Source: https://ciudadvisible.blog/2018/10/17/la-scjn-concluye-el-analisis-de-la-ley-de-movilidad-como-quedamos/
Timestamp: 2019-04-21 21:02:24
Document Index: 103259566

Matched Legal Cases: ['artículo 172', 'Artículo 172', 'artículo 172', 'Artículo 169', 'artículo 169', 'Artículo 170', 'Artículo 175', 'Artículo 176', 'Artículo 178', 'Artículo 183', 'Artículo 13', 'Artículo 125', 'Artículo 170', 'Artículo 171', 'Artículo 172', 'Artículo 174', 'Artículo 175', 'Artículo 176', 'Artículo 177', 'Artículo 180', 'Artículo 183', 'Artículo 316', 'Artículo 317', 'Artículo 13', 'Artículo 125', 'Artículo 172', 'Artículo 175', 'Artículo 183', 'Artículo 373', 'Artículo 169', 'Artículo 173', 'Artículo 178', 'Artículo 373', 'artículo 373']

La SCJN concluye el análisis de la Ley de Movilidad. ¿Cómo quedamos? – Ensamble Urbano
Ciudad y feminismo
@gismendez	en octubre 17, 2018
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el análisis de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. El resultado pone en la balanza a las personas usuarias necesitan tener mejores servicios de transporte, a las empresas que ofrecen servicios que deben tener regulación sin abuso, y a los servicios de transporte público que se van quedando sin argumentos para prohibir a través de su presión política la entrada de otro tipo de servicios que surgen justamente por la ausencia de calidad en el servicio público.
¿Cómo terminó la resolución de los artículos que faltaban y que explicamos en el blog anterior?
Nos faltaba conocer la resolución sobre los siguientes artículos: El cobro en efectivo en el artículo 172, numeral 2, y los artículos 169 (tipo de vehículo), 170 (condiciones de operación), 175 (registro de empresas), 176 (información que deben mantener a disposición las empresas), 178 (suspensión del servicio), 180 (registro), 183 (proceso del registro), 316 (permisos de operación), 317 (vigencia de los permisos), y 373 (tarifas preferenciales para el transporte público), este último seguramente contra el registro por parte de la FEC, artículo que voto en contra la fracción del PAN.
¿Qué fué lo que se discutió en la segunda y última sesión?
1. Artículo 172 numeral 2, fracción I, de la restricción del pago en efectivo, quedando inválido ya que la prohibición impone barreras a la competencia y a la libre concurrencia.
Punto para las empresas de transporte privado
2. Articulo 13, fracción CX del glosario en la definición del transporte privado asistido por aplicaciones tecnológicas, para la frase “que permite conectar la oferta privada con usuarios afiliados a sus servicios, realizando el pago de los servicios exclusivamente mediante el uso de la aplicación tecnológica”, se intepreta como una prohibición al pago en efectivo, lo que contraviene lo ya decidido para el artículo 172.
Además, la Corte considera la opinión expresada por la Comisión Federal de Competencia Económica OPN-008-2015, que establece que los servicios prestados a través de plataformas tecnológicas poseen atributos nuevos y diferenciados, por lo que no se pueden comparar a los servicios públicos.
Se vota por la validez del artículo, eliminando la frase “realizando el pago de los servicios excusivamente mediante el uso de la aplicación tecnológica”
Punto neutro para las empresas de transporte privado, ya se lo habíamos dado en el punto anterior.
3. Artículo 169, de las característias de los vehículos que operan los servicios privados: la Corte considera que los requisitos son excesivos y vulneran los artículos 1o. y 6to. de la Constitución Federal. Que si bien no especifican el valor del vehículo, si incurren en características físico-mecánicas que elevan el costo base de un vehículo.
Al votar por la invalidez, abre la posibilidad de incluir todo tipo de vehículos, quedando en las empresas la responsabilidad de restringir el uso de elementos de seguridad para las personas usuarias. Así se establece en la Ley para los vehículos de transporte público individual en el artículo 169, haciendo referencia al uso obligatorio de frenos ABS, cinturón de seguridad y bolsas de aire.
El artículo queda declarado inválido, por lo que toca a la legislatura de Colima establecer estos límites de seguridad, pero sin exajerar. En la resolución, la Corte ordenaría al Congreso legislar este artículo a la brevedad para evitar distorsiones y dar certeza a la seguridad de las personas usuarias, como ya se hace para los vehículos de los servicios públicos.
Punto para las empresas de transporte privado, y un punto en contra de las personas usuarias que no tendrán la certeza de que por ley estos servicios deban tener un mínimo de elementos de seguridad.
4. Artículo 170, de las condiciones de operación, los cuales la Corte considera que ninguno de los elementos es violatorio de la Constitución, declarándolo válido.
Punto para el ejecutivo
5. Artículo 175, de los requisitos de las empresas de gestión de la demanda y sus socios, del cual se discutió solamente el numeral 2 que da preferencia a las personas de Colima para tener la operación de estos servicios. Para este artículo la Corte establece que no se justifica porqué debe haber una preferencia, sin embargo no es una barrera de acceso, por lo que se aprueba por mayoría la validez y queda como se establece en la Ley.
Punto para los transportistas que también colocaron esta preferencia en el otorgamiento de la concesiones empresariales para el transporte público colectivo.
6. Artículo 176, de la información que deben proporcionar las empresas a la Secretaría, considerando que los requisitos de retener la información por lo menos doce meses ayudaría a solventar procesos administrativos de quejas por cobros indebidos, comisión de delitos, etc. Esta información deberá ser restringida o reservada conforme a otras leyes aplicables, por lo que la Corte declara la validez del artículo tal como está en la Ley.
7. Artículo 178, de la suspensión del servicio cuando el prestador del servicio contavenga lo dispuesto en la Ley, ya que al ser una norma de derecho administrativo sancionador, se viola el principio de taxatividad al referirse a artículos anteriores al artículo y no a conductas y variables específicas. Con una votación variada, la Corte declara la invalidez del artículo.
El punto es irrelevante, ya que se pueden reglamentar las causales particulares para la suspensión de los permisos, vinculándolos al derecho administrativo como lo marcó la Corte.
8. Artículos 180, referente al registro de empresas, la Corte señala que son artículos que enumeran conceptos, por lo que no pueden considerarse como inconstitucionales. Se vota de forma unánime la validez.
Punto en contra para los promotores de la acción de inconstitucionalidad, ya que no hay argumentos para declarar contra la Constitución una lista de conceptos.
9. Artículo 183, de los requisitos para el registro de empresas, se discute sobre la contradicción de solicitar la propiedad de la aplicación con la cual se harán los servicios, por lo que se sugiere eliminar la frase “de su propiedad o de subsidiarias o filiales”, para así mantener la validez del resto de los requisitos.
10. Artículos 316 y 317, referentes al otorgamiento de los permisos y a su vigencia, la Corte no encuentra vicios, por lo que aprueba declararlos ambos válidos, quedando la redacción como popuesta en la Ley.
Se reconoció la validez a los siguientes artículos:
Artículo 13 numeral 1, fracción CX, del glosario en la definción del transporte privado asistido por aplicaciones tecnológicas, con la salvedad de la siguiente porción normativa “realizando el pago de los servicios exclusivamente mediante el uso de aplicación tecnológica”
Artículo 125 numero 1, fracción III, de las modalidades de transporte privado, relativo al servicio de transporte privado con la salvedad de la porción normativa “de gama alta o premium” y “la forma de pago se deberá realizar mediante un mecanismo propio”,
Artículo 170, de las condiciones para la operación del transporte privado a través de aplicaciones tecnológicas
Artículo 171, de las tarifas del servicio privado
Artículo 172, numerales 1 y 2, fracciones II, III y IV, de las restricciones de operación para los servicios privados
Artículo 174, del otorgamiento de información técnica de la empresa operadora a la Secretaría
Artículo 175, numeral 1, del registro de las empresas y los socios
Artículo 176, de la información que las empresas deben proporcionar a la Secretaría
Artículo 177, de la aportación del 1.5% al fondo de movilidad
Artículo 180, numeral 1, fracción II, inciso K, del registro de las empresas de redes de acceso y gestión de la demanda de transporte
Artículo 183, del procedimiento de registro de empresas de redes de acceso y gestión de la demanda de transporte,con la salvedad de la porción normativa “de su propiedad o de subsidiarias o filiales”
Artículo 316, numeral 5, del procedimiento para la obtención de permisos para la operación de empresas de redes de acceso y gestión de la demanda.
Artículo 317, de la vigencia de permisos para la operación de empresas de redes de acceso y gestión de la demanda.
Se declara la validez parcial de los siguientes los siguientes artículos y/o la invalidez de las porciones normativas:
Artículo 13 numeral 1, fracción CX, del glosario en la definción del transporte privado asistido por aplicaciones tecnológicas, en la porción normativa “realizando el pago de los servicios exclusivamente mediante el uso de aplicación tecnológica”
Artículo 125 numero 1, fracción III, de las modalidades de transporte privado, relativo al servicio de transporte privado en la porción normativa “de gama alta o premium” y “la forma de pago se deberá realizar mediante un mecanismo propio”
Artículo 172, numeral 2, fracción I de las restricciones de operación para los servicios privados, la fraccón de recibir pagos en efectivo
Artículo 175, numeral 2, de la preferencia a ciudadanos colimenses para adherise como socios a empresas de servicios privados de transporte.
Artículo 183, numeral 1, fracción I, del procedimiento de registro de empresas de redes de acceso y gestión de la demanda de transporte, en la porción normativa “de su propiedad o de subsidiarias o filiales”
Artículo 373, numeral 1, fracción I de las tarifas preferenciales para el transporte público colectivo, en la porción normativa “desde los niveles de secundaria en adelante”
Se declara la invalidez total de los siguientes artículos:
Artículo 169, del tipo de vehículo para prestar el servicio transporte privado, solicitando al Congreso del Estado que legisle a favor de las condiciones de seguridad básicas de los vehículos, como se hace para los servicios públicos.
Artículo 173, de las prácticas monopólicas que establecía límites de registro de vehículos a personas físicas o morales.
Artículo 178, de la suspención del servicio, por se una norma de derecho adminitrativo sancionador.
Transitorio Vigésimo Cuarto, del límite de permisos equivalentes al 4% de la flota de taxis.
En resúmen, ¿qué pueden hacer las empresas de transporte privado en Colima?
A partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, las empresas de transporte privado que ofrece servicios a través de aplicaciones pueden:
Registrar el número de vehículos que deseen sin restricción.
Operar con el tipo de vehiculo que quieran. Ahi la seguridad hacia el usuario ya recae en la política de cada empresa.
Cobrar en efectivo si quieren.
Operar con aplicaciones que no sean de su propiedad.
¿Qué ganó el Gobierno del Estado con esta regulación?
Para el resto, deben respetar lo establecido en la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, que gana muchas acciones con respecto a otras legislaciones del país, como por ejemplo:
Las condiciones de operación del servicio privado, diferenciándolo del servicio de taxi con restricciones concretas.
Regular la forma en la cual los servicios privados notifican a las personas usuarias sobre las tarifas.
Incorporar el 1.5% de cada viaje privado para un Fondo de Movilidad que puede ayudar a la mejora de los servicios de transporte público individual o colectivo.
La Secretaría puede pedir información técnica y operacional a las empresas para poder hacer planeación de la movilidad o apoyar en procedimientos administrativos de quejas, delitos, etc. Este punto es importante ya que las empresas que operan en otros estados se han negado a compartir información, siendo Colima la primera entidad en legislar con éxito esta obligación.
Se valida todo el procedimiento del registro de las empresas, la emisión de permisos y la vigencia de los mismos, lo que permite que la autoridad pueda actuar de inmediato en la implementación de los controles adminitrativos correspondientes, sin esperar a la publicación del reglamento respectivo.
Los líderes de taxistas por tener restricciones mayores a las propuestas para evitar que las empresas operaran en el estado. La regulación puede ser estricta, pero no restrictiva de los derechos que otorga la Constitución.
A mi parecer, también perdieron algunos legisladores, tanto los que empujaron estas restricciones aún con el conocimiento de estar yendo en contra de la propia Constitución, de las recomendaciones de la COFECE y del propio ejecutivo, como de los legisladores que de forma no profesional exigieron inconstitucionalidad de algunos artículos sin proponer argumentos claros, concisos o contundentes, dando a lugar comentarios negativos al contenido de la propia acción de inconstitucionalidad por parte de los miembros de la Corte.
¿Cuál es el balance general?
El estado de Colima logra legislar uno de los servicios más controversiales en el transporte de personas, no sólo en México pero en todo el mundo.
Agrega elementos clave para fortalecer el papel del estado en el relacionamiento que se tienen con las llamada Empresas de Redes de Transporte o empresas de acceso y gestión de la demanda para el transporte de pasajeros.
El Estado mantiene su postura original con respecto a la necesidad de regular sin contravenir los prinicipios de la libre competencia, como se establecieron en el proyecto original, que posteriormente fue modificado por la legislatura, en favor de aumentar la restricciones de acceso a los servicios privados, mismas que fuera invalidadas por la Corte.
Las empresas privadas logran una apertura mayor para poder operar en todo el territorio, llevando un riesgo a comenzar a ser laxos en sus estándares de calidad (al ya no estar regulados por la Ley), y por lo tanto a entar en el ciclo de deficiencia en el servicio, tal y como lo presenta Uber en algunas ciudades donde ya tiene tiempo operando.
Ganan las personas usuarias al tener más opciones de movilidad y evitar que la operación de servicios privados sea objeto de ataques por ilegalidad de los servicios públicos.
Pierde la ciudad, porque la inclusión indiscriminada de los servicios privados aumentará potencialmente el número de vehículos circulando por las ciudades, aumentando las emisiones contaminantes, los riesgos de siniestralidad por hechos de tránsito y la congestión. Es decir, tendremos más vehiculos osciosos circulando por la ciudad contaminando el aire que respiramos.
Esto último debemos reflexionar. Este proceso de jaloneos políticos y técnicos entorno a la mejora del servicio de taxi o de transporte público individual ha puesto en la mesa la necesidad de mejorar todos los servicios de transporte público.
Momento, ¿Y porqué se solicitó la inconstitucionalidad de los descuentos para estudiantes en el transporte público colectivo?
Como antecedente, la fracción del PAN voto por quitar a la Federación de Estudiantes Colimenses el papel de intermediario para aplicar el descuento a las escuelas afiliadas a la Federación. La discusión en la Corte fue la siguiente:
El Artículo 373, de las tarifas preferenciales del transporte público colectivo, en lo referente al descuento a estudiantes que incluyen solamente a los niveles de secundaria en adelante. La Corte señala que las tarifas preferenciales deben aplicarse a todos los estudiantes sin distinción de grado.
Un aspecto técnico defendido por la SEMOV Colima es que mientras el sistema de transporte siga perdiéndo usuarios, se debe controlar cual es el porcentaje de personas que acceden a las tarifas preferenciales, ya que impacta directamente en las finanzas para la propia operación.
El mismo artículo 373, termina su redacción con la siguiente frase: “aplicables de forma gradual respetando los acuerdos establecidos previamente con el sector”. Esta última frase no se toca en la discusión por la Corte, por lo que queda validada, lo que significa que en la práctica no hay cambio en la forma de operar el descuento a estudiantes en Colima.
La Corte declara la validez del artículo, eliminando la restricción de aplicar el descuento solamente a estudiantes de secundaria en adelante.
Punto para los transportistas, reto para la FEC para poder incorporar a más estudiantes, o bien, reto para la administración estatal en la implementación de un sistema de recaudo centralizado que permita la asignación del descuento generalizado. Nada fácil.
Ver el blog “Estafa el Transporte Público por goteo”
Reflexión hacia la movilidad en las ciudades mexicanas
Necesitamos poner atención a los servicios de transporte y movilidad que son sustentables como el transporte colectivo, la movilidad no motorizada en bicicleta y la peatonal, y la oferta de servicios seguros y asequibles a las personas más vulnerables de la sociedad. Ahi es donde debemos poner nuesta energía como generadores de política pública. En esos servicios es donde están los más grandes problemas, aunque no exista un grupo social con la capacidad de ejercer presión por las personas más vulnerables.
Para el servicio de taxi, deseo que la batalla en la esfera pública se dirija hacia el otorgar derechos laborales a las personas que conducen estos vehículos. Hasta hoy, la discusión la han dirigido a culpar a los servicios privados, cuando la mala calidad del servicio parte desde la certeza laboral de los propios trabajadores del volante.
Versión estenográfica de la segunda sesión, puedes consultarla AQUI.
Categoría: Apuntes personales, Función pública, Movilidad
Tag: Cabify, Chofer Pro, ciudad, Gobierno, Instituciones, Ley de Movilidad, SCJN, Seguridad, Taxi, Transporte, Uber
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María Guadalupe Méndez y Reyes	 octubre 17, 2018 en 20:12
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