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Timestamp: 2019-02-20 17:44:25
Document Index: 330553917

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 11', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 13', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 82', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 76', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 99', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 99', 'artículo 80', 'artículo 80', 'in fine', 'artículo 76']

Expediente 0558-D-2016
REGLAMENTACIÓN DEL TRÁMITE Y DE LA INTERVENCIÓN DEL CONGRESO RESPECTO DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA, DE DELEGACIÓN LEGISLATIVA Y DE PROMULGACIÓN PARCIAL DE LEYES
Artículo 1.- OBJETO. Esta ley tiene por objeto regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos que firma el Poder Ejecutivo:
a) De necesidad y urgencia
b) De promulgación parcial de leyes
c) Por delegación legislativa
Artículo 2.- VIGENCIA. Los decretos dictados por el Poder Ejecutivo a los que se refiere esta ley, surten plenos efectos desde el momento en que entran en vigencia, en los términos establecidos en el art. 2 del Código Civil.
Artículo 3.- RÉGIMEN JURIDICO. La Comisión Bicameral Permanente prevista en los artículos 99 inc. 3 y 100 incs. 12 y 13 de la Constitución Nacional, se rige por esta ley y por las disposiciones de su Reglamento Interno. Supletoriamente, serán de aplicación en lo que resulte procedente, los Reglamentos de las Cámaras de Senadores y de Diputados, prevaleciendo el Reglamento del Cuerpo que ejerce la Presidencia durante el año en que es requerida la aplicación subsidiaria.
Artículo 4.- COMPETENCIA. La Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos que emita el Poder Ejecutivo Nacional:
a) De necesidad y urgencia (arts. 99 inc. 3 y 100 inc. 13 CN)
b) Por delegación legislativa (art. 76 y 100 inc. 12 CN)
c) De promulgación parcial de leyes (arts. 80 y 100 inc. 13 CN)
Artículo 5.- INTEGRACIÓN. La Comisión Bicameral Permanente está integrada por doce (12) senadores y doce (12) diputados, designados por sus respectivas Cámaras a propuesta de los Bloques Parlamentarios, respetando la proporción de las representaciones políticas.
Artículo 6.- DURACIÓN EN EL CARGO. Los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente duran en el ejercicio de sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la cual pertenecen y pueden ser reelectos. Cada Bloque parlamentario puede reemplazar a sus representantes en el momento en que lo crea oportuno.
Artículo 7.- AUTORIDADES. La Comisión Bicameral Permanente elige anualmente un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, los que pueden ser reelectos. La Presidencia es alternativa y corresponde un año a cada Cámara.
Artículo 8.- FUNCIONAMIENTO. La Comisión Bicameral Permanente cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación.
Artículo 9.- QUÓRUM. La Comisión Bicameral Permanente sesiona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros.
Artículo 10.- DICTÁMENES. Los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente se conforman con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros, excepto en el caso previsto en último párrafo del artículo anterior.
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA Y DE PROMULGACIÓN PARCIAL DE LEYES
Artículo 11.- CONCURRENCIA PERSONAL DEL JEFE DE GABINETE. Dentro de los diez días corridos desde la fecha de su dictado, el Jefe de Gabinete de Ministros debe someter el decreto a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente. A tal fin comparecerá personalmente ante la Comisión, hará entrega del decreto, informará acerca de los motivos que justificaron el dictado del mismo y responderá las preguntas que se le formulen.
Si transcurrida media hora de la convocatoria, la Comisión no cuenta con número de asistentes suficiente para sesionar en los términos del artículo 9 de la presente ley, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros puede dejar constancia de su presencia y de la entrega del decreto a las autoridades de la Comisión, para su correspondiente trámite.
Artículo 12.- OMISIÓN DE CONCURRIR. Vencido el plazo previsto en el artículo anterior sin que el Jefe de Gabinete haya concurrido a la Comisión, ésta se avocará de oficio a la consideración del decreto dictado.
Artículo 13.- PLAZO PARA DICTAMINAR. La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días corridos, contados desde la audiencia efectuada con el Jefe de Gabinete de Ministros, o desde el vencimiento del plazo previsto en el artículo 11 de la presente ley, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras, para su tratamiento.
Artículo 14.- DICTAMEN. Producido el dictamen, el mismo será incorporado como primer punto del orden del día de la primera sesión que se realice, en cada una de las Cámaras, sin necesidad de mayorías especiales.
Artículo 15.- AUSENCIA DE DICTAMEN. Si la Comisión Bicameral Permanente no emitiere dictamen dentro del plazo previsto en el artículo 13, las Cámaras deberán abocarse al tratamiento del decreto de oficio, en forma inmediata. El tema será incorporado directamente, como primer punto del orden del día en la primera sesión que se realice en cada una de las cámaras, sin necesidad de mayorías especiales.
Artículo 16.- RECESO. SESIONES EXTRAORDINARIAS. Cuando el Congreso esté en receso, el dictado de uno de los decretos a que se refiere el presente Título, importará la convocatoria automática a sesiones extraordinarias, para su tratamiento, en los términos de esta ley. A tal fin, las autoridades de cada una de las Cámaras deberán convocar a los legisladores a sesión plenaria para la consideración del dictamen de la Comisión Bicameral Permanente si lo hubiere, o del decreto respectivo, en los términos de los arts. 14 y 15 de la presente ley.
Artículo 17.- ALCANCES DEL DICTAMEN. El dictamen de la Comisión Bicameral Permanente debe pronunciarse expresamente, con fundamentación precisa y circunstanciada, sobre la adecuación del decreto a cada uno de los requisitos formales y sustanciales requeridos en la Constitución para autorizar su dictado.
Artículo 18.- CADUCIDAD. Pierde vigencia el decreto de necesidad y urgencia que no sea aprobado en forma expresa por ambas Cámaras dentro de los noventa días corridos, contados desde la fecha de su dictado, por aplicación del artículo 82 de la Constitución Nacional. Quedan a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.
Artículo 19.- PROHIBICIÓN DE DECRETO ANÁLOGO. Rechazado el decreto por el Congreso, o producida su caducidad en los términos del artículo anterior, el Poder Ejecutivo no podrá dictar un decreto análogo al anterior, hallándose vigentes las mismas circunstancias. Si lo hiciera, los derechos que se adquirieren durante su vigencia, serán considerados ilegítimos y quedarán sin efecto, sin dar lugar a reclamo alguno.
DISPOSICIONES APLICABLES A LA PROMULGACIÓN PARCIAL DE LEYES
Artículo 20.- ALCANCES DEL DICTAMEN. El dictamen de la Comisión Bicameral Permanente debe pronunciarse sobre la procedencia formal y sustancial del decreto. En particular debe indicar en forma fundamentada, si las partes promulgadas tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado por el Congreso Nacional.
Artículo 21.- CADUCIDAD. Pierde vigencia el decreto que promulga parcialmente una ley si no es aprobado en forma expresa por ambas Cámaras, dentro de los noventa días corridos desde la fecha de su dictado, sin requerirse mayorías especiales para ello.
Artículo 22.- TRÁMITE DEL VETO PARCIAL. Las disposiciones de esta ley y el curso de los procedimientos previstos para los decretos que promulgan parcialmente una ley, son independientes del ejercicio, por parte del Congreso, de las potestades previstas en el art. 83 de la Constitución Nacional.
DISPOSICIONES APLICABLES A LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA
Artículo 23.- BASES DE DELEGACIÓN. Las bases a las que alude el art. 76 de la Constitución Nacional, a las cuales debe sujetarse la potestad legislativa delegada, no puede ser objeto de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.
Artículo 24.- NORMA DELEGANTE. Todo decreto que se dicte en uso de facultades legislativas delegadas, debe determinar con precisión cuál es la norma delegante, con indicación del respectivo artículo e inciso, si correspondiere.
Artículo 25.- REMISIÓN. El Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, debe remitir el decreto a la Comisión Bicameral Permanente para su consideración, dentro de los diez días hábiles siguientes a su dictado.
Artículo 26.- DICTAMEN. El dictamen de la Comisión Bicameral debe determinar si el decreto se adecua a las bases de la delegación y si cumple con los requisitos que la Constitución autoriza para su dictado.
Artículo 27.- DEROGACIÓN. El rechazo expreso de ambas Cámaras del Congreso implicará la derogación del decreto dictado por delegación de facultades legislativas. Quedarán a salvo los derechos adquiridos por terceros durante su vigencia, de conformidad con lo que establece el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Artículo 28.- RESOLUCIONES. Las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones. Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento en forma inmediata.
Artículo 29.- PUBLICACIÓN. Las resoluciones de las Cámaras que aprueben o rechacen el decreto de que se trate, o las caducidades previstas en los artículos 18 y 21 de la presente ley, deben ser comunicadas al Poder Ejecutivo, para su inmediata publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 30.- Derógase la Ley N° 26.122.
La presente iniciativa tiene como antecedente un proyecto de Ley de mi autoría ingresado como expediente 4735-D-2014 y que fuera acompañado por los entonces diputados Omar Duclós, Victoria Donda, Graciela Villata, Fabián Peralta, Juan Carlos Zabalza, Élida Rasino y Caludio Lozano.
Sin embargo también establece que el PE puede dictar decretos de necesidad y urgencia o promulgar leyes en forma parcial, con determinados requisitos y límites, frente a circunstancias excepcionales; así como está autorizado a dictar reglamentos o decretos delegados, previa autorización del Congreso quien, en la norma delegante, debe establecer orientación, bases y plazos.
La norma constitucional también delegó en el Congreso la creación de la mencionada Comisión y el dictado de la correspondiente ley para regular el trámite y los alcances de su intervención. Recién en el año 2006 se dictó la Ley 26.122, pero su texto ha generado dudas y cuestionamientos. En algunos puntos se han cometido omisiones y confusiones, pero en otros, directamente, la norma se ha apartado del texto constitucional.
En el inc. 3 del artículo 99, la Constitución prohíbe que el PE dicte disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable. También contempla la excepción y admite que el PE dicte un decreto de necesidad y urgencia, solamente en "circunstancias excepcionales" en las cuales fuere "imposible" seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes.
Se imponen así los cuatro primeros requisitos: 1. Que se trate de una situación excepcional. 2. Que sea imposible seguir el trámite constitucional ordinario para dictar una ley. 3. La situación excepcional, además, debe imponer una "necesidad", y 4. Esa necesidad debe imponer la resolución a algún problema en forma "urgente", por vía legislativa, y sin dilaciones.
La Constitución permite en ciertos casos utilizar una facultad legislativa al PE, precisamente por existir una situación de necesidad y urgencia, excepcional, que necesita que se dicte una ley para su solución, y en circunstancias en que resulta "imposible" seguir el trámite ordinario para sancionarla. Ante ello, el constituyente le concede al PE la posibilidad de resolverlo a través de un DNU.
Queda claro aquí el carácter excepcional de la herramienta prevista constitucionalmente para que el PE haga uso de facultades legislativas que, por regla general, le están absolutamente vedadas.
Sin embargo, desde que se produjera la reforma constitucional en 1994, los distintos gobiernos han hecho uso de la herramienta del decreto de necesidad y urgencia en total desatención a los límites constitucionales. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a solo título de ejemplo, se puede citar que el PE ha dictado el DNU 1584/2010 para establecer el actual régimen de días feriados, y el DNU 641/2014, para elevar al rango de Ministerio a la Secretaría de Cultura de la Nación. Ambas medidas demuestran, por su propio contenido, que están muy lejos de los estándares de necesidad y urgencia que exige la Constitución y que ha precisado la Corte Suprema de Justicia en el fallo Verrocchi. En otros casos se han tomado medidas de fuerte impacto económico o político mediante decretos de necesidad y urgencia, sin que mediara imposibilidad alguna de dictar una ley y estando el Congreso en pleno período de sesiones ordinarias.
En el pasado reciente cabe también señalar que el flamante gobierno de Mauricio Macri ha recurrido sistemáticamente a esta herramienta a partir de diciembre frente a la dificultad de reunir las mayorías necesarias previo al inicio de sesiones ordinarias, avanzando incluso en materias vedadas al Poder Ejecutivo como la penal.
Un decreto de necesidad y urgencia, al ser dictado, no puede tener el mismo efecto "sine die" que una ley aprobada por el Congreso, porque está pensado y previsto para hacer frente a una emergencia, a un estado de necesidad y urgencia. Por ello, cuando el PE dicta un DNU, debe someterlo inmediatamente a consideración del Congreso para que este poder, en el que residen naturalmente las potestades legislativas, lo ratifique o lo rechace en forma inmediata. Ése y no otro, es el sentido que corresponde otorgarle a la previsión constitucional que exige la concurrencia al Congreso del Jefe de Gabinete de Ministros, en forma personal, en el plazo de 10 días, y el otorgamiento también de un plazo de diez días a la Comisión Bicameral, para expedirse.
El DNU, para extender su validez "sine die", debe contar con las mayorías parlamentarias necesarias, como cualquier ley. De otro modo, nos encontraríamos con un sinsentido insalvable: una ley sancionada por el Congreso -órgano donde reposa la potestad legislativa en el marco de la división de poderes de la República- debe contar con la aprobación de las dos cámaras para convertirse en ley; en tanto que un DNU dictado por un Presidente de la Nación no necesitaría de ninguna mayoría parlamentaria para tener la misma validez "sine die". Este sinsentido constitucional fue precisamente convalidado por la ley 26.122, que establece que hasta que no sea rechazado por ambas cámaras, el DNU tiene plena validez y continúa vigente. Esta disposición es contraria a los preceptos constitucionales y solo se explica por la intención de profundizar el presidencialismo y facilitar que el PE se arrogue facultades legislativas que no tiene.
La ley 26.122 va en sentido contrario a la intención de atenuar el presidencialismo que expresaron los propios constituyentes en los debates durante la reforma constitucional de 1994, y ha legislado acentuando las facultades discrecionales del PE, en desmedro del Congreso de la Nación.
Estos requisitos están en línea, precisamente, con el artículo 82 de la Constitución Nacional, que prohíbe la sanción ficta de leyes. Para que sea ley, valga como ley y tenga los efectos "sine die" de una ley, el DNU debe ser aprobado expresamente por ambas cámaras. El silencio del Congreso no puede validar un DNU.
En efecto, la intervención del Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad y urgencia, no se trata solamente de un mero acto de "control legislativo" para determinar si se han cumplido o no los requisitos constitucionales. Nos encontramos ante un acto de naturaleza jurídica distinta, porque se trata de un "acto complejo" que involucra la decisión de dos poderes del Estado. Para que haya norma con validez formal "sine die", como es una ley, se requiere que el decreto firmado por el PE sea ratificado por el Congreso, que es el titular de la potestad legislativa. Si hay silencio, no hay norma, por expresa aplicación del artículo 82 de la CN.
Los efectos jurídicos de un DNU dictado por el PE y luego rechazado en el ámbito parlamentario, se cumplieron en virtud de una norma que constituye una herramienta habilitada constitucionalmente en un gobierno democrático. La valoración acerca del cumplimiento o no, de los requisitos constitucionales para su dictado, es una evaluación que no se le puede pedir a los terceros contratantes. Esa valoración la efectúa el Congreso, o el Poder Judicial, ante una demanda específica. El respeto a esos derechos adquiridos se vincula a la seguridad jurídica de terceros y no a una valoración política.
Debe tenerse presente que la anulación de una norma no es competencia del Poder Legislativo sino del Poder Judicial y que si por sentencia firme se anula un DNU en los términos del artículo 99 inc. 3, dicha nulidad será absoluta e insanable y esos efectos se tendrán por no cumplidos. En el ámbito legislativo, el rechazo no anula, sino que hace caducar la norma.
La Constitución Nacional prevé que el Poder Ejecutivo pueda ejercer el derecho de veto previsto en el artículo 80, sea en forma total o parcial y, en ese caso, debe devolver la norma observada al Poder Legislativo. Para que la norma vetada se convierta en ley, cada una de las cámaras debe insistir en su sanción con los 2/3 de los votos (art. 83 Constitución Nacional).
En ese mismo artículo 80, la norma constitucional prohíbe, ante el ejercicio del veto parcial, que el PE promulgue la parte de la ley no vetada. Pero también en este caso admite una excepción y se refiere al caso en que las partes no vetadas de la ley tengan autonomía normativa" y su promulgación parcial no altere "el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso".
Si el PE opta por ejercer un veto parcial y además promulgar parcialmente la parte no vetada, debe seguir el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia (art. 80 in fine y 100 inc. 13).
Es importante detenerse en este punto, porque cuando el PE ejerce el derecho de veto de una parte de una ley y además promulga la parte no vetada, su decisión ha significado una modificación a la norma sancionada por el Poder Legislativo. Si bien el PE ha entendido que esa promulgación parcial no afecta la unidad y el espíritu del proyecto, el Congreso puede tener una visión totalmente distinta.
Esta participación del Congreso tiene dos objetivos centrales: el primero es, efectivamente, ratificar que esa promulgación no afecta el sentido de la norma y que ésta sigue teniendo coherencia conforme el espíritu con el que fue concebida. Pero el segundo objetivo se refiere a la unidad del proyecto y se vincula a la posibilidad de proteger los acuerdos entre el Parlamento y el PE. Es de necesaria práctica parlamentaria la búsqueda de acuerdos y consensos, y ellos se plasman en modificaciones acordadas que se introducen en los textos de las normas. Muchas veces, ante normas enviadas para su tratamiento por el PE, se introducen modificaciones que acepta el oficialismo para conseguir el voto de otros bloques que, si no se hubieran introducido esas modificaciones, no hubieran apoyado la norma. Si la ley resulta votada con las modificaciones acordadas pero luego el PE puede vetar esas correcciones y promulgar parcialmente el resto, se estaría autorizando la burla a los acuerdos parlamentarios, lo que significaría la partida de defunción para la búsqueda de consensos.
El Congreso Nacional puede delegar determinadas facultades legislativas en el Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, esto es, en materias de administración o emergencia pública, estableciendo con claridad las bases de la delegación y determinando el plazo para ejercer esa delegación. Posteriormente, haciendo uso de las facultades delegadas, el PE dictará "decretos delegados" que deben ser girados al Congreso, a través de la Comisión Bicameral Permanente, para su control (art. 100 inc. 12 de la C.N.).
Al hacer uso de las potestades legislativas que le fueron delegadas, el PE no se ha arrogado ninguna facultad, sino que la misma le fue cedida previamente por ley. Por tal motivo el control se limita a comprobar que el PE haya dictado la norma respetando las bases de delegación previstas y las normas constitucionales que rigen el tema.
1. La Constitución Nacional exige la concurrencia personal del Jefe de Gabinete de Ministros a la Comisión Bicameral Permanente, cuando el PE dicta un DNU o promulga parcialmente una ley (arts. 99 inc. 3 y 100 inc. 13). La ley 26.122 cuya derogación se propone, omite exigir esa concurrencia, que nunca se llevó a cabo en el proceso institucional argentino. Es importante dar cumplimiento a la norma constitucional exigiendo esa comparecencia personal del Ministro Coordinador, lo que además redundará en reconocer la relevancia institucional que reviste el dictado de este tipo de decretos por parte del PE y la correlativa intervención del Congreso Nacional.
Entiendo que esta norma resguarda la división de poderes y es respetuosa de la institucionalidad, permitiendo que el PE actúe en las circunstancias constitucionalmente habilitadas, con la necesaria participación y control del Congreso.
En virtud de los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.