Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A108-08.htm
Timestamp: 2017-11-21 12:03:36
Document Index: 351135685

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 256', 'artículo 112', 'artículo 114']

A108-08
Auto 108/08
CONFLICTO NEGATICO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA, JUZGADO UNICO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO Y TRIBUNAL SUPERIOR
ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD DEL ORDEN NACIONAL-Competencia del Tribunal Superior, Administrativo y Consejo Seccional de la Judicatura/ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDADES DE DIFERENTE NIVEL-Competencia del juez de mayor jerarquía
JUEZ-No le es dado modificar la solicitud presentada por la persona en el escrito de tutela ni excluir autoridades contra las cuales se dirigió la tutela/JUEZ-No le es dado declararse incompetente para conocer acción de tutela que le corresponde de acuerdo a las reglas que rigen el trámite administrativo de reparto/ACCION DE TUTELA-Juez que se considera incompetente no puede adoptar decisión de fondo
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia a prevención y libertad del actor para escoger el juez competente
ACCION DE TUTELA CONTRA PROCURADURIA GENERAL, PROVINCIAL Y DEPARTAMENTAL-Competencia del Tribunal Superior, Administrativo y Consejo Seccional de la Judicatura/ACCION DE TUTELA CONTRA PROCURADURIA GENERAL, PROVINCIAL Y DEPARTAMENTAL-Competencia de Tribunal Superior
Referencia: expediente ICC-1216
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil, el Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Gil y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil.
Acción de tutela de Orlando Rodríguez Villar contra la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Provincial de San Gil y la Procuraduría Departamental de Santander.
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008)
1. Orlando Rodríguez Villar interpone acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Provincial de San Gil y la Procuraduría Departamental de Santander, por considerar que al no motivarse debidamente la providencia y haberlo privado de la posibilidad de presentar pruebas de descargo, le fue vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. La acción se dirigía al Juez Único Administrativo de San Gil.
2. El 14 de noviembre de 2007, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil estimó que la voluntad del actor había sido que la tutela se tramitara ante el Juzgado Único Administrativo de la localidad, razón por la cual concluyó que “la misma no debió repartirse entre todos los Juzgados con categoría del circuito de esta ciudad, sino que debió asumirla directamente el Juzgado al que iba dirigida, pues en caso contrario la voluntad del accionante no se estaría respetando”. Así, acabó ordenando la remisión de las diligencias al Juzgado Único Administrativo de San Gil.
3. El 14 de noviembre de 2007, el Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Gil, a quien le correspondió por reparto el conocimiento, remitió el expediente ante el Tribunal Superior de San Gil. Sin expresar las razones en apoyo de las cuales ordena tal remisión, el Juzgado reproduce el texto del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, y subraya los incisos 1 y 5 del numeral 1, y el parágrafo. Concluye de esta manera: “[v]isto lo anterior se hace necesario Remitirla a la Oficina de Apoyo de San Gil a fin de que este expediente sea sometido a reparto ante el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil”.
4. El 16 de noviembre de 2007, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil consideró, tras haber evaluado los hechos narrados en la acción de tutela, que la Procuraduría General de la Nación “no ha tenido actuación alguna dentro de la investigación disciplinaria a que se refiere el accionante”, y por tanto no sería procedente su vinculación, ya que su sola enunciación “en el encabezamiento de la demanda de tutela como accionado no lo vincula a la acción”. Así, dado que el Procurador Regional de Santander tiene competencia en todo el territorio del Departamento, de acuerdo con el artículo 1, numeral 1 del Decreto 1382 de 2000, es a los jueces de circuito a quienes corresponde conocer del amparo. En consecuencia, concluye “devolver inmediatamente la demanda al Juez Único Administrativo de esta ciudad para lo pertinente”.
5. El 16 de noviembre de 2007, el Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Gil juzgó, nuevamente, que no le correspondía conocer de la acción. También en esta oportunidad transcribe el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 y agrega la cita del Auto 094 de 2005 y del 215 de 2005, expedidos por esta Corporación. Concluye suscitando el conflicto de competencias ante la Corte Constitucional.
1. En el presente caso se somete a consideración de esta Corporación un conflicto negativo de competencia, aparente,[1] entre el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil, el Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Gil y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil.
2. La acción de tutela se dirigió al “Juez Único Administrativo del Circuito de San Gil”, y contra “la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Provincial de San Gil y la Procuraduría Departamental de Santander”.
3. A esa consideración debe añadírsele que, conforme ha sido señalado por la jurisprudencia constitucional, (1) no le es dado a un juez, bajo el pretexto de hacer una adecuada aplicación de las normas atinentes al reparto de una acción de tutela, modificar la solicitud presentada por la persona en el escrito de tutela,[3] (2) ni le es dado a un juez, so pretexto de repartir correctamente una acción de tutela (D. 1382 de 2000), excluir autoridades contra las cuales el juez considere que la acción no ha debido dirigirse.[4] Tampoco le es dado a un juez, bajo el mismo pretexto, declarase incom­petente para conocer una acción de tutela que le corresponde de acuerdo a las reglas que rigen el trámite administrativo de reparto, por considerar que durante el proceso será necesario vincular otras entidades, contra las cuales el accionante no dirigió la acción. Un juez que se considera incompetente para conceder una tutela, no puede adoptar una decisión de fondo como lo es, por ejemplo, establecer que se debe vincular a otras entidades contra las cuales el accionante no presentó su demanda, o excluir otras por considerar que la materia no les atañe. Tal decisión sólo podrá adoptarla el juez que conozca el proceso, una vez éste se reparta de acuerdo al Decreto 1382 de 2000.
4. Por otra parte, debe recordarse que según el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, “[s]on competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” (Subrayas añadidas). Igualmente, el Decreto 1382 de 2000, en el artículo 1 dispone que para los efectos del precedente artículo “conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos” (Subrayas añadidas). Así, el que la reglamentación en materia de reparto utilice el término ‘a prevención’, indica que el accionante tiene la libertad de elegir entre jueces competentes. En otra oportunidad, esta Corporación dijo: “respecto del sentido de la expresión "competencia a prevención", la Corte concluye que existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad, que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 (factor territorial) y por las reglas del decreto 1382 (factor subjetivo y factor funcional), resulta garantizada por el ordenamiento, al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente”.[5]
5. En el presente caso, el accionante dirigió su acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Provincial de San Gil y la Procuraduría Departamental de Santander. De todas estas entidades, la de superior jerarquía es la Procuraduría General de la Nación, y por tanto la tutela debe repartirse ante los tribunales superiores de distrito, administrativos o consejos seccionales de la judicatura. Por tanto, la acción se enviará a la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Gil para que la resuelva.
6. Así pues, fundándose en sus competencias constitucionales y legales,[6] teniendo en cuenta los principios de celeridad y eficiencia de la administración de justicia[7] y el respeto a los derechos fundamentales de Orlando Rodríguez Villar,[8] la Corte Constitucional ordenará en el presente caso, de acuerdo a su jurisprudencia, remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Distrito Judicial de San Gil.
Primero.- Remitir, por intermedio de Secretaría General, el expediente de la referencia a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, para que ejerciendo sus competencias constitucionales y legales, resuelva la acción de tutela de Orlando Rodríguez Villar contra la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Provincial de San Gil y la Procuraduría Departamental de Santander.
Segundo.- Comunicar, por medio de Secretaría General, el presente auto al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional. Para el efecto se remitirá copia de la presente providencia.
Tercero.- Comunicar, por medio de Secretaría General, el presente auto al Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Gil, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional. Para el efecto se remitirá copia de la presente providencia.
Salvamento de voto al Auto 108/08
Referencia: ICC-1216
"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resultaren vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 256-6 del Estatuto Superior, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo con la ley, "Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”.
De otra parte, la Ley 270/96 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, al regular la competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le asignó en el numeral 2 del artículo 112, esta función: "Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén el artículo 114, numeral tercero, de esta ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional.” Disposición que fue objeto de revisión constitucional por esta Corte en la sentencia C-037/96, siendo declarada exequible. Y en cuanto al punto de conflictos entre jueces y tribunales o entre distintos tribunales, no se hizo ningún análisis, simplemente se afirmó:
Despojar de la competencia asignada por el Constituyente al Consejo Superior de la Judicatura para dirimir los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones es, óigase bien, inaplicar un precepto constitucional y esto no tiene cabida en ningún Estado de derecho; mucho menos, cuando el autor de semejante despropósito es el más alto tribunal de justicia constitucional: la Corte Constitucional, a quien paradójicamente se le ha asignado la guarda de la supremacía e integridad de la Constitución.