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Timestamp: 2017-05-01 06:42:35
Document Index: 280130410

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Régimen jurídico de la videovigilancia. La captación y grabación de imágenes y sonidos con fines de investigación criminal · Noticias Jurídicas
01/05/2008 04:00:00 | VIDEOVIGILANCIARégimen jurídico de la videovigilancia. La captación y grabación de imágenes y sonidos con fines de investigación criminal
Este tipo de medidas instrumentales se denomina también
“Videovigilancia”. En nuestro ordenamiento está
regulada en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que
se regula el uso de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en lugares públicos, y el reglamento que la
desarrolla para su ejecución, el RD 596/1999, de 16 de abril.
La Ley Orgánica citada posibilita, siempre bajo
el principio de proporcionalidad (en su versión de idoneidad y
de intervención mínima) –art. 6-, la realización
de filmaciones de la vida diaria de las personas sin que con ello se
vulneren los derechos fundamentales de las personas, como el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen –art.
La videovigilancia es una actividad policial que sólo
tiene virtualidad dentro de los esquemas normativos citados, pues
fuera de ellos puede incurrirse en responsabilidad penal,
administrativa o civil, para quien lleve a cabo agresiones a los
derechos fundamentales que la misma protege.
Por tanto interesa examinar la trascendencia procesal
que puede tener la posibilidad de instalar videocámaras
móviles o fijas y grabar o filmar, incluso con sonido, la
Esta actividad será normalmente presumarial, es
decir, normalmente en los procesos ya iniciados no se ordenará
la instalación de videocámaras fijas o móviles
para filmar la actividad de personas sobre las que se tenga sospecha
de actividades delictivas, pues eso es una tarea más policial
que judicial. Lo normal es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
instalen videocámaras para prevenir la comisión de
delitos, teniendo trascendencia procesal sólo y exclusivamente
cuando se graben o filmen actos con apariencia de delito. Por tanto
normalmente será preprocesal.
La diferencia con las demás pruebas sumariales
está en que es una prueba no ordenada por el Juez, sino que el
Juez se la encuentra sin haberla solicitado, pues se lo comunican
normalmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es una
“notitia criminis”,
que se transmite al Juez a través de un mecanismo totalmente
reglado, inocuo constitucionalmente porque así lo ha regulado
el legislador, y que el Juez deberá valorar en su justo y
adecuado sentido, como cualquier otra notitia criminis.
En casos muy excepcionales, es el Juez el que ordena la
videovigilancia, grabación o filmación como una
diligencia de investigación, que se convierte en una prueba
anticipada si se ajusta a la Ley (y al Reglamento).
Así nos encontramos ante una prueba anticipada,
como si hubiese sido practicada por el propio Juez de Instrucción,
que tendrá plenos efectos en el juicio oral: servirá no
sólo para iniciar el proceso penal y, por tanto, la
instrucción o investigación sumarial, sino también,
en su caso, como prueba que podrá ser utilizada en el mismo
El art. 104 de la Constitución Española de
1978 establece, en su apartado primero, que “Las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno,
tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.
En su apartado segundo establece que “Una
ley orgánica determinará las funciones, principios
Cuerpos de seguridad”.
Esta Ley Orgánica a la que hace referencia es la
Seguridad. Esta LO, en su art. 5.1, establece que “Son
principios básicos de actuación de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad […] la Adecuación al
ordenamiento jurídico, especialmente:
Ejercer su función con absoluto respeto a la
Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con
absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en
consecuencia, sin discriminación alguna por razón de
raza, religión u opinión.
Actuar con integridad y dignidad. En particular,
deberán abstenerse de todo acto de corrupción y
oponerse a él resueltamente.
Sujetarse en su actuación profesional a los
principios de jerarquía y subordinación. En ningún
caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que
entrañen la ejecución de actos que manifiestamente
constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a
Colaborar con la Administración de Justicia y
auxiliarla en los términos establecidos en la ley”.
Así, en la prevención de actos delictivos,
la protección de las personas y la conservación y
custodia de bienes que se encuentren en situación de peligro,
especialmente en lugares abiertos al público, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad tienen que emplear cada vez medios técnicos
más sofisticados. Con estos medios, entre los que se encuentra
el uso de sistemas de grabación de imágenes y sonidos
se incrementa la seguridad y el nivel de protección de los
bienes y libertades de las personas. Pero esta seguridad pretendida a
través de la utilización de la videovigilancia requiere
de un sistema de garantías para que el ejercicio de los
derechos y libertades constitucionales sea máximo, y no sea
perturbado por un exceso de defensa de la seguridad pública.
Asimismo, corresponde al Estado en materia de seguridad
pública (art. 149.1.29 CE) la aprobación de Leyes
Orgánicas que incidan en la regulación del ejercicio de
determinados derechos fundamentales, como el derecho de reunión.
Por ello se modifica la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
de Protección de la Seguridad Ciudadana y en la Ley Orgánica
9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, con
el fin de reducir la violencia que en las calles se ejerce con
ocasión del ejercicio de tales derechos en lugares de tránsito
público (reunión y manifestación).
La Ley Orgánica 4/1997 regula la utilización
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para
grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, ya sean
abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, para asegurar la
convivencia ciudadana y ayudar a la erradicación de la
violencia y utilización pacífica de los bienes de
dominio público, así como prevenir la comisión
de delitos, faltas e infracciones (art. 1.1 LO 4/1997).
A los mismos efectos, se consideran videocámaras
las fijas o móviles, o cualquier medio técnico análogo,
y cualquier sistema que permita esta grabación (art. 1.2).
Ahora bien, respecto al RD 596/1999, no es aplicable a
las instalaciones fijas de videocámaras que realicen las
Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus
inmuebles, si éstas se dedican exclusivamente a garantizar la
seguridad y protección de los mismos (art. 2.1 RD).
Sí será de aplicación lo previsto
en la Ley Orgánica 4/1997 y en el RD 596/1999 cuando las FCSE
hagan uso de instalaciones fijas de videocámaras de las que no
sean titulares, pero que controlen y dirijan efectivamente el proceso
completo de captación, grabación, visionado y custodia
de las imágenes y sonidos.
La Policía Judicial, al realizar captaciones de
imágenes y sonidos mediante videocámaras, tendrá
que observar lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art.
2.3 RD).
Los principios que deben presidir toda utilización
de cámaras, cualquiera que sea su tipo están recogidos
en el art. 6 LO 4/1997, y son los siguientes:
Principio de proporcionalidad en su doble versión
de idoneidad y de intervención mínima.
En este apartado establece que la idoneidad determina
que sólo podrá emplearse la videocámara cuando
resulte adecuado, en una situación concreta, para el
mantenimiento de la seguridad ciudadana, siempre de conformidad con
su Ley reguladora.
Establece este apartado que la intervención
mínima exige una ponderación entre la finalidad que se
pretende con la medida y las posibles lesiones al honor, a la propia
imagen y a la intimidad de las personas. Debemos interpretar que la
intimidad debe interpretarse amplio sensu, es decir, intimidad
personal e intimidad familiar.
Principio del riesgo. La utilización de este
medio exige un riesgo razonable para la seguridad ciudadana
(videocámaras fijas) o un determinado peligro (videocámaras
Prohibición de utilizar las videocámaras
para tomar imágenes o sonidos del interior de las viviendas,
ni de sus vestíbulos, salvo previo consentimiento del titular
o previa autorización judicial, ni en los lugares permitidos
por ley si se afecta de forma grave y directa a la intimidad de las
personas, ni conversaciones de índole privada.
Se establece la destrucción inmediata de las
imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente de este tipo de
casos por la persona responsable de su custodia.
El art. 3.1 y 3.2 de la LO 4/1997 establece que para la
instalación de videocámaras fijas se requiere una
autorización que se otorgará previo informe de un
órgano colegiado (presidido por un Magistrado); en caso de ser
instalaciones por parte de las FCSE y las Corporaciones Locales las
autorizará el Delegado del gobierno de la Comunidad Autónoma
en cuestión, previo informe de una Comisión (presidida
por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CCAA).
Establece el art. 3.4 LOV que la resolución que
autorice la instalación será motivada y referida al
lugar público concreto que será objeto de observación
mediante videocámaras, e incluirá las limitaciones y
condiciones de uso necesarias (sobre todo la captación de
sonidos, prohibida excepto cuando exista grave y concreto peligro o
riesgo), debiendo precisar el ámbito físico susceptible
de grabación, tipo de cámara, especificaciones técnicas
y duración del permiso que, como máximo será de
un (1) año, renovable. Podrá revocarse en todo caso.
Para ello podrá solicitar autorización el
Subdelegado del Gobierno en la provincia donde no radique la sede de
la Delegación del gobierno, pudiendo iniciarse de oficio; el
Jefe de la Comisaría Provincial de Policía y Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil; en las provincias donde aquéllos
no existan o formen parte de la Comisión, serán sus
inmediatos inferiores; el Alcalde, o el concejal competente en
materia de seguridad ciudadana en municipios y en relación con
la Policía Local (art. 3.1 RD 596/1999).
La solicitud deberá contener la identificación
del solicitante, los motivos que lo justifican, el ámbito
físico susceptible de ser grabado, la necesidad de grabar
sonido o no, la cualificación de las personas que van a tratar
las imágenes y sonidos, el tipo de cámara y
especificaciones técnicas y el período de tiempo
durante el que se pretende grabar (art. 3.2 RD 596/1999).
Dicha solicitud será remitida a la Comisión
de Garantías de la Videovigilancia, que en el plazo de un mes
debe emitir el informe que prevé el art. 16 a) RD 596/1999.
Para que el informe sea favorable deberá ser conforme al art.
4 de la LO 4/1997, el cual establece los criterios
de autorización de instalaciones fijas,
cuyo contenido se basa en que para autorizar la instalación
deberá tenerse en cuenta conforme al principio de
proporcionalidad, los siguientes criterios:
Asegurar la protección de los edificios e
instalaciones públicas y sus accesos.
Salvaguardar las instalaciones útiles de defensa
Prevenir la causación de daños a personas
La resolución deberá notificarse en el
plazo máximo de dos meses, motivadamente, por el Delegado del
Gobierno, siendo revocable y conteniendo al menos los conceptos del
art. 3.4 LO 4/1997.
Si transcurrido el plazo no se ha dictado resolución,
se entenderá el silencio administrativo negativo (se deniega).
Contra la resolución no cabe recurso administrativo alguno,
pues pone fin a la vía administrativa, por lo que se podrá
interponer recurso potestativo de reposición o
El art. 5 de la LO 4/1997 prevé la utilización
simultánea de videocámaras móviles en las vías
o lugares públicos en que se haya autorizado la instalación
de videocámaras fijas, para el mejor cumplimiento de los fines
previstos. La toma de imágenes y sonidos queda supeditada a la
concurrencia del peligro concreto y los requisitos exigidos por Ley.
También prevé la utilización de
este tipo de videocámaras en los restantes lugares públicos,
correspondiendo al máximo responsable provincial de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, atendiendo a la naturaleza de los
hechos susceptibles de filmación, adecuando la utilización
del medio a los principios que rigen la utilización de
Para la instalación de este tipo de videocámaras
será necesario que formulen solicitud los mandos operativos de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o respecto a la
Policía Local en los municipios el Alcalde o el concejal de
seguridad ciudadana. La solicitud debe acreditar la necesidad e
idoneidad del uso de videocámaras (art. 6 RD 596/1999).
Resolverá el Delegado del Gobierno en las
Comunidades Autónomas uniprovinciales y el Subdelegado en las
que no radique la sede de la Delegación del gobierno.
Deberá notificarse la resolución motivada
en el plazo de un mes, y en caso de autorizarse, se pondrá en
conocimiento de la Comisión de Garantías de la
Videovigilancia en el plazo máximo de setenta y dos horas,
debiendo hacerse por cualquier medio (telemático, informático,
documental,…), siempre y cuando quede constancia de ello –art.
8 RD 596/1999-.
El silencio administrativo es, al igual que en el caso
de la instalación de videocámaras fijas,
desestimatorio, agotando la vía administrativa, excepto en
caso de haber sido dictado por el Subdelegado del Gobierno, en el que
cabrá recurso de alzada ante el Delegado del Gobierno.
Debemos resaltar que el RD 596/1999 establece una
excepción a esta regla general, en caso de darse el supuesto
previsto en el art. 5.2.3º LOFCSE (2/1986), es decir, “En
el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión
necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño
grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los
principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la
utilización de los medios a su alcance”.
En este caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que
realicen las grabaciones o captaciones, deberán comunicarlo al
Delegado del Gobierno (en Comunidades Autónomas
uniprovinciales o en la que tenga sede el mismo) o al Subdelegado del
Gobierno (en provincias en que no radique el Delegado del Gobierno)
en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas, debiendo ser
remitido sin falta en otro plazo de veinticuatro horas un informe
motivado al respecto, como establece el art. 9 RD 596/1999. Asimismo,
la autoridad a la que corresponda según lo establecido, deberá
ponerlo en conocimiento de la Comisión de Garantías de
la Videovigilancia en el plazo máximo de setenta y dos (72)
horas, junto al informe motivado remitido. Si los informes fueran
negativos, se procederá a la destrucción inmediata de
la grabación realizada.
Respecto a la renovación
de las autorizaciones (art. 10 RD 596/1999),
se realizarán de la misma forma que para las iniciales, si
bien se motivará solo respecto de la renovación.
Únicamente se permite la renovación si
subsisten o se agravan las circunstancias que motivaron el
otorgamiento inicial, debiendo solicitarse dos meses antes de la
expiración si su máximo plazo establecido fue de un
año; el resto, con un mes de antelación a su
En caso de no tramitarse en plazo, deberá
procederse como una autorización nueva.
El art. 11 RD 596/1999 ordena a cada Delegado del
Gobierno la creación de un Registro en el que consten todas
las autorizaciones de las instalaciones fijas de videocámaras
y las renovaciones.
Las inscripciones deberán realizarse de oficio y
deberán constar los datos del titular de la autorización,
fecha, vigencia, ámbito de grabación y órgano
encargado de la custodia, inutilización o destrucción
Asimismo deberán inscribirse las autorizaciones
de instalaciones móviles autorizadas por el Subdelegado del
Gobierno, quién deberá dar cuenta de ello al Delegado
del Gobierno junto con los datos básicos de la misma.
Las comisiones deben constar de su denominación
seguida de la oficial de la Comunidad Autónoma donde se
constituyen. Son órganos colegiados de ámbito
autonómico, cuya finalidad es la emisión de informes en
materia de autorización de instalación y uso de
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Su
procedimiento de constitución y funcionamiento se regulan en
los arts. 13 y ss. del RD 596/1999.
Entre sus competencias se encuentran (art. 16 RD
596/1999):
Emisión de informes preceptivos acerca de
instalaciones fijas de videocámaras.
Ser informada de las resoluciones de autorización
de videocámaras móviles y uso excepcional de las
Ser informada, como mínimo cada quince días,
de la utilización de videocámaras móviles.
Recabar en cualquier momento de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad el soporte físico de las grabaciones efectuadas.
Informar acerca de la adecuación de cualquier
registro de imagen y sonido.
Ordenar la destrucción de las grabaciones cuando
constaten el incumplimiento de los principios establecidos en la LO
Requerir a las autoridades competentes cualquier
información para el ejercicio de sus funciones.
Una vez realizada la filmación conforme a la Ley
y al Reglamento, si la grabación capta la comisión de
hechos que puedan ser constitutivos de ilícitos penales, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen la obligación de poner
la cinta o soporte grabado original de las imágenes y sonidos
a disposición judicial inmediatamente y, en el plazo máximo
de setenta y dos (72) horas desde su grabación (art. 7 LO
4/1997 y 19.1 RD). Si resulta imposible realizar el atestado en plazo
deberá darse cuenta verbal a la autoridad judicial o al
Ministerio Fiscal, entregando la grabación.
Asimismo si la grabación capta hechos que pueden
ser constitutivos de infracción administrativa relacionada con
la seguridad ciudadana, se remitirán al órgano
competente ipso facto para iniciar el procedimiento administrativo
sancionador que corresponda (art. 7.2 LO 4/1997).
Las grabaciones deberán ser destruidas en el
plazo máximo de un mes desde su grabación, salvo que
guarden estrecha relación con infracciones penales o
administrativas graves o muy graves en seguridad pública, o
haya abierta una investigación policial, o si hay iniciado un
procedimiento judicial o administrativo (art. 8.1 LO y 18.1 RD).
Toda persona que por razón de su cargo tenga
acceso a las grabaciones, deberá observar la diligencia debida
respecto a la confidencialidad y sigilo profesionales (art. 8.2 LO),
pudiendo exigirse responsabilidad penal en caso de infracción.
En su caso, si no fuera punible conforme a la legislación
penal, las infracciones serán sancionadas conforme a la
regulación disciplinaria correspondiente y, en su defecto,
conforme a la regulación del tratamiento de datos de carácter
personal (art. 10 LO).
Está totalmente prohibida la cesión o
copia de imágenes y sonidos captados conforme a estos
procedimientos legales, y reglamentariamente cada Administración
determinará el órgano que custodiará las
imágenes y se responsabilizará de su destino, tal como
su inutilización o destrucción. Ese órgano será
el encargado de resolver las peticiones de acceso o cancelación
Los órganos competentes para formular las
solicitudes de instalación de videocámaras deberán
tener la custodia de las grabaciones obtenidas y, como acabamos de
ver, se responsabilizarán de su destino conforme al art. 17 RD
596/1999.
La destrucción de los soportes deberá
realizarse mediante cualquier técnica que permita el borrado o
inutilización de las grabaciones o imágenes y sonidos,
conforme establece el art. 18.2 RD, excepto cuando se hayan
interpuesto recursos administrativos, en cuyo caso se conservarán
cautelarmente hasta la sustanciación de los mismos (art. 18.1
in fine RD).
La autoridad que haya otorgado la autorización
será responsable de la información al público
acerca de la existencia de instalaciones fijas de videocámaras,
debiendo mantenerse permanentemente. Tal información no
especificará la situación concreta de la videocámara,
debiendo simplemente contener una descripción genérica
de la zona de vigilancia y de las autoridades responsables de su
autorización y custodia. (art. 21 RD 596/1999 y art. 9.1 LO
4/1997).
Respecto al procedimiento a seguir en la información
al público, se utilizará una placa informativa que
figurará el pictograma de una cámara de vídeo
(Imagen Nº 1), y un panel complementario con la descripción
requerida (Imagen Nº 2):
Se establece que toda persona que figure en las
grabaciones efectuadas mediante videocámaras podrá
ejercer el derecho de acceso a las mismas mediante solicitud al
órgano encargado de su custodia (art. 23 RD 596/1999). En la
solicitud se incluirá identificación del interesado
mediante fotografías, de cara y preferiblemente de cuerpo
entero, y la fecha y hora a la que presumiblemente fue grabado.
El art. 23.2 RD establece el plazo de diez días
para resolver la solicitud de petición de acceso, salvo que
exista peligro para la defensa del Estado, la seguridad pública,
la protección de los derechos y libertades de terceros o las
necesidades de las investigaciones que se estén realizando
(art. 9.2 in fine LO	4/1997).
La falta de resolución dará lugar al
silencio administrativo estimatorio, pudiendo estimarse concedida la
Contra la resolución desestimatoria cabe recurso
de alzada, potestativo de reposición o
En caso de que la grabación haya sido destruida
o puesta a disposición judicial o administrativo, se dará
cuenta de ello al interesado.
De cualquier manera, la visualización será
Derecho de cancelación parcial de imágenes
En los casos en que proceda la cancelación
parcial de las grabaciones y no sea posible su destrucción
total por razones técnicas o por el soporte utilizado, el
art. 25 RD 596/1999 establece que el responsable de su custodia
procederá a la distorsión o bloqueo, general o
puntual, de las imágenes y, en su caso, de los sonidos, con
el fin de impedir su ulterior utilización, sin que se tengan
que borrar las restantes imágenes o sonidos.
La instalación y uso de las videocámaras
o cualquier otro medio de captación y reproducción de
imágenes para el control, vigilancia o disciplina del tráfico
en las vías públicas ser efectuará mediante la
autoridad encargada de la regulación del tráfico (DA 8ª
LO 4/1997) a los fines del RDL 339/1990, que aprueba el Texto
Articulado de la Ley de Seguridad Vial, así como la Ley
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del
Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal y
la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al
como lo previsto en la DA Única del RD 596/1999, en la que se
establece en su apartado segundo que corresponde a las
Administraciones Públicas con competencia para la regulación
del tráfico autorizar la instalación y uso de
Se establece asimismo que la resolución que
ordene la instalación y uso de los dispositivos fijos de
captación y reproducción identificará
genéricamente las vías públicas o los tramos de
aquellas cuya imagen sea susceptible de ser grabada, así como
las medidas tendentes a garantizar la preservación de la
disponibilidad, confidencialidad e integridad de las grabaciones o
registros, así como el órgano de su custodia.
En la Administración General del Estado la
competencia es del Director General de Tráfico.
La utilización de medios móviles de
captación y reproducción de imágenes no
requerirá dicha resolución, pero se adecuará a
los principios de utilización y conservación.
La custodia y conservación de las grabaciones y
la resolución de solicitudes de acceso y cancelación
corresponderán al responsable de la Jefatura Provincial (o
Central en caso del Estado) de Tráfico.
La regulación principal la encontramos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (B.O.E.
núm. 298, de 14 de diciembre).
La discusión principal ha girado en torno a la
necesidad de adecuar la videovigilancia a las exigencias del derecho
fundamental a la protección de datos. Todo esto hace necesario
que, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo
37.1.c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia
Española de Protección de Datos dicte una Instrucción
para adecuar los tratamientos de imágenes con fines de
vigilancia a los principios de dicha Ley Orgánica y garantizar
los derechos de las personas cuyas imágenes son tratadas por
medio de tales procedimientos.
La seguridad y la vigilancia, elementos presentes en la
sociedad actual, no son incompatibles con el derecho fundamental a la
protección de la imagen como dato personal, lo que en
consecuencia exige respetar la normativa existente en materia de
protección de datos, para de esta manera mantener la confianza
de la ciudadanía en el sistema democrático.
Las imágenes se consideran un dato de carácter
personal, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la
Ley Orgánica 15/1999 y el artículo 1.4 del Real Decreto
1322/1994 de 20 de junio, que considera como dato de carácter
personal la información gráfica o fotográfica.
En relación con la instalación de sistemas
de videocámaras, será necesario ponderar los bienes
jurídicos protegidos. Por tanto, toda instalación
deberá respetar el principio de proporcionalidad, lo que en
definitiva supone, siempre que resulte posible, adoptar otros medios
menos intrusivos a la intimidad de las personas, con el fin de
prevenir interferencias injustificadas en los derechos y libertades
En consecuencia, el uso de cámaras o videocámaras
no debe suponer el medio inicial para llevar a cabo funciones de
vigilancia por lo que, desde un punto de vista objetivo, la
utilización de estos sistemas debe ser proporcional al fin
perseguido, que en todo caso deberá ser legítimo.
En cuanto a la proporcionalidad, pese a ser un concepto
jurídico indeterminado, la Sentencia del Tribunal
Constitucional 207/1996 determina que se trata de «una
exigencia común y constante para la constitucionalidad de
cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, entre ellas
las que supongan una injerencia en los derechos a la integridad
física y a la intimidad, y más en particular de las
medidas restrictivas de derechos fundamentales adoptadas en el curso
de un proceso penal viene determinada por la estricta observancia del
En este sentido, hemos destacado que, para comprobar si
una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de
proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres
siguientes requisitos o condiciones: «si tal medida es
susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad);
si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra
medida más moderada para la consecución de tal
propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y,
finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de
ella más beneficios o ventajas para el interés general
que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de
proporcionalidad en sentido estricto)».
Asimismo la proporcionalidad es un elemento fundamental
en todos los ámbitos en los que se instalen sistemas de
videovigilancia, dado que son numerosos los supuestos en los que la
vulneración del mencionado principio puede llegar a generar
situaciones abusivas, tales como la instalación de sistemas de
vigilancia en espacios comunes, o aseos del lugar de trabajo. Por
todo ello se trata de evitar la vigilancia omnipresente, con el fin
de impedir la vulnerabilidad de la persona.
Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un
distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible,
tanto en espacios abiertos como cerrados y
Tener a disposición de los/las interesados/as
impresos en los que se detalle la información prevista en el
artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.
Sólo se considerará admisible la
instalación de cámaras o videocámaras cuando la
finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que,
sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos
para la intimidad de las personas y para su derecho a la protección
El distintivo informativo que tendrá que
colocarse en los lugares videovigilados deberá de incluir una
referencia a la «LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN
DE DATOS», incluirá una mención a la finalidad
para la que se tratan los datos («ZONA VIDEOVIGILADA»), y
una mención expresa a la identificación del responsable
ante quien puedan ejercitarse los derechos a los que se refieren los
artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999,
Toda persona o entidad que proceda a la creación
previamente a la Agencia de Protección de Datos (art. 26
LOPDCP).
El interesado tendrá derecho a solicitar y
obtener gratuitamente información de sus datos de carácter
personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así
como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de
los mismos (art. 15 LOPDCP).
También en la Unión europea ha sido
recientemente objeto de discusión, y su fruto ha sido el
Dictamen 4/2004 relativo al Tratamiento de Datos
Personales mediante Vigilancia por Videocámara.
XIII.- Mención a sentencias de interés y resoluciones de la agencia estatal de
En la STC 37/1998, de 17 de febrero, que versa acerca
del recurso de amparo en el caso "grabación de piquete
informativo", que finalizó con el fallo del Tribunal en
el que éste establece que la filmación no produjo una
ablación total del derecho de huelga, sino una simple
restricción de su ejercicio. No obstante, atendiendo a las
circunstancias del caso y teniendo en cuenta que en estos supuestos,
en los que un derecho fundamental cuyo ejercicio no está
constitucionalmente supeditado a ninguna comunicación previa
se ve limitado por una actuación policial preventiva, rige el
criterio interpretativo de favor libertatis (STC 66/1995, Fundamento
Jurídico 3º), por lo que concluye que la captación
ininterrumpida de imágenes fue una medida desproporcionada
para conseguir la finalidad que se pretendía con la misma.
STC 98/2000, de 10 de abril, que resuelve un recurso de
amparo en el caso "Casino de A Toxa", y sentencia
estableciendo que la implantación del sistema de audición
y grabación no ha sido en este caso conforme con los
principios de proporcionalidad e intervención mínima
que rigen la modulación de los derechos fundamentales por los
requerimientos propios del interés de la organización
empresarial, pues la finalidad que se persigue (dar un plus de
seguridad, especialmente ante eventuales reclamaciones de los
clientes) resulta desproporcionada para el sacrificio que implica
del derecho a la intimidad de los trabajadores (e incluso de los
clientes del casino). Este sistema permite captar comentarios
privados, tanto de los clientes como de los trabajadores del casino,
comentarios ajenos por completo al interés empresarial y por
tanto irrelevantes desde la perspectiva de control de las
obligaciones laborales, pudiendo, sin embargo, tener consecuencias
negativas para los trabajadores que, en todo caso, se van a sentir
constreñidos de realizar cualquier tipo de comentario
personal ante el convencimiento de que van a ser escuchados y
grabados por la empresa. Se trata, en suma, de una intromisión
ilegítima en el derecho a la intimidad consagrado en el art.
18.1 CE, pues no existe argumento definitivo que autorice a la
empresa a escuchar y grabar las conversaciones privadas que los
trabajadores del casino mantengan entre sí o con los
clientes. Lo cual conduce al Tribunal al otorgamiento del amparo con
el restablecimiento al demandante en la integridad de su derecho.
STC 186/2000, de 10 de julio, dictada en el recurso de amparo nº 2662/1997, caso "cajero de Ensidesa". Falló el
Tribunal denegando el amparo porque la medida no obedeció al
propósito de vigilar y controlar genéricamente el
cumplimiento por los trabajadores de las obligaciones que les
incumben, a diferencia del caso resuelto en la STC 98/2000, en el
que la empresa, existiendo un sistema de grabación de
imágenes no discutido, amén de otros sistemas de
control, pretendía añadir un sistema de grabación
de sonido para mayor seguridad, sin quedar acreditado que este nuevo
sistema se instalase como consecuencia de la detección de una
quiebra en los sistemas de seguridad ya existentes y sin que
resultase acreditado que el nuevo sistema, que permitiría la
audición continuada e indiscriminada de todo tipo de
conversaciones, resultase indispensable para la seguridad y buen
funcionamiento del casino. Por el contrario, en este caso
previamente se habían advertido irregularidades en el
comportamiento de los cajeros en determinada sección del
economato y un acusado descuadre contable. Y se adoptó la
medida de vigilancia de modo que las cámaras únicamente
grabaran el ámbito físico estrictamente imprescindible
(las cajas registradoras y la zona del mostrador de paso de las
mercancías más próxima a los cajeros). En
definitiva, el principio de proporcionalidad fue respetado.
El	hecho de que la instalación del circuito cerrado de
televisión no fuera previamente puesta en conocimiento del
Comité de empresa y de los trabajadores afectados (sin duda
por el justificado temor de la empresa de que el conocimiento de la
existencia del sistema de filmación frustaría la
finalidad apetecida) carece de trascendencia desde la perspectiva
constitucional, pues, fuese o no exigible el informe previo del
Comité de empresa a la luz del art. 64.1.3 d) LET, estaríamos
en todo caso ante una cuestión de mera legalidad ordinaria,
ajena por completo al recurso de amparo. Por tanto, los derechos a
la intimidad personal y a la propia imagen, garantizados por el art.
18.1 CE, no han resultado vulnerados.
Esta Sentencia recoge en su fundamento jurídico quinto la doctrina
sentada por dicho Tribunal conforme a la cual "el
derecho a la intimidad no es un derecho absoluto, como no lo es
ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses
constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél
haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin
legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo
caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho"
y continúa afirmando que "en este
sentido debe tenerse en cuenta que el poder de dirección del
empresario, imprescindible para la buena marcha de la organización
productiva (organización que refleja otros derechos
reconocidos constitucionalmente en los arts. 33 y 38 CE) y
reconocido expresamente en el art. 20 ET, atribuye al empresario,
entre otras facultades, la de adoptar las medidas que estime más
oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del
trabajador de sus obligaciones laborales. Mas esa facultad ha de
producirse en todo caso, como es lógico, dentro del debido
respeto a la dignidad del trabajador, como expresamente nos lo
recuerda igualmente la normativa laboral [arts. 4.2c) y 20.3 del
Estatuto de los Trabajadores]."
Añade la citada sentencia en el Fundamento
Jurídico 7º que "en el caso
que nos ocupa, la medida de instalación de un circuito
cerrado de televisión que controlaba la zona donde el
demandante de amparo desempeñaba su actividad laboral era una
medida justificada; idónea para la finalidad pretendida por
la empresa; necesaria; y equilibrada, por lo que debe descartarse
que se haya producido lesión alguna del derecho a la
intimidad personal consagrado en el art. 18.1 CE".
En cuanto a la instalación de videocámaras
en el lugar de trabajo, la AEPD se ha pronunciado en diversas
ocasiones. Por ejemplo, en su resolución R/330/2000, de
diciembre de 2000 (PS/00088/2000), se refleja en conjunto la
doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos
en un supuesto en el que la redacción de un periódico
había procedido a la instalación de cámaras que
recogían la actividad de los trabajadores, volcando las
imágenes instantáneamente en Internet, 24 horas al
día, 7 días a la semana con la finalidad de reflejar
la actividad de la redacción y mejorar por tanto la
información ofrecida por esa vía. La compañía,
en sus alegaciones manifestó que la instalación de
webcams no podía considerarse como tratamiento de datos de
carácter personal porque no concurre el requisito de
identificabilidad, dado que la cámara captaba imágenes
globales de la redacción, apareciendo borrosas tales
imágenes. Además, estas imágenes
se destruían cada 15 segundos por lo que no había
tratamiento ni almacenamiento posterior, no existiendo, de ese modo,
Argumentaba la compañía que las imágenes
recogidas en el ámbito laboral, según lo reiterado por
la jurisprudencia constitucional, no afecta a la intimidad personal
y familiar. La compañía, en defensa de su derecho,
manifestó además que disponía del
consentimiento tácito dado que la instalación se hizo
a la vista de todos los trabajadores y que además informó
en el Comité de Empresa.
La Resolución, confirmada por Sentencia de la
Audiencia Nacional de fecha 24 de enero de 2003, determina la
existencia de una vulneración del deber de consentimiento
consagrado en el artículo 6 de la Ley Orgánica
15/1999, al haberse grabado y difundido a través de Internet
imágenes y datos de los trabajadores, sin contar con su
consentimiento inequívoco (a la luz de la legislación
en materia de protección de datos, resulta insuficiente el
hecho de informar en el Comité de Empresa) y sin concurrir
ninguna de las causas de exclusión de dicho consentimiento
recogidas en el apartado 2 del mencionado artículo y
tipificando tal vulneración como una infracción grave
según el artículo 44.3.d) de la LOPD.
En su Resolución 681/2004, de 10 de diciembre,
relativa al procedimiento sancionador PS/109/2004 a consecuencia de
una denuncia en la que se ponía de manifiesto la colocación
de una cámara de vigilancia en un museo sin haber solicitado
el consentimiento y sin justificar la causa de tal colocación.
El responsable de la comisión de dicha infracción
adujo que tal instalación se dirigía a la vigilancia
de los empleados que a su vez vigilaban las instalaciones. Las
alegaciones, centradas en la ya citada Sentencia del Tribunal
Constitucional 186/2000, de 10 de julio, y en el criterio de
necesidad y proporcionalidad, se fundamentaban además en la
inexistencia de lesión de derechos de intimidad y propia
imagen de los trabajadores filmados en su actividad laboral, de los
que sólo se filmaba su espalda, siendo por tanto imposible la
identificación. Al respecto la AEPD entiende que son datos de
carácter personal aquellos constituidos tanto por imágenes
como por sonidos si de estos resulta identificable su titular.
Además, las imágenes de los trabajadores en las
empresas en su lugar de actividad suponen que estos están
expuestos a una identificación inequívoca. Asimismo,
se argumentó que los trabajadores fueron informados de la
instalación de tales cámaras, pero no fueron
informados de que esas cámaras podían servir para la
supervisión y control del trabajo. La AEPD estima que este
alegato no tiene cabida en el artículo 5.3 de la LOPD que
prescribe que no será necesaria la información a que
se refieren las letras b), c) y d) del apartado uno si del contenido
de ella se deduce claramente la naturaleza de los datos que se
solicitan o de las circunstancias en las que se recaban. Tal y como
se expresaba en el caso anterior, la AEPD estima que ni la LOPD ni
la Sentencia del Tribunal Constitucional eximen de la obligación
de informar de los extremos señalados en el artículo 5
de la LOPD, constituyendo una infracción leve en el artículo
42.2.d).
Respecto a un caso de infracción del deber de
información, resulta de especial interés el caso
relativo a una Administración Pública, que instaló
un sistema de videovigilancia en los locales de una Gerencia
Municipal para controlar los horarios de sus trabajadores. Las
imágenes y sonidos quedaban registrados informáticamente,
y no se hacía constar en carteles informativos el citado
tratamiento. Finalizado el periodo probatorio, comprobadas las
situaciones denunciadas, y en el trámite de audiencia, la
parte denunciada hizo referencia a la antes citada Sentencia del
Tribunal Constitucional 186/2000, argumentando que la instalación
de esos dispositivos se produjo con el fin de controlar y verificar
el cumplimiento de los horarios de los trabajadores y siendo este un
medio válido dentro de las facultades que se otorgan al
empresario. La AEPD falló en su resolución
R/00451/2005 de fecha 20 de julio (procedimiento AAPP/00029/2004)
que la Ley Orgánica de Protección de Datos no exime al
empresario de la obligación de informar cuando el tratamiento
de datos se encuentra habilitado por una norma, por lo que existe
una vulneración del artículo 5 de la LOPD, relativo el
deber de información, considerado por el artículo
44.2.d) como una infracción leve.
Respecto al deber de información y de la
obtención del consentimiento, es de interés la
resolución de la AEPD R/00806/2005, de fecha 13 de diciembre
dictada en procedimiento sancionador PS/00098/2005, en la que se
sanciona por la instalación de videocámaras en la
fachada principal de la vivienda para controlar supuestos actos
vandálicos en un coche, sin informar ni requerir el
consentimiento de los vecinos y viandantes. En el presente caso, el
responsable de la comisión de dicha infracción alegaba
que las imágenes grabadas no permiten la identificación
de las personas que aparecían en las mismas. La Agencia
estima que la captación y grabación de imágenes
con fines de vigilancia y control, como el presente caso, se
encuentra dentro del ámbito de aplicación de la LOPD y
el hecho de que en la prueba aportada no se aprecie la captación
de ningún dato de carácter personal, no exime de la
responsabilidad a la parte imputada, dado que la instalación
en sí responde a una finalidad centrada precisamente en
captar la identidad de la persona o personas que realizaban actos
vandálicos en el vehículo. Dicho tratamiento ha de
contar con el consentimiento del afectado, circunstancia que en el
presente caso no se acreditó, por lo que se estima cometida
la infracción por la que se instruyó el procedimiento.
En otras Resoluciones de la AEPD, recogen que de
acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 1/1982, de 5
de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y a la Propia Imagen, la existencia de
videocámaras podría suponer una intromisión
ilegítima en el ámbito de protección de la
citada Ley, dada la captación de la imagen en momentos o
lugares de su vida privada, para lo que las personas titulares de
ese derecho podrían ejercitar la tutela judicial frente a
esta intromisión ilegítima por la vía procesal
En relación con la infracción del deber
de inscripción de ficheros, recogido por el artículo
26.1 de la LOPD, las resoluciones de la AEPD han afirmado que dado
que la imagen es un dato de carácter personal, si los datos
constituidos por imágenes se encuentran incorporados a un
fichero, este deberá inscribirse en el Registro General de
Las denuncias más comunes que derivan en una
actuación inspectora tienen lugar por la vulneración
del artículo 26 de la LOPD, que impone la obligación
de notificar los ficheros al Registro General de la AEPD. Asimismo,
la Agencia se ha pronunciado en numerosos casos ante la vulneración
del deber de información. En este aspecto, la casuística
se ha dado tanto en espacios abiertos (vía pública),
como cerrados (comunidades de vecinos o en el entorno laboral).
XIV.- Mención a la regulación normativa de la videovigilancia en espectáculos
Debemos asimismo aludir a la existencia de una normativa
referente a los espectáculos públicos, cuya regulación
es específica y la mencionamos para un futuro estudio en
profundidad en sede deportiva, acerca de la instalación de
videocámaras en este tipo de eventos:
Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (B.O.E.
núm. 166, de 12 de julio).
Real decreto 769/1993, de 21 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento para la prevención de la violencia en
los espectáculos deportivos (B.O.E.
núm. 146, de 19 de junio).
Orden de 22 de diciembre de 1998, del Ministerio de la
Presidencia, por la que se regulan las unidades de control
organizativo para la prevención de la violencia en los
espectáculos deportivos (B.O.E.
núm. 309, de 26 de diciembre).
Lecciones de Derecho Procesal Penal. Vicente Gimeno
Sendra y otros. Ed. Colex 2003.
Tratado de Derecho Procesal Penal. VVAA. Ed. Thomson
Aranzadi 2004.
Ley 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en lugares públicos.
Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley
Orgánica 4/1997.
Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Videovigilancia: consideraciones legales desde la
perspectiva de España y análisis de la doctrina de la
Agencia Española de Protección de Datos. Paula Ortiz
Cámaras de control y filmación de las
vías públicas, redadas y controles policiales. Carmen
Senés Motilla. Ed. Colex.
Medidas restrictivas de derechos fundamentales.
Eloy Velasco Núñez. Madrid, Consejo General del Poder
Judicial, 1996.
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