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Timestamp: 2018-02-25 23:25:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 191', 'artículo 105', 'artículo 282', 'artículo 24', 'artículo 4', 'artículo 55']

Sentencia T.S.J. Andalucía 2104/2010, de 7 de julio. Despido nulo. Desestimación. Baja médica - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Andalucía 2104/2010, de 7 de julio
Despido nulo: No se estima. Un despido cuya causa real sea que el trabajador ha estado un largo periodo de baja médica, no vulnera ningún derecho fundamental, y, por tanto, tampoco vulnera el derecho a la tutela judicial en su vertiente de derecho a la indemnidad. No es asimilable el derecho a la vida y a la integridad física con la protección de la salud, éste no es un derecho fundamental, sino un principio rector de la política social y económica. El despido debe ser calificado como despido improcedente. Prueba: No causa indefensión la admisión y práctica de prueba que no es ilícita, ilegal o impertinente.
DÑA ANA MARÍA ORELLANA CANO, PRESIDENTE
En Sevilla, a siete de julio de dos mil diez.
SENTENCIA N.º 2104/2.010
En el recurso de suplicación interpuesto por Doña Luisa, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de los de Sevilla, Autos n.º 15/09; ha sido Ponente la Iltma. Sra. D.ª ANA MARÍA ORELLANA CANO, Magistrada.
Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda por Doña Luisa contra Laboratorios Babe, S.L., sobre despido, se celebró el juicio y se dictó sentencia el día 27 de Noviembre de 2.009 por el Juzgado de referencia, en la que se estimó parcialmente la demanda.
Segundo.-En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:
"PRIMERO.- La actora, Luisa, con D.N.I. n° NUM000, venía prestando servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa demandada LABORATORIOS BABÉ S.L., con una antigüedad de 23/11/06, ostentando la categoría profesional de Visitadora Médica, realizando tareas propias del puesto de trabajo, percibiendo a efectos de despido un salario total bruto anual de 18.855,20 euros por todos los conceptos.
Segundo.-La relación de la actora con la empresa demandada se inició bajo la forma de un contrato de Relación Especial de Representantes de Comercio de fecha 23.11.06, que tras sucesivas prórrogas, se ha convertido con fecha 28.10.08 en contrato de trabajo de duración indefinida a tiempo completo, reconociéndole una antigüedad de 23.11.06, y con un incremento de las retribuciones de la actora cuyo salario base pasó de 11.831 € a 18.855,20 euros.
Tercero.-La empresa demandada dedica su actividad a la producción y distribución de productos cosméticos, siendo de aplicación a la relación laboral el Convenio Colectivo de Perfumería y afines publicado en el BOE n° 202, de 23.08.2007, y sus revisión salarial de 2.008 publicada en el BOE n° 7, de 23.02.2008.
Cuarto.-La empresa contaba en 2007 con 35 comerciales, decidiendo a principios de 2.008 afrontar una reorganización de la red comercial ofreciendo a sus comerciales bien mantener sus actuales condiciones como tales o bien modificar su relación con la empresa a una relación laboral.
Quinto.-La actora causó baja por IT por accidente laboral con fecha 21.06.07 y alta con fecha 20.07.07, siéndole diagnosticado contractura cervical. Y volvió a causar baja el 15.10.07 y alta el 2.10.08, con el mismo diagnóstico. Durante esta última baja se produjo como incidencia la falta de reconocimiento por la Mutua de dicha baja como derivada de accidente laboral, habiéndose seguido procedimiento judicial en este mismo órgano judicial, bajo el número de autos 101/08, en el que recayó sentencia de fecha 16.12.08 declarando que el período de IT de 15.10.07 deriva de accidente de trabajo, condenado a la Mutua de Accidentes MUVALE MATPSS al abono de la prestación correspondiente, dicha sentencia no es firme.
Sexto.-La actora interpuso varias demandas judiciales contra la empresa demandada, una dio lugar a los autos 101/08 seguidos ante este mismo órgano judicial, antes mencionados, en los que la actora se desistió de su pretensión frente a la empresa demandada en el acto del juicio celebrado el día 15.05.08; otra de la que tuvo conocimiento el Juzgado de lo Social n° 5 de esta ciudad, autos n° 965/2008, de la que se desistió la actora por escrito de fecha 28.10.08 al obtener satisfacción extraprocesal de sus intereses; y, otra de la que tuvo conocimiento el Juzgado de lo Social n° 6 de esta ciudad, autos n° 893/2008, de la también se desistió la actora por escrito de fecha 28.10.08 al obtener satisfacción extraprocesal de sus intereses. La actora denunció a la empresa ante la Inspección de Trabajo por infracotización el 29 de septiembre de 2.008.
Séptimo.-La empresa demandada comunicó a la actora mediante carta fechada y entregada el 07.01.09 el despido con efectos desde ese mismo día, con el siguiente tenor literal:
"Lamentamos tener que comunicarle que LABORATORIOS BABE S.L. (en adelante, la "Empresa") ha decidido despedirle con efectos económicos y laborales del día 07 de Enero de 2009, con arreglo a lo previsto en el artículo 54.2.e) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante "ET"), al haberse producido una disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
En concreto, la Empresa ha constatado como su rendimiento ha disminuido en las últimas fechas con respecto a los estándares establecidos por esta Empresa, sin que pueda encontrarse una justificación razonable a dicha disminución.
Los hechos anteriores constituyen una trasgresión de la buena fe contractual en el desempeño de su trabajo. No obstante dada la dificultad probatoria en acto de juicio de los hechos imputados y de conformidad con lo previsto en el artículo 56.2 del ET, la Empresa reconoce la improcedencia de su despido y se obliga al pago de la indemnización por despido improcedente equivalente a 45 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 12 mensualidades de salario, que asciende a 5.133,91 Euros. Dicha indemnización ha sido calculada teniendo en cuenta una antigüedad desde el 23 de noviembre de 2006 y un salario total bruto anual de 18.955,99 Euros, por todos los conceptos.
Nos permitimos informarle que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 del ET, en la redacción dada por Ley 45/2002, de 12 de Diciembre, correspondiendo a la empresa la opción entre readmisión o abono de la indemnización, y habiéndose reconocido la improcedencia del despido con ofrecimiento de la indemnización legalmente prevista, en caso de no ser aceptada procederemos a consignarla en el Decanato de los Juzgados de lo Social.
Le comunicamos que tiene a su disposición la liquidación de haberes correspondiente.
Sin otro particular, y reiterándole que lamentamos vernos obligados a tomar esta decisión, le saludamos atentamente, rogándole firme el recibí de la presente, a los meros efectos de constancia de su entrega".
Octavo.-La empresa, mediante burofax, comunicó a la actora con fecha 09.01.09, que había procedido a la consignación judicial de la cantidad de 5.434,18 € correspondiente a la indemnización para el caso de despido improcedente.
Noveno.-Con fecha 07.01.09 la empresa demandada ha procedido a la asignación en la cuenta de este órgano judicial de la cantidad de 133,91 € en concepto de indemnización a favor de la actora, que completó día 08.01.09 hasta alcanzar la suma de 5.434,18 €, y que ha dado lugar los autos 15/09, en los que tras el ofrecimiento a la actora de dicha suma o ha sido aceptada por ésta.
Décimo.-- La empresa ha procedido al despido de otros cinco trabajadores por bajo rendimiento de trabajo entre junio de 2008 y agosto de 2009 (folios 68 a175).
Decimoprimero.-Desde diciembre de 2006 hasta septiembre de 2007 el nivel de ventas ascendió a un promedio mensual de 5.421,83 €; en el período en que la actora estuvo de baja, desde octubre de 2007 hasta octubre de 2.008, la ventas ascendieron a un promedio mensual de 5.513,42 €; y desde la incorporación de la actora hasta el 2 de enero de 2.881,33 €. El promedio de venta en la zona de la actora descendió un 50% mientras que en las demás zonas alcanzó el 5,4%. Desde enero a marzo de 2.009, tras la contratación de una nueva visitadora, el promedio mensual de ventas fue de 5.430,58 €, un 47 % más de las ventas obtenidas por la actora en el último trimestre (folios 159 a 164).
Decimosegundo.-La actora no ha ostentado la condición de representante legal o sindical de los trabajadores.
Decimotercero.-Con fecha 5 de junio de 2.009 tuvo lugar sin avenencia el preceptivo acto conciliatorio instado por el actor, formulándose el 9 de junio de 2.009 a demanda por despido que dio origen a las presentes actuaciones."
Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte actora, que fue impugnado por la demandada.
Primero.-La actora prestó servicios para la empresa demandada hasta el 7 de enero de 2009, fecha en la que fue despedida mediante carta, reconociendo la empresa el despido improcedente y consignando judicialmente el importe de la indemnización. La sentencia recurrida desestima la declaración de nulidad del despido solicitada por la parte actora y declara la improcedencia de la decisión extintiva. Frente a la misma se alza en suplicación la parte actora. La parte recurrente solicita, como primer motivo de suplicación, con base en el artículo 191 a) de la Ley de Procedimiento Laboral, la nulidad de las actuaciones por la infracción del artículo 105.2 de la Ley de Procedimiento Laboral en relación con los artículos 55.1 del Estatuto de los Trabajadores y 24 de la Constitución. Se invoca que la admisión de las pruebas presentadas por la empresa para acreditar la disminución del rendimiento de la trabajadora y la valoración realizada por la juzgadora de instancia de las mismas, le causan indefensión a la parte demandante. Por ello solicita la parte recurrente la declaración de nulidad de la sentencia para que por el órgano judicial de instancia se dicte otra en la que no se tengan en cuenta estas pruebas. Desfavorable acogida merece seguir el presente motivo de recurso, ya que en la sentencia recurrida, dada la generalidad de la imputación de los hechos causantes del despido disciplinario, a saber, la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado, se declara el despido improcedente, al haberle producido la carta de despido, indefensión a la actora. Pero debe tenerse en cuenta que, rige en relación con la admisión de las pruebas, con carácter supletorio, el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que se admitirán por los órganos judiciales las pruebas que no sean ilícitas, impertinentes o ilegales. Sin embargo, ninguna de estas notas concurre en la prueba propuesta por la empresa demandada, por lo que no ha concurrido causa legal de inadmisión. Por otro lado, debe resaltarse que la parte demandante ni siquiera impugnó la prueba que ahora alega que le ha producido indefensión. Por consiguiente, se ha de desestimar este motivo de recurso, al no apreciarse las infracciones denunciadas.
Segundo.-La parte recurrente solicita, como segundo motivo de recurso, con debido sustento adjetivo, la adición al hecho probado primero de la sentencia recurrida, de las funciones concretas que desempeñaba la actora en la empresa; pretensión que no ha de prosperar, por no evidenciarse error del órgano judicial de instancia de la prueba en que se basa, ya que consta que prestaba servicios como visitadora médica, realizando las funciones propias de su categoría.
Tercero.-La parte recurrente denuncia, como último motivo de suplicación, con adecuado amparo procesal, la infracción de los artículos 5.1, 56.2, 5.2 c) y e) y 17 del Estatuto de los Trabajadores, de los artículos 105, 108.2, 113, 180 y 182 de la Ley de Procedimiento Laboral, y de los artículos 14, 16 y 24 de la Constitución. Se invoca que la decisión extintiva empresarial merece la calificación de despido nulo por haberse vulnerado la garantía de indemnidad de la trabajadora y por haberse producido debido a que la demandante estuvo un largo periodo de baja médica por enfermedad. En relación con la alegada vulneración por la empresa del derecho a la tutela judicial efectiva de la actora en su vertiente de garantía de indemnidad, debemos destacar que las Sentencias del Tribunal Constitucional 5/2003 de 20 de enero, 55/2004, de 19 de abril y 87/2004, de 10 de mayo, han declarado que el derecho consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución no se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los ejercita. Más concretamente, en el ámbito laboral, esta garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, según las Sentencias del Tribunal Constitucional 199/2000, de 24 de julio y 198/2001, de 4 de octubre. Por lo tanto, la conducta empresarial motivada por haber ejercitado el trabajador una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que se creía asistido debe ser calificada como discriminatoria y contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, pues entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo, a tenor del artículo 4.2 g) del Estatuto de los Trabajadores. Ahora bien, en estos supuestos se traslada el onus probandi a la parte demandada, de forma tal que el trabajador debe acreditar la existencia de unos indicios razonables de que se ha producido la vulneración del derecho fundamental, pero una vez hecho esto, corresponderá a la empresa probar que su comportamiento no ha incurrido en la vulneración del derecho fundamental. No se trata de someter al empresario a una probatio diabólica, sino que la parte demandada deberá probar que su decisión se presenta razonablemente ajena al móvil atentatorio del derecho fundamental invocado. En este sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Constitucional 38/2005, de 28 de febrero. Pues bien, en el caso de autos ha quedado acreditado que la actora interpuso varias demandas judiciales contra la empresa demandada. En una de ellas, la trabajadora se desistió de su pretensión frente a la empresa demandada en el acto del juicio celebrado el día 15 de mayo de 2008. En otras dos, se desistió la actora por escritos de 28 de octubre de 2008, al haber obtenido satisfacción extraprocesal de sus intereses. Por otro lado, la demandante denunció a la empresa ante la Inspección de Trabajo por infracotización el 29 de septiembre de 2.008. Y, precisamente, el 28 de octubre de 2008, la empresa demandada, lejos de adoptar una represalia contra la actora, le convirtió su contrato de representante de comercio en un contrato por tiempo indefinido a jornada completa, reconociéndole la antigüedad que tenía en la empresa hasta ese momento e incrementándole el salario. El despido disciplinario tuvo lugar el 7 de enero de 2009 y ningún indicio de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad, ha probado la actora por lo que debe concluirse que no puede ser calificado el mismo de nulo, por aplicación del artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores. Por otro lado, se invoca por la parte recurrente que el despido es nulo ya que se ha producido con vulneración del derecho a la no discriminación, debido a que tuvo por causa la enfermedad de la trabajadora y el largo periodo que permaneció en Incapacidad Temporal. Suerte desestimatoria merece seguir también este aspecto del motivo de recurso, pues como ha declarado, entre otras, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación para la unificación de doctrina 602/2008, de 27 de enero de 2009, en el caso de un despido en el que se invoca la disminución del rendimiento, cuando el motivo real de la decisión es la permanencia del trabajador en situación de baja por enfermedad durante un cierto tiempo, no debe calificarse como nulo por no afectar al derecho a la dignidad de la persona, a la integridad y a la salud. Se reitera en la reseñada sentencia por el Tribunal Supremo, la calificación de improcedencia del despido motivado por "bajas médicas". Y recuerda la relación entre el principio de igualdad y la enfermedad y que a los efectos de la calificación del despido, la enfermedad no constituye factor de discriminación, aunque lo sea de trato ilegal, por lo que la decisión extintiva por dicha causa no integra la nulidad. Estima que no es posible la asimilación entre el derecho a la vida y a la integridad física con la protección de la salud, pues éste último no es un derecho fundamental, sino un principio rector de la política social y económica y no puede ser objeto de la tutela extraordinaria que para determinados derechos fundamentales otorga la Ley, máxime cuando no está en juego el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal, sino más bien el derecho al trabajo. De todo lo expuesto, se extrae que no puede calificarse el despido nulo sino que el mismo merece la calificación de despido improcedente. Procede, en consecuencia, con desestimación del recurso de suplicación, la confirmación de la sentencia recurrida.
Desestimamos el recurso de suplicación formulado por Doña Luisa y confirmamos la Sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de los de Sevilla, Autos n.º 15/09, promovidos por la citada actora contra Laboratorios Babe, S.L.
Una vez firme esta sentencia, dése a la consignación el destino legal y devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga.