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Timestamp: 2018-10-15 17:38:59
Document Index: 386992796

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 181', 'in dubio', 'artículo 29', 'in dubio', 'artículo 180']

AP5164-2015
Radicación 46400
Aprobado Acta N° 314
Bogotá D.C., nueve (09) de septiembre de dos mil quince (2015).
Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el defensor de la acusada Isabel Carrillo Perdomo, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 24 de abril, a través de la cual confirmó la dictada por el Juzgado 41 Penal del Circuito de la misma ciudad el 24 de febrero hogaño, que la condenó como autora del delito de concusión.
Los hechos fueron consignados en la sentencia así:
Según la acusación los hechos jurídicamente relevantes tuvieron lugar desde el mes de abril de 2006 cuando la Fiscalía 17 seccional adscrita a la Unidad Nacional Anticorrupción adelantaba investigación penal respecto a las directivas de la compañía Termoyopal, con ocasión de la denuncia elevada por la Electrificadora de Santander.
En razón a ello, en el mes de junio de la misma anualidad el señor Carlos Eduardo Vargas Afanador, en calidad de abogado, contactó a la señora Carmen Elisa Martínez Vargas, Gerente General de la empresa Termoyopal, indicándole que contaba con la denuncia penal del proceso antes mencionado, ofreciéndole sus servicios para obtener una decisión de carácter inhibitorio a cambio de $600.000.000.
Posteriormente, se coordinó una reunión con el señor Carlos Enrique Martínez Vargas, hermano de la Gerente de la entidad, en la que el señor Vargas Afanador le planteó la misma propuesta, atendiendo que al interior de la Fiscalía 17 Seccional tenía contactos que podían incidir en una resolución a su favor.
El señor Martínez Vargas determinó instaurar denuncia penal por estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación, actuación que conllevó la realización de varias actividades de policía judicial, entre las cuales se resalta búsquedas selectivas en bases de datos y estudios link, lográndose establecer marcaciones telefónicas entre el abogado Vargas Afanador y la señora Isabel Carillo Perdomo, asistente de la Fiscalía 17 Seccional de la Unidad Anticorrupción, y a su vez con el señor José Hernán Suárez González, quien fungía como Fiscal 269 Local, despacho en el que se adelantaba un proceso contra las directivas de la empresa Expreso Bolivariano, en el que el litigante en mención efectuó propuesta similar.
Indica la fiscalía, cómo a partir de las referidas actividades de indagación se logró establecer una relación estrecha entre Isabel Carrillo Perdomo, Carlos Vargas Afanador y José Hernán Suárez González, desprendiéndose que ellos conocían y manejaban el tema denunciado por los directivos de la compañía Termoyopal.
Igualmente, mediante tarea de agente encubierto se tuvo contacto directo con el señor Vargas Afanador, oportunidad en la que el investigador le insinuó que contactara directamente a la señora Isabel Carrillo Perdomo, funcionaria de la Fiscalía 17 Anticorrupción, pues ya se tenía conocimiento que ésta era la persona que participaba en la actividad ilícita, lo cual produjo alteración en el litigante, al punto que le manifestó a la víctima que controlara a ese empleado para que no fuera al despacho judicial, generando problemas para las personas y estropeando su gestión.
1. Por los hechos antes referenciados el 4 de abril de 2007, ante el Juzgado 54 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, luego de decretar la legalidad de una diligencia de allanamiento y registro que se había ordenado previamente, así como de la captura de Isabel Carrillo Perdomo, se le formuló imputación como presunta coautora del delito de concusión.
En la misma diligencia se solicitó imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión, pero el juez se abstuvo de imponerla, ordenando la libertad inmediata de la imputada.
La audiencia había sido convocada también para que se hiciera control de legalidad sobre la captura de Carlos Eduardo Vargas Afanador y consecuente con ello, formularle imputación, pero como quiera que aquella fue declarada ilegal, éste recobró su libertad, ausentándose de la diligencia, motivo por el que el 6 de abril de 2007 fue convocado a audiencia de formulación de imputación en la que se le endilgó el delito de concusión en calidad de interviniente en concurso con el punible de concierto para delinquir.
Cabe aclarar que la Fiscalía adelantó por separado la acción penal contra José Hernán Suárez González, para entonces Fiscal 269 Local de Bogotá, quien fue condenado por estos hechos como coautor del delito de concusión.
2. El 3 de mayo siguiente se presentó escrito de acusación contra ambos procesados en el que se reiteraron los cargos formulados en audiencia preliminar, con la circunstancia genérica de mayor punibilidad prevista en el numeral 10º del artículo 58 del Código Penal, los cuales fueron rechazados por ambos.
3. La acusación fue formulada el 4 de junio de 2007 ante el Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá, misma autoridad que agotó la audiencia preparatoria y que se separó del conocimiento del asunto al aceptar una recusación promovida por la defensa por haber decidido de fondo una solitud de preclusión.
4. Es así que el conocimiento del asunto pasó al Juzgado 41 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, autoridad que precluyó el proceso adelantado contra Carlos Eduardo Vargas Afanador, por haber sobrevenido el fenómeno de la prescripción de la acción penal.
En ese orden, el juicio se agotó solo respecto de Isabel Carrillo, frente a quien se emitió sentido de fallo de carácter condenatorio en audiencia de 12 de agosto de 2013.
5. El 4 de febrero de 2014, el Juzgado 41 Penal del Circuito emitió sentencia en la que condenó a la acusada a la pena de 96 meses de prisión, multa de 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 80 meses, como coautora del delito de concusión.
La suspensión condicional de la ejecución de la pena le fue negada, mientras que se le concedió la prisión domiciliaria dada su condición de madre cabeza de familia.
6. El fallo de primer grado fue recurrido por la defensa de la procesada, siendo confirmado en su integridad por una Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en decisión de 24 de abril de 2015.
7. Contra la anterior determinación el apoderado de Isabel Carrillo Perdomo interpuso y sustentó recurso extraordinario de casación, siendo el estudio de la demanda el objeto del actual pronunciamiento.
Como único cargo contra la sentencia de segunda instancia el recurrente acude a la causal tercera del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, alegando una violación indirecta de la norma sustancial derivada de falsos juicios de identidad y raciocinio, lo cual condujo al desconocimiento de principios como el de in dubio pro reo y normas como el artículo 29 superior, 11 de la Declaración de Derechos Humanos, 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2º y 404 del Código Penal y 7º, 381, 382 y 404 del Código de Procedimiento Penal.
1. Frente al falso juicio de identidad, luego de hacer una exposición teórica acerca de este tipo de error de hecho, sostiene el censor que fue equivocada la apreciación del Tribunal respecto de los testimonios de Gerardo Barbosa y Rosa Elena Suárez Díaz, pues a partir de su distorsión dedujo que las piezas procesales del diligenciamiento adelantado contra Termoyopal eran confidenciales y que a ellas sólo tenía acceso el Fiscal 17 anticorrupción y su asistente Isabel Carrillo Perdomo.
Conclusión que para el recurrente resulta equivocada, en la medida en que no se comprobó que las copias de la denuncia que el abogado Carlos Vargas Afanador entregó a la gerente de Termoyopal para solicitarle la millonaria suma de dinero, fueran las mismas que reposaban en el expediente.
Añade que no es cierto que las únicas personas que tenían acceso al proceso fueran el Fiscal 17 y su auxiliar, toda vez que de acuerdo con la Resolución N.059 que asignó la investigación a ese despacho, se designó también a los doctores José Aníbal Mejía Camacho y Ana Tulia Lamboglia Rodríguez para que en su condición de fiscales prestaran apoyo a su homólogo de la fiscalía 17. Del mismo modo, agrega el censor, la doctora Rosa Elena Suárez, jefe de la Unidad Anticorrupción, estaba facultada para solicitar a los despachos a su cargo los expedientes que cada uno manejaba según así lo indicó el entonces Fiscal 17, Gilberto Abella Gutiérrez, afirmación esta última que fue ignorada por el Tribunal, surgiendo evidente que otros funcionarios podían acceder a la denuncia, y no solo la acusada y su jefe.
En criterio del censor no se logró acreditar el origen de las fotocopias de la denuncia que resultaron en poder del abogado litigante Carlos Eduardo Vargas Afanador.
Pasa a referirse al testimonio de Rafael Castiblanco Vanegas para indicar que su dicho fue adicionado, «pues de un lado en la denuncia instaurada por la presunta víctima, Carlos Enrique Martínez Vanegas, simplemente se afirma que Vargas Afanador dijo tenerla consigo, no anunció haberla visto, mucho menos que se la hubiera entregado y el investigador Rafael Castiblanco Bernal al momento de introducir esa prueba en el juicio no supo explicar cómo llegó ese legajo a manos de las presuntas víctimas, reseñando de manera turbada que no supo si fue Carlos Vargas Afanador quien se lo entregó a los funcionarios de Termoyopal, sin embargo deja claro que a él se la suministró el doctor Gerardo Barbosa, supuestamente asesor jurídico de dicha empresa, empero esta circunstancia tampoco fue objeto de plena prueba como lo asevera el Tribunal, ya que quien así lo afirma es el propio profesional sin ningún respaldo probatorio».
En seguida se adentra en la crítica a la prueba documental aportada al juicio como aquella supuestamente sustraída del proceso para ser entrega por el abogado Carlos Vargas a funcionarios de Termoyopal, señalando que la misma no coincide con la foliatura del proceso, además porque los tipos de letra con la que se paginaron es diferente.
Continua haciendo una serie de comparaciones entre las fotocopias aportadas al juicio y los originales que reposan en el expediente, concluyendo que se trata de documentos diferentes cuya reproducción fue tomada de otra fuente distinta al proceso.
2. Así mismo, dentro de la misma censura por violación indirecta de la norma sustancial, aduce un error de hecho por falso raciocinio por transgresión a la lógica y a las reglas de la experiencia, el cual soporta inicialmente en una exposición teórica acerca de las pautas que debe tener en cuenta el fallador al momento de valorar la prueba, respetando los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo.
Hace recaer el yerro en las gráficas link que ingresaron al juicio como evidencias 6 y 7, transcribiendo lo que sobre las mismas dijo el Tribunal y acusando tales apreciaciones de infringir la lógica y las máximas de la experiencia, al no haber tenido en cuenta la estrecha relación que existía entre la acusada Isabel Carrillo Perdomo y el ex fiscal 269 local Hernán Suárez González, lo cual explica la constante comunicación telefónica que ellos mantenían, más no porque hubieran creado un asociación criminal encargada de cobrar dinero a los involucrados en investigaciones relevantes.
Añade que el ad quem no tuvo en cuenta la regla de la experiencia según la cual: «la clase de delincuencia que opera de la manera como se dice en la investigación, por el contrario, lo que hace es reducir al mínimo el uso de teléfono celular, más cuando se trata de funcionarios del ente investigador que tienen conocimiento de lo fácil que resulta lograr la prueba de comunicación de esa naturaleza».
Agrega que ninguno de los testigos menciona a Isabel Carrillo Perdomo como ejecutora de los hechos, ni tampoco es referida en las conversaciones interceptadas entre el entonces Fiscal Local 269 y el abogado Carlos Vargas, a quien la procesada ni siquiera conocía.
El recurrente afirma que el fallo de segunda instancia se compone de una serie de suposiciones y conjeturas al margen por completo de «inferencias lógico jurídicas», puesto que construye indicios de responsabilidad en contra de la procesada sin tener en cuenta, por ejemplo, que los motivos por los que en su computador se hallaron documentos relacionados con los procesos a cargo del Fiscal Local 269, tenían que ver claramente con la íntima relación de amistad que Isabel Carrillo Perdomo mantenía con ese exfuncionario y muy probablemente, con la intención de aquella de contar con modelos que le facilitaran su labor como sustanciadora.
Califica de ilógica la conclusión acogida por el Tribunal a partir de la falta de acreditación de vínculos entre la procesada y el litigante Carlos Vargas, pues con base en la ausencia de demostración de este hecho, señaló el ad quem que eso se explica porque Isabel Carrillo Perdomo fue astuta y se valió de su amigo, el fiscal 269, para no ser relacionada con quien directamente estaba haciendo la exigencia económica a las directivas de Termoyopal, razonamiento que a juicio del censor, trasgrede la sana crítica y los principios de la lógica.
Critica que a partir del hallazgo en el computador de Carlos Vargas de un archivo que supuestamente contenía el interrogatorio que practicaría el fiscal al denunciante en el caso contra la empresa antes mencionada, se dedujera que este documento fue facilitado por Isabel Carrillo Perdomo, y así tenerla como coautora del delito de concusión, por cuanto se desvirtuó que ese fuera el mismo cuestionario que en últimas contestó el denunciante.
Por último, sostiene que el Tribunal cercenó y distorsionó el testimonio del entonces Fiscal 17 de la Unidad Anticorrupción y jefe inmediato de la procesada, doctor Carlos Eduardo Castañeda Crespo, puesto que al hallar en poder de la acusada partes de providencias judiciales, no podía derivarse que ella adoptaba las decisiones imponiéndose a su superior, quien sí era el encargado de decidir los casos a cargo de ese despacho.
Además, el censor resalta una circunstancia que no fue considerada por el Tribunal, y relativa a que Isabel Carrillo Perdomo no llevaba dos meses laborando en la Unidad Anticorrupción, puesto que venía trasladada de otra dependencia, motivo por el que no es cierto que ésta conociera el manejo de los procesos, asuntos y temas propios de aquella unidad.
La solicitud del demandante es que se case la sentencia y en su lugar se absuelva a Isabel Carrillo Perdomo del delito por el que fue condenada.
1. No obstante que la Corte ha precisado que en la Ley 906 de 2004 no se distingue entre recurso de casación por la vía común y por la discrecional, al eliminar la exigencia del quantum de pena del delito por el que se procede para acceder a tal impugnación, también lo es que corresponde al demandante acreditar la afectación de derechos o garantías fundamentales, lo cual le impone contar con interés para impugnar, señalar la causal, desarrollar los cargos de sustentación del recurso y demostrar que es necesario el fallo de casación para cumplir alguno de los fines establecidos por el legislador en el artículo 180 de la referida normatividad para la mencionada impugnación, esto es, la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios sufridos por éstos y la unificación de la jurisprudencia.
2. Para el presente caso, como quiera que el recurrente invoca un cargo contra la sentencia del Tribunal de Bogotá, consistente en la violación indirecta de la norma sustancial, oportuno es hacer las siguientes precisiones sobre esta forma de desconocimiento de la ley.
La violación indirecta de la ley sustancial puede ocurrir por errores de derecho o de hecho; en el primer caso se habla de falsos juicios de legalidad o convicción y en el segundo, vicios de hecho, de falsos juicios de existencia, identidad y raciocinio.
En tratándose de falso juicio de identidad, que es uno de los reparos propuestos por el demandante, el mismo se concreta en la distorsión del contenido de la prueba, ya sea cercenándola, adicionándola o tergiversándola y exige del censor indicar la equivocación y la trascendencia de ésta, al igual que la confrontación del contenido del medio de convicción con las premisas utilizadas por el juzgador de instancia para dar por probada determinada circunstancia, de manera que se evidencie la tergiversación, el cercenamiento o la transmutación de lo que la prueba muestra.
Aquí el censor hace recaer el supuesto error en las declaraciones de Gerardo Barbosa y Rosa Elena Suárez Díaz, porque a partir de ellas el Tribunal dedujo que la única forma en la que el abogado Carlos Vargas pudo obtener copia de la denuncia contra Termoyopal, fue porque la aquí acusada se la facilitó por intermedio del Fiscal Local 269.
Su planteamiento claramente evidencia que el censor falta a los presupuestos demostrativos de un yerro como el que denuncia, por cuanto no se trata de la variación del contenido de tales testimonios, sino de la inferencia que a partir de sus afirmaciones hizo el ad quem, por manera que tal inconformidad debió proponerse y demostrarse por la senda del falso raciocinio.
En manera alguna advierte la Sala que el texto de los testimonios mencionados hubiera sido cercenado, adicionado o tergiversado como para alegar un falso juicio de identidad, y ello porque lo que pretende el libelista es mostrar su inconformidad con la conclusión del Tribunal acerca de que las piezas procesales que fueron entregadas por el abogado Carlos Vargas a las directivas de Termoyopal como mecanismo para obtener el dinero exigido, solo pudieron salir del proceso original al que únicamente tenía acceso la acusada y su jefe, el Fiscal 17 anticorrupción.
Para rebatir tal deducción el censor acude a su propio criterio y a su personal forma de razonar frente a lo que debió inferirse de tales declaraciones, valiéndose además de la ausencia de prueba directa indicativa de que esos documentos efectivamente fueron extraídos del expediente que reposaba en la Fiscalía 17 de la Unidad Anticorrupción, exponiendo motivos por los que no podía darse por cierta tal eventualidad, para lo cual invoca otros medios de convicción aportados al juicio.
Su discurso claramente corresponde a una alegación de instancia, habida cuenta que se toma el trabajo de exponer apreciaciones individuales basadas en su propio análisis de los documentos allegados en copia al juicio, confrontándolos con las piezas originales, hallando lo que en su parecer son inconsistencias, de las cuales concluye que las copias no pudieron ser suministradas por Isabel Carrillo Perdomo, postura que como ya se indicó, se aparta de los presupuestos de adecuada fundamentación de la censura de falso juicio de identidad.
3. Ahora bien, frente al reparo por falso raciocinio a consecuencia del desconocimiento de los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, que el casacionista hace recaer en lo que el ad quem concluyó a partir del permanente contacto telefónico que la acusada sostenía con el ex fiscal 269 Local, si bien acierta en su postulación, no satisface la exigencia argumentativa de precisar cuál fue la regla de la experiencia desconocida, o cuál el principio de la lógica omitido.
Fallidamente pretende cumplir tal requisito erigiendo una proposición de su autoría con la intención de que sea tenida como el comportamiento más probable que sucede en la gran mayoría de los casos en los que se delinque en forma mancomunada, pero sin demostrar que aquella es una regla universal, permanente y reiterada en determinado medio social, puesto que la premisa que expone es producto de su personal razonamiento, al indicar que los delincuentes reducen al mínimo el uso del teléfono celular para no ser descubiertos, mucho más en este caso por tratarse de funcionarios de la fiscalía, lo cual no comporta una regla de la experiencia.
Y frente a la presunta infracción a los principios de la lógica, se conforma con señalar que las inferencias del fallador de segunda instancia se apartan de la lógica, pero sin precisar cuáles de sus principios fueron desconocidos, si el de identidad, no contradicción, tercero excluido o razón suficiente.
En general su queja consiste en exponer una serie de razones para justificar los hallazgos que arrojaron las pruebas y así desvirtuar el vínculo que existía entre la acusada, el entonces Fiscal 269 Local y el abogado Carlos Vargas, este último quien se encargó de hacer una exigencia económica a las directivas de Termoyopal para interferir en forma indebida en un proceso que estaba en el despacho en el cual laboraba Isabel Carrillo Perdomo.
De la demanda se advierte con claridad que el casacionista pretende que la Sala admita la apreciación probatoria que expone, en contravía de la acogida por el Tribunal, pero sin hacer ver que en realidad éste incurrió en errores de apreciación demandables en casación, resultando insuficiente su discurso para resquebrajar el fallo condenatorio, con base en una supuesta duda probatoria que tampoco evidencia.
Corolario lo anterior, frente a las falencias argumentativas en la demanda de casación, la misma se inadmitirá.
De otra parte, en el proceso no se vislumbra violación de derechos fundamentales o garantías de los intervinientes, para ejercer la facultad oficiosa de índole legal que al respecto le asiste a la Sala.
Por último, en caso de que se acuda al mecanismo de insistencia, deberán seguirse los parámetros fijados en CSP AP, 12 dic. 2005, rad. 24.322.
INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de la procesada Isabel Carrillo Perdomo.