Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20008158
Timestamp: 2019-10-20 06:03:24
Document Index: 394775113

Matched Legal Cases: ['artículo 210', 'artículo 86', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 210', 'artículo 90', 'artículo 90', 'Artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 13', 'artículo 210', 'artículo 123', 'artículo 210', 'artículo 16', 'artículo 90', 'Artículo 90', 'artículo 90', 'Artículo 90']

C-1142 de 2000
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020008158CC-SENTENCIAC1142200030/08/2000CC-SENTENCIA_C_1142__2000_30/08/2000200081582000SENTENCIA C-1142/00 CAMARA DE COMERCIO -Naturaleza /FUNCION PUBLICA POR CAMARA DE COMERCIO -Registro Mercantil /FUNCIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTICULARES -Ejercicio excepcional Las funciones de las cámaras de comercio, en especial en lo que toca con el registro mercantil, son de carácter público, no obstante la naturaleza privada de tales entes, como lo ha señalado la Corte en varias de sus providencias. No obstante su naturaleza privada, las cámaras de comercio cumplen funciones públicas de aquellas que corresponde ejecutar al Estado, pero que, en virtud de lo previsto en el artículo 210 C.P., también pueden ser desarrolladas por particulares, en los términos que señale la ley. En efecto, el inciso 2° del citado artículo constitucional consagra que los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que la ley señale, trasladando al legislador la facultad de precisar en qué forma pueden las personas privadas desarrollar este tipo de funciones. FUNCION PUBLICA POR PARTICULARES -Regulación legal FUNCION PUBLICA POR PARTICULARES -Inhabilidades /CAMARA DE COMERCIO -Inhabilidades para abogados, economistas y contadores Si se analizan las funciones a cargo de las cámaras de comercio, que están contenidas en el artículo 86 del Código Mercantil, se observará que, en esencia, están íntimamente relacionadas con la función pública del manejo del registro comercial, y en la solución de conflictos entre comerciantes o entre éstos y entidades estatales en virtud de contrataciones. Debido a que estos profesionales tienen acceso a todo tipo de información contenida en el registro mercantil, es natural que la ley previera, como lo hizo, la incompatibilidad, con el objeto de preservar el sano manejo de los asuntos en el interior de las cámaras, impidiendo a los trabajadores dedicados a esa función el ejercicio profesional particular por fuera de ellas. LEGISLADOR -Incompatibilidades para ejercicio de función pública INCOMPATIBILIDADES EN CARGOS DE CAMARA DE COMERCIO -Distinción discriminatoria entre empleados permanentes y transitorios /INCOMPATIBILIDADES EN CARGOS DE CAMARA DE COMERCIO -Deben extenderse a todas las profesiones CAMARA DE COMERCIO -Facultad para sancionar empleados Referencia: expediente D-2835
Carlos Alberto Ariza RomeroCONSTITUCIONALIDADJosé Gregorio Hernández GalindoDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 90 del Código de ComercioD2835Identificadores20020008159true19448Versión original20008159Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 90 del Código de Comercio
SENTENCIA C-1142/00
CAMARA DE COMERCIO-Naturaleza/FUNCION PUBLICA POR CAMARA DE COMERCIO-Registro Mercantil/FUNCIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTICULARES-Ejercicio excepcional
Las funciones de las cámaras de comercio, en especial en lo que toca con el registro mercantil, son de carácter público, no obstante la naturaleza privada de tales entes, como lo ha señalado la Corte en varias de sus providencias. No obstante su naturaleza privada, las cámaras de comercio cumplen funciones públicas de aquellas que corresponde ejecutar al Estado, pero que, en virtud de lo previsto en el artículo 210 C.P., también pueden ser desarrolladas por particulares, en los términos que señale la ley. En efecto, el inciso 2° del citado artículo constitucional consagra que los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que la ley señale, trasladando al legislador la facultad de precisar en qué forma pueden las personas privadas desarrollar este tipo de funciones.
FUNCION PUBLICA POR PARTICULARES-Inhabilidades/CAMARA DE COMERCIO-Inhabilidades para abogados, economistas y contadores
LEGISLADOR-Incompatibilidades para ejercicio de función pública
INCOMPATIBILIDADES EN CARGOS DE CAMARA DE COMERCIO-Distinción discriminatoria entre empleados permanentes y transitorios/INCOMPATIBILIDADES EN CARGOS DE CAMARA DE COMERCIO-Deben extenderse a todas las profesiones
CAMARA DE COMERCIO-Facultad para sancionar empleados
Referencia: expediente D-2835
DEMANDA de inconstitucionalidad contra el artículo 90 del Código de Comercio
ACTOR: Carlos Alberto Ariza Romero
en relación con la demanda de inconstitucionalidad que, en uso de su derecho político, presentó el ciudadano Carlos Alberto Ariza Romero contra el artículo 90 del Código de Comercio (Decreto Ley 410 de 1971), publicado en el Diario Oficial número 33339 de fecha 30 de abril de 1971.
Artículo 90. Los abogados, economistas y contadores que perciban remuneración como empleados permanentes de las cámaras de comercio, quedarán inhabilitados para ejercer su profesión en asuntos particulares mientras permanezcan en sus cargos, so pena de destitución por mala conducta y multa hasta de veinte mil pesos. Una y otra las decretará el Superintendente de Industria y Comercio".
Afirma el demandante que el artículo impugnado vulnera el 13, el 53 y el 70 de la Constitución Política. Considera que dicha disposición es discriminatoria, por cuanto sólo consagra inhabilidades para los abogados, economistas y contadores que sean empleados permanentes de las cámaras de comercio, dejando de lado a los demás profesionales y marginando, incluso, a los trabajadores ocasionales o transitorios que cumplen las mismas funciones y gozan de idénticos derechos y deberes que los permanentes.
Manifiesta el actor que la norma acusada también viola los artículos 16, 20 y 26 de la Carta, toda vez que esa inhabilidad establecida les cercena a los abogados, economistas y contadores la posibilidad de ejercer con plena libertad su profesión, es decir, carecen de aptitud legal para intervenir en negocios o asumir asuntos particulares.
En su concepto, la norma acusada se dictó cuando aún no se tenía clara la naturaleza jurídica de las cámaras de comercio, por lo que la "inhabilidad" que consagra ese precepto es una figura original del Derecho Público, aplicable a los empleados públicos, lo que hoy en día no es admisible, toda vez que las cámaras de comercio no son entidades públicas.
Por último, para el demandante, no es aceptable que, según el artículo impugnado, el proceso disciplinario por mala conducta del empleado lo adelante el Superintendente de Industria y Comercio, ya que de dichos procesos conoce el Consejo Superior de la Judicatura y/o la Procuraduría General de la Nación.
En escrito posterior, el actor reitera y amplía los argumentos esbozados en la demanda y afirma que le corresponde a la Corte Constitucional "indagar en las actas de la comisión redactora del Código de Comercio cuáles fueron las razones jurídicocientíficas, si fue que las hubo o no para plasmar tan imperial y absoluta prohibición consistente en la enunciada inhabilidad".
El ciudadano José Camilo Guzmán Santos, actuando en su calidad de apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, solicita a la Corte que declare la exequibilidad del artículo 90 del Código de Comercio.
Considera el interviniente que no se vulneran los preceptos constitucionales señalados por el actor, toda vez que las cámaras de comercio prestan un servicio público y, por lo tanto, la labor de sus empleados debe estar orientada por los principios que guían la función pública. Afirma que los temas comerciales, en todas sus dimensiones y facetas, son estudiados por las disciplinas del Derecho, la Economía y la Contabilidad, de tal forma que se justifica el trato especial dado por la legislación a los profesionales de esas áreas.
Manifiesta, además, que el artículo impugnado lo que pretende es que la función de las cámaras de comercio sea transparente y que los profesionales que laboran allí cumplan sus funciones desprendidos de todo interés personal y de manera imparcial.
En concepto del interviniente, el trato diferencial consagrado en el artículo 90, objeto de análisis, se justifica en la medida en que se aplica a personas que, por su condición, prestan servicios diferentes a los de las otras categorías de profesionales que trabajan en las cámaras de comercio.
Por último, afirma que el cargo formulado por el actor, en relación con la facultad de la Superintendencia de Industria y Comercio para imponer sanciones, no debe prosperar ante la Corte, ya que aquél no señaló las disposiciones constitucionales infringidas.
El ciudadano Eugenio Marulanda Gómez, actuando en su calidad de ciudadano y Presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, CONFECAMARAS, presenta escrito con el objeto de coadyuvar la demanda instaurada.
Asegura que las cámaras de comercio no son entidades públicas y por tal motivo sus relaciones laborales se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, el cual admite la exclusividad del trabajador, pero aduce que siempre dicha cláusula es concertada, sin afectar el principio de igualdad.
Para el coadyuvante, la disposición acusada desconoce los artículos 13 y 25 de la Constitución.
El ciudadano Carlos Eduardo Serna Barbosa, apoderado del Ministerio de Desarrollo Económico, presenta escrito sustentando las razones que justifican la constitucionalidad del artículo impugnado, toda vez -a su juicio- no vulnera precepto alguno de la Carta Política.
Asegura el interviniente que los argumentos esgrimidos por el actor para sustentar la inconstitucionalidad de la disposición acusada son precarios y no alcanzan a provocar controversia de fondo sobre su inexequibilidad.
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte que declare la constitucionalidad del artículo 90 del Código de Comercio.
Manifiesta que como entes particulares, las cámaras de comercio cumplen funciones administrativas en las condiciones establecidas en la ley y con el sometimiento al régimen aplicable a los particulares cuando ejercen tales artibuciones.
En concepto del Jefe del Ministerio Público, las incompatibilidades establecidas por el legislador buscan mantener la probidad del servidor público en el ejercicio de sus funciones, imposibilitando el desempeño simultáneo de dos cargos o actividades que puedan poner en peligro la transparencia del desarrollo de la función pública.
Afirma el Procurador que el Constituyente no estableció condicionamiento alguno para que el legislador defina las incompatibilidades, lo que quiere decir que dicha potestad es amplia. Y en cuanto a la violación del artículo 13 de la Constitución, alegada por el demandante, asegura que el principio de igualdad no implica forzosamente que la igualdad sea mecánica o matemática, sino que el trato diferencial tenga una justificación válida, previo un análisis de razonabilidad y proporcionalidad entre los medios utilizados y la medida considerada.
A juicio de ese Despacho, la prohibición consagrada en la disposición acusada resulta razonable y se ajusta a los postulados constitucionales que persiguen la transparencia en el ejercicio profesional y la protección de la función pública.
2. El artículo demando. Su justificación. La actividad de servicio público a cargo de las cámaras de comercio. Los conflictos de intereses
La norma demandada prohibe el ejercicio de la actividad profesional, en asuntos particulares, a los abogados, economistas y contadores que perciban remuneración como empleados permanentes de las cámaras de comercio.
No obstante su naturaleza privada, las cámaras de comercio cumplen funciones públicas de aquellas que corresponde ejecutar al Estado, pero que, en virtud de lo previsto en el artículo 210 C.P., también pueden ser desarrolladas por particulares, en los términos que señale la ley. En efecto, el inciso 2° del citado artículo constitucional consagra que los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que la ley señale, trasladando al legislador la facultad de precisar en qué forma pueden las personas privadas desarrollar este tipo de funciones.
Precisamente el artículo 123 de la Constitución señala quiénes son considerados como servidores públicos y consagra que ellos están al servicio del Estado y de la comunidad, y ejercen sus funciones en la forma prevista por al Constitución, la ley y el reglamento. La norma agrega que "la Ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio".
"Así las cosas, de las consideraciones anteriores se desprende con meridiana claridad que el desempeño de funciones administrativas por particulares, es una posibilidad reconocida y avalada constitucional y legalmente, y que esa atribución prevista en el artículo 210 de la Carta opera por ministerio de la ley y, en el caso de las personas jurídicas, no implica mutación en la naturaleza de la entidad a la que se le atribuye la función, que conserva inalterada su condición de sujeto privado sometido al régimen de derecho privado en lo atinente a la organización y desarrollo de las actividades anejas a su específica finalidad.
De otra parte, el régimen de derecho administrativo sujeta a la persona privada que cumple función administrativa a la consiguiente responsabilidad y le impone el despliegue de una actuación ceñida a lo expresamente autorizado y permitido para la consecución de la específica finalidad pública que se persigue; ello se erige en una garantía para el resto de los asociados y justifica la operancia de los controles especiales que, normalmente, se ubican en cabeza de la administración pública (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-166 del 20 de abril de 1995. M.P.: Dr. Hernando Herrera Vergara).
En efecto, bien puede observarse que no sería extraña, en virtud de la típica función pública de la cual se trata -llevar el registro mercantil-, la colisión entre los propósitos del servicio y los fines particulares del propio ejercicio profesional, evento que, de presentarse, atentaría contra la pulcritud e imparcialidad propia de la indicada tarea de servicio público, y rompería el equilibrio que ha de garantizarse en su desarrollo, además de que otorgaría indebida ventaja a unos comerciantes -los clientes del empleado- sobre todos los demás.
Tal precepto no viola el principio de igualdad, pues se está regulando la situación de una especial franja de trabajadores, quienes tienen a cargo una función pública de excepcional importancia. Ni se obstruye el libre desarrollo de la personalidad, toda vez que, como el propio artículo 16 de la Carta Política lo manifiesta, la libertad tiene por límites los derechos de los demás y el orden público, siendo evidente que aquí resultan preservados los derechos de todos aquéllos que tramitan asuntos ante las cámaras de comercio y que tienen derecho a ser tratados imparcial y objetivamente, a lo cual debe añadirse que al orden jurídico importa la transparencia y claridad que se garantice en punto al manejo del registro público de comercio.
Tampoco estima la Corte que la norma enjuiciada se oponga al libre ejercicio de las profesiones (art. 26 C.P.), pues de una parte esa garantía no impide que el legislador señale incompatibilidades para quienes ejercen función pública, y de otra no se trata de una libertad absoluta.
Con buen sentido el legislador, a quien corresponde constitucionalmente fijar las condiciones dentro de las cuales pueden los particulares desarrollar ciertas funciones públicas, introdujo en el artículo 90 del C. de Co. la prohibición acusada, que será declarada exequible en el presente fallo, con excepción de las palabras "abogados, economistas y contadores", y "permanentes", contenidas en el citado precepto legal, cuya inexequibilidad, por romper el principio de igualdad, es manifiesta.
También deben ser declaradas inexequibles las frases "multas hasta de veinte mil pesos" y "Una y otra las decretará el Superintendente de Industria y Comercio", por cuanto, en criterio de la Corte, le ha sido atribuida a dicho organismo administrativo -que tiene a su cargo la vigilancia y control sobre las cámaras de comercio- una función que constitucionalmente no corresponde al Presidente de la República, a cuyo nombre actúa (art. 189 C.P.), sino a las propias cámaras de comercio como entidades privadas y en su calidad de empleadoras, las cuales, si se presenta la incompatibilidad consagrada, deben separar a su trabajador de las funciones públicas que viene desempeñando.
"Artículo 90.- Los que perciban remuneración como empleados de las cámaras de comercio quedarán inhabilitados para ejercer su profesión en asuntos particulares mientras permanezcan en sus cargos, so pena de destitución por mala conducta".
Declarar EXEQUIBLE el artículo 90 del Código de Comercio, salvo las expresiones "abogados, economistas y contadores" y "permanentes", y las frases "y multa hasta de veinte mil pesos" y "Una y otra las decretará el Superintendente de Industria y Comercio", todas las cuales se declaran INEXEQUIBLES.
Exequible salvo la expresión ... Artículo 90 DECRETO_410_1971_27/03/1971