Source: http://godoyhoyos.com/2012/julio-2012/ley-1536-de-2012?a41f7d0b190d9119cb174a00bbdf11b1=lmjb57ej67fg8j6v1fh6ga0gf0&a41f7d0b190d9119cb174a00bbdf11b1=lmjb57ej67fg8j6v1fh6ga0gf0
Timestamp: 2017-11-24 13:03:32
Document Index: 189047043

Matched Legal Cases: ['artículo 126', 'artículo 63', 'Artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 476', 'artículo 1', 'artículo 476', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 583', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 670', 'artículo 670', 'artículo 670', 'artículo 476', 'artículo 476', 'artículo 12']

Home 2012 Julio 2012 Ley 1536 de 2012
Se adiciona el artículo 126-5 del Estatuto Tributario, estableciendo que los contribuyentes del impuesto sobre la renta que hagan donaciones a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, con el fin de financiar los parques naturales de Colombia y conservar los bosques naturales, de conformidad con el beneficio de financiación de parques naturales y conservación de bosques naturales, tienen derecho a deducir del impuesto de renta el 30% del valor de las donaciones efectuadas durante el año o período gravable.
Para tener derecho a la deducción especial atrás descrita, deberá acreditarse el cumplimiento de las demás condiciones y requisitos establecidos en los artículos, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario para la deducción por donaciones, así como los demás que establezca el reglamento.
Se establece la obligación a cargo de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de destinar las donaciones al financiamiento del parque natural que indique el donante, informar anualmente sobre el uso de las donaciones realizadas, y gestionar efectivamente el sistema de áreas protegidas.
En ningún caso las donaciones de que trata la deducción especial podrán generar derecho alguno sobre los parques naturales o áreas protegidas.
1.2 Con la expedición de la Ley 1537 de 2012 se crean diversos estímulos tributarios para facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda
Con la expedición de la Ley 1537 de 2012, se da creación a los siguientes beneficios tributarios, con el propósito de facilitar y promover el desarrollo urbano, así como el acceso a la vivienda:
Se establece que en los negocios jurídicos de constitución de propiedad horizontal, adquisición, incluido el leasing habitacional, cuando se ejerza la opción de compra, hipoteca, afectación a vivienda familiar y/o constitución de patrimonio de familia de inmuebles definidos como Vivienda de Interés Prioritario, de acuerdo con las normas vigentes, independientemente de la naturaleza jurídica de las partes, para ninguna de estas se causarán derechos notariales.
Del mismo modo, en los negocios jurídicos de constitución de propiedad horizontal, adquisición, incluido el leasing habitacional cuando se ejerza la opción de compra, hipoteca, afectación a vivienda familiar y/o constitución de patrimonio de familia de inmuebles definidos como Vivienda de Interés Prioritario, de acuerdo con las normas vigentes, independientemente de la naturaleza jurídica de las partes, para ninguna de estas se causarán derechos registrales. La calidad del inmueble (vivienda de interés prioritario) debe ser acreditada ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, para tener derecho a la exoneración de derechos registrales.
Se establece que los actos administrativos de cesión o transferencia a título gratuito de bienes fiscales, a otras entidades públicas o a particulares, en desarrollo de programas o proyectos de Vivienda de Interés Social, no causarán derechos registrales.
En materia de impuesto sobre la renta, se dispone que los ingresos obtenidos por la venta de inmuebles por medio del procedimiento de “enajenación voluntaria” descritos en el artículo 63 de la Ley 388 de 1997 (normas sobre expropiación por motivos de utilidad pública) no constituyen renta ni ganancia ocasional.
En materia de Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), se establece que estarán exentas de impuesto las transacciones que se efectúen con los recursos del subsidio familiar de vivienda asignado por el Gobierno Nacional o las Cajas de Compensación Familiar, independientemente del mecanismo financiero de recepción, así como las transacciones que de estos mecanismos se realicen a los oferentes, y las transacciones que se realicen en el marco del esquema fiduciario previsto para el desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés Social prioritario.
En materia de impuesto sobre las ventas (IVA), se establece que los constructores que desarrollen la construcción de vivienda de interés social y prioritaria para los estratos 1, 2 y 3, tienen derecho a la devolución o compensación del IVA pagado en la adquisición de materiales para la construcción de la misma. En este punto, se dispone que la devolución o compensación del IVA se hará en una proporción al cuatro por ciento (4%) del valor registrado en las escrituras de venta del inmueble nuevo, tal como lo adquiere su comprador o usuario final, cuyo valor no exceda el valor máximo de la Vivienda de Interés Social, de acuerdo con las normas vigentes. Se establece que el Gobierno Nacional deberá reglamentar las condiciones de la devolución o compensación de IVA aquí descrita. Del mismo modo, la DIAN podrá solicitar en los casos que considere necesario, los soportes que demuestren el pago del IVA en la construcción de las viviendas.
2.1 Mediante el Decreto 1436 de 2012 se promulga el Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre Colombia y China
Considerando que mediante Nota Verbal No. GJF (09)011 de fecha 6 de febrero de 2009, el Gobierno de la República Popular China comunicó el cumplimiento de sus disposiciones legales internas para la entrada en vigor del tratado internacional, y teniendo en cuenta que mediante Nota Diplomática DIAJI.GTAJI No 24345 de fecha 27 de abril de 2012, la República de Colombia notificó al Gobierno de China el cumplimiento de los procedimientos exigidos por la Constitución Política de 1991 para la entrada en vigor del precitado instrumento internacional (aprobación del Congreso mediante Ley 1462 de 2011, y Sentencia C-199 de 2012 de la Corte Constitucional), se indica que el “Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular China”, suscrito en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008, entró en vigor el 2 de julio de 2012; por lo tanto, se procede a promulgar el referido tratado internacional.
2.2 Mediante la Carta Circular No. 44 de 2012, la Superintendencia Financiera imparte recomendaciones a sus vigilados, frente al proceso de convergencia hacia normas internacionales de contabilidad e información financiera, así como respecto de los estándares internacionales de auditoría y aseguramiento de la información
Revisados los antecedentes del proceso de convergencia hacia normas internacionales de contabilidad e información financiera, y vistas las fechas de implementación y las actividades a adelantar, la Superintendencia Financiera considera que el proceso de convergencia esta dividido en tres grandes etapas para todos los casos: i) Preparación (antes del balance de apertura), ii) Transición (desde el balance de apertura hasta la emisión de estados financieros bajo norma colombiana actual y el respectivo estándar internacional), y iii) Obligatoriedad.
Ahora, dada la importancia del proceso y los cambios que implica, se considera que resulta fundamental que toda la organización de las entidades supervisadas se involucre en cada una de las etapas del mismo. Todo el recurso humano, partiendo de la alta dirección, debe participar en la puesta en marcha de este proceso, máxime cuando se pueden presentar diferentes impactos al interior de cada entidad dependiendo del tipo de negocio, tamaño, mercado en el que participa, entre otros factores.
Al respecto, resulta pertinente recordar que, mediante Carta Circular 14 de 2012, la Superintendencia Financiera solicitó a las entidades supervisadas el diligenciamiento de una encuesta para conocer el grado de avance de las entidades en el proceso de convergencia, y obtener una evaluación preliminar de los principales impactos de la aplicación de las normas internacionales de contabilidad en dichas entidades.
Atendiendo a los resultados de las encuestas practicadas, y a los plazos señalados por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para el proceso de convergencia, la Superintendencia Financiera considera necesario que las entidades establezcan acciones para mejorar los siguientes aspectos:
Participación de los directivos de las entidades y sus revisores fiscales – Resulta fundamental que los miembros de junta directiva, los representantes legales, el presidente, y sus órganos de dirección y control impulsen una revisión de sus objetivos y labores en torno al cumplimiento del proyecto de convergencia a estándares internacionales. Para tal fin, se requiere sostener discusiones de alto nivel, definir un plan para la convergencia y aprobar el presupuesto para lograr el alcance de este proceso, previendo los cambios que podrá suscitar según la estructura de cada negocio, la evaluación de los ajustes a las políticas contables necesarias para avanzar en otras definiciones, y todos aquellos cambios adicionales que la aplicación de las normas internacionales va a requerir en cada organización.
Por otra parte, es también necesario llevar a cabo actividades de coordinación entre los revisores fiscales y los preparadores de información para evaluar los aspectos comunes que impactan la convergencia a normas internacionales.
Participación y capacitación integral – Resulta relevante impulsar una mayor participación de todas las áreas de la organización que se verán afectadas con la implementación de los estándares internacionales para la toma de decisiones y la evaluación de los impactos que tendrá su aplicación. Con el fin de que dicha participación sea eficaz, es altamente recomendable adelantar procesos de capacitación integral en las entidades vigiladas.
Determinación de efectos potenciales - Es importante determinar, al interior de cada entidad vigilada, el efecto que puede tener la convergencia a estándares internacionales en los principales aspectos de la organización, incluyendo, entre otros, los procesos para la obtención y preparación de la información financiera, así como en los sistemas de información y la plataforma tecnológica que los soporta. En el mismo sentido, debe evaluarse el impacto que los posibles cambios contables pueden traer en otros procesos de las entidades vigiladas.
Teniendo en cuenta la amplitud del análisis, es altamente recomendable la conformación de equipos interdisciplinarios de trabajo que coordinen y aborden el estudio, sujetos a cronogramas y seguimientos de avance por parte de la alta dirección de las entidades vigiladas.
A continuación se mencionan algunos aspectos mínimos que se consideran pertinentes al abordar el análisis para la convergencia a normas internacionales:
Comprensión de las opciones de transición y excepciones en la aplicación de las normas por primera vez.
Identificar los aspectos relevantes, limitaciones y modificaciones que se requieran al interior de la firma que desarrolla trabajos de aseguramiento de información.
Se considera que la ejecución de acciones en atención a las mencionadas recomendaciones debe permitir a las entidades supervisadas y a los aseguradores de información que no han tenido un avance significativo en la etapa de preparación, ponerse al día con el proceso de convergencia derivado de la Ley 1314 de 2009, teniendo en cuenta el cronograma propuesto por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con el fin de evitar un mayor impacto en la etapa de transición y, consecuentemente, en la etapa de obligatoriedad en la aplicación de los estándares internacionales de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información.
Finalmente, es conveniente recordar que en materia de convergencia hacia estándares internacionales se deben atender las disposiciones que emitan las autoridades de regulación de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley 1314 de 2009.
2.3 La Superintendencia de Sociedades considera que cuando se adquiere participación mayoritaria en una sociedad que tiene un patrimonio negativo, es procedente asignar un valor positivo, simbólico o figurativo por la compra de la inversión, para que la diferencia con el valor efectivamente pagado sea reconocida como crédito mercantil adquirido (Oficio 115-052754 de 2012)
La Superintendencia de Sociedades considera que si con la adquisición de unas acciones se adquiere un porcentaje que convierte al adquirente (sociedad A) en matriz o controlante de la sociedad en que se invierte (sociedad B), por un valor superior al intrínseco, es obligatorio que tal inversión se reconozca bajo el Método de Participación Patrimonial y, la diferencia entre el precio de adquisición y el intrínseco, debe ser registrada como crédito mercantil adquirido, puesto que es requisito indispensable para el registro del crédito mercantil que se posea o con la transacción se adquiera el control del ente económico.
Sin embargo y como quiera que en el caso consultado, al presentar el ente económico en que se invierte (sociedad B) un patrimonio negativo, el monto que en su oportunidad canceló el adquiriente por las acciones vendría a ser el importe a registrar como crédito mercantil pagado. Así las cosas, en opinión de la Superintendencia de Sociedades, es procedente que la administración del ente económico de la matriz o controlante le asigne un valor positivo, simbólico o figurativo a cada acción adquirida, y por consiguiente la diferencia entre este valor asignado y el monto cancelado sea el reconocido como crédito mercantil adquirido.
1. Impuesto sobre las ventas (IVA)
1.1 El Consejo de Estado considera que el servicio de pago de pensionados que prestan las instituciones financieras (bancos) se encuentra vinculado con la seguridad social, y por lo tanto se encuentra excluido del IVA (Sentencia del 10 de mayo de 2012, expediente 18381).
El Consejo de Estado considera que las comisiones recibidas por la prestación de servicios de administración de fondos del Estado, y los servicios vinculados a la seguridad social, no generan el impuesto sobre las ventas. Ahora bien, el Decreto 841 de 1998 reglamentó la ley señalada y el Estatuto Tributario, en los aspectos relacionados con el Sistema General de Seguridad Social. Los artículos 1 y 2 de ese cuerpo normativo enumeraron los servicios vinculados a la seguridad social, y distinguieron los de Administración de Fondos del Estado del Sistema de Seguridad Social.
Del mismo modo, se indicó que en sentencia del 26 de enero de 2012, expediente 17651, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la nulidad de literal d) del artículo 1 del Decreto 841 de 1998, precisando que el hecho de que dicha norma no se subordinara al numeral 3 del artículo 476 del Estatuto Tributario, no implicaba restringir la exclusión prevista en ese numeral a los servicios prestados por las administradoras dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad y de prima media con prestación definida, precisamente porque el beneficio se había dispuesto en consideración a la naturaleza del servicio y no a la persona que lo prestara. Igualmente, se recordó que el Consejo de Estado se abstuvo de anular la disposición reglamentaria por los motivos de ilegalidad expuestos en la sentencia del 5 de febrero de 2009 (expediente 16201) que aplicó la excepción de inconstitucionalidad respecto de la referida disposición.
Ahora, para el caso concreto, el Consejo de Estado indica que un examen a la enumeración que hace el artículo 1 del Decreto 841 de 1998 da cuenta de que, ciertamente, el pago de pensiones no fue contemplado como servicio vinculado a la seguridad social en dicha norma reglamentaria.
Pero, más allá de ello, el Consejo de Estado llama la atención a que la ya aludida sentencia del 5 de febrero del 2009, se pronunció sobre la exclusión de IVA para ese tipo de comisiones, anulando el Concepto 015470 de 20 de febrero de 2006 expedido por la DIAN, en cuanto interpretaba que los ingresos recibidos por las entidades bancarias por la prestación del servicio del pago de pensiones, se encuentran gravados con el impuesto sobre las ventas.
Al respecto, la sentencia señaló que los ingresos referidos no formaban parte de los recursos de la Seguridad Social, ni integraban los rubros que componían los regímenes pensionales del Sistema General de Pensiones, dado que, en el caso del régimen de prima media, los recursos se constituyen por los aportes de los afiliados y sus rendimientos que conjuntamente crean un fondo común de naturaleza pública, y, en el caso del régimen de ahorro individual, los recursos los constituyen los aportes y los rendimientos con los que se crea la cuenta individual; de modo que el pago del IVA por concepto de dicho servicio no afecta ninguno de esos recursos a fines distintos de la Seguridad Social.
No obstante, el criterio del Consejo de Estado varió respecto de la violación del numeral 3 del artículo 476 del Estatuto Tributario, puesto que a partir de la noción de “servicios vinculados a la seguridad social” que se indica en la sentencia C-341 del 2007 de la Corte Constitucional, se estimó que la exclusión establecida en dicho numeral cobijaba al servicio de pago de pensiones prestado por los bancos, en cuanto guardaba estrecha y directa relación con el manejo de pensiones como parte de la seguridad social; y en ese sentido, se inaplicó el literal d) del numeral 1º del Decreto 841 de 1998, por razones de inconstitucionalidad. Por tanto, dado que la discusión jurídica del caso sub lite atañe a supuestos idénticos a los que motivaron la declaratoria de nulidad anteriormente reseñada, el Consejo de Estado retoma el análisis realizado en dicha oportunidad y, de acuerdo con el mismo, procederá a confirmar la sentencia apelada, por haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos acusados.
1.1 La DIAN considera que la información referente a las declaraciones tributarias tiene carácter reservado, de manera que dicha información no forma parte de los registros públicos de que trata el Decreto – Ley 0019 de 2012 (Oficio 030812 de 2012)
Se le consulta a la DIAN sobre la aplicación del artículo 15 del Decreto Ley 0019 de 2012 que hace relación al acceso de las autoridades a los registros públicos, y particularmente la información sobre la calidad de declarante y la situación tributaria de algunas personas, con el fin de que sea utilizada para la determinación de los derechos de matricula en universidades públicas.
Al respecto, la Administración señala que el artículo 15 del Decreto Ley 0019 de 2012, en efecto, prevé para las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas o presten servicios públicos, la posibilidad de acceder a registros públicos de algunas entidades, entre ellas la DIAN, respecto de los denominados “certificados tributarios”.
Ahora, la DIAN considera que como lo señala la misma disposición, las condiciones y seguridades de acceso a los registros públicos debe ser reglamentadas por el Gobierno Nacional. No obstante lo anterior, la Autoridad Tributaria se permite precisar que la información tributaria contenida en las declaraciones privadas de los contribuyentes no forma parte de los registros públicos, según lo dispuesto por el artículo 583 del Estatuto Tributario.
1.2 La Administración realiza diversas precisiones respecto del cumplimiento de la obligación formal de suministro de información del formato 1732 “información con relevancia tributaria” (Oficio 037029 de 2012)
Mediante el Oficio 037029 de 2012, la DIAN realiza las siguientes precisiones sobre el denominado “anexo 1732, información con relevancia tributaria”:
Respecto de la depreciación diferida y amortización diferida, se indica que las casillas 148 “Depreciación diferida” y 158 “Amortización diferida” del formato 1732, pueden ser de naturaleza Debito o Crédito, por lo cual, en el pre-validador se modificará la opción de incluir valores positivos o negativos dependiendo de la naturaleza de la diferencia entre los valores fiscales y contables.
Respecto del impuesto diferido, se indica que la casilla 159 “Impuesto diferido debito”, corresponde a la cuenta PUC 171076 y en la Descripción de la cuenta 1710 Cargos diferidos. Por su parte la Casilla 179 “Impuesto de renta diferido por pagar”, corresponde a la cuenta PUC 2725 y en la Descripción de la cuenta se lee: “Registra el impuesto de renta diferido por pagar, establecido de conformidad con las normas fiscales vigentes”. Por lo tanto estas casillas serán diligenciadas, únicamente si contablemente presentan algún saldo.
En materia de capital, se indica que el capital por cuotas o partes de interés social de las sociedades de responsabilidad limitada, colectivas, comanditas simples, etc., se incluye en la Casilla 193 correspondiente a Capital suscrito y pagado.
En materia de acciones propias readquiridas, se señala que las acciones propias readquiridas se restan de la reserva para readquisición de acciones. Teniendo en cuenta que los datos solicitados en la hoja 4 del formato 1732 sobre el Patrimonio contable son únicamente informativos y no dan lugar a totales, no se pueden generar inconvenientes al diligenciar las casillas 205 “Reserva para readquisición de acciones propias” y 206 “Acciones propias readquiridas”, toda vez que la única tarea a realizar es incluir el saldo contable a 31 de diciembre de 2011 de las respectivas subcuentas, 330515 Reserva para readquisición de acciones y 330516 Acciones propias readquiridas.
Respecto de las pérdidas operacionales acumuladas de períodos anteriores, se indica que la información de la hoja 4 del formato corresponde a la del patrimonio contable, en la casilla 212 se debe incluir lo registrado en la contabilidad en la subcuenta 3710 “Pérdidas acumuladas”, del Grupo 37, “Resultados de ejercicio anteriores”.
En cuanto a los ingresos brutos por venta de activos fijos y costos por venta de activos fijos, se señala que en la venta de activos fijos, contablemente se registra en la cuenta 4245 “Utilidad en venta de propiedades”, la diferencia a favor del ente económico que resulta entre el precio de venta de las propiedades, planta y equipo y su valor en libros, o, en la cuenta 5310 la pérdida en que incurre el ente económico por la venta y retiro de bienes. Ahora, en el Formato 1732 se indica un bloque específico para registrar lo correspondiente a la enajenación de los activos fijos; en consecuencia, el valor de la utilidad contable generada por este tipo de operaciones se debe registrar en el Concepto 2 de las casillas 255 a 258 dependiendo del tipo de activo, y de tiempo de posesión del mismo.
En cuanto a los ingresos por el método de participación patrimonial, se señala que el Decreto 2336 de 1995 señala en su artículo 1, que las utilidades que se generen al cierre del ejercicio contable como consecuencia de la aplicación de sistemas especiales de valoración a precios de mercado y que no se hayan realizado en cabeza de la sociedad, se llevarán a una reserva que solo podrá afectarse cuando se capitalice la utilidad o se realice fiscalmente el ingreso correspondiente. Sobre la inquietud planteada, se informa que esta norma no aplica para los ingresos resultantes de la aplicación del método de participación patrimonial, toda vez que esta utilidad no resulta de la aplicación de un sistema especial de valoración y por lo tanto no debe quedar apropiada como reserva.
Conforme a lo expuesto, la DIAN entiende que la casilla 260 “Ingresos método de participación”, solo puede ser contable, y, las utilidades derivadas de la aplicación de este método solo pueden ser reconocidas por intermedio de su distribución a título de dividendos o participaciones, por lo tanto se deben registrar en la casilla 259 “Dividendos y participaciones exigibles”, que tiene habilitado el concepto 5 -Ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional- para lo pertinente.
En cuanto a los ingresos brutos por prima en colocación de acciones, se indica que teniendo en cuenta que en la Cuenta 3205 del Grupo 32 “Superávit de capital” se registra contablemente la prima en colocación de acciones, la DIAN procederá a bloquear en la Casilla 261 -Ingresos brutos por prima en colocación de acciones- el Concepto 2 Valor contable.
Respecto del registro del valor fiscal de los ingresos en liquidación de sociedades, se informa que el ingreso por este concepto se debe registrar en la casilla 262 “Ingresos brutos en liquidación de sociedades” y el costo de la inversión en la casilla 302 “Otros costos diferentes a los anteriores”.
Ahora, respecto de los ingresos brutos en fusión, escisión o transformación de sociedades, se indica que si bien es cierto que para efectos tributarios, los artículos 14-1 y 14-2 del Estatuto Tributario establecen que en el caso de la fusión y escisión de sociedades, no se considera que existe enajenación por la transmisión de derechos y bienes entre las sociedades que intervienen en el proceso, no lo es menos que el impuesto sobre la renta no recae directamente sobre los actos de enajenación, sino que la materia imponible de dicho impuesto esta constituida por todos los ingresos en dinero y en especie, ordinarios y extraordinarios, que por su naturaleza sean susceptibles de producir un incremento neto patrimonial y que no se encuentran exceptuados del gravamen por expresa disposición legal. Así las cosas, en los procesos de fusión o escisión se presenta la integración o desagregación de los ingresos, costos y gastos de la sociedad absorbente y absorbida, o, escindente y escindida; en consecuencia, los ingresos obtenidos por las sociedades antes de la fusión o escisión como los obtenidos por la nueva sociedad o nuevas sociedades deben ser declarados en cabeza de esta última, al igual que lo relacionado con costos, deducciones y demás elementos determinantes para la depuración de la base gravable. En ese orden de ideas, en los procesos de fusión o escisión de sociedades, si existen ingresos fiscales se deben llevar en el concepto 1 –valor fiscal de la Casilla 263 –Ingresos brutos en fusión, escisión o transformación de sociedades
Por otra parte, teniendo en cuenta que los ingresos por recuperación de deducciones son un concepto netamente fiscal, la DIAN procederá a bloquear en la Casilla 265 -Ingresos por recuperación de deducciones- el Concepto 2 “Valor contable”.
Respecto del costo de ventas, la DIAN indica que teniendo en cuenta que el artículo 2 del Decreto Reglamentario 1333 de 1996, establece que la DIAN puede autorizar el uso parcial del sistema de inventarios periódicos en forma combinada con el sistema de inventarios permanentes para determinar el costo de enajenación o producción de los diferentes tipos o clases de inventarios, se procederá a modificar el pre-validador, con un ajuste a la fórmula de la casilla 303 “Costo de ventas”, para que se permita efectuar este cálculo cuando el contribuyente tenga la respectiva autorización.
1.3 La DIAN considera que las personas naturales que desarrollen profesiones liberales no pueden acceder al beneficio de la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta dispuesto por la Ley 1429 de 2010, debido a que dichas personas no están obligadas a inscribirse en el registro mercantil (Oficio 036397 de 2012)
La DIAN considera que conforme con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 4910 de 2011, los beneficiarios de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010, serán las-personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, obligadas a matricularse en el Registro Mercantil, que inicien el desarrollo de su actividad económica principal a partir de la promulgación de la mencionada Ley y que a partir de esa misma fecha se matriculen por primera vez en el registro mercantil, o que pre-existiendo y habiendo desarrollado su actividad económica principal con anterioridad a la vigencia de la Ley 1429 de 2010, a su vigencia se encontraban inactivas; siempre y cuando, unas y otras cumplan con todos los requisitos establecidos legales y reglamentarios.
Por otra parte, la Administración considera para efectos del Decreto 4910 de 2011, la obligación de los beneficiarios de la Ley 1429 de 2010 de llevar contabilidad deberá cumplirse desde cuando se inicia el desarrollo de la actividad económica principal, es decir, desde cuando se efectúa el registro mercantil en la correspondiente Cámara de Comercio.
Del mismo modo, la DIAN considera que de conformidad con lo establecido en la Ley 1429 de 2010 y acorde con lo dispuesto en el Decreto 4910 de 2011, el beneficio de la progresividad en el pago del impuesto de renta aplicará para las pequeñas empresas que reúnan las características para el efecto, que desarrollen actividades comerciales, y que por ende, están obligadas a inscribirse en el Registro Mercantil. En consecuencia, quienes no están en la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil, como es el caso de aquellos que ejercen profesiones liberales, no se enmarcan dentro de las previsiones legales y por ello no pueden acceder al tratamiento especial previsto en la Ley 1429 de 2010.
1.4 La Administración considera que para efectos de calcular la sanción por improcedencia de las devoluciones, los intereses solo deben calcularse sobre el mayor impuesto determinado por la DIAN, sin incluir la sanción por inexactitud en la base de calculo de los mismos; sin embargo, la DIAN considera que la sanción por inexactitud si hace parte de la suma a reintegrar al estado (Oficio 034912 de 2012)
En relación con la base para calcular los intereses moratorios sobre las sumas devueltas o compensadas en exceso, que debe reintegrar el contribuyente cuando la administración tributaria mediante liquidación oficial disminuye el saldo a favor inicialmente declarado (artículo 670 del Estatuto Tributario), la DIAN señala que el Consejo de Estado, en Sentencia 17909 del 10 de febrero de 2011 sostuvo lo siguiente:
“Ahora, si bien mediante sentencia del 6 de octubre de 2009, la Sala, al resolver cierta litis en la que se discutía si para liquidar los intereses a que se refiere el artículo 670 del E. T. había que detraer la sanción por inexactitud que, con ocasión de la revisión de la declaración privada impone la Administración, dijo que no porque "la norma es clara en establecer que los intereses moratorios se deben liquidar sobre el (sic) suma a reintegrar, y no hace distinción alguna". En esta oportunidad la Sala rectifica esa providencia y precisa que los intereses de mora se deben liquidar sobre el mayor impuesto liquidado y teniendo en cuenta lo anteriormente precisado.
Lo expuesto no quiere decir que se deba detraer de la "suma a reintegrar" a que hace alusión el artículo 670 del E. T, el valor de la sanción por inexactitud, porque, se insiste, es claro que cuando se confirma judicialmente el monto que en derecho corresponda devolver como saldo a favor de una suma ya devuelta, la compensación que se hace en la liquidación oficial de la sanción de inexactitud con el saldo a favor es teórica y, por tanto, subsiste la obligación de pagarla. . .”.
En ese orden de ideas, la DIAN considera que si bien el pronunciamiento jurisprudencial en mención establece que para efectos de liquidar intereses de mora estos se deben calcular sobre el mayor valor impuesto determinado por la Administración, restando el valor correspondiente a la sanción por inexactitud, se precisa de igual manera que el valor correspondiente a la sanción por inexactitud no se debe detraer del valor de la suma a reintegrar.
2.1 La Administración Tributaria entiende que de la denominada “prima de disponibilidad” que algunas empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica facturan a los usuarios del servicio, no hace parte del servicio público de energía eléctrica (servicio excluido del IVA), por lo que dicha “prima” se encuentra sujeta al IVA según las reglas generales (Oficio 029424 de 2012)
Se le consultó a la DIAN si la denominada “Prima de disponibilidad” que algunas empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica facturan a sus usuarios, y que afirma, no hacen parte de la tarifa del servicio, se encuentra excluida o gravada con el impuesto sobre las ventas.
Sobre el particular, la DIAN se permite señalar que de acuerdo con el numeral 4 del artículo 476 del Estatuto Tributario, el servicio público de energía se encuentra excluido del impuesto sobre las ventas. En este punto, la DIAN entiende que la Ley 142 de 1994, señala que el servicio público domiciliario de energía eléctrica, es el transporte de ésta desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición. También se aplica a las actividades complementarias de generación, de comercialización, de transformación, interconexión y transmisión.
Así las cosas, la Administración entiende que el servicio público de energía excluido del IVA es el contemplado en la ley como tal. En consecuencia, teniendo en cuenta que los servicios que comprenden la denominada “prima de disponibilidad”, que según se indica en el oficio VAT –GC-CRT-1535-2011 cuya fotocopia se adjuntó a la consulta, “corresponde a un reconocimiento por disponibilidad y entrega de la energía de la planta”, no se encuentra expresamente señalado por la ley como exento o excluido del impuesto, por el contrario, corresponde a un concepto adicional y diferente a la remuneración por la comercialización y distribución de energía, por lo que el mismo no podría tenerse como excluido del IVA de conformidad con el numeral 4° del artículo 476 del Estatuto Tributario, debiéndose cobrar el impuesto sobre las ventas por dicho concepto.
3.1 La DIAN considera que para efectos del impuesto al patrimonio, resulta procedente depurar la base gravable del impuesto con el valor patrimonial neto de las acciones adquiridas mediante operaciones de reporto o repo (Oficio 034130 de 2012)
Frente al impuesto al patrimonio, la DIAN recuerda que la base gravable del impuesto permite excluir el valor patrimonial neto de las acciones poseídas en sociedades nacionales a 1 de enero de 2011.
Por otra parte, la Administración entiende que las operaciones de reporto, según la normatividad financiera y la doctrina de la Superintendencia Financiera, jurídicamente constituyen un modo de transferencia de propiedad del respectivo valor, siendo perfeccionada su tradición con la anotación en cuenta que realice el depósito centralizado de valores, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 12 de la Ley 964 de 2005.
En consecuencia, la DIAN entiende que si a la fecha de causación del impuesto al patrimonio, el adquirente de los valores mediante operaciones repo representados en acciones poseídas en sociedades nacionales demuestra su titularidad con el certificado de registro de anotación en cuenta del depósito centralizado, y dichas acciones figuran como activo en su patrimonio, resulta procedente excluir de la base imponible del impuesto al patrimonio el valor patrimonial neto de las mismas.