Y también, por la oposición de los trabajadores de la DNVN y de la escuela técnica (con padres y alumnos) de Vías Navegables funcionando en dicho predio, todos movilizados en la calle con el gremio de ATE que, además, recupera con acuerdo de la DNVN el edificio construido en el predio para la acción gremial y social de los trabajadores organizados de DNVN.
La elección municipal fue primera y es reconocida la gran cantidad de dinero gastado por la alianza “Eco-Cambiemos” en la campaña, tanto que fue “escandalizada” en los medios nacionales. El discurso de campaña fue los “beneficios de inversión que se lograrían con la unidad política de gobierno Nación-Provincia-Municipio”. Logrado el triunfo municipal, Vignolo era designado por el presidente Macri titular del Plan Belgrano (cargo con nivel ministerial en gobierno nacional) en agosto, antes de las elecciones a la Gobernación de la provincia. Instala su oficina en el predio de la DNVN y reaviva su viejo proyecto que en reuniones con el presidente Macri, jefatura de Gabinete y los funcionarios nacionales de Obras públicas, AABE e Interior, el viejo proyecto de “Puerto madero correntino” se convirtió en un proyecto de negocio inmobiliario del gobierno nacional al que denominaron “Plan Costero”.
En este punto, resulta importante relacionar financiamiento de campaña con negocios privados empresariales desde “proyectos de obra pública”. Producto de la denuncia por “aportantes truchos” en la provincia de Buenos Aires, “Osvaldo Marasco, empresario inmobiliario que formó parte del riñón amarillo, brindó detalles sobre la ruta del blanqueo millonario que organizó el PRO en la campaña presidencial 2015”. El empresario precisó que el dinero “negro” del PRO lo manejaban el intendente de Vicente López, Jorge Macri y Diego Santilli, en articulación con la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de campaña bonaerense, Federico Salvai.
Y agregó que parte de los millones en negro que se utilizaron en la campaña “es de coimas que sacaron de la construcción de ese complejo Al Río. Ellos se quedaron con los pisos de arriba de una de las torres del complejo ese. Ahí se maneja todo lo negro”. El complejo Al Río de Vicente López, es financiado por Ribera Desarrollos S.A. y cuenta con 16 hectáreas estratégicamente ubicadas frente al Río de la Plata donde hay un shopping y paseo comercial, una torre residencial y dos torres de oficinas. Y que para poder realizarlo tuvieron que sacar una ordenanza “especial” (publicado en Diagonales.com – La Plata, lunes 18 de febrero de 2019).
El presidente Macri participó de actos de campaña para la gobernación, donde comprometía el desarrollo de los proyectos de grandes obras públicas en la provincia y la ciudad de Corrientes, bajo la planificación y gestión del Plan Belgrano. Logrado el triunfo, la primera gran gestión con el gobierno nacional de los funcionarios (provincial y municipal) asumidos fue por el Plan Costero. “El gobernador Gustavo Valdés y el intendente capitalino, Eduardo Tassano, se reunieron con el presidente Mauricio Macri en Buenos Aires. El objetivo fue analizar los avances del Plan Belgrano, proyecto destinado al desarrollo costero de la ciudad de Corrientes”. “Este es el primer plan de desarrollo costero que se hará en el país y lo impulsó el propio Presidente, algo que nos llena de orgullo y por ello estamos trabajando fuertemente para avanzar en este gran proyecto”, expreso Tassano
De pronto, apareció un mega proyecto inmobiliario de las características de Al Río que también exigía una ordenanza especial que habilite tremenda obra de impacto negativo para la comunidad correntina. El propio Tassano precisaba sobre los lugares: “Abarcará lo que es hoy Vías Navegables, el puerto, el Regimiento Y el edificio de Vialidad. En líneas generales, son terrenos muy grandes donde se van a poder hacer muchas cosas, sobre todo por la ordenanza que se aprobó el 70 por ciento de éstos terrenos van a ser para espacios públicos”. “Fundamentalmente este Plan Costero va dotar de una infraestructura que hoy la Ciudad no tiene. Queremos buscar un perfil netamente turístico de vinculación hacia el rio, de desarrollo inmobiliario, de desarrollo comercial y desarrollo hotelero. Eso es lo que queremos, promover fundamentalmente”. El Proyecto original presentado elaborado en Buenos Aires para todos los lugares determinados era de 21 torres de 35 pisos cada una. Y se presento el proyecto de ordenanza exigida, sin audiencia pública ni ninguna instancia de participación social ciudadana. Y en siete días en trámite exprés fue incorporado para su tratamiento.
“El cuestionado proyecto para reformar el Código de Planeamiento Urbano de la Capital, que permitirá desafectar predios nacionales y provinciales para otros usos y que lleva el nombre de Plan Urbano Costero, se aprobó ayer en medio de un tenso clima en el Concejo Deliberante. Con nueve votos a favor (de los concejales oficialistas) y ocho en contra (por parte de los ediles de la oposición) se concretó el avance de esta iniciativa que abrirá la puerta a un gran negocio inmobiliario en terrenos clave de la costanera correntina, sin verdaderamente conocerse detalles del plan, su impacto en toda la costa ni quiénes serán los inversionistas. Desde hace dos semanas distintas entidades y organizaciones sociales y profesionales venían pidiendo precisiones, al igual que se cumplieron pasos administrativos importantes, previo a su tratamiento en el Concejo Deliberante, como un dictamen interinstitucional de la Comisión de Revisión del Código de Planeamiento Urbano, al igual que de la Comisión de Casco Histórico del Municipio. La celeridad impuesta a los concejales llevó a que se diera dictamen favorable en las comisiones de análisis, pero no se aceptará un dictamen de rechazo o modificación del proyecto. En previsión de que podrían producirse algunos inconvenientes con la presencia de grupos de vecinos, que integran distintas organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos, y de profesionales, se dispuso una custodia policial en las puertas del recinto. Para ello, el presidente del Concejo, Norberto Ast, pidió apoyo a los efectivos del Grupo Táctico Operacional (GTO) de la Policía provincial, que están preparados para intervenir en conflictos sociales. Pese a tratarse de un recinto legislativo, en donde los ediles representan a los correntinos, y los vecinos pueden asistir libremente a las sesiones, ante los abucheos y manifestaciones de repudio a expresiones de los ediles, en varios momentos de la sesión, en una clara actitud autoritaria, y tras exigir silencio, Ast amenazó con hacerlos retirar con la Policía. Tras concluir la sesión, el presidente del Concejo, Norberto Ast, manifestó que “el proyecto fue lo suficientemente consensuado”. “A principios de año el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, nos convocó a todos los concejales para analizar el tema, luego hubo reuniones con el intendente Eduardo Tassano y funcionarios municipales, en las cuales se pudo ahondar en los distintos aspectos”. Y remarcó: “Aprobamos una ordenanza muy importante para la ciudad a pesar de la intolerancia de algunos pocos”.(Diario Norte 23 de agosto de 2018)
La ciudadanía organizada en organizaciones sociales y sindicales reunidos en Asamblea ciudadana de Corrientes resolvieron la acción jurídica contra la ordenanza. Actualmente se encuentra en trámite la presentación de Incidente de Medida Cautelar de NO INNOVAR con relación al Plan Urbano Costero solicitando se ORDENE la suspensión de los efectos de la ordenanza Nº6635 (se adjunta copia).
“Vignolo anunció que “después del primer trimestre vamos a estar en condiciones de empezar a evolucionar con el Plan Costero en los predios directamente; algunos se licitarán sobre mitad de año y ojalá que lo más rápido posible estemos en obra”.
Durante una rueda de prensa tras una mesa de trabajo en torno a este proyecto urbanístico, Vignolo expresó que el plan de desarrollo costero “no tiene la modalidad de PPP (Participación Público-Privada), es una inversión privada directa”.
“En un mes más, dos meses más o menos, la idea es aplicar -el plan de Desarrollo Costero- en 2019 en alguno de los predios o en dos predios, con lo que esté en la línea y en mejores condiciones”, afirmó el director del Plan Belgrano.
Estos predios serían los del ex barrio Militar, y el ex Regimiento N° 9, aunque también se esperan avances en los predios de Vías Navegables y Vialidad Nacional, todos ellos parte del Distrito Costero aprobado por ordenanza N° 6.635, que reúne a 10 kilómetros de costa correntina desde Pampín hasta la avenida Garay, en la ciudad de Corrientes.(Diario El Libertador -27 de diciembre de 2018).
De estas declaraciones tomamos los puntos que hacen a nuestra denuncia encuadrada en los artículos 36º, 41º, 42º y 43º del capítulo segundo de la Constitución nacional, incluido el artículo 29º. En cuanto a la determinación de inversión privada directa, para estos mega proyectos las inversiones son inversiones externas (extranjera) y en este caso se incorpora un nuevo impedimento constitucional provincial. En cuanto a la venta de los predios del Estado nacional, tal como lo expresa, los de Vías navegables y Vialidad tienen el impedimento es que estos inmuebles están en uso por esos organismos del Estado que fueron adquiridos y construidos para tal efecto.
Vialidad ya fue descartado del proyecto actualmente ante una presentación administrativa del sindicato de trabajadores de vialidad nacional en Buenos Aires.
Respecto a vías navegables denunciamos su vaciamiento fraudulento y maniobra de hacer desaparecer la Dirección Nacional de Vías navegables por decreto 174, de 2 de marzo de 2018, de reforma de los Ministerios, donde fusionan en una subsecretaria la de Puertos, vías navegables y marina mercante. Coaccionando a los trabajadores que acepten su baja administrativa aduciendo que se encuentra en trámite el cierre administrativo de la Delegación Paraná Superior. Sobre esto accionó sindicalmente la Asociación Trabajadores del Estado. Documentaciones que me comprometo presentar a la brevedad.
Lo importante aquí es la búsqueda de determinar el predio “sin uso” para avanzar sobre su venta. Pero, además, producto de las inundaciones durante el mes de enero de este año, el ejecutivo nacional tuvo que declarar la Emergencia hídrica en la región NEA-Litoral por el cual la central de trabajadores de Argentina seccional Corrientes envió una carta documento al presidente Macri que cumpla con lo establecido en su propio decreto 67/2019; respecto a la priorización de recursos para los organismos cuya tareas resultan de extrema relevancia para la prevención de inundaciones y reparación de sus consecuencias. Vías navegables es un organismo del Estado de funciones indelegables sobre el control técnico de los ríos y fundamental para la prevención de inundaciones, como también de las reparaciones. Por el objetivo de su cierre, vienen generando un vaciamiento funcional del organismo y se encuentran paradas dos dragas que hubieran mejorado las defensas ante la creciente del río Paraná, como lo ha hecho en numerosas oportunidades. No obstante continúan con acciones institucionales de hecho, contra-derecho, con el Plan Costero.
En caso del RI9 es más complejo, aunque más clarificador respecto a este proyecto asociado a la acción dolosa contra el Estado iniciado como plan, del gobierno de facto, de la Dictadura cívico militar de 1976 a 1983. Porque allí funcionó como centro clandestino de detención y por lo que existe una medida cautelar decretada tanto sobre las instalaciones del ex RI9 como de las instalaciones de Santa Catalina dictada por el Juez Federal Nº 1 de Corrientes Expte 1062/03 vigente al día de la fecha.
Sin embargo, el jefe de gabinete informó al Congreso que el predio del ex RI9 va a subasta pública determinando su valor en 31 millones de dólares.
Dado la gravedad de los hechos, expresado en el pedido de medida cautelar de NO INNOVAR respecto a la agresión ambiental y la pérdida de patrimonio con destrucción del patrimonio histórico cultural es que encuadrado en el artículo 41º de la constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.
Por ello, según lo habilita el artículo 43º en cuanto a interponer una acción expedita y rápida de amparo para solicitar medida cautelar de NO INNOVAR sobre el uso y destino de los inmuebles en cuestión.
Como hecho nuevo, que refuerza la identidad política del gobierno en cuanto al encuadramiento de su conducta delictiva dolosa contra el Estado para enriquecimiento, los senadores radicales encabezados por Noel Breard, Flinta y Ricardo Colombi presentaron un proyecto de Ley que pretenden tenga tratamiento exprés al igual que la ordenanza. Dicho PROYECTO DE LEY tiene por “Objeto: Declarar de interés provincial, con carácter estratégico para el desarrollo de la economía local, la industria celulósico papelera. Promover, a través de incentivos y regulaciones, la inversión de origen nacional y extranjera para la instalación de plantas industriales celulósico papelera; y la consecuente reglamentación e interpretación del art. 61 Constitución Provincial”. (adjuntamos proyecto)
Dada la importancia de hecho por su gravedad institucional me comprometo presentar las documentaciones que preparamos para presentar a los senadores rechazando la pretendida “reforma constitucional” que se encuadra en lo establecido en el artículo 29º de la constitución nacional.
La presente lo hacemos con urgencia en el día de la fecha 29 de marzo de 2019 por el avance de estas políticas, ya que hoy se entregan los premios del concurso realizado del Plan Costero para realizar el Master Plan del proyecto definitivo a “licitar”. Pero, también por ser una fecha que pocos recuerdan salvo los trabajadores del Estado. El 29 de marzo de 1976 asumía como ministro de la Dictadura cívico militar José Martínez de Hoz poniendo en marcha el plan económico bajo aquella síntesis de “Hay que achicar el Estado para agrandar la nación” que significó como ahora “reducir el Estado social de derecho para agrandar los negocios privados y particulares de las corporaciones asociadas al gobierno de facto”.
Por la política de negocios inmobiliarios con el patrimonio nacional reafirmamos que la Patria es el pueblo, es la ciudadanía organizada en comunidades, para ejercer la soberanía popular en su territorio. Entendiendo como soberanía popular que la ciudadanía organizada decida como vivir de acuerdo a su cultura en el territorio donde vive. Así lo expresa el artículo 37º en su primer párrafo: “Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia,…”
El patrimonio no se trata solo de la tierra sino de todos sus bienes naturales y culturales. La patria no es un inmueble vendible para negocios privados y mucho menos, de extranjeros, corporaciones y estados de otras naciones.
Con la presente denuncia, venimos a ratificar todo lo desarrollado en las presentaciones anteriores en cuanto al encuadramiento de la in-conducta ética del presidente y su gabinete de gobierno, que conlleva la comisión de los delitos antes descripto. Según lo establece el Artículo 36º de nuestra Constitución nacional, que en su primer párrafo expresa, “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos”.
Esta conducta delictiva, anti-democrática, de corrupción sistemática del gobierno del presidente Macri, a partir de actos de fuerza contra el orden institucional con la consecuente pérdida del Estado de derecho; violentando derechos humanos, sociales, económicos y culturales, de los/las trabajadoras y ciudadanía popular, con el fin de su enriquecimiento, es la que venimos a denunciar.
Ratificamos lo denunciado hace dos años y desarrollado en las tres presentaciones, el mecanismo de saqueo financiero y dependencia externa, con el endeudamiento, la especulación financiera y fuga de capitales. Sosteniendo su ilegalidad, ilegitimidad e inmoralidad, asumiendo el derecho a la resistencia reafirmamos como trabajadores y ciudadanía popular que No somos deudores de ninguna deuda externa, tampoco interna, por el contrario somos Acreedores de una Deuda histórica social, ecológica y cultural, de aquellos corruptos saqueadores empresarios y sus corporaciones enriquecidos por esta delictiva acción política.
Asumiendo el derecho de resistencia, sostenemos el imperio de la Constitución requiriendo al poder judicial determine la responsabilidad criminal del Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri en su condición de tal y como JEFE SUPREMO de la NACION, JEFE del GOBIERNO y responsable político de la Administración General del País. (Art. 99 inc. 1 de la Constitución Nacional), como autor “prima facie” responsable de los delitos de ASOCIACION ILICITA (Art. 210 del Cód. Penal); ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO (Art. 248 del Cód. Penal), y otros delitos que surjan de los procesos contenidos en la denuncia, a efectos de su procesamiento y la inmediata restitución del Estado de Derecho en la Argentina. Y provea una acción expedita y rápida de amparo con una medida cautelar de NO INNOVAR sobre el uso y destino de los inmuebles de Ex RI9 y Vías navegables en cuestión.
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