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Timestamp: 2019-09-19 04:56:36
Document Index: 186334887

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 162', 'artículo 68', 'artículo 136', 'artículo 68', 'artículo 151', 'artículo 20', 'artículo 478', 'artículo 459']

Jurisprudencia Destacada Año 2018 N11 – Microjuris - Chile
Jurisprudencia Destacada Año 2018 N11
JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 11 DE 2018
CONTRATACIÓN PÚBLICA – RESOLUCIÓN ANTICIPADA
Ubilla c/ Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – LICITACIÓN PÚBLICA – RESOLUCIÓN ANTICIPADA – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – DECRETO ALCALDICIO – ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO – RECURSO DE RECLAMACIÓN – RECURSO ACOGIDO
Corresponde declarar como arbitrario e ilegal el Decreto Alcaldicio que aprobó el término anticipado del contrato con la consultora, pues basa esta decisión en un pre informe de carácter confidencial, vulnerando el principio de publicidad de los actos administrativos y vedando la posibilidad para que la afectada acredite la efectividad de las afirmaciones contenidas en dicho documento
1.- Corresponde acoger la reclamación de ilegalidad interpuesta por la reclamante en contra del Decreto Alcaldicio que aprobó el término anticipado del contrato correspondiente a la licitación pública. Esto, dado que el decreto se encuentra basado, en parte, en un pre informe de carácter confidencial emanado de la Contraloría General de la República, atentando en contra del principio de publicidad, consagrado en la Ley 19.880, y que caracteriza a los actos administrativos, el que involucra también el derecho de defensa de las personas, privándole la posibilidad de acreditar la efectividad de las afirmaciones contenidas en dicho informe. Además, dicho Decreto adolece de falta de fundamentación, pues, esgrimiendo el incumplimiento de plazos como una razón del término, el documento no aclara cómo se computó el plazo días de atraso que se indica en el informe respecto del proyecto, tampoco cuantos días se paralizó y si esta fue de responsabilidad de la Consultora o de otros organismos o instituciones que debían conocer e informar variados aspectos del mismo. Estas infracciones a los requisitos de publicidad y fundamentación de los actos administrativos, permiten que el acto administrativo sea declarado como arbitrario e ilegal, debiendo disponerse la nulidad del decreto impugnado.
2.- Adicionalmente, hubo también, por parte de la Municipalidad, un notable desorden administrativo durante la ejecución del contrato, en especial respecto de la paralización del proyecto, como también se divisa una falta de responsabilidad que la cabía al Inspector del Proyecto, perteneciente al Municipio, ya que tal como lo ordenaba la cláusula octava del contrato, era el responsable de su fiscalización, quien estaba además, facultado para tomar las medidas correctivas pertinentes, lo cual no se encuentra acreditado que lo haya efectuado oportunamente. Por otra parte, consta que la Consultora solicitó a la Municipalidad mediante correo electrónico una serie de antecedentes, entre los cuales un certificado de avalúo detallado del SII, lo cual nunca fue proporcionado y otros se cumplieron con tardanza de acuerdo a lo verificado.
3.- El fundamento de una resolución administrativa, en términos amplios y genéricos, es una exigencia legal acerca de su contenido, por tanto, se trata de un requisito de validez de la misma y del acto administrativo, la necesidad de motivación se consagra en los Principios de Imparcialidad, Transparencia y Publicidad que rigen los Procedimientos Administrativos. Así, es pertinente señalar que el principio de la transparencia, se expresa en la posibilidad para la generalidad de la comunidad de conocer las actuaciones de la Administración Pública. Este se refiere no sólo a aquellas actuaciones terminales, es decir, el acto administrativo (el que por regla general posee reglas particulares para darse a conocer), sino de aquellas actuaciones que se producen al interior de cualquier procedimiento administrativo, conduzca o no a la dictación de un acto terminal.
UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO
Reyes c/ Ilustre Municipalidad de Recoleta
Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – DESPIDO INJUSTIFICADO – NULIDAD DEL DESPIDO – INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO
Los servicios prestados por la actora, además de no coincidir con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, dan cuenta de elementos que revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de la realidad concreta tuvo dicha relación, surgiendo indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo, una relación sometida a su regulación, que configuran una evidente prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación y por la cual la demandante recibía en cambio una remuneración.
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó el recurso de nulidad deducido por la misma parte en contra de la sentencia que rechazó la demanda de declaración de existencia de la relación laboral, despido injustificado y nulidad del despido, por estimar que la contratación que vinculó a las partes se sujetó a la hipótesis que regula el artículo 4° de la Ley N° 18.883. Esto, debido a que, en la especie, se infringe el artículo 4° de la Ley N° 18.883, como, asimismo, los preceptos contenidos en los artículos 1 y 7 del Código del Trabajo, por lo que procedía acoger el recurso de nulidad de la demandante, toda vez que los servicios prestados por la actora, además de no coincidir con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, dan cuenta de elementos que revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de la realidad concreta tuvo dicha relación, surgiendo indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículos 7° del Código del Trabajo, una relación sometida a su regulación, que configuran una evidente prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación y por la cual la demandante recibía en cambio una remuneración.
2.- En el caso, se trata del desempeño de servicios (labores genéricas en diversos programas convenidos con entidades del Poder Ejecutivo, consistentes en asesorías, atención a público y salidas a terreno) que se prolongaron en el tiempo sin solución de continuidad, lo que impide estimar que se desarrollaron conforme las exigencias de la modalidad contemplada en el artículo 4° de la Ley N° 18.883. En efecto, el desempeño durante más de ocho años, no puede considerarse que participa de la característica de especificidad que señala dicha norma, o que se desarrolló en la condición de temporalidad que indica, por lo que corresponde aplicar el Código del Trabajo, concluyendo que el vínculo existente entre las partes, es de orden laboral.
3.- Se rechaza la demanda de nulidad del despido, toda vez que , al haberse controvertido por la parte demandada la naturaleza laboral del vínculo, no procede el castigo que contempla el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, pues al ampararse la contratación a honorarios en una fórmula contemplada por la ley, que aunque en los hechos no fue tal, sino una laboral, opera a favor de la parte demandada una razón que la exime de las consecuencias propias de dicha punición, ya que el basamento legal en el cual se celebraron los sucesivos contratos, les otorgaban una presunción de legalidad, debiendo considerarse, además, que en el contexto que se desarrolla el proceso, tal sanción se desnaturaliza, por cuanto las municipalidades no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren de un pronunciamiento condenatorio.
APARCADERO MUNICIPAL – COBRO DE BODEGAJE
Díaz Aguilera, Manuel A. c/ Ilustre Municipalidad de Lampa
Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – ORDENANZA MUNICIPAL – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – VEHÍCULO MOTORIZADO – DESPERDICIOS Y BASURAS – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO ACOGIDO
La Ley N°20.758 -que modificó la Ley N°18.290 insertando los Arts. 192 bis y 192 ter- en parte alguna facultó a los municipios para cobrar determinadas sumas por concepto de «bodegaje» de los vehículos retirados de circulación, sino únicamente para dictar una ordenanza que regule las autorizaciones para transportar basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, estableciendo los requisitos y el procedimiento para conceder dicha autorización. Además, dichos cobros, en lo que a camiones se refiere, aparecen como desproporcionados, siendo muy superiores respecto de otros vehículos retenidos por el mismo motivo, acogiéndose el reclamo de ilegalidad.
1.- Corresponde acoger la reclamación de ilegalidad interpuesta por el reclamante en contra la sanción impuesta por el Departamento de Rentas de la Municipalidad, solo en cuanto sanciona al reclamante por el tiempo que el camión incautado se mantuvo retenido por la autoridad municipal. Esto, dado que la Ley N° 20.758 , en parte alguna facultó a los municipios para cobrar determinadas sumas por concepto de «bodegaje» de los vehículos retirados de circulación, sino únicamente para dictar una ordenanza que regule las autorizaciones para transportar basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, estableciendo los requisitos y el procedimiento para conceder dicha autorización y la obligación de portarla en el vehículo, en los casos que corresponda. Por otro lado, dichos cobros, en lo que a los camiones se refiere, aparecen como desproporcionados, siendo muy superiores respecto de otros vehículos retenidos por el mismo motivo, infringiéndose el principio constitucional de igualdad y no discriminación. En tal sentido, es preciso tener presente que la regulación de los derechos debe ser razonable, no arbitraria, debiendo existir coherencia entre los medios utilizados y los fines legítimos perseguidos.
2.- No obsta a la determinación de ilegalidad del acto impugnado, la circunstancia de que la disposición desproporcionada y discriminatoria se encuentre establecida en una ordenanza municipal cuyo decreto que la puso en vigor no ha sido impugnado, por cuanto su contenido debe examinarse por la magistratura cuando opera en el caso concreto, como acontece en la especie; sin perjuicio que puede ser también impugnada en forma directa o por otras vías.
3.- Resulta evidente que el cobro efectuado al reclamante deviene, por un lado, en ilegal al no tener un sustento normativo en el ordenamiento legislativo, sino también en antijurídico en un sentido amplio, al trasgredir el principio de proporcionalidad reconocido tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de la materia; estableciendo una medida no solo desproporcionada, sino que también un discriminación arbitraria en perjuicio del reclamante, apartándose del imperativo consagrado en el Art. 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en cuanto consagra el principio de igualdad.
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – SUBDIVISIÓN
Manetti y otros c/ Director de Obras de la Municipalidad de Arica
Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – MUNICIPALIDADES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – LOTEO – SERVIDUMBRES – TRANSITO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA
Se acoge la acción de protección deducida en contra del rechazo a la solicitud de subdivisión, pues, los lotes objetos de la solicitud no se encuentran afectos a declaratoria de utilidad pública y en cuanto a lo relativo a la necesidad de que los lotes resultantes de una subdivisión tengan acceso a un espacio público, los actores constituyeron una servidumbre de tránsito para para poder conectar los lotes resultantes, de manera que han dado cumplimiento a las exigencias contenidas en el artículo 68 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sin que pueda sostenerse que la servidumbre constituida no se ajuste a lo señalado en los artículos 880 y siguientes del Código Civil
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que rechazó el recurso de protección deducido en contra de la Dirección de Obras Municipales por el rechazó a la solicitud de los actores de subdividir los lotes, fundada la negativa en no haber dado cumplimiento a las exigencias contenidas en el artículo 136 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Al respecto, se establece que los lotes que son objeto de la solicitud de subdivisión no se encuentran afectos a declaratoria de utilidad pública, por lo que a su respecto no resulta aplicable lo dispuesto en la DDU M°224 de 19 de agosto de 2009 sin que sea procedente que la recurrida exija nuevamente tal requisito. Además, en cuanto a lo relativo a la necesidad de que los lotes resultantes de una subdivisión tengan acceso a un espacio público, los actores constituyeron una servidumbre de tránsito para para poder conectar los lotes resultantes, de manera que han dado cumplimiento a las exigencias contenidas en el artículo 68 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sin que pueda sostenerse que la servidumbre constituida no se ajuste a lo señalado en los artículos 880 y siguientes del Código Civil.
2.- El artículo 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades, contempla y describe un procedimiento destinado a impugnar las resoluciones ilegales del alcalde o de los funcionarios municipales. Cuando el ordenamiento prevé una impugnación con una finalidad específica -invalidar determinada actuación administrativa- el hecho de no ejercerla hace que tal omisión propia revierta contra el interesado, respecto de quien ha precluido el derecho a representar formalmente la ilegalidad. Lo anterior, no se opone a la apertura «a los demás derechos» que prescribe el artículo 20 inciso primero de la Constitución Política de la República, que no alcanza a los casos en que, como el presente, existe un recurso expresamente establecido para impugnar idéntica ilegalidad que la actualmente ventilada. (Del voto en contra de la Ministro señora Muñoz y del Ministro señor Cerda).
Villegas Díaz, Manuel c/ Ilustre Municipalidad de Maipú
Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – NULIDAD DEL DESPIDO – DESPIDO INJUSTIFICADO – ORGANOS DEL ESTADO – ADMINISTRACION PUBLICA – HONORARIOS – FUNCIONARIOS PUBLICOS – OMISIÓN DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA
1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el funcionario en contra de la sentencia que acogió el recurso de nulidad deducido por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda declarando la existencia de la relación laboral, el despido injustificado y la nulidad del mismo y, en su lugar, rechazó la demanda de nulidad del despido. Al respecto, si bien se constata la disconformidad denunciada en la interpretación no constituye la hipótesis prevista por el legislador para que se invalide el fallo de nulidad y altere lo decidido en el fondo, por cuanto los razonamientos esgrimidos en lo sustantivo por la Corte de Apelaciones para fundamentar su decisión de rechazar la nulidad del despido se ha ajustado a derecho, por cuanto no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector. Lo anterior no altera la obligación de enterar las cotizaciones previsionales adeudadas, por el período en que se reconoció la existencia de la relación laboral.
DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – PRUEBA
Saavedra c/ Ilustre Municipalidad de Caldera
Voces: LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – NULIDAD DEL DESPIDO – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – PRUEBA – PONDERACION DE LA PRUEBA – FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA – FERIADO – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO
Tribunal: Corte de Apelaciones de Copiapó
La sentencia impugnada no cumple con el imperativo legal de valorar toda la prueba rendida en el proceso y de exponer los razonamientos relacionados con dichas probanzas, así como de exteriorizar los motivos para desestimar determinados medios probatorios. Por otra parte, no existe fundamentación respecto de los raciocinios fáctico jurídicos que llevan a la sentenciadora a condenar a la demandada al pago de feriado legal, omitiéndose, asimismo, resolución respecto del cobro de las cotizaciones previsionales demandadas por la actora.
1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia que dio lugar a la demanda declarando la existencia de la relación laboral y que el despido fue injustificado. Lo anterior, por cuanto, se configura la causal de nulidad sustentada en el literal e) del artículo 478 del Código del Trabajo, toda vez que la sentencia impugnada no cumple con el imperativo legal de valorar toda la prueba rendida en el proceso y de exponer los razonamientos relacionados con dichas probanzas, así como de exteriorizar los motivos para desestimar determinados medios probatorios. Por otra parte, no existe fundamentación respecto de los raciocinios fáctico jurídicos que llevan a la sentenciadora a condenar a la demandada al pago de feriado legal, omitiéndose, asimismo, resolución respecto del cobro de las cotizaciones previsionales demandadas por la actora.
2.- A la luz de la garantía de fundamentación, la sentencia impugnada no satisface el parámetro referido en tanto, no contiene la valoración de todos los medios de prueba incorporados en audiencia, y la forma en que estos fueron analizados por la sentenciadora para alcanzar convicción respecto a los hechos que se dieran por establecidos, limitándose a reseñar cada uno de los medios de prueba, lo que no resulta suficiente para cumplir el mandato del legislador, en lo referido a la fundamentación de la sentencia.
3.- El numeral 4 del artículo 459 del Código del Ramo exige expresamente que el sentenciador, efectúe un análisis de toda la prueba rendida y reproduzca el razonamiento en base al cual da por establecidos los hechos a los cuales habrá de aplicar la correspondiente calificación jurídica. La norma en cuestión no hace sino consagrar una de las garantías que configuran el debido proceso, como es la fundamentación de las resoluciones judiciales, la que recorre transversalmente nuestro ordenamiento jurídico, contemplándose por el legislador en los diversos procedimientos.
4.- La fundamentación de la sentencia compromete la responsabilidad del juez, quien cumple un rol social trascendental, puesto que sus resoluciones dan una señal clara a la sociedad respecto a la ponderación de los distintos bienes jurídicos; a la vez permite a la sociedad controlar la actividad del juez, expresada en su razonamiento, no sólo formal sino que sustancial. Esta forma de entender lo que implica la fundamentación de la sentencia se conoce como principio socializador y refleja una de las facetas de la responsabilidad del Estado en el ejercicio de la Soberanía.
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