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Timestamp: 2018-03-24 12:17:45
Document Index: 119213182

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 73', 'artículo 53', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 36', 'in fine', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 2']

MEMORIAL EN RECUERDO DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTE AÉREO EN ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ
NORMAS DE TRANSPARENCIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RECEPTORES DE APORTES ESTATALES
EXCLUSIÓN DE PENSIONADOS AFILIADOS A FONASA DE MODALIDAD DE LIBRE ELECCIÓN. PROYECTO DE ACUERDO
CREACIÓN DE GRUPO BICAMERAL DE TRANSPARENCIA. PROYECTO DE ACUERDO
NUEVO IMPULSO A INDUSTRIA CHILENA DE LITIO MEDIANTE CONTRATOS ESPECIALES DE OPERACIÓN. PROYECTO DE ACUERDO
Sesión 22ª, en martes 5 de junio de 2012
(De 16:22 a 19:33)
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, VICEPRESIDENTE, Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
Concurrieron, además, los Ministros de Obras Públicas, señor Laurence Golborne Riveros, y de Salud, señor Jaime Mañalich Muxi.
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- Las actas de las sesiones 18ª, ordinaria, en 16 de mayo; 19ª, ordinaria, en 22 de mayo; 20ª, especial, y 21ª, ordinaria, ambas en 23 de mayo, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para el despacho del proyecto que establece en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades la causal de cesación temporal en el cargo de concejal (boletín N° 8.291-06).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley que aumenta las sanciones a responsables de incendios forestales (boletín Nº 8.155-01).
2.- Proyecto de ley que incrementa las subvenciones del Estado a los establecimientos educacionales (boletín Nº 8.070-04).
4.- Proyecto que modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 8° de la ley N° 18.985 (boletín Nº 7.761-24).
5.- Proyecto de ley que establece el Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes (boletín N° 7.911-06).
6.- Proyecto de ley relativo a las federaciones deportivas nacionales (boletín N° 6.965-07).
7.- Proyecto que modifica diversos artículos de la ley N° 19.327, de Violencia en los Estadios (boletines números 5.877-07, 6205-25, 7251-07, 7509-07, 7718-25, 7600-25, 7721-25, 6055-25, 6175-25, 6210-25, 7229-07, 7603-25 y 7741-25, refundidos).
8.- Proyecto de ley que otorga a los funcionarios del sector salud que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional (boletín Nº 8.036-11).
9.- Proyecto que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, a fin de establecer requisitos alternativos para obtener licencia profesional (boletín Nº 7.319-15).
Con el cuarto retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", para la tramitación del proyecto de ley en materia de sanciones a vehículos impedidos de efectuar transporte público y de escolares (boletín N° 7.815-15).
Con el quinto hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", para la tramitación del proyecto de ley respecto a comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (boletín N° 7.765-07).
Con el último retira la urgencia al proyecto que modifica la ley N° 18.287, sobre procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, para prohibir el envío de citaciones en caso de que las infracciones sean registradas con el vehículo en movimiento (boletín N° 7.292-15).
Con el primero comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política respecto del proyecto de ley sobre fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca (boletín N° 7.947-03).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar al Tribunal Constitucional.
Con el segundo solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Consejo Directivo de la Academia Judicial a los señores Humberto Nogueira Alcalá y Miguel Otero Lathrop (boletín N° S 1.483-05) (con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
Con el primero informa que ha prestado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos (boletín N° 7.689-07).
Con el segundo comunica que prestó su aprobación, en el primer trámite constitucional, al proyecto que adecua el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2005, a la ley N° 20.575, que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales (boletín Nº 8.222-11).
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva dictada en el ejercicio del control de constitucionalidad del proyecto de ley que crea los Tribunales Ambientales (boletín Nº 6.747-12).
Adjunta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2011 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados.
Envía, conforme a lo prescrito en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2011 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados.
Remite el listado de aeropuertos y aeródromos en funcionamiento en el país, antecedente solicitado en nombre del Senador señor Navarro.
Acompaña, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2011 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados.
Contesta petición, formulada en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, sobre factibilidad de sustituir la comisión por depósito de cotizaciones que cobran las administradoras de fondos de pensiones por otra en función de la rentabilidad obtenida.
Atiende solicitud, expedida en nombre de los Senadores señora Rincón y señores Lagos, Muñoz Aburto, Rossi y Patricio Walker, para que se envíe a tramitación legislativa un proyecto de ley en materia de extensión del beneficio de sala cuna y de creación de un fondo solidario para el cuidado infantil.
Contesta petición, cursada en nombre de la Senadora señora Allende, relativa a la posibilidad de legislar para modificar la Ley General de Servicios Sanitarios, a fin de sancionar el incumplimiento en las prestaciones sanitarias, y el Código de Aguas, con el objeto de que el Director General de Aguas declare zonas de escasez de recursos hídricos.
Remite informe detallado, solicitado en nombre del Senador señor Prokurica, concerniente a las medidas adoptadas ante las denuncias por falta de funcionamiento de las plantas de elevación de aguas servidas de la comuna de Huasco.
Da respuesta a petición, formulada en nombre del Senador señor Escalona, sobre la posibilidad de asignar los recursos requeridos para contratar médicos en Puerto Montt, y dar así atención adecuada a su población.
Responde tres solicitudes de información, enviadas en nombre del Senador señor Navarro, relativas a las materias siguientes:
1.- Mediciones y fiscalizaciones realizadas por la autoridad sanitaria ante reclamaciones públicas efectuadas en febrero pasado por los vecinos de la comuna de Laja, debido a malos olores atribuidos a la empresa Celulosa Laja, de la CMPC.
2.- Resultado de las fiscalizaciones realizadas por la autoridad sanitaria de la Región del Biobío a las instalaciones de la Central Termoeléctrica Santa María, en la comuna de Coronel.
3.- Denuncia de la señora Marcela Bringas Daure, domiciliada en Chillán, relativa a graves incumplimientos de la institución de salud previsional a la que está afiliada.
Contesta petición de información, cursada en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, respecto de las medidas de ayuda adoptadas a favor de ocupantes de viviendas afectadas por las inundaciones en Punta Arenas.
Adjunta un ejemplar del Informe del Estado del Medio Ambiente 2011 y hace presente que el documento también se encuentra disponible en el portal de esa Secretaría de Estado.
Da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Navarro, Gómez y Quintana, relativo a la promoción de acciones por los ministerios sectoriales en el marco del "Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo" (boletín N° S 1.452-12).
Contesta una petición, cursada en nombre del Senador señor Navarro, sobre la posibilidad de financiar la adquisición de una ambulancia para el hospital de la comuna de Santa Juana.
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, respecto de las circunstancias en que se impidió a un grupo de habitantes abordar la nave que presta servicio de transporte desde isla Santa María hacia el continente y de las actuales condiciones de administración de dicho servicio.
Da respuesta a petición, dirigida en nombre del Senador señor Orpis, con acuerdo de la Corporación, para asignar urgencia calificada de "discusión inmediata" al proyecto que establece en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades la causal de cesación temporal en el cargo de concejal (boletín Nº 8.291-06).
Contesta solicitud, cursada en nombre del Senador señor Frei, don Eduardo, tocante a revisión del despido de personas que presentaron una demanda en contra de la Municipalidad de Valdivia y del Servicio de Salud Valdivia.
Responde petición, enviada en nombre del Senador señor Navarro, sobre monto de los recursos destinados en el último decenio a los municipios y al Ministerio de Salud para enfrentar la existencia de perros vagos y sus consecuencias en el ámbito de la atención primaria.
Adjunta antecedentes, solicitados en nombre del Senador señor Orpis, relacionados con el gasto tributario anual del Fisco en franquicias a donaciones.
Del señor Jefe de la División de Educación General:
Remite información, en respuesta a petición expedida en nombre de los Senadores señores Kuschel y Prokurica, relativa a la conveniencia de prolongar la atención especial y diferencial de los alumnos hasta los 21 años de edad.
Contesta cuatro peticiones, remitidas en nombre del Senador señor Navarro, recaídas en las materias enunciadas a continuación:
2.- Fiscalización del grado de cumplimiento de la normativa vigente por la empresa ESSBIO, propietaria de la planta de tratamiento de aguas servidas ubicada en Hualpén, frente a los sectores poblacionales Floresta 2, Peñuelas 2 y Peñuelas 3.
3.- Medidas adoptadas ante graves problemas que afectan a pobladores de la comuna de Hualpén, especialmente en las poblaciones Floresta 1, 2 y 3, debido a la ubicación de una planta de tratamiento de residuos de ESSBIO a menos de mil metros de un lugar poblado.
4.- Antecedentes y resultados de fiscalizaciones efectuadas ante denuncias de vecinos de los sectores Higueras y Población Gaete de Talcahuano por olores nauseabundos, percibidos tanto en el aire como en el agua potable y alcantarillado.
Responde acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Navarro, Gómez y Lagos, sobre protección de los estromatolitos (boletín Nº S 1.418-12).
Contesta peticiones de antecedentes, enviadas en nombre del Senador señor Navarro, relativas a los asuntos siguientes:
1.- Consideración en el Plan Intercomunal de Concepción de condiciones especiales de preservación, resguardo o conservación para el valle El Patagual, en la comuna de Coronel.
2.- Medidas adoptadas para resolver carencias en el laboratorio de prácticas del Liceo de Niñas "Virginio Arias", en comuna de Ránquil.
Del señor Jefe de Gabinete del Ministro del Interior y Seguridad Pública:
1.- La enviada en nombre del Senador señor Frei sobre petición de señor César Tapia Araneda para que se dicte una resolución que, por la razones que expone, deje sin efecto la pensión no contributiva de exonerado político que percibe.
2.- La dirigida en nombre del Senador señor Kuschel, referente a las acciones en ejecución para restituir a Chaitén su carácter de capital de la provincia de Palena.
3.- La requerida en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto al costo que le significa a Carabineros de Chile mantener en forma permanente un contingente para proteger la Central Bocamina, en la comuna de Coronel.
4.- La recabada, igualmente en nombre del señor Senador, para que se le remitan los estudios y estadísticas sobre carga laboral de los funcionarios de la precitada institución policial, con desglose por edad, unidad o tarea específica, Región en la que se desempeñan y grado.
Segundo informe de la Comisión de Salud e informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario en materia de regulación referente a farmacias (boletines N° 6.523-11, 6.037-11, 6.331-11 y 6.858-11, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones: segundo informe recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, a fin de establecer requisitos alternativos para obtener licencia profesional (boletín Nº 7.319-15) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Economía: informe recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el 14 de noviembre como Día Nacional de las Cooperativas (boletín Nº 8.126-03).
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones: informes recaídos en los siguientes proyectos de ley, en primer trámite constitucional:
De la Comisión de Salud: informe recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre publicidad de los alimentos (boletín N° 8.026-11).
De la Senadora señora Alvear, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que incorpora el sistema de elecciones primarias al sistema electoral público y le confiere carácter obligatorio, simultáneo y vinculante para las candidaturas presidenciales (boletín N° 8.336-06).
Solicitud de archivo:
De la Comisión de Salud, con la que propone a la Corporación, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 bis del Reglamento, el archivo del proyecto de ley que modifica causal de término de funciones de los trabajadores de la atención primaria de salud (boletín N° 2.840-11).
--Se accede, previo acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados.
Solicitudes de los Senadores señores Uriarte y Horvath para ausentarse del territorio nacional a contar del día 9 del mes en curso, el primero, y hasta el jueves 7 del presente mes, el segundo.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa una comunicación del Comité Partido Demócrata Cristiano con la que informa que sus representantes serán los Honorables señores Pizarro y Sabag.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesiones realizadas ayer y hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1) Colocar en el quinto lugar del Orden del Día de la presente sesión el proyecto signado con el número 2, sobre modificación de la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, con el fin de imponer a los establecimientos educacionales el deber de impartir cursos para prevenir el consumo de drogas prohibidas (boletín Nº 5.345-04).
2) Poner en el primer lugar del Tiempo de Votaciones de la sesión de hoy el proyecto de acuerdo signado con el número 7, relativo a la creación de un Grupo Bicameral de Transparencia, cuyo objetivo será impulsar las propuestas contenidas en la "Declaración de Santiago sobre Transparencia e Integridad en los Parlamentos y Partidos Políticos" (boletín Nº S 1.466-12).
3) Remitir el proyecto de ley sobre probidad en la función pública (boletín Nº 7.616-06) a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, una vez despachado el informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
4.- Citar a una sesión especial de la Corporación para el miércoles 13 de junio, de 12 a 14, con el fin de "analizar las políticas públicas implementadas por el Gobierno en materia de contaminación del aire", y autorizar a las Comisiones para sesionar de manera simultánea con ella.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, en la sesión del 23 de mayo del presente año se aprobó en general el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.419, en materia de ambientes libres de humo de tabaco, respecto del cual corresponde fijar plazo para formular indicaciones.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, establecer una semana, a contar de hoy día, me parecería razonable, toda vez que esta iniciativa lleva harto tiempo en el Senado. Ya la discutimos en la Comisión y en la Sala.
Propongo el próximo martes.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se ha sugerido fijar plazo para formular indicaciones hasta el martes 12 de junio, a las 12.
El señor TUMA.- Señor Presidente, no sé si se dio cuenta ya del acuerdo de los Comités en orden a citar a una sesión especial para el miércoles 13 de junio, con el fin de analizar una materia relativa al medio ambiente.
El señor TUMA.- Entonces, quiero solicitar que aquella se postergue para el miércoles subsiguiente. Fui uno de los que pidieron que se celebrara esa sesión especial, pero ocurre que ese mismo día la Comisión de Economía debe debatir y votar un asunto importante, en relación con la tasa de interés máximo convencional.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se postergará para el miércoles 20 de junio la sesión especial acordada por los Comités.
Boletín N° 7936-04
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Pérez San Martín y señores Quintana, Chahuán, Lagos y Walker (don Ignacio), en primer trámite constitucional, que autoriza erigir un memorial en recuerdo de las víctimas del accidente aéreo en el archipiélago Juan Fernández, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7936-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Pérez San Martín y señores Quintana, Chahuán, Lagos y Walker (don Ignacio):
En primer trámite, sesión 54ª, en 14 de septiembre de 2011.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 17ª, en 15 de mayo de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es permitir la construcción de un memorial en el archipiélago Juan Fernández en reconocimiento a las víctimas del accidente aéreo del 2 de septiembre de 2011, como homenaje a los compatriotas fallecidos en esa ocasión y en su recuerdo.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutió este proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Cantero, Quintana y Navarro.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la parte pertinente del informe.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, felicito al Honorable señor Quintana por esta moción, que también suscribimos los Senadores señora Lily Pérez y señores Lagos, Ignacio Walker y quien habla.
Quiero decir claramente que, más allá de los homenajes que se han llevado a cabo con ocasión del accidente aéreo, que enlutó a Chile, y teniendo las atribuciones pertinentes, un grupo de Senadores consideró oportuno levantar un memorial en homenaje a las víctimas en el archipiélago Juan Fernández.
Esta iniciativa, de alguna manera, viene a rescatar la posibilidad de construir un memorial que recuerde un hecho que -como dije- enlutó al país. Más allá de las investigaciones judiciales y de las de carácter administrativo al interior de la Fuerza Aérea para esclarecer las causas de ese accidente, lo cierto es que en él fallecieron funcionarios de la FACh, de la Fundación Desafío Levantemos Chile, de Televisión Nacional y, también, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Por lo tanto, en virtud de este proyecto de ley queremos rendirles igualmente un sentido homenaje a aquellos que, solidariamente y con mucha fuerza, energía y mística, fueron a contribuir con el país, particularmente en una zona devastada por el maremoto.
En las tribunas se encuentran el alcalde de la comuna de Juan Fernández, señor Leopoldo González, y el consejero regional señor Daniel Paredes, quienes vivieron en carne propia los efectos del maremoto en el archipiélago.
Personal de la Fundación Desafío Levantemos Chile, encabezado por un hombre extraordinario; de la Fuerza Aérea; de Televisión Nacional, y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes viajaron a esa localidad para colaborar con ella, a la cual, además, yo represento en el Parlamento.
Señor Presidente, a través de este reconocimiento deseamos homenajear a esos 21 hombres y mujeres que entregaron sus vidas en un accidente desastroso ocurrido en el archipiélago Juan Fernández. Ellos nos recuerdan el valor más innato y profundo de entrega y solidaridad.
Quiero felicitar nuevamente al Senador Jaime Quintana por esta iniciativa.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, este proyecto es muy simple, pero a la vez muy profundo e intenso. Su texto da cuenta de que las tragedias nunca hay que olvidarlas, porque tienen un sentido en lo que representan, en su magnitud, en su importancia para quienes quedan, y también en la razón, en el significado de su ocurrencia.
Para nadie es baladí esta tragedia que nuestro país todavía sigue sufriendo. En ella se perdieron vidas de hombres y mujeres, de personas valiosas para sus familias, para Chile. Se trataba de gente que entraba en el corazón y en el alma de los hogares constantemente, como el popularísimo conductor y animador de televisión Felipe Camiroaga; de un empresario que dedicó los últimos años de su vida a apoyar diversas iniciativas en el país, sobre todo después del terremoto, como lo hizo Felipe Cubillos; de muchas personas que estaban trabajando en un proyecto de cultura, de nuestra Región de Valparaíso, que formaban parte de la Dirección del Consejo de la Cultura y las Artes. Y había también otras personas, tal vez menos conocidas, pero todas muy relevantes para sus familias y para el aporte que hacían tanto en nuestra Región como en el resto del país.
Por eso, el objetivo de este memorial es no olvidarlos. Los memoriales tienen ese fin: no olvidar las razones, las causas de la tragedia; y, además, darles algún sentido a las muertes que se produjeron.
Señor Presidente, en efecto, es muy doloroso lo que Chile ha vivido y será algo que nos va a acompañar para siempre.
Pero también creo que cuando se hallan en juego la fe de las personas y de las instituciones, lo único que calma el dolor, de alguna manera, es la búsqueda de la verdad. Por tal razón, todos esperamos que ella sea bien establecida, porque es importante y lo único que, finalmente, liberará a los deudos, no de la pena -será para siempre-, sino del padecimiento tan intenso de no conocer con certeza las circunstancias de lo acaecido.
De ahí la relevancia de este memorial.
En virtud de lo anterior, agradezco al Senador Quintana su iniciativa. Recuerdo que cuando él era Presidente de la Comisión de Educación habló conmigo y con los demás integrantes de ella. Dijimos que era algo que había que hacer, y muy rápido, porque, por lo general, las cosas quedan en el olvido.
Señor Presidente, este tipo de tragedias deben ser permanentemente recordadas para tener presente su origen, que es lo que les da la magnitud a ciertas tragedias que no podemos olvidar.
Por ello, pido a la Sala que vote a favor del memorial propuesto, porque hace justicia al recuerdo de aquellos que perdieron su vida soñando con un país mejor; pero, además, porque todos ellos, de una u otra manera, cualquiera que fuera la forma de su acercamiento, eran personas que siempre contribuyeron para hacer algo por los demás. Y eso quedará reflejado en la obra propuesta.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, estoy seguro de que mucha gente ha querido rendir un homenaje a las víctimas del trágico vuelo del 2 de septiembre del 2011, donde, como se ha dicho acá, perdieron la vida 21 destacados compatriotas de gran valía, quienes estaban realizando -lo señalaba la Senadora Lily Pérez- una labor de servicio a la comunidad.
La Comisión de Educación le ha dado su respaldo al presente proyecto, porque va en la dirección de nuestras exclusivas atribuciones.
En efecto, forma parte de una tradición chilena fuertemente arraigada el rememorar sucesos lamentables, como este, a través de testimonios físicos. Cientos de estatuas, monumentos y memoriales a lo largo del territorio nos recuerdan diversos acontecimientos, algunos muy dolorosos y desgarradores, de nuestra historia -y por distintas razones, algunas políticas, en fin; ahora se trata de una tragedia aérea-, que no solo nos ayudan a mantener viva la memoria histórica, sino que también nos permiten rendir homenaje a quienes nos merecen un especial respeto, cariño y admiración, como es el caso que nos ocupa.
El país ha perdido a un grupo de ejemplares y queridos compatriotas, que no escatimaron riesgos ni costos con tal de ir en ayuda del prójimo; en esta oportunidad, de los habitantes del archipiélago Juan Fernández.
La moción la suscribimos junto con los Senadores de la Región de Valparaíso, señora Lily Pérez y señores Lagos, Ignacio Walker y Chahuán. Es una iniciativa sencilla, pero con un contenido profundo desde el punto de vista de los símbolos. Fue conversada con el Alcalde de Juan Fernández -quien está en las tribunas- y con el Consejo Regional, que seguramente será un actor fundamental en la destinación de recursos para concretarla.
Saludamos, por cierto, a las autoridades que nos acompañan.
La iniciativa, a nueve meses de ocurrido el accidente, busca rendir un homenaje mediante la creación de un monumento. Para eso, hay un articulado que persigue que la obra efectivamente se materialice.
Se instaura una comisión, que va a tener a su cargo los aspectos técnicos y la organización.
Se crea un fondo destinado a las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en los artículos correspondientes.
Se estipula que la obra se financiará mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados, y que las colectas se efectuarán en las fechas que determine dicha comisión.
El proyecto fue conversado, desde luego, con los familiares de las víctimas, quienes han estado informados de todo.
Por lo tanto, hoy día rendimos un homenaje al permitir que en el archipiélago pueda ser erigido un monumento que testimonie el cariño que los chilenos sentimos por este grupo de 21 personas, tanto del programa de Televisión Nacional de Chile Buenos días a todos, quienes iban a difundir las labores de reconstrucción, como de la Fundación Desafío Levantemos Chile, a cargo de tareas concretas de restauración, y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, quienes harían la preparación de proyectos en el ámbito cultural.
Por todo lo anterior, señor Presidente, nos parece que el Senado debe rendir tributo a las víctimas y permitir que la comunidad del archipiélago pueda hacerlo mediante la construcción de este monumento.
El señor SABAG.- Señor Presidente, la que nos ocupa es una muy buena idea y felicito a los Senadores que la han propiciado: la señora Lily Pérez y los señores Quintana, Chahuán, Lagos e Ignacio Walker. Pero hoy día se esta aprobando la ley, que es la parte más fácil. La tarea de los colegas consistirá en que se construya el monumento dentro de los diez años que establece la norma. Porque hemos sacado muchas iniciativas a las que después nadie sigue ni hay preocupación por que se hagan las colectas, se reúna la plata, se busque a los arquitectos, a los artesanos y a los artistas necesarios.
Es una larga tarea la de los autores. Y todos nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a colaborar.
Se ha señalado que el propósito del proyecto es permitir la construcción de un memorial en el archipiélago Juan Fernández, en reconocimiento a los fallecidos en el accidente aéreo del 2 de septiembre de 2011, dado el clima de gran consternación que aún vive el país por dicha tragedia.
La iniciativa, que cuenta con la aprobación de la Municipalidad de Juan Fernández -su Alcalde se encuentra acá presente, y le damos un saludo afectuoso-, propone la creación de una comisión ad honorem que vele por la ejecución de la ley, la que estará constituida por el Ministro de Cultura y de las Artes, quien la presidirá; un representante de la Ilustre Municipalidad de Juan Fernández; un representante del Directorio de Televisión Nacional de Chile; un representante de la Fundación Desafío Levantemos Chile; los Senadores de la 5ª y la 6ª circunscripciones; los Diputados de los distritos 13, 14 y 15; los decanos de las Facultades de Arquitectura de las Universidades Pontificia Católica de Valparaíso, Federico Santa María y de Valparaíso; el Intendente de la Quinta Región y, voluntariamente, por hasta un familiar por cada una de las víctimas, que deseen participar.
El proyecto estipula que el memorial se financiará mediante erogaciones populares, a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados.
Por último, se dispone que, de no ejecutarse las obras en un plazo de diez años desde la publicación de la ley, los recursos obtenidos hasta esa fecha por concepto de erogaciones serán aplicados a los objetivos de beneficencia que la comisión establezca. Lo mismo si quedan excedentes tras concluir la construcción.
Espero que se levante el monumento -las víctimas se lo merecen-, para que quede indeleble en la memoria esta gran tragedia que ocurrió en nuestro país.
Felicito a los autores del proyecto y los insto a continuar, porque su tarea terminará cuando el memorial se ejecute.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor), y se fija como plazo para presentar indicaciones el lunes 18, a las 12.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor WALKER (don Ignacio).- Pido que se agregue mi pronunciamiento.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable del Honorable señor Ignacio Walker.
Boletín N° 7913-04
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional y en segunda discusión, sobre normas de transparencia para establecimientos educacionales que reciban aportes del Estado, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7913-04 y 7929-04, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 82ª, en 20 de diciembre de 2011.
Sesión 95ª, en 7 de marzo de 2012 (queda para segunda discusión).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa corresponde a dos mociones refundidas, de los Senadores señora Lily Pérez y señores Cantero, Espina, Hernán Larraín y Quintana, y de los Senadores señor Gómez, señora Rincón y señores Lagos, Quintana y Rossi, respectivamente.
La primera discusión se efectuó en sesión de miércoles 7 de marzo del año en curso.
Cabe recordar que los dos numerales del artículo único tienen carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 21 votos favorables para su aprobación.
El señor ESCALONA (Presidente).- En la segunda discusión, tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, me referiré al proyecto sobre transparencia en instituciones educativas que reciben aportes del Estado, del cual soy autora.
Llegamos a la discusión de esta iniciativa, ya aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación. Finalmente, se acordó un texto refundido con una moción del Senador señor Gómez que apunta a aspectos similares. Se ha conformado un proyecto conjunto, ya que se compensan y se complementan en diversos aspectos ambas iniciativas.
Es un hecho innegable que la transparencia es una cualidad que siempre resulta importante y necesaria para el buen funcionamiento de todo ámbito o proceso. La transparencia, en cualquier asunto o materia, no solo ayuda a evitar los vicios o falencias, sino que también favorece el aumento de la confianza entre las partes.
El año pasado tuvimos un debate muy intenso respecto a la calidad de la educación pública. Y ese es el foco más relevante y el que a nosotros nos debe convocar. Pero una arista que también ha cruzado la discusión de la opinión pública, sobre todo del movimiento estudiantil, dice relación con el lucro en la educación cuando recibe aportes del Estado. La presente iniciativa busca transparentar todos aquellos proyectos educativos, persigan fines de lucro o no, que reciben dichos aportes. Allí radica su importancia.
Además, quiero agradecer a la Fundación Educación 2020 por el aporte que hizo en el proyecto que nos ocupa.
Lo importante es que los alumnos y sus padres tengan libertad de elegir. Pero pueden hacerlo cuando realmente cuenten con toda la información disponible para tomar una opción con libertad. Hoy día no la tienen.
Definitivamente, no bastan las leyes que nos rigen en materia de educación para prevenir casos como el de la Universidad del Mar -plantel con sedes en varias Regiones-, por lo que la materia compete a varios Senadores. Hay una en la comuna de Quillota, dentro de la Región que represento en esta Corporación. Los alumnos y sus padres -que realizan un tremendo esfuerzo para que sus hijos asistan a la educación superior- no cuentan con todas las herramientas de información para adoptar una decisión respecto a esta casa de estudios. Puede ser esta en particular u otra. También hemos tenido problemas con el Centro de Formación Técnica Simón Bolívar. Y definitivamente el SERNAC, en ambos casos, deberá aplicar la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores para apoyar a los alumnos y estos finalmente puedan terminar sus carreras y obtener el título profesional que les ofrecieron cuando entraron a estudiar.
¿Por qué pongo este ejemplo?
Resulta importante que el Gobierno haya enviado un proyecto sobre Superintendencia de Educación que a todas luces es demasiado relevante. Pero ello debe ir unido a otras herramientas de transparencia. Y el texto en análisis entrega instrumentos a los padres y a los alumnos, pues todas estas instituciones educativas, persigan o no fines de lucro, tendrán que recibir el mismo trato.
E imagino que al Senador Pizarro esto también le importa, porque en su Región igual se da este tipo de problemas.
El señor PIZARRO.- Me importa mucho, Senadora. La escucho atentamente.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Estos planteles deben publicar en sus páginas web todos los balances y se les ha de aplicar el mismo tratamiento de una sociedad anónima. Es decir, las personas podrán acceder a la información respecto de los ingresos, egresos, mallas curriculares, número de matrículas, carreras, tipo de acreditación que obtuvo cada institución, si fue completa o no.
A raíz de los conflictos que hemos conocido en los últimos días en la Universidad del Mar, los medios de comunicación han informado que hay otras universidades con problemas incluso de acreditación, no cumplen todos los requisitos o cuya acreditación está en cuestionamiento.
Allí radica la importancia de la ley en proyecto. Estamos recién iniciando su discusión en la Sala.
Me parece fundamental que, frente a aportes del Estado, haya absoluta transparencia, que los recursos estatales se destinen totalmente a la buena calidad de la educación que reciban alumnos inscritos en determinados centros de enseñanza, sean de educación básica, media o superior. Porque lo que nos ha de importar es la calidad de la educación que se entrega en el país. Y, cuando esta se convierte en un negocio, como legisladores debemos dictar las reglas correctas para que la gente pueda decidir en libertad y los alumnos reciban educación de calidad.
Esta es una materia de la mayor relevancia e importancia.
Porque nosotros no estamos hablando solo de cuando una persona obtiene una subvención estatal. El subsidio (en el caso de la educación básica, una subvención escolar; o el aporte a una institución universitaria a través de becas o de financiamiento de fondos de investigación) implica recursos que deben ser resguardados para que realmente se gasten en lo que corresponde: en la educación de las personas, y no vayan a los bolsillos de quienes la están administrando. Porque los recursos que entrega el Estado deben ser dedicados íntegramente a la educación. Lo que se haga con el resto, cuando se trata de dineros de privados, es un tema que no estamos viendo ahora. Lo que nos convoca son los proyectos educativos que reciben fondos del Estado. Buscamos velar, resguardar y legislar para que tales recursos estatales sean transparentados, que todos cuenten con la información arriba de la mesa y puedan tomar decisiones con toda la libertad del mundo, resguardando y fiscalizando que cada peso que invierte el Estado sea destinado a los alumnos de cada institución.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, como manifestó la Senadora señora Lily Pérez, nos encontramos ante un proyecto de la mayor importancia.
Junto a un grupo de Senadores, cuando se suscitaron discusiones a raíz de los debates educacionales del año pasado, pensamos que introducir una iniciativa con este carácter ayudaría a despejar muchas inquietudes. Por eso, con los Senadores señores Cantero, Espina, Quintana, señora Lily Pérez y quien habla, presentamos una moción que se empezó a tramitar en forma paralela a otra formulada por los Senadores señor Gómez, señora Rincón y señores Lagos, Quintana y Rossi.
El sentido de estas iniciativas, y en particular el que buscaba nuestro proyecto, dice relación con la forma como deben enfrentarse los usos de los recursos públicos. Y cuando se trata de materias educacionales, precisamente por la sensibilidad existente al respecto y muchas veces por la sospecha que hay acerca de sus eventuales usos, se resuelve -más que quitando los recursos y estableciendo normas que hagan imposible el funcionamiento de los establecimientos- con disposiciones como las que se han recogido en el proyecto refundido; es decir, a través de mecanismos de transparencia.
Lo hemos planteado en otras iniciativas, como en la reforma de la Constitución y en la ley Nº 20.285, que estableció el principio de transparencia y publicidad y creó el Consejo para la Transparencia como un organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de tales normas y resolver los conflictos que se susciten. El concepto central radica precisamente en que, en la medida en que las instituciones públicas dan cuenta de sus actos, no solo las entidades competentes podrán efectuar debidamente la fiscalización, sino también la ciudadanía, los interesados. En el caso de los establecimientos educacionales, los padres y apoderados, los alumnos, los profesores, los trabajadores no docentes, los directivos, los gremios (como el Colegio de Profesores) y otros podrán acceder a la información respectiva y conocer la realidad sobre el destino de los recursos públicos asignados.
Me parece que esa es la manera correcta de enfocar y asumir el problema.
Por ello, sin perjuicio de que parte de esas atribuciones probablemente le corresponderá a la Superintendencia de Educación Superior una vez que se constituya, es un avance muy valioso dar hoy día esta señal.
Se ha hecho referencia a la situación que atraviesa hoy la Universidad del Mar. Y a raíz de ello, precisamente por la falta de transparencia, por el desconocimiento de la forma como se han administrado los recursos y del destino de estos, se pone en cuestionamiento el sistema de educación superior privada, lo que me parece es ir demasiado lejos.
Dicho sistema ha efectuado grandes contribuciones en muchos sentidos. Hay universidades privadas muy buenas. Probablemente, no todas sean de la misma categoría y calidad. Pero no por el hecho de que algunas estén operando mal, castigaremos a las que trabajan bien.
De ahí que el mecanismo propuesto en la iniciativa, que busca transparentar en distinta forma, como ya se señaló, a las instituciones de educación básica, media y superior, permitirá cumplir el objetivo de poner a disposición de cualquier persona la información relativa al correcto origen y destino de los recursos públicos. Al ser estos transparentes, se evitará su mal uso.
La transparencia es una herramienta que -reitero- incorpora la participación ciudadana en el control social, pero también evita actos de corrupción e impide actuaciones irregulares. El conocimiento que proporciona esa transparencia hace posible la prevención, en lugar de solo estar pensando en corregir. Y, al mismo tiempo, lleva a quienes son responsables de la administración de esos recursos a tener especial cuidado en su utilización y sentido de la efectividad y eficacia para lograr un mejor rendimiento, ya que, al dar cuenta de sus acciones, van a poder exhibir la gestión que han realizado.
Por tales razones, señor Presidente, y -repito- sin perjuicio de lo que ocurra cuando se constituya la Superintendencia de Educación Superior, nos parece que dar este paso hoy día es absolutamente trascendental.
Por ello, agradezco el respaldo que ha recibido la iniciativa y el empeño de la Comisión de Educación para aunar las distintas voluntades y refundir en uno solo los proyectos sobre el particular, todo lo cual servirá para dar en estos días una señal muy poderosa al país respecto de la voluntad del Senado en esta materia.
El señor SABAG.- Señor Presidente, la iniciativa que estamos analizando en realidad corresponde a dos proyectos refundidos, presentados por diversos señores Senadores, y tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio.
La idea de legislar fue acogida por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Educación.
Como dije, la iniciativa tuvo su origen en dos mociones: una, de los Senadores señora Pérez San Martín y señores Cantero, Espina, Larraín Fernández y Quintana, y la otra, de los Honorables señor Gómez, señora Rincón y señores Lagos, Quintana y Rossi.
El proyecto se funda -tal como se señaló- en el hecho de que las entidades privadas que reciben aportes estatales han actuado hasta el momento con gran libertad, en circunstancias de que deberían cumplir los mismos principios de transparencia que les corresponden a las instituciones públicas, independiente de la creación de la Superintendencia de Educación Superior, cuyo propósito será el de fiscalizar el uso de esos dineros.
Además, se busca transparentar las acciones de los establecimientos educacionales en todos los niveles y se complementan otras iniciativas relativas al tema del lucro. Para ello, se propone que toda la información relevante esté disponible al público.
El Ejecutivo planteó en la Comisión su inquietud por la duplicidad de normas, pues los establecimientos de enseñanza parvularia, básica y media ya están sometidos a regulación, de acuerdo con la ley Nº 20.529, sobre aseguramiento de la calidad de la educación, que creó la Agencia de Aseguramiento de la Calidad y la Superintendencia de Educación.
En todo caso, aunque lo propuesto por el proyecto en debate sea redundante, su finalidad lo justifica plenamente. Y si la Comisión lo aprobó en general por unanimidad, yo no me negaré a darle mi apoyo, a fin de que se sepa con claridad que los recursos públicos para educación, tanto los que reciben las municipalidades como los entregados a los colaboradores privados de la educación, serán rigurosamente fiscalizados.
Por lo tanto, votaré que sí.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, abra la votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para iniciar la votación?
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, me parece muy bien que se hayan refundido los dos proyectos presentados pues apuntan a una línea similar: la transparencia, punitiva (o por la fuerza) en un caso, y activa en el otro. A mi juicio, ambas ideas revisten importancia.
¡No es posible que existan instituciones de educación superior -también, de educación general- que continúen negándose a entregar información!
Por otro lado, nos parece muy relevante que la iniciativa originada en una moción de la Senadora Lily Pérez (de transparencia activa) establezca la entrega de mayor información a la que hoy día se halla disponible en el conjunto de la oferta de educación superior. Conversamos este asunto con el colega Rossi cuando se planteó dicha propuesta.
En la actualidad, muchas universidades informan acerca de las vacantes y de los aspectos generales de las carreras, pero poco y nada dicen de las sociedades relacionadas, de la parte contable, financiera (ingresos, egresos), de la estructura de las corporaciones, de quiénes son sus socios.
Y, en mi opinión, ese déficit de información tampoco lo resuelve el proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior.
La Comisión de Educación recibió para analizar esa materia a alrededor de once organismos (instituciones y centros de estudios, incluido el CEP, representado por su Director, señor Fontaine) y al Contralor General de la República. En esa instancia la referida iniciativa fue objeto de fuertes críticas y cuestionamientos, que hoy día hacen claramente inviable seguir insistiendo en ella. Algo similar -entiendo- plantearon los rectores al Ministro de Educación, a propósito de una reunión sostenida en alguna Región del sur hace algunos días.
Es decir, la mencionada Superintendencia, tal como se sugiere en el proyecto que se encuentra en el Senado, no impide que situaciones tan poco claras, tan poco transparentes como la ocurrida en la Universidad del Mar puedan llevarse a cabo.
Por otro lado, tampoco estoy seguro de que la iniciativa que ahora nos ocupa lo pueda evitar. Pero sí nos entregará algunas luces, que permitirán visualizar con mayor antelación cuándo una casa de estudios superiores realiza manejos poco claros.
Sin embargo, quiero centrar el debate, más allá de la importancia de aprobar estos proyectos refundidos, en la materia que hoy día corresponde analizar: la relativa al lucro con fondos públicos, como bien lo señalaron los Senadores señor Sabag y señora Lily Pérez. Aquí estamos hablando de una gran cantidad de fondos fiscales, que llegan de manera directa o indirecta a las universidades.
En la mañana, el Presidente de la República anunció la entrega de mayor cantidad becas para los planteles universitarios. Pero se otorga tal beneficio sin mecanismos de control, sin una nueva acreditación. Hace pocos días conocimos los bajos logros obtenidos por los estudiantes de Pedagogía en la prueba Inicia. Pese a ello, se continuará entregando más recursos sin establecer estándares y exigencias que realmente avalen la calidad de la educación.
Por lo tanto, la iniciativa en debate tiene absoluta relación con el lucro. Lo que ha ocurrido en la Universidad del Mar es la punta del iceberg de un problema mucho más profundo.
Señor Presidente, llamo a mirar con cuidado esta materia, que es de fondo.
Aquí el rector de dicho plantel señaló -por eso el caso se conoció- que no estaba disponible para avalar la entrega de 600 millones de pesos por concepto de pago de arriendos.
¡Por supuesto que los arriendos hay que pagarlos! Sin embargo, así como en materia de quiebras existe una prelación de créditos, cabe pensar que en este caso era prioritario pagar las imposiciones y los sueldos de los académicos y de los trabajadores, para permitir el normal funcionamiento de esa universidad.
Pero, finalmente, se opta por lucrar.
¿Y qué se hace en definitiva? Traspasar los excedentes a los socios, a los dueños de esas universidades, a través del mecanismo que todos conocemos: el del pago de arriendos y servicios a sociedades relacionadas.
Por lo tanto, señor Presidente, junto con respaldar la iniciativa, manifiesto que hoy cobra más vigencia que nunca la necesidad de avanzar en otro proyecto: uno que presentó el Senador Gómez, respecto de un nuevo trato del Estado con las universidades públicas. Porque es preciso establecer compromisos con...
Le concedo un minuto más para que termine.
Como decía, también se requiere asumir compromisos con las universidades estatales.
No es posible que a las universidades se les imponga una misión (formar profesionales sobre la base de valores superiores) y no se les entreguen las herramientas, los recursos y las garantías para cumplirla.
Yo siento que hoy día, a raíz de la situación de la Universidad del Mar -lamentable, por cierto; tendremos que ver qué va a pasar con los estudiantes de dicho plantel-, se ha abierto el camino para efectuar un debate de fondo sobre la inconveniencia de seguir aceptando el lucro.
Aquí todos nos estamos haciendo los lesos. Pareciera que el lucro en educación no existiera. Y lo ocurrido en dicha casa de estudios es una muestra fehaciente de que se sigue lucrando, de que los excedentes continúan engrosando las cuentas corrientes y las chequeras de los socios de esas universidades.
Por lo tanto, señor Presidente, los Senadores de estas bancas vamos a votar a favor del proyecto, porque constituye un paso importante en la perspectiva de lograr mayor transparencia en los planteles universitarios.
Pero creo que el debate de fondo aún no se ha iniciado.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, celebro la iniciativa que se ha presentado para transparentar algo que tiene que ver con recursos públicos, con la educación y con la inquietud demostrada a través de las movilizaciones realizadas en la mayor parte del país por los estudiantes y, también, por los padres y apoderados.
En definitiva, me quedo con las palabras del Senador Quintana, quien intervino recién y es uno de los autores del proyecto.
Él planteó que el texto propuesto es un paso en la dirección de desarrollar una discusión de fondo acerca de si las actividades educacionales que son financiadas con aportes del Estado ameritan la obtención de utilidades. Los recursos fiscales deben otorgarse en función de una labor que diga relación, no con el mercado, las utilidades o el lucro, sino con una mejor calidad de la educación para los alumnos.
Desde ese punto de vista, la iniciativa que nos ocupa constituye un avance y yo la voy a votar favorablemente, pero estimo que el mayor paso todavía no lo hemos dado en el Senado: debatir en profundidad qué tipo de educación se requiere, cómo materializarla, quién la financiará y cuál será el rol del Estado en esta materia.
No vaya a ser que con esta propuesta legislativa estemos legitimando una situación que debiera ser corregida. Solo se distingue a los sostenedores que utilizan la subvención para efectuar un negocio que les permite llevar dinero a sus bolsillos. En efecto, lo planteado transparentará quién actúa de un modo y quién de otro. Pero ello no resuelve el problema de fondo: que hay sostenedores que se apropian de recursos fiscales, que son escasos y que deberían destinarse en un ciento por ciento a mejorar los resultados de la educación y no a generar un negocio.
No quiero criminalizar el asunto. Existen otras actividades, donde se realizan inversiones generales, en las cuales se permite el lucro: por ejemplo, en las que llevan a cabo las empresas sanitarias. En este caso, se les entrega un monopolio y se les reconoce el derecho a obtener ganancia. En educación, no es así; no lo definimos. Deberíamos llevar a cabo ese debate. Vale la pena determinar cuáles serán los requisitos.
Las sanitarias se rigen por una normativa y existe una Superintendencia del ramo. En el ámbito educacional también habrá una Superintendencia, la que, en definitiva, evaluará si se está cumpliendo o no con determinados parámetros.
Estuve en el Liceo Camilo Henríquez, de Temuco, un establecimiento particular subvencionado con financiamiento compartido, y quedé muy bien impresionado con lo ahí sucede. En él opera una sociedad de profesores de vasta experiencia y gran vocación, que destina el cien por ciento de los aportes a mejorar la educación. Y, por supuesto, los socios reciben ingresos a través del pago por sus servicios. Ello no implica lucro, sino recibir el justo pago -quizá alguien lo pueda llamar "injusto pago"- por servicios prestados al Estado.
Desde ese punto de vista, deberíamos hacer el debate de fondo para procurar que existan muchos más liceos Camilo Henríquez con esa misión.
Pero también habrá que discutir sobre aquellos sostenedores que solo van tras el lucro; que no entregan una educación de calidad; que usan con fines privados los recursos públicos y los de los padres y apoderados, y que, en último término, no cumplen el objetivo para el cual se creó la subvención estatal.
Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa, si bien representa un paso que no es suficiente, permite al menos transparentar qué hacen los establecimientos educacionales con los aportes que reciben del Estado.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, la verdad es que tenemos una agenda legislativa muy ambiciosa en el campo de la educación. No podría ser de otra manera porque todos sabemos que la prioridad y principal preocupación de la ciudadanía es justamente la educación.
En los países de renta media, como el nuestro, cuyo horizonte es la movilidad social, en especial para la clase media emergente, sin duda alguna la educación es el gran vehículo para concretar esa movilidad. Y hemos sido interpelados al respecto por un movimiento estudiantil y social muy amplio de la clase media chilena.
Por lo tanto, la agenda legislativa que en la actualidad se debate en el Senado y en la Cámara de Diputados pretende ser la respuesta del Estado -de Gobierno y Oposición- a esa demanda. Y aquella se divide en dos ámbitos, fundamentalmente: educación superior, que ha sido el más visible, el más crítico; y educación escolar y preescolar, menos visible desde la perspectiva del espacio público pero no menos importante.
En educación preescolar, estamos próximos a tratar un proyecto de aumento de la subvención en 18,5 por ciento. Y se aspira a que, al año 2015, el 60 por ciento de los niños y las niñas de menores ingresos tengan asegurado dicho nivel educativo.
Todos los estudios de psicólogos y expertos demuestran que lo que se hace o no se hace, lo que se aprende o no se aprende entre cero y cinco años es definitivo. Esto, como un broche de muestra sobre educación preescolar.
En el ámbito escolar, hoy en la tarde empezamos a discutir el aumento de la subvención general en 3,5 por ciento. ¡Es mucha plata! Recordemos que se transfieren 6 mil millones de dólares al año a la educación municipal o pública subvencionada y particular subvencionada.
Y respecto de la subvención escolar preferencial, en noviembre del año pasado aumentamos su monto en 21 por ciento.
Con todo, hay algunos elementos ausentes del debate, particularmente en materia de educación de adultos y educación especial, que, a mi juicio, debemos incluir. Pero ese proyecto se empieza a tramitar hoy día, e involucra mucho dinero, como debe ser.
Después viene la iniciativa sobre la carrera docente, que ya está en el Parlamento. Es fundamental contar con ella.
Luego, lo relativo a los directores y los maestros son dos coordenadas esenciales de la educación chilena.
La llamada "desmunicipalización" -mal llamada, diría yo; pienso que hay que empezar a hablar de "Nueva Educación Pública" en un sentido positivo- es un proyecto bastante insuficiente, por decir lo menos, pero que ya inició su tramitación en la Cámara de Diputados.
El fin al lucro con fondos públicos en educación es otra materia aprobada en general por el Senado.
En abril del año pasado despachamos la iniciativa sobre mejoramiento de la calidad de la educación, que creó la Agencia de la Calidad y la Superintendencia de Educación.
En ese contexto, asimismo, debe entenderse el proyecto que nos ocupa, que establece normas de transparencia para los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. Ello constituye un aspecto de la rendición de cuentas, que también debe ser visto en el ámbito de la educación superior.
En enero del presente año despachamos una iniciativa que hoy es ley, cuyo objetivo es reprogramar las deudas de 110 mil estudiantes morosos. Por otro lado, se debate -ojalá se apruebe en un futuro cercano- el proyecto referente al crédito con aval del Estado, al que se le sumará mañana el tema de los deudores CORFO. En este caso, se trata de 360 mil personas pertenecientes a la clase media que tienen una mochila financiera como resultado del crédito con aval del Estado, el que sirvió para que 480 mil alumnos ingresaran a la educación superior, pero quedaron altamente endeudados.
Todas estas materias significan un avance importante.
En tercer lugar, tenemos el sistema único e integrado de becas y créditos que debe ser complementado con el sistema de aranceles, lo cual es muy relevante. En ese contexto, el proyecto sobre transparencia -insisto- constituye un aspecto de la rendición de cuentas.
Mi sugerencia al respecto, señor Presidente -así lo hemos considerado en la Comisión de Educación del Senado-, es que no podemos discutir sobre transparencia al margen de dos temas importantes, como son: el de la Superintendencia de Educación Superior -tal como se creó la Superintendencia de Educación Escolar- y el de las sociedades espejo, para hacer efectivo el fin al lucro que contempla la ley desde hace 30 años, pero que se viola en forma sistemática diariamente.
En estos días hemos conocido el caso de la Universidad del Mar. Pero ese es solo un botón de muestra de una situación muy oscura que debe ser transparentada.
Por lo tanto, al aprobar el Senado -así lo espero y ojalá por unanimidad- el proyecto que establece normas de transparencia para los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, me gustaría que lo viéramos junto con la iniciativa que crea la Superintendencia de Educación Superior y los temas relativos a la fiscalización y las sociedades espejo, con el objeto de poner fin, en la práctica, a las mil formas de resquicio utilizadas para eludir la prohibición de lucrar que hoy día pesa -en el buen sentido- sobre la educación superior.
Finalmente, entiendo que el Gobierno anunció, para el segundo semestre del año en curso, el envío del proyecto de ley sobre acreditación. Es decir, resulta absolutamente fundamental que las 60 o 70 universidades, y todos los establecimientos de educación superior, cuenten con un sistema nacional de acreditación que permita velar por la calidad de la educación.
Financiamiento, calidad y equidad son las coordenadas en esta materia. Y lo tocante a becas, créditos, aranceles y acreditación -una mesa de cuatro patas, como yo digo- es fundamental que se aborde en forma sistémica y coherente, a fin de garantizar una educación preescolar, escolar y superior de calidad y equitativa en nuestro país.
En consecuencia, votaremos a favor de la iniciativa, y espero que en el Senado podamos complementarla de manera adecuada -reitero- con lo relativo a la Superintendencia de Educación Superior y con los temas sobre las sociedades espejo y la rendición de cuentas, en un solo gran proyecto.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, el movimiento estudiantil de 2011 -que ha mostrado que aún mantiene mucho vigor y adhesión en las movilizaciones que han impulsado este año- ha invitado al país en su conjunto a reformar el sistema, el modelo de educación, tanto a nivel escolar como de enseñanza superior.
Una de las materias, sin duda, tiene que ver con la transparencia. No obstante, hay muchas otras.
Al iniciar mi intervención, quiero señalar que duele mucho llevar a cabo este debate cuando hay dirigentes estudiantiles, como José Ancalao, miembro de la CONFECH, privados de libertad en Temuco, producto de una persecución política, porque a algunos personeros no les gusta que los estudiantes levanten una voz cuestionadora del modelo.
Quienes conocemos a José Ancalao, Presidente de la Federación Mapuche de Estudiantes de Educación Superior, sabemos que es muy difícil poder insinuar que es una persona ajena al diálogo y al respeto a la diversidad de opiniones.
Por ello, desde este Hemiciclo deseo denunciar lo que, a mi juicio, es una persecución injustificada contra dirigentes estudiantiles. En este caso, se lleva a cabo con un grado adicional de discriminación por tratarse de un líder de los estudiantes mapuches, a quienes, en demasiadas ocasiones, se les cuelgan acusaciones y construcciones de acusaciones, las cuales el Ministerio del Interior ha demostrado, una y otra vez, que son infundadas.
Señor Presidente, este es un proyecto menor. Se desea que exista transparencia en los colegios a nivel escolar. Con una norma como esta uno espera poder demostrar una farsa que este Parlamento ha tolerado -no me refiero a una institución en particular-, como sucede en las escuelas de lenguaje del país que reciben triple subvención. Es evidente que muchas de ellas no están cumpliendo la función para la cual fueron creadas. Y esto ocurre debido a que no hay mecanismos de transparencia para fiscalizar realmente a sus alumnos, menos aún para definir cómo se genera -por así llamarlo- el "alta" de quienes presentan problemas de aprendizaje serio que justifiquen su asistencia en ese tipo de establecimientos.
Pienso que esta normativa de transparencia nos permitirá identificar de mejor forma el uso de los recursos públicos.
Espero que se pueda mostrar cómo, muchas veces, el financiamiento compartido existente en diversas entidades educacionales no se destina a lo que fue el espíritu de quienes votaron a favor de esa disposición. Yo no la aprobé, pues me opuse y me he opuesto siempre al financiamiento compartido. En definitiva, se demostrará que esos recursos no han ido a mejorar la calidad de la educación, sino, en muchos casos, a fondos que, posteriormente, han sido retirados por los sostenedores.
Asimismo, con el proyecto podremos sentar las bases de transparencia para las instituciones de educación superior. Sin embargo, se necesita una ley complementaria que asegure que ellas no tienen derecho a lucrar con recursos públicos o privados. Así que esta iniciativa de ley significará un avance en tal sentido.
Señor Presidente, podemos pedir a la Comisión de Educación que haga, en forma especial, un esfuerzo para sacar adelante normas que garanticen que no habrá lucro con recursos públicos en la educación superior -existe efectivamente aquello que algunos han denominado "sociedades espejo" o como se le llame-, a fin de evitar que de esta se transfieran dineros a inmobiliarias.
Todos sabemos que lo anterior ocurrió. Y quizás la historia dirá que fue un mal necesario para permitir la cobertura en educación superior, la cual creció a ritmos extremadamente acelerados en los años 90 y en la primera década de este siglo.
Sin embargo, hoy día, no hay razón alguna para que este sistema no se regule de otra forma. Creo que eso es lo que demanda el movimiento estudiantil, el movimiento social por la educación, y es algo que este Parlamento ha llegado a compartir: que para mejorar efectivamente el sistema educacional de nuestro país, más allá de los debates que vamos a tener sobre modelos o sistemas, debemos asegurar transparencia en el uso de los recursos de todos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Honorable señor Navarro, quien tiene una urgencia en su Región.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, comparto plenamente lo señalado por el Senador Letelier. Él ha dicho que nos han invitado a una reflexión. A mi juicio, más bien nos han forzado a ella. Y la situación de José Ancalao debe verse.
Lamento que no haya ningún representante del Ejecutivo presente -salvo que el Ministro Golborne venga al debate de este proyecto; en ese caso, sería bienvenido- tratándose de una iniciativa de ley de transparencia. Y todos sabemos que el Gobierno y algunos Senadores -entre ellos, el señor Espina- han sido activos y jugados en este tema. Por ende, yo esperaría que estuvieran los Ministros al momento de discutir acerca de transparencia en la educación, sobre todo cuando tenemos un informe de la Contraloría que ha llevado al Ministro Beyer incluso a anunciar acciones penales porque la ley de asignación especial ha sido vulnerada por muchos alcaldes, de todos los partidos políticos.
Claramente, los datos del 2011 revelan que de los 216 mil millones de pesos que transferimos el 2010 un 52 por ciento se rindió de mala forma y un 48 por ciento ni siquiera figuraba en las cuentas corrientes de los municipios, que han gastado estos dineros en muchas cosas, muy lejanas de la calidad de la educación para los alumnos vulnerables. Por consiguiente, una normativa de transparencia lo que hace es eso: dar garantías a todos. Porque, al final, se aplica a todos los establecimientos.
Este proyecto de ley tiene, además, una ventaja que aparece nítidamente en la primera página del informe: se inició en una moción de los Senadores señora Lily Pérez y señores Cantero, Espina, Hernán Larraín y Quintana, y otra de los Senadores señor Gómez, señora Rincón y señores Lagos, Quintana y Rossi. Es decir, hay coincidencia. Por lo tanto, yo aspiro a que lo aprobemos de manera unánime.
¿Qué estamos pidiendo? Que la contratación de bienes y servicios, las transacciones, las declaraciones de patrimonio -es decir, todo el destino de los recursos, incluyendo gastos corrientes e inversiones- sean informadas; que, en definitiva, sepamos a cuánto asciende lo que el Ministro Beyer no llama ni "ganancias" ni "utilidades", sino "excedentes". Cuando se refiere al lucro, utiliza ese término. Bueno, si sobra el dinero, si hay excedentes, yo diría: reinvirtámoslos.
La iniciativa en debate, que es transversal, como he señalado, aspira a apuntar una gran luz, un foco muy potente a la manera como se están gastando los recursos, porque hoy día se están gastando mal. Y prueba de ello lo constituye la Universidad del Mar, que es un escándalo. Claramente, la situación de la acreditación es un tema.
¿Por qué muchos deciden invertir cientos de millones de dólares en educación superior? Porque es un buen negocio. A pesar de que la ley, paradójicamente, establece que las instituciones de educación superior son sin fines de lucro, algo hay de mágico y atractivo que hace que numerosos inversionistas estén dispuestos a poner millones de dólares en estos institutos cuya viabilidad financiera está asegurada, porque son cientos de miles los que egresan cada año de cuarto medio y buscan capacitarse.
En materia de educación media, los sostenedores particulares, que en la mayoría de los casos sostienen un solo establecimiento, no debieran experimentar temor por este proyecto. Lo que queremos es aclarar el proceso de cómo se gasta la plata pública, de cómo se destinan los recursos que se les piden a las familias a través del financiamiento compartido, y, por cierto, arrojar luz sobre cómo está funcionando el sistema.
Yo soy partidario de la gratuidad. Ese es el clamor. El 80 por ciento de la sociedad chilena la pide. Ese 80/20 por ciento -80 quiere gratuidad- se transforma en 50 y 50 en el Parlamento, porque ahí opera el binominal. Entonces, cuando se debate aquí los votos son "miti-miti" y no el 80/20 de la ciudadanía que quiere gratuidad, que no desea endeudarse a 15 ni a 20 años, que se pregunta quién va a pagar el diferencial del 4 por ciento. ¡El Estado lo va a pagar a los bancos! O sea, gran negocio para estos: ¡van a ganar plata sin trabajar! Porque van a mantener la cartera y habrá que pagarles igual la administración.
Siento, entonces, que este proyecto debe ser acordado de manera unánime, señor Presidente. La transparencia le hace bien al país, a la educación. Y, por cierto, nos reservamos el derecho de presentar las indicaciones necesarias -aun cuando ha habido mucho consenso- para que la educación en Chile sea más transparente y apuntemos decididamente a la gratuidad. Si no es en este Gobierno, será en el próximo, en el Programa de la Oposición, en el plebiscito del 11 de noviembre del 2013. Pero vamos a debatir sobre gratuidad y yo tengo la convicción de que la vamos a tener.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, la verdad es que, a raíz de las movilizaciones estudiantiles, llevamos ya un buen tiempo en el cual afortunadamente hemos podido levantar una conciencia crítica respecto de un sistema educacional que, como se ha señalado muchas veces, es excluyente y bastante segregador y que tiene muchos talones de Aquiles. El Senador Ignacio Walker hizo un recuento de todos los proyectos que se encuentran en discusión en el Senado o en la Cámara. Empiezan, poco a poco, en teoría, a hacerse cargo de temas muy de fondo.
A propósito de esto último, quiero decir de partida que lamentablemente el proyecto de reforma tributaria del Gobierno que hemos visto hasta ahora está muy lejos de aportar la cantidad de recursos permanentes que requiere una materia tan importante como la educación. En efecto, hemos calculado que se necesitan, fácilmente, 4 mil millones de dólares y esta propuesta de ajuste tributario -no se puede hablar de "reforma"-, que tiene muchas complicaciones porque, por lo demás, termina entregando una serie de franquicias y eliminando algunos ingresos en lugar de hacer lo contrario, apunta a obtener 700, 800 millones de dólares, lo que consideramos francamente escaso si queremos tomarnos en serio la educación.
Decía que llevamos un buen rato en que, afortunadamente, nadie en la sociedad puede desconocer que uno de los temas centrales, obviamente, es el educativo, en todos los niveles. Eso ha motivado reacciones, y algunas positivas. Por ejemplo, este Gobierno en un comienzo no le había dado la suficiente importancia en términos presupuestarios, no se había encargado de seguir profundizando la educación preescolar, pero ha reaccionado y hoy día estamos en condiciones de decir que falta poco para asegurar que el 60 por ciento de la población más vulnerable sí tenga garantizado el acceso a ese nivel educacional, lo que nos parece extraordinariamente relevante.
Que hubiésemos aprobado una subvención especial, preferencial fue importante en su momento. Que no se haya hecho un buen uso de ella y que existan muchos municipios, transversalmente, que a lo mejor gastaron el dinero en otros servicios o actividades y no en lo que correspondía, es doloroso y habrá que ver las medidas que se toman.
Hoy día, como señaló el Senador Letelier, lo menos que podemos decir es que es lamentable tener a José Ancalao preso, y me parece bien que eso se manifieste en el Senado. Lo tuvimos muchas veces en la Comisión de Educación. Se dirigió a nosotros. Nos habló del tema educacional, de las Regiones, de su etnia, de la discriminación. Yo lamento muchísimo que él y otros más hoy día estén presos.
Pero no solo eso. También hemos asistido al espectáculo de que en definitiva la justicia haya tenido que resolver para permitir el reingreso a su colegio de alumnas a las que se les había rechazado su matrícula por haber sido manifestantes activas en el referido movimiento estudiantil, que persigue, evidentemente, cómo mejorar la educación, cómo establecer un sistema más equitativo, más integrador, de mayor calidad en todos sus niveles.
Y resulta que ha debido intervenir el Poder Judicial en esta materia ante la actitud adoptada por el Alcalde de Providencia -cuya adicción a la dictadura y debilidades conocemos muy bien-, quien se negaba a aceptar a esas alumnas, las cuales eran amenazadas (¡es de las cosas menos democráticas a que se puede asistir!). Finalmente, solo la justicia lo obligó a admitirlas.
Otro tanto ocurrió en Ñuñoa, aunque con diferencias en el lenguaje. Allí el Alcalde aceptó de inmediato el veredicto de la justicia.
Todo aquello ha estado sucediendo en el último tiempo. Y las movilizaciones van a seguir en la medida que nosotros, en conjunto, no seamos capaces de ir a la raíz de los problemas pendientes: ¿La educación debe perseguir el lucro? ¿La educación es un negocio? ¿La educación constituye solo un instrumento para conseguir determinado fin?
Todas esas son cuestiones muy de fondo, que todavía se hallan pendientes.
En este proyecto, si bien con modestia, se avanza en exigir que los establecimientos educacionales que reciben recursos fiscales vía subvenciones, avales del Estado, donaciones con descuento tributario, en fin, sean transparentes. Debemos pedir transparencia para el uso y destino de todos esos dineros públicos. Ello, por cierto, con los mismos estándares de la ley N° 20.285 y con sometimiento al Consejo de Transparencia, por la proveniencia de aquellos.
La transparencia de la información y el acceso a esta son sinónimo de más democracia. Al final, ambas legitiman las políticas públicas y significan mayor gobernabilidad, en la medida que la ciudadanía sienta que puede ejercer tal derecho.
Se han estado discutiendo otras materias: como dijimos, el lucro; la Superintendencia; los mecanismos de financiamiento; la publicación de nóminas de titulados; las normas sobre derechos de alumnos, padres y apoderados en el proceso educativo.
Por último, señor Presidente -por desgracia, el tiempo se acaba-, no podemos soslayar el hecho de que, de una vez por todas, debemos abordar lo concerniente al lucro en la educación superior.
Muchas veces lo dijimos aquí, en esta Sala. Y presentamos un proyecto para legislar sobre las denominadas "sociedades espejo".
Lo último que debimos vivir, casi dramáticamente, fue la renuncia del Rector Raúl Urrutia, quien hace pocos días denunció cómo en la Universidad del Mar se desviaban fondos para sacar ganancias, en lugar de pagar, incluso, la previsión de los profesores.
¡Más que lamentable!
Aquello nos debe servir de lección en el ámbito de la educación superior.
¡Ya no más burlas a la ley! ¡Ya no más miradas para el lado! ¡Hay que impedir que se siga lucrando de esa manera! ¡Es hora de que aprobemos los proyectos pendientes!
En cuanto al resto de los establecimientos educacionales, termino reiterando lo que señalé al comienzo.
Avanzamos en democracia si hay más transparencia. Pero nos falta bastante camino por recorrer si queremos de verdad ir al fondo de lo que debe ser la enseñanza en nuestro país.
En Argentina, Brasil y otras naciones la educación es gratuita en todos sus niveles.
Entonces, nos duele ver en Chile a familias endeudadas. Nos duele cuando observamos que recién estamos rebajando la tasa de interés aplicada a las deudas de esas personas. Nos duele ver que en hogares con tres niños, por ejemplo, los recursos no alcanzan para darles educación a todos. Nos duele la existencia de aranceles de los más caros del mundo y constatar que el de referencia no es igual que el real.
Todo eso se encuentra pendiente, y espero que lo vayamos abordando como país de manera responsable. Para ello se requieren recursos, pero también voluntad política y decisión, que ya es hora de mostrarlas.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, hemos hablado muchísimas veces en torno a la educación, pero creo que aún falta el tiempo necesario para agotar el debate de esta materia, que es sobremanera importante para nosotros.
Reflexionar acerca de la trascendencia de la educación en Chile es un poco repetir lo que todos hemos manifestado en alguna de nuestras intervenciones.
Por lo tanto, solo señalo que voy a votar favorablemente este proyecto, pues apunta a un aspecto que a mí por lo menos me llamó la atención, atendidos los resultados finales registrados.
Siempre fui contrario a las intervenciones del Estado que terminaban respaldando la instalación o el funcionamiento de los establecimientos privados, exclusivamente. No me parecían adecuadas. Y, a la luz de los casos que se han ido conociendo con el transcurso del tiempo, el resultado fue mucho peor que lo que yo pensaba.
Habiendo declarado que voy a apoyar esta iniciativa, quiero precisar algunos puntos que permanentemente están presentes en nuestras discusiones.
En primer término, la calidad de la educación.
A ese respecto también hay hechos sorprendentes. Por ejemplo, los últimos indicadores han evidenciado que en algunos casos los alumnos de escuelas absolutamente pobres han conseguido buenos resultados con relación a los de educandos de establecimientos que disponen de gran cantidad de recursos.
En consecuencia, hay que entender que el problema es tres o cuatro veces más delicado.
Para que un muchacho aprenda se necesitan varias cosas: primero, que el alumno tenga en su familia condiciones económicas, sociales, morales que le permitan estudiar razonablemente; segundo, que se llegue a la excelencia del profesorado, y tercero, que haya dinero para dotar de lo mejor posible a las escuelas menos eficientes.
En segundo término, quién imparte la educación.
Permanentemente se ha dicho que se demerita la educación pública o -según expresó un señor Senador- que podría haber cierta persecución a la educación privada.
No es así. Quienes por alguna razón fuimos educados en establecimientos particulares no aceptaríamos la existencia de tal persecución. Lo que sí alegamos es que la forma como se ha estado llevando la educación privada -incluso durante nuestros Gobiernos- no ha sido todo lo bueno que hubiéramos querido.
En tercer lugar, hay un punto que ya no se toca, porque ya fue legislado, aunque muy mal, pues se terminó en una ley que no respondió a lo que deseábamos realizar en su momento, hace más de quince años: el maltrato infantil que se sigue registrando en nuestras escuelas perfora la confianza de los niños y su capacidad de aprendizaje.
Por último, debo señalar que la transparencia ha debido estar presente en todo lo hecho por la Comisión de Educación en el último tiempo, antes del cambio de Gobierno y después de él, con participación de Senadores de todas las bancadas.
Ahora bien, hemos de determinar cómo avanzaremos respecto de ella en lo sucesivo.
Aquí estamos resolviendo problemas concretos, precisos -ello es bueno-: el cambio en los aranceles, la materia que aborda el proyecto que votamos en este momento, etcétera.
Sin embargo, existe una cuestión básica, sobre la que vamos a tener que conversar una vez terminados los cinco o seis temas que quedan todavía en la Comisión de Educación: cuál es el modelo educativo para Chile en democracia, en continuidad de lo que es la tesis de país, y también, de lo que constituye nuestra búsqueda de una educación para hacer cambios en materia de brechas económicas y de una solidaridad que cada vez vemos menos presente en el sistema social.
El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito autorización para que presida el Senador señor Gómez.
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra al Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, por cierto, voy a votar a favor de este proyecto, pues creo que cuanto signifique aumentar la transparencia en la información en todos los niveles de la educación, particularmente, y por regla general, en la totalidad de las actividades, en especial si hay involucrados fondos públicos, tiene que ser bienvenido.
Esta iniciativa de ley debe analizarse en la Comisión de Educación, y hay que refundirla con la relativa a la Superintendencia de Educación Superior -enviada por el Presidente Piñera-, que aborda por primera vez en nuestro país -ello no ocurrió antes- la fiscalización de la forma como funciona la referida enseñanza, trátese de universidades, de centros de formación técnica o de institutos profesionales.
Quiero aprovechar esta oportunidad para señalar algunos de los grandes avances que el Gobierno del Presidente Piñera ha tenido en esta materia en los últimos dos años, bastantes más de los que en muchas décadas se habían logrado en nuestro país. Algunos de ellos, por cierto, son fruto del acuerdo suscrito entre la actual Administración y parlamentarios de la Concertación, el cual fue liderado en ese entonces por el actual Presidente del Partido Demócrata Cristiano, Senador Ignacio Walker.
En los dos años recientes la inversión del Gobierno en educación sobrepasa los 2 mil 200 millones de dólares: mil 100 millones a través de la Ley de Presupuestos y, aproximadamente, mil millones adicionales para lo que va a significar la aplicación de las nuevas medidas anunciadas por el Primer Mandatario.
Debo recordar que cuando asumimos el Gobierno solo 250 mil alumnos de kínder y prekínder pertenecientes al 60 por ciento de los sectores más vulnerables de nuestro país recibían enseñanza en esos niveles. Al término de esta Administración, todos los educandos pertenecientes a ese 60 por ciento van a tener educación preescolar gratuita; o sea, 360 mil niños.
De otra parte, en ocho años se va a duplicar la subvención escolar. Y el número de alumnos que perciben subvención escolar preferencial -la dirigida precisamente a fortalecer los establecimientos donde estudian jóvenes de clase media y de menos recursos- aumentará de 900 mil a un millón 900 mil.
En educación escolar, además, se han creado dos grandes motores: por un lado, la Agencia de Calidad de la Educación, y por otro, la Superintendencia de Educación Escolar, encargadas, una, de velar por la calidad de la enseñanza y de acompañar y apoyar a los establecimientos que se van quedando atrás, y la otra, de supervigilar y fiscalizar que se haga buen uso de la subvención; simultáneamente, los padres podrán reclamar cuando la calidad de la educación que se les entrega a sus hijos no sea la correcta.
En lo concerniente a la educación superior, cabe recordar que cuando asumió el actual Gobierno solo 120 mil estudiantes recibían becas; los 800 y tantos mil restantes debían rascarse con sus propias uñas. Esta Administración, al término de su período, habrá elevado a 400 mil el número de alumnos con becas.
Además, por primera vez se va a permitir que los créditos a que podrá acceder 90 por ciento de los estudiantes tengan una tasa de interés de 2 por ciento -versus el 6 por ciento aplicado al crédito con aval del Estado- y que aquellos paguen la deuda a partir del momento en que comiencen a trabajar, con 10 por ciento de sus ingresos y tope de 180 cuotas.
Señor Presidente, hago dichas referencias, en los pocos minutos de que dispongo, para destacar lo que este Gobierno ha avanzado en el ámbito educacional y para señalar que este proyecto, cuya idea de legislar aprobaremos, se enmarca dentro de uno de los objetivos que se ha propuesto el Presidente Piñera: que en la educación superior existan reglas de fiscalización para procurar el buen uso de los recursos que aporta el Estado, el otorgamiento de información adecuada a los alumnos y el cumplimiento de la ley vigente en todos los aspectos.
Voto a favor de la idea de legislar, suponiendo que esta iniciativa será refundida con la que crea la Superintendencia de Educación Superior.
Por consiguiente, me parece necesario darle curso al proyecto que nos ocupa, para que el proceso en comento pueda registrarse.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, creo que la transparencia es siempre bienvenida, tal como lo plantearon los Senadores y las Senadoras que me antecedieron en el uso de la palabra.
La transparencia es importante especialmente en nuestro sistema educacional, porque le da mayor legitimidad al mecanismo mixto que tenemos actualmente, donde están, por una parte, la enseñanza que depende del Estado, y por otra, la privada o particular subvencionada.
Estimo relevante, por ende, seguir avanzando en este camino.
Dar la información es absolutamente significativo si consideramos que son las familias las que deben tomar las decisiones, las que muchas veces, sobre todo cuando hablamos de educación, tienen que ver no solo con el futuro de los jóvenes y de los niños, sino también con la factibilidad de cumplir sueños. Y cuando estos chocan con instituciones que no se pueden sostener, contra instituciones que imparten carreras carentes de calidad, con instituciones a las que les resulta imposible cumplir lo prometido, ello genera frustración.
En consecuencia, para impedir esa frustración, me parece del caso avanzar no solo en transparencia e información, sino además en calidad.
Hemos hablado bastante acerca de financiamiento. Y, tal como dijo el Senador Espina, este Gobierno ha avanzado muchísimo tanto en el aumento de la subvención escolar cuanto en el incremento fuerte de las becas y los créditos dirigidos a las familias de clase media y a los más pobres de nuestro país.
Pero cuando hablamos de educación no solo se trata de un problema relacionado con el financiamiento. Hay otras cuestiones que han estado pendientes durante harto tiempo, las cuales ahora han terminado reventando, muchas veces con manifestaciones en la calles y con instituciones que ya no se pueden sostener; lo hemos visto en el caso de la Universidad del Mar acá, en la Región de Valparaíso.
Los temas que se encuentran pendientes desde hace muchísimos años son la transparencia, la fiscalización y la calidad.
Los alumnos y las familias, antes de optar por una institución de enseñanza escolar o superior, deben saber cuál es la situación financiera del respectivo establecimiento; si podrá permanecer en el tiempo, y -esto es lo más importante- si las carreras que imparte son de calidad.
A ese respecto, en mi opinión, constituye un avance que el proyecto de ley que va a presentar el Gobierno en lo relativo al otorgamiento de becas y créditos para la educación superior termine con la discriminación existente en la actualidad a raíz de la permanencia de dos sistemas, uno mucho más ventajoso que el otro, y, además, les exija a los establecimientos una acreditación de sobre tres años.
Ese es un cambio fundamental -hasta ahora nada se había hecho sobre el particular-, que marca un punto de inflexión en el sentido de por primera vez exigirles a las instituciones de educación superior mayor calidad y más estabilidad en el tiempo.
Tal como se ha planteado acá, el problema no estriba en que tengamos educación particular. De hecho, yo creo fuertemente en el emprendimiento privado en materia de enseñanza.
Sobre todo, señor Presidente, creo en la libertad de educación, para que las familias puedan elegir la institución donde quieren que se eduquen sus hijos. De hecho, más de 50 por ciento de ellas han optado por educarlos en colegios particulares subvencionados y muchas se están decidiendo por instituciones de educación superior privadas.
Por ende, pienso que el problema de la educación no está ahí, sino en la calidad, en la transparencia y en la fiscalización.
Fue por eso que voté a favor de este proyecto en la Comisión, aunque haciendo una puntualización -y la reitero ahora en la Sala- en el sentido de que es necesario revisar si su articulado presenta duplicidades (estimo que sí) con respecto tanto a la Superintendencia de Educación Escolar, que comenzará a funcionar en el segundo semestre de este año, cuanto a la Superintendencia de Educación Superior, cuya creación se está discutiendo en este momento en la Comisión de Educación.
Por consiguiente, estimo que debemos avanzar lo más rápidamente posible, por una parte, en hacer funcionar la Superintendencia de Educación Escolar, y por otra, en refundir esta iniciativa con la que crea la Superintendencia de Educación Superior, que ojalá se concrete cuanto antes, para evitar que, como ya ha ocurrido, los estudiantes entren a una institución de educación superior que luego no tiene posibilidad de mantenerse en el tiempo.
De otro lado, pienso que hemos de avanzar en un nuevo sistema de acreditación de la educación superior, para que los jóvenes, antes de elegir un establecimiento, sepan cuál es la calidad de las carreras que imparte.
Por lo tanto, señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto. Sin embargo, creo que en la discusión particular tenemos que revisar -y así lo expuse en la Comisión- qué parte de las materias planteadas se encuentra ya normada en la Ley de la Superintendencia de Educación escolar y qué parte se halla dentro de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo respecto de la Superintendencia de Educación Superior.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, me voy a abstener por las siguientes razones.
Creo que aquí se presenta una superposición de funciones, de exigencia de información, con respecto a lo que manda la ley N° 20.529, que estableció, entre otras instituciones, la Superintendencia de Educación.
Permítanme, estimados colegas, leer lo pertinente del artículo 48 de dicho cuerpo legal. Su inciso primero expresa que el objeto de la entidad recién mencionada "será fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia"; "Asimismo, fiscalizará la legalidad del uso de los recursos por los sostenedores de los establecimientos subvencionados y que reciban aporte estatal", y, "Además, proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá las denuncias y reclamos de estos, aplicando las sanciones que en cada caso corresponda".
El inciso tercero agrega: "Si en el ejercicio de sus atribuciones la Superintendencia toma conocimiento de infracciones a otras normas legales que no integran la normativa educacional, deberá informar a los órganos fiscalizadores correspondientes".
A su vez, el artículo 49 dispone que "Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones:
"a) Fiscalizar que los establecimientos educacionales y sus sostenedores reconocidos oficialmente cumplan con la normativa educacional.
"b) Fiscalizar la rendición de la cuenta pública del uso de todos los recursos, públicos y privados, de acuerdo al Párrafo 3º de este Título, a través de procedimientos contables simples generalmente aceptados.".
Más adelante, la letra c) determina "Realizar y ordenar auditorías al estado anual de resultados mencionado en la letra anterior.".
En consecuencia, resulta claro, respecto de los establecimientos de educación prebásica, básica y media, que la información que la iniciativa en debate busca que se haga pública ya ha sido objeto de lo ordenado mediante la ley N° 20.529.
A mi juicio, ahora es preciso que el organismo entre en funcionamiento, tal como lo han anunciado las autoridades, en el segundo semestre del año en curso.
Y en cuanto a los establecimientos de educación superior, deseo recordar el compromiso del Presidente Piñera en orden a crear también la Superintendencia correspondiente a ese ámbito, la cual va a cumplir propósitos similares y garantizará, por lo tanto, el acceso a la información, la transparencia y la posibilidad de que los jóvenes y sus familias tengan a su alcance todos los antecedentes necesarios para tomar las mejores decisiones.
Señor Presidente, no quisiera terminar mis palabras sin referirme a algunas intervenciones que he escuchado en relación con las observaciones de la Contraloría General de la República acerca de la utilización de la subvención de educación preferencial por algunos municipios.
Estimo que no hacemos bien al meter a todos los jefes comunales en el mismo saco. Hay alcaldes que han actuado honestamente; que con esos dineros se han puesto al día en las cotizaciones previsionales de los profesores; que han cancelado beneficios adeudados por años a los maestros. Y me parece que con ese tipo de pagos han contribuido enormemente, al final, a la estabilidad de los docentes y la tranquilidad de las comunidades educativas. Es probable, entonces, que se hayan apartado del espíritu y de la letra de la ley, pero han empleado los recursos, en definitiva, en acciones destinadas a mejorar la educación.
Juzgo que vamos a tener que estudiar el punto en conjunto con el Ejecutivo. En mi opinión, no puede ser que se registre una enorme cantidad de alcaldes con juicios en circunstancias -repito- de que han hecho, en general, una buena utilización de los fondos. Habrá quienes no se encuentren en esa situación y tendrán que responder ante la Contraloría y los tribunales de justicia; pero una gran mayoría los han empleado legítimamente, desde el punto de vista del buen manejo de la educación, de la buena administración de la educación municipal.
--Por 28 votos contra uno, se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido, y se fija hasta el 18 del mes en curso, a las 12, el plazo para la presentación de indicaciones.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESCALONA (Presidente).- El Honorable señor García ha dejado constancia de su intención de abstenerse.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señoras Alvear y Rincón y señores Bianchi, Frei, Rossi, Sabag, Zaldívar, Quintana, Ignacio Walker, Patricio Walker, Gómez, Pizarro, Lagos y Letelier, tendiente a solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que instruya al Ministro de Salud para que, en conjunto con la Superintendencia de Salud y FONASA, se corrija a la brevedad la exclusión de la modalidad de libre elección del Fondo Nacional de Salud que está afectando a un número importante de adultos mayores tras la publicación de la ley N° 20.531, la cual eximió, total o parcialmente, de la obligación de cotizar para salud a determinados pensionados.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se ha solicitado recabar la unanimidad de la Sala para colocar el asunto en el primer lugar del Tiempo de Votaciones de la presente sesión.
La señora ALLENDE.- Muy bien.
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reemplaza los artículos 2° bis y 9° de la ley N° 19.451, que establece el modo de determinar quiénes pueden ser considerados donantes de órganos, con informe de la Comisión de Salud.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es modificar la ley citada, que establece normas sobre trasplante y donación de órganos, y reforzar la idea de que toda persona es donante, salvo que manifieste expresamente lo contrario.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo que la Sala adoptó en enero recién pasado, y la idea de legislar fue aprobada por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, Girardi, Ruiz-Esquide y Uriarte.
En cuanto a la discusión particular, el órgano técnico deja constancia de que, en virtud de la presentación de una indicación sustitutiva suscrita por los Honorables señores Chahuán, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte, realizó diversas enmiendas al texto, acordadas por la unanimidad de los señores Senadores recién nombrados, que apuntan a reforzar la idea de que todas las personas, una vez fallecidas, se consideran donantes y que dejan sin efecto las inscripciones en el Registro de No Donantes que se hayan practicado con anterioridad a la vigencia de la ley en proyecto.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado en cuya tercera columna se consignan las modificaciones introducidas por la Comisión, y en la cuarta, el texto que resultaría si se acogieran.
El señor ESCALONA (Presidente).- En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, la iniciativa que nos ocupa es bien sencilla, pero diría que bastante relevante.
Como un aspecto de procedimiento, ojalá usted le hiciera ver un punto al Ejecutivo: el que se debate es un proyecto del Gobierno, del Ministerio de Salud. Comprendo que el titular de la Cartera puede tener otras cosas más importantes que hacer...
El señor PROKURICA.- Se encuentra en el Congreso.
El señor ROSSI.- Entonces, ¿lo va a ir a buscar, Su Señoría? Porque no es la primera vez, en general, que se discuten iniciativas del Ejecutivo y no están presentes los Ministros. Si no es posible que vengan, pueden hacerlo los Subsecretarios.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡No se trata de los presidenciables...!
El señor ROSSI.- ¡Podrían asistir al menos los que lo fueran...!
La iniciativa busca resolver una dificultad generada con la aprobación de la ley del donante universal, cuyo objetivo fundamental era aumentar el número de órganos disponibles y de trasplantes, porque, lamentablemente, Chile registra escasez en la materia.
El cuerpo legal que estableció que toda persona mayor de 18 años es donante, a no ser que exprese su voluntad en contrario, no logró el éxito que muchos deseábamos -fue aprobado con el apoyo de distintos sectores políticos-, y diría que varias razones explican por qué fracasamos, de alguna manera, en el esfuerzo.
Empleo la palabra "fracasamos" por ser este un problema de la sociedad chilena. El que esta sea, al menos en apariencia, poco solidaria es preocupante. Porque la donación es, en efecto, un acto solidario, de amor, de desprendimiento, y, por eso mismo, justamente, los miembros de la Comisión de Salud somos contrarios a algún tipo de pago. Debe constituir una acción generosa, en virtud de la cual se prolonga la vida de otro con el órgano de una persona a quien ya no le sirve.
La cuestión se suscita, sin embargo, porque ha empezado mucha gente a manifestar su voluntad de no ser donante y a crecer el Registro respectivo. Eso dice relación, a mi juicio, con que no hemos sido capaces, como sociedad -ni el Ministerio de Salud-, de generar campañas de concientización respecto del significado del acto de que se trata, de su trascendencia para la salud y para Chile. Es algo que tiene que ver, al final del día -insisto en ello-, con el alma nacional, con la forma en que entendemos, como sociedad, que se persigue un propósito positivo.
Y el Registro de No Donantes, a cargo del Servicio de Registro Civil, es sumamente importante. Por lo tanto, el proyecto enviado por el Ejecutivo busca que tenga lugar un proceso de reflexión mayor en el individuo que decide no donar, que resuelve no apoyar la prolongación de la vida de un ser humano que está sufriendo y que necesita urgentemente un órgano para poder sobrevivir.
Llama la atención que, al difundirse en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, casos dramáticos de personas -en especial, de menores- que incluso mueren en la espera, todo el mundo diga: "¡Qué pasa con el Estado, que no procura que haya más órganos!". Pero eso contrasta -la verdad sea dicha- con el Registro a que he hecho referencia.
Por eso, la iniciativa en examen apunta a que las personas que no quieran ser donantes tengan que hacer un pequeño esfuerzo, bastante razonable, consistente en ir a una notaría a manifestar su voluntad de ejercer libremente ese derecho. De eso se trata, en esencia. De alguna manera, el objetivo es generar un espacio de reflexión interna en cada individuo que, haciendo uso de su libertad -porque repito que este es un acto de desprendimiento, libre, generoso-, tome esa decisión.
El Registro de No Donantes, entonces, quedaría nulo en el sentido de que los inscritos deberían cumplir ese sencillo trámite a partir de la vigencia de la nueva ley.
El que he expuesto es el propósito que persigue el proyecto, el cual tampoco constituye la panacea, por cuanto el asunto de fondo dice relación con un cambio cultural muy profundo en la sociedad. El tema tiene que ser discutido al interior de las familias, en las escuelas, ojalá en los lugares de trabajo, y dar lugar a campañas comunicacionales masivas justamente para poner sobre la mesa su trascendencia.
Y, por otro lado, también se debe contar con neurólogos clínicos en todos los centros asistenciales a fin de poder detectar a tiempo a pacientes con muerte cerebral, que son potenciales donantes. Porque, muchas veces, estos no se advierten y, por tanto, se pierde una preciosa oportunidad de trasplante.
Ese es, señor Presidente, el objetivo de la iniciativa, apoyada por todos los miembros de la Comisión de Salud cuando fue discutida y votada.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- ¿Se va a votar hoy día, señor Presidente? ¿No se ha pedido segunda discusión?
El señor ROSSI.- El proyecto es del Gobierno.
El señor ESPINA.- Deseo formularle una consulta a mi Honorable colega Rossi, porque es médico y no dudo de que conoce la materia.
Observo algo extraordinariamente delicado y -por qué no decirlo- bastante extraño con relación al texto. Cuando se dictó la ley de donaciones, la lógica fue que, al momento de sacar carné de identidad, pasaporte o licencia de conducir, se le preguntara a la persona si quiere ser donante o no. Si contesta que sí, ello se registra y, en consecuencia, existe la posibilidad de ser donante, lo que es muy útil y necesario, más aún con el avance de la ciencia y sobre la base de los dramas humanos que hemos conocido.
Pero también se puede optar por responder que no. Según entiendo, cerca de 2 millones y medio de chilenos -si estoy equivocado, le pido al señor Senador corregirme, ya que presidió la Comisión de Salud- lo han hecho así, conforme al libre ejercicio de su derecho a ser donante o no, porque, de acuerdo con la ley, ello no es obligatorio. Y, por lo tanto, se pronunciaron en esa forma por distintas razones.
En un porcentaje importante incidió una cierta desconfianza respecto de los tratamientos finales, en tanto podrían inducir -ello no lo comparto, porque creo que los médicos jamás actuarían así- a que quizá no se efectuaran todos los esfuerzos posibles por tratar de salvar la vida de quien se transformaría en donante.
El hecho concreto es que 2 millones y medio de chilenos -repito- han dicho que no. Reitero que la lógica de la ley vigente opera sobre la base de preguntar si se quiere ser donante y de que se decida libremente. Y lo que estamos haciendo ahora es expresarles a esas personas -perdón por no saber la cifra exacta, pero entiendo que es algo así- que su declaración de voluntad quedará anulada.
Desde luego, abrigo serias dudas de que sea constitucional eliminar una determinación expresa y consciente en el sentido señalado. Alguien puede argumentar que, a lo mejor, no se dio una explicación suficiente, pero ese criterio no permite dejar sin efecto, en forma masiva, el pronunciamiento de 2 millones y medio de personas. Si una ley dispone una consulta y se dan respuestas negativas, luego de lo cual se anuncia que se anula la declaración de voluntad tanto de los que no se han equivocado como de los que sí pueden haberlo hecho, no logro comprender el sentido de obligar a expresarse nuevamente.
Quiero decir que, siendo partidario de la donación y formando parte de quienes van a donar, el segundo requisito lo encuentro francamente inconveniente, pues a la persona que no desea donar sus órganos se la obliga a ir a una notaría y a efectuar un gasto para dejar estampada una decisión que en la actualidad la ley dispone como voluntaria.
Entiendo la necesidad de que aumenten los donantes. A pesar de ello, me parece que gran parte del problema radica, más que en el transporte o en el número, en los recursos que existen en muchos lugares, desde el punto de vista de la tecnología médica, para que cuando haya un donante se logre someterlo a una intervención oportuna para sacar el órgano, trasladarlo en condiciones médicas adecuadas y poder utilizarlo.
Con franqueza, estimo que este proyecto apunta en una dirección equivocada, en primer término, porque anula una expresión libre de la gente y presume que dos millones y medio de chilenos dijeron que no por capricho, por falta de información o por error; y en segundo lugar, porque establece una exigencia que tiene un costo económico: se les dice a las personas que, si no quieren donar, deberán acudir a una notaría para consignarlo. O sea, en el fondo, se las está forzando a ser donantes.
Estimo que sería más transparente señalar que, como es obligatorio, la gente tendrá que ser donante. Porque esta especie de mecanismo encubierto de forzar a alguien a serlo por la vía de hacerle más cara, más onerosa, una decisión en contrario, no me parece bueno.
Creo que el camino es otro. No he visto nunca políticas públicas fuertes, incentivadoras, adecuadas, que creen debida conciencia social -no estoy culpando para nada al Ministerio de Salud, porque esto lo trasciende-; políticas educacionales que realmente lleven a una persona a tomar conciencia de la importancia de donar.
A mi entender, lo que corresponde es mejorar todos los procedimientos de donación, en términos de que cuando se sepa que una persona puede donar, sea factible trasladar el órgano usando los mecanismos de seguridad -entiendo que deben ser bastante costosos-, en forma rápida y expedita, a fin de que sea recibido a tiempo.
Reitero que soy absolutamente partidario de que la gente done; considero que esa decisión salva vidas; que constituye un acto humano, un acto de generosidad. Resulta dramático cuando se ve en televisión a personas o a niñitos que mueren porque no encuentran donante: uno observa cómo se les empieza a apagar la vida, en el sentido de su término, y a veces conoce sus casos. Recuerdo que hace poco una niña necesitaba una donación urgente -no estoy seguro de si un pulmón u otro órgano vital-, y se podía apreciar cómo ella iba muriendo día a día, por falta de donantes, ¡hasta que falleció!
A los chilenos nos parte el alma una situación como esa.
La pregunta que cabe hacer es si este es el mecanismo correcto. Tengo serias dudas de ello. No comparto que la solución sea anular la declaración de voluntad hecha previamente por dos millones y medio de chilenos en el sentido de no querer ser donantes, y además establecerles un gravamen. Porque habrá que respetar el derecho de quien manifestó que no desea donar; tendrá que considerarse esa decisión. Sin embargo, aquí se le dice: "Mire: ejercer su derecho a no ser donante le va a salir caro, pues deberá acudir a una notaría y acompañar un documento fidedigno".
Hay un punto, eso sí, que el Ministro nos señaló hoy, que no sé cómo resuelve el proyecto: qué ocurre cuando alguien se declara donante y en el momento en que el médico quiere hacer efectiva esa decisión la familia manifiesta su desacuerdo. El Ministro de Salud nos dijo que en ese caso existe un problema mal resuelto en la normativa.
He querido realizar esas preguntas en el ánimo de contar con una legislación que fomente las donaciones. Pero a quien legítimamente tomó la decisión de no ser donante de órganos, por motivos egoístas, para algunos, o religiosos, para otros, o por las razones que haya estimado conveniente, no le podemos fijar un gravamen.
Señor Presidente, con mucha sinceridad, estimo que este tema es delicado y les pido a los miembros de la Comisión de Salud que nos expliquen la lógica del proyecto a quienes no estuvimos presentes en su discusión. Porque una cosa es querer incentivar la donación y otra poner condiciones que obliguen a las personas a pagar un gravamen por ejercer un derecho.
Entonces, cuidado con establecer medidas que en principio pueden parecer muy populares, y no estoy acusando para nada a los autores de la moción,...
El señor ROSSI.- Las propuso el Ministerio.
El señor ESPINA.- Puede que sea así.
Digo con la mejor buena fe que se debe tener cuidado con fijar medidas que, aunque parecen bien hechas -retiro la palabra "populares"-, pueden terminar siendo arbitrarias.
Por lo tanto, me gustaría que pudiéramos efectuar un debate bien a fondo sobre la materia, en el ánimo de sacar adelante una buena legislación, que fomente las donaciones, pero que respete el derecho de un ciudadano que libremente no desea donar.
Y expreso, por cuarta vez, que creo en la existencia de la solidaridad en la sociedad -soy partidario de ella; me parece sana y buena-, la cual le permite a alguien donar un órgano y, con eso, salvar otra vida.
El señor ESCALONA (Presidente).- Está inscrita la Senadora señora Rincón, pero no se encuentra en la Sala.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, solicito recabar el asentimiento de la Sala para que funcione en forma paralela la Comisión de Agricultura, a partir de las 19.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, me parece que este tema es muy complejo y tiene que ver con los principios, en función de respetar aquello en lo que uno cree y permitir que la ciencia, la innovación, puedan desarrollarse en plenitud.
Me adelanto a señalar que soy donante, así que espero que no surja ninguna duda respecto de lo que plantearé más adelante acerca de esta materia. Pero, con la misma convicción, expreso que esta iniciativa se relaciona directamente con principios y no con la mera práctica o el simple sentido de emergencia.
Todos sabemos que hoy día la donación puede salvar vidas, y uno inclina esa parte de la balanza para tratar de generar políticas públicas que ayuden en tal lógica.
Por otro lado, también entendemos que se trata de una situación excepcional, ya que lo normal es que no sea necesaria la donación para salvar vidas.
A mi juicio, existen a lo menos cinco principios acerca de los cuales uno debe ser muy exigente a la hora de establecer una legislación, que -insisto- por tercera vez se cambia. He señalado en otras ocasiones que la mejor ley es la que menos se modifica. Si las normativas se enmiendan permanentemente, costará mucho generar políticas públicas consistentes. Y esta es la tercera oportunidad en que se discute en el Parlamento un cambio, pues se propone modificar una legislación que aprobamos hace pocos años, que enmendó una de fines de 1999.
El primer principio se relaciona con que el trasplante tenga un fin terapéutico. Me parece que eso se encuentra absolutamente bien plasmado en esta iniciativa; existen trasplantes de otra índole, que no se hallan incluidos en ella.
Por tanto, pienso que ese primer principio está bien reflejado.
El segundo tiene que ver con que la intervención se realice en hospitales y clínicas con regulación y fiscalización vigentes en el país. Eso también se vincula con un concepto de la vida humana y de lo que perteneció a una persona, en términos de no establecer una disposición cualquiera, sino una que se halle conforme a cierta dignidad y a un procedimiento.
El tercer principio se relaciona con que la donación sea a título gratuito, lo cual es un tema no menor, pues sabemos que en muchas partes del mundo existe un tráfico importante de órganos, que se pueden obtener por la vía del comercio. Y eso tiene una inspiración distinta de la de este proyecto.
Un cuarto principio, muy relevante y que siempre se debe estar vigilando, se refiere a la seguridad de la muerte del donante.
Ello obviamente genera una legítima inquietud en cuanto a las garantías que se deben dar para que en un momento determinado, por ejemplo, cuando hay muerte cerebral, exista la certeza absoluta de que es irreversible, en términos de que no se cree un incentivo para generar donaciones, particularmente cuando son múltiples, y se salten principios elementales como el cuidado de la vida.
El quinto principio, a mi parecer, es que la donación tiene que ser libremente consentida en vida por el donante en alguna instancia, en algún momento.
No creo que, desde el instante en que una persona pasa de la vida a la muerte, se produzca un desapego total y absoluto respecto de lo que le perteneció en vida. Por algo regulamos tanto lo relativo a los funerales y los cementerios, que han sido objeto de numerosa legislación en tal sentido.
En mi opinión, este proyecto de ley se equivoca en ese principio esencial, y transforma dos instituciones. Y uno de estos casos lo encuentro especialmente complejo e inaceptable, desde un punto de vista legislativo.
El primer cambio es el de la presunción.
La norma vigente busca generar un principio de donación, pero se establecen momentos legales en que se pueda tomar una decisión. Y se plantea -creo que con buen criterio- que, cuando una persona saque o renueve su carné de identidad, se le pregunte si tiene la voluntad -porque la voluntad es muy importante- de ser o no donante.
A mi juicio, ese principio -esto se obtuvo en el Parlamento; la Cámara de Diputados también influyó- era correcto: generar un escenario en donde ese acto de generosidad -porque es de generosidad- de disposición de su cuerpo tenga que ver con la acción que pueda llevar a cabo la persona libremente en vida.
Me pareció que esa fórmula, largamente discutida en el Congreso, se dirigía en un sentido correcto, en cuanto a fijar un momento en que se tuviera que tomar esa decisión.
Tal principio se cambia ahora, y se establece a la inversa. Es decir, se genera el de que uno por naturaleza es donante, y que solo una acción especial, específica, más allá de lo oneroso, puede apuntar en la dirección contraria.
A mi entender, eso constituye una regresión respecto de dicho principio. En vez de fomentar y favorecer que tal voluntad sea libre, conforme a las creencias, a las convicciones de una persona, se trata de imponer un esquema en que ella tiene que actuar en contra de esa presunción para los efectos de impedir que, en un momento determinado, por razones de distinta naturaleza, sea donante.
Pero mucho más grave aún es lo que señala a continuación el proyecto. Porque yo no he visto -puedo estar equivocado- que, habiéndose dictado una ley que consagra que la gente libremente puede adoptar una decisión, acto seguido se presente una iniciativa que disponga que aquellos que tuvieron la mala idea de decir que no eran donantes, ¡sonaron!, pues ahora lo son.
El señor GIRARDI.- Fue Mañalich.
El señor ROSSI.- ¡Lo dijo el Ministro!
El señor COLOMA.- Sea quien haya sido, señor Presidente. Cuando uno defiende principios, no puede andar mirando quién planteó o no la idea.
Cómo se les dice a los dos millones y medio de chilenos, mayores de 18 años, que por distintas razones manifestaron que no deseaban ser donantes, que su voluntad nos da lo mismo, ¡porque igual lo van a ser!
Cuáles serán los problemas de hecho que se generarán, señor Presidente, si el día de mañana, ¡Dios no lo quiera! -no sé si Sus Señorías son donantes-, se produjera un accidente y falleciera alguien que le hubiera expresado a su familia que no es donante y los doctores, en virtud de la nueva ley que aprobaríamos, les dijeran a sus seres queridos que esa voluntad caducó, que fue derogada por otro texto que 38 señores Senadores tramitaron porque consideraron que su opinión era más importante que la de los dos millones y medio que manifestaron la suya en un sentido distinto.
Entonces, señor Presidente, con todo respeto, considero que lo propuesto se halla profundamente equivocado. Creo que esta materia debe afrontarse de una forma por completo distinta, que tiene que ver con la valoración del acto generoso de la donación.
Yo no he visto, con potencia, con fuerza, no solo así, a la pasada, ni en este Gobierno, ni en los anteriores un Estado movilizado de verdad -tal como se hace respecto de muchas campañas con otros objetivos- para motivar a las personas a hacer libremente con su cuerpo lo que mejor les parezca, a fin de que ojalá sean donantes.
Repito: yo no lo he visto, con fuerza, con espíritu, con interés. Y tampoco se han propuesto normas que pueden ayudar incluso a desincentivar la no donación de órganos, como la de que aquel que diga que no desea ser donante quede al final de una eventual lista de espera de donación, en caso de que la necesite en algún momento.
A mi juicio, esa es la manera de enfrentar los cambios de la ciencia, que siempre debe hacerse conforme a los principios, que son tan importantes de preservar, en particular en situaciones difíciles.
De verdad, no sé cómo se puede derogar una voluntad que se está expresando todos los días, en virtud del mandato de una ley.
Señor Presidente, comprendo los legítimos y obviamente positivos intereses que hay detrás de esta iniciativa, en términos de aumentar el número de donantes, materia respecto de la cual hay informaciones contradictorias, pues unos señalan que son muy pocos, y otros, que han subido en 50 por ciento en el último período. Y, entonces, deberíamos seguir por ese lado.
Pero tratar, por esta vía, de violentar el principio de la voluntariedad en asuntos tan complejos para la persona como la disposición de su cuerpo y, más aún, derogar expresamente decisiones contrarias, no solo es un contrasentido, sino una cuestión profundamente dañina para la credibilidad legal, elemento central, a mi juicio, en este país.
El señor ESCALONA (Presidente).- Senador señor Coloma, la exactitud de su intervención es destacable.
Está inscrita a continuación la Honorable señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, este proyecto tiene una finalidad que creo todos compartimos: aumentar la cantidad de donantes para ir en ayuda de las personas enfermas que necesitan la donación de algún órgano.
Sin embargo, comparto con el Senador Coloma algunas aprensiones respecto de esta iniciativa.
Primero, que deja sin efecto la voluntad de la gente que expresó en el Registro Civil que no quiere ser donante.
Creo que esa voluntad debe ser respetada. Puede ocurrir que alguien cambie de opinión al respecto, y que esto se tenga que manifestar nuevamente en el Registro Civil o en la institución pertinente.
En tal sentido -lo planteó hoy el Ministro de Salud-, habría algunas cuestiones que se tendrían que modificar en la ley actual. Y me parece que en esa línea deberíamos legislar.
Sin embargo, pienso que cambiar la voluntad de las personas que consignaron en el Registro Civil lo que creen que es mejor constituye un error: significa quitarles la voluntad manifestada sin siquiera, quizás, informarles de tal situación.
Segundo, este proyecto, que busca incrementar el número de donantes, le resta la actual facultad que tiene el Registro Civil para preguntarle a la gente si quiere o no ser donante, y establece que tal expresión de su voluntad deba hacerse ante las notarías.
Eso me parece bastante más complicado, señor Presidente. ¿Por qué? Porque, de aprobarse esta iniciativa como viene, las personas serán donantes por el solo ministerio de la ley.
Considero correcto que se consulte si se quiere o no ser donante, y que eso se lleve a cabo en algún trámite realizado normalmente. Pero que la gente sea donante por el solo ministerio de la ley y que se le pida, además, acudir a una notaría para manifestar que no desea serlo, lo estimo demasiado engorroso. Ello, por cuanto numerosas personas probablemente ni siquiera se informarán, y no van a saber que deben ir a una notaría para expresar su voluntad.
Por lo tanto, estimo mucho mejor que ese trámite se mantenga en el Registro Civil, que es un servicio en donde habitualmente se efectúan variados trámites. De modo que preguntarle a alguien en el momento de sacar el carné si desea o no ser donante de órganos me parece una forma bastante más accesible, más transparente para la ciudadanía.
Se manifestó por parte del Ministerio de Salud que mantener dicho trámite en el Registro Civil lleva a que la gente manifieste, en mayor proporción, que no quiere ser donante, porque no se asegura una adecuada información, una oportuna reflexión ni tampoco una conveniente privacidad.
En mi opinión, no debiéramos quitar esa facultad a dicha institución, sino mejorar la información y procurar un espacio de reflexión y de privacidad a quienes se hallan tomando esa decisión. Llevarlos a una notaría -entidad mucho más lejana para la ciudadanía que el Registro Civil- me parece un error. En este tipo de trámites individuales y familiares, el Estado no puede impedir la posibilidad de dirimir. Hemos de aumentar la cantidad de donantes, pero no considero el camino correcto ni lo razonable que se le haga más difícil a una persona el que pueda decir que no y que el Estado reemplace la voluntad personal.
Tampoco estimo prudente el que se impida a la familia formar parte de esa decisión. Probablemente, sea uno de los puntos donde podemos ahondar en una reforma de la actual ley, a los efectos de procurar más espacio a la voluntad familiar, en especial después del fallecimiento de uno de sus integrantes.
En tal sentido, señor Presidente, la ley en proyecto busca una meta que todos compartimos. No obstante, el camino elegido para aumentar la cantidad de donantes no creo que sea el mejor.
Primero, porque cambia la voluntad individual manifestada en cuanto a no querer ser donante. Eso no me parece correcto. Se trata de más de dos millones de chilenos que han declarado su intención de no ceder sus órganos y a los cuales se les desconocería su decisión, pese a que fue asumida libremente y a que se basa en su voluntad. Pienso que el Estado no la puede modificar.
Y segundo, no estimo aceptable que la decisión se deba adoptar en una notaría, porque dicho trámite es mucho más lejano para la ciudadanía que si se cumple en medio de una gestión que se hace normalmente.
Aumentemos la transparencia, aumentemos la información, aumentemos la privacidad en el momento de optar al respecto. Sobre todo, procuremos mayor publicidad en torno del tema de la donación.
Señor Presidente, como la iniciativa persigue una meta importante, pido segunda discusión a los efectos de volverla a revisar, porque pienso que hay que introducirle cambios fundamentales.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, lamento la discusión. Soy el autor del proyecto de ley original de donante universal y deploro mucho que el debate se esté dando en este espíritu. Porque entiendo que cada cual sustente ciertas convicciones morales legítimas, pero por encima de ellas se halla el hecho de que algunas personas en Chile van a morir porque no hay órganos donados. Muchos niños hospitalizados -lo que ha sido publicitado en los medios de comunicación- van a fallecer porque no tienen un corazón o un hígado de reemplazo. Muchas madres y padres en nuestra sociedad podrían vivir si hubiera ciertos principios de solidaridad, pero van a perecer por esa carencia.
Cuando hicimos la ley vigente, le pusimos el nombre de un niño que nunca debió haber muerto en Chile. Padecía un daño cardiaco. Esperó durante meses un corazón y, finalmente, falleció. Y ese menor, en cierta manera, representa el sufrimiento de muchas familias chilenas que esperan un órgano.
Actualmente, al año 2012, más de 73 enfermos aguardan un donante de riñón; cerca de 30, uno de hígado; más de 10, otro de corazón. Poseemos al respecto una de las tasas más bajas del planeta. En 2010 fue de 5,4 donantes por millón de habitantes. La podríamos comparar con la uruguaya, donde es de 20; o con la española, con 30 por millón. En esas sociedades ha habido un principio de solidaridad.
Originalmente, nuestra norma planteaba la señal de que todos los chilenos al nacer serían donantes, a menos que establecieran lo contrario. Pero donantes y receptores. Porque quiero recordar que cualquiera está sujeto a la eventualidad de que necesite a futuro un órgano, en particular porque nuestra sociedad está envejeciendo y la gente vive más años. Por ello, vamos a tener que hacer prácticas de trasplantes de tejidos diversos.
¿Qué pasó en esa legislación? Que con los mismos argumentos señalados acá por el Senador señor Coloma -que respeto-, se le puso un conjunto de trabas para que la donación fuera muy difícil.
Estoy de acuerdo con el Honorable señor Espina en cuanto a que una ley -que es una señal para la sociedad que busca educar, poner por delante la vida y la solidaridad- requiere la procuración de órganos. Vale decir, que exista un sistema nacional de estado de alerta, a fin de que cada vez que en cualquier lugar de Chile haya una persona con potencial riesgo de muerte cerebral se ejecute un procedimiento para que acuda un neurólogo para establecer el diagnóstico, un anestesista, un cirujano. Porque los órganos hay que extraérselos a una persona que tiene dignidad y vida y solo muerte cerebral. También la instancia debe contar con estudio de histocompatibilidad y con medios de transporte. Hoy deben solicitarse aviones a la Fuerza Aérea o a Carabineros, porque no se cuenta con aparatos especialmente dedicados al efecto.
Por consiguiente, se requieren recursos económicos, pasión, voluntad; pero, además, donantes de órganos.
¿Por qué se genera tal controversia? Cuando se plantea que la persona que quiera dejar de ser donante -la ley establece que todos lo somos- debe hacerlo mediante un acto notarial, se persigue que haya un momento de reflexión. Porque se ha visto -advierto que tal idea no es mía, sino una indicación del Ministro de Salud, con quien he tenido muchas y reiteradas diferencias, pero en este caso tiene razón- que cuando a los individuos, sin preparación alguna, se les pregunta -al respecto influyen los prejuicios que como autores intelectuales hemos generado sobre la materia, respecto de la muerte y otros asuntos- si están de acuerdo en donar sus órganos, debido a un reflejo medular tienden a decir que no, sin reflexionar y sin considerar la posibilidad de que también podrían requerir un donante y transformarse en receptores.
Entonces, para que lo anterior no sea un proceso automático ni reflejo, se dispuso que hubiera un acto que, de verdad, determine que la persona que quiere renunciar a su condición de donante cumpla un trámite para que su resolución tenga algún nivel de meditación. ¿Por qué lo digo? Porque antes de que propusiéramos el proyecto sobre donante universal, aquellos que deseaban ser donantes debían acudir a la notaría a hacer el trámite.
Si no cambiamos la actual historia ni variamos la situación, muchos niños y adultos van a morir. Y no hay nada más triste que fallezca un menor, una mujer madre o cualquier persona por una ley insuficiente. Pese a la actual tecnología, a los medios y a las capacidades disponibles tanto en el sistema público como privado, faltan donantes de órganos.
Es cierto que hay dificultades para obtener órganos y que faltan recursos. Pero, cuando son 5,4 donantes por millón de habitantes, en circunstancias de que países vecinos cuentan con 20 y de que naciones europeas como España con 30, significa que tenemos un problema. Y nosotros mismos, con este tipo de discusiones y con la manera en que se abordan ciertas situaciones estamos profundizando el prejuicio respecto a una de las acciones más maravillosas: que el fallecimiento de una persona permita que esa muerte genere nueva vida y favorezca a otros.
Cuando visito hospitales -lo hago muchas veces a la semana- y miro a los ojos a quienes han recibido un trasplante de hígado, de riñón, de corazón, percibo que les cambia la vida, vuelven a ser personas normales, a vivir, a florecer.
Y eso depende de nosotros. Es cierto que tenemos nuestros principios y convicciones morales. Pero hay una sociedad en espera de donación de órganos.
Podríamos discutir lo relativo a la muerte cerebral, a hacer más rigurosos los procedimientos. Pero, mediante la presente iniciativa, estamos estableciendo un mecanismo realista, sofisticado. Y la experiencia prueba que da resultados. En España y en Uruguay funciona mucho mejor que acá, con normas muy parecidas a la que nos ocupa.
No dejemos que la decisión sea solo una respuesta refleja a un problema complejo. Porque, es cierto, resulta muy difícil la determinación para una familia que ha perdido un ser querido, si no se especifica claramente en la ley qué hacer frente a alguien que señale, a veces con poca preparación y con falta de entrenamiento: "Queremos que nos done el órgano". Ello es muy doloroso, muy difícil; lo sabemos.
Elaboremos una ley sobre el particular. Insisto: yo no presenté esta iniciativa; ni siquiera la suscribí. Se trata de una indicación del Ministro de Salud de este Gobierno. Pero me parece absolutamente sensata, enfrentada a la realidad. Es concreta; considero que ayuda.
En tal sentido, hago un llamado a aprobar el proyecto. Efectivamente, las personas podrán renunciar a la condición de donante. Pero estimo adecuado que ese proceso implique algo más que responder una simple pregunta durante el trámite para obtener el carné de identidad o la licencia de conductor. Es decir, esto requiere más reflexión. Porque este es un tema complejo y vital, que es esencial para el país.
En este momento son muchos los compatriotas, mujeres, hombres, niños que esperan una donación de órgano. Se puede ingresar a la página de la Corporación del Trasplante y ver el nombre de las personas en lista de espera y que van a fallecer este año porque no hay órganos donados. Y ello ocurre porque carecemos de una política que garantice y provea una solución. Tampoco contamos con un sistema tecnológico y de recursos. Pero lo más grave de todo es que no hay órganos. Lo otro se puede arreglar.
Estoy seguro de que el actual Gobierno y el Ministro de Salud -quien ha vivido una experiencia propia-, no van a dilatar el tiempo para que, frente a la carencia de órganos, se genere un sistema que los procure.
Chile se encuentra en los últimos lugares del planeta en cuanto a donantes por millón de habitantes. Y de la decisión que tome el Senado dependerá que muchas personas puedan vivir a partir del sufrimiento de otro.
Eso es lo que sugiero.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Cantero, para un asunto de Reglamento.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, solicito autorización para que a partir de las 19 la Comisión de Educación pueda sesionar en paralelo con la Sala. Tenemos agenda e invitados. Por supuesto, en el momento en que se lleve adelante alguna votación, estaremos disponibles para regresar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en primer lugar, por lo que he escuchado, todos estamos de acuerdo en que debe potenciarse el acto de solidaridad que significa entregar un órgano para que otra persona viva.
El proyecto de ley, como está planteado, tiene una intención correcta. Se pueden establecer dos formas de manifestación de la voluntad: la expresa y la tácita. La iniciativa busca esta última; o sea, entender que todo chileno, por el solo hecho de nacer, es un potencial donante, salvo que, cumplidos los 18 años, exprese su negativa. Eso es un hecho. Podrá ser considerado insolidario y criticárselo, pero se trata de un derecho que nadie puede desconocer.
Respecto de la iniciativa -que seguramente aprobaremos en general y la perfeccionaremos en su trámite en particular-, tienen razón algunos señores Senadores, como el Honorable señor Espina, en lo relativo a que no se pueden dejar sin efecto, por el solo ministerio de la ley, las inscripciones efectuadas en el Registro de No Donantes. Eso no lo podemos hacer. Porque, como se menciona, se trata de alrededor de dos millones y medio de personas que han manifestado su voluntad de no ser donantes. No es posible obligarlos por ley a lo contrario. Por lo tanto, en mi concepto, esa disposición no puede aprobarse. Incluso, como se ha manifestado, creo que la norma podría lindar en la inconstitucionalidad. No obstante, pienso que es factible corregirla.
Por otro lado, en cuanto a la modificación del artículo 2º bis, que establece el trámite ante notario para manifestar la voluntad expresa de no ser donante, soy partidario de centralizar el trámite en el Registro Civil, porque este cuenta con más sedes que las notarías. Y si, además, el notario tendrá la obligación de mandar al Registro Civil la declaración de quien no quiere ser donante, es mejor que ella se haga expresamente en las oficinas de esa repartición y así evitar una doble tramitación.
Por otra parte, hay que dejar constancia de un procedimiento -no he revisado bien la ley vigente- respecto de aquellos que han expresado que no son donantes. Quizá se debería hacer una campaña de solidaridad. Lo que aquí se ha dicho es muy cierto, en cuanto a que hay reacciones cada vez que aparecen por televisión un niño, una mujer, un hombre en espera de un órgano para tener vida, pero fallecen por no haber donación. Con una campaña para sensibilizar a la población, seguramente estos dos millones y medio de no donantes podrían renunciar a esa decisión, pero habría que establecer un mecanismo también expreso, claro y preciso para facilitar la declaración de renuncia a ser no donante.
En consecuencia, me parece que debiéramos aprobar el proyecto, porque tiene un sentido lógico: facilitar y potenciar las donaciones y que ojalá haya todas las necesarias para salvar vidas humanas. Pero, al mismo tiempo, hay que ser claros. No podemos dejar sin vigencia la expresión de voluntad expresa de una persona por virtud de una ley. Uno podrá criticarla y sostener que es insolidaria, pero también debemos reconocer que, a pesar de que pensemos que está equivocada o que es egoísta, se encuentra en su derecho a hacer ese tipo de manifestación.
Por eso, aprobaré en general el proyecto; pero habrá que hacerle correcciones, a fin de que la iniciativa salga con toda la potencia necesaria y se logren los índices de donantes que mencionó el Senador señor Girardi. Efectivamente, lo expresado por él nos debe llamar la atención: que un país como el nuestro sea uno de los últimos en donaciones en relación con su población. Creo que eso no habla bien de nosotros. Por eso me parece que también deben llevarse adelante campañas de sensibilización, para que la gente tome nota de que la donación es un acto generoso y necesario para salvar vidas humanas.
El señor SABAG.- Señor Presidente, en diversas oportunidades, hemos sido conmovidos por la enfermedad grave de algún menor, hombre o mujer en espera de la donación de un órgano. Se hacen campañas y se habla por los medios de comunicación. Todo el mundo está pendiente y anhela que alguien done un órgano. Por lo tanto, como se ha señalado, este es un gesto de alta solidaridad y de amor al prójimo.
Por eso el proyecto en análisis tiene sentido. Fue presentado por varios Diputados que son médicos, entre ellos puedo señalar a Enrique Accorsi, Juan Luis Castro, Manuel Monsalve, Marco Antonio Núñez, Alberto Robles, Karla Rubilar y Víctor Torres, además de Jorge Burgos, Javier Macaya y Matías Walker, Diputados que no son médicos.
La presente iniciativa no contiene normas de quórum especial, y fue aprobada en general por unanimidad en la Comisión de Salud.
El proyecto, originado en moción de los parlamentarios mencionados, fue sustituido por el Ejecutivo porque consideró confuso su texto. La Comisión aceptó la nueva redacción propuesta por el Ministerio de Salud mediante una indicación, que establece que todas las personas mayores de 18 años serán consideradas donantes, a menos que expresen lo contrario a través de una declaración ante notario, quien deberá comunicar tal circunstancia al Servicio de Registro Civil para que se incluyan esos nombres en el Registro Nacional de No Donantes.
Dicho Servicio hoy día cuenta con la tecnología suficiente. A través del computador uno puede obtener todos los certificados y antecedentes que quiere. Por tanto, aquel debe ser el encargado de llevar tal Registro.
Yo voy a aprobar la idea de legislar, y espero que se perfeccione el texto en la discusión en particular: o se saca lo relativo a la declaración notarial de no donante o, sencillamente, se deja abierta la posibilidad de que esa manifestación de voluntad quede registrada en el carné. Yo renové hace poco mi cédula de identidad y ahí quedó establecida de inmediato mi calidad de donante o no donante. Esa es una manera práctica, efectiva y rápida de expresar dicha voluntad.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, los porfiados hechos hablan por sí solos.
En primer lugar, la ley en esta materia ha sido ineficaz a la hora de aumentar la cantidad de donaciones de órganos. En estricto rigor, han disminuido tanto el número de donantes como el de órganos donados.
En segundo término, el país necesita realizar al menos 200 trasplantes al año, pero apenas llegamos a los 86. O sea, estamos muy por debajo de lo que se requiere para salvar todas las vidas que esperan una donación.
El otro dato relevante es que las campañas efectuadas han sido ineficaces. Incluso, con todo lo que se informó acerca de la necesidad de donantes con motivo de la muerte del menor Felipe Cruzat, lamentablemente tampoco mejoraron las cifras.
En consecuencia, existe un vacío en nuestra legislación y, también, una carencia en la forma de incentivar a la comunidad para ser donante. Por lo mismo, debemos mejorar el sistema a través de una fórmula que permita incrementar la cantidad de donantes y de órganos donados.
Ese es el gran desafío que esta discusión en general nos plantea.
Sin quebrantar la voluntariedad de las declaraciones ya hechas, tenemos que procurar aumentar las donaciones de órganos y perfeccionar el mecanismo que posibilite elevar la cifra de donantes. En definitiva, se deben validar las manifestaciones de voluntad ya efectuadas y, al mismo tiempo, tratar de acrecentar sustancialmente el número de donaciones.
Está claro que una declaración para ser donante es un acto voluntario, no forzado, fruto de un acto reflexivo, que es muy distinto de lo que ocurre cuando uno renueva el carné de identidad o la licencia para conducir. Ahí la voluntariedad disminuye tanto que el acto deja de ser reflexivo y se transforma en irreflexivo, tal vez involuntario. Ello, obviamente repugna los principios básicos del Derecho, que acá se han señalado con el objeto de defender la validez de las declaraciones ya hechas, lo cual me parece bien.
Por lo tanto, señor Presidente, para simplificar el punto, creo que tenemos una gran oportunidad para mejorar el sistema, para crear un mecanismo que fortalezca la voluntariedad que debe existir en un acto tan importante para el propio donante y su familia.
En mi opinión, eso lo podemos hacer ahora. Con un plazo amplio para presentar indicaciones, es posible perfeccionar el sistema, resguardando la voluntariedad de las declaraciones efectuadas por parte de quienes ya tomaron una posición en un sentido o en otro.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi, en su segundo discurso.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, entiendo los argumentos que aquí se han dado para afirmar que no es posible vulnerar la manifestación de voluntad de las personas que se inscribieron en el Registro Nacional de No Donantes. Me parece lamentable y penoso para la sociedad chilena que 2 millones y medio de personas así lo hayan decidido. Como país, debemos reflexionar, porque se trata de una cifra vergonzosa.
Todo el mundo ha dicho que la donación de órganos es un acto solidario, de generosidad, de amor. Todo el mundo ha recordado cuánto se conmueve la opinión pública ante la situación de un niño o una niña que espera un órgano y que -insisto- muchas veces muere sin que este llegue. Todo el mundo se estremeció con el caso de la familia Cruzat.
No es posible que permanezcamos impávidos frente a la primera realidad descrita y solo nos conmovamos ante una situación dramática. Que haya 2 millones y medio de chilenos inscritos en el Registro de No Donantes es algo que nos debiera interpelar.
¿Cuál es el espíritu de este proyecto de ley? ¿Qué dijo el Ministro de Salud al respecto? Habría sido bueno que estuviera presente hoy en la Sala. Como no está, hablaré por él y defenderé su punto de vista. Dicho Secretario de Estado manifestó que, en el ejercicio libre de la voluntad de las personas que se declararon no donantes al momento de sacar o renovar algún tipo de documento, no hubo un adecuado proceso reflexivo, porque generalmente esos trámites se realizan de forma muy apurada. La iniciativa, al proponer que la persona manifieste su voluntad en una notaría, busca generar por lo menos un espacio de tiempo para reflexionar y conocer la información pertinente, antes de decidir si se es o no donante.
Además, muchas veces ni se pregunta cuál es la voluntad del concurrente. Y queda como no donante.
El señor PROKURICA.- ¿No se pregunta?
A mucha gente que va a sacar cédula de identidad o licencia para conducir nadie le pregunta nada. Y se le coloca nomás: "No donante".
Por eso, el sentido del proyecto apunta a que, si alguien no quiere ser donante, tenga la posibilidad de manifestarlo. Pero debemos contar con un mecanismo riguroso y confiable, como es disponer que se declare ante notario: "He ponderado toda la información, los pros y los contras, y no quiero ser donante". En mi opinión, ello equivale a decir: "¡No quiero ser generoso, no quiero ser solidario, no quiero ejercer ese acto de amor hacia el prójimo!".
Eso es lo que busca la iniciativa.
Un dato adicional, señor Presidente: si seguimos con la tasa de trasplantes renal que tenemos hoy día, nos demoraremos diez años en salvar la vida de todas las personas que hoy esperan un riñón. Pero eso no ocurrirá, porque morirán esperando. Y lo mismo pasa con quienes requieren un hígado.
En la lista de espera por un riñón, hay 1.186 pacientes, y este año se han realizado 73 trasplantes. En el caso del hígado, se registran más de 130 enfermos, y se han hecho un poco más de 20 trasplantes.
¿Se dan cuenta de la situación? Es realmente muy grave lo que está ocurriendo en nuestro país.
Reitero que la ley en proyecto no basta. Aquí lo ha dicho todo el mundo y hay que reafirmarlo: se debe contar con más recursos para el procuramiento de órganos; detectar la muerte cerebral en los pacientes para posibilitar los trasplantes; capacitar al personal de la salud, y realizar campañas comunicacionales, donde se establezca con claridad que esto es algo importante para la sociedad chilena. Además, conviene reforzar que decir "Yo soy donante" implica un "Yo soy receptor". O sea, en determinado minuto cualquiera puede requerir un órgano.
La gente se olvida de eso. Piensa que la donación de órganos siempre va a ser un acto positivo para otra persona y no repara en que puede serlo también para uno mismo o para un ser querido.
En consecuencia, llamo a aprobar en general el proyecto del Ministerio de Salud, del Gobierno de Chile.
Al parecer, los miembros de la Oposición somos los que más lo hemos respaldado. ¡Y después dicen que somos obstruccionistas, que ponemos obstáculos! Lo señalan todos, salvo el Senador Hernán Larraín, quien hoy en "La Segunda" plantea que hay que terminar con la campaña odiosa en contra de la ex Presidenta Bachelet, pues ello no ayuda a crear un buen clima.
Ojalá aprobemos la iniciativa, señor Presidente, y que luego, como expresó el colega Andrés Zaldívar, se le incorporen las modificaciones que sean necesarias en la Comisión de Salud.
El señor ESCALONA (Presidente).- Nuestra intención sería actuar en ese sentido, pero el Comité UDI ha pedido segunda discusión; de modo que no es posible efectuar hoy la votación.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, lamento que se haya solicitado segunda discusión, aunque el Comité que lo pidió está en su derecho. Y me parece bien que lo ejerza.
Según lo que se ha expresado, las palabras se quedan cortas ante la dramática realidad.
¡Cómo no va a ser doloroso saber que somos uno de los países más insolidarios en esta materia! Hay personas en listas de espera por un trasplante a las que se les podría salvar la vida, pero a este ritmo, como expresó el Senador Rossi, deberán aguardar diez años para que ello ocurra.
En verdad, cuesta comprender esa situación.
Señor Presidente, yo pedí la palabra por dos razones.
En primer lugar, creo que efectivamente no ha habido una buena campaña comunicacional, que logre revertir prejuicios. Y esto se arrastra desde hace mucho tiempo. No le asigno la responsabilidad solo al actual Gobierno.
Hace años me tocó participar en una campaña puerta a puerta junto con el Alcalde de La Pintana -hay que reconocerle que en eso siempre ha sido muy creativo- y algunos parlamentarios. Estuvimos un día completo yendo casa por casa. Nos repartimos en distintos sectores de esa comuna para hablar con los pobladores. Les preguntamos si estaban disponibles para convertirse en donantes, y los inscribimos.
Eso generó una lista muy importante. ¡Muy importante! Yo diría que, en proporción, esa comuna fue una de las que más donantes registraron. Sin embargo, en el diálogo que mantuvimos con los vecinos, nos dimos cuenta de que existen prejuicios sobre la materia.
Algunas personas creían cosas inverosímiles. ¡Para qué vamos a entrar en detalles! Basta indicar que hay prejuicios.
En definitiva, las campañas comunicacionales no han sido lo suficientemente convincentes como para permitirle a la gente comprender que el acto de donar un órgano significa la posibilidad de salvar una vida, o valorar el hecho de que se puede ser donante y también receptor. Porque nadie sabe lo que le deparará el destino; nadie sabe si la persona que hoy manifiesta ser donante mañana terminará siendo receptora.
¡Cuesta imaginarse que nuestro país exhiba una de las tasas más bajas de donantes! Ello -reitero- tiene mucho que ver con un problema comunicacional y con prejuicios que es necesario dejar atrás.
El asunto merece ser abordado de una manera mucho más eficaz. Se requiere una buena campaña de comunicación y espíritu de solidaridad.
Es cierto: cuando en la televisión se muestra un caso muy dramático, por algunos instantes la sociedad pareciera sensibilizarse. Pero esto dura poco; es bastante efímero. Luego se da otra noticia, y de inmediato el problema se acaba y el interés se centra en el siguiente tema.
Eso no nos hace bien como sociedad.
Mi decisión es votar el proyecto a favor, porque la línea a la cual apunta es positiva. La intención, la idea y el fondo que contiene son buenos.
Ahora, que es factible mejorar la iniciativa, ¡evidentemente! Quizás podamos llegar a un acuerdo respecto de la situación de quienes voluntariamente ya manifestaron ser no donantes. Se les podría llamar a una suerte de segunda reflexión, o dejar un espacio abierto para que reconsideren tal decisión. Tal vez esas personas, con el apoyo de una buena campaña comunicacional, cambien sus puntos de vista, dejen de lado los prejuicios y adopten una actitud positiva que permitirá salvar vidas.
Ojalá se hubiese votado hoy la iniciativa. Pero, bueno, se hará en la próxima sesión, después de terminar la segunda discusión. Hago un llamado a la Sala a que aprobemos la idea de legislar.
El señor ESCALONA (Presidente).- Está inscrito el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Intervendré mañana, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Está bien.
¡Luego de la exposición del Senador señor Rossi, se había generado una gran expectativa sobre la intervención de Su Señoría...! Pero la puede dejar para mañana.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la segunda discusión la pidió la jefa de nuestro Comité, Senadora Ena von Baer, quien desgraciadamente se retiró. De manera que no puedo cambiar...
El señor ESCALONA (Presidente).- Hay que ser disciplinado.
El señor LARRAÍN.- ... una decisión que tomó en tal calidad y, sobre todo, no estando ella presente.
El señor ESCALONA.- Muy bien.
El último inscrito, en esta ocasión, es el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, voy a referirme solo a un par de cosas.
Entiendo que estamos en la segunda discusión del proyecto.
La señora ALLENDE.- Se acaba de solicitar.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¡Ah! ¡Se ha pedido ahora segunda discusión!
El señor LARRAÍN.- En efecto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Sí. La solicitó el Comité Unión Demócrata Independiente.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¡Estoy en lo correcto, entonces!
El señor ESPINA.- ¡Pero no se enoje...!
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, ¿por qué no saca de la Sala al colega Espina...?
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡No puedo hacer nada, señor Senador, en este caso...!
El señor NOVOA.- ¡Sáquele un órgano...!
El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¡Una donación de cerebro no le haría mal...!
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Mis fuerzas son estériles ante este caso...!
La señora ALLENDE.- ¡No hay cómo...!
El señor ESPINA.- ¡Nadie está obligado a lo imposible...!
El señor ESCALONA (Presidente).- Continúe, Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, fuera de broma, no sé por qué se ha pedido segunda discusión.
La señora ALLENDE.- Yo tampoco.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Pero debo manifestar que una de las peores cosas que tenemos los chilenos es lo que ya señalaron algunos Senadores: somos un muy mal país en cuanto a donaciones de órganos, los que se requieren como una exigencia médica habitual.
En todo caso, no me extraña que exista poco interés en donar.
La donación de órganos -perdónenme que lo plantee de esta manera- es un acto de solidaridad pura; es permitir otra vida; es casi, mirado desde un punto de vista egoísta, como la perpetuación de uno mismo.
Sin embargo, en una sociedad donde lo último que existe como valor es la solidaridad, se entiende que la gente no quiera ser donante. ¡Es lógico! Estamos en un mundo que dice "no" a la solidaridad. Ante ello, ¿por qué alguien diría "sí" en materia de donación de órganos?
Y hay otro factor que deseo precisar.
Si postergamos la votación de la iniciativa, le daremos una pésima señal a la sociedad, que nos expresará: "Si ustedes no son capaces de despachar esta normativa lo más rápido posible, quiere decir que este no es un tema de interés.
Queridos colegas, para despachar el proyecto relativo a los robos de los famosos cajeros automáticos, nos demoramos 24 horas. En cambio, en la discusión del texto en debate, llevamos ene tiempo.
Entonces, ¡por favor!, creo que lo mínimo que podemos hacer es aprobar la iniciativa en general y mandarla a la Comisión para su estudio en particular. Allí, naturalmente, los constitucionalistas colocarán su impronta.
Sería triste y lamentable que mañana se informara que, por la razón que fuere, postergamos el tratamiento de esta materia.
Finalizo mis palabras al estilo en que lo suele hacer nuestro Vicepresidente:
¡Vivan los cajeros automáticos...!
¡Mueran las donaciones...!
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Faltó lo relativo a la Patagonia y a la nueva Constitución...!
El señor ESCALONA (Presidente).- Ha terminado el Orden del Día.
Se suspende la sesión por algunos minutos, a fin de llamar a los señores Senadores que se encuentran en Comisiones para que vengan a votar los proyectos de acuerdo.
--Se suspendió a las 19:19.
--Se reanudó a las 19:24.
Boletín N° s1484-12
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde ocuparse en un proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Alvear y Rincón y señores Bianchi, Frei (don Eduardo), Gómez, Lagos, Letelier, Pizarro, Quintana, Rossi, Sabag, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1484-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 22ª, en 5 de junio de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El proyecto de acuerdo tiene por objeto solicitar al Presidente de la República que instruya al Ministro de Salud para que, en conjunto con la Superintendencia de Salud y Fonasa, corrijan a la brevedad la exclusión de la modalidad de libre elección del Fondo Nacional de Salud que está afectando a un número importante de adultos mayores de nuestro país tras la publicación de la ley N° 20.531, que eximió total o parcialmente de la obligación de cotizar para salud a determinados pensionados.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (12 votos favorables).
Votaron las señoras Allende y Rincón y los señores Escalona, Girardi, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Pizarro, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
Boletín N° s1466-12
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Allende y Alvear y señores García, Larraín (don Hernán) y Tuma.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1466-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- El proyecto de acuerdo persigue la creación de un Grupo Bicameral de Transparencia, cuyo objetivo será impulsar las propuestas contenidas en la Declaración de Santiago sobre Transparencia e Integridad de los Parlamentos y Partidos Políticos.
En tal virtud, se invitará a la Cámara de Diputados a establecer el aludido Grupo Bicameral con el fin de avanzar en la ejecución de las propuestas contenidas en la referida Declaración, así como en iniciativas legales y políticas públicas que aseguren y profundicen la transparencia.
Votaron las señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Girardi, Larraín (don Hernán), Pizarro, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Boletín N° s1460-12
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Prokurica, señora Von Baer y señores Chahuán, García-Huidobro, Horvath, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos) y Orpis.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1460-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 10ª, en 11 de abril de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El proyecto de acuerdo propicia dar un nuevo impulso a la industria chilena del litio mediante contratos especiales de operación de este mineral.
Cabe informar que los Senadores señores Sabag y Walker (don Patricio) retiraron sus firmas del documento presentado.
Los objetivos del proyecto de acuerdo son:
1.- Reconocer la importancia de que Chile mantenga una posición de liderazgo y competitividad en el mercado mundial del litio en el que hoy juega un papel preponderante.
2.- Valorar en el marco del actual sistema jurídico que regula la explotación y producción del litio, el que se lleven adelante licitaciones internacionales, a través de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), como la vía más eficaz y transparente de reimpulsar la industria de ese mineral.
3.- Apoyar la vía de los CEOL, en la medida en que esta herramienta jurídica no altera en modo alguno la propiedad estatal de los yacimientos de litio ni su régimen de no concesibilidad vigente; exige respeto a la institucionalidad de medio ambiente, y le reporta al Estado de Chile recursos considerables.
4.- Establecer mecanismos para incorporar el litio a la cadena de valor.
5.- Solicitar al Gobierno que informe periódicamente del estado de avance del proceso de licitación, el desarrollo de los proyectos de inversión que se ejecuten, etcétera.
6.- Generar mecanismos para evitar la concentración en la explotación del mineral.
--Se rechaza el proyecto de acuerdo por falta de quórum (9 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa la señora Pérez (doña Lily) y los señores Chahuán, Coloma, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Prokurica y Uriarte.
Se abstuvieron los señores Pizarro y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESCALONA (Presidente).- Se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Ministro de Salud y a la señora Ministra del Medio Ambiente, requiriéndoles información sobre PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR CONTAMINACIÓN DE RÍO HUASCO EN SECTOR LAS BREAS. A la señora Ministra del Medio Ambiente, para que informe en cuanto a MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN, y a PROYECTO "CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUNTA ALCALDE", EN COMUNA DE HUASCO. A la señora Ministra del Medio Ambiente, pidiéndole antecedentes respecto a TRAMITACIÓN DE DECRETO SOBRE ZONA DE LATENCIA Y PLAN DE PREVENCIÓN PARA SECTORES DE COMUNA DE HUASCO. Al señor Director General de Gendarmería, solicitándole información acerca de "MESA BIPARTITA, DIRECCIÓN NACIONAL DE GENDARMERÍA-ADIPTGEN" Y DESARROLLO, ACCIONES, ACUERDOS Y CRONOGRAMA DE TAL INSTANCIA. Y al señor Secretario Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la Región de Atacama, para que informe sobre MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE TRABAJADORES ANTE CIERRE TEMPORAL DE CENTRO DE PRODUCCIÓN PORCINA EN HUASCO (Tercera Región).
Al señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero y al Secretario Ministerial de Salud de la Sexta Región, a fin de pedirles EVALUACIÓN DE PLAGA DE MURCIÉLAGOS EN POBLACIÓN SAN HERNÁN, COMUNA DE SAN FERNANDO (Sexta Región).
Al señor Ministro de Defensa Nacional, requiriéndole antecedentes acerca de DESCUENTOS A PENSIONADOS EN SISTEMA DE SALUD DEL EJÉRCITO, Y SISTEMA DE BENEFICIOS PARA FUNCIONARIOS EN RETIRO DE REGIONES. Al señor Ministro de Obras Públicas, para que remita información respecto a EVENTUAL AUTORIZACIÓN A EMPRESA ENERPLUS PARA REALIZACIÓN DE OBRAS EN RÍO ÑUBLE (Región del Biobío). Al señor Ministro de Obras Públicas, al señor Subsecretario de Pesca y al señor Alcalde de Penco, pidiéndoles informar sobre AFECTACIÓN A PESCADORES DE CALETA CERRO VERDE BAJO POR EXPROPIACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE BORDE COSTERO. Al señor Ministro de Salud y a la señora Ministra del Medio Ambiente, requiriéndoles información sobre PERMISO SANITARIO PARA DISPOSICIÓN DE CENIZAS PROVENIENTES DE PLANTAS DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA BOCAMINA, COMUNA DE CORONEL. A la señora Ministra del Medio Ambiente, para que remita copia de NUEVO REGLAMENTO DE SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADO POR CONSEJO DE MINISTROS PARA LA SUSTENTABILIDAD. Al señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, a fin de solicitar RESULTADOS DE ESTUDIO GEOLÓGICO REMITIDO EN 2010 A MUNICIPALIDAD DE SAN FABIÁN DE ALICO.
Del señor URIARTE:
Al señor Subsecretario de Telecomunicaciones, para que informe sobre FACTIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO DE ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL EN CUESTA DE LAS CARDAS, COMUNA DE OVALLE.
--Se levantó la sesión a las 19:33.