Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2012-00098-1496-2014-de-febrero-23-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_d6c9f2c22e154d12a863e46a6777edcc&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-11 22:59:43
Document Index: 2723479

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 149', 'ARTÍCULO 121', 'artículo 150', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 26', 'artículo 204', 'artículo 149', 'artículo 121', 'Artículo 125']

﻿ SENTENCIA 2012-00098/1496-2014 DE FEBRERO 23 DE 2017
SENTENCIA 2012-00098 DE 23 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:MOTIVACIÓN DE LA RENUNCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO NO INVALIDA EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA ACEPTA. EL MÁXIMO ÓRGANO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEÑALO QUE NO EXISTE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO UNA DISPOSICIÓN QUE IMPIDA AL DIMITENTE EXPONER LAS RAZONES QUE LO INDUJERON A TOMAR LA DETERMINACIÓN DE DESVINCULARSE DEL SERVICIO PÚBLICO, CUALQUIERA QUE ESTAS SEAN. DICHO ASÍ, NO ES ADMISIBLE SOSTENER QUE CUANDO ASÍ OCURRE EL ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE ACEPTA LA RENUNCIA CONTRARÍA LA PRECEPTIVA JURÍDICA APLICABLE EN LA MATERIA, PUES EN AUSENCIA DE NORMA DETERMINANTE DE ILEGALIDAD POR ESA CAUSA RESULTA ARBITRARIO ACOGER TALES PLANTEAMIENTOS. FINALMENTE, LA CORPORACIÓN RESALTÓ QUE SOBRE EL RETIRO DEL SERVICIO LA LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LEY 270 DE 1996 ESTABLECE, EN EL ARTÍCULO 149, QUE LA CESACIÓN DEFINITIVA DE FUNCIONES OCURRE, ENTRE OTROS CASOS, CON LA RENUNCIA ACEPTADA Y ESTA, SEGÚN EL ARTÍCULO 121 DEL DECRETO 1660 DE 1978, SE PRODUCE CUANDO EL FUNCIONARIO O EMPLEADO MANIFIESTA POR ESCRITO, EN FORMA ESPONTÁNEA E INEQUÍVOCA, SU DECISIÓN DE SEPARARSE DEL EMPLEO DEL QUE HA TOMADO POSESIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, FUNCIONARIO JUDICIAL, ACTO ADMINISTRATIVO, LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RENUNCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO, RENUNCIA LABORAL PROVOCADA
Sentencia 2012-00098/1496-2014 de febrero 23 de 2017
Exp.: 08001-23-33-000-2012-00098-01 (1496-2014)
Demandante: Susana del Carmen González Arroyo
Tema: Renuncia aceptada a un cargo
Bogotá, D.C., veintitrés de febrero de dos mil diecisiete
5.1. Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.
5.2. Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar, si al demandante le asiste razón jurídica o no al deprecar la ilegalidad del acto administrativo, a través del cual el juez 2º penal del circuito adscrito al Sistema de Servicios Judiciales de Responsabilidad Penal (SJRP), de Barranquilla, aceptó su renuncia al cargo de secretaria de dicho despacho en provisionalidad, por estar viciado de nulidad por falsa motivación.
Resulta pertinente precisar que el acto de renuncia del servidor público debe ser resultado de la voluntad libre y espontánea, pues al tenor de lo establecido en el artículo 26 de la Constitución Política: “Toda persona es libre de escoger profesión u oficio [...]”.
En relación con la voluntariedad de la renuncia a un cargo público, el artículo 27 del Decreto 2400 de 1968, compatible con el mandato del artículo 26 superior, dispone:
De igual modo, el Decreto 1950 de 1973, “Por el cual se reglamentan los Decretos-Leyes 2400 y 3074 de 1968 [...]”, preceptúa:
De lo anterior, se colige que el acto de renuncia a un cargo público debe ser resultado de una manifestación escrita e inequívoca del funcionario de cesar en el ejercicio del empleo que desempeña; de tal suerte, que dicho acto debe reflejar la voluntad indiscutible del funcionario de retirarse de su empleo, esto es, una expresión de la voluntad consciente y ajena a todo vicio de fuerza o engaño. En este sentido, el Consejo de Estado, en Sentencia de 14 de junio de 2007, expediente 6681-05, con ponencia de la doctora Ana Margarita Olaya Forero, discurrió así:
La controversia se centra en dilucidar si la autoridad nominadora ejerció indebida presión contra el actor para que presentara renuncia al cargo que desempeñaba y si la renuncia fue aceptada irregularmente.
A folio 178, se encuentra copia de la dimisión de fecha 8 de agosto de 2002, en los siguientes términos: “Por medio de la presente me permito presentar renuncia al cargo de Asesor Grado 16, con funciones de Coordinador Grupo Asesor de Secretaria General””.
De la lectura del escrito cuyo tenor se transcribió se evidencia claramente que el actor no esgrimió ninguna causa de su dimisión. Ciertamente el acto de renuncia presupone la decisión libre del servidor de dimitir al cargo que se encontraba desempeñando. Por lo menos así lo ha concebido la legislación al consagrarla como una forma espontánea e inequívoca de separarse del servicio de un empleo de voluntaria aceptación.
Las pruebas obrantes en el proceso demuestran que el demandante no tenía status de estabilidad, dado que ocupaba un cargo del nivel Asesor en provisionalidad. Habrá que decir que por su jerarquía y su rol que desempeñaba al interior de la entidad presuponía un nivel de preparación y experiencia que le permitían discernir sobre la conveniencia de renunciar o abstenerse de hacerlo si estimaba que por su capacidad y experiencia debía permanecer en el Ministerio, pero no lo hizo así, y optó, en su lugar, por dejar en libertad al nominador para decidir la permanencia en el cargo.
Sin embargo, con base en las pruebas testimoniales rendidas por ex trabajadores de la entidad, dijo el juez a quo, que se demostró dentro del proceso que efectivamente el Secretario Privado del Ministerio pidió la renuncia al actor; que posteriormente este asistió junto con los demás Asesores y Coordinadores de Grupo a una reunión en la Secretaría General de la entidad, donde se les indicó el requisito de la entrevista; y que después pasada la entrevista se le aceptó la renuncia (fl. 295). En consecuencia, sentenció el Tribunal que la renuncia no fue regular, por cuanto su aceptación estuvo sujeta al resultado de una prueba y una entrevista (fl. 298).
La Sala considera que frente a estos cargos la solicitud de la renuncia es válida y la insinuación de la misma es un mecanismo más bien protocolario encaminado a evitar la insubsistencia, teniendo en cuenta, además que el actor accedió al servicio mediante nombramiento en provisionalidad y que no le asiste el fuero de inamovilidad propio de quienes ingresan al servicio mediante concurso de méritos.
Además, en reiterada jurisprudencia de la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación(1) la simple insinuación o solicitud de renuncia por sí misma no constituye una coacción invencible que elimine el acto voluntario porque frente a dichas propuestas, el empleado puede desechar la oferta, insinuación o solicitud sin que ello le acarree consecuencias desfavorables. En el caso presente frente a la solicitud del nominador, como ya se dijo, bien pudo el demandante optar de forma diferente y no lo hizo. No resulta válido, entonces, desconocer posteriormente el contenido de su voluntad expresada sin coacción, para deshacer una situación jurídica que con la aceptación se hizo irrevocable.
El anterior derrotero jurisprudencial fue reiterado en Sentencia de 26 de julio de 2012,(2) en los siguientes términos:
Frente al segundo argumento, referido a la validez de la renuncia inducida, se encuentra que cuando el servidor público opta por retirarse del servicio mediante la modalidad en estudio, la dimisión ha de tener su origen en la libertad espontánea e inequívoca de separarse definitivamente del servicio (artículos 27 del Decreto 2400 de 1968 y 110 a 116 del Decreto 1950 de 1973).
Al examinar las condiciones y el entorno en que se produjo el retiro del servicio de la actora, se observa que el escrito de dimisión fue presentado en compañía de todos los Gerentes que hacían parte de la nómina de las Empresas Municipales de Cali, en los siguientes términos:
De la lectura del texto contentivo de la renuncia no se infiere ninguna presión ajena a la voluntad del dimitente, ni se insinúa constreñimiento o intimidación alguna por parte de la nominadora de ese entonces. Si las circunstancias específicas que acompañaron la determinación del demandante hubieran sido coaccionadas, bien pudo haberse dejado consignado ese hecho en el mismo acto de renuncia, como una manifestación clara y expresa de no ser absolutamente consentida o voluntaria, situación que es de normal ocurrencia en estos casos, y máxime si el autor de la misma es una persona profesional y por tanto de un nivel cultural óptimo que le permite en esas condiciones dejar plasmada su inconformidad con la solicitud que califica de ilegal e improcedente.
De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, es claro que el demandante no tenía status que le ofreciera estabilidad, dado que ocupaba el cargo de Gerente de Planeación, es decir, su empleo se encontraba dentro de la categoría de libre nombramiento y remoción según los estatutos de la empresa —Acuerdo 034 del 15 de enero de 1999—, razón por la cual se presuponía un nivel de preparación y experiencia que le permitían discernir sobre la conveniencia de renunciar o abstenerse de hacerlo si estimaba que por su capacidad y experiencia debía permanecer en las Empresas Municipales de Cali, pero no lo hizo así, y optó, en su lugar, por dejar en libertad al nominador para decidir su permanencia en el cargo profiriendo un acto originado en la libre voluntad declarada de desvincularse de su cargo.
Nótese cómo en criterio del honorable Consejo de Estado, la legalidad de la actuación administrativa se concluye de (i) la manifestación de la voluntad del empleado público, expresada por escrito, de dar por terminada la relación laboral; (ii) la carencia de estabilidad laboral o fuero de inamovilidad dada la categoría del empleado público provisional o de libre nombramiento y remoción; (iii) la calidad de empleado del nivel directivo o asesor presupone su experiencia y preparación para discernir acerca de la conveniencia de su renuncia al cargo; y (iv) la simple insinuación o solicitud de renuncia de la Administración no constituye una coacción invencible que elimine el acto voluntario porque frente a dichas propuestas puede acceder o no conforme a su entendimiento.
Ahora bien, cabe advertir que el hecho de que el dimitente motive su renuncia, sea cualquiera su razón, no invalida el acto administrativo que la acepta, así lo ha considerado el Consejo de Estado:
[...] no existe en el ordenamiento jurídico una disposición que impida al dimitente exponer las razones o motivos que lo indujeron a tomar la determinación de desvincularse del servicio público, cualquiera que estos sean, y no es admisible acoger la tesis de que cuando aquellos se explicitan el acto administrativo por el cual se acepta la renuncia, contraría la preceptiva jurídica aplicable a la materia, pues en ausencia de norma determinante de su ilegalidad por esa causa, resulta arbitrario acoger tales planteamientos.
Pues bien, en el escrito del 9 de octubre de 1989 contentivo de su dimisión, el accionante señala por qué razón decidió retirarse de su empleo, así se expresó el doctor Martínez Santa en comunicación dirigida al Director Regional:
Respecto a su oficio número 37727 de 9 de octubre de 1989, me permito aclararle que con comunicación de fecha 2 de octubre de este año, y de acuerdo a la buena voluntad mostrada por usted en la toma de decisiones que redundarían en bien de la institución, retiré la renuncia presentada el 26 de septiembre del año en curso. Debido a lo anterior no es procedente aceptar una renuncia inexistente.
Para salvar inconvenientes de tipo jurídico reitero la renuncia al cargo de Técnico Especialista G. 05 (Oficial de Personal) de una manera irrevocable a partir del 1º de noviembre de 1989. Esto es producto de los inesperados cambios en sus decisiones las cuales parecían ser muy claras (fl. 24).
En esta comunicación el actor explicita los móviles que lo indujeron a renunciar nuevamente, de una parte, salvar inconvenientes de tipo jurídico y, de otra, los inesperados cambios en las decisiones del Director Regional, dimisión que esta vez presenta en forma irrevocable y con efectos a partir de una fecha anterior a la señalada en la primera renuncia que presentó. Empero, ni tal escrito ni ninguna otra prueba allegada al expediente, evidencian que la administración haya ejercido presión sobre él para que hiciera esta manifestación de voluntad, de hacer dejación de su empleo(3).
Por tanto, la renuncia si bien es cierto está precedida de un motivo, sea expreso o no, también lo es que en caso de que sea explícito no invalida por sí solo el acto administrativo de su aceptación, por lo que se deberá demostrar que en efecto ese móvil sea producto de una coacción invencible que excluya el acto voluntario de dimisión.
Y estos mismos criterios son aplicables a los empleados judiciales(4), como en el caso de la accionante, que, conforme a la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), artículo 204, “Hasta tanto se expida la ley ordinaria que regule la carrera judicial y establezca el régimen para las situaciones laborales administrativas de los funcionarios y empleados judiciales, continuarán vigentes, en lo pertinente el Decreto-Ley 052 de 1987 y Decreto 1660 de 1978, siempre que sus (las) disposiciones (que) no sean contrarias a la Constitución Política y a la presente ley”.
Sobre el retiro del servicio, la mencionada Ley 270 de 1996 establece en el artículo 149 que la cesación definitiva de las funciones ocurre, entre otros casos, con la renuncia aceptada; y esta, según el artículo 121 del Decreto 1660 de 1978, se produce cuando “el funcionario o empleado manifiesta por escrito, en forma espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del empleo de que ha tomado posesión”. Al respecto, sobre la materia, dice el decreto:
ART. 123.—Presentada la renuncia, su aceptación corresponde a la autoridad nominadora, se producirá por escrito y en la providencia correspondiente deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a un (1) mes contado desde el día de su presentación.
Transcurrido un (1) mes de presentada la renuncia, sin que se haya decidido nada sobre ella, el funcionario o empleado dimitente podrá separarse sin incurrir en abandono del empleo, o continuar en el desempeño del cargo y en el cual la renuncia no producirá efecto alguno.
ART. 124.—Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor las renuncias en blanco o sin fecha determinada, o que mediante cualquiera otra circunstancia pongan con anticipación en manos de la autoridad nominadora la suerte del funcionario o empleado.
5.5. Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia.
a) Copia de la renuncia de la actora, de 16 de enero de 2012, al cargo de secretaria del Juzgado 2º Penal del Circuito para Adolescentes, adscrito al Sistema de Servicios Judiciales de Responsabilidad Penal (SJRP), de Barranquilla, que venía desempeñando desde el 19 de septiembre de 2011, dirigida al titular del despacho, Dr. Ángel Humberto Pernett Pérez (fl. 21).
b) Copia de la Resolución 43 (AI:015.15.15) de 16 de enero de 2012, del Juzgado 2º Penal del Circuito adscrito al Sistema de Servicios Judiciales de Responsabilidad Penal (SJRP), de Barranquilla, por medio de la cual se le acepta la renuncia antes relacionada a la accionante (fl. 22).
c) Certificación de 8 de junio de 2012, del Juzgado 2º Penal del Circuito para Adolecentes, en que se declara que la demandante prestó servicios en esa dependencia judicial entre el 1º abril y el 18 de septiembre de 2011, como oficial mayor, y desde el 19 de septiembre de 2011 hasta el 15 de enero de 2012, en calidad de secretaria del circuito nominada (fl. 23).
d) Copia de la queja disciplinaria formulada por la accionante, ante el comité paritario de salud ocupacional del Consejo Seccional de la Judicatura, de 18 de octubre de 2011, contra el juez 2º del circuito penal para adolescentes, Dr. Ángel Humberto Pernett Pérez, por un posible acoso laboral (fls. 37-47).
e) Copia de la historia clínica de la actora, de la Clínica del Caribe, de 25 de octubre de 2011, en la que se lee que el motivo de la consulta es “crisis de ansiedad, cefalea y dolor cervical” (fls. 48-50).
f) Copia de la historia clínica, de 8 de noviembre de 2011, de la Clínica Psiquiátrica Resurgir, en la que se consigna que la demandante padece de “ansiedad, intranquilidad, insomnio, pesadillas, reacción de nerviosismo” (fl. 53 y vto.).
g) Copia de la receta médica, de la Clínica Psiquiátrica Resurgir, de 13 de marzo de 2012, en que le prescriben a la actora Alprazolam, Trazodona y Midazolam (fl. 54).
h) Copia de la historia clínica de la Unidad Médica de Rehabilitación Integral UMRI, de 16 de marzo de 2012, en la que la accionante afirma que está viviendo dificultades laborales (fls. 56-57).
i) Cederrón de notas de voz y videos sobre hechos que quizás motivaron la renuncia (fl.19).
De las pruebas enunciadas, se desprende que la accionante intenta demostrar que la renuncia al cargo de secretaria de circuito nominada, en provisionalidad, presentada al juez 2º penal del circuito, el 16 de enero de 2012, fue movida por el comportamiento que este tuvo para con ella desde su llegada a ese despacho judicial, el 1º de abril de 2011, como oficial mayor.
Para tal efecto, adjuntó a la demanda como pruebas documentales, entre otras, “memorial de fecha junio 1 de 2012 presentado en fecha junio 4 de 2012 ante el Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Dr. Rubén Darío Campo Charris, con el cual se aportó CD donde están grabadas notas de voz y videos donde se hacen constar los hechos que motivaron la renuncia y que son soporte de la queja disciplinaria”, y, por supuesto, dicho cederrón (sic).
En efecto, en este disco compacto (fl. 19), se escuchan voces y se aprecian imágenes del juez segundo penal del circuito adscrito al SRPA en momentos en que se dirige, al parecer, a sus subalternos, sobre asuntos de su dependencia, pues ello se deduce porque, de vez en cuando, lo interpelan pero sin identificarse, y la cámara solo lo enfoca a él. De esta charla no se infiere miedo o expresiones verbales injuriosas o ultrajantes encaminadas a lesionar derechos a la intimidad o a menoscabar la autoestima de los que estaban allí presentes que configuren el maltrato o acoso laboral.
También obran en el expediente otros documentos, tales como copias de la historia clínica 61696-2 de la Clínica del Caribe S.A., de 25 de octubre de 2011, hora: 19:51, establecimiento sanitario a la que acudió la actora por padecer “crisis de ansiedad, cefalea y dolor cervical” (fls. 48-50); de la historia clínica, de 8 de noviembre de 2011, de la Clínica Psiquiátrica Resurgir, en la que se consigna que soporta “ansiedad, intranquilidad, insomnio, pesadillas, reacción de nerviosismo” (fl. 53 y vto.); de la receta médica, de la Clínica Psiquiátrica Resurgir, de 13 de marzo de 2012, en que le prescriben Alprazolam, Trazodona y Midazolam; de la historia clínica de la Unidad Médica de Rehabilitación Integral UMRI, de 16 de marzo de 2012, en la que la accionante afirma que está viviendo dificultades laborales (fls. 56-57).
Como se puede observar, estos documentos tienen fechas anteriores y posteriores a la renuncia de la demandante (16 de enero de 2012), que, quizás, fueron aportados al proceso para tratar de probar que los quebrantos de salud de esta se deben al presunto acoso laboral que alega de que fue víctima. Sin embargo, se ha de recordar que para llegar a esta conclusión se debe probar el hecho base o indicador como se conoce en la construcción del indicio. Con este se puede llegar, como enseña la jurisprudencia y la doctrina sobre la construcción del indicio, por la inferencia lógica y con la utilización de una regla de la experiencia a otro hecho (el indicado), a fin de que la prueba indiciaria cumpla su función de medio de prueba.
Así las cosas, cuando ya se tiene plenamente demostrado el hecho base o indicador y se ha escogido la regla de la experiencia adecuada para el montaje del indicio, debe procederse a aplicar esta última al hecho base o indicador (ya probado) para encontrar la relación que permitirá concluir cuál es el hecho mostrado o indicado(5). No obstante, en este asunto, los testimonios recibidos, en la audiencia de pruebas, de 18 de septiembre de 2013, no muestran de manera clara y concreta que el juez 2º penal del circuito, Dr. Ángel Humberto Pernett Pérez, desplegaba una conducta persistente sobre la actora con el fin de intimidarla o de causarle un perjuicio laboral, sino que las respuestas son evasivas y basadas solo en conjeturas; es decir, no se prueba el posible acoso laboral, a pesar de que de la queja disciplinaria, instaurada por la demandante contra su jefe (fls. 37-47), se podría pensar o colegir que las relaciones en el trabajo no eran óptimas.
El declarante Óscar David Morales Silva (fls. 308-314), exfuncionario del juzgado, entre otras, dijo:
Preguntado: Cuales fueron las circunstancias que llevaron el nombramiento como Secretaria de Susana González Arroyo en el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Sistema penal para adolescentes. Contestó: A raíz de que se generó una vacante originada por la movilidad del en ese entonces secretario del juzgado, Efrén Álvarez, quien pasó a ocupar otro cargo en el Tribunal Superior, el señor juez manifestándonos en un escenario informal porque era una decisión exclusivamente del juez, pero informalmente nos manifestó que quería que el cargo fuera ocupado por alguien que conociera el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Cabe aclarar que la movilidad se dio inicialmente al cargo de Oficial Mayor, porque el cargo de secretario fue ocupado por quien era el oficial mayor, generando entonces la vacante de Oficial Mayor. Como manifesté anteriormente, informalmente se nos participaba de los movimientos administrativos que se daban dentro del despacho y en ese escenario informal, se reunió el equipo y como consecuencia de unos términos que se le vencieron al secretario si mal no recuerdo y creo estar seguro que fue por ese vencimiento de términos ya que este servidor también fue llamado en la atención por el incidente de los términos que se vencieron y ello fue la razón que recuerdo se nos participó para pedirle al en ese momento secretario que regresara a su anterior cargo de oficial Mayor y en ese orden movilizar al cargo de secretaria a la señorita Susana González, quien hasta ese momento no había tenido ningún encuentro o enfrentamiento con el superior.
Preguntado: Diga al despacho como era la relación del señor Ángel Pernett con sus compañeros, especifique si el trato era igual para todos, en especial para con Susana González.
Contestó: Desde mi perspectiva el trato que dentro de la esfera laboral, ejercía el superior, era fuerte, era de cuidado, pues en términos generales el juez exigía de sus empleados una calidad que a mi parecer a veces desbordaba de lo normal, además también se nos exigía que como personas en nuestra vida privada observáramos o cumpliéramos con valores como sinceridad, honestidad, fidelidad con la pareja, llegando a veces a sentir que más allá de unas órdenes o amonestaciones laborales estábamos prestos a recibir amonestaciones por nuestra conducta social, y en la vida privada. Desde el punto de vista de la igualdad en el trato, pues como seres humanos obviamente habían formas de ser como la mía por ejemplo, que no chocábamos con el juez, pero tampoco en un principio se me trataba forma especial, puesto que todavía no había pleno conocimiento de mi personalidad y mis valores, como sí ocurrió más rápido con la Srta. Susana González, a la que en un principio se le felicitaba por su disposición y el cumplimiento rápido en comparación con anteriores secretarios de sus tareas, que incluso fueron a mi forma de ver las cosas, la razón que se expresó, cabe aclarar que no conozco el corazón de las personas pero solo me consta que lo expresado para dar el cargo de secretaria a Susana González, fue según expresiones del juez el cumplimiento rápido de las tareas, lo que en ese escenario informal sirvió de razón para que por ejemplo mi persona la que ocupara el cargo de secretario, teniendo más experiencia en ese mismo juzgado.
Preguntado: En algún momento tuvo conocimiento del acoso laboral que ejercía el Dr. Pernett sobre Susana González, y de ser así diga como tuvo conocimiento.
Contestó: No me atrevo a resolver la pregunta en esos términos porque a mi juicio aún no se ha resuelto la queja presentada ante la Sala Disciplinaria; pero que si conozco las razones que la motivaron a presentar esa queja, sí.
Preguntado: De la respuesta que acaba de dar al despacho, sírvase decir si usted también se sintió en algún momento acosado o desmotivado para no mencionar la palabra acoso, por el trato que daba su superior en cabeza del juez del despacho para con su trabajo.
El Magistrado procede a reformular la pregunta ud. declarante durante el tiempo que permaneció como compañero de la srta. Susana advirtió igualdad de trato bajo todo punto de vista del señor juez respecto o entre el dado a la srta. Susana y a los demás empleados.
Responda: Excúseme si evado la respuesta, pero igualdad, desde el punto de vista de las reglas para todos eran las mismas, y las consecuencias o amonestaciones verbales que se derivaban solían ser las mismas, pero cada uno de los empleados tenía una relación y una historia distinta con el juez, por lo que, me queda difícil decir que el juez hubiese actuado igual conmigo que si en mi relación y mi historia no tuve los mismos problemas que los demás compañeros, desde ese punto de vista unos teníamos mejor suerte que otros, yo en lo personal nunca tuve un choque trascendental porque yo trataba de alejarme lo más posible de cualquier situación que aunque fuera subjetiva o de mi órbita, diera pie para algún tipo de regaño por parte del juez, sobre procederes como por ejemplo saludar de manera informal a un funcionario no perteneciente al juzgado que en el caso de la Srta. Susana González, motivó un llamado de atención, como en mi caso, mi historia personal y mi experiencia nunca he sido así, no se me regañaba en ese sentido, eran tratos desiguales porque eran circunstancias desiguales.
Preguntado: Diga si tiene conocimiento, si el doctor Pernett hizo alguna prohibición o realizó actos que afectaran la vida personal de Susana González Arroyo.
Contestó: Sí. Hubo para empezar un llamado de atención mutuo diría yo, o se hallaron en diferencias en una conversación que se dio en el apartamento de la señorita Susana González, en presencia del juez, su señora, un compañero de trabajo y una persona más que vivía allí que se por referencias, porque no estuve allí, empezó con la serie de posteriores enfrentamientos que naturalmente afectaron su vida más allá de lo laboral, porque fueron situaciones incomodas que no me consta con exactitud cómo se dieron porque no estuve allí, pero según expresó Susana la hicieron poner nerviosa así como a su compañera de apartamento que vuelvo y digo no me consta les afectó según Susana al punto de llorar, por lo tanto a la pregunta si hubo actos que trascendieron a la vida personal diría que sí, pero son cuestiones subjetivas.
Preguntado: Teniendo en cuenta su respuesta anterior que si hubo prohibiciones respecto a la señorita Susana González, precise o manifieste al despacho que tipo de prohibiciones o de actos realizó el que era el Juez segundo penal del circuito y si las realizó en la oficina. Contestó: Me remito a una respuesta anterior, se prohibió acercarse de tal forma que se cruzara más allá del escritorio de la señorita Susana González, es lo que a mí me consta porque una vez cruce el escritorio y el Juez Ángel Pernett Pérez una vez que me acerque al escritorio, que saliera de ese espacio, pues era el espacio personal de Susana González.
Preguntado: Conoce Ud. las condiciones de salud física y mental de la señorita Susana González en las que salió del Juzgado.
Contestó: Conozco por comentarios de la misma Srta. Susana González que acudió a profesionales de la salud tanto comunes como profesionales, me consta que una empleada de la ARP fue a preguntamos sobre el tema y si tengo la percepción que durante ese lapso de tiempo en que Susana González laboró en el despacho, perdió peso según mi percepción, pero no me consta a nivel documental, es mi percepción.
Concede el uso de la palabra el Magistrado al Apoderado del tercero, para que si a bien lo tiene interrogue al testigo.
Preguntado: Diga el declarante lo siguiente, en esta diligencia ud. manifestó en una de sus respuesta que el trato del juez era fuerte, exigía calidad, desbordaba lo normal, les exigía como personas y que observaran valores como sinceridad y honestidad con la pareja, sírvase decir si la prohibición que usted ha citado en el sentido de que las personas no se acercaran al escritorio de la joven Susana tiene relación directa con ese trato que usted calificó como fuerte.
Contestó: Pues sí tiene relación, el tono con el que se dicen las cosas define el grado de que tan fuerte resulta una regla o una posición y en ese tono como ser humano honesto, sincero y fiel que se me prohíba entrar al escritorio de la compañera, me genera una sensación de que no es una simple amonestación, sino desconfianza.
El también declarante Efrén Luis Álvarez Montero (fls. 315-319), exsecretario del Juzgado 2º Penal del Circuito, expresó:
Preguntado: Manifieste si usted tuvo conocimiento de la renuncia presentada por González Arroyo, a su nombramiento como Secretaria del despacho judicial para el cual laboraba, y en caso asertivo manifestar y si tiene constancia de lo mismo, del porqué de esa renuncia y que fuentes informativas tiene para lo propio.
Contesto: Sí yo me enteré que ella renunció a su cargo de Secretaria, dicho una vez que hable con Susana porque tuvo inconvenientes con el juez.
Preguntado: Ya que dice que la fuente de información es la misma González Arroyo, permítase expresar si ella le manifestó la clase o la calidad de esos inconvenientes de los cuales Ud. trae a fuente.
Contestó: En detalle no, solo sé que mencionaba que ya no se sentía bien trabajando allí.
Preguntado: Usted conoció si para la época en que la Srta. Susana González laboraba para el Juzgado en mención e igualmente en época posteriori al ejercicio de sus funciones, ésta tuvo algún desnivel o trastorno de tipo psíquico mental o alguna patología física o morfológica o fisiológica. Contestó: Pues la verdad no quiero parecer grosero, pero no podía decir eso pues no soy médico, si tenía algún problema psíquico, además tengo entendido que cuando ella se retiró de sus funciones creo que se fue para su tierra natal, entonces no supe más al respecto.
Preguntado: Teniendo en cuenta que en una de sus respuestas manifestó que había renunciado al cargo de secretario, indique quien lo reemplazó y cuál fue el mecanismo utilizado para proveer el cargo, si antes de llegar la demandante estuvo otra persona.
Contestó: Yo renuncie en el año 2010, y me reemplazo Susana González Arroyo en el cargo de secretario del Juzgado Segundo Penal del Circuito para adolescentes. No hubo otra persona, hubo un empalme entre ella y yo, yo le entregue el cargo y ella me lo recibió, y yo me fui para el tribunal.
El magistrado ilustra al testigo, sobre los hechos para que el declarante pueda responder la pregunta. Así continúa el desarrollo de la respuesta.
Preguntado: Diga el declarante, en consideración que Ud. ha manifestado haber laborado 2 años o un año y medio como lo manifiesta, en el Juzgado a cargo del Dr. Ángel Pernett y teniendo en cuenta sus funciones como secretario en ese despacho, sírvase manifestar, cuál era el ambiente laboral percibido por Ud. de manera directa, específicamente la relación juez-empleado en el despacho que ya hemos citado varias veces.
Contestó: Yo puedo decir que durante el tiempo que laboré con el Dr. Pernett, en lo personal no tuve ningún inconveniente.
Preguntado: Diga el declarante, para efectos de complementar la pregunta anterior, y teniendo en cuenta que su respuesta no satisfizo lo preguntado, insisto en que el declarante indique cual era el ambiente laboral dentro del despacho Segundo Penal del Circuito para Adolescentes.
El Magistrado, le aclara al señor Efrén que si entiende la pregunta, al manifestar que sí.
Contesto: Si hablamos de ambiente laboral, podríamos decir que normal, eso es lo que puedo contestar.
Por otra parte, se recibieron las declaraciones de los señores Carlos Antonio Vargas María, profesional en salud ocupacional (fls. 319-323), y de Juan Ángel Isaac Llanos (fls. 323-329), médico especialista en psiquiatría, a saber(6):
Carlos Antonio Vargas María:
Preguntado: Díganos si un cuadro de crisis de ansiedad, cefalea y dolor cervical pueden ser generados por una situación de acoso laboral.
El Magistrado interpela que el testigo en respuestas anteriores ha manifestado que la sintomatología contenida en los extractos de la historia clínica como los descritos en la pregunta, de ellos no se puede concluir si factores laborales son causa unívoca de las manifestaciones o trastornos que padeció la paciente, el despacho entiende respondida la pregunta, sin embargo si quiere reafirmarla o ampliarla el doctor, tiene la palabra:
Contestó: Es muy válida la aclaración pues me sirve para ratificar lo dicho, pues no es posible determinar como la causa efectiva de esa sintomatología una condición específica llamémosla acoso laboral, enfermedad laboral, deberíamos tener presente una serie de actos que nos ayuden a calificar esa condición.
Juan Ángel Isaac Llanos:
Preguntado: En el texto de la demanda en el numeral tercero que la joven en cita ingresó a laborar el día 1 de abril de 2011 en el cargo de oficial mayor, y en el numeral cuarto se menciona que la persona se posesionó como secretaria en provisionalidad del mismo despacho. En los documentos que Ud. recibió aparece un documento de 25 de octubre de 2011, donde se dice que el motivo de la consulta es ansiedad cefalea y dolor cervical, el doctor Ángel Pernett obtuvo ayer un documento de incapacidad por 48 horas que pondré de presente al despacho, para que sea incorporado en el expediente que tiene fecha de 25 de agosto de 2011, y que la incapacidad que se le dio a la Srta. González Arroyo, por presentar un espasmo cervical severo. La pregunta consiste en lo siguiente, el 25 de oct. de 2011 se dictaminó o se hizo referencia a la existencia de la patología ansiedad cefalea y dolor cervical, quiero preguntarle si la incapacidad inicial por espasmo cervical severo, tiene incidencia en la situación que se presentó el 25 de octubre de 2011.
El Magistrado interpela, y advierte que como hay un supuesto para la pregunta y hay una pregunta, quiero en primer lugar y para evitar que sea una pregunta asertiva o insinuativa, preguntarle primero al doctor Isaac Llanos, si con lo que el doctor apoderado Herrera, puede conceptualizar sobre la misma.
Contestó: A ver yo entiendo, por favor me corrigen si no es así, que la persona en mención se inicia en un abril de 2011, 5 meses después porque mencionaron el mes de agosto pasa a otro cargo de mayor jerarquía y un mes y medio después, en octubre se da un diagnóstico de espasmo cervical severo, que se puede producir por el no dormir o cualquier otra sintomatología, lo que puedo advertir que en tampoco tiempo para que se den unos signos y síntomas de depresión se deben haber iniciado mucho antes de abril, mucho más cuando la sintomatología de trastorno mixto tiene un componente biológico y/o social.
El apoderado manifiesta que no tiene más preguntas por hacer, y queda incorporado el documento a pesar de no ser aportado por quien está declarando, sin embargo el documento serviría de fundamento a la pregunta y a la respuesta que fue un concepto.
De los apartes transcritos, fácil es deducir que, mediante la prueba testimonial, no se pudo demostrar el supuesto nexo de causalidad existente entre el posible acoso laboral y los trastornos de salud de la actora, puesto que los dos declarantes, expertos en salud ocupacional y en psiquiatría, afirman por separado, de manera rotunda, que “[...] pues no es posible determinar como la causa efectiva de esa sintomatología una condición específica llamémosla acoso laboral, enfermedad laboral, deberíamos tener presente una serie de actos que nos ayuden a calificar esa condición [...]” y “[...] puedo advertir que en tampoco tiempo para que se den unos signos y síntomas de depresión se deben haber iniciado mucho antes de abril [antes de ingresar a trabajar la actora al Juzgado 2º Penal del Circuito, el 1º de abril de 2011], mucho más cuando la sintomatología de trastorno mixto tiene un componente biológico y/o social [...]”.
Por lo dicho, al no probarse el posible acoso laboral que impulsó a la demandante a renunciar al cargo de secretaria del circuito nominada, según ella lo asevera, no puede determinarse que la Resolución 43 (AI: 015.15.15) de 16 de enero de 2012, del Juzgado 2º Penal del Circuito adscrito al Sistema de Servicios Judiciales de Responsabilidad Penal (SJRP), de Barranquilla, haya sido expedida mediante falsa motivación, puesto que la renuncia es una manifestación libre y espontánea que, a pesar de que el dimitente la motive por cualquier causa, no invalida el acto administrativo que la acepta; por lo tanto, estima la Sala que ha de confirmarse la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda.
1º. CONFIRMASE la Sentencia proferida el 20 de enero de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico (sala de oralidad) que negó las súplicas de la demanda incoada por la señora Susana del Carmen Arroyo González contra la Nación-Rama Judicial, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
2º. EJECUTORIADA esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.
1. Entre otras, Sentencia del 6 de mayo de 2004. Expediente 2273-2003.
2. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 26 de julio de 2012, radicación 76001-23-31-000-2001-04231-02 (1558-09), Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, actora: Silvia NeIly Ochoa Blanco, demandada: Empresas Municipales de Cali.
3. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente doctor Joaquín Barreto Ruiz, Sentencia de 18 de julio de 1995, radicación número 7700.
4. “Artículo 125.—De los servidores de la rama judicial según la naturaleza de sus funciones. Tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial.
5. Parra Quijano, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2008. p. 685. “1) De los demás probatorios deben surgir los hechos indicadores, o los hechos base (por ello dice el art. 286: “Prueba del hecho indicador. El hecho indicador debe estar probado”). Se debe mirar por el funcionario qué medio probatorio acredita el hecho del cual parte, para evitar suponerlo o, por el contrario, pretermitirlo, o desfigurarlo”.
6. Folios 319-329.