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Timestamp: 2018-07-16 14:37:38
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Matched Legal Cases: ['artículo 246', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 207', 'artículo 222', 'artículo 556', 'artículo 557', 'artículo 552', 'artículo 557', 'artículo 557', 'artículo 517', 'artículo 557', 'artículo 517', 'artículo 556', 'artículo 517', 'artículo 206', 'artículo 556', 'artículo 556', 'artículo 556', 'artículo 556', 'artículo 267', 'artículo 47']

Luego vinieron las famosas cuestiones prejudiciales contra la hipoteca, la ejecución hipotecaria y el monitorio y en una de esas búsquedas sobre la famosa abusividad, encontré una cuestión publicada en el portal del Tribunal de Justicia de Unión Europa que formulaba el Secretario Judicial de Terrasa. Gracias a este Letrado de la Administración de Justicia, que se llama Óscar Ricardo Cabrera Galeano y es (o era) titular de la Secretaría del Juzgado de lo Social Número 2 e Interino de la del Juzgado de Violencia sobre la mujer único radicadas en la susodicha localidad tenemos hoy las CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. JULIANE KOKOTT presentadas el 15 de septiembre de 2016 (asunto C‑503/15) sobre la cuestión prejudicial que planteó el día 23 de septiembre de 2015 y que, entre otras cosas, dice lo siguiente:
41. El expediente de jura de cuentas regulado en los artículos 34 LEC y 35 LEC permite a los abogados obtener un título ejecutivo para sus reclamaciones de pago de honorarios y no comporta debate contradictorio en cuanto al fondo, siempre que el deudor no lo desencadene formulando oposición. En esa medida, el procedimiento que es objeto del presente asunto es semejante al proceso monitorio que era objeto de los asuntos Banco Español de Crédito y Finanmadrid, puesto que este último proceso prevé el traslado de la iniciativa procesal ―denominado «inversión del contencioso»― al deudor, de modo que la carga de iniciar un procedimiento contradictorio recae sobre el destinatario del requerimiento de pago si no quiere que éste adquiera carácter ejecutivo. (14)
42. La jura de cuentas, que surgió como procedimiento especial para la reclamación de los honorarios de abogado devengados en el contexto de un procedimiento jurisdiccional concreto, no es la única posibilidad que tienen los abogados para reclamar sus honorarios, dado que pueden también acudir a un procedimiento declarativo o bien a un proceso monitorio.
43. La jura de cuentas debe seguirse ante el secretario judicial del órgano jurisdiccional que hubiera conocido del procedimiento jurisdiccional en que el abogado actuó por cuenta del cliente y se dirige únicamente al cobro de los honorarios devengados en el mismo. 1. Sobre el desarrollo de la jura de cuentas ante los secretarios judiciales
44. Cuando los abogados presentan reclamación por impago de sus honorarios ante los secretarios judiciales, éstos comprueban si los créditos se corresponden con los servicios prestados por dichos abogados en los procedimientos correspondientes y excluyen aquéllos que no son susceptibles de reintegro. (15) A continuación, los secretarios judiciales requieren a los deudores para que paguen dichas sumas; si los deudores no formulan oposición, se despacha ejecución.
45. Si, en cambio, los deudores rechazan la reclamación por no tratarse de honorarios debidos, los secretarios judiciales examinan la cuenta, las actuaciones procesales y la documentación aportada y dictan a continuación decreto determinando las cantidades que hayan de satisfacerse a los abogados. (16)
46. Si, por otra parte, los honorarios se impugnan por excesivos y no existe presupuesto previo aceptado por los impugnantes, los secretarios judiciales en cuestión proceden a su regulación conforme al procedimiento de tasación de costas previsto en los artículos 241 y siguientes LEC; de conformidad con el artículo 246 LEC, dicho procedimiento prevé la posibilidad de oír a los acreedores y de recurrir a los colegios de abogados correspondientes. (17)
47. Según su propio tenor, los artículos 34 LEC y 35 LEC sólo prevén expresamente en los supuestos en que se haya formulado oposición que los secretarios judiciales dicten un decreto fijando la cantidad debida por honorarios. Ahora bien, los secretarios judiciales también dictan resoluciones cuando examinan la cuenta del abogado, cuando (en su caso) excluyen los créditos que no son susceptibles de reintegro, cuando requieren a los deudores de conformidad con el artículo 35 LEC, apartado 2, párrafo primero, para que paguen dichas sumas, y cuando a falta de oposición se despacha ejecución por dichos créditos de conformidad con el artículo 35 LEC, apartado 3. Por ello, el concepto de «resoluciones de los secretarios judiciales» designa en lo sucesivo tanto los decretos que los secretarios dictan en caso de oposición (previstos expresamente en los artículos 34 LEC y 35 LEC) como las resoluciones que adoptan al requerir a los deudores para que satisfagan los créditos que previamente han examinado y al despachar la ejecución de los mismos por no haberse formulado oposición. Es de suponer que tales resoluciones también se dictan en forma de decreto. 2. Sobre los efectos de las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en la jura de cuentas
48. Según los artículos 34 LEC y 35 LEC, las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en la jura de cuentas no serán susceptibles de recurso, pero no prejuzgarán la sentencia que pudiere recaer en juicio ulterior. Por tanto, las cantidades determinadas por los secretarios judiciales en concepto de reclamación de honorarios podrán ser modificadas ulteriormente en procedimiento ordinario. Así pues, dichas resoluciones de los secretarios judiciales surten efectos de cosa juzgada formal, pero no de cosa juzgada material.
49. Es así puesto que la cosa juzgada formal únicamente supone, de acuerdo con el artículo 207 LEC, que contra una resolución ya no quepa recurso alguno, bien por no preverlo la ley, bien porque haya transcurrido el plazo fijado. En cambio, la cosa juzgada material implica, de acuerdo con el artículo 222 LEC, apartado 1, que el contenido de la resolución en cuestión resultará vinculante también para cualquier procedimiento ulterior.
50. No obstante, el hecho de que las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en la jura de cuentas carezcan de fuerza de cosa juzgada material no obsta en absoluto a su carácter ejecutivo: de acuerdo con los artículos 34 LEC y 35 LEC, los deudores quedan obligados a satisfacer la cantidad que hayan determinado los secretarios judiciales, bajo apercibimiento de apremio. 3. Sobre la ejecución de dichas resoluciones de los secretarios judiciales
51 En relación con la ejecución propiamente dicha, el Derecho español contempla dos procedimientos ejecutivos distintos en función de la naturaleza del título ejecutivo. De acuerdo con el artículo 556 LEC, apartados 1 y 2, cuando se trata de resoluciones «procesales» o arbitrales (18) o de acuerdos de mediación, el ejecutado puede formular oposición (que no suspende el curso de la ejecución), siendo posible alegar tan sólo el pago o cumplimiento, la caducidad de la acción ejecutiva o los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución. En cambio, cuando se trata de títulos no judiciales ni arbitrales, (19) el artículo 557 LEC prevé la formulación de una serie significativamente más amplia de causas de oposición que, además, sí suspenden el curso de la oposición y que, en particular, permiten aducir la existencia de cláusulas abusivas. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 552 LEC, apartado 1, el juez o magistrado encargado de la ejecución de títulos no judiciales ni arbitrales comprueba de oficio si existen cláusulas abusivas. (20)
52. No parece que esté suficientemente aclarado a cuál de esas dos categorías se hayan de asignar las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en la jura de cuentas. El Gobierno español entiende que se trata de títulos no judiciales ni arbitrales de los del artículo 557 LEC y que, por ello, al ejecutar dichas resoluciones, los jueces o magistrados de la ejecución deben de oficio comprobar si existen cláusulas abusivas. Esta tesis es uno de los fundamentos básicos de la argumentación del Gobierno español tanto en relación con la condición de «órgano jurisdiccional» de los secretarios judiciales como en relación con la contestación de las cuestiones prejudiciales planteadas.
53. Sin embargo, la argumentación de España no es muy convincente, puesto que, si se sigue cuidadosamente la cadena de remisiones de las disposiciones de la LEC que se ocupan de la ejecución (artículos 517 LEC, 556 LEC y 557 LEC), resulta que las resoluciones de los secretarios judiciales se ejecutarán como resoluciones judiciales.
54. El Gobierno español basa su tesis en que, al definir los títulos no judiciales ni arbitrales, el artículo 557 LEC remite al artículo 517, apartado 2, de la misma norma, el cual define a su vez la totalidad de los títulos ejecutivos y cita en su número 9.º las «demás resoluciones “procesales” y documentos que, por disposición de esta [...] ley, lleven aparejada ejecución», (21) entre los que a su vez están las resoluciones dictadas en la jura de cuentas de acuerdo con los artículos 34 LEC y 35 LEC.
55. No obstante, el artículo 557 LEC, apartado 1, remite sólo a «otros documentos con fuerza ejecutiva a que se refiere el número 9.º del apartado 2 del artículo 517» (22) y no a las «demás resoluciones “procesales”» que también se mencionan en la misma disposición, puesto que éstas últimas se regulan en el artículo 556 LEC, el cual, según su propio tenor, tiene por objeto precisamente la ejecución de las «resoluciones “procesales”».
56. Además, los decretos dictados por los secretarios judiciales en la jura de cuentas de acuerdo con los artículos 34 LEC y 35 LEC no están entre los «documentos con fuerza ejecutiva» a que se refiere el artículo 517 LEC, apartado 2, número 9.º, sino entre las «resoluciones procesales» a que se refiere la misma disposición, puesto que, de conformidad con el artículo 206 LEC, apartado 2, dichos decretos quedan subsumidos en el concepto de «resoluciones» del mismo órgano. Por tanto, a efectos del artículo 556 LEC, los decretos dictados por los secretarios judiciales en la jura de cuentas son, sin género de dudas, resoluciones «procesales», por lo que, a la hora de proceder a su ejecución, se han de asimilar a las resoluciones judiciales.
57. A pesar de que se le insistiera sobre el particular en la vista, el Gobierno español no supo aportar alegaciones fundamentadas para refutar esta interpretación, que se basa en el tenor expreso de las disposiciones de la LEC, contentándose en su lugar con una referencia vaga a la «interpretación sistemática» de dichas disposiciones, pero sin pronunciarse con precisión sobre el tenor de las mismas.
58. En realidad, frente a dicha alegación, una interpretación sistemática de la LEC también confirma que, a efectos de su ejecución, las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en la jura de cuentas están sometidas a la regulación recogida en el artículo 556 LEC de la misma manera que lo están las resoluciones judiciales, puesto que la Ley 13/2009, que trasladó a los secretarios judiciales la competencia para conocer de la jura de cuentas, (23) modificó también el título del artículo 556 LEC, que antes era «Oposición a la ejecución de resoluciones judiciales o arbitrales» y ahora es «Oposición a la ejecución de resoluciones “procesales” o arbitrales»; por ello, tal como explica expresamente el preámbulo de la Ley 13/2009, «con el objeto de unificar la terminología y adaptarla a las nuevas competencias del Secretario judicial, se utiliza la expresión “resoluciones ‘procesales’”, para englobar tanto las resoluciones judiciales [...] como las del Secretario judicial». (24)
59. En contra del criterio del Gobierno español, estas palabras prueban la voluntad del legislador español no sólo de transferir a los secretarios judiciales la competencia sobre la jura de cuentas, otrora reservada a jueces y magistrados, sino también de asegurarse de que, de acuerdo con el artículo 556 LEC, la ejecución de las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en dicho procedimiento deba despacharse del mismo modo que la de las resoluciones judiciales.
60. Por lo tanto, en el presente procedimiento prejudicial se ha de considerar que las resoluciones dictadas en la jura de cuentas por los secretarios judiciales están equiparados, a efectos de su ejecución, a las resoluciones judiciales. Ello supone que en esa ejecución no están previstas ni la obligación de comprobar de oficio si existen cláusulas abusivas ni la posibilidad de formular una oposición que se base en la existencia de dichas cláusulas y suspenda el curso de la ejecución..
Llegando a las siguientes conclusiones
146. A la vista de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones formuladas por el Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (Barcelona) en los términos siguientes:
1) En el contexto del procedimiento regulado en los artículos 34 y 35 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, debe considerarse que los secretarios judiciales sí son «órganos jurisdiccionales» facultados, con arreglo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para plantear peticiones de decisión prejudicial.
2) La Directiva 93/13/CEE, en relación con la Directiva 2005/29/CE y con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en la que, como sucede con la controvertida en el procedimiento principal, los órganos encargados de instruir los procedimientos mediante los que se resuelve sobre las reclamaciones de honorarios (expedientes de jura de cuentas) no pueden comprobar de oficio si en el contrato celebrado entre un abogado y un consumidor existen cláusulas abusivas o si se han dado prácticas comerciales desleales.
3) La Directiva 93/13 no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el procedimiento principal a condición de que dicha normativa admita una práctica de prueba suficiente como para permitir la comprobación efectiva de si existen cláusulas abusivas, extremo que corresponde comprobar al tribunal nacional.
Cuestión prejudicial Jura cuentas LAJ Secretario Judicial
miguel 16 de septiembre de 2016, 17:42
Me alegra mucho la propuesta que realiza la Abogado General Sra. Juliane Kokott en el Asunto C 503/15, al Tribunal de Justicia Europeo. A ver si este acepta la propuesta. El Tribunal Constitucional español podría tenerlo en cuenta para determinar, en futuras sentencias, quién tiene la potestad jurisdiccional en España, al interpretar el art. 117.3 C.E. ( No solo los Magistrados y Jueces, sino también los Letrados de la Administración de Justicia).
Bravo por el LAJ Oscar Ricardo, Cabrera Galeano, que planteó la cuestión perjudicial.
Gracias Mariluz por compartir la noticia.
Miguel Ángel Bragado.
Manuel Aroca 29 de septiembre de 2016, 1:26
Nada tiene que ver el concepto comunitario de jurisdicción con el del art. 117.3 CE, que solo incluye a los jueces y magistrados. ¿Cómo va a ejercer la potestad jurisdiccional, en el sentido constitucional del término un funcionario del ministerio de justicia? La abogada general no ha comprendido el carácter ancilar de la función del secretario y sobre todo su total dependencia jerárquica del gobierno.