Source: http://aapescobar.org/2012/06/13/767/
Timestamp: 2017-07-28 06:56:38
Document Index: 106549747

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 23', 'artículo 26', 'artículo 2340', 'artículo 2341', 'artículo 2339', 'artículo 22', 'artículo 20', 'artículo 16', 'artículo 2340', 'artículo 2340', 'in fine', 'artículo 2340', 'in fine', 'artículo 75', 'artículo 121', 'artículo 2', 'artículo 180', 'artículo 188', 'artículo 294']

AUDIENCIA PÚBLICA COLONY PARK – A.A.P.E.
AUDIENCIA PÚBLICA COLONY PARK
A.A.P.E 13 Junio, 2012 13 Junio, 2012	No hay comentarios en AUDIENCIA PÚBLICA COLONY PARK Se pide Difundir: Gacetilla de Prensa San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar 12 de junio del 2012
En Defensa de la Población Civil y el Delta del Paraná Causa contra el Emprendiento Urbanístico Colony Park Para conocer la agresión cometida hacia las familias isleñas y el daño ambiental ocasionado en el Delta del Paraná recomendamos ver el Video: Modelo de Urbanización Destructivo del Modo de Vida Isleño y el Ambiente : http://www.youtube.com/watch?v=giCNZGJBGtQ&feature=related
El día viernes 15 de junio a las 10:30 hs. tendrá lugar la AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA por la causa contra el Emprendimiento Urbanístico, Colony Park, que destruyera una isla de la primer sección de Islas del Delta del Paraná. La misma se realizará en el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, calle “Moreno” esquina “3 de Febrero” y estará a cargo de la Sra. Jueza Sandra Arroyo Salgado.( Importante: para participar de la Audiencia llevar el DNI)
Las Islas del Delta del Paraná, forman parte de un ecosistema de elevadísimo valor ambiental y biológico, del cual todos nos beneficiamos, brindándonos, incluso a Cap. Fed., el agua dulce, indispensable para la vida. Pero sólo podrá mantenerse su equilibrio si su dinámica es respetada. Por ser suelos inundables naturalmente, desde el punto de vista jurídico, son Bienes del Dominio y Uso Público, por lo tanto pertenecen al conjunto de la sociedad, tanto a las generaciones presentes como futuras. Asimismo ha sido denunciado la agresión continua hacia las familias isleñas, pobladores ancestrales del Delta, y quienes han sabido convivir con el ecosistema sin modificarlo, desarrollando actividades sustentables de las cuales se abastecían, y que forman parte de las recomendadas por la comunidad científica para ser desarrolladas en los humedales- los ecosistemas más productivos del planeta- y cumplir con nuestra Constitución Nacional art. 41, que en adición, nos otorga a cada uno de nosotros el Derecho a vivir en un ambiente sano a la vez que nos demanda el Deber de preservarlo. Por todo ello, la participación ciudadana en todas las esferas, incluída en la justicia, se vuelve importante para demostrar a las autoridades que es de interés del pueblo y de este modo no permitir que se siga dilatando el cumplimiento de las leyes para sí sea respetada la forma de vida isleña y nuestro preciado Delta del Paraná. Imagen del Daño Ambiental Ocasionado modificando incluso cursos de agua.
Imagen del Daño Ambiental Ocasionado modificando incluso cursos de agua. La Audiencia Pública fue solicitada a la Señora Jueza Sandra Arroyo Salgado, por los siguientes motivos: El día 30 de marzo del 2012, los querellantes habían solicitado por escrito, audiencia oral y pública, para ampliar denuncia ante la Sra. FISCAL FEDERAL Dra. RITA ESTER MOLINA, pero nunca fueron recibidos; en consecuencia, al concurrir personalmente ante el Ministerio Público Fiscal el día 24 de mayo fueron notificados extraoficialmente, que la Sra. Fiscal Federal había dictaminado, el día 26 de abril del 2012 con un breve: NO HA LUGAR. Con este dictamen se estaría violando el derecho constitucional de ser oídos, con las debidas garantías, sumado a la necesidad de ampliar denuncia. Decisión que sorprendió a las familias isleñas, debido a que el obrar de la Sra. Fiscal incluso fue contrario al contenido de sus palabras, expresadas públicamente y en presencia de la Sra. Jueza durante la Audiencia de Recusación, y a través de las cuales invitaba a la querella a reunirse para trabajar conjuntamente para el esclarecimiento de la causa.
Como las familias isleñas y querellantes adviertieron, una conducta desajustada de la Sra. Fiscal Federal es que ha sido elevado ante la Sra. Jueza el 19 de abril del 2012 “SOLICITA DESARCHIVO CAUSA N° 8958/11, caratulada: MOLINA RITA ESTER Y OTROS s/INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES, ABUSO Y ENCUBRIMIENTO”. En consecuencia la querella considera que la Sra. Fiscal Federal Dra. RITA ESTER MOLINA está induciendo al error a la administración de justicia en causa penal.
El Ministerio Publico Fiscal es por mandato constitucional (art. 120 CN) el garante de la legalidad o custodio de la ley, eso significa que además de investigar para concretar la acusación, tiene un deber de velar por conseguir toda la prueba, pero conforme obra en los distintos requerimientos y en especial el de fecha 10 de abril del 2012 a fs. 2627/30 consta que restringe ilegalmente la plataforma fáctica, de manera que sólo reconoce parte de los delitos denunciados, desconociendo los hechos y confiscando las pruebas acreditadas por la querella. ( Leer fundamentos en el arch. al final adjunto: “SOLICITA DESARCHIVO RITA ESTER MOLINA”).
Y además, la audiencia fue solicitada a la Sra. Jueza, por lo prescripto en el art. 71 en función del 55 inc. 8 segunda parte del CPPN, en relación a la actuación de la Sra. Fiscal Federal Dra. RITA ESTER MOLINA dentro de la causa N° 9066/12. Tiene por objeto la Ampliación de Denuncia presentada por la causa Nº 9066 aportar pruebas para que la instrucción verifique la presunta comisión de los ilícitos que se están denunciando: como el crimen de lesa humanidad, por la agresión de destruir bienes comunes pertenecientes al pueblo como el impedir su uso; adulterando aguas de superficie y ocasionando daños hidrogeológicos por destrucción de acuíferos, de los que millones de habitantes nos abastecemos, sobre el Delta del Paraná y el Valle de Inundación del Río Luján en los que prosperan de manera ilegal y sin controles emprendimientos urbanísticos, que además, entre otros provocan desórdenes en el escurrimiento natural inundándose regiones que antes no lo hacían e intensificándose a lo largo de toda la cuenca durante las naturales crecidas. También denunciamos la usurpación de esos bienes inmuebles del dominio público natural, usurpación de aguas como bien inmueble, perjuicios en la libre navegación y su seguridad, como incumplimiento a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento de los funcionarios públicos con responsabilidad en la preservación de dichos bienes inmuebles del dominio público natural.( Recomendamos leer al final: ” AMPLIA DENUNCIA CAUSA 9066 “ ). Recomendamos leer el art. de diario con fundamentos científicos: http://sur.infonews.com/notas/humedales-por-que-es-importante-su-conservacion
Isleños Autoconvocados del Delta del Paraná en la “ASAMBLEA RIO DE LA PLATA CUENCA INTERNACIONAL”. S.O.S. DELTA. Grupo de trabajo ambiental El Tigre Verde Te: 15-6537-3324 E-Mail: eltigreverde@gmail.com Página Web: www.eltigreverde.blogspot.com Vecinos Autoconvocados del Pueblo de Escobar. Asociación Ambientalista del Partido de Escobar.(Integrante de la Comisión Asesora de la Cuenca del Río Luján) Asociación Ambientalista Los Talares de Maschwitz. Asociación Civil S.O.S. HABITAT.Mercedes..(Integrante de la Comisión Asesora de la Cuenca del Río Luján) AUKAN, Asamblea Ambiental del Sur – Bahía Blanca TELLUS-Asociación Conservacionista del Sur, Bahia Blanca.Z 500 RPM.(Por energías limpias) Asociación Civil COEPSA Centro Oeste de Estudios Políticos y SocioAmbientales Personería Jurídica. Legajo Nº: 152142 Matrícula Nº: 32407 El Tirador 901.Parque Leloir- Ituzaingó CP: 1714 TE: 4481-3727—
SOLICITA DESARCHIVO CAUSA RITA ESTER MOLINA
CARATULA: “MOLINA RITA ESTER Y OTROS s/INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES, ABUSO Y ENCUBRIMIENTO”.
AMPLIA DENUNCIA. APORTA PRUEBAS.
Sra. Juez Federal
Dra. SANDRA ARROYO SALGADO
Que recurrimos ante V.S. a solicitar el desarchivo de los autos N° 8958/11, caratulada: “MOLINA RITA ESTER Y OTROS s/INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES, ABUSO Y ENCUBRIMIENTO”, para la continuación de las investigaciones tendientes a determinar la verdad en relación a la presunta comisión de los delitos endilgados contra los integrantes del MPF.
Que el Ministerio Publico Fiscal es por mandato constitucional (art. 120 CN) el garante de la legalidad o custodio de la ley, eso significa que además de investigar para concretar la acusación, tiene un deber de velar por conseguir toda la prueba, pero conforme obra en los distintos requerimientos y en especial el de fecha 10 de abril del 2012 a fs. 2627/30 consta que restringe la ilegalmente la plataforma fáctica desconociendo los hechos y confiscando las pruebas acreditadas por la querella, como lo fundamentamos a continuación.
II.- HECHOS Y FUNDAMENTOS: Que los querellantes, parte de la población isleña ancestral del Delta del Paraná, solicitaron a la Sra. Fiscal Federal el 30 de marzo del 2012 una audiencia oral y pública por el tiempo transcurrido de los graves delitos a los derechos humanos denunciados, a las novedades acaecidas en la causa, a las pruebas que confirman los hechos denunciados y considerando que en la plataforma fáctica para concretar el requerimiento de instrucción, se encuentra plagada de importantes omisiones, que se apartarían de la verdad real, para el esclarecimiento de los hechos imputados.
Previo a esta presentación escrita, varias veces nos presentamos ante la Fiscalía Federal N° 1 solicitando verbalmente una urgente audiencia, pero nunca fuimos oídos; es más, los Secretarios Dr. Garzo y Dr. Spada advertían a los querellantes y a su vez pobladores isleños humildes, que tengan cuidado con las denuncias que estaban haciendo en contra del MPF, con el ánimo de amedrentarlos.
Que hasta el día de la fecha, la Sra. Fiscal Federal, no se digno a recibirnos, lo que unido a lo obrado en el dictamen de fecha 10 de abril del 2012 a fs. 2627/30, nos motivan para fundamentar el desarchivo; porque del estudio del mencionado dictamen, surgen elementos de juicio por los actos y omisiones de ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, que nos causan perjuicio irreparable y respaldan nuestra solicitud de desarchivar la causa.
La conducta reiterativa de la Sra. Fiscal Federal plasmada en su dictamen, indican inequívocamente la necesidad de continuar la investigación proveyendo y produciendo nuevas pruebas y/o reinterpretando debidamente las existentes, porque surgen elementos de juicio que, a la luz de las disposiciones del CPPN (art. 195, segunda parte), jurisprudencia, doctrina existentes, de la ciencia moderna y de la sana lógica, ameritan el desarchivo de estos autos y la continuación de las investigaciones tendientes a determinar la verdad de real de nuestra denuncia y de los hechos lesivos imputados, tal como pasamos a exponer:
Primero: La Sra. Fiscal manifiesta: “…se ha establecido que se han dañado bienes de uso público, haciendo clara alusión a los ríos, canales y arroyos de la región, y que por otra parte fueron destruidos los refugios de los pobladores y le han sustraído sus enseres personales; todo ello como consecuencia del proyecto urbanístico por el cual se desmalezó la zona y se arrasó con todo obstáculo que impedía su construcción; dragando el fondo de los ríos y canales; montando el terraplén con el producto del dragado y afectando a aquellos isleños, que conforme las constancias del expediente, tenían sus construcciones y pertenencias en ese terreno, sufriendo los daños y las sustracciones de sus bienes de manera sistemática según surge del testimonio de las personas afectadas”
Haciendo caso omiso de las manifestaciones vulgares de la Sra. Fiscal, que intentan subestimar a la querella, advertirá V.S. que los “refugios” a los que se refiere la Sra. Fiscal son los hogares, las viviendas isleñas de los pobladores ancestrales y querellantes en autos, que fueran demolidas desde el 2008 varias veces por los empleados de las empresas constructoras bajo la protección del personal de la Prefectura Naval Argentina que le proveía la seguridad.
Además, la “maleza” que describe la Sra. Fiscal cuando sostiene: “del proyecto urbanístico por el cual se desmalezó la zona” entenderá V.S. que se refiere a la arboleda, es decir las plantaciones de sauces álamos algunos de varias pulgadas de diámetro, plantada por los isleños, de la que obtenían madera para su subsistencia.
Así, como lo afirma la Sra. Fiscal “…sufriendo los daños y las sustracciones de sus bienes de manera sistemática”, es evidente que estaría tipificado el crimen de lesa humanidad o majestatis, pero incongruentemente afirma: “…sin determinar precisamente el hecho (se refiere a la querella) y menos aún las circunstancias de tiempo modo y lugar en que tuvo lugar cada uno de ellos, y hasta intenta calificar hechos con denominaciones (léase crimen majestatis) que ni siquiera se encuentra prescripta en nuestro código de fondo y leyes complementarias”
No escapará al elevado criterio de V.S. la importancia especial que reviste esta causa pues, de ser acertada la afirmación que efectúa el MPF, estarían reunidos todos los requisitos sobre los hechos que estamos denunciando, de enorme trascendencia, tipificado como de lesa humanidad, según lo establece el Convenio de Ginebra de 1937, y por ello imprescriptible, de acuerdo con el Tratado de Roma-Corte Penal Internacional y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero la Sra. Fiscal Federal Dra. RITA ESTER MOLINA lo omite,(“… que ni siquiera se encuentra prescripta en nuestro código de fondo y leyes complementarias”) negando justicia, coronando esa presunta agresión contra la población civil continua, sistemática y generalizada, que se encuentra prescripta como crimen majestatis, además del encubrimiento, falta a los deberes y abuso de autoridad de los integrantes del MPF, lo que amerita el desarchivo de la causa N° 8958/11.
Segundo: falta a la verdad la Sra. Fiscal Dra. RITA ESTER MOLINA, incurriendo en la presunta comisión del delito de encubrimiento, cuando en su dictamen afirma: “…lo cierto es que la Prefectura Naval Argentina recién comenzó a custodiar el predio luego de que la Sra. Juez así lo ordenara a través de la resolución por la cual a su vez decretó las clausuras de las obras y más aún debido al accionar de la Prefectura Naval Argentina fue que el emprendimiento permaneció paralizado hasta la fecha”.
Falta a la verdad la funcionaria del MPF, pues se refiere a la fecha del cese preventivo de obra acaecida el 30 de noviembre del 2010, y la prefectura como obra en las pruebas acreditadas en la causa y en internet incluso actualmente la PNA le colaboraba en la seguridad del predio para evitar la reacción de los humildes isleños cuando los arrasaban, así que esta querella rechaza de plano las afirmaciones de la Sra. Fiscal, incorporando dicho dictamen como prueba para desarchivar la causa.
Asimismo, se encuentra acreditado en autos cuando las dragas seguían trabajando en horas nocturnas con la anuencia de la PNA ya apostada por orden de V.S. y fueron los isleños que lo advirtieron a la Sra. Juez, quien obró en consecuencia.
Tercero: falta nuevamente a la verdad la Sra. Fiscal Federal RITA ESTER MOLINA, cuando dice: “De ello podemos concluir que antes de que la Sra. Juez decida decretar la Clausura de dicho emprendimiento la Prefectura Naval Argentina a pesar de encontrase presente en la zona, no tenia facultad alguna para impedir el avance de la obra, circunstancia por lo cual con los elementos incorporados hasta el momento no puedo endilgarles conducta ilícita alguna al respecto, por lo que solicito su desestimación en los términos de los arts. 180, y 195 del CPPN”.
Insiste la Dra. RITA ESTER MOLINA, en volver a faltar a la verdad, u omitir la legalidad, pues las funciones prescriptas en la Ley 18.398 Ley General de la Prefectura Naval Argentina establece que la Institución ejercerá entre sus funciones – en concordancia con el artículo 23, 24 y 26 de la ley 18.416 – la de policía de seguridad de la navegación interviniendo en todo lo relativo a la navegación, dictando las normas y atendiendo y dirigiendo el servicio de comunicaciones destinado a esa finalidad – Ley 18.398, Art. 5º, inc. a), apartados 1, 2 y 21 -.
Su Ley General, al fijar sus funciones como Policía de Seguridad de la Navegación le asigna la responsabilidad de atender y dirigir el Servicio de Comunicaciones para la Seguridad de la navegación y en la salvaguarda de la vida humana en el mar, como el control en el tránsito portuario y de la navegación.
En consecuencia, conforme el art. 4- La Prefectura Naval Argentina actúa con carácter exclusivo y excluyente en: a) Mares, ríos, lagos, canales y demás aguas navegables de la Nación que sirvan al tránsito y comercio interjurisdiccional, y en los puertos sometidos a jurisdicción nacional. Asimismo refiere su art. 5 – En concordancia con lo dispuesto en el artículo 26, incisos 23 y 24 de la Ley 18.416 (*), corresponde a la Prefectura Naval Argentina. a) Como policía de seguridad de la navegación: 1. Intervenir en todo lo relativo a la navegación haciendo cumplir las leyes que la rigen. 2. Dictar las ordenanzas relacionadas con las leyes que rigen la navegación y proponer las que establezcan las faltas o contravenciones marítimas y fluviales y sus sanciones, siendo su autoridad de aplicación. 17. Llevar el Registro Nacional del Personal de la Navegación, el que comprenderá el Registro del Personal Embarcado y el del Personal Terrestre de la Navegación.
En consecuencia por la Ley 18.398 Ley General de la Prefectura Naval Argentina, debía haber ordenado la presentación de los libros de buques de las dragas de corte y succión que operaban en la zona, para verificar si poseían las autorizaciones para dragar canales internacionales como el Lujan y Vinculación, pero omitió hacerlo; además la PNA no dió la novedad cuando cambiaron de curso los ríos y canales en la zona y taponaron al arroyo Anguilas y La paloma, omitió controlar el dragado no autorizado y además obró encubriendo el accionar ilegal de Colony Park SA en perjuicio de la población isleña ancestral; como ahora, intenta la Sra. Fiscal Federal RITA ESTER MOLINA encubrir, abusando de su autoridad e incumpliendo con sus deberes, las conductas ilegales y arbitrarias de la PNA, acreditadas en autos.
Cuarto: Concuerda la Sra. Fiscal Federal Dra. Molina, dando razón a la querella, sobre el hecho obrante a fs. 232, dictaminando se le reciba declaración indagatoria al Prefecto Principal NORBERTO NELIO NINI en los términos del art. 294 del CPPN; pero, como lo puede advertir V.S, recién lo decide la Sra. Fiscal luego de que lo impulsara con fundamentos esta querella, y hace cuatro años.
Quinto: Si la Sra. Fiscal Federal Rita Ester Molina, al referirse a las personas identificadas a fs 2514 (HUGO DAMIÁN SCHWARTZ; DANIEL CHILLO; ROBERTO SUAREZ SILVA; ALBERTO URANI; MONICA ANDREA GRAMBLICKA; Lic. LETICIA VILLALBA; ANA MARIA CORBI; ERNESTO G. CASARETTO; Arq. EDUARDO BARBIERI; Ctor. HUGO LEBER; Lic. RAMON ALBERTO ESTEBAN; NORBERTO JESUS BELLO; FLORENTINO NORBERTO BELLO; MARIO ALBERTO BALOSSINO; Escr. LUIS FERNANDO MACAYA; FRANCISCO RODRIGUEZ SERRANO; HORACIO FABEIRO; DARWIN SANCHEZ; Arq. DANIEL MARTINEZ; Teniente ALEJANDRO CORREA; Teniente AMADEAO NUÑEZ, LUCAS DAVID LOSTRACO; Arq. ROBIROSA BECAR VARELA; Ing. DARIO GONZALEZ CEUNINCK; Lic. ADRIAN OSCAR BIGLIERI; Director NORBERTO DANIEL COROLI ; Ing. MARCELO RASTELLI; Ing. JUAN J. MORELLI; Dr. CARLOS LASTA; Licenciado NICOLAS SCIOLI; Director Dr. JOSE BENI, Director Nacional de Vías Navegables. Director Ing. JUAN J. MORELLI, Dirección de Estudio y Programación DNVN. INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA:Presidente Dr. RAUL A. LOPARDO. Centro de Tecnología del Uso del Agua: Ing. LUIS HIGA, Laboratorio de Hidráulica- Hidráulica Fluvial: Ing. DANIEL BREA / Ing. PABLO SPALLETTI. Dirección de Servicios Hidrológicos: Ing. RAFAEL SEOANE, Hidrogeología Lic. OSCAR CORIALE, Dr. ADRIAN SILVA BUZZO. SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. Secretario: ROMINA PICOLOTTI, hasta diciembre del 2008, HOMERO BIBILONI hasta diciembre del 2010 y el actual Secretario, Dr. JUAN JOSE MUSSI, Dirección de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos: Director: JORGE ALBERTO RAMIREZ, Oficina del Agua: Ing. MIGUEL ANGEL GOMEZ); manifiesta que: “…con lo cual entiendo que las hipótesis indicadas por la querella ya forman parte de la plataforma fáctica delimitada por esta representación”.
En consecuencia, esta querella solicita a V.S. que a las personas identificadas anteriormente, al formar parte de la plataforma fáctica delimitada por el MPF, se le reciba declaración indagatoria en los términos del art. 294 CPPN.
Sexto: En relación a la escritura pública N° 300, nuevamente la Sra. Fiscal Federal falta a la verdad, incluso peca de no ser objetiva, por no analizar bien la ampliación de denuncia de fs. 236/ 241, es ahí que entenderá V.S. que la Sra. Fiscal Federal confunde “cardo con rosa”, cuando afirma: “…explicó que el territorio donde se intentó llevar a cabo el emprendimiento Colony Park SA son bienes del dominio público inalienables e imprescriptibles, motivo por el que concluyó que no podrían venderse y reputo de falsa la escritura Nro. 300 donde se documentó la escritura.”
Falso, absolutamente falso, y ello lo puede determinar V.S. cuando a fs. 236 vta. ésta querella sostiene: “La Falsedad Ideológica se configura cuando no se ajusta a la verdad lo que se dice o se relata ante el Escribano interviniente LUIS F. MACAYA, en el marco de la forma auténtica de la Escritura Nº 300, provista además, de la fuerza probatoria que de ella emana; la cual deviene en insinceridad manifiesta…”.
En consecuencia, planteamos que la escritura es auténtica, y no como afirma la Sra. Fiscal: “…reputó de falsa la escritura nro. 300 donde se documentó la escritura”.
Remitimos a V.S. a fs. 236/241 en razón de la brevedad, donde podrá corroborar que la querella dijo: “Justamente, podrá advertir VS. que la falsedad ideológica o intelectual consiste en haber insertado o hecho insertar, tanto la parte vendedora como la compradora, declaraciones falsas en su contenido, aunque auténticas en la forma de la Escritura Pública Nº 300; que recaen sobre hechos, que el documento público está destinado a probar, causa perjuicio a terceros, con el agravante de cometerse respecto de un documento destinado a acreditar la titularidad del dominio”.
Séptimo: Esclarecido el punto anterior, esta parte insiste en la presunta comisión del delito de encubrimiento, abuso y falta a los deberes en que se encontraría inmersa la Sra. Fiscal Federal cuando en su dictamen: ” No obstante ello, no puedo pasar por alto que lo cierto es que conforme lo informara el propio Registro de la Propiedad inmueble de la Provincia de Buenos Aires se puede observar que el predio al cual la querella pretende asignarle carácter de bien público, pertenecía en un primer momento a la firma BETTER SA motivo por el cual no puede asignársele el carácter de bien público, sino que por el contrario resulta ser propiedad privada.”
Es evidente que o la Sra. Fiscal Federal desconoce que lo asentado en el “Registro de la Propiedad Inmueble” es de carácter declarativo y no constitutivo, con el agravante de ser zonas inundables y además zona de reserva municipal por Ordenanza Municipal N° 758/88, promulgada a través del Decreto N° 1879/88, que se encuentra vigente y por cuanto la declara Reserva Natural Integral “Parque Ecológico del Delta del Paraná”, constituidas sobre islas inundables no catastradas y juncales formados y que se formen en el futuro por el proceso natural; y que para que dichas zonas de islas aluvionales en crecimiento de 0.80 IGM pasen al dominio privado deben ser desafectadas por una Ley Formal del Congreso, como esta querella lo manifestó en autos varias veces.
Ante esta conductas desajustadas del MPF, nos encontraríamos con otro elemento de peso, para fundamentar el desarchivo; porque la Agente Fiscal tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República, pero omite hacerlo en el presente legajo; en consecuencia, de asistirle razón a la querella, estaría la Sra. Fiscal Federal Dra. RITA ESTER MOLINA incurriendo en desobediencia constitucional lesiva en causa penal, perjudicando a la querella, a la población, a las generaciones futuras, al bien común y a la República Argentina.
Octavo: Omite la Sra. Fiscal Dra. RITA ESTER MOLINA, como lo solicitara la querella, la correspondiente investigación del DIRECTOR PROVINCIAL DE ISLAS de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, solamente a fs. 234 consta un escueto informe del Sr. FRANCISCO RODRIGUEZ SERRANO, funcionario y dependencia publica no investigado por el MPF, donde se podría echar luz sobre los hechos denunciados, al ocultar información por la manera irregular y corrupta para la adjudicación ilegal de islas fiscales del dominio y uso público en la 1ra Sección de Islas; y ello, por la presunta comisión de encubrimiento, falta a los deberes y abuso de autoridad de la Sra. Fiscal Federal Dra. RITA ESTER MOLINA.
Que además, desconoce u omite lo detallado a fs. 2518 vta. y 2519 y vta. en referencia a los motivos que fundamentan la zona de exclusión en la 1ra. Sección de islas donde se producen los hechos lesivos, contra los integrantes de la querella.
Para finalmente, combinar los principios de los bienes del dominio y uso público con la falsedad ideológica de la escritura N° 300, intentando inducir al error ala administración de justicia, el MPF considera que “…no existen elementos que permitan requerir la instrucción ante la posible falsedad ideológica de la escritura pública n° 300 que propicia la querella, por lo que solicito su desestimación en los términos de los arts. 180 y 195 del CPPN”.
Noveno: En relación a la negativa del MPF en investigar a los funcionarios detallados por la querella en el punto octavo a fs. 2520, dictamina manifestando que: “…cabe referir que dicho punto no resiste el menor análisis, puesto que en dicha solicitud omite describir claramente no solo el hecho que pretende imputar, sino que además las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevo a cabo, lo cual afectaría trascendentalmente el debido proceso y el derecho de defensa en juicio”.
Nuevamente incurre en una falta de objetividad, al rechazar el punto Octavo solicitado por la querella, mínimamente tendría que haber investigado las participaciones o mejor dicho lo acreditado en autos en relación a las conductas, actos y omisiones de dichos funcionarios. Pretende de esta forma, la Sra. Fiscal, que todo el trabajo recaiga sobre la querella, omitiendo ella investigar, defender la legalidad acreditando en la causa los actos y omisiones de los funcionarios detallados en el punto octavo a fs. 2520; porque cada uno de ellos, dejo su impronta, su marca, su huella, su seña de los delitos denunciados por la querella y que la Sra. Fiscal excluye investigar, resultándole más fácil rechazar la indagatoria.
Elementos estos que si bien se encuentran acreditados en autos, ante la miopía jurídica de la Sra. Fiscal, serán detallados en las próximas declaraciones y ampliaciones de esta parte, decidido por V.S. el 11 de abril del 2012 a fs. 2631.
Décimo: Examinando detenidamente estos autos, en particular el dictamen de la Sra. Fiscal Dra. RITA ESTER MOLINA de fecha 9 de abril del 2012 a fs. 2627/31, nos sentirnos afectados por las conductas y las omisiones reiteradas en perjuicio de la población civil en las que incurre la Sra. Fiscal Federal, demostrado una actitud que va en contra de las funciones del Ministerio Público, lo que motivan los fundamentos para solicitar el desarchivo de la causa N° 8958.
La Sra. Fiscal Federal, quien debe actuar cumpliendo los postulados de imparcialidad, legalidad, igualdad y justicia de la racionalidad, prescinde hacerlo al restringir la plataforma fáctica, confiscando prueba sin la mesura requeridas para el desempeño de sus funciones; en consecuencia, en su relación con la comunidad, debe ser reconocido como el abogado de la sociedad en su conjunto, independientemente de que los afectados isleños intervienen activamente en el expediente como parte querellante con un abogado de su confianza.
Pero continuamente, al presentarnos para ser oídos en la Fiscalía Federal N° 1 o ya solicitando audiencia pública ante la Sra. Fiscal Federal, como la efectuada el 30 de marzo del 2012 para ampliar denuncia, no somos recibidos, ni atendidos, ni oídos.
Asimismo, podrá tomar conocimiento V.S. de un análisis pormenorizado de todos los requerimientos fiscales y en especial el obrante a fs. 2627/30 donde se reiteran falta de respeto, mediante conceptos adversos por parte de la Dra. Rita Ester Molina contra la querella, intentando desacreditarla.
En repetidas oportunidades, además de no recibirnos en su público despacho para ser oídos con las debidas garantías y en otra oportunidad haber impedido a los gritos que el abogado patrocinante entrara con los patrocinados, es que ahora, prescinde en recibirnos para ampliar denuncia, manifestando que no le corresponde. Incluso no es capaz de contestar la solicitud de audiencia pública pedida por los querellantes, mantiene un trato injusto, faltándonos el respeto a nuestra dignidad de personas; pero además, desconoce el crimen de lesa humanidad o crimen majestatis en la que ella, como funcionaria pública, estaría incurriendo, en connivencia con las personas indagadas en autos N°8951 caratulada “Ferreccio Enrique s/ Su Denuncia”.
En consecuencia, por los motivos y fundamentos detallados, solicitamos a V.S. el desarchivo de los autos N° 8958/11, caratulada: “MOLINA RITA ESTER Y OTROS s/INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES, ABUSO Y ENCUBRIMIENTO”, para la continuación de las investigaciones tendientes a determinar la verdad en relación a la presunta comisión de los delitos endilgados contra los integrantes del MPF y de la presunta comisión del crimen de lesa humanidad en la que estarían incurriendo, junto a las personas indagadas en autos N° 8951.
TESTIMONIAL: la población isleña querellante, debidamente identificada en autos N° 8951/11
Dada la solidez de los motivos aducidos en autos, la razonabilidad de los fundamentos y procedencia de la prueba acreditada, es que en el hipotético caso que V.S. rechazara este pedido de desarchivar la causa y producir su investigación para esclarecer la verdad real de la presunta comisión de los delitos denunciados, la respectiva sentencia tendría carácter de definitiva y causaría gravamen irreparable a nuestra parte, por lo que quedaría abierto el camino procesal para interponer los recursos del caso. Y por estar en juego derechos fundamentales garantizados por la CN (art. 16, derecho a la igualdad ante la ley; art. 18, derecho a un juicio justo y a la protección judicial de sus derechos) y por los tratados internacionales que la Argentina ha suscripto y ratificado (Declaración Universal de Derechos Humanos: art. 7, protección de la ley; art. 8, recursos efectivos para proteger sus derechos fundamentales; y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: art. V, protección de la honra y de la reputación; y art. XVIII, derecho de justicia), quedaría expedita la vía procesal para ocurrir ante la CSJN en recurso extraordinario según el art.14 de la ley 48. Por ello, hago reserva-
1.- Se desarchive la causa N° 8958/11, caratulada: “MOLINA RITA ESTER Y OTROS s/INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES, ABUSO Y ENCUBRIMIENTO”
3.- Que ordene investigar la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal Federal Nº 1 y 2 de San Isidro integrado por la Dra. RITA ESTER MOLINA, el Dr. PABLO NOCETI, el Dr. DIEGO GARZO, el Dr. FEDERICO LOPEZ SPADA, el Dr. ALBERTO ADRIAN MARIA GENTILI, el Dr. LORENZO SEBASTIAN BASSO, Dr. JORGE CLAUDIO SICA (fs. 104) y el Dr. RAMIRO GOZALEZ de la UFIMA (fs. 76), conforme las pruebas obrantes en la causa caratulada “Enrique Carlos Ferreccio Altube s/ Su Denuncia” y en los “Incidentes” que corren por cuerda. Y se investigue el posible incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de los nombrados (arts. 248/249 del Código Penal), abuso de autoridad y encubrimiento.
4.- Se acepten todos los elementos de prueba y los fundamentos presentados por la querella, todos los cuales obran en la causa; y oportunamente se aparte a los Agentes Fiscales Federales identificados anteriormente, de la investigación en la presente causa.
AMPLIA DENUNCIA CAUSA 9066 AMPLIA DENUNCIA CONTRA “URBANIZACIONES CERRADAS” (UC).
USURPACION BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PÚBLICO NATURAL.
USURPACION DE AGUAS COMO BIEN INMUEBLE.
ADULTERACIÓN AGUAS SUPERFICIALES. DESTRUCCION DE ACUÍFEROS.
PERJUICIO EN LA LIBRE NAVEGACIÓN Y SU SEGURIDAD. CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.
Que recurrimos ante V.S. a efectos de ampliar la denuncia efectuada en la Causa Nº 9066/12 aportando pruebas para que la instrucción verifique la presunta comisión de los ilícitos que estamos denunciando como el crimen de lesa humanidad, por la agresión de impedir los usos “comunes” que integran el contenido del derecho de propiedad perteneciente al “pueblo”, porque, sólo esos usos son los que realiza y realizó “ab-initio” el pueblo como tal; también denunciamos la usurpación de esos bienes inmuebles del dominio público natural, usurpación de aguas como bien inmueble, perjuicios en la libre navegación y su seguridad, adulteración de aguas de superficie y destrucción de acuíferos ocasionando daños hidrogeológicos sobre el Delta del Paraná, entre otros delitos como incumplimiento a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento de los funcionarios públicos con responsabilidad en la preservación de dichos bienes inmuebles del dominio público natural.
Nota: cuatro renglones hacia arriba y luego de Delta del Paraná agregaría: “y el valle de inundación del Río Luján.”
II.- HECHOS ILICITOS: USURPASIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PÚBLICO NATURAL. FUNDAMENTACIÓN.
Lo cierto es que, la puesta en marcha de las obras efectuadas por las Urbanizaciones Cerradas como NORDELTA, habrían constituido un acto de ilegalidad y arbitrariedad manifiesta por parte de los responsables y también de determinados funcionarios del Estado Nacional, Provincial y Municipal denunciados, los cuales habrían ignorado u omitido toda la normativa medioambiental que condicionaba su funcionamiento, en un flagrante desprecio a la Carta Magna art. 41 y sus leyes reglamentarias; incurriendo, en la conducta tipificada en el art. 248 del Cód. Penal: violación a los deberes de funcionario público e incluso del de abuso de autoridad y encubrimiento.
Atento a la formación de la presente causa N° 9066/12 cuya génesis se inicia con lo obrado por esta querella a fs. 2514/33 y el correspondiente dictamen de la Sra. Fiscal Federal Dra. RITA ESTER MOLINA obrante a fs. 2627/30, donde advertimos determinados conceptos injustos y erróneos, que nos obligan a manifestar ante V.S. que induce al error la Sra. Fiscal Federal cuando a fs. 2630 afirma: ” No obstante ello, no puedo pasar por alto que lo cierto es que conforme lo informara el propio Registro de la Propiedad inmueble de la Provincia de Buenos Aires se puede observar que el predio al cual la querella pretende asignarle carácter de bien público, pertenecía en un primer momento a la firma BETTER SA motivo por el cual no puede asignársele el carácter de bien público, sino que por el contrario resulta ser propiedad privada.”
Es evidente que la Sra. Fiscal Federal desconoce que lo asentado en el “Registro de la Propiedad Inmueble” es de carácter declarativo y no constitutivo, (aceptando prueba en contrario) más en el caso de autos cuando tiene la posesión la población civil isleña ancestral conforme causa 8951/11 a cargo de VS, con el agravante que son islas inundables, es decir zonas de conservación de desagües naturales por Ley 6253 y además reserva municipal por Ordenanza Municipal N° 758/88, promulgada a través del Decreto N° 1879/88, que se encuentra vigente y la declara Reserva Natural Integral “Parque Ecológico del Delta del Paraná”, constituidas sobre islas inundables no catastradas y juncales formados y que se formen en el futuro por el proceso natural; y que para que dichas zonas de islas aluvionales en crecimiento de 0.80 IGM pasen al dominio privado deben ser desafectadas por una Ley Formal del Congreso de la Nación, como esta querella lo viene denunciando en autos N° 8951/11 varias veces.
Fundamos el grave error, en la que incurre reiteradamente la Agente Fiscal (quién tiene el deber de defender la legalidad art.120 CN) Dra. RITA ESTER MOLINA, en base a lo prescripto en el art. 2506 del Código Civil, que define al dominio diciendo: “El dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona”. Con respecto a éste artículo, los doctrinarios opinan, que es tan amplio que sería aplicable a todo derecho real sobre la sustancia; en consecuencia, es que fundamentamos el grave error en el que incurre la Sra. Fiscal Federal Dra. RITA ESTER MOLINA de manera continua, sistemática y generalizada al omitir en la causa 8951/11 y en autos, que los bienes inmuebles del dominio público natural se encuentran sometidos a un régimen jurídico especial, que se manifiesta en su “inalienabilidad” y en su “imprescriptibilidad”; como así, en la forma en que se hace efectiva su tutela, para lo cual la Administración Pública, ejercitando sus poderes, puede actuar directamente, por sí.
Pero la Dra. Rita Ester Molina omite hacerlo.
Sin intención de faltar el respeto a V.S. en relación al principio iura novit curiae, pero dado la persistencia en el error de la Sra. Fiscal Federal, que ha llevado a la querella a solicitar el desarchivo de la causa N° 8958/11, es que quiero insistir en que el dominio público, está reglado por normas de Derecho Público, en tanto la propiedad común u ordinaria lo está por normas de Derecho privado. De ahí, que las normas que regulan el dominio público, en su vinculación con los particulares, son normas de “subordinación”, en tanto que las que regulan la propiedad privada o común, en su vinculación con los particulares, son normas de “coordinación”.
Asimismo, el dominio público, consiste en una masa o conjunto de bienes, hallándose sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.
Desde el punto de vista del origen o formación de la cosa: el dominio público se clasifica en “natural” y en “artificial”, según se trate de bienes declarados públicos por el legislador considerándolos en su estado natural, es decir en el estado en que la naturaleza los presenta u ofrece, como en el caso del Delta del Paraná, su llanura poligénica intermareal o interestuarial conocida como valle de inundación del Rio Luján o las islas del Delta del Paraná; a diferencia de bienes artificiales declarados públicos por el legislador pero cuya creación o existencia depende de un hecho humano (ejemplos: una calle, un cementerio).
Esta diferenciación, aparte de resultar de la naturaleza misma de las cosas, surge de los propios términos de la ley: al aludir a la primera categoría de dichos bienes, el legislador se limita a mencionarlos simplemente en el Código Civil, artículo 2340, incisos 1º a 6º; pero al contemplar la segunda categoría, el legislador habla de “cualesquiera otras obras públicas, construidas para utilidad o comodidad común” (artículo citado, inciso 7º).
La expresada clasificación o diferenciación de las cosas dominicales, tiene fundamental importancia en la teoría del dominio público. El carácter o naturaleza del bien, es decir, la circunstancia de que se trate de bienes públicos considerados tales en su estado natural o de bienes declarados públicos por el legislador pero cuya creación o existencia depende de un hecho humano (dominio natural y dominio artificial), repercute decisivamente en todo el régimen de la “afectación” y de la “desafectación”.
Nuestras leyes no contienen una definición del dominio público. Se limitan a mencionar que cosas revisten carácter dominial. Pero algunas características del dominio público surgen de los artículos 2340 y 2341 del Código Civil, que sostienen: “Quedan comprendidos entre los bienes públicos: • Los mares territoriales hasta la distancia que determine la legislación especial, independientemente del poder jurisdiccional sobre la zona contigua;
• Los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos y ancladeros; • Los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a la reglamentación; • Las playas del mar y la ribera internas de los ríos, entendiéndose por tales la extensión de tierra que las aguas bañan o desocupan durante las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias; • Los lagos navegables y sus lechos; • Las islas formadas o que se formen en el mar territorial o en toda clase de río, o en los lagos navegables, cuando ellas no pertenezcan a particulares; • Las calles, plazas, caminos, canales, puentes, y cualquiera otra obra Pública construida para utilidad o comodidad común; • Los documentos oficiales de los poderes del Estado; • Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico.”
Y el artículo 2341 C.C. prescribe: “Las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Estado o de los Estados, pero estarán sujetas a las disposiciones de este Código y a las ordenanzas generales o locales”. Corresponde advertir, que el dominio público no es creación de la naturaleza; no hay bienes públicos naturales o por derecho natural, se ha pretendido decir que la naturaleza jurídica del dominio público es Civil, porque el Código Civil los menciona, en los artículos 2340 y 2341.
Marienhoff, disiente con tal criterio. El dominio público no es una institución de naturaleza civil, es de Derecho Público y más concretamente “Administrativo”.
Si el Código Civil hace referencia al dominio público no es para atribuirle naturaleza civil, lo hace para distinguir o clasificar, cuales bienes pertenecen al dominio público y cuales son de dominio privado, lo hace sólo y único efecto de deslindar ambos tipos de dominios.
El dominio público es un “concepto jurídico”; su existencia depende de la voluntad del legislador. Por eso, uno de los elementos que lo integran es el “legal o normativo”. La noción conceptual de dominialidad está integrada por cuatro elementos:
• Subjetivo. (Sujeto o titular del Derecho, sobre los bienes dominiales).
• Objetivo. (Bienes o cosas).
• Teleológico. (Fin, utilidad general, utilidad colectiva, funciones públicas, etc.).
• Normativo.
El elemento inicial primario, para que una cosa pueda ser considerada como del dominio público, es el sujeto o titular de la misma.
Evidentemente, las cosas o bienes dominiales, tienen sujeto o titular, así, nuestro Código Civil, en el artículo 2339, dispone que las cosas que ahí menciona, “… son bienes públicos del Estado general que forma la Nación o de los Estados particulares…”, lo que haría suponer que la Ley considera al Estado como sujeto de la cosa Pública.
La redacción de éste artículo, no sirve de base razonable, ya que no puede interpretarse por el significado gramatical de las palabras empleadas en él, por ser evidente que el espíritu de la Ley no resulta fielmente expresado en las palabras de las mismas. De modo que la opinión de quienes le atribuyen al Estado la titularidad del dominio público, basándose en la letra del Código Civil, es incoherente e inadmisible.
Sostener que el Estado y no el pueblo es el sujeto del dominio de las cosas públicas, equivale sostener que el Estado es dueño de sí mismo, lo cual es un absurdo. Evidentemente, el Estado es dueño de sí mismo en el orden internacional, dado su carácter independiente, pero ese aspecto, no se está contemplando.
Un Estado es un conjunto organizado de hombres que extiende su poder sobre un territorio determinado y reconocido como unidad en el ámbito internacional. De ello surge que los elementos constitutivos esenciales del Estado son dos de carácter externo: el “pueblo” y el “territorio”, y uno interno, el poder ordenador: “el imperium”.
De manera que, el concepto de Estado, traduce la idea conjunta de territorio y de pueblo; y si falta uno de éstos elementos no hay Estado.
Entonces, si el Estado es dueño de los bienes públicos, es lo mismo decir que es dueño de sí mismo, ya que el “territorio” (del cual forman los bienes públicos) es uno de los elementos esenciales del Estado que concurren en su formación.
Asimismo, el dueño de los bienes que integran el dominio público (que es parte del territorio) es el “pueblo”, ya que el “territorio” de un Estado es la parte de la superficie terrestre que, por diversos motivos de orden histórico, quedo en poder de un conjunto de hombres (“pueblo”), unido entre sí por vínculos comunes: raza, lengua, religión y como en el sub lite, por su estilo de vida, en isleños del Paraná o pescadores del Paraná o junqueros o canoeros del Paraná.
Si bien el “pueblo” es el titular del dominio público, el no lo administra en forma directa, sino por medios de sus representantes, o sea por medio de las autoridades constituidas. Es la solución que impone la aplicación de lo prescripto en el artículo 22 de la Constitución Nacional; en el cual dice: “El pueblo no delibera, ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución…”.
Este precepto no sólo habla del pueblo como una realidad jurídica, sino que instituye positivamente la representación de referencia.
Algunos doctrinarios afirman que el “pueblo” es una ficción, Marienhoff alega que no es así, que el “pueblo” no es una ficción, pues: 1º) Si el Estado existe, es porque existe el pueblo y 2º) Sin pueblo no hay Estado.
Hay quienes aceptan la posibilidad de que exista un Estado sin territorio, pero nadie acepta o concibe la existencia de un Estado sin “pueblo”.
El pueblo, en nuestro ordenamiento, no tiene personería jurídica, pero sí tiene individualidad jurídica. En tal sentido constituye una evidente realidad.
De acuerdo al preámbulo de la Constitución, ésta fue establecida por los representantes del pueblo; los constituyentes no representaron a un ente inexistente o ficticio; entonces, negar que el pueblo sea una realidad, es inconcebible.
Los que crean que el pueblo es una ficción como entidad, que recuerden lo que sucedió en los acontecimientos que perturban a la ciudadanía, donde el pueblo congregado muestra su realidad tangible y aparece en toda su pujante majestad, como en la crisis de diciembre de 2001 en nuestro país, por el conflicto financiero y político generado por la restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro denominada Corralito, que causaron la renuncia a la presidencia del Dr. Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001, y llevaron a una situación de acefalía presidencial.
La mayor parte de los participantes de dichas protestas fueron “autoconvocados“, que no respondían a partidos políticos o movimientos sociales concretos. Su lema popular fue: “¡Que se vayan todos!”. En los hechos murieron 39 personas por las fuerzas policiales y de seguridad, incluyendo 9 menores de 18 años. .
En síntesis: Sea la tesis que se siga acerca del titular del dominio público, “Estado” o “Pueblo”, son titulares del dominio público las entidades “estatales” o “comunidades de substrato típicamente político”. (Estado, “lato sensu”, o el pueblo respectivamente).
El “uso” de los bienes públicos le pertenece al “pueblo”, asimismo se sostuvo también ut supra, que es titular de su dominio. Pero al respecto deben hacerse dos advertencias:
• Sostener que el “pueblo” es el titular de los bienes públicos cuyo uso les pertenece a todos los habitantes, me refiero a los usos “comunes”, que son los que todos los ciudadanos pueden realizar por igual y por sí mismos, sin necesidad de autorización especial del Estado. Sólo los usos “comunes” integran el contenido del Derecho perteneciente al “pueblo” sobre el dominio público.
En cambio, la facultad de ejercitar los usos “especiales”, excede del contenido del Derecho de propiedad sobre el dominio público: el “pueblo”, como titular de este conjunto de bienes, no está habilitado para ejercitar, por sí, usos “especiales”, “privativos” o “diferenciales” no integran ese derecho. Es que el régimen jurídico del dominio público es distinto al del dominio privado.
Sólo los usos “comunes” integran el contenido del derecho de propiedad perteneciente al “pueblo”, porque, sólo esos usos son los que realiza y realizó “ab-initio” el pueblo, como tal; el uso “privativo”, “especial” o “diferencial”, no lo realiza, ni puede realizar el pueblo, sino el “individuo” en particular, a título individual, como tercero, lo cual requiere una autorización especial del Estado representante del pueblo titular del dominio público.
La propiedad sobre el dominio público tiene un contenido diferente a la propiedad del derecho privado, en ésta, el titular, por el hecho de serlo, puede utilizar la cosa en cualquier forma; en cambio el titular del dominio público, “el pueblo”, sólo puede utilizarlo conforme a los principios recibidos por el Derecho Administrativo. En tal virtud, el “pueblo”, como titular del dominio público, puede utilizar libremente los bienes que los constituyan, en tanto se trate de realizar usos “comunes” o “generales”. En cambio, el uso “especial”, no tiene un titular determinado “a priori”, su eventual titular puede ser cualquier miembro de la “comunidad”, lo cual depende del Régimen Administrativo imperante.
El concepto de “pueblo”, no se restringe a los nativos o nacionales, sino que es amplio: se refiere al “público” en general, a los “habitantes” en suma, incluso a los extranjeros. Esto vale no sólo para los usos “comunes” o “generales”, sino también para los usos “especiales”, “privativos” o “diferenciales”.
Nuestra Constitución, artículo 20, dispone que los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano. De modo que, en nuestro país, ese precepto constitucional es el que justifica la afirmación de que los extranjeros, a la par de los ciudadanos, son o pueden ser titulares del uso de las cosas dominiales; claro está que no todos los países hacen igual declaración.
Con respecto a los inmuebles: en el Derecho argentino son numerosos los inmuebles pertenecientes al dominio público. Así, tienen esa calidad todos los bienes específicamente mencionados en el art. 2340 del Código Civil, (mares; cursos de aguas; lagos navegables por buques de más de cien toneladas; islas formadas o que se formen en el mar territorial, en toda cales de río o en lagos navegables; calles, plazas; caminos; canales; y puentes) y los específicamente mencionados en otros textos legales, como los parques nacionales
El dominio público no es una creación de la naturaleza; no hay bienes públicos naturales o por derecho natural. Su existencia depende de la voluntad del legislador. Sin ley que le sirva de fundamento, ningún bien o cosa tendrá carácter dominial. Por eso es que uno de los elementos que integran la noción conceptual de dominio público es el legal o normativo.
Con referencia al elemento normativo, Ballbé dice que para determinar el concepto de dominio público, debe concurrir – además de los otros elementos- la nota jurídica de sometimiento de los bienes a un régimen de derecho público, condición sine qua non de la dominialidad.
Pero ese sometimiento a un régimen de derecho público sólo puede resultar de una disposición de la autoridad competente, que en nuestro derecho no es otra que la autoridad legislativa nacional: el “Congreso Nacional”.
De modo que el elemento normativo o legal se refiere a la necesidad imprescindible de que el carácter dominial de una cosa o de un bien resulte de una norma legal.
De lo expuesto se deduce que el dominio público es un concepto jurídico, que depende de la ley. No hay bienes públicos por naturaleza, ni por derecho natural; es el Estado quien establece el carácter público de la cosas.
Es, sin embargo, frecuente que algunos autores incurran en el error de creer en la existencia de un dominio público “natural”, es decir, en un dominio público “por naturaleza”. Generalmente ponen como ejemplo de ello al mar y a los ríos. De modo que, en nuestro país, la facultad de determinar o establecer cuales bienes son dominiales y cuales privados, es de exclusiva incumbencia de la Nación, a través de una Ley formal, dado que lo pertinente le incumbe al Congreso Nacional.
De manera que el carácter “público”, dominial de un bien, no depende ni deriva de la “naturaleza”; tampoco de las decisiones del Poder Administrador (acto administrativo). Menos aún derivará de la voluntad de los administrados, ya que la asignación del carácter jurídico de las cosas es un acto estatal y no un acto dependiente de la voluntad privada de los administrados o particulares.
Sólo la Ley Nacional es el medio jurídico idóneo para establecer qué cosas son públicas y cuáles privadas.
Desde el punto de vista legal, los bienes del dominio público aparecen o pueden ser determinados en tres formas distintas: 1º) Mediante indicación nominal o específica de los mismos; 2º) Mediante indicación genérica de ellos; 3º) A falta de ley específica o genérica, recurriendo a la interpretación jurídica, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Código Civil, o sea recurriendo a la “analogía” y a los “principios generales del Derecho”.
En nuestro ordenamiento legal, los bienes públicos, según los casos, aparecen o pueden ser determinados de acuerdo a las tres formas indicadas. Específicamente, como ocurre con las tierras situadas dentro del perímetro de los parques nacionales (ley 12.103), con el mar territorial, los ríos, las islas, etc. (Código Civil, artículo 2340, incisos 1º, 3º y 6º); genéricamente, como ocurre con las obras públicas construidas para utilidad o comodidad común, a que hace referencia el artículo 2340, inciso 7º, in fine, del Código Civil, en cuya disposición la doctrina y la jurisprudencia hallaron ubicación para diversos bienes: cementerios, monumentos, bibliotecas, etc.; por interpretación jurídica, sea recurriendo a la “analogía”, como sucede con los heleros por ejemplo, o a los “principios generales del Derecho”, como ocurre con la energía hidráulica, etcétera.
Con respecto a la regulación del uso de los bienes dominiales es materia de legislación “local”. Cada provincia tiene facultad constitucional para legislar al respecto dentro de su jurisdicción.
Pero es a la Nación que le compete establecer que bienes ostentaran la calidad de “públicos” y cuales la calidad de “privados”.
Los bienes del dominio público están sometidos a un régimen jurídico especial con modalidades propias: el dominio público.
Principios del régimen del dominio público es único. Todos los bienes del público tienen el mismo régimen jurídico esencial, pero adaptado a las particularidades de cada bien. La característica del uso común, respecto de los bienes de dominio público, se funda en principios básicos aplicables a todos los bienes públicos que se destinan a esos usos. Lo mismo sucede con los usos especiales.
Los caracteres básicos del régimen jurídico del dominio público son la inalienabilidad y la imprescriptibilidad. Sin embargo, no son atributos exclusivos de los bienes dominiales. Son “efectos”, no “causas” de la dominialidad.
La inalienabilidad y la imprescriptibilidad no bastan, por sí solas, para considerar que un bien pertenece al dominio público. Existen muchos bienes que, a pesar de su carácter inalienable e imprescriptible, pertenecen al dominio “privado” del Estado o al de los particulares. Lo que define a un bien de público y le imprime sus notas correlativas -entre ellas la inalienabilidad y la imprescriptibilidad- es su afectación al uso público, directo o indirecto.
La inalienabilidad tiene fundamento legal en el Código Civil, en su art. 953 en cuanto señala: “el objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio”.
El mismo Código en su art. 2336 expresa: “están en el comercio todas las cosas cuya enajenación no fuere expresamente prohibida o dependiente de una autorización pública”.
Y “el Derecho de propiedad se extingue de una manera absoluta… cuando la cosa es puesta fuera del comercio” (art. 2604 CC).
Que los bienes del dominio público sean inalienables no significa que estén absoluta y totalmente fuera del comercio jurídico; así, por ejemplo, pueden ser objeto de derechos especiales de uso, otorgados o adquiridos mediante las formas reconocidas por el derecho administrativo; pueden igualmente ser “expropiados’”.
En principio, sólo es incompatible el comercio jurídico de derecho privado.
Pero excepcionalmente los bienes públicos pueden ser objeto de negocios jurídicos de derecho privado. Así, en el terreno de los principios, pueden ser gravados con servidumbres y otras cargas reales civiles, mientras resulten ellas compatibles con el destino que determinó la afectación de la cosa dominial.
Sin embargo, una vez desafectado el respectivo bien del dominio público, podría realizarse la venta o enajenación de la cosa, pues, producida la desafectación, desaparece el carácter de inalienable, pasando a ser bien privado del Estado. La inalienabilidad no es, un concepto absoluto, sino que su alcance y sentido son contingentes.
La imprescriptibilidad tiene su fundamento legal en el Código Civil, en cuanto establece: “Todas las cosas que están en el comercio son susceptibles de posesión. Los bienes que no fueren cosas, no son susceptibles de posesión” (art. 2.400).
“El Estado general o provincial y todas las personas jurídicas están sometidas a las mismas prescripciones que los particulares, en cuanto a sus bienes… susceptibles de ser propiedad privada; y pueden igualmente oponer la prescripción” (art. 3.951). “Pueden prescribirse todas las cosas cuyo dominio o posesión puede ser objeto de una adquisición” (art. 3.952). “No puede prescribir el dominio o posesión de las cosas que no están en el comercio, como las afectadas al uso público; hay imprescriptibilidad ante la acción reivindicatoria de la propiedad de una cosa que está fuera del comercio” (art. 4.019, inc. 1º)
Los bienes del dominio público son inembargables. No pueden ser objeto de ejecución judicial. El embargo, stricto sensu, no implica ni requiere desapropio ni enajenación, pues, puede responder a una simple medida de seguridad, en el sentido de evitar que el titular de la cosa disponga de ella, enajenándola; no obstante, supone eventual enajenación, ya que esa medida cautelar, en última ratio, tiende a asegurar la ejecución forzosa del bien.
La ratio iuris que impide el embargo de bienes del dominio público está en la falta de autoridad y jurisdicción por parte de los jueces para cambiar el destino de que tal cambio incumbe a la Administración.
La afectación es el hecho o la manifestación de voluntad del poder público, en cuya virtud la cosa queda incorporada al uso y goce de la comunidad. Desde luego para que se tenga por operada la afectación y ésta surta efectos jurídicos, es menester el cumplimiento de ciertos requisitos. De manera que la afectación puede consistir en un hecho o en una manifestación de voluntad del poder público.
En nuestro idioma el vocablo afectación es un extranjerismo. Lo hemos tomado del francés. No obstante ello, traduce con precisión la idea que al efecto deseamos expresar. Pero el término propio no es afectación, sino “consagración”, palabra acertadamente utilizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosas sentencias.
En relación con la naturaleza jurídica de la afectación, Mayer estima que la afectación es un acto de voluntad, perteneciente a la esfera de la Administración Pública, pero que no constituye un acto administrativo, porque no determina relaciones entre el ciudadano y el poder público; aquella no hace más que crear una situación de la que resultaran esas relaciones. Hauriou considera que la afectación es el hecho que determina la utilización de la cosa a un fin público.
Forsthoff considera a la afectación como un acto jurídico, con efectos específicos y de amplio alcance; pero a su entender se diferencia de los actos administrativos en el sentido usual, porque carece de destinatario.
Villegas Basavilbaso, distinguiendo entre los actos de afectación de los bienes naturales y los bienes artificiales, juzga que la naturaleza jurídica de la afectación es la correspondiente a la de los actos legislativos o administrativos, según se trate de bienes públicos naturales o artificiales, respectivamente.
En un país de la organización político-jurídica como el nuestro, es evidente que para determinar la naturaleza de la afectación hay que distinguir entre bienes declarados públicos en un estado natural y bienes declarados públicos pero cuya creación o existencia depende de un hecho humano.
La autoridad competente en nuestro país para afectar bienes al dominio público y a las formas de esa afectación, tratándose de bienes naturales la afectación surge del propio acto que establece el carácter dominial del bien, o sea surge de la respectiva ley nacional; en esa clase de bienes, la atribución del carácter público vale automática afectación.
Tratase de una afectación ministerio legis.
Las cosas cambian respecto a los bienes de dominio público artificial. La facultad de crear tales bienes es local o provincial; consecuentemente, la afectación de los bienes que integran el dominio público artificial es una facultad local o provincial, y ello puede efectuarse por ley o por acto administrativo fundado en ley, y aun por acto administrativo autónomo, según las circunstancias.
De modo que tratándose de bienes artificiales, la autoridad local crea el bien y -sea por ley o por acto administrativo- lo destina al fin previsto, lo que implica afectación, aunque – claro está- su condición jurídica del bien público derivara de lo dispuesto por el legislador nacional, que es el autorizado para determinar la naturaleza la naturaleza o condición jurídica de las cosas. La afectación debe hacerse por ley nacional, si se trata de bienes naturales, y por ley provincial o por acto administrativo, si se trata de bienes artificiales.
De la afectación deriva una consecuencia jurídica fundamental, que el bien o cosa, desde ese momento, queda efectivamente incorporada al dominio público y sometido a los principios que rigen dicha situación. Solo después de la afectación al uso y goce de la comunidad, la cosa queda regida por el derecho público como dependencia dominial.
No debe confundirse la asignación del carácter público a un bien, con la afectación del mismo al dominio público. Tratándose de cuestiones distintas. La asignación del carácter público a una cosa, solo significa establecer que dicha cosa tendrá calidad dominial, como integrante o dependiente del dominio público.
Los requisitos que dan validez a la afectación son: el asentimiento expreso (en caso de ley o acto administrativo) o implícito, que preste la autoridad administrativa competente y el título traslativo de dominio en poder del Estado de un bien que se afecta. Sin embargo, a los Estados se los considera propietarios, sin necesidad de un título traslativo de propiedad ni de posesión, de todos aquellos bienes que en virtud de lo regulado por ley nacional integran el dominio público.
A los efectos de la incorporación de un bien al dominio público la afectación debe ser actual, debiendo el bien estar real y efectivamente afectada al uso o servicio público. “La mera adquisición de un inmueble y la declaración de que allí se realizará la obra que va a estar afectada al uso público, no implica afectación, y, por lo tanto, el bien no se encuentra incorporado al dominio público: es simplemente un bien privado del Estado”.
Cuando se trata de dominio público natural, respecto del cual la determinación de su condición jurídica importa su afectación, la autoridad competente será el Congreso Nacional, dado que le corresponde dicha determinación.
Lo mismo sucede para la desafectación, ya que implica el cambio de su condición jurídica, sólo pude hacerla la mencionada autoridad.
En el caso de un bien del dominio público artificial, como la afectación no es lo mismo que la determinación de su calidad jurídica de cosa pública, ella puede provenir del Congreso Nacional, de las legislaturas provinciales o de los órganos municipales. La desafectación, a su vez pueden declararla las mismas autoridades administrativas que realizaron la afectación.
Los bienes del dominio público natural: son declarados públicos considerándolos en el estado en que la naturaleza los presenta u ofrece; deben ser creado por el poder público. El propio hecho de asignarles carácter público implica su afectación al uso público vale automática afectación.
Respecto del dominio público artificial: la afectación de estas se realiza mediante la creación del respectivo bien. La facultad de crear tales bienes es, por principio, local o provincial; pertenece a la soberanía reservada de las provincias: es un poder no delegado expresamente por las provincias a la Nación, todo ello sin perjuicio de la excepción que corresponde aceptar como conciencia de nuestro régimen político-jurídico establecido en la Constitución.
La creación y correctiva afectación de un bien artificial al dominio público dentro del territorio de una provincia, puede ser atribución de la Nación, como ocurría con la compra de un terreno por la Nación para construir la sede de los tribunales federales en la respectiva provincia.
En nuestro ordenamiento jurídico, mientras los bienes públicos naturales sólo pueden afectarse por ley, los bienes públicos artificiales pueden también afectarse por actos administrativos o por hechos.
La jurisprudencia en nuestra CSJN opina: “Que tanto como es de esencial para la existencia de la afectación la manifestación de voluntad del poder público, expresada en las formas propias del derecho administrativo, es de innocua la decisión tomada por un particular de convertir por sí solo en un bien del dominio público una cosa de su dominio privado”.
Para surtir efectos jurídicos, la afectación requiere hacer efectiva la satisfacción de una necesidad o de un interés público, constituye una típica actividad estatal, va de suyo que toda afectación idónea debe contar indispensablemente con el asentimiento de la respectiva autoridad. El bien o cosa de que se trate debe hallarse librado al uso público en forma efectiva y actual.
Si la Administración Pública afectase al uso público cosas ajenas, es decir de los administrados o particulares, sin contar con la conformidad estos o sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley fundamental, vulneraría la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad.
Referido al uso público continuado puede dar lugar a la adquisición del bien o cosa y a su correlativa afectación, por dos vías: la prescripción larga y el uso inmemorial. Tanto la primera como el segundo tienen plena cabida en el ámbito del derecho público; solo tienen aplicación tratándose de bienes artificiales, pues la afectación de los bienes naturales, en nuestro ordenamiento al menos, única y exclusivamente nace de la ley.
La prescripción larga, opera a los veinte años, según lo dispone el código civil en sus arts. 4015 y 4016. Para que el Estado adquiera por prescripción una propiedad de una cosa privada y la afecte al uso público como dependencia dominical, es menester que, en lo pertinente, realice actos idóneos para prescribir: por ejemplo, mantenimiento de la cosa, tutela de ella por medios propios de la policía del dominio público, etc.; se trata de actos compatible con la índole y destino del bien.
El uso inmemorial, resulta cuando la situación de hecho es tan antigua que nadie recuerda ni tiene memoria del momento en que se inicio, se recurre al instituto de la inmemorial.
El lapso del cual se tiene por operada la vetustas es el correspondiente a tres generaciones, estimado en sesenta años, que es el doble del plazo máximo establecido por la generalidad de las legislaciones para la prescripción larga.
“Desafectar” un bien significa sustraerlo de su destino al uso público, haciéndolo salir, del dominio público para ingresar al dominio privado, sea del Estado o de los administrados.
El principio consiste en que los bienes desafectados ingresen al dominio privado del Estado; la excepción consiste en que dichos bienes; ingresen al dominio privado de los administrados, como ocurriría con el cauce abandonado de los ríos, por ejemplo.
La desafectación puede consistir en un “hecho” o en una “manifestación de voluntad” del poder público. Esa “manifestación de voluntad” puede concretarse en un acto “legislativo” o en un acto “Administrativo”. A su vez, el “hecho” que sirve de fundamento a la desafectación, tanto puede ser como “natural” como “humano”.
La naturaleza jurídica de la desafectación es correlativa a la de la afectación, de la cual no difiere. De manera que la naturaleza jurídica de la desafectación, al igual que la de la afectación, no es otra que la de un acto legislativo, la de un acto administrativo o la de un hecho jurídico, según los casos.
La desafectación produce fundamentales efectos jurídicos; vale decir, tiene consecuencias esenciales. El efecto principal consiste en el cambio de la condición jurídica del bien, que de “público” pasa a ser “privado”, y cuya titularidad, por principio, le seguirá correspondiendo al Estado y, por excepción, a los administrados o particulares. Es ésta una cuestión que depende del ordenamiento jurídico que se considere.
En nuestro país, por ejemplo, ante el silencio de la ley, las dependencias dominiales desafectadas siguen perteneciéndole a quien era su titular mientras revestían carácter dominical.
Ello se explica, pues la “desafectación” no actúa como causa extintiva de dominio, sino simplemente como modificatoria de un régimen jurídico.
Por excepción, y siempre que ello surja de una Ley, dichas dependencias, una vez desafectadas, pasan al dominio privado de los administrados o particulares: lo que ocurre con los cauces abandonados de los ríos -que es un supuesto de desafectación-, cuya titularidad pasa a pertenecerle a los respectivos ribereños; esto mismo sucede en los países que, como el nuestro, al respecto siguen el sistema accesionista romano, como Italia.
Los efectos de la desafectación pueden resumirse así:
• El bien o cosa sale del dominio público y pasa al dominio privado.
• Como corolario de ello, cesan los derechos de uso – común o especial- que se ejercían sobre la dependencia desafectada.
• Cesan igualmente todas las consecuencias derivadas del carácter de “inalienable” que revestía la dependencia dominial desafectada.
• Los “accesorios” pierden su carácter dominical.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado acerca de los efectos de la desafectación y dijo así: “La propiedad pública… termina por la desafectación … y tal desafectación, … produce el efecto general de cambiar la condición jurídica del bien, que se torna a partir de ella enajenable, prescriptible, embargable y regido, no ya por las disposiciones del derecho administrativo relativas a la policía de los caminos y de las calles, sino por el derecho civil, a cuyo campo de acción ha ingresado, como consecuencia de aquélla”.
Cualquier bien público puede ser desafectado, ya se trate de bienes que integren el llamado dominio público “natural” o de bienes que integren el llamado dominio público “artificial”.
No obstante, algunos autores sostienen que sólo pueden desafectarse los bienes que integran el dominio público “artificial”, no así los que constituyen el dominio público “natural”; afirman que hay bienes que por su naturaleza no pueden ser desafectados, al menos mientras conserven su aptitud para satisfacer el uso público. Esto importa un error: no hay bien público alguno cuya naturaleza impida la desafectación.
El carácter público de un bien es un “concepto jurídico” que, por lo tanto, puede ser modificado por otro concepto; prueba de esto lo constituye el hecho de que ciertos bienes en un país dado se consideran “públicos” y en otro país “privados”, sin perjuicio de que también hay bienes que en el derecho de un mismo país revisten distinta condición legal, según la región de que se trate: es lo que ocurre en el derecho francés con las aguas de vertientes a manantiales, que en el territorio europeo son “privadas” y en Argelia son “públicas”.
No hay bienes públicos por naturaleza, ni por derecho natural; es el Estado quien establece el carácter público de las cosas: por eso es que uno de los elementos esenciales integrantes de la noción conceptual de dominio público es el “normativo” o “legal”.
La desafectación puede operarse de diversos modos, que constituyen otras tantas “especies”. Puede consistir en una manifestación de voluntad del poder público. Es lo que se denomina desafectación “formal”. Asimismo, puede consistir en hechos, cuyo origen puede ser “natural” o “humano”.
Tanto la desafectación “formal”, como la desafectación por “hechos”, pueden referirse a bienes naturales como a bienes artificiales.
a) La desafectación “formal” tratándose de bienes del llamado dominio público “natural”, hay que distinguir entre la simple desafectación que deja subsistente la individualidad de la cosa y la desafectación por transformación del bien, el que en tal supuesto cambia de individualidad. La desafectación de un bien público “natural”, que deja subsistente la individualidad de la cosa, da como resultado el cambio de la condición jurídica del bien, que de público se convierte en privado; pero la naturaleza física de la cosa en sí, no se altera, no se modifica: el bien desafectado conserva su anterior individualidad. Un río, un lago o una isla, continuarán siendo tales aún después de la desafectación; el único cambio que sufren a raíz de ésta es en su condición legal.
De manera que ese tipo de desafectación formal de bienes públicos “naturales”, al no alterar la individualidad del bien, no tiene otro alcance o proyección jurídicos que el cambio de la condición legal de la respectiva cosa, con todas las consecuencias de tal cambio.
La facultad para efectuar esa clase de desafectación de los bienes públicos “naturales”, le corresponde a la Nación, porque importando tal desafectación el cambio de la condición legal del bien, que de público se convierte en privado, ella se traduce o resume en una cuestión substantiva o de fondo: la de establecer sobre el carácter jurídico de las cosas, cuya facultad, según ut supra, pertenece a la esfera de competencia de la Nación, escapando a la de las provincias.
Con respecto a las Provincias: ¿Pueden por sí mismas, y sin intervención alguna del Congreso Nacional, efectuar esa desafectación, y luego enajenar los bienes obtenidos por la transformación o especificación operada?
Ese derecho siempre lo han ejercicio las provincias, antes de la sanción del Código Civil, y después de ella. Nuestros escritores sostienen que se trata de una facultad provincial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la validez y eficacia de tal derecho ejercido por las provincias.
Los autores citados, así como la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo transcripto, hacen surgir esa facultad de las provincias del derecho dominico que tienen sobre los ríos (y en general sobre los demás bienes públicos).
Con respecto, desafectación “formal”, de los bienes públicos “artificiales”, la desafectación puede dar como resultado la extinción del bien o el simple cambio de su condición jurídica.
En el supuesto, que el bien o cosa deje de subsistir, como tal, para el futuro: pierde su individualidad. Así, una calle o un cementerio desafectados dejan de ser calle o cementerio para convertirse en un terreno ordinario, que adquiere la condición jurídica asignada por la ley a dichos terrenos. La facultad para efectuar esta clase de desafectación, dada su trascendencia o significado, es local o provincial. El ejercicio de tal atribución pertenece a la soberanía reservada de las provincias, formando parte de los poderes reservados por éstas y no delegados al Gobierno Nacional.
Es evidente y fuera de toda duda que las provincias, en ejercicio de sus instituciones, tienen el más amplio imperio para disponer qué partes de su territorio se destinaran a calles o cementerios, por ejemplo, y que, por iguales razones, tienen las más amplías atribuciones para disponer que las calles o cementerios creados o establecidos por ellas dejen de ser tales para el futuro.
En el segundo supuesto la desafectación formal sólo produce un cambio en la condición, jurídica del bien o cosa, cuya individualidad subsiste, no se altera. Así, por ejemplo, el cambio de destino de un edificio público, que en lo sucesivo no se dedicará al uso público, provocará un cambio en la condición jurídica de ese bien, que en lo sucesivo será una cosa “privada”.
El carácter “público” del edificio derivaba exclusivamente de su destino al uso público; modificado tal destino, desaparece su carácter dominial, que era su consecuencia. La desafectación por cambio de destino de los bienes artificiales, aunque ello determine un cambio en la condición jurídica de los mismos, es también una facultad local o provincial, Es evidente que el derecho de destinar un bien artificial al uso público, o de privarle de ese destino, también pertenece a la soberanía reservada de las provincias: nunca fue delegado por ellas a la Nación.
Tratándose de bienes artificiales (“obras públicas”, en la terminología del artículo 2340, inciso 7º, in fine, del Código Civil), el legislador nacional se limita a establecer su carácter dominial mientras estén destinados a la utilidad o comodidad común “uso público”, pero la facultad de construir esas obras y de dedicarlas o no al uso público les pertenece a las provincias, a título de potestad reservada por ellas al constituir la unión nacional. El legislador nacional les atribuye carácter dominial a las obras públicas (edificios, por ejemplo) que permanezcan destinadas a utilidad o comodidad común; pero la facultad de crear o construir esas obras y de afectarlas a la utilidad o comodidad común, o de “uso público”, pero la facultad de construir esas obras y de dedicarles o no al uso público les pertenece a las provincias.
Entre la facultad de desafectar bienes públicos “naturales” que conserven su individualidad y la facultad de desafectar bienes públicos “artificiales” que también la conserven, existen, pues, las siguientes diferencias:
• La primera es una potestad de la Nación, porque, dadas sus características, constituye una cuestión substantiva o de fondo, delegada por las provincias a la Nación; la segunda es un derecho de las provincias, reservado por ellas al constituir la unión nacional;
• En la asignación del carácter público a los bienes “naturales”, sólo se tiene en cuenta la “índole” del bien, siendo por ello que todos los de la misma especie son dominiales (por ejemplo, los ríos).
En la asignación del carácter público a los bienes “artificiales’, sólo se considera el “destino” al uso público de los mismos, siendo por eso que, aún dentro de los de la misma especie (“edificios”, por ejemplo), únicamente son públicos los bienes artificiales consagrados al uso público: cesando o desapareciendo dicho destino, desaparece su carácter dominial, que era su consecuencia.
Desde luego, sin perjuicio de lo dicho acerca de la facultad provincial o local para desafectar bienes públicos “artificiales”- conserven o no su individualidad -, cabe advertir que la Nación tiene asimismo facultades para desafectar los bienes públicos artificiales que posea dentro del territorio de las provincias. b.) La desafectación por hechos. Los bienes públicos “naturales” pueden desafectarse por hechos de la naturaleza; ejemplo: el cambio de curso de un río determina la desafectación del antiguo cauce, que pasa a ser un bien privado. Pero dicha categoría de bienes no es susceptible de desafectación por hechos humanos (procedentes de autoridades públicas).
Los bienes públicos “artificiales” pueden desafectarse por hechos, sean éstos de la naturaleza o del hombre. Como ejemplos de desafectación por hechos de la naturaleza, pueden mencionarse la destrucción de un monumento o de un edificio público por un terremoto o por una inundación, el hundimiento de un navío debido a una tempestad. La desafectación de los bienes públicos artificiales por hechos del hombre, puede responder a hechos del Estado, o de terceros, siempre, en este último caso, que los terceros cuenten con el asentimiento indiscutible de las autoridades. Como ejemplos de tales hechos pueden mencionarse: la destrucción de una Biblioteca pública por los bomberos, por razones de policía, determinadas por la necesidad de combatir el fuego de edificios vecinos; la siembra o cultivo del inmueble que servía de calle; el traslado de un cementerio a otro lugar, con lo cual el inmueble del primitivo cementerio que se desocupa queda desafectado; el cierre definitivo de un camino al tránsito.
Los bienes públicos “naturales” no pueden ser desafectados por hechos humanos, o sea procedentes de autoridades públicas.
Los bienes públicos “artificiales” pueden ser desafectados por hechos humanos, es decir realizados por autoridades públicas. Ejemplos: el traslado de un cementerio a otro lugar, con lo cual el inmueble del primitivo cementerio que se desocupa queda desafectado; el cierre definitivo de un camino al tránsito; el cambio de destino de un edificio público, que en lo sucesivo es sustraído al uso público; etc. Ciertamente, también estos “hechos”, para facilitar los efectos de desafectación, deben ser realizados por la autoridad competente, o con su consentimiento. Tratándose de la desafectación de bienes públicos “artificiales”, la competencia para efectuarla es local o provincial, según así quedó dicho precedentemente, todo ello sin perjuicio de la eventual facultad de la Nación para desafectar los bienes públicos artificiales que ella posea en territorio provincial, según también quedó dicho en párrafos anteriores.
La “destrucción” de las cosas dominiales por obra de terceros no implicaba “desafectación”. En consecuencia, la “destrucción” de las cosas dominiales por terceros queda al margen de todas las reglas sobre competencia en materia de desafectación: Porque no se trata de “desafectación”, sino de “destrucción; porque la “competencia” sólo se refiere a las autoridades públicas, no a los particulares; porque los terceros (particulares o administrados) son legalmente inhábiles para desafectar, por sí, los bienes dominiales.
En consecuencia, la destrucción de las cosas públicas por Terceros nada tiene que ver con la desafectación de tales cosas. La desafectación se rige por el derecho administrativo; la destrucción de las cosas públicas queda regida, en general, por el derecho penal, como en el caso del sub-lite
La desafectación de los bienes públicos por hechos humanos o del hombre, que sólo se refiere a bienes artificiales.
Los bienes naturales no pueden ser desafectados por hechos del hombre, lo cual obedece a las siguientes razones:
• Porque tratándose de bienes naturales cuya individualidad no se altera o transforma a raíz de la desafectación, como quedó dicho anteriormente la facultad para realizarla le corresponde exclusivamente a la Nación, quien al respecto debe proceder mediante “Ley” formal;
• Porque, tratándose de bienes naturales cuya individualidad se altera o transforma a raíz de la desafectación (desafectación por transformación o especificación), se dijo anteriormente que la facultad para efectuarla es local o provincial, debiéndosela ejercer mediante “Ley” formal o mediante acto administrativo fundado en Ley -, por tratarse de un acto de disposición.
La desafectación tácita se presenta cuando los bienes del dominio público dejan de poseer tal carácter, no por cambiar su calificación, sino porque la cesación de esa calidad se debe a un hecho exterior de la naturaleza o a una transformación en su estado externo, debido a obras realizadas por la autoridad competente. Por ejemplo, un río que por causas naturales se seca o es desecado por obras de la autoridad.
“No puede hablarse de desafectación tácita para designar actos irregulares que supongan hacer caso omiso de la legislación de fondo, como ocurre con la enajenaciones directas decididas sin previa desafectación ordenada por el órgano del Estado correspondiente (en el caso de bienes del dominio público del Estado, una ley especial) o con la admisión de actos de los particulares que avancen sobre el dominio público estatal (caso de allanamiento del Estado en los juicios de prescripción veinteñal)… La reforma del Código Civil por la ley 17.711, no bastó para alterar la calificación jurídica de los bienes en el art. 2340, inc. 6º, de dicho cuerpo legal.
Los bienes que integran el dominio público están destinados al uso por el “público”. Pero el uso del “público” debe ser compatible con el motivo que determinó la inclusión del bien en el dominio público. Determinar esto constituye una cuestión de hecho a dilucidar en cada caso concreto, pues, si se tratare de un uso incompatible con el destino del bien, otorgado por acto administrativo, éste podría resultar inválido por hallarse viciado de ilegitimidad.
Un “uso” determinado puede no conformarse con el destino de la cosa, pero puede no contrastar con tal destino, es decir, puede no ser incompatible con éste; Por ejemplo: si bien las vías públicas están destinadas a la circulación, no contrasta con el destino de ellas el otorgamiento de un “permiso” para instalar un puesto de venta de comestibles. En cambio sería incompatible con el destino de la cosa, el “permiso” o la “concesión” otorgada dentro de un cementerio para ejercer una actividad por completo desvinculada del fin específico de esa dependencia dominical; pero sería válido el otorgamiento de un permiso o de una concesión para instalar dentro del mismo, un quiosco para venta de flores, ya que esto está vinculado directamente al culto de los muertos, materia relacionada con el destino de los cementerio.
Los bienes dominicales pueden ser utilizados por el público en forma “directa”, sea individual o colectivamente; o en forma “indirecta”, también individual o colectivamente. Como ejemplo de utilización “directa”, individual, pueden mencionarse el permiso y la concesión de uso; como ejemplo de utilización colectiva, cabe recordar el uso de las vías públicas (calles, caminos).
Los usos de que son susceptibles las cosas del dominio público se dividen en dos grandes grupos: “comunes” y “especiales”, que difieren por la índole del aprovechamiento, por el contenido jurídico y naturaleza del derecho de los usuarios.
El uso común, es llamado también “uso general”, y el uso especial se denomina “uso privativo”, “exclusivo” o “diferencial”. Esta es una diferenciación básica, dentro de las cuales quedan incluidas las variantes introducidas por otras clasificaciones.
El uso de los bienes de dominio público, ya se trate de “uso común” o “uso especial”, no es por principio gratuito ni oneroso, ya que éstas no corresponden a la esencia del dominio público. Depende del criterio del legislador establecer, sin desvirtuar principio jurídico alguno, que el uso de los bienes dominicales sean gratuitos u onerosos, concordando con la “naturaleza” de los mismos.
Generalmente, el uso “común” es gratuito, aunque por excepción puede no serlo. Esto es así en el caso de establecerse el pago de un peaje sobre ciertos caminos o puentes; también cuando se exige el pago de una determinada suma de dinero para acceder a ciertos museos públicos, paseos públicos, jardines zoológicos, jardines botánicos, etc.
En nuestro país, la ley de vialidad nº 13.504, de 1948, art. 14, inciso 11, estableció un peaje sobre cada vehículo que transite por puentes o túneles, cuyo costo de construcción exceda los cinco millones de pesos. Debemos tener en cuenta que el peaje es lícito, en tanto se establezca como contribución para solventar los gastos de conservación o de construcción de la obra. Pero si el peaje se estableciese a raíz de la circulación o del tránsito interprovincial o al exterior, sería írrito, ya que violaría los art. 10 y 11 de la Constitución Nacional.
En cambio el “uso especial”, otorgado por permiso o concesión, generalmente es oneroso, por cuanto surge del acto administrativo que otorga el permiso o la concesión.
Nuestros bienes públicos pueden ser nacionales o provinciales, dependiendo de la jurisdicción en que estén situados. La autoridad competente para legislar sobre todo lo relacionado con el uso de los bienes públicos, depende del lugar en que esté ubicado el respectivo bien.
El poder para legislar sobre el uso de los bienes públicos nacionales, le corresponde a la Nación (Constitución Nacional, artículo 75, incisos 15 y 30).
El poder para legislar sobre todo lo atinente a los modos y formas en que los particulares podrán realizar y adquirir el uso de los bienes públicos “provinciales”, le compete a las provincias. Tal facultad provincial surge del artículo 121 de la Constitución, en cuyo mérito las provincias conservan el ejercicio pleno del llamado poder de policía, una de cuyas manifestaciones consiste en la facultad de reglamentar la forma y modo del uso de los bienes públicos. Esta facultad provincial es “exclusiva” de las respectivas provincias, pues nunca fue expresa ni implícitamente delegada a la Nación.
No compete al Código Civil determinar el uso de los bienes dominicales. Esto es así no sólo porque tal materia pertenece al derecho público y no al derecho privado -que constituye el objeto del Código Civil-, sino porque siendo este último una ley de la Nación, no podría válidamente contener normas sobre uso de bienes públicos situados en las provincias, ya que entonces la Nación estaría legislando sobre una materia ajena a su competencia.
Este es un punto controvertido, ya que el art. 2341 del código Civil declara que los particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos, no sólo de acuerdo a las disposiciones administrativas, sino de acuerdo “a este Código (el Civil), y a las ordenanzas locales y generales”. Debe tenerse en cuenta que toda disposición del Código en cuanto a establecer la forma o modo en que puedan ser utilizados los bienes públicos es ineficaz, en especial, en cuanto a los situados en jurisdicciones provinciales.
El error en que incurrió Vélez Sarsfield en cuanto a este art. 2341, se relaciona con el Código del cual tomó la referencia, el Código de Chile, pero no tuvo en cuenta que ese país es política y legislativamente unitario, en cambio el nuestro, es una República Federal, donde existen poderes de las provincias, reservados y no delegados a la Nación. Dentro de su esfera, la Nación y cada Provincia tienen facultad exclusiva para establecer el modo de utilización de los bienes dominicales y el medio jurídico para adquirir el derecho de uso “especial” sobre esos bienes, ya sea por medio de permisos, concesiones o prescripción.
En materia de aguas el Código Civil dispone que sin “concesión” especial los ribereños no puedan sacar aguas para sus terrenos (art. 2642). Este texto tampoco es original de Vélez Sarsfield, ya que lo tomó del art. 4262, inc. 2º del proyecto de Freitas, razón por la cual carece de trascendencia en el ámbito de nuestras provincias, las cuales, en ejercicio de legítimas atribuciones constitucionales pueden establecer si ese derecho de uso “especial” ha de ser adquirido mediante “concesión”, como lo menciona el Código, o también podrá serlo por otro u otros medios jurídicos, como ser, “permiso” o “prescripción”. Villegas Basavilbaso pone de manifiesto que la locución “concesión especial” utilizada en el art. 2642 de nuestro Código Civil, no ha sido tomada en su sentido técnico, como expresión de “concesión de uso”, sino que comprende también el “permiso” de uso, como otro medio jurídico por el cual se adquieren utilizaciones privativas.
“Usos comunes” del dominio público son los que pueden realizar todos los hombres por su sola condición de tales, sin más requisitos que la observancia de las disposiciones reglamentarias de carácter general dictadas por la autoridad.
En cuanto a “usos comunes” pueden mencionarse los siguientes:
• En materia de aguas: beber, bañarse, lavar ropa, abrevar ganado, patinar en zonas congeladas, navegar y pescar; el arrastre de troncos o maderos sueltos aprovechando la fuerza de la corriente de un curso de agua, y “en general todos aquellos que no disminuyen o alteran sensiblemente la calidad y cantidad del agua pública”.
• El tránsito en las vías y lugares públicos, como el estacionamiento momentáneo o accidental en los mismos. Este estacionamiento momentáneo integra y contempla la facultad de locomoción o tránsito. Es un corolario del derecho de transitar. Pero se debe distinguir entre éste tipo de estacionamiento y el “privativo” o temporario. El estacionamiento “privativo” constituye un “uso especial” del dominio público, el cual se rige por los principios aplicables a esta última especie de uso.
• La contemplación o admiración de monumentos.
• Los enterramientos o inhumaciones en fosas comunes, las cuales se utilizan para el entierro de personas que generalmente carecen de parientes o de quienes se interesen por ellas. No son individuales, ya que en una sola fosa se les da sepultura a numerosos cadáveres, razón por la cual se denomina “fosa común”.
• La consulta de libros en bibliotecas públicas.
• La contemplación de objetos expuestos en museos públicos.
El “uso común” corresponde al uso por el público, es decir por todos los habitantes. En esta clase de usos, el usuario es “anónimo”, “indeterminado”, no “individualizado”.
Con referencia al uso común, hay quienes también hablan de usuarios “individualizados”, lo que ocurriría merced a la particular situación de hecho en que algunas personas pueden encontrarse frente a los demás usuarios, respecto a un bien del dominio público. Es lo que sucede, por ejemplo, con los propietarios de inmuebles linderos con calles públicas, con los ribereños de cursos de agua, etc. Ciertamente, respecto a la calle o al curso de agua, la situación de dichos propietarios es distinta a la del ciudadano o habitante que se limita a transitar por la calle o a navegar en el curso de agua. Como consecuencia de esta diferente situación de hecho, en lo que se refiere al ejercicio del uso común se pretende reconocerle al supuesto usuario “individualizado” una situación jurídica de mayor solidez que al usuario “no individualizado”, con los consiguientes medios de protección más amplios y eficaces. Sin embargo, en materia de “uso común” no es acertado hablar de usuarios “individualizados”.
Respecto al uso común, “stricto sensu”, el usuario es siempre “anónimo”, “indeterminado”, “no individualizado”. Lo que ocurre es lo, siguiente: como ya lo advirtió Guicciardí, en el caso de tales usuarios “individualizados” hay dos situaciones a considerar:
• La que deriva de su calidad de habitante, de miembro de la colectividad:
• La que resulta de su calidad de propietario lindero con una dependencia del dominio público.
La situación de dichos usuarios es idéntica a la de cualquier otro miembro de la colectividad que se limita a utilizar la vía o cosa pública; en ese orden de ideas, dicho propietario lindero continúa siendo un usuario “anónimo”. La “individualización” sólo se refiere y se vincula a su carácter de propietario de un inmueble lindero con una dependencia del dominio público; pero esto nada tiene que ver con el “uso común” que se ejercita sobre este último. En este supuesto, sólo se trata de la relación entre la propiedad privada y el dominio público.
El sujeto del uso común es la colectividad, no el individuo. Este sólo practica el uso en su calidad de miembro de la colectividad. Pero puede suceder respecto al ejercicio del uso común, que se afecte, no la colectividad, sino la facultad de un individuo en particular, lo cual solo tiene importancia en cuanto a la existencia o no de medios de tutela o protección.
De lo expuesto podemos deducir que, el destinatario del uso común de los bienes públicos es la colectividad, no el individuo, razón por la cual, el usuario no es específico, sino genérico, excluyéndose toda individualización; todo lo contrario ocurre con el uso especial o privativo, donde el público usuario es específico, y es individualizado.
En cuanto a la naturaleza jurídica del uso común de los bienes del dominio público, hay varias doctrinas:
• La que considera el uso común como ejercicio de un derecho real de los particulares. Teoría hoy en desuso.
• La que incluye el uso común entre los derechos individuales que tienen por objeto la prestación de utilidad o de servicios por parte del estado: los bienes públicos representan el medio con que el Estado provee los servicios públicos, por ejemplo, la vialidad.
• La que considera el uso común como ejercicio de una facultad que forma parte integrante de la “esfera de libertad” (la que incluye varias prerrogativas individuales, como la “libertad individual”, el derecho a “la vida”, etc.) que constitucionalmente le corresponde a los hombres.
El uso común nos pone en presencia de atributos naturales del individuo, de potestades inherentes a la personalidad humana (el derecho a beber, a bañarse y a lavar la ropa en aguas públicas). Esta potestad de ejercitar usos comunes siempre se presupone. Es un derecho preexistente al Estado, innato en el individuo.
En cuanto al carácter del uso común, respecto a cual es su naturaleza jurídica, si es un derecho subjetivo, un interés legítimo o un interés simple, existen opiniones encontradas entre los diversos autores.
Guicciardi, refiriéndose a la naturaleza jurídica de la facultad de los particulares para ejercitar usos comunes, acepta conjuntamente las teorías que consideran a dicha facultad como interés cívico corporativo y como derecho de libertad individual. Todo lo hace depender del aspecto o momento que se considere de suerte que para él una teoría complementa a la otra. En uno de esos aspectos la facultad del particular reviste para él carácter de “interés cívico corporativo” y en otro aspecto reviste carácter de “derecho de libertad individual.
Para dicho autor, en todo lo vinculado a la afectación y a la desafectación de los bienes públicos, la actividad del Estado se realiza en interés “general de la colectividad”; mientras que en todo lo relacionado con la protección del uso que los particulares ejercitan sobre los bienes públicos, en tanto dure su afectación, la actividad del Estado se realiza en interés “individual de cada componente de la misma colectividad”.
De ahí deduce que en todo lo atinente a la afectación y desafectación del bien al uso público, el particular sólo tiene un interés cívico, corporativo, que al no estar individualizado en un sujeto determinado y al no contar con una protección directa, constituye un “interés simple”; en lo atinente al uso del bien una vez que éste se encuentre afectado al uso público, el particular tiene un “derecho subjetivo”.
Alessi sigue la teoría de Guicciardi en cuanto éste, para el análisis o estudio de la cuestión, distingue dos aspectos o momentos:
• El vinculado a la afectación y a la desafectación de los bienes públicos.
• El relacionado con la protección del uso que los particulares ejercitan sobre dichos bienes.
Pero se aparta de Guicciardi en cuanto a la naturaleza de la potestad que al respecto le compete al particular; para Alessi, en los dos supuestos, el administrado sólo tiene un interés simple”, salvo que la medida, o acto lesione su derecho a la libertad (pone como ejemplo el derecho de locomoción o de trasladarse de un lugar a otro). En nuestro país, la protección de esto último se lograría mediante la alegación de inconstitucionalidad.
En cuanto a la protección del usuario respecto al uso común, Guicciardi sustenta un criterio armónico con su concepto sobre la naturaleza jurídica de esa facultad de uso. Así, en materia de afectación y desafectación de los bienes al dominio público, por sólo existir al respecto un “interés simple” a favor del particular, éste carece de medios jurídicos de defensa, excepto los recursos inherentes al control administrativo. En cambio, dice, los particulares tienen una protección más completa y más amplia en lo atinente a la otra facultad jurídica, es decir acerca del ejercicio de su derecho de libertad en la circulación sobre los bienes públicos, existiendo al respecto normas de carácter preventivo y represivo.
Para otros autores, la teoría de Guicciardi es inaceptable, porque consideran que el “uso común” no sólo puede consistir en la “circulación” sobre los bienes públicos, sino en muchas otras actividades extrañas a la circulación o tránsito. Dicho autor se particulariza y se concreta a la “circulación” Y a ella refiere los medios de protección de que habla.
Guicciardi parte del concepto que considera que todo lo vinculado a la afectación y a la desafectación de los bienes públicos constituye una actividad que el Estado realiza en interés “general de la colectividad”, mientras que todo lo relacionado con la protección del uso que los particulares ejercitan sobre los bienes públicos, constituye una actividad que el Estado realiza en interés “individual de cada componente de la misma colectividad”.
Pero según otros autores, en ambos supuestos la actividad del Estado es del mismo tipo: se realiza en interés “general de la colectividad”, es decir, en ningún caso al particular se lo considera “individualmente”, sino como miembro de la colectividad; las ventajas que en este orden de ideas recibe el “individuo” le corresponden como miembro de la colectividad. En ambas hipótesis el usuario permanece “no individualizado”. El sujeto del uso común es la colectividad, no el individuo; igualmente el destinatario del uso común es la colectividad, no el individuo. La colectividad realiza dicho uso a través de los individuos que la constituyen, resultando que el beneficio que la colectividad recibe mediante el uso común de los bienes públicos se logra a través de los individuos que la integran. Y no podía ser de otra suerte, ya que la colectividad no es otra cosa que un conjunto de individuos; si se prescinde de estos últimos, el concepto “colectividad” queda vacuo y pierde todo sentido. Siempre se está en presencia de usuarios “no individualizados”.
De manera que no es acertado decir que en todo lo atinente a la protección del uso que los particulares ejercitan sobre los bienes públicos, la actividad del Estado se realiza en interés “individual” de cada componente de la colectividad; la protección se refiere a la colectividad, a efectos de que sus integrantes ejerciten ese uso común. Esta protección beneficia a los individuos.
Si se prescinde de los individuos que la componen resulta inconcebible la noción de “colectividad”. Si a una colectividad se le sustraen los individuos que la forman, nada queda de ella. Si se prescinde de los individuos que la integran, la noción de colectividad se reduce a nada.
En los dos supuestos contemplados por Guicciardi -afectación y desafectación de los bienes públicos y protección del uso que sobre ellos ejerciten los particulares- la naturaleza jurídica de la facultad o prerrogativa que a éstos pueda corresponderles es la misma, pues en ambos casos el usuario es “indeterminado”, “anónimo”, “no individualizado”, circunstancia que impide la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo a su favor. Pero, nada de esto obsta a que el particular que ejercita “usos comunes” disponga de medios jurídicos de defensa, aun en el supuesto de actos provenientes del Estado, si éstos vulneran una garantía esencial establecida en forma expresa o implícita por la Constitución.
Lo atinente a la índole de la facultad que tendría el usuario para obtener que la Administración Pública afecte un bien al dominio público o para impedir que lo desafecte, constituye una materia, si bien interesante, ajena a la del uso común propiamente dicho. Mientras la “afectación” no haya tenido lugar, no puede hablarse de ejercicio del uso común sobre el dominio público, porque en tal supuesto el bien del dominio público aún no existe; correlativamente, una vez producida la “desafectación”, tampoco puede hablarse de ejercicio del uso común, porque entonces el bien del dominio público ha dejado de existir.
En estos casos ya no se trataría de cuestiones directamente relacionadas con el uso común, sino de la atribución que puedan o no tener los administrados para obligar a la Administración a afectar un bien al dominio público o para impedir que lo desafecte. El problema del uso común, propiamente dicho, es otro: sólo comienza y existe cuando el respectivo bien ha sido afectado al dominio público y mientras dure su afectación: presupone la “existencia” de un bien afectado al uso público. Pero todo lo vinculado a la afectación y a la desafectación de los bienes públicos es ajeno al ejercicio del “uso común” que sobre ellos pueda realizarse. Cuando se habla de ejercicio del “uso común” se parte de la “existencia” del respectivo bien público, pues no es concebible “usar” una cosa que aún no existe o que ha dejado de existir.
La cuestión que se considera consiste en saber cuál es la naturaleza jurídica del uso común que los administrados ejercen sobre los bienes públicos, a fin de determinar qué medios tendría el particular o administrado para protegerse en el supuesto de que la potestad de ejercitar dichos usos fuese desconocida o atacada, sea por el Estado mismo o por otros particulares.
Por lo tanto, la naturaleza jurídica del uso común es la potestad que puede ser ejercida por todos los hombres, por su sola condición de tales -“cuivis de populo”-, sin distinción entre nacionales v extranjeros, y en cuyo ejercicio el usuario permanece siempre anónimo, indeterminado, no individualizado.
Esto perfila, el mero “interés simple”, por el que debe entenderse ese interés vago e impreciso, no individualizado, perteneciente a cualquiera – no reconocido ni tutelado en modo directo por el ordenamiento jurídico -, relativo al buen funcionamiento de la Administración. El uso común constituye, pues, un “interés simple”.
En general, el uso de los bienes dominicales, el uso común puede ser gratuito u oneroso.
Si bien generalmente el uso común es gratuito, puede no serlo. Así, por ejemplo, aunque el uso de las vías públicas por regla general es “gratuito”, nada obsta al establecimiento de un peaje a su respecto.
Como lo recuerda Rolland, hay museos donde no es permitido entrar sino pagando. Lo mismo ocurre con ciertos paseos públicos, corno jardines botánicos o zoológicos, donde sólo se permite el acceso mediante el pago de una suma.
Más aún: con relación a una misma dependencia dominical – verbigracia, jardines zoológicos -, se registran casos donde el sistema de la gratuidad y el de la onerosidad se sucedieron o alternaron, habiendo imperado en ciertas épocas el sistema de la onerosidad y en otras el de la gratuidad, y viceversa.
Pero la onerosidad del uso común debe surgir de un texto legal, o hallarse autorizada por éste, lo cual obedece a la índole de dicho uso: potestad que, si bien implica un mero “interés simple”, integra la esfera de libertad del individuo.
Villegas Basavilbaso sostiene una idea concordante a la expresada en el texto: afirma que el uso común no constituye un “derecho subjetivo” ni un “interés legítimo”, por el contrario, el uso común constituye un “interés simple”.
Pero la onerosidad del uso común debe surgir de un texto legal, o hallarse autorizada por éste, lo cual corresponde a la índole de dicho uso: potestad que implica un mero “interés simple”, y además integra la esfera de libertad del individuo.
El uso común, como toda otra prerrogativa, hállase sometido al poder de policía o poder reglamentario del Estado. La policía de la cosa es el único límite puesto al individuo para el ejercicio de los usos comunes.
El sujeto del dominio público es el “pueblo”, pero solo los usos “comunes” integran el contenido del derecho perteneciente al “pueblo” como titular de esos bienes. Respecto a los “usos especiales”, éstos no tienen un titular determinado “a priori”: su eventual titular puede ser cualquier miembro de la “comunidad” -constituida por nativos y extranjeros- a quien se le otorgue el respectivo derecho, lo cual depende del régimen legal o administrativo imperante.
De manera que, contrariamente a lo que acaece con los usos “comunes”, el destinatario de los usos “especiales” -privativos o exclusivos- no es “genérico”, constituido por todo el público, sino “específico”, representado y compuesto exclusivamente por los titulares de los correspondientes derechos otorgados por el Estado, lo que entonces siempre permite individualizar al usuario.
La adquisición del derecho de uso “especial” o “privativo” de los bienes del dominio público requiere indispensablemente un acto expreso del Estado, en cuyo mérito ese derecho resulte otorgado o reconocido.
El uso especial podrá, pues, ser adquirido por cualquiera de los medios que al efecto establezca o reconozca el ordenamiento jurídico vigente en el respectivo lugar o país.
Teóricamente, esos medios son tres: el permiso, la concesión y la prescripción.
Los administrados o particulares, para realizar usos `especiales” o “privativos” del dominio público, requieren una autorización expresa o un reconocimiento de parte del Estado. Sólo los usos “comunes” integran el contenido del derecho perteneciente al “pueblo” como titular del dominio público. En tal virtud, el pueblo, como sujeto del dominio público, puede utilizar libremente los bienes que lo constituyan, en tanto se trate de realizar usos “comunes” o “generales”. Tratándose de efectuar usos “especiales”, “exclusivos”, “privativos” o “diferenciales”, los habitantes del país ya no actúan como “pueblo” sino a título individual, como terceros, siendo por ello que no pueden utilizar los bienes públicos sin autorización especial del Estado. Este uso “especial” excede del que les corresponde a los habitantes en su calidad de titulares del dominio público.
En concordancia con lo expresado acerca del carácter con que, en estos supuestos, actúa el Estado, en ese orden de ideas, la diferencia entre dominio público y dominio privado del Estado es un reflejo de la distinción entre derecho público y derecho privado. Las normas que regulan el dominio público, en su vinculación con los particulares, y las que regulan el dominio privado del Estado, también en dicha vinculación, mantienen la diferencia esencial entre derecho público y derecho privado: normas de subordinación en lo atinente al dominio público y de coordinación en lo referente al dominio privado.
Por lo tanto, el derecho que sobre el dominio público le corresponde a su titular, constituye una “propiedad”, pero no una propiedad común u ordinaria, regida por el derecho privado, sino una propiedad de derecho público, una “propiedad pública“. Ello incide en el “régimen jurídico” del dominio público, transmitiéndole su esencia.
El Estado, en todo lo atinente a la regulación del uso de los bienes dominicales, actúa como persona de derecho público, como poder público.
III.- DAÑO COLECTIVO AMBIENTAL. DESTRUCCION ACUIFEROS.
USURPACION DE BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO NATURAL Y USURPACION DE AGUAS.
Se denuncia la presunta comisión de delito de daños, estrago ambiental o ecológico de peligro, por degradación de recursos ambientales (aire, agua, suelo, flora y fauna) interjurisdiccionales, que genera daño ambiental de efecto progresivo sobre el Delta del Paraná y el Río de La Plata, donde habitamos unos 14.000.000 de habitantes, solo del lado argentino, perjudicados en su calidad de vida, bien jurídico protegido por nuestra ley fundamental, afectando también a países limítrofes por el resultado expansivo de la contaminación sobre toda la cuenca del Río de la Plata, al vulnerar al ecosistema del Delta del Paraná y sus funciones ecológicas, perjudicando acuíferos como se detalla en autos.
También, se denuncia la presunta comisión del delito de usurpación de bienes inmuebles del dominio público natural, de usurpación de aguas entendida como cosa inmueble y daños por estrago, conforme lo tipificado en los arts. 181, 182, 183, 184 inc 5, 186, 187, 188 y 189 del Código Penal; como así también, se denuncia la presunta comisión del delito tipificado el art. 172, art. 173 inc. 9 e inc. 11 y el art. 174 inc 4 del Código Penal; porque las conductas disvaliosas, estarían ejecutándose por los responsables de la Urbanizaciones Cerradas como NORDELTA por las Empresas CONSULTATIO y el Emprendimiento Organizador EIDICO cuyos directivos son EDUARDO CONSTANTINI y JORGE O´REILLY respectivamente, asociados a JORGE P. URRUTI todos en connivencia con funcionarios del Estado Municipal, Provincia y Nacional.
Estos emprendimiento ilegal con efecto acumulativo perjudicial, serían el denominado NORDELTA, Altamira constituido por Santa María de Tigre, Santa Bárbara, Dormies Santa Bárbara, El Encuentro. Y también lo integrarían Villa Nueva conformada por San Agustín, San Benito, Santa Catalina, Santa Clara, San Francisco, San Gabriel, San Isidro Labrador, San Juan, San Marco, San Rafael, Santa Teresa.
Del mismo modo, se debe investigar por los mismos delitos a los emprendimientos “Isla del Este”, “Santa Mónica” y “Delta Eco Spa”; casualmente los promotores y vendedores del proyecto son las mismas inmobiliarias que actualmente impulsan a Colony Park S.A. (Meyer Propiedades, O´Connor).
Tambien solicitamos sea investigado el complejo denominados PALMARES DEL DELTA, un exclusivo Spa & Resort de 31.440 m2 que cuenta con 12 habitaciones de alta categoría, ser vicios de restaurante, sala de masajes, gym, sauna, salón de juegos, pool, bar, pileta, quincho y playas; posee una plantación de Palmeras que inspiró el nombre del emprendimiento, con zonas exclusivas para realizar actividades náuticas y terrestres que incluyen amarras privadas y para invitados, cinco lagunas, arroyos con senderos y puentes, paseos peatonales, bici-senda, cancha de tenis y un golf de 9 hoyos.
Incluso también estaría involucrado el denominado Consorcio Parque Náutico San Fernando SA, por el relleno sobre el Río Lujan sobre el Club Barlovento, tanto por actos, omisiones y comisión por omisión, con dolo o culpa, no reconocerían, además de los delitos endilgados, la función ambiental ó ecológica del Delta, ni el acceso al agua como un derecho humano vital; restringiendo el derecho a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y al desarrollo sustentable; con el agravante de estar modificando los lechos o cursos de ríos y canales interjurisdiccionales pertenecientes a la Cuenca Internacional del Río de la Plata, variando la línea de ribera, estorbando el ejercicio de terceros como la libre navegación y la seguridad sobre esas aguas navegables pertenecientes al Dominio Público Natural, como el Canal del Este, el Canal Vinculación, y todo el valle de inundación del Río Lujan (considerado Canal Costanero por Ley 20.645, Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo), mediante la represa de aguas, o embalse, dragado, refulado y relleno.
El río atraviesa las comunidades de los respectivos Municipios Tigre, San Fernando, Olivos es decir el Gran buenos Aires y la CABA, de donde dependen la vida, la economía, el hábitat y el ecosistema de esas localidades, al que pertenecen e integran mis mandantes, en virtud de ello vengo por este acto a DEDUCIR QUERELLA CRIMINAL en contra, de resultar también responsables, las autoridades del Estado Nacional, Provincial y Municipal, y formular reserva en contra de los participes y/o cooperadores de ese delito ecológico como así los responsables criminales de encubrimiento o apología del delito que sostienen públicamente lo contrario, de los ilícitos criminales obrantes en autos, incluso por Contaminación Ambiental, delito tipificado también en el Art. 55, 56, 57 y 58 de la ley 24.051, o la figura penal de dicha ley que merezca a su entender la formal imputación fiscal, a sus autores.
Los vecinos afectados exigen que el ordenamiento territorial en la planicie intermareal o interestuarial del valle de inundación del Río Lujan, el Delta tanto el Bajo como el Alto Delta del Paraná resulte acorde con los básicos principios del desarrollo sustentable, preservación del ambiente y respeto a la Constitución Nacional art. 41; además, el sistema jurídico argentino acepta plenamente la responsabilidad objetiva, desde su sanción el Código Civil la había establecido para algunos supuestos de daño ambiental (arts. 1133 y 1134), principio que la reforma de 1968 generalizó (art. 1113 2º párrafo). Por ello quien provoque un daño al ambiente o tenga bajo su guarda o dependencia una persona o cosa que lo ocasione será plenamente responsable.
Como acreditamos al exponer los hechos, que fundan la acción penal, a donde remitimos a V.S., toda vez que en ella se expresan concretamente, las circunstancias y motivos que se estiman configurativas del delito de usurpación de bienes del dominio público natural, usurpación de aguas como bien inmueble por la excavación y construcción de profundas lagunas que destruyen el acuicludo Querandinense dañando a nuestros acuíferos del dominio público.
Y, la otra conducta lesiva, sería la destrucción ecológica en calidad de estrago, desencadenada en una “zona de exclusión” o “zona intangible” como lo es el Delta en Crecimiento, único Delta en el mundo río-río, dadas las funciones ecológicas detalladas en las denuncias; donde advertimos que por el dragado y la adición de biosólidos en suspensión, se alteran las aguas superficiales con la consiguiente pérdida de la potabilidad, al adulterar y contaminar.
Y también se afecto el equilibrio ecológico al usurpar tierras pertenecientes al dominio público natural como son las de la llanura poligénica intermareal o interestuarial del valle de inundación del Rio Luján y la usurpación de sus aguas como bien inmueble mediante la formación de lagunas cavadas en una profundidad de más de 20 metros, alterando la línea de ribera, al desmontar, al dragar alterando el medio y las aguas de un modo peligroso para la seguridad de los isleños y para la salud pública (salud a la que todos tenemos derecho). Perjudicando la libre navegación, el comercio y al turismo de la zona.
Pretendemos, cambios ambientales favorables para lograr la restitutio in natura o in pristinum, asegurando los servicios ecológicos sustentables que brindan el Humedal del Delta del Paraná y el Bajo Delta en especial, integrante de la Cuenca Internacional del Río de la Plata.
Que ratificamos a la denuncia efectuada el 23 de marzo del 2012; como así también el delito de agresión continua sistemática y generalizada contra la población civil por todos estos estragos ecológico o crímenes hidrogeológicos que envenenan y adulteran las aguas potables y que afectan a la salud pública, en convivencia con funcionarios del Estado Municipal Provincial y Nacional.
IV.- AUTORES.
Estarían comprometidos todos los responsables de las empresas de los emprendimientos inmobiliarios detalladas en la denuncia y todos los que puedan resultar comprometidos a raíz de la investigación que el MPF decida en virtud de las cuestiones de hecho y de derecho especificadas en la denuncia penal; más, los que se incorporen por las investigaciones que el AGENTE FISCAL FEDERAL considere conducentes.
Estarían también incluidos los funcionarios actuales responsables de las áreas ambientales y de gobierno del Estado Nacional, Provincial y Municipal de las áreas ambientales, quienes por omisión o comisión por omisión contribuyen a modificar el uso de los humedales a través de la promoción o prefactibilidad de la 1ª Sección de Islas sin medir el impacto ambiental; habiendo permitido la instalación de los emprendimientos con laguna de agua salada adulterando el agua dulce del humedal del Delta, y la planicie o llanura intermareal o poligénica del Valle de Inundación del Lujan, estas personas responsables de los emprendimientos inmobiliarios denunciados, y los funcionarios públicos de las áreas administrativas ambientales y de gobierno del Estado Municipal, Provincial y Nacional, todos serían responsables solidarios de los daños y perjuicios a particulares y del daño ecológico colectivo producido en el Bajo Delta 1ª Sección de Islas; porque conforme el principio de la sana critica y la experiencia se podrá advertir que existiría, responsabilidades compartidas.
Y ello, porque los querellados omitieron no solo el mandato constitucional del art. 41CN, sino también los principios ambientales conforme lo regula la Ley General del Ambiente Nº 25675. Además se esta destruyendo una zona de humedales actualmente declarada “área natural protegida” por Ordenanza Municipal de Tigre, la Nº 758/88 y el Decreto Municipal N° 1879/88, aún vigentes, por los cuales se creó la Reserva Natural Integral “Parque Ecológico de la Primera Sección de Islas del Delta del Paraná, Partido de Tigre”.
Donde el 15 de febrero de 1988, por Expediente Nº 4112-1434/88 el Departamento Ejecutivo elevó al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de creación de la RESERVA NATURAL INTEGRAL “PARQUE ECOLÓGICO DE LA PRIMERA SECCION DE ISLAS DEL DELTA DEL PARANÁ, PARTIDO DE TIGRE”,
Como entenderá la Sra. JUEZ la irresponsabilidad de los actuales funcionarios públicos o de los que permitieron en la anterior gestión (pues los actuales culpan a los anteriores) que se vulnerara la Ley Provincial 6253 y la Ordenanza Nº 758/88 y el Decreto Municipal N° 1879/88 en perjuicio del ecosistema del humedal del Bajo Delta, es palmaria.
Asimismo, en nuestro Derecho la relación Estado y protección ambiental se encuentra normada en el Preámbulo de la Constitución Argentina al mencionar “promover el bienestar general”, en el Art. 41, en las atribuciones otorgadas al Congreso Nacional y en las normas constitucionales provinciales.
La Fiscalía deberá investigar porque se ejercieron las funciones de contralor de las autoridades públicas, de forma irregular. En muchos casos como obra en autos con total irresponsabilidad e impericia. La Carta Magna prescribe en su art. 16 la “idoneidad”. Con lo cual el accionar irregular de algunos funcionarios y el daño que causan en su consecuencia, no está exento de responsabilidad. Así el Código Civil en el Art. 1112 expresamente regula la responsabilidad: “Los hechos y las omisiones de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos en las disposiciones de este título”. Hablamos de la responsabilidad civil derivada de los actos ilícitos que no son delitos cuando se encuentra ausente el dolo o intención.
Existe la obligación de resarcir el daño, de indemnizarlo. Esta norma es aplicable también a los funcionarios públicos, quienes deberán soportar mayores consecuencias quien tenga un mayor deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas conforme al Art. 902 Cód. Civ.
En particular, en el Municipio de Tigre, estos proyectos fueron instrumentando la prefactibilidad, omitiendo completar los tramites administrativos correspondientes prescriptos en la normativa, por lo que la continuidad de las obras en el Bajo Delta destruyendo al ecosistema, causando perjuicio a los isleños residentes y demas delitos especificados, es responsabilidad también de los actuales funcionarios, aunque se justifiquen que lo heredaron.
Cuando hablamos de cumplir de manera irregular una función como es la de controlar, nos enfrentamos ante la “responsabilidad del Estado por los hechos omisivos”.
Se trata de ciertos hechos que adolecen de la acción debida cuando las circunstancias lo requieren. El Estado Municipal omitió llevar a cabo lo que el deber jurídico le imponía. “Marienhoff” explica al abordar la responsabilidad del Estado la necesidad de recurrir a normas analógicas, principios generales del derecho y contenidos del derecho privado frente al vacío de normas en el derecho público.
En este sentido, el art. 1074 Cód. Civ. menciona la responsabilidad por omisión en tanto exista una disposición de la ley que le imponga la obligación de cumplir el hecho omitido. Sin embargo dicho autor amplía el campo de responsabilidad. No sólo es responsable cuando se atenta contra lo que prescribe la ley, sino cuando existe obligación jurídica de obrar. Esa obligación ya no la consagra únicamente la ley sino la misma razón, la moral, los principios éticos, la responsabilidad y el compromiso político asumido ante la ciudadanía por el hecho de dirigir los destinos de una Nación, una Provincia o un Municipio.
Todos, absolutamente todos, debemos velar por un ambiente sano, no solo por mandato constitucional, sino también por el principio de solidaridad ese principio humano de tercera generación en resguardo de las personas que nunca vamos a conocer: las futuras generaciones; por ello la responsabilidad es de todos, tanto de gobernantes como gobernados; y por supuesto, tampoco queda excluída, la administración de justicia.
En este contexto es necesario que el MPF tome medidas más contundentes para garantizar el efectivo cumplimiento del Art. 41 de la Constitución Nacional, por el cual se consagra el derecho a un ambiente sano equilibrado y al desarrollo sustentable, ante el continuo dragado de los Buques Draga de corte y succión que se encuentran contaminando y adulterando el agua de superficie con la destrucción del acuicludo salobre que se encuentra por debajo de la zona del Delta.
Considerando a su vez el principio de precaución como fundamento para tomar medidas, que privilegien el uso ambiental por encima de otro, y en ese argumento el hombre isleño, como pieza del ecosistema, debe ser motivo de protección ante cualquier situación que ponga en riesgo su salud y su hábitat en el Delta del Paraná.
Que en casos como la presente demanda, la responsabilidad estatal únicamente puede ser aceptada si se identifica un deber jurídico de cuidado específico a cargo del Estado, cuyo cumplimiento se omite.
La identificación de tal deber y la comprobación de su omisión, es débito de los afectados a fin de posibilitar el inherente juicio de an­tijuridicidad material, siendo insuficiente una imputación relativa al cumplimiento de deberes de funcionario público meramente genéricos.
Resulta de claridad meridiana el artículo 2 de la Ley 25.675 Ley General del Ambiente, el cual establece que “La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos: inc. g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo….” Junto con el supremo art. 41 de nuestra Constitución Nacional, que en su parte pertinente manda: “…Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica…”, no puede quedar duda alguna del deber de las autoridades de proveer a la protección del ambiente, protección esta que dependerá en buena medida del correcto ejercicio imperativo del poder de policía que les compete.
En suma, las disposiciones exigían una concreta y específica participación y vigilancia activa por parte de la autoridad de aplicación de la Nación, Provincia de Buenos Aires y Municipalidades de Tigre y San Fernando para evitar contaminación de las aguas superficiales, alteración línea de ribera, usurpación de bienes inmuebles del dominio público natural y de aguas como bien inmueble, y la afectación a la libre navegación de los ríos y la seguridad en la navegación; lo cual implicó la asunción de un deber determinado, el compromiso de prestar un servicio y no una mera declaración de principios generales referentes a la necesidad de velar por la preservación del ambiente.
En las condiciones expuestas, la propia ocurrencia del hecho mostraría la omisión de las autoridades estatales nacionales, provinciales y municipales demandadas en el cumplimiento del deber específico que les competía y su intervención en los emprendimientos inmobiliarios que origina la demanda penal.
Es en este entender, entonces, y como es la regla, será la prueba de autos la que determinará, en cada caso, si el Estado ha actuado con burda negligencia o, por el contrarío, primó un accionar prudente, carente de reproches. En definitiva, analizar si de haber tomado el Estado los mínimos recaudos en su ejercicio de poder de policía, podrían haberse evitado los daños. A modo de ejemplo, juegan como presunciones: la existencia de denuncias efectuadas por los vecinos ante las autoridades (que pongan en conocimiento al Estado de la presunta actividad contaminante); la existencia o no de actas de constatación labradas; las respectivas intimaciones efectuadas en caso de constatar incumplimientos; la posterior o no imposición de sanciones; la existencia de actas que nunca hayan constatado irregularidades no obstante otras pruebas que demuestren la contaminación, entre tantas otras.
Siendo deber del Estado velar por la salud y la vida de sus administrados, y necesariamente entonces la del medio ambiente, se vale para ello de agentes y estructuras que deben actuar a tal fin, es decir a nivel Nacional la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la PNA, la Dirección de Nacional de Vías Navegables, a nivel Provincial el Organismo Provincial del Desarrollo Sustentable y a nivel Municipal el Departamento de Gestión Ambiental.
En consecuencia, si no lo hacen o lo hacen de manera deficiente (ya deliberada –por intereses propios mediante- o negligentemente), desprotegiendo los valores que se deben amparar, las consecuencias de tal accionar que derivan a la postre en daños a las personas o a los bienes ecológicos del Bajo Delta y Cuenca del Río de la Plata, deben recaer por sobre el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los autores (Emprendimientos Inmobiliarios detallados) de la acción contaminante y degradante del medio ambiente propiamente dicha.
Es el pleno ejercicio del poder de policía en su fase de control, inspeccionando y disponiendo eventualmente medidas en aras a su corrección, el que más eficiente resulta para evitar se sigan produciendo daños al ambiente, y a través de él, a la salud y vida de las personas. Teniendo en cuenta las particularidades de este daño, desconocedor de fronteras de espacio y de tiempo, es que se prioriza la prevención.
Será la prueba de cada caso en particular la que investigara y determinará si estuvo presente ese poder de policía, liberando al Estado de responsabilidad, o si, por el contrario, el mismo estuvo ausente cuando no cómplice como estimamos los accionantes en autos, incluso la administración de justicia en el particular los Sres. Fiscales Locales y Federales que intervinieron.
V.- CAUSAS RELACIONADAS:
A título ilustrativo, y a la espera de la recopilación de todo tipo de pruebas que posibilitará la admisión de esta querella, indicamos a VS solicitar “ad effectum videndi et probandi”, las siguientes causas:
Causa N° 15131, caratulada “FUNDACION PRO-TIGRE Y CUENCA DEL PLATA C/ EIDICO SA S/ ORDINARIO” Expte. Nº SI-15131-2011.
Causa N°1.273/08 caratulada “Club de Veleros Barlovento C/Municipio de San Fernando. Pcia de Bs. As. S/ Pretensión Anulatoria s/ Incidente de apelación de medida cautelar” expediente Nº 1.273/08 ante la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín.
Causa N° 8951 caratulada “Enrique Ferreccio s/ Su Denuncia s/USURPACION DELITO, LESA HUMANIDAD”, Juzgado Federal 1 San Isidro.
Causan N°8958, caratulada “MOLINA, RITA ESTER Y OTROS s / INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES, ABUSO DE AUTORIDAD Y ENCUBRIMIENTO“, Juzgado federal N° 1 San Isidro.
Causa Nº 1619 caratulada: “REBASA VIVIANA RAQUEL y otros S/SU DENUNCIA c/ Estado Nacional y otros” del Juzgado Federal de Campana a cargo del Sr. Juez Dr. ADRIAN GONZALEZ CHARVAY.
Todas estas causas acreditan que la afectación a la integridad física de los isleños y la destrucción del ecosistema en su conjunto alcanza la categoría de estrago, por el crimen hidrogeológico adulteración de aguas superficiales usurpación de bienes inmuebles del dominio público natural y crimen de lesa humanidad, por las Urbanizaciones Cerradas o emprendimientos inmobiliarios denunciados en connivencia con funcionarios públicos municipales, provinciales y nacionales.
VI.- PETICIÓN:
En virtud de los motivos y fundamentos, solicitamos a VS lo siguiente:
1º).- Se tenga presente la ampliación.
2º).- Se le confiera al agente fiscal la vista que prevé el artículo 180 del código ritual para que se pronuncie en los términos del artículo 188. Y se ordene realizar investigaciones para esclarecer la forma en que los terrenos de las islas afectadas que fuera declarada Reserva Ecológica según la Ord. 758/88 y fueran desafectados y de qué forma fueron cedidos a particulares, bienes del dominio público natural.
3º).- Se produzcan las medidas de prueba, allanamiento e inspección ocular, que considere conducentes para recibir la oportuna declaración indagatoria de los querellados en los términos del artículo 294 del C.P.P.N. en atención a la naturaleza de los delitos que se endilgan, calificándolos de lesa humanidad; usurpación de bienes inmuebles del dominio público natural, usurpación de aguas como bien inmueble, perjuicio en la libre navegación y en su seguridad; además, podría haber posible incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en particular de la Secretaria de Estado, del Jefe de Gabinete de esa secretaría (que tiene rango de Subsecretario), del Subsecretario de Planificación y Políticas Ambientales, de la Dirección Nacional de Vías Navegables, del Organismo Provincial Para el Desarrollo sustentable, de la Dirección Provincial de Islas, del departamento ambiental de la Municipalidad de Tigre, y otros conforme la investigación del MPF.
4º).- Se instrumenten las correspondientes diligencias previas y de comprobación de los hechos que se relacionan con el cuerpo de éste escrito.
5º).- Ordenar a la co-imputada Municipalidad de Tigre que suspenda de inmediato el trámite de las autorizaciones en curso a los fines de la construcción, ampliación y modificación de barrios privados y/o clubes náuticos en la Primera Sección de islas del delta de Tigre como el denominado “ISLA DEL ESTE”, “SANTA MONICA“, “EL DURAZNO“, “DELTA ECO SPA”, “PALMARES DEL DELTA” y cualquier otro emprendimiento inmobiliario conforme la investigación que desarrolle el MPF, que afecte la planicie intermareal o interestuarial del valle de inundación del Río Lujan, como sucede con las ilegales Urbanizaciones Cerradas denominadas: NORDELTA, Altamira constituido por Santa María de Tigre, Santa Bárbara, Dormies Santa Bárbara, El Encuentro. Y también lo integrarían Villa Nueva conformada por San Agustín, San Benito, Santa Catalina, Santa Clara, San Francisco, San Gabriel, San Isidro Labrador, San Juan, San Marco, San Rafael, Santa Teresa, que se efectuaron sobre bienes inmuebles del dominio público natural que se encuentra fuera del comercio, al no haber sido desafectados por ley formal del Congreso de la Nación.
6°).- Se tenga presente la Reserva del caso federal y conceder, en los términos de la presente, la medida cautelar solicitada (arts. 22 ley 7166, 22 y ss. CCA, 230 CPCC, 77 CCA).
7°).- Ordenar a la co-imputada Municipalidad de Tigre que, ejerciendo el poder de policía municipal (art. 74 de la Ley Provincial 11.723), evite la continuación de todas las obras de construcción, ampliación y modificación de barrios privados y/o clubes náuticos en la 1ra. Sección de islas del delta de Tigre y sobre la planicie intermareal o interestuarial del valle de inundación del Rio Lujan, detalladas ut supra, ordenando sus clausuras.
8°).- Ordenar a la co-imputada Municipalidad de Tigre a que elabore un detallado informe de: a.- La totalidad de las obras de barrios privados y/o clubes náuticos finalizadas y en construcción existentes en su jurisdicción y zonas detalladas, b.-Acredite ante VS. el Municipio de Tigre si se encuentran autorizadas o el estado del trámite de la autorización municipal, al ser dichos bienes inmuebles del dominio público natural y encontrarse fuera del comercio, c.- Acredite si dichos bienes fueron desafectados del dominio público natural por ley formal del Congreso de la Nación, e indique cual fue dicha ley. d.- Si los barrios Isla del Este, Delta Eco Spa, Palmares del Delta e Isla Santa Mónica, Palmar del Delta y las Urbanizaciones Cerradas denominadas: NORDELTA, Altamira constituido por Santa María de Tigre, Santa Bárbara, Dormies Santa Bárbara, El Encuentro. Y también las que integrarían Villa Nueva conformada por San Agustín, San Benito, Santa Catalina, Santa Clara, San Francisco, San Gabriel, San Isidro Labrador, San Juan, San Marco, San Rafael, Santa Teresa, dieron cumplimiento con las directivas del proceso administrativo previo y justo de evaluación de impacto ambiental y el estado en el que se encuentran las mismas. Hágase saber a la co-imputada que para evacuar el presente punto deberá realizar la correspondiente inspección, adjuntando copia de la misma.
9°).- Se ordene instrumentar a la brevedad un informe, para acreditar si los barrios privados y/o clubes náuticos existentes en la Primer Sección del Delta de Tigre y las ubicadas sobre la planicie intermareal del valle de inundación del Rio Lujan poseen el seguro ambiental previsto por el art. 22 de la Ley 25.675.
10°).- Asimismo, en virtud de lo dispuesto por el art. 36 del CPCC y art. 22 del CCA, solicitar a la Dirección de Catastro Territorial de ARBA, que informe a la brevedad, con adjunción de planos catastrales, sobre el parcelamiento efectuado en la Primera, segunda y tercera Sección de Islas del Delta del Paraná; en el dicho informe se deberá consignar la fecha, parcela por parcela, de incorporación al catastro, como asimismo consignar las parcelas que aún no están catastradas.
11°).- Llevar a cabo una Inspección Ocular a la brevedad a fin que los funcionarios del juzgado que se designen, las partes, representantes técnicos de la UBA u otra Universidad de prestigio, junto con representantes técnicos del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, representantes técnicos de la Dirección Nacional de Vías Navegables, de la Comisión Mixta Rio de la Plata, de la Autoridad de Agua de la Provincia de Buenos Aires se constituyan en las áreas del Delta del Tigre, Primera Sección de Islas, y sobre la planicie intermareal del Valle de inundación del Río Lujan a fin de que, se pueda observar y se consignen esquemáticamente datos de interés para acreditar la gravedad de los delitos endilgados. A la referida inspección concurrirá, asimismo, el Perito Ingeniero en la especialidad que designe la Oficina Pericial del Poder Judicial, a cuyo fin, solicitamos se oficie a la dependencia de La Plata.
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