Source: http://jurisprudencia.cplt.cl/cplt/decision.php?id=CPLT000018968
Timestamp: 2019-08-21 05:16:22
Document Index: 217592555

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CPLT Jurisprudencia | Cristián Urzúa Infante con SEREMI DE SALUD REGIÓN DE ATACAMA
Cristián Urzúa Infante con SEREMI DE SALUD REGIÓN DE ATACAMA Rol: C2253-17
Consejo para la Transparencia, 18/10/2017
Se dedujo amparo en contra de la SEREMI de Salud Región de Atacama, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: Antecedentes fundantes de la resolución exenta N° 1057, de 4 de mayo de 2015, por medio del cual la SEREMI regulariza, aprueba y autoriza el funcionamiento del proyecto Depósito de Seguridad N° 6, del Centro de Manejo de Residuos Industriales (CMRI), de la Región de Atacama, propiedad de la empresa Confinor S.A. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acredito de manera suficiente la causal de reserva invocada.
Corte de Apelaciones de Santiago, 03/07/2018, 14210-2017
Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):
Corte de Apelaciones de Santiago, 14210-2017
José Luis Santa María Zañartu (Ausente), Presidente
DECISIÓN AMPARO ROL C2253-17
Entidad pública: SEREMI de Salud Región de Atacama
Requirente: Cristián Urzúa Infante
Ingreso Consejo: 30.06.2017
En sesión ordinaria N° 838 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de octubre de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2253-17.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 06 de junio de 2017, don Cristián Urzúa Infante solicitó a la SEREMI de Salud Región de Atacama la siguiente información:
Antecedentes fundantes de la resolución exenta N° 1057, de 4 de mayo de 2015, por medio del cual la SEREMI regulariza, aprueba y autoriza el funcionamiento del proyecto Depósito de Seguridad N° 6, del Centro de Manejo de Residuos Industriales (CMRI), de la Región de Atacama, propiedad de la empresa Confinor S.A.
2) RESPUESTA: El 19 de junio de 2017, la SEREMI de Salud de la Región de Atacama respondió a dicho requerimiento de información mediante ordinario BS3/N° 1327, de 14 de junio de 2017, señalando, en síntesis, que:
Habiendo sido notifica la empresa Confinor S.A., ésta manifestó su oposición a la entrega de la información, fundada en que su publicidad afectaría información técnica y operativa de propiedad intelectual de dicha empresa, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, ya que ésta comprendería el acceso a antecedentes tecnológicos de control, materialidades, procedimientos de muestreo, ubicación de pozos de monitoreo y en general de antecedentes cuyo uso, podría afectar negativamente aspectos de seguridad, comercial y económico de la empresa. En consecuencia, se denegó la información pedida por oposición del tercero interesado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.
Se adjunta carta de notificación a tercero interesado y su correspondiente respuesta.
3) AMPARO: El 30 de junio de 2017, don Cristián Urzúa Infante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.
Además, el reclamante hizo presente que existen razones de interés público para la divulgación de la información pedida, puesto que se trata de un aumento en la capacidad de las celdas del proyecto consultado a más del doble del original, sin pertinencia de SEA. Además, parte importante de los fundamentos del proyecto original son de público conocimiento por resolución de calificación ambiental que aprobó el proyecto Centro de Manejo Residuos Industriales y el expediente consolidado donde se describe con detalle el mismo.
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° E1965, de 18 de julio de 2017, confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama.
Mediante ordinario N° 1773, de 17 de agosto de 2017, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que:
Reitera que atendido que los documentos solicitados se refieren a diversos antecedentes técnicos, tales como planos, solicitudes, resoluciones, acta de inspección, que son parte de un proyecto autorizado por esta SEREMI de Salud y de propiedad de Confinor S.A., se procedió a comunicar al tercero interesado, según el procedimiento exigido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, quien se opuso a la entrega de la misma amparándose en el artículo 21 número 2 de la citada Ley, por afectar derechos de carácter comercial y económico, quedando el organismo impedido de proporcionar la documentación solicitada.
5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: El Consejo Directivo de esta Corporación, mediante oficio N° E1964, de 18 de julio de 2017, notificó al tercero interesado, a fin que presentara sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.
Mediante correo electrónico de fecha 01 de agosto de 2017, el tercero respondió en los siguientes términos:
Primeramente señala que el amparo no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 24 de la ley 20.285, pues no se señala claramente la infracción cometida, los hechos que la configuran, ni se acompañan los medios de prueba que la acrediten.
Seguidamente se opone a la entrega de la información pedida fundado en que los antecedentes solicitados consisten en informes y estudios de carácter confidencial y privado de la compañía y por tanto afectan sus intereses, la cual cumple con todos los estándares requeridos por el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, para denegarla por afectación de derechos comerciales y económicos.
Indica que el reclamante trabaja con el abogado de accionistas minoritarios de la empresa, con quienes existen contiendas judiciales, las que relata latamente. Asimismo, señala que se opone a la entrega de la información toda vez que la publicidad de la misma constituiría una clara afectación al patrimonio comercial de la empresa, ya que ésta contiene información de carácter técnico y operativo sobre el cual existe una importante inversión, diseño de proyectos, gestiones ante la autoridad, asesoría ambiental y legal y otros ítems propio de este tipo de actividades, gastos e inversiones en los que el requirente jamás incurriría y pretender obtener por vía oblicua.
Esta información comprende, entre otros, planos del sistema de impermeabilización, residuos a recibir en cada depósito, categorías y códigos de los mismos, sectorización y cuadrantes de ubicación de los lotes de residuos dentro del depósito, memoria técnica de cada operación, todo lo cual constituye el know how de la compañía, además de información sobre el plan de cierre del depósito anterior, con lo que se entregaría información sobre clientes de la compañía, como asimismo el contrato de arrendamiento del terreno y otra información reservada de la empresa, con detalles no contenidos en las autorizaciones sanitarias y medio ambientales que ha requerido este proyecto, constituyendo una afectación grave al patrimonio de la compañía.
Las decisiones tomadas por la empresa para abrir o cerrar depósitos, se toman en función de diversos métodos de investigación, inversión en tecnología y recursos humanos altamente especializados, que pueden incidir por ejemplo, en el costo final de la disposición y por tanto en la posición como competidor, los que constituye un patrimonio intangible de la compañía que marca la diferencia del know how entre los competidores, para cumplir una exigencia normativa destinada a certificar la seguridad y eficacia de esta actividad altamente regulada.
Por último agrega que la información solicitada es de carácter confidencial cuya entrega afectaría derechos de propiedad intelectual, cumpliéndose todos y a cada uno de los requisitos establecidos en la doctrina, jurisprudencia, acuerdos internacionales, leyes chilenas sobre propiedad intelectual y de transparencia, además de la Constitución Política del Estado en su artículo 19 N° 21, norma en la que encuentra su fundamento toda la teoría de la propiedad intelectual, materia sobre la cual se ha pronunciado en variadas oportunidades este Consejo. Por último agrega que los antecedentes pedidos no pasan el test de daño, cuya entrega en manos del requirente no produce el efecto de tender al cumplimiento normativo como se ha sostenido, sino por el contrario pondría en manos del reclamante información que constituye el alma de la Compañía. Por tanto se solicita rechazar el amparo.
6) GESTION OFICIOSA: Para una debida resolución del presente caso mediante correo electrónico de fecha 21 de septiembre de 2017, se requirió a la reclamada remitir todos los antecedentes fundantes de la resolución consultada.
Mediante ordinario N° 2112, de fecha 29 de septiembre de 2017 el órgano remitió un CD con la información pedida, señalando que:
Los documentos fundantes de la resolución exenta N° 1057, se encuentran detallados en los considerandos de dicho acto administrativo, en los siguientes términos:
- Considerando 1°: Solicitud presentada por la empresa.
- Considerando 2°: Resolución de calificación ambiental N° 181/2008.
- Considerando 3°: Resolución exenta N° 845/2009 Seremi de Salud de Atacama.
- Considerando 4°: Registro interno N° 83161/2015, referido a la solicitud y plano ubicación celdas de seguridad.
- Considerando 5°: Mención normativa aplicada.
- Considerando 6° y 7°: Se hace presente que la instalación cuenta con acceso restringido y otras observaciones, en función de la normativa que regula la materia.
- Considerando 8°: Programa de monitoreo de aguas subterráneas en cumplimiento del artículo 61 y demás pertinentes del decreto supremo N° 148/03, del Ministerio de Salud.
- Considerando 9°, 10°, 11°, 12°: Se hace mención que el establecimiento cuenta con ciertos requisitos en función de la normativa que regula la materia.
- Considerando 13°, 14°, 15°: Se adjuntan documentos de procedimiento de trabajo específico para la identificación de residuos peligrosos CMRI -laboratorio químico; procedimiento de trabajo específico operación depósito de seguridad CMRI; plan de verificación; plan de contingencias; manual de procedimiento y plan de cierre, según normativa vigente.
- Considerando 16° y 17°: Se hace mención que el establecimiento cuenta con ciertos requisitos en función de la normativa que regula la materia.
- Considerando 18°: Informe sobre estabilidad en cortes y taludes del depósito de seguridad N°1 que se autoriza.
- Considerando 19° y 20°: Se adjuntan los documentos citados en el informe de construcción.
- Considerando 21°: se entregan indicaciones a la empresa.
- Considerando 22°: Capacitaciones trabajadores empresa.
- Considerando 23°: Resolución exenta N° 852/2013 SEREMI de Salud de Atacama.
- Considerando 24°: Resolución exenta N° 2210/2010 SEREMI de Salud de Atacama.
- Considerando 25°: Acta de Inspección N° 2660, de fecha 12 de marzo de 2015.
1) Que, el presente amparo se funda en la insatisfacción del reclamante ante la denegación de la información que se lee en el literal 1) de lo expositivo, referida a los antecedentes fundantes de la resolución exenta N° 1057, de 04 de mayo de 2015, que regulariza, aprueba y autoriza el proyecto Depósito de Seguridad N° 6, del Centro de Manejo de Residuos Industriales (CMRI), de la Región de Atacama, de propiedad de la empresa Confinor S.A. Al efecto, la reclamada denegó la información por existir oposición expresa del tercero interesado, manifestada conforme el procedimiento prescrito en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, quien invocó la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de dicha Ley, por afectación de derechos comerciales y económicos y derechos de propiedad intelectual.
2) Que, a modo de contexto, cabe precisar, que el decreto supremo 148, de 2004, de Salud, que aprueba el reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos, en su considerando 3°) señala "que para cumplir cabalmente los compromisos del Estado y enfrentar el peligro creciente que representan los residuos peligrosos, es indispensable regular el proceso completo de su manejo, desde que se generan y hasta que se eliminan, en términos que permitan su adecuado control y seguimiento, en un marco de certeza jurídica necesario para el desenvolvimiento de la actividad económica, que sirva también de garantía para la comunidad en su conjunto." A su turno, el artículo 44, señala que "Toda Instalación de Eliminación de Residuos Peligrosos deberá contar con un proyecto previamente aprobado por la Autoridad Sanitaria. Este proyecto de ingeniería deberá ser elaborado por un profesional idóneo."(inciso 1°). (...) "El proyecto deberá contar, además, con un plan de operación y mantención, un plan de verificación, un plan de contingencia, un manual de procedimiento y un plan de cierre." (inciso 3°).
3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. Atendido que lo reclamado, en tanto fundamento de la dictación de un acto administrativo de la autoridad sanitaria, es información pública que obra en poder del Servicio reclamado, por tanto, en la especie, habrá que determinar si se configura la causal alegada.
4) Que, sobre el particular, este Consejo dio traslado al tercero interesado, quien primeramente alegó que el amparo no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 24 de la ley N° 20.285, pues no se señala claramente la infracción cometida, los hechos que la configuran, ni se acompañan los medios de prueba que la acrediten, y luego se opuso a la entrega de la información, fundado en que los antecedentes solicitados consisten en informes y estudios de carácter confidencial y privado de la compañía, cuya publicidad constituiría una clara afectación a su patrimonio comercial, ya que ésta contiene información de carácter técnica y operativa sobre el cual existe una importante inversión en los que el requirente jamás incurriría y pretende obtener por vía oblicua. Esta información comprende, entre otros, planos del sistema de impermeabilización del citado proyecto, categorías y códigos de los residuos y una memoria técnica, todo lo cual constituye el know how de la compañía, con lo cual se cumplen los estándares para reservar la información por aplicación del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por afectación de derechos comerciales y económicos, como asimismo de derechos de propiedad intelectual.
5) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del asunto, cabe referirse a la alegación efectuada por el tercero interesado respecto a que el amparo no cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley de Transparencia. Al efecto, analizado los antecedentes tenidos a la vista, el hecho denunciado es la denegación de la información solicitada, lo cual configura una de las infracciones establecidas en el artículo 24 ya citado, y en cuanto a los medios de pruebas que la acrediten, el recurrente acompañó en su presentación la respuesta del órgano con dicha negativa, por tanto, se desestima la alegación del tercero en tal sentido.
6) Que, en cuanto al fondo del asunto, esta Corporación ha fijado los criterios que deben considerarse para determinar si la información que se solicita contiene información cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales, esto es, en la medida que cumpla con alguna de las siguientes condiciones: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afecte significativamente su desenvolvimiento competitivo).
7) Que, este Consejo analizó los principales antecedentes del proyecto, con el fin de ponderar en concreto la causal de secreto alegada por el tercero. De esta forma, según consta en el literal 6) de la parte expositiva, los antecedentes fundantes de la resolución que se consulta se encuentran señalados en su parte considerativa, referidos principalmente a la resolución de calificación ambiental que calificó favorablemente el proyecto; los planos de ubicación de las celdas de seguridad de los depósitos; programa de monitoreo de aguas subterránea; procedimiento de trabajo específico del proyecto e identificación de residuos peligrosos; pruebas de laboratorio; planes de verificación, de contingencia y de cierre; manual de procedimiento; informes sobre estabilidad en cortes y taludes del depósito de seguridad y de construcción; y certificado de capacitaciones de trabajadores para operar en dicho establecimiento. De esta forma, se advierte que dicha información no se refiere a antecedentes estratégicos de naturaleza económica o comercial, sino concretamente a materias técnicas que fueron exigidas por la normativa vigente, para obtener la regularización, aprobación y autorización de funcionamiento del proyecto consultado, por parte de la Autoridad Sanitaria, cuestión que refuerza la publicidad de la información requerida.
8) Que, en tal sentido, cabe observar al tercero opositor, que dichos antecedentes, al ser acompañados a la SEREMI con el objeto de obtener la aprobación y autorización del citado proyecto, salieron de la esfera de privacidad del tercero y pasaron a formar parte de un expediente administrativo público, sirviendo de fundamento para el otorgamiento de la resolución exenta N° 1057, de 2015, que regularizó, aprobó y autorizó el funcionamiento del proyecto sanitario de depósito de seguridad N° 6, del Centro de Manejo de Residuos Industriales (CMRI), de la Región de Atacama. Además, este Consejo advierte que la publicidad de la información requerida, al estar referida a materias vinculadas a residuos peligrosos, demandan un mayor escrutinio por parte de la comunidad, especialmente en lo referido a la verificación del cumplimiento, por parte de las empresas titulares de estos proyectos, de las condiciones ambientales y sanitarias exigidas por la normativa vigente sobre la materia. Así, de la alegación realizada por parte del tercero, sobre la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, se estima que no se logra acreditar la configuración de los requisitos señalados, razón por la cual se desestimarán las alegaciones realizadas en tal sentido.
9) Que, por otra parte, en cuanto al derecho de propiedad intelectual alegado, este Consejo ha sostenido que la divulgación de material reconocido por el derecho de autor no constituiría impedimento para que, con posterioridad, el autor de la obra ejerza los derechos morales y patrimoniales que le reconoce la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, ni para el ejercicio de las acciones que consagra dicho cuerpo legal, en caso de utilización de su obra. Por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol 6804-2010, de 24 de junio de 2011, resolvió que los propósitos de la ley sobre propiedad intelectual y los de la Ley de Transparencia son radicalmente diferentes; así, la autorización prevista en la primera ley mencionada corresponde al permiso que otorga el titular del derecho de autor para que un tercero pueda "utilizar públicamente" una obra de su dominio privado, esto es, para que pueda publicarla por cualquier medio de comunicación al público, reproducirla a través de cualquier procedimiento, adaptarla o modificarla, ejecutarla públicamente, distribuirla o transferirla, sea en original o en ejemplares de la obra. En cambio, la autorización idónea para los efectos de la Ley de Transparencia tiene por única finalidad la de posibilitar el mero acceso a la información y, desde luego, en caso alguno importa un permiso para su aprovechamiento, ni menos comporta acto de disposición o de enajenación de la obra. Tanto es así que el legislador, conforme se ha visto, otorga al silencio el valor de una manifestación de voluntad positiva para hacerse de la información. Este Consejo, en lo sucesivo, estima que este último criterio es el que debe observarse en esta materia, rechazando en consecuencia la alegación planteada el tercero en tal sentido.
10) Que, a mayor abundamiento, la ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente, dispone un régimen general de publicidad de la información de naturaleza ambiental generada a propósito de la regulación de actividades que pueden tener impacto en el medioambiente, cuyo conocimiento resulta fundamental para la realización de un control social tanto acerca del efectivo cumplimiento de la normativa ambiental vigente como de las labores de fiscalización.
11) Que, por lo anteriormente razonado, se acogerá el presente amparo y se requerirá al órgano reclamado entregar al solicitante los antecedentes fundantes de la resolución exenta N° 1057, de 4 de mayo de 2015, reclamada, que tal como señaló, se contienen en la parte considerativa de dicho acto administrativo. Finalmente, respecto de toda la información que se ordene entregar y sin perjuicio de los datos que deban ser entregados, atendida la naturaleza de lo solicitado en el presente amparo, el órgano reclamado deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.
I. Acoger el amparo deducido por don Cristián Urzúa Infante, en contra de la SEREMI de Salud Región de Atacama, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Atacama:
a) Entregar la siguiente información: Antecedentes fundantes de la resolución exenta N° 1057, de 4 de mayo de 2015, por medio del cual la SEREMI regulariza, aprueba y autoriza el funcionamiento del proyecto Depósito de Seguridad N° 6, del Centro de Manejo de Residuos Industriales de la Región de Atacama, de propiedad de la empresa Confinor S.A, contenidos en la parte resolutiva de dicha resolución.
Previo a la entrega de la información se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.
III. Encomendar el Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristián Urzúa Infante, al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Atacama y la empresa Confinor S.A., esta última en su calidad de tercero interesado en el presente amparo.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Presidente don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.