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Timestamp: 2018-11-16 14:40:04
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HomeNotasEl Aborto es debate, ¿será Ley?
5 mayo, 2018 Notas
Treinta y cinco años cumple nuestra democracia, y fruto del histórico reclamo del movimiento de Mujeres, la Cámara de Diputados organizó una serie de audiencias para recibir la exposición de las distintas opiniones al respecto, desde distintos ámbitos y disciplinas. El Derecho tuvo sus aportes, y aquí compartimos algunas de las más relevantes a favor y en contra.
María Marta Didier (Doctora en Derecho, Universidad Austral, Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica de Santa Fe y de la Universidad Católica Argentina, Directora del Doctorado en Ciencias Jurídicas)
“Haré un análisis de los proyectos de ley de legalización del aborto desde las perspectivas de los principios de igualdad y razonabilidad. Entiendo que la denegación de la protección penal al ser humano no nacido y el establecimiento de un derecho al aborto traería como consecuencia un trato discriminatorio basado en características expresamente prohibidas en el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño cuales son los impedimentos físicos y al nacimiento. A los niños nacidos se les daría la protección penal de su Derecho a la vida y a los no nacidos, se les denegaría incurriéndose de tal modo en un caso de discriminación de los niños por razón del nacimiento. A su vez, la creación de un derecho al aborto en cualquier etapa del embarazo cuando el feto presenta malformaciones graves supondría discriminar a los niños por razón de sus impedimentos físicos. La condición de nacido o no nacido como la existencia de malformaciones graves implica la utilización de criterios nacimiento, impedimentos físicos, que constituyen criterios sospechosos de discriminación por estar expresamente prohibidos en el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño. De acuerdo a lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación la utilización de los criterios expresamente prohibidos en los Tratados internacionales de Derechos Humanos da lugar a la aplicación de un examen más riguroso de razonabilidad denominado por la doctrina escrutinio estricto. Dicho escrutinio no logra ser superado por los proyectos de ley sobre legalización del aborto presentados para su tratamiento por las siguientes razones:
Porque tales medidas no llegan a sortear el juicio de adecuación, el que integra la estructura del principio de razonabilidad ya que si bien, la finalidad que se esgrime para denegar la protección penal de la vida del niño por nacer podría ser constitucionalmente legítima -evitar las muertes por abortos clandestinos-, la legalización del aborto y su establecimiento como derecho a una prestación del Estado no se encuentra estrictamente adaptada al logro de la finalidad pretendida. Ello, por cuanto la práctica abortiva, aún realizada en el marco de la legalidad, conlleva en sí misma riesgos para la salud y la vida de la mujer, tal como se señala en la literatura científica existente. El índice de muerte materna vinculado al aborto, también denominado aborto seguro, es 2,95 veces más elevado que el de embarazos que llegan al parto. Esto significa que es más seguro para la madre continuar con el embarazo que terminarlo con un aborto. Ello lo atestigua también el caso de Keyla Jones quien falleció en como consecuencia de un aborto practicado en el marco del protocolo de aborto no punible en el Hospital Zonal de Esquel, Argentina. También lo atestigua el caso de Irlanda país que prohíbe el aborto, habiendo registrado en el año 2008 el menor índice mundial de mortalidad materna, y el caso de Chile, país en el que luego de prohibido el aborto, la mortalidad materna descendió de un 41,3 a un 12,7 por cada 100mil nacidos vivos. Concluyendo estudios al respecto que la reducción de la mortalidad materna no se encuentra relacionada con la legalización del aborto, no obstante que, frente a los estudios precitados se puedan presentar otros con resultados diversos ello pone en crisis la fiabilidad de las pruebas empíricas sobre las que se asienta la supuesta adecuación de la medida, revelando la inexistencia de una adecuación estricta entre la legalización del aborto y la reducción de la mortalidad materna, tal como lo exige la aplicación de un escrutinio estricto.
No obstante que la imposibilidad del juicio de adecuación referido bastaría para declarar la irrazonabilidad de la distinción de trato entre seres humanos nacidos y no nacidos la legalización del aborto y su establecimiento como Derecho tampoco logra sortear el juicio de necesidad, el que compone la estructura del principio de razonabilidad. La medida es innecesaria, puesto que existen otras más eficaces e idóneas para evitar la muerte materna por aborto clandestino, preservando al mismo tiempo el Derecho a la vida del niño por nacer. Las muertes maternas por aborto clandestino pueden ser evitadas mediante un control obstétrico adecuado, el apoyo psicológico, educativo y económico de las madres que presentan un conflicto con su embarazo como así también flexibilizando y agilizando los procedimientos de adopción. Tales medidas, por otra parte, vienen impuestas por el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional que protege al niño desde el embarazo, norma que de no ser cumplida por el Poder Legislativo, podría ser exigida judicialmente.
Finalmente, si quedasen dudas respecto de la falta de idoneidad y necesidad de las medidas legalizadoras del aborto, estas tampoco podrían sortear el juicio de alteración del contenido esencial de los derechos fundamentales en juego, el que debe ser considerado a los fines de juzgar sobre la razonabilidad o proporcionalidad de la medida legislativa, a los fines de no incurrir en un análisis utilitarista.
Mientras que la continuación del embarazo no lesiona el proyecto de vida de la madre y su autonomía al existir siempre la posibilidad de dar el niño en adopción, el aborto lesiona de un modo irreparable el Derecho a la vida del ser humano no nacido, Derecho que ha sido calificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como un Derecho fundamental preexistente a todos los demás, presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de los Tratados internacionales con jerarquía constitucional.
También los proyectos de legalización del aborto violentan el derecho a la igualdad del padre o progenitor del niño por nacer, porque mientras confieren a la madre la potestad de decidir si su hijo debe vivir o morir y deciden respetar su voluntad en pos de su proyecto de vida y autonomía niegan absolutamente el derecho del padre a elegir su proyecto de vida y autonomía, transformando al hijo en objeto de propiedad de la madre sobre el cual tiene libre disposición. Adviértase que ello, además de denegar la dignidad humana del hijo introduce una grave desigualdad entre el hombre y la mujer, una discriminación por razón de sexo. Porque mientras a la madre el orden jurídico le da esa libertad, al hombre se la deniega. No obstante ello, le impone obligaciones al padre como la de presar alimentos al hijo antes del nacimiento.
Quiero interpelar a los legisladores varones que van a votar este proyecto de ley y decirles cómo se hubiesen sentido cada uno de ellos si la madre de sus hijos ya nacidos hubiese decidido abortarlos.”
(Jueza de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia. Intervino en el Caso FAL):
Agradezco la posibilidad de participar en este debate histórico y trascendente para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que únicamente será pleno desde el punto de vista normativo a partir del momento en que se consagre la despenalización del aborto en el primer trimestre de la gestación.
Provengo de la Provincia de Chubut, una de las nuevas, pero somos parte de la nación, y concretamente provengo de Comodoro Rivadavia, ciudad donde en el año 2010, y en forma casi simultánea dos adolescentes de 15 años abusadas sexualmente en el ámbito intrafamiliar promovieron sendas acciones judiciales para que les fuera reconocido su derecho a interrumpir el embarazo forzado, práctica médica que les fue negada por las autoridades del sistema de salud pública. Esta decisión de las niñas, de no quedar reducidas a la condición de víctimas, por el contrario, enfrentar el embarazo forzado reclamando su derecho al aborto fuera de la clandestinidad impactó fuertemente en la sociedad. El tema del aborto irrumpió en el debate público provincial, ocupó la agenda mediática, pública y política, y se proyectó en el ámbito nacional. Pero mientras en el Poder Judicial se debatía un supuesto de no punibilidad, la sociedad discutía la legalización del aborto, reafirmando en ese momento la necesidad del actual debate. A su vez, esa férrea decisión de las jóvenes, por la cual estoy aquí, de lograr que se reconozca su derecho al aborto legal las convirtió en protagonistas esenciales de un cambio copernicano en la interpretación del alcance de la causal de violación prevista en el artículo 86 inciso 2º. Pero no quedó allí, porque gracias a la intervención del Poder Judicial por primera vez se empezó a hablar en la Justicia de las condiciones de acceso al aborto legal.
La Corte local, y luego la Corte Suprema de Justicia interpretaron que no era posible limitar la autorización de la interrupción del embarazo por violación únicamente a las mujeres incapaces mentales, tal la terminología del Código, y extendió ese supuesto de no punibilidad a todas las mujeres con fundamento en los principios de dignidad y de autodeterminación. Además, para no establecer una distinción irrazonable. A su vez, la Corte local, tuvo la habilidad de dar la solución no únicamente a ese caso particular que le fue planteado, sino que dio la sugerencia al Poder Ejecutivo para que implemente la Guía de abortos no punibles.
La Corte nacional, dos años más tarde precisó los alcances necesarios, presupuestos mínimos de ese protocolo y exhortó a todas las provincias a efectivizarlo de modo tal de garantizar el ejercicio efectivo del Derecho a abortar.
No es mi ánimo efectuar un análisis puntual de estos pronunciamientos, que ya han sido realizados por los especialistas, pero quiero destacar dos ejes esenciales de la Corte.
Por un lado, la consagración del Derecho a decidir. ¿Son las mujeres violadas las únicas que pueden elegir continuar o interrumpir el embarazo conforme sus propias creencias morales? Luego, se ha demostrado claramente, que el aborto excede el ámbito del Derecho Penal. Es una cuestión de Derechos de las mujeres y de salud pública e individual. Creo que estos ejes son los que debemos tener en cuenta en el debate sobre la despenalización del aborto. Las múltiples circunstancias por las que atraviesan las mujeres de carne y hueso que conducen a un embarazo forzado no deben ser valoradas por otras personas, ni ser merecedoras de reproche moral, menos aún de reproche penal.
La decisión de abortar o no abortar es una decisión de la ética privada de las mujeres. Estas conclusiones se asientan en el pluralismo moral, que es un principio democrático.
Por otro lado –y aquí es donde viene la cuestión de salud-, la realidad no puede ser ignorada. El aborto compone la trayectoria reproductiva de las mujeres. A pesar de la punición, las mujeres abortaron, abortan, y seguirán abortando. Es ingenuo pensar que la despenalización puede impedir los abortos. La ineficacia de la punición y el impacto diferenciado y desproporcionado que tienen entre las mujeres determinan, además de las cuestiones de derecho, la necesidad de revisar la criminalización del aborto. Es que si bien la clandestinidad abarca a todo el colectivo de mujeres, son las de mayores recursos económicos, las que pueden acceder a la práctica médica que, aunque clandestina, es segura, mientras que las mujeres de menores recursos arriesgan o pierden su vida. Estas muertes no pueden ser invisibilizadas. Por eso reflexiono que así como los Tribunales de Chubut escucharon y resolvieron en tiempo oportuno el planteo de dos adolescentes, respetando su Derecho al aborto, esperamos y confiamos que el Parlamento argentino escuche y dé respuesta a las miles de mujeres que aún hoy en una democracia laica reclaman por el acceso al aborto legal, libre, gratuito, y seguro.”
Myriam Andujar
(abogada, ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de San Juan)
“Analizando los proyectos que están en debate en la Cámara de Diputados, advertimos que hay un hilo argumental común a todos ellos, que es solicitar el aborto como derecho en nombre de los derechos de la mujer, pero en el otro extremo, a mi entender, también hay otro derecho, el derecho a la vida. Creo que estos derechos están en tensión en los ocho proyectos, sobre todo en seis de ellos, donde se presenta el aborto como un derecho. Por lo tanto, la libertad de la mujer y la vida serán el eje nodal de estos minutos. Vamos a hablar del derecho a decidir, o la libertad de la mujer en primer término. El Derecho a decidir de la mujer nadie lo puede negar, es una expresión de la libertad que tenemos las mujeres. Ahora, en qué consiste la libertad, y qué no es la libertad. La libertad es la capacidad de autodeterminarse, de tomar una decisión con independencia de los factores externos e internos que me puedan presionar. Soy libre en la medida que domino y soy dueña de mi acto, no me dejo influenciar. Hay muchos factores que pueden menoscabar la libertad. Pero la libertad, como se nos ha hecho creer, no es una sustancia. La Antropología filosófica ha definido la libertad como un accidente, no como una sustancia, y esto es fundamental para interpretar por qué nosotros no estamos de acuerdo con estos proyectos presentados como derechos. La sustancia es la persona, con independencia del género. Su inteligencia y su voluntad. La libertad se … en la voluntad, que es el primer accidente de la persona, porque se da en la persona. Y dentro de la voluntad están los actos volitivos, y dentro de esos actos, unos tienen la característica de ser libres. Por lo tanto, la libertad es un accidente de tercer grado. Dicho esto, pasamos a ver que las desfiguraciones actuales que hay sobre la libertad, sobre todo tratando de entender los fundamentos de estos proyectos, no con ánimo de criticar, sino para tratar de entender a los autores y a tantas mujeres que de buena fe militan por el aborto.
Hoy se cree que la libertad es un fin en sí mismo. Estamos llevados a creer que la libertad es la gran meta que tengo. Es como que dejó de ser un instrumento para convertirse en un fin. Y por ahí pocos reparamos en lo que decidimos en nombre de la libertad. Es como si nos bastara ser libres y no reflexionáramos sobre qué estamos haciendo en nombre de esa libertad. Por eso, cuando las mujeres compañeras que piensan distinto, levantan la bandera de la libertad, me parece que debemos reflexionar sobre el contenido del acto que vamos a ejecutar en nombre de esa libertad. Pero la libertad, como no es una esencia, no pasa nada si se me ve debilitada o suprimida la libertad, pero también hay esta desfiguración que entró en la actualidad por el modernismo. Creer que si tengo menguada o suprimida mi libertad dejo de ser lo que soy, y les voy a dar un caso para que entiendan por dónde va lo que estoy diciendo. Si una chica es violada es sometida en contra de su voluntad, no ha puesto en acto su libertad, no ha consentido de hecho el acceso carnal. No mengua un ápice su esencia por esto. Ella será siempre lo que es: una mujer, y tan digna como el resto de las personas, con independencia del género y de lo que le pasó. Ahora, yo les pregunto señores Diputados si este razonamiento lo puedo aplicar al caso del niño que es abortado, porque del aborto no se vuelve. Porque con el aborto voy a suprimir lo esencial en él, que es la vida. Y esto me lleva a la segunda parte de esta presentación, que es la vida, el derecho a la vida. Y para poner orden en las palabras, quisiera referirme al concepto de vida, porque se dijo en estas audiencias que la vida es un concepto cultural. Estamos complicados si la vida es un concepto cultural, si la muerte es un concepto cultural, porque la sociedad definiría quién sigue viviendo y quién no. La vida es un concepto filosófico, ni siquiera médico, ni jurídico. La vida, en una noción vulgar, es sinónimo de movimiento. Filosóficamente esa vida tiene tres características que se van a dar en la persona concebida. Ese movimiento tiene que ser innato al individuo, pertenecer al ser del viviente, tiene que ser espontáneo porque está accionando a partir del código genético que hay en él, que le va desencadenando toda la actividad, va pasando todo el proceso hasta llegar al nacimiento. Y también, como otra característica de la vida el viviente tiene que autogestionar su movimiento. Es la experiencia del niño que cuando ve moverse a un animal, piensa que está vivo.
Si para el viviente la vida es esencial, si al suprimirle la vida le afectamos su modo de ser, obviamente tiene derecho a la vida, y lo tiene desde el mismo momento en que inició la vida, y la medicina, y la biología afirman que la vida comenzó desde la fecundación. Desde ese momento es titular de un derecho, que le pertenece a su personalidad. Si yo no reconozco ese derecho desde el instante mismo de su concepción, ¿por qué habría de reconocerlo después? Por eso entiendo que no hay equiparación de derechos, porque del aborto no se vuelve, así de simple, así de obvio.”
(abogada, Doctora en Derecho UBA, Directora de una sección regional de la Dirección de Acceso a la Justicia de la Nación)
“Quiero aclarar que no estoy aquí en carácter de funcionaria pública, sino como especialista en Derecho Constitucional y como jurista feminista. Mi idea es contribuir al debate sobre la constitucionalidad del derecho al aborto de mujeres y de hombres trans en la Argentina. Me voy a concentrar en los argumentos que giran alrededor de la interpretación del texto original de la Constitución de 1853.
El texto no establece de manera explícita ni el Derecho a la vida, ni el Derecho al aborto. Textualmente, la Constitución no habla de esos derechos, sin embargo es la jurisprudencia y la doctrina de interpretación originalista de la Constitución la que ha sostenido sistemáticamente por generaciones que el Derecho a la vida sí encuentra reconocimiento en la Constitucióin a partir del artículo 33, es decir, es un derecho implícito. Y además, el Derecho a la vida funcionaría como un límite a la autonomía de las personas. En el caso concreto del aborto la tesis normativa de la mayoría de los constitucionalistas tiene que ver con la idea de que el Derecho a la vida del embrión constituiría el límite a la autonomía de las mujeres de acuerdo a la interpretación del artículo 19. La doctora Gueli (chequear) dijo en este recinto hace unos días que esta era una interpretación de carácter humanista, que penetra gran parte de nuestra tradición constitucional hasta el momento, y sobre todo las intuiciones de las reinterpretaciones que se están haciendo hoy por hoy.
Me parece importante cuestionar esta manera de reflexionar sobre el texto original de la Constitución. En principio, creo que hay una pregunta inescapable desde la lógica normativa, que es la pregunta de por qué la jurisprudencia constitucional argentina y por qué la doctrina constitucional no vio nunca dentro de los derechos implícitos del artículo 33 al Derecho al aborto y no consideró nunca que el sujeto pasible de daño podría ser una mujer que se vea obligada a una maternidad forzada. Esta pregunta, desde la lógica normativa, es absolutamente válida. El hecho es que esta es una pregunta que no encuentra respuestas, sin embargo, en la lógica normativa.
En otras palabras, y en términos de técnica constitucional, la pregunta relevante es ¿por qué nuestros constitucionalistas, por generaciones, no dedujeron del artículo 19 y del artículo 33 de la constitución nacional ni un derecho implícito al aborto ni la posibilidad o la potencialidad de que el sujeto pasivo del daño tercero fuera la mujer.
La razón, como digo, no está en la lógica normativa, sino responde –me parece, con bastante claridad- al vicio ideológico que está gestado en la ilegitimidad originaria que ensombrece la construcción de nuestro derecho constitucional.
La Constitución de 1853 fue sancionada por convencionales que eran exclusivamente hombres. Las mujeres, en ese momento, no solo no podían ser convencionales constituyentes sino tampoco podían votar convencionales constituyentes. Tres de las cinco reformas constitucionales en la Argentina fueron sancionadas con la misma calidad, es decir, sin que las mujeres puedan ser convencionales ni votar a los convencionales, y el Código Penal que hoy estamos discutiendo tiene el mismo vicio de ilegitimidad en su gestación: en el momento de la sanción había una sola mujer en el recinto. Con esto intento decir que el marco en el que enfrentamos hoy el debate constitucional es que cuando nos preguntamos qué significados reinaron entre los doctrinarios constitucionales por generaciones, o qué hicieron los convencionales constituyentes, la respuesta refiere básicamente a qué pensaban sobre el aborto los convencionales del Siglo XIX –todos varones, y mayormente, curas y militares-, o bien a juristas de principios del Siglo XX formados en universidades a las que no podían entrar mujeres y que ocupaban cargos públicos que no podían ocupar las mujeres y que discutían en lugares públicos a los que no tenían acceso las mujeres. El problema es que nuestra tradición de Derecho Constitucional se construyó en ese escenario de exclusión y bajo este pecado original de ilegitimidad. Los manuales con los que nos enseñan Derecho Constitucional por generaciones han ocultado esta ilegitimidad bajo la alfombra, una ilegitimidad que recién está empezando a frecuentar tímidamente algunos salones de clase, pero definitivamente no los salones de clase donde ustedes y yo asistimos. Por eso es necesario en este debate estar atentos a esos vicios ideológicos gestados en la sombra de una construcción ilegítima del Derecho Constitucional. En este caso, la tendencia a excluir a la mujer como sujeto de derecho propio de las interpretaciones originalistas y tradicionalistas de la Constitución. Con esto no quiero decir que el texto de la Constitución es inválido porque excluyó y silenció explícitamente a las mujeres. Estoy diciendo lo mismo que dijo Carlos Mino al reflexionar acerca de las normas de facto. Las interpretaciones originalistas de esas normas carecen de presunción de justicia propias de las interpretaciones de las normas de plena justicia. Más aún, la relegitimación del texto constitucional demanda un principio interpretativo pro fémini en la lectura de la carta constitucional argentina especialmente cuando ella incumbe a las mujeres.
Por último, es obvio que estamos en un debate sobre el significado social y constitucional de los cuerpos de las mujeres. No se trata solo de una cuestión de política criminal o de salud pública, sino también de un momento de reconstrucción de la legitimidad de nuestra Constitución. Un verdadero momento constitucional, como lo señalara Bruce Ackerman, uno de los referentes constitucionalistas de nuestro tiempo.”
Constitucionalidad del aborto legal