Source: https://necessaryandproportionate.org/es/node/2852
Timestamp: 2019-04-26 11:50:19
Document Index: 247141368

Matched Legal Cases: ['artículo 156', 'artículo 282', 'artículo 282', 'artículo 17', 'artículo 58', 'artículo 282', 'artículo 24']

Vigilancia estatal de las comunicaciones en Brasil FAQ | Necessary and Proportionate
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1. ¿Cuál es el marco legal que protege la privacidad en Brasil? ¿Mis derechos están protegidos frente a la vigilancia estatal de las comunicaciones?
2. ¿Cuál es el marco legal para interceptar comunicaciones en Brasil?
3. ¿Quiénes y cómo pueden interceptar mis comunicaciones?
4. ¿Cómo me entero si interceptan mis comunicaciones en Brásil?
5. ¿Puede, legalmente, el gobierno brasileño acceder a nuestras computadoras? ¿Bajo cuales circunstancias? ¿Cuál es su autoridad legal?
6. ¿Cuántas comunicaciones han sido interceptadas por el Estado brasileño?
7. ¿Es legal el uso de cifrado en Brasil?
LIMITACIONES GENERALES A LA VIGILANCIA ESTATAL DE LAS COMUNICACIONES EN BRASIL DERECHOS
La Constitución Federal garantiza el debido proceso de la ley, sistema acusatorio, derecho a la defensa integral y presunción de inocencia (artículo, LIV, LV y LVII). El Código Procesal Penal exige a las cortes que se atengan a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad al momento de ordenar la recolección de evidencia (artículo 156). Lo mismo sucede con las reglas sobre las mociones que solicitan medidas cautelares sobre la presentación de evidencia (artículo 282). Las notificaciones de citación deben ser entregadas a la parte afectada “excepto en casos de emergencia o en casos en que exista la posibilidad de que la entrega pueda poner en riesgo la efectividad de la investigación” (artículo 282, inciso 3).
VIGILANCIA ESTATAL DE LAS COMUNICACIONES EN BRASIL
La Ley nº 12.850/13 (artículo 17) ordena que las compañías de telefonía fija y celular retengan “la identificación de registros de números telefónicos de origen y destino de terminales de conexión telefónica” por 5 años.
FUNCIONES INSTITUCIONALES Y SUS FACULTADES: AUTORIDADES RELACIONADAS CON PRÁCTICAS DE VIGILANCIA
Las Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPIs) se crean temporalmente dentro del Poder Legislativo para averiguar sobre un hecho determinado; tienen los “poderes de investigación propios de las autoridades judiciales” según lo indica el artículo 58, inciso 3 de la Constitución Federal. Se les permite penetrar la confidencialidad de los datos almacenados sin la necesidad de que medie una orden judicial.
No puedes saberlo. El Código de Procedimientos Penales (CPP) establece que un juez, a una solicitud de una Medida cautelar (por ejemplo, una orden de comparecencia u orden judicial) notificará a la parte afectada, “salvo en casos de emergencia o la posibilidad [de que el hecho de notificar podrá] comprometer la eficacia de la medida” (artículo 282, inciso 3). Mientras se llevan a cabo investigaciones criminales, se aplica esta excepción.
Cuando los casos criminales son llevados a juicio en los tribunales, el acusado será citado por el juez cuando sea necesaria la producción o la admisión de pruebas (tales como las obtenidas de intercepciones y violaciones de la confidencialidad de datos) (art. 370, CPP), de modo que el acusado se enterará de que ha sido sujeto de vigilancia.
En lo que respecta a los intermediarios, la mayor parte de las solicitudes de datos y órdenes de escuchas telefónicas están acompañados por “órdenes mordaza” que prohíben a las compañías telefónicas y proveedores de servicios de Internet notificar a sus usuarios. Empero, a pesar de la ausencia de una prohibición legal de notificar a los usuarios en otras circunstancias, las empresas no están activamente comprometidas en esta práctica.
No existe claridad sobre cuál es el escenario legal en el que se permite este tipo de acceso, ya que no existe regulación específica sobre el hackeo gubernamental en Brasil. Sin embargo, reportes de la prensa sugieren que las autoridades policiales brasileñas afirman tener autoridad para instalar software espía en virtud de la Ley de intercepciones, y que los tribunales han aceptado las solicitudes y permitido esta práctica. Mientras tanto, los académicos y grupos de la sociedad civil han argumentado que la práctica es ilegal en ausencia de una autoridad legal bien definida para llevar a cabo este tipo de acciones invasivas.
Aunque no existe claridad jurídica en cuanto si es permitido el uso de este software o no, lo que si es cierto es que las autoridades policiales brasileñas han adquirido y tienen interés en tecnologías de hacking. Por ejemplo, en julio de 2015, la empresa italiana Hacking Team - conocido por el desarrollo y venta de software espía y herramientas de vigilancia a gobiernos y en apoyar a las instituciones policiales y militares en el espionaje a ciudadanos de todo el mundo - fue hackeada. Los documentos internos filtrados fueron publicados en línea; los mismos contenían numerosas referencias a las agencias de inteligencia en Brasil, tanto civiles como militares, así como a las empresas brasileñas que parecen ser los socios locales de Hacking Team.
Entre los organismos mencionados en los archivos se encuentran: Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), el Centro de Inteligencia del Ejército (CIE), Centro de Instrucción para la guerra cibernética (CIGE), Departamento de Policía de Río de Janeiro Civil (CINPOL y DRCI), Departamento de Policía Militar de Río de Janeiro, Departamento de Policía Civil de Sao Paulo, Departamento de Policía Militar de Sao Paulo, Departamento de Policía Civil del Distrito Federal, Departamento de Policía Militar del Distrito Federal, Ministerio de Justicia, y la Oficina del Fiscal General de la República.
Los documentos filtrados plantean preguntas acerca de un mercado creciente de la vigilancia en Brasil y subrayan la necesidad de un debate jurídico acerca del tipo de datos que pueden ser interceptados, teniendo en cuenta la evolución de las nuevas tecnologías de vigilancia.
Gracias a las disposiciones de la Resolución nº 59/08 emitida por el Consejo Nacional de Justicia, los jueces de las cortes penales de todo el país están obligados a informar al Inspector General del Consejo Nacional de Justicia sobre los datos relativos a las operaciones de interceptación telefónica, así como también sobre la interceptación de tecnología de la información y sistemas telemáticos a través del Sistema Nacional de Control de Interceptaciones (Sistema Nacional de Controle de Interceptações), el cual recibe las notificaciones entregadas a los proveedores de servicios, los procedimientos presentados y números telefónicos, telefonía sobre IP (VoIP) y los correos electrónicos bajo vigilancia.
Los números obtenidos por InternetLab mediante un pedido de FOIA muestran que, en promedio, 18.000 líneas telefónicas por cada mes son intervenidas en Brasil. Sin embargo, Brasil no tiene criterios ni estadísticas sobre las escuchas telefónicas como si poseen algunos otros países de la región, por lo que la comparación de Brasil con ellos no es muy útil. Sabemos que en 2013, Estados Unidos, cuya población es de 120 millones mayor a la de Brasil, autorizó 3.576 órdenes de escuchas telefónicas. No sabemos cuántas órdenes de escuchas telefónicas fueron autorizadas en Brasil, pero 13.309 nuevos procedimientos de interceptación penal fueron presentados en 2013 (este número incluye escuchas telefónicas pero no está desagregado). A su vez, Alemania, un país con menos de la mitad de la población de Brasil, emitió 19.398 órdenes iniciales de interceptación (Erstanordnungen) en el 2013. En Brasil, se conoce que se enviaron 50.265 notificaciones de interceptación a las compañías de telecomunicaciones durante el mismo periodo de tiempo.
Las estadísticas con relación a la interceptación en Brasil del Sistema Nacional de Control de Interceptaciones merecen estudio aparte. Si son altas, esto puede sugerir que, por un lado, que la protección que - teóricamente - brinda la necesidad de una orden judicial y la descripción de requerimientos estrictos para tales procesos como lo establece la Ley de Interceptaciones Telefónicas no se aplican en la práctica. Por otro lado, también puede señalar deficiencias estructurales en las capacidades de investigación de las autoridades de aplicación de la ley, haciéndolas altamente dependientes de este método agresivo de recopilación de información.
La respuesta corta es Si. De acuerdo a la constitución Brasileña, nadie puede obligar a hacer algo o dejarlo de hacer salvo mandato expreso de la ley. El uso del cifrado no está prohibido expresamente por la ley de Brasileña. Ergo su implementación es legal.
La respuesta más prudente, sin embargo, es que depende. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (ANATEL) ha ordenado a los proveedores de servicios de telefonía fija el poseer los recursos tecnológicos y las instalaciones suficientes de violar el secreto de las telecomunicaciones dentro del ámbito de las órdenes judiciales y que los mismos proveedores deben asumir los costes financieros de mantener este tipo de tecnología (artículo 24, Resolución n. 426/05). La Ley de Interceptación de Brasil también obliga a los proveedores de telecomunicaciones a cooperar con la policía en los procedimientos de escuchas telefónicas autorizadas por la ley (art. 7, Ley n. 9.296 / 96). En la práctica, esto limita el uso del cifrado y tecnologías similares por esos actores.
Mientras que estas obligaciones (similares a “CALEA”) no se extienden directamente a las aplicaciones de contenidos “Over The Top" que proporcionan servicios de comunicaciones digitales, la gran popularidad de las aplicaciones de mensajería cifrada en Brasil ha suscitado un intenso debate en torno a esta tecnología en Brasil. Para mas información: https://www.eff.org/deeplinks/2016/03/punished-for-paradox-brazils-facebook and http://www.internetlab.org.br/pt/tag/whatsapp/