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Timestamp: 2019-07-21 06:34:28
Document Index: 242430526

Matched Legal Cases: ['artículo 269', 'artículo 269', 'artículo 269', 'artículo 13', 'Artículo 269', 'artículo 269', 'artículo 13', 'artículo 401', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 401', 'artículo 269', 'artículo 13', 'artículo 401', 'artículo 105', 'artículo 13', 'artículo 401', 'artículo 269', 'artículo 401', 'artículo 269', 'artículo 401', 'artículo 269', 'artículo 401', 'artículo 401', 'artículo 269', 'artículo 269', 'artículo 269', 'Artículo 269', 'artículo 269', 'artículo 42']

C-1116 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020007718CC-SENTENCIAC1116200325/11/2003CC-SENTENCIA_C_1116__2003_25/11/2003200077182003Sentencia C-1116/03 LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA -Cláusula general de competencia /LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA -Límites LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL Y PENITENCIARIA -Límites claros al estar de por medio derechos fundamentales /LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL Y PENITENCIARIA -Lineamientos señalados por la jurisprudencia LEGISLADOR -Competencia para establecer el quantum de las penas LEGISLADOR -Competencia para determinar cuáles conductas constituyen delitos y cuáles contravenciones LEGISLADOR -Competencia para trazar la política criminal del Estado no es absoluta POLITICA CRIMINAL DEL ESTADO -No puede ser objeto de un juicio de inconstitucionalidad LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE DELITOS Y CONTRAVENCIONES -Principios LEGISLADOR -Creación de figuras delictivas /LEGISLADOR -Graduación de penas /TIPO PENAL -Creación legislativa sometida a preceptos fundamentales LEGISLADOR -Igual trato jurídico a situaciones fácticas que pueden ser comparadas DERECHO A LA IGUALDAD -Trato diferenciado TRATO DIFERENCIADO -Test de igualdad TRATO DIFERENCIADO -Condiciones para ser considerado constitucionalmente legítimo La Corte ha establecido que el trato diferenciado para que se pueda considerar constitucionalmente legítimo, debe reunir las siguientes condiciones: i) que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho; ii) que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad; iii) que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales; iv) que el supuesto de hecho -esto es, la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga- sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna; v) que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican. DERECHO A LA IGUALDAD -Derecho objetivo y no formal PRINCIPIO DE IGUALDAD EN MATERIA PENAL -Imposibilidad de establecer vulneración TEST DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD -Aplicación se efectúa en etapas consecutivas y ordenadas DELITO PRETERINTENCIONAL -No implica necesariamente disminución de la pena CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL -Delitos que admiten desistimiento ACCION PENAL -Extinción PECULADO -Imposibilidad de extinción de la acción penal JUICIO DE IGUALDAD -Imposibilidad por no tratarse de situaciones fácticas idénticas SERVIDOR PUBLICO -Condición frente a los bienes del Estado es distinta a la de cualquier particular JUICIO DE IGUALDAD -No es dable la comparación de tipos penales cuyos bienes jurídicos protegidos son diferentes PRINCIPIO DE IGUALDAD -No vulneración Referencia: expediente D-4618
Ricardo Perilla UribeCONSTITUCIONALIDADÁlvaro Tafur Galvispor la cual se expide el Código PenalD4618Identificadores20020007719true18922Versión original20007719Identificadores
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 269 (parcial) de la Ley 599 de 2000 "por la cual se expide el Código Penal"
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Ricardo Perilla Uribe presentó demanda contra el artículo 269 (parcial) de la Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal".
Considerando que el accionante dentro del término legal corrigió la demanda, el Magistrado Sustanciador, mediante auto del 9 de junio de 2003, la admitió contra la expresión "antes de dictarse sentencia de primera o única instancia", contenida en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, en relación con el cargo de inconstitucionalidad formulado por violación del artículo 13 superior, y dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, y al Presidente del Congreso de la República, así como también al Ministro del Interior y de Justicia y al Fiscal General de la Nación, a fin de que, de estimarlo oportuno, conceptúen sobre la constitucionalidad de las normas acusadas.
Artículo 269. Reparación.El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, siantes de dictarse sentencia de primera o única instancia,el responsable restituyere el objeto material de delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado.
El demandante, afirma que las expresiones "antes de dictarse sentencia de primera o única instancia" contenidas en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000 vulneran el artículo 13 de la Constitución Política, pues establecen un tratamiento discriminatorio a las personas que incurran en la conducta tipificada en dicho artículo, frente al tratamiento que se da en las mismas circunstancias - en el artículo 401 del Código penal- a los servidores públicos que incurren en la misma conducta pero contra el patrimonio del Estado.
En este sentido afirma que "…la legislación penal no puede ni debe diferenciar entre una clase de delincuentes y otros, sólo para otorgar mejores beneficios, cuando en el fondo la lesión que sufren los bienes jurídicamente protegidos, son los mismos, así las consecuencias sean diversas…".
Concluye entonces que: "…Al no existir, una diferenciación y menos objetiva y razonable, entre el comportamiento de una persona que se apodera de bienes de las personas y uno que se apodera de bienes del Estado, el legislador no podía darle diferente trato, so pretexto de contar con libertad de configuración, sin estar violentando el artículo 13 superior…".
En ese contexto: "…el término procesal impuesto para acceder a la diminuente punitiva no puede ser ampliado a otras conductas sin consultar la naturaleza del bien jurídico, la gravedad de la conducta y los parámetros de política criminal aplicables a la conducta del particular…". Cita al respecto apartes de la sentencia C-646 de 2001.
Concluye que: "…el plazo fijado por el legislador para que el procesado acceda a la disminución de la pena establecida en el ordenamiento punitivo sustancial no constituye per se vulneración alguna de su derecho a la igualdad, cuando por el contrario su conducta atentatoria del patrimonio económico puede, en consideración del legislador, excluir la acción penal …".
Afirma al respecto que: "…es equivocado equiparar los supuestos fácticos consagrados en los artículos 269 y 401 del nuevo código penal, por cuanto su operancia esta destinada a obrar en bienes jurídicos totalmente distintos como lo son el patrimonio económico y la administración pública, aunado al hecho diferenciador de la calidad especial de servidor público o de deber legal con el estado que se exige en los segundos delitos de la referencia, que no se presentan en los primeros. Razón por la cual el legislador ha decidido regular diversamente dichas conductas delictivas, sin que eso implique desconocer el artículo 13 superior, debido a que no se está ante una misma hipótesis jurídica…".
Finalmente, aduce que en el supuesto que: "…se pudieran asimilar los artículos 269 y 401 de la ley 599 de 2000, se observa, que si bien es cierto la atenuación punitiva consagrada en la primera norma es más restrictiva en cuanto a su oportunidad procesal, con respecto a su par, también lo es que el quantum de rebaja en la sanción penal es mucho mayor que la prevista para el precepto 401 ibídem, con lo cual hay una compensación normativa que equipara las cargas…".
Considera que: "…tal asimilación es en exceso simple, y no solo desconoce los presupuestos típicos de los diferentes delitos a los que se refiere, sino también por esta misma vía, prescinde del análisis sobre el interés jurídico tutelado, y por ende, del verdadero contenido de antijuricidad de estas conductas…·" Es así como mediante la tipificación de los delitos de peculado, se describen comportamientos cuyo objeto material va más allá del Patrimonio Público, determinándose el perfeccionamiento de los diferentes tipos con fundamento en la especial relación funcional que existe entre el servidor público y los bienes que administra.
Aduce que en relación con el término preclusivo para la reparación del daño causado: "…dicha oportunidad procesal no puede interpretarse únicamente como un beneficio para el procesado, sino que tiene un doble sentido en la medida que permite, en lo posible, retrotraer las consecuencias nocivas del delito, favoreciendo de esta manera los intereses del titular damnificado mediato por la lesión al bien jurídico tutelado…". Lo anterior, toda vez que existe para el Estado una mayor posibilidad de retrotraer o remediar las consecuencias del delito que lo ha afectado.
De forma tal que: "…No es que el "delincuente de cuello blanco" cuente con una mayor posibilidad que el delincuente común para el ejercicio de las posibilidades procesales que se ofrecen, sino que el Estado como víctima, atendiendo a su dimensión eminentemente colectiva y social, tiene una mayor posibilidad de ser indemnizado…".
Estima que: "…El régimen punitivo establecido por el legislador para los delitos contra el patrimonio económico en materia de diminuentes y reparación de los perjuicios es diferente al consagrado para los delitos de peculado, resultando éste más severo en coherencia con la mayor gravedad de esta clase de infracciones penales, las que, valga resaltar, agreden a la sociedad en general, por cuanto conllevan un ejercicio inadecuado e ilícito de la función pública en detrimento de los bienes públicos o particulares que han sido confiados por razón de la investidura de servidor público…".
Para concluír, afirma que el artículo 401 del Código Penal no resulta ser más benévolo, frente a conductas que merecen un tratamiento punitivo más rígido, como son las que involucran la administración pública, sino que examinado integral y sistemáticamente el régimen punitivo, puede advertirse que: "si bien el legislador permite reconocer la diminuente por reparación en los delitos contra el patrimonio económico hasta antes de la sentencia de primera o única instancia, más no hasta la segunda, los sindicados por este tipo de reatos gozan a diferencia de los procesados por peculado, de una reducción de mayor proporción, pero además, pueden acogerse a otros mecanismos para extinguir la acción penal basados igualmente en la reparación integral del daño causado…".
Para el demandante las expresiones "antes de dictarse sentencia de primera o única instancia" contenidas en el artículo 269 de la Ley 599de 2000 - Código Penal -, desconocen el artículo 13 constitucional en cuanto estarían estableciendo una discriminación respecto de la oportunidad procesal para obtener la disminución de la pena entre las personas a quienes se aplica dicho artículo y aquellas a las que se les aplica el artículo 401 de la misma ley. Norma esta última que sería más benéfica para los implicados.
Entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional para la acción del Legislador en estas áreas, se encuentra aquel según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera política criminal y penitenciaria, que sea razonada y razonable, y en ese sentido se ajuste a la Constitución. Quiere decir esto, que en desarrollo de sus atribuciones, el Congreso de la República puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos, o cuáles se retiran del ordenamiento; puede asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas, de acuerdo con su ponderación del daño social que genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso; e igualmente, puede contemplar la creación de mecanismos que, orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad. En los términos utilizados recientemente por la Corte en la sentencia C-592/98 (M.P. Fabio Morón Díaz),"el legislador, en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular, puede establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones, pudiendo, incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros"[2]
"Esta Corporación, en las oportunidades en que ha revisado la constitucionalidad de algunas normas de la ley 228 de 1998, ha considerado que compete al legislador, conforme a la cláusula general de competencia, trazar la política criminal del Estado y determinar cuáles conductas constituyen delitos y cuáles contravenciones. Sobre el particular expresó la Corte en la sentencia C-198/97[3], lo siguiente:
2.4. Según las ideas expuestas por la Corte en la sentencia C-394 de 1996, en la libertad de configuración de los delitos y contravenciones el legislador se encuentra sometido a los principios de objetividad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad (...)"[5].
La Corte ha explicado además que solamente "en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad," correspondería al Juez Constitucional declarar la inexequibilidad de las disposiciones normativas dictadas por el Legislador en estas materias.
"Mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales, bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado" (…)
"La verificación acerca de si una sanción penal es suficiente o no respecto del delito para el cual se contempla encierra la elaboración de un juicio de valor que, excepto en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad, escapa al ámbito de competencia de los jueces. Si la Corte Constitucional pudiera, por el sólo hecho de la eliminación de la pena menor, porque la entiende tenue, cómplice y permisiva, retirar del ordenamiento jurídico una disposición, estaría distorsionando el sentido del control constitucional. La norma sería excluida del ordenamiento con base en el cotejo de factores extraños al análisis jurídico, ecuánime y razonado sobre el alcance de aquélla frente a los postulados y mandatos establecidos en la Constitución, que es lo propio de la enunciada función, cuyo objeto radica, de manera específica, en preservar la integridad y supremacía constitucionales. Calificaría exclusivamente, por tanto, asuntos de pura conveniencia, reservados a la Rama Legislativa del Poder Público"[6]
"Para la Corte no puede derivarse de la denominación -preterintencional- señalada por el legislador a una determinada conducta, la necesaria disminución de la pena atribuible, como lo alega la demandante al efectuar la comparación con el artículo 105 de la Ley 599 de 2000.
La potestad de configuración atribuida como ya se ha dicho al Legislador en materia penal no solo permite castigar más severamente esta conducta sin desbordar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad reseñados, sino que en el presente caso frente a la comparación planteada por la demandante no se vislumbra ninguna violación del artículo 13 constitucional, al tratarse de delitos con distintos elementos y bienes jurídicos vulnerados, sin que la denominación de preterintencional de la conducta señalada en ambos casos contradiga esta circunstancia."[13]
La norma de la que hacen parte las expresiones acusadas -art. 269 de la Ley 599 de 2000-, se encuentra dentro del título VII sobre "delitos contra el patrimonio económico", capítulo IX sobre "disposiciones comunes a los capítulos anteriores"[14] , es decir a los capítulos I del Hurto, II de la extorsión, III de la estafa, IV, del fraude mediante cheque, V del abuso de confianza, VI de las defraudaciones, VII de la usurpación, VIII del daño del mismo título de la Ley 599 de 2000.
La norma con la que se le compara por el demandante -artículo 401 de la Ley 599 de 2000-, figura dentro del Título XV sobre "delitos contra la Administración Pública", capítulo I "del peculado" de la misma ley[15].
Cabe señalar así mismo que mientras en el caso I) del artículo 269 de la Ley 599 de 2000 el juez disminuirá las penas establecidas para los delitos tipificados en el titulo VII del Código Penal[18]de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado, II) de acuerdo con el artículo 401 de la misma ley, en el caso de los diferentes tipos de peculado que regulan los artículos 397 a 400 de la Ley 599 de 2000, la pena se disminuirá en la mitad, si antes de iniciarse la investigación, el agente, por sí o por tercera persona, hiciere cesar el mal uso, reparare lo dañado o reintegrare lo apropiado, perdido, extraviado, o su valor; Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda instancia, la pena se disminuirá en una tercera parte; Cuando el reintegro fuere parcial, el juez deberá, proporcionalmente, disminuir la pena en una cuarta parte.
Tampoco toma en cuenta el actor que las normas que compara no solamente regulan de manera diferente la oportunidad procesal para solicitar la disminución de la pena (antes de dictarse sentencia de primera o única instancia en el caso del artículo 269 de la ley 599 de 2000; antes de iniciarse la investigación y antes de dictarse sentencia de segunda instancia en el caso del artículo 401 de la misma ley), que es en relación con la cual encuentra una supuesta discriminación, sino también el quantum de dicha disminución (de la mitad a las tres cuartas partes en el caso del artículo 269 de la ley 599 de 2000; en la mitad, en una tercera parte, o proporcionalmente enuna cuarta parte, en los supuestos a que alude el artículo 401 de la Ley 599 de 2000), que en el caso del artículo 401 es inferior a la que se establece en el artículo 269 de la misma ley.
Así las cosas es claro que no asiste razón al demandante en relación con la acusación formulada contra las expresiones "antes de dictarse sentencia de primera o única instancia" contenidas en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, por la supuesta vulneración del principio de igualdad, por lo que esta Corporación declarará su exequibilidad en la parte resolutiva de la sentencia, respecto del cargo planteado.
DeclararEXEQUIBLES, por el cargo formulado, las expresiones "antes de dictarse sentencia de primera o única instancia" contenidas en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000 "por la cual se expide el Código Penal"
Exequible por el cargo formulado (las expresiones... ) Artículo 269 LEY_599_2000_24/07/2000
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 269 (parcial) de la Ley 599 de 2000 "Código Penal".
[1]Ver entre otras las sentencias C-173 y C-551 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[2]Sentencia C-1404/2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alvaro Tafur Galvis.
[3]Sentencia C-198/97. M.P. Fabio Morón Díaz.
[4]Sentencia C-364/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Subrayas fuera de texto.
[5]Sentencia C-746/98 M.P. Antonio Barrera Carbonell
[6]Sentencia C-013 de 1997 M. P. José Gregorio Hernández Galindo
[7]Ver, entre otras, las sentencias . T-02 de 1992 y T-230 de 1994, entre muchas otras.
[8]Dichos elementos fueron establecidos en la Sentencia C-530/1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero y reiterados en numerosas ocasiones. Sobre ese tema puede encontrarse un completo recuento en la sentencia C-093 de 2001Ver así mismo, entre otras las Sentencias. Y C-031/03 A.V. Alfredo Beltrán Sierra
[9]En múltiples oportunidades esta Corporación ha explicado que. "la aplicación de los "tests" de razonabilidad y proporcionalidad se efectúa en etapas consecutivas y ordenadas (…)El orden de estas etapas corresponde a necesidades no sólo lógicas sino también metodológicas: el test del trato desigual pasa a una etapa subsiguiente sólo si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior."Ver Sentencia C-022/96 M.P. Carlos Gaviria Díaz En el mismo sentido, ver sentencias T-230 de 1994, T-563 de 1994, C-337 de 1997, T-454 de 1998, T-861 de 1999, C-445 de 1995, C-673 de 1999, entre muchas otras.
[10]Corte Constitucional. Sentencia C-221/92 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[11]Ver Sentencia C-1063/00 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[12]Ver Sentencia C-133/94 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[13]Sentencia C-551/01 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[14]CAPITULO IX.
[15]TITULO XV.
[16]Las expresiones "cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes " que hacían parte de dicho artículo fueron declaradas INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C760 de 2001 95 de 18 de julio de 2001, Magistrados Ponentes Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra y Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[17]El artículo 42 aludido precisa que La extinción de la acción a que se refiere el presente artículo no podrá proferirse en otro proceso respecto de las personas en cuyo favor se haya proferido resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación por este motivo, dentro de los cinco (5) años anteriores. Para el efecto, la Fiscalía General de la Nación llevará un registro de las decisiones que se hayan proferido por aplicación de este artículo. Así mismo señala que la reparación integral se efectuará con base en el avalúo que de los perjuicios haga un perito, a menos que exista acuerdo sobre el mismo o el perjudicado manifieste expresamente haber sido indemnizado.
[18]Hurto (art.240 ), Hurto calificado (art. 241), alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (art. 243), extorsión (art 244), estafa (art. 246), emisión y tranferencia ilegal de cheque (art. 248), abuso de confianza (art. 249), abuso de confianza calificado (art 250), abuso de condiciones de inferioridad (art.251), aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (art.252), alzamiento de bienes (art.253), sustracción de bien propio (art.254), disposición de bien propio gravado con prenda (art.255), defraudación de fluidos (art.256), del acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones (art.257), utilización indebida de información privilegiada (art.258), malversación y dilapidación de bienes (art.259), gestión indebida de recursos sociales (art.260), usurpación de tierras (art.261), usurpación de aguas (art.262). invasión de tierras o edificaciones (art.263), perturbación de la posesión sobre inmueble (art.264) y daño en bien ajeno (art.265).
[19]Ver, entre otras, la sentencia C-087/97 M.P. Fabio Morón Díaz