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Timestamp: 2018-07-16 23:54:46
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Matched Legal Cases: ['artículo 226', 'artículo 26', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 40', 'artículo 26', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 432', 'artículo 432', 'artículo 5', 'artículo 432', 'artículo 432', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 432', 'artículo 432', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 432', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 432', 'artículo 432', 'Artículo 432', 'artículo 432', 'artículo 432', 'artículo 5', 'artículo 432', 'artículo 5']

CSA.fr - Código de deontología aplicable a los miembros del Consejo/la CSA/Recepción
Fecha de publicación: domingo 23 de febrero de 2003
Deliberación del 4 de febrero de 2003
(Diario Oficial del 23 de febrero de 2003)
El Consejo superior del sector audiovisual es una autoridad administrativa independiente, cuya misión es garantizar el ejercicio de la libertad de comunicación audiovisual en las condiciones definidas por la ley. Esta independencia, tanto respecto a los poderes políticos como protagonistas económicos, se traduce para los miembros del Consejo por una ética y de las obligaciones particulares. Salidas de las aplicadas a todos los agentes públicos - que son los miembros del Consejo durante la duración de sus funciones, cualquiera que sea su origen profesional -, se adaptan a las misiones de la CSA y necesarias para su autoridad.
I. Recordatorio de los principios de deontología
aplicándose a todo agente público
I.1 - el respeto del secreto profesional
La revelación de una información de carácter secreto por una persona que es depositario, o por estado, o por profesión, o debido a una función o a una misión temporal, es obligada de una sanción penal (artículo 226-13 del Código penal). Esta norma se recuerda al artículo 26 de la ley del 13 de julio de 1983 que lleva derechos y obligaciones de los funcionarios y al artículo 8 de la ley del 30 de septiembre de 1986 relativa a la libertad de comunicación: “Se obliga a los miembros y los agentes del Consejo al secreto profesional para los hechos, actos e información cuyo conocimiento pudieron tener debido a sus funciones”.
Conviene recordar que el conocimiento por otras personas de los hechos revelados no puede retirarles su carácter confidencial y secreto. En el Consejo, el secreto profesional se centra en los elementos financieros transmitidos y el contenido de la instrucción de los expedientes, y de manera general, sobre toda información dependiendo del secreto de los asuntos.
No pueden derogarle al secreto profesional sino en dos casos:
- cuando se reconoce un derecho de acceso a la información cubierta por el secreto a terceros (ley del 17 de julio de 1978 relativa al acceso a los documentos administrativos), o que un deber de información se impone al Consejo sobre el respeto por los operadores de sus obligaciones (artículo 18 de la ley relativo al informe anual de la CSA);
- cuando una ley prohíbe que se oponga, en particular, a algunas autoridades (Consejo de la competencia, magistrado o jurisdicción, Comisión Europea) o cuando la ley hace obligación de descartarlo (artículo 40 del Código de procedimiento penal, que hace obligación a todo agente público que tiene, en el ejercicio de sus funciones, conocimiento de hechos cualificables penalmente, de informar al fiscal).
Todo miembro de la CSA que tiene conocimiento, en el ejercicio de sus funciones, de hechos susceptibles de recibir una calificación penal, informa al Presidente, que da a conocer la consecuencia que da a esta información. En el supuesto de que el Presidente decide no transmitir al fiscal, el miembro del órgano colegiado mantiene su libertad, bajo su propia responsabilidad, de informar al Entarimado.
I.2 - la obligación de discreción
La obligación de discreción está prevista en los estatutos de la función pública (artículo 26 de la ley del 13 de julio de 1983 que lleva derechos y obligaciones de los funcionarios). Se impone para todos los hechos, información o documentos, en particular, el contenido del deliberado y el resultado de este último antes de su notificación o su publicación, cuyas personas tienen conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.
Se refuerza esta obligación de discreción se recuerda y, para los miembros de la CSA, por el artículo 5 de la ley de 1986: “Durante la duración de las funciones y durante un año a partir de su cese, los miembros de la CSA deben abstenerse de toda posición adoptada pública sobre las cuestiones cuya CSA tiene o tuvo que conocer o que son susceptibles él someterse en el ejercicio de su misión”.
I.3 - el deber de reserva
Esta obligación resulta de la jurisprudencia que impone a los agentes públicos no perjudicar a la reputación de su administración o de la a la cual pertenecieron.
Cada miembro del Consejo evita, en su expresión exterior, exponer posiciones contrarias a las del Consejo.
I.4 - los regalos recibidos de tercero en el ejercicio de las funciones
Ante las propuestas y ofertas de regalos, la actitud de los miembros debe ser inspirada por la transparencia y la prudencia.
- La CSA acepta los viajes (transporte y alojamiento) normalmente. Pueden serlo por un organismo exterior cuando el miembro es uno de las huéspedes oficiales de la manifestación a la cual se vuelve. El Consejo es informado.
- Los regalos e invitaciones pueden aceptarse si permanecen de un valor razonable.
I.5 - el retraso
Cuando un miembro del Consejo considera en conciencia que sus últimas actividades profesionales o sus relaciones actuales pueden poner en duda su imparcialidad, no participa ni en el debate ni al voto.
I.6 - la responsabilidad personal
Los miembros de la CSA no se benefician de ninguna inmunidad particular. Son responsables penalmente de sus actos si cometen una infracción.
En caso de diligencias penales para hechos vinculados al ejercicio de sus funciones, el miembro se beneficia de la protección prevista por el artículo 11 de la ley n° 83-634 del 13 de julio de 1983 modificado que lleva derechos y obligaciones de los funcionarios, que dispone que “la colectividad pública debe conceder su protección al funcionario o al antiguo funcionario cuando sea objeto de diligencias penales con motivo de los hechos que no tienen el carácter de una falta personal”.
I.7 - la prohibición de la toma ilegal de intereses
Según el artículo 432-12 del Código penal: “El hecho, por una persona depositaria de la autoridad pública o responsable de una misión de servicio público o por una persona invertida de un mandato electivo público, de tomar, recibir o conservar, directa o indirectamente, un interés cualquiera en una empresa o en una operación cuyo cargo está a, en el momento del acto, total o parcialmente, de garantizar la vigilancia, la administración, la liquidación o el pago, se castiga de cinco años de encarcelamiento y de 75.000 euros de multa”.
Los miembros de la CSA, incluso si toman sus decisiones colegialmente, son cada uno personalmente sujeto a la prohibición colocada por el artículo 432-12.
El delito de toma ilegal de intereses es reanudado por la ley del 30 de septiembre de 1986 que, en su artículo 5, enuncia prohibiciones que va más allá del artículo 432-12 y cuyos incumplimientos se sancionan explícitamente por los dolores del artículo 432-12.
II. Disposiciones aplicables a los miembros del Consejo durante la duración de sus funciones
El artículo 4 de la ley del 30 de septiembre de 1986 garantiza a los miembros del Consejo garantías destinadas a garantizar su independencia personal. Esta independencia es traducida, en particular, en:
- el carácter no renovable (excepto para los miembros nombrados para terminar un mandato empezado y cuyos por correr queda menos de dos años) y no revocable del mandato;
- el hecho de que el límite de edad no pueda oponerse a los miembros durante su mandato.
Para garantizar la independencia de la CSA, frente al poder político como sectores económicos que controla, la ley somete a los miembros del Consejo, durante la duración de su mandato, a obligaciones que se traducen esencialmente en un régimen de incompatibilidades y prohibiciones.
II. 1 - Incompatibilidades
El artículo 5 de la ley de 1986 dispone que la función de miembro de la CSA es incompatible con:
- “Todo mandato electivo”. La incompatibilidad se refiere no sólo a los mandatos electivos nacionales sino también el de eurodiputado y a los mandatos locales, que se trate de una elección por el sufragio directo o indirecto.
- “Todo empleo público, cualquier otra actividad profesional”. Todo miembro del Consejo puede ejercer actividades asociativas benévolas, incluso importantes, en cuanto se privan de todo vínculo con la actividad y el ámbito de competencias de la CSA. En el caso contrario, debe pedir la autorización del Consejo. Le es tan posible garantizar una enseñanza no remunerada, en cumplimiento de los principios de deontología recordados más arriba. Le es también posible, como a todos los agentes públicos, percibir los derechos de autor de conformidad con una actividad literaria, científica o artística según lo dispuesto en el Código de la propiedad intelectual.
II.2 - Prohibiciones
El artículo 5 de la ley de 1986 coloca por otro lado una prohibición particular de ejercer una actividad o de tener intereses en algunos sectores económicos próximos a las misiones de la CSA. En efecto, según el segundo párrafo de este artículo, los miembros de la CSA “no pueden, ni directamente ni indirectamente, ejercer funciones, recibir de honorarios, excepto para servicios prestados antes de su entrada en funciones, ni tenerse de intereses en una empresa del sector audiovisual, el cine, la edición, la prensa, la publicidad o las telecomunicaciones”.
El ámbito de aplicación de esta prohibición es muy amplio puesto que contempla todos los sectores de la comunicación, todas las empresas, que sean públicas o privadas y cualquiera que sea su naturaleza (sociedad, asociación, agrupación…), por fin todas las formas de vínculos (funciones remuneradas o benévolas, honorarios, detención de intereses). El artículo 5 de la ley de 1986 coloca pues prohibiciones mucho más amplias que el del artículo 432-12 del Código penal: los sectores prohibidos no son sino los sobre los cuales la CSA ejerce su competencia, y la prohibición vale aunque el miembro no participó en decisiones (que haya sido ausente o no haya participado en voto).
Sólo se autorizan las actividades científicas, literarias y artísticas (los derechos de autor).
Tratándose de la detención de intereses, la interpretación siguiente puede darse:
¿Es lo que lo que la detención de intereses?
La detención de intereses en estas empresas generalmente está constituida por la simple posesión de valores mobiliarios de estas empresas. El concepto de toma de interés cubre también la participación “por trabajo, consejo o capitales” según lo dispuesto en el artículo 432-13 del Código penal y la jurisprudencia sobre este punto (antiguo 175-1).
¿Cuáles son las empresas en cuestión?
La ley enumera seis sectores económicos: sector audiovisual, cine, edición, prensa, publicidad, telecomunicaciones. Los debates parlamentarios muestran la voluntad del legislador de colocar una prohibición amplia pero relativamente precisa: se descartó el concepto de “empresa vinculado a los sectores de… ”, que habría cubierto todos los sectores económicos y cuyos contornos habrían sido borrosos. Procede pues preguntarse si los intereses tenidos el están en una empresa que se puede vincular al uno de los seis sectores. La sucesión de estos términos reloj la voluntad del legislador de englobar el conjunto de las actividades que dependen, aproximadamente, de los ámbitos de competencia de la CSA. Se asimilan en estos sectores las actividades de contenido incluido en la comunicación pública en línea.
La necesidad de garantizar la independencia y a la autoridad de la CSA conducen a recomendar la prudencia, es decir, evitar toda detención de intereses susceptibles incluirse en el campo de la prohibición, incluso a su periferia. Sus miembros no deben pues tener valores mobiliarios de sociedades que controlan, según lo dispuesto en el artículo L.233-3 del Código del comercio, las incluidas en los seis sectores mencionados en el artículo 5 de la ley.
¿Se refieren todos los métodos de gestión?
Qué más da que los títulos estén administrados directamente o por un organismo financiero: es la única detención que se cuestiona.
¿Cómo considerar el OPCVM (SICAV, FCP, en particular,) y SOFICA?
Las partes de FCP o títulos de SICAV no entran en el campo de la prohibición en cuanto no se especializan en uno de sectores contemplados en el artículo 5. El Tribunal de Cuentas resultado a una detención indirecta analiza la detención de partes de Soficas como de intereses en estas empresas.
¿Se refiere El círculo familiar?
Los términos de la ley no se aplican hasta al propio miembro. No obstante, los términos “directa o indirectamente” que figuran en el artículo 5 podrían conducir a aplicar las prohibiciones más allá de la única persona del miembro de la CSA.
Se recuerda que considera a los cónyuges casados bajo el régimen de la comunidad de bienes (excepto, en el caso de los bienes gananciales, para los bienes propios) como copropietarios del conjunto de sus bienes.
Los montajes efectuados con el fin de pasar la prohibición colocada en el artículo 5 de la ley, por ejemplo, la adquisición de títulos en nombre de su cónyuge o de un niño, o la constitución de una sociedad-pantalla que tendría títulos, se prohíben, de acuerdo con la jurisprudencia relativa al artículo 432-12 del Código penal.
En caso de que títulos, contemplados por la prohibición del artículo 5 de la ley de 1986 como intérprete aquí, vendrían a ser tenido por matrimonio, sucesión, o como consecuencia de evoluciones estratégicas de empresas hasta entonces ausentes del sector, se pide a los miembros interesados proceder a su cesión en el plazo de tres meses, de acuerdo con la declaración jurada que firmaron al principio de mandato y deben, según el artículo 13-1 del reglamento interno, renovar en cada fecha aniversario de este nombramiento.
El miembro de la CSA que se encontraría en una de estas situaciones prohibidas dispone de un plazo de tres meses a partir de su nombramiento para ajustarse a la ley.
Los incumplimientos a esta obligación pueden sancionarse a un doble título:
- por una sanción administrativa: la revocación de un miembro por iniciativa de sus pares. El miembro de la CSA que faltó a estas obligaciones es declarado dimisionario de oficio por la CSA que resuelve por mayoría de los dos tercios de sus miembros.
- por sanciones penales: los dolores previstos en el artículo 432-12 del Código penal, relativo a la toma ilegal de intereses (5 años de encarcelamiento y 75.000 euros de multa).
Se anexan a este código de deontología las normas aplicables después del cese de las funciones.
Normas aplicables después del cese de las funciones
A1. Normas generales
A1.1 - el dictamen de la comisión de deontología no es requerido
Los antiguos miembros de la CSA no parecen ser sometidos a las disposiciones del decreto n°95-168 del 17 de febrero de 1995 aplicable a los agentes públicos que desean ejercer una actividad en el sector privado. En efecto, a falta de devolución aclara por la ley del 30 de septiembre de 1986, no exime a los miembros de la CSA no resultaban de esta comisión, pero sin embargo del cumplimiento del artículo 432-13 del Código penal.
A1.2 - Artículo 432-13 del Código penal
Todo funcionario o agente público que se encargó:
. “o de ejercer la vigilancia o el control de una empresa privada”,
. “o de celebrar contratos de toda clase con una empresa privada”,
. “o sea de expresar su dictamen sobre las operaciones efectuadas por una empresa privada”,
no puede, con arreglo al artículo 432-13 del Código penal, durante un plazo de cinco años que siguen el cese de sus funciones:
- ni “tomar o recibir una participación por trabajo, consejo o capitales, en una de estas empresas”;
- ni participar “por trabajo, consejo o capitales, en una empresa privada que posee al menos un 30% de capital común o celebró un contrato que implica una exclusividad de derecho o hecho con una de las empresas” definidas en las tres rúbricas iniciales.
Se asimila a una empresa privada muy emprendida pública que ejerce su actividad en un sector competitivo y de acuerdo con las normas del derecho privado.
No se refieren por la prohibición colocada en el artículo 432-13 NI a la “participación en el capital de sociedades cotizadas en Bolsa” ni la participación en el capital “cuando los capitales son recibidos por descentralización sucesoria”.
La violación de estas prohibiciones es obligada de 2 años de encarcelamiento y de 30.000 euros de multa.
Habida cuenta de la colegialidad de las decisiones del Consejo y el nivel de responsabilidad de sus miembros, pues se refieren al conjunto de las empresas de comunicación audiovisual sujetas a autorización, a convenio o pudiendo sancionarse por la CSA, y no las únicas empresas dependiendo del ámbito más concretamente seguido por el miembro durante su mandato. Dentro de los límites colocados por la jurisprudencia, estas disposiciones prohíben, en particular, a los miembros ocupar un empleo en una de las empresas antes citadas durante los cinco años que siguen el cese de sus funciones.
A2. Prohibiciones suplementarias aplicables a los miembros de la CSA:
A2.1 - Mantenimiento durante un año de las prohibiciones profesionales
El artículo 5 de la ley de 1986 impone a los miembros de la CSA, después de su mandato, dificultades que se refieren esencialmente - además del deber de reserva, que se impone durante un año al expirar el mandato el ejercicio de actividades profesionales o privadas.
Se somete a los miembros así, durante un período de un año a partir del cese de sus funciones, a la prohibición “de ejercer, directa o indirectamente, de las funciones, de recibir honorarios, excepto para servicios prestados antes de su entrada en funciones, de tener intereses en una empresa del sector audiovisual, el cine, la edición, la prensa, la publicidad o las telecomunicaciones”.
Como para las incompatibilidades en curso de mandato, la única excepción a la norma se refiere a la percepción de los derechos de autor y la violación de la prohibición es penalmente obligada de las sanciones previstas por el artículo 432-12 del Código penal.
A2.2 - Mantenimiento del tratamiento durante el año que sigue la expiración del mandato
Como contrapartida dificultades y prohibiciones que se imponen a los miembros después de su mandato, la ley de 1986 les abre la posibilidad de beneficiarse del mantenimiento de su tratamiento durante un período de un año al expirar su mandato. El beneficio de esta disposición se somete sin embargo a condiciones precisas.
El último párrafo del artículo 5 dispone en efecto que “A la expiración de su mandato, los miembros del Consejo superior del sector audiovisual siguen percibiendo su tratamiento durante una duración máxima de un año. No obstante, si los interesados reanudan una actividad remunerada, perciben una jubilación o, para los funcionarios o los magistrados, se reinstalan, el pago de este tratamiento cesa. Cesa también sobre decisión del Consejo que resuelve por mayoría de los dos tercios de sus miembros, después de que se haya puesto a los interesados en condiciones de presentar sus observaciones, si éstos faltan a las obligaciones previstas en el segundo párrafo “.
El mantenimiento del tratamiento después del mandato:
- debe ser objeto de una solicitud escrita en este sentido por el miembro que desea beneficiarse;
- no se aplica que a los miembros que efectúan su mandato hasta su término y no podría pues beneficiar a los miembros dimisionarios. En un dictamen del 29 de enero de 2002, el Consejo de Estado confirmó esta interpretación;
- no se aplica a los miembros resultantes de la función pública o a los magistrados en cuanto, después de su mandato, o se reinstalan en su cuerpo y administración de origen, o, teniendo la edad requerida, colocados a la jubilación de oficio;
- es incompatible con la percepción por el miembro de una jubilación, o de una remuneración de actividad. Los miembros sujetos a las disposiciones del código del trabajo y el código de la seguridad social, que no preve obligación inicial a la jubilación ni de fijación de una edad límite máximo de actividad, podrán después de su mandato beneficiarse del mantenimiento de su tratamiento a condición de no hacer valer sus derechos a una jubilación.