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Timestamp: 2019-04-19 16:22:13
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 59', 'artículo 47', 'artículo 2', 'Artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 10']

Ordenanza municipal sobre la tenencia y proteccion de animales
CAPITULO 3º.- DISPOSICIONES GENERALES
ANEXO 1 ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. Artículo 1º.
B.O.P. Nº 81 de fecha 28/04/2.000
La presencia de animales de diversas especies y aptitudes en el núcleo urbano y en el extra­rradio de la Ciudad, plantea al Ayuntamiento de Mojácar, un gran número de problemas higiénico-sa­nitarios, económicos, medio ambientales y es causa de frecuentes conflictos vecinales.
Considerando igualmente que los animales tienen su derecho y que deben recibir un trato digno y correcto que, en ningún caso suponga unas malas condiciones higiénico-sanitarias contrarias a su especie y grado de desarrollo y que cada vez demanda más una sociedad concienciada del respeto que merecen todos los seres vivos, es por ello necesario una norma que recoja los principios básicos de respeto, defensa, protección higiene y salubridad de los animales en relación con el hombre.
La Promulgación de la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, aborda la Tenencia de animales poten­cialmente peligrosos que deberán regir para sus propietarios criadores, adiestradores, de manera que garantice la protección de las personas, bienes y orden público. Todo ello relacionado al ANEXO 1 de la presente Ordenanza.
La presente ordenanza tiene por objeto fijar la normativa que asegura una tenencia de anima­les compatible con la higiene, la salud pública y la seguridad de las personas y bienes, así como garan­tizar a los animales la debida protección y buen trato.
Con esta intención, la ordenanza tiene en cuenta, tanto las molestias y peligros que puedan ocasionar los animales, como el valor de su compañía para un elevado número de personas, como es el caso de la ayuda que puedan prestar con su adiestramiento y dedicación como perros-guía lazarillos en trabajos de salvamento y todos los demás casos en los que los animales domésticos proporcionan satisfacción deportiva, de recreo y/o compañía.
Las competencias municipales en esta materia serán gestionadas por el área de medio ambien­te, sin perjuicio de las que correspondan concurrentemente con otras áreas municipales y otras administraciones públicas.
Esta ordenanza será de obligado cumplimiento en el término municipal de Mojácar y afectará a toda persona física o jurídica que en calidad de propietario, vendedor, cuidador, adiestrador, domador, en­cargado, miembros de sociedad protectora de animales, miembros de sociedad de colombicultura, omitología y similares, se relacione con animales, así como a cualquier otra persona que se relacione con éstos de forma permanente, ocasional o accidental.
Quedan fuera del ámbito de esta ordenanza la protección y conservación de la fauna autóctona y de las especies de aprovechamiento piscícola y cinegética, así como la experimentación y disección de animales y demás materias reguladas por su correspondiente legislación especifica.
Animal de compañía es el que siendo doméstico o silvestre, tanto autóctono como alóctono, es mantenido por el hombre por placer y compañía sin intención de lucro por su parte ni acti­vidad económica ejercida sobre aquél.
Animal de explotación es todo aquel animal que siendo doméstico o silvestre, tanto autóctono o alóctono, es mantenido por el hombre con fines lucrativos y/o productivos.
Animal silvestre, a efectos de esta ordenanza es el que perteneciendo a la fauna autóctona o no, tanto terrestre como acuática o aérea, da muestra de no haber vivido junto al hombre por su comportamiento o por falta de identificación.
Animal abandonado es el que no siendo silvestre no tiene dueño ni domicilio conocido, no lleva identificación de su procedencia o propietario, ni le acompaña persona alguna que pueda demostrar su propiedad.
Con carácter general, se permite la tenencia de animales de compañía en los domicilios parti­culares, siempre que las circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico-sanitario lo permitan y no se produzca ninguna situación de peligro o incomodidad para los vecinos, para los ciudadanos en general ni para los propios animales en particular, circunstancias que de producirse, podrán ser denun­ciados por los afectados.
La tenencia de animales salvajes o silvestres, fuera de parques zoológicos o áreas restringidas, habrá de ser expresamente autorizada y requerirá el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y la total ausencia de molestias y peligros, prohibiéndose terminantemente la tenencia o comer­cio de animales protegidos por los convenios de Bonn, Berna y Washington, así como futuros conve­nios que puedan ser ratificados por el Gobierno Español.
Los animales pertenecientes a la fauna salvaje, no especialmente protegidos, deberán estar alojados de acuerdo con las necesidades biológicas de su especie y, en todo caso, bajo control veteri­nario o inscritos en el censo correspondiente.
Se prohíbe dejar sueltos en espacios exteriores toda clase de animales reputados como dañi­nos o feroces.
Los veterinarios en ejercicio, clínicas y consultorios veterinarios deberán llevar un archivo con la ficha clínica de los animales objeto de vacunación o tratamiento obligatorio, que estará a disposición de la Autoridad competente, cuando así sea requerido formalmente, por la misma.
El sacrificio de animales, cuando proceda, se realizará obligatoriamente de forma inmediata e indolora bajo la supervisión de un veterinario en ejercicio.
SECCION PRIMERA.- DE LOS PROPIETARIOS.-
Los perros guardianes deberán estar bajo la responsabilidad de sus dueños, en recintos donde no puedan causar daños a las personas o cosas, debiendo instalarse en ellos de forma visible carteles que adviertan de su existencia.
La tenencia de animales de compañía en viviendas urbanas queda condicionada a un alojamien­to adecuado, a no atentar contra la higiene y la salud pública y a que no causen mo­lestias a los vecinos, sin que el número de animales pueda servir de causa o justificación.
En cualquier caso, cuando se decida por la autoridad competente, previo informe de los Servi­cios Veterinarios de la Zona Básica de Salud del Distrito del Levante o Servicio Veterinario Mu­nicipal, que en su caso se establezca, que no es tolerable la estancia de animales en una vi­vienda o local, los dueños de estos animales deberán proceder a subsanar las correspondien­tes anomalías, o en su caso, a su desalojo, y sino lo hicieran voluntariamente después de ser requeridos para ello, lo harán los Servicios Municipales a cargo de aquellos, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad correspondiente.
El Ayuntamiento por sí o a través de asociaciones protectoras y defensoras de animales, podrá confiscar y ordenar el aislamiento de los animales de compañía en caso de malos tratos o tortu­ra o que presenten síntomas de agresión física o desnutrición.
Procederá la adopción de idénticas medidas a las del punto anterior, cuando se hubiere diagnosti­cado que padecen enfermedades transmisibles al hombre u otros animales, sea para someterlos a un tratamiento curativo, adecuado o para sacrificarlos si fuera necesario, previo informe de los Servicios Veterinarios de la Zona Básica del Distrito del Levante o Servicio Vete­rinario Municipal, que en su caso se establezca.
Se prohíbe la permanencia continuada de los perros y gatos en las terrazas de los pisos y en los patios comunitarios.
Los propietarios podrán ser denunciados si el perro o gato, ladra o maúlla habitualmente duran­te la noche.
Queda prohibida la circulación por las vías públicas de aquellos perros que no vayan provistos de collar y acompañados y conducidos mediante cadena, correa o cordón resistente. Irán provistos de bozal cuando el temperamento del animal así lo aconseje o lo ordene la Autoridad Municipal y bajo la responsabilidad del dueño.
18.1. - Los poseedores de perros, que lo sean por cualquier título, deberán censarlos e identificarlos en el Ayuntamiento del Municipio donde residan habitualmente, en el plazo máximo de tres meses a partir de su nacimiento o un mes desde la adquisición del animal.
18.2. - La identificación se efectuará mediante sistema electrónico con normativa técnica ISO (conoci­do comúnmente como Microchip) con implantación subcutánea de transponer en la parte late­ral izquierda del cuello del perro.
18.3. - Las bajas por muerte o desaparición de los animales, serán comunicados por sus titulares en las oficinas del censo canino en el plazo de 14 días, a contar desde que se produjesen, acompa­ñando al tal efecto su cartilla sanitaria.
18.4. - Los propietarios que cambien de dominio o transfieran la posesión del animal, lo comunicarán en el plazo de 14 días a las oficinas del censo canino.
18.5. - Los perros no podrán circular sueltos por la vía pública, e irán provistos de correas o cadenas con collar. El uso de bozal podrá ser ordenado por la Autoridad Municipal cuando las circuns­tancias así lo aconsejen tendrán que circular con bozal todos los perros con antecedentes de mordedura y aquellos otros cuya peligrosidad sea razonablemente prevista dada su naturaleza, características o antecedentes.
Las personas que conduzcan perros y otros animales impedirán que éstos depositen sus deyec­ciones en las aceras, paseos y, en general, en cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones.
Queda prohibido que los perros dejen sus deposiciones en los parques infantiles o jardines.
Los propietarios de los animales son responsables de la eliminación de las deposiciones. En el caso de que se produzca la infracción de esta norma los Agentes de la Autoridad Municipal po­drán requerir al propietario o a la persona que conduzca el perro, a que proceda a retirar las deposiciones del animal. Caso de no ser atendido su requerimiento podrá imponer la sanción pertinente.
De acuerdo con lo dispuesto en el punto anterior, el conductor del animal procederá de la siguien­te manera:
Liberar las deposiciones de manera higiénicamente aceptable mediante bolsa impermea­ble.
Depositar los excrementos dentro de bolsas impermeables perfectamente cerradas, en las pa­peleras y otros elementos de contención indicados por los Servicios Municipales.
El transporte de animales en vehículos particulares se efectuará de forma que no pueda ser perturbada la acción del conductor, se comprometa la seguridad del tráfico o les suponga condiciones inadecuadas desde el punto de vista fisiológico. Deberán ir alojados en la trasera del vehículo si la misma dispone de ventilación adecuada.
Si el conductor de un vehículo atropella a un animal produciéndole lesiones, tendrá la obliga­ción de comunicarlo inmediatamente a las autoridades municipales.
Los perros-guía de invidentes, de conformidad con la legislación vigente, podrán viajar en todos los medios de transporte urbano y entrar en locales de espectáculos públicos, sin pago de suplemen­tos, cuando acompañen al invidente al que sirven de lazarillo, siempre que cumplan lo establecido en la misma.
En todo tipo de establecimientos destinados a la fabricación, almacenamiento, transporte o mani­pulación de alimentos.
En los establecimientos donde se realice la venta de productos alimenticios destinados al consu­mo humano, incluyendo las bebidas y cualesquiera sustancias que se utilicen en la prepa­ración o condimentación de los alimentos.
En los establecimientos cuya actividad sea la de facilitar comidas que en los mismos se consu­man, donde quedan incluidos restaurantes y cafeterías, así como cafés, bares, tabernas, canti­nas y otros establecimientos que sirvan comidas.
Queda prohibida la circulación o permanencia de perros y otros animales en las piscinas públi­cas durante la temporada de baño. Se excluye la prohibición en el supuesto de que se trate de perros para la vigilancia de estos lugares, siempre y cuando no se encuentren dentro del recinto de baño destinado a personas.
Queda prohibida la circulación o permanencia de perros y otros animales, sueltos o acompaña­dos de sus dueños en las playas de baño.
SECCION 2º.- DE LAS AGRESIONES.-
Los animales que hayan causado lesiones a una persona, así como los mordedores o sospecho­sos de padecer rabia y otras enfermedades contagiosas, deberán ser sometidos a control veterinario.
En tales casos, el propietario del animal agresor, tendrá la obligación de comunicarlo a los servi­cios sanitarios competentes del S.A.S., o en el plazo de veinticuatro horas, al objeto de efectuar el control sanitario del mismo, así como facilitar los datos correspondientes del animal agresor y de la persona agredida.
Los gastos que se originen por la estancia y manutención de los citados animales serán satisfe­chos por su propietario.
Si el animal agresor fuera de los llamados abandonados, los servicios municipales, o las perso­nas agredidas, si pudieran realizarlo, procederán a su captura e internamiento, quedando a dis­posición de los Servicios Veterinarios de la Zona Básica de Salud del Distrito del Levante o Servicio Veterinario Municipal, que en su caso se establezca.
A petición del propietario se podrá autorizar, por los servicios veterinarios municipales, a la obser­vación del animal agresor en el domicilio del propietario, siempre que el animal esté debi­damente documentado. Los gastos que se hayan originado, serán satisfechos por su propieta­rio.
Los animales aparentemente abandonados serán recogidos y conducidos al Centro Municipal, Albergues de Sociedades Protectoras o aquel otra dependencia que el Ayuntamiento tenga colabora­ción.
Los perros o gatos que circulen en poblaciones o vías interurbanas desprovistos de collar o identificación alguna sin ser conducidos por una persona, así como aquellos cuyo propietario o posee­dor no esté en poder de la correspondiente identificación, serán recogidos por los servicios municipales y mantenidos durante un período de tres días, durante el cual podrá ser recogido por la persona que acredite ser su propietario o poseedor, previo pago de los gastos correspondientes a su manutención y atenciones sanitarias. Si al final de dicho período, el animal no hubiese sido retirado por su propietario, se comunicará a las Sociedades Protectoras de Animales telefónicamente, por si pudiesen hacerse cargo de aquellos animales y durante un período de tres días podrán buscar propietario, censo, identifi­cación y estancia.
Cuando el perro recogido fuera portador de collar o identificación, el período de retención se ampliará a siete días, desde la fecha de la comunicación a su dueño, si fuera posible. En el caso de la no-retirada del animal durante ese tiempo, se informará a las Sociedades Protectoras de Animales que disponen de un período de tres días para que puedan ser acogidos por una persona que lo desee.
El sacrificio de los animales abandonados no retirados no cedidos se realizará por procedimien­tos instantáneos indoloros y no generados de angustia, quedando absolutamente prohibido el empleo de estricnina y otros venenos, así como procedimientos que ocasionen la muerte con sufri­mientos.
Todos los sacrificios eutanásicos a realizar sobre animales, serán siempre bajo control de un veterinario colegiado.
Corresponde al Ayuntamiento la recogida, entrega en adopción, mantenimiento y sacrificio de los animales abandonados.
El Ayuntamiento podrá autorizar a las Sociedades Protectoras de Animales legalmente constitui­das que lo soliciten, o hacerse cargo de la recogida, mantenimiento y adopción de los animales abandonados. Las condiciones de dicha autorización se recogerán en un convenio de colaboración que podrá suscribirse a tal efecto.
Todos los sacrificios eutanásicos que se realicen dentro del Centro Municipal propio o concer­tado, se harán bajo el control de los servicios veterinarios de la Zona Básica de Salud del Distrito del Levante o Servicio Veterinario Municipal, que en su caso se establezca.
El Servicio Veterinario de la Zona Básica de Salud del Distrito del Levante o Servicio Veterina­rio Municipal, que en su caso se establezca podrán efectuar el control de zoonosis y epizootias de acuerdo con las circunstancias epizootrobiológicas existentes y las normas dictadas al efecto, sin per­juicio de la intervención de otros organismos competentes.
En los casos de declaración de epizootias, los dueños de los animales de compañía cumpli­rán las disposiciones preventivas que se dicten por las autoridades competentes.
Los perros y gatos deberán ser vacunados contra la rabia, así como contra cualquier otra enfermedad si las Autoridades Sanitarias competentes lo consideran necesario.
La Autoridad Municipal dispondrá previo informe de los Servicios Veterinarios competentes, el sacrificio, sin indemnización alguna, de los animales a los que se les hubiera diagnosticado rabia u otra enfermedad zoonótica de especial gravedad para el hombre o cualquier otro animal.
Los establecimientos dedicados a la cría y/o venta de animales cuya comercialización esté autorizada deberán cumplir, sin perjuicio de las demás disposiciones que sean aplicables, las siguien­tes normas:
Estarán registrados ante la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, según la normativa vigente aplicable.
Llevarán un registro, que estará a disposición de la Administración, en el que constarán los da­tos que reglamentariamente se establezcan y los controles periódicos a los que se hayan so­metido a los animales.
El emplazamiento deberá contar con el aislamiento adecuado que evite el posible contagio de en­fermedades o de animales extraños.
Constarán con instalaciones y equipos que proporcionen un ambiente higiénico, defienda de peli­gros a los animales y faciliten las acciones zoosanitarias.
Estarán dotados de agua corriente potable fría y caliente.
Dispondrán de elementos para la eliminación higiénica de estiércoles y aguas residuales de forma que no entrañen peligro de contagio para otros animales ni para el hombre.
Tendrán recintos, locales y jaulas de fácil lavado y desinfección para el aislamiento, secuestro y observación de animales enfermos o sospechosos de enfermedad acorde con las necesida­des fisiológicas y etológicas del animal.
Dispondrán de medios idóneos de limpieza y desinfección de los locales, material y utensilios que estén en contacto con los animales, y en su caso, de los vehículos utilizados para el trans­porte de los mismos cuando éste se precise.
Estarán dotados de medios adecuados para la destrucción o eliminación higiénica de cadáve­res de animales y materias contumaces.
Programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, respaldado por un Técni­co Veterinario colegiado.
Programa de manejo adecuado para que los animales se mantengan en buen estado de salud y con una calidad de vida acorde con las características etológicas y fisiológicas.
No podrán ser expuestos para su venta, los animales de forma hacinada y sin las adecuadas con­diciones higiénico-sanitarias.
Los animales deberán venderse desparasitados y libres de toda enfermedad, con certificado del veterinario acreditativo de salud para la venta de animales que no eximirá al vendedor de respon­sabilidad ante enfermedades de incubación no detectadas en el momento de la venta. Se establecerá un plazo de garantía mínimo de quince días, por si hubiera lesiones ocultas o enfermedades en incuba­ción.
Si el animal pertenece a la fauna listada en el Convenio CITES, el interesado deberá acreditar es­tar en posesión de la documentación que demuestre su legal tenencia según lo dispuesto por los reglamentos.
Si procede de un criadero legalmente constituido y objeto de protección CITES, tendrá la necesi­dad de acompañar documento CITES al objeto de acreditar su procedencia.
La concesión de la Licencia de Apertura para nuevos establecimientos dedicados a la cría y venta de animales de compañía, estará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44º de la presente ordenanza.
Las residencias, las escuelas de adiestramiento, las rehalas, los albergues, los centros de acogi­da tanto públicos como privados y demás instalaciones creadas para mantener a los animales domésticos de compañía, requerirán la Licencia Municipal de Apertura y estar registrado en la Conseje­ría de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, como requisito imprescindible para su funciona­miento.
Cada centro llevará un registro con los datos de cada uno de los animales que ingresen en él y de los propietarios do responsables. Dicho registro estará a disposición de la Autoridad com­petente, siempre que ésta lo requiera.
La Administración competente determinará los datos que deberán constar en el registro, que inclui­rán como mínimo: reseña identificativa competa, procedencia, certificado de vacunación y desparasitación y estado sanitario en el momento del depósito, con la conformidad escrita de ambas partes.
La tenencia, comercio y exhibición de los animales de la fauna autóctona procedentes de instala­ciones autorizadas para la cría en cautividad con fines comerciales requerirá además del cum­plimiento de lo dispuesto en el capítulo anterior, la posesión del certificado acreditativo de este extremo. Si se trata de especie protegida por el convenio CITES se requerirá la posesión del certificado CITES.
En relación con la fauna alóctona se prohíbe la caza, tenencia, disecación, comercio, tráfico y exhibición pública, incluyendo los huevos, crías, propágulos o restos de las especies declaradas prote­gidas de acuerdo con los tratados y convenios suscritos por España.
La estancia de estos animales en viviendas queda condicionada al estado sanitario de los mis­mos, a no atentar contra la higiene y salud pública, y a que no causen riesgos o molestias a los vecinos y a un correcto alojamiento, de acuerdo con los imperativos biológicos. En todos los casos deberá contar con el informe favorable de los Servicios Veterinarios de la Zona Básica de Salud del Distrito del Levante o Servicio Veterinario Municipal, que en su caso se establezcan.
La presencia de animales domésticos de explotación definidos en el Art. 6º, quedará restringida a las zonas catalogadas como rústicas, no pudiendo en ningún caso, permanecer en las vivien­das. Serán alojados en construcciones aisladas, adaptadas a las características de cada espe­cie.
Estas construcciones cumplirán, tanto en sus características como en su situación, las normas le­gales en vigor sobre cría de animales, así como el Reglamento de Actividades Molestas, In­salubres, Nocivas y Peligrosas y demás disposiciones aplicables en la materia.
Se presumirá la existencia de explotación cuando se tengan más de tres animales, de distinto sexo y exista actividad comercial por lo que se requerirá en tal caso la obligación de la Licencia Munici­pal correspondiente.
Toda estabulación deberá contar con la preceptiva Licencia Municipal y cumplir en todo momen­to los requisitos sanitarios legalmente establecidos.
Los propietarios de estabulación de animales domésticos de explotación, deberán poner en cono­cimiento de los Servicios Veterinarios correspondientes, la incorporación de nuevos ani­males y la documentación necesarios de los mismos.
Cuando en virtud de una disposición legal o por razones graves, no deba autorizarse la presen­cia o permanencia de animales en determinados lugares o locales, la Autoridad Municipal, previo el oportuno expediente, podrá requerir a los dueños para que los desalojen voluntariamente u obligarles a ello en su defecto, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
El abandonarlos.
Causar su muerte, excepto en los casos de animales destinados a su sacrificio, enfermedad incu­rable o necesidad ineludible. En cualquier caso, el sacrificio será realizado eutanásica­mente bajo control de los Servicios Veterinarios de la Zona Básica de Salud del Distrito del Le­vante o Servicio Veterinario Municipal, que en su caso establezca, y en las instalaciones autori­zadas.
Golpearlos, maltratarlos, infringirles cualquier daño injustificado o cometer actos de crueldad co­ntra los mismos.
Practicarles cualquier tipo de mutilación, excepto las controladas por técnicos veterinarios.
Situarlos a la intemperie sin la adecuada protección, frente a las circunstancias meteorológicas.
Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario o que no se corresponda con las necesidades etológicas y fisiológicas de su especie.
No facilitar la alimentación adecuada para su desarrollo atendiendo a su especie, raza o edad.
Hacerles ingerir sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios.
Venderlos o donarlos a laboratorios o clínicas para experimentación, salvo casos expresamen­te autorizados, con finalidad científica y sin sufrimientos para el animal.
Poseer animales domésticos de compañía sin identificación o no cumpliendo los calendarios de vacunación y los tratamientos obligatorios.
Su utilización en actividades comerciales que le suponga malos tratos, sufrimientos y daños.
Criarlos para la venta y venderlos en establecimientos que no poseen las licencias o permisos co­rrespondientes y no están registrados. Queda prohibida la venta ambulante y por correo.
Abandonarlos en viviendas cerradas, en las vías públicas, campos, solares o jardines.
Organizar peleas de animales, y, en general, incitar a acometerse unos a otros o lanzarse co­ntra personas o vehículos.
Su utilización en espectáculos, fiestas populares u otras actividades que impliquen crueldad o mal trato, puedan ocasionarles sufrimientos o hacerlos objeto de tratamientos antinatura­les.
Quedan excluidos de forma expresa de dicha prohibición los festejos taurinos y aquellos otros regulados específicamente en nuestro ordenamiento jurídico,
Las infracciones de la norma de esta Ordenanza serán sancionadas por la Alcaldía Presidencia dentro del ámbito de sus competencias, previa incoación del oportuno expediente y cuya gra­duación tendrán en cuenta las circunstancias que concurran en cada caso, todo ello, sin perjui­cio de pasar el tanto de culpa al Juzgado o remisión de actuaciones practicadas a las Autorida­des competentes, cuando así lo determine la naturaleza de la infracción.
El procedimiento sancionador se ajustará a los trámites establecidos en la vigente Ley de Proce­dimiento Administrativo en sus artículos 137 y 138. Real Decreto 1398/1.993, de 4 de agosto y a las normas que en desarrollo de dichos preceptos sean de aplicación.
Las sanciones a las infracciones de esta Ordenanza, clasificadas en el apartado anterior y tipifica­das en los artículos 61, 62 y 63 de este texto, se sancionarán por la Alcaldía Presidencia, teniendo en cuenta el contenido del artículo 59 del Real Decreto 781/1.986, de 18 de abril, con multa de la siguiente cuantía:
Hasta 5.000 Ptas., para las infracciones LEVES.
De 5.001 a 10.000 Ptas., para las infracciones GRAVES.
De 10.001 a 15.000 Ptas., para las infracciones MUY GRAVES.
Dichas cuantías se incrementarán en el máximo legal que a tal efecto pueda fiar la legislación apli­cable.
En la imposición de las sanciones se tendrá en cuanta para graduar la cuantía de las multas y la imposición de las sanciones accesorias, los siguientes criterios:
El animo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infrac­ción
La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida, tanto a personas como a animales.
El incumplimiento reiterado de requerimientos previos.
Cuando, por la naturaleza de la infracción o como consecuencia de las actuaciones practicadas, se apreciasen de oficio, o a instancias de parte, que la potestad sancionadora está atribuida por norma con rango de Ley a otra Administración Pública, el Ayuntamiento se inhibirá, remitiendo a la misma lo actuado.
Las infracciones y sanciones previstas en la presente Ordenanza prescribirán en los plazos fijados en el Art.. 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
No adoptar las medidas oportunas para impedir que los animales de compañía ensu­cien las vías o espacios públicos.
La tenencia de animales en viviendas urbanas en malas condiciones higiénicas que aten­ten contra la salud pública o que ocasionen molestias a los vecinos.
La posesión de animales domésticos de compañía no identificados, cuando ello fuera obli­gatorio.
La no-inscripción en el Registro correspondiente por parte de empresas o entidades con actividades relacionadas con animales, cuando así se requiera, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
El ejercer la venta ambulante de animales de compañía fuera de los establecimientos au­torizados.
La presencia de animales en toda clase de locales destinados a la fabricación, venta, al­macenamiento, transporte o manipulación de alimentos.
El mantener a los animales alojados en instalaciones o lugares insanos o insalubres.
La circulación de animales domésticos por las vías públicas que no vayan provistos de co­llar y conducidos mediante cadena, correa o cordón resistente y bozal en su caso.
La venta de animales a centros no autorizados por la Administración competente.
La no-vacunación o la no-realización de los tratamientos obligatorios a los animales do­mésticos de compañía.
Emplear en el sacrificio de animales técnicas distintas de las que autoriza la legislación vi­gente.
La esterilización, la práctica de mutilaciones y el sacrificio de animales sin control veterina­rio.
La no-posesión o la posesión incompleta de un archivo con las fichas clínicas de los ani­males objeto de vacunación y/o de tratamientos obligatorios.
La no-comunicación de brotes epizooticos, por los propietarios de las residencias de ani­males o de los centros de adiestramiento.
Alimentar animales con restos de otros animales muertos, que no hayan pasado los con­troles sanitarios adecuados para su consumo.
No facilitar el control sanitario de un animal agresor que haya causado lesiones de cual­quier tipo a otra persona o animal.
El incumplimiento por parte de los establecimientos para el mantenimiento temporal de animales de compañía, cría o venta de los mismos, de cualquiera de los requisitos y condiciones establecidos en esta Ordenanza.
El abandono de los animales domésticos de compañía.
Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les suponga sufrimiento o daños injustificados.
La alimentación de animales con restos de otros animales muertos, si se demuestra que estos padecían enfermedad infectocontagiosa y que el infractor conocía tal cir­cunstancia.
El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios.
El organizar peleas o luchas de animales.
La utilización de animales en espectáculos, fiestas populares y otras actividades no autori­zadas que impliquen crueldad o malos tratos para los mismos.
La actividad comercial de venta, custodia, alojamiento o asistencia veterinaria sin la auto­rización o licencias preceptivas.
El Ayuntamiento de Mojácar podrá retirar los animales objeto de protección, siempre que exis­tan indicios de infracción de las presentes disposiciones y el no cumplimiento de los principios básicos de respeto, defensa, protección, higiene y salubridad de los animales en relación con el hombre.
El Ayuntamiento programará campañas divulgadoras del contenido de la presente ordenanza y tomará las medidas que contribuyan a fomentar el respeto a los animales y a difundirlo y promoverlo en la sociedad, en colaboración con las Asociaciones Protectoras de Animales.
El Ayuntamiento podrá suscribir Convenios de Colaboración con otras Administraciones Públi­cas, con instituciones, Colegios Profesionales o Asociaciones de Protección de Animales, con compe­tencia en la materia objeto de esta Ordenanza, con el fin de aunar criterios y coordinar actuaciones o campañas encaminadas a la plena eficacia de la misma.
Dada la necesaria participación de todo el colectivo veterinario en el desarrollo y vigilancia de lo establecido en la presente Ordenanza, el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Almería, podrá ser considerado órgano consultor en todas aquellas actividades relacionadas en la presente normativa, a tal efecto podrá establecerse los mecanismos de participación que se establezcan en el Reglamento de Participación Ciudadana y Desconcentración Municipal.
Hasta tanto el Ayuntamiento de Mojácar no disponga en su plantilla de un Técnico Veterinario, los cometidos de estos técnicos los continuarán desarrollando, como hasta la fecha, los Servicios Vete­rinarios del Distrito de Atención Primaria del Levante del Servicio Andaluz de Salud (S.A.S.).
Con el fin de establecer un mejor control sanitario, todos los poseedores de perros y gatos que­dan obligados a obtener, previa desparasitación y vacunación del animal, la oportuna cartilla sanitaria en el plazo de tres meses.
En relación con el artículo 47º, los establecimientos ya existentes dispondrán de un período de un año para adaptar sus instalaciones a la nueva normativa.
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia de Almería.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de inferior o igual rango se opongan a su articulado.
Queda facultada la Alcaldía Presidencia para dictar cuantas resoluciones o bandos resulten necesarios para la adecuada interpretación y aplicación de esta Ordenanza, así como suscribir Conve­nios de Colaboración que en ella se prevean”.
Pasado el punto a votación, se aprueba la moción de la Alcaldía así como el Anexo I trascrito anteriormente, por unanimidad de los ocho señores concejales presentes de los once que forman el Ayuntamiento Pleno, y que supone mayoría absoluta.
Por disposición de la Ley 50/1999 tendrán la consideración de animales peligrosos o potencial­mente peligrosos los recogidos en el artículo 2 de dicha Ley.
La tenencia de cualesquiera animales clasificados potencialmente peligrosos al amparo de la Ley requiere la previa obtención de una licencia administrativa que será otorgada por el Ayuntamiento de Mojácar verificando los siguientes requisitos.
2.1.- Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal.
2.3.- No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y salud pública, de asociación a banda ar­mada o de narcotráfico, así como ausencia de sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.
2.5.- Acreditar que ha formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, por la cuantía que se determine.
La venta, transmisión o donación de éste tipo de animales está considerada a que tanto el adqui­rente como el transmitente estén en posesión de la licencia a que se refiere el artículo anterior además:
Inscripción de la transmisión del animal en el registro municipal del lugar de residencia en un plazo máximo de 15 días desde la obtención de la licencia.
Todos los establecimientos o asociaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos y se dediquen a su explotación, cría, comercialización o adiestramiento , incluidos los centros de adies­tramiento recreativos, establecimientos de venta deberán obtener para su funcionamiento licencia mu­nicipal así como cumplir las obligaciones registrales previstas en el Artículo 6 de la Ley 50/1999.
El Ayuntamiento de Mojácar, dispondrá de un registro Público municipal donde figuren la espe­cie animal, los datos personales del temedor, las características identificativas del animal, lugar habitual o residencia del mismo, especificando si está destinado a convivir con seres humanos o tiene otras finalidades como guardar, protección etc. Se dará traslado del registro central de la Comunidad Autó­noma.
Los incidentes producidos por animales potencialmente peligrosos conocidos por las autorida­des administrativas o judiciales, se harán constar en la hoja del registro de cada animal, que se cerrará con su muerte o sacrificio certificado por veterinario o autoridad competente.
7.1.- Toda venta, traspaso, donación, robo, muerte o perdida de un animal deberá comunicarse al registro municipal, para hacerlo constar en la hoja registral.
7.2.- En las hojas registrales de cada animal expedido por la autoridad competente, que acredi­te, con periodicidad animal, la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.
7.3.- La autoridad responsable del Registro Municipal notificará a las Autoridades administrati­vas o judiciales competentes cualquier incidencia que conste en el registro para su valoración y adop­ción de medidas cautelares o preventivas.
El incumplimiento por el titular del animal de lo preceptuado en estas ordenanzas será objeto de sanción administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/ 1.999.
Como regla general queda prohibida el adiestramiento de animales dirigido o acreditar y refor­zar su seguridad para las peleas y ataques.
El adiestramiento para guardar y defensa solo podrá efectuarse por adiestradores autorizados por auto­ridad administrativa competente según dispone la Ley.
La utilización de animales podrá ser efectuada de forma voluntaria a petición del titular u obligato­riamente por disposición de autoridad administrativa o judicial, deberá ser inscrita en la hoja registral del animal el certificado de esterilización deberá acreditar que la operación se ha efectuado bajo supervisión veterinaria, con anestesia previa y las debidas garantías para no causar dolor o sufri­miento innecesario al animal.
Los propietarios de criaderos o tenedores deberán mantener a los animales en adecuadas condi­ciones higiénico sanitarias, además tendrán la obligación de comprobar todas las normas de se­guridad ciudadana de manera que garanticen la convivencia de estos animales con los seres humanos evitando molestias a la población.
En cuanto a transporte, exenciones, clubes de cazas y asociaciones se estará a lo dispuesto en la Ley 50/1999 de 23 de Diciembre.
Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier pe­rro, entendiéndose por animal abandonado, tanto aquél que vaya preceptiva­mente identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario, siempre que no vayan acompañados de persona alguna.
Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca de certificado de ca­pacitación.
La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectácu­los de animales potencialmente peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.
Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas ne­cesarias para evitar su escapada o extravío.
Incumplir la obligación de identificar el animal
El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispues­to en el artículo 10 de ésta Ley.
La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ley, así como el suministro de información inexacta o de do­cumentación falsa.
Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspen­sión temporal o definitiva de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de captación de adiestrador.
Infracciones muy graves, desde 401.000 hasta 2.500.000 pesetas.
Las cuantías previstas en el apartado anterior podrán ser revisadas y actualizadas perió­dicamente por el Gobierno.
El ejercicio de la potestad sancionadora correspondiente a los órganos de las Comuni­dades Autónomas y municipales competentes en cada caso.
Se considerará responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión hubie­ren participado en la comisión de las mismas, el propietario o tenedor de los animales, o en su caso, al titular del establecimiento local o medio de transporte en que se produzcan los hechos, y en este último supuesto, además, al encargado del transporte.
Para la presencia y circulación en espacios públicos de los perros potencialmente peligrosos, será obligatoria la utilización de correas o cadena de menos de dos metros de longitud, así como un bozal homologado y adecuado para su raza.
El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora conteni­dos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo Común, así como al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de las normas auto­nómicas y municipales que sean de aplicación.
Los municipios, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, deberán tener constituido el Registro municipal correspondiente y determinar la forma en que los actuales tene­dores de perros potencialmente peligrosos deberán cumplir la obligación de inscripción en el registro municipal y el mecanismo de comunicación de altas, bajas e incidencias a los registros Centrales in­formatizados de cada comunidad Autónoma.
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tablon.nsf -> Animales catalogados como potencialmente peligrosos
Tablon -> Estatutos del instituto almeriense de tutela