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Timestamp: 2019-02-19 19:59:43
Document Index: 354686800

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 918', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 33', 'artículo 33']

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¿Puede una empresa evitar la disolución con un préstamo participativo?
Defectos más comunes en la celebración de la Junta de aprobación de cuentas
Defectos más comunes en la convocatoria de la Junta de aprobación de cuentas
Aprobación de Cuentas: Junta General
Defectos en la Convocatoria
Infracción del Derecho de Información
Se omite en la convocatoria la mención que hace referencia al derecho de los socios a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser objeto de aprobación. Res. DGRN 18.02.2015
Relacionados con la Página web
Por inserción del anuncio de la convocatoria en página web no inscrita previamente en el Registro Mercantil ni publicada en el BORME. Sin que tampoco valga la mera indicación de un dominio de internet que conste mediante nota marginal en la hoja registral. Res DGRN 2.11.2016
No se acredita la realización de la convocatoria por acuerdo del Consejo de Administración, no siendo válido su reemplazo por la voluntad de su presidente. Res. DGRN 28.6.2013
La convocatoria de la Junta General para la aprobación de las Cuentas Anuales no ha sido convocada con la antelación prevista y exigida legalmente. Res. DGRN 21.9.2015
No se admite la presentación de fotocopias de los anuncios de convocatoria, aunque sea en tiempo oportuno, por considerar que no ofrecen garantía alguna respecto a su contenido. Res. DGRN 13.3.2015
Procedimiento de Comunicación Individual y Escrita
No consta inscrita en el Registro Mercantil la modificación estatutaria por la que se establece un sistema de convocatoria individual y escrita. Res. DGRN 15.6.2015.
No dude en ponerse en contacto con Durlines, S.L. para solicitar aclaración o ampliación de la información relativa al presente artículo.
No es obligatorio registrar la jornada diaria efectiva de todos los empleados
En fecha 20 de abril de 2017, el Tribunal Supremo ha dictado una nueva Sentencia, en la que ha reiterado su doctrina de la reciente Sentencia de 23 de marzo de 2017, declarando que no es obligatorio registrar la jornada diaria efectiva de todos los empleados, limitándose dicho deber únicamente a los supuestos en los que se realicen horas extraordinarias, así como a determinados supuestos especiales como es el caso de los trabajadores a tiempo parcial, ferroviarios, etc.).
Esta Sentencia crea jurisprudencia y asienta una interpretación contraria a la efectuada por la Audiencia Nacional y seguida por la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social, quienes sostenían, en su interpretación del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, que existía obligación de registro de la jornada diaria efectiva de cada trabajador independientemente de que se realizasen, o no, horas extraordinarias.
El TC impide que el IIVTNU someta a tributación plusvalías inexistentes
Sentencia TC, Pleno de 11 Mayo 2017, Rec.4864/2016
El tratamiento que los preceptos anulados de la LHL otorga a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, supone gravar una renta ficticia, imponiendo a los sujetos pasivos del tributo la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, sometiendo de esta forma a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica.
Tribunal Constitucional, Pleno de 11 Mayo 2017, Recurso 4864/2016
El Tribunal Constitucional ha declarado parcialmente inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Ante una duda de constitucionalidad sustancialmente idéntica a la que condujo a la anulación parcial de las Normas Forales reguladoras del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de los Territorios Históricos de Guipúzcoa y Álava, el Alto Tribunal razona, en esta nueva sentencia, recordando gran parte de los fundamentos jurídicos que le llevaron a la conclusión de que el tratamiento que otorgaban las citadas Normas Forales a los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carecía de toda justificación motivada.
El TC rechaza que la normativa fiscal se base en el hecho de que ser titular de un terreno de naturaleza urbana conlleve como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática, mediante la aplicación de su valor a efectos del IBI al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia. El mero transcurso del tiempo no puede generar siempre plusvalías, sin que quepa corrección alguna ni prueba en sentido contrario, pues ello conduce, en palabras del Tribunal, al gravamen de incrementos de valor inexistentes y al gravamen de capacidades económicas irreales, contrarias al principio de capacidad económica.
El tratamiento que los preceptos cuestionados de la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, supone gravar una renta ficticia, imponiendo a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, sometiendo de esta forma a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica.
Sin embargo, la capacidad económica como principio constitucional y fundamento de la tributación en ningún caso faculta al legislador a establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, ni le autoriza tampoco a gravar riquezas meramente virtuales o ficticias.
Además, el hecho de que los Ayuntamientos puedan reducir con carácter potestativo hasta en un 60 % el valor catastral de los inmuebles objeto de modificación como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva, disminuyendo así también el importe del tributo, no sirve para "sanar" la situación que se considera inconstitucional. Tal medida permite aminorar el importe del tributo pero no eludirlo plenamente, y en consecuencia, no evita la vulneración del principio de capacidad económica garantizado por la norma fundamental.
El Tribunal, concluye expulsando del ordenamiento jurídico al art. 107 LHL inicialmente impugnado y por conexión con las reglas de valoración previstas en los números 107.1 y 107.2 a) LHL, también al art. 110.4 LHL, ya que impide a los sujetos pasivos acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica. Siendo este último matiz subrayado en el fallo de la sentencia declarativo de nulidad e inconstitucionalidad de los preceptos impugnados "únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor".
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. COLATERAL DE TERCER GRADO.
Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina .
Cuestión de debate: Tratamiento de los sobrinos políticos,
Se discute en este recurso si, una vez fallecido el familiar que originaba el vínculo de parentesco, los colaterales por afinidad merecen el mismo tratamiento que los colaterales por consanguinidad a los efectos del impuesto de sucesiones, ya que los arts. 20 y 22 de la Ley reguladora de este impuesto (29/1987, de 18 de diciembre), establecen una fiscalidad más beneficiosa en función de la proximidad del parentesco con el causante.
El TEAR Madrid, estimó que, conforme a las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2003 y 14 de julio de 2011 , debía otorgarse el mismo trato fiscal a los colaterales por afinidad y por consanguinidad, incluyendo los sobrinos políticos en el mismo Grupo III que los carnales a efectos de las reducciones previstas en dicho art. 20».
No conforme con este pronunciamiento, la comunidad de Madrid, interpuso recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción ordinaria.
Recurso que fue estimado, con el argumento de que el parentesco por afinidad que genera y sostiene el matrimonio se extingue una vez desaparecido el vínculo matrimonial.
El Tribunal Supremo viene a poner orden, pronunciándose en los siguientes términos:
En este caso de autos, el interesado ha sido incluido, por la Administración, como colateral de tercer grado por afinidad, en el Grupo IV, situación que violenta las reglas de la más elemental lógica, pues, de dicho modo, ha sido convertido o bien en un colateral de cuarto grado o de grado más distante o bien en un extraño.
La primera alternativa es una pura contradicción, pues, según el artículo 918 del CC , el hermano dista tres grados del tío, y, por ello, el aquí interesado es colateral de tercer grado por afinidad y no colateral de cuarto grado o de grado más remoto.
Y la segunda alternativa es una transgresión del artículo 20 de la Ley 29/1987 , pues es indiscutible que el interesado no es un extraño, ya que es sobrino político, pero sobrino, según la terminología usual, y colateral de tercer grado por afinidad, según el CC, del causante (sin que quepa, ya, la «fictio iuris» de asimilar a los colaterales por afinidad con los extraños, pues para tal consideración se requiere una Ley que así lo disponga, cuando, además, lo congruente con toda la evolución expuesta es que en el Grupo III del artículo 20 de la Ley 29/1987 se consideren comprendidos los colaterales de segundo y tercer grado por consanguinidad y por afinidad, con abstracción, también, de los ascendientes y descendientes por afinidad, que no fueron incluídos en el Grupo II)».
Por tanto, el actual recurso de casación para la unificación de doctrina debe ser estimado
En conclusión, queda confirmado el mismo tratamiento a los colaterales de segundo y tercer grado por consanguinidad y por afinidad.
Roj: STS 1086/2017 - ECLI: ES:TS:2017:1086
Id Cendoj: 28079130022017100111
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso, Sección: 2
Nº de Recurso: 887/2016
Nº de Resolución: 511/2017
Servicio comedor en empresas de más de cincuenta trabajadores.
El TSJ PV, en sentencia de 7 de marzo de 2017 declara el derecho de los trabajadores que prestan servicios físicamente en el mismo centro a disponer de servicio de comedor de empresa, cuando ésta cuente con más de 50 trabajadores.
Doctrina que dimana de las anteriores sentencias del Tribunal Supremo de fechas 26 de diciembre de 2011 (Rec. 1490/11 ) y 19 de abril de 2012 (Rec. 2165/11 ) que proclamaron la eficacia y vigencia de un Decreto de 8 de junio de 1938.
Y en ello, en los términos en los términos y condiciones previstas en el artículo 3 del Decreto de 8 de junio de 1938, y en los artículos 3 y 4 de la Orden Ministerial fechada el día 30 de ese mismo mes y año que considera aplicable, por múltiples motivos: "pero no es menos cierto que: 1°) Ese cambio no ha tenido reflejo en una reforma promovida por el poder legislativo o ejecutivo, ni siquiera en los últimos años a pesar de tener conocimiento del criterio jurisprudencial en la materia fijado en sentencias recaídas en 2011 y 2012. 2°) Los órganos jurisdiccionales están constitucionalmente obligados a aplicar las leyes y disposiciones de inferior rango. 3°) El elemento de interpretación evolutiva, que tiene en cuenta el conjunto de valores y circunstancias de distinta índole (sociales, culturales, morales...) que caracterizan el contexto histórico en que ha de ser aplicada una norma, si bien faculta a los juzgados y tribunales a desarrollar una labor hermenéutica que tenga en cuenta esa realidad, no les autoriza a inaplicar la norma en tanto no sea modificada o derogada, salvo que resulte contraria a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa, lo que en el supuesto enjuiciado no sucede. 4°) La posibilidad de acomodar la norma dictada en 1938 a este momento histórico pasa, en lo que aquí interesa, por admitir fórmulas alternativas a la apertura de un comedor en el propio centro de trabajo, lo que en aquella fecha resultaba viable teniendo en cuenta el tipo de empresas que ocupaban 50 trabajadores o más y la clase de instalaciones en que desarrollaban su actividad, y en la actualidad resulta más difícil por múltiples causas, como la falta de espacio; la oposición de la empresa propietaria del local, como ocurre en este caso; la denegación de las licencias preceptivas, etc., o excesivamente oneroso.."
En resumen, todas las empresas con más de 50 trabajadores han de contar con servicio comedor, sin que pueda sustituirse por máquinas de
vending que dispensan bebidas frías y calientes y snacks.....ya que «no permite tener cumplido el deber que le incumbe, no sólo porque el coste lo asume en exclusiva el trabajador, sino tambíén porque el recurso diario a ese tipo de alimentación no garantiza una dieta sana, equilibrada y variada como la que está obligada a procurar la empresa, aparte de los riesgos derivados del posible deterioro de los productos y de los problemas de todo tipo que una alimentación diaria de esa clase genera. Y es que si hablamos de realidad social, la que actualmente nos toca vivir en nuestro país no secunda la pretensión de equiparar servicio de comedor o cheque restaurante con servicio de "vending"».
Roj: STSJ PV 4/2017 - ECLI: ES:TSJPV:2017:4
Id Cendoj: 48020340012017100002
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social Sede:Bilbao Sección: 1
Nº de Recurso: 291/2017Nº de Resolución: 563/2017;
Revisión del borrador de la Renta 2016
El borrador de la Renta es una propuesta de declaración que se calcula con los datos fiscales disponibles. Para calcular el borrador, la Agencia Tributaria utiliza la información que recibe de terceros, como por ejemplo:
De la empresa donde el contribuyente trabaja recibe sus rendimientos y cuotas a la seguridad social.
De los bancos recibe los intereses que han producido las cuentas bancarias, los dividendos, los planes de pensiones y las hipotecas.
Del Catastro recibe información de los inmuebles del contribuyente.
De organismos públicos recibe información sobre las ayudas y subvenciones recibidas.
Puede que haya datos en el borrador que no estén incluidos por no haber sido puestos en conocimiento de la Agencia Tributaria.
Otros datos, como el estado civil, nacimiento o adopción de hijos en el año, o el derecho a deducción por ascendientes, únicamente los pueden aportar los afectados. Incluso hay datos, como el abono de cuotas sindicales, que por imperativo legal no pueden ponerse a disposición de la Agencia Tributaria.
No olvides revisar los siguientes datos en el borrador elaborado por la Agencia Tributaria:
Los datos personales (fechas de nacimiento, NIF, domicilio) y los datos económicos.
Todos los avisos de que dispone el borrador para lo que hay que acceder a la pestaña de avisos y errores.
La información de los inmuebles y sus referencias catastrales. Para más información puedes consultarlos en http://www.sedecatastro.gob.es/
Cuotas sindicales: si tienes aportaciones debe incluirlas en la casilla (12).
Datos personales y familiares: si has tenido algún hijo en el ejercicio o han cambiado sus circunstancias personales y familiares, debes consignarlo en este apartado. Asimismo, si tienes derecho a la deducción por maternidad, debes verificar que aparezca incluida en la casilla (551), igual que si tienes derecho o a alguna de las deducciones familiares por descendiente/ascendiente discapacitado, familia numerosa o monoparental con 2 hijos y sin derecho a percibir anualidades, casillas (565), (575), (589) y (591), respectivamente.
Planes de pensiones: si tienes aportaciones, debes comprobar que figuran incluidas en la casilla (416).
Deducción por inversión en vivienda habitual: si tienes derecho a la aplicación del régimen transitorio, verifica que la información de los préstamos hipotecarios que aparece en sus datos fiscales es correcta y que está consignada correctamente en las casillas (501) y (502).
Deducción por alquiler de la vivienda habitual: si tu contrato de alquiler es anterior al 1-1-2015 y cumples las condiciones para aplicar la deducción, consígnala en las casillas (516) y (517).
Deducción por obras de mejora en viviendas de su propiedad: si tienes derecho, consígnala en la casilla (518).
Deducciones autonómicas: si tienes derecho a alguna y no figura en el borrador, puedes consignarla en las casillas correspondientes a tu Comunidad Autónoma.
Fiscalidad apartación en el IRPF
Consulta DGT V0430-17 de 17 Feb.
Consulta Vinculante V0430-17, de 17 de febrero de 2017 de la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
A propósito de la consulta planteada en relación a la transmisión de una vivienda a su hijo mediante un pacto sucesorio de apartación, la Dirección General de Tributos cambia el criterio que ha estado manteniendo hasta ahora para alinearse con la doctrina del TS sentada en la sentencia de 9 de Febrero de 2016 y la resolución de 2 de marzo de 2016 dictada por el Tribunal Económico Administrativo Central.
En ambos pronunciamientos se analiza la naturaleza de la figura del derecho civil gallego de la apartación, en tanto pacto sucesorio, y el tratamiento fiscal que le corresponde. Y al ser una transmisión lucrativa por causa de muerte del contribuyente, se encuentra comprendida en el supuesto recogido en el art. 33. 3 b) de LIRPF. Así, “de haberse querido excluir, el legislador bien podría haber excluido los pactos sucesorios, o imponer como condición la muerte física del contribuyente, al no hacerlo no es más que por su expresa voluntad de haber querido comprenderlo en la inexistencia de ganancia o pérdida patrimonial”.
Hasta ahora el criterio sostenido por la Administración Tributaria consideraba que la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de bienes de este pacto sucesorio no se encontraba amparada por la excepción de gravamen del mencionado artículo 33.3 b). Ahora, la postura es, en virtud de lo expuesto, la contraria, y en consecuencia, se considera que no existe ganancia o pérdida patrimonial en las transmisiones lucrativas instrumentadas mediante un pacto sucesorio de apartación.
Normativa aplicada: art. 33 LIRPF.
Entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información (SII)
Antes del 1 de julio entra en vigor el SII del IVA mensual: Las pymes acogidas al REDEME deben valorar si les interesa seguir
A partir el 1 de julio próximo, día en que entrará en vigor esta norma, el un nuevo sistema de gestión del IVA denominado Suministro Inmediato de Información (SII). Se trata en esencia de comunicar vía electrónica a la Agencia Tributaria –en decir, a través de la Sede Electrónica de este organismo— los registros de facturación que contienen los libros registro del IVA.
Las empresas afectadas deberán remitir a la Agencia Tributaria los detalles sobre la facturación por vía electrónica de manera que, con esta información se vayan configurando, prácticamente en tiempo real, los libros registro.
La intención de Hacienda al poner en marcha este sistema es contar con un mayor volumen de información y además de forma más inmediata, lo que permitirá combatir con más eficacia el fraude fiscal. La Agencia Tributaria estará en disposición de hacer un cruce de datos entre la información suministrada por clientes y proveedores que apliquen este sistema, y detectar automáticamente las incongruencias que se produzcan.
Se establece un plazo general de cuatro días para la remisión electrónica de la información desde la fecha de expedición de la factura, o desde que se produzca su registro contable (excluidos sábados, domingos y festivos nacionales). Sin embargo, durante el primer semestre de vigencia del SII, las empresas tendrán un plazo extraordinario de ocho días (también excluidos sábados, domingos y festivos nacionales). Los contribuyentes incluidos en el SII verán ampliado en diez días su plazo de presentación de las autoliquidaciones, pasando, con carácter general, del 20 al 30 de cada mes siguiente, salvo febrero, donde el plazo concluye el último día del mes.
El colectivo de empresas y profesionales que deberán acogerse al nuevo sistema SII está formado por los contribuyentes que autoliquidan el IVA mensualmente. Se trata de los contribuyentes inscritos en el Registro de Devolución Mensual del IVA (REDEME), las grandes empresas (aquellas que facturen más de seis millones de euros al año) y las entidades que tributen por el régimen especial de Grupos de IVA (REGE). En total, unos 62.000 contribuyentes que representan, aproximadamente, el 80% de la facturación empresarial. Además, de forma opcional, cualquier empresa que sin reunir los requisitos obligatorios decida acogerse voluntariamente al REDEME.
Las empresas contarán con un plazo mayor para presentar sus declaraciones de IVA y se les eximirá de la obligación de presentar determinadas declaraciones informativas (modelos 347, 340 y 390). Además, Hacienda pondrá a su disposición los datos suministrados por clientes y proveedores que también estén adscritos a este sistema (información de contraste) para que puedan revisar la información incluida en sus libros registros y realizar las rectificaciones que estimen oportunas, evitando así posibles requerimientos. Ello puede implicar la reducción de los plazos de las devoluciones, al disponer la Agencia Tributaria de una información en tiempo casi real y mayor detalle de las operaciones.
La información que se exige no es sólo la que actualmente debe reflejar los libros registros de IVA, sino que es mucho más exhaustiva. Además, se ha dejado abierta la posibilidad de que la información pueda ser ampliada todavía más en la Orden Ministerial que debe publicarse para aprobar el formulario electrónico con el que se suministraran los datos. Ello supone una carga administrativa mayor para las empresas, lo que puede significar un engorro para empresas medianas o incluso pequeñas acogidas voluntariamente al REDEME.
Hay que tener en cuenta que Hacienda no ha dado la posibilidad de darse de baja en este procedimiento de devolución mensual para evitar la aplicación del SII a las empresas que así lo consideren, puesto que este nuevo sistema fue aprobado cuando ya había transcurrido el plazo máximo previsto por la ley para solicitar baja en el REDEME.
Ante las críticas que ello ha suscitado, fuentes de la Agencia Tributaria han manifestado que tal vez se abra un plazo extraordinario para que las empresas puedan solicitar la baja del procedimiento de devolución mensual antes de que entre en vigor el SII el próximo 1 de julio y evitar así que se les imponga la aplicación obligatoria del nuevo sistema. Ahora bien, renunciar al REDEME supone asumir el coste financiero que representa no poder solicitar mensualmente la devolución del IVA.
Ante esta posibilidad, las empresas que se integraron voluntariamente en el REDEME deberán analizar los «pros y contras» del IIS y estar atentos si finalmente se aprueba la norma que permita abandonar la devolución mensual del IVA.
Arrendamiento como actividad económica
El Tribunal Supremo, en Sentencia de 7 de diciembre de 2016, interpreta que los requisitos de local (suprimido a partir de 2015) y persona no bastan para calificar el arrendamiento de inmuebles como actividad económica.
El Tribunal argumenta que los requisitos de local y empleado añaden un dato presuntivo al elemento esencial que establece la norma, consistente en la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en el mercado pero, si no se da este requisito sustantivo, será imposible localizar una actividad económica a efectos fiscales, resultando indiferente que se cumplan los requisitos de local y empleado.
Este criterio es similar al del Tribunal Económico Administrativo Central, expresado en Resolución Nº 00/4909/2009, de 28 de mayo de 2013, que ya entendía que los requisitos de local y persona son necesarios, pero no suficientes si no se acredita una carga de trabajo mínima.
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana-‘plusvalía municipal’
El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la inconstitucionalidad de varios artículos de la norma foral sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como ‘plusvalía municipal’ porque la cobran los ayuntamientos) en Guipúzcoa, al entender que va contra el principio de capacidad económica tributar por este impuesto cuando la venta del inmueble se ha realizado con pérdidas.
La sentencia analiza los preceptos cuestionados y concluye que establecen “una ficción de incremento de valor” que, además, impide al particular “toda prueba en contrario”. Según indica el tribunal, “ello es así porque el aumento del valor del suelo se determina mediante la aplicación automática de los coeficientes previstos en la norma al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión”, sin tener en cuenta si efectivamente el valor real se ha incrementado o no.
La situación es idéntica a la contemplada por art. 104 y 107 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tenemos conocimiento de que el Magistrado del Tribunal Consitucional don Juan Antonio Xiol Ríos, mantiene en la actualidad pendiente de resolución un recurso interpuesto examinando una solicitud de reintegro de ingresos indebidos instada ante el Ayuntamiento de Madrid, en que se examinarán los polémicos preceptos de la Ley de Haciendas Locales, y que fue presentado en el año 2015. (Fuente: Auto nº 12/2017 de Tribunal Constitucional, Pleno, 31 de Enero de 2017)
Por ello, entendemos conveniente instar la solicitud de devolución de ingresos indebidos, antes de que se recaiga resolución en este último recurso, ante la eventual contingencia de impedir, posteriormente, acudir a esta vía.
Deducciones aplicables en el IRPF 2016
Esquema de las deducciones aplicables en el IRPF 2016
Esta deducción fue suprimida con efectos desde el 1-1-2013, por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.
Se mantiene el régimen transitorio para los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad a 1-1-2013 o satisfecho cantidades con anterioridad a dicha fecha para la construcción de la misma.
Inversiones en empresas de nueva o reciente creación
20% de las cantidades satisfechas por suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación.
La base máxima de la deducción es de 50.000 euros.
No formará parte de la base de la deducción regulada en el art. 68.1 LIRPF el importe de las acciones o participaciones cuando respecto de tales cantidades el contribuyente practique una deducción autonómica.
Donativos a las fundaciones legalmente reconocidas 10% de las cantidades donadas.
Deducciones previstas en la Ley 49/2002
Por las aportaciones realizadas a favor de entidades beneficiarias del mecenazgo en los siguientes porcentajes:
Hasta 150 €: 75%.
Resto base deducción: 30%.
Si en los 2 años anteriores hubieren donado a la misma entidad por importe superior al del ejercicio anterior: 35%.
Cuotas de afiliación y las aportaciones a Partidos Políticos 20% de las cuotas de afiliación y las aportaciones a Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de Electores, siendo la base máxima de deducción de 600 euros anuales.
Por inversión en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades desarrolladas por el propio contribuyente. 5%. Esta deducción es aplicable únicamente a las empresas de reducida dimensión.
3.000 €. A favor de quienes contraten a su primer trabajador a través de un contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores menor de 30 años. Adicionalmente, quienes tengan una plantilla inferior a 50 trabajadores que concierten contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo los emprendedores, con desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo, podrán deducir de la cuota íntegra el 50% del menor de los siguientes importes:
Creación de empleo para trabajadores con discapacidad Deducción de la cuota íntegra de de 9.000 € por cada persona/año de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33% e inferior al 65%, contratados por el contribuyente, experimentado durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza (discapacitados con el mismo grado de discapacidad) del período inmediato anterior.
Suprimida. Hasta el ejercicio 2014 existía una deducción por las cantidades depositadas en entidades de crédito, en cuentas separadas de cualquier otro tipo de imposición, destinadas a la constitución de una sociedad Nueva Empresa, siempre que cumplan determinados requisitos. Base máxima de la deducción: 9.000 € anuales y porcentaje de deducción: 15%.
Régimen transitorio: no formará parte de la base de la deducción por inversión en empresas de nueva creación, el importe de las acciones o participaciones adquiridas con el saldo de cuentas ahorro-empresa en la medida en que dicho saldo hubiera sido objeto de deducción.
Rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
Deducción del 50% de las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla.
Entre otras tienen esta consideración las procedentes de sociedades que operen efectiva y materialmente en Ceuta o Melilla y a las que resulte de aplicación la bonificación establecida en el artículo 33 de la LIS en los siguientes supuestos:
-	Que tengan su domicilio y objeto social exclusivo en estos territorios.
- Que operen en Ceuta o Melilla durante un plazo no inferior a tres años y obtengan rentas fuera de dichas ciudades, siempre que respecto de estas rentas tengan derecho a la aplicación de la bonificación del art. 33.6 LIS.
- Arrendamientos anteriores a 1-1-2015 por el que hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a dicha fecha
- Siempre que el contribuyente hubiera tenido derecho a la deducción por alquiler de la vivienda habitual en un período impositivo devengado con anterioridad a 1-1-2015
Se aplicará conforme a lo dispuesto en la LIRPF, en su redacción en vigor a 31-12-2014:
Si la base imponible es inferior a 24.107,20 € anuales: 10,05% de las cantidades satisfechas por el alquiler, siendo la base máxima de esta deducción:
- 9.040 € anuales, cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 €
- 9.040 € menos el resultado de multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la base imponible y 17.707,20 €anuales, cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 €
Familia numerosa o personas con discapacidad a cargo
1.200 € por cada descendiente con discapacidad, ascendiente con discapacidad y ascendiente o hermano huérfano de padre y madre que forme parte de una familia numerosa
2.400 €: si se trata de familia numerosa especial
Límite: importe de las cotizaciones y cuotas totales a la seguridad social y mutualidades
El reparto del euromillón entre los premiados de un billete compartido podría tributar por Donaciones
Consulta DGT V0237-17, de 13 Ene.
Consulta Vinculante V0237-17, de 31 de enero de 2017 de la Subdireccion General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Publicos
El hecho de que la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado pague sólo al poseedor del billete, y que éste, sin necesidad de acudir a la vía judicial, proceda al pago voluntario de la parte que corresponde al resto de los jugadores podría ser interpretado como uno de los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas, que grava el ISD.
En principio, aclara la DGT, cuando la entrega de bienes o derechos no va acompañada de la intención del donante de enriquecer al donatario no existe donación.
Para la apreciación de donación en este caso se requeriría que concurriese un "animus donandi" en el ganador del premio que entrega el dinero. Sin embargo, el órgano administrativo consultado considera que ésta es una cuestión de hecho cuya apreciación corresponde a la oficina gestora quien, en virtud del principio de calificación y atendidas las circunstancias particulares deberá determinar si el reparto del billete reúne los requisitos necesarios para ser catalogado como donación.
En definitiva, resultará coherente concluye la DGT, gravar la operación a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, como una donación si el premiado no es capaz de demostrar que poseía una participación en el billete, ya que parece claro el "animus donandi", de otra manera no se entiende que no se le haya identificado como ganador del premio desde el primer momento, constituyendo una cuestión de prueba por parte del agraciado demostrar lo contrario.
Normativa aplicada: art. 3-1-b (Ley 29/1987).
« lunes 13 marzo 2017 | Weblog
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