Source: http://saladeprensa.org/art62.htm
Timestamp: 2018-12-11 02:57:39
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Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 3']

El régimen jurídico de la televisión en España
Inmaculada Higueras *
A lo largo de los años 80 el marco legal de la televisión en España, al igual que en el resto de Europa (1) ha ido evolucionando desde la defensa del servicio público, con unas posturas iniciales que sostienen el monopolio por parte del Estado, hasta la creciente privatización en la gestión del medio televisivo. Este planteamiento ha dado como resultado un sistema mixto de gestión de la televisión.
Hoy en España encontramos:
una televisión pública con dos canales de ámbito nacional,
tres cadenas privadas de ámbito nacional (uno de ellos de pago)
televisiones autonómicas en algunas de las comunidades autónomas
televisiones por cable
televisión local por ondas terrestres
2 plataformas digitales: Canal Satélite Digital y Vía Digital. (que ahora mismo difunden vía satélite)
El régimen jurídico de la televisión en España se ha apoyado sobre todo en dos conceptos que aparecen en el fondo de toda la regulación:
El primero de ellos es la idea de que la televisión es un servicio público esencial de titularidad estatal.
En España, la televisión queda configurada como Servicio Público Esencial cuyo titular es el Estado. Frente a otras formas de difusión de la información o el entretenimiento, la televisión es un servicio público. Consecuentemente, cuando se apruebe la televisión privada se hará en régimen de gestión indirecta de un servicio público del que continua siendo titular el Estado.
Sin embargo esto parece que va a cambiar. El proyecto de ley general de telecomunicaciones rompe con esta idea y ya no considera la televisión como servicio público. De cualquier modo, todavía no está en vigor, y esta idea de servicio público ha marcado y todavía marca, la situación de la televisión en España.
Junto a la noción de servicio público esencial, se aducía además, otra circunstancia que justificaba el monopolio estatal de la radiodifusión. Se trata de la limitación del espacio radioeléctrico. Dado que la posibilidad de difusión estaba técnicamente limitada, correspondía al Estado el control del uso del espacio público por el que se difunden las ondas radioeléctricas que transmiten la señal de televisión.
Ambos criterios se combinan al configurar el marco general por el que discurre la regulación de la televisión en España hasta fechas muy recientes.
Con estos criterios como telón de fondo, ¿cuál es la evolución que sigue la normativa de la televisión en España? en líneas generales, esta evolución es similar a la de otros países europeos. Ha existido un monopolio estatal de la televisión hasta los años 80 en los que paulatinamente se va liberalizando el sector hasta alcanzar la situación actual en la que conviven la televisión pública y la televisión comercial, a la que se han ido incorporando nuevas normas con el paulatino desarrollo de los diferentes soportes técnicos de transporte de señal: hertziana , por cable, satélite y desde el último año, se ha incorporado también la televisión digital.
Creo que resulta muy expresivo de esta evolución fijarnos en cómo en 1978, (por tomar como primera referencia la fecha en la que se aprueba la Constitución española), la televisión en España constituye un monopolio estatal.
Una década después, en 1988 la ley de televisión privada introduce la gestión indirecta del servicio público de televisión.
Y así asistimos, una década después, en 1998, a la liberalización de las telecomunicaciones cuya expresión en el campo del audiovisual va unida a la televisión digital.
Además, dos fuerzas van a determinar la evolución de régimen jurídico de la televisión en España y a actuar como catalizadores del cambio.
En primer lugar, este proceso liberalizador tiene una conexión muy importante con la incorporación de España a la Unión Europea desde el año 1986. El papel de Unión Europea en el desarrollo de la regulación de las telecomunicaciones, entre las que se inscribe la televisión, es enormemente influyente.Y sobre todo en su liberalización, en la pérdida del monopolio estatal que había sido una constante en Europa hasta ese momento.
En segundo lugar, tiene un papel determinante la evolución de la jurisprudencia Constitucional. El cambio de tendencia que el Tribunal experimenta al abordar cuestiones televisivas va a actuar también como factor de cambio puesto que va a instar al legislador a regular algunas modalidades televisivas.
El papel de la jurisprudencia constitucional ha sido fundamental en una cuestión como la que abordamos. Esta función decisiva se aprecia claramente si observamos la evolución de la jurisprudencia constitucional que va desde la constitucionalización del principio de servicio público de titularidad estatal a principios de los ochenta hasta el reconocimiento de que el deliberado vacío legal que el legislador estaba manteniendo en determinadas modalidades televisivas (la televisión por cable y la televisión de ámbito local) constituía en la práctica la privación del ejercicio de un derecho fundamental. Este cambio en la doctrina del Tribunal Constitucional actúa por tanto, impulsando al legislador a regular el cable y la televisión local.
Estos son algunos de los factores que están en el fondo de la regulación, pero veamos ahora con más detalle cómo queda configurado el sistema español de televisión.
El derecho a la información y la televisión como servicio público esencial de titularidad estatal
El régimen jurídico de la televisión tiene su fundamento constitucional en el artículo 20 de la Constitución que reconoce y protege el derecho a recibir y difundir información veraz por cualquier medio de difusión(2). Inmediatamente lo que se plantea es si "este derecho a difundir información por cualquier medio incluye también la televisión".
El constituyente deja abierta esta cuestión. Para interpretarla es preciso atender a dos actuaciones posteriores: una legislativa y otra jurisprudencial.
En 1980 se promulga el Estatuto de la Radio y la Televisión, de 10 de enero. Esta va a ser una norma clave del ordenamiento televisivo en nuestro país, que va a cimentar el marco jurídico del medio televisivo: desde ese momento, la televisión en España queda configurada como un servicio público esencial de titularidad estatal. (3)
La aprobación del Estatuto desencadena la polémica acerca de los fundamentos constitucionales de la televisión privada, una polémica sobre la que va a tener que pronunciarse a partir de ese momento el Tribunal Constitucional.
En una de las más importantes sentencias sobre la Constitucionalidad de la televisión privada, (el caso de Antena 3) en 1982, el Tribunal Constitucional entiende que el derecho a crear libremente emisoras de televisión está reconocido y garantizado de forma implícita en el artículo 20 de la Constitución; ahora bien, el Tribunal entiende que tanto su ejercicio, como las modalidades y los límites de ese mismo ejercicio dependen de la voluntad del legislador ordinario. Una voluntad cuyo signo no va a cambiar hasta 1988.
La desrregulación del medio: la gestión indirecta del servicio público de televisión
Sin embargo, un primer gesto de apertura por parte del legislador en la gestión de la televisión se produce en 1983 con la aprobación de la Ley del Tercer Canal de televisión (4). Esta ley otorga en régimen de concesión y para el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma la posibilidad de gestionar una televisión, en los términos fijados por sus respectivos Estatutos de Autonomía y por el Estatuto de Radio y Televisión(5).
Todavía está lejos la gestión privada de la televisión, pero dentro de la gestión pública de este servicio esencial, aparece por primera vez una forma de gestión indirecta. Se trata por tanto, de la primera descentralización de la gestión del medio televisivo, pero todavía dentro del ámbito de lo público.
Llegan las estaciones comerciales
Es preciso esperar hasta 1988 para encontrar la norma que por fin rompe el monopolio de la administración central o autonómica en la gestión del servicio público televisivo. La ley de televisión privada(6) contempla la gestión indirecta de la televisión a través de sociedades privadas, con marcadas limitaciones económicas y jurídicas. El preámbulo de la ley recuerda no sólo la concepción de la televisión como servicio público esencial de titularidad estatal, sino también cómo el propio Tribunal Constitucional ha consagrado tal concepción (cita las sentencias 12/82 y 74/82 del Tribunal Constitucional) al mantener que la televisión privada no estaba constitucionalmente impedida, pero que su implantación no era una exigencia jurídico-constitucional, sino una decisión política que podía adoptar el gobierno. En este contexto hay que considerar la ley.
El objeto de la concesión administrativa es la gestión indirecta del servicio mediante la emisión de programas con cobertura nacional y con programaciones de carácter generalista, no especializadas(7).
Entre otras muchas cuestiones, la ley incluye una serie de medidas acerca de la programación y los contenidos televisivos, pero quien verdaderamente ha tenido un interés destacado por los contenidos ha sido la Unión Europea.
En 1989, la Unión Europea aborda la regulación de la televisión con la conocida como Directiva de Televisión sin Fronteras(8); y lo hace porque considera que las emisiones televisivas transfronterizas son, por una parte, uno de los medios que permiten perseguir los objetivos de la Comunidad, (fundamentalmente, avanzar en la idea de unidad entre los pueblos europeos) y, por otra, que la televisión es un servicio y el Tratado de la Unión dispone el establecimiento de un mercado común que incluye la supresión entre los Estados miembros de los obstáculos a la libre circulación de servicios).
La Comunidad tiene en cuenta además que "el servicio de televisión" es una manifestación específica de la libertad de expresión consagrada en el art. 10.1. del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, y que las directivas que regulen esta materia deben garantizar el ejercicio de la actividad de difusión televisiva a la luz de este artículo.
La Unión Europea considera que las disparidades en los ordenamientos internos de los diferentes Estados en materia audiovisual pueden obstaculizar la libre circulación de las emisiones televisivas en la comunidad y distorsionar el mercado común. Y a evitar esto se dirige la Directiva.
Sin embargo, la Unión Europea es consciente desde el momento de su aprobación de que una Directiva de esta naturaleza va a estar necesitada de constante y continua revisión.
Este proceso tiene como resultado la aprobación, el 30 de junio de 1997, de la directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
La norma comunitaria establece el principio general de la televisión sin fronteras exigiendo que los distintos Estados miembros garanticen la libertad de recepción y no obstaculicen la retransmisión en sus territorios de emisiones de televisivas procedentes de otros Estados miembros. Es decir, sobre todo se trata de que se eliminen los obstáculos jurídicos o técnicos, que pudieran dificultar la recepción de las mencionadas emisiones. (9 y 10)
Criterios técnicos (nuevas modalidades televisivas: Televisión local, Televisión por cable, y de nuevo, televisión por satélite: diciembre de 1995)
El año anterior a la ley de televisión privada en 1987, se había promulgado la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones(11) que va a ser la primera de una serie de normas que basculan en torno a criterios técnicos. La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones configura éstas como servicios esenciales de titularidad estatal, reservados al sector público. El Estado se reserva la gestión, con las facultades de administración y control a ella inherentes, del dominio público radioeléctrico.
Se trata de una norma eminentemente técnica, en la que va a descansar la regulación tecnológica de la televisión y que precisamente por este marcado rasgo técnico ha ido quedándose progresivamente desfasada(12).
Esta primera norma de telecomunicaciones va a ir seguida, en 1992 de la ley de televisión por satélite(13), que apenas alcanza un periodo de vigencia de tres años, puesto que en diciembre de 1995 la ley de televisión por satélite quedará derogada y será sustituida por la ley de telecomunicaciones por satélite (ley 37/1995).(14)
Por otra parte, la televisión por cable y la televisión local se encontraban en una situación atípica desde hacía tiempo.
En la práctica, estas modalidades televisivas carentes de regulación se controlaban a través de los cierres administrativos impulsados por aquellos gobernadores civiles y delegados del gobierno que entendían la falta de regulación como imposibilidad de desarrollar estas iniciativas televisivas.
Finalmente, y como consecuencia de las sentencias del Tribunal Constitucional de 1994, el legislador español se verá forzado a dotar a estas televisiones de un marco jurídico propio.
Así, en diciembre de 1995 (15) se aprueban las leyes de televisión local por ondas terrestres, telecomunicaciones por cable, y la nueva ley de telecomunicaciones por satélite que sustituye a la ley de televisión por satélite de 1992 e incluye la regulación de otros servicios de telecomunicaciones por satélite.
La televisión digital(16)
La última novedad en el sector audiovisual español la ha protagonizado la irrupción de la televisión digital. Esta nueva modalidad televisiva supone, ante todo un cambio técnico que permite el incremento en el número de canales, lo que aumenta la posibilidad de oferta de servicios, y una mejora en la calidad de la recepción(17).
La televisión digital está provocando la confluencia del audiovisual, de las telecomunicaciones y la informática, en un proceso de avance tecnológico que precisa fuertes inversiones, sobre todo en infraestructuras y programación. El peligro consiguiente es que para hacer frente a las inversiones necesarias se avance en los procesos de concentración informativa que den lugar a posiciones dominantes en el mercado que pueden afectar al pluralismo informativo.
La televisión digital se enmarca en el contexto de liberalización y apertura del sector de las telecomunicaciones que constituye uno de los grandes proyectos de la Unión Europea en los años 90: la construcción de la Sociedad de la Información.
Desde el punto de vista jurídico probablemente lo más destacable sea el hecho de que la televisión digital desplaza por completo los dos criterios sobre los que se había construido el régimen jurídico de la televisión en España.
La cuestión técnica de limitación del espacio radioeléctrico ha perdido validez por motivos obvios, puesto que la nueva tecnología digital permite la difusión de un número de canales potencialmente ilimitado.
Por otra parte, el argumento jurídico que había venido consagrando la idea de servicio público esencial de titularidad estatal está igualmente en trance de desaparición, ya que la futura Ley General de Telecomunicaciones(18) siguiendo las pautas liberalizadoras de la Unión Europea, definirá las telecomunicaciones como "servicios de interés general" que se prestan en régimen de competencia, teniendo sólo la consideración de servicio público los servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional y para la protección civil.
En este sentido, las últimas novedades legislativas son la
Ley 12/1997, de 24 de abril, de liberalización de las telecomunicaciones que nace como respuesta a la necesidad de adaptar la legislación española a la normativa comunitaria que prevé plazos máximos para la liberalización. La ley se dirige, según su preámbulo, a crear las condiciones que garanticen la libre concurrencia en la mercado y la igualdad de trato a los operadores del sector.
La principal novedad que incorpora esta ley es la creación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones como entidad de derecho público, adscrita al Ministerio de Fomento. El objeto de esta comisión es "salvaguardar, en beneficio de los ciudadanos las condiciones de competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios audiovisuales, telemáticos e interactivos, velar por la correcta formación de los precios en este mercado y ejercer de órgano arbitral en los conflictos que surjan en el sector."
Estos planteamientos, obligan a modificar la Ley de Ordenación de las Telecomunicacionas así como la Ley de Telecomunicaciones por Cable para adaptarlas a sus prescripciones liberalizadoras.
Por otra parte, la Unión Europea considera imprescindible establecer normas comunes para la transmisión digital de señales de televisión por cable, por satélite o por medios terrestres para favorecer eficazmente la libre competencia, haciendo obligatoria en la Unión Europea la inclusión de un algoritmo común europeo de codificación en los equipos destinados al público a fin de garantizar que todos los proveedores de servicios de televisión de pago puedan, en principio, ofrecer sus programas a todos los consumidores de televisión de pago en la Comunidad."
En aplicación de estos principios se aprobó la Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión, cuya transposición al derecho español se llevó a cabo mediante la ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que se incorpora al derecho español la directiva 95/47/CE de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del consejo, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector (conocida como ley sobre la televisión digital).
La televisión digital está utilizando fundamentalmente en servicios de televisión de pago, sus operadores utilizan un servicio de acceso condicional para proteger sus intereses, así como los de los titulares de los derechos de los programas.
La directiva, y por tanto la ley española, fija las condiciones del acceso condicional que pasan por la capacidad de descodificar según el algoritmo común europeo y la capacidad de reproducir las señales transmitidas sin codificación.
En este sentido, la ley española impone la obligatoriedad de que la conexión sea de interfaz abierto y permita conectar fácilmente equipos periféricos(19).
En consecuencia, ningún elemento técnico para condicionar el acceso a los servicios de televisión digital de pago puede llegar a convertirse en medio para frustrar los objetivos marcados por la directiva y restringir o violar la libre y leal competencia en beneficio de un operador.
Ley 21/1997, de 3 de julio, de emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos(20).
La ley destaca la importancia social de las retransmisiones audiovisuales de los acontecimientos deportivos de especial relevancia, lo que les confiere un indudable interés público, que exige garantizar, sobre apoyos constitucionales explícitos, los legítimos derechos de los consumidores a acceder a dichas retransmisiones, así como la eficaz protección de los diversos intereses deportivos y mercantiles afectados.
Por otra parte, los avances tecnológicos en el ámbito de las telecomunicaciones pueden conducir a situaciones de restricción del mercado, que lesionen la libertad de concurrencia de los operadores de los medios de comunicación audiovisual. (Que era lo que efectivamente podía ocurrir puesto que la ley llega cuando en España se están negociando los derechos de retransmisiones deportivas con unos contratos sin precedentes en la historia de las retransmisiones por televisión)
Todo ello justifica la adopción de medidas que salvaguarden el derecho de acceso a la información y que a la vez faciliten la libre concurrencia de las empresas informativas. Este es un objetivo perseguido igualmente en el ámbito de la Unión Europea, que introduce esta cuestión en la revisión de la directiva de televisión sin fronteras (21).
Por último cabe avanzar que el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital: elaborado por el Ministerio de Fomento y en fase de estudio por el consejo asesor de telecomunicaciones contempla un periodo máximo de diez años para que las emisiones en analógico terminen definitivamente. La aplicación de ese plazo responde a la intención de aplicar en España la experiencia de otros países como el Reino Unido, donde también se acordó que fuera una década el periodo de adaptación.
Por tanto, después de todo lo dicho hasta ahora podríamos decir que la situación actual de la televisión en España se caracteriza por
La abundancia de normas. Como hemos visto existen muchas normas que regulan la televisión, que parten tanto del legislador español como del comunitario.
Al mismo tiempo, es destacable la dependencia tecnológica que presenta la normativa, lo que hace que se vaya quedando obsoleta con una gran rapidez y precise modificaciones, y reajustes continuos(22).
Es fundamental el papel desempeñado por la Unión Europea en la regulación del audiovisual, las telecomunicaciones y la televisión, que es lo que nos ocupa.
La incidencia de la Unión Europea tiene desde mi punto de vista una doble consecuencia: por una parte, servir de impulsor de una liberalización de las telecomunicaciones en toda Europa que difícilmente se hubiera alcanzado con igual rapidez y eficacia en caso de depender de los diferentes países, pero por otra parte, la necesidad de cumplir la política de telecomunicaciones de la Unión Europea hace que las posibilidades de acción en este campo de cada uno de los respectivos países se vean muy limitadas y la capacidad de acción de cada Estado por separado se vea muy reducida.
Ahora mismo el audiovisual se encuentra en un momento de cambio con base en la revolución tecnológica que supone ya la televisión digital. Las consecuencias de la implantanción de la televisión digital serán el próximo reto y entre ellas se adivinan ya como desafíos para el derecho de la información; puesto que la televisión digital requiere grandes inversiones en infraestructuras, programación, control de acceso y gestión de clientes. Ante el volumen de estas inversiones se están formando numerosas e importantes alianzas estratégicas entre operadores de todo tipo, y esto aumenta el riesgo de abuso de posición dominante y amenaza la libre competencia. Habrá que ver cómo se conjugan estas actuaciones con la necesaria pluralidad en la información.
Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión. (B.O.E. núm. 11, de 12 de enero de 1980).
Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión. (B.O.E. núm. 4, de 5 de enero de 1984).
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones. (B.O.E. núm. 303 de 19 de diciembre de 1987).
Ley 10/1988, de 3 de mayo. (B.O.E. núm. 108, de 5 de mayo de 1988).
Ley 34/1988, de noviembre, General de Publicidad. (B.O.E. núm. 274, de 15 de noviembre de 1988).
Ley 35/1992, de 22 de diciembre de televisión por satélite. (B.O.E. núm. 308 de 24 de diciembre de 1992).
Ley 35/1995, de 12 de diciembre, de telecomunicaciones por satélite. (B.O.E. núm. 308, de 24 de diciembre de 1992).
Directiva del Consejo 89/552, de 3 de octubre, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. (B.O.E. núm. 166, de 13 de julio de 1994).
Ley 42/1995, de 22 de diciembre de 1995, de las telecomunicaciones por cable. (B.O.E.núm. 306, 23 de diciembre de 1995).
Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres. (B.O.E. núm. 309 de 27 de diciembre de 1995).
Ley 37/1995, de 12 de diciembre, de telecomunicaciones por satélite. B.O.E. núm. 297, 13 de diciembre de 1995).
Nueva directiva que modifica la directiva de televisión sin fronteras.
Tele digital:
Ley 12/1997, de 24 de abril, de liberalización de las telecomunicaciones. (Sustituye el Real-Decreto Ley 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las telecomunicaciones que había creado la comisión del mercado de las telecomunicaciones).
Ley 17/1997, de televisión digital que es transposición de la directiva 95/47/CE.
Ley 21/1997, de retransmisión de acontecimientos deportivos.
Proyecto de ley general de telecomunicaciones más plan técnico nacional.
1. Para el estudio de la evolución de la televisión en Europa, al menos en Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia, Cfr.José Carlos Laguna de Paz (1994) 35
2. En las facultades de comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión (20.1.d), o de expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones (20.1.a) parece estar reconocido implícitamente el derecho a constituir libremente empresas informativas. De otro modo, un derecho para el que no se reconoce la posibilidad de creación de los medios materiales que lo hacen posible parece que quedaría vacío de contenido. Pero la falta de explicitación del constituyente no facilita ni mucho menos la interpretación unívoca de este precepto.
3. Cfr. artículo. 1.2. Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión. (B.O.E. núm. 11, de 12 de enero de 1980)
4. Ley 46/1983, de 26 de diciembre. B.O.E. núm. 4, de 5 de enero de 1984.
5. El origen de esta ley hay que buscarlo en el artículo 2.2 del Estatuto de Radio y Televisión donde se cita la concesión de un canal de televisión a las Comunidades Autónomas. Según lo dispuesto en el Estatuto de Radio y Televisión, el tercer canal arranca de la concesión que otorga el Estado a cada Comunidad Autónoma.
6. Ley 10/1988, de 3 de mayo. B.O.E. núm. 108, de 5 mayo 1988.
7. La normativa establece una serie de condiciones especiales de capacidad para ser concesionario, que afectan tanto a las sociedades gestoras como a su accionariado. Así, la gestión indirecta se realizará necesariamente por personas jurídicas con forma de sociedades anónimas. Las acciones serán nominativas y las sociedades concesionarias deberán tener nacionalidad española y estar domiciliadas en España.
8. Directiva del Consejo 89/552, de 3 de octubre, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
9. Enrique Linde Paniagua (1992) 27
10. La modificación de la Directiva incorpora, entre las novedades más reseñables, por ejemplo, la importancia que da a los contenidos en detrimento del sistema de difusión como definitorios del organismo mismo de radiodifusión televisiva Vid. Artículo 1.b) "organismo de radiodifusión televisiva", la persona física o jurídica que asuma la responsabilidad editorial de la composición de las parrillas de programas televisados con arreglo a la letra a) y que los transmita o los haga transmitir por un tercero.
Es igualmente interesante por lo polémica que ha resultado una actuación del gobierno español en este sentido (vid ley 21/1997, de retransmisión de acontecimientos deportivos) cómo (en su artículo 3 bis) dice que cada estado podrá adoptar medidas para asegurarse de que los organismos de radiodifusión televisiva sometidos a su jurisdicción no retransmitan de manera exclusiva acontecimientos que dicho estado considere de gran importancia para la sociedad de manera que se prive a una parte importante del público de poder seguir esos actos. Junto a esto, las principales cuestiones que varían en la ley son: Empieza por primera vez a considerar publicidad la autopromoción de las propias cadenas e introduce el concepto de televenta, que antes no había regulado. Incorpora esta modalidad publicitaria a los artículos sobre publicidad , que le serán de aplicación. Modifica igualmente los tiempos máximos de publicidad (art 18), que no podrán superar el 20% diario si se suman el total de anuncios, televenta y publicidad, 15% como máximo para los anuncios publicitarios. El tiempo dedicado a los anuncios y la televenta no podrá superar los 20 minutos por hora. No están incluidos en publicidad ni autopromoción ni los anuncios de servicio público o de carácter benéfico difundidos gratuitamente. Crea además un comité de contacto para facilitar la aplicación de la directiva, emitir dictámenes, examinar la evolución del sector y servir como foro para el intercambio de impresiones en esta materia. Y emplaza a una revisión del texto antes del 30 de junio del 2002.
11. Ley 31/1987, de 18 de diciembre. B.O.E. núm. 303, de 19 de diciembre de 1987.
12. Ya el preámbulo asegura, como principio general, que la ley configura las telecomunicaciones como servicios esenciales de titularidad estatal reservados al sector público. Es el art.2.1 por el que el legislador consagra de nuevo el principio de servicio esencial de titularidad estatal, reservado al sector público, ya no solo para la radio y la televisión, sino para las telecomunicaciones en general. El Estado se reserva la gestión, con las facultades de administración y control a ella inherentes, del dominio público radioeléctrico (Cfr.Artículo 7.1. LOT). Esto es interesante porque este es el otro criterio que tanto la legislación desde este momento, como la jurisprudencia, en las sentencias del Tribunal Constitucional consagran: existe un problema técnico: la escasez del espectro radioeléctrico que justifica la reserva de servicio público. En el momento actual ni la justificación jurídica ni la técnica tienen demasiado sentido. La televisión será siempre considerada servicio de difusión y en ningún caso se admite su prestación como servicio final o de valor añadido. Además, el art. 25 entra a definir televisión (será ésta la definición legal de televisión a tener en cuenta, puesto que la LOT deroga expresamente el art. 1.4 del Estatuto de Radio y Televisión, en el que se recogía igualmente este concepto) como "la forma de telecomunicación que permite la emisión o transmisión de imágenes no permanentes, por medio de ondas electromagnéticas propagadas por cable, por satélite, por el espacio sin guía artificial o por cualquier otro medio". La LOT remite en el caso de la televisión a su regulación específica.
13. Ley 35/1992, de 22 de diciembre, de la televisión por satélite. B.O.E. núm. 308 de 24 de diciembre de 1992.
14. Ley 35/1995, de 12 de diciembre, de Telecomunicaciones por satélite. Su estudio se desarrolla en la última parte de este capítulo.
15. (pocos meses antes del fin del último gobierno socialista)
16. Vid.Conferencia pronunciada por Luis Escobar de la Serna, en el marco del I Foro europeo de Derecho de la Información. Universidad de Navarra, abril de 1998
17. Con este planteamiento, lo cierto es que en el último año ha explotado la fiebre de la televisión digital. En España conviven dos plataformas digitales para una población escasa de 40 millones de habitantes, cuando en los Usa son una por cada 50 millones. Esta ebullición del mercado ha ido inmediatamente seguida de la revolución legal.
18. Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Boletín Oficial de las Cortes Generales del Estado, Congreso de los Diputados, VI Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, 30 de junio de 1997, núm. 74-1.
19. Sin embargo, dificultades surgidas en el seno de la Comisión de las Comunidades Europeas para aceptar la redacción del último párrafo del artículo 7a) en cuanto a los sistemas de acceso condicional (simulcrypt y multycript), sobre los que habría de llegarse a un acuerdo por parte de los distintos operadores en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la ley, obligó a una modificación parcial de ésta que se llevó a cabo por el Real Decreto-Ley 16/1997, de 13 de septiembre.
20. La ley recoge el derecho a la información deportiva estableciendo en primer lugar la libertad de acceso de los medios de comunicación a los estadios y recintos deportivos, así como a través de los criterios de gratuidad de la emisión de noticias o imágenes en telediarios, diarios radiofónicos o espacios informativos de carácter general y la prohibición de restringir el derecho a la información en los supuestos de cesión de derechos de retransmisión o emisión.
21. Vid artículo 3 bis de la directiva 97/36/CE de 30 de junio de 1997.
22. Vid revisión de la directiva de Televisión sin fronteras que fija en su articulado (Art. 25 bis) la nueva revisión de esta norma antes del 30 de junio del 2002.
* Inmaculada Higueras es una comunicóloga española, con estudios de doctorado en derecho de la información en la Universidad de Navarra, donde es profesora de la misma materia. Autora de varios libros (el más reciente: Estrategias de marketing de las empresas de televisión en España, Eunsa, Pamplona, 1997), es también miembro del Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana de Derecho de la Información. Esta ponencia fue presentada en la Conferencia Internacional "El derecho de la información en el marco de la reforma del Estado en México", realizada en mayo de 1998 bajo los auspicios de la Comisión de RTC de la Cámara de Diputados, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Fundación Konrad Adenauer y la UNESCO, y se reproduce en Sala de Prensa con autorización del presidente de la Comisión de RTC, diputado Javier Corral Jurado.