Source: https://www.legaltoday.com/historico/jurisprudencia/jurisprudencia-militar/sentencia-tribunal-supremo-num-152014-30-05-2017-2016-12-30/
Timestamp: 2020-07-15 01:51:22
Document Index: 205996828

Matched Legal Cases: ['artículo 119', 'artículo 119', 'artículo 197', 'artículo 849', 'artículo 119', 'artículo 849', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 10', 'artículo 119', 'artículo 119', 'artículo 35', 'artículo 35']

Sentencia Tribunal Supremo num. 15/2014 30-05-2014 - Legal Today
15/07/2020. 03:51:22
MARGINAL: RJ20144298
FECHA: 2015-05-30 08:53
PROCEDIMIENTO: Recurso núm. 15/2014
ABANDONO DE RESIDENCIA: una baja por enfermedad no autoriza al militar a residir en lugar distinto al de destino; EXISTENCIA: baja por enfermedad: conocimiento de la falta de autorización de sus mandos contrariando incluso su comunicación: traslado relacionado directamente con la enfermedad pero sin probarse la necesidad del mismo: su salud no estaba afectada ni exigía atención fuera del lugar de su residencia militar. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TS. VOTO PARTICULAR
En el recurso de casación núm. 101-15/2014, interpuesto por don Arturo, representado por la procuradora doña Mercedes Ruiz-Gopegui González y defendido por la letrada doña Kangyun Xiao, contra la sentencia de 30 de octubre de 2013, dictada por el Tribunal Militar Territorial Tercero, que lo condenó como autor de un delito de "abandono de residencia" previsto y penado en el artículo 119RCL 1985 2914 del Código Penal Militar (RCL 1985 2914), habiendo sido parte recurrida el Ministerio Fiscal; se han reunido los Excmos. Sres. Presidente y Magistrados de Sala mencionados para deliberación y votación, expresando el parecer del Tribunal, bajo la ponencia del Excmo. Sr. D. Benito Galvez Acosta
«Que debemos condenar y condenamos al Soldado D. Arturo, como responsable en concepto de autor de un delito de abandono de residencia, previsto y penado en el artículo 119RCL 1985 2914 del Código Penal Militar (RCL 1985 2914), sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de tres meses y un día de prisión, con las accesorias de suspensión de cargo público y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, no existiendo responsabilidades civiles que exigir. Para el cumplimiento de esta pena le será de abono el tiempo de detención, prisión preventiva o arresto disciplinario militar que, en su caso, hubiera sufrido por los mismos hechos».
SEXTO Admitido y declarado concluso el presente rollo, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del mismo el día veintisiete de mayo del año en curso; convocándose al efecto el Pleno de la Sala en los términos previstos en el artículo 197RCL 1985 1578 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985 1578 y 2635), acto que se llevó a cabo en los términos que a continuación se expresan.
PRIMERO .- Con fecha 30 de octubre de 2013, el Tribunal Militar Territorial Tercero dictó sentencia condenando al soldado, Don Arturo, como autor de un delito de abandono de residencia, art. 119RCL 1985 2914 del CPM (RCL 1985 2914), a la pena de tres meses y un día de prisión con las accesorias correspondientes.
" Primero: Por infracción del art. 24.2 de la Constitución Española (RCL 1978 2836). Por vulneración del principio fundamental a la presunción de inocencia.
Tercero: Por infracción del artículo 849.1ºLEG 1882 16 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEG 1882 16). Por indebida aplicación del artículo 119RCL 1985 2914 del Código Penal Militar (RCL 1985 2914).
Cuarto: Por infracción del artículo 849.2ºLEG 1882 16 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por error en la apreciación de la prueba.
TERCERO .- Como indica el M. Fiscal, una correcta metodología casacional obliga a alterar el orden expositivo del recurso, debiendo proceder en primer lugar a analizar los motivos primero y segundo, en los que se denuncian distintas infracciones de índole constitucional, para analizar a continuación el motivo cuarto, que aparece formalizado por la vía prevista en el art. 849.2LEG 1882 16 de la LECr (LEG 1882 16).; finalizando con el tratamiento conjunto de los motivos tercero y quinto, en los que se viene a denunciar la infracción de ley cometida al aplicar, dícese indebidamente, el art. 119RCL 1985 2914 del CPM (RCL 1985 2914).
En tal sentido, recuerda la sentencia de 27 de enero de 2014 (RJ 2014 3263), citando otras, que la conculcación de dicho derecho esencial a la presunción de inocencia, sólo se produce ante la total ausencia de prueba; y no puede entenderse conculcado tal derecho cuando existe un mínimo acervo probatorio válido. El derecho a la presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en éstos. De modo que, sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas. Es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración; o, finalmente, por ilógico o por insuficiente, no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado.
Proyectando precedentes consideraciones sobre el caso de autos, es de observar que, en la sentencia recurrida, el Tribunal expresa, con claridad y precisión, los elementos probatorios en los que fundamenta su convicción acerca de como se produjeron los hechos probados. Y ello conforme a motivación basada en razonamientos ajustados a aquellos parámetros de lógica, congruencia y verosimilitud, conforme a las exigencias del art. 120.3ºRCL 1978 2836CE (RCL 1978 2836)., que excluyen cualquier duda de arbitrariedad constitucionalmente proscrita ( art. 9.3ºRCL 1978 2836CE).
En relación al motivo invocado, esta Sala en sentencia de 31 de enero de 2013 (RJ 2013 4521), entre otras muchas, y con atención a la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, ha destacado reiteradamente que el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa ( art. 24.2CE (RCL 1978 2836)), es de configuración legal, cuya regulación corresponde en cada caso al legislador; de manera que para entenderlo vulnerado será preciso que la prueba no admitida, o no practicada, se haya propuesto en tiempo y forma; que sea pertinente por su relación con el "thema decidendi" y, además, que sea relevante o decisiva en términos de defensa. En el sentido de que su resultado, de haberse practicado, tendría virtualidad para alterar la narración probatoria y la decisión final del asunto litigioso. No existe, por tanto, un derecho absoluto o ilimitado de las partes a que se practique cuanta prueba interese a éstas; ni queda desapoderado el órgano judicial para rechazar motivada, y razonablemente, la que considere no pertinente, innecesaria o irrelevante.
QUINTO .- Con notable deficiente técnica casacional, formula el recurrente su cuarto motivo invocando el art. 849-2 de la LECr (LEG 1882 16). A tal fin, en la formalización del recurso, cita varios documentos en intento de acreditar que el abandono de la residencia estaba totalmente justificado por motivos médicos.
En su relación, con la sentencia de esta Sala de 13 de septiembre de 2013 (RJ 2013 8094) y de 23 de septiembre de 2011 (RJ 2011 7291) de la Sala Segunda, entre otras, hemos de anotar, que si bien es cierto que en la aceptación de este motivo se ha huido de un rígido formalismo procesal, flexibilizando su admisión, no lo es menos que, sin solución de continuidad, tales resoluciones añaden que en todo caso, y como recuerda, entre otras, la sentencia de dicha Sala, 332/2004 de 11.3 (RJ 2004 1590), es obligación del recurrente, además de individualizar el documento acreditativo del error, precisar los concretos extremos del documento que acreditan claramente el error en el que se dice cayó el Tribunal, no siendo competencia de esta Sala de casación ‘adivinar' o buscar tales extremos.
SEXTO .- Motivo tercero. Su argumentación tiende a fundamentar la infracción de Ley por haber aplicado el Tribunal de instancia, indebidamente se afirma, el art. 119RCL 1985 2914CPM (RCL 1985 2914). Así reitera la idea de que el abandono de su lugar de residencia autorizado, trasladándose a su domicilio familiar en Murcia, lo fue por motivos médicos; lo que a su juicio constituye causa justificada de la ausencia y, por ende, no es ésta condenable.
A los efectos resolutorios que se estima proceden, abordando la cuestión planteada, hemos de traer a colación doctrina de esta Sala en orden a la configuración penal del delito de abandono de residencia. En tal sentido, la sentencia de 2 de febrero de 2007 (RJ 2007 2112), ya decía que "el deber de residencia que viene impuesto en el artículo 175 de las Reales Ordenanzas (RCL 1979 90, 395), no queda excluido por el hecho de encontrarse el recurrente de baja por enfermedad, pues ésta, por sí misma, no permite a los miembros de las Fuerzas Armadas residir en lugar distinto del de su destino o de aquél que se le autorice, lo que tiene por finalidad permitir que el mando pueda en todo momento controlar la situación médica y la baja o aptitud para el servicio del militar afectado".
Mas, efectivamente derogado el artículo 175 de las Reales Ordenanzas, la Sentencia de 3 de diciembre de 2010 (RJ 2010 8500) ha establecido que, en cuanto a la incidencia que en el tipo penal de que se trata hubiere producido dicha derogación, ya en sentencias de fecha 24.11.2008 (RJ 2008 6999) y 24.11.2009 (RJ 2010 677) se afirmaba que el art. 119RCL 1985 2914CPM no es tipo en blanco, que se nutra o integre de otra normativa complementaria, sino que es norma penal completa y autónoma, que incorpora la prohibición de faltar al deber de residencia que, en cualquier caso, resulta exigible a los militares como presupuesto para el cumplimiento de las misiones que la Constitución y las Leyes imponen a las Fuerzas Armadas, y cuya infracción conlleva consecuencias punitivas. La "residencia", a que la norma penal se refiere, funciona como elemento normativo del tipo, por lo que lo primero que habrá que indagar, a modo de antecedente para la aplicación del delito, es si existe un concreto deber de residir en lugar determinado que vincule al militar, cuyo abandono durante el plazo legalmente previsto resulte penalmente reprochable. En este sentido ya se citaban supuestos de voluntaria designación de residencia, cuyo cambio no puede producirse unilateral y sorpresivamente, al margen de la autorización correspondiente, que implica la designación de otra residencia debidamente comunicada.
Citada sentencia, mantiene que el desaparecido art. 175 no creó el deber de residencia, sino que se limitó a concretar el ámbito espacial de su cumplimiento en el lugar del destino, y aún en términos relativos por la posible autorización de otras residencias alternativas compatibles con el desempeño de las obligaciones militares, con lo que su derogación no ha significado la supresión del dicho deber, si bien que en lo que a su cumplimiento concierne los sujetos obligados podrán fijarla ahora, en principio, en cualquier punto del territorio nacional según lo dispuesto por el art. 19, párrafo primero CE (RCL 1978 2836)., aunque comunicando a los mandos cual sea en cada momento la residencia electiva a efectos de control y localización del personal militar.
A mayor abundamiento, se añade, y a efectos de unificación de criterios en esta materia, que reunida la Sala General en Pleno no Jurisdiccional, en los términos previstos en el art. 264RCL 1985 1578 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985 1578 y 2635), se adoptó con fecha 27.10.2010 el siguiente Acuerdo: "El delito de Abandono de residencia previsto en el art. 119RCL 1985 2914 del Código Penal Militar, sigue siendo aplicable tras la derogación del art. 175 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas (RCL 1979 90 y 395)".
La residencia exigible a los militares, concluía aludida sentencia, se encuentra establecida en el art. 119RCL 1985 2914CPM, al haber elevado el legislador al rango de bien jurídico protegido al máximo nivel punitivo el cumplimiento del deber de residencia, que resulta necesario en la organización castrense para el logro de la esencial disponibilidad permanente de los militares, imprescindible en la realización de las misiones que las Fuerzas Armadas tienen encomendadas (vid. art. 4.1RCL 2007 2094, PrimeraRCL 2007 2094, Ley 39/2007 (RCL 2007 2094), de la Carrera Militar, y art. 20 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por RD. 96/2009, de 6 de febrero (RCL 2009 253)).
De otro lado también se establece, que a los militares corresponde, por principio, el mismo régimen de derechos y libertades fundamentales que al resto de los ciudadanos, de manera que cualquier limitación de las libertades públicas deberá articularse en los términos previstos en el art. 53.1RCL 1978 2836CE.; Por consiguiente, la libertad de residencia autoriza a su titular ciertamente a fijarla libremente dentro del territorio nacional, lógicamente con conocimiento del mando a efectos de localización y control militar. Efectivamente la elección de residencia es derecho subjetivo individual, cuyo contenido positivo legitima la libre fijación y cambio de la misma; y en su vertiente negativa conlleva la abstención de los poderes públicos, en lo que al caso interesa, de interferir en aquella decisión salvo lo dispuesto en el art. 53.1RCL 1978 2836CE.
Mas la anterior afirmación se complementa con la consideración de que ello no excluye posibles modulaciones del concreto ejercicio del derecho de que se trata, entre las que destaca la aceptación de residencias determinadas fruto de pactos y compromisos alcanzados como expresión de la autonomía de la voluntad, que producen sus efectos claramente en el sector privado (vgr. contrato de trabajo a prestar en lugar prefijado), y también en el ámbito de la función pública; de modo explícito mediante la suscripción de compromisos de incorporación a los Ejércitos. Tampoco pueden descartarse en la función pública limites implícitos al ejercicio del derecho de residencia, el cual no tiene carácter absoluto, y así en los casos de aceptación de nombramientos para ciertos cargos que comportan la obligación de estar y permanecer en lugar determinado; o incluso su modulación puede derivarse del ejercicio racional del derecho por los militares, en condiciones en que la libre elección de la residencia sea compatible con el cumplimiento de los deberes profesionales (vid. art. 45.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LCEur 2007 2329), según el cual los militares tendrían derecho a residir libremente en el territorio de los Estados miembros, lo que difícilmente permitiría el correcto desempeño de funciones castrenses). Deber concreto de residir los militares, en el lugar por ellos designado, que tiene carácter instrumental al servicio del cumplimiento del deber jurídico que tutela la norma penal, que no es otro que su permanente disponibilidad ( arts. 4.1RCL 2007 2094Ley 39/2007 y 20 RROO del año 2009), cuya efectividad es presupuesto imprescindible para el cumplimiento de las misiones que a las Fuerzas Armadas encomiendan la Constitución y las Leyes. En tal sentido, el art. 23 de la Ley de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, de 28 de julio de 2011 SIC (RCL 2011 1476), establece: "El lugar de residencia del Militar será el del municipio de su destino. También podrá ser uno distinto siempre que se asegure el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, en los términos y con las condiciones que se establezcan por orden el Ministerio de Defensa. El Militar tiene la obligación de comunicar en su Unidad el lugar de su domicilio habitual o temporal, así como cualquier otro dato de carácter personal que haga posible su localización si las necesidades del servicio lo exigen".
– Que el art. 119 no es tipo penal en blanco, sino antes bien, norma penal completa y autónoma; no incidida, en consecuencia, por la desaparición del art. 175 de las RROO aprobadas por Ley 85/78 (RCL 1979 90), derogado por la Ley 39/2007, de 19 de noviembre (RCL 2007 2094), de la Carrera Militar.
– Que si bien la elección de residencia es derecho subjetivo individual, cuyo contenido positivo legitima la libre fijación y cambio de la misma, art. 19 párrafo 1º CE, ello no excluye posibles modulaciones en su ejercicio, determinadas en pactos y compromisos derivados de la autonomía de la voluntad.
– Que el deber de residencia de los militares se encuentra establecido, a más de en el art. 119RCL 1985 2914 del CPM, en el art. 4.1.1ªRCL 2007 2094 de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar, y art. 20 de las RROO para las FFAA aprobadas por R.D. 96/2009 de 6 de febrero (RCL 2009 253); así como en la instrucción 1/2013, de 14 de enero (RCL 2013 67), de la Subsecretaría de Defensa, y art. 23RCL 2011 1476 de la LO 9/2011 de 27 de julio de 2011 (RCL 2011 1476) de Derechos y Deberes de los Miembros de las FFAA, que establece la obligatoriedad del Militar de comunicar, en su Unidad, el lugar de su domicilio habitual o temporal.
– Que la obligación de residir por el militar en el lugar indicado, no constituye un fin en sí mismo, sino que tiene carácter instrumentado al servicio del cumplimiento del deber jurídico que tutela la norma penal, que no es otro que su permanente disponibilidad; cuya efectividad es presupuesto imprescindible para el cumplimiento que las misiones de las FFAA encomienda la Constitución y las leyes.
Por todo ello, como anota la sentencia de 17 de julio de 2012 (RJ 2012 11294) en supuesto análogo, habiendo el acusado, en situación de baja médica con fijación de residencia militar en Barcelona, abandonado dicha residencia, sin autorización de sus mandos, su conducta se inscribe en el marco del art. 119RCL 1985 2914 del CPM.
SÉPTIMO .- De igual suerte, desestimatoria, se hace acreedor el quinto de los motivos de recurso. Ciertamente el Tribunal Constitucional, versando sobre el derecho a la "integridad personal", art. 15RCL 1978 2836C.E. (RCL 1978 2836), ha significado que dentro del ámbito de aplicación de dicho precepto, se incluye "el derecho a que no se dañe ni perjudique la salud personal ( STC 35/96 (RTC 1996 35) contemplada, entre otras, en sentencias de esta Sala de 1 de octubre de 2009 (RJ 2009 6257)). Pero el relato de hechos que nos ocupa patentiza que la salud del soldado Arturo no estaba afectada ni exigía la necesidad de atención fuera del lugar de su residencia militar.
Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10RCL 1987 1687 de la L.O. 4/1.987 de 15 de julio (RCL 1987 1687).
Formulo el presente voto particular, que tiene el carácter de concurrente, porque, en mi opinión, y con el mayor respeto al criterio de mayoría, la razón por la que el Pleno de la Sala debió desestimar el Recurso de Casación núm. 101/15/2014, interpuesto por la representación procesal del Soldado del Ejército de Tierra Don Arturo contra la Sentencia de fecha 30 de octubre de 2013, dictada por el Tribunal Militar Territorial Tercero en méritos a las Diligencias Preparatorias núm. 31/3/13, por la que se condenó al citado Soldado, como responsable en concepto de autor de un delito de abandono de residencia, previsto y penado en el artículo 119RCL 1985 2914 del Código Penal Militar (RCL 1985 2914), sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de tres meses y un día de prisión, con las accesorias de suspensión de cargo público y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y sin la exigencia de responsabilidades civiles, consiste en que dicho Soldado permaneció ausente del lugar de su residencia únicamente desde el 22 al 26 de marzo de 2013.
En el caso de autos, del conjunto de circunstancias concurrentes la intención por parte del hoy recurrente de incumplir con los deberes de presencia y disponibilidad permanente propios de todo militar, que le obligan a someterse al necesario control de sus mandos, no aflora sino a partir del 22 de marzo de 2013, por lo que del 18 al 22 de marzo anteriores no puede apreciarse en los hechos acreditados el dolo genérico o neutro que se requiere en este tipo penal del abandono del lugar de residencia, "integrado por el conocimiento del componente objetivo de la infracción y por la actuación del acusado conforme a dicho conocimiento, sin que se requiera cualquier otro elemento subjetivo del injusto a modo de intencionalidad o motivación específica que la norma penal no requiere, bastando con el conocimiento de la obligación de presencia y disponibilidad que corresponde a los miembros de las Fuerzas Armadas" – nuestras Sentencias, entre otras, de 18 (RJ 2009 2641) y 27.02 (RJ 2009 2643), 20.04, 05 (RJ 2009 1579) y 18.06 (RJ 2009 6223), 21.07 (RJ 2009 6241), 29.09 (RJ 2009 6256), 01.10 y 05 (RJ 2009 6277) y 12.11.2009 (RJ 2009 6282), 29.01 (RJ 2010 1598), 04.02 y 27.10.2010, 21, 27 y 31.01, 21.02 (RJ 2011 1290), 22 y 23.03, 07.04 (RJ 2011 2299), 28.06 (RJ 2011 5635) y 05.07.2.011 (RJ 2012 697) y 09.02.2012 (RJ 2012 7186)-. De otro lado, y a tenor del factum sentencial, el recurrente permaneció en todo momento disponible, "sin que haya faltado a ninguno de los controles médicos que le fueron señalados, tanto antes como después de su estancia en la PLAZA001".
A tal respecto, y siguiendo las Sentencias de esta Sala de 20 de febrero de 2006 (RJ 2006 5657), 12 de febrero de 2010 (RJ 2010 1607) y 9 de febrero de 2012 (RJ 2012 7186), durante este tiempo del 18 al 22 de marzo de 2013 su ausencia de Barcelona, lugar de su residencia, no fue antijurídica, al hallarse amparada por causa de justificación fundada en el derecho a la salud – artículos 20.7ºRCL 1995 3170 del Código Penal (RCL 1995 3170 y RCL 1996, 777) y 43 y 15 de la Constitución (RCL 1978 2836)-, no pudiendo dirigírsele el reproche penal por esta temporal falta de presencia en dicha capital.
Sin embargo, y esa es la razón por la que comparto la decisión de desestimar el Recurso de Casación interpuesto, desde el 22 al 26 de marzo de 2013, fecha esta última en que, también a tenor del relato histórico, "el acusado finalmente se personó voluntariamente, en su Unidad el día 26 de marzo de 2013, al objeto de pasar el reconocimiento médico que tenía programado para ese día", se consumó el delito de abandono del lugar de residencia previsto y penado en el artículo 119RCL 1985 2914 del Código Penal Militar, pues entre ambas fechas transcurrieron, computados de momento a momento, más de tres días, plazo este por el que, ya sin causa justificada, el Soldado del Ejército de Tierra Don Arturo permaneció alejado de su lugar de residencia en Barcelona, lo que comporta que conjugó el delito por el que venía acusado y ha sido condenado en la instancia.
El análisis de los hechos tenidos como ciertos por el Tribunal de instancia impone concluir, contrariamente a lo decidido por la mayoría de la Sala, que la ausencia de la residencia no constituye el delito del delito 119 del Código Penal Militar (RCL 1985 2914) porque estuvo justificada y no obstaculizó la finalidad del deber de residencia.
Al examinar cuál podía ser la duración adecuada de la pena de prisión, el Tribunal de instancia razonó así en el fundamento cuarto de su sentencia: «No concurren ni son de apreciar circunstancias eximentes, atenuantes ni agravantes de la responsabilidad criminal, si bien a efectos de individualizar la pena a imponer, se tienen en consideración los criterios recogidos en elartículo 35RCL 1985 2914 del Código Penal Militar (RCL 1985 2914), pero muy especialmente: los escasos días transcurridos fuera de su residencia, sin dejar de comparecer a los controles médicos que le fueron señalados en su Unidad; el hecho de que cuando fue localizado reconociese su ausencia del destino mostrándose dispuesto a regresar a la PLAZA000 tan pronto finalizasen determinadas consultas médicas y, en definitiva, el hecho demostrado de que su ausencia tuvo por fin acudir a médicos de su lugar de procedencia en relación directa con la dolencia que había motivado su baja en la Unidad. Todo ello lleva a esta Sala al convencimiento de que estamos ante una de las formas más leves de cometer el delito apreciado, lo que debe también llevar aparejado la imposición de una pena acorde con la gravedad expuesta».
a) «… a efectos de individualizar la pena a imponer, se tienen en consideración los criterios recogidos en elartículo 35RCL 1985 2914 del Código Penal Militar (RCL 1985 2914), pero muy especialmente: los escasos días transcurridos fuera de su residencia, sin dejar de comparecer a los controles médicos que le fueron señalados en su Unidad».
b) «…y, en definitiva, el hecho demostrado de que su ausencia tuvo por fin acudir a médicos de su lugar de procedenciaen relación directa con la dolencia que había motivado su baja en la Unidad».
6 Para concluir que no estuvo justificada, la mayoría de la Sala ha argumentado, según se ha transcrito arriba, así: «… Traslado que, si bien se encontraba directamente relacionado con su enfermedad de la rodilla, no ha quedado en modo alguno acreditado que la entidad de dicha enfermedad determinara la necesidad de tal desplazamiento».
El recurrente estaba de baja por enfermedad. En consecuencia, resulta claramente improcedente invocar la disponibilidad para el servicio ya que la situación de baja por enfermedad es contraria a la realización de servicios: así lo disponía la Instrucción 169/2001, de 31 de julio (RCL 2001 2257), reguladora de la determinación y control de las bajas temporales, cuando en su apartado 3.6 especificaba: «El personal con baja temporal no realizará ninguna actividad profesional», y así lo dispone hoy la Instrucción sobre la misma materia de 16 de enero de 2013 por cuanto en la relación de derechos enuncia este: «El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Instrucción tendrá los siguientes derechos: … g) A no realizar actividad profesional durante el periodo de baja temporal».