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Timestamp: 2018-08-19 08:21:34
Document Index: 276132573

Matched Legal Cases: ['artículo 315', 'artículo 386', 'artículo 241', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 228', 'artículo 29', 'artículo 314', 'artículo 424', 'artículo 87', 'artículo 29', 'artículo 32', 'artículo 315', 'artículo 29', 'artículo 150', 'artículo 380', 'artículo 319']

﻿ SENTENCIA C-783 DE AGOSTO 18 DE 2004
SENTENCIA C-783 DE 18 DE AGOSTO DE 2004
CONTENIDO:NOTIFICACIÓN PERSONAL Y POR AVISO CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LA PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE LA VOLUNTAD DEL DEMANDADO. EN ESTE SENTIDO NO ES VÁLIDO AFIRMAR QUE AL PREVER LA NOTIFICACIÓN SUBSIDIARIA POR AVISO, PRESUME LA MALA FE DE AQUEL, PUES SÓLO LE OTORGAN LA POSIBILIDAD DE NOTIFICARSE EN UNA U OTRA DE LAS MENCIONADAS FORMAS. SE DECLARAN EXEQUIBLES LOS ARTÍCULOS 29 Y 32 DE LA LEY 794 DE 2003.
TEMAS ESPECÍFICOS:MALA FE, NOTIFICACIÓN POR AVISO, NOTIFICACIÓN PERSONAL, FALTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL
Sentencia C-783 de agosto 18 de 2004
Sentencia C-783 de 2004
Ref.: Expediente D-5027
Demandante: Ninfa Inés Andrade Navarrete.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 29, 32 y 39 (parcial) de la Ley 794 de 2003.
A continuación se transcriben las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 45.058 de 9 de enero de 2003, resaltando lo demandado:
ART. 315.—Práctica de la notificación personal. Para la práctica de la notificación personal se procederá así:
1. La parte interesada solicitará al secretario que se efectúe la notificación y este sin necesidad de auto que lo ordene, remitirá en un plazo máximo de cinco (5) días una comunicación a quien debe ser notificado, a su representante o apoderado, por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones, en la que informará sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que se debe notificar, previniéndolo para que comparezca al juzgado, a recibir notificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando la comunicación deba ser entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término para comparecer será de diez (10) días: si fuere en el exterior, el término será de treinta (30) días.
PAR.—Para efectos de las notificaciones personales, los comerciantes inscritos en el registro mercantil y las personas jurídicas de derecho privado domiciliadas en Colombia, deberán registrar en la Cámara de Comercio o en la oficina de registro correspondiente del lugar donde funcione su sede principal, sucursal o agencia, la dirección donde recibirán notificaciones judiciales. Con el mismo propósito deberán registrar, además, una dirección electrónica. Si se registran varias direcciones, el trámite de la notificación podrá surtirse en cualquiera de ellas”.
ART. 320.—Notificación por aviso. Cuando no se pueda hacer la notificación personal al demandado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, o la del auto que ordena citar a un tercero, o la de cualquiera otra providencia que se deba realizar personalmente, se hará por medio de aviso que deberá expresar su fecha y la de la providencia que se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de las partes y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. Cuando deba surtirse un traslado con entrega de copias, el notificado podrá retirarlas de la secretaría dentro de los tres días siguientes, vencidos los cuales comenzará a correr el término respectivo.
En el caso de las personas jurídicas de derecho privado con domicilio en Colombia, el aviso podrá remitirse a la dirección electrónica registrada según el parágrafo único del artículo 315, siempre que la parte interesada suministre la demanda en medio magnético. En este último evento en el aviso se deberá fijar la firma digital del secretario y se remitirá acompañado de los documentos a que se refiere el inciso tercero de este artículo, caso en el cual se presumirá que el destinatario ha recibido el aviso y sus anexos cuando el iniciador recepcione acuse de recibo (sic). El secretario hará constar este hecho en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos. Así mismo, conservará un archivo impreso de los avisos enviados por esta vía, hasta la terminación del proceso.
PAR. 2º—El remitente conservará una copia de los documentos enviados, la cual deberá ser cotejada y sellada por la empresa de servicio postal. El incumplimiento de esta obligación o de cualquiera otra establecida en este código, por parte de las empresas de servicio postal, dará lugar a las sanciones a que ellas se encuentren sometidas”.
ART. 39.—El artículo 386 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
ART. 386.—Procedencia del trámite. Las sentencias de primera instancia adversas a la Nación, los departamentos, los distritos especiales y los municipios, deben consultarse con el superior siempre que no sean apeladas por sus representantes o apoderados. Con la misma salvedad deben consultarse las sentencias que decreten la interdicción y las que fueren adversas a quien estuvo representado por curador ad litem, excepto en los procesos ejecutivos.
Vencido el término de ejecutoria de la sentencia se remitirá el expediente al superior, quien tramitará y decidirá la consulta en la misma forma que la apelación. No obstante, el superior al revisar el fallo consultado, podrá modificarlo sin límite alguno”.
1. Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de las normas acusadas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Carta Política, toda vez que ellas forman parte integrante de una ley de la República.
2. Corresponde a la Corte determinar si las disposiciones contenidas en los artículos 29 y 32 de la Ley 794 de 2003, que regulan respectivamente la práctica de la notificación personal y de la notificación por aviso en los procesos civiles, vulneran los principios del debido proceso, justicia y buena fe consagrados en la Constitución.
Específicamente deberá establecer si se violan dichos principios al prever las disposiciones acusadas que se envíe por (sic) el servicio de correo legalmente autorizado, a la dirección del demandado que proporcione sin juramento el interesado en la práctica de la notificación personal, una citación para que aquel comparezca dentro de un término a notificarse y que, en caso de que no lo haga, se le envíe a la misma dirección y por el mismo medio un aviso de notificación, en cuanto según la demanda el demandado no tiene la posibilidad de conocer la existencia del proceso que se promueve en su contra y de ejercer su derecho de defensa.
Consideración preliminar. Ausencia de cosa juzgada respecto del inciso 2º del numeral 1º del artículo 29 de la Ley 794 de 2003:
3. Según lo expresado por uno de los intervinientes, existe cosa juzgada respecto del inciso 2º del numeral 1º del artículo 29 de la Ley 794 de 2003, por haber sido declarado exequible mediante la Sentencia C-798 de 2003 (1) , por los cargos analizados en ella, y haberse formulado en esta oportunidad los mismos cargos.
La Corte encuentra que efectivamente la misma adoptó la citada decisión, pero el cargo analizado en esa ocasión es diferente de los que se examinan en esta sentencia, como puede determinarse con base en el resumen del mismo que se hace en aquella, así:
“Manifiesta (el demandante) que el precepto es inconstitucional porque ignora que la vinculación del demandado o la notificación personal son deberes del Estado, que ejerce por intermedio de la autoridad jurisdiccional. Por ello, considera que el incumplimiento de este deber podrá generar responsabilidad disciplinaria o incluso penal, “pero jamás podrá caber la posibilidad del desplazamiento de este deber en un particular (a buen seguro su propia contraparte), porque eso es resignar la función jurisdiccional” (2) .
Sobre dicho cargo la Corte concluyó:
“Desde esta perspectiva, es infundado el cargo de inconstitucionalidad formulado contra el artículo 29 en referencia, por cuanto el legislador no traslada a la parte interesada la labor de la notificación y menos aún le asigna el ejercicio de función jurisdiccional. Por lo tanto se declara su exequibilidad”.
En consecuencia, no existe cosa juzgada en relación con el aparte señalado.
Constitucionalidad de la notificación personal y la notificación por aviso contempladas en los artículos 29 y 32 de la Ley 794 de 2003.
4. Conforme a la doctrina jurídica, la notificación judicial es un acto procesal mediante el cual se hacen saber o se ponen en conocimiento de las partes o de terceros las decisiones adoptadas por los funcionarios respectivos, con las formalidades señaladas en las normas legales.
En virtud de esta función, dicho acto es un instrumento primordial de materialización del principio de publicidad de la función jurisdiccional consagrado en el artículo 228 superior.
Por efecto de dicho acto, sus destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las decisiones que se les comunican o de impugnarlas en el caso de que estén en desacuerdo con ellas y ejercer su derecho de defensa. Por esta razón, el mismo constituye un elemento básico del debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución.
El Código de Procedimiento Civil (arts. 313-330), modificado por el Decreto-Ley 2282 de 1989 y la Ley 794 de 2003, contempla varias modalidades de notificación, así: personal, por aviso, por estado, por edicto, en estrados y por conducta concluyente.
De dichas modalidades la personal es la que ofrece una mayor garantía del derecho de defensa, en cuanto permite en forma clara y cierta el conocimiento de la decisión por la parte o el tercero que la recibe. Por esta razón el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán hacerse personalmente las notificaciones: i) al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del auto que confiere traslado de la demanda o que libra mandamiento ejecutivo, y en general la de la primera providencia que se dicte en todo proceso; ii) la primera que deba hacerse a terceros. Ello se explica porque con dichas providencias el destinatario queda vinculado formalmente al proceso como parte o como interviniente y queda sometido a los efectos jurídicos de las decisiones que se adopten en él, en particular a la sentencia que le pone fin.
Sobre este tema la Corte, al declarar la inexequibilidad del aparte del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, sobre restitución del inmueble arrendado, que disponía que el auto admisorio de la demanda debía notificarse a todos los demandados mediante la fijación de un aviso en la puerta o lugar de acceso al inmueble objeto de la demanda, expresó:
“Así las cosas, el requisito mínimo para obtener la aplicación del principio de la seguridad jurídica y del derecho al debido proceso, reside en la posibilidad de que los sujetos sometidos a la actividad jurisdiccional se enteren acerca de la existencia del proceso mediante la notificación personal del auto admisorio de la demanda y, en general, de la primera providencia que se dicte en el mismo. Para estos efectos, solo en cuanto no sea posible cumplir con la diligencia de la notificación personal, es pertinente recurrir a los demás actos supletivos de comunicación: al edicto emplazatorio, cuando el interesado en informar la decisión manifieste desconocer el lugar de habitación o de trabajo de quien debe ser notificado personalmente (CPC, art. 318); o al aviso, en los casos en que este último no es hallado en la dirección indicada en la demanda o se impida la práctica de la diligencia de notificación personal (CPC, art. 320)”.
“Observa la Corte que en forma equivocada y sin razón que lo justifique, a través del dispositivo acusado el legislador desconoció el objetivo constitucional de la notificación personal, ordenando comunicar por aviso el auto admisorio de la demanda de restitución de inmueble arrendado. Es evidente que este acto procesal de naturaleza subsidiaria y supletoria, a juicio de la Corte no garantiza el ejercicio pleno y efectivo del derecho de contradicción, pues no da certeza de que, inicialmente, por esa vía los demandados se enteren sobre la existencia de un proceso en su contra” (3) .
En otra ocasión, en la cual examinó la constitucionalidad de unas disposiciones de la Ley 200 de 1995, por la cual se adoptó el Código Disciplinario Único anteriormente vigente, señaló:
“Las notificaciones en los procesos disciplinarios, regulados por dicha ley, se surten en forma personal, por estrado, por edicto o por conducta concluyente (art. 83). Solo requieren de notificación el auto de cargos, el que niega la práctica de pruebas, el que niega el recurso de apelación y los fallos; los autos que niegan la solicitud de ser oídos en forma espontánea o la expedición de copias se comunican al interesado (art. 84). Es de anotar, que para efectos de la notificación personal de las referidas providencias, el interesado debe comparecer ante el funcionario competente (art. 85), siendo entendido que este debe disponer su citación con tal fin y de que esta efectivamente se realice.
“Significa lo anterior, que la notificación por edicto prevista en el artículo 87 no es una notificación principal sino subsidiaria, es decir, que opera cuando no es posible la notificación personal. Por lo tanto, por garantizarse en ella el debido proceso, no encuentra la Corte ningún reparo constitucional a que tanto los autos de cargos, como las demás providencias a que alude dicha norma se notifiquen por edicto” (4) .
En el mismo sentido ha afirmado, en relación con actuaciones administrativas:
“El empleo de medios subsidiarios para lograr la presencia de los interesados en las actuaciones administrativas o para poner en conocimiento los actos de la administración, constituye un procedimiento normal y ordinario, en atención a la necesidad de dar celeridad a dichas actuaciones y satisfacer oportunamente los intereses públicos o sociales, aparte de que la regularidad en la utilización de dichos medios se garantiza a través del control jurisdiccional.
“No se infringe el debido proceso, cuando la aplicación del instrumento sustitutivo de la notificación personal permite franquear un escollo para lograr la comunicación que resulta imposible de manera directa, y si dicho instrumento contiene en sí mismo los elementos que racionalmente permiten deducir la viabilidad del objetivo propuesto. En lugar de desconocerse el derecho del interesado a ser oído, se establece una opción real que busca garantizarle ese derecho.
“No obstante lo anterior, a juicio de la Corte el procedimiento subsidiario para la comunicación de la oferta no puede ser utilizado sin que previamente se agoten los recursos que sean necesarios para la comunicación personal de la oferta, de lo cual debe aparecer constancia escrita en el informativo administrativo correspondiente” (5) .
5. Alega la demandante que las disposiciones contenidas en los artículos 29 y 32 de la Ley 794 de 2003 violan los principios del debido proceso, igualdad, justicia y buena fe, al prever las disposiciones acusadas que se envíe por el (sic) servicio de correo legalmente autorizado, a la dirección del demandado que proporcione sin juramento el interesado en la práctica de la notificación personal, una citación para que aquel comparezca dentro de un término a notificarse y que, en caso de que no lo haga, se le envíe a la misma dirección y por el mismo medio un aviso de notificación, en cuanto según la demanda el demandado no tiene la posibilidad de conocer la existencia del proceso que se promueve en su contra y de ejercer su derecho de defensa.
El artículo 29 de la Ley 794 de 2003 consagra el procedimiento para llevar a cabo la notificación personal, que incluye las siguientes fases:
— La parte interesada solicita al secretario que se efectúe la notificación.
— El secretario, sin necesidad de auto que lo ordene, remitirá en un plazo máximo de cinco (5) días una comunicación a quien debe ser notificado, a su representante o apoderado.
— La comunicación se enviará por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones, a la dirección suministrada por el interesado en la práctica de la notificación, y en ella se informará sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que se debe notificar.
— En la comunicación se prevendrá al destinatario para que comparezca al juzgado a recibir la notificación dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando la comunicación deba ser entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término para comparecer será de diez (10) días y si fuere en el exterior, el término será de treinta (30) días.
— En el evento de que el secretario no envíe la comunicación en el término señalado, esta podrá ser remitida directamente por la parte interesada en que se efectúe la notificación.
— Si fueren remitidas ambas comunicaciones, para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la primera que haya sido entregada.
— Si la persona por notificar comparece al juzgado, se le pondrá en conocimiento la providencia, previa su identificación mediante cualquier documento idóneo.
— Cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada y el interesado allegue al proceso copia de la comunicación y la constancia de su entrega en el lugar de destino, el secretario, sin necesidad de auto que lo ordene, procederá en forma inmediata a practicar la notificación por aviso.
Por su parte, el artículo 32 de la misma ley preceptúa que cuando no se pueda hacer la notificación personal al demandado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, o la del auto que ordena citar a un tercero, o la de cualquiera otra providencia que se deba realizar personalmente, se hará por medio de aviso, cuyo contenido indica, que se entregará a la parte interesada en que se practique la notificación, quien lo remitirá a través del servicio postal a la misma dirección a la que fue enviada la comunicación a que se refiere el numeral 1º del artículo 315.
Agrega que el secretario agregará al expediente copia del aviso, acompañada de constancia expedida por la empresa de servicio postal de haber sido entregado en la respectiva dirección y que en el caso de las personas jurídicas de derecho privado con domicilio en Colombia, el aviso podrá remitirse a la dirección electrónica registrada según el artículo 29 de dicha ley.
6. Del contenido de dichas disposiciones se desprende que el legislador ha previsto:
En primer lugar, la notificación personal al demandado, del auto admisorio de la demanda, el mandamiento de pago, el auto que ordena citar a un tercero, o la de cualquiera otra providencia que se deba realizar personalmente. Para tal efecto dispone que se envíe citación a aquel por medio del servicio postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones, a la dirección suministrada por el demandante, la cual debe ser enviada por el secretario del despacho y en subsidio por la parte interesada en que se practique la notificación.
En forma subsidiaria o supletiva, la notificación por aviso, enviado a la misma dirección por la parte interesada en que se practique la notificación, a través del servicio postal, cuando no se pueda hacer la notificación personal en el término señalado.
Ello significa que el legislador otorga un tratamiento de favor a la notificación personal, por ser la que otorga la mayor garantía de que el demandado conozca en forma cierta la existencia del proceso y ejerza su derecho de defensa, pero no la acoge como única, con exclusión de modalidades de carácter subsidiario, ya que, si lo hiciera, entrabaría la administración de justicia y desfavorecería el logro de la convivencia pacífica consagrada en el preámbulo de la Constitución. Sobre este tema se expuso en el trámite de formación de la ley:
“Sobre el particular, los suscritos ponentes, al igual que todas las personas que participaron en la elaboración del pliego de modificaciones y los especialistas que se consultaron, coinciden en la idea de que se hace absolutamente necesario modificar sustancialmente el actual régimen de notificaciones personales, por cuanto este es obsoleto e inoperante y, más aún, contrario a los fines de la justicia, pues conlleva desmedidas dilaciones para trabar la litis, lo que se traduce en el desconocimiento de los derechos de quien acude ante la justicia.
“El sistema de notificaciones imperante, hace prácticamente inejecutable la orden de notificación dada por el juez: Los notificadores carecen de facultades para procurar la notificación en lugares diferentes a los que el demandante hubiese señalado en la demanda, y las personas cuya notificación se busca acuden a maniobras elusivas, apoyados en el estricto marco que la ley permite a los funcionarios encargados de practicarlas. Podría decirse que en la actualidad, por las razones expuestas, la diligencia de notificación se ha constituido en el principal escollo del proceso, obstáculo que debe ser removido, en la idea de que la reforma logre un aporte decisivo a la eficiencia del aparato judicial y a la reducción de los tiempos de duración de los procesos, sin menoscabo, obviamente, de los derechos de todos los sujetos procesales. Es realmente un clamor de todos los usuarios y servidores de la administración de justicia, que se modifique radicalmente el actual sistema de notificación personal.
“Del análisis de nuestras propias instituciones y de muchas de las existentes en países culturalmente afines, encontramos justificado proponer para el proceso civil colombiano la adopción de un sistema de notificación amplificado, similar a los descritos, que para nada resulta en una institución ajena a nuestra realidad socio-jurídica, pero sí en una institución que brindaría solución al grave problema de las notificaciones personales en los procesos civiles, que tanto retardo causan a los trámites judiciales y tanto desencanto al sistema general de administración de justicia.
“Este sistema lo encontramos compatible con preceptos y principios constitucionales y legales, en tanto desarrollan el principio de buena fe y de economía y celeridad del proceso, sin menoscabo del derecho de defensa y del debido proceso pues las condiciones en las que se surte la notificación a través de otra persona no trascienden el núcleo doméstico o laboral y de las relaciones de dependencia que vinculan a estas personas con el demandado. Y, así como nuestra legislación permite que para las acciones de clase la notificación se haga con cualquier dependiente, con tanta más razón es concebible que también pueda esperarse igual proceder leal de quienes habitan la residencia del sujeto procesal que debe notificarse o laboran con él.
“Con todas estas modificaciones ya referidas y otras muy puntuales que se encuentran en el texto de los artículos, consideramos los ponentes que se hace una reforma integral y significativa al trámite de la notificación personal, lo que se traduce en celeridad y menor desgaste del aparato judicial y de todos los sujetos procesales” (6) .
iv) En caso de error del demandante en el suministro de la dirección del demandado, la citación o el aviso de notificación serán devueltos y la notificación no podrá surtirse.
En dicho evento se procederá, a petición del interesado, a emplazar al demandado y a designarle un curador ad litem que lo represente en el proceso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, numeral 4º (acusado), y 30, numeral 3º, de la Ley 794 de 2003.
v) En caso de que la citación o el aviso de notificación sean entregados en una dirección que no corresponde al lugar de residencia o de trabajo del demandado, y en consecuencia no sean devueltos, por error o deficiencia del servicio de correo o por mala fe del demandante, la ley contempla mecanismos para sanear la situación y proteger al demandado, como son:
— La facultad de alegar la nulidad por indebida notificación o emplazamiento, que contempla el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, numerales 8º y 9º, al comparecer al proceso.
— La facultad de interponer el recurso extraordinario de revisión, si ya ha terminado el proceso, por la causal indicada, conforme a lo previsto en el artículo 380, numeral 7º, del Código de Procedimiento Civil.
— Si la irregularidad fuere atribuible al demandante, a su representante o a su apoderado, la facultad de solicitar la imposición de una multa a estos y la condena a indemnizar los perjuicios causados, según lo contemplado en el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil. En este caso el juez del proceso civil debe enviar copia al juez competente en lo penal para la investigación correspondiente.
En relación con este aspecto es oportuno anotar que la falta de exigencia legal de juramento por parte del demandante, al suministrar al despacho judicial la dirección del demandado, en la cual se hace énfasis en la demanda de inconstitucionalidad, solo tiene relevancia en el campo penal, respecto de la tipificación de una conducta punible, y, en cambio, carece de relevancia en relación con los citados efectos en el proceso civil.
Por lo anterior, puede considerarse que las normas demandadas no quebrantan el derecho de defensa ni el derecho al debido proceso del demandado, ni infringen tampoco los principios de justicia y buena fe.
No obstante, esta decisión no comprende el cargo sobre violación del principio de igualdad, por no haberse sustentado.
En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad de las disposiciones acusadas, por los cargos examinados en esta sentencia.
Declarar EXEQUIBLES los artículos 29 y 32 de la Ley 794 de 2003, “por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones”, por los cargos examinados en esta sentencia.
(1) M.P. Jaime Córdoba Triviño. Salvamento de voto de Rodrigo Escobar Gil. Salvamento parcial y aclaración de voto de Jaime Araújo Rentería.
(2) Folio 7 del expediente.
(4) Sentencia C-627 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Aclaración de voto de Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
Los artículos 85 y 87 de la Ley 200 de 1995 establecían:
ART. 85.—Notificación personal. Las providencias señaladas en el inciso 1º del artículo anterior se notificarán personalmente si el interesado comparece ante el funcionario competente antes de que se surta otro tipo de notificación.
(5) Sentencia C-428 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Aclaración de voto de Jorge Arango Mejía.
(6) Informe ponencia para primer debate al proyecto de ley 204 de 2001, Senado. En Gaceta del Congreso Nº 152 del 8 de mayo de 2002, págs. 5 a 7.